Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/nov/20191128-I.html
Timestamp: 2020-08-14 15:27:03+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5412-I, jueves 28 de noviembre de 2019
Desde la tribuna, de la ciudadana Martha Alicia López Gallegos, en el marco de la celebración de 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas
De los diputados Pablo Guillermo Angulo Briceño, Anilú Ingram Vallines, Jacquelina Martínez Juárez, Claudia Pérez Rodríguez, Raquel Bonilla Herrera, María de los Ángeles Ayala Díaz, Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, Olga Patricia Sosa Ruiz, Laura Martínez González, Lucía Flores Olivo, Édgar Eduardo Arenas Madrigal, Dulce María Corina Villegas Guarneros, Mónica Bautista Rodríguez y Edith García Rosales, por las que solicitan el retiro de iniciativas
De la Secretaría de Bienestar, por la que remite el tercer informe trimestral del uso de los recursos por estado y municipio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social correspondiente a 2019
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el informe bimestral sobre la ejecución de los programas y las actividades gubernamentales correspondiente al quinto bimestre del ejercicio fiscal de 2019
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a regular el conflicto entre agricultores por el uso de cañones antigranizo en Jalisco a fin de sentar un precedente sobre futuros conflictos similares a escala nacional
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para que libere los recursos del Fonden ante los efectos devastadores del huracán Narda y el inminente auxilio a la población en riesgo
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a fortalecer los programas destinados a la detección y el tratamiento oportunos de cáncer en niños y adolescentes
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a regularizar las concesiones de transporte público, y garantizar la integridad y seguridad de los usuarios
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a cumplir los convenios de apoyo financiero para que los recursos propios de las universidades tecnológicas y politécnicas no se consideren aportaciones estatales
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de reconocer el desplazamiento forzado en las entidades federativas, los riesgos a que se encuentran expuestos los habitantes de éstas y el registro de víctimas de desplazamiento forzado para que puedan tener acceso a la reparación integral del daño considerada en la ley general respectiva
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a implantar acciones encaminadas a erradicar el ciberacoso en las escuelas públicas y las privadas
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a garantizar el abastecimiento y el derecho humano al acceso, la disposición y el saneamiento de líquido para consumo personal y doméstico en Iztapalapa, Ciudad de México, en época de estiaje
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante la cual remite contestación de la alcaldía de Magdalena Contreras, al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de exhortar a los municipios a incluir en su normativa medidas respecto a la obstrucción de la vía pública y de la libertad de tránsito mediante objetos, vehículos o señalizaciones para reservar espacios de estacionamiento
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante la cual remite contestación de la alcaldía de Azcapotzalco, al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de exhortar a los municipios a incluir en su normativa medidas respecto a la obstrucción de la vía pública y de la libertad de tránsito mediante objetos, vehículos o señalizaciones para reservar espacios de estacionamiento
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante la cual remite contestación de la alcaldía de Álvaro Obregón, al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de exhortar a los municipios a incluir en su normativa medidas respecto a la obstrucción de la vía pública y de la libertad de tránsito mediante objetos, vehículos o señalizaciones para reservar espacios de estacionamiento
Del Congreso de Baja California Sur, mediante la que remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para que las legislaturas locales armonicen su marco legal de acuerdo con la atención, el cuidado y el desarrollo integral infantiles
Del Congreso de Hidalgo, mediante la que remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para que las legislaturas locales armonicen su marco legal de acuerdo con la atención, el cuidado y el desarrollo integral infantiles
Del gobierno del estado de México, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para implantar operativos contra la tala ilegal en Xalatlaco, Ocuilan, Ocoyoacac y demás municipios de la zona sureste de la entidad e informar sobre los resultados obtenidos en las tareas de vigilancia e inspección en los bosques locales
Del gobierno del estado de México, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para exhortar a los gobernadores y los congresos locales a promover la creación de ordenamientos protectores de los usuarios de medios de transporte no motorizados
Del gobierno de Tamaulipas, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para impulsar un programa de realización de prácticas profesionales y servicio social de medicina, enfermería y trabajo social dirigido a comunidades con vulnerabilidad social
De la Secretaría de Salud de Hidalgo, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para impulsar un programa de realización de prácticas profesionales y servicio social de medicina, enfermería y trabajo social dirigido a comunidades con vulnerabilidad social
Del gobierno de Guerrero, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de reconocer el desplazamiento forzado en las entidades federativas, los riesgos a que se encuentran expuestos los habitantes de éstas y el registro de víctimas de desplazamiento forzado para que puedan tener acceso a la reparación integral del daño considerada en la ley general respectiva
Del gobierno del estado de México, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de reconocer el desplazamiento forzado en las entidades federativas, los riesgos a que se encuentran expuestos los habitantes de éstas y el registro de víctimas de desplazamiento forzado para que puedan tener acceso a la reparación integral del daño considerada en la ley general respectiva
De la Fiscalía General de la República, con la que remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para combatir el rezago en la investigación de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y garantizar la indagación
De la Fiscalía General de Nayarit, mediante la que remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para combatir el rezago en la investigación de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y garantizar la indagación
De la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático de Campeche, por la que remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de establecer un plan conjunto de acción para mitigar el efecto del sargazo en las economías estatales
Del Congreso de Baja California Sur, con proyecto de decreto por el que se adicionan el artículo 44 Bis y el capítulo IV Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Del Congreso de Jalisco, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el artículo 1 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio
La importancia de la lengua maternaen el corazón de la Sierra Madre de Chiapas
Mi nombre es Martha Alicia López Gallegos, descendiente de la cultura mochó, heredera de una gran cultura llena de sabiduría, tradición, alma y espíritu. Estamos ubicados en la Sierra Madre del estado de Chiapas; lugar repleto de colores, aromas, sabores y bellezas que solamente la naturaleza nos puede proporcionar.
Mi padre es Fausto López Martínez, sabio, luchador incansable y defensor de las tradiciones, de la lengua materna, la partería, la medicina tradicional y los conocimientos ancestrales trasmitidos de generación en generación hasta nuestros días. Es por ese motivo, “la defensa de mi pueblo Mochó”, que estoy frente a ustedes.
Hoy se marca un precedente para la cultura mochó de Chiapas, estoy aquí, compartiendo la memoria colectiva de los abuelos y abuelas, médicos tradicionales (hierberos y parteras), compañeros que cultivan el maíz, que cuidan la tierra y la respetan. Soy la voz de los casi cien compañeros Mochó, niños, jóvenes, adultos y abuelos que nos resistimos a dejar morir nuestra lengua, nuestra memoria.
Expreso a tan distinguido público que, antes de ser diputados, son hermanos descendientes de la gloria de haber nacido en esta gran nación llamada México; quiero decirles que estoy muy triste porque estamos desapareciendo, estamos en peligro de extinción, quedamos en promedio 100 personas en toda la región de la Sierra de Chiapas que hablamos el Mochó. Nuestras parteras ya no ejercen más tan noble trabajo, nuestras tradiciones han perdido la fuerza y las nuevas generaciones, el interés. Los motivos de esto son muchos, entre ellos:
La discriminación y el racismo por pertenecer a un pueblo indígena.
No existen escuelas bilingües que permitan generar modelos de enseñanza-aprendizaje en lengua Mochó ni en otra lengua.
La migración de nuestros hermanos por falta de oportunidades laborales.
Falta de apoyos de parte del gobierno a los pueblos originarios e indígenas de cada estado, y
La pérdida de interés en la lengua y memoria histórica colectiva por parte de las nuevas generaciones.
Quiero que se respete la sabiduría y la palabra de los abuelos, que sean tomados en cuenta en la política pública cultural para que, por los medios necesarios, trasmitan sus conocimientos a las nuevas generaciones.
Vengo a presentarme ante ustedes como ciudadana, indígena, madre e hija, como hablante de la lengua de mis abuelos y abuelas. También vengo a presentarme ante ustedes como mis hermanos de sangre, para que volteen a vernos como pueblo Mochó, y no solamente a nosotros, sino a todos los descendientes de la Madre Tierra, a todo aquel indígena, a todo pueblo étnico, para que tengamos mayores oportunidades de vida y mejores oportunidades laborales.
Gracias por escuchar mi palabra, por ser partícipe de este momento en que una Mochó está aquí, frente a todos ustedes, porque esto no sucede todos los días.
Dios bendiga a mi pueblo mochó, Dios bendiga a cada uno de ustedes.
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2019
Con fundamento en el numeral 2, del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, misma que fue presentada por un servidor y registrada en el ODD 282/08/0ct (1).
Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
Agradeciendo la atención a la presente, reciba un cordial saludo.
Diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (rúbrica)
Palacio Legislativo a, 26 de noviembre de 2019.
Por medio de la presente y de conformidad con el artículo 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito respetuosamente sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto “Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”, presentada por la que suscribe diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institucional. Asimismo hago mención que la iniciativa se encuentra en la Gaceta Parlamentaria, número 5387-VII, del martes 15 de octubre de 2019 (2648).
Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, reciba un cordial saludo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, así como también solicitarle de la manera más atenta que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto con el que se reforma el artículo 43 Ter y el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y se adiciona un tercer párrafo al artículo 154 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que fue turnada a la Comisión de Vivienda para su dictamen.
Lo anterior debido a diversos cambios que quiero adicionar.
Diputada Jacquelina Martínez Juárez (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de noviembre de 2019.
La suscrita, diputada Claudia Pérez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito de la manera más atenta y respetuosamente, el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, presentada el 30 de abril de 2019.
Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Diputada Claudia Pérez Rodríguez (rúbrica)
Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2019.
Cámara de Diputados, LXIV Legislatura
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted el retiro de la siguiente iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 8 de abril de 2019, número 5252-II, la cual fue turnada a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad:
Proyecto de decreto que expide la Ley General para la Coordinación, Planeación y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas. (1492)
Asimismo, solicito que se realicen los trámites conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.
Por medio de la presente le envío un cordial saludo y a su vez con base en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 94 y 95 de la Ley del Seguro Social y 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, presentada ante el pleno el martes 30 de abril del presente año y turnada a la Comisión de Seguridad Social, con opinión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Sin otro en particular, le envío un cordial saludo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre del 2019.
Quien suscribe, diputado federal Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, en razón del artículo 77, numerales 2 y 3, solicito que sea retirada la iniciativa que a continuación se enlista, de la comisión ordinaria a la que fue turnada, en virtud de que el plazo para dictaminar se cumple el próximo 29 de los corrientes:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso N) a la fracción I del artículo 4 y se adiciona el capítulo III Bis, “De las adolescentes embarazadas”, a la Ley de Asistencia Social.
Sin más, me reitero a sus órdenes.
Diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica)
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted el retiro de las siguientes iniciativas:
• Con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 y adiciona el 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el Fondo de Aportaciones para la Promoción y Desarrollo Turístico de las Entidades Federativas y los Municipios.
• Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, presentada el 30 de abril de 2019, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Ambas iniciativas son retiradas, con el compromiso de continuar trabajando en la materia con la asesoría de las comisiones y sus secretarías técnicas.
Agradezco tenga a bien girar las debidas instrucciones a quien corresponda para la atención a la presente.
Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración o duda al respecto.
Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)
Por este conducto solicito atentamente, sea retirada la iniciativa que reforma los artículos 6o. y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la suscrita en el segundo periodo legislativo del primer año, el 26 de febrero del presente año.
Diputada Laura Martínez González (rúbrica)
Palacio Legislativo, a 26 de noviembre de 2019.
Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a usted sea retirada mi iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley General de Protección Civil que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria con fecha 3 de octubre de 2019.
Sin otro particular de momento, agradezco la atención a la presente, reiterándole mi más alta y distinguida consideración.
Diputada Lucía Flores Olivo (rúbrica)
Por medio de este conducto, solicito de la manera más atenta gire sus amables instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de poder retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41, párrafo cuarto y 44, párrafo quinto, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de créditos hipotecarios, conforme a lo establecido en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Agradeciendo de antemano la atención que brinde a la presente, le envió un cordial y afectuoso saludo.
Diputado Édgar Eduardo Arenas Madrigal (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre 2019.
Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que sea retirada mi iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 66 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objeto de establecer mecanismos de protección, prohibición y aprovechamiento de diversas especies destinadas exclusivamente a la pesca deportivo-recreativa, presentada el 10 de abril del presente y registrada en la Gaceta Parlamentaria con el número 5254-III.
Sin más por el momento agradezco su atención, le envió un cordial saludo y mi reconocimiento por su buena labor a cargo de la Mesa Directiva de esta Cámara.
Diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros (rúbrica)
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle respetuosamente gire sus precisables instrucciones a quien corresponda, a fin de que sea retirada de la Comisión de Derechos Humanos, la iniciativa que lleva por título: Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentada por la suscrita, en mi calidad de diputada perteneciente al Grupo Parlamentario del PRD.
Agradeciéndole de antemano su atención a la presente, reciba usted mis saludos más cordiales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 26 de noviembre, 2019.
