Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw8&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDD200501190139.CODI.%29
Timestamp: 2020-08-15 04:00:02+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 139, de 19/01/2005
184/017337 Autor: Lope Fontagne, Verónica
Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, de las inversiones reales (Programa 456C, Cinematografía): edificio calle Zurbano, recuperación del patrimonio cinematográfico, obras, instalaciones y equipamiento filmoteca y cine Dore, equipos informáticos, y material inventariable, a 30 de septiembre de 2004 (núm. reg. 35488) ... (Página 4)
184/017338 Autor: Tardà i Coma, Joan
Previsiones acerca de la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad y de los permisos laborales remunerados para los progenitores de personas que padecen cardiopatías congénitas durante las etapas de tratamiento y hospitalización, así co­mo actuaciones a favor del establecimiento de un marco formativo y normativo que haga posible la conciliación de la vida familiar y profesional de dichos progenitores (núm. reg. 35627) ... (Página 4)
184/017339 Autor: Tardà i Coma, Joan
Previsiones acerca de las instalaciones militares de titularidad del Ministerio de Defensa ubicadas en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) (núm.
reg. 35628) ... (Página 5)
184/017340 Autor: Tardà i Coma, Joan Bonàs Pahisa, Rosa María
Reconocimiento de las patologías de alergias alimentarias y al látex como minusvalía (núm. reg. 35629) ... (Página 5)
184/017341 Autor: Herrera Torres, Joan
Impacto del Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH), para España (núm. reg. 35632) ... (Página 5)
184/017342 Autor: Herrera Torres, Joan
Uso de pediculicidas en productos plaguicidas que se pueden aplicar a niños (núm. reg. 35633) ... (Página 6)
184/017343 Autor: Herrera Torres, Joan
Previsiones acerca de la producción y consumo de sustancias químicas en España (núm. reg. 35634) ... (Página 7)
184/017344 Autor: Herrera Torres, Joan
Medidas para hacer frente a las consecuencias de las fuertes nevadas y temporales como el que asoló el territorio español en diciembre de 2004 (núm. reg. 35635) ... (Página 7)
184/017345 Autor: Rivero Baute, Paulino
Previsiones acerca de quién va a asumir la tarea de poner en marcha inmediatamente el estudio del Plan Integral de Seguridad para Canarias (núm. reg. 35692) ... (Página 7)
184/017346 Autor: Rivero Baute, Paulino
Tiempo previsto para presentar el Plan Integral de Seguridad para Canarias (núm. reg. 35693) ... (Página 8)
184/017347 Autor: Rodríguez Sánchez, Francisco
Acceso al Sistema de Remisión Electrónica de Documentos (RED) de la Tesorería General de la Seguridad Social (núm. reg. 35699) ... (Página 8)
184/017348 Autor: Rodríguez Sánchez, Francisco
Entrevista del Presidente de Microsoft, Bill Gates, con el Ministro de Industria, Turismo y Comercio (núm. reg. 35700) ... (Página 9)
184/017349 Autor: Rodríguez Sánchez, Francisco
Ignorancia de la cooficialidad del gallego en la Administración Autonómica de Galicia y su territorio por parte de la Subdelegación de Defensa en Ourense (núm. reg. 35825) ... (Página 9)
184/017350 Autor: Rodríguez Sánchez, Francisco
Catástrofe provocada por el maremoto en gran parte de la costa asiática (núm. reg. 35938) ... (Página 10)
184/017351 Autor: Polonio Contreras, Rosa Lucía Rascón Ortega, Juan Luis
Número de mujeres que han disfrutado del mecanismo de respuesta inmediata en casos de violencia de género en Córdoba y provincia durante el año 2003 (núm. reg. 36041) ... (Página 10)
184/017352 Autor: Porteiro García, María José
Consecuencias que se derivan de la reunión del Comité Científico y la posterior reunión de la Comisión Anual de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental (NAFO) celebradas en septiembre de 2004 (núm.
reg. 36042) ... (Página 11)
184/017353 Autor: Porteiro García, María José
Planes del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) para promover el consumo de pescado entre la población juvenil española (núm. reg. 36043) ... (Página 11)
184/017354 Autor: Porteiro García, María José
Creación de la Agencia Europea de Control de la Pesca en Vigo (Pontevedra) (núm. reg. 36044) ... (Página 11)
184/017355 Autor: Fuentes Pacheco, Ana María Heredia Díaz, Miguel Ángel Torres Mora, José Andrés Tomás García, Luis Juan Martel Gómez, Remedios
Previsiones acerca del traslado del Tercio de la Legión ubicado en Ronda (Málaga) (núm. reg. 36045) ... (Página 11)
184/017356 Autor: Llamazares Trigo, Gaspar
Medidas para evitar el cobro de comisiones abusivas por parte de las entidades bancarias en las donaciones que los españoles realizan a cuentas corrientes abiertas por ONG's para ayudar a las personas afectadas por el maremoto que ha sacudido el sureste asiático (núm. reg.
36048) ... (Página 12)
184/017498 Autor: Beloki Guerra, José Ramón
Situación en que se encuentra el proyecto de la nueva red ferroviaria en el País Vasco (Y vasca) (núm. reg. 36112) ... (Página 12)
184/017499 Autor: Pérez Martínez, Ángel
Actuaciones del Gobierno español ante la vulneración de los derechos de expresión y opinión en Iraq (núm. reg. 36163) ... (Página 12)
184/017500 Autor: Rodríguez Sánchez, Francisco
Declaraciones efectuadas por el Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre el sector naval, y consecuencias para el futuro del Plan reestructurador (núm. reg. 36167) ... (Página 13)
184/017501 Autor: Rodríguez Sánchez, Francisco
Previsiones en relación con la ejecución del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) (núm. reg. 36174) ... (Página 14)
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2004.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/017337
Doña Verónica Lope Fontagne, Diputada por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno relativa a la ejecución durante 2004, hasta el 30 de septiembre, de las inversiones reales (Programa 456C, Cinematografía): edificio calle Zurbano, recuperación del patrimonio cinematográfico, obras, instalaciones y equipamiento filmoteca y cine Dore, equipos informáticos, y material inventariable, de la que desea obtener respuesta por escrito.
El Programa 456C, Cinematografía tiene sus dotaciones para 2004 recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (2004); presupuesto por programas y memoria de objetivos (tomos rojos); tomo VIII, sección 18, Educación, Cultura y Deportes.
