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Timestamp: 2019-05-22 17:13:30+00:00

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﻿ SENTENCIA C-930 DE SEPTIEMBRE 6 DE 2005
SENTENCIA C-930 DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2005
CONTENIDO:REQUISITO CONSTITUCIONAL DEL ANUNCIO PARA LA VOTACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LEY. SE DECLARA INEXEQUIBLE LA LEY 943 DEL 8 DE FEBRERO DE 2005, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL "CONVENIO DE RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE TÍTULOS, DIPLOMAS Y CERTIFICADOS ACADÉMICOS DE ESTUDIOS PARCIALES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE LA PAZ A LOS VEINTE (20) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL UNO (2001), POR VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO DE SU FORMACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CERTIFICADO ACADÉMICO, CONVENIO INTERNACIONAL, TÍTULO PROFESIONAL, OTORGAMIENTO DE TÍTULO PROFESIONAL, CONVENIO DE INTERCAMBIO EDUCATIVO, VALIDEZ DEL TÍTULO PROFESIONAL
Sentencia C-930 de septiembre 6 de 2005
Sentencia C-930 de 2005
Ref.: expediente LAT-274
Bogotá, D.C., seis de septiembre de dos mil cinco.
EXTRACTOS: «2. Norma revisada
A continuación se transcribe el texto del instrumento internacional y de la Ley 943 de 2005, conforme aparece publicada en el Diario Oficial 45.816 del 8 de febrero de 2005:
Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia”, suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001).
“Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia
El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia, en adelante denominados las “partes”;
El día 25 del mes de marzo del año 2004, se radicó en este despacho el Proyecto de Ley 208, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales, por el Ministro (E.) de Relaciones Exteriores, Camilo Reyes.
5. Consideraciones de la Corte Constitucional.
5.1. Naturaleza del control constitucional de los tratados internacionales.
5.2. Análisis formal.
5.2.1. Negociación y celebración del tratado.
5.2.2. Trámite legislativo.
El proyecto de ley correspondiente fue presentado por las ministras de relaciones exteriores, Carolina Barco Isakson, y de Educación Nacional, María Cecilia Vélez White. Igualmente, su texto fue publicado en la Gaceta del Congreso 105 del 29 de marzo de 2004 (1) .
5.2.2.1. Trámite en la Comisión Segunda del Senado de la República.
La ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 206/04 Senado, 011/04 Cámara en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por el senador Francisco Murgueitio Restrepo el 10 de mayo de 2004 y publicada en la Gaceta del Congreso 188 del 11 de mayo del mismo año.
De conformidad con la certificación enviada a la Corte Constitucional por el secretario de la Comisión Segunda del Senado, el anuncio de la votación dispuesto en el inciso adicionado al artículo 160 de la Constitución Política por el Acto Legislativo 01 de 2003 fue realizado en las sesiones del 18 y el 25 de mayo de 2004. En efecto, en el Acta 26 del 18 de mayo de 2004 se observa lo siguiente:
“Antes de levantar la sesión, quiero hacer una mención de proyecto de ley (sic) que serán debatidos en la próxima semana. Se encuentran pendientes para su aprobación y listos para ser debatidos en la próxima sesión en el Senado de la República los siguientes proyectos de ley. || Proyecto de ley número 206 de 2004 Senado, por medio del cual se aprueba el convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia …” (2) .
Igualmente, al terminar la sesión, la presidente levantó la reunión y la convocó “para el próximo martes” es decir, el 25 de mayo de 2004. En esta sesión, contenida en el Acta 27 de la misma fecha, el proyecto fue incluido en el orden del día. Sin embargo, no fue sometido a debate y aprobación, por lo cual fue nuevamente anunciado para la sesión del 26 de mayo de 2004. Sobre el particular señala el acta citada:
— Proyectos de ley números (…) 206 de 2004.
El señor Presidente levanta la sesión y convoca para el día 26 de mayo de 2004” (3) .
El proyecto fue aprobado por unanimidad el 26 de mayo de 2004 (Acta 28/2004) (4) y contó con un quórum deliberatorio y decisorio de once (11) senadores de los trece (13) que conforman la comisión.
5.2.2.2. Trámite en la plenaria del Senado de la República.
La ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado de la República fue presentada el 8 de junio de 2004 por el senador Francisco Murgueitio Restrepo y publicada en la Gaceta del Congreso 267 del 11 de junio del mismo año (5) .
El secretario general del Senado de la República certificó a la Corte que el anuncio de la votación consagrado en el artículo 160 de la Constitución Política fue realizado en la sesión plenaria del 15 de junio de 2004. Acerca de esta etapa del procedimiento legislativo, el Acta 51 de la sesión mencionada señala lo siguiente:
Proyecto de Ley 206 de 2004 Senado, por medio del cual se aprueba el convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia …” (6) .
