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Timestamp: 2013-05-24 01:16:07+00:00

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12/06/2012 Resume de Prensa
Tuesday, 12 June 2012 18:33	12/06/2012 Resume de Prensa
Un golpe de efecto materializado en tres primeros anotados en las tres pruebas finales dio el título al Fórmula 18(Independiente) en el Campeonato de Andalucía de Catamarán que se celebró este fin de semana en Chipiona bajo la organización del CAND de Chipiona y la Federación Andaluza de Vela. Claus Denk y su tripulante se proclamaron campeones con cinco puntos, resultantes de otras tantas victorias, seguidos con 12 puntos por el F18 de Rafael Martín-Prat y Adriano Patrón (CAND Chipiona).Completa el podio otro F18, el de Luis Reque y Luis Álvarez (CAND Chipiona), que mejoraron su actuación en el desenlace con un cuarto y un par de segundos puestos. La última jornada estuvo marcada por vientos algo superiores que el primer día, alcanzando los 22 nudos de intensidad. Terminado el campeonato andaluz, el CAND de Chipiona se prepara para acoger este próximo fin de semana la Copa de España de Larga Distancia, con un recorrido de ida y vuelta entre Chipiona y El Puerto.
Diario de Cádiz Sanlúcar y Trebujena se unen para no perder la zona judicial propia
Ambos alcaldes remiten un escrito al Gobierno central y piden una reunión a la Junta
F.J.F. / SANLÚCAR | ACTUALIZADO 12.06.2012 - 05:01
La alcaldesa de Sanlúcar, Irene García (PSOE), se reunió ayer lunes con su homólogo de Trebujena, Manuel Cárdenas (IU), en el Ayuntamiento de la ciudad de la manzanilla para acordar y firmar un escrito común dirigido al Gobierno central manifestando su oposición a "la desaparición del partido judicial" de la zona, que también incluye a Chipiona. De hecho, estaba previsto que asimismo acudiera al encuentro el regidor chipionero, Antonio Peña (PP), pero finalmente no lo hizo. Según informó el Gobierno local de Sanlúcar, el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, recibirá una copia de la misiva junto a la solicitud de una entrevista para informarle de las demandas de ambos municipios gaditanos y pedirle su apoyo a las mismas. El escrito, que fue rubricado por los alcaldes de Sanlúcar y Trebujena en presencia de representantes del colectivo de abogados y procuradores de la comarca, plantea al Ejecutivo de Mariano Rajoy que "reconsidere el modelo de demarcaciones judiciales aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se establece la desaparición del partido de Sanlúcar, que pasaría a formar parte del partido de El Puerto". La misiva arguye que "la población de la comarca supera en censo oficial a las de muchas capitales de provincia españolas, alrededor de 150.000 personas, en especial en la época estival, cuando se triplica, por lo que es imprescindible el mantenimiento del partido judicial sanluqueño". "La dependencia de otros juzgados de fuera de Sanlúcar conllevaría largos desplazamientos, numerosos gastos y otros inconvenientes que dificultarían la acción de la justicia", añade como otro argumento de peso para fundamentar su solicitud al Gobierno central. La alcaldesa sanluqueña recordó que días atrás se reunió con representantes de abogados y procuradores de la zona para "compartir la idea de los perjuicios que supondría la desaparición del actual partido judicial". García se refirió también a un acuerdo unánime del Pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar sobre este asunto
Diario de Cádiz Un Pleno tenso y sin propuestas
El debate sobre el estado de la ciudad estuvo marcado por la confrontación política y la falta de ideas para afrontar la crisis · El equipo de Gobierno defiende las medidas del Plan de Ajuste en una sesión de trámite
CARLOS BENJUMEDA / EL PUERTO | ACTUALIZADO 12.06.2012 - 06:51
Aunque el objetivo principal del Pleno sobre el Estado de la Ciudad debería ser la elaboración de propuestas para mejorar la situación social y económica de El Puerto, la realidad es que el clima de confrontación política vivido ayer en la sesión impidió llegar a algún tipo de acuerdo para la elaboración conjunta de iniciativas para afrontar los problemas de desempleo, vivienda, sector turístico, y el impacto social que la crisis está produciendo a nivel local. Cada grupo político se aferró a su papel, ya sea de gobierno u oposición y en base a ello ofreció un discurso crítico o complaciente, según el caso. El pleno del Estado de la Ciudad se desarrolla en dos fases: una de exposición, donde el Equipo de Gobierno debe mostrar su gestión y otra de réplica, donde deben surgir el debate político y las posibles propuestas, que en esta ocasión fueron prácticamente inexistentes. En el debate hubo un primer turno de 25 minutos (exposición) igual para todos los grupos, y otro de 10 minutos para la réplica. Aunque lo normal es que sea el alcalde, Enrique Moresco, quien abra el debate como máximo representante del Gobierno local, en esta ocasión la primera en intervenir fue la portavoz del PP, Patricia Ybarra.
Durante su intervención se dirigió casi en exclusiva al PSOE, con cuyo concejal David de la Encina acabó enfrentada. La concejala defendió la gestión del equipo de Gobierno en la ciudad portuense durante esta legislatura y la anterior, así como el Plan de Ajuste económico: "Se están tomando decisiones que no nos gustan pero son necesarias", aludiendo en especial al cierre del piso asistido (cuyas representantes se encontraban en el salón de pleno). A la vez, Ybarra hizo una lectura positiva de la gestión municipal en algunos reveses sufridos recientemente por la ciudad, como el cierre del Hotel Monasterio o la pérdida de empleo en Visteon, destacando "la intermediación del alcalde en Visteon y con el dueño del hotel Monasterio para que se reabra lo antes posible". Enumeró también algunos avances que atribuyó al equipo de Gobierno, como el Plan de Puertos o la aprobación del Plan General (PGOU), "que nos coloca a la vanguardia de la Bahía", pero que como quedó demostrado a lo largo del debate no está todavía en vigor. En cuanto a la gestión turística (Ybarra es también concejala de Turismo y Playas), reprochó al PSOE sus críticas por no haber solicitado las banderas azules, que El Puerto ha perdido este año, pero defendió "el estado de las playas y su nivel de accesibilidad". Concluyó asegurando que "el primer problema del turismo en nuestra ciudad son ustedes", en alusión a los socialistas.
