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Timestamp: 2019-09-16 14:12:03+00:00

Document:
STC 234/2015, 5 de Noviembre de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 589294270
STC 234/2015, 5 de Noviembre de 2015
Número de Recurso: 6518-2014
El día 31 de octubre de 2014 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, al que se acompaña, junto con el testimonio del procedimiento correspondiente, el Auto de 14 de octubre de 2014, en el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013, por posible vulneración de los arts. 81.1 y 134.2 CE. El precepto cuestionado establece lo siguiente:
Lo establecido en este artículo será plenamente aplicable a la financiación de todos los centros concertados incluidos los de educación diferenciada que escolarizan alumnos de un solo sexo, y ello, con independencia del modelo de agrupamiento de alumnos que realicen los centros docentes en el ejercicio de sus competencias.
La Federación de Escuelas Agrarias de Andalucía, titular de un centro docente privado, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la Orden de 27 de febrero de 2013, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, por la que se resuelve la solicitud de renovación del concierto educativo con el centro docente privado “Yucatal” de Posadas (Córdoba), a partir del curso académico 2013-2014. Dicha Orden denegaba el concierto educativo para el centro de su titularidad, por no cumplir con lo establecido en el art. 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en lo que se refiere a la no discriminación por razón de sexo, al no comprometerse a escolarizar alumnado de ambos sexos.
La citada resolución fue recurrida en vía contencioso-administrativa ante la Sala antes citada del Tribunal Superior de Justicia, por cuanto se entendía, entre otros motivos de ilegalidad e inconstitucionalidad, que la Administración había incumplido el mandato establecido en el art. 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, que había entrado en vigor el 1 de enero de 2013. El Letrado de la Junta de Andalucía, en la contestación a la demanda, alegaba la inconstitucionalidad del citado art. 17.8 por vulneración de la reserva de ley orgánica del art. 81 CE y por exceder del contenido admisible para una ley de presupuestos con vulneración, además, del principio de igualdad de los arts. 9.3 y 14 CE, solicitando el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
Estando conclusas las actuaciones y señalado para votación y fallo el día 25 de junio de 2014, se dictó providencia de 25 del mismo mes y año dando plazo común para alegaciones a las partes y al Ministerio Fiscal, por considerar la Sala que el art. 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de cuya validez depende el fallo, podría ser contrario a la Constitución.
Habiendo alegado el Ministerio Fiscal que la providencia citada no cumplía las exigencias del art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) por no mencionar la norma constitucional cuya vulneración se cuestionaba, y no justificar en qué medida la decisión del proceso dependía de su validez, se dictó nueva providencia de 8 de septiembre de 2014, dando nuevo plazo de alegaciones sobre la inconstitucionalidad en que podría incurrir el art. 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de cuya validez depende el fallo, por vulneración de los arts. 81.1 y 134.2 CE. Considera la nueva providencia que, tras el dictado del precepto mencionado, la administración no puede seguir aplicando la doctrina dictada en interpretación de la Ley Orgánica de educación. Entiende que este precepto invade tanto la reserva de ley orgánica como excede del contenido que la Constitución contempla para las leyes de presupuestos.
Mediante escrito de 23 de septiembre de 2014, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada y teniendo en cuenta los aspectos formales, el Ministerio Fiscal expresó la procedencia de interponer la cuestión. La parte, mediante escrito de 1 de octubre de 2014, solicitó a la Sala que adoptase la decisión que en derecho proceda. Por su parte, el Letrado de la Junta de Andalucía mediante escrito de 7 de octubre de 2014, consideró que procedía el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad considerando que el art. 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, infringe el art. 81.1 CE, así como los arts. 9.3, 14, 66.2 y 134 CE.
El órgano judicial dictó Auto de 14 de octubre de 2014, en el que acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto al art. 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por posible vulneración de los arts. 81.1 y 134.2 CE.
