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Sentencia de Constitucionalidad nº 351/98 de Corte Constitucional, 15 de Julio de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 43676292
Sentencia de Constitucionalidad nº 351/98 de Corte Constitucional, 15 de Julio de 1998
Fecha de Resolución: 15 de Julio de 1998
Ley aprobatoria y tratado: ley 409/97. Convencion interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
El control de constitucionalidad que esta Corporación debe ejercer en esta materia, es posterior en cuanto se trata de una ley que ya ha sido sancionada por el Presidente de la República, una vez agotado el trámite correspondiente en el Congreso, pero es previo en cuanto el pronunciamiento de la Corte debe anteceder al perfeccionamiento del instrumento internacional, el cual no puede darse sin que exista el fallo de constitucionalidad correspondiente, que le permita al J. del Estado efectuar el canje de notas.
Revisión de constitucionalidad de la Ley 409 del 28 de octubre de 1997, "Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura'', suscrito en la ciudad de Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985.
S. de Bogotá, D.C., julio quince (15) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
El 30 de octubre de 1997, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a través de oficio No. 2200, remitió a esta Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., fotocopia autenticada de la Ley 409 del 28 de octubre de 1997, por medio de la cual se aprueba la ''Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura'', suscrita en Cartagena de Indias el 9 de Diciembre de 1985.
El día 21 de noviembre de 1997, el Magistrado Sustanciador, a través de auto de la misma fecha, asumió la revisión de la Ley 409 del 28 de octubre de 1997 y de la convención que la misma aprobó, para lo cual ordenó la práctica de las siguientes pruebas: solicitó a las Secretarías Generales de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, el envío de la copia del correspondiente expediente legislativo, y ordenó que una vez cumplido lo anterior, por Secretaría General, se procediera a la fijación en lista del negocio y a practicar el traslado correspondiente al Despacho del señor P. General de la Nación, para efectos de recibir el concepto de su competencia.
Los empleados o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.
Cuando el presunto delincuente tenga su nacionalidad; o
ARTICULO PRIMERO: Apruébase la "CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA'' suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985.
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. de la ley 7ª. de 1944, la "CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA'' suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
(Fdo) E.S.
C.H.T.G.
ALMA B.R.L..
El Señor P. General de la Nación rindió en término el concepto de su competencia, y solicitó a esta Corporación que se declare la exequibilidad de la "Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura'', suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985 y su Ley aprobatoria, la número 409 del 28 de octubre de 1997. Dividió su concepto en dos partes, el análisis formal y el análisis de fondo del instrumento.
Manifiesta el J. del Ministerio Público, que no encuentra en este punto incompatibilidad alguna entre el trámite dado en el Congreso al proyecto de Ley aprobatoria de la Convención sub examine y la preceptiva superior, dado que el mismo y la respectiva exposición de motivos, aparecen publicados oficialmente por el Congreso en la Gaceta No. 429 de esa Corporación, del día 9 de octubre de 1996, esto es antes de darle curso en la Comisión respectiva. Su discusión se inició en la Comisión Segunda del Senado con la ponencia presentada por el Congresista J.E.F.P., ponencia que fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 592 de fecha 12 de diciembre de 1996.
De los trámites anteriores, dio constancia el S. General del Senado, en comunicación dirigida a la Secretaría General de esta Corporación fechada el 11 de diciembre de 1997, en la cual señala que fue verificado el cumplimiento de todos los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios para la aprobación del proyecto de ley.
Señala el señor P., que la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, es un instrumento Internacional cuyo contenido armoniza plenamente con el texto de la Constitución Política, toda vez que proclama el deber de todos los Estados de reconocer y respetar la dignidad de la persona humana. Anota, que precisamente el artículo 1 de nuestra Carta Política erige como principio fundamental del Estado Social de Derecho el respeto por la dignidad de las personas, mandato que supone la prohibición de la práctica de la tortura, la cual se hace expresa en el artículo 12 superior, lo que implica para el Estado colombiano la obligación de establecer los medios jurídicos necesarios para prevenirla y sancionarla.
El control de constitucionalidad que esta Corporación debe ejercer en esta materia, es posterior en cuanto se trata de una ley que ya ha sido sancionada por el Presidente de la República, una vez agotado el trámite correspondiente en el Congreso, pero es previo en cuanto el pronunciamiento de la Corte debe anteceder al perfeccionamiento del instrumento internacional, el cual no puede darse sin que exista el fallo de constitucionalidad correspondiente, que le permita al J. del Estado efectuar el canje de notasSentencia C-333 de 1993, M.P.D.F.M.D...
