Source: http://elconstitucionalista.blogspot.com/
Timestamp: 2015-03-03 08:51:17+00:00

Document:
Material de Derecho Constitucional, Derecho Electoral, e Interpretación del Derecho.
Interpretar el derecho es una
actividad legítimamente pública en una sociedad democrática. Jueces,
autoridades administrativas, abogados, pero también ciudadanos, organizaciones
sociales, académicos, etc., todos tenemos algo que decir sobre el derecho, y
más cuando hablamos de temas del ámbito constitucional.
En este documento, me propongo
realizar algunas reflexiones acerca de la labor interpretativa. Más que
establecer o fijar convicciones, mi interés principal es fomentar la discusión
sobre este tema de la mayor importancia.
Diré que estimo la labor
interpretativa del derecho como la asignación de un significado a un texto
normativo (ley, contrato, reglamento, entre otros) (vea enteste mismo blog la entrada "Un pequeño ejercicio"). No como encontrar, que es
una actividad dirigida hacia el pasado, sino como asignar, que implica no
desatenderse del contexto en que el material a interpretar fue creado, pero
también entender su significado el día de hoy. Así, acepto que los textos
jurídicos cambian o por reforma o por cambio en su entendimiento.
interpretar de la vaguedad propia del lenguaje, baste un simple ejemplo para
ilustrar. El artículo 27 constitucional permite la expropiación “mediante”
indemnización, ahora bien, ¿qué temporalidad se debe entender por el término
“mediante”? ¿Antes de la desposesión, al momento de la misma, con
posterioridad?, no hay un sentido único, sino la necesidad de asignar (o
encontrar, dirán otros) uno de los varios posibles.
El primer presupuesto de la
interpretación es la existencia de un texto normativo que admita diversos
entendimientos. O dicho de otra manera, sin texto no hay interpretación, sin
artículo, fracción, disposición alguna, que requiera ser dotada de sentido, la
actividad del que sólo puede interpretar y no crear, está absolutamente
limitada. Interpretar, ya sea como dotar o encontrar sentido, es una actividad
que sólo puede darse en presencia de un texto.
Parece que todo esto es una
obviedad. Pero no es así. Sobre todo en tiempos de interpretación pro persona,
como apuntamos en el primer párrafo. Cierto, hay que maximizar. Cierto, si hay
que equivocarnos, que sea a favor de los derechos.
No es menos cierto que hay que buscar no equivocarse. Que no todas las autoridades pueden crear
normas generales. Que la división de poderes no debe ser violentada ya que es
un valladar protector justamente de los derechos fundamentales.
El derecho como objeto de interpretación. El artículo 215 de la Ley Electoral
He de afirmar que considero a
las leyes, códigos, reglamentos, etc., como textos normativos, no como normas.
No estoy solo en esta afirmación, autores como Eros Grau estiman lo mismo. Así,
la norma surge hasta la aplicación del texto regulatorio al caso concreto, al
que busca dar solución práctica.
Visto de tal manera, y sirviéndome
de las ideas del citado jurista brasileño, el derecho es pariente cercano de la
música en cuanto a que en ambos casos se cuenta con un “texto” escrito
siguiendo ciertos criterios o reglas, y que no tiene vida hasta que es
“interpretado”. No deja de ser curioso que a los músicos se les llame,
justamente, “intérpretes”.
Como en la música, el derecho
también admite una amplia serie de intérpretes. Más aún, si se trata de
sociedades abiertas, donde es dable que cualquiera pueda opinar sobre temas jurídicos
(lejos estamos de las épocas primitivas de Roma, en las que sólo los sacerdotes
conocían las arcanas fórmulas de la ley) Así, cualquier persona puede opinar,
por ejemplo, sobre los asuntos de libertad de expresión y libertad de tránsito;
o sobre derecho a la intimidad y acceso a la información.
Ciertamente, en música y en
derecho, varios son los intérpretes, pero cada interpretación debe tener un
peso distinto de otra. Pongamos un caso, un ciudadano que se encuentra impedido
de circular por una calle, puede tener una visión distinta de los derechos
fundamentales, que quien bloquea la misma por motivos políticos. Ambas
interpretaciones, provenientes de ciudadanos con iguales derechos, pueden
incluso diferir de la que tenga un académico, o un juez constitucional.
