Source: http://iniciativasiu.net/proposicion-de-ley-valenciana-de-transparencia-y-de-acceso-a-la-informacion/
Timestamp: 2018-04-27 06:30:18+00:00

Document:
Proposición de ley valenciana de transparencia y de acceso a la información | Iniciativas IU
Ignacio Blanco Giner, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Esquerra Unida, al amparo del artículo 124 y siguientes del RCV y previo conocimiento del grupo, presenta la proposición de ley valenciana siguiente, de transparencia y de acceso a la información pública:
Tal y como establece la exposición de motivos de la Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, la participación ciudadana es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la democracia avanzada.
Así lo reconocen, por una parte, las normas integrantes de nuestro bloque de constitucionalidad, como la Constitución española -en los artículos 9.2 y 23.1- y el Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana -en el artículo 9.4-; y, por otra parte, las normas internacionales de referencia obligada en nuestro ordenamiento jurídico, como la Declaración universal de derechos humanos -en el artículo 21.1- y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos -en el artículo 25.a.
Efectivamente, la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social es un principio cuya finalidad última es la garantía de una libertad y una igualdad reales y efectivas. La consecución de estos objetivos en pro de una sociedad moderna y democrática debe ser un compromiso de todas las administraciones públicas. La exigencia de remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud obliga a depurar nuestro ordenamiento jurídico; a contemplar, con mayor precisión y claridad, todas las medidas necesarias para mejorar la transparencia, el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y ciudadanas y su participación en los asuntos públicos, que constituyen la base para la mejora institucional y el buen gobierno.
La Constitución española establece, en el artículo 20.1.d, el derecho a comunicar o recibir información veraz. Además, el título IV, dedicado al gobierno y la administración, en el artículo 105.b dispone que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos.
Estos dos preceptos constitucionales deben ser interpretados, tal y como establece el artículo 10.2 de la Constitución española, a la luz de los tratados internacionales relevantes sobre derechos fundamentales que reflejan en el conjunto la existencia de un derecho de acceso a la información pública; concretamente, el artículo 19 de la Declaración universal de los derechos humanos, el artículo 19 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, el artículo 10 del Convenio para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales y el artículo 11 de la Carta europea de derechos fundamentales.
A pesar de este reconocimiento constitucional, el derecho de acceso a la información pública no está garantizado en España por la ausencia de leyes que establezcan mecanismos para ejercerlo. Y es que -aunque para argumentar la existencia de tal derecho suele citarse la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común; la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos o la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente- hay que tener en cuenta que el derecho de acceso a la información tiene dos vertientes, la reactiva y la proactiva.
Es cierto que en la normativa y la práctica administrativa española encontramos numerosas menciones a la obligación de las instituciones de publicar proactivamente la información. Sin embargo, aún no existe ninguna disposición legal que desarrolle la parte reactiva del derecho, es decir, el derecho a solicitar información. Es cierto que, en estos momentos, se encuentra en proceso de elaboración el anteproyecto estatal de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pero aún no está en vigor.
Por tanto, no existe en España una ley que regule el derecho a saber. Tampoco en el País Valenciano, donde -aunque se reconoce el derecho a la información para la participación ciudadana (artículo 5 de la Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de participación ciudadana de la Comunitat Valenciana)- se hace de manera muy genérica y no establece ningún mecanismo concreto para poder ejercerlo. También se reconoce el derecho de petición (artículo 10 de la Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de participación ciudadana de la Comunitat Valenciana) «sobre cualquier asunto o materia comprendidos en el ámbito de competencias de la Generalitat y organismos e instituciones dependientes». Pero no regula ningún procedimiento para garantizar este derecho de petición. Respecto al derecho de acceso a archivos y registros (artículo 9 de la Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de participación ciudadana de la Comunitat Valenciana), se limita a hacer una remisión a las disposiciones de la Ley 30/1992 y de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
En esta ley se establece un nuevo modelo que regula, por un lado, la obligación de informar y la publicidad de la acción pública y, por otro lado, el derecho de acceso a la información pública.
Hay que distinguir claramente entre la publicidad activa, es decir, la obligación de la administración pública de proporcionar y difundir -constantemente y de forma veraz- toda aquella información de mayor relevancia, sin que nadie lo solicite, y el derecho de acceso a la información pública, que abraza la posibilidad de acceso de cualquier ciudadano o ciudadana -mediante solicitud previa- a la información pública sin más limitaciones que las que contemplen las leyes.
La publicidad activa está al servicio de la transparencia en la actividad pública. El ciudadano o ciudadana no tiene porqué preocuparse de solicitar cierta información, sino que la administración pública se la ofrece a través de los diferentes canales existentes y, fundamentalmente, a través de internet.
El derecho de acceso a la información pública tiene una configuración diferente, tratándose de acceder no a la información que de por sí la administración ha hecho pública o tiene el deber de hacerlo, sino a cualquier otra, siempre que tal acceso no esté limitado; por lo que se regulan con detalle tales supuestos. En ocasiones será necesario realizar un ejercicio de ponderación de los intereses en juego y justificar el superior interés en la publicidad de la información. En ocasiones sólo será posible el acceso parcial a la información y, en otros, la protección de los datos personales impedirá tal acceso; por lo que se regulan con detalle todas estas cuestiones, atendiendo a la ponderación de los otros derechos que puedan concurrir.