Por su parte, el grupo político interpelado, el PSOE, replicó en su turno de palabra por mediación del concejal David de la Encina, quien acusó a Patricia Ybarra de no haber agotado su tiempo de intervención (le sobraron 10 minutos), y de haberlo dedicado a criticar a los socialistas. Durante el Pleno, a la concejala le sobró tiempo en todas sus intervenciones. Para David de la Encina, muy al contrario de la opinión de la portavoz del equipo de Gobierno, este año en El Puerto "ha sido el de los incumplimientos legales, el caos y el desprecio hacia las clases más débiles de la ciudad", en alusión a los recortes del Plan de Ajuste Municipal, recordando además las huelgas y la conflictividad vividas en las concesionarias FCC, autobuses urbanos o Mayse. David de la Encina calificó la gestión municipal como "pésima y chapucera", manifestando que tanto la concejala de Turismo como el alcalde Enrique Moresco "están amortizados" políticamente. Acto seguido cargó contra la pasada gestión de Patricia Ybarra en el área de Urbanismo, "por sus promesas incumplidas: nos prometió regularizar las Emas y que en 6 meses tendríamos un PGOU, nos prometió un PEPRICH en un año", y también por el convenio de la bodega Campbell, una operación que calificó de "pelotazo". En cuanto a la actual gestión de Ybarra al frente de la concejalía de Turismo le echó en cara su supuesta pasividad para lograr el reflotamiento del emblema de El Puerto, el vapor Adriano III, manifestando que "va a ser el vaporcito de Chipiona"; y reprendiendo a la portavoz del Gobierno local su "silencio ante la zona naranja en Valdelagrana", que regula el pago por los aparcamientos públicos junto a la playa. A la vez, se preguntó si la razón de no haber pedido las banderas azules este año es que la concejala de Economía y Hacienda, Leocadia Benavente "no tenía el presupuesto asegurado", ya que aún no se han presentado los Presupuestos 2012. El concejal cerró su turno criticando la subida de impuestos y a las empresas municipales, en especial Impulsa, que "ha sido un referente y es hoy un referente de incumplimiento de la legalidad". Su afirmación tuvo una réplica severa de Ybarra: "Tenga cuidado con las frases que ponen en entredicho la credibilidad del Gobierno, no lo vamos a permitir", advirtió, a la vez que llegó a acusar al PSOE de "incendiar a los trabajadores de las contratas, soliviantarles y a dar la peor imagen de la ciudad", en alusión a su apoyo a las plantillas en los conflictos laborales. Por su parte, la portavoz de IU Pepa Conde, denunció los recortes en los servicios municipales: "El afán recaudatorio del PP no se ha traducido en una mejora de estos servicios", lamentó. Criticó además la pérdida de puestos de trabajo por el cierre del piso asistido, afirmando que "este año el Ayuntamiento se ha convertido en una máquina de generar desempleo", e insistió en los conflictos laborales y "la falta de diálogo con los trabajadores de las concesionarias". En el ámbito de las empresas municipales, opinó que "ya no cumplen los fines para los que fueron creadas" y lamentó la gestión del PA en Suvipuerto, por la subida del alquiler y el cobro del IBI a los inquilinos municipales, protagonizando una discusión con el concejal de Vivienda y socio del equipo de Gobierno de Moresco, Antonio Jesús Ruiz Aguilar (PA), que llegó a asegurar que la Junta de Andalucía va a expulsar en breve a inquilinos de los pisos de la calle Valdés. Conde finalizó manifestando que la ciudad "carece de un modelo turístico. Es inadmisible perder el vaporcito y las banderas azules", concluyó, para valorar después "muy negativamente" los cinco años de pacto PP-PA.
El portavoz del PA, Ruiz Aguilar hizo balance de sus áreas de Gobierno y lanzó algunas críticas hacia IP e IU, que tiene responsabilidad de gobierno en materia de Vivienda en la Junta: "Hay vecinos de Valdés que van a ir a la calle porque no pueden pagar", insistió.
