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Timestamp: 2015-04-01 05:47:21+00:00

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Caso "Halabi", La Corte trata los derechos de incidencia colectiva
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Caso "Halabi", La Corte trata los derechos de incidencia colectiva	Miércoles, 25 de Febrero de 2009 18:59 / TRASCENDENTE SENTENCIA JUDICIAL: LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TRATA LOS DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA.
En una resolución súmamente interesante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ella se refiere a "derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados. En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea".
Como bien explica la Corte, "ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es
común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño".
Además, la Corte, frente a la falta de regulación, decide tomar el toro por las astas y darle una regulación de base jurisprudencial, así como en su momento se hiciera con el amparo en el caso "Siri" y "Kot" en la década de 1950.
HALABI ERNESTO C/ PEN - LEY 25873 DTO 1563/04 - s/ amparo ley 16.986.
(REX) S.C. H.270, L.XLII.
A fs. 109/116, la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal (Sala II) resolvió confirmar
el pronunciamiento que había hecho lugar a la acción de
amparo entablada por Ernesto Halabi -letrado en causa propia y,
en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de la ley
25.873 (arts. 11 y 21) y del decreto 1563/04, que imponen a los
prestadores de servicios de telecomunicaciones la captación y
derivación de las comunicaciones que transmiten, para su
observación remota a requerimiento del Poder Judicial o del
Ministerio Público, de acuerdo con la legislación vigente.
En primer término, y desde el punto de vista formal,
los integrantes de la Sala declararon desierto el recurso de
apelación planteado por el Estado Nacional (arts. 265 y 266
del CPCCN) contra el pronunciamiento de la jueza de primera
instancia. Consideraron que el memorial del apelante no
cumplía con los recaudos establecidos en las normas del rito,
en razón de que el Estado se limitaba a reiterar planteos
formulados con anterioridad, los que ya habían merecido un
pormenorizado examen por parte de la magistrada.
Sin perjuicio de ello, y dada la trascendencia de la
cuestión debatida en autos, manifestaron que considerarían los
argumentos desarrollados en defensa de las normas cuestionadas.
En ese orden, y después de examinar la admisibilidad
de la vía del amparo elegida por el accionante, entraron al
fondo del planteo sub examine.
A tal fin, hicieron suyos los fundamentos del fallo
de primera instancia, en torno a: (i) la falta de debate legislativo
para el dictado de la ley; (ii) los antecedentes del
derecho comparado, en los cuales las distintas legislaciones
tomaron las precauciones del caso para no incurrir en
violaciones al derecho a la intimidad -por ejemplo, limitaron
el tiempo de guarda de datos de tráfico-; (iii) la necesidad
de que la ley sea motivada y fundada; (iv) la vaguedad de
muchas de las previsiones contenidas en la ley; (v) los puntos
en que los datos de tráfico anudan con el contenido de las
comunicaciones; (vi) el riesgo cierto de que los datos
personales sean utilizados para fines distintos de aquellos
previstos en la norma y (vii) la vulneración de principios y
límites que hacen a la esencia misma del Estado de Derecho, en
lo que concierne al decreto 1563/04, por haber abdicado el
Congreso de sus facultades propias, como el Poder Ejecutivo
por haberse excedido en el ejercicio de la potestad reglamentaria,
ya sea que se lo considere como un reglamento de ejecución
o bien delegado.
Sostuvieron así, que las normas impugnadas transgreden
las disposiciones de los arts. 18 y 19 de la Constitución
Nacional, en cuanto establecen, respectivamente, la inviolabilidad
de la correspondencia y excluyen de la autoridad
de los magistrados las acciones privadas de los hombres que no
ofendan a la moral y al orden público; las de la Convención
Americana de Derechos Humanos -aprobada por la ley 23.054- (de
jerarquía constitucional, art. 75, inc. 22), que reconocen los
derechos a la honra y a la dignidad y a que nadie pueda ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada, en la de su familia, en su domicilio, ni en su
correspondencia (art. 11, incs. 11 y 21) y las estipulaciones
-aprobado por la ley 23.313 y con igual jerarquía que la
Constitución- que reconoce el derecho a la intimidad (art. 17,
inc. 11).
Después de efectuar consideraciones en torno a la
importancia de la protección al derecho de privacidad, en
cuanto éste debe ser reconocido como uno de los mayores valores
del respeto a la dignidad y un rasgo diferencial entre el
Estado de Derecho democrático y las formas políticas autoritarias
y totalitarias, señalaron que la intromisión estatal en
ellos sólo podría justificarse sobre la base de ponderar
juicios que sean capaces de demostrar que las restricciones
conciernen a la subsistencia de la propia sociedad.
Interpretaron que el art. 18 de la Constitución
Nacional, cuando consagra la inviolabilidad de la correspondencia
epistolar, extiende su protección a otros medios de
comunicación distintos del allí previsto. Desde ese ángulo
:prosiguieron- la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica,
al fallar en el caso "Katz vs. United States", en
el que se discutía la validez de ciertas escuchas por parte de
agentes del FBI de llamadas efectuadas por una persona desde
una cabina de teléfono público sin mediar autorización
judicial, resolvió que las comunicaciones telefónicas se encontraban
amparadas en la cuarta enmienda constitucional
-análogo al art. 18 citado de nuestra Constitución-. En ese
sentido, el justice Stewart recordó que desde tal óptica no
bastaba con obtener una autorización judicial para efectuar
válidamente una escucha telefónica, sino que, además, debían
concurrir circunstancias precisas y discriminadas, imputarse
concretamente la comisión de un delito en particular y efectuarse
la intervención con el único fin de comprobar la veracidad
de las alegaciones.
Por otra parte, expresaron que la apoderada del
Estado Nacional, al invocar la contraposición y la prevalencia
del interés general sobre el interés privado, prescindió de
tomar en cuenta que en un régimen republicano hay ocasiones
-más aún cuando se trata del derecho a la intimidad- en que la
satisfacción de la necesidad pública está dada, justamente,
por el respeto estricto del interés privado de cada uno de los
Aseveraron que, aun cuando se señala que la ley
25.873 y su decreto reglamentario han centrado su objetivo en
la necesidad de combatir el flagelo de la delincuencia, tal
finalidad no puede ser cumplida a costa de convertir a todos
los habitantes de la Nación en rehenes de un sistema inquisitivo
en el cual todas sus telecomunicaciones sean captadas
para su eventual observación remota y registradas en una base
de datos que ni siquiera pertenece a un órgano estatal.
Estimaron que la ley en cuestión pone bajo sospecha
a todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones
por el amplísimo término de 10 años, circunstancia que se
agrava en materia de comunicaciones digitales que pasan por la
red, pues todos los movimientos quedarían registrados durante
Por último establecieron, por mayoría, que la inconstitucionalidad
declarada tendría efectos erga omnes, pues,
según entendieron, la derivación lógica de admitir el carácter
colectivo de la controversia era que el control de
constitucionalidad ejercido debía alcanzar a todos los usuarios
que se encontraran en la misma condición que el actor.
Disconforme con ese pronunciamiento, el Estado Nacional
interpuso el recurso extraordinario de fs. 120/126 que
fue concedido por el a quo, al hallarse debatido el alcance e
interpretación de una norma federal (art. 14, inc. 11 de la ley
48) (fs. 156).
A su juicio, la decisión apelada no constituye una
derivación razonada del derecho vigente con particular
aplicación a las circunstancias de la causa, le produce agravios
de imposible reparación ulterior, a la vez que, por su magnitud,
proyecta efectos sobre la comunidad.
Se agravia de los efectos erga omnes que la alzada
asigna a su sentencia. Manifiesta que el a quo omitió examinar
lo establecido en el art. 43 de la Constitución Nacional con
referencia a quiénes se encuentran legitimados para accionar
cuando están involucrados derechos de incidencia colectiva.
En tal sentido, afirma que la circunstancia de que
la causa afectara derechos colectivos no autorizaba al tribunal
a dictar una sentencia con alcance general si se tiene
en cuenta que quien había accionado no era el Defensor del
Pueblo ni una asociación protectora de los derechos de los
Considero que el recurso extraordinario deducido es
admisible en la medida en que se cuestiona la validez e interpretación
de una ley del Congreso (ley 25.873) y de un acto
de autoridad nacional (decreto 1563/04) bajo la pretensión de
ser contrarios a los principios, derechos y garantías
consagrados en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional y
la sentencia definitiva del superior tribunal fue contraria a
las pretensiones del apelante (art. 14, inc. 11 y 31 de la ley
Asimismo, al encontrarse en discusión el alcance que
cabe asignar a una norma de derecho federal, la Corte no se
encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las
partes o de la cámara, sino que le incumbe realizar una
declaración sobre el punto disputado (Fallos: 311:2553;
314:529; 316:27; 321:861, entre muchos otros).
El actor pretende la declaración de inconstitucionalidad
de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario
1563/04.
Vale tener presente que dicho ordenamiento legal
incorporó a la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798 -Capítulo
I, del Título III- los arts. 45 bis, 45 ter y 45 quáter,
que se refieren, básicamente, a la obligación impuesta a
los prestadores de servicios de telecomunicaciones de captar y
derivar las comunicaciones que transmiten para su observación
remota, de acuerdo a lo que establece la legislación vigente,
a requerimiento del Poder Judicial o del Ministerio Público.
A tal fin, se dispuso que "Todo prestador de servicios
de telecomunicaciones deberá disponer de los recursos
humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación
de las comunicaciones que transmiten, para su observación
remota a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio
Público de conformidad con la legislación vigente.
"Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán
soportar los costos derivados de dicha obligación y dar
inmediato cumplimiento a la misma a toda hora y todos los días
"El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las condiciones
técnicas y de seguridad que deberán cumplir los prestadores de
servicios de telecomunicaciones con relación a la captación y
derivación de las comunicaciones para su observación remota
por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público" (confr.
art. 45 bis).
registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios
de sus usuarios y clientes y los registros de tráfico
de comunicaciones cursadas por los mismos para su consulta
sin cargo por parte del Poder Judicial o del Ministerio
Público de conformidad con la legislación vigente. La información
referida en el presente deberá ser conservada por los
prestadores de servicios de telecomunicaciones por el plazo de
diez años" (confr. art. 45 ter).
Ante todo, es importante destacar que las obligaciones
que impone dicha ley están referidas a las telecomunicaciones
en general, definidas en la ley 19.798 como toda
transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes,
sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo,
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos, entendiéndose como correspondencia de telecomunicaciones
a toda comunicación que se efectúe por medios
de telecomunicaciones públicos o privados autorizados (confr.
art. 2°).
