Source: https://tc.vlex.es/vid/2005-stc-41008145
Timestamp: 2019-09-18 21:45:03+00:00

Document:
STC 71/2008, 23 de Junio de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 41008145
Número de Recurso: 2515-2005
Recurso de amparo 2515-2005. Promovido por don R.A. frente a los Autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que desestimaron su recurso contra el Centro Penitenciario de Almería sobre sanción disciplinaria por desorden colectivo. Supuesta vulneración de los derechos de reunión, a la tutela judicial efectiva y a la defensa en el procedimiento administrativo sancionador: recurso de amparo mixto; pliego de cargos recibido, límites al asesoramiento por otro interno y pruebas impertinentes; sanción disciplinaria por participar en una concentración en el interior del centro penitenciario (STC 119/1996).
Sentencia citada en: 52 sentencias, 5 artículos doctrinales, una resolución administrativa
STC 71/2008, de 23 de junio de 2008
En el recurso de amparo núm. 2515-2005, promovido por don R.A., representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Belén Lombardía del Pozo y bajo la dirección del Letrado don Francisco Javier Dommarco Lindenthal-Breier, contra el Auto del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de 16 de marzo de 2005, por el que se desestima el recurso de reforma interpuesto contra el Auto de 19 de enero de 2005, por el que se desestima el recurso de alzada núm. 1255-2004 interpuesto contra el Acuerdo de la Comisión Disciplinaria del Centro Penitenciario de Almería de 20 de octubre de 2004, dictado en el expediente disciplinario núm. 347-2004. Ha comparecido el Abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 11 de abril de 2005, don R.A. solicitó que se le designara Abogado y Procurador de oficio para interponer recurso de amparo contra las resoluciones judiciales y administrativa que se indican en el encabezamiento. Una vez efectuada la designación y recibidas las actuaciones remitidas por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 8 de septiembre de 2005, la Procuradora de los Tribunales doña Adelaida Yolanda Girbal Marín, en nombre y representación de don R.A., y bajo la dirección del Letrado don Francisco Javier Dommarco Lindenthal-Breier, formuló demanda de amparo contra las resoluciones judiciales y administrativa que se mencionan en el encabezamiento.
El Jefe de Servicios del Centro Penitenciario El Acebuche en Almería, mediante escrito de 13 de julio de 2004, elevó a la Dirección un informe indicando que los funcionarios del servicio le había notificado que ocho internos pertenecientes a ETA, entre los que se encontraba el ahora recurrente, habían hecho entrega de una instancia manifestando que harían una concentración a las 12 horas como medida de protesta por el fallecimiento de una compañera en una prisión francesa, decidiéndose que se prestara el máximo de atención y se tomaran medidas de precaución por si fuera necesario algún tipo de intervención. Igualmente, se informó de que a dicha hora los internos se colocaron frente a la oficina del funcionario portando una ikurriña con un crespón negro, permaneciendo en silencio durante diez minutos, tras lo cuales cesaron en su actitud, siéndoles requerida la entrega de la bandera, a lo que se negaron, por lo que se procedió al cacheo de uno de los internos, al que se le retiró la bandera.
El Director del Centro acordó el 17 de agosto de 2004 la incoación de un expediente sancionador al recurrente por estos hechos, dando lugar al expediente núm. 347-2004. El 19 de agosto de 2004 se formuló pliego de cargos, imputándose al recurrente la comisión de una falta muy grave del art. 108 a) y otra grave del 109 b) del Reglamento penitenciario, aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo (en adelante RP 1981), estimando que la concentración protagonizada implicaba un desorden colectivo y la negativa a entregar la bandera una desobediencia a las órdenes de los funcionarios. Intentada la notificación al recurrente, el funcionario hace constar su negativa a firmarla.
El recurrente, por escrito de 21 de agosto de 2004, efectuó alegaciones, solicitó entrevistarse con un interno de otro módulo para recibir asesoramiento y tener acceso al informe del Jefe del módulo, del Jefe del Servicio y del funcionario que pidió la bandera, así como copia de lo registrado en el libro de incidencias. Igualmente, propuso como prueba la declaración testifical de tres funcionarios. El instructor, por escrito de 2 de septiembre de 2004, desestimó la prueba solicitada por innecesaria, argumentando que el recurrente había tenido acceso al contenido de los informes de los funcionarios y Jefatura de Servicios a través del pliego de cargos, que las anotaciones del libro de incidencias son reservadas y, en cualquier caso, su contenido no puede alterar el resultado del procedimiento por ser siempre un extracto de lo descrito en el pliego de cargos, y que la toma de declaración de los funcionarios era innecesaria al haberse pronunciado ya por escrito. En relación con el asesoramiento, se hacía saber que podía recibirlo por escrito, ya que la entrevista personal no procedía por no estar autorizadas las comunicaciones intermodulares entre internos que no fueran familiares directos. El recurrente, mediante escrito de 4 de septiembre de 2004, realizó alegaciones en relación con la desestimación de la prueba. El día 9 de septiembre de 2004 se puso de manifiesto el expediente al recurrente, quien efectuó nuevas alegaciones el día 14 de septiembre de 2004. Notificada la propuesta de resolución el 6 de octubre de 2004, el recurrente hizo constar su intención de alegar verbalmente ante la comisión disciplinaria, lo que se verificó el 20 de octubre de 2004. Finalmente la comisión disciplinaria acordó el 20 de octubre de 2004 imponer al recurrente la sanción de tres fines de semana de aislamiento en celda por una única falta muy grave del art. 108 a) RP 1981 por desorden colectivo.