Reciba un cordial saludo al tiempo que le solicito de la manera más atenta, instruya a quien corresponda, a efecto de que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley General de Sociedades Cooperativas, de la cual soy promovente, y que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve.
Mencionada petición la formulo, con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ya que lamentablemente fenece el plazo para su dictaminación sin que esta se haya efectuado.
Agradeciendo anticipadamente la atención que brinde al presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Diputada Edith García Rosales (rúbrica)
Ciudad de México, a 28 noviembre de 2019.
-Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, y de la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión.
“Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen, y a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para opinión.”
-Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley de Asociaciones Público Privadas, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena, el 31 de octubre de 2019.
“Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la Comisión de Gobernación y Población, para opinión.”
Le saludo cordialmente, al tiempo y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, me permito enviarle en disco compacto los informes por estado y municipio del uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) correspondiente a lo reportado en el tercer trimestre de 2019, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dichos informes se encuentran desglosados por cada uno de los subfondos que componen el FAIS: el Fondo para la Infraestructura Social Estatal y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que son reportados por las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SRFT, administrado por dicha dependencia.
Los informes señalados se encuentran disponibles en la página electrónica de la Secretaría de Bienestar en la siguiente liga: https://www.gob.mx/bienestar/documentos/fondo-de-aportaciones-para-la-i nfraestructura-social-fais
Sin otro particular, quedo de usted, asegurándole mis más sinceras consideraciones.
Eduardo Salvador Beltrán Zapata (rúbrica)
Director General de Desarrollo Regional
Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2019.
Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número UNMC/DGNC/ 1423/19 el ciudadano J. Rafael Márquez Meza, director general de Normatividad de Comunicación de la Unidad de Normatividad de Medios de Comunicación, envía el Informe bimestral sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales correspondiente al quinto bimestre del ejercicio fiscal 2019, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 de la Ley General de Comunicación Social, a efecto de que, por su amable conducto, sea enviado a la Comisión de Radio y Televisión de ese órgano legislativo.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el citado informe en formato impreso y disco compacto.
Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2019
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la Ley General de Comunicación Social, adjunto en medio electrónico el Informe bimestral sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales, registrados en esta Dirección General, correspondiente al quinto bimestre del ejercicio fiscal 2019.
Lo anterior con la atenta solicitud de que por su amable. conducto esta información sea remitida a la Comisión de Radio y Televisión competente de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto en la fracción IX del artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
J. Rafael Márquez Meza (rúbrica)
Autorizado Ejercido
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 64-II-6-1077, signado por la diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.02.-0640-2019, suscrito por el licenciado Ignacio Gómez Trápala, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a realizar acciones para regular el conflicto entre agricultores por el uso de cañones antigranizo en el estado de Jalisco a fin de asentar un precedente ante futuros conflictos similares a nivel nacional.
En relación al oficio número SG/UE/311/17243/19, de fecha 2 de octubre de 2019, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado, en sesión ordinaria celebrada el 1 de octubre de 2019, adjunto al presente me permito enviar la respuesta que hizo llegar la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Subsecretaría de Agricultura, con oficio núm. 300.02.02.- 0071/2019 de fecha 13 de noviembre de 2019.
Al respecto, informo a usted que la Dirección General de Atención al Cambio Climático en el sector agropecuario de esta secretaría, en conjunto con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, elaboraron en agosto de 2017, un proyecto de investigación para dar respuesta a esta problemática, concluyendo con dicho estudio en marzo de 2018.
Se adjunta copia del documento: Informe final del proyecto: Análisis espacial y temporal de la presencia de cañones antigranizo y su relación con la precipitación en los estados de San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán.
Ciudad de México a 13 de noviembre de 2019.
Licenciado Ignacio Gómez Trápala (rúbrica)
Licenciado Ignacio Gómez Trápala
En atención a su oficio número 112.02.-0469-2019, de fecha 15 de octubre del presente, mediante el cual solicita emitir comentarios referentes al punto de acuerdo presentado por la diputada María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mismo que fue aprobado en sesión celebrada el 1 de octubre de 2019, que a la letra dice:
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen acciones conjuntas para regular el conflicto entre agricultores por el uso de cañones antigranizo en el estado de Jalisco a fin de asentar un precedente para futuros conflictos similares a nivel nacional.
En razón de lo anterior, me permito enviar copia del documento: Informe final del proyecto: Análisis espacial y temporal de la presencia de cañones antigranizo y su relación con la precipitación en los estados de San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán , el cual está integrado por una Introducción; un capítulo de Materiales y Métodos; Resultados; Uso de los cañones y su influencia en la disipación de las nubes de lluvia torrencial; Conclusiones; Literatura Citada y 3 anexos, con lo cual se concluye que no existe evidencia que sustente la influencia del uso de los cañones antigranizo con la precipitación pluvial, así como en los procesos de formación y acreción de granizo.
Ingeniera María Gabriela Campollo Lagunes (rúbrica)
(Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para su conocimiento.)
Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2019.
En atención al oficio número DGPL 64-II-8-2250, de fecha 2 de octubre de 2019, suscrito en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada en esa misma fecha, en particular el resolutivo primero que refiere textualmente lo siguiente:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público, para que en el marco de sus atribuciones, liberen los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, ante los efectos devastadores ocasionados por el huracán Narda y el inminente auxilio de la población cuya seguridad e integridad está en riesgo.”
Al respecto, de conformidad con los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 10, fracciones I, V, LII, XXV, LVIII; 79, fracciones XIII, XVI y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito remitir copia del oficio número 307-A.-2548, de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos, que contiene la respuesta de esta dependencia al exhorto de referencia.
Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros
Ciudad de México, a 17, de octubre de 2019
Licenciado Roberto Carlos Blum Cassereau
Director General Jurídico de Egresos
Al respecto, con fundamento en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 62 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se informa lo siguiente:
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que es del ámbito de competencia de esta unidad administrativa, es un instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de las Reglas Generales (Reglas) y Lineamientos de Operación Específicos (Lineamientos) del propio Fondo y de los procedimientos derivados de las mismas, tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, que permitan apoyar a las entidades federativas, así como a dependencias y entidades de la administración pública federal cuando los daños ocasionados superen su capacidad financiera y operativa de respuesta.
En el marco antes señalado, cuando una entidad federativa se encuentre en desastre natural deberá solicitar dentro de los tres días hábiles siguientes a la ocurrencia de éste, a las instancias técnicas facultadas, que corroboren la ocurrencia del fenómeno natural perturbador.
Una vez que este evento haya sido confirmado se proseguirá a la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños (CED), en donde los gobiernos estatales solicitarán al representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) la emisión de la declaratoria de desastre natural, así como el plazo para la entrega de resultados.
Con fundamento en el artículo 5o. de las Reglas, es necesaria la emisión de una declaratoria de desastre natural para que se pueda tener acceso a los recursos del Fonden. En este sentido, derivado del paso del huracán Narda y a petición de los gobiernos de Colima, Guerrero, Jalisco y Oaxaca, la SSyPC emitió en el Diario Oficial de la Federación las siguientes declaratorias de desastre natural:
• Lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocurridas los días 29 y 30 de septiembre de 2019, en 10 municipios del estado de Colima; el 9 de octubre.
• Lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocurrida los días 28 y 29 de septiembre de 2019, en 40 municipios del estado de Guerrero; el 9 de octubre.
• Tormenta tropical Narda (lluvia severa) ocurrida el 29 de septiembre de 2019, en cinco municipios del estado de Jalisco; el 11 de octubre.
• Lluvia severa, inundación fluvial y pluvial ocurridas los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2019, en 82 municipios del estado de Oaxaca; el 11 de octubre.
Para el caso de Colima y Guerrero, la instalación del CED se realizó el pasado 3 de octubre, en dicha sesión se programó la entrega de resultados para el 30 de octubre del presente. De igual forma, la instalación del CED para los estados de Jalisco y Oaxaca se llevó a cabo el 7 de octubre, en donde se definió el 12 de noviembre para la sesión de entrega de resultados.
Por otro lado, a partir de la instalación del CED, todos los sectores que hayan reportado afectaciones podrán solicitar ante la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) dela Secretaría de Hacienda y Crédito Público recursos por concepto de Gastos de Evaluación de Daños (GED) y/o Apoyos Parciales Inmediatos (API), éstos últimos se destinan para financiar acciones y obras de carácter prioritario y urgente, con la finalidad de normalizar las actividades de la zona afectada, así como evitar mayores daños y proteger a la población. A la fecha, la UPCP ha recibido y autorizado 97.8 millones de pesos (mdp), de los cuales 97.2 mdp corresponden a API y 0.6 mdp por concepto de GED, es importante mencionar que el periodo para solicitar API ya venció para las cuatro declaratorias antes mencionadas.
De acuerdo con el artículo 15 de las Reglas, a partir del día en que se celebre la sesión de entrega de resultados del CED, la dependencia o entidad federal en un plazo máximo de 7 días hábiles, deberá presentar la solicitud de recursos y el diagnóstico definitivo de obras y acciones a la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR), adscrita a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Posteriormente, la DGGR en un plazo máximo de dos días hábiles presentará ante la UPCP la solicitud de recursos, así como el diagnóstico de obras y acciones, para que ésta última someta su aprobación a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso 2003 Fonden.
Víctor M. Mojica Vilchis (rúbrica)
(Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para su conocimiento.)
Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2019.
En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa del gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y de lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B), y 55, fracciones XVI y XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por este medio adjunto el oficio número DG/ SSPDF/ 1713/ 2019, de fecha 4 de noviembre de 2019, signado por el doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno, director general de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar DGPL 64-II-7-1077.
Me refiero a su similar número SG/ DGJyEL/ PA/ DIP/ 583/ 2019, mediante el cual comunica la aprobación por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del siguiente
Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer los programas destinados a la detección y el tratamiento oportunos de cáncer en niños y adolescentes.
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México opera el Programa de Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia, cuyo objetivo primordial es favorecer el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y universal para los niños y los adolescentes con cáncer en la Ciudad de México, a través de la estrategia “Búsqueda intencionada de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años”.
En el periodo enero-septiembre del presente año se ha realizado este tamizaje aplicando la cédula de identificación de signos y síntomas de sospecha de cáncer a 88 mil 410 menores que han recibido atención en las 16 jurisdicciones sanitarias de la Ciudad de México.
En el presente año, como área de oportunidad para el fortalecimiento de estas acciones y el acercamiento de los servicios de salud a los menores, la Dirección de Atención Médica, en coordinación con la Dirección de Promoción de la Salud, ha vinculado esfuerzos para que los grupos de salud escolar incorporen la aplicación de la cédula para la identificación de signos y síntomas de sospecha de cáncer en niños y adolescentes dentro de las acciones que realizan en los centros escolares como una actividad permanente.
Con el objetivo de mejorar la recepción de pacientes referidos a la unidad médica acreditada para la atención de niños con cáncer se estableció la estrategia de contar con un pediatra que recibe a los pacientes provenientes de primer nivel de atención para determinar su seguimiento por el Servicio de Oncología Pediátrica o Contrarreferencia.
Se han realizado 53 visitas de supervisión en unidades médicas de primer nivel de atención y a la Unidad Médica Acreditada para verificar el conocimiento del programa y el correcto manejo de estrategias y líneas de acción.
La capacitación del personal de salud en signos y síntomas de sospecha de cáncer en menores de 18 años y en los principales temas de cáncer infantil es una estrategia continua. Se han realizado capacitaciones dirigidas a personal médico, de enfermería, trabajo social, odontólogos y médicos pasantes en servicio social de las 16 jurisdicciones sanitarias y la unidad médica acreditada en estos temas.
Desde nivel central se realizaron y coordinaron 16 sesiones donde se capacitaron a 857 recursos humanos:
Médicos pasantes en servicio social 158
Médico general, familiar o pediatra 263
Personal de enfermería primer nivel 332
Personal de enfermería de UMA 80
Promotor de salud/administrativos 24
Se ha establecido un vínculo para la capacitación de personal operativo de los centros de desarrollo infantil del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en signos y síntomas de sospecha de cáncer en menores de 18 años y en la correcta aplicación de la cédula.
A través del oficio DAM No./9412/2019, se inició la gestión para la vinculación con la Secretaría de Educación Pública con el objetivo de realizar mesas de trabajo para establecer un programa de capacitación para la detección oportuna de cáncer infantil para docentes de educación básica ajustado a las necesidades específicas de las instituciones en beneficio de la salud de los menores en la Ciudad de México (se anexa copia para pronta referencia).
Doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno (rúbrica)
Director General de los Servicios de Salud Pública
Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2019.
Licenciado Luis Humberto Fernández Fuentes
Licenciada María Deifilia Madrigal Figueroa
Los diferentes tipos de cáncer que pueden afectar a niños y adolescentes siguen cobrando vidas, y representan un problema de salud pública. En la Ciudad de México, entre 2008 y 2014 se presentaron mil 140 casos de cáncer en menores de 18 años de edad no derechohabientes, más de 70 por ciento de los afectados son menores de 9 años de edad; representa la sexta causa de mortalidad general y la segunda entre las enfermedades no trasmisibles en menores de 18 años.
Respondiendo a esta importante problemática, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión establece como punto de acuerdo
... Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a coordinarse con la Secretaría de Educación Pública a fin de establecer un programa de capacitación de detección oportuna de cáncer infantil para profesores de educación básica.
