Source: http://beneficiosjudiciales.blogspot.com/2012/07/variacion-de-la-jurisprudencia-la.html
Timestamp: 2017-11-25 01:39:20+00:00

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VARIACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA; LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 1121 DE 2006 NO INCLUYE LA REDUCCIÓN DE PENA POR REPARACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 269 DEL C.P. - PROCESO ACUSATORIO: IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA. - LAS PROHIBICIONES GENÉRICAS DE CONCESIÓN DE CUALQUIER BENEFICIO LEGAL, JUDICIAL O ADMINISTRATIVO, NO INCLUYEN LA REDENCIÓN DE PENA, ESPECIALMENTE LAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 26 DE LA LEY 1121 DE 2006, 199.8 DE LA LEY 1098 DE 2006, 32 DE LA LEY 1442 DE 2007, 13 DE LA LEY 1474 DE 2011 Y 28 DE LA LEY 1453, TAMBIÉN DE 2011.
Casación Rad. 35767
Wilson Edilberto Vivas
- Variación de la jurisprudencia;
La prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 no incluye la reducción de pena por reparación prevista en el artículo 269 del C.P.
- Proceso Acusatorio: importancia de la justicia restaurativa.
- Las prohibiciones genéricas de concesión de cualquier beneficio legal, judicial o administrativo, no incluyen la redención de pena, especialmente las contenidas en los artículos 26 de la Ley 1121 de 2006, 199.8 de la Ley 1098 de 2006, 32 de la Ley 1442 de 2007, 13 de la Ley 1474 de 2011 y 28 de la Ley 1453, también de 2011
Proceso nº 35767
Una vez ejecutoriado el auto mediante el cual no se seleccionó para el trámite casacional la demanda interpuesta contra la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, procede la Sala de oficio a ocuparse de la posible vulneración de la legalidad de la pena, conforme se anunció en el auto inadmisorio.
Así fue resumido el episodio fáctico en la sentencia de segunda instancia:
“De los audios aportados se tiene que la investigación se inició el 4 de agosto de 2010, siendo las 3 y 5 minutos aproximadamente, después que de la información suministrada por VÍCTOR NEREO CAMEJO, fue capturado en flagrancia el señor WILSON EDILBERTO VIVAS con otro sujeto en el parque la Jirafa de esta ciudad [Arauca], luego del operativo policial desarrollado, por cuanto VIVAS, había extorsionado al mencionado VÍCTOR CAMEJO: ese día de los hechos, se presentaron dos sujetos entre ellos el procesado, en una motocicleta a recibir un dinero de la víctima y al presentarse al lugar a reclamar el dinero, al momento de recibirlo, fueron interceptados por funcionarios del DAS, presentándose al parecer un forcejeo para tratar de arrebatarle el arma a uno de los efectivos del DAS.”
En audiencia celebrada el 5 de agosto de 2010 se sometió a control de legalidad la captura y la incautación de unos elementos, y seguidamente se formuló imputación por extorsión en grado de tentativa, la cual fue aceptada sin reparos por el señor VIVAS, a quien inmediatamente después se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.
El 6 de septiembre siguiente se realizó la audiencia de individualización de pena y el 13 del mismo mes la de lectura del fallo –en el que se le impuso una pena de prisión de 108 meses, multa en cuantía de 470 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad-, oportunidad en la cual el defensor interpuso el recurso de apelación contra la sentencia, centrando su inconformidad en la dosificación punitiva, entre otras razones por no haberse reducido las penas como consecuencia de la reparación de perjuicios realizada por el imputado, además de solicitar la declaratoria de nulidad, peticiones que fueron resueltas de manera adversa por el Tribunal Superior de Arauca, por medio de providencia calendada el 8 de noviembre siguiente, contra la que a su vez el defensor interpuso el recurso extraordinario de casación, el cual fue inadmitido por auto de 9 de marzo de 2011.
En esta decisión, la Sala advirtió la posible vulneración del principio de legalidad de la pena, razón por la cual ordenó que una vez se surtiera el trámite de insistencia regresara al Despacho del Magistrado Ponente para ocuparse de dicho tópico.
