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Timestamp: 2019-06-18 09:14:52+00:00

Document:
Decreto-Ley 3/2009 de 29 de May C.A. Baleares (Medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad economica) | Iberley
Decreto Ley 3/2009 de 29 de mayo, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad economica en las Illes Balears - Boletín Oficial de las Islas Baleares de 30-05-2009
Fecha de entrada en vigor: 31/05/2009
Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares Número 78
Una de las novedades del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears es la posibilidad que tiene el Consell de Govern de aprobar normas con rango de ley, mediante decretosley. Esta posibilidad se contempla en el artículo 49.1, que establece que «en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos ley, que no podrán afectar los derechos establecidos en este Estatuto, las materias objeto de leyes de desarrollo básico del Estatuto de autonomía, los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, la reforma del Estatuto, el régimen electoral ni al ordenamiento de las instituciones básicas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears».
La extraordinaria y urgente necesidad, presupuesto habilitante del Decreto-Ley, ha sido objeto de sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional -como por ejemplo las sentencias 29/1982, 6/1983, 29/1986 y 23/1993- que han moderado los términos literales de la referida exigencia, de forma que son constitucionalmente admisibles aquellos decretosleyes dictados por circunstancias difíciles de prever o en virtud de coyunturas económicas que demandan una rápida respuesta.
En estos términos, se pronunció la Sentencia del Tribunal Constitucional 182/1997, de 28 de octubre, que indica (en su fundamento jurídico tercero)que «nuestra Constitución ha adoptado una solución flexible y matizada respecto del fenómeno del Decreto-Ley que, por una parte, no lleva a su completa prescripción en aras del mantenimiento de una rígida separación de los poderes, ni se limita a permitirlo en forma totalmente excepcional en situaciones de necesidad absoluta, de modo que la utilización de ese instrumento normativo se estima legítima en todos aquellos casos en que hay que alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta ».
En la línea de lo que se menciona en el Decreto-Ley 1/2008, de 10 de octubre, de medidas tributarias para impulsar la actividad económica en las Illes Balears (BOIB 144, de 11 de octubre de 2008)y en el Decreto-Ley 1/2009, de 30 de enero, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears (BOIB núm. 17 Ext. de 2 de febrero de 2009), la situación de brusca desaceleración económica y el peligro de una próxima etapa que puede conducir a la recesión generalizada de las economías más directamente conectadas con la de las Illes Balears obliga a adoptar, desde el punto de vista medioambiental, medidas legislativas inmediatas, en forma de Decreto-Ley, que complementen las que ya se acordaron por el Consejo de Gobierno en los decretos ley antes mencionados.
Aesos efectos y en abreviada síntesis, bien desde la perspectiva medioambiental, bien desde la perspectiva urbanística, o bien desde otras perspectivas, basta la cita tan autorizada como la que resulta de buen número de Sentencias del Tribunal Constitucional -así, entre otras, desde la Sentencia 64/1982, de 4 de noviembre, pasando por la 102/1995, de 26 de junio, hasta llegar a las 306/2000, de 12 de diciembre, 194/2004, de 4 de noviembre y 101/2005, de 20 de abril-, especialmente en las controversias competenciales entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que cabría sintetizar del siguiente modo:
El carácter complejo y polifacético que tienen las cuestiones relativas al medio ambiente determina precisamente que afecte a los más variados sectores del ordenamiento jurídico (STC 64/82)y provoca una correlativa complejidad en el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Por eso mismo, el medio ambiente da lugar a unas competencias, tanto estatales como autonómicas, con un carácter metafóricamente "transversal" por incidir en otras materias incluidas también, cada una a su manera, en el esquema constitucional de competencias (art. 148,1, 3, 7, 8, 10 y 11 CE)en cuanto tales materias tienen como objeto los elementos integrantes del medio (las aguas, la atmósfera, la fauna y la flora, los minerales)o ciertas actividades humanas sobre ellos (agricultura, industria, minería, urbanismo, transportes)que a su vez generan agresiones al ambiente o riesgos potenciales para él. Es claro que la transversalidad predicada no puede justificar su vis expansiva, ya que en esta materia no se encuadra cualquier tipo de actividad relativa a esos recursos naturales, sino sólo la que directamente tienda a su preservación, conservación o mejora. Como ya dijimos respecto