Source: http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=2173&Itemid=539
Timestamp: 2018-05-24 15:44:42+00:00

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No sólo es necesario contar con un marco normativo, unos compromisos internacionales, y unas leyes nacionales, sino que es necesario que esas leyes se cumplan efectivamente. Muchas decisiones de los tribunales han cambiado la vida de las mujeres, otras están esperando.
A continuación te presentamos 10 casos Latinoamericanos que han supuesto avances en el cumplimiento de los derechos de las mujeres, otras que están pendientes de resolución pero que pueden marcar la jurisprudencia, a nivel regional y nacional:
Argentina: Caso “María Merciadri de Morini”. Derechos sociales y políticos. CIDH
País Tribunal Tema Caso Links
Argentina Corte internacional: Comisión Interamericana de Derechos Humanos Derechos sociales y políticos Caso 11.307 - María Merciadri de Morini. Caso 11.307 - María Merciadri de Morini
Caso 11.307 - María Merciadri de Morini
http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=observatorio&id_decision=301
Resumen La peticionaria, María Merciadri De Morini, de nacionalidad Argentina, demandó la lista electoral de su partido político, Unión Cívica Radical, para elección de diputados a nivel nacional. Dos mujeres fueron incluidas en las posiciones 4 y 6 de la lista, pese a que una ley nacional (ley de cupo) requería la presencia de por lo menos dos mujeres en las primeras cinco posiciones. Los recursos judiciales utilizados por la peticionaria fueron rechazados. La peticionaria acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando violaciones al debido proceso, al derecho a la igualdad, a los derechos políticos y a los recursos efectivos. La Comisión admitió la petición y ésta fue resuelta cuando el Estado argentino y la peticionaria lograron una solución amistosa.
Hechos: La peticionaria, María Merciadri De Morini, ciudadana argentina, demandó la lista electoral de su partido político, Unión Cívica Radical, para elección de diputados a nivel nacional. Dos mujeres fueron incluidas en las posiciones 4 y 6 de la lista, pese a que una ley nacional (ley de cupo) requería la presencia de por lo menos dos mujeres en las primeras cinco posiciones. Los recursos judiciales utilizados por la peticionaria fueron rechazados, entre otras, porque el partido había obtenido 4 posiciones y por falta de interés para actuar. La peticionaria acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando violaciones por parte de Argentina del debido proceso, al derecho a la igualdad, a los derechos políticos y a los recursos efectivos. La Comisión admitió la petición.
Precedentes: Este informe de solución amistosa es importante en el sentido de que reconoce que la participación política de las mujeres está enmarcada en el sistema interamericano de derechos humanos y que los Estados miembros deben tomar medidas efectivas para garantizarla.
Razonamientos: En su informe 102/99, la Comisión determinó que tenía competencia en el tiempo para conocer de la petición puesto que se presentó en relación con una actuación del Estado argentino después de que éste ratificara la Convención. Igualmente, la Comisión se declaró competente en tanto se alegaron violaciones de artículos de la Convención por parte de un Estado parte.
La Comisión encontró que la peticionaria agotó los recursos internos al haber impugnado la lista de su partido ante las autoridades judiciales correspondientes.
Concluye la Comisión que de ser ciertos, los hechos expuestos por la peticionaria podrían configurar violaciones de los derechos consagrados en la Convención, específicamente al debido proceso (artículo 8), a los derechos políticos (artículo 23), al derecho a la igualdad ante la ley (artículo 24) y al derecho a recursos efectivos (artículo 25), por lo que declara la petición admisible.
De acuerdo con el artículo 49 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), si las partes acuerdan una solución amistosa, la Comisión ha de redactar un informe para dar a conocer sus términos.
En el caso específico, el estado argentino expidió el Decreto Presidencial No. 1246/00 con el fin de aclarar cómo se debía dar cumplimiento a la ley 24.012 (ley de cupo), con el fin de asegurar que por lo menos 30% de los cargos a integrarse fueran ocupados por mujeres. La Comisión expresó que la solución amistosa se encontraba de acuerdo con el objeto y fin de la Convención y que la consecución de la participación libre y plena de la mujer en la vida política es una prioridad para la región.
Fallo: La Comisión decide aprobar los términos del acuerdo de solución amistosa suscrito el 8 de marzo de 2001 y publicar el respectivo informe.
