Source: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/pueblorrico.html
Timestamp: 2018-07-17 21:26:06+00:00

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Equipo Nizkor - Informe de organismos de Derechos Humanos sobre el crimen contra niños de Pueblorrico.
15ago00
Informe de organismos de Derechos Humanos sobre el crimen contra niños de Pueblorrico.
Situación de los niños en Colombia
Niños muertos y heridos
Versión de las fuerzas militares
La búsqueda de la verdad y la justicia
Preocupaciones de la Comisión
Organizaciones integrantes de la Misión a Pueblorico
A raíz de los hechos ocurridos el día 15 de Agosto de 2000, en la finca La Tolda, vereda La Pica del municipio de Pueblorrico, en el suroeste antioqueño, en los cuales el ejército nacional aparece como responsable de causarle la muerte a seis menores y ocasionar heridas a otros cuatro, diferentes comisiones integradas por personal de la Fiscalía General de la Nación, la procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se hicieron presentes en el lugar para esclarecer las causas de este terrible suceso. De igual manera una comisión de Organizaciones No Gubernamentales de Derecho Humanos conformada por la Corporación Jurídica Libertad, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Comunidades Eclesiales de Base, Regional Antioquia Fundación comité de solidaridad con los presos políticos, seccional Antioquia, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Héctor Abad Gòmez, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Seccional Medellín, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -ASFADES- Medellín, Fundación Sumapaz, hizo presencia en el lugar para aportar en el esclarecimiento de la verdad ya que los medios de comunicación señalaron diferentes versiones provenientes de la fuerza pública y de los habitantes de la vereda que presenciaron los hechos, las cuales se contradecían ostensiblemente entre sí.
Como resultado del trabajo de esta Comisión presentamos a la opinión pública nacional e internacional el informe, esperando ayudar al reconocimiento de la verdad y a que se haga justicia y a que las víctimas, sus familiares y vecinos de la comunidad sean reparados por el daño causado y se les brinde la protección debida para evitar que sean víctimas de actos criminales de retaliación.
Para elaborar el presente informe, la Comisión estuvo durante dos días (16 y 17 de Agosto) en el municipio de Pueblo Rico en la vereda La Pica y en el municipio de Jericó, donde se pudo entrevistar con miembros de la comunidad, testigos presenciales, padres, hermanitas, hermanitos, abuelas, tías y demás familiares de las víctimas; así como con autoridades del municipio y de la misión médica. Fue absolutamente imposible hablar con alguno de los oficiales y/o soldados que en forma indiscriminada y durante cerca de cuarenta minutos (40) dispararon contra la indefensa humanidad de los menores y de sus acompañantes adultos.
Constantemente y durante varios debates se confrontaron los testimonios, las evidencias y las versiones a objeto de desprendernos de toda carga subjetiva, derivada especialmente del dolor que nos embarga el saber que de un haz de luz, fuego y metralla MALIGNO le fue cegada la alegría, quemada la piel y cercenada la esperanza y la vida a quienes desde la propaganda gubernamental se dice son el futuro de Colombia: LOS NIÑOS.
Las organizaciones firmantes del presente informe, rechazamos la forma en que se ha querido demeritar la contundencia de las evidencias, pues ello ofende premeditadamente aún más la conciencia de todos los afectados: una comunidad, un pueblo, una nación y la sociedad mundial, que desde el comienzo han sabido la verdad de lo sucedido de los labios de los sobrevivientes. Quizá estén aspirando a que la fuerza de la labor de los mass media y de los pronunciamientos del Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación, los Ministros de Justicia y de Defensa y de oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, conviertan la verdad en niebla, en un hecho confuso. No decir la verdad, modificarla, ocultarla o presentarla a medias, es un acto tan o más criminal que el cometido por la tropa en la loma de la finca "La tolda" el pasado 15 de agosto.
La masacre de menores perpetrada el pasado 15 de agosto en la que están comprometidas varias unidades militares, se produjo en medio de los diálogos gubernamentales con las principales organizaciones insurgentes armadas: FARC y ELN. Diálogos matizados por actos de sabotaje tan graves y terroristas como el perpetrado en la ciudad de Chiquinquirá en el que le fue colocado y activado un collar bomba a una ciudadana campesina.
Una difícil situación económica y social acompaña también este cruento asesinato múltiple. El Gobierno Nacional aspira a implementar un paquete de medidas tendiente a "reactivar la economía y a combatir el desempleo", que, a juicio de los trabajadores, definitivamente atenta contra la escasa estabilidad laboral y el precario salario de los colombianos empleados.
El acrecentamiento de la intervención militar de los Estados Unidos en el conflicto armado, social y político a través de la aprobación e implementación del Plan Colombia, es otro de los elementos fuertes que enmarca el crimen de los menores por fuerzas regulares. Nuevos asesores militares norteamericanos han llegado recientemente al país a seguir instruyendo nuestras fuerzas armadas.
Al lado del anterior ingrediente, tenemos que el Ejército Nacional viene anunciando el empleo de nuevas técnicas para garantizar efectividad, combatir la subversión y conservar el orden público, encaminadas supuesta y prioritariamente a proteger a la población civil. Tal vez la exhibición más destacada de estas nuevas estrategias militares es la empleada hace poco en el rescate de un periodista secuestrado.
En ningún momento de la historia colombiana se le ha dado en teoría tanta importancia a los niños. Propagandas oficiales en los grandes medios se ocupan de la protección de los derechos de los menores. Numerosas instituciones estatales, entre ellas el despacho de la primera dama de la nación, la vicepresidencia de la República y la Defensoría del Pueblo, tienen programas orientados a los niños y niñas
Algunas Organizaciones No Gubernamentales también se dedican especialmente a divulgar y defender los derechos humanos de niñas y niños. Organismos internacionales tienen la mirada puesta en nuestro país, siendo los menores el centro de sus preocupaciones y recomendaciones,
De otra parte, la masacre de los niños de Pueblo Rico se produce, paradójicamente, cuando a varios niveles se clama por la firma de un acuerdo humanitario entre el Gobierno Nacional y la Insurgencia Armada, que contenga un capítulo que definitivamente excluya a los menores del conflicto armado.
1.2 Situación de los niños en Colombia
La población infantil en Colombia es de 16.722.000, 41% de la población total. de ellos 4 millones tienen que trabajar; 2.500.000 lo hacen en condiciones de explotación, mas de 6 millones viven en la pobreza y cerca de 3 millones viven en la miseria.
El derecho a la supervivencia de los niños en el país no esta garantizado: de los aproximadamente 700 mil niños que nacen al año, la mitad están condenados a vivir en la pobreza y 34.000 no alcanzan a cumplir el año de vida; Según datos oficiales en Colombia diariamente muere un promedio de 12 niños: 5 son asesinados, 3 en accidentes de transito, uno se suicida y 3 en otros accidentes.
Entre 20 mil y 30 mil niños viven en las calles de nuestro país, aproximadamente 21.000 niños y niñas son víctimas de la explotación sexual. En 1.996 el 60% de los niños en el país eran maltratados física, psicológica o socialmente.
El promedio de mortalidad infantil asciende a 28 por mil nacidos, menores de un año. Las causas inmediatas de muerte prematura de los niños son las afecciones prenatales, en el parto y una semana después, las enfermedades respiratorias y las infecciones intestinales.
En el país hay 3 millones de niños con algún grado de desnutrición.
Las profundas inequidades sociales que vive nuestra nación se evidencian en el nivel de oportunidades de acceso a la educación que se distribuyen de forma inequitativa, no sólo entre grupos de ingresos sino también entre regiones. Solo dos de cada tres de los niños de 12 a 17 años más pobres, pueden acceder a la educación, en contraste con el 88% de los más ricos que acceden a ella. Se calcula que los niños que actualmente se encuentran por fuera del sistema educativo se acercan a 4 millones.
El 70 % de los desplazados internos de manera forzada son niños. Quienes no han recibido una atención integral ni protección por parte del Estado que tampoco ha garantizado el retorno o reubicación con dignidad y garantías. La mayoría de estos niños y niñas se encuentran en estado de miseria.
En Colombia realmente no existe un sistema organizado de bienestar familiar, hay poca eficacia en los programas de las entidades del sector, las cuales además no se encuentran coordinadas entre sí. No existen políticas y procedimientos de atención destinados especialmente a la niñez.
La jurisdicción de menores infractores, encierra graves violaciones a las garantías judiciales, en los centros de reeducación de niños infractores, se presenta un sobre cupo del 330% y los adolescentes son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Los casos de violaciones al derecho a la vida de niños de las que son responsables miembros de la Fuerza Pública, son conocidos por la jurisdicción penal militar lo que garantiza la impunidad de los mismos y contravine lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia 358/96 y las recomendaciones de organismos internacionales sobre la jurisdicción penal militar. La impunidad en el país en casos de violación a los derechos humanos de los niños es del 100 %.
Pueblorrico es un municipio del suroeste antioqueño, ubicado a unos 1.800 metros sobre el nivel del mar. Su población se acerca a los 12.000 habitantes, la mayoría de ellos vive en las veinte (20) veredas que conforman la zona rural. La recolección de café y la producción panelera constituyen las principales actividades productivas del municipio.
En la cabecera municipal existe un puesto de Policía, que cuenta con 16 uniformados. Además, el Batallón de contraguerrilla "Cacique Nutibara", adscrito a la Cuarta Brigada con sede en Medellín, ejerce control esporádico principalmente en la zona rural.
Desde hace varios años los habitantes de Pueblorrico viven una difícil situación de violencia política y de limpieza social, que ya ha generado desplazamientos forzados. La Señora Judith Piedrahita Jiménez, actual Alcaldesa, accedió a la administración luego del deceso violento del Alcalde titular, ocurrido el 17 de marzo de 1999, quien sufrió un atentado cuando se dirigía de Pueblorrico a Medellín. La Señora alcaldesa ha sido objeto de amenazas, las cuales desde hace unos cuatro meses cesaron.
En el último año han sido asesinadas unas 15 personas. Son ciclos violentos que se repiten aproximadamente cada tres (3) meses. En cada uno de ellos se eliminan ciudadanos inermes acusados de apoyar a grupos insurgentes o de ser expendedores de estupefacientes. Las víctimas son campesinos o pobladores que luego de ser desaparecidos son ejecutados en parajes rurales. También los ciudadanos jóvenes han sido objeto de violencia, acusados por sus victimarios de ser drogadictos.
