Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531821.html
Timestamp: 2019-03-23 02:35:17+00:00

Document:
as201531821
Auto Supremo Nº 821
Sucre, 23 de octubre de 2015
Expediente : 214/2015-A
Demandante : Caja Nacional de Salud
Demandado : Compañía Boliviana de Proyectos y Obras S.R.L.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 164 a 165, interpuesto por Rene Eduardo Pérez Asturizaga en representación legal de la Compañía Boliviana de Proyectos y Obras S.R.L., contra el Auto de Vista Nº 181/2014 de 19 de septiembre, cursante de fs. 161 a 162, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental del Justicia de La Paz; dentro del proceso Coactivo Social seguido por la Caja Nacional de Salud contra la Compañía Boliviana de Proyectos y Obras S.R.L.; sin respuesta al mencionado recurso, el Auto de 25 de marzo de 2015 a fs. 168, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
I.1.1. Auto Interlocutorio
Que, interpuesta la demanda coactivo social y tramitado el mismo, la Juez Séptimo de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, emitió la Resolución Nº 080/2009 de 17 de octubre de fs. 130 a 132 declarando probada la demanda de fs. 5 a 6, por consiguiente firme y subsistente la Nota de Cargo Nº 233-4601 a fs. 4, e improbadas las excepciones de falta de fuerza coactiva y falsedad e inhabilidad de título, disponiendo en consecuencia el pago de la suma de Bs.-49.600,38 (cuarenta y nueve mil seiscientos 38/100 bolivianos), por la parte coactivada, dentro del tercer día de su legal notificación y sea con las formalidades de ley, rechazando mediante Auto de 12 de febrero de 2010 a fs. 136, la explicación y complementación solicitada a fs. 135 por la parte coactivada.
Interpuesto el recurso de apelación por la Compañía Boliviana de Proyectos y Obras S.R.L., a través de su representante legal mediante memorial a fs. 138 y vta., mediante Auto de Vista Nº 181/2014-SSA-I de 19 de septiembre, cursante de fs. 161 a 162, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental del Justicia de La Paz, confirmó en todas sus partes la Resolución Nº 080/2009 de 17 de octubre de fs. 130 a 132.
Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo y en la forma, interpuesto por Rene Eduardo Pérez Asturizaga en representación legal de la Compañía Boliviana de Proyectos y Obras S.R.L., quien señaló:
I.2.1. Recurso de casación en el fondo
Que, a momento de oponer las excepciones de falta de fuerza coactiva y de falsedad e inhabilidad del título, se debió tener presente la circular del año 2006 por el que se suspendieron los plazos procesales, sin embargo, el Tribunal de alzada refirió que la misma correspondería a la gestión 2008, cuando las excepciones fueron presentadas el año 2006, tratándose de vulnerar sus derechos constitucionales de la defensa, debido proceso, existiendo una mala apreciación.
Acusó que, se debió tener presente las pruebas adjuntadas por su parte de fs. 49 a 52, demostrándose las bajas de los asegurados, existiendo error por parte del Tribunal ad quem en cuanto a una adecuada valoración de las pruebas aportadas, dejándolo en indefensión, como también que no existiría una adecuada apreciación de la Nota de Cargo, misma que no coincidiría con los datos del proceso tratándose de justificar en cuanto al tipo de cambio del dólar a la moneda nacional extremo que no estaría claro ni fundamentado.
Manifestó también que, la Resolución Nº 60/2007 de 31 de agosto resuelve las excepciones opuestas por su parte, sin considerarse la demanda, pruebas y otros extremos, haciendo notar que la Resolución Nº 080/2009 de 17 de octubre contiene los mismos datos que la Resolución Nº 60/2007, vulnerándose el derecho al debido proceso.
I.2.2. Recurso de casación en la forma
Que, el Auto de Vista Nº 179/2008 de 28 de agosto al anular obrados dispuso que se emita una nueva resolución considerando todos los extremos de la causa, sin espera de turno, sin embargo, la resolución fue emitida después de más de un año en fecha 17 de octubre de 2009, denotándose la perdida de competencia, advirtiéndose también que la apelación fue formulada en fecha 11 de enero de 2011 y después de más de tres años recién se emitió el Auto de Vista ahora recurrido.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia declare procedente el recurso de casación.
