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Timestamp: 2020-08-14 21:07:01+00:00

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1.SENTENCIA TERRITORIALIDAD | Impuestos | Comercio
Sentencia impuestos
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At Evelin Torres y Mercy Muñoz 29-10-2014
El Sistema Tributario Boliviano 14,94%
EDWARD GARCIA NAVARRO. Defraudacion Tributaria
guia-nro-2
Defraud Ac i on Tributa Ria Navarro
C-449-15 CE
impuestos1.docx
Cartilla Sem 6
Taller de Reteiva
La Ley Agraria 27360
CE-SEC4-EXP1996-N7670
ACTIVIDAD INDUSTRIAL - Hecho generador de Industria y Comercio / TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO - Actividad comercial / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - Carácter municipal
Conforme a la Ley 14 de 1983 Artículo 31 el impuesto de industria y comercio es un tributo de carácter municipal cuyo hecho generador es la actividad comercial, industrial o de servicios que debe tener ocurrencia dentro de la respectiva jurisdicción municipal y cuya base gravable, consecuencialmente está constituida por los ingresos generados por tal actividad, también dentro del municipio respectivo. Estos elementos del tributo hecho generador y base gravable tienen, a su vez, el elemento territorial que contrae la ocurrencia de aquellos al ámbito de cada municipio, todo lo cual ha sido fijado por la ley y no puede ser modificado por los acuerdos o normas locales que lo regulan en cada jurisdicción, y menos por los funcionarios administrativos encargados de aplicarlas. Ya en reiteradas oportunidades se ha precisado que una de las características del impuesto de industria y comercio y avisos en su carácter local, que restringe su ámbito de aplicación y sus alcances a los límites territoriales del respectivo municipio. No se pueden gravar así las actividades realizadas en un determinado municipio, sujetas allí a gravamen en cualquiera otra localidad aduciendo que es en ésta última a donde se destina, o consume el producto, pues por una parte el hecho generador no es el consumo de bienes y servicios sino la prestación de actividades industriales, comerciales y de servicios y por la otra, el sujeto pasivo del gravamen no se sitúa en el lugar de consumo sino en el lugar en donde se realice la actividad gravada. Así las cosas, no podía la Administración de Medellín imponer gravámenes sobre ventas efectuadas en otros municipios distintos a su jurisdicción pues la Ley 14 de 1983 compilada en el Decreto Ley 1333 de 1986, lo que señala es el hecho generador y la base gravable y no puede un municipio incluir en ésta ingresos percibidos por la comercialización de los bienes producidos, cuanto ésta se efectúa en otros municipios.
Consejero ponente: DELIO GÓMEZ LEYVA
Santafé de Bogotá, D.C., siete (7) de junio de mil novecientos noventa y seis (1996).
Radicación número: 7670
Actor: DUNCAN S.A.
Apelación de la sentencia de 30 de noviembre de 1995. Tribunal Administrativo de Antioquia. Industria y Comercio 1988. Fallo.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la demandada contra la sentencia del 30 de noviembre de 1995, estimatoria de las súplicas de la demanda, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la sociedad Duncan S.A. contra el acto administrativo mediante el cual el Municipio de Medellín le determinó el impuesto de Industria y Comercio por el año gravable de 1988.
1º. La sociedad actora tiene como actividad principal la fabricación, producción, importación, venta, exportación y distribución y mercadeo de broches, botones, refuerzos ganchos, agujas, alfileres, hebillas, cierres, cremalleras, etc. y tiene su domicilio social en Barranquilla y, en la ciudad de Medellín, una oficina destinada a trámites y asesoría e informa a los clientes sobre los productos que fabrica y su aplicación en la industria de la confección, productos cuya venta se efectúa en Barranquilla.
El 20 de diciembre de 1988 la Administración Municipal matriculó de oficio a la sociedad Duncan S.A. por la supuesta actividad gravable desarrollada en Medellín.
El 5 de marzo de 1990, previa visita a la oficina de la sociedad mediante la Resolución 735 practicó liquidación provisional del Impuesto de Industria y Comercio sobre una base de ingresos estimados en $8.000.000 provenientes de la actividad comercial (Código 6128) a la cual aplicó la tarifa del 6%.