El Señor HUMBERTO HERRERA GALLEGO, obrero de la Alcaldía y Presidente de la Subdirectiva del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia -SINTRAOFAN, fue asesinado el 15 de julio del 2000. Este hecho, según las autoridades locales, fue reivindicado por los paramilitares.
FRANCISCO LUIS ZAPATA, operador de la planta de tratamiento del municipio fue ejecutado extrajudicialmente el 13 de enero del 2000.
LUIS HERNAN ALVAREZ, también obrero del municipio, en febrero del 2000 desapareció del municipio y fue hallado en el campo asesinado. Ocho días antes de ser desaparecido había sido maltratado y amenazado.
En septiembre de 1999 fue asesinado el joven de 20 años MARIO ALBERTO RESTREPO RAMÍREZ, quien era comerciante y propietario de una taberna. Comentarios le atribuyen el homicidio a los paramilitares.
De este tipo de violencia no ha sido ajena la vereda La Pica, ya que en acción atribuida a grupos paramilitares fue asesinado en el mes de enero de 1998 el señor Fabio Ortega y en el mes de julio del mismo año los señores Argemiro Ortega y Jairo Henao, al ser señalados como auxiliadores de la insurgencia.
Las autoridades locales manifiestan que ni los grupos guerrilleros ni los paramilitares tienen asiento en la localidad, que su presencia es de paso o en tránsito, como es el caso de la guerrilla que en los años 1997 y 1998 hostigó al puesto de policía. En relación con la presencia de los llamados grupos paramilitares, contrario a lo afirmado por las autoridades municipales, obtuvimos testimonios que señalan que hacen presencia y ejercen control permanente no sólo en el municipio sino en toda la región. Al parecer en el corregimiento de Bolombolo del Municipio de Venecia y en el corregimiento de Puente Iglesias del municipio de Fredonia y en el municipio de Concordia, muy cercanos de Pueblorrico, los grupos paramilitares han logrado establecer un centro regional de operación. En esta región del departamento también opera la Convivir conocida como "Las Garzas", responsable de acciones violentas contra la población. Tanto la Señora Alcaldesa como el Señor Personero de Pueblorrico, son categóricos en manifestar que en el último periodo no tienen informaciones de enfrentamientos en el municipio entre la Fuerza Pública y la guerrilla.
Testimonio de habitantes del municipio y los mismos funcionarios públicos señalan que la comunidad campesina de la vereda "La Pica" está conformada por personas en extremo pacíficas. El empeño con que cuidan sus parcelas da cuenta de su laboriosidad, pese a que como ellos lo manifiestan, tanto esfuerzo no se ve recompensado con los actuales bajos precios del café que contrastan con los altos costos de los insumos que forzosamente se deben emplear en el proceso de producción cafetera.
La Escuela en la que estudiaban los menores asesinados, es una edificación sencilla, pero muy alegre y agradable en la que la comunidad ha centrado sus mayores esfuerzos para construir allí un espacio de futuro para sus hijos. Dista en línea recta unos 500 metros de la loma en donde fueron mortalmente heridos los niños. Las tierras de la vereda no son boscosas, sino cultivadas en su mayoría de café, caña de azúcar, plátano, yuca y de árboles altos que le prestan el sombrío a los hermosos cafetales del lugar.
1.4. El lugar de los Hechos
La Vereda La Pica dista 12 kilómetros del casco urbano de Pueblorrico, a ella se ingresa por carretera destapada en un recorrido de aproximadamente 50 minutos. El lugar en el que se perpetró este crimen se sitúa al final del acceso carreteable donde inicia el asenso a la loma (manga o potrero) donde fueron muertos los seis niños y heridos otros 4, es un lugar pendiente de inclinación media, de unas cuatro (4) hectáreas aproximadamente, totalmente despejado y el pasto difícilmente supera los 20 centímetros de altura, como quiera que recientemente buena parte del terreno fue reforestado con una especie de pino que al momento del deceso de los menores no cuentan estos arbolitos con más de quince centímetros de altura.
En la parte media baja del sitio exacto donde cayeron los niños y niñas se encuentran a lado y lado unos rastrojos que quizá no llegan en toda su extensión a una hectárea. En la parte alta y a lado y lado se encuentran dos cerros de vegetación muy pero muy baja, similar a la que encontramos en el lugar donde cayeron mortalmente heridos los niños, en la que es imposible que un grupo de personas se esconda o camufle. La loma en que murieron y fueron heridos los niños y las niñas, está atravesada por un camino de herradura que en algunos trechos se torna profundo. En esta cañada se refugiaron muchos de los niños que pese al denso fuego lanzado salieron ilesos.
Situados sobre el sitio en que cayeron sin vida los niños, se divisa claramente el casco urbano de Pueblorrico distante aproximadamente 3 kilómetros en línea recta sin obstáculos, lo que explica por qué en el casco urbano fueron escuchadas las detonaciones.
Durante el tiempo en que esta comisión permaneció en el lugar, los días fueron soleados y despejados y, de acuerdo con el decir de los vecinos de la comunidad, el 15 de agosto, día de los hechos, fue un día de iguales características.
Un sueño premonitorio....
Claudia Patricia Ospina Arboleda, prima de los hermanitos Paola Andrea y Alejandro Arboleda, soñó la noche anterior a los hechos que iba con su primita Paola Andrea y que de pronto les disparaban, en el sueño ella le decía "corra que nos van a matar"
El sábado 12 de agosto del 2000 dos personas fueron muertas en el municipio de Jericó. Las O.N.G. que suscribimos este informe recibimos testimonios que manifiestan que los muertos no eran guerrilleros sino personas que hacen parte de la población civil. La Fuerza Pública reportó a dos guerrilleros muertos en combate en el mismo municipio de Jericó y en la misma fecha. La Señora Alcaldesa de Pueblorrico Judit Piedrahita Jiménez, en la entrevista manifestó que al parecer en Jericó en esa misma fecha, la guerrilla había dado muerte a dos personas en la finca del señor ALCIDES ZAPATA. La investigación debe esclarecer cada una de estas versiones y si se trata de dos o más personas muertas.
El lunes 14 de agosto del 2000, la Señora Alcaldesa de Pueblorrico, pese a no tener informaciones oficiales de presencia de grupos armados en la localidad, se dirigió telefónicamente al encargado del puesto de Policía solicitándole reforzar la seguridad del pueblo por temor a ser sitiados por la guerrilla. El encargado de la Policía le informó que en Jericó habían operativos de la contraguerrilla.
Luego de hablar con el encargado de la Estación de Policía (ese mismo lunes 14 de agosto del 2000), la Señora Alcaldesa de Pueblorrico, recibió en su despacho una llamada del Teniente BOTINA, adscrito al Distrito Militar de Támesis, quien le informó que unidades del Batallón Cacique Nutibara habían sido desplazadas por la vereda "El Barcino" de camino a Jericó, pues en este municipio se presentaban problemas de orden público. Sin embargo la Señora Alcaldesa no fue informada de un operativo concreto contra la guerrilla en su jurisdicción. No obstante lo anterior, inmediatamente después de conocerse en el pueblo de la masacre de los niños, dos unidades de inteligencia militar, quienes se encontraban vestidos de civil, fueron observados en el casco urbano. Algunos ciudadanos conversaron con estos agentes, enterándose así de su condición. El mismo Teniente BOTINA, luego de sucedidas las muertes de los menores, se comunicó por teléfono nuevamente con la Señora Alcaldesa de Pueblorrico.
3. Los Hechos
Aprovechando los días soleados que por esta época de verano se presentan en la región, la profesora de la Escuela Rural de la Vereda "La Pica" Lucy del Carmen Vélez Vásquez y sus alumnos, programaron para el 15 de agosto del 2000 un paseo o salida ecológica. Ese día, como los anteriores, el día abrió precioso, de suerte que sin inconvenientes climáticos, los niños y niñas al lado de su profesora y de su esposo el concejal Hernando Ernesto Higuita, de la señora encargada de preparar los alimentos en la escuela y de la madre de uno de los niños, Mery López Álvarez, iniciaron la marcha sobre las 8:00 de la mañana) hacia el sitio "La Tolda", llevando consigo la merienda que horas más tarde comunitariamente consumirían. Muchos de los niños y niñas que participaron en la caminata ese día lucían su uniforme deportivo: pantalón de sudadera de color rojo y camiseta blanca. En total 47 niños y niñas y tres adultos.
"... los niños dijeron nos vamos por la casa de Pedro para arriba, por esas mangas para arriba, por allá hay manguitas entonces prendemos el fogón. Uno de los niños que mataron él era el que guiaba como todo, David Ramírez, él nos decía que por allá hay manguitas ricas y buscamos un charquito para coger el agua y hacer el almuerzo... A las ocho de la mañana salimos de la escuela y unos niños, los que no fueron a la escuela porque vivían cerquita de la loma por donde íbamos a pasar nos gritaban que se movieran contentos porque ellos querían llegar ligero, y fuimos subiendo cuando los alcanzamos a ellos en la primera lomita en la casa de uno de los niños inclusive invitamos a la señora Elsy ... Cuando subimos la lomita llegamos a una parte que es puro potrero ..." (Declaración de la profesora Lucy del carmen)
En su recorrido, sin proponérselo se dividieron en grupos. Un grupo de trece (13) niños, al llegar a un punto en el que el camino de herradura se bifurca, optaron por bordear por la izquierda la loma, ascendiendo hacia un descanso que el terreno presenta. Otro grupo, conformado por niños y niñas y los adultos que los acompañaban, al llegar a la bifurcación del camino siguió a la derecha para ascender de frente a la loma.
Estando los niños que bordearon la loma por la izquierda en el descanso referido, uno de ellos "grito de alegría" quizá por encontrarse a campo abierto. Simultáneamente, escucharon la voz del concejal Hernando Higuita que les pedía que esperaran para que ayudaran a llevar las ollas y comidas pues los pequeños que se desplazaban con ellos ya estaban cansados. Tanto los adultos, como los niños del grupo que bordeo la loma por la izquierda coinciden en señalar que los gritos de alegría fueron acallados por el espeso fuego que las tropas regulares descargaron indiscriminadamente contra los niños y las niñas del otro grupo que habían alcanzado un espacio plano que sirve de descanso en el ascenso. Uno de los niños textualmente nos manifestó: "Cuando el niño gritó de alegría, nos encendieron a bala".
