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Timestamp: 2017-07-24 16:26:29+00:00

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TEXTO ÍNTEGRO: Modificación del objeto del recurso de amparo por causas sobrevenidas | El Estado sin Derecho
TEXTO ÍNTEGRO: Modificación del objeto del recurso de amparo por causas sobrevenidas
diciembre 6, 2014 § Deja un comentario
Rso. Amparo Constitucional. 3938-2013-J
DÑA XXXXXXXXXXXXX, Procuradora de los Tribunales, actuando en nombre y representación de D. XXXXXXXXXXX, con DNI XXXXXXXXX, nacido en XXXXX y con domicilio en calle XXXXXXXXXXXXXXXX, Telf XXXXXXX, según tengo acreditado y según el poder especial que acompaño con el presente escrito, ante el Tribunal Constitucional comparezco y, como mejor proceda en Derecho, SOLICITO:
Que debido a la aparición de diversas noticias cuyo contenido está relacionado con el objeto del recurso de amparo de la referencia, interpuesto por esta parte, se tenga por presentado este escrito solicitando la MODIFICACIÓN DEL RECURSO DE AMPARO POR CAUSAS SOBREVENIDAS, de conformidad con las siguientes
PRIMERO.- SOBRE LA POSIBILIDAD DEL USO DE LA INFORMACIÓN NO VERAZ EN LA OBTENCIÓN DEL MANDATO DE LOS ELECTORES PARA SATISFACCIÓN DE INTERESES PROPIOS O DE TERCEROS
UNO.- En el recurso presentado por esta parte en fecha 24 de Junio ante ese Tribunal Constitucional, planteábamos que de ser cierta la interpretación dada por los juzgadores de los recursos objeto de este recurso, cabría la posibilidad del uso de la mentira como instrumento de modificación de la voluntad del cuerpo electoral, con el objetivo de obtener el mandato de los electores para, una vez obtenido éste, pasar a realizar hechos en beneficio propio o de terceros, ajenos a la voluntad de quienes otorgaron tal mandato, posibilidad que vulnera totalmente el principio de soberanía popular, así como la función constitucional del mandato de representación..
Pues bien, durante estos días hemos leído las noticias de que tal posibilidad se ha transformado en hechos a nivel de probabilidad real, esto es, que existe un proceso judicial en que se investigan estos hechos por nosotros presentados a nivel teórico y que, de probarse, darían cuerpo de realidad a nuestras tesis. Nos referimos al proceso del Sr. Bárcenas.
No será esta parte quien cuestione la presunción de inocencia de las partes implicadas en dicho proceso, pero si decimos que de los hechos informados se deduce claramente que la posibilidad de actuación ilícita planteada por esta parte, es algo más que mera teoría y puede darse en la realidad, por cuanto hay un juez que está investigando precisamente hechos de esas características.
Además, independientemente de los hechos que deben ser probados para demostrar si existió actuación ilícita, existen otros hechos que si que fueron reconocidos por la parte contraria en este recurso, y que entrarían (a no ser que se demuestre lo contrario) dentro de la legalidad, pero que también están en la misma línea del interés propio apuntada por esta parte.
Finalmente, hemos tenido acceso a otras informaciones que también confirman la existencia de intereses propios y de terceros, así como el más que posible ligamen con el uso de la mentira en la obtención del mandato de los electores para poder satisfacer esos intereses no generales, a la vez que obtener (ilícitamente) la protección judicial suplementaria que le otorga el constitucional mandato de representación. Cabe destacar sobre este último aspecto, el artículo aparecido en “El Mundo” en fecha 19/01/2014, titulado “los 10.000 ‘intocables’ políticos”, donde, a parte de la escandalosa cifra de aforados de este país, y más si se compara con los de alrededor donde esta figura es prácticamente inexistente, encontramos que se dice lo siguiente:
“Yo aconsejo que se aferren al aforamiento con las uñas», dice el abogado de un ex ministro.
–Porque, si es inocente, tiene más posibilidades de salir absuelto…
–¿Y si es culpable?
–Para ser sincero, también.”
“«El aforamiento es un incentivo a la corrupción, porque facilita la impunidad de los políticos que delinquen»”
“«Digamos que los políticos juegan en casa cuando les investiga el Supremo», dice Herzog”.
Naturalmente todo lo anterior son opiniones de quien las expresa, pero como se puede leer en el artículo, son opiniones que están fundadas en hechos objetivos.
DOS.- HECHO NUEVO: En su comparecencia en el Congreso de los Diputados en fecha 01/08/2013, comparecencia monográfica sobre las acusaciones que ha realizado el ex-tesorero y ex-senador del PP, Luís Bárcenas, referidas a la posible corrupción en dicho partido, el Presidente Mariano Rajoy reconoció el cobro de sobresueldos por numerosos dirigentes del PP, haciendo énfasis en que el cobro de dichos sobresueldos fue totalmente legal. Esta comparecencia fue pública, por lo cual dicha información se puede encontrar en el Diario de Sesiones del Congreso, además de en noticias en la práctica totalidad de medios de comunicación de España.
En dichas acusaciones, Luís Bárcenas refería que el PP había recibido financiación ilegal de empresarios, a cambio de la concesión de contratos ilícitos a empresas donantes por diversos gobiernos Autonómicos y municipales formados por personas del PP, y que parte de esta financiación ilegal del PP se traduciría en sobresueldos ilegales a dirigentes del PP. Por otro lado, Mariano Rajoy negó todas esas acusaciones. Nos limitamos a sintetizar las acusaciones y defensa, sin entrar a valorar las mismas, con el fin de preservar la presunción de inocencia.
Ahora bien, de estas acusaciones se destacan dos factores que son los que interesan a nuestro caso. En nuestro recurso de amparo, en base a las interpretaciones que realizan las resoluciones aquí recurridas, teorizábamos sobre la posibilidad de que los candidatos a representantes de la soberanía popular, mintieran en su programa con el fin de obtener el mandato de representación, para después no servir a los intereses de quienes les eligieron, sino a intereses propios o de terceros. Como decimos al inicio de esta alegación, ahora esa posibilidad se transforma en probabilidad, puesto que hay un juez que está investigando y determinando la validez o no de las pruebas. Es decir, que abandona el ámbito teórico para entrar en el campo de lo que realmente podría estar sucediendo. Y si esto puede ser real (y puede serlo, puesto que de lo contrario el juez no lo investigaría), avalaría que la interpretación realizada por los juzgadores de nuestros recursos (amparo y apelación), se aleja definitivamente de la interpretación que sobre el derecho de representación que realiza ese TC.
No sólo eso, sino que además, de ser ciertos los hechos en investigación, tendríamos que la consecuencia de las ilegalidades no sólo avalaría nuestra tesis sobre el interés propio o de terceros que vulneraría el derecho establecido en el artículo 23.1, sino que además encontraríamos que el favorecer el interés de los donantes, mediante la concesión de contratos ilegales más caros (en su resultado final) que caso de realizar un concurso acorde a la ley, devendría en un incremento del déficit del Estado, causa según el PP del incumplimiento del programa electoral, con lo cual se avalaría a su vez que en este caso la falta de veracidad en la información no es debida a negligencia, sino a mala fe y engaño premeditado. Y todo esto tan alejado del espíritu constitucional según hemos visto en las diversas sentencias de ese TC que hemos presentado como fundamentos del recurso, estaría permitido según la interpretación que dan los juzgadores a la hora de rechazar nuestros recursos anteriores.
Pero no hace falta recurrir a hablar de las posibles ilegalidades, que supondrían caso de ser ciertas, que se busca obtener el poder, mediante la obtención de recursos pecuniarios que permitirían difundir muy ampliamente el programa falso, para después favorecer después los intereses de quienes les financiaron, o los propios mediante la obtención de sobresueldos.
Porque el caso es que Mariano Rajoy en su declaración ante el Congreso, reconoce el interés propio, aunque fuera de manera legal (según él, pero con lo que no está de acuerdo esta parte). Ciertamente, la difusión de un programa falso, permitiría la obtención de un mayor número de votos y representantes, que recordemos que mediante la LOREG, se transforman en una mayor aportación financiera del Estado. Y sería esta mayor aportación financiera, la que permitiría el mantenimiento, mejora o extensión de los sobresueldos. Existe pues un interés propio evidente.
Más recientes son aún los casos, estos sí de carácter ilícito, en que se determinaría que la sede del Partido Popular fue financiada irregularmente, o el propio partido, por lo menos en algunos ayuntamientos, también se habría financiado ilegalmente, o los casos como el del Sr. Cotino, como el Vicealcalde de Valencia y, desgraciadamente, un largo etcétera.
No podemos dejar sin mencionar, por su trascendencia, el falseamiento de las cuentas y del déficit por parte de la Generalitat Valenciana que ha motivado una investigación de la Comisión Europea y que demuestran, por un lado que el PP conocía la desviación de déficit, y no podría ser de otra manera pues eran en gran parte los causantes, como por otro el interés propio en mantenerse en el poder a través de la falsedad. en este sentido también son trascendentes los hechos desvelados sobre los gastos a través de la caja de gastos extraordinarios de dicha Generalitat Valenciana, en los cuales se cargaron gastos de carácter personal, lo que demuestra el interés en acceder a los cargos, aunque sea a través de la mentira, para beneficiarse directamente.
TRES.- No entiende esta parte además que unos representantes al servicio del Estado, y que ya cobran por esta función, perciban otros emolumentos que no sean los de su función de representación, sobresueldos que son de una cuantía superior incluso que los propios sueldos, lo cual nos indicaría una dedicación mayor a los asuntos del PP, que a los asuntos del Estado. ¿A quién se deben los representantes, a quienes les votaron (y a quienes no les votaron, que recordemos que representan a todos) o a su partido? Está claro que el juego de intereses no beneficia en nada a los electores, quienes no disponen de cauces legales para revocar el mandato, ya que todos los mecanismos se hallan en manos de los que resultaron elegidos (punto éste que resulta fundamental, según veremos en la siguiente alegación), y que al no representar la voluntad de quienes los eligieron, ya no pueden ser considerados como sus representantes.
En su declaración de la renta de 2011, hecha pública por el Sr. Rajoy en Febrero de 2013, encontramos que sus retribuciones son de 38.456,23 euros provenientes de su trabajo como representante del pueblo español en el Congreso de los Diputados, y de 200.628,66 euros como presidente del PP. Ni más ni menos cobró 5 veces más como presidente del PP, que como diputado (y Presidente del Gobierno que fue nombrado ese año). ¿Es cinco veces más importante ser presidente de un partido que Presidente de una Nación? ¿Es cinco veces más complicado llevar un partido que una nación? Esto evidentemente, no puede ser cierto, lo cual nos lleva a concluir que la dedicación del Sr. Rajoy a su puesto como presidente del PP es cinco veces superior (por lo menos) a la dedicación que debería tener (ya que no nos consta que la tenga) como representante del pueblo español, lo cual incurriría claramente en la vulneración del artículo 12.2 de la Ley 53/1984, que de todas maneras, ya sería vulnerada por incumplimiento de los puntos 12.1.a) y 12.1.b). Ciertamente, es imposible que el cargo de presidente de un partido político sea un empleo a tiempo parcial, y el Sr. Rajoy, en uso de los derechos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, debería haber pedido una excedencia de su trabajo en la empresa (y “empresa” es como definió a ese partido el diputado del PP, Martínez Pujalte) Partido Popular, pero no lo hizo porque prefirió mantener su interés particular por encima del interés general que demanda su cargo representativo.
No puede aducirse que el cargo como representante del Sr. Rajoy esté mal pagado, para sí quisiera mi representado ese sueldo, y quien se presenta a unas elecciones, es por vocación de servicio público en aras del interés general. No es por tanto legítimo que se conserve el puesto en aras del interés particular, máxime cuando ese segundo sueldo se nutre asimismo de fondos públicos (e incluso presuntamente ilegales). En uso de los derechos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, el Sr. Rajoy debería haber pedido una excedencia de su puesto de presidente del PP, tal y como hizo con su puesto de registrador de la propiedad, si bien existen informaciones que ponen en tela de juicio el que dejase de percibir los emolumentos como registrador a pesar de su renuncia al puesto. Y ello es válido para el resto de representantes que también cobran sobresueldos.
No sólo eso, sino que además se produce, por el mantenimiento de ese interés particular, una dejación de funciones en ambos casos, como representante de la ciudadanía y como máximo representante del PP. Ciertamente, es imposible que dos cargos de tan alta importancia y con un requerimiento de tiempo importantísimo, sean compatibles, pues de dedicar el tiempo que requiere a uno de los cargos, no se le puede dedicar al otro cargo el que requeriría y como resultado más probable, es que acabe no dedicándose el tiempo necesario a ninguno de los dos.
En efecto, como representante, no tuvo el tiempo necesario para conocer los importantísimos datos de déficit que generaban las autonomías gobernadas por su partido (según él, pues está claro para mi representado que sí que los conocía), ni para valorar si las informaciones que estaba emitiendo como candidato, podían ser veraces o no. Como Presidente del PP, no tuvo el tiempo necesario (según argumenta en su defensa) para conocer las presuntas ilegalidades que se estaban cometiendo en todo el seno de su Partido Popular, y más concretamente en la Tesorería.
Está claro pues, que en la obtención del mandato de representación concurre el interés propio (y de terceros si se demostrase la ilegalidad), y no el interés general, y que el uso de mentiras para obtener ese mandato de representación, redunda en ese interés particular, no en el general.
Yendo un poco más allá, también encontramos una modificación de la ley en el ámbito de las competencias de la Justicia, otorgándoles a Notarios y Registradores de la propiedad competencias hasta ahora en manos de Secretarios judiciales, con las argumentaciones que se quiera, pero que no deja de ser un claro favorecimiento al colectivo al que pertenece el Sr. Rajoy y de donde existe una posibilidad de que siga percibiendo emolumentos.
CUATRO.- Pero no es el único indicio claro y razonable en cuanto a que la presentación por parte del Partido Popular de un programa electoral falso pueda tener como objeto la obtención de un mandato de representación, para después ignorar la voluntad de aquellos que les votaron en beneficio del interés propio o de terceros, falsedad demostrada con una total claridad y con absoluta certeza mediante los datos aportados por mi representado, a pesar de que judicialmente no se haya querido llegar al fondo del asunto mediante la vulneración del derecho de mi representado a la tutela judicial efectiva,. Existen numerosos casos que pueden indicar fehacientemente ese hecho, como es la existencia de numerosos cargos, ex cargos y familiares de políticos en los consejos de administración de las grandes empresas españolas. Anexamos a continuación un listado, no completo, de esas personas a que nos referimos:
Josep Borrell (ex Presidente del Parlamento Europeo entre otros cargos) fichó como Consejero Independiente.
Elena Salgado (ex-ministra de Economía y Hacienda) fichó como asesora.
Javier Solana (ex Alto Representante de la Política Exterior de la UE)
Miguel Boyer (ex Ministro de Economía y Hacienda) fichó como Presidente de CLH.
Ramón Pérez Simarro (socio de Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi)
Pedro Solbes (ex Ministro de Economía) fichó como Consejero No Ejecutivo por 250.000 € brutos anuales.
Felipe González (ex-Presidente del Gobierno), fichó por Gas Natural como Consejero Independiente por 126.500 euros brutos anuales (2010)
Miguel Boyer (ex Ministro de Economía y Hacienda) fichó por 95.000€ anuales.
Javier de Paz Mancho (ex secretario de Juventudes Socialistas y miembro de la ejecutiva del PSOE) es Consejero de Telefónica de Argentina, S.A. y de Telefónica do Brasil, S.A.
Jordi Sevilla (ex ministro de Administraciones Públicas) fichó como asesor de alto nivel (senior advisor)
Ricardo Martínez Rico (ex Secretario de Estado de Presupuestos)
Pío Cabanillas Alonso (ex Ministro Portavoz) fichó como Director General de Comunicación e Imagen Corporativa.
Carmen Becerril (ex Secretaria de Estado de la Energía)
Claudio Aguirre Pemán (primo de Esperanza Aguirre) consejero de Bankia
José María Aznar (ex-Presidente del Gobierno) fichó como miembro del Consejo Asesor
José María Aznar (ex-Presidente del Gobierno) fichó como asesor externo de la cúpula directiva por unos 200.000€ anuales.
Luis de Guindos (ex-Secretario de Estado de Economía) fichó como Consejero Externo Independiente. 684.000 € anuales.
Ángel Acebes (ex Ministro de Interior, ex-secretario general del PP)
Estanislao Rodríguez Ponga.
José María Aznar (ex-Presidente del Gobierno), fichó como consejero de News Corporation (el holding de medios de comunicación del magnate Rupert Murdoch) por 220.000 dólares (cerca de 160.000 euros).
