Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2019/as201931004.html
Timestamp: 2019-11-16 01:58:57+00:00

Document:
as201931004
AUTO SUPREMO Nº 4
Expediente: 446/2017-S
Materia: Social - Reincorporación
Demandante: Eloy Henrry Vargas Vargas.
Demandado: Universidad Mayor de San Andrés.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 338 a 343, interpuesto por el demandante Eloy Henrry Vargas Vargas, contra el Auto de Vista Nº 131/17 de 26 de mayo de 2017, que cursa de fs. 334 a 335 vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contencioso Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social de reincorporación seguido a demanda del recurrente, contra la Universidad Mayor de San Andrés, el Auto Nº 257/2017 SSA-III de 13 de septiembre de 2017, que concedió el recurso de casación, el Auto Supremo Nº 466-A de 16 de octubre de 2017, por el que se admitió el recurso (fs. 354 y vta.), los antecedentes del proceso y,
Tramitado el proceso laboral de reincorporación, la Juez Tercero de Trabajo y Seguridad Social, de la ciudad de La Paz, emitió la Sentencia de Nº 091/2016 de 12 de agosto de 2016 (fs. 297 a 299 vta.), declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 13-14, disponiendo que la Universidad Mayor de San Andrés demandada, pague al actor Eloy Henrry Vargas Vargas, los salarios del 19 de abril de 2012 al 31 de octubre de 2012, (6 meses y 11 días), equivalente a Bs. 27.181,59, dentro de tercero día de su legal notificación.
En grado de Apelación, promovido por el demandante, conforme evidencia el escrito de fs. 315 a 321, el Tribunal de alzada, conformado por la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contencioso Administrativo Tercera, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 131/17 de 26 de mayo de 2017, cursante a fs. 334 a 335 vta., CONFIRMÓ la Sentencia apelada manteniendo firme y subsistente el pago de haberes devengados por el tiempo faltante para el cual fue designado el actor.
Contra el referido Auto de Vista, el demandante, Eloy Henrry Vargas Vargas, interpuso recurso de casación, conforme el escrito de fs. 338 a 343 de obrados, recurso que fue respondido por el representante de la entidad demandada, por escrito de fs. 346 y vta., habiéndose concedido el recurso por Auto Nº 257/2017 SSA-III de 13 de septiembre de 2017, que luego de la remisión del expediente, ante este Tribunal; mediante Auto Supremo Nº 466-A de 16 de octubre de 2017 (fs. 354 y vta.), se declaró admisible; por consiguiente, dicho recurso se pasa a considerar y resolver:
1.- Al momento de determinarse en el Auto de Vista, que el cargo de Técnico electrónico, nivel 16 es propio y permanente de la UMSA y que en aplicación de las previsiones del art. 12 inc. d) del reglamento interno de la Universidad, se encuentra sujeto a una evaluación de desempeño e informe del jefe inmediato superior para ser ratificado en el cargo, el Tribunal ad quem, ha interpretado de manera errónea dicha norma y obviado aplicar el art. 17 del mismo reglamento, que instituye que la Universidad podrá suscribir contratos de trabajo individuales de conformidad a la Ley General del Trabajo (LGT) y su reglamento interno; por consiguiente, en aplicación del art. 12 de la LGT, que fue modificado por el art. 2 del Decreto Ley (DL) Nº 16187, se establece que no están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa y en caso de evidenciarse esta infracción se dispondría que estos contratos, se convierten por tiempo indeterminado; por ello considera que en aplicación de estas normas, se debió considerar que el contrato eventual de 15 de agosto de 2011, adquirió la calidad de contrato indefinido
2.- Por otra parte, el periodo de prueba de 89 días, empezó a correr a partir del 15 de agosto de 2011 y no el 09 de enero de 2012, pues el 08 de diciembre de 2011 se efectuó la evaluación a su desempeño, cumpliéndose el art. 12 inc. d) del reglamento interno, emitiéndose los informes que cursan a fs. 4, 283 y 284 de obrados.
