Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/98/STSJC19981031.htm
Timestamp: 2018-12-16 15:03:13+00:00

Document:
Sentència de 31 d'octubre de 1998
de 31 d'octubre de 1998, núm. 27/1998 (Sala Civil i Penal)
Visto por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados al margen expresados, el recurso de casación contra la Sentencia de fecha 3 de diciembre de 1997 dictada en grado de apelación por la Sección Décimosegunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, en el rollo núm. 2046/96-R, como consecuencia de los autos de divorcio número 802/95 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 45 de Barcelona, cuyo recurso fue interpuesto en interés de ley por el Ministerio Fiscal; siendo partes recurridas D.ª Y1 , defendida por la letrado D.ª Mª José Varela Portela y representada por el procurador de los tribunales D. Ángel Joaniquet Ibarz; y D. Y2 , dirigido por el abogado D. Ricardo Guillé Doménech y representado por la procuradora D.ª Núria Tor Patino.
Primero.- En el Juzgado de Primera Instancia número 45 de Barcelona, se tramitaron autos de juicio de divorcio bajo número 802/95, a instancia de D. Y2 , contra D.ª Y1 , en los que, con fecha 27 de septiembre de 1996 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Fallo: Que desestimando la demanda de divorcio formulada por el procurador D.ª Núria Tor Patino en nombre y representación de D. Y2 , contra D.ª Y1, representada en autos por el procurador D. Ángel Joaniquet Ibarz, y estimando en parte la demanda reconvencional de separación formulada de contrario, debo acordar y acuerdo la separación matrimonial de los expresados litigantes con todos los efectos legales, y en especial los siguientes: 1.º) La separación de los cónyuges que podrán designar libremente su domicilio; 2.º) El uso de la vivienda conyugal sita en l., calle C núm. 00, se atribuye a la esposa Y1, en tanto la hija del matrimonio Z carezca de independencia económica, momento en el cual podrá procederse a la liquidaciòn del bien común; 3.º) Como pensión alimenticia, el padre abonará a la madre para la hija menor la suma de 100.000 PTA mensuales, en doce mensualidades al año, dentro de los cinco primeros dias de cada mes. Dicha pensión será actualizada, con efectos de primero de enero de cada año, de acuerdo con las variaciones que haya experimentado el IPC publicado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya; 4.º) En concepto de pensión compensatoria, el padre abonará a la madre la suma de 150.000 PTA mensuales, en doce mensualidades al año y dentro de los cinco primeros días de cada mes, pensión que se actualizará en los mismos términos que la pensión alimenticia establecida para los hijos; 5.º) Se desestima la pretensión de la demandada de compensación económica al amparo del artículo 23 de la Compilación de derecho civil de Catalunya; 6.º) No se hace pronunciamiento alguno sobre la división y liquidación de bienes comunes, dejando a salvo el derecho de las partes para acudir al procedimiento que corresponda; 7.º) No se hace expresa imposición de costas a ninguna de las partes».
Segundo.- Que por la representación del demandante D. Y2 se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación contra la sentencia mencionada, a cuya apelación se adhirió la demandada D.ª Y1 , dictándose sentencia por la Sección Décimosegunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona con fecha 3 de diciembre de 1997, cuya parte dispositiva dice así: «Fallamos: Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la procuradora D.ª Núria Tor Patiño, en nombre y representación de D. Y2 , y el formulado por adhesión por el procurador D. Angel Joaniquet Ibarz en nombre y representaciòn de D.ª Y1 , contra la sentencia dictada en fecha veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis por el Juzgado de Primera Instancia n.º 45 de Barcelona, en autos de juicio de divorcio número 802/1995 debemos de confirmar y confirmamos íntegramente la misma, si bien se rectifica en el sentido de declarar expresamente que no ha lugar a hacer expreso pronunciamiento sobre la indemnización que por enriquecimiento injusto haya podido ser beneficiaria la esposa-demandada, y todo ello sin hacer expreso pronunciamiento sobre las costas causadas en la presente alzada procedimental, atendido el vicio de incongruencia y la distinta fundamentación jurídica de la sentencia apelada».
A la anterior sentencia el magistrado de la Sección 12.ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, D. Pascual Ortuño Muñoz, formuló voto particular, discrepando de la misma en los términos que son de ver del mismo y se dan aquí, en lo menester, por reproducidos.