Con estas premisas, se pasa a reseñar el contenido completo de la ley.
La ley se estructura en cuatro títulos, seis disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El título primero contiene una serie de disposiciones generales. Por una parte, establece el objeto de la norma y el ámbito de aplicación, que se extiende a todo el ámbito de la actividad de las consideradas autoridades públicas valencianas y señala los objetivos que persigue.
El título segundo se centra en la transparencia en la actividad pública, para lo cual se promoverá la implantación de un sistema integral de información y se contemplará la designación de unidades responsables de información pública. Este título se divide en dos capítulos. El primero, referido a la publicidad activa, señala las obligaciones de los sujetos obligados y concreta la información que debe hacerse pública y los límites a los que está sujeta, límites que deben interpretarse restrictivamente y que deben venir impuestos por una norma con rango de ley. El segundo capítulo se refiere a la transparencia en la gestión administrativa: obliga a mantener a disposición de los ciudadanos y ciudadanas la información más relevante en los ámbitos básicos de actuación; especialmente, contempla la transparencia en la contratación pública, concesión de servicios, convenios de colaboración, actividad subvencional y materia de ordenación del territorio y urbanismo; y completa la información que las respectivas leyes autonómicas específicas establecen.
El título tercero regula el derecho de acceso a la información pública. El capítulo primero establece las normas generales para el ejercicio de este derecho, que permite acceder, mediante solicitud previa, a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en las leyes y sin que sea necesario motivar la solicitud ni invocar esta ley. No obstante, este derecho tiene sus limitaciones, que están expresamente previstas y, en cualquier caso, deben ser proporcionadas teniendo en cuenta el objeto y finalidad de protección y de aplicación sólo durante el período de tiempo determinado o en tanto se mantenga la razón que las justifique. Las limitaciones legales se podrán aplicar, asimismo, con relación a las obligaciones de difusión que tiene la administración pública. Se contempla también la necesaria protección de los datos personales y se establece el principio de prevalencia de esta protección frente al derecho de acceso a la información pública en los casos de conflicto y se deba proteger el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En el capítulo segundo se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho, se concretan los datos necesarios que debe contener la solicitud, las causas de no admisión a trámite, la necesidad de trasladar la petición cuando se solicite información que afecte derechos o intereses de terceros para que estos aleguen lo que proceda, los plazos para resolver, el sentido del silencio y la resolución del procedimiento. El plazo general para resolver la petición es de quince días hábiles y se eleva a veintidós para peticiones que, por su volumen y complejidad, así lo requieran. El silencio es positivo. También se regula la forma y formato en el que debe suministrarse la información.
El título cuarto contempla las garantías administrativas, judiciales y extrajudiciales que tienen los ciudadanos para que se cumplan las disposiciones de la ley. A la interposición de los recursos administrativos y, en su caso, posterior recurso contencioso-administrativo, se suma la posibilidad de presentar una queja ante el Síndic de Greuges.
La ley se completa con una serie de disposiciones adicionales que se refieren a las funciones, que se atribuyen al Síndic de Greuges, de seguimiento para la implantación de la transparencia y el acceso a la información pública en la Comunitat Valenciana por su papel de Alto Comisionado de las Corts Valencianes para la defensa de los derechos y libertades reconocidos en el títulos I de la Constitución y del Estatuto de Autonomía; a la tramitación telemática del derecho de acceso a la información pública; a la puesta en marcha de planes de formación para el personal al servicio de los sujetos obligados respecto a los derechos y obligaciones previstas y al uso del valenciano en el derecho a la información pública; a las regulaciones especiales del derecho de acceso; y, por último, a las adaptaciones para garantizar el respeto a los principios rectores de la ley.
Esta ley tiene como objeto regular y garantizar el ejercicio de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en la Comunitat Valenciana.
Esta ley será de aplicación, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, a:
1. Las administraciones públicas. A los efectos de esta ley se entenderá como tales:
1.1. La Generalitat Valenciana y los organismos públicos vinculados o que dependen de la misma.
1.2. Las entidades que integran la administración local, a las que se refiere el artículo 1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de régimen local de la Comunitat Valenciana.
1.3. Las universidades públicas valencianas.
2. Las Corts Valencianes y las instituciones de ellas dependientes.
3. Las empresas públicas, fundaciones públicas y personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que prestan servicios públicos.
4. Las empresas privadas, las fundaciones privadas y las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúan financiadas con fondos públicos.
5. Cualquier organismo autónomo, ente público empresarial o ente de carácter instrumental dependiente o vinculado -directa o indirectamente- a alguna de las anteriores.
a) Autoridades públicas: Todos los sujetos obligados incluidos en el artículo 2 de esta ley.
b) Información pública: Toda la información registrada y/o archivada de cualquier forma, elaborada o acogida, y en posesión de cualquier sujeto incluido en el ámbito de aplicación de esta ley.
c) Publicidad activa: Obligación de difundir de forma permanente aquella información pública más relevante para garantizar la transparencia de la actividad de las autoridades públicas.
d) Ciudadano o ciudadana: Toda persona que se relaciona con las autoridades públicas al hacer uso de los derechos reconocidos en esta ley.
e) Solicitante: Cualquier persona física o jurídica -así como sus asociaciones, organizaciones y grupos- que solicite acceso a la información pública, requisito suficiente para adquirir -a los efectos de lo establecido en el título III- la condición de interesado.
