Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/846
Timestamp: 2020-03-30 01:36:39+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 114/1987
SENTENCIA 114/1987, de 6 de julio
(BOE (Official State Gazzete) number 180, of 29 July 1987)
ECLI:ES:TC:1987:114
En el recurso de amparo núm. 801/1986, promovido por don Pedro Moreno Alonso, representado por la Procuradora doña Isabel Torres Coello y bajo la dirección del Letrado don Vicente Somoano Prieto, contra Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de fecha 9 de junio de 1986, dictada en el recurso 234/1985, y contra Resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar de 4 de julio de 1984, denegatoria de petición de haber pasivo. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Letrado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Jesús Leguina Villa, quien expresa el parecer de la Sala.
1. El 14 de julio de 1986 tuvo entrada en este Tribunal un escrito por el que don Pedro Moreno Alonso, en su propio nombre, solicitaba se le designase Procurador y Abogado del turno de oficio para interponer recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de fecha 9 de junio de 1986, dictada en los autos 234/1985.
Habiendo recaído la designación en la Procuradora doña Isabel Torres Coello y, en primer lugar, en el Letrado don Vicente Somoano Prieto, la Sección concedió a los mismos, por providencia de 2 de octubre de 1986, un plazo de veinte días para que formulasen la correspondiente demanda de amparo, sin perjuicio del derecho del Letrado a excusarse de la defensa.
6. El 2 de febrero siguiente se recibieron las alegaciones del Letrado del Estado, quien, por el contrario, solicita se deniegue el amparo solicitado. Según señala, en la demanda se mencionan como término de comparación tanto a los funcionarios como a los demás trabajadores, autónomos o por cuenta ajena, afirmándose que en ninguno de estos colectivos se produce la pérdida del derecho a una pensión de retiro que se base en la mala conducta del afectado. Pero la situación de quienes sirven o han servido en la Legión no es equiparable a la de ninguno de los colectivos a que se refiere el actor, pues existe una circunstancia que impide la equiparación pretendida, a saber, la inexistencia absoluta de cotización por parte de aquellos que pueda generar derecho alguno a pensión. El señor Moreno Alonso, al igual que todas las demás personas que han prestado sus servicios en la Legión en las condiciones en que él lo hizo -ese sería el término de comparación relevante a efectos de considerar la existencia o inexistencia de la discriminación denunciada- no tiene otros derechos que los que le reconoce la Ley de 13 de mayo de 1932. Debe tenerse en cuenta además que la buena conducta exigida por el art. 5 de esta Ley opera como un requisito que condiciona el nacimiento y no la pérdida del derecho a pensión, por lo que al recurrente no se le ha quitado un derecho ya adquirido. El no nacimiento del derecho, en cualquier régimen de derechos pasivos o seguridad social que se considere, conduce a la misma situación de inexistencia de derecho a pensión. Por último, lo que el recurrente demanda es una pensión de retiro y en ningún supuesto puede devengarla por cuanto no adquirió nunca la situación de retirado, dado que fue expulsado del Ejército como consecuencia de la condena penal de que fue objeto. No existe, por tanto, la discriminación que se denuncia.
8. Por providencia de 18 de marzo de 1987, la Sección acordó, a la vista de las alegaciones del Ministerio Fiscal y para mejor proveer, solicitar del Consejo Supremo de Justicia Militar la remisión de testimonio del expediente instruido con motivo de la solicitud de concesión de haber pasivo por parte de don Pedro Moreno Alonso. Una vez recibido dicho expediente, la Sección, por providencia de 8 de abril, acordó dar vista del mismo al Ministerio Fiscal, Letrado del Estado y Procuradora señora Torres Coello para que pudieran formular alegaciones.
10. El Letrado del Estado se ratifica también en sus anteriores alegaciones y señala además que la supuesta vulneración del art. 14 de la Constitución en ningún caso puede alcanzar al recurrente ni alterar la situación personal firme en que se encuentra desde el mes de marzo de 1973, momento en que le fue notificada la resolución denegatoria del recurso de reposición que por aquel entonces interpuso. Intentar ahora el amparo mediante la reproducción de una petición claramente extemporánea, como la dirigida al Consejo Supremo de Justicia Militar en el año 1984, con la que el recurrente ha conseguido reabrir el examen de su caso, representa la alteración de una situación firme y consentida que, sólo si la eficacia retroactiva de la Constitución fuera admisible -en contra de los criterios del Tribunal Constitucional (STC 35/1987)- podría tener algún sentido. Por ello vuelve a solicitar el Letrado del Estado la denegación del recurso de amparo.
11. La Procuradora doña María Isabel Torres Coello, en nombre del recurrente, insiste en que lo único que ha motivado el recurso de amparo es que una circunstancia moral como es la buena o mala conducta pueda tener tanta relevancia dentro del campo del Derecho, siendo así que es contraria a la Constitución, que reconoce el derecho al trabajo y a la pensión de jubilación con exclusión de toda discriminación por circunstancias personales o sociales. Finalmente debe tenerse en cuenta la retroactividad de la ley penal favorable, que debe ser aplicada, de manera que el delito de que fue acusado el señor Moreno Alonso ha desaparecido y, por consecuencia lógica, la mala conducta que determinó su privación de pensión. Por tanto, se ratifica en su petición de amparo.
2. No obstante, antes de analizar la cuestión enunciada, es preciso examinar la objeción apuntada por el Letrado del Estado en su último escrito de alegaciones. Se señala en el mismo que, con su queja de amparo, el recurrente pretende alterar una situación firme y consentida, cuyo examen consiguió reabrir mediante una petición claramente extemporánea dirigida al Consejo Supremo de Justicia Militar en el año 1984, alteración que sólo seria admisible si se otorgara a la Constitución la eficacia retroactiva que rechaza la reciente Sentencia de este Tribunal 35/1987, de 18 de marzo.
