Source: https://www.derechoenzapatillas.com/2016/educacion-universitaria-gratuita-subvencion-a-los-ricos/
Timestamp: 2018-12-17 07:21:01+00:00

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Reproduzco una nota de un grupo de estudiantes catalanes sobre la educación gratuita. Hoy, la ley argentina sancionada hace unos años prohíbe el cobro de aranceles. Pero màs allá de la barrera legal, este artículo pone el tema bajo análisis y lo critica.
Aclaro que esta nota no necesariamente implica la posición de este medio, y la comparto porque creo que así se contribuye al debate. Simplemente pienso que deben existir oportunidades equitativas de educación, porque esta es un medio para que los países progresen. Y que falta un debate sobre el financiamiento de la educación superior en pos de los objetivos de igualdad de oportunidades.
Acá va la nota que reproduzco de la “Students For Liberty Barcelona (SFLB)”, Estudiants universitaris catalans en defensa de la llibertat individual.
Universidad gratuita: ¿Subvencionando los ricos?
Hoy, día 17 de noviembre, una buena parte de la comunidad estudiantil se moviliza a favor de una universidad gratuita. Desde Students for Liberty (SFL) y Catalanes Libres (CCL) nos oponemos frontalmente a la hipotética aplicación de esta medida. No lo hacemos para que seamos ricos y acomodados. No lo hacemos porque nos guste llevar la contraria, ni porque tengamos intenciones malévolas y queramos construir una universidad “elitista”. Ni siquiera escribimos el presente informe en condición de liberales. Expresamos nuestra disconformidad con la gratuidad (o semi-gratuidad) de la educación superior en Cataluña porque es una medida fundamentalmente regresiva, que perjudica a las familias con menos ingresos de la sociedad, no aborda los problemas de equidad y genera incentivos perversos en materia de externalidades negativas y sobrecualificación.
Actualmente los estudiantes de grado deben cubrir el precio de la matrícula y las tasas universitarias en estudios de grado y máster público, lo que representa entre un 15% y un 25% del coste de los estudios. Por lo tanto, los estudiantes universitarios están lejos de pagar la totalidad del coste de su formación. Los precios por crédito en las universidades catalanas adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) dependen del coeficiente de estructura docente del grado: € 25,27 / crédito para el coeficiente A, € 35.77 / crédito si es B y € 39,55 / crédito si es C.7 En resumen, el precio de un año de 60 créditos ECTS de primera matriculación puede oscilar entre 1.516 y € 2.372, aunque puede verse reducido de forma considerable si la renta familiar del alumno es baja.
UBA derecho, rait nau.
Una foto publicada por Sergio (@derechoenzapatillas) el 19 de Sep de 2016 a la(s) 3:54 PDT
Redistribución, justicia social y equidad. El Robin Hood invertido
El principal argumento para rechazar la subvención estatal de la mayor parte (o la totalidad) del coste de la educación superior reglada es el hecho de que el gasto universitario tiene un componente regresivo.
En el estudio Financiación y desigualdades en el sistema educativo y de formación profesional de España, los profesores de economía de la Universidad de Barcelona Jorge Calero y Oriol Escardíbul ponen de manifiesto que el quintil de población de renta más elevada tiene una tasa de escolarización en la universidad de cerca del 50% (20 puntos por encima de la media), mientras que el primer quintil no supera el 22%. Otro estudio de la Fundación Jaume Bofill Educación y movilidad social en Cataluña, realizado por Xavier Martínez Celorrio y Antoni Marín Saldo, muestra que la desigualdad de oportunidades en titulaciones post-obligatorias se explica por el papel del factor pobreza: crecer en un hogar de renta baja limita de 14 a 1 las opciones de titularse. Una posible solución que se plantea desde el Observatorio del Sistema Universitario es aumentar la progresividad de los impuestos para contrarrestar esta regresividad.
El problema, sin embargo, radica en que por mucho que los impuestos ganen progresividad, este gasto sigue siendo regresiva. En lugar de intentar tapar los agujeros que genera una política pública con otras políticas públicas, tal vez sería más óptimo no llevar a cabo la primera, o al menos llevarla a cabo de forma más eficiente.
En palabras del Dr. Mas-Colell: “La gratuidad de la enseñanza primaria es, pues, fiscalmente progresiva, no así la gratuidad de la enseñanza superior. Esta beneficia casi exclusivamente a los futuros licenciados, que, en promedio antes de acceder a la universidad y como consecuencia de la enseñanza superior mismo, tendrán en el futuro rentas relativamente superiores. No obstante, la gratuidad implica que en su financiación participen también los ciudadanos de rentas bajas. ”
Incluso si el gasto público en la formación universitaria fuera progresiva desde un punto de vista estático, no desaparece el problema de la regresividad desde un punto de vista dinámico. Aunque un futuro licenciado provenga de rentas bajas, esta inversión que efectúa le proporcionará rentas muy altas (respecto al contrafactual de no formarse) en un futuro.
Hasta ahora, con los argumento que hemos analizado y presentado, podemos ver que no nos encontramos ante el modelo de la famosa cubo agujereada de Okun, analogía común en cuestiones redistributivas: “el dinero se transfieren los ricos a los pobres en un cubo agujereado; una parte simplemente desaparecerá por el camino, de modo que los pobres recibirán la mayoría pero no todo el dinero procedentes de las transferencias “. Más bien, aplicando el modelo de universidad gratuita estaríamos ante un colador de Okun o un Robin Hood invertido: los ciudadanos de rentas más bajas subvencionando la educación superior de las rentas medias y altas y contribuyendo, por tanto, a ensanchar las desigualdades.
Los alumnos que hoy asisten a la universidad ya están muy preseleccionados; han pasado filtros de otras etapas educativas y, en éstas, las características socioeconómicas familiares ya son un determinante importante, por lo que la matrícula representa una pequeña fracción de los filtros para acceder a la universidad. Es por ello que las subvenciones a la formación universitaria tienen un sesgo regresivo.
