Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0039_ES.html
Timestamp: 2019-11-15 00:30:05+00:00

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INFORME sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017
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sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017
Jean-Paul Denanot, Comisión de Presupuestos
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS (*)
– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular el artículo 121, apartado 2, los artículos 126 y 136, y el Protocolo n.º 12,
– Visto el Protocolo (n.º 1) anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,
– Visto el Protocolo (n.º 2) anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de noviembre de 2016, sobre la recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro (COM(2016) 726),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de noviembre de 2016, relativa al Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2017 (COM(2016)0728),
– Vista su Resolución, de 24 de junio de 2015, relativa a la revisión del marco de gobernanza económica: evaluación y retos(9);
– Vista la Resolución del Comité de las Regiones de la Unión Europea sobre el Semestre Europeo de 2016 y en vista del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017, de 12 de octubre de 2016,
– Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 26 de agosto de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
G. Considerando que la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas de los Estados miembros de la Unión es un motivo de preocupación por lo que respecta a la justicia intergeneracional;
R. Considerando que la Directiva sobre la morosidad se diseñó para ayudar a las empresas que se enfrentan a costes elevados o incluso a la quiebra debido a la morosidad por parte de empresas privadas y públicas; que la evaluación externa a posteriori reveló que los organismos públicos en más de la mitad de los Estados miembros no respetan todavía el límite de pago de treinta días impuesto por la ley; que el informe ha identificado que los Estados miembros sometidos a programas de ajuste tienen dificultades para aplicar la Directiva cuando el pronto pago de las facturas actuales se tiene que equilibrar en relación con el pago de deuda acumulada;
3 Está de acuerdo con la Comisión en que la zona del euro debería depender cada vez más de la demanda interna; considera que una demanda interna más fuerte sería más conveniente para el crecimiento sostenible de la zona del euro;
7. Opina que, si bien, de media, el desempleo se reduce gradualmente y aumentan las tasas de actividad, persisten dificultades estructurales en muchos Estados miembros; observa que las tasas de desempleo de larga duración y juvenil se mantienen elevadas; subraya que, para abordar estos problemas estructurales, es necesario proceder a reformas de mercado de trabajo inclusivas, en el pleno respeto del diálogo social; subraya que la tasa de inversiones en la Unión, y en la zona del euro, todavía está muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis; opina que es necesario remediar este déficit de inversión con inversiones públicas y privadas, y subraya que solo unas inversiones específicas pueden dar lugar a resultados visibles en un plazo corto y con una dimensión adecuada; está de acuerdo con la Comisión en que el entorno de bajos costes de financiación justifican las inversiones anticipadas, en particular en infraestructuras;
7. Coincide con la Comisión en que el acceso a la financiación y el fortalecimiento del mercado único son fundamentales para que las empresas innoven y crezcan; destaca que los nuevos requisitos de capital y liquidez, pese a ser necesarios para mejorar la resistencia del sector bancario, no deberían menoscabar la capacidad de los bancos de conceder préstamos a la economía real; considera que deberían realizarse más esfuerzos para promover el acceso a la financiación por parte de las pymes; pide por tanto a la Comisión que aumente sus esfuerzos para lograr una mejora del entorno de financiación;
8. Destaca que las inversiones privadas y públicas en capital humano y en infraestructura son de la máxima importancia; considera que existe una necesidad acuciante de facilitar la inversión en áreas como la educación, la innovación y la investigación, así como el desarrollo, que son factores vitales para una economía europea más competitiva;
9. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de ampliar la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y de duplicar su dotación; destaca que es necesario mejorar de manera considerable la cobertura geográfica y sectorial para poder alcanzar los objetivos establecidos en el Reglamento; subraya que el FEIE debe igualmente atraer financiación para proyectos con una dimensión transfronteriza, de forma equilibrada en toda la Unión; destaca la importancia de una mejor coordinación entre los Estados miembros, la Comisión y el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión;
10. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que aceleren y maximicen el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) a fin de aprovechar todos los factores de crecimiento interno con vistas a promover una convergencia creciente;
11. Señala que un sistema financiero fiable y sus instituciones son vitales para atraer la inversión y el crecimiento de la economía europea; hace hincapié en que la seguridad y la estabilidad del sistema financiero actual han aumentado en comparación con los niveles anteriores a la crisis; señala, no obstante, que siguen sin abordarse algunos retos acuciantes, como el inventario de préstamos no productivos acumulados durante la crisis financiera;
12. Destaca que una Unión de Mercados de Capitales (UMC) que funcione correctamente puede, a largo plazo, ofrecer una financiación alternativa a las pymes, como complemento a la procedente del sector bancario, y dar lugar a fuentes de financiación más diversificadas para la economía en general; pide a la Comisión que acelere su trabajo sobre la UMC con vistas a asignar el capital de manera más eficaz en toda la Unión, mejorar la profundidad de los mercados de capitales de la Unión, incrementar la diversificación de los inversores, estimular la inversión a largo plazo y hacer uso pleno de los instrumentos financieros innovadores de la Unión diseñados para respaldar el acceso por parte de las pymes a los mercados de capitales; subraya que la culminación de la UMC no debería menoscabar los logros legislativos obtenidos hasta el momento, sino que debería aspirar a redundar en última instancia en beneficio de los ciudadanos europeos;
13 Destaca la necesidad de una mayor financiación de las inversiones; solicita un sistema financiero que funcione de manera correcta en el que la mayor estabilidad y las instituciones transfronterizas actuales puedan facilitar la creación de liquidez y de mercado, sobre todo para las pymes; observa asimismo, a este respecto, que las empresas con un gran crecimiento tienen problemas para acceder a la financiación; solicita a la Comisión que identifique y aplique proyectos que respalden y atraigan inversión basada en el mercado para dichas empresas; subraya que las reformas relativas a la estructura bancaria no deben ser un obstáculo para la creación de liquidez;
