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Timestamp: 2018-11-19 04:57:36+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Miércoles 15 Junio 2005
Milá pone en evidencia el desconcierto de la izquierda
EDITORIAL Libertad Digital 15 Junio 2005
Vete a Cuba, Pilar, y quédate
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 15 Junio 2005
José García Domínguez Libertad Digital 15 Junio 2005
El nacionalismo como cebo
Isabel Durán Libertad Digital 15 Junio 2005
Las dos varas de medir del señor Carod-Rovira
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 15 Junio 2005
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA ABC 15 Junio 2005
Hablar de Murcia
Por Benigno PENDÁS ABC 15 Junio 2005
¿Menos funcionarios?
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 15 Junio 2005
Hiriente libertad
Editorial ABC 15 Junio 2005
Editorial El Correo 15 Junio 2005
Nervios en Ajuria Enea
TONIA ETXARRI El Correo 15 Junio 2005
J.A.M.A email 15 Junio 2005 Milá pone en evidencia el desconcierto de la izquierda
No ha hecho falta más. Dos manifestaciones y los nervios han empezado a aflorar por doquier en el Gobierno y en su entorno ideológico-mediático. Apenas sin tiempo para digerir el millón de personas que se congregó en el centro de Madrid el 4 de junio, los mandarines socialistas y su leal cohorte de medios afines se han atragantado con los cien mil de Salamanca. Las convocatorias, además de multitudinarias, fueron ambas un ejemplo de civismo y urbanidad. En ninguna de las dos; ni en la ciudad del Tormes ni en la del Manzanares, se registró un solo altercado, una sola pintada o una simple amenaza. Muy lejos, como puede apreciarse, de aquellas baraúndas del “No a la Guerra” y del “Nunca Mais” que solían terminar con lunas rotas, paredes pintadas y el asalto a la sede del PP correspondiente.
La izquierda, que había previsto la irrupción de la extrema derecha para esta ocasión, se ha quedado con un palmo de narices. Los cientos de miles de ciudadanos de toda España que, en las últimas dos semanas, se han echado a la calle exigiendo justicia y respeto no han cumplido con el papel que los estrategas de Zapatero les habían adjudicado. Y eso, naturalmente, fastidia. Y mucho. Carod, por ejemplo, se ha agarrado a una solitaria pancarta en la que, según él, se le amenazaba de muerte y ha puesto el grito en el cielo anunciando querellas a diestro y siniestro. Flaca memoria la del republicano cuando no hace tanto tiempo eran los cachorros de la Esquerra los que empapelaban Cataluña tachando a los populares de “asesinos”.
En este ambiente de desconcierto, en el que la necesaria consigna no ha llegado a tiempo, algunos han sido víctimas del desbarajuste. Lorenzo Milá, presentador estrella de la segunda edición del Telediario, tuvo un patinazo de envergadura hace dos días en un chat con los internautas de la edición electrónica de El Mundo. A la pregunta de un participante sobre las manifestaciones respondió:
“[...] en el PP han descubierto lo que otros partidos, sobre todo la ilegalizada Herri Batasuna, practica desde hace mucho tiempo: autobús y bocadillo para todos de forma que en cada convocatoria, aunque no sea relevante, están todos y hacen mucho ruido. A mi siempre me parece muy bien que la gente diga lo que quiera, siempre que mantenga las reglas del respeto personal.[...]”
Dejando a un lado el hecho de que Batasuna es ETA, la respuesta de Milá es, en resumen, un compendio casi perfecto del lugar que ocupa el partido político más grande de España en la mentalidad progresista de la que el periodista de TVE es uno de sus abanderados más insignes. El PP es, según estas palabras, un partido como Batasuna, una organización al margen del sistema que financia a sus afiliados el transporte y la comida para que hagan bulto en convocatorias que, por supuesto, no son relevantes. Insulto sobre insulto, descalificación sobre descalificación, infamia sobre infamia. A pesar de que, gracias a la cobertura que Libertad Digital dio a la noticia todo el día de ayer, Milá hubo de desdecirse precipitadamente, tal es la afrenta que debería dejar de inmediato de presentar un telediario que se mantiene con el dinero de todos. Si bien se agradecen, no sirven de gran cosa las disculpas en un profesional que todas las noches cuenta las noticias para el país entero desde la cadena pública. Es inaceptable que Lorenzo Milá siga al frente del Telediario después de comparar con una banda terrorista a un partido con más de medio millón de afiliados, casi diez millones de votantes, miles de ayuntamientos, varias comunidades autónomas, 148 escaños en el Congreso y más senadores que cualquier otro partido. No es de recibo, y ha de responder por ello.