Según la facultad que le otorga el artículo 184 inciso 3º de la Ley 906 de 2004, la Corte ha precisado que atendiendo los fines de la casación, le surge el deber de actuar oficiosamente sin que medie la realización de audiencia de sustentación o la convocatoria del Ministerio Público, cuando –no obstante haber inadmitido la demanda de casación- advierta la necesidad de hacer efectivo el derecho material, preservar o restaurar las garantías de los intervinientes, reparar los agravios inferidos a éstos o unificar la jurisprudencia por razones distintas a las planteadas en el libelo.
El Juzgado Promiscuo Municipal con Funciones de Conocimiento de Arauca mediante sentencia calendada el 13 de septiembre de 2010, decidió condenar a WILSON EDILBERTO VIVAS a 108 meses de prisión, multa de 470 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la aflictiva de la libertad, al hallarlo responsable del delito de extorsión en grado de tentativa; a la vez que le negó la reducción prevista por el artículo 269 del Código Penal –no obstante existir prueba documental de haber reparado integralmente a la víctima durante el curso del proceso-, aduciendo la existencia de expresa prohibición del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, según se pone de manifiesto en el fallo.
“ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.”
A efectos de precisar de una vez, cuál es el presupuesto de hecho contemplado por dicha norma para rebajar la punición en los delitos contra el patrimonio económico –como la extorsión-, se encuentra conveniente transcribir dicho canon:
“Art. 269. El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.”
La interpretación que hasta la fecha viene haciendo la Sala sobre esta materia[1], es que debe entenderse que la pena del delito de extorsión no es susceptible de reducirse conforme lo ordena el artículo 269 del Código Penal, por cuanto este descuento se encuentra prohibido por el mencionado artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Veamos.
La Sala entendió inicialmente que el artículo 11 de la Ley 733 de 2003, dejó de ser aplicable a partir de la entrada en vigencia de las Leyes 890 y 906 de 2004 por operar una derogatoria tácita, y así lo reconoció al admitir que[2]:
En síntesis, las prohibiciones contenidas en el artículo 11 de la Ley 733 de 2002 no son aplicables a los delitos de secuestro, extorsión, secuestro extorsivo, terrorismo y conexos cometidos a partir del primero de enero de 2005, en los Distritos en los que rige a plenitud la Ley 906 de 2004…” (Destacado fuera del texto original)
Esta hermenéutica la sostuvo durante algún tiempo[3], hasta cuando la Ley 1121 de 29 de diciembre de 2006, reprodujo el texto del artículo 11 de la Ley 733 de 2002, con las diferencias de que en la nueva normativa se excluyó el delito de secuestro simple y se incluyó el de financiación del terrorismo.
Así, la Sala reconoció que las prohibiciones mencionadas en la Ley 1121 de 2006 operaban para los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos cometidos en su vigencia, sin importar el sistema procesal que rigiera la actuación[4], pues tanto imperaba para la Ley 600 de 2000 como para la 906 de 2004; y, desde entonces se viene considerando que, como quiera que el artículo 11 de la Ley 733 de 2002 fue reiterado por el Legislador, “por razones de política criminal”[5], resulta inaplicable la reducción contenida en el artículo 269 del Código Penal a los delitos de extorsión, constituyéndose en el criterio hermenéutico que hasta ahora se mantiene.
“Es decir, siendo consecuente con los principios que rigen la Ley 906 de 2004, la Sala consideró pertinente restarle efecto jurídico a una norma que se mostraba incongruente con el nuevo sistema procesal penal, advirtiendo por supuesto que, ello sería así, salvo que el legislador optara de manera inequívoca por reproducir nuevamente el precepto normativo con fundamento en razones de política criminal.”
