Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5348
Timestamp: 2020-02-18 00:19:38+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 88/2005
SENTENCIA 88/2005, de 18 de abril
ECLI:ES:TC:2005:88
En el recurso de amparo núm. 2044-2001, promovido por doña Concepción Arellano Antoñana, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Ana Lázaro Gogorza y asistida por el Abogado don Juan Tomás Rodríguez Arano, contra la Sentencia de 28 de febrero de 2001 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina 437-2000 interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 27 de diciembre de 1999, por la que se resolvía el recurso de suplicación interpuesto por la misma parte frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Navarra, en autos núm. 299/99, seguidos a instancia de doña Concepción Arellano Antoñana frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en materia de pensión de jubilación. Ha sido parte el Instituto Nacional de la Seguridad Social, representado por el Procurador de los Tribunales don Luis Fernando Álvarez Wiese y asistido por la Letrada de la Administración de la Seguridad Social doña María Luisa Dorronzoro Fábregas. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Presidenta doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 9 de abril de 2001, doña Ana Lázaro Gogorza, en nombre y representación de doña Concepción Arellano Antoñana, presentó recurso de amparo contra la resolución judicial del encabezamiento.
a) La demandante de amparo fue religiosa de la Congregación de la Sagrada Familia de Burdeos, desde el 26 de septiembre de 1954 hasta el 30 de julio de 1974, habiendo trabajado desde el año 1960 hasta 1974, en que se secularizó, como enfermera en Barcelona, Pamplona y Madrid.
b) El 12 de abril de 1998 la demandante solicitó del Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante, INSS) el reconocimiento de la pensión de jubilación, que le fue denegada por Resolución del INSS de 2 de marzo de 1999, por no haber acreditado los quince años de cotización exigidos para devengar el derecho a la pensión. La resolución tomaba para ello en consideración el hecho de que la profesión religiosa ejercida quedó encuadrada en su día en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos (en adelante, RETA), cuyos antecedentes de cotización se remontan al 1 de enero de 1962, fecha a partir de la cual se pueden admitir cotizaciones al mismo, por lo que los períodos computables en el caso de la actora eran los de profesión religiosa ejercida entre el 1 de enero de 1962 y el 30 de abril de 1982, de acuerdo con lo establecido en el art. 2.1 a) del Real Decreto 487/1998, de 27 de marzo, regulador de esta materia, computándose en virtud de ello como período cotizado el comprendido entre el 1 de enero de 1962 y el 30 de julio de 1974, alcanzándose 4.563 días. La posterior reclamación previa fue desestimada por Resolución del INSS de 19 de mayo de 1999.
c) La actora interpuso demanda contra la citada denegación, que fue estimada por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Navarra (Pamplona) de 28 de septiembre de 1999, que reconoció su derecho a percibir pensión de jubilación, con efectos económicos de 1 de junio de 1998, conforme a una base reguladora de 79.336 pesetas mensuales y en un porcentaje del 60 por 100 de la misma, más las revalorizaciones y mejoras que legalmente procedan, declarando asimismo la obligación de la demandante de abonar el capital coste de la pensión que se le reconoce, resultado de capitalizar la base reguladora al porcentaje obtenido de multiplicar por 3,33 el número de años que hayan sido reconocidos como cotizados a la Seguridad Social. Considera a tal efecto la Sentencia que en el Real Decreto 487/1998 no se alude en modo alguno al RETA o a la fecha de su nacimiento para fijar un punto de partida en el cómputo de las cotizaciones de carácter ficticio que en el mismo se contempla, sino que, como expresa la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de julio de 1999, la remisión a este régimen especial se produce una vez establecidos los períodos asimilados, para decir que serán reconocidos "en el supuesto de personas que abandonaron la profesión religiosa en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos".