La inversión educativa en el presupuesto familiar se identifica como un gasto de un bien de distinción social, por lo que las familias con niveles de ingresos superiores invierten más en educación. Además, correlativamente, los ciudadanos con niveles de ingresos superiores gastan en educación superior relativamente más en relación al conjunto del presupuesto familiar. No obstante, cuando analizamos la composición del gasto educativo, emerge una lógica discrepante. En los niveles de ingresos superiores, la inversión en educación universitaria, comparada con la inversión en educación infantil, primaria y secundaria, representa una proporción equiparable al resto de niveles de ingresos. Dicho de otro modo: aunque las familias con ingresos elevados invierten más en educación, la educación superior – y, por lo tanto la universidad – los sale relativamente tan barata o más que a las familias con niveles de ingresos inferiores. Los resultados apuntan, por tanto, a que el consumo de educación superior para las familias de niveles de ingresos elevados está relativamente más subvencionado porque les exige una cuota relativamente menor que la de otros niveles educativos.
En resumen, los subsidios a la formación universitaria son un mal mecanismo para lograr objetivos de redistribución de recursos hacia aquellos que menos tienen.
UBA Derecho.
Una foto publicada por Sergio (@derechoenzapatillas) el 30 de Mar de 2016 a la(s) 6:03 PDT
Externalidades de la educación superior
Otro argumento por el que nos posicionamos en contra de la gratuidad de los estudios superiores está relacionado con las externalidades, es decir, a sus efectos positivos o negativos sobre terceros. Cuando se argumenta a favor de la gratuidad de los estudios de educación superior se suele hacer referencia al concepto de externalidad positiva, es decir, a los beneficios que conlleva la inversión a terceros y en este caso, a la sociedad en general . De esta manera, una mayor formación está asociada a un mayor crecimiento de la actividad económica a través de la introducción de nuevas tecnologías e innovaciones, y todo el tejido productivo nacional se beneficia de la inversión en educación superior.
El alcance de este argumento sin embargo, es extremadamente limitado. No todos los estudios universitarios permiten la introducción de nuevas tecnologías en la cadena de valor. Grados como filología, traducción e interpretación, filosofía, derecho, magisterio, historia, arte, economía y musicología no comportan externalidades positivas vía introducción de nuevas tecnologías en el proceso productivo. Incluso, entre los estudiantes de carreras científicas o técnicas (ingenierías, física, química, biología, matemáticas …) quien acabará introduciendo estas innovaciones conforma una parte minúscula del alumnado siendo, por tanto, mucho más razonable subvencionar la investigación en lugar de la formación universitaria.
Otro hecho que no encaja demasiado bien con el argumento de las externalidades positivas es el alto grado de sobrecualificación de los trabajadores españoles, un buen indicador del despilfarro en el gasto educativo que actualmente provee el Estado. En España, la tasa de sobrecualificación ronda el 40% para el período 1996 a 2011 por lo que este fenómeno no se debe únicamente a causa de la última crisis económica, sino que es una característica estructural del mercado laboral español.
La inversión en educación superior, sin embargo, no sólo lleva asociadas externalidades positivas sino también negativas. Sí, lo habéis leído bien. En economía de la educación podemos distinguir entre dos grandes ramas. La primera es la teoría del capital humano, la llamada Escuela de Columbia-Chicago con Gary S. Becker y Jacob Mincer como principales exponentes. De forma muy resumida, esta primera escuela ve la formación como una inversión que incrementa la productividad y la riqueza del Estado (y de terceros a través de externalidades). La segunda rama proviene de los avances en la Teoría de la Información Imperfecta los años 60 y 70, con Akerlof, Arrow, Stiglitz o Spence como principales exponentes.
Esta segunda teoría se centra en el papel de la información imperfecta en la contratación y la productividad del trabajador y en explicar cómo las acreditaciones que se obtienen a través de la formación superior mitigan esta imperfección, a través de lo que llaman la “señalización” ( signalling) en el mercado laboral. Teniendo en cuenta la cantidad de horas de clase que se dan en una universidad que no tienen ninguna relación con los trabajos que se ocupará en un futuro (excepto si se convierte en académico), se puede afirmar que una parte de los estudios no aumenta la productividad sino que, en cambio, sirve para enviar señales al mercado de trabajo sobre la inteligencia, la ética del trabajo, el compromiso hacia el trabajo, etc.
El hecho de que no se hayan desarrollado mecanismos alternativos para señalizar estas aptitudes y actitudes podría, parcialmente, explicarse por el alto nivel de subsidios de que goza la formación en todos sus niveles. En el mercado de trabajo, la contratación es una inversión de riesgo, en tanto que el contratante no puede saber la productividad y capacidad del individuo que contrata inmediatamente. La mayoría de puestos de trabajo requieren una inversión en el trabajador, aportándole habilidades específicas para la posición concreta a ejercer. Una forma que tienen los contratantes de discriminar entre trabajadores es a través de sus estudios.
Aquí surge el problema: si todos los trabajadores duplican (o reducen a la mitad) su formación, no hay manera de que los contratantes discriminen en base a la educación recibida y por tanto, no se producirá un aumento de la productividad debido de una mejor asignación de los trabajadores. Para que una persona se beneficie de la formación recibida, su señal debe ser mayor que el del resto, de manera que sobresalga de los demás potenciales trabajadores. Esto acaba comportando lo que los economistas llaman “externalidad posicional” y lo que conocemos comúnmente como titulitis. Esta situación, que distorsiona las señales al mercado laboral, lleva a los ‘mejores’ futuros trabajadores a formarse años adicionales para demostrar que son buenos trabajadores, disminuyendo así el retorno medio de formarse. La lógica es la misma que la de ponerse de pie para ver mejor en un campo de fútbol: individualmente resulta racional levantarse, pero colectivamente no. Si todos nos levantamos no vemos mejor y acabamos con las piernas entumecidas.