La doctrina Pumpido
La izquierda que nos manda –no incurriremos en la calumnia de decir que nos gobierna– es sectaria, dictatorial, analfabeta funcional y enemiga de la libertad de comercio. Pero es que Zapatero ha extraído de los pliegues geológicos del más profundo estalinismo español, el del 34 y el 36, un discurso político y unos personajes que incluso en La Habana del Iberosaurio resultarían sospechosos por su excesivo entusiasmo represivo. La “doctrina Pumpido” sobre la detención preventiva de cualquier persona en “actitud vociferante” es el marco jurídico de referencia de este ejército de comisarios progres que, si nos dejamos, va a convertir los escombros de España en un homenaje perpetuo al Che Guevara y al Doctor Negrín.
Los Bardem en general y la matriarca del clan en particular han hecho en estos últimos años aportaciones inestimables a la deriva totalitaria de la izquierda española. Si la doctrina Pumpido se aplicara de forma universal, Javier sería detenido por vociferar y mantener actitudes golpistas ante el Parlamento y su mamá sería enchironada por manifestarse en la misma actitud y con los mismos propósitos tras el sospechoso suicidio de los terroristas islámicos de Leganés. No hay causa infame a la que no hayan dado su vociferante apoyo. Se puede saber cuál es el mejor camino ético y político en cualquier asunto conflictivo llevándole la contraria a los Bardem.
Ahora bien, cuando Pilar se pone teórica en materia de propiedad y de Derecho es para huir de España o para echarse a la calle contra la filósofa titiritera. Ahora resulta que la copia privada de un CD o de un DVD “no es un derecho de los consumidores sino una limitación de los derechos de los creadores”. O sea, que lo mío no es mío, lo que he pagado es como si no lo hubiera pagado y no puedo regalarle a un hijo, un amigo e incluso a una novia a lo Bardem una copia de cualquier película o disco interesante, so pena de que me detengan los chequistas zapateriles como a un militante cualquiera del PP. Pues eso que se pierde la matriarca del vociferante clan. Había pensado mandarle una copia de un reportaje absolutamente fantástico que se titula “Beria, criatura de Stalin”, uno de cuyos personajes, el de una actriz soviética famosa violada por Beria, podría haber llevado a las tablas o a la tele con más éxito que a María Zambrano. Eso que se pierde. Y si se perdiera en Cuba una temporada larga, pero larga, larga, hasta que se muera el iberosaurio, tampoco perderíamos nada.
Los economistas que estudian el fenómeno hablan de una teoría de las expectativas racionales. Mas los teóricos de otras ciencias prefieren referirse a él utilizando la expresión profecía autocumplida. Por lo demás, unos y otros suelen alternar el corintio tardío con el barroco plateresco al definirlo en esos trabajos que exigen ahora para justificar lo de los sexenios. No obstante, fuera de las aulas, todos coinciden en que la mejor aproximación a la idea fue aquella que nos repetían los papás de pequeñitos: “Hijo mío, en esta vida serás lo que te propongas”.
Ejemplos, hay a mansalva. Sin ir más lejos, a principios de los ochenta, la Barcelona del Audi negro y el banderín se conjuró para convertirse en un Sabadell con puerto de mar. De entrada, no parecía fácil empeño. Sin embargo, con el esfuerzo de la flor y nata de las fuerzas vivas, en sólo un cuarto de siglo lo hemos logrado. Que la Ciudad de los Prodigios se haya plegado a donar el cetro del Emperador del Paralelo a ese Garibaldi de las Ramblas ha sido la prueba definitiva del éxito en el trance.
Sin duda, en elementos como él debía estar pensando el Doctor Samuel Johnson cuando definió el patriotismo como “el último refugio de un canalla”. Aunque la estampa cómica de un tipo con pinta de dependiente de ultramarinos anunciando a berridos un sendero luminoso de pan con tomate no debiera extraviarnos en lo accesorio. Porque la vulgaridad intelectual del personaje a menudo consigue difuminar su rasgo más notorio: la normalidad absoluta, canónica, de sus dislates.
Cierto es que sólo Dios debe saber cómo se llama, pero, por lo demás, nada hay de original, herético o extraño en su discurso. Así, como se llame se limita a repetir –sin apartarse ni un milímetro del guión– todos y cada uno de los objetivos programáticos que el catalanismo político asumiera ya en la Transición. Entiéndase bien, no discutimos aquí que suyo sea el papel del tonto, pero sí que la Historia (así, con mayúsculas) reserve el personaje del Malo (también, con mayúsculas) a un simple secundario.