1. Proveer todo lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y claros.
2. Hacer transparente la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados
3. Garantizar la protección de los datos de carácter personal en posesión de los sujetos obligados.
4. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan evaluar el desarrollo de los sujetos obligados.
5. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos públicos.
6. Contribuir a mejorar la calidad de la democracia valenciana y la plena vigencia del estado de derecho.
Para hacer efectivo el acceso a la información pública, cualquier ciudadano o ciudadana podrá ejercer los derechos siguientes en sus relaciones con los sujetos obligados del artículo 2 de esta ley:
a) A acceder a la información pública que los sujetos obligados, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta ley, ponen a disposición de la ciudadanía.
b) A obtener, previa solicitud, la información pública que obre en el poder de las autoridades públicas, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede, y sin más limitaciones que las contempladas en las leyes.
c) A ser informado e informada de los derechos que le otorga esta ley y a ser asesorado y asesorada para el correcto ejercicio.
d) A ser asistido y asistida en la busca de información.
e) A recibir la información que solicite, dentro de los plazos establecidos en esta ley.
g) A conocer los motivos por los que no se le facilita la información, totalmente o parcialmente, y también aquellos por los que no se le facilita esta información en la forma o formatos solicitados.
h) A conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la recepción de la información solicitada.
i) A recurrir los actos u omisiones que contravengan los derechos que esta ley le reconoce en materia de acceso a la información pública.
j) A interponer la queja a la que se refiere el artículo 33 de esta ley, en tutela de su derecho de acceso a la información pública, en los términos previstos en este precepto.
k) A ser informado e informada de las decisiones que adopte la autoridad pública como consecuencia de los procedimientos que el solicitante promueva en tutela de su derecho de acceso a la información pública.
1. Las autoridades públicas promoverán la transparencia de la información pública mediante la implantación de un sistema integral de información.
2. Se garantizará el principio de neutralidad tecnológica y de accesibilidad universal, tal y como reconoce la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
3. Este sistema integrará en su seno los diferentes canales para proporcionar la información pública de forma a que resulte garantizado el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a ésta, con independencia del lugar de residencia, de la formación, de los recursos, de las circunstancias personales o de la capacidad económica.
4. Este sistema garantizará el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la información pública, al objeto de promover su posicionamiento informado, participación y colaboración responsable en los asuntos públicos.
5. Este sistema deberá contar con un depósito o repositorio centralizado de los datos y documentos que se consideran necesarios para asegurar una adecuada información pública.
Unidades responsables de información pública
Las autoridades públicas, con el objetivo de hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos y ciudadanas, designarán unidades responsables de información pública que serán las encargadas del cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones establecidas por esta ley.
Con el objetivo de hacer efectivo el principio de transparencia en la actividad pública, se promoverán las siguientes actuaciones:
1. Proporcionar y difundir constantemente, de una forma veraz, objetiva y actualizada, la información pública cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de la actividad.
2. Adoptar las medidas oportunas para la difusión gradual de la información pública y puesta a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de la manera más amplia y sistemática posible.
3. Organizar y actualizar la información pública con relevancia para sus funciones que obre en su poder o en el de otra entidad a su nombre, con vistas a la difusión activa y sistemática al público, particularmente, mediante las tecnologías de la información y telecomunicaciones.
5. Crear enlaces con direcciones electrónicas a través de las cuales pueda accederse directamente a la información pública.
6. Mantener actualizado un catálogo de normas y resoluciones administrativas y judiciales sobre aspectos claves para la interpretación y aplicación de esta ley y hacerlo público y accesible para todo el mundo de la manera más amplia y sistemática posible.
8. Crear registros o listas de información pública que obre en poder de la administración pública, con indicaciones claras de donde puede encontrarse esta información.
1. Los sujetos obligados del artículo 2 de esta ley, en el ámbito de sus competencias, harán pública la información siguiente, de oficio y tan pronto dispongan de ella:
a) La organización institucional, estructura organizativa e identificación de los responsables.
b) Las retribuciones, actividades y bienes de los miembros de gobierno y altos cargos o directivos, así como las cesantías percibidas cuando dejan de ocupar sus cargos.
c) El inventario actualizado de los procedimientos administrativos, con indicación de los que se encuentran disponibles en formato electrónico.
d) El catálogo general de los servicios que prestan y las cartas de servicios elaboradas.
e) Los presupuestos y cuentas generales, con descripciones sobre el contenido y datos sobre la ejecución. En particular, se reflejarán las partidas presupuestarias anuales de los distintos departamentos y organismos, así como la información que permita conocer trimestralmente el grado de ejecución -desglosada por secciones, por capítulos y por programas- y, en su caso, reflejará de forma detallada el gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.
f) La relación de todos los deudores con la totalidad de los sujetos obligados. En el caso de personas jurídicas, se hará mención del nombre de los administradores y/o apoderados y, en el caso de las sociedades mercantiles, además de sus administradores y apoderados, todos sus socios y/o partícipes titulares del capital social. En el caso de estos socios o partícipes sean también personas jurídicas se hará constar, además, el nombre de las personas físicas que las administran o son titulares del capital social.
