Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A089A-09.htm
Timestamp: 2017-11-23 03:52:12+00:00

Document:
A089A-09
Auto 089A/09
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Principios básicos para la protección de derechos fundamentales/CORTE CONSTITUCIONAL-No puede ser permisiva con la dilación de los términos ni la renuencia de asumir el conocimiento de la acción de tutela
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-Naturaleza jurídica
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Establece reglas de simple reparto y no de competencia
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-Régimen especial/CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-Entidad administrativa del orden nacional
ACCION DE TUTELA CONTRA EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y CORPORACION AUTONOMA REGIONAL-Competencia de Tribunal Superior en primera instancia
Referencia: expediente I.C.C. 1305
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Duodécimo Penal del Circuito de Cali y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Duodécimo Penal del Circuito de Cali y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro del trámite de la acción de tutela promovida por Carlos Arturo Izquierdo Castañeda contra el Municipio de Cali, Emsirva Empresa de servicio público de aseo, el Departamento Administrativo de la Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC.
1. El Ciudadano interpuso acción de tutela contra el Municipio de Cali, Emsirva Empresa de servicio público de aseo, el Departamento Administrativo de la Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC; con el objetivo de obtener amparo judicial de sus derechos fundamentales a la vida digna y el trabajo.
2. Como fundamento de la acción promovida, en el escrito de demanda el Ciudadano manifestó que desde hace seis años labora en el relleno sanitario Navarro desarrollando actividades de reciclaje y que en la actualidad, debido a problemas presentados por la contaminación del Río Cauca ocasionados por el inadecuado manejo de desechos sólidos, aquel se encuentra en proceso de “inminente cierre”; circunstancia por la cual solicita al juez de tutela, como mecanismo de amparo a sus derechos fundamentales, ordenar la realización inmediata de un programa de reubicación laboral y, en segundo término, la cancelación de los salarios dejados de percibir a partir de su desvinculación.
3. Mediante auto proferido el día 11 de agosto del 2008, el Juzgado Duodécimo Penal del Circuito de Cali, autoridad judicial a la cual correspondió la decisión de la acción interpuesta; resolvió remitir el expediente de tutela a la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial en la medida en que una de las entidades demandadas era la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la cual, de acuerdo a algunos pronunciamientos de esta Corporación, sería una persona jurídica del orden nacional. En tal sentido, el Juzgado ordenó la aludida remisión debido a que, a su juicio, carecía de competencia para resolver la solicitud de amparo.
4. Una vez el expediente de tutela fue enviado a la Sala Penal del Tribunal Superior, el Magistrado Orlando Echeverry Salazar resolvió ordenar su devolución al Juzgado por cuanto, en su criterio, las Corporaciones Autónomas Regionales –destacadas en el texto constitucional en el artículo 150.7- no son “autoridades estrictamente pertenecientes al Orden Nacional. Si bien es cierto se las ha denominado como tales, también lo es que cuando así se las ha tildado, lo ha sido con el objeto de significar que son entidades de Derecho Público, independientes del Poder público, y por tanto, no sujetas al régimen de Derecho Común, sino, al que expresa y especialmente designó el Congreso de la República en desarrollo de sus deberes y competencias constitucionales”[1].
5. Al recibir una vez más el expediente correspondiente a la acción de amparo, el Juzgado Duodécimo Penal del Circuito de Cali ordenó su remisión a la Corte Constitucional para que fuese esta Corporación la que zanjara la diferencia suscitada a propósito de la competencia para conocer la petición promovida.
1.- De acuerdo a la jurisprudencia de esta Corporación, la solución de conflictos de competencia ocasionados a propósito de la interposición de una acción de tutela corresponde al superior jerárquico de las autoridades judiciales entre las cuales se traba dicha controversia.
En tal sentido, la competencia de la Corte Constitucional para absolver estas controversias es de tipo residual, puesto que sólo en aquellas ocasiones en las cuales el conflicto involucre a autoridades que no compartan un superior jerárquico común, el expediente deberá ser remitido a esta Corporación para que decida cuál autoridad se encuentra llamada a resolver la solicitud de amparo presentada.
En este orden de ideas, en el presente conflicto de competencia se encuentra que el Juzgado Duodécimo Penal del Circuito de Cali y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali tienen como superior jerárquico común funcional a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y es a ella a quien en principio le correspondería resolver el presente conflicto.
Esta tesis, según la cual la Corte asume el conocimiento y resolución de conflictos de competencia, a pesar de que se determina como competente para el asunto a otra autoridad, consiste en que en virtud de los principios de celeridad y carácter sumario en el procedimiento de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración de justicia, esta Corporación, como se dijo, ha llegado a asumir de manera directa el conocimiento de conflictos de competencia teniendo en cuenta el objetivo de garantizar la mejor protección de los derechos fundamentales.
La Corte no puede ser permisiva con la dilación de los términos ni con la renuencia de las autoridades a asumir de manera definitiva el conocimiento de las solicitudes de tutela. En este sentido, la Sala considera que remitir a la Corte Suprema las presentes diligencias para que ella resuelva el conflicto de competencia, agravaría aun más la situación de la peticionaria, quien por demás, no tiene por qué sufrir la mora que aparejan los problemas de interpretación de las normas de competencia para conocer de la acción de tutela.”4 (Subrayas y negrillas fuera de texto).
2.- Ahora bien, para solucionar el conflicto aparente[2] de competencia que ahora se plantea a la Corte, es preciso determinar la naturaleza jurídica de las corporaciones autónomas regionales (CAR), pues de ésta depende la categoría del juez a quien se le debe repartir la acción de tutela según el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000. En efecto, si las CAR son entidades del sector descentralizado por servicios del orden nacional serán los Jueces del Circuito, pero si son autoridades públicas del orden nacional extrañas al mencionado sector serán los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos o los Consejos Seccionales de la Judicatura.
