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Timestamp: 2019-06-17 21:34:02+00:00

Document:
Legislación Estatal. Número 13
Creación de nuevas Notarías y Registros
Real Decreto 173/2007, de 9 de febrero, sobre demarcación Notarial. BOE 17-3-07. Ir a la Disposición.
Dice el preámbulo de la presente norma que el artículo 4 del Reglamento Notarial ordena que la Demarcación Notarial sea íntegramente revisada cada diez años. Dicho mandato se fundamenta en la obligación de acomodar la plantilla Notarial a las necesidades del servicio público Notarial. Por ello, la demarcación Notarial tiene como finalidad crear nuevas Notarías, reordenar territorialmente las existentes y, en su caso, suprimir las que sean innecesarias.
Por otro lado, la plantilla Notarial ha sufrido un profundo cambio como consecuencia de la integración de los Corredores de Comercio Colegiados. En efecto, tanto la efectividad de la integración, como el Real Decreto 1550/2000, de 8 de septiembre, supusieron una revisión total e íntegra de la demarcación Notarial, al convertirse «ex lege» todas esas plazas en plazas Notariales a partir del 1 de octubre de 2000. En todo caso, y a pesar de lo expuesto, es preciso cumplir el mandato previsto en el artículo 4 del Reglamento Notarial, debiendo realizarse dicha revisión íntegra de la demarcación Notarial.
En la ejecución de ese mandato, además de atender los criterios tradicionales de adecuada prestación del servicio público Notarial, se trata de perseguir como objetivo fundamental, corregir las disfunciones y carencias de la Demarcación actualmente existentes, derivadas de la urgencia con que se aprobó el Real Decreto 1550/2000. De esta forma, no sólo se prevé la creación de nuevas plazas, sino que en otros casos se trasladan algunas ya creadas a poblaciones cercanas o se ubican en barrios o distritos de la población para lograr una mayor cercanía del servicio público al ciudadano que lo demanda. Asimismo se cambian de clase o sección aquellas plazas que así lo requieran por modificación de la población censada en ese municipio desde la última Demarcación y, en algún caso, se amortizan aquellas Notarías cuya existencia no sea imprescindible para el buen servicio público.
Igualmente, dispone este real decreto, como novedad, el que determinadas Notarías tengan una doble denominación, que se integra por la de dos municipios cercanos.
Asimismo, se facilita la movilidad geográfica de aquellos Notarios en cuya localidad o distrito se crea una nueva Notaría, la de aquellos cuya competencia territorial se ve disminuida como consecuencia de la Demarcación y de los que resulten excedentes de Demarcación.
Por último, debe recordarse que al tiempo de la elaboración de esta disposición general se estaban tramitando diferentes reformas estatutarias que han incidido en la materia regulada. A tal fin debe recordarse que los poderes públicos no pueden dejar de ejercitar sus competencias ante la hipótesis de un cambio de titularidad, cesión o transferencia de las mismas, pues prevalece el interés público afectado "debida prestación de un servicio público" que puede exigir el adecuado y puntual ejercicio de los poderes y competencias constitucional y legalmente atribuidas. Asimismo, el ejercicio previo de esa competencia no inmoviliza, ni perjudica al titular de la nueva competencia, de haberse producido un traspaso íntegro de la misma, pues resulta obvio que el nuevo titular puede tan pronto se produzca la materialidad del traspaso, actuar la misma como tenga por oportuno. En todo caso, se reitera que en la medida en que está aún por precisar el marco formativo en que se desarrollarán las diferentes competencias autonómicas, con la incidencia y extensión prevista en cada Estatuto de Autonomía, resulta imprescindible abordar la presente revisión de la demarcación pues, en caso contrario, se perjudicaría a los usuarios del servicio público notarial.
En cuanto al articulado, el artículo 1 establece la revisión en su totalidad la Demarcación Notarial, quedando aprobadas la Demarcación y clasificación Notarial que en los términos fijados en el anexo del presente real decreto
El artículo 2 enumera las nuevas plazas de Notario que se crean, especificándose al lado de cada una de ellas la clase o sección a la que pertenecen
El artículo 3 se refiere a la instalación de Notarías creadas en núcleos de población, barrios o distritos.
El artículo 4 regula el traslado de Notarías existentes a nuevas poblaciones. Los traslados dispuestos en este artículo surtirán efecto cuando vaque la Notaría trasladada, entendiendo por tal, al ser una entre varias, la primera que quede vacante. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior el caso de que el titular de la Notaría trasladada anticipe voluntariamente el traslado, en cuyo caso lo comunicará inmediatamente a la DGRN. A estos efectos, la mayor antigüedad en la plaza determinará la preferencia para el traslado voluntario de la Notaría. El cómputo de antigüedad tendrá lugar, a estos efectos, desde la fecha de toma de posesión de la plaza respectiva, siendo preferente, en caso de igualdad entre ellos, el que tenga el número más bajo del escalafón.
En el artículo 5 se establece la instalación de Notarías ya existentes en barrios o distritos. Afecta a Madrid, Valladolid y Siero (Asturias). Así, cuatro de las Notarías actualmente demarcadas en Madrid, deberán instalarse en los barrios o distritos de Aravaca, Vicálvaro, Entrevías y Usera.
En el artículo 6 se modifica la clase o sección de varias Notarías.
En el artículo 7 se enumeran las Notarías que se amortizan, que quedarán suprimidas desde que queden vacantes.
Según el artículo 8, las Notarías creadas en este real decreto de Demarcación se turnarán para su provisión reglamentaria como vacantes producidas en la fecha de entrada en vigor del mismo, salvo aquellas cuya provisión resulte aplazada en virtud de lo dispuesto en el artículo siguiente. Se anunciarán, en cada caso, en el primer concurso posterior a la fecha en que se dispone su provisión. Por su parte, el artículo 9 señala las Notarías cuya provisión queda aplazada, expresándose también el periodo de tiempo de dicho aplazamiento (1, 2 ó 3 años), que empezará a contarse desde la entrada en vigor del presente real decreto
El artículo 10 recoge varias Notarías a las que se les da una nueva denominación.
Según el artículo 11, los notarios en cuya localidad o distrito se crea una nueva Notaría o cuya competencia territorial resulte disminuida, así como los excedentes de Demarcación por amortización de las Notarías de que eran titulares, podrán concursar sin someterse a la limitación que señala el artículo 95 del Reglamento Notarial. Y según el articulo 12, no será de aplicación lo dispuesto por el artículo 138 del Reglamento Notarial a los supuestos de incompatibilidad sobrevenida como consecuencia de la supresión o traslado de Notarías que tenga lugar en virtud del presente real decreto.
La Disposición adicional primera señala que, en la actualidad, quedan aún pendientes de amortización efectiva una de las plazas de las poblaciones de Chiclana de la Frontera y Santander, que quedaron suprimidas a la entrada en vigor del Real Decreto 1550/2000 de 8 de septiembre.
Según la Disposición adicional segunda, la demarcación aprobada en el presente real decreto se entenderá sin perjuicio de las competencias asumidas por las comunidades autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Por otra parte, se derogan el Real Decreto 2038/1994, de 14 de octubre, de demarcación Notarial, y el Real Decreto 1550/2000 de 8 de septiembre, sobre creación, supresión y modificación de plazas con sus correspondientes circunscripciones para el ejercicio de las funciones de Corredor de Comercio Colegiado
Además, se establece que en el plazo máximo de un año, contado desde la entrada en vigor del presente real decreto, la Dirección General de los Registros y del Notariado publicará una relación de todas las poblaciones en que exista demarcada alguna Notaría que ostente nombre oficialmente reconocido en alguna de las lenguas españolas que difiera del que figura en la presente Demarcación.
Por último, el presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.
Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. BOE 17-3-07. Ir a la Disposición.