Tenemos entonces un objeto, el
derecho, que está sujeto a consideraciones de diversa índole (política,
judicial, académica) así como a diversos “lectores” (ciudadanos, autoridades,
académicos), así como en la música tenemos intérpretes que cantan bajo la
regadera, otros en serenata, y algunos pocos frente a públicos numerosos.
Esta diversidad de intérpretes
nos debe llevar también a considerar los variados ámbitos de la interpretación
jurídica. Por ejemplo, uno de singular importancia es el político, que debe
llevar a consideraciones sobre la propia creación legislativa de los textos
jurídicos. Otro es el de la discusión pública, las reflexiones que sobre temas
de mucho interés realizamos los ciudadanos.
Debemos señalar también el
ámbito de la academia, en la cual se sopesan los textos normativos, las normas,
la corrección de todas ellas, las cualidades o defectos de un sistema jurídico,
Entre esta diversidad de
ámbitos, tenemos uno en particular que es la interpretación que realizan las
autoridades. Esta debe ser necesariamente práctica, en cuanto atiende a la
resolución de conflictos o litigios de la vida real, en los que las partes, por
decisión o por mandato del mismo derecho, acuden ante órganos de gobierno para
encontrar una solución, mediante la aplicación de los textos jurídicos a los
casos, con toda la complejidad que esto encarna.
Así, si bien un intérprete
académico puede señalar los errores del sistema, las fallas de los textos, y
evidenciar su pobreza o necesidad de cambio, el intérprete gubernamental debe
tomar estos materiales jurídicos, con todas sus virtudes y defectos, para
arribar a una solución aplicable al problema práctico que se ha sometido a su
conocimiento y prudencia.
Por tanto, una interpretación
de la autoridad que se limite a señalar las deficiencias de los textos
normativos, no es una interpretación útil para la resolución de los conflictos
que ante el órgano público se presenten.
Hay quien afirma que los
textos legales fácilmente tienen un solo sentido, aún los más claros. Trataré
de evidenciar la dificultad de apoyar dicha afirmación, con un caso concreto de
El artículo 215 de la Ley
Electoral del Estado de Querétaro, señala lo siguiente:
respaldo para cada uno de los aspirantes, según el tipo de cargo al que se
aspire, se recibirán en las oficinas del Consejo General de Instituto Electoral
del Estado de Querétaro o en los inmuebles que al efecto se habiliten y que
señale la convocatoria; exclusivamente dentro de la etapa de obtención del
respaldo de que se trate”.
Dicho texto parece muy claro,
¿es así? Sin embargo, admitió dos interpretaciones distintas, una del propio
Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y otra del Tribunal Electoral del
Estado de Querétaro. La primera autoridad consideró (consideramos, pues formo
parte de la misma) que implicaba la necesidad de que cada ciudadano que
quisiera mostrar su apoyo a un aspirante a candidato independiente, acudiera a
la oficina comicial correspondiente, para formalizarlo.
Sin embargo, el órgano
judicial electoral estimó que el texto de referencia, admitía otra interpretación,
consistente en que los apoyos se podrían entregar, en los formatos adecuados,
por el ciudadano, el candidato independiente, un tercero, o incluso remitirse
por vía de correo.
¿Alguna de las dos
asignaciones de sentido es irracional? Desde luego que no. ¿Son sostenibles? Estimo
que sí. Con independencia de la autoridad que las haya emitido, ambas muestran
como un texto, en apariencia claro y unívoco, puede tener diversas lecturas posibles
El dilema del vestido, o la valuación de las distintas interpretaciones.
Para Rebeca Pérez, por
la estimulante plática.
Me serviré de un caso de la
mayor actualidad: días han sido los pasados, en los que un vestido de no bellas
hechuras ha causado debate mundial. Dorados y blancos tonos encuentran algunos
en sus telas, otros lo estimad de negro y azul, y aún hay quienes afirman con
certeza, que los hilos claramente son violetas y café oscuro…, tema que de suyo
nos sirve para ilustrar la diferencia entre interpretar y argumentar.
