Source: https://www.scribd.com/doc/152835410/Proceso-Penal-Ordinario
Timestamp: 2017-03-28 12:40:38+00:00

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El proceso penal ordinario, regulado por el Código de Procedimientos Penales de 1940, fue el proceso penal rector aplicable a todos los delitos contenidos en el Código Penal de 1924, estuvo compuesto por 2 etapas procesales: la instrucción y el juicio oral, sin embargo, con los cambios lógicamente ocurridos en más de medio siglo de vigencia, actualmente no podemos afirmar que el proceso penal siga siendo el proceso rector en el Perú, y que siga compuesto por 2 etapas. Sin duda, que a la fecha, se han introducido importantes reformas, pero a pesar de ello, la influencia del sistema inquisitivo sigue siendo fuerte, y en algunos casos, tiende a desnaturalizar la garantía del debido proceso. Consiguientemente, interesa evaluar si el proceso penal ordinario peruano vigente, es compatible con los principios constitucionales que rigen el proceso penal. Para ello, vamos a dividir el estudio del proceso penal ordinario en 5 fases procesales claramente identificadas, para que de esa manera podamos identificar los puntos de contacto entre el proceso penal y la norma constitucional. Estas fases son: la investigación preliminar, la instrucción judicial, la fase intermedia, el juicio oral, y la fase impugnativa.
La investigación del delito es un presupuesto ineludible del juicio penal, pues ella contribuye, mediante los actos de investigación, a reunir los elementos probatorios que puedan fundar y cimentar la acusación fiscal, y con ello dar lugar al Juicio penal. Dicha investigación es un momento procesal único, que por mandato del art. 159º de la Constitución, le corresponde al Ministerio Público. Efectivamente, el inciso 4º del referido artículo señala que le corresponde al Ministerio Público "Conducir desde el inicio la investigación del delito"; y, seguidamente el inciso 5º agrega de manera enfática, que le corresponde al Ministerio Público "ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte". Al decir del profesor ORE GUARDIA, "todas estas facultades garantizan el cumplimiento de la función persecutoria del Estado, la cual consiste en buscar, analizar y presentar las pruebas que acrediten responsabilidad o irresponsabilidad de los imputados..." .160 Sin embargo, según nuestra legislación procesa penal vigente, la fase de investigación del delito atraviesa por 2 momentos: la investigación preliminar y la instrucción judicial, la primera bajo la dirección del Ministerio Público, y la segunda, bajo la dirección del Juez Penal. En la primera no hay problema, pues es el MP quien dirige dicha investigación preliminar, lo cual es acorde con la Constitución. En cambio, en la fase de instrucción judicial, quien lo dirige es el Juez Penal, conforme lo dispone el art. 49 del Código de Procedimientos Penales, de lo que se desprende un primer conflicto entre la norma procesal y la Constitución vigente, pues la potestad de investigar el delito, según la Carta Fundamental, le está confiada al Ministerio Público, y no al Juez Penal. Además, dicha contradicción genera dentro del diseño constitucional del proceso penal, la violación del principio acusatorio, y por ende del debido proceso penal. Recordemos que según la doctrina procesal, el ejercicio de la acción penal es el conjunto de actos procesales que
realiza el MP con la finalizar de ejercer la función de persecución penal. Comprende la investigación del delito, la formalización de la denuncia, la acusación, y la defensa de la acusación en juicio. Sin embargo, la función investigadora, que es expresión de la titularidad del ejercicio de la acción penal, le es mutilada al Fiscal, durante la instrucción judicial, en donde es el Juez el director de la prueba y de la investigación del delito, surgiendo así una grave violación constitucional, pues hasta donde se conoce, el Juez Penal no debe ni puede sustituir al Fiscal, en el ejercicio de la acción penal. Y es justamente, eso lo que sucede en nuestro vigente proceso penal durante la fase de instrucción judicial. De otro lado, como es sabido, la investigación del delito se inicia por lo general, a partir de la denuncia o noticia del delito. La denuncia puede ser, denuncia de parte cuando la denuncia lo realiza el propio agraviado, su apoderado o representante legal; denuncia por acción popular, cuando la denuncia la practica una persona que no es agraviada, pero como el delito es de ejercicio público se admite la denuncia por cualquier ciudadano. Otra forma de tomar conocimiento del delito es mediante la actuación de oficio del MP o de la PNP. A continuación vamos a identificar los momentos procesales en los que se vulnera la Constitución, durante la fase de investigación del delito, que como ya se indicó, atraviesa por 2 momentos: la investigación preliminar y la instrucción judicial. 2.1. La investigación preliminar
La regla es que el MP al tomar conocimiento del delito defina si realiza o no la investigación preliminar. Efectivamente, planteada la denuncia de parte o conocido de oficio el delito, el Fiscal debe decidir si apertura una investigación preliminar, formaliza o archiva la denuncia. Si la denuncia reúne todos los requisitos para promover la acción penal (que el hecho constituya delito, el autor este individualizado, la acción no esté prescrita), formaliza la denuncia. En cambio, si la denuncia no reúne dichos requisitos, el MP tendrá la necesidad de aperturar una investigación preliminar o archivarla definitivamente. La investigación preliminar es aquella investigación pre jurisdiccional que realiza el MP con apoyo de la PNP, pero siempre bajo la dirección del MP, cuando es necesario reunir los requisitos para promover la acción penal. Estos requisitos son que el hecho constituya delito, se individualice al autor, la acción no esté prescrita, y en algunos casos, se cumpla con el requisito de procedibilidad. La investigación preliminar tiene 2 fines: un fin individualizador y un fin probatorio. El primero está dirigido a determinar e identificar a la persona contra quien se ejercerá la acción penal. El segundo está dirigido a obtener la prueba mínima para ejercer la acción penal. Hay que tener presente que por mandato constitucional, el MP es el director de la investigación del delito (fase preliminar), y como tal le corresponde realizar dicha investigación por si mismo, o si considera pertinente delegarla a la PNP. La idea es que con la intervención del MP se pueda garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Durante la investigación preliminar, la participación de la PNP es decisiva en la investigación de los delitos, pues aporta el llamado principio a la primera intervención, que consiste en que es el primer funcionario penal que llega a la escena del delito, e incluso puede practicar intervenciones y detener en flagrancia. De esa manera se logra asegurar las evidencias que deja el delito, útiles para su esclarecimiento. El otro aporte fundamental lo proporciona su División de Criminalística, con la investigación científica del delito. Cuando la PNP requiera realizar una actuación probatoria importante, tiene que contar con la participación del MP, a fin de darle valor probatorio. Cuando la investigación preliminar ha sido delegada a la PNP, al concluir dicha investigación, realizará un informe policial que puede tomar el nombre de Atestado Policial cuando la PNP concluye preliminarmente que hay delito y responsabilidad penal; y en Parte Policial, cuando la conclusión es por que no hay delito o responsabilidad penal. Ninguna de estas conclusiones vincula al MP, quien es el que al final el que lo valora.
Al concluir la fase preliminar, el MP debe tomar la decisión de archivar la denuncia o formalizarla: a) La archiva, cuando no hay lugar a promover la acción penal. Hay dos clases de archivamiento: Definitivo o Provisional. El primero puede ser por que no hay delito, la acción está prescrita o por aplicación de principio de oportunidad. Es Provisional, cuando se prueba el delito, pero aun no se ha podido individualizar al autor; b) La Formaliza, cuando el MP ha reunido los requisitos antes mencionados y emplaza con su denuncia al JP competente para que éste abra el proceso penal formal, contra la persona denunciada. Veamos a continuación, algunos aspectos problemáticos de la actuación policial, fundamentalmente vinculada a la actuación probatoria y los derechos fundamentales de los investigados. A) La Prueba en el ámbito policial
Sabido es al nivel de la doctrina y la jurisprudencia comparada, que los atestados de la policía tienen el genérico valor de "denuncia", por lo que, en sí mismos, no son medios, sino objeto de prueba. Por esta razón, los hechos en ellos afirmados han de ser introducidos en el juicio oral a través de auténticos medios probatorios, como lo es la declaración testifical del funcionario de policía que intervino en el atestado, medio probatorio este último a través del cual se ha de introducir necesariamente la declaración policial del detenido, pues nadie puede ser condenado con su solo dicho en el ámbito policial. A la Policía judicial, más que realizar actos de prueba, lo que en realidad le compete es la "averiguación del delito y descubrimiento del delincuente", esto es, la realización de los actos de investigación pertinentes para acreditar el hecho punible y su autoría (fin probatorio e individualizador). Esta facultad de investigación se desprende claramente del art. 166º de la Constitución, pues allí se le atribuye la potestad de "prevenir, investigar y combatir la delincuencia". Sin embargo, junto a esta facultad investigadora también se le faculta excepcionalmente, y sin que ello contradiga lo dispuesto en la Constitución (art. 166º), a asumir una función aseguratoria del cuerpo del delito, así como a acreditar su preexistencia mediante los pertinentes actos de constancia (las actas policiales de incautación, inmovilización, de intervención, etc.). La doctrina al igual que la jurisprudencia constitucional admiten, que tales actos de constancia tienen el valor de prueba preconstituida al igual que a todas aquellas diligencias que, como las fotografías, croquis, resultados de las pruebas alcoholométricas, etc., se limiten a reflejar fielmente determinados datos o elementos fácticos de la realidad externa que tienen que ser asegurados urgentemente en el momento de la intervención policial, caso contrario, dicha evidencia corre el riesgo de que se pierda, y el delito no pueda ser probado y su autor quede impune. En resumen, la Policía generalmente realiza actos de investigación, y excepcionalmente actos de prueba, que reciben el nombre de prueba preconstituida, la misma que tendrá eficacia, siempre que sea urgente y necesaria161 , o que no pueda ser asegurada por el Juez a través de la prueba anticipada. Así, por ejemplo, no pueden constituir prueba preconstituida: el Reconocimiento fotográfico policial, por parte de la víctima o testigo; la Declaración testifical víctima en atestado; el Reconocimiento fotográfico policial y declaración sumarial de la víctima; el Reconocimiento policial en rueda y declaración sumarial testigo; la Declaración sumarial de coimputado; la Declaración testifical sumarial e inspección ocular sin contradicción; la Inspección ocular por la policía: no es prueba; Reconocimientos policiales fotográficos: válidos como prueba si posteriormente se convalidan mediante reconocimiento judicial "en rueda"; no es prueba la de los "confidentes policiales"162 , etc. En nuestro país no está adecuadamente legislado, y tampoco delineado jurisprudencialmente, y mucho menos difundido, los criterios por los cuales la Policía debe realizar los actos de
La presencia del MP durante la investigación policial.. pues ello nos llevaría peligrosamente a convalidar y legitimar las sentencias condenatorias que se dictan en el proceso penal sumario. los actos de aseguramiento probatorio (prueba de urgencia). Como afirma la jurisprudencia española. debemos decir que siempre la primera intervención policial se realiza dentro de un marco fáctico de probabilidad de delito. "la flagrancia se ve. La ausencia de una definición legal de flagrancia. y ello como sabemos no se da durante la fase de investigación. de existir mayor verosimilitud del evento delictivo. Además. pero al no estar vigente no surtía efecto vinculante a los operadores penales. los jueces otorgan de la manera más diversa. y como quiera se refieren a dos supuestos antagónicos y difícilmente reconciliables en la practica: la eficacia frente a la delincuencia. se sigue condenando a las personas por el solo mérito del atestado policial 163 . lo que lleva a la autoridad policial a ejercer sus facultades constitucionales de prevención y combate de la delincuencia. B) La detención policial
Básicamente son dos los problemas que afronta esta institución. el art. circunstancial o indiciaria" STS 31. valor a los medios de investigación que a los actos de prueba.