En este punto es necesario recordar que esta Corporación, en varias oportunidades, ha precisado que las reglas del Decreto 1382 de 2000 son reglas de reparto, pero no determinan la competencia, pues ésta sólo surge de la Constitución y del decreto 2591 de 1991[3].
3.- Esta Corporación se ha pronunciado respecto del tema de la naturaleza jurídica de las CAR en varios sentidos, tanto en sentencias de constitucionalidad como con ocasión de la resolución de los conflictos de competencia.
Así, en algunas oportunidades, ha señalado que las CAR tienen una naturaleza jurídica especial o sui generis pues (i) no pertenecen al sector central de la administración ya que, por mandato de la Constitución, son organismos autónomos (artículo 150 numeral 7)[4], (ii) no son entidades del sector descentralizado por servicios porque no están adscritas ni vinculadas a ningún ente del sector central[5] y (iii) no son entidades territoriales debido a que no están incluidas en el artículo 286 de la Constitución que las menciona de forma taxativa y, además, pueden abarcar una zona geográfica mayor a la de una entidad territorial[6]. De este modo, ha determinado que son entidades administrativas del orden nacional. Ha dicho la Corte:
“Las corporaciones autónomas regionales son entidades administrativas del orden nacional que pueden representar a la Nación dentro del régimen de autonomía que les garantiza el numeral 7o. de la Constitución, y están concebidas por el Constituyente para la atención y el cumplimiento autónomo de muy precisos fines asignados por la Constitución misma o por la ley, sin que estén adscritas ni vinculadas a ningún ministerio o departamento administrativo; además, y en la medida definida por el legislador, respetando su autonomía financiera, patrimonial, administrativa y política, pueden ser agentes del Gobierno Nacional, para cumplir determinadas funciones autónomas en los casos señalados por la ley. Aquellas entidades, son organismos administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales, y entre la administración central nacional y la descentralizada por servicios y territorialmente (…)”[7].
En otras ocasiones, ha indicado que las CAR son entidades descentralizadas por servicios[8], así no estén adscritas o vinculadas a entidad alguna. Concretamente señaló:
“La existencia de corporaciones autónomas regionales dentro de nuestro régimen constitucional, obedece, lo mismo que la de las entidades territoriales, al concepto de descentralización.
Es sabido que la Constitución consagra varias formas de descentralización, entre ellas la que se fundamenta en la división territorial del Estado, y la que ha sido llamada descentralización por servicios, que implica la existencia de personas jurídicas dotadas de autonomía jurídica, patrimonial y financiera, articuladas jurídica y funcionalmente con el Estado, a las cuales se les asigna por la ley unos poderes jurídicos específicos o facultades para la gestión de ciertas competencias.
Dentro de esta última modalidad de descentralización se comprenden, según el art. 150-7, diferentes organismos, como los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, que se instituyen como una respuesta a la necesidad de cumplir distintas formas de gestión de la actividad estatal y de específicos cometidos, algunos tradicionales, otros novedosos, pero necesarios para el logro de las finalidades propias del Estado Social de Derecho”[9].
4.- Como es evidente, hay una disparidad de criterios en la jurisprudencia constitucional, razón por la cual la Sala Plena considera necesario unificar su posición en este tema, acogiendo la primera de las opciones descritas por ser la que más se ajusta al texto constitucional. En efecto, no es posible sostener que las CAR son entidades descentralizadas por servicios pues éstas están siempre adscritas o vinculadas a una entidad del sector central, lo cual no sucede en este caso por la autonomía que el artículo 150, numeral 7, de la Constitución expresamente ha dado a las CAR. En este sentido, las CAR son entidades publicas del orden nacional.
5.- En este orden de ideas, la Sala Plena considera que la autoridad judicial que se encuentra llamada a conocer en primera instancia el presente asunto es la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Por tal razón, la Corte ordenará remitir el expediente correspondiente a la acción de tutela promovida por el Ciudadano Carlos Arturo Izquierdo Castañeda contra el Municipio de Cali, Emsirva Empresa de servicio público de aseo, el Departamento Administrativo de la Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC.
PRIMERO.- REMITIR el expediente de tutela a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para que asuma de forma inmediata el conocimiento del referido amparo constitucional.
SEGUNDO.- Por Secretaría General COMUNÍQUESE la decisión adoptada en esta providencia al Juzgado Duodécimo Penal del Circuito de Cali, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 089 A DE 2009
[1] Cuaderno 2, folio 70.
[2] La jurisprudencia constitucional ha considerado que “(e)l Decreto 1382 de 2000 no contempla reglas para definir la competencia de un despacho judicial, sino que establece reglas para llevar a cabo el trámite administrativo de reparto.” Auto 099 de 2003.
[3] Auto 063 de 2007. En el mismo sentido Auto 035 de 2006.
[4] Sentencia C-578-99.
[5] Sentencias C-593-95, C-275-98 y C-578-99.
[6] Sentencias C-593-95 y C-578-99.
[7] Sentencias C-293-95 y C-275 de 1998. Reiteradas por la sentencia C-578-99 y acogidas por el Auto 341 de 2006 y los ICC-1346 de 2009 y 1337 del mismo año.
[8] Sentencia C-596 de 1998. Reiterada por las sentencias C-554 de 2007 y C-462 de 2008 y acogida por el Auto 281 de 2006.
[9] Sentencia C-596 de 1998.

References: artículo 150
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
sui generis
 artículo 286
 artículo 150