Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510606.html
Timestamp: 2019-03-24 23:48:25+00:00

Document:
as201510606
AUTO SUPREMO Nº 606/2015-RRC
Expediente : Chuquisaca 13/2015
Parte Acusadora : Deysi Llanos Gorena
Parte Imputada : Francisca Gorena Espada de Llanos y otras
Por memorial presentado el 15 de abril del 2015, cursante de fs. 245 a 247 vta., Francisca Gorena Espada de Llanos, Martha Llanos Gorena y Adela Llanos Gorena de Ampuero, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 111/2015 de 26 de marzo, de fs. 186 a 192, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por Deysi Llanos Gorena contra las recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Calumnia y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los arts. 283 y 353 del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 2/2014 de 26 de noviembre (fs. 125 a 132 vta.), el Juez de Partido Mixto y Sentencia de Padilla del Tribunal Departamental de Chuquisaca, declaró a Francisca Gorena Espada de Llanos, Adela Llanos Gorena de Ampuero y Martha Llanos Gorena, absueltas de culpa y pena de los delitos de Calumnia y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los arts. 283 y 353 del CP.
b) Contra la mencionada Sentencia, la acusadora presentó recurso de apelación restringida (fs. 135 a 139), resuelto por el Auto de Vista 111/2015 de 26 de marzo (fs. 186 a 192), emitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca, que declaró procedentes los motivos primero y segundo del citado recurso y anuló totalmente la Sentencia apelada, ordenando el reenvío del juicio por otro juzgado de Sentencia, motivando la interposición del recurso de casación que se resuelve en la presente resolución.
I.1.1. Del motivo del recurso
Del recurso de casación y del Auto Supremo 358/2015-RA de 11 de junio (fs. 255 a 257), se extrajeron dos motivos, habiendo sido admitido sólo el primero, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido por el art. 398 del CPP.
Las recurrentes denuncian que el Auto de Vista no contiene una adecuada motivación y fundamentación, pues el Tribunal de alzada a tiempo de resolver el primer motivo de apelación restringida de la parte acusadora, simplemente habría transcrito los argumentos del citado recurso y el Auto Supremo 248/2012-RRC de 10 de octubre, explicando que se entiende por una adecuada fundamentación, concluyendo de manera escueta que es evidente la existencia del defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, ya que no se conocería el inter lógico por el cual “arribó el juzgador a la convicción de la concurrencia de plena prueba, que amerito la declaratoria de absolución de las incriminadas” (sic), incumpliendo el Auto Supremo 234/2012 de 1 de octubre, al cual habría hecho mención el Tribunal de alzada, y que referiría cual es la estructura de una adecuada fundamentación, señalando que la misma no puede ser suplida por la transcripción de documentos y argumentos del apelante; lo cual ocurriría con la resolución hoy impugnada en la cual no se indica ni individualiza que prueba no fue valorada correctamente. En este motivo, las recurrentes invocan como precedente contradictorio el Auto Supremo 223 de 17 de junio de 2013, que habría establecido como doctrina legal aplicable, que toda resolución judicial debe estar debidamente fundamentada y por otro lado que el Tribunal de alzada está facultado para realizar un control de la valoración de prueba sin que ello signifique una revalorización de la misma; indicando las impugnantes que el Tribunal de alzada debe identificar la falla, impericia o arbitrariedad del Juez de manera clara, concreta y directa, para establecer si existió o no infracción o errónea aplicación de la ley sustantiva, sin que en el Auto de Vista impugnado exista tal valoración que se reduce a una explicación genérica.
Las recurrentes, solicitan que en aplicación a lo dispuesto por el art. 419 párrafo segundo del CPP, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, y se disponga se dicte nueva Resolución de acuerdo a la doctrina aplicable, en sujeción a la norma supra señalada.
Mediante Auto Supremo 358/2015-RA de 11 de junio, cursante de fs. 255 a 257, este Tribunal admitió únicamente el primer motivo del recurso formulado por las recurrentes, para su análisis de fondo.
II.1. De sentencia.
Desarrollada audiencia de juicio oral y público, el Juez de Partido Mixto y Sentencia de Padilla del Distrito Judicial de Chuquisaca, emitió la Sentencia 2/2014 de 26 de noviembre (fs. 125 a 132 vta.), por la que declaró a Francisca Gorena Espada de Llanos, Adela Llanos Gorena de Ampuero y Martha Llanos Gorena, absueltas de culpa y pena de la presunta comisión de los delitos de Calumnia y Perturbación de Posesión, previstos y sancionados por los arts. 283 y 353 del CP.