Nadie se llame a engaño. Las querellas del histrión pueden ir contra Salamanca, contra la COPE o contra el lucero del alba, qué más da. Pero la otra, la seria, la de verdad, ésa que ha firmado el catalanismo político del siglo XXI en pleno, va dirigida contra España. Y negarse a verlo, por candidez, por miedo o por pura desidia, es dar el primer paso, el decisivo, para consumar otra profecía autocumplida. Una que será ejemplo de libro.
El problema es ZP
El problema no es Anxo Quintana, marxista leninista y nacionalista a ultranza en la región galaica. El problema tampoco es Carod Rovira, lunático antiespañol corroído por el odio y el matonismo político desde una Cataluña donde impera la censura y la corrupción. El problema es José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno del todavía reino de España que, ante la posibilidad de elegir como socios de viaje a aquellos que al final hacen siempre de tripas corazón en aras del interés general y le garantizan una gobernación en minoría pero estable en los asuntos vitales para el país, prefiere poner a la Nación contra las cuerdas con tal de enviar al Partido popular a la marginación y al ostracismo para dejarle fuera de juego de la política.
Zapatero ha elegido parapetarse tras el nacionalismo exacerbado, intolerante, insolidario y totalitario, al cual ha dado un protagonismo desproporcionado y de muy difícil vuelta atrás, para tras destrozar tres décadas de concordia nacional, de transición, de consenso constitucional y de cesiones de la derecha. Intenta aniquilarla por la vía de la provocación, el ataque indiscriminado a todos los valores de la España conservadora, moderna, católica y pacíficamente demócrata.
Así el PP apoyó a Zapatero ante el referéndum de la Constitución europea, rechazado después clamorosamente por franceses y holandeses. Aunque los socios de ZP le dejaron solo, el blanco de los ataques del Ejecutivo socialista sólo fue el partido de Mariano Rajoy. Lo mismo ha ocurrido con la mano tendida en la lucha contra el terrorismo, la política internacional y las otras grandes cuestiones internas del país.
Y es que, el problema es que estamos ante el presidente más radical, irresponsable, populista y manipulador de la democracia. Y que la derecha, en tromba, con su centro torneado incluido ha picado el anzuelo durante este primer año largo de gobierno y ha entrado a todos los trapos del bárbaro catalán regente de Perpiñán, del virrey vasco y ahora lo hace con el nuevo visionario gallego. Ese es el error. Convertir en culpables a quienes sólo son la excusa, el medio, el instrumento para destruir al PP.
El PSOE gobernante y su imperio mediático se ríe a carcajadas. Saben que si la derecha sigue por ahí, lo que van a conseguir es que en las próximas generales Zapatero obtenga la mayoría absoluta para librarle al “pobrecito”, tan “moderado”, con tan buen “talante” y “dialogante” él, de la bota de Perpiñán. El nacionalismo es el cebo, el problema es ZP.
SOBRE lo evidente no cabe discusión: las pancartas pidiendo el paredón para Carod exhibidas en la reciente manifestación de Salamanca son, sencillamente, intolerables; el PP, organizador de la marcha en que acontecieron tales hechos es, por omisión, responsable de que se hayan producido, pues debería haberlos evitado a través del servicio de orden previsto a tal efecto; más allá de las eventuales consecuencias penales de las amenazas a Carod, sobre las que el juez habrá de pronunciarse, los responsables del PP deben disculparse ante el líder independentista catalán con la contundencia y claridad que es de esperar en dirigentes de un partido democrático.
Dicho lo cual, que es lo evidente, cabría añadir algo más que, aunque no lo parezca, lo es también. Pues las amenazas contra Carod y la respuesta de éste ante las mismas son de gran utilidad para ilustrar las muy diferentes varas de medir que algunos políticos nacionalistas aplican en según qué circunstancias a las violaciones de las libertades y derechos. Carod ha dicho, tras conocer lo acontecido en Salamanca, que «no todo vale en un sistema democrático» y que las amenazas proferidas contra él no tienen «nada que ver con la libertad de expresión».
No seré yo quien le quite la razón. Es verdad, y desde esta columna lo he manifestado hasta el cansancio, que no todo vale en democracia y que la libertad de expresión no es, ni puede ser, una libertad ilimitada.
Ambas cosas son verdad, y porque lo son, muchos defendimos en su día que resultaba intolerable que un partido que creía que todo valía en democracia -incluso el asesinato, el secuestro y la extorsión-, y que utilizaba la libertad de expresión para justificar abiertamente tales crímenes, pudiese ser legal.