de las aguas en la STC 227/88 y más precisamente en la 144/85, los recursos naturales son soportes físicos de una pluralidad de actuaciones públicas y privadas en relación a los cuales la Constitución y los Estatutos han atribuido diversas competencias. En tal sentido, hemos reconocido en más de una ocasión que un ámbito físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en el espacio (SSTC 77/82 y 103/89), pudiendo pues coexistir títulos competenciales diversos. Así, junto al medio ambiente, los de ordenación del territorio y urbanismo, agri cultura y ganadería, montes y aprovechamientos forestales, o hidráulicos, caza y pesca o comercio interior entre otros. Ello significa, además, que sobre una misma superficie o espacio natural pueden actuar distintas administraciones públicas para diferentes funciones o competencias, con la inexorable necesidad de colaboración (SSTC 227/88 y 103/89)y, por supuesto, coordinación. No sólo hay que identificar cada materia, pues una misma ley o disposición puede albergar varias (SSTC 32/83 y 103/89), sino que resulta inevitable a continuación determinar, en cada caso, el titulo competencial predominante por su vinculación directa e inmediata, en virtud del principio de especificidad, operando así con dos criterios, el objetivo y el teleológico, mediante la calificación del contenido material de cada precepto y la averiguación de su finalidad (SSTC 15/89, 153/89 y 170/89), sin que en ningún caso pueda llegarse al vaciamiento de las competencias de las Comunidades Autónomas según sus Estatutos (STC 125/84).
El importantísimo Título I (Artículos 2 a 24)tiene por objeto introducir distintas modificaciones en la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears, bajo la idea de clarificar y subrayar la corresponsabilidad de los distintos órganos administrativos y agentes que intervienen en los procedimientos de evaluaciones ambientales, introduciendo plazos, cuando no estaban previstos, reduciéndose respecto de los contemplados en la ley, así como modificando los anexos de la ley relativos a los proyectos y actividades sujetas a evaluaciones de impacto ambiental y planes y programas sujetos a evaluación ambiental estratégica, en el sentido de excluir de los anexos determinados equipamientos sanitarios, docentes y deportivos y las modificaciones menores de planes territoriales y urbanísticos que tienen esencialmente una finalidad estrictamente proteccionista.
El Título II (artículo 25)relativo a residuos, tiene por objeto implementar medidas en relación a los efectos del silencio, en el caso de prórrogas de autorizaciones de gestores de residuos.
El Título III (artículo 26), relativo a normas en relación al ruido, modifica el artículo 9 de la Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears, de acuerdo con el compromiso alcanzado por el Gobierno de las Illes Balears mediante el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación AGECAIB, de fecha 24 de septiembre de 2007 (BOIB núm. 147 de 4 de octubre de 2007), en relación a dicha ley. La modificación se limita a cambiar las franjas horarias, manteniendo inalterado el resto del artículo.
El Título IV (artículos 27 a 32), relativo a las normas en relación a los espacios de relevancia ambiental, tiene por finalidad, básicamente, aclarar determinados trámites y procedimientos ambientales a los referidos espacios, suprimiendo actuaciones administrativas de carácter muy intervencionista o exigiendo una adecuada motivación de los informes, así como introduciendo en la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental dos nuevos títulos relativos a los planes y proyectos de gestión y actividades ambientales, con el objeto de coordinar las actuaciones de los diferentes departamentos y entidades de la Consejería de Medio Ambiente, y la "Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura", creada por el Decreto 19/2007 de 16 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra de Tramuntana (Disposición adicional única), con la finalidad de contribuir, mediante la ejecución de las instalaciones i/o equipamientos previstos en la red, al impulso de las inversiones y de la actividad económica, sin mermar, en ningún caso, las garantías medioambientales.
Una materia conectada con la "Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura" es la relativa a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Consejería de Medio Ambiente, a través de un título, el V (Artículo 33), que modifica la finalidad institucional de las entidades "Institut Balear de la Natura" y "Espais de Natura Balear" en relación a las áreas recreativas.
TÍTULO PRELIMINAR OBJETO Y FINALIDAD
a. Evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas. b. Residuos c. Ruidos d. Espacios de relevancia ambiental e. Entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Consejería de Medio Ambiente. f. Responsabilidad Ambiental.
