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Timestamp: 2020-08-04 06:33:16+00:00

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(Gtz) José Antonio Rivera — El Tribunal Constitucional Defensor de la Constitución | Derecho Constitucional | Constitución
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El Tribunal Constitucional Defensor de la Constitución Reflexiones Sobre la Necesidad de su Consolidación y Fortalecimiento Institucional © José Antonio Rivera S.
Depósito Legal: Nº 3-1-25-07-P.O.
ISBN: 978-99954-0-123-8
Primera Edición 2007 2500 ejemplares
• GTZ - Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha Contra la Pobreza (PADEP) Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal
• Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
El libro que tiene ud. hoy en sus manos, es una obra que combina elementos
que deben ser infaltables en una producción literaria académica de corte jurídico:
doctrina, jurisprudencia, y experiencia. Esto es lo que José Antonio Rivera comparte con nosotros y con ustedes, esta vez sobre el Tribunal Constitucional y su funcionamiento en Bolivia.
La cooperación internacional también ha combinado algunos de sus elementos para que ud. amigo lector la pueda leer, es así que la Unión Europea, la Cooperación Técnica Alemana y la Agencia de Cooperación Española, han unido sus esfuerzos para apoyar al autor boliviano y prestigioso académico, no solo en el país sino fuera de él.
El autor inicia la obra explicando los sustentos del Estado de Derecho,
mostrándonos con precisión y claridad los objetivos que debe tener un Estado que se precia de ser Democrático y de Derecho. En ese contexto, el diseño del sistema de control constitucional expresado en el órgano llamado Tribunal Constitucional es una de las expresiones más contundentes del Estado de Derecho, siendo el guardián del cumplimiento y vigencia de la Constitución y del respeto de los derechos y garantías.
José Antonio Rivera nos comenta que la doctrina del derecho constitucional establece determinados requisitos para considerar la existencia de la justicia constitucional, a saber: una Constitución total o parcialmente rígida; un órgano independiente; el ejercicio del derecho de los particulares a solicitar el control; y, los actos de las autoridades públicas sujetas al control.
A continuación queremos detenernos en algunos de estos requisitos.
La característica principal de un Tribunal Constitucional efectivo, es su no sometimiento al poder político, la lejanía que este órgano debe tener con el ejercicio del poder, pero con la fuerza legal y moral suficiente para controlar los actos estatales, a través de la diversidad de recursos constitucionales que ante él se
puedan interponer. La independencia del Tribunal Constitucional es una tarea que no solo involucra al propio órgano de control constitucional sino que es tarea esencial del propio Poder político.
Estas razones son justificadas por el autor con precisión, basándose en que el Tribunal Constitucional debe ser una jurisdicción especializada independiente, no debe formar parte de los órganos que controla, y no debe estar sometido a ningún tipo de instrucciones de los poderes que controlará en cualquier momento.
José Antonio Rivera se refiere también a la forma de elección de los tribunos, conectada a la independencia del Tribunal Constitucional. Nos dice que la forma de elegir a quienes serán los guardianes de la constitución debe estar conectada necesariamente al control social, lo que no quiere decir que esté propugnando una forma de elección por votación directa (sufragio popular) de los magistrados del Tribunal Constitucional, sino que el proceso de selección debe ser participativo de la sociedad civil, en un procedimiento de elección indirecta en el seno del Poder Legislativo (que ostenta la representación popular), proceso que necesariamente debe contar con procedimientos de selección y comprobación de capacidad e idoneidad, de manera pública y transparente.
El autor aborda un tema vertebral para los Tribunales o Cortes Constitucionales: la vinculatoriedad de sus fallos. Los doctrinarios en esta materia coinciden que no es suficiente que el órgano de control constitucional sea independiente, tampoco es suficiente que sus magistrados sean elegidos en un proceso transparente, público y con control social, sino que las sentencias que emita el Tribunal y las Cortes Constitucionales deben estar dotadas de imperatividad y vinculatoriedad, esto es que sus sentencias deban ser de obligatorio cumplimiento, que el ciudadano que optó por hacer valer sus derechos y garantías ante el órgano de control constitucional pueda exigir de la autoridad pública encargada o afectada, que revierta su conducta y cumpla lo definido por el Tribunal.
El autor continúa brindándonos explicaciones didácticas, apoyadas en doctrina, sobre los modelos de control constitucional y las formas de ejercerlos. Nos comenta también la situación jurídica y legal del control constitucional y su ejercicio, antes de la existencia de un órgano concentrado como el Tribunal Constitucional.
Se encarga también de describir la situación jurídico-constitucional del Tribunal Constitucional en Bolivia en la actualidad, desde la misión, las funciones, las atribuciones, hasta el sistema presupuestario que lo rige.
Desde su experiencia como ex Magistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera nos enriquece con la explicación de derechos fundamentales tutelados por el Tribunal Constitucional, mediante sentencias constitucionales. Cita, explica y fundamenta muchas de ellas. Infiere la importancia que han tenido en el desarrollo del Estado de Derecho instituciones creadas en la reforma constitucional del año 1994 como el propio Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Destaca la labor que ha desempeñado el Tribunal Constitucional en materia del derecho procesal penal, como consecuencia del tránsito que asumió el Estado Boliviano, de dejar en el pasado y en la historia el sistema inquisitivo, para ingresar al sistema acusatorio, oral y público, en el ejercicio del poder penal público, con la vigencia del Nuevo Código de Procedimiento Penal.
Y para quienes se oponen a la mantención del Tribunal Constitucional en la futura reforma constitucional, el autor aborda los puntos centrales de esa oposición y fundamenta criterios que pueden desvirtuarlos. Igualmente, aborda las propuestas para suprimir el Tribunal Constitucional en el país.
Esperamos que esta publicación pueda contribuir al debate sobre la importancia del Tribunal Constitucional en la futura reforma constitucional, que seguramente se dará en el seno de la Asamblea Constituyente.
Asesor Principal Componente Descentralización
PADEP – GTZ
Sucre, 7 de noviembre de 2006
José Manuel Mariscal Arroyo
Coordinador General Cooperación Española en Bolivia
Kathia Saucedo Paz
Coordinadora GTZ Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal
Tr i b u n a l
1. El Estado social y democrático de Derecho que resguarda la justicia constitucional
2. Los fundamentos jurídicos del control de constitucionalidad
3. Los modelos de control de constitucionalidad
El sistema del control político
El sistema del control jurisdiccional
El modelo Americano o “judicial review”
El modelo Europeo “kelseniano”
4. La naturaleza jurídica y fundamentos del sistema de control concentrado de constitucionalidad
5. La justicia constitucional antes de la creación del Tribunal Constitucional
6. El Tribunal Constitucional en Bolivia como defensor de la Constitución y el régimen democrático
Su configuración orgánica y funcional
Su misión, sus fines y atribuciones
El ámbito del estatus constitucional del Tribunal
El ámbito económico - financiero y administrativo
El ámbito orgánico funcional
El ámbito de atribuciones y competencias
7. Una evaluación de los siete años de ejercicio de la labor jurisdiccional desempeñada por el Tribunal Constitucional
Justicia constitucional pronta, oportuna e idónea
Fortalecimiento del sistema constitucional boliviano
Los Valores Supremos y Principios Fundamentales
El fortalecimiento del régimen democrático
El proceso de saneamiento y constitucionalización del ordenamiento jurídico
La vida y la salud como derechos fundamentales primigenios
El derecho a la libertad física
Derechos fundamentales de los sectores vulnerables
8. Las tensiones emergentes de la labor cumplida por el Tribunal Constitucional
8.1. Supuesta generación de inseguridad jurídica
8.2. Supuesta usurpación de funciones del Organo Legislativo por el Tribunal Constitucional creando legislación positiva
8.3. Supuesta invasión por el Tribunal Constitucional al ámbito de la jurisdicción ordinaria
8.4. Supuesta elaboración de jurisprudencia contradictoria
9. La necesidad de la consolidación institucional del Tribunal Constitucional
Modificación de su estatus constitucional dentro del sistema constitucional
Respecto a su estructura orgánica
9.3. Con relación al ámbito de competencias y atribuciones
9.4. Con relación a la designación de los Magistrados del Tribunal Constitucional
10.Algunas palabras sobre la propuesta de suprimir el Tribunal Constitucional
Después de haber transitado un importante tramo del largo camino de su construcción democrática, superando las noches
negras de las nefastas dictaduras militares, Bolivia se enfrenta
a uno de los retos más importantes de su vida republicana, el
adoptar un nuevo modelo de Estado social intercultural, basado en la distribución equitativa de la riqueza social, la inclusión e integración social, el respeto de la diversidad étnica, cultural, de género y generacional; que, superando las políticas de exclusión y marginación social, de inequidad, sea capaz de construir la unidad en la diversidad y así enfrentar los retos de este nuevo Siglo.
Para enfrentar ese reto importante los bolivianos y bolivianas hemos tomado la decisión de ejercer el poder soberano, supremo, extraordinario y directo, como es el Poder Constituyente, que en esta oportunidad será ejercido con una titularidad democrática y
en su doble dimensión; de un lado, por la vía indirecta mediante los representantes democráticamente elegidos que conformarán
la Asamblea Constituyente; y, de otro, por la vía directa, a través
del ejercicio de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, presentando propuestas para la modificación de la Constitución, y mediante
la participación directa en la aprobación o el rechazo de la nueva
Constitución por vía de Referéndum Popular.
Entonces, que Bolivia enfrente el reto importante poniéndose
a la altura de los desafíos de este nuevo Siglo superando las
deficiencias y limitaciones de su estructura económica, social, jurídica y política y profundizando sus aciertos y potencialidades, o
que, al contrario, retroceda en el camino avanzado profundizando los errores y desaciertos cometidos en el pasado, depende de todos y cada uno de los bolivianos y bolivianas; de manera que
todos estamos obligados a participar activamente, en forma directa
o indirecta, en este proceso constituyente, involucrándonos en el
debate, contribuyendo con ideas y propuestas, interviniendo en los procesos de toma de decisiones.
Empero, este importante proceso debe ser encarado con la suficiente serenidad, madurez, generosidad y amplio
espíritu democrático caracterizado por la capacidad de diálogo,
la concertación y el respeto a la discrepancia; en ese escenario
será importante mirar el pasado para comprender el presente y
proyectar al futuro; ello implica que deberá evaluarse con amplitud
y objetividad el actual sistema constitucional, sin prejuicios de
naturaleza alguna, de manera que podamos identificar los errores para superarlos y establecer los aciertos para profundizarlos; pues habrá de tenerse en cuenta que no existen situaciones absolutas, es decir, nada es malo o bueno en si mismo, siempre habrán lados buenos y lados malos.
Es cierto que el sistema constitucional boliviano adoptado
desde su nacimiento a la vida republicana fue y es excluyente
e inequitativo, que dio lugar a que se marginara a los sectores
sociales mayoritarios, que se desarrollara un modelo económico caracterizado por un patrón de acumulación privada de capital en pocas manos y una distribución absolutamente inequitativa de la riqueza social, generando los altos índices de pobreza e indigencia, elevados niveles de analfabetismo, el abandono del Estado a importantes sectores sociales; todos estos aspectos negativos requieren de un cambio profundo en el sistema constitucional, en general, y en las estructuras económicas y sociales de dicho sistema, en particular. Pero de otro lado también es innegable que durante la vigencia de este último período democrático se
han logrado avances significativos en el proceso de consolidación del sistema constitucional y el régimen democrático de gobierno limitado, sobre la base de la separación de funciones, el sistema de los pesos y contrapesos; en ese ámbito es importante destacar
la creación del Tribunal Constitucional como órgano especializado
con la potestad de defender el Estado social y democrático constitucional de Derecho, garantizar la primacía de la Constitución
y proteger los derechos fundamentales de las personas.
En efecto, nadie puede negar que uno de los mejores logros del régimen democrático de las últimas décadas del pasado Siglo es la creación del Tribunal Constitucional, órgano jurisdiccional que a partir del inicio de sus labores ha contribuido, de manera decisiva, a la vigencia plena de la Constitución como Ley suprema del ordenamiento jurídico del Estado, y con ella a la vigencia del
sistema constitucional y el fortalecimiento del régimen democrático de gobierno; así como al resguardo de los derechos fundamentales
y garantías constitucionales; se ha constituido en el factor esencial en el proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico del Estado, así como en el proceso de racionalización del ejercicio
del poder político al declarar inconstitucionales, por lo tanto anular, las disposiciones legales contrarias a la Constitución, y los actos, decisiones o resoluciones que violan los derechos fundamentales
y garantías constitucionales; convirtiéndose, de esa forma, en el
factor de equilibrio en el ejercicio del poder público del Estado; adicionalmente, el Tribunal Constitucional ha contribuido al cambio de visión sobre la forma de ejercer el Derecho provocando una verdadera revolución jurídica.
Entonces, si la creación e implementación de la justicia constitucional, ejercida a través del Tribunal Constitucional, constituye un gran avance en el proceso de consolidación del sistema constitucional y el fortalecimiento del régimen democrático de gobierno, siendo un aspecto positivo de la Constitución vigente, lo que corresponde es que en el diseño del nuevo modelo de Estado se consolide la justicia constitucional especializada, fortaleciendo institucionalmente al Tribunal Constitucional convirtiéndolo en un órgano constitucional independiente del resto de los órganos del poder constituido cuyos actos y decisiones
controla. Sin embargo, surgen planteamientos, si bien aislados aún pero planteamientos al fin, en sentido contrario; pues proponen encomendar la labor del control de constitucionalidad a una Sala de la Corte Suprema de Justicia, lo que en la práctica significa,
de un lado, eliminar el Tribunal Constitucional, a pesar de que, en
corto tiempo de funcionamiento, ha cumplido plenamente con
misión encomendada, ha demostrado eficiencia, idoneidad y
transparencia, constituyéndose en una de las instituciones con altos índices de credibilidad y confianza ciudadana; y, de otro, retornar a un pasado ya superado, que se caracterizó por la retardación de
justicia y la carencia de un verdadero control de constitucionalidad,
lo que dio lugar a un ejercicio casi ilimitado del poder político con
graves signos de autoritarismo y abuso de poder, con absoluto desconocimiento del sistema de valores supremos y principios fundamentales proclamados por la Constitución, con constantes
y permanentes violaciones de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas.
En consecuencia, podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que surgen peligrosas amenazas a la vida institucional del Tribunal Constitucional; frente a cuya realidad, conocedores de la vital importancia de este órgano para la plena vigencia del sistema constitucional establecido por la Constitución, para la defensa del Estado constitucional de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, los bolivianos y bolivianas no podemos quedar indiferentes, ni podemos contribuir con nuestra omisión a la eliminación institucional del Tribunal Constitucional, pues tenemos que salir en su defensa, con argumentos sólidos y con propuestas claras para lograr, al contrario de lo que proponen sus detractores, su consolidación institucional.
Es en esa perspectiva que he tomado la decisión de desarrollar el presente trabajo, para contribuir al debate respecto al futuro del actual modelo de control de constitucionalidad y, con ello,
del Tribunal Constitucional, con elementos de análisis elaborados desde la perspectiva académica y sobre la base de una constatación fáctica de la labor desempeñada hasta el presente por el referido órgano constitucional.
Con ese propósito, partiendo de los elementos referidos
a la importancia de una justicia constitucional especializada
como mecanismo de defensa del Estado social y democrático constitucional de Derecho, se aborda el tema con un análisis de la justicia constitucional en Bolivia en sus dos momentos, es decir, antes de la creación del Tribunal Constitucional y después de dicha creación; se realiza una evaluación objetiva de la labor desempeñada por el Tribunal Constitucional en estos siete años de desempeño jurisdiccional, anotando sus fortalezas y debilidades; para luego examinar los diferentes argumentos que sostienen
quienes plantean la revisión y, eventualmente, el cambio del modelo
de control de constitucionalidad en Bolivia.
Cochabamba, invierno de 2006
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO DEFENSOR DE LA CONSTITUCION. Reflexiones sobre la necesidad de su consolidación y fortalecimiento institucional
La norma prevista por el art. 1-II de la Constitución define que Bolivia es un Estado social y democrático de Derecho. A partir de esa definición se configura el sistema constitucional boliviano que se sustenta en los valores supremos, los principios fundamentales, así como los derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Según la doctrina constitucional, el Estado social significa un modelo de organización social, política y económica basado en los valores supremos de la dignidad humana, la igualdad y la
justicia, en el que la política estatal esté orientada a garantizarle
a su población las condiciones básicas para una existencia digna
de seres humanos, como seres dotados de un fin propio, y no cual simples medios para fines de otros; lo que significa que el papel del
Estado no debe reducirse a resguardar el orden público y no interferir ni vulnerar las libertades de las personas, sino principalmente a contrarrestar las desigualdades sociales existentes y ofrecer a todos sus nacionales las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar las necesidades materiales. Ello implica que el Estado debe desplegar políticas orientadas, entre otras,
a proteger y atender de manera especial a los sectores sociales
con mayores desventajas, como aquellas que tengan debilidad manifiesta por su condición económica, por carencia de trabajo, o por la disminución de su capacidad física, prestándoles asistencia y protección necesarias en el marco de las posibilidades económicas que estén a su alcance.
Uno de los pilares del Estado social es la protección y defensa de los derechos fundamentales de la persona, a cuyo efecto
despliega acciones para potenciar sus capacidades, mantener o mejorar su nivel de vida; por lo tanto, el respeto por los derechos humanos, de un lado, y el acatamiento de unos principios rectores de la actuación estatal, de otro, constituyen las consecuencias prácticas de la filosofía del Estado social de Derecho.
El Estado democrático entraña distintas características del régimen político. De un lado, que los titulares del poder público ejercen esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, expresada a través de las elecciones basadas en el sufragio universal; de otro, la relación de los ciudadanos con el poder político no se reduce a la emisión del voto para elegir a sus representantes y gobernantes, sino que también se exprese en una participación activa y efectiva en la toma de decisiones, a través de mecanismos como el referéndum popular, la planificación participativa, así como el control social y la iniciativa legislativa; y, finalmente, que la democracia sea expresada como la capacidad de respeto a los demás, la capacidad del diálogo y el respeto por la discrepancia, de manera tal que la voluntad de las mayorías no pueda llegar al extremo de desconocer los derechos de las minorías ni los derechos fundamentales de las personas.
