Source: http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc842.html
Timestamp: 2017-11-21 00:53:26+00:00

Document:
Proceso 842
número 842
Editorial El Procurador da pena
Política La seguridad pública en las plataformas del FMLN-USC y ARENA
Economía Sobre la privatización de las generadoras de energía
Derechos Humanos ¿Resurgieron o nunca desaparecieron?
El Procurador da pena
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos da pena. Como no tiene obra buena que mostrar en los seis meses que tiene en el cargo para confirmar que es la persona idónea para ocuparlo, su mentor ha pasado al ataque personal de sus detractores, en un vano intento por desviar la atención. El Procurador ni siquiera tiene capacidad para defenderse por sí mismo, sino que otro, quien lo llevó a tan elevada e incómoda posición, ha tenido que asumir su defensa. Contrario a lo que calcula el mentor —que el ataque es la mejor defensa—, mejor sería que el Procurador se pusiera al servicio de la población, cuyos derechos son más vulnerables.
Su gran debilidad es que no tiene nada que mostrar. Las denuncias y las resoluciones han descendido en picada desde que asumió el cargo. La confianza que la población tenía en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha comenzado también a caer velozmente. Las agencias de cooperación internacional se muestran cada vez más incómodas con la administración de los fondos donados y la ejecución de diversos proyectos. Mientras tanto, el Procurador guarda silencio ante los asesinatos en serie de homosexuales y jóvenes. El reaparecimiento de los escuadrones de limpieza social no parece preocuparle. Tampoco tiene nada que decir acerca de la escandalosa disputa entre el ministerio público y la dirección de la policía y la seguridad pública.
En lugar de aplicarse con diligencia a defender los derechos humanos, el Procurador y sus compinches se han dedicado a medrar, tal como se constata en la planilla de la institución, donde aparecen militantes del partido político que dirige su mentor, salarios altos no justificados, despidos injustificados, contratación de personas no idóneas, etc. Uno de sus hombres de confianza está implicado en el secuestro de una menor en Honduras. Y sobre el mismo Procurador se acumulan señalamientos, incluyendo mala práctica profesional cuando se desempeñó como juez. Para comprobarlo bastaría con revisar sus actuaciones en los archivos de los tribunales.
Ante este cúmulo de evidencia, el adagio no se cumple, la mejor defensa no es el ataque. En primer lugar, porque es inconsistente y, en segundo lugar, porque pretende defender lo indefendible. El recurso al insulto y al ataque personal no es más que una muestra palpable de la desesperación del mentor del Procurador. Los documentos que aquél ha hecho circular —en medios cuidadosamente seleccionados— como prueba, según él irrefutable, de que algunas personas e instituciones —en concreto, el IDHUCA— vivían de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cuando ésta fue dirigida por la anterior Procuradora sólo comprueban la prestación de unos determinados servicios, establecidos en un contrato, por los cuales se acordó reconocer una determinada cantidad de dinero —no siempre proveniente de la Procuraduría misma, sino de las agencias de cooperación internacional—, establecida también en el contrato. Sólo una mente retorcida y mal intencionada puede ver aprovechamiento y oportunismo donde no hay más que una relación profesional. Es ingenuo pensar que la cantidad comprometida en el contrato por los servicios prestados por el IDHUCA haya representado un ingreso tan elevado como para aprovecharse de él. El presupuesto de funcionamiento del IDHUCA es muy superior a esa cantidad.
Lo único que el mentor del Procurador podría reclamar es un servicio inexistente o deficiente o mala administración de los fondos comprometidos. Pero no tiene pruebas de ello. Al contrario, tanto la documentación contable como el informe sobre el desarrollo del proyecto están en orden. A tal punto que no se atreve a divulgar la información completa, sino sólo aquella que considera oportuna para defender a su protegido, intentando dar la impresión de que el IDHUCA se ha aprovechado de la Procuraduría. Ignora, sin embargo, que el IDHUCA está colaborando en la actualidad con algunas delegaciones departamentales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Si la reputación de aquél es tan dudosa o su trabajo tan deficiente, cómo es que su protegido tolera que la relación profesional continúe, esta vez sin recibir un sólo centavo en compensación.
La Telecorporación Salvadoreña, el periódico Más —un apéndice de El Diario de Hoy—, y otros medios de comunicación de menor monta han aprovechado la oportunidad para saldar cuentas con sus adversarios políticos y su competencia en el campo de la televisión. Todo ello en nombre de la verdad, cuando, en realidad, son mercaderes de la comunicación. Son intolerantes ante la diferencia de pensamiento y, desde un punto de vista empresarial, ante la competencia. Hablan de libre mercado, pero rechazan la competencia real. Se amparan en el gobierno para conjurar sus temores. Conciben a los medios de comunicación como una empresa y a la empresa como un monopolio. Mientras se llenan la boca con la libertad de mercado y la importancia de la competencia, incluidas las licitaciones, en la práctica no creen en la libertad e imponen el monopolio con el apoyo del gobierno.
Da pena que un funcionario que ni siquiera puede hablar por sí mismo esté destrozando una de las instituciones más importantes para contrarrestar el poder del Estado que, en El Salvador, es ejercido de una manera exageradamente presidencialista y, por lo tanto, autoritaria y arbitraria. Pero más pena dan quienes lo colocaron en el puesto y ahora, confrontados con su error, no tienen coraje para reconocerlo y enmendarlo. Por el bien de la población más débil y vulnerable, la única alternativa es la destitución y el nombramiento de un Procurador idóneo.
Lo eligieron y lo mantienen en su puesto los mismos diputados que, dándose golpes de pecho, acaban de reformar el primer artículo de la Constitución para ampliar la competencia del Estado en la protección de la vida. Mientras por un lado se declaran defensores acérrimos de la vida desde su concepción, por el otro no parece importarles un comino que una de las instituciones más importantes para velar por la defensa de la vida esté en manos de un inepto, apadrinado por un demócrata cristiano corrupto. Es irónico que un partido que se precia de sus vinculaciones cristianas esté poniendo en grave riesgo la defensa de la vida. Por eso, más pecado tienen quienes levantaron la mano para aprobar su nombramiento y quienes lo mantienen en el cargo, que el Procurador mismo.
La seguridad pública en las plataformas del FMLN-USC y ARENA
Es a todas luces evidente que el gobierno de Armando Calderón Sol ha sido incapaz de dar una respuesta eficaz al problema de la seguridad pública. No sólo la delincuencia común y el crimen organizado continúan aumentando sin que la labor de la PNC pueda dar muestras de un mejor rendimiento, sino que, además, la corrupción y la impunidad continúan estando a la orden del día, sin que se haya podido articular a las instituciones pertinentes en torno a una estrategia definida de garantía irrestricta al cumplimiento de la legalidad.
