Source: https://www.scribd.com/doc/71981723/Amicus-de-Goransky-y-Bovino-caso-Rodriguez-Varela
Timestamp: 2016-10-21 09:41:20+00:00

Document:
BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicAmicus de Goransky y Bovino caso Rodríguez VarelaUploaded by ABovino6.3K viewsDownloadEmbedSee MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentNOS PRESENTAMOS COMO AMIGOS DEL TRIBUNAL Sras. Ministras y Sres.Ministros: Mirna GORANSKY y Alberto BOVINO, tº 54; fº 126, CPACF, ambos abogados, y por nuestro propio derecho, nos presentamos en calidad de Amigos del Tribunal en el expediente nº 496/2011, “RODRIGUEZ VARELA, IGNACIO c/ E.N. - CONCURSOS CONSEJO MAGISTRATURA 140, 168 Y 170 Y OTRO s/ AMPARO LEY 16.986 244 (RESOL 51/09)”, constituyendo domicilio procesal en Av. Corrientes 1515, piso 10º “A”, a los miembros de esta Corte Suprema decimos: I. OBJETO En esta presentación, hacemos conocer a las Sras. Ministras y a los Sres. Ministros nuestra opinión técnico-jurídica sobre el objeto del litigio, conforme lo permiten las Acordadas Nº 28/2004 y 14/2006 de esta Corte, con el fin de que ella sea tenida en cuenta cuando el tribunal se pronuncie. II. ANTECEDENTES I. La trascendencia institucional del tema planteado es manifiesta. Si existe una cuestión de cuya regulación depende la independencia real que puede alcanzar el poder judicial; el equilibrio de los poderes públicos, y la calidad del servicio de justicia; ésa es la del sistema de designación de quienes pretenden ingresar a la función jurisdiccional. Por otra parte, la vital importancia de una buena administración de justicia en el marco de un Estado de derecho tampoco requiere demasiadas explicaciones. Tanto Mirna GORANSKY como Alberto BOVINO hemos sido profesores de derecho penal y de derecho procesal penal en la Facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ambos hemos trabajado en nuestro país y en el exterior en temas de administración de justicia. Ambos hemos publicado numerosos trabajos y obras vinculados al tema de derecho penal, derecho procesal penal, derecho de la organización judicial y derecho internacional de los derechos humanos. Más allá de nuestra condición de ciudadanos que, de por sí, es motivo suficiente para justificar que nos preocupemos por el sistema de designación de jueces y fiscales, nuestra experiencia profesional litigando ante la justicia penal; una desde la función pública; el otro
desde el ejercicio privado de la profesión; nos ha convertido en espectadores privilegiados de la necesidad de ese cambio. II. Nuestro único interés en este caso concreto consiste en que se respete el principal criterio constitucional para designar a las personas en cargos públicos: su idoneidad. Como operadores de la justicia y como ciudadanos debemos aprovechar los mecanismos de participación previstos en nuestro ordenamiento jurídico para controlar el correcto funcionamiento de las instituciones. En cuanto a nuestra relación personal con el Sr. Ignacio RODRÍGUEZ VARELA, una de nosotros ha sido compañera de trabajo; el otro jamás había hablado con él, y entabló contacto con RODRÍGUEZ VARELA a raíz de este caso. III. LOS REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO III. 1. Según la opinión de la Cámara El primer obstáculo que la decisión de la Cámara invoca en contra de los derechos del Sr. Ignacio RODRÍGUEZ VARELA se vincula con la aptitud de la acción de amparo para proteger sus intereses en este caso particular. Así, según la Cámara, las principales características de la acción de amparo son: a) es un proceso sumarísimo cuyo objeto consiste en reparar la lesión de un derecho reconocido en la CN, en un instrumento internacional o en una ley; b) está regulado en el art. 43, CN, y se aplica cuando no hay un procedimiento judicial más idóneo; c) los jueces deben extremar las precauciones para no decidir a través de este procedimiento sumarísimo, cuestiones que exigen mayor debate en procedimientos ordinarios; d) la ilegalidad o arbitrariedad alegada, debe ser manifiesta y debe presentarse sin necesidad de mayor debate y prueba; y e) ha sido previsto para situaciones que no admiten demora. Luego de esta enumeración, la Cámara de Apelaciones pasa analizar los tres agravios. Debemos resaltar, antes que nada, cuál es la fuente normativa que ordena “extremar las precauciones” para no dar trámite a las acciones de amparo: una cita del fallo “Kot”.