"La Tolda es un lugar de donde se puede divisar para muchas partes, para todo el pueblo, los niños pueden jugar es campo abierto. Habíamos caminado aproximadamente unos 15 minutos cuando se produjo la balacera, y la balacera se produjo cuando unos niños iban adelante... el paseo iba dividido en tres grupos la balacera se produjo en el tercer grupo, iba una niña que no hacía parte de los estudiantes y llevaba un morral con una camisa encima del morral acompañada con una niñita Luego comenzaron a disparar, todos disparaban contra nosotros como si fuera una emboscada en contra de nosotros en campo abierto." (Declaración del concejal Hernando Higuita)
Allí, en el primer momento del ataque fueron asesinados tres de los niños y gravemente heridos seis, dos de los cuales murieron posteriormente, Paola Andrea Arboleda Rua de ocho (8) años, al parecer recibió dos impactos que le causaron heridas no necesariamente mortales, empero, como no fue atendida oportunamente, su muerte pudo producirse al desangrarse.
"... la niña se desangró allá, si la niña se lleva a tiempo se salva. Cuando yo subí encontré la niña sola en el punto ya desangrada del puro pipo, no le habían prestado primeros auxilios absolutamente para nada... la niña no tenía heridas en la cabeza solamente en un brazo y aquí en una piernita... se llamaba Paula Andrea Arboleda." (Declaración del campesino Henry Arboleda, tío de la menor)
El señor Hernando Arboleda padre de los menores asesinados Alejandro y Andrea, incluso alcanzó a llegar al lugar cuando su pequeña hija aún estaba con vida y, relata, que los soldados allí presentes no le ofrecieron ningún tipo de socorro o ayuda a esta preciosa vida que se hubiera podido salvar.
"…Perdió mucha sangre y los soldados no hacían nada para salvarle la vida, denunció el campesino al recordar con sus ojos llorosos esos primeros momentos que siguieron a lo que los pobladores llaman un ataque directo de los militares (...)" (Información del periódico El Tiempo, agosto 17 del 2000)
El niño DAVID ANDRES RAMIREZ LOPEZ, de diez años, quien al parecer salió ileso del primer momento del ataque, aprovechando una especie de cese del fuego, corrió a buscar refugio, empero, al reanudarse el ataque fue alcanzado por una descarga mortal que le cegó su existencia.
Los niños que ascendieron la loma por la izquierda, al escuchar el tiroteo se desplazaron arrastrándose y bordeando el montecillo ubicado al lado izquierdo en la parte media-baja de la loma donde fueron asesinados y heridos los niños. Terminaron siendo acogidos en una casa campesina cercana ubicada aproximadamente a un kilómetro del lugar de los hechos.
Los adultos que acompañaban al otro grupo de niños se refugiaron en el camino.
"Los que iban conmigo se tiraron a un camino viejo con la esposa mía, o sea con la profesora y con la niña del restaurante (Dalia Zapata Gómez) y otra madre de familia que nos acompañaba que se llama Mery López Alvarez. Luego yo me devolví con la olla cuando escuché que un niño me llamaba y me decía Higuita venga por mi y yo lo miré y vi que estaba herido porque me levantaba la pierna…" (Declaración del concejal Hernando Higuita)
Los adultos angustiosamente le gritaban a la tropa que dejara de disparar, que quienes allí se encontraban eran los niños de la escuela. Desesperados ocultaban afanosamente a los niños en el camino de herradura el cual brindaba alguna protección de los proyectiles disparados por los uniformados. En medio de la balacera y de las explosiones, el concejal Hernando Higuita rescató y auxilió a varios niños heridos.
"... yo gritaba que no disparan que eran los niños de la escuela y con más rapidez disparaban, no respetaban que iba a rescatar un niño. Luego cuando bajaba con él había otro niño que me decía que no lo dejara morir que lo ayudara, yo me devolví se lo dejé a mi esposa ella me dijo que no podía con él, me devolví se lo recibí y en el momento en que yo cogí el niño en mis brazos el otro lo llevaba a la espalda..." (declaración del concejal Higuita)
Mientras esto ocurría en la loma, la comunidad en la parte baja sufría y clamaba por sus hijos. Desesperados comenzaron a ascender sin que el fuego de la tropa cesara. Aproximadamente veinticinco minutos después de haber iniciado el fuego, algunos habitantes de la región temerariamente lograron ascender y en medio del nutrido fuego uno de ellos alcanzó a colaborar en el auxilio de los niños heridos.
"... eso fue muy rápido que yo subí arriba y esos tiros seguían pasando todavía, ya muy alto pero pasaban. Habían subido como unos treinta minutos, como media hora, cuando tan! hermano ese tastaceo, cuando yo veo los niños en ese filo haya, cómo, mis niños hombre por dios los niños, me solté ese tarro y hágale por ahí para arriba hermano, yo era desesperado, me voy a rescatar mis niños. Cuando ya subí a la mitad de la loma -allí más debajo de ese palo que se ve allá- cuando ya me encontré los dos niños que bajaban ya sanos, cuando un sobrino herido en una mano con esquirlas de granada (César Augusto Arboleda, hijo de Gustavo Arboleda y Amalia Velásquez), entonces cuando bajaba el concejal con los niños heridos le recibí uno, lo bajamos hasta una casa, y entonces me devolví otra vuelta para arriba, cuando ya bajaba otro niño con cinco tiros que le habían pegado" (Declaración del campesino Henry Arboleda)
Transcurridos cuarenta (40) minutos aproximadamente, la tropa dejó de disparar. Acto seguido la comunidad llegó inmediatamente para suplicarles que de manera urgente les prestara los primeros auxilios a los niños heridos, a lo cual procedieron solo una hora después. También les rogaron que pidieran un helicóptero para transportar rápidamente los heridos, pero se negaron alegando tener el radio averiado. Sin embargo minutos después dijeron que habían llamado al hospital del municipio y que ya venía en camino una ambulancia.
"Yo les dije hombre llamen al batallón para que mande un helicóptero para los heridos, dijo que el radio (el teniente al mando de la tropa) estaba dañado. Por ahí a los cinco minutos preguntamos hombre qué pasó con los helicópteros, que no que ya viene una ambulancia que nosotros la llamamos a Pueblorrico. Como le parece y con el radio dañado. No quisieron, no quisieron" (Declaración del campesino Henry Arboleda)
En ese mismo contexto, la comunidad dolida le exigió explicaciones a la tropa por el crimen de los niños, encontrando respuestas disímiles que van desde el arrepentimiento y la "comprensión", pues algunas de las unidades tiraron su arma de dotación, lloraron y dijeron entender la situación por ser también padres, hasta la agresividad y la actitud amenazante de un uniformado que le anunció a uno de los campesinos que "el fuego, ante tanto reclamo, se podría reanudar".
Tomando en cuenta que el desplazamiento entre la vereda la Pica y el municipio dura 50 minutos aproximadamente, calculamos que sólo dos horas después del ataque, la misión médica fue informada por el Concejal Hernando Higuita de que las víctimas de los hechos eran niños. Higuita tras auxiliarlos se dirigió al casco urbano de Pueblorrico, primeramente al Hospital a pedir ayuda y luego al Comando de Policía a denunciar los hechos. Allí también se encontraba un teniente del Ejército Nacional vestido de civil, quien se desplazó en seguida hacia la vereda La Pica.
Los agentes de inteligencia militar vestidos de civil que se encontraban en el casco urbano de Pueblorrico, indicaron a la Misión Médica el momento en que podía dirigirse al lugar de los hechos.
Los seis niños heridos, fueron trasladados al Hospital San Vicente de Paúl de Pueblorrico. "En el hospital fueron atendidos seis niños quienes presentaban heridas por proyectil de arma de fuego, dos de los cuales fallecieron mientras se les prestaba atención médica, uno fue dado de alta con diagnóstico de herida en mano.
"Tres fueron remitidos a centros hospitalarios del valle de Aburra, con los siguientes diagnósticos:
Herida por proyectil arma de fuego en codo y pierna. Descartar fractura de tibia y peroné, se remite para valoración y manejo por ortopedia.
Herida por arma de fuego penetrante a tórax se remite para evaluación por cirugía general.
Herida penetrante a tórax, se remite para evaluación por cirugía general."
Aunque no tuvimos acceso a los protocolos de necropsia, fuentes de toda credibilidad informan que todos los niños muertos recibieron más de un impacto. Igualmente fuimos informados que los menores recibieron metralla, producidos sin lugar a dudas por armas de carga múltiple, tipo granada.
Producto de estos hechos cayeron muertos:
PAOLA ANDREA ARBOLEDA RUA de 8 años de edad,
ALEJANDRO ARBOLEDA RUA, de diez años.
MARCELA SANCHEZ, de seis años.
HAROL GIOVANI TABARES TAMAYO, de siete años.
DAVID ANDRES RAMIREZ LOPEZ, de diez años.
GUSTAVO ADOLFO ISAZA CARMONA, de nueve años.
Y fueron heridos:
CESAR ARBOLEDA RUA, de diez años.
OSWALDO ALEJANDRO MUÑOZ MADRID de siete años.
CRISTIAN ISAZA de cinco años.
ANDREA SANCHEZ, de quince años.
4. VERSIONES DE LAS FUERZAS MILITARES Y LAS AUTORIDADES
- Fuego cruzado, los niños utilizados como escudos
Desde el martes 15 de agosto, los medios de comunicación publican las versiones de los altos mandos militares.
El Comandante del ejercito declaró para el diario El Espectador "lo que sucedió es que se presentó un intercambio de disparos, los guerrilleros venían adelante y se mezclaron con los niños, el ejército no los vio y ahí murieron ". ( Diario El Espectador Miércoles 16 de agosto de 2000 pg.2-A.)
Para el mismo diario el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, General EDUARDO HERRERA VERBEL declaró: " En la persecución de los guerrilleros, estos se metieron entre una excursión de niños de la escuela y dispararon a la tropa. Esta reaccionó y hay un balance de seis niños muertos". ( Diario El Espectador Miércoles 16 de agosto de 2000 pg.2-A.)
"Por su parte, el Comandante de la cuarta Brigada, general EDUARDO HERRERA VERBEL, aseguro que en el enfrentamiento los guerrilleros utilizaron niños como escudos humanos para evitar la acción de los tropas " .(El Colombiano Agosto 16 del 2000).
