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Timestamp: 2020-02-25 02:24:28+00:00

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﻿ LAUDO EN DERECHO GENSER GENERAL LIMITADA Y LABORATORIOS SMART S.A., EN REESTRUCTURACIÓN VS CAMILO BERNAL PRIETO SEPTIEMBRE 21 DE 2007
LAUDO EN DERECHO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2007
ÁRBITROS:Jaime Humberto Tobar Ordoñez, Carlos Gustavo Arrieta Padilla, Humberto de la Calle Lombana
DEMANDANTE:Genser General Limitada y Laboratorios Smart S.A., en reestructuración
DEMANDADO:Camilo Bernal Prieto
NORMAS ANALIZADAS:- Constitución Política: art. 83 - Código Civil: arts. 407, 416, 845,1602, 1622 - Código de Comercio: arts. 98, 118 - Código de Procedimiento Civil arts. 187, 392 - Ley 222 de 1995 arts. 22 - Decreto 1818 de 1998 art. 144 - Sentencias Corte Constiutcional: T-472 de 1992, T-611 de 1997, T-336 de 1997, T-295 de 1999, T- 827 de 1999, T- 947 de 2000, T- 618 de 2000, T- 450 de 2002 , C-835 de 2003 , T-793 de 2004, T- 830 de 2004.
Genser General Limitada y Laboratorios Smart S.A. en reestructuración
Camilo Bernal Prieto
Septiembre 21 de 2007
Bogotá, D.C., Septiembre 21 de 2007
Surtidas como se encuentran la totalidad de las actuaciones procesales previstas en el Decreto 2279 de 1989, la Ley 23 de 1991 y la Ley 446 de 1998 para la debida instrucción del trámite arbitral, y siendo la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la Audiencia de Fallo, el Tribunal de Arbitramento profiere, en derecho, el Laudo conclusivo del proceso arbitral convocado para dirimir las diferencias entre GENSER GENERAL LIMITADA y LABORATORIOS SMART S.A. EN REESTRUCTURACIÓN, parte convocante y convocada en reconvención, y CAMILO BERNAL PRIETO, parte convocada y convocante en reconvención, previos los siguientes antecedentes:
1. EL PACTO ARBITRAL
Las controversias que se deciden mediante el presente Laudo se originan en el pacto arbitral, contenido en el capítulo XII de los estatutos sociales de la sociedad Laboratorios Smart Limitada, en cuyo artículo Centésimo Décimo Primero, se pactó la siguiente cláusula compromisoria, que a letra dice:
Artículo Centésimo Décimo Primero.- ARBITRAMENTO: Toda diferencia o controversia que se suscite entre los accionistas y la sociedad o los accionistas entre sí, relativa a este contrato y a su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento que estará compuesto por tres árbitros, designados por las partes dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se suscite el conflicto y si ello no es posible, por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva dicha cámara. De todos modos, la conformación y funcionamiento del tribunal se sujetará a lo dispuesto por el Decreto 2279 de 1989 y a las disposiciones legales que lo modifiquen y adicionen, de acuerdo con las siguientes reglas: a) La organización interna del tribunal se sujetará alas reglas previstas para el efecto en la ley; b) El tribunal decidirá en derecho; y c) El tribunal funcionará en la ciudad de Santa Fe de Bogotá en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de esta ciudad, o en el que las partes escojan de mutuo acuerdo” (Folio 68 del Cuaderno de Pruebas 1).
2. PARTES PROCESALES.
2.1. Parte convocante y convocada en reconvención.
La parte convocante en el presente trámite arbitral está conformada por:
2.1.1. La sociedad GENSER GENERAL LIMITADA, en adelante GENSER, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, constituida mediante escritura pública 2373 del 25 de julio de 1994, otorgada en la Notaría 41 de Bogotá, representada legalmente por SOFÍA PRIETO CONTRERAS, como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (folios 18 y 19 del cuaderno principal 1).
2.1.2. La sociedad LABORATORIOS SMART S.A. en reestructuración, en adelante SMART, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, constituida mediante escritura pública 435 del 14 de febrero de 1967, otorgada en la Notaría 4 de Bogotá, representada legalmente por SOFÍA PRIETO CONTRERAS, como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (folios 15 a 17 del cuaderno principal 1).
En el presente proceso arbitral, están representadas judicialmente por el abogado RICARDO VANEGAS BELTRÁN, de acuerdo con el poder visible a folios 13 y 14 del Cuaderno Principal 1.
2.2. Parte convocada y convocante en reconvención.
La parte convocante en este trámite arbitral es el señor CAMILO BERNAL PRIETO, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, quien comparece a este proceso en nombre propio.
En este trámite arbitral el señor CAMILO BERNAL PRIETO está representado judicialmente por el abogado ANTONIO PABÓN SANTANDER, de acuerdo con el poder visible a folio 73 del Cuaderno Principal 1.
2.3. Litis consorte necesaria: SOFÍA PRIETO CONTRERAS.
El litisconsorte necesario en este trámite arbitral es la señora SOFÍA PRIETO CONTRERAS, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, quien comparece a este proceso en nombre propio.
En este trámite arbitral la señora SOFÍA PRIETO CONTRERAS está representada judicialmente por la abogada VERÓNICA GONZÁLEZ LEHMANN.
3. Iniciación del trámite.
1. Con fundamento en la Cláusula Compromisoria, el 24 de marzo de 2006, GENSER y SMART presentaron solicitud de convocatoria frente a CAMILO BERNAL, ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá (Cuaderno Principal 1, folios 1 a 12).
2. El 8 de mayo de 2006, se dio inicio a la audiencia de instalación, en la cual, mediante Auto 1 de la misma fecha (Acta 1), se declaró legalmente instalado el Tribunal, se nombró como Secretario al doctor José Roberto Sáchica; se asumió competencia para efectos de conocer del trámite que con anterioridad a la sentencia C-1038 de 2002 de la Corte Constitucional competía a los Centros de Arbitraje y se reconoció personería al apoderado de las sociedades convocantes.
Adicionalmente, mediante Auto 2 se admitió la demanda arbitral, se ordenó correr traslado a la parte convocada de la demanda por el término legal, se citó como litisconsorte necesaria a la señora Sofía Prieto Contreras y se ordenó notificar personalmente el auto a las partes haciéndoles entrega de una copia de la demanda junto con sus respectivos anexos a la parte convocada. (Cuaderno Principal 1, folios 53 a 55).
3. Al tenor de lo previsto en el artículo 315 del CPC y en cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal en Auto 2 proferido el 8 de mayo de 2006, se remitió la comunicación de notificación al señor CAMILO BERNAL PRIETO.
4. El día 19 de mayo de 2006, se notificó personalmente a la señora Sofía Prieto Contreras el Auto 2 haciéndole entrega de una copia de la mencionada providencia así como de la convocatoria y sus anexos.
5. El día 26 de mayo de 2006, estando dentro del término legal, la señora Sofía Prieto Contreras, obrando mediante apoderada, adhirió a la cláusula compromisoria, por lo que en su calidad de litisconsorte necesario, procedió a allanarse de todas y cada una de las pretensiones de la demanda (Cuaderno Principal 1, folios 67 y 68).
6. El día 26 de mayo de 2006, el señor Camilo Bernal Prieto, por intermedio de su apoderado, se notificó del contenido del Auto 2 por medio del cual se admite la demanda.
7. El día 1º de junio de 2006, estando dentro de la oportunidad legal, el señor apoderado de la parte convocada presentó un escrito por medio del cual interpuso recurso de reposición contra el Auto 2 proferido el día 8 de mayo de 2006, por medio del cual se admitió la demanda arbitral.
Del recurso de reposición formulado se corrió traslado a la parte convocante en los términos previstos en los artículos 349 del CPC. La correspondiente lista de traslado se fijó en la sede del Tribunal el 6 de junio de 2006 (Cuaderno Principal 1, folios 78 a 82).
8. Estando dentro de la oportunidad legal, el día 6 de junio de 2006 el apoderado de la parte convocante, se pronunció respecto del traslado del recurso interpuesto, oponiéndose a la prosperidad del mismo y solicitando la confirmación de la providencia recurrida (Cuaderno Principal 1, folios 83 a 86).
9. Mediante Auto 3 (Acta 2) de fecha junio 12 de 2006, el Tribunal resolvió el recurso interpuesto por la parte convocada confirmando íntegramente la providencia recurrida. Adicionalmente, dio por contestada la demanda por parte de la señora Sofía Prieto y reconoció personería a los señores apoderados de la parte convocada y del litisconsorte necesario. La anterior providencia se notificó a los señores apoderados de las partes, por estado fijado el día 16 de junio de 2006 (Cuaderno Principal 1 Folios 90 a 95).
10. El 5 de julio de 2006, en oportunidad para ello, el señor CAMILO BERNAL PRIETO contestó la demanda arbitral, con expresa oposición a las pretensiones e interposición de excepciones de mérito, adicionalmente presentó demanda de reconvención en contra de GENSER GENERAL LIMITADA y LABORATORIOS SMART S.A. en reestructuración y formuló llamamiento en garantía a la señora SOFÍA PRIETO CONTRERAS (Cuaderno Principal 1, folios 96 a 119).
11. Mediante Auto 4 del 21 de julio de 2006 (Acta 3), el Tribunal admitió la demanda de reconvención, ordenó notificar dicha providencia personalmente y correr traslado a la parte demandada en reconvención (Cuaderno Principal 1, folios 121 y 122).
12. La providencia admisoria de la demanda de reconvención fue notificada personalmente a las partes el 31 de julio de 2006 (Cuaderno Principal 1, folios 123 a 126).
13. El 15 de agosto de 2006, en oportunidad para ello, la parte convocante y convocada en reconvención (GENSER y SMART), contestó la demanda de reconvención, proponiendo excepciones que denominó de fondo (Cuaderno Principal 1 folios 129 a 138).
14. El día 15 de agosto de 2006, en oportunidad para ello, la señora Sofía Prieto Contreras, por intermedio de su apoderada, se pronunció respecto de la demanda de reconvención (Cuaderno Principal 1 folios 199 a 141).
15. El 18 de agosto de 2006, mediante fijación en lista, se corrió traslado de las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demanda principal y en la contestación a la demanda de reconvención.
16. El 24 de agosto de 2006, el señor CAMILO BERNAL PRIETO, por intermedio de su apoderado y mediante escrito descorrió el traslado de las excepciones propuestas por la parte convocante, solicitando pruebas adicionales (Cuaderno Principal 1, folios 144 a 153).
17. El 25 de agosto de 2006, la parte convocante y convocada en reconvención (GENSER y SMART), por intermedio de su apoderado y mediante escrito descorrió el traslado de las excepciones propuestas por la parte convocada (Cuaderno Principal 1, folios 154 a 160).
18. Por Auto 5 (Acta 4) de fecha agosto 28 de 2006, se fijó el día 14 de septiembre de 2006, como fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación. Se advirtió que si las partes no llegaban a un acuerdo, se procedería a la fijación de gastos y honorarios del Tribunal (Cuaderno Principal 1, folios 161 y 162)
19. El día 31 de agosto de 2006, el apoderado de la parte convocada y convocante en reconvención, presentó en tiempo recurso de reposición contra el Auto 5 de fecha agosto 28 de 2006, mediante el cual el Tribunal fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación.
El citado recurso se fijó en lista e traslados el 5 de septiembre de 2006, habiendo transcurrido el término en silencio de la parte convocante y la litisconsorte necesaria. (Cuaderno Principal 1, folios 172 a 176)
20. Mediante Auto Nº 6 (Acta Nº 5) de fecha septiembre 13 de 2006, el Tribunal resolvió el recurso interpuesto por la parte convocada, decidiendo no revocar el auto recurrido. Adicionalmente, señaló el día 20 de septiembre de 2006 a las 11:00 a.m. para llevar a cabo la audiencia de conciliación, la cual por solicitud de las partes fue aplazada y se fijó como nueva fecha el día 27 de septiembre de 2006 a las 10:00 a.m. (Cuaderno Principal 1, folios 177 a 179).
21. El día 27 de septiembre de 2006, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, la cual se declaró fracasada por no haberse logrado acuerdo conciliatorio alguno. En la misma fecha, mediante Auto 5 (Acta 7), se fijaron los honorarios y gastos del proceso, los cuales fueron oportunamente entregados al Presidente del Tribunal por las partes. Adicionalmente, por Auto 9 de la misma fecha, el Tribunal resolvió sobre el llamamiento en garantía y la petición subsidiaria de denuncia de pleito presentada por el apoderado de la parte convocada, negando el llamamiento en garantía y admitiendo la denuncia de pleito presentado por Camilo Bernal Prieto a la señora Sofía Prieto Contreras.
Así mismo, en relación con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 446 de 1998 y por concepto de la intervención de la señora Sofía Prieto Contreras, se fijaron los gastos y honorarios correspondientes al litisconsorte necesario (Cuaderno principal 1, folios 189 a 195).