Esto representa un área de oportunidad para vincular esfuerzos con todos los actores involucrados en el establecimiento de las estrategias para sensibilizar y capacitar al personal que se encuentra estrechamente en contacto con los menores sobre la posibilidad de que toda persona es susceptible en cualquier momento y debemos estar alerta para detectar los síntomas de sospecha de cáncer en menores de 18 años, ya que las mayores posibilidades de curación se dan al realizar un diagnóstico oportuno.
Con esta base, le agradeceré su apoyo para que la responsable estatal del programa Cáncer en la Infancia y la Adolescencia pueda concertar una entrevista con el personal que usted designe para formar mesas de trabajo dirigidas a establecer un programa de capacitación ajustado a las necesidades específicas y, de esa forma, con un trabajo conjunto lograr el objetivo en beneficio de la salud de la población infantil de la Ciudad de México.
Doctor Plácido Enrique León García (rúbrica)
(Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento. )
En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B), y 55, fracciones XVI y XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por este medio adjunto el oficio DGSPAEM-00396-2019 de fecha 14 de noviembre de 2019, signado por la licenciada Jéssica Itzel Martínez Torres, directora general de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el simi1ar D.G.P.L.64-II-1-1174.
Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2019.
Hago referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/DIP/S62/2019, dirigido al secretario de Movilidad de Ciudad de México, mediante el cual solicitó hacer llegar a la Secretaría de Gobierno la respuesta validada al punto de acuerdo identificado con el similar D.G.P.L. 64-II-1-1174 emitido por el Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Al respecto, por instrucciones del maestro Andrés Lajous Loaeza, secretario de Movilidad de la Ciudad de México, por este medio adjunto los oficios: SM/SST/DGLyOTV/D/4300/2019 signado por el director general de Licencias y Operación del Transporte Vehicular; DGAJ-003517-2019 firmado por el director general de Asuntos Jurídicos, y el SM/SPPR/DGCOPPE/DCE/074/2019 suscrito por la directora de Coordinación Estratégica, todos adscritos a esta Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, mediante los cuales emiten respuesta oportuna y procedente al exhorto formulado por el poder legislativo federal.
Licenciada Jéssica Itzel Martínez Torres (rúbrica)
Directora general de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad,
Secretaría de Movilidad de Ciudad de México
Licenciada Jéssica Itzel Martínez Torres
Directora general de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México
En atención a su oficio número DGSPAEM-00368-2019 de fecha 4 de noviembre de 2019 y recibido el día 5 del mismo mes y año, mediante el cual solicitó que esta dirección general a mi cargo emitiera las consideraciones procedentes en el ámbito de su competencia en un plazo no mayor a 5 días hábiles, relativas al punto de acuerdo de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, de la sesión celebrada el 1 de octubre del año en curso, el cual se transcribe a continuación:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de Ciudad de México, del estado de México y de Morelos para que, a través de sus respectivas secretarías de Movilidad y de Seguridad Pública, implementen las medidos pertinentes o fin de regularizar las concesiones de transporte público, así coma a garantizar la integridad y seguridad de las usuarias de dicho transporte. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de Ciudad de México, del estado de México y de Morelos para que, a través de sus respectivas secretarías de Movilidad y de Seguridad Pública, fortalezcan las mecanismos de vigilancia y protección en materia de violencia de género, con la finalidad de proteger la integridad de las mujeres.”.
Al respecto y atendiendo al primer punto de acuerdo, le comento que en lo relativo a las concesiones, esta dirección general a mi cargo, en cuanto a la operación de este rubro se apega a la normatividad aplicable, consistente en la Ley de Movilidad, en sus artículos 84 a 120 y su Reglamento en lo correspondiente de los artículos 71 a 112, y demás disposiciones legales aplicables, llevando a cabo, el control, atención y tratamiento de los concesionarios de los servicios de transporte, en un plano de igualdad, garantizando su acceso a todos las sectores de la población, sobre todo a las zonas populares o aquellas en donde el servicio proporcionado por los concesionarios sea insuficiente. Asimismo, se vigila que tanto los concesionarios cumplan con las obligaciones que les corresponden, como que los vehículos destinados al servicio público de transporte de pasajeros y de carga cumplan con las especificaciones contenidas en los programas emitidos por la Secretaría, a fin de que el servicio prestado sea más eficiente.
Lo anterior, en apego a la normativa citada y al Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, que en su Primer Eje contempla la parte de integrar los distintos sistemas de transporte de la ciudad, específicamente con el punto de reformar integralmente el transporte concesionado, trabajando para mejorar la eficiencia y calidad del servicio a través de la regulación de la operación, la profesionalización de la prestación del servicio, la renovación de flota y la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores del transporte público, poniendo en práctica las líneas de acción, consistentes en la regulación y monitoreo de la operación, así corno en la renovación de flota.
Realizando acciones como las siguientes:
Celebrar Convenio Marco por la Seguridad del Usuario y Compromisos Inmediatos, de Mediano y Largo Plazo con organizaciones de transportistas y todo pequeño y mediano transportista que desee sumarse al proyecto de innovación de la Ciudad de México, para:
-Profesionalizar los servicios el servicio de transporte colectivo mediante la conformación de empresas sociales.
-Mejorar la operación y disminuir tiempos de traslado en la red de transporte público concesionada.
-Modernizar el parque vehicular y retirar los microbuses de la circulación, decidiendo las mejores tecnologías basadas en las características de demanda, topografía, zonas de operación.
-Definir y ejecutar un Programa de Intervención Integral de los Servicios de Transporte Público Concesionado de Ruta Fija.
-Capacitar a todo concesionario, conductor y personal técnico, y administrativo que lo requiera.
-Validar y construir el padrón único de concesionarios y unidades regulares en servicio regular.
-Construir el padrón único de operadores de transporte asociado a concesiones, rutas y unidades.
-Impulsar el uso tecnologías para la operación y centralizar la información de empresas y recorridos, con información y monitoreo en tiempo real.
Ahora bien, por lo que hace a la parte de “garantizar la integridad y seguridad de los usuarios de dicho transporte”, esta dirección general apega su actuar en el Plan Estratégico de Convivencia Vial 2019 para la Ciudad de México de la Secretaría de Movilidad, el cual busca reducir el número de muertes y lesiones graves ocasionadas por accidentes de tránsito, además de impulsar una cultura vial que fortalezca la convivencia armónica de los usuarios de todos los modos de transporte a través de tres ejes: institucionalizar (fortaleciendo las capacidades institucionales del gobierno de Ciudad de México en materia de seguridad vial), construir (protegiendo la integridad de las personas usuarias de la vía a través de la construcción de infraestructura segura) y educar (capacitando a conductores de transporte público con el fin de crear conciencia de protección y respeto), aunado a ello se seguirá trabajando diariamente en estos ejes para mejorar cada día el desempeño institucional de esta dirección general, por el compromiso que se tiene con la ciudadanía y así brindarle así un mejor servicio.
Finalmente, abordando el punto de acuerdo relativo a fortalecer los mecanismos de vigilancia y protección en materia de violencia de género con la finalidad de proteger la integridad de las mujeres, esta dirección general apega su actuar a lo establecido en el artículo 7, fracción II, de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, colaborando en garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin discriminación de género, edad, capacidad o condición, además de implementar en el ámbito de su competencia el Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, en punto que contempla a la Movilidad con Perspectiva de Género, tomando muy en cuenta las políticas, programas y proyectos orientados a prevenir y sancionar la violencia de género en la movilidad, y a satisfacer adecuadamente las necesidades de viaje de las mujeres. Aunado a ello, orientamos el desempeño de esta área al Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019 de esta Secretaría, haciendo hincapié en poner en práctica los programas y proyectos de movilidad orientados a que las mujeres realicen sus viajes con accesibilidad, comodidad, seguridad y con menores tiempos de traslado.
Licenciado Carlos Augusto Morales López (rúbrica)
Director general de Licencias y Operación del Transporte Vehicular, Secretaría de Movilidad
Ciudad de México, de noviembre de 2019
Directora general de Seguimiento, Proyectos y Asuntos Estratégicos de Movilidad
En atención a su oficio DGSPAEM-00369,2019 de fecha 4 de noviembre del presente año, mediante el cual solicita a esta dirección general emitir las consideraciones procedentes, en relación a la aprobación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión del acuerdo que a continuación se transcribe:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de Ciudad de México, del estado de México y de Morelos para que, a través de sus respectivas secretarías de Movilidad y Seguridad Pública, implementen las medidas pertinentes a fin de regularizar las concesiones de transporte público, así coma a garantizar la integridad y seguridad de los usuarios de dicho transporte. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las gobiernos de la Ciudad de México, del estado de México y de Morelos para que, a través de sus respectivas secretarías de Movilidad y de Seguridad Pública, fortalezcan los mecanismos de vigilancia y protección en materia de violencia de género con la finalidad de proteger la integridad de las mujeres”.
Al respecto, le comunico que, de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a esta secretaría le corresponde el despacho de las materias relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad; asimismo, el artículo 12 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal establece, entre otras atribuciones de esta dependencia, el realizar todas las acciones necesarias para que los servicios públicos y privados de transporte de pasajeros y de carga, además de ser eficientes y eficaces, garanticen la seguridad de los usuarios, los derechos de los permisionarios y concesionarios y el cumplimiento de sus obligaciones; en ese orden de ideas, se considera que el acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados se ajusta al marco normativo que rige a esta dependencia, motivo por el cual no se encuentra impedimento legal alguno para que esta Secretaría se pronuncie en la aceptación del acuerdo referido en el párrafo que antecede.
Ahora bien, es preciso señalar que para el cumplimiento del multicitado acuerdo se deberá solicitar a las diversas unidades administrativas de esta Secretaría encargadas de regularizar el transporte público, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias y suficientes que garanticen la integridad y seguridad de los usuarios y fortalezcan los mecanismos de vigilancia y protección en materia de violencia de género con la finalidad de proteger la integridad de las mujeres.
Licenciado Arturo Martínez Salas (rúbrica)
En atención al similar DGSPAEM-00370-2019, en el cual remite el oficio D.G.P.L. 64-II-1- 1174 expediente 1917, suscrito por el diputado Marco Antonio Adame Castillo; vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el cual remite el punto de acuerdo que fue aprobado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes de ese órgano legislativo y en el cual establece, lo siguiente:
“Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, del estado de México y de Morelos para que, a través de sus respectivas secretarías de Movilidad y de Seguridad Pública implementen las medidas pertinentes a fin de regularizar las concesiones de transporte público, así como a garantizar la integridad y seguridad de los usuarios de dicho transportes. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, del estado de México y de Morelos para que, a través de sus respetivas secretarías de Movilidad y Seguridad Pública, fortalezcan los mecanismos de vigilancia y protección en materia de violencia de género con la finalidad de proteger la integridad de las mujeres.”
Al respecto, me permito informar lo siguiente:
Primero. La Secretaría de Movilidad diseñó el Plan Estratégico de Movilidad 2019 (PEM 2019), basado en la Ley de Movilidad, su Reglamento y la regulación existente. En el marco de dicho plan se incluye como eje rector el siguiente:
Eje 3. Proteger. Se cuidará la integridad de las personas que utilizan los distintos sistemas de y servicios incluyentes, dignos y seguros.1
En el marco de este eje, la Semovi ya incluye dentro de su planeación de política pública el objetivo señalado en el exhorto de la Cámara de Diputados respecto a buscar “garantizar la integridad y seguridad de los usuarios”. En el marco de este eje, se plantean acciones específicas de seguridad, vigilancia y protección a usuarios que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. En este eje, la protección de las mujeres ante la violencia de género resulta un elemento fundamental contemplado en el marco de las acciones que derivan de este plan.
Segundo. A partir del diseño del PEM 2019 se desprende el Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019 (PGyM 2019), el cual plantea una visión a 2024: La perspectiva de género es transversal a las políticas de movilidad urbana en la Ciudad de México y se fortalece la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Para avanzar hacia esta visión, el plan define tres ejes estratégicos: a) Se reducen las violencias sexuales y agresiones hacia las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte; b) Se fortalece la paridad de género y la cultura institucional en el sector transporte; y e) Se atienden las necesidades y patrones de viaje de las mujeres de forma efectiva, que responden a las tres problemáticas principales que enfrentan las mujeres en materia de movilidad.2
En el marco del primer eje, el Plan Estratégico de Género y Movilidad 2019 comparte el objetivo indicado por la Cámara de Diputados de que se “fortalezcan los mecanismos de vigilancia y protección en materia de violencia de género con la finalidad de proteger la integridad de las mujeres.” En este marco, se han implementado durante 2019 y continuará su implementación en el mediano y largo plazo, de diversas acciones para brindar mayor seguridad a las usuarias en los distintos modos del Sistema Integrado de Transporte.
Algunas de las acciones que se han realizado durante 2019 son:
-Reactivación de 135 cámaras dentro de 13 Cetrams, así como la implementación de mejoras en la iluminación, cámaras y reforzamiento policial en estaciones del metro.
-Elaboración del diagnóstico de necesidades y características de viaje de las mujeres con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar obras de de mantenimiento y remodelación de 3 Cetrams para mejorar la seguridad de las mujeres usuarias (Taxqueña, Indios Verdes y Pantitlán).
-Implementación de mejoras en la señalética e información sobre la medida de separación de espacios exclusivos en Metro y Metrobús.
-Inicio del proceso de diseño de un protocolo homologado de detección y respuesta efectiva ante la violencia sexual hacia las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte.
-Capacitación y sensibilización para fortalecer los conocimientos del personal en el sector transporte en materia de género, movilidad, cultura institucional, comunicación incluyente y prevención y atención del acoso sexual.
1 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/plan-estrategico-de-movilidad-2019.pdf
2 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf
Maestra Nadjeli Valentine Babinet Rojas (rúbrica)
Directora de Coordinación Estratégica,
(Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento. )
En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B), y 55, fracciones XVI y XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por este medio adjunto el oficio SAF/PF/SLC/SALCF /2019/996 de fecha 19 de noviembre de 2019, signado por la maestra Ariadna Camacho Contreras, subprocuradora de Legislación y Consulta en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar D.G.P.L.64-II-2-998.
Se hace referencia a su oficio SG/DGJyEL/PA/DIP/584.1/2019 de fecha 7 de octubre del 2019, mediante el cual remitió el diverso D.G.P.L. 64-II-2-998 de fecha 1 de octubre de 2019, suscrito por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través del cual hace del conocimiento que fue aprobado el punto de acuerdo que se indica a continuación, con la solicitud de enviar a esa dependencia, la información necesaria para atender dicho planteamiento o, en su caso, la relativa a las acciones que estime procedentes realizar esta Secretaría de Administración y Finanzas.
