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Timestamp: 2018-12-17 08:06:24+00:00

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En la ciudad de Mendoza-- días del mes de noviembre del año dos mil once, siendo las doce horas, reunidos en la Sala de Acuerdos de esta Excma. Cuarta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario, los señores Jueces titulares, trajeron a deliberación para resolver en definitiva estos autos Nº 33.826/152.972, caratulados "M., R. A. Y OTS. C/ BERTONA, HUGO ERNESTO P/EJECUCION DE HONORARIOS", originarios del Segundo Juzgado Civil, Comercial y Minas, Secretaría 2, de la Primer Circunscripción Judicial, venidos a este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 102 por la Dra. María Virginia Iglesias en nombre y representación del demandado Hugo Ernesto Bertona, en contra de la resolución de fs. 96/98.-
Practicado a fs. 133 el sorteo establecido por el Art. 140 del Código Procesal Civil, se determinó el siguiente orden de votación: Ábalos, Leiva y Sar Sar.
I.- Llega en apelación la sentencia que glosa a fs. 96/98, por la cual el señor Juez "a quo" desestima las defensas opuestas por el ejecutado y manda proseguir la ejecución adelante hasta que a la parte actora se le haga íntegro pago de la suma de $77.865,54, con más los intereses indicados en los considerandos, con costas a cargo del vencido.-
A fs. 118 expresa agravios el demandado, solicitado la revocatoria del fallo que impugna, contestándolo el ejecutante a fs. 125 y quedando la causa a fs. 132 con autos para sentencia.
A fs. 38/43 comparecen los Dres. R. A. M. y A.M., por sus propios derechos e inician ejecución de honorarios en contra del Sr. Hugo Ernesto Bertona por la suma de $ 77.865,54 con más los intereses calculados a tasa activa BNA, desde la mora y hasta su efectivo pago, con costas.
Adjuntan una serie de resoluciones judiciales recaídas en autos 143.499 caratulados "B:, H. E. c/ M., R. A. p/ ordinario", así como escritos en donde los Dres. María Laura Epifanio, Carlos Roberto Cucchi y Mario Daniel Sayanca manifiestan ceder al Dr. R. A. M. todos los derechos y acciones emergentes de las regulaciones que a ellos les correspondieran en dichos obrados. Aclara el Dr. M., que comparece también en su calidad de administrador definitivo del sucesorio del Dr. H. M., conforme autorización otorgada por el Juez del sucesorio para iniciar ejecución de los honorarios.-
El demandado a fs. 73/75 se presenta y se opone a la ejecución, plante-ando falta de legitimación activa e inhabilidad de título. Sostiene que las cesiones acompañadas resultan nulas por contravenir lo dispuesto por el art. 1.442 del Código Civil, además que por tratarse de derechos litigiosos, debieron formalizarse por medio de escritura pública, las que tampoco les fueron notificadas.-
Los ejecutantes contestan las excepciones a fs. 85/86; y admitida y producida la prueba, se dicta sentencia.-
El Juez entiende que el art. 1.442 del Código Civil establece una incapacidad de derecho y, por tanto, de interpretación restrictiva; esto es que el abogado no puede ser cesionario de las acciones deducidas en los pleitos en los que ejerciese o hubiera ejercido su ministerio; sin embargo considera que nada tiene que ver el crédito por honorarios devengados por su labor profesional de abogado. Ese crédito es de titularidad del letrado y puede trasmitirse a terceros o a otros abogados. Afirma también que los honorarios regulados y firmes no son créditos litigiosos, por lo cual no requiere de escritura pública, no siendo necesario la notificación al deudor cedido para perfeccionar el contrato. La propiedad de un crédito pasa al cesionario por efecto de la cesión, con la entrega del título si existiere (art. 1.457, Código Civil).
Agrega que la notificación tiende a evitar que el deudor cedido pague al acreedor originario o al primer cesionario, pudiendo dicha omisión ser suplica por la notificación de la demanda.