TÍTULO I NORMAS EN RELACIÓN A EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATÉGICAS
Artículo 2 Modificación del apartado k)del artículo 3 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears
Se modifica el apartado k del artículo 3 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears, que queda redactado de la siguiente forma:
"K)Órgano sustantivo (evaluación de impacto ambiental): órgano que tiene la competencia para otorgar la autorización, la licencia, el permiso, declaración de interés general, o la concesión que habilita el promotor para llevar a cabo un proyecto, de acuerdo con la legislación aplicable, o que, en su caso, promueve la actividad o proyecto, tratándose de actividades o proyectos de las administraciones públicas.
En aquellos casos de concurrencia de los títulos habilitantes a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá como órgano sustantivo, a los efectos de esta ley, el primero que la otorgue, excepto la disciplina ambiental prevista en esta Ley, en la que se considerará órgano sustantivo la Administración pública que otorgue el título que, en último término, faculte o habilite a la realización efectiva de la actuación."
Artículo 4 Adición de un nuevo artículo con el número 6. bis en la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears.
Se añade un nuevo artículo, que será el artículo 6. bis, en la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears, que tiene la siguiente redacción:
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de la administración pública y del procedimiento administrativo común, cuando razones de interés público lo aconsejen, el órgano ambiental puede acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la que se reducirán a la mitad los plazos establecidos para los procedimientos fijado en esta ley, incluyendo el período de información pública.
Artículo 5 Modificación del apartado 1 del artículo 22 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears, redactado de conformidad con la Disposición adicional déci...
1. Antes de la iniciación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de proyectos, será obligatoria una fase previa de consultas, mediante la presentación por parte del promotor de una memoria resumen del proyecto, cursada al órgano ambiental a través del órgano sustantivo, que dispondrá del plazo máximo de quince días para la remisión de la documentación, desde la recepción de la documentación completa.
2. El órgano ambiental, en el plazo de quince días, elevará consultas previas a las personas, instituciones y administraciones previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, a las que remitirá una copia de la memoria resumen y las que requerirá una respuesta en un plazo máximo de quince días.
1. Sin perjuicio de la fase previa de consultas a que se refiere la sección anterior, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los proyectos del anexo I se inicia mediante solicitud del promotor cursada a través del órgano sustantivo al órgano ambiental, enviada en un plazo máximo de quince días desde la recepción por parte de aquel de la documentación completa.
1. Presentada la solicitud y la totalidad de la documentación, en el plazo máximo de treinta días desde la finalización del trámite de información pública, o, en su caso, subsanadas las deficiencias y aportados los documentos, se solicitaran, conjuntamente y una sola vez, los informes preceptivos al órgano de la misma o de distinta administración, así como los que se estimen convenientes para resolver, con suspensión del plazo para resolver y notificar, por el tiempo que transcurra entre la petición, que se deberá comunicar a los promotores, y la recepción del informe, que igualmente les deberá ser comunicada. El plazo de suspensión no podrá exceder, en ningún caso, de los dos meses.
1. El promotor de un proyecto, público o privado, consistente en la realización de obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de esta ley, o de un proyecto no incluido el anexo I que pueda afectar los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, deberá comunicar su intención de realizar el proyecto al órgano ambiental, por conducto del órgano sustantivo, el cual la enviará en un plazo máximo de quince días desde la recepción de la documentación completa.
Artículo 16 Modificación del punto k)y adición de tres nuevos puntos, con las letras l), m)y n), en el apartado 1 del artículo 87 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de la...
Se modifica el punto k)y se adicionan tres nuevos puntos, con las letras l), m)y n), en el apartado 1 del artículo 87 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears, que quedan redactados de la siguiente forma:
k)Un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el plan en cuestión, prevea los efectos que el desarrollo del plan producirá sobre este y defina las medidas protectoras, correctoras o compensatorias de estos efectos.