14. Anima a la consecución gradual de la unión bancaria y al desarrollo de la UMC, con el objetivo de aumentar la resistencia del sector bancario, contribuir a la estabilidad financiera, crear un entorno estable para la inversión y el crecimiento, y evitar la fragmentación del mercado financiero de la zona del euro; hace hincapié, en este contexto, en el principio de responsabilidad, y subraya que deben evitarse los riesgos morales, en particular para proteger a los ciudadanos; insta a que se respeten las normas comunes actuales;
15. Destaca que la inversión pública y privada es vital para permitir una transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono y circular; recuerda los compromisos de la Unión Europea, sobre todo del Acuerdo de París, de financiar la utilización de tecnologías limpias, intensificar el desarrollo de energías renovables y la eficiencia energética, así como reducir en general las emisiones de gases de efecto invernadero;
16. Hace hincapié en que una inversión fiable necesita un marco regulador estable que permita la rentabilidad de la inversión; considera que unas normas predecibles, unas administraciones públicas eficientes y transparentes, unos sistemas judiciales efectivos, la igualdad de condiciones y una menor carga administrativa son factores clave para atraer inversiones; subraya que el 40 % de las recomendaciones específicas por país para 2016 se refieren a obstáculos a la inversión que las autoridades locales y regionales pueden ayudar a eliminar; pide, además, a la Comisión que adopte las medidas necesarias sobre la base de la convocatoria de datos sobre el marco legislativo de la Unión para los servicios financieros en lo que respecta a la reducción de la carga burocrática, la simplificación del sistema normativo y la mejora del entorno de financiación;
17. Reconoce el potencial sin explotar de crecimiento de la productividad y la inversión que se podría obtener si las normas del mercado único se aplicasen en su totalidad y si los mercados de productos y servicios estuviesen mejor integrados; recuerda la importancia de las recomendaciones específicas por país al señalar las áreas fundamentales para el desarrollo de acciones en los Estados miembros;
18. Concuerda con la Comisión en que no siempre se reconocen los beneficios del comercio en el debate público, y destaca que el comercio internacional puede ser una importante fuente de empleo para los ciudadanos europeos y una contribución fundamental para el crecimiento; reitera que más de 30 millones de empleos se basan hoy en las exportaciones de la Unión; subraya que los acuerdos comerciales internacionales no deberían menoscabar las normas reglamentarias, sociales y medioambientales europeas, sino reforzar las normas a nivel mundial;
19. Observa con preocupación que la cuota de la Unión en los flujos de inversiones extranjeras directas mundiales se ha reducido significativamente desde el inicio de la crisis; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para mejorar el entorno empresarial en relación con las inversiones mediante la total implantación y aplicación de la legislación del mercado único europeo, entre otras medidas; está de acuerdo en que acelerar la adopción de reformas estructurales sostenibles, de conformidad con las recomendaciones específicas por país, es necesario para mejorar la competitividad de la Unión, promover un entorno favorable para las empresas (sobre todo las pymes) y la inversión, y para generar crecimiento y empleo, así como promover una convergencia creciente entre los Estados miembros;
20. Insiste en la necesidad de salvaguardar las capacidades de inversión a largo plazo de las instituciones financieras, la rentabilidad de los productos de ahorro de bajo riesgo y de pensiones a largo plazo, con el fin de no comprometer la sostenibilidad de las provisiones de ahorro y pensiones de los ciudadanos europeos;
21. Subraya que las reformas estructurales han de complementarse con inversiones a largo plazo en educación, investigación, innovación y capital humano, sobre todo en educación y formación destinadas a proporcionar nuevas cualificaciones y conocimientos; opina que las asociaciones entre responsables políticos, legisladores, investigadores, productores e innovadores también pueden considerarse como instrumentos para promover la inversión, generar un crecimiento inteligente y sostenible y complementar los programas de inversión;
22. Está de acuerdo en que las reformas estructurales sostenibles en los mercados de productos y servicios, así como en los mercados de trabajo inclusivo, salud, vivienda y de pensiones siguen siendo una prioridad en los Estados miembros a fin de apoyar la recuperación, hacer frente al elevado porcentaje de desempleo, impulsar la competitividad, la competencia leal y el potencial de crecimiento, y de mejorar la eficacia de los sistemas de investigación e innovación, sin menoscabar los derechos de los trabajadores, la protección de los consumidores o la normativa medioambiental;
23. Considera que los mercados laborales productivos y que funcionan bien, combinados con un nivel adecuado de protección social y diálogo, han demostrado recuperarse más rápidamente de la recesión económica; pide a los Estados miembros que reduzcan la segmentación de los mercados laborales, aumenten la participación en el mercado de trabajo y mejoren las competencias, incluso prestando una mayor atención a la formación y al aprendizaje permanente para mejorar la capacidad de inserción laboral y la productividad de los trabajadores; constata que algunos Estados miembros aún necesitan adoptar importantes reformas para lograr que sus mercados laborales sean más resilientes e inclusivos;
24. Subraya la importancia de iniciar o mantener la realización de reformas estructurales coherentes y sostenibles para la estabilidad a medio y largo plazo; destaca que la Unión y sus Estados miembros no pueden competir solamente en costes generales y de mano de obra, sino que necesitan invertir más en investigación, innovación y desarrollo, educación y cualificación, y eficiencia de los recursos tanto a escala nacional como europea;
25. Manifiesta su preocupación ante los efectos de los cambios demográficos sobre las finanzas públicas y el crecimiento sostenible, condicionadas, entre otros, por bajas tasas de natalidad, sociedades que envejecen, la emigración y la afluencia de refugiados; señala en especial el impacto del envejecimiento de la población en los sistemas de pensiones y de asistencia sanitaria de la Unión; observa que, debido a las distintas estructuras demográficas, los efectos de estos cambios serán diversos en cada Estado miembro, pero avisa de que los costes de financiación ya previsibles tendrán repercusiones significativas para las finanzas públicas;
26. Recuerda que un factor importante para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones es conseguir y mantener un elevado índice de empleo; señala igualmente, en este contexto, la importancia de utilizar de mejor manera las competencias de los migrantes para adaptarlos a las necesidades del mercado de trabajo;
