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Timestamp: 2020-07-14 22:03:48+00:00

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Reglamento de Viviendas de Protección Pública de la Comunidad de Valencia (Decreto 90/2009, de 26 de junio) - Normativa de la Comunidad Valenciana - Legislación - VLEX 285252557
Reglamento de Viviendas de Protección Pública de la Comunidad de Valencia (Decreto 90/2009, de 26 de junio)
TÍTULO I. Régimen jurídico de las viviendas de protección pública de nueva construcción
CAPÍTULO I. Concepto y ámbito - arts. 5 a 10
CAPÍTULO II. Régimen del derecho de acceso a la vivienda de protección pública de nueva construcción - arts. 11 a 16
CAPÍTULO III. Calificación provisional - arts. 17 a 23
CAPÍTULO IV. Calificación definitiva - arts. 24 a 30
CAPÍTULO V. Supuestos especiales de calificación - arts. 31 a 37
TÍTULO II. Financiación actuaciones protegidas - arts. 38 a 41
TÍTULO III. Consejo Asesor de la Vivienda de la Comunitat Valenciana - arts. 42 a 47
PRIMERA. Delegación en conseller competente en materia de vivienda de la facultad para cesión gratuita de uso de bienes inmuebles
SEGUNDA. Suscripción de convenios
TERCERA. Selección de adjudicatarios de viviendas protegidas
CUARTA. Medidas de colaboración con Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana en materia de revisión de proyectos de viviendas protegidas
QUINTA. Supletoriedad de la normativa estatal
SEXTA. Convenios con entidades de crédito y ministerio competente en materia de vivienda
SÉPTIMA. Medidas excepcionales
OCTAVA. Denominación de las viviendas protegidas
NOVENA. Requisitos de acceso, precios de venta y renta y bonificaciones en viviendas de promoción pública
PRIMERA. Aplicabilidad del presente Reglamento
SEGUNDA. Revisión de los proyectos de viviendas
Norma citada en: 10 sentencias, 2 artículos doctrinales, 16 disposiciones normativas, 3 temas prácticos, 2 formularios
El Decreto 75/2007, de 18 de mayo , del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda tiene como objeto el desarrollo de la Ley 8/2004, de 20 de octubre , de la Vivienda de la Comunitat Valenciana en el ámbito de la protección pública.
Transcurrido un tiempo desde su entrada en vigor, el Decreto 82/2008, de 6 de junio , del Consell, modificó entre otras disposiciones algunos de los extremos contemplados en dicho Reglamento.
La Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148.1.3 de la Constitución Española , tiene competencia exclusiva en materia de vivienda, competencia que viene recogida en el artículo 49.1.9ª del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana .
Por todo ello, a propuesta del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, una vez cumplidos los trámites procedimentales previstos en el artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre , del Consell, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 26 de junio de 2009, decreto:
El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
Financiación específica de los planes de vivienda, integrada por préstamos específicos y ayudas económicas directas conforme a este Reglamento y a lo dispuesto en los planes de vivienda y suelo.
Exenciones y bonificaciones tributarias establecidas mediante norma con rango de ley.
Criterios de preferencia para el acceso a la financiación específica de los planes de vivienda.
Actuaciones computables en adjudicaciones o aprobaciones administrativas.
Distintivos y reconocimientos.
Medidas de fomento para incrementar la sostenibilidad en los edificios de vivienda, en los términos establecidos por los Planes de Vivienda y Suelo.
Medidas de fomento para la intermediación social en materia de vivienda.
Cualquier otra modalidad apropiada para el fomento de las actuaciones protegibles y para el acceso a la vivienda.
Queda excluida del presente Reglamento la regulación de la rehabilitación de edificios y viviendas, la rehabilitación urbana, así como la regulación de las viviendas de promoción pública.
Las viviendas de protección pública de nueva construcción, con independencia de cuál sea su denominación, se clasificarán en las siguientes modalidades:
Viviendas de protección pública de nueva construcción de promoción privada, por personas jurídicas o físicas, en cualquiera de las modalidades de promoción previstas en este Reglamento, y en las que dispongan los Planes de Vivienda y Suelo o medidas singulares de financiación aplicables, con independencia de cuál sea su denominación.
Viviendas de promoción pública en cualquiera de las modalidades establecidas por el artículo 54 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
ARTÍCULO 3 Planes de vivienda y suelo
Planes propios y complementarios.
El período temporal de vigencia.
Las actuaciones protegidas.
Las medidas de fomento y las fórmulas de financiación.
La instrumentación financiera.
Los objetivos para cada una de las actuaciones.
La cobertura presupuestaria.
Medidas de apoyo destinadas a colectivos específicos.
Las medidas de acceso a la vivienda que se consideren adecuadas.
Las resoluciones administrativas que reconozcan, califiquen o protejan cada una de las actuaciones amparadas por las distintas medidas de fomento, posibilitarán el derecho a la financiación específica de los planes de vivienda y suelo, establecida por la normativa vigente, en el marco de las actuaciones protegidas establecidas en los mismos y dentro de los objetivos fijados en los Convenios sobre actuaciones de vivienda y suelo, que se formalicen entre las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, con las Entidades de crédito públicas y privadas.
Las resoluciones contendrán los datos que, como mínimo, se determinan en este Reglamento y harán referencia expresa a la identificación del tipo de expediente y su beneficiario.
Los planes de vivienda o suelo definirán las modalidades de apoyo económico para la promoción y acceso a la vivienda en las distintas actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo que se definan en los mismos, estableciendo los requisitos, objetivos o subjetivos, que sean necesarios para la protección de las actuaciones y el acceso a las distintas modalidades de financiación.
TÍTULO I Régimen jurídico de las viviendas de protección pública de nueva construcción Artículos 5 a 37
CAPÍTULO I Concepto y ámbito Artículos 5 a 10
La vivienda de protección pública de nueva construcción es la calificada como tal por la conselleria competente en materia de vivienda, por reunir los requisitos de superficie, uso, calidad y precio establecidos por este Reglamento y otras disposiciones que le sean de aplicación.
Artículo 5, párrafo primero, modificado por el Decreto 191/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se modifican determinados preceptos del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Diciembre de 2013.
Artículo citado en: un artículo doctrinal, una disposición normativa, 2 temas prácticos
ARTÍCULO 6 Duración del período de protección
El régimen de protección de las viviendas de protección pública de nueva construcción durará con carácter general treinta años, computados a partir de la fecha de su calificación definitiva. No obstante, los Planes de Vivienda y Suelo podrán establecer un plazo distinto para todas o alguna de las actuaciones protegidas contempladas en los mismos.
Transcurrido el período de protección, se extinguen las limitaciones propias de dicho régimen, quedando sometidas las viviendas y elementos complementarios a los que se extiende la protección al régimen establecido por la legislación común.
Se podrán incluir en las promociones de viviendas de protección pública locales de negocio, que habrán de situarse en plantas completas y distintas de las que se destinen a viviendas, o separadas por elementos que imposibiliten su conexión, diferenciando claramente sus accesos.
Garajes, trasteros y anejos.
En las condiciones que determine cada plan, la protección se extiende a los garajes y trasteros de edificios de viviendas de protección pública, que tendrán el precio limitado y podrán ser anejos vinculados a las viviendas o no. La protección podrá extenderse a los anejos destinados a almacenamiento de útiles necesario para el desarrollo de actividades productivas en el medio rural y estarán vinculados a la vivienda.
La superficie útil máxima de la vivienda protegida será de 90 m2, que podrá incorporar, en su caso, una superficie útil máxima adicional de 8 m2 para trasteros anejos y de otros 25 m2 destinados a una plaza de garaje o a los anejos destinados a almacenamiento de útiles necesarios para el desarrollo de actividades productivas en el medio rural.
Artículo 8, modificado por el Decreto 191/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se modifican determinados preceptos del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Diciembre de 2013.
Artículo citado en: una disposición normativa, 2 temas prácticos
El valor de los terrenos donde se vayan a promover viviendas de protección pública, añadido al importe total del presupuesto de las obras de urbanización, no podrá exceder del porcentaje que establezcan al efecto, en su caso, los planes de vivienda y suelo aplicables. A los efectos del cálculo de valoraciones, el coeficiente entre la superficie útil y la construida será del 0,75.
Sólo a efectos de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se asignará a las viviendas libres y a los locales de negocio, un valor por metro cuadrado útil igual al del módulo de venta superior para la misma localidad establecido por el plan estatal de vivienda, modulado por un coeficiente que se determinará en cada plan de vivienda.
En el supuesto de que los terrenos no tengan completadas las obras de urbanización, además de las garantías exigibles por la legislación urbanística para la ejecución simultanea a la edificación, se computará como valor de los terrenos el valor del suelo más el coste de las obras de urbanización precisas, conforme se definen en la legislación urbanística valenciana.