Invertir antes: abordamos la infancia
En términos de diseño de políticas públicas, los programas dirigidos a las primeras etapas de la infancia no están sujetos al clásico dilema o trade-off eficiencia / equidad. Un artículo reciente analiza la relación entre las competencias de niños en el reconocimiento de letras y formas, su vocabulario y otras funciones de aprendizaje básicas, según el nivel de renta:
El gráfico muestra el porcentaje de niños con un nivel de competencia mínimo en cada una de las actividades. Los niños “pobres” son aquellos que provienen de familias por debajo del umbral de pobreza federal en Alemania, “casi-pobres” los situados entre un 100 y un 200% de este umbral y “clase media” los que se encuentran por encima . La diferencia es abismal. Menos de un 20% de niños pobres pueden reconocer letras al comenzar parvulario mientras que un 70% de niños de clase media son capaces de hacerlo.
Un estudio (Schady, N. et al., 2014) en América Latina apunta que a edades tan tempranas como los tres años de edad ya existen diferencias significativas en el desarrollo de habilidades cognitivas en los niños. En la siguiente gráfica se presentan los resultados de una prueba estandarizada de vocabulario (TVIP) para niños de cinco países latinoamericanos de acuerdo al cuartil de riqueza de sus padres. Como se observa en el gráfico, las diferencias en el desarrollo cognitivo temprano en los niños varían en función de la renta familiar. Antes de llegar a la educación obligatoria la tan mencionada “igualdad de oportunidades”, pues, ya parece haberse desvanecido.
La estabilidad, la falta de estrés, la atención de los padres o las lecturas a los hijos son factores que ayudan a los niños de las familias con rentas más altas a desarrollar una mayor variedad estímulos cognitivos desde un buen principio, y por tanto que tengan una ventaja comparativa respecto a los niños de familias con rentas más bajas ya durante la educación primaria.
Adicionalmente, cabe destacar que los factores genéticos (se han llegado a identificar 74 polimorfismos o variantes de un solo nucleótido relacionados con el rendimiento académico en un estudio efectuado a 300.000 individuos) son responsables de al menos un 3.2% de las diferencias entre alumnos en el nivel educativo. “Genome-wide association study identifi 74 loci associated with educational attainment”, Nature (11 May 2016).
Manhattan Plot de la asociación entre variantes genéticas (SNPs) y los años de escolarización. El eje x representa la posición cromosómica y el eje Y, el nivel de significación estadística en una escala logarítmica. Las cruces rojas corresponden a los 74 polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs) con una asociación significativa al tiempo de escolarización del individuo. (N = 293.723)
Resumiendo, a efectos de política educativa, tanto la genética como los factores socioeconómicos nos indican que, si nos preocupa la igualdad de oportunidades, deberíamos centrar nuestros esfuerzos a la pregunta de cuándo invertir más que cuánto invertir.
Teniendo en cuenta los argumentos desarrollados, ¿Hay alguna forma más eficiente, equitativa y que no atente contra la igualdad de oportunidades de financiar la formación de grado? Desde nuestro punto de vista, sí: subir los precios de la matrícula universitaria, aplicar un programa potente de becas en función de la renta e introducir préstamos a devolver a la Universidad en función de los ingresos obtenidos durante la carrera profesional, con condonación parcial o total para aquellos que no lo puedan asumir.
El objetivo del presente informe es intentar explicar por qué la subvención íntegra de la educación superior catalana supondría incidir en el -ya existente- componente regresivo del gasto universitario. Cualquier estudiante, profesor y ciudadano preocupado por la igualdad de oportunidades y el acceso al conocimiento de los colectivos más vulnerables, debería reorientar el foco a programas y políticas públicas dirigidas a las primeras etapas de la infancia y plantear un incremento de las tasas universitarias, una mayor dotación presupuestaria a las becas de equidad y un programa de créditos universitarios.
Autores: Lucas Puig, Martín Jiménez y Roger Medina. Students For Liberty Barcelona. 16 noviembre, 2016. Traducción propia con la ayuda de Google Translate. El artículo original está accesible en este link.
Anexo con la ley de educación superior de Argentina
ARTICULO 1º — Están comprendidas dentro de la presente ley las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados y los institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada, todos los cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional, regulado por la ley 26.206 —Ley de Educación Nacional—.
(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)
ARTICULO 2º — El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción.
(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)
ARTICULO 2º bis. — Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos.
(Artículo incorporado por art. 3° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)
ARTICULO 3º — La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.
ARTICULO 4º — Son objetivos de la Educación Superior, además de los que establece la ley 24.195 en sus artículos 5º, 6º, 19º y 22º:
ARTICULO 5º — La Educación Superior esta constituida por institutos de educación superior, sean de formación docente, humanística, social, técnico- profesional o artística. y por instituciones de educación universitaria, que comprende universidades e institutos universitarios. (Expresión “… instituciones de educación superior no universitaria ” sustituida por la expresión “…institutos de educación superior”, por art. 133 de la Ley Nº 26.206, B.O. 28/12/2006).
ARTICULO 6º — La Educación Superior tendrá una estructura organizativa abierta y flexible, permeable a la creación de espacios y modalidades que faciliten la incorporación de nuevas tecnologías educativas.
ARTICULO 7º — Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. Excepcionalmente, los mayores de veinticinco (25) años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.