. ello no deja de referirse a los actos de investigación. En la praxis.Leg.". este último se aplica si hay flagrancia. 126. de otro lado. por lo que la prueba para ser valorada tiene que pasar por la contradicción y la oralidad. la cuasi flagrancia y la presunción de flagrancia 164 .. la afectación indebida de la libertad personal de los investigados policialmente. siendo así un delito flagrante el que encierra en sí la prueba de su realización. luego de que hayan sido introducidos al juicio oral. 62°. el imperativo "deberá" es contradictorio con el principio de la libre valoración. 283° se refiere. por lo que la flagrancia es la percepción sensorial directa del hecho delictivo. Además. las facultades de investigación y detención. debe ser interpretada correctamente. y de otro lado. generando en muchos casos. no sustituye la garantía del juicio oral. 62º del Código de Procedimientos Penales.. Respecto al primero.1995 (2384/1994). y convertidos así en actos de prueba. 62°. el Código Procesal penal de 1991 definía el concepto de flagrancia. es sin duda el principal problema que existe en nuestro país. 283º de este Código. no se demuestra. señala que la ". si bien no es abiertamente inconstitucional. 283° se refiere a la valoración de las pruebas que han sido introducidas en el Juicio oral.. A ello se agrega. y. en ella encontramos que el concepto flagrancia puede comprender 3 supuestos: la flagrancia stricto sensu. No debe entenderse literalmente la norma del art. y las garantías personales de los investigados. proviene del latín "flage". por lo que mejor sería reemplazarlo con el condicional "podrá". Si acudimos a la doctrina.investigación. yendo en contra de la Constitución. conforme lo dispuesto por el art. Etimológicamente el término "flagrante".1. y cuando menciona que "deberá" valorarse conforme el art. De tal manera que de ninguna manera puede aceptarse una interpretación literal del art. durante la fase preliminar. Respecto a esta tenemos que dejar en claro lo siguiente: aun cuando la investigación policial se realice en presencia del MP. pues se corre el riesgo de obligar a los jueces a valorar un acto de investigación y no una verdadera prueba penal. se puede seguir afirmando que en el Perú. modificado por el D. razón por la cual. a la valoración que con discresionalidad se realizará de los actos de investigación obtenidos por la Policía. El art. se observa. que significa en sentido técnico-jurídico que un delito lo sea cuando se comete públicamente y ante testigos. pues de un lado la Ley Orgánica de la Policía establecía supuestos que traspasaban la definición doctrinaria de flagrancia. y aparece vinculada a la prueba directa y no a la indirecta. o en todo caso modificada o aclarada. Esta norma procesal.investigación policial previa que se hubiera llevado a cabo con intervención del Ministerio Público constituye elemento probatorio que deberá ser apreciado en su oportunidad por los jueces y tribunales.
Para ello tenemos que acudir a los criterios de razonabilidad y necesidad a la inversa. por ser la flagrancia un concepto que restringe el derecho fundamental de la libertad personal. Líneas arriba habíamos mencionado que la doctrina desarrolla 3 supuestos de flagrancia. se de cumplimiento al requisito de procedibilidad. el juez de instrucción actualmente ejerce una facultad. En el auto de abrir instrucción. es el plazo de la detención policial. se posibilita su práctica en muchos casos abusiva de parte de la Policía. es el conjunto de elementos de juicio que permiten generar convicción en el Juez sobre la existencia de delito y responsabilidad penal. que en tanto la Ley no defina la flagrancia (para respetar el parágrafo b del inciso 24 del art. "el momento mismo de la comisión del delito". La instrucción judicial
Si el JP considera que la denuncia fiscal cumple con los requisitos que la Ley procesal exige. la responsabilidad de alcanzar los fines de esta etapa: probar el delito y la responsabilidad del imputado. Este modelo procesal es violatorio de la Constitución en el extremo del art. pues si se ampara dicha acción contra una detención policial. y que tiene que ver con la eficacia de la labor investigatoria. a la luz del desborde de la delincuencia organizada. la acción no haya prescrito. y en algunos casos que la ley lo exija. En el caso de la prueba penal.. etc. y que tiene que ver directamente con la acción de Hábeas Corpus. por que además. 2. Comprende también. Es decir. la decisión sobre la medida coercitiva que le corresponde aplicar. ello significa que no hubo flagrancia y que la detención policial fue ilegal. otros aspectos de tipo administrativo y de organización del plan de investigación como la programación de diligencias. a ejercitar la acción penal de oficio.. Estas dos decisiones deben ser motivadas por el JP. la interpretación válida nos debe conducir a ser entendida como un estado de flagrancia strictu sensu. Para ello el JP cuenta con la dirección de la actividad probatoria y la facultad de decretar medidas coercitivas en contra del imputado o terceros. es decir. se funda la relación jurídica procesal penal. a fin de garantizar mínimamente su eficacia. al no existir una definición legal de la flagrancia. el tipo de procedimiento. como son que el hecho constituya delito (juicio de tipicidad). la función de investigación y de prueba del delito. lamentablemente. Según el Modelo vigente (mixto-inquisitivo). A) La actuación probatoria
El Juez es el director de la prueba. una seria discusión para dar paso a una reforma constitucional en ese sentido.y.Sin embargo. Si es o no necesario ampliar el plazo de la detención policial para los delitos comunes. elemento de juicio) que sirva al Juez para llegar a conocer con certeza un hecho. El otro aspecto problemático. 159 en el que señala que "Corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito.. y tiene por consiguiente. El Juez al abrir instrucción debe observar el cumplimiento de los requisitos legales que le dan legalidad al proceso.2 de la Constitución). Dichos medios pueden ser producidos por el
.2. preguntarnos si el plazo actual de la detención para los delitos comunes razonablemente permite una investigación mínimamente eficaz o no. Este auto es la resolución judicial por la cual se da inicio al proceso penal formal. el JP es el director de la etapa procesal de instrucción.. existe otra decisión muy importante para el imputado. pero cual debe ser amparada según la Constitución? Consideramos. en nuestra legislación procesal penal. además de la decisión de apertura. se legitima y concreta la imputación penal. su interpretación debe ser restringida y no extensiva.". que le corresponde al Ministerio Público. el autor esté individualizado. Creemos que ello merecerá. dictará el auto de apertura de instrucción.. La Prueba es el conjunto de medios (dato.
el acta de incautación de los efectos del delito. derecho de defensa. b) Objeto de prueba: Es aquel hecho que requiere ser probado. principio de libertad probatoria. La prueba tiene por finalidad proporcionar al Juez los medios para la averiguación de la verdad histórica de los hechos. a) Fuente de prueba: Es todo hecho. El imputado no tiene la obligación de probar su inocencia. a) Principio de inocencia: Impone la obligación de no tratar como culpable al imputado durante el proceso. y por principios procesales que rigen directamente la actividad probatoria.
procesales. aquel hecho específico que requiere ser probado pues ello es necesario para la averiguación de la verdad. Ella se presenta cuando surge la necesidad de asegurar la prueba antes del inicio formal del proceso. declaración.
. por la cual prueba al proceso. Es donde se origina el objeto de prueba. pues de no hacerlo. Hay 2 supuestos: la prueba preconstituida y la prueba anticipada. El objeto de prueba específico lo constituye no el hecho en sí. en caso que no se llegue a demostrar plenamente su culpabilidad. c) Respeto de la dignidad de la persona humana: Este principio orienta al proceso a practicar la actuación probatoria y alcanzar sus fines. dado su carácter de irrepetible. por ejemplo: el principio de legalidad. pues por lo al margen de dichos de la prueba. acontecimiento.
Otro tema importante lo constituye la llamada actuación probatoria de urgencia. ha obtener la prueba con observancia a las formalidades previstas en la Ley y sin emplear ningún tipo de violencia física o moral contra las personas sometidas a investigación penal. Por ejemplo. sino es el MP quien debe probar su culpabilidad. La mayor parte de problemas que afronta la prueba general los funcionarios se ven tentados a capturar la prueba procedimientos. todo aquello que da origen a la necesidad de la prueba. los fines de la prueba. en fin. f) Principio de libertad probatoria: Es el que afirma que el delito puede ser demostrado (verdad de los hechos) valiéndose de todo medio de prueba que existe actualmente o que en el futuro sea descubierto en razón del avance de la ciencia o la técnica. la prueba o fuente de prueba se pierde. y en donde va a incidir de forma concreta la actividad cognoscitiva del Juez. e) Principio de legalidad: Orienta a los funcionarios que tienen a su cargo la función probatoria. medio de prueba. Este principio prohíbe el empleo de violencia contra el imputado. respetando los derechos fundamentales de la persona.
La actuación probatoria está regida por principios constitucionales como son: el principio de inocencia. la fuente de prueba. también resulta importante para el manejo de las categorías de la prueba. el principio de respeto a la dignidad de la persona. tener en cuenta. Dicha falta de certeza debe reflejarse en una duda razonable. los criterios para su valoración. De otro lado. Este principio se destruye con la demostración plena de la culpabilidad. c) Medio de prueba: Es el procedimiento previsto en la Ley. el in dubio pro reo. Su limite lo constituye la dignidad de la persona humana. y la convicción necesaria (certeza) para la decisión judicial. afectando con ello la legalidad se debe incorporar una se da aquí. b) Principio de in dubio pro reo: Es el principio que obliga al proceso penal a absolver al acusado.Juez. el objeto. sino la afirmación que sobre él realizan las partes del proceso. d) Derecho de Defensa: Permite a la defensa del imputado el control y contradicción de las actuaciones probatorias. a) Prueba preconstituida: Es practicada por funcionarios administrativos (PNP o MP) .
que esa prueba no puede ser valorada por el Juez. el juez debe excluir dicha prueba de las que va a valorar. La sanción es lógica pues de no ser por la primera no se hubiera podido obtener la segunda. tras efectuar una provisional ponderación de la verosimilitud de la imputación de un hecho punible contra persona determinada. si la prueba originaria lo es. Las reglas que se aplican son: a) Regla de exclusión: Si una prueba ha sido declarada ilegal. exige también la necesidad de que todo proceso penal esté presidido por la posibilidad de una efectiva y equilibrada contradicción entre las partes a fin de que puedan defender sus derechos. Es decir. Otro problema importante que presente la prueba penal es su legalidad. pues es el juez penal quien tiene la dirección de la prueba. y por tanto no puede aparecer fundamentando la decisión judicial. es quien tiene la obligación de probar el delito. cualquiera que sea la procedencia de ésta. para garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra ella. tan pronto como el juez instructor. B) La actuación probatoria y el derecho de defensa del imputado
Se encuentra plenamente reconocido como una forma del derecho de acceso al proceso. de ahí que la actuación probatoria que deba realizar el juez. deberá considerarla imputada con mención expresa del hecho punible que se le atribuye para permitir su autodefensa. En segundo término. por lo que el principio de contradicción se afecta y con él. deba ser garantizando los principios de contradicción y de igualdad. no se puede garantizar el principio de igualdad y contradicción. Nuestra legislación no regula para el proceso penal la prueba anticipada. se valgan de medios ilegales para ello. y quiérase o no. así como la obligación de que los órganos judiciales promuevan el debate procesal en condiciones que respeten la contradicción e igualdad entre acusación y defensa. al fruto. En el proceso penal. situaciones de indefensión. si con ello se ha logrado tutelar un bien jurídico mayor. se estaría de alguna forma legitimando la violación de derechos fundamentales. el derecho de defensa. ya que el conocimiento de la imputación forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la defensa en la fase de instrucción. c) Fuente independiente: Esta regla es aplicable para convalidar una prueba ilegal siempre y cuando dicha prueba se haya podido obtener a través de una fuente de prueba independiente (diferente). será ilegal. La sanción de prueba prohibida imposibilita al Juez dar valor a la prueba que así ha sido sancionada.b) Prueba anticipada: Es la practicada por el Juez. De ahí que en la doctrina exista grandes esfuerzos por delimitar. Lamentablemente en la etapa de instrucción de nuestro proceso vigente. lo que se conoce como la prueba prohibida. más si se regula para el proceso civil. más o menos. además. la necesidad de la contradicción y equilibrio entre las partes está
. Para ello. Recibe este nombre la prueba que ha sido incorporada al proceso penal con violación a las formalidades que prevé la Ley o con el empleo de violencia. pues es muy frecuente que los funcionarios que tienen la obligación de probar el delito. La prueba original es comparada al árbol. aun en la fase de instrucción judicial. Si se da valor a la segunda. b) Regla de los frutos del árbol envenenado: Si se demuestra que una prueba ha sido obtenida en virtud de otra anterior que la dio origen. al vulnerado con la obtención de dicha prueba. Ello impone la necesidad. fundadamente un acto punible y que dicho acceso lo sea en condición de imputada. y la segunda. de que se garantice el acceso al proceso de toda persona a quien se le atribuya. en primer término. el derecho al conocimiento de la imputación. d) Ponderación de intereses (balancing approach): tiende a convalidar una prueba ilegal.
