Source: http://teradatomoo.blogspot.com/
Timestamp: 2014-10-31 08:58:55+00:00

Document:
Nota: Envié un "borrador" al Comisionado Paulo Vannuchi, pues me dí como plazo el 15 de septiembre, el cual he estado limpiando de erratas y ampliando para que sea más claro, aquí mismo en el blog. Por lo cual se lo volveré a enviar.
Comisionado Vannuchi: Ante el silencio que ha seguido a mis correos vuelvo a enviarle mi segundo correo avisándole que ya estoy escribiendo el tercero, en el que desarrollo el asunto del peculado de los 20 millones de pesos que nunca se explicó, y que expresamente le mencioné. Así que Emilio Álvarez Icaza no simplemente encubrió los abusos de Luis de la Barreda Solórzano sino que de forma indirecta encubrió el "desvanecimiento" de esos 20 millones de pesos. Comisionado Paulo de Tarso Vannuchi
Comisionado Vannuchi: Tal como se los anuncié, para continuar con mis señalamientos en contra del actual secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, en este ejercicio de periodismo ciudadano, paso a narrar en detalle los abusos que padecí en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tanto durante su administración como en la de su antecesor, Luis de la Barreda Solórzano. Pero es inevitable que deba referirme primero a los abusos cometidos por De la Barreda Solórzano, pues Álvarez Icaza se dedicó a encubrirlos cometiendo abusos ya propios la administración de la CDHDF a su cargo. Si comprenden la gravedad de los abusos cometidos por De la Barreda comprenderán entonces que el encubrimiento, y los abusos propios cometidos por la administración encabezada por Álvarez Icaza para lograr ese encubrimiento, son muy graves, y que no habrían sido cometidos ya no digamos por verdaderos defensores de derechos humanos sino por personas con un mínimo de honestidad.
Ya lo he señalado antes, pero como no está de más insistir al respecto, le hago notar que este correo que le envío va acompañado con escaneos de páginas sueltas de los documentos que se transcriben, dando preferencia a aquellas en las que aparecen las firmas de los involucrados, a fin de establecer la absoluta veracidad y exactitud de las transcripciones que se hacen de los documentos oficiales en los que sus firmas aparecen. No puedo escanear todas y cada una de las páginas de los documentos pues sería un gasto muy grande. Por eso he elegido esta forma de presentar los documentos, a través de transcripciones.
Para una visión más clara de lo que revelan esas páginas escaneadas le solicito consulte la página de mi blog personal: http://teradatomoo.blogspot.mx/2014/09/como-aseguro-jose-luis-luege-tamargo.html, en el que, al igual que con mi anterior correo a usted, hago público el presente correo. Y acomodo las páginas escaneadas antes de la transcripción de los documentos oficiales a los cuales refieren.
Como ya también lo he señalado, a pesar de dirigirme a usted estos correos no tienen un carácter personal sino que a través de usted me dirijo también a todos sus demás compañeros Comisionados de la CIDH. Especialmente al Comisionado James Cavallaro, pues además de ser testigo junto con usted de lo que dije, con y sin micrófono, es el Relator para México de la CIDH. Espero que el Comisionado Cavallaro, quien como moderador de la mesa fue el que me dio la palabra y fue evidente su molestia con mi intervención cuestionadora de la señora Pilar Noriega por inesperada y fuera de protocolo, finalmente comprenda que no tuve otra opción. Y que ni el Comisionado Cavallaro ni nadie puede reclamarme, sobre todo tomando en cuenta la molestia e indignación que he llevado durante años, el no haberme conducido con absoluta propiedad y decoro, con todo respeto a ustedes, Comisionados de la CIDH, al mismo tiempo que con toda firmeza, durante ese mi cuestionamiento a María del Pilar Noriega García, primera visitadora de la CDHDF con Álvarez Icaza.
