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SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS DE PALMIRA
SINDEPAL
Agremiación Sindical de primer grado y de Industria con Registro Sindical acta de constitución numero 0001-11 del 23 de junio de 2011
M INISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.
Palmira, Febrero 13 de 2012. S-002
Alcaldía Palmira.
Referencia: Contrato de “Prestación de Servicios” 728 de 2011.
Las Agremiaciones Sindicales del Municipio de Palmira, en ejercicio de nuestra labor de Veedores de la Gestión en el municipio de Palmira y en nuestra condición de Servidores Públicos, nos permitimos dejar en su conocimiento los siguientes hechos relacionados con el contrato de la referencia donde se evidencian situaciones y conductas irregulares en el desarrollo del procedimiento contractual de conformación, elaboración, selección, adjudicación y legalización del citado contrato, que pueden llegar a constituirse en conductas punibles que conllevarían a la tipificación de presuntos delitos en contra de la Administración Pública.
El Municipio de Palmira, el 19 de octubre de 2011 suscribió de manera directa el contrato Nº MP-728-2011 bajo la modalidad de “contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión”, relacionado con actividades operativas, logísticas y asistenciales tendientes a que el municipio acometa la prestación de los servicios de manera eficiente y eficaz a través de su secretaria de planeación. Requiriendo la compra de equipo de cómputo, video y licenciamiento con el contratista, señor JIMENEZ MUÑOZ JOSE OTONIEL quien tiene matriculado un Establecimiento de Comercio “SJ MODULARES” (SIC) por valor de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($224.986.352) para realizar el siguiente objeto, según la CLAUSULA PRIMERA de la minuta:
“PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS, LOGÍSTICAS Y ASISTENCIALES TENDIENTES A QUE EL MUNICIPIO ACOMETA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ A TRAVÉS DE SU SECRETARIA DE PLANEACIÓN, REQUIRIENDO LA COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, VIDEO Y LICENCIAMIENTO.”
(El resaltado fuera de texto)
El 28 de noviembre de 2011, la administración suscribe un adicional en valor por mayores cantidades requeridas al contrato MP-728-2011 por CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MCTE ($49.529.902), quedando el valor de dicho contrato en DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($274.516.254).
Sobre el contrato referido respetuosamente observamos las siguientes presuntas irregularidades ocurridas en el desarrollo y conformación de la etapa precontractual y contractual:
Se evidencia contundentemente que la modalidad contractual señalada para la ejecución del contrato MP-728-2011 no corresponde con el objeto del contrato, es decir se procede a denominar como un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión a un típico contrato de suministro, indudablemente para evadir la selección del contratista mediante una convocatoria pública de Selección Abreviada - Subasta inversa, en virtud de la cuantía del mismo.
Lo anterior se concluye al observar el texto del mismísimo encabezado de la minuta del contrato, donde claramente señalan la modalidad contractual escogida por la Entidad: “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN y concluye “REQUIRIENDO LA COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, VIDEO Y LICENCIAMIENTO.”
Es claro que el Municipio mediante este contrato, lo que hizo fue adquirir unos bienes muebles de uso común, consistentes en equipos de cómputo, fotocopiadoras, Licencias, etc., como bien se puede observar en los estudios previos que soportan el proyecto. No hay lugar a otra interpretación.
De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 y Decretos reglamentarios, el Municipio debió adelantar el proceso de selección para la adquisición de bienes comunes acorde a lo establecido en el numeral 2 del artículo 2 de la citada norma:
“2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Serán causales de selección abreviada las siguientes:
d. Ahora bien, El legislador con suficiente claridad aborda, normaliza y reglamenta los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión. En el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos de prestación de servicios; el literal h) del numeral 4º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008.
Como elemento de los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el inciso segundo del artículo 82 del Decreto Reglamentario 2474 de 2008, señala que son "aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad".
