Source: https://www.scribd.com/document/176750147/FORMAL-DENUNCIA-PRESENTADA-A-DRA-LUISA-ORTEGA-DIAZ-FISCAL-GENERAL-DE-LA-REPUBLICA-BOLIVARIANA-DE-VENEZUELA
Timestamp: 2018-01-21 21:43:14+00:00

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FORMAL DENUNCIA PRESENTADA A DRA. LUISA ORTEGA DIAZ FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
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Description: FORMAL DENUNCIA y en consecuencia solicitud que se ordene iniciar investigación en contra de los ciudadanos: RAFAEL RAMIREZ (PRESIDENTE DE PDVSA), JESUS LUONGO (GERENTE DEL CRP AMUAY), OMAR BRAVO (...
FORMAL DENUNCIA y en consecuencia solicitud que se ordene iniciar investigación en contra de los ciudadanos: RAFAEL RAMIREZ (PRESIDENTE DE PDVSA), JESUS LUONGO (GERENTE DEL CRP AMUAY), OMAR BRAVO (SUB.GERENTE DE AMUAY ) y LA JUNTA DIRECTIVA DE PDVSA; por los hechos relacionados a la tragedia de Amuay, el mayor complejo refinador del país, ocurrida en agosto del 2012.Venezuela.
CIUDADANA: DRA. LUISA ORTEGA DIAZ FISCAL GENERAL DE LA VENEZUELA. SU DESPACHO.
Nosotros, IVAN FREITES, titular de la cédula de identidad N° 9.502.107, JUAN COLINA titular de la cédula de identidad N°15.592.943, MIGDALIA ZARRAGA titular de la cédula de identidad N° 4.526.302, NELLY DIAZ titular de la cédula de identidad N° 3.681.596, SOFIA PACHANO 4.176.686, FRANKLIN CHUELLO titular de la cédula de identidad N° 9.585.363, MILAGROS HERMOSO titular de la cédula de identidad N° 20.797.736, TEOFILO BRACHO titular de la cédula de identidad N° 3.682.891, MAYERLIN LUGO titular de la cédula de identidad N° 17.840.254, INGRID JARA titular de la cédula de identidad N° 10.969822, FRANYIS PETIT titular de la cédula de identidad N° 22.604.373, ENGELBERTH DELGADO titular de la cedula de identidad N° 11.182.131, CARMEN DE DELGADO titular de la cedula de identidad N° 3.726.460, ANIBAL DELGADO titular de la cedula de identidad N° 3.219.659, LORENZO DIAZ titular de la cedula de identidad N° 4.179.585, BRIGIDA DE DIAZ titular de la cedula de identidad N° 7.529.977 y ALBERTO TUA 2.861.333; y asimismo nosotros: MARIA CORINA MACHADO titular de la cédula de identidad N°6.914.799 (Miranda), AMERICO DE GRAZIA titular de la cédula de identidad N°5.339.752 (Bolívar), WILLIAM DAVILA titular de la cédula de identidad N° 3.030.368 (Mérida) , LEOMAGNO FLORES titular de la cédula de identidad N°3.623.607 (Táchira), ELIEZER SIRIT titular de la cédula de identidad N° 5.297.387 (Falcón), JOSE GREGORIO CONTRERAS
titular de la cédula de identidad N° 8.641.628 (Sucre), ABELARDO DIAZ titular de la cédula de identidad N° 9.237.854 (Táchira), LUIS BARRAGAN titular de la cédula de identidad N° 5.596.947 (Aragua), OMAR GONZALEZ titular de la cédula de identidad N° 3.660.086 (Anzoátegui) y HOMERO RUIZ titular de la cédula de identidad N° 15.859.452 (Táchira) ,venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad números, Diputados a la Asamblea Nacional, debidamente asistidos en este acto por los ciudadanos JOSE AMALIO GRATEROL Y THELMA FERNANDEZ, abogados en ejercicio y de este domicilio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 66.6605 y 76.096, respectivamente, con el debido acatamiento ocurrimos ante usted conforme a lo establecido en el artículo 51 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 267 y 268 del Código Orgánico Procesal Penal y en relación a nosotros los diputados atendiendo a los Deberes que nos impone el artículo 13 del Reglamento Interno y de Debates, a los fines de interponer FORMAL DENUNCIA y en consecuencia solicitarle que se ordene iniciar investigación en contra de los ciudadanos: RAFAEL RAMIREZ (PRESIDENTE DE PDVSA), JESUS LUONGO (GERENTE DEL CRP AMUAY), OMAR BRAVO (SUB.GERENTE DE AMUAY ) y LA JUNTA DIRECTIVA DE PDVSA; por los hechos relacionados a la tragedia de Amuay, el mayor complejo refinador del país, ocurrida en agosto del 2012. DE LOS HECHOS
El 25 de agosto de 2012 en la Refinería de Amuay sucedió un hecho lamentable, en donde una explosión de los gases acumulados por la fuga de propano causó una onda expansiva de
gran magnitud que provocó la muerte de múltiples personas y de 5 desaparecidos, además de todos los daños materiales generados no solo a las múltiples victimas, sino también a la Empresa PDVSA, y de la cual hasta la fecha no ha habido un informe oficial de la misma, de manera que ello nos permite DENUNCIAR la omisión por parte de los ciudadanos antes mencionados, quienes para el momento de los hechos ejercían dentro de la Industria Petrolera cargos de gran relevancia. De igual forma denunciamos la desidia del Estado y sus órganos de investigación por no cumplir con el deber de investigar de manera seria y objetiva los referidos hechos para establecer la verdad de los mismos y las posibles responsabilidades de los funcionarios anteriormente mencionados o de cualquier otra persona que resulte responsable de acuerdo a la investigación que se realice, siendo que los hechos que tuvieron lugar en fecha 25 de agosto del año 2012, generaron grandes pérdidas humanas, así como también daños materiales a gran escala, como se apunto precedentemente, que necesariamente deben ser investigados. Ahora bien, consideramos tanto los trabajadores y particulares que suscribimos la presente denuncia, como los Diputados que igualmente la suscriben, que existen suficientes elementos que de manera fehaciente indican que tales ciudadanos tienen responsabilidad en los hechos denunciados y esa presunción razonada y fundada parte de varios supuestos y no de un capricho nuestro, así como tampoco de una guerra campal de idealismo políticos opuestos, sino más bien de elementos serios que nos permiten precisar que en los hechos narrados si existe responsabilidad por parte de los ciudadanos
RAFAEL RAMIREZ (PRESIDENTE DE PDVSA), JESUS LUONGO (GERENTE DEL COMPLEJO REFINADOR PARAGUANA AMUAY Y DIRECTOR DE REFINACION), OMAR BRAVO (SUB.GERENTE DE AMUAY ) y LA JUNTA DIRECTIVA DE PDVSA, y uno de ellos lo conforma las declaraciones que el ciudadano WILLS RANGEL, Director externo de PDVSA y Presidente de La Federación Única de Trabajadores Petroleros, ofreció en fecha 20 de agosto de 2013 al Diario El Nacional acerca de lo ocurrido en el caso Amuay, señalando que: “…lo que hubo fueron fallas mecánicas y técnicas. No humanas ya que los trabajadores cumplieron con sus lineamientos…” Así mismo aseguro dicho ciudadano en el mismo Diario, en fecha posterior, que: “…hay una política de negación de la participación de la clase obrera, la federación, los sindicatos, delegados del Instituto de Prevención, salud y seguridad laboral y el gerente de Refinación ha impedido la Inspección en Amuay y otras refinerías…” De manera que, conforme a tal aseveración entendemos que la falsa tesis del sabotaje se desvanece y cobra valor la de la negligencia e impericia de los operadores, la falta de actuación por parte del personal de higiene y seguridad de la empresa, ante eventos catastróficos como el ocurrido, como también la falta de acción ante los hechos descritos. Y difícil es pensar que bajo esa óptica y tal y como se desarrollaron estos hechos, no se ha tomado iniciativa alguna para alcanzar la verdad y definir
responsabilidades en los mismos; muy a pesar de la magnitud del daño causado. Por otro lado es un hecho público, notorio y comunicacional, los diversos testimonios de los habitantes adyacentes al lugar de la Refinería de Amuay, quienes aseguran entre otras cosas, haber olfateado un olor característico a gas muy fuerte, desde hacía casi dos días, antes del desastre, que les indicaba a estas personas, sin duda, que algo irregular estaba pasando. Asimismo debemos precisar, que ya habían ocurrido varios antecedentes de escape de gas en junio del mismo año, en el mismo sitio donde ocurrió la explosión y es de advertir que testimonios sustentan esa tesis en tanto que las victimas ingresaron al Centro de salud cercano, con trajes protectores apropiados al evento, lo cual sin lugar a dudas nos hace pensar que tales personas, trabajadores y operadores en ese momento de la Refinería, pudieron advertir dicha fuga y en tal sentido se aprovisionaron de un traje protector, pero sin embargo no lograron salir ilesos de tal tragedia. Eso se da por confirmado por los médicos de guardia y personal de la clínica que recibió a los heridos y fallecidos, quienes aseguran los mismos portaban dicha vestimenta. Vemos entonces que un elemento se va haciendo concordante al otro y nos sirve de sustento en cuanto a la presunción seria y fundada de que tales hechos se produjeron a consecuencia de la impericia, y negligencia de quienes tenían la responsabilidad de operar, supervisar, dirigir la Refinería para aquel entonces. En tal sentido atribuirle culpabilidad a un
sabotaje es una hipótesis burda e irresponsable ante toda la población de Falcón y ante Venezuela entera y lleva al Estado a incurrir en violaciones del texto constitucional, por cuanto no le ha dado al desastre de Amuay la importancia debida y mucho menos la protección a que está obligado todo ciudadano, mas aun cuando se ve vulnerados en sus derechos e intereses.
Y consonó a todo ello, referimos un importantísimo informe suscrito por el Departamento de Manufactura del Think-Thank- Coener, y que anexamos a la presente denuncia, en el que se concluyó entre otras cosas:
“Entre los resultados más relevantes de la investigación realizada, destacan los siguientes: 1) La explosión fue causada por la ignición de una nube de gas creada por un escape incontrolado de Olefinas (componentes inflamables producidos en el proceso de refinación), cuya causa más probable fue el colapso del sello mecánico de una o más de las bombas P-200 A/B/C, ubicadas al pie de las esferas TK 208 y 209, en el área de almacenamiento del Bloque B23 de la Refinería Amuay. La referida nube de gas se esparció en un área extensa, originando el fenómeno denominado “explosión de una nube de gas en un espacio no confinado”. 2) De acuerdo a testimonios de vecinos de la zona, así como por mensajes y declaraciones de trabajadores y responsables de una de las empresas privadas afectadas por la explosión e incendio, se determinó la presencia de gas en el ambiente varias horas antes de la explosión. Según las declaraciones y los registros de actuación del personal de la Refinería, se confirmó la presencia de una fuga incontrolada de gas en el Bloque 23, aproximadamente a las 12 de la noche del día viernes 24 de agosto de 2012. Sin embargo, no se activaron alarmas ni se tiene conocimiento de acción alguna para llevar a cabo el desalojo de las áreas adyacentes. Entretanto, las únicas acciones que se tomaron consistieron en tratar de bloquear válvulas y equipos en forma manual en sitio de la fuga,
resultando todas ellas infructuosas dada la magnitud del escape y las altas concentraciones de gas en el ambiente. 3) Existen antecedentes de escapes de gas e incendios en los equipos de bombeo antes mencionados. De igual modo, uno de los informes de la empresa aseguradora documenta la ocurrencia de aproximadamente 100 incendios en el CRP durante el año 2011, la mayoría de éstos aún pendientes por investigación. En general, los indicadores de accidentalidad de PDVSA durante los últimos años muestran una tendencia creciente, con cifras significativamente altas y muy superiores a los promedios internacionales. Esta situación evidencia la pérdida de la Cultura de Seguridad, Salud y Ambiente necesaria para operar, de manera responsable, instalaciones de la magnitud y complejidad de la industria petrolera. 4) El incendio se extendió hacia varios de los tanques de hidrocarburos líquidos del área del Bloque 23 y 24. Esto probablemente se debió a una fuga de gases, producidos por la vaporización de parte de los hidrocarburos allí contenidos, a través de los sellos mecánicos defectuosos de los techos flotantes y a la falta de enfriamiento oportuno de los tanques que se encontraban en los alrededores del área afectada. 5) Inadecuado manejo de la contingencia en cuanto a las acciones y medidas tomadas en la zona por parte de PDVSA y los cuerpos de atención de emergencias, durante la operación de detección de la fuga de gas antes de la explosión, posterior control y extinción del incendio y atención de las personas afectadas. 6) Las fallas detectadas en el plan de evacuación probablemente hayan incidido en el incremento del número de víctimas. 7) Se evidenció incumplimiento de la LOPCYMAT, normas PDVSA y prácticas de control de contingencias en el manejo deficiente del operativo durante el combate del incendio en los tanques de hidrocarburos líquidos.
8) El costo total estimado de los daños ocasionados por la explosión e incendio se calculó en el orden de 1.835 millones de US$, discriminados en los siguientes aspectos:
(por pérdidas en producción)
9) Los registros de los accidentes que se han podido documentar, ocurridos en PDVSA posteriormente al 25 de Agosto de 2012, evidencian que en esta empresa no se han tomado medidas efectivas a fin de reducir los niveles de riesgo y accidentalidad en sus operaciones..”.
Dicho informe fue redactado por más de 30 especialistas en el área de refinación, de mantenimiento, de confiabilidad operacional, abogados y demás expertos en la materia quienes describen la forma en la que se produce la explosión y se explica que fue a consecuencia de la ignición de nubes, que se origina por el colapso del sello mecánico de 1 o mas bombas ubicadas al pie de las esferas del Bloque B23. La expansión de la nube en medio de la extensa área, originó la explosión. Y bajo la verificación o constatación de la fuga de gas detectada, lo único que se hizo fue tratar de bloquear las válvulas y equipos en forma manual, lo cual no fue lo adecuado por cuanto la magnitud del escape era considerable. De todo lo expuesto, lo más grave es que ese tipo de catástrofe, tal y como igualmente se señala en el referido informe, han ocurrido en otras oportunidades pero con menor
intensidad, por lo que constantemente en la refinerías se producen incendios como por ejemplo los diversos que ocurrieron desde el año 2005, con la explosión que hubo en la planta de alquilacion II de la Refinería de Cardón y que causo 5 muertos, y debemos señalar que ninguno de ellos han sido investigados. Es por ello que acudimos a usted, para que de acuerdo a sus facultades de ley ordene el inicio de la presente investigación para preservar los derechos de innumerables victimas que sufrieron pérdidas de familiares, 5 de ellos que aun no han aparecido, graves lesiones y daños materiales, quedando muchas familias sin viviendas producto del inadecuado manejo de la Refinería, al no cumplirse con el debido mantenimiento de los equipos, al no invertirse en los mismos, como tampoco en técnicas operativas calificadas y al no contar con un personal técnico y de supervisión capacitado que garantizara el adecuado funcionamiento de esa Refinería y muchas más del país, cabe destacar nuevamente, que esas no son conclusiones extraídas por nosotros, sino más bien de diversas personalidades y funcionarios, como empleados que han alertado la situación o han hecho referencia de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, es de citarse lo expuesto por el ciudadano FRANCISCO LARRAÑAGA Ex Subgerente del Centro Refinador Paraguana, quien es de los que piensa: que la tragedia fue producto de una negligencia Gerencial y que efectivamente pudo evitarse debido a que la extensión de la nube de gas duro más de una hora en su extensión y de no haberse empleado el mal manejo operacional, como además el fatal manejo de la contingencia y emergencia y finalmente el inadecuado y erróneo manejo del incendio, esa tragedia no hubiese ascendido a las escalas que
ascendió dejando las innumerables víctimas fatales, lesionados, desaparecidos y las perdidas ya señaladas. En tal sentido, teniendo en nuestras manos tales elementos y siendo los mismos del conocimiento público es inconcebible desde todo punto de vista, que no se haya aperturado la investigación en este caso, debido a que diversas situaciones y criterios ya han advertido lo ocurrido en Amuay, nos preguntamos, acaso no es negligencia e impericia el haber actuado inadecuadamente ante el evento ocurrido en la Refinería y no se establecen responsabilidades en tanto a que es deber el socorro a las víctimas de una tragedia?.
En este sentido ciudadana Fiscal General del Ministerio Publico, es evidente que nos encontramos en presencia de una serie de delitos de acción pública, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como lo son los delitos de: DAÑOS CONTRA EL PATRIMONIO PUBLICO, previsto y sancionado en el artículo 53 de la Ley contra la Corrupción, por haberse causado un severo daño la empresa estatal PDVSA, la cual evidentemente se trata de un Patrimonio Público, el principal que tiene nuestro País, cuyo daño se calculó en el orden de los 1835 millones de dólares, entre Activos de la Corporación, Pérdidas de Inventario en Refinería Amuay, Lucro cesante en Refinería Amuay (por pérdidas en producción), Control y Extinción del Incendio, Daños a Terceros, Indemnización a Víctimas y Daños Ambientales; entre los daños a las
instalaciones, podemos mencionar el de la planta 5, la cual duro 10 meses sin paralizada, lo que ocasionó una cantidad mucho menor de combustible causando un evidente daño a todos los ciudadanos que habitamos en este país; EMISION DE GASES TOXICOS, delito previsto y sancionado en el artículo 44 de la Ley Penal del Ambiente, por cuanto debido a una evidente negligencia e inobservancia de los reglamentos, se permitió el escape de gases en cantidades capaces de contaminar el aire y en consecuencia capaces de causar trastornos graves o la muerte de un ser vivo, HOMICIDIO POR CAUSA DE VIOLACION DE NORMATIVA LEGAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO previsto y sancionado en el artículo 131 de la LOTCYMAT y HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal, por la negligencia e inobservancia de los reglamentos que hubo por parte de los funcionarios responsables, debido al mal manejo operacional, el incorrecto manejo de la contingencia y emergencia así como el inadecuado y equivocado manejo del incendio, lo cual causó la muerte de más de 40 seres humanos, entre ellos efectivos militares, LESIONES PERSONALES CULPOSAS, previsto y sancionado en el articulo 420 ejusdem, por cuanto producto de la misma negligencia e inobservancia de los reglamentos, resultaron lesionadas con graves quemaduras, más de 130 personas cuyos datos reposan en el Hospital Coromoto de Maracaibo, OMISION DE SOCORRO, previsto y penado en el artículo 438 del mismo texto sustantivo penal, por no haberse dado la atención inmediata y efectiva que requirieron las personas que resultaron víctimas de esta lamentable tragedia.
En lo que respecta al delito de HOMICIDIO POR CAUSA DE VIOLACION DE NORMATIVA LEGAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO previsto y penado en el artículo 131 de la Ley Orgánica de Prevención, condiciones, y Medio Ambiente de Trabajo, se establece lo siguiente:
“En caso de muerte de un trabajador o trabajadora como consecuencia de violaciones graves o muy graves de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, el empleador o empleadora o sus representantes, serán sancionados con pena de prisión de ocho (8) a diez (10) años.” …
Cabe señalar que aparte de las personas que resultaron fallecidas y lesionadas, 1.691 viviendas resultaron afectadas por la explosión y medio centenar de negocios resultaron arrasados por la misma causa. En relación al delito de DAÑOS CONTRA EL PATRIMONIO PUBLICO, dispone el artículo 53 de la Ley contra la Corrupción, lo siguiente:
“Cualquiera de las personas indicadas en el artículo 3 de esta Ley que teniendo, por razón de su cargo, la recaudación, administración o custodia de bienes del patrimonio público o en poder de de algún órgano o ente público, diere ocasión por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de leyes, reglamentos, ordenes o instrucciones, a que se extravíen, pierdan, deterioren o dañen esos bienes será penada con prisión de seis (6) meses a tres (3) años” (negrillas nuestras)
En cuanto al delito de EMISION DE GASES TOXICOS, delito establece el artículo 44 de la Ley Penal del Ambiente que:
“El que emita o permita escape de gases, agentes biológicos o bioquímicos o de cualquier naturaleza, en cantidades capaces de envenenar, deteriorar o contaminar la atmosfera, o el aire en contravención a las normas técnicas que rigen la materia, será sancionado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años y multa de seiscientos (600) a dos mil (2000) días de salario mínimo.” (negrillas nuestras)
En lo que respecta al delito de HOMICIDIO CULPOSO previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal Venezolano, este dispone lo siguiente:
“El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de seis meses a cinco años. En la aplicación de esta pena los tribunales de justicia apreciaran el grado de culpabilidad del agente. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una sola y las heridas de una o más, con tal que las heridas acarreen las consecuencias previstas en el artículo 414, la pena de prisión podrá aumentar hasta ocho años”
En relación al delito de LESIONES PERSONALES CULPOSAS, previsto y sancionado en el artículo 420 ejusdem:
“El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, ordenes o disciplinas, ocasione a otro algún daño en el
cuerpo o en la salud, o alguna perturbación en las facultades intelectuales será castigado: 1. Con arresto de cinco a cuarenta y cinco días o multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a quinientas unidades tributarias (500 U.T.), en los casos especificados en los artículos 413 y 416, no pudiendo procederse sino a instancia de parte. 2. Con prisión de uno a doce meses o multa de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.) a un mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.), en los casos de los artículos 414 y 415. 3. Con arresto de uno a cinco días o con multa de veinticinco unidades tributarias (25 U.T.), en los casos del artículo 399, no debiendo procederse entonces sino a instancia de parte."
El delito de OMISION DE SOCORRO, se encuentra previsto y penado en el artículo 438 ibidem, el cual dispone:
“El que habiendo encontrado abandonado o perdido algún niño
menor de siete años o a cualquiera otra persona incapaz, por enfermedad mental o corporal, de proveer a su propia conservación, haya omitido dar aviso inmediato a la autoridad o a sus agentes, pudiendo hacerlo, será castigado con multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a quinientas unidades tributarias (500 U.T.).
La misma pena se impondrá al que habiendo encontrado a una Persona herida o en una situación peligrosa o alguna que estuviere o pareciere inanimada, haya omitido la prestación de su ayuda a dicha persona, cuando ello no lo expone a daño o peligro personal, o dar el aviso inmediato del caso a la autoridad o a sus agentes.” (negrillas nuestras)
En este orden de ideas dispone el Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:
Facultades: Artículo 267. Cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante un o una Fiscal del Ministerio Público o un órgano de policía de investigaciones penales Artículo 269. La denuncia es obligatoria: Obligación de denunciar 1. En los particulares, cuando se trate de casos en que la omisión de ella sea sancionable, según disposición del Código Penal o de alguna ley especial. 2. En los funcionarios públicos o funcionarias públicas, cuando en el desempeño de su empleo se impusieren de algún hecho punible de acción pública. 3. En los médicos cirujanos o médicas cirujanas y demás profesionales de la salud, cuando por envenenamiento, heridas u otra clase de lesiones, abortos o suposición de parto, han sido llamados o llamadas a prestar o prestaron los auxilios de su arte o ciencia. En cualquiera de estos casos, darán parte a la autoridad. (negrillas nuestras)
Vista la situación es por lo cual acudimos a usted; a solicitarle que inicie la investigación de este caso, ya que a un año de ocurridos tales hechos ningún órgano a investigado el mismo, ni PDVSA, ni tampoco ese Ministerio Publico, de manera que siendo usted, la más alta autoridad en este Ministerio Fiscal, pedimos designe una comisión especial para que investigue tales
hechos y se establezcan responsabilidades alcanzando la verdad, por cuanto es evidente ciudadana Fiscal, que de los hechos referidos existen responsables y se vulneran normas no solo de índole legal, sino también normas y procedimientos de la empresa, especialmente en materia de seguridad; que dieron lugar a los daños resultantes y que deben ser sancionados y que no basta con acotar que ese es un hecho que atiende a un sabotaje de la ultra derecha como se ha venido mencionando por altos personeros del Gobierno y otras personalidades, no obstante que eso no es lo que se ha determinado, ni se desprende de los elementos que le hemos aportado y le hemos hecho mención en nuestra solicitud, y en todo caso de ser así, merecería entonces de igual forma una sanción para quienes tienen a su cargo el resguardo y seguridad de la Empresa y de los Directivos que no adoptan un plan de seguridad y resguardo de las mismas, debido a que ello nos lleva a inferir que por parte de tales ciudadanos la empresa está en un estado de inseguridad, sus instalaciones no son debidamente resguardadas y operan con un personal sin formación, experiencia o capacitación ya que si cualquier persona con la facilidad expresada puede sabotear una Empresa de esa índole quiere decir que efectivamente la misma está mal operada y representada, deben entonces sancionarse a los que tienen a su cargo la misma.
Es igualmente importante señalar ciudadana Fiscal General, que aun existen victimas que se encuentran en una situación grave al haber quedado mutiladas o con lesiones severas a raíz de esta tragedia, familias que aun se encuentran a la intemperie porque perdieron sus viviendas y aun el Estado no les ha resarcido el daño causado, y innumerables personas que
perdieron familiares siendo que las pérdidas humanas son incontables, y además de ello existen personas desaparecidas y es deber ineludible del Estado investigar con la prontitud y diligencia que el caso amerita, es por ello que responsablemente, acudimos ante su competente autoridad y partiendo de lo que dice la norma constitucional citada al inicio de esta denuncia, que no es otra que, toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas y quienes violen ese deber serán sancionados y podrán ser destituidos de sus cargos; y asimismo en el caso de los diputados, de acuerdo a la obligación que nos impone el artículo 269 ordinal 2° del Código Orgánico procesal penal .
DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS
Para mejor ilustración de este órgano y facilitar la labor investigativa de esta representación Fiscal, anexamos informe detallado suscrito por más de 50 expertos del Departamento de Manufacturas del Think-thank Coener, en relación a las causas del desastre de Amuay; además de las notas de prensa a las cuales hacemos mención, para que partiendo de tales elementos se investiguen esos hechos de forma objetiva y profesional, lo que seguramente evidenciará quiénes fueron los verdaderos responsables de los daños ocasionados a la Industria Petrolera Nacional y al País; de igual forma anexamos otros eventos y situaciones que ocurrieron en el año 2011, que nos hacen inducir que la tragedia del 2012 fue el detonante de esos
eventos siendo que nunca se tomaron las previsiones necesarias ni los correctivos. Cabe señalar que, como quiera que es nuestro deber, en el caso de nosotros los Diputados a la Asamblea Nacional, velar por el cumplimiento de la misión y funciones encomendadas, y resguardar los intereses colectivos, acudimos en fecha 21 de agosto, 9 Diputados de los que aquí suscribimos esta denuncia, a realizar entrega del Informe en mención que fue elaborado por el Grupo Técnico del Centro de Orientación de Energía (COENER) al ciudadano OMAR BRAVO, Subgerente de Amuay, y el mismo se negó a recibirlo, en tal sentido incurrió dicho funcionario en una flagrante violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al impedirnos nuestro derecho de petición, ya antes señalado y que solo y únicamente responde tal acción a un único fin, el cual es impedir que la catastrófica tragedia no se repita, sin embargo de manera irresponsable dicho ciudadano hizo caso omiso a nuestra petición y se negó a recibir el respectivo informe, es así como nos vemos en la imperiosa necesidad de acudir ante usted, a sus buenos oficios, a los fines de que se ordene el inicio de la correspondiente investigación y se determinen las responsabilidades penales a que haya lugar.
DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS
Con base en todos los argumentos expresados anteriormente, y en ejercicio de nuestros derechos constitucionales consagrados en el artículo 51 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, solicitamos a esta representación del Ministerio Público que con ocasión al inicio de la investigación de esos hechos, ordene todas aquellas diligencias tendentes a establecer la verdad de los mismos, y entre ellas solicitamos que: 1.- Sean citados y declarados en torno a estos hechos, a todos y cada uno de los ciudadanos que señalamos como responsables de los mismos. 2.- Que se cite y tome declaración al personal técnico y supervisor que laboraba en la Refinería para la época; 3.-De igual forma solicitamos a todo evento que se cite y se tome declaración a todos y cada uno de los expertos del Departamento de Manufacturas del Think-thank Coener que elaboraron el informe, sobre el cual basamos buena parte de esta denuncia. 4.- Así mismo que se cite y declare a los ciudadanos WILLS RANGEL, Director Laboral de PDVSA y Presidente de la Federación Única de Trabajadores Petroleros, al Gerente General del Centro de Refinación de Paraguana, ciudadano JESÚS LUONGO, Director de Refinación de PDVSA, al CIUDADANO OMAR BRAVO Subgerente de Amuay, que se negó a recibir el informe mencionado y al ciudadano FRANCISCO JAVIER LARRAÑAGA Ex Subgerente de Paraguana. 5.- Que se solicite al Centro de Refinación todos los datos del suceso entre ellos la descripción de los hechos, la identificación plena del personal de guardia, la causa del
incidente, las acciones tomadas, los daños ocasionados a las instalaciones, la comunidad y el ambiente.
6. Que se ubique, se cite y se tome declaración a todos los habitantes cercanos al Sector donde se encuentra el Centro de Refinación de Amuay, la gran mayoría de ellos, víctimas directas e indirectas de esta tragedia, y en general a todas aquellas personas que estime usted, pertinente y necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 7.- Que se solicite información al Hospital Coromoto de Maracaibo, en relación a las personas que ingresaron a ese nosocomio por haber resultado víctima de múltiples quemaduras y otros daños producto de la tragedia de Amuay. 8.- Que se tome declaración a nosotros los denunciantes IVAN FREITES, JUAN COLINA, MIGDALIA ZARRAGA, NELLY DIAZ, SOFIA PACHANO, ATILIO AMAYA, MILAGROS HERMOSO, TEOFILO BRACHO, SUIMYN RIVAS, INGRID JARA, FRANYS PETIT, ENZO CESPEDES, AURTIL MEDINA, JIRAMIR MARRERO, MARIA CESPEDEZ y ALBERTO TUA, por cuanto tenemos conocimiento sobre los hechos denunciados. Solicitamos también que se ordene la práctica de todas las experticias técnicas pertinentes y otras diligencias que permitan la búsqueda de la verdad de los hechos aquí denunciados.
Es justicia que esperamos en Caracas, en la fecha de su presentación.
IVAN FREITES C.I. N° 9.502.107
JUAN COLINA C.I. N°15.592.943
MIGDALIA ZARRAGA C.I. N° 4.526.302
NELLY DIAZ C.I. N° 3.681.596
SOFIA PACHANO C.I. N° 4.176.686
FRANKLIN CHUELLO C.I.N° 9.585.363
MILAGROS HERMOSO C.I. N° 20.797.736
TEOFILO BRACHO C.I.N° 3.682.891
MAYERLIN LUGO C.I. N° 17.840.254
INGRID JARA C.I. N° 10.969.822
FRANYIS PETIT C.I N° 22.604.373
ENGELBERTH DELGADO C.I. N° 11.182.131
CARMEN DE DELGADO C.I.N° 3.726.460
ANIBAL DELGADO C.I.N° 3.219.659
LORENZO DIAZ C.I. N 4.179.585
ALBERTO TUA C.I.N° 2.861.333
BRIGIDA DE DIAZ C.I.N 7.529.977
LOS DIPUTADOS DENUNCIANTES:
MARIA CORINA MACHADO C.I.N° 6.914.799 (Miranda)
AMERICO DE GRAZIA C.I.N° 5.339.752 (Bolívar)
WILLIAM DAVILA C.I. N° 3.030.368 (Mérida)
LEOMAGNO FLORES C.I.N° 3.623.607 (Táchira)
ELIEZER SIRIT C.I.N° 5.297.387 (Falcón)
JOSE GREGORIO CONTRERAS C.I.N° 8.641.628 (Sucre)
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 artículo 44
 artículo 409
 artículo 414
 artículo 420
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 Artículo 267
 Artículo 269
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Resolución 
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