27. Señala que, en la actualidad, los Estados miembros gastan entre el 5 % y el 11 % de sus respectivos PIB en asistencia sanitaria, porcentaje que se espera que aumente notablemente en las próximas décadas a consecuencia de los cambios demográficos; insta a la Comisión a que concentre sus esfuerzos en que el gasto en asistencia sanitaria sea rentable, y en que el acceso a la misma sea universal, a través de la cooperación e intercambio de mejores prácticas a escala de la Unión y abordando la sostenibilidad de los sistemas sanitarios de calidad en las recomendaciones específicas por país;
28. Celebra que, de media, el desempleo juvenil disminuya, aunque sigue siendo excesivamente elevado; señala que siguen registrándose grandes diferencias entre los Estados miembros, lo que exige que prosigan las reformas a fin de facilitar la entrada de los jóvenes en el mercado laboral garantizando así la justicia entre las generaciones; hace hincapié, a este respecto, en la importancia de la Garantía Juvenil y pide que la Unión siga financiando este programa crucial; está de acuerdo con la Comisión en que es necesario que los Estados miembros emprendan más acciones para combatir el desempleo juvenil, en particular para aumentar la eficacia de la Garantía Juvenil;
29. Destaca la importancia de que los salarios evolucionen de forma responsable y que potencie el crecimiento, ofreciendo un buen nivel de vida, en consonancia con la productividad, teniendo en cuenta la competitividad, y la importancia de un verdadero diálogo social para que la economía social de mercado funcione bien;
30. Está de acuerdo en que la fiscalidad debe respaldar las inversiones y la creación de empleo; pide que se reforme la fiscalidad con miras a abordar la elevada carga fiscal sobre el trabajo en Europa, mejorando la recaudación de impuestos, luchando contra la elusión fiscal y la evasión fiscal, y haciendo que los regímenes fiscales sean más sencillos, justos y eficaces; destaca la necesidad de que se mejore la coordinación de las prácticas administrativas en el ámbito fiscal; pide una mayor transparencia entre los Estados miembros en materia de impuesto de sociedades;
31. Señala que la Comisión considera que la sostenibilidad de las finanzas públicas sigue siendo una prioridad y que las dificultades se han ido resolviendo desde el punto álgido de la crisis y no pueden ser una gran causa de riesgos para la zona del euro en su conjunto a corto plazo;
32. Señala también que la Comisión considera que las dificultades persisten, y que las rémoras que ha dejado la crisis y las deficiencias estructurales siguen presentes y deben solucionarse si se quiere evitar riesgos a largo plazo;
33. Subraya que todos los Estados miembros están obligados a cumplir el PEC y a respetar plenamente sus cláusulas de flexibilidad; señala también, a este respecto, la importancia del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, y pide a la Comisión que presente una evaluación general de la experiencia obtenida con su aplicación, como base para las necesarias medidas que deben tomarse de conformidad con el TUE y el TFUE, con objeto de integrar el contenido de este Tratado en el marco jurídico de la Unión;
34. Señala que, mientras que seis Estados miembros siguen sometidos al procedimiento de déficit excesivo, se observa una disminución del nivel de déficit público medio, que se espera que este se mantenga por debajo del 2 % en 2016 y que se siga reduciendo en los próximos años, y que solo dos Estados miembros seguirán sometidos al procedimiento de déficit excesivo en 2017; señala que, en varios casos, el gran aumento de la deuda en el último periodo es también el resultado de la recapitalización bancaria y del bajo crecimiento; subraya que, cuando los tipos de interés empiecen a subir otra vez, podrían aumentar las dificultades para que mejoren las finanzas públicas;
35. Resalta la función de la Comisión como guardiana de los Tratados; subraya la necesidad de evaluar de manera objetiva y transparente la aplicación y el cumplimiento de la legislación acordada conjuntamente;
36. insiste en que no debería haber un trato diferenciado entre Estados miembros; señala que la adopción de una política presupuestaria que respete y siga la legislación de la Unión es la única forma de generar credibilidad y confianza entre los Estados miembros y de servir de base para la realización de la UEM y para dar confianza a los mercados financieros;
37. Pide a la Comisión y al Consejo que sean lo más específicos que sea posible cuando aborden las recomendaciones presupuestarias en el marco de la vertiente preventiva y correctora del PEC, a fin de incrementar la transparencia y el carácter ejecutorio de las recomendaciones; subraya la necesidad de incluir en las recomendaciones de la vertiente preventiva la fecha prevista para alcanzar el objetivo a medio plazo específico por país y el ajuste presupuestario requerido para lograrlo o mantenerlo;
38. Considera que los desajustes macroeconómicos dentro de los Estados miembros deben reducirse de conformidad con el procedimiento de desequilibrio macroeconómico, realizando esfuerzos en los que participen todos los Estados miembros a partir de las reformas e inversiones pertinentes; destaca que todos los Estados miembros deben cumplir sus responsabilidades en este contexto; señala que los elevados superávits por cuenta corriente conllevan un posible incremento de la demanda interna; subraya que los elevados niveles de deuda pública y privada constituyen una importante vulnerabilidad y que para reducirlos más rápidamente son necesarios un mayor crecimiento y políticas fiscales responsables;
39. Observa que, a la vez que las finanzas públicas han mejorado durante los últimos años, a raíz de la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios para 2017, ocho Estados miembros se consideran en peligro de incumplimiento; considera que debe cumplirse la trayectoria de ajuste fiscal acordada;
40. Celebra la reducción media de las deudas y déficits públicos, pero coincide en que la imagen agregada oculta disparidades significativas en los distintos Estados miembros; hace hincapié en que la imagen agregada debe observarse siempre conjuntamente con la revisión de los presupuestos individuales, y subraya la necesidad de adoptar políticas presupuestarias sanas anticipando que puedan subir los tipos de interés; considera que debe alcanzarse una convergencia al alza, en particular entre los Estados miembros de la zona del euro;
41. Señala que, según las previsiones económicas de otoño de 2016 de la Comisión Europea, la orientación presupuestaria en la zona del euro pasó de ser restrictiva a neutra en 2015, y que se espera que se vuelva moderadamente expansionista durante el período objeto de esas previsiones; señala, además, la consideración de la Comisión de que el pleno cumplimiento de los requisitos presupuestarios incluidos en las recomendaciones específicas por país del Consejo conduciría, en líneas generales, a una orientación presupuestaria ligeramente restrictiva para la zona del euro en su conjunto en 2017 y 2018, y el llamamiento de la Comisión en favor de una orientación presupuestaria expansionista positiva, aun reconociendo las dificultades económicas y jurídicas que implica;
