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I F ESTUDIOS FISCALES INSTITUTO DE PERMUTA DE SOLAR POR EDIFICACIÓN EN EL IVA: LA SITUACIÓN ACTUAL
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José Carlos Palma Márquez
1 PERMUTA DE SOLAR POR EDIFICACIÓN EN EL IVA: LA SITUACIÓN ACTUAL Autor: César García Novoa Universidad de Santiago de Compostela DOC. n. o 4/2011 N.I.P.O.: INSTITUTO DE I F ESTUDIOS FISCALES
2 N. B.: Las opiniones expresadas en este documento son de la exclusiva responsabilidad del autor, pudiendo no coincidir con las del Instituto de Estudios Fiscales. Edita: Instituto de Estudios Fiscales I.S.S.N.: Depósito Legal: M
3 ÍNDICE RESUMEN VII I. INTRODUCCIÓN: LA OPERATIVIDAD DE LA PERMUTA DE SUELO POR EDIFICACIÓN. CUESTIONES DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL NEGOCIO VI II. LA OPCIÓN POR LA CONSTITUCIÓN DE UN DERECHO DE SUPERFICIE V III. EL CONTRATO DE PERMUTA DE SOLAR POR EDIFICACIÓN FUTURA IIIV. RÉGIMEN TRIBUTARIO EN EL IVA DE LA OPERACIÓN DE PERMUTA DE SUELO POR EDI FICACIÓN IIIV. EL DEVENGO DEL IVA EN LAS OPERACIONES DE PERMUTA DE SOLAR POR CONS TRUCCIÓN FUTURA IIVI. LA BASE IMPONIBLE IVII. LA SUBJETIVIZACIÓN DE LA CONTRAPRESTACIÓN. IDENTIFICACIÓN DE LA BASE IM PONIBLE CON EL COSTE VIII. CUESTIONAMIENTO DE LA RECTIFICACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE II IX. CONCLUSIONES. UN RÉGIMEN JURÍDICO CARACTERIZADO POR UN CONSTANTE CAM BIO DE CRITERIO ADMINISTRATIVO 3
5 RESUMEN La tributación del contrato de intercambio de suelo por edificación futura ha experimentado muchos cambios en los últimos años. La más reciente teoría de la Dirección General de Tributos niega que haya que realizar una nueva valoración cuando termina la construcción de los inmuebles. SUMMARY The taxation of the contract of exchange of soil for future building has changed very much in the last years. The new theory of the Spanish Dirección General de Tributos says that it is not necessary to make a new valuation when it finishes the construction of the real estate. 5
7 Instituto de Estudios Fiscales I. INTRODUCCIÓN. LA OPERATIVIDAD DE LA PERMUTA DE SUELO POR EDIFICACIÓN. I. CUESTIONES DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL NEGOCIO El actual contexto económico de crisis se caracteriza, entre otras cosas, por un estancamiento de la actividad inmobiliaria, con una caída estimada del precio de la vivienda libre a niveles de 2005, según datos del Ministerio de la Vivienda 1. En este contexto, conviene reflexionar sobre la evolución del régimen tributario en el IVA de una fórmula negocial recurrente en los últimos años: la denominada permuta de suelo por edificación futura. Se trata de un negocio al que se acudió con asiduidad en la época de mayor intensidad en la actividad de promoción inmobiliaria y que en la actualidad sigue planteando problemas en cuanto a su régimen fiscal en el IVA. Conviene recordar que este contrato surge y adquiere notoriedad en un contexto de procesos urbanizadores 2, es decir, en el marco de la realización de obras de urbanización, lo que normalmente se llevará a cabo por un particular empresario, y casi siempre, por una sociedad mercantil cuyo objeto social sea, precisamente, la actividad de urbanización. Junto a la urbanización se puede hablar de una actividad de promoción urbanística, que será desempeñada por un sujeto al que se denomina promotor y que es la persona física o jurídica que decide, programa y financia las obras de edificación, bien con recursos financieros propios o ajenos. Al promotor corresponderá, por tanto, la decisión de adquirir el solar si no dispone de él, solicitar las correspondientes autorizaciones y contratar la ejecución de la obra si no la realiza por sí mismo, poniendo en este caso, en contacto al constructor con los compradores. Será, por tanto, el empresario que tenga la iniciativa de llevar a cabo un proceso urbanizador; bien por ser propietario de unos terrenos o bien porque, por un lado, adquiere terrenos, para urbanizarlos o contrata a un empresario que realice materialmente las obras de urbanización. Así, los actores de un proceso urbanizador serían, al menos, tres sujetos: los propietarios de terrenos afectados por el proceso de urbanización que realizan transmisiones de terrenos, los urbanizan o promueven su urbanización, además de los promotores y agentes urbanizadores (figura creada por ciertas normas urbanísticas autonómicas) y las empresas dedicadas profesionalmente a la materialización de las obras de urbanización. Para el TEAC urbanizar es, en resolución del TEAC de 26 de septiembre de 1996, reconvertir un terreno que no es apto para construir en otro susceptible de edificación, acondicionándolo para ello con servicios de abastecimiento de aguas, suministro de energía eléctrica, evacuación de aguas, acceso rodado... (Jurisprudencia Tributaria, 1996, 1392). La urbanización se incluye actualmente dentro de lo que el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por RD Leg. 2/2008 denomina actuaciones de transformación urbanística, destacando las actuaciones denominadas de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. En este contexto, quienes promueven la urbanización tienen como principal actividad la solicitud de las correspondientes licencias y la adjudicación y encargo de las obras cuando no las realizan por sí mismos. Y ello requiere, como necesidad de suelo, disponer previamente de suelo, o, lo que es lo mismo, disponer de un título jurídico sobre un solar que permita urbanizar y edificar. El promotor, ante esta necesidad de disponer de la titularidad del suelo, tiene una primera opción que es, aparentemente, el cauce más lógico para disponer del activo fundamental de cara a llevar a cabo una actividad empresarial de promoción. Esta opción no es otra que la adquisición de la propiedad del solar a su titular mediante un contrato de compraventa. Se trata de una fórmula que, sin embargo, conlleva grandes problemas económicos, en especial, la necesidad de una elevada financiación. 1 Informe sobre la situación del Sector de la Vivienda en España, abril 2010, ISSVE.pdf. 2 Recogiendo la definición contenida en la resolución del TEAC de 26 de septiembre de 1996, urbanizar es reconvertir un terreno que no es apto para construir en otro susceptible de edificación, acondicionándolo para ello con servicios de abastecimiento de aguas, suministro de energía eléctrica, evacuación de aguas, acceso rodado... (Jurisprudencia Tributaria, 1996, 1392): FERNÁNDEZ, T. R.: Manual de Derecho Urbanístico, El Consultar, 16. a ed., 2001, en especial pág. 47 y ss. 7
8 El tratamiento de esta operación en el IVA parece claro. Estaríamos ante una entrega de bienes. Si, como resulta probable, el vendedor no tiene la condición de empresario o profesional, la operación no estará sujeta a IVA sino a Transmisiones Patrimoniales Onerosas, siempre que el terreno no constituya un bien afecto a una actividad empresarial o profesional. Por su parte, el promotor comprador sí tendrá esta condición. En lo que se refiere a quienes llevan a cabo la actividad de promoción y a quienes efectúan materialmente la urbanización encaminada a la posterior transmisión de las edificaciones (a partir de la intención de proceder a tal venta) parece que no hay ninguna duda de su condición de empresarios y profesionales a efectos del IVA. Según el artículo 5, Uno, d) de la Ley 37/1992, del IVA, actúan como empresarios los sujetos que urbanizan terrenos, promueven, construyen o rehabilitan edificaciones para su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque se realicen ocasionalmente. Así, urbanizador ocasional es aquel que transmite los terrenos reservándose una parte de los mismos, de manera que la urbanización se realiza en un terreno que continúa siendo parcialmente propiedad del titular originario. La venta posterior que éste efectúa será una primera transmisión, sujeta a IVA y no exenta 3. Además, si los terrenos objeto de transmisión tienen la condición de suelo edificable o en curso de urbanización, no será aplicable la exención en IVA renunciable en los términos del artículo 20, uno, 20. a, de la Ley 37/1992, reguladora del IVA. Para el promotor, que tiene la condición de empresario a efectos del IVA, la adquisición de un inmueble gravado por Transmisiones Patrimoniales Onerosas supone que el impuesto constituye un coste más, no deducible. Al margen de otras dificultades de tipo económico que plantea la opción por la adquisición de los terrenos, con unos desembolsos excesivos que requieren una liquidez de la que habitualmente no se dispone y que va a requerir la pertinente cobertura financiera. Ello hace muy poco atractiva la formula de la venta de los terrenos al promotor, lo que provoca la búsqueda de otras vías alternativas. Vías que van a suponer la adquisición de facultades que legitiman a edificar. Es precisamente eso lo que justifica que, en los últimos años, se hayan buscado alternativas negociales a la compra del solar. La permuta de suelo por edificación futura ha sido una de las más recurrentes, pero no la única. A ella nos referiremos, aunque haciendo referencia de modo