En último lugar destaca que si bien la cesión de créditos, como contrato que es, es un acto jurídico bilateral, el hecho de que los Dres. Epifanio, Cucchi y Sayanca unilateralmente hayan manifestado ceder al Dr. M. sus derechos creditorios no enturbia la existencia de los contratos, ya que el Dr. M. al expresar su calidad de cesionario, ello ha implica su consentimiento expreso, existiendo la convención concebida en el art. 1.137 del mismo código; motivos por las cuales acoge la ejecución y manda a pagar el capital con más los intereses equivalentes a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la exigibilidad del crédito hasta su efectivo pago.
La ejecutada se agravia en primer lugar que el "A Quo", considere que el crédito por honorarios devengados por la labor profesional del abogado pueda ser cedido, siendo ajeno a la prohibición del art. 1442 del C.C., cuando a su entender aparece claro la prohibición de referencia en cuanto se trata de cesiones de derechos y acciones efectuadas por profesionales que han inter-venido en el proceso y que al habérsele regulado honorarios resultan parte del mismo.-
Asimismo resalta que el Sentenciante ha omitido merituar que dicha normativa limita la prohibición a las acciones "deducidas en los procesos en que ejerciesen o hubieren ejercido sus oficios" como es el caso del Dr. M., quién intervino en la causa como profesional, razón por la cual también se le han regulado honorarios por su labor letrada, por lo que se configuran los requisitos previstos por el art. 1442 del C.C.
En segundo lugar, se queja que en el pronunciamiento se tuviese por cumplidas las solemnidades legales para la validez de las cesiones, cuando si bien un crédito litigioso deja de serlo cuando existe sentencia firme a su res-pecto, puede volver a serlo si la condena no fuera cumplida y hubiera de recurrirse a un proceso de ejecución, como es el caso de autos, por lo que debieron acompañarse las cesiones por escritura pública.
Destaca que tampoco el Iudex advirtió que no se ha verificado la autenticidad de las firmas de los cedentes, ni tampoco comparecieron estos a reconocerlas, enervando los efectos propios del acto y tornando inhábil el título para ser ejecutado por el actor.-
En tercer lugar critica que no se le hubiere notificado la cesión a su par-te, requisito indispensable para el traspaso de propiedad del crédito del ceden-te al cesionario, tal como prescribe el art. 1.459 del C.C., lo cual no ha acontecido en las presentes por lo que la resolución es caprichosa, arbitraria y carente de fundamento jurídico.-
Además estima impropio lo que sostiene el Sentenciante para fundar el punto, toda vez que lo notificado al ejecutado mediante mandamiento de fs. 77, es la demanda ejecutiva y no la cesión de honorarios realizada propiamente dicha.-
En cuarto lugar se agravia que no se hubiere ponderado las constancias de fs.68, de las que surge que tales cesiones fueron aceptadas por el cesionario recién con fecha 17/11/2010, es decir, dos días después del inicio de la presente ejecución, por lo que al momento de dar principio a la misma, el contrato de cesión en cuestión aún no se había perfeccionado, por falta de aceptación de una de las partes, resultando inhábil entonces el título con el que pretende ejecutar los créditos que correspondían a los cedentes.-
Corrido traslado de los agravios, a fojas 125/128, el Dr. Ricardo M. por su propio derecho, solicita que se declare desierto el recurso, igualmente contesta el mismo peticionando su rechazo y la imposición de costas solidarias al demandado y al profesional que lo represente.-
V. LA NORMATIVA APLICABLE Y ANALISIS DEL CASO.-
A).- La expresión de agravios es el acto mediante el cual, fundando la apelación el recurrente refuta total o parcialmente las conclusiones establecidas por la sentencia en lo que atañe a la apreciación de los hechos o de la prueba o a la aplicación de las normas jurídicas (PALACIO, Lino, "Derecho Procesal", Buenos Aires, 1.975, Tomo V, pág. 266).