Por consiguiente, el Auto de Vista, otorgó valor sólo a la segunda evaluación, incurriendo en aplicación indebida de dicha norma administrativa, porque es ilegal una segunda evaluación, como aconteció en el caso presente, al estar prohibido someter al trabajador, a dos periodos de prueba, siendo sólo válido el que comenzó el 15 de agosto de 2011 y no así el de 09 de enero de 2012
3.- Por eso es que argumenta que luego de haberse efectuado la primera evaluación, adquirió la calidad de trabajador permanente; aspecto que no fue considerado en el Auto de Vista ahora recurrido, que consideró válida la ilegal segunda evaluación, más aun si quien la efectuó, no era su jefe inmediato superior y tampoco tiene el visto bueno de la máxima autoridad ejecutiva de la Facultad de Ciencias Puras.
4.- Conforme establece el art. 26 inc. g) del Estatuto Orgánico de la UMSA, el Rector, tiene facultad para contratar personal administrativo; empero, estas contrataciones deben sujetarse al reglamento interno de la Universidad.
En el caso presente, el art. 12 inc. b) del reglamento, prevé que cuando exista vacancia se convocará de manera interna o externa; y en el caso presente, no existía esa vacancia, pues el demandante, ocupaba ese cargo y afirma que tampoco existió convocatoria; por último indica, que en aplicación del art. 18 del reglamento interno, todas las contrataciones deben ser escritas y en el caso presente, el recurrente no firmó un segundo contrato de prestación de servicios y tampoco accedió a someterse a un segundo periodo de prueba y una segunda evaluación.
5.- Denuncia que se incurrió en interpretación errónea del art. 11 del Decreto Supremo (DS) Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, porque en el Auto de Vista, se estableció que en el caso presente, la estabilidad laboral prevista por esta norma, estaba garantizada hasta el cumplimiento de la gestión académica de 2012, dando a entender que la estabilidad laboral es por un tiempo determinado y no indefinido.
6.- Considera que cualquier designación en el cargo de técnico electrónico nivel 16 posterior a su designación, en aplicación del art. 14 del reglamento interno, es nula de pleno derecho, porque contravinieron las previsiones de los arts. 12 inc. d), 17, 18, 19 20 y 75 del mismo reglamento interno; evidenciándose que se incurrió e omisión e interpretación errónea de la primera norma, al consentir en el Auto de Vista, que otra persona reemplazó al actor, por haber obtenido una calificación de 73 puntos.
7.- Por consiguiente, al no considerarse que el demandante, es un trabajador indefinido pese haber cumplido las previsiones del art. 12 inc. d) del reglamento interno, no podía despedírsele ni removerlo del cargo, sin que medie causa establecida en los arts. 16 de la LGT o 75 del reglamento interno, evidenciando que se incurrió en error de derecho y aplicación errónea de los arts. 46-II-2), 48-I y II de la CPE, 16 de la LGT, 10-I, III; 11 del DS Nº 28699; 2 del DS Nº 16187; 12, 14, 17 y 75 del reglamento interno de la UMSA, que transcribe en su recurso.
Indicó que interpone recurso de casación contra el Auto de Vista Nº 131/17 de 26 de mayo, cursante a fs. 334 a 335 vta., solicitando que se conceda tutela y se CASE, deliberando sobre el fondo y se declare la reincorporación a su fuente laboral, más el pago de sueldos devengados y otros beneficios sociales, con costas.
La entidad demandada, por intermedio de su Rector Waldo Albarracín Sánchez, como representante legal, por escrito de fs. 345 y vta., respondió al recurso, alegando que el recurrente trata de desconocer los hechos acontecidos respecto de la Convocatoria Externa Nº 19/2011 y el Memorándum DPTO. REC. HUM. ADM. RECTO Nº 132/12, por el que se comunicó que a partir del 09 de enero de 2012, se designó Técnico electrónico del Instituto de Investigaciones Físicas, aclarándose que los tres primeros meses serían considerados periodo de prueba sujeto a evaluación y luego de efectuada ésta evaluación, tuvo un resultado negativo por mal desempeño, por lo que se prescindió de sus servicios, conforme evidencia el Memorándum AACC.CTL Nº 001/2012, por ello solicitó que este Tribunal, declare INFUNDADO el recurso.
Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación de fs. 80-83 para su resolución corresponde realizar las siguientes consideraciones previas:
1.- El principio protector constituye uno de los principios más importantes del Derecho Laboral, puesto que la diferencia con el Derecho Civil, es que en éste impera el derecho de igualdad y la no discriminación; mientras que en el Derecho laboral, se debe proteger a la parte más vulnerable que en este caso, es el trabajador.
Este principio, conforme reconoce la doctrina y las previsiones del DS Nº 28699, se rige por tres reglas: la Regla más favorable, la Regla de la condición más beneficiosa y la Regla in dubio pro operario.
La regla de la condición más beneficiosa, que supone la existencia de una situación más beneficiosa anterior, concreta y determinada, que debe ser respetada en la medida que sea más favorable, no pudiendo empeorarse las condiciones que tiene un trabajador.
La regla de la norma más favorable, es decir cuando exista una concurrencia de normas, se debe aplicar aquella norma que es más favorable para el trabajador.
Finalmente la regla in dubio pro operario, se da cuando hubiera alguna duda sobre la interpretación y aplicación de alguna norma, se deberá seleccionar aquella que más favorezca al trabajador.
2.- Por otra parte, debemos recordar que los contratos de trabajo, conforme instituyen los arts. 5 y 6 de la LGT, se pueden pactar de manera individual o colectiva y puede ser verbal o por escrito y su existencia se puede acreditar por todos los medios legales de prueba.
Sin embargo, los contratos a plazo fijo, necesariamente deben ser estipulados de manera escrita, porque de lo contrario, se presume que son contratos a plazo indefinido, conforme determinan tanto el segundo párrafo del art. 1º del DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, salvo prueba en contrario (el subrayado ha sido añadido); como la Resolución Ministerial (RM), 283/2 de 13 de junio de 1962, que determina: "...el contrato de trabajo se pacta esencialmente por tiempo indefinido. Sin embargo, podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse. En este caso, el contrato deberá ser forzoso e imprescindiblemente escrito y su duración no excederá de un año; podrá ser renovado por una sola vez, siempre que el empleador pruebe ante la autoridad administrativa competente la necesidad absoluta de la renovación que en ningún caso se extenderá por más de un año. Si vencido el término estipulado subsisten las actividades para las que el trabajador fue contratado, se operará la tácita reconducción del contrato por tiempo indefinido...", en aplicación del art. 21 de la LGT. (El resaltado fue añadido).
3.- Respecto del despido injustificado y solicitudes de reincorporación o pago de beneficios sociales, el DS Nº 28699, en su art. 10-I determina que: “cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación”.
El párrafo III de esta misma norma, precisa que: “…en caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social impondrá multa por infracción a leyes sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo”. (El resaltado fue añadido).
El art. 11-I del mismo DS Nº 28699, establece que: “…se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias”. (El resaltado fue añadido).
Sobre éste último marco jurídico este Tribunal a tiempo de emitir el Auto Supremo Nº 124 de, 28 de mayo de 2014, determinó que: “…se advierten dos elementos de trascendencia, el primero ceñido a la protección de los derechos del trabajo y relacionados a los trabajadores; en segundo lugar, los mecanismos asumidos por el Estado, en el supuesto de surgir una eventual desvinculación laboral.”
“….el parágrafo I del art. 10 en el DS No 28699 de 1 de mayo de 2006, en la eventualidad de presentarse la desvinculación laboral por medio de un despido y no siendo presentes las situaciones descritas en el art. 16 de la LGT, confiere a la trabajadora o el trabajador el decidir entre dos opciones, tales son: a) La continuidad y estabilidad laboral, por medio del mecanismo de la reincorporación; o bien de manera optativa, 2) El pago de beneficios sociales, emergentes de la relación laboral, terminada que fuera ésta”.
