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Timestamp: 2020-02-29 04:11:02+00:00

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Las organizaciones de desocupados y el Movimiento Barrios de Pie | Estado, territorio y participación política
2 Las organizaciones de desocupados y el Movimiento Barrios de Pie
En este capítulo se analizará la emergencia de las organizaciones de desocupados como fenómeno sociopolítico, a partir de las transformaciones ocurridas en nuestro país con la consolidación del modelo de desarrollo neoliberal (García Delgado, 1994), y en el modelo de intervención estatal a partir del proceso de reforma del Estado durante la década de los ’90. Estos cambios, a su vez, no pueden ser analizados sin los cambios ocurridos en las formas de acción colectivas y el sistema político institucional durante este periodo. En este escenario se inscribió el surgimiento de nuevas demandas sociales, y por lo tanto, de un proceso de movilización y de protestas, de donde emergieron nuevos actores sociopolíticos, las organizaciones de desocupados, que intentaron representarlas y canalizarlas por fuera del sistema político-institucional tradicional. Esto supone que todo modelo de desarrollo implica una disputa entre los diferentes actores de una sociedad, por la apropiación y distribución de la riqueza socialmente producida, y que el Estado a través de las políticas estatales, interviene en la misma[1]. La respuesta estatal a las transformaciones ocurridas a nivel de la distribución de la riqueza, que en este periodo consistió, entre otras, en el despliegue de programas de “lucha contra la pobreza” (Vommaro, 2011), tuvo su impacto en los actores sociopolíticos, sus prácticas, la representación de sus intereses y, por lo tanto, en el sistema político institucional. En este marco general, en un primer momento presentaremos las transformaciones ocurridas a nivel del modelo de desarrollo y en el modelo de gestión y de intervención del Estado nacional en la Argentina durante las últimas décadas del siglo XX. Seguidamente, analizaremos las políticas estatales desplegadas por los diferentes gobiernos para atender las nuevas demandas y conflictos que emergieron de estos procesos, bajo el paraguas de “la lucha contra la pobreza”. Centraremos la mirada en los programas de asistencia al desempleo y de asistencia alimentaria por su masividad en términos de cobertura y su importancia estratégica en la consolidación de la relación entre el Estado y las organizaciones de desocupados, sin desconocer que existieron, y existen, otras iniciativas estatales que también se encuentran dirigidas a subsanar y redistribuir, a través de bienes públicos, las “inequidades” en la distribución de la riqueza socialmente producida (García Delgado, 2014). En un tercer momento, analizaremos las transformaciones ocurridas a nivel de las mediaciones entre el Estado y la sociedad a partir de la crisis de los partidos políticos mayoritarios, pero también de la centro-izquierda; la territorialización de las estructuras estatales y de la política partidaria, y los cambios ocurridos en el sindicalismo argentino post dictadura (1976-1983).
En este escenario presentaremos el mapa de organizaciones de desocupados que surgieron durante este periodo como producto de la transformación de las formas de mediación sindical y partidaria, y en ese marco presentaremos a nuestro fenómeno de estudio, el Movimiento Barrios de Pie (BDP). Se analizarán, desde una perspectiva sociopolítica y sobre la base de los hallazgos del trabajo de campo y del análisis de la producción académica al respecto (Biglieri, 2008; Cortés, 2010; Massetti, 2010 y 2011; Pérez y Natalucci, 2010; Natalucci, 2010, 2011 y 2012; Perelmiter, 2012 y 2010; Klachko, 2010; Schuttenberg, 2012 a y b; Rocca Rivarola, 2013), la trayectoria del movimiento desde su surgimiento en el año 2002, sus antecedentes y su vinculación con la corriente nacional Patria Libre, sus formas de organización y construcción social y sus estrategias político-electorales durante el periodo analizado.
Dejaremos afuera de este capítulo su participación en la “transversalidad” kirchnerista y su desempeño electoral durante el periodo analizado, así como el análisis de su participación en los diferentes programas estatales mencionados, ya que serán objetos específicos de los capítulos siguientes.
2. Las reformas estructurales y la reforma del Estado durante el modelo neoliberal (1976-2002)
La orientación neoliberal en materia económica implementada a partir del proceso de ajuste estructural en la Argentina con la dictadura militar (1976-1983) primero y luego con los gobiernos menemistas (1989-1999), se expresó en la desregulación económica, la apertura financiera y comercial, y en las privatizaciones de las grandes empresas del Estado, y tuvo como una de sus consecuencias más importantes, profundas transformaciones en los modos de integración y regulación social (Soldano y Andrenacci, 2006). La concentración y extranjerización de la economía, la desindustrialización de la producción, la flexibilización y precarización de las condiciones de empleo, impactaron directamente en las condiciones de vida y de reproducción de amplios sectores de la sociedad argentina, aumentando los niveles de desigualdad en la misma. Los índices de desocupación comenzaron a elevarse sustancialmente a partir de la década del ’90, así como los niveles de pobreza y de concentración de la riqueza. Desde el lanzamiento del Plan de Convertibilidad en 1991 la tasa de desempleo subió de un 5% de la Población Económicamente Activa en 1974 al 18% en 2001, según datos del INDEC. La pobreza acompañó este crecimiento, pasando del 5% de la población en 1974 al 27 % al final del periodo 2000. La población indigente creció hasta alcanzar el 7% en el 2000, según datos oficiales.
Según Notcheff y Guell (2003), el retroceso distributivo en la Argentina se aprecia comparando la distribución de la riqueza en 1974, 1991 y 2002. En 1974, año el 10% más rico recibía 5,4 veces el del 10% más pobre; en 1991 15,12 veces, y en 2002, 30 veces. A su vez, en este periodo según datos oficiales la tasa de desempleo creció del 8,6% al 18,4% en el mismo periodo, bajando al 16,4% en 2001. La subocupación, por su parte, registró un crecimiento sostenido pasando del 9,3% en 1990 al 14,9% en 2001 (MTySS 2003). En este marco, podemos afirmar siguiendo a Feijoó (2001) que, como resultado de los procesos socioeconómicos de mediano y largo plazo, se configuró en la Argentina una nueva estructura social excluyente que implicó una ruptura de la homogeneidad del mundo popular y un aumento creciente de las desigualdades en su interior.
2.1 Las transformaciones en el mundo del trabajo y en el sistema de protección
Este modelo de modernización excluyente (Lo Vuolo-Barbeito, 1992), se caracterizó por disociar el crecimiento económico del bienestar del conjunto de la sociedad. Las reformas estructurales de la economía y del Estado implicaron el desmantelamiento del modelo salarial fordista, y por lo tanto de las formas de acceso de un sector de la población a los derechos sociales y la protección estatal. Nun (1999), a partir de su concepto de masa marginal, señaló las transformaciones ocurridas en el mundo del trabajo, las nuevas características que adquiere el mismo, y los cambios ocurridos en su rol de “integrador” o proporcionador de “status”, iluminando la desigualdad socialmente construida hacia adentro del mundo del trabajo, su dinámica y consecuencias en la sociedad. En este marco, podemos decir que la precarización del empleo fue producto de las nuevas condiciones impuestas por las leyes de flexibilización laboral, que modificaron la intensidad, calidad y condiciones de trabajo de una gran mayoría de la población. En este sentido,
La situación laboral presenta un creciente grado de diversidad y discontinuidad, reemplazando el paradigma del empleo homogéneo y estable, por el crecimiento continuo de empleos precarios, la destrucción de los empleos protegidos y la creciente incorporación de los trabajadores asalariados a situaciones de desocupación, sub-ocupación e informalidad. Pero, además de oponer –como tradicionalmente– grupos a partir de jerarquías de ingresos y ocupaciones, ahora se constatan, también, altos niveles de diferenciación cualitativa al interior de los distintos colectivos generando nuevas desigualdades derivadas de las particulares condiciones del mundo socio-productivo y que han afectado las trayectorias laborales, transformando la composición de las categorías sociales que hasta entonces se presumían de uniformes (Rosanvallon, 1995: 74).
A su vez, durante este periodo y producto de los procesos antes señalados, Argentina dejo de tener un sistema de seguridad social contributivo, basado en el empleo como forma de acceso a la protección social, para construir un esquema de protección social centrado en programas focalizados, compensatorios y asistenciales. Los cambios más significativos ocurridos a nivel del modelo de política social fueron durante este periodo, la transformación en los modos de regulación pública del mercado de trabajo (flexibilización laboral), el surgimiento de estrategias alternativas para gestionar el desenganche entre el empleo formal y los mecanismos de protección social (programas focalizados y compensatorios, la tercerización a partir de la participación de la sociedad civil en la gestión de la cuestión social), la privatización parcial o total y la des universalización de los esquemas públicos (desregulación de las obras sociales, AFJP, descentralización del sistema público de educación y de salud pública). Si pensamos, en términos de Cortes y Marshall (1991), a la política social como los instrumentos estatales de regulación de la fuerza de trabajo, las condiciones de vida y el conflicto social, la política social asistencial y compensatoria refirió a la necesidad de contener y garantizar la integración a la sociedad de aquellos individuos que, por incapacidad de incorporarse al mercado de trabajo, por falta de capacitación y/o adecuación de la mano de obra a las necesidades del sector privado, son los “perdedores” transitorios del modelo. En un contexto donde el mercado de trabajo se flexibilizaba, se transformaba, se achicaba debido a los cambios ocurridos en el modelo de desarrollo, “integrarse” a la sociedad a través de un empleo formal era cada vez más difícil. El modo de integración social dejo de ser el empleo formal, expulsando a cada vez más franjas de población fuera del sistema de seguridad social. De esta manera, producto de las transformaciones en los modos de integración social, es decir de la pérdida relativa del empleo formal como el elemento integrador y la puerta de acceso a la protección social, las demandas de la sociedad corrieron su foco de la relación capital-trabajo y las condiciones y derechos de los trabajadores, a las cuestiones de la pobreza, la desocupación y la pauperización de las condiciones de vida de una parte importante de la población de nuestro país.
2.2 Las transformaciones en el estilo de gestión de las políticas estatales
Estos cambios ocurridos a nivel socioeconómico y en las formas de acceso a la protección social, tuvieron su impacto en las formas de intervención del Estado para atender esta nueva cuestión social que emergía (Rosanvallon, 1995). El modelo gerencial como estilo de gestión (García Delgado, 2006) fue promovido desde las usinas de pensamiento de los Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) quienes, a partir de la década de los ’80, cumplieron un rol estratégico como prestamistas para financiar los procesos de ajuste estructural en los países de la región, entre ellos Argentina. Dicho financiamiento, restringido en los mercados financieros internacionales luego de la crisis de la deuda de fines de la década[2], fueron acompañados por una agenda de reformas y ajuste estructural que incorporaba una serie de “recomendaciones” para enfrentar la crisis económica de los países subdesarrollados.
La crisis de legitimidad y de gobernabilidad que acompañó a la crisis hiperinflacionaria de 1989, y al final del gobierno de Alfonsín (1983-1989), posibilitaron instalar socialmente la idea de la “necesidad” de reformar al sector público. En este marco el Banco Mundial (BM) propuso orientar las acciones de reforma estructural de las sociedades latinoamericanas en tres líneas estratégicas: favorecer el desarrollo económico, fortalecer la capacidad institucional del gobierno en sus diferentes niveles, y la disminución de las desigualdades sociales. En su informe de 1996, el BM dio cuenta de la necesidad de prestar especial atención a este último punto, ya que era necesario garantizar la viabilidad política y social de las reformas estructurales en la economía. Ya para esa fecha, en nuestro país, los “perdedores” transitorios del modelo de ajuste estructural comenzaban a ser una preocupación para el gobierno menemista (1989-1999). El diagnóstico sobre el cual el BM, y el gobierno argentino, propusieron el desarrollo de programas sociales asistenciales, fue la rigidez del sistema de protección social. A esta rigidez, expresada en la poca capacidad de realizar cambios en el corto plazo, se le sumaban aspectos negativos como el excesivo costo administrativo, y la fragmentación y súper posición de programas. Sobre una mirada de la cuestión social escindida de la cuestión económica, se asentaba la idea de que la desocupación y la pobreza eran situaciones “transitorias” en el proceso de re estructuración económica (consecuencias no deseadas) que era necesario abordar con políticas focalizadas y compensatorias. La política social, y sus programas sociales asistenciales, debían entonces reducir los efectos no deseados y los impactos negativos de las reformas estructurales. Este diagnóstico incluía el supuesto según el cual el Estado debía jugar un rol complementario con el sector privado, no de intervención directa (salvo en los casos de ausencia del mismo) sino de regulación y complementariedad. Dicha complementariedad implicaba, justamente, hacerse cargo de los efectos e impactos negativos producidos por el proceso de ajuste. La política social era necesaria, pero no para garantizar un piso igualitario de derechos y protecciones, sino para “compensar” y contener a los perdedores del modelo.
En este marco de proceso de reforma del Estado, un primer elemento significativo fue la sanción en 1991 de la Ley de Empleo Nº 24.013/91. Dicha ley fue sancionada en noviembre de ese año y otorgó atribuciones al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTySS) para desarrollar políticas destinadas al fomento del empleo y de la capacitación laboral a nivel nacional. A través de la misma, se instituyó por primera vez en nuestro país un seguro de desempleo para trabajadores despedidos del sector formal con 12 meses de antigüedad y a trabajadores eventuales contratados por empresas habilitadas que hayan cotizado al Fondo Nacional de Empleo, al menos 90 días en el último año laboral. Para esto se conformó el sistema integral de prestaciones por desempleo, y se creó el Fondo Nacional de Empleo con aportes del 1, 5% de las contribuciones patronales correspondientes a las asignaciones familiares. Paralelamente, se facultó al MTySS para desarrollar lo que en la letra de la ley se definió como “políticas activas de fomento del empleo y la capacitación”[3], pero que funcionaron más bien como una serie de políticas de asistencia al desempleo que incorporaban algún tipo de ocupación a través de la figura de la contraprestación, como parte del mismo a cambio de una ayuda económica no remunerativa. En el marco de dicha ley, en el año 1994 y por resolución Nº 54 del MTySS se crearon las “gerencias regionales de promoción del empleo” en las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca, con la misión de desarrollar dichos programa. Las “gerencias” se implementaron transformando las tradicionales delegaciones del MTySS en unidades de gestión de las políticas de empleo y de los programas sociales financiados por fondos públicos. Sus funciones eran la difusión, evaluación y administración de la ejecución de los programas de empleo transitorio y de empleo privado de la secretaría de Empleo y Capacitación laboral del MTySS, la administración de la documentación correspondiente a los beneficiarios de dichos programas ante el ANSES, y a la Dirección Nacional de Empleo y Capacitación laboral, la promoción y asesoramiento de las modalidades promovidas de contratación previstas en la Ley de Empleo. Durante todo el año 1994 se fueron completando la constitución de las gerencias de empleo en las provincias restantes. Paralelamente a los esfuerzos por “re-entrenar la mano de obra” y contener los desocupados que no ingresaban en el seguro por desempleo, se desplegaron una serie de “políticas de promoción del empleo”. En el año 1992 se instituyó por primera vez un programa de este tipo: el Programa Intensivo de Trabajo (PIT)[4], dirigido a ocupar desempleados sin calificación, en obras o servicios públicos que permitieran un uso intensivo de mano de obra.
Estos programas de promoción del empleo fueron las primeras expresiones de la asistencialización de la protección social que se operó a partir de las reformas estructurales neoliberales impulsadas por los organismos internacionales de créditos. Este proceso se cristalizó en los programas de lucha contra la pobreza, cuya finalidad era el “socorro” a aquellos sectores de la población que desarrollaban su vida en condiciones de carencia de recursos e ingresos básicos para satisfacer sus necesidades básicas[5].
