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BOE.es - Documento BOE-T-1994-8339
Documento BOE-T-1994-8339
«BOE» núm. 89, de 14 de abril de 1994, páginas 70 a 75 (6 págs.)
BOE-T-1994-8339
La cuestión se suscitó en un proceso laboral por reclamación de cantidad entablado por don Juan Márquez Fernández contra <Productos Montvier, S.A.>. La citada empresa rescindió los contratos de trabajo de toda su plantilla de personal tras expediente de regulación de empleo aprobado por Resolución del Departamento de Trabajo de la Generalidad de Cataluña. En Sentencia del Juzgado de lo Social promotor de la presente cuestión, de fecha 11 de mayo de 1987, se declaró el derecho del trabajador recurrente, entre otros, a percibir una indemnización de 2.765.855 pesetas; en vía de ejecución de Sentencia, recayó Auto de insolvencia de la empresa de fecha 13 de julio de 1987, ante lo cual, se formuló solicitud al Fondo de Garantía Salarial (en adelante, FOGASA), quien, mediante Resolución de 22 de febrero de 1990, estimó que la cantidad señalada en el título ejecutivo en concepto de indemnización superaba el límite dispuesto en el art. 33.2 del Estatuto de los Trabajadores y en otras normas conexas, por lo cual señaló como cantidad a percibir la de 1.066.781 pesetas y un salario diario módulo de 3.116 pesetas El trabajador actor en el proceso ordinario de procedencia presentó demanda ante el Juzgado de lo Social de referencia reclamando se le abonase una diferencia de 70.559 pesetas, resultado de su distinto cómputo de la indemnización correspondiente a cargo del FOGASA; por otrosí, se solicitó que se requiriera del Fondo la remisión del expediente.
Según el art. 23.3 L.P.L.: <en los procedimientos seguidos contra el Fondo de Garantía Salarial al amparo de la legislación laboral, las afirmaciones de hecho contenidas en el expediente y en las que se haya fundamentado la resolución del mismo harán fe, salvo prueba en contrario>. Un precepto que es copia literal del apartado 4. de la Base 8. de la Ley de Bases de Procedimiento Laboral. Y que establece una presunción iuris tantum en favor de una de las partes, pues tal condición procesal tiene el Fondo en virtud del apartado 1. del mismo art. 23. Esta presunción vulnera la igualdad entre las partes en el proceso que el art. 14 C.E. garantiza.
3. Por providencia de 15 de julio de 1991, la Sección Cuarta del Pleno acordó: a) admitir a trámite la presente cuestión; b) dar traslado de las actuaciones, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, con el fin de que pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran procedentes en el plazo común de quince días; c) publicar el planteamiento de la cuestión en el <Boletín Oficial del Estado> para general conocimiento.
Pero, sobre todo, es innecesario el examen de constitucionalidad del art. 23.3 L.P.L. para resolver el proceso a quo, tal y como resulta precisamente del propio Auto de remisión cuando dice que las circunstancias de hecho negadas por el Fondo están probadas en Sentencia firme anterior. Una circunstancia que -a su juicio- viola el art. 118 C.E. Si el art. 23.3 determina una presunción iuris tantum, no existe dificultad alguna para que sea desvirtuada por cualquier prueba de contrario y, en concreto, por una Sentencia firme anterior. Los hechos declarados probados en Sentencia firme deben prevalecer en todo caso, según es doctrina constitucional desde la STC 77/1983 (fundamento jurídico 3.): <la cosa juzgada despliega un efecto positivo, de manera que lo declarado por Sentencia firme constituye la verdad jurídica y un efecto negativo, que determina la imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre el tema>.
6. El Fiscal General del Estado, por escrito registrado el 10 de septiembre de 1991, insta de este Tribunal que declare que el precepto legal cuestionado no vulnera <ni el art. 24.1 ni el art. 118 C.E.>.
El precepto legal precitado trae origen en la base 8., apartado 4., de la Ley 7/1989, de 12 de abril, de Bases de Procedimiento Laboral, y determina lo siguiente: <En los procedimientos seguidos contra el Fondo de Garantía Salarial al amparo de la legislación laboral, las afirmaciones de hecho contenidas en el expediente y en las que se haya fundamentado la resolución del mismo harán fe, salvo prueba en contrario>.
3. Ahora bien, conviene determinar seguidamente cuál es el canon de constitucionalidad para el enjuiciamiento del precepto impugnado, pues el órgano judicial que promueve la cuestión ha estimado que lo que la misma plantea es si el art. 23.3 L.P.L. <resulta acorde o no con el principio de igualdad contenido en el art. 14 de nuestra Constitución>. Mientras que el Fiscal General del Estado entiende que el razonamiento expuesto en el Auto de remisión de la cuestión debe situarse en el ámbito del art. 24.1 de la Norma fundamental, que es donde corresponde ubicar la igualdad entre las partes en el proceso por su conexión con los principios de contradicción procesal e interdicción de indefensión.