Recordarán que cuando encaré a la señora Pilar Noriega traje a colación el escándalo reciente, conocido ya a nivel mundial, de la tristemente célebre “Mamá Rosa”, señora que pasaba por gran protectora de los niños, que tal vez lo haya sido al principio, pero en cuyo albergue se pasó en algún momento del amor disciplinario y firme a un “régimen de hacinamiento y brutalidad” como terminó definiéndolo el poeta y activista Javier Sicilia, quien antes había firmado un desplegado apoyándola. Dije, palabras más o menos, que había muchos “Mamá Rosas” en México. Es decir, gente que ante la sociedad ha logrado, con base en la simulación y un trato diferenciado con quien le pueda ser útil y quien no, construirse una imagen pública de gran honestidad y compromiso. Y si no me dí a entender lo que afirmo es que Emilio Álvarez Icaza es un “Mamá Rosa” de los Derechos Humanos, como también lo es Luis de la Barreda Solórzano.
“Mamá Rosa” conoció y trató con gran simpatía y bondad a don Luis González y González, gran historiador mexicano, y a sus amigos y discípulos, que incluyeron personas que luego se harían muy famosas, como Enrique Krauze y el ganador del Nobel de Literatura Jean Marie Le Clezio. Eso, mientras que al mismo tiempo trataba con la punta del pie o por lo menos tenía una negligencia irresponsable y criminal respecto a los niños que estaban a su cargo. Dos caras. Por eso se dio el singular fenómeno de que, cuando estalló el escándalo, por una parte tuviera el apoyo de varios connotados líderes de opinión encabezados por Krauze, que proclamaron su inocencia antes de cualquier investigación y consideraron un “logro” de la presión de la sociedad civil el que tramposamente la PGR (Procuraduría General de la República) la haya declarado inimputable, asegurándole impunidad; y por contraste, del otro lado salieran a la luz un verdadero alud de denuncias de personas comunes y corrientes en contra de “Mamá Rosa”, que incluso se remontaba a 21 años atrás.
Comisionado Vannuchi, como les voy a mostrar, Luis de la Barreda y su gente estuvieron dispuestos a mentir, cometer cualquier atropello, cualquier ilegalidad, para buscar concluir, desechar a toda costa mi queja CDHDF/121/97/CUAUH/D0319.000, pues haberla proseguido y defender mis derechos humanos como quejoso en lugar de encubrir los abusos de la autoridad denunciada les habría implicado un peligro para el avance de la carrera política de De la Barreda. Implicaba para éste el enemistarse con un asambleísta, un diputado local en la Ciudad de México, José Luis Luege Tamargo, algo que hubiera impedido a De la Barreda su reelección para un segundo período como presidente de la CDHDF, la cual finalmente logró evitando esa confrontación. Prefirió entonces ser servil con Luege Tamargo, quien le representaba un voto para su reelección (todos los asambleístas del partido de Luege, el PAN, votarían por la reelección de De la Barreda), en lugar de cumplir su encargo de defender los derechos humanos en esta ciudad. Puro cálculo político, que exhibe el tipo de valores que realmente guían a ese individuo.
Y si Álvarez Icaza estuvo dispuesto a encubrir esta conducta de De la Barreda entonces eso quiere decir que él mismo está dispuesto a actuar de la misma manera si así conviene a sus intereses, al avance de su carrera como simulador en la defensa de los derechos humanos. Que está dispuesto a mentir, cometer abusos y atropellos si con eso pudiera asegurar, en el futuro, su reelección como secretario ejecutivo de la CIDH.
Porque no ignoro que esa persistencia mía de tantos años pude ser utilizada para, en lugar de reconocerme como alguien de gran tesón, por el contrario intentar desacreditarme como alguien que está enfermizamente obsesionado. Le cuento entonces que alguien me dijo hace años que dejara por la paz este asunto, ya que para esta persona este asunto era un asunto del pasado. Y lo que le respondí fue: “No, al contrario, es del futuro, porque si no se denuncian este tipo de abusos van a seguir ocurriendo por creer que la enorme corrupción en México va a desaparecer automáticamente ahora que otros partidos y no sólo el PRI pueden acceder al poder”.
Actualmente entre los mexicanos hay un extendido y gran sentimiento de desencanto por la calidad, o más bien falta de ella, de la democracia mexicana. Sin duda usted, Comisionado Vannuchi, y sus colegas de la CIDH están enterados que el actual gobierno mexicano ha promovido una serie de reformas presuntamente modernizadoras. Sean realmente positivas o no esas reformas para México (eso requeriría una discusión aparte) ya se habla de que si no se promueve una reforma sobre el tema de la corrupción esas otras reformas sólo terminarán sirviendo para beneficio de un pequeño grupo, funcionarios gubernamentales y grandes empresarios aliados de aquéllos, que entonces hará enormes negocios y concentrará aún más la riqueza del país. El tema de la corrupción sigue siendo en México un tema de plena actualidad, de total vigencia.