3. Los programas de “lucha contra la pobreza”: una nueva forma de acceso a las políticas sociales
Como señalamos anteriormente, la respuesta estatal al aumento de la pobreza, el desempleo y a la pauperización de las condiciones de vida, fueron una batería de programas de asistencia focalizados, que buscaron “contener”, o “compensar” a los sectores populares y a los “nuevos pobres”, principales “perdedores” en la distribución de la riqueza socialmente producida durante el modelo neoliberal. Estos programas denominados de “lucha contra la pobreza” han sido analizados por Duhau (1997), Isuani (1989), Lo Vuolo y Dávila (1999), Repetto (2000; 2004), Grassi (2003), Dinatale (2004), Danani (2005), Vommaro (2011), Arcidiácono (2012), entre otros. En líneas generales, la caracterización sobre estos programas es similar entre los diferentes autores, señalando principalmente la cuestión de la focalización[6], el financiamiento externo y la descentralización[7], que buscaban la eficacia, eficiencia y la economía en la asignación y utilización de recursos públicos. La importancia creciente de la “participación” en la gestión de estas políticas formó parte de los procesos de des-universalización (Focalización) y diversificación de las intervenciones sociales del Estado durante el periodo neoliberal (Rofmam, 2007)[8]. Subyacía a esta forma de conceptualizar la “participación”, un discurso crítico al Estado social por burocrático e ineficiente; a la intervención estatal en la esfera de lo económico y social, y subsumido a la discusión sobre la eficiencia y eficacia de las políticas sociales universales de otrora, y a la demanda de transparencia en la aplicación y distribución de recursos. El modelo gerencial en el cual se inscribe esta concepción utilitarista e instrumental de la participación, asumió a la sociedad como el espacio natural para la resolución de la cuestión social. De esta forma, las organizaciones sociopolíticas se convirtieron en actores claves, que aportaban el “capital social” necesario, según el Informe de BM en 1998, para la implementación, eficaz, eficiente y transparentes, de los programas sociales. Es decir, frente al discurso de descrédito del Estado como espacio de resolución de las demandas sociales, las organizaciones sociopolíticas se instalaron como las instituciones capaces de dar respuestas eficientes, eficaces y transparentes a los problemas más sentidos por sus comunidades. Su “participación” en la ejecución de las políticas sociales garantizaba estas tres características a la vez que, su presencia, permitía articular y canalizar las demandas sociales gracias a su capacidad de inserción territorial y comunitaria, su cercanía con los beneficiarios, y su articulación en redes que potenciaba y maximizaba el uso de los recursos utilizados.
3.1. Los programas de asistencia al desempleo
Los programas de lucha contra la pobreza se instalaron como forma de acceso, no ya a una protección social entendida en términos clásicos del modelo de bienestar, sino a la “asistencia” del Estado. A los efectos de nuestro trabajo, nos interesan particularmente los programas de asistencia alimentaria y de asistencia al desempleo, porque como ya señalamos fueron donde las organizaciones de desocupados comenzaron su recorrido de participación en el Estado nacional[9]. Estos programas asistenciales, descentralizados y focalizados, eran financiados por el Estado nacional pero implementados a nivel local por los municipios y gobernaciones provinciales que los utilizaban para contener, en parte, los conflictos que emergieron durante este proceso de desestructuración económica y social[10]. Como señala Lodola (2005) “inmediatamente después de las violentas protestas populares que estallaron en el interior del país, el gobierno crea el Plan Trabajar” (Lodola, 2005: 10), primer programa masivo de asistencia al desempleo.
El Programa Trabajar (PT) comenzó a implementarse en marzo de 1996 en reemplazo del Programa Intensivo de Trabajo, que tuvo, en términos presupuestarios y de impacto, poca trascendencia como programa de empleo. El principal del PT objetivo era brindar ocupación transitoria a trabajadores/ras desocupados/as que no percibiesen prestación por desempleo ni participasen de ningún otro programa de empleo o capacitación laboral. La última de sus versiones (el Programa Trabajar III) fue instaurado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante las resoluciones 327/98 (MTSS) y 397/98 (SEyCL) como parte de un conjunto de políticas activas de empleo. Si bien en un primer momento el programa se gestionó con fondos propios del gobierno nacional, la expansión en términos de cobertura se produjo a través de la incorporación de financiamiento del Banco Mundial al que ya provenía del Fondo Nacional de Empleo. El objetivo general del Programa era
brindar ocupación transitoria a trabajadores/as desocupados/as en condiciones de pobreza o situaciones de vulnerabilidad social a fin de reducir el impacto de la caída del nivel de ingreso de sus hogares, mejorar su empleabilidad y atender situaciones de emergencia ocupacional provocadas por desajustes en los mercados de trabajo (Chiara y Di Virgilio, 2005: 99).
El instrumento principal para la creación de estos puestos de trabajo eran proyectos de obras de infraestructura comunitaria y social, que debían estar vinculadas a las necesidades y demandas locales y cuyo tiempo máximo de duración no debía superar los seis meses. Cada trabajador/dora desocupado/a recibía como beneficio directo una ayuda económica no remunerativa y mensual, que oscilaba entre los $150 y $200 pesos, según la tarea que desempeñaba en el proyecto que participaba. El funcionamiento del Programa estaba determinado a partir de la aprobación de los proyectos que presentaban a las instancias administrativas los organismos de gobierno y/o organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. El tipo de proyectos que el programa financiaba, se encontraban claramente delimitados por un esquema de tipologías, mediante las cuales se organizaba el pedido de financiamiento. El esquema rígido del formulario, obligaba a los solicitantes a encuadrarse dentro de las opciones que el mismo determinaba. El menú de proyectos financiables incluía construcciones menores, reparación, remodelación o expansión de establecimientos educativos y sanitarios, obras de saneamiento o infraestructura básica y centros o comedores comunitarios (Chiara y Di Virgilio, 2005).
3.2. Antecedentes de la asistencia alimentaria
Paralelamente, la distribución de cajas de alimentos entre la población considerada vulnerable o pobre, se instala en nuestro país a partir de la década de los ’80, puntualmente desde la implantación del Plan Alimentario Nacional (PAN) en el gobierno alfonsinista. Hacia fines de la década de los ’80, los programas alimentarios en vigencia representaban el 10,98% de los ingresos de los hogares (Lava, 2014). Con la crisis económica de 1989 las ollas populares y los comedores comunitarios se multiplicaron (Vinocur, Halperin, 2004). Según Repetto (2001) a partir de esta década se puede hablar de dos modalidades de asistencia alimentaria, las cajas de alimentos y los comedores comunitarios. Durante la década de los ’90 se suceden una serie de programas alimentarios de diferentes características
Sin producirse ninguna transformación sustantiva y reproduciendo los problemas que instauraron, tanto desde el punto de vista del diseño como de la implementación, con dificultades que van desde la deficiencia para cubrir problemas nutricionales hasta el clientelismo político (Arcidiácono, 2012:64).
En un escenario donde las condiciones de vida de los sectores populares se deterioraban y la problemática del “hambre” comenzaba a ser un tema de agenda social y política, los programas alimentarios se constituyeron en una herramienta fundamental de contención de la cuestión social. Las “cajas PAN” y los “agentes PAN” fueron los precursores de una modalidad de intervención estatal, masiva y focalizada, de atención a la cuestión de la pobreza. A su vez, es el primer antecedente de territorialización de la asistencia social ya que su forma de implementación a través de estructuras estatales locales, muchas veces estrechamente vinculadas a las estructuras partidarias, fue replicada por otros programas de “combate de la pobreza”.
Otro caso paradigmático de este tipo de programas durante la década de los ’90 fue el Plan Vida implementado en la Provincia de Buenos Aires. Este presentó como elemento central la puesta en práctica en los barrios “a través del funcionamiento de la red solidaria más importante de Latinoamérica, conformada por las 688.100 familias beneficiaria y las 38 mil manzaneras, comadres y trabajadoras vecinales que durante los últimos diez años han sido el nexo con la gente”. De esta forma, la dimensión organizacional y comunitaria del programa fue la característica distintiva como programa de asistencia alimentaria. El trabajo en red se basó en la convocatoria de un conjunto de actores sociales. Se planteó la conformación de espacios de articulación donde se fue definiendo los roles de cada uno de los integrantes. Cada trabajadora Vecinal (Manzanera) estaba a cargo de la distribución diaria de los módulos alimentarios correspondiente a cada grupo familiar, de llevar adelante el registro de la información sobre la situación nutricional, la asistencia a los controles y a las capacitaciones. La comadres se encargaban de los censo de embarazadas de su territorio y de realizar un seguimiento sobre las mismas, articulando con los centros de salud y las manzaneras. Las 37.000 trabajadoras vecinales, que en forma solidaria distribuyeron alimentos diariamente durante 9 años en los 2500 barrios con mayor pobreza de la provincia de Buenos Aires, conformaban una red consolidada de organización por donde se canalizaron los recursos del plan y desde donde se construyó la relación entre el Estado y los beneficiarios. En este sentido, las manzaneras y comadres, se institucionalizaron como un actor fundamental en el desarrollo de las políticas sociales de la provincia. Según informa el Ministro de Desarrollo Humano de la Provincia en 2002, Mariano West, en una entrevista del Diario Clarín con fecha del 26 de septiembre, “… en 1999, el plan había llevado ayuda social a un poco más de un millón de personas”[11]. A partir del año 2002, el gobierno de la provincia decide re-lanzar el plan, con un nuevo nombre: El Plan Más Vida. Este retoma como elemento central la puesta en práctica en los barrios “a través del funcionamiento de la red solidaria más importante de Latinoamérica, conformada por las 688.100 familias beneficiaria y las 38 mil manzaneras, co-madres y trabajadoras vecinales que durante los últimos diez años han sido el nexo con la gente.”[12] De esta forma, la dimensión organizacional y comunitaria del programa siguió siendo la característica distintiva como programa de asistencia alimentaria. El plan vida y las manzaneras como actores de la política estatal fue analizado por diferentes investigadores, desde diversas perspectivas teóricas y con distintos interrogantes (Dallorso, 2013; Ilari, 2006; Zaremberg, 2004; Grassi, 2003; Auyero, 2001).
En una línea similar al PT, y dentro del paradigma de los programas de lucha contra la pobreza con financiamiento externo, se crea el Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR) en el año 1997, con la idea de constituir un instrumento ágil y transparente en el manejo de los fondos para proyectos originados por demanda de comunidades vulnerables. El programa, vigente hasta el 2015, se encontraba destinado en su mayor parte a comedores comunitarios, y perseguía el objetivo de afianzar este mecanismo transparente de financiamiento de iniciativas comunitarias, promoviendo la participación, organización y protagonismo de las mismas comunidades en la resolución de sus necesidades. El programa pone especial énfasis en la participación comunitaria a lo largo de todo el ciclo de un proyecto, entendida como un proceso de “empoderamiento” de las comunidades, la cual es facilitada mediante la participación directa de los beneficiarios, que abarca la autogestión y el control directo de los fondos. La aplicación del programa dependía de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, y la fuente de financiamiento era el Banco Mundial.
3.3. La masividad de la asistencia estatal
La crisis de legitimidad del modelo neoliberal, junto con la situación de crisis socioeconómica, encontró su punto de máxima expresión con los eventos del 19 y 20 de diciembre de 2001. La situación de conflicto social, expresada en las movilizaciones de amplios sectores sociales, (cacerolazos, piquetes y saqueos mediante), sumado a la fuerte oposición política del peronismo, que conservaba una importante presencia en la Provincia de Buenos Aires y en el interior del país, así como la oposición de sectores internos del gobierno de la Alianza, obligaron al entonces Presidente, Fernando De la Rúa, a renunciar, dejando al país en una situación de acefalía. Luego de la asunción y renuncia de varios presidentes interinos, en el breve lapso de una semana, comenzó un proceso de estabilización del conflicto. Con la llegada a la presidencia (interina) de Eduardo Duhalde en enero de 2002, se logró un nuevo equilibrio de poder, construido a partir de la articulación del gobierno con los grupos productivos, tanto locales como extranjeros, vinculados a la producción y exportación; y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya venía impulsando la flotación cambiaria de la moneda nacional como forma de reorientar la economía y garantizar el pago de la deuda externa (Di Leo, 2006). La devaluación reorientó la política económica, alterando los patrones de acumulación, producción y distribución del excedente económico, generando un nuevo proceso de concentración de la riqueza, que superó al de la década anterior. Este proceso originó un aumento exponencial de los índices de pobreza y desocupación de la sociedad argentina a partir de enero de 2002[13].
A principios de ese año, y como respuesta a la situación de crisis política, social y económica que vivía el país, el gobierno interino de Eduardo Duhalde con el financiamiento del Banco Mundial implementó el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (Decreto 565/02), que se constituyó en un “mega plan”, llegando a tener, a dos meses de su lanzamiento, casi 2 millones de beneficiarios y un presupuesto de casi 3.500 millones de pesos (Di Natale, 2004). El PJJHD puso en el centro de la escena y del debate, a la idea de derecho social asociado al trabajo, es decir ser Jefa o Jefe de hogar Desocupado, y la necesidad “urgente” de integración a partir del Estado como garante de un ingreso mínimo por familia. A partir de la “necesidad de universalizar urgentemente el plan jefes y jefas de hogar”, se buscó articular una “inédita transferencia de recursos hacia los sectores sociales que menos tienen” (Decreto 565/02, considerandos). En esta línea, el PJJHD incorporó la posibilidad de realizar la contraprestación laboral de 4 horas diarias, en proyectos comunitarios, impulsados principalmente por las organizaciones sociales, o bien, completando los estudios primario y secundarios. Estos dos elementos, la formación y el trabajo comunitario, introdujeron un elemento importante ya que permitieron a los diferentes actores de la sociedad civil, no sólo controlar, sino también implementar y resignificar, las tareas desarrolladas en la contraprestación. El decreto 565/02 establecía la creación de la Mesa de Diálogo Argentina como espacio social de articulación. En este espacio participaron sectores empresariales vinculados a la producción y a la exportación, la Iglesia Argentina y sus representantes, Caritas, las dos CGT, la Central de Trabajadores Argentina (CTA) y algunos de los nuevos movimientos sociales, representados por las organizaciones de desocupados Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
Entre las tareas que se realizaban como contraprestación figuraban comedores comunitarios, roperos, bibliotecas populares, comités, unidades básicas, huertas, trabajos de infraestructura básica en asentamientos, villas de emergencia y barrios humildes, tareas de mantenimiento en organismos públicos como salitas de salud, escuela, centros culturales, tareas sociales en escuelas e instituciones educativas, etc. Así mismo se realizaron proyectos productivos, generalmente vinculados a micro emprendimientos de subsistencia, y actividades de capacitación y formación para el trabajo. La implementación de programas de empleo transitorios se generalizó a partir de la implementación del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, pasando de 91.806 beneficiarios en todo el país en el año 2001, correspondiente a los Programas de empleo anteriores, hasta alcanzar a 2.128.408 beneficiarios a principios del año 2003. Si bien, desde la mitad de la década del noventa, ya habían aparecido diferentes herramientas de asistencia social al empleo, como señalamos en el apartado anterior, la población cubierta por estos programas era significativamente menor. En este sentido, según un Informe sobre Fortalecimiento de consejos consultivos por el Grupo Sophia, para febrero del 2003, el gobierno había informado que existían 106.128 proyectos comunitarios en funcionamiento con alrededor de 1.936.166 beneficiarios y 4.874 proyectos productivos con 62.612 beneficiarios. En mayo del 2002, el gobierno cierra la inscripción al PPJHD y crea el Programa de Empleo Comunitario (PEC). El PEC se creó en por Resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Nº7, con fecha del 3 de enero de 2003, y tuvo por objeto brindar ocupación transitoria a trabajadores desocupados a través de su inclusión en actividades que mejoren la calidad de vida de su comunidad y/o que los vinculen con las prestaciones de empleo y formación profesional ofrecidas por las Oficinas de Empleo de la Red de Servicios de Empleo y/o por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su localidad.