“Tal descripción, obedece a dejar sentado que los mecanismos de instar la reincorporación a la fuente laboral se ven condicionados a una decisión previa de la trabajadora o el trabajador, y al no cobro de beneficios sociales que eventualmente le puedan ser abonables, puesto que el uso de la vía administrativa o jurisdiccional (en el caso de recurrir la reincorporación) le es facultativa y potestativa, ante la alternativa de solicitar el pago de sus beneficios sociales. De lo cual se entiende que ambas opciones son excluyentes la una de la otra, al estar presente en la redacción de la norma una disyunción exclusiva”. 1(El resaltado fue añadido).
Fundamentación del caso concreto:
1.- El presente caso resulta muy controvertido, porque existe de por medio un contrato a plazo fijo y objeto determinado, desde el 22 de septiembre de 2011 hasta la conclusión de esa gestión (fs. 23), en mérito a una “Segunda convocatoria externa” Nº 19/2011 (fs. 1-2), para ocupar un cargo eventual con opción a ítem y dos memorándums; el primero que establece, que al vencimiento de dicho contrato, se asigna al trabajador el ítem del cargo que ocupaba eventualmente, pero sujeto a una evaluación dentro de los primeros tres meses de trabajo (memorándum Nº 132/12 de 15 de marzo de 2012 que cursa a fs. 24), que fue emitido por Recursos Humanos de la Universidad; mientras que el segundo (memorándum Nº 001/2012 de 17 de abril, que cursa también a fs. 24), emitido por el Rectorado de la Universidad, que determina prescindir los servicios del trabajador, porque habría obtenido un puntaje por debajo de insuficiente para la ratificación en el cargo.
Consiguientemente, respecto del primer argumento del recurso de casación objeto de resolución, se establece en primer lugar que es incuestionable que la Universidad demandada, como todas las Universidades Públicas del Estado, se encuentran sujetas a las previsiones de la Ley General del Trabajo, por determinación del Decreto Supremo (DS) Nº 8162 de 28 de diciembre de 1967.
Por consiguiente, es evidente que en concordancia con el art. 17 del reglamento interno de la Universidad demandada, ésta puede contratar personal, conforme a las previsiones de la aludida Ley General del Trabajo.
Por otra parte, es evidente que el art. 12 inc. d) del indicado reglamento interno, prevé que respecto de la selección de personal, el postulante deberá someterse al examen médico y ser declarado apto, debiendo también, el jefe inmediato, emitir una evaluación escrita de su desempeño, de cuyo resultado procederá la ratificación del trabajador como trabajador permanente o establecer el retiro del mismo.
En autos, ciertamente se realizó una evaluación del trabajador en vigencia de la contratación eventual y antes de su ratificación como personal permanente; habiéndose realizado una segunda evaluación en vigencia del periodo de su ratificación como periodo de prueba, oportunidad en la que se estableció que no cumplió el rango de eficiencia para ocupar el cargo.
A prima facie, en aplicación del art. 2 del DL Nº 16187, se consideraría que la contratación eventual de 15 de agosto de 2011, se habría convertido en contratación indefinida, por haber continuado en sus funciones el ahora demandante, a la conclusión de la gestión 2011 y su ratificación en el cargo a partir del 09 de enero de 2012, que se emitió de manera retroactiva el 15 de marzo del mismo año, conforme refiere el memorándum Nº 132/12 de 15 de marzo de 2012, que cursa a fs. 24; sin embargo, esta determinación de contratación indefinida, conforme alude la normativa relacionada en la doctrina citada precedentemente, el art. 1º del DL Nº 16187 de 16 de febrero de 1979, establece que esa presunción es “salvo prueba en contrario” y la Resolución Ministerial (RM), 283/2 de 13 de junio de 1962, determina que: "...el contrato de trabajo se pacta esencialmente por tiempo indefinido. Sin embargo, podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse…”.