Fuente: Women’s Link Worldwide
México: Caso “Feminicidios de Campo Algodonero, CD. Juárez”. CIDH
México Corte Interamericana de Derechos Humanos Violencia contra las mujeres- Feminicidios Feminicidios de Campo Algodonero, CD. Juárez http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=20
http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_prensa&dc=166
Resumen El 21 de septiembre de 2001, después de ir al colegio y salir de su trabajo como mesera en un restaurante, Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17 años, no regresó a su casa. El 10 de octubre del mismo año, Claudia Ivette González, de 20 años de edad, fue vista por última vez al salir de la maquiladora LEAR 173, a la que no le permitieron entrar a trabajar por llegar dos minutos tarde. El 29 de ese mismo mes, Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, desapareció cuando regresaba a su vivienda después de trabajar como empleada del hogar en una casa de Ciudad Juárez. Cuando los familiares de las víctimas las reportaron como desaparecidas, las autoridades locales no las buscaron y asumieron que las mujeres estaban con sus novios.
El 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados ocho cuerpos con señales de violencia sexual extrema en un campo algodonero de la misma ciudad. A partir de ese momento se conformaron los hechos de “Campo Algodonero”
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C. y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, como representantes de Esmeralda Herrera Monreal; y las organizaciones Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C., como representantes de Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos Monárrez, llevaron su petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que luego hizo parte de la investigación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2002.
El 4 de noviembre de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó una demanda contra los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los casos de Campo Algodonero, en la que afirma que el Estado habría incurrido en responsabilidad internacional por “la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que habría dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición de las víctimas, la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos de las víctimas, así como la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada a favor de sus familiares”.
En su primera respuesta a la Corte, el Estado mexicano negó que estos tres casos fueran parte de hechos sistemáticos, que existiera violencia contra las mujeres, además de negar que la Corte tuviera competencia para juzgar sobre violaciones a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará).
Después de 8 años los familiares de las víctimas obtienen justicia gracias a la sentencia de la Corteidh mediante al cual se concluye que, “las jóvenes González, Ramos y Herrera fueron víctimas de violencia contra la mujer según la Convención Americana y la Convención Belém do Pará. Por los mismos motivos, el Tribunal considera que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez”.
Adicionalmente la sentencia condena al Estado mexicano por no ofrecer las debidas garantías de protección a favor de la vida e integridad de las tres víctimas.
Concluye la Corte IDH que “el Estado no actuó con prontitud dentro de las primeras horas y días luego de las denuncias de desaparición, dejando perder horas valiosas. En el período entre las denuncias y el hallazgo de los cuerpos de las víctimas, el Estado se limitó a realizar formalidades y a tomar declaraciones que, aunque importantes, perdieron su valor una vez éstas no repercutieron en acciones de búsqueda específicas. Además, las actitudes y declaraciones de los funcionarios hacia los familiares de las víctimas que daban a entender que las denuncias de desaparición no debían ser tratadas con urgencia e inmediatez llevan al Tribunal razonablemente a concluir que hubo demoras injustificadas luego de las presentaciones de las denuncias de desaparición. Todo esto demuestra que el Estado no actuó con la debida diligencia requerida para prevenir adecuadamente las muertes y agresiones sufridas por las víctimas y que no actuó como razonablemente era de esperarse de acuerdo a las circunstancias del caso para poner fin a su privación de libertad. Este incumplimiento del deber de garantía es particularmente serio debido al contexto conocido por el Estado -el cual ponía a las mujeres en una situación especial de vulnerabilidad- y a las obligaciones reforzadas impuestas en casos de violencia contra la mujer por el artículo 7.b de la Convención Belém do Pará”.
Por los mismos motivos, el Estado violó los derechos de acceso a la justicia y protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana.
Brasil: Caso “María da Penha Maia Fernandes”. Violencia contra las mujeres. CIDH
Brasil Corte Interamericana de Derechos Humanos Violencia contra las mujeres María da Penha Maia Fernandes Report No. 54/01 Case 12.051
Resumen En 1983 Maria da Penha, brasileña, biofarmacéutica, fue víctima de doble intento de homicidio por su entonces marido y padre de sus 3 hijas, dentro de su casa, en Fortaleza, Ceará. El agresor, Marco Antonio Heredia Viveiros, colombiano naturalizado brasileño, economista y profesor universitario, le disparó por la espalda mientras ella dormía, causándole paraplejia irreversible, entre otros graves daños a su salud. En ocasión posterior, intentó electrocutarla en el baño. Hasta 1998, más de 15 años después del crimen, pese haber dos condenas por el Tribunal de Jurados de Ceará (1991 y 1996), aún no había una decisión definitiva en el proceso y el agresor permanecía en libertad, razón por la cual Maria da Penha, CEJIL y CLADEM enviaron el caso a la CIDH/OEA. El Estado no respondió a la petición y permaneció silencioso durante todo el procedimiento.