2	Así, la Cámara, para poder evitar la posibilidad de que RODRÍGUEZ VARELA acceda a un “recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales” (art. 25.1, Convención Americana), se limita a citar un fallo desactualizado de la CSJN y, además, su particular interpretación del art. 43 de la Constitución Nacional. III. 2. Según los estándares internacionales A pesar de lo dicho por la Cámara, en la actualidad no puede considerarse la acción de amparo sin tener en cuenta la relevancia del derecho internacional de los derechos humanos, no solo desde el punto de vista interno, sino también desde el del derecho internacional. Desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, no se puede ignorar la exigencia de la aplicación del principio pro homine. Debido a este principio, siempre que haya divergencias entre normas internas e internacionales, prevalecerán las normas internacionales, a menos que la regla de derecho interno sea más beneficiosa. Resulta claro que tanto la sentencia de primera instancia como la de la Cámara centran todo su análisis en los requisitos de la acción de amparo tal como se interpreta que ésta está definida en el artículo 43 de la CN. Sin embargo, tanto desde el punto de vista del derecho internacional como del de derecho interno, ese enfoque es incorrecto:
El artículo 43 en su primera parte es más restringido, sobre todo en dos causales de exclusión: Exige que no exista otro medio judicial más idóneo, los textos internacionales no. Requiere arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los tratados no. … Tales recaudos no aparecen en las normas supranacionales y pensamos que en consecuencia deben prevalecer éstas por sobre la restricción constitucional (GORDILLO, Agustín, Los amparos de los artículos 43 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, en AA.VV., La aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos por los tribunales locales, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 206).
Teniendo en cuenta los principios de interpretación en juego, está claro que el requisito a) —procedimiento sumarísimo— ha sido consecuencia de la mora de los tribunales. El requisito b) no es exigible, pues los instrumentos internacionales no lo mencionan; de todas maneras, está claro que no existía ningun otro procedimiento idóneo para trabajar. En cuanto al último requisito, el e), está claro que la demora provocaría un grave perjuicio para RODRÍGUEZ VARELA.
3	III. 3. El amparo no es una vía excepcional El fin que la Cámara ha tenido al describir de ese modo a la acción de amparo (ver punto III.1) solo pudo haber sido restringir las posibilidades de Ignacio RODRÍGUEZ VARELA de obtener el control judicial de su derechos políticos. Como sucede en muchos casos, los tribunales aplican mecanismos como el amparo de manera restrictiva, calificándolos de excepcionales, sin fundamento normativo alguno. Así, por ej., la “manifiesta arbitrariedad o ilegalidad” no es un requisito de admisibilidad del amparo: se trata, simplemente, del objeto de la acción de amparo que, en caso de verificarse —la arbitrariedad/ilegalidad—, es fundamento para la concesión del remedio planteado. En este sentido se ha pronunciado GORDILLO de modo contundente:
Es un argumento de rancia autoridad.. pero es replicable con la mayor autoridad de los tratados posteriores que él mismo dejó a salvo. Los tratados vigentes de manera alguna dicen que sea un remedio excepcional, sino al contrario indican que es normal. Mucho menos “heroico” o residual… (GORDILLO, citado, p. 222, destacado agregado).
Como hemos visto, la acción de amparo no depende, solamente, del art. 43 de la Constitución Nacional. Pues bien, la única cita normativa que utiliza la Cámara para rechazar el planteo de RODRÍGUEZ VARELA es, precisamente, el art. 43. Lo paradójico es que dicha regla, contenida en el Segundo capítulo de la Primera Parte de la CN, titulada “Nuevos derechos y garantías”, es utilizada para restringir el ámbito de protección de derechos. Una vez más, se invocan derechos y garantías constitucionales para restringir derechos. En efecto, si ésas fueran las consecuencias de tales derechos y garantías, a Ignacio RODRÍGUEZ VARELA le convendría que dicha cláusula no existiera. En consecuencia, solo un análisis correcto del marco jurídico de la acción de amparo permitirá que este tribunal analice los hechos a la luz del derecho aplicable. IV. LA DISCRIMINACIÓN IV. 1. El derecho a acceder a cargos públicos Al hacer referencia a la existencia de los reiterados hechos de discriminación del Sr. Ignacio RODRÍGUEZ VARELA, y a su solicitud de que el órgano judicial ordene al PEN y al Consejo que cesen con los actos de discriminación, la Cámara señala que:
4	… tiene dicho que de una interpretación integral de las normas… que regulan el procedimiento de selección de magistrados, no surge que quienes se postulan como candidatos en los concursos… tengan un derecho subjetivo a ser elegidos…
Pues bien, en ningún momento se ha hablado de un derecho subjetivo a ser elegido. Lo que seguro tienen todos los ciudadanos es derecho a no ser discriminados. Es por ello que RODRÍGUEZ VARELA solicitó al tribunal que ordene que cesen los actos de discriminación en su contra. Si hubiera considerado que tenía derecho a ser elegido, habría solicitado ser propuesto como candidato ante el Senado, y no es eso lo que ha hecho. Sin embargo, sí existe un derecho subjetivo garantizado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad.
Artículo 23. Derechos Políticos 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
En este punto, la Corte IDH le ha dado un alcance a este derecho que resulta absolutamente aplicable a este caso en particular:
… Sin embargo, debe evaluarse si esta circunstancia efectivamente constituye una violación del artículo 23.1.c de la Convención. 206. Dicho artículo no establece el derecho a acceder a un cargo público, sino a hacerlo en “condiciones generales de igualdad”. Esto quiere decir que el respeto y garantía de este derecho se cumplen cuando “los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución [sean] razonables y objetivos” [nota omitida] y que “las personas no sean objeto de discriminación” en el ejercicio de este derecho [nota omitida]. En este caso, los criterios que impidieron el acceso al Poder Judicial de los tres magistrados cumplían con estos estándares, puesto que el prohibir el reingreso a la función pública a quienes han sido destituidos es un requisito objetivo y razonable que tiene como fin el garantizar el correcto desempeño del Poder Judicial. Tampoco puede considerarse como discriminatorio, por sí mismo, el permitir el reingreso de quienes han accedido a jubilación. Dado que la Corte ya indicó que no tiene competencia para decidir si procedía la mencionada sanción y a quiénes tendría que aplicarse (supra párr. 200), tampoco puede analizar las consecuencias que dicha situación hubiere generado (Corte IDH, Caso Apitz Barberá y otros vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008, destacado agregado).
