Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/acuerdo-1478-de-2002?documento=legcol&contexto=legcol_75992041d300f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-26 11:15:27+00:00

Document:
﻿ ACUERDO 1478 DE 2002
ACUERDO 1478 DE 03 DE JULIO DE 2002
CONTENIDO:RAMA JUDICIAL. SE ESTABLECE EL RÉGIMEN Y LA REMUNERACIÓN DE LOS AUXILIARES DE LA JUSTICIA.
VIGENCIA:DEROGADO POR EL ACUERDO 1518 DE 2002 ARTÍCULO 39 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
ACUERDO 1478 DE 2002
“Por medio del cual se establece el régimen y la remuneración de los auxiliares de la justicia”.
(Nota: Derogado por el Acuerdo 1518 de 2002 artículo 39 del Consejo Superior de la Judicatura).
Naturaleza del servicio de los auxiliares de la justicia
ART. 2º—Ámbito de aplicación. Este acuerdo se aplicará para la elaboración de la lista de auxiliares de la justicia que servirá ante la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, tribunales superiores y contenciosos administrativos y despachos judiciales del país.
PAR.—Cuando este acuerdo menciona la lista de auxiliares de la justicia, se entiende incluido el registro público de acciones populares y de grupo. Para este efecto, se seguirá el procedimiento general establecido y el especial que consagra el título VI de este acuerdo.
ART. 4º—Principios del servicio. Son principios que orientan el servicio de los auxiliares de la justicia la eficacia, responsabilidad, transparencia, lealtad, imparcialidad, independencia, buena fe y solvencia moral.
ART. 5º—Apertura. El primer día del mes de septiembre del año 2002, quedará abierto formalmente el proceso de inscripción de las personas, naturales o jurídicas, que tengan interés en formar parte de la lista de auxiliares de la justicia en los procesos civiles, contenciosos administrativos, laborales, agrarios, de familia, en las acciones populares y de grupo y en las actuaciones de índole civil en los procesos penales, en los términos previstos en el presente acuerdo.
3. Los términos de inscripción, verificación de requisitos, fijación del aviso a que alude el inciso primero del artículo 14 de este acuerdo, elaboración, publicación, objeciones y de aprobación e integración de la lista definitiva de auxiliares de la justicia.
PAR.—En el aviso se invitará a que se inscriban en la lista de auxiliares de la justicia, las academias y universidades reconocidas por el Gobierno Nacional, las autoridades públicas y los particulares a quienes se les haya atribuido o adjudicado función pública, que dispongan de soporte técnico, logístico, investigativo, personal o de apoyo que sirva para la práctica de pruebas en acciones populares, entidades que tengan el carácter de consultoras de éste, las universidades públicas, cámaras de comercio, bolsas de valores, lonjas de propiedad raíz, asociaciones de profesionales y de especialistas provistas de personería jurídica, bancos, compañías de seguros, asociaciones de unos y otros, comités de cafeteros, sociedades de agricultores, fondos ganaderos, establecimientos públicos, empresas comerciales e industriales del Estado, sociedades de economía mixta, institutos oficiales de investigación y otros similares.
ART. 7º—Solicitud. Durante el mes de septiembre a que alude el artículo 5º, toda persona que cumpla con los requisitos previstos en este acuerdo, podrá solicitar su inscripción ante la dirección seccional, oficina judicial, de apoyo, de servicios o de coordinación administrativa competente del distrito judicial donde aspire a ejercer la función y, en su defecto, ante cualquier despacho judicial. El interesado diligenciará el formulario elaborado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en el que indicará:
5. Experiencia comprobable, o curso de actualización o capacitación, cuando se requiera.
ART. 8º—Anexos de la solicitud. A la solicitud deberán anexarse fotocopias del documento de identidad, tarjeta profesional y certificado judicial; original de antecedentes disciplinarios vigente, según el caso, y prueba del cumplimiento de los requisitos generales y específicos señalados en el capítulo siguiente.
Si se trata de persona jurídica, además de los requisitos a que aluden los numerales 3º, 4º, 5º, 6º y 7º anteriores, en lo pertinente, señalará su nombre o razón social y acompañará prueba de su existencia, representación, objeto social y de los requisitos específicos contemplados en el capítulo siguiente. Así mismo manifestará que las personas naturales que designe para actuar en su nombre, cumplen los requisitos exigidos por la ley y este acuerdo.