Los honorarios y gastos fueron oportunamente consignados por la parte convocante y por la litisconsorte necesario, incluidos aquellos que le correspondía pagar a la parte convocada.
22. Transcurrió en silencio el término para que la señora Sofía Prieto Contreras se hiciera parte dentro del proceso como persona a la que le fue denunciado el pleito, de conformidad con lo dispuesto en el Auto 9 de fecha septiembre 27 de 2006.
23. Mediante memorial de fecha 2 de octubre de 2006, el señor apoderado de la parte convocada, procedió a modificar las pruebas pedidas con la contestación de la demanda (Cuaderno Principal 1, folios 199 a 203).
24. El día 26 de octubre de 2006, la parte convocante presentó un escrito por medio del cual reforma la demanda principal (Cuaderno Principal 1, folios 204 a 219).
25. La reforma de la demanda se admitió mediante auto 10, de fecha 7 de noviembre de 2006, y se ordenó correr traslado por el término de 5 días a la parte convocada y a la litisconsorte necesario. La notificación del auto admisorio de la reforma de la demanda inicial se llevó a cabo el día 14 de noviembre de 2006 (Cuaderno Principal 1, folios 220 a 222 y 223 a 225).
26. El 17 de noviembre de 2006, en oportunidad para ello, CAMILO BERNAL PRIETO contestó la demanda reformada, con expresa oposición a las pretensiones e interposición de excepciones de mérito, adicionalmente presentó nuevamente denuncia del pleito a la señora Sofía Prieto Contreras y recurso de reposición contra el numeral primero del auto 10 de fecha noviembre 7 de 2006, mediante el cual el Tribunal, ante el silencio de la señora Sofía Prieto Contreras para adherirse a la cláusula compromisoria como persona a la cual le fue denunciado el pleito, ordenó continuar con el trámite del proceso, sin su intervención como tercero, pero advirtiendo su vinculación al proceso en su calidad de litisconsorte necesario (Cuaderno Principal 1, folios 228 a 248).
27. El citado recurso fue fijado en lista de traslados y descorrido oportunamente por el apoderado de las sociedades convocantes (Cuaderno Principal 1, folios 249 a 251).
28. El día 12 de diciembre de 2006, mediante comunicación remitida al Presidente del Tribunal, doctor Jaime Tobar Ordóñez, el doctor José Roberto Sáchica presentó renuncia como Secretario del Tribunal, por las razones personales que aparecen expuestas en la comunicación antes mencionada (Cuaderno Principal 1, folio 252).
29. Mediante Auto 11 (Acta 9) de fecha diciembre 13 de 2006, el Tribunal resolvió el recurso interpuesto por la parte convocada y resolvió no revocar el numera primero del Auto 10 de fecha noviembre 7 de 2006. Adicionalmente, por Auto 12 de la misma fecha, se ordenó correr traslado a la parte convocante de las excepciones propuestas en la contestación a la reforma de la demanda, se negó la vinculación de la señora Sofía Prieto Contreras a este Trámite Arbitral en razón y con ocasión de la denuncia del pleito formulada por la parte convocada.
Así mismo, el Tribunal designó a la doctora Camila de la Torre como Secretaria del Tribunal en reemplazo del doctor José Roberto Sáchica, a quien se le aceptó su renuncia (Cuaderno Principal 1, folios 253 a 261).
La doctora Camila de la Torre tomó posesión de su cargo ante el Presidente del Tribunal, según quedó consignado en el Acta 10 de fecha 18 de enero de 2007.
30. El día 27 de diciembre de 2006, el señor apoderado de la parte convocada presentó recurso de reposición contra el numeral tercero del Auto 12 de fecha diciembre 13 de 2006 (Cuaderno principal 1, folios 262 a 265).
31. El 15 de enero de 2007, en los términos de los artículos 349 y 108 del CPC, se corrió traslado a la parte convocante del mencionado recurso de reposición, quien no se manifestó sobre el particular.
32. El 16 de enero de 2007, el señor apoderado de la parte convocante descorrió el traslado de las excepciones de mérito propuestas por la parte convocada en la contestación a la reforma de la demanda (Cuaderno principal 1, folios 272 a 279).
33. Mediante Auto 13 (Acta 10) de fecha enero 18 de 2007, el Tribunal resolvió el recurso interpuesto por la parte convocada y resolvió revocar el numeral tercero del Auto 12 de fecha diciembre 13 de 2006 y en su lugar admitió la denuncia del pleito que presentó el señor Camilo Bernal Prieto a la señora Sofía Prieto Contreras, por reunir los requisitos establecidos en los artículos 54 y 55 del CPC.
Adicionalmente, en relación con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 446 de 1998 se fijaron los honorarios y gastos por concepto de la intervención de la señora Sofía Prieto Contreras.
La anterior providencia fue debidamente notificada a las partes convocante y convocada, el día 25 de enero de 2007 (Cuaderno principal 1, folios 284 a 294).
34. De igual forma, el día 29 de enero de 2007, se notificó personalmente a la señora Sofía Prieto Contreras, el contenido del Auto 13 de fecha enero 18 de 2007 y se le hizo entrega de la providencia mencionada, así como copia de la reforma de la demanda y de la denuncia del pleito.
35. El día 2 de febrero de 2007, por intermedio de su apoderada, la señora Sofía Prieto Contreras se pronunció respecto de la denuncia de pleito por parte del señor Camilo Bernal Prieto y sobre la adhesión al pacto arbitral, manifestando que no adhiere al pacto arbitral ni acepta su vinculación al Tribunal de Arbitramento por la denuncia de pleito a ella formulada.
Adicionalmente manifestó que cualquier diferencia que se haya presentado con el señor Camilo Bernal Prieto por los temas que son materia de la denuncia del pleito, deberá ser decidida por la Justicia Ordinaria y no por el Tribunal de Arbitramento.
Así mismo, renunció al término restante para pronunciarse sobre la denuncia del pleito y para consignar los honorarios y gastos fijados por el Tribunal, los cuales se abstuvo de pagar (Cuaderno principal 1, folio 296).
36. El día 7 de febrero de 2007, el señor apoderado de la parte convocada presentó un escrito mediante el cual reformó la demanda de reconvención (Cuaderno principal 1, folios 319 a 331).
37. La reforma de la demanda de reconvención se admitió mediante auto 18, de fecha 8 de febrero de 2007, y se ordenó correr traslado por el término de 5 días a la parte convocante (Cuaderno principal 1, folios 332 a 334).
38. Los días 8, 9 y 15 de febrero de 2007, se notificó personalmente el contenido del Auto Nº 18 a los señores apoderados de la parte convocada y convocante en reconvención, de la parte convocante y convocada en reconvención y del litisconsorte necesario, respectivamente. A la parte convocante y convocada en reconvención se les hizo entrega de una copia de la demanda reformada, surtiéndose así el traslado correspondiente.
39. Oportunamente, las sociedades convocantes y convocadas en reconvención, contestaron la reforma de la demanda (Cuaderno principal 1, folios 344 a 360).
40. El día diecinueve (19) de febrero de 2007, mediante fijación en lista se corrió traslado de las excepciones de mérito propuestas en la contestación a la demanda reformada de reconvención.
41. El día 21 de febrero de 2007, estando dentro de la oportunidad legal, el señor apoderado de la parte convocada y convocante en reconvención, descorrió el traslado de las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la reforma de la demanda de reconvención (Cuaderno Principal 1, folios 362 a 374).
En vista de lo anterior, se cumplieron cabalmente los trámites correspondientes al trámite inicial previsto en el artículo 141 del Decreto 1818 de 1998 (artículo 121, Ley 446 de 1998), el cual se encuentra agotado en debida forma.
4. La designación de los árbitros.
4.1. De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Compromisoria, el Tribunal debía conformarse por tres árbitros nombrados de común acuerdo por las partes, o en su defecto por la Cámara de Comercio de Bogotá.
4.2. El día 6 de abril de 2006, se llevó a cabo la audiencia de nombramiento de árbitros, en la cual, quedando clara la imposibilidad de las partes de lograr un acuerdo con el fin de realizar la designación de los árbitros, el Centro de Arbitraje y Conciliación, mediante sorteo procedió a realizar la designación de los mismos, nombrando como tal a los doctores, CARLOS GUSTAVO ARRIETA PADILLA, HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA y JAIME HUMBERTO TOBAR ORDÓÑEZ y como suplentes a los doctores FERNANDO PALACIOS SÁNCHEZ, MARIO URICOECHEA VARGAS y JUAN MANUEL GARRIDO DÍAZ (Cuaderno principal 1, folios 32 y 33).
4.3. Los árbitros principales designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación, doctores CARLOS GUSTAVO ARRIETA PADILLA, HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA y JAIME HUMBERTO TOBAR ORDÓÑEZ, aceptaron su designación en la debida oportunidad.
5. Trámite arbitral.
5.1. Primera audiencia de trámite.
El 7 de febrero de 2007 a las 9:30 a.m., (Acta 11), se dio inicio a la Primera Audiencia de Trámite dándose lectura al pacto arbitral antes citado, a las cuestiones sometidas a decisión arbitral expresadas en la reforma de la demanda la contestación por la parte Convocada, la demanda de reconvención, la contestación por parte de la parte convocante, así como el pronunciamiento hecho sobre las excepciones. Así mismo, el Tribunal se declaró competente para conocer y resolver, en derecho, las controversias sometidas a su consideración, planteadas en los escritos antes mencionados (Cuaderno principal 1, folios 298 y 318).
Posteriormente, el 26 de febrero de 2007 mediante auto 19 (Acta 13), el Tribunal resolvió sobre su propia competencia en lo que tiene que ver con las nuevas cuestiones sometidas a su consideración, contenidas en la reforma de la demanda de reconvención, en su contestación y pronunciamiento sobre las excepciones propuestas. Así mismo se pronunció sobre la solicitud de integración de litisconsorcio necesario presentada por la parte convocada y convocante en reconvención, declarándose competente para conocer y resolver en derecho, las controversias sometidas a su consideración, planteadas en los escritos antes mencionados (Cuaderno principal 1, folios 377 a 391).
5.2. Audiencias de instrucción del proceso.
El trámite arbitral se llevó a cabo en 20 audiencias, en las cuales se asumió por parte del Tribunal competencia, se decretaron y practicaron las pruebas decretadas, se recibieron los alegatos de conclusión y se profirió este laudo.
5.3. Pruebas decretadas y practicadas.
Por Auto 21, Acta 13, el Tribunal de Arbitramento, en audiencia realizada el 26 de febrero de 2007, decretó las pruebas del proceso, las cuales se practicaron de la siguiente manera:
5.3.1. Documentales.
Se ordenó tener como pruebas documentales los documentos presentados y numerados en la demanda arbitral reformada, en la contestación a la demanda inicial y a la demanda reformada, la demanda de reconvención, en la demanda de reconvención reformada, en los escritos por medio de los cuales se descorre el traslado de las excepciones y en el escrito por medio del cual la parte convocada modifica la solicitud de pruebas, con el mérito legal probatorio que a cada cual corresponda.
Se incorporaron documentos en respuesta a los oficios librados y los entregados por algunos testigos en el transcurso de sus testimonios, como parte de las declaraciones, así como aquellos aportados con motivo de las inspecciones judiciales celebradas.
5.3.2. Oficios.
Se ordenó oficiar a:
• Revisor Fiscal de la sociedad Laboratorios Smart S.A. en reestructuración, para que con base en los libros de la sociedad, certificara si la inscripción de la transferencia de las noventa y seis mil (96.000) acciones de la señora SOFÍA PRIETO a favor de CAMILO BERNAL se efectuó previo agotamiento del derecho de preferencia pactado en el artículo 21 de los estatutos de la sociedad y si la mencionada transferencia aparece registrada en el libro de accionistas de dicha sociedad. La respectiva respuesta obra a folios 209 y siguientes del cuaderno de pruebas 2.
• Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, para que remitiera copia auténtica del Expediente 1998-7286 del proceso de divorcio de Camilo Bernal Prieto contra Adriana Cecilia Morales Bustamante y cuya respuesta obra a 78 a 126 del cuaderno de pruebas 2.
• Cámara de Comercio de Bogotá con el fin de que con destino a este proceso certificara quien ostentaba la calidad de representante legal de las sociedades GENSER GENERAL LIMITADA con matrícula mercantil 00607858 y LABORATORIOS SMART S.A. hoy EN REESTRUCTURACIÓN, con matrícula mercantil 00023130, para el 31 de marzo de 2000. La respectiva respuesta obra a folios 172 a 184 del cuaderno de pruebas 2.
• Juzgado 63 Civil Municipal de Bogotá para que con destino a este proceso remitiera copia auténtica de la totalidad de las actuaciones surtidas dentro del proceso 2006-539 cuyo objeto fue la práctica de interrogatorio de parte como prueba anticipada del señor CAMILO BERNAL PRIETO y cuya respuesta obra a folios 127 a 154 del cuaderno de pruebas 2.