Diversas encuestas de opinión pública han evidenciado que es la inseguridad ciudadana el problema que más aflige a la población salvadoreña. Y no es para menos. La delincuencia común y el crimen organizado constituyen una amenaza constante a la vida, la salud y la propiedad, generando un clima de permanente desconfianza. Es por eso que en las siguientes líneas se exponen las propuestas que en materia de seguridad pública plantean las plataformas gubernamentales de los dos principales partidos políticos actualmente en contienda: FMLN-USC y ARENA.
"Un país seguro"
El Plan de Gobierno de la coalición FMLN-USC se preocupa en señalar el déficit que actualmente existe en materia de seguridad pública y "la falta de voluntad política para brindar seguridad al pueblo salvadoreño". Al respecto, sostiene: "al interior de las instituciones de seguridad pública se han evidenciado debilidades, vacíos, distorsiones; unos producto del desarrollo y otros provocados por funcionarios que persistentemente han tratado de distorsionar el carácter civil, democrático, y de respeto a los Derechos Humanos de la PNC. En todo caso la PNC no ha respondido a las expectativas de la población lo que se expresa en aumento del personal de las empresas privadas, contratación de vigilancia privada y mayor número de solicitudes de portación de armas por particulares".
De acuerdo a la plataforma en cuestión, el problema de la seguridad es "fundamental". Se proponen allí medidas encaminadas a combatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad y a volver eficiente la administración de justicia. En materia delincuencial, las estrategias a seguir por parte del "Gobierno de concertación" serían: a) "mejorar sensiblemente los mecanismos institucionales orientados a la vigilancia, persecución, juicio y rehabilitación de los delincuentes"; y b) incrementar sensiblemente la inversión social y la generación de empleo".
La concreción de esas estrategias pasaría por: a) dar prioridad a la protección de los derechos de las personas, sin desmedro de la seguridad a la propiedad privada y al patrimonio público; b) combatir la impunidad y procurar el fiel cumplimiento de las leyes; c) establecer una política preventiva del delito; d) diseñar un plan de seguridad pública que fortalezca a las instituciones pertinentes y procure la integración de sus esfuerzos; e) promover la participación ciudadana en la prevención e investigación del delito y propiciar una relación cordial entre la policía y la comunidad; f) designar en la dirección de los organismos de seguridad pública a un equipo de personas altamente capacitadas y con voluntad férrea de combatir a fondo la delincuencia y el crimen organizado; g) crear un sistema nacional de inteligencia, información y estadística criminal para el apoyo a la Fiscalía, al Organo Judicial y a la PNC; h) promover una apropiada asignación presupuestaria a las entidades encargadas de la seguridad pública; i) apoyar las reformas al marco jurídico del sistema de seguridad pública para volverlo oportuno y eficiente; j) la pronta aplicación de las leyes del sistema penitenciario con el fin de mejorar las condiciones de los centros penales y llevar a cabo programas de rehabilitación y capacitación; y k) garantizar estabilidad laboral, una política salarial justa y reconocimiento social a todo el personal de seguridad pública, depurando a aquellos elementos que no llenen los requisitos morales y profesionales.
Por otra parte, cabe mencionar que la plataforma en cuestión dedica un apartado al planteamiento del problema de la corrupción y a las propuestas dirigidas a enfrentarlo. Ahora, si bien es cierto que tal problema compete a otras áreas —como la modernización del estado, por ejemplo—, también lo es que la corrupción no debe dejar de considerarse como un aspecto de suma importancia cuando de seguridad pública se trata. De ahí su inclusión en este recuento.
Sostiene la coalición en su plan de gobierno que "la corrupción es uno de los factores que contribuyen a agudizar los problemas del subdesarrollo y a malograr los empeños orientados al desarrollo económico-social". Señala, además, que "el abuso de poder, el tráfico de influencias, las licitaciones amañadas que encarecen exorbitantemente las obras y servicios y minimizan la calidad de los mismos..., el soborno, el despilfarro de recursos, la evasión tributaria, el nepotismo, el clientelismo, la compra y venta de políticos, son algunas de las usuales formas de corrupción en El Salvador de hoy".
Para dar respuesta a tan grave situación, la plataforma asegura que el "Gobierno de Concertación estará fundado en la Etica del Servicio como eje motivacional de la nueva gestión gubernamental". "EL nuevo Gobierno —reitera— declarará una lucha permanente, integral y sin tregua a la corrupción. Por eso mismo tendrá una estrategia dirigida a prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas".
La concreción de dicha estrategia pasaría por: a) desarrollar programas de promoción de derechos y deberes ciudadanos, educación cívica y valores éticos entre la sociedad; b) promover una "Cultura de la Honradez" entre empleados y funcionarios, incentivando la participación ciudadana a fin de desarrollar una masa crítica que ayude a mejorar los niveles de producción y calidad de los servicios de las instituciones públicas; c) desarrollar un alto nivel de transparencia en la gestión gubernamental, proveyendo información pública sobre el manejo de los recursos del Estado; d) fortalecer la independencia de los organismos de control y de su competencia profesional, de tal modo que la credibilidad en ellos pueda elevarse; e) procurar que la corrupción sea declarada un delito de lesa humanidad y un acto de violación a los Derechos Humanos por los organismos regionales e internacionales; f) crear un Código de Etica Gubernamental para todos los funcionarios y empleados públicos; g) fundar la Oficina de Etica Gubernamental y una instancia independiente y accesible para la recepción de denuncias relacionadas con el manejo de los recursos del Estado; h) promover la Ley de Acceso Público a la información pública; i) elaborar una Ley de Contratación de Bienes y Servicios que asegure la publicidad, equidad y eficiencia de los mismos; y j) desarrollar sistemas de contratación de funcionarios y empleados públicos basados en los principios de capacidad y honradez.
"Alianza por la seguridad"
El objetivo general de la "Alianza por la seguridad" —tercera parte de la plataforma electoral de Francisco Flores— es "contribuir a la disminución de los niveles de inseguridad y delincuencia en todo el país a través de programas y acciones orientadas a prevenir, contrarrestar y controlar los componentes que están asociados con hechos delictivos y con la violencia". De manera resumida, sus objetivos específicos son los siguientes: a) conocer la violencias y sus causas para diseñar políticas de acción concretas; b) brindar apoyo a la PNC y a las instituciones judiciales en el desarrollo de políticas nacionales de seguridad; c) facilitar la convivencia social y controlar la violencia ciudadana; d) controlar la violencia y la delincuencia a nivel local; e) propiciar el intercambio —nacional e internacional— de experiencias exitosas entre ciudades e instituciones; y f) fortalecer el cuerpo de leyes de manera que se permita el castigo ejemplarizante al delincuente y se disuadan las actitudes delictivas potenciales.