ART. 11.—Requisitos para formar parte de la lista de auxiliares de la justicia. Para formar parte de la lista de auxiliares de la justicia se requiere:
1.1. Persona natural:
1.1.1. Ser mayor de edad.
1.1.2. No encontrarse dentro de las causales de no inclusión establecidas en el presente acuerdo.
1.1.3. No tener antecedentes penales ni disciplinarios, vigentes.
1.1.4. Tener título legalmente otorgado y reconocido, la experiencia mínima exigida y haber aprobado los cursos de actualización o capacitación, cuando se requiera.
1.2.1. No encontrarse la persona jurídica, ni sus administradores, en alguna de las causales de inhabilidad establecidas en la ley o de no inclusión del presente acuerdo.
2.1. Persona natural:
2.1.2. Si el cargo por materia o especialidad requiere determinados conocimientos técnicos o tecnológicos, acreditará el título correspondiente y experiencia mínima de dos años. Si no se tiene título, la experiencia mínima será de cinco años.
2.1.3. Si el cargo por materia o especialidad no requiere ningún título, acreditará idoneidad y una experiencia mínima de cinco años.
2.2. Persona jurídica.
2.2.1. Acreditará idoneidad y una experiencia mínima de dos años en el cargo por materia y especialidad para el cual se inscribe en la lista de auxiliares de la justicia o en el registro público de peritos de acciones populares y de grupo.
PAR.—Se acreditará la experiencia con certificaciones o constancias por servicios prestados, donde se especifique la actividad desarrollada, el tiempo de duración y la persona a la que se le prestó el servicio.
2.3. Secuestre.
2.4. Entidades públicas.
Las entidades públicas acreditarán el acto de su creación donde conste el cumplimiento de las funciones técnicas para el cargo por materia y especialidad para el cual se inscribe.
ART. 12.—Causales para no ser incluido en la lista de auxiliares de la justicia. No podrá ser incluido en la lista de auxiliares de la justicia:
1.3. Por sentencia ejecutoriada haya sido condenado por la comisión de cualquier hecho punible, excepto por delitos políticos o culposos.
1.4. Como servidor público, por sentencia ejecutoriada haya sido sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad general.
1.5. Esté suspendido o excluido del ejercicio de la profesión u oficio, mientras dure la suspensión u obtenga su rehabilitación.
1.6. Incurra en reiteradas conductas que atenten contra la moral pública.
1.7. Se encuentre bajo medida de aseguramiento que implique la privación de la libertad, o haya sido afectado con resolución de acusación, o su equivalente, debidamente ejecutoriada, excepto por delitos políticos o culposos.
1.8. No se encuentre domiciliado en el territorio jurisdiccional donde deba desempeñar sus funciones, según la lista de auxiliares de la justicia.
1.9. Haya entrado a ejercer empleo público mediante situación legal o reglamentaria.
2.1. No se encuentre legalmente inscrita y al día en sus obligaciones con la inscripción y el registro mercantil.
ART. 14.—Verificación y corrección de requisitos. La oficina competente para elaborar la lista, dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término de inscripción verificará, rigurosamente, el cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 7º, 8º y 11 de este acuerdo. Si faltaren, lo hará saber al solicitante mediante aviso que se fijará al día siguiente en un lugar público de la secretaría, por el término de cinco días, dentro del cual aquél deberá corregirlos ante la respectiva oficina.
De ser posible, el aviso se divulgará por la página electrónica de la rama judicial.
El cumplimiento del término de corrección de requisitos, se determinará con la fecha del envío de la documentación por correo o por cualquier medio electrónico de comunicación, si es el caso.
ART. 15.—Elaboración de la lista. Agotado el último término, dentro de los diez días siguientes la oficina competente elaborará la lista, así:
1. Se discriminará por municipios, conforme a la competencia territorial de la oficina que la elabora.
2. Individualizará los cargos por materia y especialidades con las personas inscritas, el nombre completo o razón social, identificación, dirección, teléfono(s), fax y correo electrónico, si los hubiere, en orden alfabético por apellido.
3. Agrupará en capítulo especial a los peritos de acciones populares o de grupo. En lo pertinente, se anotarán los datos exigidos en el artículo 34-4 de este acuerdo.
ART. 17.—Objeciones. Cualquier persona o autoridad podrá objetar la inclusión de un aspirante en la lista, cuando exista prueba de que se encuentra incurso en alguna de las causales de inhabilidad previstas en la ley o de no inclusión de este acuerdo.
También el solicitante podrá objetar su no inclusión, en ausencia de tales causales, siempre que hubiere cumplido con los requisitos para la inscripción.
ART. 18.—Presentación. Las objeciones se presentarán ante la oficina que elaboró la lista, dentro de los diez días siguientes al vencimiento de su publicación prevista en el artículo 16.
