Source: http://redsolhonduras.blogspot.com/2017/03/honduras-en-berta-caceres-se-multiplica.html
Timestamp: 2017-04-28 19:56:58+00:00

Document:
Red Solidaria con la Resistencia en Honduras: Honduras: En Berta Cáceres se multiplica la rebeldía de los pueblos // Honduras, un narcoestado ilegítimo // Honduras: autoritarismo, crimen organizado y retroceso democrático // Aspectos centrales sobre la ilegalidad e ilegitimidad de la candidatura reeleccionista de Juan Orlando Hernández // El sacerdote que se enfrenta al presidente de Honduras // Chile Marcha "No+AFP": histórica movilización en contra el sistema privado de pensiones Desde la coordinadora se contabilizan más de 800 mil personas en Santiago, mientras que a nivel nacional más de dos millones de personas se unieron a la movilización familiar. // Con marcha nacional, NO+AFP vuelve a exigir el fin del sistema de pensiones
Honduras: En Berta Cáceres se multiplica la rebeldía de los pueblos por Nadia Fink - LA HAINE - 04/03/2017 A un año del asesinato de Berta Cáceres, entrevistamos a su hijo, Salvador, y damos cuenta de un proceso que sigue
en el pedido de justicia como en el trabajo de la organización, COPINH.
En Buenos Aires se realizaron actividades para conmemorar su lucha. Mientras
se cumple un año del asesinato de Berta Cáceres en su casa de La Esperanza, en Honduras, nuevos vínculos entre los asesinos y el entrenamiento militar que recibieron en Estados Unidos generan repudio y
ponen sobre la mesa los tejidos entre las trasnacionales que saquean la
tierra, los gobiernos locales serviles al país del Norte y el paramilitarismo latinoamericano que es, una vez más y como en un reciclado Plan Cóndor, entrenado por quienes todo lo saben en amedrentamientos y ataques a líderes y lideresas sociales: los Estados Unidos.
Pero Berta era la Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y pertenecía a la comunidad Lenca; es decir que tanto en su sangre como en su lucha cotidiana llevaba impresa la resistencia de más de 50 años y el amor por la tierra
y por los ríos. Así, de estas dos formas de construir opuestas, surge este homenaje con pedido de justicia que trae a Berta en la continuidad de sus compañeras y compañeros del COPINH, en las palabras de su hijo, Salvador; y marca contrastes en la información irrefutable de los vínculos de sus asesinos con la empresa.
Los sospechosos de siempre Berta fue asesinada en la noche del 2 de marzo de 2016, en su casa de
La Esperanza, una pequeña población de Honduras de unos 9 mil habitantes. Al menos cuatro personas entraron a su hogar y la mataron mientras dormía. Había recibido 33 amenazas anteriores y, se suponía, estaba custodiada por el Ejército. Si bien de inmediato quisieron hacerlo pasar por un crimen pasional, o por una disputa interna del COPINH, las presiones internacionales llegaron pronto: la lucha emblemática de Berta era contra la instalación de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, que llevaba adelante la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) en el departamento de Intibucá, territorio Lenca. La construcción de la represa era directamente ilegal, porque violaba el
Convenio 169 de la OIT ya que no se había realizado consulta alguna a la comunidad.
En una reciente investigación de The Guardian, la periodista
Nina Lakhani afirma que hay registros militares de que al menos dos imputados asistieron a cursos de contrainsurgencia (http://lahaine.org/dC1T).
“(Mariano Díaz) asistió a cursos de liderazgo de cadetes en Fort Benning, Georgia, en 1997, y a un curso de lucha contra el terrorismo en
la academia de la Fuerza Aérea Interamericana en 2005. Los registros militares muestran que en 1997 Bustillo asistió a cursos de logística y artillería en la Escuela de las Américas, en Fort Benning, Georgia, donde se capacitó a cientos de oficiales latinoamericanos que más tarde cometieron abusos contra los derechos humanos”, desarrolla en su informe.
Así la nombra Salvador, “mi mami”, y sin embargo hay en sus 22 años, en su mirada antigua y en su voz firme, una profunda convicción de los ideales de Berta, y de la continuidad en el legado y en la lucha que ella llevaba adelante. Por eso, detalla que si bien no tuvieron acceso a
la causa en todo este año por parte del Estado hondureño, las búsquedas
de justicia se multiplican en varias direcciones: incluso en la presentación de la “Ley Berta Cáceres” en el Congreso norteamericano en la que se pide, entre otros puntos, que Estados Unidos detenga el financiamiento del Ejército de Honduras. No está de más recordar que el año pasado, el presupuesto fue de 18 millones de dólares de “ayuda” en apoyo militar.
Salvador creció escuchando que a su madre la llamaban “revoltosa, bruja, guerrillera”, en una sociedad donde “pensar cualquier tipo de transformación es peligrosa”; y si bien siendo un niño le resultaba difícil escuchar todo ese tipo de comentarios, nos cuenta, “la formación
que tuvimos nosotros es la que nos hizo entender cuáles eran las razones de por qué ella seguía su lucha, a las que estuvimos vinculados
desde pequeñitos”. Y fue en las comunidades indígenas donde encontró esas razones: “Iba desde que tenía 4 o 5 años, y así fui aprendiendo sus
realidades: vi las situaciones de pobreza extrema, o que no había acceso a la salud ni a la educación; pero también fui viendo cómo se valoran toda la naturaleza: los ríos, las montañas, los animales; y también se transmite mucho la fuerza y la historia de rebeldía que tienen los pueblos”.
Berta también pudo ver eso, y construir desde una organización. Hoy Salvador y Laura, otra de sus hijas, son parte del COPINH y rescatan la idea que llevo a que se conformara. “El COPINH abarca diferentes pueblos
indígenas en Honduras y surgió porque existía una deuda desde los movimientos revolucionarios de los 70 y 80, que tomaban sólo como que los luchadores y las luchadoras pertenecían a la clase obrera. Faltaba el reconocimiento de los pueblos originarios, poner en contexto dónde estábamos parados en América Latina”, describe Salvador.
Las jornadas internacionales por el año del asesinato de Berta Cáceres abarcan 15 países. Coincide, además, con la cercanía al paro (también internacional) de mujeres que se realizará el 8 de marzo. Si bien en Honduras ya hay 134 líderes y lideresas asesinadas desde el Golpe de Estado de 2009, que derrocara al presidente Manuel Zelaya, la historia de Berta cala profundo. Porque era una mujer escuchada y reconocida en una sociedad marcadamente machista, y porque contaba con un reconocimiento que incluía el premio Goldman (el “Nobel Verde”, como lo llaman) en 2015. “También sentimos que al tener tanto reconocimiento,
por ejemplo haber ganado el premio Goldman, en que tantas organizaciones estaban pendientes, no nos imaginamos que podía suceder…”, explica Salvador y demuestra la fragilidad de los derechos humanos en Honduras. Por eso mismo la jornada, tal como lo explica él, “tiene que ver con fortalecer estas solidaridades que son tan importantes, de seguir compartiendo otras luchas, de seguir estando juntas y juntos. Tiene que seguir siendo importante la solidaridad porque la situación crítica en Honduras continúa”.
El asesinato de Berta desnuda la trama siniestra de las grandes transnacionales y el saqueo de la tierra asociadas a la militarización de los países y al amedrentamiento de quienes se organizan (“la represa Agua Zarca estaba financiada por el USA ID, por el Banco Holandés, por bancos alemanes y canadienses… y por eso insistimos en que no es sólo de
Honduras o en la comunidad sino que son transnacionales que financian proyectos en otras partes del mundo y que también funcionan con estos mismos mecanismos. Ellos también son responsables”), pero también habla de la figura colectiva que supo construir en vida; de las comunidades que resisten, como desde hace 500 años, colonizaciones y avances en sus tierras; y de la confluencia en las luchas; “Por eso hay movilizaciones y
también actos espirituales; se puede ver toda la pluralidad de la lucha, la cantidad de colores que se unen en el camino”, cierra Salvador.
mes se cumplió un año del asesinato de Berta Cáceres; este crimen impune hizo visible a nivel internacional la naturaleza criminal de un gobierno títere, heredero del golpe de Estado de 2009, que actúa como cómplice de multinacionales y narcotraficantes en acciones en las que líderes sociales son asesinados de forma sistemática.
El 2 de marzo de 2016, en plena víspera de su cumpleaños, la
activista lenca, feminista y medioambiental Berta Cáceres fue asesinada
en su domicilio por sicarios ligados a poderes empresariales y políticos del país. La líder y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) llevaba años denunciando amenazas de muerte contra su persona. De hecho, su asesinato
fue precedido por el de tres miembros de su organización que también luchaban contra la construcción de represas hidroeléctricas en el río Gualcarque. En el mismo momento también fue herido de bala el ambientalista mexicano Gustavo Castro. A un año del trágico episodio, sus hijas y compañeros denuncian la complicidad del Estado hondureño en alianza con la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), presidida por el exoficial de las fuerzas armadas Roberto David Castillo Mejía.
Honduras es el país más desigual de América Latina según el Banco Mundial. Actualmente, 64,5 por ciento de la población vive en situación de pobreza y 42,5 por ciento en extrema pobreza. El país se encuentra inmerso en la continuación del golpe de Estado asestado contra
el gobierno progresista de Manuel Zelaya en 2009, bajo el apoyo y supervisión del gobierno estadounidense con la dirección de la dupla Obama-Clinton. Tras este episodio, el conservador Partido Nacional de Honduras ganó dos comicios electorales (el primero en el mismo año del golpe, bajo acusaciones de ilegalidad). Movimientos sociales como el fundado por Berta Cáceres denuncian que, desde el golpe de Estado, el nuevo gobierno ha dado carta blanca a las empresas mineras e hidroeléctricas nacionales y extranjeras para la explotación de la región. Desde entonces, se han multiplicado los crímenes y amenazas contra activistas sociales y medioambientales que defienden los derechos
de los campesinos e indígenas expulsados de sus tierras. Así, el crimen
de Cáceres es uno más entre los tantos que sufren los campesinos que denuncian los atentados contra el medioambiente de las empresas promocionadas por el gobierno.