En caso de que los terrenos sean resultantes de una reparcelación, al valor de los terrenos se sumará el importe de las cargas de urbanización que figuren en la cuenta de liquidación provisional, en los términos que resulten de la afección real que consta en la certificación librada al efecto por el Registrador de la Propiedad.
Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda comprobarán el cumplimiento del límite del valor de los terrenos. Para ello se calculará el valor en venta equivalente según lo dispuesto en el párrafo segundo, a efectos de aplicar el porcentaje correspondiente. Alternativamente, se podrá optar por la comprobación en base al método de valoración residual estática, calculando el valor en venta del edificio, que habrá de resultar inferior al valor en venta del edificio calculado según el párrafo segundo.
En el supuesto de actuaciones protegidas en ámbitos urbanos sujetos a programas específicos, o cuando por motivos sociales, arquitectónicos, urbanísticos o de coyuntura económica se estime necesario, el titular de la Dirección General competente en materia de vivienda podrá exceptuar esta limitación mediante resolución motivada, de acuerdo con los informes técnicos correspondientes.
Artículo 9, apartado 1, modificado por el Decreto 191/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se modifican determinados preceptos del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Diciembre de 2013.
Las viviendas de protección pública tendrán un precio limitado de venta y renta en tanto dure su período de protección, de conformidad con lo establecido en este Reglamento y en las disposiciones normativas que la desarrollen.
Los precios máximos por metro cuadrado útil para las viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana se determinarán multiplicando el módulo básico estatal por los coeficientes que se establecen en la tabla siguiente en función de la ubicación de la vivienda:
Zona Coeficiente ATPMS A1: Valencia 2,40 ATPMS A2: Castellón y Alicante 2,24 ATPMS B 2,08 ATPMS C-1 y C-2 1,84 Zona A 1,60
En todo caso, para las segundas y posteriores transmisiones de viviendas de protección pública, y mientras dure su período de protección, el precio será el equivalente, en el momento de la transmisión, al de la vivienda protegida de la misma localidad.
La renta máxima anual de arrendamiento de las viviendas protegidas será el 3,5% de su precio máximo legal
Artículo 10, apartado 2 modificado por el Decreto 105/2010, de 25 de junio, del Consell, por el que se modifican los decretos 90/2009, de 26 de junio, 189/2009, de 23 de octubre, y 66/2009, de 15 de mayo, por los que se aprueban, respectivamente, el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas y el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana 2009-2012, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 1 de Julio de 2010.
Artículo 10, modificado por el Decreto 191/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se modifican determinados preceptos del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Diciembre de 2013.
Artículo citado en: 2 disposiciones normativas, 2 temas prácticos
CAPÍTULO II Régimen del derecho de acceso a la vivienda de protección pública de nueva construcción Artículos 11 a 16
Régimen de uso y formas de acceso a la propiedad.
El régimen de uso de las viviendas de protección pública podrá ser el siguiente:
Otras formas de explotación justificadas por razones sociales.
El acceso a la propiedad de una vivienda protegida de nueva construcción podrá realizarse:
Por compraventa.
Mediante arrendamiento con opción de compra.
Por promoción para uso propio, individual o agrupadas en comunidades de propietarios sin personalidad jurídica.
Por promoción a través de cooperativas de viviendas o cualquier otra entidad con personalidad jurídica.
Acceso a las viviendas de protección pública en segunda o posteriores transmisiones por cualquier título previsto en la legislación de general y pertinente aplicación.
Limitaciones al régimen de uso y condiciones de acceso. Solamente pueden ser usuarios de las viviendas de protección pública las personas físicas. El régimen de uso de las viviendas de protección pública se determinará en la correspondiente cédula de calificación definitiva. Los usuarios de las viviendas de protección pública deberán cumplir los siguientes requisitos:
No podrán ser titulares de una vivienda protegida quienes ya lo sean de otra vivienda protegida en el mismo término municipal, salvo que en ésta se den las circunstancias de obsolescencia, inadecuación o excepción relacionadas en los puntos 11 y 12 del artículo 40 del presente Reglamento, que podrán ser modificadas por Resolución de la Conselleria competente en materia de vivienda. No obstante, si el titular de una vivienda de protección pública ha sido beneficiario de ayudas públicas a que se refiere el artículo 43.1 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, no podrá ser titular de ninguna otra vivienda de protección pública.
Tener unos ingresos familiares que no excedan de 4,5 veces el IPREM. Los ingresos familiares se calcularán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.
La determinación de la cuantía de los ingresos familiares se efectuará del modo siguiente:
Se partirá de la cuantía de la base imponible general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49, respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, correspondiente a la declaración o declaraciones presentadas por cada uno de los miembros de la unidad familiar relativa al último período impositivo con plazo de presentación vencido, en el momento de la solicitud de visado. Si el solicitante no hubiera presentado declaración, por no estar obligado a ello, se solicitarán informaciones complementarias, incluyendo una declaración responsable del solicitante, que permita evaluar los ingresos familiares.
El número de veces del IPREM resultante será ponderado mediante la aplicación de un coeficiente multiplicador único, comprendido entre 0,70 y 1, atendiendo a la ubicación de la vivienda y al número de miembros de la unidad familiar. Dicho coeficiente resulta de la multiplicación del coeficiente asociado al número de miembros en la unidad familiar (eje horizontal) con el coeficiente asociado a la ubicación (eje vertical) de la vivienda o actuación protegida. La tabla adjunta indica ya el resultado de dicha multiplicación.
Nre. de membres de la unitat familiar 1 2 3 4 5 6 1 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 0,80 0,77 0,75 0,74 0,72 0,70 0,85 0,82 0,80 0,78 0,77 0,75 0,90 0,86 0,85 0,83 0,81 0,79 0,95 0,91 0,89 0,87 0,86 0,84 0,95 0,91 0,89 0,87 0,86 0,84 1,00 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88
Nº de miembros de la unidad familiar 1 2 3 4 5 6 1 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88 0,80 0,77 0,75 0,74 0,72 0,70 0,85 0,82 0,80 0,78 0,77 0,75 0,90 0,86 0,85 0,83 0,81 0,79 0,95 0,91 0,89 0,87 0,86 0,84 0,95 0,91 0,89 0,87 0,86 0,84 1,00 0,96 0,94 0,92 0,90 0,88
La solicitud de visado habilitará a la administración pública competente a solicitar toda la información necesaria, en particular la de carácter tributario o económico que fuera legalmente pertinente, en el marco de la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o con otras administraciones públicas competentes, siempre y cuando el interesado autorice, de forma expresa y por escrito, dicha obtención de información tributaria.
Limitaciones a la facultad de disponer derivadas del régimen de protección:
Durante el régimen de protección, las viviendas de protección pública están sometidas al precio máximo de venta, renta y superficie útil máxima que fije la Generalitat.
Cuando la adquisición de viviendas de protección pública sea objeto de subvención o ayuda pública, estará sujeta además a limitaciones de la facultad de disponer. La vivienda, durante el régimen de protección establecido en el artículo 6 de este Reglamento, deberá destinarse a domicilio habitual y permanente del propietario o inquilino y no podrá ser objeto de cesión intervivos, por ningún título, durante el plazo que señale la normativa reguladora de la correspondiente ayuda pública, o en su defecto, durante diez años.
Las limitaciones a que se refiere este artículo se harán constar expresamente en las escrituras de compraventa, adjudicación o declaración de obra nueva en el supuesto de promoción en alquiler o individual para uso propio, y en la escritura de formalización del préstamo hipotecario, a los efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, donde se especificará expresamente la prohibición de disponer por medio de nota marginal.
Los notarios y los registradores de la propiedad deberán remitir, en caso de que no medie autorización administrativa, certificación de las escrituras de las viviendas, o solicitudes de inscripción registral, respectivamente, que impliquen cambio de uso o cesión anterior al vencimiento del régimen de protección, a la Dirección General competente en materia de vivienda, a los efectos del oportuno control administrativo.
Asimismo, los registradores de la propiedad deberán remitir relación de las inscripciones de las escrituras de compraventa de las viviendas de nueva construcción de protección pública, que permitan la identificación de la vivienda y su expediente, a los efectos del oportuno control administrativo.
Artículo 11, apartados 2 y 3, modificados por el Decreto 191/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se modifican determinados preceptos del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Diciembre de 2013.
Artículo 11, apartados 4 y 5, añadidos por el Decreto 191/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se modifican determinados preceptos del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Diciembre de 2013.
ARTÍCULO 12 Entrega y ocupación
La ocupación y uso de las viviendas de protección pública se efectuará una vez se haya obtenido la cédula de calificación definitiva.
Las viviendas de protección pública de nueva construcción se destinarán a residencia habitual y permanente del propietario o, en su caso, del inquilino, y deberán ser ocupadas en el plazo de seis meses a contar desde la fecha de concesión de la cédula de calificación definitiva o desde la fecha de la firma del contrato de compraventa o arrendamiento o de la escritura de compraventa o arrendamiento con opción de compra, si fueran posteriores.
