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Timestamp: 2019-03-23 04:26:24+00:00

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Boletin Correspondiente a 2016-04-11Regresar
Concepto No 0054
La norma establece como requisito sine qua non para que se pueda optar por este.
La norma estable que el contribuyente que desee hacer uso del beneficio, no puede haber sido notificado de un requerimiento especial o emplazamiento para declarar - según el caso - lo que excluye aquellas sanciones que son impuestas a traves de resolución independiente, pues las mismas no se encuentran cubiertas por expresa redacción de la disposición.
En el escrito de la referencia solicita se realicen los comentarios jurídicos respectivos al documento que presento "Research Opportunities", en donde pone de presente una situación que se enmarca en el beneficio que traía el parágrafo 4 del art 56 de la ley 1739 de 2014.
( 2016-04-11) Consultar
Concepto No 0058
La persona natural contratista que presta el servicio de transporte de carga - directamente - es un trabajador independiente pues ejecuta un servicio personal.
No cabe duda que en el supuesto que se contrate la prestación del servicio de transporte de carga con un acarreador, y no con un empresario de transportes, es indiscutible que le asiste al contratante - consígnate - la obligación prevista en el parágrafo 2 del art 108 del E. T. con miras a la deducción del gasto.
Mediante el radicado de la referencia solicita a este despacho manifestación en torno a la solicitud de suspensión provisional de los oficios No 060032 del 23/09/2013 y No 034321 de 06/06/2014, presentada ante el consejo de estado y notificada mediante estado a la U.A.E. DIAN del 18/12/2015.
Concepto No 00151
Operador Economico Autorizado.
A nivel institucional se consideró necesario crear dentro de su estructura una coordinación con una especialidad única, esto es adelantar las verificaciones respectivas necesarias para atender las solicitudes de autorización como Operador Económico y demás funciones asignadas en el artículo 1 de la Resolución 194 de 2013.
"Se consulta sí de acuerdo con las funciones establecidas en el artículo 13 de la Resolución 2546 de 2010 y el 19 del Decreto 4048 de 2008, es competencia de la Coordinación de Administración y Perfilamiento de Riesgos, notificar al solicitante de la autorización como Operador Económico Autorizado y responder los recursos de reposición, así como de la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional responder los recursos de apelación consagrados en el artículo 5 del Decreto 1894 de 2015
Concepto No 00162
Exclusion del impuesto sobre las ventas.
La exclusión en el pago de iva aplica a partir de la expedición del decreto reglamentario que la desarrolle y no por el simple cumplimiento del término allí señalado, esto es a partir del 1 de enero de 2014.
Se solicita reconsiderar la tesis jurídica contenida en los oficios 13199, 24790 y 45548 del 2014, en atención al principio de justicia y equidad que rige la actuación aduanera, literal b) del artículo 2 del Decreto 2685 de 1999, por cuanto en ellos se condicionó la exclusión del impuesto sobre las ventas, contenido en el literal j) del artículo 40 de la Ley 1607 de 2012, a la expedición de un decreto que reglamentara la materia, sin que ello sea necesario, por cuanto la norma estableció una fecha cierta para entrara regir, esto es el 1 de enero de 2014.
Aduce que no puede la autoridad jurídica de la entidad modificar la norma por cuanto, amparado en la facultad de interpretación, desconoce su tenor literal claro y expreso, amén de que la ley en ningún momento condicionó la entrada en vigencia a la expedición de reglamento, ya que simplemente expresó “..El Gobierno reglamentará esta materia...”.
Finaliza exponiendo que “a efectos de garantizar el debido proceso y evitar acciones en instancias diferentes a la DIAN, que pueda acarrear detrimento patrimonial para el Estado" se presentan esas inquietudes para que se adopten las decisiones que en derecho correspondan.
Concepto No 1148
Perdida del beneficio de progresividad.
Si bien la ley 1429 de 2010 es única, la facultad reglamentaria que tiene el ejecutivo permite regular temas por competencia distintos en decretos diferentes, como es el caso de los decretos 4910 de 2011 y 489 de 2010.