Los mandos militares insisten en exonerarse de responsabilidad a pesar de que toma fuerza la evidencia de la misma, el 17 de agosto el Espectador registra reacciones del General Mora, señalando "Creo que si los soldados hubieran visto a los niños no disparan..."
Autoridades civiles se pronuncian en el mismo sentido, la alcaldesa de Pueblorrico, JUDITH PIEDRAHITA, afirmó que el grupo, conformado por unos 60 niños, se encontraban en un camino cuando quedó en medio del fuego cruzado.
El Gobernador (E) de Antioquia ORCAR ARBOLEDA señaló "hasta ahora (tarde de ayer) no me he reunido con ningún militar, pero entiendo que esto es el resultado de una confrontación entre tropas de la Cuarta Brigada y guerrilleros del Ejército Revolucionario Guevarista, del ELN"
4.2. Un error humano
El 18 de agosto autoridades civiles y militares encabezadas por el propio Ministerio de Defensa presentan ante la solidez y presión de las declaraciones de los testigos de los hechos, reconocen la responsabilidad del Ejército, pero la atribuyen a un "error".
"Este no es un tema de violación de derechos humanos, sino de un posible error humano... El punto que quieren reiterar aquí, por encima de todo, es que nunca -y eso creo que esta fuera de toda discusión- hubo dolo. Nunca hubo intención de los soldados en producir muertes menos niños..."
Estas fueron las declaraciones de LUIS FERNANDO RAMIREZ ACUÑA, Ministro de Defensa, en rueda de prensa que fue registrada por los medios de comunicación el 19 y 20 de Agosto.
En dicha rueda de prensa el Comandante de las fuerzas Militares FERNANDO TAPIAS STAHELIN, mantiene la versión según la cual en el lugar de los hechos había presencia guerrillera, en contravía del decir de los testigos.
"Allí, hacia las 9:30 a.m. el propio Sargento que se encontraba al frente de una subametralladora, según su versión de los hechos al parecer divisó con sus subalternos las siluetas de hombres que vestían camuflados ". (El Espectador sábado 19 de agosto de 2000, Pg. 6-A).
Sin embargo, al parecer, el comandante no fue claro en relación con el tema del supuesto combate, pues mientras el diario El Espectador señala:
"...Tapias en ningún momento aseguró que en realidad hubiera habido un enfrentamiento armado en el momento en el que se presento el incidente con los niños." (op.cit),
El diario el Tiempo asegura
"El Ministro (de Defensa) se pronunció sobre el hecho en una rueda de prensa, en la que el Ejercito se reafirmó en que los menores perdieron la vida en medio del fuego cruzado en combates con el ELN." (El Tiempo, agosto 19 de 2000).
Esta versión es avalada por el propio Fiscal General de la Nación quien señaló que se debía descartar la existencia del dolo.
"El Fiscal ALFONSO GOMEZ MENDEZ advirtió que se debe descartar de entrada que oficiales y soldados del ejército de Colombia estuvieran dolosamente asesinando a niños, y calificó esta hipótesis como descabellada "apreciación a priori, irresponsable y sin fundamento"…. (El Espectador, jueves 17 de agosto de 2000, Pg. 3-A).
La ligereza de las versiones presentadas por las autoridades civiles y militares frente a los hechos, mereció el pronunciamiento de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en comunicado de prensa señaló:
"La oficina lamenta las apresuradas declaraciones de funcionarios de carácter civil y militar sobre el desarrollo de los hechos y las responsabilidades que del mismo se derivan.
La oficina urge al Estado para que realice un investigación exhaustiva y garantista de los hechos de la Pica, adelantada conforme a la normativa interna e internacional, identifique a los responsables, e imponga las sanciones penales y disciplinarias que correspondan. Así mismo, recuerda al estado su deber de reparar el daño y resarcir a las víctimas y a sus familiares."
5. LAS HIPOTESIS
5.1 LOS NIÑOS UTILIZADOS COMO ESCUDO HUMANO POR LA GUERRILLA Y/O GUERRILLEROS MIMETIZADOS O INFILTRADOS EN MEDIO DE LOS NIÑOS.
Oficiales de alto rango del Ejército Nacional, recién divulgados los hechos, sostuvieron que guerrilleros del ELN, Comando Che Guevara, se enfrentaron a la tropa regular utilizando a los niños como escudo humano para así poder escapar. Dichos guerrilleros al parecer salieron ilesos. Dicha información fue presentada de la siguiente manera por algunas autoridades civiles y militares ante la opinión pública:
"Seis niños murieron y por lo menos cuatro más resultaron heridos en un combate entre guerrilleros del Eln y tropas del Ejército en zona rural del municipio de Pueblo Rico, suroeste antioqueño.
"Los menores, con edades entre ocho y trece años, realizaban una excursión escolar cuando, en el sitio conocido como El Borrachero, quedaron atrapados en el fuego cruzado de un enfrentamiento entre una unidad militar y subversivos del frente Ernesto Che Guevara de acuerdo con fuentes de la localidad.
" La alcaldesa de Pueblo Rico, Judith Piedrahita, afirmó que el grupo, conformado por unos 60 niños, se encontraba en una caminata cuando quedó en medio del fuego cruzado
"Por su parte, el comandante de la Cuarta Brigada, general Eduardo Herrera Verbel, aseguró que en el enfrentamiento los guerrilleros utilizaron a los niños como escudos humanos para evitar la acción de las tropas" (Informe presentado por el periódico El Colombiano, agosto 16 del 2000)
El jueves 17 de agosto, en entrevista presentada por el periódico El Colombiano, el comandante de la Cuarta Brigada, general Herrera Verbel, nuevamente se ratificó en la justificación del ataque presentada desde un principio:
"(...) aproximadamente a las 9:00 o 9:30 de la mañana (del martes) fueron atacados (los soldados) por parte de un reducto (del Eln) que venía huyendo del sitio El Borrachero (límites entre Pueblo Rico y Jericó). Se inició el combate y, en ese momento, entró la primera parte de la excursión y los niños quedaron en medio del fuego cruzado."
Aunque esta hipótesis, dada la coherencia, consistencia y contundencia de los testimonios de quienes presenciaron los hechos, no resiste el menor análisis, si fuerza algunos interrogantes:
En gracia de discusión, si el Ejército Nacional observó con antelación a los guerrilleros infiltrados entre los pequeños mediante la utilización de aparatos binoculares de acuerdo a lo manifestado públicamente por el comandante de la Cuarta Brigada General Herrera Verbel a Radio Net en entrevista efectuada en las horas de la mañana del 16 de agosto; por qué no diseñó y empleó una estrategia de combate distinta a la de abrir fuego en la forma indiscriminada en que lo hizo?
Admitiendo en gracia de discusión que los niños habían sido convertidos en escudos de los guerrilleros, por qué el Ejército Nacional no recurrió a la misma y limpia estrategia que apenas una semana atrás había empleado en el rescate del periodista la Chiva Cortes? Acaso estas técnicas no son de aplicación general y generosa en pos de proteger la población civil? En Pueblorrico, como se hizo en el rescate del periodista secuestrado en Medina, Cundinamarca, se calcularon todos los pasos por la tropa y se incluyó una ardua labor de inteligencia? Por qué la guerrilla no sufrió bajas?
Ninguno de los tantos testigos de los hechos entrevistados por la comisión dejó siquiera lugar a la duda respecto a la presencia de la guerrilla supuestamente mimetizada entre los menores o utilizándoles como escudo humano. Todos, categóricamente niegan la presencia guerrillera, dándole de esta forma un mentís a la versión castrense. Por eso necesariamente tenemos que preguntarnos acerca del sentido y la intención de los altos oficiales al querer ocultar la verdad de los hechos con una hipótesis insostenible.
Desde aquella misma noche el concejal Higuita se atrevió a desafiar en un programa televisivo -"La Noche" de RCN- la información presentada en este sentido por el general Herrera Verbel, afirmando que el ataque fue dirigido por la tropa en contra del grupo de menores que se desplazaba por La Tolda sin que se presentara ningún tipo de enfrentamiento y sin presencia de insurgentes que los utilizaran como escudos humanos, tal y como lo manifestó ante la comisión:
"Yo llegué al pueblo y le dije a la doctora que necesitaba ayuda, ella me acompañó a la estación de policía. En el momento en que comenzó la balacera yo no sabía quien disparaba, cuando ya llegué al pueblo y que la doctora me acompañó a la estación de policía me dijo el supuesto teniente -en ese momento yo no sabía que era del ejército- que allá en La Tolda había presencia del ejército. Yo le dije a él, le respondí esos hijuetantas fueron entonces los que disparaban porque allá había un solo grupo. El se confundió y empezó a llamar (...)". (Versión de Hernando Higuita)
5.2 EL ERROR
Ante tanta evidencia respecto a la autoría de la masacre de los menores, las Fuerzas Militares, después de tres días, aparentemente abandonaron parcialmente la primera hipótesis, para asumir a regañadientes su responsabilidad, aclarando que podría tratarse de un error. Tesis apoyada en declaraciones del Doctor ALFONSO GÓMEZ MENDEZ, Fiscal General de la Nación, quien descarta el dolo en la acción adelantada por los militares. Este hecho, en aras de la independencia y la imparcialidad judicial, nos parece irresponsable, pues las declaraciones del Señor Fiscal se produjeron cuando apenas la investigación se iniciaba.
Hay que señalar que la hipótesis del "error" esta siendo sustentada sobre una base falaz pues como ya se señaló, las Fuerzas Militares insisten en la existencia de un combate en el lugar y momento de los hechos, o por lo menos en la presencia guerrillera, lo que desconoce las contundentes y ampliamente conocidas declaraciones de los testigos presenciales. La actitud de este modo asumida por las Fuerzas Militares no sólo es éticamente reprochable, sino que favorece la impunidad.
Frente a estos acontecimientos se esperaría una actitud gallarda de las autoridades admitiendo su responsabilidad directa y sometiendo cada una de las acciones y omisiones concurrentes en el suceso al control ciudadano y judicial; sin embargo, como se ha dicho, lo que han hecho es ocultar, omitir o distorsionar lo sucedido, coadyuvando de esta forma a su propio descrédito y deslegitimación frente a la comunidad nacional e internacional, pues ningún mensaje alentador y responsable se entrega.