No perderá el carácter de residencia habitual y permanente por el hecho de que el titular o usuario, su cónyuge, y los parientes de uno u otro hasta el tercer grado, que con cualquiera de ellos conviva, ejerza en la vivienda o en sus dependencias una profesión o pequeña industria doméstica, aunque sea objeto de tributación, siempre que en el ejercicio de dicha actividad se cumpla con normativa aplicable, y además se cumpla con lo dispuesto en los Estatutos de la Comunidad de Propietarios y con la autorización o consentimiento expreso del propietario-arrendador en el supuesto de que la vivienda esté arrendada.
La residencia habitual y permanente podrá excepcionarse mediante resolución motivada de la Dirección General competente en matera de vivienda, en programas de integración social, o supuestos de emergencia, o víctimas de violencia de género o terrorismo, que por su naturaleza requieran un alojamiento temporal.
Asimismo, cuando la falta de residencia habitual y permanente se deba a razones justificadas, relacionadas con las circunstancias familiares y laborales, se podrá excepcionar dicho requisito, a los efectos de la justificación señalada en el apartado 10 del artículo 69 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
Artículo 12, apartado 4, párrafo añadido por el Decreto 191/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se modifican determinados preceptos del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Diciembre de 2013.
Artículo citado en: una sentencia, una disposición normativa, 2 temas prácticos
Para que los promotores de viviendas de protección pública, puedan percibir de los adquirentes o adjudicatarios durante el período de construcción, cantidades a cuenta del precio, deberán haber obtenido la calificación provisional y la autorización del servicio territorial competente en materia de vivienda.
La solicitud de la autorización para la percepción de cantidades a cuenta deberá realizarse con anterioridad a la calificación definitiva. En la solicitud de autorización se deberá hacer constar el importe total de las cantidades que se pretenda obtener por este concepto.
Aval bancario global suficiente que dé cobertura a los avales individuales posteriores o contrato de seguro, ambos con renuncia expresa a la cláusula de beneficio de excusión, división y orden, que garanticen la devolución del importe de las cantidades recibidas, más los intereses legales correspondientes hasta el momento en que se haga la efectiva devolución, en caso de no obtener la calificación definitiva o no haberla solicitado dentro del plazo fijado en la calificación provisional o en la prórroga reglamentariamente concedida.
En caso de que hayan transcurrido seis meses de la concesión de la calificación provisional o bien se haya de reconvertir el préstamo concedido, deberá aportarse certificación del Registro de la Propiedad acreditativa del dominio de los terrenos o del derecho que faculte al promotor para realizar la construcción, y que se hallan libres de cargas y gravámenes que puedan representar un obstáculo económico, jurídico o técnico para el desarrollo del proyecto, salvo aquellos constituidos en garantía de devolución de los préstamos concedidos para la construcción de las viviendas.
Que las cantidades anticipadas se apliquen únicamente a la construcción de las viviendas, siendo ingresadas en cualquier establecimiento bancario o entidad de crédito pública o privada a disposición del promotor, con distinción de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al mismo.
Que en los contratos que se otorguen para formalizar las entregas a cuenta se haga constar de manera indubitada la cuantía de las mismas, los plazos en que han de ser satisfechas, la cuenta especial de la entidad bancaria o de crédito donde ha de verificarse el ingreso, y la garantía que haya sido constituida por el promotor entre las previstas en el anterior inciso a) del subapartado A).
Las garantías establecidas se extenderán a las cantidades entregadas en efectivo o mediante cualquier efecto cambiario, cuyo pago se domiciliara en la cuenta especial prevista. Cuando el pago del precio aplazado se instrumente a través de efectos cambiarios, se identificará en las garantías el número, vencimiento e importe de los mismos.
En el período de construcción sólo podrán percibirse de los futuros adquirentes pagos en concepto de cantidades a cuenta.
Cuando, una vez obtenida la calificación provisional de una promoción, los promotores dispongan la formalización de reservas de vivienda, con entrega de cantidades por este concepto, previamente deberán solicitar autorización del Servicio Territorial de Vivienda y Proyectos Urbanos competente, especificando las cuantías que vayan a solicitar, hasta un importe del 5 por 100 del coste de la vivienda, y acompañando la documentación que acredite la constitución de un aval bancario global suficiente que dé cobertura a los avales individuales posteriores, contrato de seguro o cuenta especial indisponible, todos ellos con renuncia expresa a la cláusula de beneficio de excusión, división y orden, que garanticen la devolución del importe de las cantidades recibidas, más los intereses legales correspondientes hasta el momento en que se haga la efectiva devolución.
El cumplimiento de las condiciones para percibir cantidades a cuenta es aplicable incluso a las promociones que se realicen en régimen de comunidad de propietarios o sociedad cooperativa.
Que la vivienda objeto de la transmisión o cesión está sujeta a las prohibiciones y limitaciones derivadas del régimen de protección pública establecido por la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, este Reglamento y demás disposiciones de desarrollo, y, por consiguiente, que las condiciones de utilización serán las señaladas en la referida normativa y en la calificación definitiva, y los precios de venta o renta no podrán exceder de los límites establecidos.
Que el promotor/vendedor o arrendador se obliga a entregar las llaves de la vivienda en el plazo máximo de tres meses a contar desde la concesión de la calificación definitiva, o desde la fecha del contrato, si fuera posterior, salvo que dicho plazo sea prorrogado por el Servicio Territorial competente en materia de vivienda.
Que el adquirente y arrendatario se obliga a ocupar la vivienda en el plazo máximo de seis meses a partir de la entrega de llaves y de seis meses a partir de la firma del contrato de arrendamiento respectivamente, salvo que medie justa causa.
Que el promotor/vendedor o arrendador se obliga a entregar al adquirente o arrendatario un ejemplar del contrato, debidamente visado por el Servicio Territorial competente en materia de vivienda.
En el supuesto de contratos de compraventa con percepción de cantidades a cuenta, habrán de consignarse en el contrato los datos requeridos por el artículo 13 de este Reglamento, especificando que se ha obtenido la autorización administrativa para la percepción de estas cantidades.
En los contratos y escrituras se hará constar, de manera indubitada, la identificación de la vivienda (tipo, superficie útil, construida y construida con elementos comunes, y situación del edificio) de acuerdo con la calificación provisional o definitiva, según la fase de tramitación en que se encuentre el expediente, haciéndose constar por separado los precios de venta y superficie útil, construida y construida con elementos comunes de la vivienda, garaje, trasteros y anejos, en su caso, así como sus datos registrales y período de protección.
En los contratos de compraventa, además:
Que el promotor o vendedor se obliga a elevar a escritura pública el contrato privado de compra/venta en el plazo de tres meses a partir de la fecha de la calificación definitiva de la vivienda, o de la del contrato, si fuera posterior, salvo que dicho plazo sea prorrogado por el Servicio Territorial competente en materia de vivienda.
Que los gastos concernientes a la declaración de obra nueva y división horizontal, así como los de constitución y división del crédito hipotecario, serán en todo caso a cuenta del promotor de la vivienda.
Que el comprador podrá instar la resolución del contrato en el caso de denegación de la calificación definitiva de la vivienda, o cuando el promotor no la solicite en los plazos reglamentarios.
En los contratos de arrendamiento, además de las cláusulas de carácter general:
Que el contrato se sujeta a la Ley de Arrendamientos Urbanos con las especificaciones establecidas por la normativa de protección.
El visado de contrato es el acto administrativo por el que se faculta al adquirente de la vivienda protegida a acceder a la misma.
Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda llevarán un Registro especial en el que se tomará razón de todos los contratos traslativos de dominio, en primera transmisión, o de primera cesión de uso de las viviendas de protección pública.
CAPÍTULO III Calificación provisional Artículos 17 a 23
Los promotores de las viviendas de protección pública de nueva construcción deberán presentar en el Servicio Territorial competente en materia de vivienda la solicitud de calificación provisional en modelo normalizado, que deberá estar acompañada por los siguientes documentos:
Dos ejemplares del proyecto básico de ejecución, definido en la normativa de ordenación de la edificación aplicable y redactado por técnico competente, que deberá estar visado por el Colegio Oficial de Arquitectos. La Administración competente en materia de vivienda establecerá las medidas oportunas para posibilitar su presentación mediante sistemas telemáticos.
Los que acrediten la personalidad del solicitante y, en su caso, la representación que ostente. La representación podrá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal de los interesados.
