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Timestamp: 2017-10-19 16:23:42+00:00

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Sindicato Mexicano de Electricistas (Blog): 07-abr-2010
Ensayo - La iniciativa de Reforma Laboral presentada por el Partido Acción Nacional
El Doctor Edgar Belmont realiza un ensayo sobre la reforma laboral lozasnista. Pueden consultarla también en el área de descargas - archivos del sitio de RadioSME. Click aquí
Dr. Edgar Belmont 1
En este ensayo analizaremos el contexto discursivo en el que el Gobierno Federal y el Partido Acción Nacional plantean reformar el marco jurídico de regulación laboral.
Argumentaremos por qué la iniciativa oficial se apoya de prejuicios y refleja el interés del sector empresarial por relajar las obligaciones y responsabilidades del patrón en la contratación y despido. En este sentido analizaremos la justificación de la iniciativa y algunas de las proposiciones expresadas, en diversas entrevistas, por el Secretario del
Trabajo, Lic. Javier Lizano, el cual presenta a la empresa como una víctima de los “abusos” de “malos trabajadores”; de “sindicalistas” y del propio derecho laboral al enmarcar “juicios largos” o sentencias que son calificadas como costosas.
El 2 de septiembre del 2009 el Poder Ejecutivo Federal anunció en “cadena nacional” un conjunto de reformas estructurales cuyo propósito, se dijo, es cambiar a fondo al país. Entre las medidas anunciadas apareció la promesa de abatir la pobreza y de incrementar el nivel de vida de los mexicanos (acceso a la salud, a la educación, etc.) y una serie de reformas
estructurales que redefinen, en buena medida, el rol del Estado en el marco de la economía globalizada.
En este discurso se apeló a los actores políticos a construir los acuerdos y los consensos que hagan posible la modernización del país, particularmente en un contexto económico “difícil” y ante la escases de recursos provocada, entre otras razones, por la caída de la renta petrolera; situación que redujo en cierto sentido el margen de maniobra de la clase política para mantener no sólo sus privilegios, sino la simulación del “México moderno” que evocan en sus alocuciones. Es en este contexto que se habla, nuevamente, de modernizar al país y a los sectores estratégicos y atractivos por su relevancia en la “nueva economía”; como son el energético y de las telecomunicaciones.
Esta reducción en el margen de maniobra de la clase política en el marco de la negociación del paquete fiscal y de la asignación de recursos permite explicar, por una parte, el “silencio” generalizado de los principales actores políticos alrededor del Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, pues más allá de la discusión o el debate sobre la
reestructuración de la empresa y la “promesa” de elevar la calidad del servicio, la complicidad entre la clase política que se construyó en el marco de las negociaciones del incremento de los impuestos. Complicidad que más adelante fue llamada, en el argot político, como un “acuerdo” a favor de la gobernabilidad. En este contexto, el llamado a “cambiar” de fondo al país se traduce en la idea de modificar las reglas del juego y de “romper” con los referentes que “obstaculizan” la construcción de
acuerdos; es decir, grosso modo, con el marco referencial del “nacionalismo
revolucionario” con la idea de forzar los cambios estructurales del país. Ello lleva a la proposición que ha expresado el propio Poder Ejecutivo de que el Cierre de Luz y Fuerza del Centro es parte de los ajustes en el país para atraer inversiones: “Hemos hecho cambios estructurales muy complejos, como es la liquidación de una de las dos empresas eléctricas
que teníamos, con altos estándares de ineficiencia y un costo inviable para las finanzas públicas, que crecía año con año, y que además estrangulaba la competitividad del sector productivo en el Centro del país.”2
En este esquema discursivo la idea de competitividad y de modernización aparecen recurrentemente en el discurso oficial y empresarial; sin embargo, la definición de ambas es bastante polémica debido a que es necesario llevar a cabo una deliberación mucho más amplia sobre los contenidos de ambas. Por ahora, queda claro que la idea de modernización se enmarca también en la imagen de evolución y de cambio; más que de continuidad, de ruptura. Lo que es, sin embargo, un grave riesgo porque significa también el fracaso de la política al neutralizar o descalificar la oposición y la crítica. Al respecto, mucho se ha mencionado sobre la problemática que enfrentan los trabajadores electricistas, qué si se lo
merecían o no, qué el orden constitucional y el equilibrio de poderes han sido violentados, que reaccionaron tardíamente en cuanto a la estructuración de la empresa, etc.; lo cierto es que en el país, desde hace tiempo, existe una disputa para definir los criterios que
orientan la política energética y en ésta confrontación, política e ideológica, el sindicato de electricistas representa, se quiera o no, una posición crítica al proceso de desregulación del sector y a la conversión del servicio público al modelo de mercado.
Es en este contexto que la iniciativa de Reforma Laboral se inserta en las reformas que el Poder Ejecutivo define como “cambios de fondo”. Nuestra tesis, en cambio, es que la propuesta de reforma laboral no plantea acabar con los rezagos que existe en el mundo laboral en cuanto al acceso de los trabajadores (en su amplio espectro) a la “justicia laboral”. Se habla entonces de los abusos de los trabajadores y de los “abogados” o
“sindicalistas”, pero muy poco de los abusos del patrón y de “injusticias” que se resiente no sólo en las condiciones de contratación y sino en situación de trabajo cuando, por ejemplo, los contenidos de la actividad más que negociarse se imponen; ejerciendo el principio de autoridad y de subordinación, pero también una cierta “violencia salarial” que
recae en la premisa de que el trabajador no tiene opción y qué se le paga por hacer lo que se le dice. La “reforma” al mundo del trabajo va más allá, entonces, de los ajustes al modelo de regulación jurídica.
La iniciativa presentada por el PAN, es claro, responde a las expectativas de empresarios bajo el supuesto de que otorgando “certeza jurídica” a las empresa, evitando “abusos” contenidos en la ley, podrá crearse más fuentes de empleo. En este sentido, la iniciativa relaja las obligaciones patronales en la contratación y en el despido, reduciendo al mismo
tiempo no sólo el margen de maniobra de los sindicatos, sino también de la “autoridad” al proponer cambios en el procesamiento y aplicación de sentencias.
A partir de lo anterior, nuestro propósito es analizar, primero, algunas de las estrategias discursivas de la iniciativa de reforma laboral y, segundo, comentar los ajustes que se proponen en la legislación y que tienen repercusiones en el espacio socioproductivo, como es, por ejemplo, el pago por hora.
Las estrategias discursivas empleadas en la iniciativa de reforma laboral.
a) La ley: un obstáculo para la modernización del país.
“Consideramos importante recordar que las reformas
más recientes que ha tenido la Ley Federal del Trabajo
datan del año 1980. Es decir, han transcurrido 30 años
sin que la legislación laboral haya sido objeto de una
revisión integral y profunda. Esta parálisis ha propiciado
que muchos de sus preceptos se vean rebasados por la
realidad del mundo del trabajo.” (Exposición de motivos
de la Iniciativa de Reforma)3
“Lo que se está haciendo es modernizar un marco
jurídico, […] en un país totalmente distinto, en lo
económico, político y social"4
En la justificación de la iniciativa y en diversas entrevistas otorgadas por el Secretario del
Trabajo aparecen proposiciones que muestran a la actual legislación laboral como un marco
obsoleto y arcaico; es decir, como un obstáculo para la competitividad del país y para la
generación de empleos. Dichas proposiciones reflejan el contenido ideológico de la
propuesta al descalificar a quienes se oponen o se resisten a los cambios del mundo laboral;
identificando como posible causa la defensa de prebendas o de privilegios o bien una
supuesta incomprensión de la realidad, al calificar dichas posturas como irreflexivas.
La descalificación de los actores que ejercen su derecho a disentir se traduce, por lo tanto,
en una estrategia que fuerza los cambios en la legislación y que restringe los espacios de
Dicha estrategia se apoya de la crítica social que se ejerce a las burocracias sindicales y de
la distancia o la brecha que existe entre quienes “dicen” representar a los trabajadores y los
representados, distancia que se expresa también por esta aparente incomprensión de las
tensiones y conflictos que se configuran en el espacio de trabajo. Este sentir se refleja
también en el hecho de que la participación de los trabajadores en la definición de los
contenidos de la reforma laboral parece quedar reducida al debate parlamentario. Lo que es
materia para otra discusión.
Ahora bien, en este contexto discursivo, el Secretario de trabajo ha señalado que la
iniciativa de reforma se ha consensuado con el sector empresarial y con liderazgos
modernos del sindicalismo mexicano, quienes están dispuestos a “platicar”. Sin embargo, la
premisa es quien bien actúa no tiene de qué preocuparse.
Conductor: [refiriéndose al SME y al Sindicato Minero] "no son ejemplo del nuevo
sindicalismo honesto, productivo y responsable"
Srio. del trabajo: “No y que fíjate que justamente; esos ejemplos son los que te dejan ver
que desafortunadamente en algunos casos, algunas personas, algunas organizaciones, han
aprovechado la obsolescencia, las lagunas, las contradicciones que tiene nuestra ley para
hacer un mal uso de instituciones tan nobles, por ejemplo, como el derecho de huelga,
entonces, a mí me queda muy claro que uno de los aspectos que tenemos que seguir
haciendo como autoridad, ciertamente conciliar intereses, y ciertamente buscar la
productividad en las relaciones laborales, pero también aplicar estrictamente la ley; y ya
sabemos a estas alturas del partido, distinguir cuando un movimiento de huelga, cuando un
emplazamiento, cuando un estallamiento son auténticos, en defensa de los legítimos
intereses de los trabajadores y cuando se utilizan como un mecanismo de chantaje, y yo
creo que sí,la ley nos tiene que ayudar a reforzar esos mecanismos para que quien actúa
bien, no tienen nada de qué preocuparse, claro, para quienes han hecho de la extorción o
del chantaje un modos vivendi y un modos operandi pues si que se empiecen a preocupar
porque pensamos cerrar la puesta a ese tipo de prácticas”. 5
A partir de esta postura, una de las paradojas de la iniciativa de reforma a la legislación es
que si bien recupera la crítica social a las burocracias o las “gerontocracias” sindicales; la
promesa de democratizar a las organizaciones sindicales es sólo un mecanismo que
interpela a la simpatía del ciudadano; situación que contrasta con lo expresado por el
Secretario del Trabajo en el sentido de que la propuesta cuenta con el consenso de los
líderes “modernos”, participativos y que contribuyen a “garantizar la paz laboral”.
