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Timestamp: 2019-04-26 00:40:17+00:00

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SENTENCIA T-488 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEBE IMPLEMENTAR PLAN DE ACCIÓN PARA GARANTIZAR EDUCACIÓN INCLUSIVA. POR ORDEN DEL ALTO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ DEBERÁ IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN TENDIENTE A QUE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DEL DISTRITO CAPITAL SE MATERIALICE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA LEY 361 DE 1997, EL DECRETO 1075 DEL 2015 Y EL PRESENTE PRONUNCIAMIENTO. COMO CONSECUENCIA DE ELLO, SE DEBE TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES PARA I) ASEGURAR QUE LOS MENORES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) PUEDAN ACCEDER A CUALQUIER INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CUYA ESCOGENCIA OBEDEZCA A FACTORES COMO LA CERCANÍA DEL PLANTEL CON LA VIVIENDA DEL ESTUDIANTEII) GARANTIZAR QUE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES ADECÚEN SU PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL PARA CONTEMPLAR ESTRATEGIAS, EXPERIENCIAS Y RECURSOS DOCENTES, PEDAGÓGICOS Y TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO A LA POBLACIÓN CON NEEIII) ASEGURAR QUE CUANDO EN DICHAS INSTITUCIONES SE MATRICULEN ESTUDIANTES CON NEE SUS GRUPOS ESTÉN CONFORMADOS POR UN MÁXIMO DEL 10 % DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA (SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS CONDICIONES QUE GENEREN DISCAPACIDAD INTELECTUAL, SÍNDROME DE ASPERGER Y AUTISMO), Y UN MÁXIMO DEL 20 % CUANDO LOS ESTUDIANTES TENGAN DISCAPACIDAD SENSORIAL O DISCAPACIDAD MOTORA(IV) PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA Y PEDAGÓGICA A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES QUE REPORTEN MATRÍCULAS DE ESTUDIANTES CON NEE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO A LA EDUCACIÓN, ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA EDUCACIÓN, DERECHOS FUNDAMENTALES, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD DISCAPACITADO, MENOR DE EDAD DISCAPACITADO
Sentencia T-488 de septiembre 9 de 2016
Ref.: expediente T-5.569.852
Acción de tutela formulada por M.M.C.R., agente oficiosa de J.M.C.C. contra la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, María Victoria Calle Correa y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente:
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado Ochenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá D.C., el 18 de abril de 2016, y el Juzgado Once Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., el 3 de mayo de 2016, que resolvieron la acción de tutela promovida por M.M.C.R., en representación de su hijo J.M.C.C., contra la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.
El 4 de abril de 2016, M.M.C.R. instauró acción de tutela contra la Secretaría de Educación de Bogotá D.C., por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de su hijo J. M.C.C., según los siguientes hechos:
1. La tutelante afirma que J.M., quien en la actualidad cuenta con doce años de edad, presenta un diagnóstico de síndrome de Asperger(1).
3. Manifiesta que J.M. ha desarrollado su actividad escolar gracias a la adaptación que tuvo con sus docentes y compañeros de clase, a la flexibilidad académica y al apoyo que tuvo en casa. Afirma que el Gimnasio Educativo Integral no cuenta con bachillerato y que, por esa razón, su familia se trasladó a la ciudad de Bogotá D.C., en búsqueda de un colegio que se adaptara a los condicionamientos del niño.
4. Señala que acudió a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. el 4° de enero de 2016, solicitando un cupo escolar para que su hijo pudiera cursar el grado sexto en el Colegio República Bolivariana de Venezuela, dada la experiencia de ese establecimiento educativo con niños que padecen de autismo. La tutelante agrega que la Secretaría remitió al menor al precitado Colegio y que, una vez allí, le informaron que a pesar de que J.M. era apto para la educación inclusiva en el grado sexto, carecían de cupos escolares y de infraestructura suficiente.
7. La ciudadana M.M. expone que el área de psiquiatría le recomendó a J.M. la escolarización en una institución con modalidad inclusiva, en donde cuente con apoyo de educación especial y pueda interactuar con pares de desarrollo típico sin déficit cognitivo ni alteraciones de neurodesarrollo. Ello, con el objetivo de que el niño genere modelos positivos y desarrolle habilidades sociales.
8. De conformidad con lo anterior, la demandante solicita el amparo de los derechos fundamentales a la educación e igualdad de su hijo y, en consecuencia, se ordene a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. tomar las medidas correspondientes para que J.M. inicie el bachillerato en el Colegio República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, pide que se garantice su movilidad escolar y la designación del cupo escolar en la jornada de la mañana para no afectar el proceso terapéutico que lleva a cabo en las tardes.
El 5 de abril de 2016, el Juzgado Ochenta y Uno Penal Municipal de Bogotá D.C. avocó el conocimiento del amparo constitucional solicitado por M.M.C.R. Al mismo tiempo, requirió a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. y al Colegio República Bolivariana de Venezuela para que se pronunciaran sobre la acción de tutela instaurada.
La encargada de la oficina asesora jurídica de la Secretaría de Educación de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. señaló que la entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales de J.M. Sostuvo que en razón a que la tutelante consideró que las instituciones educativas ofrecidas para su hijo no contaban con la capacidad e idoneidad para atender sus condiciones particulares, fue remitida al Colegio Ricaurte (Concejo) IED para que evaluaran el proceso pedagógico que se ajustara a las necesidades de su hijo.