A la Comisión de O.N.G. que rendimos este informe, nos es muy difícil asumir a la manera del Señor Fiscal General de la Nación la hipótesis del error y/o la ausencia de dolo. No es conveniente apresurarse a defender esta hipótesis pues ello podría apuntalar el camino de la impunidad en este grave crimen.
Y es que a partir de los hechos y las evidencias recogidas no nos cabe duda de que los miembros del Ejército Nacional lesionaron la vida y la integridad física de unos niños indefensos, sin que pueda calificarse esta situación como una culpa colectiva o un error acerca del carácter justificado del despliegue.
Veamos algunos elementos que nos impiden acoger estas hipótesis:
I. La presunta modalidad culposa del despliegue
Algunos pretenden sostener una culpa imputable a las víctimas puesto que habrían salido a pasear a sabiendas de los enfrentamientos producidos en los alrededores del municipio de Jericó, pese a ya haberse aclarado, probado y hecho público que dichos enfrentamientos se produjeron en una vereda alejada del lugar donde ocurrió el suceso. Esa inusitada e inadmisible transferencia de la responsabilidad expande, de un lado, el terror y una neurosis colectiva en la población al reproducir un riesgo latente en cada espacio y contra cualquier persona y, por otro, llama sin razón a que se provoque y acepte una parálisis de toda actividad social.
También se ha procurado atribuir la modalidad culposa a la situación presentada cuando se expone como una simple falta de precaución y de previsión por parte de los militares, lo que a todas luces es desacertado porque:
En primer lugar, constituye una exigencia propia de todo ejercicio de fuerza reglada, como se supone es el de las fuerzas armadas, que prevean los efectos concomitantes y los riesgos derivados de cada una de sus acciones. Esto significa en concreto que es siempre exigible a las tropas realizar los reconocimientos de la zona, labores previas de inteligencia, prevenir a la población civil y brindarle las medidas necesarias para su protección antes o durante cualquier operativo o despliegue; dando por cierto que el Ejército Nacional viene mejorando sustancialmente sus técnicas de combate, la falta de estas precauciones constituye una omisión injustificada respecto a los protocolos de Ginebra suscritos por el Estado colombiano. Por supuesto, si algunas precauciones de estas se tomaron, los resultados nefastos que ya conocemos muestran que fueron un verdadero desacierto que raya con la mala intención, porque éstas debieron informar a la tropa que quienes ascendían no eran guerrilleros sino los alumnos de la Escuela Rural de la vereda "La Pica", niños en su totalidad, dado que desde el sitio en donde se encontraban apostados los soldados se tiene un perfecto dominio de la parte media y baja de La Tolda.
Además, y en segundo lugar, tomando en cuenta que el Ejército colombiano se ha tecnificado altamente y que desde mucho tiempo atrás han sido dotados de binoculares y miras telescópicas, no se concibe que la tropa no haya observado el objetivo al que se le iba a abrir fuego. Resulta increíble que ni uno de los militares haya distinguido en el blanco a un grupo de niños y a unos adultos completamente desarmados.
En tercer lugar, la topografía pendiente por la que ascendían los niños y niñas, forzosamente obliga a llevar un paso lento, mucho más si estamos hablando de niños cuya edad oscila entre los cinco (5) y doce (12) años, cargados con viandas y meriendas. Circunstancia que refuerza nuestro planteamiento de que la tropa tuvo que haber observado a los pequeños en marcha sobre todo cuando existe total visibilidad desde el sitio en donde se encontraba ubicado el ejército hacia la parte baja por donde ascendían los niños, de hecho las ráfagas disparadas por poco alcanzan a Hernando Higuita cuando se encontraba próximo a llegar al lugar en donde empieza el camino de ascenso hacia el paraje "La Tolda".
En cuarto lugar, el vestuario de los niños (la mayoría lucía pantalón de sudadera de color rojo y camiseta blanca) y sus edades y estaturas debieron llamar poderosamente la atención de la tropa para darse cuenta de que no estaban ni ante el ropaje usado por los insurgentes ni los cuerpos de los niños a la vista prefiguran hombres y mujeres de la guerrilla.
En quinto lugar, las condiciones climáticas del lugar favorecían la visibilidad y precisión del blanco de la tropa. Este elemento, unido al hecho de que los militares estaban apostados a unos ciento cincuenta metros, o sea muy cerca al blanco (los niños), no permite aceptar el error; si estuviésemos ante un error se hubiese podido enmendar a tiempo, es decir, antes de abrir fuego contra los menores.
En sexto lugar, la hipótesis del error es insostenible si se toma en cuenta que la tropa, luego de disparar por un periodo de tiempo, hizo un alto momentáneo al fuego, el cual reanudó prolongándolo por una hora aproximadamente. Es decir, pese a haber calcinado en primera instancia a varios menores, no cesó definitivamente el nutrido fuego sino que lo dirigió insistentemente contra la cañada en donde se resguardaron el resto de niños y los adultos que los acompañaban. Las preguntas obligadas son: Cuántos menores necesitan caer para darse cuenta de que se está ante un error? Cuánto fuego necesitan disparar nuestras tropas para caer en la cuenta de que le están descargando balas y metralla a un blanco absolutamente indefenso? Acaso, nuestros militares cayeron a tiempo en la cuenta de que habían cometido un error y trataron de borrar toda evidencia disparando durante una hora y concentrando el fuego contra el camino de herradura que servía de refugio al resto de menores? Cuánto tiempo requieren nuestros militares para darse cuenta que el bando al que le están disparando no les está respondiendo.
En séptimo lugar, la comisión de O.N.G. recibió copiosos testimonios que dan cuenta de que los niños heridos fueron auxiliados bajo el fuego por los adultos acompañantes y por personas de la comunidad que ascendieron rápidamente, lo que constituye una irritante y repudiable oposición de los militares al rescate de los niños con vida. También refieren estos testimonios una inexplicable demora de la tropa en la prestación de los primeros auxilios a los menores heridos.
Finalmente, al menos un miembro de la tropa que disparó contra los niños y niñas, ante la increpación justa y sentida que les hiciera la comunidad campesina de la vereda "La Pica", manifestó que "el fuego ante tanto reclamo se podría reanudar".
Es a partir de estas circunstancias y factores que aparece muy forzada una atribución culposa a los hechos sucedidos. Y, si en gracia de discusión esta hipótesis se aceptara, igual terror tendría que sentir la población ante unas fuerzas armadas que pese al exorbitante presupuesto que se les asigna, no tienen dentro de su voluntad política y sus previsiones técnicas, logísticas, operativas y de adiestramiento la protección de la población civil.
II. El presunto error acerca del carácter legítimo de la reacción estatal
Después de descartar la eximente de responsabilidad invocada por los sectores más militaristas de la vida nacional (incluidos dentro de éstos a algunos periodistas), según la cual las tropas actuarían en cumplimiento de su misión constitucional y legal en un acto propio del servicio para erradicar el crimen organizado y las organizaciones narcoterroristas y que por ello la sociedad tiene que asumir el precio que de allí se deriva, se ha invocado como argumento de exoneración que los soldados tuvieron la creencia errónea de que los niños que subían la cuesta eran insurgentes. Sin embargo, son tantas las circunstancias y factores relevantes que difícilmente podemos comprometernos a defender la idea del error que a duras penas parecen reconocer los altos mandos militares, coadyuvados con la complaciente posición del Fiscal General de la Nación y de la gran mayoría de los medios masivos de comunicación.
Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrollaron los hechos, las evidencias y testimonios, nuestro compromiso para con las víctimas, el conocimiento de la historia represiva de las fuerzas militares colombianas y de la política de terror que el Estado colombiano y a través especialmente de las mismas fuerzas armadas ha implementado y desarrollado en su lucha contrainsurgente, conforman un imposible moral que nos impide admitir prima facie la hipótesis del error, tan difundida desde el gobierno y tan acogida y propagandeada por columnistas y comentaristas. Si quienes defienden con tanto vigor el error, admitieran estudiar la posibilidad que se ofrece a nuestra inteligencia con la simple acción de anteponerle una T a la palabreja que resume su hipótesis, la incertidumbre el miedo y la incredulidad en la justicia colombiana que ya comienza a manifestarse en los familiares de las víctimas, podría disiparse.
Una actitud recta de los investigadores no puede olímpicamente desechar la hipótesis de la acción dolosa de los militares que el pasado martes 15 de agosto cegaron la vida a seis menores, lesionaron gravemente a otros cuatro y terminaron con la paz y la tranquilidad de la que disfrutaban los habitantes de la vereda "La Pica".
La comisión por lo pronto no descarta que la conducta pueda ser calificada como una acción concertada y colectiva del Ejército Nacional contra la vida e integridad física y síquica de las hoy víctimas, niños y niñas de la Escuela de la vereda "La Pica" y, con esto, el aumento en la sumatoria de crímenes al alma y nervio de cualquier pueblo. Todo a partir de la misma definición que el Estado en su instancia legislativa y luego en la judicial reconoce como un homicidio múltiple aunque en el lenguaje corriente, en la trágica notoriedad y en la reiteración de estos sucesos y en algunos medios de comunicación se refieran (a nuestro juicio apropiadamente), como masacre.
6. DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
Quienes suscribimos este informe tenemos el convencimiento moral (como sin duda también así lo percibe la comunidad nacional e internacional ), de que la masacre de niños acaecida el pasado 15 de agosto en la finca "La Tolda, ubicada en la vereda "La Pica" del municipio de Pueblorrico, Antioquia, constituye un hecho ofensivo del Estado colombiano a la conciencia universal, habida consideración de que la acción criminal de la tropa vulneró grave e integralmente los Derechos Humanos de las víctimas e infringió normas básicas del Derecho Internacional Humanitario, amén de que generó zozobra, terror, inseguridad, incertidumbre y exagerado dolor en la población pueblorriquense y en la sociedad colombiana en general.
Consideramos que el ataque perpetrado por las Fuerzas Militares a los niños y niñas de Pueblorrico, cuyo saldo fatídico es de seis (6) niños muertos y cuatro (4) heridos, es un hecho tan doloroso y grave que afecta negativa e integralmente el decálogo de derechos humanos que poseemos las personas y las comunidades, tales como: la vida, la tranquilidad, la integridad física y espiritual, el derecho a la paz, el derecho a circular libremente, el derecho al trabajo, el derecho a tener una familia y a su protección integral y, entre otros más, la salud y la educación como fundamento del respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.