El teniente Bustillo era el jefe de seguridad de DESA y es la persona a la que se atribuye la planificación del asesinato de Cáceres. La líder social había denunciado ya en 2013 intentos de soborno
y amenazas por parte de Bustillo y del mencionado alto cargo de DESA encarcelado, Sergio Rodríguez. “Como no les funciona eso, vienen todas las acusaciones que ya se conocen y amenazas de muerte. Incluso tengo mensajes en mi teléfono del jefe de seguridad de la empresa (Bustillo), en los que incluso hay acoso sexual”, señaló Cáceres en entrevista con el periodista Dick Emmanuelson en 2013.
En enero de este año se detuvo en México al exmilitar Henry Hernández, autor material e intelectual del asesinato, el cual trabajó, según informó Telesur, bajo las órdenes del mayor Díaz Chávez en la unidad especial del ejército hondureño, 15º batallón. Este cuerpo de elite es un “legado” del ejército estadounidense en Centroamérica, al cual entrenó en el marco de la guerra contra el sandinismo en Nicaragua y
contra los grupos guerrilleros que por entonces operaban en El Salvador
y Guatemala. En la actualidad estas fuerzas, inicialmente dedicadas a luchar contra la insurgencia, siguen operando en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la región y, como es evidente,
algunas de sus autoridades y efectivos retirados emplean los conocimientos adquiridos en servicios de sicariato para la oligarquía regional.
El crimen contra la fundadora del Copinh, si bien ha dado visibilidad internacional al proceso de expolio de Honduras a cargo de empresas y multinacionales asociadas con el gobierno, no ha hecho que las amenazas y asesinatos contra líderes sociales cesen en el país. Apenas 13 días después de la muerte de Cáceres, el miembro del Copinh Nelson García, natural de la comunidad de Río Chiquito, fue asesinado a balazos. El líder campesino había participado la misma jornada de su muerte en una movilización contra el desalojo forzado de 150 familias de
bajos recursos a cargo de las autoridades militares hondureñas. Por otro lado, en octubre de 2016 el Copinh emitió un comunicado por el que denunció internacionalmente dos intentos de asesinato contra los miembros de su organización Tomás Gómez Membreño, coordinador general del Copinh y Alexander García Sorto, líder comunitario de Llano Grande, Colomoncagua. “En horas de la madrugada, sujetos desconocidos llegaron a
la casa de habitación del compañero Alexander García e hicieron numerosos disparos a la puerta principal y a la ventana de la habitación
en la que se encontraba durmiendo con su esposa y sus dos hijas”, señala el documento. “En la noche del mismo día, una persona disparó contra la camioneta de la organización, que conducía el compañero Tomás Gómez Membreño, coordinador general del Copinh, cuando salía del centro de encuentros Utopía con dirección a su casa”, añade.
Alexander García había sido baleado en mayo de 2016 por el exmilitar Enedicto Alvarado, el cual fue apresado. Su familia llevaba tiempo amenazando al coordinador del Copinh para que retirase la denuncia. Entonces, el Copinh denunció “la realización de disparos en ráfagas que se realizan en la comunidad lenca de Río Blanco por parte sicarios pagados por DESA como forma de intimidación y amenaza contra la
comunidad que se opone a la destrucción del río Gualcarque y el despojo
de los territorios del pueblo lenca”.
Por último, en enero de 2017 fueron detenidos cinco campesinos lencas integrantes del Copinh en el municipio de Intibucá. Los activistas fueron acusados de usurpación de tierras por realizar actividades de agricultura en predios que poseen hace más de 50 años, por los cuales pagan impuestos a la municipalidad. “Quien reclama el terreno de los cinco compañeros como propio se fundamenta en una extensión de dominio pleno hecha por el exalcalde de Intibucá Martiniano
Domínguez Meza, quien se encuentra procesado por otorgar de manera ilegal el permiso de operaciones a la empresa DESA, ligada públicamente al asesinato de nuestra coordinadora Berta Cáceres”, denunció el Copinh en un comunicado oficial.
“Esta detención arbitraria se realizó en un contexto del incremento de acciones represivas del plan Colombia/México en Honduras, que busca destruir mediante la represión y acciones clandestinas al movimiento social e indígena-negro de Honduras con el fin de despojar los bienes comunes (naturaleza, ríos, agua, carretas, minerales, paisaje, fertilidad del suelo, etc.) al pueblo hondureño y entregarlos a
la explotación privada con beneficio, utilidades económicas y comisiones a unos cuantos”, añaden.
“En Honduras es más barato comprar un
diputado que una mula”. Esta frase, tristemente célebre entre los hondureños, fue atribuida al empresario Samuel Zemurray, propietario de una de las principales compañías bananeras que operaban en Honduras en la primera mitad del siglo XX. A la luz de los acontecimientos parlamentarios ocurridos durante la administración del actual presidente
Juan Orlando Hernández (JOH), está afirmación sigue siendo plenamente válida. Y es que durante estos tres años las bancadas de los partidos opositores han ido perdiendo congresistas cuando las necesidades del actual gobierno así lo han requerido. El izquierdista partido LIBRE, agrupación política creada para reunir los principales sectores sociales
que se opusieron al golpe de Estado de 2009, perdió en estos años 9 de sus 37 congresistas (casi el 25%). Lo mismo le ocurrió al Partido Anticorrupción (PAC), que perdió a 4 de sus 13 congresistas (casi el 33%) a lo largo del periodo de gobierno de JOH. Esta oleada de transfuguismo vino marcado por las necesidades del Partido Nacional de conseguir los votos necesarios para aprobar reformas clave y el control de las principales instituciones del estado, con el objetivo de hacer realidad las ambiciones reeleccionistas del presidente Juan Orlando Hernández.
Pero la degradación de la vida política, todavía fuertemente influida por las consecuencias del golpe de Estado de 2009, ha ido mucho más allá del ámbito parlamentario. Y es que tas el golpe se produjo la partición del Partido Liberal, cuando una
buena parte de sus bases constituyeron el partido LIBRE siguiendo los pasos de Mel Zelaya. Como consecuencia, el Partido Nacional se vio fortalecido, haciendo creerse a sus dirigentes dueños absolutos del país. El triunfo de Pepe Lobo en las elecciones de 2009 no fue una sorpresa para nadie. El nacimiento en 2011 del partido LIBRE como alternativa real de gobierno supuso un claro desafío a la hegemonía nacionalista. Sin embargo, el control que el Partido Nacional logró establecer sobre el Estado permitió que realizasen un fraude masivo en las elecciones de 2013 (en el que se produjo financiación ilegal de campaña reconocida por el propio Partido Nacional,
manipulación del censo electoral, compra de votos, recuento fraudulento
en mesas…) que llevó a Juan Orlando Hernández a la presidencia.
Como consecuencia del afianzamiento del Partido Nacional en el poder, se ha observado un continuo aumento de
los casos de corrupción en el país. Desde el escándalo del Seguro Social, que sacó a la luz cómo el Partido Nacional utilizó fondos del sistema de salud para la campaña electoral de JOH, hasta el caso ASTROPHARMA, en el que se reveló que una empresa de una alta funcionaria
nacionalista vendió durante años pastillas de harina haciéndolas pasar por medicinas al sistema de salud público, provocando centenares de muertes entre la población. Otro caso sonado fue la construcción de un nuevo sistema de transporte público en Tegucigalpa al estilo del metrobus de la Ciudad de México (trans 450), con altísimos costes para la alcaldía, que finalmente no fue utilizado y cuyas vías y estaciones están siendo demolidas en la actualidad. Además la actividad del crimen organizado se vio fortalecida durante el periodo de hegemonía nacionalista y los nexos del narcotráfico con el Partido Nacional no paran de hacerse evidentes. En 2015 la DEA capturaba en Haití a uno de los hijos del ya expresidente Pepe Lobo, hecho que iría relacionándose con sucesivas detenciones y revelaciones de la prensa
que indicaban que el crimen organizado, aliado con altos mandos del Partido Nacional, se había repartido el territorio hondureño y estaban detrás de asesinatos de altas personalidades de la lucha contra el crimen organizado como Alfredo Landaverde. En las últimas semanas las revelaciones han sido todavía más impactantes, ya que uno de los líderes
del cartel de los Cachiros, extraditado a Estados Unidos, ha declarado a
un tribunal de Nueva York que entregó 500,000 dólares a la campaña electoral de Pepe Lobo. Según la misma declaración además este criminal habría participado en una fiesta privada que Lobo celebró en su casa de Tegucigalpa con ocasión de su victoria electoral de 2009, a la que también acudieron otros destacados narcotraficantes del país. La posibilidad de que Estados Unidos solicite la extradición de Lobo es cada vez más plausible. Asimismo el Cachiro ha implicado en sus actividades al actual ministro de seguridad Julián Pacheco, y ha denunciado haber entregado grandes cantidades de dinero al hermano del actual presidente JOH para que le ayudase a saldar una deuda del cartel con el gobierno. Con anterioridad, el embajador de Estados Unidos James Nealon llegó a declarar en 2016 que existía una conspiración para asesinarlo
dirigida por el narcotráfico y altos mandos de las fuerzas armadas (el hermano de JOH volvió a ser mencionado en relación con estos hechos, situación que provocó que tuviese que viajar a EEUU para prestar declaración a las autoridades estadounidenses).
Ante un panorama tan escandaloso,
sería de esperar que el partido gobernante hubiese sufrido un fuerte desgaste a nivel electoral. Sin embargo, la realidad es muy diferente y en la actualidad parece que la reelección de JOH en noviembre es más que
factible, siendo la principal amenaza contra esta la posibilidad de que
se le sindiquen responsabilidades penales en Estados Unidos por sus conexiones con el crimen organizado. Para comprender la aparente inmunidad electoral del JOH frente a los escándalos hay que tener en cuenta principalmente dos situaciones: la extrema concentración de poder
en el actual ejecutivo y los profundos vicios que sufre el sistema electoral y de partidos en Honduras.
