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Timestamp: 2017-12-15 10:02:52+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 3) de 23 de diciembre de 2010. Tarifas portuarias. Declaración de inconstitucionalidad del artículo 70.1 y 70.2 de la Ley de Puertos. Responsabilidad de la Administración - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el presente recurso contencioso-administrativo n.º 290/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Antonio Barreiro-Meiro Barbero, en nombre y representación de MARÍTIMA PEREGAR, S.A. contra la desestimación primero presunta y después expresa de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 19 de mayo de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio derivados de la aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, declarado inconstitucional. Siendo parte demandada la Administración General del Estado que actúa representada por el Abogado del Estado.
Primero.-Con fecha 19 de mayo de 2006, la entidad MARÍTIMA PEREGAR, S.A., empresa especializada en servicios de consignación de buques, fletamentos marítimos, estiba y desestiba de carga y, en general, asesoramiento de cualquier actividad portuaria, se dirigió al Consejo de Ministros solicitando indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, respecto a las cantidades abonadas a la Autoridad Portuaria de Melilla por dicha entidad, en concepto de tarifas portuarias, durante el año 1997, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de ingreso hasta el momento del pago de la indemnización.
Alegaba al efecto, que con fecha 20 de mayo de 2005, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la sentencia del Tribunal Constitucional 102/2005, de 20 de abril, por la que se declaran inconstitucionales y nulos los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su redacción original y que, como consecuencia de la aplicación de estos preceptos y de la norma reglamentaria que los desarrolló, hubo de satisfacer a la Autoridad Portuaria de Melilla, durante el ejercicio 1997, determinadas cantidades en concepto de tarifas portuarias, lo que ha provocado una lesión en su patrimonio de la que es responsable el Estado, en tanto que legislador, como consecuencia de la aplicación de una Ley declarada inconstitucional.
Segundo.-Ante el silencio del Consejo de Ministros y con fecha 17 de mayo de 2007, la entidad MARÍTIMA PEREGAR, S.A., interpone este recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de su reclamación por el Consejo de Ministros. Una vez admitido a trámite y recabado el expediente administrativo, se dio traslado a la recurrente para formalización de la demanda, en la que mantiene su pretensión de indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por las cantidades ingresadas en concepto de tarifas portuarias en el ejercicio 1997.
En apoyo de su reclamación, se refiere a los efectos ex tunc de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, que determina la nulidad de las mismas y de los actos dictados a su amparo, al cómputo del plazo para el ejercicio de la acción en estos supuestos, que se inicia a partir del momento de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la sentencia que declara esa inconstitucionalidad, invocando al efecto las sentencias de esta Sala de 5 de julio de 2001 y de 13 de junio de 2000, y a la concurrencia, en el presente supuesto, de todos y cada uno de los requisitos motivadores de la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por actos del Estado legislador, al haberse declarado la inconstitucionalidad de una norma con rango de Ley que imponía la obligación de pago de unas tarifas calificadas de precios privados, sin regulación de los elementos mínimos definidores de la prestación, con la consecuencia de ser nula dicha norma y también los actos dictados a su amparo, cuyo contenido se concreta en el pago de determinadas cantidades que ha resultado indebido, por no venir apoyado ni en Ley, ni en acto válido que lo autorizase, causando un perjuicio patrimonial coincidente con los pagos realizados, cuyo carácter antijurídico (inexistencia del deber jurídico de soportarlo) -sostiene- está fuera de toda duda por no existir la necesaria norma legal que lo autorizase y que ha sido soportado por la reclamante, como sujeto pasivo de la tarifa, por lo que está legitimada para ejercitar la acción.
Asimismo, aduce que es inaplicable la Sentencia del Pleno de esta Sala, de 5 de marzo de 2008, a la que remiten otras sentencias desestimatorias de reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado legislador como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, " por no resultar acreditado el requisito esencial de producirse un detrimento real y efectivo en la situación patrimonial de la recurrente, detrimento que no se produce al tratarse de una relación sinalagmática en la que la recurrente ha disfrutado de la prestación solicitada por lo que su patrimonio no se ve afectado y se mantiene íntegro tras la declaración de insconstitucionalidad ";, razonando que su inaplicabilidad deriva de que en este caso, ni la Administración Portuaria llegó a prestar un servicio cada vez que exigió la tarifa (pues muchas de ellas se exigieron por el mero uso común especial del demanio portuario), ni el obligado al pago, en la mayor parte de los casos recibió servicio alguno, al tratarse de simples consignatarias, a lo que añade que "incluso admitiendo que algunas tarifas llevaran aparejada la recepción de un servicio o actividad administrativa en beneficio del obligado al pago, no puede afirmarse con rigor jurídico que la devolución del importe pagado comporte automáticamente un enriquecimiento injusto", invocando en su escrito de conclusiones la reciente STC 116/2009, de 18 de mayo de 2009, de acuerdo con la cual "Al tener estas tarifas el carácter de prestaciones patrimoniales de carácter publico, solo cabria hablar propiamente de una obligación de pago, y por tanto de la existencia de un eventual enriquecimiento injusto que quepa remediar, en el caso de que hubiera existido una regulación normativa en el momento de verificarse el servicio que así lo dispusiera, lo que precisamente no sucede en este caso, en que la declaración de nulidad radical de esta normativa, por contravenir el principio de reserva de ley del artículo 31.3, era la que había propiciado la nulidad de las diversas liquidaciones practicadas a su amparo";.