Con estos objetivos, la "Alianza por la seguridad" establece sus estrategias de acción atendiendo a cuatro áreas: 1) Seguridad pública; 2) Seguridad y defensa nacional; 3) Seguridad Jurídica; y 4) Seguridad a la población en caso de desastres. A su vez, la primera de estas se divide en: A) Fortalecimiento de la Capacidad de Aplicación de la Ley; B) Reformas Legales e Institucionales; C) Readaptación del Delincuente; D) Fortalecimiento de la Cultura de la Paz.
Según la plataforma, el fortalecimiento de la capacidad de la aplicación de la ley pasaría por un fortalecimiento de la PNC y el establecimiento de sistemas de investigación, asistencia técnica e información. Con respecto a la PNC se propone, entre otras cosas: a) llevar a cabo una reforma institucional del cuerpo a través del establecimiento de una reglamentación para los ascensos, la profesionalización de sus integrantes y el fortalecimiento de las instancias responsables de su control, depuración y evaluación; b) establecer nuevas estrategias de acción, tales como: el perfeccionamiento de las capacidades investigativas y de inteligencia policial, la sustitución de los Grupos de Tarea Conjunta por la PNC rural, y el control estricto de las armas en poder civil y de las agencias privadas de seguridad; y c) mejorar las relaciones de la PNC con la comunidad y con los otros entes involucrados en la seguridad pública (en concreto, se propone la creación de una Comisión de Enlace integrada, entre otros, por la CSJ, la FGR, el Ministerio de Seguridad Pública, el CNJ, la PDDH y la Asamblea Legislativa). Por otro lado, los sistemas de investigación, asistencia técnica e información buscarían integrar a los sectores académicos/científicos en el esfuerzo de comprender las causas y efectos de la violencia y el delito. Los resultados de esta participación técnica pasarían a ser discutidos por la ciudadanía y por las organizaciones sociales pertinentes a fin de articular y evaluar los esfuerzos contra la violencia.
En lo que se refiere al punto B del área de seguridad pública, las reformas legales a implementar son: una Política Criminal Integral con énfasis en la prevención del delito; reformas legales para el combate del narcotráfico, el contrabando y la defraudación financiera; armonizar la legislación penal y procesal penal con el resto de la normativa legal; fortalecer el Consejo Nacional de la Seguridad Pública e impulsar legislación relativa al crimen organizado, el tráfico de menores e ilegales, y la extradición. Complementariamente, las iniciativas institucionales estarían enfocadas a fomentar la colaboración entre los entes del Estado, diseñando para ello mecanismos de resolución de conflictos y programas de conciliación institucional.
Para la readaptación del delincuente se plantea, por un lado, la modernización de la administración penitenciaria, lo que significaría controlar las actividades delictivas al interior de los penales, fomentar proyectos ocupacionales y educativos para los reclusos, diseñar políticas de readaptación y reinserción social, y apoyar los esfuerzos enfocados a la agilización de los procesos judiciales. Por otro, diseñar políticas especiales —involucrando a la ciudadanía— para la reclusión, readaptación y reinserción de jóvenes infractores. Adicionalmente, se esbozan políticas para prevenir el delito (brindar ofertas de empleo, estudio y capacitación, por ejemplo), aunque ellas sólo están dirigidas a "menores en riesgo social o con comportamiento antisocial". Sobre el fortalecimiento de la cultura de paz, la "Alianza por la seguridad" propone, fundamentalmente, el diseño de una estrategia que, a través de la educación y los medios de comunicación, insufle en la ciudadanía una escala de valores asociados a la conciliación, la convivencia pacífica y el respeto de la ley.
En la segunda área de la "Alianza por la seguridad" (Seguridad y Defensa Nacional), no hay mucho que reseñar, pues sus planteamientos son escasos y no aportan nada nuevo al papel asignado a la Fuerza Armada luego de la firma de los Acuerdos de Paz. En la tercera área, Seguridad Jurídica, las políticas planteadas están dirigidas a seis campos: a) administración pública en general, en la cual se buscaría combatir la corrupción por medio del fortalecimiento de los mecanismos legales e institucionales destinados a regular y controlar la acción de los funcionarios gubernamentales; b) propiedad, principalmente enfocándose en el robustecimiento de los mecanismos para establecer la propiedad de la tierra y la aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual; c) publicación y difusión de la ley, entendida en el documento como actualización y armonización de la legislación; d) activa colaboración de la ciudadanía en la revisión y promulgación de nuevas leyes por parte de la Asamblea Legislativa; e) administración de Justicia (apoyar la autonomía del Consejo Nacional de la Judicatura, colaborar con ala CSJ en la aplicación de la ley, y crear mecanismos de apoyo para la operación y administración de la justicia); y f) fiscalizar el ejercicio de los abogados y elevar el nivel de educación de la carrera de leyes.
Finalmente, en la cuarta área, Seguridad en Casos de Desastres, se pretende, en primer lugar, identificar las áreas de riesgo con el fin de elaborar políticas de prevención de desastres y de reconstrucción de áreas afectadas; en segundo lugar, fortalecer y actualizar a las organizaciones que estudian e identifican las zonas de riesgo, y aquellas que atienden los desastres; en tercer lugar, establecer una normativa que establezca las formulas de acción y los medios de cooperación ante situaciones de desastre.
Como es fácil observar, en lo fundamental, las similitudes —al menos en lo que a seguridad pública se refiere— entre los programas de gobierno de dos fuerza políticas tan disímiles abundan más que las diferencias. Tanto ARENA como el FMLN-USC hacen énfasis en el papel de la PNC en el control de la delincuencia, proponiendo de la misma manera y casi con las mismas palabras una reforma a la estructura de la institución, a sus estrategias de acción y a su relación con las otras entidades relacionadas con el área de seguridad pública. Ambas fuerzas políticas señalan también la deficiencia de los procesos judiciales y plantean una reformulación de las políticas carcelarias del país. Además, hacen de la información y la participación ciudadana una de las piedras de toque para el combate contra la delincuencia.
Sin embargo, en lo relacionado con el tema de la corrupción gubernamental las diferencias no podrían estar más a la vista. Mientras la propuesta del FMLN-USC hace especial énfasis en el punto, proponiendo la creación y adopción de códigos e instituciones especializados en el control y supervisión de los funcionarios públicos, así como de un sistema de acceso ciudadano a la información relacionada con el gobierno, en la "Alianza por la seguridad" la probidad del gobierno y sus funcionarios es un tema casi ausente. La explicación de esto trasciende los documentos: mientras la plataforma de Francisco Flores estaría dando continuidad a la actitud de las dos administraciones areneras de limitar el problema de la delincuencia a sus niveles común y medio (para la "Alianza por la seguridad" no parecen existir los delitos de cuello blanco), el FMLN estaría tratando de sacar capital político de los escándalos de corrupción y de defraudación financiera acaecidos en los últimos cinco años.