El artículo 4º de la Ley 169 de 1896 otorga a la Corte la facultad de modificar su doctrina cuando advierta la presencia de elementos que consistentes conduzcan a una más adecuada interpretación, de cara al ordenamiento jurídico, opción frente a la cual esta Sala ha precisado que[6]:
“En este orden de ideas, la Sala no sólo está facultada para analizar, en sede de casación, si su anterior jurisprudencia no se compagina con los valores, principios y derechos en los cuales está sustentado el orden jurídico, sino además está facultada para variar, morigerar, precisar o reorientar (según el caso) las posturas jurídicas sostenidas en pronunciamientos precedentes, “para evitar prolongar en el tiempo las injusticias del pasado, haciendo explícita tal decisión”[7].
Lo anterior, por cuanto “las eventuales equivocaciones del pasado no tienen por qué ser la justificación de inaceptables equivocaciones en el presente y en el futuro”[8].
En efecto, la Ley 733 de 2002 “Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a erradicar los delitos de secuestro, terrorismo y extorsión, y se expiden otras disposiciones”[9], fue promulgada en el marco de un contexto de investigación y juzgamiento de orden mixto con tendencia inquisitiva, dado que a la fecha regía la Ley 600 de 2000; escenario que fue modificado, inicialmente por el Acto Legislativo 03 de 2002 y posteriormente por la Ley 906 de 2004, reformas que colocaron la sistemática procesal en materia criminal en el marco de un proceso adversarial.
Y en estos nuevos horizontes las víctimas tienen un lugar destacado, al punto que se elevó a categoría Superior la justicia restaurativa[10], a partir de la reforma constitucional de 2002; modelo según el cual, quienes sufrieron las consecuencias del delito deben, o pueden, ser parte del tratamiento que se otorgue a su agresor o victimario en el entendido de que en lo posible se debe devolver el conflicto a su contexto inicial, a fin de que se recomponga o restaure el tejido social que no logra componer la pena.
Este esquema justicialista implica una profunda redefinición del modelo tradicional surgido como consecuencia de haber hecho pública la venganza que hasta entonces era privada, en el cual se entendía que la ofendida con el delito era la comunidad toda, como consecuencia de la lesión a una norma o a un bien jurídico. En cambio, en la dimensión de la justicia restaurativa, se recupera la posición del perjudicado en la reivindicación de su dolor y en la reparación de sus expectativas rotas, y se desplaza -definitiva o parcialmente- al aparato represor del Estado, según el instituto que se active para su satisfacción. Porque la justicia restaurativa al incrementar el protagonismo de la víctima en la decisión del conflicto del que es parte, considera que es ella, una persona concreta, la que debe -o puede- asumir la agencia de su propia condición, en procura del restablecimiento, o la restauración, tanto de su perjuicio, como de las relaciones interpersonales, indiferentes para la retribución penal.
La Corte Constitucional explicó el alcance de dicho modelo de justicia en el marco del sistema acusatorio, adoptado en el Acto Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004, al afirmar[11]:
El modelo de justicia restaurativa parte de la premisa de que el delito perjudica a las personas y las relaciones, y que el logro de la justicia demanda el mayor grado de subsanación posible del daño. Su enfoque es cooperativo en la medida que genera un espacio para que los sujetos involucrados en el conflicto, se reúnan, compartan sus sentimientos, y elaboren un plan de reparación del daño causado que satisfaga intereses y necesidades recíprocos.”
La Sala ha dado al artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 el mismo tratamiento que se le otorgó al art. 11 de la Ley 733 de 2002, cuando, como se viene señalando, responden a ambientes políticos y constitucionales completamente diferentes.
Incluso dicha ley se originó por sugerencia de la Sala, tal como se pone de presente por ella misma[12]:
3. Respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y de la prisión domiciliaria, la posibilidad de ser acordadas a través de las negociaciones que realicen fiscalía e imputado, convenios que obligan al juez excepto si son lesivos de las garantías fundamentales, no admite exclusiones por la naturaleza del delito a menos que se exprese en contrario una inequívoca voluntad legislativa manifestada a través de una ley que se expida en la nueva y transformada realidad del sistema procesal penal. Entre tanto, la prohibición deviene insubsistente.”