ART. 19.—Trámite y decisión. La oficina competente decidirá la objeción dentro de los tres días siguientes al recibo de la objeción, mediante acto susceptible únicamente del recurso de reposición, en los términos que establece el Código Contencioso Administrativo.
ART. 21.—Vigencia. La lista entrará a regir a partir del primer día del mes de enero siguiente a su integración definitiva y tendrá vigencia permanente.
ART. 23.—Actualización de la lista. Cada dos años, durante el mes de agosto, a partir del año 2004, la oficina competente actualizará la lista con nuevos aspirantes, mediante el procedimiento que establece el título II de este acuerdo, con excepción del aviso.
También, de acuerdo con las necesidades del servicio, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá actualizar el catálogo de cargos por materia y especialidad, según la dinámica de las ciencias, tecnologías y técnicas. Para este efecto se cumplirá lo previsto en el artículo 6º de este acuerdo.
2. Las de no inclusión señaladas en el artículo 12 de este acuerdo, si se configuran durante su vigencia.
3. Cuando el auxiliar de la justicia ejerza el cargo estando incurso en uno de los eventos de incompatibilidad señalados en el artículo 26 de este acuerdo.
ART. 25.—Nombramiento y comunicación. La designación de los auxiliares de la justicia se hará de la lista vigente conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, y se comunicará como éste lo determina o por los medios electrónicos disponibles.
3. Como persona jurídica, actúe como auxiliar de justicia por conducto de persona natural que se halle en las causales de exclusión previstas en el Código de Procedimiento Civil y en este acuerdo.
PAR.—La declaratoria de incompatibilidad y el relevo del auxiliar de la justicia se resolverá mediante el trámite incidental previsto para la exclusión.
ART. 27.—Responsabilidad disciplinaria. El funcionario judicial que conociendo oficialmente de una causal de exclusión de la lista de auxiliares de la justicia o a sabiendas de la existencia de una incompatibilidad efectúe un nombramiento, incurrirá en la falta disciplinaria prevista en el artículo 48 numeral 17 de la Ley 734 de 2002.
ART. 32.—Cancelación. Ejecutoriada la decisión que imponga la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia o del registro público de peritos de acciones populares y de grupo, el funcionario de inmediato informará a la oficina judicial correspondiente para que cancele la licencia. Igualmente cancelará las licencias que hayan perdido vigencia. Estas decisiones deberán comunicarse en forma inmediata a los despachos judiciales y a la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia por el medio más eficaz.
El auxiliar de la justicia excluido de la lista, deberá devolver la licencia, dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de la decisión judicial a la oficina que la expidió.
ART. 34.—Procedimiento para integración del registro. Para la integración del registro público de peritos de acciones populares y de grupo, se aplicará el proceso establecido en el título II de este acuerdo, teniendo en cuenta las siguientes disposiciones especiales:
3. Objeciones. Las objeciones a que alude el artículo 17 de este acuerdo, no se aplicarán a las personas naturales o jurídicas de carácter privado que se inscriban en el registro público de peritos de acciones populares y de grupo, y a quienes se les haya atribuido o adjudicado función pública o que sean consultoras del gobierno o universidades públicas, cuya inscripción es obligatoria.
5. Exclusión del registro. Además de las consagradas en el Código de Procedimiento Civil, constituye causal de exclusión del registro público de peritos de acciones populares y de grupo cuando no cumplen los deberes establecidos en el artículo 32 de la Ley 472 de 1998.
6. Causal de no inclusión. En lo pertinente, no será aplicable, la causal de no inclusión del numeral 1.9 del artículo 12 del presente acuerdo.
ART. 35.—Honorarios. Los honorarios de los auxiliares de la justicia constituyen una equitativa retribución del servicio público encomendado y no podrán gravar en exceso a quienes solicitan se les dispense justicia por parte del Poder Público.
ART. 36.—Criterios para la fijación de honorarios. El funcionario del conocimiento fijará, en la oportunidad procesal, con criterio objetivo, los honorarios causados por la intervención de los auxiliares de la justicia, con arreglo a la tarifa señalada en el presente acuerdo, individualizando la cantidad dentro de los límites que se le trazan, basado en la complejidad del proceso, la cuantía de la pretensión, la calidad del experticio, los requerimientos técnicos, científicos o artísticos propios del cargo, la naturaleza de los bienes y su valor.
ART. 37.—Modalidades. La remuneración de los auxiliares de la justicia se determinará según corresponda a las siguientes modalidades:
1. Procesos o asuntos con cuantía determinada o determinable.
2. Procesos o asuntos que no presentan cuantía, o que no obstante regirse por ésta la intervención del auxiliar no es inherente a ella.