42. Considera que la comunicación de la Comisión sobre una orientación presupuestaria positiva es un avance importante; acoge con satisfacción la intención de la comunicación de contribuir a una mejor coordinación de las políticas económicas en la zona del euro y de destacar las oportunidades de estímulo fiscal en los Estados miembros que tengan margen para ello; destaca que los requisitos presupuestarios se basan en normas presupuestarias acordadas en común; recuerda que los Estados miembros están obligados a cumplir el PEC, independientemente de las recomendaciones generales; señala que existen puntos de vista divergentes sobre el potencial y el nivel de un objetivo de orientaciones presupuestarias agregadas; acoge con satisfacción el trabajo en curso del Consejo Fiscal Europeo en esta materia;
43. Considera que mejorar la estructura de los presupuestos públicos es una de las claves para garantizar el cumplimiento de las normas presupuestarias de la Unión y para permitir la financiación de los gastos indispensables, la constitución de reservas para necesidades imprevistas y para inversiones que potencien el crecimiento y, por último, la financiación de gastos menos esenciales, y para contribuir a un uso más eficiente y responsable de los fondos públicos; recuerda que la composición de los presupuestos nacionales se decide a nivel nacional teniendo en cuenta la recomendaciones específicas por país;
44. Señala que el debate sobre la asignación inteligente del gasto público y las prioridades políticas se lleva a cabo habitualmente en relación con el presupuesto de la Unión y que esta importante evaluación también es indispensable para que los presupuestos nacionales mejoren la calidad de los presupuestos públicos a medio y largo plazo, a fin de evitar recortes presupuestarios lineales;
45. Acoge con satisfacción la revisión en curso del gasto público, y anima a los Estados miembros a que evalúen críticamente la calidad y composición de sus presupuestos; apoya los esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad y la eficiencia del gasto público, también reorientando los gastos improductivos hacia inversiones que potencien el crecimiento;
46. Opina que el presupuesto de la Unión podría contribuir a aliviar la presión a la que están sometidos los presupuestos nacionales recaudando sus propios recursos en lugar de depender tanto de las contribuciones nacionales;
47. Celebra los debates temáticos que han tenido lugar y las mejores prácticas adoptadas por el Eurogrupo, como las relativas al examen del gasto, durante el ciclo semestral de 2016; Pide a la Comisión y al Eurogrupo que aumenten su eficacia y transparencia;
48. Pide a la Comisión y al Consejo que formulen las recomendaciones específicas por país de manera que se pueda evaluar el progreso realizado, en particular en los casos en que las recomendaciones políticas se dirigen repetidamente al mismo ámbito político o la naturaleza de la reforma requiere que la aplicación se extienda más de un ciclo semestral;
49. Destaca la importancia de los Parlamentos nacionales a la hora de debatir los informes de cada país, las recomendaciones específicas por país, los programas nacionales de reforma y los programas de estabilidad, y de aplicarlas en mayor medida que hasta ahora;
50. Considera que una mejor aplicación de las recomendaciones específicas por país exige unas prioridades claramente articuladas a escala europea y un auténtico debate público a escala nacional, regional y local que conduzca a una mayor responsabilización; pide a los Estados miembros que impliquen a las autoridades locales y regionales de manera estructurada, dado el impacto y los retos que afectan a los Estados miembros a escala subnacional, para mejorar la aplicación de las recomendaciones específicas por país;
51. Insta a la Comisión a que inicie negociaciones sobre un acuerdo interinstitucional sobre la gobernanza económica; insiste en que dicho acuerdo interinstitucional debe garantizar, en el marco de los Tratados, que la estructura del Semestre Europeo permita un control parlamentario del proceso que sea periódico y significativo, en particular en lo relativo a las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y las recomendaciones para la zona del euro;
52. Considera que el presupuesto de la Unión podría proporcionar un valor añadido para las inversiones y las reformas estructurales en los Estados miembros si se introdujera una mayor sinergia entre los instrumentos existentes y la vinculación con los presupuestos de los Estados miembros; estima, por tanto, que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, en cuanto importante documento político que facilita contenido básico para los programas nacionales de reforma, las recomendaciones específicas por país y los planes de ejecución, debiera servir de directriz para los Estados miembros y para la preparación de los presupuestos nacionales, a fin de introducir soluciones conjuntas visibles en los presupuestos nacionales que estén vinculadas al presupuesto de la Unión;
53. Recuerda que la mejora de los sistemas de recaudación del IVA y los aranceles debe ser una de las máximas prioridades de todos los Estados miembros; celebra la propuesta de la Comisión de establecer una lista negra común de paraísos fiscales, cuya aplicación debería contemplar sanciones penales al objeto de hacer frente a las multinacionales que evaden impuestos;
54. Destaca que la mejora en el uso de los recursos y su mayor eficiencia, la reducción de la dependencia energética del exterior y la introducción de una producción sostenible basada en requisitos de diseño de los productos mejorados y patrones de consumo más sostenibles implican promover el espíritu empresarial y la creación de empleo mediante la aplicación eficaz de los objetivos internacionales y europeos en materia de medioambiente, diversificando las fuentes de ingresos en un contexto de responsabilidad presupuestaria y competitividad económica; considera que el Semestre Europeo también debe incluir la elaboración de informes sobre eficiencia energética e interconectividad en función de objetivos fijados a escala de la Unión;
55. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, a los Parlamentos nacionales y al Banco Central Europeo.
Textos Aprobados, P8_TA(2015)0238.
presentada de conformidad con el artículo 55 bis, apartado 4, del Reglamento
El informe ampara las reformas estructurales y un papel menos importante del Estado y defiende el Pacto de Estabilidad y el Tratado Fiscal. Considera que la profundización de las reformas neoliberales y la financialización, incluso mediante la unión de los mercados de capitales, es la solución para el estancamiento económico de la Unión, más que impulsar el gasto público e incrementar los salarios y la protección social, destruidos por las medidas de austeridad. Además, manifiesta preocupación por la decisión de no sancionar a Portugal y España.