A lo expuesto, puede agregarse, siguiendo a PODETTI, la expresión de agravios debe ser precisa, concreta, clara y concisa, siendo su único objeto, la crítica de la sentencia. No puede menos que exigirse, a quien intenta que se revise un fallo, que diga por qué esa decisión judicial no lo conforma, poniendo de manifiesto lo que considera errores de hecho o de derecho, omisiones, defectos, vicios o excesos. Procediendo así, cumple con los deberes de colaboración y de respeto a la justicia y al adversario, facilitando al Tribunal de alzada el examen de la sentencia sometida a recurso y al adversario su contestación, y limita el ámbito de su reclamo. ("Tratado de los Recursos", Ediar S.A., Editores Buenos Aires, Ediar, 1.958, pág.163/164).
En definitiva, la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica completa y autosuficiente que contenga el análisis razonado y crítico de la resolución impugnada, caso contrario con sujeción al art. 137 del C.P.C., debe declararse desierto el recurso de apelación (GIANELLA, Horacio."Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza", Buenos Aires, La Ley, 2.009, Tomo I, pág. 1.025 y sgtes.).
Este Tribunal, con otra integración, ha resuelto que "la apelación constituye un procedimiento cuyo objeto consiste en verificar, sobre la base de la resolución impugnada, el acierto o el error con que ésta ha valorado los actos instructorios producidos en la instancia precedente y de ahí que no se trate de reiterar o de renovar esos actos, sino de confrontar el contenido de la resolución con el material fáctico y jurídico ya incorporado a la primera instancia, a fin de determinar si ese material ha sido o no correctamente enjuiciado". (Expte. N° 26.530, "Banco Francés S.A. c/Mario Alberto Godoy y Amalia Nélida Godoy p/Ejecución Hipotecaria". Fecha 5/02/2004.LS 167:292).
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ha dicho que, a) "Un recurso debe ser declarado desierto, cuando las consideraciones desarrolladas resultan inconducentes, subjetivas y carentes del debido sustento jurídico"; b) "Para medir la suficiencia o insuficiencia de una expresión de agravios, el "sentido común" es quizás, la piedra de toque en todo campo de la materia procesal que no se encuentra total y acabadamente limitada (donde incluimos también este tema), por lo que a su luz debe analizarse la idoneidad del escrito de expresión de agravios"; c) "En caso de duda acerca de la suficiencia o insuficiencia de la expresión de agravios, debe estarse por un criterio amplio, que es el que más armoniza con el ejercicio irrestricto del derecho constitucional de defensa en juicio; o lo que es lo mismo, que la deserción del recurso de apelación por insuficiencia del contenido del escrito de expresión de agravios debe ser interpretada restrictivamente, en tanto acarrea una pérdida de derechos" (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, 29/07/2.011, expte. N° 100.943, "Fiscalía de Estado en J: 213.843/12.538 Daldi, José Luis c/Coop. De Viv. Y Urb. El Triángulo Ltda. P/Ejecución Cambiaria s/Inc. Cas.").-
Meritando la presentación del ejecutado en la Alzada, se advierte que sin perjuicio que no exista una crítica suficiente en torno a que la cesión estaría prohibida por el art. 1442 del C.C.; que no se habrían cumplido con las formalidades de ley y que no le fue notificada, atento que el apelante tan sólo se ha limitado a reiterar los argumentos vertidos en 1era. Instancia; pero aún en el supuesto que se entendiere suficiente la crítica, igualmente se estima que dichos agravios merecen ser desestimados.-
B).-1).- El art. 1442 del C.C. dispone entre otros supuestos, que no se puede ceder a los abogados o procuradores judiciales las acciones de cualquier naturaleza, deducidas en los procesos en que ejercieren o hubieren ejercido sus oficios.-
La norma alude a acciones, lo que abarca no sólo créditos, sino toda clase de derechos gestionados por los letrados, en juicios contenciosos, o voluntarios, ordinarios, ejecutivos, sumarios, de apremio etc.