5	Ahora bien, para poder determinar si en un caso se ha respetado el deber del Estado de cumplir con el art. 23.1.c de la Convención, hay que atender a la relevancia y contenido que la Corte Interamericana le ha dado a los derechos políticos:
140. Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación y que, en conjunto, hacen posible el juego democrático. La Corte destaca la importancia que tienen los derechos políticos y recuerda que la Convención Americana, en su artículo 27, prohíbe su suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para la protección de éstos [nota omitida]. … 143. La Corte considera que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención (Corte IDH, Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de 6 de agosto de 2008, destacado agregado).
Es en este contexto en el cual cobra especial relevancia el deber de garantía de los Estados parte:
108. La Corte estima pertinente reiterar que “el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención [nota omitida] y que sus titulares, es decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de “oportunidades”. Este último término implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos [nota omitida]… (Corte IDH, Caso López Mendoza vs. Venezuela, Sentencia de 1º de septiembre de 2011, destacado agregado). 145. El artículo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de la persona como ciudadano, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como elector a través del voto o como servidor público, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designación o nombramiento para ocupar un cargo público. Además de poseer la particularidad de tratarse de derechos reconocidos a los ciudadanos, a diferencia de casi todos los demás derechos previstos en la Convención que se reconocen a toda persona, el artículo 23 de la Convención no sólo establece que sus titulares deben gozar de derechos, sino que agrega el término “oportunidades”. Esto último implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Como ya lo señalara este Tribunal anteriormente, es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación (Corte IDH, Caso López Mendoza vs. Venezuela, destacado agregado). 201. La Corte entiende que, de conformidad con los artículos 23, 24, 1.1 y 2 de la Convención, el Estado tiene la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos, lo cual implica que la regulación del ejercicio de dichos derechos y su aplicación sean acordes al principio de igualdad y no discriminación, y debe adoptar las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio. Dicha obligación de garantizar no se cumple con la sola expedición de normativa que reconozca formalmente dichos derechos, sino requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su
6	pleno ejercicio… (Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de 2005, destacado agregado)
De este rápido repaso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana referida al derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, surgen claramente las circunstancias en las cuales se debe analizar el planteo del Sr. Ignacio RODRÍGUEZ VARELA. Es destacable, en esta cuestión, que la regulación normativa para el ejercicio de los derechos políticos que solo establece un contexto de igualdad formal es insuficiente. El deber de garantía de la Convención Americana exige que se determine si el ciudadano ha tenido la oportunidad de ejercer esos derechos conforme a los principios de igualdad y no discriminación. Por otra parte, teniendo en cuenta la capital importancia del respeto a los derechos políticos en un Estado democrático, el escrutinio que deben realizar los tribunales debe ser estricto y minucioso, pues ésa es la única manera de cumplir con las medidas activas que el cumplimiento del deber de garantía exige. Veamos, entonces, qué fue lo que sucedió en el caso del Sr. Ignacio RODRÍGUEZ VARELA. IV. 2. Los hechos del caso El mejor resumen de la discriminación de la cual ha sido objeto el Sr. Ignacio RODRÍGUEZ VARELA se puede leer en un solo párrafo de la presentación del Sr. José María CAMPAGNOLI:
3. Ahora bien, tal como lo predijo Ignacio Rodríguez Varela en sus recursos, el Poder Ejecutivo persiste hasta estos días en su decisión de excluirlo de toda designación como ha quedado nuevamente confirmado entre el 7 y el 11 de julio de 2011, con la simultánea finalización de los procesos de selección de los concursos nros 170, 244 y 251. A resultas de ello, el demandante suma ahora un total de 27 ternas sin ser propuesto jamás, en 20 de las cuales el Poder Ejecutivo Nacional elevó pliego y designó a quienes lo seguían inmediatamente en el orden de mérito. Como ha de ser explicado, dos de esas 27 ternas se encuentran pendientes de decisión, pero la unanimidad de los comentarios recibidos indica que con ellas no habrá sino de completarse la más absoluta e irrefragable proscripción, a la que deben agregarse aquellas 4 ternas más de las que fue privado en el concurso n° 140 destinado a cubrir 4 cargos de Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, donde ocupaba al tiempo de su ilegal anulación el 2° lugar en el orden de mérito y una virtual 1ª posición por haberse designado en otro cargo a quien lo precedía.
