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Timestamp: 2018-09-22 13:40:45+00:00

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﻿ Sentencia T-8 de enero 22 de 2016
SENTENCIA T-8 DE 22 DE ENERO DE 2016
CONTENIDO:DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN DE LOS MENORES DE 18 AÑOS COBRA ESPECIAL RELEVANCIA EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, EL CUAL DEBE RESPONDER A SUS NECESIDADES. SE PRECISA QUE EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE DETERMINAR LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, LAS CUALES, DEBEN ATENDER AL INTERÉS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SOBRE OTRAS CONSIDERACIONES Y DERECHOS, PARA ASÍ APUNTAR A QUE RECIBAN UN TRATO PREFERENTE, DE FORMA QUE SE GARANTICE SU DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO COMO MIEMBRO DE LA SOCIEDAD, NO SÓLO COMO SUJETOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL SINO COMO PLENOS SUJETOS DE DERECHO. ASÍ MISMO, SE HACE ÉNFASIS QUE EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN ACCESIBLE ACARREA EN CABEZA DEL ESTADO LA OBLIGACIÓN CORRELATIVA DE ADOPTAR MEDIDAS DELIBERADAS, CONCRETAS Y ORIENTADAS HACIA LA IMPLANTACIÓN DE LA ENSEÑANZA, Y QUE LA OMISIÓN DE ESTE DEBER VULNERA LOS DERECHOS A LA EDUCACIÓN Y A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. EN ESTE ORDEN DE IDEAS, EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN COMPORTA “LA OBLIGACIÓN POSITIVA DE PROVEER EL TRANSPORTE DE LOS NIÑOS CAMPESINOS, CUANDO LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MÁS CERCANA SE UBICA LEJOS DE SU VIVIENDA”.
TEMAS ESPECÍFICOS:MENOR DE EDAD, ACCESO A LA EDUCACIÓN, ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA EDUCACIÓN, TRANSPORTE ESCOLAR, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD, ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN MEDIA, DERECHO DE TRANSPORTE
Sentencia T-8 de enero 22 de 2016
Ref.: expedientes T-5.108.672, T-5.108.673 y T-5.108.674
Bogotá D.C., veintidós de enero de dos mil dieciséis.
En el trámite de revisión de las decisiones adoptadas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Onzaga, Santander, el diecinueve (19) y veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015), que concedieron el amparo de los derechos de cuatro menores. Decisiones que fueron confirmadas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, Santander el siete (7) de mayo de dos mil quince (2015), en los procesos de tutela suscitados por las señoras Diosa Lizarazo García en representación de su mejor hijo Dairo Emilio García Lizarazo, Cenobia Ordúz Suarez en representación de sus hijas menores Deyssi Carolina y Diana Marcela Fonseca Ordúz y Robertina Mayorga Estupiñan en representación de su menor hija Valentina Mérida Mayorga, contra la Gobernación de Santander, la Secretaría de Educación de Santander y el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural – Idear.(1)
3.2 Manifiestan que son familias de escasos recursos, lo que se prueba con la certificación de su clasificación en la encuesta del Sisbén.
3.8. Por último, manifiestan que: “los entes accionados no pueden argumentar que por su edad, y en pro de los derechos de mi menor este no debe compartir el sistema con adultos, porque se está fijando una limitación y una discriminación que la constitución [sic] de manera clara prohíbe”.
4. Particularidades de cada caso.
• Accionante: Diosa Lizarazo García en representación de su hijo Dairo Emilio García Lizarazo de 11 años de edad.
• Lugar de residencia: Finca Planadas en la vereda de Llanadas, ubicada a 5 horas de recorrido del casco urbano (caminando).
• Último año lectivo cursado: 5 de primaria en la escuela rural de Llanadas.
• Accionante: Cenobia Ordúz Suárez en representación de sus hijas Deyssi Carolina y Diana Marcela Fonseca Ordúz de 12 años de edad.
• Lugar de residencia: Finca La Meseta de la Cruz en la vereda El Carmen, ubicada a 4 horas de recorrido del casco urbano (caminando).
• Último año lectivo cursado: 5 de primaria en la escuela rural El Carmen.
• Accionante: Robertina Mayorga Estupiñan en representación de su hija Valentina Mérida Mayorga de 11 años de edad.
• Lugar de residencia: Finca La Puerta de la Montaña en la vereda Ganivita, ubicada a 4 horas de recorrido del casco urbano (caminando).
• Último año lectivo cursado: 5 de primaria en la escuela rural de Ganavita.
En los interrogatorios practicados se verificó una situación fáctica similar entre las demandantes. Todas manifestaron que viven de la agricultura junto a sus familias y que sus gastos mensuales ascienden a los $ 200.000 pesos por conceptos de alimentación, vestuario, medicinas, servicios públicos y útiles educativos de sus hijos.
5.3. Contestación de la gobernación y de la Secretaría de Educación Departamental de Santander.
Estableció que la metodología denominada “servicio educativo de bachillerato en bienestar rural “SAT” implementada por la Fundación para la aplicación y enseñanza de las ciencias, “Fundaec” reconocida y acogida por el Ministerio de Educación Nacional y por el departamento; se aplica específicamente para los adultos de áreas rurales y en el caso particular del municipio de Onzaga, providencia de Comuneros, según contrato Nº 863 del 20 de febrero de 2015 suscrito por EL (sic) departamento de Santander con el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural, Idear, en el marco del Decreto 3011 de 1.997 y especialmente la Ordenanza Nº 008 de 1993 y el Decreto Departamental 1131 de 1.999” (Negrilla del texto original).