La suscripción de la Convención objeto del presente pronunciamiento, se produjo el 9 de diciembre de 1985, durante el decimoquinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la cual tuvo lugar en la ciudad de Cartagena de Indias; la República de Colombia estuvo representada por el entonces Señor Presidente de la República, doctor B.B.C., y por su Ministro de Relaciones Exteriores, doctor A.R.O., A solicitud del Despacho del Magistrado Sustanciador, el J. de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitió con oficio fechado el 16 de abril del presente año, copia del instrumento que se revisa, el cual aparece suscrito por los mencionados funcionarios. quienes de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados, gozaban de plenos poderes, completa competencia e idoneidad, para comprometer los intereses de Colombia.
Haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva. En el caso sub examine, se encuentra que el texto de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, suscrita en Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985 y correspondiente al proyecto de ley número 307/97 Cámara, y 112/96 Senado, aparece publicado en las páginas 7, 8 y 9 de la Gaceta del Congreso No. 200, año VI, del jueves 12 de junio de 1997 (folios 8, 9 y 10 del expediente).
Haber sido aprobado en primer debate en la comisión permanente correspondiente de cada cámara. Ello ocurrió, según consta en la certificación de fecha 28 de noviembre de 1997 expedida por el Subsecretario de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, en la cual se lee que el proyecto analizado fue discutido el 18 de junio de 1997, con un quórum deliberatorio conformado por los 16 Representantes que conforman dicha célula, y que ellos por unanimidad estuvieron a favor de la aprobación de la Convención, todo lo cual quedó consignado en el acta número 019 correspondiente a la sesión celebrada en la fecha señalada. (folio 205 del expediente).
Lo mismo ocurrió en el Senado, según lo certificado por el S. General de la Comisión Segunda, quien manifestó que en sesión plenaria celebrada el 12 de diciembre de 1996, 12 de los integrantes de esa comisión aprobaron por unanimidad el proyecto de ley número 112/96 Senado (folio 4 del expediente).
Haber sido aprobado en cada cámara en segundo debate. Este requisito se surtió en ambas cámaras en lo relacionado con el trámite del proyecto de ley que se convertiría en la Ley 406 de 1997. Efectivamente, el Senado de la República, en sesión plenaria celebrada el día 7 de mayo de 1997, después de verificar el quórum constitucional, legal y reglamentario, aprobó en segundo debate el proyecto de la ley cuyo control ocupa a la Corte, según consta en el acta número 042 de esa fecha y en la certificación del S. General de esa Corporación, expedida el 11 de diciembre de 1997 y dirigida a la Secretaría General de la Corte Constitucional (folio 3 del expediente). De la misma manera, el proyecto de ley número 307/97, Cámara, fue aprobado por 110 votos en la sesión ordinaria celebrada el día 2 de septiembre de 1997, de acuerdo con lo consignado en el acta número 153 de esa fecha.
Haber obtenido la sanción del gobierno. Este requisito se cumplió en lo relacionado con el proyecto de ley número 112/97 Senado, 307/96 Cámara, al haber sido sancionado por el Presidente de la República el 28 de octubre de 1997, convirtiéndose entonces en la ley número 409 de 1997.
''...no sólo es una declaración ética sino una norma jurídica de carácter vinculante para todas las autoridades (C.N. art.1). Su consagración como valor fundante y constitutivo del orden jurídico obedeció a la necesidad histórica de reaccionar contra la violencia, la arbitrariedad y la injusticia, en búsqueda de un nuevo consenso que comprometiera a todos los sectores sociales en la defensa y respeto de los derechos fundamentales.
''El hombre es un fin en sí mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse (C.N. art.16). Las autoridades están precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida, entendida en un sentido amplio como ''vida plena''. La integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorealización individual y social...'' (Corte Constitucional, Sentencia T-499 de 1992, M.P.D.E.C.M.)
En esa perspectiva, la tortura, entendida tal como la define el artículo 2 de la Convención, esto es, como ''...todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin... tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no acusen dolor físico o angustia psíquica'', es, definitiva y categóricamente, contraria a los principios fundantes del Estado social de derecho; luego un instrumento como el que se analiza, que pretende prevenirla y castigarla, en principio se ajusta plenamente a su filosofía y a sus objetivos esenciales, pues tales acciones protegen y reivindican el principio fundamental de la dignidad humana.