Único. Lo Cámara de Diputados del honorable Congreso de lo Unión, con pleno respeto o lo soberanía de las entidades federativos, exhorta a los autoridades de los gobiernos locales correspondientes para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen medidas tendientes o cumplir con los Convenios de Apoyo Financiero para el Sostenimiento de lo Universidades Tecnológicos y Politécnicos en sus respectivos jurisdicciones”.
Sobre el particular y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracción XXI, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, esta Unidad Administrativa informa que mediante el oficio SAF/SE/DGPPCEG/3055/2019 de fecha 5 de noviembre de 2019, el director general de Planeación Presupuestaria, Control y Evaluación del Gasto de la Subsecretaría de Egresos, señaló lo siguiente:
Que el Gobierno de la Ciudad de México no cuenta con la celebración de convenios de Apoyo Financiero para el Sostenimiento de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas en sus respectivas jurisdicciones, de acuerdo con lo establecido en la Cobertura de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas por Estado, consultable en la dirección electrónica:
https://cgutyp.sep.gob.mx/index.php?pagina=Mapa
Por lo que una vez que las autoridades competentes de Ciudad de México gestionen la celebración de un convenio, esta Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, podrá realizar medidas tendientes al cumplimiento del mismo, a efecto de estar en posibilidad de atender el punto de acuerdo que nos ocupa.
Maestra Ariadna Camacho Contreras (rúbrica)
Ciudad de México, 5 de noviembre de 2019.
Maestra Ariadna Camacho Contreras
Subprocuradora de Legislación y Consulta en la Procuraduría Fiscal de Ciudad de México
En atención al oficio SAF/PF/SLC/SALCF/2019/795 de fecha 15 de octubre del año en curso y al oficio SG/DGJyEL/PA/DIP/584.1/2019 de fecha 7 de octubre de 2019, mediante el cual el director general Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México remitió el diverso D.G.P.L. 64-II-2-998 de fecha 1 de octubre de 2019, suscrito por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través del cual hace del conocimiento que fue aprobado un punto de acuerdo, que para pronta referencia se transcribe a continuación:
“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a las autoridades de los gobiernos locales correspondientes para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen medidas tendientes a cumplir con los Convenios de Apoyo Financiero para el Sostenimiento de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas en sus respectivas jurisdicciones”.
Al respecto, con fundamento en los artículos 16, fracción II, de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 7, fracción II, inciso A), numeral 4, 27 y 81, fracción XXIII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito comentar lo siguiente:
La Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas dirige y coordina la prestación del servicio de educación superior en las universidades tecnológicas y politécnicas, mediante el desarrollo y difusión de la normatividad técnico pedagógica en la materia, así como la relativa a la gestión institucional, con el fin de preparar profesionales del nivel superior y promover su incorporación a la actividad productiva nacional.
Dicha Coordinación es la encargada de gestionar los convenios entre las universidades, los gobiernos estatales, el gobierno federal y demás entidades públicas o privadas que participen, con el fin de lograr un beneficio para las universidades; esto dentro del marco legal establecido en el decreto de creación de cada Universidad Tecnológica y Politécnica.
A la fecha, el Gobierno de la Ciudad de México no cuenta con la celebración de Convenios de Apoyo Financiero para el Sostenimiento de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas en sus respectivas jurisdicciones, así lo establecido en la Cobertura de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas por Estado, la cual podrá encontrarse en la siguiente dirección electrónica:
Por lo que una vez que las autoridades competentes de Ciudad de México gestionen la celebración de un convenio, esta Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, podrá realizar medidas tendientes al cumplimiento del mismo.
Lo anterior a efecto de estar en posibilidad de atender el punto de acuerdo remitido por vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B), y 55, fracciones XVI y XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por este medio adjunto el oficio CEAVlCDMX/183/2019 de fecha 28 de octubre de 2019, signado por el maestro Armando Ocampo Zambrano, comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar D.G.P.L.64-II-4-1073.
Ciudad de México, a 28 de octubre de 2019.
Maestro Armando Ocampo Zambrano, en mi calidad de comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas de Ciudad de México; con fundamento en los artículos 16 y 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 4 de la Ley General de Víctimas, así como en los numerales 3o., fracción XXXIX, 4o., facciones III y V, 117, fracciónes I y V, de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México; respetuosa y atentamente comparezco a efecto de atender el contenido del oficio número D.G. P .L. 64-II-4-1073 de fecha 10 de octubre de 2019, signado por la diputada María Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Derechos Humanos, bajo el tenor de las siguientes consideraciones:
1. La Ley de Víctimas para la Ciudad de México, vigente a partir del 19 de febrero de 2018, en el artículo 3o., fracción XIV, reconoce y regula expresamente el desplazamiento forzado interno.
2. Mientras que en el artículo 5o. de la referida Ley de Víctimas para la Ciudad de México se contemplan como principios rectores y derechos de las víctimas, los servicios de protección, ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión, así como los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de dichos servicios.
3. Asimismo, en los artículos 17, 22, segundo párrafo, 24 y 48 de la citada Ley, se establecen cuáles son las directrices a tomar en consideración al aplicar los citados principios rectores y derechos, entre otros, los de las víctimas de desplazamiento forzado.
Preceptos legales que a continuación se transcriben a efecto de acreditar lo anterior:
“Ley de Víctimas para Ciudad de México
De las Víctimas y sus Derechos
Interpretación, Objeto, Aplicación y Definiciones
Artículo 3o. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por. (..)
XIV. Desplazamiento forzado interno: La condición de aquellas personas o grupos de personas obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia, como resultado de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, sin que ello implique que crucen una frontera estatal internacionalmente reconocida;
De los Principios Rectores y Derechos de las Víctimas
Artículo 5o. Los servicios de protección, ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión así como los mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de dichos servicios en la presente Ley, se regirán por los principios siguientes:
Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento forzado interno. En todo momento se reconocerá el interés superior de la niñez.
Artículo 17. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará la prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las dependencias e instituciones de Ciudad de México encargadas de brindarles atención y tratamiento, buscando en todo momento evitar la revictimización.
Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, población indígena, comunidad LGBTTTI y personas en situación de desplazamiento forzado interno.
Medidas de Alojamiento, Alimentación y Transporte
Artículo 22. Las medidas de alojamiento y alimentación consisten en proporcionar a las víctimas el espacio y alimentos adecuados, en condiciones de seguridad dignidad e higiene, cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad, de amenaza, o en situación de desplazamiento forzado interno.
Para ello, la Secretaría de Desarrollo Social, el Sistema DIF-CDMX el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y cualquier otra dependencia o institución facultada para ello, en el ámbito de sus atribuciones, otorgarán o, en su caso, gestionarán dichas medidas a través de albergues o centros destinados para ello.
Artículo 24. La atención de que sean objeto las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, personas en situación de calle, personas con discapacidad adultas mayores, personas pertenecientes a pueblos indígenas, integrantes de la comunidad LGBTTTI y personas en situación de desplazamiento forzado interno , se brindará a través de programas especiales que atiendan a las necesidades propias de cada grupo poblacional.
Medidas de Asistencia, Atención e Inclusión
Artículo 48. Estas medidas de asistencia, atención e inclusión deberán otorgarse tomando en cuenta el enfoque diferencial para las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos indígenas, integrantes de la comunidad LGBTTTI y personas en situación de desplazamiento forzado interno.
4. Por tal motivo, la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México se encuentra facultada a ingresar al Registro de Víctimas a las personas o grupos de personas huyen de su hogar o lugar de residencia habitual hacia otra colonia de la misma alcaldía, hacia otra alcaldía de la Ciudad de México, o bien, provienen de otro estado del país para evitar o después de haber sido víctimas de una situación de violencia generalizada, de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y se encuentren en la Ciudad de México (desplazamiento forzado interno), por así encontrarse reconocido en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, lo que a su vez les permite que puedan acceder a la reparación integral del daño , conforme a dichas disposiciones invocadas.
5. Finalmente, es de resaltar que el desplazamiento forzado representa una violación compleja debido a la vulneración agravada a múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales u otros derechos humanos, lo que nace evidente que se trata de una violación continua y sostenida, cuya condición de vulnerabilidad de quienes lo sufren perdura hasta que logran una solución integra Y duradera, es decir, un retorno o reasentamiento asistido y en condiciones dignas y seguras.
Por lo que, a fin de cumplir con dicha encomienda, se considera prioritario que se considere por parte de ese honorable Congreso que el presupuesto anual destinado para dar cumplimiento a la reparación integral de delitos que prevé la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, sea incrementado significativamente de lo que fue autorizado para el presente ejercicio fiscal para poder dar cumplimiento a las citadas obligaciones en materia de desplazamiento forzado interno.
De acuerdo a lo anteriormente fundamentado y expuesto, solicito tener por cumplido el requerimiento formulado por oficio SG/DGIyEL/PA/DIP/577/2019 de 4 de octubre de 2019.
Maestro Armando Ocampo Zambrano (rúbrica)
Comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas de Ciudad de México
En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B), y 55, fracciones XVI y XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por este medio adjunto el oficio SSC/CA/1502/2019 de fecha 6 de noviembre de 2019, signado por el contador público Arturo Jaimes Núñez, asesor del secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar DGPL-64-II-5-1196.
En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/DIP/589.1/2019, de fecha 14 de octubre de 2019, al que se adjunta el diverso DGPL 64-II-5-1196, signado por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se comunica que el citado órgano legislativo aprobó el siguiente punto de acuerdo:
“Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a las autoridades educativas y de seguridad pública, federales y locales, para que en el ámbito de sus atribuciones, y de manera coordinada, implementen y fortalezcan campañas preventivas entre las comunidades escolares a fin de prevenir el acoso cibernético”.
En este sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, fracción XVI, y último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 7, fracción XVI, de su Reglamento; 1, 3, 4 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y 1, 3, 4 del Reglamento Interior que rige la organización y funcionamiento de esta institución, me permito proporcionar a usted el siguiente:
1.1 De conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México , en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.
1.2 De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en correlación con lo señalado por el numeral 7, fracción XVI, de su Reglamento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana es una dependencia que se ubica en el ámbito orgánico del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México y se regirá por los ordenamientos específicos que le correspondan, institución que en términos de las normas que rigen su actuación, le compete realizar las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
2. Atención al Punto de Acuerdo
En lo que respecta a implementar y fortalecer “campañas preventivas entre las comunidades escolares a fin de prevenir el acoso cibernético”, se comunica que, a través de la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial y, con la finalidad de prevenir y detectar diversas conductas que pudiera constituir la comisión de delitos así tipificados por la ley penal, como puede ser el acoso cibernético, en las que se utiliza como medio o instrumento las redes sociales, se realizan las siguientes acciones:
a) Monitoreo y Patrullaje en Redes Sociales e Internet: se revisan diversos acontecimientos en las redes sociales que generan impacto, registrando los mismos en un sistema para el análisis, procesamiento y explotación de datos, con el fin de llevar a cabo acciones que coadyuven a la planeación y ejecución de planes y programas operativos enfocados a la prevención
b) Atención de Reportes de Incidentes en Internet: se atienden diferentes reportes ciudadanos sobre incidentes en la red pública de internet, con el propósito de recopilar datos que permitan generar acciones preventivas y recomendaciones para la ciudadanía sobre los riesgos que pueden presentarse en dicha red.
c) Atención Ciudadana: se proporciona orientación presencial, telefónica y vía correo electrónico a ciudadanos que han sido víctimas de delitos en los que se utiliza como medio la red pública de internet, a quienes se brinda asesoría, apoyo psicológico, acompañamiento jurídico y en su caso, se canalizan a otras instituciones.
d) Publicación de Ciberalertas: se busca prevenir los ilícitos cibernéticos mediante la generación de ciberalertas, que son el resultado del análisis y verificación de patrones conductuales a partir de la información derivada de los reportes ciudadanos.
e) Pláticas de Prevención de Delitos Cibernéticos y participación en Ferias de Seguridad: a través de programas de participación ciudadana se realiza un acercamiento y vinculación de las diferentes áreas de la Secretaría con la ciudadanía, por medio de reuniones con los sectores educativo (público y privado), social y empresarial, asimismo se imparten pláticas de prevención sobre los denominados delitos cibernéticos.
Ahora bien, es importante mencionar que en las instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior de la Ciudad de México, de enero de 2014 a octubre de 2019 se han realizado 5 mil 7 pláticas y se ha participado en 544 ferias de seguridad , con la finalidad de alertar a la población estudiantil sobre el acoso cibernético:
Informe que me permito someter a su consideración, para que por su amable conducto y de así estimarlo procedente, se remita a la vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la inteligencia que el uso y tratamiento de la información queda bajo la más estricta responsabilidad de dicho órgano legislativo.
Contador público Arturo Jaimes Núñez (rúbrica)
Asesor del secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de Ciudad de México
En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B), y 55, fracciones XVI y XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por este medio adjunto el oficio GCDMX.SEDEMA-SACMEX-CG-DGAP-DAP.1054520/2019 de fecha 6 de noviembre de 2019, signado por el doctor Rafael B. Carmona Paredes, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar D.G.P.L.64-II-6-1084.
Secretaria de Gobierno de Ciudad de México
En atención a su oficio número SG/DGJyEL/PA/DlP/561/2019 de fecha 2 de octubre del presente año, mediante el cual por los motivos que expone adjunta oficio número D.G.P.L. 64-II-6-1084 de fecha 1 de octubre de 2019, signado por la diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la LXIV Legislatura de la Paridad de Género, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el referido poder Legislativo, como se indica.
“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua a establecer mecanismos de coordinación con el gobierno de la Ciudad de México para abastecer de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y de calidad a la población de la alcaldía de Iztapalapa en época de estiaje y de forma permanente”.
Al respecto, le informo que este órgano desconcentrado lleva a cabo reuniones con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para establecer y determinar los caudales de agua en bloque que la Conagua suministrará a Ciudad de México, tanto en época de estiaje como de forma permanente; aunado a esto, para garantizar el suministro de agua a la alcaldía Iztapalapa, el Sistema de Aguas tiene considerado este año llevar a cabo las siguientes acciones:
