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Timestamp: 2019-10-14 18:45:55+00:00

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﻿ Sentencia 2005-03956 de abril 30 de 2014
SENTENCIA 2005-03956 DE 30 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:EXCEPCIÓN CONTRA MANDAMIENTO DE PAGO. COMO EXCEPCIÓN CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO, SE PUEDE ARGUMENTAR LA FALTA DE EJECUTORIA DEL TÍTULO, EN CUYO CASO EL EJECUTADO PUEDE CUESTIONAR LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO, PUES PARA QUE EL ACTO TENGA VOCACIÓN DE EJECUTORIA Y SEA EXIGIBLE, DEBE PRODUCIR EFECTOS JURÍDICOS, Y QUE ESTO SOLO OCURRE CUANDO SE DA A CONOCER AL INTERESADO MEDIANTE LAS FORMAS DE NOTIFICACIÓN PREVISTAS EN LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, DIAN, EXCEPCIÓN DE MÉRITO, NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO EJECUTIVO, MANDAMIENTO DE PAGO, LIQUIDACIÓN OFICIAL
Sentencia 2005-03956 de abril 30 de 2014
Radicación: 080012331000200503956 01
Nº Interno: 18685
Demandante: ROHM AND Haas Colombia S.A.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala decide sobre la nulidad de i) la Resolución 90007 del 7 de junio de 2005, mediante la que se resolvieron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago 80117 del 4 de marzo de 2005 y ii) la Resolución 90011 del 31 de agosto de 2005, mediante la que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el acto que decidió las excepciones.
En concreto, a la Sala le corresponde decidir si se encuentran configuradas las excepciones de falta de título ejecutivo y de falta de ejecutoriedad del título.
Hechos relevantes para decidir el caso.
Para decidir se tienen como relevantes los siguientes hechos:
Los días 21, 24 y 29 de marzo de 2000, la Administración de Impuestos y Aduanas de Barranquilla expidió los actos administrativos que se relacionan a continuación, mediante los que determinó los tributos aduaneros —gravamen arancelario e IVA— a cargo de la demandante, por la finalización de ciertas operaciones de importación de mercancías por la modalidad temporal para perfeccionamiento activo, en ejecución del programa aprobado por los sistemas especiales de importación-exportación ―Plan Vallejo [D.L. 444/64].
Número de resolución Fecha de expedición Valor
867 21 de marzo de 2002 $ 996.182
870 24 de marzo de 2000 $ 104.410
932 29 de marzo de 2000 $ 2.079.021
862 24 de marzo de 2000 $ 188.540
863 24 de marzo de 2000 $ 143.150
864 24 de marzo de 2000 $ 265.449
865 24 de marzo de 2000 $ 617.862
866 24 de marzo de 2000 $ 2.965.612
868 24 de marzo de 2000 $ 390.155
871 24 de marzo de 2000 $ 90.851
872 24 de marzo de 2000 $ 763.924
873 24 de marzo de 2000 $ 164.583
874 24 de marzo de 2000 $ 48.715
875 24 de marzo de 2000 $ 187.928
876 24 de marzo de 2000 $ 1.035.005
877 24 de marzo de 2000 $ 435.407
878 24 de marzo de 2000 $ 271.852
879 24 de marzo de 2000 $ 599.129
880 24 de marzo de 2000 $ 516.102
881 24 de marzo de 2000 $ 3.614.123
882 24 de marzo de 2000 $ 34.371
883 24 de marzo de 2000 $ 278.431
884 24 de marzo de 2000 $ 338.002
885 24 de marzo de 2000 $ 2.877.220
886 24 de marzo de 2000 $ 202.351
887 24 de marzo de 2000 $ 304.037
888 24 de marzo de 2000 $ 4.061.885
889 24 de marzo de 2000 $ 6.195.179
890 24 de marzo de 2000 $ 2.790.898
891 24 de marzo de 2000 $ 31.117
892 24 de marzo de 2000 $ 369.516
893 24 de marzo de 2000 $ 1.104.505
894 24 de marzo de 2000 $ 417.798
895 24 de marzo de 2000 $ 366.665
896 24 de marzo de 2000 $ 1.230.347
933 29 de marzo de 2000 $ 696.420
934 29 de marzo de 2000 $ 2.995.142
935 29 de marzo de 2000 $ 1.518.420
936 29 de marzo de 2000 $ 66.311
937 29 de marzo de 2000 $ 3.118.206
938 29 de marzo de 2000 $ 102.521
939 29 de marzo de 2000 $ 226.214
940 29 de marzo de 2000 $ 890.141
941 29 de marzo de 2000 $ 333.388
942 29 de marzo de 2000 $ 484.514
943 29 de marzo de 2000 $ 27.295
944 29 de marzo de 2000 $ 1.474.314
945 29 de marzo de 2000 $ 971.404
946 29 de marzo de 2000 $ 1.794.791
960 29 de marzo de 2000 $ 95.994
961 29 de marzo de 2000 $ 215.788
962 29 de marzo de 2000 $ 312.046
963 29 de marzo de 2000 $ 458.712
964 29 de marzo de 2000 $ 1.192.201
965 29 de marzo de 2000 $ 3.542.331
966 29 de marzo de 2000 $ 227.785
Total 56.832.229(1)
2. El 4 de marzo de 2005, la Administración de Impuestos y Aduanas de Barranquilla libró el mandamiento de pago 80117 contra la demandante por las sumas determinadas en las resoluciones referidas en el numeral anterior(2).