Es decir, se plantea por un parte modernizar y democratizar a las estructuras sindicales al
mismo tiempo que se apoya de prácticas cupulares y de los mecanismos de control y
disciplina que se aplican en el espacio socioproductivo. Prácticas que contribuyen a la
simulación de la contratación colectiva (contratos de protección) y que restringen el acceso
a la justicia laboral.
Esta paradoja, expresa, no sólo un mecanismo de control, sino el juego que existe entre el
consentimiento y la oposición alrededor de la iniciativa de reforma; es decir, el juego de
intereses y las divergencias entra las posiciones que convergen en el debate. En este sentido
cabe preguntarse qué significa, para la autoridad laboral, en un país con instituciones
débiles, un sindicato “honesto”, “productivo” y “moderno”. Esto es importante porque
cabe preguntamos si existen espacios para que los trabajadores puedan expresarse o si
existen condiciones para deliberar, de manera abierta y plural, el contenido de las reformas
estructurales que propone el Poder Ejecutivo.
Por el contrario, al mostrar una actitud beligerante a cualquier forma de oposición y a las
resistencias se pretende negar que el conflicto es inherente a la relación capital-trabajo y
que la productividad, por ejemplo, exige abrir espacios de deliberación para que los
trabajadores participen también en la redefinición de los contenidos del trabajo y del
empleo; por lo que la productividad no puede definirse únicamente como el incremento de
indicadores o la consecución de objetivos y de resultados en determinado tiempo. Más
adelante tocaremos este punto al analizar algunas propuestas que se integran en la iniciativa
de reforma y que inciden en el control sobre la fuerza de trabajo.
b) En el discurso oficial, los cambios se enmarcan en la batalla por el empleo y en la
promesa de alcanzar un país con mayor justicia.
“Hemos hecho un ejercicio de la urgencia de un México con reformas, el México
con reformas, por ejemplo, el año 2020, dentro de diez años, es el México donde
queremos tener un ingreso 40 por ciento mayor del que hoy tenemos; sería el
México donde se pueden crear no 300 mil empleos, sino hasta 700 mil empleos al
año, y sería el México donde la pobreza puede reducirse por lo menos a la
mitad. Lo que queremos decir con esto, las reformas son indispensables para
crecer, para tener un país con paz social, pero sobre todo para dar esperanza,
empleo, oportunidad pues al mayor número de jóvenes que hemos tenido en toda la
historia de México.” 6
En el discurso de los actores políticos vinculados al Gobierno Federal y al sector
empresarial se menciona, con insistencia, la necesidad de llevar a cabo, con “urgencia” las
reformas estructurales que requiere el país y de promover los acuerdos y consensos
necesarios para concretar la transformación de México. La idea que se enmarca en este
discurso es que los ciudadanos se encuentran insatisfechos con el actuar de la clase política
y la baja productividad de los políticos para concretar compromisos. Apelando al malestar
del ciudadano/consumidor/cliente se insiste en la necesidad de cambiar las reglas de juego
y los referentes que orientan la toma de decisiones; sobre todo, de aquellos actores políticos
y sociales que son descalificados al considerar que su posición se encuadran en el pasado.
Al subrayar la importancia de concretar las reformas estructurales se menciona, en el
discurso oficial, por una parte, la indisposición de la clase política para construir
compromisos y, por la otra parte, los rezagos en materia de competitividad y de creación de
Hay en todo ello un discurso beligerante en el que la batalla por la competitividad y el
empleo exige no sólo claudicar, sobre todo, en cuanto a los “viejos” principios ideológicos
del nacionalismo revolucionario, sino hacer sacrificios en la premisa de que lo importante
es crear empleo a cualquier precio, a cualquier costo, sin importa que estos sean de mala
“Pregúntenle a la gente, pregúntenle a los jóvenes, pregúntenle a las mujeres, a los adultos
de más de 40 años que por falta de capacitación luego no les dan también un empleo, ¿qué
prefieren? Ponerse a prueba para demostrar que sí pueden, que no solamente quieren, sino
que pueden y demostrarle al empleador que tienen con qué alcanzar ese perfil y esas
características para quedarse con el trabajo o decir: “yo me someto a la capacitación”,
claro, con cargo al patrón, a una capacitación para demostrar que puedo aprender rápido
y que entonces me puedo quedar con el puesto de trabajo.”7 En respuesta, la consiga:
¡Queremos empleos dignos! condensa parte de las tensiones que existen alrededor de esta
La política de la despolitización del modelo de regulación laboral si bien se enmarca en el
ideal del libre mercado y en el dominio del juego económico sobre los imperativos de la
cohesión social, por ejemplo; se hace un uso político del dato y de la cifra parar subrayar
los “rezagos” del país. En este sentido, entre los componente de la ideología dominante se
encuentra el gusto por evaluar y comparar (en un plano local, nacional e internacional) los
indicadores desempeño o los coeficientes de la performance económica en una escala
internacional. Situación que es compatible con el proceso de descentralización de la
producción y con el supuesto de que homologando las reglas del juego económico en una
escala internacional, los rezagos entre los países habrían de reducirse promoviendo un
mayor equilibrio entra las naciones.
A partir de estos indicadores se señala principalmente que la actual legislación laboral es un
obstáculo para la competitividad del país debido a que los altos costos laborales, en la
contratación y en el despido de la mano de obra, inhiben la inversión y la confianza de los
empresarios e inversionistas. En este sentido, la competitividad se define básicamente a
partir de los costos, del grado de libertad económica y de seguridad jurídica que cada país o
Estado ofrece al capital privado como incentivo. La competitividad, desde la perspectiva del Instituto Mexicano por la Competitividad, se define como la capacidad para atraer y
retener inversión y talentos.8
Desde esta perspectiva, la reforma laboral “promueve mayor flexibilidad en el mercado
laboral y premia conductas que favorecen el crecimiento de la productividad […] ata la
remuneración del trabajador al mérito, eliminando el escalafón ciego y favoreciendo la
contratación de trabajadores con mayores destrezas y los que están dispuestos a cumplir
más de una función.”9
En la justificación de la iniciativa podemos encontramos diferentes proposiciones que
presentan a la empresa como una víctima de los “abusos” de trabajadores, de sindicalistas
y de la propia legislación laboral al propiciar “juicios largos”; sentencias o condenas
costosas que restringen la inversión. Es decir, con la promesa de crear mayores empleos y
de atraer la inversión se busca reducir los costos por contratación y despido y flexibilizar
las estructuras institucionales y jurídicas que pondrían en riesgo a la empresa. Se“ha
extendido la duración de los procesos, generando condenas estratosféricas que terminan
por descapitalizar a las empresas o por cerrar las fuentes de empleo”.10
La idea es bastante simple: para crear empleos (a cualquier costo) y lograr un crecimiento
económico superior al cinco u ocho por ciento, las reformas estructurales se consideran
necesarios e impostergables. Premisa que se enmarca también en un principio de justicia al
suponer que la reforma tiene su lado amable y que es benévola a las expectativas de los
jóvenes, de las mujeres, de los discapacitados, etc.; de todo aquel que ha sido excluido o
marginado del mercado laboral.
Ahora bien, la definición de la competitividad a partir de los costos laborales es un tema
bastante controvertido porque resulta claro que atraer inversión o incentivar el desarrollo económico y la planta productiva se requiere, entre otros factores, la formación de recursos
humanos, la disposición de infraestructura y de servicios públicos eficientes; incluyendo,
por supuesto, el acceso no discriminatorio a la seguridad pública, etc. En este sentido, otros
elementos que obstruyen la competitividad de un país son, por ejemplo, el grado de
corrupción o la indisposición de los actores para reconstruir consensos, síntomas de la
debilidad institucional del país, la cual se refleja en la simulación que existe alrededor del
Lo que es más, el culto por el resultado y la evaluación del comportamiento o de la
conducta del trabajador en situación de trabajo son dos aspectos que se integran en la
reforma laboral y en la recomposición del trabajo, forzando la movilización de los
Lejos de contribuir a la bilateralidad y de incentivar la participación de los trabajadores en
la definición del “trabajo” y de sus contenidos; el interés por reducir los costos laborales
restringen el margen de maniobra de los trabajadores para negociar sus condiciones
contractuales, lo cual se reflejan no sólo en la propuesta de flexibilizar y de legalizar el
período de prueba, los contratos de capacitación inicial y el trabajo por temporada; sino en
el interés de relajar la responsabilidad y la obligación de los patrones en caso de despido:
“se propone que el patrón pueda dar aviso de despido indistintamente al trabajador o a la
Junta de Conciliación y Arbitraje.”11
Este relajamiento parte del supuesto de que trabajadores y patrones tienen el mismo margen
de maniobra para negociar en lo inmediato sus condiciones contractuales y el contenido del
trabajo, no sólo se desconoce o se omiten los abusos del patrón; por ejemplo, es sabido que
una práctica recurrente en la contratación, en la empresa privada y aun en el sector público,
el personal contratado está obligado a firmar su renuncia al mismo tiempo que firma su
contrato por tiempo determinado. Aunque no se reconoce, la justificación de la iniciativa de
reforma laboral se apoya de prejuicios al tipificar situaciones conflictivas que son
presentadas como injustas o como una carga para los patrones. Estrategias discursivas que encuadran la idea de que los “malos trabajadores” y los “malos sindicalistas” representan
un “peligro” para la estabilidad de la empresa.
En este sentido, una conclusión de este análisis es que si bien se incluye la crítica social a
las burocracias sindicales para reducir el margen de negociación de las organizaciones
sindicales; la iniciativa refleja una trampa debido a que, manteniendo prácticas autoritarias
y una cultura empresarial vertical, propone que sea la evaluación del desempeño y el mérito
los principales criterios que se apliquen en la movilidad del personal y en la permanencia
del trabajo, disputando no sólo el control o el monopolio de la fuerza del trabajo; sino
acotando también los mecanismos de protección, estabilidad y seguridad en el empleo.