¿Estaba Carod entre esos muchos? Pues no, no estaba. Y es que el mismo Carod que ahora se escandaliza con razón porque alguien lo amenaza en una manifestación democrática y pacífica, lidera una organización que votó en las Cortes contra la ley de partidos que posibilitó la ilegalización de Batasuna; y volvió a votar, poco después, contra la iniciativa a través de la que el Congreso instaba aquella ilegalización.
Con una vara de medir Carod considera intolerable, por lo tanto, lo que es sin duda intolerable: que se le amenaza y se le insulte. Pero con la otra lleva años defendiendo que no debería haber sido puesto fuera de la ley un partido que legitima la acción de una banda terrorista que ha cometido cerca de mil asesinatos y que ha causado daños físicos o materiales a docenas de miles de personas. Esa es, al parecer, la firmeza y sinceridad de sus ahora cacareadas convicciones democráticas.
POR MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS ABC 15 Junio 2005
VUELVEN a plantearse serias dudas sobre la caracterización del Estado de las Autonomías que la Constitución establece. Ahora el equívoco proviene de los grupos parlamentarios de los dos partidos más importantes en la Comunidad Valenciana, el Popular y el Socialista, que han presentado una misma proposición de ley orgánica para la reforma del Estatuto de su Comunidad. Ha sido un éxito, digno de elogio, el acuerdo alcanzado; pero el contenido de la proposición común resulta constitucionalmente discutible. La luz ha aparecido allí en un panorama con sombras.
Es motivo de preocupación, en el actual momento político español, que sean «Les Corts», o Parlamento autonómico, las que elaboren una Carta de Derechos Sociales para la Comunidad Valenciana. En ese ámbito territorial -leemos en el artículo 10 de la proposición-, y como expresión del espacio cívico de convivencia social de los valencianos, la Generalitat garantizará primordialmente los siguientes ámbitos. Se hace una enumeración larga y detallada: «Defensa integral de la familia; los derechos de otras situaciones de unión legalizadas; protección específica y tutela social del menor; la no discriminación y derechos de las personas con discapacidad y sus familias a la igualdad de oportunidades, a la integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o económica». La lista de derechos continúa: «La articulación de políticas que garanticen la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural; participación y protección de las personas mayores y de los dependientes; asistencia social a las personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social; igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos, en particular en materia de empleo y trabajo; protección social de los brotes de la violencia, especialmente de la violencia de género y actos terroristas; derechos y atención social de los inmigrantes con residencia en la Comunidad Valenciana». El relato de los numerosos derechos que figuran en el proyecto nos advierte que se trata de una nueva Carta, que deberá completar la que se contiene en la Constitución Española de 1978. Pero ¿es esto jurídicamente admisible? ¿Están facultadas las Comunidades Autónomas para que cada una de ellas decida por su cuenta los derechos que reconoce y ampara?
El artículo 139.1 del texto constitucional dice: «Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Y el artículo 149.1.1ª atribuye al Estado la competencia exclusiva para «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales». La igualdad de derechos entre los españoles, vivan donde vivan, pertenezcan a una Comunidad o a otra, parece un asunto incuestionable.
Es cierto que algunos intérpretes anti-uniformistas, con el apoyo de ciertas afirmaciones del Tribunal Constitucional, han intentado convencernos de que la igualdad de derechos es únicamente dentro de cada Comunidad. O sea que en cualquier parte del territorio del Estado todos los españoles son allí iguales. La igualdad se ha de registrar solamente en el interior de cada ordenamiento autonómico.
Si sólo consideráramos el artículo 139.1, tal vez podríamos aceptar esa tesis. Pero hay que tener en cuenta lo que acabamos de indicar que se afirma en el 149.1.1ª de la Constitución.
Dentro de «las condiciones básicas» para el ejercicio de un derecho se encuentran las leyes que lo reconocen, regulan y tutelan, de forma que si una Comunidad, como pretenden ahora los valencianos, acuerda por una ley suya una Tabla amplia de nuevos derechos, ha invadido la competencia que en exclusiva, por mandato del artículo 149.1.1ª, corresponde al Estado.
No cabe, a mi juicio, que las leyes autonómicas completen la Tabla de derechos que figura en la Constitución. Puede ser oportuno y conveniente introducir en el Ordenamiento algunos derechos no previstos en 1978. La revolución de las técnicas de la comunicación, por ejemplo, exige que se regulen los derechos que genera la libertad informática en sus diferentes expresiones. Pero esa tarea de actualización habrá de hacerse mediante una enmienda a la Constitución, no en proclamaciones de los Estatutos.
