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Timestamp: 2017-05-27 17:40:06+00:00

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El empleador y la ART responden en forma solidaria por la patología discal aguda lumbosacra que presenta la trabajadora – Microjuris - Argentina
El empleador y la ART responden en forma solidaria por la patología discal aguda lumbosacra que presenta la trabajadora 22 marzo 2017 por Ed. Microjuris.com Argentina Partes: Barbas Celina Ester c/ Fundaleu Fundación para combatir la leucemia y otro s/ acción declarativa
Fecha: 7-nov-2016
Cita: MJ-JU-M-102273-AR | MJJ102273 | MJJ102273Sumario:
1.-Corresponde confirmar la atribución al empleador de la responsabilidad en los términos del art. 1113 CCiv. (art. 1757 CCivCom.) ante la patología discal aguda lumbosacra que presenta la trabajadora, pues no se acreditó la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, lo que originó su responsabilidad aquiliana, ya que soslayó el cumplimiento del deber de seguridad.
2.-La deficiente organización desde la perspectiva de la seguridad, justifica imputar responsabilidad la empleadora por la patología discal aguda lumbosacra que presenta la trabajadora, habida cuenta de la falta de adopción de las medidas adecuadas para preservar la integridad de los trabajadores, por lo tanto, la responsabilidad del art. 1113 CCiv. (art. 1757 CCivCom.), deriva del incumplimiento a los referidos recaudos, que constituyen el riesgo de la cosa que, no mediando alteración del iter causal por hechos de la víctima o un tercero, responsabiliza al dueño o guardián por los daños que resultan de su actuación en casos concretos.
3.-La aseguradora debe responder en los términos del art. 1074 CCiv (arts. 1717 y 1751 CCivCom.) pues no existió supervisión sobre las condiciones de trabajo, los elementos de protección y la forma de prevención de los accidentes y/o enfermedades que pudieron ocurrir en el tipo de trabajo que desarrolló la actora, a poco que se observe que no fue exhibida documentación que acredite la realización de análisis de riesgos laborales, no existen constancias de denuncias a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ni fueron acompañados los exámenes médicos realizados durante la dilatada relación laboral.
4.-Corresponde confirmar el monto de la reparación integral pues sin perjuicio de la insuficiencia argumentativa de la aseguradora, debe considerarse que la indemnización de daños patrimoniales futuros e inciertos establecida, repone a la víctima, a la situación en que se encontraba con anterioridad al accidente, en definitiva, de una perdida de chance, consistente en la disminución de la capacidad laborativa, poniendo de relieve su edad, sus expectativas de vida, de ganancia y los porcentajes de incapacidad.
5.-No corresponde tener por configurado el abandono de trabajo en los términos del art. 244 LCT. pues si bien la trabajadora fue intimada a retomar tareas, respondió invocando la enfermedad profesional, y tal circunstancia constituye un eximente de la obligación de prestar servicios en la forma habitual que interrumpe el iter del abandono en cuanto excluye su intención de abandonar la relación, antes bien, constituye una manifestación implícita de su intención de continuar ejecutándola.
6.-Se juzga que no resultó configurado el abandono de trabajo invocado por la empleadora pues la norma del art. 210 LCT faculta al empleador a ejercer el control de la enfermedad del trabajador a través de sus facultativos, pero en modo alguno importa la posibilidad de imponer su criterio médico a los dependientes o contratados, por lo tanto, frente a la divergencia suscitada entre los dictámenes médicos de la actora y la demandada, lo correcto hubiera sido pedir la opinión de un tercer médico imparcial.
7.-Corresponde admitir la protección de la tutela sindical alegada por la actora toda vez que del informe de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina surge que efectivamente ocupó el cargo de Congresal suplente, por lo que la empleadora estaba en conocimiento de dicha circunstancia.