Que, así planteado el recurso de casación en el fondo y en la forma, revisando los antecedentes del proceso y las normas aplicables a la materia, se ingresa a resolver los reclamos traídos a esta instancia, conforme a los siguientes fundamentos:
II.1.1. Resolviendo el recurso de casación en el fondo
En el caso presente, la parte recurrente cuestiona que los de instancia debieron considerar en cuanto a las excepciones planteadas la circular del año 2006 por el que se suspendieron los plazos procesales, las pruebas adjuntadas por su parte de fs. 49 a 52 y que la Resolución Nº 60/2007 de 31 de agosto al resolver las excepciones opuestas por su parte, no consideró la demanda, pruebas y otros extremos.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un Auto definitivo, Sentencia o Auto de Vista, basado en que los Jueces o Tribunales de instancia a tiempo de emitir las referidas resoluciones hubiesen incurrido en errores “in iudicando”, aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través de los tres presupuestos contenidos en el art. 253 del CPC, vale decir cuando se acredite: "que la resolución objeto del recurso hubiera sido emitida en virtud a una errónea interpretación o aplicación indebida de una ley" o "cuando la referida resolución contuviere disposiciones contradictorias", y finalmente cuando se demuestre: "que en la valoración de las pruebas se hubiere cometido error de derecho o de hecho, aclarando que este último debe ser evidenciado por otros documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador".
Complementando lo anterior, es preciso aclarar que conforme señala la uniforme jurisprudencia de este Tribunal la apreciación y valoración de la prueba realizada por los jueces de instancia, es incensurable en casación; y excepcionalmente podrá producirse una revisión o revaloración de la prueba, en la medida en que en el recurso de casación se acuse y pruebe la existencia de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, de acuerdo con la regla prevista en el art. 253.3) del CPC, que señala la procedencia del recurso de casación: "Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador." (Las negrillas son añadidas).
Asimismo, conforme a la naturaleza del instituto, la disposición legal anterior citada, debe interpretarse en el marco del contexto competencial y los fines políticos del órgano.
En el propósito anterior debe tenerse en cuenta que la esfera competencial del Tribunal de casación se encuentra diseñada en función a los fines políticos del órgano, orientado fundamentalmente a la nomofilaquia (control normativo) en términos de la debida aplicación de la ley; uniformación de la jurisprudencia en razón a que si la ley es igual para todos, la interpretación que se haga de ellas responda a tal principio; control jerárquico y la función dikelógica, entre otros.
En ese marco, el Tribunal de casación se encuentra limitado a verificar y corregir en su caso, los yerros en que hubiese incurrido el Tribunal de apelación en la aplicación de la ley; de ahí que el juicio adquiere las características de puro derecho, a mérito que se orienta sustancialmente a discernir y resolver una cuestión entre la ley y su infractor.
Así entonces y para prevenir cualquier arbitrariedad que prohíje acciones de hecho en vez de decisiones de derecho, el legislador constituyente prefirió restringir el libre arbitrio del Estado en cualquiera de sus órganos, lo que incluye al jurisdiccional, reservando para las leyes de desarrollo la delimitación de las competencias de cada uno de sus órganos, instituciones o agentes, de tal modo que para el caso concreto de la casación, en el art. 274.I del CPC, se dispone que “El tribunal o juez casará la sentencia o auto recurrido que infringiere la ley o las leyes acusadas en el recurso, y en este caso fallará en lo principal del litigio aplicando las leyes conculcadas y condenando en responsabilidad de multa al juez o tribunal infractor, a menos que encontrare excusable el error”, conforme a lo cual, para casar una resolución de segundo grado, deberá verificarse previamente si en tal decisión se incurrió en infracción de alguna ley y si esa infracción con identificación expresa de la norma, fue acusada expresamente en el recurso, de tal modo que le permita ejercer el mandato legal de casar la resolución que infringiere “la ley o las leyes acusadas en el recurso”; luego, encontrando evidencia de tal infracción, fallar en el fondo “aplicando las leyes conculcadas”; es decir, aplicando aquellas leyes que hubiesen sido acusadas como vulneradas en el recurso de casación y que efectivamente se hubiese comprobado tal infracción.
En el marco de lo anterior y con la finalidad de precisamente permitir al Tribunal de casación el ejercicio de aquel específico mandato legal o, lo que es lo mismo, abrir su competencia para la casación de una resolución de grado, es que en el art. 258.2 del mismo ritual civil, se establece como requisito de procedencia, que en sentido estricto no resulta siendo una mera formalidad, la obligación de “citar en términos claros, concretos y precisos (…) la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error…”, previniéndose además expresamente que “Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente”.