Según la doctrina del Derecho Constitucional el Estado
democrático tiene como elementos cualificadores los siguientes:
a) el principio de la soberanía popular, como el modo específico y
peculiar de concebir el poder en el Estado, en el que el referente último es la voluntad del pueblo; b) la concepción plural de la sociedad, lo que supone una comprensión de la sociedad como un entramado en el que se interaccionan los diferentes grupos sociales,
situados en un plano de igualdad, grupos que responden a la propia libertad del ser humano y que, a la par, proporcionan a éste la
posibilidad de desarrollar libremente y en plenitud su personalidad;
c) la participación como principio rector de la vida social y política,
lo que significa que el proceso político debe estar asentado en la
participación de todos los ciudadanos en la conformación de los órganos del poder constituido y en la expresión de su voluntad
o decisión política sobre los asuntos o temas sometidos a su
consideración por las autoridades de gobierno, a través de los mecanismos previstos por la Constitución; y d) la democracia como principio de convivencia, que significa la formación de todos y cada uno de los ciudadanos en un espíritu de respeto y tolerancia.
El Estado de Derecho significa que la actividad estatal está regida por un ordenamiento jurídico que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados. De manera que el Estado se rige por el ordenamiento jurídico en cuya cúspide se encuentra la Constitución Política del Estado, como la Ley Fundamental, en la que se consagran los valores fundamentales como los máximos ideales de la sociedad boliviana; los principios fundamentales como los presupuestos lógicos y las líneas rectoras o básicas de la política interna y externa del Estado informando el ordenamiento jurídico y político; los derechos fundamentales y garantías constitucionales, como el límite natural al poder del Estado, así como del propio poder individual de las personas frente a las otras. De manera que el poder político se ejerce sobre la base del principio de supremacía de la Constitución que determina las condiciones de validez de las leyes y demás disposiciones legales; así como de los actos y decisiones
de los gobernantes; por lo tanto el gobierno es limitado, por ello se configura sobre la base del principio de separación de funciones
o división del ejercicio del poder político en el sentido horizontal
y en el sentido vertical o territorial, siendo uno de sus elementos esencial el sistema de los pesos y contrapesos.
En definitiva, un Estado de Derecho tiene por finalidad
mantener un clima de convivencia pacífica y armonía social, sobre
la base del respeto y protección de los derechos fundamentales
de las personas, asegurando al individuo una esfera de libertad
y protección contra la violencia, tanto estatal como particular,
reprimiendo, incluso con la fuerza, las actividades violentas de los demás individuos que vulneran esa órbita de libertad y ponen en riesgo la vida, la salud y la dignidad humana.
Ahora bien, una manifestación del Estado social y democrático de Derecho es el Tribunal Constitucional que tiene la misión de defender ese Estado social y democrático de Derecho, resguardando su sistema constitucional expresado en la Constitución, desarrollando la labor jurisdiccional especializada del control de constitucionalidad en su triple dimensión: a) el control normativo de constitucionalidad; b) el control del ejercicio del poder político; y c) el control tutelar de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En suma, el Tribunal Constitucional es el principal y eficaz garante de la vigencia plena Constitución, como norma básica de convivencia pacífica y construcción democrática de la sociedad boliviana.
Según la doctrina del Derecho Procesal Constitucional, el control de constitucionalidad es la acción política o jurisdiccional que tiene la finalidad de garantizar la primacía de la Constitución, la que debe ser acatada y cumplida por todos los órganos del poder público, por los gobernantes y gobernados, así como aplicada con preferencia a las leyes, decretos o resoluciones. Se trata pues de una acción de verificación de la compatibilidad y conformidad de las disposiciones legales, los actos, resoluciones y decisiones de los gobernantes con los valores supremos, los principios fundamentales, los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas consagrados por la Constitución.
Cabe señalar que el control de constitucionalidad inicialmente se estructuró como un sistema de control de la compatibilidad de las leyes con la Constitución; tuvo su configuración en la tendencia racionalizadora del poder, como una reacción frente a la primacía parlamentaria; de manera que las disposiciones legales ordinarias, para tener validez legal, no solamente cumplan con la formalidad de ser emitidas por el órgano Legislativo, sino se encuadren en las normas de la Constitución y sean compatibles con el sistema de valores y principios fundamentales sobre los que se estructura el Estado de Derecho.
A partir de la segunda posguerra mundial, el control de constitucionalidad surge como una manifestación del Estado democrático constitucional de Derecho, en cuanto supone la consagración del principio de supralegalidad constitucional, es decir, la supremacía de la Constitución, la tutela de los derechos fundamentales de las personas y la configuración moderna del principio de separación de funciones o división del ejercicio del
poder político, tanto en su aspecto horizontal como vertical o territorial.
Entonces, en el nuevo modelo de Estado constitucional de Derecho, que se configura sobre la base del constitucionalismo contemporáneo, el control de constitucionalidad abarca tres ámbitos importantes: a) el control normativo, es decir, el control de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales, sean éstas las expedidas por el órgano Legislativo como leyes, o las expedidas por el órgano Ejecutivo como Decretos que reglamentan las leyes; b) el control tutelar para la protección de los derechos humanos, positivazos por la Constitución como derechos fundamentales, restableciéndolos en los casos en que sean restringidos o suprimidos de manera ilegal o indebida; y, c) el control del ejercicio del poder político, preservando el respeto del principio de la separación de funciones o la división del ejercicio del poder político, en su sentido vertical o territorial como en su sentido horizontal, resolviendo los conflictos de competencia que se suscitan entre los diferentes órganos del poder público, así como entre los diferentes niveles de gobierno.
Una de las características del último cuarto del Siglo XX es la universalización de la justicia constitucional, cuya misión es la de ejercer el control de constitucionalidad en la triple dimensión referida precedentemente; pues, siendo la Constitución la norma básica de convivencia pacífica y de la construcción democrática de la sociedad, todo ordenamiento constitucional de esta última época prevé mecanismos de defensa de la Constitución; de manera que, hoy en día, la justicia constitucional forma parte de la cultura constitucional, que entra en sintonía con la universalización del respeto y protección de la dignidad humana, a través del proceso de positivación y judicialización de los derechos humanos; ya que, como se afirma en el preámbulo de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, “el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie y ultrajantes para la conciencia de la humanidad”.
Es importante señalar que la justicia constitucional, a través de la cual se ejerce el control de constitucionalidad en defensa de la Constitución, se fundamenta en la necesidad de salvaguardar el sistema constitucional que se configura sobre la base del sistema de valores supremos como la igualdad, la libertad, la justicia, la dignidad humana, el pluralismo y la solidaridad, los principios fundamentales, así como los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de la persona; en el propósito de garantizar la convivencia social pacífica, y el resguardo del régimen democrático con un gobierno limitado por la Constitución, que se configura sobre la base de del sistema de los pesos y contrapesos; de manera que, como sostiene Fernández Segado 1 , se pueda prevenir la tiranía de la mayoría y evitar que los poderes de decisión política asuman formas y contenidos arbitrarios.
Para la existencia de una justicia constitucional idónea y eficaz, y configurar un sistema de control de constitucionalidad efectivo e idóneo, que cumpla con su misión de máximo guardián y último intérprete de la Constitución, es necesario que concurran los siguientes requisitos o presupuestos jurídicos:
O Constitución total o parcialmente rígida
Según la doctrina del Derecho Procesal Constitucional, un presupuesto jurídico esencial para la existencia del control de constitucionalidad de las leyes y los actos estatales es que la
1 Fernández Segado, Francisco. “La Justicia Constitucional ante el Siglo XXI: La progresiva convergencia de los sistemas americano y europeo-kelseniano”, en Tribunal Constitucional (editor). La Justicia Constitucional en Bolivia 1998 – 2003. Sucre – Bolivia. Ed. Kipus. 2003. Pág. 203.
Constitución sea rígida total o parcialmente 2 ; es decir, que esté ubicada en la cima de la jerarquía normativa del Estado y pueda ser reformada mediante mecanismos y procedimientos extraordinarios y especiales, distintos a los que se emplean para reformar una ley ordinaria; lo que supone que deberá ser reformada o por el poder constituyente derivado (Asamblea Constituyente o Referéndum Popular), o por el poder constitucional reformador (el Congreso Nacional, con un procedimiento extraordinario y una votación cualificada, para cuyo efecto es investido del poder reformador); ello significa que les está prohibido a los órganos del poder constituido el modificar la Constitución, a través de sus actos o decisiones.
La Constitución es la Ley suprema y fundamental del ordenamiento jurídico del Estado que consigna normas que regulan el sistema constitucional, es decir, el modo y forma en que se organiza y estructura el Estado, lo que supone la proclamación de los valores supremos y principios fundamentales, la consagración de los derechos y garantías constitucionales de las personas, así como la delimitación de la estructura social, económica financiera, jurídica y política, lo que significa la definición de la forma de Estado, el régimen de gobierno, los órganos a través de los cuales se ejerce el poder político, su estructura y organización, definiendo quienes lo integran, cómo se eligen o designan y cuáles son sus funciones y atribuciones. Es Ley suprema porque se coloca por encima de toda otra norma legal; es fundamental, porque, tanto las disposiciones legales ordinarias emanadas del Legislativo como del Ejecutivo, así como los detentadores del poder público tienen su fuente de legitimación y fundamento en las normas de la Constitución. Entonces, la Constitución se constituye en el mejor instrumento de limitación del poder público, estableciendo, de un lado, el sistema de valores supremos, los principios fundamentales,
Se conoce como Constitución totalmente rígida a aquella que no permite su reforma, por ejemplo la Constitución de los E.E.U.U.; en cambio una Constitución es parcialmente rígida cuando permite su reforma total o parcial pero por mecanismos y procedimientos especiales, diferentes a los que son utilizados para reformar una ley ordinaria.
así como los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas; y, de otro, delimitando el ámbito de las competencias y atribuciones de los órganos de poder del Estado; por lo tanto, el constituyente establece mecanismos de defensa de la Constitución, previendo, de un lado, la rigidez en cuanto a su modificación o reforma; y, de otro, creando un sistema de control de constitucionalidad encomendando dicha labor a la jurisdicción constitucional constituida por un Tribunal o Corte Constitucional.
Queda absolutamente claro que, si la Constitución es flexible se ubica en el mismo rango que una Ley ordinaria; en cuyo caso las leyes ordinarias tienen la misma jerarquía constitucional; por lo tanto, no es posible que sean contrarias a la Constitución, toda vez que de ser así no la estarían contrariando sino la estarían derogando o modificando.
o Órgano de control independiente
Un segundo presupuesto jurídico fundamental es que el órgano encargado del control de constitucionalidad tenga independencia con relación a los demás órganos de poder del Estado cuyos actos o resoluciones controla. Ello significa que el órgano contralor de la constitucionalidad debe ser organismo distinto y separado de los órganos cuyos actos, decisiones o resoluciones controla, constituyéndose en una jurisdicción especializada en resolver las controversias constitucionales. Queda claro que la labor del control de constitucionalidad no puede encomendarse al mismo órgano del que emana la disposición legal o acto que debe ser sometido al control, porque, como dice Karl Loewenstein 3 , “el Parlamento que ha emitido la ley es el menos apropiado para convertirse en defensor de la Constitución. Los conejos no son, generalmente, los guardianes más seguros del jardín. No se puede esperar de
Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución. 2ª ed. Barcelona - España. Ed. Ariel. 1970. Pág. 317.
la asamblea, o de la mayoría de sus miembros, que se corrija a sí
Pero no solamente tiene que ser diferente de los órganos controlados, sino independiente de ellos, es decir, no depender de los órganos controlados, de manera que, en el ejercicio de su función
jurisdiccional no esté subordinado ni sometido sino a la Constitución
y las leyes. Refiriéndose al tema, el célebre jurista austríaco Hans
Kelsen 4 , al fundamentar la creación de un Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, sostuvo que “no es pues el Parlamento mismo con quien se puede contar para realizar su subordinación a la Constitución. Es un órgano diferente a él, independiente de él, y por consiguiente, también de cualquier otra autoridad estatal, al que es necesario encargar la anulación de los actos inconstitucionales –esto es una Jurisdicción
o Tribunal Constitucional-“; la postura asumida por Kelsen es absolutamente comprensible ya que de encomendarse la labor
a un órgano que forme parte de aquel cuyos actos controla, se
generaría una relación de dependencia que obstaculizaría la labor del contralor de constitucionalidad. Debe entenderse que toda relación de dependencia genera subordinación y, si hay subordinación, como dice Vanossi, en su obra Introducción a los
Sistemas de Control de Constitucionalidad, citada por Sagüés, “es absolutamente ingenuo pensar que estando sujeto el controlante
al controlado pueda ejercer, uno sobre otro, función de control”.
Néstor Pedro Sagüés 5 por su parte, hace notar que “la separación y
la independencia entre el órgano de control y el órgano controlado
no es cosa únicamente de normas, sino también de costumbres y
prácticas constitucionales”.
4 Kelsen, Hans. La Garantía Jurisdiccional de la Constitución. Trad. Rolando Tamayo Salmorán. Cochabamba – Bolivia. Ed. Kipus. 2006. Pág. 40.
Sagüés, Néstor Pedro. (1989). Derecho Procesal Constitucional. 2ª ed. Buenos Aires – Argentina. Ed. Astrea. 1989. Pág. 33.
En definitiva se trata de constituir una jurisdicción constitucional autónoma y especializada, para lo que, a decir de Peter Haberle 6 , deben concurrir un conjunto de elementos esenciales para su configuración, entre los que se pueden citar de manera enunciativa, no limitativa, los siguientes: a) el estatus de la jurisdicción constitucional como un órgano constitucional, como una garantía de
su independencia, lo que supone que el órgano de control no debe
formar parte constitutiva de ninguno de los órganos de poder del Estado cuyos actos y decisiones controla que estén subordinados
a la Constitución; b) la legitimación democrática, referida al
procedimiento de designación de los miembros de la jurisdicción constitucional, lo que supone que dicho procedimiento debe estar en
la cadena de legitimación del pueblo con los órganos estatales, ello
no significa que los jueces constitucionales sean elegidos mediante
voto popular directo sino en un procedimiento de elección indirecta realizada por el órgano Legislativo en representación del pueblo, pero rodeado de procedimientos de selección previa de postulantes sobre la base de comprobación de la capacidad e idoneidad, en procesos públicos y transparentes sometidos al control social; c) garantizar el principio de publicidad, no sólo como la base de la
organización para el estatus de la justicia constitucional y el proceso
de conformación de la jurisdicción constitucional, sino en el cotidiano
desempeño mismo de la labor de control de constitucionalidad al
conocer y resolver los procesos constitucionales, como mecanismo
de control social; d) el desarrollo, por la jurisdicción constitucional,
de una actividad jurisprudencial racional, caracterizada por la aplicación de la Ley y el Derecho, racionalmente revisable en sus métodos y con frecuencia creativa; e) un estándar común mínimo
de competencias y funciones de la jurisdicción constitucional, que
se estructuran en determinadas formas de controversias, lo que
6 Haberle, Peter. “El Tribunal Constitucional Federal como modelo de una Jurisdicción Constitucional autónoma”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional Nº 9. Madrid – España. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 2005. Págs. 121 - 126.
caracteriza a la jurisdicción constitucional como institución necesaria del Estado constitucional de Derecho; competencias orientadas
a los siguientes ámbitos: la garantía evolutiva de los derechos
fundamentales de las personas en el contexto de los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos; la protección de la democracia y el Estado constitucional de Derecho, en especial de
la primacía de la Constitución; la garantía del equilibrio de poderes
como aseguramiento de la separación de los poderes del Estado;
la garantía del pluralismo político y con ello de la protección de las
minorías de todo tipo; la actualización cautelosa de la Constitución;
y f) la configuración de los procesos constitucionales, a través
de los cuales se ejerce el control de constitucionalidad, con los respectivos procedimientos extraordinarios de tramitación especial, sobre la base de los principios fundamentales de la seguridad jurídica, la presunción de constitucionalidad, la conservación de la norma, con métodos y principios de interpretación constitucional orientados hacia la optimización del sistema para la protección de los derechos humanos, principios como la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el principio pro hómine; finalmente, los principios procesales de la actuación a instancia de parte, la publicidad, gratuidad y celeridad.
o Facultades decisorias del órgano de control
Otra condición esencial, para la adecuada configuración de un sistema de control de constitucionalidad y el funcionamiento de
una jurisdicción constitucional especializada, idónea y eficaz, es que el órgano encargado del control tenga la capacidad, facultad
y potestad de adoptar por sí mismo decisiones definitivas y no revisables por los otros órganos del poder público.
En efecto, no es suficiente que el órgano encargado del control de constitucionalidad sea diferente e independiente de los órganos cuyos actos o decisiones controla; es tan importante
y significativo que la jurisdicción constitucional cuente con una
capacidad decisoria en el ámbito de sus competencias y funciones
asignadas por la Constitución. Ello supone básicamente lo siguiente:
en primer lugar, no sólo que la Constitución y la Ley Orgánica que regule su organización y funcionamiento le reconozcan esa capacidad decisoria, sino, y fundamentalmente, que los jueces que la integran asuman la firme convicción de que deben resolver las controversias constitucionales sometidas a su competencia adoptando decisiones firmes y sólidas sobre el fondo mismo del proceso, sin rehuir la responsabilidad acudiendo a vicios o defectos formales en que aparentemente hubiesen incurrido las partes; en segundo lugar, las decisiones adoptadas por la jurisdicción constitucional sean definitivas, no susceptibles de revisión por otros órganos constitucionales del Estado, lo que significa que esas decisiones serán mandatos expresos no meramente indicativos, de cumplimiento obligatorio para todos los gobernantes y gobernados,
y la jurisprudencia contenida en esas decisiones tenga fuerza
vinculante; y, en tercer lugar, si la controversia constitucional versa sobre la incompatibilidad o inconformidad de una disposición legal ordinaria con la Constitución, la decisión adoptada por la Jurisdicción Constitucional que declara la inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada debe tener un efecto general o erga omnes, de manera que sea expulsada del ordenamiento jurídico.
Si la resolución pronunciada por el órgano encargado del control es meramente indicativa, no obligatoria ni vinculante, o está sujeta a la decisión final del órgano Legislativo, pierde su esencia y efectividad; entonces el Tribunal Constitucional deja de ser un órgano de control de constitucionalidad y, como señala Fix Zamudio, citado por Sagüés 7 en su libro Derecho Procesal Constitucional, “no puede considerarse como un verdadero órgano jurisdiccional especializado en controversias constitucionales, sino exclusivamente un instrumento auxiliar del órgano legislativo”.