Pregunta usted, cual fue la intención del legislador y el alcance del cambio que se presente entre el decreto reglamentario 4910 de 2011 artículo 9, en el cual manifiesta que se presenta perdida del beneficio de progresividad, previa en la ley 1429 de 2010 cuando no se paguen en su oportunidad legal los aportes de salud y demás contribuciones de nómina, y el articulo 11 del decreto reglamentario 0489 del 2013 que solo manifiesta que el impago de los aportes a la seguridad social integral es causal para no conservar los beneficios de la citada ley.
Concepto No 1150
29/29/2016
Condicion Especial de Pago.- Requisitos / Procedencia / Improcedencia.
A las declaraciones del impuesto sobre la renta CREE no les era aplicable el beneficio en comento, el cual tuvo lugar hasta el 30 de octubre de 2015.
En el escrito de la referencia, expone que por el año gravable 2013 la sociedad, que se encuentra en reorganización empresarial, presento sin pago, la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE - en abril de 2014 y realizo el pago del impuesto en febrero 2015, sin liquidar sanción ni intereses.
De igual manera señala que la declaración de retención en la fuente periodo 6 de 2013, se presentó en su oportunidad pero sin pago total y que cuando fue a liquidar nuevamente, el sistema no le permitió generar el recibo de pago.
Por lo anterior pregunta si es procedente acogerse al parágrafo 3 del artículo 57 de la ley 1739 de 2014.
Los derechos de sistematizacion y asistencia al contribuyente no pueden ser exigidos por el Departamento de Risaralda a los contribuyentes del impuesto de vehiculos al tratarse de un cobro por funciones administrativas no creado por ley.
La Sala advierte que el gravamen establecido bajo la denominación de “derechos por el servicio de sistematización y asistencia al contribuyente” no tiene sustento en una ley. Fue
Se demandó ante el Tribunal Administrativo de Risaralda la nulidad del artículo 6° de la Ordenanza 038 del 30 de noviembre de 2009 expedida por la Asamblea Departamental de Risaralda, que se refiere al cobro de los derechos por el servicio de sistematización y asistencia al contribuyente, establecidos para la liquidación y pago de los impuestos sobre vehículos automotores, dirigido a los propietarios o poseedores de vehículos iguales o mayores a cuatro ruedas, por un monto equivalente a 1.6 SMLDV y para los automotores de tres ruedas o menos el equivalente a 1 SMLDV.
Para el demandante la norma demandada viola el principio de legalidad del tributo, ya que estableció un impuesto sin que preexistiera una ley que ordenara su creación ni sus elementos constitutivos.
En su opinión la Asamblea de Risaralda se arrogó una función que no le corresponde y excedió las facultades que le fueron concedidas por la Constitución y la ley, ya que se configuró la causal de falta de competencia material para crear o imponer contribuciones fiscales o parafiscales que es facultas exclusiva del Congreso de la República.
El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia del 31 de enero de 2012, declaró la nulidad de la norma demandada, por violación al principio de legalidad tributaria.
El liquidador de una sociedad ya liquidada solo responde por los perjuicios causados por el incumplimiento de sus deberes y en consecuencia no debe responder por el pago de impuestos cobrados despues de la liquidacion de la persona juridica.
“…Así pues, con la inscripción en el registro mercantil de la cuenta final de liquidación, esto es, la liquidación definitiva de la sociedad, esta desaparece como sujeto de derecho. En consecuencia, hasta ese momento el liquidador tiene capacidad para representarla legalmente.
El municipio de Medellín exigió a un contribuyente persona jurídica el pago del 50% del impuesto de industria y comercio generado por el desarrollo de cinco proyectos inmobiliarios, a través del documento “Advertencia de pago-impuesto de industria y comercio” en los cuales determinó el impuesto tomando como base gravable el 80% del total del presupuesto de ventas, conforme con los artículos 2 y 5 del Decreto Municipal 1147 de 2005.
El 50% del impuesto fue pagado mediante cuentas de cobro de los años 2006 y 2007. Por escritura pública de diciembre de 2009, de la Notaría 20 de Medellín, se declaró la liquidación definitiva de la actora.
