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Timestamp: 2018-07-20 10:43:07+00:00

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Tutela no. 65812 josé gregorio ramírez pulido república de Colombia
TUTELA No. 65812
JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ PULIDO
Aprobado acta N° 096
Bogotá, D.C., tres (03) de abril de dos mil trece (2013).
Resuelve la Sala la impugnación presentada por el apoderado del accionante JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ PULIDO y el representante legal de la sociedad COLBANK S.A. e INVERSIONES LÓPEZ PIÑEROS LTDA., contra la sentencia del pasado 27 de febrero de 2013 a través de la cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo invocado frente a la Fiscalía 26 Especializada para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos.
Según lo refieren las diligencias, la Fiscalía 26 Especializada de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, dentro de la actuación radicaba bajo el No. 7403 E.D., mediante resolución del 12 de diciembre de 2012, dispuso, dando aplicación al artículo 74 de la Ley 1453 de 2011, decretar de manera extraordinaria la improcedencia de la acción en relación con los inmuebles distinguidos con los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20324380, 50N-412750 y 50N-20341326, atendiendo la solicitud que es tal sentido elevó el apoderado judicial de la sociedad INVERSIONES LÓPEZ PIÑEROS LTDA. y el representante y apoderado de la sociedad COLBANK S.A.
En la misma decisión, se ordenó compulsar copias para que se estudie la viabilidad de iniciar el trámite de extinción de dominio sobre los dineros producto de la negociación entre DMG HOLDING S.A. y REPRESENTACIONES GUVAL.
Seguidamente se dispuso la notificación de la anterior determinación a los terceros con interés en la actuación, habiendo interpuesto los recursos de reposición y apelación por parte de la sociedad REPRESENTACIONES GUVAL, cuyo trámite se cumple en la actualidad.
Aparece igualmente, que el 15 de noviembre de 2011 el abogado FERNANDO RUIZ FLOREZ, aludiendo obrar en condición de apoderado de las víctimas dentro del proceso radicado 2007-00064 seguidos contra el GRUPO DMG S.A. y DMG GRUPO HOLDING S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, solicitó a nombre de JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ PULIDO, SANDRA MARIBEL RAMÍREZ PULIDO y LUZ DARY RAMÍREZ PULIDO, que se abstuviera el despacho de declarar la extinción de dominio.
De otra parte, se sabe que ante la Fiscalía 23 Especializada de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos, se adelanta actuación penal (radicado 2007-00064) por los delitos de concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos, diligencias en las que figuran como indiciados los señores LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ y JUAN CARLOS VALENCIA YEPES.
Despacho que igualmente conoce de la investigación que se adelanta
en contra de WILLIAM SUÁREZ SUÁREZ (radicado 2009-0019), y en la que actúa el abogado FERNANDO RUIZ FLOREZ como apoderado de las víctimas.
El ciudadano JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ PULIDO promueve mediante apoderado demanda de tutela, en procura de amparo para los derechos fundamentales al debido proceso, defensa acceso a la administración de justicia y reparación que estima conculcados por la Fiscalía 26 Especializada para la Extinción de Dominio y el Lavado de Activos.
En sustento del amparo pretendido, aduce el libelista que como apoderado del señor JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ PULIDO, quien interviene como víctima de las acciones delictivas de DMG, presentó ante la fiscalía accionado escrito de oposición a la declaración de extinción de dominio, dentro de la actuación radicada bajo el No. 7403 E.D.
Alude, que el 12 de diciembre de 2012 el despacho fiscal demandado emitió resolución decretando la improcedencia de la acción en relación con los bienes inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria 50N-20324380, 50N-412750 y 50N-20341326, decisión que no se le notificó a él ni a las demás víctimas dentro del proceso, impidiéndole así ejercer el derecho de contradicción frente a esta, a pesar de haberse constituido como parte en el proceso de extinción.
Así mismo, resalta que con ocasión del proceso seguido en contra de DAVID EDUARDO HELMUT MURCIA GUZMÁN, se dispuso la compulsa de copias dando origen al radicado 2007-00064 cuyas diligencias son adelantadas por la Fiscalía 23 Especializada de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos por los delitos de concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos, siendo indiciados LUIS EDUARDO GUTIÉRREZ ROBAYO y JUAN CARLOS VALENCIA YEPES, por lo que al existir una investigación en curso los bienes no pueden ser devueltos a quienes en su momento los vendieron por sumas muy por debajo de su real valor.