Al finalizar esa sesión, el presidente convocó la siguiente para el día miércoles 16 de junio 2004 (7) .
Aunque el proyecto de ley fue incluido en el orden del día del 16 de junio de 2004 (Acta 52 contenida en la Gaceta del Congreso 361 del 19 de julio de 2004), no fue debatido ni aprobado. Igualmente, tampoco fue anunciado para la sesión siguiente, como se puede inferir de la lectura del acta respectiva.
Sobre este último particular, la Sala advierte que en el transcurso de la sesión existieron dos momentos en los que se enumeraron los proyectos que iban a discutirse y aprobarse en la siguiente sesión, en ninguno de los cuales se hizo mención a la iniciativa que dio origen a la Ley 943 de 2005.
En el primero de estos momentos se citaron algunos proyectos y, luego, el senador Jimmy Chamorro Cruz interpeló con un punto de orden, para solicitarle a la presidencia que el Proyecto de Ley 206 de 2004 Senado fuera “conciliado” el día de mañana. Para ello indicó que era “un proyecto de convenio en donde yo fui ponente, pero obviamente que hoy no se va a poder discutir puesto que está en el último punto en el orden del día”. Con todo, verificado el listado de proyectos incluido en el punto cuarto del orden del día para esa sesión, se observa que el mencionado senador hacía referencia al Proyecto de Ley 203 de 2004 Senado, iniciativa de la cual sí era ponente y que es distinta a la analizada en esta sentencia.
Después de esta interpelación, la presidencia manifestó al senador Chamorro que no se preocupara, pues “los proyectos que no alcancen a evacuarse hoy, entran mañana por supuesto”. Acto seguido, se continuó con el anuncio de otros proyectos, entre los cuales no fue incluido el asunto bajo estudio.
No obstante lo anterior, el Proyecto de Ley 206 de 2004 fue incluido en el orden del día de la sesión plenaria del Senado del 17 de junio 2004 (Acta 53) (8) , sesión en el que fue aprobado por unanimidad, con un quórum deliberatorio y decisorio de noventa y cinco (95) senadores de los ciento dos (102) que conforman esa corporación.
5.2.2.3. Trámite en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue rendida por el representante Julio E. Gallardo Archbold el 17 de agosto de 2004 y publicada en la Gaceta del Congreso 480 del 31 de agosto del mismo año (9) .
De acuerdo con la certificación enviada a la Corte Constitucional por el secretario de la Comisión Segunda de la Cámara, el anuncio de la votación dispuesto en el artículo 160 de la Constitución Política fue realizado en la sesión del 8 de septiembre de 2004 (10) . El proyecto fue aprobado por unanimidad el 22 de septiembre de 2004 (Acta 11/2004) (11) y contó con un quórum deliberatorio y decisorio de dieciocho (18) representantes.
5.2.2.4. Trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes.
La ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes fue rendida el 8 de octubre de 2004 por el representante Julio E. Gallardo Archbold y publicada en la Gaceta del Congreso 614 del 14 de octubre del mismo año (12) .
El secretario general de la Cámara de Representantes certificó a la Corte que el anuncio de la votación previsto en el artículo 160 de la Constitución Política fue realizado en la sesión plenaria del 13 de diciembre de 2004 (13) . El proyecto de ley fue aprobado en segundo debate por la mayoría de los presentes en la sesión del 14 de diciembre de 2004 (Acta 53) (14) y contó con un quórum deliberatorio y decisorio de ciento sesenta y cinco (165) representantes.
5.2.2.5. Sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional.
La Ley 943, aprobatoria del instrumento internacional, fue sancionada por el Presidente de la República el 8 de febrero de 2005 y publicada en el Diario Oficial 45.816 del mismo día. Igualmente, dicha norma fue remitida a la Corte Constitucional para los efectos del artículo 241-10 de la Constitución Política el 11 de febrero del mismo año, a través de oficio suscrito por el secretario jurídico de la presidencia.
El requisito constitucional del anuncio para votación de los proyectos de ley.
Como lo ha señalado la jurisprudencia de esta corporación sobre la materia (15) , el anuncio de la votación pretende hacer eficaces valores y principios constitucionales primordiales para la actividad legislativa. En efecto, el anuncio permite que los congresistas conozcan con la debida antelación qué proyectos de ley van a ser sometidos a votación, requisito indispensable para la concreción del principio de publicidad propio de la actividad congresional y, por ende, para la adecuada formación de la voluntad democrática al interior de las cámaras. Además, el cumplimiento del requisito mencionado facilita la actuación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en el trámite de aprobación de los proyectos de ley, lo cual materializa la democracia participativa y el ejercicio de los derechos políticos previstos en el artículo 40 de la Constitución Política.