Reiteró la entidad accionada que el sistema de aprendizaje tutorial SAT es una propuesta pedagógica exclusivamente para el sector rural, implementada por el Ministerio de Educación Nacional y adoptada por los entes territoriales para atender a jóvenes mayores de 15 años y adultos, según el numeral 2º del artículo 16 del Decreto 3011 de 1997, que por circunstancias particulares no pueden asistir a los establecimientos que ofrecen una educación regular presencial plena.
Sobre los hechos y pretensiones objeto de revisión en esta oportunidad, la gobernación requerida manifestó que, el departamento y la Secretaría de Educación de Santander han celebrado el convenio interadministrativo Nº 673 del 12 de febrero de 2015 con el municipio de Onzaga, el cual tiene por objeto: “prestar servicio de transporte escolar a los estudiantes de la[s] instituciones educativas oficiales reportadas por el municipio de Onzaga dentro del proyecto: fortalecimiento de la permanencia escolar de los estudiantes en los municipios no certificados del departamento de Santander”.
i) Al estudiante Dairo Emilio García Lizarazo (T-5.108.672) se le otorgó un cupo en la institución educativa oficial Padua - sede A, el cual está ubicado cerca de su lugar de residencia. Así mismo, cuenta con la posibilidad de asistir al colegio Nuestra Señora de Fátima situado en el casco urbano municipal, el cual cuenta con el servicio de transporte escolar ida y regreso hasta la carretera que comunica con la vereda la Llanada, Onzaga; institución que ofrece toda la básica secundaria.
ii) A las estudiantes Deyssi Carolina Fonseca Ordúz y Diana Marcela Fonseca Ordúz (T-5.108.673) disponen de un cupo en la institución educativa oficial Padua - sede centro educativo Altamira en el municipio de Onzaga, Santander; el cual está ubicado cerca de su lugar de residencia; institución que ofrece toda la básica secundaria
5.4. Contestación de la Alcaldía Municipal de Onzaga, Santander.
6. Decisiones judiciales.
En sentencias del diecinueve (19) y veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015), el Juzgado Promiscuo Municipal de Onzaga, Santander, concedió el amparo de los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad. En consecuencia, ordenó a la Gobernación de Santander a través de la secretaría de educación departamental, iniciar las gestiones tendientes a la flexibilización de las condiciones de admisibilidad al sistema de aprendizaje tutorial – SAT, a efectos de que los menores Dairo García Lizarazo, Dayssi Carolina Fonseca Ordúz, Diana Marcela Fonseca Ordúz y Valentina Mérida Mayorga, puedan ingresar en el referido sistema educativo.
La Secretaría de Educación Departamental de Santander impugnó los fallos proferidos en primera instancia. Argumentó que la metodología denominada servicio educativo de bachillerato en bienestar rural – SAT, desarrollada por el Idear, se implementó en el municipio de Onzaga, Santander según contrato Nº 863 del 20 de febrero de 2015, suscrito por el departamento de Santander con el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural - Idear, en el marco del Decreto 3011 de 1997 y específicamente la Ordenanza Nº 008 de 1993 y el Decreto Departamental 1131 de 1999.
Que de acuerdo a lo anterior, el departamento de Santander formalizó el convenio interadministrativo Nº 673 de 2015 con el municipio de Onzaga para facilitar el acceso de los menores estudiantes a los centros educativos en donde puedan recibir una educación bajo los parámetros pedagógicos adecuados.
Indicó la secretaría referida que los artículos 16 y 17 del Decreto 3011 de 1997 establecen los requisitos para ingresar a la educación básica formal de adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales integrados, por lo que considera que no se le está vulnerando el derecho fundamental a la educación a los menores, pues estos no cumplen con los requisitos establecidos en la normativa citada. Adicionalmente, reiteró que a los menores representados en las acciones de tutela de la referencia cuentan con un cupo escolar en las escuelas más cercanas a su lugar de residencia, en la cuales pueden cursar el bachillerato.
i) Expediente T-5.108.672: Copia de la constancia Nº 0260 proferida por el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural – Idear, firmada por el rector y representante legal, doctor Luis Alberto Rivera Hernández, en la cual hace constar:
“Que, Garcia Lizarazo Dairo Emilio, identificado con tarjeta de identidad Nº 1005443846, cursó y aprobó en esta Institución el ciclo tres (3), equivalente a los grados sexto y séptimo (6º y 7º), en el presente año lectivo, (aprobado por Resolución Nº 12585 del 30 de septiembre de 2.005, emanada de la secretaría de educación departamental), en el centro Llanadas de la sede del municipio de Onzaga.
Se expide en Sam Gil (sic), a solicitud del interesado, a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015)”.
ii) Expediente T-5.108.674: Copia de la constancia Nº 0258 proferida por el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural – Idear, firmada por el rector y representante legal, doctor Luis Alberto Rivera Hernández, en la cual hace constar:
“Que, Merida Mayorga Valentina, identificado con tarjeta de identidad Nº 1005297874, cursó y aprobó en esta Institución el ciclo tres (3), equivalente a los grados Sexto y Séptimo (6º y 7º), en el presente año lectivo, (aprobado por Resolución Nº 12585 del 30 de septiembre de 2.005, emanada de la secretaría de educación departamental), en el centro Ganitiva de la sede del municipio de Onzaga.