(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)
ARTICULO 8º — La articulación entre las distintas instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior, que tienen por fin facilitar el cambio de modalidad, orientación o carrera, la continuación de los estudios en otros establecimientos, universitarios o no, así como la reconversión de los estudios concluidos, se garantiza conforme a las siguientes responsabilidades y mecanismos:
b) La articulación entre institutos de educación superior pertenecientes a distintas jurisdicciones, se regula por los mecanismos que estas acuerden en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación; (Expresión “… instituciones de educación superior no universitaria ” sustituida por la expresión “…institutos de educación superior”, por art. 133 de la Ley Nº 26.206, B.O. 28/12/2006)
c) La articulación entre institutos de educación superior e instituciones universitarias, se establece mediante convenios entre ellas, o entre las instituciones Universitarias y la jurisdicción correspondiente si así lo establece la legislación local; (Expresión “… instituciones de educación superior no universitaria ” sustituida por la expresión “…institutos de educación superior”, por art. 133 de la Ley Nº 26.206, B.O. 28/12/2006).
ARTICULO 9º — A fin de hacer efectiva la articulación entre institutos de educación superior pertenecientes a distintas jurisdicciones prevista en el inciso b) del artículo anterior el Ministerio de Cultura y Educación invitara al Consejo Federal de Cultura y Educación a que integre una comisión especial permanente, compuesta por un representante de cada una de las jurisdicciones. (Expresión “… instituciones de educación superior no universitaria ” sustituida por la expresión “…institutos de educación superior”, por art. 133 de la Ley Nº 26.206, B.O. 28/12/2006).
ARTICULO 10. — La articulación a nivel regional estará a cargo de los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior, integrados por representantes de las instituciones universitarias y de los gobiernos provinciales de cada región.
ARTICULO 11. — Son derechos de los docentes de las instituciones estatales de educación superior, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación especifica:
ARTICULO 12. — Son deberes de los docentes de las instituciones estatales de educación superior:
ARTICULO 13. — Los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior tienen derecho:
f) Las personas con discapacidad, durante las evaluaciones, deberán contar con los servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios y suficientes. (Inciso incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.573 B.O. 30/04/2002)
ARTICULO 14. — Son obligaciones de los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior:
ARTICULO 15. — Corresponde a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires el gobierno y organización de la educación superior no universitaria en sus respectivos ámbitos de competencia, así como dictar normas que regulen la creación, modificación y cese de institutos de educación superior y el establecimiento de las condiciones a que se ajustara su funcionamiento, todo ello en el marco de la Ley 24.195, de lo que establece la presente y de los correspondiente acuerdos federales. Las jurisdicciones atenderán en particular a las siguientes pautas: (Expresión “… instituciones de educación superior no universitaria ” sustituida por la expresión “…institutos de educación superior”, por art. 133 de la Ley Nº 26.206, B.O. 28/12/2006).
ARTICULO 16. — El Estado nacional podrá apoyar programas de educación superior no universitaria, que se caractericen por la singularidad de su oferta, por su sobresaliente nivel de excelencia, por su carácter experimental y/o por su incidencia local o regional.
De los institutos de educación superior
(Expresión “… instituciones de educación superior no universitaria ” sustituida por la expresión “…institutos de educación superior”, por art. 133 de la Ley Nº 26.206, B.O. 28/12/2006).
ARTICULO 17. — Los institutos de educación superior, tienen por funciones básicas: (Expresión “… instituciones de educación superior no universitaria ” sustituida por la expresión “…institutos de educación superior”, por art. 133 de la Ley Nº 26.206, B.O. 28/12/2006).
ARTICULO 18. — La formación de docentes para los distintos niveles de la enseñanza no universitaria, debe realizarse en instituciones de formación docente reconocidas, que integran la Red Federal de Formación Docente Continua prevista en la ley 24.195 o en universidades que ofrezcan carreras con esa finalidad.
ARTICULO 19. — Los institutos de educación superior podrán proporcionar formación superior de ese carácter en el área de que se trate y/o actualización, reformulación o adquisición de nuevos conocimientos y competencias a nivel de postítulo. Podrán asimismo desarrollar cursos, ciclos o actividades que respondan a las demandas de calificación, formación y reconversión laboral y profesional. (Expresión “… instituciones de educación superior no universitaria ” sustituida por la expresión “…institutos de educación superior”, por art. 133 de la Ley Nº 26.206, B.O. 28/12/2006).
ARTICULO 20. — El ingreso a la carrera docente en las instituciones de gestión estatal de educación superior no universitaria se hará mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición, que garantice la idoneidad profesional para el desempeño de las tareas especificas. La estabilidad estará sujeta a un régimen de evaluación y control de la gestión docente, y cuando sea el caso, a los requerimientos y características de las carreras flexibles y a término.
ARTICULO 21. — Las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires arbitrarán los medios necesarios para que sus instituciones de formación docente garanticen el perfeccionamiento y la actualización de los docentes en actividad, tanto en los aspectos curriculares como en los pedagógicos e institucionales y promoverán el desarrollo de investigaciones educativas y la realización de experiencias innovadoras.
ARTICULO 22. — Las instituciones de nivel superior no universitario que se creen o transformen, o las jurisdicciones a las que ellas pertenezcan, que acuerden con una o más universidades del país mecanismos de acreditación de sus carreras o programas de formación y capacitación, podrán denominarse colegios universitarios.
ARTICULO 23. — Los planes de estudio de las instituciones de formación docente de carácter no universitario, cuyos títulos habiliten para el ejercicio de la docencia en los niveles no universitarios del sistema, serán establecidos respetando los contenidos básicos comunes para la formación docente que se acuerden en el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación. Su validez nacional estará sujeta al previo reconocimiento de dichos planes por la instancia que determine el referido Consejo.
ARTICULO 24. — Los títulos y certificados de perfeccionamiento y capacitación docente expedidos por instituciones de educación superior oficiales o privadas reconocidas, que respondan a las normas fijadas al respecto por el Consejo Federal de Cultura y Educación, tendrán validez nacional y serán reconocidos por todas las jurisdicciones. Tales títulos y certificados deberán ser expedidos en un plazo no mayor a los ciento veinte días corridos contados a partir del inicio del trámite de solicitud de título.
(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.002 B.O. 5/1/2005).
