Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831797.html
Timestamp: 2019-11-19 08:44:29+00:00

Document:
as201831797
Auto Supremo Nº 797
Sucre, 20 de diciembre 2018
Expediente: 312/2018
Demandante: Delfín Berdeja Taboada
El Recurso de Casación planteado por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) a través de Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo y representante legal, cursante de fs. 519 a 523, contra el Auto de Vista Nº 29/2018 SSA II de 13 de abril de 2018, de fs. 515 a 516, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso Social de Reclamación de Compensación de Cotizaciones, seguido por Delfín Berdeja Taboada contra la institución recurrente; el memorial que responde el recurso de fs. 528 a 530; el Auto que concede el recurso de fs. 531; el Auto de admisión de 18 de julio de 2018; antecedentes del proceso; y:
Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR
Iniciado el trámite de Compensación de Cotizaciones (CC) Procedimiento Manual por Delfín Berdeja Taboada y previo el trámite correspondiente, el ente gestor por Auto Nº 36 de 6 de enero de 2012, desestimó la solicitud de CC, en razón a que el interesado no figura en planillas de la empresa FABALU Limitada (Ltda.), periodo: de marzo/1974 a marzo/1987; y del Seguro Voluntario, periodo abril/1987 a abril/1990; y la documentación que adjunta al expediente no es acreditable por lo que no corresponde certificar y/o aplicar normativa vigente.
El recurso de reclamación presentado por el asegurado contra el Auto Nº 36, que desestimó su solicitud de CC por procedimiento manual, fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR mediante la Resolución Nº 598/14 de 5 de septiembre de 2014, confirmando el Auto reclamado (fs. 341 a 344 del expediente). Resolución anulada por el Tribunal de apelación, mediante el Auto de Vista Nº 91/15 de 21 de agosto de 2015 pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por no haber realizado la Comisión de Reclamación, una adecuada valoración de los antecedentes citados (fs. 385 de obrados).
En cumplimiento a la nulidad dispuesta, la Comisión de Reclamación del SENASIR dicta la Resolución Nº 362/16 de 23 de agosto de 2016, corriente de fs. 447 a 454 del expediente, disponiendo confirmar el Auto Nº 36 de 6 de enero de 2012, emitido por la Comisión de Calificación de Rentas.
En apelación interpuesta por el asegurado, la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 29/2018 SSA II de 13 de abril de 2018, cursante de fs. 515 a 516, revoca la resolución apelada, porque el ente gestor no efectuó una valoración acorde con la documentación presentada por el solicitante, eludiendo lo dispuesto en el art. 24 del Manual único de CC, art. 14 del Decreto Supremo (DS) Nº 27543 de 31 de mayo de 2004 y art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, vulnerando el mandato del art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE) referido a la irrenunciabilidad de los derechos sociales; disponiendo que el SENASIR emita nueva resolución, reconociendo los aportes por el periodo trabajado en la empresa FABALU Ltda. de marzo/1974 a marzo/1987; y el seguro voluntario de abril/1987 a diciembre/1990.
Contra el Auto de Vista, el ente gestor formula recurso de casación en el fondo, cuyo escrito cursa de fs. 519 a 523, con los argumentos siguientes:
Señala que el Tribunal de apelación incurrió en una valoración equivocada de la prueba adjuntada por el SENASIR, en calidad de prueba en contrario, aplicando erróneamente el DS Nº 27543 en relación al reconocimiento de aportes mediante la modalidad de documentación supletoria, sin aplicar la presunción iuris tantum, es decir, sin considerar la prueba en contrario adjuntada por el ente gestor, que evidencian las inconsistencias y que los supuestos pagos, no corresponden al asegurado o no se encuentran registrados.
Señala también, que contrastada la firma de Rodolfo Osorio Oporto cursante en los documentos de fs. 1 a 35, con la documentación oficial que cursa en el SENASIR, se observa una ostensible diferencia, aspecto no considerado por el Tribunal ad quem.