En el Organismo 18.108 Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales figuran, para el Programa 456C Cinematografía, las siguientes inversiones reales con las dotaciones que se indican por artículos recogidos los proyectos de inversión del anexo de inversiones reales y programación plurianual; distribución orgánica:
Programa 456B, organismo 18.108, partida 62: 1.669,00 miles de euros.
Integrado por los Proyectos de Inversión:
03 18 108 0005 edificio calle Zurbano: 1.000,00 miles de euros.
89 24 108 0015 recuperación del patrimonio cinematográfico: 596,00 miles de euros.
93 24 108 0005 obras, instalac. y equipamiento filmoteca y cine Dore: 73,00 miles de euros.
Programa 456B, organismo 18.108, partida 63: 433,22 miles de euros.
90 24 108 0010 equipos informáticos: 159,00 miles de euros.
90 24 108 0005 material inventariable: 274,22 miles de euros.
Siendo de interés conocer el importe de la ejecución de dichas inversiones, en términos de Obligaciones Reconocidas, desde el inicio del ejercicio 2004 hasta la fecha de 30 de septiembre, se pregunta al Gobierno:
¿Cuál es la ejecución durante el ejercicio 2004, hasta el 30 de septiembre, en términos de obligaciones reconocidas de las inversiones reales: edificio calle Zurbano (03 18 108 0005), recuperación del patri­monio ci­nematográfico (89 24 108 0015), obras, instalaciones y equipamiento filmoteca y cine Dore (93 24 108 0005), equipos informáticos (90 24 108 0010) y material inventariable (90 24 108 0005)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2004.-Verónica Lope Fontagne, Diputada.-Eduardo Zaplana Hernández-Soro, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
184/017338
Don Joan Tardà i Coma en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el gobierno actuar a favor de una ampliación de los permisos de maternidad y paternidad para los progenitores de personas que padecen cardiopatías congénitas durante el período que permanecen ingresadas en centros hospitalarios?
¿Tiene previsto el gobierno actuar a favor de una ampliación de los permisos laborales remunerados para los progenitores de personas que padecen cardiopatías
congénitas durante las etapas de tratamiento y hospitalización?
¿Tiene previsto el gobierno actuar a favor del establecimiento de un marco formativo que haga posible un mejor tratamiento de las personas que padecen cardiopatías congénitas?
¿Tiene previsto el gobierno actuar a favor del establecimiento de un marco normativo que haga posible la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores de los hijos que padecen cardiopatías congénitas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-Joan Tardà i Coma, Diputado.
184/017339
¿Tiene previsto el Ministerio de Defensa proceder a desalojar las instalaciones militares de su titularidad ubicadas en Sant Boi de Llobregat?
¿Tiene previsto el Ministerio de Defensa la construcción de un nuevo acuartelamiento en la misma ciudad de Sant Boj de Llobregat?
¿Tiene previsto el Ministerio de Defensa el traslado de las actuales unidades militares destinadas en Sant Boi de Llobregat a otras instalaciones ya existentes en otras poblaciones?
¿Cuál es el precio tasado por el Ministerio de Defensa de los terrenos que actualmente están ocupados por el acuartelamiento militar de Sant Boi de Llobregat?
¿Qué empresas privadas o administraciones públicas han mantenido contactos oficiales en los últimos doce meses con el Ministerio de Defensa con el objetivo de proceder a la compra o cesión de los terrenos que ocupa en la actualidad el acuartelamiento de Sant Boi de Llobregat?
184/017340
Don Joan Tardà i Coma y doña Rosa María Bonàs i Pahisa en su calidad de Diputados del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué razones fundamentan el hecho que el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, que recoge las deficiencias o disminuciones que provocan limitaciones en la vida de las personas, no integre una discapacidad tan evidente como la que provoca la deficiencia funcional generada por las patologías de alergias alimentarias y al látex?
¿Tiene previsto el Gobierno actuar en el sentido de adecuar la legislación a la nueva orientación de la OMS referente a la nueva "clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud" para con los criterios establecidos para acceder a las ayudas públicas como persona discapacitada?
¿Tiene previsto el Gobierno modificar la normativa española vigente para adecuarla a lo establecido por el Consejo de Salud de la CEE que determina legalmente hasta doce los grupos de productos alimentarios de carácter alérgeno?
¿Sobre qué criterio basa el Gobierno la no consideración de la alergia alimentaria a los alimentos y al látex una patología que no presupone discapacidad o minusvalía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-Joan Tardà i Coma y Rosa María Bonàs i Pahisa, Diputados.
184/017341
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
Es de común acuerdo que el coste económico que supondrá el nuevo reglamento REACH se ve ampliamente compensado por los elevados ahorros en prevención de riesgos para la salud laboral, la salud pública y la prevención y gestión de daños al medio ambiente. Así, por ejemplo, en el ámbito de la UE se estima que el valor económico de algunas enfermedades laborales asociadas al riesgo químico puede alcanzar los 50 billones de euros en un período de treinta años, los costes sociales asociados a alergias, muchas asociadas a sustancias químicas, se estima en 45 billones de euros cada año (1 de cada 3 europeos
sufre o sufrirá alergias, el 10 por 100 de los niños sufren asma). Los costes ambientales a nivel de la UE (contaminación de aire, aguas, suelo, especies...) aún no se han calculado, pero se sabe que para muchos parámetros son inestimables.
Todas estas cifras contrastan con la última estimación presentada por el Consejo Nórdico de Ministros que calcula que una versión mejorada de REACH (más requisitos informativos y el informe de seguridad para todas las sustancias) los costes directos no superarán cuatro billones de euros en once años.
Para valorar el impacto de REACH para España, será preciso conocer además del coste de inversión real para la industria española, una estimación de cuánto cuesta no tener REACH, es decir, cuál es el gasto público y privado en sanidad pública, prevención de riesgos laborales y protección ambiental como consecuencia de un insuficiente nivel de información y prevención frente a las sustancias químicas.
¿Cuántas son y cuánto cuesta a la sanidad pública las enfermedades asociadas a sustancias químicas (cáncer, enfermedades respiratorias, dérmicas, del sistema nervioso, daños cerebrales y a otros órganos; daños reproductivos -un porcentaje de los casos de las disfunciones reproductivas que recurren a otras técnicas reproductivas se deben a las sustancias químicas-; daños transgeneracionales -disruptores endocrinos, teratogénesis...)?