8.-Es improcedente la pretensión de la demandada de ser eximida de la condena al pago de la indemnización impuesta por el art. 45 de la Ley Nº 25.345 pues no hizo entrega de las certificaciones en cuestión en el plazo dispuesto en el último párrafo del art. 80 LCT., no obstante el requerimiento fehaciente en los plazos de ley.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 07 días del mes de noviembre de 2016, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:
I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la pretensión indemnizatoria con fundamento en normas del Código Civil y admitió el cobro de indemnizaciones por despido viene apelada por todas las partes.
II.- Por razones de buen método trataré en primer término los agravios referidos a la acción por accidente.
III.- La demandada FUNDALEU FUNDACIÓN PARA COMBATIR LA LEUCEMIA objeta la imputación de responsabilidad. Al respecto, de sus argumentos, se extrae como conclusión que, según su postura no violó el deber de seguridad imputado por la sentenciante de grado.
En lo que atañe a la responsabilidad en los términos del artículo 1113 del Código Civil (artículo 1757 del actual Código Civil y Comercial de la Nación), que la Jueza a quo reprochó a la demandada, el agravio debería ser declarado desierto, ya que más allá de que formula consideraciones generales acerca del comportamiento de las partes en el desarrollo del conflicto, las manifestaciones que introduce la apelante son insuficientes para rebatir los fundamentos y las conclusiones que de ellos extrajo la a quo, ni el proceso de evaluación fue sometido a la crítica razonada que define el artículo 116 de la ley 18.345, examen crítico que debería demostrar que, en ese proceso, se soslayaron las reglas de la sana crítica (artículo 386 del C.P.C.C.N.).
En efecto, para así decidir, la sentenciante remitió a lo informado por el perito médico y a los testimonios que citó, que no merecieron crítica.La empleadora no acreditó la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, lo que implicó responsabilidad aquiliana, ya que soslayó el cumplimiento del deber de seguridad. Por lo demás, no se puso en cuestión, razonablemente, la pertinencia de la imputación de responsabilidad objetiva, por el carácter riesgoso de las tareas que porta una virtualidad dañosa específica, que causó un daño al actor (artículos 512, 902, 1109 del Código Civil, en el actual Código Civil y Comercial de la Nación artículos 1721, 1724, 1725). No se ha criticado el fundamento por el que la sentenciante encuadró la cuestión en el artículo 1113 del Código Civil (artículo 1757 del actual Código Civil y Comercial de la Nación), lo que determina su definitiva adquisición para el proceso. A mi entender, la deficiente organización, desde la perspectiva de la seguridad, justifica imputarle responsabilidad subjetiva, habida cuenta de la omisión de adopción de las medidas adecuadas para preservar la integridad de los trabajadores -ya codificadas en actos legislativos, como la Ley 19587, o el Decreto 351/79, que la reglamenta-. La responsabilidad derivada del artículo 1113 del Código Civil (artículo 1757 del actual Código Civil y Comercial de la Nación), resulta de que la empleadora no cumplió con los recaudos mencionados, que constituyen el riesgo de la cosa que, no mediando alteración del iter causal por hechos de la víctima o un tercero, responsabiliza al dueño o guardián por los daños que resultan de su actuación en casos concretos (C.S.J.N., causa M. 520 XXII “Machicote, Ramón H. C.Empresa Rojas SAC”).
Por lo tanto el accidente que sufrió la actora y las tareas que realizó, tienen relación causal con la afección detectada, cuyo riesgo inherente, aceptando como riesgo de accidente laboral a aquellas condiciones de trabajo que pueden ocasionar o derivar en accidentes, caen bajo la órbita del artículo 1113 del Código Civil (artículo 1757 del actual Código Civil y Comercial de la Nación), ya que, al disponer que toda persona debe resarcir el daño causado “por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado”, fija dos pautas por las que debe responder por el daño causado tanto aquél que tiene la cosa a su cuidado como el que “se sirve” de la misma. Y se sirve de una cosa o de una actividad quien se vale de ella obteniendo un provecho, es decir, quien tiene la posibilidad de obtener un beneficio jurídico de ella, asume la calidad de guardián jurídico, y por ello, la coloca en la obligación de responder en el plano del derecho común pues existe nexo causal adecuado con el daño (artículos 1109 y 1113 del Código Civil, artículos 1721, 1724, 1757 del actual Código Civil y Comercial de la Nación). La insuficiencia del emprendimiento impugnatorio, coloca lo resuelto al abrigo de revisión.
