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Timestamp: 2019-01-22 06:47:53+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00116 de marzo 19 de 2009
AUTO 2008-00116A DE 19 DE MARZO DE 2009
CONTENIDO:COTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES A CARGO DE LOS TRABAJADORES PENSIONADOS. SE DECRETA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LAS EXPRESIONES "EL EMPLEADOR ESTÁ OBLIGADO A CONTINUAR EFECTUANDO LAS COTIZACIONES A SU CARGO MIENTRAS DURE LA RELACIÓN LABORAL, POR TRATARSE DE AFILIADOS OBLIGATORIOS AL SISTEMA" Y "SE CONTINUARÁN REALIZANDO LAS COTIZACIONES DURANTE LA VIGENCIA DEL VÍNCULO LABORAL" CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 3 Y 4 DE LA CIRCULAR CONJUNTA 1 DE 24 DE ENERO DE 2005, PROFERIDA POR LOS MINISTERIOS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.
TEMAS GENÉRICOS:OBLIGACIONES DEL EMPLEADORCOTIZACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONESSUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVOPENSIONADORÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
Sentencia 2008-00116 de marzo 19 de 2009
Procede la Sala de Sección, a resolver, por interés jurídico, la solicitud de medida cautelar formulada por la parte demandante por cuanto la circular acusada precisa algunos aspectos en materia pensional relativos a la obligatoriedad de las cotizaciones y a la posibilidad que tienen los trabajadores de continuar laborando pese a haber cumplido los requisitos para pensionarse estableciendo obligaciones a los empleadores que, en principio, no están contempladas en rigor por las normas en las que fundó su directriz.
En ejercicio de la acción de nulidad Jorge Octavio Rozo Valenzuela solicita la suspensión provisional y la declaratoria de nulidad de los numerales 3º y 4º de la Circular Conjunta 1 de 24 de enero de 2005(1), proferida por los ministros de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social.
Las disposiciones acusadas son las destacadas del siguiente texto:
Con fundamento en las anteriores disposiciones legales y en la jurisprudencia señalada, estos ministerios se permiten precisar lo siguiente:
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad que tiene el empleador de terminar la relación laboral invocando como justa causa el cumplimiento de requisitos para acceder a la pensión”.
El actor fundamenta su solicitud en que el numeral 3º acusado vulnera en forma flagrante el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, en cuanto permite que el trabajador, en el régimen de prestación definida, una vez cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez continúe laborando y que el empleador efectúe los aportes pues la norma lo obliga a solicitar el reconocimiento de la pensión de vejez y de no hacerlo, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que cumplió los requisitos, faculta al empleador a solicitarlo.
También quebranta el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4º de la Ley 797 de 2003, porque obligar al empleador a que continúe cotizando para pensiones cuando el empleado en el régimen de prima media con prestación definida ha cumplido los requisitos para obtener la pensión de vejez contradice lo dispuesto por la normatividad referida en el sentido de que la obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez.
El numeral 4º demandado transgrede las disposiciones anteriores porque permite que el trabajador escoja entre pensionarse o continuar laborando y en este último caso establece la obligación se seguir cotizando para pensión.
1. Naturaleza del acto demandado.
Las circulares, como la acusada, que comportan una decisión administrativa son susceptibles de control en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Sobre la naturaleza de acto administrativo de las circulares la corporación en sentencia de 21 de septiembre de 2001, radicación 6371, Consejera Ponente Olga Inés Navarrete, expresó:
“El Código Contencioso Administrativo, artículo 84, modificado por el artículo 14 del Decreto 2304 de 1989, prevé la posibilidad de demandar las circulares de servicio, en cuanto revistan el carácter de acto administrativo, entendido éste como manifestación de voluntad de la administración, destinada a producir efectos jurídicos, en cuanto crea, suprime o modifica una situación jurídica. Si la circular no tiene la virtud de producir esos efectos jurídicos externos, bien porque permanezca en el interior de los cuadros de la administración como una orientación para el desarrollo de la actividad administrativa, o bien porque se limite a reproducir la decisión de una autoridad diferente, no se considerará entonces un acto administrativo susceptible de control jurisdiccional, porque en dicha hipótesis no se presenta la posibilidad de que los derechos de los administrados sean vulnerados” (Cfr. C.E., Secc. Primera, Rad. 5236, feb. 3/2000. C.P. Dr. Manuel Santiago Urueta).