Abandonemos el cesarismo empírico, o política de afrontar los problemas conforme van presentándose, pero sin ideas claras de actuación. El Estado de las Autonomías no es el resultado de la suma de diversas «partes». No es un Estado compuesto, sino complejo. Precisamente por ello, porque la complejidad de un todo se articula con un eje común, la singularidad de nuestra organización territorial (frente al Estado federal) radica en la existencia de un Ordenamiento jurídico global del que dimanan los ordenamientos autonómicos. Es la Constitución la que da razón y proporciona fundamento a los sistemas autonómicos.
Los redactores de la proposición de reforma del Estatuto valenciano invocan repetidamente los principios y normas de la Constitución Española. Hay que aplaudir esas manifestaciones expresas de lealtad. Pero no basta con afirmar que la revisión del Estatuto debe hacerse dentro de la Constitución, sino que las modificaciones sugeridas tienen que encajar efectivamente en la Constitución. Hoy me he referido a la Carta de Derechos Sociales. Pero en otros capítulos, como ocurre en el V, relativo a la Administración de Justicia, gravita la idea equivocada de caracterizar el Estado de las Autonomías como una especie de Estado federal.
El día de mañana, si el pueblo español, titular del poder constituyente, decide instaurar un Estado federal, nada podrá oponérsele. Pero mientras esa decisión soberana no llegue, el Estado federal es un extraño en el actual sistema jurídico-político. No hay «partes» de un imaginado Estado compuesto, cada una con su propia Carta de Derechos.
Los españoles somos iguales, hoy por hoy, en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, con una misma regulación de las condiciones básicas, entre ellas -claro es- las leyes que los reconocen y protegen. No es admisible, constitucionalmente hablando, una Tabla de derechos en una Comunidad Autónoma y otra Tabla en la vecina. O en otra cualquiera.
Y para quienes pudieran creer que la Tabla valenciana contiene sólo derechos de los denominados «retóricos» (sin trascendencia práctica alguna o incidencia en el Ordenamiento jurídico), el último apartado del citado artículo 10 de la proposición de ley orgánica puntualiza: «La Generalitat, en el marco de su competencia y organización jurídica, promoverá las condiciones necesarias para que los derechos sociales de los ciudadanos valencianos y de los grupos y colectivos que se integran sean objeto de una aplicación real y objetiva».
A cada día le basta con su periódico. Le bastaba incluso con la columna de Campmany. Son horas muy tristes para la gente de ABC. Ayer, en la prensa de Madrid, muchas y buenas páginas en el adiós al maestro. Otros callan: para ellos, no hay mejor respuesta que el silencio. Todos al fin sumidos en ese miedo al vacío que nutre sin remedio la condición humana.
¿Hablar de Murcia? Algún lector se sorprende, quizá. Extraño país el nuestro. No hay que dar explicaciones cuando se trata una y mil veces acerca de Cataluña y el País Vasco. ¿Somos iguales los españoles? Algún especialista debería medir en términos cuantitativos la presencia de las distintas Comunidades Autónomas en los medios de alcance nacional. Por supuesto, el esfuerzo de los mejores está siempre ocupado en discutir sobre esencias identitarias y egoísmos insolidarios. Naciones o comunidades nacionales o nacionalidades... Las regiones, a la cola. A veces se refieren a ellas con desprecio. Con un matiz: si se habla de regiones «transfronterizas» o de órganos de apariencia supranacional (Comité de las Regiones, por ejemplo) los líderes nacionalistas dejan de lado sus remilgos terminológicos. Es preciso, aquí y ahora, reivindicar los derechos de quienes sólo quieren ser parte integrante de la patria común: nada menos... Configuran un mapa hermoso y variopinto, muchas formas confluyentes de ser españoles. Tenemos que hablar de ellas con frecuencia y con afecto. Nunca se debe minusvalorar su condición. He aquí un capítulo pendiente, como tantos otros, de la batalla de las ideas.
Murcia es una región próspera, creativa, bien gestionada. Cuando aprieta la sequía, reclama con dignidad esa agua que merece. El derecho al agua es un serio candidato a encabezar la próxima generación de derechos fundamentales. Vienen malos tiempos y vamos a echar de menos los planes hidrológicos mal anulados. Murcia sabe de Universidad: por allí pasaron muchos maestros, como Rodrigo Fernández-Carvajal o Antonio Truyol, entre los más cercanos a mi materia. Sabe de cultura, desde la poesía y los monumentos hasta el arte contemporáneo, como prueba ese atractivo museo de Cristóbal Gabarrón inaugurado hace unos días. Sabe más que nadie de la huerta, de la playa y de la mina, sustento de una peculiar estructura social y económica. Contempla las cosas desde una óptica doble, en la capital y en su otro yo cartagenero. Practica la templanza y el hedonismo natural. Esconde la fórmula para ser original y no hacer el ridículo, ese «secreto encanto de la vida», como decía Azorín, otro levantino ilustre de esta Casa centenaria. En Murcia descansa desde ayer Jaime Campmany, una vez cumplida fielmente la tarea de enviar al periódico la columna del último día.