IV.- La aseguradora critica la imputación de responsabilidad por incumplimientos de las obligaciones impuestas por la Ley 24.557, que le son reprochables desde la égida del derecho común (artículo 1074 del Código Civil; en el actual Código Civil y Comercial de la Nación artículos 1717, 1751).
A mi entender, las manifestaciones que intenta hacer valer, no pueden ser atendidas, pues la parte se limita a señalar la verosimilitud de variados hechos, sin precisar las pruebas que conducirían a tenerlos por ciertos y extrae presunciones derivadas de premisas conjeturales, insuficientes para provocar la actividad revisora.Es mi parecer, que no existió supervisión sobre las condiciones de trabajo, los elementos de protección y la forma de prevención de los accidentes y/o enfermedades que pudieron ocurrir en el tipo de trabajo que desarrolló la actora. No fue exhibida, en el momento procesal oportuno, documentación de haber realizado un análisis de riesgos laborales, ni realizó recomendaciones al empleador a los fines de prevenir los mismos; no existiendo de su parte constancias de haber realizado denuncias a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en relación al incumplimiento normativo por parte de la empleadora en materia de higiene y seguridad en el trabajo. Tampoco fueron acompañados los exámenes médicos realizados a la actora durante su dilatada relación laboral (artículos 377, 386 C.P.C.C.N., Resolución SRT Nº 37/10).
En el caso, era previsible, teniendo en cuenta las características del ambiente laboral, partiendo de un análisis mínimo de sentido común, sobre el que se emplaza la valoración jurídica impuesta al magistrado (artículo 901 y sigs. del Código Civil; en el actual Código Civil y Comercial de la Nación artículos 1726, 1727) que la actora, ante la ausencia de todo tipo de precaución específica, sufriera en algún momento un infortunio que afectase su salud.
En ese contexto de palmaria previsibilidad, no puede sino concluirse que hubo omisiones antijurídicas imputables, al menos a título de culpa, de la aseguradora de riesgos del trabajo, que la coloca en la obligación de responder en el plano del derecho común (artículos 1109, 1074 Código Civil; en el actual Código Civil y Comercial de la Nación artículos 1721, 1724, 1751) pues existe nexo causal adecuado con el daño.La aseguradora no especificó concretamente acerca de cuáles fueron las diligencias realizadas, ni ilustró los actos orientados a la prevención de los riesgos laborales propios de la actividad que realizaba la actora, a pesar de que el ordenamiento jurídico le imponía un obrar positivo, mandato legal que es explícito (artículo 4 ° de la ley 24.557, ley 19.857 de Higiene y Seguridad en el Trabajo – artículos 5°, 7 ° y conc. y su reglamentación: decreto 351/1979, con sus modificatorios), circunstancia que excluye, a mi juicio, vacilaciones anudadas en torno de la relación causal, que no cuestionó debidamente.
Sentado lo anterior, el agravio que cuestiona la negativa a proveer la pericia técnica no puede ser oído. En efecto, si bien la recurrente insiste en que con dicha prueba es posible verificar haber cumplido con la actividad de prevención no menos cierto es que, a lo largo del proceso -reitero- no acompañó la documentación relacionada al cumplimiento de sus obligaciones, que en definitiva dichas constancias iban a ser la que cotejaría el experto técnico. Por otra parte, las planillas adjuntadas en forma tardía, con el memorial bajo análisis, lejos de avalar la postura de la recurrente sólo permiten reforzar lo decidido en grado en tanto no surge un seguimiento, concreto, sobre las tareas y actividades desarrolladas por la trabajadora.