a)El de la Administración hidrológica sobre disponibilidad de agua potable, en cantidad y calidad, y suficiencia de la capacidad de la red de saneamiento y depuración, en relación a la población servida actual y la prevista por el planeamiento que se propone, así como sobre la protección del dominio público hidráulico.
Artículo 22 Modificación de los puntos c)y d)del Grupo 11 del Anexo I de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears
Se modifican los puntos c)y d)del Grupo 11 del Anexo I de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears, que quedan redactados de la siguiente forma:
c) Equipamientos sanitarios y docentes no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela superior a 2.700 m 2.
d) Equipamientos deportivos no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela superior a 1.600 m 2.
Artículo 23 Adición de dos nuevos puntos, con las letras p)i q), en el Grupo 7 del Anexo II de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears
Se adicionan dos nuevos puntos, con las letras p)i q), en el Grupo 7 del Anexo II de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas de las Illes Balears, que quedan redactados de la siguiente forma:
p) Equipamientos sanitarios y docentes no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela inferior a 2.700 m 2.
q) Equipamientos deportivos no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela inferior a 1.600 m 2.
g)Implementación o extensión de medidas de protección del medio ambiente, del suelo rústico o de los bienes integrantes del patrimonio histórico, incluyendo las modificaciones de los catálogos de protección del patrimonio histórico, los planes de ordenación de los recursos naturales y los planes rectores de uso y gestión.
5. Los catálogos de protección del patrimonio histórico, los planes de ordenación de los recursos naturales, los planes rectores de uso y gestión, en la medida que supongan un mayor grado de protección al medio ambiente y al patrimonio histórico, no se sujetan a evaluación ambiental estratégica. El Plan Especial de la "Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura", previsto en la disposición adicional única del Decreto 19/2007, de 16 de marzo, se someterá a evaluación ambiental estratégica cuando el órgano ambiental lo decida siguiendo el procedimiento que establecen los artículos 95 a 97 de esta Ley.
TÍTULO II NORMAS EN RELACIÓN A RESIDUOS
TÍTULO III NORMAS EN RELACIÓN AL RUIDO
TÍTULO IV NORMAS EN RELACIÓN A ESPACIOS DE RELEVANCIA AMBIENTAL
2. Corresponde al Consell de Govern, mediante un acuerdo, la declaración como zonas especiales de conservación de los lugares de importancia comunitaria que hayan sido seleccionados y designados por la Comisión Europea, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 9 de esta ley.
Artículo 29 Modificación del apartado 3 del artículo 37 de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental
2. Las zonas de especial protección para las aves se declaran por acuerdo del Consell de Govern, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 9 de esta ley.
1. La Consejería de Medio Ambiente debe informar preceptivamente, antes de su ejecución, cualquier plan o proyecto que, sin tener una relación directa con la gestión de un sitio de la red Natura 2000 o sin ser necesario para esta gestión, pueda afectar de forma apreciable, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos. Este informe tiene por objeto la evaluación de las concretas y específicas repercusiones ambientales del plan o proyecto en relación con los objetivos de conservación de dicho lugar.
4. En el caso de que del informe de evaluación se deriven conclusiones negativas y rechazadas las soluciones alternativas estudiadas, el Consejo de Gobierno puede, a instancias del promotor del plan o proyecto y por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas las de índole social o económica, autorizar el plan o proyecto, estableciendo las medidas correctoras y compensatorias necesarias para garantizar los objetivos de la red Natura 2000.
5. En relación con lo previsto en el apartado anterior, en el caso de que en el lugar se encuentre un hábitat natural prioritario o una especie prioritaria, sólo se pueden alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública o razones relativas a consecuencias positivas para el medio ambiente así como también en este caso previa consulta a la Comisión Europea, otras razones imperiosas de interés público de primer orden.
6. Reglamentariamente, mediante orden del consejero competente en materia de medio ambiente, se desarrollará, en su caso, el contenido de los criterios objetivos para la redacción de los estudios de repercusiones, así como la predicción y evaluación de sus posibles impactos.