El municipio determinó que el contribuyente debía $ 232.798.831 correspondiente al 50% restante. El Consejo de Estado advierte que antes de la expedición de la resolución 56 del 3 de enero de 2011, por la cual fijó el “debido cobrar del impuesto de industria y comercio”, la demandante ya se había liquidado e inscrito en el registro mercantil el 24 del mismo mes, la cuenta final de liquidación.
la Sala concluye que la Subdirección Administrativa de Impuestos, Rentas y Catastro de la entidad territorial no creo un procedimiento diferente al previsto por el Paragrafo 3º del articulo 631 del Estatuto Tributario, y que tampoco vulnero los derechos de los sujetos obligados.
La Subdirección de Impuestos y Catastro Municipal de Santiago de Cali es competente para prescribir las especificaciones técnicas y sujetos pasivos para el envío de la información en medios magnéticos, aunque la fecha de expedición del acto sea posterior a la prevista en el Estatuto Tributario Nacional.
Se demandó la nulidad de la Resolución 1137 del 25 de octubre de 2006 expedida por el Municipio de Santiago de Cali, por la cual se estableció la información, lo sujetos obligados, las especificaciones técnicas de la información a presentar en medios magnéticos ante el Municipio de Santiago de Cali, por el año gravable 2005.
El demandante consideró que el subdirector administrativo de impuestos, rentas y catastro del municipio violó el parágrafo 3º del artículo 631 del Estatuto Tributario, según el cual las características técnicas para la entrega de la información se deben definir por lo menos con dos meses de anticipación al último día del año gravable sobre el cual se solicita la misma, ya que habiendo sido expedida el 25 de octubre de 2006, se solicitó en forma retroactiva la información correspondiente al año 2005.
Es deducible en el impuesto sobre la renta el valor pagado por las vacaciones causadas en el año, asi como el ajuste efectuado al pagar las mismas correspondientes a años anteriores al gravable, en este ultimo caso sin incluir lo ya deducido.
Según el artículo 105 del citado estatuto, se entiende causada una deducción cuando nace la obligación de pagarla. En concordancia con lo anterior, el artículo 48 del Decreto 2649 de 1993 señala que en la contabilidad de causación los hechos económicos deben ser reconocidos en el período en el cual se realicen, y no solamente cuando sea recibido o pagado el efectivo o su equivalente.
La administración de impuestos nacionales respecto de la declaración de renta de un contribuyente persona jurídica, respecto del año gravable 2002, desconoció las siguientes deducciones:
a) salarios, prestaciones y otros conceptos laborales por $ 77.823.000;
b) por gastos de servicio de TV cable por $ 2.058.025, por cuotas de sostenimiento de una Corporación Empresarial $ 4.838.000 y por cuotas de administración del Club Peñalisa $ 5.188.950 y por la contribución a la Superintendencia de Sociedades $ 13.584.0000;
c) descuento tributario por donaciones $ 204.364.000.
Asimismo impuso sanción por inexactitud por $ 406.974.000, incrementó la sobretasa en $ 12.212.000. El rechazo de los pagos prestacionales estuvo centralizado en el desconocimiento de la deducción por vacaciones por $ 77.823.000 debido a que para el cálculo se utilizó un factor diferente al de 4.1666 % que representa los días hábiles de vacaciones remuneradas a que tiene derecho un trabajador (15/360).
Para la actora, la DIAN desconoce que la ley no limitó la determinación del gasto por vacaciones a ese porcentaje puede variar. En cuanto a los pagos a la Corporación Empresarial, al Club Peñalisa y al Departamento del Meta no reúnen los requisitos de las expensas necesarias por cuanto no tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta.
La DIAN no aceptó el descuento tributario por donaciones al no estar determinado como la diferencia entre el valor de venta y el de compra de las acciones, sino al contrario haber incluido una valorización dentro del valor del costo fiscal.

References: resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 40
 artículo 9
 artículo 57
 artículo 6
 resolución 
 Resolución 
 artículo 631
 artículo 105
 artículo 48