3. El 12 de febrero de 2007, la parte actora, mediante apoderado especial, propuso las excepciones de inexistencia y la falta de ejecutoria del título ejecutivo contra el mandamiento de pago(3). Esta última excepción fue propuesta contra las resoluciones 867, 870, 862, 864, 865, 866, 860, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 899, 890, 892, 893, 894, 895 y 896, al considerar que fueron indebidamente notificadas.
4. El 7 de junio de 2005, la Administración de Impuestos y Aduanas de Barranquilla, mediante la Resolución 90007, declaró no probadas las excepciones propuestas por la demandante y dispuso continuar la ejecución(4).
5. El 11 de agosto de 2005, la parte actora interpuso recurso de reposición contra la Resolución 90007 del 7 de junio de 2007(5).
6. El 31 de agosto de 2005, la Administración de Impuestos y Aduanas de Barranquilla expidió la Resolución 90011 mediante la que resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado(6).
Lo que discuten las partes
La parte actora alegó, tanto en la demanda como en la apelación de la sentencia, que debían prosperar las excepciones de falta de título ejecutivo y de falta de ejecutoriedad del título propuestas contra el mandamiento de pago.
La falta de título ejecutivo la sustentó en que, a su juicio, las resoluciones con fundamento en las que la DIAN libró el mandamiento de pago no eran liquidaciones oficiales. Que se trataba de simples respuestas a un derecho de petición presentado con el propósito de conocer, a título informativo, el valor de los tributos aduaneros a pagar en el evento de que decidiera finalizar la importación temporal de ciertas mercancías.
Que, en consecuencia, no existía un título ejecutivo a partir del cual se pudiera dar inicio al proceso de cobro coactivo porque para esos efectos se requería de la expedición de una liquidación oficial.
De otra parte, la falta de ejecutoria del título la justificó en que la notificación de las resoluciones que se pretenden ejecutar no se hizo en debida forma, puesto que dicha diligencia se surtió con un tercero sin capacidad para tales efectos.
• De la excepción de falta de título ejecutivo.
Respecto de esta excepción, la Sala considera que no se encuentra configurada, por las siguientes razones:
En el expediente no obra copia de la petición que, según la demandante, motivó la expedición de los actos administrativos que se pretenden ejecutar. No obstante, en la parte considerativa de cada de una de las resoluciones ejecutadas se alude a las razones que motivaron la expedición.
Así, en el numeral primero de las resoluciones demandadas, la DIAN precisó que la demandante presentó —en los años 1993 y 1994— declaraciones de importación sometidas al régimen de importación temporal para el perfeccionamiento activo —Sistemas especiales de importación de Plan Vallejo, [operaciones previstas en el literal b) del artículo 173 del Decreto-Ley 444 de 1967(7), que corresponden a materias primas e insumos].