Paralelamente, el gobierno de Duhalde decreta el estado de emergencia alimentaria, y crea el Programa de emergencia Alimentaria en el ámbito del Ministerio de Desarrollo social de la nación. Este programa tuvo como prioridad la compra de alimentos para atender las necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad social. Estos se enmarcaron en los programas conocidos como “de reparto de cajas y de mercadería para los comedores”, que se implementaban a través de la transferencia de recursos financieros desde el nivel central hacia las provincias según el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas y los niveles de coparticipación fiscal de cada una. La provincia debía destinar esos recursos exclusivamente a la distribución de módulos alimentarios o vales de comida. Estos recursos obviamente fueron canalizados a través de las estructurales estatales territoriales, y una parte promovió el fortalecimiento de las organizaciones de desocupados, ya sea a través de la distribución de cajas como de la consolidación de los comedores comunitarios. A través de la Ley 25.274 del año 2003, y como producto de la campaña “el hambre más urgente” impulsada por una serie de organizaciones de la sociedad civil, se estableció la unificación y coordinación de todos los programas alimentarios con financiamiento nacional vigentes en el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria que tomó el nombre de la campaña (Arcidiácono, 2012)[14]. Los objetivos del PSA eran
Brindar asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad social, facilitar la autoproducción de alimentos en las familias y en las redes prestacionales, impulsar la integración de recursos nacionales, provinciales y municipales y facilitar la participación del tercer sector; realizar acciones integrales en materia de educación alimentaria, y desarrollar acciones específicas dirigidas a grupos focalizados de riesgo
En el 2003, Alicia Kirchner asume el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la mano y dando cuenta de, una decisión política del gobierno de darle prioridad a las problemáticas sociales más acuciantes como los altos niveles de pobreza, exclusión y desigualdad social. Para el año 2002, el Ministerio contaba con un total de 56 programas sociales con su propia administración, y un presupuesto anual de 1.518.980.058 millones de pesos, una ejecución del mismo del orden del 86,7% y un gasto operativo del 3, 6%. La mayoría de estos programas, por no decir todos, respondía a modelo de gestión de las políticas sociales asistenciales, compensatorias y focalizadas, clásicos del paradigma neoliberal de políticas sociales. En base a la caracterización de este escenario como de dispersión de recursos y de duplicación de estructuras, la gestión Kirchnerista impulsó la unificación y articulación de recursos, circuitos administrativos y gestiones compartidas. A su vez, estas transformaciones fueron acompañadas con un fuerte aumento del presupuesto del área, que ascendió en el año 2004 a un total de 2.433.282.385, de las cuales un 2,1 % de gastos operativos y una ejecución del 95,9% del mismo, significando un 77% de aumento con respecto al presupuesto de la jurisdicción en 2002. De esta forma, se intentó abandonar progresivamente la lógica de programas compartimentados, para integrar las diferentes iniciativas en tres grandes líneas de acción, que se constituyeron en un conjunto de herramientas, mecanismos y prestaciones, dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población. Estas líneas de acción se organizaron en tres grandes planes, entre los cuales se destacaba el PSA.
En el año 2006, y teniendo en cuenta la evolución positiva de los indicadores de desocupación, pobreza e indigencia[15], el gobierno de Néstor Kirchner anuncia una reestructuración en el esquema de los programas de empleo transitorio, con el objetivo de disminuir la cantidad de PJJHD que se distribuían. De esta forma, los beneficiarios de este programa debían optar, de ahora en más, entre incorporarse al Seguro de Empleo y Capacitación del MTYSS o al Programas Familias del MDS[16]. Así, según datos del MTYSS, la cantidad de beneficiarios del PJJHD pasó de 2.057.210 para el año 2003, a 1.107.649 para el año 2007, llegando a 500.354 en el año 2009. Con respecto a los programas alimentarios, en el año 2006 se declaraban 2.599 comedores comunitarios y 11.098 comedores escolares beneficiados a través del Plan nacional de Seguridad Alimentaria, alcanzando a 2.330.631 personas. Según datos del MDS, para el 2006 908.383 familias recibían módulos alimentarios por parte del PSA, los cuales se componían de 37.731.130 kilos de alimentos.
Para el año 2009, y como respuesta a la crisis económica internacional[17] que comienza a impactar en nuestro país tensionando el modelo de desarrollo kirchnerista basado en el consumo y el mercado interno como impulsores del crecimiento; y como respuesta a la crisis política que se conoció como la protesta del “campo” y la “crisis de la 125”, la cual impactó negativamente en el resultado de las elecciones legislativas de medio término de la Presidencia de Cristina Fernández[18], el gobierno nacional decide implementar dos políticas estatales que van a transformar nuevamente el escenario de las políticas sociales. Nos referimos a la Asignación universal por hijo[19] y el Programa de Ingreso social con Trabajo[20]. A los efectos de este libro, nos interesa señalar que estas iniciativas cierran un ciclo dentro de los programas de asistencia social, donde los actores sociales, otrora protagonistas de los procesos de implantación, son desplazados del centro de la escena, a favor de los municipios o del propio beneficiario. Si bien en este trabajo no abordaremos en profundidad los cambios acontecidos en las dinámicas de acción colectiva a partir de su implementación, si podemos señalar que las organizaciones de desocupados se encontraron en este punto con un desafío en términos de su relación con el Estado nacional y con su base social.
De esta forma, las respuestas estatales a las transformaciones ocurridas a nivel del modelo de desarrollo, condicionadas por la reforma del Estado y el modelo gerencial de políticas estatales, impactaron en las disputas por apropiación de la riqueza socialmente producida. En el próximo apartado analizaremos los cambios ocurridos a nivel de la acción colectiva y las mediaciones sociales que vehiculizaron la puja distributiva por fuera del sistema político-institucional durante el proceso de surgimiento de las organizaciones de desocupados en la Argentina neoliberal.
4. La acción colectiva y las mediaciones sociales durante el neoliberalismo
Las transformaciones ocurridas a nivel de la estructura social, económica y estatal dieron lugar a una cantidad considerable de estudios sobre los cambios ocurridos a nivel de la acción colectiva y las mediaciones entre el Estado y la sociedad. Como analizamos en el capítulo I desde diferentes disciplinas y perspectivas teóricas, se estudió el proceso de desestructuración del mundo del trabajo y por lo tanto de los anclajes sociopolíticos de los individuos, como una clave explicativa de estas transformaciones. Este pasaje se podría sintetizar en el proceso de territorialización política de los sectores populares. Según Varela (2010) en las ciencias sociales existe una visión compartida entre la mayoría de los investigadores sobre esta noción. La idea de “desafiliación” de los sectores populares, basados en los aportes de Castel (1995) y aplicados para el proceso argentino (Feijoo, 2001; Svampa, 2005; Merklen, 2005), y las modificaciones en el Estado, el peronismo y el contexto barrial, componen los principales elementos analíticos utilizados para explicar la tesis de la territorialización de la política durante el periodo neoliberal. A su vez, como señala Maneiro (2006), las producciones académicas sobre las transformaciones en los sectores populares y su relación con la política, tendrían un primer momento donde la mirada sería negativa con respecto a este proceso de “desafiliación”. Y otro momento, luego de los acontecimientos de 2001, donde desde diferentes perspectivas se rescata la productividad política de los sectores populares, su capacidad de organización y de incidencia.
A los efectos de nuestro trabajo recuperamos algunos aspectos de estas perspectivas que consideramos, nos permiten comprender mejor no sólo el surgimiento de las organizaciones de desocupados, sino sus tácticas y estrategias, sus relaciones con el Estado, los partidos políticos y los sindicatos. Las formas de acción colectiva a partir de la década del ’70, sufrieron fuertes modificaciones de la mano de las transformaciones en el régimen político, favoreciendo el surgimiento de nuevos actores sociopolíticos (Calderón y Jelin, 1987). Las décadas del ’80 y del ’90, en el marco del proceso de transición y consolidación de la democracia argentina, representa para nuestro país una década de quiebre en cuanto a las formas de representación de los sectores populares en un marco de crisis económica y social, y de grandes transformaciones en las formas de representación y de participación política del sistema partidario y de los estilos de gobierno (García Delgado, 1994). El proceso de transición y consolidación de la democracia (O’Donnell y Schmitter, 1986) fue acompañado por el proceso de reestructuración económica y social analizado en el apartado anterior, cuestiones que promovieron el surgimiento de nuevas demandas sociales vinculadas al mundo de la vida privada y a la subjetividad de los individuos. Este nuevo escenario, de democracia política con ajuste económico, dio lugar a la aparición de formas de acción colectivas que intentaron expresar y organizar estas demandas, las cuales no lograban ser canalizadas por los movimientos políticos clásicos hasta ese momento (movimientos nacional-populares, movimientos revolucionarios, movimientos restauradores o conservadores), ni por las mediaciones sindicales[21]. Del análisis de estas transformaciones nos vamos a ocupar en esta apartado.
4.1 La crisis de las medicaciones clásicas y la territorialización de la política
El proceso de emergencia de las organizaciones de desocupados estuvo acompañado, como ya señalamos, por la pérdida de poder relativo de las representaciones sindicales en el sistema político institucional (Etchemendy, 2004; Etchemendy y Collier, 2008; Duhalde, 2012; Scolnik, 2014; Trajtemberg y Battistini, 2015) y la crisis de los partidos políticos (Masetti, 2010; Leiras, 2012; Sidicaro, 2013; López, 2014), los cuales influyeron en las formas de acción colectiva, y de construcción y canalización de las demandas sociales frente al Estado. La fuerte imbricación del sistema político partidario y del mundo sindical con el Estado nacional, característico del modelo social del Estado benefactor argentino (1945-1976), consolidó una matriz de mediaciones estatales hegemonizadas por los partidos políticos y los sindicatos como principales herramientas de canalización de las demandas sociales. Esta matriz entró en crisis de la mano de sus principales actores favoreciendo el surgimiento de una estructura estatal con fuerte arraigo en el territorio. La incapacidad del Estado neoliberal de dar respuestas a las necesidades sociales a través de los programas de lucha contra la pobreza tensionó esa estructura estatal territorial que favoreció en los momentos de crisis la emergencia de nuevas formas de acción colectiva y de protesta.
El proceso de territorialización de la representación política y social fue analizado por Levistky (2003) dando cuenta de cómo el territorio emergió como la nueva forma de construcción de poder partidario en el Partido Justicialista (PJ) desde el regreso democrático y de la mano de la “Renovación Peronista” a fines de la década de los ’80. La reorganización del PJ luego de la derrota de 1983, permitió el avance de los “renovadores” y el retroceso de los “sindicalistas” al interior del partido (Mustapic, 2002). El corrimiento hacia el territorio y la democratización de la vida interna del partido, en consecuencia, favorecieron la puesta en valor de los referentes territoriales (intendentes, concejales, etc.) transformando el mapa de poder interno del PJ. Esto se encuentra íntimamente vinculado, según Mustapic (2009), al sistema federal de organización de gobierno. Esta forma de organización del gobierno generó incentivos para que los actores se concentren en la disputa territorial de los cargos electivos, tanto legislativos como ejecutivos. La dinámica partidaria se trasladó de la disputa nacional por la representación sectorial (sindicatos, mujeres, juventud, etc.) dentro del partido, a la disputa interna por el control del aparato partidario con base en el territorio. La organización capilar en el territorio debía promover la relación de los partidos con la sociedad civil, sin embargo al enfocarse en la disputa interna por los cargos electivos internos del partidos y por los espacios en las listas legislativas locales, la canalización y representación de las demandas sociales pasaron a un segundo lugar dentro de las prioridades políticas. Mustapic (2009) señala diversos factores institucionales, culturales y políticos que confluyeron en esta situación. La forma de organización y sus culturas políticas interna, promovieron que los partidos políticos argentinos asumieran modalidades de tipo “partido cartel” (Mair y Katz: 1997 en Fernández e Iglesias, 2013). Es decir, un tipo de organización alejada parcialmente de la sociedad civil, ensimismada, y que privilegia la relación con el aparato estatal en busca de financiamiento, y con otras fuerzas parlamentarias en búsqueda de votos. Sin embargo, Ortiz de Rozas (2013) demuestra que la cartelización de los partidos no significó necesariamente que perdiesen contacto con sus bases sociales y territoriales. Al contrario, el capital territorial siguió siendo el más importante a la hora de la definición de los cargos legislativos provinciales. Capital territorial que fue entendido como la capacidad de ganar elecciones en su territorio, y el cual se construyó oficiando como intermediador entre la implementación de políticas públicas nacionales y provinciales en sus territorios. La constitución de unidades básicas en todos los barrios, y de Centros de Jubilados, así como la presencia de “referentes”, le permitió al PJ construir una red de poder territorial con fuerte inserción en los sectores populares y trabajadores, que le garantizará el poder territorial del aparato partidario. Esta forma de construcción territorial se encontraba fuertemente imbricada con los Estados locales, provinciales y municipales, a través de los cuales se canalizaban recursos estatales al territorio.
El caso paradigmático fue el Plan Vida en la Provincia de Buenos Aires, que tuvo un rol estratégico en la construcción de poder territorial del entonces gobernador, Eduardo Duhalde, quién entabló una fuerte disputa con su ex aliado, el presidente Carlos Menem. La distribución de los Planes Trabajar también puede ser analizada en función de las disputas políticas territoriales. La interna Menem-Duhalde alrededor de la conducción del PJ a fines de los ’90, las disputas por la coparticipación federal de los recursos públicos, y las relaciones políticas con los gobernadores oficialistas y opositores, construyeron un escenario donde el aparato estatal territorial estuvo fuertemente imbricada con el aparato partidario. Sin entrar en los debates sobre el clientelismo político, que abordaremos en el capítulo V, consideramos que el enraizamiento de la construcción territorial partidaria en los recursos estatales a través de su canalización vía estructuras partidarias y estatales fue una característica del periodo que operó en la crisis de los partidos políticos cuando el ajuste del gasto público no permitió la normal canalización de recursos estatales a los sectores populares. Las estructuras partidarias territoriales resintieron los ajustes del gasto público, socavando su propia legitimidad y capacidad de canalización de las demandas sociales. Si bien no es objeto de esta tesis realizar un análisis histórico y político sobre los partidos políticos argentinos y su relación con los distintos Gobiernos nacionales del periodo, si debemos señalar que la crisis de representación (Torres, 2004) que atravesó al sistema político argentino general durante las décadas de los ’80, ’90 y principios de siglo XXI, construyó el escenario propicio para el surgimiento de nuevas formas de acción colectiva y de organizaciones sociopolíticas que canalizaran las demandas sociales emergentes[22]. La institucionalización del sistema de partidos de la mano de la consolidación de la democracia como régimen de gobierno fue acompañado por el corrimiento hacia el centro del PJ (Galván, 2006), la personalización de la representación política (Pérez, 2002) y el estallamiento y fragmentación de los partidos mayoritarios (Maneiro y Maidana, 2015), cuestiones que condicionaron el funcionamiento del sistema político institucional durante este periodo.
