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Sentencia A.P. La Coruña 83/2010, de 26 de marzo. Lesiones. Valoración de la prueba - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. La Coruña 83/2010, de 26 de marzo
Frente al alegado error en la valoración de la prueba, afirma la sentencia de la Audiencia que le Juez de instancia valoró correctamente el tesitmonio del perjudicado, que contrasta con la escasa verosimilitud de las declaraciones del acusado.
En A Coruña, veintiséis de marzo de dos mil diez.
LA SECCION SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA, constituída por las Ilustrísimas Señorías DON/DOÑA MARIA DEL CARMEN TABOADA CASEIRO-Presidente, LUIS BARRIENTOS MONGE, GUSTAVO A. MARTIN CASTAÑEDA, Magistrados/das, ha pronunciado
En el recurso de apelación penal número 335/09, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 6 de A Coruña, en el Juicio Oral número 207/08, seguidas de oficio por un delito Lesiones, figurando como apelante Jose Enrique representado por procurador Sr. Painceira Cortizo y defendido por Letrado Sr. Ferreiro Novo, y como apelado MINISTERIO FISCAL.- Siendo Ponente el Ilmo./Ilma. DON/DOÑA GUSTAVO A. MARTIN CASTAÑEDA.
Primero.-Que por el Ilmo./Ilma. Magistrado/a- Juez del Juzgado de lo Penal n.º 6 de A Coruña con fecha 17-07-09, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice como sigue: "FALLO: Que debo CONDENAR Y CONDENO a Jose Enrique como autor criminalmente responsable de un delito de LESIONES, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de dilaciones indebidas, a la pena de TRES MESES DE PRISION con INHABILITACION ESPECIAL DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO POR EL TIEMPO DE LA CONDENA.
Deberá satisfacer a Aquilino en el importe de 158 euros por las lesiones causadas, y al SERGAS en el que se determine en ejecución de sentencia por los gastos de asistencia médica de Aquilino, con los intereses del artículo 1108 del Código Civil, y 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Deberá satisfacer las costas causadas.".
Segundo.-Que notificada dicha sentencia a las partes, se interpuso contra la misma en tiempo y forma, recurso de apelación por Jose Enrique, que le fue admitido en ambos efectos, por proveido de fecha 14-09-09, dictado por el instructor, acordando dar el traslado prevenido en el art. 790.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a las restantes partes.
Tercero.-Por proveido de fecha 17-09-09, se acordó elevar todo lo actuado a este Tribunal, para resolver el recurso y recibidas que fueron las diligencias se acordó pasar las mismas al Ilmo./Ilma. Sr. /Sra. Magistrado/a Ponente.
Primero.-En el presente procedimiento se dictó sentencia y contra ella se alza la representación de D. Jose Enrique, invocando error en la valoración de la prueba, vulneración de los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, indebida denegación de prueba in indebida aplicación del artículo 147.2 del Código Penal, interesando la absolución de su representado del delito de lesiones por el que fue condenado, o subsidiariamente se le condene por falta recogida en el artículo 671.1 del Código Penal.
Segundo.-El Ministerio Fiscal interesa la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida.
Tercero.-Siendo como es la apelación una revisión de las actuaciones y decisiones vertidas en el juicio que es objeto de recurso, no cabe la menor duda, de que las facultades que Juez tiene para apreciar y valorar el material probatorio aportado al juicio, es un derecho que la Ley otorga al Juez de apelación y un deber de observancia, a fin de corregir los errores que en la apreciación de la prueba, o en la aplicación del derecho, se haya podido padecer en la sentencia. Pues bien, una vez constitucionalizada la presunción de inocencia por el artículo 24 de la Constitución Española, la imputación hecha a una persona en la comisión de un delito, ha de adoptarse con todas las garantías del proceso, de modo que el juicio de culpabilidad sea producto de la convicción del juzgador, según valoración en conciencia de la prueba.