José Folgado (ex Secretario de Estado de Energía) fichó como Consejero Externo Independiente por 159.000 €.
Ignacio López del Hierro (marido de María Dolores de Cospedal) ficha por 180.000€ aunque rechaza el cargo al día siguiente por “no querer perjudicar a su esposa por la polémica”
José R. Álvarez Rendueles,
José Iván Rosa Vallejo (marido de Soraya Sáenz)
Afines a IU
José Antonio Moral Santín. El vocal de IU en Bankia.
Carlos Jorge Ramalho (Caixabank, Portugal).
Miquel Roca (ex-diputado), fichó por Endesa como Consejero Externo Independiente por 684.000 € anuales.
Josu Jon Imaz (ex-presidente del PNV, ex-parlamentario vasco y europeo) fichó como presidente de Petronor y de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP)
(FUENTE: wiki.15m.cc)
Como podemos comprobar, no se trata de un listado exiguo, aunque no sea exhaustivo. No se encuentran, por ejemplo, los consejeros de la Comunidad Autónoma de Madrid que participaron en privatizaciones de servicios públicos de sanidad, posteriormente contratados por las mismas empresas beneficiadas de las concesiones.
Existe un debate ético en torno a esta cuestión, pero nosotros no lo planteamos desde ese aspecto ético, sino desde el punto de vista de los derechos fundamentales tal y como exponemos en esta alegación. Es decir, no nos cuestionamos si es ético o no que políticos que han ostentado cargos de representación del Pueblo español, trabajen posteriormente para empresas privadas que puedan verse beneficiadas de las decisiones políticas de dichos representantes, sino la constitucionalidad de la obtención de un mandato de representación mediante informaciones falsas, para inmediatamente beneficiar a esas entidades privadas que posteriormente les retribuirán mediante cargos en sus empresas. Se podrá alegar que las decisiones tomadas por los políticos lo son en base al interés general, pero eso es difícilmente justificable en el caso de la modificación de la regularización de la autogeneración eléctrica, por ejemplo, que claramente beneficia a las grandes empresas eléctricas en detrimento de los consumidores que han optado por la autogeneración. Y son precisamente las empresas eléctricas las principales contratantes de ex-políticos y familiares. También es difícilmente justificable en relación con la última modificación de Seguridad vial, que hace responsables a los conductores de los accidentes habidos con animales en la carretera, eximiendo a los dueños de los cotos de caza, es decir, el interés particular por encima del interés general.
En este sentido podemos también recordar el reciente caso del uso indebido de tarjetas opacas en Bankia, por muchos de los representantes de los partidos políticos que figuran en el listado que hemos adjuntado. Podríamos recordar los casos de directivos de cajas de ahorro provenientes de partidos políticos y ahora imputados, como Narcís Serra. Podemos recordar numerosos casos de corrupción y del uso del cargo de representación en beneficio propio o de terceros que luego les pagarán los favores mediante cargos, y que la presunta doctrina emanada de las sentencias que impugnamos, avalarían, en el sentido en que exponemos el presente recurso y sin entrar en valoraciones penales.
Podemos hablar además de la condonación de créditos bancarios a los partidos políticos, entre ellos el PP, hecho que no sucede con los ciudadanos normales, y que puede ser relacionada con los favores que han recibido las entidades bancarias de esos partidos políticos, como son el rescate de los bancos financiado por la ciudadanía en contra de sus intereses durante los últimos gobiernos, especialmente durante éste del PP. Este hecho supone con claridad un favoritismo no justificado (o con justificaciones peregrinas, como la garantía de los depósitos bancarios) hacia las entidades financieras y que deriva directamente de la falsa información facilitada a los posibles votantes antes de las elecciones. Ahora, con posterioridad y una vez concluido el rescate de esas entidades financieras a costa de los intereses de los electores y en contra de lo informado en la campaña electoral, se pretende regular el tema de los créditos bancarios a los partidos, en un ejercicio de cinismo increíble. No sólo del rescate económico directo debemos hablar, también de la creación de una entidad pública, el Sareb o como se le conoce popularmente “banco malo”, que se queda con los activos no vendibles de los bancos para sanear sus cuentas, con una opacidad total y mientras se continúa desahuciando a personas afectadas por la crisis, siendo la intervención sobre estos últimos hechos menos onerosa que la facilitada a los bancos, además de redundar en beneficio de los derechos de la ciudadanía.
Es decir, que lo que planteábamos en el recurso a nivel meramente hipotético, el uso de la mentira para obtener la confianza del electorado y con posterioridad actuar en contra de los intereses de sus electores (y del resto de la ciudadanía), como podemos comprobar trasciende el campo de la especulación y encuentra una plasmación en la realidad, lo cual contradice claramente a la Constitución, quien otorga los mandatos de representación como expresión de la voluntad popular, y no en contra de la misma.
SEGUNDO.- SOBRE LAS POSIBILIDADES DE PARTICIPACIÓN REAL EN LOS ASUNTOS DEL ESTADO DE LA CIUDADANÍA
UNO.- Dado que este recurso se centra en los derechos establecidos en los artículos 23.1 y 20.1.d (en relación éste a través del artículo 20.4 con aquél) de la Constitución, presentamos además otras informaciones que avalan nuestras argumentaciones en cuanto a que la participación en los asuntos públicos del conjunto de la ciudadanía está totalmente vacía de contenido, en cuanto a que todo el cuerpo de leyes y normas está encarado a la primacía de la voluntad de los partidos sobre la voluntad de la ciudadanía, no cumpliéndose pues la premisa establecida por el TC en su STC 10/1983, FJ 2, de que debe suponerse que las voluntades de ambos, representados y representantes, coinciden.
En éste caso y en ese sentido, existen actuaciones tanto del partido que forma el Gobierno, el PP, que es parte contraria en este recurso (y entiéndase que, a pesar que los mandatos de representación son individuales, la actuación del conjunto de electos de dicho partido se demuestra como unitaria, entre otros hechos, por la disciplina de voto), como del principal partido de la oposición, el PSOE, las cuales presentaremos en la presente alegación.
En esta alegación queremos poner pues de relieve, que el artículo 23.1 en realidad no existe si se acepta la interpretación dada por el Juzgado Contencioso-Administrativo 12 de Barcelona y el TSJC.
DOS.- El artículo 23.1 CE, consagra el derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntos del Estado, y lo hace en dos modalidades que pueden ser complementarias o excluyentes, a participar DIRECTAMENTE o a participar a través de REPRESENTANTES, y la complementariedad o exclusividad de las modalidades dependerá del modelo democrático elegido. En el caso de España, se observa que son más excluyentes que complementarias. Ciertamente, aunque la ciudadanía tenga el derecho a participar en los asuntos del Estado directamente, no puede nunca hacerlo sino es mediante la intervención final de sus representantes, lo cual evidentemente vacía de contenido, como veremos, la mitad del derecho.
Los casos de participación directa de la ciudadanía se reducen a dos: Los referéndums y las Iniciativas Legislativas Populares (ILPs). Y en ambos casos la acción de los representantes es determinante en el resultado del proceso de participación directa, con lo cual al final se tiene que no es tal participación directa sino a través de los representantes.
En el primer caso, los referéndums, es cierto que quien decide es directamente la ciudadanía, pero dicha elección se ve limitada a: En primer lugar que los representantes convoquen el referéndum y en segundo lugar, que convocado éste, se elija entre las opciones que plantean los representantes. Si bien se pone mucho empeño en los requisitos constitucionales para garantizar el conocimiento de la voluntad popular en la elección de representantes, vemos que la intención del conocimiento de la voluntad popular en el caso de intervención directa, no es tan grande. Como ejemplo de ello, pondremos la modificación del artículo 135 de la Constitución durante la pasada legislatura. En este caso, los representantes (en este caso PSOE en el Gobierno y PP en la oposición) no consideraron oportuno someter la cuestión de dicha modificación al escrutinio de la voluntad popular DIRECTAMENTE, siendo como era una cuestión tan trascendente (la modificación de la Carta Magna en un aspecto que afecta DIRECTAMENTE a una serie de derechos constitucionales de esa misma ciudadanía), lo cual demuestra que esa parte del artículo 23.1, realmente está vacía de contenido. Ciertamente, el establecimiento en dicho artículo 135 CE de la prioridad en el pago de la deuda e intereses, por encima de la educación o la libre elección de residencia, etc., supone que se afecta de manera directa a derechos incluidos en el Capítulo II del Título primero, alterando su constitucional primacía. Ello supone que, indudablemente, según el artículo 168 CE, no sólo se deberían haber disuelto las Cortes, sino convocado un referéndum para ratificar la nueva Constitución resultante.
Finalmente, recordar que el carácter de los referéndums, excepto en el caso de modificación constitucional, es consultivo y no vinculante, es decir, que al final la última palabra está en manos de los representantes y como consecuencia, la participación directa en los asuntos del Estado puede considerarse inexistente, en este sentido.
Pero el hecho sucedido recientemente, que nos ha hecho incluir la presente alegación, es el referido a las ILPs, como exponemos en el punto siguiente.
TRES.- En fecha 16/08/2013, el PSOE, en la oposición, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley Hipotecaria aprobada con los votos del PP. Pero el promotor de ese recurso no fue el PSOE, sino que lo fue la misma asociación ciudadana que promovió la ILP sobre la modificación de dicha ley, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).
Esta asociación promovió como decimos, la ILP para la modificación de la Ley hipotecaria, presentando una propuesta de ley más ajustada a los derechos constitucionales (en este caso el derecho a la vivienda) que la anterior existente. El PP, con una mayoría absoluta obtenida de la exposición de un programa electoral cuya información resultó ser falsa, rechazó en el Congreso esa ILP, a pesar de venir avalada por unas 1.400.000 firmas, cantidad de firmas más que notable si tenemos en cuenta que, a diferencia del propio PP, no se nutren de fondos del Estado para difundir la iniciativa, ni tienen a su disposición los medios institucionales de que dispone ese partido. Es decir, los representantes que no representan a nadie, pues fueron elegidos por la exposición de un programa político no válido (STC 119/1990, FJ 7), por vulnerador de la libertad de información, impiden la participación directa de la ciudadanía en los asuntos del Estado en una primera instancia. Nuevamente, se ajustará todo lo que se quiera a la legalidad, pero no a la constitucionalidad.
Pero no sólo eso, sino que, además, la Ley impide a los promotores de una ley, defender la inconstitucionalidad de la ley alternativa aprobada (1/2013) por aquellos que rechazaron la iniciativa de participación directa. Recordemos que un recurso de inconstitucionalidad no puede ser interpuesto por cualquier ciudadano y queda limitada su interposición a los representantes electos y al Defensor del Pueblo. Pero se da la circunstancia de que el Defensor del Pueblo es elegido por los mismos representantes que, 1º, accedieron al poder ilegítimamente y 2º rechazaron la ILP. No es sorprendente pues, que la actual Defensora del Pueblo rechazase la interposición del recurso que solicitaba la PAH. Lo que nos lleva a plantear a los intereses de qué Pueblo sirve ese Defensor.
CUATRO.- Y nuevamente volvemos al problema de la representación establecido en 23.1 CE: quienes intentaron promover recurso de inconstitucionalidad y previamente habían intentado promover la modificación de la Ley, no pueden actuar directamente y se ven en manos de la acción de los representantes. El PSOE promueve el recurso de inconstitucionalidad, pero no el pretendido por la PAH, sino otro propio, aunque adueñándose del trabajo realizado por la PAH previamente. No sólo está vetada la participación directa real en el poder legislativo, sino que está vetada la participación directa real a través de la Justicia, al no poder promover ese recurso de inconstitucionalidad.
Vemos que, en consecuencia, la participación en los asuntos del Estado de manera directa, según está enunciada en la constitución, sólo existe a nivel testimonial, y no de manera real y efectiva, porque esa participación directa se ve constreñida por la acción de los representantes, que en este momento ya no sabemos a quien representan, pero no a quienes participaron en las elecciones.
Pero si no se puede actuar de manera directa sin el concurso de los representantes, debe existir alguna garantía de que la voluntad de los representantes es coincidente con la de los representados. Y esta garantía simplemente no existe, puesto que los representantes que ejercen la potestad legislativa y ejecutiva, consiguieron su mandato mediante el programa electoral falso, desoyendo la voluntad de quienes les eligieron por haber presentado ese programa que no sabían era falso. ¿Qué parte del derecho a participar en los asuntos del Estado nos queda? Ninguna, es así de simple, no pueden los ciudadanos como mi representado, acceder a su derecho a participar en los asuntos del Estado de ninguna manera. Pero entonces, si el derecho existe, puesto que así está expuesto en la Constitución en su artículo 23.1 y según el artículo 9.2 CE corresponde a los poderes públicos el garantizar ese derecho, y según el artículo 9.3 CE la propia Constitución es garantía contra la arbitrariedad de esos propios poderes públicos, esas garantías constitucionales deben existir también en algún lugar. Pues bien, como no sea en este Tribunal (que como ya expondremos más adelante, tampoco ofrece esas garantías en su totalidad), los enunciados del artículo 9 realmente no existen. No existen mecanismos para garantizar que los representantes cumplen con la voluntad expuesta en las urnas por los representados.
De hecho, como dijimos en la anterior alegación, todas las instituciones que deben ser soporte de esas garantías, están en manos de esos representantes: El Defensor del Pueblo es nombrado por esos representantes; los miembros del TC son nombrados directamente por esos representantes en su gran mayoría, y los que no, lo son indirectamente a través del CGPJ, cuyos miembros también son designados por esos representantes; el Tribunal de Cuentas, cuya misión, entre otras, es fiscalizar que no existe ilegalidad y priorización del interés propio de los partidos (como el caso expuesto en la alegación anterior), por encima del interés general, también es nombrado por esos representantes; el Fiscal General, etc, etc, todos los miembros de las principales instituciones que rigen el Estado de Derecho, son designados por esos representantes, con lo cual no existe una separación efectiva de poderes en el Estado.
En sus sentencias, el TC habla de los representantes idealizándolos, cual si fueran seres angelicales exentos de defectos y no pudieran delinquir o vulnerar la Constitución, como si las actividades ilegítimas fueran la voluntad del Pueblo Soberano que los eligió. Ellos elaboran las leyes y controlan su cumplimiento, sin que los ciudadanos puedan hacer NADA por evitar la vulneración de sus derechos en el período que dura su mandato, pues la regulación de los mecanismos de control y su formación, se hayan en manos de esos representantes, debiendo esperar a las siguientes elecciones para “castigar” a esos representantes no eligiéndolos de nuevo. Es decir, el derecho establecido en 23.1 no existe durante un período de 4 años, debiendo enunciarse por tanto tal derecho establecido en 23.1 como “Los ciudadanos tienen derecho a votar y punto”.
CINCO.- Recogemos las recientes declaraciones publicadas por el diario La Vanguardia en fecha 23/8/13, de la diputada del PP por la Asamblea de Madrid, Dña. Pilar Gómez-Limón, en que acusa a algunos de sus propios compañeros de partido de dejar de ser representantes del pueblo español, para pasar a ser representantes de las compañías ferroviarias, declaraciones realizadas con motivo del lamentable accidente de tren en Santiago de Compostela en que dicha diputada resultó herida. Es triste ver que esos representantes tienen que ser víctimas de una tragedia de esa magnitud (y aprovechamos para manifestar nuestra solidaridad y condolencias con víctimas y afectados), para constatar lo que la gran mayoría de los ciudadanos constatamos cada día de nuestras vidas: Que no nos representan, que sus voluntades no coinciden con nuestra voluntad, que presentan programas trufados de información falsa para imponer su voluntad. Que la soberanía no reside en el pueblo español, siendo que ha sido secuestrada por nuestros supuestos representantes, quienes se han adueñado de esa soberanía.
SEIS.- Y volviendo al principio: De aceptar las resoluciones sobre los recursos que interpuso esta parte (que además recordemos son contrarias a las resoluciones realizadas por ese TC en diversos procesos de diferente naturaleza), que instituyen como válida la mentira para modificar la opinión de los electores y obtener su confianza y mandato, se vaciaría totalmente de contenido el artículo 23.1, por cuanto a) no existen garantías de que coincidan las voluntades de representantes y representados cuando la información contenida en el programa electoral es falsa, y sí que existen en cambio pruebas de lo contrario; b) no existen posibilidades de participación directa real de la ciudadanía, sin el concurso de los representantes; c) no existen mecanismos de restitución de la soberanía a sus propietarios; d) no existen otros mecanismos para el conocimiento de la voluntad real del pueblo soberano (artículo 1.2 CE).
