Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/Colombia4534.02sp.htm
Timestamp: 2018-10-16 20:18:42+00:00

Document:
2. Los peticionarios alegaron que el Estado es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, derechos contemplados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”), en conjunción con la obligación genérica de respetar y garantizar los derechos establecidos en el mismo Tratado, prevista en su artículo 1(1). En cuanto a la admisibilidad del presente reclamo, los peticionarios alegan que éste debe ser exceptuado del requisito del previo agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46(1) de la Convención Americana, por aplicación de la excepción contenida en su artículo 46(2)(c). Por su parte, el Estado colombiano solicitó a la Comisión que declarara inadmisible el reclamo presentado por los peticionarios sobre la base del incumplimiento con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana.
3. Con base en el análisis de las posiciones de las partes, la Comisión concluyó que era competente para conocer el reclamo y que las alegaciones sobre los artículos 1(1), 4, 5, 7, 8 y 25 eran admisibles conforme a las disposiciones de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
14. En lo que respecta a la admisibilidad del reclamo, los peticionarios alegan que en el presente caso se configura la excepción a la regla del previo agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención, consistente en el retardo injustificado respecto su resolución. Señalan que la investigación penal se encuentra en etapa previa desde su apertura en enero de 1998. Consideran que la situación configura un cuadro de denegación de justicia por retardo injustificado que constituye una manifestación de la falta de efectividad de la investigación penal y habilita la aplicación de la excepción a la regla del previo agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana.
21. Los peticionarios se encuentran facultados, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presuntas víctimas a personas físicas, respecto a quienes el Estado colombiano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. Colombia es un Estado parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973, fecha en que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
22. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar bajo la jurisdicción del Estado. La Comisión tiene competencia ratione temporis para estudiar el reclamo por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. Finalmente, la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
23. El Estado alega que el reclamo de los peticionarios debe ser declarado inadmisible por incumplir con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos previsto en el artículo 46(1) de la Convención Americana y por no invocar todos los recursos adecuados para subsanar las alegadas violaciones a nivel interno. Por su parte, los peticionarios alegan que resulta aplicable la excepción al requisito del previo agotamiento de los recursos internos, previstas en el artículo 46(2) de la Convención Americana en razón del retardo y la ineficacia de la investigación penal.
24. En vista de las alegaciones de las partes, corresponde en primer término, aclarar cuáles son los recursos internos que deben ser agotados en un caso como el presente, a la luz de la jurisprudencia del sistema interamericano. La jurisprudencia de la Comisión establece que toda vez que se cometa un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal hasta sus últimas consecuencias.[3] y que, en esos casos, éste constituye la vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros modos de reparación de tipo pecuniario. La Comisión considera que los hechos expuestos por los peticionarios comprenden la presunta vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad personal, que se traducen en la legislación interna en delitos perseguibles de oficio cuya investigación y juzgamiento deben ser impulsados por el Estado mismo.
25. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que sólo deben ser agotados los recursos adecuados para subsanar las violaciones presuntamente cometidas. El que los recursos sean adecuados significa que la función de esos recursos dentro del sistema de derecho interno sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable.[4]
26. En el presente caso, el Estado alega que los peticionarios debieron accionar los recursos vinculados al funcionamiento de la jurisdicción contencioso administrativa así como la acción de tutela antes de considerar habilitada la jurisdicción de la Comisión. Sin embargo, en casos que involucran alegaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos como las denunciadas en el presente caso, la CIDH ha establecido que los pronunciamientos de carácter contencioso administrativo constituyen exclusivamente mecanismos de supervisión de la actividad administrativa del Estado encaminada a obtener indemnizaciones por daños y perjuicios causados por abuso de autoridad.[5] En general, este tipo de procesos, como el recurso de tutela no constituyen mecanismos adecuados, por sí solos, para reparar violaciones a los derechos humanos del tipo de las denunciadas o para satisfacer el deber de esclarecer judicialmente lo sucedido. Por lo tanto, no es necesario que este tipo de recursos sea agotado en un caso como el presente. Asimismo, corresponde aclarar que la acción de tutela a la cual se refiere el Estado se relaciona con un proceso seguido contra el soldado Tabares Toro pero que no guarda relación con los hechos denunciados por los peticionarios respecto de la desaparición forzada del referido soldado.
En su petición, los peticionarios invocaron la aplicación de la excepción relativa al retardo injustificado en la administración de justicia, basados en la duración de la etapa de investigación previa en el proceso abierto por los hechos materia del presente caso, la cual se extendió por más de cuatro años. El Estado, por su parte, alegó que la extensión de la etapa preliminar resultaba razonable a la luz de la complejidad de la investigación y de la imposibilidad del acceso a la zona donde ocurrieron los hechos a fin de completar las diligencias probatorias.
28. La Comisión observa que, de conformidad a la información proporcionada por las partes, transcurrieron a la fecha más de seis años desde el inicio de la etapa de investigación previa y la investigación no ha pasado aun a la fase de la instrucción. Según surge de los elementos de convicción aportados, durante los últimos seis años no se ha determinado el paradero de Iván Tabares Toro y no se identificado a los presuntos responsables de su desaparición forzada.
29. Al respecto, la CIDH ha señalado en forma reiterada que la investigación penal debe realizarse prontamente para proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa. Según ha señalado la Corte Interamericana, si bien toda investigación penal debe cumplir con una serie de requisitos legales, la regla del previo agotamiento de los recursos internos no debe conducir a que la actuación internacional en auxilio de las víctimas se detenga o se demore hasta la inutilidad.[6]
30. En conclusión, dadas las características y el contexto del presente reclamo, la Comisión considera que resulta aplicable la excepción prevista en el artículo 46(2)(c) de la Convención Americana a la luz de las escasas perspectivas de efectividad de los recursos disponibles, por lo cual los requisitos previstos en la Convención Americana en materia de agotamiento de los recursos internos y, en consecuencia no resultan aplicables.
31. Sólo resta señalar que la invocación de las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46(2) de la Convención se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos en ella consagrados, tales como las garantías de acceso a la justicia. Sin embargo el artículo 46(2), por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo vis á vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la posible violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Cabe aclarar que las causas y los efectos que impidieron el agotamiento de los recursos internos serán analizados en el informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si configuran violaciones a la Convención Americana.
33. El expediente de la petición no contiene información alguna que pudiera llevar a determinar que el presente asunto se halla pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional o que hubiera sido previamente decidido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, la CIDH concluye que se ha cumplido el requisito previsto en el artículo 46(1)(c) de la Convención Americana.
1. Declarar admisible el presente caso, en lo que respecta a las eventuales violaciones de los artículos 1(1), 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 13 días del mes de octubre de 2005. (Firmado): Clare K. Roberts Presidente; Susana Villarán Primera Vicepresidenta; Paulo Sérgio Pinheiro Segundo Vicepresidente; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, José Zalaquett, Freddy Gutiérrez y Florentín Meléndez.
[3] CIDH, Informe Nº 52/97, Caso 11.218, Arges Sequeira Mangas, Informe Anual de la CIDH 1997, párrafos 96 y 97. Ver también Informe N° 55/97, párrafo 392.
[6] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, párrafo 93.

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