Por otro lado, el regreso democrático del ’83 encontró a las expresiones políticas de la izquierda “democrática” aglutinadas alrededor del Partido Intransigente (PI), con fuertes vinculaciones con el movimiento de derechos humanos y que confluyó en la candidatura de Ricardo Alfonsín, para luego abrirse del gobierno ni bien asumieron. Como señala Torres (2003)
El PI recibió un numeroso contingente de ex votantes de Alfonsín y llegó a representar en los comicios legislativos de 1985, con 930.839 votos, el 7,7 % del electorado. Dos años más tarde, en 1987, su caudal electoral descendió abruptamente a 327.103 votos (2,0 %). Este descenso coincidió con una novedad de importancia en la oferta partidaria: la reconstrucción del PJ como fuerza competitiva, después de la crisis interna provocada por la derrota en 1983. Con un nuevo elenco dirigente y credenciales más pluralistas, el peronismo recuperó sus electores tradicionales y atrajo otros nuevos, triunfando en las elecciones de 1987. La confluencia del PI se hizo explícita en 1989 cuando llamó a votar por el candidato del PJ a la presidencia, Carlos Menem […] (Torres, 2003: 652)
El triunfo menemista por sobre los “renovadores” en 1989 produjo una ruptura dentro del peronismo. Un grupo de 8 diputados nacionales peronistas forman primero el Frente Grande y luego el Frente País Solidario (FREPASO), mostrando las fisuras hacia adentro del partido de gobierno y promoviendo una rearticulación del espacio de centro izquierda, golpeado por la derrota de los ’70, la dictadura militar (1976-1983) y la crisis del alfonsinismo en 1989. Como señala Mocca (2008), este proyecto reunió una vastedad de grupos disidentes de los partidos de izquierda clásicos. El FREPASO propuso “una convocatoria a construir un progresismo de mayorías y de gobierno, a abandonar el discurso antisistema” (Mocca, 2008: 135), para inaugurar un discurso reformista que combinaba la justicia social con la demanda de calidad institucional. Como señalan también Schuster et al (2006), la garantía de alternancia y la estabilidad del sistema democrático se combinó con una personalización de la representación política, un fuerte decisionismo concentrado en el poder ejecutivo nacional, perdiendo lugar el debate ideológico programático entre los diferentes espacios políticos. El corrimiento hacia el centro del FREPASO a partir de su alianza con la UCR a partir de 1997, evidenció también la crisis de los partidos políticos de centro izquierda y de izquierda tradicional. La pulverización del capital político del gobierno de la Alianza, luego de su asunción en 1999, se expresó en la “evaporación extrema” de la autoridad presidencial que se inició en Octubre de 2000 (Cavarozzi, 2011). Las elecciones legislativas de 2001 evidenciaron la incapacidad de la del sistema de partidos de procesar las nuevas demandas sociales y la conflictividad que se expresaba en la sociedad, y, por otro lado, la incapacidad del nuevo gobierno de sostener su base de sustentación política. Como señala Masetti (2010) “el centro-izquierdismo argentino, aún en su pico de popularidad, no logró cristalizar una herramienta de representación política que se mantuviera en el tiempo” (Masetti, 2010: 84).
La represión sistemática durante la última dictadura militar (1983-1976), el regreso democrático de 1983 y la estabilidad política, cambiaron el escenario para las organizaciones populares (o lo que quedaba de ellas) vinculadas a la lucha armada. A esto debemos sumarle la crisis del socialismo real en Europa oriental, el fin de la guerra fría y el fracaso de las experiencias revolucionarias de Nicaragua y el Salvador, entre otras. Todos estos elementos construyeron un escenario de repliegue para las fuerzas revolucionarias de izquierda, que debieron adaptarse a la disputa política en democracia. Durante esta etapa de repliegue, estas organizaciones nutrieron de militantes y referentes a las organizaciones sociopolíticas que venían desarrollando un trabajo territorial en el conurbano bonaerense y en el interior del país, con características multisectoriales y comunitarias; y con ejes de construcción y organización, vinculados a cuestiones reivindicativas como el acceso a la tierra y a los servicios básicos. Innumerables cuadros políticos y sociales con diversas experiencias organizativas desde la izquierda trotskista, maoísta, leninista hasta peronistas de izquierda vinculados a las organizaciones armadas de los ’60 y ’70, los sacerdotes tercer mundistas, los delegados de base, el peronismo villero, etc., fueron incorporándose y/o constituyendo organizaciones sociales, comisiones vecinales, sociedades de fomento, asociaciones civil, etc. Todos estos cuadros políticos, con sus saberes, sus experiencias y sus prácticas organizativas fueron engrosando las filas de las organizaciones sociopolíticas, y entre ellas, de desocupados.
Paralelamente a este proceso de crisis de las representaciones partidarias, se operó una fuerte crisis en las representaciones de los trabajadores en el marco de la implementación del modelo de desarrollo neoliberal. Si bien durante el periodo alfonsinista (1983-1989) el sindicalismo se reunifica y adquiere un fuerte protagonismo a través de la resistencia a la política económica y sindical del gobierno radical, como señalamos anteriormente cambia la relación de fuerzas del sindicalismo peronista al interior del PJ. Según Rocca Rivarola (2009), esto constituye un antecedente institucional del debilitamiento del sindicalismo como representante de la clase obrera durante el menemismo.
El giro neoliberal del menemismo en el gobierno llevó a una redefinición de la estrategia de construcción de los sindicatos peronista o no. Mayormente los grandes sindicatos y federaciones, como la Confederación General del Trabajo (CGT), optaron por llevar adelante tácticas negociadoras y conciliadoras frente al avance del neoliberalismo en lo referente a los derechos del trabajador, la flexibilización laboral, la seguridad social y las obras sociales. Como sostiene Murillo (1997), la novedad del periodo fue la estrategia de “supervivencia organizativa” implementada por la mayoría de los actores sindicales, y que compensó la erosión política del sindicalismo con recursos organizativos provenientes de nuevas actividades lucrativas creadas por las mismas reformas de mercado, el gerenciamiento de las obras sociales[23]. Esto fue el resultado de concesiones negociadas con el gobierno y facilitado por la identidad peronista de ambas partes. En esta negociación el gobierno obtuvo, a cambio de concesiones en el contenido y la implementación de las reformas que afectaron fuertemente el mercado de trabajo, una reducción de la conflictividad laboral y el apoyo político de la mayoría de los sindicatos peronistas[24]. Este escenario tuvo como consecuencia la socavación de sus propias bases, ya que la falta de defensa de los derechos de los trabajadores frente al avance de la flexibilización laboral les llevó a perder consenso entre los trabajadores cuando la crisis económica de mitades de la década de los ’90 comenzó a sentirse. También repercutió en su posición relativa en el sistema político, pasando de ser la columna vertebral del movimiento peronista a ser un aliado del menemismo con peso específico relativo.
Este corrimiento hacia la derecha del sindicalismo tradicional trajo aparejado un ensanchamiento del espacio político que permitió el surgimiento de alternativas sindicales que con el correr del tiempo fueron ganando peso específico, como el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), conducido por el líder del gremio de camioneros, Hugo Moyano, quien a mitad de la década de los ’90 rompió con la CGT oficialista referenciándose como la resistencia al modelo neoliberal de flexibilización laboral (Novick, 2001). Sin embargo, tanto la CGT oficial como el MTA no contaban dentro de sus prioridades políticas con las demandas de los sectores desocupados.
Paralelamente, en el año 1992 se constituyó la Central de Trabajadores Argentino como alternativa al sindicalismo tradicional a partir de las banderas de autonomía, democracia directa y afiliación directa (Armelino, 2004; Gusmerotti, 2009; Duhalde, 2012). En el año 1994 se conformó en la provincia de Jujuy la Corriente Clasista y Combativa con influencia de las tradiciones del sindicalismo clasista y basista de los años ’60 y ’70 (Iglesias, 2012). Estas dos organizaciones, la CTA y la CCC, visualizaron tempranamente a los desocupados como actores capaces de organizarse y de encabezar la resistencia contra los ajustes neoliberales. Con un movimiento obrero debilitado en sus bases por la flexibilización laboral, por el “miedo” a la desocupación y por una dirigencia “corrupta y conformista”, los desocupados, los trabajadores precarios e informales, pasaron a ocupar el rol motorizador de las luchas reivindicativas. De esto nos ocuparemos en el próximo apartado.
4.2 Acciones colectivas y nuevas organizaciones sociopolíticas
La ruptura de la homogeneidad del mundo popular y el aumento creciente de las desigualdades a su interior tuvo su reflejo en la multiplicación y desarticulación de las demandas sociales, y en los procesos de acción colectiva que comenzaron a sucederse durante la década de los ’80 y ’90. Como señaló en el 2006 el Grupo de Estudios sobre protesta social y acción colectiva del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, los cambios en la estructura social, política y económica generaron condiciones para las transformaciones en la constitución de los sujetos de protesta y en el impacto político de las mismas (Schuster et al, 2006). Esto fue acompañado a su vez, por una fragmentación de los sujetos de las protestas que antes se encontraban hegemonizados por la representación sindical o partidaria, y por una multiplicación de las demandas sociales y de los formatos de acción colectiva. Es decir, el deterioro en las condiciones de vida de los sectores populares, trabajadores y/o desocupados, abrió un escenario de conflictividad social que tuvo sus hitos históricos en las “puebladas” de cultral có Neuquén en 1996, y en el “santiagazo” en el mismo año. Estos hechos de protesta permitieron visibilizar por primera vez públicamente nuevos sujetos colectivos, nuevas demandas, y nuevas formas de protesta.
Los primeros estallidos sociales y cortes de rutas fueron protagonizados por los trabajadores asalariados del sector público y por los ex trabajadores de las empresas estatales privatizadas, y aportaron la metodología de lucha y organización a este nuevo repertorio de protesta (Auyero, 2002; Thwaites Rey, 2004; Svampa, 2004; Schuster, 2005). Los piquetes, cortes de rutas de carácter nacional o provincial y la agresión a símbolos de la clase política y del gobierno, se constituyeron en nuevas herramientas de lucha que rápidamente se expandieron a todo el país por su éxito relativo y por su capacidad de hacer visible un conflicto que se encontraba silenciado. Como señalan Schuster et al (2006), en 1996 se abrió un segundo ciclo de protestas, recuperando a Tarrow (1997), que se extendió hasta fines del año 1999, y que tiene su punto máximo en 1997 con 528 protestas durante todo el año, hasta un 57% más que en el año 2001, hito político de la crisis argentina[25]. Sin embargo, como señalan los autores, el impacto político de las protestas no tuvo relación directa con la cantidad de las mismas. Es de destacar, también, que el conflicto nunca superó los límites municipales y provinciales, es decir no se nacionalizó hasta los primeros años del nuevo siglo, con excepción de la lucha de los maestros y de la instalación de la Carpa Blanca en la Plaza de los Dos Congresos en 1998. En una primera aproximación, Svampa (2003) denominó a este fenómeno como la descentralización política del conflicto, consecuencia de la desconcentración administrativa de los servicios sociales que trasladó el conflicto de la órbita del poder ejecutivo a las provincias y a los municipios. Esto permitió un margen de acción y de lucha favorable a la emergencia del conflicto, pero también al ejecutivo nacional que no vio perjudicada su imagen al no ser automáticamente ubicado como responsable directo de los conflictos.
Desde una perspectiva similar, para analizar las formas de protestas y los cambios que ocurrieron durante la década de los ’90, Auyero (2002) toma como punto de partida de los ciclos de movilización social al año 1997, con la pueblada de Cutral Co y plaza Huincul en Neuquén que se continúan con los estallidos sociales de Gral. Mosconi y Tartagal en la provincia de Salta y los cortes de rutas en Jujuy, durante ese mismo año. Este autor reconoce en estos fenómenos una serie de características que se repiten en todos los momentos y lugares, que permiten hablar de la configuración de un nuevo repertorio de protesta. Retomando a Farinetti (1997), y a partir del supuesto de que los cambios macroeconómicos influyen en las formas de protesta mediante el impacto que producen en la estructura de poder dando forma a los medios y recursos organizativos que tienen los actores, el autor plantea tres elementos necesarios para que se produzca la protesta. En primer lugar la existencia de redes asociativas previas, que funcionen como motor de la protesta (no necesariamente como vanguardia), activando la protesta y aportando su capital de experiencias organizativas y de lucha vinculadas a sectores del sindicalismo, de partidos de izquierda o del campo popular. En segundo lugar, oportunidades políticas que la hagan viable, permitiendo la confluencia en unidad de diferentes sectores así como permitiendo el margen de acción y la posibilidad de salir ganadores de la lucha. Por último, deben contar los recursos materiales y simbólicos que la faciliten, en tanto son los medios a través de los cuales es posible la acción. Estos tres elementos, en el caso Argentino, estuvieron en estrecha relación con el proceso de descentralización del conflicto que caracterizó a los estallidos sociales y corte de ruta de los años noventa.
Los procesos de descentralización de los servicios de salud y de educación, junto con el ajuste del gasto público y de la privatización de las empresas del Estado, dieron lugar a un corrimiento del “locus” de la acción colectiva. La protesta se trasladó del reclamo al gobierno nacional al ámbito provincial, quien a partir de la descentralización tuvo que enfrentar nuevas responsabilidades con escasos recursos financieros. La incapacidad de las administraciones provinciales de afrontar los altos niveles de gasto social producido por la transferencia de responsabilidades, pusieron al Estado provincial y a la clase política en el epicentro de las demandas sociales. Desde el año 1997 al año 2001, esta forma de protesta, caracterizada por los cortes de rutas y los estallidos sociales, fue aprendida y adoptada por diversos sujetos e implementada en diferentes lugares y momentos.
Desde otra perspectiva, Swampa y Pereyra (2003) plantean que este proceso de configuración de un nuevo repertorio de acción colectiva permite el surgimiento de un nuevo actor social denominado académica y mediáticamente como “Movimiento Piquetero”. Los autores se cuestionan sobre las causas del surgimiento de las organizaciones de desocupados como actores sociales y su desarrollo organizativo, expansión y relevancia, lo convierte en un caso único en el mundo. En este sentido, las reformas estructurales que implicaron el desmantelamiento de la estructura salarial fordista en tanto derechos sociales, protección social y estabilidad laboral, se expresaron en un proceso de des colectivización (aumento de la precariedad e informalidad laboral, etc.) que conlleva a una reconfiguración de las bases de la sociedad. De esta forma, Swampa y Pereyra (2003) plantean que, más allá de la diversidad y heterogeneidad que presenta el “campo popular” o “el mundo de los pobres y desposeídos”, existen repertorios y elementos comunes que permiten configurar un “espacio piquetero”. Esta perspectiva pone en el foco de análisis la dimensión de la construcción de identidad y subjetividad como los elementos determinantes de este fenómeno. En esta línea, las organizaciones de desocupados se presentan como el nuevo sujeto histórico que, según Boaventura dos Santos (2001) “constituyen tanto una crítica de la regulación social capitalista, como una crítica de la emancipación social socialista tal como fue definida por el marxismo” (2001:178)
Sin embargo, la emergencia de estas organizaciones como actores sociales y políticos no ocurrió en el vacío, sino que presentó dos afluentes fundamentales. Por un lado, la protesta sindical vinculada al colapso de las economías regionales y las privatizaciones de las empresas estatales y, por otro lado, a la acción organizativa territorial desarrollada en el conurbano bonaerense y ligada a las transformaciones del mundo popular. El primer afluente encontró expresión en la experiencia de los cortes de rutas y estallidos sociales producidos en el interior del país. Estos tuvieron lugar donde los procesos de desarticulación de los marcos sociales y laborales se produjeron de forma vertiginosa y donde la des colectivización se produjo de forma masiva. Fueron las ciudades petroleras del interior de las provincias de Neuquén, Salta, y todas aquellas donde la vida de la comunidad estaba estructurada en torno a las empresas estatales, caso de YPF, donde se produjeron y reprodujeron los cortes de rutas y estallidos sociales, y se reconstruyó la experiencia social comunitaria. Fueron los ex trabajadores de las empresas estatales y los trabajadores del sector público, los protagonistas de los primeros cortes de ruta. Este carácter multisectorial permitió diferenciar, según Svampa y Pereyra (2003) una primera etapa de configuración del nuevo repertorio de acción colectiva. En este sentido, fue de destacar, la influencia de la tradición sindical, tanto por los gremios estatales que resistieron el ajuste como por los ex trabajadores portadores de saberes y prácticas de organización y lucha que nutrieron los primeros momentos de configuración de este nuevo repertorio de acción colectiva. Así en los primeros estallidos sociales, los actores de estos episodios, se encontraron entre los asalariados del sector público provincial y municipal apoyados por grandes sectores de la población. Sus demandas se orientaban a la defensa del salario y del empleo, y el rechazo a las medidas de ajuste de las administraciones provinciales.