Certificado del Registro de la Propiedad acreditando la titularidad del dominio o de otro derecho real que legitime la actuación y estado de cargas. Los terrenos deberán estar libres de cargas o gravámenes que puedan representar un obstáculo económico, jurídico o técnico para el desarrollo del proyecto, salvo lo regulado para los supuestos especiales de calificación en el artículo 18 de este Reglamento.
Certificado de Ayuntamiento en el que conste al menos, los siguientes datos:
Clasificación y calificación urbanística de los terrenos
Si el terreno proviene de concurso público
Si el terreno está incluido en reserva obligatoria para viviendas de protección pública
La dotación de servicios urbanísticos de los que dispone el terreno. En el supuesto de no estar completos los servicios urbanísticos, si se trata de actuación aislada, deberá acreditar que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 182.2 de la Ley Urbanística Valenciana; si se trata de actuación integrada deberá acreditar que se cumplen las condiciones dispuestas en el artículo 163.1.b) de la citada Ley Urbanística, para poder obtener licencia urbanística.
Que se ha depositado la garantía de financiación exigida por la legislación urbanística aplicable (cuota de urbanización íntegra manifestada en el correspondiente expediente de gestión para la parcela).
Tasas. El promotor deberá haber abonado las tasas establecidas para este trámite por la legislación de aplicación.
Uso propio. En caso de promoción de viviendas para uso propio, además de la documentación general, se deberá aportar la solicitud de financiación específica de los Planes de Vivienda y Suelo, en su caso.
Promociones destinadas a arrendamiento. Además de la documentación general, se adjuntará solicitud de financiación convenida al promotor, acompañado del certificado de la Tesorería de la Seguridad Social acreditativo de encontrarse al corriente de las cotizaciones, y certificados de la Agencia Tributaria y de la Conselleria competente en materia de hacienda, acreditativos de estar al corriente de las obligaciones fiscales, cuando el Plan de Vivienda y Suelo determine la solicitud simultánea.
Las promociones de viviendas de protección pública de nueva construcción se efectuarán en edificios completos y sobre una única parcela, salvo lo establecido en el artículo 34 de este Reglamento para las promociones por fases.
En caso de proponer el emplazamiento de la promoción en zonas donde la mayoría de las viviendas se destinan a segunda residencia, a efectos de determinar la concurrencia o interés social de la misma, se considerará la demanda existente en el municipio y se deberá justificar la existencia de equipamientos sociales, educativos y sanitarios, y zonas verdes próximas a la actuación objeto de la solicitud, y la promoción será de titularidad pública o empresa pública.
Existencia de carga hipotecaria.
Se admitirá la existencia de cargas que afecten al solar objeto de la promoción, cuando se cumplan las condiciones establecidas en la legislación hipotecaria.
Cesión de solar a cambio de obra.
Derecho de superficie o concesión administrativa.
Se considerará título apto para construir y promover viviendas de protección pública el derecho de superficie o concesión administrativa, siempre que su duración no sea inferior al período de protección establecido según este Reglamento.
Las promociones cuya construcción se apoye en este título requerirán que esta circunstancia se haga constar en la cédula de calificación provisional y definitiva, así como en los contratos de compraventa o de percepción de cantidades a cuenta y en los contratos de arrendamiento. Dichos derechos deberán constar inscritos en el Registro de la Propiedad.
Elevación de plantas.
Certificación registral acreditativa de ser titular del derecho de sobreelevación y de la libertad de cargas y gravámenes conforme a la legislación hipotecaria.
Certificación expedida por arquitecto sobre la aptitud de la edificación base para la proyectada encima.
Si el promotor es propietario del edificio base, constará en documento público, que establecerá el correspondiente derecho de sobreelevación con arreglo a la legislación hipotecaria, en caso de enajenación del edificio base durante el período de ejecución, de forma que no pueda producirse un cambio de titularidad del expediente no autorizado.
Licencia de obras del edificio independiente de la otorgada para el edificio base ya construido.
Certificado final de obra de la edificación base libre ya construida, o, en su defecto, acreditación de estar terminada mediante documentación notarial o registral, que incluya la prestación de las garantías legalmente exigibles por la legislación de ordenación de la edificación.
Suspensión de la fe pública registral.
En la calificación provisional de la promoción se hará constar una diligencia que textualmente dirá: «Las viviendas objeto de esta promoción tienen suspendida la fe pública registral durante el plazo de dos años desde la inmatriculación del terreno en el Registro de la Propiedad, circunstancia que se advertirá a los posibles adquirentes y se hará constar en los contratos de cantidades a cuenta».
No se expedirá la calificación definitiva hasta que transcurran los dos años referidos.
En todo caso, se informará a los promotores que pueden recurrir al procedimiento de expediente de dominio o de acta de notoriedad para reducir dicho plazo.
Áreas de Renovación Urbana (ARUS) gestionadas mediante proyectos de Reparcelación Forzosa.
Dos ejemplares del proyecto básico de edificación.
Acreditación de la representación del promotor público.
Copia del Programa de Desarrollo de Actuaciones Integradas del área de renovación urbana aprobado definitivamente, en el que se incluya la relación de viviendas y propietarios afectados.
Copia de la resolución de aprobación definitiva del Programa de Desarrollo de Actuaciones Integradas en el que se designe como agente urbanizador y edificador del área de renovación urbana al promotor que solicita la calificación.
Tasas. El promotor deberá haber abonado las tasas establecidas legalmente para este trámite por la legislación aplicable.
Título no inscrito.
Artículo 18, apartado A), modificado por el Decreto 191/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se modifican determinados preceptos del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 23 de Diciembre de 2013.
Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda informarán las solicitudes de calificación provisional desde el punto de vista técnico y administrativo.
Para proceder a la concesión de la calificación provisional se atenderá a criterios de disponibilidad cuantitativa y financiera, adecuación e idoneidad del emplazamiento y a la tipología de la promoción, así como a cualesquiera otros criterios de interés social, desarrollo sostenible y medioambiental, que considere la Dirección General competente en materia de vivienda.
La resolución de concesión de calificación provisional contendrá, como mínimo, los siguientes datos:
El régimen legal de viviendas de protección pública de nueva construcción y la signatura del expediente, modalidad de promoción, identificación del promotor y emplazamiento de las viviendas.
Número de viviendas, superficies útiles por cada tipo y precios máximos aplicables.
Número y superficie de locales comerciales objeto de protección.
Garajes vinculados o no vinculados a las viviendas, y precios máximos.
Trasteros, vinculados o no a las viviendas, y precios máximos.
Anejos vinculados a las viviendas y precios máximos.
Condiciones que puedan establecer los planes de vivienda y suelo.
Tipo de promoción, en el supuesto de promociones especiales conforme a este Reglamento.
Los datos registrales del solar, o del derecho que faculte para construir, especificando lo necesario para la indubitada identificación (Registro de la Propiedad, Sección, Tomo, Libro, Folio, Número de finca, Número de inscripción, y denominación, en su caso).
Reserva urbanística del suelo en su caso.
Período de protección de las viviendas.
Mediante diligencia se consignarán, en su caso, las especificaciones determinadas en este Reglamento.
Para acogerse a las ayudas reguladas en el Plan de Vivienda vigente, las actuaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán ser calificadas por la Dirección General competente en materia de vivienda, en las condiciones que se determinen en dicho Plan y aquellas que se concreten en la orden de desarrollo.
El cómputo del período de ejecución de las obras, se efectuará a partir de dicha fecha. Sin perjuicio de ello, la efectiva ejecución de las obras se ajustará a lo dispuesto en la legislación urbanística valenciana y de ordenación de la edificación.
Formalización de la escritura de declaración de obra nueva en construcción y constitución del régimen de propiedad horizontal.
Percepción de cantidades a cuenta, previa la correspondiente autorización, y contratación de las viviendas.
Acceso a la financiación específica que corresponda con arreglo a la normativa de aplicación.
La obligación de colocar en lugar visible el cartel que identifique la promoción de viviendas como de protección pública, conforme a la normativa aplicable.
Los que puedan determinar los planes de vivienda y suelo.
En los supuestos de cambio de modalidad de protección prevista en los citados planes, para el caso que se hayan obtenido ayudas directas por parte del promotor, éste deberá, en su caso, con carácter previo, proceder al reintegro de las ayudas y, si procede, a la cancelación o novación del préstamo específico. En caso de tener préstamo específico del plan de vivienda vigente, será necesario aportar la conformidad de la entidad bancaria para el cambio de modalidad de protección que implique modificación del préstamo.
Los derivados de reformados de proyecto debidamente autorizados por el servicio territorial competente en materia de vivienda.
Con anterioridad a la concesión de la calificación definitiva, los promotores podrán solicitar reformados del proyecto que sirvió de base para la expedición de la calificación provisional, siempre que cumplan con la normativa de aplicación pertinente. En su caso, se acompañará, además de la documentación técnica exigida, la licencia municipal de obras que ampare las modificaciones, así como el abono del complemento de tasas conforme a la legislación de hacienda aplicable.