El recurrente interpuso recurso de alzada ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que fue tramitado con el núm. 1255-2004, en el que alegaba la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por no haberse notificado personalmente el pliego de cargos, ni permitido el asesoramiento con otro interno, ni acceder al material probatorio de cargo, ni practicar la prueba solicitada, y de los derechos a la libertad de expresión y reunión, así como a la legalidad sancionadora. El recurso fue desestimado por Auto de 19 de enero de 2005, argumentado que había quedado acreditada la comisión de los hechos que dieron lugar a la sanción impuesta y que fueron correctamente calificados como constitutivos de una falta del art. 108 a) RP 1981, siendo la sanción proporcional a la entidad del hecho. El recurrente interpuso recurso de reforma señalando la falta de motivación de la resolución recurrida en cuanto a la desestimación de las diversas vulneraciones constitucionales alegadas. El recurso fue desestimado por Auto de 16 de marzo de 2005 argumentándose que las alegaciones “no aportan hechos, razones o argumentos distintos a los ya expuestos en el recurso de alzada sino que contiene una interpretación subjetiva y diferente de los hechos o la valoración jurídica que se hacen en el auto recurrido, por lo que procede su desestimación”.
El recurrente aduce en su demanda de amparo la vulneración de los derechos a la libertad de expresión (art. 20.1 CE) y de reunión pacífica (art. 21.1 CE), con fundamento en que se le ha sancionado por participar en una reunión, que no necesitaba de autorización previa y que se había desarrollado sin violencia ni alteración de la seguridad del centro o de otros internos. Igualmente, alega que la resolución administrativa sancionadora ha vulnerado sus derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1), pues no le fue notificado personalmente el pliego de cargos, sino por medio de un tercero, a la defensa (art. 24.2 CE), por no haberse permitido recibir el asesoramiento solicitado, y a la prueba (art. 24.2 CE), por no darse acceso a los partes de los funcionarios y haberse denegado las pruebas testificales solicitadas. Por último, aduce que las resoluciones judiciales han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al no haber resuelto motivadamente sobre las diferentes cuestiones que fueron planteadas en el recurso de alzada.
La Sección Segunda de este Tribunal acordó, por providencia de 4 de octubre de 2006, la admisión a trámite de la demanda de amparo, notificar dicha resolución al Abogado de Estado, con carácter de emplazamiento, y, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal, a la parte recurrente y al Abogado del Estado, si comparecía, por un plazo común de veinte días para que realizaran las alegaciones que a su derecho convinieran.
El Abogado del Estado, en escrito registrado el 27 de octubre de 2006, presentó alegaciones, solicitando la denegación del amparo. A estos efectos, en relación con los derechos de reunión y manifestación, señala que no resulta compatible con las restricciones derivadas de la propia situación de reclusión, al margen de que, en el presente caso, no cabe apreciar una pretendida autorización tácita de la reunión, pues ni existe tal autorización ni podrían las autoridades concederla contra las exigencias reglamentarias de seguridad, tal como se ha destacado en la STC 119/1996. Por otra parte, en relación con las aducidas vulneraciones del art. 24 CE, el Abogado de Estado pone de manifiesto que el recurrente no ha sufrido ninguna indefensión, porque conoció perfectamente el pliego de cargos, sobre lo que alegó cuanto estimó oportuno, ni han intervenido en la resolución del expediente otros datos que los conocidos y comunicados al recurrente. Igualmente, destaca, en relación con la denegación del asesoramiento por parte de otro interno, que no afectó al asesoramiento en sí mismo ni a sus reales posibilidades de defensa, sino tan sólo a la forma de llevarse a efecto, en tanto se exigió que fuera por escrito.
