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Timestamp: 2017-06-23 21:39:31+00:00

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El tratamiento progresista de la Libertad de Expresión - Correa-Guari…
El tratamiento progresista de la Libertad de Expresión - Correa-Guariste-Foglia 2010
El tratamiento progresista de la Libertad de Expresión. Mención de su recepción en Argentina El tratamiento progresista de la Libertad de Expresión. Mención de su recepción en Argentina I. Introducción En el siguiente trabajo analizaremos el Derecho a la libertad de expresión en base altratamiento que se le ha dado dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, integradopor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (La Comisión) y la Corte Interamericana deDerechos Humanos (La Corte). La libertad de expresión puede definirse como el “derecho a exteriorizar el pensamientorespecto a cualquier tipo de idea u opinión, utilizando para ello todos los medios y procedimientosde comunicación social”1 y ha sido consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobreDerechos Humanos2. Se presenta en dos dimensiones: como derecho personal, por el cual nadie puede serarbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y como derechocolectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno en dondejuega un rol preponderante la proyección socio-institucional de la expresión personal a través de losmedios masivos de comunicación. Su dimensión colectiva implica también el derecho y la libertadde buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole3. La expresión y la difusión de ideas son indivisibles, ambas dimensiones deben sergarantizadas simultáneamente. Así, en la opinión consultiva OC-5/85, La Corte aclara: “cuando serestringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de eseindividuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones eideas”. Tanto la Corte como la Comisión han declarado una vinculación intrínseca entre la libertadde expresión y la democracia4, siendo una piedra angular en la existencia misma de una sociedaddemocrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también ‘conditio sinequa non’ para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y engeneral, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin,condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, este suficientemente1 Derecho Constitucional – Baeza, Carlos. Pág. 254. Edición 20062 También fue consagrada positivamente en la legislación internacional en los siguientes documentos: DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos, art. 19; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 19; Convenciónsobre los derechos del Niño, art. 13; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 4; CartaAfricana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, art. 9; Convención Europea para la Protección de los DerechosHumanos y las Libertades Fundamentales, art. 10.3 CIDH, Opinión consultiva OC-5/85, del 13 de Noviembre de 1985.4 CIDH, Informe Anual 1999Correa, Rosela Universidad Nacional del Sur 1Guariste, Florencia 2.
El tratamiento progresista de la Libertad de Expresión. Mención de su recepción en Argentinainformada.5 Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no esplenamente libre”6. Puede verse entonces que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más, sino entodo caso uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: elsocavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistemademocrático.7 II. Censura Previa: La censura tiene lugar cuando, por medio del poder público se establecen medios paraimpedir la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias8. En estos casos, se dijo quehay una violación radical del derecho de cada persona a expresarse y del derecho de todos a estarbien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una sociedaddemocrática9. El artículo13.410 de la Convención establece una excepción a la censura previa, ya que lapermite en el caso de los espectáculos públicos pero únicamente con el fin de regular el acceso aellos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia. En todos los demás casos, cualquiermedida preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión. Resultan ilustrativos al respecto el fallo “La última tentación de Cristo”11 en el cual seprueba que existe un sistema de censura previa para la exhibición y publicidad de la produccióncinematográfica que constituyó una censura previa impuesta en violación al artículo 13 de laConvención, así como el caso “Palamara Iribarne vs. Chile”12, en donde el Estado realizó actosde control sobre el ejercicio de la libertad de expresión de Palamara Iribarne, que impidieron unadifusión efectiva del libro a pesar de que estaba editado. En este fallo la Corte enfatizó que “paraque el Estado garantizara efectivamente el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y deexpresión del autor no bastaba con que permitiera que escribiera sus ideas y opiniones, sino que talprotección comprendía el deber de no restringir su difusión, de forma tal que pudiera distribuir el5 En el caso Claude Reyes vs. Chile, la Corte sostuvo que “en una sociedad democrática es indispensable que lasautoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que todainformación es accesible a los particulares, con el límite que supone un sistema restringido de excepciones.”6 CIDH Opinión consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 70.7 CIDH; Informe Anual 2005; Vol.II. Informe de la Relatoría Para la Libertad de Expresión; Capítulo V. Lasmanifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión; párrafo 93.8 En la Resolución OC-5/85 señala como ejemplos de medios para impedir la libre circulación de información “lacensura previa, el secuestro o la prohibición de publicaciones y, en general, todos aquellos procedimientos quecondicionan la expresión o la difusión de información al control del Estado.”9 Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párrafo 5410 Art. 13.2 de la Convención americana sobre Derechos Humanos: “Los espectáculos públicos pueden ser sometidospor la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia yla adolescencia”11 El nombre del caso es “Olmedo Bustos y otros vs. Chile”. Sentencia 5 de febrero de 200112 Sentencia 22 de Noviembre de 2005.Correa, Rosela Universidad Nacional del Sur 2Guariste, Florencia 3.