SIETE.- En fecha 11/09/2013 encontramos publicado en el diario “La Vanguardia” un artículo de opinión titulado “La Fraternidad”, firmado por Antoni Marí, donde encontramos que el autor del artículo se pregunta lo siguiente:
“¿Es responsabilidad del ciudadano el que esté a merced de la arbitrariedad, de la injusticia, de la nulidad de todo principio ético? Él es el responsable, puesto que libremente ha elegido a quienes deben representarlo. Él es responsable: se dejó persuadir y engañar por un discurso que sólo prometía su bienestar y su autosatisfacción. La precariedad del individuo es consecuencia del contrato que establecieron las personas con las instituciones que les limitaban sus derechos. Estas circunstancias manifiestan la necesidad urgente de una revisión de los conceptos políticos y obrar en consecuencia.”
Ciertamente, sería responsabilidad del ciudadano si, como el autor dice, éste hubiera podido elegir libremente. Pero, ¿como puede elegir el ciudadano libremente, si no tiene acceso a la información veraz? El autor, al igual que el Magistrado González-Trevijano opina, como veremos en la alegación Cuarta, culpabiliza al ciudadano por dejarse engañar (escuchar los cantos de sirena, según el Sr. González-Trevijano). Pero el ciudadano no se ha dejado engañar, puesto que su derecho constitucional es el de recibir información veraz, y él, contrariamente a lo que en realidad sucede, se cree amparado por la Constitución. En efecto, la Constitución ampara la libertad de los partidos políticos de informar a los ciudadanos de su propuesta de gobierno, pero también limita ese derecho a que la información proporcionada al ciudadano sea veraz. Por tanto, no es el ciudadano culpable, el culpable es quien infringió el derecho del ciudadano a recibir esa información veraz.
De no entenderse esto así, nos encontraríamos con un derecho, el 23.1, vacío completamente de contenido. Ciertamente, el ciudadano español no puede participar de ninguna manera en los asuntos del Estado, puesto que no puede elegir. En realidad, ese derecho quedaría reducido a votar entre las personas que se presentan, y no entre programas políticos, por tanto no tiene ninguna participación real. De no tener información verídica, se limitará a escoger el representante que tenga una cara más atractiva, o que tenga una retórica más subyugadora (los cantos de sirena), pero sin saber cual es la acción de gobierno que realmente realizará, puesto que nunca podrá confiar en haber obtenido una información verídica. La libertad del ciudadano se limitaría pues, a elegir el dictador que gobernará arbitrariamente durante cuatro años, sin saber a ciencia cierta cuales serán los dictados a que deberá someterse, pues la información contenida en los programas electorales no tendrá la obligación de ser verídica ni relevancia de ningún tipo. Y todo ello es contrario a los numerosos pronunciamientos de ese Tribunal Constitucional a los cuales hemos hecho referencia a lo largo de todos los procesos, pronunciamientos que han sido reiteradamente incumplidos por los juzgados que han conocido de nuestro caso.
Resulta cuanto menos absurdo que, tras la vigencia de la Constitución durante 35 años, haya gente que pueda tener un concepto de nuestro sistema, tan alejado de cualquier concepción mínimamente democrática, y más absurdo es que tenga que ser esta parte quien tenga que explicar esas obviedades tras haber pasado por dos Tribunales ya.
TERCERO.- SOBRE LA INSEGURIDAD JURÍDICA POR LA ACCIÓN DE GOBIERNO.
UNO.- En nuestros sucesivos recursos, esta parte siempre ha insistido en que nunca ha recurrido la acción de Gobierno en si misma, esto es, su libertad de hacer o no hacer, siempre y cuando no vulnerase los derechos de mi representado establecidos en 20.1.d) y 23.1. En referencia a estos derechos, especialmente se ha puesto énfasis en que no se recurría la acción de Gobierno en la emisión de leyes mediante RDL, puesto que considerábamos que éste hecho no suponía la vulneración de nuestro derecho establecido en 20.1.d) y en consecuencia, tampoco podía vulnerar el derecho establecido en 23.1. Pero la aparición en fecha 11/8/13 en el diario “El País”, titulado “El alto coste del lado oscuro” y firmado por Miguel Ángel García Vega, ha aportado a esta parte una perspectiva nueva, lo cual ha supuesto una reconsideración por esta parte en referencia a la emisión de RDL.
En efecto, en dicho artículo se habla de una “hiperinflación legislativa”, donde destaca el hecho de que en 2012 se emitieron la asombrosa cantidad de 29 RDL, suma mucho mayor que el del total de leyes elaboradas por el cauce parlamentario constitucional. Ello resulta en una inseguridad jurídica (y por tanto vulneradora del artículo 9.3 CE) que el artículo ilustra con el ejemplo de las fotovoltaicas.
Pero en nuestro caso vamos más allá, puesto que en un primer lugar, la legislación mediante RDL suplanta las funciones del poder legislativo, hurtando la posibilidad del debate parlamentario que ese TC ha reconocido en diversas sentencias como esencial para la efectividad del pluralismo político. En efecto, el Estado social y de Derecho que pregona la constitución, se caracteriza por la separación de poderes, pero ¿Qué sucede cuando el poder Ejecutivo suplanta las funciones del Legislativo? Pues simplemente que desaparece la separación de poderes, transformándose ese poder Ejecutivo también en Legislativo. Es cierto que la Constitución prevé la posibilidad para el Gobierno de emitir legislación en circunstancias muy concretas, pero no prevé que se haga como norma, puesto que para circunstancias de situación excepcional del país, la Constitución reserva otros mecanismos de actuación, como son los estados de emergencia. Es decir, que la legislación mediante RDL de manera reiterada y común, estaría incurriendo en la vulneración de la Constitución por no haber declarado el estado correspondiente, y estar hurtando el debate parlamentario necesario para que la ciudadanía conozca a qué intereses están sirviendo sus representantes.
DOS.- Pero no sólo eso, además nos encontramos con la situación de que, al haber presentado un programa con información falsa y contraria a las acciones realmente llevadas a cabo por ese Gobierno (conocedor en todo momento de la falsedad de las informaciones emitidas, como ya demostramos en nuestro recurso de amparo judicial, hecho obviado en las diversas resoluciones), genera una situación de inseguridad jurídica expresamente vetada por el artículo 9.3 CE. En efecto, cuando mi representado, o cualquier otro ciudadano, realiza una elección relativa a, por ejemplo, su trabajo, toma en consideración tanto la situación del mercado laboral, como la normativa existente al respecto, así como las posibles modificaciones de esa normativa que anuncian los diversos partidos que se postulan a gobernar España. Pero si, una vez tomada la decisión respecto a su puesto de trabajo, quienes anunciaron que harían una cosa, realizan la contraria, la elección que realizó mi representado relativa a su puesto de trabajo puede resultar la peor posible, cuando de haber sabido que quienes se postulaban a gobernar España, mentían, su elección hubiera sido otra muy diferente. Este caso no es un caso hipotético, sino que es real, aunque no sea objeto del recurso, pero demuestra que la vulneración del derecho a recibir información veraz es absolutamente esencial, tal y como ya ha reconocido en numerosas ocasiones ese TC, y no sólo porque vulnera el derecho establecido en 23.1 CE, sino porque afecta a todos y cada uno de los aspectos de la vida de mi representado que están regulados por ley.
TRES.- En fecha 12/09/2013, tenemos conocimiento por una noticia aparecida en “El Plural”, de unas declaraciones, cuanto menos sorprendentes, del Ministro Margallo referentes a que la Constitución se limita a dos artículos, el 1.2 y el 2, siendo el resto de la Carta Magna simple “literatura”.
Estas declaraciones son, cuanto menos preocupantes para mi representado, por cuanto ha recurrido a diversos Tribunales y finalmente a este Tribunal Constitucional, en la creencia de que la Constitución no era simple literatura, sino que tenía contenido real. Si estas declaraciones provinieran de un ciudadano normal, no nos preocuparían, pero proviniendo de un destacado miembro del Gobierno contra el cual recurrimos, nos lleva a preguntarnos ¿es cierto que no tenemos derechos? ¿Qué sabe el señor Margallo que nosotros no sepamos, para realizar unas tan graves declaraciones, que podrían calificarse de anticonstitucionales? ¿Creen que nadie va a defender nuestros derechos fundamentales establecidos en la Constitución, y que alegamos han sido vulnerados? Esta lectura es muy preocupante, pues implicaría que, contrariamente a lo que tanto se dice, realmente no tenemos derechos cuando quien actúa es el gobierno de la nación (y lo sentimos, pero esto ya merece ser escrito en minúsculas), que creen que las instituciones que deben defender y hacer cumplir la Constitución, tienen una visión similar a la expuesta, que la Constitución es simple literatura.
Ciertamente, estas declaraciones nos han dejado perplejos y preocupados, puesto que todo el recurso se basa en reclamar la vulneración de unos derechos que realmente no existen por ser simple “literatura”.
Pero más bien, no creemos en la explicación previa, sino en otra más acorde con todo lo que hemos venido defendiendo a través de nuestros recursos: Que el Gobierno se cree por encima de la Constitución, que creen que su “libertad de hacer o no hacer” (como definen las resoluciones que recurrimos), está por encima de cualquier precepto constitucional excepto los dos artículos antes citados, que no están sujetos a la Constitución. En ese sentido, es necesario más que nunca, que la ciudadanía sepa está amparada por la Constitución, que los poderes públicos también están sujetos a la Carta Magna, que sus derechos existen, que pueden realmente participar en los asuntos del Estado y no están simplemente sometidos al capricho y arbitrio de quienes les engañaron con los cantos de sirena. Si se quiere responsabilizar a la ciudadanía de sus errores en la elección, que como mínimo esos errores se sustenten en una libre elección amparada por la libertad a recibir información veraz. Caso contrario, el desafecto hacia todas las instituciones, incluido ese Tribunal Constitucional seguirá creciendo entre la ciudadanía, y con más razón que nunca.
Porque además, las declaraciones del señor Margallo incurren en una contradicción flagrante: ¿Como es posible que la soberanía resida en el Pueblo español, si éste no puede participar en los asuntos del Estado? Desde luego, no existiría una situación de mayor inseguridad jurídica que aquella en que la Constitución sea “simple literatura.
CUARTO.- SOBRE LA RECUSACIÓN DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CON INTERESES IGUALES A LOS DE LA PARTE CONTRARIA.
UNO.- En nuestro escrito de presentación del presente recurso de amparo, registrado en fecha 24 de Junio de 2013, solicitábamos la recusación de todos aquellos magistrados que, literalmente “hayan sido designados directa o indirectamente por la parte contraria, o tengan vínculos familiares, de amistad o cualquier otro vínculo laboral, comercial, social, etc. que pueda derivar en una falta de imparcialidad objetiva o subjetiva en la valoración de los hechos.”
Hoy, una vez conocidos quienes son los miembros del TC que conocerán de nuestro recurso, investigadas en la medida de las posibilidades por esta parte las causas que pudieran dar lugar a la recusación planteada y teniendo en cuenta los fundamentos de las recientes resoluciones que sobre recusaciones ha emitido ese TC, podemos concretar, tal y como establece la ley, los nombres de aquellos Magistrados que recusamos y los motivos en que fundamos esa recusación, aunque en alguna de las causas enunciadas los nombres ya estaban implícitos en la misma causa. En este punto, ya adelantamos que procedemos a recusar a los 3 Magistrados que componen la Sección a la que sido asignado nuestro recurso, si bien en un caso concreto, la Sra. Adela Asúa, dicha recusación no se funda en ninguna de las causas que mencionábamos en dicho escrito de presentación del recurso, sino por otra totalmente diferente. Damos así cumplimiento al requisito legal de presentar la recusación “tan pronto como se conozcan las causas de la misma”.
Adelantándonos a una posible petición de inadmisión de la recusación por extemporaneidad de la misma, en aplicación (inadecuada, según creemos) del artículo 223.1 LOPJ, exponemos que esta recusación ya fue expuesta en origen en el escrito de presentación del recurso de amparo constitucional, al recusar a aquellos magistrados designados a instancias de parte contraria y demás causas, las cuales son mejor conocidas por los miembros del Tribunal Constitucional que por esta parte. Es decir, es una recusación explícita aunque no se den los nombres de los magistrados, ya que esos nombres no son conocidos en ese instante por esta parte.
Pero incluso ya, cuando se nos comunica quién es la Sala que conocerá de nuestro caso el día 27/06/13, la Sala Segunda, tampoco sabemos que magistrados forman parte de esa Sala, pues ese dato se publica el BOE el mismo día de la comunicación y, hasta bastantes días después no nos es posible conocer ese dato. ¿Debemos leer cada día el BOE en espera de que se comunique la composición de las Salas y Secciones? No costaría nada, cuando se realiza la comunicación de que nos corresponde esa Sala, relatar la lista de magistrados que la componen. Y una vez localizados por esta parte los nombres de los miembros de esa Sala Segunda, y comenzado a investigar qué magistrados cumplen las causas de recusación enunciadas que, reiteramos, son mejor conocidas por ellos que por nosotros, entonces se nos comunica en fecha 23/07/2013 que no es toda la Sala Segunda, sino la únicamente la Sección Tercera, con lo cual se debe suspender las investigaciones iniciadas, realizando únicamente las referidas a los miembros de dicha sección.
Hay que recordar que las causas de recusación enunciadas en el artículo 219 LOPJ se refieren en muchos casos a aspectos de la vida privada de esos magistrados, aspectos que difícilmente serán conocidos por quienes no tenemos ningún tipo de contacto con esas personas.
Por tanto, en las causas conocidas, como es la designación a instancias de parte contraria, los nombres se encuentran implícitos en la causa de recusación, habiéndose cumplido el plazo estipulado en el artículo 223.1 de los diez días para las causas conocidas, ya que ese TC conoce perfectamente quienes han sido designados a instancias de esa parte. Y en las causas desconocidas, pues esta parte ha tenido que realizar una ardua tarea de investigación (no siempre culminada con éxito), comunicando esas causas de recusación tan pronto ha tenido constancia de ellas, es decir, ahora.
Creemos necesario hacer esta puntualización en la alegación, ya que hemos leído suficientes sentencias en que se rechaza la recusación por extemporaneidad, alegando que se utiliza en el proceso ya iniciado, como instrumento para paralizar actuaciones desfavorables a la parte recusadora. Pues bien, no consta a esta parte que se haya realizado actuación alguna, o al menos no se le ha notificado a esta parte, ya que ni siquiera se ha declarado la admisión o inadmisión del recurso, a pesar del tiempo transcurrido. Por tanto no habría lugar sobre ese motivo de rechazo.
Otro aspecto importante a tener en cuenta, es el hecho de que un error de ese Tribunal Constitucional indujo a creer que el presente recurso había sido inadmitido. Ello condujo a la suspensión de las indagaciones a pesar de que esta parte tenía previsto ejercer la recusación en el período de tiempo en que se recibió la notificación de la inadmisión del recurso que finalmente resultó ser otro, el 7460/2013-C, donde en cambio constaba el objeto del presente recurso. Prueba de lo primero es que el poder especial para recusar fue solicitado en enero de 2014, cuando se creía que se tendría suficiente información (pruebas objetivas, según se requiere en la doctrina constitucional) para poder hacer efectiva la recusación. Y prueba de lo segundo es el escrito de solicitud de aclaraciones realizado por mi representado, escrito que se realizó posteriormente a haber interpuesto demanda ante el TEDH, en la creencia de que el presente recurso había sido inadmitido.
También creemos necesario recordar la doctrina de ese propio TC relativa a que no se debe ser rigorista con los aspectos formales cuando se puede socavar el contenido del derecho fundamental (STC 59/1987, FJ 1, entre otras), en este caso el derecho a la tutela judicial efectiva con todas las garantías. Es evidente que, en el caso de la designación de magistrados a instancias de parte, las garantías judiciales son inexistentes.
Finalmente, en el presente escrito procedemos a recusar a los Magistrados que componen la Sección Tercera de la Sala Segunda, que son quienes conocerán de nuestro recurso aunque, según establece la LOTC en el artículo 50.2, podría ser la Sala completa quien resolviera sobre la admisión de nuestro recurso. Esta situación ha llevado al punto de que esta parte llegara a considerar la recusación de todos aquellos miembros del TC que incurran en las causas expuestas en la presente alegación, sin embargo ello conllevaría investigar sin los medios necesarios las relaciones de amistad y laborales de esos 3 miembros adicionales, sus opiniones expuestas en artículos, libros, etc, y todo ello desde un desconocimiento total de quienes son estos señores y señoras, puesto que esta parte no tiene ningún tipo de relación de cercanía con los mismos.