Lo ocurrido en todos estos concursos ha sido simplificado y reexpresado en el gráfico del Anexo A. La información exhibida en ese gráfico echa por tierra cualquier explicación que pueda justificar de algún modo la decisión de no designar a Ignacio RODRÍGUEZ VARELA. Eso surge a simple vista del análisis de la información contenida en el gráfico que reproducimos a continuación. Los casilleros destacados en amarillo indican a los
7	concursantes cuyos pliegos fueron remitidos al Senado desde la Presidencia para su aprobación. Los casilleros destacados en celeste, el lugar en la terna que ocupaba el Sr. Ignacio RODRÍGUEZ VARELA. Del análisis del gráfico —que solo lleva unos minutos— surge que RODRÍGUEZ VARELA fue ternado en 27 oportunidades. También surge que en 20 oportunidades, se remitió al Senado los pliegos de quien estaba debajo de RODRÍGUEZ VARELA en el orden de mérito. A pesar de que la discriminación sufrida por RODRÍGUEZ VARELA ha sido manifiesta desde los primeros concursos (ver, por ej., Concursos 120, 51 y 168), hasta ahora no ha logrado un pronunciamiento judicial que solucione el problema. El cuadro muestra, en primer término, que Ignacio RODRÍGUEZ VARELA ha demostrado con creces su idoneidad. Las notas de sus exámenes, sus antecedentes y, además y especialmente, el hecho de que haya concursado para diversos fueros y cargos, con excelentes resultados en todos esos concursos, han probado de modo inequívoco su idoneidad, destacándose de la gran mayoría de sus colegas de concurso. Pues bien, varios de estos colegas, que ocupaban un orden de mérito por debajo de RODRÍGUEZ VARELA, fueron seleccionados para remitir sus pliegos al Senado. En muchas ocasiones resulta difícil demostrar la discriminación. Sin embargo, si atendemos a la información volcada al gráfico, resulta evidente que se trata de excluir al Sr. Ignacio RODRÍGUEZ VARELA del acceso a cargos públicos. Sea que RV obtenga el primero, el segundo o el tercer lugar en la propuesta del Consejo de la Magistratura, se ha evitado remitir su pliego en 27 oportunidades. Es evidente que —aun en el contexto de un Consejo de la Magistratura que le era adverso—, sus 27 inclusiones en las ternas demuestran que la omisión de designarlo no obedeció a una cuestión de idoneidad. De este modo, se ha privado a RODRÍGUEZ VARELA de su derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad.
8	9	IV. 3. Otra manera de verlo Luego de ver el gráfico anterior, estuvimos pensando en una manera más sencilla aún de sintetizar la situación del Sr. Ignacio RODRÍGUEZ VARELA. Antes de explicar lo que hicimos, queremos dejar en claro que no manipulamos los números en sentido alguno, sino que los valores asignados fueron pensados en esos términos desde el principio. Para poder evaluar la “idoneidad” —o lo que sea que el orden de mérito en la terna representa—, asignamos un valor de 10 puntos al tercer puesto; de 20 puntos al segundo puesto; y de 30 puntos al primer puesto. Hecho esto, sumamos los puntos obtenidos por todos aquellos cuyos pliegos fueron enviados al Senado. Esta cifra representa la sumatoria de los puntajes de todos los candidatos juntos cuyos pliegos fueron enviados desde Presidencia al Senado de la Nación. Por otro lado, sumamos el total de puntos obtenidos por Ignacio RODRÍGUEZ VARELA en cada una de las ternas que integró. ¿Cuál fue el resultado? IRV sobrepasó en ochenta puntos (80) a todos los candidatos cuyos pliegos fueron remitidos al Senado. Insistimos con otra manera sencilla de analizar globalmente el tránsito de Ignacio RODRÍGUEZ VARELA por concurso tras concurso, pues de esta manera se torna inexplicable el hecho de que su pliego jamás haya sido remitido al Senado.
Concurso 120 Concurso 39 Concurso 51 Concurso 168 Concurso 170 Concurso 251 Concurso 244 Total puntaje
Total designados 170 30 40 20 130 10 40 440
I. Rodríguez Varela 150 10 60 40 190 20 50 520
Se debe tener en cuenta, además, que en el caso de los 440 puntos del total de los candidatos designados, se tomaron en cuenta 25 designaciones, es decir, 25 ternas. O sea que partiendo de esos 440 puntos, si los dividimos por 25, nos da un promedio de 17,60 puntos por candidato. En el caso de Ignacio RODRÍGUEZ VARELA, en cambio, los
10	520 puntos solo incluyen 23 ternas (pues no cuentan las ternas 1/120 y 1/170, en las cuales no fue ternado). Así, sus 520 puntos, divididos por 23, dan un promedio de 22,60 puntos.