Luego, la DIAN, en las resoluciones demandadas dijo, expresamente, lo siguiente:
“el señor coordinador de compras de la empresa importadora (…) mediante escrito radicado con el Nº 2417 del 22 de septiembre de 1999, solicitó a la división de liquidación aduana de esta administración, la liquidación oficial de valor agregado IVA en el programa Plan Vallejo, con el fin de dar cumplimiento a la Circular 85 de 1992 y dejar en libre circulación los bienes de capital, importados al amparo del programa PV-Nº BR-0015, con cumplimiento del 100% de compromisos de exportación asumidos ante el Incomex, según la certificación anexa 023635 de 6 de julio de 1999, emanada del mismo Instituto de Comercio Exterior”.
Adicionalmente, las resoluciones demandadas dejaron la constancia de que se había iniciado una actuación administrativa con el ánimo de verificar el original de las declaraciones de importación de los bienes de capital importados al amparo del programa Plan Vallejo autorizado a la demandante [art. 173, lit. c), D.L. 444/67].
De esa verificación se dejó constancia de que la demandante cumplió los compromisos de exportación, pues el Incomex ya había certificado el cumplimiento.
Por lo tanto, la DIAN procedió a liquidar el impuesto sobre las ventas de conformidad con la Circular 85 de 1992, en armonía con el artículo 6º del Decreto 1909 de 1992 y el artículo 50 de la Ley 223 de 1995.
De los antecedentes narrados, la Sala considera que los actos administrativos demandados sí son verdaderas liquidaciones del impuesto sobre las ventas por cuanto, mediante la interposición de una petición se promovió ante las autoridades tributarias y aduaneras la liquidación del IVA, por cumplir los compromisos de exportación.
En efecto, el artículo 19 del Decreto-Ley 1909 de 1992(8) enunciaba las diferentes modalidades de importación, entre las que se regulaba la importación temporal para perfeccionamiento activo, definida en el artículo 231 del Decreto 2666 de 1984, como el régimen que permite recibir dentro del territorio aduanero colombiano, con suspensión total o parcial de derechos de importación, mercancías específicas destinadas a ser reexportadas total o parcialmente en un plazo determinado, después de haber sufrido transformación, elaboración o reparación, así como los insumos necesarios para estas operaciones.
También se pueden importar por ese régimen las maquinarias, equipos, repuestos y las partes o piezas para fabricarlos en el país, que vayan a ser utilizadas en la producción y en la comercialización, en forma total o parcial, de bienes y servicios destinados a la exportación.
En concordancia con la anterior disposición, el artículo 236 del Decreto 2666 de 1984(9) establecía que los bienes de capital y repuestos importados en desarrollo de los artículos 173, literal c) y 174 del Decreto-Ley 444 de 1967, no podrán enajenarse ni destinarse a un fin diferente al autorizado antes de estar en libre circulación, lo cual ocurrirá una vez se hubieran cumplido totalmente los compromisos de exportación adquiridos.
Ahora bien, el artículo 46 del Decreto 1909 de 1992 precisó que la modalidad de importación temporal podía terminarse por la reexportación o por la importación ordinaria de la mercancía, por su decomiso, abandono o destrucción.
A partir de la entrada en vigencia del Decreto 1909 de 1992, se institucionalizó el procedimiento de terminar la modalidad de importación temporal por importación ordinaria, mediante la presentación de la declaración de modificación de la modalidad de importación.
El artículo 110 dispuso que las declaraciones presentadas a la aduana con anterioridad a la expedición de ese decreto se regularían por las normas vigentes a la fecha de solicitud del régimen, salvo lo concerniente a la modificación, cancelación o terminación de los regímenes con suspensión de tributos aduaneros, caso en el que se les aplicarían las disposiciones sobre las modalidades de importación contempladas en el Decreto 1909 de 1992.
La DIAN, mediante la Circular 85 de 3 de enero de 1992, pretendió dar aplicación a lo ordenado por el Decreto 1909 de 1992 y, por lo tanto, instruyó a todos los usuarios y administradores de aduanas del país sobre el procedimiento que se debía seguir para pagar el impuesto sobre las ventas en los casos de importaciones de bienes de capital al amparo de los sistemas especiales —Plan Vallejo, artículos 173-174 del Decreto-Ley 444 de 1967.
Respecto de los trámites que debía seguir el usuario, la Circular 85 de 1992 precisó:
Trámites del usuario
1. Cuando se hayan importado bienes de capital al amparo de sistemas especiales y una vez cumplido el último compromiso de exportación y se decida el despacho para consumo el importador deberá solicitar por escrito ante la división operativa de la aduana por la cual legalizó el ingreso del bien de capital al país, la liquidación oficial del impuesto al valor agregado (IVA). A la solicitud deberá anexar la copia del documento de importación y el original de la certificación de autorización de depreciación total expedida por el Incomex.