''La dignidad humana y la solidaridad son principios fundantes del Estado social de derecho. Las situaciones lesivas de la dignidad de la persona repugnan al orden constitucional por ser contrarias a la idea de justicia que lo inspira. La reducción de la persona a mero objeto de una voluntad pública o particular (v.gr. esclavitud, servidumbre, destierro), los tratos crueles inhumanos o degradantes (C.N. art.12) ...son conductas que desconocen la dignidad humana...'' (Corte Constitucional, Sentencia T-505 de 1992, M.P.D.E.C.M.)
En el Estado colombiano la tortura es un delito cuyo sujeto activo es indeterminado, es decir que en él pueden incurrir tanto el Estado, a través de sus funcionarios o agentes, como los particulares.
Los empleados o funcionarios públicos que actuando con ese carácter ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo no lo hagan.
Sin embargo, la legislación interna de nuestro país, específicamente el artículo 279 del Código Penal, consagra el tipo penal de la tortura con sujeto activo indeterminado, previsión que según lo expresó esta Corporación, en el fallo que lo declaró exequible, no obstante haber sido producida por el legislador antes de la expedición de la C.P. de 1991, se ajusta plenamente a dicho ordenamiento superior, ''...por cuanto la fuerza vinculante de los derechos constitucionales no limita su alcance a los deberes de abstención por parte del Estado; por el contrario, esos derechos, entre los cuales está el derecho a no ser torturado, son susceptibles de violación por parte tanto del Estado como de los particulares.'' Corte Constitucional, Sentencia C-587 de 1992, M.P.D.C.A.B.
El contenido con el que el Constituyente dotó el artículo 12 de la Carta, corresponde a la consagración de un derecho absoluto, universal, al cual no se le pueden imponer restricciones que lo conviertan en relativo. La prohibición que consagra la norma superior citada de nuestra Constitución, está dirigida a cualquier persona sea agente estatal o particular, y así debe ser por cuanto en ella subyace el reconocimiento y protección al principio fundamental de dignidad humana como fuente de todos los derechos. En tal sentido se pronunció esta Corporación al señalar que ''el artículo 12 de la Constitución Nacional es incluso más amplio que los instrumentos internacionales suscritos por Colombia sobre el tema, ...la Carta colombiana prohibe la tortura incluso en los casos en que el torturador sea un particular.'' Corte Constitucional, Sentencia C-587 de 1992, M.P.D.C.A.B.
''El delito de tortura puede presentarse bajo dos modalidades distintas: tortura física o tortura moral. En cualquiera de las dos modalidades, de todas maneras, el sujeto activo es indeterminado, lo que implica que puede ser cometido por cualquier persona, y también por funcionarios públicos. El artículo 279 del Código Penal, que consagra el tipo penal de tortura con sujeto activo indeterminado, se ajusta a la Constitución Nacional por cuanto la fuerza vinculante de los derechos constitucionales no limita su alcance a deberes de abstención por parte del Estado; por el contrario esos derechos, entre los cuales está el derecho a no ser torturado, son susceptibles de violación por parte tanto del Estado como de los particulares.'' (Corte Constitucional, Sentencia C-587 de 1992, M.P.D.C.A.B.)
Ahora bien, teniendo en cuenta que, como lo señaló esta Corporación, en esta materia nuestro ordenamiento superior y la legislación que lo desarrolla, ''son incluso más amplios que los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país'', y que el derecho internacional es norma mínima que se integra a la legislación interna, la Corte no encuentra en las disposiciones estudiadas, desconocimiento o violación de ningún precepto constitucional.
El principio de obediencia debida no exime de responsabilidad a quien incurra en el delito de tortura.
''El hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente.''
''La obediencia debida es el principio general al que deben acogerse las relaciones entre superiores y subalternos militares y que solamente en casos de palmaria, evidente e indudable transgresión de los límites constitucionales, mediante órdenes que afecten de modo directo los derechos humanos, es permisible al inferior acogerse a los dictados de su conciencia para hacer que en el caso concreto prevalezcan la Constitución y el respeto a la dignidad humana. Es decir, el inferior no está obligado a la obediencia ciega pero tampoco le es posible cobijar, bajo el amparo de razones puramente subjetivas, la oposición a mandatos que no pugnen con el orden constitucional.'' (Corte Constitucional, Sentencia T-363 de 1995, M.P.D.J.G.H.G.)