En síntesis, la Secretaría considera que la acción de tutela se debe negar en el entendido que a J.M.C.C. se le está garantizando la prestación del servicio educativo y cada uno de sus componentes en las condiciones establecidas por el ordenamiento jurídico. Agregó que la Secretaría ha adoptado las medidas necesarias para evitar aquellas circunstancias que en determinado momento pudieron menoscabar los derechos fundamentales del niño.
Por su parte, el rector del Colegio Distrital República Bolivariana de Venezuela indicó que J. M. es apto para el programa educativo inclusivo para el grado sexto. Pese a ello, señaló que su admisión al Colegio es inviable debido a su limitada capacidad en términos de infraestructura, recursos humanos y técnicos.
El 18 de abril de 2016, el Juzgado Ochenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por la demandante. El despacho judicial encontró que las actuaciones adelantadas por la Secretaría de Educación Distrital se ajustaron al ordenamiento jurídico. Sostuvo que la entidad demandada no ha dejado desprovisto a J.M. de la posibilidad de acceder a la educación, pues recurrió a todos los medios para brindarle el servicio escolar que requiere.
Mediante escrito de 25 de abril de 2016, la accionante solicitó revocar el fallo proferido en primera instancia. Para ello, insistió en que si bien la Secretaría demandada le ha brindado a su hijo cupos en diferentes colegios de la ciudad, también lo es que ninguna de estas instituciones presta el servicio educativo en condiciones de igualdad de oportunidades y de acceso a la inclusión escolar. Informó que J.M. fue remitido al Colegio Ricaurte (Concejo) IED el cual, de acuerdo con la consulta realizada por la tutelante sobre su Proyecto Educativo Institucional (PEI), no atiende a la población autista.
1. Para el despacho era preciso adoptar medidas provisionales en favor de J.M.C.C., pues pese a contar con las aptitudes académicas y médicas para continuar con su formación educativa, no había podido iniciar su grado sexto por diferentes motivos, entre ellos (i) la falta de cupo escolar e infraestructura. Adicionalmente, la educación ofrecida en los colegios implicaba la prestación del servicio (ii) en aula diferencial, esto es, apartado de los demás niños y niñas y en la jornada de la tarde, (iii) en planteles exclusivos para personas en condición de discapacidad o (iv) en instituciones que no atienden población con autismo.
“Primero. ORDÉNESE a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, (i) tome las medidas administrativas correspondientes para que el estudiante J.M.C.C. inicie su grado sexto en alguna institución educativa de Bogotá D.C. en la jornada de la mañana, sin que importe su naturaleza pública o privada en atención a que está iniciando el calendario B del año escolar. (ii) La vinculación se deberá realizar en un plantel con modalidad inclusiva, en donde cuente con apoyo de educación especial y a su vez pueda interactuar con pares de desarrollo típico sin déficit cognitivo y sin alteraciones de neurodesarrollo. Para tal fin, (iii) la Secretaría deberá garantizar el servicio de transporte, siempre que la distancia entre el plantel educativo y la residencia del niño lo amerite.
La Secretaría de Educación deberá (iv) remitir a la Corte Constitucional un informe acerca del cumplimiento de estas medidas dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta providencia. Frente al cumplimiento de las órdenes, no podrá oponer ningún tipo de obstáculo administrativo que pueda retrasar la prestación del servicio educativo de J.M.C.C.”.
3. De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Educación Distrital indicó que existen 414 estudiantes del Distrito, en el sector oficial, caracterizados con autismo. Frente al cumplimiento de las medidas provisionales, sostuvo que le asignaron un cupo escolar al niño J.M.C.C. en el Gimnasio Colombo Andino para cursar grado sexto en jornada completa y le concedieron, previo estudio, verificación del caso y cumplimiento de los requisitos señalados en la Resolución No. 1531 de 2014, el beneficio de movilidad escolar bajo la modalidad de subsidio de transporte.
La valoración psicomotora y del lenguaje arrojó que el niño tiene destreza en motricidad fina. Sin embargo, se sugiere que practique escritura y lectura para mejorar la ortografía. A su vez, se aseguró que el estudiante habla con fluidez, lee correctamente y, con ayuda, interpreta los contenidos de las lecturas intentando usar un orden lógico en las producciones textuales. Una valoración psicológica mostró las dificultades que tiene para la interacción social con los pares (lo cual es propio de su diagnóstico) y que tiene conductas estereotipadas marcadas. Frente a este último asunto, se pronosticó que con el acompañamiento y el proceso de terapia integral adecuados se influenciaría positivamente en el desarrollo del niño.