Refiere que, revisado el calendario gregoriano se observó que el 2 de agosto de 1987, fecha del documento de fs. 35, era día domingo, aspecto que puede ser considerado irrelevante por el Tribunal de casación, pero realizando un análisis en conjunto de las inconsistencias, se puede llegar a establecer que existe contrariedad y duda razonable respecto a la idoneidad de los documentos observados por el ente gestor, esto sumado a que la institución cuenta con documentación, corresponde la aplicación de la presunción iuris tantum, por lo que no es viable el reconocimiento de aportes, en aplicación del principio de verdad material, establecido en el art. 180.I de la CPE.
Argumenta que el Auto de Vista recurrido vulnera el principio constitucional de verdad material al aplicar o interpretar erróneamente la presunción iuris tantum establecida taxativamente en el art. 14 del DS Nº 27543.
Manifiesta que el ente gestor enmarca su accionar en el respeto de las garantías constitucionales, principalmente el de la seguridad social, la que no se realiza de manera discrecional sino bajo lineamientos operacionales de orden normativo en pos de evitar un daño económico contra el Estado; traducida en el principio de especialidad que rige el Sistema de Seguridad Social, debiendo aplicar la norma concreta al caso particular, lo que imposibilita la aplicación de criterios garantistas de derechos en franco quebrantamiento de la ley especial; más si se considera el principio de Defensa del Patrimonio del Estado.
Solicita que el Tribunal Supremo de Justicia previa deliberación en el fondo, Case el Auto de Vista Nº 29/2018 de 13 de abril, y confirme en su totalidad la resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR.
La Seguridad Social en Bolivia tuvo una serie de transformaciones o cortes, es así que para que una persona acceda a una jubilación en el Sistema Integral de Pensiones (SIP), vigente desde el 10 de diciembre de 2010 promulgación de la Ley de Pensiones Nº 065, su densidad de aportes, que es la suma de los periodos efectivamente aportados por el asegurado al Sistema de Reparto, al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al SIP, inciden en el monto de su jubilación; derecho fundamental reconocido en el art. 45 de la CPE y considerado actualmente como un derecho humano inalienable, protegido por organismos internacionales e instituciones supranacionales.
De la Compensación de Cotizaciones
La Compensación de Cotizaciones, definida por la Ley de Pensiones Nº 065 como el reconocimiento que realiza el Estado Plurinacional de Bolivia a través del SENASIR, a los Asegurados por los aportes efectuados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, financiado con recursos del Tesoro General de la Nación; viene a ser una prestación del Sistema Residual de Reparto, aportes que necesariamente inciden en el monto de la pensión, cuando el trabajador decida acogerse a la jubilación en el SIP; motivo que obliga a éste Tribunal Supremo de Justicia aplicar las normas que resguardan el derecho fundamental a la jubilación.
El Principio de Verdad Material se encuentra reconocido en el art. 180 de la CPE y desarrollado por la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, en los siguientes términos: constituye en la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, siendo aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación. Si bien las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, garantizando la paz social y evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material; por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente.
Revisado el expediente, concluimos que el trámite de CC versa sobre el reconocimiento o certificación de los aportes realizados por el asegurado como dependiente de la empresa FABALU Ltda., del periodo junio/1974 a marzo/1987 y como seguro voluntario de abril/1987 a abril/1990.
La desestimación de la solicitud de CC por procedimiento manual, está sustentada en el argumento que, contrastada la documentación presentada por el asegurado para demostrar sus aportes, con los que cursan en los archivos del ente gestor, éste evidenció que:
1. El recibo de pago de aportes del Fondo Complementario de Seguridad Social Fabril Nº 23 de 30 de octubre de 1985, por $b. 18.732.000 (dieciocho millones setecientos treinta y dos mil 00/100 Pesos Bolivianos), correspondiente a la liquidación general e individual de aportes de junio/1974 a febrero/1975 para el Régimen Complementario a favor de Delfín Berdeja Taboada, realizado por la empresa FABALU Ltda., que en original cursa a fs. 176; y el depósito bancario por $b. 18.732.000 (dieciocho millones setecientos treinta y dos mil 00/100 Pesos Bolivianos) de 30 de octubre de 1985, por el periodo junio/1974 a septiembre/1985, que en copia original cursa a fs. 175; contrastado con la documentación del SENASIR, corresponde al pago de aportes de 7 empleados de la empresa FABALU Ltda., entre los que no figura el interesado; adjunta como prueba la planilla de sueldos y jornales del mes de diciembre/1984, de fs. 329.
2. El recibo de pago de aportes del Fondo Complementario de Seguridad Social Fabril Nº 349 de 6 de julio de 1987, por Bs3.291.29 (tres mil, doscientos noventa y uno 29/100 Bolivianos), correspondiente a las planillas individuales de Delfín Berdeja Taboada, del periodo junio/1974 a marzo/1987 para el Régimen Básico y del periodo marzo/1985 a marzo/1987 para el Régimen Complementario, que en copia original corre a fs. 41 del expediente; que según el registro de Estado Actual de Ingresos, no existe registro de ese monto en la gestión 1987, que la empresa FABALU Ltda., solo canceló Bs62.40 (sesenta y dos 40/100 Bolivianos); determinando que el comprobante no era original; respalda su afirmación con las fotocopias legalizadas de fs. 294 a 311.
3. El recibo de pago de aportes del Fondo Complementario de Seguridad Social Fabril Nº 21252 de 30 de diciembre de 1988, por Bs4.129.59 (cuatro mil, ciento veintinueve 59/100 Bolivianos), correspondiente a la liquidación para el Seguro Voluntario del periodo abril/1987 a diciembre/1988, que cursa en copia original a fs. 8 del expediente; que revisada la documentación del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) concretamente de la Dirección de Liquidación de los ex Entes Gestores de la Seguridad Social, no existen pagos por aportes voluntarios efectuados por Delfín Berdeja Taboada, adjunta fotocopias simples de fs. 270 a 292.
4. La Declaración Jurada de Cotizaciones del Contribuyente Nº 35202 de 3 de mayo de 1990 del Fondo de Pensiones Fabril, por el monto de Bs8.134.35 (ocho mil ciento treinta y cuatro 35/100 Bolivianos), por concepto de Seguro Voluntario de Delfín Berdeja Taboada, correspondiente al periodo enero/1989 a abril/1990, que en original cursa a fs. 3 de obrados; que, del estado de recaudación mensual según extracto bancario del mes de mayo de 1990, no figura el señor Berdeja, respalda con fotocopias legalizadas de fs. 311 a 325. Aclara, que los aportes voluntarios al Fondo Fabril, se realizaban mes a mes y con una Resolución emitida por el directorio del Fondo Fabril y no de forma global.
Bajo estos mismos argumentos, la Comisión de Reclamación del ente gestor, confirma el auto de desestimación de solicitud de CC; resolución revocada por el Tribunal de apelación, en aplicación del art. 14 del DS Nº 27543, determinando que el ente gestor debe considerar la supletoriedad de toda la prueba presentada por el asegurado, documentos que dan convicción que el asegurado aportó efectivamente a la seguridad social, durante todos los periodos observados; teniendo en cuenta los principios que rigen la materia previstos en el art. 45 de la CPE, debiendo ser considerados como primacía constitucional y fundamental para proceder al cálculo de las prestaciones.
