Source: http://civil.udg.es/normacivil/TSJC/98/STSJC19980403b.htm
Timestamp: 2017-10-17 03:38:33+00:00

Document:
Sentència de 3 d'abril de 1998
de 3 d'abril de 1998, núm. 6/1998 (Sala Civil i Penal)
Visto por la x1 Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los magistrados al margen expresados, el recurso de casación contra el auto de fecha 6 de octubre de 1997 dictado en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de L., como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de L., cuyo recurso fue interpuesto por D.ª X1 , representada por el procurador Sr. Ángel Joaniquet Ibarz y defendida por el Letrado D. José M.ª Valentín Requena y por D. X2 , representado por el procurador Sr. Arturo Cot Montserrat y defendido por el Letrado D. José Luis Rodríguez Ros; siendo parte recurrida el Ayuntamiento de Lleida, representado por el procurador Sr. Luis Pérez de Olaguer y defendido por el letrado D. Jesús M.ª Villafranca San Agustín.
Primero.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Lleida, dictó en su día sentencia que adquirió firmeza en la que se declaraba que la finca registral núm. 00000 era propiedad de la Sra. X1 y que el Sr. X2 tenía que restituirle su posesión y entregarle los frutos producidos. Mediante escrito presentado por la procuradora de D.ª María Josefa S. se abrió el incidente de liquidación de condena ilíquida, concediendo a X2 un plazo para que presentase escrito de liquidación, que presentó dentro del segundo término concedido al mismo. De dicho escrito se dió traslado a la parte contraria, quien lo impugnó. Se abrió el incidente a prueba y se practicaron las que propusieron las partes y que fueron declaradas pertinentes, cuyo resultado consta en autos. Con fecha 12 de febrero de 1997, el Juzgado dictó auto cuya parte dispositiva es como sigue: «Disposo: Que la Sra. X1 serà restituïda en la possessió de la finca registral núm. 00000, incloent-ho les construccions que hi ha, sempre que prèviament pagui, fianci o consigni judicialment en favor del Sr. X2 la quantitat de divuit milions dues-centes vuitanta-sis mil sis-centes quaranta-sis pessetes (18.286.646), sense que el X2 li hagi de reintegrar cap quantitat pels fruits que n’ha percebut atès la compensació realitzada amb el total del seu dret de retenció. A l’ensems, cada part haurà de satisfer les costes causades a instància seva en aquest incident i les comunes per meitat; que el Sr. Secretari lliuri manament de devolució en favor del X2 de les quantitats consignades; lliureu-li les claus de la nau dipositades en aquesta secretaria amb l’advertiment que no podrà realitzar interlocutòries d’administració o gravamen sobre cap de les naus ni sobre la finca pel fet que pertanyen a X1».
Segundo.- Por la representación de X2 se presentó escrito solicitando aclaración del auto dictado y con fecha 24 del mismo mes de febrero, el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Lleida, dictó auto de aclaración cuya parte dispositiva es la siguiente: «Dispongo: Aclarar el auto de fecha 12 de febrero de 1997, en el sentido que los actos de administración citados en él se refieren a constitución de cargas, gravámenes de naturaleza real, arrendamientos, etc.».
Tercero.- Contra el auto de fecha 12 de febrero de 1997, por la representación procesal del actor D. X2 y por la representación procesal de la demandada D.ª X1 se interpuso recurso de apelación en un solo efecto, que fue admitido, siendo parte apelada el Ayuntamiento de Lleida y, sustanciada la alzada, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida, dictó auto con fecha 6 de octubre de 1997, cuya parte dispositiva es como sigue: «Estimamos en parte los recursos de apelación interpuestos por las representaciones de D. X2 y de D.ª X1 contra la resolución dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de esta ciudad, revocándola parcialmente en el sentido de que la cantidad que la X1 deberá satisfacer a X2 para entrar en posesión de las naves es la de cuarenta y cuatro millones setecientas setenta y siete mil doscientas dieciseis (44.777.216) pesetas, sin imposición de costas en ninguna de las instancias». Presentado dentro de plazo por la representación de la parte demandada-apelante D.ª X1 escrito solicitando la aclaración de la anterior resolución, con fecha 17 de octubre de 1997 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida, dictó auto aclarando la última resolución dictada, cuya parte dispositiva dice: «Se aclara la parte dispositiva del auto de fecha 6 de octubre de 1997 en el sentido de que la cantidad que debe satisfacer X1 a X2 es la de cuarenta y cuatro millones trescientas veintisiete mil doscientas cuarenta y seis (44.327.246) pesetas».