En cumplimiento de lo dispuesto en el último párrafo
del art. 45 bis antes transcripto de la ley 25.873, el Poder
Ejecutivo Nacional, mediante el decreto 1563/04, reglamentó
los artículos incorporados a la ley 19.798, con la finalidad
de establecer las condiciones técnicas y de seguridad que
deberían cumplir los prestadores de servicios de telecomunicaciones
en relación con las obligaciones legalmente impuestas.
Así pues, se regularon: a) las obligaciones de los
operadores y licenciatarios de servicios de telecomunicaciones;
b) lo referido a los eventuales reclamos administrativos
y a la vía judicial; c) la adecuación del equipamiento y las
tecnologías que se utilizan para la prestación de servicios de
telecomunicaciones, estableciéndose plazos para los requerimientos
de interceptación y de información, al igual que las
sanciones y d) la competencia del órgano del Estado legalmente
encargado de las verificaciones e inspecciones.
Con posterioridad, el Poder Ejecutivo, mediante el
decreto 357/05 (B.O. 25/4/2005), sobre la base de considerar
razones "de público conocimiento", suspendió sine die la
aplicación del decreto 1563/04 a los fines de permitir un
nuevo análisis del tema y de las consecuencias que su dictado
implicaban.
Ante ello, y habida cuenta de la doctrina del Tribunal
que enuncia que las sentencias de la Corte deben atender
a las circunstancias existentes al momento de su dictado, lo
cual resulta aplicable, también, a las decisiones en los
juicios de amparo (Fallos 323:3896; 325:1440; 327:488, 4990,
4905 y 5270, entre muchos otros), estimo que, al encontrarse
suspendida la aplicación del decreto 1563/04, en el momento
actual resulta inoficioso un pronunciamiento en tal sentido
(Fallos: 325:366 y 370), pues no existe agravio actual que
subsanar con la pretendida declaración.
Sentado lo que antecede, corresponde examinar el
planteo de inconstitucionalidad de la ley 25.873 sustentado en
la afectación de derechos de rango constitucional, con
especial acento en la defensa del derecho a la intimidad o
privacidad que, según se afirma, se verían conculcados por la
captación y derivación de todas las comunicaciones.
En primer lugar, debe tomarse en cuenta que el texto
legal impugnado reconoce su génesis en diversas iniciativas
del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Nación
destinadas a prevenir y reprimir los delitos contra la libertad
individual, particularmente, en materia de secuestros
Surge del fundamento del proyecto de ley -con referencia
a la prestación de servicios de comunicaciones móviles-,
elaborado por el diputado José M. Díaz Bancalari, que
"existe una necesidad actual, derivada de la utilización de
nuevos medios comisivos de delitos, entre los que se comprende
el uso disfuncional de los recursos derivados de las modernas
comunicaciones. Esta realidad que todos conocemos torna
imperioso, con el fin de asegurar las 'investigaciones' que se
realizan para esclarecer estos delitos que utilizan los medios
antes mencionados, regular la obligada colaboración sin
excepción, de las entidades que tengan a su cargo la
explotación de los respectivos servicios. En este sentido no
debe perderse de vista, que una de las herramientas más importantes
para las investigaciones, en especial el de los
secuestros extorsivos, las constituyen las intervenciones
telefónicas. Así la Dirección de Observaciones Judiciales de
la Secretaría de Inteligencia del Estado, ve dificultada la
realización de las diligencias encomendadas por los jueces,
debido a cierta falta de colaboración o reticencia por parte
de las empresas licenciatarias de servicio de telecomunicaciones"
(confr. "Antecedentes Parlamentarios", publicado por
La Ley, Tomo 2005, págs. 480 y 481).
Cierto es que los conceptos vertidos en el seno del
Congreso con motivo del trámite parlamentario de alguna ley
son, en general, simples manifestaciones de opinión de las
personas que las pronuncian (confr. doctrina de Fallos:
329:3546), pero no puede decirse lo mismo de las explicaciones
brindadas por los miembros informantes de los proyectos, pues
tales explicaciones o informes constituyen una fuente propia
de interpretación (Fallos: 140:199 y 328:4655).
Fue, precisamente, el miembro informante del Senado
de la Nación, el senador Miguel A. Pichetto, quien disipó toda
duda sobre los objetivos de la ley, cuando explicó que se
trataba de un proyecto cuya iniciativa había sido del Poder
Ejecutivo, sancionada por la Cámara de Diputados, "que apunta
a fortalecer la lucha contra el delito organizado,
fundamentalmente en lo que se refiere a la logística para la
captación de las líneas telefónicas en los secuestros extorsivos.
El Estado requiere de esta ley para que las compañías
puedan actuar con celeridad en la captación de las líneas
(...) Con la aprobación de este proyecto estamos dando un
primer paso. Están pendientes muchos temas en cuanto a la
seguridad (...) El Congreso está en deuda con los temas de
seguridad (...) Creo que con este tema, además de dar una
primera respuesta importante, le estamos dando al Estado mismo
este instrumento para que las compañías puedan responder con
rapidez, a fin de avanzar en las investigaciones contra las
bandas organizadas que se dedican a los secuestros extorsivos
en el país" (confr. "Antecedentes Parlamentarios", publicado
por La Ley, Tomo 2005, págs. 486 y 487).
Así expuestos los objetivos de la ley, el thema
decidendum, a mi modo de ver, estriba en confrontar la medida
dispuesta por el legislador con el derecho a la intimidad y
privacidad amparado por la Constitución Nacional, habida
cuenta de que lo que aquí se trata es la posibilidad de que el
Estado, por intermedio de la Dirección de Observaciones
Judiciales de la Secretaría de Inteligencia, intercepte las
telecomunicaciones (vocablo entendido en sentido amplio) para
su consulta por parte de los magistrados judiciales y fiscales.
La Constitución Nacional ha establecido el deber del
Estado de proveer a la seguridad pública e individual como
correlato de los objetivos establecidos en el Preámbulo de
"afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a
la defensa común y promover el bienestar general", a la vez
que, en forma paralela, ha consagrado el derecho a la intimidad
o privacidad en sus arts. 19 y 18.
En tales condiciones, se advierte que el planteo en
examen traduce una suerte de tensión entre derechos y obligaciones
consagrados en la Constitución, en la medida en que el
actor pretende que se respete su derecho a la privacidad e
intimidad, que se enfrenta con el deber propio e irrenunciable
del Estado de proveer a la seguridad pública e individual.
Cuestiones como la presente, que implican relacionar
valores jurídicos contrapuestos, de raigambre constitucional,
son las que han originado una cauta tradición jurisprudencial
de la Corte Suprema, por ser ella la salvaguardia y custodio
final de la supremacía de la Constitución y de los principios
allí consagrados.
Fue con motivo de dichas relaciones que el Tribunal
asentó la doctrina que califica a la Constitución como una
estructura coherente y que, por lo tanto, ha de cuidarse, en
la interpretación de sus cláusulas, que no se altere el delicado
equilibrio entre la libertad y la seguridad.
La interpretación del instrumento que nos rige no
debe, pues, efectuarse de tal modo que queden frente a frente
los derechos y deberes por él enumerados, para que se destruyan
recíprocamente. Antes bien, ha de procurarse su armonía
dentro del espíritu que les dio vida; cada una de sus partes
ha de entenderse a la luz de las disposiciones de todas las
demás, de tal modo de respetar la unidad sistemática de la Ley
Suprema (Fallos: 312:496 y sus citas).
Corresponde puntualizar, en este orden de ideas, que
el derecho constitucional a la intimidad aquí en juego
-consagrado en forma genérica por el art. 19 y especificado
respecto de alguno de sus aspectos en los arts. 18, 43 y 75,
inc. 22 de la Constitución- ha sido definido por la Corte
Suprema como aquel que protege jurídicamente un ámbito de
autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos
y costumbres, las relaciones familiares, la situación
económica, las creencias religiosas, la salud mental y física
y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en
cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad, están
reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación
por los extraños significa un peligro real o potencial
para la intimidad (Fallos: 306:1892).
Cabe recordar -como se dijo- que en el debate parlamentario
que precedió a la sanción de la ley 25.873, más
allá de que se pueda considerar que tuvo una breve discusión,
lo cierto es que quedó en claro que su objetivo era resguardar
la seguridad pública e individual.
Es decir, que en el sub examine el derecho a la
intimidad se enfrenta con el deber del Estado de proveer a la
seguridad y el correlativo derecho de todos los ciudadanos a
la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de su
De este modo puede decirse, que conjugados armoniosamente
aspectos propios de la esfera de la intimidad de las
personas, protegidos por los citados arts. 19 y 18, con otros
que la trascienden y acaban por interesar a toda la comunidad,
obvio objeto de protección del orden normativo, es dable
presuponer -contrariamente a lo que sostiene la alzada- que
ambos conciernen a la subsistencia de la propia sociedad.
Ahora bien, es necesario determinar si el hecho de
interceptar y derivar las comunicaciones constituye una injerencia
desmesurada en la privacidad de las personas, si se lo
pondera relacionado con la finalidad perseguida por la ley, a
cuyo fin debe considerarse la jerarquía del interés tutelado,
en relación con la cuantía del sacrificio exigido a los derechos
En tal sentido, fue puntualizado que toda ley debe
ser razonable, esto es, justificada por los hechos y las circunstancias
que le han dado origen y por la necesidad de salvaguardar
el interés público comprometido y proporcionado a
los fines que se procura alcanzar, de tal modo de coordinar el
interés privado con el público y los derechos individuales con
el de la sociedad (Fallos: 312:496).
En rigor, ha dicho la Corte, el derecho a la privacidad
comprende no sólo a la esfera doméstica, al círculo
familiar y de amistad sino a otros aspectos de la personalidad
espiritual o física de las personas tales como la integridad
corporal o la imagen, y que nadie puede inmiscuirse en la vida
privada de una persona ni violar áreas de su actividad no
destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus
familiares autorizados para ello, así como que sólo por ley
podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un
interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la
defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución
del crimen (Fallos: 306:1892, considerando 81 y 316:703, entre
Es un valor entendido que los derechos a la intimidad
y a la privacidad, al igual que los demás derechos individuales
que la Constitución Nacional garantiza, suponen límites
a la averiguación de la verdad real en el proceso penal.
En ese orden, incluso la propia Constitución admite
que la ley autorice en ciertos casos la intromisión de los
órganos estatales encargados de la persecución penal en la
libertad, la intimidad, la vida privada y demás derechos de la
persona en aras de salvaguardar el interés de la sociedad en
la investigación y el castigo de los delitos.