Una Tesis es que la iniciativa no sólo mantiene y se apoya de la simulación que existe en el
mundo laboral mexicano en cuanto al acceso a la justicia laboral; sino que, al relajar las
obligaciones del patrón en la contratación y en el despido, el control y la disciplina en el
trabajo se acentúa. Así, la iniciativa no propone, por ejemplo, democratizar la empresa o el
espacio de trabajo o definir mecanismos de participación o estructuras más horizontales.
El incremento de la competitividad y de productividad laboral exige, por lo tanto, abrir
espacios de deliberación y atender los rezagos institucionales que existen en el país. Así, la
premisa neo-liberal de que la “paz” y los desequilibrios entre las naciones y al interior de
las mismas se reducirían al homologar las reglas del libre mercado, promoviendo la
liberalización del mercado y la integración de las economías en una escala regional y
continental, continua siendo una falacia que pone a prueba, en todo caso, los regímenes de
protección que en cada país se han construido. De ahí que estemos convencidos que el
disfrute de las ventajas que nos ofrece la globalización exige diseñar una estrategia que
reconozca en principio nuestras debilidades y no sólo las “ventajas” competitivas que
permiten a unos cuantos insertarse y concentrar los ‘frutos’ del mundo globalizado.
En el siguiente apartado analizaremos someramente algunas de las propuestas que se
contempla en la iniciativa de reforma laboral y que apelan a la empatía del legislador y del
ciudadano; propuestas que reflejan, sin embargo, las debilidades institucionales del país y que favorecen a la cultura autoritaria que se reproduce en la empresa y a la simulación del
acceso a la justicia laboral o de la aplicación de la ley.
Las debilidades institucionales de México y la recomposición del trabajo.
La iniciativa de reforma laboral contiene proposiciones que condenan la
“discriminación”en el trabajo, ya sea por motivos de raza, preferencia sexual, discapacidad
o sexo. La no discriminación, sin embargo, está contenida en la legislación laboral y en la
propia Constitución Política. Los llamados a combatir las actitudes xenofóbicas e
intolerantes; así como la contratación y el “trabajo infantil”, forman parte de las buenas
intenciones que se exponen en la iniciativa presentada por el Partido Acción Nacional;
poniendo en evidencia, en realidad, la debilidad del Estado mexicano y las paradojas que
enfrentan millones de trabajadores en su contexto inmediato debido a la simulación que
existe en el marco laboral.
Exposición de Motivos : La iniciativa que se somete a la consideración de esta Soberanía parte de cinco
ejes rectores que podemos sintetizar en los siguientes términos:
2. Promover la equidad de género, la inclusión, la no discriminación en las relaciones laborales, y la
protección de derechos, para lo cual es necesario:
i. Establecer la obligación patronal de contar con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo
ii. Determinar que a las mujeres no se les exijan certificados médicos de ingravidez para el ingreso,
permanencia o ascenso en el empleo.
vi. Establecer la afiliación obligatoria de los patrones al Instituto del Fondo Nacional para el
viii. Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores domésticos.
ix. Fortalecer la regulación para la contratación de trabajadores mexicanos para laborar en el
Fuente: Cámara de Diputados, “Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo”. Diputado José Gerardo de los Cobos Silva,
Partido Acción Nacional, Gaceta Parlamentaria, número 2971-I, jueves 18 de marzo de 2010. (677) [en
línea] Disponible en el vínculo: http://gaceta.diputados.gob.mx/
Al igual que la transparencia y la rendición de cuentas exige más que la buena disposición y
voluntad de los actores que administran los recursos públicos y que toman decisiones en
nombre del interés general; resulta claro que el respeto a la legislación laboral exige
también de instituciones sólidas.
Este punto es relevante debido a las controversias que se han generado alrededor de la
necesidad o no de reformar el marco de la legislación laboral. En este sentido, mientras que
la posición que se expresa en la iniciativa de reforma laboral señala que la ley es obsoleta y
anacrónica, para otros el problema es que la ley no se cumple y que existe una simulación
que conviene al sector empresarial y en la cual interviene la propia autoridad laboral. El
tema es bastante complejo, primero, porque dicha simulación se refleja en la exposición de
motivos o en la justificación de la iniciativa de reforma ya que si bien se señala que el
Artículo 123 de la Constitución no sufrirá modificaciones, con el objetivo de preservar los
derechos de los trabajadores y el espíritu del constituyente; lo cierto es que la propuesta no
se propone atender los rezagos que existen en la administración de la justicia laboral y que
se expresa en términos de abusos por parte del patrón. Y segundo, porque el dominio de las
reglas del juego económico sobre la esfera social se expresa también en el vacío del poder
público para imponer el respeto del interés colectivo en la regulación del mercado. El
equilibrio entre la competencia económica y la protección social.
De ahí que parte de las tensiones que existen alrededor de la iniciativa de reforma laboral se
expresan en la idea de que el Gobierno interviene en la resolución de conflictos laborales o
de que éste representa o mantiene una actitud patronal. En este sentido, en la iniciativa de
reforma laboral entra en juego el supuesto aquel de que el Estado interviene en las
relaciones laborales con el propósito de promover un equilibrio entre los factores de la
producción al constatar que la relación entre patrones y trabajadores es desigual y
conflictiva. Dicho en otras palabras, entre quienes se oponen a la iniciativa de reforma
laboral ponen a discusión no sólo el rol del Estado en la regulación del mercado; sino también la tesis de que el margen de maniobra o de negociación de los trabajadores es igual
al que tiene el sector empresarial.
Tomando en cuenta lo anterior, la definición del trabajo decente exige, más que su
inscripción en la legislación laboral, la consolidación de las instituciones laborales, la
democratización de la empresa y de los sindicatos: acabar con la simulación en la
aplicación de la legislación laboral y reducir la brecha que existe entre las situaciones que
viven en el terreno los trabajadores y el discurso o los acuerdos que se imponen de arriba
hacia abajo: “Artículo 2º. […]Se entiende por trabajo decente aquél en el que se respeta
plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por razón de
género, preferencia sexual, discapacidad, raza o religión; se tiene acceso a la seguridad
social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el
incremento de la productividad y del bienestar del trabajador, y se cuenta con condiciones
óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo decente
también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales
como la libertad de asociación; autonomía y democracia sindical; el derecho de huelga y
de contratación colectiva.”12
Entre las iniciativas que inciden en el espacio de trabajo se propone, por ejemplo, “adaptar”
el modelo jurídico de regulación laboral al modelo de competencias. En este sentido, el
modelo de la cualificación se considera también como algo obsoleto y como una limitante
para integrar la polivalencia o la multifuncionalidad. La cual dejaría de ser un acto
negociado al instaurarse por decreto:
“Las relaciones de trabajo en la normatividad laboral vigente, están basadas en modelos de
producción de la década de los años 30’s, lo que generó las llamadas descripciones clásicas de
“puestos de trabajo”, que implican que el trabajador exclusivamente está obligado a realizar
las funciones que se establecen expresamente como de su responsabilidad. Esta situación ha
tenido como consecuencia dos aspectos negativos: 1) que el trabajador no se involucre en
otras actividades de su entorno laboral, lo que propicia que no se desarrolle plenamente, y 2)
que el patrón se vea obligado a contratar mayor número de personal para desarrollar tareas
que pueden ser cumplidas por un trabajador ya contratado. Además, se estima que las capacidades del trabajador deben ser mejor aprovechadas en su propio beneficio, así como de
la productividad de la empresa.”13
El modelo de competencia exige ser discutido con mayor amplitud por los trabajadores y
los sindicalistas para analizar sus implicaciones en el espacio laboral. Se trata de un tema
que es nodal y que moviliza criterios de justicia diferenciados; así, por ejemplo, el modelo
de la cualificación se apoya de un esquema salarial que valora la trayectoria o la
antigüedad; en este sentido, la premisa de que “quien es primero, es primero en derechos”
se convierte en un criterio que distribuye responsabilidades y autoridad. Este esquema,
entra en tensión con el supuesto de que, para conservar el empleo, el trabajador tiene que
acreditar en situación de trabajo, además de sus cualidades, habilidades o destrezas; el
mérito suficiente para ser promovido independientemente de su nivel o título escolar.
Otras iniciativas que inciden en el espacio de trabajo es la propuesta de modificar la jornada
laboral y de permitir el pago por hora trabajada; ambos temas son importantes porque
trastocan la intensidad en el trabajo y el esquema de retribución salarial, lo que ha suscitado
dudas, sobre todo, entre trabajadores, sindicalistas y abogados laborales.
El control sobre el trabajo, a través de la regulación de los tiempos o los ritmos de trabajo
no es algo que se defina propiamente en la ley aun cuando ésta enmarca algunos límites; sin
embargo, es de prever, quizás, una mayor intensificación del trabajo debido a que es la
jornada lo que se “achica”; como ha ocurrido en otros países, la iniciativa podrá apoyarse o
no de la promesa de que al reducir la jornada, el trabajador tendría más tiempo disponible
para ocuparlo en familia. Sin embargo, más allá de esta demagogia, la iniciativa es
controvertida debido a que pone en juego el concepto de salario y de intensidad en el
trabajo. Dando pie a diversas controversias debido a la mala distribución de la riqueza, a la
pérdida de poder adquisitivo, o el sentimiento de ser explotado en el trabajo.
Lo que es más, la idea de que el trabajador y el patrón “podrán convenir el pago por cada
hora de prestación del servicio, siempre y cuando no se exceda la jornada máxima legal establecida en la Ley”; recae nuevamente en el supuesto de que trabajador y patrón cuentan
con la misma capacidad o margen de negociación.
Finalmente, aunque la subcontratación es una práctica recurrente de la empresa en perjuicio
de los trabajadores, ésta se analiza, en la iniciativa de reforma laboral, desde un punto de
vista jurídico al denunciar la simulación que existe en el cumplimiento de la legislación
labora para justificar, así, su legalización o regulación; sin embargo, desde el punto de vista
sociológico, ésta practica se ha considerado un elemento central en la recomposición del
trabajo y de los modelos productivos, por lo que habría que tomar en cuenta las
repercusiones de este proceso en la subjetividad de los trabajadores y en la fragilidad del
vínculo del trabajador con el colectivo de trabajo y con la propia empresa.