Así entonces y teniendo en cuenta que es el cumplimiento de los requisitos de procedencia establecidos en el art. 258.2) del CPC que permite abrir la competencia del Tribunal de casación, el mismo adjetivo civil autoriza y ordena su desestimación mediante la forma resolutiva de improcedente.
Consiguientemente, conforme a lo expuesto, cuando se persigue la casación de una resolución de grado sobre la base de la causal del art. 253.3) del CPC, no resulta suficiente el acusar error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, a mérito que, se reitera, la casación de una resolución de grado reclama la aplicación de una norma determinada, en tanto y en cuanto hubiese sido acusada de infringida y, siendo así, corresponderá entonces que el recurrente acuse infracción legal y cite expresamente cuál la norma que considera infringida, aun tratándose del error de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas.
Para mejor comprender lo anterior expuesto, ha menester recordar que conforme se tiene doctrinalmente admitido, el error de hecho en la apreciación de la prueba supone una operación racional fallida respecto del contenido de la prueba o, dicho de otro modo, de lo que la prueba en particular materia de análisis informa; en cambio el error de derecho supone el desconocimiento de la prueba como tal, el mismo que puede producirse al momento del ingreso de dicho material al plexo probatorio o al momento del juicio del juzgador.
Sobre éste particular tiene dicho el Tribunal de casación que: “constituye causal recursiva en grado de casación el error de derecho como de hecho en la apreciación de las pruebas: el primero en tanto el juzgador le haya restado el valor que la Ley le otorga a determinada prueba y el segundo, en tanto se haya extraído de esas pruebas una significación distinta a las que ellas, en el marco de la lógica y la experiencia, informan. Ante la eventualidad de que en el proceso se presente uno u otro, los efectos serán similares, en la medida que negando el valor legal (error de derecho) no se permite a esa prueba ingresar al plexo probatorio para su correspondiente consideración en el juicio conclusivo sobre los hechos y, siendo así, al igual que en el error de hecho, es muy probable que el juicio conclusivo sobre los hechos resulte equivocado ya sea por renuncia del valor legal de la prueba o ya sea por renuncia a la verdad material en ella contenida; la consecuencia lógica ante una errónea conclusión fáctica es la errónea aplicación del derecho, por cuanto se ingresaría a aplicar un dispositivo legal a hechos no coincidentes con el presupuesto (premisa menor) de la norma, lo que en definitiva importa su vulneración por indebida aplicación”. (Auto Supremo Nº 306-S-I de 24 de octubre 2005).
Siguiendo el razonamiento anterior y teniendo en cuenta que en línea de principio toda decisión judicial debe constituir una derivación razonada y racional de los hechos y del derecho, la conclusión fáctica del juzgador viene a constituir la base material sobre el que se aplicará el derecho y, siendo así, de haberse conformado una conclusión fáctica errónea a emergencias de un vicio interpretativo respecto del valor o contenido de la prueba, lógico será pensar que la norma aplicada resulte también errada, por cuanto, su aplicación estará subordinada a la coincidencia de los hechos establecidos por el juzgador en el caso concreto, con la abstracción fáctica de la ley. Consiguientemente si la causa fue resuelta con una norma ajena, se habrá incurrido en violación de la Ley, ya sea por desconocimiento de la ley aplicable o por errónea aplicación de la misma, ergo, aun tratándose de error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, el decisorio entrañará violación de la ley y siendo así, para hacer cabida a la casación, el recurrente deberá acusar infracción legal, de otro modo, el Tribunal de casación no tendría la posibilidad de aplicar ninguna norma y de hacerlo estaría expidiéndose ultra petita y casando de oficio, lo que resulta ajeno a sus competencias.
En el presente caso, el recurrente se limita a acusar error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, cursante de fs. 49 a 52, sin citar, menos acusar infracción de norma alguna en que hubiese incurrido el Tribunal de apelación, mucho menos expuso el vínculo lógico del vicio con la norma vulnerada, esto es, especificar en qué consiste la violación, falsedad o error.
Por otra parte, en cuanto a la Circular del año 2006 y a que la Resolución Nº 60/2007 de 31 de agosto al resolver las excepciones opuestas por su parte, no consideró la demanda, pruebas y otros extremos, cabe señalar que el recurrentes obviando la adecuada técnica jurídica que hace al planteamiento del recurso de casación en el fondo, no citó en términos claros, concretos y precisos las normas que se presumen infringidas, la forma en que han sido vulneradas y la posible solución jurídica a la situación planteada, debiendo además indicar las disposiciones contradictorias que contuviera la resolución, no siendo suficiente realizar una extensa relación de acontecimientos, sin precisar ni demostrar los errores in judicando en los que según su criterio incurrió el Tribunal ad quem en cuanto a este aspecto, de tal forma se concluye que dichos defectos en la interposición del recurso motivan también su improcedencia impidiendo a este Tribunal la realización de mayor análisis sobre los argumento del recurso de casación en el fondo.