Teniendo en cuenta que se calcula que en España no se registra el 83 por 100 de las enfermedades laborales ¿cuántas de las anteriores se estima son de origen laboral (registradas y no registradas)?
¿Cuál es el coste de inversión privada y pública para medir, controlar y gestionar la contaminación química en el aire, agua, residuos, suelos (Plan Nacional de Residuos Peligrosos, Plan Nacional de Suelos Contaminados, Plan Nacional de PCBs, depuración de aguas, gestión de lodos...)?
¿Cuál es la opinión del Gobierno respecto a la propuesta actual de REACH?
¿Va el Gobierno a proponer mejoras al texto de REACH para garantizar la máxima protección de personas y naturaleza frente al riesgo químico, como por ejemplo ampliar los requisitos informativos, garantizar la sustitución progresiva de las sustancias altamente peligrosas, etc.?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de diciembre de 2004.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
184/017342
La mayoría de pediculicidas existentes en el mercado contienen materias activas pesticidas, tales como el lindano, el malatión, el fenotrín y la permetrina.
El lindano es un pesticida organoclorado, el malatión es un pesticida organofosforado, el fenotrín y la permetrina son pesticidas piretroides.
Algunos de estos productos son bioacumulables, otros son sospechosos de provocar alteraciones -sobre la reproducción, de tener un potencial carcinogénico, o de producir alteraciones hormonales. Alguno puede producir efectos neurocomportamentales y todos ellos tienen potencial neurotóxico.
Por ejemplo, el lindano está prohibido en países como Dinamarca, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Eslovenia, Suecia, Turquía y California entre otros. En cambio, el lindano, la permetrina y el fenotrín están prohibidos en usos fitosanitarios (para la agricultura) en España.
Estas sustancias pueden ser absorbidas por los niños a través de la piel, por inhalación o ingestión accidental si el niño se pone las manos en la boca. Es preocupante que se siga permitiendo el uso y abuso de estas sustancias. Deben estudiarse otras soluciones alternativas que eviten riesgos innecesarios para la salud, el bienestar de los niños y del medio ambiente.
¿Por qué si en usos fitosanitarios se ha prohibido el uso de lindano, permetrina y fenotrín se permite su uso para tratamiento de las infestaciones por piojos?
¿Está revisada la toxicología de los pediculicidas en niños? En caso afirmativo, ¿qué conclusiones se extraen?
En función del nuevo conocimiento científico que va surgiendo continuamente sobre los efectos, ¿quién revisa las pruebas toxicológicas de estos productos y con qué periodicidad?
¿Qué nivel de exigencia se utiliza en relación con la posible toxicidad en niños?
¿Quién controla los mensajes publicitarios sobre los productos plaguicidas que se pueden aplicar a niños?
184/017343
Sobre el debate del impacto de REACH, está claro que los beneficios son muchísimo mayores que los costes. Pero tanto unos como otros van a variar con el modelo de producción y consumo en el Estado español respecto al del resto de los Estados miembros.
¿Conocemos con precisión qué empresas españolas, de qué tamaño y sectores se verán afectadas por el nuevo reglamento (los impactos positivos y negativos deben valorarse para todos los sectores económicos y desde las dimensiones ambientales, sociales y eco­nómicas)?
En caso negativo, ¿tiene previsto el Gobierno hacer un estudio al respecto?
¿Se ha evaluado el papel que jugará la incrementada información sobre sustancias químicas que REACH proporcionará (propiedades, usos, riesgos...) en la promoción de la innovación y competitividad de las empresas a lo largo de toda la cadena de suministro?
Teniendo en cuenta que ya se ha priorizado por criterios de volumen -sólo abarca 30.000 de las 100.000 sustancias del mercado- y por peligrosidad -en principio se priorizan algunos de los más peligrosos como los CMR, PBT, disruptores endocrinos- ¿qué opina el Gobierno sobre la propuesta de dar mayor prioridad para el registro sobre la base de la evaluación del riesgo?
¿Se está de acuerdo en recuperar la propuesta que exige el informe de seguridad -conocido como CSR- que incluye informaciones relativas a la exposición química para todas las sustancias registradas, incluyendo las de volúmenes entre 1-10 Tn/año?
¿Apoya el Gobierno la propuesta OSOR (un registro por sustancia) como un mecanismo que optimiza el procedimiento de registro, agiliza los ritmos, evitaría la muerte innecesaria de muchísimos animales de experimentación y, sobre todo, reduciría los costes para la industria?
¿Se pedirá que se establezca algún mecanismo de validación independiente de los datos proporcionados en el registro, para que no repercuta en la Administración la responsabilidad sobre las decisiones que se tomen teniendo en cuenta los mismos?
En cuanto a autorización y con el fin de promocionar la innovación de sustancias químicas más sostenibles y paralelamente reemplazar progresivamente las más indeseables (CMR, PBTs...), ¿está de acuerdo el Gobierno con mejorar la propuesta actual para conceder autorizaciones de sustancias altamente peligrosas sólo en los casos en los que no existan alternativas viables más seguras?
En cuanto a las sustancias químicas en productos finales y con el fin de proteger la industria europea, ¿está o no de acuerdo el Gobierno con que deben equipararse los requisitos para los productos importados con los exigidos para la producción europea?
184/017344
El 26 de diciembre las carreteras del norte de España sufrieron colapsos que se prolongaron durante todo el día y la noche como consecuencia de las fuertes nevadas y el temporal que asoló la Península. Miles de personas se vieron obligadas a pernoctar en los vehículos y otros miles prolongaron el tiempo de desplazamiento. Esta situación se repite casi cada vez que nieva en determinadas zonas en las que cada año se reproducen los temporales.
¿Piensa el Gobierno definir y desarrollar algún plan en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos junto con los Servicios de Protección Civil para hacer frente a estas situaciones y que no se repitan estos hechos?
¿Considera el Gobierno que desde las Administraciones Públicas se actuó correctamente para asistir a las personas afectadas por el temporal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-Joan Herrera Torres, Diputado.