El segundo afluente señalado por Svampa y Pereyra (2003), vinculado a la dimensión territorial de la protesta, encontró su expresión de lucha en las movilizaciones y las ollas populares en el ámbito bonaerense de fines de la década de los ´80. La acción territorial y organizativa tuvo, por lo tanto, como antecedente cercano las redes comunitarias durante la toma de tierras, los reclamos por las condiciones de vida y las ollas populares acontecidas en la provincia de Buenos Aires, y también se nutrió de las experiencias del movimiento villero de la década de los ’60 y ’70, de los movimientos de curas tercer mundistas, y de las comunidades eclesiásticas de base. A partir del año 1996-1997, se comenzó a constatar la intervención de nuevos actores sociales que inscribieron su acción ligados al trabajo barrial y a la gestión de las necesidades básicas de los sectores populares. Las transformaciones operadas en el mundo popular a partir de los cambios en el mundo del trabajo, dieron lugar al surgimiento del “barrio” como núcleo de la acción contestataria, centro de reivindicaciones y posteriormente un punto de partida para la organización. De esta forma, las organizaciones de desocupados se caracterizaron por contener un afluente disruptivo, vinculado a la tradición sindical confrontativa y con una relación más cercana al mundo del trabajo, y un afluente constructivo vinculado a una matriz territorial de acción colectiva, basado en una relación pragmática y reivindicativa de las demandas.
Los diferentes autores hasta aquí analizados acuerdan que fue a partir del levantamiento de las ciudades petroleras de Neuquén, Salta y Jujuy, entre 1996-1997, cuando confluyeron los nuevos repertorios de acción colectiva que influyeron en el proceso de gestación de un nuevo actor sociopolítico, las organizaciones de desocupados. Estos conflictos representaron el punto inicial en el cual una nueva identidad –los desocupados–, un nuevo formato de protesta –el corte de ruta–, quedaron definitivamente asociados, originando una importante transformación en los repertorios de movilización de la sociedad argentina. De hecho, estas organizaciones protagonizaron procesos de movilización social que los superó ampliamente. Los acontecimientos específicos que se sucedieron durante este proceso de emergencia y consolidación de las organizaciones populares serán profundizados en los próximos apartados.
5. Las organizaciones de desocupados: estrategias y trayectorias sociopolíticas
La historia de las organizaciones de desocupados y del conflicto social en la Argentina ha sido sistematizada y analizada por diferentes investigadores de las ciencias sociales y humanas (Rauber, 2002; Svampa y Pereyra, 2003; Oviedo, 2004; Delamata; 2004; Natalucci, 2007; Dinerstein, Contartese y Deledicque, 2010). Interesa en este apartado dar cuenta de las diferentes organizaciones, sus estrategias y trayectorias políticas que nos permitirán poner en perspectiva a BDP, a quien presentaremos en profundidad en el último apartado de este capítulo. A través del análisis de cada una de las organizaciones reconstruiremos el proceso sociopolítico más específico que encuadro la “lucha” de los “desocupados”.
Para el año 2001, convivían en el escenario nacional varias organizaciones de desocupados, algunas con mayor poder de convocatoria y movilización que otras, mientras que algunas estaban vinculadas a partidos políticos y otras no. El mapa se componía, por un lado, de dos grandes organizaciones, la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Ambas organizaciones habían surgido en la década de los 90, vinculadas a centrales sindicales alternativas, con estrategias de construcción orientadas al reclamo y a la organización territorial. Ancladas principalmente en la Provincia de Buenos Aires, y en el municipio de La Matanza, y con un fuerte nivel de coordinación y articulación entre ambas organizaciones, se constituyeron en los que se denominó el “Eje matancero”. Con fuertes acuerdos en términos de la forma de construcción territorial, las demandas esgrimidas y las acciones políticas de protesta desarrolladas, las diferenciaba únicamente su estrategia política electoral. La FTV desde sus inicios se encontró vinculada a organizaciones políticas de centro izquierda a través de las cuales participó en varias oportunidades de las elecciones. La CCC, vinculada políticamente al Partido Comunista Revolucionario y con mayor desarrollo en el interior del país y especialmente en el norte argentino, durante ese periodo comulgaba con la estrategia de impugnar las elecciones a través del voto en blanco[26].
El eje matancero fue un actor hegemónico durante el periodo comprendido entre las dos Asambleas Nacionales piqueteras (Natalucci, 2007; Oviedo, 2004; Zícari, 2015) como organización local de los encuentros y por su capacidad de imprimir la direccionalidad política de las acciones[27]. Su estrategia de acción amplia, basada en la construcción de frentes multisectoriales con otras organizaciones como sindicatos, partidos políticos de izquierda y progresistas, organizaciones estudiantiles, etc., tuvo la capacidad de nuclear alrededor de si a una cantidad importante de pequeñas organizaciones sociopolíticas que engrosaron su capacidad de movilización y representación[28]. Con fuerte presencia en las movilizaciones y protestas que se sucedieron a lo largo de todo el año 2001, el eje FTV-CCC tuvo una participación destacada dentro del Frente nacional contra la Pobreza (FRENAPO) y en la consulta popular por el Seguro de Empleo y Capacitación desarrollada días antes de las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Sin embargo, su lectura sobre las jornadas de diciembre y su relación posterior con el gobierno interino de Eduardo Duhalde, causo varios alejamientos internos, entre ellos BDP.
Paralelamente, y principalmente en el sur del conurbano, comienza a desarrollarse la experiencia de los “movimientos de trabajadores desocupados” (MTD) vinculados a organizaciones de base y al movimiento de sacerdotes del tercer mundo. El caso del MTD solano y del Movimiento Teresa Rodríguez en Florencio Varela son algunos de los más expresivos. Desde una perspectiva comunitarista de la sociedad, y proponiendo una estrategia política basada en la construcción autónoma, estas organizaciones se diferenciaban de las estrategias políticas revolucionarias o reformistas, no participaban de los procesos electorales y se relacionaban con el Estado a partir del reclamo y la protesta. De carácter localista y situados en los territorios, emergieron un sin número de MTD cada uno con su denominación, pero con acciones coordinadas y conjuntas en las movilizaciones y protestas. Identificados como las organizaciones más radicales en términos de sus métodos de lucha, los MTD confluyeron primero en la Coordinadora Sur, y posteriormente en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (CTD AV) con el objetivo de potenciar sus recursos, saberes, y capacidad de movilización frente a determinadas circunstancias. Su relación con el Estado se encontraba condicionada por tres premisas: la crisis del Estado nación como portador del monopolio de la legitimidad política, su consecuente cooptación por parte de los poderes económicos, y por lo tanto la necesidad de mantener la autonomía como única garantía para poder desarrollar tendencias no capitalistas (Colectivo Situaciones, 2002: 109). En este marco, la construcción de un polo de contrapoder necesitaba de la resignificación de los recursos materiales brindados por el Estado a través de los planes sociales, bolsones de alimentos, etc. La organización de micro emprendimientos productivos y de iniciativas de la economía social, así como la formación política de sus miembros, fueron las estrategias utilizadas para superar las prácticas clientelares tradicionales y construir espacios sociales autónomos con relaciones sociales no capitalistas (Colectivo Situaciones, 2002; Torres, 2009; Míguez, Seman y Carozzi, 2006; Maneiro, 2012).
A fines del 2001, en el marco de la crisis de diciembre y de las fallidas experiencias de las Asambleas Nacionales Piqueteras de 2001, surge el Bloque piquetero Nacional que englobaba los partidos de izquierda tradicional, de origen trotskistas y comunistas, quienes poco tiempo antes se lanzaron a construir herramientas sociales para los desocupados. Con una fuerte hegemonía del Polo Obrero, movimiento sindical vinculado al Partido Obrero que en el 2001 se vuelca a la organización de desocupados (Freytes frey y Cross, 2007), el Bloque piquetero estaba compuesto principalmente por el Movimiento Teresa Rodríguez (Independientes del espacio autonómico), el Movimiento Territorial de Liberación (Partido Comunista), el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (Escisión de la CCC), la Agrupación Tendencia clasista 29 de Mayo (Partido Liberación), el Movimiento Teresa Vive (Movimiento de Trabajadores Socialistas) y la CTD AV, entre otras expresiones de menor relevancia. Estas organizaciones se caracterizaron por disputar la conducción del espacio de organizaciones de desocupados, reivindicando el protagonismo de los desocupados en la lucha por el cambio radical contra la explotación capitalista (Dinerstein, Contartese y Deledicque, 2010). Con fuertes cuestionamientos hacia la FTV y la CCC por sus (in)acciones durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, y por su “actitud conciliadora y reformista” con respecto al gobierno interino de Eduardo Duhalde, el Bloque piquetero proponía profundizar la disputa con el gobierno y con los “sectores concentrados de la economía” a través de una alianza de trabajadores y desocupados, la vanguardia del proceso revolucionario, que se creía abierto en esa coyuntura.
El mapa de organizaciones de desocupados para el año 2002 presentaba un nivel de heterogeneidad y de disputa hacia su interior que complejiza cualquier intento de clasificación. Sin embargo, a la luz de nuestro problema de investigación, nos interesa resaltar en primer lugar el carácter sociopolítico de las organizaciones de desocupados y su capacidad de movilización y articulación en momentos álgidos del ciclo de protestas. En segundo lugar, las diferencias en torno a dos dimensiones, por un lado, las diversas estrategias políticas de transformación de la realidad (reforma/revolución/autonomía) y su relación con el sistema de partidos, y por otro lado, en función de su forma de construcción en relación a los recursos estatales.
Claramente aquellas organizaciones vinculadas al Bloque Piquetero Nacional y a los partidos de izquierda marxista, leninista o troskistas reivindicaban una estrategia revolucionaria de acción política y para ello la necesidad de contar con una representación política propia. Por ejemplo, el Polo Obrero participaba del Partido Obrero y por lo tanto, militaba sus candidatos, al igual que el MTL, vinculado al Partido Comunista. Los sectores representados por la CTD AV, vinculados a la tradición autonomista y comunitarista, proponía la construcción de espacios de contrapoder que reflejara relaciones sociales no capitalistas a partir de la implementación de mecanismos de democracia directa, por lo que no se vinculaban con partidos políticos ni participaban de elecciones directamente.
Algo similar sucedía con respecto de la utilización de los recursos estatales de las políticas sociales. Las organizaciones de desocupados vinculadas a la izquierda tradicional en un primer momento rechazaron por “asistencialistas” los programas estatales, para luego reconocer su utilidad a la hora de sostener la organización. Los autonomistas, en cambio, utilizaron los recursos como forma de construcción propia, intentando resignificar su sentido y sus posibilidades para con los integrantes de la organización.
La CCC, vinculada al Partido Comunista Revolucionario y cuyos referentes eran el Perro Santillán y Alberto Alderete, se mantuvo prescindente de las estrategias electorales reformistas bajo dos consignas relacionadas: “Voto en blanco” y “ganar la calle”. La estrategia insurreccional para la transformación de la realidad suponía la articulación multisectorial con otros actores para la profundización del “Argentinazo”. La FTV, en cambio, siempre tuvo una estrategia política del tipo reformista, basada en la acumulación de poder por la vía democrática y electoral. Para esto se vinculó desde un principio a sectores de centro izquierda como el Frente Grande, por el cual Luis D´ Elia fue electo concejal de la Matanza en el año 1997, y posteriormente con el Polo Social, cuyo referente fue el cura Luis Farinello, y con el cual consigue una banca de diputados de la Provincia de Buenos Aires en el año 2001. Ambas organizaciones convivieron articuladamente durante la presidencia de Duhalde, hasta la asunción de Néstor Kirchner, cuando las diferencias en las apreciaciones con respecto a su gobierno hicieron insostenible la continuidad del eje matancero.
6. El Movimiento Barrio de Pie, antecedentes y trayectoria
En este marco general, surgió el Movimiento Barrios de Pie a fines del año 2001, cuando un sector de la central de Trabajadores Argentinos, autodenominado CTA de los Barrios, se separó de la FTV, debido a diferencia políticas sobre la coyuntura de la crisis político-social de 2001 y el gobierno interino de Eduardo Duhalde (2002-2003). La CTA de los Barrios había surgido en el año 2000 como iniciativa de un grupo de militantes vinculados a la corriente nacional Patria Libre[29] y a la agrupación Juvenil Venceremos[30], frente juvenil de dicha organización, que a partir del desarrollo de comedores, ollas populares, apoyos escolares y jornadas solidarias en diferentes barrios humildes del conurbano bonaerense, la capital federal y del interior del país, fueron consolidando una incipiente organización territorial en algunas provincias. Nacida como frente territorial de Patria Libre, la CTA de los Barrios asumió ese nombre recién para el año 2000, cuando la dinámica del conflicto social evidenciaba claramente que los desocupados eran uno de sus principales actores. Sin embargo, el trabajo territorial se venía desarrollando sistemáticamente desde el año 1997 en la Ciudad, la Provincia de Buenos Aires, y en el interior del país.
6.1 La Corriente Nacional Patria Libre
Patria Libre había sido fundada en el año 1987, en el marco de la crisis del alfonsinismo, del deterioro del Partido Intransigente (PI) y de la Izquierda Unida[31]. Fundada por militantes políticos provenientes de la lucha armada de los ’70, principalmente del PRT-ERP y de Montoneros, y de jóvenes provenientes del PI, Patria Libre comenzó a desarrollar su actividad política primero en la provincia de Córdoba, para luego extenderse, a través del traslado de militantes, a la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Neuquén, Salta, Chaco, Santa Fe, entre otras. Según sus propias palabras:
Nos decidió a unirnos e iniciar una nueva construcción política la común convicción de que en la Argentina se iniciaba un cambio trascendente: con la derrota radical de las elecciones del ’87, el triunfo de la Renovación cafierista en el peronismo, y la claudicación del PI, se abría la crisis de representatividad, y al mismo tiempo se rompía el chantaje de “Democracia o Caos” usado por el alfonsinismo para frenar las luchas populares (Documentos para la discusión, Mesa Nacional 15 de abril 1992)
La inscripción dentro del PRT ERP de la mayoría de sus fundadores, así como de su secretario general Humberto Tumini, va a determinar, de alguna forma, sus formas de construcción y organización, sus tácticas y estrategias, y su relación con el peronismo y el Partido Justicialista. Esto será retomado en profundidad en el capítulo III.
Con fuerza principalmente en el frente universitario a través de la Agrupación Venceremos, Patria Libre desarrolla por esos años una política de construcción política del tipo movimientista. Es decir que la organización necesaria para encauzar las luchas populares debía ser el Movimiento de liberación nacional. Para lo cual, en sus diferentes frentes se busca establecer alianzas con sectores del peronismo revolucionario, o del progresismo de izquierda, para la disputa de espacios de poder como los centros de estudiantes de las universidades, las federaciones universitarias, los centros vecinales, las comisiones sindicales, etc.
Según el artículo 2 del Estatuto de Patria Libre, con fecha de junio de 1990, los objetivos de la organización eran:
La construcción de un nuevo movimiento de liberación, nacionalista y revolucionario que exprese y represente a los trabajadores y humildes. Que enfrente a la oligarquía, el imperialismo y a sus personeros, y sea capaz de conducir a todo el pueblo en unidad con otras fuerzas políticas progresistas, populares y revolucionarias, a la conquista de la segunda independencia y consecuentemente del derecho de construir una sociedad justa, democrática, soberana. Una patria socialista.
Acuñando el marxismo leninismo como perspectiva política y herramienta de análisis de la realidad, para Patria Libre la situación revolucionaria que diera lugar a la patria socialista iba a ser fruto de las condiciones objetivas del proceso social, pero también de las condiciones subjetivas que permitiesen al pueblo constituirse en actor revolucionario. La organización revolucionaria tenía, así, el rol de vanguardia que motorice y genere las condiciones para la liberación. En este sentido, se afirma que “Nuestra misión es transformar esta sociedad, es decir no nos sentamos a esperar que la sola evolución histórica produzca los cambios necesarios en el país para encontrar un camino de progreso, porque es imposible. Por el contrario, dentro de condiciones adecuadas, creemos plenamente en el papel subjetivo, en el rol que juegas los hombres conscientes y decididos.” (El espíritu de ofensiva, Revista En Marcha N° 2, enero 1988).