Op. Cit. Pág. 35. T1.
o Derecho de los particulares para solicitar el control
Un requisito inherente a la naturaleza misma del control de
constitucionalidad es el referido a la legitimación activa reconocida a los ciudadanos como un derecho de acceso al control. Esto implica que la legislación que regula la organización y funcionamiento del órgano encargado del control, así como los procedimientos para la realización del control constitucional, reconozca el derecho de las personas a solicitar el control de constitucionalidad en defensa de la Constitución y los derechos fundamentales y garantías constitucionales que ésta consagra. Como dice Vanossi, citado por Sagüés 8 , “de faltar esa posibilidad a los ciudadanos comunes, es relativa la idea de control o, por lo menos, el control queda reducido
a un ámbito mucho menor”.
El derecho de las personas a solicitar el control de constitucionalidad está relacionado con lo que en doctrina se conoce como la legitimación activa. Tomando en cuenta que el control de constitucionalidad abarca no sólo el ámbito normativo sino la vigencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, el análisis del tema corresponde ser abordado en esas dos dimensiones.
En cuanto concierne al ámbito del control tutelar de los derechos fundamentales, no existe mayor problema 9 , por cuanto la doctrina y la propia legislación reconocen legitimación activa
irrestricta a las personas para solicitar la tutela de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales frente a los actos, resoluciones u omisiones ilegales o indebidas que los restringen
o suprimen. Es más, en muchas legislaciones se prescinde de
formalidades procesales para la presentación de las acciones tutelares de los derechos fundamentales.
8 Ibidem. Pág. 36. T1.
Salvo en los casos referidos a los derechos colectivos o de los pueblos, o el caso de los intereses difusos, en los que se plantean dificultades en el orden de la legitimación activa.
No podemos decir lo mismo en cuanto se refiere al control normativo, toda vez que respecto a la legitimación activa en este ámbito, existen dos posiciones contrapuestas. Una sustenta la tesis de que se reconozca el derecho a solicitar el control de forma amplia e irrestricta; la otra, plantea la tesis restrictiva.
Quienes sustentan la tesis de otorgar la legitimación activa irrestricta parten del principio de la dignidad humana, por el que toda persona siempre debe tener el derecho a que se le aplique una norma constitucional y no la norma inconstitucional. Como señala Sagüés, en su citada obra Derecho Procesal Constitucional, esta tendencia posibilita a cualquier particular afectado a reclamar ante el órgano competente por un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la norma, acto u omisión que lo agravia. Sobre esa base es que algunos países han instituido la acción popular de inconstitucionalidad. Es el caso de Colombia y del Perú, aunque en este último país la legitimación activa para la acción popular se condiciona a la presentación de cinco mil firmas de ciudadanos comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones.
Los que sustentan la tesis de la legitimación activa restringida argumentan su posición en el hecho de que una legitimación activa
irrestricta daría lugar a que se traslade el debate político, del legislativo al órgano jurisdiccional de control de constitucionalidad, con el riesgo de desnaturalizar el sistema de control de constitucionalidad
y generar un congestionamiento de causas. Sobre esa base es
que restringen la legitimación activa a determinadas autoridades
o funcionarios públicos, especialmente en el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad.
o Sometimiento de toda actividad estatal al control
Finalmente, una condición esencial para que funcione el sistema de control de constitucionalidad, es el sometimiento de
toda actividad estatal al control. Esta condición tiene su base de sustentación en el principio de supremacía de la Constitución, sobre el que se configura el sistema constitucional del Estado; ello supone que la Constitución se constituye en la fuente de legitimación del poder público, y el fundamento de toda otra norma jurídica, por lo que, tanto las disposiciones legales ordinarias, cuanto las decisiones y resoluciones de las autoridades públicas deben y tienen que subordinarse a la Constitución que expresa el sistema de valores supremos, los principios fundamentales, los derechos y garantías constitucionales de las personas. Respecto al principio de la supremacía constitucional, el Tribunal Constitucional en su SC 633/2002-R, de 29 de mayo, ha señalado
en un Estado Democrático de Derecho, cuyo orden jurídico
que “( )
y político se sustenta sobre la base del principio fundamental de la supremacía constitucional, las decisiones y resoluciones de todos los órganos públicos están subordinados a las normas previstas por la Constitución, por lo mismo ningún órgano, entidad, autoridad o funcionario público puede sustraerse al control de constitucionalidad”.
Una de las características de todo Estado democrático constitucional de Derecho es que las autoridades públicas o funcionarios estatales no disponen de poderes ilimitados; pues el adecuado funcionamiento de este modelo de Estado y el desarrollo equilibrado de las relaciones entre las personas particulares y el Estado, conlleva el establecimiento de límites al accionar de las autoridades públicas o funcionarios estatales. Esos límites están previstos por la Constitución con la distribución de funciones a los órganos de poder, la delimitación de competencias y atribuciones, la proclamación de los derechos fundamentales y la fijación de las garantías constitucionales.
En consecuencia, en un modelo de Estado democrático constitucional de Derecho ninguna autoridad pública y ninguna
actividad estatal puede sustraerse al control de constitucionalidad, ya que en esta materia no se pueden establecer regímenes de excepción; pues debe tenerse presente que el control ejercido por la jurisdicción constitucional especializada tiene por finalidad garantizar que ninguno de los órganos del poder público, mediante actos ordinarios, puedan modificar la Constitución, marco básico de la convivencia pacífica y límite infranqueable a la acción de las autoridades públicas instituidas para llevar adelante los fines del Estado. Empero, esa finalidad se vería fracturada si se admitiese regímenes de excepción, de manera que si alguna autoridad pública o alguna actividad estatal se sustrajesen del control de constitucionalidad significaría permitir que los actos sustraídos del control puedan convertirse en vehículos de reforma material de la Constitución, lo cual resultaría incompatible con los principios fundamentales que sustentan el sistema constitucional del Estado; porque allí donde una autoridad pública pueda traspasar el límite
fijado por la Constitución y sus actos u omisiones sigan, no obstante, teniendo valor jurídico, no tendría sentido tener Constitución como la Ley Fundamental del Estado, por lo mismo no podría calificarse
ese Estado como democrático constitucional de Derecho.
Los modelos de control de constitucionalidad
Según la doctrina del Derecho Procesal Constitucional, a partir del criterio del órgano encargado del control, se pueden identificar dos sistemas de control de constitucionalidad: el sistema control político de constitucionalidad y el sistema control jurisdiccional de constitucionalidad.
En el sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad,
a su vez la doctrina reconoce dos modelos, los que clásicamente
se denominaron como: a) modelo de control jurisdiccional difuso o de la judicial review (revisión judicial); y b) modelo de control
jurisdiccional concentrado.
En la doctrina contemporánea del Derecho Constitucional se tiende a cambiar la denominación de los modelos, identificándolos como: a) modelo americano, al de la revisión judicial o control difuso; y b) modelo europeo, al control concentrado. Así, Francisco Rubio Llorente, en su trabajo “Tendencias Actuales de la Jurisdicción Constitucional en Europa”, resume la clasificación, de lo que él denomina como Jurisdicción Constitucional 10 , en dos grandes modelos: el norteamericano, como forma del control difuso, en el que la decisión judicial no anula la ley, no la expulsa del ordenamiento, simplemente la inaplica en el caso concreto y; el europeo, el que concentra la jurisdicción constitucional en un tribunal único, que actúa como legislador negativo, en él la ley no es juzgada en relación con el caso concreto, sino a lo más con motivo de él, y en caso de ser considerada contraria a la Constitución es anulada; por lo tanto, expulsada del ordenamiento jurídico.
Con relación a la clasificación de los modelos de control jurisdiccional de constitucionalidad se puede decir que en la actualidad sólo se justifica por razones metodológicas de estudio, toda vez que la bipolaridad entre el modelo americano y el modelo europeo tiende a desaparecer, por cuanto no existen modelos puros. Refiriéndose al tema, el profesor español Francisco Fernández Segado, en su trabajo La Justicia Constitucional ante el Siglo XXI:
La progresiva convergencia de los sistemas americano y europeo- kelseniano 11 , señala que la virtualidad didáctica de los adjetivos “difuso” y “concentrado” es grande; de ello no cabe la menor duda; sin embargo, hoy no se puede decir que retraten la realidad de la institución considerada, por lo que su valor explicativo es bastante dudoso; como justificativo a su hipótesis, Fernández, sostiene que, desde la perspectiva histórica resulta que la completa vigencia
10 Rubio Llorente define la jurisdicción constitucional como “aquella que enjuicia toda la actividad del poder desde el punto de vista de la Constitución; la que tiene como función asegurar la constitucionalidad de la actividad del poder”.
Págs. 213 – 230.
práctica de los postulados teóricos en que se sustentaba la bipolaridad sistema difuso - sistema concentrado, fue más escasa, produciéndose muy pronto una cierta relativización de algunos de sus rasgos más característicos. En el interesante estudio referido, Fernández concluye señalando que, una opinión doctrinal muy extendida en nuestros días, si es que no casi generalizada, subraya la existencia de una clara tendencia convergente entre los dos clásicos modelos.
3.1. El sistema del control político
En este modelo el control de la constitucionalidad está encomendado a un órgano de naturaleza política, es decir, un organismo esencialmente político que puede ser el propio órgano Legislativo u otro órgano especial constituido sobre la base de una designación política, como es el Consejo Constitucional de Francia;
de manera que no son jueces o tribunales judiciales los que ejercen
Este modelo tiene sus orígenes en la posición antijudicialista
la desconfianza en la labor de los jueces, asumida en la época
de la revolución francesa; de manera que se asumió la posición de que los ciudadanos serían protegidos por las leyes elaboradas por
el Parlamento, ya que la Ley es la expresión de la voluntad general,
posición que se sustenta en la tesis rusoniana de la infalibilidad del Parlamento. De ahí que Francia se convierte en el arquetipo del control político de constitucionalidad de las leyes.
constitucionalidad se pueden identificar los siguientes rasgos específicos del sistema:
a) El órgano encargado del control de constitucionalidad tiene una composición eminentemente política, resultante no sólo de la
elección parlamentaria sino de la no exigencia de una calificación técnico-jurídica de los que acceden a esa función.
b) El control que ejerce el órgano político es esencialmente de carácter preventivo, toda vez que el control de la constitucionalidad de una ley debe producirse antes de que la disposición legal entre en vigencia; generalmente se ejerce por la vía de la consulta.
c) El control de constitucionalidad, en muchas ocasiones, tiene un carácter puramente consultivo, lo que implica que la decisión del órgano que ejerce el control no tiene efecto vinculante.
3. 2. El sistema del control jurisdiccional
En este sistema la labor del control de constitucionalidad está encomendada a un organismo jurisdiccional, es decir, un órgano que está dotado de jurisdicción y competencia para ejercer el control a través de procedimientos extraordinarios y especiales.
Según la doctrina del Derecho Constitucional, el sistema del control jurisdiccional de constitucionalidad tiene dos variantes que se describen como modelos: el modelo americano o difuso, y el modelo europeo o concentrado.
3.2.1. El modelo Americano o “judicial review”
Conocidoclásicamentecomoelmodelodecontroljurisdiccional difuso. Se caracteriza porque todos los jueces tienen la potestad y obligación legal de aplicar la Constitución con preferencia a las leyes y éstas con preferencia a los decretos o resoluciones; de manera que, como dice Fernández Segado, en su obra El Sistema Constitucional Español 12 , “todos los jueces están habilitados para inaplicar aquellas leyes que juzguen contrarias a la Constitución”,
12 Fernández Segado, Francisco. El Sistema Constitucional Español. Madrid – España. Ed. Dykinson. 1997. Pág. 1036.
o como manifiesta Mauro Capelleti, citado por Fernández Segado,
“en este sistema se atribuye a todos los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico, que lo ejerciten incidentalmente, con ocasión de la decisión de una causa de su competencia”.
Cabe señalar que este modelo de control de constitucional
tiene sus antecedentes en la doctrina desarrollada por el Juez inglés Edward Coke al resolver el caso “Bonham’s case”, en el año 1610, en defensa del common law y de su tradicional supremacía frente
a los posibles excesos o arbitrios de la Corona y el Parlamento,
doctrina que tuvo marcada influencia en los Estados Unidos de Norte América, donde por la vía del Derecho Judicial o Derecho Jurisprudencial los jueces y tribunales asumieron la función de velar por la primacía de la Constitución, concretamente a partir de la célebre sentencia emitida por el juez John Marshall al resolver el caso “Marbury vs. Madison”; de manera que los jueces y tribunales desarrollan la labor del control de constitucionalidad con la firme convicción de que velar por la Constitución es tanto como proteger la libertad misma, así como el sistema de valores sobre los que se asienta la convivencia social y, por lo mismo el gobierno de la colectividad, que en el marco de esa doctrina constituye un gobierno limitado por la Constitución.
Este modelo de control tiene las siguientes características:
1) Todos los órganos judiciales ordinarios, jueces y tribunales, pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes cuando conocen y resuelven las controversias suscitadas ante ellos.
2) La ley sospechosa de inconstitucionalidad no es susceptible de impugnación directa, pues la presunta inconstitucionalidad sólo puede hacerse valer como cuestión incidental de cuya resolución depende la decisión que sobre el caso principal ha de adoptar el juez competente.
3) Están legitimadas para solicitar o promover el control las partes en litigio, es decir las partes del proceso en el cual se debe aplicar la norma supuestamente inconstitucional.
4) En este sistema, el Juez no anula la ley, sino que declara una nulidad preexistente, inaplicando la disposición legal al caso que está conociendo, de manera que los efectos de su declaración están limitados al caso concreto.
3.2.2. El modelo Europeo “kelseniano”
Conocido en la doctrina clásica como control jurisdiccional concentrado, según Fernández Segado 13 , en su citada obra
El Sistema Constitucional Español, se caracteriza por otorgar
a un organismo jurisdiccional especializado, llámese Tribunal
Constitucional, Corte Federal Constitucional o Tribunal de Garantías Constitucionales, el monopolio de las competencias para conocer
de la constitucionalidad de las leyes, además de otras referidas a la
Es importante señalar que este modelo de control de constitucionalidad, diseñado sobre la obra maestra del jurista austríaco Hans Kelsen, se sustentó principalmente en el peligro que conllevaba para la seguridad jurídica el conceder a cada Juez
o Tribunal el poder de apreciar la constitucionalidad de las leyes,
pues ello generó en la práctica la falta de uniformidad en cuestiones constitucionales, fenómeno que cada vez fue más grande, así lo constató Kelsen en Austria; pues como afirma Fernández Segado 14 ,
en su trabajo La Justicia Constitucional ante el Siglo XXI, el control de
constitucionalidad encomendado a una jurisdicción especializada,
el Tribunal Constitucional, como el órgano especializado de control
de constitucionalidad, nace como “un acto de desconfianza en
13 Op. Cit. Pág. 1046.
Op. Cit. Págs. 212 – 213.
los Jueces, encaminado a salvaguardar el principio de seguridad jurídica y a restablecer la supremacía del Parlamento, puesta en serio peligro por la batalla iniciada por amplios sectores del mundo jurídico a favor del control jurisdiccional (difuso) de las leyes, lo que entrañaba dejar en manos de una casta judicial, en amplia medida de extracción aristocrática y vocación autoritaria, un instrumento de extraordinaria relevancia en la vida de un Estado de Derecho”.
Este modelo, a diferencia del anterior, tiene las siguientes características:
1) El control de constitucionalidad está encomendado a un órgano especializado, llámese Tribunal Constitucional, Corte Constitucional Federal, Tribunal de Garantías Constitucionales, que tiene el monopolio de las competencias para conocer de la constitucionalidad de las leyes.
2) El procedimiento de control de constitucionalidad se inicia mediante el ejercicio de una acción de inconstitucionalidad, es decir, a través de un procedimiento de impugnación directa, sin esperar que se presente la ocasión de un proceso judicial concreto en el que tenga que aplicarse la Ley impugnada de inconstitucional.
3) Este sistema establece la legitimación de determinados órganos para recurrir a la acción directa de inconstitucionalidad, estableciendo ciertas limitaciones; empero legitima también a las personas particulares, pero con determinadas restricciones.
4) Los efectos de la resolución que declara la inconstitucionalidad de la ley son de carácter general o erga omnes; además, la resolución no declara sólo la inaplicabilidad de la Ley sino la anula, por lo que la decisión tiene el efecto derogatorio o abrogatorio, lo que constituye una forma de legislación negativa; pero, el efecto siempre es para el futuro no en cuanto al pasado,
es decir, no tiene aplicación retroactiva a decisiones en las que se hubiesen aplicado la Ley declarada de inconstitucional, salvo en materia penal.
UnadelascaracterísticasesencialesdeunEstadodemocrático constitucional, en el constitucionalismo contemporáneo, es que su sistema constitucional esté dotado de una jurisdicción constitucional ejercida a través de las cortes o tribunales constitucionales; pues habrá de recordar que la justicia constitucional con las características actuales surge como reacción ante la crisis del concepto clásico de la Constitución, ya que se adquiere plena conciencia de que ésta deja de ser una simple declaración de principios y se convierte en norma directamente aplicable.
Entonces, tomando en cuenta que el control de constitucionalidad es consecuencia del principio de la supremacía de la Constitución; la justicia constitucional debe ser considerada como una manifestación del Estado constitucional, en cuanto supone la consagración del principio de la supralegalidad constitucional, la tutela de los derechos y libertades y la aceptación del principio de división de poderes, tanto en su aspecto horizontal como vertical; de lo que se infiere que los tribunales constitucionales son el instrumento de defensa de la Constitución, por lo mismo un mecanismo de control del ejercicio del poder político, haciendo efectivo los límites al poder previstos por la Constitución; y, finalmente, los tribunales son el instrumento de protección y defensa de los derechos humanos; en suma, son el mecanismo idóneo para racionalizar el poder, tanto el político del Estado, cuanto el poder individual de los ciudadanos, de manera tal que se logre un equilibrio en las relaciones de las personas particulares entre sí, así como de éstas con el Estado.
Como afirmó Rudolf Smend, citado por García de Enterría 15 , los tribunales constitucionales tienen una triple tarea que cumplir en un Estado social y democrático constitucional, de un lado crear orden en el amplio sentido de las cuestiones jurídico- constitucionales, en las que sólo puede crear un orden auténtico una justicia independiente del más alto rango; en segundo lugar, fortalecer las bases de la existencia política, en la que se nos permite a los ciudadanos experimentar la vivencia de la condición de Estado constitucional de Derecho, de nuestra comunidad y de la
dignidad garantizada de ciudadanos libres; y, finalmente, luchar por
el imperio de los derechos y los bienes al tomar como motivación
expresa de sus decisiones estos mas altos valores de la tierra.
