Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2009-15442.htm
Timestamp: 2017-09-24 01:29:13+00:00

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B.O.E. Nº 235 de 29/09/2009
Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, en relaciÃ³n con la prestaciÃ³n de incapacidad temporal.
La Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, ha establecido importantes modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relaciÃ³n con el rÃ©gimen jurÃ­dico de las prestaciones econÃ³micas y, bÃ¡sicamente, en el Ã¡mbito del subsidio por incapacidad temporal y de las pensiones de incapacidad permanente, jubilaciÃ³n, viudedad y orfandad. Las nuevas normas legales rigen desde el dÃ­a 1 de enero de 2008, sin que la falta de desarrollo reglamentario haya impedido en algunos casos su aplicaciÃ³n.
Sin embargo, el expreso mandato efectuado al Gobierno en orden al mencionado desarrollo y, de otra parte, la necesidad de acotar determinados aspectos de la regulaciÃ³n legal de la incapacidad temporal, han aconsejado elaborar el presente instrumento jurÃ­dico para incorporar en Ã©l aquellas precisiones reglamentarias cuya formulaciÃ³n se ha considerado mÃ¡s urgente, en el Ã¡nimo de propiciar la total aplicaciÃ³n de la Ley General de la Seguridad Social, en lo que se refiere a las innovaciones introducidas por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, en esta materia y para que ello se produzca con la mayor seguridad jurÃ­dica.
BÃ¡sicamente se regulan las comunicaciones informÃ¡ticas por parte de los servicios pÃºblicos de salud al cumplirse el duodÃ©cimo mes en los procesos de incapacidad temporal, asÃ­ como el desarrollo de las competencias de control otorgadas a las entidades gestoras por el artÃ­culo 128.1 de la Ley General de la Seguridad Social, una vez agotado el perÃ­odo de doce meses de duraciÃ³n de la situaciÃ³n de incapacidad temporal, ya que resulta mucho mÃ¡s operativo para las citadas entidades proceder, en su caso, al pago directo de la mencionada prestaciÃ³n, a fin de evitar duplicidades o falta de coordinaciÃ³n en el pago que, hasta ese momento, se efectÃºa por la empresa.
En el Ãºltimo pÃ¡rrafo del artÃ­culo 128.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacciÃ³n dada por el artÃ­culo 1 de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, se indica que, en el desarrollo reglamentario del citado artÃ­culo se regularÃ¡ la forma de efectuar las comunicaciones previstas en el mismo, asÃ­ como la obligaciÃ³n de poner en conocimiento de las empresas las decisiones que se adopten y que les afecten. A este propÃ³sito responde tambiÃ©n el real decreto, regulando las comunicaciones a los interesados que se encuentran en procesos de incapacidad temporal, asÃ­ como a las empresas en las que prestan servicios, para la aplicaciÃ³n de las modificaciones, incorporadas en el procedimiento de seguimiento y control de la mencionada situaciÃ³n, a travÃ©s de la citada Ley 40/2007, de 4 de diciembre.
TambiÃ©n la disposiciÃ³n adicional decimonovena de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, determina que reglamentariamente se regularÃ¡ el procedimiento administrativo de revisiÃ³n, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y a instancia del interesado, de las altas que expidan las entidades colaboradoras en los procesos de incapacidad temporal. A ello se une la denominada determinaciÃ³n de contingencia que, aunque ya se efectÃºa por las entidades gestoras, mediante un procedimiento interno, sin embargo, a efectos de aplicaciÃ³n de la ley, es necesario el dictado de una norma de rango suficiente. Por ello, se concreta el inicio del procedimiento por el interesado, las comunicaciones a la empresa, los efectos del alta emitida, las posibles actuaciones de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y la resoluciÃ³n del director provincial de la entidad gestora competente con las distintas variantes de pronunciamientos que pueden darse.
En cumplimiento de lo dispuesto en la disposiciÃ³n adicional sexta de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, y en la disposiciÃ³n adicional quinta de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2008, el real decreto se refiere a las reducciones en la cotizaciÃ³n a la Seguridad Social, correspondiente a los trabajadores afectados por enfermedades profesionales en un grado que no dÃ© origen a prestaciÃ³n econÃ³mica, que sean destinados en la misma empresa a puestos de trabajo alternativos y compatibles con su estado de salud, o desempeÃ±en en otra distinta un trabajo compatible con su estado, con objeto de interrumpir la desfavorable evoluciÃ³n de su enfermedad.