En 2001, la CIDH responsabilizó al Estado por omisión, negligencia y tolerancia en relación con la violencia doméstica contra las mujeres brasileñas. Consideró que en este caso se daban las condiciones de violencia doméstica y de tolerancia por el Estado definidas en la Convención de Belém do Pará y que existía responsabilidad por la falta de cumplimiento a los deberes del art. 7(b), (d), (e) (f) y (g), en relación con los derechos por ella protegidos, entre los cuales, a una vida libre de violencia (art. 3), a que se respete su vida, integridad física, psíquica y moral y seguridad personal; dignidad personal, igual protección ante la ley y de la ley; y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la amparara contra actos que violaran sus derechos (art. 4 (a), (b), (c ) (d), (e), (f) y (g)). Consideró violados los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de los arts. 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con la obligación de respetar y garantizar los derechos, prevista en su art. 1(1), debido a la dilación injustificada y tramitación negligente del caso.
Además, estableció recomendaciones de naturaleza individual para el caso y también de políticas públicas para el país. En síntesis, las de: completar el procesamiento penal del responsable; proceder a una investigación y responsabilización en relación con las irregularidades y retrasos injustificados en el proceso; proveer una reparación simbólica y material a la víctima; promover la capacitación de funcionarios judiciales y policiales especializados; simplificar procedimientos judiciales penales; promover formas alternativas de solución de conflictos intrafamiliares; multiplicar el número de Comisarías de la Mujer con recursos especiales y brindar apoyo al Ministerio Publico en sus informes judiciales; incluir en los planes pedagógicos unidades curriculares sobre el respeto a la mujer, sus derechos, la Convención de Belém do Pará y el manejo de conflictos intrafamiliares.
Se trata del primer caso en que se aplicó la Convención de Belém do Pará en el sistema interamericano, con decisión en que se responsabiliza un país en materia de violencia doméstica contra las mujeres. Solo debido al uso efectivo del sistema internacional, en acciones de litigio y de monitoreo, y por la presión política internacional y nacional, es que en marzo de 2002 el proceso penal fue concluido en ámbito interno y, en octubre del mismo año, el agresor fue arrestado. El caso fue también reportado al Comité CEDAW en 2003, el cual recomendó al Estado adoptar “sin demora una legislación sobre violencia doméstica”. El 7 de agosto de 2006, como resultado de una acción conjunta de la sociedad civil y del Estado, se aprueba la Ley 11.340 (Ley Maria da Penha), que crea mecanismos para refrenar la violencia doméstica y familiar contra la mujer.
Luego de años de negociaciones entre la víctima, el Estado y las peticionarias, en 7 de julio de 2008, en un evento público llevado a cabo en Fortaleza, se hace efectiva la reparación a la víctima, mediante el pago de la indemnización y un pedido de disculpas a Maria da Penha, ambos llevados a cabo por el gobierno de Ceará, con reconocimiento del Estado brasileño de su responsabilidad internacional ante las violaciones ocurridas, que tuvo gran repercusión en los medios informativos. En diciembre de 2008, el Estado de Ceará adhirió al Pacto Nacional de Enfrentamiento a la Violencia contra la Mujer, importante medida que promueve la adopción de políticas relacionadas con el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. Sigue pendiente, todavía, la investigación y responsabilización relativas a las irregularidades y retrasos injustificados en el proceso en el ámbito de la justicia interna.
Colombia: Derechos Políticos, Ley de Cuotas. Corte Constitucional.
Colombia Corte Constitutional Derechos políticos: Ley de Cuotas C-371/00 http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=observatorio&id_decision=121
Resumen Las normas con carácter de leyes estatutarias es decir que regulan derechos fundamentales, siempre son conocidas por la Corte Constitucional antes de ser promulgadas como normas. La Corte conoció de esta norma que regula la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. La norma entre otras disposiciones establece principalmente que deberá existir una cuota de un 30% de mujeres en los máximos niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público y regula su implementación. La Corte Constitucional consideró que la medida que establece un mínimo de un 30% de mujeres en los máximos niveles decisorios de las corporaciones públicas era una medida razonable y ajustada a la Constitución y se entendía como una acción afirmativa como deber del estado de protección a los grupos de personas que se encuentran en una posición de debilidad, como las mujeres.
Hechos: Las normas con carácter de leyes estatutarias, es decir, que regulan derechos fundamentales, siempre son revisadas por la Corte Constitucional antes de ser promulgadas como normas. La Corte revisó la norma que regula la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. La norma, entre otras disposiciones, establece que deberá existir una cuota de un 30% de mujeres en los máximos niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, y regula su implementación.