Por su parte, Silvia Gómez portavoz de IP, centró el foco de atención en cuestiones como la difícil situación que atraviesa el comercio local y el estado del centro urbano, "estrangulado por una regulación de la circulación rígida y obsoleta, imposible de cambiar a pesar de los ruegos de los interesados". En materia política no excluyó un pacto con el PP si se rompe el pacto con el PA, "porque ningún partido tiene la mayoría para gobernar", y llegó a afirmar que analizarían la posibilidad de gobernar mediante un pacto cuatripartido si hubiera una hipotética moción de censura, a lo que IU replicó que ellos no se sumarían a ese pacto. Cerró el debate el alcalde Enrique Moresco, que acusó a la oposición de "meter cizaña en todos los sitios donde acuden" y de hacer "una publicidad negativa de El Puerto allá donde estén". El alcalde acusó a David de la Encina de tender la mano "y tener un puñal escondido detrás" y le calificó de "perro de presa político del PSOE", asegurando que la oposición incendia la calle y "tergiversa la realidad". Destacó algunos logros de su gestión, como el pago a los proveedores, y concluyó que las competencias de empleo "corresponden a la Junta de Andalucía". Diario de la Bahía La costa gaditana es ‘castigada’ por Ecologistas con 16 banderas negras
11/06/2012. Redacción Apenas unos días después de la publicación de la relación de banderas azules, Ecologistas en Acción ha presentado su ya habitual listado de banderas negras para 2012 y las ha ‘plantado’ por toda la Cádiz costera. La campaña, nacida en 1999, es una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquiera otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral. En esta ocasión se han otorgado 16 banderas negras –una menos y cinco de ellas en la Bahía de Cádiz- y se han fijado 13 puntos negros. En toda Andalucía son 62 banderas negras y 81 puntos negros Esta campaña es el resultado del trabajo voluntario de diversas personas, ocho grupos locales de Ecologistas en Acción gaditanos (Sanlúcar, Rota, El Puerto, Cádiz, Barbate y Campo de Gibraltar) y el grupo ecologista CANS de Chipiona. Y otra de las bases de la misma es la información suministrada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta sobre el funcionamiento y la analítica de las estaciones depuradoras de aguas residuales que vierten al litoral. Este colectivo recuerda que desde 2006 los municipios con más de 1.500 habitantes tienen obligación legal de depurar sus aguas residuales. No obstante, Tarifa sigue vertiendo sin ningún tipo de depuración. Mientras, Algeciras, cuenta con depuradora, pero el 30% de sus vertidos siguen sin depuración; la nueva depuradora de Chipiona comenzó a funcionar en marzo, pero sigue habiendo vertidos esporádicos en el canal de la localidad; y tres municipios depuran con resultados “pésimos”: El Puerto, Sanlúcar y Barbate. Este pendón simbólico (la bandera negra, que señala impactos de mayor gravedad, colmo vertidos contaminantes y/o agresiones urbanísticas), lo coloca Ecologistas también este verano en la zona de playa comprendida entre Bonanza, Bajo de Guía y Las Piletas, en Sanlúcar de Barrameda (por el vertido continuo al estuario del Guadalquivir de las aguas mal depuradas, vertido de aguas fecales y la contaminación lumínica de la playa); y en la playa de la Atunara (Levante) en la Línea (por vertidos de aguas residuales debidos a la rotura de los colectores). Además, la bandera negra continúa en la playa urbana de la Costilla, en Rota (por el vertido sin depurar durante los meses de verano de más de la mitad del volumen de las aguas residuales del municipio); la playa de Fuentebravía, en El Puerto de Santa María (por las construcciones de edificios en el acantilado y rellenos en la playa y en el acantilado, y regeneración periódica e inadecuada); las playas de El Ancla y La Inmaculada, en El Puerto (por la urbanización salvaje del litoral, arrasando amplios pinares y retamares); la playa de la Casería, en San Fernando (por la construcción, a escasos metros de las aguas de la Bahía y del Parque Natural, de torres de pisos de 16 plantas de altura); y en la playa de La Barrosa-Novo Sancti Petri, en Chiclana (por la ocupación intensa del territorio para uso residencial y hotelero y el paseo marítimo inadecuado, que hace que esta playa pierda anualmente su arena). Otras tantas banderas ‘negativas’ van a la playa y acantilado de Roche, en Conil (por construcciones en primera línea de costa, y muy mala depuración de las aguas residuales); la playa de El Palmar, en Vejer (por el descontrol urbanístico actual -más de 700 viviendas ilegales-, vertidos de aguas residuales sin depuración y el proyecto de dos apartoteles en Malcucaña, en un entorno completamente virgen); la playa de Caños de Meca (Mari Sucia, Los Castillejos y La Laja) y Tómbolo de Trafalgar, en Barbate (por edificaciones en el dominio público marítimo terrestre, y nula depuración de aguas); la playa de El Carmen, en Barbate (por recibir las aguas contaminadas del río Barbate -es la única playa gaditana que supera los parámetros microbiológicos, por lo que no se recomienda el baño-); la playa de Atlanterra, en Tarifa (por edificaciones desmesuradas ocupando ilegalmente suelo que no está clasificado como urbano); la playa de Los Lances, en Tarifa (por vertidos directos a la playa a la altura de la urbanización de Las Cañas); la Isla Verde, en Algeciras (las aguas residuales de la ciudad se vierten en este punto sin la más mínima depuración); la zona de litoral comprendida entre los ríos Palmones y Guadarranque y sus vegas bajas inundables (por la pérdida de arena debida a la erosión antrópica, y los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales y los procedentes del intenso tráfico de barcos y gasolineras flotantes); y el ‘bunkering’ en el Mar de Alborán, Estrecho de Gibraltar y Bahía de Algeciras, y el litoral de Gibraltar (se producen derrames continuos de hidrocarburos ocasionados por estos barcos ‘gasolineras flotantes’). PUNTOS NEGROS Asimismo, el informe de los conservacionistas incluye también 13 puntos negros, que denuncian “impactos significativos, pero de menor gravedad” que las banderas negras. Según el colectivo ecologista, estos puntos negros se situarían –en el caso de la Bahía de Cádiz- en los Corrales de Rota; playa de Aguadulce desde Punta Candor a Costa Ballena, también Rota; la playa del Chorrillo colindante con la Base Naval roteña,; sobre la playa del Almirante, Las Murallas, La Calita y del Aculadero, en El Puerto; y la playa de La Victoria, en Cádiz, junto al saco de la Bahía. Más allá, este punto negativo llega también a las playas de La Jara en Sanlúcar y Montijo en Chipiona; las playas de Camarón, Cruz del Mar y Regla, en Chipiona; las de la Fontanilla y Fuente del Gallo, en Conil; las de Paloma Baja y de los Alemanes, en Tarifa; y la zona Portuaria de Algeciras (Saladillo, paseo de la Conferencia y playa de los Ladrillos). Los objetivos de esta campaña de banderas negras, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de Ecologistas, persigue: “dar una información rigurosa a los gaditanos, y a todos los usuarios de las playas, del estado ecológico en que se encuentran éstas” y “requerir a ayuntamientos, resto de las administraciones y a empresas, para que contribuyan al saneamiento de las playas y pongan fin a la degradación ambiental del litoral”. En síntesis, “banderas negras pretende responder con rigor a la pregunta ¿en qué medida se está practicando un desarrollo sostenible en el litoral?”