previo a la constitución del derecho de superficie. II. LA OPCIÓN POR LA CONSTITUCIÓN DE UN DERECHO DE SUPERFICIE El vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo, disciplina en su artículo 40, el régimen del derecho real de superficie, disponiendo que se trata de un derecho real que atribuye a un sujeto, el superficiario, la facultad de realizar construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena (propiedad del superficiante), manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. El derecho de superficie sólo puede ser constituido por el propietario del suelo, sea público o privado, de manera que el superficiante siempre será propietario de un solar, mientras que el superficiario adquiere la propiedad temporal del bien construido. La temporalidad de dicha propiedad viene determinada por el hecho de que, concluida la construcción, o transcurrido un lapso temporal determinado, lo construido revierte al superficiante. De ahí que el artículo 40, 3 del propio Texto Refundido de la Ley del Suelo disponga que el derecho de superficie puede constituirse a título oneroso o gratuito. En el primer caso, la contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago de una suma alzada o de un canon periódico, o en la adjudicación de viviendas o locales o derechos de arrendamiento de unos u otros a favor del propietario del suelo, o en varias de estas modalidades a la vez, sin perjuicio de la reversión total de lo edificado al finalizar el plazo pactado al constituir el derecho de superficie. Esta concepción urbanística del derecho de superficie no difiere en exceso del concepto civil o hipotecario del mismo. El derecho de superficie aparece simplemente mencionado en el artículo III del Código Civil, aunque también aparece referido en el artículo 107, 5. o de la Ley Hipotecaria, que admite su hipotecabilidad 4. Destaca en la versión civil de este derecho que, a través del mismo, se 3 MARTÍNEZ LAFUENTE, A.: Manual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Madrid, Marcial Pons, 1997, pág La doctrina civilista ha destacado siempre la escasa profundidad con que el derecho civil positivo viene tratando al derecho de superficie; véase DE LOS MOZOS, J. L.: El derecho de superficie en general y en relación con la planificación urbana, Ministerio de la Vivienda. Secretaría General Técnica, Madrid, 1974, págs. 152 y ss. 8
9 Instituto de Estudios Fiscales puede otorgar la propiedad de lo edificado o plantado mientras esté vigente el derecho de superficie y un derecho real de goce sobre la finca propiedad del superficiante 5. También en el ámbito civil se prevé una contraprestación. A esta contraprestación se refiere el artículo 16, 1. o B, del Reglamento Hipotecario. Dicha contraprestación vendrá integrada por un canon periódico durante el tiempo de vigencia del derecho, además de la reversión de la construcción a favor del superficiario a la finalización de la vigencia del derecho, que será adquirido por éste, como prevén los artículos 353 y 358 del Código Civil. Lo característico del derecho de superficie es que el promotor, que precisa un título jurídico para edificar, a diferencia de lo que ocurre en la compraventa, no adquiere la propiedad del suelo. Sólo obtiene el derecho a edificar sobre fundo ajeno y a hacer suyo lo edificado. Frente a esta circunstancia, la ventaja de esta fórmula contractual radica, principalmente, en el coste de este derecho a edificar (y por tanto, de la promoción en su conjunto), que será sensiblemente inferior a las demás fórmulas al no conllevar la adquisición del suelo, sino simplemente el derecho a construir sobre el mismo. Ordinariamente, el importe de la retribución el canon periódico será más reducido que el coste de otras fórmulas alternativas, como la compra o la permuta a cambio de edificación futura. Dicho coste estará, de ordinario, integrado por la reversión de parte de lo construido, como complemento de retribución a favor del superficiante, o bien, por la reversión de la totalidad a cambio del pago del valor del inmueble (caso contemplado por la Resolución del TEAC de 5 de junio de 2002). La tributación en el IVA en esta operación parte del dato de que el superficiante estará constituyendo un derecho sobre su terreno a favor del superficiario, derecho que habrá que entender sujeto y no exento a IVA, y por lo tanto, de acuerdo con el artículo 11, Dos, 3. o de la Ley del IVA, estará prestando un servicio, como ha reconocido la DGT en contestaciones a consulta de 17 de enero de 1991 y 8 de julio de 1998, y la más reciente de 11 de octubre de 2001 ( ). En estas resoluciones se afirma que de acuerdo con el artículo 11 apartados Uno y Dos 3. o del mismo texto, la constitución de un derecho de superficie debe calificarse como prestación de servicios, que además ha de entenderse prestado en territorio español. La constitución del derecho de superficie supone, por tanto, la prestación de un servicio sujeto a IVA que excluye la existencia de una transmisión 6. Se trata de un derecho sujeto y no exento a IVA, siempre que el superficiante sea una entidad mercantil, como recuerda la respuesta consulta de 12 de junio de 2003 ( ). Pero también cuando sea una persona física, que tendrá la condición de empresario o profesional porque tal condición le vendrá atribuida por el artículo 5, Uno, c) de la Ley del IVA, según el cual son empresarios a efectos de IVA quienes realicen prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal con la finalidad de obtener ingresos continuados en el tiempo, y en especial, quienes constituyan derechos reales sobre bienes inmuebles 7. Así lo confirma la DGT a través de su consulta de 14 de abril de 2003 ( ), según la cual la concesión de un derecho de superficie en la medida que atribuye al destinatario el derecho a la utilización del terreno y el mismo se constituye a cambio de una contraprestación, otorga al propietario del terreno la condición de empresario a los efectos del impuesto. Aunque la aplicación del artículo 5, Uno, c) de la Ley del IVA exige que se obtengan ingresos continuados en el tiempo y, por tanto, sólo cuando se pague un canon o contraprestación periódica, no cuando se haga a cambio de un precio único, en cuyo caso la sujeción al IVA dependerá de que los bienes sujetos al derecho resulten ser bienes afectos al patrimonio de un sujeto pasivo del impuesto o de que la constitución del derecho de superficie pueda considerarse, en sí misma, actividad empresarial 8. La constitución del derecho de superficie no estará exenta ya que, aunque el artículo 20, Uno, 23. o de la Ley del IVA declara exenta la constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute, excluye del ámbito de la exención la constitución o transmisión de derechos reales de superficie, 5 GUILARTE ZAPATERO, V.: El derecho de superficie, Aranzadi, Pamplona, 1996, págs. 38 y ss. 6 El tratamiento de la constitución de derechos de uso y disfrute y superficie como prestación de servicios es, como dice la Exposición de Motivos de la Ley 37/1992, una consecuencia de la exigencia de equiparar su tratamiento al de los arrendamientos. 7 JAUMANDREU PATXOT, A.: La constitución el derecho de superficie y el Impuesto sobre el Valor Añadido, Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, núms. 7-8, 2005, pág Del mismo modo, la transmisión de derechos de superficie también requerirá que la misma se realice en el seno de una actividad empresarial, como lo ha manifestado la respuesta a Consulta de 28 de octubre de 1997, que considera sujeta la transmisión de un derecho de usufructo afecto a una actividad empresarial de arrendamiento; RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.: El Impuesto sobre el Valor Añadido en las Operaciones Inmobiliarias, op. cit., pág
10 probablemente porque la constitución de estos derechos forma parte del proceso de edificación de inmuebles 9. Por todo ello, el superficiante deberá emitir una factura repercutiendo el IVA al tipo general sobre una base integrada por el valor del derecho de superficie que se constituye. Por otro lado, el superficiario satisfará el canon correspondiente con el IVA al superficiante durante todo los años de vigencia de la relación contractual y entregará, en su caso, las construcciones en el momento de la reversión. En ese instante, y sólo en ese, existirá como tal una entrega de bienes, que será la contraprestación complementaria al canon periódico 10. Pues bien; en tanto nos encontramos ante dos operaciones sujetas, la prestación de servicios consistente en la constitución del derecho de superficie y la entrega de las viviendas, hay que fijar el devengo del IVA en cada uno de ambos supuestos. Por un lado, la constitución del derecho de superficie supone la prestación de un servicio. El devengo del IVA en las prestaciones de servicios se fija en el instante en que se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas (art. 75 Uno, 2. o de la Ley 37/1992, del IVA), pudiendo afirmarse que tal prestación tiene lugar con la constitución del derecho de superficie en escritura pública y posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, produciéndose