Precedentes: Las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional colombiana son sentencias que revisan las normas demandadas para verificar si dichas normas se ajustan a las disposiciones de la Carta. Los pronunciamientos de la Corte tienen el carácter de cosa juzgada y por lo tanto deben ser aplicados por todos los/las jueces/as colombianos/as.
La norma se ve como un gran avance para la legislación colombiana, pues con ella la Corte decide atender los compromisos internacionales contraídos por el país. En este caso, hace referencia al Plan de Acción de Beijing, y atiende la participación de la mujer en Colombia en los niveles decisorios del Estado.
Razonamientos: La Corte Constitucional consideró que la medida que establece un mínimo de un 30% de mujeres en los máximos niveles decisorios de las corporaciones públicas era una medida razonable y ajustada a la Constitución, y se entendía como una acción afirmativa que ejecutaba el deber del estado de protección a los grupos de personas que se encuentran en una posición de debilidad, como las mujeres. Las consideraciones de la Corte Constitucional para llegar a la anterior conclusión fueron las siguientes:
Como primera medida, la Corte estableció que una acción afirmativa se refiera a un mecanismo en el que se designan políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo de ha sido discriminado, tengan una mayor representación. Así, las medidas de discriminación positiva son aquellas acciones afirmativas que toman en consideración aspectos como el sexo o la raza, que son considerados como criterios sospechosos o potencialmente prohibidos. De igual manera, dichas medidas de discriminación positiva se producen en situaciones de especial escasez de bienes deseados, lo cual implica que las medidas de discriminación positiva tienen como forzosa contrapartida un perjuicio para otras.
Igualmente, la Corte estableció que los criterios sospechosos son (i) categorías que se fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su identidad; (ii) han estado sometidas históricamente a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas; (iii) no constituyen, per se, criterios en base a los cuales sea posible efectuar una distribución o reparto racional y equitativo de bienes, derechos o cargas sociales.
La Corte, en la sentencia, identificó a las mujeres como titulares de acciones afirmativas, por encajar en los criterios que ha denominado la jurisprudencia como sospechosos. Habiendo determinado lo anterior, procedió a establecer que la dimensión sustancial del derecho a la igualdad alude al compromiso Estatal de remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho. Así, la igualdad sustancial permite las acciones afirmativas como medidas compensadoras, correctoras o defensivas de personas y de grupos ubicados en condiciones de inferioridad. Si bien dichas acciones pueden generar desigualdad, lo hacen para conseguir el fin de una sociedad más equitativa y más acorde a los propósitos de la Carta.
Para determinar si la norma se encontraba ajustada a la Constitución, se recordaron los criterios que autorizan las medidas de discriminación inversa:
1. La validez de estas medidas depende de la real operancia de circunstancias discriminatorias;
2. La diferencia del trato sea razonable y proporcionada; y
3. La medida sea temporal, midiendo dicha temporalidad en el alcance de la igualdad real y efectiva.
De acuerdo a lo anterior, la Corte procedió a verificar si la diferencia de trato era proporcional, para lo cual utilizó los siguientes criterios:
1. Si se persigue una finalidad válida a la luz de la Constitución;
2. Si el trato diferente es "adecuado" para lograr la finalidad perseguida;
3. Si el medio utilizado es "necesario", en el sentido de que no exista uno menos oneroso, en términos de sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el fin perseguido; y
4. Si el trato diferenciado es "proporcional stricto sensu", es decir, que no se sacrifiquen valores, principios o derechos (dentro de los cuales se encuentra la igualdad) que tengan un mayor peso que los que se pretende satisfacer mediante dicho trato.
La Corte, después de efectuar el anterior examen, estableció que la cuota es proporcional y razonable en la medida en que la cuota busca la representación equitativa de las mujeres en los cargos directivos y de decisión del Estado. De igual manera busca corregir el sistema mismo de selección, que continúa parcializado en detrimento de la población femenina, además de ser eficaz por lograr el fin de la misma. Igualmente, encontró que el porcentaje de la medida se sustenta en el compromiso adquirido por el gobierno colombiano en el Plan de Acción de Beijing, en el cual se establecía el compromiso de "Garantizar que al menos el 30% de los cargos directivos del gobierno estén en manos de las mujeres (...)". La medida se encontró adecuada, ya que la misma contrarresta las causas de la discriminación al romper con la tradición patriarcal en la que el papel de la mujer pertenece principalmente a la esfera privada.