quien puede adoptar durante el proceso medidas coercitivas en contra del imputado. debe tener las siguientes características: a) En primer lugar. exclusivamente desde un punto de vista subjetivo. aun cuando no hubieren gozado de la más mínima posibilidad de ejercitar su derecho de defensa a lo largo de la fase instructora. para lo cual es imprescindible disponer de la posibilidad de conocer los argumentos de la otra parte y manifestar ante el juez los propios. pruebas de cargo. función que en el proceso común se realiza a través del auto de procesamiento. de forma que la convicción del Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia se logre en contacto directo con los medios probatorios aportados a tal fin por las partes. no es posible garantizar el principio de "igualdad de armas". confundiéndose el principio acusatorio con el dispositivo. el acopiar la prueba que pueda sustentar una acusación fiscal y dar pie a la realización del juicio. se podrían producir. sino únicamente actos de investigación cuya finalidad específica no es propiamente la fijación definitiva de los hechos. prueba de impugnación. que personas inocentes pudieran verse innecesariamente sometidas a la "penalidad" de la publicidad del juicio oral. c) Sin embargo. La doctrina del Tribunal Constitucional español sugiere que la actividad probatoria hábil para destruir la presunción de inocencia. lo que a su vez genera. esta doctrina no debe entenderse en un sentido tan radical que conduzca a negar toda eficacia probatoria a las diligencias instructoras. con sustancial merma de las garantías de la defensa. ha declarado el Tribunal Constitucional en múltiples ocasiones que. De otro lado. lógico corolario de la contradicción. en sí mismas. no hay que olvidar que una de las funciones esenciales de la instrucción es la de determinar la legitimación pasiva en el proceso penal (en cuya virtud constituye objeto de las diligencias previas determinar "las personas que en él hayan participado"). Desde esa perspectiva. entre otras exigencias. la lógica consecuencia de que la acusación no pueda. sino la de preparar el juicio. constituyendo también doctrina
. un marco de riesgo de indefensión del imputado. idénticas posibilidades y cargas de alegación. de lo contrario. así como poder acreditar los elementos fácticos y jurídicos que fundamentan las respectivas pretensiones. impone la necesidad de que la función de la acusación sea realizada por un sujeto distinto al órgano decisor (nemo iudex sine acusatore) y de que el objeto procesal sea resuelto por un órgano judicial independiente e imparcial. y con ello destruir el principio de inocencia. se viola el principio de igualdad. concentración. igualdad y dualidad de partes. sin que sean admisibles limitaciones a dicho principio. la actuación probatoria busca crear la certeza del delito y la responsabilidad penal. puesto que. que constituye la fase estelar y fundamental del proceso penal donde culminan las garantías de oralidad. de donde se deriva la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y de defensa. En este sentido. permitiéndose. haciendo imposible la vigencia de la contradicción. pues siendo el Juez el director de la prueba y por ende el responsable de probar el delito." C) La actuación probatoria y la presunción de inocencia
Sin duda que la actuación probatoria durante la instrucción tiene por principal objetivo. pues la defensa no se hará contra la "otra parte" sino contra el Juez. Como ya se dijo. en la práctica. dirigirse contra persona que no haya adquirido previamente la condición judicial de imputada. en definitiva.que. públicas o privadas. serían enteramente dueñas de dirigir la acusación contra cualquier ciudadano.reforzada por la vigencia del principio acusatorio -que también forma parte de las garantías sustanciales del proceso. únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculan a los Tribunales en el momento de dictar sentencia las practicadas en el acto del juicio oral. publicidad. b) Ello conlleva que las diligencias practicadas en la Instrucción no constituyan. las partes acusadoras. acusaciones sorpresivas de ciudadanos con la consiguiente apertura contra ellas del juicio oral. de otro modo. inmediación. proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la acusación y para la defensa. pues.
reitera la Sentencia del Tribunal Constitucional (Sala Primera) de 23 febrero 1995. por estar institucionalmente dotado de independencia e imparcialidad. en caso de contradicción.. En definitiva. y no en la fase preprocesal que tiene por objeto la formación del atestado en la que. en el período procesal que transcurre desde el auto de incoación del Sumario o de las diligencias previas y hasta el auto por el que se declara conclusa la instrucción. obviamente. asegura la fidelidad del testimonio y su eventual eficacia probatoria. por cuanto dichos preceptos se refieren exclusivamente a la reproducción de diligencias practicadas en la fase instructora propiamente dicha. en ausencia de lo anterior. o 18 mayo 1990). habiendo resultado infructuosas las diligencias practicadas para su citación en forma legal y fallidas las gestiones policiales realizadas para su localización. sino desmentida.. de modo que si no hubiese otra prueba de cargo la condena fundada exclusivamente en declaraciones obrantes en el atestado vulnera la presunción de inocencia (SSTC 3 noviembre 1989. en los casos en que el testigo haya fallecido o se encuentre en el extranjero. o bien. "a los efectos de la presunción de inocencia las declaraciones obrantes en los atestados policiales carecen de valor probatorio de cargo". por lo que se refiere a las declaraciones de un co-imputado prestadas únicamente en el atestado. que incluye por ejemplo. vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia. no interviene la autoridad judicial sino la policial". no ratificada en presencia judicial. ánimo de exculpación propio o de terceros u otros motivos espurios. es decir. "las declaraciones vertidas en el atestado policial carecen de valor probatorio si no son posteriormente ratificadas a presencia judicial por los particulares declarantes. si de dichos testimonios no se desprendan indicios de que las declaraciones inculpatorias hayan sido prestadas por animadversión. De otro lado. dichas declaraciones prestadas ante la policía tampoco pueden ser objeto de lectura en la vista oral a través de los cauces establecidos por los artículos 714 y 730 de la LECrim. la posibilidad y licitud de reemplazar la prueba testifical que no puede practicarse en el juicio por la lectura de las declaraciones sumariales. El Tribunal Constitucional recuerda su doctrina (SSTC 31/1981 y 9/1984. ya que solo tendrán valor probatorio. Respecto a las declaraciones de los coimputados. o bien cuando no se sabe su paradero. no siendo factible lograr su comparecencia. que las declaraciones prestadas por un co-imputado en las dependencias policiales no pueden ser consideradas como exponentes ni de prueba anticipada ni de prueba constituida. D) La actividad coercitiva
Si bien las medidas cautelares son consideradas medidas que tienden a asegurar los fines del
. la valoración como prueba de cargo de la declaración de un coacusado efectuado en la vista oral no vulnera la presunción de inocencia. En segundo lugar. como reitera la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 febrero 1995 (STC 51/1995). también las declaraciones sumariales. en primer lugar.consolidada. único órgano que. y no ratificadas posteriormente. entre otras) acerca del valor de simple denuncia de los atestados policiales (matizada en cuanto a los datos objetivos y verificables). que puede otorgarse valor probatorio a dichas diligencias sumariales siempre que se hayan practicado con todas las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen y que sean efectivamente reproducidas en el juicio oral en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción. pudiendo valorarse. En consecuencia concluye que una condena fundada exclusivamente como única prueba de cargo en la declaración inculpatoria de un co-acusado ante la policía. confirmadas por los funcionarios policiales mediante su testimonio en el acto del Juicio oral". la citada sentencia del Tribunal Constitucional declara lo siguiente: "Es evidente. obediencia a terceras personas. sino fundamentalmente porque no se efectúan en presencia de la autoridad judicial. Lo que significa que se admite la eficacia probatoria de las diligencias sumariales en los casos de la prueba preconstituida y anticipada.. Concretamente. fuera de la jurisdicción del Juez. y no sólo porque su reproducción en el Juicio oral no se revela imposible o difícil .
sino que se encuentran vinculadas necesariamente a los fines que debe alcanzar el proceso. a) La Detención : Es la medida coercitiva excepcional. dichas medidas toman el nombre de coerción procesal. corre el riesgo de hacerse imposible o inejecutable. por la cual se dispone el encarcelamiento del procesado. las medidas coercitivas deben ser aplicadas conforme los siguientes criterios: a) Instrumentalidad: Las medidas de coerción no constituyen un fin en sí mismas. dirigida a la restricción de las libertades y derechos de la persona humana del imputado. en razón que por dichas medidas se emplea la fuerza pública (violencia) para lograr garantizar los fines del proceso penal. Su aplicación está regida por principios de jerarquía constitucional. aunque no idéntico. Como máximo han de durar el tiempo en que permanezca pendiente el proceso principal. d) Subsidiariedad: La aplicación de las medidas coercitivas deben seguir un orden de prelación. y que de esperar la conclusión del proceso. el MP solicitará al JP la detención preliminar del investigado por algún
. Detención preliminar: Conforme lo previsto en el art. secuestro. sino que. Durante el proceso pueden modificarse conforme a la intensidad del peligro procesal. Es considerada la justificación última de la imposición de la medida coercitiva. resulta necesaria para afrontar un grave peligro procesal que no ha sido posible neutralizar con otra medida de coerción menos grave. con el auto de apertura.proceso. en casos de estricta necesidad y urgencia. no se aplican por tengan un valor propio. según sea la naturaleza de la sanción o acto procesal cuyo cumplimiento se quiere asegurar. además tienden a facilitar la actuación probatoria. reales (embargo) y accesorias (allanamiento. desde el que comporte la menor coerción hasta el que se configure como la mayor coerción. la actividad coercitiva para que se pueda aplicar. la que se dicta durante la investigación preliminar a solicitud del MP en los delitos de corrupción de funcionarios. 135). b) El periculum in mora: Es el peligro real que se cierne sobre la pretensión. c) Homogeneidad: Las medidas coercitivas poseen un contenido homogéneo. 2 de la Ley 27379. De manera general. Constituyen instrumentos para asegurar el éxito de los fines del proceso. en materia penal. a.). en razón de que además que se cumplen los requisitos formales para su procedencia (art. Las medidas de coerción procesal penal son el ejercicio de violencia estatal formalizada. debe tener los siguientes requisitos: a) El fumus bonis iuris consiste en un juicio de probabilidad respecto de la responsabilidad del sujeto al que se le pretende aplicar la medida (en el aspecto referido a la pretensión punitiva). Las medidas de coerción no sólo tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de una futura pena y la efectiva concurrencia del sujeto al juicio. b) Provisionalidad: Las medidas de coerción son siempre provisionales. por lo que debe el proceso garantizar dicho fin. Las medidas de coerción se clasifican en: medidas coercitivas personales (detención). etc. En la actualidad existen 2 clases de detención judicial: la primera es la que se dicta dentro del proceso penal. Dada su alta sensibilidad para con los derechos fundamentales. la segunda. y básicamente por el principio de excepcionalidad de la detención. sobre su responsabilidad civil (en el caso de la pretensión resarcitoria) o sobre el hecho de que se pueda asegurar un medio probatorio de importancia para el proceso (en el caso de terceros no vinculados a la pretensión punitiva ni civil).
b) La comparecencia: Es la medida coercitiva que garantiza al imputado afrontar su proceso penal en libertad (fuera del encierro). y puede ser comparecencia simple o comparecencia con restricciones. por lo que se hace necesario variar el mandato de detención por el de comparecencia. Detención judicial: Es la que se dicta conforme al art. 102 del C. 143 del CPP. que exista peligro procesal. b. y requiere de 3 elementos concurrentes: suficiencia probatoria del delito y la responsabilidad del imputado. por las siguientes medidas: a) Revocación del mandato: Se obtiene esta medida por haberse declarado fundado el recurso de apelación. En realidad este término es extraño al proceso penal. Esta medida ha caído en desuso. de la comparecencia a la detención. garantizar la efectiva ejecución de la reparación civil. Si el Juez la encuentra procedente. c) Libertad provisional: Es la medida que se solicita ante el MP.
. como cuando se ordena con respecto de las comunicaciones Medidas contracautelares: Conocidas también como las medidas que dejan sin efecto el mandato de detención. se impone al imputado otras obligaciones. Comparecencia simple: impone la obligación al imputado de comparecer al Juzgado cada vez que sea citado. El secuestro y la incautación: Esta medida coercitiva presenta una doble operatividad. a. 1 de la Ley 27379. Por ejemplo. También procede variar a la inversa.delito previsto en el art. (art. logrando el imputado recuperar su libertad. b. b) Variación de la medida: Esta medida se da cuando el Juez considera que los supuestos que motivaron la detención han cambiado a favor del imputado. Puede ser dispuesta de oficio o a pedido de parte. Se pueden aplicar al imputado. son medidas sustitutivas de coerción. puede ordenarse para asegurar el pago de la pena de multa o para asegurar el decomiso o pérdida de los efectos provenientes del delito (previstos en el art. Se trata de una medida coercitiva que se encuentra destinada a asegurar el pago de la reparación civil que se fije en la sentencia. dado que mayormente se recurre a la variación de la medida. d. frente a la detención judicial. toda medida que deja sin efecto dicha detención. que la pena ya no será mayor de 4 años. También se puede aplicar para garantizar la pena de multa. Sinónimo de libertad provisional. Comparecencia con restricciones: Además del deber de comparecencia. Procede de oficio. las que se detallan en el art. dispondrá la libertad del imputado. 135 del CPP de 1991. previo pago de una caución. Lo ordena la Sala Penal Superior. d) Libertad por exceso de detención: Es la libertad que se concede al imputado cuando han transcurrido más de 9 meses (proceso sumario) o más de 15 meses (proceso ordinario) de la detención judicial sin que se dicte sentencia de primera instancia. que la pena a imponer supere los dos años de pena privativa de libertad. a terceros e incluso a personas jurídicas. podría considerarse "medida contracautelar". Tiene por finalidad. El embargo: Es la más representativa de las medidas de coerción real. También se puede aplicar para garantizar la ejecución de las consecuencias accesorias. c. y. siempre que existan pruebas suficientes del delito y que la persona presente peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio. También tienen aplicación para la actuación probatoria. o ya no han prueba suficiente.) o puede emplearse para el aseguramiento de elementos de prueba. y por el cual se solicita la libertad del imputado en razón que los elementos de prueba han hecho desvanecer el peligro procesal. La detención judicial puede quedar sin efecto.P. 137 el CPP). y más bien. pues éste no puede dejar de aplicar coerción en ningún caso.