25 designados Puntos totales Promedio de puntos por terna 440 17,60
Rodríguez Varela Dif. a favor de RV 520 22,60 +18,18% +28,40%
Los resultados resumidos en el párrafo anterior han sido volcados a este gráfico. Este breve análisis demuestra de modo claro dos cuestiones de especial importancia. La primera de ellas es que Ignacio RODRÍGUEZ VARELA ha demostrado su idoneidad sin el menor resquicio de duda. La segunda circunstancia demostrada consiste en el hecho de que, tanto desde el Consejo de la Magistratura, como también desde Presidencia, no se utilizó el criterio de idoneidad para seleccionar a quienes integrarían las ternas y, después, a quién de los ternados se elegiría para remitir su pliego al Senado. Sostener lo contrario significaría que la tarea del Consejo de la Magistratura deja mucho que desear en su tarea de calificar la idoneidad de los concursantes. Es decir, que el proceso de calificación de la idoneidad realizado por el Consejo no cumpliría para nada su función constitucional. Ello pues RODRÍGUEZ VARELA resultó ternado en 27 de 29 ocasiones y, además, en 20 de esas 27 ocasiones, se designó a quien le seguía en orden de mérito. Con esta información que hemos analizado, en sí misma, se puede dar por demostrada la altísima probabilidad de que Ignacio RODRÍGUEZ VARELA ha sido discriminado. Aun si no se coincidiera con nuestra valoración, existen hechos que corroboran esta hipótesis de manera irrefutable. IV. 4. El Concurso 140 Las irregularidades ocurridas en el Concurso 140, ahora sí, eliminan toda duda posible sobre el tratamiento desigual al que se ha sometido sistemáticamente a Ignacio RODRÍGUEZ VARELA. No analizaremos aquí si corresponde dictar la invalidez de la resolución que anuló dicho concurso. Solo veremos algunos hechos de su tramitación que confirman lo que los datos anteriores demuestran.
11	La especial importancia que tuvo el Concurso 140 consistía en que se trataba de cubrir dos cargos de jueces de instrucción de la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al examen se presentaron 32 candidatos. RODRÍGUEZ VARELA obtuvo la segunda mejor calificación en ese examen, donde la gran mayoría obtuvo notas muy bajas. He aquí el puntaje de quienes aprobaron el examen:
Tras conocerse el orden de mérito en 2006, el concurso permaneció demorado hasta ser enviado a revisión.
Destaco que en la misma resolución del 10 de octubre de 2006, por la cual fueron convocados los consultores, se tuvo presente la renuncia al concurso presentada por el doctor Eduardo Guillermo Farah, único postulante que revestía ya la condición de Juez Federal (de Mar del Plata) y a quien le correspondió el vigésimo lugar en el orden de mérito, pues su prueba de oposición fue calificada con 25 puntos sobre 100. Con este candidato se dio la paradoja de que, pese su mala ubicación en el concurso convocado para designar Juez Federal, ese mismo 10 de octubre de 2006 la Comisión de Selección de Magistrados dictó la resolución 463 por la cual se dio inicio a los trámites preliminares del concurso número 173 para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en el cual participó el doctor Farah, quien fue ternado y elevada su propuesta al Senado de la Nación en junio de 2008. Algo verdaderamente insólito, ¡nombrar camarista a quien ocupó el puesto veinte en el orden de mérito de un concurso para juez…! (del escrito de amparo de Ignacio RODRÍGUEZ VARELA)
Dado que la gran mayoría de los concursantes habían obtenido pésimas notas, se decidió convocar a una junta de notables para revisar la corrección del examen, corrección que fue ratificada en 2007. Es decir que los tres juristas convocados revisaron los exámenes y se pronunciaron de modo unánime a favor de su validez. Llama la atención que en otro concurso los resultados fueron aun peores y, sin embargo, nada sucedió.
Hubo un caso parecido, el concurso para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, en el que el Consejo resolvió lo contrario y acaban de remitirse los
12	candidatos al Poder Ejecutivo. En este caso, los resultados del examen fueron aún peores: sólo aprobaron dos de los 16 concursantes… pero nadie pidió la nulidad de esta decisión (La Nación, 13/4/2008).
Pasado el tiempo, el Concurso 140 quedó paralizado, hasta que finalmente fue anulado. Más allá de que nadie había solicitado la nulidad, y de que las malas notas no podían haber sido el criterio para anular el concurso, el verdadero motivo, en realidad, fue manifestado explícitamente por Diana CONTI:
El Consejo de la Magistratura anuló ayer los trámites del concurso más antiguo y de mayor relevancia política que tenía para resolver: el que estaba destinado a cubrir las vacantes del fuero federal de la Capital, donde se tramitan las principales causas por corrupción. La decisión se tomó por iniciativa de la diputada kirchnerista Diana CONTI, sobre tablas, cuando estaba terminando la sesión del plenario y ya no quedaba en la sala ninguno de los consejeros representantes de los jueces, que se habían opuesto a que el concurso se anulara. Esta medida permitirá que vuelvan a concursar para tres juzgados de alta importancia política candidatos que habían sido aplazados en el examen escrito y relegará a los que lo habían aprobado, que mayoritariamente no cuentan con la simpatía del Gobierno. CONTI argumentó que éstos no eran lo suficientemente buenos para armar con ellos las ternas que el Consejo debe remitir al Poder Ejecutivo (La Nación, 12/9/2008, destacado agregado)1.
