Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221133.htm
Timestamp: 2019-03-22 10:21:24+00:00

Document:
201206-Sala Civil-1-133
Auto Supremo: 133/2012.
Sucre: 04 de junio de 2012.
Expediente: SC-43-12-S.
Partes: Mario Gómez Carvajal c/ Empresa Integral Agropecuaria INTAGRO S.A. representada por Sergio Néstor Garnero y Hugo Alberto Nuñez Iriarte.
Proceso: Repetición de pago de multa y otros gastos, resarcimiento de daños y perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 270 y vlta., interpuesto por Hugo Alberto Nuñez Iriarte, en representación de la Empresa Integral Agropecuaria INTAGRO S.A., contra el Auto de Vista Nº 504, cursante a fs. 267 y vlta., emitido el 25 de noviembre de 2011 por la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz (ahora Tribunal Departamental de Justicia), en el proceso ordinario sobre repetición de pago de multa y otros gastos, resarcimiento de daños y perjuicios seguido por Mario Gómez Carvajal contra la empresa recurrente; la respuesta de fs. 272 y vlta., la concesión de fs. 274; los antecedentes del proceso; y:
EL Juez noveno de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, en suplencia legal, el 2 de marzo de 2011 pronunció la sentencia Nº 9, cursante de fs. 239 a 241 vlta., probada la demanda principal e improbada la demanda reconvencional, en cuyo mérito dispuso que a tercero día de ejecutoriada la misma la empresa demandada pague a favor del actor los siguientes conceptos: a) Bs. 39795 por devolución del pago de multa; b) Bs. 560 por devolución de pago de almacenaje; c) Bs. 480 por servicio de grúa; d) $us. 4480 por lucro cesante. Sin costas por tratarse de juicio doble.
Contra esa sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito la Sala Civil de la entonces corte superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, el 25 de noviembre de 2011 emitió el Auto de Vista Nº 504, de fs. 267 y vlta., confirmando totalmente la sentencia apelada, con costas.
Contra esa resolución de alzada Hugo Alberto Nuñez Iriarte, en representación de la empresa demandada interpuso recurso de casación.
El recurrente señaló que en la valoración de los hechos y de la prueba que dieron lugar al comiso de los tractores (en mal estado de funcionamiento) no se tomó en cuenta el valor real y efectivo que tendría el permiso de transporte, que en la práctica se constituiría en el único elemento probatorio y válido para demostrar que la maquinaria se estaba moviendo de un lugar a otro solo en territorio nacional, lo que a su vez demostraría que no existió contrabando. Permiso que, según dijo, corría a cargo del demandante.
Acusó también como otro error en la valoración de la prueba el haberse establecido que se trató de contrabando, aspecto que ni la propia Aduana habría determinado, razón por la cual los tractores siguen sin ser rematados. Al respecto precisó que no existiría prueba alguna que sustente tal afirmación, y por el contrario la falta de permiso de transporte interno habría originado el problema del comiso de los tractores.
Manifestó que la sentencia se fundamentó erróneamente en normas del Código de Comercio, al respecto señaló que aún al desarrollarse actividades propias de tipo comercial, si no se está registrado como tal, no podría acogerse dichas normas conforme el art. 25 del Código de Comercio.
Finalmente señaló que de conformidad a lo dispuesto por el art. 181-III del Código Tributario el pago de la multa prevista por esa norma correspondería al transportador, por lo que no corre4swpondería la repetición demandada.
Por las razones expuestas solicitó se case el auto de vista recurrido, y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda principal y probada la demanda reconvencional y como consecuencia de ello se disponga que el demandante indemnice a la empresa demandada y reconventora con la suma de $us 24.500 por haber ocasionado el decomiso de los tractores como consecuencia d no contar con el respectivo permiso de transporte interno.
En el marco del recurso de casación y conforme los antecedentes que cursan en obrados, se llega a las siguientes conclusiones:
1.- Conforme los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCZRI-159-09, de 8 de junio de 2009, emitida por el Administrador de la Aduana Interior de Santa Cruz, el 5 de mayo de 2009,
el servicio de patrullaje motorizado, en la avenida Brasil y 4to anillo, interceptó un camión Volvo con placa de control 1358-FGB que transportaba dos tractores agrícolas, respecto a los cuales el conductor del referido camión no presentó ninguna documentación que acredite la legal internación de los mismos al territorio nacional, por lo que funcionarios del Control Operativo Aduanero, presumiendo un posible contrabando, procedieron al comiso de los tractores así como del camión y del semiremolque.