Los artículos 275 de la Ley Hipotecaria, 482 y siguientes de su Reglamento, y 14.1 del Reglamento del Registro Mercantil, facultan al Gobierno para acordar el establecimiento de nuevos Registros de la Propiedad y Mercantiles, así como la modificación de los existentes. Según los preceptos indicados, dicha demarcación se podrá realizar en cualquier momento cuando así convenga al interés del servicio público registral, todo ello en aras de una adecuada y eficiente prestación del mismo. El criterio esencial, pues, que ha de presidir la modificación de la demarcación es la debida atención al usuario del servicio público registral, de ahí que el mismo artículo 275 de la Ley Hipotecaria especifique como criterio determinante el hecho de que se haya producido una modificación en el volumen y movimiento de titulación sobre bienes inmuebles y derechos reales. Obviamente, en el ámbito de los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles el criterio determinante será el incremento del tráfico mercantil.
Pues bien, examinada la estadística de cada uno de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, resulta patente la necesidad de elaborar una modificación de la demarcación registral, dado el notable incremento del tráfico civil y mercantil.
Al mismo tiempo, la modificación de la demarcación registral pretende hacer posible el más adecuado cumplimiento de las obligaciones de los registradores, en particular, las derivadas de la presentación telemática de títulos.
Por último, también se justifica la necesidad de la presente norma en relación a las diversas reformas estatutarias de la misma manera que en la demarcación notarial.
Aprobada la Ley de sociedades profesionales
Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales. BOE 16-3-07. Ir a la Disposición.
La Ley de Sociedades Profesionales que ahora se promulga tiene por objeto posibilitar la aparición de una nueva clase de profesional colegiado, que es la propia sociedad profesional. Por tanto, la nueva Ley consagra expresamente la posibilidad de constituir sociedades profesionales stricto sensu. Esto es, sociedades externas para el ejercicio de las actividades profesionales a las que se imputa tal ejercicio realizado por su cuenta y bajo su razón o denominación social. En definitiva, la sociedad profesional objeto de esta Ley es aquélla que se constituye en centro subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente o usuario, atribuyéndole los derechos y obligaciones que nacen del mismo, y, además, los actos propios de la actividad profesional de que se trate son ejecutados o desarrollados directamente bajo la razón o denominación social.
El régimen que se establece tiende a asegurar la flexibilidad organizativa: frente a la alternativa consistente en la creación de una nueva figura societaria, se opta por permitir que las sociedades profesionales se acojan a cualquiera de los tipos sociales existentes en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, ese principio de libertad organizativa se ve modulado por cuanto, en garantía de terceros, toda sociedad profesional se ve compelida a cumplir los requisitos establecidos en la nueva Ley; en caso contrario, no será posible su constitución y su incumplimiento sobrevenido supondrá causa de disolución. Entre dichos requisitos, se someten las sociedades profesionales a un régimen de inscripción constitutiva en el Registro Mercantil en todos los casos, incluso cuando se trate de sociedades civiles.
En este sentido, añade la Exposición de Motivos de la Ley que ciertamente, junto a los Notarios, los Registradores Mercantiles están llamados en estos casos a garantizar la operatividad del sistema asegurando el cumplimiento de las obligaciones legales mediante la calificación de los documentos que se presenten a inscripción, tanto en el inicial momento constitutivo de la sociedad profesional como, con posterioridad, a lo largo de su existencia.
Procedemos a continuación a hacer un amplio resumen del articulado de la Ley:
Las sociedades profesionales únicamente podrán tener por objeto el ejercicio en común de actividades profesionales, y podrán desarrollarlas bien directamente, bien a través de la participación en otras sociedades profesionales.
5. En la denominación social deberá figurar, junto a la indicación de la forma social de que se trate, la expresión profesional.
4. La sociedad se inscribirá igualmente en el Registro de Sociedades Profesionales del Colegio Profesional que corresponda a su domicilio.
6. En el supuesto regulado en el artículo 3, la sociedad profesional se inscribirá en los Registros de Sociedades Profesionales de los Colegios de cada una de las profesiones que constituyan su objeto.
1. Los socios profesionales podrán separarse de la sociedad constituida por tiempo indefinido en cualquier momento.
El contrato social podrá establecer que las controversias derivadas del mismo que surjan entre los socios, entre socios y administradores, y entre cualesquiera de éstos y la sociedad, sean sometidas a arbitraje, de acuerdo con las normas reguladoras de la institución.
Los preceptos de esta Ley serán de aplicación, en lo no previsto en su normativa especial, a quienes realicen la actividad de auditoría de cuentas de forma societaria.
Se modifica el artículo 16.1.séptimo del Código de Comercio, que quedará redactado con el siguiente tenor:
Séptimo. Las Sociedades Civiles Profesionales, constituidas con los requisitos establecidos en la legislación específica de Sociedades Profesionales....
Y se añade un apartado Octavo al artículo 16.1 del Código de Comercio, con la siguiente redacción:
Octavo. Los actos y contratos que establezca la Ley....
Régimen transitorio. Plazo de inscripción en el Registro Mercantil.
Régimen transitorio. Constitución de los Registros de Sociedades Profesionales y plazo de inscripción en los mismos.
Régimen transitorio. Exenciones fiscales y reducciones arancelarias.
Publicidad de los protocolos familiares
Real Decreto 171/2007, de 9 de febrero, por el que se regula la publicidad de los protocolos familiares. BOE 16-3-07. Ir a la Disposición.
El presente Real Decreto se dicta en desarrollo de la disposición final segunda, apartado 3 de la Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada nueva empresa, que dispone que «reglamentariamente se establecerán las condiciones, forma y requisitos para la publicidad de los protocolos familiares, así como, en su caso, el acceso al registro mercantil de las escrituras públicas que contengan cláusulas susceptibles de inscripción». Para el desarrollo de esta norma se ha considerado necesario articular una pluralidad de vías que permitan el acceso a la publicidad registral con diversa eficacia según la elegida y siempre de carácter voluntario para las sociedades.
A continuación, exponemos un resumen de su texto legal:
Se entiende por protocolo familiar aquel conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o con terceros con los que guardan vínculos familiares que afectan una sociedad no cotizada, en la que tengan un interés común en orden a lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma de decisiones para regular las relaciones entre familia, propiedad y empresa que afectan a la entidad.
La sociedad sólo podrá publicar un único protocolo, suscrito por sus socios, si bien el mismo puede ser objeto de diversas formas de publicidad.
La publicación del protocolo, en la web de la sociedad o en el Registro Mercantil, se ajustará en todo caso, a la normativa que sobre protección de datos personales establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y legislación complementaria. A tal efecto, el órgano de administración deberá contar con el consentimiento expreso de los afectados cuyos datos sean incluidos en el protocolo.
Si el protocolo familiar se hubiere formalizado en documento público notarial se indicará en la inscripción el Notario autorizante, lugar, fecha y número del protocolo notarial del mismo. En ningún caso podrá ser exigida por el Registrador la presentación del mismo ni será objeto de calificación su contenido, sin perjuicio de que el Registrador deberá comprobar que es accesible en el sitio a que se refiere el apartado anterior y que no existe otro protocolo anterior, salvo que sea modificación o sustitución de éste y así lo haga constar el órgano de administración.
Por otra parte, se efectúan las siguientes modificaciones en el Reglamento del Registro Mercantil, con el mismo objetivo de dar cauce a la publicidad de los protocolos familiares.
El apartado 2 del artículo 114 queda redactado del siguiente modo:
El párrafo d del artículo 124.2 queda redactado del siguiente modo:
En el caso de consejo de administración, el poder de representación corresponde al propio consejo, que actuará colegiadamente. No obstante los estatutos podrán atribuir, además, el poder de representación a uno o varios miembros del consejo a título individual o conjunto.
Deberá determinarse en los estatutos sociales si la competencia para el nombramiento y revocación del comité consultivo es del consejo de administración o de la junta general; su composición y requisitos para ser titular; su funcionamiento, retribución y número de miembros; la forma de adoptar acuerdos; las concretas competencias consultivas o informativas del mismo así como su específica denominación en la que se podrá añadir, entre otros adjetivos, el término "familiar".