JOH sostuvo antes de ganar las elecciones que iba a “hacer lo que tenga que hacer”. A estas alturas se puede afirmar sin lugar a dudas que cumplió su promesa. Durante estos años ha logrado controlar varias de las instituciones clave del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas, y la
Corte Constitucional entre otros. Especialmente clamoroso es el caso del Tribunal Supremo Electoral, tan solo formado por cuatro magistrados y
en el que no hay representación de dos de las mayores partidos de Honduras (LIBRE y PAC), pero si de dos partidos minoritarios al servicio
del gobierno nacionalista, como la Unificación Democrática (0,1% de votos) y la Democracia Cristiana (0,17% de votos). El gobierno ha cooptado los suficientes congresistas opositores como para sacar adelante todos sus proyectos y ha barrido con la oposición interna al interior de su partido. En este proceso ha logrado anular varios artículos de la constitución hondureña que prohibían la reelección presidencial, conocidos como pétreos por ser solo modificables mediante constituyente, y posteriormente ha validado su candidatura presidencial.
Llama la atención que los que hoy aplauden la posibilidad de reelección
en 2009 justificasen un golpe de Estado con el fin de evitarla. Combinado con lo anterior, JOH espera
verse favorecido por un sistema electoral y partidista profundamente corrupto. Si ya sale barato comprar diputados, mucho más lo es comprar votos. Según una encuesta realizada para un estudio
del National Democratic Institute, en 2013 la compra de votos fue de cerca del 8% en Francisco Morazán y Cortés, los departamentos más poblados del país. En otros departamentos estos porcentajes superaron el
15% (Olancho, La Paz, o Yoro), el 20% (Comayagua, Choluteca y Santa Bárbara) y hasta el 50% en Gracias a Dios. La coacción directa a los beneficiarios de programas sociales también resulta de gran efectividad a
la hora de asegurar el voto por el partido gobernante. Existen además perniciosas prácticas en Honduras, como la norma no escrita por la que todos los trabajadores del Estado están obligados a pagar una cuota mensual al partido gobernante, que se extrae automáticamente de las nóminas. Pero el fraude no queda limitado a estas prácticas, también se deriva de la manipulación del censo electoral en el que se incluye a menores de edad y personas fallecidas para inflar los resultados cuyos votos son introducidos de forma ilegal en las urnas. También es frecuente la compra de credenciales electorales, que fueron calificadas de mercancías
por un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y cuya venta permite manipular el proceso de conteo en los colegios electorales.
En conclusión, Honduras enfrenta un contexto de alta polarización y gran inestabilidad de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2017. Si bien el Partido Nacional muestra una gran fortaleza debido a la consolidación de su control sobre el Estado y el sistema electoral, se dan varias situaciones que hacen peligrar su continuidad en el poder. Y es que parece que desde el gobierno del norte no ven con buenos ojos la reelección de JOH, lo que podría dificultar considerablemente sus posibilidades de lograr un triunfo electoral. A esto se suma el proceso de desarticulación por parte del gobierno de Estados Unidos del cartel de los Cachiros, organización que ha resultado tener múltiples vínculos con el Partido Nacional y que parecen revelar un patrón sistemático de oclusión entre el gobierno y el crimen organizado. Ya en 2011, el asesor
policial Alfredo Landaverde denunciaba
meses antes de ser asesinado por policías que el gobierno estadounidense no iba a tolerar por mucho tiempo la implicación del gobierno hondureño en el crimen organizado.
Menos claridad aún hay sobre cuál podría ser el candidato con más posibilidades de disputarle la presidencia a JOH. Durante 2016 se ha conformado una Alianza Opositora en la que convergen los partidos LIBRE, PAC y PINU, que todavía no tiene
un candidato oficial, aunque suenan con fuerza tanto el líder del PAC Salvador Nasralla como los líderes de LIBRE Xiomara Castro y Manuel Zelaya. El candidato que finalmente se presente por la Alianza seria en principio el mejor posicionado. Sin embargo, los resultados de las elecciones primarias celebradas en marzo de 2017 han resultado en un sorprendente y sospechoso resurgimiento del Partido Liberal, encabezado por Luis Zelaya, un outsider de la política. La posibilidad de que Luis Zelaya trate de romper la Alianza Opositora para presentarse junto al PAC es real, aunque no parece lo más factible debido a que dificultaría el liderazgo de Salvador Nasralla, muy potente en la actual Alianza. En este sentido, en los próximos meses se irá esclareciendo el escenario de
cara a los comicios, que no excluye la posibilidad de que el propio Juan Orlando Hernández se vea obligado a renunciar a la reelección si se
muestran evidencias graves de su involucramiento con el cartel de los Cachiros. Sin duda, estamos en un momento clave para Honduras, donde se va a decidir si se profundiza la espiral autoritaria, antidemocrática y corrupta en la que se ve inmersa o se lograr revertir el proceso y se abre una nueva fase democratizante. Los asesinatos de activistas sociales como Berta Cáceres durante estos años forman parte sin duda de la caída en los infiernos de la sociedad hondureña, cuyas instituciones se han sido instrumentalizadas por criminales, que no han dudado en utilizar los métodos más violentos y corruptos para hacer valer sus intereses.
Esta tragedia ocurrió, a pesar que, desde el año 2009 la Sra. Cáceres
había sido objeto de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las cuales, esta última solicitó
al Estado hondureño a tomar las acciones necesarias para protegerla de los peligros graves e inminentes que corría su persona.
La investigación llevada acabo por las autoridades hondureñas respecto de este crimen, encontró graves dificultades. En efecto, esta investigación tomó mucho tiempo para empezar y las autoridades encargadas se negaron a tener informados a los parientes de la víctima sobre el desarrollo del proceso, alimentando, de esta forma, el temor de
que la investigación no permitiría la identificación de los responsables, especificamente los que orquestaron dicho atentado. La prueba recolectada por el Ministerio público en este caso, no habría sido comunicada a las victimas y sus representantes legales, en obvia contradicción con la legítima busqueda de la verdad.
La acusación contra ocho individuos – entre los cuales cinco forman parte de las fuerzas armadas – presuntamente responsables del homicidio de la Sra. Berta Cáceres y de la tentativa de homicidio contra el Sr. Gustavo Castro, constituye un paso en la buena dirección que hay que saludar. Sin embargo, esto no debe hacernos olvidar la importancia de continuar los esfuerzos encaminados a la identificación de los autores intelectuales del crimen, conforme a las obligaciones internacionales de
Honduras, en la materia. Esto es, aún más importante, teniendo en cuenta que Honduras se comprometió públicamente a combatir la impunidad y
que este caso tiene un carácter emblemático, no sólo en este país sino en otros lugares en el mundo, incluido Canadá.
Aspectos centrales sobre la ilegalidad e ilegitimidad de la candidatura reeleccionista de Juan Orlando Hernández Mar 07, 2017
El 20 de diciembre de 1907 los 5
Estados centroamericanos -Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y
Costa Rica- adoptaron una Convención Adicional al Tratado General de Paz y Amistad con el fin de continuar con las buenas relaciones entre ellos y establecer las más sólidas bases para la existencia de un escenario de paz en el istmo . En virtud de ello, los Estados centroamericanos se comprometieron a cumplir dos principios fundamentales para el fortalecimiento y la defensa común de la consolidación democrática en la región.
El presente artículo tiene el objetivo de analizar la permisión de la
reelección presidencial a la luz de las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la teoría democrática del poder constituyente y el derecho constitucional, y desmontar los argumentos de
su presunta legalidad basados en la simple idea de que es legal porque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que era legal, lo cual ignora que en las democracias modernas no es suficiente valorar la validez de los actos y omisiones de los poderes públicos únicamente desde la legalidad, sino también desde la legitimidad.
Las normas deben adaptarse a los cambios políticos y sociales, y los Estados tienen un margen para establecer el ejercicio de los derechos políticos conforme a los estándares universalmente aceptados. En este sentido, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha señalado que los derechos políticos tienen dos aspectos claramente identificables. Por un lado, el derecho al ejercicio directo del poder y por otro, el
derecho a elegir a quienes deben ejercerlo. Ambos aspectos suponen una concepción amplia de la democracia representativa que descansa en la soberanía del pueblo, en la que las funciones a través de las cuales se ejerce el poder público son desempeñadas por personas escogidas en elecciones libres y auténticas . Estos aspectos están íntimamente ligados entre sí y representan la expresión de las dimensiones individual y social de la participación política. La primera supone que las ciudadanas y ciudadanos pueden postularse como candidatos en condiciones de igualdad, y que pueden ocupar cargos públicos si logran obtener la necesaria cantidad de votos;
y la segunda implica que pueden elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes les representarán . Formar parte del gobierno y participar en elecciones genuinas, libres
y mediante el voto secreto, es un derecho fundamental para la salvaguardia de todos los derechos humanos, dado que sólo un gobierno derivado de la legítima voluntad popular, expresada en elecciones libres, puede proporcionar la más sólida garantía de que los derechos humanos sean respetados . Dado que los derechos políticos son elementos esenciales de la democracia, los Estados tienen la obligación de garantizar la organización de todos los partidos políticos y otras asociaciones, el debate libre de los principales temas de interés, y la realización de elecciones generales, libres y garantes de la voluntad popular .
La realización de las elecciones debe caracterizarse por su autenticidad, su periodicidad y su universalidad. La autenticidad está relacionada con la necesidad de que exista una correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección. En sentido negativo implica que no existan interferencias que distorsionen la voluntad popular. Para determinar la autenticidad de un proceso electoral es necesario analizar las condiciones generales en que dicho proceso se desarrolla, es decir, las condiciones para la participación política, tales como ausencia de coerciones directas o de ventajas indebidas para uno u varios sectores y de un ambiente de temor e inseguridad; y las condiciones específicas relativas a la organización del proceso electoral y a la realización de la votación misma, es decir,
las condiciones concretas en las cuales los derechos electorales puedan
ser eficaces, tales como la ausencia de obstáculos normativos y fácticos sobre organización de partidos políticos, desarrollo de campañas electorales y todo aquello relacionado con la emisión del voto .