En un mundo abierto de
intérpretes, encontramos entonces diversas visiones y afirmaciones sobre lo que
dice una ley, la constitución, o los colores del ropaje femenino en cuestión. Pero desde luego, si bien
todos podemos opinar, no toda interpretación vale de igual forma. Esto es así,
porque deben seguirse cánones o reglas de interpretación, que permitan arribar
a un recto entendimiento del objeto interpretado. Veámoslo en la discusión del
vestido, cuando cada uno de nosotros afirma lo que captamos con la vista; sin
embargo, es posible que un experto en colorimetría afirme que para apreciar de
manera correcta los colores, es necesario apreciarlos con luz natural y en
determinado ángulo; así, la interpretación que haga tal experto aplicando esta
regla, seguramente será más “válida” que la que cualquiera de nosotros haga,
basados en una fotografía de la que no sabemos ni el ángulo, ni el lugar, ni si
ha sufrido cambio alguno por filtros.
Igual sucede en el campo del
derecho. Todos podemos opinar sobre cuestiones jurídicas, somos al final una
sociedad democrática. Pero con independencia de que una autoridad tenga la
palabra última, debemos admitir que el sentido que encuentre (o asigne) un
jurista de altos vuelos, aplicando las reglas propias de la interpretación
jurídica, es más “válida” que la que sostenga alguien que no cuenta con dicha
Esto no es cosa extraña. El
experto en colorimetría, como el jurista, valen en su campo técnico por sus
conocimientos y su prudencia (el “saber hacer” que distingue al sabio del mero
acumulador de conocimiento) por lo que sus afirmaciones tienen el peso de su
¿Lo anterior nos obliga a
guardar silencio ante la docta opinión? Bueno, cuando discutimos cuestiones de
vida o muerte, ciertamente no contradeciremos al doctor que receta la operación
inmediata a quien se presenta con el adorno poco común de una varilla adosada a
un hombro. Pero cuando hablamos de cuestiones de gustos (el vestido colorido,
la comida, etc.) o de asuntos públicos (derecho, política, principios sociales,
moral) debemos escuchar con reverencia la opinión de los expertos, pero a la
vez, será sana costumbre democrática participar en una discusión que por
pública, nos interesa a todos. IV.-
interpretar es dotar de sentido, argumentar es razonar la interpretación. Explicar
el por qué se ha arribado a la convicción, demostrando su posibilidad jurídica
y razonabilidad; y en el caso de la interpretación de la autoridad, su
más fácil, y desde luego resulta útil, evidenciar lo que no es argumentar. Un
argumento no es afirmar “porque es mi opinión, y todas las opiniones son válidas”,
tema sobre el que escribí en el apartado anterior. Tampoco lo es remitirnos al
argumento de autoridad, dado que si bien esto dota de un peso específico
operativo a la interpretación, no la hace por sí misma mejor, y en todo caso
una autoridad no podría fundamentar su decisión en la posición jerárquica que
guarde en el concierto de los órganos públicos, so pena de caer en un argumento
he afirmado en otros lugares (en los ensayos ‘¿Nueva constitución? Otro capítulo
de un debate permanente’; y ‘Concepciones de la interpretación del derecho y la
labor judicial’, respectivamente publicados en los libros “La Constitución de
1917 y Querétaro como capital de la República”, y “Reflexiones sobre
democracia, constitución y elecciones”), la argumentación no es aséptica. Está determinada
por la visión que tenga la autoridad que la emite, al menos sobre las
· Qué es el derecho.
· Para qué sirve el derecho.
· Su postura epistemológica.
· Su postura ideológica (principalmente, pero no
en exlcusiva, cuando se discuten temas de derecho constitucional, y que no tiene
que ver con identificaciones partidistas)
una autoridad que estima la función interpretativa como el “encontrar” el
sentido del texto jurídico, posiblemente recurrirá a argumentos tales como el
histórico. Un intérprete que vea su función como el “dotar” de sentido,
posiblemente utilizará argumentos de distinto tipo.
forma, no es el argumento el que precede a la interpretación. Y la interpretación
no está precedida de la mera lectura del material a conocer, sino que está
determinada por las visiones que tenga el intérprete. Entonces es necesario exigir
al intérprete una coherencia entre sus convicciones, la interpretación que
realice, y los argumentos que la sustenten.
La interpretación de los órganos administrativos
En esta entrada propongo discutir si los órganos administrativos y los órganos jurisdiccionales pueden realizar con igual amplitud, la interpretación de los textos jurídicos. No tanto en cuanto a métodos, sino respecto de alcances. Sobre todo, en cuanto a los temas en que se pueda dudar de la constitucionalidad de las disposiciones a aplicar.