• DIAN – Dirección Personas Naturales con el fin de que con destino a este proceso remitiera copia de las declaraciones de renta presentadas por al señora SOFÍA PRIETO CONTRERAS, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 20.134.182, correspondientes a los años gravables de 199, 1994, 1995,1996,1997,1998, 1999, 2000 Y 2001. La respuesta respectiva obra a folios 181 y 182 del Cuaderno de Pruebas Nº 2.
5.3.3. Testimonios y declaraciones de parte.
El 21 de marzo de 2007, se recibieron los testimonios de Álvaro Misael Flórez Fierro y Jorge Humberto Herrera Indaburu (Acta Nº 14).
El 18 de abril de 2007 se recibieron los testimonios de Jorge Humberto Bernal Prieto, Jaime Bernal Prieto y Leonardo Oswaldo Carrillo Carrillo, adicionalmente, se recibieron las declaraciones de parte de los señores Camilo Bernal Prieto y Sofía Prieto Contreras (Acta Nº 15).
Los testimonios de Lily E. Velásquez, María del Socorro Jaramillo y Germán Quevedo, que inicialmente se solicitaron y decretaron, fueron desistidos.
5.3.4. Inspecciones judiciales con exhibición de documentos.
El Tribunal decretó la práctica de dos exhibiciones judiciales con exhibición de documentos en las instalaciones de las sociedades GENSER GENERAL LIMITADA y LABORATORIOS SMART S.A. EN REESTRUCTURACIÓN, las cuales se practicaron el día 18 de abril de 2007 (Acta Nº 15).
5.3.5. Dictamen pericial.
Se recibió un dictamen pericial en contable, rendido por el señor Jorge Torres Lozano el día 27 de abril de 2007, practicado en los términos solicitados por las partes, documento que obra en el Cuaderno de Prueba Nº 2, folios 66 a 77.
Las partes solicitaron aclaraciones y complementaciones al dictamen en mención, las cuales fueron rendidas de conformidad con lo solicitado por estas y obran en el Cuaderno de Pruebas Nº 2, folios 197 a 208.
5.3.6. Audiencia de conciliación.
El día 4 de julio de 2007, (Acta Nº 18) se llevó a cabo una nueva audiencia de conciliación a la cual concurrieron las partes y sus apoderados, la cual se declaró agotada y fracasada por no lograrse acuerdo conciliatorio entre las partes (Cuaderno Principal Nº 1, folios 510 a 513).
5.3.7. Audiencia de alegatos de conclusión.
Concluida la etapa probatoria, los señores apoderados de las partes en audiencia del día 13 de agosto de 2007, expusieron sus alegatos de manera oral y al final presentaron los correspondientes escritos (Cuaderno Principal Nº 1, folios 519 a 606).
6. Audiencia de fallo.
El Tribunal, por auto número 32 proferido el 13 de agosto de 2007, señaló el día 21 de septiembre de 2007 las 8:00 a.m., para llevar a cabo la audiencia de fallo.
7. Término para fallar.
De conformidad con el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, cuando las partes no señalan el término para la duración del proceso arbitral, será de seis (6) meses contados a partir de la primera audiencia de trámite, al cual se adicionarán los días que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso.
El Tribunal se encuentra en término para fallar, conforme a las siguientes circunstancias:
a) Los días 7 y 26 de febrero de 2007 se realizó la primera audiencia de trámite y se asumió competencia, para conocer y resolver en derecho las controversias sometidas a consideración de este Tribunal de Arbitramento, planteadas en la reforma de la demanda arbitral, su contestación y excepciones, la demanda de reconvención reformada, su contestación y excepciones.
A solicitud conjunta de ambas partes el proceso se suspendió en las siguientes fechas: 5 de julio al 12 de agosto de 2007, ambas fechas inclusive (Acta Nº 18), y 14 de agosto y 20 de septiembre de 2007, ambas fechas inclusive (Acta Nº 19) para un total de 52 días hábiles.
b) Adicionados los días de suspensión del proceso, el término legal para expedir el laudo vence el 8 de noviembre de 2007 (hábiles), y, por tanto, el Tribunal se encuentra en la oportunidad legal para proferir el fallo.
8. Contenido de la reforma de la demanda, de la demanda de reconvención reformada y sus contestaciones.
A continuación se presenta una síntesis de los hechos tal y como fueron presentados por la partes convocante y convocada en reconvención, convocada y convocante en reconvención y que han servido como soporte de sus pretensiones:
8.1. La demanda arbitral reformada y el pronunciamiento de la parte convocada.
8.1.1. Hechos.
1. En el libro de registro de accionistas de la sociedad LABORATORIOS SMART, el 31 de marzo de 2000 aparece inscrita una transferencia de noventa y seis mil (96.000) acciones de la señora SOFÍA PRIETO a favor del señor CAMILO BERNAL. Dicha transferencia se realizó sin agotar el derecho de preferencia pactado en los estatutos(1)Estatutos que fueron adoptados en reunión del día 19 de julio de 1994, según consta en el acta No. 11 visible a folio 178 del cuaderno de pruebas No. 1. sociales de LABORATORIOS SMART.
2. En el artículo 21 de los estatutos sociales de la sociedad LABORATORIOS SMART, contenidos en la escritura pública número 2401 del 26 de julio de 1994 otorgada en la Notaría 41 de Bogotá, se pactó un derecho de preferencia en la negociación de acciones, primero a favor de la sociedad y en segundo lugar a favor de los demás accionistas de la sociedad. El citado artículo es del siguiente tenor literal:
“Artículo Vigésimo Primero. DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES: Los accionistas que deseen enajenar sus acciones en todo o en parte, deberán ofrecerlas en primer lugar a la sociedad. La oferta se hará por escrito, a través del gerente de la compañía, y en ella se indicará el número de acciones a enajenar, el precio y la forma de pago de las mismas. La sociedad gozará de un término de quince (15) días hábiles para aceptar o no la oferta, según lo que decida la Junta Directiva, que se convocará para tales efectos. Vencido el término anterior, si la Junta Directiva no hace pronunciamiento alguno, o decide no adquirir las acciones ofrecidas, o decide adquirirlas parcialmente, el gerente de la sociedad oficiará a los demás accionistas para que estos decidan adquirir o no las acciones ofrecidas. Para hacer uso de este derecho, los accionistas tendrán un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del aviso de oferta enviado por el gerente de la sociedad, de la manera prevista para la convocación de la Asamblea ordinaria. Los accionistas tendrán derecho a adquirir estas acciones en proporción a las que poseen en la sociedad en el momento de la oferta. Vencido el término mencionado, las acciones no adquiridas por la sociedad ni por los accionistas, podrán ser cedidas libremente a terceros...”.
3. Este derecho fue pretermitido en la negociación de las noventa y seis mil (96.000) acciones que aparecen transferidas el 31 de marzo de 2001 por SOFÍA PRIETO a favor de CAMILO BERNAL. En ningún momento se le comunicó a GENSER como accionista de LABORATORIOS SMART ni a la sociedad misma, el ofrecimiento en venta de las noventa y seis mil (96.000) acciones de la señora SOFÍA PRIETO.
4. No existe documento alguno que evidencie que se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 21 de los estatutos sociales de LABORATORIOS SMART.
5. Tampoco hay un Acta de la Junta Directiva de la misma sociedad en la que LABORATORIOS SMART haya renunciado al ejercicio del derecho de preferencia o haya tomado la decisión de no ejercerlo, para la adquisición de las acciones al que tiene derecho conforme se pactó en el artículo 21 de los estatutos sociales de dicha sociedad.
6. La transferencia de las noventa y seis mil (96.000) acciones de la señora SOFÍA PRIETO al señor CAMILO BERNAL, por la forma como se llevó a cabo, se encuentra viciada de nulidad por contravenir una norma imperativa, o en su defecto, por tener objeto ilícito.
7. Como ya se dijo, por tratarse de una transferencia de acciones que se realizó en contravención de lo dispuesto 21 del contrato social, cuyo texto es ley para las partes, a voces de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 899 del Código de Comercio, por desconocimiento del numeral 2 del artículo 403 ídem y, por violación del artículo 1741 del Código Civil aplicable por remisión expresa del artículo 822 del Código de Comercio dicha transferencia es nula de nulidad absoluta”.
8.1.2. Pretensiones.
Con apoyo en su relato de los hechos y la normatividad invocada en su escrito de reforma de la demanda, la parte Convocante solicita al Tribunal que decrete lo siguiente:
1. “Como pretensiones principales solicito que se declare lo siguiente:
1.1. “Que se declare la nulidad absoluta de la transferencia de noventa y seis mil (96.000) acciones de propiedad de la señora SOFÍA PRIETO en la sociedad LABORATORIOS SMART SA (hoy en reestructuración) a favor del señor CAMILO BERNAL PRIETO, por desconocimiento del derecho de preferencia pactado en el artículo 21 de los estatutos sociales de la sociedad y del artículo 403 del Código de Comercio, es decir, por la violación de una norma imperativa de derecho”.
1.2. “Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se reestablezcan las cosas a su estado anterior y por tanto, se ordene la inscripción en el Libro de Registro de Accionistas de las noventa y seis mil (96.000) acciones de la sociedad LABORATORIOS SMART SA a nombre de la señora SOFÍA PRIETO y la cancelación de la inscripción de las noventa y seis mil (96.000) acciones de la sociedad que figura a nombre de CAMILO BERNAL PRIETO en dicho libro”.
2. “Como pretensiones subsidiarias solicito que se declare lo siguiente:
2.1. “Que se declare la nulidad absoluta de la transferencia de noventa y seis mil (96.000) acciones de propiedad de la señora SOFÍA PRIETO en la sociedad LABORATORIOS SMART SA (hoy en reestructuración) a favor del señor CAMILO BERNAL PRIETO, por tener objeto ilícito”.
2.2. “Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se reestablezcan las cosas a su estado anterior y por tanto, se ordene la inscripción en el Libro de Registro de Accionistas de las noventa y seis mil (96.000) acciones de la sociedad LABORATORIOS SMART SA a nombre de la señora SOFÍA PRIETO y la cancelación de la inscripción de las noventa y seis mil (96.000) acciones de la sociedad que figura a nombre de CAMILO BERNAL PRIETO en dicho libro”.
3. “Que se condene al señor CAMILO BERNAL al pago de las costas y agencias en derecho de este proceso”.
8.1.3. Contestación de la demanda reformada y formulación de excepciones por la parte convocada.
Frente a las pretensiones, la parte Convocada se opuso a todas y cada una de ellas.
Así mismo, aceptó algunos hechos como ciertos, admitió otros como parcialmente ciertos y rechazó los restantes.
Adicionalmente, formuló las siguientes excepciones:
1. No haberse constituido el Tribunal en forma legal, de conformidad con lo previsto en la cláusula compromisoria.
2. Falta de capacidad de la representante legal de LABORATORIOS SMART S.A. EN REESTRUCTURACIÓN y por ende indebida integración del Tribunal de Arbitramento.
3. Falta de legitimación en la causa por activa respecto de GENSER GENERAL LIMITADA.
4. Mala fe de las demandantes – Ausencia de derecho para demandar por aplicación de la teoría de los actos propios.
5. Validez de la transferencia.
6. Inaplicación del derecho de preferencia en este caso.
7. Improcedencia de la solicitud de restitución de las acciones por aplicación del artículo 1525 del Código Civil.
8. Por último de la manera más respetuosa, con arreglo al artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, solicito al Honorable Tribunal que en el caso que encuentre probados hechos que constituyan una excepción, se reconozca y declare ex-oficio en el laudo arbitral.
8.2. La demanda de reconvención reformada y el pronunciamiento de la parte convocante.
8.2.1. Hechos.
Las pretensiones formuladas por la parte convocada en la demanda de reconvención, están fundamentadas en los siguientes hechos:
1. “El 31 de marzo de 2000 la señora SOFÍA PRIETO CONTRERAS efectuó a favor de CAMILO BERNAL PRIETO, la transferencia de 96.000 acciones de la sociedad LABORATORIOS SMART S.A.
2. Para la época de la transferencia, la señora SOFÍA BERNAL PRIETO ostentaba las siguientes calidades:
2.1. Accionista de la sociedad LABORATORIOS SMART S.A.
2.2. Representante legal de la sociedad LABORATORIOS SMART S.A.
2.3. Representante legal de la sociedad GENSER GENERAL LIMITADA, accionista de LABORATORIOS SMART S.A.
3. Al momento de efectuarse la transferencia de las 96.000 acciones, tanto LABORATORIOS SMART S.A. como GENSER GENERAL LIMITADA conocían de la operación, pues su representante legal, señora SOFÍA PRIETO CONTRERAS, era quien las estaba transfiriendo.
4. Estando informadas de esa transferencia, ninguna de las dos sociedades manifestó oposición alguna ni deseo de adquirir las acciones y por el contrario, LABORATORIOS SMART S.A. procedió a registrar en su libro de acciones el traspaso correspondiente sin observación alguna.