Se expide en Sam Gil (sic), a solicitud del interesado, a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015)”
iii) Expediente T-5.108.673: Copia de la constancia Nº 0259 proferida por el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural – Idear, firmada por el rector y representante legal, doctor Luis Alberto Rivera Hernández, en la cual hace constar:
“Que, Fonseca Orduz Diana Marcela, identificado con tarjeta de identidad Nº 1005443804, cursó y aprobó en esta Institución el ciclo tres (3), equivalente a los grados Sexto y Séptimo (6º y 7º), en el presente año lectivo, (aprobado por Resolución Nº 12585 del 30 de septiembre de 2.005, emanada de la secretaría de educación departamental), en el centro El Carmen de la sede del municipio de Onzaga.
iv) Expediente T-5.108.673: Copia de la constancia Nº 0260 proferida por el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural – Idear, firmada por el rector y representante legal, doctor Luis Alberto Rivera Hernández, en la cual hace constar:
“Que, Fonseca Orduz Deissy Carolina, identificado con tarjeta de identidad Nº 1005443805, cursó y aprobó en esta Institución el ciclo tres (3), equivalente a los grados sexto y séptimo (6º y 7º), en el presente año lectivo, (aprobado por Resolución Nº 12585 del 30 de septiembre de 2005, emanada de la secretaría de educación departamental), en el centro El Carmen de la sede del municipio de Onzaga.
Con base en las facultades conferidas por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de la referencia.
En atención a lo expuesto, corresponde a la Sala Octava determinar (i) si la Gobernación de Santander, la Secretaría de Educación de Santander y el Instituto - Idear vulneran los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de los niños, al negarse a matricularlos para cursar bachillerato en el SAT prestado por el Idear por no tener mínimo 15 años de edad y, (ii) la Gobernación de Santander y la Secretaría de Educación de Santander vulneraron los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de los menores, al no proveer el transporte desde la vereda donde residen hasta el casco urbano del municipio con el fin de asistir a una institución educativa que cuenta con educación secundaria, y que está aproximadamente a cuatro horas de camino de las viviendas de los menores de edad.
3. Prevalencia de la protección constitucional de los niños, niñas y adolescentes y la garantía del derecho a la educación.
El artículo 13 de la Constitución Política prevé el deber de protección especial que tiene el Estado, la sociedad y la familia frente a los niños, niñas y adolescentes en consideración a la condición de debilidad manifiesta y extrema vulnerabilidad en que se encuentran por su condición de ser humano en proceso de formación y desarrollo. Este deber de protección se reitera en el artículo 44 de la Constitución Política que declara que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los de los demás —aspecto ampliamente desarrollado por esta corporación en numerosa jurisprudencia—, y enfatiza que existe corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado frente a “la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”.
Dentro del marco internacional el Comité de derechos económicos, sociales y culturales (observación general Nº 13) estructuró el derecho a la educación, como una herramienta que “permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades”.
Del artículo 67 constitucional se predica que el derecho a la educación comporta múltiples proyecciones; como derecho fundamental, como derecho prestacional y como un derecho - deber.
El carácter prestacional del derecho a la educación implica frente al Estado no solo el compromiso de desarrollar actividades regulares y continuas encaminadas a satisfacer las necesidades públicas, sino también la obligación de vigilar e inspeccionar la educación.
El sentido fundamental y prestacional que posee el derecho a la educación, comprende dos planos respecto del educando: la de ser titular del derecho y la de acreedor de un servicio público. Dentro de este último se estructura la proyección del derecho-deber en la educación, que se refiere concretamente a las obligaciones que se generan por parte de los planteles educativos —públicos o privados— con los estudiantes y la obligación que tienen estos a cumplir con los deberes y obligaciones que se estipulan en el reglamento estudiantil.
Aunado a lo anterior, el derecho fundamental a la educación de los menores de 18 años cobra especial relevancia en atención al principio del interés superior del niño, el cual debe responder a sus necesidades. El Estado tiene la obligación de determina las medidas pertinentes para la prestación del servicio, las cuales, deben atender al interés de niños, niñas y adolescentes sobre otras consideraciones y derechos, para así apuntar a que reciban un trato preferente, de forma que se garantice su desarrollo integral y armónico como miembro de la sociedad, no solo como sujetos de protección especial sino como plenos sujetos de derecho(2).
4. Accesibilidad y adaptabilidad como componentes estructurales del derecho a la educación. Reiteración de jurisprudencia(3).
En atención a los parámetros establecidos por el comité intérprete autorizado del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC) en la Observación General Nº 13, relativa al contenido normativo del artículo 13 del Pacto, sobre los propósitos de la educación, en reiteradas oportunidades la Corte Constitucional ha admitido en que el derecho a la educación tiene cuatro componentes estructurales e interrelacionados, los cuales han sido decantados por la jurisprudencia de esta corporación, sin embargo, para el caso que ocupa a la Sala, resultan relevantes los siguientes:
— Accesibilidad: las instituciones y los programas de enseñanza deben ser asequibles a todos, sin discriminación. La accesibilidad consta de tres dimensiones: (i) la no discriminación, (ii) la accesibilidad material, y (iii) la accesibilidad económica.