Es grave y preocupante que Francisco Flores dedique un apartado completo a los menores infractores y los jóvenes en situación de riesgo (los que delinquen son los pobres y los inadaptados, parece ser un supuesto básico de su documento), mientras sólo dedica un par de líneas a la corrupción y el fortalecimiento de las instancias supervisoras del sistema financiero y las empresas de servicios públicos. Tal vez en esto el candidato presidencial de ARENA no quiera comprometerse con lo que no puede —y tal vez no le convenga— realizar: remover en su administración el parasitismo y aprovechamiento gubernamental de dos décadas.
Sobre la privatización de las generadoras de energía
La venta de los activos de las empresas de servicios públicos es el principal punto de acción del proceso de privatización. Durante 1998, se vendieron los activos de la empresa de telecomunicaciones y de las distribuidoras de energía eléctrica y, a principios de 1999, se anunció la posible privatización del abastecimiento de agua y la inminente privatización de las plantas generadoras de energía eléctrica.
Actualmente, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) cuenta con generadoras térmicas, geotérmicas e hidroeléctricas, de las cuales se pretenderían privatizar las primeras. Para ello se cuenta ya con un anteproyecto de "Ley para la venta de acciones de las sociedades generadoras de energía eléctrica", el cual deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa para iniciar la venta de las acciones correspondientes. De acuerdo a CEL, las generadoras térmicas deben venderse debido a que ya son obsoletas, no se cuenta con recursos financieros para modernizarlas y, además, ocasionan pérdidas millonarias debido a su operación.
Nuevamente, la privatización se presenta como la solución para toda la problemática de las empresas públicas, bajo el supuesto de que el sector privado resolverá todos los problemas de ineficiencia que pudieran existir al interior de aquéllas. Como se argumenta más adelante, esta es una posición especiosa, pues la realidad demuestra que el sector privado no siempre es eficiente y que las empresas públicas no sólo generan pérdidas.
En el caso de la generación de energía eléctrica, llama la atención que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) plantee la necesidad de privatizar también las plantas geotérmicas e hidroeléctricas, lo cual implica vender una importante cuota de nuestros recursos naturales (pozos geotérmicos, embalses y partes de la cuenca del río Lempa) y renunciar a la rentabilidad de la que gozan estas generadoras. En lo que sigue se revisan las principales características de la propuesta de privatización de las generadoras de electricidad, resaltando las contradicciones evidentes de la propuesta de la privatización total de la generación eléctrica, tales como las presiones sobre las tarifas y la posible pérdida de ingresos estatales.
De acuerdo al Presidente de CEL, Guillermo Sol Bang, la privatización de las plantas térmicas se justifica porque "la oferta generada por el mercado eléctrico altamente competitivo, ha provocado pérdidas muy altas a la institución [CEL], por lo que hemos considerado que las plantas térmicas podrían convertirse en unidades eficientes si se utilizan los ciclos combinados, los cuales no alcanzan a ser financiados por CEL".
Según la misma fuente, la operación de las centrales térmicas le genera a CEL una pérdida de entre 35 y 40 millones de colones diarios debido a los elevados costos de producción. Un kilovatio-hora de energía térmica tiene un costo aproximado de 2.06 colones, mientras que el kilovatio-hora producido por medios hidráulicos cuesta 0.2470 y el kilovatio-hora generado por medios geotérmicos tiene un costo de 0.4620 colones.
La privatización de generadoras térmicas abarcaría tres plantas, ubicadas en Acajutla, Soyapango y San Miguel, las cuales en conjunto generan cerca de un tercio del total de la oferta energética de CEL. El esquema de venta de acciones sería similar al aplicado en privatizaciones precedentes y se compondría de dos etapas: en una primera se procedería a la venta de acciones a los trabajadores , empleados, funcionarios de CEL y a dos sociedades definidas como "prioritarias"; la segunda etapa contempla la venta de acciones a inversionistas en general de forma directa o a través de la bolsa de valores. El precio de venta no se divulgara públicamente hasta que algún ofertante sobrepase el precio establecido.
El proyecto de privatización de la SIGET, por otro lado, es más ambicioso que el de la CEL, pues pretende privatizar no solamente las generadoras térmicas, sino también las hidroeléctricas y geotérmicas. De acuerdo al Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, Eric Casamiquela, "lo ideal" es privatizar las generadoras geotérmicas e hidroeléctricas, pues ello fomentaría la "sana competencia en la generación de electricidad en el país".
En abierta oposición a esta postura, el Presidente de CEL consideró que "las geotérmicas e hidroeléctricas son un instrumento de política económica que necesita el gobierno para garantizar la producción y evitar desabastecimientos". Agregó que en los países donde se han privatizado estos recursos se ha provocado desabastecimiento y un impacto negativo sobre la actividad productiva y económica.
De las dos propuestas, la de CEL parece ser la más razonable, siempre y cuando se aceptara el planteamiento de que las centrales térmicas producen onerosas pérdidas que imposibilitan que CEL invierta en su modernización, lo cual de por sí resulta difícil de creer (35 millones de colones diarios de pérdida son cerca de 12,000 millones de colones anuales, aproximadamente un 75% del Presupuesto General de la Nación).
No puede tomarse a la ligera el hecho de que se proponga ceder a la empresa privada un tercio de la demanda de energía eléctrica, pues ello implica, por una parte, crear más condiciones para incrementos en las tarifas (Ver Proceso, 796, 808 y 829) y, por otra, ceder ganancias potenciales que podrían ser aprovechadas por el Estado.
Es importante señalar que se ha pretendido mitificar la eficiencia del sector privado, cuando en realidad hay casos que demuestran que éste puede ser ineficiente. El mismo Presidente de CEL ha señalado que esto es así incluso en el sector energético. Otro ejemplo es el del sector financiero, el cual, además de ser ineficiente desde el punto de vista macroeconómico, ha dado lugar a casos de manejos delictivos y/o ineficientes de los fondos públicos (CREDICLUB, FINSEPRO, CREDISA).
Por otra parte, el Estado no es tan ineficiente como lo supone la ideología de la privatización. En el caso del sector eléctrico, ello se evidencia en el hecho de que la generación hidroeléctrica sí es rentable debido a sus bajos costos relativos. Esto lo acepta el mismo Superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones al afirmar que "la parte hidráulica [de la generación eléctrica] siempre será rentable".