El establecimiento de tales reducciones precisa, para su aplicaciÃ³n, del dictado de las disposiciones reglamentarias oportunas. En tal sentido se efectÃºa esta normativa de desarrollo, que parece debe abordarse con rapidez.
En la tramitaciÃ³n de este real decreto se han recabado los informes oportunos a los interlocutores sociales y a los Ã³rganos afectados de la AdministraciÃ³n General del Estado.
Este real decreto se dicta de conformidad con la disposiciÃ³n final sÃ©ptima de la Ley General de la Seguridad Social y la disposiciÃ³n final segunda de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e InmigraciÃ³n, con la aprobaciÃ³n previa de la Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 11 de septiembre de 2009,
ArtÃ­culo 1. ComunicaciÃ³n informÃ¡tica por parte de los servicios pÃºblicos de salud del cumplimiento del duodÃ©cimo mes en los procesos de incapacidad temporal.
De conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 128.1.a), pÃ¡rrafo segundo, de la Ley General de la Seguridad Social, una vez agotado el plazo de duraciÃ³n de la incapacidad temporal de doce meses, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina serÃ¡n los Ãºnicos competentes, en sus respectivos Ã¡mbitos gestores, para reconocer la situaciÃ³n de prÃ³rroga expresa, determinar la iniciaciÃ³n de un expediente de incapacidad permanente o emitir el alta mÃ©dica.
A efectos de la adecuada coordinaciÃ³n, el servicio pÃºblico de salud, cuando expida el Ãºltimo parte mÃ©dico de confirmaciÃ³n antes de agotarse el referido plazo, comunicarÃ¡ al interesado en el acto del reconocimiento mÃ©dico que, a partir de dicho momento, corresponde a la entidad gestora competente, el control de su situaciÃ³n, circunstancia que pondrÃ¡ en conocimiento de la misma mediante procedimiento informÃ¡tico. En consecuencia, una vez cumplido el plazo indicado, el servicio pÃºblico de salud no emitirÃ¡ partes de confirmaciÃ³n de la baja mÃ©dica. La entidad gestora correspondiente en estos supuestos, efectuarÃ¡ las comunicaciones que procedan al interesado, a la empresa, al servicio pÃºblico de salud y, en su caso, a las entidades colaboradoras y al Servicio PÃºblico de Empleo Estatal.
ArtÃ­culo 2. Pago de la prestaciÃ³n econÃ³mica por incapacidad temporal.
1. La colaboraciÃ³n obligatoria de las empresas en el pago de la prestaciÃ³n econÃ³mica por incapacidad temporal cesarÃ¡ el Ãºltimo dÃ­a del mes en que la entidad gestora competente haya dictado la resoluciÃ³n en la que se declare expresamente la prÃ³rroga de dicha situaciÃ³n o la iniciaciÃ³n de un expediente de incapacidad permanente, de conformidad con lo previsto en el artÃ­culo 128.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, seguirÃ¡n abonando la mencionada prestaciÃ³n en los supuestos seÃ±alados en el mismo, bien hasta la extinciÃ³n de la situaciÃ³n de incapacidad temporal bien hasta la calificaciÃ³n de la incapacidad permanente, las empresas autorizadas para colaborar en la gestiÃ³n de aquÃ©lla y las corporaciones locales respecto del personal al que vinieran reconociendo y abonando la prestaciÃ³n por incapacidad temporal, de conformidad con la disposiciÃ³n transitoria quinta del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el RÃ©gimen General de la Seguridad Social el RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios de la AdministraciÃ³n Local.
3. Cuando se trate de trabajadores que vinieran percibiendo prestaciones contributivas por desempleo y hubieran pasado a la situaciÃ³n de incapacidad temporal, en los casos regulados en el artÃ­culo 222.3 de la Ley General de la Seguridad Social, el Servicio PÃºblico de Empleo Estatal Ãºnicamente seguirÃ¡ abonando la prestaciÃ³n econÃ³mica por incapacidad temporal cuando se declare por la entidad gestora la prÃ³rroga expresa de dicha situaciÃ³n, en virtud de las competencias establecidas en el artÃ­culo 128.1.a) de la misma ley, con el lÃ­mite mÃ¡ximo de la duraciÃ³n de la prestaciÃ³n por desempleo.
ArtÃ­culo 3. Procedimiento de disconformidad con el alta mÃ©dica emitida por las entidades gestoras.