II.2. Del recurso de apelación de la acusadora particular.
Notificada la acusadora particular Daysi Llanos Gorena con la referida Sentencia, formuló recurso de apelación restringida (fs. 135 a 139), denunciando el siguiente agravio, vinculado al motivo admitido: Fundamentación insuficiente de la Sentencia; por cuanto, habría existido insuficiencia de fundamentación probatoria intelectiva, ya que, el Juez a- quo, no habría valorado ninguna atestación de la prueba testifical de cargo ni la prueba documental signada como PA-1, abocándose simple y llanamente de manera escueta a realizar una transcripción de las atestaciones vertidas durante el juicio, sin indicar individualmente y después de manera conjunta si la declaración testifical que rindieron en juicio son o no creíbles; y, en que magnitud estarían relacionadas a la prueba documental señalada, concluyendo de manera errada que su persona como acusadora no hubiese aportado prueba que lleve a la plena convicción de que las conductas de las imputadas se adecué a los ilícitos acusados, no explicando el Juez, a decir de la acusadora, los motivos por los cuales les dio algún grado de valor probatorio a las declaraciones, conforme prevé el art. 124 del CPP.
II.3 Del Auto de Vista impugnado.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca por Auto de Vista 111/2015 de 26 de marzo de 2015 (fs. 186 a 192), declaró procedente el recurso planteado; en consecuencia, anuló la Sentencia apelada, ordenando el reenvío del juicio por otro juzgado de Sentencia, bajo el siguiente argumento, vinculado al motivo admitido: Que respecto al primer motivo referido a la fundamentación insuficiente de la sentencia, alegó que como Tribunal de manera reiterada habría referido al deber de fundamentación de toda resolución, que recae sobre los jueces y Tribunales de Sentencia, quienes por voluntad del legislador, tienen la concesión exclusiva de la relación directa con las partes y las pruebas, mediante el ejercicio del principio de inmediación, a cuyo efecto invocó y transcribió el Auto Supremo 248/2012-RRC de 10 de octubre; concluyendo, ser evidente el motivo alegado como defectos de la sentencia previstos por el art. 370 inc. 5) del CPP; toda vez, que no se conocería el iter lógico por el cual arribó el juzgador a la convicción de la concurrencia de plena prueba, que ameritó la declaratoria de absolución de las incriminadas, declarando procedente este motivo.
Precisado el motivo en el presente recurso, este Tribunal deberá resolver si evidentemente el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación a tiempo de resolver el primer motivo de la apelación restringida de la parte acusadora; por cuanto, de manera escueta habría concluido que sería evidente la existencia del defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, situación por la que resulta pertinente determinar si se incurrió en contradicción con el precedente invocado por las recurrentes.
III.1. Del precedente contradictorio invocado.
El Auto Supremo 223 de 17 de junio de 2013, fue pronunciado por la Sala Penal Liquidadora de este Tribunal Supremo de Justicia, en la resolución de un recurso de casación por los delitos de Violación de Niño, Niña o Adolescente y Abuso Deshonesto, donde evidenció que el Tribunal de alzada incurrió en una consideración genérica falto de discernimiento individual, por ende, en ausencia de una debida fundamentación, generando un defecto de falta de fundamentación en relación a la seguridad jurídica que debería contener una resolución jurisdiccional, concurriendo en ese sentido un defecto absoluto no susceptible de convalidación; razón por la que se dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado, sentando la siguiente doctrina legal aplicable: “I. Toda Resolución judicial debe estar debidamente fundamentada, lo que obliga a todo juzgador a exponer todos los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones, exigencia que no solo responde a un mero formalismo de estructura, sino que al margen de ello, responde al cumplimiento de deberes esenciales del juez, que a su vez implica el respeto a los derechos y garantías fundamentales de orden procesal expresamente reconocidos a los sujetos procesales. Así, la garantía del debido proceso, en el ámbito de sus presupuestos, exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada, por cuanto, cuando un juez omite la motivación de una Resolución, no solo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho y no de derecho que vulnera de manera flagrante la referida garantía que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en uno o en otro sentido.
La exigencia de la debida motivación de las resoluciones judiciales asume aún mayor relevancia y exigibilidad en las resoluciones pronunciadas en grado de apelación, siendo imprescindible que estas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan con relación a los aspectos cuestionados, a objeto de que se permita concluir que sus conclusiones son el resultado de una correcta y objetiva valoración de los antecedentes, no estando permitido suplir esta motivación por la mera relación de antecedentes, la mención del requerimiento de las partes o hacer alusión a que el juez de la causa obró conforme a derecho.