Dentro de esta estrategia de construcción, la participación activa de sus militantes en cualquier reclamo, demanda o conflicto que deslegitime y cuestione al modelo neoliberal era una herramienta fundamental y una tarea estratégica. Así, Patria Libre participó activamente y con gran visibilidad de la movilización contra el Indulto del gobierno de Menem a los militares el 21 de diciembre de 1990, la visita del Príncipe de Inglaterra en 1992, la visita de Bush de 1998, entre otros hechos de protesta. También participó a través de la Venceremos en las movilizaciones contra la sanción de la Ley de Educación Superior en el año 1995 durante el gobierno de Menem, y en el gobierno de la Rúa. Así mismo, CPL participó activamente en todas las movilizaciones del 24 de marzo, las reivindicativas de la Noche de los lápices el 11 de septiembre y la marcha de la resistencia el 10 de diciembre, desde su creación.
Como toda organización política de cuadros, su forma de organización estaba estructurada a partir de sus frentes de construcción de masas. Cada frente de masa estaba vinculado a lo que la propia organización consideraba, iban a ser los sujetos de la transformación en cada momento histórico. Basados en el centralismo democrático, cada frente se organizaba a partir de una dirección política colectiva, la cual estaba integrada por los responsables políticos de cada frente específico[32]. Estos frentes específicos se componían de una agrupación política amplia, conformada por todos los militantes de la organización.
Dentro de la agrupación algunos militantes tenían responsabilidades específicas, como por ejemplo las actividades sociales, cada área específica de trabajo, la prensa, etc. Las reuniones de agrupación y de dirección política eran sistemáticas y regulares según se pudo observar. Sus frentes de construcción estaban vinculados en un primer momento a la cuestión sindical y a la cuestión estudiantil, otrora motores de los procesos revolucionarios.
Sin embargo, en el marco de la crisis política y la despolitización de la sociedad desarrollada en el apartado anterior, CPL define construir su organización a través de agrupaciones amplias, no ligadas directamente al perfil político nacionalista de izquierda. Surgen así los Grupos de Estudiantes Solidarios (GES) con el objetivo de “construir puentes entre la universidad y los barrios a través de la solidaridad y la participación”. Con un discurso fuertemente ligado a la solidaridad como “herramienta de salida”, y a la educación popular como herramienta de concientización y de liberación de los sectores populares basados en los desarrollos de Paulo Freire (1968), los GES ocuparon un rol fundamental en la estrategia de construcción y en el crecimiento de la Venceremos.
El frente universitario tenía trabajo político en diversas facultades de las universidades nacionales más importantes del país[33]. En cada facultad se constituía un GES con militantes de la Venceremos y con estudiantes independientes, y se realizaba trabajos solidarios en algún barrio de la zona. La definición de los barrios era consensuada con la dirección regional de Patria Libre, ya que a través de los mismos se podía fortalecer un espacio de militancia ya existente o crear uno nuevo. De hecho, las actividades del GES contaban con el soporte material y humano de los militantes de Patria Libre en los barrios. La incipiente organización territorial que se fue construyendo se referenciaba con ambas organizaciones. Una de sus actividades más importantes eran las Jornadas Solidarias nacionales o locales en las cuales se movilizaban todos los militantes de los GES pero también de la Venceremos y de Patria Libre, a realizar trabajo solidario en algunos lugares específicos. Estas jornadas estaban inspiradas en las jornadas solidarias cubanas y en las concepciones del hombre nuevo del Che Guevara[34]. Las consignas “endurecerse sin perder la ternura”, y “que la universidad se pinte de pueblo” fueron, por mucho tiempo, una bandera tanto de la Venceremos como del GES.
6.2 El frente territorial
A través de la organización de ollas populares, comedores, bibliotecas, o copas de leche, CPL fue configurando una organización de extensión territorial a lo largo de los principales centros urbanos del país. Para el año 1999, en el marco del deterioro evidente de las condiciones de vida de la población y del aumento sostenido de las protestas, cortes de rutas, y movilizaciones populares, se comienza a debatir la necesidad de incorporarse a la CTA para, desde adentro y bajo ese paraguas, ampliar la construcción propia. En el III congreso de Patria Libre en el año 2000, se define la estrategia de sumarse a la CTA y orientar la construcción propia a al frente juvenil, creando la Juventud de la CTA, y en el frente territorial, la CTA de los Barrios. En menor medida se desarrolló también el frente sindical, incorporando la herramienta propia, la corriente sindical 1 de mayo a la CTA.
Esta estrategia no estuvo al margen de disputas y retrocesos. El objetivo de construir organizaciones sociales amplias hacia adentro de la CTA se chocaba con los intereses de otras organizaciones que también tenían los mismos objetivos, o que ya los venían desarrollando desde tiempo atrás. Nos referimos a la FTV para el frente territorial, que como ya vimos era en ese momento la representación territorial de la CTA y un actor estratégico de las protestas y luchas populares. Y nos referimos a las intenciones, para esa coyuntura, de los sindicatos de construir también en el frente juvenil. En este sentido, la convivencia hacia adentro de la CTA no fue pacífica ni facilitó la construcción de alianzas y articulaciones. En el frente territorial, la relación con la FTV era claramente de disputa, más allá de la articulación y coordinación de acciones de protestas nacionales, y de la participación de actividades en común. La disputa de fondo era por constituirse en la herramienta territorial de la CTA, por definir o condicionar sus políticas generales, y para esto era necesario tener representaciones en las mesas nacionales, provinciales o locales de la CTA. Esta obviamente, se encontraba hegemonizada por la FTV.
6.3 El frente Juvenil
En el frente juvenil la situación era diferente, aunque también hubo disputas y conflictos. La juventud de la CTA fue una propuesta propia de CPL que hizo al conducción de la CTA sobre la base de la extensión de trabajo juvenil vía la Venceremos y los GES. El objetivo era construir una herramienta que permitiera a CPL dar un salto en calidad, extensión y representación de sus agrupaciones, y que disputar en mejores condiciones los espacios de poder como los centros de estudiantes, federaciones, etc. Para esto, se priorizó construir alianzas con otras organizaciones estudiantiles y juveniles independientes o políticas que le permitiesen mostrar mayor poder de convocatoria (los casos más sobresalientes fueron la agrupación independiente de la Universidad Tecnológica Nacional, y la Agrupación Juvenil Santiago Pampillón del PC-CE). A esta iniciativa rápidamente se sumaron los sindicatos que agrupaban algún nivel de jóvenes, principalmente del gremio de ATE y UTE[35]. Su primera actividad de relevancia fue el Primer Congreso Nacional de la Juventud de la CTA desarrollado en diciembre de 2001, justo antes del estallido del 19 y 20. En ese congreso la organización mostró su extensión y capacidad de movilización ya que participaron representantes de casi todas las provincias y de diferentes frentes como universidades, terciarios, secundarios, gremios, y barrios. Su objetivo era discutir y consensuar las líneas de acción de la juventud, pero también elegir los representantes de la misma en la mesa nacional de la CTA. Luego de una jornada de acuerdos, desacuerdos, disputas y consensos, se conformó una fórmula con tres representantes, uno por cada pata de la organización, uno por CPL, uno por los gremios, y uno por los “independientes”. Su primera aparición pública fue en la Consulta popular por el Seguro de Empleo y Formación organizado por el FRENAPO y en las movilizaciones del 24 de marzo de 2002 que, en el marco del proceso social abierto en diciembre de 2001, había tomado un carácter y una significancia relevante. La columna de la Juventud de la CTA mostró, según sus propios militantes, su capacidad de organización y movilización, así como su mística y su identidad (todos los militantes marcharon la cara pintada de celeste y blanco). Durante el 2002, y ya con BDP constituido, la juventud del CTA organizó un sin número de actividades pero no desde la articulación y el consenso de las tres patas, sino que cada sector trabajaba independientemente de los otros. El sector vinculado a la Venceremos y los GES organizó en agosto–septiembre las Jornadas solidarias “Argentina somos todos: los jóvenes enfrentamos el hambre y la pobreza” en la Ciudad de Buenos Aires, donde se movilizaron miles de jóvenes de todo el país a realizar tareas solidarias en 12 barrios de la ciudad. Esta actividad fue impulsada también por la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) que había sido recuperada por la izquierda por primera vez desde el regreso de la democracia, a partir de un acuerdo amplio entre diferentes fuerzas políticas, entre las cuales se encontraba la Venceremos.
La política universitaria de la Venceremos, como señalamos anteriormente, reflejaba su estrategia política general. Reconociendo al movimiento estudiantil como uno de los actores más dinámicos de las luchas populares, CPL se lanzó a la construcción de representaciones propias dentro de las principales universidades nacionales del país. Para esto priorizó las alianzas con sectores de la izquierda nacional o del progresismo que impulsaran la derrota de la Franja Morada, agrupación hegemónica en la política universitaria vinculada a la UCR. La participación en las elecciones universitarias en cada facultad en la que se tuviera trabajo, a partir de la construcción de frentes amplios, llevo a la Venceremos a obtener en el año 2000 el Centro de Estudiantes de la escuela de enfermería de la Facultad de Medicina de la UBA. En el año 2001 participó del MRS (Movimiento por la refundación de Sociales), recuperando el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la UBA. Durante el año 2000, 2001, y 2002, la Venceremos impulsó y participó del Frente Unidad Opositora a partir del cual intentó disputar las diferentes federaciones regionales y la Federación Universitaria Argentina a través de Frentes amplios con otras fuerzas políticas.
Si bien las estrategias electorales de la Venceremos no fueron casi nunca exitosas, si cabe destacar que el frente universitario fue un “semillero de cuadros políticos” para la CPL y para su construcción política. Muchos de los cuadros de la Venceremos desde los años 2000 fueron “trasladados” a la construcción territorial. Si bien no hay datos concretos de esto, se estima que el 70% de los cuadros de dirección del frente territorial fueron trasladados desde los frentes juveniles y estudiantiles.
6.4 Las estrategias electorales antes del Kirchnerismo
La estrategia electoral de CPL fue coherente con la idea de la conformación de un movimiento de liberación nacional pero en el marco de la democracia formal. Si bien CPL reivindicaba la lucha armada como una estrategia legítima del pueblo contra la opresión, la derrota de los años ’70, la consolidación de la democracia aún en un marco de fuerte crisis de representatividad de los partidos mayoritarios, el repliegue de las organizaciones del campo popular y la hegemonía del discurso individualista del neoliberalismo, convencieron a CPL que el proceso de liberación debía realizarse bajo las reglas de juego democráticas. Se impuso así la necesidad de participar de las elecciones nacionales, provinciales y locales allí donde hubiera condiciones para hacerlo. La primera elección donde CPL participó fueron las elecciones presidenciales de 1995, en el marco de la reelección de Carlos Menem. Esa oportunidad CPL se presentó sólo, con su propia personaría y con la fórmula “Tumini-Moccia”, ambos fundadores de CPL. En esa oportunidad, y a nivel país, CPL sacó el 0,14% de los votos positivos, acumulando 24.326 votos propios. En las elecciones legislativas de ese mismo año CPL se presentó en algunos distritos provinciales y locales, sin conseguir representación institucional propia. En el año 1997 se integra al Frente de la Resistencia junto con otros sectores del peronismo revolucionarios y ex militantes de Quebracho, como el sector representado por Emilio Pérsico, que luego fundaría el Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita, y por otro sector dirigido por Quito Aragón, militante villero de la 1-11-14 con base en la ciudad de Buenos Aires, y que luego conformaría la agrupación Martín Fierro, y el Partido Comunista Congreso Extraordinario. En el año 1999 se presentan a elecciones con el sello del Frente de la Resistencia y con la fórmula Reyna-Moccia alcanzando el 0,3% del total de votos emitidos. Es decir un total de 57,112 votos a favor. El fracaso del Frente de la Resistencia impuso la necesidad de repensar el perfil y la amplitud de los frentes electorales. Para el año 2000, CPL se integra al armado del Polo Social, movimiento político, social y sindical, con la idea de poder, desde ahí, disputar poder institucional a los partidos mayoritarios, y construir su propia fuerza política. Las elecciones legislativas de 2001, además de dejar en evidencia la crisis de representatividad que atravesaba a todos los partidos políticos, dejó como saldo 4 diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, pero magros resultados en los otros distritos. CPL no consiguió ningún lugar expectante en las listas, aun siendo para ese momento una fuerza con extensión nacional. La experiencia del Polo Social fue una derrota dura para la militancia que se había entusiasmado en la construcción de una herramienta electoral con posibilidades de disputar en el escenario nacional. El acercamiento de Farinello con Eduardo Duhalde durante su presidencia interina en el 2002 terminó de dinamitar las posibilidades de CPL de participar del movimiento.
6.5 El conflicto social como herramienta de construcción
Paralelamente a las disputas electorales de CPL, el frente territorial primero, y luego la CTA de los Barrios, participó activamente de los cortes de rutas, piquetes, movilizaciones, y paros nacionales a lo largo de todo el país. El primer piquete en el cual participó la CTA de los Barrios fue el corte de la ruta nacional N°3 en 2000, cuando 5000 vecinos de la Matanza acamparon 5 días sobre la ruta. La organización participó de forma activa, aunque las organizaciones que tuvieron mayor visibilidad en el hecho fueron la FTV y la CCC. La CTA acompaño la medida con un paro y movilización.
En el año 2001 se vuelve a cortar la ruta 3, pero esta vez por dos semanas, y acompañado de una serie de protestas y movilizaciones en la ciudad y provincia de Buenos Aires exigiendo respuestas al gobierno nacional. Ese mismo año la CTA de los Barrios participó de la “Marcha de los niños del Pueblo” y de la consulta popular organizada por el FRENAPO, las movilizaciones organizadas por el Movimiento de Trabajadores Argentinos dirigido por Hugo Moyano, disidente de la CGT oficialista. El 8 de junio de 2001 la CTA de los barrios junto con la Venceremos participó de la quinta huelga general contra la política económica y social del gobierno nacional. El paro había sido convocado por el MTA, la CTA y la CC, y tuvo alto acatamiento en los sectores estatales y del transporte y fue acompañado por manifestaciones en varios puntos del país y cortes de rutas en La Matanza y La Plata en la Pcia. de Buenos Aires, Rosario en Santa Fe y Mendoza, entre otras.
La cantidad de acciones de protesta y de movilización que se sucedieron a lo largo del año 2001 hace imposible sintetizar en este trabajo tanta información. Si nos interesa destacar la participación de la CTA de los Barrios en la mayoría de ellas, y principalmente su participación en aquellos espacios de coordinación y articulación del campo de organizaciones sociales como las Asambleas Nacionales Piqueteras. El 24 de Julio de 2001 se realizó la I° Asamblea Nacional de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados impulsada por la FTV de la CTA, el Movimiento de Desocupados de la CCC y otras organizaciones, en la que participaron más de 2 mil personas en la iglesia del Sagrado Corazón, en San Justo (Pcia. de Buenos Aires). Allí se aprobó un plan de lucha con cortes de ruta progresivos escalonados durante tres semanas (24 hs., 48 hs. y 72 hs.) en las 50 ciudades más importantes del país, exigiendo la derogación del decreto de ajuste fiscal (Política de déficit cero anunciada por Cavallo a principios de junio de ese mismo año), garantías de que los planes Trabajar no fueran recortados, y la libertad y desprocesamiento de todos los detenidos sociales. En esa ocasión, CTA de los Barrios participó de la Asamblea con delegados propios pero alineados a la CTA y, por consecuente, a la FTV. Si bien era evidente la disputa con la FTV, en esa instancia se priorizó la articulación y la construcción de consensos con todos los sectores. En la Segunda Asamblea nacional, realizada en septiembre de 2001, la coordinadora Aníbal Verón decidió no participar, denunciando el electoralismo de la FTV y del Polo Obrero, por lo que asistieron únicamente 14 organizaciones, cristalizando las diferencias y disputas por el liderazgo y las líneas de acción al interior del espacio. Esto, sin embargo, no impidió que se votara un plan de lucha y que se conformara la Mesa coordinadora Nacional como un intento de darle mayor articulación y proyección al mismo.