La periodicidad tiene que ver con la necesidad de escrutinio popular sobre el desempeño de las autoridades y debe vincularse con la prohibición de la perpetuación en el poder o el ejercicio de éste sin plazo determinado. La universalidad implica que las elecciones deben ser
realizadas por sufragio universal, a través del cual se tiende a asegurar la participación política de todas las personas facultadas para
hacerlo, teniendo en cuenta que es posible establecer ciertas limitaciones o exclusiones, tales como las mencionadas en el numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal . No obstante, hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante la Corte IDH) en su sentencia sobre el caso Castañeda Gutman concluyó que “no es posible aplicar al sistema electoral que se establezca en un Estado solamente las limitaciones del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana” . En otras palabras, el derecho a ser elegido puede ser limitado por razones distintas a las ya mencionadas en dicha disposición, siempre y cuando no
implique una restricción indebida a los derechos políticos .
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inaplicabilidad del artículo constitucional que prohíbe la reelección
presidencial argumentando que restringe, disminuye y tergiversa los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos
como la Convención Americana. Sin embargo, la pregunta que la Sala debía responder no era si la Convención Americana limita o permite por sí misma y de manera expresa un supuesto derecho a la reelección, sino si este instrumento interamericano admite restricciones a los derechos contenidos en él, entre ellos, el de ser reelegido. Para admitir una restricción al derecho a ser elegido mediante la prohibición de la reelección, se requiere la aplicación de un “test tripartito” que analice su legalidad, su finalidad y su necesidad en una sociedad democrática, y su proporcionalidad .
La Corte IDH ha señalado que la palabra “necesarias”, sin ser sinónimas de “indispensables”, “implica la existencia de una ‘necesidad social imperiosa’ y que para que una restricción sea ‘necesaria’ no es suficiente demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’”. De esta manera, la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones al
“derecho a ser reelegido” dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, lo que significa que la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo que se presume legítimo
La Convención Americana no impone un sistema electoral determinado ni
una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y ser electo. Las normas interamericanas establecen lineamientos generales
que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permiten
a los Estados que dentro de esos parámetros regulen tales derechos de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en distintos momentos históricos . A la luz de todo lo anterior es posible sostener que la prohibición de la reelección aprueba sin problemas este “test tripartito” y, por tanto, no es comprensible en qué se basa realmente la Sala de lo Constitucional para decretar que la prohibición de la reelección es incompatible con el artículo 23 de la Convención Americana si, de acuerdo con las interpretaciones y jurisprudencia de sus dos órganos facultados para ello -la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte IDH-, las normas interamericanas no imponen un sistema electoral concreto y deja a los Estados la discrecionalidad de establecer otras limitaciones distintas a las contenidas en el párrafo 2
del citado artículo 23 . Nuestra reciente historia de autoritarismo, ingobernabilidad y violencia política, hizo de la prohibición de la reelección una garantía
legítima frente al despotismo. Sin embargo, no se puede ignorar que las
normas deben adecuarse a los cambios políticos y sociales que experimenta una sociedad, y que cada Estado goza de soberanía para configurar los derechos políticos conforme a diversas causas sociales e históricas, y bajo ciertos principios universalmente aceptables. En este
sentido, bajo el prisma de la Convención Americana un Estado podría permitir o prohibir la reelección sin incurrir en una restricción indebida al derecho a ser electo.
En consecuencia, la prohibición o no de la reelección no es el problema de fondo, la cuestión es que es un asunto que debe ser debatido
en un amplio espacio democrático de participación directa, ya que su modificación o eliminación fue reservada por la Constitución exclusivamente al poder constituyente, es decir, al pueblo hondureño, el
único sujeto político legítimamente facultado para reformar aquellos principios incluidos en cláusulas pétreas por ser considerados fundamentales.
La Constitución hondureña tiene las características de una norma fundamental rígida, ya que (a) es escrita, (b) está protegida o garantizada contra la legislación ordinaria, en el sentido de que las normas constitucionales no pueden ser derogadas o modificadas si no es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional mucho más complejo que el procedimiento de formación de leyes y (c) contiene principios constitucionales que no pueden ser modificados en modo alguno. Estos principios están contenidos en cláusulas pétreas que, de acuerdo con el artículo 374 constitucional, no pueden ser modificadas en
Uno de los principios establecidos en las cláusulas pétreas es la prohibición de la reelección presidencial (art. 239), no obstante, dichas cláusulas no están dirigidas al poder constituyente que es soberano, sino a los poderes constituidos, quienes en el ejercicio de sus facultades de reforma parcial de la Constitución pueden modificar cualquiera de sus disposiciones, menos las consagradas en tales artículos. Por tanto, las cláusulas pétreas operan contra los poderes constituidos y no contra el pueblo en el ejercicio del poder constituyente, ya que es el titular de la soberanía, como lo estable el artículo 2 de la Constitución de la República, y el único facultado para
realizar este tipo de reformas.
La inclusión de la prohibición de la reelección en una cláusula pétrea refleja que es uno de los principios supremos y sustanciales de nuestra Constitución que por su importancia fueron sustraídos de la competencia y la facultad reformadora de los poderes constituidos. En ese contexto, es importante resaltar que una Constitución es algo más que una mera norma, pues también es el diseño de cómo idealmente tendría
que funcionar una sociedad , y quienes elaboraron dicho diseño ordenaron jurídicamente el ejercicio del poder estatal y limitaron a los
poderes constituidos para que no pudieran modificar esos principios supremos, entre ellos, la prohibición de la reelección. Por ello es que una Constitución supone ante todo un poder constituyente, sin el cual no puede haber Constitución; en otras palabras, sin el consentimiento expreso del pueblo no puede haber Constitución, sino un gobierno de facto. Así como sin poder constituyente no hay Constitución, sin soberanía no hay poder constituyente, el cual “es el instrumento a través del cual se hace realidad una determinada concepción de la soberanía. Porque la nación es
soberana por lo que dispone el Poder Constituyente y no a la inversa. Esto es el significado de esa indisoluble asociación entre el pueblo y la soberanía o, dicho de otra manera, la idea de que la soberanía reside
en el pueblo” .
En consecuencia, es absolutamente ilegal e ilegítimo que dos poderes constituidos, es decir, la Sala de lo Constitucional con sus 5 magistrados y magistradas, y el Congreso Nacional con los 55 diputados y
diputadas que votaron en contra del plebiscito para consultarle al pueblo hondureño sobre la reelección, puedan reformar la cláusula pétrea
que la prohíbe. Dicho de otro modo, la Sala de lo Constitucional asumió
facultades que le corresponden al poder constituyente, se convirtió temporalmente en poder originario y usurpó sus funciones declarando inaplicable un artículo pétreo. Del mismo modo, la intención del Congreso Nacional de interpretar la sentencia para reglamentar la reelección implica atribuirse facultades judiciales y vulnerar el principio de separación de poderes . Indudablemente, estos actos implican suplantar la soberanía popular que reside en los más de 4 millones de hondureñas y hondureños habilitados para votar, y que son los únicos legitimados como titulares del poder constituyente para decidir sobre los aspectos fundamentales de
nuestro sistema político, y vulneran la legitimidad de la Constitución que se basa en el “acuerdo en torno a su contenido, o al menos al respeto del mismo” . A la luz de lo anterior, la reelección no puede considerarse legal ni
legítima porque su prohibición está contenida en un artículo pétreo que
actúa contra los poderes constituidos y cuya reforma únicamente corresponde al pueblo como poder constituyente . Por tanto, mientras el pueblo hondureño no se manifieste al respecto, la reelección no está revestida de validez democrática y, consecuentemente, las intenciones de
Juan Orlando Hernández de optar nuevamente a la presidencia y la inscripción de su candidatura constituyen un delito de traición a la patria por suplantación de la soberanía popular, tal como lo estable el artículo 2 constitucional.
El segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución establece que “[l]a alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria”. De acuerdo con la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de Costa Rica, la alternabilidad “procura que exista una rotación en el poder” y según el Diccionario de Derecho Constitucional emitido por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la alternabilidad implica que “las personas deben turnarse sucesivamente
en los cargos, o que los cargos deben desempeñarse por turnos” .
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en ningún momento declaró inaplicable la totalidad del artículo
4 constitucional, solamente su último párrafo que establece que su infracción constituye delito de traición a la patria, y en consecuencia,
siguiendo al Dr. Orellana, “[a]unque aceptáramos el absurdo de que la sentencia de marras es legal, tendríamos que convenir, entonces, que el único que no puede postularse como candidato a Presidente, es el actual Presidente, porque se lo impide el principio de la ‘alternabilidad en el
ejercicio de la Presidencia’” . En otras palabras, el señor Juan Orlando Hernández no debió inscribirse como candidato a la presidencia pues tiene que esperar al menos a que pase un período presidencial .
La decisión del Tribunal Supremo Electoral de inscribir la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández violenta abiertamente
la Constitución y todos los responsables incurren en los delitos de traición a la patria por suplantación de la soberanía popular y de abuso
de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir de oficio, de acuerdo con el artículo 25 del Código Procesal Penal. EL PAPEL DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA FRENTE A LA REELECCIÓN
Uno de los puntos centrales de dicho plan ha sido asegurar el control
absoluto de las instituciones democráticas y exaltar su figura personal
desde una lógica mesiánica que proyecta al presidente Hernández como el
único hombre capaz de manejar con mano dura las riendas del país. Para ello, él y sus partidarios han logrado concentrar el poder en su persona
pero guardando las apariencias formales de la democracia representativa.