Es decir que la consejera que impulsó la anulación del trámite del Concurso 140, Diana CONTI, en el cual Ignacio RODRÍGUEZ VARELA debía terminar primero en el orden de mérito, declaró que RODRÍGUEZ VARELA “no era lo suficientemente bueno” como para ser designado juez federal. No importaba aquí el hecho de que el examen había sido evaluado dos veces y que hubo opinión unánine sobre la justicia de las calificaciones. La consejera carecía de competencia para anular los resultados de un examen solo porque a ella no le parecía lo “suficientemente bueno” el Sr. RODRÍGUEZ VARELA. Diana CONTI, además, no pudo explicar de manera creíble por qué no habían anulado un concurso anterior en el cual las calificaciones de los candidatos habían sido peores. Un análisis crítico de este proceso se
1 Conti promovió un proyecto que anula el concurso para designar magistrados en el fuero federal de la Capital, probablemente uno de los más sensibles, si se considera que allí se depositaron causas por corrupción que involucran al gobierno nacional. … Los jueces que cuestionan la medida, exigen que vuelva a discutirse. Conti, mientras tanto, deslizó que el Consejo volverá a plantear la medida pero no por su contenido sino por la forma y los modos en que se llevó adelante. … El principal argumento de los críticos radica en la forma en que el Consejo encaró la aprobación, que se llevó a cabo sin la mayoría de los consejeros presentes. “Se digitan nombramientos y uno observa que se establecen reglamentaciones que después no prosperan”, resalta Recondo. “El Consejo quiere empeorar la situación. Y cuando hablo del Consejo me refiero a los consejeros oficialistas. Los otros, en cambio, tratan de mejorar el tema”, concluyó (ver nota en http://bit.ly/qVcZMR).
13	puede leer en RODRÍGUEZ, Marcela, Consejo de la Magistratura de la Nación. A tres años de su captura, s. ed., Buenos Aires, septiembre de 2009. Son los jurados quienes ponen la calificación a los examinados, y tal calificación tiene, en sí misma, un valor determinado. Ello ello se debe al hecho de que ha sido el mismo Consejo quien ha organizado el trámite del examen. Si realmente se creyera de buena fe que el trámite controlado por el Consejo arroja malos resultados, no solo debería haberse anulado el concurso en este caso en particular. Además, debería haberse modificado hace tiempo, pues Ignacio RODRÍGUEZ VARELA, que fue considerado “no suficientemente bueno” por quien promovió la anulación del Concurso 140, fue ternado en el Concurso 120 (Juez de instrucción), Concurso 168 (Camarista en Penal Económico), Concurso 170 (Juez de Instrucción), Concurso 251 (Camarista en penal ordinario) y Concurso 244 (Juez de tribunal oral). Lo que dejan en claro los propios dichos de la consejera es que a ella no le parecía suficientemente bueno Ignacio RODRÍGUEZ VARELA. Ésa no es una razón válida y, en verdad, no importa si sabemos o no el motivo. Con lo que seguro no tiene nada que ver es con la idoneidad. La evaluación de los concursantes fue revisada por dos jurados diferentes. Ignacio RODRÍGUEZ VARELA fue ternado en varios concursos por el Consejo. En este contexto, no se puede siquiera sugerir que la decisión impulsada por uno o dos consejeros tiene relación alguna con la idoneidad. IV. 5. Los motivos de la discriminación En verdad, las razones del trato desigual resultan irrelevantes. Es decir, Ignacio RODRÍGUEZ VARELA no debe probar esas razones, en la medida en que sea evidente que los motivos del trato desigual no están fundados en la idoneidad u en otro motivo que pueda ser considerado válido. Sin embargo, en este caso en particular se han conocido las razones de la discriminación. En efecto, la razón fue dada a conocer por el actual Jefe de Gabinete de ministros, Aníbal FERNÁNDEZ, al fiscal José María CAMPAGNOLI, en una conversación telefónica:
… en un contacto telefónico en el año 2008 en el que se refirió a la situación de Ignacio Rodríguez Varela como una cuestión de “portación de apellido” en virtud de la cual se encontraba “cien metros bajo tierra” (escrito amicus curiae del fiscal José María CAMPAGNOLI).
14	Por otra parte, el Prof. Mariano SILVESTRONI escribió en la bitácora “No Hay Derecho”, como comentario a una entrada escrita por Mirna GORANSKY2, lo siguiente:
Es vox populi que a RODRIGUEZ VARELA le pusieron la bolilla negra. Yo participé en un concurso en el que me fue muy bien, y a RODRIGUEZ VARELA también, pero "radio pasillo" decía: a) quienes eran los "elegidos" para ganar las dos vacantes (con independencia de los méritos y del examen); b) que RODRIGUEZ VARELA no iba a ganar porque era "hijo de". Renuncié al concurso mediante una nota cortita en la que decía, palabras más palabras menos, que el concurso era irregular. Y eso me consta, al menos en lo que atañe al modo en que se conformó la terna y se eligió a los ganadores. Lo de la discriminación, repito, es sólo "radio pasillo", pero lo saben todos los que alguna vez participaron en algún concurso en el que también estaba RODRIGUEZ VARELA. Tengo guardadas las pruebas que demuestran la irregularidad de ese concurso y de otro más, que retratan como funciona el consejo de la magistratura Kirchnerista. Mi nombre es Mariano SILVESTRONI (destacado agregado).