Contra dicho acto administrativo la sociedad recurrió en reposición alegado que no ejerce en el Municipio de Medellín actividad gravada con el impuesto de Industria y Comercio y que la oficina que allí tiene sólo cumple la función de información a los clientes sobre las mercancías producidas por la actora y facilitar los trámites a las empresas. Que como claramente se desprende de la visita administrativa, no tenía ingresos en Medellín por tal actividad.
El recurso fue fallado mediante la Resolución No. 1777 de junio 4 de 1991, que confirmó la Resolución 735 de marzo 5 de 1990. Contra este acto administrativo la interesada recurrió en apelación reiterando la inexistencia de actividad gravable en Medellín y la Administración, mediante la Resolución SH 17 - 183 de 1991 confirmó la resolución que imponía el gravamen, aduciendo que de la certificación del revisor fiscal, en la medida que afirmaba que las ventas realizadas a clientes de la zona de Medellín estaban incluidos en el total de ingresos declarados en Barranquilla, hacía evidente que en la ciudad de Medellín sí se realizaba actividad mercantil, y que por el hecho que el producto se despachara desde Barranquilla no implicaba el desconocimiento de la actividad mercantil.
Ante el Tribunal Administrativo de Antioquia acudió en demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la sociedad, alegando que con la expedición de las resoluciones acusadas infringió la Administración Municipal los Artículos 29 de la Constitución Política, 195 y 196 del Decreto ley 1333 de 1986, 40 de la Ley 153 de 1887, 10 de la Ley 49 de 1990, la Ley 45 de 1960 y los Acuerdos 47 de 1983 y 61 de 1989, Artículos 97 y 99, pues no podía imponerle el gravamen de industria y comercio a la sociedad cuando no tuvo ingresos por actividad
desarrollada en Medellín, lugar en donde sólo tenía un empleado para la información, labor que no constituye ejercicio de actividad mercantil, ni tenía en esta ciudad agencia o sucursal.
El Tribunal Administrativo de Antioquia accedió a las súplicas de la demanda, al considerar que evidentemente de los elementos probatorios allegados al proceso se podía deducir que para determinar la base del impuesto de industria y comercio en la ciudad de Barranquilla se partió de las ventas totales realizadas en esa ciudad, que es su domicilio, quedando desvirtuados los supuestos fundamentales del Artículo 195 del Decreto 1333 de 1986, y en cambio fortalecida la posición de la demandante, toda vez que al no ejercer actividades comerciales, ni industriales, ni de servicios en la jurisdicción del Municipio de Medellín, ni tener una agencia o sucursal en esta ciudad, no podía ser considerado sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio.
Citó como fundamento jurisprudencia del Consejero de Estado relacionada con la interpretación del Artículo 10 del Acuerdo 47 del Concejo Municipal de Medellín, relacionado con la actividad industrial y la facultad impositiva del Municipio donde la misma se desarrolla.
La apoderada del Municipio de Medellín al apelar la sentencia fundamenta el recurso exponiendo sus teorías acerca del contrato de compraventa, filosofía y territorialidad del tributo, para concluir que las venta efectuadas desde Barranquilla a clientes domiciliados en Medellín deben tributar en Medellín, porque tales compraventas se entienden perfeccionadas en esta ciudad conforme con lo establecido en el Artículo 1857 del Código Civil.
Además las circunstancias de orden fáctico y jurídico determinan la sujeción de la sociedad al impuesto de industria y comercio en Medellín, porque indudablemente es en esta ciudad donde obtiene los ingresos por la venta de su producción, ya que es en ella en donde se hace publicidad al producto y se utiliza las edificaciones, servicios públicos, calles, avenidas, en fin, la infraestructura y el recurso humano para los voluminosos pedidos que significan elevados ingresos para la Compañía.
Representado por la Procuraduría Octava Delegada ante la Corporación, pide la confirmación de la sentencia considerando que el Artículo 1º del Decreto 3070 de 1983 dispone que los contribuyentes que realicen actividades industriales, comerciales o de servicios en más de un municipio, a través de sucursales o agencias, constituidas de acuerdo con lo definido por los Artículos 263 y 264 del Código de Comercio o de establecimientos de comercio debidamente inscritos, deberán registrar su actividad en cada municipio y llevar registros contables que permitan la determinación del volumen de ingresos obtenidos por las operaciones realizadas en dichos municipios y que tales ingresos constituirán la base gravable.