La privatización del sector energético no debe avanzar hasta las generadoras térmicas y geotérmicas, porque ello implicaría la privatización de infraestructura pública que ha sido obtenida a un elevado costo social y ambiental, especialmente en el caso de las represas. Sería un despropósito que el Estado renunciara a los ingresos que le genera la operación de las represas hidroeléctricas y los campos geotérmicos, pues en la actualidad el déficit fiscal continúa presente y requiere que los ingresos fiscales se incrementen y no que se reduzcan. Lamentablemente, este tipo de despropósitos ya tiene precedentes, el más cercano es la privatización de las telecomunicaciones.
De ser totalmente necesaria, la privatización de las generadoras térmicas debería incluir cláusulas especiales para fomentar la transferencia de nuevas tecnologías para las empresas nacionales y mantener las tarifas estables, pues las elevadas pérdidas con las que operan las generadoras térmicas serán trasladadas a las facturas de los consumidores una vez aquéllas pasen a manos privadas. Esas dos medidas compensarían, parcialmente, los beneficios económicos que los inversionistas nacionales y extranjeros obtendrían de la privatización de las generadoras térmicas.
¿Resurgieron o nunca desaparecieron?
"Dos cosas me admiran: la inteligencia de las bestias
y la bestialidad de los hombres".
(Tristán Bernard)
La tolerancia y el pluralismo son elementos inseparables de la promoción y protección de los derechos humanos. Al menos eso es lo que sostiene la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDH-ONU) en su resolución 1998/21, aprobada sin ser sometida a votación el 9 de abril de 1998. Mediante la resolución 1998/26 aprobada también sin votación y durante ese mes, sólo que ocho días después, la CDH-ONU se pronunció contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia; de igual forma esta Comisión emitió el 21 de abril la resolución 1998/68 sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Pero esos documentos recientes —al igual que los mensajes de Juan Pablo II en defensa de la vida y la dignidad humana, así como el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración y Programa de Acción de Viena, los pactos internacionales de derechos humanos y las resoluciones de la Asamblea General de la ONU relativas a la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias— son letra sin sentido real en El Salvador. Prueba de ello, entre las miles y miles de víctimas mortales de esta nuestra "paz", son las últimas acciones de exterminio realizadas por grupos armados ilegales que funcionan impunemente.
En efecto, durante estos días nos hemos enterado —a través de los medios de difusión masiva— del asesinato de supuestos miembros de maras. Sólo en las últimas dos semanas se ha registrado alrededor de 14 crímenes de "pandilleros" en la periferia de San Salvador. La semana anterior, miembros de la "Mara Salvatrucha" de Villa Mariona 2, Mejicanos, denunciaron que el supuesto grupo de exterminio —por medio de hojas volantes— los amenazó con "ajusticiarlos" y les dio 48 horas para abandonar el lugar. Ante tal situación, las y los jóvenes anunciaron que se encuentran listos y dispuestos para responder a cualquier ataque.
Este cuadro no es ninguna novedad; de sobra fue conocida la autodenominada "Sombra Negra", agrupación clandestina surgida a finales de 1994 en el oriente del país, la cual se adjudicó el asesinato de muchos "pandilleros". No cabe duda que ahora se está cosechando lo sembrado desde hace mucho tiempo: la violencia generalizada y por cualquier motivo, abonada por la impunidad prevaleciente en el país a pesar del fin de la guerra y los acuerdos de paz. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que este tipo de acciones pone en peligro lo que se pretendía para un nuevo El Salvador: que la legalidad estuviera por encima de los intereses particulares y de cualquier método incorrecto para solucionar los conflictos. A siete años de haber terminado el conflicto armado, en el país lo que manda es una sola ley: la de la "selva".
La respuesta de las autoridades de Seguridad Pública siempre es la misma: que estos asesinatos son producto de rencillas entre grupos de maras. No obstante, el patrón utilizado en este tipo de actos ilegales reúne las características que se han dado antes en el país para la ejecución de enemigos, ya sea políticos o de cualquier otro tipo. En el informe del "Grupo Conjunto para la Investigación de Grupos Armados Ilegales con Motivación Política" se planteó la posibilidad de que aquellos grupos que actuaban de esta manera, pudieran mutar su funcionamiento respondiendo a otro tipo de motivaciones. En ese marco, puede explicarse que estas acciones corresponden a grupos de exterminio que ahora tienen como móvil la llamada "limpieza social".
Recordemos que en el informe de ese ya casi olvidado "Grupo Conjunto", se decían cosas como las siguientes: "Más allá de los casos específicos recogidos, y con fundamento en los elementos de juicio obtenidos en sus investigaciones, el Grupo Conjunto está en condiciones de afirmar que hay indicios serios sobre la existencia actual de estructuras ilegales armadas, que operan en la clandestinidad, con amplia capacidad logística, económica y política, integradas por particulares y dependientes del Estado (civiles y miembros de las fuerzas de seguridad)".
Además, dicho "Grupo" expresó. "Estas estructuras muestran un importante nivel de organización, tanto a nivel urbano como rural. Del análisis de las mismas puede concluirse que poseen la suficiente capacidad como para permanecer en estado latente y activarse en la coyuntura que estimen adecuada, utilizando medios violentos para la consecución de objetivos políticos. Como se ha dicho, se percibe la integración de estos grupos a complejas redes del crimen organizado, de forma tal que en su accionar parecen conciliarse operaciones políticamente motivadas con aquellas que persiguen fines delincuenciales comunes".
De la boca del Subinspector Marcos Contreras, flamante jefe de homicidios de la división de investigación criminal dentro de la Policía Nacional Civil (PNC), han salido declaraciones como las siguientes: "No hay particularidades en las muertes, que haga pensar que los homicidas pueden ser las mismas personas". Este investigador policial, por cierto, desde su cargo ha tenido mucho que ver con el trabajo en casos tan sonados como el de la locutora Lorena Saravia, el cual no sólo continúa sin esclarecerse sino que —por la fabricación de pruebas falsas— está de nuevo como al principio, hace más de año y medio.
Sin ser especialista en la materia, el sentido común nos indica que existe la posibilidad de un mismo patrón aunque los asesinos no sean exactamente los mismos individuos: los cadáveres se encuentran desnudos, con las manos atadas atrás y un balazo en la cabeza ( el famoso "tiro de gracia"); las víctimas son consideradas como personas "antisociales" y los lugares donde se han producido las ejecuciones están catalogadas como de zonas de alto índice delincuencial. Agreguemos a lo anterior lo siguiente: en nuestro país no existe mayor riesgo de pagar ante la justicia por la realización de acciones como éstas; que mucha gente, en medio de su angustia y temor por la violencia generalizada, está de acuerdo con aplicar "justicia privada"; y que, en el marco de una campaña electoral incolora, se enfrentando así el fenómeno delincuencial después de tantos fracasos por parte de la administración Calderón Sol. En su conjunto, todo eso puede plantear —como una de las hipótesis que ameritan una investigación policial seria— la posible existencia y actuación de "grupos de exterminio", sin descartar el probable involucramiento de agentes del estado en su realización o encubrimiento.