g) La normativa de la Comunitat Autònoma Valenciana.
h) Las ordenanzas fiscales municipales y provinciales, tanto las vigentes, como las que sin estar vigentes, sean aún de aplicación transitoria.
i) La información sobre las directrices, instrucciones, circulares y notas o respuestas que tengan mayor incidencia en la interpretación o aplicación de la normativa autonómica que se considere de mayor relevancia para la ciudadanía; con la omisión, en su caso, de los datos personales que figuran en ellas.
j) La relación de los procedimientos de elaboración normativa que estén en curso, con indicación de su objeto y estado de tramitación.
k)Los textos de los proyectos normativos en trámite de audiencia, así como las memorias explicativas y justificativas que los acompañan.
l) Los planes y estrategias adoptados en cumplimiento de lo previsto en una disposición de carácter legal o reglamentario, así como las evaluaciones de las que sean objeto
m) La información sobre convenios de colaboración, contratos, concesiones y subvenciones en los términos recogidos en esta ley.
n) Les programas anuales y plurianuales que vayan a acometerse.
o) El planeamiento urbanístico, ordenación del territorio y ejecución de la obra pública en los términos recogidos en esta ley.
p) La información económica y estadística de elaboración propia. Se facilitarán las fuentes, notas metodológicas, fichas técnicas y modelos utilizados.
q) Los informes de evaluación de las políticas públicas y de calidad de los servicios públicos.
r) Las autorizaciones administrativas, licencias, declaraciones responsables y cualesquiera de los actos administrativos que permiten el ejercicio de funciones o actos sujetos a la autorización, control o fiscalización de las autoridades públicas, que incidan directamente en la gestión del dominio público o en la prestación de servicios públicos.
s) Los acuerdos referidos a la creación o funcionamiento de sociedades públicas, fundaciones públicas u otras entidades que ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos.
t) Las listas de contratación temporal de personal y las listas que se creen en los procesos de formación y/o promoción.
u) Las resoluciones administrativas y judiciales que puedan tener relevancia pública o que sienten criterios de actuación para las autoridades públicas, que serán objeto de información pública con la supresión de los datos personales.
v) Los acuerdos de los órganos colegiados y resoluciones de los órganos unipersonales que contengan información relevante para el conjunto de la ciudadanía.
w) La información medioambiental que debe hacerse pública de conformidad con la normativa vigente y, en general, toda aquella información cuya publicidad venga impuesta por otras normas.
x) La información que sea solicitada con mayor frecuencia.
2. En el caso de información que contenga datos personales de terceros, se estará a lo establecido en el artículo 22.2 de esta ley.
1. La administración pública cumplirá con el deber de información activa a la ciudadanía, de conformidad con lo que prevé esta ley y, en su ejercicio, respetará las condiciones y límites impuestos por la legislación que sea de aplicación.
2. A estos efectos, siendo la transparencia el principio general, cualquier excepción al mismo o cualquier limitación debe venir impuesta por una norma con rango de ley e interpretarse en su aplicación de forma restrictiva.
Las autoridades públicas fomentarán la reutilización de la información pública. Se entiende por reutilización el uso por parte de los ciudadanos y ciudadanas de los datos de libre disposición que obren en su poder, con fines no comerciales.
1. Reglamentariamente, podrán regularse las condiciones a las que podrá someterse la reutilización de determinados datos, siempre que éstas estén justificadas. Así, se podrá prever, entre otras, como condiciones para permitir la reutilización, que se haga un uso correcto de los datos, que no sean modificados o que se indique la fuente y fecha de su última actualización.
2. Si reglamentariamente se optara por someter la reutilización de determinados datos al previo otorgamiento de licencias tipo, éstas se ajustarán a los criterios y contenido mínimo recogido en la legislación estatal sobre reutilización de la información del sector público.
Fomento de la transparencia en la gestión administrativa
Las autoridades públicas fomentarán activamente la transparencia en la gestión administrativa. A estos efectos, se obliga a mantener a disposición permanente de los ciudadanos y ciudadanas la información que se considera más relevante de sus ámbitos de actuación, como lo son, entre otros, los siguientes: contratos del sector público, concesiones de servicios públicos, convenios de colaboración, subvenciones y ordenación del territorio y urbanismo.
1. La transparencia en la contratación administrativa se articulará fundamentalmente a través de la Plataforma de contratación, creada por la Orden del 17 de septiembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, y configurada no sólo como medio oficial para la publicidad de las licitaciones, sino también como instrumento fundamental de información en el que deberán figurar:
b) La información sobre las licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de las condiciones de ejecución del contrato y, en su caso, el resto de documentación complementaria.
c) La información sobre los contratos programados, contratos adjudicados, licitaciones anuladas y cualquier otra que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación.
2. Las autoridades públicas promoverán su uso y difusión entre los ciudadanos y ciudadanas al objeto de garantizar la transparencia en materia de contratación.
3. Las autoridades públicas incluirán, cuando ello sea posible, atendiendo al contenido y finalidad de la contratación, entre los criterios de adjudicación de los contratos, la valoración de la aportación por los licitadores de herramientas de software libre.
1. La concesión de los servicios se rige por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, donde se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público; por lo que la transparencia en esta materia se articulará a través de la Plataforma de contratación de la Generalitat Valenciana.