El procedimiento de disconformidad con la resoluciÃ³n del Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, del Instituto Social de la Marina, que declare la extinciÃ³n de la incapacidad temporal por alta mÃ©dica del interesado, previsto en el artÃ­culo 128.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, se ajustarÃ¡ a las siguientes reglas:
Primera.â€El interesado podrÃ¡ manifestar su disconformidad en el plazo mÃ¡ximo de los cuatro dÃ­as naturales siguientes a la notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n.
Dicha disconformidad se cumplimentarÃ¡ en el modelo aprobado a tal efecto por la correspondiente entidad gestora, que estarÃ¡ a disposiciÃ³n de los interesados en las correspondientes pÃ¡ginas web de dichas entidades.
Segunda.â€La manifestaciÃ³n de disconformidad se presentarÃ¡ ante la inspecciÃ³n mÃ©dica del servicio pÃºblico de salud. Asimismo, podrÃ¡ presentarse ante alguno de los Ã³rganos seÃ±alados en el artÃ­culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
Tercera.â€El interesado que inicie el procedimiento de disconformidad, lo comunicarÃ¡ a la empresa en el mismo dÃ­a en que presente dicha disconformidad o en el siguiente dÃ­a hÃ¡bil.
Cuarta.â€El Instituto Nacional de la Seguridad Social o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, y los servicios pÃºblicos de salud deben comunicarse recÃ­procamente, a la mayor brevedad posible, el inicio del procedimiento de disconformidad asÃ­ como todas las decisiones que adopten en el desarrollo del procedimiento.
La entidad gestora competente, bien por sus propios medios o, en su caso, a travÃ©s del servicio comÃºn, comunicarÃ¡ a su vez a la empresa, a la mayor brevedad posible, todas las decisiones que puedan afectar a la duraciÃ³n de la situaciÃ³n de incapacidad temporal del interesado.
Quinta.â€Las comunicaciones entre las entidades gestoras, los servicios pÃºblicos de salud y las dirigidas a la empresa se realizarÃ¡n preferentemente por medios electrÃ³nicos, informÃ¡ticos o telemÃ¡ticos.
ArtÃ­culo 4. Procedimiento administrativo de revisiÃ³n de las altas mÃ©dicas expedidas en los procesos de incapacidad temporal.
1. Frente a las altas mÃ©dicas emitidas por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y por las empresas colaboradoras, en los procesos de incapacidad temporal derivados de contingencias profesionales con anterioridad al agotamiento del plazo de doce meses de duraciÃ³n de dicha situaciÃ³n, el interesado podrÃ¡ iniciar ante la entidad gestora competente, el procedimiento administrativo especial de revisiÃ³n de dicha alta, de acuerdo con lo previsto en los siguientes apartados.
La tramitaciÃ³n del procedimiento indicado debe considerarse preferente por la entidad gestora, con el fin de que se dicte la resoluciÃ³n correspondiente en el menor tiempo posible.
2. El interesado podrÃ¡ instar la revisiÃ³n del alta mÃ©dica emitida por la entidad colaboradora a la que se refiere el apartado anterior, en el plazo de los cuatro dÃ­as naturales siguientes al de su notificaciÃ³n, mediante solicitud presentada a tal efecto ante la entidad gestora competente, en la que manifestarÃ¡ los motivos de su disconformidad con dicha alta mÃ©dica. A la indicada solicitud, que estarÃ¡ disponible en la pÃ¡gina web de las correspondientes entidades gestoras, y con el fin de que la entidad gestora conozca los antecedentes mÃ©dico-clÃ­nicos existentes con anterioridad, se acompaÃ±arÃ¡ necesariamente el historial mÃ©dico previo relacionado con el proceso de incapacidad temporal de que se trate o, en su caso, copia de la solicitud de dicho historial a la entidad colaboradora.
El interesado que inicie el procedimiento de revisiÃ³n, lo comunicarÃ¡ a la empresa en el mismo dÃ­a en que presente su solicitud o en el siguiente dÃ­a hÃ¡bil.
3. La mera iniciaciÃ³n del procedimiento especial de revisiÃ³n suspenderÃ¡ los efectos del alta mÃ©dica emitida, debiendo entenderse prorrogada la situaciÃ³n de incapacidad temporal derivada de contingencia profesional durante la tramitaciÃ³n de dicho procedimiento, manteniÃ©ndose, en su caso, el abono de la prestaciÃ³n en la modalidad de pago delegado, sin perjuicio de que posteriormente puedan considerarse indebidamente percibidas las prestaciones econÃ³micas de la incapacidad temporal, en los tÃ©rminos previstos en el apartado 8 de este artÃ­culo.