En síntesis, la omisión no puede ser catalogada como ajena al daño si los actos omitidos, impuestos expressi verbis por el ordenamiento jurídico, eran aptos para excluir el peligro y detener el curso de los acontecimientos que desembocaron en el perjuicio.
Por cierto, no se quiere significar que la aseguradora de riesgos del trabajo hubiere debido garantizar un resultado (la indemnidad del trabajador), como en las obligaciones de esa categoría.Sólo se quiere decir que es altamente probable, y por ello no admite dudas, la existencia de relación de causalidad adecuada y jurídicamente relevante, que de haberse cumplido con diligencia ese obrar impuesto, indicándose los factores de riesgo involucrados en la labor, proporcionándose desde el saber técnico información sobre los recursos preventivos y por último, señalándose los incumplimientos, con oportuna información a la SRT, se habría podido interrumpir el proceso causal que desembocó en el daño.
Por otra parte, si la ley 24.557 impone a las aseguradoras de riesgo del trabajo conductas positivas inherentes a la provisión de capacitación, al control y a la fiscalización de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, es porque está presuponiendo que el cumplimiento efectivo de tales funciones tendrá relación causal con la reducción de la siniestralidad. Luego, a “contrario sensu”, también está presuponiendo que la omisión de esa actividad es apta para no detener los procesos causales con desenlaces dañinos.
Es decir, las normas legales en vigor no ofrecen dudas en cuanto a que pesan sobre estos entes de derecho privado obligaciones concretas atinentes a la prevención de los infortunios laborales que se suman a las que la ley también fija para ser cumplidas con posterioridad al siniestro y que se relacionan con la provisión de asistencia médica acorde a la dolencia padecida por el trabajador como al otorgamiento de las prestaciones dinerarias o en especie.Luego, si la aseguradora de riesgos del trabajo no cumple las obligaciones que legalmente le están impuestas en el campo de la prevención, debe reparar de manera integral y con ajuste al derecho común, los daños que tienen relación causal adecuada con su antijuridicidad por omisión, en la medida que le sea imputable al menos a título de culpa (artículos 512, 902, 1109 y 1074 del Código Civil, artículos 1721, 1724, 1717, 1751 del actual Código Civil y Comercial de la Nación) fallos CSJN “Galván” y “Torillo”). En contraposición, su responsabilidad patrimonial se ceñirá a las prestaciones tarifadas por la ley 24.557 si su obrar no merece reproche en la antesala del infortunio, ya sea porque no incurrió en ilicitud, o bien porque el daño no tiene relación causal con la omisión culposa; en síntesis, si no se configuran los presupuestos básicos de la responsabilidad civil. Por todo lo expuesto, no corresponde viabilizar el emprendimiento impugnatorio.
La aseguradora por elevado, cuestiona el monto de la indemnización comprensiva del daño patrimonial y extrapatrimonial.
La sentenciante de grado estimó en $ 190.000.- la reparación integral en el marco del derecho civil y explicó los parámetros que utilizó para llegar a ella. El planteo, a mi juicio, luce insuficiente, pues sólo trasluce una mera discrepancia con lo resuelto, que no accede a la calidad de agravio en sentido técnicojurídico, lo que define la deserción recursiva en los términos del artículo 116 de la Ley 18345.
Sin perjuicio de la insuficiencia apuntada precedentemente cabe agregar, a mayor abundamiento, que la indemnización de daños patrimoniales futuros e inciertos, debe reponer a la víctima, en la medida de lo posible, en la situación en que se encontraba con anterioridad al accidente.En definitiva, de una perdida de chance, consistente en la disminución de la capacidad laborativa.