2. La transparencia en la concesión de los servicios que tengan la consideración de públicos también exigirá que los prestadores garanticen a los ciudadanos y ciudadanas la información que les permita demandar la prestación de unos servicios de calidad y, en su caso, ejercitar sus derechos.
3. A estos efectos, las autoridades públicas recogerán en los pliegos de cláusulas administrativas las previsiones necesarias para garantizar, como mínimo, a las personas usuarias los siguientes derechos:
b) A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio, que deberán ser contestadas de forma motivada e individual.
c) A obtener copia sellada de todos los documentos que presenten en las oficinas de la concesionaria, con relación a la prestación del servicio.
d) A exigir de las autoridades públicas el ejercicio de las facultades de inspección, control y, en su caso, sanción para subsanar las irregularidades en la prestación del servicio.
e) A ser tratadas con respecto al principio de igualdad en el uso del servicio, sin que pueda existir discriminación -ni directa ni indirecta- por razones de nacimiento, raza, etnia, sexo, orientación sexual, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
1. Se crea el Registro de convenios y acuerdos, que funcionará como instrumento de publicidad, transparencia y control de los convenios y de los acuerdos firmados por las autoridades públicas.
2. En todo caso, la regulación del Registro de convenios y acuerdos deberá garantizar que los ciudadanos y ciudadanas puedan consultar, sin ningún coste, tanto de forma presencial como telemática, la relación de los convenios y acuerdos inscritos en el Registro, así como las modificaciones y, además, los siguientes datos relativos a cada uno de ellos:
b) El objeto del convenio o acuerdo, con indicación, en su caso, de las actividades comprometidas, órganos encargados y financiación.
d) En su caso, el lugar de publicación del convenio o acuerdo
e) El objeto de las distintas modificaciones operadas en los convenios o acuerdos durante su vigencia y las fechas de las mismas.
1. Las autoridades públicas garantizarán la transparencia de la actividad subvencional mediante la publicación, fundamentalmente a través de internet, por cada uno de los órganos que realicen actividades de fomento, de la siguiente información:
a) Una relación actualizada de las líneas de ayudas o subvenciones que tenga previsto convocar durante el ejercicio presupuestario, con indicación de los importes que se destinen, su objetivo o finalidad y descripción de los posibles beneficiarios.
c) El texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones.
d) Las concesiones de estas ayudas o subvenciones, dentro del mes siguiente al de su notificación o publicación, con indicación de la relación de los beneficiarios, importe de las ayudas e identificación de la normativa reguladora.
e) Las subvenciones concedidas sin publicidad y concurrencia.
2. En la publicación de la información en materia subvencional, se actuará de acuerdo con lo que establece el artículo 20 de esta ley.
Transparencia en materia de ordenación del territorio
1. Se crea el Registro de planeamiento urbanístico de la Comunitat Valenciana, que funcionará como un instrumento de publicidad y de transparencia en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
2. En todo caso, la regulación del Registro de planeamiento urbanístico deberá garantizar que los ciudadanos y ciudadanas puedan consultar gratuitamente, tanto presencial como telemáticamente, la totalidad de los instrumentos de planificación urbanística de forma íntegra y completa, sea cual sea la administración competente, para su aprobación inicial y/o definitiva.
3. Con carácter simultáneo al inicio de la tramitación de los expedientes, podrá accederse a toda la información existente.
4. Serán también objeto de plena publicidad, en todos los expedientes que culminen actos administrativos que tengan por objeto un cambio o concreción en la calificación o cualquier otra característica del suelo, la totalidad de titulares -tanto catastrales como registrales- con especificación de todas las características de este suelo, de todos los bienes va a estar afectados por dicho expediente.
5. Esta información se extenderá con carácter retroactivo a todos los instrumentos urbanísticos aprobados al amparo de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la actividad urbanística.
6. La publicidad en materia de ordenación del territorio y urbanismo tendrá un especial carácter divulgativo, con la finalidad de que pueda ser comprensible por la mayor parte de la población. A tales efectos, los equipos técnicos de la administración glosaran y explicarán de forma clara y sencilla todos los términos, abreviaturas, etc. propios del lenguaje en el que se elaboren estas materias sujetas a publicidad.
1. Cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en las leyes.
Limitaciones del derecho a la información pública
1. El derecho de acceso a la información pública sólo podrá ser limitado o denegado cuando de la divulgación de la información pueda resultar un perjuicio para:
b) La confidencialidad o secreto de los procedimientos tramitados por las autoridades públicas, si tal confidencialidad o secreto están previstos en una norma con rango de ley
d) La integridad de las causas o asuntos sujetos a procedimiento judicial o en trámite ante los tribunales o el derecho de tutela judicial efectiva. Cuando la causa esté sujeta a procedimiento judicial o en trámite ante los tribunales, deberá, en todo caso, identificarse el órgano judicial ante el que se tramita.
f) Los derechos constitucionales a la intimidad personal o familiar, a la seguridad personal, a la propia imagen, al honor, al secreto de las comunicaciones, a la libertad ideológica o religiosa, a la afiliación sindical, a la presunción de inocencia, al secreto profesional y, en general, los derechos fundamentales que reconoce y ampara la Constitución española.
g) La confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial, cuando esta confidencialidad esté prevista en una norma con rango de ley o en la normativa comunitaria, con el fin de proteger intereses económicos legítimos, incluido el interés público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto fiscal.
h) Los derechos de propiedad intelectual e industrial. Se exceptúan los supuestos en los que el titular haya consentido su divulgación.
l) El medio ambiente o patrimonio histórico o cultural.
m) El resto de información protegida por normas con rango de ley.