(…) la adopción de leyes, o la omisión de revocar leyes que discriminan a individuos o grupos, por cualquiera de los motivos prohibidos, en la esfera de la educación; el no adoptar medidas que hagan frente a una discriminación de hecho en la educación; la aplicación de planes de estudio incompatibles con los objetivos de la educación expuestos en el párrafo 1º del artículo 13; el no mantener un sistema transparente y eficaz de supervisión del cumplimiento del párrafo 1º del artículo 13; el no implantar, con carácter prioritario, la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; el no adoptar “medidas deliberadas, concretas y orientadas” hacia la implantación gradual de la enseñanza secundaria, superior y fundamental, de conformidad con los apartados b) a d) del párrafo 2º del artículo 13; la prohibición de instituciones de enseñanza privadas; el no velar por que las instituciones de enseñanza privadas cumplan con las “normas mínimas” de educación que disponen los párrafos 3º y 4º del artículo 13; la negación de la libertad académica del cuerpo docente y de los alumnos; el cierre de instituciones de enseñanza en épocas de tensión política sin ajustarse a lo dispuesto por el artículo 4º.
El segundo factor, conlleva la accesibilidad material de la educación, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, a través de la creación de una escuela vecinal)(4) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia).
El tercer factor, tiene que ver con la dimensión económica de la educación, la cual debe estar al alcance de todos. De conformidad con el párrafo 2º del artículo 13, la enseñanza primaria debe ser gratuita para todos, y gradualmente la enseñanza secundaria y superior también lo serán.
En relación con el componente de accesibilidad como factor para la materialización del derecho a la educación, específicamente en casos en que los niños deben desplazarse hasta el lugar donde se encuentran ubicadas las escuelas y ante la ausencia de algún medio de transporte, la Corte Constitucional ha protegido el referido derecho fundamental a los estudiantes al encontrar que este está estrechamente ligado a la vida digna e integridad de los menores.
Al respecto, en la Sentencia T-1259 del 2008, esta Corporación amparó los derechos fundamentales a la educación, la vida digna y la integridad personal de los niños del municipio de Tuta, Boyacá, que debían efectuar largos desplazamientos para llegar a sus respectivas escuelas. La decisión señaló que, el hecho de que los menores se vean sometidos diariamente a extensos recorridos para asistir a sus clases constituye un obstáculo al que deben enfrentarse permanentemente los estudiantes para poder acceder al sistema educativo, lo cual, pone en riesgo su permanencia en el mismo, amenaza su derecho a la salud y a la integridad personal y, evidentemente, no se acompasa con el principio de dignidad humana establecido como pilar fundamental del Estado. Por lo anterior, en la referida oportunidad, la Corte indicó que al no adoptar un plan para solucionar el problema de accesibilidad material al sistema educativo, las entidades territoriales encargadas de ejecutar estas políticas, habían desincentivado el proceso de aprendizaje de los menores de edad, razón por la cual se encontraba amenazado el derecho a la educación.
En Sentencia T-781 de 2010 se amparó el derecho fundamental a la educación de unos niños que debían desplazarse por un largo trayecto para recibir sus clases, razón por la cual solicitaban el nombramiento de un profesor para la escuela de su vereda. En aquella oportunidad la Corte tuvo en cuenta que el trayecto peligroso, más los costos financieros para llegar a la otra escuela, (…) impone exigencias excesivas a los presupuestos de las familias de los menores que habitan en la vereda Montecristo, lo que constituye una vulneración de los menores que habitan dicha vereda, pues la mencionada institución educativa no es accesible geográficamente para los menores en cuestión y atenta contra el mandato contenido en el inciso 5º del artículo 67 que prescribe que el Estado debe asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Así las cosas, la aplicación del artículo 11 del Decreto 3020 de 2002 realizada por la Secretaría Departamental de Santander, deviene en inconstitucional, debido a las particularidades del caso concreto y constituye una infracción a las obligaciones de cumplimiento inmediato asumidas por el Estado.
Al decidir el asunto, la Corte inaplicó el artículo 11 del Decreto 3020 de 2002, el cual dispone que para la ubicación de personal docente en zona rural se debe contar con un mínimo de 22 estudiantes, y ordenó a la Secretaría de Educación del Departamento de Santander proveer un profesor, a pesar de que las clases se impartirían solo a 8 niños.
Posteriormente, en Sentencia T-779 de 2011, conoció el caso de dos niñas, quienes se veían sometidas a realizar largos desplazamientos a diario para acudir a sus clases en el municipio de Saboyá, Boyacá, en aquella ocasión se decidió conceder el amparo, por considerar que el deber que está a cargo del Estado de asegurar los medios necesarios para permitir el acceso de los niños a la educación, constituye una condición indispensable para su efectividad. En este orden de ideas, sostuvo esta corporación que “(…) nada se haría con reconocer a la educación como derecho fundamental sin que se creen las condiciones básicas que hagan posible el acceso al sistema educativo. Por eso, encuentra la Sala que cuando una institución educativa pública carece de transporte escolar, se encuentra desprovista de uno de los elementos esenciales para la prestación del servicio. (Negrillas fuera del texto)
i) “(…) el Estado está obligado a garantizar que los niños de las veredas del municipio de Onzaga acudan a la escuela y no basta con afirmar que existen instituciones que prestan el servicio de educación secundaria, puesto que la omisión del deber de transporte vulnera su derecho a la igualdad de oportunidades”.
iii) “(…) encuentra probada la vulneración de los derechos a la igualdad y a la educación de los menores de edad, en razón a la inactividad de las autoridades demandadas, respecto de la obligación a su cargo de adoptar conjuntamente un programa dirigido a superar el problema que comporta el desplazamiento diario de los niños al casco urbano del municipio”(5).