Un derecho premial, que admite pactar sobre todas las consecuencias de la aceptación de la imputación, no sólo de las penales sino también de las civiles y, entre aquéllas, además de la cantidad de sanción también respecto de las condiciones para su ejecución; y que apoya su efectividad precisamente en el sistema de negociaciones porque de lo contrario colapsaría[13], no tolera exclusiones generalizadas como las consignadas en la Ley 733 del 2002, a menos que por razones de política criminal, pensadas y adoptadas dentro de esa nueva realidad, se haga expresa e inequívoca –se insiste- la voluntad legislativa de establecer algunas prohibiciones al régimen de negociaciones”.
En efecto, aunque el proyecto de ley No. 208 Senado - 138 Cámara- “por el cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones” inicialmente no contenía tal precepto, el pliego de modificaciones suscrito por los ponentes Germán Vargas Lleras, Ciro Ramírez Pinzón, Mario Uribe Escobar y Héctor Helí Rojas, pidió la inclusión de la norma, solicitud que fue aprobada por la comisión primera del Senado de la República[14] y que luego, vino a ser variado solamente para excluir el delito de secuestro simple e incluir el de financiación del terrorismo. Las razones que justificaron la norma se trascriben a continuación por resultar fundamentales para esclarecer su ámbito de aplicación:
“- Por otra parte, se propone introducir un artículo nuevo, retomando el artículo 11 de la Ley 733 de 2002, a través del cual se excluyó la posibilidad de conceder subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión y conexos.
A esta conclusión podría oponerse que la referencia expresa del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 a las instituciones procesales de la sentencia anticipada y la confesión descartaría su aplicación en el nuevo sistema procesal por no contener todos los mecanismos procesales previstos en los dos sistemas coexistentes (entre ellos, el allanamiento o la aceptación de cargos y los acuerdos o preacuerdos de negociación); no obstante, para la Sala ello obedece a una omisión relativa, pues se insiste, de los antecedentes legislativos es posible determinar que el ánimo del Congreso de la República fue procurar que desde la expedición de la norma, los procesados por los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, carecieran de la posibilidad de obtener beneficio alguno diferente a los de colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre y cuando fuera eficaz.”
Las otras funciones de la sanción (artículo 4º del Código Penal) tienen explicaciones diferentes, por ejemplo, que la protección especial surge para impedir la continuación de la actividad delictiva y la venganza privada y que ésta se imponga sobre la estatal, y la prevención general se orienta a la evitación de nuevas conductas similares a partir de la advertencia de que quien afecte la igualdad y la paz social por medio de un delito, será efectivamente castigado. Ya la resocialización deviene de la irrupción del Estado social, en el ambiente político del Siglo XX desde la convicción de que la pena debe servir para preparar al penado, para convidar al convicto a que vuelva al seno de la sociedad de la cual hacía parte; objetivo que contrasta con la tendencia de tratar a los delincuentes como enemigos que no se merecen las garantías que el Estado soberano conserva para sus súbditos.
Claramente ha dicho la Corte Constitucional que[15]
“La Corte manifiesta la legitimidad del trabajo obligatorio, el cual, aparte de estar conforme con el Convenio 29 de la OIT, es un elemento dignificante, ya que afianza el dominio del hombre sobre sí mismo, es decir, lo realiza como persona, en orden siempre al ascenso de sus propias capacidades. El trabajo, pues, como supremacía del raciocinio humano, que se vierte bien en una idea, o en hechos, cosas y situaciones, tiene al tenor de nuestra Carta Política, una triple dimensión armónica: como principio, como derecho y como deber. Es en virtud de lo anterior que el Convenio citado de la OIT, en su art. 2o., num. 1o., admite el trabajo forzado en las cárceles como elemento perfeccionante. Entendido el trabajo como un movimiento perfeccionador que el hombre ejerce como persona, el trabajo aludido en el artículo sub examine, comprende también la labor intelectual, que es igualmente reedificadora y resocializante.”