DOS.- A) Leídas las argumentaciones y motivaciones que da ese Tribunal Constitucional en el ATC de fecha 17 de Septiembre de 2013, referido a la inadmisión de la recusación formulada por una de las partes (Generalitat de Catalunya) de un determinado magistrado (Sr. Pérez de los Cobos), tiene esta parte la extraña sensación de estar leyendo una resolución sobre un derecho fundamental totalmente ajeno a la tutela judicial efectiva, dicho en términos de defensa y al menos por lo que respecta a nuestro recurso. En efecto, dichas motivaciones parecen más encaminadas a defender un hipotético derecho fundamental inexistente, cuál sería el derecho de los Magistrados a conocer de un caso determinado, que a defender el derecho constitucionalmente establecido en el artículo 24.1.
Por ello nos parece necesario recordar que la imposición de ser juzgado por un juez o tribunal predeterminado por ley es una garantía del derecho de la tutela judicial efectiva, es decir, de las partes que concurren en el proceso, y no de quien arbitra el mismo.
Esta parte está de acuerdo (y no puede ser de otra manera, puesto que así la ley lo exige) con las interpretaciones generales que el TC da en ese Auto sobre las causas de recusación, y no obstante dadas las notables desviaciones de nuestro caso particular respecto esas generalidades expuestas, creemos necesario exponer esas particularidades que pensamos que invalidan, para nuestro caso concreto y no como caso general, parte de las motivaciones dadas por ese TC.
Para una mayor claridad expositiva, tomaremos como guía los fundamentos jurídicos 2 y 3 de dicho ATC de fecha 17 de Septiembre de 2013, y en cada punto expondremos las singularidades que creemos diferencian nuestro caso del caso general analizado por el TC.
B) Se inicia el FJ 2 de dicho ATC de la siguiente manera:
“2. Nuestro enjuiciamiento de fondo debe comenzar recordando nuestra doctrina sobre la garantía y el deber de imparcialidad de los Magistrados constitucionales:
b) En virtud del carácter jurisdiccional que siempre reviste la actuación del Tribunal Constitucional y del mandato de que sus Magistrados ejerzan su función de acuerdo con el principio de imparcialidad (art. 22 LOTC), hemos declarado que el régimen de recusaciones y abstenciones de los Jueces y Magistrados del Poder Judicial es aplicable ex 80 LOTC a los Magistrados del Tribunal Constitucional (ATC 26/2007, de 5 de febrero, FJ 2). La enumeración establecida actualmente en el art. 219 LOPJ es taxativa y de carácter cerrado. Cualquiera que sea la quiebra de imparcialidad que se alegue en relación con un Magistrado de este Tribunal ha de ser reconducida a una de las mencionadas causas legales (entre otros, AATC 226/2002, de 20 de noviembre, FJ 1; y 18/2006, de 24 de enero, FJ 2). Fuera del ámbito de tales causas legales, las aprensiones o los recelos que las partes puedan manifestar son jurídicamente irrelevantes. “
ALEGACIÓN DE ESTA PARTE: parece más que sorprendente, dicho con todos los respetos y en estrictos términos de defensa, que se considere la enumeración de las causas de recusación establecidas en el artículo 219 LOPJ, como taxativa y de carácter cerrado cuando, por un lado, las causas de incompatibilidad con el ejercicio de la judicatura en ambos casos (TC y jurisdicción ordinaria) NO SON LAS MISMAS y cuando el sistema de designación de jueces en ambos casos NO ES EL MISMO. Ciertamente, en el caso de los jueces ordinarios no puede existir causa de recusación por militancia política, puesto que tal condición es incompatible con la de juez, mientras que en el caso de los jueces del TC, tal incompatibilidad no existe, sólo como ejemplo de este caso. En segundo lugar, los jueces ordinarios son designados para sus cargos por oposición y ascensos por antigüedad, mientras que en el caso de los jueces del TC, éstos son designados a instancia de otras instituciones que, como es nuestro caso, pueden ser parte en el proceso, con sus propios intereses y derechos. Y esas diferencias cruciales no están contempladas de ninguna manera en dicho artículo 219 LOPJ. Es decir, que contemplar de manera taxativa y cerrada las causas de recusación expuestas en el artículo 219 LOPJ, supone una dificultad en nuestro derecho a la defensa (cuando no, directamente, una indefensión), dado que todas las argumentaciones deben ser reconducidas a esas causas, dificultando y debilitando la calidad de las argumentaciones realizadas por esta parte. no obstante, por ese imperativo legal, intentaremos por todos los medios adaptar las causas de recusación esgrimidas por esta parte, a ese artículo 219 LOPJ.
C) “c) Para que en garantía de la imparcialidad un Magistrado pueda ser apartado del conocimiento de un asunto concreto, es preciso que existan dudas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que hagan posible afirmar fundadamente que el Magistrado no es ajeno a la causa o permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no va a utilizar como criterio de juicio el previsto en la Ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico. Por tanto, no basta con que las dudas o sospechas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas (por todas, SSTC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 5; 69/2001, de 17 de marzo, FFJJ 14.a y 16; 5/2004, de 16 de enero, FJ 2; y ATC 26/2007, de 5 de febrero, FJ 3; así como SSTEDH de 28 de octubre de 1998, Castillo Algar c. España, § 45; y de 17 de junio de 2003, Pescador Valero c. España, § 23). “
ALEGACIÓN DE ESTA PARTE: ciertamente, los motivos de recusación no pueden estar basados meramente en especulaciones. Pero volvamos a recordar que la garantía procesal es parte primordial de la tutela judicial efectiva, tanto de quien acude a la Justicia en reclamación de sus derechos, como de quienes se ven afectados por dichas reclamaciones. Y ese derecho únicamente lo puede garantizar el Estado, quien dispone de los instrumentos necesarios y tiene la obligación constitucional. Por tanto, trasladar toda la carga de la prueba a quienes recusan, socava su derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que quienes recusan no tienen los instrumentos legales para acceder a la obtención de las pruebas que determinarían de manera fehaciente la causa de recusación. Ello es contrario totalmente a todo el sistema de justicia. Es decir, que quienes denuncian deben aportar los hechos objetivos sobre los que basan su denuncia, pero únicamente hasta el nivel indiciario. Corresponde a Jueces y Tribunales, si los indicios son sólidos, la obtención de las pruebas necesarias para determinar la legitimidad o no de dicha denuncia. En cambio, en el caso de las recusaciones, este sistema (que es la esencia del Estado de Derecho), se subvierte, exigiendo en este único caso la aportación de las pruebas completas que demuestran sin lugar a dudas, los hechos denunciados. ¿Debería mi representado contratar un detective privado para saber el grado de intimidad de la amistad un magistrado con la parte contraria, invadiendo de esa manera la esfera de privacidad de una persona sin seguir los cauces legales? Evidentemente ello entraría en la ilegalidad, y sin embargo es lo que exige esa doctrina expuesta. Díganos pues ese TC, como se pueden conseguir las pruebas contundentes (más allá de los indicios), dentro de la legalidad, y esta parte no dudará en realizarlo.
En este sentido esta parte en alguno de los supuestos que aludimos, únicamente puede aportar los indicios de las causas de recusación sin entrar en ilegalidades, y corresponde a los poderes públicos, como es imperativo en cualquier Estado de Derecho, la obtención de las pruebas mediante los cauces legales que avalen o no el fundamento de la demanda. Sin embargo en otros supuestos presentamos pruebas sólidas de los motivos aducidos, aunque ello no es óbice para ignorar lo expuesto en el párrafo anterior.
D) d) En la medida en que las causas de recusación permiten apartar del caso al juez predeterminado por la ley, la interpretación de su ámbito ha de ser restrictiva y vinculada al contenido del derecho a un juez imparcial (STC 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 8). Esta interpretación restrictiva tiene especial fundamento respecto de un órgano, como es el Tribunal Constitucional, cuyos miembros no pueden ser objeto de sustitución (AATC 80/2005, de 17 de febrero; y 383/2006, de 2 de noviembre, FJ 3). En efecto, en los procesos seguidos en los tribunales ordinarios, la consecuencia de estimar una recusación es la sustitución del afectado (art. 228.2 en relación con los arts. 207 a 214 LOPJ), con lo que se reequilibra la composición del órgano. Por el contrario, cuando el Tribunal Constitucional actúa examinando en Pleno la constitucionalidad de una ley o norma con rango de ley, la aceptación de una recusación no conlleva posibilidad alguna de sustitución del afectado. ALEGACIÓN DE ESTA PARTE: Precisamente el juez predeterminado por ley es garantía para ambas partes en conflicto, pero cuando existe un desequilibrio previo en la independencia, puesto que como en nuestro caso, la parte contraria a tenido la posibilidad de designar a los magistrados del Tribunal que conoce la causa, las causas de recusación debidas a imparcialidad que puedan deducirse en la relación con las causas de independencia debidas a la designación, no pueden ser igual de restrictivas que en la situación general en que ninguna de las partes ha intervenido en la designación del juez predeterminado, pues redundaría en la indefensión de la parte que no ha podido designar a sus propios magistrados.
El artículo 24.1 CE, establece que las partes tienen derecho a un juicio con todas las garantías, y el artículo 10.2 CE, establece que ese derecho debe ser interpretado de conformidad con la Declaración Universal de los DDHH, lo cual nos remite al redactado del artículo 10 DUDH donde se establece que “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”
Leído e interpretado nuestro derecho establecido en 24.1 de acuerdo con lo anterior, descubrimos que el Alto Tribunal no ofrece, ni las condiciones de plena igualdad, por un lado, ni las de independencia e imparcialidad por el otro. ¿Dónde se encuentra pues el derecho de mi representado a un juicio con todas las garantías?
Es evidente que no se cumple en modo alguno el requisito establecido en el artículo 10 DUDH, de que en el presente recurso concurran las partes en condiciones de plena igualdad. En efecto, esta parte, a diferencia de la parte contraria, no ha podido designar a ninguno de los magistrados que juzgarán el caso. Si esta parte pudiese designar algún magistrado, lo haría buscando aquéllos más acordes con nuestros intereses, al igual que ha hecho la parte contraria, por lo cual como mínimo tendríamos la garantía de que habría algún magistrado es la Sala que, de entrada, pudiera simpatizar con nuestros puntos de vista. Existe por tanto un claro desequilibrio entre las garantías de las partes, al no existir esa igualdad de condiciones.
En el segundo aspecto expuesto, y referido a nuestro caso concreto, no tiene sentido aducir que no existe posibilidad de substitución de los magistrados, pues quien conoce de la causa no es el pleno, sino una sección compuesta por únicamente 3 de los 12 miembros de ese TC. Resulta además sorprendente, dicho en estrictos términos de defensa, que dicha interpretación sea tan estricta en cuanto a la no posibilidad de substitución de los miembros del Pleno. En efecto, no pueden ser substituidos, pero ello no es obstáculo para el funcionamiento del órgano colegiado. Y para reforzar esta interpretación expondremos que, no hace demasiado tiempo, ése mismo Tribunal estuvo funcionando con únicamente 11 de sus 12 miembros durante un período de algunos años, por el fallecimiento de uno de sus miembros. Y de esos 11 miembros bastantes tenían su mandato caducado. Si el factor plenario hubiera sido tan importante, dicho Tribunal tenía que haber cesado en sus funciones hasta que no hubiera acuerdo de renovación entre los partidos políticos, de los miembros con mandato caducado y del miembro fallecido. ¿Es acaso más importante el acuerdo entre los partidos, que al final es motivado por los intereses particulares de cada partido, que una garantía procesal constitucional, fundamento del Estado de Derecho? Por otro lado, al ser únicamente una Sección de 3 miembros quien conoce de nuestro recurso, no existe dificultad alguna en sustituir a los Magistrados recusados, puesto que aún quedan 9 miembros. No obstante, hay que remarcar que de esos 9 miembros, 5 incurrirían en por lo menos una de las causas de recusación expuestas en este escrito, por lo que únicamente quedarían 4 Magistrados para realizar la correspondiente sustitución, número más que suficiente cuando únicamente hacen falta 3.
E) e) Es necesario también destacar la naturaleza de algunos procesos constitucionales. En los procesos de control de constitucionalidad de leyes también cabe la recusación pues el art. 22 LOTC no hace salvedad alguna entre los distintos procesos constitucionales, pero la labor del Tribunal Constitucional consiste en un juicio abstracto sobre la constitucionalidad de la norma impugnada; no se dirimen conflictos entre partes que defiendan ante él derechos o intereses propios (intereses subjetivos) sino pretensiones encaminadas a la depuración objetiva del ordenamiento (interés objetivo). La naturaleza de los procesos constitucionales puede comportar modulaciones en la aplicación supletoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de abstención y recusación (ATC 26/2007, FJ 2).
ALEGACIÓN DE ESTA PARTE: Recordemos que no existe nada en lo referente a la regulación de la información facilitada por los postulantes al mandato de representación a aquéllos que les tienen que otorgar su confianza, ni de la regulación de los derechos y deberes de cada una de las partes, excepto la propia Constitución y las sentencias de ese TC. Efectivamente, en nuestro caso también solicitamos que se realice un juicio abstracto sobre la naturaleza constitucional de los derechos fundamentales que aducimos vulnerados y de la esencia de la propia democracia, cuya interpretación es necesaria debido al enorme grado de cuestionamiento que sufre el actual sistema de elección de representantes y de las instituciones que de tal elección emanan. Pero de tal juicio abstracto dependen directamente los derechos de mi representado contrapuestos (y opuestos) a los intereses de la parte contraria. Es decir, que sí existen intereses subjetivos en juego por ambas partes, ya que dependiendo de la interpretación final de ese Tribunal en lo referente a los derechos de información veraz y de participación a través de representantes, se derivarán unos hechos concretos en la realidad que afectan a dichos derechos e intereses. En efecto, en este recurso, desde nuestro punto de vista, se está estableciendo cual es la relación entre representantes y representados, y como en cualquier contrato entre partes, a cada cual le interesa que la legalidad le sea favorable.
F) f) Por último, debe recordarse que tal y como establece el primer párrafo del art. 223.1 LOPJ, “la recusación deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite”. Tan inequívoco aserto establece una causa de inadmision “a limine”, cuya razón legal está inspirada en evitar que la posibilidad de recusación de cualquier juez llegue a convertirse en una suerte de amenaza o presión para el juzgador, erigiéndose en un instrumento que la parte pudiera interesar a su conveniencia, sine die, amparado en la indeterminación –o difícil probanza- del momento de la citada toma de conocimiento.
ALEGACIÓN DE ESTA PARTE: En efecto ese ha sido el proceder de esta parte, proponer la recusación de los 3 magistrados en cuanto hemos tenido conocimiento de las mismas, al menos de aquellas que hemos podido determinar con certeza. Pero cabe plantearse: ¿Y qué sucede si las causas de recusación son conocidas con posterioridad al proceso o si, incluso nunca son conocidas porque el órgano que debía presentar tales garantías no investigó?, ¿dónde están las garantías procesales? Recordemos que el Estado es el garante de los derechos fundamentales, y eso incluye que se presente la debida diligencia en la investigación de las posibles causas de falta de objetividad.
De no hacerlo así, se pueden dar casos, como el recientemente publicitado del Sr. Baltasar Garzón, quien conoció de las causas de recusación con posterioridad a que se produjese el fallo de ese TC, por no ser la causa de recusación materia de conocimiento público y, por tanto, él no podía conocerla y que, además, ya no hay posibilidad de apelación de tal fallo, ni se puede retrotraer el juicio a los momentos anteriores a la posible recusación, como muestra el ATC del 23 de septiembre de 2013. ¿Ha tenido pues el sr. Garzón un juicio con todas las garantías? A nuestro juicio, independientemente de cual hubiese sido el resultado del incidente de recusación y de que la recusación también hubiera sido rechazada en el fondo, no lo ha tenido, puesto que el tribunal no presentaba todas las garantías de imparcialidad requeridas inicialmente, y él no tuvo acceso a la información que determinaba que esa garantía pudiera no cumplirse, habiendo reconocido el TC que aún en el caso de haber tenido razón el Sr. Garzón, no hubiera sido posible acceder nuevamente a un juicio con todas las garantías. Así pues, con la interpretación anterior de trasladar toda la carga de la prueba sobre la parte perjudicada, se ve con claridad que no se cumple el derecho a la tutela judicial efectiva, esto es, a un juicio con todas las garantías.
