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Timestamp: 2020-02-22 19:35:07+00:00

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Sentencia nº RC.000292 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 3 de Mayo de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 637601685
Número de Expediente: 15-831
Magistrado Ponente: G.B.V. En el juicio por resolución de contratos de compra venta de bienes inmuebles, incoado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Cabimas, por el ciudadano F.J.D.S., representado judicialmente por la abogada F.M.P.T., contra la sociedad mercantil INVERSIONES DUARTE MOLINA, C.A., representada judicialmente por los abogados Á.M.V.M., H.Á.A.R., Sonsireé Chourio Valbuena y N.A.R.G.; el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, conociendo en ocasión de la decisión proferida por esta Sala en fecha 29 de noviembre de 2013, dictó sentencia definitiva el 21 de septiembre de 2015 mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por el accionante contra el fallo emanado del a quo el 24 de febrero de 2010, sin lugar la demanda y, en consecuencia, “revocó” [modificó] el fallo apelado. Condenó a la accionada al pago de las costas procesales, de conformidad con lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.
Contra la precitada sentencia de alzada, la representación judicial del demandante anunció recurso de casación, el cual fue admitido y formalizado. No hubo impugnación.
Concluida la sustanciación del presente recurso de casación y cumplidas las formalidades legales, se designó ponente al Magistrado G.B.V., quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
En fecha 23 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional nombró Magistrados Titulares en la Sala de Casación Civil constituyéndose, según consta además en Acta de la Sala de fecha 7 de enero de 2016, de la siguiente forma: Magistrado Presidente Dr. G.B.V.; Magistrado Vicepresidente Dr. F.R. Velázquez Estévez; Magistrada Dra. Marisela Godoy Estaba; Magistrada Dra. V.M.F.G. y Magistrado Dr. Y.D.B.F..
…La acción incoada por la parte actora fue LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA, fundamentada en los artículos 1.159, 1.160, 1.167, 1.486 y (sic) 1.526 y 1.527 del Código Civil.
Es importante destacar, que en el presente juicio, al haberse configurado los tres requisitos para que proceda la confesión ficta de la parte demandada, conforme a lo establecido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, se establece a favor de la empresa (sic) demandante una presunción de que todos los hechos alegados en el libelo de demanda son ciertos por lo que la actora queda relevada o eximida de la carga de la prueba, pasando a ser asumida por la parte demandada debido a la denominada inversión de la carga de la prueba…
(Mayúsculas del texto, negrillas de la Sala).
…la infracción del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, se delata por cuanto el Juez (sic) de Alzada (sic) interpretó erróneamente los supuestos de la norma, al negar la confesión ficta de la demandada, con base a la aplicación errónea que hizo del principio de la Comunidad (sic) de la Prueba (sic). La infracción del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, se delata por cuanto el Juez (sic) de la recurrida, aplicó falsamente el artículo denunciado como violado, al a.i.l. pruebas presentadas por mí mandante, con fundamento al principio de la comunidad de la prueba allí contenido –el cual fue expresamente invocado por el Juzgador (sic)-, negó la confesión ficta de la demandada, influyendo determinantemente en el DISPOSITIVO del fallo recurrido, al declarar la no procedencia de la confesión ficta, y por ende sin lugar la demanda.
…De la transcripción de la sentencia recurrida (sic) se constata que el Tribunal (sic) Ad (sic) Quem (sic), al valorar los documentos de compraventa cuya resolución se demanda, le da el valor de instrumento público, y en base a este solo hecho declaró que el pago se había efectuado simultáneamente con el otorgamiento de tales instrumentales y que en fuerza de que mi representado no probó el NO PAGO, lo procedente era resolver la controversia de acuerdo al precepto legal previsto en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, contrariando así el alcance y sentido de los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, que expresamente concede la posibilidad de impugnar la prueba dicha con la contra prueba (…)
En el presente caso, se evidencia que el juez superior en el fallo recurrido no precisó a quién correspondía la carga de la prueba; lo cual era necesario para declarar que no se realizó el pago del precio de la venta, ya que existía una declaración de las partes en los documentos públicos impugnados…
…1) El primero de los supuestos a analizar, está referido a la no comparecencia, dentro del plazo que la Ley otorga, a dar contestación a la demanda.