d) La anterior resolución fue recurrida en suplicación por el INSS, centrándose el debate jurídico en la cuestión de determinar si la asimilación del período de actividad religiosa a tiempo cotizado que dispone el Real Decreto 487/1998 citado puede o no proyectarse en el tiempo más allá de la fecha de creación de la Mutualidad de trabajadores autónomos. La Sentencia de 27 de diciembre de 1999 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra desestimó el recurso y confirmó la resolución recurrida, al considerar acertado el criterio mantenido por el Juzgado de que el Real Decreto 487/1998, que desarrolla la disposición adicional décima de la Ley 13/1996, al no establecer ningún límite temporal, en su parámetro inicial, para el cómputo del tiempo de profesión religiosa que asimila a cotizado a la Seguridad Social, permite tener en cuenta todo el necesario para completar el período de carencia exigido, aunque en parte sea anterior a la fecha de creación de la primera Mutualidad de trabajadores autónomos, lo que resulta coherente con las directrices contenidas en la exposición de motivos de la norma que remiten a "los períodos que sean necesarios y que coincidan en el tiempo con el ejercicio del Ministerio o de religión".
e) Contra la anterior Sentencia interpuso el INSS recurso de casación para la unificación de doctrina, aportando como Sentencia de contraste la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 28 de junio de 1999, que en un caso similar había estimado el recurso planteado por el INSS por entender que el período asimilado a cotizado a reconocer a los secularizados en razón de su actividad religiosa no podía, en ningún caso, ser anterior a la creación del régimen especial de trabajadores autónomos en que se integraron. El recurso fue estimado por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2001, que consideró que la doctrina acertada era la mantenida por la Sentencia de contraste y no la de la recurrida, recordando que la asimilación del tiempo de ejercicio sacerdotal o religioso a período cotizado supone ya en sí misma un trato más favorable para sacerdotes y religiosos secularizados que el concedido a los restantes colectivos de incorporación tardía al RETA y que dicho beneficio no podía extenderse mas allá de lo que permite la interpretación literal, lógica y sistemática de la disposición adicional décima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que sólo autoriza el cómputo de aquellos períodos no cotizados en que a los sacerdotes y religiosos "no les fue permitido cotizar por su falta de inclusión en el sistema de Seguridad Social". Además, señala la Sala que si se permitiera al colectivo de religiosos secularizados computar a efectos de carencia el tiempo de vida religiosa anterior a la fecha en que se creó la primera Mutualidad de autónomos se conculcaría el principio de igualdad (art. 14 CE), al no haberse previsto dicha posibilidad para ningún otro colectivo. Finalmente, en el fundamento noveno de la Sentencia rechaza la Sala que la anterior interpretación pueda entrañar una desigualdad de trato entre sacerdotes y religiosos por resultar beneficiados los primeros a la hora de fijar el dies a quo del cómputo, por estar integrados en el régimen general de la Seguridad Social, cuyas normas permiten una retroacción mayor. A este respecto señala la Sala que ambos colectivos quedaron desde siempre integrados en regímenes distintos, circunstancia que se justificó en las normas de integración en razón a la distinta actividad desempeñada por unos y otros, al realizar los sacerdotes una actividad pastoral al servicio de la comunidad mientras que los religiosos efectúan una actividad que es normalmente de ámbito más específico y restringido y que redunda en beneficio de la Orden o Comunidad a la que pertenecen, lo que ofrece rasgos comunes con el trabajo por cuenta propia en empresas cooperativas, razón por la cual fueron incluidos en el RETA.
3. La demandante de amparo denuncia la vulneración por la Sentencia de 28 de febrero de 2001 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo del art. 14 CE, al no tratar por igual a la recurrente que al colectivo de religiosos asimilado al régimen general de la Seguridad Social, sin que exista causa objetiva legal alguna que propicie tal desigualdad. Dicha Sentencia quebranta el principio de igualdad efectivo, en cuanto que consiente una situación discriminatoria respecto de la recurrente, ya que por el hecho de estar asimilada al RETA ve disminuidos sus derechos respecto de los sacerdotes, que al ser asimilados al régimen general no tienen limitación retroactiva de la ficción de cotizaciones que concede el Real Decreto 487/1998.