La prohibición se refiere a acciones ya entabladas, no a derechos que tengan carácter dudoso, con respecto a los cuales no rige la prohibición mientras no se haya deducido la demanda; por ello la prohibición no impide a los abogados convertirse en cesionarios de sus clientes antes de entablar la demanda, ni la disposición comprende la cesión al abogado del derecho a cobrar el importe de costas (BELLUSCIO-ZANNONI. "Código Civil" 7. Art. 1442. Ed. ASTREA, pág. 42).-
Vale decir que el artículo citado, establece una incapacidad para ser cesionarios a los abogados o procuradores judiciales, de las acciones deducidas en juicios en que ejerciesen o hubiesen ejercicios sus oficios (CAZEAUX-TRIGO REPRESAS. "Derecho de las obligaciones", T. II, 4ª edición aumentada y actualizada. LA LEY, pág. 710); apuntando la prohibición a preservar la rectitud en el desempeño de las actividades vinculadas con el manejo de los intereses ajenos, evitando la tentación del aprovechamiento ilegítimo que la confianza y los conocimientos sobre determinados asuntos confieren a quienes representan o patrocinan intereses de otros; comprendiendo toda clase de asuntos judiciales en tanto se trate de acciones ya iniciadas, cualquiera fuese su naturaleza jurídica y la virtualidad del proceso en el cual se intentan, sea voluntario o contencioso, ordinario, sumario, sucesorio o ejecutivo, y sean, o no, litigiosos los derechos involucra-dos. Se trata de una incapacidad de derecho que trae aparejada una hipótesis de nulidad absoluta, que puede y debe ser declarada de oficio aun cuando no medie petición del supuesto afectado (SALAS-TRIGO REPRESAS-LOPEZ MESA. "Código Civil Anotado" Lexis Nexis -Depalma 1999.Lexis Nº 6804/123430 ).-
Los honorarios regulados a los letrados, si bien lo son en el proceso judicial en donde defendieron los intereses de sus clientes, el crédito por tal concepto nace en cabeza de los abogados o procuradores y por tal motivo éstos tienen su libre disponibilidad. Nada impide que los cedan a terceros, ya que la incapacidad que prescribe la ley, comprende únicamente la posibilidad del letrado de ser cesionario de cualquier acción o en sentido amplio de cualquier crédito de titularidad de su cliente, siempre que estuviesen sometidos a un proceso judicial.-
En razón de lo manifestado, y no encontrándose comprendidos los honorarios de los abogados y procuradores en las prohibiciones del art. 1442 del C.C., no debe acogerse la queja.-
2).- Afirma el quejoso que no se han cumplidas las solemnidades legales para la validez de las cesiones, ya que un crédito litigioso deja de serlo cuando existe sentencia firme a su respecto, pero puede volver a serlo si la condena no fuera cumplida y hubiera de recurrirse a un proceso de ejecución como es el caso de autos, por lo que debieron acompañarse las cesiones por escritura pública.-
A los efectos de analizar la cuestión planteada sobre la forma requerida para la cesión de honorarios realizada a fs. 44/46 de los Autos principales No.143.499 "B.H.E. c/M.R.A. p/Daños y perjuicios", se hace necesario ingresar al polémico tema de los derechos litigiosos.
Según SALAS-TRIGO REPRESAS- LOPEZ MESA, la jurisprudencia se halla dividida en cuanto a lo que debe entenderse por derecho litigioso, en al menos en tres posturas: A) Según algunos fallos, el derecho sólo adquiere la calidad de litigioso cuando se haya contestado judicialmente en el momento de celebrarse la cesión, en cualquiera de sus aspectos o modalidades (extensión, cantidad, etc.), aunque no se discuta la existencia misma del derecho que se hace valer. En este sentido se ha resuelto que es necesario:a) que se haya trabado la litis, por lo que si se está en los trámites preliminares del pleito, el crédito no es litigioso; y b) que el derecho haya sido controvertido, porque si no lo fue, tampoco es litigioso .B) Otros tribunales han decidido que el derecho es litigioso cuando se halla comprendido en un proceso judicial, cualquiera que sea su causa o naturaleza, por lo que a este efecto resulta indiferente que sea contencioso o voluntario, considerándose tal el que se haya incluido en el juicio sucesorio de su titular, y cuando es contencioso, aunque ya exista sentencia firme, si está pendiente de cumplimiento .y C) Con un criterio aún más amplio, se ha llegado a considerar litigioso todo derecho que pueda ser contestado con algún fundamento, aun cuando no existiera proceso ("Código Civil Anotado" Lexis Nexis-Depalma 1974. Lexis Nº 6802/005388).-
Asimismo se ha sostenido la existencia de un criterio restrictivo que considera que los derechos son litigiosos cuando no sólo están sometidos a juicio sino cuando además éste tiene carácter contradictorio; un criterio restrictivo atenuado para el que son litigiosos los derechos que son objeto de tramitación ante los Tribunales aunque el juicio no sea contradictorio (procesos de jurisdicción voluntaria, etc); y un criterio amplio que entiende que son litigiosos los derechos controvertidos en justicia, sea que constituyan objeto de actuaciones o hasta los simplemente dudosos, o que son propensos a producir pleitos y litigios como cuando una parte contractual intima extrajudicialmente a otra al cumplimiento de una determinada obligación y su cocontrante la desconoce. (BUERES-HIGHTON. "Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y Jurisprudencial", 4 A. Ed. Hammurabi, pag.71/72).