Porque de lo que hablo y está en el fondo de todo este asunto con De la Barreda y Álvarez Icaza es el específico tema de la corrupción en las comisiones de derechos humanos, que se supone surgieron para combatir los abusos del poder. En este ejemplo de la realidad, el presidente de una, la CDHDF, por conveniencia política y para asegurar su reelección, estuvo dispuesto a cometer abusos contra un quejoso que había acudido para que se defendieran sus derechos humanos y en cambio prefirió, por conveniencia propia, ser servil con la autoridad denunciada. Es evidente entonces que su aparente gran compromiso con la defensa de los derechos humanos era y es sólo mera corrupta simulación y apariencia. Igual que la de su encubridor, Álvarez Icaza.
Sea cual sea la calificación que den a esta información que les entero y lo que hagan o no hagan al respecto, Comisionados de la CIDH, para mí el dar a conocer y establecer la verdad sobre los abusos que padecí por parte de quienes se fingen preocupados por la defensa de los derechos humanos, el exhibir a un simulador como Emilio Álvarez Icaza, que utiliza esa careta para obtener beneficios profesionales como el haber sido contratado como alto funcionario por la CIDH, me parece razón más que suficiente para que valga la pena la molestia que me he tomado.
Paso a iniciar mi relato de los abusos cometidos contra mí como quejoso en la queja CDHDF/121/97/CUAUH/D0319.000 presentada en la CDHDF contra José Luis Luege Tamargo, entonces asambleísta, presidente de la Comisión de Vialidad y Transito Urbanos. Cómo usted es brasileño y los otros Comisionados de la CIDH son de diferentes nacionalidades, exceptuando por supuesto al Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, quien es mexicano, tendré que presentar algunos antecedentes y aclaraciones que para el Comisionado Orozco Henríquez le podrían hasta parecer innecesarios por conocidos y hasta sobreentendidos.
Por cierto que aprovecho para solicitar públicamente al Comisionado Orozco Henríquez que lea esta comunicación con la mente abierta, sin prejuicios, pues sin ninguna duda conoce a ambos señalados, tanto Luis de la Barreda Solórzano como Emilio Álvarez Icaza, y muy seguramente es hasta amigo personal de ambos. En todo caso que no dude el Comisionado Orozco Henríquez que yo sostengo plenamente lo que afirmo contra estos dos individuos señalados, al igual que, cara a cara, lo hice con usted, Comisionado Vannuchi, y con el Comisionado James Cavallaro. Que si me refiero con desprecio a ambos, De la Barreda y Álvarez Icaza, es porque, por la razón que sea, la cara que decidieron presentarme fue la cara más despreciable de ellos ambos. En noviembre de 1996 el entonces Departamento del Distrito Federal (DDF) anunció una serie de aumentos en las tarifas del transporte público y la desaparición del Abono de Transporte. El Abono de Transporte, con un costo de 26 pesos, un boleto de plástico azul
con el que se podía viajar cuántas veces se quisiera y necesitara por el Metro.
Antes había sido una tarjeta con la que se podía viajar cuántas veces se quisiera y necesitara en los tres sistemas de transporte del gobierno capitalino de ese entonces. Para quienes viajaban intensivamente por la ciudad era una gran comodidad. En lo personal usaba bastante el Abono y me fue muy útil y decisivo en un momento importante de mi vida.
La desaparición del Abono de Transporte, Comisionado Vannuchi, estuvo relacionada con un aumento a la tarifa del Metro pero no fue lo mismo. Y se quiso disfrazar su desaparición llamándolo “abono multimodal” que era sustituido por un “abono multiviaje”, que tenía un costo de 27 pesos. Este consistía en planillas con veinticinco boletos de Metro. Las planillas resultarían efímeras y terminarían desapareciendo.