G)– “(…) Idéntica redacción presenta el art. 19.1.6º LOTC. En nada obsta que el art. 159.4 CE añada que “en lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial”, pues la interdicción para éstos de la pertenencia a partidos políticos no es propiamente una incompatibilidad, sino una prohibición; y la expresión “en lo demás” no supone una rectificación, sino una confirmación de lo que en el párrafo precedente se ha dispuesto con claridad. El diseño de la jurisdicción constitucional obliga a considerar que si tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no han prohibido a los Magistrados constitucionales la pertenencia a partidos políticos o sindicatos, tampoco cabrá entender que esa afiliación pueda ser introducida por las partes como causa genérica de recusación en sí misma, y cualquiera que sea el proceso. (…)”
(…) Los Magistrados del Tribunal Constitucional están sujetos al juramento o promesa, que prestan al asumir su cargo ante el Rey, de guardar y hacer guardar fielmente la Constitución española, lealtad a la Corona y cumplir sus deberes como Magistrado Constitucional (art. 21 LOTC). Las diversas circunstancias que definen la personalidad de cada uno de los Magistrados y conforman su trayectoria personal no pueden considerarse sin más condicionamientos negativos que afecten a su imparcialidad, pues la imparcialidad que exige el art. 22 LOTC no equivale a un mandato de neutralidad general o a una exigencia de aislamiento social y político casi imposible de cumplir en cualesquiera profesionales, también en los juristas de reconocida competencia. La inevitable incidencia en la interpretación jurídica de las particulares concepciones del Derecho y visiones del mundo de cada Magistrado se refleja en la necesaria pluralidad de perspectivas jurídicas que confluyen en las deliberaciones y decisiones del Tribunal como órgano colegiado por excelencia.
ALEGACIÓN DE ESTA PARTE: Ciertamente, exigir un aislamiento social o una neutralidad a los magistrados del TC, sería una gravísima vulneración de sus derechos. Pero eso no implica que en los casos donde deben juzgar temas donde no son neutrales, dicha falta de neutralidad si que afecta a la garantía constitucional. Nadie puede esperar que el Magistrado que juzga un caso donde esa neutralidad no existe, disocie su cerebro y emplee una zona que no haya sido contaminada por esa falta de neutralidad. Recordemos que se trata de una garantía sobre un derecho fundamental y que las partes deben estar absolutamente seguras de esa imparcialidad. No basta con que lo esté una de las partes, puesto que la garantía es para ambas.
Por lo que respecta a la militancia en un partido político, que duda cabe que no estamos en el caso genérico, puesto que cualquier militante del Partido Popular es parte de este proceso.
En cuanto a la afinidad ideológica, este caso también presenta suficientes singularidades, que serán debidamente explicadas, como para que se tome en consideración, no como causa de recusación en si misma, sino como factor adicional que incide en una de las causas planteadas, como es la designación por la parte contraria.
H) En el ejercicio de sus funciones los miembros de este Tribunal Constitucional actúan sometidos a estrictos parámetros jurídicos y con el solo medio de la argumentación jurídica para resolver las controversias que llegan a su conocimiento, incluso las que presentan un perfil o unas consecuencias más netamente políticos, sin más subordinación que a la Constitución
ALEGACIÓN DE ESTA PARTE: En este caso se está considerando pues que los miembros del TC, son seres angelicales, cuya perfección no les permite sucumbir a las humanas pasiones, sean estas las de favorecer a quienes piensan como ellos y perjudicar a quienes no piensan como ellos, sean las de desayunar un bocadillo de jamón cuando se tiene el colesterol a 300. Ciertamente, el que estén sometidos a la Constitución por juramento, no impide que con su acción se salten tal juramento incluso de manera inconsciente. Este hecho, tan humano, no es excusa no obstante para la eliminación de las garantías procesales de una de las partes. El juramento en sí, no constituye ninguna garantía procesal, puesto que un juramento se puede romper sin quede constancia de ello y, por tanto, sin consecuencia jurídica alguna.
I) “Los argumentos, que son objeto de la pertinente y en ocasiones prolongada deliberación en las sesiones colegiadas, quedan recogidos debidamente en los fundamentos jurídicos en los que se apoya la decisión que resuelve el proceso constitucional de que se trate. En última instancia, la obligada motivación en la que se sustentan las resoluciones garantiza su transparencia y su accesibilidad, a través de la puntual publicación de las mismas, tanto para las partes del proceso como para la comunidad jurídica y la sociedad en general.
Esa nota diferencial del Tribunal Constitucional respecto del Poder Judicial resulta habitual en el Derecho comparado. Así, en Alemania el art. 18.2 de la Ley del Tribunal Constitucional Federal de 12 de marzo de 1951, dice en relación con sus Magistrados que no se incurre en parcialidad por razón de la afiliación a un partido político (…)
ALEGACIÓN DE ESTA PARTE: En efecto, todos esos aspectos se dan en las resoluciones del TC, pero recordemos que dichas sentencias, no sólo son de obligada aplicación sino que además no son impugnables, siendo el último escalón de la defensa de los derechos fundamentales. En tal caso, si cabe, las garantías procesales deben ser incluso más estrictas, pues cualquier parcialidad por mínima que sea, decanta el proceso hacia una de las partes, sin posibilidad de recuperar posteriormente tales derechos, si no es acudiendo a instituciones de fuera de España. En tal caso, nos encontraríamos que la constitución, contrariamente a lo que en ella se expresa, no ha sido garante de los derechos y libertades cuya tutela se requiere.
Además, el hecho de que una cosa sea permitida fuera de España, no significa que se ajuste a la constitución. No se puede excusar un comportamiento que se aleja de las garantías constitucionales por ese sólo hecho. Caso contrario podríamos llegar a tomar como referencia la Constitución de Corea del Norte, donde su constitución permite cosas que aquí serían totalmente inconstitucionales. De la misma manera que en dichos países tendrán sus propios mecanismos de elección de los magistrados de sus Tribunales, o leyes que garanticen la salvaguarda de los derechos por otros medios. Es decir, que las singularidades propias de cada país, condicionan sus normas, y no es difícil ver dimitir a políticos en los países que menciona la sentencia, por motivos mucho menores que en los casos que se dan en el nuestro, donde aparentemente la mentira es un derecho constitucional de algunos. Esas consideraciones también las debería tener en cuenta ese Tribunal a la hora de objetivar las causas de recusación.
TRES.- A) Ya entrando en los motivos concretos de las recusaciones que plantea esta parte, en contraste con lo que hemos expuesto sobre ese Auto del TC de fecha 17 de Septiembre de 2013, nos encontramos que de existen tanto causas que afectan a la imparcialidad subjetiva, como causas que afectan a la imparcialidad objetiva, siendo que las enumeraremos en referencia a cada magistrado y, dado que se realiza la imposición de que se ajusten a las causas establecidas en el artículo 219 LOPJ, daremos traslación de las causas enumeradas hasta los supuestos contemplados en dicho artículo, aunque como ya hemos alegado, consideramos que supone una vulneración de la doctrina de una interpretación de la Constitución abierta e integradora frente a otra cerrada y excluyente. Pasamos pues a exponer dichas causas de recusación.
B) Magistrados designados por la parte contraria
Excelentísimos Sres. González-Trevijano, nombrado a propuesta del Gobierno presidido por el Sr. Mariano Rajoy y González Rivas, nombrado a propuesta del Grupo Popular del Congreso de los Diputados. Por esa causa son recusados ambos.
Es evidente en primer lugar, que no se cumple en modo alguno el requisito establecido en el artículo 10 DUDH, de que en el presente recurso concurran las partes en condiciones de plena igualdad. En efecto, esta parte, a diferencia de la parte contraria, no ha podido designar a ninguno de los magistrados que juzgarán el caso. Si esta parte pudiese designar algún magistrado, lo haría buscando aquellos más acordes con nuestros intereses, al igual que ha hecho la parte contraria, por lo cual como mínimo tendríamos la garantía de que habría algún magistrado es la Sala que, de entrada, pudiera simpatizar con nuestros puntos de vista. Existe por tanto un claro desequilibrio entre las garantías de las partes, al no existir esa igualdad de condiciones.
Ciertamente, para que se cumpla el artículo 10 de la DUDH (y en consecuencia el artículo 24.1 CE), esta parte debería poder designar por lo menos dos magistrados para la Sección Tercera de la Sala Segunda, para igualar los dos magistrados que nombró la parte contraria. ¿Cuál es el problema? Pues simplemente que la Ley no lo permite. Lo cual nos lleva a hablar de la propia Constitución. Ciertamente, la Constitución ha sido elaborada por simples personas, y por muy elevada que pudiera ser la capacidad de esas personas, contiene errores, incongruencias y lagunas, como cualquier otra ley. De no ser así, no tendría sentido alguno la existencia de ese Tribunal Constitucional. Así, la Constitución prevé los mecanismos de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, pero no prevé en modo alguno qué es lo que sucede cuando tal elección entra en conflicto con alguno de los artículos relativos a los derechos fundamentales de la propia Carta Magna, como es el caso que nos ocupa. Y sin embargo la Constitución continúa garantizando un proceso con todas las garantías Por tanto, este hecho debería estar contemplado en la correspondiente Ley Orgánica que desarrolla tanto todos los aspectos del Tribunal Constitucional, como los aspectos relacionados con los derechos fundamentales afectados. Y esta Ley es la LOTC, que no prevé para nada estos casos. ¿Desaparece por ello nuestro derecho? En absoluto, pero nos encontramos en una situación en que, para cumplir la constitucionalidad, de alguna manera hay que vulnerar la legalidad. Cuando existe un conflicto de ese tipo, no pueden coexistir legalidad y constitucionalidad. Ciertamente, se podría reelaborar la ley para que contemple esos conflictos, pero mientras eso sucede, se continuarán vulnerando los derechos constitucionales afectados, en este caso el 24.1. Por tanto, al menos en lo que nos afecta, eso no soluciona nuestro caso, al producirse una dilación innecesaria, y en ese período de tiempo estaremos en una situación de inconstitucionalidad. Pero según la propia Constitución, ésta es la Ley Máxima, por tanto, en este tipo de conflictos, debe primar sobre cualquier otra ley.
La elección de magistrados por la parte contraria, no es un motivo baladí, ya que esa parte elegirá precisamente aquellos que piensa que interpretarán la Constitución (y más concretamente, los derechos fundamentales de mi representado) acorde con los intereses de esa parte, lo cual rompe totalmente el principio de imparcialidad que es garantía constitucional. Este argumento no es una elucubración vacía, como veremos más adelante: por lo menos algunos magistrados han sido designados en función de su simpatía con los intereses de la parte contraria a ésta Este motivo de recusación, sin embargo, no está contemplado ni por la LOTC ni por la LOPJ en su artículo 219 a la que nos remite la LOTC, ya que, como hemos dicho, en la jurisdicción ordinaria tal supuesto es imposible por no acceder los jueces a su puesto por designación de nadie. No obstante, y dado el requisito que exige ese TC de remitir la causa de recusación a uno de los supuestos contemplados en el artículo 219 LOPJ, por imperativo legal hacemos tal trasposición teniendo en cuenta que, como hemos dicho, tal supuesto es imposible en la jurisdicción ordinaria y en cambio no lo es en el TC, y que por tanto consideramos como no ajustada a derecho tal exigencia de trasposición. En este caso, el supuesto que elegimos son los 8º y 9º de dicho artículo 219 LOPJ. En efecto, de entre las decenas de magistrados y juristas que en España cumplen con los requisitos legales para ser designados magistrados del TC, la parte contraria habrá elegido aquellos con los que presente una amistad o intereses comunes, de manera que interprete la ley acorde con sus propios intereses (que resultaría baladí recordar que son exactamente los opuestos a los de esta parte). Existen pruebas suficientes para confirmar que en algunos casos ha sido así, lo cual nos lleva a considerar que ninguno de los designados por la parte contraria ofrece las garantías de imparcialidad debidas.
Como ya hemos dicho, no cumple las garantías constitucionales la interpretación que realiza el propio TC en los Autos mencionados, referida a que la imparcialidad se le debe presuponer a los magistrados, independientemente de su ideología o del hecho de que hayan sido designados por la parte contraria. Esa presunción de imparcialidad en realidad no se sostiene sobre ningún hecho objetivo, siendo que la justicia en su conjunto debería según sus propios principios, atenerse a los hechos objetivos y juzgar en consecuencia. Antes al contrario, entre los magistrados existen hechos objetivos que van en contra de lo presupuesto (y prejuzgado, contrariamente a cualquier principio jurisprudencial) por ese TC.
Entre estos hechos encontramos dos que citaremos, quizás existan más, pero esta parte no puede dedicar toda su vida a trabajos de investigación que no le corresponden, siendo que la tutela de las garantías de los derechos, corresponde al Estado, y no a esta parte.
En primer lugar citaremos el caso del Sr. Enrique López y López, magistrado que no conocerá de nuestro caso, pero que sirve de ejemplo ilustrativo.
El Magistrado del TC, que no pertenece a la Sala y Sección que conoce de nuestro recurso, Sr. Enrique López y López, fue presentado en 2010 como candidato al Tribunal Constitucional, a instancias del PP, SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY, puesto que no cumplía el requisito de 15 años de antigüedad exigido.
¿Puede un magistrado del TC, desconocer la Ley Orgánica reguladora de ese Tribunal? ¿Puede interpretarla a favor de sus propios intereses o del Partido Político que lo promovió? Desde luego, existen dudas más que razonables sobre la imparcialidad del señor López. ¿Existen motivos para tal desprecio (hablando en términos estrictos de defensa) de la imparcialidad? A nuestro juicio si, y sobrados.
El Sr. Enrique López ya fue recusado en otro proceso, en fechas inmediatas a su nombramiento precisamente por tener intereses coincidentes con el PP, recusación que no sabe esta parte si fue resuelta. Pero en esa recusación encontramos diversos argumentos que avalan esos intereses coincidentes.
Ciertamente, se puede hablar de que esos requisitos fueron interpretados, pero del mismo modo sabemos que por la parte que presentó su candidatura, el PP y el propio magistrado, los interpretaron a favor de sus intereses coincidentes. ¿Actuaría el Sr. López de manera imparcial en nuestro caso? ¿Declararía su militancia si la tuviera, cuando no se opuso a su nominación sin cumplir los requisitos? El señor López ya ha sido recusado en otro proceso, por lo menos que sepamos, en su actuación en la Audiencia Nacional, recusación por amistades manifiestas, colaboración con el PP y FAES, etc., que no sabemos si prosperó o no. Y también ha sido objeto de una querella criminal por prevaricación, también que sepamos, aunque desconocemos si fue admitida o no, por presuntamente favorecer los intereses de una de las partes, curiosamente el PP.
Finalmente éste Magistrado presentó su renuncia por motivos personales, al haber sido multado por conducir con una tasa de alcoholemia superior a la legal.
Ciertamente, en este caso es palmario que, algunos magistrados, interpretan la ley según los intereses propios o de quienes le promovieron al cargo. Es por tanto patente que no se les puede presuponer una “imparcialidad inherente al cargo”.
El segundo caso si que nos afecta directamente, puesto que se refiere al Sr. González-Trevijano, quien si está asignado a la tutela de nuestros derechos.
Justo antes de acceder a su mandato como Magistrado del TC, el Sr. González-Trevijano no dudó, cuando le interesaba, en violar los propios Estatutos por él impulsados como “apuesta personal”, según sus propias palabras, en la limitación a dos mandatos en los órganos representativos de la URJC, de la que fue rector, presentándose a un tercer mandato cuando le convino y ganando tal representación. Es decir, una cosa es lo que decimos de cara a la galería y otra las acciones reales que pueden ser muy contrarias a aquellas bonitas palabras que dijimos, cuando son nuestros intereses lo que están en juego.
Entonces, ¿que garantía de imparcialidad nos ofrece en nuestro caso el Sr. González-Trevijano? Ninguna, pues sabemos a ciencia cierta que interpretará la Constitución de una manera absolutamente subjetiva, al igual que hizo cuando así le convino con los Estatutos de la URJC. Y ello, sumado a otros antecedentes de este Magistrado que veremos en los puntos correspondientes, supone que las garantías constitucionales para esta parte, son nulas.
Aún existiría un tercer caso que, si cabe, es más evidente que los anteriores: el Excmo. Sr. Pérez de los Cobos. En este caso, no es que sea afín o tenga amistad o cualquier otro motivo de difícil determinación. En este caso es que directamente es parte contraria al ser militante del PP, lo cual nos indica con claridad que la imparcialidad de los magistrados designados a instancias de la parte contraria, no es que esté en entredicho, sino que su parcialidad es una evidencia.