184/017345
Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con
lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
En la comparecencia del Gobierno ante el Pleno de la Cámara para informar de las conclusiones del Consejo Europeo celebrado el 16 y 17 de diciembre en Bruselas, en respuesta al Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el Presidente se comprometió a:
"Poner en marcha con carácter inmediato un Plan Integral de Seguridad para Canarias"; "todo lo que afecta a la seguridad del archipiélago dada su condición singular es un objetivo prioritario"; "para este objetivo no vamos a regatear ni un solo esfuerzo ni un solo euro".
Por lo expuesto, se plantea la siguiente pregunta:
¿Quién va a asumir la tarea de poner en marcha inmediatamente el estudio de ese Plan Integral de Seguridad en el Archipiélago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de diciembre de 2004.-Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
184/017346
Don Paulino Rivero Baute, Portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿En cuánto tiempo tiene previsto el Gobierno presentar el Plan Integral para la Seguridad del Archipiélago Canario al que se comprometió el Presidente?
184/017347
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a acceso al sistema RED de la Tesorería General de la Seguridad Social.
El sistema RED de la Seguridad Social es un servicio que ofrece la Tesorería General de la Seguridad Social a empresas, agrupaciones de empresas y profesionales colegiados, cuyo objeto es permitir el intercambio de información y documentos entre las distintas entidades a través de medios telemáticos. Este servicio abarca los siguientes ámbitos de actuación: cotización, afiliación y remisión de partes de alta y baja de incapacidad temporal.
Este servicio utiliza un programa llamado "WinSuite32" que la Seguridad Social proporciona de manera gratuita para facilitar la utilización del sistema RED para plataformas PC que utilicen entornos Windows, en sus distintas versiones (95, 98, ME, NT, 2000 y XP). Sus funciones básicas son las de permitir la tramitación de mensajes con la Tesorería General de la Seguridad Social, tanto de cotizaciones como de afiliación e INSS, además de validar y procesar los datos generados por el programa de nóminas.
Como indica la propia web de la SS, el acceso al sistema RED sólo es posible bajo el sistema operativo Windows de la empresa Microsoft, que es un sistema por el que los usuarios y usuarias deberán pagar una licencia y poder así utilizarlo. De otra forma no es posible, por lo que se obliga al usuario o usuaria de otra plataforma informática a proveerse del citado sistema operativo propietario para poder beneficiarse de las ventajas, sean reducciones, bonificaciones, etc.
No se entiende que un servicio público como el sistema RED, "obligatorio para determinadas empresas, agrupaciones de empresas y demás sujetos obligados al cumplimiento de la obligación de cotizar", tal y como se dice en la Resolución de fecha 26 de septiembre de 2001 de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, que pretende ser un vehículo ágil y fiable entre la Administración y los administrados, obligue a éstos a la adquisición de un determinado sistema operativo, beneficiando de esta manera a una empresa privada, eliminando de hecho cualquier otra opción, sean estas propietarias o libres, que los usuarios/as consideren más idóneos o adecuados para sus respectivos negocios, o usos personales.
Este hecho ya fue planteado por la sociedad sin ánimo de lucro Hispalinux, Asociación de Usuarios Españoles de Linux, ante el Defensor del Pueblo, presentando ante este organismo una queja contra la Tesorería de la Seguridad Social.
¿Por qué la Tesorería de la Seguridad Social sólo posibilita el acceso al sistema RED bajo el sistema operativo Windows?
¿Cómo no se tienen en cuenta que se trata de un servicio público, obligatorio para determinadas empresas o agrupaciones de empresas y demás sujetos obligados a cotizar?
¿Al obligárseles a la adquisición de un determinado sistema operativo, no se está beneficiando a una determinada empresa privada, eliminando cualquier otra opción, que los usuarios o usuarias consideren más idónea o adecuada para sus negocios?
¿Recibió alguna queja la Tesorería de la Seguridad Social en este sentido?
¿Va la Tesorería General de la Seguridad Social a aplicar las medidas técnicas oportunas para que los usuarios o usuarias del sistema RED no tengan que adquirir un sistema operativo de una determinada empresa para poder beneficiarse de un servicio público que ofrece ese organismo del Estado?
¿Por qué no se puede utilizar el sistema RED en cualquier idioma oficial en el Estado español?
¿Cuándo se va a subsanar esta grave carencia, que atenta contra los derechos lingüísticos más elementales en un servicio público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de diciembre de 2004.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
184/017348
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a entrevista de Bill Gates con el Ministro de Industria.
El presidente de Microsoft, Bill Gates, se reunió el día 19 de noviembre de 2004, con el Ministro de Industria y Comercio, José Montilla. Según información de prensa, pidió al Gobierno español una política de no intervención en los mercados y garantías de neutralidad tecnológica de la Administración en la adquisición de nuevas tecnologías. Asimismo reiteró su colaboración en la redacción y ejecución del plan de convergencia que el Ministerio prepara para cumplir con la iniciativa eEurope 2005.
También le presentó al Ministro un decálogo de propuestas de cooperación por parte de Microsoft.
¿Cuáles fueron los temas tratados en la entrevista de Bill Gates con el Ministro de Industria?
¿Llegó a algún tipo de acuerdos el Gobierno español y la empresa Microsoft? ¿En caso afirmativo, qué tipo de acuerdos?
¿Qué opina el Gobierno de las declaraciones de Bill Gates cuando solicita del Gobierno español que promueva una "política de no intervención en los mercados" y que garantice la neutralidad tecnológica de la Administración en la adquisición de nuevas tecnologías?
¿Cuál va a ser la colaboración de Microsoft para cumplir con la iniciativa eEurope 2005?
¿En qué consiste el decálogo de propuestas de co­laboración?
184/017349
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a ignorancia de la cooficialidad del gallego en la Administración autonómica de Galicia y su territorio por parte de la Subdelegación de Defensa en Ourense.
El Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Ourense exige a veces ante solicitudes o peticiones de interesados "certificado que constate su condición de funcionario o personal laboral, en el idioma oficial del Estado". De lo contrario, da por archivado el expediente y por desasistida la petición.
Además de ser poco democrático y respetuoso con el pluralismo lingüístico existente y con la cooficialidad del gallego y el castellano en el territorio de Galicia, resulta que, como es lógico, los certificados con constatación de la condición de funcionario o personal laboral los emite la Xunta de Galicia, en concreto el nombramiento como funcionario y la nómina, lógicamente en gallego.
