Source: https://observatorio.defensoria.gov.co/?_s=ojc&_a=11&_b=712&_es=0
Timestamp: 2020-02-28 17:38:27+00:00

Document:
Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley 589 de 2000 que regula la administración de los bienes de las personas víctimas del delito de desaparición forzada y la continuidad en el pago del salario u honorarios del servidor público desaparecido forzadamente y que extiende tal régimen a los servidores públicos secuestrados. Los apartes demandados son los parágrafos del artículo 10 que disponía que ?La autoridad judicial que conoce el proceso por el delito de desaparición forzada podrá autorizar al cónyuge, compañero o compañera permanente, a alguno de los padres o de los hijos del desaparecido para que provisionalmente asuman la disposición y administración de todos o parte de sus bienes, en cuanto fueren de su manejo exclusivo. Quien sea autorizado, actuará como curador de conformidad con las leyes civiles sobre la materia.
El funcionario judicial remitirá estas diligencias a la autoridad competente, quien adoptará en forma definitiva las decisiones que considere pertinentes?. El parágrafo 1º señalaba que ?la misma autoridad judicial podrá autorizar a quien actúe como curador para que continúe percibiendo el salario u honorarios a que tenga derecho el desaparecido, hasta por el término de dos (2) años, si este fuera un servidor público?. El parágrafo 2º disponía que ?igual tratamiento tendrá, hasta tanto se produzca su libertad el servidor público que sea sujeto pasivo del delito de secuestro?. El demandante adujo la inexequibilidad de los apartes normativos porque daban a los trabajadores particulares desaparecidos o secuestrados un tratamiento discriminatorio en relación con el asignado a los servidores públicos que eran víctima de tales delitos.
La Corte Constitucional decidió declarar inexequibles las expresiones ?hasta por el término de dos (2) años, si este fuera un servidor público?, del parágrafo 1º y ?servidor público? del parágrafo 2º, al considerar que el tratamiento diferente que dan los apartes normativos demandados en materia de pago de salarios u honorarios a los trabajadores particulares que han sido desaparecidos forzadamente o secuestrados en relación con el dado a los servidores públicos que se encuentran en las mismas condiciones es contrario a la Constitución por ser discriminatorio, irrazonable y desproporcionado.
Resulta contrario al artículo 1° de la Carta, en cuanto implica un desconocimiento de la dignidad del ser humano como fundamento del orden constituido; al artículo 2°, ya que plantea un quebrantamiento del deber de las autoridades de proteger la vida, honra, bienes y demás derechos y libertades de las personas residentes en Colombia; al artículo 5°, pues desampara a una familia no obstante su carácter de institución básica de la sociedad; al artículo 13, por cuanto desconoce el mandato de igualdad en la formulación del derecho; al artículo 25, puesto que restringe el alcance de una institución que tiene como uno de sus elementos la existencia de una relación de trabajo; al artículo 42, en cuanto se omite suministrar protección integral a una familia especialmente requerida de ella; al artículo 48, puesto que después de un limitado período de tiempo no garantiza el acceso a la seguridad social de la familia del trabajador desaparecido y al artículo 95.2, en tanto limita irrazonablemente el efecto vinculante del principio de solidaridad.
En cuanto al distinto tratamiento que se da, para efectos de la continuidad en el pago de salarios u honorarios a los trabajadores secuestrados en relación con el asignado a los trabajadores desaparecidos forzadamente, la Corte señaló que constituye un tratamiento discriminatorio que vulnera el artículo 13 de la Constitución. Ello es así en cuanto no concurre un fin constitucionalmente valioso que justifique ese tratamiento diferente. Por el contrario, existen sólidos argumentos constitucionales que demandan para los trabajadores desaparecidos el mismo tratamiento legal asignado, en esta materia, a los trabajadores secuestrados.
En cuanto al tratamiento dado a los trabajadores particulares que han sido víctimas de desaparición forzada o secuestro en relación con el tratamiento dado a los servidores públicos que se hallan en las mismas condiciones, la Corte consideró que la distinta calidad no constituye una razón suficiente para un tratamiento discriminatorio, pues los derechos que reconoce la ley se basan en la calidad de secuestrado o de desaparecido del trabajador y en la determinación de tal calidad no tiene ninguna incidencia la diferencia existente entre la calidad de servidor público o de trabajador particular. La Corte no observó ninguna razón que justifique suministrar una protección disminuida a la familia de un secuestrado o desaparecido que sea trabajador particular respecto de la familia de un secuestrado o desaparecido que sea servidor público, pues tanto en este caso como en aquél el contenido de injusticia de los delitos es el mismo y también es equivalente la demanda de protección de las familias de las víctimas.