La prueba en contrario que se considera en el caso presente, es la naturaleza (obra a ejecutarse) del trabajo contratado, que se refiere al ejercicio del cargo de técnico a ser ocupado, que requiere de “…mejores niveles de calidad en sus actividades tanto científicas como académicas, que consideran de legítimo dotarse de los funcionarios mejor capacitados y más eficientes para lograr sus objetivos…” (Nota de fs. 29-30, presentada por el Director del Instituto de Investigaciones Físicas de la UMSA).
Por consiguiente, se establece que no se incurrió en interpretación errónea de los art. 12 inc. d) y 17 del reglamento de la Universidad, puesto que si bien a la conclusión de la contratación eventual, se asignó el ítem al actor; este fue sometido conforme a ésta normativa, a la evaluación correspondiente y al obtener una nota deficiente en su desempeño, se prescindió de sus servicios; y si bien en el caso presente, existió una primera evaluación en vigencia del contrato eventual, ésta no se la considera para fines de la ratificación en el cargo, porque se refirió únicamente a aspectos de relacionamiento laboral y actitudes de desempeño personal hacia la institución y sus compañeros; mientras que la segunda se refirió a actividades relacionadas con el manejo de los equipos de los centros donde se desarrolla sus actividades (Chacaltaya, Cota Cota, Villa Remedios y Patacamaya), considerándose aspectos que contemplan responsabilidades operativas con el experimento y conocimientos que debe demostrar el ejercicio del cargo el nivel 16 que se ocupaba, de acuerdo a lo que evidencian los informes emitidos por el Docente de Investigaciones de la Carrera de Física (fs. 31 repetido a fs. 83) y el Informe emitido por el Director del Instituto de Investigaciones Físicas de la UMSA, que cursa a fs. 29 a 30, repetida a fs. 81-82, que realizaron las dos evaluaciones analizadas, estableciéndose de esta prueba, que la norma del art. 12 inc. d) del reglamento interno, fue aplicada correctamente.
2.- Por lo señalado, se establece que en el caso presente, no existió dos periodos de prueba, como erróneamente afirma el recurrente, pues la contratación realizada a partir del 15 de agosto de 2011, era a plazo fijo, sin que pueda aplicarse el periodo de prueba a esta contratación, pues ésta se encontraba sujeta únicamente a las condiciones estipuladas en el contrato de fs. 7, repetido a fs. 70 de obrados, sin que exista periodo de prueba y conforme se refirió en el punto que precede del presente Auto Supremo, no se cumplió en la vigencia de esta contratación las previsiones del art. 12 del inc. d) del reglamento interno, sino en el periodo de prueba, cuando a la conclusión de la contratación a plazo fijo, se le asignó -sujeto a evaluación, como periodo de prueba- el ítem que ocupaba el actor.
3.- Respecto de la validez de la segunda evaluación, efectuada por el Ingeniero Pedro Miranda Loza, de fs. 31 repetido a fs. 83, se encuentra avalada por el Informe del Director del Instituto de Investigaciones Físicas de la UMSA, conforme evidencia la nota de 29 a 30, repetida a fs. 81-82, sin que se advierta infracción de norma alguna.
4.- Líneas arriba ya se explicó que la Universidad demandada, se encuentra sujeta a las previsiones contenidas por la Ley General del Trabajo, (DS Nº 8162 de 28 de noviembre de 1967), que ha sido ratificado por dicha entidad en el art. 26 inc. g) del Estatuto Orgánico de la UMSA.