Previa revisión del expediente y de la prueba que en ella cursa; con el fin de impartir justicia, corresponde aplicar el principio de verdad material, para lo que debemos realizar las siguientes puntualizaciones:
1. Periodo junio/1974 a marzo/1987, dependiente de la Empresa FABALU Ltda., para respaldar el pago de estos aportes, el asegurado presenta: el Recibo de Pago de Aportes Nº 23 de 30 de octubre de 1985 del Fondo Complementario de SS Fabril, por $b. 18.732.000.00, de fs. 176, correspondiente al pago de aportes de Delfín Berdeja Taboada de junio/1974 a febrero/1985, recibo respaldado por el Cheque Nº A2154, de 30 de octubre de 1985, por $b. 18.732.000.00, correspondiente al pago de los aportes de Delfín Berdeja del periodo junio/1974 a septiembre/1985. El Recibo de Pago de Aportes Nº 349 de 6 de julio de 1987 del Fondo Complementario de Seguridad Social Fabril, por Bs3.291.29, de fs. 41, del periodo junio/1974 a marzo/1987 para la Básica y de marzo/1985 a marzo/1987 para la Complementaria, del señor Delfín Berdeja Taboada.
2. Periodo abril/1987 a diciembre/1988, Seguro Voluntario, respaldando el pago de estos aportes presente, el Recibo de Pago de Aportes Nº 21252 de 30 de diciembre de 1988 del Fondo Complementario de Seguridad Social Fabril, por Bs4.129.59, de fs. 8.
3. Periodo enero/1989 a abril/1990, Seguro Voluntario, respalda con el Formulario de Declaración Jurada de Cotizaciones del Contribuyente Nº 35202 de 3 de mayo de 1990 del Fondo de Pensiones Fabril, por Bs8.134.35, de fs. 3 de obrados.
Con relación al primer periodo, resulta evidente dos aspectos, que el cheque Nº A2154, de fs. 175, por $b. 18.732.000.00, cubriría el pago de los aportes de junio/1974 a septiembre/1985, del trabajador de la Empresa FABALU Ltda., Delfín Berdeja Taboada; cheque que difiere del Recibo de fs. 176, donde figura que este cheque cubría los aportes de junio/1974 a febrero/1985. Al margen de esa diferencia, se observa que la copia legalizada del Comprobante de Depósito de Cheques Ajenos, remitida por el Banco Central de Bolivia de sus archivos y corriente a fs. 432 y 433, difiere del cheque presentado por el asegurado, en lo referente al trabajador por quien se realiza los aportes y el periodo aportado; diferencia que debe ser tomada en cuenta más si el cheque fue remitido por una institución ajena al ente gestor y que tuvo en su poder el cheque original de referencia desde el 30 de octubre de 1985; además, conforme señala el SENASIR, que de la revisión de sus archivos y de los documentos cursantes en el SENAPE, concretamente de los documentos del Ex Fondo Complementario de Seguridad Social Fabril, se evidencia que este depósito fue efectuado por la Empresa FABALU Ltda., por el pago de aportes de 7 trabajadores por el mes de septiembre/1985, acreditando este extremo con el Formulario de Recibo de Pago de Aportes Nº 3946 de 8 de noviembre de 1985, que en fotocopia legalizada cursa a fs. 424 del expediente.
Considerando los argumentos expuestos en el párrafo anterior, al existir duda razonable sobre los aportes efectivamente realizados desde junio/1974 a septiembre/1985, aplicando el principio de verdad material y relacionándolo con el art. 14 del DS Nº 27543; fundamento del Tribunal de apelación para revocar la resolución del ente gestor; que dispone la certificación extraordinaria de aportes al sistema de reparto, mediante la utilización de documentos supletorios y que cursan en el expediente, aplicable bajo la presunción juris tantum, es decir, mientras no se demuestre lo contrario; se acoge los argumentos del ente gestor, en razón que en este periodo no se realizaron aportes a la seguridad social a largo plazo del sistema de reparto, a favor del asegurado.
Con relación al periodo octubre/1985 a marzo/1987, como dependiente de la empresa FABALU Ltda., se tiene acreditado estos pagos, por los formularios de recibo de pago de aportes y las certificaciones detalladas del Fondo Complementario Fabril que cursa en obrados, documentos que evidencian estos aportes, como trabajador de FABALU.