Finalmente, y como evidencia más palmaria de que existe una falta de imparcialidad objetiva, y es que en este caso los miembros del Tribunal Constitucional designados por la parte contraria, deben resolver sobre la legitimidad de quienes les nombraron y, en consecuencia, sobre su propia legitimidad. Ciertamente, uno de los posibles resultados que se derivan de este recurso, es que los representantes elegidos mediante un programa falso (que vulnera el derecho a la información veraz), carecen de legitimidad pues vulneraron mediante tal acto el derecho a participar en los asuntos del Estado de mi representante y del resto de electores. Y la consecuencia de dicho fallo es que si dichos representantes carecen de legitimidad, también carecerán de legitimidad aquéllos que fueron designados por ellos. Es decir, que tienen un interés directo en el caso.
Para finalizar, recordar algunas palabras del reciente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid en la causa de recusación contra el juez Elpidio Silva:
“”Decisión que en modo alguno comporta consolidar el peligro de que pudiesen producirse situaciones de elección del juez para la tramitación de la causa por alguna de las partes, como parece que constituyó una inquietud en este caso en concreto, en cuanto que el derecho al Juez natural predeterminado por la Ley cuenta con una vertiente objetiva que es el derecho al Juez-órgano y también con otra subjetiva, que es el derecho al Juez-persona, vertiente ésta última que se instala más en el derecho fundamental al proceso con todas las garantías y al juez imparcial, estando ello salvaguardado siempre a través del instituto de la recusación, como correctivo legalmente establecido para evitar cualquier quiebra de la imparcialidad judicial””
C) Militancia política/afinidad ideológica
Excelentísimos Sres. González-Trevijano, nombrado a propuesta del Gobierno presidido por el Sr. Mariano Rajoy y González Rivas, nombrado a propuesta del Grupo Popular del Congreso de los Diputados.
El anterior punto nos lleva, además, a plantearnos como eligen las instituciones a los candidatos a miembros del Tribunal Constitucional. Como ya hemos dicho, en España hay centenares de juristas de reconocido prestigio entre jueces y profesores, y es imposible que las instituciones que deben elegir conozcan los currículums de esos centenares de juristas, lo que nos lleva a preguntarnos ¿cómo conocen a los candidatos que designan? Ciertamente, elegirán sus candidatos entre aquellos que conocen por relaciones laborales, de amistad, familiares o de concurrencia en intereses, incluso por haber realizado trabajos para esa parte. Y entre esos que conocen por esos motivos que pueden incurrir en causa de recusación, eligen a los más afines a su pensamiento, no a los más independientes. Dice el ATC 226/1988 la posible afinidad ideológica no resta imparcialidad en los casos que debe conocer el TC. ¿La posible afinidad ideológica no resta imparcialidad en todos los casos? ¿Tampoco la resta cuando en el contenido de los casos interviene una componente de determinada doctrina política o de componente ideológico? Esto es, como mínimo una interpretación arbitraria, ya que el TC, cuando dictó su sentencia, no conocía de todos los casos que se le podrían plantear, y es evidente que cuando concurren esos aspectos citados en un caso, la afinidad ideológica resta imparcialidad, como es el caso de nuestro recurso.
Además, debido a estar permitida la militancia en partidos políticos, el TC en su conjunto no cumple con los requisitos de independencia e imparcialidad para nuestro caso, según la definición que da la RAE para los mismos:
“Imparcial.
adj. Que juzga o procede con imparcialidad. Juez imparcial. U. t. c. s.
adj. Que incluye o denota imparcialidad. Historia imparcial.
adj. Que no se adhiere a ningún partido o no entra en ninguna parcialidad. U. t. c. s.”
“Imparcialidad.
f. Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud.”
“Independiente.
adv. m. Con independencia. Independiente de eso.”
Por el contrario, y según establece el artículo 8.4 de la LO 6/2002 de Partidos Políticos establece que:
“4. Los afiliados a un partido político cumplirán las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y, en todo caso, las
Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada uno.”
Y la RAE define como partido:
“partido, da.
m. Conjunto o agregado de personas que siguen y defienden una misma opinión o causa.”
No hace falta ser un gran experto en derecho ni en la Constitución para saber que, alguien que acata y cumple los acuerdos de sus directivos por ser militante de un partido político, NO ES INDEPENDIENTE, pues admite injerencias en sus opiniones y derechos.
Tampoco hace falta ser experto en nada para ver que alguien que comparte las finalidades del partido y colabora en su consecución, NO ES IMPARCIAL.
Es por ello que con su declaración en la Nota informativa 43/2013, el TC reconoce que sus miembros pueden ser PARCIALES Y DEPENDIENTES y eso, para esta parte, no supone ninguna garantía, con lo cual se vulnera el derecho. Y esta parte no puede conocer quienes de entre los magistrados que componen ese Tribunal, presentan esta causa de parcialidad.
Al igual que en el caso de la igualdad, este motivo concreto tampoco está contemplado en el artículo 219 de la LOPJ, por cuanto los jueces no pueden ser militantes de un partido político y, en consecuencia, no se pueden encontrar subordinados a una de las partes (o incluso ser parte). En cambio la LOTC si que permite la militancia, y nos remite en las causas de recusación a otra ley, la LOPJ en su artículo 219, que no permite la militancia. Nuevamente encontramos la incongruencia en el cuerpo legal en que una ley que permite una cosa, nos remite a otra que no contempla ese caso simplemente porque no lo permite. No podemos pues alegar directamente esa causa de recusación en virtud de ninguna ley, sino de la propia Constitución que exige la imparcialidad e independencia.
Del mismo modo, sucedería con la afinidad ideológica, únicamente que en este caso, la subjetividad del fallo no radicaría en las instrucciones recibidas, sino en las querencias y simpatías del magistrado. Es decir, en este caso concreto, no se vería afectada la independencia, pero si la imparcialidad. A nuestros efectos, tratándose de una sentencia con marcado carácter político, que versa sobre la interpretación, no ya de un artículo concreto de la constitución, sino de la propia forma que de la democracia, la designación de magistrados de ideología afín, no sabemos si incluso militantes del PP y por tanto parte contraria, nos resulta sumamente perjudicial y rompe con el principio de igualdad y con la objetividad de que debería hacer gala ese Tribunal
De hecho, el propio Magistrado Sr. González-Trevijano, en su artículo de opinión publicado en el diario ABC en fecha 24/08/2011, artículo que reproduciremos íntegro en el siguiente punto, debida su importancia, dice:
“(…) a la peor descalificación posible de lo que es la impartición de la justicia: la división antagónica de sus integrantes entre “progresistas” y “conservadores”. Si hay algo que no puede tener ideología, pues se asienta en la noción de independencia, es la justicia”
Es decir, no es ya tan sólo opinión nuestra, sino de uno de los propios magistrados recusados. Esperamos y confiamos que no sean meras palabras huecas, meros cantos de sirena, una vez más.
Pero en referencia a la afinidad ideológica, existe además un hecho objetivo que desmiente totalmente la tesis del TC respecto a la imparcialidad de sus miembros a pesar de la afinidad ideológica con quienes les eligieron. Hablamos de la distribución de los votos particulares.
En efecto, no hay más que mirar las diferentes resoluciones del TC donde encontramos votos particulares, para ver que no se distribuyen aleatoriamente como sería de esperar en el caso de que la ideología no influyera en la imparcialidad de los miembros del Tribunal. Así, vemos que los votos objetivos tienden a agruparse por grupo ideológico de “conservadores” o “progresistas”, siendo que cuando la mayoría del Tribunal está compuesto por conservadores, son los miembros progresistas (todos o sólo algunos) quienes emiten voto particular discrepante con la sentencia, y viceversa, cuando la mayoría es progresista, son los magistrados conservadores quienes emiten su voto particular. Se puede concluir inevitablemente de este hecho, que para una determinada resolución, la interpretación del Tribunal será la contraría si la mayoría del Tribunal fuera de la ideología opuesta a la que existía en el momento de resolver. Como vemos, no se trata de un hecho inocuo y destaca el interés que tienen los grupos políticos en la elección de los miembros del TC.
Pero no queremos basarnos sólo en conjeturas sobre la posibilidad de la influencia de la ideología en un fallo favorable o desfavorable hacia los intereses de la parte contraria que los nombró, también nos remitiremos a los hechos objetivos. La designación de los jueces a instancias de la parte contraria, no es un hecho inocuo en lo que se refiere a la imparcialidad, ya que esos jueces son designados por afinidad ideológica, por amistad, por haber colaborado con quienes le designaron, etc. El caso es que, ya sea consciente o inconscientemente, esos jueces así designados tienden a emitir su voto en función de la afinidad ideológica con quienes les designaron, progresistas o conservadores.
En efecto, desde Junio de 2013, hasta abril de 2014 el Tribunal Constitucional según su conformación actual de mayoría conservadora, emitió 124 Sentencias de las cuales 27 (21,77%) tuvieron votos particulares, siendo el total de dichos votos 71. De éstos, 52 (el 73,24%) corresponden a magistrados progresistas y sólo 19 (el 26,76%) a magistrados conservadores. De cómo se distribuyen los votos por sentencias con votos particulares, tenemos que en 12 sentencias (44,44% de las sentencias) sólo hubieron votos progresistas, en 5 (18,52%) sólo hubieron votos conservadores y en 10 hubieron votos de ambas ideologías (37,04%). Aparentemente no existe gran desigualdad en este aspecto, pero si analizamos los votos por cada magistrado concreto, nos encontramos que únicamente el magistrado conservador Andrés Ollero vota indistintamente con ambos grupos, siendo además el que ha emitido la mayoría de votos conservadores, es decir, que este magistrado podría gozar, desde nuestro punto de vista y en este aspecto concreto, de presunción de imparcialidad a pesar de sus 17 años de militancia en el PP. Entonces, si eliminamos el voto del señor Andrés Ollero del análisis nos encontramos con que se emitieron un total de 59 votos particulares, de los cuales 52 (88,14%) corresponden a magistrados progresistas y únicamente 7 (11,86%) a magistrados conservadores, distribuyéndose ese voto por sentencias de la siguiente manera: 22 (84,62%) sentencias con voto únicamente progresista, frente a 5 sentencias con voto únicamente conservador (19,23%), no encontrando ninguna sentencia con voto mixto.
Si ahora comparamos estos datos con los del año 2010, año en que había una mayoría progresista de magistrados y en que no se realizó ninguna renovación de los cargos de esos magistrados, nos encontramos que los datos son iguales pero invertidos: de un total de 143 sentencias emitidas por el TC, 37 (el 25,87%) tuvieron votos particulares, totalizando dichos votos el número de 138. De éstos, 6 votos (el 4,35%) correspondieron a magistrados progresistas, mientras que 132 (95,65%) correspondieron a magistrados conservadores. Estos votos se distribuyeron de la siguiente manera: 2 sentencias (5,41%) con votos únicamente progresistas, 34 (91,89%) con votos únicamente conservadores y únicamente una sentencia (2,70%) con votos de ambas ideologías, donde además se da la circunstancia de que los votos fueron emitidos con sentidos opuestos.
Como vemos, realmente la ideología por la que son elegidos los magistrados no es una circunstancia inocua, sino que tiene gran trascendencia ya que la parte contraria tiene la ventaja de que sus magistrados votarán de acorde con los intereses de aquellos que les eligieron, que para eso precisamente los eligen. Es por ello que queda patente que la designación de los magistrados a instancias de la parte contraria crea un desequilibrio procesal en favor de la parte que los designó que no únicamente queda circunscrito en el mero plano teórico, sino que se traslada a la realidad objetiva de manera sustancial.
D) Falta de imparcialidad objetiva
Esta causa de recusación afecta, hasta donde sabemos, únicamente al Magistrado Excmo. Sr. González-Trevijano. En efecto, en fecha 24/08/2011, dicho Magistrado escribió en el diario ABC (diario conservador que apoyó a la parte contraria durante la campaña electoral), el siguiente artículo de opinión:
“La regeneración pendiente. La refundación necesaria
POR PEDRO GONZÁLEZ TREVIJANO – Día 24/08/2011 Estamos atrapados, esta es la mejor expresión para definir la situación, ante una cruda y amarga realidad. Nos hallamos ante una grave y profundísima crisis, sin que puedan servirnos de acomodaticio consuelo o de facilona excusa las paralelas dificultades de quienes nos rodean, ya provengan de un continente europeo afligido y empecinado en asemejarse al desasosegante rapto de la diosa Europa representada por los pinceles de Tiziano Vecellio y Pedro Pablo Rubens, ya de las hasta hace poco fertilísimas tierras de la envidiada América del Norte. Somos nosotros, y no los de fuera, sin que ello implique desconocer un contexto macluhiano cada vez más globalizado y la perentoriedad de adoptar medidas conjuntas para afrontar problemas trasnacionales, los futuros comprometidos ciudadanos de esta España constitucional, los que, impulsados por una regenerada clase política, y desde el renovado respeto a las instituciones, tenemos que sentar las bases para salir de tan adversa encrucijada. España es un país viejo, complejo y difícil de gobernar -como también lo son los países de nuestro entorno-, pero es una obligación cívica como ciudadanos, ¡el título más bello de todos!, y la obligación ética por excelencia de quienes nos gobiernan, de, como en la aventura del indómito Odiseo, poner rumbo, sorteando los ya más que acechantes peligros, a la añorada serenidad de ánimo y a la estabilidad social, política y económica. Los españoles llevamos mucho tiempo, quizá demasiado, escuchando interesadamente indecentes cantos de sirena, así que tendremos, como los pueblos que merecen la pena, que atarnos al palo del mástil mayor, tensar las velas, aferrar el timón y fijar el rumbo que nos conduzca a la anhelada Ítaca. Pero, para alcanzarla, los capitanes y tenientes de navío, y la tripulación de toda condición y clase, habremos de abordar honestamente los serios problemas existentes. La crisis no es de perfiles solo económicos, sino muchísimo más profunda. Está vinculada a la pérdida de los referentes morales y de los valores éticos en una sociedad consumista, opulenta y autocomplaciente.
En primer lugar, un regreso a los valores de esfuerzo, trabajo, compromiso y sacrificio. Solo desde esta catarsis axiológica es posible la regeneración refundacional. Una honda e intensa renovación que, y siento muchísimo expresarlo, no atisbo aún en la sociedad española, anestesiada, retraída y pusilánime. Una circunstancia nada sorprendente cuando llevamos demasiados años autoengañándonos, mientras escuchamos los indignos cantos de sirena de parte de una clase gobernante que solo le susurra al oído la intangibilidad de los derechos y exigencias, pero que oye muy poco de deberes y obligaciones. Ello explica la aletargante queja impenitente y la exculpatoria creencia de cualquier responsabilidad propia. Rectificando la boutade benaventiana, no es posible vivir solo con formas, si no coexisten los irrenunciables principios y valores.
Y, finalmente, hay que regenerar las instituciones, que no pueden ser una correa de transmisión de los partidos políticos, donde una nefasta partitocracia ha asaltado literalmente los órganos del Estado. Los ciudadanos y su clase política han de respetar las instituciones, al tiempo que estas tienen correlativamente que hacerse respetar. En un Estado democrático no basta con la primigenia legitimidad de origen, sino también con la de ejercicio. Y aquí los excesos y disfunciones son claramente visibles: un Congreso de los Diputados que no consigue ejercer el debido control del Ejecutivo de turno; un Senado que no ha logrado ser, de conformidad con el mandato constitucional (artículo 69. 1), la Cámara de representación territorial, pero que envía mensajes contradictorios a la ciudadanía, como a través del uso de las distintas lenguas, convertido en una dispersa Torre de Babel, cuando debería ser el órgano de integración política de los distintos territorios; un Tribunal Constitucional que debe acomodar su función al enjuiciamiento de la constitucionalidad, pero sin entrar a valorar, pues esta es competencia de los órganos judiciales ordinarios, los asuntos de mera legalidad, obligado asimismo a resolver, en tiempo y forma, nuestros trascendentales problemas de articulación territorial; y un Consejo General del Poder Judicial que habrá de redefinir su naturaleza, mientras se pone fin a la peor descalificación posible de lo que es la impartición de la justicia: la división antagónica de sus integrantes entre “progresistas” y “conservadores”. Si hay algo que no puede tener ideología, pues se asienta en la noción de independencia, es la justicia. Ni tampoco son aceptables la lentitud -con más de tres millones de asuntos pendientes- y la inseguridad jurídica de algunas resoluciones. Nada es más importante que fortalecer, pero de verdad, y al margen de espurias rentabilidades políticas, un Poder Judicial independiente y sometido únicamente al imperio de la ley y el Derecho. De no ser así, nos haremos acreedores a su juicio más despiadado: el Poder Judicial como el poder, en palabras de Montesquieu, más terrible entre los hombres.”
(NOTA: Se ha resaltado las partes más significativas mediante negritas y subrayado).