2. Las limitaciones deberán ser proporcionadas atendiendo a su objeto y finalidad de protección. En todo caso, deberán interpretarse de manera restrictiva y justificada y se aplicarán, salvo que un interés público superior justifique la divulgación de la información.
Las limitaciones mencionadas buscarán la ponderación con el derecho a la libertad de información veraz de los medios de comunicación, protegiendo la identidad de los afectados y, en especial, de los menores de edad.
3. Las limitaciones a las que hace referencia el apartado 1 no podrán ser alegadas por la administración pública para impedir el acceso del ciudadano o ciudadana a los documentos e informaciones que le puedan afectar de una manera personal, particular y directa y, en concreto, si esta afección se refiere a sus derechos e intereses legítimos.
Cuando el expediente contenga datos de terceros, se estará a lo establecido en el artículo 21 de esta ley.
4. Las limitaciones al derecho de acceso sólo se aplicaran durante el período de tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que las justifique.
2. Las solicitudes de acceso a información pública que contengan datos íntimos o que afecten a la vida privada de terceros se denegarán, salvo que exista consentimiento expreso y por escrito del afectado que se acompañe a la solicitud o una ley que lo autorice.
A estos efectos, se considerarán como datos íntimos los referidos a la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen étnico, salud y sexualidad.
3. Las solicitudes de acceso a una información que contenga datos personales de terceros que no tengan la consideración de íntimos ni afecten a la vida privada, se estimarán cuando se trate de información directamente vinculada con la organización, funcionamiento y actividad pública del órgano o entidad al que se solicite. No obstante, se denegará el acceso cuando se considere que concurren circunstancias especiales en el caso concreto que hagan prevalecer la protección de los datos personales sobre el interés público en la divulgación de la información.
4. Prevalecerá la protección de los datos personales sobre el derecho de acceso a la información pública en los casos en que el órgano competente para resolver considere que hay un conflicto de derechos en el que se deben preservar los derechos fundamentales.
1. En caso de que la información solicitada esté afectada por alguna de las limitaciones indicadas en los artículos 20 y 21 precedentes, se concederá el acceso parcial y se omitirá la información afectada por la limitación, salvo que de ello resulte una información distorsionada, equívoca o falta de sentido.
3. Cuando se conceda el acceso parcial, se deberá garantizar la reserva de la información afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de esta reserva.
En los casos de duda sobre la prevalencia de la protección de los datos personales sobre el derecho de acceso a la información pública, las autoridades públicas podrán consultar la Agencia española de protección de datos.
1. Las solicitudes de información pública se deberán dirigir a la entidad o unidad en cuyo poder se encuentre la información y se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en este artículo. En el ámbito de la administración pública, se atribuye la competencia para resolver las solicitudes de información al máximo responsable jerárquico de las unidades en cuyo poder se encuentre ésta, siempre que tengan atribuidas competencias resolutorias de conformidad con las distintas normas reguladoras de las estructuras orgánicas.
2. La solicitud podrá hacerse por cualquier medio, incluidos los electrónicos, que permita la constancia de:
d) Una dirección de contacto válida a la que puedan dirigirse las comunicaciones a propósito de la solicitud.
3. El solicitante podrá exponer, si así lo desea, las razones que justifiquen la publicidad de la información. Sin embargo, no podrá exigirse esta motivación en ningún caso, ni la ausencia podrá ser utilizada como excusa por el órgano competente para denegar o resolver la solicitud.
4. Para favorecer el derecho de acceso a la información pública, las autoridades públicas publicarán en la página web un formulario con los requisitos incluidos en el apartado 2 que rellenará el solicitante. En ningún caso podrá obligarse en este formulario a justificar las razones por las que se solicita la información y, de incluirse, se deberá especificar claramente que se trata de un apartado opcional.
1. Si la solicitud de información pública estuviera formulada de manera imprecisa, en el plazo de siete días hábiles, se pedirá al solicitante que la concrete, dándole para ello un plazo de diez días hábiles, con suspensión del plazo máximo para resolver, y pudiendo tenerlo por desistido en caso contrario. A tal efecto, la entidad o unidad a quien iba dirigida la solicitud le prestará la asistencia necesaria para concretar su petición de información.
2. La declaración de tener al solicitante por desistido y el archivo de la solicitud se hará mediante resolución, que se le notificará para que pueda, en su caso, presentar una nueva solicitud que concrete la petición o información demandada.