. SOBRE OTROS GALARDONES Por otro lado, Ecologistas en Acción valora otros de los “galardones” concedidos cada verano por diversas administraciones y asociaciones. En el caso de las banderas azules, que concede una ONG, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor la Federación, “carecen de cualquier credibilidad, se basan en meros aspectos turísticos y no evalúan con rigor el estado medioambiental de las playas. No es extraño, por tanto, que playas con banderas azules cuenten con nuestra catalogación de bandera negra”, señala el colectivo. Igualmente, añaden que tampoco la distinción ’Q’ de Calidad del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en reconocimiento al “esfuerzo por regenerar la oferta turística de sol y playa” poseen “legitimidad medio ambiental”. Asimismo, el sello AENOR es un certificado ISO que acredita la gestión medioambiental de la playa. La Asociación Española de Normalización y Certificación es una entidad privada sin fines lucrativos creada en 1986 y encargada de certificar que los ayuntamientos cumplen los requisitos establecidos en la norma ISO 14001 de gestión medioambiental. Para Ecologistas, “se trata de un certificado que ignora agresiones ambientales como la urbanización rampante o la artificialización de las playas”. La Consejería de Salud realiza también en la temporada de baños unos informes sobre la calidad de este agua, con periodicidad quincenal. Este grupo conservacionista considera necesario incorporar a los análisis microbiológicos y físico-químicos que establece el control sanitario oficial de las aguas de baño, “analítica para evaluar la presencia de metales pesados como arsénico, zinc, cromo, níquel y plomo, ampliando los puntos de toma de muestras y la periodicidad de éstas”. Por ello, entiende que estos informes periódicos de Salud hoy día “son claramente insuficientes y arrojan pocas garantías”. Entre otros puntos y apartados, el estudio pre-estival de Ecologistas termina confiando en que “estas ‘distinciones’ de banderas negras y puntos negros se truequen en verdaderas banderas azules de aguas y arenas limpias y de un litoral ecológicamente saludable y libre de las agresiones urbanísticas para el año próximo”
Andalucía Información –Jerez EREZ | ECONOMÍA
Francisco C. Aleu 11/06/2012 19:20
El pasado mes de mayo se cerró en Jerez con 9.743 contrataciones, lo que supone un incremento del 41,14 por ciento respecto al mes de abril y un repunte del 13,24 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior.
El buen comportamiento del mes de mayo permite que el balance del ejercicio 2012 sea bastante similar al del año pasado, toda vez que en estos cinco primeros meses apenas se han perdido 756 contrataciones, lo que significa una reducción de apenas el 2,13 por ciento. En concreto, en lo que va de año se han registrado 34.581 contrataciones, frente a las 35.337 de 2011.
Mayo es, de largo, el mejor mes del presente ejercicio, ya que contabiliza hasta 2.840 contrataciones más que abril, que hasta ahora había sido el periodo más favorable para las altas laborales. El año pasado, la diferencia entre abril y mayo había sido menos llamativa. Entonces, el quinto mes del ejercicio había aportado apenas 550 contrataciones más que el anterior.
El sector servicios concentra el 66,86 por ciento del total de las contrataciones registradas entre enero y mayo, experimentando además un crecimiento del 5,76 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata además del único sector en el que se ha registrado un repunte de las altas laborales.
La agricultura, con el 18,43 por ciento de las contrataciones, es el segundo sector de actividad económica. Por detrás se sitúan la construcción y la industria, que representan el 9,43 y el 5,27 por ciento, respectivamente.
Jerez lidera el empleo turístico en la provincia
Los contratos registrados por el sector turístico en la provincia durante el año 2011 ascendieron a 66.908, lo que supone que uno de cada cinco contratos generados por el turismo en Andalucía se firmó en Cádiz. Así se refleja en el estudio titulado El empleo en el sector turístico andaluz 2011, elaborado por el Observatorio Argos, que es un servicio estadístico del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
En cuanto al reparto, Jerez se situó a la cabeza con 12.300 contratos, seguido de El Puerto (8.725), Cádiz (7.751), Chiclana (5.813), San Fernando (3.672), Rota (2.874), Sanlúcar (2.807), Conil (2.805), Algeciras (2.803), Chipiona (2.568), Tarifa (1.846), La Línea (1.773), Barbate (1.772), San Roque (1.643), Los Barrios (1.367) y Vejer de la Frontera (1.274).
La Voz de Cádiz CHIPIONA
Chipiona acogerá un encuentro provincial de los grupos 'Creando Futuro'
La edil de Juventud, Isabel Jurado anunció que la convivencia de estos chicos, con edades entre los 15 y 19 años, será en julio
11.06.12 - 17:55 -
El grupo 'Creando Futuro' de Chipiona en el patio central del Castillo
Chipiona acogerá el próximo mes de julio un encuentro provincial de los grupos que trabajan en el proyecto para la participación juvenil 'Creando Futuro' y que va a contar con una total implicación municipal.
Finalmente, la reunión también sirvió para que los grupos discutieran las diferentes actividades que pretenden poner en marcha a lo largo del año, como el rodaje de varios spots de concienciación dirigidos a los jóvenes, la participación en el programa 'Chipiona ante las drogas', la realización de conciertos y actividades dirigidas a recaudar fondos para el encuentro estatal que tendrá lugar en octubre en la ciudad de Madrid o la realización de un flash-mob por parte de los participantes
El Gobierno considera el PGOU suficiente como balance del año
La primera intervención de la portavoz del PP, Patricia Ybarra, se centra en solicitar, sobre todo al PSOE, “que se sitúen en la cordura y dejen de ir con IU y apoyen nuestras propuestas, o por lo menos no vayan contra ellas”, insistiendo en que los primeros cuatro años de gobierno sirvieron para poner coto y centrar el trabajo, para este quinto comenzar a ver los resultados. Por otro lado, destaca, sobre otros logros, “el Plan General aprobado”, y al que le resta sólo la redacción del documento con las modificaciones, mínimas, indica, para su entrada en vigor. “Sólo esto debería servir para hacer balance de este año”, asegura.