En el mismo sentido, la Corte ha estimado que el incumplimiento del requisito mencionado es un vicio de naturaleza insubsanable, que acarrea la inexequibilidad de la disposición. Ello debido a que se trata de una instancia del procedimiento legislativo prevista de forma expresa por la Carta Política. Por ende, hace parte de las disposiciones que conforman el parámetro superior para la validez del procedimiento legislativo destinado a la creación de normas jurídicas, por lo cual debe ser aplicada de forma preferente en virtud del principio de supremacía constitucional (C.P., art. 4º).
Por último, la omisión del anuncio para la votación es un vicio de procedimiento que afecta el trámite subsiguiente puesto que, en atención del principio de consecutividad, la validez de cada una de las etapas del procedimiento para la formación de las leyes depende, a su vez, de la validez de las actuaciones antecedentes. En esa medida, no sería posible aplicar la facultad de subsanación prevista en el parágrafo del artículo 241 de la Constitución Política.
Para la solución de la controversia jurídica planteada en el presente estudio de constitucionalidad, es importante estudiar el tópico relativo al alcance del anuncio de votación en aquellos eventos en que, ante la imposibilidad de agotar el orden del día previsto para la sesión, no se somete a aprobación el proyecto de ley anunciado, por lo que el asunto debe postergarse. Ante esta hipótesis, la obligación prevista en el artículo 160 de la Constitución Política impone la necesidad de que el anuncio deba reiterarse en la sesión en que no pudo llevarse a cabo la votación, pues de otra manera la iniciativa se sometería a aprobación en una sesión distinta a la que previamente se haya anunciado.
Esta fue, precisamente, la conclusión adoptada por la Corte Constitucional en la reciente sentencia C-473 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esa oportunidad, el pleno de esta corporación estimó que si bien algunas de las votaciones de un proyecto de ley estatutaria se habían pospuesto, esta circunstancia no originaba el incumplimiento de lo consagrado en el artículo 160 de la Constitución Política, habida cuenta que no se había interrumpido “la secuencia de anuncios y citaciones cuando se postergó la consideración del proyecto. Siempre, al terminarse la sesión en la cual se ha debido discutir y votar el proyecto sin que se hubiere alcanzado a agotar el orden del día, el Presidente, directamente, o el secretario correspondiente, por autorización de este, (i) anunció que el proyecto de ley sería considerado en la próxima sesión, (ii) especificó el número y el nombre del proyecto de ley correspondiente al mecanismo de búsqueda urgente, y (iii) puntualizó que la consideración de dicho proyecto se haría en la próxima sesión, no en una fecha indeterminada o indeterminable”.
Por ende, la regla subyacente a las consideraciones de la Corte en la sentencia mencionada consiste en que el requisito del anuncio de la votación deja de cumplirse cuando se rompe la secuencia de citaciones y anuncios, evento en el cual la votación se lleva a cabo en una sesión distinta a la que fue anunciada, esto es, contrario a lo dispuesto en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política.
Visto lo anterior, la Corte observa que la mencionada interrupción existió en el trámite legislativo bajo estudio para el caso de la aprobación de la iniciativa en segundo debate en el Senado de la República. En efecto, en la plenaria del 15 de junio de 2004 fue anunciada la votación del proyecto para la sesión siguiente, esto es, el 16 de junio del mismo año. Así, la iniciativa fue incluida en el orden del día de esa sesión, más no fue discutida ni aprobada, por lo que, en atención al requisito fijado en el artículo 160 de la Constitución Política, debió continuarse con la secuencia de anuncios. Sin embargo, esta obligación fue pretermitida al aprobar el proyecto en la plenaria del 17 de junio de 2004, esto es, en una sesión distinta a aquella en la fue anunciada la votación. En consecuencia, se incurrió en un vicio en el procedimiento legislativo que, de acuerdo con los argumentos expuestos, acarrea la inexequibilidad de la ley aprobatoria.
La Corte, empero, no comparte esta argumentación pues, como se indicó en apartado anterior de esta sentencia, una de las condiciones para el cumplimiento del requisito contemplado en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política consiste en que el anuncio de la votación debe ser expreso e inequívoco, para lo cual la Presidencia debe manifestar a los integrantes de la cámara legislativa que en una sesión futura, determinada o determinable, se va a votar un proyecto de ley en específico. De esta manera, la simple expresión sobre la posibilidad de tratar los puntos restantes del orden del día en la sesión siguiente no puede equipararse al cumplimiento de los requisitos fácticos para el anuncio de la votación, ya que una manifestación en ese sentido no otorga claridad alguna en relación con la identificación del proyecto que se someterá a aprobación por parte de la célula legislativa correspondiente.