ARTICULO 25. — El Consejo Federal de Cultura y Educación acordará la adopción de criterios y bases comunes para la evaluación de los institutos de educación superior, en particular de aquellos que ofrezcan estudios cuyos títulos habiliten para el ejercicio de actividades reguladas por el Estado, que pudieren comprometer de modo directo el interés público, estableciendo las condiciones y requisitos mínimos a los que tales instituciones se deberán ajustar. (Expresión “… instituciones de educación superior no universitaria ” sustituida por la expresión “…institutos de educación superior”, por art. 133 de la Ley Nº 26.206, B.O. 28/12/2006).
ARTICULO 26. — La enseñanza superior universitaria estará a cargo de las universidades nacionales, de las universidades provinciales y privadas reconocidas por el Estado nacional y de los institutos universitarios estatales o privados reconocidos, todos los cuales integra el Sistema Universitario Nacional.
ARTICULO 27. — Las instituciones universitarias a que se refiere el artículo anterior, tienen por finalidad la generación y comunicación de conocimientos del mas alto nivel en un clima de libertad, justicia y solidaridad, ofreciendo una formación cultural interdisciplinaria dirigida a la integración del saber así como una capacitación científica y profesional especifica para las distintas carreras que en ellas se cursen, para beneficio del hombre y de la sociedad a la que pertenezcan. Las instituciones que responden a la denominación de “Universidad” deben desarrollar su actividad en una variedad de áreas disciplinarias no afines orgánicamente estructuradas en facultades, departamentos o unidades académicas equivalentes. Las instituciones que circunscriben su oferta académica a una sola área disciplinaria se denominan Institutos Universitarios.
ARTICULO 28. — Son funciones básicas de las instituciones universitarias:
a) Formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las demandas individuales, en particular de las personas con discapacidad, desventaja o marginalidad, y a los requerimientos nacionales y regionales; (Inciso sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.573 B.O. 30/04/2002)
ARTICULO 29. — Las instituciones universitarias tendrán autonomía académica e institucional, que comprende básicamente las siguientes atribuciones:
b) Definir sus órganos de gobierno, establecer sus funciones, decidir su integración y elegir sus autoridades de acuerdo a lo que establezcan los estatutos y lo que prescribe la presente ley;
e) Formular y desarrollar planes de estudio, de investigación científica y de extensión y servicios a la comunidad incluyendo la enseñanza de la ética profesional y la formación y capacitación sobre la problemática de la discapacidad. (Inciso sustituido por art. 4° de la Ley N° 25.573 B.O. 30/04/2002)
ARTICULO 30. — Las instituciones universitarias nacionales solo pueden ser intervenidas por el Honorable Congreso de la Nación, o durante su receso y ad referéndum del mismo, por el Poder Ejecutivo nacional por plazo determinado -no superior a los seis meses- y sólo por alguna de las siguientes causales:
ARTICULO 31. — La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida.
ARTICULO 32. — Contra las resoluciones definitivas de las instituciones universitarias nacionales impugnadas con fundamento en la interpretación de las leyes de la Nación, los estatutos y demás normas internas, solo podrá interponerse recurso de apelación ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en el lugar donde tiene su sede principal la institución universitaria.
ARTICULO 33. — Las instituciones universitarias deben promover la excelencia y asegurar la libertad académica, la igualdad de oportunidades y posibilidades, la jerarquización docente, la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad universitaria, así como la convivencia pluralista de corrientes, teorías y líneas de investigación. Cuando se trate de instituciones universitarias privadas, dicho pluralismo se entenderá en un contexto de respeto a las cosmovisiones y valores expresamente declarados en sus estatutos.
ARTICULO 34. — Los estatutos, así como sus modificaciones, entraran en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo ser comunicados al Ministerio de Cultura y Educación a efectos de verificar su adecuación a la presente ley y ordenar, en su caso, dicha publicación. Si el Ministerio considerara que los mismos no se ajustan a la presente ley, deberá plantear sus observaciones, dentro de los diez días a contar de la comunicación oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones, la que decidirá en un plazo de veinte días, sin más trámite que una vista a la institución universitaria. Si el Ministerio no planteara observaciones en la forma indicada dentro del plazo establecido, los estatutos se considerarán aprobados y deberán ser publicados. Los estatutos deben prever explícitamente: su sede principal, los objetivos de la institución, su estructura organizativa, la integración y funciones de los distintos órganos de gobierno, así como el régimen de la docencia y de la investigación y pautas de administración económico-financiera.
ARTICULO 35. — Para ingresar como alumno a las instituciones universitarias, sean estatales o privadas, deberá reunirse como mínimo la condición prevista en el artículo 7º y cumplir con los demás requisitos del sistema de admisión que cada institución establezca.
ARTICULO 36. — Los docentes de todas las categorías deberán poseer titulo universitario de igual o superior nivel a aquel en el cual ejercen la docencia, requisito que sólo se podrá obviar con carácter estrictamente excepcional cuando se acrediten méritos sobresalientes.
ARTICULO 37. — Las instituciones universitarias garantizaran el perfeccionamiento de sus docentes, que deberá articularse con los requerimientos de la carrera académica. Dicho perfeccionamiento no se limitará a la capacitación en el área científica o profesional específica y en los aspectos pedagógicos, sino que incluirá también el desarrollo de una adecuada formación interdisciplinaria.
ARTICULO 38. — Las instituciones universitarias dictaran normas y establecerán acuerdos que faciliten la articulación y equivalencias entre careras de una misma universidad o de instituciones universitarias distintas, conforme a las pautas a que se refiere el artículo 8º, inciso d).