4. El Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina, en su caso, comunicarÃ¡ a la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social competente el inicio del procedimiento especial de revisiÃ³n para que, en el plazo improrrogable de dos dÃ­as hÃ¡biles, aporte los antecedentes relacionados con el proceso de incapacidad temporal de que se trate e informe sobre las causas que motivaron la emisiÃ³n del alta mÃ©dica. En el caso de que no se presentara la citada documentaciÃ³n, se dictarÃ¡ la resoluciÃ³n que proceda, teniendo en cuenta la informaciÃ³n facilitada por el interesado.
La mutua correspondiente podrÃ¡ pronunciarse reconociendo la improcedencia del alta emitida, lo que motivarÃ¡, sin mÃ¡s trÃ¡mite, el archivo inmediato del procedimiento iniciado por el interesado ante la entidad gestora.
5. Asimismo, la entidad gestora competente comunicarÃ¡ a la empresa el inicio del procedimiento en el plazo de los dos dÃ­as hÃ¡biles siguientes a la presentaciÃ³n de la solicitud por parte del interesado. Cuando el interesado hubiera presentado a la empresa parte mÃ©dico de baja emitido por el servicio pÃºblico de salud, aquÃ©lla, con el fin de coordinar las actuaciones procedentes, deberÃ¡ informar de dicha circunstancia al Instituto Nacional de la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina, con carÃ¡cter inmediato.
A su vez, cuando el interesado solicite una baja mÃ©dica derivada de contingencia comÃºn y, del reconocimiento mÃ©dico, se desprendiera la existencia de un proceso previo de incapacidad temporal derivada de contingencia profesional en el que se hubiera emitido un alta mÃ©dica, el servicio pÃºblico de salud deberÃ¡ informar al interesado sobre la posibilidad de iniciar, en el plazo de los cuatro dÃ­as naturales siguientes al de notificaciÃ³n del alta mÃ©dica emitida por la entidad colaboradora, este procedimiento especial de revisiÃ³n y, ademÃ¡s, con carÃ¡cter inmediato comunicarÃ¡ a la entidad gestora competente la existencia de dos procesos distintos de incapacidad temporal que pudieran estar relacionados.
En estos casos, se iniciarÃ¡ el abono de la prestaciÃ³n de incapacidad temporal por contingencias comunes hasta la fecha de resoluciÃ³n del procedimiento, sin perjuicio de que cuando el alta expedida por la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social no produzca efecto alguno, Ã©sta deba reintegrar a la entidad gestora la prestaciÃ³n abonada al interesado y a Ã©ste la diferencia que resulte a su favor.
6. El director provincial competente de la entidad gestora correspondiente dictarÃ¡, en el plazo mÃ¡ximo de quince dÃ­as hÃ¡biles, a contar desde la aportaciÃ³n de la documentaciÃ³n por parte de la entidad colaboradora, la resoluciÃ³n que corresponda, previo informe preceptivo del equipo de valoraciÃ³n de incapacidades, que debe examinar y valorar el caso concreto.
7. La resoluciÃ³n que se dicte determinarÃ¡ la fecha y efectos del alta mÃ©dica o el mantenimiento de la baja mÃ©dica, fijando, en su caso, la contingencia de la que deriva el proceso de incapacidad temporal, asÃ­ como, en su caso, la improcedencia de otras bajas mÃ©dicas que pudieran haberse emitido durante la tramitaciÃ³n del procedimiento especial de revisiÃ³n por el servicio pÃºblico de salud. En consecuencia, el procedimiento terminarÃ¡ con alguno de los siguientes pronunciamientos:
a) ConfirmaciÃ³n del alta mÃ©dica emitida por la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y declaraciÃ³n de la extinciÃ³n del proceso de incapacidad temporal en la fecha de la mencionada alta.
b) Mantenimiento de la situaciÃ³n de incapacidad temporal derivada de contingencia profesional, por considerar que el interesado continÃºa con dolencias que le impiden trabajar. Por tanto, el alta mÃ©dica emitida por la entidad colaboradora no producirÃ¡ efecto alguno.
c) DeterminaciÃ³n de la contingencia, comÃºn o profesional, de la que derive la situaciÃ³n de incapacidad temporal, cuando coincidan procesos intercurrentes en el mismo periodo de tiempo, y, por tanto, existan distintas bajas mÃ©dicas. Asimismo, se fijarÃ¡n los efectos que correspondan, en el proceso de incapacidad temporal, como consecuencia de la determinaciÃ³n de la contingencia causante.
d) Cuando el interesado hubiera recuperado la capacidad laboral durante la tramitaciÃ³n del procedimiento, se podrÃ¡ declarar sin efectos el alta mÃ©dica emitida por la entidad colaboradora por considerarla prematura. En estos casos, la resoluciÃ³n determinarÃ¡ la nueva fecha de efectos del alta mÃ©dica y de extinciÃ³n del proceso de incapacidad temporal.