En primer lugar, convendría recordar el contexto en que se escribe este artículo de opinión. El día 30/07/2011, el anterior Presidente del Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, comunicó que se adelantaban las elecciones al 20/11/2011. Es decir, que el artículo de opinión del Sr. González-Trevijano por su contenido, se enmarca claramente en la precampaña electoral. En éste escrito se aboga por un cambio, y también claramente requiere un cambio en las urnas contrario al partido que hasta entonces sustentaba el Gobierno de la nación. Conviene recordar que el autor del artículo es de ideología conservadora y que, además, fue designado a instancias del nuevo Gobierno resultante de esas elecciones de Noviembre de 2011. Pero, aunque todo ello tiene importancia en las causas anteriormente descritas, no es el aspecto que queremos resaltar en el presente punto, sino el hecho de que el Sr. González-Trevijano ya ha prejuzgado en el caso que nos ocupa.
Ciertamente, en el presente recurso se confrontan dos partes con dos visiones de la democracia muy diferentes: De un lado mi representado, cuya visión de la democracia (según la interpretación que realiza de la Constitución y de todas las sentencias de ese TC que han sustentado nuestro recurso), donde la ciudadanía se sitúa por encima de las instituciones, puesto que el pueblo español es el soberano y los poderes emanan de esa soberanía, siendo que las instituciones deben estar al servicio de la ciudadanía, y por el lado contrario, la visión que sobre la democracia tiene la parte contraria, donde la ciudadanía está subordinada a las instituciones, siendo que la única soberanía del pueblo se limita a elegir cada 4 años a sus representantes, sin tener después, durante esos cuatro años, control político efectivo alguno sobre esas instituciones.
Este choque de ambas visiones de la democracia se refleja en el tratamiento que, sobre el objeto del recurso, se da por ambas partes: Mientras que esta parte considera que en el vínculo de representación (sin el cual no existe la democracia), existe la exigencia de veracidad en la información proporcionada por los candidatos a representantes, lo cual conlleva la extensión de la soberanía popular durante el periodo de representación, la visión de la parte contraria, avalada por el Auto del TS sobre “promesas electorales”, supondría que no existe vínculo alguno entre la voluntad del representante y la del representado, por cuanto una vez son elegidos los representantes tienen la libertad absoluta de “hacer o no hacer” sin tener en cuenta para nada la voluntad de quienes les eligieron.
Pues bien, en el artículo que exponemos, queda claro tanto cual es la visión que Sr. González-Trevijano tiene sobre la democracia, como por otro lado cual es su opinión sobre la falta de exigencia de veracidad en información facilitada por los postulantes a representantes.
Así en primer lugar remarcamos cuando dice “. Los ciudadanos y su clase política han de respetar las instituciones, al tiempo que estas tienen correlativamente que hacerse respetar.”, donde ya queda clara la visión de quien predomina sobre quien en esta “democracia”. Así es, mientras que los ciudadanos tienen la obligación de respetar las instituciones, no existe para el Sr. González-Trevijano la correlativa obligación por parte de las instituciones hacia los ciudadanos. No es casual que diga que las instituciones deben “hacerse respetar” por los ciudadanos, en vez de “respetar a” los ciudadanos. No es un mero tema gramatical el que nos ocupa, sino el sentido profundo de dicha afirmación. Ciertamente, mientras que en la segunda forma existe una obligación por parte de las instituciones hacia los ciudadanos, en la primera forma utilizada por el autor, sólo existe un mandato moral, no una obligación. Esta tesis se ve reforzada por otras frases usadas en el artículo, como puede ser: “Una acción que ha de ser concertada entre la ciudadanía y su clase política, pues no olvidemos que tales procesos se auspician indefectiblemente desde arriba”, así como numerosas metáforas marineras sobre capitanes, almirantes y grumetes, estableciendo un paralelismo en las jerarquías de mando y olvidando totalmente que el soberano es el Pueblo español.
Y es de esta interpretación diferente de lo que es (o debe ser) una democracia, de donde nacen las interpretaciones opuestas del presente recurso, interpretación que en el artículo también comparte el Sr. González-Trevijano con la parte contraria:
“(…), pero es una obligación cívica como ciudadanos, ¡el título más bello de todos!, y la obligación ética por excelencia de quienes nos gobiernan”
Aquí encontramos ya que el Sr. González-Trevijano expone su opinión sobre las responsabilidades de los políticos: éstos únicamente tienen obligación ética, es decir, no jurídica. Esta expresión es coincidente con el fundamento del ATS usado como razón de inadmisión de nuestro recurso en las resoluciones dictadas por el Juzgado CA nº 12 de Barcelona y la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC.
“Lo contrario, presumir una posible lesión de los derechos fundamentales que consagran los artículos 20.1 D) y 23.1. de la Constitución española por lo que el actor considera una mendaz formulación de propuestas electorales, en cuanto posteriormente incumplidas al alcanzar aquella formación política el poder, equivaldría a una confusión entre los ámbitos de la jurisdicción y la política, del ordenamiento jurídico y de la ética política, olvidando que ésta no es exigible jurisdiccionalmente y que su control no puede ser otro que el ciudadano, a través de los mecanismos de control político que nuestro sistema constitucional previene. Lo contrario supondría cuestionar los fundamentos mismos de nuestra democracia constitucional.”
Como se puede comprobar, el Sr. González-Trevijano ya tiene una opinión preformada sobre los hechos por los cuales recurrimos amparo en el caso genérico, siendo que la información que ofrecen los partidos en las campañas electorales, según esa interpretación, no son susceptibles del control jurisdiccional puesto que sólo se enmarcan en el campo de la ética, y su control sólo se realiza mediante las urnas. Y aquí se trata de dirimir si, en el caso concreto que exponemos en el recurso, dónde los hechos que impiden la materialización del programa electoral presentado a los votantes, son conocidos de antemano por quienes ofrecen tal información falsa, vulnera o no el derecho a recibir información veraz.
Pero no sólo observamos que esa opinión del Sr. González-Trevijano en referencia a en qué campo se engloban las informaciones ofrecidas por los políticos en sus campañas electorales, hay otras que aún resultan de mayor peso:
“. Los españoles llevamos mucho tiempo, quizá demasiado, escuchando interesadamente indecentes cantos de sirena (…)
cuando llevamos demasiados años autoengañándonos, mientras escuchamos los indignos cantos de sirena de parte de una clase gobernante que solo le susurra al oído la intangibilidad de los derechos y exigencias, pero que oye muy poco de deberes y obligaciones.”
Aquí no sólo exime a quienes ofrecen la información falsa, sino que culpabiliza a quienes la reciben y son engañados, hecho este que no sabemos ya que tipo de encaje tiene en una sociedad que se pretende democrática y cómo casa con todas las interpretaciones del TC expuestas en el presente recurso (y en aquellos que lo motivan); y sin embargo esta interpretación del Sr. González-Trevijano también es concordante con el fallo del Juzgado Contencioso-administrativo nº 12 de Barcelona y con el de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC.
Queda claro por tanto que el Sr. González-Trevijano ya ha prejuzgado en este caso concreto, siendo ello motivo de recusación.
No, la ciudadanía no tiene la posibilidad a acceder a la defensa real de sus derechos, contrariamente a lo que dice el Sr. González-Trevijano, para la ciudadanía sólo existen obligaciones, mientras que para los representantes y otras élites, sí que existen esos derechos, a costa de privar a la ciudadanía de los mismos.
Supone esta parte que la regeneración moral y de valores a que se refiere el Sr. González-Trevijano en su artículo es la que se fundamenta en la mentira como legitimidad para acceder al poder. Supone esta parte, que el impulso de la ciudadanía para conseguir superar la crisis, siguiendo a la regenerada clase política, se refiere a los recortes en dinero y derechos que sufrimos la ciudadanía, siguiendo a la regenerada clase política de los EREs, los Gurtels, Bárcenas, Palau, Pretorias, Pujol, y un, por desgracia, larguísimo etcétera. Quizás quiso decir degenerada, y no regenerada.
La única regeneración posible, es el cumplimiento real de la Constitución Española. Caso contrario, es muy probable que la ciudadanía comience a optar por hacer lo que les hacen, y no lo que les dicen que hagan.
E) Precedentes de falta de objetividad, relacionada con intereses propios o de la parte contraria
Esta causa de recusación afecta, hasta donde sabemos, únicamente al Magistrado Excmo. Sr. González-Trevijano.
Como hemos dicho al principio de esta alegación, el presuponer un objetividad inherente al cargo, más allá de lo que corresponde a la esencia del ser humano, puede ser muy bonito, pero es poco ajustado a la realidad en que nos movemos.
En el punto TRES B) de la presente alegación, ya hemos expuesto como dicho Sr. Magistrado realizó la interpretación más acorde con sus intereses en el caso del cumplimiento de los Estatutos de la URJC. Pero este caso, en lo que a nosotros se refiere, no nos afecta en demasía, es un problema ético de dicho señor.
Por el contrario, y en lo que a nuestros intereses en cuanto a imparcialidad del Tribunal se refiere, existe otro caso protagonizado por el Excmo. Sr. González-Trevijano, que si que nos afecta directamente, y que demuestra además que el anterior precedente en la falta de objetividad, no es un caso aislado.
En efecto, en el artículo anteriormente expuesto escrito en el diario ABC, dice textualmente:
“; y un Consejo General del Poder Judicial que habrá de redefinir su naturaleza, mientras se pone fin a la peor descalificación posible de lo que es la impartición de la justicia: la división antagónica de sus integrantes entre “progresistas” y “conservadores”. Si hay algo que no puede tener ideología, pues se asienta en la noción de independencia, es la justicia.”
Sin embargo, en el también anteriormente citado Auto del TC del 17 de Septiembre de 2013, dicho Magistrado votó en favor de la militancia en partidos políticos de Magistrados del TC, caso mucho más sangrante que una simple división entre “progresistas y conservadores”. Ciertamente, hubo dos votos particulares en contra de tal politización del Tribunal Constitucional, pero ninguno de ellos fue el del Sr. González-Trevijano, olvidando sus buenas intenciones en contra de la politización de la justicia cuando se trató de defender los intereses del partido que lo propuso para el cargo de Magistrado del TC.
Es evidente pues que esta parte no puede esperar en modo alguno que dicho magistrado actúe de manera imparcial y realice su voto ajeno a los intereses de la parte contraria, que es precisamente quien le designó para tal cargo y que le designó, como se puede deducir de ese fallo, precisamente para disponer en ese Alto Tribunal de magistrados que interpreten la Constitución de acuerdo con sus intereses.
F) Amistad con la parte contraria Este supuesto afecta con seguridad al Sr. Pedro González Trevijano con seguridad, pudiendo afectar además al Sr. González Rivas, pero esta parte no puede conocer esos hechos.
Reiteramos que sólo podemos conocer la vida pública de los magistrados, pero no podemos conocer aquello que no es público, por tanto podemos exponer las causas de recusación, Podemos conocer las relaciones laborales del señor González-Trevijano con familiares directos de destacados dirigentes del PP y con periodistas que defienden las tesis que nosotros impugnamos, pero no podemos conocer si esas relaciones son de “amistad íntima”. Sabemos que el Sr. González-Trevijano asiste con asiduidad a eventos en que el resto de asistentes son práctica y únicamente miembros y conocidos simpatizantes del PP, pero no podemos conocer, puesto que no somos amigos íntimos del Sr. González-Trevijano, cuáles son sus amistades íntimas entre esos asistentes recurrentes, entre ellos la Sra. Esperanza Aguirre y el Sr. Álvarez del Manzano.
En cambio sí que qonocemos la participación y colaboración habitual del Sr. González-Trevijano en los foros de FAES, fundación muy próxima al PP y cuyos miembros pertenecen a esa formación política, que participó activamente en la elaboración del programa electoral falso del Partido Popular, según las informaciones periodísticas, pero no podemos de ninguna manera saber si el Sr. González-Trevijano colaboró en la redacción de dicho programa, hecho que por sí sólo sería causa de recusación. Conocemos la existencia de amistad íntima con diputados del Partido Popular que accedieron a su cargo mediante el programa electoral falso que impugnamos, como es el caso de Ignacio Astarloa según las propias declaraciones en el Campus de Verano que organiza la fundación FAES, en la cual participa ese Magistrado y que dicha amistad es íntima porque así lo declara el Magistrado. Conocemos que fue nombrado subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con el Gobierno de José María Aznar, pero desconocemos si eso fue debido a su cercanía ideológica, personal u otra causa. Podemos conocer, en fin, la gran cercanía y afinidad del Sr. González-Trevijano con la parte contraria, pero no si esos motivos incurren en los supuestos previstos para la recusación.
En lo referente a la amistad íntima del Sr. González-Trevijano con Ignacio Astarloa (y amistad, no sabemos si íntima con Javier Zarzalejos), nos remitimos a sus palabras en el Campus FAES de 2012:
“Satisfacción por tener ocasión de participar un año más en este magnífico foro de reflexión que organiza el campus FAES todos los años como una de las actividades estivales más representativas en lo que es el discurso y la reflexión sobre aquellas materias de incidencia política y constitucional.
Y simultáneamente explicitar mi agradecimiento a quienes en última instancia lo hacen posible, a mi buen amigo Javier Zarzalejos, a mi queridísimo amigo Ignacio Astarloa, por supuesto agradezco también en la mesa la presencia de Gabriel Elorriaga, y respecto de mi querido amigo y compañero de hace muchos años pues la verdad es que las palabras absolutamente exageradas solamente están justificadas por una única razón, y es la amistad que me une con él desde hace muchísimos años. Todos los juicios laudatorios sobre mi persona como van a tener ocasión de contrastar, además de forma inmediata, son extraordinariamente exagerados y solamente están justificados, les digo, por razones de carácter personal.”
G) Ser parte contraria en otro proceso
En esta causa de recusación, en puridad, deberíamos recusar a la totalidad de miembros del TC, ya que mi representado tiene una causa abierta en el Tribunal Supremo (Recurso núm 004/0000146/2013) en la cual la parte contraria es el Tribunal Constitucional, y dado que es un órgano colegiado, no es posible discriminar entre los diferentes miembros que lo componen, a pesar de que en el fallo de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJC, se determinase que los actos objeto del recurso de amparo, eran de naturaleza gubernativa y, en consecuencia, dependientes del Presidente de ese TC. Así, el Tribunal Constitucional en su conjunto concurriría en la causa establecida en el punto 7º del artículo 219 y en el artículo 220 LOPJ. Entendemos que ello no es posible, por cuanto alguien debe resolver sobre nuestro recurso de amparo, y únicamente puede hacerlo ese TC al cual nos dirigimos.
No obstante, en dicho proceso intervino activamente uno de los Magistrados que componen la Sección Tercera de la Sala Segunda de ese TC, a quien ha correspondido conocer de nuestro actual recurso.
En efecto, como se puede comprobar en la documentación anexa, la Excma. Sra. Adela Asúa formó parte del grupo de magistrados a quienes correspondió alegar contra las pretensiones de mi representado en el recurso de amparo original 252/2012 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de los de Barcelona. En este caso concreto, le es de aplicación el punto 7º de dicho artículo 219 LOPJ.
Es por ello que en el presente recurso también recusamos a dicha Magistrado.
H) Resumen de las causas de recusación y Magistrados afectados por las mismas
Excmo. Sr. Pedro González-Trevijano Sánchez; sobre este magistrado concurren las siguientes causas de recusación: Haber sido designado por la parte contraria, afinidad ideológica con la parte contraria (y posible militancia que le transformaría causa contraria, pero que esta parte no puede conocer), falta de imparcialidad subjetiva, falta de objetividad cuando se afecta a sus intereses y amistad con la parte contraria. Como se puede observar, el haber sido designado por la parte contraria no es un hecho neutro respecto a las debidas garantías procesales para esta parte (según el criterio del artículo 10 de la DUDH, es decir, en condiciones de plena igualdad entre las partes). Ante las posibles dudas en lo referente a su falta de imparcialidad, cabe asimismo recordar el criterio del TEDH, establecido en el fundamento 29 del Asunto Cardona Serrat de 26 de Octubre de 2010: “(…)De todas formas, el Tribunal recuerda que en los casos donde puede ser difícil proporcionar pruebas que permitan refutar la presunción de imparcialidad subjetiva del juez, la condición de imparcialidad objetiva proporciona una importante garantía suplementaria (Pullar c. Reino Unido, 10 de junio de 1996, § 32, Repertorio de sentencias y decisiones 1996-III).”. En nuestro caso concreto, la situación es que la concurrencia de tantos factores refuerza la presunción de falta de imparcialidad, tanto objetiva, como subjetiva, siendo que la designación del Sr. González-Trevijano por la parte contraria se encuentra sujeta a una coincidencia de intereses y opiniones con esa parte, que rompe las garantías procesales de esta parte. El hecho de haber sido nombrado por la parte contraria, quien pudiera haber accedido ilegitimamente al Gobierno y Congreso en base a un falso programa electoral, podría suponer que caso de fallar en contra de la parte contraria, su propio mandato como Magistrado quedaría en entredicho, lo cual le lleva a tener un interés directo en el caso.