Ahora bien, al respecto ya se pronunció esta alza.a. en el punto referido a la valoración de las pruebas, declarando extemporáneo la presentación de dicho escrito, por lo que se da por reproducido el fundamento.
Correspondiente a la venta de APARTAMENTO y LOCALES COMERCIALES, se evidencia que dicho inmueble fue adquirido nuevamente por el hoy demandante, ciudadano F.J.D.S., el 14/07/04, QUEDANDO REGISTRADO BAJO EL n° 9 DEL Tomo2, al serle vendido a éste por la sociedad mercantil INVERSIONES DUARTE MEDINA, C.A. (folio 21), por lo que reclamar la resolución de un contrato de compra venta respecto de un inmueble que para la fecha de interposición de la presente demanda ya era nuevamente de su propiedad, resulta a todas luces un contra derecho. Y por último, llama la atención que el demandante y su cónyuge, plenamente identificados en actas, iniciaron una relación arrendaticia con la demanda, aceptando pagar un canon de arrendamiento sobre un bien que era de su propiedad y respecto del cual la demandada no ha pagado el precio de venta, tal y como se infiere del contrato de arrendamiento que fue incorporado a las actas por el demandante junto con el libelo, específicamente el autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Cabimas en fecha Quince (15 de mayo de 2.001, anotado bajo el N° 36, Tomo 44, que cursa del 58 al 67.
Expuesto lo anterior, en consideración de quien aquí decide, en el caso de marras no fueron cubiertos los tres supuestos de procedencia de la confesión ficta, pues de las propias documentales aportada al proceso por la parte actora surgieron evidencias que permiten a esta Alza.A. considerar que la pretensión del demandante no se encuentra ajustada a derecho. ASÍ SE DECLARA…
‘Muy distinta a la dos anteriores es la esencia de la violación por interpretación errónea de la ley. No se trata, en esta clase de quebranto, como ocurre en las dos atrás a.d.u.y.d. ‘diagnosis jurídica’ o de uno de relación entre el hecho específico concreto y el hecho hipotetizado por la norma jurídica. Sino de un error acerca del contenido de ésta’ (Murcia Ballén, Humberto; Ob. Cit., pág., 306).
Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento
El instrumento público hace plena fe así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso en cuanto a: 1°) De los hechos jurídicos que el funcionario público declare haber efectuado si tenía facultad para efectuarlos; 2°) De los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído, siempre que este facultado para hacerlo constar
El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, salvo que en los casos y con los medios permitidos por la ley se demuestre la simulación
Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del juez respecto de ellas
Cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas; y si hubiere todavía dudas se aplicarán los principios generales del derecho
Ahora bien, a fin de zanjar en el sub iudice el primero de los dos aspectos centrales que pretende combatir el formalizante, cabe resaltar, que su petición en modo alguno es contraria a derecho y la inaplicabilidad del principio de comunidad de la prueba cuando el demandado incurre en la confesión ficta, es oportuno citar el criterio establecido por la Sala Constitucional, en decisión N°362, de fecha 9 de mayo de 2014, en la solicitud de revisión constitucional ejercida por la ciudadana F.D.B., Expediente N° 13-0221, en la cual se expone:
…Al respecto, esta Sala en sentencia n.° 912 del 12 de agosto de 2010 (caso: V.P.Z.), señaló:
De esta manera, el rebelde al momento de promover pruebas, debe dirigir esta actividad probatoria a llevar al proceso medios que tiendan a hacer contraprueba a los hechos alegados por el accionante, ya que no le está permitido probar aquellos hechos que vienen a configurar defensas o excepciones que requerían haberse alegado en su oportunidad procesal…’
(Subrayado de la Sala, otros resaltados del texto).
Los hechos simples, afirma G.C., Curso de Derecho Procesal Civil, Editorial Harla, página 419, no tienen importancia en juicio sino en tanto que se pueda argumentar por ellos la existencia de hechos jurídicos.