8. Cuando la entidad gestora competente confirme el alta mÃ©dica emitida por la entidad colaboradora o establezca una nueva fecha de extinciÃ³n de la situaciÃ³n de incapacidad temporal, se considerarÃ¡n indebidamente percibidas las prestaciones econÃ³micas de la incapacidad temporal, derivada de contingencias profesionales, que se hubieran abonado al interesado a partir de la fecha establecida en la resoluciÃ³n.
9. Las comunicaciones efectuadas entre las entidades gestoras, la entidad colaboradora, el servicio pÃºblico de salud y la empresa se realizarÃ¡n preferentemente por medios electrÃ³nicos, informÃ¡ticos o telemÃ¡ticos que permitan la mayor rapidez en la informaciÃ³n.
10. Si durante la tramitaciÃ³n de este procedimiento especial de revisiÃ³n se cumpliera el plazo de doce meses de duraciÃ³n de la situaciÃ³n de incapacidad temporal, la entidad gestora competente resolverÃ¡ de conformidad con lo previsto en el artÃ­culo 128.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social.
11. El abono de la prestaciÃ³n de incapacidad temporal durante la tramitaciÃ³n de este procedimiento especial serÃ¡ incompatible con las rentas derivadas del ejercicio de la actividad profesional.
12. Las resoluciones emitidas por la entidad gestora, en el ejercicio de las competencias establecidas en este artÃ­culo, podrÃ¡n considerarse dictadas con los efectos atribuidos a la resoluciÃ³n de una reclamaciÃ³n previa, de conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, lo que se harÃ¡ constar en la resoluciÃ³n que se dicte.
ArtÃ­culo 5. Reducciones de aportaciones empresariales a la Seguridad Social en caso de traslado de un trabajador con enfermedad profesional a un puesto compatible con su estado.
1. Cuando los trabajadores a los que se les haya diagnosticado una enfermedad profesional en un grado que no dÃ© origen a prestaciÃ³n econÃ³mica, sean trasladados a un puesto de trabajo alternativo y compatible con su estado de salud, con objeto de interrumpir la desfavorable evoluciÃ³n de su enfermedad, las aportaciones empresariales a la cotizaciÃ³n a la Seguridad Social por contingencias comunes serÃ¡n objeto de una reducciÃ³n del 50 por ciento.
En idÃ©nticas situaciones de diagnÃ³stico, la misma reducciÃ³n se aplicarÃ¡ en los casos en que los trabajadores con enfermedad profesional sean contratados por otra empresa, diferente de aquella en que prestaban servicios cuando se constatÃ³ la existencia de dicha enfermedad, para desempeÃ±ar un puesto de trabajo compatible con su estado de salud.
2. La existencia de la enfermedad profesional se acreditarÃ¡ mediante certificaciÃ³n del correspondiente equipo de valoraciÃ³n de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La constataciÃ³n de la compatibilidad del nuevo puesto de trabajo con el estado de salud del trabajador se efectuarÃ¡ por la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social.
DisposiciÃ³n adicional Ãºnica. Instituto Nacional de GestiÃ³n Sanitaria.
Las referencias a los servicios pÃºblicos de salud que se contienen en este real decreto han de entenderse realizadas al Instituto Nacional de GestiÃ³n Sanitaria en el Ã¡mbito de las ciudades de Ceuta y Melilla.
DisposiciÃ³n final primera. TÃ­tulo competencial habilitante.
Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artÃ­culo 149.1.17.Âª de la ConstituciÃ³n, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de rÃ©gimen econÃ³mico de la Seguridad Social.
DisposiciÃ³n final segunda. HabilitaciÃ³n para el desarrollo reglamentario.
Se faculta al Ministro de Trabajo e InmigraciÃ³n y al Ministro de Sanidad y PolÃ­tica Social para dictar cuantas disposiciones de carÃ¡cter general resulten necesarias para la aplicaciÃ³n y desarrollo de este real decreto.
El presente real decreto entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a primero del mes siguiente al de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».
El Ministro de Trabajo e InmigraciÃ³n,

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