Niega la realidad: el euro y el marco de gobernanza económica no solo han sido ineficaces para afrontar la crisis financiera, económica y social que ha asolado la Unión durante casi un decenio, sino que también son responsables de la misma y de su exacerbación. El euro y el marco de gobernanza económica han servido de herramientas para imponer una agenda neoliberal: privatización y desregulación, reformas estructurales, pérdidas de derechos sociales y laborales, recortes de los ingresos por trabajo y del bienestar público.
El euro y el marco de gobernanza económica han provocado una mayor divergencia entre los Estados miembros, mayores desigualdades de renta y, por lo tanto, menos cohesión territorial, social y económica.
Pedimos, por consiguiente, que se revoquen:
·el Pacto Presupuestario,
·el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza,
·el Semestre Europeo.
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS (*) (25.1.2017)
Ponente de opinión (*): Jean-Paul Denanot
1. Considera que el presupuesto de la Unión podría proporcionar un valor añadido para las inversiones y las reformas estructurales en los Estados miembros si se introdujera una mayor sinergia entre los instrumentos existentes y la vinculación con los presupuestos de los Estados miembros; estima, por tanto, que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, en cuanto importante documento político que facilita contenido básico para los programas nacionales de reforma, las recomendaciones específicas por país y los planes de ejecución, debiera servir de directriz para los Estados miembros y para la preparación de los presupuestos nacionales, a fin de introducir soluciones conjuntas visibles en los presupuestos nacionales que estén vinculadas al presupuesto de la Unión;
2. Está de acuerdo en que los mecanismos de estabilidad son esenciales, y recuerda que la aplicación y el cumplimiento de los criterios establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento deberían tener carácter prioritario para los Estados miembros; aplaude que se aprovechen al máximo las cláusulas de flexibilidad existentes para respaldar una mayor inversión y las reformas estructurales, así como para hacer frente a las amenazas de seguridad y a la afluencia de refugiados;
3. Recuerda que la mejora de los sistemas de recaudación del IVA y los aranceles debe ser una de las máximas prioridades de todos los Estados miembros; celebra la propuesta de la Comisión de establecer una lista negra común de paraísos fiscales, cuya aplicación debería contemplar sanciones penales al objeto de hacer frente a las multinacionales que evaden impuestos; acoge favorablemente las propuestas de la Comisión de establecer una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, que debería reforzar las actividades transfronterizas y reducir la evasión fiscal y la planificación fiscal abusiva; recuerda la necesidad de introducir una reforma del sistema de recursos propios que pueda conllevar una auténtica reforma de la financiación de la Unión sin aumentar la carga impositiva que pesa sobre los ciudadanos;
4. Considera que el crecimiento sigue siendo insuficiente para crear los puestos de trabajo que la Unión necesita con urgencia, en especial para los jóvenes, y que es necesario fomentar una mayor inversión pública y privada en infraestructuras y educación y formación, así como en pymes, y promover acciones destinadas a luchar contra el desempleo, como la Garantía Juvenil; celebra el nuevo impulso de la Iniciativa de Empleo Juvenil, que supone un importe adicional de 500 millones de euros con arreglo a la dotación específica de la IEJ, acompañado de 1 000 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo para el período 2017-2020, que ofrecerá a varios Estados miembros que pueden beneficiarse de la Iniciativa de Empleo Juvenil la posibilidad de invertir una parte mayor de la financiación del Fondo Social Europeo en medidas de fomento del empleo juvenil;
5. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de prorrogar y ampliar el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) por lo que se refiere a la duración y a la capacidad financiera; destaca que el refuerzo del FEIE es importante a fin de devolver la inversión a su tendencia sostenible a largo plazo, continuar ofreciendo resultados concretos y proporcionar a los promotores de proyectos la certeza de que podrán seguir preparando proyectos tras el período de inversión inicial; espera nuevas mejoras en los ámbitos de la adicionalidad, la cobertura geográfica y sectorial, y la transparencia; subraya las posibles sinergias entre el FEIE y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), en particular con respecto a su contribución a la cohesión territorial; pide a las instituciones europeas y nacionales que involucren en mayor medida a los entes locales y regionales con miras a afrontar la escasa capacidad de generación de proyectos y de endeudamiento en algunos Estados miembros;
6. Insiste en que la inversión y el estímulo de las inversiones en materia de innovación y TIC deben formar el núcleo de la política económica a nivel de la Unión a fin de generar un crecimiento sostenible;
7. Considera que la responsabilidad del sistema bancario debe aumentarse para garantizar tanto las inversiones a largo plazo como la estabilidad de los mercados financieros;
8. Resalta la importancia de una política de inversión de la Unión justa y cohesiva, capaz de generar crecimiento en toda la Unión y de facilitar la reducción de las divergencias existentes entre los Estados miembros;
9. Está convencido de que las pymes y las empresas de nueva creación son fundamentales para el futuro desarrollo de la economía de la Unión, y reitera la necesidad de unas políticas fiscales y en materia de inversión más sólidas que estén concebidas para estimularlas aún más;
10. Está convencido de que la política monetaria, si está firmemente respaldada por una política presupuestaria adecuada, puede impulsar el desarrollo económico, el crecimiento sostenible y la creación de empleo;
11. Considera que la existencia de una evolución demográfica diferente en cada uno de los Estados miembros debe alertarlos de la necesidad de poner en perspectiva los déficits públicos;
12. Recuerda que el uso de los Fondos EIE está sujeto a condiciones macroeconómicas; pide a la Comisión que, teniendo en cuenta la correlación entre una buena gobernanza económica y la capacidad de absorción, fomente el uso de los Fondos EIE para la ejecución de las recomendaciones específicas por país, prolongando el período de ajuste fiscal en el que los Fondos EIE se utilizarían como medida complementaria a la aplicación de las reformas estructurales y a la consecución de un aumento de las inversiones;
13. Hace hincapié en que, comparada con otros grandes mercados, como los EE. UU., la Unión cuenta con unas normas presupuestarias estrictas, una legislación desigual en los diferentes Estados miembros y un gran número de distintas limitaciones que constituyen obstáculos al progreso, las soluciones innovadoras y el crecimiento; pide, por consiguiente, a la Comisión que, con anterioridad a la presentación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, entable con los Estados miembros un debate más detallado por lo que se refiere a las actividades y normas comunes que deben establecerse a nivel de la Unión con el fin de apoyar el intercambio de conocimientos, experiencias, tecnología, innovación, desarrollo y crecimiento rápido de las empresas de nueva creación.