Relativa a la reserva a ley orgánica de la regulación de los aspectos esenciales de un derecho fundamental. Entiende el órgano judicial que no se había puesto en duda el sistema de la educación diferenciada hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica de educación en cuyo art. 84.3 se prohíbe expresamente en el régimen de admisión de alumnos la discriminación por razón de sexo. Dicho precepto, conforme a la interpretación realizada por el Tribunal Supremo comporta que la educación separada por sexos dejó de estar autorizada para los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Asimismo pone de relieve que en la reforma de la Ley Orgánica de educación se ha introducido, en el art. 84.3 lo siguiente: “No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14 de diciembre de 1960”.
Relativa a los límites constitucionales de la ley de presupuestos. La doctrina constitucional (STC 76/1992 ), establece los límites de las leyes de presupuestos, distinguiendo entre (i) el contenido necesario y (ii) el eventual, posible y no necesario, para el que se requiere la relación directa con los gastos e ingresos que integran el presupuesto o con los criterios de política económica de la que el presupuesto es instrumento. El precepto impugnado podría no cumplir los límites establecidos, en cuanto no contiene una previsión de gastos e ingresos, y es dudoso que, aun cuando pueda tener una relación directa con los ingresos o gastos del Estado, sea complemento necesario para su mejor inteligencia.
Mediante providencia de 16 de diciembre de 2014, el Pleno, a propuesta de la Sección Primera, acuerda admitir a trámite la presente cuestión y reservarse para sí el conocimiento de la misma; dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el artículo 37.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes; comunicar la presente resolución a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Andalucía, con sede en Sevilla, a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.3 LOTC, permanezca suspendido el proceso hasta que este Tribunal resuelva definitivamente la presente cuestión. Finalmente se ordenó publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado”.
El Presidente del Congreso de los Diputados, en escrito registrado en fecha 15 de enero de 2015, comunicó a este Tribunal que la Mesa de la Cámara adoptó el acuerdo de personarse en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
El 15 de enero de 2015 se personó en el proceso el Abogado del Estado, en nombre del Gobierno, e interesó la desestimación de la cuestión por las razones que a continuación se resumen.
El Presidente del Senado mediante escrito registrado en este Tribunal el día 27 de enero de 2015 comunicó a este Tribunal que la Mesa de la Cámara adoptó el acuerdo de personarse en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
El 30 de enero de 2015 presentó su escrito de alegaciones el Fiscal General del Estado, interesando la desestimación de la cuestión por las razones que se resumen a continuación.
En segundo lugar, considera que el precepto cuestionado tampoco vulnera el art. 81.1 CE. Partiendo de la doctrina establecida en la STC 86/1985 , afirma que el art. 27.9 CE ni enuncia un derecho fundamental a la prestación pública, ni encierra un derecho subjetivo a la prestación pública. Si, además, tal prestación pública habrá de ser dispuesta por la Ley, parece obvio concluir que esta materia no forma parte esencial del derecho consagrado en el art. 27.9 CE y, siendo esto así, resulta igualmente obvio que no existe un deber ex Constitutione de regular tal materia mediante Ley Orgánica.
Por providencia de 3 de noviembre de 2015 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 del mismo mes y año.
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 17.8 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año 2013 (en adelante, Ley 17/2012).