Excmo. Sr. Juan José González Rivas; sobre este magistrado concurren las siguientes causas de recusación: Haber sido designado por la parte contraria y afinidad ideológica con la parte contraria (y posible militancia que le transformaría causa contraria, pero que esta parte no puede conocer). Tal y como se ha explicado, la concurrencia de estos dos factores representa una falta de imparcialidad objetiva y subjetiva que, como en el caso anterior, le llevaría a tener un interés directo en la causa al quedar la legitimidad de su nombramiento ligada indisolublemente al fallo que pudiera pronunciar.
Excma. Sra Adela Asúa Batarrita; Por tener pleito pendiente con esta parte.
La consecuencia de ello es que, de los doce miembros que componen el TC, 7 de ellos habrían sido designados por la parte contraria, incurriendo en la primera causa de recusación, por lo que no podrían conocer de esta causa. De los 5 restantes, uno, la Excma. Sra. Adela Asúa también concurriría en causa de recusación, por tener pleito pendiente con esta parte. Por tanto y desde el punto de vista de las garantías judiciales, únicamente 4 magistrados de ese TC podrían conocer de nuestro caso.
QUINTO.- SOBRE LA POSIBLE EXISTENCIA DE MÁS PERSONAS INTERESADAS EN LOS HECHOS RECURRIDOS
UNO.- Según establece el artículo 46.2 de la LOTC, en los recursos de amparo promovidos por el Ministerio Fiscal o por el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional dará publicidad del mismo con la finalidad de que dicho recurso pueda ser conocido por otras partes que pudieran estar afectados por los hechos objeto del recurso. Está claro que este artículo no es de aplicación en el presente caso, por cuanto el recurso no ha sido promovido por ninguno de los organismos establecidos en el citado artículo. No obstante, la finalidad de dicho artículo está clara, y es la de dar a conocer recursos cuyo fallo puede afectar los intereses de partes que no tengan conocimiento del mismo, provocando indefensión en esas partes que no pueden acceder a la defensa de sus intereses en igualdad de condiciones, según predica la Constitución. Es por ello que, dada la trascendencia de los hechos sobre los que se recurre amparo, y siendo que los hechos que recurre mi representado afectan a la totalidad del cuerpo electoral sin que esos ciudadanos tengan conocimiento de los mismos, esta parte solicita que, actuando de oficio como es su potestad, el Tribunal Constitucional dé publicidad según establece el artículo 46.2de la LOTC del presente recurso de amparo, con la finalidad de que esas partes que tienen intereses en el presente caso, puedan presentarse sin quedar en indefensión por no tener conocimiento de la existencia del mismo.
DOS.- Por otro lado, el artículo 47.1 establece que podrán personarse en el recurso de amparo todas aquellas personas que ostenten un interés legítimo en el mismo. Como hemos dicho en el punto anterior, los derechos recurridos de libertad de información y de participar en los asuntos del estado a través de representantes, afectan a la totalidad del cuerpo electoral simultáneamente. Esto significa, que cualquier elector, haya o no participado en las elecciones legislativas donde se produjo la vulneración, tienen un interés en el mismo, puesto que pueden considerar de igual manera que mi representado, que se han vulnerado sus derechos fundamentales de igual manera o de otras maneras diferentes.
Es por ello que esta parte solicita de ese Tribunal, que admita la personación de todos los ciudadanos que aleguen tener interés en el proceso, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 47.1 LOTC.
Como entendemos que, siendo el censo electoral de unos 37 millones de electores, si todos decidieran personarse simplemente colapsaría los medios materiales de ese Tribunal, solicitamos que simplemente acepten la personación como actores de esta misma parte si así lo pidiera el solicitante de amparo, sin otros trámites adicionales.
SEXTA: VULNERACIÓN DEL DERECHO A UN JUICIO SIN DILACIONES INDEBIDAS (ARTÍCULO 24.2 CE)
El presente recurso de amparo fue interpuesto el 24 de Junio de 2013. En fecha 27 de Junio de 2013 se nos asignó número de recurso 3938/2013-J y Sala que conocería del caso, siendo la Sala Segunda. En fecha 22 de Julio de 2013, se nos notificó los aspectos que debíamos resolver para su admisión. Dichos aspectos fueron resueltos por esta parte en fecha 3 de Septiembre de 2014.
Habiendo recibido resolución de inadmisión a trámite del recurso 7460/2013-C, de la Sala Segunda Sección Tercera, donde sin embargo figuraba como objeto del recurso el correspondiente al presente recurso 3938/2013-J, esta parte solicitó aclaraciones sobre qué recurso era el realmente inadmitido. En fecha 28 de Octubre de 2014 se recibió diligencia de ordenación del Secretario de la Sala Segunda Sección Tercera del Tribunal Constitucional donde se especificaba que el recurso realmente inadmitido a trámite era el 7460/2013-C, mientras que el recurso objeto de la presente, es decir el 3938/2013-C aún se encontraba en estudio de admisibilidad a trámite. El tenor literal de dicha Diligencia de amparo es el siguiente:
“El anterior escrito presentado por la Procuradora María Bajón García, únase al asunto de su razón; y visto su contenido, se participa que el presente recurso lo es contra la sentencia nº 311 dictada por el TSJ de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, dictada en el recurso de apelación nº 75/2013 de 29 de Abril de 2014 (nota: esta errata existe en el original, la fecha real es 29 de abril de 2013), la cual desestima el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de fecha 5 de noviembre de 2012 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Barcelona, el cual se encuentra en fase de estudio pendiente de admisibilidad o inadmisibilidad, no constando aportado la resolución que dice en su escrito de recurso, de fecha 8 de mayo de 2013, siendo ésta la fecha de notificación de dicha sentencia tal y como lo acreditó.”
En primer lugar, hacer notar que se acreditó que la fecha de notificación es del 9 de Mayo, mediante el procedimiento Lexnet, tal y como certifica el Colegio de Procuradores, según lo establecido para tal método de notificación. Recordar que el método Lexnet es de uso común y plenamente aceptado.
En segundo lugar, poner en duda total que no conste que se aportara la sentencia nº 311 del TSJ de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, por el simple motivo de que en nuestro recurso no se cita tal número de sentencia en ningún lugar, excepto en la propia sentencia anexada. De tenor literal, nuestro recurso presentado en 24 de Junio de 2013 dice:
“Que según el procedimiento establecido en el art. 44 de la LOTC, otorgue el amparo constitucional de los derechos fundamentales que han sido vulnerados por la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Barcelona de fecha 5 de noviembre de 2012 sobre nuestro recurso de amparo judicial no 349/2012-1A y de la resolución de la Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de fecha 8 de Mayo de 2013 sobre nuestro recurso de apelación con nº 75/2013, siendo estos derechos:”
Como se puede ver, no consta el número de sentencia. Tampoco figura en los antecedentes de Hecho ni en el escrito de solicitud de aclaraciones presentado por esta parte, por lo cual el Secretario Judicial sólo puede conocer que se trata de la Sentencia nº 311 porque figura en la propia sentencia aportada por esta parte en el documento anejo correspondiente. Por lo que nos resulta francamente chocante tal afirmación de que esta parte no aportó dicha resolución, máxime cuando además en el requerimiento de subsanación realizado por esa Secretaría Judicial en fecha 22 de Julio de 2013, no constaba que faltase dicho documento y no se hizo requerimiento alguno para que fuera aportado por mi representado.
Pero lo que tratamos de resaltar en la presente alegación, es que existe una dilación indebida absolutamente injustificable en cuanto a la resolución sobre la admisibilidad del recurso y, en consecuencia, sobre la resolución del propio recurso, hecho éste que conlleva implícito que se está agravando las lesiones en los intereses de mi representado, a la par que perdiendo efectividad cualquier medida de restitución de los derechos de las inicialmente interesadas por esta parte.
En efecto, si miramos el tiempo que media entre la interposición del recurso y la redacción del presente escrito, encontramos que han transcurrido 17 meses sin que exista pronunciamiento alguno sobre dicha admisibilidad, tiempo a todas luces injustificado. Aun cuando consideremos únicamente el tiempo transcurrido entre la subsanación de los defectos de forma y la redacción del presente escrito, encontramos que el tiempo transcurrido es de 14 meses y medio.
Según establece la sentencia STC 237/2001 de 18 de diciembre de 2001, FJ 2, la doctrina de ése Tribunal Constitucional en relación con las dilaciones indebidas se caracteriza por:
“d) “El carácter razonable de la duración de un proceso debe ser apreciado mediante la aplicación a las circunstancias del caso concreto de los criterios objetivos consistentes esencialmente en la complejidad del litigio, la duración normal de procesos similares, el comportamiento de los litigantes y el del órgano judicial actuante (por todas, SSTC 313/1993, FJ 2; 324/1994, FJ 3; 53/1997, FJ único, y 99/1998, FJ 1)”.”
Así, si tenemos en consideración que en el punto de nuestra queja simplemente se trata de determinar la admisibilidad o no del recurso presentado, encontramos que no existe ninguna circunstancia objetiva que justifique la tan prolongada duración de “estudio” que está realizando ese Alto Tribunal. No se trata de un proceso que conste de cientos de folios y decenas de pruebas, puesto que las únicas pruebas son noticias aparecidas en los medios de comunicación y en cuanto al volumen documental simplemente existen dos sentencias más bien exiguas de contenido, a parte de los correspondientes escritos de presentación de los recursos y los de oposición de la parte contraria, cuya extensión dista mucho de ser inabordable. En una jornada laboral se pueden haber leído todos los documentos y sobra tiempo para un buen almuerzo. Tampoco es de enorme complejidad que requiera razonamientos jurídicos metafísicos, al menos en el trámite de admisión o inadmisión. En cuanto al tiempo que ocupa en procesos similares, tenemos el precedente de un recurso interpuesto por mi representado, el anteriormente citado 7460/2013-C, cuya inadmisión fue resuelta por esa misma Sala Segunda, Sección Tercera en un plazo de 3 meses y medio desde su interposición. Como anécdota citaremos que este recurso 7460/2013-C, consta exactamente de la misma documentación anexa que el presente, a los que se suman 5 documentos adicionales (dos de ellos resoluciones).
Es decir, que un recurso de igual dificultad y mayor extensión, se resuelve en tan sólo 3 meses y medio, mientras que en el presente recurso han transcurrido 17 meses y aún se encuentra en estudio su admisibilidad. Pues lo cierto es que no lo entendemos.
Aquí podría parecer que de lo que se trata precisamente es que la efectividad del recurso se pierda totalmente por transcurrir la legislatura completa y convocarse nuevas elecciones. Es por ello y por las circunstancias expuestas en las alegaciones precedentes, que esta parte, además de elevar la queja debe modificar el objeto de su petición.
Recordemos que en la misma sentencia STC 237/2001, FJ2 se enuncia la doctrina referida a dilaciones indebidas y que en ella se establece lo siguiente:
“b) “Juntamente con la autonomía del derecho fundamental en cuestión, se ha destacado su doble faceta prestacional y reaccional. La primera, cuya relevancia fue resaltada en la STC 35/1994, FJ 2, consiste en el derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable y supone que los Jueces y Tribunales deben cumplir su función jurisdiccional de garantizar la libertad, la justicia y la seguridad con la rapidez que permita la duración normal de los procesos, evitando dilaciones indebidas que quebranten la efectividad de la tutela (Sentencia citada y, en igual sentido, las SSTC 223/1988, FJ 7; 180/1996, FJ 4, y 10/1997, FJ 5). A su vez, la reaccional actúa en el marco estricto del proceso y se traduce en el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas (STC 35/1994, FJ 2)”.”
1º.- Que previamente a todas las otras demandas, se acepte la recusación realizada por esta parte en el Otrosí del presente escrito. Subsidiariamente, que los Magistrados recusados se abstengan de intervenir en el presente recurso.
2º.- Que se resuelvan de inmediato, como establece la doctrina de ese Tribunal, las dilaciones indebidas que están perjudicando gravemente los intereses y derechos de mi representado. Es decir, que se resuelva sobre la admisibilidad en un plazo no superior a las dos semanas y, una vez admitido, como no dudamos que será tras tan largo estudio, que se priorice la resolución del recurso presentado, contabilizándose también el tiempo transcurrido sin actuación alguna del Tribunal Constitucional. En el caso del recurso presentado por el Gobierno de España contra la Ley de Consultas de la Generalitat de Catalunya se pudo hacer, también se podrá hacer con el presente recurso, y con mucho más motivo.
3º.- Que ese Tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de presentar un programa electoral falso con la intencionalidad de engañar al cuerpo electoral.
4º.- Que debido a las dilaciones indebidas, las solicitudes de restitución de los derechos planteadas originalmente por mi representado, carecen ya de efectividad. Sumado a lo anterior, hay que considerar el hecho de que la vulneración de los derechos de mi representado y del resto de ciudadanía fue realizada de manera consciente y con dolo, por lo que solicitamos la declaración de fraude electoral y la convocatoria de nuevas elecciones generales donde los partidos no puedan presentar programas electorales falsos, máxime habida cuenta que toda participación de la ciudadanía en los asuntos del Estado pasa necesariamente por sus representantes.
5º.- Que acepte la personación de todos los ciudadanos que consideren han sido afectados por el fraude electoral cometido. Asimismo, que de oficio ordene la publicación en el BOE dela presente causa a fin de que los afectados conozcan la existencia del presente recurso y puedan personarse los perjudicados.
6º.- Solicitamos de ese Tribunal Constitucional que efectúe declaración sobre si realmente la Constitución se limita a dos artículos y el resto es literatura, o si realmente esta parte tiene derechos fundamentales y puede por tanto defenderlos. En el caso de que ese TC considere que la Constitución no es simplemente literatura, solicitamos que ese TC dé cuenta al Ministerio Fiscal sobre las declaraciones del Ministro Margallo, por si pudieran ser constitutivas de delito en alguien que ha jurado o prometido “cumplir y hacer la Constitución”.
7º.- Que habiéndose producido dilaciones indebidas en la resolución del presente asunto, y siendo las mismas causa de indemnización, que se reconozca el derecho de esta parte a ser indemnizada y se cuantifique la misma en la suma de CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000’00.-€) atendida la gravedad de las vulneraciones y repercusión directa que las mismas producen sobre los derechos fundamentales e intereses de mi representado como ciudadano.
OTROSÍ DIGO: Que siendo que el presente recurso de amparo son parte interesada el actual Gobierno y el Partido Popular, y habiéndose nombrado diversos Magistrados de ese Tribunal Constitucional a propuesta de dicho partido, se tengan por recusados dichos Magistrados así como la Magistrado Adela Asúa por ser parte contraria en otro proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la LOTC y 107 y ss. de la LEC a la que aquél se remite,
AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUPLICO: En virtud de lo antedicho, se tengan por recusados todos aquellos Jueces del Tribunal Constitucional que hayan sido designados directa o indirectamente por la parte contraria, o tengan vínculos familiares, de amistad o cualquier otro vínculo laboral, comercial, social, etc. que pueda derivar en una falta de imparcialidad objetiva o subjetiva en la valoración de los hechos, esto es, los Sres. González-Trevijano y González Rivas, o que en cumplimiento de todas las garantías instituidas por la Constitución, entre ellas el principio de que el proceso se realice en condiciones de PLENA igualdad, permita designar a esta parte magistrados en igual número a los designados por la parte contraria.
Y dado que es obligación de ese Tribunal el ofrecer todas las garantías constitucionales, según establece el artículo 9.2 CE, solicitamos que se reclame al Partido Popular el listado de sus militantes para cotejar que ningún magistrado de los que conocerán nuestro caso está subordinado a la parte contraria, así como, dado que no podemos conocer la vida privada de los magistrados, una exigencia de que esos magistrados realicen declaración jurada de no tener amistad íntima con ningún miembro de la parte contraria ni que alguno de sus intereses sean coincidentes con los de la parte contraria, así como que interpretarán la constitución exentos de cualquier componente ideológica que pudiera alterar la imparcialidad de su fallo. Solicitamos también, que se determine con claridad que quiere decir amistad íntima.
En Madrid, a cuatro de diciembre de 2014.
El demandante El Letrado La Procuradora
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References: artículo 23
 artículo 12
 artículo 20
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 135
 artículo 23
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 artículo 168
 artículo 23
 artículo 9
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 artículo 223
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 artículo 50
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 artículo 24
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