Source: https://reportesuy.com/2020/05/14/fiscalia-de-lesa-humanidad-presento-un-recurso-de-casacion-en-el-caso-del-homicidio-de-vladimir-roslik/
Timestamp: 2020-05-31 23:33:17+00:00

Document:
El 16 de abril, se cumplieron 36 años del asesinato de Vladimir Roslik Bichkov, ocurrido en el Batallón de Infantería Mecanizado Nº 9, con sede en Fray Bentos. Certificado de escolaridad de Vladimir Roslik
Este médico nacido en San Javier, de padres rusos y que estudió por una beca en la Universidad Amistad de los Pueblos Patricio Lumumba, en la antigua Unión Soviética, fue detenido por militares de esa unidad castrense y falleció como consecuencia de las torturas a las que fue sometido. La autopsia “oficial” indicaba que Roslik había muerto por un paro cardíaco y que había sido detenido por “tráfico de armas”, pero testimonios posteriores, como el de Antonio Pires da Silva, que estuvo preso junto al médico, revelaron que fue torturado hasta morir y que el interrogatorio estuvo a cargo del represor Sergio Pocho Caubarrère, que permanece impune.
La viuda de Roslik, Mary Zavalkin hizo conocer el asesinato de Roslik ante diversos organismos internacionales, y muchos intensificaron la presión contra la dictadura para acelerar su final. La viuda del médico también se dedicó a denunciar la persecución a la que los militares sometieron a los descendientes de rusos en San Javier. Además de ser detenidos e interrogados más de una decena, junto con Roslik, los militares clausuraron el Centro Cultural Máximo Gorki y quemaron los libros y las revistas en ruso. “Se ampararon en que eran cuestiones políticas, pero en realidad lo que sufrimos fue una persecución étnica.
Toda la gente a la que llevaron presa en San Javier tenía apellido ruso. Portarlo era considerado un atentado contra el país. No tiene nada que ver. Ni televisión teníamos”, dijo Zavalkin en una entrevista concedida a la agencia de noticias Sputnik.
Sres. Ministros del Tribunal de Apelaciones Penal de 2º turno.
El Fiscal Letrado Nacional especializado en crímenes de Lesa Humanidad se presenta en los autos “MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DENUNCIA” IUE 316-10015/1987, a los efectos de interponer recurso de casación contra la sentencia N.º10/2020 de fecha 11 de Marzo del 2020, y a los Sres. Ministros
I.- La sentencia en consideración, fue notificada electrónicamente a ésta Fiscalía, el día 13 de Marzo de 2020, por cedulón Nº 149/2020.
II.- Con posterioridad a dicha notificación – en virtud de la emergencia nacional decretada por el gobierno – la Suprema Corte de Justicia, el día 16 de Marzo de 2020, por resolución N° 12/2020 declaró “inhábiles los días desde el 14 de marzo hasta el 3 de abril inclusive del corriente año; ergo se hallan suspendidos los plazos procesales…”. En tanto, por Resolución N°23/2020 de fecha 2 de Abril del 2020, la Suprema Corte de Justicia resolvió declarar “… inhábiles los díascomprendidos entre el 4 y el 30 de Abril de 2020 inclusive…”Por último, por Resolución de la S.C.J. N° 29/2020 de fecha 30 de Abril resolvió entre otras cosas “Dispónese que la Feria Judicial Extraordinaria cesará el 15 de mayo” …“A partir del 11 de Mayo y hasta el 15 de Mayo de 2020, las sedes judiciales recibirán los escritos que presenten las partes a los solos efectos de cumplir los actos procesales cuyo vencimiento –de no mediar inhabilidad de los días- hubiera acaecido o acaezca en el período comprendido entre el 14 de marzo y el 15 de Mayo de 2020”. En razón de ello, comparece en tiempo y en forma para impugnar la sentencia referenciada.