Cuarto.- Contra los autos de fecha 6 de octubre de 1997 y el aclaratorio de 17 del propio mes y año, dictados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida, el procurador D. Ángel Joaniquet Ibarz, en nombre y representación de D.ª X1 interpone recurso de casación, que funda en el siguiente motivo: Único. Al amparo del núm. 2 del art. 1687 de la LEC, por haberse resuelto en contradicción de lo ejecutoriado. También el procurador D. Arturo Cot Montserrat, en nombre y representación de D. X2 interpuso recurso de casación contra los mencionados autos, basándose en los siguientes motivos: 1.º Al amparo del art. 1687 apartado 2 de la LEC, se denuncia haberse resuelto sobre puntos sustanciales no controvertidos en el pleito con infracción del cuerpo de jurisprudencia sobre el instituto de la accesión invertida; 2.º Al amparo del art. 1687 apartado 2 de la LEC, se denuncia haber resuelto con contradicción de lo ejecutoriado al decretarse atribución compensatoria de frutos civiles (no los naturales que hubiera podido producir la finca rústica secana) a favor de la demandada reconviniente, mediante el establecimiento de una proporción entre el valor del terreno y el valor de las naves y aplicarla a las rentas en 1.718.430 Ptas, en el auto de 6 de octubre de 1997, y como consecuencia del auto de aclaración subsiguiente, del día 17, en 2.168.400.Ptas., comportando que tal atribución represente que la cantidad que debe satisfacer al x2 la x1 es de 44.327.246 Ptas., en lugar de las 44.777.216, infringiéndose con ello lo dispuesto en el art. 278 de la Compilación de derecho civil de Cataluña, al haberse reconocido y declarado «que está debidamente acreditado que X2 es un poseedor de buena fe que ha empleado allí un capital en la construcción de las naves»; 3.º Al amparo del art. 1687 apartado 2 de la LEC, se denuncia haber resuelto sobre puntos sustanciales no controvertidos en el pleito con infracción del principio de seguridad jurídica al no haberse fijado plazo temporal expreso para que X1 se haga cargo de los edificios, previo pago de la indemnización, y sino lo hiciere la misma, se conceda a X2 no la facultad de indemnizar a X2 por el precio del valor del suelo, deviniendo propietario del mismo; y, 4.º Al amparo del art. 1687 apartado 2 de la LEC, se denuncia haber resuelto sobre puntos sustanciales contradiciendo lo ejecutoriado.
Quinto.- Admitido el recurso y evacuado el trámite de impugnación, se señaló para la vista el día diecinueve de los corrientes, en que tuvo lugar.
Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis M.ª Díaz Valcárcel.
Primero.- El recurso de casación contra los autos dictados en apelación, en el procedimiento para la ejecución de sentencias (art. 1687.2 de la Ley de enjuiciamiento civil) tiene una naturaleza jurídica excepcional que desborda la función nomofiláctica de la casación estricta y lo asemeja, por su contenido, a un recurso de exceso de poder encaminado a determinar si la resolución recurrida se ajusta o no a la sentencia que puso fin al debate. Como ha dicho la jurisprudencia –así, Sentencia de 28 de noviembre de 1980– este recurso excepcional tiene un significado limitativo, sin posibilidad de interpretaciones extensivas ni analógicas al socaire de una lícita función interpretativa. De acuerdo con la regulación legal, el recurso establecido en el art. 1687.2 de la Ley de enjuiciamiento civil sólo cabe cuando la sentencia firme que se ejecuta ha recaído en uno de los juicios a que se refiere el núm. 1 del mismo artículo, a saber: procesos relativos a filiación, paternidad, maternidad, capacidad y estado civil de las personas, procesos en que la cuantía litigiosa exceda de seis millones de pesetas y procesos en que la cuantía sea instimable o no haya podido determinarse ni aún en forma relativa por las reglas que se establecen en el art. 489, excepto los supuestos en que las sentencias de apelación y de primera instancia sean conformes de toda conformidad. Planteado el problema de si las causas impeditivas del recurso de casación art. 1687.2 –conformidad de las resoluciones o cuantía no superior a seis millones de pesetas– deben concurrir en la resolución principal del pleito, en la resolución que se recurre o en ambas, el Tribunal Supremo se inclina por la primera hipótesis. Así, X1 Primera exige, para que pueda admitirse el recurso de casación contra el auto de la Audiencia dictado en fase de ejecución, que hubiera sido posible el recurso de casación contra la resolución recaída en el proceso principal cuya firmeza determina la ejecución; doctrina refrendada por el Tribunal Constitucional en sentencias 231/91 y 199/94. El auto del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1995 (recurso n.º 913/94, ponente Almagro Norete) dice en su fundamento jurídico primero que «es criterio reiteradísimo de esta Sala (autos del Tribunal Supremo 24-2-89, 22-10-93, 25-11-93 y 21-7-94, entre otros muchos), refrendado por el Tribunal Constitucional (Sentencias 231/91 y 199/94), que la excepcional modalidad de recurso de casación contra resoluciones dictadas en procedimiento de ejecución de sentencias a que se refiere el núm. 2 del art. 1687 de la Ley de enjuiciamiento civil solamente cabe si la sentencia en trance de ejecución recayó en alguno de los procesos contemplados en su núm. 1, esto es, en un juicio de mayor cuantía o en uno de los de menor cuantía con acceso a su vez a la casación». En el fundamento jurídico tercero cita como precedente el auto de 7-12-94 (recurso de queja 2844/94) que deniega el acceso a la casación por ser la cuantía del juicio declarativo inferior a seis millones de pesetas aunque la cantidad fijada en ejecución fuera superior, congruentemente con el criterio de esta X1 de distinguir entre el valor o interés económico de la demanda, determinante de la cuantía litigiosa, y el coste de la ejecución. En el fundamento cuarto concluye que «aplicando cuanto antecede al recurso examinado bien clara resulta su inadmisibilidad conforme al art. 1710.1.2 en relación con los arts. 1697 y 1687, todos de la Ley de enjuiciamiento civil, pues si se atiende a la cuantía del pleito, ésta fue de 5.602.562 PTA (primer otrosí de la demanda), inferior al límite de seis millones de pesetas aplicable para determinar si el juicio de menor cuantia tenía o no acceso a casación (art. 1687.1 c) LEC). Y si se prescindiera de este dato entendiendo que en realidad la cuantía del juicio fue indeterminada por haberse diferido su concreción al período de ejecución de sentencia por los propios órganos jurisdiccionales, entonces resulta que el acceso del juicio declarativo a la casación está vedado por la excepción final del art. 1687.1 b) de la Ley de enjuiciamiento civil, al haber sido las sentencias de ambas instancias conformes de toda conformidad».