Ciertamente, tanto autoridades administrativas como jurisdiccionales están sujetas a la supremacía constitucional, De igual forma, deben atender la jerarquía normativa, y así, realizar en su caso, interpretaciones conformes tanto por referencia a la Constitución como a los tratados internacionales (lo que permite atender desde luego tanto la jurisprudencia como los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos)
Pero, aún en tiempos de control constitucional difuso, ¿hasta dónde puede llegar la labor interpretativa? claramente en el caso del juez, podría llegar hasta la no aplicación de una porción del texto normativo o incluso declarar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Pero, ¿puede hacerlo la autoridad administrativa?
Respondo que no. La autoridad administrativa está circunscrita, en el mayor de los casos, a realizar una interpretación conforme; pero no cuenta con la atribución del control constitucional. En tal sentido no puede determinar la inconstitucionalidad de una norma, aunque tal sea su convicción. También le está vedado inaplicar por la misma razón.
Si nos tomamos en serio los límites, entonces tampoco podrá, so pretexto de una "interpretación", arribar al efecto práctico de no aplicar una norma de mutuo proprio. No a la alquimia constitucional.
¿No atenta lo anterior contra el principio de supremacía constitucional? Estimo que no. Al contrario, atender al marco competencial es absolutamente necesario en un estado constitucional, so pena de, con el pretexto de una "interpretación", ampliar indebidamente facultades sin más límite que el criterio del propio intérprete. Publicado por
El votante en tránsito en las elecciones locales de Querétaro.
populares en los términos que señalen las leyes es, al mismo tiempo, un derecho
y una obligación del ciudadano, lo que se desprende de los artículos 35, fracc.
I; y 36, fracc. III, de la Constitución nacional. Partiendo de la base de que
México es una federación, debemos admitir dos diversas cualidades de ciudadano,
que pueden reunirse en una misma persona. La primera se refiere a la ciudanía
en el ámbito federal, que permite participar en la elección de autoridades
pertenecientes a tal ámbito, y se sujeta por tanto a la Constitución nacional,
normas generales, así como a las leyes federales. La segunda, es la ciudadanía
local, en virtud de la que se eligen a las autoridades locales y municipales,
ejercicio supeditado a la Constitución nacional, las normas generales y las
Ahora bien, en el caso del
derecho de sufragio para cargos federales, tenemos el numeral 9, párrafo 2, de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) que, al
regular el ejercicio del derecho de voto, establece que este deberá realizarse
en la sección electoral que corresponda al domicilio del ciudadano, con
excepción de los casos expresamente previstos en la norma en cita.
Los casos de excepción se
contemplan, principalmente, en los artículos 258 y 284 de la LGIPE, los
denominados “electores que se encuentren transitoriamente fuera de su sección”
o genéricamente llamados “votantes en tránsito”. Dichos votantes pueden votar
para diversos cargos, según el lugar en el que se encuentren en relación con su
estado, distrito y sección; siguiendo las reglas del último dispositivo citado.
Para hacerlo, deberán acudir a las casillas especiales, cuya función justamente
es recibir la votación de tales ciudadanos.
Puede entonces concluirse que
el votante en tránsito es, en el ámbito federal, una figura regulada
legalmente. Así, construimos el siguiente silogismo:
Premisa 1. El voto es una
atribución constitucional que debe ejercerse conforme las leyes.
Premisa 2. En el ámbito
federal, el voto como regla general, debe ejercerse en la sección que
corresponda al domicilio del ciudadano.
Premisa3. También, es factible
que el ciudadano en tránsito ejercite su derecho al voto en casillas
especiales, respecto a diversos cargos.
Conclusión: El votante en
tránsito puede ejercer su atribución constitucional para sufragar por cargos
federales, en casillas especiales, ya que es una excepción legal a la regla de
que el ciudadano debe votar en la casilla correspondiente a su sección.
disposición para las elecciones federales, el artículo 9, fracc. III de la Ley
Electoral del Estado de Querétaro señala que el voto deberá ejercerse en la
casilla correspondiente a su domicilio, con las excepciones que la misma norma
local señale. Sin embargo, a diferencia
de lo observado en el punto anterior, la legislación comicial queretana no
contempla como excepción la del votante en tránsito. Cabe plantearnos entonces
· ¿Fue un descuido del legislador? (hipótesis del
· ¿Es posible aplicar por analogía la legislación
relativa a las elecciones federales? (hipótesis de la analogía)
del olvido: Suponer que el legislador olvidó establecer el
supuesto del elector en tránsito, implica negar el principio del llamado
“legislador racional”, canon de interpretación conforme al cual, si el
legislador no estableció un supuesto normativo, fue porque no quiso regularlo.