El Departamento del Distrito Federal era la entidad del gobierno federal que se encargaba de gobernar a la Ciudad de México. Hasta 1997 los capitalinos no podían elegir a quien gobernara la ciudad, quien era designado por el presidente y su cargo era el de Jefe del Departamento del Distrito Federal o Regente, miembro del gobierno federal. Actualmente lo que existe es el Gobierno del Distrito Federal. Ustedes, Comisionados de la CIDH, tuvieron un encuentro con el actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, un funcionario ya producto de una elección. El Regente en el tiempo de esta queja, el último que hubo, era Óscar Espinosa Villarreal, miembro del PRI. La dependencia del DDF encargada de las cuestiones de transporte era la Secretaría de Transportes y Vialidad. Dentro de los servicios públicos que ofrecía y ofrece está el Metro, el subterráneo. Su nombre oficial es STC (Sistema de Transporte Colectivo) Metro. Estaba y es administrado por un Consejo de Administración, que entonces presidía el Jefe del DDF y ahora preside el Jefe de Gobierno. El cargo de presidente del Consejo de Administración lo ocupa quien encabece el gobierno capitalino, antes DDF y ahora GDF (Gobierno del Distrito Federal).
Estuve en desacuerdo con la desaparición del Abono, Comisionado Vannuchi, y entonces acudí a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el poder legislativo local de la Ciudad de México, en la que están los diputados locales de la Ciudad de México, indistintamente llamados asambleístas o representantes. Es entonces que, con el periplo que siguió, dio la historia de abuso y corrupción de Luis de la Barreda Solórzano que, años después. Emilio Álvarez Icaza y sus subalternos se dedicaron a encubrir.
He contextualizado la queja. Revisando la documentación me pregunté de qué forma podría presentarla de la forma más comprensible y clara y concluí que ya que no podía enviar todos los documentos a ustedes en Washington lo que sí podría hacer en cambio es transcribirlos para ustedes, Comisionados de la CIDH, y los lectores de mi blog en teradatomoo.blogspot.com. Hay un dicho en México que afirma “papelito habla”, y creo que todos estos papeles hablan claro y fuerte de los abusos cometidos por los funcionarios de la CDHDF. También me ha inspirado el formato de la novela epistolar, como, por ejemplo, Las Relaciones Peligrosas, de Choderlos de Laclos, o Las Desventuras del Joven Werther, de Goethe, dándome la idea de esta forma de exposición.
Transcribo textualmente en cursiva mis escritos presentados a la CDHDF y los oficios y actas circunstanciadas de los funcionarios de la Comisión. Como este correo y entrada de blog es muy largo subrayo las partes importantes para hacerlas evidentes, Comisionado Vannuchi, y que no se pierdan entre la aparentemente aséptica redacción burocrática. A continuación presento mis comentarios, en los que, al igual que los historiadores analizan un documento y lo contextualizan para no quedarse en una lectura meramente literal, hago evidentes las manipulaciones, distorsiones y mentiras de los funcionarios corruptos de la CDHDF, a quienes el deshonesto Emilio Álvarez Icaza pretendió encubrir.
Como en el dramatis personae de las obras de teatro hago la presentación de los personajes de este drama burocrático:
José Luis Luege Tamargo, asambleísta, presidente de la Comisión de Vialidad y Transito Urbanos de la ALDF Amado Treviño Abatte, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF
José Colón Morán, primer visitador de la CNDH
Tengo a la mano sus declaraciones de usted en el número 4, volumen I de mayo del año pasado, páginas de la 16 a la 18, de la revista ASAMBLEA, dentro de la reseña del seminario “Hacia un plan rector de transporte para la Zona Metropolitana” que organizara su Comisión.
(firma) TOMOO TERADA
Como podrán ver, Comisionado Vannuchi, yo simplemente fui un ciudadano ejerciendo su derecho de petición ante un representante popular, un miembro del poder legislativo local, una acción que se supondría normal en cualquier democracia, y que es un evidente derecho humano. La Comisión de Vialidad y Tránsito Urbanos era el órgano legislativo que trataba un tema como el del Abono de Transporte, y por eso le escribí a su presidente, José Luis Luege Tamargo.
Por el deseo de enterar cuanto antes a Luege de mi escrito y adelantar en su atención y resolución, y como ese mismo día en que ingresé mi escrito había sesión legislativa, pude acceder a la misma y le entregué a Luege una copia simple de ese escrito durante la sesión. Nuestra conversación fue breve y se limitó a una breve explicación por mi parte acerca de qué trataba el escrito ingresado.