Cuarto.-En cuanto a los motivos que se formulan por vía del recurso de apelación, y en primer término, en concreto la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, se ha de significar que lo que alega la defensa del apelante es la infracción del artículo 24.2 de la Constitución, por lo que ha de verificarse si de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Constitucional de que la ponderación de la prueba realizada por el juzgador de instancia, pueda llegar a desvirtuar la presunción de inocencia, para lo cual es necesario una mínima actividad probatoria, que de alguna forma pueda entenderse de cargo y de la que se pueda deducir la culpabilidad del acusado.
Quinto.-En segundo lugar, se invoca por el recurrente, error en la valoración de la prueba.
De las actuaciones, deviene que se ha efectuado una correcta apreciación de los elementos de prueba que obran en la causa, ya que hay prueba de cargo suficiente para apoyar la condena y ello es precisamente, mediante el testimonio que sobre los hechos emitió en el acto del juicio oral el perjudicado Aquilino, y cuyo testimonio ha sido coherente e inamovible en los datos de hecho, sin ambigüedades ni contradicciones, al manifestar que el acusado le dio varios puñetazos en la cara y para escapar de la agresión saltó una barandilla, habiendo sufrido lesiones que se reflejan en los informes médicos, con fecha del mismo día en que acontecieron los hechos y de forma expresa en el informe del Médico Forense en el que se constatan las lesiones de la cara que le fueron causadas a Aquilino y que consistieron en contusión nasal y cervicalgia postraumática.
Sexto.-Estimamos que el Juzgador de instancia, ha analizado, apreciado y valorado correctamente de forma detallada y precisión y minuciosa, el referido testimonio del perjudicado que ha sido emitido, con claridad y precisión, manteniendo persistencia y seguridad que contrasta con la escasa verosimilitud y firmeza de las manifestaciones del acusado, que en modo alguno tiene suficiente apoyo exculpatorio, por consiguiente la actividad probatoria consistente básicamente en el testimonio que en el acto del juicio oral vertió el perjudicado Aquilino, y que constituye elemento probatorio suficiente para llegar al convencimiento de la culpabilidad del acusado Jose Enrique, al quedar desvirtuada la presunción de inocencia que consagra el artículo 24 de la Constitución Española, y en consecuencia, su conducta se incardina en el delito de lesiones por el que viene condenado, teniendo en cuenta la entidad de las lesiones que sufrió el perjudicado Aquilino, que necesitó tratamiento médico, con inmovilización mediante la colocación de un collarín cervical, que es un sistema de curación para las lesiones y que según criterio jurisprudencial se engloba en el concepto de tratamiento médico, de manera que la conducta del acusado es objeto de reproche social y ha de ser sancionada penalmente y en los mismos términos que aparecen recogidos en la sentencia de instancia.
Séptimo.-Igualmente alega el recurrente, reiterando la petición de que se practique prueba testifical, consistente en que sean examinados los agentes de la Policía Nacional números NUM000 y NUM001.
De lo actuado se desprende que el Juzgador de instancia consideró en su momento que era innecesario la comparecencia del agente NUM001, pero también se ha de significar que consta documentalmente que con anterioridad a la celebración del juicio oral, se comunicó que el referido agente se encontraba en comisión de servicios, en el extranjero, es por tanto que el Juzgador ha actuado con corrección, y sin menoscabar el derecho de defensa, ya que en el acto del juicio el agente número NUM000, compareció, habiendo sido examinado por las partes. Por ello, entendemos que no ha sido vulnerado el principio constitucional de tutela judicial, habiendo sido celebrado el juicio con todas las garantías procesales, pues el recurrente según consta acta, ha utilizado los medios de prueba suficientes para ejercer su derecho de defensa, y sin que se hubiera vulnerado dicho derecho, de modo que la pretensión del recurrente no puede ser estimada.
Octavo.-Las consideraciones expuestas, nos llevan a la desestimación del recurso de apelación formalizado por la representación de D. Jose Enrique, y a la confirmación de la sentencia recurrida.
Noveno.-Se declaran de oficio las costas causadas en esta instancia.
Que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Jose Enrique, contra la sentencia de fecha de diecisiete de julio de dos mil nueve, dictada por el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal número Seis de A Coruña, en el juicio oral número 207/2008, y CONFIRMAMOS íntegramente dicha resolución, con declaración de oficio de las costas en esta alzada.

References: artículo 1108
 artículo 147
 artículo 671
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24