Causas de no admisión de las solicitudes
Se acordará motivadamente la no admisión a trámite de las solicitudes cuando:
a) Se refieran a información excluida del derecho de acceso. En concreto, quedarán excluidas las consultas jurídicas o peticiones de informes o dictámenes, excepto las previsiones normativas específicas que así puedan contemplarlas.
b) Se refieran a información que no obre en poder de la unidad, órgano o entidad a la que se dirijan. En tal caso, se remitirá la solicitud al órgano o entidad sujeta al ámbito de aplicación de esta ley que la posea, quien estará obligado a tramitarla, y se dará cuenta de esta remisión al solicitante. Cuando no sea posible remitir la solicitud al responsable de la información, por pertenecer a la administración estatal o a otra distinta que no esté sujeta al ámbito de aplicación de esta ley, aquel a quien se dirigió la solicitud deberá informar directamente al solicitante sobre la administración a la que, según su conocimiento, debe dirigirse para solicitar esta información y le indicará la dirección a la que puede hacerse llegar la solicitud, a efectos informativos.
c) Se consideren abusivas por su carácter manifiestamente poco razonable o repetitivo, que no esté justificado por la finalidad de transparencia perseguida por esta ley.
d) Estén formuladas de manera excesivamente general, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo anterior.
e) Se refieran a documentación preparatoria, material en curso de elaboración o documentos o datos inconclusos y que no formen parte del expediente administrativo. Por datos inconclusos se entenderán aquellos sobre los que la administración pública esté aún trabajando internamente y no se haya emitido ningún dictamen, informe o aprobación. Si la denegación se basa en este motivo, el órgano competente para resolver deberá mencionar en la denegación la unidad que está preparando el material e informar al solicitante sobre el tiempo previsto para finalizar su elaboración.
f) Se refieran a comunicaciones internas entre órganos o personas que carezcan de relevancia pública o interés público.
1. Cuando las solicitudes se refieran a información que afecte derechos o intereses de terceros contemplados en los artículos 20 y 21 de esta ley, el órgano encargado de resolver las trasladará a los afectados, siempre que las alegaciones de éstos puedan ser determinantes del sentido de la resolución.
2. El traslado de la solicitud al afectado producirá la suspensión del plazo para resolver hasta que se reciban las alegaciones o acabe el plazo de quince días hábiles a contar desde su notificación. Si el tercero no responde en el plazo requerido, se presumirá que está de acuerdo en que se otorgue el acceso a la información solicitada.
Plazos para resolver la solicitud y sentido del silencio
1. El órgano, en cada caso, competente para resolver facilitará la información pública solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla en los plazos que se indican a continuación:
a) En el plazo máximo de quince días hábiles desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para resolverla, con carácter general.
b) En el plazo de treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para resolverla, si el volumen y complejidad de la información son tales que resulte imposible emitirla en el plazo anteriormente indicado. En este supuesto deberá informarse al solicitante, dentro de un plazo máximo de siete días hábiles, de las razones que justifiquen la emisión de la resolución en el plazo especificado en este epígrafe.
2. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se ha recibo solicitud expresa, se entenderá estimada la solicitud en todo lo que esté de acuerdo con esta ley.
1. La resolución se formalizará por escrito o por los medios electrónicos elegidos por el solicitante, en su caso. Se notificará al solicitante y, en su caso, al tercer afectado. Cuando sea estimatoria, total o parcialmente, de la solicitud, indicará la forma o formato de la información y, cuando proceda, el plazo y circunstancias del acceso, que deberán garantizar la efectividad del derecho y la integridad de la información en el menor tiempo posible.
Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información pueda incurrir en alguna de las limitaciones al derecho de acceso, se hará constar esta circunstancia.
En el caso de las administraciones públicas, la motivación de estas resoluciones exigirá una fundamentación jurídica, informada y avalada por un técnico jurídico, con la consideración de funcionario de carrera.
3. En caso de que la negativa a facilitar la información esté fundada en la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, se incluirá la referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando sea conocida o, alternadamente, al cesionista de quien se haya obtenido la información solicitada.
4. La resolución indicará siempre los recursos administrativos que procedan contra ella; en su caso, el recurso contencioso-administrativo procedente; y, en su caso, por la vía de protección de derechos fundamentales. Así pues, también informará de la posibilidad de que el solicitante interponga una queja ante el Síndic de Greuges, tal y como se regula en el artículo 33 de esta ley.
1. El órgano competente deberá suministrar la información en la forma o formato solicitado, salvo que concurra alguna de las circunstancias que se indican a continuación:
a) Que la información ya haya sido difundida previamente en otra forma o formato y el solicitante pueda acceder fácilmente a ella. En este caso, se deberá informar al solicitante de dónde y cómo puede acceder a esta información o, en su caso, remitírsela en el formato disponible.
En los casos en los que el acceso in situ pueda ocasionar la pérdida o deterioro del apoyo original, no sea posible la copia en un formato determinado por la inexistencia de equipos técnicos disponibles o cuando la modalidad de acceso solicitada pueda afectar el derecho de propiedad intelectual, se podrá poner a disposición del solicitante la información en otra forma o formato.
2. A estos efectos, los sujetos obligados del artículo 2 de esta ley procurarán conservar la información pública que obre en su poder, o en el de otros sujetos en su nombre, en formas o formatos de fácil reproducción y acceso mediante telecomunicaciones informáticas o por otros medios electrónicos.
3. Cuando el órgano competente resuelva no facilitar la información, parcial o totalmente, en la forma o formato solicitados, deberá comunicarlo al solicitante en la propia resolución en la que se reconozca el derecho de acceso y le hará saber la forma o formatos en los que, en su caso, se le podría facilitar la información solicitada.