El apartado 2 del artículo 175 queda redactado como sigue:
El párrafo d del artículo 185.3 queda redactado del siguiente modo:
Deberá determinarse en los estatutos sociales si la competencia para el nombramiento y revocación del comité consultivo es del consejo de administración o de la junta general; su composición y requisitos para ser titular; su funcionamiento, retribución y número de miembros; la forma de adoptar acuerdos; las concretas competencias consultivas o informativas del mismo, así como su específica denominación en la que se podrá añadir, entre otros adjetivos, el término "familiar".
El apartado 5 del artículo 186 queda redactado como sigue:
El apartado 1 del artículo 187 queda redactado como sigue:
Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 188, con la siguiente redacción:
Aprobado el nuevo Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. BOE 31-3-07. Ir a la Disposición.
El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se aprueba en el presente Real Decreto se ajusta, en su estructura, a la sistemática de la vigente Ley 35/2006, de 28 de noviembre, intentando respetar, al igual que esta última, la estructura del texto normativo hasta ahora vigente, señalándose a continuación los principales cambios efectuados.
En lo relativo a rentas exentas, se ha modificado, en la exención por despido o cese del trabajador, la presunción existente en la actualidad para los casos de nueva contratación del trabajador en la misma empresa u otra vinculada. Por otra parte, se ha incorporado un nuevo artículo para desarrollar la exención de becas de estudio y de formación de investigadores. En relación con la exención de determinados premios literarios, artísticos y científicos, se mantiene la misma regulación, si bien se prevé la posibilidad de declarar por parte de la Administración tributaria la pérdida del derecho a la aplicación de la exención inicialmente concedida. En cuanto a la exención a las ayudas a los deportistas de alto nivel se revisa el límite de la misma y, por último, en relación con la exención para los rendimientos percibidos por trabajos realizados en el extranjero, por una parte, se aclara en las operaciones entre entidades vinculadas cuándo se entiende que los trabajos se han realizado para la entidad no residente y se incorpora lo ya dispuesto en la Ley en relación con el cumplimiento del requisito de existencia de un impuesto naturaleza análoga o idéntica a este Impuesto, y, por otra parte, se establece una regla de cálculo del importe de la prestación exenta.
Por lo que respecta a las ganancias y pérdidas patrimoniales, para la aplicación de la exención por transmisión de la vivienda habitual por mayores de sesenta y cinco años o personas en situación de dependencia severa o gran dependencia, así como para la exención por reinversión en vivienda habitual, se permite considerar como vivienda habitual aquélla que reúna tal condición en el momento de la venta o hubiera tenido tal consideración hasta cualquier día de los dos años anteriores a la fecha de transmisión.
Por su parte, el capítulo dedicado a la base liquidable se adapta a los cambios operados en materia de previsión social, y se desarrolla la movilización de la provisión matemática de los planes de previsión asegurados.
En la disposición derogatoria se deroga el anterior Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y determinados preceptos cuya regulación ha sido incorporada al Reglamento que se aprueba.
Finalmente, en la disposición final primera del Real Decreto se efectúan las modificaciones pertinentes en el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para adaptarlo a las modificaciones que ha introducido la disposición final quinta de la citada Ley 35/2006 en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
REGISTRO DE SEGUROS DE FALLECIMIENTO
Obligación impuesta a Notarios de incorporar certificado del Registro de Seguros a las herencias
Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento. BOE 19-4-07. Ir a la Disposición.
Como ya se informó en el correspondiente número de la revista, la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, crea el citado registro de naturaleza pública, dependiente del Ministerio de Justicia, y cuya gestión centralizada se llevará en el Registro General de Actos de Última Voluntad de la Dirección General de los Registros y del Notariado. La finalidad de este Registro es dar a conocer si una persona fallecida estaba asegurada con un seguro de cobertura de fallecimiento, ya que en muchas ocasiones por desconocimiento de los beneficiarios de estos seguros, se dejaban de percibir las cantidades correspondientes, y por lo tanto se veía frustrado el cobro de cantidades que legítimamente correspondían a determinadas personas.
Asimismo, se consideró que el citado Registro debería estar incardinado en el Registro de Actos de Última Voluntad, que es un Registro único para todo el territorio nacional. La incardinación de este Registro en el de Últimas Voluntades ha sido contemplada en la ley que lo crea. El fallecimiento de una persona, será el punto inicial para poder realizar la consulta al Registro, a los efectos de saber si esa persona tenía contratado un determinado seguro de esas características. En este sentido, quien realiza la consulta deberá presentar el certificado de defunción de la persona respecto de la que se quiere conocer la información, y el Registro emitirá una certificación donde consten, en su caso, los seguros que correspondan. De esta manera, el interesado podrá acudir a las compañías aseguradoras correspondientes para conocer si es beneficiario o no del seguro. A tal fin, las entidades aseguradoras, estarán obligadas a comunicar los datos correspondientes a este Registro, para su constancia en el mismo.
En este real decreto se regulan diversos aspectos que permiten la efectiva puesta en marcha del Registro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento. En concreto, desarrolla de forma detallada los aspectos técnicos, procedimentales y jurídicos necesarios para el funcionamiento del Registro. Resumiendo:
Asimismo se establecen los mecanismos para la remisión de la información por parte del Registro a la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, así como el tratamiento de las incidencias significativas de errores y deficiencias.
También se regula y desarrolla el mandato de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, que obliga a los notarios que vayan autorizar una escritura de adjudicación o partición de herencia, a que incorporen en la misma el certificado del Registro de Seguros del causante fallecido, para así favorecer ese conocimiento que pretende la ley de los seguros existentes. Si existe algún seguro con cobertura de fallecimiento, los notarios deberán advertir a los interesados de la trascendencia jurídica de ello. Se establece para ello un procedimiento de solicitud telemática por parte del notario al Registro, especificándose en los anexos del real decreto los pasos a seguir.
Por último, el real decreto incorpora una serie de Anexos que hacen posible el funcionamiento del registro, fundamentalmente desde el punto de vista de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Por su importancia, transcribimos a continuación el artículo 4 del Real Decreto, que se ocupa de desarrollar la referida obligación impuesta a los Notarios en Ley 20/2005, de 14 de noviembre:
1. De conformidad con la disposición adicional quinta de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, los notarios que sean requeridos para autorizar actos de adjudicación o partición de bienes adquiridos por herencia, salvo que los interesados aporten el certificado correspondiente del registro objeto de esta norma, deberán solicitarlo telepáticamente conforme al siguiente procedimiento:
a) El notario realizará la solicitud a través del Sistema de Información Corporativo del Consejo General del Notariado, el cual estará debidamente conectado telepáticamente con el Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento, mediante procedimientos seguros y exclusivos. El notario exigirá a los interesados la presentación del preceptivo certificado de defunción antes de realizar la solicitud y, a los efectos, del Registro, una vez realizada esta, se entenderá ya cumplido dicho requisito.