— Adaptabilidad: la educación debe tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de las sociedades y comunidades en transformación y responder a las realidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados(6).
La enseñanza secundaria exige planes de estudio flexibles y sistemas de instrucción variados que se adapten a las necesidades de los alumnos en distintos contextos sociales y culturales. El comité estimula la elaboración y la aplicación de programas “alternativos” en paralelo con los sistemas de las escuelas secundarias normales. Así pues, se deben formular planes de estudio y sistemas variados que sean idóneos para alumnos de todas las edades, pues los adultos también tienen derecho a la educación.
En conclusión, la jurisprudencia de esta corporación reconoce que el derecho a una educación accesible acarrea en cabeza del Estado la obligación de adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas hacia la implantación de la enseñanza, y que la omisión de este deber vulnera los derechos a la educación y a la igualdad de oportunidades. En este orden de ideas, el derecho fundamental a la educación comporta “la obligación positiva de proveer el transporte de los niños campesinos, cuando la institución educativa más cercana se ubica lejos de su vivienda”(7).
En desarrollo de la anterior disposición, el Decreto 3011 de 1997(8) reglamentó la educación para adultos y en su artículo 2º la definió como el conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender de manera particular las necesidades y potencialidades (i) de las personas que por diversas circunstancias no cursaron los niveles o grados del servicio público educativo durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos, o (ii) de aquellas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales.
Adicionalmente, el artículo 3º dispone que son principios básicos de la educación para adultos:
En síntesis, la obligación estatal de proveer educación para adultos se materializa en la creación de un sistema especial que consulte los intereses de un grupo poblacional específico, con el fin de que la edad o circunstancias particulares no les impidan recibir la educación que no fue impartida durante su infancia y adolescencia. En este orden de ideas, la educación para adultos también consulta el contenido de adaptabilidad y responde a la realidad de los adultos como personas que se encuentran activas en el trabajo y que, en razón a su actividad, requieren de una flexibilidad especial que posibilite el acceso al sistema educativo(9).
6.1 Resumen de los hechos.
Las señoras Diosa Lizarazo García, Cenobia Ordúz Suarez y Robertina Mayorga Estupiñan presentaron acciones de tutela en representación de sus hijos menores de edad, contra la Gobernación de Santander, la Secretaría de Educación de Santander y el instituto Idear, por considerar que tales entidades vulneraron los derechos fundamentales de los niños a la educación y a la igualdad, debido a que estas exigen que los menores tengan 15 años para que se puedan matricular en el sistema de aprendizaje tutorial SAT, que se brinda a través del Idear, en las veredas de Llanadas, El Carmen y Ganitiva en el municipio de Onzaga, Santander. En consecuencia, solicitan al juez de tutela ordenar a las entidades demandadas autorizar la matrícula de sus hijos en el sistema de aprendizaje tutorial SAT.
Por su parte, el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural - Idear, manifestó que se opone a las pretensiones de las acciones de tutela de la referencia, por cuanto este se rige por el Decreto 3011 de 1997 que regula la educación de jóvenes y adultos bajo el modelo de educación tutorial, y que limita el acceso a los menores de 15 años. Sostuvo que la limitación impuesta por el gobierno en cuanto a la edad, pretende hacer valer el interés superior para que los niños se desarrollen en el sistema educativo convencional que ofrece todas las posibilidades acordes con su edad para su crecimiento humano e intelectual, razón por la cual la Secretaría de Educación de Santander prohíbe matricular a estudiantes que no cumplan con el requisito de la edad reglamentada. Adicionalmente, informó que los estudiantes menores de 15 años que se han recibido es por fallo de tutela, y porque así lo han ordenado el departamento y el respectivo juzgado.
6.2. Examen de procedencia de la acción de tutela.
La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada(10).
Al respecto, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la tutela procede contra entidades que presten un servicio público. El numeral primero de la norma mencionada estipula que la acción de tutela procede “[c]uando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación”. En consecuencia, la tutela procede contra el instituto Idear.
6.3. Consideraciones sobre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso estudiado.
El principio de subsidiaridad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la Constitución, que establece que [e]sta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En este orden de ideas, existiendo otros mecanismos de defensa judicial para la protección reclamada, se debe recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela.
En los casos que se analizan no es claro que exista otro medio de defensa para obtener el amparo de los derechos a la educación y a la igualdad, invocados por las mamás de los niños. Para que estas puedan acudir a un mecanismo de defensa sería necesario instarlas a solicitar el servicio directamente a las autoridades accionadas, para que reciban una respuesta y posteriormente acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir el acto administrativo que niegue el servicio.
6.4. Análisis de la vulneración alegada.
8. Según constancias de estudio expedidas por el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural, Idear, los menores Dairo Emilio García Lizarazo, Deyssi Carolina, Diana Marcela Fonseca Ordúz y Valentina Mérida Mayorga cursaron y aprobaron el ciclo tres (3), equivalente a los grados sexto y séptimo (6º y 7º), en el presente año lectivo (2015), aprobado por Resolución 12585 del 30 de septiembre de 2005, emanada de la secretaría de educación departamental, en los respectivos centros del municipio de Onzaga, Santander.
Conforme a la jurisprudencia de esta corporación y a los instrumentos internacionales analizados en esta sentencia “el derecho a una educación acarrea la obligación correlativa del Estado de adoptar medidas deliberadas y concretas orientadas a hacer la enseñanza accesible tanto desde el punto de vista físico como económico; la omisión de este deber vulnera los derechos a la educación y a la igualdad de oportunidades(11)“.