4. Por providencia de la Sección Segunda de este Tribunal de 24 de julio de 2001 se acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, requiriéndose al Juzgado de lo Social núm. 1 de Navarra, a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para que en el plazo de diez días remitiesen, respectivamente, testimonio del procedimiento núm. 299/99, rollo de suplicación núm. 504/99 y recurso núm. 437-2000, interesándose al propio tiempo que se emplazara a quienes hubieran sido parte en el mencionado procedimiento, con excepción de la recurrente en amparo, que aparecía ya personada, para que el plazo de diez días pudiesen comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 18 de septiembre de 2001 el Procurador de los Tribunales don Luis Fernando Álvarez Weise, actuando en nombre y representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, solicitó que se le tuviera por personado y parte en el procedimiento.
6. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Primera de este Tribunal de 3 de octubre de 2001 se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y Juzgado de lo Social núm. 1 de Navarra, y el escrito del Procurador don Luis Fernando Álvarez Weise, a quien se tuvo por personado y parte en el procedimiento en representación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, acordándose, conforme a lo dispuesto en el art. 52 de la Ley Orgánica de este Tribunal, dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo, en la Secretaría de la Sala, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieren.
7. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 24 de octubre de 2001 la representación procesal de la parte recurrente cumplimentó el trámite de alegaciones, ratificándose íntegramente en el contenido del escrito de demanda de amparo.
8. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 30 de octubre de 2001 la representación procesal del Instituto Nacional de la Seguridad Social presentó sus alegaciones, solicitando la denegación del amparo.
9. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 31 de octubre de 2001, interesando la denegación del amparo solicitado.
10. Por providencia de 14 de abril de 2005 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 18 del mismo mes y año.
1. La demandante de amparo recurre la Sentencia de 28 de febrero de 2001 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 27 de diciembre de 1999, por la que se resolvía el recurso de suplicación interpuesto por la misma parte frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Navarra, en autos núm. 299/99, seguidos a instancia de la demandante frente al INSS en materia de pensión de jubilación, anulando y casando la citada resolución, revocando la Sentencia de instancia y absolviendo al INSS de la demanda interpuesta.
2. La Ley 13/1996, de 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, incluyó una disposición adicional décima relativa a la regulación de las cotizaciones sociales de sacerdotes y religiosos secularizados de la Iglesia católica, en la que se encomendaba al Gobierno la aprobación, en el plazo máximo de seis meses, de "las disposiciones normativas que sean necesarias a los efectos de computar, para los sacerdotes y religiosos/as secularizados, el tiempo que estuvieron ejerciendo su ministerio o religión, y en el que no les fue permitido cotizar por su falta de inclusión en el sistema de la Seguridad Social, con objeto de que se les reconozca el derecho a la percepción de la pensión de jubilación denegada o a una cuantía superior a la que tienen reconocida".
3. Antes de proceder al examen del tema de fondo, es preciso analizar la posible concurrencia de la causa de inadmisibilidad referida a la falta de invocación formal en el proceso del derecho constitucional vulnerado [art. 44.1 c) LOTC] y al consiguiente deficiente agotamiento de la vía judicial previa (art. 43.1 in fine LOTC), puesta de manifiesto por la representación procesal del INSS en su escrito de alegaciones, que, de constatarse, determinaría un pronunciamiento de inadmisión en el presente momento procesal, ya que, como tiene declarado este Tribunal, los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque el recurso haya sido inicialmente admitido a trámite (SSTC 129/2000, de 16 de mayo, FJ 2; 185/2000, de 10 de julio, FJ 3; 105/2001, de 23 de abril, FJ 2; 228/2001, de 26 de noviembre, FJ 2; 18/2002, de 28 de enero, FJ 3).
4. Descartada la concurrencia del óbice procesal señalado, podemos ya proceder al examen de la vulneración del derecho fundamental que constituye la queja de la recurrente.