III.- Mediante la atacada se procedió a confirmar el decreto N.º 379/2019 defecha 13 de Septiembre del 2019, dictado por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Fray Bentos de 3er. Turno. Lo debatido en su momento, fue la reapertura de la presente causa, motivada en la solicitud de la cónyuge y el hijo del Dr. Vladimir Roslik. Ante dicha solicitud, la Sede de primer grado resolvió “A lo solicitado no ha lugar por resultar procesalmente improcedente. Oportunamente, vuelvan al archivo. Notifíquese. ”En tanto, el Ad quem, tras fundamentar su posicionamiento en el instituto de la cosa juzgado concluyó, “Por los fundamentos expuestos y de conformidad con lo establecido en los artículos 245 y siguientes del Código del Proceso Penal (Decreto Ley 15.032) y normas de derecho internacional citadas el Tribunal Falla: Confirmase la sentencia de primera instancia. Oportunamente devuélvase a la sede de origen”.
IV.- En el sub lite, nos encontramos frente a la hipótesis prevista en el art. 269 del C.P.P. puesto que la atacada se encuentra dentro de las sentencias que ponen fin a la acción penal. Por tanto, resulta pasible de ser revisada encasación.
V.- Este pretensor, entiende que existen razones ostensibles que lo obligan a interponer el presente recurso, por cuanto no quiere avalar con su silencio una decisión que a su criterio es jurídicamente desajustada e intrínsecamente injusta. Para ello, dividirá los fundamentos del recurso, en tres grandes bloquestemáticos.
a.- Las razones históricas que lo movilizan.
b.- La refutación del temperamento desarrollado por el Ad Quem.
c.- El conjunto de normas jurídicas vulneradas por el Tribunal.
Este representante de la causa pública, es consciente que todos los casos a los que se enfrenta, se deben asumir con el mismo compromiso, y por ende-desde la legalidad y objetividad- aplicar toda su energía y conocimiento, en pos de resolverlos de la mejor manera. No obstante, en su condición de ciudadano de éste país y que tuvo la oportunidad de vivir lo acontecido en el presente caso, es también consciente que de forma alguna se lo debe tratar como cualquier otro. Es que no se puede soslayar la dimensión histórica del hecho que nos convoca. Pues, nos enfrentamos a uno de los hechos más deleznables del pasado reciente. Habida cuenta que, si en la dictadura cívico-militar que gobernara elpaís, se cometieron hechos extremadamente aberrantes por los agentes del Estado encaramados en el poder (desapariciones forzadas, muertes por torturas, tormentos de distinta naturaleza, abusos sexuales hacia los detenidos, apropiaciones de niños etc. etc) el presente, por distintos aspectos que lo rodean, alcanza el paroxismo del horror vivido en esos años.
Y ello, por la persona de que se trata, por el hecho en sí, por el momento histórico en que se produjo y finalmente por los motivos que habrían guiado a sus responsables. Aún cuando resulta de perogrullo señalar que todas las víctimas son iguales y se debe actuar de la misma manera, no se puede pasar por alto que:
1.- el Dr. Wladimir Roslik Bichkov, al momento de su asesinato, se desempeñaba como médico de Medicina General en la colonia San Javier delDepartamento de Rio Negro.
2.- Se encontraba vinculado al Partido Comunista del Uruguay y al Frente Amplio, y por ende era un opositor al régimen imperante. No obstante, no cometió delito alguno que motivara su detención, ergo, ésta se produjo por pensar distinto a quienes en forma ilegítima ostentaban el poder.
3.- Bajo tales premisas, el día 14 de Abril de 1984, Roslik fue detenido por personal militar dependiente del Batallón de Infantería Nº 9, a donde fue trasladado por la fuerza.
4.- En dicho lugar, fue sometido a diversos apremios físicos y como consecuencia de estos falleció el día 16 de Abril de 1984. Bajo dichas circunstancias, se convirtió en el último muerto de la dictadura.
5.- En esos momentos, el Uruguay vivía un momento de euforia por la cercanía del retorno a la Democracia. Había pasado el Plebiscito del 30 de Noviembre de 1980, por el cual la mayoría de la población se opuso a la Constitución propuesta por la dictadura cívico-militar. También, las elecciones internas de los partidos políticos habilitados, del 28 de Noviembre de 1982, así como el “río de Libertad” del 27 de Noviembre de 1983 donde alrededor de 400.000 personas se reuniero npara expresar su contrariedad al régimen de facto. Pese a que aún se mantenía la dictadura, los sindicatos, los gremios estudiantiles, las organizaciones sociales y los partidos políticos se reorganizaban para la vuelta a la Democracia.