ARTICULO 39. — La formación de posgrado se desarrollará exclusivamente en instituciones universitarias, y con las limitaciones previstas en el artículo 40 podrá también desarrollarse en centros de investigación e instituciones de formación profesional superior de reconocido nivel y jerarquía, que hayan suscrito convenios con las universidades a esos efectos. Las carreras de posgrado —sean especialización, maestría o doctorado— deberán ser acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, o por entidades privadas que se constituyan con ese fin y que estén debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 25.754 B.O. 11/08/2003)
ARTICULO 39 bis — Para acceder a la formación de posgrado, el postulante deberá contar con título universitario de grado o de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y reunir los prerequisitos que determine el Comité Académico o la autoridad equivalente, a fin de comprobar que su formación resulte compatible con las exigencias del posgrado al que aspira. En casos excepcionales de postulantes que se encuentren fuera de los términos precedentes, podrán ser admitidos siempre que demuestren, a través de las evaluaciones y los requisitos que la respectiva universidad establezca, poseer preparación y experiencia laboral acorde con los estudios de posgrado que se proponen iniciar así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. En todos los casos la admisión y la obtención del título de posgrado no acredita de manera alguna el título de grado anterior correspondiente al mismo.
(Artículo incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.754 B.O. 11/08/2003)
ARTICULO 43. — Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés publico poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten, además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo anterior, los siguientes requisitos:
ARTICULO 44. — Las instituciones universitarias deberán asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional, que tendrán por objeto analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones, así como sugerir medidas para su mejoramiento. Las autoevaluaciones se complementaran con evaluaciones externas. que se harán como mínimo cada seis (6) anos, en el marco de los objetivos definidos por cada institución.
Abarcaran las funciones de docencia, investigación y extensión, y en el caso de las instituciones universitarias nacionales, también la gestión institucional. Las evaluaciones externas estarán a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o de entidades privadas constituidas con ese fin, conforme se prevé en el artículo 45, en ambos casos con la participación de pares académicos de reconocida competencia. Las recomendaciones para el mejoramiento institucional que surjan de las evaluaciones tendrán carácter público.
ARTICULO 45. — Las entidades privadas que se constituyan con fines de evaluación y acreditación de instituciones universitarias, deberán contar con el reconocimiento del Ministerio de Cultura y Educación, previo dictamen de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Los patrones y estándares para los procesos de acreditación, serán los que establezca el Ministerio previa consulta con el Consejo de Universidades.
ARTICULO 46. — La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria es un organismo descentralizado, que funciona en jurisdicción del Ministerio de Cultura y Educación. y que tiene por funciones:
a) Coordinar y llevar adelante la evaluación externa prevista en el artículo 44:
b) Acreditar las carreras de grado a que se refiere el artículo 43, así como las carreras de posgrado, cualquiera sea el ámbito en que se desarrollen, conforme a los estándares que establezca el Ministerio de Cultura y Educación en consulta con el Consejo de Universidades:
ARTICULO 47. — La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria estará integrada por doce (12) miembros, designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los siguientes organismos: tres (3) por el Consejo Interuniversitario Nacional, uno (1) por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, uno (1) por la Academia Nacional de Educación, tres (3) por cada una de las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, y uno (1) por el Ministerio de Cultura y Educación. Durarán en sus funciones cuatro años, con sistema de renovación parcial. En todos los casos deberá tratarse de personalidades de reconocida jerarquía académica y científica. La Comisión contara con presupuesto propio.
ARTICULO 48. — Las instituciones universitarias nacionales son personas jurídicas de derecho publico, que solo pueden crearse por ley de la Nación, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa. El cese de tales instituciones se hará también por ley. Tanto la creación como el cierre requerirán informe previo del Consejo Interuniversitario Nacional.
ARTICULO 49. — Creada una institución universitaria, el Ministerio de Cultura y Educación designara un rector-organizador, con las atribuciones propias del cargo y las que normalmente corresponden al Consejo Superior. El rector-organizador conducirá el proceso de formulación del proyecto institucional y del proyecto de estatuto provisorio y los pondrá a consideración del Ministerio de Cultura y Educación, en el primer caso para su análisis y remisión a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y en el segundo, a los fines de su aprobación y posterior publicación Producido el informe de la Comisión, y adecuándose el proyecto de estatuto a las normas de la presente ley, procederá el Ministerio de Cultura y Educación a autorizar la puesta en marcha de la nueva institución, la que deberá quedar normalizada en un plazo no superior a los cuatro (4) años a partir de su creación.
ARTICULO 50. — Cada institución universitaria nacional dictará normas sobre regularidad en los estudios que establezcan las condiciones académicas exigibles.
(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)
ARTICULO 51. — El ingreso a la carrera académica universitaria se hará mediante concurso publico y abierto de antecedentes y oposición, debiéndose asegurar la constitución de jurados integrados por profesores por concurso, o excepcionalmente por personas de idoneidad indiscutible aunque no reúnan esa condición, que garanticen la mayor imparcialidad y el máximo rigor académico. Con carácter excepcional, las universidades e institutos universitarios nacionales podrán contratar, al margen del régimen de concursos y solo por tiempo determinado, a personalidades de reconocido prestigio y méritos académicos sobresalientes para que desarrollen cursos, seminarios o actividades similares. Podrán igualmente prever la designación temporaria de docentes interinos, cuando ello sea imprescindible y mientras se sustancia el correspondiente concurso.
ARTICULO 52. — Los estatutos de las instituciones universitarias nacionales deben prever sus órganos de gobierno, tanto colegiados como unipersonales, así como su composición y atribuciones. Los órganos colegiados tendrán básicamente funciones normativas generales, de definición de políticas y de control en sus respectivos ámbitos, en tanto los unipersonales tendrán funciones ejecutivas.
ARTICULO 53. — Los órganos colegiados de gobierno estarán integrados de acuerdo a lo que determinen los estatutos de cada universidad, los que deberán asegurar:
ARTICULO 54. — El rector o presidente, el vicerector o vicepresidente y los titulares de los demás órganos unipersonales de gobierno, duraran en sus funciones tres (3) años como mínimo. El cargo de rector o presidente será de dedicación exclusiva y para acceder a él se requerirá ser o haber sido profesor por concurso de una universidad nacional.