de tal forma que si el delito imputado es muy grave. con vista al bagaje probatorio de que se disponga. defensa. Para el Tribunal Constitucional español. una conducta lícita. la adopción de la medida de detención judicial. con grave daño de la justicia. " (STC 98/1986). en función del peligro de fuga. La "ilegalidad" de la detención ha de entenderse referida fundamentalmente a la inexistencia de supuestos que la justifican. como valor supremo de la persona y las exigencias legítimas de la justicia. respecto a lo primero. que ha de ser entendido con criterios de racionalidad y ponderación. En nuestra legislación vigente. en libertad o a disposición del Juez. el rigor y técnica enjuiciadora de los hechos que el Juez o Tribunal pondrá a contribución al término del procedimiento. de la libertad. Auto de sobreseimiento. el juicio no se puede celebrar. En el caso de procesos de TID. a la prolongación de su status más allá de ese máximo tiempo permitido. en principio. tomando en consideración la trascendencia de la decisión en virtud de la cual se priva de libertad a una persona. de acuerdo con la doctrina de este Tribunal (SSTC 56/1987. salvo supuestos muy excepcionales.. sino también ". ha de incidir especialmente en el examen ponderado de los valores igualmente importantes. con la advertencia. oralidad. sin tratar de llevar a este estadio preliminar y antijudicial. sin la puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente. hay que señalar que aun siendo cierto que a medida que pasa el tiempo aquel peligro puede disminuir. "Debe considerarse como detención cualquier situación en que la persona se vea impedida u obstaculizada para autodeterminar. 137 del mismo texto legal. terrorismo. c) Definición jurisprudencial de la detención
Según el Tribunal Constitucional español. el plazo límite se duplicará. que no son del caso. Esta motivación. cuando ésta excede el plazo superior al señalado en las Leyes. las detenciones que. ajustándose originariamente a la legalidad. 128/1995 y 37/1996). por obra de su voluntad. d) Detención ilegal por exceso de plazo
No sólo es ilegal la detención ordenada sin la observancia de los requisitos legales. b) La resolución que decreta una prisión provisional ha de estar suficientemente motivada.. deberá realizarse de acuerdo a la siguiente doctrina: a) La finalidad esencial de la prisión provisional no puede ser otra que la de garantizar la presencia del inculpado en el acto del juicio oral. contradicción. sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre detención y libertad y que siendo admisible teóricamente la detención pueda producirse en el curso de una situación voluntariamente iniciada por la persona. sin poner al detenido transcurrido el mismo. sino una pura situación fáctica. la detención se encuentra regulada en el art. c) En orden a las diferentes situaciones que se dan según el momento en que la prisión provisional se acuerda. 135 del CPP conforme ya se indicó anteriormente. puesto que la prueba ha de surgir bajo la vigencia de los principios inherentes al proceso penal de inmediación. Cuando dichos plazos se hayan vencido sin que exista sentencia de
. de tal manera que. espionaje y otros de naturaleza compleja. si el acusado no está presente. no siempre sucederá de esta manera. mientras que su duración o plazo de duración se encuentra prevista en el art. se mantienen o prolongan ilegalmente o tienen lugar en condiciones ilegales". Deviene en ilegal una detención.e) Libertad incondicional y por informes finales: Es cuando se ha acreditado la inocencia del imputado detenido. de suerte que la detención no es una decisión que se adopte en el curso de un procedimiento. puede justificarse la permanencia de la prisión provisional acordada. En este artículo se prevé que la detención judicial no durará más de 9 meses en el proceso sumario ó 15 meses en el proceso ordinario.
pero que ha sido impugnado. el Juez Penal encargado de probar el delito y la responsabilidad del imputado. recurso de nulidad. la sentencia condenatoria efectiva se ejecuta. Recordemos que según ha quedado evidenciado. la proscripción de la acumulación en un mismo órgano judicial de funciones propiamente instructoras y decisorias. En consecuencia. el imputado tendrá derecho a su excarcelación. Esta privación de libertad es ejecución de la condena o es una detención judicial? Nosotros afirmamos que se trataría de detención judicial. que constituye sin duda una garantía fundamental de la Administración de Justicia en un Estado de Derecho166 . la que puede provocar en el ánimo del instructor prejuicios e impresiones respecto del acusado que influyan a la hora de sentenciar. en la vertiente objetiva a la que se acoge la demanda. Es altamente probable. pueda haber amparado su juicio al decretar la detención. no se puede tratar al imputado como culpable. Recordemos. salvo que por razón fundada. según se trata de cada supuesto. debe estar igualmente limitada en el tiempo. Pero si bien el problema del plazo de duración de la detención antes de la sentencia de primer grado puede generar problemas interpretativos. se violaría la Constitución que recoge este principio procesal. sin perjuicio de que se interponga contra ella. quebrándose así la imparcialidad objetiva que intenta asegurar la separación entre la función instructora y la juzgadora. 330 del Código de Procedimientos Penales. Ciertamente. por lo que su posición procesal viola flagrantemente la garantía de la imparcialidad. en esencia. debe ser adoptada por un Juez plenamente imparcial. el mandato contenido en el art. y no en criterios objetivos e imparciales. Según el principio de presunción de inocencia. 330 del Código de Procedimientos Penales se trataría de una detención judicial. sin que el de Instrucción pueda serlo por la propia contaminación que supone la dirección de la investigación en la que se enmarca la medida cautelar. un recurso de nulidad puede ser resuelto hasta en dos años y medio165 . por consiguiente. a fin de evitar detenciones prolongadas. entre las garantías constitucionales se encuentra. que el hecho de haber estado en contacto con el material de hecho necesario para que se celebre el juicio puede hacer nacer en el ánimo del Juez o Tribunal sentenciador prejuicio y prevenciones respecto de la culpabilidad del imputado. el debido proceso. se prorrogue dicho plazo hasta por un plazo igual. considera la representación del recurrente. que la decisión relativa a la prisión provisional.primer grado. también deba ser regulada y limitada en su plazo máximo de duración. Esta concreción de la imparcialidad objetiva "se asienta sobre dos ideas esenciales: De un lado. Lamentablemente en nuestra legislación. el derecho a un Juez imparcial. pues de ser ello así. injustas e indebidas. pero por la falta de imparcialidad
. después de sentencia de primer grado. de otro. y por ende. pues es la investigación directa de los hechos. por lo que el proceso que se le sigue aun no ha concluido definitivamente. que la detención es excepcional y absolutamente necesaria. es el mismo que tiene que decidir la adopción de medidas coercitivas contra el imputado y los terceros durante la fase instructoria. la falta de un plazo de detención para quien ya tiene sentencia de primer grado. en aspectos distorsionados por la carga de prueba que se le impone. lo que puede significar que una detención judicial. Pues de acuerdo al art. lo grave y violatorio de la Constitución lo constituye. Forma parte del contenido del derecho fundamental. será en cada caso concreto donde habrá que determinar si se da o no la apariencia de imparcialidad. pues ese es el único título por el cual se puede restringir la libertad al imputado durante el proceso penal. con una función inquisitiva dirigida frente a determinada persona. que el Juez en su ánimo inquisidor. lo que implica que no se le puede aplicar ninguna medida que tenga el carácter de pena anticipada. al afectar directamente al derecho a la libertad personal. f) Juez imparcial y las medidas coercitivas
Respecto de la alegada vulneración del derecho a un Juez imparcial. al momento de decidir la medida coercitiva.
interpuesta por el Alcalde (suspendido) de Miraflores. Toda decisión trascendente del proceso penal. se encuentra sancionada en el art. y de esa manera. y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional. por lo que al momento de decidir la detención. estos criterios son desechados. donde existe un Juez de instrucción y un Juez de medidas coercitivas. pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia. y si el superior ampara el recurso. La falta de fundamentación del mandato de detención. por tanto al igual que la sentencia debe ser dictada por un órgano diferente del que instruye. lo hará completamente desprovisto de los efectos negativos y prejuiciosos que actualmente tiene. g) La motivación de las medidas coercitivas
Otra de las garantías importantes en cuanto se refiere a las medidas coercitivas es la fundamentación del mandato que las ordena. como pasa en Italia. Al respecto. infringen ya. Sin duda que este problema de legitimidad de las medidas coercitivas por violación del principio de imparcialidad se supera en el nuevo Código Procesal Penal. pena probable y peligro procesal. en los juicios de prueba suficiente. la motivación de las resoluciones judiciales limitativas de derechos fundamentales es una exigencia formal del principio de proporcionalidad y persigue. en el doble sentido de expresión del fundamento de Derecho en que se basa la decisión y del razonamiento seguido para llegar a la misma. Para ello. pero otros. la motivación del acto limitativo. el mandato de detención también debe ser dictada. y que sea capaz de afectar los derechos fundamentales. Por ello. puede sancionar al Juez además que quitarle la competencia del caso. debe señalarse que al ser la detención una medida limitativa del derecho fundamental a la libertad personal debe controlarse su razonabilidad. excluirse todo signo de arbitrariedad. el órgano judicial. la doctrina jurisprudencial española. procede interponer recurso de queja. pues hay quienes respaldan la sentencia del TC. sino el Fiscal. por esta sola causa. debe ser dictada por un Juez imparcial. los derechos fundamentales. pues el Tribunal no tiene competencia para revisar asuntos de la jurisdicción ordinaria. En dicho fallo. La detención judicial se sitúa entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito y el deber estatal de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano y por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de las penas privativas de libertad. por no reunir los requisitos exigidos por ley. Esta sentencia ha levantado serios cuestionamientos. la mayoría al parecer. Sin duda que la detención judicial lo es.objetiva. ahí se establece que si el mandato no se fundamenta. Al respecto. así como también se influye negativamente. en la resolución que adopte. la cuestionan. hacer posible el debate y comprobación de la legalidad y racionalidad de la restricción acordada. necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines. Un tema de actualidad lo constituye la reciente sentencia del Tribunal Constitucional peruano recaída sobre la acción de hábeas corpus. como fin. subsidiaria. Según la doctrina jurisprudencial. su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva. donde el Juez ya no tendrá a su cargo la carga de la prueba. es un requisito indispensable del acto de limitación del derecho. debe efectuar necesariamente el juicio de ponderación entre el derecho o derechos fundamentales afectados y los intereses que tal afectación trata de proteger. ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado. el TC peruano afirma que la detención judicial dispuesta en contra del referido funcionario es ilegal. 138 del Código Procesal Penal de 1991 (normas vigentes). por un juez diferente del que instruye. Si los órganos judiciales no motivan dichas resoluciones judiciales. sostiene que la competencia del TC para
que queda así a disposición de la autoridad judicial y a las resultas del proceso. con los fines que justifican la institución de la prisión provisional. al Tribunal Constitucional determinar en cada caso si concurren o no las circunstancias que permiten la adopción o el mantenimiento de la prisión provisional. en el proceso penal. muy especialmente. en su versión del derecho que todos tienen a ser informados de la acusación formulada en su contr. En el mismo sentido. Al Tribunal Constitucional. que puede alargar la situación de detención. no sea arbitraria. es un derecho para el imputado y una correlativa obligación del órgano judicial que ha de llevar a cabo con todo cuidado y diligencia. sino que están orientadas a asegurar el cumplimiento de los fines del proceso 167 . Y esto en razón que. la cual no puede reducirse a una mera
. ha producido una disminución en el número de las solicitudes de libertad provisional. Otra razón es la brevedad con que se puede resolver la "variación". la propia lógica de dichas actividades exige una inmediación a la que sólo pueden acceder los Tribunales ordinarios. a la obstrucción de la investigación.y su razonabilidad. i) Naturaleza de la libertad provisional
La libertad provisional es una medida cautelar intermedia entre la prisión provisional y la completa libertad. obligándose a comparecer periódicamente. tutela y rehabilitación. ya que de él depende el conocimiento por el imputado de la existencia del proceso y. pues en el primero. razonada. ya a los riesgos de fuga. pues aquí los futuros efectos materiales de la cosa juzgada pueden seriamente incidir en su derecho fundamental a la libertad. corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria la constatación y valoración de los antecedentes fácticos justificativos de la medida cautelar. el emplazamiento o la citación. Ello es así por que debe garantizarse el derecho de defensa. De ahí la transcendencia que. j) Libertad del imputado y derecho de defensa
Es deber de los órganos judiciales de emplazar a quienes hayan de comparecer en juicio como partes. la institución de la "variación de la medida". ni mucho menos persiguen fines de curación. No corresponde. protectora y resocializadora.enjuiciar la legalidad de la detención. h) La detención judicial y la Alarma social
No se puede justificar la adopción de un mandato de detención en la alarma social producida por el delito que se le imputa al procesado. en su caso. completa y acorde con los fines de la institución. a la reincidencia o a otros requisitos constitucionalmente legítimos que pueda exigir la ley. En nuestra legislación. pues la genérica alarma social presuntamente ocasionada por un delito constituye el contenido de un fin exclusivo de la pena (STC 98/1997). sino únicamente el control externo de que esa adopción o mantenimiento se ha acordado de forma fundada. tan sólo le corresponde supervisar la existencia de motivación suficiente -en el doble sentido de resolución fundada y razonada. Esto es así ya que. si se quiere. ya se refieran a las sospechas de responsabilidad criminal. resulta reforzado y ha de ser cumplimentado con especial rigor en el ámbito del proceso penal y en todo lo referente al imputado. ORE GUARDIA señala que las medidas cautelares se diferencian claramente de las penas y de las medidas de seguridad por cuanto no tienen función preventiva. el pago previo de la caución ya no es óbice para excarcelar al imputado detenido. que esta subsunción. requiere la corrección del llamamiento al proceso de su sujeto pasivo. en el sentido de que sea acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y. con mayor relevancia en el proceso penal. a la que ya nos hemos referido. del recurso. pues. a diferencia del trámite de la libertad provisional. se circunscribe a constatar la suficiencia y adecuada motivación. a la vez que hace posible su intervención en el mismo con el consiguiente ejercicio del derecho de defensa frente a la acusación que se le dirige. en su tarea de protección del derecho fundamental a la libertad. que trata de evitar la ausencia del imputado. Por ello. si bien es exigible en todo tipo de procesos. en tanto que para el segundo sí lo es. entendiendo por tal que al adoptar y mantener esta medida se haya ponderado la concurrencia de todos los extremos que justifican su adopción y que esta ponderación o.