6.- Tras ello, la pregunta que se hace la Sociedad en general y las víctimas enparticular es ¿por qué se produjo la muerte del Dr. Roslik en ese momento histórico del país en que todos nos aprontábamos para el retorno a la Democracia? En resumidas cuentas, un hecho de ésta envergadura histórica, no puede quedar sin investigar, juzgar y eventualmente condenar a sus responsables. En otras palabras, no puede quedar impune. Este conjunto de razones -unidas obviamente a las jurídicas que se desarrollaran infra- son las que movilizaron y movilizan especialmente a éste promotor público a tomar los caminos que ha asumido.
REFUTACIÓN DE LA RATIO DECIDENDI DE LA IMPUGNADA
La línea argumental de la atacada, en lo que refiere a sus CONSIDERANDO, y en especial en su capítulo de HECHOS QUE SE DEBATEN EN AUTOS,se desarrolla en 9 numerales. De ellos, los tres primeros no generan cuestionamiento alguno, por cuanto solo describen el derrotero procesal. Por tal motivo, se detendrá en los restantes, y a los efectos de mantener una lógica discursiva, tomará en consideración los numerales a los que refiere la hostilizada.
4.- Aproximación al tema y justificación de su postura. En el presente numeral, la impugnada centra el eje de su temperamento en la aplicación estricta de la cosa juzgada y la eventual conculcación del principio de non bis in idem. Una vez ello, ensaya una suerte de justificación de su resolución, que a criterio de la Fiscalía resulta desacertada en lo jurídico e incomprensible desde una dimensión humana.
a.- En primer lugar destaca “El estudio de la causa lleva al Tribunal acompartir las conclusiones de la a quo, en tanto considera que ha operado en la especie la cosa juzgada como se ha dispuesto en la sentencia N° 125 de ésta Sala de fecha 15 de Mayo del 2014 (fs.466 a 492) y por consecuencia no se puede reabrir la misma sin violentar el principio de non bis idem”.Tras ello, transcribe la parte resolutiva de la sentencia N° 125/14 del mismo Tribunal.
Sobre el punto, reiteramos los cuestionamientos efectuados al momento deatacar la resolución de la A quo N° 379/2019. Habida cuenta que dicho tópico tampoco fue resuelto por la actual impugnada.
En dicha instancia señalamos que la A quo mantuvo el archivo de las actuaciones al sostener que existió cosa juzgada. No obstante, no se detuvo en algunos puntos básicos.
En primer lugar, que estamos en un Presumario, y si bien éste puede finalizar con una resolución de archivo, la misma es por esencia provisoria. Ello, por cuanto no se alcanza una resolución definitiva sobre el fondo.
En tal sentido, se debe tener presente que el art. 112 del C.P.P. establece que el Presumario finaliza con la “providencia que disponga el archivo de los antecedentes por falta de mérito para procesar”. A sensu contrario, mientras haya medidas probatorias pendientes, no podrá disponerse el archivo.
Por ello, generalmente tales archivos se disponen con la muletilla “sin perjuicio de ulterioridades” desde que cualquier hecho nuevo que se presente puede permitir su reapertura. A poco que se analice el decreto N° 379/2019 de la Sra. Juez de primer grado, se verá que ésta plantea precisamente la hipótesis referenciada supra.
Pues, al respecto señaló “A fs. 515 con fecha 2 de Agosto del 2018,comparece M.C.Z. solicitando la continuación del presumario y el correspondiente desarchivo, presentando hechos nuevos a título de ampliación de denuncia original, ofreciendo nuevos medios probatorios”.
Por tanto, desde ésta perspectiva existen razones de peso para el desarchivo,y por ende, la pervivencia de las actuaciones. Pues, si se considera que se han presentado “hechos nuevos” no se comprende cómo no se ordenó la reapertura de la causa.
En segundo lugar, quien dispuso el archivo no fue el Tribunal (quien resolvió lo atinente a la cosa juzgada y a la prescripción) sino la Juez de primer grado.(fs. 509) por lo que mal puede sostenerse que exista cosa juzgada por cuanto no se interpuso el correspondiente recurso de casación.