e) Producido el devengo de la tasa por la solicitud del certificado del Registro prevista en la disposición adicional séptima de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, el notario procederá a efectuar el cargo correspondiente en la cuenta identificada por el solicitante y el correlativo abono para la Administración, generando el justificante acreditativo de su pago, todo lo cual podrá realizarse por los procedimientos telemáticos establecidos en el apartado a), sin perjuicio de su pago anticipado a través de la institución notarial correspondiente. El notario incorporará a la escritura el traslado a soporte papel del certificado electrónico de pago, en caso de haber sido emitido, que tendrá efectos de carta de pago. Cuando por motivos técnicos el pago sólo pudiera realizarse de forma presencial, el notario incorporará en la escritura la correspondiente carta de pago.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. BOE 23-3-07. Ir a la Disposición.
Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo.
En cuanto a su ámbito de aplicación, todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.
Como normas más relevantes, podemos destacar las siguientes:
Artículo 4. Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de trabajo. El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas.
Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad. Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al
perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas discriminatorias.
Artículo 13. Prueba. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.
Artículo 44. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social.
Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.
Artículo 71. Factores actuariales. Se prohíbe la celebración de contratos de seguros o de servicios financieros afines en los que, al considerar el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones, se generen diferencias en las primas y prestaciones de las personas aseguradas. No obstante, reglamentariamente, se podrán fijar los supuestos en los que sea admisible determinar diferencias proporcionadas de las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, cuando el sexo constituya un factor determinante de la evaluación del riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos pertinentes y fiables. Los costes relacionados con el embarazo y el parto no justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, sin que puedan autorizarse diferencias al respecto.
Por otro lado, se modifican numerosas leyes, entre ellas, la Ley de Enjuiciamiento Civil (se introduce un nuevo artículo 11 bis sobre legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres) y la Ley de Sociedades Anónimas (se modifica la indicación novena del artículo 200, sobre Cuentas anuales-Memoria, que queda redactada en los siguientes términos: «El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías, así como los gastos de personal que se refieran al ejercicio, distribuidos como prevé el artículo 189, apartado A.3, cuando no estén así consignados en la cuenta de pérdidas y ganancias. La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la sociedad, desglosado en un número suficiente de categorías y niveles, entre los que figurarán el de altos directivos y el de consejeros»).
EMPLEADO PÚBLICO: ESTATUTO BÁSICO.
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. BOE 13-4-07. Ir a la Disposición.
El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación y determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.
Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:
Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.
Se regulan los derechos y deberes, así como el código de conducta de los empleados públicos.
En cuanto a los derechos, se distinguen los de carácter individual y los derechos colectivos.
Respecto a los deberes, los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en la propia Ley.
a) Tener la nacionalidad española. No obstante, los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas.
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad. No obstante, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad.
El presente Estatuto entrará en vigor en el plazo de un mes a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN.
Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. BOE 24-3-07. Ir a la Disposición.
Los restantes medios de la Administración General del Estado deberán cumplir las condiciones de accesibilidad contempladas en la normativa general que en cada caso resulte de aplicación, respetando en todo caso los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad.
En los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, las regulaciones contenidas en este real decreto son de aplicación a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos vinculados o dependientes.
REGISTROS DE LA PROPIEDAD: TITULOS INSCRITOS FUERA DE PLAZO.
Instrucción de 14 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre remisión por los Registradores de determinada información relativa a los títulos inscritos fuera del plazo legalmente previsto. BOE 21-3-07. Ir a la Disposición.
Como sabemos, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, como medio de agilización de la inscripción de los títulos, estableció una reducción de aranceles de un treinta por ciento, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador correspondiente, cuando la inscripción se efectuara fuera de los plazos legalmente previstos. Por su parte, la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad, ha dado nueva redacción a los artículos 18, párrafo cuarto, de la Ley Hipotecaria, y al artículo 18, apartado sexto, del Código de Comercio, para permitir que la Dirección General de los Registros y del Notariado controle adecuadamente el cumplimiento de los plazos de inscripción. A tal fin, los citados preceptos exigen que los Registradores remitan a la Dirección General, en los primeros veinte días de los meses de abril, julio, octubre y enero, una estadística en formato electrónico que contenga el número de títulos presentados y fecha de inscripción de los mismos, así como el porcentaje de títulos inscritos fuera del plazo legalmente previsto. Por último, se ordena a la Dirección General que concrete, mediante Instrucción, el formato electrónico y datos que deban remitir los Registradores.
Procede, por tanto, mediante la presente Instrucción, concretar el formato electrónico y los datos que los Registradores deberán remitir al Centro Directivo con el fin de posibilitar el cumplimiento de los citados preceptos legales. No obstante, y dado que la firma electrónica reconocida proporcionada por el Colegio a los Registradores no está homologada, resulta imposible para el Ministerio de Justicia recibir archivos, sea cual sea su formato, con dicha firma. Por ello, y hasta que no se homologue el mencionado certificado de firma electrónica reconocida empleado por los Registradores, y con el objeto de no demorar el cumplimiento de la citada previsión legal, deberá remitirse por los citados funcionarios la información estadística prevista en esta Instrucción en soporte papel.
Instrucción de 28 de marzo de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre competencia de los Registros Civiles municipales y demás reglas relativas a los expedientes de declaración de nacionalidad española con valor de simple presunción. BOE 10-4-07. Ir a la Disposición.
Según señala el preámbulo de la presente Instrucción, la Dirección General ha tenido conocimiento de la existencia de la aprobación irregular o indebida por parte de los Encargados de algunos Registros Civiles de expedientes registrales tramitados con objeto de obtener declaraciones de nacionalidad española con valor de simple presunción. Dichas irregularidades se refieren tanto a la apreciación indebida de la propia competencia para la tramitación del expediente, como a la falta de aplicación en los mismos de los criterios y doctrina contenida en las Resoluciones de esta Dirección General en cuanto a los supuestos en los que procede o no la declaración de la nacionalidad española, en particular, en los supuestos previstos en el artículo 17, n.º 1, c), del Código civil, conforme al cual son españoles de origen «Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad».
El objeto de la presente Instrucción es el de clarificar los efectos derivados de tales situaciones, indicar el camino procedimental adecuado para su subsanación y, al propio tiempo, contribuir a aumentar la difusión de los criterios de este Centro Directivo, agrupando la información que sobre los mismos se encuentra en la actualidad dispersa en numerosas resoluciones de muy distintas fechas.
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. BOE 20-3-07. Ir a la Disposición.
El artículo 77, sobre "Notariado y registros públicos" dice:
Por su parte, el artículo 181.2 establece: "Con la finalidad indicada en el apartado anterior, por ley se creará una Agencia Tributaria a la que se encomendará la gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los tributos propios, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales totalmente cedidos a la Junta de Andalucía. En relación con los demás impuestos cedidos gestionados por la Administración Tributaria del Estado en Andalucía, podrá establecerse un régimen de colaboración para su gestión compartida cuando así lo exija la naturaleza del tributo."