El artículo 5 de la Convención objeto de examen de constitucionalidad, coincide con las disposiciones del ordenamiento superior colombiano, en el sentido de que la declaratoria de los estados de excepción que éste prevé, no admite, bajo ninguna circunstancia, que durante dichos períodos se justifique la suspensión o violación de los derechos fundamentales.
''Artículo 214. Los estados de excepción a los que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones:
''2. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales ala gravedad de los hechos.
Es claro entonces que el ordenamiento superior colombiano no admite, como tampoco lo hace el artículo 5 de la Convención objeto de examen de constitucionalidad, que la declaratoria de estados de excepción sirva para justificar conductas que se traduzcan en la violación de los derechos fundamentales, motivo por el cual en el texto del artículo 12 superior, que incluye el derecho a no ser torturado, el derecho a no ser sometido a desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, a tales situaciones el Constituyente les atribuyera, como lo aclaró esta Corporación, el carácter de ''...hipótesis mediante las cuales se pueden vulnerar los verdaderos derechos que se quieren proteger: el derecho a la integridad personal, a la autonomía y especialmente a la dignidad humana.'' Corte Constitucional, Sentencia C-587 de 1992, M.P.D.C.A.B..
''...la regulación constitucional de los estados de excepción -estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y estado de emergencia- responde a la decisión del Constituyente de garantizar la vigencia y eficacia de la constitución aún en situaciones de anormalidad. La necesidad no se convierte en fuente de derecho y en vano puede apelarse, en nuestro ordenamiento, al aforismo salus reipublicae suprema lex est, cuando, ante circunstancias extraordinarias, sea necesario adoptar normas y medidas que permitan enfrentarlas. Los estados de excepción constituyen la respuesta jurídica para este tipo de situaciones...''
''Los estados de excepción en cuanto significan el acrecentamiento temporal de los poderes del presidente y la introducción de restricciones y limitaciones de distinto orden respecto del régimen constitucional común, deben aparejar el mínimo sacrificio posible, atendidas las circunstancias extraordinarias, del régimen constitucional ordinario y garantizar el rápido retorno a la normalidad. Este principio de eficacia y economía de los poderes excepcionales, tiene entre otras proyecciones, las siguientes : ...no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales...'' (Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 1992, M.P.D.E.C.M.)
La obligación del Estado colombiano en relación con la tortura, no se limita a abstenerse de incurrir en ese tipo de conductas, éste debe actuar positiva y efectivamente, para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y evitar que sean vulnerados a través de dichas prácticas
Las previsiones del artículo 8 de la Convención, referidas a la garantía de investigación imparcial y oportuna que deben ofrecer los Estados Partes a todas las personas que denuncien hechos de tortura cometidos en su jurisdicción, son coincidentes con los fundamentos mismos del Estado social de derecho que se caracteriza a través de las normas que hacen parte del ordenamiento constitucional colombiano. El carácter normativo de la Constitución, ha dicho esta Corporación, y la introducción de nuevas categorías de derechos, obligan al poder público no sólo a abstenerse frente a posibles violaciones de los derechos de libertad, sino a actuar positivamente para garantizar, de una parte los derechos de prestación y de otra, el debido respeto y eficacia de aquellos derechos que en la práctica pueden ser vulnerados en las relaciones privadas. Corte Constitucional, Sentencia C-587 de 1992, M.P.D.C.A.B.
La indemnización y la compensación a las víctimas de violación de derechos humanos, constituye una previsión acorde con los fundamentos y principios del Estado social de derecho.
''Artículo 1. El gobierno nacional deberá pagar, previa realización del trámite de que trata la presente ley, las indemnizaciones de perjuicios causados por violaciones de derechos humanos que se hayan declarado, o llegaren a declararse, en decisiones expresas de los órganos internacionales de derechos humanos que más adelante se señalan.''
La extradición de nacionales colombianos por la comisión de delitos de tortura, de conformidad con el ordenamiento superior colombiano vigente es viable, sujeta a la celebración de tratados públicos o en su defecto a la ley.
Primero. DECLARAR EXEQUIBLES la Ley 409 del 28 de octubre de 1997, ''Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, suscrita en la ciudad de Cartagena de Indias el 9 de diciembre de 1985'', y la Convención misma.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49280 de 10 de Agosto de 2010

References: artículo 241
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 279
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 279
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 8