El tratamiento progresista de la Libertad de Expresión. Mención de su recepción en Argentinalibro utilizando cualquier medio apropiado para hacer llegar tales ideas y opiniones al mayornúmero de destinatarios, y que éstos pudieran recibir tal información”13. II. Responsabilidades ulteriores El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivosino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido14, pues el derecho a la libertad deexpresión no es un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención Americana prevé laposibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de laaplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho, las cuales no debenlimitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión yconvertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.15 En lo que hace a las causales de responsabilidad ulterior, la Corte ha determinado que“deben estar expresa, taxativa y previamente fijadas por la ley, ser necesarias para asegurar “elrespeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, elorden público o la salud o la moral públicas”. De ninguna manera podrían invocarse el “ordenpúblico” o el “bien común” como fundamento de limitaciones a los derechos humanos o comomedios para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlode contenido real.16 No obstante, en el caso de los funcionarios públicos, se establece un estándar diferente devaloración de la responsabilidad ulterior. Al respecto la Corte ha dicho que “las expresionesconcernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza públicadeben gozar de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de interés público.”17 Luego, la Corte hace extensivo este criterio a la persona que se postula como candidato a laPresidencia de la República, porque ésta se somete voluntariamente al escrutinio público, y tambiénrespecto de asuntos de interés público en los cuales la sociedad tiene un legítimo interés demantenerse informada y de conocer lo que incide sobre el funcionamiento del Estado y afectaintereses o derechos generales, o le acarrea consecuencias importantes18 Puede verse que este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto,sino en el carácter de interés público de las actividades o acciones de una persona determinada.13 Caso Palamara Iribarne vs. Chile, párrafo 7314 La Colegiación Obligatoria de Periodistas, OC-5/85, párrafo 3915 Caso Herrera Ulloa, sentencia de 2 de julio de 2004, párrafo 12016 Respecto de la prensa en Venezuela, la Corte sostuvo que “una fuerte crítica a la línea informativa del medio decomunicación, seguida de posibles consecuencias por mantenerla, provenientes de una autoridad con poder decisoriosobre éstas, de las cuales dependen las posibilidades reales de funcionar, constituyen formas de restricción indirecta a lalibertad de expresión”17 Caso Herrera Ulloa, sentencia de 2 de julio de 2004, párrafo 12818 Caso Herrera Ulloa, sentencia de 2 de julio de 2004, párrafo 129Correa, Rosela Universidad Nacional del Sur 3Guariste, Florencia 4.