ART. 38.—Procesos o asuntos con cuantía determinada o determinable. Con base en los criterios señalados en el artículo 36 del presente acuerdo, la remuneración de los auxiliares de la justicia en los procesos o asuntos con cuantía determinada o determinable, se regirá con sujeción a las siguientes reglas:
1. Curadores ad litem. Los curadores ad litem recibirán como honorarios al finalizar su labor, entre diez y cincuenta salarios mínimo legales diarios en los procesos de mínima cuantía; entre diez y cien salarios mínimos legales diarios en los de menor cuantía; y entre diez y trescientos salarios mínimo legales diarios en los de mayor cuantía.
Para este efecto, en caso de acumulación de pretensiones, se tendrá en cuenta el valor total de éstas para establecer la cuantía del proceso.
Si la labor del auxiliar se redujo a lo estrictamente necesario y no hizo acompañamiento del proceso, el juez podrá fijar honorarios, por debajo de la tarifa aquí establecida.
2. Partidores. Los honorarios de los partidores oscilarán entre el uno por ciento y el tres por ciento del valor total de los bienes objeto de la partición, de acuerdo con el avalúo señalado en el inventario aprobado en el proceso, sin que en ningún caso supere el equivalente a veinte salarios mínimo legales mensuales vigentes.
3. Liquidadores. Los honorarios de los liquidadores oscilarán entre el uno por ciento y el tres por ciento del valor objeto de la liquidación, sin que en ningún caso superen el equivalente a veinte salarios mínimo legales mensuales vigentes. Se podrá fijar remuneración parcial y sucesiva.
4. Traductores o intérpretes. Los traductores devengarán honorarios entre uno y cuatro salarios mínimo legales diarios por página y los intérpretes entre dos y diez salarios mínimo legales diarios, por hora.
5. Secuestres. El secuestre tendrá derecho por su actuación en la diligencia a honorarios entre dos y diez salarios mínimo legales diarios, aun cuando ésta no realice por causa no imputable a aquél.
Cumplido el encargo, aprobada y fenecida la cuenta de su administración y restituidos los bienes que se le confiaron, el secuestre tendrá derecho a remuneración adicional así:
a) Por alhajas de cualquier clase que reciban y toda suerte de bienes muebles que no exijan una activa y constante administración, entre el cero punto cinco por ciento y el tres por ciento del valor total de los bienes.
b) Por depósito de fincas urbanas entre el uno por ciento y el cinco por ciento de su ingreso neto.
c) Por administración de fincas rurales que no sean de naturaleza industrial o comercial, entre el uno por ciento y el ocho por ciento de su ingreso neto.
d) Por administración de establecimiento industriales o comerciales entre el uno por ciento y el cinco por ciento de su ingreso neto; pero si el secuestre ejerce solamente la función de interventor, esta suma se reducirá hasta dos y medio por ciento de tal ingreso.
e) Por administración de bienes productivos o de rentas entre el dos por ciento y el cinco por ciento de su ingreso neto.
f) Por depósitos de títulos de crédito, acciones, bonos o cédulas, CDT y demás documentos negociables, entre el uno por ciento y el tres por ciento de sus productos.
El funcionario de conocimiento podrá señalar remuneración parcial y sucesiva de la administración o interventoría, a solicitud del auxiliar y previo traslado a las partes.
Cuando los bienes que no sean productivos o sus productos sean exiguos, la remuneración se determinará consultando, además de los criterios señalados en el artículo 36 de este acuerdo, el esfuerzo del auxiliar de la justicia en la administración de los bienes, la responsabilidad asumida por él y la duración del cargo, dentro de los límites de diez a cincuenta salarios mínimo legales diarios vigentes.
1. Peritos: los peritos avaluadores devengarán la siguiente remuneración:
a) Si se trata de inmuebles localizados en suelo urbano, los honorarios se determinarán multiplicando el número de metros cuadrados del inmueble avaluado, por el valor del salario mínimo legal diario vigente y al total se aplicará el porcentaje que se estime, dentro de los siguientes tangos:
De 0 a 100 m 2 entre 15% y 20%
De 101 a 200 m 2 entre 13.5% y 18%
De 201 a 500 m 2 entre 12% y 15%
De 501 a 1.000 m 2 entre 10.5% y 12%
De 1.001 a 5.000 m 2 entre 6% y 7%
De 5.001 a 10.000 m 2 entre 3% y 4%
De 10.001 en adelante entre 1.5% y 4%
b) Si se trata de inmuebles localizados en suelo diferente al urbano, los honorarios se determinarán multiplicando el número de metros cuadrados del inmueble evaluado, por el valor del salario mínimo legal diario vigente y al total se aplicará el porcentaje que se estime, dentro de los siguientes rangos:
De 0 a 2.000 m 2 entre 1.5% y 1.6%
De 2.001 a 5.000 m 2 entre 1.6% y 1.7%
De 5.001 a 10.000 m 2 entre 0.5% y 0.6
De 10.001 a 20.000 m 2 entre 0.3% y 0.4%
De 20.001 a 50.000 m 2 entre 0.17% y 0.18%
De 50001 a 100.000 M 2 0.10% y 0.12%
De 100.001 a 500.000 M 2 entre 0.06% y 0.065%
De 500.001 en adelante entre 0.06% y 0.068%
c) En todo caso y con sujeción a lo previsto en el artículo 36 de este acuerdo, los honorarios resultantes de multiplicar el número de metros cuadrados del inmueble evaluado, en ningún caso podrán superar la suma equivalente a veinte salarios mínimo legales mensuales vigentes.