Segundo.- Examinadas las actuaciones aparecen los siguientes datos: 1.º En la demanda inicial formulada por D. X2 se hace constar expresamente (hecho quinto) que la cuantía del litigio es la de un millón ochocientas mil pesetas, valor que se asigna a la finca discutida. 2.º El escrito de contestación articulado por D.ª X1 nada dice respecto a la cuantía. En el mismo escrito se reconviene postulando la reivindicación de la mencionada finca y entrega de frutos que no se cuantifican. 3.º La sentencia del Juzgado (22 de mayo de 1996) y la de la Audiencia (31 de julio de 1996) son conformes de toda conformidad. Ninguna de las partes intentó recurrir en casación. 4.º El recurso interpuesto ahora por la X1 alega que la demanda principal y la reconvencional tratan del ejercicio de acciones reales sobre un bien inmueble y que, por tanto, la cuantía no puede ser inferior al valor asignado a la finca por la Hacienda pública a efectos tributarios, que es el de 27.634.385 PTA. 5.º X2 , en su recurso, nos dice que si bien la finca fue comprada el 30 de noviembre de 1987 al y1 en 460.000 PTA se fijó la cuantía del pleito en 1.800.000 PTA, «cuantía que no fue impugnada por la demandada». Asimismo nos dice que la sentencia dictada por la Audiencia no pudo ser recurrida en casación «por no alcanzar la cuantía del objeto litigioso el importe señalado en la Ley de enjuiciamiento civil»; si bien entiende el recurrente que en fase de ejecución, y según resulta del auto recurrido, «el interés del asunto o cuantía» ha devenido muy superior a los 6.000.000 PTA. Finalmente, en el escrito de contestación, la propia parte cita en apoyo de su tesis de que X1 aceptó la cuantía de 1.800.000 PTA el hecho de que su letrado se habilitara en el Colegio de Abogados de Lleida únicamente por tal cuantía.
Tercero.- Lo mismo si se acepta que la cuantía de la litis es la expresamente fijada en la demanda, de un millón ochocientas mil pesetas (art. 490 de la Ley de enjuiciamiento civil) que si se considera inestimable por la petición de abono de frutos contenida en la reconvención, y habida cuenta que las sentencias de primera instancia y la de apelación son conformes de toda conformidad, es patente que contra la sentencia principal no cabía la interposición del recurso de casación, como efectivamente no se intentó. Aplicando la doctrina jurisprudencial antes expuesta al caso que nos ocupa resulta incuestionable que si la sentencia definitiva de la Audiencia era irrecurrible en casación también lo será el auto dictado en fase de ejecución; y si los recursos formulados fueron admitidos a trámite deben ahora ser desestimados. Digamos, finalmente, que el valor atribuído a la finca a efectos tributarios no se encuentra en los autos principales sino en el folio 197 del testimonio de particulares aportado por la parte demandada-apelante (aquí recurrente) y aparece referido al año 1996, es decir, posteriormente a la presentación de la demanda que es de fecha 25 de septiembre de 1995.
Cuarto.- Siendo ambos litigantes los que han interpuesto recurso de casación no procede hacer expresa imposición de las costas causadas en esta alzada.
Que debemos desestimar y desestimamos los recursos de casación interpuestos por D.ª X1 y por D. X2 contra el auto dictado por la Audiencia de Lleida el 6 de octubre de 1997 (aclarado el 17 del propio mes y año), sin hacer expresa imposición de las costas de la alzada.
Así por ésta, nuestra sentencia, lo acordamos, mandamos y firmamos.

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