En su última intervención destaca logros de cada uno de sus compañeros. Marta Rodríguez (Medio Ambiente) ha conseguido la atención de todos los jardines de la ciudad en el pliego; Raúl Capdevila (Comercio y Nuevas Tecnologías) ha impulsado la red taurina de ciudades iberoamericanas y mejora las zonas wifi; Damián Bornes ha propiciado la construcción de la pasarela peatonal; Millán Alegre mantiene la calidad del programa cultural a pesar de los recortes de la Junta; Mariola Tocino mantiene las ayudas sociales al 12% de la población; Francisco Aguilar ha mediado en la solución al conflicto de Visteon; Diego Muñoz ha conseguido un PGOU aprobado y el Plan de Puertos; Alfonso Candón, el centro cívico; Leocadia Benavente el pago a proveedores; y de su labor respalda el aumento de las visitas a la página web de Turismo, la inclusión en la programación del Bicentenario o la calidad de las aguas de las playas, puesto que, responde a las críticas del PSOE, el Gobierno temía no contar con suficiente presupuesto para poner en marcha todos los servicios de las playas como para pedir las banderas azules, aunque entiende que siguen teniendo la calidad necesaria.
La portavoz de IP, Silvia Gómez, invita a la reflexión sobre la situación de la ciudad y la acción del gobierno, preguntando “¿estamos mejor que en 2011? Creemos que no”. Confía en que las medidas sociales del programa electoral se perciban en los tres próximos años, que se trabaje por disminuir el paro, “pues llevamos cinco años consecutivos con colas en el SAE y que forman parte del paisaje”. Además habla del cierre de establecimientos del centro, así como los líos de tráfico, que invitan a los visitantes a salir por la calle San Juan en dirección al centro comercial Las Dunas, del paseo de la Bajamar “sucio y estropeado”, por el que no se puede pasear; del aparcamiento, “que eran un balón de oxígeno del centro y ahora están vacíos”.
Además, invita al Gobierno local a “dejar de trabajar con teorías imprecisas como el de la lechera. Dejen los macro proyectos” para centrarse en “la humanidad y la austeridad”. Alega que “todos dependemos de todos. Si se diera el momento de gobernar lo estudiaríamos, incluido el cuatripartito”, al que IU le responde que no cuenten con ellos. “Y si el futuro de la ciudad pasar por la censura al alcalde, Enrique Moresco, no nos opondríamos, porque el equipo de Gobierno está herido de muerte”. Además, indica que “nos preocupa el divorcio entre PP y PA” y “sus guerras internas”.
Para la portavoz de IU, Pepa Conde, “el Gobierno no tiene proyectos para El Puerto, carecen de contenido claro, sólo alteran macro proyectos que se retrasan”. Destaca que se fijan en aumentan los impuestos, implantar la zona naranja, hipotecar Apemsa, y en el afán recaudatorio, sin que suponga la mejora de los servicios. Hablan del cierre del piso asistido y “echamos en falta medidas para combatir el paro”, un objetivo común para la oposición.
Conde habla también de las empresas municipales. De Impulsa destaca que “es un ayuntamiento paralelo, el cuartel general de las campañas electorales”. En vivienda esperan la construcción de muchas promociones, considerando que las promesas electorales no se ciñen a la realidad. Entiende además que no hay modelo de turismo, temiendo que el Vapor acabe en Chipiona, denunciando el cierre de hoteles como Medinaceli o Monasterio, etc. En general destacan que ha habido “un retroceso democrático en cinco años, en los que se pierde participación”. Por ello resume que “son los maestros de la mentira”.
David de la Encina, concejal socialista que se estrena como portavoz, culpa al Gobierno de la zona naranja, el plan de tráfico de Vistahermosa o que la ciudad no cuente con banderas azules en sus playas. Así, considera que Ybarra en su primera intervención se ha centrado en exceso en los socialistas, confirmando que “21.000 personas los han votado para dar explicaciones”, cosa que entiende que no se hizo. Le tiende la mano para actuar, sobre todo en turismo, empleo o juventud, pues “una ciudad con empleo, apostando por la cultura, juventud y turismo es lo que queremos, la gobierne quien la gobierne. Quiten concejalías, como la de publicidad, reduzcan sus dedicaciones exclusivas”, añade. “Estamos para apoyarles, pero dennos participación”, dirigiéndose a Alfonso Candón, que “tiene más conciencia que sus compañeros, y nos tendrán a su lado”.
Destaca que el dinero que ha entrado en el Consistorio en los últimos tiempos proviene de gobiernos socialistas, instando a presentar el informe sobre la privatización de Apemsa, a redirigir la actividad de Impulsa, o que Suvipuerto entregue alguna llave. En aspectos sociales, destaca que “las consecuencias de la crisis no se pueden pasar por los más débiles”. En cuanto a Bienestar Social, las actuaciones, como el cierre del piso asistido o “el repliegue a la empresa Claros lo entienden como “la prueba de que la derecha se ceba con el más débil”.
Antonio Jesús Ruiz (PA), confirma que “ha sido un año duro con la crisis y la situación financiera difícil”, pero indica que el Ayuntamiento “paga sus nóminas, a proveedores y las empresas que se presentan a licitaciones tienen seguridad de pago”. Los primeros cuatro años de Gobierno, en los que participó, destaca que sirvieron para crear orden, confirmando que hay 470 viviendas en construcción. Ahora confía que el nuevo gobierno de la Junta “se acuerde de El Puerto”.