La circular acusada precisa algunos aspectos en materia pensional que, en principio, no están contemplados en rigor por las normas en las que se soporta por lo cual este acto comporta una decisión susceptible de ser acusada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
1. De los de nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional o por las personas o entidades de derecho privado cuando cumplan funciones administrativas del mismo orden. […]”.
“Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo a un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
No cabe duda que el asunto es de naturaleza laboral porque lo que se discute es la obligatoriedad de las cotizaciones para pensión y la posibilidad que tienen los trabajadores (públicos o privados) de continuar laborando cuando han cumplido los requisitos para pensionarse. Por ende es de conocimiento de la Sección.
La suspensión provisional es una medida sujeta a condiciones y requisitos exigentes como son la flagrancia y la violación de textos superiores. Por consiguiente no le es dable al juzgador acceder a su decreto sino cuando encuentre visibles esos extremos pues en los casos en que la materia ofrezca dudas o deba examinarse el fondo del asunto no resultaría procedente la medida.
La circular demandada, como lo advirtió el actor, establece algunas directrices generales en materia pensional, sin distinguir entre los regímenes propios del sistema general de pensiones como son el de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad.
Como el demandante solicitó la suspensión provisional en relación con el régimen de prima media con prestación definida pues la vulneración normativa resulta más evidente en esta materia la Sala solo se ocupará de este régimen.
4.1. Primer cargo contra los numerales 3º y 4º de la Circular Conjunta 1 de 2005.
En criterio del demandante los apartes subrayados de los numerales 3º y 4º de la Circular Conjunta 1 de 24 de enero de 2005, vulneran el parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 al consagrar:
Arguye el demandante que la posibilidad que otorgan los artículos acusados a la persona que reúna los requisitos para pensionarse anticipadamente o para acceder a la pensión mínima de vejez en el régimen de prima media con prestación definida de optar entre pensionarse o seguir trabajando no fue concebida por la norma conculcada.
Parágrafo 3º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, citado como violado.
La norma transcrita establece una nueva causal de retiro del servicio cuando el trabajador del sector privado o el servidor público cumpla los requisitos establecidos para tener derecho a la pensión de vejez, la cual se aplica una vez sea reconocida o notificada la pensión por parte de los administradores del sistema general de pensiones.
La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1037 del 5 de noviembre de 2003, Magistrado Ponente Jaime Araújo Rentería, declaró ajustada esta norma a la Carta, en forma condicionada, estableciendo que la misma debía entenderse en el sentido de que la facultad del empleador operaba una vez se hubiera notificado al interesado, además del reconocimiento de la pensión, su inclusión en la nómina para el pago de la misma.
Si bien la Ley 100 de 1993 establece una nueva causal de retiro ello no implica que el trabajador (público o privado) tenga que pensionarse al cumplir los requisitos mínimos y no pueda continuar laborando pues la norma no contempla tal prohibición.
En efecto, el inciso final del artículo 17 de la Ley 100 de 1993 permite que tanto en el régimen de prima media con prestación definida como en el de ahorro individual con solidaridad el afiliado o el empleador efectúen aportes voluntarios, es decir, consagra la posibilidad para ambos de continuar con el vínculo laboral, circunstancia que beneficia al trabajador pues con mayores cotizaciones podrá aumentar el monto de la pensión.
En consecuencia, si a pesar de haber cumplido los requisitos para acceder a la pensión de vejez el trabajador en el régimen de prima media con prestación definida desea continuar con la relación laboral puede hacerlo y el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel y dar por terminado el vínculo cuando haya sido incluido en la nómina para el pago de la pensión.