Tercero.- Contra la sentencia dictada en grado de apelación, el Ministerio Fiscal interpuso recurso de casación en interés de ley, y remitidas las actuaciones a esta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, previo emplazamiento de las partes, comparecieron en tiempo y forma los procuradores de ambos litigantes y el Ministerio Fiscal, el cual mediante escrito de fecha tres de septiembre de mil novecientos noventa y ocho y dentro del plazo legal, pasó a formalizar el recurso interpuesto, alegando como motivo único, infracción del art. 23 de la Compilació del dret civil de Catalunya, aún vigente en la actualidad no obstante la reforma operada por Llei de 30 de junio de 1998, y después de hacer una serie de consideraciones y citas legales sobre el particular, terminó suplicando que se dicte sentencia en que se declare la compatibilidad, ahora expresamente ya reconocida por la reforma operada, de las prestaciones reconocidas en los artículos 97 del CC y pronto anterior 23 de la CDDC.
Cuarto.- Por providencia de esta Sala de fecha 17 de septiembre último se admitió a trámite el recurso de casación en interés de ley interpuesto y se concedió a la parte recurrida personada el plazo de veinte días para que formalizase su impugnación, habiendo presentado escrito en 23 del propio mes de septiembre pasado, en el sentido de desistir de la presente instancia, ya que de conformidad con el art. 1718 in fine, de la Ley de enjuiciamiento civil, el presente recurso lo es a los solos efectos jurisprudenciales dejando intacta la resolución recurrida; y por proveído de fecha cinco de los que cursan, se señaló para la votación y fallo de la presente la audiencia del día veintidós del actual mes de octubre y hora de las diez de su mañana, en que ha tenido lugar.
Ha sido ponente el magistrado de esta Sala Ilmo. Sr. D. Luis María Díaz Valcárcel.
Primero.- El recurso de casación que pende ante esta Sala ha sido interpuesto por el Ministerio Fiscal en un pleito en que no es parte, con fundamento en el motivo 4.º del artículo 1692 de la Ley de enjuiciamiento civil. Se trata, por tanto, de un recurso en interés de la ley en el que los litigantes pueden intervenir si lo estiman conveniente –aquí no lo han hecho– pero la sentencia que se dicte tendrá eficacia únicamente para formar jurisprudencia sobre las cuestiones legales discutidas y resueltas en el pleito, dejando intactas las situaciones jurídicas particulares creadas por la resolución recurrida (art. 1718 de la ley procesal). Cabe señalar como el recurso en interés de la ley pone de relieve la esencia de la institución casacional que no es otra que la nomofilaxis o protección de la ley frente a interpretaciones aberrantes o no coincidentes de los tribunales de instancia. Y, más concretamente, revela la función esencial de esta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de acuerdo con las previsiones del art. 152, párrafo 2.º de la Constitución, concretadas en el art. 20.1 a) del Estatuto de autonomía y desarrolladas en el art. 73.1 a) de la Ley orgánica del poder judicial, es decir, la función de intérprete máximo del derecho civil catalán. También conviene añadir que el problema sometido por la Fiscalía del Tribunal Superior ha sido ya resuelto por el legislador al entrar en vigor hace pocos días el Código de familia aprobado por Ley del Parlamento catalán 9/1998, de 15 de julio, que, como dice el último párrafo de su preámbulo, sustituye todo el derecho de familia vigente hasta el momento en Cataluña y lo engloba en un solo texto debidamente armonizado y modernizado, de acuerdo con las necesidades y la realidad de la sociedad catalana de hoy. No obstante, el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal no queda reducido a una mera cuestión académica –en cuyo caso hubiera debido inadmitirse, pues los tribunales no están para dirimir controversias doctrinales– pues a virtud de las normas de derecho intertemporal es previsible que durante un cierto tiempo puedan reproducirse ante los órganos de instancia cuestiones como la aquí planteada.