Contra la mentira que después sostendría José Luis Luege, él jamás me explicó en ese momento nada acerca la política adoptada y mucho menos interrumpió su presencia en la sesión legislativa para que saliéramos del edificio en donde se celebraba la misma para que fuéramos a la oficina de la Comisión que presidía. Porque esa Comisión, la de Vialidad y Tránsito Urbanos, por lo menos en esa época se encontraba en un edificio diferente de aquel en el que se realizan las sesiones legislativas.
[Escrito manuscrito de José Luis Luege Tamargo, del 16 de diciembre de 1996, entregado en mano por una asesora a la 13:30 aproximadamente]
costo operación 2.06 $ 2.- El abono multimodal (azul) de 26 $ /un mes implica un costo promedio por viaje de 0.20 $
Como una hora después de haber entregado a Luege Tamargo, y ya que me encontraba en las oficinas de la ALDF del partido de Luege, el PAN, (Partido Acción Nacional), porque otro asambleísta de ese partido, Salvador Abascal Carranza, había propuesto en tribuna, haciéndose eco de una propuesta mía, que se mantuviera el Abono, me abordó una mujer que dijo ser asesora de Luege Tamargo y me entregó la misma copia simple que había entregado a éste, en la que en su parte trasera Luege había escrito las líneas anteriores. Supongo que por mis rasgos asiáticos no era difícil identificarme.
Y debo señalar que alguien
como Abascal Carranza, se esté o no de acuerdo con sus ideas, es una persona
infinitamente de mayor calidad humana que Luege Tamargo. Mi denuncia nunca, en
ningún momento ha sido un cuestionamiento a los panistas honestos, que me ha
tocado conocer algunos. En todo caso es hacia la hipocresía de mentirosos como
José Luis Luege Tamargo, que, formando parte de un partido que proclama “la
eminente dignidad de la persona humana”, en su conducta muestran su desprecio a
los ciudadanos comunes, de los que son vividores, como políticos profesionales deshonestos
Tal vez alguien pueda considerar que se me hacía una gran deferencia: un representante popular se tomaba la molestia de explicarme de su puño y letra una política pública, pero como se lo manifestaría a Luege en mi segundo escrito ingresado por Oficialía de Partes ese mismo día, le mostré que lo que presentaba como argumento en el sentido de una mejor distribución del subsidio no se sostenían. Y también como lo sostengo desde entonces, si le había escrito formalmente entonces la respuesta debía ser formal. Porque un papel manuscrito que, como vería después, ni siquiera, había firmado con la misma firma con la que firmaba la documentación oficial, ¿qué seriedad podía tener?
La razón para solicitar que
se me diera una respuesta formal, una mediante un oficio con el membrete de la
Comisión que Luege presidía, no era para nada una “desmesurada” pretensión,
sino que era necesario para que las afirmaciones de Luege en ese documento, las
que fueran, tuvieran un carácter oficial. Así, con escritos manuscritos, las
evidentes mentiras, tan fáciles para mí de hacer evidentes como he mostrado, no
tenían carácter oficial. La CDHDF de De la Barreda lo que encubriría era la
posibilidad para un legislador local de no responder oficialmente a un ciudadano
acerca de una política pública, para no asumir responsabilidad alguna si
Además de que ese escrito no respondía ninguna
de las tres solicitudes que le había hecho, las cuales por eso
2.- Acceso a toda la información con que contara la Comisión a su cargo, la de Vialidad y Tránsito Urbanos, respecto al asunto del Abono.
Se equivoca en sus cuentas alegres: Si el abono multimodal de 26 pesos tiene un costo promedio de 0.20, quiere decir que este Abono cubre en promedio 130 viajes (20 x 5 = 1 peso; 5 x 26 = 130). Para cubrir ese mismo número de viajes deben comprarse 5 planillas más 5 boletos sueltos. Cinco planillas son 135 pesos y si agregamos los 5 boletos sueltos que son 6.50 nos da un total de 141.50 pesos.
Según el currículum de Luege Tamargo su profesión es la de ingeniero químico. En contraste yo tengo una carrera de Derecho no concluida, y estudios autodidactas de diferentes temas y áreas. Supuestamente alguien como Luege sería más capaz que yo para realizar operaciones matemáticas. Pero como pueden ver, Comisionado Vannuchi, resultó que no era así. Que este tipo, Luege, al final no sólo resultaría un patán sino también un ignorante.