Así, en la madrugada del 12 de diciembre de 2012, Juan Orlando Hernández, siendo presidente del Congreso Nacional, y su partido se basaron en acusaciones vagas de vinculación con el crimen organizado para destituir ilegalmente a cuatro magistrados y magistradas de la anterior Sala de lo Constitucional, que había declarado inconstitucional
uno de sus proyectos estrella, la “Ley de las Ciudades Modelo”, y en el
mismo acto nombraron a cuatro nuevos magistrados y magistradas afines que posteriormente revirtieron esa decisión. El Congreso Nacional no tenía la competencia para ejecutar esta destitución y aprovechando la mayoría técnica violó abiertamente los principios de separación de poderes y de independencia judicial.
El único magistrado sobreviviente a las destituciones fue Óscar Chinchilla, quien fue el único que votó a favor de la constitucionalidad
de dicho proyecto, y ocho meses después fue nombrado Fiscal General del
Estado por el parlamento anterior en una cuestionada elección debido a que en el proceso de preselección había sido descartado por la Junta Nominadora y a que conforme a la Constitución debía ser elegido por el congreso actual .
La elección de la actual Corte Suprema de Justicia que quedó integrada por 8 magistrados y magistradas afines al Partido Nacional, y 7
al Partido Liberal, también se enmarca dentro de esa misma lógica y, además, en la primacía de criterios políticos sobre la meritocracia, evitando así la existencia de un Poder Judicial independiente y profesional que luche frontalmente contra la corrupción y la impunidad. A
su vez, se activó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que más que un órgano de coordinación entre los poderes del Estado, tiene todas las características de un supra gobierno presidido por el Presidente de la República. Las Fuerzas Armadas tampoco han escapado de tal control, ya que el presidente Hernández ha logrado colocar a familiares, amigos y ex compañeros del Liceo Militar del Norte en puestos claves, tales como, la
Universidad de Defensa, el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, las Fuerzas Especiales, la Fuerza Aérea Hondureña y la comandancia general del Ejército . Y para cerrar el círculo, se creó la Policía Militar de Orden Público que además de otorgarle las mismas facultades de la Policía Nacional, mediante una reforma a su ley constitutiva en el año 2003, se le asignó todas aquellas funciones y acciones que le ordene el Presidente de la República. Lo anterior nos muestra cómo el presidente Hernández ha consolidado una inmensa de red de favores y controles para colocar al frente de la institucionalidad a fieles partidarios que no entorpecerán sus planes continuistas aunque para ello se cometan aberraciones jurídicas inimaginables en un Estado de derecho y que representan un nuevo golpe a
la frágil democracia hondureña. Por ello es que toda la institucionalidad del Estado defiende la supuesta legalidad de la reelección y con una pobreza argumentativa impresionante se limitan a señalar que la reelección es legal porque hay una sentencia que dice que
es legal. De esta manera, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable el artículo pétreo que contiene la prohibición de la reelección, el Congreso Nacional rechazó la petición de convocar a un plebiscito para consultar al poder constituyente si está de acuerdo o no con la reelección, el Tribunal Supremo Electoral inscribió la candidatura del señor Hernández y las Fuerzas Armadas se declararon “respetuosas” de estas decisiones pese a que el artículo 272 constitucional les ordena garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.
Finalmente, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos solicitó al Congreso Nacional derogar los artículos constitucionales que prohíben
la reelección a pesar de su ilegalidad e ilegitimidad , y el Ministerio
Público sigue guardando un silencio sepulcral pese a su obligación de iniciar investigaciones de oficio por suplantación de la soberanía popular y la transgresión del principio de alternabilidad . El irrespeto
hacia la ciudadanía es tal que ninguno de los titulares de las instituciones mencionadas son capaces de hilvanar justificaciones éticas
y jurídicas congruentes para sostener semejante ilicitud e intentan lavarse las manos con el lacónico argumento de que la reelección es legal porque supuestamente lo dice una sentencia y que es cosa juzgada.
Sustentar la supuesta legalidad y legitimidad de la reelección del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se enfrenta a
importantes obstáculos para encontrar argumentos democráticos sólidos que permitan negar que su candidatura representa una nueva ruptura del orden constitucional. En el año 2009, quienes ahora defienden con dogmatismo la reelección presidencial, dieron un golpe de Estado por considerarla ilegal, con nefastas consecuencias para la institucionalidad republicana y los derechos humanos. Y lo más grave es que han usurpado al soberano su facultad constituyente de modificar o no
el artículo pétreo que la prohíbe, y se colocan por encima de la Constitución nacional para ignorar la obligatoriedad del principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
Creo que a estas alturas me quedé corto cuando hace unos meses señalé
que la consolidación del despotismo en el país era aún una amenaza a la
funcionalidad y esencia de la democracia , pues realmente nos encontramos ante un momento histórico plagado de autoritarismos en donde
solo una ciudadanía activa, pensante, crítica y consciente de sus derechos, podrá detener “la dulce dictadura” que desde el 2009 comenzó a
instaurarse y que a todas luces se va convirtiendo en una dictadura en toda su crudeza, a vista y paciencia de la llamada “comunidad” internacional que se empeña en continuar financiando reformas normativas
e institucionales con los mismos actores que hasta el momento han impedido el logro de resultados tangibles que se traduzcan en una verdadera democratización del país .
Posted on 23 marzo, 2017 by soawlatina Washington, DC – Manifestantes, incluso una hermana y sobrina de Berta Cáceres, activista que fuera asesinada en marzo del 2016 en Honduras, bloquearon la puerta de la sala donde el presidente hondureño Juan Orlando Hernández se reunía este martes con miembros del Comité de Centroamérica de la Cámara de Representantes en Estados Unidos.
“Un gobierno que no protege a sus ciudadanos y cuyas fuerzas de seguridad están implicadas en ataques y asesinatos de activistas no debería recibir financiamiento de seguridad y entrenamiento del gobierno
de los Estados Unidos”, dice la carta de la familia.
La visita del presidente hondureño a Washington DC, para reunirse con
el Comité de Centroamérica de la Cámara de Representantes, también se produce en medio de la controversia en Honduras por su intención de postularse para la reelección.
Otro escándalo también involucra a la familia, el partido y el gabinete del presidente Hernández en el tráfico de drogas. Un informante de la DEA y ex miembro del cártel de “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, declaró ante un tribunal de Nueva York, la semana pasada, que
había discutido un plan de soborno con el hermano del presidente Hernández, el diputado Antonio “Tony” Hernández.
La audiencia fue sobre el hijo del ex presidente Porfirio Lobo, Fabio
Porfirio Lobo, quien se declaró culpable del tráfico de drogas el año pasado.
También le gritó al presidente Hernández, mientras salía de la reunión, en medio de una gran seguridad, preguntando ¿Por qué se niega a
permitir una investigación internacional sobre el asesinato de su tía?; siendo ignorada.
Video de la protesta: https://facebook.com/story.php?story_fbid=1292298774189883&id=912992785453819
Ismael Moreno Coto, mejor conocido como "el
padre Melo", en una de las manifestaciones del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copihn)
Radio Progreso 26 de marzo de 2017 / The New York Times / Por Emiliano Ruiz Parra PROGRESO,
Honduras — Berta Cáceres tenía las llaves de la casa del padre Melo. Si
pasaba por la ciudad de Progreso se quedaba en alguno de los cuartos vacíos en el hogar del sacerdote.
Moreno Coto, mejor conocido como el padre Melo, era amigo íntimo de la líder ecologista y de su esposo, Salvador Zúñiga, desde hacía más de dos
décadas. Esa pareja fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copihn)
en 1993. Durante 25 años de matrimonio, Berta y Salvador pasaron por diversas separaciones y reconciliaciones, y Moreno fue amigo y consejero
se va a ir primero, Melo, tú o yo?”, le preguntó Cáceres, sin dejar de sonreír mientras les tomaban una fotografía tras un mitin de protesta contra una hidroeléctrica en río Blanco en 2013. El cura no respondió. Cáceres temía por su vida y también por la del jesuita. Su premonición se hizo realidad el 3 de marzo de 2016, cuando fue asesinada en su casa.
es un sacerdote jesuita que se ha convertido en uno de los principales líderes opositores de Honduras, el país más violento de Centroamérica. Es periodista en uno de los países más peligrosos para ejercer ese oficio: desde el golpe de Estado de 2009 han sido asesinados 26 reporteros, de acuerdo con la ONG Comité por la Libre Expresión (C-Libre). En ese contexto, el padre Melo se ha convertido en una figura antagónica del presidente Juan Orlando Hernández.
asesinato de Cáceres, sucedido el 3 de marzo de 2016, el sacerdote aprendió una lección. Dice que en Honduras se aplica a rajatabla la “ley
de la muerte”: una condena contra los opositores al modelo “extractivista”. Los que no se dejan comprar por las empresas o los partidos políticos son condenados.
los gatilleros impactaron sus disparos en el cuerpo de Berta Cáceres, ya la habían condenado a muerte hacía muchos años”, dijo Melo. Según él,
antes de las balas hay un proceso de muerte civil y política para los opositores: se les denigra o se les invisibiliza. Los medios de comunicación corporativos solían ignorar a Cáceres o la llamaban la Bochinchera, como si fuese una persona problemática.
Coto también se ha sentido sentenciado. No piensa que lo van a matar como a Cáceres, pero ya asumió que fue condenado a la denigración y la invisibilidad.