Para la Corte la medida resulta necesaria, ya que aunque se entiende que el estímulo a la educación de las mujeres que se impone para toda la población en general es, sin duda, esencial. Éste no garantiza de manera eficaz el punto de llegada, o en otras palabras que la mujer, en un lapso corto, realmente acceda a los cargos de mayor jerarquía y de dirección en el poder público, que es el objetivo perseguido por el legislador.
Para la Corte el trato desigual de la medida respecto de los hombres no sacrifica derechos y principios que tengan un mayor peso que los que se pretenden satisfacer, pues:
1. La mengua de un privilegio que se ha tenido a costa de la marginación de alguien no implica una seria desventaja para quien lo ha ostentado.
2. La acción afirmativa del Estado no discrimina a las mismas mujeres ya que lo que la medida hace es corregir las prácticas sociales que generan condiciones de inequidad, y no una medida de paternalismo estatal, que trata a las mujeres como si fueran "menores de edad".
3. La cuota no atenta contra la naturaleza de los cargos de libre nombramiento y remoción pues necesariamente debe ejercerse de conformidad con las dispocisiones constitucionales y legales y aunque la medida genere una limitación ésta se entiende como razonable al no atentar contra su núcleo esencial.
4. La cuota no atenta contra la eficacia y eficiencia de la administración pues los requisitos para acceder a los cargos se mantienen y deben ser llenados satisfactoriamente para llegar a los mismos.
La Corte, igualmente, sustentó la constitucionalidad de la norma en su temporalidad, la cual se encuentra implícita en la misma, pues una vez alcanzada la participación equitativa en los niveles decisorios del Estado la norma pierde la vigencia.
Fallo: Se declaró la constitucionalidad de la norma, salvo algunos apartados que establecían su vigencia e inmediatez, que serían reemplazados por normas que establezcan que la medida deberá ser cumplida progresivamente.
Chile: Caso “Karen Atala e hijas” Derechos civiles, sociales. Homosexualidad. CIDH
Chile Corte Suprema de Chile/ Comisión Interamericana de Derechos Humanos Derechos civiles, sociales. Homosexualidad Caso Karen Atala e hijas, 2008 Res 1193-03 (Caso Atala)
Resumen El demandante y la demandada tienen tres hijas menores. Después de haberse separado, por común acuerdo, las menores quedaron a cargo de la madre, quien después de unos años empezó a convivir con su pareja de sexo femenino. El padre, presentó una demanda solicitando la tuición de sus hijas argumentando que la convivencia homosexual de la madre era perjudicial para las niñas. Su demanda le fue negada por la corte de primera instancia y por la Corte de Apelaciones. El padre procedió a presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema, quien le dio la razón y concluyó que la convivencia homosexual de la madre sitúa a las menores en un estado de vulnerabilidad que las expone a ser objeto de aislamiento y discriminación, afectando su desarrollo personal. La Corte Suprema invalidó la sentencia de la Corte de Apelaciones y concedió la tuición de las menores al padre. El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha admitido la petición:
En el caso Informe No. 42/08 - Admisibilidad, Petición 1271-04, Karen Atala e hijas (Chile), 2008:
Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que la petición es admisible, a la luz de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los artículos 8(1), 11(2), 17(1), 24 y 25 de la Convención Americana, todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento internacional, en perjuicio de la Sra. Atala y sus hijas; y la presunta violación de los derechos del niño protegidos por los artículos 19 y 17.4 de la Convención, en conexión con el artículo 1(1) de dicho instrumento, en relación a las hijas de la Sra. Karen Atala. La Comisión decide además, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
Perú: Caso “KLL”. Derechos civiles y políticos: Aborto. CDH de NU
Perú Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas Derechos civiles y políticos: Aborto Caso KLL, Perú http://www.cladem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=408:caso-kll-peru-aborto&catid=47&Itemid=132
Resumen En 2001 KLL, con 14 semanas de embarazo a los 17 años, realiza una ecografía en un hospital público de Lima, constatándose la anencefalia del feto, por lo que su médico le informó sobre la anomalía y los riesgos contra su vida que revestía el embarazo. KLL decidió interrumpir la gestación, para lo que se le hicieron los estudios clínicos necesarios, confirmando el padecimiento del feto. Evaluaciones de profesionales en asistencia social y psiquiatría recomendaban la intervención. Cuando se presentó en el hospital en compañía de su madre para la intervención, el director le informó que no iban a realizarla, pues contravenía la ley. Después de 3 semanas de la fecha prevista para el parto, KLL dio a luz una niña anencefálica, que vivió 4 días; período en que debió amamantarla. Luego de la muerte de su hija, se sumió en estado de profunda depresión.