EL problema no reside, aun siendo un gran lastre para el metabolismo nacional, en los casi seiscientos mil funcionarios que pueblan la Administración central del Estado. El afrancesamiento de nuestro modelo burocrático exige muchas manos atentas a la voz de mando de los políticos de turno y, sobre todo, de las figuras integradas en los grandes cuerpos, que no tienen más turno que el de su propio capricho para traspasar su presencia de la rutina pública, en la que son perpetuos, a la amenidad privada y mejor retribuida. El verdadero problema, al que no se refiere el ministro de Administraciones Públicas, un poco en razón de la incompetencia general del Gobierno y un mucho en acatamiento a su falta de competencias, es el de la elefantiasis de las administraciones autonómicas y, por extensión y contagio, de las municipales.
Aun no siendo la parte principal del problema, el Gobierno anuncia ahora, en la voz de Jordi Sevilla, la prejubilación incentivada de los funcionarios con más de 58 años. Es decir, que el Gobierno toma para sí la solución a los excesos de plantilla que desaconsejan a las empresas privadas. Parecen más sabios en la casa ajena que en la propia; pero dese todo por bueno si, en una de ésas, se reduce en algo, aunque sea en poquito, la carga del hiperfuncionariado en nuestros esquilmados bolsillos contribuyentes.
Entre las razones, no todas económicas, que manejan los sabios gubernamentales para fundar su proyecto figura, y me alarma, el afán de rejuvenecer el funcionariado. Quieren que los servidores del Estado sepan, por ejemplo, manejar el ordenador sin temor a los calambres de la ignorancia. ¿No se puede formar a los funcionarios talluditos para podernos ahorrar el gasto de su jubilación anticipada sin el bien complementario de la amortización de sus plazas?
Dos millones y pico de funcionarios para atender las necesidades administrativas de cuarenta millones de vecinos nos proporcionan, siempre con el consuelo del mal ejemplo francés, el porcentaje más alto de funcionarios por mil habitantes de todo el continente. Peor aún: tenemos, redondeando, el mismo número de empleados públicos que los siempre vituperados EE.UU. ¿Hay algo que lo justifique, además de una mala costumbre establecida y el irresponsable sentido nacional de que «lo público» no lo paga nadie y que los cauces del Estado son tan elásticos como los criterios de José Luis Rodríguez Zapatero cuando dice, supongo que después de haberlo pensado, que cada país de la UE debe seguir «su propio ritmo»?
El diablo, cuando no sabe qué hacer, mata moscas con el rabo, y este Gobierno, que tiende a no saber nunca cuál es el camino conveniente, le imita haciendo proyectos vanos, huecos, para que al final todo siga donde estaba, pero con un pelín menos de rigor. Una calamidad.
EL juez Pedraz no ve motivos para que Ignacio de Juana Chaos, uno de los más sanguinarios terroristas, siga en la cárcel. Según el magistrado «no hay base para acreditar que el imputado pertenezca a ETA», pese a que De Juana formó parte del «consejo asesor» que la banda terrorista creó en las prisiones para participar desde la sombra en la siniestra estrategia criminal. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado creen que lo «más probable» es que el ex pistolero del «comando Madrid» siga la estela de Josu Ternera y se incorpore a la dirección de ETA cuando salga en libertad. La ley puede prestarse a interpretaciones, pero la más recta no es aquella que permite a un asesino burlar el Estado de derecho; la libertad de De Juana Chaos ofende y hiere.
Un auto del juez Fernando Grande-Marlaska impidió la puesta en libertad el pasado mes de febrero del miembro de ETA e integrante del 'comando Madrid' José Ignacio de Juana Chaos, tras haber cumplido en prisión sólo 18 años de los 30 que como máximo establecía el Código Penal vigente cuando fue condenado a penas de más de 3.000 años por su participación en 11 atentados terroristas y 25 asesinatos. Grande-Marlaska consideró que las cartas del etarra y dos artículos publicados en el diario 'Gara' eran motivos suficientes para decretar su procesamiento y su prisión incondicional. A la vista de las pruebas y de la documentación presentada, otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha entendido ahora que no está acreditado que «el imputado pertenezca a ETA» y que el frente de los presos de la banda no está considerado como una organización terrorista, por lo que sólo se evitará su excarcelación si prospera el recurso que presentará el Ministerio fiscal.