el devengo de una sola vez, tanto si se acuerda del pago de un canon único, como si se concierta la satisfacción de un canon periódico. Ello supone que el impuesto asociado al valor total del derecho de superficie se devenga en un primer momento, esto es, en el período de liquidación correspondiente a la fecha de la inscripción del derecho en el Registro de la Propiedad 11. Sin embargo, la postura de la DGT experimentó un importante cambio de criterio, desde las respuestas a consulta de 21 de diciembre de 2000 y 10 de enero de 2001 ( ). En esta última, el Centro Directivo recuerda que en este particular, el criterio mantenido hasta el presente por la Dirección General de Tributos (DGT) ha sido el de entender que, en la constitución de un derecho de superficie sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, este Impuesto se devenga en el momento de inscribirse en el Registro de la Propiedad la escritura pública en que aquél se formalice, independientemente de que la satisfacción del canon se haga mediante un pago único o mediante pagos periódicos, pero al mismo tiempo afirma que este criterio ha de ser revisado. A partir de este momento el Centro Directivo pasa a entender que se trata de una relación equiparable a un arrendamiento. Y en la medida en que se trata de un servicio que se retribuye a través de un canon periódico 12, es, como dice la contestación a consulta de 11 de octubre de 2001 ( ), una operación de de tracto sucesivo por antonomasia. Como muestra de ello, la respuesta a consulta de la DGT de 24 de mayo de 2001 ( ), señala que a su vez, la constitución del derecho de superficie es una operación de tracto sucesivo por lo que el Impuesto que la grava se devenga conforme a lo previsto en el artículo 75 apartado Uno, número 7. o. El Centro Directivo comienza a defender que resulta aplicable el artículo 75, Uno, 7. o de la Ley del IVA, según el cual en los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o continuado el IVA se devenga en el momento en que resulte exigible la parte del 9 RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.: El Impuesto sobre el Valor Añadido en las Operaciones Inmobiliarias, op. cit., pág Tampoco será de aplicación la exención del artículo 20, Uno, 2. o de la Ley del IVA, por la elemental razón de tratarse de una prestación de servicios y no de una entrega de bienes. 10 Entrega que, con cierta frecuencia, se pretende eludir previendo otros negocios alternativos; así por ejemplo, el TEAC en resolución de 5 de junio de 2002, se enfrenta a un sujeto donde el superficiario recibe el derecho a edificar de una entidad exenta del IVA, comprometiéndose a revertir lo edificado, aunque hasta el momento de la reversión la promotora superficiaria arrienda el inmueble a la titular de los terrenos a un precio desproporcionadamente bajo con relación al coste de la inversión; el TEAC ve en ese precio desproporcionadamente bajo el dato clave para entender que se simula una transmisión, con la finalidad de que a través del arrendamiento la entidad promotora que ha edificado se deduzca cuotas de IVA que la superficiante no podría haberse deducido por su condición de exenta. Esta calificación como simulación por la resolución del TEAC de 5 de junio de 2002, es absolutamente criticable, puesto que la operación de arrendamiento del bien construido es absolutamente real y no existe vulneración de la causa típica ni causa simulationis. 11 Postura que la DGT basó en un Informe de la Asesoría Jurídica de la Secretaría de Estado de Hacienda. RODRÍGUEZ MÁR QUEZ, J.: El Impuesto sobre el Valor Añadido en las Operaciones Inmobiliarias, op. cit., pág JAUMANDREU PATXOT, A.: La constitución el derecho de superficie y el Impuesto sobre el Valor Añadido, op. cit., Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, núms. 7-8, 2005, pág
11 Instituto de Estudios Fiscales precio que comprenda cada percepción. No obstante, cuando no se haya pactado precio o cuando habiéndose pactado, no se haya determinado el momento de su exigibilidad o la misma se haya establecido con una periodicidad superior a un año natural, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente al período transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha, por aplicación del apartado segundo del citado artículo 75, Uno, 7. o de la Ley del IVA 13. Se admite pues que la contraprestación de esta operación está constituida tanto por el pago de cantidades anuales como por la transmisión de un inmueble en el momento de la extinción del derecho de superficie. Por tanto, será en esos momentos en los que, de acuerdo con lo previsto en el apartado Dos del artículo 75 de la Ley del Impuesto, habrá que entender que se han percibido pagos anticipados anteriores a la realización de la entrega del inmueble que determinan el devengo del IVA que grava dicha entrega. En cuanto al devengo del IVA correspondiente a la reversión, parece que, en cuanto entrega de bienes, el mismo tendrá lugar atendiendo a lo preceptuado en la regla general del artículo 75, Uno de la Ley del IVA. Según esta disposición, el devengo se situará en el momento en que el bien sea puesto a disposición del adquirente. Esta parece que debería ser la regla a aplicar también en el supuesto de la reversión del inmueble construido por el superficiario, y por tanto, se debería afirmar que sólo en el momento en que el inmueble construido se transmite al dueño del solar, se devenga el IVA por la reversión. No obstante, debemos tener en cuenta que la reversión de lo construido por el superficiario, forma parte de la contraprestación a satisfacer al superficiante por el ejercicio derecho de superficie. Por ello, su fundamento sinalagmático llevará a entender que el devengo del IVA por la reversión coincide con la constitución el derecho de superficie. Así, podría entenderse que tal constitución constituye un pago anticipado de la entrega del bien. Como proclama la DGT en su contestación a consulta de 11 de octubre de 2001 ( ), puesto que la contraprestación de dicha entrega de bienes es la constitución por parte del propietario del terreno del derecho de superficie y por aplicación de lo previsto en el artículo 75 apartado Dos, el devengo de la misma se producirá, en concepto de pagos anticipados, a medida en que, se devengue el derecho de superficie. Será, por tanto, de aplicación la regla ya mencionada del artículo 75, Dos de la Ley 37/1992, del IVA, según el cual, en las entregas que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible, el impuesto se devengará en el momento del cobro de tales anticipos. En suma, si la reversión del bien forma parte de la contraprestación, junto con el pago del canon, el devengo de la misma seguirá el mismo criterio en cuanto al devengo que la retribución principal. Si el pago del canon tiene lugar una sola vez, en ese momento se devengará el importe de la reversión (valorado con las reglas de las retribuciones no dinerarias, a las que haremos referencia más adelante). Y si el canon es periódico, el impuesto correspondiente a la entrega de la edificación se devengará a medida que lo haga el impuesto correspondiente a la prestación de servicios. Así se desprende de la respuesta a consulta de la DGT de 24 de mayo de 2001 ( ) defendía que la contraprestación por la constitución del derecho de superficie estaba integrada por el pago de los cánones anuales y por la transmisión de un inmueble en el momento de la extinción del derecho de superficie. En concreto, se decía que en un contrato bilateral como el que nos ocupa, la contraprestación de la entrega del inmueble no puede ser sino la prestación de servicios efectuada por el dueño del terreno y consistente en la constitución a favor del consultante de un derecho de superficie temporal. Puesto que la contraprestación de la operación de entrega del inmueble es una operación de tracto sucesivo, la aplicación de la regla contenida en el artículo 75. Dos nos lleva a la conclusión de que el impuesto correspondiente a esta entrega se devengará a medida que lo haga el Impuesto correspondiente a aquélla prestación de servicios. En suma, la interpretación efectuada por la doctrina administrativa 14 conduce a entender que en el momento del devengo de la constitución del derecho de superficie también se devenga la parte proporcional del valor que tenga la edificación en el momento de la reversión. 13 AROCA MORAL, D.: La misteriosa fiscalidad del derecho de superficie en el ámbito empresarial, Jurisprudencia Tributaria, Opinión Profesional, núm. 22, 2005, pág En palabras de JAUMANDREU PATXOT, A.: La constitución del derecho de superficie y el Impuesto sobre el Valor Añadido, op. cit., pág