Dicho de otra forma, no es olvido, es un acto deliberado el que no lo haya
contemplado; sin embargo, no se desprende del texto constitucional, la
necesidad de que se contemplara en la normatividad local, la figura de los
votantes en tránsito. Por tanto, se rechaza esta hipótesis.
de la analogía: Esta suposición implica aceptar que la ausencia
de la figura del votante en tránsito es, muy posiblemente, inconstitucional.
Abordaré entonces este punto.
Ciertamente, votar es un
derecho y una obligación. Como ha quedado expresado por referencia al numeral
36, fracc. III de la Constitución nacional, el ejercicio del sufragio está
sujeto a los supuestos legales. Desde luego, estos deben ser acordes con el
ejercicio del derecho y si contienen posibles límites o restricciones, deben
ser racionales. En el caso del votante en tránsito local, ¿es inconstitucional
su no previsión? ¿Es razonable exigir al ciudadano queretano, que una vez cada
tres años, esté presente en su domicilio, para ejercer su derecho y obligación
al voto? Desde luego que lo es, dado que ni exige esfuerzo económico ni
sacrificio personal más allá que el que, de todos modos se haría (fila para
votar). Máxime si como es el caso de la próxima jornada electoral, desde hace
más de un año se ha hecho del conocimiento público la fecha de su realización. Podría afirmarse que en el ámbito federal se
permite, a lo que contesto que tiene la lógica propia de la gran extensión
territorial de nuestro país, supuesto que no aplica a la entidad.
Ciertamente los artículos 1°
de la Constitución nacional, y 2° de la Constitución particular del estado,
obligan a una interpretación pro homine. Este canon de interpretación requiere
que, frente a diversos sentidos posibles de una norma, deba preferirse el que
maximice el ejercicio de un derecho antes del que lo limite. Esto debe observarse
con el máximo de los cuidados, pues para que la interpretación se presente,
debe contarse con un texto a interpretar, una norma que admita racionalmente
diversos sentidos. En este caso, ¿qué norma es la que estaría sujeta a una
interpretación pro persona? No se encuentra. Y sin norma, ¿qué es lo que se va
a interpretar?
Ahora bien, si se busca
fundamentar una interpretación contraria en la afirmación de que se permite el
voto de los electores en tránsito en las elecciones federales, se contesta que
esto sucede porque así está regulado para las elecciones federales, en normas
que, formando parte de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, son aplicables justamente para las elecciones de tal ámbito. No se
trata entonces de reglas generales, sino federales.
Ignorar lo anterior implica
también desconocer que una ley puede tener disposiciones de carácter general
(lo que significa el reparto de competencias entre autoridades federales,
locales, y en su caso municipales; así como contenidos mínimos que el
legislador estatal debe atender) y disposiciones federales (aplicables sólo
respecto de dicho ámbito de gobierno) y llevaría a la perniciosa afirmación, no
por implícita menos grave, de que la normatividad federal es superior a la local,
lo que es contrario a la forma de estado federal que tenemos en nuestro país.
Expresemos lo comentado en
forma de silogismo:
Premisa 2. El votante en
que el ciudadano debe votar en la casilla correspondiente a su sección
(conclusión del silogismo anterior).
Premisa 3. En el ámbito local,
el voto como regla general, debe ejercerse en la sección que corresponda al
domicilio del ciudadano.
Premisa 4. No se prevé en el
ámbito local, la figura del votante en tránsito.
Conclusión. El votante en
tránsito podrá votar por cargos federales, pero no por cargos locales.
El votante en tránsito puede ejercer su
atribución constitucional para sufragar por cargos federales, en casillas
especiales, pero no en elecciones locales. No está previsto en la legislación
local, y la interpretación de la norma no puede realizarse en ausencia de esta.