En ese orden de ideas, como sostiene Louis Favoreu, los tribunales constitucionales son jurisdicciones constitucionales “a
tiempo completo” situados fuera del aparato jurisdiccional ordinario,
e independientes de éste, a los que la Constitución atribuye el monopolio del control de la constitucionalidad de las leyes.
Para comprender los fundamentos de la justicia constitucional contemporánea ejercida por las cortes o tribunales constitucionales, resulta necesario referirse al modelo de Estado democrático constitucional de la segunda mitad del Siglo XX adoptado en el marco de constitucionalismo contemporáneo, frente al Estado de derecho legislado adoptado a partir de la revolución francesa en el marco del constitucionalismo clásico.
Habrá de recordar que el Estado constitucional de Derecho se estructura sobre la base de los valores supremos, principios fundamentales, derechos y garantías constitucionales; entre los
principios fundamentales, en el ámbito jurídico-político, se tiene
el principio de la supremacía de la Constitución. En el modelo de
García de Enterría, Eduardo. La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. 3ª ed. Madrid – España. Ed. Civitas. 1983. Pág. 195.
Estado constitucional de Derecho cambian las condiciones de validez de las leyes, pues ya no dependen sólo de la forma de su producción, es decir, que sean emitidas por el Poder Legislativo, sino también, y principalmente, su validez y legitimidad depende de la coherencia de sus contenidos con el sistema de valores y principios consagrados en la Constitución.
Bajo las bases señaladas, el Estado constitucional de Derecho tiene como principal característica la generación de un proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, proceso que consiste en la transformación de un ordenamiento jurídico al término del cual el mismo resulta totalmente impregnado por las normas de la Constitución y su sistema de valores supremos, así como de los principios fundamentales y los derechos y garantías constitucionales; de manera que la finalidad de ese proceso es que el Estado constitucional de Derecho cuente con un ordenamiento jurídico constitucionalizado. Como señala Ricardo Guastini, un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una Constitución extremadamente invasora, entrometida, capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales.
Siguiendo la doctrina contemporánea del Derecho Constitucional cabe señalar que, para que el ordenamiento jurídico del Estado se considere constitucionalizado, es necesario que se cumpla básicamente con las siguientes condiciones:
1º Contar con una Constitución rígida, esto es que, la Ley Fundamental no pueda ser modificada por los órganos del poder constituido y mediante los mecanismos ordinarios previstos para la modificación de las leyes, sino mediante el Poder Constituyente derivado y procedimientos especiales.
2º La garantía jurisdiccional de la Constitución, lo que significa que deberá crearse un órgano estatal independiente y autónomo que desarrolle el control de constitucionalidad con facultad decisoria, cuyas resoluciones tengan carácter obligatorio y la doctrina creada tenga el efecto vinculante.
3º La “sobreinterpretación” de la Constitución, esto es que la Ley Fundamental que consagra los valores supremos, los principios fundamentales y los derechos fundamentales de la persona, debe merecer una permanente interpretación para hacer que la Constitución formal responda a la Constitución material, de manera tal que aquella sea una norma viva, ello obligará al
intérprete máximo a extraer las normas implícitas consignadas por
el constituyente en el texto de la Constitución.
4º La aplicación directa de las normas constitucionales, lo que supone un cambio radical de concepción de la Ley Fundamental del Estado, pues a diferencia de la concepción clásica en la que la
Constitución era considerada una mera carta política que definía la organización y funcionamiento de los órganos del poder público, en
el constitucionalismo contemporáneo se considera que, de hecho
así opera, la Constitución es la norma fundamental que consigna valores supremos, principios fundamentales y consagrada derechos fundamentales de la persona, por lo que es aplicable
a las relaciones de los ciudadanos con el Estado, es decir, a la solución de conflictos específicos.
5º La interpretación conforme de las Leyes, ello significa que, en aplicación de los principios fundamentales de la supremacía constitucional y jerarquía normativa, la legislación ordinaria debe ser interpretada desde y conforme a la Constitución para su aplicación a la solución de un caso concreto, de manera que sólo será aplicable aquella interpretación que sea conforme a la
Constitución descartando la que sea contraria o contradictoria con la Ley Fundamental del Estado.
Es en ese nuevo escenario creado por el constitucionalismo contemporáneo que se fundamenta la existencia de las cortes o
tribunales constitucionales, como jurisdicciones especializadas para ejercer el control de constitucionalidad. Es que, como dice Ricardo Haro 16 , una de las manifestaciones más excelsas del Derecho ha sido surgida del constitucionalismo contemporáneo, que realizó una
de las mayores revoluciones en la dialéctica y conflictiva relación
entre la sociedad y el Estado, y justificó su origen y desarrollo en dos premisas trascendentales: la primera, la afirmación y protección de la dignidad de la persona humana; y, la segunda,
la división y equilibrio del poder público y sus funciones. Y es que
el logro de esas dos premisas, sólo fue posible con la creación
y funcionamiento de un sistema de control de constitucionalidad como elemento esencial del nuevo Estado social y democrático constitucional.
De lo referido se puede concluir que los tribunales constitucionales representan el cambio del constitucionalismo liberal por el constitucionalismo democrático social; defienden la Constitución; protegen los derechos fundamentales y el sistema democrático; velan por el mantenimiento del núcleo esencial de los derechos fundamentales que garantiza en condiciones de igualdad la Constitución; finalmente, garantizan la limitación y sujeción del
poder político a la Constitución; en ejercicio de esas funciones han creado conciencia constitucional en los ciudadanos, han producido
y producen una interpretación constitucional uniforme; han
preservado el sistema democrático; por ello, son esenciales para la existencia de un Estado social y constitucional de Derecho.
16 Haro, Ricardo. “El control de constitucionalidad comparado y el rol paradigmático de las cortes y tribunales constitucionales”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano – 2004”. Montevideo – Uruguay. Ed. Fundación Honrad Adenauer. 2004. Págs. 41 – 41. T1.
Por todo ello, hoy en día no puede concebirse un Estado social
y democrático constitucional, sustentado en el constitucionalismo
contemporáneo sin una justicia constitucional ejercida por las cortes
o tribunales constitucionales, pues como dice García Enterría 17 , “una Constitución sin Tribunal Constitucional que imponga su
interpretación y la efectividad de la misma en los casos cuestionados es una Constitución herida de muerte”, nosotros añadiríamos a ello lo siguiente, que en el Siglo XXI no existe ni puede existir un Estado constitucional sin un Tribunal Constitucional como guardián
y máximo intérprete de la Constitución y protector de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Es en ese contexto que después de la segunda posguerra mundial, los Estados democrático - constitucionales gradualmente han adoptado el modelo en el que el control de constitucionalidad es ejercido por un Tribunal o Corte Constitucional. Así en Europa se tiene que Alemania, Austria, España, Italia, Portugal y Turquía tienen un Tribunal Constitucional; en Europa central y oriental, los siguientes países tienen un Tribunal Constitucional: Albania, Armenia, Bulgaria, Croacia, Hungría, Lituania, Macedonia, Polonia, República Checa, Bielorrusia, Bosnia, Georgia, Rumania, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Yugoslavia. En Asia tiene Tribunal Constitucional Corea. En Africa tienen Angola, Madagascar y Africa del Sur. En América Latina los siguientes países han creado un Tribunal Constitucional: Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala, Perú y Ecuador; en cambio los siguientes países han creado una Sala Constitucional dentro de la Corte Suprema tienen lo países de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Paraguay.
La tendencia actual es la de adoptar el modelo europeo de control de constitucionalidad con la creación de un Tribunal o Corte Constitucional encargado del control de constitucionalidad como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución,
Op. Cit. Pág. 186.
ese es el caso del Brasil en el que se ha iniciado un movimiento por la creación del Tribunal Constitucional, o el de la República Dominicana, para citar algunos casos.
Esa tendencia de encomendar la labor de control de constitucionalidad a la jurisdicción constitucional especializada, constituida por Tribunales o Cortes Constitucionales como órganos constitucionales independientes de los demás órganos del poder público, y no a los jueces o tribunales de la jurisdicción ordinaria, tiene su base en los siguientes fundamentos:
1º La finalidad que se persigue en la actualidad con adopción del sistema de control de constitucionalidad, que no es otra que la de lograr la mayor eficacia en la defensa del sistema constitucional, en general, y de la Constitución, en particular, como instrumento de límite al ejercicio del poder político en el marco de la preservación del principio de supremacía de la Constitución y el principio de la separación de funciones o división de poderes, garantizando el equilibrio en el ejercicio del poder político del Estado en el marco del sistema de los pesos y contrapesos; asimismo, la preservación del sistema de valores supremos y los derechos fundamentales de las personas, a partir de la concesión de tutela efectiva e idónea a las personas cuyos derechos fundamentales sean restringidos o suprimidos de manera ilegal o indebida.
Esa finalidad no es posible lograr si el órgano o la jurisdicción que cumple la función de ejercer el control de constitucionalidad forma parte integrante de alguno de los órganos de poder del Estado, cuyos actos y decisiones son objeto del control de constitucionalidad; pues como ya se tiene referido, uno de los presupuestos jurídicos esenciales para un buen funcionamiento del sistema es que exista un órgano independiente encargado del control y con potestad de decisión, lo cual no es posible lograr cuando la labor se encomienda a un Tribunal de la jurisdicción
ordinaria, sea éste la Corte Suprema de Justicia o una Sala de dicha Corte, ya que en última instancia pertenece a un órgano de poder del Estado, como es Judicial, cuyos actos y decisiones también son objeto del control, especialmente en el ámbito tutelar, toda vez que los mayores índices de violación de los derechos fundamentales de las personas se originan en la substanciación de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria; pues los derechos fundamentales de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la defensa, a impugnar una decisión
ante el superior en grado, a la intimidad o la vida privada, entre otros, son los que con mayor frecuencia son restringidos o suprimidos por las acciones u omisiones ilegales o indebidas de los jueces
y tribunales ordinarios; así, demuestran los datos estadísticos del
flujo procesal que tiene el Tribunal Constitucional, ya que el 67% de los amparos constitucionales planteados están dirigidos contra los jueces o tribunales de justicia .
En ese orden de ideas, es fundamental que el órgano encargado del control de constitucionalidad sea independiente, orgánica y funcionalmente, de los órganos del poder público, cuyos
actos y decisiones controla que estén subordinados a la Constitución
y su sistema de valores; de manera que ese órgano debe tener el
estatus de un órgano constitucional independiente, que no puede ser otro que un Tribunal o Corte Constitucional que no forme parte de ninguno de los órganos de poder del Estado.
2º La calidad del servicio de la justicia constitucional, ello tomando en cuenta la finalidad que se persigue con la adopción de un sistema de control de constitucionalidad en los términos anteriormente referidos. En esa perspectiva, se considera que una
justicia constitucional de mayor calidad, en cuanto a la oportunidad,
la eficacia, la eficiencia en la defensa de la Constitución y protección
de los derechos fundamentales, sólo es posible conseguir con una jurisdicción constitucional especializada ejercida por un Tribunal
o Corte Constitucional independiente; ello por las siguientes razones:
a) En primer lugar, es importante recordar que el control de constitucionalidad tiene su base y fundamento en el principio de supremacía de la Constitución, de manera que el parámetro de interpretación, así como de todo juicio de constitucionalidad, tanto en el orden del control normativo como en el control tutelar y el control del ejercicio del poder político es y será la Constitución, como la Ley suprema del ordenamiento jurídico del Estado.
Ahora bien, los jueces de la jurisdicción ordinaria, dada la naturaleza jurídica de los procesos judiciales ordinarios que conocen y substancian, están formados y mentalizados para la aplicación y defensa de la Ley, de manera que su base es el principio de legalidad no así el principio de supremacía de la Constitución; ello sucede especialmente con los jueces que han sido formados bajo la influencia de la escuela del Derecho Legislado franco - germánica -
romana; la función principal de los jueces y tribunales ordinarios es resolver los conflictos entre los particulares aplicando el Derecho positivo que es la Ley, en ese orden de cosas emplean los métodos de la subsunción y el silogismo jurídico, tanto para desarrollar la interpretación legal cuanto para desarrollar su argumentación jurídica en la sentencia que emiten; ello da lugar a que se produzcan algunas fallas en materia de interpretación constitucional así como
de la interpretación de la legislación ordinaria, pues esta última no
siempre es interpretada desde y conforme a la Constitución, ello es fácilmente verificable en un estudio sistematizado de las sentencias emitidas por los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria.
En cambio la Jurisdicción Constitucional tiene la misión de resolver eventuales conflictos entre la legislación ordinaria con la Constitución, entre los particulares con el Estado, conflictos entre órganos del poder público, eventuales conflictos entre derechos
fundamentales de una persona con los derechos de otra persona, entre valores supremos o principios fundamentales, conflictos entre normas con valores o principios; por ello, la Jurisdicción Constitucional está obligada a emplear en la interpretación constitucional y la elaboración de los argumentos jurídicos de sus fallos, principios, criterios y métodos de interpretación constitucional específicos, entre ellos la ponderación de bienes, el principio de proporcionalidad o el test de razonabilidad, instrumentos que no son utilizados cotidianamente por los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria.
De otro lado, cabe señalar que en materia de interpretación de las normas sobre derechos humanos, los jueces y tribunales ordinarios no tienen compromiso con los derechos humanos, pues pretenden mantener una supuesta neutralidad; por lo tanto, no aplican con rigurosidad los principios de interpretación que son absolutamente diferentes de los que se emplean en la interpretación de la legislación ordinaria, principios como el de la dignidad humana, el principio pro hómine, principio de la fuerza expansiva de los derechos humanos, el principio de la interacción, el principio de promoción, el principio de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos; de manera que no siempre impera en ellos la convicción del garantismo con relación a los derechos fundamentales de las personas, sino el apego hacia el “ritualismo” procesalista o, algo más grave aún, procedimientalista.
Finalmente, en cuanto se refiere a la construcción de las cadenas argumentativas que sustentan las sentencias, dada la naturaleza jurídica de los procesos judiciales ordinarios, los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria emplean como fórmula el casuismo y el silogismo jurídico, en cambio la justicia constitucional exige la aplicación de criterios consecuencialistas o de univerzalidad, consideraciones de consistencia y coherencia, así como el respeto del precedente obligatorio, exige de la aplicación
de la fórmula descriptiva y no solamente de la prescriptita, de manera que pueda ingresar a un plano de análisis conceptual, además de exponer las premisas de una inferencia práctica; para que así pueda llegar a producir una jurisprudencia racional y una sólida doctrina constitucional.
Es en esa línea de razonamiento que el célebre jurista Mauro Cappelletti, citado por Gerardo Monrroy Cabra 18 , al fundamentar su posición de que la jurisdicción ordinaria no puede ser el órgano
encargado del control de constitucionalidad, sostiene lo siguiente:
“Los jueces de la Europa continental son habitualmente magistrados de ‘carrera’, poco aptos para cumplir una tarea de control de las leyes, tarea que, como veremos, es inevitablemente creadora y va mucho más lejos de su función tradicional de ‘meros intérpretes’
y ‘fieles servidores’ de las leyes. La interpretación misma de las
normas constitucionales, y especialmente del núcleo central de éstas, que es la Declaración de los derechos fundamentales o ‘Bill of Rights’, suele ser muy distinta de la interpretación de las leyes ordinarias. Requiere una aproximación que se conjuga mal con la tradicional ‘debilidad y timidez’ del juez según el modelo continental”.
b) En segundo lugar, no debe olvidarse que la jurisdicción ordinaria, al tener como función primordial el resolver las
controversias entre los particulares, en la práctica se ve afectada por una sobrecarga procesal, si a ella se añade además la función de control de constitucionalidad lo que sucede es que se disminuye la eficacia y eficiencia en el desempeño de sus funciones, pues
el efecto puede derivar en un doble sentido; que se produzca una
lamentable retardación de justicia, como sucedió en el pasado, cuando la labor de control de constitucionalidad fue encomendada
18 Monroy Cabra, Marco Gerardo. “Necesidad e importancia de los tribunales constitucionales en un Estado social de Derecho”, en en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano – 2004”. Montevideo – Uruguay. Ed. Fundación Honrad Adenauer. 2004. Pág. 30. T1.
a la Corte Suprema de Justicia; o, en su defecto, disminuye la
calidad del servicio. Tomando en cuenta la importancia que tienen las decisiones adoptadas por el órgano encargado del control de constitucionalidad para el Estado democrático constitucional de Derecho, para la vigencia plena de los derechos fundamentales de las personas, para la vida del Estado y la colectividad, no resulta razonable enfrentar situaciones como las referidas.
Para comprender la importancia que tiene una jurisdicción constitucional especializada y autónoma, es importante analizar
brevemente lo que fue la justicia constitucional en Bolivia antes de
la creación del Tribunal Constitucional y lo que es en la actualidad,
es decir, con posterioridad a dicha creación.
En ese propósito cabe señalar que, de una revisión de los antecedentes referidos al sistema de control de constitucionalidad demuestra que Bolivia, a lo largo de su historia republicana, adoptó los dos modelos. Inicialmente adoptó el modelo de control político de constitucionalidad, luego el control jurisdiccional con sus dos
variables, el denominado sistema de la revisión judicial o difuso y,
el sistema especializado o concentrado.
Al nacer a la vida republicana, se estableció un sistema de control de constitucionalidad ejercido a través del propio órgano legislativo; lo que, según la doctrina, se podría catalogar como un sistema de control político de constitucionalidad.
En efecto, la Constitución de 1826, en su art. 51, al nombrar las atribuciones de la Cámara de Censores, establecía textualmente lo siguiente: “1º, velar si el Gobierno cumple y hace cumplir la Constitución, las leyes y los tratados públicos; 2º Acusar ante el
Senado las infracciones que el Ejecutivo haga de la Constitución, las leyes y los tratados públicos”. Este sistema no tuvo una vigencia efectiva, en razón a que la Constitución fue desconocida a los pocos años de su puesta en vigor.
En la reforma constitucional del año 1831 se creó el Consejo de Estado otorgándole, entre otras, la función del control de constitucionalidad. Por disposición del art. 93 de la Constitución, dicho organismo estaba “compuesto de siete individuos, nombrados por el Congreso a pluralidad absoluta de votos”, a ellos se sumaban el Presidente y Vicepresidente de la República, una vez fenecido su mandato. Una de las atribuciones del Consejo de Estado fue la de “velar sobre la observancia de la Constitución, e informar documentadamente al Cuerpo Legislativo sobre las infracciones de ella”. Esa tarea constituye un control de constitucionalidad.