Igualmente, allega copia de la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2012 por la Sala de Casación Penal (radicado 38.063) en la cual se hace referencia a uno de los inmuebles objeto de la decisión emitida por el despacho fiscal accionado, de donde se infiere que se ha incurrido en una evidente vía de hecho al ordenar la entrega de bienes que no figuraban a nombre de DMG.
De otra parte, considera que el Fiscal General de la Nación y el Jefe de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio, impiden el cabal ejercicio de los derechos que asisten a las víctimas, por cuanto no han concentrado el proceso contra DMG en un solo fiscal, lo que no ha permitido tener acceso a las decisiones y existencia de bienes y puede generar actos de corrupción.
De acuerdo con lo anterior, solicita se ordene revocar la decisión de fecha 12 de diciembre de 2012, a fin de evitar que se levanten las medidas cautelares sobre los inmuebles señalados y así ponerlos a disposición de la Fiscalía 23 Especializada de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos.
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS
El Jefe de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y contra el
Lavado de Activos hace saber que la Fiscalía General de la Nación conoció de varias investigaciones contra DAVID MURCIA GUZMÁN, WILLLIAM SUÁREZ y demás integrantes de la sociedad DMG, las cuales originaron por las denuncias formuladas por personas naturales a nivel nacional, habiendo pasado todas a formar parte del proceso radicado con el No. 2007-00064, en virtud del fenómeno de la conexidad.
A su turno, la Fiscalía 26 Especializada de Extinción de Dominio y Lavado de Activos indica que no existe obligación de ese despacho para notificar de manera personal el señor JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ PULIDO o su apoderado, de la resolución proferida el 12 de diciembre de 2012, atendiendo que no tienen la calidad de parte en el proceso de extinción que allí se adelanta, como sí lo son en la actuación que se sigue ante la Fiscalía 23.
Además, refiere que no existe petición alguna requiriendo la unificación de las actuaciones indicadas, y de presentarse, deberá ser resuelta por el Jede de la Unidad.
Por su parte, la Fiscalía 23 Especializada de Extinción de Dominio y Lavado de Activos informa que adelanta acciones ante autoridades judiciales de los Estados Unidos de América y Panamá, a fin de obtener la entrega de bienes cedidos por el señor MURCIA GUZMÁN, o respecto de los cuales se tomaron medidas judiciales, sin que haya sido posible obtener respuesta positiva.
DMG Grupo Holding S.A. en liquidación se opuso a todas y cada una de las pretensiones del accionante, por no cumplirse con los presupuestos de procedibilidad de la acción constitucional.
Por último, la Dirección Nacional de Estupefacientes pone de manifiesto la situación actual de los bienes con matrícula 50N-20341326, 50N-412750 y 50N-20324380, y solicita la desvinculación de esa entidad dada la falta de legitimación en la causa por pasiva.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó el amparo solicitado, por no cumplir la acción con el requisito de subsidiariedad exigido, toda vez que el accionante ha podido solicitar la unificación de las actuaciones de persecución penal y extinción de dominio en cabeza de una sola fiscalía, sin embargo, no se tiene conocimiento sobre la existencia de solicitud alguna en ese sentido.
Del mismo modo, precisó que a pesar de no haber sido notificado de manera personal, el peticionario contaba con los recursos de ley para controvertir la decisión del 12 de diciembre de 2012 y así expresar todas las inconformidades con dicha actuación.
Por último, dispuso compulsar copias de la actuación para ante la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia, atendiendo que en este asunto hay aspectos que pueden tener connotación penal o disciplinaria para el fiscal y las partes que han actuado en el proceso de extinción que se sigue ante la Fiscalía 26 de Extinción de Dominio.