En orden aparte de ideas, la Sala con ocasión de las denuncias supra resueltas, reexaminó lo concerniente al establecimiento de los elementos correspondientes a la Carga de la Prueba u Onus Probandi de las partes y en tal sentido, busca armonizar para casos futuros dicha carga con la actividad del juez en la búsqueda de la verdad y con la finalidad del proceso, aspectos propios de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, tal como quedó diseñado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dando un enfoque mucho más amplio y justo al p.c. en el hallazgo de la justicia.
La perspectiva que hoy se adopta consiste en visualizar al proceso, conforme a las lúcidas anticipaciones del maestro E.C., quien en el horizonte del medio siglo pasado veía ya la Constitucionalización del Proceso, que hoy día en la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala de Casación, cúspide de la jurisdicción civil ordinaria, vela por su materialización a través de sus fallos, conforme a la visión adjetiva pasada por el caleidoscopio de las Garantías Constitucionales.
Así, nos alejamos de interpretaciones exegéticas y de normas pétrea procesales para adentrarnos en una interpretación pragmática y dinámica, a la luz de la moderna c.d.E.S.d.D. y de Justicia, como piedra angular y, desiderátum máximo del sistema Procesal Civil Venezolano.
Por ello, ese viejo Código de 1987, tras la entrada en vigencia de la Carta Política de 1999, -sobrevenida por ende al Código Procesal-, otorgó una subida de nivel a sus marcos adjetivos, cuya filosofía trascendental se aloja ahora en la Ley Fundamental con contenidos explícitos dentro del área conceptual del Debido P.A., es decir, del P.J..
El litigio civil, de ninguna manera puede estar divorciado del p.j., cuyos lineamientos otorgan las Garantías Jurisdiccionales. Tampoco es correcto, -sostenía VAN REEPINCHEN, en la reforma procesal Belga-, que el juez expida una decisión que se sepa alejada de la verdad simplemente porque una parte o un tercero, -quienes tienen el verdadero acceso a las pruebas-, no hayan querido desposeerse o asumir la carga de una pieza esencial para la búsqueda de la “verdad”.
Esa “Verdad”, a la que hacen referencia la totalidad de los Códigos Adjetivos Venezolanos (CPC, Artículo 12; Loptra Artículo 5; Lopna 450,J; Copp, Artículo 13), nos indica, que el proceso moderno, en especial el p.c. desde la visión constitucional, está dirigido principalmente a la comprobación o averiguación de la verdad, donde el juez civil, ya no es un convidado de piedra, -como nos delataba S.S.-, sino que es el Director del Proceso (Artículo 14 Código Adjetivo Civil), lo cual nos permite ir más allá de la verdad judicial, para entrar en la verdad objetiva o material y operar consiguientemente, -como señala el Maestro a.J.K.-, con un material fáctico, más amplio y más rico que el que puede ser aportado por las partes, bajo el rígido esquema positivista de la actual carga de la prueba, pesada atadura formal y de ficciones que “ahogan” y “ocultan” la verdadera verdad, ante la mirada impávida de un juez trágicamente condenado a resolver secundum allegata et probata partium.
Por lo demás, el gran constitucionalista A.G.B. (Derechos, Deberes y Garantías del hombre común. 1987, págs. 66 y 67); así como el verdadero sucesor de procesalista, humanista, del p.I., M.C., M.T. (La Prova dei Fatti Juridice e.G., Milano. 1992, pág 43) y el maestro Español (catalán) JOAN PICO & JUNOI (El Derecho Procesal entre el Garantismo y la Eficacia. 2003, pág. 406), nos han enseñado que frente a la “verdad” tenemos ante todo, un imperativo propio, interior, a buscarla, de tal modo que, no podemos descansar en tanto no creamos haberla encontrado.
Habida cuenta, toda reflexión se inscribe en el desiderátum constitucional del artículo 2, en una construcción del Estado Social de Derecho y de Justicia, del artículo 257 que consagra al proceso una naturaleza meramente “instrumental”, para conseguir el fin: “La Justicia”, enfrentadas éstas al paradigma procesal de los hechos, la verdad y el p.c..