- Que el recurso es inadmisible por inexistencia del acto administrativo recurrido, toda vez que existiendo una resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 28 de septiembre de 2006 que resuelve la reclamación formulada, y por tanto, un acto expreso impugnable, no puede recurrirse a la ficción del acto presunto para tener acceso a la vía jurisdiccional abierta por el acto expreso.
- Opone el Abogado del Estado, asimismo, la falta de legitimación activa de la actora, al amparo del artículo 19.1.a) de la Ley Jurisdiccional, por falta de derecho o interés legítimo de la consignataria demandante toda vez que, los obligados al pago de la tarifa, son los propietarios de las mercancías y no la empresa consignataria cuya intervención es meramente instrumental, en cuanto procede al pago de las tarifas en nombre y representación del consignante, al que repercute su importe con el coste de sus servicios, de forma que la aquí demandante no tuvo que pagar las tarifas, ni su devolución -vía de responsabilidad patrimonial- le corresponde.
- Opone, también que, en el presente caso, no existe daño o lesión real probada que la demandante no tenga el deber jurídico de soportar. El pago de la tarifa corresponde al pago de unos servicios portuarios que se prestaron en su momento por las Autoridades portuarias que fueron solicitados por los dueños de las mercancías a través de sus consignatarios. El servicio se prestó y se pagó en los términos establecidos y a conveniencia de las partes y la declaración de inconstitucionalidad solo podría afectar a esta relación jurídico económica si a consecuencia de la misma se hubiera visto alterado- en mas o en menos- el precio de los servicios prestados. En concreto aduce que si, a consecuencia de esa declaración de inconstitucionalidad el precio del servicio hubiera resultado menor, la diferencia a favor de quien lo solicitó y autorizó podría haber dado lugar a un daño, lo que no ha sucedido en el supuesto que nos ocupa. No ha existido por tanto daño alguno para quien pagó la tarifa y utilizó el servicio y, en cualquier caso, ese pago no puede calificarse como daño que no tuviera la obligación de soportar el dueño de las mercancías, porque es consecuencia de su solicitud de utilización de los servicios portuarios.
Concluye el Abogado del Estado que si se devolviese el importe de la tarifa satisfecha se produciría un enriquecimiento injusto o sin causa a favor del obligado al pago ya que, habiendo prestado la Administración un servicio y siendo por ello legalmente exigible dicho pago, la Administración se vería privada del correspondiente ingreso.
Cuarto.-Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso documental a los efectos de acreditar las liquidaciones y pagos efectuados por la mercantil MARÍTIMA PEREGAR, S.A., a la Autoridad Portuaria de Melilla, durante el ejercicio 1997 en concepto de tarifas por servicios portuarios, acordándose con posterioridad el recibimiento de la ampliación del recurso a prueba, que se practicó con el resultado que es de ver en las actuaciones, abriéndose posterior trámite de conclusiones.
Primero.-Se plantea, en primer lugar, por el Abogado del Estado la inadmisibilidad del recurso por inexistencia del acto administrativo recurrido, entendiendo que, al existir una respuesta expresa del Ministerio de Fomento a la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada al Consejo de Ministros y, por tanto, un acto expreso impugnable que resuelve la reclamación planteada, no puede recurrirse a la ficción del acto presunto para tener acceso a la vía jurisdiccional abierta por el acto expreso.
Por todo ello, ha de rechazarse la alegación formulada por el Abogado del Estado en su contestación a la demanda, acerca de la inexistencia del acto impugnado, alegación que, por otro lado, no se reitera en la contestación a la ampliación de la demanda a la resolución tardía expresa del Consejo de Ministros, lo que cabe interpretar bien como una aceptación tácita de dicho argumento, razonado ya en diversas sentencias de esta Sala dictadas con ocasión de reclamaciones análogas- por todas, STS de 30 de abril de 2009 (rec. n.º 456/06) y de 12 de junio de 2009 (rec. n.º 455/06), ó como un abandono en la oposición de dicha causa de inadmisión por parte de la Administración, ante la evidencia de que la resolución expresa tardía del Consejo de Ministros hace ineficaces los argumentos basados en una resolución dictada por quien, no habiendo sido requerido para ello, no puede ni alterar la competencia para conocer de reclamaciones como la deducida, ni suplir la resolución expresa del Consejo de Ministros competente para resolverla.
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo n.º 290/2007 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Antonio Barreiro-Meiro Barbero, en nombre y representación de MARÍTIMA PEREGAR, S.A., contra la desestimación primero presunta y después expresa de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador formulada al Consejo de Ministros, con fecha 19 de mayo de 2006, por los daños sufridos en su patrimonio derivados de la aplicación del artículo 70, apartados 1 y 2 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, declarado inconstitucional, desestimación que se confirma por ajustarse al ordenamiento jurídico.

References: artículo 70
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 70
 artículo 31
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 70