en cualquier caso. comunicarle el hecho punible cuya comisión se le atribuye. está siempre obligado a determinar dentro de la fase instructora (haya dirigido ab initio o no las diligencias previas) quién sea el presunto autor del delito. que el procesado recién se entera de la imputación luego que ha sido detenido y antes que se le dicte sentencia. pues la mayoría de veces se hace uso de meros formalismos para emplazar al imputado.formalidad prevista en la Ley para proceder a la realización de los subsiguientes actos procesales. en la medida de lo posible. sino también permitir que el imputado sea oído por la autoridad judicial y pueda exculparse de los cargos contra él existentes con independencia de que haya prestado declaración ante otras autoridades que hayan intervenido en el sumario. así como el procedimiento previsto para los reos ausentes deben ser modificados. Según la doctrina jurisdiccional española. nadie puede ser acusado sin haber sido oído por el Juez de Instrucción con anterioridad a la conclusión de las diligencias previas. su efectividad real. aun cuando no hubieren gozado de la más mínima posibilidad de ejercitar su derecho de defensa a lo largo de la fase instructora. ilustrarle de la totalidad de los derechos que integran la defensa (de modo especial. acudiendo a la citación personal en aquellos actos de los que dependa la comparecencia del imputado en el proceso y siempre que pueda frustrarse dicho conocimiento a través de otros medios más rápidos de comunicación. y específicamente al derecho de conocer la imputación que se le hace. no puede ser materia de una acusación. la vigencia del derecho constitucional de defensa en el ámbito del proceso penal abreviado conlleva una triple exigencia: a) en primer lugar. además. que uno de los principales intereses que tendrá el imputado al enterarse que pesa sobre él un mandato de detención. la de que nadie puede ser acusado sin haber sido. Ha pasado en muchos casos. declarado judicialmente imputado. cuando en no pocos otros casos. el Juez de instrucción. dirigirse contra persona que no haya adquirido previamente la condición judicial de imputada. acusaciones sorpresivas de ciudadanos con la consiguiente apertura contra ellas del juicio oral. a fin de que aquél pueda comparecer en el momento fijado y adoptar la conducta procesal que estime oportuna en defensa de sus derechos e intereses. de otro modo. exclusivamente desde un punto de vista subjetivo. el imputado que no ha sido eficazmente emplazado o notificado de la imputación. una correlación exclusivamente subjetiva entre la imputación judicial y el acto de acusación. además de las otras violaciones constitucionales. que el órgano judicial asegure. con anterioridad. en segundo lugar.. pues. Por ello. de tal suerte que la instrucción judicial ha de seguir asumiendo su clásica función de determinar la legitimación pasiva en el proceso penal. garantía que ha de reclamarse en este proceso penal como consecuencia de la supresión del Auto de procesamiento y que se plasma en la necesidad de que no pueda clausurarse una instrucción (a salvo. claro está. puesto que. Lamentablemente estos derechos se vulneran sistemáticamente en nuestro proceso penal. reduciendo así la posibilidad de su defensa. a fin de citarlo personalmente de comparecencia. que la regulación sobre notificación del imputado y los apremios que existen . ". en primer lugar. que el Juez adopte una resolución de archivo o de
. y a fin de evitar acusaciones sorpresivas de ciudadanos en el juicio oral sin que se les haya otorgado posibilidad de participación alguna en la fase instructora. De la anterior afirmación se desprende. se podrían producir. en la práctica. b) en segundo y. Esto genera una violación al derecho de defensa. será buscar la revocatoria de dicha medida. sino que es preciso. para lo cual ha de regir también en este proceso ordinario. no sólo dicha participación. Sin duda.. simplemente no se realizan. pues es derecho fundamental la preservación de la defensa. de su derecho a la designación de Abogado) y tomarle declaración con el objeto de indagar. la lógica consecuencia de que la acusación no pueda. y ello se logra mejor estando en libertad. k) No se puede acusar a quien no ha sido oído por el Juez
Siguiendo la línea anterior. como consecuencia de lo anterior.
sea elevado el proceso a la Sala Penal Superior y se continúe con el juicio oral si así corresponde.
3) 3. estando ligado el nacimiento del derecho de defensa a la existencia de la imputación. razón por la cual dicha actuación procesal habría de estimarse contraria al art. debe extenderse al momento de la acusación. y no se puede pronunciar. pues faltan pruebas importantes. se ha de ocasionar la frustración de aquel derecho fundamental si el Juez de Instrucción retrasa arbitrariamente la puesta en conocimiento de la imputación. Si la Sala está de
. b) No haber lugar a juicio oral: También el Fiscal Superior puede ser de la opinión que no está probado el delito. Lo anterior no hace sino insistir en la necesidad de modificar la legislación contra reos ausentes. y también demandar al Poder Judicial. por ende. acreedora de la sanción procesal de la "prueba prohibida" . Si es el primero. Se inicia cuando el proceso ingresa a la mesa de partes de la Sala Penal Superior hasta antes de la instalación de la audiencia. bien por figurar así en cualquier medio de iniciación del proceso penal. haberle ilustrado de sus derechos y. luego de lo cual. Sobre lo primero. el expediente es remitido al Fiscal para que emita acusación. Lo más trascendente de este procedimiento. previo dictamen final del Fiscal Provincial.3 Conclusión de la instrucción
La instrucción concluye por vencimiento del plazo o por que ya ha logrado concretar los fines de la instrucción. y c) no se debe someter al imputado al régimen de las declaraciones testificales cuando. que se realizan entre la instrucción y el juicio oral. lo constituye la libertad por informes finales.sobreseimiento) al menos sin haber puesto el Juez en conocimiento del imputado el hecho punible objeto de las diligencias previas. En el caso del proceso penal sumario. ordenando un plazo de prórroga de la instrucción. concluida la instrucción.1. Una vez que el proceso llega a la Sala. frente a la imputación contra él existente. De esta manera se estará garantizado mejor el derecho de defensa del imputado durante la etapa instructoria. por lo que solicita el archivamiento definitivo del proceso. cuando se ha acreditado la inocencia del imputado y existe coincidencia entre el Juez Penal y el Fiscal Provincial. de modo especial. no pueda ser acusado ni condenado a sus espaldas.. por deducirse del estado de las actuaciones o por haber sido sometido a cualquier tipo de medida cautelar o acto de imputación formal ya que la imputación no ha de retrasarse más allá de lo estrictamente necesario. da lugar al informe final del Juez Penal. 2. El trámite difiere según se trate de un proceso ordinario o un proceso sumario.
Es característico del proceso ordinario mixto. de las diligencias practicadas. la prohibición de condena en ausencia. pueda fácilmente inferirse que contra él existe la sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible. la implementación de un eficaz mecanismo de emplazamiento en materia penal. de la designación de Abogado defensor y. quien puede opinar por: a) Plazo ampliatorio: Cuando el Fiscal Superior considera que la investigación está incompleta. de tal manera que el ausente o no emplazado adecuadamente. La Sala suele acceder a la solicitud del plazo. pues. 24 CE y. Consiste en el conjunto de actos procesales y administrativos. con los alegatos de defensa que se presenten. es remitido al Fiscal Superior en lo penal.
. por imposibilidad de la Sala de condenar en caso de duda. de urgencia. por lo que lo acusa ante la Sala Penal. 6. una acusación formal concluye con sentencia absolutoria. a fin de despejar la duda que pesa sobre la responsabilidad del acusado. En la fase intermedia no sólo se tiende a dar oportunidad para que se complete el material instructorio que permita la adecuada preparación y depuración de la pretensión punitiva. 36/1995 y 51/1995). por vulnerar el art. por lo cual. Generalmente. 154/1990. 79/1994. dan lugar a la realización inevitable del juicio oral. se conceden facultades instructorias excepcionales a la Policía Nacional. 323/1993. de otro. por lo que no puede prescindirse de su intervención. Todo ello sin perjuicio de que. la cual ha de posibilitar someter su contenido a confrontación con las demás declaraciones de los intervinientes en el juicio oral (SSTC 25/1988. En caso de no estar de acuerdo. que garantiza expresamente el derecho del acusado a interrogar a los testigos de cargo.cit. reconocido en el art. de que el régimen de ejecución de la prueba sumarial sea el mismo que el del juicio oral. en el plano de la legalidad ordinaria. ratificado por España el 26 de septiembre de 1979 (BOE 10 de octubre de 1979)... pues el derecho de defensa del imputado se ostenta en todas las fases del proceso.Ob. aparece proscrita en nuestro Ordenamiento en todo caso. entre otras). cual es el Juez de instrucción (STC 303/1992). jurisprudencia
254 española:
a) Material: que verse sobre hechos que. El Nuevo CPP ya no contempla la acusación formal. así como. más no la responsabilidad del imputado.º y 2. incluida expresamente la fase intermedia. 41/1991. el de la cross examination. expedirá el auto de sobreseimiento definitivo. Se sostiene válidamente que la acusación formal es inconstitucional. b) Subjetivo: que sean intervenidas por la única autoridad dotada de la suficiente independencia para generar actos de prueba. que no pueden ser interrogados por el acusado. También existe la figura del archivamiento provisional. siempre que sea factible. fundamento jurídico 2. de un lado. por especiales razones de urgencia. En tercer lugar. por vulnerar el derecho a un proceso con todas las garantías y sin indefensión. 303/1993. c) Objetivo: cual es la necesidad de que se garantice la contradicción. (diferenciándose de este modo de los correlativos actos de investigación en los que las preguntas de las partes han de formularse a través del Juez de instrucción). en el caso que esté probado el delito. no puedan ser reproducidos el día de la celebración del juicio oral (SSTC 137/1988. que en el caso de la acusación formal. y solicita se le imponga una pena y un monto determinado de reparación civil.º). se le ha de permitir a la defensa la posibilidad de comparecer en la ejecución de dicha prueba sumarial.
En definitiva la utilización como prueba de cargo de testimonios de confidentes anónimos. en el plano de los derechos fundamentales reconocidos supranacionalmente. que simultáneamente a la realización del juicio. Ambas de plantearse. 710 de
. también esté habilitada la policía judicial para efectuar determinadas diligencias de constancia y a recoger y custodiar los elementos del cuerpo del delito (SSTC 107/1983. elevará el proceso al Fiscal Supremo en lo Penal. ni siquiera cuestionados en su imparcialidad por desconocer su identidad.acuerdo con dicho dictamen. 140/1991 y la última STC 200/1996. d) del Convenio de Roma. 60/1988. En segundo lugar. d) Formal: como lo es la exigencia. en el plano Constitucional. 24. por violar las garantías penales y el principio de la exclusividad de la función jurisdiccional. de ahí proviene que hoy en día sea poco usada. En primer lugar. esto es. que su objeto sea introducido en dicho juicio público mediante la "lectura de documentos". 138/1992 y 303/1993. con la diferencia. c) Acusación Escrita: Es cuando el Fiscal Superior considera que está probado el delito y la culpabilidad del imputado. a fin de que pueda interrogar al testigo o preguntar al perito infungible (STC 303/1993). según la
pág. por lo que existe el consenso de derogarla.