En el siguiente acápite, la circular precisó:
3. Los trámites de notificación y pago se harán conforme a lo establecido en la Resolución 3083 de 1990.
4. La libre disposición del bien se otorga colocando un sello con la siguiente leyenda “Por haberse dado cumplimiento a los compromisos de exportación y haber cancelado las obligaciones tributarias la mercancía amparada por el presente documento se encuentra a libre disposición del importador” en el cuerpo de la declaración de importación, original y copia del importador, refrendada con la firma y sello del funcionario liquidador y del jefe de la división operativa.
5. La aduana remitirá diariamente a la división de origen y control del Incomex la relación de los pagos realizados por este concepto. (…)”.
En el caso concreto, es un hecho probado que la demandante cumplió los compromisos de exportación adquiridos con ocasión de la autorización del programa Plan Vallejo y, efectivamente, es cierto que pudo haber dado por terminada la modalidad de importación temporal pagando el impuesto sobre las ventas, lo que no hizo, o reexportando la mercancía, de lo cual no existe prueba en el expediente. O bien la DIAN pudo aprehender la maquinaria y decomisarla por el hecho de que el demandante no dio por terminada la modalidad de importación temporal ni por importación ordinaria ni por reexportación.
Sin embargo la demandante pudo proponer en la instancia de discusión de las liquidaciones oficiales del impuesto sobre las ventas o ante la jurisdicción contencioso administrativo, si hubiera decidido demandar tales liquidaciones, que su interés nunca fue el de dar por terminada la importación temporal por la importación ordinaria o cualquier otra forma válida de terminación de la modalidad diferente de aquellas que se derivaran del incumplimiento, y probarlo. Como no lo hizo, el proceso de ejecución de las liquidaciones oficiales o el de revisión de los actos proferidos en ese proceso de ejecución no es el escenario pertinente para hacerlo, pues, de conformidad con el artículo 829-1 del estatuto tributario, en el procedimiento administrativo de cobro no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa.
Por lo anterior, la Sala considera que la parte actora no acreditó que las resoluciones ejecutadas hubieran sido expedidas a título meramente informativo sino que, por el contrario, acudió a la administración para que le liquidaran el IVA con el claro propósito de dejar en libre disposición los bienes importados de manera temporal, pues ya había acreditado el cumplimiento de los compromisos de exportación asumidos ante el Incomex.
En consecuencia, es claro que las resoluciones demandadas son títulos ejecutivos a favor de la administración en las que se liquidó una suma de dinero que, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º artículo 828 del estatuto tributario(10) prestan mérito ejecutivo.
• De la excepción de falta de ejecutoria de los títulos ejecutivos
La demandante también alegó que los actos demandados no le fueron notificados. Que la notificación se le hizo al agente de aduanas que lo representaba ante la DIAN para surtir los trámites aduaneros. Que, por lo tanto, las resoluciones demandadas no le eran oponibles.
El artículo 829 del estatuto tributario(11) dispone que los actos administrativos que fundamentan el cobro coactivo quedan ejecutoriados cuando contra ellos no procede ningún recurso; los recursos procedentes no se interponen o no se presentan en debida forma; se renuncia expresamente a los recursos o se desiste de los mismos, y los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones ordinarias, se deciden definitivamente.
Cómo lo ha señalado la Sala, la ejecutoriedad depende de la firmeza del acto y ésta, a su vez, de que el mismo sea oponible. Que la oponibilidad, por su parte, es producto de la publicidad de la decisión administrativa, que, en el caso de los actos particulares se cumple con la notificación de los mismos(12).
De tal manera que si el acto administrativo no se notifica al interesado o se notifica indebidamente, no produce efecto jurídico y, por tanto, no puede quedar ejecutoriado. Que además, si la obligación no está en firme no es posible iniciar su cobro por falta de exigibilidad de la misma.
De igual manera, la Sala ha señalado que el artículo 831 del estatuto tributario, consagra como excepción contra el mandamiento de pago la falta de ejecutoria del título, en cuyo caso el ejecutado puede cuestionar la falta de notificación del título, pues para que el acto tenga vocación de ejecutoria y sea exigible, debe producir efectos jurídicos, y que esto sólo ocurre cuando se da a conocer al interesado mediante las formas de notificación previstas en la ley(13).