Lo que nos lleva a recordar que detrás del juego económico existen seres sociales que
resienten en carne propia los desequilibrios entre los imperativos de la competencia
económica y la protección social. El dominio de lo económico sobre lo social y la política
A partir de lo expuesto conviene preguntar si la iniciativa de reforma laboral presentada por
el Partido Acción Nacional contribuye a fortalecer la vida institucional del país y a resarcir
los rezagos que existen en términos de acceso a la justicia laboral. En términos generales, la
iniciativa de reforma tendría un impacto importante en el sector formal, principalmente en
la empresa privada, al relajar las obligaciones del patrón en caso de despido y al flexibilizar
la contratación; al incluir la critica social a las burocracias sindicales y recalcar la brecha
que existe entre las representaciones sindicales y las situaciones que enfrentan en el
cotidiano los trabajadores, la iniciativa integra “principios” de transparencia en el manejo
de los recursos y mecanismos de elección y toma de decisiones que tienden supuestamente
a la “democratización” de las organizaciones sindicales; sin embargo, dicha iniciativa es desequilibrada al no incluir la democratización de la empresa y tampoco la transparencia en
términos de acceso a la información. Fundamental para promover la bilateralidad.
La iniciativa de reforma laboral se inserta, por el contrario, en una perspectiva de corto
plazo. Es de suponer que la simulación de acceso a la justicia laboral habrá no sólo de
mantenerse sino que ésta se apoya, como hasta ahora, de una cultura empresarial vertical:
se propone una reforma al código de trabajo manteniendo estructuras de control y
acentuando las debilidades institucionales del país.
Una hipótesis que desarrollamos es que estas debilidades institucionales se han agudizado
debido al juego que existe entre interés público y interés privado; juego que se expresa en
la idea expresada por el Poder Ejecutivo de que los “cambios de fondo” que requiere el país
responde al interés supremo de la nación o al interés colectivo; cuando en realidad integran
o esconden intereses privados.
Esta indefinición del interés general y del rol del poder público exige abrir espacios de
deliberación. En México; sin embargo, impera una incapacidad para construir acuerdos y
consensos en principio porque la estrategia de “romper con el pasado” implica desechar la
crítica, la oposición y las resistencias. Desconociendo, absurdamente, que el sistema
capitalista se nutre de ellas. La pregunta entonces es cómo alcanzar la eficiencia productiva
en equilibrio con la protección social, el respeto al interés general y al medio ambiente.
Pregunta que deben responder no sólo los legisladores, sino que exige la participación y la
deliberación en amplios sectores de la población.
Estimados compañeros, ya pueden consultar el formato de recolección de firmas en los siguientes links:
O en el sitio www.radiosme.org.mx puedes consultarlo en Descargas/archivos.
04/04/2010 23:18:00
Noticias de Mexico. - Fraudes al descubierto con toda impunidad
Noticias de Mexico. - Después de que trascendió que el condominio de lujo en donde fue masacrado el llamado “Jefe de Jefes” Arturo Beltrán Leyva, fue adquirido al contado a una inmobiliaria de Jorge y Manuel Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, nuevamente los ojos de la opinión pública voltean a ver los turbios negocios de la ex pareja presidencial y los vástagos de la ex primera dama.
De acuerdo con un ex agente de bienes raíces del complejo residencial Altitude, de Cuernavaca, donde sucedieron los sangrientos hechos en diciembre pasado, las operaciones de compra-venta de varios departamentos fueron hechas en efectivo por varios narcotraficantes con pleno conocimiento presuntamente de los hijos de Martha Sahagún, versión que se refuerza porque ahí sospechosamente las autoridades de la PGR no han implementado ninguna acción legal para aplicar la figura jurídica de “extinción de dominio”.
Pero si no fuera suficiente, todo el manejo sexenal que la ex pareja presidencial dio al presupuesto Federal no ha sido investigado e incluso dejó todavía diversas “herencias” al actual sexenio, mismos que ya le están estallando.
Apenas a principios de año, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con insuficiencia renal crónica acudieron ante autoridades del organismo para denunciar negligencia médica en la hemodiálisis que se les practicó en el subrogado Centro de Diagnóstico Ángeles.
Cabe mencionar que hasta 2009, estos pacientes eran atendidos en clínicas del grupo Fresenius Medical Care de México, pero el IMSS subrogó el servicio al grupo Ángeles.
Cuando acudieron a recibir su tratamiento a la unidad asignada por esta empresa en enero pasado, ubicada en la colonia del Valle, se encontraron con que el personal médico no tiene experiencia en la materia, la infraestructura no es la adecuada ni cumple con los requisitos de higiene, además de que no se cuenta con servicio de ambulancia y ya se produjeron varios casos de negligencia que pusieron en riesgo la vida de los pacientes.
Los afectados por consiguiente, se negaron a regresar a dicho centro y denunciaron el caso ante autoridades del IMSS. Más de dos mil pacientes tuvieron que ser convencidos en enero pasado por Normando Cano Manzano, subdirector del Hospital Regional número 1 Gabriel Mancera, y el jefe de nefrología del nosocomio, Eduardo Monsiváis, de que todo estaba bien.
Sin embargo, las autoridades del IMSS reconocieron que el personal del Centro de Diagnóstico Ángeles no está capacitado para atender a quienes padecen insuficiencia renal crónica y admitieron que hay desorganización, por lo que propusieron a los pacientes ser canalizarlos al hospital Mocel –del mismo grupo–, asegurándoles en una carta compromiso que en ese centro, con experiencia en hemodiálisis, recibirán un tratamiento correcto.
Según los médicos del instituto, el Grupo Ángeles aún no ha dado una respuesta convincente sobre la negligencia en sus servicios, por lo que se comprometieron con los pacientes a supervisar directamente el funcionamiento de las terapias de hemodiálisis que se les apliquen en el hospital Mocel a partir de mañana. Asimismo, los convocaron a una reunión para finales de la próxima semana con el fin de conocer la calidad del servicio.
Las "benditas" licitaciones
Mediante una licitación más que sospechosa y “amañada” del IMSS y de la que varias empresas se retiraron cuando estaba en la dirección de Juan Molinar Horcasitas y que se dice tuvo que realizarla al gusto de la ex pareja presidencial, ahora es la manzana de la discordia, al grado que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa /TFJFA) a cargo de Francisco Cuevas Godínez, ya recibió hasta amenazas para resolver el caso a favor del grupo Ángeles, según trascendió.
Y es que dicen que por instrucciones de la ex pareja presidencial-, se subrogó el servicio de hemodiálisis a la empresa Corphomed y al Centro de Diagnóstico Ángeles, propiedad del multimillonario empresario Olegario Vázquez Raña, sin contar ni con el equipo ni el personal médico capacitado para el caso.
Con el respaldo de Juan Molinar Horcasitas, se subrayó, entonces director del IMSS, se le dio manga ancha al empresario Olegario Vázquez Raña -junto con la empresa Corphomed- para obtener la adjudicación directa de un contrato de 3 mil millones de pesos por tres años por los servicios subrogados de hemodiálisis, sin comprobar que estaban aptos y tenían el equipo necesario para dichos tratamientos, según mencionaron las empresas demandantes.
Por eso, la falta de personal capacitado e instalaciones adecuadas ha provocado serios trastornos físicos a enfermos con deficiencia renal, reiteraron afectados, quienes cada tercer día “se juegan la vida” acudiendo de manera obligada y “bajo amenaza” al Centro de Atención Ángeles.
Las empresas inconformes con todo el proceso de licitación, Fresenius Medical Care (corporativo alemán y quien desde hace una década prestaba el servicio de manera subrogada al IMSS), MK Humana y Care Centro de Atención Renal, acudieron a las autoridades judiciales y administrativas e interpusieron dos juicios de nulidad y un amparo para echar abajo la licitación que consideran ilegal de origen, de ahí que los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estén siendo amenazados pues están en juego tres mil millones de pesos, según trascendió.
Incluso se dijo que Fresenius podría interponer una denuncia ante la Corte Internacional de Arbitraje con sede en París, e incluso retirar su inversión en México, que a la fecha asciende a cuando menos 250 millones de dólares.
Cabe resaltar que hace cinco años Ana Cristina Fox, fue nombrada directora de Relaciones Públicas de los hoteles Camino Real, propiedad de este magnate.
Más nexos turbios
Mientras esto sucede, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), elefante blanco que se convirtió en un nicho de negocios privados, recibe cada año cuando menos 305 mil millones de pesos, es decir, más de mil por ciento de lo que recibirá la universidad pública más importante del país y de Latinoamérica, la UNAM.
En este contexto surgen los nombres de los hermanos Bribiesca y la empresa Construcciones Prácticas que oficialmente opera a nombre de su socio Miguel Khoury Siman, en el que a pesar de que se determinó un daño patrimonial por 2 mil 400 millones de pesos, no se ha hecho nada en su contra.
Un legajo de 67 páginas, el informe original comprueba diversas violaciones a la Ley Federal de los Funcionarios Públicos y al Código Civil Federal, entre otros, guarda el sueño de los justos.
En ese sentido, el ex titular de la ASF, Arturo González de Aragón al revisar las operaciones que el IPAB llevó a cabo con Construcciones Prácticas en el año 2004, enfatizó que: “no se trató de bienes inmuebles, sino de derechos litigiosos relacionados con dichas propiedades”.
Por si fuera poco, Fénix Administración de Activos, ligada a los hermanos Bribiesca Sahagún y a Francisco Gil Díaz ex titular de Hacienda, habría causado quebrantos por miles de millones de pesos al erario, revela un juicio comercial y una demanda civil interpuestos en su contra por el IPAB. Las enajenaciones de bienes, de las que se derivan las probables irregularidades, fueron avaladas por el ex secretario de Hacienda, Agustín Carstens, según denuncias.
La empresa es propiedad de JE Roberts Company y está vinculada con los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún y con el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz.
Su relación contractual con el IPAB, para los servicios de preparación, cobranza y administración de la cartera de BanCrecer, inició el 7 de marzo de 2000; no obstante, desde el 3 de noviembre de 1999 recibió instrucciones acerca del proceso de saneamiento, consta en los Estados financieros al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y dictamen de los auditores. Su gestión concluyó en mayo de 2004.