5. Conforme con lo anterior, la señora SOFÍA PRIETO CONTRERAS, en calidad de representante legal de LABORATORIOS SMART S.A., procedió a la expedición del título No. 013 correspondiente a las 96.000 acciones cuyo titular es el señor CAMILO BERNAL PRIETO.
6. Con la nueva composición accionaria, LABORATORIOS SMART S.A. siguió operando por 6 años, sin que ella ni ninguno de sus accionistas manifestara reparo alguno frente al traspaso de las 96.000 acciones y frente al hecho de que el señor CAMILO BERNAL PRIETO fuera el titular de las mismas.
7. En efecto, se celebraron más de 4 asambleas ordinarias de accionistas y múltiples operaciones, aprobadas por el quórum estatutario requerido de acuerdo con la nueva y actual composición accionaria, sin que –se reitera– ninguno de los accionistas manifestara objeción.
8. Dentro de esas actuaciones aprobadas con la composición accionaria referida en el hecho 6. anterior, se aprobaron los balances correspondientes a los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.
9. De llegar a concluir el Tribunal que la transferencia de las 96.000 acciones es nula, igualmente tendrá que concluir como efecto de la nulidad, que la aprobación de esos balances es nula.
10. Dentro de esas aprobaciones también se incluyó la aprobación para convocar el acuerdo de reestructuración que aún hoy continúa vigente.
11. De llegar a concluir el Tribunal que la transferencia de las 96.000 acciones es nula, igualmente tendrá que concluir como efecto de la nulidad, que la decisión de convocar ese acuerdo, es nula.
12. Inexplicablemente y 6 años después de la transferencia, LABORATORIOS SMART S.A. y GENSER GENERAL LIMITADA han iniciado este proceso arbitral, alegando que se desconoció el derecho de preferencia pactado en los estatutos respecto de la transferencia de las 96.000 acciones a favor de CAMILO BERNAL, cuando durante todos esos años han conocido de la misma, la han aceptado y han actuado de conformidad con ella, como consta en los libros de la sociedad.
13. Esas conductas de LABORATORIOS SMART S.A. y de GENSER GENERAL LIMITADA constituyen una negligencia o mala fe evidentes, pues mal pueden alegar la violación de un derecho de preferencia del que no hicieron uso, para solicitar la restitución de unas acciones cuya transferencia conocen desde su comienzo y aceptaron por más de 6 años.
14. Debe destacarse que la obligación de ofrecer las acciones, de conformidad con los estatutos, era de la enajenante señora SOFÍA PRIETO CONTRERAS, de suerte que no se compadece con la realidad, ni con la buena fe, que 6 años después LABORATORIOS SMART S.A. y GENSER GENERAL LIMITADA pretendan alegar que desconocían de la transferencia, cuando la enajenante era su representante legal.
15. Tampoco pueden alegar que no pudieron hacer uso del derecho a adquirir esas acciones, si bastaba simplemente con que SOFÍA PRIETO CONTRERAS, en calidad de representante legal de dichas sociedades “le manifestara” a SOFÍA PRIETO CONTRERAS, en su calidad de enajenante, su intención de adquirirlas, para que SOFÍA PRIETO CONTRERAS, nuevamente en calidad de enajenante, les hiciera la transferencia.
16. La eventual nulidad alegada por las demandadas en reconvención no es imputable en manera alguna a CAMILO BERNAL PRIETO sino a la señora SOFÍA PRIETO CONTRERAS, quien en su calidad de enajenante debía ofrecer las acciones, y quien en calidad de representante legal de GENSER GENERAL LIMITADA y LABORATORIOS SMART S.A. conocía de la transferencia y no hizo uso del derecho a adquirirlas preferencialmente ni manifestó oposición alguna a la operación a favor de mi mandante.
17. El inicio de la demanda arbitral en contra de CAMILO BERNAL PRIETO para obtener una supuesta nulidad de la transferencia de las acciones constituye una clara violación de la teoría de los actos propios y una clara manifestación de mala fe de las demandadas en reconvención, que genera graves perjuicios económicos a mi mandante.
18. De llegar a prosperar la demanda de nulidad en la transferencia de las 96.000 acciones, CAMILO BERNAL PRIETO perdería, no solo el valor de las acciones y las utilidades futuras que tales acciones le generarían, durante el tiempo faltante para la terminación de la sociedad por expiración del plazo pactado para ello, sino la calidad de accionista mayoritario que ostenta en la sociedad LABORATORIOS SMART S.A., con los perjuicios económicos que ello implica.
19. Dichos perjuicios son exclusivamente imputables a las demandadas en reconvención, quienes sobre la base de la apariencia jurídica creada, la buena fe que debe regir todas los actos jurídicos y la doctrina de los actos propios, deben proceder a indemnizarlos”.
8.2.2 Pretensiones.
En su escrito de demanda de reconvención reformada, la parte Convocada solicita al Tribunal que decrete lo siguiente:
“Primera: que se declare que las sociedades GENSER GENERAL LIMITADA y LABORATORIOS SMART S.A. EN REESTRUCTURACIÓN han incurrido en negligencia, culpa grave y/o mala fe, con ocasión de las conductas por ellas asumidas en relación con la transferencia de 96.000 acciones de la sociedad LABORATORIOS SMART S.A. efectuada por la señora SOFÍA PRIETO CONTRERAS a CAMILO BERNAL PRIETO el 31 de marzo de 2000 y con la presentación de la demanda arbitral principal que da origen a este proceso”.
“Segunda: que se declare que esas conductas han ocasionado graves perjuicios económicos al señor CAMILO BERNAL PRIETO”.
“Tercera: que se declare que las sociedades GENSER GENERAL LIMITADA y LABORATORIOS SMART S.A. EN REESTRUCTURACIÓN son responsables por los perjuicios económicos que sus conductas han causado a CAMILO BERNAL PRIETO, desde el 31 de marzo de 2000, fecha de transferencia de las acciones”.
“Cuarta: que como consecuencia de las declaraciones anteriores, y en caso de prosperidad de las pretensiones de la demanda principal, se condene a las sociedades GENSER GENERAL LIMITADA y LABORATORIOS SMART S.A. EN REESTRUCTURACIÓN a pagar a favor de CAMILO BERNAL PRIETO la totalidad de los perjuicios que con ello se le causen y que se demostrarán a lo largo del proceso”.
“Quinta: que la indemnización de los perjuicios se realice con observancia de la equidad y de los criterios técnicos actuariales a fin de que la reparación sea integral y completa, según lo dispone el artículo 16 de la Ley 446 de 1998”.
“Sexta: que en caso de prosperar las pretensiones de la demanda principal y como consecuencia de la nulidad solicitada por la parte convocante, se declare que la totalidad de las decisiones adoptadas por la asamblea de socios de la sociedad LABORATORIOS SMART S.A. en reestructuración, a partir del 31 de marzo de 2000, son nulas”.
“Séptima: que en caso de prosperar las pretensiones de la demanda principal y como consecuencia de la nulidad solicitada por la parte convocante, se declare que la totalidad de las decisiones adoptadas por la junta directiva de la sociedad LABORATORIOS SMART S.A. en reestructuración, a partir del 31 de marzo de 2000, son nulas”.
“Octava: que se condene a las sociedades GENSER GENERAL LIMITADA y LABORATORIOS SMART S.A. EN REESTRUCTURACIÓN a pagar a favor de CAMILO BERNAL PRIETO las costas y agencias en derecho”.
8.2.3. Contestación de la demanda de reconvención reformada y formulación de excepciones por parte de la sociedad convocante y convocada en reconvención.
En cuanto a las pretensiones, la parte convocante y convocada en reconvención se opuso a todas y cada una de ellas.
De otra parte, formuló las siguientes excepciones de fondo:
1. Falta de Competencia del Tribunal de Arbitramento para conocer y pronunciarse sobre la nulidad de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva de Laboratorios Smart S.A.
2. Caducidad para ejercer la acción de impugnación contra las decisiones sociales adoptadas por la Asamblea y la Junta Directiva.
3. Ausencia de los requisitos para que prospere la acción indemnizatoria.
4. Culpa exclusiva de CAMILO BERNAL.
5. Ausencia de Nexo Causal.
6. Inexistencia de Oferta de las 96.000 acciones.
7. Inoponibilidad o nulidad de las actuaciones del Representante Legal de Laboratorios Smart S.A.
8. Límites a los efectos retroactivos de la declaración de nulidad absoluta de la transferencia de las 96.000 acciones.
9. La Nulidad Absoluta proveniente de la prohibición a los administradores para adquirir acciones de la misma sociedad en la cual estén ejerciendo sus cargos, no se extiende a los demás actos que haya realizado la sociedad.
Antes de entrar a decidir de fondo las controversias planteadas, se hace necesario establecer si en el presente proceso se reúnen a cabalidad los presupuestos procesales, esto es, los requisitos indispensables para proferir una decisión de fondo o de mérito. Estos presupuestos son demanda en forma, competencia, capacidad para ser parte en el proceso y capacidad para comparecer al proceso.
El Tribunal advierte que tales presupuestos procesales se encuentran cumplidos a cabalidad en el presente asunto y que no se observa causal de nulidad que invalide la actuación surtida.
Respecto del presupuesto procesal de la competencia del Tribunal para dirimir esta controversia, la parte convocada ha indicado que este Tribunal no se constituyó en legal forma de conformidad con lo previsto en la cláusula compromisoria, pues según su dicho, no se agotó el requisito previo que se pactó, consistente en invitar al demandado Camilo Bernal a que designara los árbitros conforme a la previsión de la cláusula compromisoria.
Sobre el particular, el Tribunal reitera la competencia que asumió en la primera audiencia de trámite llevada a cabo el día 7 de febrero de 2007 (acta Nº 11) para dirimir los asuntos sometidos a su consideración, pues además de lo expuesto en dicha audiencia, de manera particular encuentra que la parte convocante cumplió con todas las estipulaciones contractuales pactadas para la integración del Tribunal, entre ellas, la de invitar al convocado para que designará conjuntamente y de común acuerdo los árbitros. En efecto, aparece visible a folio 32 del cuaderno principal, que en audiencia llevada a cabo en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con asistencia del convocado Camilo Bernal Prieto, se indagó sobre la intención para el nombramiento conjunto de los árbitros y que solo ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para tal nombramiento, el Centro de Arbitraje y Conciliación procedió al respectivo nombramiento, como lo establece el reglamento y los estatutos.
Así las cosas, no cabe duda que en el presente asunto se han cumplido todos los presupuestos procesales, entre ellos, el de la competencia, para emitir el correspondiente laudo arbitral.
2. CONSIDERACIONES SUSTANCIALES.
A efectos de que el Tribunal pueda pronunciarse sobre las pretensiones y excepciones planteadas tanto en la demanda principal, como en la demanda de reconvención, es preciso definir en primer término si se cumplió o no con el derecho de preferencia pactado en los estatutos de la sociedad Laboratorios Smart S.A. en la transferencia de las acciones que se hizo al convocado Camilo Bernal.
2.1. El cumplimiento del derecho de preferencia en la transferencia de acciones de la señora Sofía Prieto Contreras al señor Camilo Bernal Prieto.
La controversia del presente trámite se limita a establecer si se dio o no cumplimiento al derecho de preferencia establecido en los estatutos de la sociedad Laboratorios Smart S.A., en la transferencia de 96.000 acciones que hizo la señora Sofía Prieto Bernal al señor Camilo Bernal Prieto y las consecuencias que su incumplimiento pueden generar (demanda principal), así como a determinar si existe o no responsabilidad de las convocantes en el evento de que prospere la demanda principal (demanda de reconvención).
Para ello, el Tribunal procede a realizar algunas consideraciones generales sobre el derecho de preferencia, partiendo de la base de que este se puede definir como aquél en virtud del cual determinada persona o grupo de personas tienen prioridad para la celebración o ejecución de un negocio o acto jurídico, y en el caso particular de las sociedades, el derecho que tienen la sociedad y los asociados a que se les prefiera antes que a un tercero, en la negociación de sus acciones.
La Superintendencia de Sociedades, ha expresado(2)Oficio 220-15496 del 19 de agosto de 1994. que el derecho de preferencia es un derecho de orden patrimonial, pero de carácter abstracto, ya que sus titulares, esto es, los asociados, lo conservan como una mera expectativa que solo se concreta cuando se formula la oferta de venta o cuando se decide el incremento del capital.
Como regla general, debemos anotar que la legislación colombiana adoptó el régimen de libertad en la negociación de las acciones en sociedades anónimas, tal y como lo establece el artículo 379 del C. de Comercio, cuando menciona como derecho de los propietarios de las acciones el de negociarlas libremente.
Este derecho de negociar libremente las acciones se restringe cuando se ha estipulado en los estatutos de la sociedad el derecho de preferencia a favor de la sociedad o de los accionistas, o de ambos.