5. Como tiene declarado este Tribunal desde la STC 22/1981, de 2 de julio, recogiendo al respecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derecho Humanos en relación con el art. 14 CE, "el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. También es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos" (SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3; 49/1982, de 14 de julio, FJ 2; 2/1983, de 24 de enero, FJ 4; 23/1984, de 20 de febrero, FJ 6; 209/1987, de 22 de diciembre, FJ 3; 209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6; 20/1991, de 31 de enero, FJ 2; 110/1993, de 25 de marzo, FJ 6; 176/1993, de 27 de mayo, FJ 2; 340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4; 117/1998, de 2 de junio, FJ 8; y 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4, por todas).
6. Pues bien, en el presente caso, la diferenciación efectuada en su día por el legislador entre los sacerdotes y los religiosos y religiosas a efectos de su integración en el sistema de la Seguridad Social aparece justificada por razón de la diferente actividad desarrollada por uno y otros, extremo éste que este Tribunal ha declarado que no es vulnerador del derecho fundamental cuestionado y que, por lo tanto, no podemos enjuiciar desde el ámbito de nuestra jurisdicción. No cabe argumentar en contrario, como pretende la recurrente en amparo, a partir del hecho de haber desempeñado la demandante durante años una actividad de enfermera que considera extraña a la consideración del trabajo por cuenta propia o autónomo, pues es claro que el período de ocupación cotizado que se le ha reconocido y sobre el que ha versado el presente caso no ha sido el correspondiente a su actividad de enfermera -que, en su caso podría haber dado lugar a su afiliación en el régimen general de la Seguridad Social, de concurrir los requisitos legales para ello (dado que, como ya señalamos en la STC 63/1994, de 28 de febrero, FJ 4, la cualidad de miembro de una orden religiosa no puede determinar la "deslaboralización" automática de la actividad profesional que presta, ni, por consiguiente, su exclusión del campo de aplicación del régimen correspondiente de la Seguridad Social)-, sino el de su profesión religiosa, en el seno de la congregación de la que formó parte hasta su secularización.
Desestimar la demanda de amparo presentada por doña Concepción Arellano Antoñana.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 2044-2001
Promovido por doña Concepción Arellano Antoñana frente a Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y desestimó su demanda sobre pensión de jubilación.
La diferenciación efectuada en su día por el legislador entre los sacerdotes y los religiosos y religiosas a efectos de su integración en el sistema de la Seguridad Social aparece justificada por razón de la diferente actividad desarrollada por uno y otros [FJ 6].
El período de ocupación cotizado sobre el que ha versado el presente caso ha sido el correspondiente a su profesión religiosa, en el seno de la congregación, y no a su actividad de enfermera que, en su caso, podría haber dado lugar a su afiliación en el régimen general de la Seguridad Social, dado que la cualidad de miembro de una orden religiosa no puede determinar la deslaboralización automática de la actividad profesional que presta, ni, por consiguiente, su exclusión del campo de aplicación del régimen correspondiente de la Seguridad Social (STC 63/1994) [FJ 6].
La identidad en el nivel de protección de todos los ciudadanos puede ser un objetivo deseable desde el punto de vista social, pero cuando las prestaciones derivan de distintos sistemas o regímenes, no constituye un imperativo constitucional (SSTC 103/1984 y 27/1988) [FJ 5].
Recogiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derecho Humanos en relación con el art. 14 CE, el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica (SSTC 22/1981 y 200/2001) [FJ 5].
El art. 14 CE no alcanza a corregir las desigualdades existentes entre los diversos regímenes que integran la Seguridad Social, pues la articulación de los mismos se justifica en las peculiaridades socioeconómicas o productivas que están presentes [FJ 5].
Artículo 9.1 apartados a), b), f. 5
Real Decreto 487/1998, de 27 marzo. Reconocimiento, como cotizados a la Seguridad Social, de períodos de actividad sacerdotal o religiosa de los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia Católica secularizados
Igualdad ante la leyIgualdad ante la ley, ff. 5, 6
Relaciones no laborales con comunidades religiosasRelaciones no laborales con comunidades religiosas, f. 6

References: resolución 
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in fine

Artículo 9

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