Los derechos humanos en Colombia se protegen e interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre la materia ratificados por Colombia, que entre otros, los centrales son los siguientes:
- Convención Americana de Derechos Humanos aprobada mediante depósito de instrumentos de ratificación en julio 31 de 1973 y entró en vigor en Colombia el 18 de julio de 1.979.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado mediante depósito de instrumentos de ratificación el 29 de octubre de 1969 y entró en vigor en Colombia el 23 de marzo de 1.976.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entró en vigencia el 3 de enero de 1976. Colombia lo ratificó el 29 de octubre de 1.969, habiéndolo aprobado por Ley 74 de 1968.
- Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en diciembre de 1.948.
- Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Interamericana, realizada en Bogotá en 1.948.
La emboscada de nuestras fuerzas militares a los niños y niñas de Pueblorrico, al afectar derechos tutelados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, obliga al Estado colombiano a responder por ello ante la comunidad internacional de Estados.
I. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
El propósito fundamental del DIH es proteger a las personas que no participan en las hostilidades, tal es el caso de los niños muertos y heridos por la tropa regular en Pueblorrico, vereda "La Pica".
Tal propósito reconoce el derecho a las personas que no participan en las hostilidades de que se les respete su vida, su dignidad, sus derechos individuales y su integridad física y moral y a ser protegidas y tratadas con humanidad.
El DIH impone a las partes en conflicto, en todas las circunstancias, la distinción entre población civil y los combatientes, con miras a respetar a aquella. Por tal razón la población civil no puede ser objeto de ataque.
El campo de aplicación del DIH cobija los conflictos armados no internacionales, como es el caso colombiano. En este tipo de conflictos son aplicables el artículo 3 común a los cuatro convenios y el Protocolo II.
El texto del artículo 3 común es el siguiente:
"Artículo 3.- En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional Y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:
"Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.
"A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:
- los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
- la toma de rehenes;
- los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
- las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio anteun tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.
- Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.
"Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer servicios a las partes en conflicto.
"Además, las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.
"La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto."
A su vez, el Protocolo II en su artículo 4-3 prevé que a los niños se les proporcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten.
El Estado colombiano hace parte de los convenios de Ginebra, por lo cual está obligado a sancionar a las personas responsables de infringir o vulnerar las normas contenidas en dichos convenios.
A juicio de esta comisión, los militares que dispararon contra los niños y niñas el 15 de agosto del 2000 en la Finca La Tolda, Vereda La Pica del municipio de Pueblorrico, Antioquia, son sospechosos de infringir flagrantemente normatividades básicas del Derecho Internacional Humanitario; vale decir, pueden ser responsables de un crimen de guerra y, más concretamente, de haber cometido un homicidio múltiple intencional y de haber sometido a la población civil a un ataque, por lo cual el Estado colombiano está obligado a enjuiciarlos y/o a facilitar para que la comunidad internacional de Estados los enjuicie.
II. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
El Estado Colombiano ha ratificado la Convención sobre derechos del niño y la ha incorporado a la legislación interna con la expedición de la ley 12 de 1991, comprometiéndose así ante la comunidad internacional y especialmente ante los niños colombianos a dar aplicación a los derechos y procedimientos allí consignados. Sin embargo la grave situación de derechos humanos que vive la niñez colombiana, da cuenta de la falta de voluntad estatal para cumplir dicho compromiso. Los niños Colombianos, especialmente aquellos víctimas de la injusticia social y la exclusión, son víctimas de la sistemática violación de sus derechos.
En el marco de la sistemática violación de todos los derechos de los niños, se presenta y debe apreciarse el crimen cometido en Plueblorrico, para comprender que esta acción del Ejército Nacional Colombiano no puede aceptarse como un error, sino que debe considerarse la posibilidad de que se trató de una acción concertada e intencional y como un capítulo mas en la historia de los crímenes de estado que se han perpetrado contra nuestros niños, la mayoría de los cuales no han contado con el mismo despliegue en los medios de comunicación y por ello no han despertado la misma respuesta de la sociedad.
Para citar tan solo algunos casos ejemplarizantes: recientemente y luego de la incursión de las FARC a Carmen de Atrato el 5 de agosto, el 8 de agosto cuando un campesino junto con sus dos hijos intentaba hacerse a los alimentos abandonados por los insurgentes, fue atacado por hombres del Ejército quienes asesinaron a su pequeño de tan solo 9 años de edad JUAN ANTONIO VARGAS RIVERA y capturaron, amordazaron y golpearon su hermanito de 10 años.
El 29 de mayo de 1997 FERNADO ARIAS y WILSON BAEZ de 13 años fueron asesinados por miembros del Ejército Nacional cuando recogían hormigas culonas en cercanías a un reten militar en Tame, luego de haber pedido permiso para hacerlo y haber dejado recomendadas sus bicicletas a los militares; el 29 de septiembre de 1997 Rummenigge Perea Padilla de 14 años fue puesto de rodillas y ejecutado por miembros del Grupo GAULA de la Policía Metropolitana de Cali cuando desarrollaban un operativo para la liberación de un secuestrado y el niño fue sorprendido tratando de escapar a los disparos que lo sorprendieron mientras se divertía junto con otros niños en un riachuelo.
Mas recientemente, el crimen cometido por la Fuerza Aérea Colombiana el 13 de diciembre de 1998 cuando desde uno de sus helicópteros se arrojó sobre la población inerme de Santo Domingo en Tame (Arauca), una bomba que cegó brutalmente la vida de siete niños y nueve adultos que departían en una fiesta comunitaria.
Valga señalar que estos casos como tantos otros que se cometen contra nuestros niños, permanecen en absoluta impunidad, algunos de ellos están bajo conocimiento de la Jurisdicción penal militar.
Esta situación, que no es reciente, ha sido evidenciada por el propio Comité de derechos del niño de Naciones Unidas que ya desde 1995 ha proferido recomendaciones concretas al Estado colombiano para que garantice los derechos de los niños y que debían tener justa aplicación para este caso:
"Las violaciones a los derechos humanos y de los derechos de los niños deberían ser examinadas siempre por tribunales civiles de conformidad con el derecho civil y no por tribunales militares."
Así mismo, el Comité hizo recomendaciones específicas en relación con las autoridades militares y de policía, que a la fecha no solo no se han cumplido sino que, con hechos como el de Pueblorrico son burladas abiertamente:
"El comité cree que debe adoptarse una nueva actitud y un nuevo enfoque, sobre todo en lo que respecta a la Policía y los militares, a fin de que se respete mas a los niños independiente de su origen social, económico o de otra índole..."
De otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en su último informe sobre derechos humanos en Colombia también se ha pronunciado sobre la grave situación de los niños:
"...información recibida en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... indica que la situación del niño colombiano, lejos de mejorarse, o al menos, mantenerse, parece ir empeorando en los últimos años."
En ese sentido la Comisión Interamericana recomienda:
"Que se tomen medidas enérgicas para garantizar el derecho de todos los niños de Colombia a la vida. Esas medidas deben incluir medidas que garanticen la protección efectiva de los derechos de los niños contra los actos de asesinato y atentados contra su integridad física, y el aseguramiento de que dichos actos sean investigados de manera seria, imparcial y efectiva por tribunales civiles y sancionados severamente."
Un crimen como este y las vergonzosas acciones de encubrimiento posteriores al mismo, no solo se constituye en una grave violación de derechos humanos y de los derechos de los niños, sino que es un hecho que agrede a toda la humanidad y debe avergonzar al Estado Colombiano por la atrocidad con que actuaron sus agentes y la deplorable impunidad que han propiciado altas autoridades civiles y militares.
De otra parte, con estos hechos el Ejército Nacional ha infringido normas del derecho internacional humanitario al que está obligado a sujetarse y que ordena el deber de protección, de asistencia médica y de reparación a los niños.
El artículo 77 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra señala:
"Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor. Las partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten, por su edad o por cualquier otra razón"
El artículo 50 del IV Convenio de Ginebra señala en relación con la asistencia médica:
"Los menores de 15 años, las mujeres en cinta y las madres de niños de menos de 7 años priman respecto de la alimentación, la asistencia médica y la protección contra los efectos de la guerra."
La propia Convención sobre los Derechos de los Niños en el artículo 38 señala:
"Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del DIH que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niños.
De conformidad con las obligaciones dimanadas del DIH de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas... para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado."
Dando cumplimiento a las obligaciones estatales de protección a los niños afectados por el conflicto armado, el Estado Colombiano debe emprender acciones eficaces, sistemáticas y coherentes para garantizar la recuperación emocional de los niños y sus familias.
El artículo 39 de la Convención:
"Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de... conflicto armado"
7. LOS PRIMEROS EFECTOS PSICOSOCIALES DEL HECHO
"Claudia Patricia, como muchos otros niños presentes en los hechos, tiene pesadillas, se despierta llorando y siente que "alguien se me acuesta al lado en la cama"
A lo largo de los dos días de diálogo con la comunidad de la vereda La Pica varios elementos quedan claros: la comunidad debe enfrentar no sólo el terrible dolor que les produce el haber sido víctimas de la agresión por parte del ejército, sino el miedo por las posibles agresiones de los victimarios o de grupos paramilitares por haberse atrevido a declarar y denunciar para que el mundo conociera la verdad de los hechos.
No puede olvidarse que la agredida, la victimizada es toda la comunidad que se vio involucrada en los hechos y no sólo los niños y niñas asesinados o heridos. Todos y cada uno de los niños y niñas, los padres de familia, las profesoras, el concejal deberán enfrentar en mayor o menor grado los estragos de esta violación flagrante a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Entre estos efectos podemos destacar los siguientes:
- El dolor físico, moral y espiritual que de los padres y familiares de los seis niños-as- asesinados: "El dolor se supera, pero no se acaba". Así se expresaba Miriam López, mamá de David Andrés, el menor de doce años asesinado. Quién puede reparar el dolor de madres y padres que vieron truncados los deseos, los sueños, las aspiraciones de estos menores. Los mismos funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar son claros en señalar que se va a necesitar mucho tiempo para que las familias puedan superar el trauma causado por estos hechos.
- Los traumas sicológicos de los niños y niñas sobrevivientes de los hechos a quienes les fue brutalmente cortada su alegría: "un niño grito de alegría y hay mismo empezaron a disparar". Va a ser difícil que los niños y niñas vuelvan a jugar sin miedo a ser agredidos por ello. La mayoría de los niños-as- no quieren volver a la escuela, no quieren ir al campo, deben ser acompañados para ir al baño. Sienten temor de todas las personas extrañas que llegan al lugar y muchos se niegan a hablar de los hechos.
