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Timestamp: 2019-03-19 17:19:31+00:00

Document:
as201311082
AUTO SUPREMO Nº 82/2013
Sucre, 26 de marzo de 2013
EXPEDIENTE: Santa Cruz 38/2013
PARTES PROCESALES: Ministerio Público contra Adalit Deheza Delgadillo, Nerlice Pereira de Amorin
******************************************************************************************************** VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Adalit Deheza Delgadillo (fs. 239 a 240) impugnando el Auto de Vista Nro. 68 emitido el 21 de agosto de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 226 a 228), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Adalit Deheza Delgadillo y Nerlice Pereira de Amorim por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
Que el recurso de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes: Sustanciado el mencionado proceso, el Tribunal de Sentencia de Puerto Suarez, provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz, que conoció esa causa, dictó Sentencia Nro. 9/2011 el 6 de julio de 2011 (fs. 189 a 193), por medio de la cual declaró a Adalit Deheza Delgadillo y Nerlice Pereira de Amorim, autores de la comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, imponiéndoles la pena de ocho años de presidio, a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Palmasola), más el pago de 100 días multa a razón de 2 bs. por día y pago de costas al Estado.
Habiendo el acusado Adalit Deheza Delgadillo ahora recurrente, interpuesto recurso de apelación restringida contra la mencionada resolución, el Tribunal de Alzada declaró improcedente el recurso, dando origen al recurso que es caso de autos.
CONSIDERANDO II: (Motivo del recurso de casación)
Que analizado el referido recurso de casación, fue admitido conforme a los argumentos descritos en el Auto Supremo Nro. 50/2013 del 25 de febrero de 2013 (fs. 272 a 275), a efecto de verificar el presunto defecto que vulnera el debido proceso y según el siguiente motivo:
Que existe parcialización del Tribunal de Alzada por cuanto en apelación restringida hizo protesta de fundamentación de su recurso, habiendo el Tribunal resuelto de manera directa la resolución, sin señalar audiencia, por lo que, vulneró el debido proceso.
Concluye solicitando se deje sin efecto el Auto de Vista motivo de impugnación, se revoque la pena impuesta y se le absuelva conforme al artículo 363 del Código de Procedimiento Penal.
CONSIDERANDO III: (Verificación de la flagrante violación de derechos fundamentales y garantías constitucionales)
Que conforme el Auto Supremo de Admisión Nro. 50/2013 del 25 de febrero de 2013 (fs. 272 a 275), el análisis del presente recurso, se circunscribirá a la verificación de la denuncia efectuada en la citada resolución, la que se encuentra relacionada con el presunto defecto que vulnera el debido proceso.
El debido proceso es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre uno de los elementos constitutivos del debido proceso se encuentra el derecho a recurrir de los fallos, derecho íntimamente vinculado a la tutela judicial efectiva que supone el derecho de acceso a los órganos de justicia con la posibilidad de reclamar la apertura de un proceso para obtener una resolución motivada y argumentada, que exponga de forma clara, concreta y precisa los fundamentos que llevaron al juez o tribunal a resolver el caso, respondiendo a todos los aspectos demandados o cuestionados sobre una petición, la misma que debe ser coherente con el ordenamiento jurídico; en dicho supuesto, el derecho al debido proceso se tendrá cumplido y con ello el derecho de recurrir y por supuesto la tutela judicial efectiva, derechos garantizados por los artículos 119 y 115 de la Constitución Política del Estado, art. 394 del Código de Procedimiento Penal y artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por otra parte el Código de Procedimiento Penal (Ley Nro. 1970 del 25 de marzo de 1999), busca garantizar, en forma efectiva, el debido proceso y dentro del mismo, el derecho de impugnar y recurrir, de un fallo adverso por ante Tribunal Superior, garantía fundamental que se halla consagrada por la Constitución Política del Estado así como por el artículo 8, numeral 2, inciso h) del Pacto de San José de Costa Rica, y por el artículo 14, numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Doctrinalmente el derecho de las partes para impugnar y recurrir, es consecuencia directa de dos principios esenciales: el derecho a la defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional en Sentencia Constitucional Nro. 1044/03-R, precisó sobre la configuración del debido proceso, como uno de sus elementos, el derecho a la defensa, sobre el que se articulan las garantías judiciales mínimas a que se refiere el artículo 8.2 del Pacto de San José de Costa Rica, donde todos sus institutos, de alguna manera, se conectan y convergen con el derecho a la defensa.