En cuanto a la impunidad, fundamental para alentar la realización de actos delictivos, se debe tomar en cuenta que "el sistema no ha sido eficaz identificando y juzgando a los verdaderos responsables por cuanto, además de resolver una porción muy reducida de las situaciones puestas en su conocimiento, sólo en un pequeño porcentaje de ellas se ha llegado a dictar sentencias condenatorias. De hecho, mucho más del 70% de las causas que resuelve terminan en sobreseimiento y prácticamente la mitad de los juicios llevan a sentencias absolutorias". Esta opinión, fundamentada en datos concretos, no es del IDHUCA; apareció publicada en un trabajo denominado "Las nuevas realidades. Estadísticas sobre administración de justicia 1995 y Censo de la población penitenciaria 1996", en el marco del Proyecto de Reforma Judicial dentro de su segunda etapa.
Sobre esa base, hay que considerar los siguientes datos. En 1996, los homicidios conocidos oficialmente fueron 6,792 y por ellos resultaron detenidas 415 personas. Si nos limitamos únicamente al 70% mencionado en el párrafo anterior para hacer una proyección, se desprende que por los homicidios conocidos por la Fiscalía General de la República (FGR) durante ese año podrían haber sido ser sobreseídas 291 personas; las 124 restantes habrían sido sometidas a juicio y de ellas sólo la mitad —es decir 62, que representan el 0.91% del total— habrían resultado eventualmente condenadas.
Haciendo el mismo ejercicio, tenemos que en 1997 fueron 3,246 los homicidios conocidos y las personas detenidas 280; de estas últimas, 196 serían sobreseídas y 84 llevadas a juicio. Al final, 42 personas —es decir, el 1.29% del total— resultarían condenadas. Con estas proyecciones, se puede concluir que la eficacia real en la resolución judicial del total de homicidios conocidos por la FGR gira alrededor del 1%; en otras palabras, estamos frente a un aproximado del 99% de impunidad en materia de homicidios dolosos.
Todo lo anterior incide, indudablemente, en la percepción de la gente y la invita a desear o buscar las salidas más peligrosas. Aquí cabe mencionar que en agosto de 1996, el 38.1% de la población encuestada por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IUDOP) pensaba que las decisiones de la Corte Suprema no eran justas; en cambio, el 34.8% opinaba que sí lo eran. En ese entonces, el 60% creía que las y los jueces salvadoreños estaban sujetos al control político, mientras que el 14.7% decía que no respondían a dicho control. Peor aún: para el 47.1% de las personas el sistema judicial era corrupto y sólo el 11.6% lo calificaba como honesto. Finalmente, el 46% estaba de acuerdo en que se debía hacer "justicia por mano propia" frente al 44.4% que no lo estaba.
Casi un año después, en julio de 1997, la opinión sobre estos temas resultó ser mucho más dramática. Solamente tres de cada diez ciudadanos que habían resultado victimas de algún hecho delincuencial denunciaron el mismo a las autoridades correspondientes, mientras que siete de cada diez no lo hicieron. El 56% de las que sí denunciaron afirmaron que dichas autoridades no habían hecho nada; el 50.7% de las que no lo hicieron opinó que era "por gusto" acudir a las instancias oficiales pues éstas "no hacen nada". El 53.7% se pronunció a favor de la pena de muerte como medida para combatir la criminalidad y el 69.5% opinó que la nueva legislación penal no era eficaz; como siempre, las instancias encargadas de impartir justicia resultaron muy mal evaluadas. Por último, el 52.5% de las personas consultadas dijo que la gente debía "buscar justicia por mano propia" y el 48.9% estuvo de acuerdo con la armamentización de grupos de vecinos.
Ya en 1998, la opinión de la gente era la siguiente: leyes más duras para combatir la delincuencia (90.6%), pena de muerte (54.2%), justicia por mano propia (más del 50%), juntas armadas de vecinos (casi el 50%), adquirir armas (50%) y presencia de grupos armados ilegales que "limpien" la sociedad (más del 30%). Así, lo que se observa en nuestro país es una población cada vez más atemorizada y con una tendencia cada vez mayor a buscar o aprobar que se enfrente el problema de la violencia con más violencia. El director de la PNC dijo hace unos días, en una entrevista televisiva, que en las últimas ejecuciones de elementos pertenecientes a las "maras" podían estar involucradas personas vinculadas al gremio del transporte público; de ser cierto eso, ¿habrá que esperar que las "maras" comiencen a eliminar a los cobradores, conductores y empresarios de buses para que éstos, posteriormente, ataquen con mayor fuerza?
Sin lugar a dudas, no es conveniente —bajo ningún motivo real o aparente— correr el riesgo de intentar "apagar el fuego con gasolina". De no poder freno a estas acciones, estamos ante un peligro mayor: la generación de una espiral de violencia incontenible. Si ahora se están "ajusticiando" supuestos delincuentes o "trasvestis", mañana es posible que se comiencen a eliminar cualquier otro tipo de personas o grupos sociales considerados como "estorbo" o "enemigos". Si se continúan dejando pasar este tipo de crímenes, estaremos terminando de echar por la borda la posibilidad que se dio con la firma de los acuerdos de paz: llegar a alcanzar una sociedad más justa, donde se respeten los derechos humanos y las instituciones encargadas de velar por la seguridad funcionen adecuadamente. Y mientras tanto, aparte de estar intentando defenderse a pesar de ser indefendible, ¿qué está haciendo Peñate Polanco frente a este cuadro para cumplir con la misión de defensor del pueblo que dice ser?
Transcribimos a continuación la primera parte del documento "Síntesis de las Consultas Territorial e Intersectorial", el cual es el resultado del proceso de consulta ciudadana de Bases para el Plan de Nación
Síntesis de las Consultas Territorial e Intersectorial (I)
De acuerdo con el propósito de la Comisión Nacional de Desarrollo de "...facilitar una consulta amplia en la que se manifieste la conciencia nacional, el dinamismo participativo y la voluntad de compromiso social..." para "...buscar entendimientos y acuerdos básicos..." entre diversos sectores, con la finalidad de "... lograr el desarrollo integral de El Salvador", se desarrolló, durante 1998, una consulta a la ciudadanía sobre las Bases para el Plan de Nación.