Ello es lógica consecuencia de aquel principio fundamental
en virtud del cual los derechos y garantías que la
Constitución consagra no tienen carácter absoluto, sino que la
ley puede imponer restricciones a su ejercicio que guarden
adecuada proporción con la necesidad de preservar los derechos
de los demás y los intereses generales de la sociedad (arts.
14 y 28 de la Constitución Nacional) (Fallos: 300:67 y 700;
308:814, entre otros).
Así pues, V.E. ha expresado que los derechos civiles,
políticos y sociales que la Constitución Nacional consagra,
lejos de ser absolutos, están sujetos a limitaciones o
restricciones tendientes a hacerlos compatibles entre sí y con
los que corresponde reconocer a la comunidad (Fallos: 312:318;
314:225; 315:380; 320:196, entre muchos otros). Por tal
motivo, el derecho a la intimidad e inviolabilidad de la
correspondencia -tutelado por los arts. 18 y 19 de la Ley
Fundamental- también debe ponderarse tanto a la luz de los
diversos derechos consagrados por su texto como con relación a
las facultades estatales de restringir el ejercicio de tal
derecho, en un marco razonable, para la necesaria eficacia en
la persecución del crimen.
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el marco
de protección que confieren las normas constitucionales y los
tratados mencionados en el art. 75, inc. 22 de la Constitución
Nacional no implica que se prohíba toda intrusión estatal con
relación a los derechos de privacidad y de libertad
ambulatoria de las personas. Importa más bien que la Carta
Magna ha estructurado un escudo de protección de los habitantes
de nuestro país para que sus derechos no sean injustamente
vulnerados, pero no lleva desde luego a impedir la ejecución
de medidas que requiera el Estado para dilucidar la verdad en
el ámbito del proceso penal. Tales medidas se hallan
expresamente consignadas, por ejemplo, en los arts. 230 y 270
del Código Procesal Penal de la Nación sin que -por su sola
existencia- sea posible impugnarlas con el solo argumento de
que restringen aquellos derechos (Fallos: 326:3758, disidencia
del doctor Juan Carlos Maqueda).
En tales condiciones, no aparece como irrazonable
que se exija a los prestadores de servicios de telecomunicaciones
que estén en condiciones de suministrar, en tiempo
oportuno, a los magistrados (jueces e integrantes de este
Ministerio Público) los medios y datos necesarios para la
detección y prevención de hechos delictivos.
Además, la circunstancia de que la ley establezca
que "la captación y derivación de las comunicaciones que
transmiten" efectuada por las prestadoras de los servicios de
telecomunicaciones sea "a requerimiento del Poder Judicial o
el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente"
no tiene otro sentido que el de conferir exclusivamente
a una determinada categoría de funcionarios el ejercicio de
las delicadas funciones que ella otorga.
Tal conclusión -que, como se indica, emerge de la
propia literalidad del texto de la norma (doctrina de Fallos:
299:167, su cita y muchos otros)- resulta, además, abonada en
razón del reenvío que los arts. 45 bis y 45 ter realizan a "la
legislación vigente".
La indicación "a requerimiento del Poder Judicial o
el Ministerio Público" seguida de los vocablos "de conformidad
con la legislación vigente" no puede ser entendida como una
redacción descuidada del legislador, sino que la sucesión
entre ambos indica que los registros de comunicaciones no
pueden ser requeridos por cualquier persona, sino por los
funcionarios allí mencionados, que son, de acuerdo con la
legislación vigente, los únicos autorizados para ello.
Esta interpretación se corrobora con las restantes
disposiciones de la Ley Nacional de Telecomunicaciones que, en
armonía con las normas introducidas por la ley 25.873,
establecen que "la correspondencia de telecomunicaciones es
inviolable" y que "su interceptación sólo procederá a requerimiento
del juez competente" (art. 18 de la ley 19.798),
además de imponer la obligación de guardar secreto respecto
del contenido de cualquier comunicación confiada a quienes se
desempeñan en las empresas prestadoras del servicio (art. 20)
y la extensión de tal deber a toda persona que de cualquier
manera tenga conocimiento de la existencia o el contenido de
la correspondencia de telecomunicaciones (art. 21).
Vale recordar, en ese sentido, que son numerosas las
normas que autorizan a los jueces y magistrados de este
Ministerio Público a requerir datos en el ámbito de investigaciones
de hechos ilícitos. El art. 236 del Código Procesal
Penal, por ejemplo, prevé que "El juez podrá ordenar, mediante
auto fundado, la intervención de comunicaciones telefónicas o
cualquier otro medio de comunicación del imputado, para
impedirlas o conocerlas".
Cabe hacer notar aquí que la intervención de las
comunicaciones debe ser efectuada por el juez sólo mediante un
"auto fundado", sin que sea suficiente la simple orden. Ello,
en consonancia con la doctrina de la Corte en cuanto ha
declarado que si los jueces no estuvieren obligados a examinar
las razones y antecedentes que motivan el pedido de las
autoridades administrativas y estuvieran facultados a expedir
las órdenes de allanamiento sin necesidad de expresar fundamento
alguno, la intervención judicial carecería de sentido,
pues no constituiría control ni garantía alguna para asegurar
la inviolabilidad del domicilio (Fallos: 330:1195).
Asimismo, debe resaltarse la modificación que el
art. 7° de la ley 25.760 introdujo al mencionado precepto del
Código Procesal Penal, merced al cual se le agregaron dos
párrafos que en lo pertinente expresan que "bajo las mismas
condiciones, el juez podrá ordenar también la obtención de los
registros que hubiere de las comunicaciones del imputado o de
quienes se comunicaran con él" y que "en las causas en que se
investigue alguno de los delitos previstos en los artículos
142 bis y 170 del Código Penal de la Nación (referido a los
secuestros extorsivos), o que tramiten en forma conexa con
aquéllas, cuando existiese peligro en la demora, debidamente
justificado, dichas facultades podrán ser ejercidas por el
representante del Ministerio Público Fiscal, mediante auto
fundado, con inmediata comunicación al juez, quien deberá
convalidarla en el término improrrogable de veinticuatro horas
, bajo pena de nulidad del acto y consecuente ineficacia de
la prueba introducida a partir de él" (énfasis agregado).
En consecuencia, ya se trate de una orden emanada
del juez o del representante del Ministerio Público Fiscal, lo
cierto es que ella debe estar motivada, y, en el caso de que
sea esta última autoridad la que lo disponga, el juez debe
conocerla y convalidarla inmediatamente.
Cabe puntualizar, también, que el art. 5° de la ley
25.520, de inteligencia nacional, dispone que "las comunicaciones
telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier
otro sistema de envío de objetos o trasmisión de imágenes,
voces o paquetes de datos, así como cualquier otro tipo
de información, archivos, registros y/o documentos privados o
de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público,
son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina,
excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido
contrario " y con mayor contundencia aún el art. 41 establece
que "ningún organismo de inteligencia podrá: realizar tareas
represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí,
funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante
requerimiento específico realizado por autoridad judicial
competente en el marco de una causa concreta sometida a su
jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por
ley" (inc. 11) ni "revelar o divulgar cualquier tipo de información
adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a
cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o
privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial " (inc.
41) (los énfasis han sido agregados).
Las disposiciones que anteceden demuestran que se ha
construido un sistema en el cual la privacidad o intimidad del
registro de las comunicaciones está garantizada de acuerdo con
las previsiones constitucionales (arts. 18 y 19), pues
únicamente podrán ser exhibidas a requerimiento judicial o, en
su caso, del Ministerio Público.
Por otra parte, de acuerdo con el texto legal bajo
examen, la obligación que se impone a las prestadoras de servicio
telefónico está limitada a "la captación y derivación de
las comunicaciones que transmiten" y a "registrar y sistematizar
los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios
y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones cursadas
por los mismos" -sin aludir a su contenido- a fin de
cumplir con los requerimientos que formule el Poder Judicial
en orden a la interceptación de comunicaciones.
Cabe, entonces, aceptar la total atinencia que
guarda la medida ordenada -entrecruzamientos de los registros
telefónicos- con los fines perseguidos -facilitar y determinar
la existencia de actos de corrupción y averiguación de
ilícitos- así como con la vía elegida a tal efecto, lo cual
determina la inadmisibilidad de inferir que los datos requeridos
puedan afectar ilegítimamente el ámbito de autonomía
individual que constituye el derecho a la intimidad (confr.
argumento de Fallos: 327:5279).
Por las consideraciones que anteceden, opino que
corresponde declarar inoficioso el pronunciamiento sobre el
planteo de inconstitucionalidad del decreto 1563/04 y revocar,
en lo demás, la sentencia de fs. 109/116 en cuanto fue materia
de recurso extraordinario.
Buenos Aires, 27 de mayo de 2008.
ES COPIA LAURA M. MONTI
H. 270. XLII.
Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25. dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986.
Buenos Aires, 24 de febrero de 2009
Vistos los autos: "Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 -Dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986".
1°) Que Ernesto Halabi promovió acción de amparo reclamando
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873
y de su decreto reglamentario 1563/04, en virtud de considerar
que sus disposiciones vulneran las garantías establecidas en los
artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto
autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y
por Internet sin que una ley determine "en qué casos y con qué
justificativos". Alegó que esa intromisión constituye una
violación de sus derechos a la privacidad y a la intimidad, en
su condición de usuario, a la par que menoscaba el privilegio de
confidencialidad que, como abogado, ostenta en las comunicaciones
con sus clientes (fs. 2/8).
2°) Que, al producir su informe, el Estado Nacional
sostuvo que la vía del amparo no resultaba apta para debatir el
planteo del actor. Afirmó, además, que la cuestión se había
tornado abstracta en virtud del dictado del decreto 357/05, que
suspendió la aplicación del decreto 1563/04, toda vez que con
ello se disipó la posibilidad de que exista un daño actual o
inminente para el actor, o para cualquier usuario del sistema
(fs. 50/54).
3°) Que la magistrada de primera instancia hizo lugar a
la demanda y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1° y 2°
de la ley 25.873 y del decreto 1563/04. A ese efecto sostuvo
que: a) no existió un debate legislativo suficiente previo al
dictado de la ley, la cual carece de motivación y fundamentación
apropiada; b) de los antecedentes de derecho comparado surge que
diversas legislaciones extranjeras tomaron precauciones para no
incurrir en violaciones al derecho a la intimidad Cpor ejemplo
limitaron el tiempo de guarda de los datosC que no fueron
consideradas en este proyecto; c) las normas exhiben gran
vaguedad pues de sus previsiones no queda claro en qué medida
pueden las prestatarias captar el contenido de las comunicaciones
sin la debida autorización judicial; d) aquéllas
están redactadas de tal manera que crean el riesgo de que los
datos captados sean utilizados para fines distintos de los que
ella prevé; e) el Poder Ejecutivo se excedió en la reglamentación
de la ley al dictar el decreto 1563/04 (fs. 70/78).