En ese periodo, Fénix realizó 302 procesos para enajenar, por licitación pública, miles de bienes muebles e inmuebles. Estas operaciones ascendieron a 7 mil 992 millones 300 mil pesos, indica un informe entregado por el ex secretario ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard, al Senado el 28 de junio de 2005.
Seis de esas subastas avaladas por el ex funcionario, ocurridas en 2001 y a inicios de 2003, suman pérdidas por al menos 10 mil 772 millones 126 mil 280 pesos. El perjuicio podría ser mayor, pero parte de la información, incluida la referente al ejercicio 2002, ha sido reservada por el IPAB supuestamente con el amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
La Auditoría Superior de la Federación a pesar de que ya indagó los vínculos de Francisco Gil Díaz, con Fénix Administradora de Activos -empresa por medio de la cual los hermanos Bribiesca adquirieron 3 mil casas a precio ínfimo-, que habría causado un quebranto al IPAB por varios millones de pesos, en oscuras transacciones con Gonzalo Ortiz Blanco, notario e hijo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
La participación del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en las operaciones que emplearon los hermanos Bribiesca Sahagún para obtener 3 mil casas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) -cada una a menos de 2 mil pesos, entre 2003 y 2004- por medio de Fénix Administradora, será investigada por la Auditoría Superior de la Federación.
Derivado de una denuncia ciudadana en la que se vincula a Gil Díaz en irregularidades durante su desempeño como titular de la SHCP, la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados solicitó al titular de la ASF, que incluya la fiscalización de las operaciones de Gil Díaz como asesor del consorcio J.E. Roberts, cargo que desempeñó simultáneamente con su trabajo como presidente de la Junta de Gobierno del IPAB, según reveló HSBC o, cuando Gil se integró como consejero de este consorcio financiero, sin embargo los resultados han sido nulos.
J.E. Roberts es propietaria de Fénix Administración de Activos S. de R.L., administradora de cartera que desde el sexenio pasado ha vendido la mayor parte de los bienes que recibió el IPAB como resultado del rescate bancario.
La adquisición de miles de casas del IPAB a precio de remate por parte de los hijos de Marta Sahagún, fue uno de los resultados más importantes de la Comisión Especial de diputados que el año pasado investigó el tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca.
Si para sus presuntos ilegales negocios como gestores de contratos en Petróleos Mexicanos, la familia de Marta Sahagún encontró en Gil Díaz,integrante del Consejo de Administración de Pemex en ese entonces, fue su principal freno, hubo entre ellos negocios compartidos, según las indagatorias que analizó la Auditoria Superior de la Federación, misma que no ha hecho nada para denunciarlos.
Por Alma Delia Rodriguez A.
28/03/2010 03:48:00
Noticias de Mexico. - En estado de indefensión, miles de trabajadores Acumulan demandas de manera ilegal
Noticias de Mexico. - La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) viola flagrantemente las leyes laborales, ya que en el caso específico de de los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyF), sus demandas en lugar de ser admitidas a trámite de forma individual, fueron ilegalmente acumuladas 564 de ellas en un solo expediente para desahogarlas en una sola audiencia de proporciones inmensas que se vuelve prácticamente imposible de realizar.
En relación a la JFCyA, los abogados señalaron que es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Federal, emisor del decreto que extinguió a dicho organismo público descentralizado, mismo que es evidentemente parcial y en perjuicio de los derechos de los trabajadores; circunstancia que se agrava al reflexionar que paso a paso y con cada acuerdo emitido por la Junta Especial 5 en el juicio 1488/2009, se infringen los derechos de los trabajadores y se deja en evidencia una clara inclinación para favorecer a los demandados en los juicios promovidos. De manera especial se favorece al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que la Lic. Amparo Ruiz Cerda, presidenta de la mencionada Junta Especial, desde el 16 de diciembre del año 1993 goza de una pensión otorgada por dicho Instituto, mismo que está co-demandado en los juicios referidos, y a favor del cual ha concedido acuerdos sin fundamento ni motivación.
Por si fuera poco, en el expediente 1488/2009 de la Junta 5 de la JFCyA, dicho despacho jurídico Abreu&Asociados, a través de sus abogados señalaron que se observa una ilegalidad respecto de las promociones y solicitudes realizadas por el Lic. Humberto Cavazos Chena (abogado que se afirma guarda una relación personal con Felipe Calderón, pues aseguran es su compadre), y quien desde el 12 de octubre de 2009 -un día después de la publicación del Decreto de Extinción- está al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza del Centro, pues sin fundamento y motivación otorga fecha en acuerdo del 16 de febrero del 2010 para una audiencia de acumulación de los 563 expedientes ya ilegalmente acumulados al 1488/2009 a otro expediente de diverso trabajador.
Con esta maniobra se pretende iniciar una cadena interminable de audiencias de acumulación con otros expedientes que se traducen en el retraso indefinido de los juicios, olvidando la autoridad laboral que su obligación es procurar la impartición y procuración de justicia pronta y expedita, lo que, con su actuar pasa por alto, olvidando que atrás de cada trabajador de la industria eléctrica que ha quedado sin empleo de forma ilegal, se encuentra una familia que mantener y la necesidad de acceder a la seguridad social que es obligación del estado y patrones proporcionar y que le es negada de forma inhumana.
Niegan derechos de trabajadores
De esta forma, recalcaron los litigantes del despacho jurídico, que el reclamo principal en este momento es “Justicia Laboral pronta y expedita”, misma que ha sido negada puesto que las puertas de los altos funcionarios de la JFCyA se han cerrado y sus oídos son sordos a este clamor a pesar de la insistencias para dialogar con ellas sobre este asunto.
Asimismo, la Junta Especial número 5 de la JFCyA, en audiencia de fecha 5 de marzo de 2010, se habilitó una mesa aislada de la barandilla general de audiencias y sólo a exigencias constantes de los apoderados de los actores se pusieron a la vista los 564 expedientes acumulados al 1488/2009, mismos que carecen de auto de radicación individual ni actuaciones en cada uno de ellos, sin embargo arbitrariamente la junta continúa actuando solo en el expediente 1488/2009, sin permitir la Junta la continuación de la audiencia para que los trabajadores ejercieran su derecho de comparecer a la audiencia, al determinar la suspensión de la misma.
ABOGADOS DEL SISTEMA
Trascendió que por cada demanda el liquidador de Luz y Fuerza del Centro y responsable de la enajenación de Bienes, Humberto Cavazos Chena, recibe una iguala de mil pesos, por lo que aproximadamente gana 30 millones de pesos cada 30 días, por lo que incluso dicen que grita a los cuatro vientos que su agenda está manufacturada con piel del obrero.
Dicho litigante se dice que junto con su hermano Baltasar Cavazos Chena, siempre han estado implicados en grandes asuntos. Se dice que están inmiscuidos en la empresa Servicios Integrales en Autopistas S.A. de C.V. (SIASA), misma que opera desde hace ocho años la administración del 90 por ciento de casetas de cobro de las carreteras para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que encabeza Juan Molinar Horcasitas, con decenas de irregularidades en las finanzas, manejo discrecional de recursos y corrupción.
Ante el deficiente estado en que se encuentran las carreteras en el país y las cuotas de peaje que pagan los usuarios por ellas, la SCT argumentó que el alza al peaje a nivel nacional tenía el propósito de recabar más fondos para su mantenimiento, sin embargo la mayoría de los recursos son entregados, desde hace más de cinco años, a SIASA, una empresa “de portafolios” que opera con la venia de las más altas autoridades del país.
En el sexenio de Carlos Salinas, la SCT, por medio de Capufe, creó el fideicomiso F/121128 para administrar el personal asignado a carreteras y puentes federales de cuota, mediante un contrato elaborado entre Capufe, como fideicomitente, y el entonces Banco Mexicano S.A., como fiduciario. El fideicomiso tendría vigencia hasta 1998, pero a finales de la administración de Ernesto Zedillo y durante los primeros meses de 2000 continuó su operación sin que nadie dijera algo.
En 2000 el Sindicato de Terrajeros emplazó a huelga al fideicomiso por irregularidades en la firma del contrato colectivo de trabajo en centros que no dependían de Capufe, sino del fideicomiso. En noviembre de 2001, Manuel Zubiría Maqueo fue nombrado por Vicente Fox como director general de Capufe. A unas semanas de asumir el cargo, el hermano del ex titular del SAT, José María Zubiría, junto con el abogado Baltasar Cavazos Chena (hijo de Baltasar Cavazos Flores, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo), crearon SIASA. La cual, al amparo de la SCT y de la SHCP, ha hecho un jugoso negocio sin ninguna obligación legal. Servicios Integrales de Autopistas inició operaciones el 1 de junio de 2002. Un año después cambió su nombre a Servicios Integrales en Autopistas S.A. para deslindarse de denuncias laborales y adeudos fiscales.
La cara visible de SIASA es el despacho de abogados de Baltasar Cavazos, quienes incluso son asesores del Senado de la República. Tanto Baltasar como Humberto Cavazos han comparecido ante tribunales laborales como apoderados legales de SIASA. Sin embargo, la SCT y Capufe se niegan a revelar la identidad de los dueños de la empresa, pese a que controla la administración y operación de las carreteras federales del país.
TamaÒo de la fuente: 14/03/2010 04:08:00
Noticias de Mexico. - Javier Lozano, asesino y chantajista de sindicatos Millones pasarían del subempleo a la delincuencia
Noticias de Mexico. - Luego de que el perverso ex priísta Javier Lozano Alarcón, no pudo alcanzar la nominación como candidato del blanquiazul al estado de Puebla, ahora pretende convertirse en "presidenciable", para lo cual retoma como una de sus banderas de precampaña la llamada "Reforma Laboral", sin embargo, esta ley como muchas otras propuestas del llamado "presidente del empleo", nacieron muertas, pues no cuentan con el apoyo popular, por lo que se convertirá sólo en su sepulturero, sin embargo, entre sus tareas también se encuentra la de asesinar los derechos de los trabajadores de sindicatos que no comulgan con el actual régimen hasta exterminarlos "oficialmente", como sucedió con el SME, además de chantajearlos a cambio de su reconocimiento.