El tratamiento progresista de la Libertad de Expresión. Mención de su recepción en Argentina La protección al honor de las personas involucradas en asuntos de interés público ‘debeserlo de manera acorde con los principios del pluralismo democrático’ y con un margen deaceptación y tolerancia a las críticas mucho mayor que el de los particulares.19 Así, el artículo 68 de la Constitución Nacional20 brinda una necesaria cobertura a laexpresión de las afirmaciones o calificaciones contenidas en los discursos o votos dados por loslegisladores en ejercicio de su función, no a modo de fuero personal, sino como prerrogativa decarácter funcional. III. Libertad de expresión y delito El derecho penal es el último recurso de control de la conducta dentro de un Estado liberal.En el Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana21 seestablece que la aplicación de leyes de desacato22 otorga injustificadamente un derecho a laprotección de los funcionarios públicos, que no disponen los demás integrantes de la sociedad. Estadistinción invierte directamente el principio fundamental de un sistema democrático que hace algobierno objeto de controles23 y restringe indirectamente la libertad de expresión porque traenconsigo la amenaza de cárcel o multas para quienes insultan u ofenden a un funcionario público.24 Otro delito que afecta a este derecho es el de Injurias, tal es así que la Comisión en el caso“Kimel vs. Argentina” entendió que la mera existencia de la injuria disuade a las personas de emitiropiniones críticas respecto de la actuación de las autoridades, dada la amenaza de sanciones penalesy pecuniarias, y que si el Estado decide conservar la normativa que sanciona las calumnias einjurias, deberá precisarla de forma tal que no se afecte la libre expresión de inconformidades yprotestas sobre la actuación de los órganos públicos y sus integrantes25. El caso Kimel ha sido el puntapié para pensar una reforma en la legislación penal argentina,respecto de los delitos de injurias y calumnias. La reforma terminó por concretarse en el año 2009con la ley 26.55126, que restringió estos tipos delictivos, requiriendo para la injuria de ahora en19 En la misma línea de reflexión , en el reciente caso Tristán Donoso los alegatos de la Comisión estuvieronencaminados a sostener que cuando las disposiciones sobre calumnias o injurias “son utilizadas con el propósito deinhibir la crítica hacia un funcionario público o censurar las expresiones relacionadas con presuntas actividades ilícitasdesarrolladas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, el efecto de la interposición misma del procesopenal es violatorio de la Convención. (…). Asimismo, dado que existían otras medidas de protección de la privacidad yla reputación menos restrictivas, tales como el derecho de rectificación o las sanciones civiles, y debido a la importanciadel debate amplio sobre asuntos de interés público, en este caso las figuras penales de calumnia e injuria se constituyenen innecesarias para proteger el honor.” (Sentencia del 27 de enero de 2009, párrafo 90)20 Art. 68 CN: “Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado porlas opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”21 De fecha 17 de febrero de 1995. Capítulo V, página 321. Disponible enhttp://www.bibliojuridica.org/libros/4/1844/15.pdf22 El desacato es una injuria especializada en razón de las funciones que desempeñan determinadas personas y por elmotivo u ocasión en que se infiere. En nuestro país fue derogada la figura en el año 1.993.23 Página 33324 Página 33425 CIDH, “Kimel vs. Argentina”, sentencia de 2 de mayo de 200826 Antes de esta reforma, se presentó la causa “V., Myriam Esther s/calumnias e injurias” en el Juzgado Correccional deMendoza en el 2008 después del caso Kimel y antes de la reforma del Código Penal, en donde se falla por laCorrea, Rosela Universidad Nacional del Sur 4Guariste, Florencia 5.
El tratamiento progresista de la Libertad de Expresión. Mención de su recepción en Argentinaadelante la “intencionalidad” por lo cual se descarta el dolo eventual y se cambió la pena de prisiónpor la de multa27. Por los artículos 109 y 110 quedan fuera de la represión penal “las expresionesreferidas a asuntos de interés público” o que guarden relación con éste. De esta nueva regulaciónpuede sostenerse que los delitos de calumnias e injurias sólo se mantiene en cuestionesexclusivamente concernientes a intereses privados28 En nuestra opinión, es acertada la sentencia dictada porque se reivindica la plena vigencia dela libertad de expresión cuando se ejerce dentro del ámbito institucional. Aunque creemos que elfallo no es suficiente, siendo necesario que en lo sucesivo la Corte y la Comisión fijen reglasobjetivas para precisar los límites del derecho a la libre expresión, lo cual ofrecería mayor seguridadjurídica. De todas maneras, como dice Gregorio Badeni29, los adelantos que se registraron en lasegunda mitad del siglo XX, y los que se producen en el siglo XXI, proyectan la libertad deexpresión hacia una posición relevante que difícilmente pueda ser revertida. IV. Acceso a la información pública El artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a“recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a lainformación bajo el control del Estado. Dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibirdicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla. Esta