ORE Requisitos de la prueba
GUARDIA. Tiene poca eficacia. por desconocer lo prevenido en el art.3. 51/1990. sino que es el momento de determinar si concurren o no los presupuestos necesarios para la apertura del juicio oral. Y quienes estén procesados tienen un indudable interés en ambos aspectos.º de la Constitución Española.1. d) Clases de Dictamen Acusatorio: Hay 2 clases de acusación fiscal: Acusación sustancial y Acusación formal. por su fugacidad. 201/1989.
determinó en un universo de casos estudiados. aparte de ser una contradicción en la evolución de los sistemas procesales penales. con el transcurso del tiempo.. a nivel judicial no se aportaba nada nuevo.Op.cit. o cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente después de haber cometido el hecho delictuoso. y que era la Policía la que verdaderamente decidía el sentido de la sentencia penal. conforme al cual los testigos de referencia "precisarán el origen de la noticia. y consiste en una audiencia oral. a un conjunto de principios168 que orientan su desarrollo. realizada en 1989.
Aún cuando no está expresamente reconocida por nuestra Constitución. o con las señas con que fuere conocida..
El Proyecto de Código Procesal Penal peruano de 1997.. ellos son violados sistemáticamente. Víctor
EVALUACION PROCESO (Continuación)
3. Como se sabe. 8. pública y contradictoria. a fin de determinar si se declara fundada la pretensión punitiva del Estado o si se absuelve al acusado. p. en el ámbito jurisprudencial. 303/1993 o 35/1995). al violentar las exigencias que tanto la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 217/1989. no fue sino una mera reforma del proceso inquisitivo. lo fue si tomamos en cuenta.
. se ha constatado que el llamado modelo mixto. Y.. como ya se ha expresado. en un 85% de procesos penales se condenaba a las personas únicamente por lo actuado policialmente. Sin embargo. imponen para la validez como prueba de cargo del testimonio de referencia. de 20 septiembre."
Una investigación realizada a nivel nacional por un equipo de expertos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en convenio con el Poder Judicial y la AID.la LECrim. Arsenio. lo oprobioso del proceso inquisitivo. o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaban de ejecutarlo"
Op. por último. Aun cuando esta etapa fue considerada históricamente como una garantía del ciudadano acusado del delito. 326..
1989. y como tal se encuentra contenido en los Tratados sobre Derechos Humanos (en el Pacto y en la Convención). como ". la definición legal de flagrancia. lo que al decir del referido estudio.
El proceso penal peruano: una investigación sobre su constitucionalidad. como la de esta Sala (STS 30 mayo 1995 o Sentencia 563/1996.la situación en que la comisión del delito es actual y en esa circunstancia su autor es descubierto. la construcción dogmática del juicio oral le debe su espectro garantista.
Esta etapa es considerada la etapa principal del proceso penal ordinario."Diagnóstico
Perú". que al formar parte de nuestra legislación interna.. 109 inc. y por ser parámetros a los que los Estados partes se obligan. De ahí que Binder sostenga que se trata de un proceso inquisitivo reformado. tienen sin duda una naturaleza vinculante y de jerarquía constitucional.cit.. el principio de imparcialidad forma parte de la definición de juez legal y natural. llamado "Diagnóstico integral de la Justicia penal en el Perú".
ORE GUARDIA.2. a la persona que se la hubiere comunicado". Burgos Mariños. entre otras). Esto. y que el juzgamiento oral se ha visto desnaturalizado por los caracteres inquisitivos de la instrucción. designando con su nombre y apellidos. sin embargo como veremos. prevé en su art. constituye evidentemente un grave problema en el sistema de garantías que diseña la Constitución para un debido proceso penal.
. donde se debaten los fundamentos de la acusación fiscal.
no pueda haber contradicción ni debido proceso penal. el juicio oral tiene un orden de actos procesales. le otorga al Tribunal. el carácter inquisitivo de la legislación procesal penal peruana. c) El Interrogatorio del acusado: Este acto procesal es el primer rezago inquisitivo y el primer factor que tiende a desnaturalizar las garantías del juicio oral. facultades instructorias sobre el objeto del proceso. las razones por las cuales se va a realizar el juicio oral. los cargos específicos que se le atribuyen a cada uno de los acusados. mientras que para los Abogados Defensores será indirecto 169 . haciéndolo sentir culpable. imparcialidad y defensa. 247°. cuando se trata de una pluralidad de acusados. pues como sabemos. como se hace. En nuestro ordenamiento procesal. contradicción. Veamos. debe señalarse con la precisión necesaria. 245°. donde se interrogaba al acusado para obligarlo a confesar su culpabilidad. tratando de arrancar la verdad. en donde asumen el rol de verdaderos jueces inquisidores. b) Lectura de la acusación: El director de debates dispone que se de lectura a la acusación. y es el que motiva. y no de forma general y hasta ambigua. No olvidemos que la lectura de los cargos de la acusación fiscal al imputado. deberá resolver por la condena o la absolución del acusado. los que por efecto de las facultades
. la existencia de un Tribunal imparcial ajeno al conflicto. asume por efecto de la Ley vigente. facilitar la correcta lectura de la acusación fiscal en el juicio oral. Además supone. Estas normas son contrarias a la idea de un proceso justo e imparcial. Aquí tampoco existe mayor problema de orden constitucional en cuanto a la exigencia de la lectura de la acusación. 246°. pues siembran en el Tribunal juzgador. sin embargo. no cumple con ser la garantía de una sentencia justa e imparcial. Los más importantes actos procesales del juicio son: a) La instalación de la audiencia: Es un acto formal. Efectivamente. facultades instructorias como. los mismos que se encuentran informados por el principio de preclusión. que luego de apreciar el debate y la contradicción. y. pues sin igualdad procesal. las conferidas por los artículos 244°. elementos subjetivos de culpabilidad. Con la finalidad de resaltar lo inconstitucional del juicio oral. El principio de igualdad se quiebra cuando el art. y ello a su vez. y garantizar el derecho de defensa. Aquí comienza la inconstitucionalidad del juicio oral. el juicio oral no deja de tener como principal acto procesal. establece que el interrogatorio del acusado por parte del Fiscal y el Tribunal será directo. de los testigos y peritos. 251°. al interrogatorio del acusado. a costa de hacer entrar en contradicción al declarante. 247° del Código de Procedimientos Penales vigente. en el proceso inquisitivo la declaración del imputado era la diligencia más importante. tiene por finalidad hacer conocer la imputación penal. pues es el primer paso importante de la audiencia que se realiza. el Tribunal penal. al menos en nuestra legislación. que se superponen a las conferidas al Fiscal por efecto del principio acusatorio. que la prueba reunida durante la investigación. Lamentablemente. la misma que ha servido de base a la acusación. donde se verifica la concurrencia de los sujetos procesales. y prácticamente todo el procedimiento giraba en torno a ella.por lo que cabría reafirmar que el juicio oral. debe permitir la atribución de cargos específicos a cada uno de los acusados. para así permitir al procesado el ejercicio de su defensa. que éste se cimienta sobre la plena vigencia del principio acusatorio y del principio de defensa170 . Respecto a la vigencia del principio de contradicción debemos recordar. Aquí no existe mayor problema de orden constitucional. Este acto procesal tiene por finalidad dar a conocer al acusado y al público presente. y en otras. lejos de ser un órgano director del debate e imparcial. la vulneración de los principios de igualdad procesal. vamos a seguir la secuencia de los pasos de la audiencia.
el enfrentamiento dialéctico entre las partes. esta referido a la violación del principio de inmediación. se remiten al expediente. por lo tanto. se posterga con la mal llamada expresión "tenga por leída". la violación del derecho de defensa. a fin de expresar públicamente su valor probatorio para con la pretensión que se está defendiendo y someterlo a la contradicción procesal. el indicar los elementos fácticos y jurídicos que constituyen su base. a su vez. y el ejercitar una actividad plena en el proceso. aporte trascendental para la formación de la convicción judicial. estando. consiste en dar lectura a un acto de investigación introducida durante la instrucción o fase preliminar. son "aparentemente" transformados mágicamente en "actos de prueba". Si bien en teoría. Otro aspecto importante que atenta contra la correcta valoración de la prueba durante el juicio oral. por no saber contra quien opone la defensa. dejando de lado (como si no tuviese valor o estar acostumbrados). consecuentemente. En el mismo sentido valga precisar que el principio acusatorio admite y presupone el derecho de defensa del imputado y. la actuación oral y contradictoria de las pruebas. el examen de peritos. cuando al momento de la realización de la acusación oral y de la sentencia. pues. el manifestar ante el Juez los propios. quedan sometidos así a la influencia del proceso inquisitivo. Así pues. por ello. Lamentablemente. impidiéndole excederse de los términos en que viene formulada la acusación o apreciar hechos o circunstancias que no han sido objeto de consideración en la misma. al vulnerarse la contradicción y la igualdad procesal. lo cual. respectivamente. Provoca en el proceso penal la aplicación de la contradicción. tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa. significa en última instancia que ha de existir siempre correlación entre la acusación y el fallo de la Sentencia. A ello hay que agregar. la violación del principio de igualdad procesal durante el interrogatorio del acusado. y de los cuales. mientras que la oralización de medios de prueba. obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de los términos del debate. que los actos de investigación introducidos durante la investigación policial o judicial. la inmediación permite la formación de
. d) Examen de la parte civil con concurrencia obligatoria: Es el interrogatorio del agraviado. no pueden despojarse al momento que deben sentenciar. se realizan confrontaciones. y también al anquilosamiento del actual modelo procesal. por aquella acostumbrada frase de "téngase por leído". o sea. al no tener las mismas armas(igualdad procesal). lo debatido en la audiencia oral. contra el Fiscal o contra el Tribunal. El Fiscal y el Tribunal. Aquí también tiene lugar la intervención instructoria del Tribunal. Esto genera una sistemática violación del debido proceso en su esencia más crítica. perdiéndose así la valiosa oportunidad de apreciar la pureza de un debate probatorio de forma oral y pública. se extienden durante todo el juicio.instructorias. y hace posible el conocer los argumentos de la otra parte. confrontaciones. el acusado ha tenido ocasión de defenderse' . El examen se realiza a través del interrogatorio. e) Fase probatoria: Integrada por el examen de testigos. y la oralización de medios de prueba. la vulneración del principio acusatorio. el acusado se ve sensiblemente afectado en su derecho fundamental a la defensa. debido a la dependencia y apego a la escrituralidad del modelo inquisitivo. ni sobre las cuales. y finalmente. Pero lo más grave es. De lo que se desprende que el debate procesal en el proceso penal 'vincula al juzgador. la violación consiguiente del principio de imparcialidad. la posibilidad de 'contestación' o rechazo de la acusación. al asumir el Tribunal facultades instructorias. Es frecuente que de existir contradicción con la declaración del acusado. "nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria. se deja de lado.
. modificarla o retirarla. no hay indefensión si el condenado tuvo ocasión de defenderse de todos y cada uno de los elementos de hecho que componen el tipo de delito señalado en la Sentencia. que el Juez no puede estar absolutamente sujeto a la acusación.la convicción del juzgador. no está vinculado por la tipificación que en la acusación se deduzca. cuando se acredita que el hecho por el cual se ha acusado. del Acusado y del Tercero civilmente responsable. tengan la misma naturaleza porque el hecho que configure los tipos correspondientes sea sustancialmente el mismo. Este paso no es obligatorio. La sentencia es el acto procesal que contiene la decisión judicial sobre los hechos debatidos en el juicio. tiene la estructura de un silogismo: Premisa mayor (Ley aplicable). de forma que 'el mismo hecho señalado por la acusación. las facultades instructorias del Tribunal. Adjuntarán por escrito sus conclusiones de hecho. No existe infracción constitucional si el Juez valora los hechos "y los califica de modo distinto a como venían siéndolo. entendida como identidad del bien o interés protegido en cuanto haya
. la defensa en relación con los homogéneos respecto a él. a fin que el Fiscal emita nueva acusación. sobre la base de lo que se ha debatido durante el juicio. e impedir (conforme al principio de legalidad penal material) que el órgano judicial corrija la calificación de los hechos enjuiciados en el ámbito de los elementos que han sido o han podido ser objeto del debate contradictorio. no hubieran podido referirse para contradecirlo en su caso. En suma. decide ratificar su acusación escrita. La modifica cuando se demuestra durante el juicio que el acusado ha cometido otro hecho más grave. La sentencia en su forma. siendo inocuo el cambio de calificación si existe homogeneidad. no es delito. En consecuencia. terminan por destruir el principio de inmediación. por lo cual se suspende el juicio. el apartamiento del órgano judicial de las calificaciones propuestas por la acusación "requiere el cumplimiento de dos condiciones: Una es la identidad del hecho punible. sean homogéneos. La retira. si así lo considera. Adjuntará por escrito las conclusiones sobre hechos. La Sentencia: Concluido los alegatos de defensa y acusatorios. g) Alegatos de Abogados: Son los alegatos orales que realizan los Abogados de la Parte Civil. Si el debate probatorio del juicio ha generado convicción (certeza) que la acusación tiene fundamento. o se ha acreditado la inocencia del acusado. h) Auto defensa del acusado: Es la defensa sobre hechos que realiza el propio acusado. se dictará una sentencia absolutoria. es decir. así como la generalización de las mini audiencias. que no se introduzca un elemento o dato nuevo al que la parte o partes. que se debatió en el juicio contradictorio y que se declaró probado en la Sentencia de instancia. f) Acusación oral: Es el momento en que el Fiscal Superior. claro. siempre. el órgano judicial. Por el contrario si no la tiene por que existe una duda razonable. Se sabe muy bien. por su lógico desconocimiento. La segunda condición es que ambos delitos. i) Suspensión de la audiencia para sentencia. pues la Sala puede dictar la sentencia sin suspender la audiencia. En este sentido. la sentencia será condenatoria. Tiene también sus fundamentos fácticos y sus fundamentos jurídicos. Conclusión (subsunción). la audiencia se suspende para que se discuta la sentencia. en ese orden. A esto es a lo que se refieren los conceptos de identidad fáctica y de homogeneidad en la calificación jurídica: A la existencia de una analogía tal entre los elementos esenciales de los tipos delictivos que la acusación por un determinado delito posibilita también per se. la falta de contradicción probatoria. constituya el supuesto fáctico de la nueva calificación'. Premisa menor (hechos probados).