Las jornadas del 19 y 20 diciembre de 2001 y la asunción de Duhalde como presidente provisorio en enero de 2002 terminaron de abrir una brecha dentro del espacio de organizaciones de desocupados. La decisión de las organizaciones del eje matancero de participar de la convocatoria de Eduardo Duhalde de constituir la “Mesa del Dialogo Argentina” junto con otros sectores sociales, empresariales y religiosos, dejó en evidencia las diferencias en torno a las miradas y acciones de cada organización. Mientras que el eje Matancero se preocupaba por la “continuidad democrática” y proponía darle “un respiro” al gobierno de Duhalde, las organizaciones vinculadas a la izquierda tradicional y los autonomistas decidieron conformar el Bloque Piquetero Nacional, con el objetivo de profundizar lo que suponían era una situación pre revolucionaria que requería de una vanguardia, en este caso los desocupados, que motoricé el proceso de transformación.
En este marco, la CTA de los Barrios se separa de la FTV-CTA, y conforma una herramienta organizativa propia, Barrios de Pie. Si bien no se incorpora al Bloque Piquetero Nacional, si articula acciones de protesta con éste, así como con la CTD AV, participando de todas las movilizaciones, piquetes y cortes de rutas propuestos por estos actores, así como con iniciativas propias como la “navidad de los pobres” frente a grandes cadenas de supermercados y otras actividades de protesta. En esta misma línea, BDP decidió no participar de los Consejos Consultivos previstos en la implementación del PJJHD e impulsados por la Mesa de Dialogo Argentina. Junto al espacio del Bloque piquetero Nacional y la CTD AV, BDP participó del corte del puente Pueyrredón el 26 de julio de 2002 que dejó como saldo dos militantes de la CTD-AV muertos y una crisis política que desembocó en la convocatoria anticipada a elecciones presidenciales.
6.6 Barrios de Pie y sus formas de construcción
Durante el año 2002, Barrios de Pie tuvo un fuerte crecimiento en cantidad y extensión organizativa en todo el país. En la capital federal para el año 2001 existían 8 “comedores” organizados, y a fines del año 2003 ya se contaban 30 centros comunitarios. En el conurbano bonaerense, este crecimiento fue más significativo. Según la información recolectada en las entrevistas, se pasó de 18 puntos de organización, a 102 en dos años. En el cordón sur de la ciudad y en el primer cordón del conurbano bonaerense, llegaron a contar con alrededor de 2500 vecinos organizados en diferentes niveles. En cada barrio, el movimiento se organizaba en “Centros Comunitarios”, con el objetivo de mostrar una estructura amplia que incorporara a los comedores populares y a todas las actividades que se realizaban, con un abordaje integral de todas las problemáticas sociales existentes en el territorio. De esta manera, todos los centros tenían un esquema organizativo similar, compuesto por un coordinador/a general y “Áreas” de trabajo. Estas últimas estaban vinculadas a problemáticas generales de todos los barrios, y tienen por objetivo el desarrollo de actividades que aporten a la solución de las mismas. Los temas que se abordaban eran Salud, Educación Popular, Género, Comunicación Comunitaria, Derecho Popular, Cultura popular, Juventud, Microemprendimientos y Vivienda. En los centros, todas las tareas eran garantizadas a través del trabajo colectivo de los vecinos, de docentes, estudiantes, profesionales y trabajadores que también participan en Barrios de Pie. Podemos identificar diferentes espacios y canales de participación, con distintos esquemas de tomas de decisiones y selección de liderazgos. Las asambleas de los centros comunitarios, las reuniones de área, los plenarios zonales y los comandos electorales, eran espacios de participación más amplia, donde el funcionamiento intentaba ser de tipo horizontal, es decir sin jerarquizaciones entre los participantes y donde las decisiones fueran tomadas por consenso o por la mayoría. Estos espacios eran coordinados por un referente que hace las veces de mediador en la discusión.
Este era el caso de las asambleas semanales en los comedores. En estas reuniones participaban los vecinos involucrados en las actividades de los centros comunitarios y los voluntarios. Estos espacios eran “dirigidos” por las coordinadoras, quienes planteaban los temas a discutir e informaban las novedades y actividades. Generalmente la cantidad de participantes de estas reuniones, se encontraba por debajo de la cantidad de vecinos organizados. Las razones de este fenómeno eran difusas. Sin embargo, la lectura del movimiento sobre esto pretendía explicar la falta de participación como consecuencia del individualismo promovido desde el poder durante la década de los ’90. Otros espacios de participación los constituyeron los ámbitos de dirección del movimiento, conformados por la Dirección Territorial, las Reuniones de Núcleo de zona y la Reunión de Coordinadora. Para participar de estos espacios, había que tener un nivel de participación y compromiso alto, y únicamente asistían quienes tenían responsabilidades regionales o zonales. La reunión de coordinadora de comedores engloba a todos los centros comunitarios y puntos organizativos de una zona. A ella asistían los coordinadores y/o responsables de cada centro. Generalmente eran reuniones de casi 20 personas, quienes discutían y se informaban sobre las actividades y novedades de la organización. Esta reunión era coordinada por un Responsable político quien participaba, a su vez, de la reunión de núcleo y de dirección territorial. La reunión de núcleo era una instancia intermedia entre la dirección y la coordinadora, donde asistían algunas coordinadoras y los responsables zonales de las áreas. Este ámbito era un espacio de dirección zonal, en donde se planificaba y discutía la política territorial de la zona, se realizaba el seguimiento de los centros comunitarios y de la “construcción” de las áreas, las relaciones políticas con otras organizaciones e instituciones, y la participación de los vecinos. De la Dirección Territorial participaban los responsables políticos de los núcleos y de la coordinadora, y los responsables regionales de las áreas de trabajo. Estos tres ámbitos constituían la columna organizacional del movimiento, el canal orgánico de circulación de la información y los ámbitos de toma de decisiones. En este esquema organizativo, las decisiones importantes eran tomadas por las instancias de dirección a posteriori de la consulta con los espacios amplios de organización. En el día a día, las decisiones referidas al desarrollo de la organización eran tomadas por las diferentes instancias según corresponda.
La construcción y selección de los liderazgos, es decir de los referentes o líderes sociales, era una problemática que presentaba varios aspectos. En primer lugar, se relacionaba directamente con la forma en que se constituyó el centro comunitario, si fue de forma colectiva, es decir por iniciativa de un grupo de personas, o por iniciativa individual de un vecino, de montar en su casa un comedor o alguna otra actividad. En este sentido, también había que evaluar cuál era la trayectoria individual del referente, si tenía experiencia previa en alguna organización y cuál era su motivación para formar parte del movimiento. Todos estos elementos influyeron a en la forma en que se desarrolló la organización y participación de los vecinos.
La formación y acción de “promotores comunitarios” como forma de contraprestación de los planes asistenciales, introdujo un elemento novedoso y diferente para la participación de los vecinos. Los promotores de las Áreas se constituyeron como referentes sociales y como nexos entre las instituciones del estado y del gobierno para con los vecinos. Al ser reconocido socialmente el trabajo realizado por los promotores, era vivido como un “orgullo”. Si bien en sus comienzos, en las áreas participaban casi la totalidad de los integrantes del movimiento, con el tiempo esta participación fue decantando hasta que se consolidó un grupo de trabajo comprometido con sus tareas. Cabe aclarar que si bien en un principio se había planteado como obligatorio la asistencia a un área (en tanto contraprestación del “plan”), los vecinos podían decidir a cuál de ellas se integraban y qué actividades realizaban. Por último, todas las áreas utilizaron la educación popular como metodología de trabajo, entendiendo que los saberes se construyen entre todos y que la transformación de la realidad es el objetivo.
El rol socialmente reconocido y la valoración individual en tanto promotores resignificaron la participación de muchas mujeres y hombres que a través de la organización se revalorizaron como personas, y encontraron lugares de acción desde dónde expresarse y transformar la realidad. Estas formas de organizar la acción a través del tiempo incorporan y al mismo tiempo dependen de hábitos, percepciones y construcciones sociales del mundo. El “Centro Comunitario” como espacio de abordaje integral de las diferentes problemáticas en los barrios y como herramientas de participación popular a través de las cuales se resignifican las prácticas sociales de los “desocupados”, constituyó una alternativa a las formas de participación clásicas, de carácter comunitario y multi-actoral. Las incipientes experiencias de participación social alrededor de cuestiones sociales y específicas de cada barrio, permite problematizar la relación (compleja) entre las políticas de asistencia social, la participación social y la territorialidad de las organizaciones sociales.
Sintetizando, podemos decir que la emergencia de las organizaciones de desocupados como un nuevo modelo de acción colectiva y como la forma de organización y representación de los sectores populares en nuestro país, fue expresión de varios procesos complejos: la crisis de los sujetos colectivos clásicos (clases sociales, los movimientos de masas, las naciones, los pueblos); una complejización de la vida social a partir del proceso de des industrialización y liberalización de nuestras economías a partir de la implantación del modelo económico neoliberal; un proceso de heterogeneización de los sectores sociales, de la mano de la pauperización de las clases populares; la fragmentación y complejización del conflicto social (ya no articulado en la clásica tensión capital-trabajo), y el surgimientos de nuevas demandas vinculadas principalmente a cuestiones referidas a la calidad y el estilo de vida, cuestiones identitarias y de la ampliación de derechos a minorías, medioambiente y derechos post-materiales o de 4º generación; la crisis de representación de las mediaciones clásicas (partidos políticos, sindicatos, organizaciones sectoriales), y su incapacidad para canalizar y articular políticamente los nuevos conflictos y demandas; y de la crisis del Estado de Bienestar primero (Offe, 1988), y el Estado neoliberal después, para dar respuestas a todas estas nuevas demandas, y canalizar institucionalmente el conflicto.
La transformación de las formas de acción colectiva, y el surgimiento de las organizaciones de desocupados como actores sociopolíticos del escenario argentino, se enraizó en la crisis de los principales mediadores entre el Estado y la sociedad, los partidos políticos mayoritarios y de la centro-izquierda, y los sindicatos peronistas.
Desde un primer momento estas organizaciones se vincularon de diferentes formas con el sistema político, ya sea a través de la protesta social como de la participación en diferentes armados partidarios, en busca de canalizar las demandas de su base social. BDP fue parte de este proceso desde el primer momento a través de diferentes herramientas de construcción. Su representación partidaria a través de CPL condicionó su forma de vinculación con los diferentes actores del sistema político, y su participación política en el Estado nacional como veremos en los próximos capítulos.
El llamado precipitado a elecciones para febrero de 2003 fue considerado por CPL como un intento de los sectores de poder de preservar la hegemonía política, por lo cual la organización optó por la convocatoria al voto en blanco, con el objetivo de profundizar la crisis de representación de los partidos mayoritarios. La prematura victoria de Néstor Kirchner, apadrinado por Duhalde, y su viraje político con respecto al modelo neoliberal, abrió un nuevo escenario para CPL y BDP. A partir del año 2003, BDP entendió, según expresan sus órganos de prensa y sus dirigentes, que se abrió una nueva etapa política con un gobierno que “parece alejarse de la ortodoxia neoliberal de los ’90” y que “algunos de los intereses de los sectores populares pueden concretarse desde el Estado”[36]. De su trayectoria política durante este periodo y de sus estilos de gestión estatal y territorial nos ocuparemos en la segunda parte de esta tesis. Allá vamos.
García Delgado (1994) define como modelo de desarrollo a la articulación de un modelo de acumulación de capital, de un modelo de Estado y de sistema político y de relación exteriores en un momento histórico determinado. En esta línea el autor analiza el proceso sociopolítico argentino a partir del modelo Agroexportador 1860-1930, el modelo de sustitución por importaciones 1930-1976 y el modelo neoliberal 1976-1994. En obras posteriores, García Delgado (2006) analiza la crisis del modelo neoliberal en 2001 y el pasaje a un modelo pos neoliberal o de desarrollo productivo con inclusión social. ↵
La crisis de la deuda en 1982 supuso también un proceso de refinanciamiento del gasto, de la mando de un aumento de la deuda pública nacional, a condición de adoptar los programas de ajuste estructural impulsados por las teoría neoclásicas del Consenso de Washington para recuperar el equilibrio macroeconómico perdido, cuyos postulados principales eran: disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma impositiva, tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio internacional, las tasas de interés y de la entrada de inversiones extranjeras directas, privatización, desregulación del mercado de trabajo y fortalecimiento de los derechos de propiedad. John Williamson fue el primero en sistematizar estos principios que por la época ya estaban instalados en “Washington” (los organismos financieros internacionales, el Congreso de los EEUU, la Reserva Federal, los institutos de expertos económicos o think tanks). La etapa de estabilización, que comenzó con la implementación del Plan de Convertibilidad, promovió de la mano de las políticas neoliberales, la reforma estructural del modelo económico y social de nuestro país, a partir de transformaciones de fondo como el replanteo del rol del Estado, su agenda, y las reglas de juego.↵
En el artículo 3 incisos del 81 al 89 se faculta al MTySS “a desarrollar programas de empleo para grupos especiales de trabajadores, orientados a quienes presenten mayor dificultad de inserción laboral.” Ley Nº24.013.↵
Este programa estuvo regulado por la Ley 24.013/91, las resoluciones MTySS 89/94, 661/94, 883/94, y las resoluciones de la Secretaría de Empleo 18/93, 7/94, 25/94. El PIT fue el primer programa de empleo transitorio creado como política activa de empleo, destinado a la inserción laboral de trabajadores desocupados de larga duración inscriptos en la Red de Servicios de Empleo. El objetivo del mismo era la realización de obras y servicios de utilidad pública y social, por medio de organismos responsables que podían ser gubernamentales o no gubernamentales, aunque en la práctica los Municipios asumieron el rol más activo. El ministerio asumía el pago de los salarios, a través del Fondo Nacional del Empleo, a los beneficiarios del programa, quienes debían insertarse en los proyectos vinculados mediante un contrato de fomento del empleo según lo indicado en las modalidades promovidas de empleo de la Ley 24.013. Para implementar el PIT en las provincias era necesaria la declaración de la Emergencia Ocupacional como surge de la Ley de Empleo, cuestión que habilitaba a los gobiernos provinciales a firmar convenios con el MTySS para su implementación. A diferencia de los programas que le sucedieron, en el PIT, al estar los beneficiarios inscriptos en las modalidades de contratación promovidas por dicha ley, tuvieron acceso a descuentos jubilatorios y demás beneficios sociales. Este elemento posicionó al PIT como uno de los programas de empleo transitorio que mayores beneficios relativos otorgaba, así como un programa con mayor costo para el Fondo Nacional del Empleo. Para el año 1993-1994, el PIT contenía un total de 132.043 beneficiarios (Barbarena, 2006 citado por Neffa y Brown, 2011).↵
Según Grassi (2003), estas intervenciones estatales distinguieron dos modalidades de acción: la asistencia clásica y la asistencia gerencial. En este sentido, la modalidad de asistencia clásica refirió a la estrategia que se materializó en desarrollo del Plan del Bono Solidario, nacido de la experiencia del Operativo Solidaridad, a fines del año 1989, que tuvo como antecedente el Programa Alimentario Nacional (PAN), de reparto de módulos alimentarios entre la población con necesidades básicas insatisfecha durante el gobierno de Alfonsín. Por otro lado, la modalidad gerencial se expresó en la aprobación de la Ley 23.767 de Políticas sociales Comunitarias en año 1989 donde “se dejaba asentada la necesidad de políticas compensatorias para eliminar los desequilibrios sociales producidos en el marco de las políticas de estabilización económica, buscando incrementar la eficiencia y la equidad del sector social.” (Grassi, 2003:248). Para el año 1993, durante el primer mandato menemista (1989-1995) se lanzó el Plan Social con el cual se esperaba, “pasar del asistencialismo a la promoción social” a la vez que “gastar bien la inmensa cantidad de dinero” destinado a la inversión social. La importancia del lanzamiento de dicho Plan respondió a que por primera vez se expresó públicamente la necesidad de la búsqueda de principios de eficiencia, eficacia, equidad y transparencia de las políticas sociales a través de las estrategias de focalización, integralidad, sustentabilidad, metas y control, y el fortalecimiento de la comunidad.↵
