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Timestamp: 2020-01-25 15:23:32+00:00

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Test 2015 Administrativos Xunta TL
Convocatorias anteriores Examen Administrativos de la Xunta de Galicia TL (OPE 2015)
Test 2015 de la oposición Administrativos Xunta TL
Aquí puede ver el test del primer ejercicio de la convocatoria de Administrativos de la Xunta de Galicia (C1) Turno Libre del año 2015
Este test fué realizado de manera oficial en la fecha 2015-07-09
Repasa el examen tipo test correspondiente a la Convocatoria de Administrativos Xunta TL de 2015
Acertadas: 0.25
Falladas: -0.063
Tema 2.- Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, Bloque II - Administrativos Galicia TL
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público, ¿cual de los siguientes es un trámite necesario en los procedimientos de exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas?:
a. Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de 10 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
b. Audiencia durante un plazo de 10 días.
c. Alegaciones durante un plazo de 10 días.
d. Práctica de pruebas admitidas y cualesquiera que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de 10 días.
2. Según el artigo 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector público, el derecho de los particulares a ser indemnizados por las administraciones de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que dicha lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, no procederá:
a. En los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
b. En los casos de fuerza mayor, caso fortuito o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con una relación jurídica de carácter especial.
c. En los casos de fuerza mayor, caso fortuito , de daños que el particular tenga o deber jurídico de soportar de acuerdo con una relación jurídica de carácter especial o de una obligación de carácter general adoptada por razones de interés público.
d. En los casos de fuerza mayor, caso fortuito o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
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3. De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 198/2010 del 2 de diciembre, por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica de la Xunta de Galicia e las entidades de ella dependientes, cual de las siguientes constituye una de sus finalidades:
a. Promover la utilización preferente de mecanismos de trabajo electrónicos orientada a la minimización del empleo de recursos físicos en el desarrollo de las tareas administrativas.
b. Poner las bases para el empleo exclusivo de medios electrónicos en el ámbito de la licitación pública.
c. Garantizar una estabilidad de la información electrónica, entendida como valor de seguridad informativa y jurídica.
d. Crear un espacio virtual único de acceso directo para todos los interesados en los procedimientos administrativos.
4. Como señala el artículo 24 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, constituyen excepciones a los derechos de los afectados cuando la información a estos:
a. Impida o dificulte gravemente el cumplimiento de las funciones de control y verificación de las administraciones públicas o cuando afecte a la defensa nacional, a la seguridad pública o a la persecución de infracciones penales o administrativas.
b. Impida o dificulte gravemente el cumplimiento de las funciones de control y verificación de las administraciones públicas o cuando afecte a la defensa nacional, a la seguridad o al orden público o a la persecución de infracciones penales o administrativas.
c. Impida o dificulte gravemente el cumplimiento de las funciones de control y verificación de las administraciones públicas o a las empresas concesionarias de servicios públicos o cuando afecte a la defensa nacional, a la seguridad pública o a la persecución de infracciones penales o administrativas.
d. Impida el cumplimiento de las funciones de control y verificación de las administraciones públicas o cuando afecte a la defensa nacional, a la seguridad pública o a la persecución de infracciones penales o administrativas.
Tema 9.- Ley 1/2016 de transparencia y buen gobierno, Bloque II - Administrativos Galicia TL
5. Según el artículo 5 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, con la finalidad de promover la cultura de la transparencia, la Xunta de Galicia publicará en el Portal de transparencia y gobierno un informe en el que se analizarán y expondrán diversas cuestiones relacionadas con el derecho de acceso a la información pública; este informe:
a. Será aprobado por la Comisión interdepartamental de información y evaluación se hará público anualmente.
b. Será aprobado por la Comisión interdepartamental de información y evaluación y se hará público semestralmente.
c. Será aprobado por la Comisión de transparencia y se hará público semestralmente.
d. Será aprobado por la Comisión de transparencia y se hará público anualmente.
6. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística de Galicia, la forma oficial de los topónimos de Galicia será:
a. La gallega, si bien podrá sustituirse esta por su denominación en castellano por acuerdo del ayuntamiento correspondiente.
b. La gallega, de forma única.
c. La gallega, si bien los ayuntamientos podrán adoptar otra denominación cooficial.
d. La gallega, si bien podrá sustituirse esta por su denominación en castellano por decreto de la consellería competente en materia de administración local.
7. Conforme al artículo 33 de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad autónoma de Galicia, el uso privativo de los bienes destinados al uso general, requerirá el siguiente título habilitante:
a. Concesión, cuando la ocupación se efectuase con obras o instalaciones fijas.
b. Contrato civil de arrendamiento, si se efectuase por plazo superior a 5 anos.
c. Autorización, cuando la ocupación se efectuase por plazo inicial de 5 años.
d. Notificación, efectuada de forma fehaciente al órgano competente, si se efectuase por plazo inferior a 5 anos.
8. Conforme al artículo 113 de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad autónoma de Galicia, ¿cual de las siguientes no constituye una prerrogativa de la administración para la defensa de su patrimonio:
a. Deslindar en vía administrativa los inmuebles de su titularidad.
b. Recuperar de oficio la posesión sobre sus bienes y derechos.
c. Desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, cuando razones sobrevidas de interés público debidamente motivadas lo requiriesen.
d. Investigar la situación de aquellos bienes y derechos de sus patrimonios que presumiblemente le perteneciesen.
9. Según el artículo 21 de Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, cuál de los siguientes es un motivo para que el Valedor do Pobo rechace una queja en todo caso:
a. Las anónimas.
b. Aquellas en las que advierta mala fe.
c. Las que carecen de fundamento.
d. Las que irroguen perjuicio al ilegítimo derecho de tercera persona.
Tema 5.- Ley 9/2007 de subvenciones de Galicia, Bloque II - Administrativos Galicia TL
10. Según el artículo 14 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones contendrán, como mínimo, indique la respuesta correcta:
a. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquiera otra administración, excepto de la Unión Europea o de organismos internacionales.
b. Criterios objetivos de adjudicación de la subvención y, si es el caso, ponderación de ellos.
c. En todo caso, condiciones de solvencia y eficacia que tengan que reunir los beneficiarios para poder percibir reintegros anticipados.
d. Obligación del beneficiario de facilitar toda la información que le sea requerida por el órgano colegiado evaluador en el ejercicio de su función de control del destino de las subvenciones.
11. Según el artículo 29 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en ningún caso serán gastos subvencionables, indique la respuesta correcta:
a. Los costes indirectos.
b. Los gastos de asesoría jurídica o financiera.
c. Los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado.
d. Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
12. Según el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, NO será necesaria la publicación de las subvenciones concedidas en el siguiente supuesto, indique la respuesta correcta:
a. Cuando las subvenciones públicas tengan asignación nominativa en los presupuestos.
b. Cuando su otorgamiento y su cuantía, a favor de beneficiario concreto, resulten impuestos en virtud de norma de rango legal o reglamentario.
c. Cuando los importes de las subvenciones concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 5.000 euros.
d. Las subvenciones siempre deberán publicarse en el Registro de Ayudas, Subvenciones y Contratos, creado por la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2006.
13. De conformidad con el artículo 31 de la LEY 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, no podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria sin que se realice una nueva convocatoria, salvo que se produzca el incremento de los créditos derivado de:
a. La existencia de remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo crédito o a créditos incluidos en programas de la misma consellería.
b. Un crédito extraordinario o un suplemento de crédito.
c. La existencia de remanentes de otras convocatorias financiadas con cargo al mismo crédito o a créditos incluidos en el mismo programa o en programas del mismo servicio.
d. Una transferencia de crédito.
14. De conformidad con el artículo 54.g de la LEY 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero, las siguientes conductas:
a. La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos.
b. La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente exigidos.
c. No atender algún requerimiento.
d. La incomparecencia en el lugar y tiempo señalados.