Por otra parte, de los datos del proceso, se advierte que si bien el cargo cuya reincorporación solicita el demandante, en un principio no se encontraba vacante, por estar ocupado por el actor; empero al haberse determinado, luego de la evaluación, que éste no logró una calificación adecuada para acceder definitivamente al cargo, se consideró ese cargo vacante y por ello es que se emitió la “Segunda Convocatoria Externa Nº 25/2012 de 26 de agosto de 2012”, casi cuatro meses después del retiro del demandante; proceso de contratación en la que, los días 24 y el 25 de septiembre de 2012, se tomaron las pruebas teóricas y prácticas y se realizó la calificación de méritos, habiéndose sugerido la designación del postulante ganador a partir del 1º de noviembre de 2012, conforme evidencia el informe DIV. DES. REC. HUM. INF. Nº 459/2012 de 12 de octubre, que cursa a fs. 34 de obrados.
Es evidente que no existió un segundo contrato de trabajo; sino que se emitieron memorándums de designación y retiro del demandante, periodo en el cual, si bien no existe una conformidad escrita del demandante a este periodo o fase de contratación definitiva sujeta a prueba y evaluación, éste se sometió voluntariamente a la misma, conforme evidencian los informes emitidos al respecto y que fueron referidos líneas arriba (supra punto 3).
5.- Por lo fundamentado precedentemente, se advierte que no se realizó una interpretación errónea del art. 11 del DS Nº 28699 de 1º de mayo de 2006, porque se acreditó que la contratación estaba sujeta a un contrato a plazo fijo hasta la conclusión de la gestión 2011, mientras que cuando se emitió el memorándum de asignación de ítem, en marzo de 2012, el demandante se encontraba sujeto a evaluación, todo conforme a la normativa interna de la Universidad, sin quebrantar esta norma; y si bien en la Sentencia, se dispuso el pago de los salarios de seis meses y 11 días, correspondiente al periodo de 19 de abril de 2012 al 31 de octubre de 2012, porque ingresaría a trabajar a partir del 1º de noviembre de 2012, el postulante que participó en la nueva convocatoria para ocupar ese cargo, resulta un reconocimiento que no debió concederse, pero que no fue impugnado por la Universidad demandada y por consiguiente, se encuentra a la fecha ejecutoriado.
6.- Respecto de los dos últimos puntos del recurso de casación (6 y 7), este Tribunal, ya ha relacionado, que se aplicó de manera adecuada las previsiones del art. 12 inc. d) del reglamento interno de la Universidad y por consiguiente, no es evidente que se hubiese infringido y menos incurrido en alguna nulidad prevista por los arts. 17, 18, 19, 20 y 75 del aludido reglamento, 46, 48 de la CPE, 16 de la LGT, 10, 11 del DS Nº 28699 y 2 del DS Nº 16187, si se demostró por la Universidad demandada, que se cumplieron los procedimientos para la contratación, evaluación y retiro del demandante en el cargo que ahora pretende su reincorporación, quien además solicitó a la entidad demandada para que se reincorpore inclusive, en otra función diferente, en la misma Universidad, aspecto que no se encuentra previsto tanto en las previsiones del DS Nº 28699 como tampoco en la normativa interna de la Universidad, circunstancia que se encuentra corroborado por la Resolución del H. Consejo Universitario Nº 304/2012 de 25 de junio, que cursa a fs. 32 de obrados.
Consiguientemente, al haberse advertido que no son evidentes las infracciones legales acusadas en el recurso, pese a que la Juez a quo y el Tribunal ad quem, resolvieron con un razonamiento diferente, corresponde aplicar el art. 220-II del CPC-2013, por la permisión contenida en el art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184 núm. 1 de la CPE y 42-I-1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 338 a 343, interpuesto por el demandante Eloy Henrry Vargas Vargas, contra el Auto de Vista Nº 131/17 de 26 de mayo de 2017, que cursa de fs. 334 a 335 vta., emitido por la Sala Social, Administrativa, Contencioso y Contencioso Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Sin costas en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1179 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.
1 Auto Supremo Nº 124, de 28 de mayo de 2014, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Social y Administrativa Primera

References: resolución 
in dubio
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 Resolución 
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