Y no sólo fue grosero sino también mentiroso. Mintió afirmando que me había informado personalmente todo lo que afirmó que me había informado, que como ya lo he señalado era prácticamente imposible que lo hubiera hecho en plena sesión legislativa. Además era hasta ridículo que pretendiera haberme entregado como una explicación por escrito las líneas garrapateadas en la parte trasera de la copia simple que antes le había entregado, de algo que yo habría podido apuntar de lo que verbalmente me hubiera dicho, si realmente me lo hubiera dicho. Implicaba también, que,
según él, en ese mismo momento, en plena sesión legislativa de la ALDF, se
había puesto a leer con atención mi escrito.
También mintió afirmando que yo le había
solicitado que interviniera en las decisiones de la Administración Pública del
Distrito Federal (APDF). Como posteriormente señalaría en mi escrito del 26 de
febrero, en ninguna parte del expediente constaba esa supuesta solicitud. Fue
la mentira cobarde que inventó Luege para librarse de mí sin exhibirse como un
abusivo. Resultaba que entonces no era él, el representante popular, quien
violaba del derecho de petición de un ciudadano que le había escrito conforme
lo establecido en el artículo 8º Constitucional, sino el ciudadano quien
pretendía obligarlo a actuar fuera del ámbito de competencia que le otorgaba la
ley, en otras palabras, que incurriera en un acto ilegal.
pretexto que inventó Luege Tamargo para justificar el no responderme terminaba
exhibiéndolo como alguien que usaba su cargo para sí intervenir en las
decisiones de la APDF pero sólo si eran decisiones cupulares y conforme su
visión ideológica, y no por algo tan poco importante para él como la solicitud
Luege Tamargo citó, reconoció, que es
de sus integrantes de la ALDF el representar los intereses de los ciudadanos
y promover y gestionar las solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes”;
pero a continuación afirmó que eso “no implica que dichas autoridades
necesariamente deban actuar conforme a lo solicitado por los miembros de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tratándose simplemente de una labor de gestión”.
Tramposo, Luege Tamargo manipuló conceptos usando
la palabra “intervenir” con la connotación negativa equivalente a la de
“invadir”, en este caso la competencia legal de las autoridades de la APDF.
Pero lo que solicité fue una labor de gestión, lo que estaba perfectamente
contemplado en la ley aplicable, tal como él mismo luego citaría. Y en lugar de
rechazar abiertamente hacer esa labor de gestión solicitada, el pretexto que
esgrimió para negarse a hacerlo fue pretender que se le había solicitado que
actuara fuera de sus facultades legales.
Ya que afirmaba que las autoridades no
necesariamente debían actuar conforme lo solicitado en la gestión, ¿en qué
momento hizo gestión alguna, a partir de mi solicitud, la cual la autoridad
administrativa hubiera aceptado o rechazado? Y en realidad tan podía intervenir
en las decisiones de la autoridad administrativa que, como también lo señalé en
mi escrito del 26 de febrero, la Comisión que presidía podía derogar acuerdos
ya tomados por esa autoridad.
Y al final el propio Luege
Tamargo se daría cuenta de la barbaridad que había escrito, con un costo
político si derivaba a una denuncia pública de la CDHDF, tuviera o no tuviera
la Comisión competencia respecto a los asambleístas. Por eso luego mandaría un
oficio ya formal a Luis de la Barreda, en un tono absolutamente diferente al primero, en el que, aunque insistía en que los
asambleístas no entraban en la competencia de la CDHDF, para no quedar como un
violador de derechos humanos, un representante popular que violaba una garantía
constitucional fundamental como el derecho de petición de un ciudadano, de uno
de sus “representados”, por eso entonces afirmó la mentira de que me había
respondido y explicado amplia y adecuadamente lo referente al Abono de
Tampoco responde nada a la mentira de Luege en el sentido de afirmar que yo le había solicitado a aquél intervenir en las decisiones de la administración pública, a pesar de que en ninguna parte del expediente constaba tal solicitud, como yo mismo lo señalaría después en mi escrito del 26 de febrero. --------------------------------------------------------------------------
Como supuesta razón para concluir la queja la CDHDF se basó en una mentira de José Luis Luege, dándole trato de absoluta verdad a pesar de que, como ya lo he repetido varias
veces, en ninguna parte del expediente constaba esa supuesta solicitud de intervención en las decisiones de la Administración Pública del Distrito Federal.