El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 14 de noviembre de 2006, presentó alegaciones interesando que se otorgara el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), con anulación de las resoluciones judiciales impugnadas y retroacción de actuaciones para que hubiera un pronunciamiento motivado sobre las cuestiones planteadas por el recurrente. A estos efectos, el Ministerio Fiscal afirma que, alegada la lesión de derechos de carácter sustantivo, como son el de expresión y de reunión, por ausencia de motivación judicial sobre su invocación, debe comenzarse por su análisis en virtud de la subsidiariedad del amparo. En relación con ello, expone que han quedado sin respuesta judicial las alegaciones referidas a la vulneración de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, que supuestamente habrían sido afectados por la sanción disciplinaria, ya que la fundamentación contenida en los Autos impugnados, que son meros formularios estereotipados, no puede siquiera considerarse una desestimación tácita de las cuestiones planteadas, al no poder deducirse ni los motivos fundamentadores de la respuesta ni su ratio decidendi.
El recurrente no realizó alegaciones.
Mediante escrito de 28 de septiembre de 2007, la Procuradora del demandante comunicó su baja definitiva en el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, solicitando que se procediera a la designación de nuevo Procurador. La Secretaria de Justicia de la Sala Primera de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 12 de diciembre de 2007, tuvo por designada a tales efectos a la Procuradora doña María Belén Lombardía del Pozo.
Por providencia de 19 de junio de 2008 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 23 del mismo mes y año.
El objeto del presente recurso de amparo es determinar si en el expediente sancionador penitenciario se han vulnerado los derechos del recurrente a la libertad de expresión (art. 20.1 CE) y de reunión pacífica (art. 21.1 CE), al haber sido sancionado por participar en una concentración en el interior del centro penitenciario, que no necesitaba de autorización previa y se había desarrollado sin violencia ni alteración de la seguridad del centro o de otros internos, y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a la defensa y a la prueba (art. 24.2 CE), por no haberse notificado el pliego de cargos, no haberse permitido acceder al material probatorio de cargo, no haberse accedido a practicar la prueba solicitada y no posibilitarse recibir el asesoramiento solicitado. Igualmente, se denuncia que las resoluciones judiciales han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por no haber dado una respuesta motivada a las alegaciones realizadas sobre la vulneración de derechos fundamentales.
El recurrente aduce, en primer lugar, que en el procedimiento administrativo sancionador se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por no haberse notificado personalmente el pliego de cargos, sino por medio de un tercero. Se vincula, pues, dicha lesión con la actuación administrativa que concluyó en la sanción penitenciaria.
El recurrente también alega que en el procedimiento administrativo sancionador se ha vulnerado su derecho de defensa (art. 24.2 CE), por no haberle permitido que fuera asesorado en entrevista personal por un interno de otro módulo, limitándolo a que fuera por escrito.
El recurrente, además, también aduce que en el expediente disciplinario se ha vulnerado su derecho a la prueba (art. 24.2 CE), por no haberse permitió acceder a los partes de los funcionarios y haberse denegado las pruebas testificales solicitadas.
Finalmente, el recurrente alega que la sanción administrativa impuesta ha supuesto una vulneración sus derechos a la libertad de expresión (art. 20.1 CE) y reunión pacífica (art. 21.1 CE), ya que el motivo de dicha sanción ha sido su participación en una reunión, que no necesitaba de autorización previa y que se había desarrollado sin violencia ni alteración de la seguridad del centro o de otros internos.
Una vez que descartadas las vulneración imputadas por la vía del art. 43 LOTC a la Administración penitenciaria, resulta innecesario pronunciarse sobre la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) que, por la vía del art. 44 LOTC, se imputa a las resoluciones judiciales, porque, a juicio del recurrente, constituyen meros formularios estereotipados que no dan respuesta a sus alegaciones sobre las pretendidas vulneraciones de derechos fundamentales en el procedimiento sancionador penitenciario. En efecto, aunque es cierto, como sostienen tanto el recurrente como el Ministerio Fiscal, que la fundamentación contenida en los Autos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria impugnados en amparo no puede considerarse que satisfaga las exigencias constitucionales de motivación, al no contener ningún razonamiento dirigido a dar respuesta expresa o táctica a las alegaciones del recurrente, habiendo rechazado este Tribunal, por las razones anteriormente expuestas, la existencia de vulneración por la Administración penitenciaria de esos derechos fundamentales que invoca el recurrente, carecería de cualquier efecto útil un eventual otorgamiento del amparo por vulneración del art. 24.1 CE, pues ello tan sólo entrañaría una anulación de los Autos impugnados de efectos puramente formales (por todas, STC 66/2007, de 27 de marzo, FJ 7).
Denegar el amparo solicitado por don R.A..
Resolución nº C/0206/10, de February 3, 2010, de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
SAP Córdoba 188/2002, 2 de Julio de 2002

References: resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
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Resolución