12 Y esta interpretación provoca perjuicios a los operadores económicos, agudizados por el hecho de que la reversión constituye una segunda o ulterior entrega de edificación. Así lo señala la respuesta a Consulta de 24 de mayo de 2001 ( ). En esta resolución recuerda el Centro Directivo que se considera primera entrega la realizada por el promotor que tenga por objeto una edificación cuya construcción esté terminada o la realizada por éste después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a dos años, por su propietario o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, salvo que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante el referido plazo. No concurriendo ninguno de los dos supuestos en la entrega efectuada en concepto de reversión por el superficiario al titular del solar, ésta es una segunda o ulterior entrega, exenta de IVA según el artículo 20. Uno. 22. o de la Ley, y sujeta a Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Resulta absurdo, sin embargo, considerar segunda entrega un supuesto en el cual, incluso sería discutible la existencia de una primera entrega, pues la adjudicación de la vivienda al superficiante es casi una adquisición originaria por parte del mismo. Las consecuencias de esta discutible postura del Centro Directivo derivan en un tratamiento fiscal complejo del derecho de superficie en la imposición indirecta. Así, el criterio de la Administración vino a suponer supone que se transmite la parte proporcional del valor del inmueble con cada pago del canon periódico, cuando se trata de una transmisión que, salvo renuncia a la exención, no va a soportar IVA sino Transmisiones Patrimoniales. Se está obligando al titular del suelo que en su momento constituyó el derecho de superficie, a que, a medida que percibe los cánones periódicos, presente las correspondientes declaraciones por Transmisiones Patrimoniales Onerosas, sobre la base un valor proporcional que seguramente será objeto de comprobación por la respectiva Comunidad Autónoma, creándose multitud de situaciones conflictivas. Cabe, eso sí, la alternativa a de la renuncia de la exención, pero en los rigurosos términos del artículo 20. Dos de la Ley 37/1992, del IVA. Recordemos que este precepto exige que renuncie el transmitente comunicándolo fehacientemente al adquirente, y sólo si éste justifica su condición de sujeto pasivo del IVA que tiene derecho a la plena deducción del impuesto. Como tal renuncia, ha de formalizarse de modo fehaciente en el momento de la tradición instrumental y nunca después (respuesta a consulta de la DGT de 10 de mayo de 1996), por lo que la misma habrá de constar en la escritura de constitución del derecho de superficie otorgada con anterioridad a los distintos pagos en concepto de canon periódico. Si no se pudiese renunciar a la exención o no se cumpliesen los requisitos de la misma, el titular del solar soportaría el coste añadido (y anticipado, pues sería previo a la adquisición del inmueble) de una cuota de Transmisiones Patrimoniales no deducibles. Estos problemas se solventarían si, con mejor criterio, se interpretase que la transmisión se produce en el instante de la finalización de la construcción y de la entrega del inmueble, momento en el cual se devengaría el IVA correspondiente en concepto de pago aplazado. En cuanto a la base imponible en esta operación, la Administración tributaria entiende que... en lo relativo a la operación de entrega, la base imponible de la operación de entrega del inmueble, estará constituida por el valor de mercado del mismo cuando se produzca la extinción del derecho de superficie que determina su transmisión al propietario del terreno. El Centro Directivo insiste, por tanto, en la fijación provisional de una base y en la determinación definitiva de un valor cuando se conozca el definitivo valor de mercado de la misma, sin perjuicio de la rectificación que proceda cuando dicho valor sea conocido [respuesta a Consulta de la DGT de 24 de mayo de 2001 ( )]. Se trata, por tanto, de un criterio semejante al planteado respecto a la llamada permuta de solar por edificación futura, con los mismos convenientes que hemos expuesto con relación a esta operación, pero con el agravante de que, en este caso, se trata de una operación de segunda o ulterior entrega de vivienda, exenta de IVA y sujeta a Transmisiones Patrimoniales Onerosas. En efecto, habrá que tener en cuenta en este caso que la contraprestación por la constitución del derecho de superficie viene constituida por los cánones periódicos y la ulterior entrega del inmueble objeto de reversión. De manera que, de acuerdo con la doctrina de la DGT, como el devengo del impuesto coincide con la exigibilidad de los pagos (pagos del primer canon y sucesivos), la base imponible estará integrada por estos pagos más el valor de mercado de la reversión. Así lo manifiesta la DGT en respuesta a consulta de 11 de octubre de 2001 ( ), al decir que en cuanto a la base imponible correspondiente a la constitución del derecho de superficie, hay que tener presente que la contraprestación de dicha cesión está constituida por el canon (contraprestación dineraria) y por la edificación que pasará a ser propiedad del titular dominical del terreno una vez transcurrido el período de cincuenta años que durará el derecho de superficie (contraprestación en especie), por lo que re 12
13 Instituto de Estudios Fiscales sultará de aplicación la regla de determinación de la base imponible contenida en el artículo 79. uno de la Ley 37/1992. Por tanto, el IVA se devengará con el pago de cada canon, coincidiendo con la exigibilidad de los diversos pagos, por el importe dinerario de cada uno de ellos. Si la exigibilidad del precio se hubiera fijado con una periodicidad superior al año (por ejemplo, se acudiese a la fórmula bastante habitual de exigir el pago de un canon en el primer año y los sucesivos pasado un período de tiempo desde el pago del primero), por aplicación del artículo 75, Dos de la Ley del IVA, se producirá el devengo a 31 de diciembre por la parte proporcional que corresponda de los cánones, más la contraprestación integrada por el importe de la reversión en condiciones normales de mercado entre partes que fuesen independientes. Esto es, la suma de las magnitudes que forman la contraprestación a favor del superficiante 15. El contrato de superficie cuenta, por tanto, con un régimen fiscal escasamente atractivo en el IVA, lo que unido a la circunstancia de que la regulación urbanística del derecho de superficie contenido en el artículo 40 del TR de la Ley del Suelo atribuye al superficiario la propiedad temporal de lo edificado, ha favorecido que se haya acudido a la alternativa, que prevé el artículo 16, 1. a A, del Reglamento Hipotecario, según el cual lo edificado pasará a ser propiedad del dueño del suelo, salvo pacto en contrario. Esto es, se ha incentivado el recurso al pacto que permite atribuir la plena propiedad al superficiario, con o sin indemnización. Si se atribuye la plena propiedad al superficiario estaríamos ante una cesión de solar por obra mediante derecho de vuelo. III. EL CONTRATO DE PERMUTA DE SOLAR POR EDIFICACIÓN FUTURA Las insuficiencias de las fórmulas de la compra del suelo o la constitución de un derecho de superficie, ha llevado a una expansión, durante la época de mayor actividad inmobiliaria, del contrato de permuta de solar por edificación futura. El uso del contrato de permuta se ha extendido durante los últimos años como una forma de reducir las necesidades de financiación de las promotoras 16. De esta manera, el promotor elimina el problema de la falta de efectivo para afrontar la compra de los terrenos 17, pudiendo además acceder al crédito hipotecario. La llamada permuta de solar por edificación futura cuenta, frente al derecho de superficie, con la ventaja de que permite adquirir inmediatamente la propiedad del bien. Y frente a la compraventa, con la posibilidad de acceder a un título jurídico sobre el suelo que legitime a construir o edificar sin tener que afrontar un desembolso tan elevado como el requiere al compra del suelo 18. Conviene plantearse, en primer lugar, la cuestión de si nos encontramos realmente ante un contrato de permuta. Y en tal sentido conviene señalar que vamos a referirnos a la tributación de esta figura en el IVA, impuesto en el cual las calificaciones jurídicas derivadas del Derecho Privado carecen de la importancia que pueden tener en impuestos como Transmisiones Patrimoniales Onerosas. La jurisprudencia del TJCE ha venido a señalar, respecto al concepto de entrega de bienes, que los conceptos en el IVA no se subordinan a su significado civil. Así, el TJCE, entre otras, en sentencias de 8 de febrero de 1990, asunto C-320/88, Shipping adn Forwarding Enterprise Safe (TJCE 1990\98) de 6 de febrero de 2003, asunto C-185/01, Auto Leal se Holland (TJCE 2003\34), de 14 de julio de 2005, asunto C-435/03, British American Tobacco (TJCE 2005\236) y de 29 de marzo de 2007, asunto C 111/05, Aktiebolaget (TJCE 2007\71), recuerda que el concepto de entrega de bienes no se refiere a la transmisión de la propiedad en las formas establecidas por el Derecho nacional aplicable, sino que 15 JAUMANDREU PATXOT, A.,: La constitución del derecho de superficie y el Impuesto sobre el Valor Añadido, op. cit., pág VEIGA POMBO, M.: Problemática del IVA en la permuta de terrenos por edificación futura, Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, núm. 20, 2004, pág PONT MESTRES, M.: Un tema todavía cuestionable: el devengo del IVA en los contratos de permuta de solar por locales, Quincena Fiscal, núm. 11, 2005, pág Y, como ha dicho el Tribunal Supremo en sentencia de 30 de enero de 1990 (RJ 1990, 101), de esta manera se da respuesta a las nuevas formas de conexión de intereses entre los particulares, en las que por el intercambio in natura de lo que una parte ostenta, el terreno o solar y careciendo en cambio de los inmuebles que sobre el mismo pueda construir el profesional o capitalista, concierta con éste que el mismo pueda, a cambio de aquel terreno, construir sobre el mismo y que le entregue en contraprestación parte de lo así construido. 13