Gustavo Amador/European Pressphoto Agency Su
vida ha estado marcada por la violencia. A los 16 años sufrió la muerte
de su padre, Pedro José Moreno, acaecida el 17 de agosto de 1974. Oficialmente, se trató de un robo con violencia pero Ismael Moreno nunca
se ha sentido satisfecho con esa versión porque su padre era un dirigente campesino que participaba en las expropiaciones de tierras.
años después, apenas ordenado sacerdote, se vería tocado por una de las
masacres más célebres en la historia de la Compañía de Jesús: el asesinato de seis jesuitas y dos empleadas de la Universidad Centroamericana (UCA)
de San Salvador. El 16 de noviembre de 1989, un comando élite del ejército de El Salvador irrumpió de noche en la universidad y asesinó a los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Amando López, Ignacio Martín-Baró, Joaquín López, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, así como a Elba y Celina Ramos, trabajadoras de la institución. Moreno
era cercano a las víctimas porque su director de tesis de maestría era Amando López, y el rector de la universidad, el célebre teólogo Ignacio Ellacuría, había sido su profesor. Pero su amistad más profunda era con Elba Ramos, la cocinera de la comunidad, y con su hija, Celina. De hecho, las había invitado a pasar la Navidad de 1989 con su familia en Progreso por lo que el 22 de diciembre iba a recogerlas en la frontera para llevarlas a casa de su madre, pero la matanza se interpuso en sus planes. El
más reciente de sus muertos se llama Carlos Mejía Orellana, quien tenía
35 años y fue asesinado en su casa la noche del 11 de abril de 2014. Era el encargado de vender los espacios publicitarios de Radio Progreso.
era homosexual y acaso por eso las autoridades se apresuraron a decir que se trataba de un crimen pasional, aunque era uno de los 16 trabajadores de Radio Progreso que estaba protegido con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las amenazas que había recibido.
de 59 años, es el director de Radio Progreso, uno de los pocos medios de comunicación críticos al gobierno, que cumplió seis décadas en diciembre de 2016. También es la cabeza del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, un colectivo que tiene influencia política en los movimientos sociales que se oponen a los megaproyectos mineros, turísticos e hidroeléctricos.
noche del 15 de diciembre de 2016, Moreno organizó una cena en su casa.
El menú fue sencillo: pollo frito, costillas de cerdo en salsa barbacoa
y yuca frita. Era la comida rápida de un restaurante del barrio. “A menos que ocurra algo extraordinario, el próximo presidente se llamará Juan Orlando Hernández”, sentenciaba el sacerdote.
esa y otras ocasiones el padre no cesó de criticar a Hernández: lo señalaba como el principal protector de los violadores de derechos humanos. También afirmó que Honduras atraviesa por una “democracia autoritaria que avanzará a una propuesta dictatorial, personalista”.
convocados a la cena eran doce personas, entre jesuitas, exjesuitas, académicos, un músico y un reportero. La conversación versó sobre el panorama político de Honduras. A los extranjeros nos puso al día: Hernández contaba con un aliado y protector en Estados Unidos; el general John Kelly, exjefe del Comando Sur y actual secretario de Seguridad Interior de Donald Trump.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández se dirigió a sus partidarios después de unos comicios primarios en Tegucigalpa, Honduras, el 12 de marzo de 2017. Credit
Constitución de Honduras prohíbe la reelección. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le despejó el camino a Hernández para volverse a presentar a elecciones. Desde abril de 2015, la Corte Suprema
declaró que prohibir la reelección era contrario a los derechos humanos
y tratados internacionales. En octubre de 2016 los miembros del TSE ratificaron esta decisión por unanimidad.
el 14 de diciembre, un día antes de esta cena, Juan Orlando Hernández declaró que sí, que se postularía para otro mandato. Por tener las mismas ambiciones, el presidente Manuel Zelaya fue derrocado en 2009.
pidió opiniones sobre cómo tener mayor incidencia en la realidad de Honduras “para mayor gloria de Dios”. “Lo que tú necesitas es una universidad”, le sugirió uno de los presentes, el académico Tony Payán, director del Centro México de la Universidad de Rice, en Houston.
respondió con una anécdota: unos años atrás, un exministro se le acercó
para ofrecerle 10 millones de lempiras (poco menos de medio millón de dólares al tipo de cambio de hoy) con el fin de fundar una universidad; Melo rechazó la oferta. La función de los jesuitas, justificaba Payán, era ser un gozne entre los ricos de arriba y los pobres de abajo. Otros apoyaron la propuesta pero el sacerdote no respondió.
otro día, el viernes 16 de diciembre, en un foro en Radio Progreso, Moreno dijo: “Bajo ninguna circunstancia vamos a dar marcha atrás y decir: ‘Vamos a llegar a arreglos con la élite política hondureña’. O decir: ‘Vamos a hacer componendas con un sector de la empresa privada o vamos a buscar al cardenal (Óscar Rodríguez Maradiaga)’”.
sacerdote prosiguió: “Solo la alianza con los sectores con los que coincidimos en la construcción de propuestas alternativas al sistema capitalista es lo que nos protegerá. No tenemos ningún otro camino, bendito sea Dios, más que fortalecer la identidad de hace muchos años y en eso tenemos que empeñar el comproiso hacia adelante”.
“Hay que prepararnos para el futuro que viene: la democracia autoritaria avanzará a una propuesta dictatorial”, dijo Moreno Coto en una reunión de líderes comunitarios hondureños, el 17 de diciembre de 2016.
Coto ha sido una figura recurrente en las reuniones de líderes comunitarios. El 17 de diciembre, en la conmemoración del aniversario de
Radio Progreso, sostuvo un encuentro en el auditorio del ERIC en Progreso con activistas que viajaron desde poblaciones tan lejanas como San Francisco de Opalacas, Santa Rosa del Aguán y Tegucigalpa para escuchar su mensaje.
hicieron hasta dos días de viaje en autobuses destartalados, cargados con sacos de maíz, tubérculos y frutas de diversos colores para las ceremonias indígenas y afromestizas de gratitud y fertilidad. Algunos gastaron una parte importante de su sueldo de jornaleros, pescadores y pequeños productores de café para su peregrinación hasta ese salón donde
estaban 170 personas sentadas y otro centenar permanecía de pie.
les dijo el sacerdote, vivía bajo un régimen de “democracia autoritaria” en el que se cumplían formalidades como la división de poderes y un aparente ejercicio de las libertades constitucionales, pero
que solo se sostenía con altísimas dosis de fuerza, represión y autoritarismo.
el cura, el gobierno del presidente Hernández se apoya en varias columnas. La primera es una alianza de la oligarquía nacional con las empresas trasnacionales, muy notoria en las inversiones en telecomunicaciones, la minería, el turismo, la generación de energía eléctrica y la palma africana.
militarización era el segundo rasgo. En Honduras, dijo, las instituciones de justicia estaban colapsadas y el ejército participaba cada vez más en ámbitos de discusión política. “En un país inestable no hay manera de conseguir las ganancias de hace 25 años sin militarizar a la sociedad”, comentó.
habló sobre el “asistencialismo proselitista”, que definió como el derroche de dineros públicos a través de los 72 programas sociales dirigidos desde la Casa Presidencial y la cooptación de los medios de comunicación.
finalmente, se refirió al “sustento divino”. En cada acto oficial se celebraba una liturgia. La empresa privada y el gobierno se decían apoyados por Dios. Para ello habían conseguido el apoyo de un sector de la jerarquía católica y de los pastores evangélicos a través del Programa de Construcción de Templos, un instrumento del gobierno hondureño para canalizar fondos a las iglesias.
que prepararnos para el futuro que viene: la democracia autoritaria avanzará a una propuesta dictatorial, personalista”. Los asistentes confirmaban sus hipótesis. Si alguien se detenía a conversar con Magdaleno Gómez, pequeño productor de café de San Francisco de Opalacas,
este confirmaba que en su pueblo no iban “a permitir las represas, ni la minería a cielo abierto”.
con Aurelia Arzú, de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANH), que acusaba al gobierno de impulsar megaproyectos turísticos en playas como la bahía de Tela, que han sido el sustento de los garífunas.
le pidió a los dirigentes no desviarse hacia luchas electorales, no agotarse en batallas locales carentes de perspectiva nacional y no consumirse en protagonismos. Era el discurso de un dirigente político. En más de media hora de alocución nunca invocó a Jesucristo o a la Virgen María.
un poco antes de terminar les recordó que era un sacerdote y debía ir a
celebrar la misa funeraria de una compañera fallecida, cedió el micrófono y salió a paso veloz.
Miembros de la policía militar resguardan a
los estudiantes de la escuela Maximiliano Sagastume, ubicada al norte de Tegucigalpa, el 17 de marzo de 2017. Credit
Orlando Sierra/Agence France-Presse -- Getty Images
un pequeño cuarto de menos de diez metros cuadrados con una cama individual, un escritorio con libros, papeles y una laptop. Observé el pudoroso desorden de alguien que siempre anda con prisa: una camisa arrugada por ahí, polvo de algunos días sobre las superficies, la cama destendida.
padre Melo siempre va tarde a su próxima reunión. Esa mañana del domingo 18 de diciembre había preparado unos huevos con cebolla y jitomate y había calentado frijoles con cilantro mientras un joven jesuita estadounidense, Matthew, nos colaba café.
en su mecedora, el sacerdote contaba su vida. En Progreso existían dos colegios: el de los pobres y el de los ricos. Una sola vez el gobierno municipal otorgó dos becas para los mejores alumnos y él ganó el primer lugar, por lo que le tocó el colegio San José de la Compañía de Jesús. Era entonces un mulato flaco, de peinado afro y sombrero de palma que estudió con los hijos de la burguesía del banano. Allí se decidió a ser jesuita.
joven vivió en Ciudad de México, donde estudió Filosofía, y después en San Salvador, donde cursó Teología. Desde 1995 se ha dedicado al periodismo. Ese año fundó en Honduras el diario opositor A mecate corto,
y en 2001 formó el ERIC.
nació el primero de enero de 1958. Tiene 59 años y se ha convertido en un hombre de cara redonda, cabello cortado al ras, bigote gris, ojeras profundas y una prominente barriga de comedor de carnes, pollo frito, tajadas de plátano maduro y baleadas (una quesadilla de trigo, frijoles y
noviembre de 2017, Honduras transitará por unas polémicas elecciones. El presidente Juan Orlando Hernández podrá presentarse a la reelección y, quizá también se postule Manuel Zelaya Rosales, el expresidente derrocado en 2009.
padre Melo no mira hacia 2017 sino a 2021, cuando Honduras celebrará el
bicentenario de su independencia. Promueve la creación de un programa de nación llamado Soberanía 2021, una agenda de lucha para enfrentar lo que define como la potencial “dictadura personalista” del presidente Hernández.
dice que seguirá su trabajo desde su posición de sacerdote. Es decir, sin buscar un puesto en el gobierno. Según él, los momentos de represión
y autoritarismo como el que actualmente vive Honduras pueden convertirse en oportunidades para el movimiento social.
https://www.nytimes.com/es/2017/03/26/el-sacerdote-que-se-enfrenta-al-presidente-de-honduras/ Publicado por
Américo Roca Dalton en HONDURAS TIERRA LIBRE
Las víctimas tienen derecho a la verdad, como lo exigen desde hace más de tres décadas los y las integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, que cada primer viernes del mes, se manifiestan en la Plaza “Los Desparecidos”, de Tegucigalpa,
frente al Congreso Nacional y cerca de la Antigua Casa Presidencial, para exigir que el Estado les responda ¿Dónde están sus parientes? Más de 184 detenidos desaparecidos durante la Doctrina de Seguridad Nacional
entre 1979 y 1994.