Mediante reforma constitucional del año 1839 se suprimió el Consejo de Estado sin que se asigne la tarea del control de constitucionalidad a órgano alguno. El año 1843, al reformar la Constitución, se restableció el organismo bajo el nombre de Consejo Nacional; el texto constitucional le otorgó la facultad de velar sobre la observancia de la Constitución. En 1851 se volvió a reformar la Constitución y, en lo que respecta al tema de control de constitucionalidad, se suprimió nuevamente el Consejo Nacional y no se previó un mecanismo ni institución para desarrollar las labores del órgano depuesto.
A través de la reforma de la Constitución realizada el año 1861, se restituyó el Consejo de Estado. En aquella ocasión se ampliaron sus atribuciones en lo que concierne a la labor de control de constitucionalidad. Así, en el ámbito consultivo y correctivo el art. 41 estableció que “Son atribuciones del Consejo de Estado: 3) Dar su voto sobre los proyectos de ley o reglamento, que el Gobierno le pase por vía de consulta. 4) Juzgar a los magistrados de la Corte
Suprema y a los vocales del Tribunal General de Valores, cuando la Asamblea declare haber lugar a la acusación. 7) Declarar la legalidad o ilegalidad de los impuestos y establecimientos creados por las municipalidades. 9) Recibir durante el receso de la Asamblea, las denuncias y querellas interpuestas contra el Presidente de la República y Ministros del despacho, por actos inconstitucionales, para someterlas a la Asamblea, previa instrucción conveniente”. En la Constitución reformada aquel año también se instituyó el sistema de control jurisdiccional, asignándole la tarea a la Corte Suprema de Justicia. En efecto el art. 65º de la Constitución disponía lo siguiente: “Son atribuciones de la Corte de Casación: 2º Conocer de los negocios de puro derecho, cuya decisión depende de la constitucionalidad de las leyes”.
En la reforma constitucional realizada el año 1868 se suprimió el Consejo de Estado; empero, en la del año 1871 se restableció nuevamente con modificaciones en su composición y atribuciones. En cuanto a éstas, el art. 59 de la Constitución reformada el año 1871, le otorgó entre otras las siguientes: “3) Dictaminar sobre los proyectos de ley o de reglamento que el Gobierno le pase por vía de consulta. 5) Juzgar a los magistrados de la Corte Suprema cuando la Asamblea declare haber lugar a la acusación, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Imponer a los mismos, con vista del proceso, la responsabilidad correspondiente por las infracciones de ley que cometan en sus fallos. 6) Dirimir las competencias que se susciten entre los Consejos Municipales, y entre éstos y las autoridades políticas y entre los unos y las otras con las juntas municipales de provincia. 9) Declarar la legalidad o ilegalidad de los impuestos y establecimientos creados por las municipalidades. 11) Recibir durante el receso de la Asamblea las denuncias y querellas interpuestas contra el Presidente de la República y Ministros de Estado, por actos inconstitucionales, para someterlos a la Asamblea previa la instrucción conveniente. 12) Dirigir representaciones al Gobierno sobre las infracciones constitucionales que cometiere”.
Como se podrá advertir, las atribuciones conferidas al Consejo de Estado en aquella reforma constitucional, son propias del sistema de control de constitucionalidad en el orden normativo preventivo y correctivo.
El sistema de control jurisdiccional difuso o modelo americano fue instituido a través de la reforma constitucional del año 1861. La Constitución reformada consagró, por una parte, el principio de la supremacía constitucional, cuando en su art. 86 estableció textualmente lo siguiente: “Las autoridades y tribunales aplicarán esta Constitución con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones”; y, por otra, encomendó la labor de control de constitucionalidad, por la vía de acción concreta, al Tribunal Supremo de Justicia, cuando en su art. 79 dispuso que: “son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, además de las que le señalen las leyes: 2º Conocer de los negocios de puro derecho, cuya decisión depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes”. Sobre esa base se organizó el sistema de control jurisdiccional difuso, por el que los jueces y tribunales tenían la atribución y obligación de inaplicar una disposición claramente incompatible con las normas de la Constitución, pero por otro lado la Corte Suprema de Justicia, como el máximo tribunal de justicia, tenía la facultad y atribución de conocer y tramitar el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de una disposición legal, cuya decisión tenía un efecto inter partes.
De lo referido se puede inferir que entre 1861 a 1878 rigió un modelo dual de control de constitucionalidad, de un lado, un sistema de control político y, de otro, un modelo de control jurisdiccional difuso.
El modelo de control jurisdiccional difuso de constitucionalidad vigente entre 1861 a 1938, tuvo las siguientes características:
a) En lo que se refiere a los alcances del control, abarcaba
a dos ámbitos: 1) el normativo, es decir, el control sobre las leyes, decretos y cualquier género de resoluciones de carácter normativo general, labor ejercida a través de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad; y, 2) el competencial, es decir, el control sobre el ejercicio de las atribuciones y competencias otorgadas por la Constitución y las Leyes a las autoridades públicas, labor desempeñada a través del recurso directo de nulidad. Esto significa que estuvo excluido del sistema el control tutelar de los derechos fundamentales.
b) Respecto a los órganos encargados de ejercer el control
normativo de constitucionalidad, el modelo era mixto; pues de un lado, tenía los elementos del control difuso en la medida en que todos los jueces y tribunales judiciales, al resolver un caso concreto, podían inaplicar la disposición legal que consideren inconstitucional; y, de otro, la Corte Suprema de Justicia ejercía un control concentrado por la vía de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
c) Con relación a los efectos de las decisiones emitidas en el
control normativo, éstas tenían efecto inter partes, que no anulaban la disposición legal declarada inconstitucional simplemente declaraban la nulidad persistente disponiendo su inaplicación al caso concreto.
El modelo de control que tuvo su vigencia entre los años 1938 a 1999 19 , con relación al anterior tuvo la variante de haberse incluido el control tutelar de los derechos fundamentales, inicialmente a través del recurso de hábeas corpus, aprobado mediante el Referéndum Popular de 1931 e incorporado a la Constitución en la Convención
19 Debe tenerse presente que, si bien es cierto que el actual modelo de control de constitucionalidad es adoptado mediante la Ley N° 1585 de Reforma a la Constitución Política del Estado de 12 de agosto de 1994, no es menos cierto que recién el 1° junio de 1999 que inicia oficialmente sus labores jurisdiccionales el Tribunal Constitucional, de manera que el sistema anterior siguió vigente en forma transitoria hasta esa fecha.
Nacional Constituyente de 1938; posteriormente con la adopción del amparo constitucional en la Asamblea Nacional Constituyente de 1967, y la promulgación del Código de Procedimiento Civil (1975) que introdujo el recurso contra resoluciones legislativas y el recurso contra impuestos ilegales. Por lo demás se mantuvieron las demás características ya descritas anteriormente.
Para efectuar una valoración objetiva de las bondades del sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad, configurado bajo la marcada influencia del modelo americano, es importante centrar el análisis al modelo vigente a partir de 1967 a 1999; asimismo resulta necesario realizar un estudio del movimiento de los procesos constitucionales que formaron parte del modelo de control, delimitando temporalmente el estudio a las gestiones que transcurren entre 1991 a 1998; ello porque a partir del 1º de junio de 1999, ya inició sus labores jurisdiccionales del Tribunal Constitucional en el marco del nuevo modelo de control de constitucionalidad adoptado en la reforma constitucional de 1994.
En el ámbito del control normativo, ejercido a través de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, de un estudio del movimiento de causas entre los años 1991 a 1998 se extrae la siguiente información:
En ese lapso de tiempo ingresaron 258 acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los cuales se admitieron 251 causas; de esa cantidad de acciones sólo fueron resueltas en el fondo 119 acciones que representan al 47,4% de causas admitidas; de las restantes 132 acciones causas 89 concluyeron con declaración de perención; 24 no fueron resueltas, el resto tuvieron un conclusión extraordinaria por desistimiento, retiro de causa o extinción. Con relación a las decisiones de fondo, cabe señalar que 96 acciones, que representan el 38% del total de causas admitidas, fueron declaradas improbadas, en cambio 23, que representan
el 9.2% del total de acciones admitidas, fueron declaradas probadas; lo que supone la declaración de la inaplicabilidad de la disposición legal impugnada por inconstitucional, con efecto para el caso concreto. Con relación al plazo corresponde referir que las decisiones de fondo fueron emitidas en un promedio de tres años y medio; pues el menor tiempo empleado fue de dos años y el de mayor tiempo de cinco años.
Con relación a la sustanciación de los recursos directos de nulidad, como vía de control del ejercicio de las competencias asignadas por la Constitución y las leyes, de un estudio del movimiento de causas entre los años 1991 a 1998 se tiene la siguiente información:
En ese lapso de tiempo ingresaron un total de 490 causas, de las cuales 321 causas, que representan el 65,51% fueron admitidas para su trámite; en cambio 169 causas, que representan el 34,49% de las causas presentadas, fueron inadmitidas o rechazadas. Del total de recursos admitidos, 58 recursos, que constituyen el 18,06%, fueron declarados fundados disponiéndose la nulidad de las resoluciones o actos impugnados; 81 recursos, que representan el 25,23%, fueron declarados infundados; en 70 recursos, que constituyen el 21,81% del total, la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para resolver la causa; 62 recursos, que significan el 19,31% del total de causas admitidas, fueron archivados sin resolución; 21 causas, que constituyen el 6,54% del total de causas admitidas, concluyeron con desistimiento; finalmente 29 recursos, que representan el 9,03% del total de recursos admitidos, no cuentan con resolución. Es importante señalar que, de la revisión de los registros y archivos de la Corte Suprema de Justicia se establece que los recursos directos de nulidad eran resueltos en un plazo promedio de dos años y medio.
Con relación a las acciones tutelares de hábeas corpus y amparo constitucional, cuya resolución en grado de revisión de oficio formaban parte de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, habrá de señalar que, de un estudio de los registros y archivos del referido Tribunal Supremo se tiene que en el sistema anterior no todos los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional eran remitidos a la Corte Suprema de Justicia en grado de revisión, no obstante que las normas previstas por la Constitución disponían que la remisión se efectúe de oficio. De otro lado, con relación a los recursos de hábeas corpus, éstos eran resueltos en un promedio de un año y medio. Finalmente, sobre los amparos constitucionales, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia asumió la tesis negativa sobre la procedencia de este recurso contra resolución judiciales pasadas en aparente calidad de cosa juzgada, de manera que a través de esa vía tutelar no se podían impugnar aquellas decisiones judiciales que eran emergentes de procesos sustanciados con grave vulneración de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de alguna de las partes; además dichos recursos eran resueltos en un promedio de un año y tres meses.
El Tribunal Constitucional de Bolivia se constituye en el defensor de la Constitución y del régimen democrático, y se encarga de la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; por ello es el máximo guardián y último intérprete de la Constitución; así se infiere de las normas previstas por la Ley Fundamental.
Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico
ordinario desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsando del ordenamiento jurídico del Estado.
Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es
supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que
resto de los órganos del poder público en general, los jueces y
tribunales, en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades
y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra
el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución.
La naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional y la labor que le ha sido encomendada por el constituyente son los que determinan que sus decisiones tengan fuerza obligatoria general para los poderes públicos y la jurisprudencia por ella establecida tenga fuerza vinculante, tanto vertical (para los tribunales y jueces de jerarquía inferior), como horizontal (para el propio Tribunal Constitucional o tribunales de igual jerarquía), para la resolución de casos análogos; eficacia que hace posible que el Tribunal pueda garantizar la supralegalidad de la Constitución. Así, la facultad interpretativa del Tribunal y la fuerza vinculante de la jurisprudencia establecidas en sus resoluciones se constituyen en el mecanismo central del sistema de control de constitucionalidad diseñado por el Constituyente y previsto por la Constitución.
6.1. Su configuración orgánica y funcional
Si bien es cierto que, conforme a la norma prevista por el art. 116-I de la Constitución, el Tribunal Constitucional forma parte del Poder Judicial, no es menos cierto que, por disposición expresa del art. 119-I de la Ley Fundamental, en el ejercicio de su función de control de constitucionalidad es independiente con relación a los tres órganos del poder público.
Conforme dispone el art. 119-II de la Constitución, el Tribunal
Constitucional está integrado por cinco magistrados que forman una Sala única, además de 5 magistrados suplentes que reemplazan
a los titulares en casos de acefalía temporal, por vacaciones,
enfermedad, excusa, licencia, o acefalía definitiva por renuncia, muerte o cesación decretada, en este último caso acceden a la titularidad entre tanto el Congreso Nacional designe un nuevo magistrado titular.
Los magistrados titulares y suplentes son designados por
el Congreso Nacional con dos tercios de votos de los miembros
presentes en la sesión; duran en sus funciones 10 años sin derecho a reelección inmediata.
El Tribunal funciona en Sala única, adopta sus decisiones por mayoría absoluta de votos de sus miembros, él o los magistrados que no estén de acuerdo con el criterio de la mayoría pueden expresar su voto disidente debidamente fundamentado, el que se publica y notifica juntamente con la sentencia.
Como una instancia delegada del Pleno funciona la Comisión de Admisión que está integrada por tres magistrados titulares, los que desempeñan sus funciones en forma rotativa y obligatoria. Conforme dispone el art. 31 de la Ley Nº 1836, la Comisión de Admisión tiene por funciones y atribuciones, admitir o rechazar los recursos, demandas o consultas constitucionales; distribuir, por sorteo, las causas admitidas entre los magistrados del Tribunal para
su resolución; absolver las consultas sobre el rechazo del incidente de inconstitucionalidad; conocer y pronunciarse sobre las excusas formuladas por los magistrados del Tribunal en el conocimiento de una causa.
6.2. Su misión, sus fines y atribuciones
La misión fundamental del Tribunal Constitucional es la de preservar el sistema constitucional, como base esencial del régimen democrático y la convivencia pacífica, garantizando la primacía de la Constitución; el resguardo y la protección de los derechos fundamentales para garantizar el ejercicio pleno de los mismos; y el control del ejercicio del poder político para que el mismo se efectúe en el marco del equilibrio que garantice la paz social; todo ello en la búsqueda de la consolidación del Estado social y democrático constitucional.
Al respecto, cabe señalar que la norma prevista por el art. 1-II de la Ley N° 1836 define que, “son fines del Tribunal Constitucional ejercer el control de constitucionalidad y garantizar la primacía de la Constitución, el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas, así como la constitucionalidad de las convenciones y tratados”.
De la citada norma legal, se puede inferir que los fines del Tribunal Constitucional son:
Controlar que todos los actos, decisiones, resoluciones de las autoridades públicas y particulares, así como las dispo- siciones legales estén acordes y se subordinen a los va- lores supremos, los principios fundamentales y las demás normas de la Constitución.
Garantizar que, en una situación en que se produzca una contradicción entre una Ley, Decreto Supremo o Resolución
con las normas de la Constitución se aplique las normas de la Constitución retirando del ordenamiento jurídico aquellas leyes que la contradicen.
Velar por la plena vigencia y resguardo de los derechos fun- damentales y garantías constitucionales, a través de la tu- tela efectiva que permita restablecerlos o restituirlos en los casos en que se los suprima o restrinja de manera ilegal o indebida.
Velar porque los tratados o convenciones internacionales suscritos por el Estado boliviano no sean contrarios a las normas de la Constitución.
Según las normas previstas por los arts. 120 de la Constitución y 7 de la Ley Nº 1836, las funciones y atribuciones del Tribunal constitucional abarcan tres ámbitos:
a) Control de constitucionalidad de las disposiciones legales; atribución que desempeña procediendo a la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de una disposición legal con los valores, principios, declaraciones y normas de la Constitución; puede ser ejercerlo por: i) la vía de control previo o preventivo, absolviendo las consultas que le formulen el Presidente del Congreso Nacional, el Presidente de la República y el Presidente de la Corte suprema de Justicia, sobre la constitucionalidad de proyectos de leyes, decretos o resoluciones; o el Presidente del Congreso Nacional sobre la constitucionalidad de tratados o convenciones internacionales; y ii) la vía del control posterior o correctivo, conociendo y resolviendo los recursos de inconstitucionalidad de leyes, decretos o cualquier género de resoluciones no judiciales; recursos contra tributos, demandas de infracción del procedimiento de reforma constitucional.
b) Control del ejercicio del poder político; atribución que la
ejerce conociendo y resolviendo los conflictos constitucionales que se generan entre los órganos del poder público a nivel horizontal (entre los órganos del poder central o los órganos del poder local y entre los órganos de la administración departamental), o a nivel vertical o territorial (entre un órgano del poder local o departamental con un órgano del poder central), por la invasión de las competencias asignadas por la Constitución y las leyes orgánicas; tiene por objetivo resguardar el principio de separación de funciones o división del ejerció del poder político, tanto en su sentido horizontal, como en su sentido vertical o territorial.
c) Control tutelar de los derechos fundamentales y garantías
constitucionales; atribución que la ejerce conociendo y resolviendo en grado de revisión los recursos de hábeas corpus, amparo constitucional y hábeas data; y de manera directa el recurso contra resoluciones legislativas, todos ellos planteados para restablecer o restituir los derechos fundamentales o garantías constitucionales restringidos o suprimidos ilegal o indebidamente.
6.3. Sus limitaciones
Los siete años de ejercicio pleno de la función jurisdiccional del Tribunal Constitucional, cumpliendo la labor de control de constitucionalidad, demuestran plenamente que la configuración orgánica institucional adoptada en la Constitución tiene serias limitaciones que, de alguna manera, afectan al buen desempeño de las labores jurisdiccionales del máximo guardián de la Constitución.
Estas limitaciones pueden identificarse en los siguientes ámbitos: a) en su estatus constitucional; b) en el económico - financiero y administrativo; c) en el orgánico funcional; y d) en el ámbito de sus atribuciones y competencias.
6.3.1. El ámbito del estatus constitucional del Tribunal
Una de las grandes limitaciones que presenta la configuración del sistema de control de constitucionalidad es la definición que hace la Constitución del estatus del Tribunal Constitucional, como un órgano que forma parte integrante del Poder Judicial, y no como un órgano constitucional independiente de los otros órganos del poder público, lo cual afecta seriamente la total independencia del órgano encargado del control de constitucionalidad.
Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional desempeña una labor jurisdiccional en el cumplimiento de la misión que le ha encomendado el Constituyente, no es menos cierto que dicha labor es absolutamente diferente de la que desempeñan los jueces y tribunales en materia de justicia ordinaria y que forman parte del esquema clásico del Poder Judicial.