14 incluye toda operación de transmisión de un bien corporal efectuada por una parte que faculta a la otra parte a disponer de hecho como si fuera la propietaria del bien. Para el Tribunal, la finalidad perseguida por la Directiva comunitaria en cuanto a la delimitación del hecho imponible, puede verse comprometida si la existencia de una entrega de bienes, que es uno de los tres hechos imponibles, estuviera sometida al cumplimiento de requisitos que difieren de un Estado miembro a otro, como ocurre con la transmisión de la propiedad en el Derecho civil. No obstante, y a pesar de la irrelevancia de la catalogación civil de los contratos a efectos de IVA, no se puede negar que la caracterización de la operación como permuta ha funcionado, para la DGT, como una especie de prejuicio a efectos de extraer determinadas consecuencias de la misma, en especial, para concluir que nos hallamos ante una operación que conlleva dos entregas simultáneas de bienes. Si aceptamos que esta operación constituye una permuta estamos también aceptando que la misma provoca dos transmisiones; la del solar y la futura de la edificación construida sobre el mismo. Y que tales transmisiones conllevarán entregas de bienes sujetas a IVA que se devengarán en la medida que tales transmisiones se perfeccionen. Todo ello teniendo en cuenta que tal sujeción a IVA va a presuponer que la entrega del terreno la realiza un empresario o profesional y que los terrenos tienen la condición de edificables en el momento de dicha entrega o que, sin tenerlo (que no será lo habitual), se renuncia a la exención que el artículo 20, Uno, 20. o de la Ley 37/1992, del IVA prevé para terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de edificables, incluidas las construcciones de cualquier naturaleza en ellos enclavadas que sean indispensables para el desarrollo de una explotación agraria 19. A pesar de que la ley del IVA tiene una definición propia de entrega de bienes, la DTG, en múltiples consultas, ha entendido que la operación en cuestión constituye una permuta. Ello determina, como principal consecuencia, un devengo anticipado y simultáneo de la entrega de las edificaciones a construir, como pago anticipado de la entrega de dicha edificación que se produciría en el futuro, una vez la construcción se haya concluido (así las respuestas a Consulta , de 11 de febrero de 2004 y , de 21 de mayo de 2004). Como también dijimos, el TEAC se pronuncia en idénticos términos, sirviendo como ejemplo la resolución de 24 de noviembre de 1997 (JT 1998, 95). Y sin embargo, la caracterización de esta operación como permuta es muy dudosa. Recordemos que el contrato de permuta aparece recogido en el artículo del Código Civil, según el cual la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra y en el artículo 346 del Código de Comercio, según el cual las permutas mercantiles se regirán por las mismas reglas que van prescritas en este título respecto de las compras y ventas, en cuanto sean aplicables a las circunstancias y condiciones de aquellos contratos. Continúa el Código Civil afirmando que en el contrato de permuta cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra (art. 1538), regulándose el mismo en todo lo que no esté expresamente contemplado en el Código por las disposiciones concernientes a la venta (art. 1541). Respecto a la categoría del contrato de permuta y a la operación aquí analizada, la gran duda que se suscita en torno a la misma es si es posible un contrato de permuta en el cual, lo que se entrega a cambio, las edificaciones, todavía no existe, o, como dice SÁNCHEZ RAMÍREZ, si es concebible un intercambio sobre cosas inexistentes en el instante en que tal intercambio tiene lugar 20. Sin pretender extendernos en exceso en la cuestión, sí debemos afirmar que la doctrina civilista ha venido insistiendo en la semejanza entre la permuta y la compraventa, en tanto en cuanto la primera sería, en su origen, una modalidad de la segunda; se trataría de una compraventa en la que se prescindiría, total o parcialmente, de la retribución dineraria, que se sustituiría por la entrega de un bien de valor equivalente 21. Nos encontramos, al igual que en la compraventa, ante un contrato consensual, bilateral, oneroso, conmutativo y traslativo del dominio mediante la entrega de lo permutado. 19 Como ha afirmado el TEAC en resolución de 21 de octubre de 1998 (Jurisprudencia Tributario 1998, 1870), la finalidad de esta exención es implementar una distinción entre el tráfico del suelo que no es objeto de transformación, que es lo que se quiere dejar al margen del impuesto a través de la técnica de la exención, y el tráfico del suelo convertido por la acción del hombre en una superficie susceptible de un aprovechamiento constructivo. 20 SÁNCHEZ RAMÍREZ, C.: La fiscalidad del contrato de permuta, Gaceta Fiscal, núm. 148, noviembre, 1996, pág ALBALADEJO, M.: Derecho Civil II, vol. segundo, Lib. Bosch, Barcelona, 1977, págs ; DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A.: Sistema de Derecho Civil, vol. II, sexta ed. Edit. Tecnos, Madrid, 1992, pág
15 Instituto de Estudios Fiscales Podríamos entender que cabe aceptar la existencia de una permuta de cosa futura en tanto se admite, sin ninguna clase de problema, la venta de cosa futura. Y si las disposiciones concernientes a la figura jurídica de la venta, por referencia expresa del artículo 1541 del Código Civil, son aplicables a la permuta en todo aquello que no esté efectivamente previsto, en teoría, es posible hablar de una permuta de cosa futura. El problema es que no parece que las transmisiones de cosa futura generen en el adquirente ningún derecho real, que no es concebible sobre una cosa que no existe, sino un simple derecho de crédito a exigir la entrega futura de la cosa. Entender que en una venta de cosa futura existe un efecto jurídicoreal parece una ficción, orientada prioritariamente a lograr una adecuada protección al acreedor de la cosa futura 22. Y ello, porque en contratos en los que las cosas objeto del mismo no existen al tiempo en que el negocio se concierta, como en el que aquí estamos tratando, el compromiso así adquirido ha de canalizarse por la confianza en la observancia de la contraprestación del cesionario o constructor o permutante (sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de ). Por tanto, si el contrato de permuta es título para adquirir y exige la concurrencia necesaria de la traditio, como traditio brevi manu, o simplemente instrumental, parece que la cosa entregada debe existir como actual o futura, si se quiere que el contrato sirva como título de adquisición. En este marco jurídico, la calificación de este contrato como permuta supone reconocer que los cedentes adquieren la propiedad de los inmuebles de futura construcción con la sola firma de las escrituras de cesión, porque a través de las mismas, como ha reconocido el TS en sentencia de 15 de mayo de 1984, se transmite la propiedad de las viviendas a los cedentes del solar. Ello supone varias consecuencias de carácter jurídico-privado; que el cedente del solar no adquiriría un derecho de crédito sobre los pisos futuros, ni siquiera un ius ad rem en virtud del cual puede exigir al constructor que los edifique y se los entregue, sino que adquiere un derecho de alcance real y no meramente consensual. Este derecho real accederá al Registro de la Propiedad porque, según el artículo 8, 4 y 5 de la Ley Hipotecaria de 1946, es posible permite la inscripción de los edificios en régimen de propiedad por pisos cuya construcción esté concluida o, por lo menos, comenzada, así como la de los pisos o locales de un edificio en régimen de propiedad horizontal, siempre que conste previamente en la inscripción del inmueble la constitución de dicho régimen. Por este carácter real de su adquisición, el adquirente tendría legitimación suficiente para ejercer la acción reivindicatoria. Como se ve, la calificación de la operación como permuta no tiene otro significado que intentar facultar la existencia de derechos reales tanto en el cesionario como en el cedente de los terrenos. Si ello es así, no habría inconveniente en admitir que esta supuesta permuta de solar por edificaciones futuras es título adecuado para que el promotor adquiera el dominio del suelo, lo cual, a su vez es importante, en tanto la titularidad dominical del promotor sobre el suelo es lo que posibilitará a este la obtención de la financiación oportuna a través de créditos hipotecarios 24. Por eso, el Tribunal Supremo ha insistido en calificar la operación como contrato