Mucho se ha hablado sobre la llamada Reforma Laboral promovida desde el sexenio de Vicente Fox y bautizada como "Ley Abascal" y ahora como "Ley Lozano". La primera jamás no se llevó a cabo y durante el gobierno de Felipe Calderón por fortuna aún no se concreta nada, salvo que se siguen cometiendo reiteradas violaciones a la ley vigente. Y es que los de juristas laborales consideran que de aprobarse, sería una regresión para los derechos de la clase trabajadora, ya de por sí sobre explotada. Sin embargo para los legisladores panistas no todo está perdido y confían en que con "acuerdos secretos", similares a lo que salieron a relucir recientemente respecto a las alianzas, podrían estar ya suscritos.
La iniciativa de Reforma Laboral suprime los principios de estabilidad en el empleo mediante un nuevo sistema de contratación temporal, consideraron abogados laboristas como Néstor de Buen, además de que la iniciativa -enviado un proyecto a la Cámara de Diputados desde el sexenio pasado y que hoy buscan revivir- , pretende eliminar el sistema de jornada laboral y propone el pago por horas, además de eliminar diversas conquistas sociales como el INFONAVIT, IMSS, jubilación, fondo de retiro, entre otros.
Destacó que de crear nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, contratos a prueba o de capacitación inicial, la propuesta sería contraria a la Constitución, pues considera que atenta contra los principios constitucionales de estabilidad y seguridad laboral.
Busca asimismo -resaltó-, terminar con el pago de salarios caídos en los juicios laborales ante un despido injustificado, y que se reduzcan a seis meses, el resto del tiempo será a costa del trabajador, según la reforma al Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, quitándole también los derechos a las trabajadoras domesticas y jornaleros, quienes serían despedidos sin indemnización.
El abogado laboral, Néstor de Buen Lozano, apuntó que es un tema muy preocupante dicha ley, especialmente en el llamado proyecto régimen de subcontratación (artículos 15-A a 15-D).
"Es ciertamente, un tema de moda. Por ahí, con intención malévola, se le llama 'outsourcing', como si fuera la compra de una mercancía que debe ser incluida en el armado final de un producto. En la horrorosa experiencia mexicana, no es más que el alquiler de trabajadores, como si éstos fueran objetos. La empresa que propone los servicios, generalmente insolvente, recibe del destinatario el valor de los salarios con una sabrosa comisión. El 'arrendador' los inscribe en el IMSS y en el Infonavit y en lo que sea, y convierte al supuesto arrendatario en una empresa gloriosa que no tiene trabajadores ni las responsabilidades consiguientes", acotó.
Por su parte el titular de la Secretaría del Trabajo, Lozano Alarcón, luego de cancelar el pasado 13 de octubre su comparecencia ante la Cámara de Diputados, de acuerdo a diversas entrevistas, señaló que presentará una serie de propuestas con miras a conjuntar las 321 iniciativas planteadas en los últimos 12 años por los diferentes partidos políticos y los sectores obrero y patronal.
Aseguró que la Reforma Laboral, así como la fiscal, la energética y la de telecomunicaciones, permitirían la creación de 800 mil empleos formales, que son los que realmente podrían satisfacer la demanda del país.
Asimismo, según los cálculos oficialistas, para este año se espera que el crecimiento económico, estimado en 3 por ciento, genere 400 mil puestos laborales, mismos que son insuficientes, reconoció el funcionario.
En este contexto, el diputado del PRI, Jorge Carlos Ramírez señaló que el secretario del Trabajo, antes de presentar la propuesta de reforma laboral, deberá cumplir con la comparecencia que tiene pendiente ante comisiones de la Cámara de Diputados.
"Hemos escuchado que anuncia muy formalmente que ya está listo para venir al Congreso a presentar la reforma laboral, pero hasta el momento son sólo eso, promesas", destacó.
Por si fuera poco aseguró que tiene pendiente venir a explicarles "el asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y las cifras del desempleo", sostuvo.
El vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que el funcionario tendrá que informar también sobre el anuncio que hizo el gobierno federal de un programa intensivo de empleo temporal.
Ramírez confió en que así como hay disposición para presentar formalmente ante el Congreso de la Unión el proyecto de reforma laboral que se está consensando con los sectores productivos también comparezca.
"Fundamentalmente el secretario creo que estará en la mejor disposición de cumplir con este compromiso pendiente en la Cámara de Diputados", concluyó.
La reforma laboral que pretende el gobierno federal certeza ni estabilidad, advirtió Alejandro Encinas, líder de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados.
Tratar de establecer no solamente una relación individual sin certidumbre y garantías individuales, sería una regresión enorme, deberían estar preocupados en generar empleos no una ley para alentar la inestabilidad laboral y el desempleo en el país.
El diputado recalcó su posición en contra de la Reforma Laboral al señalar que ésta conculca los derechos laborales alcanzados por los trabajadores mexicanos; y que quedaría al traste con una de las conquistas más importantes de derechos sociales que ha tenido el país.
Por su parte el diputado del PRI, Sebastián Lerdo de Tejada, adelantó que su grupo parlamentario trabajará en coordinación de las organizaciones sindicales y adelantó que cualquier modificación que pretenda vulnerar los derechos de los trabajadores no contará con su respaldo.
Por el contrario, aclaró que lo que sea sensato y facilite las formas de contratación y de empleo contará con su apoyo, "pero siempre en consulta y consenso con las organizaciones sindicales afines a nuestro partido para generar los consensos sociales más allá de los consensos legislativos", aseveró.
Dijo estar a la espera de que la Secretaría del Trabajo envíe las iniciativas para su revisión en coordinación con las organizaciones sindicales en función de eso, se tendrá una opinión concreta, pero hasta que se presenten las iniciativas todos lo demás son especulaciones.
El vicecoordinador del PAN, Roberto Gil Zuarth aseguró que su bancada respaldará la propuesta de Reforma Laboral que presente Javier Lozano o el Ejecutivo federal, por lo que legislarán por una modificación integral que mejore el desempeño del mercado laboral y dé mayor competitividad al país.
El diputado del PAN aseveró que existe una experiencia internacional para implementar el pago por hora, lo que puede darle flexibilidad al marcado laboral sin menoscabo de los derechos de los
Patrones aprueban a Lozano
Para la iniciativa privada, la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo contiene más de 280 cambios, entre los que destacan los periodos de prueba para quienes carecen de experiencia laboral, flexibilidad de horarios, entre otras medidas.
Así lo informó la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien destacó que tras las últimas reuniones con diputados y senadores se comprobó que hay voluntad para debatir.
Aclaró que la reforma no se limita a sustituir el término patrón por empleador, sino que incluye la contratación por temporada con derechos permanentes y de planta, bajo la modalidad de periodo de aprendizaje.
Aseguró que se flexibilizan las jornadas, los horarios y la forma de pago, por lo que no deberá ser exclusivamente en efectivo. "Se exigirá profesión para evitar coyotaje en los tribunales laborales que constantemente cierran empresas pequeñas" después de un conflicto laboral.
La reforma laboral lleva años diseñándose y desde 2002, según afirmó dicha central patronal, sindicatos y patrones acordaron más de 280 cambios.
La de mayor novedad es el compromiso de empresas para contratar a jóvenes sin experiencia "y acabar con el círculo perverso de que no dan trabajo porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque no han trabajado", sin embargo, como se supo, el programa de primer empleo que promovió el gobierno calderonista a principios de sexenio fue un fracaso.
Durante 40 meses que van del sexenio, Lozano ha predicado sobre sus esfuerzos a propagar que trabaja en un proyecto de reforma que será aprobado por mayoría, y ha asegurado que "no se tocarán los derechos individuales y colectivos de los trabajadores consagrados en el artículo 123 constitucional".
Al mismo tiempo, cabildea su proyecto de reforma de manera difusa, sólo algunos diputados del PAN están en su defensa, reconocen legisladores de otros partidos.
De acuerdo a la diputación del PAN en la Cámara de Diputados, desde que empezó el sexenio se han estudiado las 151 iniciativas de cambios a la Ley Federal del Trabajo, que se han presentado ante el Congreso de la Unión de 1997 a 2008, más otro tanto en los últimos 16 meses. El respecto el PRI y el PRD, reiteraron que no es más que un refrito de la llamada Ley Abascal".
"Porro del sistema"
El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, por su parte subrayó que Javier Lozano Alarcón es "un porro del sistema panista", mismo que se utiliza en todo tipo de conflictos, como "punta de lanza", donde por ejemplo en el caso del SME, donde no le correspondía intervenir directamente, ya que es un caso que corresponde a funcionarios de la Secretaría de Energía.
Lozano Alarcón luego de más de dos años, la pretensión de demandar al chino-mexicano, Zhenli Ye Gon, quedó atrás, luego de que el oriental precisó que lo presionó para que guardara más de 205 millones de dólares que servirían para la campaña de Felipe Calderón y cuyo origen es el tráfico de drogas sintéticas.
"Es un asunto personal. Fui objeto de calumnia y difamación y los hechos me han dado la razón que no se trataba de la historia, ni del personaje como ellos habían invocado. Y como abogado que soy, me he reservado el ejercicio de esos derechos y la forma de cómo voy a actuar tanto en los términos, la modalidad, la oportunidad y la jurisdicción, porque eso (la denuncia) puede ser en Estados Unidos o en México".
Lozano Alarcón, según trascendió, empezó el "cabildeo" con las fracciones del PAN, PANAL, y PRI, tanto en la Cámara de Senadores y de Diputados con el fin de que se apruebe antes de que este periodo de sesiones concluya su proyecto de reforma, que no es otra cosa que la llamada "Ley Abascal", según confirmaron tanto abogados laborales como legisladores.
En su planteamiento, el funcionario propone a los legisladores una reforma integral de la legislación laboral, con cambios a por lo menos 390 de los más de mil artículos de la ley referida, además de que aclaró ya existen 264 iniciativas de ley en poder del Congreso.
