Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A282-07.htm
Timestamp: 2018-12-14 06:08:31+00:00

Document:
A282-07
Auto 282/07
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL-Competencia de Tribunales y Consejos Seccionales
JUEZ-No le es dado modificar la solicitud presentada por la persona en el escrito de tutela ni excluir autoridades contra las cuales se dirigió la tutela
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia del Consejo Seccional de la Judicatura Sala Disciplinaria
Referencia: expediente ICC-1163
Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá.
Acción de tutela de Maribel León Vargas contra el Gobierno Nacional – Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Superintendencia Nacional de Salud, Universidad Nacional, Departamento de Cundinamarca, Gobernación de Cundinamarca, Beneficencia de Cundinamarca, Asamblea Departamental de Cundinamarca, Alcaldía Mayor de Bogotá, Arzobispo de Bogotá, Departamento de Planeación, Ministerio de la Cultura, Ministerio de Educación Nacional y Doctora Anna Karenina Guana Palencia (agente liquidadora del conjunto de derechos y obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios).
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007)
1. El 14 de agosto de 2007, Maribel León Vargas presentó ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, una acción de tutela en contra del Gobierno Nacional – Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Superintendencia Nacional de Salud, Universidad Nacional, Departamento de Cundinamarca, Gobernación de Cundinamarca, Beneficencia de Cundinamarca, Asamblea Departamental de Cundinamarca, Alcaldía Mayor de Bogotá, Arzobispo de Bogotá, Departamento de Planeación, Ministerio de la Cultura, Ministerio de Educación Nacional y Doctora Anna Karenina Guana Palencia (agente liquidadora del conjunto de derechos y obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios), por considerar que estas entidades son responsables, conjuntamente, de que no se le hayan cancelado sus salarios desde el año 2000, con lo cual se le han vulnerado varios derechos constitu­cionales fundamentales, en especial el derecho a la igualdad y a un mínimo vital.
2. El 15 de agosto de 2007, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca consideró que de acuerdo con el artículo 1°, numeral 1 del Decreto 1382 de 2000, la acción de tutela debió ser repartida entre los jueces del circuito o aquellos de tal categoría. Indicó al respecto,
“No obstante que la accionante, formalmente, dirige la acción de tutela en contra de distintas entidades del orden nacional, real y materialmente, ha de entenderse que la presenta contra la Beneficencia de Cundinamarca, toda vez que, con excepción de esta última, no hay legitimación en la causa por pasiva. En efecto, de acuerdo con la sentencia del 8 de marzo de 2005 de la Sala Plena del Consejo de Estado, la institución responsable de atender reclamaciones como las elevadas por la demandante, es la Beneficencia de Cundinamarca.”
3. El proceso fue repartido al Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá, despacho judicial que también se declaró incompetente para conocer el proceso –mediante Auto de agosto 23 de 2007–, por considerar, una vez analizada la situación planteada por la accionante, que debe vincularse “(…) no sólo a la Beneficencia y Gobernación de Cundinamarca, sino también al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tal y como lo solicitó la accionante en ejercicio de su derecho constitucional al interponer acción de tutela (…)”. Por tal razón, resuelve remitir el expediente nuevamente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, advirtiendo que en caso de no ser aceptado su argu­mento, se promueva el conflicto negativo de competencias.
4. El 24 de agosto de 2007 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca aceptó el conflicto negativo de competencias y remitió el expediente al Consejo Superior de la Judicatura para que lo dirimiera.
5. El 5 de septiembre de 2007 el Consejo Superior de la Judicatura resolvió, de acuerdo a la Constitución Política y a su jurisprudencia, declararse incom­petente para resolver el conflicto propuesto, por lo que remitió el expediente a la Corte Constitucional para lo de su competencia.
1. En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación un conflicto negativo de competencia, aparente,[1] entre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá, en razón a la aplicación del Decreto 1382 de 2000, dentro de un proceso de acción de tutela en contra de varias autoridades públicas. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca considera que el proceso de la referencia debía ser remitido a los jueces del circuito, o con categoría de tales, por considerar que de acuerdo a la petición de la accionante y a la jurispru­dencia administrativa aplicable, la acción de tutela debe entenderse dirigida, únicamente, a una de las autoridades contra las cuales se presentó, a saber, la Beneficencia de Cundinamarca, que considera una autoridad del orden departamental. Por su parte, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá estima que los jueces competentes sí son los tribunales y consejos seccionales, pues, una vez vista la tutela materialmente, sostiene que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sí debe ser vinculado al proceso de tutela, como lo solicitó el actor. Que la acción de tutela esté dirigida en contra de un Ministerio, considera el Juez, implica que sea conocida por los tribunales o los consejos seccionales; en este caso, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
2. La acción de tutela fue presentada en los siguientes términos,
“Acción de tutela contra el Gobierno Nacional – Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Superintendencia Nacional de Salud, Universidad Nacional, Departamento de Cundinamarca, Gobernación de Cundinamarca, Beneficencia de Cundinamarca, Asamblea Departamental de Cundinamarca, Alcaldía Mayor de Bogotá, Arzobispo de Bogotá, Departamento de Planeación, Ministerio de la Cultura, Ministerio de Educación Nacional y Doctora Anna Karenina Guana Palencia (agente liquidadora del conjunto de derechos y obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios)”
Para la Corte Constitucional, de acuerdo con el Decreto 1382 de 2000, artículo 1°, numeral 1, tercer inciso, las acciones de tutela instauradas en contra de una autoridad del orden nacional, serán conocidas por los tribunales y por los consejos seccionales.[2] En consecuencia, como en el presente caso las entidades demandadas de mayor jerarquía[3] son del orden nacional (entre ellas el Ministerio de Hacienda y Crédito Público), la acción de tutela de Maribel León Vargas debe ser repartida entre los tribunales y consejos seccionales de la judicatura para su conocimiento. Concretamente, fue, como era debido, remitida al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
3. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, (1) no le es dado a un juez, bajo el pretexto de hacer una adecuada aplicación de las normas atinentes al reparto de una acción de tutela, modificar la solicitud presentada por la persona en el escrito de tutela,[4] (2) ni le es dado a un juez, so pretexto de repartir correctamente una acción de tutela (D. 1382 de 2000), excluir autoridades contra las cuales el juez considere que la acción no ha debido ser dirigida.[5] De igual forma, tampoco le es dado a un juez declararse incompetente para conocer una acción de tutela que le corresponde de acuerdo a las reglas que rigen el trámite administrativo de reparto, por considerar que durante el proceso será necesario vincular otras entidades, contra las cuales el accionante no dirigió la acción. Un juez que se considera incompetente para conocer de una tutela, no puede adoptar una decisión dentro de dicho proceso como lo es, por ejemplo, establecer que se debe vincular a otras entidades contra las cuales el accionante no presentó su demanda. Tal decisión sólo podrá adoptarla el juez que conozca el proceso, una vez éste se reparta de acuerdo al Decreto 1382 de 2000.