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (25.1.2017)
Ponente: Nuno Melo
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
1. Destaca que el debate sobre el Semestre Europeo reviste una particular importancia, teniendo en cuenta la necesidad de encontrar un nuevo modelo para llevar a cabo reformas estructurales e inversiones selectivas en ámbitos estratégicos, acercándose a un modelo económico que combine el desarrollo industrial con la sostenibilidad medioambiental; reitera, por tanto, que la dimensión medioambiental debe desempeñar un papel fundamental, junto a las dimensiones económica y social, en el proceso del Semestre Europeo;
2. Lamenta que la recuperación en la Unión siga siendo lenta y frágil, lo que pone de manifiesto la necesidad de intensificar las reformas estructurales, fomentar la inversión y desarrollar una economía más competitiva;
3. Acoge con satisfacción que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2017 mencione claramente la economía circular entre las prioridades económicas generales de la Unión;
4. Señala que el cambio climático constituye sin ninguna duda un desafío global y que una actuación diligente debería seguir siendo una prioridad de la Unión; destaca, a este respecto, la importancia del Acuerdo de París adoptado en diciembre de 2015 en la COP 21, que representa un hito mundial en la promoción de una transición colectiva mundial hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono y resistente al cambio climático; señala que el Acuerdo establece un objetivo cualitativo de reducción de las emisiones a largo plazo en consonancia con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 ºC y proseguir los esfuerzos para mantenerlo a 1,5 ºC; insta a la Comisión, por tanto, a que tenga en cuenta en sus recomendaciones específicas por país la necesidad de que los Estados miembros inviertan en proyectos energéticos con bajas emisiones de carbono para ajustarse a los objetivos del Acuerdo de París; señala que para que se produzca una transición eficaz hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono se requieren grandes inversiones en ámbitos estratégicos, como el de la energía, la gestión de residuos, el transporte y los edificios; pide, en ese sentido, que se asignen fondos para inversiones sostenibles en el marco del próximo Reglamento del «FEIE 2»;
5. Pide a la Comisión que se sirva del Semestre Europeo como instrumento para cumplir los compromisos contraídos por la Unión en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en particular, para incorporar al proceso políticas y medidas eficaces en materia de cambio climático, producción y consumo sostenibles, seguridad alimentaria y biodiversidad;
6. Recuerda que, con el fin de asegurar un crecimiento sostenible, la protección del clima y la creación de empleo en la Unión Europea, es necesario utilizar nuestros recursos de forma más inteligente y sostenible, reorientar la fiscalidad del trabajo a la contaminación medioambiental, poner fin a las subvenciones a los combustibles fósiles y reducir la dependencia de las importaciones de materias primas; considera se debe poner el centro de atención en la aplicación de una jerarquía de residuos, en primer lugar para apoyar la aplicación de medidas de prevención, un mayor reciclado y la reutilización de los productos; señala que, según las estimaciones, la economía circular podría redundar en ahorros por valor de 600 000 millones de euros al año para las empresas de la Unión; reitera, por tanto, con el fin de acelerar la transición de la Unión hacia una economía circular, su llamamiento en favor de que se incorporen los principios de la economía circular al Semestre Europeo y de que se introduzca un indicador principal de la eficiencia de los recursos y la seguridad del suministro para materias primas esenciales; subraya la necesidad de una mayor inversión en tecnologías ecológicas probadas para lograr los objetivos de crecimiento sostenible de Europa para 2020 y los relativos al clima y a la energía para 2030;
7. Destaca la importancia que reviste la reforma en curso de la legislación sobre residuos a fin de impulsar la transición de la economía europea hacia un modelo circular;
8. Destaca que la mejora en el uso de los recursos y su mayor eficiencia, la reducción de la dependencia energética del exterior y la introducción de una producción sostenible basada en requisitos de diseño de los productos mejorados y patrones de consumo más sostenibles implican promover el espíritu empresarial y la creación de empleo mediante la aplicación eficaz de los objetivos internacionales y europeos en materia de medioambiente, diversificando las fuentes de ingresos en un contexto de responsabilidad presupuestaria y competitividad económica; considera que el Semestre Europeo también debe incluir la elaboración de informes sobre eficiencia energética e interconectividad en función de objetivos fijados a nivel de la Unión;
9. Señala que, según un estudio de 2012 de la Comisión, si toda la legislación sobre residuos de la Unión se aplicase plenamente, se ahorrarían 72 000 millones de euros al año en Europa, el volumen de negocios del sector de la gestión y el reciclado de residuos aumentaría en 42 000 millones de euros y se crearían 400 000 puestos de trabajo hasta 2020; recuerda que se debe dar la máxima prioridad a la reducción de la cantidad de residuos y el cumplimiento de la legislación en este ámbito;
10. Destaca que los Estados miembros deben reformar sus sistemas fiscales para apoyar el crecimiento y unas normas justas entre las empresas; hace hincapié, a este respecto, en el papel que desempeñan los impuestos medioambientales, la reforma de estos y los programas de reorientación de los impuestos, como factores clave para propiciar la transición hacia una economía verde, pues tienen la capacidad de desencadenar innovaciones ecológicas que generen riqueza y creen empleo y contribuyan a la mejora medioambiental y a la reducción del consumo energético y de recursos;
11. Insta a la Comisión a que incorpore los objetivos de desarrollo sostenible al proceso del Semestre Europeo;
12. Señala la necesidad de un conjunto de indicadores más completo para evaluar las medidas que los Estados miembros han establecido para contribuir al logro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible asumidos por la Unión y, en particular, el objetivo de reducir a la mitad los residuos alimentarios en 2030; hace hincapié en la necesidad de integrar de manera adecuada a las políticas internas y externas de la Unión las metas de los objetivos de desarrollo sostenible;
13. Recuerda que puede observarse una tendencia de crecimiento del empleo en la industria ecológica en todo el territorio de la Unión; destaca que si se reduce aún más el uso energético y de los recursos se podrían crear más puestos de trabajo, en particular en los sectores del aislamiento, las tecnologías de bombas de calor, los vehículos de propulsión eléctrica y las tecnologías agrícolas de eficiencia hídrica para el regadío, así como los sectores del reciclado y los que dependen de los recursos;
14. Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión Europea de establecer un grupo de expertos de alto nivel sobre la financiación sostenible; recalca que las reformas en pro de una financiación sostenible son necesarias a fin de apoyar la inversión en tecnologías limpias y su implantación, garantizar que el sistema financiero pueda financiar el crecimiento de un modo sostenible a largo plazo, y contribuir a la creación de una economía circular con bajas emisiones de carbono y con capacidad de resistencia ante el cambio climático, tal y como establece la Comisión en su Comunicación de 14 de septiembre de 2016 titulada: «Unión de los mercados de capitales: acelerar la reforma»;
15. Toma nota de que algunos de los proyectos aprobados para recibir financiación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) se orientan hacia las infraestructuras y la innovación en los sectores del medioambiente y de la salud; hace hincapié, no obstante, en la necesidad de aumentar la disponibilidad de los fondos verdes a través del FEIE;
16. Destaca que la inversión efectiva en sanidad y educación, incluidas la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, es esencial para proporcionar a los ciudadanos un acceso equitativo a los servicios de salud, así como para la estabilidad y la sostenibilidad, la prosperidad económica y el estímulo del crecimiento, con miras a obtener resultados en términos de productividad, oferta de mano de obra, capital humano y gasto público; recuerda que los gastos en los servicios de salud son una inversión en favor de unas sociedades más sanas, seguras, productivas y competitivas; subraya la importancia de la sostenibilidad del sector de la asistencia sanitaria, que desempeña una función importante en la economía general debido a que representa el 8 % del total de la mano de obra europea y el 10 % del PIB de la Unión;
17. Destaca la necesidad de crear un sistema sostenible de intercambio de conocimientos en el campo de la evaluación de las tecnologías sanitarias, cuyo objetivo es abordar los asuntos relacionados con las propiedades de las tecnologías sanitarias, incluidos la seguridad, la eficacia, la eficiencia, la aplicabilidad, las indicaciones, los costes, la rentabilidad y las consecuencias sociales, éticas y económicas de su utilización;
18. Recomienda una vez más integrar los principios de la economía circular en las recomendaciones específicas por país;
19. Subraya la importancia de entablar un diálogo estructurado y sistemático a escala nacional con miras a que todas las partes interesadas del sistema sanitario hagan más suyas las recomendaciones específicas por país; señala, por tanto, la necesidad de una evaluación más completa del funcionamiento de los sistemas sanitarios a escala de la Unión; anima a los Estados miembros a que utilicen los datos recopilados en la formulación de sus políticas y compartan las mejores prácticas con miras a reducir las disparidades y las desigualdades en materia de salud entre los Estados miembros y dentro de ellos;
20. Señala la necesidad de una evaluación más completa de los sistemas sanitarios en el marco del Semestre Europeo, en la que se tenga en cuenta no solo la dimensión fiscal, sino también el acceso, la eficacia y la calidad en el sector sanitario europeo;
21. Destaca que se debe otorgar la importancia adecuada a los costes sanitarios ocasionados a los Estados miembros como resultado de urgencias que supongan una carga adicional sobre los sistemas de salud, como es la llegada a la Unión de inmigrantes y refugiados que necesiten una atención médica inmediata, que una asistencia médica necesaria es esencial tanto para la protección de los derechos humanos como para la reducción de riesgos orientada a la protección de los ciudadanos de la Unión frente a una posible exposición a enfermedades endémicas en los países de origen de la migración, y que la carga económica correspondiente debe considerarse de forma adecuada al evaluar los presupuestos de los Estados miembros.
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL (25.1.2017)
Ponente: Krzysztof Hetman
1. Acoge con satisfacción el Estudio Prospectivo Anual de la Comisión sobre el Crecimiento para 2017 como una parte importante del proceso de recuperación europeo basado en una estrategia de inversiones, reformas estructurales, creación de empleo y finanzas públicas responsables, cuyo objetivo es fomentar unos niveles de crecimiento mayores, afianzar la recuperación europea y alcanzar una convergencia ascendente;
2. Expresa su preocupación a la vista de que aún se aprecian desequilibrios macroeconómicos y convergencias limitadas, particularmente dentro de la zona del euro;
3. Manifiesta su preocupación por la desigual aplicación de las recomendaciones específicas por país respecto de la recuperación económica europea, así como por la considerable brecha de inversión existente en la Unión, que pone en peligro su potencial de crecimiento a largo plazo; hace un llamamiento, por tanto, a los Estados miembros para que se comprometan claramente a aplicar reformas estructurales y reducir sus ratios deuda/PIB y sus déficits presupuestarios, a fin de fomentar el crecimiento y crear puestos de trabajo; opina que los Estados miembros deberían seguir siendo los principales responsables a la hora de aplicar las recomendaciones específicas por país y de decidir cuál es la mejor manera de hacerlo; destaca el papel de los entes locales y regionales y de otras partes interesadas, así como de los propios Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), en el apoyo a estas reformas estructurales, la creación de empleo y las inversiones; pide a la Comisión que considere la posibilidad de implicar a los entes locales y regionales en el Semestre Europeo cuando proceda;
4. Pide que se elaboren políticas dentro del Semestre Europeo cuyo objetivo sea el fomento de la demanda interna para que la economía europea sea más resiliente, en un contexto en el que las perspectivas globales han empeorado y la demanda mundial ha disminuido;