El mandato de la focalización respondía a la necesidad de reorientar los recursos hacia los sectores más vulnerables que no poseían cobertura ni protección. En este mandato subyacía la concepción liberal del mercado como el mejor asignador de recursos ya que se proponía de la mano de la focalización, la privatización de los servicios básicos para que aquellos sectores medios y altos, que pudieran pagar por sus servicios, lo hicieran, liberando recursos para los sectores humildes. La focalización permitía así concentrar la atención y el gasto a los sectores más vulnerables y sin protección o cobertura de ningún tipo, mientras que los sectores medios y los trabajadores vieron cercenados su acceso a la salud, la educación y la protección social de la mano del proceso de privatización de los servicios públicos.↵
La descentralización de los programas también era un mandato proveniente de los lineamientos del BM. A los efectos de nuestro trabajo, nos interesa señalar que la descentralización correspondía únicamente a su ejecución, no así a su diseño ni su evaluación, las cuales eran desarrolladas en los niveles centrales de la política. Esta descentralización operaba como una estrategia de penetración en el territorio a partir de la ejecución de los programas, de la mano de la participación y co-gestión de los mismos con otras instancias de gobierno y de la sociedad civil.↵
Diferentes estudios pusieron de manifiesto la diversidad de formatos existentes en lo referente a las modalidades institucionales de participación y de articulación de actores sociales (Cunill Grau, 2003; Gonzalez Bomal y Villar, 2003; Tamargo, 2002; Cardarelli y Rosendfeld, 2002; Clemente, 2004, Bombarolo, 2004, Rofman, 2007, De Piero, 2005b,). Cunill Grau (2003) destaca tres tipos de arreglos institucionales: a) los beneficiarios en la administración de los servicios sociales (autogestión social), b) las organizaciones voluntarias de carácter público en la ejecución de las políticas sociales (ONG) y c) los órganos expresos para el control social de las políticas. En todas, plantea la autora, lo que se hace necesario juzgar es si contribuyen o no a fortalecer la organización social, tanto como si favorecen o no una ejecución más democrática y eficiente de las políticas sociales. En esta misma línea María del Carmen Tamargo (2002) identifica tres formatos: a) Alianzas entre el sector público y el privado donde cada uno aporta recursos y participa de la toma de decisiones, b) Gestión asociada basada en la negociación y la búsqueda de consensos, y c) el partenariado, la cual sería una forma de asociación que supere las asimetrías para construir asociativismo sin jerarquías. Por otro lado, Adriana Rofman (2007) en un intento de clasificar los diferentes arreglos institucionales existentes, propone considerar cinco criterios clasificativos. Estos son: los actores y sectores involucrados, la escala territorial afectada, las instancias de participación utilizadas, el momento del ciclo de la política pública donde interviene y la intensidad de la participación. Estos criterios dan lugar a una tipología compuesta por cinco tipos ideales de participación social en las políticas públicas: Participación baja o nula (receptores); Participación en la ejecución de las acciones; Participación asociada en la implementación; Participación en el diseño y en las decisiones; y Participación en el control y monitoreo. Los tres últimos tipos refieren a un alto nivel de participación ya que si bien intervienen en un momento específico del ciclo de la política, tienen capacidad de tomar e influir en las decisiones e incidir en el curso de acción del Estado. No así en el caso de los dos primeros tipos. De un estudio de quince mecanismos institucionales de participación diferentes, la autora concluye que los mismos cobran especial importancia en los escenarios locales de gestión o de implementación descentralizada de las políticas sociales, donde la relación entre el Estado y los actores de la sociedad civil es más cercana.↵
Esto será desarrollado en profundidad en el capítulo IV de este libro.↵
Este aspecto será desarrollado en profundidad en el próximo apartado.↵
Diario Clarín del 26/09/02 “Chiche anuncio el regreso de las manzaneras”.↵
Ministerio de Desarrollo Humano, www.desarrollohumano.gba.gov.ar.↵
Las consecuencias económicas y sociales fueron sentidas mayormente por los sectores populares y por la clase media. Junto con la destrucción masiva de empleos, como consecuencia del proceso de transformación productiva, se produjo una caída del salario real y del poder adquisitivo de las familias, profundizando el cuadro recesivo de la sociedad argentina. En este contexto, el gobierno de transición debió hacer frente al conflicto social, que instaló en el centro del campo político a la “desocupación” y la “pobreza” como los mayores problemas sociales del nuevo siglo. Según los datos de la EPH, para octubre de 2002, en la Argentina existían 9.180 miles de personas en situación de indigencia y 18.479 miles de personas en situación de pobreza. Es decir, un 27.7 % y 55.8 % de la población respectivamente, acompañado por una tasa de desocupación del 20.8 %, según datos INDEC, y una subocupación del 18, 6 %. Con niveles de pobreza superiores al 50%, tener trabajo no implicaba necesariamente acceder a una vida digna. Los datos del INDEC señalan que el 25,7% de los ocupados, durante este periodo, ganaba menos de $ 200 por mes, y no llega a cubrir los $ 210 que demanda la canasta básica para cubrir las necesidades de un adulto. Otro elemento importante para analizar este periodo, son los niveles de desigualdad, medidos por el Índice Gini, que según Haimovich, Winkler, & Gasparini (2006), para 2002 llegan a su máximo valor, de 0.53, medido por la EPH. Este dato nos permite apreciar que uno de los fenómenos sociales más importantes de este periodo fue el aumento de la desigualdad entre los diferentes sectores de la sociedad y hacia adentro de los mismos. Este proceso fue acompañado por un aumento de los niveles de concentración de la riqueza, que rápidamente alcanzó una diferencia de 40 veces entre el decil más pobre y el decil más rico (Haimovich, Winkler, Gasparini, 2006). ↵
La campaña “El hambre más urgente” fue una iniciativa de un grupo de ONG’S, entre las cuales se encontraban Poder Ciudadano y el Grupo Sophia, para impulsar la recolección de firmas durante el año 2002, para presentar un proyecto de ley contra la desnutrición infantil. El proyecto de ley consiguió medio millón de firmas, logrando el estatus de iniciativa popular. La ley fue sancionada en diciembre de 2002. Ver goo.gl/fCvJAZ.↵
Según el INDEC EPH, para el 2006, la tasa de desocupación era 8.7%, la tasa de indigencia era del 10.12% y de pobreza era del 29.2%, mostrando una sensible baja con respecto a los años anteriores.↵
El seguro de empleo y capacitación es un programa de protección del empleo que otorga un beneficio por 6 meses a los trabajadores desocupados, y que busca su formación profesional y/o educativa, con el objetivo de reinsertarlos en el mercado de trabajo. Se planteó como una iniciativa superadora a los planes de empleo asistenciales. El programa Familias está compuesto por una serie de programas y acciones de prevención, promoción y asistencia, que tienen por objetivo la protección y promoción de las capacidades y derechos de las familias en situación de vulnerabilidad social. El programa familias prevé una transferencia de ingresos a familias que no se encuentren asistida por otros programas, y además está compuesto por los Centros Integradores Comunitarios (CIC), las acciones implementadas por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, el Programa Federal de la Mujer y la Familia Juana Azurduy, la labor del Consejo Federal de la Niñez y Adolescencia, las actividades de apoyo a organizaciones sociales, la asistencia especial a grupos vulnerables, el Programa Integrando la Discapacidad, Capacidades Especiales y el Tren de Desarrollo Social y Sanitario.↵
Durante el 2008 estalla en Estados Unidos la crisis de los créditos “sub prime”, lo cual fue el inicio de una crisis financiera internacional que se extendió rápidamente a Europa y al resto del mundo. En nuestro país se reflejó en una caída de los precios de exportación y en la demanda del resto del mundo de nuestros productos, cuestiones que impactaron en el escenario macroeconómico general.↵
Por primera vez, el oficialismo pierde las elecciones en la Provincia de Buenos Aires desde la crisis del 2001-2002, a pesar de haber implementado una estrategia novedosa conocida como las candidaturas testimoniales, que convirtieron a la elección en una suerte de referéndum de la gestión de gobierno ya que el primer candidato a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires fue el propio Néstor Kirchner. Éste fue derrotado con una diferencia de casi dos puntos por un espacio de centro derecha, representado por De Narváez.↵
La AUH es un sistema de protección para todos los niños y adolescentes que no se encuentran cubiertos a través del sistema de protección formal, es decir a través de las asignaciones familiares que cobran todos los trabajadores formales. Consiste en el pago de una asignación de dinero por mes, por hijo. Este monto se paga el 80% en forma directa y el 20% restante podrá ser retirado una vez al año, cuando se demuestre que el niño concurrió a la escuela y que cumplió con los controles de salud a través de la libreta nacional de seguridad social, salud y educación.↵
El Programa de Ingreso social con trabajo “Argentina Trabaja” fue creado por la Res. 3182 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) el 6 de Agosto de 2009 y ratificado por el decreto presidencial 1067 el 14 de Agosto de 2009. A partir de estos actos administrativos, se creó la Unidad Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo, cuyo titular fue designado por la Ministra con rango de subsecretario. Durante el año 2010 se decidió adecuar el Programa Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” al Argentina Trabaja. Su antecesor directo era el Programa de Inversión Social (PRIS) que establecía la formación de cooperativas de trabajo de 36 integrantes para realizar proyectos de infraestructura social y obra pública en municipios del conurbano y el interior del país. El Programa AT se propuso como objetivo principal la “promoción del desarrollo económico y la inclusión social, generando nuevos puestos de trabajo genuino, con igualdad de oportunidades fundado en el trabajo organizado y comunitario, incentivando e impulsando la formación de organizaciones sociales de trabajadores” (Res. N°3182 MDS). Según la normativa citada, el propósito del programa era la promoción del desarrollo económico y la inclusión social, generando nuevos puestos de trabajo a partir de la organización de cooperativas de trabajo para la realización de obras públicas vinculadas con labores de baja y mediana complejidad para el mejoramiento de la infraestructura y el hábitat barrial de las localidades “más vulnerables” del país (Guimenez-Hopp, 2011). Según Natalucci (2011), la meta de la primera fase implicaba la creación de cien mil puestos de trabajo. Según datos proporcionados por el ministerio ante los requerimientos de la ONG Poder Ciudadano, a fines de abril de 2010 existían 1790 cooperativas, con un presupuesto ejecutado en 1.734.654.632 pesos (Natalucci, 2011: 10).↵
En este sentido, el trabajo de Claus Offe (1988) ilumina esta cuestión a partir del análisis de la lógica y el alcance de los NMS como una expresión del agotamiento del Estado de Bienestar. Para este autor, los NMS surgen como un espacio no comprometido con el modelo de sociedad de la posguerra, representado por el Estado de Bienestar, los partidos políticos de masas y las representaciones corporativas. En el intento de transformar esta realidad, “tratan de politizar la sociedad civil de forma no restringida por los canales de las instituciones políticas representativas-burocráticas” (Offe, 1988: 167). El debate sobre el alcance de esta estrategia, su capacidad de generar un sujeto histórico que dispute poder, y sobre su capacidad de representación y de formación de gobierno van a atravesar toda la producción académica, desde diversos enfoques y perspectivas ideológicas, en nuestra región como vimos en el capítulo anterior (Calderón y Jelin, 1987, Boaventura de Sousas Santos, 2001; Zibechi, 2003, De Piero, 2005). La cuestión central radicaba en reflexionar si eran representativos de una nueva conflictividad social, y si eran una nueva herramienta para llevar adelante la transformación social.↵
Para un análisis del PJ ver Levitzky y Wolfon, 2005. Para un análisis de la UCR ver Zelaznik, 2008. Para un análisis de las Presidencias de Alfonsin, Menem, De La Rúa y Duhalde ver Leiras, 2012.↵
Para ver un análisis pormenorizado de la relación de los Sindicatos y las Obras sociales, ver Danani (2005), Tesis doctoral FSOC-UBA.↵
Sobre el rol de los sindicatos en las coaliciones reformadoras y en la reestructuración laboral durante el periodo neoliberal, ver Etchemendy (2004).↵
Según el GEPSAC, “el primer ciclo de protesta en el cuarto trimestre de 1993 alcanza su punto más alto un año más tarde y luego desciende sistemáticamente hasta el tercer trimestre de 1996. El segundo comienza en el cuarto trimestre de 1996, llega a su punto más alto en el segundo trimestre de 1997 y luego comienza a declinar hasta alcanzar su punto más bajo en el cuatro trimestre de 1999. Si el primer ciclo muestra una paulatina intensificación de los conflictos a lo largo de todo un año (1994), el segundo, en cambio, muestra una escalada notoriamente mayor: al comparar la cantidad de protestas del cuarto trimestre de 1996 con la cantidad alcanzada en el segundo trimestre de 1997 (el punto más alto del ciclo) se observa que, en seis meses, la cantidad de protestas crece un 328%. Entre fines de 1999 y fines de 2002 es más difícil poder identificar un ciclo de protestas. Nuestros datos indican que las fases ascendentes y descendentes de las confrontaciones son mucho más cortas en esos años. Prácticamente durante todo ese período cambia el sentido de la fase de un trimestre a otro. Sin embargo, a pesar de este ritmo más discontinuo, desde el segundo trimestre de 2000 hasta el primer trimestre de 2002, cada una de las fases de intensificación de las confrontaciones es más importante que la anterior, en términos de la cantidad de protestas” (Schuster et al, 2006 31-32).↵
Para un análisis de la FTV ver Pagliarone (2012), y para un análisis de la CCC, ver Iglesias (2012).↵
Las Asambleas nacionales piqueteras fueron dos intentos de coordinación y articulación de planes de lucha entre casi todo el espacio de organizaciones de desocupados entre el 2001 y el 2002. Ver Nataluci 2007.↵
Ejemplos de esta estrategia fueron la participación de estas organizaciones en las protestas en apoyo a la lucha de los trabajadores de APA, o el apoyo a las luchas docentes, a las movilizaciones del movimiento Los Niños del Pueblo, o su participación en el Frente nacional contra la Pobreza.↵
Corriente Nacional Patria Libre: Organización política de Izquierda Nacional fundada en Córdoba en el año 1987.↵
Rama Juvenil Universitaria de la Corriente Nacional Patria Libre.↵
En 1987 el Partido Comunista y el Movimiento al Socialismo arman el frente Izquierda Unida con el cual obtienen en las elecciones legislativas, 400.000 votos, obteniendo un diputado. Izquierda Unida se rompe en 1991 por diferencias internas en relación a la posición con respecto la caída de la Rusia soviética.↵
El centralismo democrático es el modelo de organización y funcionamiento utilizado por CPL y por BDP, y posteriormente por LS. Basado en los desarrollos del marxismo leninismo, se diferencia del modelo burocrático o del centralista porque la toma de decisiones se realiza de abajo para arriba y viceversa. Cada decisión estratégica es tomada con la previa consulta a los diferentes niveles de la organización en un debate ida y vuelta. Los boletines internos que las direcciones ponían a discusión con los diferentes frentes eran el instrumento más utilizado. Los congresos nacionales y los debates previos y durante los mismos, también ilustraban esta forma de organización.↵
Las principales Universidades donde se contaban con frentes de masas eran la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad nacional de Rosario, la Universidad Nacional del COMAHUE, la Universidad nacional de La Plata, la Universidad nacional de Lomas de Zamora, entre otras.↵
Durante la década de los ’90, una de las políticas de construcción de la Venceremos en las universidades fue la conformación de comisiones de solidaridad con Cuba, ya sea en el marco de los centros de estudiantes o por afuera. Estas comisiones realizaban trabajos de difusión de la Revolución y actividades solidarias como la realización de viajes a la isla a realizar tareas solidarias. En parte esta política estaba basada en la estrecha relación de algunos de los integrantes de la dirección nacional de CPL con la embajada Cubana.↵
Asociación de Trabajadores del Estado y Unión de Trabajadores de la Educación, respectivamente.↵
Entrevista a Jorge Ceballos publicada el 23 de mayo de 2006 en Diario Página 12. Disponible en goo.gl/s2X3Nd.↵

References: resolución 
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in fine
 resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 3