-Reposición y rehabilitación de pozos de agua potable.
Durante este año el Sacmex realiza en Ciudad de México los trabajos de reposición de 15 pozos y la rehabilitación de otros 23; se espera recuperar para marzo del 2020 un caudal de mil litros, por segundo. Para finales del 2020 se contará con mil litros por segundo más por la reposición de 15 pozos y la rehabilitación de 20 más, para un caudal total de dos mil litros por segundo. En específico, de estos trabajos, en la alcaldía 1ztapalapa el Sistema de Aguas rehabilita y repone 5 pozos para recuperar a marzo de 2020 un aproximado de 200 litros por segundo para la demarcación.
-Rehabilitación de plantas potabilizadoras.
Los sistemas de desinfección en las plantas potabilizadoras y pozos son fundamentales para eliminar las bacterias y el limo orgánico. El Sacmex tiene la obligación de suministrar agua de buena calidad a la alcaldía con el monitoreo y vigilancia de sus parámetros. En la alcaldía 1ztapalapa se rehabilitarán y se hará la adecuación tecnológica de 5 plantas potabilizadoras (Purísima 3-7, Cerro de la Estrella, Peñón 2, Panteón Civil y Granjas San Antonio).
—Detección y reparación de fugas para reducir las pérdidas de agua.
Con el aumento a 150 brigadas, para la detección y reparación de fugas, el Sacmex ha logrado disminuir el tiempo de respuesta, de 5 horas a 30 minutos. Con estas acciones se busca también reducir el tiempo de reparación en las tuberías secundarias (de 12 pulgadas o menos de diámetro), de 6 a 4 horas y en tuberías primarias (superiores a 12 pulgadas de diámetro) de 12 a 10 horas, con especial atención en fugas no visibles.
-Sustitución de red de distribución primaria y secundaria.
El Sacmex realizará las obras de sustitución de tuberías primarias que provienen de pozos o acueductos y que abastecen a tanques de distribución. Asimismo, se realizarán obras de sustitución de tuberías secundarias con diámetros menores o iguales a 12” que abastecen a los sectores hidrométricos que se llevan a cabo en Iztapalapa. Para este año, el Sacmex sustituye, a través de 6 obras, tubería primaria y secundaria en polietileno de alta densidad y hierro dúctil.
—Rehabilitación de plantas de bombeo
Las acciones de construcción y rehabilitación de plantas de bombeo, así como en las subestaciones y líneas eléctricas y sistemas de fuerza son fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de todo el sistema de agua potable. El estado que guardan requiere de trabajos de reposición de equipos de bombeo, motores, trenes de succión y descarga, caseta de control, subestaciones eléctricas, entre otros. El Sistema de Aguas de Ciudad de México actualmente rehabilita las plantas de bombeo Juan Escutia y Cerro de la Estrella, la primera de ellas está por concluir.
-Sectorización de la red hidráulica para mejorar la distribución del agua potable.
Los proyectos ejecutivos para la sectorización de toda la red de Ciudad de México estarán concluidos este año. Para Iztapalapa, el Sacmex concluye para finales de este año 17 sectores hidrométricos, y continuarán las obras para construir más sectores en los próximos años. Todos los sectores quedarán operando con el control activo de presiones como medida primaria para la reducción de fugas y se contará con una mejor distribución de agua en la red.
Sin otro particular, reitero a usted mi distinguida consideración.
Doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes (rúbrica)
Coordinador general, Sacmex
Ciudad de México, a 2 de octubre de 2019.
Doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes
Coordinador general del Sistema de Aguas de Ciudad de México
En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de Ciudad de México, en la fracción II del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B), y 55, fracciones XVI y XVII, del Reglamento Interior del Poder, Ejecutivo y de la Administración Pública de Ciudad de México; por este medio adjunto el oficio D.G.P.L.64-II-6-1084 de fecha 1 de octubre de 2019, suscrito por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual se hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el referido poder legislativo.
En mérito de lo anterior, por tratarse de un asunto que recae dentro de la esfera de su competencia, por medio del presente, atentamente le solicito se sirva girar sus apreciables instrucciones a efecto de hacer llegar a la Secretaría de Gobierno la respuesta validada por usted, correspondiente a la información que considere necesaria para atender dicho planteamiento en los términos solicitados, la cual se ha de remitir en tiempo y forma al poder legislativo aludido.
Me permito canalizar copia del oficio número D.G.P.L. 64-II-6-1084, recibido en la Oficialía de Partes de la Jefatura de Gobierno, suscrito por la diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, referente al abastecimiento de agua en la alcaldía Iztapalapa en época de estiaje y de forma permanente.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarle.
Licenciada María del Rocío Vílchis Espinosa (rúbrica)
Dirección General de Resolución a la Demanda Ciudadana, Jefatura de Gobierno de Ciudad de México
(Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para su conocimiento.)
Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2019.
En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B), y 55, fracciones XVI y XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por este medio adjunto el oficio AMC/DGG/DM/559/2019 de fecha 4 de noviembre de 2019, signado por Adán Érik Castro Lara, director de Movilidad en la alcaldía de Magdalena Contreras, mediante el cual remite la respuesta al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar DGPL 64-II-5-1192.
Por instrucciones del licenciado Marcos Constantino González Alcocer, director general de Gobierno y con relación a lo plasmado en su oficio número SG/DGJyEL/PA/DIP/592.12/2019 de fecha 24 de octubre del año en curso, al respecto le comento que:
Las políticas públicas que enmarcan el Programa de Movilidad en esta delegación tienen como objetivo el fomentar una cultura de movilidad, asumiendo como eje central, tanto al peatón como a los conductores, así como a los usuarios del transporte público y privado, donde se asegure el efectivo desplazamiento en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfagan las necesidades; es por ello que, periódicamente se realizan operativos en coordinación con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México; además de supervisiones para mantener libres las vialidades, que permitan el libre tránsito en esta demarcación.
Adán Érik Castro Lara (rúbrica)
Director de Movilidad, alcaldía Magdalena Contreras
De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante la cual remite contestación de la alcaldía de Azacapotzalco, al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de exhortar a los municipios a incluir en su normativa medidas respecto a la obstrucción de la vía pública y de la libertad de tránsito mediante objetos, vehículos o señalizaciones para reservar espacios de estacionamiento
Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2019.
En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B), y 55, fracciones XVI y XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por este medio adjunto el oficio ALCALDIA-AZCA/SP /2019-1091 de fecha 29 de octubre de 2019, signado por el licenciado Juan Carlos Chávez Becerril, secretario particular del alcalde en Azcapotzalco, mediante el cual remite la respuesta al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar DGPL 64-II-5-1192.
Azcapotzalco, Ciudad de México, 29 de octubre de 2019.
Por instrucciones del doctor Vidal Llerenas Morales, alcalde de Azcapotzalco, refiero los oficios con número de referencia SG/DGJyEL/PA/DIP/592.14/2019, suscrito por el licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez, director general Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de Ciudad de México y el DGPL 64-II-5-1192, signado por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo federal, LXIV Legislatura, conducto por los cuales solicitan la atención al punto de acuerdo emitido, que a la letra dice:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a·todos los municipios, alcaldías o localidades de las zonas metropolitanas o urbanizadas de las entidades federativas a cumplir con la normativa vigente o, en su caso, actualizar su normatividad o reglamentación respectiva, mediante medidas pertinentes en materia de tránsito movilidad, con el objeto de reforzar y establecer mecanismos para evitar la obstrucción de la vía pública mediante objetos, vehículos o señalización para reservar o delimitar espacios de estacionamiento.
Segundo. [...]
En este contexto, me permito hacer de su conocimiento las acciones institucionales por parte de este órgano político administrativo, mediante la instrucción a los controladores del comercio en la vía pública, instruyéndoles a que ningún vendedor que cuente con el permiso otorgado por éste órgano político administrativo obstruya la vía pública, con enseres u objeto alguno, en caso contrario será retirado de forma inmediata.
Sin más por el momento, reciba un respetuoso saludo.
Licenciado Juan Carlos Chávez Becerril (rúbrica)
Secretario particular del alcalde de Azcapotzalco
(Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento.)
En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones de la jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B), y 55, fracciones XVI y XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por este medio adjunto el oficio AAO/DGSU/2591/2019 de fecha 5 de noviembre de 2019, signado por el licenciado Salvador Tallabs Rubio, director general de Servicios Urbanos en la alcaldía de Álvaro Obregón, mediante el cual remite la respuesta al punto de acuerdo emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y comunicado mediante el similar DGPL 64-II-5-1192.
Por instrucción de la licenciada Layda Elena Sansores San Román, alcaldesa en Álvaro Obregón, adjunto al presente me permito enviar a usted, copia de oficio AAO/DGSU/DIU/571/2019 mediante el cual el licenciado Jorge Alberto Aduna Barba, director de Infraestructura Urbana, dependiente de esta Dirección General a mi cargo, dio atención y seguimiento a su similar SG/DGLyEUPA/DIP/592.15/2019, en relación al punto de acuerdo del 1 de octubre del 2019, aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
Licenciado Salvador Tallabs Rubio (rúbrica)
Ciudad de México, a 31 de octubre del 2019
Licenciado Salvador Tallabs Rubio
Por medio del presente, en atención y seguimiento a oficio número AAO/DGSU/2458/2019, de fecha 21 de octubre del año en curso, mediante el cual hace referencia a oficio SG/DGJyEL/PA/DIP/592.15/2019 suscrito por el licenciado Luis Gustavo Vela Sánchez, director general Jurídico y de Enlace Legislativo, adjunta oficio DGPL 64-II-5-1192 de fecha 1 de octubre de 2019 de la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual se hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el referido poder legislativo.
Primero. Se exhorta de manera respetuosa a todos los municipios, alcaldías o localidades de las zonas metropolitanas o urbanizadas de las entidades federativas a cumplir con la normativa vigente o en su caso actualizar su normatividad o reglamentación respectiva, mediante medidas pertinentes en materia de tránsito movilidad, con el objeto de reforzar y establecer mecanismos para evitar la obstrucción de la vía pública mediante objetos, vehículos o señalización para reservar o delimitar espacios de estacionamiento.
Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a todos los municipios de la República Mexicana para que realicen operativos de manera constante de liberación de vialidades y retiren cualquier objeto que impida el libre tránsito en la vía pública; obstruya o reserve espacios de estacionamiento en la calle y retire los autos abandonados o chatarra de cualquier tipo que afecte al medio ambiente, además de interponerse las sanciones correspondientes conforme a la normatividad vigente”.
Al respecto, tomando en cuenta nuestro compromiso como servidores públicos bajo el marco de nuestras atribuciones y responsabilidades en beneficio de la ciudadanía, por lo cual, a través de la Unidad Departamental de Mantenimiento a la Infraestructura Urbana adscrita a la Coordinación de Imagen e Infraestructura Urbana de la Dirección de Infraestructura Urbana dependiente de la Dirección General de Servicios Urbanos, realiza actividades en materia de mantenimiento a la infraestructura urbana, así como coadyuva en acciones en conjunto con la Secretaría de Movilidad (Semovi) como son:
-Instalación, rehabilitación y mantenimiento de los señalamientos horizontales y verticales en calles y/o vialidades secundarias.
-Balizamiento peatonal y vehicular en calles y/o vialidades secundarias o locales dentro de la demarcación. -Señalización vertical (discos) como:
—Señales restrictivas
—Señales preventivas
—Señales turísticas y de servicio.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviar un cordial saludo.
Licenciado Jorge Alberto Aduna Barba (rúbrica)
Director de Infraestructura Urbana, alcaldía Álvaro Obregón
La Paz, BCS, a 7 de noviembre de 2019.
Por medio de la presente, y por instrucciones de la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, presidenta de la Mesa Directiva del honorable Congreso del estado de Baja California Sur, y en atención al oficio número D.G.P.L.-64-II-4-1076, de fecha 1 de octubre del presente año, mediante la cual remiten acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, relativo al cumplimiento del quinto transitorio de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que con la brevedad posible, los Congresos locales realicen el proceso de armonización en su marco legal relacionados con las disposiciones contenidas. Dicho acuerdo fue turnado para el análisis correspondiente a la Comisión Permanente de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de este Poder Legislativo.
La comisión antes mencionada, en sesión pública ordinaria del día de hoy, jueves 7 de noviembre, presentó ante el pleno oficio número MMO/127/2019, mediante la cual informan que una vez realizado el análisis del tema en comento: “quedó debidamente cumplimentada a obligación de esta entidad federativa al expedir la ley en la materia, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 10 de noviembre de 2014, mediante decreto 2183. Así como la homologación de la reforma posterior de la ley general a la ley local, tal como se observan en los decretos 2368 y 2603, publicadas el 20 de agosto de 2016 y 31 de mayo de 2019, respectivamente”.
Sin otro particular, reitero a usted mi más distinguida consideración.
Diputada Lorenia Lineth Ontaño Ruiz (rúbrica)
La Paz, Baja California Sur, a 31 de octubre del 2019.
Diputada Daniela Viviana Rubio Avilés
Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año Constitucional de la XV Legislatura de Baja California Sur
En sesión pública ordinaria, de fecha 24 de octubre del presente año, fue presentado en comunicaciones oficiales el oficio número D.G.P.L.64-II-4-1076, de fecha 1 de octubre de los corrientes, remitido por la diputada federal María Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhortando mediante un punto de acuerdo a los Congresos locales que aún no han dado cumplimiento a lo establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que con la brevedad posible, realice un proceso de armonización en su marco legal relacionadas con las disposiciones contenidas.
Dicho oficio fue turnado a la Comisión Permanente de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de realizar la revisión correspondiente, por lo que sus integrantes al realizar una investigación y análisis del tema en comento, se arribó a las siguientes conclusiones:
1. Que el día 10 de noviembre del 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, mediante decreto numero 2183, la Ley de Prestación de Servicios para Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil para el Estado de Baja California Sur. Por lo que, en relación con el transitorio quinto de la ley general en comento, queda cumplimentada la obligación de esta entidad federativa a expedir su respectiva ley en la materia.
2. Que las posteriores reformas a la citada ley general también se realizaron en la ley local, tal como se puede observar en los decretos 2368 y 2603, con fecha de publicación del 20 de agosto del 2016 y 31 de mayo de 2019, respectivamente, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Diputada María Mercedes Maciel Ortiz (rúbrica)
Presidenta de la Comisión Permanente de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Pachuca de Soto, Hidalgo, 15 de noviembre de 2019.
Diputada presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Derivado de la función legislativa que realizan los integrantes de la Primera Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el 14 de noviembre de 2019, emitieron acuerdo interno, relativo al oficio número D.G.P.L. 64-II-4-1076 de 1 de octubre del año en curso, enviado por ustedes, comunicando acuerdo mediante el cual exhorta a los congresos locales que aún no han dado cumplimiento a lo establecido en el artículo Quinto transitorio de la Ley General de Prestación de los Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que a la brevedad posible realicen un proceso de armonización en su marco legal, relacionado con las disposiciones contenidas.