Con relación a las capacidades del desarrollo cognitivo de J.M., se dijo que reconoce e identifica las dimensiones de las nociones espaciales, volumen, peso y tamaño de los objetos a su alrededor y resuelve problemas de operaciones aritméticas básicas. Igualmente, se encontró que tiene creatividad al dibujar utilizando colores llamativos y realizando dibujos de tipo realista, identificando la figura humana. Tiene buenas nociones respecto al tiempo y durante las clases demuestra atención, lo cual facilita su concentración al momento de realizar actividades académicas.
a.La falta de oferta de instituciones educativas que garanticen procesos inclusivos reales y efectivos. Ello genera que los colegios que reciben estudiantes con TEA tengan sobre cupo y que los estudiantes asuman desplazamientos extensos para recibir la atención educativa sin que haya para ellos rutas escolares; b. desconocimiento de los ajustes y apoyos que requieren los estudiantes con TEA en el proceso escolar; c. no hay garantías suficientes en los procesos pedagógicos y asistenciales para esta población; d.las creencias equívocas que se tiene sobre las personas con TEA conllevan a su exclusión del sistema educativo; e.el Estado no ha realizado campañas de concientización para promover el respeto de los derechos de las personas con discapacidad; f. no hay protocolos para el manejo de las conductas desafiantes o disruptivas que puedan presentar las personas con TEA cuando el entorno no responde a sus necesidades.
6. El Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social – PAIIS manifestó que la acción de tutela interpuesta en favor de J.M.C.C. es procedente no solo por tener una doble calidad de sujeto de especial protección constitucional, sino porque busca evitar un perjuicio irremediable como es su desescolarización. Aseguran que la Secretaría de Educación Distrital está en la obligación de garantizar el acceso a la educación del niño en condiciones de igualdad a través de un programa que permita su inclusión y no en un programa excluyente como ha sucedido con las alternativas brindadas hasta el momento.
Finalmente, PAIIS manifestó que la solicitud del cupo en el Colegio República Bolivariana de Venezuela no responde a una cuestión preferencial de la madre del menor. Ello obedece a la capacidad que tiene la institución para contribuir en la formación inclusiva e integral de niños con autismo, lo cual no sucede con las otras instituciones que están bajo la supervisión de la Secretaría demandada. Lo anterior refleja la falta de capacidad de estas últimas instituciones en materia de educación inclusiva, pues este tipo de enseñanza resultó ser excepcional pese al deber que tienen dichos planteles de responder a las necesidades de todos sus estudiantes y de ofrecerles condiciones de igualdad y no discriminación.
7. La Fundación Konrad Lorenz cuestionó la efectividad de la respuesta brindada por la entidad demandada en la acción de tutela. Manifestó que para ofrecer el servicio educativo al menor se requiere de identificar sus condiciones o, en su defecto, debe mediar el concepto profesional de quienes conocen su proceso de desarrollo para darle continuidad a la adaptación social y educativa. Mencionó que se obvió el criterio de pertinencia y concordancia de las alternativas educativas brindadas por la Secretaría de Educación Distrital frente a las necesidades escolares especiales que tiene J.M.
8. La accionante M.M.C.R. mediante escritos presentados durante el trámite de revisión, expresó su anhelo por conseguir un cupo en el Colegio República Bolivariana de Venezuela para su hijo. Informó que, una vez tomada la medida provisional de protección, la Secretaría de Educación se comunicó con ella con el fin de concertar y examinar las mejores alternativas para satisfacer el derecho a la educación del menor.
Esta Corte es competente para revisar las decisiones judiciales descritas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, atendiendo a la selección y el reparto efectuados mediante auto de la Sala de Selección número Seis, notificado el 28 de junio de 2016.
2. Corresponde a la Sala Novena de Revisión determinar si la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y a la educación de J.M.C.C. Para tal fin, se debe establecer si las instituciones educativas ofrecidas para que el niño curse su grado sexto atienden sus necesidades particulares y prestan un apoyo personalizado y efectivo para su desarrollo académico y social.
El derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes
1. La Constitución Política de 1991 establece que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los de los demás. Frente a aquellos, la norma constitucional prevé que la familia, la sociedad y el Estado les corresponde el deber de asistirlos y protegerlos para garantizar tanto su desarrollo armónico e integral como el ejercicio pleno de sus derechos. La vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, el nombre, la nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, la cultura, la libertad para expresar sus opiniones y la educación, hacen parte de los derechos de los niños, cuyo carácter de fundamental está expresamente reconocido en la Constitución(2).
2. Entre tanto, el artículo 67 constitucional señala que la educación tiene una doble connotación. Por un lado, se trata de un derecho que tienen todas las personas y, por otro, un servicio público con función social que facilita el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores culturares(3). La jurisprudencia constitucional ha indicado que el derecho a la educación se presta para que los individuos se integren efectiva y eficazmente en la sociedad. A partir de allí, la Corte lo reconoce como un derecho de especial categoría y esencial para las personas, pues el conocimiento es inherente a la naturaleza humana. A su vez, la educación es el medio que permite el desarrollo y el perfeccionamiento del hombre a través del conocimiento(4). En ese sentido, la sentencia C-376 de 2010(5), destacó lo siguiente:
3. El Estado colombiano tiene diferentes compromisos internacionales relacionados con la protección del derecho a la educación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos(6) dispone que toda persona tiene derecho a la educación y a la gratuidad de una instrucción elemental y fundamental. También señala que el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Expresamente, el artículo 26 de la Declaración indica lo siguiente:
4. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)(7) prescribe el reconocimiento del derecho a la educación de toda persona por parte de los Estados que pertenezcan al Pacto. Allí se establece que la educación debe estar orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad; debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; debe orientarse a la capacitación de todas las personas para permitir su participación efectiva en un sociedad libre, entre otras condiciones. Con el objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación y en relación a la educación secundaria, el artículo 13 del Pacto contempla lo siguiente:
“La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”(8).