- La mayoría de los adultos entrevistados sienten temor por posibles retaliaciones del ejército o los grupos paramilitares por haberse atrevido a denunciar. Sienten temor de ser obligados a desplazarse de su vereda. Incluso han manifestado que están dispuestos a perder la vida con tal de que se conozca la verdad y se haga justicia, haciendo alusión a que en este país son vicitimizadas las personas que se atreven a denunciar violaciones de derechos humanos.
- La profesora Lucy y su esposo Hernando debieron abandonar la zona por la presión de los familiares y los vecinos que les manifestaron que era peligroso que siguieran en el municipio debido a sus denuncias. Incluso algunos funcionarios de la Fiscalía, el CTI y la Procuraduría les manifestaron que debían cuidarse por ser víctimas y testigos presenciales de los hechos y que por ello podían sufrir algún atentado.
8. LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA POR EL CAMINO DE LA IMPUNIDAD.
Los anhelos de los familiares de los niños asesinados y heridos, como los de los profesores y los testigos del crimen, se resumen en: que la nación y el mundo sepan la verdad que ellos desde el momento de los hechos saben y que se haga justicia, que el sacrificio absurdo de los pequeños y pequeñas no quede en la impunidad.
Elementos que hacen prever un camino de impunidad.
La impunidad en Colombia respecto a Crímenes de Lesa Humanidad como el acabado de ocurrir en la Vereda "La Pica" del municipio de Pueblorrico, ha sido una constante. Podría creerse que, dada la difusión, el impacto y el rechazo que tuvo el homicidio de seis niños y las heridas a otros cuatro a manos del Ejército Nacional, el círculo vicioso de impunidad se quebrantaría. Podría pensarse que en este nuevo crimen se va a hacer justicia. No obstante, la comisión de O.N.G. advierte a la comunidad nacional e internacional los graves riesgos que existen de que estos hechos queden en la más absoluta y aberrante impunidad.
La gran prensa colombiana, las autoridades judiciales y las principales agencias de control colombianas han recaudado copiosos y contundentes testimonios de los niños y adultos que en calidad de agredidos presenciaron y soportaron los hechos. Testimonios coherentes que relatan como un grupo armado (en principio no identificado pero que a la postre resultaron ser hombres del Ejército Nacional), abrió fuego en forma indiscriminada contra los niños y adultos que en plan de paseo ecológico se desplazaban por un terreno rural totalmente despejado.
Estos testimonios de los agredidos y a la vez testigos, no pueden ser más categóricos en señalar que en el escenario de los hechos solo hubo un grupo armado, vale decir que no hubo enfrentamiento alguno, lo que fuerza a no admitir, ni siquiera en gracia de discusión, la hipótesis de la muerte de niños y niñas en el fuego cruzado entre el Ejército Nacional y la Insurgencia Armada. Tampoco es verosímil la idea de que los guerrilleros se mimetizaron entre los niños y los pusieron como escudos, pues ningún testimonio admite tal circunstancia. En resumen, las explicaciones de los militares no resisten el menor análisis frente a la coherencia y contundencia de los testimonios.
No obstante, la gran prensa, las altas autoridades judiciales encabezadas por el Fiscal General de la Nación, unánimemente defienden la hipótesis del error, sin renunciar aún a la terminología de los hechos confusos y/o al planteamiento del fuego cruzado, con lo cual se le imprime un carácter banal a los dichos de quienes si conocen la verdad real, colocándose de contera a favor de los victimarios, vale decir del lado de los que aplican la doctrina contrainsurgente generadora del más crudo y brutal militarismo, quienes también son depositarios de la verdad real, pero que su misión central es la de ocultarla o desfigurarla.
Que los medios de comunicación asuman la tarea de irradiar como verdad revelada la tesis del error militar (y que posteriormente convertirán en justificante y eximente de responsabilidad), es un hecho grave, pero mucho más grave resulta la calificación temprana de la conducta hecha por el Doctor ALFONSO GOMEZ MENDEZ, Fiscal General de la Nación, puesto que él va ser el encargado de orientar esta investigación, habida consideración de que los hechos van a tener el sello de interés nacional que emana directamente de su despacho. Ningún futuro promisorio puede tener una investigación que nace viciada por las expresiones de la máxima autoridad instructora de la nación. Ninguna independencia y autonomía podemos esperar del instructor subalterno que "asuma" el proceso.
Los altos mandos militares presentaron a la opinión versiones que exoneran de responsabilidad a sus subalternos, lo que debe entenderse más como una acción de defensa que de vigilancia y control de los mismos. De acuerdo con los testimonios presenciales, algunos de los soldados responsables de los hechos, se mostraron consientes de su responsabilidad e incluso moralmente afectados por ello, dicha circunstancia significa que la ventana del arrepentimiento y la confesión, podría haber estado abierta; sin embargo la contundente "defensa" asumida por sus superiores, sin suda la cerró por completo.
Consideramos que la actitud de los altos mandos militares e incluso de autoridades civiles como el Ministro de Defensa y el Fiscal General, envían un mensaje nefasto a los combatientes militares en el sentido de que sus acciones por desmedidas en incluso criminales que sean, podrán contar con su apoyo. Dicho mensaje recae también sobre las víctimas, que ven con ello mancillada aún mas su dignidad y anulada su credibilidad en las instituciones y las posibilidades de justicia.
Los medios masivos de comunicación, las autoridades judiciales y las autoridades militares y de Gobierno, conforman un triángulo de solidaridad de cuerpo que, al avalar ciega y acríticamente la hipótesis del error, conspira contra los anhelos de verdad y justicia de los familiares de las víctimas y de la comunidad nacional e internacional y se adelanta a allanar el camino al perdón y olvido.
Ante el abuso de la detención preventiva y de las innumerables detenciones arbitrarias e ilegales que a diario se producen en Colombia, cuya consecuencia es la vulneración de otros derechos fundamentales como la honra, la dignidad humana y el buen nombre, las O.N.G. colombianas hemos abogado por el respeto al debido proceso y dentro de este el respeto a la presunción de inocencia. Con relación a las unidades militares implicadas en la masacre de los niños de la Vereda "La Pica", seguimos defendiendo férreamente que se les respete la presunción de inocencia, sin dejar de señalar lo inusual que en Colombia resulta el hecho de que, transcurridos quince días de ocurrido el insuceso aún públicamente no se conozca ni tan siquiera uno de los responsables, cuando lo normal es que cuando se captura a una persona sindicada de cometer un delito de interés nacional se le someta de inmediato al más denigrante escarnio público.
De otra parte, creemos que el camino a la impunidad de este nuevo crimen que ofende la conciencia universal puede estar labrándose desde evidentes fallas habidas en la investigación inicial, las cuales pasamos a reseñar.
La comisión pudo constatar que el terreno en el que murieron los niños no fue acordonado como lo ameritaba la gravedad del hecho, por suerte que el escenario fue manipulado consciente o inconscientemente al pisotearse el terreno, permitiendo que muchas de las vainillas, material de guerra y evidencias fueran enterradas.
El lugar exacto en donde cayeron mortalmente heridos los niños tampoco fue acordonado y, hasta donde pudimos averiguar, allí no se efectúo un levantamiento planimétrico, pese a que el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalia contó para sus diligencias con personal experto en la materia, que hizo levantamientos de ese tipo en el resto del área.
Hasta donde fuimos informados, transcurridas setenta y dos (72) horas de haber sido asesinados los niños, ni la Fiscalia ni la Procuraduría habían recibido las versiones o indagatorias de los militares directa y materialmente comprometidos en el crimen. De ser cierto esto, estaríamos ante un hecho muy grave, pues en ese tiempo los militares pudieron estar siendo sometidos a presiones o pudieron haber recibido órdenes de sus superiores para que acomodaran su dicho a intereses distintos al de la búsqueda de la verdad y la justicia, perdiéndose así la oportunidad preciosa de obtener testimonios espontáneos de parte de los victimarios. Frente a esta situación, podríamos estar ante un mecanismo de impunidad muy conocido e identificado como la modalidad de ocultar la identidad de los victimarios materiales y desde allí proteger también a los intelectuales.
Respecto a la Misión Médica que atendió la emergencia tenemos que destacar su buena voluntad y el compromiso que demostraron al atender a los niños heridos, empero hay que dejar claro que estos galenos que practicaron las necropsias a los niños asesinados, lo hicieron por su compromiso más no porque su preparación sea la de un galeno forense. Esta circunstancia podría eventualmente traer consecuencias funestas en la Investigación. Conocemos experiencias desastrosas de galenos no expertos que no han sabido precisar por ejemplo, si la herida fue producida por arma de alta o baja velocidad ó a corta o larga distancia. Médicos que no pueden distinguir en una herida si se esta frente a un tatuaje o ante una bandeleta contusiva; ó, aún más delicado, se han presentado casos en los que galenos inexpertos y no capacitados en la medicina forense han dejado de registrar heridas en la diligencia de necropsia, ó, situaciones en que los médicos no pueden determinar si las heridas fueron causadas pre o post morten.
Tenemos que denunciar que desde Pueblorrico se le pidió apoyo al equipo de Medicina Legal del vecino municipio de Andes, la cual fue negada sin explicación convincente.
También hay que decir aquí que en la Fiscalia General de la Nación viene imponiéndose una peligrosa práctica que le otorga mayor valor a los dictámenes técnicos que a las evidencias y pruebas en propiedad, como en efecto lo son los testimonios y las inspecciones judiciales por ejemplo. Para el caso de Pueblorrico diríamos que toda la concordancia entre el conocimiento y la realidad (verdad objetiva) y la concordancia entre lo que se sabe y lo que se dice (verdad moral), que acompaña a las víctimas, a sus familiares, a los testigos y a la comunidad de la Vereda "La Pica", puede ser a futuro borrada de un tajo por una verdad procesal construida sobre escenarios viciados, bien por la impericia bien por la mala intención. En concreto, en el caso Pueblorrico, todo el vagaje sobre los hechos de las víctimas y testigos, obtenido por vivencia directa, puede ser destruido por la peregrina afirmación de un perito en balística que sostenga que en el escenario fueron encontradas vainillas de un arma que no es de uso del Ejército. A partir de este dictamen pueden, asì como los magos sacan conejos de un sombrero, hacer aparecer guerrilleros entrelazados con niños, pueden reconstruir los hechos y hasta filmar a insurgentes colocando a los niños como escudos para proteger su humanidad y garantizar su feliz y triunfal retirada.