¿Cómo es posible que, a estas alturas, la Administración del Estado en Galicia, concretamente la Subdelegación de Defensa en Ourense, exija certificados en castellano, que tienen que ser emitidos por la Administración autonómica, como si el gallego no fuese un idioma cooficial?
¿No le parece al Gobierno un abuso y una interpretación extensiva de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que se exija certificación de la condición de funcionario o personal laboral de la Xunta, en el "idioma oficial del Estado"?
¿Cómo se puede obligar a una persona a que exija a una Administración autonómica con el gallego como lengua cooficial certificados en lengua castellana para entregar en la Administración periférica del Estado en Galicia?
¿Cuándo va a deshacer el Gobierno los equívocos y la intolerancia que provoca la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, en lo relacionado con la cooficialidad de otras lenguas que no son el castellano?
¿Cuándo se considerarán, como es lógico y coherente con su condición de cooficiales, el gallego, el catalán y el vasco, lenguas del Estado a todos los efectos?
¿Piensa el Gobierno advertir, en concreto a la Subdelegación de Defensa en Ourense, que su exigencia de certificados en el "idioma oficial del Estado", cuando son emitidos por otras Administraciones Públicas que también tienen otro idioma oficial, resulta un abuso y es una forma de violar los derechos lingüísticos de las personas en ese territorio bilingüe?
184/017350
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a catástrofe provocada por el maremoto en gran parte de la costa asiática.
El maremoto que afectó la última semana de diciembre de 2004 a gran parte de la costa de Asia ha tenido una magnitud inusitada en los últimos 200 años. La magnitud de la tragedia está alcanzando una cifra de muertos que supera a los sesenta mil, a esta altura. Sri Lanka, principalmente, pero también India, Indonesia, Tailandia, Maldivas, Malaisia y Birmania están afrontando la catástrofe más devastadora, sin la suficiente capacidad en muchos casos para hacerle frente. Se teme que las epidemias puedan causar un número mucho mayor de muertos. Las pérdidas económicas ascienden a más de 10.000 millones de euros, y son sombrías las perspectivas para el sector turístico en esta zona en el futuro inmediato. El maremoto puso en evidencia la falta de preparación y coordinación internacional para prevenir y hacer frente a una catástrofe que tiene una magnitud continental. La posición del Gobierno español debe basarse en la solidaridad urgente, en la ayuda a la reconstrucción, pero también en la articulación de organismos y medidas internacionales de prevención y actuación en casos como éstos.
¿Qué información posee el Gobierno sobre el número de muertos, desaparecidos y sin hogar, como consecuencia del maremoto que arrasó gran parte de la costa de Asia?
¿Cuántos ciudadanos españoles se vieron afectados por esta catástrofe?
¿En qué situación se encuentran actualmente?
¿Qué medidas de solidaridad inmediata articuló el Gobierno español a través de contactos oficiales con los Gobiernos de los Estados de la zona afectados?
¿Qué ayudas impulsó y apoyó desde la Unión Eu­ropea?
¿Qué medidas propone la UE para la reconstrucción de las zonas más afectadas?
¿Cuáles fueron las propuestas españolas en la Unión Europea a este respecto?
¿Cuál va a ser su participación en la política de reconstrucción?
¿Está demostrando la ONU ser una organización preparada para hacer frente a una operación humanitaria urgente de tal calado y para ayudar con una coordinación eficaz de la comunidad internacional?
¿No piensa el Gobierno que habría que articular, para el futuro un organismo dentro de la ONU para hacer frente a estas catástrofes continentales e incluso para aplicar políticas de prevención?
¿Cómo se puede hacer frente a este tipo de problemas si no es con unas Naciones Unidas cuya razón de ser sea, entre otras, las operaciones humanitarias de este tipo?
¿Qué medidas piensa impulsar en las organizaciones internacionales el Gobierno para prevenir este tipo de catástrofes naturales, con mecanismos de alerta temprana?
¿Cuáles fueron los efectos del maremoto para el ecosistema y para la salud de los habitantes de la zona?
¿Piensa el Gobierno español instaurar sistemas de alerta temprana para maremotos en el Mediterráneo?
¿Tiene información el Gobierno sobre otros efectos del seísmo desde el punto de vista geodésico, ya que sacudió ligeramente el conjunto del planeta?
¿Qué relaciones bilaterales está manteniendo el Gobierno de España con todos los Estados afectados, especialmente los más perjudicados, para ayudarlos a paliar tan trágica situación, en todos los órdenes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2004.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
184/017351
Doña Rosa Lucía Polonio Contreras, Diputada por Córdoba, y don Juan Luis Rascón Ortega, Diputado por
Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de mujeres que han disfrutado del mecanismo de respuesta inmediata (teléfonos, móviles, etc.) en casos de violencia de género en Córdoba y provincia durante el año 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2004.-Rosa Lucía Polonio Contreras y Juan Luis Rascón Ortega, Diputados.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
184/017352
Doña María Xosé Porteiro García, Diputada por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué consecuencias se derivan de la reunión del Comité Científico y la posterior reunión de la Comisión Anual de NAFO celebradas en septiembre pasado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2004.-María Xosé Porteiro García, Diputada.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
184/017353
¿Qué planes tiene el FROM para promover el consumo de pescado entre la población juvenil española?
184/017354
¿Qué información tiene el Gobierno de la próxima creación de la Agencia Europea de control de la pesca, anunciada por la UE para Vigo?
184/017355
Doña Ana María Fuentes Pacheco, don Miguel Ángel Heredia Díaz, don José Andrés Torres Mora, don Luis Juan Tomás García y doña Remedios Martel Gómez, Diputados por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Pregunta al Gobierno relativa al Tercio de la Legión de Ronda
En los últimos años se ha especulado en muchas ocasiones sobre la permanencia de la Legión en Ronda.
Por todo ello es por lo que se formula la siguiente pregunta:
¿Tiene el Gobierno intención de llevarse de Ronda el Tercio de la Legión que está actualmente allí ubicado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de diciembre de 2004.-Ana María Fuentes Pacheco, Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Luis Juan Tomás García y Remedios Martel Gómez, Diputados.-Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
184/017356
La catástrofe del maremoto que ha sacudido el sureste asiático está movilizando a los ciudadanos españoles, quienes están colaborando a través de donativos con diversas organizaciones no gubernamentales con la finalidad de ayudar a paliar la situación de extrema gravedad que están padeciendo miles de personas. Las entidades bancarias a través de las cuales se pueden efectuar los donativos a las diferentes ONGs están imponiendo a estas operaciones unas comisiones que se podrían considerar de abusivas si tenemos en cuenta el destino de ese dinero y la situación de excepcionalidad y extrema necesidad originada por el maremoto.