información debe serentregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal,salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puedepermitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella yvalorarla.30anticonvencionalidad de las figuras de injurias y calumnias por ser violatorias del art. 9 (principio de legalidad: la claraenunciación de las accione típicas para que los ciudadanos puedan adecuar su conducta a la ley) y el 13.1 de laConvención (http://www.derechopenalonline.com/derecho.php?id=30,504,0,0,1,0)27 A este respecto, no debe caerse en la errónea impresión de que mientras que las sanciones penales generan un efectoinhibidor, las sanciones civiles no lo hacen. Al contrario, la amenaza de enfrentar sumas exorbitantes de dinero enconcepto de reparación del daño al honor –que podrían derivar en un colapso en la economía personal del periodista odel ciudadano común- compromete la libertad de los periodistas y particulares en hacer uso de su derecho a expresarse.28 Zavala de González, Matilde. “Prueba de la verdad de injurias o calumnias”. Publicado en La Ley 10/09/2010, 129 Badeni, Gregorio, “Avances y retrocesos de la libertad de prensa en el siglo XXI”, publicado en La Ley25/08/2010, 130 En el caso “Claude Reyes vs. Chile” se alega una supuesta denegación de información por parte del Comité deInversiones Extranjeras. Respecto a la violación del art. 13 de la Convención, la Comisión interpretó que este artículoincluye un derecho al acceso a la información en poder del estado. (…) De acuerdo a los amplios términos de esteartículo., el derecho al acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”. (…) Lacarga de la prueba corresponde al estado, el cual tiene que demostrar que las limitaciones al acceso a la información soncompatibles con las normas interamericanas sobre libertad de expresión. La restricción no solo debe relacionarse conuno de los objetivos legítimos que la justifican, sino que también debe demostrarse que la divulgación constituye unaamenaza de causar substancial perjuicio a este objetivo y que el perjuicio al objetivo debe ser mayor que el interéspúblico en disponer de la información (prueba de proporcionalidad).Correa, Rosela Universidad Nacional del Sur 5Guariste, Florencia 6.
El tratamiento progresista de la Libertad de Expresión. Mención de su recepción en Argentina V. Medios de comunicación La libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmenteabiertos a todos sin discriminación, para ello es indispensable, la pluralidad de medios, laprohibición de todo monopolio, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar31. Este derecho sepuede ver afectado cuando por efecto de la existencia de monopolios y oligopolios en la propiedadde los medios de comunicación, se establecen en la práctica ‘medios encaminados a impedir lacomunicación y la circulación de ideas y opiniones’32. La Corte sostuvo que “el Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación dela información sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación de lasdistintas informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo informativo. Enconsecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo. En estos términos puede explicarse laprotección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de los medios y el intento porasegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas”33 Respecto de la independencia y protección de los periodistas, para la Corte, la libertad eindependencia de los periodistas es un bien que es preciso proteger y garantizar. En el caso Palamara Iribarne, la Corte entendió que “la decisión de dar ‘término anticipadoal contrato’ de prestación de servicios celebrado entre una institución pública y la víctima,constituyó un medio indirecto de restricción a la libertad de pensamiento y de expresión”.34 Y en elcaso Ricardo Canese, sostuvo que “se afecta ese derecho cuando la víctima, después de sercondenada penalmente, fue despedida del medio de comunicación en el cual trabajaba y no pudopublicar sus artículos en ningún otro diario”35 Resulta importante también la colegiación de periodistas, respecto de lo cual se interpretaque las razones de orden público válidas para justificar la colegiación obligatoria de otrasprofesiones no pueden invocarse en el caso del periodismo, pues conducen a limitar de modopermanente, en perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer uso pleno de las facultades quereconoce a todo ser humano el artículo 13 de la Convención.36 Se dijo que no es compatible con la Convención una ley de colegiación de periodistas queimpida el ejercicio del periodismo a quienes no sean miembros del colegio y limite el acceso a éstea los graduados en una determinada carrera universitaria, dado que contendría restricciones a lalibertad de expresión no autorizadas por el artículo 13.2 de la Convención y sería, en consecuencia,violatoria del artículo 13 del mismo instrumento.3731 Resolución OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Párrafo 3432 OC-5/85. Párrafo 5633 Caso Kimel vs. Argentina, sentencia del 2 de mayo de 2008. Párrafo 5734 Caso Palamara Iribarne, sentencia de 22 de noviembre de 2005 , párrafo 9435 Caso Ricardo Canese, sentencia de 31 de agosto de 2004, párrafo 10736 Opinión Consultiva OC-5/85. Párrafo 7137 Opinión Consultiva OC-5/85. Párrafo 81Correa, Rosela Universidad Nacional del Sur 6Guariste, Florencia 7.