II. Respecto de la defectuosa valoración probatoria los Tribunales de Alzada sin que se entienda como revalorización probatoria, en la resolución de estos aspectos debe considerarse que el Tribunal de alzada lo que debe realizar es la identificación de la presunta falla, impericia o arbitrariedad del Juez o Tribunal de Sentencia en la determinación de los hechos y en la valoración de las pruebas, observando las reglas de la sana crítica que estén explicadas en el fundamento de la valoración de la prueba de manera clara, concreta y directa, que tenga la posibilidad de lograr la convicción en las partes, más allá de la duda razonable, en ese sentido, el Tribunal de alzada debe controlar que la Sentencia Apelada tenga el sustento fáctico, con argumentación en base jurídicamente coherente, respetando siempre la normativa procesal y constitucional, aspecto extrañado en el Auto de Vista recurrido. Asimismo, el Tribunal de alzada al entrar a considerar los puntos apelados respecto de la valoración de la prueba, debe verificar la correcta o incorrecta actuación del Juez o Tribunal de Sentencia, en base a las conclusiones establecidas en la Sentencia a través de un análisis armónico y contextual del conjunto de estas para poder establecer si existió infracción o errónea aplicación de la Ley Penal sustantiva”. (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
A los fines de la resolución del presente recurso, es preciso referir con carácter previo, que entre las vertientes de trascendencia de la garantía constitucional del debido proceso, se encuentra la exigencia de la debida fundamentación que debe contener toda Resolución judicial, esto es, que cada autoridad que dicte un fallo, tiene la ineludible obligación de exponer los hechos objeto de juzgamiento y realizar la fundamentación de derecho en que sustenta la parte dispositiva de la Resolución; lo contrario, implicaría la toma de una decisión de hecho mas no de derecho, conllevando en definitiva a la vulneración de la garantía del debido proceso. En consecuencia, la debida fundamentación permite a las partes conocer y comprender cuáles son las razones fácticas, lógicas y jurídicas que motivaron al juzgador, tomar tal o cual decisión, lo que tiene vital importancia a efectos de que la Resolución reúna las condiciones de validez necesarias.
Razonamientos que a la postre constituyeron base para emitir doctrina legal aplicable, y que tiene como fundamento legal, lo previsto por el art. 124 del CPP. Siendo que de no cumplirse por el juzgador con esta exigencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación.
Sintetizada la denuncia traída a casación referida, a que el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación a tiempo de resolver el primer motivo de la apelación restringida interpuesta por la parte acusadora; toda vez, que se habría limitado a transcribir los fundamentos del recurso de apelación y el Auto Supremo 248/2012-RRC de 10 de octubre, concluyendo de forma escueta que existiría el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP; por cuanto, no se conocería el iter lógico del Juez de mérito para que hubiere llegado a la conclusión sobre la absolución de las imputadas, no indicando ni individualizando a decir de las recurrentes, qué prueba no fue valorada correctamente.
Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, precisamente en el acápite II.2 de esta Resolución se evidencia que la acusadora particular contra la Sentencia absolutoria interpuso recurso de apelación restringida reclamando en el primer motivo de su recurso el defecto previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP; por cuanto, la Sentencia habría incurrido en una insuficiente fundamentación probatoria intelectiva, ya que, el Juez a quo, no habría valorado ninguna atestación de la prueba testifical de cargo ni la documental signada como PA-1, respecto a esta denuncia el Tribunal de alzada conforme se extrajo en el apartado II.3 de este Auto Supremo señaló, que como Tribunal, de manera reiterada habría referido al deber de fundamentación de toda resolución, que recae sobre los jueces y Tribunales de Sentencia, quienes por voluntad del legislador, tendrían la concesión exclusiva de la relación directa con las partes y las pruebas, mediante el ejercicio del principio de inmediación, arguyendo además, que emitió doctrina legal en sentido de que “dicho deber, adquiere mayor relevancia, cuando se trata de la Resolución de un Tribunal de apelación, que debe pronunciarse de manera expresa, clara, concreta y lógica sobre los aspectos sometidos a su consideración, sin que ello implique imponer una especial estructura al desarrollo de los razonamientos de la Resolución, puesto que una motivación que sea concisa, no por ello, deja de ser una motivación conforme a la exigencia establecida en el procedimiento, así, en lo que respecta al Tribunal de apelación, debe expresar claramente los agravios denunciados por la parte apelante y resolverlos conforme a su competencia realizando una valoración jurídica suficientemente razonada, en base a los antecedentes del caso y verificando si el Juez a quo, orientó su labor por pasos racionales, correctos y en observancia de las reglas que impone la sana crítica”.