Segundo.- El art. 23 de la Compilación del derecho civil de Cataluña –redactado por Ley del Parlamento catalán 8/1993, de 30 de septiembre– disponía que el cónyuge que, sin retribución o con una retribución insuficiente, se haya dedicado a la casa, o haya trabajado para el otro cónyuge tendrá derecho a recibir de éste, cuando se extingue el régimen de separación de bienes por separación conyugal, divorcio o nulidad del matrimonio, una compensación económica, si por razón de dicho defecto retributivo se ha generado una situación de desigualdad entre su patrimonio y el del otro cónyuge. A falta de acuerdo, esta compensación se fijará judicialmente atendiendo a la incidencia familiar del cónyuge que la reclame, la cuantía de la desigualdad patrimonial producida y las demás circunstancias del caso. La compensación se podrá satisfacer en dinero o en bienes del patrimonio del cónyuge que haya de pagarla, como el desee y en plazo que no exceda los tres años. A su vez, el art. 97 del Código civil, texto vigente según Ley 30/1981 de 7 de julio, de aplicación en Cataluña hasta la entrada en vigor del Código de la familia dispone, en su parte bastante, que el cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las ocho circunstancias que enumera. En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.
La Sentencia dictada el 3 de diciembre de 1997 por la Sección Decimosegunda de la Audiencia de l., que confirma íntegramente la dictada el 27 de septiembre de 1996 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 45 de esta ciudad y que es recurrida en casación por el Ministerio Fiscal sostenía –a virtud de razonamientos que examinaremos más adelante– que procede mantener la compensación equilibradora impuesta en la instancia procedimental ex art. 97 del Código civil en su integridad, lo que excluye la aplicabilidad del art. 23 de la Compilación, postulada por la demandada, además de aquélla (fundamento jurídico tercero, in fine). En el mismo asunto se formuló voto particular que, tras una extensa fundamentación, concluye que la demandada-reconviniente tenía derecho a percibir la prestación del art. 23 de la Compilación catalana, indemnización compatible con la pensión compensatoria fijada al amparo del art. 97 del Código civil. La tesis de que el art. 97 del Código civil y el 23 de la Compilación catalana, al referirse ambos a prestaciones económicas, son incompatibles entre si ha sido acogida reiteradamente por la Sección Decimosegunda de la Audiencia de Barcelona (últimamente sentencias de 13 de octubre, 2 y 3 de diciembre de 1997). La tesis de la compatibilidad viene defendida, entre otras, por la sentencia de la Audiencia de Tarragona de 20 de marzo de 1996, la de 25 de abril de 1996 de Lleida y la de 3 de marzo de 1997 de Girona sin que el Tribunal Superior haya tenido, hasta el momento, ocasión de pronunciarse.
Tercero.- Viene repitiéndose que el régimen de separación de bienes es el tradicional de los matrimonios catalanes, afirmación no del todo exacta. La doctrina más reciente y autorizada estima que históricamente el tipo básico de la organización patrimonial conyugal en Cataluña era el régimen dotal y determinadas formas de comunidad propias de la economía rural. La decadencia de la dote por causas económicas bien conocidas y el trasvase de población del campo a la ciudad han convertido el régimen de separación absoluta, que era residual, en régimen prioritario. Con motivo de la reciente discusión de leyes catalanas que afectan al régimen económico matrimonial si bien un sector defendió a ultranza lo que considera discutiblemente tradición jurídica catalana, otros autores, que unen a sus conocimientos históricos los que les proporciona el ejercicio profesional sobre la realidad cotidiana, han puesto de relieve que el régimen de separación proporciona una teórica igualdad jurídica a ambos cónyuges pero en la práctica suele perjudicar económicamente a la mujer, especialmente en los supuestos de ruptura matrimonial. El legislador catalán, en sintonía con la resolución del Consejo de Ministros del Consejo de Europa de 27 de septiembre de 1978, afirma que «no es insensible a la necesidad de introducir correctivos en el régimen legal para evitar posibles situaciones de desigualdad a la hora de la extinción» (exposición de motivos de la Ley 8/1993, de 30 de septiembre). Fruto de esta laudable preocupación por conseguir que la protección a la mujer casada sea efectiva y no meramente retórica y subordinada a la buena voluntad del marido, han sido las modificaciones del régimen sucesorio que este Tribunal ha tenido ocasión de interpretar, la nueva redacción del art. 23 de la Compilación que ahora examinamos y, últimamente, la aprobación del Código de familia.