Por último podemos decir que para una corriente para calificar de litigiosos a un derecho no basta la circunstancia de que éste se relacione con un juicio, sino que es menester que medie a su respecto contradicción, en tanto para otra corriente, litigioso es todo derecho sometido a la acción de la justicia, no sólo cuando constituye la materia de un proceso ya existente, sino también cuando parece susceptible de ser contestado con algún fundamento, incluyendo en el concepto a los juicios voluntarios sin contienda interna y los créditos dudosos (BELLUSCIO-ZANNONI. "Código Civil" 7. Art. 1446. Ed. ASTREA, pág. 57).-
Pues bien a criterio de la suscripta un derecho es litigioso cuando antes de la cesión ha sido objeto de demanda judicial y es controvertido respecto de su existencia, extensión o cantidad, o también por excepciones que lo afectan sustancialmente, como sería la prescripción. Son los que ya están en juicio, y por consecuencia no entran en esta categoría los que todavía no han sido objeto de demanda judicial ni los que, habiendo sido controvertidos judicialmente han tenido sentencia firme. No son litigiosos los créditos dudosos que no están en juicio (LORENZETTI, Ricardo Luis. "Tratado de los contratos". To. II. Rubinzal-Culzoni Editores, 2.000, pág. 68/69); caracterizando por lo tanto a estos derechos, la circunstancia que estén sometidos a reconocimiento o determinación judicial.-
Es así que la cesión de derechos litigiosos es, aquella relativa a un derecho que en el momento de la formalización del contrato está sometida a la decisión de la justicia; es decir, hay proceso trabado y el derecho está controvertido. Crédito litigioso quiere decir un crédito cuya existencia o alcance está en discusión ante la autoridad judicial. Derechos litigiosos son, pues, los derechos que se encuentran sujetos a una controversia judicial.; consecuentemente, dejan de ser tales cuando el crédito ha sido reconocido por una sentencia firme (SCJMza., Sala 1, Fecha 24/08/2005. "Ranchillo, Ariel R. y otro v. Hauer Beatriz L.y otros". Lexis Nº 10000622 ).-
Por ello, los honor arios devengados a raíz de un proceso y no regulados son litigiosos, atento que se hayan sujetos a una decisión judicial en una controversia que los comprende. En tanto que los ya regulados y consentida por las partes la resolución que los fija, como en el sub-lite pierden el carácter de litigiosos, más allá que recuperen dicho carácter si fuere necesario recurrir a un proceso judicial de ejecución de los mismos. Ergo, debe estarse al momento en se efectúa la cesión. Si acontece como en autos que cuando se hicieron las cesiones, los honorarios objeto de aquellas se encontraban regulados y firmes, al no ser litigiosos, su trasmisión no estaba sujeta a que se instrumentase en acta judicial o escritura pública, sin perjuicio que la ejecución los tornará nuevamente litigiosos, lo que no afecta la cesión ya efectuada.-
No son litigiosos el crédito por honorarios ya regulados, mientras no se promueva ejecución para su cobro; pero sí lo son los que se hallan pendientes de regulación (SALAS-TRIGO REPRESAS-LOPEZ MESA. ("Código Civil Anotado" Lexis Nexis -Depalma 1974. Lexis Nº 6802/005388).-
En consecuencia no exigiendo las cesiones de honorarios efectuadas por los Dres. María Laura Epifanio; Carlos Roberto Cucchi y Mario Daniel Sayanca (ver fs.44/46) a favor del Dr. M. las formalidades exigidas por el art.1455 del C.C., cumpliendo el único requisito para su validez y este es que fueren por escrito (art. 1454 del C.C.), y no habiendo el ejecutado cuestionado la autenticidad de las firmas de los letrados cedentes, corresponde el rechazo del agravio en cuestión.-