Continuando con los argumentos de la Resolución recurrida, además señaló, que respecto al deber de fundamentación de la sentencia, específicamente en lo que relacionaría a la fundamentación analítica o intelectiva, se habría emitido el Auto Supremo 248/2012-RRC de 10 de octubre, la cual transcribe, -concluyendo- ser evidente el motivo alegado como defectos de la sentencia previstos por el art. 370 inc. 5) del CPP; toda vez, que no se conocería el iter lógico; por el cual, arribó el juzgador a la convicción de la concurrencia de plena prueba, que ameritó la declaratoria de absolución de las incriminadas.
De esta relación necesaria de antecedentes, se evidencia, que el Tribunal de Alzada al momento de emitir el Auto de Vista impugnado, incurrió en falta de fundamentación o motivación; por cuanto, si bien refirió una doctrina legal emitida por el propio Tribunal de apelación; así como, por este Tribunal Supremo de Justicia, como es el caso del Auto Supremo 248/2012-RRC de 10 de octubre, resulta imprescindible exponer la justificación necesaria del por qué la doctrina legal citada resulta aplicable en la causa objeto de análisis, agregando a dicha omisión, que no explicó por qué consideró, que los entendimientos asumidos por el Juez de primera instancia que lo llevaron a la determinación de la declaratoria de absolución de las recurrentes, carecerían de fundamentación, impidiéndole conocer el iter lógico del juzgador y no simplemente señalar que era evidente que la Sentencia hubiere incurrido en el defecto previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, aspecto que evidencia el incumplimiento de su deber de dictar una resolución debidamente fundamentada; toda vez, que otorgó una respuesta genérica, incurriéndose en contradicción con la doctrina legal invocada por las recurrentes que fue desarrollado en el acápite III.1 de este Auto Supremo; por cuanto, toda Resolución judicial debe estar debidamente fundamentada, obligando a todo juzgador a exponer los motivos de hecho y de derecho en los que basan sus decisiones, siendo imprescindible que estas Resoluciones expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan a objeto de que se permita comprender que sus conclusiones son el resultado de una correcta y objetiva valoración de los antecedentes.
A dicha falta de motivación, denuncian las recurrentes, que la resolución impugnada, no habría referido ni individualizado que prueba no habría sido correctamente valorada, a ello, corresponde señalar que el Auto de Vista recurrido en el segundo motivo que resolvió, alegó que, “la prueba PA-1 no ha se encuentra debidamente fundamentada en los elementos lógica y experiencia, defecto que no sería posible repararlo por este Tribunal de alzada sino ordenar la reposición del juicio por otro juez o tribunal”; aspecto, que evidencia que si bien el Tribunal de alzada señaló qué prueba no fue correctamente fundamentada; empero, le correspondía, expresar, cómo llegó a esa determinación y por qué consideró que la referida prueba no se encontraba debidamente fundamentada en los elementos de la lógica y la experiencia, y cómo esa falta de motivación habría influido en la Sentencia absolutoria.
Por los argumentos expuestos, se concluye, que el Tribunal de apelación al momento de emitir el Auto de Vista recurrido incurrió en falta de fundamentación; toda vez, que no explicó cómo llegó al entendimiento de la carencia del iter lógico en la que habría incurrido el Tribunal de juicio, teniendo en cuenta que como Tribunal de alzada a tiempo de resolver el recurso de apelación restringida tiene el deber de verificar el proceso lógico seguido por el juzgador a través del examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia y no simplemente soslayar que la sentencia incurrió en falta de fundamentación; por cuanto, la motivación de las resoluciones judiciales, comprende en dar una respuesta que permita a los impugnantes comprender por qué el Ad quem, adoptó una determinación, aspecto que no ocurrió, resultando contrario al art. 124 del CPP, constituyendo defecto absoluto, no susceptible de convalidación que vulnera el debido proceso, situación por la que este recurso deviene en fundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 111/015 de 26 de marzo de 2015, cursante a fs. 186 a 192, y determina que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal establecida. Para fines del art. 420 del CPP; remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer la presente Resolución, a los Tribunales y Jueces en materia Penal de su jurisdicción.

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