La consulta tuvo tres tipos de interlocutores: Primero, con habitantes de los municipios del país (Territorial); segundo, con representativos de diferentes sectores sociales, políticos y económicos (Intersectorial); y tercero, con profesionales y expertos en diversas ramas de la vida productiva nacional e internacional (Mesas Especializadas). La síntesis que ahora se presenta corresponde a los aportes de los ciudadanos que participaron en las actividades territorial e intersectorial.
La Consulta Territorial fue desarrollada en todo el país, en el período febrero-octubre, durante el cual se realizaron 52 talleres y 14 Asambleas departamentales. Adicionalmente, se efectuaron tres reuniones de carácter técnico en Santa Ana, La Libertad y San Miguel. Este proceso involucró a muchas personas, interesadas y estimuladas por esta inédita iniciativa que facilitó la participación plural de agricultores, jornaleros, dirigentes comunales, líderes juveniles, directivos de organismos no gubernamentales, militares, comerciantes, empresarios, amas de casa, obreros, religiosos, policías, artesanos, maestros, transportistas, jubilados, profesionales universitarios, técnicos, funcionarios y empleados públicos, estudiantes, alcaldes, concejales, diputados, líderes políticos locales, cooperativas y otros.
En los departamentos se organizaron los Grupos Gestores Locales, instancias de encuentro ciudadano integradas con personas voluntarias, reconocidas y representativas de diferentes sectores, quienes respaldaron la consulta con su conocimiento social y regional y propiciaron la realización de actividades alrededor de la consulta.
La atmósfera de confianza de, y entre los asistentes fue lograda al aclararse que el taller no era actividad partidaria o gubernamental y que no buscaba adhesiones, ni pretendía votos futuros. Por otra parte, a través de un procedimiento participativo se encauzaron los aportes individuales y por medio de análisis y discusiones productivas se lograron acuerdos. Cuando los participantes comprobaron que los resultados no obedecían a manipulación alguna y que, por el contrario, respondían a las expectativas ciudadanas, las iniciales expresiones de desconfianza o escepticismo se transformaron en actitudes positivas.
Los resultados obtenidos son producto de las respuestas de los participantes a varias preguntas generadoras. La primera se refirió a cómo es El Salvador que se quiere; la siguiente, al principal problema de cada departamento. Así se produjo en cada taller la visión del país, los problemas prioritarios y las alternativas de solución. El programa de los talleres incluyó la exposición de los "Desafíos" y los "Compromisos" propuestos en las Bases para el Plan de Nación y la discusión necesaria para lograr los aportes y opiniones de los asistentes sobre dichos temas.
La Consulta Intersectorial se realizó en septiembre a través de 10 talleres, en los cuales participaron conjuntamente personas representativas de los siguientes sectores e instituciones: Empresarios, Profesionales, Universidades, Cooperativas, Iglesias, Organizaciones no Gubernamentales, Partidos Políticos, Trabajadores, Profesores y Transportistas.
Los participantes brindaron sus aportes sobre las cinco áreas de compromisos propuestos en las Bases para el Plan de Nación. El procedimiento implicó, primero, una exposición que enfatizó el capítulo VI, "Los Compromisos". Luego, se formaron grupos de trabajo, según las áreas de compromisos y los asistentes se inscribieron de acuerdo con sus intereses y expectativas individuales.
En los grupos respondieron a la siguiente pregunta: "¿Cuáles opiniones, sugerencias y propuestas podrían formularse para enriquecer, ampliar, cambiar o sustituir los compromisos planteados en las Bases para el Plan de Nación?". Finalmente, en una sesión plenaria se conocieron los aportes.
II. VISIÓN DE PAÍS
Los aportes de los asistentes a los talleres demostraron la riqueza y concordancia de las opiniones entre los hombres y las mujeres acerca del país que quieren. A partir de los deseos expresados se configuró un decálogo de desafíos que la ciudadanía estima estratégicos para construir una nueva nación.
* Concertar un Proyecto común que supere la marginación y asegure la equidad territorial y de género.
* Construir un Estado de Derecho y una sociedad segura.
* Descentralizar la administración pública asignando presupuestos a los departamentos y fortaleciendo los gobiernos municipales.
* Producir riqueza desarrollando la capacidad empresarial y actuando con equidad y justicia.
* Asegurar una adecuada calidad de vida de todos los habitantes a través de la educación, la salud, la seguridad social y la vivienda.
* Satisfacer las necesidades a los niños, los ancianos y las personas con discapacidad.
* Asegurar el acceso y la calidad de la educación a la población en todo el país.
* Recuperar el medio ambiente, conservar la biodiversidad y priorizar el agua como recurso estratégico.
* Practicar y transmitir valores morales, cívicos y espirituales.
* Rescatar la identidad cultural y conocer nuestra historia para crear el sentido de pertenencia.
III. SIETE PROBLEMAS NACIONALES
Según los ciudadanos consultados, en El Salvador deben enfrentarse siete problemas prioritarios. Estos problemas deben considerarse como ejes ordenadores de la perspectiva política, social y económica para responder a las demandas de la población y encontrar el rumbo del país.
En orden de importancia los problemas priorizados son: el desempleo, la pobreza, marginación e incomunicación departamental, la delincuencia e inseguridad ciudadana, el inadecuado sistema educativo, el estancamiento de la producción agropecuaria, la concentración de poder y recursos, y la pérdida de recursos naturales.
El desempleo es el gran problema nacional. Fue priorizado en 10 departamentos, excepto La Unión, San Miguel, Cuscatlán y Santa Ana. No obstante, en dichos departamentos destacaron otros problemas que están íntimamente vinculados con el desempleo; por ejemplo, los unionenses se refieren a la "ausencia de inversión económica"; los migueleños enfatizaron la "reducida producción agropecuaria, industrial y otras actividades económicas". En Cuscatlán las prioridades apuntan a la "falta de apoyo a la agricultura" y la "precaria situación económica y social del departamento".
La "pobreza y marginación" se encuentran en el segundo lugar de los problemas priorizados. La pobreza se asocia de manera directa con los precarios ingresos de la población y la marginación es asumida como obstáculo y desventaja fundamental de las regiones norte y oriental del país.
La "delincuencia" es destacada de manera similar por la población oriental, central y occidental. La "inadecuada educación" fue priorizada solamente en los departamentos de Santa Ana y San Salvador. En cambio, el "estancamiento de la producción agropecuaria" es percibido desde Ahuachapán hasta La Unión como un peligro para la nación. Por su lado, los participantes de San Salvador consideran que la "concentración de poder y recursos" es el problema que debe resolverse prioritariamente. En los ciudadanos de Cabañas y Chalatenango prevalece la conciencia de que la "pérdida de recursos naturales" es el problema vital.