El apoderado del actor impugna la determinación adoptada por el Tribunal a quo insistiendo en la procedencia del amparo invocado, al indicar que en este caso no es posible acudir a otro medio de defensa judicial precisamente porque uno de los derechos conculcados es el acceso a la administración de justicia, al negarse a reconocerle personería e impedirle actuar ante la Fiscalía 26 Especializada a pesar de haber presentado poder original.
De igual manera, destaca que no existe norma dentro del procedimiento de extinción donde solo se autorice su actuación previo reconocimiento por parte del fiscal, por lo que considera que la documentación presentada al despacho accionado, cumple con los requisitos para que se le tenga como parte dentro del radicado 7403 E.D.
Remata sus argumentos de impugnación reiterando que la resolución cuya invalidez se pretende con esta acción, es contraria a derecho, y aunque resulta justa la compulsa de copias, en realidad lo que se requiere es dejar inmediatamente sin efecto tan absurda decisión.
El representante legal de la sociedad COLBANK S.A. mediante escrito radicado en la Sala el 8 de marzo hogaño, solicita se decrete la nulidad de la providencia que concedió la impugnación propuesta por el accionante frente a la sentencia de tutela, aludiendo que el Tribunal procedió a ello sin ofrecerle a las demás partes la oportunidad de
ejercer su derecho de defensa.
En ese sentido, advierte que sin esperar a que transcurrieran los tres (3) días después de notificado legalmente el fallo de tutela, el proceso pasó al despacho el 5 de marzo de 2013 y al día siguiente se concedió el recurso, pero el telegrama notificando la negativa del amparo se libró el 5 de marzo y fue recibido por esa sociedad el 7 de marzo, de tal suerte que se hace necesario decretar la nulidad para que se rehabiliten dichos términos, teniendo en cuenta que en la sentencia se ordena la compulsa de copias para iniciar investigaciones que involucran a la Fiscalías y las partes dentro del proceso de extinción.
Posteriormente, el apoderado de COLBANK S.A. e INVERSIONES LÓPEZ PIÑEROS LTDA. allega segundo escrito en el que impugna parcialmente la sentencia de tutela, en orden a obtener la revocatoria del numeral tercero de la parte resolutiva que dispuso compulsar copias.
El Fiscal 26 Especializado de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos presenta impugnación a fin de que se revoque el numeral tercero del fallo de tutela, en cuanto ordenó la compulsa de
copias para las investigaciones pertinentes.
Como sustento de su posición, el funcionario expone las actuaciones que precedieron la decisión reprobada por el accionante, así como destaca que asumió funciones como Fiscal 26 el 4 de septiembre de 2012, para concluir que del componente probatorio y procesal del radicado 7403 E.D., no se torna coherente ni ajustado a derecho que se ordene la compulsa de copias en su contra.
Es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación presentada por el accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 1°, numeral 2° del Decreto 1382 de 2000, en cuanto ella se dirige contra la sentencia de tutela proferida la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, de la cual es su superior funcional.
El representante legal de la sociedad COLBANK S.A. depreca la
nulidad del auto que concedió el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra el fallo de tutela, aduciendo que no se le permitió ejercer el derecho de defensa para efectos impugnar en tiempo la sentencia.
Al respecto, necesario se impone precisar que contrario a lo manifestado por el peticionario, la notificación de la sentencia de tutela se procuró a través de comunicaciones libradas a las partes el 28 de febrero de 2013, esto es, un día después de proferida la decisión, que no el 5 de marzo, como en forma errada se indica en el escrito, de tal suerte que luego de producida la notificación legal del fallo y ante la manifestación oportuna del accionante de impugnarlo, el Tribunal procedió a conceder el recurso mediante auto del 6 de marzo siguiente.
Entonces, si como lo indica el solicitante, recibió la notificación del fallo el 5 de marzo de 2013, el término para interponer el recurso, en su caso particular, debía entenderse contabilizado a partir del día siguiente, por lo que ningún obstáculo se le ofreció para que procediera a ejercer su derecho a impugnar de manera oportuna, como en efecto así lo hizo con escrito radicado ante el Tribunal el 6 de marzo, respecto del cual habrá de pronunciarse la Sala en esta decisión en aras de garantizar el derecho de contradicción que le asiste como parte a la sociedad peticionaria, no siendo procedente por tanto, acceder a la nulidad solicitada.