Por otra parte, en la instancia de primer grado y aún en la revisión del Adquem, no fueron consideradas las puntualizaciones que realizó la Fiscalía especializada en el capítulo ARCHIVO DISPUESTO EN AUTOS YSENTENCIA DEL TAP 2° TURNO de su dictamen N° 245 de fecha 17 deDiciembre de 2018. Pues, allí se especificó que no quedaba nada claro sobre que delitos había dispuesto el Tribunal la prescripción, habida cuenta que éste no lo especificó.
En efecto, en la sentencia N° 125/2014 el Tribunal resolvió que “b) existió cosa juzgada respecto de S.C. por haber sido condenado por el delito de homicidio; y c) declarando la prescripción de los restantes hechos queintegran la presente causa”.Lo resuelto sobre la cosa juzgada en relación a C. resulta claro. No obstante,no podemos señalar lo mismo en lo que refiere a la prescripción, por cuanto el Tribunal fue muy poco preciso.Pues, en lo atinente a la prescripción ¿qué debemos entender por los“restantes hechos que integran la presente causa”?
Al respecto, se debe tomar en consideración que las presentes actuaciones se iniciaron a partir de la denuncia del Ministerio de Salud Pública contra el Dr.E.S.P. De allí, la carátula que se le adjudicó a los presentes “MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DENUNCIA”.En tanto, dicha denuncia fue por los delitos de omisión de los funcionarios aproceder a denunciar los delitos (art. 177 del C.P.) encubrimiento (Art. 197del C.P.) y falsificación material de documento público (art. 236 del C.P.) Todo ello en relación a los galenos que intervinieran en ocasión de la muertede Roslik.
Luego, perfectamente se puede inferir que el Tribunal se expidió únicamente sobre la prescripción de los hechos motivo de la denuncia, empero, no sobre el delito de Homicidio en sí. Por lo menos ello no fue especificado, por lo que mal puede realizarse una interpretación tendiente a obstaculizar la investigación de tan aberrante hecho y con ello obturar la reapertura de la causa.
b.- No obstante, el numeral concluye con una justificación de su proceder, que con los respeto del caso, resulta incorrecto en lo jurídico e insondable en lo humano. En efecto, por un lado el Tribunal sostiene que es notorio que S.C. fue condenado en el período democrático y pese a ello “no se impugnó pudiendo hacerse”.Asimismo, resalta que se efectuó “un juicio reparatorio ante el Juzgado delo contenciosos Administrativo por parte de sus familiares”. Y en definitiva concluye, “Por lo que ambos extremos se han cumplido:juicio y condena para C., sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y una acción reparatoria patrimonial hacia su familia.”
Vayamos por parte.El Tribunal en ningún momento destaca un hecho muy significativo. C., no fue condenado por un Tribunal civil en cumplimiento de un debido proceso. El indagado C., fue juzgado por la “justicia militar”, es decir por sus pares, y corolario de ello, condenado a una pena irrisoria. Adunase a ello, que cumplió una preventiva aún más insignificante para la extrema gravedad del entuerto perpetuado.El punto fue tratado expresamente en el dictamen fiscal N° 245 (capítuloCOSA JUZGADA Y COSA JUZGADA APARENTE O FRAUDULENTA). No obstante, en la medida que ni la A quo, ni el Ad quem lo tomaron enconsideración lo reitera en éste acto.En efecto, el entonces Mayor S.H.C.B. fue condenado por el Juez Militar de 1era Instancia de 2° turno, el Coronel Av. O.V., como “autor responsable delos delitos de ataque a la fuerza moral de las fuerzas armadas por abuso de autoridad (CPM art. 58 num. 9°) y Homicidio Culpable (CPO art. 314) cometidos en concurso material (CPO art. 54) a la pena de dos (2) AÑOSDE PENITENCIARÍA, con descuento de la preventiva sufrida” (fs. 351 vto.en la causa 23/84). Pese a ello, C. solo cumplió una preventiva de cuatro (4) meses y dieciocho(18) días. (ver fs. 342 vto. y 353 en causa 23/84) Huelga resaltar que de forma alguna se puede imputar un Homicidio culpable, desde que, conforme a lo previsto en el art. 18 del C. Penal solo esposible transitar dicho camino cuando nos encontremos frente a un hecho “en sí mismo jurídicamente indiferente se deriva un resultado que pudiendo ser previsto, no lo fue, por imprudencia, impericia, negligencia…”. Y evidentemente ello no ocurrió, desde que los apremios a los que fue sometido Roslik no eran precisamente hechos jurídicamente indiferentes, sino todo lo contrario, al constituirse en acciones delictivas per se.