La decisión del Constituyente referida a que orgánicamente el Tribunal Constitucional forme parte del Poder Judicial no fue la más acertada, pues dada su naturaleza jurídica y la labor que desarrolla no corresponde que forme parte integrante de la estructura orgánica de ninguno de los órganos del poder público, cuyos actos y decisiones controla para verificar si son compatibles con la Constitución; pues como señala Louis Favoreu 20 , “un Tribunal Constitucional es una jurisdicción creada para conocer especial y exclusivamente en materia de lo contencioso constitucional, situada fuera del aparato jurisdiccional ordinario e independiente tanto de éste como de los poderes públicos”.
El constituyente no tuvo presente que el Tribunal Constitucional ejerce el control de constitucionalidad sobre los actos y resoluciones de los tres órganos de poder del Estado, vale decir, del Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial, por lo mismo no puede formar parte
Op. Cit. Pág. 13.
integrante de la estructura de ninguno de los órganos controlados; pues como se ha señalado anteriormente, uno de los requisitos y condiciones esenciales para el buen funcionamiento de un sistema de control de constitucionalidad es la independencia del órgano encargado del control de constitucionalidad con relación a los órganos controlados.
No debe olvidarse que uno de los presupuestos jurídicos esenciales para el funcionamiento de un buen sistema de control de constitucionalidad es que el órgano encargado del control tenga independencia con relación a los demás órganos cuyos actos o resoluciones controla; de manera que no esté subordinado ni sometido sino sólo a la Constitución, sólo así se garantiza un ejercicio independiente de la función jurisdiccional, ya que de contrario se genera una relación de dependencia económica y administrativa que obstaculiza la labor del contralor de constitucionalidad; la práctica así lo demuestra, no otra cosa significa las enormes limitaciones presupuestarias a las que ha sido sometido el Tribunal Constitucional en estos años de vida institucional, al grado que no cuenta siquiera con una infraestructura básica acorde a las altas y delicadas funciones que cumple, ni cuenta con un personal suficiente para la carga procesal que recibe.
Es cierto que la norma prevista por el art. 119-I de la Constitución le reconoce al Tribunal Constitucional su independencia en el desempeño de sus funciones, de hecho así entiende y actúa el Tribunal en el cumplimiento de sus específicas funciones jurisdiccionales de control de constitucionalidad; sin embargo, en la practica surgen conflictos orgánicos e institucionales que afectan al normal desempeño de sus labores.
En efecto, según la norma prevista por el art. 118-I, atribución 1ª de la Constitución, la Corte Suprema representa al Poder Judicial; ese mandato constitucional da lugar a interpretaciones
erróneas referidas al orden jerárquico de sus órganos, como aquella sostenida por la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que es jerárquicamente superior al Tribunal Constitucional, por lo mismo éste no puede ejercer el control de constitucionalidad sobre sus actos y decisiones; conclusión nada razonable ni sustentada en fundamentos jurídico - constitucionales; pues el hecho de que el Constituyente le hubiese encomendado a la Corte Suprema de Justicia representar al Poder Judicial no implica que le hubiese reconocido una jerarquía superior con relación al máximo guardián de la Constitución, el que en el ámbito de sus funciones y atribuciones es el máximo Tribunal de Justicia Constitucional. Es innegable que la Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal Nacional en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, pero no por ello tiene una jerarquía superior al Tribunal Constitucional.
De otro lado, tomando en cuenta que, conforme a lo dispuesto por el art. 71-II de la Constitución, el Poder Judicial tiene iniciativa legislativa que la ejerce a través de la Corte Suprema de Justicia, la que al representar a ese órgano de poder lo ejerce, en muchos casos, presentando proyectos de modificación a la Ley del Tribunal constitucional sin el conocimiento ni aceptación de este último. A través del uso de esa iniciativa legislativa se puede afectar seriamente la independencia del Tribunal Constitucional en el ejercicio de su función de contralor de la Constitución; así, como ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, como una fuerte reacción al control de constitucionalidad ejercido sobre sus decisiones ha presentado un proyecto de modificación del art. 44-II de la Ley 1836 del Tribunal Constitucional, para restringir los alcances del efecto vinculante de la jurisprudencia constitucional.
6.3.2. El ámbito económico - financiero y administrativo
La falta de independencia orgánica e institucional del Tribunal Constitucional se refleja en el orden económico – financiero y
administrativo, con resultados negativos que generan dificultades en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales.
Según la norma prevista por el art. 26 de la Ley 1836, el
Tribunal Constitucional tiene la potestad de aprobar su respectivo presupuesto, mismo que debe ser homologado por el Consejo de
la Judicatura, y una vez aprobado el presupuesto por el Congreso
Nacional, el Tribunal ejecuta el mismo a través de su Dirección Administrativa. La referida norma legal debe ser entendida en su verdadera dimensión y conforme a la finalidad perseguida por el legislador, que no es otra que fortalecer la independencia
jurisdiccional del Tribunal Constitucional cuidando que cuente con una asignación presupuestaria suficiente y acorde con la dimensión de la labor que desempeña; en ese contexto se entiende que el presupuesto es formulado y aprobado por el Tribunal en función
a sus verdaderos requerimientos, de manera que la labor del
Consejo de la Judicatura sólo se reduce a registrar y confirmar ese presupuesto para insertarlo dentro del presupuesto del Poder
Judicial y remitirlo al Poder Legislativo para su aprobación mediante
la Ley Financial; ello supone que no puede introducir modificaciones
y aplicar recortes o restricciones.
Sin embargo, en la práctica ello no funciona por cuanto el presupuesto aprobado por el Tribunal no es respetado por el órgano Administrativo del Poder Judicial, el que de manera reiterada impone
una serie de restricciones a las diferentes partidas presupuestarias,
al grado que el Tribunal Constitucional se ve privado de contar
con un personal de apoyo suficiente y adecuado para desarrollar su labor jurisdiccional; al margen de las restricciones en cuanto se refiere al suministro de materiales e insumos, así como de infraestructura. De una revisión del Presupuesto General del Poder Judicial de los años de funcionamiento se establece que al Tribunal Constitucional se le asignó los siguientes presupuestos: a) en la gestión 1999 un equivalente al 3.99% del Presupuesto del Poder
Judicial; b) el año 2000 un equivalente al 4.54%; c) en la gestión
2001 un equivalente al 4.95%; d) en la gestión 2002 un equivalente
al 4.79%; e) el año 2003 un equivalente al 4.98%; f) en la gestión
2004 un equivalente al 3.54%; g) en la gestión 2005, se le asignó
un equivalente al 4.02%; y h) en la gestión 2006 se le asignó un equivalente al 3.89%.
Esa asignación presupuestaria es insuficiente si se toman en cuenta los siguientes factores: a) que el Tribunal Constitucional
ejerce una jurisdicción nacional; b) la función altamente especializada que desempeña demanda de un personal de apoyo altamente calificado, no sólo en el área jurisdiccional, sino el administrativo
y áreas complementarias como la referida a la clasificación y
sistematización de la jurisprudencia, a biblioteca y documentología;
y, c) el volumen de trabajo de más de dos mil causas ingresadas y
despachadas por año.
6.3.3. El ámbito orgánico funcional
En este ámbito el Tribunal Constitucional tiene una grave limitación, toda vez que el número de magistrados definido por el art. 119-II de la Constitución no es acorde con el elevado número
de materias que forman parte de sus funciones y atribuciones, por
lo mismo con la elevada carga procesal, que tiene una tendencia
de crecimiento en el orden del 20% anual.
En efecto, una revisión del movimiento de causas en los siete años de ejercicio jurisdiccional del Tribunal Constitucional, arroja los siguientes datos:
1° Durante la gestión 1999 (del 1° de junio al 31 de diciembre), ingresaron un total de 604 procesos constitucionales. Tomando en cuenta que en ese lapso de tiempo se tenían 145 días hábiles, el promedio de ingreso de causas es de 4 procesos por día.
2° En la gestión 2000 ingresaron un total de 1410 procesos
constitucionales. Si se considera que en esa gestión se tuvieron
247 días hábiles, significa un promedio de 6 procesos por día.
3° Durante la gestión 2001 ingresaron un total de 1838 procesos constitucionales. Tomando en cuenta que durante ese año se tuvieron 246 días hábiles, se tiene una promedio de 7,5 procesos por día.
4° En la gestión 2002 ingresaron un total de 1970 procesos
constitucionales. Si se considera que en dicha gestión se tuvieron
245 días hábiles, se concluye que se presentaron un promedio de
8 procesos por día.
5° Durante el año 2003 ingresaron un total de 2358 procesos constitucionales. Tomando en cuenta que durante ese año se tuvieron 250 días hábiles, se tiene una promedio de 9 procesos por día.
6° En la gestión 2004 ingresaron un total de 2563 procesos constitucionales. Si se considera que en dicha gestión se tuvieron
250 días hábiles, se concluye que se presentaron un promedio de
10 procesos por día.
7º Durante la gestión de 2005 ingresaron un total de 2361 procesos constitucionales, con un promedio de 9 expediente por día.
La sobrecarga procesal que se genera con el permanente incremento del número de causas ingresadas al Tribunal Constitucional, pone en grave riesgo el normal desempeño de sus funciones; ya que el número de procesos ingresados exige que, para seguir en la línea de justicia pronta y oportuna, cada magistrado tenga que despachar un promedio de dos sentencias
diarias, con una tendencia a incrementarse a tres sentencias por día, lo cual no es posible por las siguientes razones: a) supera la capacidad humana de los magistrados, pues es sumamente difícil que puedan revisar detalladamente tres expedientes y elaborar tres sentencias formulando una adecuada fundamentación jurídica; b) dada la naturaleza jurídica del control de constitucionalidad, los intereses y bienes jurídicos en juego y la complejidad de la problemática planteada en cada proceso no es posible que puedan elaborarse tres sentencias diarias; y, c) la limitación en cuanto al personal de apoyo jurisdiccional.
Es importante señalar que en un análisis comparativo de la estructura orgánica de los tribunales constitucionales existentes en la actualidad en diversos Estados se constata que, el Tribunal Constitucional de Bolivia es el que menos cantidad de miembros y más funciones y atribuciones tiene. Así, para citar algunos casos, en Austria el Tribunal Constitucional está integrado por 14 jueces o magistrados titulares y seis suplentes; en Alemania está compuesto por 16 jueces o magistrados; en España por 12 magistrados; en Italia por 15 magistrados, en Portugal por 13 miembros; en Colombia por 9 magistrados; y en Chile 7 magistrados.
6.3.4. El ámbito de atribuciones y competencias
En el ámbito de atribuciones y competencias asignadas por la Constitución, corresponde señalar que la práctica concreta ha demostrado que inciden de manera negativa en el desempeño de las labores jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, pues se ha generado una sobrecarga procesal que puede dar lugar a un colapso del sistema, con la consiguiente consecuencia de que se regenere la retardación de justicia.
La atribución de conocer y resolver, en grado de revisión, de maneraobligatoriaylatotalidadderecursosdeamparoconstitucional,
hábeas corpus y hábeas data genera una sobrecarga procesal considerable, al grado que el 85.161% de las causas ingresadas corresponden a esas acciones tutelares, lo que significa que 57 de cada 100 causas ingresadas son de amparo constitucional, y 27 de cada 100 son de hábeas corpus. Las acciones tutelares que se encuentran en una tendencia de incremento sostenido, en un promedio aproximado del 20% anual, generan la acumulación de causas en la Comisión de Admisión en espera del sorteo del expediente.
La excesiva carga procesal genera un proceso de acumulación de causas en el Tribunal Constitucional y exige de múltiples esfuerzos para su despacho en plazos razonables, lo cual puede incidir negativamente en la calidad del servicio; pues la falta de tiempo impide un mejor desarrollo y planteamiento de los fundamentos jurídicos, dificulta un manejo más cuidadoso de la jurisprudencia y los precedentes obligatorios.
En contrapartida resulta que algunas labores que debe realizar la jurisdicción constitucional no están previstas como atribuciones y funciones del Tribunal Constitucional, como el control de constitucionalidad sobre los procesos de consulta popular a través del referéndum o plebiscito. El control preventivo obligatorio de los tratados y convenios internacionales.
Haciendo un balance de los aspectos positivos de las reformas constitucionales del ’94, la creación e implementación del Tribunal Constitucional, como el máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución y encargado de la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, es
indudable que fue un verdadero acierto. La creación del Tribunal Constitucional forma parte del proceso de construcción del modelo de Estado social y democrático constitucional de Derecho, que es una de las características de la segunda posguerra mundial.
Más allá de las visiones contrarias al funcionamiento de la jurisdicción constitucional especializada que sustentan algunos sectores basados en la concepción legiscentrista decimonónica ya superada, nadie puede negar que la creación y funcionamiento del
Tribunal Constitucional ha contribuido a la consolidación del sistema constitucional así como del régimen democrático de gobierno, ejercido en el marco de los límites y los pesos y contrapesos, que se refleja en la vigencia plena de la Constitución y el resguardo
o protección efectiva de los derechos fundamentales y garantías
constitucionales; de otro, lado ha dado lugar a la generación de
una verdadera revolución jurídica, que se refleja básicamente en
lo siguiente: a) el desarrollo creciente del Derecho Constitucional
para lograr el fortalecimiento del sistema constitucional boliviano; b) gradual desarrollo del Derecho Judicial o Derecho Jurisprudencial como alternativa a la vieja escuela del Derecho Legislado; y c) el desarrollo de nuevas disciplinas jurídicas, como el Derecho Procesal Constitucional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Constitucional de los Derechos Humanos, entre otras.
En los siete años de trabajo jurisdiccional, el Tribunal Constitucional, ha mostrado que está transitando por el sendero de la construcción democrática y el fortalecimiento del sistema constitucional boliviano; ya que en cumplimiento de su papel de máximo intérprete de la Constitución está dando una forma jurídica concreta a las normas constitucionales que contienen cláusulas generales y abstractas; asimismo, a través de las definiciones jurisprudenciales está generando sub-reglas que permiten una especificación concreta de los derechos fundamentales que
la enunciación política abstracta no puede tener, convirtiendo de esa forma los derechos políticos y abstractos en derechos jurídicos y concretos tutelables por la vía del hábeas corpus, el amparo constitucional o el hábeas data, creando las condiciones necesarias para el pleno goce y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales por los bolivianos y bolivianas. Nadie puede negar que, hoy en día, sólo es posible comprender lo que representan los derechos fundamentales a partir de la amplia jurisprudencia constitucional y la sólida doctrina contenida en ella, y no así a partir del resumido catálogo previsto por el art. 7 de la Constitución.
La labor desempeñada por el Tribunal Constitucional en Bolivia, constituye una importante contribución al fortalecimiento del proceso democrático, de la construcción democrática del nuevo Estado boliviano basada en la plena vigencia del sistema constitucional, es decir, el respeto y resguardo de los valores supremos, los principios fundamentales, los derechos humanos como base de la convivencia pacífica de los bolivianos. Esa contribución es posible identificar de manera concreta, en los ámbitos que se describen a continuación.
7.1. Justicia constitucional pronta, oportuna e idónea
Para superar el crónico mal de la retardación de justicia, el Tribunal Constitucional, desde el inicio de sus labores jurisdiccionales, ha asumido la premisa de brindar el servicio judicial constitucional con la debida celeridad, oportunidad, idoneidad y transparencia, poniéndose como meta el estricto cumplimiento de los plazos procesales previstos por la Ley Nº 1836; asimismo, en aquellos casos de las revisiones de las acciones tutelares en las que el legislador no ha previsto plazos procesales, el Tribunal ha establecido plazos cortos; así, al inicio estableció cinco días para despachar las revisiones de hábeas corpus y 15 días para despachar las revisiones de amparo constitucional, debido a la sobrecarga
procesal que se ha generado posteriormente, ha ampliado dichos plazos estableciendo en 20 días para hábeas corpus y 40 días para amparo constitucional. Los magistrados del Tribunal Constitucional siempre han tenido presente, y lo tendrán, la premisa de “la justicia que llega tarde no es justicia, sino injusticia”.
En los siete años de ejercicio de la función jurisdiccional 21 , el Tribunal Constitucional ha recibido un total de 14.010 procesos constitucionales, de los cuales 8.023, que representan un 57.27%, son recursos de amparo constitucional; 3.908, que constituyen el 27,89% son recursos de hábeas corpus; 889, que representan el 6.35%, son recursos directos de nulidad; 824 que significan el 5.88% son recursos indirectos o incidentales de inconstitucionalidad; 198 que constituyen el 1.41% son recursos directos o abstractos de inconstitucionalidad; 74 que significan el 0.53% son recursos contra tributos; 31 que representan el 0.22% son consultas sobre constitucionalidad de Leyes aplicables a casos concretos; 19 que significan el 0.14% son recursos contra resoluciones legislativas; 13 que constituyen el 0.12% son consultas sobre la constitucionalidad de proyectos de leyes; 17 que significan el 0.12% son conflictos de competencias; 10 que representan el 0.07% son recursos de hábeas data; y 4 que constituyen el 0.04% son recursos de habeas corpus y amparo constitucional presentados en forma simultánea.
De los 14.010 procesos constitucionales ingresados, hasta el 31 de mayo de 2006 el Tribunal Constitucional ha resuelto 13.018 procesos constitucionales lo que significa un 92.71% de procesos resueltos. Los restantes 992 procesos se encuentran en trámite dentro de los plazos previstos por la Ley Nº 1836.
Tomando en cuenta que el Tribunal tiene 5 Magistrados y los plazos procesales son breves, en comparación con otros tribunales
Los datos estadísticos que se presentan corresponde al período de tiempo que transcurre entre el 1º de junio de 1999 al 31 de mayo de 2006; fuente la página Web del Tribunal Constitucional.
constitucionales de América o Europa, los datos estadísticos
demuestran la efectividad y el empeño con el que cumple su función
En los siete años de ejercicio de la función jurisdiccional,
Tribunal Constitucional ha contribuido de manera importante
significativa al fortalecimiento del sistema constitucional
adoptado por el Constituyente, desarrollando una sólida doctrina
constitucional sobre la base de la interpretación de la Constitución
y de las Leyes desde y conforme a la Constitución; doctrina que
ha permitido. i) identificar el sistema de valores supremos y los
principios fundamentales, sobre cuya base se estructura el sistema Estado social y democrático de Derecho; ii) fortalecer el régimen democrático y dar concreción efectiva a la democracia participativa;
iii) sanear el ordenamiento jurídico; y iv) garantizar la plena vigencia
de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Esta
afirmación es posible constatar en la amplia jurisprudencia contenida
en las más de 13.000 sentencias constitucionales, conforme se
7.2.1. Los Valores Supremos y Principios Fundamentales
En ese orden ha concretizado y otorgado un contenido normativo a las cláusulas abstractas de la Constitución con relación a los valores supremos y los principios fundamentales que constituyen la base esencial del Estado social y democrático de derecho.