Pero su recelo se dirigió hacia la portavoz de IP, indicando que “le falta autocrítica”, poniendo de ejemplo el nulo desarrollo del polígono de Las salinas, aunque tuvo referencias para IU y PSOE. El resto de intervenciones estuvieron más encaminadas a continuar con estos primeros discursos y a acusaciones entre unos y otros. El alcalde destaca que el Pleno de este tipo se celebra gracias al Gobierno actual, “porque antes no existía”, indicando que “se ha perdido una oportunidad para apoyar al Gobierno para mejorar la ciudad. La oposición sólo mete cizaña y va haciendo una publicidad negativa para la ciudad. Y sin propuestas, excepto IU, que quiere que nos bajemos los sueldos y la publicidad. Si esa fuera la solución no tendríamos problemas porque ya lo hacemos”.
Al PSOE le reprocha haber dicho que iba a hacer propuestas cuando “nos tiende una mano y en la otra lleva el puñal. Ignacio García de Quirós no ha hablado porque no tenía nada que decir y ha dejado paso a David de la Encina, el perro político del PSOE”, calificativo por el que el aludido ha apelado a su posibilidad de impugnar la sesión.
“Son tiempos difíciles, aún más con la oposición con la que contamos. Pero cuanto peor es la oposición, más ganas le echa el Gobierno”.
Ybarra sigue insistiendo en que “no tengo por qué exponer las maravillas del Gobierno”, destacando que “los he llamado al diálogo”, refiriéndose al PSOE, sin conseguirlo, entiende. Además, asegura que la responsabilidad de la oposición es informar de lo positivo.
Silvia Gómez considera, echando la vista atrás a estos años que “más orgullosa me siento de ser de IP” sobre todo porque después de 16 años de Gobierno, “seguimos teniendo representación”, confirmando que no quieren más que el sillón del Pleno, no aspirando más lejos. Pero además destaca que “si tenemos que estar de la mano de PSOE, IU, o incluso de usted”, dirigiéndose a Antonio Jesús Ruiz, “lo estaremos, como del Gobierno”.
Conde destaca que, de las veces en que se ha tendido la mano al Gobierno no ha servido de nada, poniendo de ejemplo el plan de ajuste, que entiende se ha sacado adelante sin contar con la oposición.
Andalucía Información Jerez Jerez lideró los contratos generados por el turismo en la provincia en 2011
EP 11/06/2012 17:08
Los contratos registrados por el sector turístico en la provincia de Cádiz durante el año 2011 ascendieron a 66.908, lo que supone que uno de cada cinco contratos generados por el turismo en Andalucía se firmó en Cádiz.
Según han indicado a Europa Press fuentes de la Junta de Andalucía, así se refleja en el estudio titulado 'El empleo en el sector turístico andaluz 2011', elaborado por el Observatorio Argos, que es un servicio estadístico del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Cabe señalar que, según dicho estudio, los cerca de 67.000 contratos turísticos gaditanos suponen el 15,9 por ciento del total de la contratación de la provincia a lo largo del año 2011.
La mayoría de estos contratos están ligados al subserctor de la restauración, que acumula 47.274 altas; seguido del subsector del alojamiento con 15.203 contratos y las 4.431 altas correspondientes al subsector turismo.
En cuanto al perfil de las personas firmantes, destaca que 32.352 fueron hombres y 34.556 mujeres. 15.835 de ellos se sitúan en el tramo de edad de menores de 25 años; 41.190 en el de personas de entre 25 y 44 años y 9.883 en el de mayores de 44 años.
En lo que respecta al nivel formativo, 4.439 de estas altas fueron de personas sin estudios; 4.058 de personas con estudios primarios; 56.146 tenía estudios secundarios y 2.265 estudios post-secundarios.
Cabe destacar que de los casi 67.000 'contratos turísticos' de la provincia gaditana en el año 2011, un total de 4.487 fueron firmados por personas de nacionalidad extranjera. OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS
Las ocupaciones turísticas más contratadas en la provincia en 2011 fueron camareros asalariados (42.095 contratos); cocineros asalariados (7.633); personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares (5.426); ayudantes de cocina (4.861) y monitores de actividades recreativas y de entretenimiento (2.834).
Le siguen en cuantía los recepcionistas de hotel (1.116 contratados), los azafatos de tierra (486), recepionistas de establecimientos distintos a los hoteles (426), guías de turismo (406) y preparadores de comidas rápidas (280 altas).
En cuanto al reparto, Jerez se situó a la cabeza con 12.300 contratos, seguido de El Puerto de Santa María (8.725), la capital gaditana (7.751), Chiclana (5.813), San Fernando (3.672), Rota (2.874), Sanlúcar (2.807), Conil (2.805), Algeciras (2.803), Chipiona (2.568), Tarifa (1.846), La Línea (1.773), Barbate (1.772), San Roque (1.643), Los Barrios (1.367) y Vejer de la Frontera (1.274)
Andalucía Información Rota Ecologistas en Acción otorga una bandera negra a la playa urbana de La Costilla
LA PLAYA DE LA COSTILLA SE LLEVA LA ÚNICA BANDERA NEGRA. · INFORMACIÓN
Olga Prados Vilar 11/06/2012 14:34
Ecologistas en Acción ha dado a conocer un verano más sus tradicionales 'Banderas Negras', las anti banderas azules que se conocían la pasada semana, y que vienen a señalar aquellas playas o puntos del litoral en los que creen que de alguna forma se está vulnerando el cuidado al medio ambiente. En este caso, Rota tampoco se escapa, y se encuentra entre las dieciséis banderas negras otorgadas en la provincia de Cádiz.
Así, la Bandera Negra de Rota va para la playa urbana de La Costilla, por el vertido "sin depurar durante los meses de verano" de más de la mitad del volumen de las aguas residuales del municipio, a través de un emisario submarino de 1500 m frente a la playa de la Costilla. Además, los ecologistas denuncian que la depuradora funciona muy mal, ya que tiene que atender a la depuración de las aguas procedente de Rota, la Base Naval y Costa Ballena (CB-Rota y CB-Chipiona) y con la población del municipio, de 28.500 habitantes, ya funciona al límite de sus posibilidades. En los meses de verano la población se triplica y la depuradora, según EA, "no tiene capacidad técnica para depurar todas las aguas residuales".