¿ Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar el cobro de comisiones abusivas por parte de las entidades bancarias en las donaciones que los españoles están haciendo a cuentas corrientes abiertas por determinadas ONGs con la finalidad de ayudar a salvar las vidas de las personas afectadas por el maremoto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2004.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
184/017498
Don José Ramón Beloki Guerra, Diputado por Gipuzkoa y adscrito al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas solicitando su respuesta por escrito.
El Congreso de los Diputados, en sesión plenaria, celebrada el 14 de septiembre del pasado año 2004 aprobó una moción por la que se instaba al Gobierno a que, antes de que finalizara el año 2004, elaborara y remitiera a la Cámara un documento de programación en el que se recogieran de forma pormenorizada los compromisos presupuestarios y se temporalizaran, de forma pormenorizada, asimismo, las fases en que se subdivide la proyectación y ejecución de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco (Y vasca).
Asimismo, la moción instaba al Gobierno a que suscribiera, a la mayor brevedad posible, un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno Vasco que recogiera la voluntad compartida de ambas instituciones para hacer realidad la puesta en funcionamiento de la infraestructura en 2010, tal y como señalan los compromisos adquiridos por el Estado español ante las instituciones europeas.
En su virtud, se pregunta:
1. ¿Dispone ya el Ministerio de Fomento de una programación que establezca, de forma pormenorizada, en qué fases va a subdividir la proyectación y ejecución de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco (Y Vasca)? ¿Ha establecido y dispone de un calendario temporal de proyectación y ejecución de la misma? ¿Ha establecido y dispone de un calendario de compromisos presupuestarios que la posibiliten y viabilicen? ¿Dispone de algún documento que recoja tales extremos y se dispone a remitirlo a la Cámara?
2. ¿Ha suscrito ya algún Convenio de colaboración con el Gobierno Vasco en relación con la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco (Y vasca)? ¿Ha llegado a algunos acuerdos al menos? ¿Qué pasos ha dado en dicha dirección?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2005.-José Ramón Beloki Guerra, Diputado.
184/017499
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Dipu­tados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita.
Una delegación de la Conferencia Internacional de Solidaridad con el Pueblo Iraquí en Lucha y del Comité Contra la Guerra en Iraq francés visitaron el Parlamento Europeo en Estrasburgo el 26 y 27 de octubre para informar a sus miembros sobre la situación de los presos políticos en Iraq y, en especial, sobre Abduljabbar al-Kubaysi, que fue secuestrado el 4 de septiembre pasado por las tropas estadounidenses. Al-Kubaysi es el Presidente de la Alianza Patriótica Iraquí y redactor jefe de la revista Nida al-Watan.
A pesar de los intentos de la Cruz Roja, hasta ahora no ha sido posible identificar a la unidad responsable de su arresto, ni las razones, el lugar en que está detenido, ni mucho menos las condiciones de su detención.
Al-Kubaysi estuvo exiliado en Francia durante algunos años. Hasta ahora, su esposa e hijos no saben nada, al igual que sus parientes en Iraq, a pesar de las mediaciones ante las autoridades de ocupación.
Después de haber solicitado reuniones con todos los grupos parlamentarios, la delegación fue recibida por la
señora Gruber (Italia), señora Napolitano (Italia), el señor Agnoletto (Italia), señor Brie (Alemania), señor Kohlicek (República Checa), señor Meyer (España), señor Pflueger (Alemania), señor Portas (Portugal), así como los colaboradores de la señora De Keyser (Bélgica) y la señora Flautre (Francia). Entregaron un dossier para el señor Brok, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, en la Secretaría del Partido Popular Europeo. Todos estos parlamentarios están siguiendo las actividades de la Comisión y la Subcomisión de Derechos Humanos y prometieron intervenir para que los citados cuerpos tomen una postura en el caso de al-Kubaysi y adopten medidas a favor de los prisioneros por delitos de opinión en Iraq.
El Gobierno español, ante la vulneración de los derechos de expresión y opinión por parte del Gobierno de ocupación de Estados Unidos y aliados y del Gobierno iraquí nombrado por aquéllos ¿cómo piensa intervenir diplomáticamente? En el caso del dirigente de la Alianza Patriótica Iraquí, el Gobierno español ¿va a realizar alguna gestión de liberación? El Gobierno español ¿tiene alguna restricción de ayuda, condonación de deuda, crédito, etc., dirigido hacia el pueblo iraquí, pero administrado por el Ejército de ocupación o el Gobierno nombrado por aquél que pase por el respeto de los derechos humanos, entre ellos los de la libertad de opinión y expresión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de enero de 2004.-Ángel Pérez Martínez, Diputado.
184/017500
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas a declaraciones del Presidente de la SEPI sobre el sector naval y consecuencias para el futuro del Plan reestructurador.
En una entrevista aparecida el 29 de diciembre de 2004 en La Voz de Galicia, el Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales expresaba los siguientes análisis sobre el sector naval:
- Habrá más "reconversiones" en el sector naval, ya que hay competencia "en un mercado globalizado y agresivo".
- La Comisión Europea aprobará la reestructuración propuesta; sólo hay aspectos técnicos en vías de aclaración, como son las condiciones en que se incorporan Fene y San Fernando a la nueva compañía pública, y sobre la venta de los astilleros civiles.
- El astillero de Fene se integrará en el de Ferrol.
- Los poderes públicos aplicarán planes paliativos en zonas como Ferrol para generar actividad económica.
De esta forma, el Presidente de la SEPI dejaba claro que, una vez aplicada la operación reestructuradora, la Comisión no exige ya la devolución de ninguna ayuda declarada contraria a la competencia. Estamos ante la evidencia de que el único objetivo perseguido era reducir la capacidad productiva del sector público, forzar a privatizaciones y conseguir la eliminación de centros. Las normas de competencia de la UE están guiadas por la falta de coherencia y de ecuanimidad, lo que las hace totalmente sospechosas de favorecer un determinado tipo de modelo económico.