5. Toma nota del objetivo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), que fue concebido para respaldar los proyectos de inversión de alto riesgo a fin de reforzar el potencial de crecimiento basado en empleos de calidad y en la productividad; expresa, no obstante, su preocupación por el enorme desequilibrio en el uso del Fondo entre los países de la Europa de los Quince (91 % de la financiación) y la Europa de los Trece (9 % de la financiación); toma nota de la propuesta de la Comisión de reforzar las sinergias y complementariedades entre el FEIE y los Fondos EIE, así como de facilitar una asistencia técnica local y regional más específica, a fin de mitigar la disparidad en el mercado único al permitir a todas las regiones desarrollar su potencial y mejorar la cobertura geográfica del FEIE dentro de la Unión; hace un llamamiento al BEI y a la Comisión para que garanticen una distribución de los fondos basada en un análisis financiero prudente y que las solicitudes se evalúen de manera justa en función del mérito; destaca, no obstante, que todavía faltan datos sobre el impacto de la contribución del FEIE al crecimiento y el empleo; señala, desde esa perspectiva, que el FEIE debe completar los Fondos EIE y en ningún caso debe socavar la función de la política de cohesión como instrumento principal de la política de inversión de la Unión, que acerca a esta a sus ciudadanos; hace un llamamiento a la Comisión para que proponga nuevas medidas destinadas a reducir la pobreza y lograr un mayor equilibrio respecto de la disparidad a que se hace referencia más arriba;
6. Comparte el punto de vista de la Comisión en el sentido de que se ha de afianzar el Centro de Asesoramiento para que pueda trabajar a una escala más local y regional, y mejorar su cooperación con los bancos nacionales de fomento, a fin de que sea una herramienta útil para ayudar a los promotores de proyectos a desarrollar mejores proyectos, especialmente para las regiones o sectores en los que sea necesario aumentar el ámbito cubierto y la capacidad técnica; pide a la Comisión que promueva un mejor uso del FEIE por parte de los entes locales y regionales de toda la Unión, en particular a través de las plataformas de inversión; solicita, a tal fin, a la Comisión que preste ayuda divulgando información y aborde la actual falta de capacidad administrativa e institucional a escala subnacional; hace un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que utilicen el potencial del FEIE y los Fondos EIE plenamente y en consonancia con la Estrategia Europa 2020, a fin de reducir la brecha en materia de inversión en la Unión;
7. Subraya que, en el contexto del Semestre Europeo y de las iniciativas dirigidas a simplificar la política de cohesión, tales como las actividades del grupo de trabajo para una mejor implementación, los Estados miembros deben redoblar sus acciones para aplicar las reformas estructurales necesarias y cualquier otra medida que apoye dicha aplicación, incluido el desarrollo de la capacidad institucional, con miras a estimular el crecimiento y el empleo suprimiendo los obstáculos que afrontan los beneficiarios de la política de cohesión; subraya, no obstante, que se requiere coordinación entre las prioridades de la Unión y las necesidades nacionales, regionales y locales; destaca la importancia de las condiciones ex ante para mejorar la creación de capacidad en los Estados miembros; hace hincapié en la necesidad de comunicar en mayor medida los resultados obtenidos a los ciudadanos europeos, a fin de incrementar la visibilidad del valor añadido europeo;
8. Reitera la necesidad de acelerar la ejecución de los Fondos EIE durante el período de programación financiera 2014-2020; reconoce que los Estados miembros deberían seguir siendo responsables del establecimiento de los programas, pero considera que las recomendaciones específicas deberían seguir al análisis de las deficiencias en la ejecución e incluirse en el proceso de formulación de las recomendaciones específicas por país; hace un llamamiento a la Comisión para que entable un estrecho diálogo con los Estados miembros para definir dichas medidas;
9. Señala que, con el fin de responder mejor a los desafíos económicos e impulsar el crecimiento, es preciso conceder a los Estados miembros una mayor flexibilidad en la ejecución cuando recurran a las cláusulas de inversión; comparte, en ese contexto, el punto de vista del Tribunal de Cuentas Europeo en el sentido de que la contratación pública es un problema constante que se ha de abordar también a escala de la Comisión, institución que debería abogar por la introducción de mejoras en ese ámbito;
10. Acoge con satisfacción que se haya paralizado la propuesta de la Comisión de suspender determinadas partes de los Fondos EIE para España y Portugal ante las críticas constructivas del Parlamento, que ha demostrado de forma concluyente que esa propuesta es superflua y se basa en una evaluación de la Comisión según la cual ambas naciones están progresando en la consecución de sus objetivos de reducción del déficit; comparte el punto de vista de la Comisión en el sentido de que la zona del euro necesita adoptar un enfoque más colectivo que tenga en cuenta las diferencias entre los Estados miembros por lo que respecta a la situación presupuestaria; recuerda, a ese respecto, el papel de la Comisión como guardiana de los Tratados; está a la espera, por otra parte, del informe de la Comisión sobre la aplicación del artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013, que está previsto para 2017 y en el que se tiene en cuenta la opinión del Parlamento expuesta en el marco del diálogo estructurado de 2016;
11. Acoge con satisfacción la declaración de la Comisión sobre la importancia de invertir en el conocimiento, la innovación, la educación y las TIC como motores de crecimiento; aboga por la adopción de políticas que permitan a todos los ciudadanos europeos tener un acceso básico a la conectividad;
12. Estima que el Plan de Inversiones para Europa solo alcanzará sus objetivos a través de una mayor implicación con las pymes, los entes locales y otros agentes locales; hace un llamamiento al BEI y a la Comisión para que garanticen que dichas partes interesadas están en condiciones de elaborar y ejecutar con éxito las solicitudes de financiación de proyectos, tienen el apoyo adecuado y no están expuestas a unas cargas normativas innecesarias; observa, en particular, el efecto positivo que puede tener el desarrollo local participativo a la hora de garantizar que los agentes locales hacen oír su voz;
13. Acoge con satisfacción el apoyo que se brinda a las pymes a través del apartado y la iniciativa relativos a las pymes del FEIE; considera alentadora la recuperación que se está registrando en el sector de las pymes desde la crisis financiera de 2008; hace un llamamiento a la Comisión para que coopere con los Estados miembros para garantizar que se abordan las áreas problemáticas, incluyendo el lento aumento del número de empleados de las pymes y el estancamiento del crecimiento en los sectores manufacturero, de la construcción y minorista;
14. Estima que el acceso a la financiación sigue siendo el desafío principal para las pymes en crecimiento; observa que el sector de la banca comercial, regulado principalmente por los Estados miembros, sigue siendo la fuente de financiación primordial para la mayoría de las pymes; observa, por tanto, que los Estados miembros seguirán siendo los agentes principales para la recuperación del sector de las pymes, y que la Comisión debería garantizar que su actuación desempeña un papel de apoyo eficaz.

References: artículo 121
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 55
 Resolución 
 artículo 23