15. Las disposiciones y resoluciones de los conselleiros, según el artículo 38 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, normas reguladoras de la Xunta y de su presidencia, revestirán la forma:
a. De órdenes, que serán firmadas por el titular del departamento. Cuando interesen a más de una consellería, revestirán la forma de Decreto y serán firmados conjuntamente por los conselleiros afectados.
b. De órdenes, que serán firmadas por el titular del departamento. Cuando interesen a más de una consellería, serán firmadas conjuntamente por los conselleiros afectados.
c. De decretos, que serán firmados por el titular del departamento. Cuando interesen a más de una consellería, serán firmados por el Presidente de la Xunta de Galicia.
d. De decretos, que serán firmados por el titular del departamento. Cuando interesen a más de una consellería, serán firmados conjuntamente por los conselleiros afectados.
16. Según el artículo 5 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su presidencia, el Consejo de la Xunta someterá su funcionamiento a los principios de:
a. Unidad, participación, coordinación y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
b. Unidad, colegialidad, participación y coordinación.
c. Eficacia, eficiencia, participación y coordinación.
d. Eficacia, jerarquía, descentralización y desconcentración.
Tema 4.- Ley 9/2017 de contratos del sector público, Bloque II - Administrativos Galicia TL
17. Según lo dispuesto por el artículo 18 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, los contratos del sector público podrán tener carácter:
a. Administrativo o privado.
b. Administrativo o especial.
c. Administrativo, privado o especial.
d. Administrativo, privado, especial o mixto.
18. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 28 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos do sector público, la contratación verbal:
a. Solo se puede realizar, motivadamente, en los casos de emergencia y urgencia.
b. No se puede realizar en ningún caso.
c. Solo se puede realizar en casos de emergencia.
d. Solo se puede realizar en casos de emergencia y, excepcionalmente, en los de urgencia.
19. Según lo dispuesto por el artículo 88 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, el valor estimado de los contratos:
a. Incluye cualquier forma de opción eventual y eventuales prórrogas, incluyendo el IVA, en su caso.
b. Incluye cualquier forma de opción eventual y eventuales prórrogas, sin incluir el IVA.
c. Incluye todas las posibles opciones, modificaciones y variantes, incluyendo el IVA, en su caso.
d. Incluye el presupuesto de licitación y las posibles prórrogas, sin el IVA.
20. Conforme lo dispuesto por el artículo 65 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, la clasificación será exigible:
a. Para contratos de servicios de valor estimado de 300.000 euros.
b. Para contratos de concesión de servicios públicos, con independencia de su valor.
c. Para contratos de suministros de valor estimado de 300.000 euros.
d. Para contratos de obras de valor estimado de 600.000 euros.
21. Como se establece en la sección 2ª del título preliminar del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, se encontrará sujeto a regulación armonizada:
a. Un contrato de colaboración entre el sector público y el privado de valor estimado de 10.000 euros.
b. Un contrato de servicios de valor estimado de 100.000 euros.
c. Un contrato de suministro de valor estimado de 1.000 euros.
d. Un contrato de obras de valor estimado de 1.000.000 euros.
22. Según lo dispuesto por el artículo 64 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, en una licitación se puede exigir a los licitadores a que adscriban a la ejecución do contrato determinados medios materiales o personales?
a. Si, en los contratos no sujetos a regulación armonizada.
b. Si, en los contratos sujetos a regulación armonizada.
c. Si, siempre que no se exija clasificación.
d. Si, simplemente haciéndolo constar en los pliegos.
23. Conforme el artículo 9 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, los contratos de adquisición de programas de ordenador hechos a medida se considerarán contratos de:
b. Consultoría y asistencia.
c. Suministro.
d. Gestión de servicios.
24. Según lo dispuesto por el artículo 210 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público cual de entre las siguientes no es prerrogativa del órgano de contratación?
a. Modificarlos por interés de la Administración.
b. Resolver las dudas que genere su cumplimiento.
c. La determinación de los efectos de la resolución del contrato.
d. La interpretación de contrato.
25. Conforme lo dispuesto por el artículo 100 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, de cual de los siguientes conceptos no responderá la garantía definitiva?
a. De las penalidades impuestas.
b. De los gastos generados por retrasos en la ejecución causados por motivos imprevistos.
c. De la resolución del contrato imputable al contratista.
d. La garantía responde por todos estos conceptos.
26. Según lo dispuesto por el artículo 89 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, cuales son los requisitos generales para que se pueda proceder a la revisión de precios de un contrato de obras:
a. Cuando transcurriese un año desde su formalización y ejecutado un 20% del volumen das obras.
b. Cuando transcurriese un año desde su formalización o se tuviera ejecutado un 30% de su importe.
c. Cuando transcurriese un año desde su formalización y se tuviera ejecutado un 20% de su importe.
d. Cuando transcurriese un año desde su formalización o se tuviera ejecutado un 20% de su importe.
27. Conforme lo dispuesto por el artículo 107 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, en el caso de las modificaciones contractuales no previstas en la documentación que rige la contratación, ¿cuando se entenderán alteradas las condiciones esenciales de licitación y adjudicación?
a. Cuando igualen o excedan, en más o menos, el 50% del precio de adjudicación.
b. Cuando igualen o excedan, en más o menos, el 20% del precio de adjudicación.
c. Cuando igualen o excedan, en más o menos, el 25% del precio de adjudicación.
d. Cando igualen o excedan, en más o menos, el 10% del precio de adjudicación.
28. Según lo dispuesto por el artículo 212 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, en caso de imposición de penalidades por demora durante la ejecución del contrato, ¿cuándo estará facultado el órgano de contratación para proceder a la resolución del mismo?
a. Cada vez que estas alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato.
b. Cada vez que el número de penalidades impuestas alcance el número de 5.
c. Cada vez que la demora alcance un 5% del plazo de ejecución del contrato.
d. Cada vez que estas alcancen un múltiplo del 5% del valor estimado del contrato.
29. Como dispone el artículo 19 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, se regirán, en primer término, por sus normas específicas:
a. Los contratos de servicios complementarios.
b. Los contratos administrativos especiales.
d. Los contratos privados de la Administración.
30. Tal y como establece el artículo 70 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, qué vigencia tiene la clasificación?
a. Vigencia indefinida, pero con justificación anual de la solvencia económica y financiera y cada tres años la técnica o profesional.
b. Vigencia indefinida, pero con justificación anual de la solvencia técnica o profesional y cada tres años la económica y financiera.
31. Según el artículo 180 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, ¿cual es el procedimiento de adjudicación de los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado?
a. Procedimiento selectivo.
c. Diálogo competitivo.
d. Procedimiento abierto.
32. Según el artículo 6 de la Ley 7/2013, de 13 de junio, de la galleguidad, son comunidades gallegas:
a. Las entidades sin ánimo de lucro, asentadas en Galicia y constituidas por gallegos/as, con personalidad jurídica reconocida en España y que tengan por objeto principal las labores de protección, instrucción o recreo de los/las gallegos/as residentes fuera de Galicia y de sus descendientes, y/o el mantenimiento o el fomento de los lazos culturales, sociales o económicos con Galicia.
b. Las entidades sin ánimo de lucro, asentadas fuera de Galicia y constituidas por gallegos/as, con personalidad jurídica en el territorio en que estén asentadas y que tengan por objeto principal las labores de protección y defensa del patrimonio cultural de Galicia.
c. Las entidades sin ánimo de lucro, asentadas fuera de Galicia y constituidas por gallegos/as, con personalidad jurídica en el territorio en el que estén asentadas y que tengan por objeto principal las labores de protección, instrucción o recreo de los/las gallegos/as residentes fuera de Galicia y de sus descendientes, y/o el mantenimiento o el fomento de los lazos culturales, sociales o económicos con Galicia.
d. Las entidades con o sin ánimo de lucro, asentadas fuera de Galicia y constituidas por gallegos/as, con personalidad jurídica en el territorio en que estén asentadas y que tengan por objeto principal las labores de protección y defensa del patrimonio cultural de Galicia.
33. Según el artículo 56 del Reglamento del Parlamento de Galicia, la Diputación Permanente:
a. Estará presidida por el presidente del Parlamento de Galicia. Formarán parte de ella un máximo de quince miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica.
b. Estará presidida por el presidente del Parlamento de Galicia. Formarán parte de ella un máximo de once miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica.
c. Estará presidida por el Presidente del Parlamento de Galicia. Formarán parte de ella un mínimo de once miembros, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica.
d. Estará presidida por el presidente del Parlamento de Galicia. Formarán parte de ella un mínimo de quince miembros, que representarán a los portavoces en proporción a su importancia numérica.
Tema 2.- El Estatuto de Autonomía para Galicia, Bloque I - Administrativos Galicia TL
34. Según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía para Galicia, en cuál de las siguientes materias la Comunidad Autónoma sólo tiene competencias para el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación estatal:
a. La promoción del desarrollo comunitario.
c. La promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio.
d. Entidades cooperativas.
35. El patrimonio de la Comunidad Autónoma estará integrado, según el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de Galicia, entre otros, por:
a. Los bienes adquiridos por la Comunidad Autónoma por cualquier título jurídico válido y los ingresos de derecho privado; legados y donaciones; y subvenciones.
b. Los bienes afectos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma y el patrimonio de la Comunidad en el momento de aprobarse el Estatuto.
c. Los bienes afectos a servicios traspasados a la Comunidad Autónoma y los ingresos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial.
d. El patrimonio de la Comunidad en el momento de aprobarse el Estatuto y los rendimientos de impuestos.
36. Según el artículo 56.1b) del Estatuto de Autonomía de Galicia, la propuesta de reforma del Estatuto requerirá:
a. En todo caso la aprobación del Parlamento gallego por mayoría de tres quintos, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores.
b. En todo caso la aprobación del Parlamento gallego por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores.
c. En todo caso la aprobación de la Xunta de Galicia, del Parlamento gallego, por propuesta de una quinta parte de sus miembros, y de las Cortes Generales.
d. Exclusivamente la aprobación de las Cortes Generales por mayoría absoluta.
Tema 3.- Ley 16/2010, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público de Galicia, Bloque II - Administrativos Galicia TL
37. En el artículo 25 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia se establece que son órganos superiores de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia:
a. Las secretarías generales.
b. Las delegaciones territoriales.
c. Las secretarías generales técnicas.
d. Las secretarías territoriales.
38. Son agencias públicas autonómicas, según el artículo 74.1 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia:
a. Los organismos autónomos a los que se les encomienda la realización, conforme a criterios de gestión empresarial, de actividades prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.
b. Los entes instrumentales a los que se les encomienda la realización, conforme a criterios de gestión empresarial, de actividades prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.
c. Las entidades públicas instrumentales cuya organización y funcionamiento se regulan por el derecho administrativo, y que se someten al derecho privado sólo en aquellos casos en los que corresponda de acuerdo con la normativa general o sectorial aplicable.
d. Aquellas entidades a las que, para el cumplimiento de programas específicos correspondientes a políticas públicas de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, se les encomienda la realización de actividades en régimen de descentralización funcional y gestión por objetivos.
39. Según el artículo 25.4 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia les corresponde a los órganos superiores:
a. La ejecución de los proyectos, de los objetivos o de las actividades que les sean asignados.
b. El ejercicio de las competencias administrativas y la responsabilidad de los servicios de legislación, documentación y publicación.
c. El desarrollo y ejecución de los planes de actuación.
d. Establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad.
40. El artículo 43 de la Ley 6/2003, del 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia define los precios públicos como:
a. Los tributos creados por ley o transferidos por sus corporaciones locales o por el Estado, de los que su hecho imponible consiste en la utilización privativa, la ocupación o el aprovechamiento especial del dominio público de la Comunidad Autónoma de Galicia.
b. Las contraprestaciones percibidas por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de derecho privado cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.
c. Las contraprestaciones percibidas por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no las preste o realice el sector privado.
d. Las contraprestaciones pecuniarias percibidas por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.
41. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:
a. Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización pública o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
b. Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
c. Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho privado que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
d. Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización pública o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho privado que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
42. El principio de equivalencia de las tasas se enuncia en el artículo 11 de la Ley 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia:
a. El rendimiento total previsible de la tasa non podrá exceder, en su conjunto, del coste total de producción del bien, servicio o actividad.
b. En cuanto las características del tributo lo permitan, se tendrá en cuenta, para la fijación de la cuota tributaria de las tasas, la capacidad económica del sujeto pasivo.
c. En cuanto las características del tributo lo permitan, se tendrá en cuenta, para la fijación de la cuota tributaria de las tasas, la capacidad económica equivalente del sujeto pasivo.
d. El rendimiento total previsible de la tasa deberá exceder, en su conjunto, del coste total de producción del bien, servicio o actividad.
43. De conformidad con el artículo 50 de la LEY 6/2003, de 9 de diciembre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia son precios privados:
a. Las contraprestaciones pecuniarias que aporten los sujetos enmarcables dentro de la Administración pública de la Xunta de Galicia por la prestación de servicios o realización de actividades efectuadas en régimen de derecho privado cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, no sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.
b. Las contraprestaciones pecuniarias que obtengan los sujetos enmarcables dentro de la Administración pública de la Xunta de Galicia por la prestación de servicios o realización de actividades efectuadas en régimen de derecho privado cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, no sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.
c. Las contraprestaciones que obtengan los sujetos enmarcables dentro de la Administración pública de la Xunta de Galicia por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de derecho privado cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, seande solicitud voluntaria por parte de los administrados.
d. Las contraprestaciones que aporten los sujetos enmarcables dentro de la Administración pública de la Xunta de Galicia por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de derecho privado cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.
Tema 7.- Decreto legislativo 1/1999 de régimen financiero y presupuestario de Galicia, Bloque II - Administrativos Galicia TL
44. De conformidad con el artículo 18 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia:
a. No se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a favor de la Hacienda pública gallega.
b. No se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a favor de la Hacienda pública gallega, salvo en los casos y en la forma que se determinen en las leyes.
c. No se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a favor de la Hacienda pública gallega, salvo autorización del conselleiro de Economía y Hacienda.
d. No se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a favor de la Hacienda pública gallega, salvo autorización del Consello de la Xunta.
45. De conformidad con el artículo 20 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia:
a. En ningún caso se podrán suspender los procedimientos administrativos de apremio en virtud de recursos interpuestos por los interesados, si no se realiza el pago del débito.
b. Solamente se podrán suspender los procedimientos administrativos de apremio en virtud de recursos interpuestos por los interesados.
c. Se podrán suspender los procedimientos administrativos de apremio en virtud de recursos interpuestos por los interesados si se garantiza el pago en la forma establecida en una norma con rango de ley.
d. En ningún caso se podrán suspender los procedimientos administrativos de apremio en virtud de recursos interpuestos por los interesados, si no se realiza el pago del débito, se consigna su importe o se garantiza éste en la forma reglamentariamente establecida.