Y con la expedición del Decreto reglamentario 4266 del 12 de noviembre de 2011, en su parte considerativa establece:
Que el literal h) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 señala como causal de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales;
Que en la referida causal de contratación directa se diferencian los servicios profesionales, de los de apoyo a la gestión; así como los vinculados a la ejecución de trabajos artísticos intuito personae;
Que los servicios profesionales hacen referencia a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se realizan en función de la formación académica y experiencia del contratista;
Que los servicios de apoyo a la gestión corresponden a aquellas actividades operativas, logísticas, o asistenciales, vinculados a la realización de las tareas propias de la entidad (…)”
Y Decreta en su artículo 1º
Artículo 1. Modificación del artículo 82 del decreto 2474 de 2008.
El artículo 82 del decreto 2474 de 2008, quedará asi:
"Artículo 82. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita.
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultaría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.
No se requiere mayor argumentación para soportar lo evidente de esta contratación: Estamos frente a un típico contrato de suministro, dado que el ordenador del Gasto del Municipio de Palmira no puede sostener la tesis de que “la compra de computadores es una actividad operativa, logística o asistencial, vinculada a la realización de las tareas propias de la entidad”, para justificar una contratación directa. De hecho con esta argucia jurídica lo que se está vulnerando son los principios de transparencia y selección objetiva previstos en la normatividad legal vigente.
Al respecto vale la pena recordar que tratándose de normas que definen los senderos procesales de selección de contratistas, no pueden ser entendidas como una fuente de subjetivismo, improvisación o arbitrariedad porque lo impiden los postulados del Estado social y democrático de derecho y la seguridad jurídica que debe imperar.
En materia de reglas sobre selección de contratistas opera el concepto de legalidad reglada, configuradora de requisitos legales esenciales para el trámite y conformación del contrato, siempre en consonancia con los postulados de nuestro ordenamiento jurídico, de tal suerte que los requisitos legales exigibles para la legalización de un contrato de Suministro difieren tanto formal como sustancialmente de los exigibles para un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, en todo caso de consolidarse una u otra situación se podría llegar a constituir en conductas punibles por celebración indebida de contrato, celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales, favorecimiento a terceros, etc.
En este sentido, los procedimientos administrativos de selección de contratistas en el derecho colombiano sobrevienen de la ley y deben, en consecuencia, respetarse y aplicarse en los estrictos términos establecidos por el legislador.
En lo atinente al Artículo 1. Modificación del artículo 82 del decreto 2474 de 2008 del citado decreto reglamentario 4266, es procedente una desagregación del contenido de esta norma habilitante del procedimiento administrativo contractual de la “contratación directa”, lo que permite visualizar dos claros elementos normativos de carácter imperativo para su procedencia:
El primero nos indica que la norma opera de manera sistemática en relación con los contratos de prestación de servicios, definidos en la ley 80 de 1993 y que requieran las entidades estatales para el cumplimiento de sus cometidos, pero tan sólo en dos claros eventos negociables de esta naturaleza.
En aquellos que tengan por objeto la prestación de servicios profesionales.
Y en todos aquellos otros casos en que los requerimientos de la entidad estatal tengan por objeto otras prestaciones de servicios de apoyo a la gestión de la entidad respectiva que deban desarrollarse con personal no profesional.
Se puede afirmar, sin lugar a mayor dubitación, que la realidad material de las expresiones legales “…para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión…” engloba necesariamente una misma sustancia jurídica: la del contrato de prestación de servicios definido en el artículo 32 No 3 de la ley 80 de 1993 y que no es otro que aquel que tiene por objeto apoyar la gestión de la entidad solicitante en relación con su funcionamiento o el desarrollo de actividades relacionadas con la administración de la misma, que en esencia no implican en manera alguna el ejercicio de funciones públicas administrativas.
En realidad se trata de contratos a través de los cuales, de una u otra manera, se fortalece la gestión administrativa y el funcionamiento de las entidades públicas, dando el soporte o el acompañamiento necesario y requerido para el cumplimiento de sus propósitos y finalidades cuando éstas por sí solas, y a través de sus medios y mecanismos ordinarios, no los pueden satisfacer; o la complejidad de las actividades administrativas o del funcionamiento de la entidad pública son de características tan especiales, o de una complejidad tal, que reclaman conocimientos especializados que no se pueden obtener por los medios y mecanismos normales que la ley le concede a las entidades estatales.