4.2. Segundo cargo contra los numerales 3º y 4º de la Circular Conjunta 1 de 2005.
En criterio del demandante los apartes subrayados de los numerales 3º y 4º, inciso 1º, de la Circular Conjunta 1 de 24 de enero de 2005, vulneran el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 al consagrar:
4. La persona que reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez puede pensionarse, o seguir trabajando; en este último evento, por tratarse de afiliados obligatorios al sistema general de pensiones conforme lo prevé el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, se continuarán realizando las cotizaciones durante la vigencia del vínculo laboral, con objeto de incrementar el monto de la pensión. […]”.
Artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 4º de la Ley 797 de 2003, citado como violado.
La Sala encuentra procedente acceder a la suspensión provisional de los apartes subrayados, en lo que se refiere a la aplicación de la circular en relación con el régimen de prima media con prestación definida, por las siguientes razones:
El artículo 4º atacado también resulta violatorio de esta disposición en cuanto hace una precisión en igual sentido al señalar que cuando el trabajador reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez y decida seguir laborando se continuarán realizando las cotizaciones durante la vigencia del vínculo laboral, con el objeto de incrementar el monto de la pensión, pues la decisión de continuar efectuando aportes está sujeta a la voluntad del afiliado o del empleador en los dos regímenes.
En consecuencia, resulta evidente que la circular conjunta expedida por los ministros de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social contraría en forma flagrante lo dispuesto por la Ley 100 de 1993 al precisar que el empleador debe continuar efectuando las cotizaciones cuando el trabajador decida no pensionarse aunque haya satisfecho los requisitos para hacerlo anticipadamente o reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez pues la norma es clara al señalar que la obligación de cotizar cesa en el momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez o cuando se pensione por invalidez o anticipadamente.
En criterio de la Sala si bien los ministros de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social en virtud de lo dispuesto en los decretos 246 de 2004 y 205 de 2005 deben velar por el cumplimiento de las normas que regulan el sistema de seguridad social integral la competencia para hacer precisiones o impartir directrices no puede invadir o exceder el ejercicio de la facultad reglamentaria de la cual se encuentra investido el Presidente de la República, conforme al artículo 189-11 de la Carta Política, orientada a facilitar el contenido de la aplicación de las leyes.
1. Admítese la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad instaura el ciudadano Jorge Octavio Rozo Valenzuela contra los numerales 3º y 4º de la Circular Conjunta 1 de 24 de enero de 2005, proferida por los ministerios de Protección Social y Hacienda y Crédito Público.
1.2. Notifíquese personalmente a los ministros de la Protección Social y Hacienda y Crédito Público, o a quienes hagan sus veces.
1.4. Solicítense los antecedentes administrativos del acto acusado.
1.5. No hay lugar a señalar suma alguna por concepto de gastos ordinarios del proceso.
2. Decretése la suspensión provisional de las expresiones “el empleador está obligado a continuar efectuando las cotizaciones a su cargo mientras dure la relación laboral, por tratarse de afiliados obligatorios al sistema” y “se continuarán realizando las cotizaciones durante la vigencia del vínculo laboral,” contenidas en los numerales 3º y 4º de la Circular Conjunta 1 de 24 de enero de 2005, proferida por los ministros de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social, en lo que guarda relación con el régimen de prima media con prestación definida, y niégase respecto de las demás expresiones acusadas.
Magistrados:Víctor Hernando Alvarado Ardila—Gerardo Arenas Monsalve—Gustavo E. Gómez Aranguren—Bertha Lucía Ramírez de Páez—Alfonso Vargas Rincón—Luis Rafael Vergara Quintero.
(1) Publicado en el Diario Oficial 45.815 de febrero 7 de 2005.

References: artículo 33
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 4
 artículo 84
 artículo 14
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 15

Artículo 17
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 189