La observación general Nº 13 del Comité DESC, establece como comportamiento discriminatorio la no adopción de “medidas deliberadas, concretas y orientadas” tendientes a la implantación gradual de la enseñanza secundaria. En este orden de ideas, el Estado está obligado a garantizar que los niños de las veredas del municipio de Onzaga, Santander acudan a la escuela y no basta con afirmar que existen instituciones que prestan el servicio de educación secundaria, puesto que la omisión del deber de proveer el servicio de transporte vulnera su derecho a la igualdad de oportunidades.
6.5. Conclusión y decisión a adoptar.
Se observa que, en cumplimiento de lo ordenando por el Juzgado Promiscuo Municipal de Onzaga, Santander en providencias del diecinueve (19) y veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015), los menores Dairo Emilio García Lizarazo, Deyssi Carolina, Diana Marcela Fonseca Ordúz y Valentina Mérida Mayorga cursaron y aprobaron el ciclo tres (3), equivalente a los grados sexto y séptimo (6º y 7º), en el presente año lectivo (2015), en el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural, Idear, bajo la modalidad del sistema de aprendizaje tutorial SAT. Por consiguiente, la Sala reconoce que en la actualidad los menores de edad cuentan con un cupo en la metodología SAT.
7.1 Las señoras Diosa Lizarazo García, Cenobia Ordúz Suarez y Robertina Mayorga Estupiñan presentaron acciones de tutela en representación de sus hijos menores de edad, contra la Gobernación de Santander, la Secretaría de Educación de Santander y el instituto Idear, por considerar que tales entidades vulneraron los derechos fundamentales de los niños a la educación y a la igualdad, debido a que estas exigen que los menores tengan 15 años para que se puedan matricular en el sistema de aprendizaje tutorial SAT, que se brinda a través del Idear, en las veredas de Llanadas, El Carmen y Ganitiva en el municipio de Onzaga, Santander. En consecuencia, solicitan al juez de tutela ordenar a las entidades demandadas autorizar la matrícula de sus hijos en el sistema de aprendizaje tutorial SAT.
7.2 Por su parte, el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural, Idear, manifestó que se opone a las pretensiones incoadas por cuanto este se rige por el Decreto 3011 de 1997 que regula la educación de jóvenes y adultos bajo el modelo de educación tutorial, y que limita el acceso a los menores de 15 años. Sostuvo que la limitación impuesta por el gobierno en cuanto a la edad, pretende hacer valer el interés superior para que los niños se desarrollen en el sistema educativo convencional que ofrece todas las posibilidades acordes con su edad para su crecimiento humano e intelectual, razón por la cual la Secretaría de Educación de Santander prohíbe matricular a estudiantes que no cumplan con el requisito de la edad reglamentada.
7.5 El derecho fundamental a la educación de los menores de 18 años cobra especial relevancia en atención al principio del interés superior del niño, el cual debe responder a sus necesidades. El Estado tiene la obligación de determina las medidas pertinentes para la prestación del servicio, las cuales, deben atender al interés de niños, niñas y adolescentes sobre otras consideraciones y derechos, para así apuntar a que reciban un trato preferente, de forma que se garantice su desarrollo integral y armónico como miembro de la sociedad, no solo como sujetos de protección especial sino como plenos sujetos de derecho(12).
7.6 Esta corporación ha protegido el referido derecho fundamental a los estudiantes al encontrar que este está estrechamente ligado a la vida digna e integridad de los menores en atención al componente de accesibilidad como factor para la materialización del derecho a la educación, específicamente en casos en que los niños deben desplazarse hasta el lugar donde se encuentran ubicadas las escuelas y ante la ausencia de algún medio de transporte.
7.7 El derecho a una educación accesible acarrea en cabeza del Estado la obligación correlativa de adoptar medidas deliberadas, concretas y orientadas hacia la implantación de la enseñanza, y que la omisión de este deber vulnera los derechos a la educación y a la igualdad de oportunidades. En este orden de ideas, el derecho fundamental a la educación comporta “la obligación positiva de proveer el transporte de los niños campesinos, cuando la institución educativa más cercana se ubica lejos de su vivienda”(13).
7.8 La observación general Nº 13 del comité DESC, establece como comportamiento discriminatorio la no adopción de “medidas deliberadas, concretas y orientadas” tendientes a la implantación gradual de la enseñanza secundaria. El Estado está obligado a garantizar que los niños de las veredas del municipio de Onzaga, Santander acudan a la escuela y no basta con afirmar que existen instituciones que prestan el servicio de educación secundaria, puesto que la omisión del deber de proveer el servicio de transporte vulnera su derecho a la igualdad de oportunidades.
1. REVOCAR la sentencia del siete (7) de mayo de dos mil quince (2015) proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, Santander, que confirmó el fallo dictado en primera instancia el veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015) por el Juzgado Promiscuo Municipal de Onzaga, Santander, dentro del proceso de tutela promovido por la señora Diosa Lizarazo García en representación de su mejor hijo Dairo Emilio García Lizarazo contra la Gobernación de Santander, la Secretaría de Educación de Santander y el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural – Idear.