Cuarto.- La finalidad del art. 97 del Código civil se infiere de su propio texto: establecer una pensión en favor del cónyuge que, a raiz de la separación o del divorcio, sufra un desequilibrio «que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio». A continuación el precepto hace una enumeración ejemplificativa de las circunstancias que habrán de tenerse en cuenta, entre otras, la cualificación profesional y las posibilidades de acceso a un empleo, la dedicación pasada y futura a la familia y la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
Por su parte el derogado art. 23 de la Compilación tenía de común con el 97 del Código civil –como pone de relieve el fiscal– que ambos se refieren a prestaciones de carácter económico, tienden a corregir desequilibrios que pueden surgir cuando el matrimonio entra en crisis, y hacen referencia al empleo, dedicación a la familia y contribución a las actividades de su pareja. No obstante, la diferencia esencial entre ambos preceptos –sigue diciendo el recurso glosando la Sentencia de la Audiencia de Tarragona de 2 de marzo de 1996– reside en que uno y otro dan respuesta a situaciones distintas. La pensión compensatoria del art. 97 del Código civil tiende a eliminar desequilibrios futuros mientras que el art. 23 de la Compilación compensa desequilibrios pasados, corrige una situación de desigualdad patrimonial generada durante el matrimonio por mor de la dedicación de uno de los cónyuges a la casa o al trabajo del otro cónyuge sin retribución o con retribución insuficiente. El art. 97 del Código civil pretende atenuar el descenso económico que puede sufrir uno de los esposos comparando su situación constante matrimonio y aquélla en que quedará después de la separación o el divorcio. El art. 23 de la Compilación compara los patrimonios de ambos cónyuges y pretende corregir el enriquecimiento injustificado de uno de ellos como consecuencia del trabajo no compensado del otro.
Conviene añadir, para evitar malos entendidos, que la tesis de la compatibilidad defendida por el fiscal y aceptada por la Sala no supone la aplicación simultánea e independiente de ambos preceptos. El orden lógico exige, en primer lugar, examinar si se dan los supuestos de hecho del art. 23 y, si es así, calcular el importe de la compensación económica. En un segundo momento, y teniendo en cuenta, en su caso, la compensación acordada, hay que determinar si procede la pensión compensatoria y calcular su cuantía.
Quinto.- El vigente Código de familia catalán llega a la misma solución cuando explícitamente establece la compatibilidad entre el art. 41 que bajo la rúbrica «compensación económica por razón de trabajo» equivale al antiguo 23 de la Compilación, al decir en su párrafo 3 que el derecho a esta compensación «es compatible con los demás derechos de carácter económico que corresponden al cónyuge beneficiado, y debe ser tenido en cuenta para la fijación de estos otros derechos». Precepto que concuerda con el art. 84 del mismo Código, que regula la pensión compensatoria, en cuyo párrafo 2 leemos: «para fijar la pensión compensatoria, la autoridad judicial debe tener en cuenta... d) en su caso, la compensación económica regulada en el art. 41». (Téngase en cuenta la corrección de erratas publicada en el DOGC de 28 de septiembre próximo pasado). La solución adoptada y su fundamento en la doctrina del enriquecimiento sin causa tiene precedentes en el Derecho comparado, algunos tan antiguos como la sentencia dictada en Francia por el Tribunal del Sena el 27 de mayo de 1937 o la del Tribunal de Casación de 10 de julio de 1979. Recientemente el Code civil de Quebec, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, establece una pensión compensatoria –cualquiera que haya sido el régimen económico matrimonial– si la aportación de un cónyuge en bienes o servicios ha contribuído al enriquecimiento del otro, compensación que, en determinados casos, incluso puede ser exigida constante el matrimonio (art. 427.2).
En nombre del Rey y por la autoridad que nos concede la Constitución,
Que dando lugar al recurso de casación en interés de la ley interpuesto por el fiscal jefe de este Tribunal Superior contra la Sentencia dictada el 3 de diciembre de 1997 por la Sección Decimosegunda de la Audiencia de Barcelona (rollo n.º 2046/96) declaramos la compatibilidad de las prestaciones reconocidas en los artículos 97 del Código civil y el derogado artículo 23 de la Compilación de derecho civil de Cataluña.
Notifíquese la presente resolución al recurrente y désele la publicidad legalmente establecida.
Líbrese certificación de la presente sentencia, que se remitirá a la referida Sección Decimosegunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, juntamente con el rollo de apelación y autos originales en su dia remitidos a esta Sala, para ejecución y cumplimiento de lo acordado, así como a los cuatro presidentes de las audiencias provinciales de Cataluña.

References: e contrario
 artículo 23
in fine
 resolución 
 artículo 1692
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 artículo 23
 resolución