4°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó dicho
pronunciamiento. Sin perjuicio de advertir que el recurso de
apelación del Estado Nacional exhibía defectos técnicos que
conducían a declararlo desierto, estimó que, por la trascendencia
de la cuestión debatida, correspondía tratar los argumentos
desarrollados en defensa de las normas impugnadas. Al respecto
y, en primer lugar, aclaró que la pretensión no se había tornado
abstracta, pues la ley cuestionada seguía vigente por el hecho
de que el decreto 1563/04 que la reglamentó sólo había sido
suspendido "por tiempo indeterminado" mediante el decreto 357/05
sin que hubiese sido "expulsado del plexo normativo vigente". En
segundo término, precisó que el planteo articulado no era
meramente consultivo sino que existía un interés jurídico
concreto en cabeza del actor como usuario de distintos servicios
de telecomunicaciones y en su carácter de abogado. En cuanto a
la viabilidad de la acción de amparo, sostuvo que no existía en
el caso otro remedio judicial más idóneo para proteger los
derechos invocados, además de que la cuestión no requería una
mayor amplitud de debate o prueba por resultar "prácticamente"
de puro derecho. Respecto del fondo del asunto, hizo suyos los
argumentos desarrollados por la jueza de grado a los que, con
citas de jurisprudencia nacional y extranjera, añadió
consideraciones generales sobre el derecho a la intimidad y a la
inviolabilidad de la correspondencia, concluyendo que éstos
debían primar Cen situaciones como la que presenta el sub liteC
más allá de que el objetivo general de las normas impugnadas
hubiera sido el de "combatir el flagelo de la delincuencia".
Subrayó que "en nada cambia la conclusión a la que se arriba que
la ley establezca (en su art. 3°) la asunción de responsabilidad
por parte del Estado por los eventuales perjuicios que se
derivaren para terceros". Por lo demás, estimó que la legitimación
del actor "no excluía la incidencia colectiva de la
afectación a la luz del 2° párrafo del art. 43 de la Constitución
Nacional" por lo que la sentencia dictada en tales condiciones
debía "...aprovechar a todos los usuarios que no han participado
en el juicio" (fs. 109/116).
5°) Que contra esa decisión, el Estado Nacional interpuso
el recurso extraordinario de fs. 120/126 en el que invoca
la existencia de cuestión federal, arbitrariedad y gravedad
institucional. El remedio ha sido concedido a fs. 156 y resulta
formalmente procedente toda vez que el agravio del recurrente
pone en cuestión la inteligencia que cabe atribuir a la cláusula
del art. 43 de la Constitución Nacional y la decisión es
contraria a la validez del derecho que se fundó en ella y es
materia de litigio (art. 14, inc. 3°, de la ley 48). Por lo
demás, cabe señalar que el tema planteado tiene repercusión
institucional, en la medida en que excede el mero interés de las
partes y repercute en un importante sector de la comunidad por
haberse sometido a debate la legitimidad de medidas de alcance
general que interesan a actividades cuyo ejercicio no es ajeno
al bienestar común (confr. doctrina de Fallos: 247:601 y, entre
otras, causa F.1074.XLI "Fecred S.A. c/ Mazzei, Osvaldo Daniel y
otro s/ ejecución hipotecaria", sentencia del 6 de mayo de
2008). Es pertinente recordar que, según lo ha sostenido
invariablemente en sus pronunciamientos esta Corte, en la tarea
de establecer la inteligencia de preceptos constitucionales y de
normas federales no se encuentra limitada por las posiciones del
tribunal apelado ni por los argumentos de las partes sino que le
incumbe efectuar una declaración sobre el punto disputado, según
la interpretación que rectamente les otorgue (Fallos: 326:2880;
328:2694; 329:2876 y 3666, entre muchos otros).
6°) Que debe mencionarse que el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal y la Federación Argentina de
Colegios de Abogados se presentaron en autos adhiriendo a los
planteos del actor (fs. 176/178 y 235/237, respectivamente). A
su turno, con arreglo a lo establecido en la acordada 30/2007,
el Tribunal llamó a una audiencia pública de carácter informativo,
la que tuvo lugar el 2 de julio de 2008 y en la cual las
representaciones letradas de cada una de las partes han sido
interrogadas sobre diversos aspectos de la controversia, conforme
da cuenta el acta y el instrumento incorporados a este
7°) Que la impugnación del Estado Nacional se dirige
exclusivamente a descalificar el efecto erga omnes que la cámara
atribuyó a su pronunciamiento. Al respecto señala que, sin
perjuicio de la indudable dimensión colectiva de los derechos
debatidos en el caso, según las prescripciones constitucionales,
para conferir tal alcance al fallo era necesaria la participación
del Defensor del Pueblo de la Nación en el proceso,
circunstancia que no se ha producido. La pretensión fue deducida
exclusivamente por un particular.
8°) Que para la dilucidación de este aspecto, según los
propios términos en que ha sido formulado el cuestionamiento, es
necesario determinar cuál es la naturaleza jurídica del derecho
cuya salvaguarda se procuró mediante la acción deducida, quiénes
son los sujetos habilitados para articularla, bajo qué
condiciones puede resultar admisible y cuáles son los efectos
que derivan de la resolución que en definitiva se dicte.
9°) Que en materia de legitimación procesal corresponde,
como primer paso, delimitar con precisión tres categorías
de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen
por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva
referentes a intereses individuales homogéneos.
En todos esos supuestos, la comprobación de la existencia
de un "caso" es imprescindible (art. 116 de la Constitución
Nacional; art. 2 de la ley 27; y Fallos: 310: 2342, considerando
7°; 311:2580, considerando 3°; y 326: 3007, considerandos
7° y 8°, entre muchos otros), ya que no se admite una acción que
persiga el control de la mera legalidad de una disposición. Sin
embargo es preciso señalar que el "caso" tiene una configuración
típica diferente en cada uno de ellos, siendo esto esencial para
decidir sobre la procedencia formal de pretensiones, como se
verá en los considerandos siguientes. También es relevante
determinar si la controversia en cada uno de esos supuestos se
refiere a una afectación actual o se trata de la amenaza de una
lesión futura causalmente previsible.
10) Que la regla general en materia de legitimación es
que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son
ejercidos por su titular. Ello no cambia por la circunstancia de
que existan numerosas personas involucradas, toda vez que se
trata de obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos,
o supuestos en los que aparece un litisconsorcio activo o
pasivo derivado de la pluralidad de sujetos acreedores o deudores,
o bien una representación plural. En estos casos, no hay
variación en cuanto a la existencia de un derecho subjetivo
sobre un bien individualmente disponible por su titular, quien
debe, indispensablemente, probar una lesión a ese derecho para
que se configure una cuestión justiciable.
A esta categoría de derechos se refiere el primer
párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional en que encuentra
cabida la tradicional acción de amparo, instituida por
vía pretoriana por esta Corte en los conocidos precedentes "Siri"
y "Kot" (Fallos: 239:459 y 241:291, respectivamente) y consagrada
más tarde legislativamente. Esta acción está destinada a
obtener la protección de derechos divisibles, no homogéneos y se
caracteriza por la búsqueda de la reparación de un daño
esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados.
11) Que los derechos de incidencia colectiva que tienen
por objeto bienes colectivos (art. 43 de la Constitución
Nacional) son ejercidos por el Defensor del Pueblo de la Nación,
las asociaciones que concentran el interés colectivo y el
En estos supuestos existen dos elementos de calificación
que resultan prevalentes.
En primer lugar, la petición debe tener por objeto la
tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece
a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión
alguna. Por esta razón sólo se concede una legitimación
extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso
existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que
no se hallan en juego derechos subjetivos. No se trata solamente
de la existencia de pluralidad de sujetos, sino de un bien que,
como el ambiente, es de naturaleza colectiva. Es necesario
precisar que estos bienes no tienen por titulares a una
pluralidad indeterminada de personas, ya que ello implicaría que
si se determinara el sujeto en el proceso éste sería el titular,
lo cual no es admisible. Tampoco hay una comunidad en sentido
técnico, ya que ello importaría la posibilidad de peticionar la
extinción del régimen de cotitularidad. Estos bienes no
pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles
En segundo lugar, la pretensión debe ser focalizada en
la incidencia colectiva del derecho. Ello es así porque la
lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre
el patrimonio individual, como sucede en el caso del daño ambiental,
pero esta última acción corresponde a su titular y
resulta concurrente con la primera.
De tal manera, cuando se ejercita en forma individual
una pretensión procesal para la prevención o reparación del
perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una decisión
cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi,
pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la
En este tipo de supuestos, la prueba de la causa o
controversia se halla relacionada con una lesión a derechos
sobre el bien colectivo y no sobre el patrimonio del peticionante
o de quienes éste representa.
Puede afirmarse, pues, que la tutela de los derechos
de incidencia colectiva sobre bienes colectivos corresponde al
Defensor del Pueblo, a las asociaciones y a los afectados, y que
ella debe ser diferenciada de la protección de los bienes
individuales, sean patrimoniales o no, para los cuales hay una
esfera de disponibilidad en cabeza de su titular.
12) Que la Constitución Nacional admite en el segundo
párrafo del art. 43 una tercera categoría conformada por derechos
de incidencia colectiva referentes a intereses individuales
homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o
patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia,
de los derechos de los usuarios y consumidores como de
los derechos de sujetos discriminados.
En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se
afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo,
hay un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a
todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica
homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales
casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es
común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al
daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica
y normativa que lleva a considerar razonable la realización de
un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en
él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño.
Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley que
reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas acciones de
clase en el ámbito específico que es objeto de esta litis. Este
aspecto resulta de gran importancia porque debe existir una ley
que determine cuándo se da una pluralidad relevante de individuos
que permita ejercer dichas acciones, cómo se define la
clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente a
un integrante de la clase o también a organismos públicos o
asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles son los
efectos expansivos de la sentencia a dictar y cómo se hacen
Frente a esa falta de regulación Cla que, por lo demás,
constituye una mora que el legislador debe solucionar
cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la justicia
que la Ley Suprema ha instituidoC, cabe señalar que la referida
disposición constitucional es claramente operativa y es
obligación de los jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida
evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del
acceso a la justicia de su titular. Esta Corte ha dicho que
donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer
toda vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la
acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y
protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la
Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias,
cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia
efectiva de dichas garantías (Fallos: 239:459; 241:291 y
315:1492).