2. CONFIRMAR el numeral PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia proferida el veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015) por el Juzgado Promiscuo Municipal de Onzaga, Santander, dentro del proceso de tutela que promovió la señora Diosa Lizarazo García en representación de su mejor hijo Dairo Emilio García Lizarazo contra la Gobernación de Santander, la Secretaría de Educación de Santander y el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural – Idear, en el cual tuteló los derechos fundamentales a la educación e igualdad del menor Dairo Emilio García Lizarazo.
3. REVOCAR los numerales SEGUNDO Y TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia proferida el veintiséis (26) de marzo de dos mil quince (2015) por el Juzgado Promiscuo Municipal de Onzaga, Santander, dentro del proceso de tutela de la señora Diosa Lizarazo García en representación de su mejor hijo Dairo Emilio García Lizarazo contra la Gobernación de Santander, la Secretaría de Educación de Santander y el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural – Idear, que ordenó: SEGUNDO: “a la Gobernación de Santander a través de la Secretaria de Educación Departamental, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, inicie las gestiones tendientes a la flexibilización de las condiciones de admisibilidad al Sistema de Aprendizaje tutorial SAT, que se encuentra implementado en el departamento, a efectos de que el menor Dairo Emilio García Lizarazo, pueda ingresar en el mencionado sistema de educación”. TERCERO: “al rector del Instituto Técnico para el Desarrollo Rural - Idear con sede en el municipio de Onzaga, que el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, realice los trámites pertinentes para ubicarle un cupo al menor Dairo Emilio García Lizarazo en el grado SEXTO, con el fin de que ingrese al mencionado sistema educativo ofrecido en la vereda Llanadas del municipio de Onzaga, como única alternativa para seguir su formación educativa”.
4. ORDENAR a la Secretaría de Educación de Santander que, en el término de dos (2) semanas contadas a partir de la notificación de esta sentencia: i) matricule al menor Dairo Emilio García Lizarazo en el colegio Nuestra Señora de Fátima ubicado en el casco urbano del municipio de Onzaga, Santander, que ofrece todos los servicios de educación secundaria o en otro que brinde idénticas condiciones en la prestación del servicio público de educación al referido centro educativo, con el fin de que continúe cursando sus estudios de bachillerato; ii) provea el servicio de transporte escolar (ida y regreso) desde el lugar de residencia del menor en la vereda Llanadas hasta la referida institución educativa; y, iii) disponga de un programa de nivelación académica que garantice el acceso al menor al año lectivo que corresponda en condiciones de igualdad.
5. REVOCAR la sentencia del siete (7) de mayo de dos mil quince (2015) proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, Santander, que confirmó el fallo dictado en primera instancia el diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015) por el Juzgado Promiscuo Municipal de Onzaga, Santander, dentro del proceso de tutela promovido por la señora Cenobia Ordúz Suarez en representación de sus hijas menores Deyssi Carolina y Diana Marcela Fonseca Ordúz contra la Gobernación de Santander, la Secretaría de Educación de Santander y el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural – Idear.
6. CONFIRMAR el numeral PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia proferida el diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015) por el Juzgado Promiscuo Municipal de Onzaga, Santander, dentro del proceso de tutela promovido por la señora Cenobia Ordúz Suarez en representación de sus hijas menores Deyssi Carolina y Diana Marcela Fonseca Ordúz contra la Gobernación de Santander, la Secretaría de Educación de Santander y el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural – Idear, en el cual tuteló los derechos fundamentales a la educación e igualdad de las menores Deyssi Carolina y Diana Marcela Fonseca Ordúz.
7. REVOCAR los numerales SEGUNDO Y TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia proferida el diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015) por el Juzgado Promiscuo Municipal de Onzaga, Santander, dentro del proceso de tutela de la señora Cenobia Ordúz Suarez en representación de sus hijas menores Deyssi Carolina y Diana Marcela Fonseca Ordúz contra la Gobernación de Santander, la Secretaría de Educación de Santander y el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural – Idear, que ordenó: SEGUNDO: “a la Gobernación de Santander a través de la secretaria de educación departamental, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, inicie las gestiones tendientes a la flexibilización de las condiciones de admisibilidad al sistema de aprendizaje tutorial SAT, que se encuentra implementado en el departamento, a efectos de que las menores Deyssi Carolina y Diana Marcela Fonseca Ordúz, pueda (sic) ingresar en el mencionado sistema de educación”. TERCERO: “al Rector del Instituto Técnico para el Desarrollo Rural - Idear con sede en el municipio de Onzaga, que el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, realice los trámites pertinentes para ubicarle un cupo a las menores Deyssi Carolina y Diana Marcela Fonseca Ordúz en el grado SEXTO, con el fin de que ingrese al mencionado sistema educativo ofrecido en la vereda El Carmen de este municipio, como única alternativa para seguir su formación educativa”.
8. ORDENAR a la Secretaría de Educación de Santander que, en el término de dos (2) semanas contadas a partir de la notificación de esta sentencia: i) matricule a las menores Deyssi Carolina y Diana Marcela Fonseca Ordúz en el colegio Nuestra Señora de Fátima ubicado en el casco urbano del municipio de Onzaga, Santander, que ofrece todos los servicios de educación secundaria o en otro que brinde idénticas condiciones en la prestación del servicio público de educación al referido centro educativo, con el fin de que continúen cursando sus estudios de bachillerato; ii) provea el servicio de transporte escolar (ida y regreso) desde el lugar de residencia de las menores en la vereda El Carmen hasta la referida institución educativa; y, iii) disponga de un programa de nivelación académica que garantice el acceso a las menores al año lectivo que corresponda en condiciones de igualdad.