Las partes concuerdan en que las resoluciones ejecutadas fueron notificadas al representante legal de Aduanas Hubermar S.A. SIA pero la demandante advierte que la notificación hecha en esos términos no tiene validez, pues se requería que le fueran notificadas directamente y no a un tercero.
La Sala verifica que del total de las resoluciones que constituyen el título ejecutivo, las que se relacionan a continuación efectivamente fueron notificadas al representante legal de Aduanas Hubermar S.A. SIA el 28 de marzo de 2000, tal como se advierte en la constancia de notificación personal inserta en cada una de ellas(14).
862 24 de marzo de 2000 100.539
863 24 de marzo de 2000 14.149
864 24 de marzo de 2000 295.440
865 24 de marzo de 2000 617.861
866 24 de marzo de 2000 2.965.611
867 24 de marzo de 2000 996.182
868 24 de marzo de 2000 390.155
870 24 de marzo de 2000 104.409
871 24 de marzo de 2000 90.850
872 24 de marzo de 2000 763.924
873 24 de marzo de 2000 164.503
874 24 de marzo de 2000 48.714
875 24 de marzo de 2000 107.927
876 24 de marzo de 2000 1.065.004
877 24 de marzo de 2000 435.406
878 24 de marzo de 2000 271.581.
879 24 de marzo de 2000 599.128
880 24 de marzo de 2000 516.101
881 24 de marzo de 2000 3.614.123
882 24 de marzo de 2000 34.371
883 24 de marzo de 2000 278.430
884 24 de marzo de 2000 338.001
885 24 de marzo de 2000 2.877.220
886 24 de marzo de 2000 202.351
887 24 de marzo de 2000 304.037
888 24 de marzo de 2000 4.061.885
889 24 de marzo de 2000 6.195.179
890 24 de marzo de 2000 2.790.897
891 24 de marzo de 2000 31.116
892 24 de marzo de 2000 369.515
893 24 de marzo de 2000 1.104.505.
894 24 de marzo de 2000 417.798
895 24 de marzo de 2000 366.664
896 24 de marzo de 2000 1.230.347
En relación con las restantes resoluciones, la administración certificó que fueron notificadas por correo mediante planilla 408 del 6 de abril de 2000.
Además de lo expuesto, en cada una de las resoluciones se advierte que éstas quedaron ejecutoriadas el 4 de abril de 2000, para el caso de las que se notificaron por correo, y el 16 de abril de 2000, respecto de las que se notificaron personalmente al representante legal de Aduanas Hubemar S.A. SIA.
El artículo 98 del Decreto 1909 de 1992(15), vigente para el época en que ocurrieron los hechos, establecía que las liquidaciones oficiales debían notificarse por correo o personalmente.
El artículo 99(16) del referido decreto disponía que la notificación por correo se debía practicar mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección procesal y que se entendía surtida al día siguiente de la fecha de su introducción al correo. El artículo 100, ibídem, preveía que la notificación personal se debía practicar en el domicilio del interesado o en la administración respectiva, cuando el notificado se presentara voluntariamente a notificarse o porque hubiera mediado citación para el efecto.
En el presente caso está acreditado que el representante legal de Aduanas Hubemar S.A. Cía. se había constituido en apoderado especial de la demandante, tal como se advierte en el poder especial otorgado, para los siguientes fines.
(…) “por medio del presente confiero poder especial, amplio y suficiente a la sociedad Aduanas Hubemar Ltda. para que en la regional Aduana Barranquilla represente los intereses de nuestra compañía en calidad de agentes de aduana en todo lo relacionado con el manejo de las importaciones, exportaciones, pagos, recibos, entregas o traspaso de cargamentos, firma de documentos, protestas de aforos y demás reclamaciones que puedan presentarse en defensa de los intereses de Romh and Haas de Colombia S.A. ante la regional Aduana Barranquilla”(17).