En cuanto a los señalados como 'Puntos Negros', la localidad tampoco queda exenta de ellos, y según el informe elaborado por Ecologistas en Acción, entran dentro de esta categoría las playas de Aguadulce desde Punta Candor a Costa Ballena, a causa del "extenso diseminado de construcciones ilegales, y la ocupación del dominio público por escolleras". Además, denuncian que los temporales de este año han producido un retroceso de la franja litoral. "La degradación que ha sufrido este tramo de la costa roteña con gran pérdida de áridos y retroceso de la franja litoral, nos ratifican en la necesidad de un proyecto de la Dirección General de Costas para que se recupere y preserve el dominio público".
Los 'Corrales de Rota' también son considerados un 'Punto Negro' por Ecologistas, por carecer de un plan de uso y gestión a los 9 años de su declaración como Monumento Natural. "El exceso de contaminación orgánica ha generado un gran deterioro, casi desaparición, de las praderas de fanerógamas marinas aledañas al monumento natural 'Corrales de Rota", declaran en su informe.
Por último, los Ecologistas declaran 'Punto Negro' la playa del Chorrillo, colindante con la Base Nava, por la construcción de una escollera como elemento de protección de instalaciones militares, "provocando de manera injustificada la privatización del Dominio Público Marítimo Terrestre".
En síntesis, banderas negras pretenden, según Ecologistas responder "con rigor" a la pregunta "¿en qué medida se está practicando un desarrollo sostenible en el litoral?".
Para los conservacionistas, los “galardones” concedidos por la Federación para la educación ambiental para Europa, conocidos como 'Banderas Azules', "carecen de cualquier credibilidad, se basan en meros aspectos turísticos y no evalúan con rigor el estado medioambiental de las playas. No es extraño, por tanto, que playas con banderas azules cuenten con nuestra catalogación de Bandera Negra. Algunas de las playas con banderas azules también tienen Banderas Negras".
Tampoco, para EA, la distinción ‘Q’ de Calidad, concedida por el Instituto para la Calidad Turística Española "poseen legitimidad medioambiental. Evalúan algo tan etéreo como prestigio, diferenciación, fiabilidad, rigurosidad y promoción (sic)".
Por otro lado, el sello AENOR es un certificado ISO que acredita la gestión medioambiental de la playa. La Asociación Española de Normalización y Certificación es una entidad privada sin fines lucrativos creada en 1986 y encargada de certificar que los ayuntamientos cumplen los requisitos establecidos en la norma ISO 14001 de gestión medioambiental. Los Ecologistas aclaran que "se trata de un certificado que ignora agresiones ambientales como la urbanización rampante o la artificialización de las playas".
La provincia de Cádiz se escapa este año con dieciséis 'Banderas Negras' y trece 'Puntos Negros', como una llamada de atención acerca de lo que, según Ecologistas, no se está haciendo bien en nuestro litoral.
Diario de Cádiz Rota se opone a disolver la Mancomunidad con deudas
La alcaldesa pide al PSOE que se depuren responsabilidades y los socialistas locales censuran su posición "contradictoria"
F. JAVIER FRANCO / SANLÚCAR | ACTUALIZADO 12.06.2012 - 05:01
La alcaldesa de Rota, María Eva Corrales, que intervino el pasado viernes como portavoz del PP en el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir que acordó iniciar los trámites de la disolución de esta entidad, ha explicado públicamente los motivos de la oposición de los populares a esta decisión que también rechazó su socio de gobierno en la ciudad, Roteños Unidos (RRUU). Corrales ha querido dejar claro que "el PP no tiene inconveniente en que la Mancomunidad se disuelva siempre que el PSOE, que es el grupo mayoritario, asuma la fiscalización de la Cámara de Cuentas y la depuración de responsabilidades para que paguen las deudas provocadas por los excesos los que han sido culpables de llegar a esta ruinosa situación". Exige que "la Cámara de Cuentas fiscalice los números de la Mancomunidad para poder afrontar el pago de los más de 32 millones de euros de deuda que tiene con trabajadores y proveedores, pues la disolución no implicaría la desaparición de los números rojos, a los cuales debe hacerse frente para no perjudicar a unos y a otros, que no tienen la culpa de la nefasta gestión del PSOE en esta institución". La regidora roteña aseguró que el expediente de disolución presentado por la presidenta de la Mancomunidad, la alcaldesa socialista de Lebrija, María José Fernández, "recoge una estimación de la deuda que no es viable, ya que no está acompañada de los pertinentes informes técnicos". Corrales criticó a Fernández y la alcaldesa de Sanlúcar y portavoz del PSOE en el pleno, Irene García, por no haber pagado nada de la deuda de sus respectivos ayuntamientos con la entidad, mientras que, según apuntó, el de Rota ha abonado el 25% de la suya. Corrales añadió que "a los socialistas no parece importarles mucho la situación de desamparo en la que han dejado a los trabajadores", añadiendo que "sólo les preocupa disolver la Mancomunidad para tapar su desastrosa gestión sin asumir ninguna de las responsabilidades que les corresponden" y "haciendo pagar a los vecinos de los municipios afectados sus excesos, despilfarros y malas gestiones". El PSOE de Rota ha contestado a Corrales que "se contradice" al afirmar que "el PP no tiene ningún inconveniente en que la Mancomunidad se disuelva" y, al mismo tiempo, "criticar al resto de partidos por intentar buscar lo que se entiende como la mejor solución para todos". "El PP se queja de la gestión sin importarle realmente los empleados, los acreedores y las importantes deudas que tienen los ayuntamientos con la Mancomunidad", asevera.