Esta limitación contractual resulta de obligatorio cumplimiento en toda negociación de acciones, pues las estipulaciones contractuales son ley para las partes (artículo 1602 C.C.) y su inobservancia puede afectar la validez de la enajenación.
Así mismo, la sociedad que tiene estipulado un derecho de preferencia, debe abstenerse de hacer inscripción alguna en el libro de registro de accionistas cuando no se cumple el procedimiento establecido en los estatutos sociales, como se desprende de lo establecido en el artículo 416 del C. de Comercio, cuando menciona que “La sociedad no podrá negarse a hacer las inscripciones en el libro de registro de acciones, que se prevén en esta sección sino por orden de autoridad competente o cuando se trate de acciones para cuya negociación se requiera determinados requisitos o formalidades que no se hayan cumplido”.
Por otra parte, de conformidad con el artículo 845 del C. de Comercio, la oferta para el ejercicio del derecho de preferencia puede hacerse por cualquier medio adecuado para hacerla conocer de los destinatarios, a menos que los estatutos determinen procedimientos diferentes. Por su parte, el artículo 407 del C. de Comercio, establece supletivamente el procedimiento al que deben sujetarse las partes cuando no haya estipulación sobre el particular.
Por último, el derecho de preferencia es renunciable. Como lo expresa el profesor Francisco Reyes(3)Derecho societario, Ed. Temis, 2002., “El derecho de preferencia en la enajenación de acciones, como prerrogativa económica a favor de los accionistas es, esencialmente renunciable. La renuncia a tal derecho debe provenir de un acto individual del accionista destinatario de una oferta de venta, bien mediante su decisión expresa o tácitamente manifestada, de no aceptar la oferta, o por medio de una decisión colectiva expresada en votación unánime de todos los accionistas reunidos en asamblea general, en la cual se autoriza al accionista enajenante para que proceda a ceder sus acciones a un tercero adquirente no cobijado por el derecho preferencial mencionado”. Lo resaltado es del Tribunal.
No hay discusión que en el asunto sometido a decisión del Tribunal existe un derecho de preferencia pactado en los estatutos de la sociedad Laboratorios Smart S.A., a favor de la sociedad y de los accionistas. En efecto, en el artículo vigésimo primero de los mismos, se estableció que los accionistas que deseen enajenar sus acciones en todo o en parte, deberán ofrecerlas en primer lugar a la sociedad, la que gozará de un término de quince días para aceptar o no la oferta, vencido el cual, de no ejercer el derecho, se ofrecerá a los demás accionistas para que estos decidan si desean o no las acciones en proporción a las que posean en la sociedad en el momento de la oferta. En la misma cláusula se establece que la oferta debe hacerse por escrito, a través del gerente de la Compañía.
Ahora bien: La pregunta que se hace el Tribunal es si en el asunto sometido a su consideración se dio cumplimiento al derecho de preferencia, en la forma y términos establecidos en los estatutos de la sociedad Laboratorios Smart S.A. en la transferencia de las acciones que se hizo a favor del convocado.
La respuesta del Tribunal a la pregunta, basada en las pruebas aportadas al proceso, apreciadas en su conjunto tal y como lo ordena el artículo 187 del C. de Procedimiento Civil, es que en la transferencia de las 96.000 acciones que hizo la señora Sofía Prieto a su hijo Camilo Bernal Prieto se cumplió con el derecho de preferencia de la manera verbal, flexible e informal que solían usar los accionistas, y que tanto la sociedad Laboratorios Smart S.A., como los demás accionistas distintos a Sofía Bernal y Camilo Prieto, renunciaron tácitamente a ejercer tal derecho.
A tal conclusión ha arribado el Tribunal, luego de evaluar las pruebas y testimonios recaudados en el proceso y de hacer un análisis sobre los antecedentes en la negociación de las acciones en la sociedad Laboratorios Smart S.A., evaluación con base en la cual concluyó que era práctica reiterada de la administración y los accionistas de dicha sociedad surtir los trámites del derecho de preferencia de manera flexible e informal, inclusive implícita en algunas ocasiones, , sin acudir a la oferta escrita estipulada en los estatutos. Y tal forma de poner en conocimiento el derecho de preferencia y de ejercerlo, tiene plena validez, toda vez que la estipulación sobre el procedimiento para el ejercicio del derecho de preferencia es una cláusula accidental del contrato de sociedad que no es imperativa y que, como vimos, es eminentemente renunciable. Por lo tanto, el Tribunal puede examinar, como en efecto lo hará, la ejecución práctica que las partes le dieron al contrato social y extraerá de allí las consecuencias que más adelante se consignan.
El Tribunal considera que lo dispuesto en el artículo 118 del C. de Comercio no es óbice para proceder de esa manera, puesto que en el caso presente no se requiere probar nada en contra de los estatutos sociales; por el contrario, de lo dicho anteriormente se desprende, sin lugar a dudas, que lo que el tribunal tiene que entender es la manera como la sociedad y sus accionistas ejecutaron las previsiones contractuales, pese a la formulación original consignada en escritura pública.
Sobre este último punto en particular, no sobra citar un reciente laudo(4)Laudo proferido el 19 de septiembre de 2006 por el Tribunal de Arbitramento que dirimió las controversias suscitadas entre la Caja de Vivienda Popular contra Constructora Normandía y otros., que trató sobre las modificaciones de las estipulaciones contenidas en un contrato celebrado por escritura pública, donde se expresó:
“En efecto, de una parte cuando la ley establece que un contrato debe constar por escritura pública, ello implica que los elementos esenciales del mismo deben incluirse en la escritura pública. Por ello acepta la doctrina que puede haber modificaciones del contrato que no se sujeten a tal formalidad cuando se trata de elementos respecto de los cuales no la requiere(5)Así lo señala la doctrina Alain Ghozi. La modification de l''obligation par la volonté de parties, ed LGDJ, París, 1980, página 176.. Es el caso de los elementos de la naturaleza del contrato que se entienden incluidos aunque no se pacten, es decir que por definición no se encuentran en la escritura pública. Frente a dichos elementos puede haber una práctica contraria de las partes, a la cual habrá que atenerse. Igual puede ocurrir con los elementos accidentales” (Resaltado fuera de texto).
A continuación, procede el Tribunal a fundamentar las razones por las cuales considera que en la transferencia de las 96.000 acciones que hizo la señora Sofía Prieto al señor Camilo Bernal se cumplió con el derecho de preferencia pactado en los estatutos sociales y que existió una renuncia tácita por parte de la sociedad y los accionistas a ejercer tal derecho.
2.1.1. Antecedentes en la negociación de acciones.
Tal como se desprende del análisis de los Libros de Actas de Asamblea y de Accionistas de Laboratorios Smart S.A., los accionistas de dicha sociedad realizaron entre ellos y con terceros varias transacciones de acciones a partir del momento en que ella fue transformada en sociedad anónima.
La decisión de convertir a Laboratorios Smart S.A. en sociedad anónima se adoptó en Asamblea General Extraordinaria de julio 19 de 1994, tal como consta en el Acta Nº 11 de esa fecha, en la que se observa que la mencionada empresa nació como sociedad anónima con tres accionistas: Inversiones Marso Ltda., propietaria de 1.900 acciones, Inversiones Mape S.A., propietaria de 98.100 acciones y Jorge Bernal Ossa, propietario de 500.000 acciones, para un gran total de 600.000 acciones en circulación. En esa misma Asamblea se aprobaron los estatutos de la nueva sociedad, en cuyo artículo Vigésimo Primero las partes pactaron el Derecho de Preferencia para la Negociación de Acciones en los siguientes términos:
“Artículo Vigésimo Primero – Derecho de Preferencia en la Enajenación de Acciones. Los accionistas que deseen enajenar sus acciones en todo o en parte, deberán ofrecerlas en primer lugar a la sociedad. La oferta se hará por escrito a través del gerente de la compañía y en ella se indicará el número de acciones a enajenar, el precio y la forma de pago de las mismas. La sociedad gozará de un término de 15 días hábiles para aceptar o no la oferta, según lo que decida la Junta Directiva, que se convocará para tales efectos. Vencido el término anterior, si la Junta Directiva no hace pronunciamiento alguno, o decide no adquirir las acciones ofrecidas, o decide adquirirlas parcialmente, el gerente de la sociedad oficiará a los demás accionistas para que estos decidan adquirir o no las acciones ofrecidas. Para hacer uso de este derecho los accionistas tendrán un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del aviso de oferta enviado por el gerente de la sociedad, de la manera prevista para la convocatoria de la Asamblea ordinaria. Los accionistas tendrán derecho a adquirir estas acciones en proporción a las que posean en la sociedad al momento de la oferta. Vencido el término mencionado, las acciones no adquiridas por la sociedad ni por los accionistas podrán ser cedidas libremente a terceros...”.
En desarrollo de lo que antes dijo, el Tribunal llama la atención sobre el hecho de que en la mencionada estipulación las partes convinieron inicialmente en un procedimiento y unas formas para efectos del ejercicio o la renuncia al Derecho de Preferencia, procedimiento y formas que implicaban que todos los trámites correspondientes se realizaran de manera escrita y con el cumplimiento de una serie de términos, tal como se desprende, entre otras, de expresiones como “la oferta se hará por escrito “el gerente de la sociedad oficiará a los demás accionistas...”. y de la referencia frecuente al término de quince días hábiles o a la necesidad de que se cumplieran formalismos similares a los de la convocatoria de asambleas ordinarias. Sin embargo, como se verá más adelante, de las actas contentivas de las distintas asambleas de accionistas tanto ordinarias como extraordinarias que obran en el expediente se desprende que en ninguna de las transacciones de acciones de Laboratorios Smart S.A. allí relacionadas los accionistas cumplieron con exactitud con los requisitos ni con el procedimiento previsto en los estatutos sociales de la sociedad para efectos de la enajenación de acciones de dicha sociedad.
En efecto, apenas unos días después de la transformación de la sociedad en sociedad anónima y de la aprobación de los Estatutos Sociales, los accionistas realizaron la primera transacción de acciones, tal como consta en Acta Nº 12 de la reunión celebrada el 26 de julio de 1994, firmada por los señores Jorge Bernal Ossa y Javier Bernal Prieto. En ella se lee que Jaime Bernal Ossa ofreció vender 250.000 acciones de su propiedad, que en la Asamblea misma la sociedad y los demás accionistas de Laboratorios Smart S.A. renunciaron verbalmente a ejercer el derecho de preferencia, y que la Sra. Sofía Prieto de Bernal, quien para todos los efectos era un tercero, aceptó la oferta y adquirió la mencionada cantidad de 250.000 acciones; sin embargo, en el libro de Accionistas de la sociedad no quedó constancia de esta transacción.
En una Asamblea General Extraordinaria realizada apenas 24 horas después de la anterior, cuyo desarrollo consta en Acta 13 de 27 de julio de 1994, suscrita también por Jorge Bernal Ossa y Javier Bernal Prieto, los accionistas realizaron una nueva operación de venta de acciones. En ella se lee que Jaime Bernal Ossa ofreció vender las 250.000 acciones de la sociedad que le quedaban, y que ellas fueron adquiridas por Sofía Prieto, quien compró 152.000 acciones, por Jorge Humberto Bernal Prieto, quien compró 95.999 acciones, por Javier Bernal Prieto, quien compró 2.000 acciones, y por la sociedad Marketing y Marcas Ltda., representada por Jorge Humberto Bernal, la cual compró una (1) acción. De igual manera, la sociedad Inversiones Mape S.A. ofreció vender las 98.100 acciones de Laboratorios Smart S.A. de su propiedad, las que fueron adquiridas por Javier Bernal Prieto (94.000) y por la sociedad General Service Ltda. – GENSER (4.100), y la sociedad Inversiones Marso Ltda ofreció vender las 1.900 acciones de su propiedad, las que fueron adquiridas en su totalidad por la sociedad General Service Ltda.- GENSER.
Al igual que había ocurrido en la Asamblea celebrada un día antes, tanto la oferta de los accionistas vendedores, como la renuncia de la sociedad y los demás accionistas a ejercer el Derecho de Preferencia y la aceptación de compra de los accionistas y los terceros que adquirieron acciones, se hicieron en forma verbal en el transcurso de la asamblea. De las transacciones propiamente dichas no quedó registro en el libro de accionistas, aunque sí de la titularidad de los nuevos propietarios.
Como consecuencia de las transacciones antes mencionadas, la sociedad Laboratorios Smart S.A. quedó al 27 de julio de 1994 con la siguiente composición accionaria:
Accionista Nº Acciones
Sofía Prieto de Bernal 402.000
Javier Bernal Prieto 96.000
Jorge Humberto Bernal Prieto 95.999
Marketing y Marcas 1
GENSER LTDA. 6.000
En el mes de febrero de 1996, casi dos años después, se realizó la siguiente transacción de acciones de la sociedad Laboratorios Smart S.A. Tal como consta en Acta Nº 19 de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de 13 de febrero de 1996, suscrita por Sofía Prieto de Bernal y Javier Bernal, en esa ocasión la Sra. Sofía Prieto de Bernal cedió a los señores Javier Bernal Prieto y Jorge Humberto Bernal Prieto la cantidad de 30.000 acciones a cada uno de ellos. En esa ocasión nada dijeron la vendedora, los compradores, los demás accionistas o la sociedad en el seno de la asamblea con respecto al Derecho de Preferencia o, al menos, nada consta en el Acta correspondiente. Al igual que en casos anteriores, de la transacción misma no quedó constancia en el Libro de Accionistas, aunque sí de la cantidad de acciones con que quedaron los señores. Bernal.