TÍTULO IV bis PLANES Y PROYECTOS DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES AMBIENTALES
2. La actividad ambiental será tramitada, aprobada y, en su caso, autori zada, por la dirección general o por la entidad de derecho público vinculada o dependiente, competente por razón de la materia, que deberán aplicar la normativa sustantiva y la normativa reguladora del espacio de relevancia ambiental.
TÍTULO V bis "XARXA D'ÀREES DE LLEURE A LA NATURA"
Artículo 41 bis "Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura"
La "Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura", adscrita a la Consejería competente en materia de medio ambiente, integrará las instalaciones y/o equipamientos, tanto de titularidad autonómica como privadas, incluidas en un espacio de relevancia ambiental, relacionados con los usos recreativos, educativos, culturales y similares, como refugios, albergues, casas de colonias, áreas recreativas, áreas de acampada, y otros recursos de naturaleza análoga.
Artículo 41 ter Plan Especial de la "Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura"
1. Las instalaciones y/o equipamientos, a los que se refiere el artículo anterior, incluidos dentro del Plan Especial de la "Xarxa d'Àrees de Lleure a la Natura", cuando estén contempladas con el suficiente grado de detalle, se consideran actividades relacionadas con el destino y la naturaleza de las fincas y no requieren la declaración de interés general que establece el apartado 3 del artículo 22 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes Balears, ni actos de control preventivo municipal, cuando se trate de instalaciones o equipamientos públicos.
a)El inicio del procedimiento corresponde al consejero competente en materia de medio ambiente, a propuesta de la Dirección General competente en materia de espacios naturales protegidos, que deberá valorar su necesidad y oportunidad.
b)El anteproyecto de regulación se ha de someter a audiencia de los titulares de derechos e intereses legítimos afectados.
c)La participación de otras consejerías se limitará a las competentes en materia de deportes y juventud, educación y cultura, ordenación del territorio y turismo y, en todo caso, los ayuntamientos y los consejos insulares afectados por el plan.
d)La información pública será por un plazo de un mes.
e)El proyecto de plan se someterá al informe preceptivo de los órganos siguientes:
TÍTULO V NORMAS EN RELACIÓN A LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO VINCULADAS O DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Artículo 33 Modificación de la finalidad institucional de las entidades de derecho público denominadas "Institut Balear de la Natura" i "Espais de Natura Balear"
TÍTULO VI NORMAS EN RELACIÓN A RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
Artículo 36. Inexigibilidad de la garantía financiera obligatoria a las personas jurídicopúblicas de las Illes Balears
D.T. 1ª Procedimientos de evaluaciones de impacto ambiental de proyectos iniciados antes de la entrada en vigor del Decreto-Ley
D.T.2ª Procedimientos de evaluaciones ambientales estratégicas iniciados antes de la entrada en vigor del Decreto-Ley
D.T. 3ª Prórroga de los plazos de elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales en tramitación
Quedan derogadas.
Palma, 29 de mayo de 2009
El Presidente. Francesc Antich i Oliver
El Consejero de Medio Ambiente Miquel Àngel Grimalt Vert
Entrada en Vigor: 2009-05-31
Artículo 5. Nulidad
Artículo 6 bis. Tramitación de urgencia
Artículo 24. La solicitud de inicio
Artículo 27. El estudio de impacto ambiental
Artículo 29. Informes preceptivos y convenientes
Artículo 38. Publicación de la decisión sobre la ejecución del proyecto
Artículo 41. Fase previa de comunicación
Artículo 42. Tramitación
Artículo 87. Contenido del informe de sostenibilidad ambiental
Artículo 89. Fase de consulta
Artículo 91. Fase de memoria ambiental
Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminacion acustica de las Illes Balears
Fecha Publicación: 2007-03-24
REAL DECRETO-LEY 1/2008, de 18 de enero, por el que se determina el Indicador Publico de Renta de Efectos Multiples (IPREM) para 2008 y se concede un credito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por importe de 200.000.000 euros con destino a la acogida e integracion de inmigrantes, asi como al refuerzo educativo de los mismos.

References: artículo 49
 artículo 9

Artículo 2
 artículo 3
 artículo 3

Artículo 4
 artículo 6
 artículo 50

Artículo 5
 artículo 22

Artículo 16
 artículo 87
 artículo 87

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 9

Artículo 29
 artículo 37
 artículo 9

Artículo 41

Artículo 41
 artículo 22

Artículo 33

Artículo 36

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 24

Artículo 27

Artículo 29

Artículo 38

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 87

Artículo 89

Artículo 91