Son cientos los casos impunes en cuanto al asesinato de 123 defensores de la tierra y el ambiente en Honduras, 70 periodistas y comunicadores sociales, más de 4 mil femicidios, incontables casos de niños y adolescentes, campesinos y personas de diversidad sexual, en los
es el derecho a la Verdad, lo que ansía las familias de los desaparecidos forzados en el 2011, Reynaldo Cruz Palma, Elías Muñoz, y el sindicalista Donatilo Jiménez en el 2015, entre otros casos, que acompaña el COFADEH.
“Mi muerte sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de
esperanza en el futuro”, expresó el Obispo Salvadoreño de la orden Jesuita, cuyo crimen se encuentra en la impunidad.
“Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles… Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a
sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: No matar.
El matrimonio Barillas Gómez, fue separado de sus tres hijos Nora Patricia (11), Gerardo Mauricio (9) y José Daniel (5), y según los recortes periodísticos de la época -documenta el COFADEH- los niños y una anciana fueron entregados en mayo del mismo año con nombres falsos a
las autoridades migratorias de El Salvador, en el puesto fronterizo de El Amatillo.
21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, rindiendo de esa forma un justo homenaje a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo salvadoreño que se constituyó en un incansable defensor de los derechos humanos hasta su martirio.
La iniciativa reconoce la necesidad de promover la memoria histórica y
la importancia del derecho a la verdad y la justicia. Asimismo, busca rendir tributo a personas que como Monseñor Romero dedicaron su vida a promover los derechos humanos de todos, protegiendo a los más vulnerables y desposeídos.
Rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover
y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño;
Reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus mensajes, en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las
poblaciones más vulnerables y su dedicación al servicio de la humanidad, en el contexto de conflictos armados, como humanista consagrado a la defensa de los derechos humanos, la protección de vidas humanas y la promoción de la dignidad del ser humano, sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado, que en definitiva le costaron la vida el 24 de marzo de 1980.
Marcha "No+AFP": histórica movilización en contra el sistema privado de pensiones Desde la coordinadora se contabilizan más de 800 mil personas en Santiago, mientras que a nivel nacional más de dos millones de personas se unieron a la movilización familiar. NuevaDemocracia‏ @ND_Chile
¡Nuestro pueblo construyendo dignidad!
Marcha contra las AFP para construir hoy un nuevo sistema de reparto, justo y solidario.
La pacifica manifestación que comenzó a las 11.00 horas contó con la presencia de alrededor de 800 mil personas en Santiago y más de 2 millones de participantes a nivel nacional. Foto: Agencia Uno.
Hoy a partir de las 11.00 horas se llevó a cabo una nueva marcha contra el actual sistema de pensiones, organizada por la coordinadora “No + AFP”. La convocatoria de carácter familiar comenzará en Plaza Italia, en el caso de Santiago, y terminó en Los Héroes alrededor de las 14.00 horas. En paralelo de realizaron manifestaciones en diversas regiones del país, desde Arica a Magallanes. En Santiago, se reunieron miles de personas a marchar en contra de las AFP. Organizaciones como la CUT, la Cones, entre otras también se han hecho presentes en esta masiva movilización.
Desde la coordinadora se contabilizan más de 800 mil personas a esta hora en Santiago, mientras que a nivel nacional más de dos millones de personas se unieron a la movilización familiar. En tanto, Carabineros cifró en 50 mil los asistentes. Luis Mesina aseguró a ADN que se espera “que hayan más de 2 millones de personas en las calles desde Arica a Magallanes”. Además destacó algunos avances que se han realizado. “Hemos logrado que se hablé de un 5% más cosa que era impensable. Nos falta todavía más”.
“El congreso, el Gobierno no tiene la voluntad de hacer los cambios y los cambios los vamos a hacer a medida que saquemos gente a la
Histórica movilización en Chile contra el sistema privado de pensiones 26 de Marzo de 2017 - LIBRERED
La manifestación que comenzó a las 11.00 horas contó con la presencia de alrededor de 800.000 personas en Santiago de Chile y más de
2 millones de participantes a nivel nacional.
En Santiago, se reunieron miles de personas a marchar en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Organizaciones como la
CUT, la Cones, entre otras también se han hecho presentes en esta masiva movilización.
Desde la coordinadora se contabilizaron más de 800.000 personas en Santiago, mientras que ha nivel nacional más de dos millones de personas
se unieron a la movilización familiar.
“El congreso, el Gobierno no tiene la voluntad de hacer los cambios y
los cambios los vamos a hacer a medida que saquemos gente a la calle”, añadió.
Respecto a la posición política de la coordinadora fue enfático en señalar que no se involucrarán con ningún partido político e hicieron un
llamado a no votar por los candidatos que no quieran cambiar el sistema
Por su parte, el Intendente metropolitano, Claudio Orrego, destacó el
carácter pacífico de las marchas anteriores y dijo que espera que esta no sea la excepción. - La Tercera
un recuento de los más de 65 puntos del país desde donde vamos a salir a
marchar desde las 11:00 de la mañana (...) Yo creo que en el país vamos
a tener dos millones de personas", agregó Luis Mesina, uno de los voceros de la coordinadora.
"Creemos que será la marcha más grande la historia". La coordinadora "No + AFP" tiene
grandes expectativas de lo que será la manifestación nacional de este domingo para exigir el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Por lo demás, Mesina cuenta con que la manifestación sea tranquila, "que la indignación se canalice de manera pacífica, pues esta es una marcha familiar. No queremos gente que venga a producir desmanes". A su juicio, nunca en la historia de Chile una organización de las características de "No + AFP", que asegura no depende de ningún partido u
organización sindical, ha logrado una manifestación como la que esperan.
"Esto devela que tenemos una organización potente. La gente cree en este movimiento, en esta demanda, y por eso estamos muy confiados en que
la gente va a salir con mucha fuerza y confianza a esta gran marcha familiar y pacífica", puntualizó..
Mesina, vocero de la coordinadora, envió un mensaje político al decir que no se involucrarán con ningún partido y, además, hizo un llamado a no votar por los candidatos que no quieran modificar el sistema de pensiones. "Muchos candidatos han salido a vestirse oportunistamente con
las banderas del movimiento y a prometer sistemas mixtos sin tener una propuesta concreta", acotó.
horas se llevó a cabo una nueva marcha contra el actual sistema de pensiones, organizada por la coordinadora "No+AFP".
"A la mayoría de los políticos y candidatos no le creemos, no nos van
a engañar una vez más. No basta con decir 'No AFP', no basta con decir que hay que mejorar las pensiones", agregó Mesina,
la nueva jornada de movilización, se proyecta que más de cuarenta comunas en todo Chile se movilicen exigiendo el fin del sistema de pensiones. Además, de la convocatoria, las miradas están puestas en el anuncio que la Coordinadora hará a la ciudadanía.
domingo, la Coordinadora No+AFP encabezada por Luis Mesina, sale a la calle por cuarta vez para exigir el fin de las Aseguradoras de Fondos de
convocatoria alcanza a más de cuarenta ciudades en todo el país. De norte a sur, estudiantes, trabajadores de la salud, profesores, empleados públicos, mineros, entre otros, anunciaron sumarse a la marcha
que, en todo Chile, se iniciará a las 11 horas.
la previa a la movilización, los organizadores extendieron la invitación a todos quienes quieran un cambio en el sistema de pensiones:
“A todas luces, las AFP han fracasado, las pensiones que el sistema otorga a los afiliados cuando se pensionan son absolutamente insuficientes, y seguirán empeorando. Hoy, las pensiones de las AFP en promedio son de $125.319 pesos, y más del 91% recibe menos de $151.353”.
Las cifras, según la OCDE, son de las más bajas del grupo. Además, con tasas de reemplazo de 35% para mujeres y 40% para hombres, siendo uno de
los países que presenta mayor desigualdad entre ambos sexos. Otra
de las acusaciones de la Coordinadora es que las AFP han sido exitosas “en convertir el ahorro previsional forzoso de los trabajadores en capital barato al servicio de los grandes grupos económicos, para invertirlo en los mercados financieros”.
eso, exigen a las autoridades el garantizar un Sistema de Reparto Solidario con aportes tripartitos: “nuestra propuesta permite mejorar significativamente las pensiones tanto para los pensionados actuales como para los futuros. Chile no es un país envejecido, por el contrario estamos en un periodo de transición demográfica con más de cinco trabajadores activos por cada pasivo. Nuestra propuesta es la que mejor enfrenta los futuros problemas demográficos, mientras que las pensiones del sistema de AFP ya están cayendo a niveles insostenibles”.
la movilización de octubre, la Coordinadora hizo un llamado a abandonar
las aseguradoras Cuprum y Hábitat, antes, habían solicitado cambiarse al Fondo E: en 2016 fueron más de 200 mil las personas que se sumaron a este fondo con el fin de capear la volatilidad de los mercados.
este precedente, este cuarto llamado a movilización culminará con un nuevo anuncio. Al menos así lo comprometió Luis Mesina, quien -además- es sondeado para ser uno de los candidatos presidenciales del Frente Amplio, definición que se podría confirmar durante las próximas horas.
embargo, el propio Mesina ha manifestado “pudor” ante la posibilidad de
convertirse en alternativa a La Moneda. En conversación con Cooperativa
dijo no tener aspiraciones políticas, pero estar consciente de que las decisiones no son estáticas: “Hay que escuchar más a la gente para tomar
una decisión (…) Nosotros vamos a evaluar, como coordinadora, qué es lo
que vamos a hacer políticamente. A priori, nunca hemos descartado nada”.