8. La Convención sobre los Derechos del Niño(9) alude a la protección del derecho a la educación. Allí se establece que los Estados Partes reconocen dicho derecho y que con el fin de que los niños puedan ejercerlo progresivamente y en condiciones de igualdad, deberán cumplir con lo siguiente:
La educación inclusiva como factor de integración de la población en condición de discapacidad. Marco legal y jurisprudencial de la educación inclusiva en Colombia
12. El estudio sobre la educación inclusiva se encuentra en la literatura especializada y su desarrollo se puede evidenciar tanto en el ordenamiento jurídico colombiano como en la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con el Índice de Inclusión(10), la educación inclusiva está concebida como “un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado”. Tales barreras se pueden encontrar en las mismas escuelas, en la comunidad y en la política pública local o nacional. En el Índice se pone de presente que existen muchos estudiantes que carecen de oportunidades en condiciones de igualdad frente a las demás personas y que no reciben un servicio educativo que se acompase con sus necesidades y características individuales.
13. Para la Corte(11), el entendimiento del concepto de educación inclusiva implica contrastarlo con el modelo de educación segregada que se identifica por tener una oferta educativa exclusivamente para personas en condición de discapacidad, y con la educación integrada la cual permite a las personas con diferentes niveles de capacidad acceder a un plantel regular para compartir espacios con estudiantes que no padecen de discapacidad como en las horas de descanso, almuerzo y salidas de la jornada escolar. En este último modelo persiste la diferenciación entre las personas con o sin discapacidad a la hora de impartir la enseñanza. Entendido lo anterior, la educación inclusiva busca que no haya un ambiente escolar de segregación y que todos los niños, niñas y adolescentes puedan estudiar y aprender juntos independiente de sus necesidades educativas.
14. En la Declaración de Salamanca(12) se identifica la necesidad de actuar para conseguir instituciones educativas que incluyan a todo el mundo, celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada cual. Las prestaciones educativas especiales es un problema que afecta a todos países. Por ello, la Declaración sugiere formar una estrategia de educación global con nuevas políticas, sociales y económicas y una reforma considerable en la educación ordinaria. Allí se promueve el deber de acoger a todos los niños, sin importar sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras, bajo el modelo de escuelas integradoras que desarrollen una pedagogía centrada en todos los niños y sean capaces de educarlos con éxito a través de una educación de calidad con el propósito de cambiar las actitudes de discriminación y crear comunidades que acojan a todos y sociedades integradoras.
Marco constitucional y los instrumentos internacionales que disponen de la educación inclusiva
15. De acuerdo con el artículo 13 de la Constitución de 1991, al Estado colombiano le corresponden las obligaciones de: (i) promover las condiciones para que el derecho a la igualdad sea real y efectivo; (ii) adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados; y (iii) proteger de manera especial a aquellas personas que se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta en atención a su condición económica, física o mental(13).
17. En el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante la Ley 1346 de 2009, establece en su artículo 24 el reconocimiento de los Estados Partes del derecho a la educación de las personas con discapacidad. La Convención contempla la obligación de los Estados de asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles y la enseñanza a lo largo de la vida para hacer efectivo el derecho a la educación sin discriminación y atendiendo la igualdad de oportunidades(14). Lo anterior, con los fines de:
19. La Organización de las Naciones Unidas aprobó, en Asamblea General del 20 de diciembre de 1993, las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Allí se identifican medidas encaminadas para lograr la igualdad de oportunidades en favor de las personas con discapacidad mediante la formulación de políticas públicas(15). Asimismo, se proclama por que la educación de los niños, jóvenes y adultos con discapacidad se materialice en entornos integrados y por que dicha educación haga parte del sistema de enseñanza de los Estados. Frente a este último aspecto, las Normas Uniformes prescribe que los Estados deberán:
“En situaciones en que el sistema de instrucción general no esté aún en condiciones de atender las necesidades de todas las personas con discapacidad, cabría analizar la posibilidad de establecer la enseñanza especial, cuyo objetivo sería preparar a los estudiantes para que se educaran en el sistema de enseñanza general. La calidad de esa educación debe guiarse por las mismas normas y aspiraciones que las aplicables a la enseñanza general y vincularse estrechamente con ésta. Como mínimo, se debe asignar a los estudiantes con discapacidad el mismo porcentaje de recursos para la instrucción que el que se asigna a los estudiantes sin discapacidad. Los Estados deben tratar de lograr la integración gradual de los servicios de enseñanza especial en la enseñanza general. Se reconoce que, en algunos casos, la enseñanza especial puede normalmente considerarse la forma más apropiada de impartir instrucción a algunos estudiantes con discapacidad”(16)
Marco legal de la educación inclusiva en Colombia
24. Esta última norma define al estudiante con discapacidad como aquel que presenta un déficit que se refleja en las limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar, lo cual le representa una clara desventaja frente a los demás, debido a las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que se encuentran en dicho entorno. El precitado Decreto enseña que la discapacidad puede ser de tipo sensorial, motor o físico, cognitivo u otras discapacidades que se caractericen por limitar significativamente el desarrollo intelectual y la conducta adaptativa o que afecten la capacidad de comunicación y de relación como sucede con el síndrome de Asperger, el autismo y la discapacidad múltiple(17). De igual forma, indica que la educación en favor del individuo con discapacidad debe atender los siguientes principios:
Soporte específico. Por el cual esta población pueda recibir atención específica y en determinados casos, individual y calificada, dentro del servicio público educativo, según la naturaleza de la limitación o de la excepcionalidad y las propias condiciones de accesibilidad, para efectos de la permanencia en el mismo y de su promoción personal, cultural y social”(18).
Definir, gestionar y mejorar la accesibilidad en los establecimientos educativos en lo relacionado con infraestructura arquitectónica, servicios públicos, medios de transporte escolar, información y comunicación, para que todos los estudiantes puedan acceder y usar de forma autónoma y segura los espacios, los servicios y la información según sus necesidades
26. Frente a los establecimientos educativos estatales, se prevé que adecuen su Proyecto Educativo Institucional (PEI) para que contemplen las estrategias, experiencias, y recursos docentes, pedagógicos y tecnológicos necesarios para prestar el servicio educativo a la población en condición de discapacidad. En caso de reportar la matrícula de estudiantes con discapacidad cognitiva, motora, síndrome de Asperger o con autismo, los planteles educativos deberán organizar, flexibilizar y adaptar el currículo, el plan de estudios y los procesos de evaluación atendiendo las condiciones que fije el Ministerio de Educación Nacional con dicho fin(19).
27. Finalmente, el Decreto 1075 de 2015 sostiene que la organización de la oferta educativa para las personas en condición de discapacidad o con talentos excepcionales está a cargo de las entidades territoriales certificadas(20). Para ello, deberán asignar el personal de apoyo pedagógico en los establecimientos educativos según las condiciones que presenten los estudiantes matriculados.
29. Por su parte, la Ley 361 de 1997 establece mecanismos de integración social en favor de las personas con limitación. Dispone el deber del Estado de garantizar a esta población el acceso a la educación en instituciones públicas y la capacitación en los niveles de primaria, secundaria, profesional y técnico. Expresamente, se indica que se dispondrá para las personas con limitación de una formación integral dentro del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales(21).
30. Del mismo modo, la Ley prescribe que todos los centros educativos deben contar con los medios y recursos para garantizar la atención educativa apropiada para las personas con limitación(22), que para acceder a dicho servicio nadie podrá ser discriminado en razón de su limitación y que el Gobierno Nacional deberá promover la integración de la población con limitación a través de las aulas regulares de los establecimientos educativos. Frente a estos últimos aspectos, el artículo 11 de la Ley 361 establece lo siguiente:
31. Por otro lado, el Código de la Infancia y la Adolescencia describe las diferentes obligaciones que tienen los planteles educativos a la hora de prestar el servicio de enseñanza. Una de estas obligaciones es la que tienen los directivos y docentes de los establecimientos y la comunidad educativa que cosiste en “[c]oordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con discapacidad”(23).
35. En la Sentencia T-443 de 2004(24) esta Corte analizó los derechos fundamentales de un niño de 8 años de edad diagnosticado con autismo infantil primario. Su psicóloga sugirió que debía integrarse en un ambiente escolar de educación especial con el objetivo de permitir su desarrollo y potencializar sus habilidades. Para tal fin, la madre del menor acudió a la Secretaría de Educación de Bogotá requiriendo un cupo en un establecimiento educativo público adecuado para las condiciones del menor, pues carecía de los recursos económicos para costear el servicio en un plantel de carácter privado.
41. En la providencia se señaló que el menor había cursado el nivel de prescolar con muchas capacidades a nivel cognitivo pero con dificultades en su comportamiento. Sus padres lo matricularon a una institución pública cuyo equipo de apoyo indicó que su desarrollo dependía de la integración en un aula regular en donde tuvo un desatacado nivel académico no siendo así con su comportamiento. En esa ocasión, la Sala de Revisión determinó que la Secretaría de Educación debía asignar el personal de apoyo pedagógico en los establecimientos educativos distritales, según las condiciones que tuvieran sus estudiantes, de acuerdo con el Decreto 366 de 2009(25). Por ende, amparó el derecho fundamental a la educación inclusiva del niño y ordenó a la entidad demandada la designación del personal de apoyo pedagógico en la institución educativa distrital en donde estudiaba el menor.
42. En la Sentencia T-847 de 2013(26) la Corte Constitucional abordó los hechos presentados por una madre cuyo hijo de 13 años de edad padecía de "autismo, “síndrome de asperger”" y había sido retirado de un plantel educativo debido a que su comportamiento de hiperactividad ocasionaba problemas con los demás estudiantes. En razón de lo anterior, la demandante acudió a la Secretaría de Educación de Bogotá con el fin de ubicar a su hijo en un plantel educativo siendo remitida a la Secretaría de Integración Social.
47. M.M.C.R. considera vulnerados los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de su hijo J.M.C.C., debido a que la Secretaría de Educación de Bogotá no ha tomado las medidas para que su hijo inicie el bachillerato en un colegio que se adecue a sus necesidades particulares. J.M. tiene doce años de edad, presenta un diagnóstico de síndrome de Asperger y el área de psiquiatría le recomendó su escolarización en una institución con modalidad inclusiva.