3).- Critica el apelante que no se le hubiere notificado la cesión a su parte, requisito indispensable para el traspaso de la propiedad del crédito del cedente al cesionario, tal como prescribe el art.1.459 del C.C.-
No le asiste razón al recurrente, dado que la notificación de la cesión al deudor cedido tiene como objeto sólo anoticiarlo de la existencia del nuevo acreedor cesionario, a quién deberá pagarle el crédito para liberarse de la obligación, debiéndose abstener de abonar suma alguna al acreedor cedente o de celebrar con éste cualquier acto extintivo del crédito ya cedido.-
Ahora bien, la notificación es una comunicación recepticia dirigida al deudor mediante la cual se le hace saber la transmisión del crédito. La aceptación del deudor cedido es toda manifestación de éste, expresa o implícita, mediante la cual reconoce estar informado de la cesión para atenerse a ella en el futuro. La aceptación no es sinónimo de conformidad respecto de la cesión, por cuanto la voluntad del deudor en ese sentido es irrelevante, sino que equivale al conocimiento cierto de la misma, con lo cual podrán imponérsele sus efectos. El deudor no podrá rechazar la cesión. Lo importante es que el deudor tome conocimiento de la cesión en forma tal que no tenga duda sobre el efectivo traspaso del crédito. (BUERES-HIGHTON. "Código Civil". 4ª. Ed. Hammurabi, pág. 118/119).-
Señalan CAZEAUX-TRIGO REPRESAS que "El cesionario puede demandar directamente al deudor cedido el cobro del crédito y en ese caso la notificación de la demanda, si se trata de un juicio ordinario, sumario o especial -o el mandamiento de embargo- en una medida cautelar -o la citación a remate- si es un juicio ejecutivo - servirán de medio de notificación de la cesión". ("Derecho de las obligaciones", T. II, p. 428 ED Librería Ed.Platense).-
Va de suyo que mal puede argüir el ejecutado que no se le notificó la cesión de honorarios con el requerimiento de pago, atento que tanto ello es así y que en definitiva tomó conocimiento de ella, que compareció y la cuestionó, por lo que aparece improcedente el agravio en tratamiento.-
4).- En último término se queja que no se hubiere ponderado las constancias de fs.68, de las que surge que tales cesiones fueron aceptadas por el cesionario recién con fecha 17/11/2010, es decir, dos días después de iniciada la presente ejecución, por lo que al momento de dar principio a la misma, el contrato de cesión en cuestión aún no se había perfeccionado, por falta de aceptación de una de las partes, resultando inhábil entonces el título con el que pretende ejecutar los créditos que correspondían a los cedentes.-
Es de recordar, que si bien la apelación devuelve al Tribunal superior la plenitud de la jurisdicción y éste se encuentra frente a la reclamación en la misma posición que el inferior (LOUTAYF RANEA, Roberto G. "El recurso ordinario de apelación en el proceso civil" 1 .2da. edición actualizada y ampliada. Ed. ASTREA; pág. 84/86; GIANELLA, Horacio G. "Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza". T. I LA LEY, pág. 1006), ello no habilita, que la cuestión que no fuera propuesta al Juez, pueda ser materia de apelación, toda vez que ésta presupone la previa consideración por el magistrado de los hechos sometidos a su decisión. (Confr. Quinta Cámara Civil, "Villagra, Susana c/Videla Martínez, Alida s/Sumaria", Fecha. 06/10/1999. Lexis Nexis 33/3440 y "Sticca de Correa, Celina y ots. c/Liderar Comp. General de Seguros S.A.". Fecha 10/12/2008.LLGran Cuyo 2009 (marzo), 192; Tercera Cámara Civil, "Dirección General de Escuelas c/Farías, Catalina E.", Fecha 12/02/2008, Lexis Nexis, Nº 70048171).