Los periodos abril/1987 a diciembre/1988 y enero/1989 a abril/1990, los aportes fueron realizados por Delfín Berdeja Taboada como Seguro Voluntario ante el Fondo Complementario Fabril, conforme se acredita por toda la documentación que en original cursa en el expediente, refiriéndonos concretamente a los formularios de pago, donde la cancelación se realizaba a caja del mismo ente gestor y a las certificaciones de aportes con detalle, otorgados por el Fondo Complementario Fabril; prueba que demuestra o acredita los aportes realizados al sistema de reparto, que deben ser certificados por el ente gestor, dentro de la CC Manual.
El ente gestor pretende que el Tribunal Supremo de Justicia modifique el Auto de Vista, realizando o calificando delitos que en la instancia correspondiente no pudieron ser sostenidas por el SENASIR, al señalar que las firmas de algunos funcionarios del Fondo Complementario Fabril, estampadas en los documentos presentados por el asegurado, no son las mismas que las que se tienen en los documentos que cursan en sus archivos; sin considerar que la denuncia penal presentada contra Delfín Berdeja Taboada, por los delitos de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, fue rechazada por el Ministerio Público por no existir suficientes elementos de convicción que conlleve a atribuir el delito investigado y por no poder recabar la declaración informativa del sindicado; aspecto que no puede ser considerado por este Tribunal, porque no es su competencia.
Siguiendo este mismo razonamiento, la institución recurrente argumenta que bajo el principio de especialidad que rige el Sistema de Seguridad Social, sostiene que no puede aplicar criterios garantistas de derechos en franco quebrantamiento de la ley particular, refiriéndose a toda la normativa de menor jerarquía que rige la materia; pretendiendo que el Tribunal Supremo de Justicia, dejando de lado el principio de supremacía constitucional, relacionado con el de verdad material y el derecho fundamental a la jubilación, aplique prioritariamente normativa de menor jerarquía que vulnera o restringe derechos constitucionales, aplique el principio de defensa de patrimonio del Estado, que se rige por la obligación constitucional que tiene todo boliviano de precautelar y resguardar el patrimonio del Estado; sin considerar que en una ponderación de derechos, el derecho a la seguridad social, considerado un derecho humano, por instituciones y organismos institucionales, se encuentra por encima del principio de defensa del patrimonio del Estado; ya que la seguridad social se encuentra relacionado con el derecho a la salud y la vida de todas las personas.
Con referencia a la aplicación del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004 y la RM Nº 559 de 3 de octubre de 2005, que amplía el art. 14 del aludido DS, sobre el que basa su decisión el Tribunal de apelación, aclaramos que no corresponde su aplicación, toda vez que según lo argumentado líneas arriba, corresponde aplicar el principio de verdad material, siempre precautelando el derecho a la seguridad social y a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE, referido a la jerarquía normativa.
Por lo analizado, corresponde a este Tribunal aplicar la disposición comprendida en el art. 220.IV del Código Procesal Civil (CPC), aplicable al caso de autos por mandato de la norma remisiva contenida en el art. 55.III del DS Nº 822 Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley de Pensiones Nº 065.
La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista N° 29/2018 SSA II de 13 de abril de 2018, cursante de fs. 515 a 516, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de La Paz, disponiendo que el ente gestor certifique los aportes de Delfín Berdeja Taboada de los siguientes periodos: octubre/1985 a marzo/1987 como dependiente de la empresa FABALU Ltda., y de abril/1987 a abril/1990 como asegurado voluntario al Fondo Complementario Fabril. Debiendo considerar como salario cotizable el percibido el mes de abril/1990.
Sin costas en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 (SAFCO) y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.
Sin multa al Tribunal de apelación, por encontrarse excusable el error.

References: Resolución 
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