La eficacia de las garantías sustantivas y procesales
debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos
que la Constitución también protege como derivación de la tutela
de la propiedad, del contrato, de la libertad de comercio, del
derecho de trabajar, y la esfera privada, todos derechos de
ejercicio privado. Por otro lado, también debe existir una interpretación
armónica con el derecho a la defensa en juicio, de
modo de evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia
dictada en un proceso en el que no ha participado (doctrina de
Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.
dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986.
Fallos: 211:1056 y 215:357).
En la búsqueda de la efectividad no cabe recurrir a
criterios excesivamente indeterminados alejados de la prudencia
que dicho balance exige.
13) Que la procedencia de este tipo de acciones requiere
la verificación de una causa fáctica común, una pretensión
procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de
ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no
aparece plenamente justificado. Sin perjuicio de lo cual,
también procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales,
exista un fuerte interés estatal en su protección, sea
por su trascendencia social o en virtud de las particulares
características de los sectores afectados.
El primer elemento es la existencia de un hecho único
o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de
El segundo elemento consiste en que la pretensión debe
estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada
individuo puede peticionar, como ocurre en los casos en que hay
hechos que dañan a dos o más personas y que pueden motivar
acciones de la primera categoría. De tal manera, la existencia
de causa o controversia, en estos supuestos, no se relaciona con
el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino
con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos
al estar afectados por un mismo hecho.
Como tercer elemento es exigible que el interés individual
considerado aisladamente, no justifique la promoción de
una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la
justicia. Sin perjuicio de ello, como se anticipó, la acción
resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en los
que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias
tales como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a grupos
que tradicionalmente han sido postergados, o en su caso,
débilmente protegidos. En esas circunstancias, la naturaleza de
esos derechos excede el interés de cada parte, y al mismo tiempo,
pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal
para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto.
En tal sentido, los artículos 41, 42 y 43, párrafo segundo,
de la Constitución Nacional brindan una pauta en la línea
14) Que la pretensión deducida por el abogado Ernesto
Halabi puede ser calificada como un supuesto de ejercicio de
derechos de incidencia colectiva referentes a los intereses
individuales homogéneos definidos en los considerandos 12 y 13
de este pronunciamiento.
En efecto, el pretensor interpuso acción de amparo en
virtud de considerar que las disposiciones de la ley 25.873 y de
su decreto reglamentario 1563/04 vulneran los derechos establecidos
en los artículos 18 y 19 de la Carta Constitucional en
la medida en que autorizan la intervención de las comunicaciones
telefónicas y por Internet sin determinar "en qué casos y con
qué justificativos" esa intromisión puede llevarse a cabo. La
referida intervención importa una violación de sus derechos a la
privacidad y a la intimidad, y además pone en serio riesgo el
"secreto profesional" que como letrado se ve obligado a guardar
y garantizar (arts. 6° inc. f, 7°, inc. c y 21, inc. j, de la ley
23.187). Su pretensión no se circunscribe a procurar una tutela
para sus propios intereses sino que, por la índole de los
derechos en juego, es representativa de los intereses de todos
los usuarios de los servicios de telecomunicaciones como también
de todos los abogados.
Como se anticipó en el considerando 7°, corresponde
resolver el alcance del pronunciamiento. Al respecto, este Tribunal
considera cumplidos los recaudos que, para las acciones
colectivas, se delinean en esta sentencia.
En efecto, existe un hecho único Cla normativa en
cuestiónC que causa una lesión a una pluralidad relevante de
La pretensión está concentrada en los efectos comunes
para toda la clase de sujetos afectados, con lo que se cumple el
segundo requisito expuesto en el considerando anterior. La
simple lectura de la ley 25.837 y de su decreto reglamentario
revela que sus preceptos alcanzan por igual y sin excepciones a
todo el colectivo que en esta causa representa el abogado Halabi.
Finalmente, hay una clara afectación del acceso a la
justicia, porque no se justifica que cada uno de los posibles
afectados de la clase de sujetos involucrados promueva una demanda
peticionando la inconstitucionalidad de la norma, con lo
que se cumple el tercero de los elementos señalados en el considerando
Por lo demás, esta Corte estima que, dado que es la
primera oportunidad en la que se delinean los caracteres de la
acción colectiva que tiene por objeto la protección de derechos
individuales homogéneos y que no existe una reglamentación al
respecto, cabe ser menos riguroso a la hora de evaluar el resto
de los recaudos que habrá que exigir en lo sucesivo en los procesos
de esta naturaleza. En estas condiciones, se considera que
ha existido una adecuada representación de todas las personas,
usuarios de los servicios de telecomunicaciones Cdentro de los
que se encuentran los abogadosC a las que se extenderán los
Para arribar a esta conclusión se tiene en cuenta la
publicidad que se le dio a la audiencia celebrada ante esta
Corte, como también la circunstancia de que la declaración de
inconstitucionalidad de la ley 25.873 se encuentra firme y que
el decreto reglamentario 1563/04 ha sido suspendido en su vigencia.
Asimismo, se consideran las presentaciones que, en apoyo
de la pretensión del demandante, han realizado como Amigos del
Tribunal, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que comparecían
para evitar "las nefastas consecuencias que para todos
los habitantes de nuestro país y en particular para los abogados
matriculados en nuestro colegio traería aparejada la subsistencia
formal de las normas cuestionadas" (fs. 215/216 y
235/237). Similares consideraciones fueron realizadas en la
audiencia celebrada ante el Tribunal por los oradores de esas
dos instituciones (fs. 347/357).
15) Que la conclusión mencionada no puede ser objetada
so pretexto de que la acción colectiva prefigurada en la
referida cláusula constitucional no encuentre, en el plano normativo
infraconstitucional, un carril procesal apto para hacerla
efectiva. Ese presunto vacío legal no es óbice para que los
jueces arbitren las medidas apropiadas y oportunas para una
tutela efectiva de los derechos constitucionales que se aducen
vulnerados. Ha expresado el Tribunal al respecto que basta la
comprobación inmediata de un gravamen para que una garantía
constitucional deba ser restablecida por los jueces en su integridad,
sin que pueda alegarse en contrario la inexistencia de
una ley que la reglamente: las garantías individuales existen y
protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas
por la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias.
En apoyo de tal afirmación, esta Corte sostuvo que
ya a fines del siglo XIX señalaba Joaquín V. González: "No son,
como puede creerse, las 'declaraciones, derechos y garantías',
simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas
que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos,
para las autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben
aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar
con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa
significación de su texto. Porque son la defensa personal, el
patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no,
un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina"
("Manual de la Constitución argentina", en "Obras completas",
vol. 3, Buenos Aires, 1935, núm. 82; confr., además, núms. 89 y
90). Los preceptos constitucionales tanto como la experiencia
institucional del país reclaman de consuno el goce y ejercicio
pleno de las garantías individuales para la efectiva vigencia
del Estado de derecho e imponen a los jueces el deber de
asegurarlas (confr. causa "Siri", Fallos: 239:459).
16) Que es innegable, entonces, que una inteligencia
dinámica del texto constitucional, superadora de una concepción
pétrea de sus directivas, conlleva la posibilidad de encontrar
en él los remedios adecuados para cada una de las circunstancias
que está llamado a regir. En ese sentido ha observado también el
Tribunal que la Constitución, que es la ley de las leyes y se
halla en el cimiento de todo el orden jurídico positivo, tiene
la virtualidad necesaria de poder gobernar las relaciones
jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a las
que existían en tiempo de su sanción. Este avance de los
principios constitucionales, que es de natural desarrollo y no
de contradicción, es la obra genuina de los intérpretes, en
particular de los jueces, quienes deben consagrar la inteligencia
que mejor asegure los grandes objetivos para que fue dictada
la Constitución. Entre esos grandes objetivos y aun el primero
entre todos, está el de "asegurar los beneficios de la libertad,
para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres
del mundo que quieran habitar en el suelo argentino"
(Preámbulo). De ahí que la Constitución está dirigida irrevocablemente
a asegurar a todos los habitantes "los beneficios
de la libertad" y este propósito, que se halla en la raíz de
nuestra vida como Nación, se debilita o se corrompe cuando se
introducen distinciones que, directa o indirectamente, se traducen
en obstáculos o postergaciones para la efectiva plenitud
de los derechos (confr. causa "Kot", Fallos: 241:291).
17) Que ante la imperiosa necesidad de dar una respuesta
jurisdiccional que esté a la altura de la evolución de
las instituciones y a las exigencias actuales de la sociedad, no
puede pasar desapercibida a los magistrados la experiencia
recogida en otros sistemas jurídicos. Al respecto, en lo que
aquí interesa, resulta ilustrativo traer a colación que en los
Estados Unidos de Norteamérica, a partir de las directivas del
Bill of peace del siglo XVII, mediante la labor jurisprudencial,
se ha delineado la institución de las class actions cuya
definición conceptual quedó plasmada en las Federal Rules of
Civil Procedure de 1938 y que ha experimentado una evolución
posterior mediante numerosas decisiones judiciales hasta obtener
contornos más precisos en las Federal Rules de 1966. La Regla 23
( Equity Rule 23) de ese ordenamiento determinó que uno o más
miembros de una clase puede demandar o ser demandado como parte
en representación de todos cuando: 1) la clase es tan numerosa
que la actuación de todos es impracticable, 2) existen
cuestiones de hecho y de derecho comunes a la clase, 3) las
demandas o defensas de las partes representantes son típicas de
las demandas o defensas de la clase, y 4) las partes representantes
protegerán los intereses de la clase justa y adecuadamente.
El juez debe admitir la pretensión deducida por parte de
un representante de la clase, efectuando un adecuado control de
su representatividad y de la existencia de una comunidad de
intereses. La decisión que se adopta tiene efectos erga omnes.