Finalmente, queremos expresar que el aparato de justicia colombiano está corroído por un problema estructural que actúa como talanquera para esclarecer la verdad y administrar justicia en propiedad: la rama jurisdiccional en Colombia adolece de una voluntad política para investigar y enjuiciar los Crímenes de Lesa Humanidad, pues, frente a hechos contundentes como el que nos ocupa, solo buscan esclarecer la responsabilidad individual o material, dejando adrede de lado la investigación de políticas de Estado, conductas sistemáticas, colectivas, institucionales o estructurales. Tampoco se investigan ni los móviles que las inspiran y menos los proyectos de sociedad o intereses a los que sirven los crímenes y sus actores.
Para hablar de verdad y justicia es indispensable el lleno de estos presupuestos de investigación, requeridos por la comunidad de Pueblorrico y todas las víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad acaecidos por más de cuarenta (40) años en Colombia.
9. PREOCUPACIONES Y OTROS INTERROGANTES DE LA COMISION DE O.N.G.
Las O.N.G. que rendimos y suscribimos este informe de misión, manifestamos varias preocupaciones que nos permitimos plantear de la manera siguiente, sin que el orden de presentación obedezca necesariamente al orden de importancia. Aclarando eso sí que nuestra preocupación principal radica en que el crimen cometido contra niños y niñas de la Vereda "La Pica" del Municipio de Pueblorrico, Antioquia, podría quedar en la impunidad, razón por la cual hemos dedicado un acápite a este tema.
En primer lugar, nos preocupa que el Estado colombiano no se apersone como debe de la situación y abandone a su suerte a la comunidad de la Vereda "La Pica" y a las víctimas de tan grave hecho, dejando de lado su deber de proteger a personas puestas en alto riesgo por haberse atrevido a refutar la versión gubernamental de los hechos.
En segundo lugar y como quiera que no descartamos que la acción desplegada por el Ejército Nacional sea dolosa, nos inquieta hondamente el móvil o propósito de fondo del ataque contra niños indefensos. Conocedores de experiencias internacionales, como es el caso de Guatemala en dónde el Ejército fue responsable de varias masacres de niños, nos preguntamos si acaso Pueblorrico no se constituye en la puerta de entrada a la implementación del genocidio, como la fase más sucia y degradada del terrorismo de Estado y de su guerra contrainsurgente. O, quizá, pudo ser un acto de sabotaje más al proceso de diálogo que adelanta el Gobierno y la insurgencia armada.
En tercer lugar y, de cara a la implementación del Plan Colombia, nos angustia saber que en lo que resta de la administración Pastrana se invertirán en la guerra aproximadamente dos millones de dólares (US$ 2.000.000,oo) diarios, los cuales serán trasladados a la Fuerza Pública (Ejército y Policía), instruida bajo una doctrina contrainsurgente diseñada y promulgada por los Estados Unidos que concibe a la población civil como el caldo de cultivo de la subversión, razón por la cual debe ser objeto de la más aguda represión. Una Fuerza Pública que en su delirio no quiere y no puede distinguir, como bien lo dice la madre de una víctima, "los niños de los grandes, el color verde de los demás colores, de voces infantiles a órdenes militares"...
En cuarto lugar, nos preocupa que ni las autoridades del orden nacional ni las regionales y locales tengan un plan concreto para el mejoramiento de los derechos humanos, por lo que urgimos al Gobierno a que se ocupe en el diseño e implementación de estrategias concertadas con la comunidad de prevención y de persecución a los autores de las violaciones. Es prioritario que el Gobierno desmantele las bases del paramilitarismo de los municipios de Venecia, Fredonia, corregimientos de Bolombolo y Puenteiglesias respectivamente, así como el centro paramilitar del municipio de Concordia.
En quinto lugar, es al extremo desalentador que el Gobierno y los directores de los principales medios de comunicación del país no apelen a la responsabilidad social que les cabe al presentar las noticias y comentarios; es imperioso que se exija a los columnistas estar a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política colombiana, para que artículos tan lamentables como los de las columnistas María Mercedes Cuellar y Rocío Vélez de Piedrahita, aquí citados, no se repitan.
En sexto lugar, resulta de especial preocupación el hecho de que las conversaciones Gobierno - Insurgencia Armada no hayan podido avanzar en definir los términos de un acuerdo humanitario para proteger y respetar a la población civil y dentro de ella especialmente a los niños y niñas.
En séptimo lugar, creemos que es de suma importancia despejar algunas dudas respecto a algunos antecedentes y circunstancias que rodearon los hechos como las siguientes: ¿ Cuántas y quienes son las personas muertas en forma violenta el sábado 12 de agosto del 2000 en el municipio de Jericó?, dado que la comisión de O.N.G. recibió versiones contradictorias respecto a la muerte de dos personas. ¿en que lugar (o lugares) se produjeron las muertes de Jericó?. ¿ Se preparó alguna operación a raíz del llamado que la Alcaldesa de Pueblorrico le hiciera al Comandante encargado del puesto de Policía de ese municipio el día anterior a la masacre de los niños? ¿Quiénes eran los agentes de inteligencia militar vistos en el casco urbano de Pueblorrico y qué labor estaban cumpliendo en dicha localidad? ¿Por qué el Teniente al que se refiere el Concejal Higuita, sabía que en "La Tolda" habían tropas regulares acantonadas?. ¿Es posible que el Instituto de Meteorología haga un reporte a la investigación sobre las condiciones climáticas de la región para el día de los hechos? ¿A que hora comenzó el ataque a los niños y a que hora comenzó a prestárseles asistencia médica en el hospital de Pueblorrico? ¿La pronta asistencia médica y la prestación urgente de los primeros auxilios hubiese salvado la vida de la niña Paula Andrea ARBOLEDA RUA y del niño HAROL GIOVANI TABARES TAMAYO? ¿Existía algún médico o enfermero dentro de las unidades militares que atacaron a los niños. Si lo hubo, cuáles fueron sus acciones de auxilio a los heridos? ¿Los militares que dispararon contra los niños estaban o no dotados con binoculares? ¿El radio que portaban los militares estaba efectivamente averiado? ¿Es posible recopilar el registro de comunicaciones efectuado desde el radio por la tropa que emboscó a los niños?
1.- Que el Estado colombiano otorgue las garantías necesarias para que la investigación de los hechos se efectúe de manera transparente e imparcial ante la jurisdicción ordinaria, en vista de que el cúmulo de hechos y circunstancias que rodearon el desarrollo de ataque del cual fueron víctimas los niños y niñas de la Escuela La Pica así como los campesinos, no puede ser catalogado como un acto propio del servicio puesto que no se presentó un enfrentamiento sino un ataque directo a la población civil, como para que pueda ser objeto de investigación ante la jurisdicción penal militar.
2.- Que el Fiscal General de la Nación Alfonso Gómez Méndez se declare impedido para asumir las funciones propias de su cargo por violar el debido proceso al prejuzgar la conducta de los uniformados declarando que estos no pudieron actuar de manera dolosa o intencionada. Que se nombre un fiscal ad hoc para la investigación de este caso a fin de ofrecer garantía de imparcialidad, autonomía e idoneidad a la investigación. Independientemente de que el Fiscal se declare o no impedido, convocamos a la solidaridad nacional e internacional a enviar comunicaciones a las autoridades colombianas recusando a este funcionario.
3.- Una vez declarada la responsabilidad del Ejército Nacional en los hechos, el Estado Colombiano representado por el Presidente de la República, así como los altos mandos militares públicamente deberán ofrecer perdón a la comunidad y a los niños colombianos por el crimen de estos niños y niñas.
4.- Que el gobierno nacional ofrezca las garantías necesarias y medidas concretas de protección concertadas con la comunidad de la vereda La Pica del municipio de Pueblorrico, a fin de evitar que sea objeto de acciones criminales encubiertas a modo de retaliación por haber denunciado en toda su dimensión y con la gravedad que le caracterizó el ataque de que fueran víctimas por parte del ejército nacional.
5.- Al alto Gobierno le exigimos separar definitivamente del servicio a los responsables de tan abominable crimen, promoviendo a su vez la sanción penal y disciplinaria. Igualmente le exigimos la persecución y desmantelamiento de los grupos paramilitares acantonados en la región del suroeste antioqueño.
6.- Que se repare integralmente a todas y cada una de las víctimas del ataque del Ejército Nacional en contra de los habitantes de la vereda La Pica, no solo a los familiares de los niños y niñas asesinados o lesionados, sino también a aquellos que han sido afectados de manera grave en su integridad psicológica y social, como son los demás niños excursionistas, los adultos presentes en los hechos, las familias de los niños víctimas y la comunidad de la vereda.
7.- A las organizaciones sociales y populares locales, nacionales e internacionales que adelanten una sostenida actividad de seguimiento al caso y de acompañamiento permanente a la comunidad de la vereda La Pica con la intención de prevenir nuevas acciones o represalias contra la población.
8.- A la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que ejerza una labor analítica de la situación de derechos humanos en la región y de vigilancia respecto a la investigación adelantada por estos hechos.
1.- Cuaderno fotográfico del lugar donde ocurrieron los hechos
2.- Carta dirigida al Gobierno Nacional por una madre que perdió su hijo.
3.- Recortes de prensa.
4.- Comunicado de prensa de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
5.- Vídeo que recopila información televisiva de los hechos.
Organizaciones No Gubernamentales que conformaron la Misión a Pueblorrico, Antioquia y suscriben el presente informe:
Corporación Jurídica Libertad; - Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; Humanidad Vigente Corporación Jurídica; Comunidades Eclesiales de Base, Regional Antioquia; Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Seccional Antioquia; Comité Permanente por la Defensa De Los Derechos Humanos Hector Abad Gomez; Comision Intercongregacional de Justicia Y Paz, Seccional Medellin; Asociación De Familiares de Detenidos Desaparecidos; ASFADES- Medellin y Fundación Sumapaz
Editado por el Equipo Nizkor el 9sep00

References: artículo 3
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 artículo 4
 artículo 77
 artículo 50
 artículo 38
 artículo 39
 artículo 20