Para la Sala, la prueba aportada da cuenta de que Aduanas Hubemar S.A. Cía. estaba facultada para manejar todo lo concerniente, entre otros asuntos, a las operaciones de importación. En consecuencia, ese agente de aduanas estaba facultado para todo lo que tenía que ver con la terminación de la modalidad de importación temporal de las maquinarias respecto de las cuales la DIAN liquidó oficialmente el impuesto sobre las ventas, a instancia de la petición incoada por la misma demandante. De contera, conforme con el poder conferido, estaba facultada para intervenir en las reclamaciones que pudieran presentarse en defensa de los intereses de la demandante.
Por lo anterior, la Sala considera que para la fecha en que se libró el mandamiento de pago, las resoluciones se encontraban en firme y debidamente ejecutoriadas, pues una vez notificadas en debida forma, no se interpusieron los recursos a los que había lugar.
(1) Verificada la sumatoria de la tabla, la Sala advierte que arroja un valor de $ 56.824.257.
(2) Folio 305 al 308, Constitución Política.
(3) Folios 309 al 315, Constitución Política.
(4) Folios 330 y 335, Constitución Política.
(5) Folio 336 al 341, Constitución Política.
(6) Folios 342 al 345, Constitución Política.
(7) El artículo 173 del Decreto-Ley 444 de 1967 fue modificado por el Decreto 688 de 1967 en los siguientes términos:
ART. 16.—El artículo 173 del Decreto 444 de 1967, quedará así:
“ART. 173.—Los contratos a que se refiere el artículo anterior podrán también celebrarse en los siguientes casos:
a) Con empresarios productores que se propongan importar materias primas u otros insumos para elaborar artículos que aunque no estén destinados directamente a los mercados externos, vayan a ser utilizados en su totalidad por terceras empresas para producir bienes de exportación. En este caso los contratos deberán ser suscritos conjuntamente por el empresario que proyecta la importación, y por el tercero o terceros que fabricarán los artículos exportables. Unos y otros serán solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones que en dichos contratos se establezcan;
b) Cuando se trate de la producción de artículos que si se importaran estarían exentos del pago de derechos de aduana, aunque la exportación de ellos sea solo parcial. En este caso la Superintendencia de Comercio Exterior deberá comprobar que las materias primas y los insumos importados se emplearon totalmente en la fabricación de dichos y fijará los porcentajes mínimos que deben ser exportados, y
c) Para la importación de maquinaria y equipos destinados a la instalación o ensanche de empresas cuando los aumentos de producción se destinen en su totalidad a la exportación, previo el otorgamiento de una garantía satisfactoria de que dichos equipos se utilizarán en la producción de bienes para la exportación por un período no inferior al e que se considera normal para la depreciación del 90 por ciento del valor del equipo".
(8) ART. 19.—Modalidades de importación. De acuerdo con su naturaleza y condiciones las importaciones podrán tener las siguientes modalidades:
i) Tráfico postal y envíos urgentes por avión; y,
(9) ART. 236.—Limitación a la circulación de bienes de capital y repuestos. Los bienes de capital y repuestos importados en desarrollo de los artículos 173, literal c) y 174 del Decreto-Ley 444 de 1967, no podrán enajenarse ni destinarse a fin diferente del autorizado antes de estar en libre circulación lo cual ocurrirá una vez se hayan cumplido totalmente los compromisos adquiridos.
(10) ART. 828.—Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo:
(11) ART. 829.—Ejecutoria de los actos. Se entienden ejecutoriados los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo:
(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Héctor J. Romero Díaz, Bogotá, D.C., 26 de octubre de 2009, radicación: 440012331000200400191 01, número interno 16976. Actor: Carmen Deyanira García Luque, Demandado: UAE DIAN.
(14) Folios 169 al 329, Constitución Política.
(15) ART. 98.—Formas de notificación. Los autos que ordenen inspecciones aduaneras, los emplazamientos para declarar o corregir, pliegos de cargos, liquidaciones oficiales, citaciones y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o personalmente. Cuando estos actos se profieran dentro del proceso de importación la notificación se realizará por estado.
(16) ART. 99.—Notificación por correo. La notificación por correo se practicará mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección procesal y se entenderá surtida al día siguiente de la fecha de su introducción al correo.
(17) Folio 329, Constitución Política.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 173
 artículo 6
 artículo 50
 artículo 19
 artículo 231
 artículo 236
 artículo 46
 artículo 110
 Resolución 
 artículo 829
 artículo 828
 artículo 829
 artículo 831
 artículo 98
 artículo 99
 artículo 100
 artículo 173
 artículo 173