La Sala insiste en que el requisito para el procedimiento legislativo previsto en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política obliga a que al interior de las cámaras legislativas sean anunciados, de manera específica, cierta y expresa, cuáles son los proyectos de ley que serán sometidos a votación en la siguiente sesión y la fecha, determinada o determinable, en que se realizará esa reunión. Así, para el caso bajo estudio, la simple manifestación del presidente del Senado acerca de la posibilidad de continuar en la sesión siguiente con el debate y aprobación de los asuntos incluidos en el orden del día que no alcanzaren a evacuarse es una expresión inexacta, que impide la identificación suficiente del proyecto anunciado. En consecuencia, no puede ser equivalente al aviso para la votación previsto en la norma citada.
Igualmente, la aplicación del artículo 80 de la Ley 5ª de 1992 no es, en ningún caso, incompatible con la exigencia constitucional del anuncio previo a la votación en los términos expuestos, debido a que (i) como se anotó, el parámetro esencial y prevalente para la validez del trámite legislativo está constituido por las normas de procedimiento fijadas por la Carta Política, entre ellas la que consagra la obligación de efectuar el anuncio mencionado; (ii) de conformidad con el principio de supremacía constitucional (C.P., art. 4º), la aplicación de una norma reglamentaria del procedimiento legislativo carece de un alcance tal que prive de efectos a una disposición constitucional que impone requisitos a ese mismo procedimiento y (iii) en todo caso, la aplicación de la norma orgánica puede efectuarse en armonía con el precepto constitucional, pues el hecho que el Reglamento del Congreso prevea que el orden del día inconcluso deba continuarse en la sesión siguiente no excluye la necesidad que los asuntos que no hayan sido tratados deban anunciarse para dicha sesión futura.
En definitiva, para el presente caso se está ante un vicio de procedimiento, derivado del incumplimiento manifiesto del requisito previsto en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política. Esta infracción, habida cuenta de su relevancia constitucional, el momento del trámite legislativo en que ocurrió y las particulares condiciones del caso, constituye una irregularidad de carácter insubsanable que genera la inexequibilidad de la Ley 943 de 2005.
1. Declarar INEXEQUIBLE la Ley 943 del 8 de febrero de 2005, por medio de la cual se aprueba el “Convenio de reconocimiento y validez de títulos, diplomas y certificados académicos de estudios parciales de educación superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia, suscrito en la ciudad de La Paz a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001)”, por vicios en el procedimiento para su formación.
2. Comuníquese esta sentencia al Gobierno Nacional, por intermedio de la Secretaría General de la Presidencia de la República, y envíesele copia auténtica de la misma.
(1) Cfr. Folios 25 a 28 del cuaderno principal.
(2) Cfr. Gaceta del Congreso 843 del 22 de diciembre de 2004, página 24.
(3) Cfr. Gaceta del Congreso 249 del 13 de mayo de 2005. página 2.
(4) Cfr. Gaceta del Congreso 249 del 13 de mayo de 2005.
(5) Cfr. Folios 19 y 20 del cuaderno de pruebas 1.
(6) Cfr. Gaceta del Congreso 360 del 19 de julio de 2004.
(7) Ibídem. Página 52.
(8) Cfr. Gaceta del Congreso 362 del 19 de julio de 2004.
(9) Cfr. Folios 49 y 41 del cuaderno de pruebas 1.
(10) Cfr. Gaceta del Congreso 07 del 25 de enero de 2005 páginas 2-3. Al respecto se observa en el acta que el presidente de la comisión manifestó: “Anuncio de proyectos para discusión en la sesión del 22 de septiembre, esa sesión es la del miércoles 22 de septiembre, obviamente del año en curso. || Proyecto de Ley 011 de 2004 Cámara, 206 Senado,“por medio del cual se aprueba el “Convenio de Reconocimiento y Validez de Títulos, Diplomas y Certificado Académicos de Estudios parciales de Educación Superior entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia”.
(12) Cfr. Folios 19 y 20 del cuaderno de pruebas 1.
(13) Cfr. Gaceta del Congreso 49 del 14 de febrero de 2005. Páginas 51-52. Sobre el particular puede constatarse en el acta correspondiente: “Antes de la votación nominal, leamos los proyectos para el día de mañana. || La Secretaría General informa (doctor Angelino Lizcano Rivera): (…) Proyecto de Ley 011 de 2004 Cámara, 206 de 2004 Senado”. Igualmente, al finalizar la sesión, la Presidencia convocó una nueva para el día martes 14 de diciembre de 2004.
(14) Cfr. Gaceta del Congreso 18 del 2 de febrero de 2005.
(15) Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-533 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-333 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-400 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto y C-473 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

References: artículo 160
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 artículo 241
 artículo 40
 artículo 241
 artículo 160
 artículo 160
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 artículo 160
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 artículo 80
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