El tratamiento progresista de la Libertad de Expresión. Mención de su recepción en Argentina VI. En Adelante Si bien la Corte Interamericana ha mostrado un gran avance en el tratamiento de temasconcretos en las últimas décadas, son muchos los temas que aún quedan sin resolver. Entre lasproblemáticas que se presentan en la actualidad sin tener en el día de hoy resoluciones concretas,podemos ver: I. El uso arbitrario -y a veces discriminatorio- de la publicidad oficial por parte de losgobiernos. En el Informe Anual de 200338 se enseña que: “Los costos de producción de los mediosde comunicación son elevados, y la forma más lucrativa de cubrir esos gastos es una ampliapublicidad. Tradicionalmente, los presupuestos de publicidad del Estado representan un porcentajesustancial de la inversión total en publicidad de los medios. (…) El Estado distribuye su publicidadentre varios medios de comunicación, con frecuencia sin ninguna restricción o supervisión legal.Ello da lugar a una selectividad en la colocación de publicidad, si bien no existe un derechointrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad, sólo cuando el Estado asigna esos recursosen forma discriminatoria se viola el derecho fundamental a la libre expresión. Un Estado podríanegar la publicidad a todos los medios de comunicación, pero no puede negarle ese ingreso sólo aalgunos medios, con base en criterios discriminatorios”. En Argentina se ha sancionado la ley 26.522 conocida como “Ley de Servicios deComunicación Audiovisual” o “Ley de Medios” que prohíbe la asignación arbitraria odiscriminatoria de la publicidad oficial y exige que todos los servicios de radiodifusión puedancontratar publicidad en igualdad de condiciones. Esta ley ha abierto paso a innumerables desencuentros. Si bien la mayor parte de la doctrinacalificada avala muchos puntos de la nueva ley, se nota una desconfianza en la reglamentación desu Autoridad de Aplicación, dado que dependería del Poder Ejecutivo Nacional39, pudiendo esterealizar un control de los contenidos. En el mismo sentido, la Sociedad Interamericana de Prensa sesolidarizó con esta crítica siendo que se entrega al Estado un amplio poder discrecional paracontrolar la actividad del periodismo mediante un órgano con la mayoría de representantes delPoder Ejecutivo, y que tendrá la potestad de revisar las licencias cada dos años.40 Por el contrario, el último informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,elogió la nueva ley de medio, entendiendo que representa un importante avance respecto de lasituación preexistente, dado que bajo el marco normativo previo, no se establecían reglas claras,transparentes y equitativas para la asignación de las frecuencias, ni se generaban condicionessuficientes para la existencia de una radiodifusión verdaderamente libre de presiones políticas.38 Este informe se denomina “Asignación discriminatoria de la Publicidad Oficial”39 Art.10 de la ley 26.522: “Créase como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivonacional, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, como autoridad de aplicación de la presenteley”40 http://ifex.org/argentina/2009/10/13/communication_law_passed/es/Correa, Rosela Universidad Nacional del Sur 7Guariste, Florencia 8.