Diario de Cádiz El Gobierno propone que los ayuntamientos no tengan competencias ni en educación ni en sanidad
La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local prevé que las diputaciones se encargarán de los servicios de los pueblos de menos de 20.000 vecinos y las duplicidades se podrán recurrir al TC.
Europa Press | Actualizado 11.06.2012 - 22:39
El Gobierno propone que los ayuntamientos dejen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y se centren en el resto de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia social primaria o el abastecimiento de agua. Además, quiere que cumplan unos estándares de calidad y que cuando no los alcancen, los de menos de 20.000 habitantes cedan la competencia a las diputaciones. Así figura en la propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, a la que ha tenido acceso Europa Press. Es un documento en el que han trabajado durante semanas un grupo de expertos reunidos por el Instituto Nacional de Administración Pública, que ha pedido la colaboración de la FEMP y de otras instituciones territoriales. El documento es la base además de la negociación abierta con el PSOE para acordar un proyecto de reforma común que el Ejecutivo quiere enviar al Parlamento en julio. En el texto se propone una lista de competencias de los municipios (artículo 25) de la que desaparecen la participación en la gestión de la atención primaria sanitaria y la cooperación en la programación educativa, en la construcción y sostenimiento de centros de enseñanza y en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria. Por lo demás, se respetan las competencias que la norma ya preveía, en catorce apartados: urbanismo, medio ambiente urbano, el agua y las aguas residuales, infraestructuras viarias, bienestar y asistencia social primaria; protección civil, policía local e incendios; tráfico, estacionamiento y transporte de viajeros y mercancías; promoción turística; ferias, abastos, mercados y lonjas; protección de consumidores; cementerios y actividades funerarias; promoción del deporte y padrón municipal. "Para evitar duplicidades administrativas", se dice en la iniciativa, se establecerá por ley "con precisión" el servicio o la actividad que le corresponde al municipio, "con estricta separación de las competencias estatales y autonómicas". "Correspondiente financiación" Además, se propone reformar el artículo 27 para que los ayuntamientos puedan ejercer alguna competencia delegada por otra administración, bien sea el Estado, la comunidad autónoma u otra entidad local. Sin embargo, esa delegación "habrá de ir acompañada necesariamente de la correspondiente financiación". En la misma línea de ajustar los servicios que en lo sucesivo van a prestar los municipios, la propuesta del Gobierno incluye la supresión del artículo 28 de la Ley de Bases. En él, se contemplaba que los ayuntamientos pudieran realizar "actividades complementarias de las propias de otras administraciones" en materias como educación, cultural, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente. Por otro lado, el texto elaborado por el Gobierno propone, aunque no lo ha incluido en el articulado provisional, añadir al artículo 13 la prohibición de que el municipio resultante de una segregación no pueda ser inferior a 20.000 habitantes. Con todas estas incorporaciones, la reforma de esta ley pretende dejar claras cuáles son las competencias de los ayuntamientos y diferenciarlas de los servicios que deben prestar el Estado y las comunidades autónomas, de modo que los municipios no sean los que asuman determinados servicios que en realidad corresponden a otras administraciones públicas, lo que se conoce como "competencias impropias", un problema del que los ayuntamientos vienen pidiendo una solución desde hace años. Así pues, el texto deja claro que cualquier delegación de competencias entre administraciones "habrá de ir acompañada necesariamente de la correspondiente financiación". Aunque este punto ya se incluye en la ley todavía en vigor, la propuesta de reforma hace hincapié en que "será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la administración delegante para cada ejercicio económico". Cumplimiento de la estabilidad presupuestaria Todos los artículos que hacen mención a la financiación de las entidades locales dejan claro que las actividades económicas de las mismas deben cumplir lo dispuesto en la recientemente aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria para cumplir los objetivos de déficit y endeudamiento. Es más, el Gobierno propone reformar el artículo 25 para permitir la interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional "por vulneración de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera" en caso de que se incumpla la "estricta separación de las competencias estatales y autonómicas", es decir, que se produzcan duplicidades en la prestación de servicios. Otra de las principales novedades que establece el texto de reforma propuesto por el Gobierno es, a la hora de fijar los recursos financieros de los que dispondrán los ayuntamientos para prestar los servicios públicos, un nuevo punto en el artículo 26 que fija, mediante decreto, el establecimiento de "estándares de calidad para todos o algunos de los servicios previstos". Este mismo artículo 26 encomienda a las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares a hacerse cargo de todos aquellos servicios cuya prestación por parte de municipios de menos de 20.000 habitantes "no sea eficiente", bien por la naturaleza del servicio, bien por la población del mismo o de su sostenibilidad financiera. Serán los ayuntamientos y la diputación los que acuerden el traspaso de instalaciones y personal y la diputación se encargará de la forma de gestión, aunque el texto también prevé que, de no llegar a un acuerdo, será la comunidad autónoma pertinente la que decidirá. En las comunidades uniprovinciales, el Gobierno regional será el que asuma la gestión de estos servicios. Por todo ello, el resto de artículos de la ley que mencionan las diputaciones dejan claro en todo momento que esta administración debe asegurar la prestación en el territorio de los servicios de competencia municipal y, en su caso, "mediante la prestación común y obligatoria en los términos establecidos" en el artículo 26. Suprimir o privatizar servicios La propuesta de reforma incluye dos nuevas disposiciones transitorias, en las que se establece que los ayuntamientos tendrán un año a contar desde la entrada en vigor de la ley para hacer una evaluación de sus servicios y ajustarlos a los principios de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades. Si comprueban que no pueden asumir ciertos servicios, los ayuntamientos los podrán suprimir si éstos son facultativos y en caso de los obligatorios la corporación local podrá privatizarlos, siempre que no realice funciones públicas. Si la evaluación negativa afecta a servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes, su prestación se encomendará a las diputaciones.
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 artículo 27
 artículo 28
 artículo 13
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 26
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