Ésta es la única razón del trato desigual e injusto. Así lo corroboró el mismo Jefe de Gabinete. Más allá de ello, como ya hemos dicho, no es necesario probar el motivo del trato discriminatorio, sino que basta con demostrar el hecho en sí. V. DISCRECIÓN PRESIDENCIAL V. 1. Conclusiones previas De acuerdo con lo visto en el capítulo IV de esta presentación, podemos afirmar lo siguiente: • Todos los ciudadanos tienen el derecho subjetivo de acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad. • En el caso del acceso a cargos jurisdiccionales y del Ministerio Público Fiscal, el acceso a esos cargos depende de la idoneidad. • Todos los ciudadanos deben contar con este derecho y de oportunidades efectivas de ejercerlo. • Para garantizar el ejercicio de los derechos políticos, el Estado está obligado a tomar medidas activas que los hagan efectivos. • Ignacio RODRÍGUEZ VARELA demostró acabadamente en todos los concurso en los cuales participó, su alto grado de idoneidad. • De las 27 oportunidades en que resultó ternado para cargos judiciales, en 20 de ellas Presidencia remitió al Senado el pliego de quien terminó por debajo de RODRÍGUEZ VARELA en orden de mérito. 2
La entrada y el comentario se pueden leer acá (http://bit.ly/jTukfG). El hecho de que el autor de ese comentario fue realizado por el Prof. Mariano SILVESTRONI fue corroborado telefónicamente por uno de nosotros. 15	• Esta información demuestra que el criterio tenido en cuenta desde Presidencia no fue —ni puede haber sido— su idoneidad. • En el Concurso 140, anulado por el Consejo en una reunión con auencia de los representantes del poder judicial a instancias de la Consejera Diana CONTI, Ignacio RODRÍGUEZ VARELA habría quedado primero en orden de mérito entre 32 concursantes. • La Consejera Diana CONTI dijo públicamente que Ignacio RODRÍGUEZ VARELA no era lo “suficientemente bueno”. • El Jefe de Gabinete le confirmó a José María CAMPAGNOLI que RODRÍGUEZ VARELA no sería designado por ser “hijo de”, es decir, por los antecedentes de su padre. Este cuadro de hechos demuestra claramente que no se ha cumplido en garantizar a Ignacio RODRÍGUEZ VARELA su derecho subjetivo a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad, como lo exigen los instrumentos internacionales. V. 2. ¿Discreción sin límites en un Estado de derecho? Al contestar la demanda, el Estado invocó un poder presidencial ilimitado e irrevisable para designar a cualquiera de las personas ternadas.
Es decir, se trataría de una facultad que podría ser ejercida del mismo modo que la de un monarca de un Estado Absoluto. La Cámara pareció haber recogido la posición del Estado:
Decimos “pareció” pues, en verdad, si leemos el precedente que la Cámara cita para avalar su postura, allí se dice:
16	Es evidente que entre la opinión de la Cámara en esta sentencia y el precedente que invoca como cita de autoridad, hay una gran diferencia. Aquella que menciona que “en uso de esta atribución, el Presidente elige entre los candidatos… a aquél que a su juicio resulta más idóneo para el cargo vacante”. Es decir, el presidente está facultado constitucionalmente a ejercer su discreción, pero siempre en el ámbito de la idoneidad de los candidatos. V. 3. Consecuencias de la interpretación Por otra parte, no debe confundirse discreción para decidir con el carácter inimpugnable de una decisión dada. Muchos jueces suelen incurrir en esa confusión:
Pero cuando no se puede impugnar la decisión, ¿es posible omitir su fundamento? Es aquí donde se verifica otra confusión habitual, que se da entre discrecionalidad e irrecurribilidad. Ha sido práctica común considerar discrecionales las decisiones sobre contingencias procesales irrecurribles, como si el hecho de que las partes no puedan recurrirlos dispense a los Jueces de hacer explícitos los motivos de sus actos o de fundarlos en derecho. El hecho de que algunas decisiones no sean recurribles no implica habilitar al magistrado para cualquier decisión o que no deba fundarla, sino sólo significa que la decisión que tome —que deberá ser siempre razonada y fundada-— podrá ser inmediatamente ejecutada y no podrá ser ulteriormente revisada, por lo menos en la instancia o etapa del proceso. Lo que se privilegia es la celeridad del proceso, no la libertad de decisión del Juez3.