De manera que, por instrucciones y en suplencia de la Secretaría de la Directiva, envío copia del referido scuerdo interno, para su conocimiento y efectos.
Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.
Licenciado José Alberto Sánchez Castañeda (rúbrica)
Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del estado de Hidalgo
Primera Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia
A las diputadas Lucero Ambrocio Cruz, María Luisa Pérez Perusquía, Claudia Lilia Luna Islas, Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno y Lisset Marcelino Tovar, integrantes de la Primera Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia, del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, nos fueron turnados los asuntos que se relacionan en el cuerpo del presente documento, por lo que de conformidad con lo que establecen los artículos 75, 77, fracción VI, 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, nos permitimos realizar el presente estudio, con base en los siguientes:
Primero. En sesión ordinaria de fecha 16 de julio de 2019, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva, fue turnado a la Comisión que suscribe, el oficio CP2R1A-1685.12 de 3 de julio del presente, enviado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, comunicando punto de acuerdo por el que se exhorta o los congresos de los entidades federativas que no han armonizado su marco jurídico, de conformidad con lo establecido en los artículos Quinto y Sexto transitorios de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a que den cabal cumplimiento de sus obligaciones o fin de garantizar en plenitud lo protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes,
Segundo. En sesión ordinaria de fecha 28 de agosto de 2019, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva, fue turnado a la Comisión que suscribe el oficio número CP2R1A,3596.12 del 14 de agosto del presente año, enviado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, comunicando punto de acuerdo mediante el cual exhorta a los congresos locales a revisar y, en su caso, modificar las leyes estatales relativas a la protección, cuidado y atención al desarrollo de la infancia, para homologarlas con la Ley General de Presentación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Tercero. En sesión ordinaria de fecha 10 de octubre 2019, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva, fue turnado a la Comisión que suscribe el oficio número D.G.P.L. 64-II-4-1076 del l de octubre del año en curso, enviado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunicando acuerdo mediante el cual se exhorta a los congresos locales que aún no han dado cumplimiento a lo establecido en el artículo Quinto transitorio de la Ley General de Prestación de los Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que a la brevedad posible realicen un proceso de armonización en su marco legal, relacionado con las disposiciones contenidas,
Los asuntos referidos se registraron en el Libro de Gobierno de la Primera Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia, con los números 05/2019, 07/2019 y 10/2019.
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 y 138 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, los diputados integrantes de la Comisión actuante, nos permitimos presentar el siguiente:
Primero. La Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia se solidariza con los padres que perdieron a sus hijos, siendo una de las tragedias más dolorosas de que se tenga memoria en México: El incendio de la Guardería ABC, donde fallecieron cuarenta y nueve niñas y niños, y se suma a la exigencia de justicia y castigo a los culpables.
Segundo. En atención a los artículos Quinto y Sexto transitorios de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que establecen que los estados deberán dar cabal cumplimiento de sus obligaciones, a fin de garantizar en plenitud lo protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es de señalarse que el Poder Legislativo del estado de Hidalgo, promulgó la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado, Protección y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Hidalgo, publicada en el Periódico Oficial, el día lunes 25 de mayo de 2015, la cual se encuentra armonizada con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, por lo que no se encuentra dentro de los supuestos de exhortos del honorable Congreso de la Unión, motivo del asunto en estudio y señalando que en el dictamen en conjunto a las proposiciones con punto de acuerdo referente a exhortar a los Congresos locales para armonizar su marco legal con lo dispuesto en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de la Familia, suscritos por las diputadas Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández y Lourdes Celenia Contreras González, aprobado el 1 de octubre del presente, en el cual, dentro del contenido en su numeral 14, se encuentra que el estado de Hidalgo expidió la Ley Estatal en la materia, así como la fecha de su publicación, por lo que ha sido debidamente atendido.
Tercero. Bajo este tenor, quienes integramos la Comisión que suscribe, coincidimos en que, dados los antecedentes referidos, el planteamiento en comento ha quedado solventado.
Cuarto. Remítase a la Secretaría de Servicios Legislativos, para los efectos de los artículos 138 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y 69 Bis y 69 Quinquies de su Reglamento.
Elaborado en la sala de comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la Ciudad de Pachuca de Soto, a los 14 días del mes de noviembre del dos mil diecinueve.
Por la Primera Comisión Permanente de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia:
Diputadas: Lucero Ambrocio Cruz (rúbrica), presidenta; María Luisa Pérez Perusquía (rúbrica) y Claudia Lilia Luna Islas (rúbrica), secretarias; Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno y Lisset Marcelino Tovar (rúbrica), vocales.
(Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su conocimiento. )
Toluca de Lerdo, México, a 5 de noviembre de 2019.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 38 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de México, remito a usted copia del oficio 22100001 S/285/2019, suscrito por el licenciado Germán Salgado Castañeda, secretario particular del ciudadano secretario del Medio Ambiente, referente al punto de acuerdo por el que se solicitó revisar los programas de vigilancia e inspección para se detenga la tala ilegal en los municipios de Xalatlaco, Ocuilan, Ocoyoacac, y demás municipios de la zona sureste del estado e informar sobre los resultados obtenidos en las tareas de vigilancia e inspección en los bosques de esta entidad, mismo que fue notificado el día 7 de agosto de 2019, a través de oficio.
Metepec, México a 23 de octubre de 2019
Maestra Yaira Ramirez Burillo
Subsecretaria Jurídica y de Derechos Humanos
Estimada subsecretaria:
Por instrucciones del ingeniero Jorge Rescala Pérez, Secretario del Medio Ambiente, y en atención a su oficio número SJDH/SJyDH/0207/2019, mediante el cual remite acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de fecha 1 de octubre de 2019, con el objeto de “revisar los programas de vigilancia e inspección para que se detenga la tala ilegal en los municipios de Xalatlaco, Ocuilan, Ocoyoacac y demás municipios de la zona sureste del estado de México e informen públicamente sobre los resultados obtenidos en las tareas de vigilancia e inspección de los bosques de esa entidad”, al respecto me permito informarle lo siguiente:
Como es de su conocimiento que, esta Secretaría del Medio Ambiente a través de la Protectora de Bosques del estado de México (Probosque), ha emprendido diferentes acciones para combatir la ilegal, y así garantizar la protección y conservación de los recursos naturales de la Entidad.
No obstante lo anterior, Probosque de septiembre del año 2017 al día de hoy, en coordinación con las distintas autoridades federales, estatales, y en los municipios anteriormente citados, se han realizado 92 operativos, 13 filtros de revisión al transporte, 5 inspecciones a industria, así como la emisión de 23 dictámenes periciales, resultando en el aseguramiento de 54 personas, 39 vehículos, 10 motosierras, 25 herramientas menores, 12 maquinarias y 221 m3 de madera, las cuales se ha puesto a disposición de la autoridad ministerial competente.
Es importante destacar, que la alternativa de mayor impacto para evitar la tala ilegal y generar recursos en los núcleos agrarios y poblaciones aledañas a los bosques, es a través de la ejecución de programas de Manejo Forestal, que permiten a los legítimos propietarios la realización de los aprovechamientos forestales, sustentados en estudios técnicos autorizados por las instancias correspondientes, lo cual permite a éstos, la obtención lícita de recursos económicos, obligándolos simultáneamente a realizar los cuidados pertinentes a sus bosques.
A la fecha se carece del convenio de inspección y vigilancia forestal, con la federación, mismo que permitía a Probosque a realizar de forma directa recorridos de vigilancia preventiva, operativos forestales coordinados, filtros de revisión al transporte, inspección a predios forestales y verificar su legal aprovechamiento y abastecimiento de madera legal, inspecciones a industrias forestales (madererías y aserraderos), atender las denuncias forestales, instaurar procedimientos administrativos e impones sanciones, entre otras atribuciones; cabe destacar que se han cumplido con los requisitos que marca la ley publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 29/03/2018 y el periódico oficial del estado de México Gaceta del Gobierno.
Por lo que de conformidad con el artículo 154 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, actualmente la prevención y la vigilancia forestal corresponde a la Federación a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Cabe mencionar que esta Secretaría a través de Probosque, en el ámbito de su competencia, refrenda su compromiso de continuar trabajando para realizar una agestión ambiental sustentable.
Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo.
Licenciado Germán Salgado Castañeda (rúbrica)
Secretario Particular del Ciudadano
(Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su conocimiento. )
Con fundamento en lo establecido en el artículo 38 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de México, remito a usted copia del oficio DGAJ/22000006000000Ll0408/2019, suscrito por Rodrigo Alonso Aliaga, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad, referente al punto de acuerdo por el que se solicitó promover la creación de ordenamientos jurídicos y normativos o, en su caso, se revisen los vigentes, con el objeto de promover y reforzar la protección de los usuarios de vehículos no motorizados, mismo que fue notificado el día 7 de octubre de 2019, a través de oficio.
Tlalnepantla de Baz, estado de México, a 28 de octubre de 2019.
Subsecretaria Jurídica y de Derechos Humanos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos
Reciba un saludo. Por instrucciones del doctor en derecho Raymundo Édgar Martínez Carbajal, secretario de Movilidad, y en atención a su similar SJDH/SJyDH/0221/2019 del 15 de octubre de 2019, signado por usted, a través del cual envió acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en fecha 1 de octubre de 2019, con el objeto de que se “...se promueva la creación de ordenamientos jurídicos y normativos o, en su caso, se revisen los vigentes, con el objeto de promover y reforzar la protección de los usuarios de vehículos no motorizados...”; al respecto, una vez realizada la lectura correspondiente al instrumento jurídico de mérito, esta dirección general expone lo siguiente:
La Secretaría de Movilidad ha venido realizado acciones de regularización y ordenamiento del transporte enfocadas en la implementación del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable del estado de México, principalmente en lo dispuesto en el Plan de Desarrollo del estado de México 2017-2023, mismo que establece cuatro pilares y tres ejes transversales: pilar social, pilar económico, pilar territorial, pilar seguridad, ejes transversales: igualdad de género, gobierno capaz y responsable; y conectividad y tecnología para el buen gobierno, contempla en el objetivo 3.5. Objetivo: fomentar la prosperidad de las ciudades y su entorno a través del desarrollo urbano y metropolitano inclusivo, competitivo y sostenible, en su estrategia 3.5.6 refiere el consolidar un sistema integral de movilidad urbana sustentable en la entidad, indicando en una de sus líneas de acción, el consolidar el marco normativo, su actualización y modernización, para responder a las necesidades actuales de movilidad en la entidad, y de certeza a las acciones que en la materia se implementen.
En este caso, la Secretaría de Movilidad, dentro de su marco jurídico se encuentra la Ley de Movilidad del estado de México, ordenamiento jurídico que tienen por objeto “establecer las bases y directrices a las que se deberá sujetar la Administración pública para planear, regular, gestionar y fomentar la movilidad de las personas en el estado de México, mediante el reconocimiento de la movilidad como un derecho humano del que goza toda persona sin importar su condición, modo o modalidad de transporte” (sic), Ley que es de observancia general en el estado de México, y sus disposiciones son de orden público e interés general.
Aunado a lo anterior, la Ley de Movilidad del estado de México, en su artículo 3 menciona que dicho ordenamiento está dirigido a las autoridades en materia de movilidad, por cuanto se refiere a las bases y directrices a las que se deberán sujetar a fin de fomentar el derecho a la movilidad en el estado; a toda persona, sea o no residente del estado, a la que se dirige el Sistema Integral de Movilidad, por lo que se refiere al cumplimiento de las disposiciones de esta ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables; aquellas personas que actualmente son titulares o soliciten el otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, e incluso, concesión o asociación público privada vinculada a dicho sistema, conforme a lo dispuesto en la referida ley.
Así mismo, menciona en su artículo 6 de la multicitada Ley que son autoridades en materia de movilidad las siguientes:
I. El gobernador del estado.
II. La Secretaría de Movilidad.
III. Secretaría de Comunicaciones.
III Bis. Secretaría de Obra Pública.
IV. La Secretaría de Finanzas.
V. La Secretaría de Seguridad.
VI. Los municipios.
Dependencias anteriores que actúan en el ámbito de sus respetivas competencias en materia de movilidad, es decir, no es competencia exclusiva de esta Secretaría de Movilidad el tema de seguridad vial, sin embargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 fracción XIV, inciso i) de la Ley de mérito, le corresponde contemplar en la elaboración del Programa Estatal de Movilidad, entre otros subprogramas seguridad vial, dicho Programa debe ser aprobado por el Comité Estatal de Movilidad, el cual debe estar integrado entre otros, actores por la Secretaría de Seguridad y un representante de los Ayuntamientos, conforme a lo establecido en el artículo 11 fracciones III, inciso e), y VI de la Ley de Movilidad del estado de México.
Aunado a lo anterior, la multicitada Ley también contempla en su artículo 34 fracción 1, inciso f), dentro de la clasificación del servicio de transporte público el “Ecotaxi”, mismo que se presta a través de vehículos no motorizado, que cumplan con las características físicas y de operación que establezca la norma técnica correspondiente. Quedando estrictamente prohibido desarrollarlo con adecuaciones no previstas expresamente en la legislación aplicable.
Atinente a lo anterior, esta secretaría publicó en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno el 2 de mayo de año en curso el “Acuerdo del secretario de MOVILIDAD del estado de México que establece la Norma Técnica del Servicio Público de Transporte en la Modalidad de Discrecional de Pasaje Individual, en Vehículo de Propulsión no Mecánica Denominado Ecobicitaxi”, esto con la finalidad de regular el servicio público de transporte en la modalidad de vehículos de propulsión no mecánica, incluyendo el denominado Ecobicitaxi, el cual es accionado con la fuerza derivada del movimiento humano a través de pedales, adicionándole componentes o impulsores eléctricos.
Por lo anterior, en el estado de México, sí se cuenta con ordenamientos jurídicos que promueven la movilidad hacia la sustentabilidad teniendo la seguridad vial como máxima del sistema integral de movilidad.
No obstante lo anterior, esta Secretaría de Movilidad, a fin de persistir en las acciones de respeto y atención prioritaria del derecho a la movilidad, de considerarse necesario, se encuentra en la mejor disposición de sumar y coordinar esfuerzos en el ámbito de su competencia, con los distintos niveles de gobierno.
Sin otro particular por el momento, hago propicio el momento para reiterarle las muestras de mi consideración elevada y distinguida.
Rodrigo Alonso Aliaga (rúbrica)
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de octubre de 2019.
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
En atención del oficio número DGPL 64-II-7-1075, que dirige al licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del estado, en el que da a conocer el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura que al calce dice:
Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto de la división de poderes, la soberanía de las entidades federativas y la autonomía universitaria, exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal, a los gobiernos locales y a las universidades públicas de los estados para que, en el ámbito de sus competencias, impulsen un programa de realización de prácticas profesionales y servicio social de medicina, enfermería y trabajo social dirigido a comunidades con vulnerabilidad social.
Al respecto informo a usted que la Secretaría de Salud de Tamaulipas cumple la Ley General de Educación, cuyo artículo 24 establece: “Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación del servicio social como requisito previo para obtener título o grado académico”.
De igual manera realiza la distribución de campos clínicos, ajustado a la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-038-SSA3-2016, de la carreras de medicina, odontología y enfermería, respectivamente, y los Lineamientos Generales del Servicio Social Comunitario con Enfoque en Medicina Familiar (SSCEMF), expedidos por la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud.
Este nuevo modelo considera el desarrollo del SSCEMF en las siguientes sedes:
a) Centros de salud rurales de uno y dos núcleos básicos;
b) Hospitales de cabecera municipal;
c) Hospitales integrales;
d) Unidades de especialidades médicas; y
e) Otros establecimientos del primer nivel de atención autorizados como sedes.
En Tamaulipas, 33 por ciento de los pasantes en servicio social de medicina son asignados en áreas de vulnerabilidad, rotando 4 meses en hospitales, unidades de especialidades médicas y centros de salud rurales de las 12 jurisdicciones sanitarias en el estado.
La asignación de campos clínicos de pasantía de la carrera de licenciado en enfermería se realiza en dos promociones por año, y 90 por ciento de los estudiantes son asignados a las áreas mencionadas, al igual que 70 por ciento de los pasantes de la carrera de licenciado en trabajo social.
A fin de dar certeza jurídica al desempeño de las funciones de los prestatarios de servicio social, la Secretaría de Salud en el estado ha establecido 54 convenios de colaboración con instituciones de educación superior de las carreras de medicina, enfermería, odontología y carreras afines a la salud.
Doctora Gloria de Jesús Molina Gamboa (rúbrica)
Secretaria de Salud y Directora General de Servicios de Salud de Tamaulipas
Pachuca de Soto, Hidalgo, octubre 24 de 2019.
En seguimiento a similar con número DGPL.64.II.8.1075, de fecha 1 de octubre del año en curso, donde exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal, a los gobiernos locales y a las universidades públicas de los estados para que, en el ámbito de sus competencias, impulsen un programa de realización de prácticas profesionales y servicio social de estudiantes de medicina, enfermería y trabajo social dirigido a comunidades con vulnerabilidad social.
En referencia, hago de su conocimiento que el servicio profesional desde sus inicios tiene como finalidad en referencia a los becarios: “Estar ubicados en áreas rurales o urbanas, prioritariamente con menor desarrollo económico” (7.1.1 Norma Oficial Mexicana NOM- 009-SSA3-2013, Educación en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina y estomatología). Con base en lo anterior son considerados los espacios para la realización del servicio social.
En el tema de las prácticas profesionales, le comento que de acuerdo al marco normativo mencionado en su apartado refiere: “5.2 Los aspectos docentes y el programa académico del servicio social, se deben regir por lo que establecen las instituciones de educación superior, de conformidad con las atribuciones que les otorgan las disposiciones propias de su organización y funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes”; por lo que en seguimiento a su exhorto, difundiré la información entre las universidades públicas de Hidalgo vinculadas con esta Secretaría de Salud a objeto de que se atienda en tiempo y forma lo solicitado, sumándonos en todo momento a las actividades y estrategias que se requieran.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un respetuoso saludo.
Doctor Marco Antonio Escamilla Acosta (rúbrica)
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud
Chilpancingo, Guerrero, a 14 de octubre de 2019.
Hago de su conocimiento que he sido instruido por el licenciado Florencio Salazar Adame, secretario general de Gobierno, a fin de atender el contenido de su atento oficio número DGPL 64-II-4- 1073, de fecha 1 de octubre de 2019, mediante el cual notifica al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional Guerrero, la aprobación del acuerdo siguiente:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las y los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México a reconocer el desplazamiento forzado que ocurre en las entidades federativas, así como los riesgos a que se encuentran expuestos las y los habitantes que en ellas residen. Asimismo, consideren el registro de las víctimas de desplazamiento forzado a fin de que éstas puedan tener acceso a la reparación integral del daño que considera la Ley General de Víctimas.
Sobre el particular, de manera atenta y respetuosa informo a usted que se ha tomado debida nota del contenido del referido acuerdo; asimismo, le hago saber que en la legislación estatal se encuentran las Leyes número 487 para prevenir y atender el desplazamiento interno en Guerrero, y 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a fin de crear un marco conceptual y garante de los derechos de las personas que por causas diversas se ven obligadas a dejar su lugar de residencia habitual.
No obstante lo anterior, informo a usted que el acuerdo de referencia ha sido remitido al comisionado ejecutivo estatal de Atención a Víctimas, licenciado Luis Camacho Mancilla, a través del similar número SPG/ 2446/ 2019, de fecha 7 de octubre de 2019, por el secretario particular del gobernador, maestro Humberto Díaz Villanueva, como se comprueba con la copia fotostática que se adjunta al presente.
Director General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos
Chilpancingo, Guerrero, a 7 de octubre de 2019.
Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas en Guerrero
Por este medio me permito turnar a ustedes para su conocimiento el oficio número DGPL 64-II-4-1073, dirigido al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, signado por la diputada Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual hace del conocimiento que se aprobó el acuerdo
Primero. ... exhorta respetuosamente a las y los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México a reconocer el desplazamiento forzado que ocurre en las entidades federativas, así como los riesgos a que se encuentran expuestos las y los habitantes que en ellas residen. Asimismo, consideren el registro de las víctimas de desplazamiento forzado a fin de que éstas puedan tener acceso a la reparación integral del daño que considera la Ley General de Víctimas....
Maestro Humberto Díaz Villanueva (rúbrica)
Con fundamento en lo establecido en el artículo 38 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, remito a usted copia del oficio 222B21AO/677/2019, suscrito por María Isabel Sánchez Holguín, comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de México, referente al punto de acuerdo por el que se solicitó se reconozca el desplazamiento forzado que ocurre, así como los riesgos a los que se encuentran expuestos las y los habitantes, y considere el registro de las víctimas de desplazamiento forzado a fin de que éstas puedan acceder a la reparación integral del daño que contempla la Ley General de Víctimas, mismo que fue notificado el día 7 de octubre de 2019, a través de oficio.
Metepec, México, a 18 de octubre de 2019.
Maestra Yadira Ramírez Burillo
En seguimiento a su oficio SJDH/ SJyDH/ 0206/ 2019, relativo al “reconocimiento del desplazamiento forzado que ocurre, así como los riesgos a los que se encuentran expuestos las y los habitantes, y se considere el registro de las víctimas de desplazamiento forzado a fin de que estas puedan acceder a la reparación integral del daño que contempla la Ley General de Victimas”.
Al respecto me permito informar a usted, que esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de México es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del gobierno del estado de México, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto permitir la representación y participación directa de las víctimas y ofendidos del delito, así como a un trato sin distinciones, mediato, eficaz y respetuoso de sus derechos humanos, salvaguardando su seguridad e integridad física.
En tal virtud esta comisión, dentro de su marco normativo y contemplando los problemas a los que se enfrentan las víctimas y ofendidos de un delito, ante una situación de desplazamiento forzado, en términos de lo establecido en el artículo 8, fracciones XXI y XII, de las Reglas de Operación del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, ha designado parte del Fondo para el concepto denominado, gastos urgentes que consiste en:
Artículo 8. Los apoyos urgentes son aquellos gastos que por su naturaleza apremiante se deben cubrir en el momento, para prevenir situaciones que atenten o pongan en peligro la vida, la integridad física, la salud o la situación emocional de las víctimas u ofendidos...
X. Medidas de protección que se utilizarán para salvaguardar la seguridad e integridad física y psicológica de las víctimas u ofendidos del delito, para el caso de 105 incisos a) y b), es necesario contar con la evaluación del riesgo que emita la autoridad solicitante y la temporalidad de la medida no podrá exceder los tres meses, con opción a otorgarse por un periodo similar, si derivado de una nueva evaluación del riesgo se determina:
a) Botón de asistencia.
c) Traslados del lugar de residencia.
d) Los demás que sean necesarios.
XI. Pagos por concepto de trámites administrativos relacionados con las víctimas.
XII. Las demás que sean necesarias para el apoyo, ayuda y urgencia a favor de las víctimas u ofendidos.
Asimismo a través del asesor jurídico se solicita al ministerio público o al juez de control las medidas cautelares y providencias para proteger la vida de las víctimas y/o los ofendidos, su integridad física y psicológica, bienes, posesiones o derechos, incluyendo los de familiares y de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia, o en su caso cuando existan datos suficientes que indiquen que éstos pudieran ser afectados por los probables responsables o terceros implicados de la conducta delictiva, a fin de salvaguardando su seguridad e integridad física.
Asimismo el acceso a una reparación integral del daño dependerá de los agentes involucrados que de alguna forma vulneraron los derechos humanos de las víctimas, por lo que de acuerdo a lo establecido en la Legislación aplicable en el tema, esta Comisión tiene por objetivo garantizar e! acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados de primer contacto en psicología, trabajo social, orientación y atención jurídica que el Estado proporcionará a las víctimas y ofendidos de delitos y de violación a derechos humanos con motivo de la comisión de un hecho delictuoso, para lograr su reincorporación a la vida social, por lo que bastara el cumplir con su registro de victima ante el Registro Estatal de Víctimas, para poder acceder a todos los servicios multidisciplinarios de esta comisión, que será dable de manera directa en los casos que exista una determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las comisiones estatales en esta materia que dé cuenta de la violación a derechos humanos de las víctimas, así como recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias, que permitirán que en conjunto con las autoridades responsables de la violación a derechos humanos de las víctimas y/o los ofendidos, se trabaje en conjunto y se logre una reparación integral.
Sin otro particular, le reitero las muestras de mi consideración distinguida.
María Isabel Sánchez Holguín (rúbrica)
Hago referencia al oficio DGPL-64-11-5-1197, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 1 de octubre del año en curso, que en su parte resolutiva señala:
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de La Unión, solicita respetuosamente a la Fiscalía General de la República, así como a las fiscalías generales y procuradurías generales de las entidades federativas, que informen a esta soberanía el avance para combatir el rezago en la investigación de los delitos cometidos contra periodistas de conformidad con el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General de La República, así como a las fiscalías generales de los estados y procuradurías generales, a que hagan público a la brevedad posible, cuáles son los mecanismos que han implantado y diseñado para garantizar las medidas de protección idóneas durante la investigación cuando las víctimas directas e indirectas se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión.
En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 16. 21. 102 apartado A. 119 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1, 2, 3, 4. 5, 33 apartado A fracción I y los transitorios Tercero, Cuarto, Quinto (interpretado a contrario sensu). Sexto y Décimo Segundo fracción I de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, hago de su conocimiento, que el maestro José Aarón Gómez Orduña, titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, comunicó a esta Dirección la respuesta del licenciado Nahum Pedro Zárate, director general adjunto de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, siendo la siguiente:
Respecto al resolutivo primero, se informa que el protocolo homologado de investigación de los delitos cometidos contra la libertad de expresión es una herramienta cuyo objetivo general es el de Investigar los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística en el marco de la libertad de expresión, a través de un enfoque diferencial y especializado de acuerdo con los estándares internacionales en libertad de expresión, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia. Profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos, con el propósito de esclarecer los hechos, y en su caso, sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado u optar por la mejor alternativa a nivel procesal garantizando en todo momento la reparación del daño.
Por lo que dicha herramienta cumple con el propósito de orientar eficaz y diligentemente las investigaciones de delitos cometidos contra la libertad de expresión.
Sin embargo, es de destacarse que para garantizar que aquellos crímenes contenidos contra la libertad de expresión, sean investigados eficientemente y considerando su impacto en la sociedad, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) estableció desde principios de 2018, diversas unidades de investigación y litigación, como se menciona a continuación:
• Unidad A: Especializada en delitos de homicidio (delito de mayor impacto),
• Unidad B: Especializada en delitos de amenazas (delito con mayor número de denuncias).
• Unidad C: especializada en delitos cometidos contra la integridad personal y contra el patrimonio (en esta unidad se analizan principalmente los casos de abuso de autoridad y lesiones).
• Unidad de Atención Inmediata: tiene por objeto atender y canalizar adecuadamente a las victimas e investigaciones. En esta Unidad se priorizan aquellos casos que pueden ser solucionados a través de Medios Alternativos de Solución de Controversias.
• Unidad del Sistema de Justicia Inquisitivo: comprende todas las averiguaciones previas en el viejo sistema de justicia penal y considera un esquema para la resolución de casos prioritarios.
Esto permitió que se reorientaran los esfuerzos de los agentes del Ministerio Público de la federación a atender más eficientemente los asuntos denunciados en la FEADLE; además de abatir el rezago de expedientes de años anteriores, como se muestra a continuación en las siguientes gráficas:
Como se observa en la primera gráfica, en 2018 y 2019 las determinaciones han sido mayores a los inicios de expedientes: lo que significa que se está eliminando poco a poco la existencia anterior de expedientes rezagados, esto se observa claramente en la segunda gráfica.
Asimismo, se hoce de su conocimiento que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión en el ámbito de su competencia, realiza una sistematización de la información contenida en denuncias, relativas a delitos contra la libertad de expresión y emite informes mensuales de estadística al respecto, a partir de julio de 2013: y que pueden ser consultadas en su micrositio con la siguiente liga:
https://www.gob.mx/fgr/acciones-v-programas/
(iscalia-especial-para-la-atencion­de-delitos-cometidos- contra-la-libertad-de-expresion-18894.
Ahora bien, en lo concerniente al resolutivo segundo, esta Fiscalía Especial elaboró el Protocolo Homologado de Investigación de Los Delitos cometidos contra La Libertad de Expresión: mismo que fue aprobado el 11 de octubre de 2018, en el marco de La XL Asamblea Plenaria Ordinaria de La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia: y el 12 de noviembre de 2018 fue publicado el extracto en el Diario Oficial de la Federación.