Al mismo tiempo criticó a la actual legislación al señalar que "es una pieza legislativa que inhibe la generación del empleo formal en el actual y en el futuro entorno competitivo mundial y, paradójicamente, en su obsolescencia termina por arrojar a miles hacia la economía informal o a la emigración".
De la misma forma, los ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrogar el decreto extinción de la dependencia.
Por su parte, representantes laborales señalaron que diversas disposiciones sobre los sindicatos y la contratación colectiva, violan la autonomía y la libertad sindical. Se imponen requisitos para la solicitud de celebración del contrato colectivo; no se podrán establecer contratos colectivos por gremio; se adiciona como causal de inexistencia de la huelga, el incumplimiento de las normas estatutarias relacionadas con el ejercicio del derecho de huelga.
La propuesta, añadieron, aunque distingue hostigamiento y acoso sexual; sin embargo, no es precisa la definición de acoso. Se deja una laguna jurídica en la prohibición a los trabajadores por falta de precisión y definición de los actos que serán interpretados como acoso sexual.
En el caso del abuso sexual, no se definen las conductas que serán consideradas en ese concepto y solo se nombra de manera genérica como "una forma de violencia."
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Unión de Juristas de México, cuyo presidente es Eduardo Miranda Esquivel, así como la Red de Abogados laboristas destacaron que la "Reforma Lozano", es un atentado a la libertad de asociación, al derecho de huelga y a la contratación colectiva.
La "Reforma Lozano" propone modificar los artículos 387, 899-A y 899-C, que resultaría en la cancelación a la libertad de asociación gremial y el derecho a la contratación colectiva legítima.
El artículo 387 se refiere al derecho de los trabajadores de tener contrato colectivo de trabajo y a emplazar a huelga en el supuesto de que el patrón se negara a firmar el contrato colectivo solicitado.
La propuesta del gobierno, a sugerencia de la Coparmex, cancela este derecho al imponer cuatro requisitos, imposibles de cumplir en la práctica:
Dar a conocer los nombres de los trabajadores inconformes. Que es tanto como que los trabajadores levanten la mano para que el patrón sepa quiénes son los inconformes y ser despedidos. Esto equivale a una auténtica lista negra.
Exhibir las firmas de cada uno de los trabajadores los que difícilmente estarán dispuestos a firmar en contra el patrón o del sindicato charro. La represión, el despido y la cláusula de exclusión operarían de inmediato, como sucede en la práctica cuando son descubiertos los trabajadores.
Acreditar el desahogado de un procedimiento, ante la Junta correspondiente, también previo al alta en los padrones del sindicato que emplaza a huelga. Al ser los líderes charros y por los representantes de los patrones, quienes mayoritariamente controlan las Juntas, se actualiza un escenario absurdo en la reforma de ley al exigir a los trabajadores que sean los patrones y los líderes con los que están inconformes que les otorguen la documentación necesaria para poder pelear contra ellos. No hay modelo laboral en el mundo que contemple exigencias de esta dimensión.
Que los trabajadores exhiban documentos que los acrediten como trabajadores de la empresa. En muchas de las pequeñas y medianas empresas no se les da recibo alguno, tampoco los tienen afiliados al IMSS, por lo que no tendrían como cumplir con este requisito adicional. Con la "Reforma Lozano" se deja en estado de indefensión a un gran número de trabajadores que al no contar con recibos de pago o constancias no podrán acceder a la contratación colectiva.
Asimismo la "Reforma Lozano" impedirá que los trabajadores puedan cambiar de Sindicato, obligándose a aceptar el que les impone el patrón.
Los cuatro requisitos mencionados también se imponen como condición previa para poder cambiar de sindicato. Si no se cumplen, no se da trámite alguno a la demanda de titularidad, es claro que la "Reforma Lozano" busca enterrar de una vez y para siempre cualquier posibilidad de sindicalismo democrático en nuestro país.
Además agregaron que actualmente no existe ningún requisito de procedibilidad para presentar demanda de titularidad de contrato colectivo de trabajo, la "Reforma Lozano" impone condiciones que ninguna organización sindical podrá cumplir según los dos artículos propuestos, el 899-A y 899-C: "Art. 899-A.
Como sabemos, los patrones escogen al sindicato de su preferencia cuando firman el contrato colectivo, nunca son los trabajadores quienes deciden la central sindical a la cual se afilian y, obviamente, el patrón cuida que el sindicato que escogió no sea cambiado, porque considera que tiene derecho a determinar el sindicato que "funcione en su empresa" y quien pretenda cambiarlo será su enemigo. Esta modificación parte de la premisa de que los trabajadores no tienen la capacidad de decidir libremente su sindicato, como sucede en cualquier parte del mundo.
En los artículos 39-A, 39-B y 39-D se crean tres nuevas formas de contratación: a prueba, por temporada y de capacitación; mediante estas, los patrones podrán contratar a trabajadores por un periodo determinado de tiempo, pudiendo ser despedidos al término de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón.
Lozano Alarcón considera que ampliando la inestabilidad laboral va a existir más inversión e interés de los patrones por crear fuentes de trabajo, la experiencia en otros países demuestra que esta suposición es falsa, ya que la creación de empleos es producto de una correcta política económica que genera condiciones para la inversión productiva. La consecuencia de la "Reforma Lozano" será de más precariedad laboral y que los patrones, que hoy contrata a trabajadores para realizar labores permanentes, prefieran contratarlos al principio de manera temporal como propone este proyecto de ley.
La práctica empresarial es decidir cuál es el sindicato más conveniente para sus intereses y así firmar el contrato colectivo con un sindicato de industria que responda a esa intención, así lo han hecho en Aviacsa, Interjet, Volaris, A volar, Magnicharters, y otras. La intención es impedir que existan sindicatos gremiales democráticos como la Asociación Sindical de Pilotos.
Aviadores (ASPA) y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA). Esta estrategia no tiene sustento en la ley actual como puede derivarse del artículo 388 vigente, y por esa razón, los dueños de las compañías aéreas y sus abogados hicieron una gestión ante la Secretaría del Trabajo para que se incluyera un párrafo nuevo que le diera sustento legal a su pretensión. Subrepticiamente se incluyó un párrafo que adiciona el artículo 388 con el siguiente texto: "Celebrado un contrato colectivo de trabajo que aglutine a todas las profesiones y oficios de los trabajadores sindicalizados de la empresa o establecimiento, no podrá dividirse este en contratos colectivos para cada gremio ya que la titularidad del contrato colectivo de trabajo corresponde a la mayoría de todos los trabajadores"
Ignoran recomendaciones laborales
Los litigantes señalaron que la "Reforma Lozano" excluye las propuestas del sindicalismo democrático, de los especialistas, académicos y de la sociedad civil, además de que no contempla la propuesta de un nuevo sistema de justicia que sea imparcial y eficaz para resolver los problemas laborales; no fortalece la autonomía de los sindicatos frente al Estado y los patrones; ignora las sugerencias de crear nuevas instituciones como el Registro Público de Sindicatos y Contratos Colectivos; no fortalece la Contratación Colectiva como vía de concertación para lograr mejores salarios y productividad; es ajena a las múltiples experiencias internacionales que se han instrumentado para conciliar productividad con seguridad en el trabajo e ignora el reclamo popular por una nueva política salarial.
El PAN, actual partido gobernante, sostuvieron, ha hecho un corte radical con su pasado democrático y ahora en el poder ha mostrado de forma contundente sus obsesiones por privatizar parcelas del país, como lo pretende hacer con la polémica reforma energética. Otra reforma que viene es la reforma laboral. En el más completo olvido ha quedado la propuesta que hicieron los panistas en el Senado en 1995, que estaba orientada hacia una democratización del mundo del trabajo.
Los proyectos de reforma se pueden personalizar, sobre todo cuando son producto de una negociación silenciosa, sin ninguna convocatoria pública y en la más completa opacidad. A ese modo de operar las reformas, a las que Felipe Calderón ha resultado muy afecto, se le puede denominar el arreglo entre poderes fácticos y gobierno, al margen de la sociedad y, por supuesto, lo más alejado de la transparencia.
El nuevo proyecto de reforma laboral tiene el sello del actual secretario del Trabajo. Es un proyecto que se hizo al gusto del los abogados empresariales de la Coparmex (que en muchas ocasiones son parte del negocio de los contratos de protección) y con el consenso del viejo corporativismo del PRI, que sólo representa los intereses de sus líderes, es decir, de la gerontocracia del sistema.
Por su parte Francisco Hernández Juárez, presidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y actual diputado federal, que aglutina a más de 200 sindicatos, también precisó que se oponen a dicho reforma las fuerzas antidemocráticas del país.
Mexicanos explotados
Otro claro ejemplo de los pendientes del secretario del Trabajo se encuentra en Petróleos Mexicanos, donde las compañías transnacionales que trabajan para Pemex vienen explotando a la clase obrera con jornadas hasta de 12 horas y salarios raquíticos, así lo manifestó el dirigente del Movimiento Territorial (MT) en el municipio de Coatzintla, Benjamín Reyes Hidalgo.
"No es posible que los trabajadores entren a laborar a las 8 de la mañana y salgan hasta las 8 de la noche", eso es una injusticia y como dirigente de una organización levanta la voz porque esas acciones no se deben de realizar en un municipio que le ha dado mucha riqueza a la nación, pero que las ahora compañías trasnacionales sigan explotando a la clase trabajadora.
Concretamente se refirió a Shlemberg, Mis Waco, ICA, Waters Ford, Halliburton y Western Texas, empresas contratadas por Petróleos Mexicanos y que por lo regular al personal de mano calificada ya lo traen de base; pero la mano de obra que contratan en el municipio y en la región está mal pagado, además de los prolongados horarios de trabajo.
Dichas empresas extranjeras han sentado sus reales en el municipio de Coatzintla y que hacen trabajar muchas horas a los obreros y no les paguen tiempo extra, aunque en ocasiones tengan que realizar maniobras hasta la una o dos de la madrugada.
Lamentablemente esos trabajadores no tienen quien los defienda, pues no pertenecen a ningún sindicato, por lo que dijo que como Movimiento Territorial van a platicar con los representantes de las centrales obreras, como CTM, CROC, CROM, CNOP, en fin, con las que sea necesario para que abanderen a esos trabajadores que por ahora son explotados con largas jornadas laborales, en ambiente de inseguridad y que no les cubren el tiempo extra.