En el contexto de la citada disposición es posible
distinguir tres tipos de acciones: la primera diseñada para los
supuestos en que el ejercicio individual de las pretensiones
mediante procesos individuales resulte perjudicial para el enjuiciado
o para los miembros del colectivo por crear el riesgo
de sentencias contradictorias o disímiles respecto de los sujetos
individuales, que impongan comportamientos incompatibles a
la parte opuesta del grupo o que, en la práctica, sean dispositivas
de los intereses de otros miembros no partes, o que sustancialmente
menoscaben o eliminen la posibilidad de proteger
sus intereses. El segundo tipo es aquél concerniente a los supuestos
en que la contraparte del grupo ha evidenciado una conducta
positiva u omisiva por motivos vinculados a aquél, lo que
torna apropiado una resolución condenatoria o declarativa que
involucre a todo el conjunto. El tipo restante se presenta
cuando el juez otorga primacía a los puntos fácticos o jurídicos
comunes a los integrantes del grupo por sobre cualquier cuestión
que afecte sólo a sus miembros individuales, de manera tal que
la acción del colectivo es siempre superior a la acción
18) Que cabe hacer presente, asimismo, la regulación
vigente en España que, aunque circunscripta al ámbito de los
consumidores y de los usuarios, presenta una singular solución
para los problemas que generan la participación, la legitimación
procesal y los alcances de las decisiones en las demandas de
contenido colectivo. En efecto, la Ley de Enjuiciamiento Civil
española (n° 1 del 7 de enero de 2000; BOE núm. 7, del 8 de enero
de 2000, pág. 575-728, corrección de errores BOE núm. 90, del 14
de abril de 2000, pág. 15278 y BOE núm. 180, del 28 de julio de
2001, pág. 27746) reconoce la calidad de parte procesal ante los
tribunales civiles a los "grupos de consumidores o usuarios
afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo
compongan estén determinados o sean fácilmente determinables".
El grupo podrá demandar en juicio cuando se constituya con la
mayoría de los afectados (art. 6°, inc. 7°). En esas condiciones,
la norma otorga legitimación para la tutela de los intereses
colectivos no sólo a las asociaciones de consumidores y usuarios
y a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto
la defensa o protección de éstos sino, además, a los propios
grupos de afectados (art. 11, inc. 2).
En referencia también a los derechos e intereses de
los consumidores, el ordenamiento legal de Brasil prevé una
acción civil colectiva de responsabilidad por daños individualmente
sufridos cuya articulación puede ser ejercida en juicio en
forma individual o a título colectivo. La normativa autoriza la
defensa colectiva para los supuestos de intereses o derechos
difusos transindividuales de naturaleza indivisible de que sean
titulares personas indeterminadas y relacionadas por circuns-
tancias reales; los intereses o derechos colectivos transindividuales
de naturaleza indivisible de que sea titular un grupo,
categoría o clase de personas relacionadas entre sí o con la
parte contraria por una relación jurídica base; y los intereses
o derechos individuales homogéneos, por los que se entienden los
resultantes de origen común (arts. 81, 91 y ss. del Código de
Defensa del Consumidor, ley 8078, del 11 de septiembre de 1990).
19) Que en lo referente al derecho argentino, esta
Corte ha advertido en otras ocasiones que el propio texto constitucional
autoriza el ejercicio de las acciones apropiadas para
la defensa de intereses colectivos con prescindencia de las
figuras expresamente diseñadas en él o en las normas procesales
vigentes. Es oportuno recordar, en ese sentido que, al
interpretar el ya tantas veces mencionado art. 43 de la Constitución
Nacional, el Tribunal admitió que la protección judicial
efectiva no se reduce únicamente al amparo strictu sensu sino
que es susceptible de extenderse a otro tipo de remedios procesales
de carácter general como Cen esa ocasiónC el hábeas corpus
colectivo, pues es lógico suponer que si se reconoce la tutela
colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con
igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas herramientas
a un bien jurídico de valor prioritario y del que se
ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su
tutela sino para privilegiarla (Fallos: 328:1146, considerandos
15 y 16). Por lo tanto, frente a una situación como la planteada
en el sub examine, dada la naturaleza de los derechos en juego,
la calidad de los sujetos integrantes del colectivo y conforme a
lo sostenido reiteradamente por esta Corte en materia de
interpretación jurídica, en el sentido de que, además de la
letra de la norma, debe tenerse en cuenta la finalidad perseguida
y la dinámica de la realidad, es perfectamente aceptable
dentro del esquema de nuestro ordenamiento que un afectado, el
Defensor del Pueblo o determinadas asociaciones deduzcan, en los
términos del ya citado segundo párrafo del artículo 43, una
acción colectiva con análogas características y efectos a la
existente en el derecho norteamericano (confr. fallo referido,
considerando 17 y sus citas).
20) Que no obstante ello, ante la ya advertida ausencia
de pautas adjetivas mínimas que regulen la materia, se torna
indispensable formular algunas precisiones, con el objeto de que
ante la utilización que en lo sucesivo se haga de la figura de
la "acción colectiva" que se ha delineado en el presente fallo
se resguarde el derecho de la defensa en juicio, de modo de
evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia
dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad
efectiva de participar. Es por ello que esta Corte entiende que
la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación
de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad
tales como la precisa identificación del grupo o colectivo
afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación
y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los
aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean
comunes y homogéneas a todo el colectivo. Es esencial, asimismo,
que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para
garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas
que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de
manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar
fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o
contraparte. Es menester, por lo demás, que se implementen
adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación
o superposición de procesos colectivos con un mismo
objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias
disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos.
21) Que a esta altura de la exposición se impone recordar
que el apelante centró sus agravios en el aspecto de la
sentencia mediante el cual la cámara procuró reforzar la virtualidad
de su decisión atribuyéndole carácter erga omnes. En
razón de ello, para dar una respuesta definitoria a la impugna-
ción articulada es conveniente remarcar, como conclusión de lo
que se lleva dicho, que el fundamento de esa amplitud de los
efectos de la decisión no se halla sólo en la búsqueda, por
parte del juzgador, de arbitrios tendientes a superar el escollo
derivado de la arraigada concepción individualista en materia de
legitimación. El verdadero sustento de la proyección superadora
de la regla inter partes, determinante de la admisibilidad de la
legitimación grupal, es inherente a la propia naturaleza de la
acción colectiva en virtud de la trascendencia de los derechos
que por su intermedio se intentan proteger. Tal estándar
jurídico, como se ha expresado, reconoce su fuente primaria en
el propio texto constitucional y, lejos de ser una construcción
novedosa, aparece como una institución ya arraigada en el
ordenamiento normativo vigente. En efecto, las regulaciones
especiales que instauran instrumentos de carácter colectivo para
obtener reivindicaciones en materia de defensa a los usuarios y
consumidores y en lo atinente a daño ambiental, prevén
expresamente soluciones de la índole referida. Así el art. 54,
párrafo segundo, de la ley 24.240 establece que "la sentencia
que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el
demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren
en similares condiciones, excepto de aquellos que manifiesten
su voluntad en contrario previo a la sentencia en los
términos y condiciones que el magistrado disponga". De un modo
semejante, el art. 33, in fine, de la ley 25.675 dispone que "la
sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a
excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente,
por cuestiones probatorias".
22) Que para concluir y, sin perjuicio de las limitaciones
con que ha quedado abierta la jurisdicción de esta Corte
según lo indicado en el considerando 7°, es conveniente dar una
ligera mirada sobre el tema planteado como cuestión de fondo
pues, como se ha expuesto a lo largo de este pronunciamiento, lo
referente a la admisibilidad de la acción colectiva, a la
legitimación para interponerla y a la proyección de los efectos
de la sentencia que en su cauce se dicte, depende fundamentalmente
de la índole del derecho que por ese medio se procura
resguardar. La tacha de inconstitucionalidad deducida en la
demanda que abrió este proceso recayó sobre la ley 25.873 y su
reglamentación. Esa norma legal incorporó a la ley 19.798 Cde
regulación del servicio de telecomunicacionesC los artículos 45
bis, ter y quáter que, en síntesis, prevén que: a) los prestadores
de telecomunicaciones deberán disponer de los recursos
de las comunicaciones que transmiten, para su observación remota
a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público de
conformidad con la legislación vigente; b) los costos deberán
ser soportados por los prestadores y el servicio deberá estar
disponible en todo momento; c) los prestadores deberán registrar
y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de sus
usuarios y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones
para su consulta sin cargo por parte del Poder Judicial o el
Ministerio Público; d) esa información deberá ser conservada por
diez años; e) el Estado Nacional asume la responsabilidad por
los eventuales daños y perjuicios que pudieran derivar para
terceros de la observación y utilización de la información
obtenida por el mecanismo previsto. A su turno, el decreto
1563/04 reglamentó la norma legal pero su aplicación fue
suspendida más tarde por el decreto 357/05. El tribunal a quo
observó al respecto Cmediante un señalamiento que ha quedado
firme ante la ausencia de agravioC que la suspensión del
reglamento no implicó su exclusión del ordenamiento jurídico y,
por ende, el precepto resulta susceptible de ocasionar una
afectación actual o inminente a los derechos del actor. Tal
dispositivo, en lo que interesa, determina que la Dirección de
Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia del
Estado (SIDE) será el órgano encargado de realizar las interceptaciones
y que los prestadores deberán obtener los recursos
para realizarlas y mantenerlas en confidencialidad.
23) Que el fallo recurrido, en el tramo que también ha
adquirido carácter inamovible por no haber merecido objeciones
del apelante, confirmó por sus fundamentos la decisión dictada
en primera instancia con lo cual la declaración de inconstitucionalidad
de las normas quedó sustentada, entre otros extremos
valorados, en que: a) las previsiones de la ley exhiben
vaguedad en sus previsiones de las que no resulta claro en qué
medida pueden las prestatarias captar el contenido de las comunicaciones
sin la debida autorización judicial, y b) tal como
está redactada la norma, existe el riesgo de que los datos sean
utilizados para fines distintos que aquéllos en ella previstos.
En relación con los aspectos reseñados resulta oportuno
señalar que las comunicaciones a las que se refiere la ley
25.873 y todo lo que los individuos transmiten por las vías
pertinentes integran la esfera de intimidad personal y se encuentran
alcanzadas por las previsiones de los artículos 18 y 19
de la Constitución Nacional. El derecho a la intimidad y la
garantía consecuente contra su lesión actúa contra toda "injerencia"
o "intromisión" "arbitraria" o "abusiva" en la "vida
privada" de los afectados (conf. art. 12 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y art. 11, inc. 2°, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos Ctratados, ambos, con jerarquía
constitucional en los términos del art. 75, inc. 22, de la
Constitución NacionalC y art. 1071 bis del Código Civil).
24) Que, en sentido coincidente, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos tiene dicho que el poder del Estado
para garantizar la seguridad y mantener el orden público no es
ilimitado, sino que "su actuación está condicionada por el respeto
de los derechos fundamentales de los individuos que se
encuentren bajo su jurisdicción y a la observación de los procedimientos
conforme a Derecho (...) con estricta sujeción a los
procedimientos objetivamente definidos en la misma" (Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Serie C, n° 100, caso
"Bulacio v. Argentina", sentencia del 18 de septiembre de 2003,
ptos. 124 y 125; ver Fallos: 330:3801).