ESTATUTO DE ARAGÓN.
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. BOE 23-4-07. Ir a la Disposición.
3. Corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad Autónoma el conocimiento de los recursos contra la calificación de documentos o cláusulas concretas de los mismos, que deban tener acceso a un Registro público de Aragón y estén fundados en el Derecho foral aragonés...
Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. BOE 16-3-07. Ir a la Disposición.
Resumimos a continuación los aspectos más importantes de la rectificación de la mención registral del sexo:
Legitimación. Toda persona de nacionalidad española, mayor de edad y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo. La rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la persona, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral.
Procedimiento. Se tramitará y acordará con sujeción a las disposiciones de esta Ley, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley del Registro Civil para los expedientes gubernativos. En la solicitud se deberá incluir la elección de un nuevo nombre propio, salvo cuando la persona quiera conservar el que ostente y éste no sea contrario a los requisitos establecidos en la Ley del Registro Civil.
Autoridad competente. La competencia para conocer las solicitudes de rectificación corresponderá al Encargado del Registro Civil del domicilio del solicitante.
Requisitos para acordar la rectificación. La rectificación se acordará una vez que la persona solicitante acredite:
b) Que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado.
No será necesario para la concesión de la rectificación registral de la mención del sexo de una persona que el tratamiento médico haya incluido cirugía de reasignación sexual.
Notificación del cambio registral de sexo. El Encargado del Registro Civil notificará de oficio el cambio de sexo y de nombre producido a las autoridades y organismos que reglamentariamente se determine. El cambio de sexo y nombre obligará a quien lo hubiere obtenido a solicitar la emisión de un nuevo documento nacional de identidad ajustado a la inscripción registral rectificada, conservándose el mismo número.
Publicidad. No se dará publicidad sin autorización especial de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de la persona.
Por último, se reforma mediante esta Ley el artículo 54 de la Ley del Registro Civil, pues para garantizar el derecho de las personas a la libre elección del nombre propio, se deroga la prohibición de inscribir como nombre propio los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que no hayan alcanzado sustantividad.
Real Decreto 364/2007, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario, el Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, de desarrollo de la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras, el Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, y el Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de abuso de mercado. BOE 17-3-07. Ir a la Disposición.
El presente real decreto está integrado por modificaciones puntuales de cuatro reales decretos del ámbito financiero. La finalidad de estas modificaciones es diversa.
Así, por un lado, respecto a las cédulas de interés variable, se suprime el límite superior a la variación del tipo de interés que tienen establecido. Esta limitación ha perdido sentido ya que los créditos que forman la cobertura de este tipo de cédulas han pasado de ser de interés fijo a serlo de interés variable.
Por otro lado, se aclara el alcance de una reciente modificación de la lista de los activos en los que se materializan los recursos propios de las entidades de crédito y de sus grupos consolidables.
Asimismo, se modifica el régimen de solvencia de las sociedades gestoras de cartera, con objeto de equiparar el régimen de solvencia de estas sociedades al resto de empresas de servicios de inversión (sociedades y agencias de valores). A fin de que las sociedades gestoras de carteras puedan adaptarse a estas nuevas exigencias, la entrada en vigor de estas modificaciones se difiere dos meses respecto al resto del real decreto.
Por último, se amplía el ámbito de las personas vinculadas a los administradores y directivos de un emisor que están obligadas a comunicar las transacciones que realicen con valores de dicho emisor. Con ello se persigue una incorporación más fiel del régimen comunitario de abuso de mercado al Derecho español.
Real Decreto 361/2007, de 16 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de la participación en el capital de las sociedades que gestionan mercados secundarios de valores y sociedades que administren sistemas de registro, compensación y liquidación de valores. BOE 17-3-07. Ir a la Disposición.
El presente real decreto desarrolla reglamentariamente la reciente modificación operada en la Ley del mercado de valores por la Ley 12/2006, que ha modificado diversos preceptos de aquélla, con el objeto de dotar de mayor flexibilidad y de aclarar el régimen de las entidades titulares del capital de las sociedades que gestionan mercados secundarios de valores y las que administren sistemas de registro, compensación y liquidación de valores. Este real decreto, por tanto, tiene por objeto concretar a nivel reglamentario las novedades introducidas en los artículos 31.6, 44 bis.3 y la disposición adicional decimoséptima de la Ley del Mercado de Valores, que queda justificado por la trascendencia del papel que desempeñan estas sociedades y por las singulares funciones que la normativa les asigna en los mercados de valores.
Real Decreto 363/2007, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, sobre Sociedades Rectoras y miembros de las Bolsas de Valores, Sociedad de Bolsas y Fianza Colectiva, el Real Decreto 1814/1991, de 20 de diciembre, por el que se regulan los mercados oficiales de futuros y opciones y el Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, sobre representación de valores por medio de anotaciones y compensación y liquidación de operaciones bursátiles. BOE 17-3-07. Ir a la Disposición.
El presente real decreto modifica los reales decretos que contienen el régimen jurídico de las Sociedades Rectoras de los mercados secundarios oficiales (Bolsas y mercados de futuros y opciones), de la Sociedad de Bolsas y de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).
Las modificaciones que se introducen tienen diversos objetivos.
En primer lugar, se eliminan de los textos las referencias obsoletas y se aclaran algunos aspectos de su contenido. De este modo se clarifica que las causas para oponerse al nombramiento de los miembros del consejo de administración de estas sociedades será la no concurrencia de los requisitos de honorabilidad profesional y de conocimientos y experiencia que se exigen a los miembros del consejo de administración de una empresa de servicios de inversión en la Ley del Mercado de Valores.
En segundo lugar, se flexibiliza el régimen económico de estas sociedades, puesto que no tendrán que someter su presupuesto anual a la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ni el organismo regulador podrá imponer modificaciones en el mismo. No obstante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores mantiene la potestad de aprobar las tarifas de estas entidades.
En tercer lugar, por último, se introducen modificaciones en el régimen de los préstamos vinculados de la Sociedad de Sistemas, para evitar el efecto de inflación transitoria de títulos que puede darse en ciertos supuestos de liquidación de operaciones de compraventa de valores.
Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores. BOE 13-4-07. Ir a la Disposición.
Esta Ley tiene por objeto modificar la Ley del Mercado de Valores, para incorporar parcialmente a nuestro ordenamiento dos Directivas comunitarias con la finalidad de impulsar la construcción de un mercado único financiero para la Unión Europea. Se trata de la Directiva 2004/25/CE de 21 de abril de 2004 relativa a las ofertas públicas de adquisición (Directiva de OPAS) y la Directiva 2004/109/CE de 15 de diciembre de 2004, sobre armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (Directiva de Transparencia).
INSTITUCIONES INVERSIÓN COLECTIVA.
Real Decreto 362/2007, de 16 de marzo, por el que se modifica el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre. BOE 17-3-07. Ir a la Disposición.