Por ello, el propio F.C. (Estudios de Derecho Procesal. Vol I. pág 106- 107), nos ha referido que la carga de la prueba no debe estimarse pues, sino como un mal menor; no se puede prescindir de ella, pero: “a menudo no vale más que un juego de lotería”.
Inevitablemente, nos atrevemos a decir, que el principio de la carga probatoria civil, heredada del sistema romano -canónico-, se asemeja, en determinadas situaciones específicas, más a un rito, a un procedimiento mágico, cuasi litúrgico, de los cuales está excluida la razón. A pesar de ello, semejante inconveniente, ha habido un rechazo visceral a todo atisbo de inversión de la carga (deber de colaboración, responsabilidad, acceso al mejor probar), encabezadas estas posiciones de retroceso, por MONTERO AROCA y A.B., quienes descalifican como “autoritarias o híbridas”, reformas como la uruguaya, que optan por un Juez Director.
A partir de 1999, nuevos vientos indican que es imposible que esa litigiosidad civil se acomode a un esquema lineal y previsible, por ello, una justicia más realista y efectiva como la que propugna nuestra Carta Política de 1999, requiere de un juez que actúe más allá del ritualismo, donde el Juez Ductilice – G.Z.. (El Derecho Dúctil. E.T.M.. 2005).
Cuando la conducta procesal de una parte (que puede ser un indicio y que debe ajustarse a las normas de lealtad y probidad procesal), se fundamenta en una reticencia o abstención de probar, pues legalmente no tiene la carga, pero realmente es el que conoce los elementos técnicos o científicos para la búsqueda de la verdad, posee un sentido heurístico de exegética procesal, pero atenta contra los valores constitucionales del P.C..
Verbi gratia, en los E.E.U.U. de Norteamérica, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las desigualdades procesales que se generaban en éstos procesos, fueron resueltas por la flexibilización de la carga de la prueba (ALBERTO R.O.. Revista Uruguaya de Derecho Procesal. N° 3, Fundación de Cultura Universitaria. 2007, pág. 601).
Queremos con ello significar, que en materia del P.C., bajo la óptica constitucional, en determinadas situaciones ponderables, el viejo aforismo de que prueba quien dice (qui dicet, qui prueba), se rompe para dar paso a la Doctrina de la “Colaboración y Solidarismo Probatorio”, que no es otra cosa que entender que si bien ambas partes deben llevar a la convicción del juzgador la verdad de sus dichos, en mayor grado, ello corresponde a quien cuenta con más elementos materiales para probar la veracidad de sus argumentos. (FALCÓN, ENRIQUE. Tratado de la Prueba. Vol I, Buenos Aires. 2003, pág. 270).
Hacer dúctil la carga en determinados supuestos es la culminación de un pensamiento que comenzó por LASCANO, pasando por los clásicos trabajos de MICHELE y ROSEMBERG, iluminados por SENTÍS MELENDO, llegando a EISNER, ARANZI; TARUFFO; MORELLO; PEIRANO hasta culminar con M.M..
…En efecto, corre inserto a los autos Copia (sic) certificada del expediente N° 15431 perteneciente a la Sociedad Mercantil INVERSIONES DUARTE MEDINA (INDUMECA), expedida por el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, así como copia certificada del acta de asamblea de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DUARTE MEDINA (INDUMECA) registrada por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha Diez (sic) (10) de Agosto de 2004, Tomo 4, tercer trimestre (Folio (sic) 68 al 121).