Una tal concepción de pena, sin trabajo, atenta contra los más elementales principios de la dignidad del condenado, y equivale a un vergonzoso retroceso a las épocas del terror propias del Antiguo Régimen. No en vano el Pacto de San José, dentro de los alcances del derecho a la integridad personal, advierte que[16] “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.”, como forma de advertir que de no ser así se estaría dando al condenado privado de la libertad un trato degradante en tanto se le niega la posibilidad del trabajo con consecuencias para el reconocimiento de su tiempo de privación de la libertad, y por esa vía se considera que tal conducta afecta la integridad personal, o sea, contribuye a desintegrarlo como persona, lo cual, se insiste, va en contravía del declarado carácter de Estado social que la Constitución reconoce a nuestra organización política.
En esta materia, el legislador del 2.000, consagró gran cantidad de situaciones de agravación punitiva, así como circunstancias, tanto de atenuación, como de exclusión de pena, referidas a la degradación del daño producido con la conducta punible, situaciones que de no ser así, propiciarían reacciones desproporcionadas generando injusticia y desequilibrio en la conmutatividad.
También, en punto de exclusión, el artículo 129 del estatuto punitivo consagra una circunstancia eximente de responsabilidad para el delito de abandono, cuando se desista de tal actitud, esto es siempre que ninguna otra persona haya acudido al auxilio del menor y que no hubiere sufrido lesión. De la misma manera, en los artículos 224 y 225 se incorporan causales que excluyen la responsabilidad penal en relación con los delitos de injuria y calumnia cuando se prueba que lo que afirma el supuesto calumniador o injuriador es verdadero; o cuando éste se retracta de sus imputaciones delictivas o deshonrosas. Igualmente el artículo 452 incorpora la eximente de responsabilidad penal para la fuga de presos cuando el interno evadido se presenta dentro de las treinta y seis horas siguientes a su huida[17], para solo mencionar algunos eventos con base en los cuales se morigeran los rigores de la pena, ciertamente acudiendo el legislador al principio de proporcionalidad.
La Corte Constitucional explica la proporcionalidad, en la mencionada sentencia C-647 de 2.001, en los siguientes términos:
“Como quiera que el delito vulnera un bien jurídico protegido por la ley, la proporcionalidad de la pena exige que haya una adecuación entre la conducta delictiva y el daño social causado con ella, habidas las circunstancias que la agraven o la atenúen, lo que supone de suyo que la proporcionalidad traza los límites de la pena y la medida concreta de la misma, asunto que corresponde establecer al legislador e individualizar al juez dentro de los límites mínimos y máximos señalados por aquel, analizadas las circunstancias concretas de modo, de tiempo y de lugar, así como las particulares en que se sitúe el agente del delito, todo lo cual constituye el amplio campo donde se desarrolla la dosimetría penal.”
A diferencia de estas consecuencias punitivas surgidas de la proporcionalidad justa de la conmutatividad, están los beneficios originados en comportamientos netamente procesales, como el descuento por confesión - reconocido por anteriores sistemas normativos-, o el originado con la actitud de no discutir la imputación y en cambio aceptar los cargos allí formulados, entre otros, en tanto esencialmente no reivindican a la víctima dado que tienen una naturaleza diferente, son premios conferidos en función de la eficacia de la administración de justicia, pero en manera alguna pueden entenderse como expresión de conmutatividad o proporcionalidad de la pena.
Justamente por eso hay que leer aquéllos con una perspectiva diferente a la de éstos, conmutatividad y proporcionalidad, versus eficacia y efectividad de la administración de justicia. En los primeros es directamente beneficiada la víctima y con ella el orden social que la justicia pretende restablecer; y con los beneficios de orden procesal, se privilegia la operatividad, la eficacia de la administración de justicia y por ende su imagen.
El artículo 3º del Código Penal reconoce a la proporcionalidad como principio rector de la sanción penal y por tanto tiene connotación de esencial y orientadora del sistema penal[18]
Se trata del artículo 68 A del Código Penal, creado por el canon 32 de la Ley 1142 de 2007[19], que a la letra dice:
“ARTÍCULO 32. La Ley 599 de 2000, Código Penal, tendrá un artículo 68A el cual quedará así:
Exclusión de beneficios y subrogados. No se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.” (Destacado no original).
En efecto, en la sentencia de casación de 28 de octubre de 2009, radicado 31568, en la cual de manera unánime la Sala fijó el alcance de la expresión residual del artículo 68 A del Código Penal[20], en el sentido de que se debe entender que la reducción punitiva contenida en el artículo 269 del Código Penal, no entra en la categoría de beneficio legal, manifestó:
7. Ha sostenido la jurisprudencia que los beneficios penales son aquellos mecanismos que favorecen la situación jurídica del procesado “con base en supuestos y valoraciones procesales o sustanciales que se cumplen con posterioridad a la consumación del delito, no se identifican con los elementos que estructuran la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la responsabilidad por el punible imputado, o los grados de participación.”[21]. En ese orden, su concurrencia solo incide en la pena una vez individualizada.
Si bien manifestó en la providencia del 27 de octubre de 2004, ya citada, que son beneficios penales, entre otros, las deducciones de pena por confesión, la sentencia anticipada, la reparación en los delitos contra el patrimonio económico o el reintegro en los delitos contra la administración pública o las deducciones por colaboración eficaz, lo cierto es que, tal como se aclaró en la sentencia del 24 de octubre de 2007 (radicado 22.065), “la rebaja punitiva en condenas por delitos contra el patrimonio económico derivada de la reparación prevista en el artículo 269 del Código Penal aunque es un imperativo que en tanto permitido legalmente debe reconocer cuando se reúnan las exigencias que lo hacen jurídicamente plausible, es también un beneficio que el legislador por razones de política criminal negó en relación con cierta clase de delitos, incluida la extorsión, a través del precitado artículo 11 de la Ley 733 de 2.002”.
En ese orden de ideas resulta importante aclarar que la rebaja punitiva de que se viene hablando es un beneficio que por ser imperativo se convierte en un derecho y, como tal, no está incluido dentro de los supuestos señalados por el artículo 68A del Código Penal.”
Aparte del artículo 32 de la Ley 1142 de 2007
Aparte del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006
“… ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.”
3. El principio constitucional de “Estado de derecho” supone la independencia de los poderes públicos en torno de la ley, de manera que el llamado a interpretarla no está autorizado realizar exclusiones o extensiones analógicas -y menos in malam partem- de las cuales el Legislador se abstuvo.
La Sala en sentencia de casación de 3 de mayo de 2006 - radicado 24753 - en relación con la independencia de poderes frente a la ley, dejó en claro lo siguiente:
“En un Estado social de derecho y particularmente democrático, participativo y pluralista, como es reconocido en el artículo 1º de la Constitución Política, se impone que sólo el órgano legislativo, elegido popularmente y que representa al pueblo, tenga la facultad de expedir leyes, esto es, la potestad de determinar qué conductas humanas quedan sujetas a sanción penal, a lo cual debe proceder de manera clara, expresa, estricta, escrita, inequívoca e indubitable. Igualmente es de su resorte el señalamiento estricto de la consecuencia jurídica asignada a cada caso y proporcionar a los operadores judiciales unos criterios de dosificación de las penas (sean estas privativas de la libertad, pecuniarias o restrictivas de otros derechos), cuya ponderación tiene su momento relevante, cuando el juez procede en concreto a realizar labor tan delicada, que no cumplirá los altos cometidos de la justicia, si carece de una adecuada motivación.”
Pues bien, justo es reconocer que en desarrollo de tal mandato, el Legislador ni mencionó, ni indicó, ni sugirió en manera alguna que en la exclusión del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 debía considerarse incorporada la reducción de pena del artículo 269 del estatuto punitivo; de suerte que interpretarlo en tal sentido sería desconocer el mandato restrictivo concedido a la analogía en el inciso final del artículo 6º dedicado a consagrar normativamente el principio de legalidad, precepto según el cual “La analogía sólo se aplicará en materias permisivas.”, disposición cuyo estricto cumplimiento constituye una razón adicional para indicar a la Sala el necesario cambio jurisprudencial en esta materia.
Es más, si la interpretación que debiera hacerse del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, fuera la misma que correspondía hacer del artículo 11 de la Ley 733 de 2002, la Corte Constitucional, al analizar la eventual cosa juzgada constitucional en razón de su aparente similitud con el artículo 15 de la Ley 40 de 1993, no hubiere determinado que las prohibiciones de los beneficios y subrogados judiciales, legales y administrativos contenidos en el precepto de 2002, operaban sólo para condenados, lo que permite inferir que en la comprensión de la Corte Constitucional está que las únicas reducciones punitivas prohibidas para efectos de la elaboración de la sentencia, son las que expresamente están incluidas en el artículo 11 de la Ley 733 de 2002, vale decir, las producidas como consecuencia de la sentencia anticipada y de la confesión, de acuerdo con su consagración normativa expresa. Así razonó la Corte Constitucional en la Sentencia C-762 de 2002:
“6.3.2. Revisados los artículos 15 de la Ley 40 de 1993 y 11 de la Ley 733 de 2002, encuentra la Corte que si bien existe identidad temática entre ambas normas por referirse a una misma institución jurídica: la exclusión de beneficios y subrogados penales, sus textos presentan algunas diferencias, particularmente, a nivel de los elementos normativos que la integran y del fundamento legal bajo el cual fueron expedidas, que impiden cualquier aproximación al fenómeno de la cosa juzgada material. En relación con lo primero, se observan dos aspectos distintivos: (i) que en la regulación de la Ley 40 no fueron excluidos algunos beneficios que, como los obtenidos por sentencia anticipada y confesión, si aparecen eliminados en la Ley 733, y (ii) que las exclusiones previstas en la Ley 40 cobijaban tanto a sindicados como a condenados, mientras que en la Ley 733 son predicables exclusivamente de los condenados. En cuanto lo segundo, es claro que la Ley 40 fue expedida durante la vigencia del Código Penal de 1980 y del Código de Procedimiento Penal de 1991, mientras que la Ley 733 se promulgó luego de que fueron derogados tales ordenamientos y en vigencia de los Códigos Penal y de Procedimiento penal de 2000.”
“En cuanto a la finalidad perseguida por el legislador se tiene que, aunque el Proyecto de Ley núm. 208 Senado- 138 Cámara “por el cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”, no preveía la exclusión de beneficios y subrogados penales para los delitos de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, en el Pliego de Modificaciones para primer debate, se propuso incluir una disposición en tal sentido, con base en los siguientes argumentos[22]:
Por otra parte, se propone introducir un artículo nuevo, retomando el artículo 11 de la Ley 733 de 2002, a través del cual se excluyó la posibilidad de conceder subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión y conexos.” (Destacado no original).
“Así las cosas, son equívocos los argumentos sobre los que descansa la sentencia condenatoria para negar al actor la rebaja por indemnización de perjuicios, así como los motivos en los que se apoyó el Tribunal a-quo para negar el amparo.
Se insiste, por ser esa rebaja un derecho, no incorporado expresamente por el legislador en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, debe ser reconocida siempre que se cumplan los presupuestos exigidos en el artículo 269 del Código penal, con independencia del delito por el que se procede.”
Así pues, la Sala, en lo sucesivo, modifica en tal sentido la interpretación sobre el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Su nueva hermenéutica se contrae a que se concede la reducción de pena prevista en el artículo 269 del Código Penal a quienes siendo procesados por extorsión, repararon los perjuicios en los términos previstos por el artículo 269 del Código Penal; sin que tal situación afecte los extremos punitivos, ya que la disminución se realiza una vez individualizada la pena, y sin efectos en el término prescriptivo de la acción penal[23].