Así las cosas, consideramos aportada suficiente ilustración sobre la observación que planteamos. Se demuestra que la Administración pasada a cargo del doctor RAUL ALFREDO ARBOLEDA MARQUEZ, el doctor FERNANDO MAURICIO ROJAS FIGUEROA, como Secretario Jurídico y el doctor DIEGO FERNANDO PASTRANA MORENO, como agente determinador, dada su condición de Contratista “a cargo” del desarrollo del proceso contractual, determinaron adelantar un proceso de contratación cuyo objeto claramente obligaba a la Entidad a adelantar un proceso de selección mediante convocatoria pública; pero, en franco desconocimiento de la norma procedieron, como en efecto lo hicieron, a adjudicar el contrato de manera directa, bajo la modalidad de contratación de prestación de servicios de apoyo a la gestión.
Lo anterior sin desconocer las implicaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales que de lo señalado se puedan derivar.
De otra parte, es necesario señalar que existen otras presuntas irregularidades observadas en la etapa precontractual, contractual, de legalización y de ejecución del contrato de “Prestación de servicios” Nº 728 de 2009, observaciones que solicitamos sean analizadas.
Revisada la documentación soporte aportada por la Secretaria Jurídica se evidencia la ausencia del certificado de existencia y representación legal del contratista seleccionado.
En tratándose de un contrato cuya cuantía lo ubica en el rango de la contratación de menor cuantía, la Entidad omitió requerir al contratista el aporte del Registro Único de proponentes.
Por la cuantía el contratante omitió solicitar en el amparo de la Garantía Única el aporte de la póliza de CALIDAD DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, quiere decir esto que el municipio frente a una reclamación en ese sentido quedó sin herramientas para velar por la buena inversión de los recursos.
No se observa que la Entidad haya solicitado y que el contratista haya ampliado el amparo de las pólizas en virtud del adicional en valor suscrito por las partes.
Revisado el Compromiso Presupuestal Nº 3410 del 21 de octubre de 2011, fácilmente se observa que el rubro presupuestal Nº 3171514 tiene una destinación especifica para: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS INFORMATICOS.”, requisito que efectivamente se respetó porque fue empleado para comprar los equipos de cómputo, lo cual ratifica o corrobora el señalamiento que nos ocupa en el sentido de que estamos analizando un contrato típico de suministro, tramitado como uno de prestación de servicios de apoyo a la gestión.
De igual manera genera duda e incertidumbre el rubro que acompaña al anterior para soportar el citado compromiso Presupuestal, el Nº 3171145, toda vez que su destinación es para: “ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIO ECONOMICA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”, lo cual dista mucho del fin para cual se destinaron y ejecutaron los respectivos recursos, la compra de equipos de cómputo.
La situación anterior, se refuerza al revisar el respectivo certificado del Banco de Proyectos expedido por la Secretaría de Planeación donde se indica que el proyecto registrado con el numero 2011765200052 su objeto especifico o la meta producto del mismo, es: (…) “META PRODUCTO REALIZAR DURANTE EL CUATRENIO 4 ESTUDIOS DE ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONOMICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y CORREGIMIENTOS DE LA CIUDAD”, meta muy diferente para la cual ciertamente se destinaron estos recursos, la compra de equipos de cómputo.
Acudiendo a uno los estudios previos que soportaron el proyecto de contratación que nos ocupa, el correspondiente a un valor de $50.000.000, específicamente el presentado por el ingeniero JOSE DENNYS TORO, en su calidad de jefe de la Oficina de Informática y TIC, con escrito código FO-FIT-130 fechado 04-29-2011, se destaca el numeral 2 “OBJETIVO GENERAL: Adquirir cuatro (4) computadores de los cuales son de alto desempeño, una impresora multifuncional laser copiadora, impresora y escáner en red, actualización licencia ArcGis, una compra de licencia de Auto CAD.” (Sic)”, de igual manera queda claro que el objetivo inicial del proceso se orientaba hacia el trámite de un proceso de selección para una compra o suministro.