Precepto del que se deduce que “quien ejerce actividad comercial en un municipio diferente de aquél en donde ejerce la industria, debe pagar en ese municipio los impuestos que correspondan sobre las ventas realizadas en ese municipio como comerciante.
Pero en este caso, como lo advierte el Agente del Ministerio Público ante le Tribunal, está debidamente demostrado que “la sociedad Duncan S.A. está domiciliada en Barranquilla (Fl. 2) no figura ni ha figurado inscrita en el registro mercantil que se lleva en la Cámara de Comercio de Medellín (Fl. 139), no ha constituido sucursales ni agencias ni establecimientos de comercio y en la oficina que abrió en Medellín no ejerce actividades comerciales, por cuanto los pedidos lo hacen los clientes directamente a la factoría de Barranquilla (Fl. 178 a 209 y 71 ss.) y, por otra parte, “las ventas registradas contablemente en los libros de la sociedad Duncan S.A. en los períodos fiscales de 1988, 1989 y 1990, aparecen totalmente declaradas en la liquidación privada de industria y comercio en el Municipio de Barranquilla”, como tuvieron oportunidad de constatarlo los peritos que al efecto fueron designados (Fl. 178 a 180) y lo certifica el revisor fiscal de la Compañía (fl. 235).
Por lo que, al estar plenamente probado que la sociedad no ejerce actividades comerciales en la ciudad de Medellín, no es responsable del impuesto de industria y comercio en este Municipio.
El punto fundamental que se debate en la demanda consiste en considerar si los ingresos obtenidos por ventas efectuadas en Barranquilla pueden ser gravadas en el Municipio de Medellín.
Así las cosas, no podía la Administración de Medellín imponer gravámenes sobre ventas efectuadas en otros municipios, distintos a su jurisdicción pues la Ley 14 de 1983 compilada en
el Decreto ley 1333 de 1986, lo que señala es el hecho generador y la base gravable y no puede un municipio incluir en ésta ingresos percibidos por la comercialización de los bienes producidos, cuanto ésta se efectúa en otros municipios.
Por último, observa la Sala, que la sentencia apelada coincida con el criterio del Consejo de Estado expresado desde la sentencia del 2 de marzo de 1992 (Expediente No. 3581, Actor:
Aluminio Reynolds Santo Domingo S.A., Ponente Doctor Carmelo Martínez Conn), oportunidad en la cual consideró con fundamento en el Artículo 31 de la Ley 14 de 1983 que el ejercicio de la actividad industrial en la ciudad de Barranquilla (sede principal) le da derecho a esta ciudad a liquidar el impuesto sobre el valor de la comercialización de la producción realizada en ella en su condición de industrial. Por lo tanto, los ingresos por venta realizadas en dicha ciudad forman parte de la base gravable, aunque su destino sea clientes de otras ciudades, porque es Barranquilla en donde se reputa realizada la venta en desarrollo de la actividad industrial.
Distinto es el caso de las empresas que mediante un establecimiento de comercio realizan actividades comerciales en municipio distinto al de su sede fabril, evento en el cual el Municipio en cuyo territorio se realice tal actividad, puede imponer el gravamen conforme con las previsiones de las Leyes 14 de 1983 Artículos 31 a 33 y 49 de 1990 Artículo 77.
1. CONFIRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 30 de noviembre de 1995 en el juicio 916943.
2. RECONÓCESE personería al Abogado Gonzalo Pérez Luna conforme a la sustitución del poder que obra a folio 332 del expediente.
Consuelo Sarria Olcos, Presidente de la Sala, ausente; Germán Ayala Mantilla, Julio E. Correa Restrepo, Delio Gómez Leyva.
Carlos A. Flórez Rojas, Secretario.
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20171030071014.doc

References: Artículo 31
 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 resolución 
 Artículo 195
 Artículo 10
 Artículo 1857
 Artículo 1
 Artículo 31
 Artículo 77