En su elaboración participaron instituciones internacionales, organismos públicos y de la sociedad civil: entre estos se contó con las aportaciones del propio relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, reunidas en “Espacio OSC”, como lo son: Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Reporteros sin Fronteras, Artículo 19; además de la participación de Provoces (organización que brinda una consultoría financiada por USAID para temas de procuración de justicia y protección de periodistas).
Siendo este un mecanismo por el cual los agentes del Ministerio Público de la federación se orientan para determinar las medidas de protección idóneas a las víctimas de los delitos cometidos contra la libertad de expresión; además de las leyes y normatividad vigentes, dispuestas para ello. Prueba de ellos es que en el apartado denominado “Políticas de Operación” en el numeral 10 del Protocolo, menciona que:
10. Se analizará la situación de riesgo y vulnerabilidad de la víctima o persona ofendida, para la aplicación de medidas de protección
Además de que en el apartado Acciones Inmediatas se menciona que:
A partir de la información obtenida, la o el agente del Ministerio Público (aMP) establecerá las acciones inmediatas necesarias para garantizar en todo momento los derechos de las víctimas o persona ofendidas, en especial aquellas que deban realizarse con la finalidad de garantizar su vida e integridad personal, entre ellas:
De acuerdo con la situación de riesgo, se deberá informar a la víctima o persona ofendida de manera clara y oportuna sobre la existencia del MPPDDHP.
Nota: Dicha explicación deberá contener cuando menos cuáles son las competencias y estructura del MPPDDHP, tipos de procedimientos, datos de contacto y ubicación, así como los tipos de medidas de protección con las que cuenta.
En caso urgente, la o el aMP, previo consentimiento informado de la víctima o persona ofendida, podrá hacer la canalización inmediata vía telefónica con el personal del MPPDDHP a fin de garantizar su vida e integridad personal.
Sin perjuicio de lo anterior, la o el aMP dictará aquellas medidas de protección que correspondan, de acuerdo a la situación de riesgo de la víctima o persona ofendida.
No se omite señalar, que el multicitado Protocolo Homologado de Investigación de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión; es de dominio público desde su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación; además de que se encuentra publicado en el micrositio de la FEADLE, que se señaló con anterioridad.
Es importante señalar, que de conformidad al artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP); el agente Misterio Público de la Federación puede ordenar de manera fundada y motivadamente, la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido; en este sentido, dicta las medidas más no las implementa.
Lo señalado, con fundamento en lo previsto en los artículos 1o., 6o. y 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tercero transitorio y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; 1, 2, 4, 122 y 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los Acuerdos A/145/10 y A/l09/12, de la Procuraduría General de la República, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010 y 25 de mayo de 2012, respectivamente; además del Acuerdo de la Fiscalía General de la República A/013/19 publicado en el DOF el 15 de julio de 2019.
Sin otro particular. Le reitero mi distinguida consideración.
Doctor José Enrique Prieto Vargas (rúbrica)
(Se turna a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.)
Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Por instrucciones del licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, fiscal general del estado de Nayarit; y en atención al oficio DGPL/64-II-5-1189, de fecha 1 de octubre del 2019, signado por usted, informo que, una vez solicitada la información a los agentes del Ministerio Público adscritos a las unidades de investigación a mi digno cargo, adjunto el oficio 784.10/2019, signado por la licenciada Claudia Monroy Laredo, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Prevención, Combate y Erradicación de la Violencia contra la Mujer por Cuestión de Genero, en donde rinde la información solicitada referente a los mecanismos para combatir el rezago en la investigación de los delitos contra periodistas, para los efectos legales correspondientes.
Le agradezco de ante mano su atención.
Maestro Rodrigo Benítez Pérez (rúbrica)
Director General de Investigación Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Nayarit
San Francisco de Campeche, Campeche, 15 de octubre de 2019.
En atención a su oficio número DGPL 64-II-4-1075, expediente 1892, de fecha 1 de octubre de 2019, dirigido al licenciado Carlos Miguel Aysa González, gobernador de Campeche, mediante el cual se hace conocimiento la aprobación del acuerdo de la sesión celebrada el martes 1 de octubre de 2019, citando lo siguiente: “Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las entidades federativas afectadas por el sargazo establecer un plan conjunto de acción para mitigar el impacto del sargazo en las economías estatales”.
En atención al exhorto referido, le informo que en el litoral del estado de Campeche no se han presentado arribos atípicos de sargazo y que, considerando las condiciones oceanográficas que prevalecen en el Golfo de México no se estima la llegada de estas macro algas. Sin embargo, la presencia de fenómenos meteorológicos extremos como huracanes de alta categoría podrían generar condiciones para arribazón de sargazo.
Derivado de ello y en consideración al exhortó emitido, reiteramos el compromiso del Poder Ejecutivo del estado, para aplicar acciones con el objetivo de fortalecer la estrategia de monitoreo periódico en aguas y playas litorales, a fin de detectar la presencia atípica de sargazo, que realiza la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de Campeche, involucrando la participación activa de los miembros del Consejo Técnico Consultivo de Vida Silvestre del estado de Campeche, así como del Comité Estatal del Programa de Protección de Tortugas Marinas.
Licenciada en Administración de Empresas Iliana Herrera Pérez (rúbrica)
Secretaria de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático
(Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para su conocimiento.)
La Paz, Baja California Sur, a 29 de octubre de 2019.
En sesión pública ordinaria, celebrada el martes 29 de octubre del presente año, el Pleno del honorable Congreso del estado de Baja California Sur, aprobó un punto de acuerdo (se anexa copia) consistente en los siguientes resolutivos:
Primero. El Congreso del estado de Baja California Sur, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remite al honorable Congreso de la Unión, iniciativa de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los siguientes términos:
El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: se adiciona el artículo 44 Bis y el Capítulo IV Bis a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo Único. Se adiciona el artículo 44 Bis y el Capítulo IV Bis con los artículos 54 Bis, 54 Ter, 54 Quáter, 54 Quinquies, 54 Sexies, 54 Septies y 54 Octies, a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 44 Bis. Los trabajadores tienen derecho a optar por cualquiera de los regímenes de pensión a que se refieren los capítulos IV y IV Bis del presente Título.
La opción adoptada por el Trabajador deberá comunicarla por escrito al Instituto a través de las Dependencias y Entidades. mediante formato que se apruebe para ejercer este derecho y que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 54 Bis. A los Trabajadores y las Trabajadoras que opten por el sistema a que se refiere el presente capítulo, se les aplicarán las siguientes modalidades:
I. Los Trabajadores que tengan al menos sesenta años de edad y hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que tengan al menos cincuenta y ocho años de edad y hubieren cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por Jubilación equivalente al cien por ciento del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el Trabajador o la Trabajadora hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja.
II. Los Trabajadores y las Trabajadoras que cumplan cincuenta y cinco años de edad o más y quince años o más de cotización al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios equivalente a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio que se define en el artículo 54 Quáter, de conformidad con la siguiente Tabla:
22 años de servicio 67.5%
III. Los Trabajadores y las Trabajadoras que se separen voluntariamente del servicio o que queden privados de trabajo después de los sesenta años de edad y que hayan cotizado por un mínimo de diez años al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de cesantía en edad avanzada, equivalente a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio, de conformidad con la siguiente Tabla:
El otorgamiento de la Pensión por cesantía en edad avanzada se determinará conforme a la tabla anterior, incrementándose anualmente conforme a los porcentajes fijados hasta los sesenta y cinco años, a partir de los cuales disfrutará del cincuenta por ciento fijado.
Artículo 54 Ter. El cómputo de los años de servicio se hará considerando uno solo de los empleos, aun cuando el Trabajador o la Trabajadora hubiese desempeñado simultáneamente varios empleos cotizando al Instituto, cualesquiera que fuesen; en consecuencia, poro dicho cómputo se considerará, por una sola vez el tiempo durante el cual haya tenido o tenga la persona interesada el carácter de Trabajador o Trabajadora.
Artículo 54 Quáter. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador o trabajadora, siempre y cuando tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de tres años. Si tuviere menos de tres años ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido, sin importar su antigüedad en el mismo.
Artículo 54 Quinquies. Los Trabajadores y las Trabajadoras a que se refiere este capítulo, en caso de sufrir un riesgo del trabajo, y sus familiares derechohabientes, en caso de su fallecimiento a consecuencia de un riesgo del trabajo, tendrán derecho a una pensión en los términos de lo dispuesto por el seguro de riesgos del trabajo previsto en esta ley. Para tal efecto, el Instituto, con cargo a los recursos que a tal efecto le transfiera el Gobierno Federal, contratará una renta vitalicia a favor del Trabajador o Trabajadora, o en caso de fallecimiento, el seguro de sobrevivencia para sus familiares derechohabientes.
Artículo 54 Sexies. Los Trabajadores y las Trabajadoras a que se refiere este capítulo, en caso de invalidez, estarán sujetos a un periodo mínimo de cotización de quince años para tener derecho a Pensión, misma que se otorgará por un porcentaje del promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior, conforme a lo siguiente:
27 años de servicio 85’%
Artículo 54 Septies. Los Familiares Derechohabientes del Trabajador o trabajadora fallecidos, en el orden que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen derecho a una Pensión equivalente al cien por ciento de la que hubiese correspondido al Trabajador o Trabajadora, aplicándose el periodo mínimo de quince años de cotización para tener derecho a la Pensión.
Artículo 54 Octies. La cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del día primero del mes de enero de cada año.
En caso de que en el año calendario anterior el incremento del índice Nacional de Precios al Consumidor resulte inferior a los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, las cuantías de las pensiones se incrementarán en la misma proporción que estos últimos.
De no ser posible la identificación del puesto, para el incremento que corresponde a la pensión respectiva, se utilizará el índice Nacional de Precios al Consumidor como criterio.
Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de su pensión. Esta gratificación deberá pagarse en un cincuenta por ciento antes del quince de diciembre y el otro cincuenta por ciento a más tardar el quince de enero, de conformidad con las disposiciones que dicte la Junta Directiva. Asimismo, tendrán derecho en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles a los pensionados.
Artículo Segundo. Las Cuotas y Aportaciones del seguro de retiro. cesantía en edad avanzada y vejez de los Trabajadores que opten por el régimen previsto en el capítulo IV Bis a que se refiere el presente decreto, serán ingresados en la tesorería del Instituto, excepto la aportación del dos por ciento de retiro. la cual se destinará a la Subcuenta de ahorro para el retiro de las cuentas individuales de estos trabajadores que serán administradas exclusivamente por el Pensionissste.
Artículo Tercero. Estarán a cargo del Gobierno Federal las Pensiones que se otorguen a los Trabajadores que opten por el esquema establecido en el capítulo IV Bis a que se refiere el presente decreto, así como el costo de su administración.
El Gobierno Federal cumplirá lo previsto en el párrafo anterior mediante los mecanismos de pago que determine a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los que en ningún caso afectarán a los Trabajadores.
El instituto transferirá a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público los recursos a que se refiere el artículo anterior, en los términos que se convengan.
Artículo Cuarto. El formato a que se refiere el artículo 44 Bis contenido en el presente decreto. deberá ser publicado en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la vigencia del mismo.
Artículo Quinto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.
Segundo. Remítase el presente punto de acuerdo a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjuntando el acta de la Sesión en que se aprueba.
Diputada Lorenia Lineth Montaño Ruiz
Presidenta de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el 20 noviembre de 2019, aprobó el acuerdo legislativo número 780-LXII-19, del que le adjunto copia, en el cual, de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.
Guadalajara, Jalisco, a 21 de noviembre de 2019.
Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes (rúbrica)
Secretario General del Honorable Congreso
Del honorable Congreso del estado de Jalisco, por el que se eleva a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión una iniciativa de decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la adición de la fracción L) de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Artículo Primero. Envíese al Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a nombre de la LXII legislatura del Congreso del estado de Jalisco, junto con el presente acuerdo legislativo como exposición de motivos, el siguiente:
Primero. Se eleva a consideración del honorable Congreso de la Unión una iniciativa de decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Así mismo los bienes que sean materia de la comisión del delito de violación con independencia de su procedencia.
Segundo. Se reforma el artículo 1o. de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, agregando la fracción I), a I aparte final su parte final, para quedar como sigue:
Artículo 1. La presente Ley Nacional es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio, acorde con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y demás instrumentos internacionales que regulan el decomiso, en su vertiente civil que es la materia de esta Ley, vinculatorios para el Estado Mexicano. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular:
Para los efectos de esta Ley son hechos susceptibles de la extinción de dominio, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, los siguientes:
De la A a la K (...)
I) Violación.
Los contemplados en el Código Penal Federal, en el artículo 265 y sus equivalentes en los códigos penales o leyes especiales de las entidades federativas.
Artículo Segundo: Se instruye a la Secretaría General de este honorable Congreso del estado de Jalisco a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo al honorable Congreso de la Unión.
Salón de Sesiones del honorable Congreso del estado de Jalisco.
Guadalajara, Jalisco, a 12 de noviembre del año 2019.
La Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales
Diputados: Claudia Murguía Torres, presidenta; Ismael Espanta Tejeda, secretario; Salvador Caro Cabrera, Mariana Fernández Ramírez, Adenawer González Fierros, Héctor Pizano Ramos, vocales (rúbricas).

References: artículo 44
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 77
 artículo 102
 artículo 43
 artículo 47
 artículo 154
 artículo 4
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 4
 artículo 77
 artículo 25
 artículo 133
 artículo 77
 artículo 24
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 75
 artículo 42
 artículo 27
 artículo 42
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 15
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 7
 artículo 36
 artículo 12
 artículo 26
 artículo 93
 artículo 26
 artículo 3
 artículo 5

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 17

Artículo 22

Artículo 24

Artículo 48
 artículo 26
 artículo 41
 artículo 16
 artículo 26
 artículo 26
 Resolución 
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 38
 artículo 154
 artículo 38
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 26
 artículo 11
 artículo 34
 artículo 24
 artículo 38
 artículo 8

Artículo 8
 resolución 
 Artículo 19
 artículo 137
 artículo 71
 artículo 44
 artículo 44

Artículo 44

Artículo 54
 artículo 54

Artículo 54

Artículo 54

Artículo 54

Artículo 54

Artículo 54

Artículo 54
 artículo 44
 artículo 72
 artículo 22
 artículo 71
 artículo 22
 artículo 1

Artículo 1
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 265