ARTICULO 55. — Los representantes de los docentes, que deberán haber accedido a sus cargos por concurso, serán elegidos por docentes que reúnan igual calidad. Los representantes estudiantiles serán elegidos por sus pares, siempre que estos tengan el rendimiento académico mínimo que establece el artículo 50.
ARTICULO 56. — Los estatutos podrán prever la constitución de un consejo social, en el que estén representados los distintos sectores e intereses de la comunidad local, con la misión de cooperar con la institución universitaria en su articulación con el medio en que esta inserta. Podrá igualmente preverse que el Consejo Social este representado en los órganos colegiados de la institución
ARTICULO 57. — Los estatutos preverán la constitución de un tribunal universitario, que tendrá por función sustanciar juicios académicos y entender en toda cuestión ético-disciplinaria en que estuviere involucrado personal docente. Estará integrado por profesores eméritos o consultos, o por profesores por concurso que tengan una antigüedad en la docencia universitaria de por lo menos diez ( 10) años.
ARTICULO 58. — El aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional.
(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)
ARTICULO 59. — Las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156, de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional. En ese marco corresponde a dichas instituciones:
(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)
ARTICULO 59 bis. —El control administrativo externo de las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación que, a tales efectos, dispondrá de un área específica con los recursos humanos y materiales adecuados para llevar a cabo esta tarea. Todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos.
(Artículo incorporado por art. 8° de la Ley N° 27.204 B.O. 11/11/2015)
ARTICULO 60. — Las instituciones universitarias nacionales podrán promover la constitución de fundaciones, sociedades u otras formas de asociación civil, destinada a apoyar su labor, a facilitar las relaciones con el medio, a dar respuesta a sus necesidades y a promover las condiciones necesaria para el cumplimiento de sus fines y objetivos.
ARTICULO 61. — El Congreso Nacional debe disponer de la partida presupuestaria anual correspondiente al nivel de educación de superior, de un porcentaje que será destinado a becas y subsidios en ese nivel. (Expresión “otorgables por el Congreso de la Nación y ejecutables en base a lo dispuesto por el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, por parte del Tesoro de la Nación” vetada por art. 2º del Decreto Nº 268/95 B.O. 10/08/1995).
ARTICULO 62. — Las instituciones universitarias privadas deberán constituirse sin fines de lucro, obteniendo personería jurídica como asociación civil o fundación. Las mismas serán autorizadas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que admitirá su funcionamiento provisorio por un lapso de seis (6) años, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y con expresa indicación de las carreras, grados y títulos que la institución puede ofrecer y expedir.
ARTICULO 63. — El informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria a que se refiere cl artículo anterior, se fundamentara en la consideración de los siguientes criterios:
ARTICULO 64. — Durante el lapso de funcionamiento provisorio:
ARTICULO 65. — Cumplido el lapso de seis (6) años de funcionamiento provisorio contados a partir de la autorización correspondiente, el establecimiento podrá solicitar el reconocimiento definitivo para operar como institución universitaria privada, el que se otorgara por decreto del Poder Ejecutivo nacional previo informe favorable de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
ARTICULO 66. — El Estado nacional podrá acordar a las instituciones con reconocimiento definitivo que lo soliciten, apoyo económico para el desarrollo de proyectos de investigación que se generen en las mismas, sujeto ello a los mecanismos de evaluación y a los criterios de elegibilidad que rijan para todo el sistema.
ARTICULO 67. — Las resoluciones denegatorias del reconocimiento definitivo, así como aquellas que dispongan su retiro o el de la autorización provisoria, serán recurribles ante la Cámara Federal correspondiente a la jurisdicción de la institución de que se trate, dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la decisión que se recurre.
ARTICULO 68. — Los establecimientos privados cuya creación no hubiere sido autorizada conforme a las normas legales pertinentes no podrán usar denominaciones ni expedir diplomas, títulos o grados de carácter universitario. La violación de esta norma dará lugar a la aplicación de sanciones conforme lo establezca la reglamentación de la presente ley, la que podrá llegar a la clausura inmediata y definitiva de la entidad y a la inhabilitación de los responsables para ejercer la docencia, así como para desempeñar la función pública o integrar órganos de gobierno de asociaciones civiles dedicadas a la educación superior.
ARTICULO 69. — Los títulos y grados otorgados por las instituciones universitarias provinciales tendrán los efectos legales previstos en la presente ley, en particular los establecidos en los artículos 41 y 42, cuando tales instituciones:
Del gobierno y coordinación del sistema universitario
ARTICULO 70. — Corresponde al Ministerio de Cultura y Educación la formulación de las políticas generales en materia universitaria, asegurando la participación de los órganos de coordinación y consulta previstos en la presente ley y respetando el régimen de autonomía establecido para las instituciones universitarias.
ARTICULO 71. — Serán órganos de coordinación y consulta del sistema universitario, en sus respectivos ámbitos, el Consejo de Universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas y los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior.
ARTICULO 72. — El Consejo de Universidades será presidido por el Ministro de Cultura y Educación o por quien este designe con categoría no inferior a Secretario, y estará integrado por el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, por la Comisión Directiva del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, por un representante de cada Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior —que deberá ser rector de una institución universitaria— y por un representante del Consejo Federal de Cultura y Educación. Serán sus funciones:
ARTICULO 73. — El Consejo Interuniversitario Nacional estará integrado por los rectores o presidentes de las instituciones universitarias nacionales y provinciales reconocidas por la Nación, que estén definitivamente organizadas, y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas estará integrado por los rectores o presidentes de las instituciones universitarias privadas.