En resumidas cuentas, ante un hecho de extrema gravedad como fue la muerte del Dr. Vladimir Roslik como consecuencia de los apremios físicos a los que fuera sometido, el imputado fue condenado por un Tribunal Militar (sin tomar declaración a los restantes detenidos, ni a los familiares) por un Homicidio culpable, a una pena de 2 años de penitenciaría y de ésta solo cumplió 4 meses y 18 días de reclusión. De esa forma, la situación de autos se adecua plásticamente a lo que la doctrina reconoce como cosa juzgada aparente o fraudulenta y con ello se habilita la obligación para los magistrados de su desconocimiento. Punto que será analizado en el capítulo FUNDAMENTOS DE LA CASACIÓN.
No obstante, volvamos sobre los cuestionamientos. La atacada justifica su actuación en el hecho que la condena de C. “no se impugnó pudiendo hacerse”. La pregunta que nos hacemos es ¿Quién podía impugnarla? Obviamente, no podían hacerlo las víctimas, quienes recién hoy a partir delas leyes 18.026 y 19.293, son sujetos procesales. Tampoco podía impugnarla el Ministerio Público (civil u ordinario) que no fue parte en el Proceso. Pues,en dicha instancia solo actuó un fiscal militar que era parte de todo el círculo de actores que daban apariencia de legitimación a una justicia que no era tal. Por ello reiteramos ¿Quién pudo impugnar tal sentencia?
Por último, en forma absolutamente innecesaria la hostilizada mezcla el aspecto penal, con lo acontecido en la Justicia contenciosa administrativa, al sostener “se realizó un juicio reparatorio ante el Juzgado de lo Contenciosos Administrativo por parte de los familiares”.¿Qué vínculo tiene una cosa con otra? ¿Desconoce el Tribunal la independencia de las acciones conforme a la Ley16.162? ¿O es que se quiere decir que como las víctimas fueron resarcidas económicamente por el Estado por su responsabilidad en la muerte del Dr.Roslik, carecen del Derecho de acceder a la Verdad y a la Justicia? Por ello, Gros Espiell, preocupado por la impunidad reinante en éstos países tras el retorno democrático, entre otras cuestiones atinentes a aquella afirmó, “No deben esos criminales impunes, contemplar como la cuestión se reduce al pago de una indemnización a las víctimas por parte del Estado, cuando el asunto llegue a ser objeto de una decisión internacional”. (Héctor GrosEspiell Responsabilidad internacional del Estado y responsabilidad pena lindividual en la protección internacional de los derechos humanos en Revista Derecho Universidad de Montevideo año 3 N° 6 año 2004 pág. 16).
5.- Cosa juzgada.En el presente numeral, la sentencia realiza dos citas del eximio Couture, que por cierto éste pretensor no cuestionará. Lo que cuestiona, es si dichas citas aplican al sub causae, si tienen uncorrelato normativo y si dicho instituto es de recibo en materia de crímenesde Lesa Humanidad.
Puntos que se analizarán en los siguientes numerales
.No obstante, no puede pasar por alto lo señalado por el propio Couture en una de las obras citadas por el Tribunal.Pues, el destacado profesor nacional, al estudiar la naturaleza de la cosa juzgada destacó, “Es verdad que en el sistema del derecho la necesidad de certeza es imperiosa; el tema de la impugnación de la sentencia no es otra cosa, como hemos procurado destacar, que una lucha entre exigencias de verdad y las exigencias de firmeza. Una manera de no existir el derecho sería la que no se supiera nunca en qué consiste. Pero la verdad es que aún siendo esto así, la necesidad de firmeza debe ceder, en determinadas condiciones, ante la necesidad de que triunfe la verdad. La cosa juzgada noe s de razón natural. Antes bien, la razón natural parecería aconsejar lo contrario: que el escrúpulo de verdad sea más fuerte que el escrúpulo de certeza; y que siempre en presencia de una nueva prueba o de un hecho fundamental antes desconocido, pudiera recorrerse de nuevo el camino andado para restablecer el imperio de la justicia”. (Eduardo J. Couture Fundamentos del Derecho Procesal Civil ed. Depalma Buenos Aires año1976 pág. 406)Y más adelante concluyó “La cosa juzgada es, en resumen, una exigencia política y no propiamente jurídica: no es de razón natural, sino de exigencia política”. (Fundamentos ob. cit. Pág. 407)6.- Inconstitucionalidad de la Ley 18.831, Doctrina de los actos propios.El presente numeral resulta el punto central de la línea argumental del AdQuem. Habida cuenta que -más allá de tratar puntos tangenciales- lo medular de su temperamento se focaliza en la vulneración del principio Non bis inidem.