El presente real decreto modifica el Reglamento de la Ley 35/2003, de IIC, fundamentalmente en lo que afecta a las IIC de inversión libre y a las IIC de IIC de inversión libre (es decir, el régimen de los «hedge funds» y los fondos de «hedge funds»). El objetivo fundamental de esta reforma es flexibilizar el régimen de estas IIC, especialmente en lo referente al régimen de reembolsos, para permitir su pleno desarrollo en España.
Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. BOE 4-4-07. Ir a la Disposición.
La declaración de Parque Nacional, basada en la apreciación del interés general del Estado en su conservación y en su aportación a la Red, se hará por Ley de las Cortes Generales.
En cuanto a los efectos jurídicos de la declaración de Parque Nacional, el régimen jurídico de protección establecido en las leyes declarativas tendrá carácter prevalente frente a cualquier otra normativa sectorial. En particular, la declaración lleva aparejada:
a) La pesca deportiva y recreativa y la caza deportiva y comercial, así como la tala con fines comerciales.
b) Los aprovechamientos hidroeléctricos y mineros, vías de comunicación, redes energéticas y otras infraestructuras, salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas por razones de protección ambiental e interés social, y siempre que no exista otra solución satisfactoria.
c) Las explotaciones de recursos naturales o agrarios distintas de las indicadas en el apartado a) de este artículo, salvo aquéllas que son compatibles con el logro de los objetivos del Parque, se apoyan en derechos consolidados y constituyen una aportación reconocida de culturales o ecológicos que no alteren los procesos naturales.
6.Los Planes hidrológicos de demarcación y las Administraciones competentes en materia hidráulica asegurarán los recursos hídricos adecuados en cantidad y calidad para el mantenimiento de los valores y el logro de los objetivos de la Red de Parques Nacionales.
Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas. BOE 4-4-07. Ir a la Disposición.
Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. BOE 14-4-07. Ir a la Disposición.
Los artículos 17 y 18 del citado Reglamento regulan la forma de remisión de las facturas o documentos sustitutitos y, en particular, la remisión por medios electrónicos de dichos documentos, estableciendo los procedimientos mediante los que puede efectuarse dicha remisión que, en todo caso, deben garantizar la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. Por su parte, los artículos 19 y siguientes de dicha norma regulan la conservación de facturas o documentos sustitutivos y, especialmente, el artículo 21 regula la conservación de dichos documentos mediante medios electrónicos.
Aunque no los defina, cuando la norma menciona a las facturas o documentos sustitutivos, se refiere a aquellos documentos originales que contienen los datos establecidos en el propio Reglamento. Se trata, por tanto, de los documentos que han sido creados por quienes están obligados a su expedición, tanto en los supuestos en que la expedición haya sido efectuada por ellos mismos como cuando hayan sido expedidos por los destinatarios o por terceros actuando en nombre y por cuenta de los citados obligados a su expedición. Por tanto, sólo los originales de las facturas y documentos sustitutivos, así como las copias y duplicados de aquellos, tendrán el valor como justificantes que la formativa tributaria respectivamente les otorga, no teniendo dicha consideración los obtenidos por los destinatarios sin la intervención y aceptación del obligado a su expedición, con las excepciones contempladas en esta norma, por no quedar garantizada la autenticidad del origen y la integridad del contenido de los mismos.
Pues bien, por la presente Orden se desarrollan determinados aspectos relacionados con la remisión y conservación de facturas y documentos sustitutivos en el marco del citado Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre.
Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera. BOE 28-3-07. Ir a la Disposición.
Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 14-4-07. Ir a la Disposición.
En esta modificación de la Ley de Aguas, únicamente se introduce un nuevo apartado 2 en el artículo 101, sobre autorizaciones de vertidos.
IMPUESTOS: MODELOS.
Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a actividades económicas en estimación directa y a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo 310 de declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en materia de domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre. BOE 22-3-07. Ir a la Disposición.
Orden EHA/804/2007, de 30 de marzo, por la que se desarrollan para el año 2007, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. BOE 31-3-07. Ir a la Disposición.
IRPF Y PATRIMONIO: MODELOS EJERCICIO 2006.
Orden EHA/784/2007, de 26 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2006, se establecen el procedimiento de remisión del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y las condiciones para su confirmación o suscripción, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos o telefónicos. BOE 30-3-07. Ir a la Disposición.
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. BOE 13-4-07. Ir a la Disposición.
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. BOE 11-4-07. Ir a la Disposición.
Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. BOE 21-4-07. Ir a la Disposición.
Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). BOE 28-4-07. Ir a la Disposición.
Resolución de 28 de febrero de 2007, de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 16 de febrero de 2007, por el que se aprueban las Instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la entrada, residencia y trabajo en España, de extranjeros en cuya actividad profesional concurran razones de interés económico, social o laboral, o relativas a la realización de trabajos de investigación y desarrollo, o docentes, que requieran alta cualificación, o de actuaciones artísticas de especial interés cultural. BOE 16-3-07. Ir a la Disposición.
CONVENIO INTERNACIONAL: SUIZA.
Protocolo que modifica el Convenio de 26 de abril de 1966 entre España y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 29 de junio de 2006. BOE 27-3-07. Ir a la Disposición.
Comentario: Se garantiza la máxima información a los consumidores en la contratación de este tipo de bienes comúnmente denominados como "bienes tangibles". Se conceptúan como tales los sellos, obras de arte, antigüedades, árboles, bosques naturales, animales y aquellos otros bienes susceptibles de ser objeto de la actividad que la Ley define.
También la total transparencia de los agentes que participan en este sector. Lo que se busca es reforzar la protección de la parte más débil del contrato, el consumidor, mediante la regulación de un elenco de mecanismos de transparencia en la información y el establecimiento de garantías adicionales para la recuperación por el consumidor del precio o el importe de revalorización cuya restitución se le ha ofrecido.
Se clarifica el ámbito de aplicación de la norma al incluir todas las actividades que consisten en la comercialización, por empresarios o profesionales, de bienes con oferta de restitución posterior de todo o parte del precio pagado por el consumidor con o sin promesa de revalorización, independientemente de la forma jurídica que pueda revestir el contrato.
Se establecen garantías de información y se fija que las comunicaciones comerciales y la publicidad deberán hacer mención expresa de que los bienes no tienen garantizado ningún valor de mercado y si existe o no ofrecimiento de revalorización o garantía de restitución. Además, se amplía y completa la información precontractual que debe ofrecerse por escrito al consumidor y se declara el carácter vinculante de la oferta para la empresa o profesional durante, al menos, quince días, plazo en el que el consumidor podrá ejercer el desistimiento del contrato y durante el cual se prohíbe expresamente que el cliente realice anticipo de cantidad alguna.
Asimismo, deberá quedar claro que no se trata de una actividad de carácter financiero, pues no hay captación de fondos reembolsables del público en los términos de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, esto es, en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas, sino que hay única y exclusivamente una compra de bienes y no una entrega de fondos en forma de depósito o actividad análoga.
En relación con la forma y contenido de los contratos, se exige que todos se formalizarán en escritura pública. Se concibe así la intervención del notario como una garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos legales en la formalización de los contratos.
Se establece la obligación para las empresas comercializadoras de estos productos de suscribir un seguro de caución, aval bancario o cualquier otra garantía prestada por una entidad de crédito, que asegure al consumidor el importe garantizado o la revalorización ofrecida, cuando se trate de contratos que lleven aparejado ofrecimiento de revalorización o garantía de restitución del precio de adquisición o de cualquier otro importe.