Los cambios de titularidad autorizados por el servicio territorial competente en materia de vivienda.
Una vez concedida la calificación provisional de la promoción, y antes de la concesión de la calificación definitiva sin perjuicio de lo dispuesto para enajenaciones de promociones en arrendamiento, será necesario obtener la autorización previa, mediante resolución motivada, del servicio territorial competente en materia de vivienda para que pueda transmitirse por actos intervivos la titularidad, total o parcial, de expedientes, así como la propiedad de los terrenos sobre los que haya de construirse o se construya un proyecto de viviendas de protección pública, o el título que faculte para construir sobre los mismos.
Que el cesionario tiene suficiente garantía y capacidad económica.
Que las obras de construcción se ejecutan en su caso a ritmo normal y de acuerdo con los plazos fijados.
Que no existe perjuicio para terceros adquirentes de las viviendas u otros terceros que puedan verse afectados. A tal efecto se acompañara declaración de inexistencia de adquirentes, o, bien, en su caso, el consentimiento de los mismos.
Asimismo deberá acompañarse comunicación de la entidad de crédito concedente del préstamo específico, manifestando que no hay inconveniente en que se produzca la transmisión. En otro caso, el cesionario acreditará la posibilidad de obtención de préstamo específico.
La transmisión «mortis causa» de las promociones requerirá comunicación al servicio territorial competente en materia de vivienda, acompañada de la documentación que acredite la sucesión, que se efectuará en el plazo máximo de tres meses a contar de la fecha que motiva la transmisión.
Las prórrogas del plazo de ejecución de obras autorizadas por el servicio territorial competente en materia de vivienda.
Los promotores de viviendas de protección pública dispondrán de un plazo de treinta meses a partir de la obtención de la calificación provisional, para presentar la solicitud de calificación definitiva.
Antes de la terminación del plazo señalado, el promotor podrá solicitar del servicio territorial competente en materia de vivienda una prórroga que no exceda de la tercera parte del plazo establecido, siempre que medie justa causa, y se acompañe certificado del arquitecto-director de las obras acreditativo de la situación de las mismas, de las causas que motivan la solicitud y señalando la fecha en que podrán quedar terminadas.
La variación en la relación de socios de cooperativas o participantes en comunidades, que se produzcan conforme a su legislación específica.
A tal efecto, el servicio territorial competente en materia de vivienda, previo el informe técnico o administrativo correspondiente, emitirá resolución motivada, aprobando o denegando, según corresponda, la modificación de la calificación provisional.
La resolución de caducidad, una vez firme en vía administrativa, será título bastante para la ejecución, por parte de los adquirentes y adjudicatarios, de las garantías establecidas en el artículo 13 de este Reglamento.
La solicitud del desistimiento o de la renuncia incluirá la declaración sobre la existencia de terceros afectados, así como comunicación de la entidad de crédito, concedente del préstamo convenido, especificando la no existencia de obstáculos en caso de aceptación.
En ninguno de los supuestos contemplados en este artículo procederá la devolución de las tasas administrativas abonadas para la obtención de la calificación provisional, percibidas por la prestación del citado servicio.
CAPÍTULO IV Calificación definitiva Artículos 24 a 30
Un ejemplar del proyecto de ejecución final definido en la normativa de ordenación de la edificación aplicable, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos, que recoja fielmente el estado final de las obras.
Licencia municipal de edificación.
Fotocopia, debidamente compulsada, de la escritura de obra nueva en construcción y constitución del régimen de propiedad horizontal, inscrita en el Registro de la Propiedad. Se comprobará que la obra declarada concuerda con el proyecto de ejecución final, la obra realizada y la calificación provisional.
Original del certificado final de obra, suscrito por la dirección facultativa (arquitecto y arquitecto técnico o aparejador), visado por los respectivos Colegios Profesionales.
Acreditación de que el edificio está asegurado del riesgo de incendios, durante el plazo de doce meses siguientes al certificado final de obra.
Libro de Órdenes y Visitas, debidamente cumplimentado, y en el que figure los datos identificativos del constructor, Código de Identificación Fiscal en caso de personas jurídicas, y Número de Identificación Fiscal en el resto de supuestos.
Relación de viviendas vendidas con el nombre de sus adquirentes y, en su caso, declaración jurada de las viviendas no vendidas hasta el momento de la solicitud de la calificación definitiva.
Certificado de la Dirección Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, en la que se haga constar la presentación del correspondiente proyecto técnico que ampara la infraestructura, y la del certificado o boletín, según proceda, de conformidad con el artículo 9.2 del Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero , o normativa que le sustituya.
Justificante del pago de las acometidas de luz, agua y gas cuando exista dicha instalación en las viviendas, aportando certificación de las compañías concesionarias que acredite que las referidas acometidas están abonadas, realizadas y en condiciones de uso, así como boletines de la acometida de energía eléctrica, agua y gas, sellados por los servicios administrativos competentes en materia de industria.
Libro de Gestión de Calidad de Obra, conforme a la legislación autonómica, junto con el informe favorable de la unidad de calidad de edificación adscrita a la dirección general competente en dicha materia.
Si se trata de promociones ubicadas en programas de actuación urbanística, acta de recepción de las obras o certificado municipal que acredite que las obras de urbanización están terminadas y recibidas por el Ayuntamiento correspondiente.
Justificante de la inscripción de los ascensores, y montacoches en su caso, en el Registro de Aparatos Elevadores, de la Conselleria competente en materia de industria.
Justificante de la contratación del servicio de mantenimiento y puesta en funcionamiento de la instalación de placas solares.
Los técnicos de los servicios territoriales competentes en materia de vivienda inspeccionarán las obras terminadas con el objeto de comprobar la adecuación de la obra realizada a las condiciones del proyecto de ejecución final presentado que sean susceptibles de una inspección y que son acordes con el proyecto aprobado en la calificación provisional, modificaciones autorizadas y demás condiciones fijadas en la cédula de calificación provisional. El resultado de la inspección se recogerá en el correspondiente informe técnico.
El Servicio Territorial competente en materia de vivienda, una vez subsanadas las deficiencias y completada correctamente la documentación, y teniendo en cuenta los informes citados, procederá a expedir la cédula de calificación definitiva, en modelo normalizado que contendrá los siguientes datos:
El régimen legal de viviendas de protección pública de nueva construcción y la signatura del expediente, modalidad de promoción, identificación del promotor, y del constructor y emplazamiento de las viviendas.
Período de duración del régimen de protección.
Los datos registrales del edificio en construcción, especificando lo necesario para su indubitada identificación (Registro de la Propiedad, Sección, Tomo, Libro, Folio, Número de finca, Número de inscripción, y denominación, en su caso).
Podrán concederse calificaciones definitivas parciales, antes de la finalización de la totalidad de las obras, que abarquen un determinado número de viviendas, sus anejos y locales de la promoción, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
Que la calificación contemple escaleras o edificios completos dentro de una promoción.
Que, desde el punto de vista técnico, la parte de edificio calificada se encuentre en adecuadas condiciones de seguridad y uso.
En la cédula de calificación definitiva se indicará que se trata de una calificación parcial de un determinado número de viviendas de las que componen la totalidad del expediente.
Transcurridos tres meses a partir de la presentación de la solicitud de calificación definitiva en el Servicio Territorial competente en materia de vivienda, sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.
Resolver el contrato, lo cual supondrá la devolución de las cantidades entregadas a cuenta más los intereses legales correspondientes.
Solicitar del Servicio Territorial competente en materia de vivienda, la incoación al promotor de expediente sancionador por posible infracción al régimen legal de viviendas de protección pública, tipificada en el artículo 69.13 de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
Solicitar del Servicio Territorial competente en materia de vivienda, en el plazo de tres meses desde la denegación de la calificación definitiva, la rehabilitación del expediente a su favor, cuando medie contrato de compraventa o cantidades entregadas a cuenta y no se haya optado por su resolución conforme al apartado a) anterior. En este supuesto, deberán comprometerse a la terminación de las obras o a la subsanación de las deficiencias que impidieron la obtención de la calificación definitiva y acreditar la documentación pertinente que permita la continuación del expediente de construcción.
Consolidación plena de la financiación específica que corresponda según el Plan o normativa de aplicación, así como la posibilidad de iniciar los procedimientos de pago de las ayudas públicas correspondientes.
Confirmación o reconocimiento de los beneficios fiscales de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria o en normas autonómicas de aplicación.