Acerca de estas situaciones este Tribunal ha subrayado
que sólo la ley puede justificar la intromisión en la vida
privada de una persona, siempre que medie un interés superior en
resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad,
las buenas costumbres o la persecución del crimen (Fallos:
306:1892; 316:703, entre otros). Es en este marco constitucional
que debe comprenderse, en el orden del proceso penal
federal, la utilización del registro de comunicaciones telefónicas
a los fines de la investigación penal que requiere ser
emitida por un juez competente mediante auto fundado (confr.
art. 236, segunda parte, del Código Procesal Penal de la Nación,
según el texto establecido por la ley 25.760), de manera que el
común de los habitantes está sometido a restricciones en esta
esfera semejantes a las que existen respecto a la intervención
sobre el contenido de las comunicaciones escritas o telefónicas.
Esta norma concuerda con el artículo 18 de la ley 19.798 que
establece que "la correspondencia de telecomunicaciones es
inviolable. Su interceptación sólo procederá a requerimiento de
juez competente".
En idéntico sentido, el Tribunal Constitucional de
España, mediante su sentencia del 5 de abril de 1999 (STC
49/1999), con cita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH), ha sostenido que "si el secreto pudiera alzarse sobre la
base de meras hipótesis subjetivas, el derecho al secreto de las
comunicaciones (...) quedaría materialmente vacío de contenido".
Así, el TEDH acepta como garantía adecuada frente a los abusos
que la injerencia sólo pueda producirse allí donde "existan
datos fácticos o indicios que permitan suponer que alguien
intenta cometer, está cometiendo o ha cometido una infracción
grave" CCaso K., núm. 51C o donde existan "buenas razones" o
"fuertes presunciones" de que las infracciones están a punto de
cometerse (TEDH S 15 jun. 1992, caso L, núm. 38).
25) Que la libertad, en cada una de sus fases, tiene
su historia y su connotación (Fallos: 199:483); de ahí que las
consideraciones en particular sobre el tema en discusión deban
mantener un muy especial apego a las circunstancias del caso. El
Tribunal tiene dicho que los motivos que determinan el examen de
la correspondencia en el caso de un delincuente, pueden diferir
de los referentes a un quebrado, a un vinculado al comercio, a
un sujeto de obligaciones tributarias, etc.; por ello ha
interpretado que el art. 18 de la Constitución no exige que la
respectiva ley reglamentaria deba ser "única y general" (Fallos:
171:348; 318:1894, entre otros).
Cabe recordar que en el precedente de Fallos: 318:
1894 (en el voto de los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano) se
afirmó que, para restringir válidamente la inviolabilidad de la
correspondencia, supuesto que cabe evidentemente extender al
presente, se requiere: a) que haya sido dictada una ley que
determine los "casos" y los "justificativos" en que podrá procederse
a tomar conocimiento del contenido de dicha correspondencia;
b) que la ley esté fundada en la existencia de un sustancial
o importante objetivo del Estado, desvinculado de la
supresión de la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y
de la libertad de expresión; c) que la aludida restricción
resulte un medio compatible con el fin legítimo propuesto y d)
que dicho medio no sea más extenso que lo indispensable para el
aludido logro. A su vez, fines y medios deberán sopesarse con
arreglo a la interferencia que pudiesen producir en otros intereses
26) Que lo resuelto en el sub lite por los jueces de
la causa se ajusta a los requisitos que conforman el estándar
enunciado y que imponen la aplicación de criterios de interpretación
restrictivos en el examen de las intercepciones de las
comunicaciones personales. Tal como ha sido apreciado por los
magistrados de los tribunales intervinientes en las instancias
anteriores, es evidente que lo que las normas cuestionadas han
establecido no es otra cosa que una restricción que afecta una
de las facetas del ámbito de la autonomía individual que constituye
el derecho a la intimidad, por cuanto sus previsiones no
distinguen ni precisan de modo suficiente las oportunidades ni
las situaciones en las que operarán las interceptaciones, toda
vez que no especifican el tratamiento del tráfico de información
de Internet en cuyo contexto es indiscutible que los datos de
navegación anudan a los contenidos. Se añade, a ello, la
circunstancia de que las normas tampoco prevén un sistema específico
para la protección de las comunicaciones en relación con
la acumulación y tratamiento automatizado de los datos personales.
En suma, como atinadamente ha sido juzgado en autos, resulta
inadmisible que las restricciones autorizadas por la ley
estén desprovistas del imprescindible grado de determinación que
excluya la posibilidad de que su ejecución concreta por agentes
de la Administración quede en manos de la más libre discreción
de estos últimos, afirmación que adquiere primordial relevancia
si se advierte que desde 1992 es la Dirección de Observaciones
Judiciales de la SIDE, que actúa bajo la órbita del poder
político, la que debe cumplir con los requerimientos que formule
el Poder Judicial en orden a la interceptación de comunicaciones
telefónicas u otros medios de transmisión que se efectúen por
esos circuitos. Ello es así por cuanto, en el marco de la
transferencia de la prestación del servicio de telecomunicaciones
de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones a
licenciatarias privadas, el decreto 1801/1992 dispuso que la
Dirección de Observaciones Judiciales de aquella empresa estatal
pasara a depender de la SIDE, a los fines de cumplir con dichos
requerimientos de los jueces.
27) Que, por lo demás, no cabe perder de vista que ha
sido el propio legislador quien, al establecer en el artículo 3°
de la ley 25.873 la responsabilidad estatal por los daños y
perjuicios que pudieran derivar para terceros de la observación
y utilización de la información obtenida, ha reconocido que el
sistema de captación, derivación y registro de comunicaciones
que implementó podría no respetar las garantías mínimas exigibles
para tan drástica injerencia en la esfera íntima de los
28) Que, cabe aclarar, que la Dra. Highton de Nolasco
deja a salvo su opinión respecto a la legitimación del Defensor
del Pueblo de la Nación para la defensa de intereses individuales
homogéneos puramente patrimoniales (conf. D.2080.XXXVII
ADefensor del Pueblo de la Nación c/ E.N. - PEN- dtos. 1570/01 y
1606/01 s/ amparo ley 16.986", sentencia del 26 de junio de
En las condiciones expuestas y por los fundamentos que
anteceden, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto
ha sido materia de recurso.
Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara
procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia
apelada. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS
S. FAYT (en disidencia parcial)- ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en
disidencia parcial)- JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI -
CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia parcial).
-//-DENCIA PARCIAL DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI Y DOÑA CARMEN M. ARGIBAY
1°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el pronunciamiento
de primera instancia que había hecho lugar a la
acción de amparo entablada por Ernesto Halabi y declaró la inconstitucionalidad
de la ley 25.873 (arts. 1° y 2°) y del decreto
2°) Que el a quo declaró desierto el recurso de apelación
interpuesto por el Estado Nacional por considerar que el
memorial del recurrente no cumplía con los recaudos exigidos por
la ley procesal, en razón de que el Estado se limitó a reiterar
planteos anteriores que habían sido pormenorizadamente
rechazados por la jueza interviniente. No obstante ello, entendió
que la trascendencia de la cuestión debatida justificaba el
tratamiento de los argumentos invocados en favor de la legitimidad
de la normativa impugnada.
3°) Que, en este orden de ideas, luego de examinar las
condiciones de admisibilidad de la vía del amparo, convalidó los
fundamentos de la instancia anterior relativos a la
inadmisibilidad constitucional de las injerencias en las comunicaciones
previstas por dicha normativa. Entre otros aspectos,
puso de relevancia la ausencia de un debate legislativo suficiente
en una materia tan sensible, la necesidad de que una
norma de tales características sea motivada y fundada, la peligrosa
vaguedad de muchas de sus previsiones, la dificultad para
separar los "datos de tráfico" del contenido mismo de la comunicación
y el riesgo cierto de que los datos registrados sean
indebidamente utilizados. Con relación al argumento del Estado
relativo a que las normas en cuestión se dirigen a atender al
interés de la comunidad en su totalidad, y que, por ello, deben
prevalecer sobre los intereses meramente individuales o secto-
riales, la cámara destacó la significación que adquiere la protección
del ámbito de privacidad en el marco de los estados de
derecho. Dicho ámbito de privacidad CseñalóC sólo puede ser
invadido por el Estado "sobre la base de ponderadísimos juicios
que sean capaces de demostrar que las restricciones conciernen a
la subsistencia de la propia sociedad" (fs. 113 vta.), y la sola
invocación de la finalidad de "combatir el delito" no basta para
"convertir a todos los habitantes de la Nación en rehenes de un
sistema inquisitivo en el que todas sus telecomunicaciones
pueden ser captadas para su eventual observación remota" (fs.
4°) Que, por último, con relación al alcance de la
sentencia, el a quo explicitó las razones por las cuales el
fallo debe aprovechar a todos los usuarios que no han participado
en el juicio, en razón de que el carácter colectivo de la
controversia tiene como consecuencia lógica necesaria que el
control de constitucionalidad ejercido tendrá "alcance colectivo
para todos los usuarios que se encuentren en la misma condición
que el actor" (fs. 115).
5°) Que este último aspecto de la decisión fue el que
motivó el recurso extraordinario del Estado Nacional (fs.
120/126), concedido a fs. 156.
En dicha presentación, el recurrente se limita a manifestar
su disconformidad con la interpretación de la sentencia
en punto a la dimensión colectiva del interés invocado por el
amparista, y nada dice en defensa de la constitucionalidad de
las normas en debate. Esta cuestión, por lo tanto, ha quedado
excluida de la jurisdicción apelada del Tribunal.
6°) Que, de acuerdo con lo argumentado por el Estado
Nacional, la cámara realizó una errónea interpretación del art.
43 de la Constitución Nacional, en tanto el carácter colectivo
de un derecho no autorizaría al tribunal a dictar una sentencia
de alcance general si quien acciona no es el Defensor del Pueblo
ni una asociación protectora de los derechos de los usuarios y
consumidores. Según su punto de vista, el resultado del pleito
sólo podría aplicarse al caso del afectado en particular y "bajo
ningún punto de vista puede hacerse extensivo a la sociedad
toda".