Pongo de relieve que si bien la edad de la víctima, sus expectativas de vida, de ganancia y los porcentajes de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales para cuantificar los daños padecidos, debe seguirse un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso y no asirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio (artículo 165 C.P.C.C.N.).
Teniendo en cuenta esto y la doctrina de la Corte al postular que : “El valor de la vida humana no resulta apreciable tan sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones del espíritu también integran el valor vital de los hombres” (A. 436. XL; Recurso de hecho: “Arostegui, Pablo Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y Compañía SRL , del 8 de abril de 2008) y puntualizar que:”La incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir a éste un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc., y debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por el daño moral, pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable”. En ese orden, cuando se habla de vida de relación se está refiriendo a un conjunto de actos de desenvolvimiento productivo del sujeto, incluidos los actos cotidianos que generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismo y a la familia, tareas normales en la vida del ser humano, como conducir, transitar, etc.; actividades tales que, en la medida que se ven dificultadas o impedidas, como consecuencia del accidente, constituyen daño indemnizable (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala F, 15-5-2000, “N. N. c. Municipalidad de Buenos Aires”, LL, 2000-F, 11, del voto de la Jueza Elena Highton). Por ello, juzgo razonable la indemnización integral estimada por la sentenciante de grado, incluso la reparación del daño moral, ya que incide especialmente en la esfera afectiva del sujeto afectado, en lo cotidiano, en los diversos aspectos de su vida de relación, familiar y social (artículo 1078 del Código Civil, en el actual Código Civil y Comercial de la Nación artículo 1741, artículos 165, 377 y 386 C.P.C.C.N., 1068 y 1069 del Código Civil, en el actual Código Civil y Comercial de la Nación artículos 1738, 1739, Plenario Nº 243 del 25.10.82 in re “Vieytes Eliseo v. Ford Motor Argentina S.A.¨). Cabe agregar que, la estimación es el único procedimiento para cuantificar daños eventuales y futuros, en suma, conjeturales, que consisten en una pérdida teórica de chance, consistente en la disminución de la capacidad laborativa. La aseguradora no ofrece otros argumentos, fundados en parámetros de determinación que deban ser preferidos a los utilizados en la sentencia de grado.Por ello, cabe confirmar lo resuelto sobre el particular.
V.- La actora discrepa con el porcentaje de incapacidad determinado en grado.
Esta Sala en la causa “Pascua, Marina Andrea c. Mapfre Argentina ART S.A. s. Accidente-Ley Especial” (sentencia 39.176 del 23.10.2012) con remisión al enfoque que adoptó la Sala II en la causa ” Emprendimiento Recoleta S. A. c. Arce, Juan Carlos y otro s. consignación” (sentencia 97.637 del 15.12.10), en lo que interesa expuso que:” Si bien la normativa complementaria a la LRT tiene un baremo para cuantificar las incapacidades, dicha tabla no constituye una regla rígida – que deba aplicarse mediante simples operaciones aritméticas- sino sólo una guía para estimar la disminución que ocasiona un cierto padecimiento. La elaboración de un dictamen médico no obliga a determinar la incapacidad en función de una pauta rígida derivada de aquéllos, sino de las apreciaciones que en cada caso el perito pueda hacer y en las que el baremo resulta una pauta razonable, pero no es el único elemento a considerar. La determinación de una minusvalía requiere la valoración de las circunstancias personales inherentes a la individualidad de cada ser humano”. En definitiva, el órgano facultado para determinar la existencia o no del grado incapacitante y su adecuación a lo que resulta de la evaluación de las constancias de la causa es el jurisdiccional.