50. El Colegio Distrital República Bolivariana de Venezuela indicó que la admisión de J.M. en la institución es inviable debido a que es limitada su infraestructura, recursos humanos y técnicos. Afirmó que atienden a más de 80 escolares con autismo y trastornos del desarrollo y a 300 estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial y que tienen un sobrecupo que generó el cierre de sus admisiones.
51. Por su parte, el Juzgado Ochenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá concluyó que la entidad demandada no ha dejado desprovisto a J.M. de la posibilidad de acceder a la educación. M.M.C.R. impugnó la decisión argumentando que el PEI del Colegio Ricaurte (Concejo) IED, al que fuera remitido su hijo, no atiende a la población autista. El Juzgado Once Penal del Circuito con Función de Conocimiento confirmó la decisión emitida por el a quo señalando que la entidad accionada le asignó un cupo en este último Colegio, pese a no ser el de la preferencia de la actora.
52. En sede de revisión, la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. indicó que existen 414 estudiantes en el Distrito, en el sector oficial, caracterizados con autismo y que, en cumplimiento de las medidas provisionales tomadas por esta Sala, le asignaron un cupo escolar a J. M. en el Gimnasio Colombo Andino, luego de una valoración psicopedagógica, así como, previo estudio y verificación del caso, el subsidio de transporte. El Ministerio de Educación cuestionó a la Secretaría demandada pues, según los hechos expuestos, no cuenta con instituciones educativas preparadas para atender niños, niñas y jóvenes con autismo distintas al Colegio República Bolivariana de Venezuela.
54. La Fundación Konrad Lorenz manifestó que para brindar el servicio educativo al menor se requiere identificar sus condiciones o, en su defecto, debe mediar el concepto profesional y refirió que el marco legal colombiano sobre la educación para la población con discapacidad supera el marco de acción. M.M.C.R. precisó que la Secretaría ordenó la escolarización del niño en el Gimnasio Colombo Andino en donde no se brinda una "real" educación inclusiva, hay hacinamiento de población en condición de discapacidad, su personal no realiza el proceso pedagógico según las necesidades de cada estudiante, que su hijo ha tenido episodios de matoneo y está estudiando con 25 compañeros de los cuales 18 tienen NEE.
55. Esta Sala de Revisión encuentra que la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. desconoció el marco internacional, constitucional, legal y jurisprudencial a la hora de prestar el servicio educativo que requiere J. M.C.C. Lo anterior obedece a una problemática en la implementación de la educación inclusiva en la ciudad de Bogotá tal como se verá más adelante.
56. Para esta Corte es claro que a J.M. le asiste el derecho a la educación inclusiva pues su médico le recomendó la escolarización en una institución educativa con dicha modalidad, en donde tenga apoyo especial y pueda interactuar con pares sin déficit cognitivo y sin alteraciones de neurodesarrollo. La recomendación está encaminada a que el menor tenga modelos positivos para favorecer el desarrollo de habilidades sociales(27). Las actitudes para que el niño continúe sus estudios en el grado sexto fueron validadas por los planteles educativos Colegio Distrital República Bolivariana(28) y el Gimnasio Colombo Andino(29) luego de realizar las correspondientes valoraciones.
57. Para la Corte, la actividad desarrollada por la Secretaría demandada, a la hora de fijar un cupo escolar para J.M., no solo desconoció su calidad de sujeto de especial protección constitucional reforzada en atención a su edad y a su padecimiento de síndrome de Asperger, sino que no garantizó el derecho que tiene de recibir una enseñanza sin discriminación atendiendo la igualdad de oportunidades a través de un modelo de educación inclusiva. Ello, por cuanto remitió a la accionante de manera infructuosa a diferentes instituciones educativas de la capital. Inicialmente al Colegio República Bolivariana de Venezuela en donde carecían de cupos escolares y de infraestructura suficiente, al Colegio Hermanos Beltrán, en donde la prestación del servicio educativo sería de manera apartada de los demás niños. Posteriormente, al colegio Gimnasio Nueva Villa Mayor, en donde, aduce la accionante, se capacita exclusivamente a personas en condición de discapacidad, y al Colegio Ricaurte (Concejo) IED, cuyo PEI, según lo determinó la actora, no prevé la atención a la población con autismo.
58. Algunas alternativas educativas ofrecidas implicaban la segregación de J.M. por cuanto, por un lado, en el Colegio Hermanos Beltrán la prestación del servicio educativo de los niños con discapacidades se realiza de manera apartada de los demás niños (educación integrada) y, por otro, en el Gimnasio Nueva Villa Mayor se capacita exclusivamente a individuos en condición de discapacidad (educación segregada). Tales alternativas desconocen la posibilidad que tienen todos los niños, niñas y adolescentes de estudiar y aprender juntos independientemente de sus necesidades educativas, esto es, a través de un modelo de educación inclusiva cuyo objetivo es el desarrollo académico y social de los estudiantes con discapacidad.
60. Frente a lo anterior, la Sala encuentra que la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. se limitó a remitir a M.M.C.R. al Colegio Ricaurte (Concejo) IED y no previó que el PEI del plantel se ajustara a los requerimientos educativos de J. M. De no ajustarse, a la Secretaría le correspondía brindar la asistencia necesaria al plantel para garantizar la adecuada atención escolar para el niño. Pese a ello, no lo hizo.
61. En atención a que el niño J. M. se encuentra cursando el grado sexto en el Gimnasio Colombo Andino, en cumplimiento de las medidas provisionales adoptadas, esta Sala de Revisión ordenará a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C. que, atendiendo las consideraciones expuestas en esta sentencia, implemente las medidas necesarias para que dicho plantel garantice la educación inclusiva que requiere J.M. Para tal fin, es indispensable que este último pueda estudiar y aprender junto con los estudiantes que no tengan discapacidades, en las proporciones y condiciones que determina el Decreto 1075 de 2015 y que le aseguren un servicio educativo que se acompase a su diagnóstico de síndrome de Asperger.
62. Por otro lado, la determinación de un cupo escolar para J.M.C.C. refleja que no hay un plan adecuado que garantice la educación inclusiva en Bogotá. Esta Corte encuentra diferentes elementos para concluir que este tipo de educación se brinda de manera excepcional en detrimento de lo estipulado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución Política del 91, la Ley 361 de 1997 y el Decreto 1075 de 2015, pues la Secretaría demandada argumentó que la cobertura de la educación inclusiva obedece a la demanda de cupos que haya en la ciudad de Bogotá. Una vez determinada dicha demanda, afirmó la Secretaría, se tienen en cuenta las variables que muestran la necesidad de continuar con la oferta, los requerimientos de personal, la infraestructura y la eventual contratación con oferentes privados.
65. Cabe resaltar que la normatividad en materia de educación inclusiva, según se vio en la parte considerativa de esta sentencia, está encaminada, entre otras cosas, a que el sistema público cuente con la capacidad de incorporar a estudiantes con necesidades educativas especiales. Ello implica que todos los establecimientos de enseñanza puedan atender a dicha población para lo cual deben contar con los apoyos pedagógicos y tecnológicos. Contrario a lo anterior, y según la atención brindada a J. M. por parte de la Secretaría de Educación de Bogotá, son algunos los establecimientos de la capital en los que se está impartiendo la educación inclusiva.
66. Frente a lo anterior, se resalta que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad le impone al Estado colombiano la obligación perentoria de asegurar un sistema educativo inclusivo en todos los niveles para hacer efectivo el derecho a la educación sin discriminación(30). Ello se obtiene siempre que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad de la ciudad de Bogotá no queden excluidos de la enseñanza primaria y secundaria en razón a su misma condición de discapacidad. De no actuar conforme a ello, se dejaría sin efecto el derecho a recibir educación de dicha población de la capital.
67. Del mismo modo, la Convención atribuye el deber de tomar las medidas pertinentes para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas en condición de discapacidad. Puntualmente, el instrumento internacional indica que, frente a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados tienen el compromiso de "adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional"(31).
i) asegurar que los niños, niñas y adolescentes con NEE puedan acceder a cualquier institución educativa distrital cuya escogencia obedezca a factores como la cercanía del plantel con la vivienda del estudiante; (ii) garantizar que los establecimientos educativos distritales adecuen su PEI para contemplar estrategias, experiencias, y recursos docentes, pedagógicos y tecnológicos necesarios para prestar el servicio educativo a la población con NEE; (iii) asegurar que cuando en dichas instituciones se matriculen estudiantes con NEE sus grupos estén conformados por un máximo del 10% de estudiantes con discapacidad cognitiva (Síndrome Down y otras condiciones que generen discapacidad intelectual, Síndrome de Asperger y autismo), y un máximo del 20% cuando los estudiantes tengan discapacidad sensorial o discapacidad motora; (iv) prestar asistencia técnica y pedagógica a los establecimientos educativos distritales que reporten matrículas de estudiantes con NEE. (v) En todo caso, la Secretaría de Educación de Bogotá deberá implementar un plan de acción que prevea una oferta educativa en favor de la población con NEE con miras a hacer efectivo su derecho a la educación sin discriminación y/o marginación, sobre la base de la igualdad de oportunidades y con miras a materializar su participación en la sociedad de manera efectiva.
PRIMERO: LEVANTAR las medidas provisionales ordenadas mediante Auto de 14 de julio de 2016.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Once Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá el 3 de mayo de 2016, que a su vez confirmó la decisión del Juzgado Ochenta y Uno Penal Municipal con Función de Control de Garantías y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad de J.M.C.C.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, implemente las medidas necesarias para que el Gimnasio Colombo Andino garantice el derecho a la educación inclusiva de J.M.C.C. Para tal fin, es necesario que J.M. pueda estudiar y aprender junto con los estudiantes que no tengan discapacidades en las proporciones y condiciones que determine el Decreto 1075 de 2015 y le aseguren un servicio educativo que se acompase a su diagnóstico de síndrome de Asperger.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría de Educación de Bogotá D.C que, en el término de tres meses, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, implemente un plan de acción tendiente a que la educación inclusiva del Distrito Capital se materialice de conformidad con las consideraciones expuestas en esta sentencia. Especialmente, la Secretaría deberá atender la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 361 de 1997 y el Decreto 1075 de 2015. Esto con base en los criterios expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO: INVITAR a la Personería de Bogotá D.C. y a las Defensorías Delegadas para la Infancia la Juventud y Adulto Mayor y para los Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Defensoría del Pueblo para que acompañen y hagan seguimiento a la implementación del plan de acción descrito en la orden anterior. Esto sin perjuicio de la función legal de monitoreo del cumplimiento del fallo, asignado por el Decreto Ley 2591 de 1991 al juez de tutela de primera instancia.