Gratuidad del acceso in situ y tasas y precios públicos
a) El acceso a la información a la que se refiere el artículo 9 de esta ley o a aquella información en la que no se haya dispuesto lo contrario.
b) El examen de la información solicitada en el lugar en el que se encuentre.
c) La entrega de la información por correo electrónico o sistema electrónico equivalente.
2. En el caso de los archivos, bibliotecas y museos, se atenderá, en cuanto a la gratuidad o pago de alguna cantidad, a lo que disponga la legislación específica.
3. La expedición de copias y transposición a formatos diferentes al original en el que se contenga la información podrá someterse al pago de una cantidad que no exceda los costes.
Para el establecimiento de las tasas en el caso de los sujetos obligados del artículo 2 de esta ley, se estará a lo previsto en la legislación correspondiente sobre tasas y precios públicos.
4. Las unidades, órganos o entidades en cuyo poder se encuentre la información, elaborarán, publicarán y pondrán a disposición de los solicitantes de la información pública, el listado de las tasas y precios que sean de aplicación a estas solicitudes, así como los supuestos en los que no proceda ningún pago.
GARANTÍAS ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES
Quien considere que un acto, expreso o presunto, imputable a las autoridades públicas ha vulnerado los derechos que le reconoce esta ley en materia de información pública, podrá interponer los recursos administrativos correspondientes y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Queja ante el Síndic de Greuges
1. Sin perjuicio de los recursos administrativos que puedan interponerse contra las resoluciones, expresas o presuntas, de los órganos de las autoridades públicas, que impidan o limiten, total o parcialmente, el ejercicio por los ciudadanos y ciudadanas del derecho de acceso a la información pública reconocido en esta ley, el solicitante podrá dirigir una queja al Síndic de Greuges siempre que considere que se ha impedido o limitado su derecho de acceso a esta información, de conformidad con lo que dispone la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges.
2. La intervención del Síndic de Greuges no suspenderá el transcurso de los plazos para la interposición de los recursos administrativos o contencioso-administrativos procedentes.
3. Las autoridades públicas deberán cumplir con diligencia y de forma inmediata el dictamen emitido por el Síndic de Greuges, en la parte que sea favorable al solicitante.
para la implantación de la transparencia
y derecho de acceso a la información
1. Se crea la Comisión de Seguimiento para la Implantación de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información, como unidad encargada de impulsar, con carácter general, la puesta en funcionamiento de las medidas recogidas en esta ley.
2. La comisión de seguimiento estará presidida por el conseller o la consellera competente en materia de Presidencia y se compondrá de un representante con rango mínimo de director general por cada una de las áreas resultantes de la estructura departamental del Consell de la Generalitat Valenciana.
3. La comisión de seguimiento será asistida en el ejercicio de sus funciones por una comisión técnica designada al efecto.
Modificación de la Ley de la Generalitat
Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre,
Se incorpora una disposición adicional a la Ley de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges, que queda modificada como sigue:
El Síndic de Greuges es el órgano encargado de valorar el grado de implantación de las medidas recogidas en la Ley valenciana de transparencia y acceso a la información y, en su caso, de promover todas aquellas actuaciones correctoras de cara a conseguir, en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley valenciana de transparencia y acceso a la información, la plena efectividad y cumplimiento de las disposiciones recogidas en ésta.
El Síndic de Greuges elaborará y publicará cada año un informe sobre el grado de aplicación de la Ley valenciana de transparencia y acceso a la información con propuestas, en su caso, para la introducción de mejoras que la puedan hacer más efectiva.
Asimismo, elaborará y publicará información periódica de carácter estadístico sobre las solicitudes de información pública recibidas, así como información sobre la experiencia adquirida en la aplicación de la Ley valenciana de transparencia y acceso a la información; y garantizará, en todo caso, la confidencialidad de los solicitantes.
Tramitación telemática del derecho de acceso
El Instituto Valenciano de Administración Pública pondrá en marcha, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, un plan de formación específico para el personal de las administraciones públicas, empresas públicas y fundaciones públicas sobre los derechos y obligaciones previstos en esta ley.
Uso del valenciano en el derecho a la información pública
A las solicitudes de acceso a la información pública reguladas en el título II de esta ley les será de aplicación la normativa reguladora del uso del valenciano en las administraciones públicas.
Asimismo, los sujetos obligados difundirán la información pública en los portales web en las dos lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana.
Adaptaciones para garantizar el respeto
a las disposiciones de esta ley
Con la entrada en vigor de esta ley, todos los sujetos obligados por el artículo 2 de esta ley promoverán los cambios, tanto organizativos y estructurales como, en su caso, de la normativa de régimen interno que sean necesarios para ajustar su actividad a las disposiciones de esta ley.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de rango igual o inferior se opongan a lo dispuesto en esta ley.
Se faculta al Consell para dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en esta ley.
Les Corts, 24 de mayo de 2012
Ver transcripción del debate en Pleno

References: artículo 124
 artículo 9
 artículo 21
 artículo 25
 artículo 20
 artículo 105
 artículo 10
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 10
 artículo 11
 resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 33
 artículo 2
 artículo 22
 Real decreto 
 artículo 20
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 33
 artículo 2
 resolución 
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 2