Idem, con lo estudios previos correspondientes a la compra de equipos por valor de $ 25.000.000, elaborados por el ingeniero JOSE DENNYS TORO. Estos estudios previos se soportan con un presupuesto oficial donde se consignan además, las especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, de lo cual destacamos el hecho significativamente sustancial de que la Entidad exige que los equipos sean de marca reconocida en el mercado (se refieren a marcas sólidamente establecidas, del tipo Compaq, Dell, Hewlet Packard, entre otras que dan garantías de sus equipos por tres años), EXIGENCIA que al parecer no cumplen los equipos entregados por el contratista, toda vez que presuntamente son de “Marca JANUS”, que tan sólo dan garantía de un año como lo hace cualquier suministrador de “clones” del mercado de la informática.
Situación análoga se observa en otro de los estudios previos que soportan este proceso, correspondientes a la compra de equipos por valor de $149.986.352 donde el objeto a contratar dice: “La alcaldía de Palmira requiere contratar la COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”.
De igual manera se observan otros estudios previos presentados por la Secretaría de Educación por valor de $49.529.902 cuyo objeto es la compra de equipos de cómputo, impresoras, video proyector escáner, etc. para dicha Secretaría.
Lo interesante de resaltar en estos estudios previos se encuentra en el numeral 3.2 donde la Secretaría de Educación señala con precisión que el tipo de contrato es de suministro. De igual forma en el numeral 2.12, en la página 7, acápite 13.1, se exige un periodo de garantía de tres (3) años y no de uno (1) como efectivamente lo suministró el Contratista.
No es entendible que en los soportes documentales entregados por la Secretaría Jurídica del proceso de selección y adjudicación del contrato de “Prestación de Servicios” Nº 728 de 2011, no se encuentre la propuesta o la oferta económica del contratista favorecido.
Finalmente, llamamos la tención de la Administración, para que por intermedio de la Interventoría o a través de la oficina de Informática, sean revisados todos los equipos suministrados por el contratista y se determine técnicamente si son o no equipos de marca reconocida, si cumplen con los requerimientos técnicos exigidos en los estudios previos, así como también sean revisados en su estado de entrega, para que se certifique si son equipos nuevos o reconstruidos, habida cuenta que los representantes legales de los sindicatos de empleados de SINTRAESTATALES Y SINTRAEMPAL fueron testigos y denunciantes ante la Secretaría Jurídica de la Alcaldía acerca del caso de la Fotocopiadora valorada en $14.000.000 y que al momento de la entrega se pudo establecer concretamente que se trataba de un equipo reconstruido, toda vez que al revisar el record de impresiones de esta fotocopiadora se pudo establecer que ya contaba con más de 16.700 copias realizadas, lo cual, naturalmente induce a dudar sobre el estado de los demás equipos entregados por este contratista.
Comedidamente solicitamos se nos informe oportunamente sobre las actuaciones que sobre el particular adelante la Secretaría Jurídica.
JORGE ENRIQUE VARGAS SARRIA: Calle 34 Nº 19 -78 Palmira Tel: 3014287052
BLADIMIR BECERRA ARAMBURO: Calle 52 No. 32-65 Palmira Tel.: 3155203660
GERARDO MARTINEZ DELGADO: Calle 35 No. 14-18 Palmira Tel.: 3117485399
BLADIMIR BECERRA ARAMBURO GERARDO MARTINEZ DELGADO
Presidente SINTRAESTATALES Presidente SINTRAEMPAL
JORGE ENRIQUE VARGAS SARRIA
Presidente SINDEPAL

References: artículo 2
 artículo 32
 artículo 2
 artículo 82
 artículo 82
 artículo 2
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 artículo 82
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