ARTICULO 74. — La presente ley autoriza la creación y funcionamiento de otras modalidades de organización universitaria previstas en el artículo 24 de la ley 24.195 que respondan a modelos diferenciados de diseño de organización institucional y de metodología pedagógica, previa evaluación de su factibilidad y de la calidad de su oferta académica, sujeto todo ello a la reglamentación que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo nacional. Dichas instituciones, que tendrán por principal finalidad favorecer el desarrollo de la educación superior mediante una oferta diversificada pero de nivel equivalente a la del resto de las universidades, serán creadas o autorizadas según corresponda conforme a las previsiones de los artículos 48 y 62 de la presente ley y serán sometidas al régimen de títulos y de evaluación establecido en ella.
ARTICULO 75. — Las instituciones universitarias reguladas de conformidad con la presente ley, podrán ser eximidas parcial o totalmente de impuestos y contribuciones previsionales de carácter nacional, mediante decreto del Poder Ejecutivo nacional.
ARTICULO 76. — Cuando una carrera que requiera acreditación no la obtuviere, por no reunir los requisitos y estándares mínimos previamente establecidos, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria podrá recomendar que se suspenda la inscripción de nuevos alumnos en la misma, hasta que se subsanen las deficiencias encontradas, debiéndose resguardar los derechos de los alumnos ya inscriptos que se encontraren cursando dicha carrera.
ARTICULO 77. — Las instituciones constituidas conforme al régimen del artículo 16 de la ley 17.778. que quedan por esta ley categorizadas como institutos universitarios, establecerán su sistema de gobierno conforme a sus propios regímenes institucionales, no siéndoles de aplicación las normas sobre autonomía y sobre gobierno de las instituciones universitarias nacionales que prevé la presente ley.
ARTICULO 78. — Las instituciones universitarias nacionales deberán adecuar sus plantas docentes de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 51 de la presente ley dentro del plazo de tres (3) años contados a partir de la promulgación de esta y de hasta diez (10) años para las creadas a partir del 10 de diciembre de 1983. En estos casos, los docentes interinos con más de dos (2) años de antigüedad continuados podrán ejercer los derechos consagrados en el artículo 55 de la presente ley.
ARTICULO 79. — Las instituciones universitarias nacionales adecuaran sus estatutos a las disposiciones de la presente ley, dentro del plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la promulgación de esta.
ARTICULO 80. — Los titulares de los órganos colegiados y unipersonales de gobierno de las instituciones universitarias nacionales, elegidos de acuerdo a los estatutos vigentes al momento de la sanción de la presente ley, continuarán en sus cargos hasta la finalización de sus respectivos mandatos. Sin perjuicio de ello, las autoridades universitarias adecuaran la integración de sus órganos colegiados de gobierno, a fin de que se respete la proporción establecida en el artículo 53, inciso a), en un plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de publicación de los nuevos estatutos, los que deberán contemplar normas que faciliten la transición.
ARTICULO 81. — Las instituciones universitarias que al presente ostenten el nombre de universidad, por haber sido creadas o autorizadas con esa denominación y que por sus características deban encuadrarse en lo que por esta ley se denomina institutos universitarios, tendrán un plazo de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente para solicitar la nueva categorización.
ARTICULO 82. — La Universidad Tecnológica Nacional, en razón de su significación en la vida universitaria del país, conservara su denominación y categoría institucional actual.
ARTICULO 83. — Los centros de investigación e instituciones de formación profesional superior que no sean universitarios y que a la fecha desarrollen actividades de posgrado, tendrán un plazo de dos (2) años para adecuarse a la nueva legislación. Durante ese periodo estarán no obstante sometidos a la fiscalización del Ministerio de Cultura y Educación y al régimen de acreditación previsto en el artículo 39 de la presente ley.
ARTICULO 84. — El Poder Ejecutivo nacional no podrá implementar la organización de nuevas instituciones universitarias nacionales, ni disponer la autorización provisoria o el reconocimiento definitivo de instituciones universitarias privadas, hasta tanto se constituya el órgano de evaluación y acreditación que debe pronunciarse sobre el particular, previsto en la presente ley.
ARTICULO 85. — Sustituyese el inciso 11) del artículo 21 de la Ley de Ministerios (t. o.1992) por el siguiente transcripto:
Entender en la habilitación de títulos profesionales con validez nacional.
ARTICULO 86. — Modifícanse los siguientes artículos de la ley 24.195:
a) Articulo 10, inciso e), y artículos 25 y 26, donde dice: “cuaternario”, dirá: “de posgrado”.
b) Articulo 54: donde dice “un representante del Consejo Interuniversitario Nacional”, dirá: “y tres representantes del Consejo de Universidades”.
c) Articulo 57: inciso a), donde dice: “y el representante del Consejo Interuniversitario Nacional”, dirá: “y los representantes del Consejo de Universidades”.
d) Articulo 58: inciso a), donde dice: “y el Consejo Interuniversitario Nacional”, dirá: “y el Consejo de Universidades”.
ARTICULO 87. — Deróganse las leyes 17.604, 17.778, 23.068 y 23.569, así como toda otra disposición que se oponga a la presente.
ARTICULO 88. — Todas las normas que eximen de impuestos, tasas y contribuciones a las universidades nacionales al momento de la promulgación de la presente ley, continuarán vigentes.
ARTICULO 89. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. — CARLOS A. ROMERO. — CARLOS F. RUCKAUF. — Juan Estrada. — Edgardo Piuzzi.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.
– Artículo 2° sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.573 B.O. 30/04/2002;
– Artículo 29, inciso e), expresión “como materia autónoma” vetada por art. 1º del Decreto Nº 268/95 B.O. 10/08/1995.
ArgentinaBarcelonaeducacióneducación públicagratuidadley de educación superior
La historia del perrito en adopción

References: artículo 7
 artículo 8
 artículo 40
 artículo 45
 artículo 44
 artículo 43
 artículo 50
 artículo 75
in fine
 artículo 24
 artículo 16
 artículo 51
 artículo 55
 artículo 53
 artículo 39
 artículo 21
 Artículo 2
 Artículo 29