En esta ocasión, el objeto de la queja constitucional se centra principalmente en la omisión de notificación personal del aquí accionante, de la resolución de fecha 12 de diciembre de 2012 por cuyo medio la Fiscalía 26 Especializada de Extinción de Dominio y Lavado de Activos, dentro de la actuación radicada bajo el No. 7403 E.D., decretó de manera extraordinaria la improcedencia de la acción en relación con los inmuebles distinguidos con los folios de matrícula inmobiliaria 50N-20324380, 50N-412750 y 50N-20341326, procurando por esta vía suspender los efectos de dicha determinación.
En cumplimento de dicho cometido, resulta útil precisar que entre las garantías procesales consagradas en la acción de extinción de dominio se encuentra la protección especial que la Ley 793 de 2003 y demás normas concordantes han previsto en favor de los terceros, los cuales a partir de su vinculación al proceso pueden ejercer su derecho de contradicción, hacer valer sus pruebas, presentar sus escritos de oposición, formular estudios de conclusión, atacar la resolución de procedencia o improcedencia de la extinción de dominio y formular el recurso de apelación respectivo contra la decisión del juez correspondiente.
En el caso que ahora ocupa el cuidado de la Sala, sucede que para la Fiscalía 26 Especializada no se imponía la notificación personal de JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ PULIDO de la decisión que decretó la improcedencia de la acción en relación con los tres (3) bienes inmuebles referidos, en tanto no figura, ni ha sido reconocido como parte dentro de dicho actuación como bien lo destacara el Tribunal a quo, por manera que se percibe con nitidez que no resulta necesaria la intervención del juez constitucional en orden a contrarrestar la vulneración que por cuenta de dicho trámite alega el accionante.
Ahora bien, en cuanto hace relación a los argumentos que le son útiles al recurrente para estimar que en verdad no cuenta con otro medio de defensa judicial frente a la decisión cuestionada -toda vez que si bien no se le ha reconocido personería para actuar dentro del proceso de extinción, tampoco se le ha negado la misma, resaltando así que los documentos que aportó con la solicitud de oposición que elevó ante la accionada, cumplen con los requisitos legales para que se le reconozca como parte-, debe decirse que resultan extraños al marco fáctico brindado por la demanda y sus pretensiones, y por ende, a la decisión del Tribunal, de modo que no corresponde en esta sede emitir pronunciamiento sobre el particular, porque de hacerlo, se desconocerían principios rectores como la contradicción y la doble instancia, de suerte que, de persistir la inconformidad del accionante en torno a dicha temática, deberá acudir ante el juez constitucional competente en orden a obtener la decisión que corresponda.
Por último, en cuanto a la solicitud que por vía de la impugnación elevaron dos de los recurrentes para obtener la revocatoria de la orden contenida en el numeral tercero de la parte resolutiva del fallo de tutela, impera señalar que la compulsación de copias es una decisión de simple impulso procesal que se deriva del deber constitucional radicado en cabeza de cualquier servidor público que conozca de la presunta comisión de una infracción (penal o disciplinaria), de poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente.
En esa medida, ha dicho la Sala, una decisión de esa naturaleza “no puede ser objeto de impugnación”1 y, por ende, tampoco es posible, ante el mismo servidor público que la ordena, discutir “las razones que tuvo para hacerlo, las que ni siquiera tiene el deber de explicitar”2, de tal suerte que los argumentos que respaldan la inconformidad con tal medida deberán esgrimirse al interior del escenario natural de discusión (trámite disciplinario o penal), no siendo procedente por tanto, acoger la réplica formulada por el Fiscal accionado y el representante legal de COLBANK S.A. e INVERSIONES LÓPEZ PIÑEROS LTDA.
Basten las anteriores consideraciones para confirmar el fallo proferido por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en lo que fue objeto de impugnación.
1.- CONFIRMAR el fallo objeto de alzada, conforme a las anteriores motivaciones.
2.- NOTIFIQUESE de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3.- REMÍTASE el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 17 de agosto de 2000, radicación No. 15862.

References: resolución 
 artículo 74
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
e contrario
 resolución 
 resolución 
 artículo 30