Y en este oficio de conclusión ni siquiera se mencionaba la violación al derecho de petición que el propio Luis de la Barreda había señalado a Luege Tamargo. La razón que oficialmente presentaba la CDHDF para concluir la queja era “por haberse solucionado durante el trámite”, es decir que aunque la
autoridad denunciada, el representante José Luis Luege Tamargo, hubiera
rechazado la competencia de la CDHDF y aunque Luege Tamargo no hubiera cumplido
con el derecho de petición, tal como se lo señalaba el propio presidente de la
Comisión, esta institución, supuestamente defensora de los derechos humanos,
daba por concluida una queja que por supuesto no había sido solucionada, por lo
menos para el quejoso.
En cambio le había bastado al
representante José Luis Luege Tamargo, como autoridad señalada, responder a la
CDHDF con las inventadas falsedades de unas limitaciones de competencia legal de
su parte para hacer las gestiones solicitadas, para que la Comisión ya no le
hiciera mayores cuestionamientos.
A solicitud del lic. De la Portilla le envío las siguientes consideraciones para fundamentar mi petición de reabrir mi expediente de queja en contra del representante José Luis Luege Tamargo, presidente de la Comisión de Vialidad y Transito Urbanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por no responder a dos escritos míos con solicitudes originadas por la decisión absurda de desaparecer el Abono de Transporte –decisión que en su momento apoyó públicamente Luege-, por lo que al no responderme violó el artículo 8º constitucional.
a) Que viole la competencia y atribuciones de la Administración Pública del Distrito Federal (APDF) al intervenir, a solicitud del quejoso, en las decisiones de la Secretaría de Transportes y Vialidad del DF. Esto implicaría ir más allá de lo que la Constitución, el Estatuto de Gobierno y la Ley Orgánica de la Asamblea (LOALDF) le facultan y señalan como representante. Luege no lo llama por su nombre pero el concepto que pretende invocar, con gran ignorancia, es el de la división de poderes. b) Que se resuelva en el sentido que el quejoso quiere, sin entender que el que el artículo 18 fracción “VII” (la fracción correcta es la VI y no la VII) de la LOALDF establezca como deber de los Representantes: “Representar los intereses de los ciudadanos y promover y gestionar las solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes” “…no implica que dichas autoridades, necesariamente deban actuar conforme lo solicitado por los miembros de la ALDF, tratándose simplemente de una labor de gestoría como expresamente lo establece el precepto relativo”.
Mentira #1: El representante Luege jamás me ha informado personalmente “los motivos y argumentos que el gobierno del DF había hecho del conocimiento de la Comisión de Vialidad y Transito”. Al respecto hay que recordar que le entregué un escrito en mano en plena sesión de la ALDF y no en sus oficinas o cualquier otro lugar sin la obligación de participar en dicha sesión.
El cual delega en el director general de Espinosa Villarreal. Autotransportes Urbanos la facultad de
escritos y oficios anteriores he referido a este escrito en el que se
demostraban las mentiras y manipulaciones de Luege Tamargo. Si Luege planteaba la impunidad de él y los otros asambleístas, yo planteaba que la Constitución era muy clara en que no había tal impunidad. También negué, como lo hice durante todo el proceso de la queja y lo hago hoy, que Luege me hubiera respondido.
Luis de la Barreda estuvo dispuesto a reabrir la queja porque, con base en los argumentos
que yo les presenté en mis escritos del 19 y 26 de febrero, según el análisis realizado por la CDHDF, persistían “los actos presuntamente violatorios de derechos humanos”. Si la queja se trataba de
la falta de respuesta a dos escritos y no se había respondido formalmente a
ninguno de los dos, ¿con base en qué la había concluido la CDHDF la misma
afirmando que se había “resuelto durante el trámite”?
Pero en realidad, lo que al final dejaría
claro De la Barreda es que lo importante no era que a mí como quejoso se me respondiera, respetando mi derecho de petición, que había dado origen a la queja, sino que le respondieran a él, el presidente de la CDHDF.