2.- En base a esos antecedentes, conforme consta en la copia de fs. 11, referida a la Resolución Sancionatoria de contrabando Nº AN-SCZRI-159-09, el Administrador de la Aduana Interior de Santa Cruz en consideración al informe técnico aduanero de 8 de mayo de 2009 que estableció que una vez concluido el término estipulado por el art. 98 del Código Tributario para la presentación de descargos, los presuntos propietarios de los tractores no presentaron documentación alguna que ampare su legal importación; resolvió Primero: declarar probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando y en consecuencia dispuso el comiso de los tractores agrícolas descritos en el inventario COARSCZ 173/09; Segundo: declarar improbada la contravención aduanera por contrabando y en consecuencia dispuso la devolución del semiremolque descrito en el acta COASCRZ 173/09, a favor de Mario Gómez Carvajal, por ser reconstruida en Bolivia; Respecto al motorizado con placa de control 1358 FGB, tipo camión, marca Volvo N 12, dispuso que el propietario del mismo pague la multa correspondiente el 50% del valor de los tractores agrícolas en contrabando, la misma que se cuantificó en Bs. 39.795,16, equivalentes a 26.115,05 UFVs.
3.- A fs. 14 cursa constancia del pago de la multa que fue impuesta a Mario Gómez Carvajal, y a fs. 13 cursa copia de la Resolución Administrativa Nº AN-SCRZ 221/09, de 26 de junio de 2009, por la que el Administrador de la Aduana Interior Santa Cruz resolvió la devolución del motorizado con placa de control 1358 FGB en virtud a que su propietario pagó la multa consignada.
4.- En mérito a esos antecedentes Mario Gómez Carvajal, a través del memorial de fs. 110 a 112, demandó a la empresa INTAGRO, propietaria de los tractores decomisados, la repetición del pago de la multa que le fue impuesta, de los gastos de alquiler de grúa y de almacenaje, más el resarcimiento de daños y perjuicios y la devolución de gastos y costas administrativas.
5.- La empresa demandada, por memorial de fs. 171 a 172 vlta., negó la demanda y reconvino por la indemnización y reparación de daños y perjuicios injustamente causados y la devolución de dineros entregados.
De los antecedentes expuestos se concluye que, como correctamente lo establecieron los Tribunales de instancia, entre el actor y la empresa demandada celebraron un contrato de transporte, en virtud al cual el demandante debía realizar el transporte de dos tractores de propiedad de la empresa demandada, en consecuencia la relación jurídica establecida entre ambas partes se encontraba sujeta a las normas previstas en los arts. 927 y sgtes., del Código de Comercio, no siendo evidente que para tal aplicación el transportador debería estar previamente inscrito en el Registro de Comercio, toda vez que si bien esa es una obligación inherente a todo comerciante, empero su incumplimiento de ninguna manera supone la no aplicación de las normas del Código de la materia a actos y operaciones propias del comercio, como lo es la actividad empresarial de transporte de personas o cosas a título oneroso (art. 6-11) del Código de comercio), pues, en todo caso el comerciante que incumple el deber de matriculación está sujeto a las sanciones previstas por el art. 34 del citado Código.
Establecido lo anterior corresponde señalar que conforme dispone el art. 952 -2) y 3) del Código de Comercio, el remitente o cargador está obligado a proporcionar los documentos que permitan el libre tránsito de la carga y los que sean necesarios para el cumplimiento de las formalidades de policía, aduana, sanidad y otros; debiendo sufrir los comisos, multas y otras sanciones que se impongan por infracción de leyes e indemnizar al transportador de los perjuicios causados por violación de las mismas.
En el caso que se analiza, la empresa demandada no puede eludir su responsabilidad al señalar que era deber del transportador contar con el respectivo permiso de transporte interno, omisión que habría generado el comiso de la mercadería transportada y del medio de transporte; toda vez que era a ella a quien le correspondía proporcionar la documentación que permita el libre tránsito de los tractores, y en su caso una vez realizado por parte de los funcionarios del Control Operativo Aduanero el comiso de los mismos por presumirse su contrabando, era su obligación acreditar y presentar oportunamente ante la autoridad aduanera la documentación que acredite que los tractores fueron internados legalmente al país, y posibilitar de esa manera la liberación de su mercadería y del medio de transporte, aspecto que no sucedió lo que dio lugar a la emisión de la Resolución Sancionatoria de contrabando Nº AN-SCZRI-159-09, que impuso la sanciones en ella contemplada.
Consiguientemente, se establece, como lo hicieron los Tribunales de instancia, que la empresa demandada al no haber acreditado oportunamente la legalidad de
los tractores transportados, es responsable de los daños y perjuicios que con dicha omisión ocasionó al transportador, resultando por ello correcta la determinación asumida por los Tribunales de instancia.
Finalmente cabe precisar que no fueron los Tribunales de instancia quienes calificaron la contravención de contrabando, toda vez que dicha determinación fue asumida por el Administrador de la Aduana Interior de Santa Cruz a través de la Resolución Sancionatoria de contrabando Nº AN-SCZRI-159-09.
Por las razones expuestas este Tribunal concluye que no son fundados los agravios expuestos por la parte recurrente, correspondiendo por ello fallar en la forma prevista por el art. 271-2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 - 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 270 y vlta., interpuesto por Hugo Alberto Nuñez Iriarte, en representación de la Empresa Integral Agropecuaria INTAGRO S.A. Con costas.

References: resolución 
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