Menos de un mes después se reunió nuevamente la Asamblea en sesión también extraordinaria, tal como consta en Acta Nº 20 de 7 de marzo de 1996, suscrita por Sofía Prieto y Javier Bernal, y en ella los accionistas aprobaron la adquisición por parte de Camilo Bernal Prieto de 30.000 acciones de la Sra. Sofía Prieto de Bernal. Al igual que en la asamblea inmediatamente anterior, nada dijeron la vendedora, el comprador o los demás accionistas con respecto al Derecho de Preferencia o, al menos, nada consta en el Acta correspondiente; y de la misma manera como ocurrió en el caso anterior, en el Libro de Accionistas no hay registro de la transacción de venta, pero sí del hecho de que el Sr. Camilo Bernal era propietario de 30.000 acciones.
Unos días más tarde, el 30 de marzo de 1996, se reunió nuevamente la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Laboratorios Smart S.A. Si bien en el Acta correspondiente, que es la Nº 21 – y está suscrita por Sofía Prieto de Bernal - nada se dijo con respecto a cesión de acciones, llama la atención del Tribunal el hecho de que al hacerse el listado de accionistas presentes y del número de acciones representadas no aparece como accionista la sociedad Marketing y Marcas, que para la fecha de la asamblea anterior era propietaria de una (1) acción; sin embargo, aparece el accionista Jorge Humberto Bernal Prieto como titular de 126.000 acciones, lo cual indica que se realizó una transacción de una (1) acción que no consta en acta y que no surtió el trámite que usualmente venían dando los accionistas a las transacciones de acciones de Laboratorios Smart S.A. Habida cuenta que en las Actas de Asamblea posteriores a la número 21 no volvió a aparecer la sociedad Marketing y Marcas, el Tribunal entiende que en algún momento en el mes de marzo de 1996 se realizó efectivamente la cesión de una (1) acción de dicha sociedad al accionista Jorge Humberto Bernal Prieto. Sin embargo, en ninguna parte del Libro de Accionistas aparece tal transacción, ni aparece constancia alguna de que la sociedad Marketing y Marcas hubiese sido accionista de Laboratorios Smart S.A.
Como consecuencia de las operaciones anteriores, la composición accionaria de Laboratorios Smart S.A. a 30 de marzo de 1996 pasó a ser la siguiente:
Accionista No. De acciones
Sofía Prieto de Bernal 312.000
Javier Bernal Prieto 126.000
Jorge Humberto Bernal Prieto 126.000
Camilo Bernal Prieto 30.000
La siguiente transacción de acciones de Laboratorios Smart S.A. se realizó dos años más tarde, en septiembre de 1998, tal como consta en Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 49 de fecha 18 de septiembre, suscrita por Sofía Prieto de Bernal y Camilo Bernal Prieto, en la que se lee que el accionista Camilo Bernal adquirió por vía de permuta la totalidad de las acciones propiedad de sus hermanos Javier Bernal Prieto y Jorge Humberto Bernal Prieto, y vendió 10.100 acciones de su propiedad a Germán Rudy Quevedo Vargas (10.000 acciones) y a la empresa unipersonal Camilo Bernal EU (100 acciones). En esta ocasión, al igual que en las primeras actas, hay constancia de que los trámites relacionados con el Derecho de Preferencia se surtieron en la asamblea de forma verbal y parcial. De estas transacciones hay constancia en el Libro de Accionistas de la Sociedad.
En mayo de 1999 se realizó un nueva transacción de acciones de Laboratorios Smart S.A., tal como consta en Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 02-99 de 31 de mayo, suscrita por Sofía Prieto de Bernal y Camilo Bernal Prieto, en la que se lee, por una parte, que el Sr. Germán Rudy Quevedo vendió a Camilo Bernal Prieto la cantidad de 10.000 acciones de la sociedad y, por la otra, que el Sr. Camilo Bernal Prieto vendió 100 acciones de su propiedad al Sr. Guillermo Prieto Contreras. Al igual que en el caso anterior, hay constancia de que el trámite del Derecho de Preferencia se adelantó durante la asamblea en forma verbal y parcial, y en el Libro de Accionistas obra prueba de la inscripción de la transacción.
En el acta de Asamblea General de Accionistas Nº 002-2000 de 19 de mayo de 2000, suscrita por Sofía Prieto de Bernal, se observa en el acápite dedicado al número de accionistas y a las acciones representadas un cambio importante en la composición accionaria de Laboratorios Smart S.A., que es precisamente la materia de la presente controversia, pues aparece la Sra. Sofía Prieto de Bernal con 216.000 acciones, y el Sr. Camilo Bernal con 377.800 acciones, lo cual confirma lo que se desprende del Libro de Registro de Acciones de la sociedad, en el sentido de que con fecha 31 de marzo de 2000 se inscribió una transferencia de 96.000 acciones de Laboratorios Smart S.A. de Sofía Prieto a Camilo Bernal Prieto. Sin embargo, nada se dice en dicha acta ni en actas anteriores o posteriores con respecto a la mencionada transacción.
Como consecuencia de la operación mencionada, la composición accionaria de Laboratorios Smart S.A. el 19 de mayo de 2000 pasó a ser la siguiente:
Accionista Nº De acciones
Sofía Prieto de Bernal 216.000
Camilo Bernal Prieto 377.800
Camilo Bernal Prieto EU 100
Guillermo Prieto Contreras 100
En el Acta Nº 01-2001 de 30 de marzo de 2002 de la Asamblea General de Accionistas de Laboratorios Smart S.A., firmada por Sofía Prieto de Bernal, aparece como accionista la Sra. Mary Helen Márquez, propietaria de 6.000 acciones, y no aparece la sociedad GENSER Ltda., la cual figuraba en actas anteriores como dueña de 6.000 acciones. Sin embargo, ni en el Acta 01-2002 ni en alguna de las actas anteriores existe información o constancia sobre dicha transacción, lo que hace suponer al Tribunal que se trató, al igual que en algunos casos anteriores, de una cesión que no fue discutida o aprobada en el seno de la Asamblea, y frente a la cual no existe constancia alguna sobre el cumplimiento del Derecho de Preferencia. Sin embargo, en el Libro de Accionistas está inscrita una transacción sobre tales 6.000 acciones entre GENSER LTDA. y Mary Helen Márquez con fecha 6 de junio de 2000.
La siguiente y última negociación de acciones de Laboratorios Smart S.A. que aparece en el Libro de Actas que obra en el expediente se realizó en el mes de abril del año 2004, tal como consta en Acta Nº 02-2004 de 28 de abril, suscrita por Sofía Prieto y Camilo Bernal, en la que se lee que la Sra. Mary Helen Márquez ofreció en venta 3.000 acciones de su propiedad, las que fueron adquiridas por Camilo Bernal Prieto, y que el Sr. Guillermo Prieto Contreras ofreció en venta sus 100 acciones, las que fueron adquiridas por la sociedad GENSER LTDA. En el acta hay constancia de que los accionistas renunciaron de manera verbal al Derecho de Preferencia, y de ambas transacciones obra prueba en el Libro de Accionistas de la sociedad.
De acuerdo con lo anterior, la composición accionaria de Laboratorios Smart S.A. para mayo de 2005 era la siguiente:
Camilo Bernal Prieto 380.800
Mary Helen Márquez 3.000
GENSER Ltda.. 100
2.1.2. Lo que se desprende de los antecedentes.
Del recuento anterior salta a la vista, sin necesidad de mayor análisis, que desde el momento mismo de la transformación de Laboratorios Smart S.A. en sociedad anónima, sus accionistas hicieron caso omiso del procedimiento previsto en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la sociedad para efectos de las negociaciones de acciones entre ellos y con terceros, pues en ninguna de las transacciones realizadas entre 1994 y 2005 cumplieron con las formalidades o con los términos allí establecidos. Trataron de aplicar un procedimiento informal, verbal y sumario en el seno de las asambleas de accionistas para efectos de mostrar un remedo de cumplimiento; pero de hecho a lo largo de los casi nueve años a que se refieren las diez actas u operaciones antes mencionadas, aplicaron en realidad tres formatos distintos para efectos de las transacciones de acciones entre ellos o con terceros: en aproximadamente la mitad de los casos se limitaron a dejar constancia en las actas del hecho de que la sociedad y los accionistas renunciaban al derecho de preferencia; en dos ocasiones aprobaron transacciones pero nada dijeron en las actas correspondientes ni en ninguna otra con respecto al derecho de preferencia y, finalmente, en tres casos ni siquiera mencionaron las transacciones en el seno de las asambleas de accionistas, pero sí procedieron al registro de las mismas, sin objeción de naturaleza alguna.
Para el Tribunal es claro que ninguna de las actuaciones antes mencionadas se ajustó a lo establecido en el artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales; sin embargo de allí no se colige necesariamente que todas tales transacciones hubieran estado viciadas, sino que los accionistas de Laboratorios Smart S.A. entendieron y aplicaron esa norma del contrato de sociedad del que todos eran parte como si fuera un requisito informal y flexible, que podía o no cumplirse, sin que por cuenta de ello se derivaran consecuencias jurídicas negativas.
En respaldo de su conclusión el Tribunal trae a colación lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1622 del Código Civil, al tenor del cual:
Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobra la misma materia.
O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes o una de las partes con la aprobación de la otra parte” (Negrilla fuera de texto).
Si bien en el presente caso el debate no gira alrededor de una estipulación cuyo alcance no sea claro, sino de una situación en la que las partes se separaron de una preceptiva contractual, el Tribunal es de la opinión de que de la anterior disposición se desprende, sin lugar a dudas, que bien pueden las partes de un contrato apartarse de manera expresa o tácita del texto literal de alguna o algunas de sus cláusulas, aplicándolas en la práctica de la mejor manera que ellas lo consideren, sin que por ello las violen o las desconozcan. De hecho, del artículo trascrito se desprende también que el alcance, contenido y efectos reales que las partes quisieron darle a una cláusula de un contrato cualquiera, inclusive, a juicio del Tribunal, el de sociedad, se podrá determinar en función de la aplicación práctica que las partes hayan hecho de ella, aún si dicha aplicación es contraria a lo que prima facie se desprende del texto contractual mismo, caso en el cual ha de primar el sentido que se deduzca de la conducta real de dichas partes, más aún si, como en el presente caso, dicha conducta no es ocasional sino recurrente y reiterada a lo largo de un largo lapso de tiempo.
En ese mismo sentido se ha pronunciado en varias ocasiones la Corte Suprema de Justicia, la cual en sentencia de casación de 28 de febrero de 2005 (Expediente 7504) expresó:
“Ahora bien, el criterio basilar en esta materia –más no el único, útil es memorarlo- es, pues, el señalado en el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, “conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”, en cuya puesta en práctica sirve de fundamento, entre otras pautas o reglas, la prevista en el inciso final del artículo 1622 ib., a cuyo tenor las cláusulas de un contrato se interpretarán “por la aplicación práctica que hayan hecho ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra”.
Esa búsqueda –o rastreo ex post- de la intención común, por lo demás, no debe ser erradicada por el hecho de que las palabras usadas por los contratantes reflejen, prima facie, claridad y precisión, pues no hay que olvidar que si la voluntad común de las partes es diferente y se conoce, a ella hay que plegarse más que al tenor literal, el que, in radice, en precisas circunstancias, puede llegar a eclipsar y, por ende, desfigurar, la verdadera voluntas de los convencionistas, ratio medular del laborío hermenéutico. No en vano, como bien lo señala la antigua máxima, “la letra mata, y el espíritu vivifica”.
Dentro de la misma línea anterior manifestó la Corte en sentencia de casación de 30 de noviembre de 2005 (Expediente 3219):
(...) No puede perderse de vista, así mismo, por las repercusiones que tiene en este litigio, que en la interpretación de las cláusulas contractuales, es significativa la aplicación práctica que de ellas hubieren hecho ambas partes, o una de estas con aprobación de la otra, pues es palmario que su proceder contribuye vigorosamente a esclarecer su sentido, como atinadamente lo ponen de presente las prescripciones del artículo 1622 Ibídem”.
Además de lo anterior, no puede dejar pasar por alto el Tribunal algunos aspectos que reafirman su convicción sobre el cumplimiento que en el presente asunto se dio al derecho de preferencia y la manera como la sociedad Laboratorios Smart y sus accionistas lo entendieron y aplicaron a lo largo de varios años. Por ello considera conveniente realizar un breve estudio sobre la denominada doctrina de los actos propios, como procede a continuación.