Pero una vez que Luege Tamargo le protestó su “distinguida consideración y respeto” no convenía seguir con la queja, porque entonces sí podía darse un enfrentamiento público en el que De la Barreda arriesgaba su reelección, al poner a los miembros de la ALDF en su contra. Ya le había manifestado
Luege “consideración y respeto” a él, el presidente de la CDHDF, ¿ahora además
pretendía que se le tuviera esa misma consideración y respeto a un ciudadano
común, el quejoso?
Una vez enviada por Luege “la pipa
de la paz” mediante su segundo oficio, insistir en proseguir la queja por parte
de la CDHDF hasta que Luege Tamargo me respondiera a mis dos escritos, siendo
la falta de respuesta el abuso que había dado origen a la misma y que no se
había resuelto, sería considerado un “gesto hostil”.
Además de que arriesgaba poner en su
contra a todos los representantes integrantes de la ALDF, pues el resto de los
mismos, a pesar de las diferencias personales e ideológicas, ser de otros
partidos, preferirían que la CDHDF no pudiera actuar en contra de Luege ni
cualquier otro miembro del poder legislativo local que violara los derechos humanos.
Pues una característica, hasta el
día de hoy, es la falta de rendición de cuentas del Poder Legislativo mexicano
en su conjunto, como lo detalla el estudio que les envío, Comisionado Vannuchi,
“La Rendición de Cuentas y El Poder Legislativo”.
Pero aún con esa impunidad, no convenía a alguien
como Luege Tamargo aparecer como confeso violador de lo que en el derecho
mexicano se han llamado garantías individuales, en este caso el derecho de
petición garantizado por el artículo 8º Constitucional, por eso mintió en su
respuesta pretendiendo que aunque, según él, la queja era “notoriamente
improcedente” y la CDHDF no tenía facultades para exigirle cuentas, aún así,
también según él, había sido tan magnánimo de dar respuesta al quejoso con sus
líneas garrapateadas en un papel común, en el que ni siquiera había estampado
su firma real para darle alguna seriedad.
Finalmente le hago notar que en el
documento se hace mención a una supuesta resolución de la Suprema Corte, el máximo
tribunal del sistema jurídico mexicano,
pero sin precisar de qué resolución se trata y en qué parte de las
publicaciones de la Corte se localiza.
De cualquier manera busqué concretar una cita con Luis de la Barreda. ---------------------------------------------------------------------------
Le hago notar que la propuesta era que se presentaran las solicitudes que yo había presentado desde mi primer escrito a Luege Tamargo el 16 de diciembre de 1997 (cita, información y atención del director del Metro) como “nuevos planteamientos” del quejoso. Eso implicaba borrón y cuenta nueva y hacer parecer como que José Luis Luege Tamargo desde el principio había atendido mis solicitudes y respetado siempre el derecho de petición. Aun así, acepté la propuesta de De la Barreda, pero cuestioné la actitud tan condescendiente (en realidad pensé en otra palabra) que la CDHDF tenía con José Luis Luege Tamargo. Esto molestó muchísimo a De la Barreda, quien entonces se levantó del escritorio en el que estaba y pegó con las dos manos en él, y dijo que yo “no entendía razones”. Eso fue lo que realmente sucedió pero que su subalterno amanuense registraría, otra vez abusando de la facultad de fe pública, de forma totalmente diferente lo sucedido. ---------------------------------------------------------------------
El 4 de julio último él dirigió a usted un escrito mediante el cual solicitó su intervención para que el Ingeniero José Luis Luege Tamargo, Presidente de la Comisión de Vialidad y Transito Urbanos de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, dé respuesta a dos peticiones que por escrito le dirigió el 16 de diciembre de 1996.
(firma) Julio de la Portilla Guerrero
Exp.: CDHDF/121/97/CUAUH/D0319.000 Oficio 17911
Nota: Envié un "borrador" al Comisionado Paulo Vannuchi, pues me dí como plazo el 15 de septiembre, el cual he estado limpi...
[Mientras son peras o son manzanas, seguiré publicando en el blog. Considero urgente hacer pública esta información] NOTA: E...
Este correo fue enviado el 7 de mayo de 2007 a Alfredo Herrera Patiño, editor de Verdehalago y solicitante de los documentos que llevaron al...

References: artículo 8
 artículo 8
 artículo 18
 artículo 8
 resolución 
 resolución