Tales documentales eran trascendentes en la suerte de la controversia, pues demostrarían, como se dijo en líneas precedentes, que no hubo el flujo de caja en la administración de la compañía que demostrara el pago del precio por la compraventa de los bienes muebles e inmuebles a que se refieren los contratos cuya resolución se demanda, ni su asiento en los libros mercantiles como pasivos-activos, ni su inclusión en los balances financieros de la empresa correspondientes a los perodos 2001, 2002 y 2003. De haber sido valorados en su totalidad y plenitud la prueba dicha, la recurrida hubiera declarado con lugar la resolución de los contratos de marras por el incumplimiento de la compradora de pagar el precio convenido…
…En efecto, la inspección judicial anteriormente señalada, refleja que los bienes inmuebles, muebles y semovientes a cuyo objeto se contraen las ventas cuya resolución por falta de pago he intentado ante el órgano judicial de conocimiento, forman parte del activo circulante (propiedad, planta y equipo) de la sociedad mercantil INVERSIONES DUARTE MEDINA, COMPAÑÍA ANÓNIMA (INDUMECA), pero no así que se haya pagado el precio por los bienes vendidos, pues de los balances anuales adminiculados al expediente mercantil inspeccionado, no se desprende en ninguna forma el flujo de caja que las susodichas ventas implicarían respecto de las finanzas que debe documentar y protocolizar la referida sociedad.
Esta prueba, es determinante a los fines de demostrar la falta de pago por parte de la demandada, fue SILENCIADA por el juzgador a quo…
…En efecto, la inspección judicial anteriormente señalada, refleja que los bienes inmuebles, muebles y semovientes a cuyo objeto se contraen las ventas cuya resolución por falta de pago ha intentado mi representada ante el órgano judicial de conocimiento, forman parte del activo circulante (propiedad planta y equipo) de la Sociedad Mercantil INVERSIONES DUARTE MEDINA (INDUMECA), pero no así, que se haya pagado el precio por los bienes vendidos, pues de los balances anuales adminiculados al expediente mercantil inspeccionado, no se desprende en ninguna forma el flujo de caja que las susodichas ventas implicarían respecto de las finanzas que debe documentar y protocolizar la referida sociedad...
“…La mencionada n.r. la distribución de la carga de la prueba, es decir, determina a quién corresponde suministrar la prueba de los hechos en que se fundamenta la acción o la excepción; de allí que incumbe al actor probar los hechos constitutivos, esto es, aquellos que crean o generan un derecho a su favor, y se traslada la carga de la prueba al demandado en relación con los hechos extintivos, modificativos e impeditivos de la pretensión. (Sent. 30-11-2000. Caso: Seguros La Paz, C.A. c/ Banco Provincial de Venezuela SAICA).
Respecto a la carga de la prueba sobre el actor cuando la demandada alega un hecho negativo, es decir, “la negación de haber recibido dicha prestación”, el autor H.D.E. sostiene:
(...) Naturalmente, cuando exista una presunción de cumplimiento o incumplimiento, la carga de probar el hecho contrario corresponde a la otra parte.
6°) La carga de la prueba en el caso de las negaciones. La regla general que hemos enunciado para distribuir la carga de la prueba, tiene aplicación absoluta al caso de las negaciones, tanto definidas como indefinidas. Corresponde la prueba del hecho negativo no indefinido a quien persiga los efectos jurídicos consagrados en ella, pero cuando se trate de una negación indefinida, hay exención de prueba... lo cual debe ser apreciado por el juez con criterio riguroso ... (Compendio de Derecho Procesal. Bogotá, Editorial ABC, Octava Edición, 1984, pp. 165)...
En el presente caso, la demandada negó haber recibido los servicios telemáticos, por tanto no hubo desplazamiento de la carga de la prueba hacia la demandada y, por tanto, correspondía a la actora probar sus alegaciones, pues conforme autorizada doctrina ‘…los hechos negativos indefinidos son de imposible prueba... Los hechos negativos indefinidos están exentos de prueba por quien los alega, quien no tiene sobre ellos la carga de demostrarlos”. (Cabrera R.J.E.. Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre. Caracas, Editorial Jurídica Alva S.R.L., Tomo I, 1997, p. 78)…’”. (Cursivas y negrillas del texto, subrayado de la Sala).

References: resolución 
 artículo 281
 RESOLUCIÓN 
 artículo 362
 artículo 362
 artículo 509
 resolución 
 artículo 254
 resolución 
 artículo 2
 Artículo 12
 Artículo 5
 Artículo 13
 artículo 2
 artículo 257
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución