Source: http://lacambiantepalabradellegislador.blogspot.com.es/2017/
Timestamp: 2017-05-26 16:49:46+00:00

Document:
LA CAMBIANTE PALABRA DEL LEGISLADOR: 2017
En el anexo I de la Orden
HAP/2430/2015, por la que se desarrollan para el año 2016 el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, se aprobaron
los signos, índices o módulos aplicables a las actividades agrícolas, ganaderas
y forestales que determinen el rendimiento neto de su actividad económica con
arreglo a dicho método.
Debido a la existencia de circunstancias
excepcionales en el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, mediante
la Orden HFP/377/2017, de 28 de abril, publicada en el BOE de 4 de mayo de 2017,
se reducen para el período impositivo
2016 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para las
excepcionales, de acuerdo con lo previsto en el artículo
37.4.1.º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
La Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, publicada en el BOE de 15 de
marzo, aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español, y el modelo 222 para efectuar
consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación electrónica.
La Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, incorpora una serie de novedades que
entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2015. Por ello, fue necesario
adaptar a la normativa vigente los modelos de pagos fraccionados para facilitar
la presentación de su declaración a aquellas sociedades cuyo período impositivo
se iniciara a partir del 1 de enero de 2015. Con esa finalidad se aprobó la
Orden HAP/523/2015, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden
régimen de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática y la Orden HAP/2055/2012, de 28
de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados
a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en
territorio español, y se establecen las condiciones generales y el
El Reglamento Penitenciario Militar se ha aprobado mediante el Real Decreto 112/2017, de
17 de febrero, que se ha publicado en el BOE de 18 de febrero de 2017.
El mandato legal del
artículo 348 de la Ley Orgánica 2/1989, conforme al cual las penas que deban
cumplirse en establecimientos penitenciarios militares se realizarán conforme a
lo dispuesto en dicha Ley y en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios
Militares, es el fundamento de lo regulado en el Reglamento aprobado, que regula
en su breve articulado exclusivamente las normas específicas y singularidades
propias de la organización militar, con remisión y tratamiento idéntico en
lo no regulado al régimen común cuya legislación tiene el carácter de norma
jurídica supletoria.
Tratándose del ámbito
penitenciario militar, además de la finalidad fundamental de la reeducación
y reinserción social, se deben proteger también los principios de
unidad, disciplina y jerarquía, así como, el cumplimiento de derechos y
deberes esenciales, propios de la organización militar, y han de exigirse
aquellas pautas, actitudes, comportamientos y actividades de tratamiento, que
dentro de una organización militar, permitan el mantenimiento de los citados
principios, en aras de la reinserción social del penado y, en su caso, de
su reincorporación a las Fuerzas Armadas.
El militar debe cumplir
las reglas de comportamiento que determina la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de
julio, de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas. Es por
ello que la Administración penitenciaria militar tiene como objetivo que el
militar recupere los valores que ha perdido, puesto que el militar debe
actuar con arreglo a las características de las Fuerzas Armadas de disciplina y
jerarquía, dar primacía a los valores éticos y comportarse con dignidad,
integridad, responsabilidad, ejemplaridad y honradez.
El ámbito de aplicación del
Reglamento se extiende a quienes deban cumplir las medidas cautelares de
La Orden HFP/255/2017, de 21
de marzo, regula, entre otras cuestiones, los sujetos pasivos obligados a declarar
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el
Respecto de la obligación de
declarar por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, no tienen
que declarar los contribuyentes que hayan obtenido en el ejercicio 2016
rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación
individual o conjunta:
a) Rendimientos íntegros
del trabajo con el límite general de 22.000 euros anuales cuando procedan de un
solo pagador. Este límite también se
aplicará cuando se trate de contribuyentes que perciban rendimientos
procedentes de más de un pagador y concurra cualquiera de las dos
1.ª Que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores,
por orden de cuantía, no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros
2.ª Que sus únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones
pasivas a que se refiere el artículo 17.2.a) de la Ley del Impuesto y la
determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo
con el procedimiento especial regulado en el artículo 89.A) del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los perceptores de este
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN LA LUCHA CONTRA EL DOPAJE
de 2.017 se ha publicado la modificación
de la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y
lucha contra el dopaje en la actividad deportiva. Dicha modificación
se ha realizado mediante el Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, con la finalidad
de adaptar la Ley Orgánica a las modificaciones introducidas por el Código
Mundial Antidopaje de 2015.
Código Mundial Antidopaje vuelve a descolgar la regulación española del sistema
armónico que propugna la Convención Internacional contra el dopaje en el
deporte de la Unesco. Y ello pese a que la redacción de la Ley de 2013 ya se
hizo tomando en consideración los distintos borradores con los que entonces se
contaba del Código Mundial Antidopaje que se estaba gestando.
Esta discrepancia ha tenido
además como consecuencia la declaración formal por parte de la Agencia Mundial Antidopaje
de «incumplimiento del código», de acuerdo a lo previsto en su artículo 23. Lo
que hacía necesaria nuevamente una modificación legal que permitiera dar cabida
en el texto de 2013 a aquellos aspectosque no pudiendo preverse en la redacción
original y cuya estampa final en el Código Mundial ha determinado una situación
de discordancia entre ambas legislaciones.
El Real Decreto Ley se
dirige, especialmente, a modificar la
regulación legal de las normas sancionadoras en materia de dopaje. Se
regulan, en el ambiente del deportista, nuevos tipos infractores y se modifican
otros: - La Ley Orgánica, en su
artículo 22 reformado, define la complicidad como la ayuda, incitación,
contribución, instigación, conspiración, encubrimiento o cualquier otro tipo de
colaboración en la comisión de cualquier infracción de las normas
- Dicho precepto modificado
también establece como tipo infractor la recepción voluntaria, por parte de
una persona sujeta al ámbito de aplicación de su título II (deportistas que
se encuentren en posesión, lo hubieran estado con carácter previo, o hayan
solicitado la licencia federativa estatal o autonómica homologada), de
servicios profesionales, relacionados con el deporte, prestados por cualquier
otra persona que esté cumpliendo un periodo de suspensión por alguna infracción
en materia de lucha contra el dopaje, impuesta por autoridades españolas o
extranjeras, que haya sido condenada por un delito de dopaje en España o fuera
de España, o que haya sido sancionada profesional o disciplinariamente por
hechos que hubieran constituido dopaje conforme a la presente Ley. - Respecto del
incumplimiento de las obligaciones relativas a la presentación de información
sobre localización o relativas a la disponibilidad del deportista para realizar
los controles en dicha localización, se reduce el plazo de dieciocho a doce meses
para considerar infracción la falta de localización en tres ocasiones. El plazo
comienza a computarse desde el día del primer incumplimiento que haya de
tenerse en cuenta. La reforma legal se extiende
a la prescripción de las infracciones.
Las infracciones establecidas en esta Ley prescribirán a los 10 años desde el
día en que la infracción se hubiera cometido (La regulación anterior se refería
a ocho años). La norma considera que interrumpirá la prescripción la
iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador.
El Real Decreto-Ley añade un
nuevo artículo 17 sobre la conservación
de las muestras y el análisis de las mismas. Dispone este precepto que las
muestras obtenidas en los controles de dopaje podrán ser objeto de análisis
inmediatamente después de su recogida, bien con el fin de detectar la
sustancia y métodos prohibidos o para elaborar un perfil de los parámetros
biológicos del deportista. También podrán ser almacenadas con las debidas
garantías de conservación con el fin de ser analizadas en cualquier momento
posterior, pero siempre dentro del plazo de 10 años a contar desde la
PERMISO DE PATERNIDAD EN LAS FUERZAS ARMADAS. AMPLIACIÓN DEL PLAZO. ENTRADA EN VIGOR.
El permiso de paternidad en los casos
de nacimiento, adopción o acogida se amplió, en la Ley 9/2009, de dos a cuatro semanas de duración. Aunque se
fijó la entrada en vigor de dicha ampliación del permiso en la fecha de 1 de
enero de 2011, sin embargo, como consecuencia de motivos presupuestarios, su
aplicación se ha ido posponiendo en los diferentes ejercicios hasta que, finalmente,
en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2016, se fijó su entrada en vigor
el pasado 1 de enero de 2017.
Con la finalidad de adaptar
el permiso de paternidad del personal militar a la normativa que rige para el
personal al servicio de la Administración General del Estado, el anexo I de
la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el régimen de
vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las
Fuerzas Armadas, se ha modificado por la Resolución 430/38026/2017, de 7 de
febrero, de la Subsecretaría, ampliando
a cuatro semanas el permiso de paternidad por el nacimiento, acogimiento, o
adopción de un hijo, a disfrutar por el padre a partir de la fecha del
nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la
resolución judicial por la que se constituya la adopción.
indicada del permiso de paternidad será extendida en el supuesto de
parto, adopción o acogimiento múltiple en dos días más por cada hijo a
partir del segundo.
Dicha resolución se ha publicado
en el BOE de 15 de febrero de 2.017.
Esta ampliación del permiso
de paternidad a cuatro semanas será de
aplicación a los nacimientos, acogimientos o adopciones que se produzcan o
constituyan a partir del 1 de enero de 2017.
ACTUACIONES DE CONTROL TRIBUTARIO EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
Agencia Estatal de Administración Tributaria, en su función de prevención y de lucha contra el fraude fiscal, ha
aprobado las directrices
generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017,
mediante Resolución de 19 de enero de 2017, publicada en el BOE de 27 de enero
En tales directrices la AEAT
ha procedido a definir las áreas de riesgo fiscal de atención prioritaria
en el presente ejercicio, así como los criterios básicos de las actuaciones
de comprobación e investigación que se desarrollarán sobre los obligados
tributarios en los que concurran los perfiles de riesgo.
Así pues, las directrices
generales del Plan de Control Tributario y Aduanero de 2017, que contienen una
referencia concreta a las líneas de actuación de prevención y control del
fraude que se consideran más relevantes, giran en torno a tres grandes pilares:
a) La prevención,
investigación y control del fraude tributario y aduanero.
b) El control del fraude en
fase recaudatoria.
c) La colaboración entre la
Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las Comunidades
II. Prevención, investigación y control del fraude tributario y
Para seleccionar los obligados tributarios que serán objeto de comprobación,
e iniciar los procedimientos de
comprobación, la AEAT utiliza, mediante herramientas informáticas, toda
la información disponible en sus bases de datos, cruzando la información
que obtiene de los datos sobre los bienes, derechos, rentas o actividades
económicas de los ciudadanos, de las declaraciones presentadas por ellos mismos
y la información derivada de declaraciones informativas de terceros o de
actuaciones de captación de información. La Agencia Tributaria
profundizará asimismo en la puesta en marcha de medidas que dirijan los
recursos humanos y materiales hacia las actuaciones de mayor eficacia en la
lucha contra el fraude, mediante la concentración a nivel central y regional de
determinadas funciones y competencias, lo que será especialmente relevante en
el área de Gestión Tributaria así como mediante el reforzamiento de las
actuaciones de colaboración y coordinación entre las distintas áreas.
En particular, en 2017, los esfuerzos de comprobación e
investigación de la Agencia Tributaria irán dirigidos a los siguientes sectores
o tipologías de fraude:
Por razones de seguridad vial, movilidad y de
fluidez de la circulación, en concordancia con las fechas en que se prevén
desplazamientos masivos de vehículos, así como por la peligrosidad intrínseca
de la carga de ciertos vehículos, mediante la Resolución de 2 de enero de 2017,
de la Dirección General de Tráfico, se establecen medidas
especiales de regulación del tráfico durante
el año 2017, de acuerdo con lo previsto en los artículos 5, apartados k),m) y
n), 12 y 18 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en los artículos 37 y 39 del Reglamento
General de Circulación y en el artículo 14 del Reglamento General de Vehículos.
Sin perjuicio de las restricciones temporales
que, en su caso, puedan imponerse, se determinan restricciones de
circulación respecto de las pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros
No es posible autorizar ni informar
favorablemente prueba deportiva alguna, de carácter competitivo o no, cuando
implique ocupación de la calzada o arcenes, así como cualquier otro evento que
pueda afectar a la fluidez de la circulación o la seguridad vial, durante
los días y horas que se indican en el anexo I de la Resolución, así como
aquellas que utilicen autovías, excepto en sus tramos de enlace
imprescindibles, salvo las pruebas de carácter internacional que sean
expresamente autorizadas o informadas favorablemente por las Jefaturas
Provinciales de Tráfico o los Servicios Centrales del Organismo Autónomo
CONSUMIDORES TIENEN DERECHO A RECLAMAR A LAS ENTIDADES BANCARIAS LA DEVOLUCIÓN
DE DETERMINADOS GASTOS E IMPUESTOS PAGADOS A CONSECUENCIA DE LA FIRMA DE UN
Como es de sobra conocido,
los particulares que formalizaron una hipoteca con cláusula suelo tienen la
posibilidad de reclamar el reintegro de la totalidad de los intereses
indebidamente abonados a consecuencia de la aplicación de dicha cláusula. Pues
bien, ahora, además, aquellos particulares que hubieran formalizado una
hipoteca, podrán reclamar la
devolución de determinados gastos e impuestos que en su día satisficieron a
consecuencia de la constitución de la misma. En este sentido, tanto el Tribunal
Supremo como, posteriormente, diferentes Audiencias Provinciales, han declarado
nulas, por abusivas, las cláusulas que atribuyen al consumidor
(prestatario) los costes derivados de la concertación del contrato, esto es,
los gastos del préstamo hipotecario y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
En concreto, según el
Tribunal Supremo, es a la entidad bancaria y no al consumidor a la que le
corresponde abonar, por un lado, los gastos de formalización de
escrituras notariales e inscripción de las mismas (factura del Notario,
factura del Registrador de la Propiedad, factura de la Gestoría impuesta por la
entidad bancaria y factura de tasación del inmueble) y, por otro lado, el Impuesto sobre Actos
Jurídicos Documentados. No obstante, algunas
Audiencias Provinciales han establecido una reciprocidad en la distribución
de los gastos producidos como consecuencia de la intervención notarial y
registral, sin hacer recaer la totalidad de los mismos sobre la entidad
bancaria o sobre el consumidor.
En el recientemente aprobado
Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas para la protección de los
consumidores en materia de cláusulas suelo, no se regula el
procedimiento para reclamar los gastos de constitución de la hipoteca y el
impuesto de actos jurídicos documentados. En consecuencia, los costes indebidamente abonados por tales
conceptos sólo pueden reclamarse fuera del procedimiento establecido en el
Real Decreto-ley, presentando la correspondiente reclamación ante la entidad
bancaria y, en caso de que esta no resuelva o rechace la solicitud, formulando
la reclamación en vía judicial.
por otro lado, que la acción que habría que ejercitar, esto es, la de nulidad
radical de la cláusula por ser abusiva, es imprescriptible, de modo que se
puede efectuar la reclamación en cualquier momento, con independencia de cuándo
se firmara la escritura de préstamo hipotecario. En LEXCYL
ABOGADOS, si usted así lo desea, estudiaremos su caso y le emitiremos un informe
jurídico sobre las posibilidades de su reclamación así como
acerca de la cantidad que tendría derecho a reclamar.
podrán llamarnos al 983 36 12 79 o escribirnos a carlosborrego@lexcyl.es
La Orden FOM/2015/2016,
de 30 de diciembre, ha aprobado, en desarrollo
de lo dispuesto en la disposición
adicional segunda del Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria
de Interés General, el Catálogo Oficial de Señales de
Circulación Ferroviaria de aplicación en la Red Ferroviaria de Interés General.
En el Catálogo de Señales se
especifican la forma, el color, el diseño, las
dimensiones, la ubicación y la visibilidad de dichas señales.
El Catálogo Oficial de
Señales de Circulación Ferroviaria en la Red Ferroviaria de Interés General, se
ha publicado en el BOE de 20 de enero de 2.017.
Reglamento de circulación Ferroviaria establece los
principios generales de la señalización y la definición y el significado de las
señales ferroviarias, mientras que el
objeto del Catálogo es definir la forma, el color, diseño, dimensiones,
ubicación y visibilidad de las señales ferroviarias recogidas en el Reglamento
de Circulación Ferroviaria.
Derecho ferroviario,
Las entidades residentes en
territorio español que tengan la condición de dominantes de un grupo,
definido en los términos establecidos en el artículo 18.2 de la Ley 27/2014,
del Impuesto sobre Sociedades y que no sean al mismo tiempo dependientes de
otra entidad,
deberán aportar la información país por país, a que se refiere el
artículo 8 bis bis apartado 3 de la Directiva 2011/16/UE, que ha sido
introducido por la Directiva (UE) 2016/881, y el artículo 14 del Reglamento del
También deberán aportar esta
información las entidades residentes en territorio español dependientes,
directa o indirectamente, de una entidad no residente en territorio español
que no sea al mismo tiempo dependiente de otra o establecimientos permanentes
de entidades no residentes, siempre que se produzcan cualquiera de las
circunstancias previstas en el artículo 13.1 del Reglamento del Impuesto sobre
El artículo 14 del Real
Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades, establece que la
información país por país resultará exigible a las entidades a que se
refiere el apartado 1 del artículo 13 anteriormente citado, exclusivamente, cuando
el importe neto de la cifra de negocios del conjunto de personas o entidades
que formen parte del grupo, en los 12 meses anteriores al inicio del período
impositivo, sea, al menos, de 750 millones de euros.
La Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función Estadística Pública estableció en su artículo 8.2 que el
Gobierno ha de aprobar por real decreto un programa anual con las
actuaciones que hayan de desarrollarse en ejecución del Plan Estadístico
Nacional, así como las previsiones que a tal efecto hayan de incorporarse a
los Presupuestos Generales del Estado. Por su parte, en el artículo 45.2, la
ley prescribe que las estadísticas cuya realización resulte obligatoria por
exigencia de la normativa europea quedarán incluidas automáticamente en el
A su vez, el Real Decreto
410/2016, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Plan Estadístico
Nacional 2017-2020 dispone en sus artículos 4 y 5 que para el desarrollo
temporal del Plan Estadístico Nacional se elaborarán sendos programas
anuales en el cuatrienio 2017-2020 y que estos programas incorporarán
aquellas operaciones estadísticas no incluidas inicialmente en él, y que deban
realizarse por los servicios de la Administración del Estado ya sea por
exigencia de la normativa europea, por cambios en la legislación nacional o por
razones de urgencia, siempre que cuenten con consignación presupuestaria.
A tal efecto, en el BOE de
31 de diciembre de 2.016 se ha publicado el Real Decreto 747/2016, de 30 de
diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2017 del Plan Estadístico
Nacional 2017-2020.

References: artículo
37
 Real Decreto 
 Real Decreto 

artículo 348
 artículo 17
 artículo 89
 artículo 23
 Real Decreto 

artículo 22
 artículo 17
 Resolución 

resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 14
 Real Decreto 
 artículo 18

artículo 8
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 8
 real decreto 
 artículo 45
 Real Decreto

 Real Decreto