Por lo tanto, el Legislador no puede establecer un tratamiento diferente entre servidores públicos y trabajadores particulares pues el elemento fundamental no es el estatus ni la clase de vínculo laboral sino la condición de privado injustamente de la libertad. Debe quedar claro que el derecho del trabajador no genera para el empleador una obligación a perpetuidad e irredimible pues ella se mantiene hasta tanto se cumpla una condición resolutoria pues, sea cual fuere el tiempo de privación de la libertad, la propia ley impone como límite la obtención de la libertad. Además, concurren otras causas de extinción de la obligación como la muerte del secuestrado o desaparecido o la declaratoria de presunción de muerte por desaparecimiento.
Frente a otras circunstancias la obligación también se extingue, tal como ocurre con el cumplimiento del período constitucional o legal o el cumplimiento del término en los contratos a término fijo. Sin embargo, en estos últimos eventos la autoridad judicial que conoce del proceso, previa ponderación de todos los elementos de juicio a su alcance, puede determinar la viabilidad de la continuidad en el pago de los salarios u honorarios hasta tanto se produzca la libertad, o se compruebe la muerte, o se declare la muerte presunta del secuestrado o desaparecido, si infiere que entre el desempeño del trabajador como servidor público o particular y las causas del secuestro o la desaparición existe un vínculo inescindible.
En síntesis, la Corte Constitucional llegó a las siguientes conclusiones: a) Procede el derecho a la continuidad en el pago de salarios u honorarios a quien actúe como curador de los servidores públicos o trabajadores particulares secuestrados o desaparecidos hasta tanto se produzca su libertad; b) La obligación de continuar el pago de salarios u honorarios está a cargo del Estado o del empleador particular, sin perjuicio de que se pueda acudir a mecanismos de garantía del pago, tal como el seguro colectivo de cumplimiento u otros mecanismos; c) La regla general es que el derecho a la continuidad en el pago de salarios u honorarios procede hasta tanto se produzca la libertad del secuestrado o desaparecido.
Por lo tanto, no se trata de una obligación a perpetuidad e irredimible pues ella procede hasta tanto se cumpla una condición resolutoria pues, sea cual fuere el tiempo de privación de la libertad, la propia ley impone como límite la obtención de la libertad. De este modo, todo trabajador que se encuentre secuestrado o haya sido desaparecido forzadamente tiene derecho a la continuidad en el pago de salario u honorarios hasta tanto se produzca su libertad, se compruebe su muerte, se declare su muerte presunta o concurra otra circunstancia que ponga fin a ese derecho y a la obligación correlativa del empleador nota 1.
En otra decisión, la Corte expresó que la norma que regula la administración de los bienes de las personas victimas del delito de desaparición forzada es igualmente aplicable a los pensionados ?sean éstos ex servidores públicos o ex trabajadores privados? que hayan sido secuestrados o desaparecidos en forma forzada, y no sólo a los secuestrados con vínculo laboral vigente. Ello es así porque, si bien la jurisprudencia ha protegido los derechos de estos últimos y sus familias al ordenar que se siga pagando la remuneración salarial durante el tiempo del secuestro o desaparición forzada, la norma en comento se refiere a los ?bienes de las personas víctimas del delito de desaparición forzada? en general, los cuales incluyen no sólo el salario sino las prestaciones sociales ?entre ellas la pensión? para efectos de su disposición y administración total o parcial, ?en cuanto fueren de su manejo exclusivo?.
Por otra parte, de conformidad con el principio de igualdad de trato, encontró la Corte que el trabajador secuestrado o desaparecido forzadamente, o el pensionado en la misma circunstancia, se encuentran en una situación jurídica similar en todo lo jurídicamente relevante, lo que justifica que reciban un mismo trato en lo que respecta a si mismos como a su familia nota 2
Corte Constitucional, Sentencia C-400-03
Corte Constitucional, Sentencia T-1081-03

References: artículo 10
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 25
 artículo 42
 artículo 48
 artículo 95
 artículo 13