atípico. Aunque se le denomine permuta, como ocurre con la sentencia de 16 de noviembre de , se aclara que en esta clase de permutas, efectivamente es obligación de uno de los permutantes la entrega material de la posesión para que el otro pueda construir lo proyectado y cumplir su obligación, pero no la transmisión de la propiedad del solar si así no se acuerda. Y ello, porque la falta de un efecto traslativo hace dudar de la existencia de un verdadero título de adquisición a favor del que accede a la facultad de construir en el local, lo que lleva a que no se le identifique de forma tan directa con la permuta. Las dudas que suscita la calificación de esta operación como permuta se resumen en las palabras de PONT MESTRE, para quien obviamente no se puede transmitir la propiedad de lo que no se tiene ni existe, lo que aleja un tanto la cesión del solar a cambio de locales del contrato de permuta recogido en el artículo 1538, por más que se pretenda extender este contrato a la permuta de cosa futura al modo que, como hemos visto, lo entiende un sector de doctrina, si bien, en mi sentir, constituye algo similar a una contradicción reconducir al seno del citado artículo, ceñido al trueque, el cambio de cosa presente por cosa futura que, como tal, todavía no existe..., a lo que añade... el binomio título y modo no concurre en razón a 22 Véase un excelente resumen de estas posturas en LÓPEZ FRÍAS, A.: La transmisión de la propiedad en la permuta de solar por pisos, BOSCH, Editor, Barcelona, 1997, pág RJ 1990, Véase al respecto, LÓPEZ FRÍAS, A.: La transmisión de la propiedad en la permuta de solar por pisos, op. cit., págs RJ 1994,
16 que mientras el título está ahí, el modo, es decir, la tradición o entrega es metafísicamente imposible al no existir el bien que ha de constituir la contraprestación del solar, salvo que se configure una ficción 26. Ficción que, en realidad, no supondría otra cosa que forzar las categorías jurídicas, pues se trataría de admitir que en el contrato de cesión del derecho a construir por cosa futura se está transmitiendo la propiedad de una cosa que no existe, lo cual no encaja en la esencia traslativa del contrato de permuta. La existencia de un derecho real a favor del que adquiere se ha pretendido sustentar en la posible inscripción registral del mismo. Pero esa eficacia real puede negarse. El Informe del Servicio Jurídico del Estado, de 14 de enero de 1993, rechaza que, aunque se haya reflejado en el Registro de la Propiedad la obligación de edificar y entregar las edificaciones, ésta constituya una verdadera anotación registral si en la inscripción se recoge una mención a la obligación de entregar varias unidades de obra a construir en su día. Aunque el efecto del acceso al Registro sea que tal obligación puede ser conocida por los terceros, ello no conlleva la obligación del adjudicatario de construir o soportar la construcción de la obra nueva con entrega de las unidades correspondientes a la otra parte contratante. Lo contrario supondría una desvirtuación de la regla general establecida en el artículo 1257 del Código civil, ya que bastaría mencionar en el Registro de la Propiedad cualesquiera cláusulas de un contrato para que todas ellas surtieran efectos frente a terceros 27. Por tanto, puede defenderse que mientras no se construye y se entrega lo edificado, consumándose la tradición, sólo cabe hablar de un simple derecho de crédito pero no un derecho real propiamente dicho que surta efectos como tal. Y ello porque, aun admitiendo la entrega de cosa futura, la misma no conlleva necesariamente un derecho real que acceda al Registro de la Propiedad. Existiendo ese derecho de crédito, la cesión del solar no puede constituir el pago anticipado de los pisos o locales, pues no se ha cumplido el contenido de la obligación, que sólo tendrá lugar en el futuro con la entrega de lo edificado, previa construcción de los inmuebles. Pero hasta que esto tenga lugar no se producirá la transmisión al cedente de la propiedad de tales pisos o locales a construir, por la sencilla razón de que no existen, quedando todo, a lo sumo, en un derecho de crédito que se ejercitará, en su caso, cuando proceda, pero siempre en el futuro 28. Por tanto, en esta relación contractual de carácter oneroso, la causa consistente en la prestación o promesa de un servicio por la otra parte (según el artículo del Código Civil) consistirá en el cumplimiento de la obligación asumida de edificar y entregar lo edificado. Desde la perspectiva civil, se trata de una única relación contractual (no de dos operaciones independientes, como ha defendido algún autor 29 ), pero en la cual la contraprestación determina un vínculo obligacional y no una adquisición con efectos reales. A pesar de que resulte dudoso defender que nos encontramos ante una permuta lo cierto es que las calificaciones jurídicas no resultan relevantes con relación al IVA. Lo fundamental, por tanto, es centrarnos en el régimen tributario de la permuta de solar por edificación futura que ha venido configurando la doctrina de la DGT. IV. RÉGIMEN TRIBUTARIO EN EL IVA DE LA OPERACIÓN DE PERMUTA DE IV. SUELO POR EDIFICACIÓN La opinión de la DGT sobre la tributación en el IVA de este contrato viene siendo unánime: ya una consulta evacuada al tiempo de la entrada en vigor del IVA el 1 de enero de 1986 (de 23 de junio de 1987, 518/87), afirmaba que en la operación de permuta a que se refiere la consulta se originan dos 26 PONT MESTRES, M.: Un tema todavía cuestionable: el devengo del IVA en los contratos de permuta de solar por locales, op. cit., pág El Informe del Servicio Jurídico del Estado, de 14 de enero de 1993, puede consultarse en Tribuna Fiscal, núm. 41, marzo de Esto es, la mera circunstancia de que un derecho personal acceda al Registro de la Propiedad no le confiere carácter real lo que, a sensu contrario, supondría entender que el derecho a recibir lo edificado sería un mero derecho personal, inscribible separadamente, y por aplicación del artículo 29 de la Ley Hipotecaria, que dispone que la fe pública del Registro no se extenderá a la mención de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, no tendría, per se, eficacia frente a terceros. De manera que no resulta, ni mucho menos, indiscutible que el contrato de cesión de solar por pisos o locales lleve implícita la transmisión de la propiedad de tales pisos o locales al cedente del solar. 28 PONT MESTRES, M.: Un tema todavía cuestionable: el devengo del IVA en los contratos de permuta de solar por locales, op. cit., pág VARONA ALABERN, J. E.: El sector inmobiliario en el Impuesto sobre el Valor Añadido, Lex Nova, Valladolid, 1991, págs
17 Instituto de Estudios Fiscales entregas de bienes sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, toda vez que aunque el documento privado por el que se convierta dicha operación es del año 1984, la puesta a disposición del edificio para derruirse se produce en el año 1986 y, consiguientemente, se ha devengado dicho impuesto La postura del Centro Directivo se resume en la respuesta a Consulta V de 16 de octubre de 2008, en la que el Centro Directivo señala que en una operación de permuta de suelo por edificación futura, cabe considerar la existencia de las siguientes cuestiones relevantes a los efectos del Impuesto: 1. En primer lugar, la entrega de suelo, la cual, como acaba de precisarse, estará sujeta al Impuesto en la medida en que concurran los requisitos establecidos por el artículo 4. uno de la Ley 37/1992, muy en especial el referente a la condición de empresario o profesional de quien realiza la entrega, cuestión que habrá de concretarse a la luz de la definición contenida en el artículo 5 de la referida Ley. 2. En segundo lugar, la entrega de suelo ha de considerarse un pago a cuenta de la futura entrega de la edificación una vez su construcción concluya. Dicho pago a cuenta determina, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75. dos de la Ley 37/1992, el devengo anticipado del Impuesto, que se subordina y vincula a la entrega futura de la edificación. 