2.1.3. La doctrina de los actos propios.ç
La doctrina o teoría de los actos propios ha tenido una larga vida en el mundo jurídico. En efecto, encuentra una de sus primeras manifestaciones en el principio incorporado por Ulpiano en el Digesto, formulado de la siguiente manera: venire contra factum propium non valet. La discusión se centró en la pretensión de un padre de dejar sin efecto la emancipación de su hija, concedida por él mismo, con el objeto de anular un testamento que excluyó al padre como beneficiario de la herencia. Accursio y Bártolo de Sassoferrato contribuyeron a darle fundamento a la mencionada doctrina en el Corpus Iuris Civilis.
En esencia, esta doctrina constituye un límite al ejercicio de un derecho subjetivo, de una potestad o de una facultad, como resultado de la aplicación del principio de la buena fe y de la exigencia natural de observar en el comportamiento jurídico una actitud consecuente, que, por otro lado, impida enervar o destruir de manera ilegítima la confianza debida entre las personas al actuar en el comercio jurídico.
La teoría no pretende dar pie a una especie de congelación de las actuaciones jurídicas, según la cual nadie es libre de enmendar o rectificar una determinada postura o decisión. Esto equivaldría a sugerir la infalibilidad de la especie humana y, de paso, significaría un fuerte recorte a la libertad. La verdadera base de la doctrina de los actos propios se encuentra en las expectativas legítimas y razonables. Hay un valor digno de protección cuando una persona deriva de la conducta racional de otra, expectativas plenamente legítimas y razonables. Expectativas que, por otro lado, se conectan con la necesidad de extraer consecuencias prácticas al principio de la buena fe que es una guía central en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas.
Pese a la antigüedad de la doctrina y a su fundamento indiscutible, el excesivo positivismo que le dio tanta preeminencia a la ley dentro del elenco de las fuentes de derecho logró que entre nosotros entrara a un estado de hibernación del cual vino a resurgir con fuerza importante sobre todo en el campo del derecho público a consecuencia de una serie de decisiones de la Corte Constitucional en desarrollo de las prescripciones del artículo 83 de la Constitución(6)Ver las siguientes sentencias: T - 472 de 1992, T - 611 de 1997,T - 336 de 1997, T - 827 de 1999, T - 947 de 2000, T - 618 de 2000, T - 450 de 2002 , C - 835 de 2003 , T - 830 de 2004.El Consejo de Estado igualmente aplicó la doctrina de los actos propios en varias sentencias. Ver sentencia de septiembre 27 de1990, bajo número 6059, (MP Julio César Uribe); sentencia de septiembre 1 de 1.992, radicación No. 5465, (MP Montes Hernández); y sentencia de mayo 17 de 1984, expediente No. 2796, (MP José Alejandro Bonivento)..
La Corte Constitucional en sentencia T-295 de 4 de mayo de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiterada en muchas otras, expresó lo siguiente:
“Un tema jurídico que tiene como sustento el principio de la buena fe es el del respeto al acto propio, en virtud del cual, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe (art. 83 C.N). Principio constitucional, que sanciona entonces, como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto.
“La teoría del respeto del acto propio, tiene origen en el brocardo “Venire contra pactum proprium nellí conceditur” y, su fundamento radica en la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una primera conducta realizada. Esta buena fe quedaría vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria.
“Se trata de una limitación del ejercicio de derechos que, en otras circunstancias podrían ser ejercidos lícitamente; en cambio, en las circunstancias concretas del caso, dichos derechos no pueden ejercerse por ser contradictorias respecto de una anterior conducta, esto es lo que el ordenamiento jurídico no puede tolerar, porque el ejercicio contradictorio del derecho se traduce en una extralimitación del propio derecho.
En suma, la regla “venire contra factum propium non valet” tiene una clara aflicción jurisprudencial, pero además goza de un particular valor normativo en la medida en que está fundada en la buena fe, la cual el ordenamiento jurídico erige como principio de derecho que irradia todas las relaciones jurídicas, como ética media de comportamiento exigible ente los particulares y entre estos y el Estado. La buena fe está consagrada como canon constitucional en el artículo 82 del CPC”.
En sentencia de 25 de abril de2006 dijo el Consejo de Estado sobre la doctrina de los actos propios, con ponencia de Ruth Stella Correa Palacio:
“Esta doctrina tiene los siguientes presupuestos de aplicación como lo expone el profesor DIEZ PICAZO:
“1. Que una persona haya observado, dentro de una determinada situación jurídica, una cierta conducta jurídicamente relevante y eficaz.
“2. Que posteriormente esta misma persona intente ejercitar un derecho subjetivo o una facultad, creando una situación litigiosa y formulando dentro de ella una determinada pretensión.
“3. Que entre la conducta anterior y la pretensión posterior exista una incompatibilidad o una contradicción, según el sentido que de buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior.
“4. Que en ambos momentos, conducta anterior y pretensión posterior, exista una absoluta identidad de sujetos”.
Dado el gran aporte doctrinal y jurisprudencial en el propósito de moldear esta institución jurídica, es preciso acudir a ese tipo de fuentes para establecer si, en el caso concreto, se cumplen los requisitos delineados para la viabilidad de la doctrina. Tal como se desprende de la jurisprudencia trascrita, dichos requisitos son los siguientes:
a) En primer lugar, es preciso que exista un acto previo relevante y eficaz.
En este caso, el primer acto es la transferencia misma de las acciones. Es indiscutible la relevancia del mismo, hasta el punto de que es el elemento central de la presente controversia. En cuanto a su eficacia, ella se puede mirar desde dos ángulos que son concurrentes: fue jurídicamente eficaz, por cuanto se realizó válidamente, aplicando el derecho de preferencia de conformidad con los mecanismos informales que la sociedad y sus socios usaron desde el nacimiento mismo de la sociedad anónima; y fue materialmente eficaz, por cuanto permitió generar durante varios años la confianza en Camilo Bernal sobre la propiedad de las 96.000 acciones discutidas.
b) Otro elemento es la existencia de un segundo acto que entra en contradicción con el primero, contradicción que resultad atentatoria de los principios de la buena fe y la confianza legítima. En este caso, es evidente la contradicción, que resulta del hecho de que la Sra. Prieto, a través de la demanda que ocupa a este Tribunal, pretenda desconocer la transferencia hecha hace seis años. Además, el recuento de los hechos que haremos enseguida mostrará de qué manera tales hechos no armonizan con estos dos últimos principios.
c) Por fin, encuentra la doctrina un tercer elemento en la identidad entre las partes que protagonizan ambos actos(7)Hemos seguido en este punto a Díaz Picaso, Luis, La Doctrina del Acto Propio, un Estudio Crítico sobre la Jurisprudencia del Tribunal Supremo -Bosch Casa Editorial Barcelona. 1963 citado a su vez en la Sentencia T-295-99 de la Corte Constitucional.. Sobre este punto el Tribunal estima que, por encima de las apariencias, acudiendo a un análisis de fondo y no solamente de forma, dicho requisito ha sido cumplido en este caso.
En efecto, la convocatoria al Tribunal ha sido promovida por Genser General Ltda. y Laboratorios Smart S.A. Pero no es una circunstancia insignificante para el presente proceso, que la misma persona que ha conferido poder a sus mandatarios judiciales para impugnar una transferencia de acciones, sea a la vez aquella que actuó como enajenante de las mismas y la real beneficiaria de la declaración de nulidad impetrada, como que sería la misma Señora Prieto la que recibiría de nuevo el paquete accionario que le garantizaría su mayoría en la sociedad, en caso de sacar avante su pretensión de nulidad absoluta. De modo que más allá de la apariencia formal, en vez de ser juego de palabras, es un hecho cierto que el hilo conductor de toda esta discusión encuentra a la señora Sofía Prieto como protagonista central y beneficiaria real de la nulidad y que, en tal virtud, es inocultable que ella ha venido ahora contra sus propios actos, en actitud que la justicia no puede convalidar.
Ahora bien, en cuanto a la oportunidad en que opera el principio, la Corte Constitucional ha dicho que sus efectos actúan hacia el futuro, lo cual se acomoda perfectamente a este caso, con mayor razón cuando es la iniciación posterior del arbitraje el hecho que rompe la confianza debida.
Dijo la Corte en Sentencia T-793-04:
“4. Principio de buena fe y el respeto a los propios actos.
4.1 El principio de buena fe está consagrado en el artículo 83 de la Carta Política en los siguientes términos: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las actuaciones que aquellos adelanten ante estas".
De allí que haya señalado esta Corporación que la aplicación de este principio no se limita al nacimiento de la relación jurídica, sino que despliega sus efectos en el tiempo hasta su extinción.
Hechas las anteriores reflexiones generales, pasemos a ahora a estudiar los hallazgos fácticos incorporados en el presente proceso que dan lugar a aplicar la doctrina de los actos propios.
2.1.4. Recuento fáctico que permite la aplicación de la doctrina de los actos propios.
El hecho central consiste en la transferencia de 96.000 acciones de Laboratorios Smart S.A. de propiedad de la señora Sofía Prieto al señor Camilo Bernal, lo cual no impidió que la misma señora Prieto, obrando en condición de representante legal de Genser General Limitada y de Laboratorios Smart S.A. En reestructuración, acudiera a la justicia arbitral para dejar sin efecto la misma transacción de la cual ella fue parte.
En el interrogatorio practicado a la señora Prieto, ella declara que no hizo ninguna negociación con Camilo Bernal.
En efecto, el aparte de la declaración más significativo en ese sentido es el siguiente:
(Pregunta) Dr. PABÓN: En el momento en que usted hizo la transferencia de 96.000 acciones a Camilo Bernal, ¿cumplió Usted con los estatutos sociales?
Sra. PRIETO: Nunca he hecho negociación con Camilo Bernal de 96.000 acciones.
A lo cual agrega más adelante, al poner en duda el Acta en la que aparece Camilo Bernal como socio mayoritario, lo siguiente:
El reparo que tengo aquí es que de la noche a la mañana aparecí con 216.000 acciones.
Para el Tribunal, esta afirmación carece de sustento racional, dada la acumulación de evidencias en sentido contrario, las cuales se reseñarán enseguida.
En el momento de la inscripción de la transferencia mencionada, ni Laboratorios Smart S.A. ni Genser General Ltda., manifestaron oposición a la misma. La señora Sofía Prieto firmó el Acta de la Asamblea en la que aparecen las nuevas mayorías (Acta 002, fl, 136 vuelto, cuaderno de pruebas número 1) sin reparo de ninguna clase; y lo hizo no solo en esa ocasión, sino también en muchas otras, tal como se puede observar en actas de asambleas posteriores, en las que las decisiones se adoptaron con base en las mismas mayorías que hoy controvierte la señora Sofia Prieto, sin que ella hubiera manifestado reparo o reserva alguna. Y como si lo anterior fuera poco, basta observar el título correspondiente a las 96.000 acciones, el cual fue firmado por la señora Prieto como representante legal de Laboratorios Smart S.A. (folio 153, cuaderno principal), donde además se expresa que “LA NEGOCIACIÓN DE ESTAS ACCIONES ESTÁ SUJETA AL DERECHO DE PREFERENCIA ESTIPULADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES”.
Dentro de la misma línea anterior, para el Tribunal es muy diciente también la copia de la certificación, visible a folio 215 del cuaderno de pruebas Nº 2, en la cual la propia Sofía Prieto hace constar que el socio Camilo Bernal “es socio controlante de la sociedad Laboratorios Smart S.A. por poseer el 62.97% de las acciones desde marzo 31 de 2000”, certificación que fue expedida y presentada ante Notario Público en el mes de octubre del año 2000, es decir, seis meses después de la transacción que aquí se controvierte.
Solo después de transcurrido un tiempo considerable (alrededor de 6 años) la señora Prieto confirió poder para volver en contra de sus propios actos, circunstancia que el Tribunal encuentra inaceptable. La conducta referida tiene que significar, en aras del principio de buena fe y de la confianza legítima que de su ejercicio se desprende, tal como se ha señalado en el análisis general de la Teoría de los Actos Propios, una limitación al derecho de impugnación que debe dar al traste con las pretensiones de la demanda.
A lo anterior hay que agregar que la misma señora Prieto, como representante legal de Laboratorios Smart S.A. no era ajena a la supuesta ausencia de trámite de la oferta (ausencia ya desvirtuada en otro acápite del presente laudo), razón por la cual no puede solicitar la nulidad de la misma con fundamento en una omisión que la compromete sin volver igualmente de manera no protegida por el derecho contra sus propios actos y omisiones.
A pesar de ser representante legal de Laboratorios Smart, y no pudiendo ignorar la enajenación por ser parte de ella, no convocó a la Junta Directiva, no lo discutió en ninguna asamblea de accionistas ni en ningún otro foro, no impidió el registro de la operación en el libro de accionistas y emitió el título a favor del convocado Camilo Bernal.