El tratamiento progresista de la Libertad de Expresión. Mención de su recepción en Argentina II. La distribución arbitraria de frecuencias radioeléctricas para instalar estaciones deradio o televisión. La Comisión Interamericana ha dicho que la administración arbitraria de lasfrecuencias es violatoria de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y debe estarprohibida por ley. La recomendación 2 de la resolución 69 UIT41 entiende que: “las frecuencias no pueden serobjeto dominial de los estados, y la administración de las mismas está sujeta desde el punto de vistatécnico a los reglamentos de la UIT, y desde el punto de vista jurídico y político a las convencionesy declaraciones de derechos humanos y sus interpretaciones auténticas por los órganosinstitucionales de los sistemas de protección establecidos. En el caso que ocupa, la ConvenciónAmericana, la Declaración de Principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos ylas sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana”. La nueva ley de servicios audiovisuales de Argentina establece que las frecuenciasradioeléctricas pertenecen a la comunidad, son patrimonio común de la humanidad, y están sujetaspor su naturaleza y principios a legislaciones nacionales y a tratados internacionales. Deben seradministradas por el Estado con criterios democráticos y adjudicadas por períodos de tiempodeterminado a quienes ofrezcan prestar un mejor servicio. Establece también que no podrán sertitulares de licencias de servicios de radiodifusión ni integrantes de sus órganos directivos, quienesocupen cargos electivos oficiales nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos delos distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad, como así tampoco aquellosque hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos. Este puntopareciera ser una garantía de no intromisión gubernamental al servicio de la comunicación, sinembargo, voces calificadas en materia constitucional, entre ellos Daniel Sabsay, han sidocontundentes en cuestionar la facultad que tendrá el PEN de otorgar licencias en forma directa,entendiendo que implicaría un modo de “censura previa” y por tal, tendría como consecuencia lafalta de independencia de los medios, respecto a los gobiernos de turno42.41 UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones, incorporada a los acuerdos de Ginebra de diciembre de 1992, enKyoto durante 199442 Hay que tener en cuenta que hay causas pendientes en la Justicia Argentina respecto a la ley de medios, algunasiniciadas por medios privados (como es el caso del Grupo Clarin S.A) y por el Comité de Defensa del Consumidor enSalta (CODELCO). Hasta ahora la CSJN se ha expedido en el caso Thomas, pero no respecto de la ley, sino respectodel alcance de las medidas cautelares, que entiende no debe ser erga omnes. Luego de esta causa, se levantó lasuspensión de la ley de medios que regía a nivel nacional, por lo que ya se puede empezar a reglamentar.Recientemente, en el caso “Grupo Clarín y otros S.A. s/ medidas cautelares” (5 de octubre de 2010) y por la respectivasentencia, la CSJN deja en suspenso, por voto unánime, el artículo 161 (cláusula de desinversión) por verse afectado elderecho de propiedad del actor. Este fallo solo tiene alcance respecto al actor y no afecta de ningún modo la aplicacióngeneral de la ley. Creemos que es acertado el fallo, siendo que extingue las licencias que el mismo gobierno haprorrogado (por decreto 527 del año 2005), constituyendo una expropiación indirecta (prohibida por la CN) y afectandola seguridad jurídica. Incluso, siendo la ley una materialización tan clara de los lineamientos internacionales de lalibertad de expresión, sería bueno minimizar toda posibilidad de que pueda ser utilizada con segundas intenciones nosólo pensando en el gobierno actual sino en los posteriores.Correa, Rosela Universidad Nacional del Sur 8Guariste, Florencia 9.
El tratamiento progresista de la Libertad de Expresión. Mención de su recepción en Argentina VII. Conclusión Satisfactoriamente, en base al análisis expuesto, hemos observado que las normativas de losdistintos Estados muestran una evolución gradual y progresista respecto del Derecho a la Libertadde Expresión, en base a los lineamientos interpretativos que ha propuesto la Corte y la Comisión encasos sometidos a su consulta o evaluación. De todas maneras nos resulta inminente la necesidad dereconocer y proteger aun de manera más amplia y progresiva esta libertad fundamental, dado que esuna herramienta esencial a la que accede la sociedad civil en los estados democráticos BIBLIOGRAFIA 1) Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza. “La libertad de expresión en la jurisprudencia de la CorteInteramericana de Derechos Humanos”. Edición 2007 2) Todos los documentos de la página www.cidh.oas.org 3) Fernandez Sanabria, Alejandro. “La prohibición de publicar encuestas electorales como unalimitación desproporcionada e ilegítima de la libertad de expresión e información en Costa Rica”. Publicada en Revistade Derecho Electoral nº 10, 2010. 4) http://www.derechos.org/ddhh/expresion/trata.html 5) Bertoni, Eduardo Andrés. “Libertad de expresión en el Estado de Derecho”. 2ª edición. Del puerto,2007 6) Grossman, Claudio. “La libertad de expresión en el sistema interamericano de protección de losderechos humanos”. Publicado en Revista IIDH, 2007, páginas 157-191 7) http://ifex.org/argentina/2010/04/22/ley_audiovisual/es/Correa, Rosela Universidad Nacional del Sur 9Guariste, Florencia Recommended

References: artículo 13
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 Resolución 
 artículo 13
 artículo 68
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 artículo 13
 Resolución 
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 artículo 161