La garantía que debe prestar la empresa debe cubrir la cuantía total del importe garantizado y deberá mantenerse durante toda la vigencia del contrato.
Se sanciona con la nulidad del contrato el incumplimiento de cualesquiera obligaciones impuestas por la Ley y recaerá la carga de la prueba de su cumplimiento sobre el empresario o profesional.
Finalmente, se contempla todo un conjunto de infracciones y sanciones para posibles casos de incumplimiento, y se faculta a las Comunidades Autónomas para aprobar las normas de desarrollo y ejecución de la Ley.
En consecuencia, la finalidad última de la norma es incrementar, desde la perspectiva de la protección al consumo, las garantías de quienes contratan con empresarios o profesionales que desarrollan esta actividad, dotando de mayor transparencia el funcionamiento del mercado, pero sin fijar controles administrativos previos que pudieran condicionar la libertad del sector o suponer trabas que pudieran afectar a la competencia.
Las medidas adoptadas hasta la fecha por el Gobierno han sido las siguientes:
De forma urgente y extraordinaria, se adoptó el Real Decreto de 19 de mayo de 2006, de concesión de subvenciones, por un importe de 2 millones de euros, a asociaciones de consumidores para el apoyo y asesoramiento de los afectados por la situación de las empresas AFINSA y FÓRUM FILATÉLICO, al objeto de prestar apoyo a dichas organizaciones para hacer frente a la que se presumía sería un incremento exponencial de su actividad ordinaria -como el tiempo ha demostrado que ha ocurrido- asegurando que pudieran prestar el necesario asesoramiento y la defensa de los afectados. Según la información disponible, a través de las organizaciones del Consejo se representa a más de 115.000 afectados en el procedimiento penal, aunque ha sido mucho mayor el número de afectados a los que han asesorado.
Se creó una ventanilla única en la Audiencia Nacional para que los afectados puedan agilizar sus denuncias.
Se han informado e impulsado las solicitudes del complemento a mínimos de aquellos pensionistas que, con pensiones inferiores a las mínimas establecidas, no hubieran podido solicitarlo con anterioridad por tener ingresos procedentes de AFINSA y FÓRUM FILATÉLICO, siempre que no tengan otras fuentes de ingresos de capital que lo hagan incompatible.
Se creó una Red rápida de información de carácter permanente integrada por miembros del Estado y de las Comunidades Autónomas, designados en el marco de la Conferencia Sectorial de Consumo, y por miembros del Consejo de Consumidores y Usuarios, a través de la cual se intercambiara la información disponible, al objeto de facilitar a los ciudadanos, en particular a los afectados, información homogénea.
En colaboración con las Asociaciones de Consumidores, las Comunidades Autónomas y las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, se les ha mantenido puntualmente informados sobre la situación de los procedimientos judiciales en curso, en los que se depurarán las responsabilidades penales y civiles de los imputados, así como la situación concreta de los afectados.
Situación actual: Comisión de Interior. Enmiendas.
Comentario: Incorpora un verdadero estatuto de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, superando el tratamiento excesivamente parco contemplado en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 13 de marzo. Regula la puesta en marcha de los derechos fundamentales y las libertades públicas, partiendo de una premisa esencial: que las peculiaridades que se introducen en su ejercicio tienen carácter excepcional y se hallan plenamente justificadas en virtud de las exigencias del servicio y de la propia configuración como Instituto Armado de naturaleza militar. Así, en aras del respeto a la disciplina y a la debida neutralidad política y sindical se contemplan determinadas limitaciones, entre otras, a las libertades de residencia y desplazamiento, o al ejercicio de la libertad de expresión o al derecho de reunión.
Los principales derechos y libertades contemplados en la ley son: Derecho a la igualdad, a la libertad personal, a la intimidad, a la libertad de desplazamiento y circulación, a la libertad de expresión y de información, derechos de reunión y manifestación.
Como novedad se regula el derecho de asociación profesional, amparado por el Tribunal Constitucional, pero desconocido hasta ahora formalmente por el ordenamiento. Se contemplan aspectos esenciales como su carácter no lucrativo, la posibilidad de obtener subvenciones públicas, así como las condiciones para celebrar reuniones en centros oficiales de la Guardia Civil.
Se crea el Consejo de la Guardia Civil, órgano colegiado en el que participarán representantes de los miembros de la Guardia Civil y de la Administración, con el fin de mejorar las condiciones profesionales de aquéllos así como el funcionamiento de la propia Institución.
Proyecto de Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil
Comentario: Junto al Estatuto antes señalado, se moderniza a través de esta otra Ley el régimen disciplinario de la Guardia Civil. La supresión de diversas figuras sancionadoras como el arresto, la modificación de los tipos de infracciones o la incorporación expresa de mayores garantías procedimentales en el ejercicio de la potestad disciplinaria constituyen muestras significativas de tal propósito actualizador. Se precisa el ámbito material de aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil, limitada a situaciones extraordinarias que, por su propia naturaleza, lo exigen, como suceden en el tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, en el cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando el personal de dicho Cuerpo se integre en Unidades Militares.
Se han reforzado las competencias sancionadoras de los órganos del Ministerio del Interior mediante la atribución de la competencia para proponer al Ministro de Defensa la imposición de la separación del servicio, competencia que hasta ahora se ceñía a la mera emisión de un informe.
Se modifica el catálogo de conductas sancionables, incluyendo las merecedoras de una tipificación expresa: como, por ejemplo aquellas constitutivas de acoso moral o psicológico, o las atentatorias contra la libertad sexual, reforzando también la prohibición de aquéllas que resultan incompatibles con la imagen del Cuerpo de la Guardia Civil como las relacionadas con el consumo de drogas, alcohol y otras sustancias tóxicas.
Se hace especial hincapié en reforzar las garantías y derechos que asisten a los interesados. Un ejemplo de ese objetivo es la supresión del carácter oral del procedimiento por faltas leves, que queda sustituido por uno nuevo escrito.
Se regula de forma a adecuada a la realidad de los alumnos el régimen disciplinario aplicable a los Centros Docentes de Formación de la Guardia Civil, que estaba inadecuadamente recogido en una Disposición Adicional de la Ley Orgánica de 17 de junio de 1999.
Comentario: La norma afecta a la cesión de datos de las comunicaciones electrónicas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Los datos que deben retenerse en ningún caso revelarán el contenido de la comunicación, sólo los necesarios para identificar su origen y destino, la hora, fecha y duración, el tipo de servicio y el equipo de comunicación utilizado por los usuarios. Dichos datos deberán conservarse durante doce meses desde la fecha en que se haya producido la comunicación.
Se prevén instrumentos para controlar los datos procedentes de teléfonos móviles adquiridos mediante la modalidad de tarjetas prepago (la policía podrá conocer la identidad de su titular a efectos de una investigación, detención o enjuiciamiento de delitos). Se establece la obligación de los operadores de dicho tipo de tarjetas de llevar un libro-registro con la identidad de los compradores.
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de supervisión del reaseguro.
Situación actual: Comisión de Economía y Hacienda Informe.
Comentario: El objetivo primordial de este Proyecto de ley, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia, es contribuir a la estabilidad del mercado actuarial, ya que permite que las entidades de seguro directo tengan una mayor capacidad de suscripción y una mayor cobertura, al poder, a través del reaseguro, ampliar la distribución internacional de los riesgos.
Entre las modificaciones más destacadas se encuentran las siguientes:
La actividad de reaseguro y su ejercicio necesitará de una autorización administrativa, que será válida para todo el Espacio Económico Europeo.