3. Por último, cuando tenga lugar finalmente la transmisión del poder de disposición sobre la edificación terminada a cambio de la cual se recibió suelo, se producirá el hecho imponible entrega de bienes. Por tanto, la tesis del Centro Directivo, en la que, indudablemente ha influido la idea de que nos encontramos ante una permuta, es la de que deben distinguirse dos operaciones. La sujeción de las mismas al IVA dependerá del carácter de empresario o profesional de quien las realiza. En lo que se refiere a quienes llevan a cabo la actividad de promoción y a quienes efectúan materialmente la urbanización encaminada a la posterior transmisión de las edificaciones (a partir de la intención de proceder a tal venta) parece que no hay ninguna duda de su sujeción al IVA. Según el artículo 5, Uno, d) de la Ley 37/1992, del IVA, actúan como empresarios los sujetos que urbanizan terrenos, promueven, construyen o rehabilitan edificaciones para su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque se realicen ocasionalmente. Así, urbanizador ocasional es aquel que transmite los terrenos reservándose una parte de los mismos, de manera que la urbanización se realiza en un terreno que continúa siendo parcialmente propiedad del titular originario. La venta posterior que éste efectúa será una primera transmisión, sujeta a IVA y no exenta 31. Pero además, los promotores y urbanizadores ordenarán por cuenta propia factores de producción para producir y distribuir bienes y servicios y, normalmente serán sociedades mercantiles (art. 5, Dos de la Ley del IVA) por lo que, también por esta vía, tendrán la condición de sujetos pasivos del IVA y las entregas de bienes y prestaciones de servicios que lleven a cabo como contenido del proceso armonizador tendrán la condición de operaciones sujetas al impuesto 32. El discutible criterio que maneja la Administración es que los propietarios adquieren la condición de urbanizadores desde el momento en que se hayan incorporado a los terrenos parte, al menos, de los costes de urbanización (respuesta a Consulta de 3 de diciembre de 2003-JUR 2004, 63194). Por el contrario, los propietarios que transmiten terrenos a los promotores no tienen normalmente la condición de empresarios o profesionales. Si la tuviesen, es obvio que la entrega del terreno estaría sujeta al IVA, salvo que se tratase de un terreno cuya entrega resultara exenta por aplicación del artículo 20, Uno, 20. o de la Ley del IVA: los terrenos rústicos y las construcciones en ellos enclavadas, indispensables para el desarrollo de una explotación agraria, y los que no resulten aptos para la urbanización, bien porque no 30 En la respuesta a consulta , de 3 de marzo de 2004, en la que se señala que en aplicación de estos preceptos, a las operaciones de transmisión de terrenos a cambio de edificaciones o parte de las mismas a construir sobre ellos, es doctrina reiterada de este Centro directivo que la entrega inicial de los terrenos supone tanto el devengo del impuesto correspondiente a dicha entrega, de estar la misma sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, como el devengo por la entrega de las edificaciones a construir, considerándose la entrega del terreno como pago anticipado a la entrega de dichas edificaciones que se producirá en el futuro, una vez la construcción haya concluido. 31 MARTÍNEZ LAFUENTE, A.: Manual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Madrid, Marcial Pons, 1997, pág RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.: El Impuesto sobre el Valor Añadido en las operaciones inmobiliarias, Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria Aranzadi, núm. 24, Aranzadi, Pamplona, 2002, págs. 35 y ss. 17
18 están calificados por la legislación urbanística como solar o carezcan de la correspondiente licencia o que hubieran adquirido la condición de terreno en curso de urbanización 33. Partiendo de este presupuesto, las cuestiones tributarias especialmente afectadas son las referidas a al devengo del IVA y a la base imponible en ambas entregas de bienes. Se trata de dos cuestiones que debemos tratar por separado. V. EL DEVENGO DEL IVA EN LAS OPERACIONES DE PERMUTA DE SOLAR POR V. CONSTRUCCIÓN FUTURA En el IVA, el momento del devengo no resulta tan claro e indiscutible como en otros impuestos. Y ello porque el término devengo tiene respecto al IVA un significado especial, ligeramente diferente del resto del ordenamiento. Así, el criterio de la Sexta Directiva, que actualmente acoge el artículo 62, del Capítulo I del Título VI de la Directiva 2006/112/CE, consiste en diferenciar devengo, de exigibilidad, entendida ésta última en dos acepciones: exigibilidad en sentido estricto o exigibilidad del impuesto y exigibilidad del pago. Así, el artículo 62 de esta Directiva relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido establece que se considerará devengo del impuesto, el hecho mediante el cual quedan cumplidas las condiciones legales precisas para la exigibilidad del impuesto. La exigibilidad del impuesto es el derecho que el Tesoro puede hacer valer, a partir de determinado momento, ante el deudor, para que pague el impuesto incluso en el caso de que el pago pueda aplazarse, que se diferencia de la exigibilidad del pago propiamente dicha, que se liga a la presentación de la declaración periódica. Según el artículo 63 de la Directiva, el devengo del impuesto se produce, y el impuesto se hace exigible, en el momento en que se efectúe la entrega de bienes o la prestación de servicios. De manera que el devengo se identifica con una modalidad de exigibilidad: la exigibilidad del impuesto, que no coincide con la exigibilidad en sentido tradicional. Esta se vincula al momento en que se debe presentar la declaración periódica y efectuar el pago y se entiende como exigibilidad del pago 34. De ello se deduce que la exigibilidad, como instante en que se concreta la posición acreedora de la Hacienda Pública, puede ser simultánea o posterior al devengo, pero la configuración de la exigibilidad como una realidad previa requiere una previsión legal que, por excepcional, debe ser expresa (sentencia del TJCE, BUPA Hospitals Ltd y Goldsborough of Customs&Excise, de 21 de febrero de 2006, As. C-419/02). Así, el artículo 65 de la citada Directiva (art. 10, 2 de la Sexta Directiva), se refiere a las entregas de bienes o prestaciones de servicios que originen pagos anticipados a cuenta, anteriores a la entrega o a la prestación de servicios, alterando el orden cronológico propio de la norma general, ya que prevé la exigibilidad del IVA sin que haya tenido lugar aún la entrega de bienes o prestación de servicios. Dispone este precepto que la exigibilidad del impuesto procederá en el momento del cobro del precio y en las cuantías efectivamente cobradas. Por tanto, más que de devengo anticipado hay que hablar de exigibilidad anticipada del IVA de exigibilidad a cuenta provisional de la definitiva que tendrá lugar en la fecha de devengo, siendo un ejemplo patente de uno de esos supuestos en que la exigibilidad 33 Siguiendo la doctrina del TEAC, por ejemplo en resoluciones de 10 de julio de 1998 (Jurisprudencia Tributaria 1998, 1678) y 21 de octubre de 1998 (Jurisprudencia Tributaria 1998, 1869), respaldada por el Tribunal Supremo en sentencia de 19 de abril de 2003 (RJ 2003, 4010). Se entienden por tales aquéllos terrenos que hayan sido objeto de operaciones materiales de transformación de la topografía del terreno o de un proceso de producción de suelo edificable, y respecto a los cuales se hayan efectuado obras necesarias para que el inmueble adquiera la condición de urbano. La exención en la transmisión de tales terrenos es renunciable en los términos del artículo 20, Dos de la Ley 37/1992, reguladora del IVA. Si el transmitente no tuviese la condición de empresario, la entrega del terreno estará sujeta a ITPAJD, modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. 34 Sin embargo, la controvertida resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 29 de junio de 2010, que anuló las liquidaciones de IVA practicadas anualmente entre los años 2006 y 2008, dispone que el legislador comunitario establece, en aras a lograr el objetivo de neutralidad impositiva para el sujeto pasivo, unos períodos de liquidación (art de la Directiva) de uno, dos o tres meses (si bien los Estados miembros pueden establecer períodos diferentes que, en ningún caso, podrán exceder de un año), de forma que en ellos el sujeto pasivo declara el IVA devengado por el conjunto de las operaciones cuyo devengo se ha producido en el período de liquidación y se minora el resultado en el importe de las cuotas soportadas que reúnan la condición de ser deducibles, de acuerdo con los preceptos comprendidos en el Título antes señalado. Es decir, se utiliza el concepto devengo en el sentido de momento en que se entiende realizado el presupuesto de hecho, y el trimestre como referente temporal para exigir el impuesto, de manera que trimestralmente se exigirá el IVA correspondiente a todas las operaciones que se devenguen en dicho período temporal. 18