concentración. Y. sino únicamente actos de investigación cuya finalidad específica no es propiamente la fijación definitiva de los hechos. mientras que es suficiente que los culpables sean generalmente castigados. de forma que la convicción del Juez o Tribunal que ha de dictar Sentencia se logre en contacto directo con los medios probatorios aportados a tal fin por las partes. Sin embargo. claro esta. el principio de presunción de inocencia debe ser destruido. Lo que a su vez da a entender. seguridad y justicia que fundamentan el contrato social y es por ello por lo que el derecho constitucional a la presunción de inocencia constituye el presupuesto básico de todas las demás garantías del proceso. o por otro lado. Constituye un principio fundamental de la civilización que tutela la inmunidad de los no culpables pues en un Estado Social y Democrático de Derecho es esencial que los inocentes estén en todo caso protegidos frente a condenas infundadas. como regla del juicio. absolverlo. a la declaración de la supuesta víctima del delito. siempre que se hayan practicado con todas las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen y que sean efectivamente reproducidas en el juicio oral en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción. igualdad y dualidad de partes. cuál debe ser la solución: darle valor probatorio a la versión de la víctima y condenar al acusado. sólo pueda contar con la versión de la parte agraviada. mediante la correspondiente denuncia. que las diligencias practicadas en la Instrucción no constituyan. el principio de presunción de inocencia impone a la acusación la carga de la prueba por encima de cualquier duda razonable. Y como sabemos. pues en tal caso se constituye en única prueba de la acusación.
Sin embargo. La condena de un inocente representa una quiebra absoluta de los principios básicos de libertad. lícitamente practicada. pruebas de cargo. Sin duda. para así dar pase. en que basta con formular la acusación y sostenerla personalmente en el juicio. en términos de acreditarse fehacientemente el delito la responsabilidad penal dentro de un proceso con garantías.una porción del acaecer concreto o histórico común en la calificación de la acusación y en la de la Sentencia. En tal sentido. que constituye la fase estelar y fundamental del proceso penal donde culminan las garantías de oralidad. es muy frecuente que el Juzgador enfrente un déficit probatorio. las practicadas en el acto del juicio oral.
. consiguientemente. Para ello hay que tener en cuenta que el derecho constitucional a la presunción de inocencia es la primera y principal garantía que el procedimiento penal otorga al ciudadano acusado. Otro aspecto importante en la sentencia. para desplazar aparentemente la carga de la prueba sobre el acusado. sino la de preparar el juicio proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la acusación y para la defensa. que esta situación crea un riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia. pues enfrenta como única prueba de cargo. en sí mismas. El problema constitucional que genera este supuesto límite radica. a la aplicación de las sanciones penales. inmediación. con excepción de las pruebas preconstituidas y las pruebas anticipadas171 . se debe constatar la concurrencia de una suficiente prueba de cargo. únicamente pueden considerarse auténticas pruebas -que vinculan al juzgador en la Sentencia-. que por la naturaleza del delito. este riesgo se hace extremo si la supuesta víctima es precisamente quien inició el proceso. publicidad. es la apreciación de las pruebas para formar convicción en el Juzgador. Es decir.
que ha declarado como contraria a lo dispuesto en el art. Pero aún existe un supuesto más extremo. prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de éste es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración. del cual no existe acreditación alguna. llegándose el grado máximo de indefensión para el acusado cuando la acusación fundada exclusivamente en la palabra del acusador es tan imprecisa en su circunstancia o en el tiempo que no hay prácticamente posibilidad alguna de prueba en contrario. es muy frecuente la presencia de este tipo prueba testimonial. en definitiva es fundamental la constatación objetiva de la existencia del hecho. Esta doctrina tiene su antecedente en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 2. impide en ocasiones disponer de otras pruebas. enemistad. 3. poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su falsedad. atendiendo a que el marco de clandestinidad en que se producen determinados delitos. venganza. la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia. fuera de las manifestaciones de quien efectúa la acusación.
Cuando el juicio versa sobre delincuencia organizada. ha de resaltarse que para fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única prueba es necesario que se valore expresamente la comprobación de la concurrencia de los siguientes requisitos: "1. pues no se excluye su validez y eficacia. la sustitución del testigo directo por el indirecto sin causa legítima que justifique la inasistencia de aquél al juicio oral. frente a una prueba de cargo integrada únicamente por la palabra de quien le acusa. plural. interés o de cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre. que proclama su inocencia. como lo es el caso en que la declaración del acusador no sólo es única prueba de la supuesta autoría del acusado sino también de la propia existencia del delito. De ahí que la doctrina y la jurisprudencia hayan volcado su atención para fijar que.º Persistencia en la incriminación: ésta debe ser prolongada en el tiempo. es decir constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo.
.º Verosimilitud. la prueba testifical indirecta no puede llegar a desplazar o sustituir totalmente a la prueba testifical directa. que avalen lo que no es propiamente un testimonio -declaración de conocimiento prestada por una persona ajena al proceso.º Ausencia de incredibilidad subjetiva. Sin embargo. ya que constituye uno de los actos de prueba que los Jueces pueden tener en consideración para fundar la condena. en principio.sino una declaración de parte. pues cuando existan testigos presenciales de los hechos el órgano judicial debe oírlos directamente en vez de llamar a declarar a quienes oyeron de ellos. pues constituyendo la única prueba enfrentada a la negativa del acusado. significadamente contra la libertad sexual. salvo en el caso de prueba sumarial anticipada o de imposibilidad material de comparecencia del testigo presencial a la llamada del juicio oral. sin ambigüedades ni contradicciones. enfrentamiento. en cuanto que la víctima puede personarse como parte acusadora particular o perjudicada civilmente en el procedimiento.obligándole a ser él quien demuestre su inocencia. derivada de las relaciones acusador/acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento. 6 del convenio Europeo de Derechos Humanos.
vulnera el derecho a la presunción de inocencia la sentencia condenatoria que se dicte sobre la única base del atestado policial no ratificado. certificados médicos. siempre y cuando el atestado se incorpore al proceso y sea debidamente ratificado. el test alcoholimétrico-.º Los hechos base o indicios deben estar plenamente acreditados. No obstante lo anterior. no pudiendo tratarse de meras sospechas. no tiene. sin estar dentro del perímetro de la prueba preconstituida o anticipada. cuando los atestados contienen determinadas pericias técnicas realizadas por los agentes policiales -por ejemplo. para lo cual se hace necesario que los medios probatorios legítimamente utilizados proporcionen un resultado suficientemente revelador tanto del hecho punible como de la responsabilidad del acusado. Por lo mismo. en la medida de lo posible. Asimismo.Valor
Sólo puede concederse al atestado valor de auténtico elemento probatorio si es reiterado y ratificado en el juicio oral.
El derecho constitucional a la presunción de inocencia impone constatar que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba así como que la actividad probatoria de cargo sea suficiente. Por último. y que no pueden ser reproducidas en el acto del juicio oral. siempre y cuando. pero para que ésta pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer. cabe precisar que el atestado. pues incluso en los supuestos en los que los agentes policiales que intervinieron en el atestado presten declaración en el juicio oral sus declaraciones tienen la consideración de prueba testifical. como regla general. oralidad y contradicción. fotografías que. croquis. al menos. el carácter de prueba documental. test alcoholimétrico. en cuanto al carácter de prueba documental del atestado policial.el atestado policial puede tener la consideración de prueba documental. dos exigencias básicas: 1. como hemos subrayado. Sólo en los casos antes citados -verbigracia. siempre que sean introducidos en el juicio oral como prueba documental a fin de posibilitar su efectiva contradicción por las partes. pues hay partes del atestado. a título de prueba pericial preconstituida. los principios de inmediación. como pueden ser croquis. es posible considerar dichas pericias como actividad probatoria. pueden ser utilizados como elementos de juicio coadyuvantes.
. se incorpore al proceso respetando. En la doctrina del Tribunal Constitucional español se ha declarado reiteradamente que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba de carácter indiciario. etc. el atestado tiene virtualidad probatoria propia cuando contiene datos objetivos y verificables.no pierden por ello su propio carácter y constituyen pruebas preconstituidas que despliegan toda su validez probatoria si son incorporadas debidamente al proceso. con independencia de su consideración material de documento. las pericias técnicas que se adjuntan al atestado -como puede ser el certificado del Médico Forense. normalmente mediante la declaración testifical de los agentes de policía firmantes del mismo. planos huellas. En consecuencia. planos.
Una vez leída la sentencia. de modo que se refuercen entre sí. No siempre se podrá acreditar el delito con prueba directa. luego a los demás sujetos procesales. y es el acto por el cual se pone fin a la instancia. ha llegado a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado. ha sido objeto de recurso de casación 172 . partiendo de los indicios. Sin invadir las facultades valorativas del Tribunal Ad Quo. b) Que la sentencia haga explícito el razonamiento a través del cual.
d)Que estén interrelacionados. con la finalidad de cautelar el respeto del derecho constitucional a la presunción de inocencia. en muy varios supuestos. precisamente para posibilitar el control casacional de la racionalidad de la inferencia. Y en cuanto a la inducción o inferencia es necesario que sea razonable. c)Que sean concomitantes al hecho que se trata de probar. es decir que no solamente no sea arbitraria. explicitación que -aun cuando pueda ser sucinta o escueta.º El Órgano jurisdiccional debe explicitar el razonamiento a través del cual. es el único medio de llegar al esclarecimiento de un hecho delictuoso y al descubrimiento de sus autores.*
b) Que sean plurales. En cuanto a los indicios es necesario: a) Que estén plenamente acreditados. Si es absolutoria.º Desde el punto de vista material es necesario cumplir unos requisitos que se refieren tanto a los indicios. o excepcionalmente único pero de una singular potencia acreditativa. sobre todo cuando una sentencia condenatoria basada en prueba indiciaria. 2. absurda o infundada.º Desde el punto de vista formal: a) Que en la sentencia se expresen cuáles son los hechos base o indicios que se estiman plenamente acreditados y que van a servir de fundamento a la deducción o inferencia. se consulta al MP y luego a los demás sujetos procesales. cuando sean varios. Estos requisitos son: 1.2. de acuerdo con las reglas de la experiencia y de la lógica. de manera que de los hechos base acreditados fluya. De ahí que la doctrina haya desarrollado algunos criterios para valorar adecuadamente la prueba indiciaria. partiendo de los indicios.
. como a la deducción o inferencia. se consultará al acusado si está conforme o ejerce su derecho a la impugnación. si es condenatoria. En otras palabras debe establecerse la relación entre los indicios probados y el hecho determinante de la responsabilidad criminal del acusado. como conclusión natural. sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y de la experiencia. de ahí que la importancia de la prueba indiciaria en el procedimiento penal radica en que. en sí mismos. y llegar a la conclusión de que. ha de serlo también el hecho determinante de la culpabilidad de cuya fijación se trate. se ha llegado a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado. si son ciertos los indicios. el dato precisado de acreditar. existiendo entre ambos un "enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano" j) Lectura de la sentencia: Es la fase culminante de la etapa del juicio oral.se hace imprescindible en el caso de la prueba indiciaria.