Tomando en cuenta que los valores supremos son los ideales que una comunidad decide constituir como los máximos objetivos a lograr en desarrollo social, económico, político, así como el ordenamiento jurídico, es decir, los fines a los cuales pretende
llegar, el Tribunal Constitucional ha identificado en el sistema constitucional boliviano los valores supremos de la igualdad, la libertad, la justicia y la dignidad humana, señalando que si bien no están expresamente proclamados en el texto de la Constitución, partiendo de la constatación de que son inherentes a todo Estado social y democrático de derecho y efectuando una interpretación sistematizada de las normas constitucionales, ha definido que ellos informan el orden social, económico, jurídico y político del Estado, por lo que los Jueces y Tribunales judiciales deben interpretar y aplicar las normas del ordenamiento jurídico a la luz de dichos valores supremos.
Así, en la SC Nº 501/2002-R de 30 de abril, el Tribunal ha señalado expresamente que “el Sistema Constitucional Boliviano
está sustentado en los valores supremos de la igualdad, la libertad,
luego ha concluido afirmando que
“tanto el orden político, como el jurídico del Estado se estructuran sobre la base de dichos valores y principios”.
la justicia y la dignidad humana
En esa dirección el Tribunal constitucional, a través de su jurisprudencia, ha iniciado el desarrollo conceptual de los valores supremos que constituyen la base del sistema constitucional boliviano, asimismo ha establecido las sub-reglas respectivas para su aplicación en la resolución de casos concretos. Así, en su SC Nº 083/2000 de 24 de noviembre, ha definido el valor supremo de la igualdad.
De otro lado, tomando en cuenta que los principios fundamentales son los lineamientos esenciales que vertebran al Estado, presupuestos lógicos y las líneas rectoras o básicas del orden constitucional, el Tribunal Constitucional ha señalado que el Estado social y democrático de Derecho se sustenta en ellos. Así, en la SC Nº 501/2002-R de 30 de abril, ha señalado que “el
Sistema Constitucional Boliviano está sustentado (
principios fundamentales de la soberanía popular, la separación de funciones de los órganos de poder, la supremacía constitucional, así como la jerarquía normativa, entre otros, lo que significa que tanto el orden político, como el jurídico del Estado se estructuran sobre la base de dichos valores y principios”.
Sobre esa base, el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia ha efectuado un desarrollo conceptual de los diferentes principios fundamentales consagrados por la Constitución, estableciendo su definición, su contenido esencial y sus alcances. Así, en la Declaración Constitucional Nº 06/2000 de 21 de diciembre, y las SSCC Nº 017/99 de 6 de diciembre y Nº 004/2001 de 5 de enero, ha definido el principio de la reserva legal; en la SC Nº 287/1999-R de 28 de octubre, ha definido el principio de la seguridad jurídica; en la SC Nº 013/2002 de 14 de febrero, desarrolló el principio de la jerarquía normativa; en las SSCC Nº 095/2001 de 21 de diciembre, Nº 022/2002 de 6 de marzo, Nº 0263/2002 de 13 de marzo, Nº 057/2002 de 5 de julio de 2002 y Nº 62/2002 de 31 de julio, ha desarrollado el principio de la legalidad; en la SC Nº 0491/2003-R de 15 de abril ha desarrollado los principios de la soberanía popular y de la separación de funciones.
La sólida doctrina constitucional desarrollada por el Tribunal Constitucional sobre el sistema de los valores supremos y los principios fundamentales, que constituyen la base esencial de la estructura social, la estructura económica – financiera, la estructura política y la estructura jurídica del Estado, ha dado lugar a que en la reforma constitucional de 2004, se proclamen expresamente los valores supremos de la libertad, la justicia y la igualdad, que hasta ese entonces no estuvieron expresamente proclamados; empero, aún falta mucho por hacer en esta materia, como el de proclamar expresamente en la Constitución los principios fundamentales, así como aquellos valores que aún no lo han sido, tales como la dignidad humana, el pluralismo y la solidaridad.
7.2.2.El fortalecimiento del régimen democrático
Desde octubre de 1982, Bolivia viene transitando el sendero de la construcción democrática, partiendo de un profundo proceso de reformas estructurales del Estado. El Tribunal Constitucional, a través del desarrollo del Derecho Jurisprudencial basado en la interpretación de la Constitución y la creación de la doctrina constitucional, ha contribuido al fortalecimiento de la Democracia, posibilitando el ejercicio de la Democracia participativa viabilizando el Referéndum Popular sobre la política energética del Estado; así como la solución democrática a los conflictos sociales, viabilizando las elecciones generales del pasado año.
Así, a través de la Declaración Constitucional Nº 003/2001 de 31 de julio, al absolver la Consulta formulada por el Presidente del Congreso Nacional en ejercicio de la Presidencia de la República, sobre los alcances de las normas previstas por los arts. 91 y 93 de la Constitución, con relación a la sucesión presidencial, ante la emergencia surgida por la renuncia presentada por el Presidente de la República Gral. Hugo Bánzer Suárez a su cargo de primer dignatario de Estado, ha efectuado una interpretación sistematizada de la Constitución y ha definido los alcances de la norma constitucional para que pueda procederse a la sucesión presidencial en el marco de la institucionalidad democrática.
En efecto, frente a la duda sobre sí para proceder a la sucesión presidencial se requería que el Congreso Nacional aceptara la renuncia del Presidente de la República y proclamara mediante una Ley al Vicepresidente de la República en el cargo de Presidente, el Tribunal Constitucional hizo una interpretación sistematizada de las normas de la Constitución, aplicando el principio de la concordancia práctica, para extraer la ratio legis de la norma prevista por el art. 93 de la Ley Fundamental, sobre esa base definió que no se requería de una nueva Ley de Proclamación, toda vez que el Vicepresidente ya
había sido proclamado en ese cargo con la potestad constitucional de suceder en el cargo al Presidente de la República en caso de acefalía, por lo que estableció que la sucesión presidencial debió operarse con el respectivo juramento de fidelidad a la Constitución que debe prestar ante el Congreso Nacional.
Con la Declaración Constitucional de referencia, se produjo
la sucesión presidencial en condiciones de normalidad y en estricto
respeto del orden constitucional y la institucionalidad democrática, cosa que en el pasado no era posible, pues situaciones como esas provocaban la interrupción del proceso democrático y el surgimiento de regímenes De Facto.
Asimismo, el Tribunal Constitucional ha desarrollado la labor de interpretación de las leyes electorales desde y conforme a la Constitución, para resolver los conflictos que se presentaron en los diferentes procesos electorales; conflictos referidos a la inhabilitación de Partidos Políticos, inhabilitación de candidatos, inhabilitación de representantes nacionales o concejales municipales elegidos.
Como ejemplo se puede citar el problema surgido respecto a
la adjudicación de un escaño para la Cámara de Senadores por el
Departamento de Potosí, debido a que el Partido Político que obtuvo
el primer lugar en la votación no había postulado los dos candidatos
a Senadores que exige el Código Electoral para cumplir con el
sistema electoral de la lista incompleta; el Tribunal Constitucional, mediante Declaración Constitucional Nº 0001/2003 de 28 de enero,
al absolver una consulta formulada por el Presidente del Congreso
Nacional sobre la constitucionalidad de una Resolución Senatorial
y disposiciones legales aplicables al caso concreto, corrigió los
errores cometidos por la Corte Nacional Electoral y la Cámara de Senadores, declarando inconstitucionales sus resoluciones; de la primera, porque declinó de su propia jurisdicción y competencia vulnerando las normas constitucionales que regulan el régimen del
Sistema Electoral; y, de la segunda, porque emitió la resolución en franco desconocimiento de las normas constitucionales que delimitan las competencias y funciones tanto del Poder Legislativo, cuanto de la Corte Nacional Electoral.
De otro lado, frente a un aparente vacío normativo para que la Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales Electorales puedan organizar y administrar el proceso de la
consulta popular sobre la política energética que debía adoptarse
a través del referéndum convocado por el Presidente de la
República, el Tribunal Constitucional, a través de su SC 64/2004 de 8 de julio, ha desarrollado una interpretación sistematizada
de las normas previstas por los arts. 4 y 219 de la Constitución, así como las normas del Código Electoral en conformidad con la Ley Fundamental, determinando que los organismos electorales tenían plena competencia para ese efecto; de otro lado, mediante
la SC 069/2004, de 14 de julio, ha definido la naturaleza jurídica
y los alcances del referéndum convocado por el Presidente de
la República; de manera que, desarrollando una interpretación
sistematiza de las normas constitucionales, así como de las normas
del Decreto Supremo de Convocatoria, desde y conforme a la Constitución, ha declarado la constitucionalidad de dicho Decreto de Convocatoria; de esa forma ha dado viabilidad a la realización de la consulta popular como una concreción de la democracia participativa adoptada en la última reforma constitucional.
Algo significativo en la contribución de la Jurisdicción Constitucional al fortalecimiento del proceso democrático, es que a través de la resolución de los diferentes procesos constitucionales ha establecido un equilibrio en la relación de los poderes del Estado, de las mayorías con las minorías, de los gobernantes con los gobernados, de los particulares con el Estado así como entre particulares; se ha constituido en un instrumento de pacificación de los procesos políticos y sociales.
En efecto, al ejercer su atribución de control normativo de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional ha resguardado el
derecho de las minorías frente a las mayorías, en lo que concierne
al proceso de elaboración de la Ley y el consiguiente debate que
se genera en el Poder Legislativo. Así, al resolver los diferentes Recursos Directos o Abstractos de Inconstitucionalidad planteados por Diputados o Senadores que como la fracción minoritaria del Congreso Nacional, impugnando de inconstitucional leyes aprobadas por la fracción mayoritaria en franco desconocimiento de las normas de la Constitución, el Tribunal Constitucional, verificada la infracción ha declarado la inconstitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas y las ha expulsado del ordenamiento jurídico. Así, en la SC Nº 009/2003 de 3 de febrero, declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Sustanciación y resolución de los juicios de responsabilidades contra el Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Ministros de Estado y Prefectos de Departamento, por considerar que misma fue aprobada y sancionada sin observar las condiciones de validez
del acto legislativo, infringiendo la norma prevista por el art. 47 de
la Constitución por cuyo mandato en las sesiones extraordinarias el
Congreso Nacional sólo se ocupará de los negocios consignados en la convocatoria, en el caso que motivó el recurso, durante las sesiones extraordinarias, en cuya agenda no se había incluido la consideración y aprobación de la Ley impugnada, la mayoría parlamentaria procedió a la consideración, discusión y aprobación de la Ley, que luego fue impugnada por la minoría parlamentaria.
También merece destacar el papel desempeñado por el Tribunal Constitucional en la solución democrática a las crisis sociales que se expresaron, sucesivamente en febrero y octubre de
2003, así como en junio de 2005, con el resultado de la renuncia al cargo de la Presidencia por Gonzalo Sánchez de Lozada (octubre de 2003) y Carlos Mesa G. (junio de 2005), así como la renuncia
a la sucesión constitucional de los presidentes de la Cámara de
Senadores y de la Cámara de Diputados, hasta que se convoque al último en la línea de sucesores, es decir, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia; este último, si bien aceptó asumir el cargo de la primera magistratura del Estado, propuso que para solucionar la crisis se convoque a elecciones generales, sin embargo la norma prevista por el art. 93.III de la Constitución no lo permitía, por lo que el Congreso Nacional procedió a reformar dicha norma constitucional, mediante Ley Nº 3089, de 6 de julio de 2005, con lo que el Presidente de la República procedió a convocar a elecciones generales para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, diputados y senadores, mediante DS 28228, a partir de cuya emisión se plantearon varios recursos de inconstitucionalidad, impugnando la reforma constitucional; el art. 88 del Código Electoral, respecto a la distribución de escaños; la convocatoria a elecciones de ciudadanos para la designación de Prefectos de Departamento; la convocatoria a elecciones generales; dichas impugnaciones pusieron en riesgo la realización de las elecciones, con ello también el proceso democrático.
Ante tal situación el Tribunal Constitucional, como no podía ser de otra manera, actuó con absoluta serenidad, seguridad, firmeza, transparencia, idoneidad e imparcialidad, asumiendo decisiones de la Constitución y el sistema de valores supremos, principios fundamentales, derechos y garantías constitucionales de las personas en ella proclamadas y consagradas, resolviendo los diferentes recursos planteados con la prontitud y celeridad que el caso exigía, y con estricto apego a la Constitución, demostrando una vez más la importancia que tiene la jurisdicción constitucional especializada para la preservación del sistema constitucional, en general, la defensa del régimen democrático y la protección de los derechos fundamentales, en particular.
Así, ante la impugnación del art. 88 del Código Electoral, que en cumplimiento del art. 60 de la Constitución distribuye los escaños
entre los departamentos, el Tribunal Constitucional, mediante su SC 066/2005, de 22 de septiembre, declaró inconstitucional la disposición legal impugnada, en defensa del principio de la representación proporcional proclamado por el art. 219 de la Constitución, base del régimen democrático representativo y participativo, del valor supremo de la igualdad proclamado por el art. 1.II de la Ley Fundamental, y la protección del derecho a la igualdad de las personas ante la Ley que debe expresarse en el valor igual del voto emitido; principios, valores y derechos que resultaban vulnerados por el art. 88 del Código Electoral, en razón a que la distribución de escaños realizada sobre la base del censo nacional de 1992 ya no respondía a la nueva composición poblacional de los departamentos, que había variado como resultado de los flujos migratorios internos y fue determinado en el último censo nacional de 2001. De manera que, el Tribunal Constitucional, al momento de declarar la inconstitucionalidad de la disposición electoral impugnada, exhortó al Poder Legislativo para que con carácter de urgencia sancione la Ley modificatoria al art. 88 de la Ley Electoral, ajustado a lo previsto por el art. 60.VI de la CPE.
Con relación a la impugnación de La ley 3015, de 8 de abril de 2005, que modificó el Código Electoral, introduciendo reglas para regular el proceso de elección para la selección de ciudadanos a ser designados Prefectos de Departamento; y los Decretos Supremos 27988, de 28 de enero de 2005; 28077, de 8 de abril de 2005 y 28229, de 6 de julio de 2005, a través de los cuales se convocó a elecciones para la selección de ciudadanos para ser designados Prefectos de Departamento y se fijaron nuevas fechas de realización del acto electoral; el Tribunal Constitucional, mediante su SC 075/2005, de 13 de octubre, declaró la constitucionalidad de dichas disposiciones legales, posibilitando de esa forma la realización de dicho proceso electoral como un medio de concreción de la democracia participativa y la legitimación popular del Prefecto de departamento, quien sería designado por el
Presidente de la República previa aprobación, por voto popular, de la ciudadanía. A ese efecto, el Tribunal Constitucional, interpretó las normas previstas por el art. 109.I, en concordancia práctica con las previstas por los arts. 1.I, 2.I y 4 de la Constitución, luego interpretó las disposiciones legales impugnadas desde y conforme a la Ley Fundamental, determinando que las mismas eran compatibles con la Constitución.
Respecto a la impugnación del Decreto Supremo (DS) 28228, de 6 de julio de 2005, por el que el Presidente de la República convocó a elecciones generales, el Tribunal Constitucional, mediante su SC 076/2005, de 13 de octubre, resolvió el recurso declarando la constitucionalidad de dicha disposición legal; para sustentar su decisión, el Tribunal argumentó que el Decreto Supremo impugnado “fue emitido en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 93.III de la CPE modificado por la Ley 3089, precepto constitucional vigente, a partir del cual se debe efectuar el análisis de constitucionalidad del DS 28228, impugnado de inconstitucional”; partiendo de esa constatación interpretó los alcances de las normas previstas por el art. 93.III, en concordancia práctica con las normas previstas por los arts. 1.II y 2 de la Constitución para luego proceder a realizar el juicio de constitucionalidad de la disposición legal impugnada, contrastándola con las normas previstas por los arts. 33, 60.VII, 65, 81, que en criterio de los recurrentes fueron vulnerados; en esa labor establece que la disposición legal impugnada era compatible con la Constitución y no existía la infracción denunciada. Con dicha decisión, en el marco de las normas previstas por la Constitución, allanó el camino para la realización de las elecciones generales como una solución democrática a los conflictos sociales y políticos.
De otro lado, en el ámbito tutelar al evidenciar que, en un procedimiento de separación de un Diputado Nacional, la Cámara de Diputados vulneró los derechos del representante nacional, el Tribunal Constitucional ha otorgado tutela y dispuesto la nulidad
del proceso disponiendo la restitución del Diputado Nacional a sus funciones con el consiguiente pago de daños y perjuicios; así resolvió en su SC Nº 062/2002 de 31 de julio.
7.2.3. El proceso de saneamiento y constitucionalización del ordenamiento jurídico
Como se tiene referido en el punto 3. de este trabajo, la
jurisdicción constitucional tiene la finalidad de alcanzar un proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico del Estado, es decir, un proceso orientado a lograr la total impregnación de las normas jurídicas ordinarias por las normas constitucionales. En cumplimiento de esa finalidad, el Tribunal Constitucional ha procedido y procede al saneamiento del ordenamiento jurídico, expulsando aquellas disposiciones legales que eran o son contrarias
a los valores supremos, principios fundamentales, derechos y
garantías constitucionales, así como las demás normas orgánicas previstas por la Constitución; de otro lado, ha compatibilizado y compatibiliza la legislación ordinaria con la Ley Fundamental del Estado interpretando las disposiciones legales desde y conforme a
la Constitución, manteniendo las disposiciones legales que en esa
interpretación son compatibles con la Ley Fundamental del Estado, evitando de esa forma vacíos jurídicos que podrían ocasionar inseguridad jurídica; de manera que, a través de los precedentes obligatorios creados por la jurisprudencia constitucional, ha afianzado el sistema de valores y principios fundamentales como bases esenciales del sistema constitucional boliviano; por lo tanto, ha contribuido y contribuye al proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico del Estado.