Por su parte, Genser General no puede alegar el desconocimiento de la operación, ya que solo tenía como socios a Camilo Bernal y a la señora Sofía Prieto, como se desprende del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá de fecha 8 de marzo de 2006, visible a folio 15 del cuaderno principal, ambos copartícipes de la enajenación de las acciones y a su vez, representantes legales de la misma, amén de que siguió participando en asambleas posteriores de Laboratorios Smart S.A., en las que las determinaciones se adoptaron con base en las nuevas mayorías.
Si bien las sociedades una vez constituidas forman una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados (art. 98 del C. de Comercio), en el presente asunto no puede perderse de vista que la señora Sofia Prieto era la representante legal de las sociedades Laboratorios Smart S.A. y Genser General Limitada y por lo tanto, administradora en los términos del artículo 22 de la Ley 222 de 1995, condición esta que le genera las facultades y responsabilidades que establece la ley.
Si faltaran argumentos, tampoco es asunto insignificante el que una vez vinculada al proceso en condición de litisconsorte, la señora Prieto se allanó a la demanda (fl. 67 del Cuaderno Principal 1). Es claro que, nuevamente, la beneficiaria real del allanamiento es la misma señora Prieto, por cuanto de esta manera podría recuperar las acciones que ella misma enajenó. Para el Tribunal no es de recibo que la señora Prieto, enajenante de las acciones, otorgue poder en nombre de dos sociedades para dejar sin efecto el negocio jurídico mencionado y que, ya como persona natural, se allane a la demanda que ella misma promovió, a objeto de reintegrar a su haber las acciones cedidas.
Por fin, la hipótesis que ha estado latente en la defensa de los intereses de las sociedades convocantes, ha sido la del engaño de Camilo Bernal quien obtuvo, según se insinúa, la firma de las actas correspondientes sin un auténtico consentimiento de la señora Sofía Prieto. Esta hipótesis no está probada en el proceso, ni hizo parte central de la argumentación de las sociedades actoras, ni tampoco de la señora Prieto, quien se limitó a allanarse a la demanda, ni resulta creíble a la luz de todas las actuaciones que se surtieron a lo largo de los seis (6) años posteriores a la fecha de registro de la transacción, entre ellas la celebración de no menos de diez asambleas en las que las decisiones se adoptaron con base en las nuevas mayorías, asambleas en las que participó la Sra. Prieto y cuyas actas están firmadas por ella misma. Por tal razón, el Tribunal la ha desechado.
En relación con las tesis expuestas por el apoderado de la parte convocante en el alegato de conclusión, aunque ya han sido examinadas y rebatidas en el presente laudo, a guisa de reiteración el Tribunal puntualiza:
1) El comportamiento de la señora Sofía Prieto, específicamente durante el itinerario del proceso, no armoniza con los postulados de la buena fe. De este principio no se pueden excusar las sociedades convocantes, dadas las superposiciones de roles procesales que se han dejado reseñadas.
2) En efecto, no es de recibo, a los precisos efectos de los acontecimientos que conciernen al presente proceso, que el papel de la señora Prieto, primero como persona natural al enajenar, después como representante legal al demandar y finalmente, de nuevo como persona natural al allanarse, implique una barrera o separación absoluta entre cada una de las mencionadas incidencias.
3) La supuesta inoponibilidad de los actos de los representantes legales frente a las sociedades convocantes, no sirve de excusa de actuaciones que implican volver contra actos propios que, de prosperar, tendrían el inconfundible sello de lo ilegítimo.
4) La Teoría de los Actos Propios se limita a impedir el ejercicio de un derecho por razones de fondo, basadas en la buena fe y la confianza legítima, de modo que se desenvuelve en un terreno distinto a la caducidad y la prescripción. En consecuencia, su aplicación no enerva las mencionadas instituciones jurídicas.
A manera de conclusión, como ya se ha dejado establecido en el presente laudo, el Tribunal considera que la transferencia de las 96.000 acciones de Sofía Prieto a Camilo Bernal cumplió con el derecho de preferencia en concordancia con la manera verbal, flexible e informal como las partes ejecutaron en la realidad el contrato social.
Aún si fuese necesario ir más allá, la aplicación de la doctrina de los Actos Propios permite concluir a este Tribunal que la serie de hechos que se han descrito tiene el propósito de dejar sin efecto actos propios de la señora Sofía Prieto, en violación de expectativas legítimas del señor Camilo Bernal mediante argumentaciones jurídicas que no se avienen con el principio de la buena fe. Tales actuaciones permiten señalar que los antecedentes fácticos enumerados han generado una limitación infranqueable a la facultad de la señora Sofía Prieto de impetrar la nulidad de la cesión de las 96.000 acciones, razón por la cual, también por esta vía, las peticiones de la demanda no han de abrirse paso.
Habiendo prosperado la excepción denominada “Validez de la transferencia” propuesta por el apoderado de la parte convocada, se hace innecesario el estudio de las demás excepciones de mérito propuestas por la parte convocada. Así mismo, como consecuencia de la prosperidad de la excepción, las pretensiones de la demanda principal están llamadas al fracaso, como se declarará en la parte resolutiva de este laudo.
2.2. La demanda de reconvención.
Como quiera que las pretensiones de la demanda principal están llamadas a no prosperar por las razones mencionadas en el punto anterior y que las pretensiones de la demanda de reconvención formuladas e interpretadas, estaban condicionadas a la prosperidad de cualquiera de las pretensiones de la demanda principal, tal como expresamente lo manifestó el reconvieniente en su alegato de conclusión(8)Folio 30 del alegato de conclusión., el Tribunal se abstiene de hacer análisis alguno de estas últimas, por sustracción de materia y en consecuencia, procederá en la parte resolutiva de esta laudo a desestimar las pretensiones de la demanda de reconvención.
2.3. Pronunciamiento sobre costas del proceso.
Habiendo prosperado la excepción de cumplimiento del derecho de preferencia en la transferencia de acciones de la señora Sofía Prieto al señor Camilo Bernal, que enerva las pretensiones de la parte convocante y teniendo en cuenta que se han desestimado las pretensiones de la demanda de reconvención, el Tribunal dispone con fundamento en lo previsto en el artículo 392 del C. de P. Civil, no hacer condena en costas.
2.4. Reembolso de gastos del proceso.
Encuentra el Tribunal que fijada la suma que correspondía a los gastos del proceso, detallados en el acta número 7 del 27 de septiembre de 2006, oportunamente, la señora Sofía Prieto Contreras, en su calidad de litisconsorte necesaria, canceló la mitad de los gastos y honorarios que, según el artículo 22 del Decreto 2279 de 1989, compilado en el artículo 144 del Decreto 1818 de 1998, le correspondía pagar a la parte demanda, mientras que Camilo Bernal Prieto, demandado en el proceso, no sufragó la otra mitad. Por tal motivo, la parte Convocante, en ejercicio del derecho que le otorga la misma disposición, canceló por cuenta de Camilo Bernal Prieto el saldo pendiente.
No obra en el proceso prueba de que Camilo Bernal Prieto hubiera reembolsado a la parte convocante el valor pagado por esta por cuenta de aquel.
Teniendo en cuenta lo anterior, se impone dar aplicación al inciso tercero del mencionado artículo 22 del Decreto 2279 de 1989, que señala:
“De no mediar ejecución, las expensas por gastos y honorarios pendientes de reembolso se tendrán en cuenta en el laudo para liquidar costas. A cargo de la parte incumplida se causarán intereses de mora a la tasa más alta autorizada desde el vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que efectivamente cancela la totalidad de las sumas liquidadas a su cargo. El Tribunal podrá en el laudo ordenar compensaciones”.
Ha debido, entonces, Camilo Bernal Prieto pagar la mitad de la suma establecida en la referida acta número 7 a cargo de la parte demandada. Empero, como no lo hizo, tiene derecho la Convocante, independientemente de que sus pretensiones no hayan prosperado(9)En verdad, es ajeno al hecho de tener o no razón en los planteamientos jurídicos de la demanda o de su contestación, el cumplimiento de la obligación de sufragar, en la parte inicial del proceso, el cincuenta por ciento de los costos del Tribunal, radicado por ley en cabeza de cada una de las partes. Cuestión diferente es la de que, de acuerdo con el sentido de la decisión del laudo, deba asumir esos costos íntegramente una de las partes, lo que no significa que desaparezca la obligación de pagar los intereses sobre su parte en los referidos gastos mientras estuvo en mora de hacerlo, que será, salvo que antes los cancele, hasta la fecha del laudo., a que se le reconozca en su favor la sanción moratoria que está contemplada en la norma transcrita, o sea los intereses moratorios a la tasa más alta autorizada, desde el día siguiente al vencimiento del plazo de los diez días que se tenían para consignar, es decir del doce (12) de octubre de 2006, y hasta la fecha efectiva del pago , pues no ha habido pago, como antes se expuso.
Así las cosas se tiene que la siguiente es la liquidación que corresponde a los intereses de mora a la fecha del laudo:
Interés Anual Efectivo Interés
Período Nº de días Nº resoluciónSuperbancaria Interés corriente bancario (1) Factor diario Capital Intereses Interés acumulado
12/10/2006 04/01/2007 84 1715 15.07% 0.000385 5,763,775 186,231 186,231
05/01/2007 31/03/2007 86 8 13.83% 0.000355 5,763,775 175,946 362,177
01/04/2007 30/06/2007 91 428 16.75% 0.000424 5,763,775 222,587 584,765
01/07/2007 20/09/2007 82 1086 19.01% 0.000477 5,763,775 225,410 810,175
25% DE LOS GASTOS SEÑALADOS Y QUE FUERON PAGADOS POR LABORATORIOS SMART S.A. $ 5.763.775
INTERESES DE MORA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2006 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2007 $ 810.175
TOTAL $ 6.573.950
25% DE LOS GASTOS SEÑALADOS Y QUE FUERON PAGADOS POR GENSER GENERAL LIMITADA $ 5.763.775
En mérito de las consideraciones expuestas, el Tribunal de Arbitramento integrado para decidir en derecho las diferencias entre GENSER GENERAL LIMITADA y LABORATORIOS SMART S.A. EN REESTRUCTURACIÓN y CAMILO BERNAL PRIETO, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
PRIMERO. Declarar probada la excepción denominada “Validez de la transferencia” formulada por el señor Camilo Bernal Prieto, por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo.
SEGUNDO. Negar todas y cada una de las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda principal.
TERCERO. Negar todas y cada una de las pretensiones de la demanda de reconvención.
CUARTO. No condenar en costas a las partes por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo.
QUINTO: Ordenar a CAMILO BERNAL PRIETO que cancele en favor de LABORATORIOS SMART S.A. EN REESTRUCTURACIÓN, a título de reembolso por los gastos y honorarios causados en el presente proceso arbitral, la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 5.763.775), suma que causará intereses moratorios a la máxima tasa moratoria comercial desde el 12 de octubre de 2006 hasta cuando se efectúe su pago efectivo, intereses que a la fecha de este Laudo ascienden a la suma de OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($ 810.175), para un total por capital e intereses de SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 6.573.950).
SEXTO: Ordenar a CAMILO BERNAL PRIETO que cancele en favor de GENSER GENERAL LIMITADA, a título de reembolso por los gastos y honorarios causados en el presente proceso arbitral, la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 5.763.775), suma que causará intereses moratorios a la máxima tasa moratoria comercial desde el 12 de octubre de 2006 hasta cuando se efectúe su pago efectivo, intereses que a la fecha de este laudo ascienden a la suma de OCHOCIENTOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($ 810.175), para un total por capital e intereses de SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 6.573.950).
SÉPTIMO: Declarar causado el saldo final de honorarios de los árbitros y de la secretaria y autorizar al Presidente para que realice los pagos correspondientes.
OCTAVO: Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas de la presente providencia con destino a las partes, con las constancias de ley.
NOVENO: Disponer que una vez esté en firme esta providencia se protocolice el expediente en una Notaría del Círculo de Bogotá, y que si fuere el caso se devuelvan las sumas de dinero sobrantes por concepto de gastos, una vez deducidos los que se hayan hecho dentro del proceso. Se previene a la partes sobre su obligación de suministrar el monto que llegare a faltar, de no ser suficiente la suma consignada para esa protocolización.
Jaime Humberto Tobar Ordóñez, Presidente—Carlos Gustavo Arrieta Padilla—Humberto De La Calle Lombana.
Camila De La Torre Blanche, Secretaria.

References: artículo 315
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 141
 artículo 21
 artículo 103
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 899
 artículo 403
 artículo 1741
 artículo 822
 artículo 21
 artículo 403
 artículo 1525
 artículo 306
 artículo 16
 artículo 379
 artículo 416
 artículo 845
 artículo 407
 artículo 187
 artículo 118
 artículo 1622
 artículo 1618
 artículo 1622
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 artículo 83
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 artículo 22
 artículo 392
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 artículo 144
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