Comienzo del cómputo del plazo de duración del régimen de protección pública.
Sometimiento al régimen de uso, conservación, aprovechamiento y sancionador establecido por la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana, y en este Reglamento, para las viviendas de protección pública.
Posibilita la formalización de la escritura de compraventa, así como la puesta en uso y la ocupación de las viviendas, en los plazos y condiciones establecidos en este Reglamento y en la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunitat Valenciana.
Equivale a la licencia de primera ocupación, en los supuestos de primera transmisión o cesión de uso de las viviendas.
La cédula de calificación definitiva no exonera de responsabilidad a promotores, facultativos, constructores, y restantes agentes de la edificación, por vicios, defectos o incumplimientos constructivos, ni por obras mal ejecutadas. La inspección previa a la concesión de la calificación definitiva no tiene efecto liberatorio alguno sobre tales extremos.
La calificación definitiva sólo podrá ser modificada o anulada mediante los procedimientos establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ejercitando, en su caso, el correspondiente recurso contencioso-administrativo.
Sin embargo, podrá modificarse la cédula de calificación definitiva, mediante resolución del Servicio Territorial competente en materia de vivienda, cuando se trate de obras de modificación, mejora o reforma de las viviendas incluidas en la referida cédula, siempre que ello no implique incremento de las superficies útiles.
El régimen de uso de las viviendas de protección pública calificadas definitivamente para venta podrá modificarse a alquiler mediante resolución del jefe del servicio territorial competente en materia de vivienda.
La extinción del régimen de protección de las viviendas de protección pública se producirá por el transcurso del período de protección y por descalificación.
Transcurso del período de protección.
Cada uno de los Planes de Vivienda y Suelo establecerán el período de protección de las viviendas de protección pública, que deberá figurar en la escritura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del presente Reglamento.
La descalificación podrá ser voluntaria, forzosa y excepcional.
En los Planes de Vivienda y Suelo anteriores al Plan de Vivienda 2005-2008, que permitan la descalificación voluntaria, ésta podrá concederse con carácter discrecional y siempre que de ella no se deriven perjuicios para terceros.
Descalificación forzosa.
De acuerdo con el artículo 72.a) , de la Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de Vivienda de la Comunitat Valenciana, a las infracciones graves y muy graves establecidas en la citada ley se podrá imponer además de las sanciones que les correspondan, y como medida complementaria, la sanción consistente en la descalificación forzosa de la vivienda, con pérdida de las ayudas económicas y los beneficios tributarios concedidos y su devolución, incrementada con los intereses legales.
Descalificación excepcional.
La descalificación administrativa se podrá conceder por la Dirección General competente en materia de vivienda, mediante resolución motivada, cuando circunstancias excepcionales así lo requieran.
CAPÍTULO V Supuestos especiales de calificación Artículos 31 a 37
Los edificios de viviendas de protección pública de nueva construcción reservarán viviendas adaptadas para ser destinadas a personas con discapacidad, en el porcentaje y condiciones establecidas por la legislación de accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas, urbanísticas y de comunicación.
Para el acceso a este tipo de viviendas será necesario acreditar la condición de persona con discapacidad mediante certificación expedida por la Conselleria competente en la materia de bienestar social.
El número de viviendas destinadas a personas con discapacidad se consignará en la calificación provisional de la promoción, y los servicios territoriales competentes en materia de vivienda adoptará las medidas oportunas para su difusión y conocimiento de los posibles interesados que, como mínimo, comprenderá las siguientes medidas:
Publicación en el tablón de anuncios del Servicio Territorial competente en materia de vivienda por un período de, al menos, seis meses, a contar, salvo procesos especiales de adjudicación, desde la calificación provisional si son para venta o desde la calificación definitiva si son para arrendamiento. Asimismo, deberán publicarse en los carteles informativos a pie de obra.
El Servicio Territorial competente en materia de vivienda remitirá comunicación informativa al Secretario del Ayuntamiento en cuyo municipio se ubiquen las viviendas, para que se publique en el tablón de anuncios durante un período de, al menos, tres meses.
La Conselleria competente en materia de vivienda garantizará su difusión a través del servicio integral de información y medios informáticos correspondientes, territorializando las viviendas por provincias, áreas metropolitanas y municipios, especificando la modalidad de promoción y el régimen de uso.
Efectuados los trámites anteriores sin que hayan podido ser enajenadas en propiedad o en uso, según el régimen aplicable a cada promoción, a personas con discapacidad, el promotor podrá solicitar del Servicio Territorial competente en materia de vivienda autorización para su enajenación o arrendamiento a cualquier persona que reúna las condiciones de acceso previstas por los Planes de Vivienda aplicables.
Las promociones de viviendas de protección pública efectuadas por cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios habrán de tener en cuenta los requisitos establecidos por el Real Decreto 2028/1995, de 22 de diciembre , por el que se establecen las condiciones de acceso a la financiación estatal de viviendas de protección oficial promovidas por cooperativas de viviendas y comunidades de propietarios al amparo de los Planes Estatales de Vivienda, o normativa que lo sustituya.
La solicitud de calificación provisional irá acompañada de la relación identificativa de los interesados y, en su caso, de los integrantes de la comunidad de propietarios, o, al menos, del 80 por 100 de los mismos, con indicación de sus circunstancias personales y su Número de Identificación Fiscal, debiendo cumplir todos ellos los requisitos necesarios para acceder a la financiación convenida que en cada momento se exijan.
Estos tipos de promociones quedan exentos de las reservas de viviendas adaptadas para personas con discapacidad, salvo que algún cooperativista o comunero se encuentre implicado en esta situación.
Para solicitar la calificación provisional será requisito imprescindible acreditar la titularidad del suelo por parte de la cooperativa, además de los generales exigidos por este Reglamento.
La calificación provisional, una vez otorgada, determinará el régimen de uso propio para las viviendas a su amparo.
Con carácter general, las promociones de viviendas de protección pública de promoción privada deberán ejecutarse al amparo de un único expediente y calificación, tanto provisional como definitiva.
Excepcionalmente, cuando por motivos justificados, entre los que puede encontrarse la imposibilidad financiera, legal o urbanística de segregar la parcela, la existencia de elementos o servicios comunes que hayan de ubicarse en un determinado cuerpo de edificación, u otros oportunamente acreditados, no fuese posible obtener la separación de las distintas partes de la actuación, podrá realizarse por fases.
En este caso, se presentará con la solicitud de calificación provisional de la primera fase el proyecto de urbanización del conjunto, indicando el número de fases en que se divide la actuación, y delimitándola en los planos, con indicación expresa de las instalaciones, edificios y servicios complementarios y obras de urbanización a ejecutar en cada fase. Cada fase obtendrá su calificación provisional y su calificación definitiva.
En todo caso, la ejecución de los elementos y servicios comunes a todas las fases, se incluirán en la primera de las mismas.
La acreditación de la imposibilidad financiera de señalada en el anterior apartado se realizará mediante justificación de entidades bancarias de no concederle financiación al promotor.
Los promotores de expedientes de construcción de viviendas de protección pública podrán destinar un porcentaje de la superficie útil del inmueble destinada a vivienda para que se promueva como viviendas en régimen libre. Este porcentaje no podrá exceder del 40 por 100, salvo cuando sea superior como consecuencia de la vinculación establecida en el planeamiento urbanístico.
El proyecto será único e identificará indubitadamente tanto las viviendas que se promuevan en régimen libre como en régimen de protección pública. Esta identificación deberá, asimismo, recogerse en la escritura de declaración de obra nueva para su constancia en el Registro de la Propiedad.
Los servicios territoriales competentes en materia de vivienda comprobarán el cumplimiento de la normativa de habitabilidad, diseño y calidad, la coherencia de la propuesta, y cualquier otra que fuera aplicable, en la totalidad del proyecto básico así como la adecuación de la obra finalizada al proyecto aprobado, el cual deberá cumplir la normativa aplicable en materia de habitabilidad, diseño y calidad.
Dado que las viviendas libres no están amparadas por la calificación definitiva, la ocupación de las mismas requerirá la licencia de primera ocupación expedida por el Ayuntamiento competente.
Artículo 35, apartado 1, modificado por el Decreto 105/2010, de 25 de junio, del Consell, por el que se modifican los decretos 90/2009, de 26 de junio, 189/2009, de 23 de octubre, y 66/2009, de 15 de mayo, por los que se aprueban, respectivamente, el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas y el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana 2009-2012, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 1 de Julio de 2010.