¿Cómo puede el máximo responsable de la SEPI afirmar, ya ahora, que habrá más reconversiones, si no es para justificar o bien la desaparición del sector naval en el Estado español, o bien para preparar su total privatización y transnacionalización, incluido el sector militar?
¿No da la impresión que la reestructuración aplicada estaba ya pactada de antemano con la Comisión Europea, sospecha que aumenta al observar la certeza del Presidente en que será aprobada?
¿Cuáles son las condiciones en que se integran San Fernando y Fene en la nueva Izar pública, militar-civil?
¿Se consolida la exclusión de Izar-Fene de la construcción civil y su práctica desaparición como astillero, con su integración en un centro exclusivamente de producción militar como Izar-Ferrol?
¿En qué se diferencia el Plan ahora pactado con los sindicatos estatales del Plan que tenía preparado el PP a finales de 2003, para aplicar después de las elecciones, por lo que estaban las gradas vacías de muchos astilleros públicos, para justificar la necesidad de "reestructuración"?
¿Cómo se pueden consolidar exclusiones y restricciones, a pesar de que la antigua Izar desaparece, y nada menos que en nombre de la libre competencia?
¿No estamos ante una nueva empresa con todas las consecuencias?
¿Dónde está a normativa europea que obligue a que la nueva Izar se limite, en el sector civil, a producir un 20 por 100 de su facturación total?
¿Está una imposición así dentro del espíritu de libre competencia?
¿Cómo se puede aplicar una restricción así, por año, respecto de una referencia máxima relativa al sector militar?
¿No estamos ante una propuesta burda que, de cumplirse, sólo vale para dificultar que una empresa actúe con libertad en el marcado de las contrataciones de buques y, por lo tanto, con más pegas para competir?
¿Qué se puede hacer en Izar-Fene con 290 trabajadores que quedarán después de las prejubilaciones en marcha?
¿Está dentro de la competitividad y la libre concurrencia mantener unas instalaciones de gran potencial constructivo, como Izar-Fene, prácticamente paralizadas y con sus pocos trabajadores desplazados a otro centro próximo, como Izar-Ferrol?
¿Cuánto tiempo se puede mantener una situación tan anormal, tan contraria a la productividad, la competencia y los principios económicos más básicos?
¿Cómo se puede hacer una reestructuración tan drástica en la ría de Ferrol que haga inviable la conformación de un complejo civil y militar de la construcción naval?
¿Con este Plan no queda patente que el único complejo militar-civil va a estar en la ría de Cádiz?
¿En qué van a consistir los planes paliativos para zonas como Ferrol?
¿Se van a volcar los poderes públicos en la zona para generar actividad económica paliativa?
¿Cómo y cuándo?¿En la forma fraudulenta en que lo hicieron en la década de los ochenta?
¿Con qué nuevos métodos y modelos?
¿Van a participar las Comunidades Autónomas afectadas, y en particular la Xunta de Galicia, en la elaboración, desarrollo y ejecución de estos planes paliativos?
¿En qué coincide el Plan del Gobierno con las propuestas aprobadas por mayoría en el Congreso y en el Senado? ¿No está en sus antípodas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de enero de 2005.-Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado.
184/017501
Don Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito, relativas al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT).
El Consejo de Ministros dio luz verde el día 23 de diciembre de 2004 al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT). En él prevé invertir un total de 241.392 millones de euros hasta 2020. Los ferrocarriles llevan la mitad de las inversiones, en una apuesta que debemos considerar en principio acertada, a la espera de su concreción territorial y la ejecución temporal de los distintos proyectos. Llama la atención que se pretenda que un 40 por 100 de la inversión total tenga participación privada, quedando el 60 por 100 para financiar con cargo a los presupuestos del Estado. La financiación privada aparece como determinante en aeropuertos y puertos.
El PEIT, tal y como se dio a conocer, resulta muy genérico y abstracto. No aparecen las inversiones territorializadas, ni de forma plurianual, tampoco cómo mejorarán los servicios y la intermodalidad, una vez se vaya aplicando progresivamente. No es difícil coincidir con criterios genéricos como el de tener en cuenta la situación periférica de algunas Comunidades Autónomas, el incremento de la seguridad, la corrección del predominio de carretera y transporte privado hacia el ferrocarril y el transporte público, el impulso del transporte marítimo-cabotaje y de la intermodalidad, así como la vertebración en malla y no exclusivamente radial.
El PEIT opta, como ya se hizo teóricamente en el Plan de Infraestructuras 2000-2007, ahora abandonado, por el ferrocarril como gran protagonista.
Se mantienen los anteriores denominados itinerarios de alta velocidad, si bien cambiando la denominación por red de altas prestaciones, optando por la compatibilidad viajeros-mercancías y por el ancho UIC como norma. La seguridad de toda la red se considera fundamental, con la dotación de bloqueo y la eliminación de pasos a nivel. El abandono de la generalización de la alta velocidad no tendría mayores problemas, ya que en el Plan anterior no todo lo que así se denominaba era tal cosa, por el famoso Decreto de Interoperabilidad, si se garantizase que la red resultante de altas prestaciones es competitiva en velocidades medias, en todos los territorios, con las autovías, esto es, que no bajasen de 150 km/h. De lo contrario, el PEIT podría conllevar discriminaciones difíciles de justificar, y lo que es peor que ni las infraestructuras ni los servicios estuviesen a la altura de las necesidades y de la competitividad para hacer viable el ferrocarril en el siglo xxi. Como tampoco sería asumible que hubiese que esperar en algunas Comunidades Autónomas como Galicia, con evidentes carencias acumuladas por abandono de muchos años en este terreno, al año 2020 para contar con una red modernizada de mínimos para vertebrar, en primer lugar, su territorio. El PEIT contiene el peligro de que la visión general impida observar con objetividad la problemática particular, las urgencias, las prioridades en atención al punto de partida y la situación de cada territorio. En este aspecto, está claro que todas las Comunidades Autónomas que cuentan con cercanías llevan una gran ventaja sobre las que no las tienen. Y aquí aparece, como un caso de discriminación objetiva e inexplicable, Galicia, sobre todo si se tiene en cuenta que, en aparente contradicción con algunos de los objetivos del PEIT, la política de liberalización ferroviaria no va a conducir precisamente a la prestación de servicios con un criterio que no sea el de la rentabilidad pura y dura, ni tampoco al equilibrio en el estado y características de las infraestructuras ni en la calidad de los servicios.