Sentado lo anterior, el informe médico es, a mi juicio, perfectamente idóneo, para forma convicción acerca de que la actora, a causa de las tareas realizadas y del accidente que sufriera, presenta alteraciones que la incapacitan permanentemente (artículos 386 y 477 CPCNN). En efecto, el perito informó que: “la patología discal aguda lumbosacra se desencadena en general a raíz de un esfuerzo, produciéndose una hernia o extrusión discal que comprime una raíz de origen nervio ciático.Ello se traduce en un cuadro de lumbociatalgia quirúrgica”. Hizo alusión al Baremo Nacional de las ART y concluyó que la actora “tiene dificultades moderadas para llevar a cabo sus tareas habituales y amerita recalificación” (v. fs. 825/826). Al contestar la impugnación formulada por la parte actora, desechó la tabla de movilidad a la que hizo alusión la accionante en tanto dicha tabla se refiere a la evaluación de un cuadro de Anquilosis que no se corresponde a la secuela de discopatía que presenta la actora (v. fs. 848). Por ello, no encuentro motivos para apartarme de la totalidad del porcentual minusvalidante otorgado por el perito médico por la afección que presenta la actora, esto es, 12%. Ello así, por cuanto, hallo al informe debidamente fundado en sus consideraciones médico legales, en base a los antecedentes de la causa y el examen físico.
La accionante, también critica la fecha de inicio para el cómputo de los intereses.
Recuerdo, que la actora sufrió un accidente el 04.05.2009 y en dicha oportunidad fue atendida por la ART, otorgándole el alta el 22.05.2009 ( v. fs. 351/353). Con motivo de dicha alta se presenta a trabajar el 26.05.09 pero al no encontrarse en condiciones de cumplir tareas habituales por persistir los dolores la empleadora le indica que -conforme lo indicara la ART- debe atenderse a través de su obra social, circunstancia que cumplió. La obra social el 12.05.2010 le otorgó alta con “tareas livianas” (v. fs. 81 y fs. 4). En esta sede se estableció la incapacidad parcial y permanente y la fecha de consolidación jurídica del daño, oportunidad en que nació el derecho a percibir la indemnización prevista en el marco de la acción civil.Por ello, cabe confirmar la fecha del alta médica establecida en grado, momento de consolidación del daño, hasta el efectivo pago, pues durante el tiempo transcurrido entre el nacimiento del derecho y el momento en que éste es declarado judicialmente se devengan intereses compensatorios (no moratorios) que deben ser soportados por el deudor.
VI.- En lo que respecta a la acción por despido.
La demandada FUNDALEU FUNDACIÓN PARA COMBATIR LA LEUCEMIA cuestiona que la señora Juez a quo haya tenido por no configurado el abandono de trabajo alegado como justa causa de despido. El agravio es improcedente.
El supuesto especial de injuria regulado por el artículo 244 LCT, que fue el escogido por la demandada para encuadrar la denuncia del contrato, requiere para su configuración: a) la inejecución por el trabajador, sin aviso, de la prestación laboral, b) la intimación de reintegro, dentro de un plazo razonable según las circunstancias y c) la persistencia del trabajador en su conducta omisiva, dur ante el plazo fijado -se entiende: ni presentación en el establecimiento, ni comunicación explicativa de sus ausencias-. Cuando, como en el caso, intimado la trabajadora responde invocando una circunstancia eximente de la obligación de prestar servicios en la forma habitual, ello interrumpe el iter del abandono, en cuanto excluye su intención de abandonar la relación, Antes bien, constituye una manifestación implícita de su intención de continuar ejecutándola. Sugiero confirmar lo resuelto en grado.
A mayor abundamiento, destaco que la norma del art. 210 RCT faculta al empleador a ejercer el control de la enfermedad del trabajador a través de sus facultativos, pero en modo alguno importa la posibilidad de imponer su criterio médico a los dependientes o contratados. El trabajador que sigue el consejo de su médico no interrumpe el débito laboral, ya que sólo acepta la opinión del facultativo en quien deposita confianza y efectivamente lo trata.En conclusión, frente a la divergencia suscitada entre los dictámenes médicos de la actora y la sociedad demandada, lo correcto, a mi juicio, hubiera sido pedir la opinión de un tercer médico imparcial.