Podrá otorgarse la calificación provisional de viviendas de protección pública a aquellos proyectos de edificación completos cuyas obras se encuentren ya iniciadas o terminadas, sin perjuicio de lo dispuesto para las promociones mixtas, siempre que concurran los siguientes requisitos:
Que las viviendas reúnan las condiciones de superficie, diseño, calidad y básicas establecidas por la normativa de aplicación.
Que la solicitud de calificación provisional se efectúe para proyectos de edificación completos, sin que quepa su concesión a viviendas aisladas.
Que no existan perjuicios para terceros adquirentes de viviendas.
La solicitud de calificación provisional se presentará en el Servicio Territorial competente en materia de vivienda, en el modelo normalizado y con la documentación exigida con carácter general por este Reglamento, salvo la dispuesta en los apartados C) y D) del artículo 17. Además será necesario aportar:
Certificado del director de obra acreditativo del estado de ejecución de las obras, expedida dentro del mes inmediatamente anterior a la solicitud de calificación provisional.
Declaración de Obra Nueva, y acreditación de la titularidad y estado de cargas mediante certificación registral, o en su caso mediante Nota Simple Registral de cada una de las viviendas y anejos para los que se solicita el régimen de protección pública.
TÍTULO II Financiación actuaciones protegidas Artículos 38 a 41
La concesión de la financiación de planes de vivienda y suelo a que se refiere el artículo anterior, quedará limitada por el agotamiento de los recursos financieros destinados a la misma.
El número de las ayudas con cargo a los presupuestos de la Generalitat, se ajustará a sus límites y determinaciones, y al cumplimiento de los requisitos presupuestarios exigidos, y se efectuarán con cargo al programa correspondiente de la Conselleria competente en materia de vivienda, cuyo titular dictará las órdenes que garanticen el cumplimiento de este extremo.
La unidad familiar se considerará tal y como resulta definida por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Son las acciones encaminadas a satisfacer las necesidades de vivienda de las personas y familias, que pueden recibir la financiación establecida en los planes de vivienda y suelo.
Son las medidas y los recursos, financieros o de otro tipo, que las Administraciones Públicas destinen al cumplimiento del objeto del presente Reglamento, en cada Plan de Viviendas.
La fijación de aranceles notariales y registrales reducidos para la transmisión de las viviendas protegidas previstas en este Reglamento, de acuerdo con su normativa específica.
Concesión de préstamos convenidos.
Es el montante de ingresos que se toma como referencia para poder ser beneficiario de las viviendas y financiación establecida en los planes de vivienda y suelo, y para determinar su cuantía.
Son los ingresos desproporcionados, en relación con el precio de adquisición de la vivienda, por su baja e incluso nula cuantía.
Se podrá acreditar la cuantía mediante la apertura de un período probatorio, para la justificación de la procedencia e importe de los ingresos, pudiendo ésta efectuarse con los ingresos del período impositivo siguiente al que corresponde computar, y mediante cualquier otra demostración de ingresos que acredite la viabilidad de la compraventa.
Es el indicador definido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio , para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, que se considera unidad de medida para la determinación de la cuantía de los ingresos familiares, en su cómputo anual, incluyendo dos pagas extras.
Precio máximos de venta y renta.
Las viviendas de protección pública de nueva construcción tendrán precio de venta y renta limitado, que se determinará de acuerdo con lo que establezcan los Planes de Vivienda y Suelo.
Se entiende por domicilio habitual la vivienda principal o de residencia habitual que está ocupada permanentemente y constituye un domicilio en el padrón municipal, no pudiendo tras su ocupación permanecer desocupada más de tres meses seguidos, salvo causa justificada.
Las viviendas se destinarán a residencia habitual y permanente del propietario, o en su caso del arrendatario, y deberá ser ocupadas por los mismos dentro de los plazos establecidos en la legislación aplicable.
Adquisiciones pro indiviso de vivienda.
Para la concesión de la financiación se exigirá el cumplimiento de los requisitos en los planes de vivienda y suelo, por todos los que figuren como adquirentes o adjudicatarios en la escritura pública de compraventa, computándose los ingresos de todos ellos, con independencia de quién aparezca como adquirente o adjudicatario en el documento privado y en la solicitud de ayudas económicas.
Concepto de primer acceso a la propiedad.
Se considera primer acceso a la propiedad la adquisición de una vivienda protegida cuando la parte adquirente ni tenga ni haya tenido el pleno dominio de otra vivienda, o que teniéndola o habiéndola tenido, no tuviera el uso y disfrute de la misma, o que el valor de la citada vivienda no exceda del porcentaje que los planes de vivienda y suelo establezcan sobre el valor de la vivienda de protección pública.
Requisito de no ser titular de otra vivienda.
Cuando el interesado titular de otra vivienda sea privado del uso de la misma, se entenderá que no es causa imputable a el mismo cuando no pueda beneficiarse del uso y disfrute por motivo de separación de una unión de hecho, separación judicial, divorcio o nulidad matrimonial, y el uso y disfrute de la misma haya sido adjudicada al otro cónyuge por resolución judicial o documento suficientemente acreditativo.
Vivienda sobrevenidamente inadecuada.
Cuando la vivienda no cumpla las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas para las viviendas usadas.
Cuando la vivienda resulte inadecuada por razón de superficie para los miembros de la unidad familiar, y no se cumpla el mínimo establecido de diez metros cuadrados útiles por persona.
Cuando se genere la necesidad de una vivienda adaptada a las condiciones de discapacidad sobrevenida de algún miembro de la unidad familiar del interesado.
Adquisiciones privativas y supuestos de separación de bienes.
En el supuesto de régimen económico matrimonial de separación de bienes, y cuando la adquisición de la vivienda lo sea a título privativo de uno de los cónyuges, se tendrán en cuenta los ingresos de ambos y el resto de requisitos exigibles por la normativa, puesto que son constituyentes de una misma unidad familiar. El mismo criterio será aplicable en el supuesto de parejas de hecho.
Artículo 12, apartado 2, letra b) modificada por el Decreto 105/2010, de 25 de junio, del Consell, por el que se modifican los decretos 90/2009, de 26 de junio, 189/2009, de 23 de octubre, y 66/2009, de 15 de mayo, por los que se aprueban, respectivamente, el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas y el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana 2009-2012, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 1 de Julio de 2010.
TÍTULO III Consejo Asesor de la Vivienda de la Comunitat Valenciana Artículos 42 a 47
Con carácter preceptivo el Consejo Asesor será consultado en los siguientes casos:
Anteproyectos de Leyes sobre vivienda y suelo.
Anteproyectos de Reglamentos y sus modificaciones, sobre vivienda y suelo.
Anteproyectos de Planes de vivienda y suelo.
Con carácter facultativo la Conselleria y dirección general competentes en materia de vivienda, podrán someter cualquiera otros asuntos relacionados con la vivienda y el suelo.
De información pública en proyectos normativos. Cuando el proyecto de elaboración de Reglamentos u otras disposiciones, exija la apertura de un período de audiencia al sector social, económico y profesional afectado, éste se podrá instrumentar a través del Consejo Asesor.
De estudio. A iniciativa del presidente, el Consejo Asesor podrá acordar la realización de estudios o informes sobre los asuntos concretos que se le encomiende en materia de vivienda y suelo, o sugerir su realización por la propia Administración.
De información. La Administración competente en materia de vivienda informará al Consejo sobre la evolución y grado de cumplimiento de los planes de vivienda y suelo y de las medidas de financiación establecidas, y de las previsiones de la política valenciana de vivienda.
Las consultas se efectuarán antes de la remisión al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana para informe preceptivo.
El Consejo Asesor de la Vivienda de la Comunitat Valenciana estará integrado por su presidente, su vicepresidente y los vocales pertenecientes a la administración o Entidades públicas dependientes, y los representantes de intereses sociales, profesionales y económicos que se detalla a continuación.
Será presidente del Consejo Asesor de la Vivienda el conseller competente en materia de vivienda, y Vicepresidente el director general en la referida materia.
Serán vocales los siguientes miembros de la administración o Entidades públicas dependientes:
Dos representantes del Instituto Valenciano de la Vivienda, SA
Los jefes de Área y los jefes de los Servicios territoriales de la Dirección General competente en materia de vivienda
Dos representantes de la Red de Mediación: Agencia Valenciana de Alquiler
Dos representantes del Observatorio Valenciano de la Vivienda
Un representante de la Agencia Tributaria
Un representante de la Conselleria competente en materia de Hacienda
Un representante de la Conselleria competente en materia de consumo, e
La representación de los intereses sociales, profesionales y económicos, estará formada por los vocales que se designen de la siguiente forma:
Uno designado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana
Uno designado por el Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comunitat Valenciana
Un representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Uno designado por los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en la Comunitat Valenciana
Uno designado por los Colegios de Administradores de Fincas en la Comunitat Valenciana
Uno designado por el Colegio de Notarios en la Comunitat Valenciana
Uno designado por el Colegio de Registradores de la Propiedad en la Comunitat Valenciana