De los antecedentes remitidos por el Consejo Supremo de Justicia Militar se desprende, en efecto, que el señor Moreno Alonso solicitó pensión de retiro en el año 1972, después de haber causado baja en el Ejército, solicitud que, con base en la inobservancia de buena conducta, le fue denegada por Resolución de la Sala de Gobierno del mencionado Consejo, de 26 de septiembre del mismo año, confirmada en reposición por otra de 6 de marzo de 1973, si bien esta última no pudo ser notificada al recurrente. Con fecha 25 de abril de 1984, el señor Moreno Alonso solicitó nuevamente la concesión de haberes pasivos y, ante la desestimación de su solicitud, interpuso recurso contencioso-administrativo, que fue resuelto por la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 9 de junio de 1986, ahora impugnada, en sentido también desestimatorio del recurso presentado.
Otorgar el amparo solicitado por don Pedro Moreno Alonso y, en su virtud:
1º. Anular la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de 9 de junio de 1986, dictada en los autos 234/85, y la Resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar, de 4 de julio de 1984.
2º. Reconocer el derecho del solicitante de amparo a que su solicitud de obtener una pensión de retiro en razón de sus años de servicio como militar voluntario en Africa se resuelva de acuerdo con la legislación aplicable, en condiciones de igualdad y sin que por ello se le pueda exigir a tal fin el requisito de haber observado buena conducta.
3º. Retrotraer las actuaciones seguidas ante el Consejo Supremo de Justicia Militar al momento inmediatamente anterior al de la resolución arriba citada.
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 180 ] 29/07/1987
Type and record number Recurso de amparo 801-1986
Date of the decision 06/07/1987
Contra Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y Resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar, denegatoria de petición de haber pasivo.
Exigencia de buena conducta para obtener pensión de retiro
El Tribunal Constitucional debe limitarse a enjuiciar la conformidad o no de los actos recurridos con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y tutelables a través del recurso de amparo (art. 41 LOTC) y, por lo mismo, una vez comprobada la inexistencia de causa alguna de inadmisión de este recurso, este Tribunal no puede extender su competencia al examen de los presuntos motivos de inadmisión de las acciones o recursos previos al amparo constitucional, cuando dichos motivos no han sido alegados por nadie ni tenido en cuenta por los órganos judiciales a los que compete en exclusiva la aplicación de las Leyes.
El derecho a la igualdad ante la Ley impone al legislador y a quienes aplican la Ley la obligación de dispensar un mismo trato a quienes se encuentran en situaciones jurídicas equiparables, con prohibición de toda discriminación o desigualdad de trato que, desde el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y razonable.
Corresponde al legislador determinar el alcance del derecho de los ciudadanos a obtener, y la correlativa obligación de los Poderes Públicos de otorgar, una pensión durante la tercera edad, estableciendo los requisitos y condiciones que se precisen para hacer efectivo ese derecho. En el ejercicio de su potestad, el legislador puede, sin duda, contemplar una pluralidad de situaciones jurídicas diversas y regularlas de manera diferente, sin que la Constitución le constriña al establecimiento de un único sistema prestacional fundado en principios idénticos, ni a la regulación de unos mismos requisitos o a la previsión de iguales circunstancias determinantes del nacimiento del derecho a la pensión de retiro o de la pérdida del mismo.
Cualesquiera que sean las diferencias que legítimamente se establezcan entre las situaciones jurídicas reguladas, es obvio que la Ley no puede en ningún caso introducir criterios de distinción con diversidad de efectos jurídicos que no sean objetivos y razonables o que impliquen, generen o permitan algún tipo de discriminación por razón de las condiciones o circunstancias personales o sociales de los afectados por la norma. El ordenamiento puede anudar legítimamente en ciertos supuestos determinadas consecuencias gravosas al incumplimiento de deberes jurídicos explícitos de trascendencia pública, genéricamente descritos como deber de observancia de buena conducta, cuando así lo exija razonablemente el interés público que con ello pretende protegerse.
La Ley puede condicionar el nacimiento del derecho a una pensión de retiro o de jubilación a la observancia de determinados requisitos objetivos, tales como el de haber prestado servicio durante un cierto tiempo, o el de haber cotizado durante un cierto tiempo como trabajador o funcionario para generar tal derecho. Pero no puede vincular dicha consecuencia prestacional a la observancia de ciertas condiciones que, como la buena conducta, no guardan una relación razonable de causalidad con la finalidad perseguida y que, en cuanto que permiten diferenciar entre unos y otros ciudadanos españoles, introducen desigualdades de trato contrarias a lo dispuesto en el art. 14 C.E.
Ley de 13 de mayo de 1932. Servicio militar de voluntarios en Marruecos
Artículo 5, ff. 1, 3 a 5
Artículo 50.4, f. 3
Decreto 1211/1972, de 13 de abril. Texto refundido de la Ley de derechos pasivos del personal militar y asimilado, Guardia Civil y policía armada
Artículo 25.2, f. 5
Competencias tasadasCompetencias tasadas, f. 2
Tratamiento diferenciado en prestaciones de la Seguridad SocialTratamiento diferenciado en prestaciones de la Seguridad Social, f. 3
Pensión de retiroPensión de retiro, ff. 1, 2, 3, 4, 5
Requisito de buena conductaRequisito de buena conducta, f. 3
Seguridad SocialSeguridad Social, f. 3
Servicios militares en MarruecosServicios militares en Marruecos, ff. 1, 2, 3, 4, 5

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 

Artículo 5

Artículo 50

Artículo 25