d) Si se trata de bienes muebles, los honorarios de determinarán bajo las siguientes tarifas:
En avalúos hasta de diez millones de pesos ($ 10.000.000) entre cero punto cinco por ciento y uno punto cinco por ciento de avalúo.
En avalúos de diez millones un pesos en adelante, entre cero punto cinco por ciento y uno por ciento del avalúo, sin en ningún caso y con sujeción a lo previsto en el artículo 36 de este acuerdo, supere el equivalente a veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes.
7. Interés para recurrir en casación. Los peritos avaluadores designados para estimar el interés para recurrir en casación, devengarán honorarios entre veinticinco y ciento cincuenta salarios mínimo legales diarios.
ART. 39.—Procedimiento para rendir el dictamen. Los peritos para rendir su dictamen deberán seguir los procedimientos técnicos establecidos por el Instituto Agustín Codazzi.
ART. 40.—Procesos o asuntos que no presentan cuantía, o que no obstante ésta la intervención del auxiliar no es inherente a ella.
1. En los procesos o asuntos que no presentan cuantía, o que no obstante ésta la intervención del auxiliar de la justicia no es inherente a ella, los honorarios se tasarán, tratándose de peritos avaluadores, secuestres y traductores por las tarifas señalas en el artículo 38, en lo pertinente.
2. Si se trata de dictámenes periciales distintos de avalúos, los honorarios se tasarán teniendo en cuenta la naturaleza del servicio del auxiliar y del asunto o proceso, la complejidad del dictamen, el respaldo científico, académico y técnico exigido al perito, la calidad del experticio y la importancia del trabajo, sin que superen la suma de quince salarios mínimos legales mensuales.
3. Curadores ad litem. Los curadores ad litem recibirán como honorarios al finalizar su labor y con sujeción a los criterios señalados en el artículo 36 de este acuerdo, entre diez y cincuenta salarios mínimos legales diarios en los procesos de única instancia y entre diez y trescientos salarios mínimo legales diarios en los de doble instancia.
4. Curadores especiales y curadores ad hoc. El curador especial a que alude el artículo 169 del Código Civil y el curador ad hoc de que trata el artículo 23 de la Ley 70 de 1931, recibirán como honorarios entre diez y veinticinco salarios mínimo legales diarios.
ART. 41.—Expertos en conocimientos. Cuando se requieran expertos en conocimientos muy especializados, podrán señalarse honorarios sin limitación alguna y de manera excepcional, según su prestancia y demás circunstancias del caso y bajo los criterios señalados en el artículo 36 de este acuerdo.
ART. 42.—Reconocimiento de expensas. Los honorarios de los auxiliares de la justicia se tasarán sin perjuicio del reconocimiento de los gastos y viáticos que por razón del encargo les corresponde conforme a la ley, los cuales en todo caso, deberán acreditarse por los medios idóneos.
ART. 43.—Deberes del funcionario judicial. Es debe del funcionario judicial aplicar los mecanismos que le otorga la ley para garantizar la transparencia y excelencia en la prestación del servicio de los auxiliares de la justicia, y fijar los honorarios con sujeción a los criterios establecidos en este acuerdo, de modo que su remuneración constituya una equitativa retribución del servicio público encomendado.
ART. 44.—El presente acuerdo rige a partir de su publicación en la Gaceta de la Judicatura y el Diario Oficial.
Dado en Bogotá, D.C. a 3 de julio de 2002.

References: ARTÍCULO 39
 artículo 39
 artículo 14
 artículo 5
 resolución 
 artículo 34
 artículo 16
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 26
 artículo 48
 artículo 17
 artículo 32
 artículo 12
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 38
 artículo 36
 artículo 169
 artículo 23
 artículo 36