En los siete años de ejercicio jurisdiccional, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales, por lo que ha expulsado del ordenamiento jurídico, 96 disposiciones legales, con el siguiente detalle: 40 disposiciones previstas por Leyes; 49
disposiciones contenidas en Decretos Supremos; y 7 Resoluciones normativas no judiciales; de esas 96 disposiciones legales, un total de 58 fueron declaradas inconstitucionales por la vía del Recurso Directo o Abstracto de Inconstitucionalidad; en cambio 38 fueron declaradas inconstitucionales por la vía del Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad; en cambio 286 disposiciones legales impugnadas fueron declaradas constitucionales, en el marco de la interpretación constitucional desarrollada por el Tribunal Constitucional, lo que implica que, por la vía de la interpretación constitucional se ha establecido su compatibilidad con la Constitución.
Entre los casos más notables, a manera de ejemplo, se pueden mencionar los siguientes:
a) La Sentencia Constitucional 004/99 de 10 de julio de 1999 ha declarado inconstitucional el art. 37 de la Ley de Telecomunicaciones, porque la misma violaba la norma prevista por
el art. 20 de la Constitución que consagra el derecho a la intimidad
y privacidad declarando inviolable toda comunicación privada.
b) La Sentencia Constitucional 004/2001 de 5 de enero, ha
declarado inconstitucional los arts. 20 inc. h), 46 inc. b) y 48 inc. j) del D.S. Nº 24423 del Régimen de Migración, por ser contrarias al principio de la reserva legal y vulnerar los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de tránsito o circulación de las personas extranjeras.
c) La Sentencia Constitucional 095/2001 de 21 de diciembre,
ha declarado inconstitucional los arts. 1 y 5 de la Ordenanza Municipal Nº 202/2002 HAM-HCO 168/2000por vulnerar los
principios de la legalidad y seguridad jurídica, así como el derecho
a la propiedad privada consagrados en la Constitución.
d) La Sentencia Constitucional 009/2003 de 3 de febrero,
ha declarado Inconstitucional la Ley Nº 2411 de Sustanciación
y Resolución de los Juicios de Responsabilidades contra el
Presidente, Vicepresidente de la República, Ministros de Estado y Prefectos de Departamento, por vicios de forma, debido a que en su consideración y aprobación no se cumplió con el requisito de validez del acto legislativo por haberse vulnerado el art. 47 de la Constitución.
e) La Sentencia Constitucional 101/04 de 14 de septiembre,
ha declarado la Inconstitucionalidad de Ley 2683 de 12 de mayo
de 2004, por infringir las normas previstas por los arts. 7.a), 16-IV y
33 de la Constitución; asimismo ha declarado la constitucionalidad del último párrafo del art. 133 y segundo párrafo de la Disposición Transitoria Tercera, ambos del Código de procedimiento penal, condicionada a la interpretación conforme a la Constitución establecida en la referida Sentencia.
f) La Sentencia Constitucional 129/04 de 10 de noviembre, ha declarado Inconstitucional el DS 27650 de 30 de julio de 2004 por el que el Presidente de la República hizo designaciones interinas de Ministros de la Corte Suprema de Justicia y de Fiscales de Distrito, por vulnerar las normas previstas por los arts. 2, 59.20ª, 117.IV, 122.III y 62.5) de la Constitución.
Uno de los ámbitos en los que el Tribunal Constitucional ha desarrollado una labor orientada al proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico es en el ámbito procesal penal; pues en la fase de transición del sistema inquisitivo al sistema garantista del juicio oral acusatorio, y la implementación misma de este último, la labor de la jurisdicción constitucional fue de vital importancia en la medida en que elaboró una sólida doctrina y creó los precedentes obligatorios a partir de la interpretación de las normas previstas por
la Ley Fundamental, así como de las normas procesales penales
desde y conforme a la Constitución; desarrolló una sólida doctrina constitucional que permitió una pacífica, ordenada y regular transición de un sistema procesal penal a otro.
Sin temor a incurrir en un exceso de valoración, se podría
sostener que el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia
y los precedentes creados en ella, contribuyó significativamente
al proceso de implementación del nuevo sistema procesal penal, resolviendo los aparentes conflictos entre las normas procesales del nuevo Código de Procedimiento Penal con el sistema de valores supremos, principios fundamentales, y los derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución.
En el proceso de implementación del nuevo sistema procesal penal oral acusatorio en reemplazo del sistema inquisitivo, como era de esperar, surgieron algunos problemas, especialmente en lo
referido a la protección y resguardo de los derechos fundamentales
y garantías constitucionales de los imputados o procesados y, en
su caso, de las víctimas; problemas que tienen su origen, de un lado, en la inadecuada interpretación, por parte de los operadores del sistema, de las normas constitucionales y de las normas procesales en concordancia con la Constitución; y, de otro, en las aparentes contradicciones de las normas procesales con la Ley Fundamental. Esos problemas y dificultades han sido superados con la prolífica labor interpretativa del Tribunal Constitucional, que hizo un adecuado acompañamiento al proceso de implementación del nuevo sistema procesal penal con la creación de la doctrina constitucional referida a ese ámbito del Derecho.
7.3 Defensa de los Derechos Fundamentales
Conciente de la importancia que tienen los derechos humanos, consagrados por la constitución como derechos fundamentales, como límites naturales al ejercicio del poder político y como factor
de equilibrio en las relaciones entre particulares y de estos con
el Estado, toda vez que sólo cuando se los respeta, resguarda y
protege es posible lograr la convivencia pacífica y la tranquilidad
social, el Tribunal Constitucional ha prestado prioritaria atención
tema de los derechos fundamentales, no sólo en lo referido a
protección inmediata, eficaz e idónea, sino al desarrollo de la
doctrina constitucional sobre la materia, delimitando sus alcances, determinando su núcleo esencial, así como el contenido de cada derecho fundamental.
Entonces, se puede afirmar que en materia de derechos
humanos, superando la corriente del formalismo legalista, según
la cual los derechos fundamentales se protegían únicamente en
la medida de la Ley y de los actos administrativos, el Tribunal
Constitucional se ha alineado a la corriente del activismo judicial, la cual sostiene la eficacia directa de los derechos fundamentales frente
a la Ley y frente a los demás actos y decisiones de las autoridades
públicas y los particulares. Por ello, desde sus primeras sentencias,
el Tribunal Constitucional ha asumido la posición firme de otorgar
tutela efectiva a la persona cuyos derechos fundamentales hubiesen sido vulnerados, protección que ha concedido en forma pronta y oportuna como mecanismo de freno de los excesos, arbitrariedades
abusos de autoridades públicas y judiciales o los particulares.
ese efecto se ha alineado a la tesis permisiva con relación a
revisión de decisiones judiciales con aparente calidad de cosa
juzgada, en aquellos casos en los que la sentencia judicial lesiona gravemente un derecho fundamental o es fruto de un proceso que lesiona el debido proceso.
De manera que en materia de protección de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una interpretación constitucional dinámica, aplicando los principios aplicables universalmente a la interpretación de las normas internacionales o nacionales sobre derechos humanos, tales como:
el principio de la dignidad humana; b) principio de la buena fe;
principio pro hómine; d) principio de favorabilidad; e) principio
de la fuerza expansiva de los derechos humanos; f) principio de la interacción; g) principio de promoción; h) principio de universalidad de los derechos humanos; e i) principio de la indivisibilidad de los derechos humanos.
En ese cometido, el Tribunal Constitucional ha interpretado e interpreta los derechos fundamentales consagrados en el catálogo de la Constitución de conformidad con las normas previstas en los tratados y convenciones internacionales sobre Derechos Humanos en los que Bolivia es parte, por haber suscrito o haberse adherido y ratificado; así se pueden citar, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De otro lado, ha aplicado y aplica en sus decisiones la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, misma que es vinculante para el Estado boliviano por haberse sometido voluntariamente a la jurisdicción contenciosa de dicha Corte. Finalmente, en el marco de la cláusula abierta prevista por el art. 35 de la Constitución, ha integrado al bloque de constitucionalidad las declaraciones, tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos que ha suscrito y ratificado el Estado boliviano.
La jurisprudencia constitucional ha sido y es dinámica, es progresiva y no estática; pues el Tribunal Constitucional ha desarrollado una doctrina constitucional sólida en materia de derechos fundamentales, creando sub reglas derivadas de los derechos abstractos para dar concreción normativa y posibilitar el goce pleno y ejercicio efectivo de los mismos. De otro lado, en el marco del activismo judicial, el Tribunal Constitucional ha integrado
al catálogo de los derechos fundamentales muchos derechos que en apariencia no están expresamente consagrados, realizando para ello la interpretación integradora aplicando los principios de interpretación de derechos humanos, de manera que ha extraído de las normas implícitas de la Constitución derechos fundamentales; así, por ejemplo, mediante su SC 0600/2003-R, de 6 de mayo, ha integrado al catálogo de derechos fundamentales el derecho de acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva, que se encuentra implícitamente consagrado por el art. 16 de la Constitución y deriva del art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De los diferentes derechos fundamentales tutelados por el Tribunal Constitucional, se pueden citar, sólo a manera de ejemplo, entre otros, los siguientes.
7.3.1. La
La Constitución de Bolivia, al consagrar los derechos fundamentales de las personas, consigna en primer orden el derecho a la vida y la salud porque, como lo ha definido el Tribunal Constitucional en su SC 411/2000-R, de 28 de abril, este derecho es “el origen de donde emergen los demás derechos, por lo que su ejercicio no puede ser obstaculizado por procedimientos burocráticos ni sujeto a recursos previos, más aún cuando su titular se encuentra en grave riesgo de muerte”. Por ello, además de consagrarlo, la Constitución prevé mecanismos de protección para
el ejercicio real y efectivo del derecho a la vida cuando, en su art. 158, obliga al Estado a “defender el capital humano protegiendo la salud de la población, asegurará la continuidad de sus medios de
subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas
también al Estado establecer un “régimen de seguridad social”
”, obliga
inspirado en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia.
Con relación a la importancia que tiene el derecho a la
vida, el Tribunal Constitucional, en su SC 687/2000-R, de 14 de
es el bien jurídico más importante de
cuantos consagra el orden constitucional, de ahí que se encuentre encabezando el catálogo de los derechos fundamentales previstos en el art. 7 de la Constitución. Es el derecho de toda persona al ser y a la existencia, siendo su característica esencial la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. Es un derecho inalienable de la persona que obliga al Estado en dos sentidos: su respeto y su protección”.
julio, ha señalado que “(
Sobre esa base, al resolver un recurso de Amparo Constitucional planteado por la Defensora del Pueblo solicitando tutela al derecho a la vida de los enfermos renales que requieren de un tratamiento especializado de hemodiálisis en forma continuada, hecho que la Caja Nacional de Salud se negó invocando una norma del Código de Seguridad Social que establece un tiempo máximo de 52 semanas para que el seguro pueda cubrir dicho tratamiento, el Tribunal ha establecido la línea jurisprudencial en el sentido de que la protección de la vida y la salud es la tarea primordial del Estado, de manera que el tratamiento de las personas con enfermedades terminales debe ser inmediato, continuo y efectivo que no puede ser supeditado a trámites administrativos, menos suspendido por esos motivos. Así, en su SC 687/2000-R, de 14 de julio, ha señalado que “el tratamiento de los enfermos crónicos supone una atención que debe ser prestada en forma inmediata y continua, no debiendo ser interrumpido por trámites y resoluciones administrativas, que en definitiva determinan únicamente la transferencia de responsabilidad sobre el suministro y costo del tratamiento, que pasa de una entidad a otra del Estado como es
de la Caja Nacional de Salud al Ministerio de Salud y Previsión Social”. De manera que sobre la base de dicho fundamento, dispuso que una vez concluidas las 52 semanas de atención a cuenta del seguro social, la Caja de Salud debe seguir brindando la atención especializada debiendo facturar el costo de la atención al Ministerio de Salud y Previsión Social, y no debe por motivo alguno dejar de suministrar el tratamiento especializado, porque ello implicaría una franca vulneración del derecho a la vida del paciente, ya que el dejar de suministrar la hemodiálisis provocaría su muerte.
El razonamiento y la decisión del Tribunal Constitucional tienen su base en lo siguiente: 1) El artículo 7 inc. A) de la Constitución consagra el derecho fundamental a la vida y la salud de las personas; b) el Artículo 158 de la Constitución obliga al Estado a defender el capital humano protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas; 3) la Caja Nacional de Salud es una entidad autárquica que funciona sobre la base de las cotizaciones y aportes de empleadores y empleados, por otro lado los artículos 16 del Código de Seguridad Social, 39 de su Reglamento y 11 del Decreto Ley Nº 14643, establecen un límite de prestaciones médicas a los enfermos terminales por un plazo de 52 semanas, disponiendo que a cuyo vencimiento serán transferidos a los Centros Médicos Especializados del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública; empero, ese hecho no puede dar lugar a que se le suspenda el suministro de la atención médica especializada, en este caso el tratamiento de hemodiálisis, pues ello podría provocar la muerte inmediata del paciente, por lo que la Caja Nacional de Salud debe continuar prestando la asistencia médica cuyo costo no será cargado a su presupuesto sino a la cuenta del Ministerio de Salud y Previsión Social, entidad que en representación del Estado debe cubrir los costos de dicho tratamiento en cumplimiento de la norma prevista por el artículo 158 de la Constitución.
En la misma línea de razonamiento, mediante SC 0026/2003- R, de 8 de enero, al resolver un Amparo Constitucional planteado por un enfermo del SIDA, el Tribunal Constitucional ha determinado que es obligación del Estado suministrar el tratamiento especializado y los medicamentos necesarios de forma continuada al o los enfermos con SIDA, como una forma de preservar su derecho a la vida y la salud.
7.3.2. El derecho a la libertad física
La libertad física es el don más preciado del hombre, su ejercicio se constituye en un presupuesto para el ejercicio de otros derechos constitucionales razón por la que está consagrado en los diferentes instrumentos internacionales protectivos de los Derechos Humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica o la Convención Europea de los Derechos Humanos.
La Constitución de Bolivia la consagra en su artículo 6 cuando dispone que “la dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”, en concordancia con dicha norma el artículo 7 de la Constitución consagra el derecho a la locomoción o el libre tránsito, conocido también como derecho a la libertad ambulatoria “toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes
g) A ingresar, permanecer, transitar
que reglamentan su ejercicio:
y salir del territorio nacional”.
Sin embargo, el derecho a la libertad física, a pesar de estar consagrado en la Constitución como un derecho fundamental y de existir las respectivas garantías constitucionales ara su pleno goce y efectivo ejercicio, es todavía el derecho que es restringido
y suprimido con mayor frecuencia a través de actos ilegales e
indebidos provenientes de autoridades policiales y judiciales.
Tomando en cuenta esa realidad, el Tribunal Constitucional ha establecido una sólida línea jurisprudencial respecto al respeto,
resguardo y protección del derecho a la libertad física, consagrando
la premisa de que “la regla es la libertad y la excepción su privación”.
En sus diferentes sentencias constitucionales, ha definido con claridad lo que debe entenderse por detención, apresamiento, persecución y procesamiento ilegales o indebidos. De otro lado,
ha precisado con claridad las condiciones de validez constitucional
y legal de las medidas restrictivas al ejercicio del derecho a la
libertad física, es decir, los requisitos, condiciones y formalidades que deben observar las autoridades policiales, los funcionarios del Ministerio Público y los jueces o tribunales para aplicar medidas restrictivas de la libertad física.
En ese orden, cabe resaltar la labor que ha desarrollado el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, en la etapa de implementación del nuevo Sistema Procesal Penal establecido a
través de la Ley Nº 1970, un sistema que, en el marco de los valores supremos y principios fundamentales, está orientado a resguardar
y proteger los derechos humanos del imputado, así como de la
víctima. Ese tránsito entre el sistema inquisitivo hacia el nuevo sistema garantista del juicio oral acusatorio, ha demandado del trabajo del Tribunal Constitucional, creando doctrina constitucional y sub-reglas para la correcta interpretación y aplicación de las normas previstas en la Ley Nº 1970, desde y conforme a la Constitución.
Con absoluta seguridad se puede afirmar que, desde el funcionamiento del Tribunal Constitucional, si bien no se ha extinguido el atropello a la libertad física, pero se ha reducido a límites razonables, no otra cosa significa que en el primer año de funcionamiento del Tribunal Constitucional, de cada 10 procesos
constitucionales ingresados, el 50% eran de recursos de Hábeas Corpus, esa cifra se ha reducido a un 27.82% en la actualidad.
En estos siete años de labor jurisdiccional, el Tribunal
Constitucional, por la vía del recurso de hábeas corpus, ha conocido
y resuelto casos de graves e inaceptables violaciones al derecho
a la libertad física; así, entre otros, se podría mencionar a manera de ejemplo, el caso de un ciudadano humilde, cuya ocupación, para generarse su sustento diario y el de su familia, fue vender frutas en las calles de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; fue detenido en un operativo policial de la FELCN en ejecución de un irregular mandamiento expedido por un Fiscal de Materia, llevado
a la cárcel pública en ejecución de una sentencia condenatoria
emitida por el Tribunal de Sustancias Controladas que, dentro de un proceso penal sustanciado contra un ciudadano XXX, en su rebeldía, lo había condenado a una pena privativa de 10 años; sin embargo, la detención y posterior remisión a la cárcel pública era absolutamente irregular por las siguientes razones: primero, que en ejecución de sentencia el Fiscal de Materia no tenía competencia alguna para expedir el mandamiento; segundo, la sentencia era contra un ciudadano XXX, el detenido era YYY, pero el Fiscal sostuvo que se trataba de la misma persona que había asumido una doble identificación, pero en momento alguno probó esa situación; el hecho es que luego lo tuvieron preso en la cárcel pública de la ciudad de La Paz por más de seis meses sin que fuese la persona condenada mediante la sentencia emitida por el Tribunal de Sustancias Controladas. Otro caso de un ciudadano
que fue remitido a la cárcel pública de Palmáosla, en Santa Cruz de la Sierra, en el mes de junio de 1992, acusado de haber cometido supuestamente el delito de robo; en noviembre del año 2000 presentó el recurso de hábeas corpus contra el Juez que dispuso la detención preventiva y el Gobernador de la Cárcel; el Juez informó en audiencia que él era nuevo y posiblemente su anteceder ordenó
la detención, pero que hizo buscar el expediente en su despacho y
en archivo y no existe causa penal alguna que se hubiese abierto

References: resolución 
 resolución 
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 resolución 
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 Resolución

e contrario
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 Artículo 158
 artículo 158
 artículo 6
 artículo 7