Por otra parte, afirmar, así sea de manera implícita, la superioridad de una
disposición de carácter federal, por sobre las normas de naturaleza local,
niega las características propias del federalismo mexicano, lo que desde luego
no es admisible, a menos que se acepte una subordinación que carece de sustento
derecho constitucional local querétaro,
derecho electoral local,
Por qué es interesante el derecho electoral
Existen ramas del frondoso árbol jurídico en las que todo está dicho. El derecho civil, por ejemplo, es una armoniosa construcción de sólidos cimientos romanos; poco es lo que hay que decir, poco es lo que falta por construir (a menos claro, que se piense quitar los augustos basamentos en que se sostiene)
La rama penal, de recientes y grandes avances,cuenta ya con cultivadores de solera, pero tal disciplina no me ha atraído particularmente. La disciplina constitucional es la frondosa copa que da la sombra necesaria, con la dosis adecuada de sol a cada fruto; y la más verde de sus partes es justamente el derecho electoral.
Normas que se vinculan de manera directa al ejercicio de la soberanía, que regulan el acceso al poder mediante la voluntad del cuerpo electoral. Derecho que cambia después de cada comicio, tanto de manera legislativa (bástenos recordar la reciente reforma político-electoral) como en virtud de la interpretación, tanto de la Corte, como de una judicatura altamente especializada.
No hay santones aún. No hay verdades incuestionables. Cambio es la constante, razón el ejercicio diario, argumentación el juego permanente de las inteligencias. Nada está dicho, todo está por decirse.
Centralismo mental
El más grande mal que aqueja a nuestro sistema federal es el centralismo mental. La creencia extendida, aceptada acríticamente y asumida de forma inconsciente, de que "como es en el centro debe ser en la periferia". Este mal cerebral se manifiesta de muy diversas maneras.
1.- Aceptación de que las normas locales deben ser como las federales. Ni ir más lejos, ni menos. Justo exactas, mismo alcance, mismo contenido; y desde luego, misma interpretación.
2.- Sobre interpretación de las normas federales. Grave creencia, que hace pensar superior al derecho federal por encima del derecho local, y que establece así una jerarquía indebida, que al menos desde 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha rechazado.
3.- Consideración defectuosa de las leyes generales. Una norma general lo es no por su nombre, sino por su contenido. De hecho, leyes con el adjetivo "general" en parte son federales, dado que regulan aspectos de dicho ámbito de gobierno; y en otra son justamente generales, en tanto se ocupan de distribuir competencias entre federación, estados y municipios. Un ejemplo es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en parte es federal, en parte es general.
Los defectos anteriores nos llevan a renunciar al adecuado, oportuno y responsable ejercicio de facultades locales. El centralismo mental nos condena a vivir de inteligencia prestada, a no pensar desde la provincia, los problemas locales.
Perniciosa enfermedad que debemos esforzarnos por desterrar.
derecho constitucional local,
La constitución como función.
Tradicionalmente hemos visto a la constitución como un documento, como un texto que contiene, o verdades reveladas, o disposiciones humanas que consideramos mínimas para una adecuada vida social. De esta forma, le damos certeza a su contenido y podemos situarlo como la norma de mayor jerarquía en el entramado.
Sin embargo, siguiendo a Rolando Tamayo, podemos estimar que la constitución es una función. Esto, en varios sentidos. Primero, en tanto distribuye competencias entre ámbitos (federación) o niveles (estado central) de gobierno; segundo, porque fija los contenidos posibles y los procedimientos de creación de normas, esto en un evidente y claro sentido kelseniano.
Si lo anterior es correcto, la manera coherente de interpretar a la máxima norma es buscando su funcionalidad. Una interpretación dinámica y previsora, que teniendo a la mano el pasado y sirviéndose de él (Churchill por referencia a Lord Rosebery) sea contemporánea. Entender que interpretar la norma de normas, es situar su contenido en un momento concreto, conforme ciertos valores propios de la hora.
La constitución no es un monumento venerable. Es una casa en perpetua construcción.
El Quijote en el exilio.
Profesor en los niveles licenciatura y posgrado, tanto en maestría como especialidad. Participante en el Centro de Capacitación Dinámica. Consejero Electoral del Consejo General en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.

References: artículo 27
 artículo 215

resolución 
 resolución 
 artículo 215
 artículo 9