Si bien se utiliza el ejemplo de decisiones judiciales, lo mismo es aplicable a toda decisión de un órgano estatal. Ahora bien, supongamos, por un momento, que la discreción presidencial es absoluta y no puede ser impugnable judicialmente. Si esto es así, no importa cuán arbitraria sea la decisión, debe ser acatada. Cambiemos ahora de modo hipotético los hechos de este caso. Supongamos que todos los candidatos de las 27 ternas, excluyendo a Ignacio RODRÍGUEZ VARELA, han sido hombres. Supongamos ahora que las 27 posiciones ocupadas por RODRÍGUEZ VARELA, 3
VIRGOLINI, Julio y SILVESTRONI, Mariano, Unas sentencias discretas, borrador, destacado agregado. 17	hubieran sido ocupadas por mujeres. Agreguemos a ello que el Jefe de Gabinete le informa a un funcionario público que ninguna mujer será designada para que su pliego sea enviado al Congreso. ¿Es posible afirmar que este caso tampoco es revisable judicialmente? Si aceptamos tal proposición, no solo estamos ignorando el bloque de constitucionalidad. Estaríamos, además, confundiendo “discreción” con “arbitrio infundado”, es decir, estaríamos dejando importantísimas decisiones para la vida institucional del país sometidas al capricho incontrolable de una persona. En síntesis, estaríamos arrasando con el Estado de derecho. Es por ello que GORDILLO4 señala:
En este sentido, se pronuncia este tribunal en Fallos 313:153 y 298:223. El primero, en autos “Ducilo S.A. s/recurso de amparo (ley 20.680)”, del 27 de febrero de 1990. En el considerando 6° sostiene que “el Tribunal no advierte que pueda haber mediado intromisión del Poder Judicial en áreas reservadas a otro Poder. En efecto, la circunstancia de que la administración obrase en ejercicio de facultades discrecionales en manera alguna puede dejar de lado el control judicial suficiente de los actos administrativos de naturaleza jurisdiccional a que obliga el principio de la separación de poderes, ni tampoco puede constituir un justificativo de la conducta arbitraria —tanto más en una causa de sustancia penal administrativa— puesto que es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dicha exigencia (Fallos 298:223, considerando 10; Fallos: 299:362, considerando 6°). En el segundo de los fallos citados, en autos “Industria Maderera Lanin S:R.L. c/Est. Nac. 4
GORDILLO, Agustín, Tratado de derecho administrativo, edición subida en internet, tomo 2, Sección II, capítulo VIII, ps. 25 y siguiente (http://bit.ly/n8mQX4). 18	y/o Minist. Agric. Y Ganad y/o Dir. Gral. Parques Nacionales s/daños y perjuicios”, del 30 de junio de 1977, en el considerando 10 se sostiene “Que la circunstancia de que la administración obrase en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede aquí constituir un justificativo de su conducta arbitraria; puesto que es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dicha exigencia”. Recordemos, también, las consecuencias internacionales de los actos del poder judicial:
206. Dicho artículo no establece el derecho a acceder a un cargo público, sino a hacerlo en “condiciones generales de igualdad”. Esto quiere decir que el respeto y garantía de este derecho se cumplen cuando “los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución [sean] razonables y objetivos” y que “las personas no sean objeto de discriminación” en el ejercicio de este derecho. En este caso, los criterios que impidieron el acceso al Poder Judicial de los tres magistrados cumplían con estos estándares, puesto que el prohibir el reingreso a la función pública a quienes han sido destituidos es un requisito objetivo y razonable que tiene como fin el garantizar el correcto desempeño del Poder Judicial. Tampoco puede considerarse como discriminatorio, por sí mismo, el permitir el reingreso de quienes han accedido a jubilación. Dado que la Corte ya indicó que no tiene competencia para decidir si procedía la mencionada sanción y a quiénes tendría que aplicarse (supra párr. 200), tampoco puede analizar las consecuencias que dicha situación hubiere generado (Corte IDH, Caso Apitz Barberá y otros vs. Venezuela, destacado agregado).
De manera evidente, la Corte Interamericana verificó si se había garantizado el derecho político (art. 23, Convención Americana), comprobando si se había respetado el derecho a un recurso judicial efectivo (art. 25, Convención Americana). Teniendo en cuenta el contenido del deber de garantía que la Corte Interamericana le da a los derechos políticos (ver cap. IV.1 de esta presentación), y la inexistencia de excepción alguna al derecho de defensa en juicio en nuestro texto constitucional, y al derecho a un recurso judicial efectivo en la Convención Americana, la acción iniciada por Ignacio RODRÍGUEZ VARELA puede —y debe— ser revisada judicialmente. Finalmente, hacemos saber a las Señoras Ministras y a los Señores Ministros que, en nuestra calidad de amigos del tribunal, nuestra intención ha sido presentar la opinión que nos merece un tema que entendemos de trascendencia, esto es, informar al tribunal con otras perspectivas. Y si lo hemos hecho, es porque considerábamos absolutamente necesario colaborar para que se adopte una decisión conforme a derecho en el sentido que lo solicita el Sr. Ignacio RODRÍGUEZ VARELA.
19	Saludamos a las Sras. Ministras y a los Señores Ministros muy atentamente,
20	Documents similar to Amicus de Goransky y Bovino caso Rodríguez VarelaPolicia y razón de Estado por Fernando Sabater Fallo "Gentile Marcelo"Código Porcesal Penal de Neuquén 201101. REF Caso CarreraMore from ABovinoPropuesta de omisión de debate del fiscalEntregado al Presidente MacriImpugnación CELSMinisterio Público y Poder EjecutivoJueces ciudadanos y el pago de impuestos - Daniel SabsayNota Opinion Foro La Nacion Sabsay (4)Fallo UriarteInforme sobre muertes en prisiónRecusación Sobre la enseñanza del derecho penalJuicio y verdad en el procedimiento penalPrueba y verdad en el procedimiento penalResolución TribunalRespuestaJueces, partes y cangrejosTCPBA. Sala I. Tolosa Mario. 2014TCPBA. Sala I. Tolosa Mario. 2014Audiencia de selección de jurados - Por Leticia LorenzoCasos de discusión de imparcialidadFallo Wilson STJFallo inconstitucionalidad del juradoFallo inconstitucionalidad del juradoFallo Wilson CSJNFallo Wilson CSJNEl debido proceso en el sistema interamericanoReforma procesal enal y organización institucional - LorenzoDenuncia del fiscal NismanCharlie HebdoPrólogo de Jaime Malamud GotiPrólogo de Jaime Malamud Goti

References: artículo 43
 artículo 43

Artículo 23
 artículo 23
 artículo 27
 artículo 23
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución