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BOE.es - Documento BOE-A-2015-463
Documento BOE-A-2015-463
Sala Primera. Sentencia 206/2014, de 15 de diciembre de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 1140-2014. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el segundo párrafo del artículo 623.1 del Código penal. Derechos a la presunción de inocencia y a la legalidad penal; principio de seguridad jurídica: interpretación conforme con la Constitución del precepto legal relativo a la reiteración de las faltas de hurto (STC 185/2014).
«BOE» núm. 17, de 20 de enero de 2015, páginas 82 a 86 (5 págs.)
BOE-A-2015-463
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1140-2014, planteada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con el artículo 623.1, párrafo segundo, del Código penal, por posible vulneración de los artículos 24.2, 25.1 y 9.3 CE. Han formulado alegaciones el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado y se han personado el Congreso y el Senado. Ha sido Ponente el Magistrado don Santiago Martínez-Vares García, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. El día 26 de febrero de 2014 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona al que se acompaña, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento (recurso de apelación de juicio de faltas 132-2013), el Auto de 18 de febrero de 2014 en el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 623.1, párrafo segundo, del Código penal, por posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), y de los principios de culpabilidad, en su vertiente de responsabilidad por el hecho, de legalidad penal (art. 25.1 CE) y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).
a) Doña Antonia Jiménez Rodríguez fue condenada en el juicio de faltas núm. 368-2013 seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Sant Boi de Llobregat, por Sentencia de 3 de julio de 2013, como autora de una falta de hurto tipificada en el artículo 623.1 del Código penal (CP), donde se le impuso la pena de diez días de localización permanente a cumplir en establecimiento penitenciario. En ese precepto se prevé la imposición de la pena de localización permanente (y no de la alternativa pena de multa), que el Juez puede disponer que se cumpla en centro penitenciario, en caso de perpetración reiterada de la falta de hurto (hurto cuyo valor no excede de los 400 euros). Conforme a su párrafo segundo, «para apreciar la reiteración, se atenderá al número de infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas, y a la proximidad temporal de las mismas». El fundamento de Derecho tercero de la Sentencia impuso la pena de localización permanente «teniendo en cuenta el número de antecedentes que constan… por hechos de la misma naturaleza, contándose en el último año un total de 14 denuncias interpuestas».
b) La Sentencia fue recurrida en apelación mediante escrito redactado y firmado de puño y letra por la Sra. Jiménez, en el que solicita que «le cambien la pena en multa, en arresto en casa o trabajos sociales» por tener cinco hijos y estar embarazada y separada, sin tener quien se haga cargo de ellos.
c) Una vez finalizada la tramitación del recurso como el rollo de apelación núm. 132-2013, mediante providencia de 13 de enero de 2014, el Magistrado designado para conocer como órgano unipersonal del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), acordó conceder a las partes personadas un plazo de diez días para formular alegaciones sobre la oportunidad de promover cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 623.1, párrafo segundo, del Código penal, por su posible contradicción con los artículos 9.3, 24.2 y 25.1 CE por razones idénticas a las reseñadas en el antecedente 1 c) de la STC 185/2014.
d) El Ministerio Fiscal, mediante escrito de 29 de enero de 2014, sin entrar al fondo, pero recordando que no puede prosperar una cuestión que plantee dudas interpretativas, consideró que «la norma cuestionada es determinante para la resolución del recurso porque ha sido el artículo 623.1 CP el precepto aplicado al caso de autos por el juzgador a quo y el que debe aplicar, en su caso, el juzgador ad quem, y que también el momento procesal es el oportuno, pues sólo resta dictar sentencia para concluir el rollo de apelación». La apelante condenada dejó pasar el plazo sin presentar alegaciones.
e) El órgano judicial dictó Auto el 13 de enero de 2014 en el que acordó plantear la presente cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 623.1, párrafo segundo, del Código penal por posible vulneración de los artículos 24.2, 25.1 y 9.3 CE.
b) El Auto concluye con el pertinente juicio de relevancia procesal, donde se defiende la relevancia de la norma cuestionada para la resolución del recurso de apelación, que sustentó la apelante en la disconformidad con la pena de localización permanente en centro penitenciario por ser el único soporte familiar, solicitando la pena de multa. Expone que la expulsión o la interpretación conforme a las exigencias constitucionales del cuestionado artículo 623.1, párrafo segundo, conllevaría su estimación. Por otro lado, sostiene también que el momento procesal es el oportuno, pues está concluso el procedimiento y se plantea dentro del plazo para dictar Sentencia resolutoria del recurso de apelación.
4. Por providencia de 27 de mayo de 2014, el Pleno, a propuesta de la Sección Segunda de este Tribunal, acordó admitir a trámite la presente cuestión de inconstitucionalidad y deferir a la Sala Primera el conocimiento de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10.1 c) LOTC así como dar traslado de las actuaciones recibidas, como dispone el artículo 37.3 LOTC, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Igualmente se acordó comunicar dicha resolución a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.3 LOTC, permanezca suspendido el proceso hasta que el Tribunal resuelva definitivamente la presente cuestión y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
5. Mediante escrito registrado el día 5 de junio de 2014, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó a este Tribunal que la Mesa de dicha Cámara acordó la personación en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC. Por escrito registrado el 11 de junio de 2014, el Presidente del Senado comunicó a este Tribunal que la Mesa de dicha Cámara acordó la personación en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC.