No obstante, los cuestionamientos al principio Ne bis in idem serán analizados en el capítulo FUNDAMENTOS DE LA CASACIÓN.Ahora bien, en el marco del análisis de dicho principio, la hostilizada realiza ciertas puntualizaciones, que la Fiscalía entiende oportuno aclarar en ésta instancia. No se detendrá a analizar nuevamente el cuestionamiento realizado a uno de los integrantes del Tribunal (que por obvias razones jurídicas lo mantiene)quien no transitó el camino que la Fiscalía entendía era pertinente. Tampoco se pondrá mayor énfasis en lo que refiere al archivo provisional de un Presumario. Punto que fue aclarado en el numeral anterior. En razón de ello, pasará a analizar los restantes puntos tratados por el Tribunal.
a.- Inconstitucionalidad de la Ley 18.831 y prescripción.
Como forma de sostener su postura sobre la prescripción dispuesta en su sentencia N° 125/2014, el Tribunal hace expresa referencia a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la Ley 18.831.
En tal sentido sostuvo “también se acogió la defensa por los fundamentos que se indicaron en el fallo, los que centraban en la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley N° 18.831 para el caso concreto por parte de la Suprema Corte de Justicia lo que tornó en inaplicables a ese asunto sus disposiciones.”Pues bien, aún cuando parezca de Perogrullo señalarlo, es evidente que no se puede extrapolar lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia, en ocasión de resolver la inconstitucionalidad de la Ley 18.831. Y ello, por dos órdenes de razones eminentemente imbricadas.
En primer lugar, por cuanto ello no surge de las normas jurídicas que gobiernan el instituto de la inconstitucionalidad de la Ley. Pues bien, conforme a las previsiones del C.G.P. y de la propia Constitución,la declaración de inconstitucionalidad posee el efecto jurídico de declarar la inaplicabilidad de la Ley cuestionada al caso concreto. (art. 259 de laConstitución y art. 521 del C.G.P.) ¿Que conlleva ello? Pues, ni más ni menos, que la Ley 18.831 no podrá ser aplicada por los jueces o tribunales llamados a intervenir en el incidente de prescripción. Ergo, ésta no podrá ser considerada para sostener la imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad. Y hasta allí su alcance. En otras palabras, no se podrá argumentar la imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad mediante la Ley 18.831, pero sí, a partir de otros fundamentos jurídicos que abonen dicho temperamento. En tal sentido Vescovi fue muy claro “… la decisión de la cuestión planteada “incidenter tantum”, es una interlocutoria que no afecta al fondo de la litisque debe decidir el Juez” (Enrique Vescovi El proceso de Inconstitucionalidad de la Ley Cuadernos de la Facultad de Derecho año1967 pág. 224) A fortiori, lo debatido en ocasión del incidente de inconstitucionalidad, fue precisamente si la Ley 18.831 es o no constitucional.
A sensu contrario, en dicha instancia no estuvo en discusión si los crímenes eran de Lesa Humanidad o no y si éstos eran prescriptibles o no. Pues, de haber sido así, la Fiscalía habría expuestos sus razones en favor de la naturaleza de crímenes de Lesa Humanidad y su imprescriptibilidad. Luego, la Corporación resolvería dicha cuestión después de oír a las partes. Puesto que, de no proceder de esa forma, se vulneraría el Principio decontradicción “audiatur et altera pars” (sea oída también la otra parte) y en especial el “contra inauditam parten nihil possumus definire” (nada podemosdisponer contra la parte que no ha sido oída)
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