Siendo importante señalar además que realiza un petitorio confuso cuando expresa: "(...) declaren procedente el recurso de casación (...)”, pedido totalmente incongruente, en franco desconocimiento de las exigencias que prevén los arts. 253 y 254 del CPC.
II.1.2. Resolviendo el recurso de casación en la forma
El fundamento de su recurso de casación en la forma básicamente se circunscribe a dos aspectos, el primero, que existiría perdida de competencia en la Resolución dictada por la Juez a quo; y el segundo, que la apelación fue formulada en fecha 11 de enero de 2011 y que después de más de tres años recién se emitió el Auto de Vista, por lo que previamente cabe señalar que si bien conforme a lo previsto en el art. 258.3) del Código de Procedimiento Civil (CPC), en el recurso de nulidad no está permitido alegar nuevas causas de nulidad por contravenciones que no se hubiesen reclamado en los Tribunales inferiores, salvos los casos que interesaren al orden público, empero al advertirse que el reclamo versa en cuanto a una posible pérdida de competencia de la Juez a quo, misma que interesa al orden público, este Tribunal apertura su competencia para poder considerar los argumentos vertidos en el recurso de casación en la forma.
En dicho sentido se advierte que, tal aseveración no resulta evidente en razón a que, revisando el cuaderno procesal, se observa que en fecha 15 de octubre de 2009 se pasó obrados a despacho para dictar resolución, conforme se tiene anotado a fs. 129 y vta., y la Resolución Nº 080/2009 tiene data del 17 de octubre de 2009; es decir, se advierte que dicho fallo fue dictado dentro del plazo de los tres días de sorteado el expediente, conforme el mandato contenido en los arts. 617 del Reglamento del Código de Seguridad Social (R-CSS) y 32.d) del Decreto Ley (DL) Nº 10173 de 28 de marzo de 1972, toda vez que el cómputo del indicado plazo procesal se hace efectivo desde el momento en que el expediente ingresa a despacho del juez, habiendo en este caso la Juez emitido el Auto Motivado Definitivo con plena competencia; y si bien es evidente que mediante Auto de Vista Nº 179/2008 SSA-II de 28 de agosto se anuló obrados hasta fs. 87, disponiéndose se dicte nueva resolución y sin turnos de espera, emitiéndose una nueva Resolución en 17 de octubre de 2009, evidenciándose una demora injustificada, empero dicha situación no puede constituir motivo de nulidad en aplicación del art. 252 del Adjetivo Civil, sino razón de apercibimiento para la Juez a quo que emitió dicho fallo, al no haber cumplido y vigilado que el proceso se desenvuelva de manera oportuna, aspecto que también se advierte en cuanto a la emisión del Auto de Vista toda vez que entre la providencia emitida en por el Tribunal ad quem en fecha 12 de enero de 2011 que dio por apersonado a la parte coactivada, y la providencia de 30 de mayo de 2014 que dicto autos para resolución, transcurrieron más de 3 años sin justificativo alguno, aspecto que amerita una severa llamada de atención a los Vocales y a la Secretaria de Sala.
En mérito a lo anotado, y advirtiendo que los puntos recurridos en cuanto a la casación en la forma no constituyen razones suficientes que hagan viable la nulidad de obrados pretendida, en aplicación del principio de legalidad, así como los de finalidad del acto y el de trascendencia, como principios reguladores, entre otros, de las nulidades procesales, este Tribunal no encuentra fundado el recurso y decide mantener subsistente el fallo recurrido en cuanto al cuestionamiento al procedimiento se refiere.
Por los criterios expuestos, y al haberse considerado sólo los reclamos vertidos en el recurso de casación en la forma, corresponde resolver conforme prescribe el art. 271.2) y 273 del CPC, aplicables por la norma p ermisiva contenida en los arts. 633 del R-CSS.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 164 a 165, interpuesto por Rene Eduardo Pérez Asturizaga en representación legal de la Compañía Boliviana de Proyectos y Obras S.R.L. Con costas.
Se llama severamente la atención a la Juez a quo como al Tribunal ad quem por la demora injustificada, recomendando mayor celeridad en la tramitación de los procesos.

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