El objetivo "será ver la manera para que esas compañías extranjeras ya no exploten a nuestra gente"; pues son padres de familia, tienen muchas necesidades, pero eso nunca será un motivo para que trabajen muchas horas extras sin recibir nada a cambio; simplemente el salario con el que se les contrata y que por cierto no es nada decoroso.
En ese contexto, cabe mencionar que México desplazó en 2008 a China e India como la nación más barata para la manufacturación, comparado con el costo que implica producir en algunas partes del interior de Estados Unidos (EU), su principal socio comercial, dijo la consultoría Alix Partners.
El año pasado México era un 25% más económico en cuanto al ensamblaje y manufacturación de una serie de componentes como moldes, pequeños motores y partes electrónicas, así como los costos de las materias primas, salarios, mantenimiento, tipo de cambio, transportación, entre otros. Por su parte China lo fue sólo en un 6%, según el índice países de bajo costo (LCC por sus siglas en inglés), lo que lo colocó en el tercer sitio, detrás de México e India, mientras que en 2005 el gigante asiático ocupaba el primer lugar. Sin repunte. A pesar de que México es ya considerado como más barato que China en algunas áreas, la industria manufacturera no logra repuntar.
"Si bien los costos de China probablemente mejorarán su posición en la segunda mitad de este año, en parte debido a la disminución de los costos de flete marítimo -como consecuencia de la moderación de los precios del petróleo y la recesión mundial-, probablemente no va a mejorar lo suficiente para superar a México e India este año", dijo la consultoría. Alix Partner agregó que en 2008, India se colocó en tercer lugar, seguido de Estados Unidos y Brasil. Los países analizados, eliminando a EU, son considerados por ser los principales receptores de la externalización de la fabricación de productos estadounidenses.
CASO CANANEA: CONTRA TRABAJADORES
En este contexto, ante el grupo especial encargado de dar seguimiento a la situación jurídica laboral de la huelga en Cananea, que preside el senador Arturo Núñez Jiménez, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón comparecieron a principios de este mes en el Senado, a fin de abordar el caso, ambos defendieron a capa y espada al Grupo México, de Germán Larrea.
Por su parte Carlos Navarrete Ruiz, presidente del Senado, puntualizó que con esa comparecencia se cierro un ciclo de encuentros de senadores con los involucrados en la huelga de Cananea a fin de buscar las mejores soluciones a este conflicto social que se ha convertido en un tema pendiente de la agenda del país.
En su oportunidad, el secretario Lozano Alarcón, aseguró que la dependencia que encabeza ha hecho grandes esfuerzos por conciliar a las partes involucradas y ha acatado sólo las resoluciones legales en la materia, por lo que su comportamiento "está apegado a derecho", sin embargo, todo indicó de acuerdo a legisladores del PRD que está al servicio de los empresarios.
Fernando Gómez Mont, al hablar dijo que Gobernación continuará abocando sus mejores esfuerzos para buscar los espacios institucionales que le den el mejor cauce a la huelga en Cananea y así buscar una solución pronta, apegada a la ley y bajo el mejor esquema de armonía social posible.
El perredista Arturo Núñez Jiménez cuestionó al secretario del Trabajo sobre el precedente que significa para el derecho de huelga y el sindicalismo mexicano el hecho de que con base en un procedimiento inédito se acabe de tajo con la huelga minera en este municipio.
El senador del PT Ricardo Monreal Ávila aseveró que con la resolución que termina la relación laboral de los mineros de Cananea con la empresa Minera México pone en riesgo las conquistas laborales por culpa de "un gobierno entregado a los empresarios". Asimismo, recalcó que la causa de fuerza mayor que alega la empresa es absurda.
Federico Döring Casar, senador del PAN, expresó que la huelga de Cananea es "un conflicto de Napoléon Gómez Urrutia y la forma en que administraba el dinero del Sindicato Minero". Situación lamentable, dijo, porque quienes pagan las consecuencias son los trabajadores y el pueblo de Cananea.
El senador Alfonso Elías Serrano, del PRI, afirmó que el problema minero en Cananea se ha vuelto un conflicto social, por lo que el gobierno federal debe restaurar lo que se ha perdido y mermado en ese municipio. Asimismo, aplaudió la disposición del Ejecutivo para encontrar una solución a esta situación.
RETROCESOS DEL S.T.P.R.M
En este contexto en un aniversario más del decreto de expropiación petrolera -que no tomó en cuenta los yacimientos, sino las instalaciones-, desde hace más de un año se aprobó una parte de la llamada Reforma Energética, enviada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados después de meses de análisis donde brillaron por su ausencia los dirigentes petroleros encabezados por Carlos Romero Deschamps, aun cuando perjudicaba los derechos de los más de cien mil sindicalizados y donde se le permite a las compañías desplazar al trabajador petrolero mexicano.
En ningún momento los dirigentes petroleros se negaron a la aprobación de la mencionada Reforma, y menos se presentaron a debatir ante los especialistas del petróleo, dejando en completo estado de indefensión a los petroleros donde el tiro de gracia sería la aprobación de la Reforma Laboral.
Asimismo, La Reforma Laboral hará imposible el ejercicio de la libertad sindical, la contratación colectiva y el derecho a huelga, contraviniendo el Texto Constitucional, los convenios y compromisos internacionales en la materia.
La Reforma Laboral trae consigo todas las libertades al patrón, y todas las restricciones a los trabajadores y a los sindicatos, así como ausencia de propuesta para favorecer la democratización gremial.
Y es que la primera sección sindical del S.T.P.R.M., que puso a los trabajadores en la orilla de la mesa fue la sección 44, donde su dirigente, José del Pilar Córdova Hernández, firmo el convenio administrativo sindical PEP/10469/2007 que empezó aplicar el 28 de mayo del 2008.
Ahí, el frustrado diputado Federal por el Sexto Distrito en Tabasco, les cancelaba la plaza definitiva a los petroleros de la Región Sur, para después ponerlos a disposición de personal y después ubicarlos en plaza de nueva creación, en lugar de defender los derechos y firmar un convenio de transferencia.
En la nueva plaza que firmaron los trabajadores aprobaron la violación a sus derechos laborales, empinándolos para la aprobación de la Reforma Laboral que acabara por destruir el conjunto de garantías vigentes en materia de estabilidad laboral, jornada y prestaciones complementarias.
La propuesta de voto secreto en los procesos electorales se sustituye con una nueva redacción, al señalar que podría ser "mediante voto secreto o votación pública" y en varios textos se busca otorgar carácter de Ley a prácticas y maniobras procesales, como la figura del allanamiento en materia de huelga y nuevas causas de inexistencia.
DESEMPLEO Y MIGRACION HERENCIA PANISTA
El gran problema de la migración se incrementa y ante ello la Secretaría de Relaciones Exteriores debe reaccionar con una política activa en defensa de los migrantes, dijo el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez.
Señaló que la raíz del problema migratorio mexicano está en la política económica que sigue el gobierno federal, "que en lugar de crear empleos, empuja a ciudadanos mexicanos a emigrar al otro lado de la frontera".
En tanto, en el Capitolio, los congresistas estadounidenses recibieron la solicitud presupuestal de la Casa Blanca, a fin de dotar de partidas presupuestarias crecientes a los programas de la Patrulla Fronteriza y para la construcción de un muro virtual en la línea fronteriza con México.
En San Lázaro, Rojas Gutiérrez, entrevistado en el salón de sesiones, dijo que "debemos tener una política de (la Secretaría) de Relaciones Exteriores mucho más activa". Señaló que las autoridades mexicanas deben negociar de manera permanente el tema migratorio, "que hace tanto tiempo que lo comentan, que dicen lo van a resolver y que no ha pasado absolutamente nada". Remarcó que ante el creciente problema de la emigración indocumentada de trabajadores, "deseo que la Secretaría de Relaciones Exteriores sea activa en este tema".
La falla que produce la creciente salida de mexicanos en busca de trabajo está en la política económica incapaz de crear empleos, además de que el país requiere educar y capacitar a los trabajadores en puestos mejor remunerados y dignos, expuso el coordinador de los diputados priistas.
Más del 70 por ciento de los migrantes que abandonan el país, no lo hacen por falta de trabajo, sino porque quieren mejorar sus condiciones de vida, revelan algunos de los estudios que el Consejo Nacional de Población (CONAPO), realiza desde el año 2004. Se estima que la población actual de origen mexicano en los Estados Unidos rebasa los 30 millones de migrantes.
5.3% total 2009
5.87% enero 2010
2 millones 761 mil 360 sin trabajo
6.5% zonas urbanas
4.1% zona rural
6.16% en hombres
5.41 por ciento en mujeres
Por Leonardo Juarez R.
en 10:48 3 comentarios
Contribución - Chevy de LyFC para venta como chatarra.
Nuestro amigo enmascarado de látex nos envía estas imágenes y el siguiente mensaje:
El carro esta a unos metros del sindicato de lecheria, un poco escondido, me dicen que por ahí también tienen 2 camiones estoy investigando en donde están.
Número económico 16CH445 ¿Quién lo tendría asignado?
A LAS ORGANIZACIONES OBRERAS, CAMPESINAS, SOCIALES,
AL PUEBLO DEMORELOS:
Por lo que el día 8 de abril a las 18:00 hrs.,
marcharemos partiendo del IMSS rumbo a la Plaza de Armas de Cuernavaca,
Para concluir con un mitin en Esta Plaza de Armas programado entre las 19:00 y las 20:00 hrs.
Unidos en solidaridad con los hermanos campesinos e indígenas,
exigiremos justicia en Contra del Decreto de Extinción de Luz y Fuerza,
Que se vaya Calderón y todo su sequito,
Demandaremos que los distintos ordenes de gobierno
cumplan con las demandas de los hermanos campesinos e indígenas de La Caravana Campesino Obrero Popular,
que se respete y se garantice el libre transito y su llegada con bien a la ciudad de México.
SME Pacto Morelos

References: Artículo 123
 resolución 
 Artículo 48
 artículo 123
 artículo 387
 artículo 388
 artículo 388
 resolución