La impugnación entendida como actividad procesal. tal vez la excesiva carga procesal. la reposición y la queja. como ya lo adelantáramos. luego de agotarse la doble instancia. La motivación de las sentencias se convierte así en una garantía esencial del justiciable mediante la cual. para que no se logre una correcta fundamentación de las sentencias. destinatario inmediato. La impugnación es un derecho procesal de los sujetos que son parte en el proceso. La impugnación como derecho se materializa con el recurso o medio de impugnación. puedan conocer el fundamento.Motivación
La motivación de una sentencia ha de ser la conclusión de una argumentación ajustada al tema o temas en litigio. debe la resolución causarle agravio. Lamentablemente.2. se puede comprobar que la solución dada al caso es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad. En nuestra legislación el recurso extraordinario es el de casación.
4. Los recursos excepcionales: se interponen contra resoluciones judiciales pasadas a autoridad de cosa juzgada. como es el
. Los recursos extraordinarios son los que se interponen una vez agotado el proceso ordinario. sin perjuicio de la libertad del Juez en la interpretación de las normas. es lo que se refiere a la motivación de la pena. y los demás. los órganos judiciales superiores y también los ciudadanos. la ratio decidendi de las resoluciones. la falta de motivación en este extremo. y excepcionalmente de terceros que demuestren su interés legítimo. se sumen a los defectos propios del sistema procesal. Y en esa línea. y que concluye con la resolución definitiva que confirma o revoca el acto impugnado.
Son de 3 clases: los recursos ordinarios son los deben interponerse durante el procedimiento a fin de dar lugar a un nuevo examen de todo lo decidido (doble instancia). esta obligación fundamental se haya descuidada en nuestra jurisprudencia. y el tercero. para que el interesado. pero lamentablemente olvidado por nuestra jurisprudencia. Por lo que puede resultar amparable en vía de casación. los sujetos procesales legitimados para ello.
4. el segundo los recursos. la falta de una política de racionalización de procesos. uno de los temas importantes. Además de la condición de sujeto procesal. El primero lo constituyen las resoluciones.1.
Son objeto impugnable. pero no único. comprende una serie de actos que se inician con el recurso que abre el procedimiento propiamente impugnativo. perjuicio. el mismo que no constituye una tercera instancia. que es una total ausencia en las sentencias condenatorias de nuestro país. medio impugnatorio y sujeto impugnante. Los recursos ordinarios regulados por la ley procesal son la apelación.
El efecto devolutivo hace que la resolución impugnada sea resuelta por el superior jerárquico. b) Recurso de apelación: Es el medio impugnatorio que busca la revisión de una resolución judicial. Pueden ser de tres clases: devolutivos. c) Efecto Extensivo. es decir. es la apelación en el trámite de la libertad provisional. Efectos de los recursos: .Se suspende la ejecución de la resolución impugnada entre tanto no se resuelva al recurso..Cuando se aplica incorrectamente la ley procesal. el plazo es de dos días (art. Por intermedio de este recurso se accede a la doble
. 185 del CPP). Es el recurso que permite la doble instancia. por lo que el superior jerárquico tendrá la competencia que el juez inferior. por parte del superior jerárquico. La excepción. .caso
revisión. de pronunciarse sobre los hechos y el derecho. Procede contra una resolución que ha aplicado de manera errónea el derecho sustantivo o procesal. En nuestro sistema la revisión sólo procede contra sentencias condenatorias.Casación de forma.. c) Recurso de Casación: Es un medio de impugnación que tiene por finalidad controlar la legalidad del proceso penal. hasta el momento en que incurrió el vicio procesal. Si se declara fundada la Casación... o reenviar el proceso si es necesaria la contradicción procesal.
4. el proceso se anula. De PP para impugnar las resoluciones emitidas por la Sala Penal Superior dentro de un proceso ordinario. Este recurso debe ser interpuesto en el plazo de 3 días. d) Recurso de Revisión: Es un medio impugnativo excepcional que se interpone ante la Corte Suprema contra sentencias que han obtenido la calidad de cosa juzgada. como a los demás co-imputados.. debiendo la Corte Suprema emitir nuevo fallo.4. Debe ser interpuesto en el plazo de un día de notificado o de conocida la resolución. suspensivos y extensivos: a) Efecto devolutivo. e) Recurso de Nulidad: Es el recurso previsto en el C.Se da el efecto extensivo cuando la interposición de un recurso por un procesado. favorece al que lo interpuso.
a) Recurso de reposición: Es un medio impugnativo que procede contra un decreto.
4. b) Efecto suspensivo. para lo cual se reenvía el proceso a la instancia correspondiente.Casación de fondo: Cuando se aplica incorrectamente la ley sustantiva. Si se declara fundada la casación se anula la resolución impugnada. Se distinguen dos clases de casación: . salvo que el motivo en que se sustenta el recurso sea exclusivamente personal.3.
5. la misma tiene lugar cuando el recurrente.6. las impugnen en forma.
4. precisamente. y por lo cual tiene las mismas características de un recurso de apelación. a favor de la parte o partes que. o reforma peyorativa. Sin embargo. al tiempo. con la
. con interés legítimo y entendiendo que su derecho ha sido desconocido o limitado.
Por lo que respecta a la reformatio in peius. ve empeorada o agravada la situación creada o declarada en la resolución impugnada.
4. f) Recursos contra las resoluciones fiscales: En el nuevo CPP se prevé la existencia de recursos contra resoluciones fiscales. que vienen obligados a prestar los órganos judiciales.instancia. Es doctrina constitucional que los sistemas de recursos establecidas por las leyes de enjuiciamiento de cada orden jurisdiccional. Razón por la cual la interdicción de la reformatio in peius es una garantía procesal del régimen de los recursos que encuentra encaje en el principio dispositivo y en la interdicción de la indefensión. este recurso es empleado como si fuera casación. a pesar que se le llame recurso de nulidad extraordinario. arbitrariamente o con fundamento en un error material. tal y como se regula en ellas y por tanto puede resultar menoscabada si se impide el acceso a las instancias supraordenadas. La nueva legislación propone que el Juez en su nueva función de director de la primera etapa del proceso penal. se introduciría un elemento disuasorio para el ejercicio del derecho constitucional a los recursos legalmente establecidos en la Ley. tendrá que emitir decretos y autos. que era. oídas contradictoriamente. el derecho al recurso pasa a formar parte del contenido de la tutela judicial. por las otras partes procesales. que ha de decidir conforme a lo alegado críticamente por las partes. de modo que lo obtenido con la resolución que decide el recurso es un efecto contrario del perseguido por el recurrente. lo que no ocurre. en virtud de su propio recurso.
La tutela judicial efectiva se extiende al derecho al recurso o recursos que las leyes establecen contra las resoluciones judiciales. El recurso constituye así una prosecución del proceso y. De esta manera. en los procesos sumarios. eliminar o aminorar el gravamen sufrido con la resolución objeto de impugnación. En el nuevo CPP se le llama apelación suprema. pues tiene los mismo efectos de un verdadero recurso de casación. la cual incluye la prohibición de que el órgano judicial ad quem exceda los límites en que viene formulada la apelación acordando una agravación de la sentencia recurrida que tenga origen exclusivo en la propia interposición del recurso. los recursos de reposición y apelación. en cuanto constituye una modalidad de incongruencia procesal. que es incompatible con la tutela judicial efectiva sin resultado de indefensión. pues de admitirse que los órganos judiciales pueden modificar de oficio. una revisión del mismo por un órgano superior. cuando la situación del recurrente se ve agravada en virtud de la estimación de los recursos o de la impugnación formulada. en perjuicio del recurrente. La prohibición de la reformatio in peius es una manifestación de la interdicción de indefensión que reconoce la Constitución y una proyección de la congruencia en la segunda instancia. la resolución impugnada por éste. el recurso de apelación delimita la pretensión concreta de la segunda instancia. por lo que se prevé contra ellos.
b) Principio de Inmediación: Es la relación directa que existe entre la contradicción probatoria y los jueces del juicio. necesarios para la formación de la convicción judicial. Principio
juicios. Sólo puede sustituirse un vocal. interés o cansancio de los Magistrados. fuera de lo cual no puede actuar éste agravando la situación del apelante salvo que frente a la pretensión del mismo se hayan sostenido otras pretensiones de la parte apelada. En el indirecto todo esto se pierde. Principio de congruencia: Garantiza que la sentencia se pronuncie sobre los hechos materia de juzgamiento. que a su vez también son materia de la acusación. quienes bajo esa fórmula. Sólo se juzga el hecho punible que ha sido materia de acusación.
El interrogatorio directo es más ventajoso para la defensa. e)Principio de contradicción: Garantiza que frente a cada argumento acusatorio. ha de quedar delimitada la actividad decisoria del órgano Jurisdiccional ad quem. que denotan sinceridad o falsedad durante la declaración. pues el contacto directo e inmediato con el interrogado. dentro de cuyos límites objetivos y subjetivos de las pretensiones y ambas partes. quien no podrá gravar más la situación del recurrente de lo que ya lo estaba en la primera instancia. Sólo se juzga a la persona que ha sido acusada. facilita la contradicción procesal. y a su vez trasladar la respuesta. apelante y apelada. Otra condición de la contradicción es la igualdad procesal. no se podrá juzgar. c)Principio de unidad y continuidad del juzgamiento: Permite que el debate probatorio se realice preferentemente en un juicio de una sola audiencia o con un mínimo de suspensiones. Esto es así para garantizar la inmediación. a la atención. La predominancia de la oralidad. Este principio complementa al principio acusatorio. Si durante el juicio surge un nuevo hecho punible que vincula al acusado. el juicio se anula y debe iniciarse de nuevo. y que les permite un conocimiento directo y progresivo sobre el objeto del juicio.
. a fin de permitir una máxima utilidad del principio de inmediación. si son dos. debiendo en dichos casos remitir copias al Fiscal provincial penal de turno. Anterior
a) El Principio Acusatorio: No hay juicio sin acusación. o una nueva persona responsable del hecho punible. el factor psicológico y la apreciación de los gestos y movimientos corporales. deba permitirse el argumento de defensa. d)Principio de identidad física del juzgador: Garantiza que los mismos jueces que realizan el juzgamiento sean los mismos que dicten la sentencia.previsión de los temas o puntos que plantea que enmarcan y predeterminan el alcance de la decisión del Juez superior. permite y garantiza una mayor espontaneidad y sinceridad en las respuestas. deberán repetir la pregunta. a lo cual se debe agregar. pues la eficacia del interrogatorio de los abogados queda expuesta.
podía defenderse.o con las manifestaciones exculpatorias del acusado. falta de consistencia. Es decir: debe constatarse si cada indicio o hecho base se afirma como cierto sobre una verdadera prueba objetiva de cargo.). cuya versión fáctica alternativa el Tribunal puede estimar convincente. o se encuentre en el extranjero. no cabe entrar en una nueva valoración de la prueba directa practicada sobre cada hecho base o indicio.
Por la propia naturaleza de este recurso no cabe entrar en la valoración de las pruebas directas practicadas para la demostración de cada uno de los indicios o hechos base.
embargo. Ponderación de elementos incriminatorios y de descargo que debe ser respetada. fuera de la jurisdicción del Tribunal. Por "cosa" en este contexto no puede entenderse únicamente un concreto devenir de acontecimientos. un factum. que incluye en determinados supuestos la posibilidad y licitud de reemplazar la prueba testifical que no puede practicarse en el juicio por la lectura de las declaraciones sumariales: se trata de los casos en que el testigo haya fallecido.
. ahora en el ámbito del derecho de defensa. al corresponder ese juicio valorativo al Tribunal de instancia (art. 14 de mayo. la garantía de que nadie puede ser condenado por cosa distinta de la que se le acusaba y de la que. 741 LECrim. Queda fuera del ámbito del recurso de casación la valoración por el Tribunal sentenciador del peso de los indicios incriminatorios en relación con las pruebas de descargo practicadas -que el tribunal valora con inmediación otorgándoles o no credibilidad. o bien inverosímil por su incoherencia interna. pues constituye el núcleo de la función enjuiciadora del Tribunal de instancia siempre que responda a las reglas de la lógica y del criterio humano (Sentencias de 23 de mayo y 5 de octubre de 1997.170
Forman parte indudable de las garantías que derivan del principio acusatorio las que son contenido del derecho a ser informado de la acusación. contradicción con datos objetivos debidamente acreditados. también. no siendo factible lograr su comparecencia. Pero constatada su existencia. sino también la perspectiva jurídica que delimita de un cierto modo ese devenir y selecciona algunos de sus rasgos. habiendo resultado infructuosas las diligencias practicadas para su citación en forma legal y fallidas las gestiones policiales realizadas para su localización .
La doctrina del Tribunal Constitucional español ha admitido la eficacia probatoria de las diligencias sumariales en los casos de la prueba preconstituida y anticipada. por lo tanto. o bien cuando se encuentra en ignorado paradero. etc. 8 de junio y 30 de noviembre de 1998). pues el debate contradictorio recae "no sólo sobre los hechos sino también sobre su calificación jurídica".
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