9. REVOCAR la sentencia del siete (7) de mayo de dos mil quince (2015) proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, Santander, que confirmó el fallo dictado en primera instancia el diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015) por el Juzgado Promiscuo Municipal de Onzaga, Santander, dentro del proceso de tutela de la señora Robertina Mayorga Estupiñan en representación de su menor hija Valentina Mérida Mayorga contra la Gobernación de Santander, la Secretaría de Educación de Santander y el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural – Idear.
10. CONFIRMAR el numeral PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia proferida el diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015) por el Juzgado Promiscuo Municipal de Onzaga, Santander, dentro del proceso de tutela de la señora Robertina Mayorga Estupiñan en representación de su menor hija Valentina Mérida Mayorga contra la Gobernación de Santander, la Secretaría de Educación de Santander y el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural – Idear, en el cual tuteló los derechos fundamentales a la educación e igualdad de la menor Valentina Mérida Mayorga.
11. REVOCAR los numerales SEGUNDO Y TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia proferida el diecinueve (19) de marzo de dos mil quince (2015) por el Juzgado Promiscuo Municipal de Onzaga, Santander, dentro del proceso de tutela de por la señora Robertina Mayorga Estupiñan en representación de su menor hija Valentina Mérida Mayorga contra la Gobernación de Santander, la Secretaría de Educación de Santander y el Instituto Técnico para el Desarrollo Rural – Idear, que ordenó: SEGUNDO: “a la Gobernación de Santander a través de la Secretaria de Educación Departamental, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este proveído, inicie las gestiones tendientes a la flexibilización de las condiciones de admisibilidad al sistema de aprendizaje tutorial SAT, que se encuentra implementado en el departamento, a efectos de que la menor Valentina Mérida Mayorga, pueda ingresar en el mencionado sistema de educación”. TERCERO: “al rector del Instituto Técnico para el Desarrollo Rural - Idear con sede en el municipio de Onzaga, que el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, realice los trámites pertinentes para ubicarle un cupo a la menor Valentina Mérida Mayorga en el grado sexto, con el fin de que ingrese al mencionado sistema educativo ofrecido en la vereda Ganivita de este municipio, como única alternativa para seguir su formación educativa”.
12.- ORDENAR a la Secretaría de Educación de Santander que, en el término de dos (2) semanas contadas a partir de la notificación de esta sentencia: i) matricule a la menor Valentina Mérida Mayorga en el colegio Nuestra Señora de Fátima ubicado en el casco urbano del municipio de Onzaga, Santander, que ofrece todos los servicios de educación secundaria o en otro que brinde idénticas condiciones en la prestación del servicio público de educación al referido centro educativo, con el fin de que continúe cursando sus estudios de bachillerato; ii) provea el servicio de transporte escolar (ida y regreso) desde el lugar de residencia de la menor en la vereda Ganivita hasta la referida institución educativa; y, iii) disponga de un programa de nivelación académica que garantice el acceso a la menor al año lectivo que corresponda en condiciones de igualdad.
13. ORDENAR al Personero Municipal de Onzaga, Santander, que actúe como supervisor y garante del cumplimiento de la orden impartida a la Secretaría de Educación Municipal de Santander y en el término de un (1) mes, contado a partir de la notificación de esta providencia, presente al juez de primera instancia un informe detallado sobre las medidas adoptadas por la Secretaría de Educación de Santander para la realización de la orden.
14. Por Secretaría General líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
1 En adelante Idear.
2 Ver las sentencias T-514 de 1998, T-510 de 2003, T-292 de 2004, T-794 de 2007 y T-458 de 2013.
3 En esta oportunidad la Sala reiterará lo establecido en la Sentencia T-458 de 2013 en relación con los componentes estructurales del derecho a la educación.
4 Acerca del derecho a la educación como medio para alcanzar la igualdad de oportunidades entre los habitantes del campo y el resto de la sociedad, puede verse la Sentencia T-467 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz). En aquella decisión, se amparó el derecho a la educación de un menor de edad que no podía recibir clases en segundo año de educación básica, porque en su escuela rural no se había nombrado un docente para ese grado. La sentencia sostiene lo siguiente: “[l]as dificultades propias de la prestación del servicio público de educación en ciertas localidades apartadas de los centros urbanos, no debilitan la obligación institucional de mantener la prestación del servicio en condiciones aceptables. No es de recibo la diferenciación, que suele presentarse en la práctica, entre la calidad de la educación urbana y la calidad de la educación rural. Los alumnos de una pequeña escuela campesina tienen derecho a recibir un servicio que les permita transcurrir por todo el proceso educativo sin encontrarse en condiciones de inferioridad frente a educandos provenientes de otros centros de enseñanza. De no cumplirse con esta exigencia, no solo se estaría vulnerando el derecho fundamental de los niños a la educación básica obligatoria, sino que, además, se estaría afectando su derecho a la igualdad de oportunidades”.
5 T-458 de 2013.
8 Por el cual se establecen normas para el ofrecimiento de la educación de adultos y se dictan otras disposiciones.
9 T-458 de 2013.
10 Ver sentencias T-1015 de 2006 y T-780 de 2011.
11 T-458 de 2013.
12 Ver las sentencias T-514 de 1998, T-510 de 2003, T-292 de 2004, T-794 de 2007 y T-458 de 2013.

References: artículo 16
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 44
 artículo 67
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 67
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 42
 artículo 86
 Resolución 
 artículo 36