Este encuadramiento del tema ha de ser compartido, pues como se ha declarado reiteradamente por este Tribunal, el art. 14 C.E. ampara la igualdad ante la ley y en aplicación de la ley pero no la igualdad de las partes en el proceso, que se integra en el ámbito del art. 24 C.E. (SSTC 1/1982, 114/1989 y 180/1991, entre otras). Y en el presente caso el propio Auto de planteamiento de la cuestión expresa que el art. 23.3 L.P.L. viene a introducir en el proceso <una presunción iuris tantum en favor de una de las partes>. Lo que claramente indica que nos encontramos no ante una eventual desigualdad en la ley, como ha estimado el órgano judicial a quo, sino ante una posible desigualdad en la posición de las partes en el proceso, derivada de la presunción que el citado precepto establece en favor del FOGASA. Por lo que ha de entenderse que la cuestión que se suscita por el Juzgado de lo Social promotor de la cuestión en relación con el art. 23.3 L.P.L. es la posible lesión del llamado principio de <igualdad de armas y medios> en el proceso, corolario de los principios de contradicción y bilateralidad (SSTC 4/1982 y 186/1990), principio que exige que las partes cuenten con medios parejos de ataque y defensa, ya que para evitar el desequilibrio entre las partes es necesario que <ambas dispongan de las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación> (STC 66/1988, fundamento jurídico 12). Más concretamente, en lo que aquí importa, que en la aportación de los hechos al proceso se evite una situación de privilegio o supremacía de una de las partes y se garantice <la igualdad efectiva de las posibilidades y cargas del actor y del demandado en la alegación y prueba de los hechos controvertidos para lograr la plenitud del resultado probatorio> (STC 227/1991, fundamento jurídico 5.).
A) En este contexto, debe destacarse, en primer lugar, que la resolución que el Fondo dicte viene precedida de la tramitación de un expediente administrativo de carácter contradictorio promovido a instancia de los interesados en el reconocimiento de las prestaciones. Así existe un plazo de instrucción tras la presentación de la solicitud por el trabajador en el cual el Fondo se dirige a la Tesorería Territorial de la Seguridad Social a fin de que por la misma se expida una certificación de inscripción de la empresa y de afiliación del trabajador, con expresión de las fechas de alta y baja, y de la base por las que se viene cotizando al Fondo; y, en el supuesto de existir discrepancias entre los datos certificados por la citada Tesorería y los contenidos en la solicitud o en los documentos que a ella se adjunten, la unidad administrativa periférica correspondiente del Fondo realizará las actuaciones conducentes a su clarificación, abriéndose un período de prueba (art. 27, apartados 1. y 2. del Reglamento de Organización y Funcionamiento del FOGASA). De otro lado, el apartado 5. del mismo artículo subraya que, de oficio o a instancia de parte, se efectuarán cuantos actos de instrucción se consideren necesarios para la comprobación de la procedencia de la prestación solicitada. Y, además, antes de que el Secretario General dicte una propuesta de resolución a la vista del expediente, podrá acordarse la apertura de un período extraordinario de prueba (art. 28.2 del citado Reglamento).
B) Ya dentro del proceso laboral, -que es lo que aquí interesa-, la presunción legal iuris tantum de certeza de las afirmaciones de hecho contenidas en el expediente y en las que se haya fundamentado la resolución del mismo, debe ser leída conjuntamente con el art. 33, apartado 2., del Estatuto de los Trabajadores en el cual se afirma que el FOGASA abonará indemnizaciones <reconocidas como consecuencia de Sentencia> o resolución administrativa a favor de los trabajadores. De manera que cuando el origen de la obligación de pago subsidiario del Fondo proceda del reconocimiento de las indemnizaciones en una Sentencia previa, las circunstancias de hecho que consten probadas en ella deben prevalecer a efectos probatorios en la posterior reclamación judicial contra el FOGASA frente a las que figuren en el expediente administrativo. Lo que se desprende de una interpretación sistemática de ambos preceptos legales encaminada a preservar el valor de cosa juzgada propio de las resoluciones judiciales, que se vería violentado de ser interpretado el precepto legal cuestionado en sentido contrario y poderse alterar en una resolución administrativa los extremos fácticos probados en una resolución judicial firme. Una interpretación que, por otra parte, es admitida por el propio Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado.
DICTADA en la CUESTIÓN 1516/1991 (Ref. BOE-A-1991-19094).
DECLARA la constitucionalidad del art. 23.3 de la la Ley de procedimiento laboral, texto articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril (Ref. BOE-A-1990-9943).

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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 Real Decreto