Antes de entrar en el examen del fondo de esta cuestión, es necesario valorar previamente la concurrencia de los requisitos exigidos para el válido planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Dado que la tramitación específica establecida en el art. 37.1 LOTC no tiene carácter preclusivo y cabe apreciar en Sentencia la ausencia de los requisitos, tanto procesales como de fundamentación, requeridos para el válido planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en la fase de resolución, además de hacerlo en el trámite de admisión previsto en el art. 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC; por todas STC 201/2015, de 24 de septiembre, FJ 2),
Es preciso recordar, de acuerdo con la STC 79/2015 , de 30 de abril, FJ 3, que los apartados 1 y 2 del art. 35 LOTC exigen, respectivamente, que la norma con rango de ley cuya constitucionalidad ofrezca dudas a un Juez o Tribunal debe resultar “aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo” y que el órgano judicial deberá especificar o justificar en el Auto de planteamiento de la cuestión en qué medida la decisión del proceso depende de dicha validez. En atención a lo expuesto, es exigible que la norma cuestionada supere el llamado juicio de relevancia, que se erige en uno de los requisitos esenciales para impedir que la cuestión de inconstitucionalidad pueda quedar desvirtuada por un uso no acomodado a su naturaleza y finalidad, lo que sucedería si se utilizase para obtener pronunciamientos innecesarios o indiferentes para la decisión del proceso en que se suscita (por todas, SSTC 42/2013 , de 14 de febrero, FJ 2, y 156/2014 , de 25 de septiembre, FJ 2). De ahí que este Tribunal haya estimado que debe darse una verdadera “dependencia” (STC 189/1991 , de 3 de octubre, FJ 2), o un “nexo de subordinación”, entre el fallo del proceso y la validez de la norma cuestionada (STC 157/1990 , de 18 de octubre, FJ 1). No basta con que el Tribunal ordinario considere que la norma es aplicable al caso, sino que también ha de satisfacerse el requisito de la relevancia ya que la aplicabilidad de la norma es condición necesaria para que el fallo dependa de su validez, pero no es, en modo alguno, condición suficiente (SSTC 17/1981 , de 1 de junio, FJ 4, y 156/2014 , FJ 2). Igualmente este Tribunal tiene declarado que no le corresponde sustituir o rectificar el criterio del órgano judicial al respecto, salvo en los casos en que de manera notoria, sin necesidad de examinar el fondo debatido y en aplicación de principios jurídicos básicos, se advierta que la argumentación judicial en relación con dicho juicio de relevancia carece de consistencia (por todas, STC 60/2013 , de 13 de marzo, FJ 1, y doctrina allí citada).
Dicha omisión condiciona ineludiblemente la valoración acerca de la adecuada formulación de los juicios de aplicabilidad y relevancia exigidos para el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por el art. 35 LOTC. Tampoco, aun tratándose de un supuesto diferente, podemos ignorar el criterio seguido en recientes pronunciamientos constitucionales, en los que, ante el carácter dudoso y discutible de la aplicabilidad de la norma cuestionada en el proceso a quo, hemos exigido un pronunciamiento específico del órgano judicial sobre la aplicación de la norma al caso, a efectos de garantizar que la resolución del litigio depende realmente de la solución que este Tribunal ofrezca sobre la constitucionalidad de la norma [por todas, SSTC 50/2015 , de 5 de marzo, FJ 2 c) y 18/2014 , de 30 de enero, FJ 4 y las allí citadas]. Es, por tanto, exigible que la norma cuestionada supere el llamado juicio de relevancia, tal como se ha expuesto más arriba.
En suma, es indiscutible que el precepto cuestionado es aplicable para la resolución del pleito sometido a la consideración del órgano judicial, pero podría no ser el único relevante a la vista de lo regulado por la disposición transitoria segunda LOMCE en relación con el art. 84.3 LOE, reflexión que no aparece en el Auto de planteamiento que guarda silencio respecto a la relación entre esta norma y la que ha cuestionado. Ausencia de argumentación que conlleva un evidente riesgo para el carácter concreto del control de constitucionalidad verificado mediante este tipo de procesos, ya que esa omisión implicaría que, aun cuando el enjuiciamiento constitucional de la norma cuestionada sigue siendo posible y esta plantea un problema constitucional de interés, ya no se trataría de un juicio de constitucionalidad en concreto, al que se refiere el art. 163 CE, sino en abstracto, sin efectos para el caso, lo que resulta improcedente en toda cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015 , FJ 3).
Nada impide que esta circunstancia se pueda apreciar en esta fase, esto es, mediante Sentencia, además de hacerlo en el trámite de admisión previsto en el art. 37.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (SSTC 183/2013 , de 23 de octubre, FJ 2; 206/2014 , de 15 de diciembre, FJ 2; 10/2015 , de 2 de febrero, FJ 2; 79/2015 , de 30 de abril, FJ 2, y 110/2015 , de 28 de mayo, FJ 3, entre otras), Así pues, dada la conexión que debe existir entre el pronunciamiento de este Tribunal y el proceso en que la cuestión se plantea, procede inadmitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad.
ATS 130/2016, 21 de Enero de 2016

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 37
 resolución 
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