Es evidente que la puesta en libertad de De Juana Chaos, sin ningún gesto de arrepentimiento, sin haber pedido perdón ni resarcido a sus víctimas y sin desvincularse de la banda terrorista es un agravio para toda la sociedad y en particular para quienes han sufrido directamente sus crímenes. Y también lo es que el Estado de Derecho debe aplicar todos sus medios en la búsqueda de argumentos legales y penales que justifiquen su continuidad en prisión. Pero mientras esto no se produzca, De Juana Chaos tiene derecho a los beneficios del Código Penal de 1973, de acuerdo con el que fue juzgado. Y eso, aun sabiendo que con las reformas introducidas en la pasada legislatura su permanencia en la cárcel sería inevitable; pero su aplicación retroactiva es inviable en tanto que inconstitucional.
El respeto al Estado de Derecho, la vigencia de la Ley, tiene en ocasiones esta faceta dolorosa: ver la desproporción que existe entre el daño causado y el dolor producido, entre el delito cometido y la pena satisfecha, sin que medie suficiente reparación. Por eso es de esperar que el recurso de reforma planteado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional permita al juez Pedraz rectificar y mantener el procesamiento y la prisión para quien no ha manifestado el más mínimo signo de enmienda por tantísimo mal causado. Entretanto, sólo cabe reforzar todos los mecanismos que permiten a nuestra democracia luchar contra el terrorismo y contra la acción corrosiva que todo lo que le rodea ejerce en nuestra sociedad.
No se puede permitir Ibarretxe el lujo de despreciar ni un voto si lo único que le importa es, como parece, repetir como lehendakari de la nueva legislatura. Las urnas no le dieron la mayoría necesaria para poder gobernar con holgura y, por eso, él se reserva la opinión ante el mensaje rotundo del socialista Patxi López que, al presentar su candidatura a la Lehendakaritza, ya ha dicho que no aceptará los votos de EHAK. El PNV, más bien al contrario. Está dispuesto a aceptar el apoyo de los Comunistas de las Tierras Vascas cuyos máximos portavoces fueron ayer nada menos que Otegi (además de pertenecer a la ilegalizada Batasuna no es parlamentario) y el sindicalista de LAB, Rafa Díez, que le decía al lehendakari que no podía esperar que EHAK le diese su apoyo a cambio de nada.
A medida que se acerca la fecha de la sesión de investidura, afloran los nervios entre los partidos que formaron parte del anterior Gobierno vasco, mientras algunos observadores siguen impasibles ante la omnipresencia de Otegi como si fuera el mentor de EHAK. Desde el PNV no se ha podido ser más claro en torno al enfoque de la nueva legislatura aletargada, que no acaba de arrancar, dos meses después de las elecciones. Ni se va despreciar los votos de EHAK, porque todo es bueno para el convento en tiempos de crisis, y, además, el plan Ibarretxe no sólo no está olvidado sino que se intentará aplicar en cuanto se descuide la ciudadanía. Una situación algo comprometida para Madrazo, según le recordaba ayer el socialista Ares que, para refrescar la memoria, se limita a reproducir el diario de campaña del representante de EB que, en efecto, no se cansó de repetir, durante la contienda electoral, que no formaría parte de un Gobierno que tuviera como programa el plan Ibarretxe.
Que habrá baile en el Parlamento vasco, ya nadie lo pone en duda. En los escaños de la oposición democrática figuran no pocas víctimas del terrorismo a quienes la persecución que han sufrido les ha vuelto, con el tiempo, menos ingenuos y más molestos de lo que los partidos que gobernaron en la pasada legislatura están dispuestos a tolerar. Observan con indignación el proceso judicial del etarra De Juana Chaos. El juez dice que no está acreditado que este preso que cumple condena por haber cometido 25 asesinatos « se haya vuelto a integrar en ETA». Mientras los socialistas vascos decían que «no se puede entender que este individuo salga a la calle», los populares se preguntan si el mismo que celebraba con cava los asesinatos y que no ha manifestado en ningún momento arrepentimiento sobre su terrorífica trayectoria no acabará sentado en un escaño del Parlamento vasco.