Representada por DEMUS, CRLP (actual CRR) y CLADEM, en octubre de 2002 se envía la denuncia de KLL al CDH/ONU, por violación de los derechos a un recurso efectivo; a la igualdad entre hombres y mujeres; a la vida; a no ser sometida a tratos crueles inhumanos o degradantes; a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada; a las medidas de protección que la condición de menor requiere y a la igualdad ante la ley (arts. 2, 3, 6, 7, 17, 24 y 26 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos). El Comité, en octubre de 2005, dictaminó que el Estado tiene la obligación de proporcionar a KLL un recurso efectivo que incluya una indemnización por las violaciones de sus derechos cometidas, además de adoptar medidas para evitar que sucedan situaciones semejantes en el futuro. Entre los fundamentos: a) El sufrimiento y las secuelas psicológicas severas acentuadas por su situación de menor de edad, al no concederle el beneficio del aborto terapéutico (cf. CP Peruano; art. 7 y Observación General Nº 20); b) El conocimiento por parte de las autoridades del riesgo vital que corría KLL y su negativa posterior que pudo haber puesto en peligro su vida, porque no contó con un recurso eficaz para oponerse a tal decisión (art. 2); c) La interferencia arbitraria en la vida privada, al negársele poner fin a su embarazo según su decisión, injerencia injustificada (art. 17); c) La falta de atención especializada, durante y después de su embarazo, necesaria por su condición de menor de edad (art. 24). Se sigue monitoreando el cumplimiento del dictamen
Haití: Violencia de género en caso de crisis. CIDH
Haití Comisión Interamericana de Derechos Humanos Violencia de género en caso de crisis Medidas Cautelares No. MC-340-10 Haití http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=premios&tp=ganadores&y=2011
Resumen La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una histórica decisión expidió recomendaciones solicitando al gobierno haitiano que adoptara medidas cautelares para prevenir la violencia sexual contra mujeres y niñas en los campos de personas desplazadas instalados con ocasión del terremoto.
El 12 de enero de 2010, un fuerte terremoto sacudió Haití, dejando al menos 200.000 personas muertas y 1,5 millones sin techo. Las mujeres y niñas que habitan en los campos para personas desplazadas viven en carpas y bajo lonas, lo que las hace vulnerables a la violación y el abuso sexual. Las peticionarias en el caso fueron víctimas de violación e intentos de violación, golpeadas y recibieron múltiples amenazas contra su vida por haber reportado la violaciones o haber ayudado a otras víctimas. Muchas mujeres han reportado que han sido violadas en múltiples ocasiones después del terremoto.
Varias organizaciones, entre ellas MADRE, Women's Link Worldwide y KOFAVIV solicitaron medidas cautelares ante la CIDH en nombre de las peticionarias. En respuesta, la CIDH solicitó la adopción de medidas urgentes por parte del gobierno haitiano, incluyendo: acceso efectivo a cuidado médico para las víctimas de violencia sexual, en particular los derechos a la confidencialidad y a la intimidad durante los exámenes médicos, la presencia de personal médico femenino, acceso a anticoncepción de emergencia y profilaxis de VIH; implementación de medidas de seguridad y el entrenamiento de oficiales para atender casos de violencia sexual.
La CIDH también instó al gobierno de Haití a que asegure la plena participación de los grupos de base de mujeres en la planeación e implementación de políticas dirigidas a prevenir y combatir la violencia sexual.
El gobierno de Haití tiene un plazo de 20 días para proveer información a la CIDH sobre el cumplimiento de estas solicitudes y después de ello debe hacerlo de forma periódica.
El Salvador: Derecho a un Trato Humano, Privacidad, los Derechos de los Niños. CIDH
El Salvador Comisión Interamericana de Derechos Humanos Derecho a un Trato Humano, Privacidad, los Derechos de los Niños y la Protección Judicial Informe N° 6/94 Caso 10.772
Resumen La Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos admitió y trató los méritos del caso de la peticionaria, quien alegaba que su hija de siete años había sido violada por un soldado en su casa en San Miguel, El Salvador. La Comisión encontró que El Salvador había violado los artículos 5, 11, 19 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que garantizan los derechos a un trato humano, a la privacidad, los derechos de los niños y el derecho a una protección judicial, respectivamente.