4. En resumen, teniendo en cuenta que las autoridades de mayor jerarquía en contra de las cuales se presentó la acción de tutela de la referencia son del orden nacional, corresponde al consejo seccional de reparto en el presente conflicto ‘aparente’ (Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria), conocer de la acción de tutela de la referencia en primera instancia.
5. Así pues, fundándose en sus competencias constitucionales y legales,[6] teniendo en cuenta los principios de celeridad y eficiencia de la adminis­tración de justicia[7] y el respeto a los derechos fundamentales de Maribel León Vargas,[8] la Corte Constitucional ordenará en el presente caso, de acuerdo a su jurisprudencia, remitir el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. Adicionalmente, se comunicará la decisión adoptada al Consejo Superior de la Judicatura y al Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional.
Primero.- Remitir, por intermedio de Secretaría General, el expediente de la referencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para que, ejerciendo sus competencias constitucionales y legales, resuelva la acción de tutela de Maribel León Vargas contra el Gobierno Nacional – Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Superintendencia Nacional de Salud, Universidad Nacional, Departamento de Cundinamarca, Gobernación de Cundinamarca, Beneficencia de Cundinamarca, Asamblea Departamental de Cundinamarca, Alcaldía Mayor de Bogotá, Arzobispo de Bogotá, Departamento de Planeación, Ministerio de la Cultura, Ministerio de Educación Nacional y Doctora Anna Karenina Guana Palencia (agente liquidadora del conjunto de derechos y obligaciones de la extinta Fundación San Juan de Dios).
Segundo.- Comunicar, por medio de Secretaría General, el presente auto al Consejo Superior de la Judicatura y al Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá, con el fin de que tengan conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional. Para el efecto se remitirá copia de la presente providencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 282 DE 2007
Referencia: ICC-1163
Conflicto de competencia entre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá.
Contrario, a lo que generalmente se piensa, este principio no opera sólo en materia penal, pues como se reitera en el artículo 8 numeral primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", también tiene cabida en asuntos civiles, laborales o de cualquier otra índole.[9] Dice así la disposición citada:
[1] La jurisprudencia constitucional ha considerado que “(e)l Decreto 1382 de 2000 no contempla reglas para definir la competencia de un despacho judicial, sino que establece reglas para llevar a cabo el trámite administrativo de reparto.” Corte Constitucional, auto 099 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SV Jaime Araújo Rentería).
[2] Decreto 1382 de 2000, artículo 1°, numeral 1, primer inciso: “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional […] serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura’.”
[3] Decreto 1382 de 2000, artículo 1°, numeral 1, inciso final: “Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente numeral.”
[4] No le es dado, por ejemplo, considerar que el recurso judicial invocado por la persona no fue el adecuado, y en consecuencia corregirlo y decidir remitir el proceso al juez competente, de acuerdo al nuevo procedimiento elegido por el juez. En el Auto 154 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araujo Rentería) la Corte Consti­tu­cional consideró “(…) que ni la ley ni la jurisprudencia han contemplado la opción de transformar la acción de tutela en otro tipo de acción constitucional, tal como lo advierte en su providencia el Tribunal Adminis­trativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión.” En este caso, entre otros hechos, el Juzgado Promiscuo de Santa Fe de Antioquia había resuelto remitir al Tribunal Administrativo una acción de tutela que le había sido repartida, por considerar que sustancialmente era una acción popular, no de tutela.
[5] Tal situación fue considerada por la Corte Constitucional en el Auto 070 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SV Jaime Araujo Rentería)
[6] Constitución Política de Colombia, artículos 86 y 241; Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia), artículo 43.
[7] Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administra­ción de Justicia), artículo 4° (Celeridad. La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumpli­miento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar) y artículo 7° (Eficiencia. La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley).
[8] Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administra­ción de Justicia), artículo 9°.- Respeto de los derechos. Es deber de los funcionarios judiciales respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso.
[9] Normatividad que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte integran el denominado bloque de constitucionalidad .

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 43
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 9