Falta en la información facilitada qué parte de la actual red convencional va a quedar en pie, al no ser sustituida por la denominada de altas prestaciones mixta, para viajeros y mercancías. Tampoco se explica cómo se justifica que algunos itinerarios de la red de altas prestaciones, aún no construidos, sean exclusivamente para viajeros (Medina, Zamora, Lubián, Ourense; Málaga-Algeciras; Madrid-Cuenca-Albacete-Valencia...).
Tampoco sabemos cuál será en 2020 el grado de interoperabilidad de toda la red, teniendo en cuenta el ancho de vía, su compatibilidad para viajeros y mercancías...
Esperemos que el debate necesario clarifique el diseño, sus compromisos territoriales, las características concretas de las altas prestaciones, la prioridad de los proyectos, su incidencia en la mejora progresiva pero comprobable de los servicios. En definitiva, que sea un debate realista, pero fructífero en la práctica para Galicia, que no consista en la enunciación de promesas propagandísticas por el Gobierno, mientras las obras de modernización caminan con lentitud exasperante o se sitúan en horizontes inasumibles. Creemos que la gran asignatura pendiente, en las infraestructuras de transporte en el caso de Galicia, es el ferrocarril, y con él la consecución de una provechosa intermodalidad, con la carretera, los puertos y los aeropuertos.
Comunicar bien, concretamente por ferrocarril, el país interiormente, y conexionarlo con Portugal, el resto del Estado y Europa, en condiciones aceptables, son los objetivos.
¿Piensa el Gobierno factible, con un sistema ferroviario liberalizado, corregir el predominio de la carretera y el transporte privado a favor del tren y el transporte público?
¿No hay una contradicción entre la concepción del servicio ferroviario como un servicio sometido a la libre competencia y su expansión, función social y mejora progresiva y equilibrada en todos los territorios?
¿Quién se va a encargar de mejorar infraestructuras y dotar de servicios adecuados a los territorios más periféricos, menos "competitivos", menos beneficiosos para las empresas, teniendo además en cuenta la actual situación de desequilibrio de los servicios y la calidad de las prestaciones?
¿Cómo van a mejorar sus prestaciones ferroviarias, a partir de ahora, zonas que no tienen cercanías, que apenas tienen servicios ferroviarios, con tiempos de viaje y condiciones de comodidad, nada atractivos para favorecer el uso del tren?
¿Qué significa actuar sobre 9.000 kilómetros ya existentes para adecuarlos a las altas prestaciones?
¿Cómo define el Gobierno lo que llama una red de altas prestaciones, apta para viajeros y mercancías, en cuanto a velocidades medias y otras características, electrificación, doble vía...?
¿Todo lo que se haga a partir de ahora en la red de altas prestaciones mixta será en UIC?
¿A qué se debe que tramos que aún no están en construcción se planifiquen como red de altas prestaciones sólo para viajeros?
¿Está estudiado que, al final del PEIT, la red resultante de altas prestaciones sea totalmente interoperable por tener el mismo ancho de vía?
¿Cuántos kilómetros de la red de altas prestaciones mixta serán adaptación de la actual red convencional y cuántos nuevos itinerarios?
¿En el caso de Galicia, será toda la red mixta, excepto Santiago-Ourense-Lubián?
¿Cómo se justifica esta diferencia?
¿Se construirá toda la red de altas prestaciones en Galicia en UIC?
¿Cuándo se adaptará a UIC el Eixo Atlántico que se está construyendo en ancho ibérico?
¿Con la actual línea convencional Vigo-Ourense por el Miño, que se hará teniendo en cuenta que se asume una variante de altas prestaciones Vigo-Ourense por Cerdedo, para tráfico mixto, que conecta con el itinerario Santiago-Ourense en O Carballiño?
¿Va el Gobierno a clarificar las prioridades del PEIT en cuanto a ejecución de las redes de altas prestaciones, en territorios como Galicia, donde las infraestructuras ferroviarias son tan deficientes, los tiempos de viaje excesivos y la carencia de servicios la norma, para hacer creíble que se está optando por el tren de verdad?
¿Va el Gobierno a concretar cuáles son los plazos para los distintos itinerarios de altas prestaciones en Galicia, cuáles las inversiones en este territorio de forma plurianual, cuáles en fin los objetivos especí­ficos, para poder juzgar si es un plan adecuado y defendible?
¿Se podrá iniciar un debate fructífero y práctico, que nos libre de la permanencia exclusiva en el terreno de las promesas y la propaganda a que nos tienen acostumbrados a los gallegos?
¿Qué cambios conlleva el PEIT para itinerarios de altas prestaciones como Ferrol-A Coruña, Vigo-Porto, Ourense-Lugo, Santiago-Ourense-Lubián, teniendo en cuenta como estaban contemplados en los Estu­dios Informativos, las DIA o incluso en los proyectos licitados?
¿Es consciente el Gobierno de que la credibilidad del PEIT, en materia ferroviaria, va a estar determinada en Galicia por los plazos de ejecución, las características de las altas prestaciones, así como por el avance y la eficacia de la intermodalidad y la mejora progresiva, pero clara, de los servicios?
¿Qué accesos ferroviarios urbanos están contemplados en el PEIT?
¿Cómo se piensan financiar?
¿Qué parte de la red convencional gallega actual quedará en pie, sin adaptar a las altas prestaciones de tipo mixto?
¿Teniendo en cuenta que el PEIT pretende favorecer el ferrocarril y optar por su modernización, sin que se haga confesionalidad con la alta velocidad, es posible
que, después de un debate clarificador al respecto, se asuman pequeñas variantes que mejoren sensiblemente la vertebración del territorio de Galicia, como será la conexión Ordes-Curtis, que favorecería notablemente la comunicación Lugo-Santiago-Pontevedra-Vigo esto es la Galicia interior y norte con la costera y sur?
¿Cuál va a ser la participación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo y ejecución del PEIT?

References: artículo 185
 artículo 185
 artículo 185
 Real Decreto 
 artículo 185
 artículo 190
 artículo 190
 artículo 185
 Resolución 
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 185
 artículo 185