7°) Que si bien es cierto que este Tribunal tiene dicho
que sus sentencias producen efectos solamente respecto de
quienes han revestido el carácter de partes en el juicio, y no
pueden aprovechar ni perjudicar a los terceros que han permanecido
ajenos a él (Fallos: 321:1252 y sus citas Cconsiderando 18
del voto del juez PetracchiC), tal aseveración reviste el carácter
de principio general. En efecto, cuando la naturaleza de
la pretensión invocada impide, fáctica o jurídicamente, restringir
el alcance de lo decidido a las partes intervinientes en
el juicio, dicha regla debe ceder. De otro modo, la tutela de
derechos reclamada no podría hacerse efectiva, y se vulneraría
el principio mismo del que ha nacido la acción de amparo (conf.
Fallos: 322:3008, esp. considerandos 12 y 13 de la disidencia
del juez Petracchi, y sus citas).
8°) Que, en este sentido, resulta incomprensible la
pretensión de la recurrente dirigida a que los efectos de lo
decidido en la presente causa se limiten al amparista, pues
CsostieneC "no existe imposibilidad de excluirlo a él de la
aplicación de la normativa sin que ello implique que no se deba
aplicar la normativa en general". En efecto, tal afirmación
prescinde del carácter indivisible de la materia en discusión.
Si bien la "privacidad", desde cierto punto de vista, puede ser
vista como un bien propio de cada individuo en particular, no se
trata en el caso de un reclamo de protección limitado a un
cierto espacio físico o a algún aparato de comunicación en particular.
Por el contrario, lo que entra en juego es el derecho a
la privacidad en el ámbito de las telecomunicaciones. Ello, por
definición, presupone la interacción con otros interlocutores,
cuya ausencia de protección Cpor ser ajenos al juicioC
derivaría, necesariamente, en el fracaso de la protección al
amparista mismo. Desde este punto de vista, la necesidad de
protección invocada no podría ser restringida a la "propia"
esfera de privacidad. En consecuencia, al no haber sido invocada
por la recurrente razón o argumento alguno acerca de cómo sería
posible satisfacer la pretensión del reclamante manteniendo la
injerencia a la privacidad de terceros, ajenos al pleito, pero
potenciales interlocutores, el recurso extraordinario presenta
falencias en su fundamentación de entidad suficiente como para
impedir su procedencia.
9°) Que, por lo mismo, frente a la ausencia de argumentos
relativos a cómo podrían ser restringidos los efectos de
la sentencia al caso particular sin vulnerar la protección de la
privacidad pretendida, no se advierte relación directa e
inmediata entre lo resuelto en estos actuados y la interpretación
restrictiva de los alcances del art. 43 de la Constitución
Nacional propuesta por la recurrente (conf., entre muchos otros,
Fallos: 329:2060, 4535; 330:4399).
improcedente el recurso extraordinario. Sin costas en atención a
la naturaleza de la cuestión debatida. Hágase saber y, oportunamente,
devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - CARMEN M.
DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT
11) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones
de la ley 25.873 (arts. 11 y 21) y del decreto
21) Que el a quo declaró desierto el recurso de apelación
tratamiento de los argumentos invocados a favor de la legitimidad
31) Que, en este orden de ideas, luego de examinar las
condiciones de admisibilidad de la vía de amparo, convalidó los
fundamentos de la instancia anterior relativos a la inadmisibilidad
constitucional de las injerencias en las comunicaciones
previstas por dicha normativa. Entre otros aspectos, puso de
relevancia la ausencia de un debate legislativo suficiente en
una materia tan sensible, la necesidad de que una norma de tales
características sea motivada y fundada, la peligrosa vaguedad de
muchas de sus previsiones, la dificultad para separar los "datos
de tráfico" del contenido mismo de la comunicación y el riesgo
cierto de que los datos registrados sean indebidamente
utilizados. Con relación al argumento del Estado relativo a que
las normas en cuestión se dirigen a atender al interés de la
comunidad en su totalidad, y que, por ello, deben prevalecer
sobre los intereses meramente individuales o sectoriales, la
cámara destacó la significación que adquiere la protección del
ámbito de privacidad en el marco de los Estados de derecho.
Dicho ámbito de privacidad CseñalóC sólo puede ser invadido por
el Estado "sobre la base de ponderadísimos juicios que sean
capaces de demostrar que las restricciones conciernen a la subsistencia
de la propia sociedad" (fs. 113 vta.), y la sola invocación
de la finalidad de "combatir el delito" no basta para
sistema inquisitivo en el que todas sus telecomunicaciones pueden
ser captadas para su eventual observación remota" (fs. 114).
41) Que, por último, con relación al alcance de la
fallo debía aprovechar a todos los usuarios que no han participado
control de constitucionalidad ejercido tenga "alcance colectivo
51) Que este último aspecto de la decisión fue el que
61) Que, de acuerdo con lo argumentado por la demandada,
la cámara realizó una errónea interpretación del art. 43
de la Constitución Nacional, en tanto el carácter colectivo de
un derecho no autorizaría al tribunal a dictar una sentencia de
alcance general si quien acciona no es el Defensor del Pueblo ni
una asociación protectora de los derechos de los usuarios y
71) Que si bien es cierto que este Tribunal tiene dicho
quienes han revestido el carácter de partes en el juicio y no
ajenos a él (Fallos: 321:1252 y sus citas “considerando 18
del voto del juez Petracchi”), tal aseveración reviste el carácter
derechos reclamada no podría hacerse efectiva y se vulneraría el
principio mismo del que ha nacido la acción de amparo (conf.
81) Que en este sentido no puede perderse de vista el
carácter invocado por el actor para demandar, toda vez que la
condición de ciudadano alegada resulta determinante en orden a
la delimitación del ámbito de aplicación de la solución a la que
se arribó en autos. Ello es así, en la medida en que el actor,
en tal carácter, integra el pueblo, en cuanto sustancia del
Estado, basamento humano de la sociedad política. Se trata del
"pueblo" en los términos del art. 11 de la Constitución Nacional,
esto es, "no [Y] como formación natural, ni cultural ni
espiritual, sino como pueblo del Estado [Y] (Fallos: 312:2110,
voto del juez Fayt). No es el pueblo en el Estado, es decir, la
población, la masa de habitantes, sino [Y] [aquellos] para
quienes 'el ser y modo de ser del Estado desembocan constantemente
en una decisión de deber ser' y que 'participan,
pues, con actividad consciente, en la conservación y formación
del Estado' (Heller, Hermann, Teoría del Estado, 30 ed., F.C.E.,
México, 1955)" (Fallos: 317:711, disidencia del juez Fayt).
Se trata, en definitiva, de la noción de pueblo políticamente
integrado a partir de una unidad, ya sea étnica, histórica o cultural.
Luego, a ello ha de agregarse la dimensión
comunicacional tal como se manifiesta en el contexto actual del
nuevo orden mundial, determinado por la revolución tecnológica y
la globalización. Ambos aspectos, en cuanto fenómenos transformadores
del marco que le era propio a las comunicaciones, son
aspectos de los que no puede prescindirse para una adecuada
En ese contexto, el actor se encuentra inmerso en una
realidad social, esto es, en una unidad de naturaleza, y cultura,
condicionada más que nunca por la total conexión a la que
hacía referencia Hermann Heller ( Teoría del Estado, 20 ed.,
F.C.E., México, 1947, p. 93). Ello es así en el entendimiento de
que, en definitiva, esa realidad social no es sino acción
social, tanto individual como colectiva, en unidad dialéctica
inseparable que, por lo tanto, no puede ser construida partiendo
de individualidades insularmente separadas. Por el contrario, en
ese marco, el sujeto es el centro de vivencias y actos de la
realidad social; ello, no sin comunicación con el exterior sino
sólo en su reciprocidad con otros sujetos, "de tal suerte que el
yo no puede concebirse sin su correlato [Y] en recíproca
motivación" (Heller, Hermann, ob. cit., ps. 100 y ss.).
En tales circunstancias, toda acción individual del
hombre no produce sino "una conexión y con sentido". Ello es
así, en la medida en que un acto en particular, de tal suerte
condicionado, no da lugar a un simple agregado de formaciones
individuales en relación entre sí, sino que produce un todo
coherente y ordenado (Heller, Hermann, ob. cit., p. 103).
Luego, aun cuando de todas las acciones particulares
que a diario se ejecutan en incesante repetición sólo percibimos
una relación concreta entre dos personas, resulta innegable la
recíproca interpenetración en razón de la cual todos esos actos
trabajan, aunque inconscientemente, por una unidad ordenada de
acción social. De resultas de ello, el individuo no puede ser
aislado ni puede ser considerado como una "sustancia", pues
"sólo en intercambio con otros se hace individuo humano"
(Heller, Hermann, ob. cit., p. 112 y ss.)
91) Que, en el caso específico de autos, es evidente
que estas circunstancias se ponen de manifiesto de forma indubitable,
en la medida en que el contexto de las telecomunicaciones
opera como un escenario singular en el que cada individuo
del grupo deviene portador de una mediación social que se
expande en todas las direcciones. Se produce así, más que nunca
en toda la historia, aquel enlace simultáneo por el que, finalmente,
cada uno se halla unido con los demás por una conexión,
aun cuando ésta no siempre es necesariamente consciente (Heller,
Hermann, ob. cit., p. 113).
10) Que, en este sentido, resulta incomprensible la
sostiene "no existe ninguna imposibilidad de excluirlo a él de
la aplicación de la normativa sin que ello implique que no se
deba aplicar la normativa general". En efecto, tal afirmación
concebida como un bien propio de cada individuo en particular,
no se trata en el caso de un reclamo de protección limitado a un
cierto espacio físico o a algún aparato de comunicación en
particular. Por el contrario, lo que entra en juego es el
derecho a la privacidad en el ámbito de las telecomunicaciones.
Ello, por definición, presupone la interacción con otros
interlocutores, cuya ausencia de protección por ser ajenos al
juicio derivaría, necesariamente, en el fracaso de la
protección al amparista mismo.
Desde este punto de vista, la necesidad de protección
invocada no podría ser restringida a la "propia" esfera de privacidad.
En consecuencia, al no haber sido invocada por la recurrente
razón o argumento alguno acerca de cómo sería posible
satisfacer la pretensión del reclamante manteniendo la injerencia
a la privacidad de terceros ajenos al pleito, pero potenciales
interlocutores, el recurso extraordinario presenta falencias
en su fundamentación de entidad suficiente como para
11) Que, por lo mismo, frente a la ausencia de argumentos
Nacional, propuesta por la recurrente (conf., entre muchos
otros, Fallos: 329:2060, 4535, 330:4399).
la naturaleza de la cuestión debatida. Hágase saber, y oportunamente,
devuélvase. CARLOS S. FAYT.
Mariana Tamara Saulquin.
Traslado contestado por el Dr. Ernesto Halabi (por derecho propio).
Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, Sala II.
en lo Contencioso Administrativo Federal N ° 10.
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