19 Instituto de Estudios Fiscales previa resulta singularmente prevista en la ley del impuesto. Así, la incorporación al Derecho interno de los referidos preceptos se ha llevado a cabo, en relación con las operaciones interiores, a través del artículo 75 de la Ley 37/1992, reguladora del IVA, en cuyo párrafo segundo se incorpora al Derecho español la regla del pago anticipado, a la que corresponde una exigibilidad anterior a la existencia del hecho imponible 35. Pues bien, admitiendo que en el subconsciente de la Administración Fiscal española se mantiene la idea de que estamos ante una permuta (aun cuando en el IVA la calificación de una operación como entrega de bienes no depende del régimen civil del contrato), y siempre sobre la premisa de que ambas entregas, la del solar y la futurible de los inmuebles, están sujetas y no exentas, pueden darse dos hipótesis. La primera es que nos encontremos ante una permuta de bienes presentes (un empresario transmite un inmueble por otro, ambos existentes a la fecha de la permuta), en cuyo caso el devengo de ambas entregas tendrá lugar en el mismo momento, en general, siguiendo las reglas establecidas en el artículo 75. uno. 1. o, a la firma de la escritura pública de permuta. La segunda es la permuta de bien o cosa presente por cosa futura. Así se pretende que ocurre en el caso de que una de las partes transmite un solar y recibe a cambio del otro empresario viviendas o locales que se construirán sobre el solar, aun cuando, se trata de una conclusión más que dudosa. Sobre esta premisa la Administración ha construido su tesis tradicional, según la cual en la entrega de la cosa o bien presente (el solar), el devengo tenía lugar con la firma de la escritura pública de permuta, pero respecto del bien o cosa futura se producía un pago anticipado a cuenta de la posterior entrega del inmueble, en cuyo momento tenía lugar el devengo definitivo de esta entrega. Por consiguiente, resultaría aplicable el artículo 75, 2 de la Ley 37/1992, del IVA, según el cual en las entregas que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible (incluso si se tratase de un pago en especie como sucede en el supuesto que se consulta) el impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos. El posicionamiento tradicional de la Administración desemboca en la consecuencia de que el devengo del IVA se produce, en el caso de la transmisión del derecho a edificar, en el momento de la firma del contrato por tener lugar un anticipo y resultar de aplicación el artículo 75, Dos de la Ley 37/1992, del IVA, según el cual, y como excepción a la regla general del artículo 75, Uno, en las entregas que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el impuesto se devengará en el momento del cobro parcial. El otorgamiento del derecho a edificar y la asignación de edificaciones futuras sería un pago anticipado y en especie de la compra del solar. Y sería la contraprestación por dicha compra, porque se entiende que es una entrega a título de permuta. Pero si no aceptamos que la permuta pueda tener como objeto la entrega de una obligación de hacer unida a la obligación de entregar un bien futuro fruto de esa obligación, sencillamente porque el esquema cambio de cosa por cosa exige la existencia de esa cosa al menos como una realidad determinable, la conclusión será diferente. Y así habrá que afirmar que quien entrega el solar a cambio de bienes que sólo existirán en el futuro tras la edificación no adquiere ningún derecho real sobre bienes que no existen, al no ser este contrato título adecuado para ello. Ello supone que tal derecho real sólo se va a adquirir con la entrega futura de las edificaciones, por lo que no estaríamos ni ante una permuta ni ante una ejecución de obra (quien entrega el solar no contrata la edificación, sino que el proceso edificador forma parte del proceso que hay que desarrollar para entregarle la contraprestación que le corresponde) sino ante una contraprestación cuya entrega se aplaza al futuro. Esta evidencia no parece que pueda ser rebatida ni siquiera invocando la supuesta autonomía calificadora de los conceptos en el IVA, pues incluso en este impuesto los actos o negocios gravados son puras situaciones fácticas, que no pueden determinar consecuencias tributarias si no concurren. Sin embargo, con relación al régimen anticipado del IVA, la citada sentencia BUPA Hospitals Ltd y Goldsborough of Customs&Excise, de 21 de febrero de 2006, As. C-419/02) señaló que pueda hablarse de una exigibilidad anticipada del IVA el bien o el servicio contratados tienen que reunir, desde el momento de celebración del acuerdo, las condiciones mínimas para poder ser objeto de determinación. Para ello deben conocerse en el momento de la exigibilidad anticipada todos los elementos relevantes del devengo, es decir, de la futura entrega de bienes o prestación de servicios. Esto es, debe tratarse de 35 LONGAS LAFUENTE, A.: Devengo, Enciclopedia Fiscal Práctica, Impuesto sobre El Valor Añadido, Thomson-Reuters, Madrid, 2010, págs. 323 y ss. 19
20 bienes o servicios determinables, aunque no se exija que estén determinados de modo preciso, aunque sí lo necesario para identificar plenamente el hecho imponible. De manera que, de acuerdo con esta doctrina del Tribunal de Luxemburgo, sería factible localizar un pago anticipado si, por ejemplo, el contrato de permuta de solar por edificación se acompaña de un proyecto donde se fija con exactitud las características del inmueble o la parte del edificio que se va a entregar y se señala una fecha, que puede ser la de terminación prevista de las obras. Más difícil será admitir que se cumple el umbral mínimo de identificación si, por ejemplo, el solar se permuta por el 20 por 100 de las edificaciones que se puedan construir en el plazo de seis años. Además, para que un pago anticipado pueda ser calificado como a cuenta de una futura entrega, dicha entrega debe preverse como una realidad y no como una mera hipótesis. Es lo que se desprende de la jurisprudencia del TJCE que, en los casos de resolución de contratos en los que no se acuerda una contrapartida directa, no puede afirmarse que exista base imponible y, por tanto, las operaciones no están sujetas al impuesto 36. Por tanto, nunca podrá entenderse que existe un pago anticipado a efectos de IVA cuando el contrato incluye la entrega futura de edificaciones como una mera alternativa. Y ello porque se pacta inicialmente fijando la facultad solutoria de pagar en metálico. En este caso no se está conviniendo una entrega futura y cierta de edificaciones sino una entrega eventual e incierta, que conjura la posibilidad de que exista un devengo anticipado a efectos del IVA. El anticipo existirá cuando se pacte irreversiblemente una entrega futura de edificaciones, pero no cuando estemos ante una mera eventualidad. Así, la AN ha señalado en sentencia de 21 de febrero de 2003, que no hay entrega futura (y, por lo tanto, no puede haber anticipo ) cuando la misma queda sin concretar, abierta la opción entre el pago mediante bienes inmuebles... o mediante dinero. Cuestión distinta es que tal pacto no exista, y que las partes acuerden, antes de finalizar la construcción y con plena vocación de novar la relación inicial, dejar sin efecto la permuta y proceder a pagar el solar en metálico. 37. Pero, sin duda alguna, la principal proyección de esta teoría tiene lugar respecto a la base imponible a computar respecto a ambas transmisiones. VI. LA BASE IMPONIBLE La propia idea de que en la entrega de solar por edificación, tal entrega equivale a una transmisión del suelo y que el promotor estaría pagando con la entrega de las edificaciones, supone aceptar que la entrega del solar es un pago anticipado, pero en especie, por tanto, que la contraprestación no es en dinero. Ello afecta de forma evidente a la base imponible de las dos entregas de bienes que, según la Administración, concurren en este negocio. Así, debemos recordar que las reglas para la determinación de la base imponible se contienen en el Título VII de la Directiva 2006/112/CE (arts. 78 y 79 de la Ley 37/1992). En particular, el artículo 73 de dicha Directiva establece que, en el caso de las entregas de bienes y las prestaciones de servicios no comprendidas entre las enunciadas en los artículos 74 a 77, la base imponible estará constituida por la totalidad de la contraprestación que quien realice la entrega o preste el servicio obtenga o vaya a obtener, con cargo a estas operaciones, del adquiriente de los bienes, del destinatario de la prestación o de un tercero, incluidas las subvenciones directamente vinculadas al precio de estas operaciones. Dicho precepto constituye el anclaje normativo en el Impuesto para la determinación de la base imponible cuando las operaciones sujetas al mismo tienen contraprestación monetaria. En tal caso, la ba 36 Sentencias de 1 de abril de 1982, Hong-Kong Trade Development Council, As. C-89/81 y de 3 de marzo de 1994, R.J. Tolsma, As. C-16/ A esta situación se ha enfrentado la respuesta a Consulta de 13 de junio de 2003 (núm ), determinando la necesidad de que el adquirente del solar emita una nueva factura que refleje, como importe de la base imponible, el importe pagado definitivamente en metálico. Entonces se procederán a rectificar las cuotas inicialmente repercutidas y a instar las devoluciones correspondientes si procediesen, en caso de que el precio entregado en metálico fuese inferior al importe valorado provisionalmente. Es obvio, como señala PONT MESTRES, M., que toda esta operación se evitaría si no se fijase el devengo en el momento en que se concierta el supuesto contrato de permuta, sino que se estableciese que hay realmente un aplazamiento del pago; Un tema todavía cuestionable: el devengo del IVA en los contratos de permuta de solar por locales, op. cit., pág
FISCALIDAD DE LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN: RÉGIMEN FISCAL DE LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DE LAS OPERACIONES RELATIVAS A LAS MISMAS.. Asesora Jurídica de los Servicios de Urbanismo. Ayuntamiento de Isla

References: resolución 
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 artículo 107
 artículo 16
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