IV. EJES PRIORITARIOS DE ACCIÓN
En cada uno de los talleres los participantes aportaron sus perspectivas y sugerencias de solución a los problemas priorizados. La multiplicidad de propuestas se refieren a seis ejes de acción que se consideran estratégicos y que atraviesan la problemática nacional.
1. Reactivación agropecuaria.
2. Promoción del turismo.
3. Construcción de carreteras y modernización de la infraestructura.
4. Descentralización de la Administración Pública.
5. Organización ciudadana.
6. Modernización de la educación.
El estancamiento y desatención del sector agropecuario es apreciado sistemáticamente como problema crucial en sí mismo. Su reactivación también se percibe como solución inmediata y directa para prevenir y resolver el desempleo, la pobreza y la delincuencia. En todos los talleres criticaron el actual servicio prestado por el sistema crediticio por considerarlo inadecuado a las necesidades productivas del país, especialmente para el ámbito agropecuario.
La promoción y desarrollo del turismo en el país se aprecia como una actividad con la potencialidad para crear puestos de trabajo directos; además, la visualizan en relación estrecha con otras áreas económicas, incluyendo la preservación de bosques y por tanto, como eje que permitiría un estable crecimiento económico.
La construcción de carreteras y en general la modernización de la infraestructura, incluyendo la reactivación de algunos puertos marítimos, tal como fue propuesto en La Unión y La Libertad, tiene la perspectiva de afianzar nuevas actividades productivas. Esta posibilidad se advierte como condición para incidir en la solución de la marginación, pobreza, desempleo e incremento de la producción.
El requerimiento de descentralizar la administración pública y asignar el presupuesto nacional por departamentos es un sentimiento político expresado en muchos talleres. La construcción de este proceso implicaría la reactivación de varias zonas geográficas del país y un impulso sostenido para el desarrollo nacional. Los participantes de San Salvador consideran, además, que la descentralización es un recurso político estratégico para frenar la migración y para propiciar el retorno de muchas personas a sus lugares de origen.
Los participantes resaltan otros puntos clave para el presente y futuro del país. La organización de la población es destacada como necesidad urgente para que participe activamente en las decisiones nacionales. Así, la vigencia de los gremios sectoriales y las diversas asociaciones ciudadanas son prerequisito para solucionar la gana de problemas nacionales. En el mismo sentido, la educación, en sus ámbitos formal y no formal, es llave maestra para abrir y fundamentar caminos nuevos que conduzcan a la solución de los desafíos de la nación.
REFORMA. La Asamblea Legislativa ratificó, el 03.02, con 72 votos a favor, la reforma al artículo 1 de la Constitución de la República, con lo que queda prohibido cualquier tipo de aborto. 11 diputados del FMLN se abstuvieron de votar y el resto de la fracción votó a favor. Para Eugenio Chicas, del FMLN, la reforma constitucional era un tema muy complejo, que no podía resolverse de manera apresurada. Según el funcionario, el aborto podría ser la opción a algunos problemas, por lo que cuestionó ante el pleno legislativo: "¿Qué opción le da el Estado a las mujeres violadas?.... ¿Qué hace el Estado para resolver el problema de los niños de la calle?". Más aún, preguntó: "¿Dónde está el sí a la vida cuando algunos partidos políticos apoyan la pena de muerte?", en directa alusión a ARENA y el PDC. Por su parte, Gerardo Suvillaga, de ARENA, dijo respetar la decisión de algunos de sus colegas diputados de no apoyar la reforma constitucional. El diputado arenero explicó que la reforma se viene planificando desde hace tres años en la Asamblea; no obstante, el Comité De Vida, introdujo una pieza de correspondencia, el pasado 01.02, para que se retomara el estudio, con lo que la discusión llegó a este resultado. Con esta reforma, la persona humana queda reconocida "desde su concepción, como el origen y el fin de la actividad de Estado..." (LPG 04.02 p.4).
LAFISE. Sobre el asesinato del presidente de la financiera LAFISE, Siegfried Guth Zapata, ocurrido en 1996, existe la hipótesis de que hubo lavado de dinero en la institución. Esta información fue dada a conocer por el ex asesor contable Francisco Esquivel, quien la ratificó, el 03.02, ante el Juzgado Sexto de Instrucción. Según explicó el juez del caso, Roberto Arévalo Ortuño, a Esquivel se le ha dado calidad de imputado debido a que él ha sido señalado como partícipe de la supuesta estafa y, al parecer, este "ha dado elementos interesantes" que obligan a profundizar las investigaciones. Sin embargo, no ha sido detenido, por no estar comprobada su culpabilidad. Anteriormente, el ex asesor reveló a un periódico matutino que la casa matriz de LAFISE, con sede en Miami, estuvo lavando millones de dólares a través de la agencia en El Salvador. Añadió que un aproximado de 120 a 130 millones fueron lavados anualmente en El Salvador. De igual forma, aseguró que Guth sostuvo tensas relaciones con el presidente de LAFISE Miami, Joshep Zamora, y, supuestamente, hubo amenazas por teléfono y por correo electrónico contra Guth. Esquivel también dijo que Guth envió a Zamora su carta de renuncia como director de la institución, la cual se haría efectiva a partir del 16 de septiembre de 1996, pero fue asesinado 13 días antes (LPG 04.02 p.10).
PROCURADOR. El Procurador de Derechos Humanos, Eduardo Peñate Polanco, denunció, mediante un rueda de prensa realizada el 03.02, supuestas amenazas de muerte en su contra, a la vez que se quejó de los editoriales del periodista Mauricio Funes. Peñate inició su intervención mostrando un texto anónimo con supuestas amenazas y aseguró que un vehículo no identificado ha estado rondando cerca de la casa de su madre, y teme que esto sea un acto de intimidación. El Procurador también denunció que la ex procuradora de Derechos Humanos, Victoria Marina de Avilés, pagó, durante 4 meses, 10 mil colones a Mauricio Funes, por asesorar un programa de televisión sobre Derechos Humanos. Según dijo, la procuradora pagó el programa con fondos de la Naciones Unidas. En cuanto a los editoriales, Funes ha acusado al funcionario, a miembros del PDC y a "periodistas de reconocida trayectoria antidemocrática", de preparar una campaña para desprestigiar a los medios de comunicación que han denunciado irregularidades dentro de la Procuraduría de Derechos Humanos. Esta declaración ha sido desmentida por el Procurador. "Lo peligroso es que lo que [Mauricio Funes] ha estado haciendo es una incitación, podría ser hasta una conspiración. Incitar a un pueblo es peligroso", expresó Peñate (LPG 04.02 p. 30).

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1