Hechos: En 1990, un soldado violó a una niña de siete años de edad que estaba en su casa en San Miguel, El Salvador, dejando un pañuelo en la escena del crimen. La niña sangró durante cuatro días y fue examinada por un ginecólogo más de un mes después del incidente. El reporte médico mostró que el himen estaba roto y cicatrizado, y que la apertura vaginal estaba agrandada; lo que indicaba que la niña había sido violada. La madre de la víctima se quejó ante el Comandante local y posteriormente intentó poner la denuncia ante la corte distrital. El juez se negó a admitir el caso, diciendo que "estas cosas pasan". La Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos comenzó a estudiar el caso en 1991, solicitándole al gobierno de El Salvador que le proporcionara información sobre el caso. A pesar de las múltiples peticiones, el Gobierno no respondió.
Razonamientos: Artículos 46 y 47 - Requisitos de Admisibilidad:
La Comisión encontró que el caso era admisible, ya que cumplía con todos los requisitos formales de admisibilidad y estaba bajo la competencia de la Comisión en tanto concernía a derechos protegidos por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. La Comisión resaltó la negativa del Gobierno salvadoreño de dar información sobre el caso durante los tres años posteriores a los hechos y sostuvo:
"Esta actitud de pasividad e indiferencia del Gobierno, en un caso que revela una crueldad y falta de respeto a los más elementales principios de la dignidad humana, indica un comportamiento de tolerancia y encubrimiento de hechos criminales tan graves como el denunciado, por parte tanto de las autoridades militares como de las judiciales, según consta en la denuncia, así como de la propia rama ejecutiva del poder público, a través de la cual se transmitió el caso al Gobierno de El Salvador".
Además, la Comisión anotó que los procedimientos de arreglo amistoso no eran apropiados en este caso. Finalmente, excusó el requisito de agotamiento de los recursos internos, encontrando que "en el presente caso la madre de la pequeña no sólo no estaba obligada a intentar recursos que de antemano estaban destinados a no producir ningún resultado".
Artículos 5, 11, 19 y 25 - Derecho a un Trato Humano, Privacidad, los Derechos de los Niños y la Protección Judicial.
Sumariamente, la Comisión encontró que el Gobierno de El Salvador había violado los artículos 5, 11, 19 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos por la violación de una niña de siete años por parte de un soldado. La Comisión también anotó que el artículo 16 del Protocolo Adicional de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece la protección a los niños por parte de sus familias, de las sociedades y los Estados.
La Comisión también estableció que los hechos del caso también constituían una violación a los artículos 19, 37 y 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, de la cual es parte el Estado del El Salvador. El artículo 19 requiere que los Estado Parte protejan a los niños y niñas de abusos físicos y mentales, incluyendo abusos sexuales; el artículo 37 protege a los niños de los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes y el artículo 39 requiere que los Estados fomenten la recuperación física y psicológica de los niños y las niñas que hayan sido víctimas.
Artículo 50 - Reporte y Recomendaciones
La Comisión hizo las siguientes recomendaciones al gobierno de El Salvador: Que condujera una investigación minuciosa, rápida e imparcial sobre los hechos denunciados, incluyendo el encubrimiento subsiguiente del crimen; que se reparara a la parte perjudicada; que hiciera cumplir los artículos de la Convención que protegen los derechos de los niños; que expidiera leyes nacionales que establecieran esquemas de castigos a los perpetradores de estas violaciones; que el gobierno aceptara la jurisdicción de la Corte Interamericana con respecto al presente caso; y que publicara el reporte de la Comisión concerniente al caso.
Fallo: La Comisión admitió el caso y encontró violaciones de los artículos 5, 11, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión recomendó que se investigara el caso y que se juzgara a los responsables.
Colombia: Caso “Martha Solay”. Derecho al aborto. Corte Constitucional
Colombia Corte Constitucional Derecho al aborto bajo determinadas circunstancias Caso Martha Solay http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=detalle_proyectos&tp=proyectos&dc=10
Resumen En abril de 2005, Women's Link Worldwide presentó una valerosa e innovadora demanda ante la Corte Constitucional colombiana, solicitando la liberalización de las leyes de aborto del país, que hasta entonces estaba prohibido en absolutamente todas las circunstancias.
El 10 de mayo de 2006 la Corte Constitucional tomó una decisión histórica: porvoto mayoritario (5-3), estableció que el aborto no puede ser considerado un delito en tres circunstancias concretas:
Cuando la vida o la salud (física o mental) de la mujer esté en peligro
Cuando el embarazo sea el resultado de violación o incesto
Cuando se diagnostiquen graves malformaciones fetales que hagan inviable la vida fuera del útero.
La demanda presentada por Women's Link fue la primera en utilizar argumentos de derecho internacional de los derechos humanos para argumentar la insconstitucionalidad de las leyes de aborto. La Constitución colombiana explícitamente consagra la primacía de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Congreso sobre la legislación nacional y éstos sirven a su vez de guía para interpretar los derechos constitucionales. Ahora que el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado ha sido reconocido en el papel, Women's Link trabaja para:
Asegurar la adecuada implementación del nuevo marco legal,
Proteger y fortalecer la decisión que permitió este cambio.