Si bien es cierto el descuento reconocido en favor de WILSON EDILBERTO VIVAS podría ser mayor –de la mitad a las tres cuartas partes- la Sala sólo le reconoce la porción mínima, por las siguientes razones: a) según lo previsto en el inciso tercero del artículo 61 del Código Penal –precepto que incorpora los criterios a tener en cuenta para la determinación de la pena dentro de una porción específica-, el delito de extorsión resulta de mayor gravedad que los demás punibles contra el patrimonio económico por las condiciones que deben crearse para su perpetración; b) por la intensidad del dolo, el cual se concretó, además de los aspectos ya tenidos en cuenta en la sentencia de primera instancia, en el forcejeo protagonizado por el acusado y su compañero de andanzas con la autoridad que realizó su captura con el indudable propósito de evitarla; y c) porque no puede desconocerse que el delito de extorsión, por tratarse de un tipo penal pluriofensivo, además de afectar el patrimonio de la víctima, también lesiona gravemente su autonomía personal.
De oficio, CASAR parcialmente la sentencia de segunda instancia, para modificar las penas impuestas a WILSON EDILBERTO VIVAS en las instancias, y en su lugar imponerle 54 meses de prisión, multa en cuantía de 235 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas también por un período igual al de la pena de prisión
[1] Como se deja sentado en sentencia de primero de julio de 2009 radicado 30800,
[2] C.S.J. Casación 24052. Sentencia de 14 de marzo de 2006.
[3] Tal como se puede comprobar en decisiones de 1º de julio de 2006 radicado 24764, 6 de julio de 2006 radicado 24230, 7 de febrero de 2007 radicado 26121, de abril 25 de 2007 radicado 23291, 6 de junio de 2007 casación 25813, 18 de junio de 2008 radicado 29808, 4 de febrero de 2009, casación 26569, entre otras.
[4] C.S.J. casación 29788 de 29 de julio de 2008.
[5] A partir de la sentencia de casación de 1º de julio de 2009, radicado 30800.
[6] Sentencia de 22 de junio de 2011 radicado 35943.
[8] Ibídem, citando al fallo de tutela SU-047 de 1999.
[9] Promulgada en el Diario Oficial 44693 de 31 de enero de 2002.
[10] Artículo 250.7 de la Constitución Política.
[11] Sentencia C-979 de 2005.
[12] Precisamente en el fallo de casación de 29 de junio de 2008 con radicado 29788, la Sala llamó la atención en el sentido de que la iniciativa legislativa partió de la sugerencia formulada por la misma Corte en la sentencia de 14 de marzo de 2002 radicado 24052.
[13] En la aclaración de voto del magistrado Mauro Solarte Portilla a la sentencia del 23 de agosto del 2005, radicado 21.954, se recuerda que “El Chief Justice Burger en el caso Santonello Vs New York señaló que “una reducción del 90 al 80 % en el porcentaje de declaraciones negociadas exigiría que se duplicaran los medios humanos y técnicos (Jueces, Secretarios Judiciales, Jurados, etc.), mientras que la reducción al 70 % exigiría triplicarlos”.
[14] Ver Gaceta del Congreso No. 132 del 19 de mayo de 2006. pág. 9-10.
[15] Corte Constitucional Sentencia C- 394 de 1995.
[16] Artículo 5.6 del Pacto de San José.
[17] Plazo que inicialmente era de tres días pero que el artículo 24 de la Ley 1453 de 2011 redujo a 36 horas.
[18] Según indica el artículo 13 del Código Penal.
[19] Promulgada en el Diario Oficial 46.673 de 28 de julio de 2007.
[20] Creado por el artículo 32 de la Ley 1142 de 2007.
[21] Sentencia del 27 de octubre de 2004 (radicado 20.615).
[22] Gaceta del Congreso núm. 132 del 19 de mayo de 2006.
[23] Tal como se explica en la sentencia de casación de 26 de septiembre de 2006 radicado 25741, lo cual fue ratificado, entre otras, en sentencia de casación de 3 de diciembre de 2009 radicado 32768.
Publicado por MANUEL MOSQUERA GARCES en 7/03/2012 11:20:00 a. m.
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