J.A.M.A email 15 Junio 2005
En Euskadi, país de la irrealidad y de la niebla, prima el más fiero realismo. Ni en sueños podríamos juntar a un grupo de intelectuales como los abajofirmantes del manifiesto catalán contra la uniformidad nacionalista. ¿Quién se va a dedicar aquí a escribir novelas, ensayos filosóficos o piezas de teatro pudiendo escribir amenos, originales y valiosos volúmenes sobre el problema vasco, el contencioso vasco o lo que sea, siempre que sea vasco? Igual que las oscuras golondrinas, pero luciendo frescas americanas de hilo contra el sol traicionero de junio, vuelven los escritores y los intelectuales estas semanas últimas. No hablo de los plumíferos que anidan en las casetas de mecanotubo de la Feria del Libro, sino de los intelectuales catalanes que acaban de presentar en Barcelona y para todo el mundo (todo lo que se publicita o se publica en Barcelona o desde Barcelona es para todo el mundo) un manifiesto en el que se pretende llamar la atención sobre la situación de "uniformidad nacionalista" que se vive en Cataluña. Lo que no consiguió Jordi Pujol a lo largo y lo ancho de su mandarinato lo ha logrado esa pareja única (esa pareja cómica y hasta un poquito trágica) formada por Maragall y Carod-Rovira. Ellos han conseguido que los intelectuales abandonen sus torres de marfil (famosas) y se presten a bajar a la arena de la plaza pública como raras golondrinas urbanas, con sus americanas de hilo bajo el brazo.
Las críticas no han tardado en aflorar como flores carnívoras. Para algunos, lo peor de todo (lo peor del manifiesto de los intelectuales contra el nacionalismo catalán) son las americanas de hilo que se gastan sus conspicuos firmantes. Según el portavoz de CiU, Felip Puig, nos encontramos ante una iniciativa "pijo-progresista". Otros, en cambio, advierten que Boadella, Arcadi Espada, Félix de Azúa, Ivan Tubau o el filósofo Eugenio Trías son, antes que nada (antes que pijos y que progresistas) profesionales del resentimiento. Unos y otros intentan torpedear al nonato partido político que los intelectuales barceloneses han propuesto "al estilo radical italiano, en defensa del constitucionalismo claro y neto". Los malintencionados ya se han apresurado a sacar del armario a Alejandro Lerroux y a colocarle una bonita americana de hilo, a ver a quién de todos los abajofirmantes se parece el tramposo radical.
Lo que nadie desmiente, ni siquiera el simpático Felip Puig, experto en pijerío barcelonés (con o sin Lamborghini), es que "sostener una opinión contraria al catalanismo no es posible en Cataluña". Tampoco se dice nada del "elevado número de multas que se imponen desde la Dirección General de Política Lingüística y la obligatoriedad de ostentar el título C de catalán para impartir clases en la universidad de Cataluña". Hablan los redactores del manifiesto contra la uniformidad nacionalista de la ficción que gobierna la vida en Cataluña, porque saben que tarde o temprano la ficción se convierte en realidad a base de decretos, reglamentos, concursos amañados y apañados pesebres de diseño. Las cosas, a menudo, acaban siendo como las recordamos, soñamos o pensamos en lugar de como son o han sido realmente. Y la palmaria demostración del triunfo pleno de la irrealidad y de la ensoñación la tenemos en el país de los vascos, donde ya ni siquiera es posible una propuesta como la que terminan de presentar en Barcelona los escritores catalanes.
En Euskadi, país de la irrealidad y de la niebla, prima en cambio el más fiero realismo. El primer síntoma de nuestro realismo es que, ni en sueños, podríamos juntar a un grupo de intelectuales como los abajofirmantes del manifiesto contra la uniformidad nacionalista. ¿Quién podría citar en España el nombre de tan sólo media docena de escritores vascos en castellano que no estuvieran muertos como Pío Baroja o Unamuno? ¿Quién se va a dedicar en Euskadi a escribir novelas, poemarios, ensayos filosóficos o piezas de teatro pudiendo dedicar sus energías y su inteligencia a escribir amenos, originales y valiosos volúmenes sobre el problema vasco, el drama vasco, el contencioso vasco o lo que sea, siempre que sea vasco? Libros que irán a dar, inevitablemente, a las mesas de saldos o a la guillotina. Hay autores conscientes, quizás, de que su única posibilidad de ser y de estar en España es el cultivo desesperado e intensivo del pulguero político vasco. Para los suplementos culturales españoles, las letras vascas no son los poemarios, las novelas o libros de relatos escritos por vascos, sino los textos sobre el monotema, su hermenéutica y su metafísica. Paradójicamente, sólo los creadores de ficción son capaces de acercarnos fielmente a lo real. Con sus chaquetas de hilo y con sus manifiestos "pijo-progresistas".

References: artículo 10
 artículo 139
 artículo 149
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 artículo 10