6. El Abogado del Estado se personó en el procedimiento en nombre del Gobierno mediante escrito registrado el 18 de junio de 2014 y formuló las mismas alegaciones que aparecen resumidas en el antecedente 6 de la STC 185/2014, solicitando la desestimación íntegra de la cuestión planteada.
7. El Fiscal General del Estado, mediante escrito registrado del 17 de junio de 2014, solicitó alternativamente la inadmisión o la desestimación de la cuestión planteada, y subsidiariamente, que se dicte una sentencia interpretativa, todo ello con base en las alegaciones que seguidamente se exponen.
En primer lugar, y tal y como se alegó ya en relación con la cuestión resuelta en la STC 185/2014 [antecedente 7 a)], se apunta la posible incoherencia entre la providencia de apertura del trámite de audiencia en fase judicial y el Auto de planteamiento.
Como segundo óbice procesal se plantea que no era necesario someter la disposición legal cuestionada al juicio de constitucionalidad para resolver el proceso por razones en gran medida coincidentes con las sintetizadas en el antecedente 7 a) de la STC 185/2014. El Fiscal parte de que la apelante manifestó en su recurso no estar de acuerdo con la Sentencia dictada en la medida en que se le imponía la pena de localización permanente en centro penitenciario, ya que es madre de cinco hijos, estaba embarazada y separada y no había nadie que pudiera hacerse cargo de ellos. Si el motivo de disconformidad no versa sobre la condena conforme al artículo 623.1 CP a la pena de localización permanente, sino sobre el concreto hecho de que se cumpliera en centro penitenciario, y el artículo 623.1 CP deja en manos del juez la decisión sobre el lugar de cumplimiento de la localización permanente (casa o centro penitenciario), concluye el Fiscal, el órgano podía resolver la apelación en el sentido solicitado atendiendo a consideraciones de proporcionalidad, decretando una localización en casa, sin necesidad de cuestionar la validez constitucional del precepto. Incluso, propone alternativamente, podría imponer una pena de multa si aplicara la interpretación acomodada a Constitución que el órgano proponente comparte (aunque juzga contraria al principio de legalidad) y que ya ha aplicado en otras ocasiones.
3. Al abordar ahora las vulneraciones de preceptos constitucionales imputadas a la norma cuestionada, hay que insistir de nuevo en la identidad del contenido de fondo de la presente cuestión de inconstitucionalidad y el de la resuelta en la STC 185/2014, tanto en lo relativo al precepto impugnado y los motivos de inconstitucionalidad aducidos como en lo atinente a su concreto desarrollo argumentativo. En ambas demandas, el órgano judicial proponente sostenía que el párrafo segundo del artículo 623.1 CP cuestionado y, en concreto, su referencia a «infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas» podría resultar contrario al derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y al principio de culpabilidad en su vertiente de responsabilidad por el hecho por cuanto su tenor permite que hechos que no han sido declarados probados por sentencia firme sean considerados como cometidos para aplicar la respuesta penal agravada. Asimismo plantea la posible vulneración de los principios de legalidad penal (art. 25.1 CE) y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), tanto por el precepto, por cuanto adolece de falta de taxatividad, lo que acarrea déficits de certeza y previsibilidad, como por una hipotética interpretación conforme a la Constitución, en cuanto supondría una reconstrucción reductora del ámbito objetivo de la disposición que forzaría su literalidad y génesis y sería lesiva de la reserva de ley y del principio de taxatividad.
En la STC 185/2014 se rechazan las dudas enunciadas por entender que el precepto impugnado admite una interpretación conforme con la Constitución que no sólo no fuerza el tenor literal del precepto, sino que se acomoda al mismo a la par que constituye el resultado exegético inmediato de una interpretación atenta a los principios constitucionales rectores del ius puniendi y acorde con los criterios hermenéuticos al uso en Derecho penal. Esa comprensión secundum constitutionem establece como requisito típico para apreciar la reiteración de faltas de hurto la previa comisión de varias infracciones en un plazo temporal próximo, sean faltas de hurto declaradas en previa sentencia firme, sean faltas probadas en el proceso en que se plantea la aplicación de la figura de perpetración reiterada de faltas de hurto conforme al artículo 623.1 CP, sin que pueda bastar para apreciarla la existencia de previas denuncias, imputaciones o condenas no firmes por falta de hurto.
DICTADA en la Cuestión 1140/2014 (Ref. BOE-A-2014-5733).

References: artículo 623
 artículo 623
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 artículo 623
 artículo 35
 artículo 623
 resolución 
 artículo 623
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 resolución 
 artículo 623
 artículo 10
 artículo 37
 resolución 
 artículo 35
 artículo 88
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 artículo 623
 artículo 623
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