Un representante de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo
Dos representantes de las Organizaciones Sindicales mayoritarias en la Comunitat Valenciana
Dos designados por las Organizaciones Empresariales de mayor implantación en la Comunitat Valenciana
Tres designados por las Organizaciones de Consumidores con mayor representación en la Comunitat Valenciana
Dos designados por las Entidades de Crédito con mayor relación con las políticas de vivienda
Tres representantes de las Asociaciones de Promotores de la Comunitat Valenciana
Tres representantes de las Federaciones de Construcción de la Comunitat Valenciana
Un representante de la Asociación Técnico Empresarial de la Construcción de Elche
Tres representantes de la Federación de Cooperativas de Viviendas de la Comunitat valenciana
Un representante Gestora de Cooperativas de Viviendas de la Comunitat valenciana
Un representante del Consejo Valenciano de la Juventud
Un representante del Instituto Valenciano de la Juventud
Un representante de las asociaciones de personas con discapacidad
Un representante del Instituto Valenciano de la Edificación
Tres expertos de reconocido prestigio en materia de vivienda y suelo, designados por el Presidente del Consejo Asesor.
Actuará como secretario un funcionario de carrera del grupo A del Consell, con titulación superior de licenciatura en derecho, que actuará con voz pero sin voto.
El mandato de los representantes de los intereses sociales, profesionales y económicos, tendrá una duración de cuatro años, a contar desde su incorporación al Consejo. Perderán su condición al expirar el período de mandato, y por fallecimiento, declaración de incapacidad, renuncia o revocación de la Entidad que los designó. En estos últimos casos, las referidas Entidades nombrarán sustituto hasta la terminación del mandato.
Para la válida constitución del Consejo se requiere la asistencia del Presidente, del Secretario y de un tercio de los vocales. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple y los vocales representantes de los intereses sociales, profesionales y económicos podrán delegar su asistencia a favor de otro componente del Consejo asistente a la reunión, expresando el sentido del voto para los diversos puntos del orden del día.
Se delegan en el conseller competente en materia de vivienda las facultades que ostenta el Consell para las cesiones gratuitas de uso de bienes inmuebles, en relación con las viviendas de protección pública y durante su período de protección, de acuerdo con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 14/2003, de 10 de abril , de Patrimonio de la Generalitat.
La Conselleria competente en materia de vivienda podrá suscribir convenios con las corporaciones locales afectadas, patronatos municipales de vivienda o sociedades anónimas municipales, entidades sin ánimo de lucro y otras entidades de derecho público para administrar el patrimonio público de la vivienda
Disposición adicional Segunda, modificada por el Decreto 105/2010, de 25 de junio, del Consell, por el que se modifican los decretos 90/2009, de 26 de junio, 189/2009, de 23 de octubre, y 66/2009, de 15 de mayo, por los que se aprueban, respectivamente, el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas y el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana 2009-2012, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 1 de Julio de 2010.
Disposición Adicional Tercera, tercer párrafo añadido por el Decreto 105/2010, de 25 de junio, del Consell, por el que se modifican los decretos 90/2009, de 26 de junio, 189/2009, de 23 de octubre, y 66/2009, de 15 de mayo, por los que se aprueban, respectivamente, el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas y el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana 2009-2012, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 1 de Julio de 2010.
A propuesta de la Dirección General competente en materia de vivienda, y siempre sobre la base de los informes técnicos que correspondan, el conseller competente en dicha materia, mediante resolución expresa y motivada, podrá adoptar medidas excepcionales cuando, por especiales circunstancias de carácter social o razones de urgencia que afecten a los edificios de viviendas, a las viviendas o a sus ocupantes, así lo requieran, que podrán desarrollar las facultades concedidas por el artículo 37 de este Reglamento.
La Dirección General competente en materia de vivienda podrá, analizadas las circunstancias del caso, exceptuar cualquiera de los requisitos de acceso a las viviendas protegidas cuando, siendo titular de otra vivienda, se hallase en realojo urbanístico consecuencia de expedientes de expropiación forzosa, cuando la vivienda carezca de las condiciones mínimas de habitabilidad, o por inadecuación de la superficie de la vivienda al número de miembros que compongan la familia.
La fórmula para la determinación del precio de las viviendas será:
PV = Mod VPRE × [K. antigüedad × K. Conservación × K. corrector]
El precio de referencia se corrige aplicando un coeficiente que pondera antigüedad del edificio y calidad constructiva. Tomando como referencia la Norma 20 NTV93 y los índices correctores de la Norma 13 NTV93, regulada por Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio , se establecen dos calidades constructivas:
Uso 1º
5-9 0,92 0,90
10-14 0,85 0,82
15-19 0,79 0,74
20-24 0,73 0,67
25-29 0,68 0,61
30-34 0,63 0,56
35-39 0,59 0,51
40-44 0,55 0,47
45-49 0,52 0,43
50-54 0,49 0,40
55-59 0,46 0,37
60-64 0,43 0,34
65-69 0,41 0,32
70-74 0,39 0,30
75-79 0,37 0,28
80-84 0,35 0,26
85-89 0,33 0,25
90-más 0,32 0,24
-Regular: 0,9
-Deficiente: 0,75
-Deficiente: 0,8
El precio de venta estará integrado por una aportación inicial y por una cantidad aplazada. La aportación inicial se abonará a la entrega de las llaves de la vivienda, y será de hasta el 5 por 100 del precio total de la misma, ello sin perjuicio de los correspondientes tributos que graven la venta.
La parte del precio aplazado tendrá la consideración de préstamo, con un interés anual variable, tomando el euribor a un año, o tipo de referencia que lo sustituya, más el 0,25 por 100, como referencia para determinar el tipo de interés anual del mercado hipotecario en los tres meses anteriores a la fecha del contrato. En todo caso el tipo de interés nunca podrá ser superior al 6 por 100.
El plazo de amortización será de veinticinco años. No se admitirán amortizaciones antes de los diez años.
La renta inicial anual por metro cuadrado de superficie útil, de las viviendas de promoción pública, se obtendrá por aplicación del 3 por 100 sobre el precio de venta, tomando como fecha de valoración la del momento de formalización del contrato de arrendamiento.
El ente gestor podrá conceder bonificaciones económicas para el pago de la renta en función de la capacidad económica y composición de la unidad familiar, así como de la cuantía de la renta del alquiler, según la siguiente fórmula:
%Bonificación=100-[20×(INGR/IPREM)×(INGR/RA)×[1+(0,25×(NF-1)/NF)]/NF]
Estas bonificaciones no podrán ser superiores al 90 por 100 de la renta, tendrán una validez de dos años y será requisito necesario para su concesión encontrarse al corriente de la renta del alquiler y demás conceptos a que venga obligado.
Cuando un inquilino que disfrute de bonificación incurra en impago de la renta, o de otros conceptos a que venga obligado, podrá serle retirada la bonificación de forma inmediata y estará obligado a reintegrar las cantidades bonificadas.
La bonificación económica regulada en este artículo es compatible con las ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas con cargo a sus presupuestos e incompatibles con cualquier otra ayudas en materia de vivienda.
Queda derogado el Decreto 75/2007, de 18 de mayo , del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda, salvo el título III, Promoción Pública de Viviendas, que queda vigente con las modificaciones al respecto establecidas en la disposición adicional novena, así como quedan vigentes las disposiciones adicionales, transitorias y finales del citado Decreto 75/2007 que hagan referencia al mencionado título III.
Las referencias que el título III del Decreto 75/2007 realiza a los artículos 72, 73.2, 73.4, 74, 75, 76, 58 y 26 del mismo, se entienden hechas respectivamente a los artículos 24, 25.1, 25.3, 26, 25.4, 27, 31 y 40 del presente Decreto, así como a lo dispuesto en los Planes de Vivienda vigentes.
Asimismo quedan derogadas cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente Decreto.
El presente Decreto entrará en vigor a los quince días de su publicación en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».
Decreto 261/2011, de 21 de octubre, por el que se regula el Carné Joven Europeo en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Resolución de 16 de marzo de 2006, del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio.
ORDEN 519/2006, de 14 de febrero, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se convoca un puesto de trabajo para su provisión por el sistema de Libre Designación en la referida Consejería.
ORDEN FORAL 138/2010 de 20 de julio, de la Consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba definitivamente el expediente de modificación de las Normas Subsidiarias de Arakil, en la parcela 56 del polígono 10 de Egiarreta, promovido por Javier y Joaquín Lazcoz Olaechea.

References: artículo 148
 artículo 49
 artículo 43
 artículo 54

ARTÍCULO 3

Artículo 5

ARTÍCULO 6

Artículo 8
 resolución 

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 10
 artículo 40
 Resolución 
 artículo 43
 artículo 6

Artículo 11

Artículo 11

ARTÍCULO 12
 resolución 
 artículo 69

Artículo 12
 artículo 13
 resolución 
 artículo 18
 artículo 182
 artículo 163
 artículo 34
 resolución 

Artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 9
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 69
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 72
 resolución 
 Real Decreto 

Artículo 35
 artículo 17
 resolución 

Artículo 12
 artículo 91
 resolución 
 artículo 37
 Real Decreto 

Resolución