Se ha sostenido que ".no habiendo el recurrente opuesto en la esta-ción oportuna ante el inferior los argumentos en que funda su queja, debe desestimarse la apelación articulada, sin perjuicio de la vía declarativa pos-terior que acuerda el Art. 483 del Código procesal" (Cám.Apel.C.C. Santa Fe sala I, febrero 5, 1.981, "Manente, Roque c/ Manente Néstor"J.V. 65, p.13, cit por HITTERS, Juan Carlos. "Técnica de los Recursos Ordinarios", Librería Editora Platense SRL 1985, pág. 403); y que "Excede los límites del recurso de apelación el tratamiento de temas introducidos como alternativa recién en segunda instancia, toda vez que la alzada no puede fallar sobre cuestiones no planteadas en primer grado", como "El ámbito de conocimiento de la alzada se encuentra limitado por el contenido de las cuestiones sometidas a la decisión del Juez de la causa. De ahí entonces, que no resulte admisible la introducción de argumentos que no fueron objeto de debate en la instancia precedente (Cám. Nac. Civil, sala G, agosto 981 "Álvarez Claramount, San-tiago y otros c/Fainman, Isaac L", Der. V. 97,p.624)" (ob. cit. pág.404).
Por otra parte, "No cabe aplicar el principio "iura novit curia" excediendo el ámbito propio de la apelación, pues la calificación de las relaciones jurídicas que compete a los jueces no se extiende a la admisión de defensas no es-grimidas ni autoriza a apartarse de lo que tácitamente resulte de los términos de la litis."(CSJN."González, Osvaldo Augusto y otro c/Zoila Hermela Gatica de Gencianas y otros". 1984. Lexis Nexis No. 5/12356).
La argumentación que dedujo la apelante al expresar agravios, que estaríamos ante un título inhábil al momento de deducirse la acción, porque el Dr. M. aceptó las cesiones hechas a su favor, con posterioridad a incoar la demanda, no fue deducido oportunamente al oponer excepciones, ni tampoco fue objeto de debate en primera instancia, por lo que no puede ser analizado en la Alzada, dado que ello significaría la introducción de una cuestión novedosa y la conculcación del derecho de defensa de la parte ape-lada.-
Sin perjuicio de ello, surgiendo de las actuaciones que a la fecha en que se requirió de pago al ejecutado (27/12/2.010, ver fs. 77), el título ya era hábil dado que el Dr. M. aceptó la cesión de honorarios en los autos principales el 17/11/2010, proveyendo el Tribunal de conformidad (ver fs.67/69), aparece irrelevante si a la fecha de deducción de la acción, el título base de la misma era o no hábil.-
C).- Costas solidarias
Las costas debe soportarlas el apelante vencido (art.36 Inc.I del CPC); sin embargo no se estima que se den las circunstancias previstas por el inc.IV. de ese artículo, para condenar en costas solidariamente al letrado representante y patrocinante de aquél. La aplicación de esa norma debe hacerse con ponderación y prudencia, porque de lo contrario se corre el riesgo de crear, ante la amenaza de costas solidarias, una limitación al ejercicio del derecho de defensa.-
Concordante con ello, este Cuerpo se ha expedido en el sentido que: "En esta materia debe andarse con tiento desde que está en juego la garantía de la defensa de raíz fundacional,-la que se vería afectada ante la perspectiva de quitarle a los abogados que actúan como procurador o patrocinante la serenidad necesaria para el cumplimiento de sus co-metidos, con la perspectiva permanente de condena en costas, en una apreciación puntillosa y severa de los términos ‘notorio desconocimiento del derecho, negligencia o falta de probidad o lealtad’-, por lo que sólo debe reprimirse con la imposición del pago de los gastos causídicos, la diáfana transgresión, manifestada por acciones u omisiones de razonable peso o por ausencia de una preparación adecuada para asumir el compromiso profesional" (Expte. Nro. 159.221/25.656.- "Castro de Vespa en J:.c/Carlos Vila y Vila Ingeniería p/Emb. Prev" L.A. 90-373)