Colombia: Caso “T-1531/00”. Derecho a la educación. Corte Constitucional
Colombia Corte Constitucional Derecho a la educación Caso T-1531/00 http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=observatorio&id_decision=125
Resumen Una estudiante de colegio se le vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad cuando no se le permite acceder a sus estudios en condiciones normales y se le obliga a recibir talleres en su casa por encontrarse en estado de embarazo.
El Juez de primera instancia niega el amparo por considerar que el colegio no ha vulnerado su derecho a la educación, pues simplemente por el hecho de que la alumna no haga acto de presencia en el centro educativo, no quiere decir que se le este vulnerando derecho fundamental alguno, ya que se le están proporcionando los conocimientos académicos a través de los talleres que los docentes de cada área le entregan y, si lo que quiere es gozar de la compañía de sus compañeros, puede hacerlo, visitándolos en sus respectivas viviendas. La Corte Constitucional decide revocar la decisión de instancia y conceder el amparo.
Hechos: Demandante: Melida Lorena Rosero Campo. Demandando: Colegio Mayor de Santiago de Cali
La demandante es una estudiante de un colegio quien instauró acción de tutela por considerar que se le vulnerado su derecho fundamental a la educación y al libre desarrollo de la personalidad, cuando las directivas del colegio le impiden continuar los estudios en condiciones normales e iguales a los demás compañeros de estudio, ofreciéndole en su lugar realizar talleres en su casa, sin orientación pedagógica, simplemente por el hecho de encontrarse en embarazo. Aduce además que por su estado la tratan como si tuviera una enfermedad contagiosa
Precedentes: La acción de tutela es una acción autónoma creada en Colombia para la protección de derechos fundamentales. El juez constitucional, a través de su jurisprudencia, es un creador consciente de sub-reglas constitucionales en concordancia con el texto superior. La doctrina constitucional, mientras no sea modificada por la Corte es un criterio auxiliar obligatorio para las autoridades. Debe aclararse que la tutela sólo surte efectos en el caso en concreto.
Razonamientos: El Juzgado de única instancia niega el amparo por considerar que no hay vulneración al derecho a la educación, pues la niña la está recibiendo dicha educación, solo que su casa, además de considerar que no hay vulneración alguna de acuerdo a las reglas establecidas en el manual de convivencia del colegio.
La Corte Constitucional decide revocar la decisión de instancia y conceder el amparo.
La Corte reiteró en que "la protección especial, que ha de tener el proceso de gestación de ser humano y entendido éste como una opción de vida, el cual se encuentra protegido por el núcleo esencial del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (C.P., artículo 16) y que, por tanto, no pueden ser sujeto de injerencia por parte de ninguna autoridad pública o privada resultando contrario a los postulados constitucionales, todas aquellas medidas que tiendan a impedir o a hacer más gravoso el ejercicio de la mencionada opción vital."
La Corte también dijo que las medidas que tratan la asistencia de la estudiante a ciertos días y horas específicas en los cuales se les imparten tutorías o cursos personalizados son discriminatorias, y a veces tienen un carácter sancionatorio, por lo que ha considerado que "las restricciones contempladas en los manuales de convivencia inciden en la espontaneidad de la persona para escoger un cierto tipo de educación y unas determinadas modalidades para adquirirla, violan los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 C.P.) y a la educación (art. 67 C.P.)."
Respecto del caso concreto dijo que "aunque la educación semi-presencial ofrecida a la tutelante, no implica la pérdida absoluta del derecho a la educación, sí supone su prestación, una condición que tiende a estigmatizar a la alumna embarazada y a discriminarla frente a los restantes estudiantes en la recepción de los beneficios derivados del mencionado derecho. Ciertamente, la estigmatización y discriminación que implica tal modalidad, convierten a esta medida en una carga desproporcionada, que la alumna debe soportar por el solo hecho de estar embarazada, lo cual, a juicio de la Corte, equivale a la imposición de una sanción." Así, la Corte decidió revocar la decisión y ordenar la readmisión de la estudiante al centro educativo.
Fallo: La Corte Constitucional decidió revocar la decisión y ordenar la readmisión de la estudiante al centro educativo, además de inaplicar la norma del manual de convivencia que dispuso la educación especial para la estudiante.
Sentencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Leyes con enfoque de género en América Latina

References: resolución 
 artículo 49
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 37
 artículo 39

Artículo 50
 artículo 16