Criticas a Valdés La cuarta marcha contra el sistema se da en medio de las críticas políticas hacia el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés (PPD). La primera en encender el debate fue la ex ministra del Trabajo, Ximena Rincón (DC), quien aseguró que su salida fue producto de la hegemonía de la cartera de Hacienda en el tema de pensiones.
nueva ministra de Trabajo, Alejandra Krauss (DC), también tuvo un capítulo polémico con Valdés. La secretaria de Estado reveló que el cinco por ciento extra de cotización no sería administrado por las AFP, a
lo que el jefe de la cartera fiscal respondió con duras críticas hacia su compañera, a quien calificó de imprudente, y desmintió que estuviera zanjado el destino de la cotización adicional.
problemas no sólo han sido al interior del gabinete. En la Nueva Mayoría diversas voces lo acusan de defender los intereses de las AFP en
desmedro de los trabajadores. Sin embargo, y mientras se discute el destino de los nuevos dineros que entrarán a la ecuación, con las declaraciones de los ministrosse deja entrever que el Gobierno cerró la
puerta a la propuesta que en agosto pasado entregara la Coordinadora a la presidenta Bachelet.
eso, desde No+AFP también aportaron al debate: “Lamentablemente a esta altura no nos sorprende que nuevamente el ministro (Rodrigo) Valdés salga en defensa de las AFP y los grandes grupos económicos, pero se entiende al saber que en medio de las manifestaciones nacionales por terminar con las AFP, se reuniera en EEUU, en una cena en octubre de 2016, con representantes de las multinacionales Principal Financial Group, propietaria de Cuprum, y de MetLife, propietaria de Provida. Menos escabroso, pero igual de imprudente, fue el ataque público que hizo contra la ministra de Trabajo y Seguridad Social”.
Además, responsabilizan a la Presidenta por la demora en el cambio al sistema. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile,
el vocero Luis Mesina dijo que “los partidos de la Nueva Mayoría tienen
una posición interesada de culpar a los ministros de estado del nulo avance en esta materia cuando toda responsabilidad recae en la presidenta Michelle Bachelet.“Realmente los trabajadores no hemos tenido
nada. El anuncio que se hizo en agosto pasado sobre el aumento del cinco por ciento gradual a la contribución de los empleadores aún no se resuelve”.
eso insistieron en su llamado a “todas las familias trabajadoras de Chile a marchar masivamente este domingo 26 de marzo para dejar en claro
que no queremos más AFP, ni privada ni estatal, y no toleraremos reformas cosméticas que no dan solución real a las bajas pensiones ni a la estafa permanente de que venimos siendo objeto los trabajadores chilenos por las AFP desde hace más de 36 años”.
exigencia es volcarse a un Sistema de Reparto Solidario con aportes tripartitos”, es decir, con dineros provenientes desde el trabajador/a, empleador y el Estado, dejando atrás el modelo de capitalización individual impuesto por José Piñera durante la dictadura.
de dos millones de chilenos se manifestaron en contra del sistema previsional. Los convocantes agradecieron la participación y emplazaron al Ejecutivo a escuchar la voz de la gente. En la marcha, la Coordinadora No+AFP dijo que la primera meta de 2017 es hacer colapsar a
Cuprum y Provida. Luis Mesina, en tanto, no descartó ser candidato presidencial del Frente Amplio, pero aclaró que eso solo pasará con el beneplácito de todo el movimiento.
fue la convocatoria alcanzada en la marcha No+AFP. En Santiago cerca de
ochocientas mil personas se sumaron a la movilización que a nivel nacional superó los dos millones de manifestantes que caminaron pacíficamente por los recorridos autorizados por cada intendencia.(Ver galería fotográfica)
final del recorrido, el vocero de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina, agradeció la convocatoria y reiteró en el llamado a movilizarse para exigir el fin del modelo de pensiones. La propuesta es garantizar un Sistema de Reparto Solidario con aportes tripartitos.
Antes, había
señalado que “sobre la base de las reformas no mejoraremos las pensiones”, haciendo alusión a la tibia respuesta del Ejecutivo que se comprometió a “mejorar” el sistema. Mesina volvió a criticar al Gobierno, acusándolos de mantener la actitud de desdeñar al movimiento social: “es por esto que este movimiento va a acabar con las AFP les guste o no les guste”.
molestia contra las aseguradoras radica en el bajo retorno que entrega a
los trabajadores. Según datos entregados por la OCDE, Chile es el país del grupo que entrega menores dineros a sus jubilados. A eso se suma que
es el más desigual en materia de equidad de géneros a la hora de repartir los dineros de pensiones.
cambio, en un sistema tripartito, se busca que el origen del dinero no provenga completamente del trabajador, reduciendo así los factores de inestabilidad del mercado.
de iniciar el recorrido de este 26 de marzo, se presumía que Luis Mesina podría sumarse a la carrera presidencial. El vocero de la Coordinadora es una de las alternativas que baraja el Frente Amplio para
competir en la definición interna y escoger la mejor carta para la papeleta de noviembre.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el vocero no descartó su participación en las elecciones del movimiento de izquierda.
Sin embargo, dejó en claro que esta era una decisión que tomarían todos
los miembros de la Coordinadora, porque “el hacer política desde la cúspide” es algo que rechazan como movimiento ciudadano.
cuarta marcha en contra de las AFPs se dio enmarcada en la discusión sobre el rol del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la reforma al sistema.
Desde que la ex ministra del Trabajo, Ximena Rincón, lo acusara de monopolizar la agenda de pensiones, solo se han sumado voces a
la crítica contra el actuar del militante PPD. Desde la nueva jefa de la cartera de Trabajo, Alejandra Krauss, hasta parlamentarios de la Nueva Mayoría,
lo acusan de defender el patrimonio de las empresas. Por ejemplo, el diputado Lautaro Carmona apuntó a la falta de empatía de Valdés con algunas iniciativas gubernamentales. “Prefiero estar con los imprudentes
que luchan por causas justas, por causas históricas que además tienen la empatía absoluta de lo que fue el mensaje que hizo la presidenta de la república en días pasados. Yo anuncio que el Partido Comunista no va a
transigir en destinar aunque sea un centavo para fortalecer la industria privada de las AFP”.
Desde la Democracia Cristiana, el jefe de bancada de ese partido, Roberto León manifestó que “el ministro Valdés demuestra su escaso manejo político y su nula sintonía con los chilenos”, mientras que el diputado Gabriel Silber apuntó a la desconexión entre el titular de Hacienda y lo que espera la ciudadanía. “Parece que en Teatinos 120 viven en otro planeta, y no lo digo sólo por
el tema reformas y AFPs”, acusó el parlamentario.
también ha tenido duras palabras para el ex presidente del BancoEstado.
En el discurso de cierre de la marcha, Luis Mesina adelantó que exigirán la renuncia del ministro por ser un “actor del sistema”. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile reforzó la idea asegurando que los trabajadores no pueden seguir permitiendo este tipo de conductas.
[Fotos] Con masiva marcha los ciudadanos se manifestaron en contra de las AFP Este domingo miles de personas se reunieron en todas las ciudades del país para exigir un mejor sistema de pensiones. En Santiago la marcha se desarrolló con fuerza a lo largo de la Alameda. El Ciudadano
las once de la mañana, ciudades de todo el país marchan en contra de las AFPs y exigen un cambio en el sistema de pensiones.
En Santiago, la convocatoria se inició en Plaza Italia, desde donde caminan
hasta Plaza Los Héroes, lugar escogido por la Coordinadora No+AFP para entregar un importante anuncio.
En tanto, Luis Mesina volvió a increpar a la presidenta
a quien responsabiliza de la demora en las definiciones para generar un
través de un video, Radio Villa Francia logró captar el momento en que Fuerzas Especiales de Carabineros impedía el paso de los manifestantes de la marcha No+AFP en Santiago.
domingo se desarrollaron masivas movilizaciones en las principales ciudades de Chile contra el actual sistema privado de pensiones, heredado de la dictadura de Pinochet. Se calcula que cerca de 800 mil personas se concentraron en Santiago.
Los organizadores calculas que hubieron 800 mil persoas en Santiago y
que cerca de dos millones se movilizaron a nivel nacional para exigir el fin de las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Luis Mesina coordinador del movimiento “No + AFP”, destacó que en los
últimos tiempos se han logrado algunos avances pero no es suficiente: “Hemos logrado que se hablé de un 5% más cosa que era impensable. Nos falta todavía más”.
los cambios los vamos a hacer a medida que saquemos gente a la calle”, aseguró.
La actual presidenta Michelle Bachelet prometió reformar la normativa
que establece la obligatoriedad a todo trabajador dependiente de destinar el 10% de su salario al pago de sus futuras pensiones a las AFP.
Desde la coordinadora No + AFP señalan que éstas han sido exitosas “en convertir el ahorro previsional forzoso de los trabajadores en capital barato al servicio de los grandes grupos económicos, para invertirlo en los mercados financieros”. Por lo que exigen a las autoridades el garantizar un Sistema de Reparto Solidario con aportes tripartitos: “nuestra propuesta permite mejorar significativamente las pensiones tanto para los pensionados actuales como para los futuros. Chile no es un país envejecido, por el contrario estamos en un periodo de transición demográfica con más de cinco trabajadores activos por cada
pasivo. Nuestra propuesta es la que mejor enfrenta los futuros problemas demográficos, mientras que las pensiones del sistema de AFP ya
están cayendo a niveles insostenibles”.

References: artículo 23
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 artículo 374
 artículo 2
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 artículo 4
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 artículo 25
 artículo 272