Por otro lado nuestra Suprema Corte de Justicia, ha sustentado que: "La normativa contenida en el art.36 inc.IV del C.P.C., faculta a los jueces a imponer las costas del proceso al profesional, requiriéndose una estricta ponderación de los hechos y de las circunstancias que justifiquen su aplicación, basados en criterios subjetivos de imputabilidad. Los jueces que hacen uso excepcionalmente de esta atribución, deben realiza r un análisis estricto y cuidadoso de las circunstancias fácticas y jurídicas que surgen del expediente y una motivación suficiente de la sentencia." (Expediente No.72117 - "Ruiz Bucca, Roberto y ots en J: Díaz Ortiz Mirtha S. Amado Martha R. p/Ord s/Incons Cas." L.S.312 - Fs.166), como que:"La sanción por la inconducta o negligencia de los profesionales que contempla el art.36 inc.IV C.P.C., no podemos concebirla como una facultad discrecional del magistrado frente a una pretensión infundada. De ser así, siempre debería imponerse las costas al profesional cuando se desestime o rechace una acción o excepción, lo que evidentemente conculca garantías constitucionales como la defensa en juicio de sus derechos y la de petición. Así, cuando se admite, la imposición en costas al profesional por su inconducta o negligencia en los términos de la norma legal, ello requiere de una estrictísima ponderación en los límites de la norma legal que lo autoriza, debiendo mediar culpa o negligencia grave de los letrados y que ello surja de los hechos mismos o de las propias constancias de la causa." (Expediente No.75243-"Montenegro, Andrés Jesús en J: Montenegro Andrés Jesús c/Massi Balducci, Alfonso y ot. p/D y P. s/Inconst." .LS330-041); por lo que en el caso, la conducta de los profesionales, no puede considerarse como negligente, no pudiendo hacerse lugar a lo peticionado por la apelada al contestar los agravios, más aún cuando sobre algunos de los tópicos merituados existen criterios encontrados tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.-
VI. En conclusión debe rechazarse el recurso de apelación deducido por el ejecutado, con costas a su cargo, confirmándose la resolución recurrida en su totalidad. ASI VOTO.
Atento como se resuelve la primera cuestión, las costas de Alzada deben ser soportadas por la parte demandada apelante que resulta vencida en esta instancia impugnativa (Arts.35 y 36 del C.P.C.). ASI VOTO.
Mendoza, 10 de noviembre de 2011.
1°) No hacer lugar al recurso de apelación deducido por la Dra. María Virginia Iglesias en nombre y representación del demandado Hugo Ernesto Bertona a fs.102, contra la sentencia de fs. 96/98, la que se confirma en todas sus partes.-
2°) Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (Arts. 35 y 36 del C.P.C.).
3°) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta vía impugnativa de la siguiente manera: a los Dres. R. M. en la suma de Pesos . ($.), Dra. A. M. en la suma de Pesos . ($.), Dra. María Virginia Iglesias en la suma de Pesos . ($.) y Dra. Gabriela Muñoz en la suma de Pesos . ($.). (Arts. 2, 3, 14, 19 y 31 de la ley 3.641). Los honorarios regulados son sin perjuicio de los complementarios que correspondan, dejando expresamente establecido que al momento de practicarse liquidación deberá adicionarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) a los profesionales que acrediten la calidad de responsables inscriptos.-
María Silvina Ábalos Juez de Cámara
Claudio F. Leiva Juez de Cámara
Mirta Sar Sar Juez de Cámara
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