Se agravia, la recurrente, por cuanto se admitió la protección de la tutela sindical alegada por la actora. Insiste, al apelar, en que dicho planteo fue introducido de manera extemporánea y que la actora no produjo prueba para avalar su postura. El argumento es ineficaz. La apelante no se hace cargo de que, para decidir como lo hizo, la a quo fundó su decisión en el informe de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina -ATSA- (v. fs. 763) que dio cuenta que la señora Barbas ocupó el cargo de Congresal suplente a FATSA en el período 20092013, adjuntando la copia de la carta documento del 03.10.2008 mediante la cual la Junta Electoral notificara a FUNDALEU indicando el término de su mandato, por lo que la empleadora estaba en conocimiento de que la actora se encontraba amparada por la tutela sindical, fundamentos que no han merecido crítica alguna ( artículo 116 de la Ley 18.345). Lo resuelto se encuentra al abrigo de revisión.
La queja dirigida a cuestionar la procedencia del rubro “salarios caídos” es insuficiente pues no contiene la crítica concreta y razonada de los fundamentos por los cuales la magistrada hizo lugar a dicha partida. (artículo 116 ya citado).
De conformidad a la solución propuesta en el presente pronunciamiento el cuestionamiento de la condena al pago de las vacaciones 2011 se torna abstracto.
Sugiero mantener la indemnización impuesta en los términos del art. 2 de la ley 25323 porque, por las mismas razones, no verifico la existencia de motivaciones eximentes de la sanción allí contemplada.
Es improcedente la pretensión de la apelante de ser eximida de la condena al pago de la indemnización impuesta por el artículo 45 de la Ley 25.345.El empleador no hizo entrega de las certificaciones en cuestión en el plazo dispuesto en el último párrafo del artículo 80 de la L.C.T., no obstante el requerimiento fehaciente de la actora en los plazos de ley ( v. fs. 517 y fs. 518) . La defensa de la empleadora acerca de la puesta a disposición de tales constancias, al rescindir los contratos de trabajo, no puede prosperar ya que lo cierto es que no fueron acompañadas al contestar demanda, lo que hace presumir que aquella ha sido ficticia. Sugiero confirmar lo resuelto sobre el tema.
VII.- La tasa de interés fijada es la que esta Cámara aplica en virtud de Acta CNAT 2601, dicha tasa se mantendrá a partir de la fecha de su última publicación al 36% anual (conf. Acta CNAT 2630 DEL 27/04/2016).
VIII.- Respecto de la forma en que han sido impuestas las costas no hallo motivos suficientes para apartarme del principio general que rige la materia (artículo 68 C.P.C.C.N.). IX.- Las regulaciones de honorarios lucen razonables y no deben ser objeto de corrección (artículos 6°, 7° y 8° ley 21839, 3° D.L. 16638/57).
X.- Por lo expuesto y argumentos propios de la sentencia apelada, propongo se la confirme en todo lo que fue materia de recurso y agravios, con la salvedad indicada en el considerando VII; con costas de Alzada en el orden causado; y se regulen los honorarios los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, les fueron fijados en origen (artículos 68 C.P.C.C.N.; 14 de la ley 21.839).
EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:
Que por compartir los fundamentos, adhiere al voto que antecede. Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:
1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravios, con los intereses establecidos en grado, corregidos de conformidad al presente pronunciamiento 2) Imponer las costas de alzada en el orden causado; 3) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de los que, respectivamente, les fueron regulados en la instancia anterior;
Regístrese, notifíquese; cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y oportunamente, devuélvase.mif
SANTIAGO DOCAMPO MIÑO
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References: artículo 1113
 artículo 116
 artículo 1113
 artículo 1113
 artículo 1113
 Resolución 
 artículo 116
 artículo 1741
 artículo 244
 artículo 116
 artículo 45
 artículo 80
 artículo 4