Bajo ese marco garantista se analizará la denuncia del recurrente relativo a que existiría parcialización del Tribunal de Alzada, por cuanto en apelación restringida hizo protesta de fundamentación de su recurso, habiendo el Tribunal resuelto de manera directa la resolución, sin señalar audiencia, por lo que, se habría vulnerado el debido proceso.
Al respecto, conforme determina el artículo 411 del Código de Procedimiento Penal dentro el trámite del recurso de apelación restringida es atribución del Órgano Jurisdiccional convocar a la audiencia pública de fundamentación, cuando se hubiere ofrecido prueba, así como cuando sea expresamente solicitada por la parte: "Recibidas las actuaciones, si se ha ofrecido prueba o se ha solicitado expresamente la audiencia de fundamentación, el tribunal convocará a una audiencia pública dentro de los diez días de recibidas las actuaciones…"; por esta norma procesal que efectiviza derechos fundamentales que hacen al debido proceso, como el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, que son de orden público y de cumplimiento obligatorio, por una parte, ante la solicitud expresa de audiencia de fundamentación por parte del procesado en el recurso de apelación restringida; el Tribunal de Alzada debe fijar día y hora de audiencia de fundamentación.
En autos, de la revisión de los actuados procesales y en especial del recurso de apelación restringida deducido contra la Sentencia, así como del Auto de Vista impugnado, se evidencia que ciertamente el Tribunal de Alzada infringió los artículos 411 y 412 del Código de Procedimiento Penal, al no haber señalado día y hora de audiencia de fundamentación, toda vez que el apelante en la parte in-fine de lo principal del memorial de recurso de apelación restringida (fs. 200 a 203 y 220 a 222) solicitó audiencia de fundamentación, sin embargo los de Alzada ignorando ese aspecto resolvieron directamente el recurso, desconociendo que la audiencia de fundamentación es esencial a fin de garantizar los principios de contradicción y de inmediación, para concretizar así la tutela judicial efectiva, que como se ha señalado anteriormente, implica el derecho de la parte para ser oída por el Tribunal. En ese entendido al no haber señalado audiencia de fundamentación del recurso de apelación restringida, se vulneró el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa.
De lo expuesto, se evidencia la existencia de un fallo dictado sin la observancia de las reglas del debido proceso y las garantías constitucionales, lo que amerita en aplicación del art. 419 del Código de Procedimiento Penal, establecer
Conforme a lo dispuesto por los artículos 411 y 412 del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal de Alzada, ante la evidencia de que en el recurso de apelación restringida se solicitó expresamente audiencia de fundamentación, está obligado a convocar y señalar audiencia pública de fundamentación, dentro los diez días de recibidas las actuaciones, a fin de concretizar la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa; lo contrario vulnera el debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, y con ello el derecho a la petición que en materia penal, es amplio e irrestricto; toda vez, que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio.
POR TANTO: La Sala Penal Primera del Tribunal Supremo de Justicia de Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de la disposición contenida en el artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nro. 68 emitido el 21 de agosto de 2012 por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 226 a 228), en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Adalit Deheza Delgadillo y Nerlice Pereira de Amorim por la comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previsto y sancionado por el artículo 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas; y, dispone que la indicada Sala Penal pronuncie nueva resolución de vista de acuerdo a la doctrina legal aplicable señalada precedentemente y las normas constitucionales y legales previstas para el caso concreto.
En aplicación del artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, remítase copias legalizadas del presente Auto Supremo a los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, para el conocimiento de las Salas Penales y Jueces en materia penal.

References: artículo 55
 artículo 55
 artículo 363
 resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 411
 artículo 42
 artículo 419
 artículo 55
 resolución 
 artículo 420