Para la concesión de dicha autorización la entidad deberá cumplir determinados requisitos, como que sea una sociedad anónima; que tenga un objeto social exclusivo también podrá realizar operaciones de sociedad de cartera u otras de carácter no financiero, tener un programa de actividades y cumplir determinados requerimientos financieros, en particular, la constitución de provisiones técnicas y de reservas de estabilización suficientes, invertidas en activos de calidad y satisfacer la obligación de disponer de un margen de solvencia suficiente y un fondo de garantía mínimo. El objetivo es garantizar la suficiencia, liquidez, seguridad, calidad y rentabilidad de sus inversiones, con una adecuada diversificación.
El Ministerio de Economía y Hacienda controlará la solidez financiera de las empresas de reaseguro autorizadas por él y su estado de solvencia, y podrá adoptar medidas de salvaguardia o imponer sanciones a aquellas compañías que incumplan con sus obligaciones.
Quedan sometidas al régimen de supervisión las entidades reaseguradoras, denominadas "cautivas", que son aquellas entidades financieras que pertenecen a empresas que no son entidades de seguros o de reaseguros, o empresas no financieras, y cuya actividad es proporcionar cobertura de reaseguro exclusivamente a los riesgos de las empresas a las que pertenecen.
También se establece que aquellas entidades aseguradoras que realicen la actividad de reaseguro y ésta suponga un volumen significativo de su actividad tendrán que cumplir los requisitos citados en materia de garantías financieras.
Por lo que se refiere a las entidades reaseguradoras domiciliadas en otros Estados del Espacio Económico Europeo y que hayan obtenido la autorización para operar en el Estado miembro de origen, podrán operar en España en régimen de derecho de establecimiento, mediante sucursales, o en régimen de libre prestación de servicios desde su país de origen, sin que sea necesaria autorización administrativa ni comunicación previa.
Las entidades extranjeras domiciliadas en terceros países requerirán la previa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda para establecer sucursales en España. Ahora bien, estas entidades no quedan sometidas a la normativa española cuando presten servicios desde su domicilio.
Comentario: La futura ley tendrá por objeto hacer efectivo el principio de "quien contamina repara", que va más allá del principio de "quien contamina paga". Se trata de asegurar que el responsable de la actividad devuelva los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes, aún cuando no haya cometido ninguna infracción administrativa y haya actuado de conformidad con la normativa aplicable. Se pone el énfasis en la restauración total de los recursos naturales y de los servicios que prestan, el cual no se verá satisfecho con una mera indemnización dineraria y en la necesidad de que las empresas internalicen los costes asociados a los riesgos medioambientales inherentes a las actividades que desarrollan.
Junto a la reparación efectiva del daño, se persigue reforzar el principio de "prevención" para evitar que los daños medioambientales lleguen a producirse. Para ello, obliga a los operadores de las actividades económicas y profesionales a que adopten todas las medidas de prevención que resulten necesarias ante un supuesto de amenaza de daño al medio ambiente.
Ámbitos de regulación.
Los bienes protegidos por esta Ley son bienes de naturaleza medioambiental y quedan expresamente excluidos de su ámbito los denominados daños tradicionales, es decir, aquellos que afectan a los particulares y a sus bienes. Los recursos naturales protegidos por el nuevo régimen de responsabilidad son el agua, la costa, el suelo y los hábitats naturales protegidos, así como las especies silvestres protegidas.
Entre las leyes más destacadas cabría citar las instalaciones cubiertas por la normativa de prevención y control integrado de la contaminación (conocida como Ley IPPC); las relativas a la gestión de todo tipo de residuos, las más importantes de las reguladas por la normativa de aguas (con vertidos de sustancias peligrosas incluidas); las relativas a la producción, almacenado y transporte de sustancias peligrosas, biocidas y fitosanitarios; el traslado transfronterizo de residuos peligrosos y el transporte de mercancías peligrosas. En todos estos supuestos la responsabilidad se exige sin necesidad de que concurra culpa o negligencia en el operador.
Otro de los aspectos más novedosos y sobresalientes de la Ley es el carácter ilimitado de la responsabilidad medio ambiental. Como principio, la Ley obliga a reparar los daños al medio ambiente en su integridad, devolviendo los recursos naturales al estado original en el que se encontraban antes del daño, y ello con independencia de cuál sea la cuantía económica a la que ascienda dicha reparación
a Ley incorpora, de manera homogénea para el conjunto del Estado, una serie de normas técnicas para las medidas de reparación en sus distintas modalidades. Reconoce a las organizaciones sin ánimo de lucro el derecho a promover la intervención administrativa para asegurar la correcta ejecución de la ley de responsabilidad medioambiental y evitar así que los daños ambientales queden sin reparar por quien los ocasionó, en la misma línea que la "Ley Aarhus", recientemente aprobada por las Cortes Generales y que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente.
La evaluación del daño potencial se efectuará mediante una metodología pionera en el ámbito de la Unión Europea, que actualmente está en fase de estudios técnicos y pruebas piloto, y se concretará a través de desarrollo reglamentario. En función de la evaluación del daño potencial, se establecen una serie de umbrales para graduar la exigencia de garantía financiera:
Por debajo del umbral de trescientos mil euros, los operadores quedan exentos de esta exigencia.
Entre trescientos mil euros y dos millones de euros los operadores podrán optar entre suscribir la garantía financiera o adherirse al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), o bien al sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996
Por encima del umbral de dos millones de euros, se exigirá siempre la garantía financiera.
Queda exenta, además, la mera utilización de productos biocidas y fitosanitarios con fines agropecuarios o forestales.
En definitiva, con esta Ley se dará cumplimiento efectivo al mandato contenido en el artículo 45.3 de la Constitución (obligación de reparar los daños causados al medio ambiente) y se adecuará la legislación española al nuevo marco comunitario de responsabilidad medioambiental de la Directiva Comunitaria de 2004. Se da así un paso trascendental para la protección de los recursos naturales, con un enfoque equilibrado pero más ambicioso que el previsto en la norma comunitaria, algo más que lógico en un país en el que el 25 por 100 de su territorio (1.100 espacios) está protegido por la Red Natura 2000.
Situación actual: Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Informe.
Situación actual: Comisión de Defensa. Enmiendas. Comisión de Defensa. Debate de totalidad
Situación actual: Comisión de Justicia. Aprobación con competencia legislativa plena.
Situación actual: Comisión de Interior. Informe.
Situación actual: Comisión de Defensa. Informe.
Proyecto de Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas.
Situación actual: Comisión de Administraciones Públicas. Informe.
Situación actual: Senado. Informe.
Situación actual: Comisión de Vivienda. Enmiendas.
Situación: Senado.

References: Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 1
 real decreto

 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 real decreto 
 artículo 9
 real decreto

 artículo 10
 artículo 11
 artículo 95
 artículo 138
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 

Real Decreto 
 artículo 275
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 16

Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 114
 artículo 124
 artículo 175
 artículo 185
 artículo 186
 artículo 187
 artículo 188

Real Decreto 
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Real Decreto 
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 artículo 4

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 13

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 71
 artículo 11
 artículo 200
 artículo 189

Real Decreto 
 artículo 10
 real decreto 
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 77
 artículo 181
 artículo 54

Real Decreto 
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Real Decreto 
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Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 21
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 101

Real Decreto 

Real Decreto 

Real Decreto 

Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 45