Maagistrados: Luis Ernesto Vargas Silva—María Victoria Calle Correa—Luis Guillermo Guerrero Pérez.
1 The Neurochemical Basis of Autism. From Molecules to Minicolumns. Gene J. Blatt Editor. Laboratory for Autism Neuroscience Research Department of Anatomy and Neurobiology Boston University School of Medicine. ISBN 9781441912718, 9781441912725. New York: Springer, 2010. El síndrome de Asperger forma parte de los Trastornos del Espectro Autista (TEA). El autismo es un trastorno del comportamiento descrito por primera vez en 1943 por el psiquiatra austriaco Leo Kanner. La definición de autismo ha evolucionado desde entonces. Actualmente está clasificado dentro de una categoría de Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) y gracias al avance en su investigación se ha hecho común la denominación Trastorno de Espectro Autista (TEA) para hacer referencia al autismo. Este trastorno ha sido catalogado como el más común en el mundo y es cuatro veces más frecuente en los hombres que en las mujeres. El autismo es hereditario y su causa es de origen genético. Las personas que padecen de autismo se caracterizan por tener interacción social atípica, retraso y desorden en el lenguaje y porque su repertorio de actividades e intereses es restringido. Los síntomas pueden variar relativamente desde sutil a muy grave.
2 El artículo 44 de la Constitución Política señala lo siguiente: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. // La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. // Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
3 Ver Sentencia T-196 de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
4 Ver sentencias T-202 de 2000 (MP. Fabio Morón Díaz), T-056 de 2011, T-390 de 2011 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio) y T-281A de 2016 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
5 Sentencia C-376 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
6 THE STATUS OF THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS IN NATIONAL AND INTERNATIONAL LAW. Hurst Hannum. GA. J. INT'L & COMP. L. Vol 25:287. Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un tratado internacional que genere compromisos, también lo es que en el plano internacional ha sido considerado como el primer instrumento de consulta a la hora de identificar el contenido actual del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).
7 El Pacto fue aprobado mediante la Ley 74 de 1968, “por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966””.
8 Ver Literal b), Numeral 2, Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
9 La Convención ingresó al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 12 de 1991, "Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989".
10 Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE) y UNESCO. Índice de Inclusión. Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escuelas. CSIE Ltd. ISBN. 1872001-82-3. Bristol UK 2000.
11 Ver Sentencia T-051 de 2011 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio).
12 DECLARACIÓN DE SALAMANCA. Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales. Aprobado por la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad. Salamanca, España, 7-10 de junio de 1994. La Declaración de Salamanca ha sido un valioso instrumento que ha servido como directriz en la comunidad mundial para promover y desarrollar la educación inclusiva. Sin embargo, la Declaración no es una norma de derecho internacional.
13 El artículo 13 de la Constitución Política dispone lo siguiente: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. // El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. // El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
14 Ver artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
15 ONU. Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/48/627)] 48/96. Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
17 Decreto 1075 de 2015. Artículo 2.3.3.5.1.1.2. Definiciones.
18 Decreto 1075 de 2015. Artículo 2.3.3.5.1.1.3. Principios generales.
19 Decreto 1075 de 2015. Artículo 2.3.3.5.1.3.6. Atención a estudiantes con discapacidad cognitiva, motora y autismo.
20 Decreto 1075 de 2015. Artículo 2.3.3.5.1.3.11. Organización de la oferta.
21 Artículo 10 de la Ley 361 de 1997.
22 Artículo 13 de la Ley 361 de 1997. “Parágrafo.- Todo centro educativo de cualquier nivel deberá contar con los medios y recursos que garanticen la atención educativa apropiada a las personas con limitaciones. Ningún centro educativo podrá negar los servicios educativos a personas limitadas físicamente, so pena de hacerse acreedor de sanciones que impondrá el Ministerio de Educación Nacional o la Secretaría de Educación en las que delegue esta facultad, que pueden ir desde multas sucesivas de carácter pecuniario de 50 a 100 salarios mínimos legales mensuales hasta el cierre del establecimiento. Dichos dineros ingresarán a la Tesorería Nacional, Departamental o Municipal según el caso”.
23 Ley 1098 de 2006. Artículo 44.
24 Ver Sentencia T-443 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández).
25 Decreto 366 de 2009. “Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva”.
26 Ver Sentencia T-847 de 2013 (MP. Nilson Pinilla Pinilla).
27 Ver folio 13 del cuaderno principal. El especialista en pediatría infantil, adscrito a la Clínica de Nuestra Señora de la Paz, hace las señaladas recomendaciones.
28 A folio 30 del cuaderno principal, se encuentra el concepto de valoración psicopedagógica de J. M., elaborado por el Colegio Distrital República Bolivariana de Venezuela.
29 A folio 74 del cuaderno No. 2, reposa la valoración psicopedagógica realizada a J.M. por parte del Gimnasio Colombo Andino.
30 Ver artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
31 Ver numeral 2º del artículo 4º de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

References: Resolución 
 artículo 67
 artículo 26
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 24
 artículo 11
 artículo 44
 Artículo 13
 artículo 13
 artículo 24
 Resolución 
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 2
 Artículo 10
 Artículo 13
 Artículo 44
 artículo 24
 artículo 4