46. De acuerdo al artículo 56 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia:
a. Los créditos autorizados en los programas de gastos tienen carácter no limitativo y vinculante a nivel de concepto. Sin embargo, los créditos destinados a gastos de personal y los gastos en bienes corrientes y servicios tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo.
b. Los créditos autorizados en los programas de gastos tienen carácter limitativo y vinculante a nivel de concepto. Sin embargo, los créditos destinados a gastos de personal, excepto los que se refieren a incentivos al rendimiento, y los gastos en bienes corrientes y servicios tendrán carácter vinculante a nivel de capítulo.
c. Los créditos autorizados en los programas de gastos tienen carácter no limitativo y vinculante a nivel de concepto. Sin embargo, los créditos destinados a gastos de personal, excepto los que se refieren a incentivos al rendimiento, y los gastos en bienes corrientes y servicios tendrán carácter vinculante a nivel de artículo.
d. Los créditos autorizados en los programas de gastos tienen carácter limitativo y vinculante a nivel de concepto. Sin embargo, los créditos destinados a gastos de personal, excepto los que se refieren a incentivos al rendimiento, y los gastos en bienes corrientes y servicios tendrán carácter vinculante a nivel de artículo.
47. De acuerdo al artículo 57 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia:
a. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía inferior al importe de los créditos figurados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones con rango de ley que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
b. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos figurados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
c. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía inferior al importe de los créditos figurados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
d. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos figurados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.
48. De acuerdo con el artículo 64 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, tendrán excepcionalmente la condición de créditos ampliables:
a. Aquellos que se especifiquen de manera singular en la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma y con las condiciones que en la misma se determinen.
b. Las cuotas de Seguridad Social y la prestación familiar, así como las aportaciones que, en su caso, le corresponda efectuar a la Comunidad Autónoma al régimen de previsión social de sus funcionarios.
c. Los destinados al pago de productos farmacéuticos procedentes de recetas médicas.
49. De acuerdo con el artículo 69 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos los ingresos efectivos, los derechos liquidados y los compromisos firmes de ingresos derivados de las siguientes operaciones:
b. Créditos del exterior para financiar inversiones privadas.
c. Enajenación de bienes de personas físicas o jurídicas.
d. Aportaciones de otras administraciones públicas o de personas físicas o jurídicas para financiar gastos que por su naturaleza no estén comprendidos en los fines u objetivos encomendados a la Comunidad Autónoma o a sus organismos autónomos.
50. De conformidad con el artículo 73 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, una de las fases en las que se estructura la gestión económica y financiera de los derechos y créditos incluidos en los presupuestos de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos es:
a. La disposición, que es la operación de contraer en cuentas los créditos exigibles contra la Comunidad de Galicia que deban acreditarse como contraprestación económica derivada de los acuerdos, de los conciertos o de las normas resolutorias que determinen la disposición de un crédito, una vez realizada y justificada adecuadamente la correspondiente prestación y efectuada la pertinente liquidación.
b. La disposición, que es el acto en virtud del que se acuerda, concierta o determina, según los casos, después de cumplir los trámites que de acuerdo con el derecho procedan, la cuantía concreta que debe alcanzar el compromiso económico para la realización de todo tipo de prestaciones.
c. La disposición, que es el acto en virtud del que se acuerda, concierta o determina, según los casos, después de cumplir los trámites que de acuerdo con el derecho procedan, la cuantía cierta o aproximada que debe alcanzar el compromiso económico para la realización de todo tipo de prestaciones.
d. La disposición, que es la operación de contraer en cuentas los créditos exigibles contra la Comunidad de Galicia que deban acreditarse como contraprestación económica derivada de los acuerdos, de los conciertos o de las normas resolutorias que determinen la disposición de un crédito, una vez realizada y justificada adecuadamente la correspondiente prestación y efectuada la pertinente liquidación.
51. De conformidad con el artículo 95 del Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, es una fase de la función interventora:
a. La fiscalización o intervención previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores.
b. La intervención formal del ordenamiento del pago.
c. La intervención material del pago.
52. De acuerdo con el artículo 51 del Texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, dentro del procedimiento para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma:
a. Los órganos estatutarios de la Comunidad Autónoma y las consellerías remitirán a la de Economía y Hacienda antes del 1 de julio sus respectivos estados de gastos.
b. Los órganos estatutarios de la Comunidad Autónoma y las consellerías remitirán a la de Economía y Hacienda antes del 1 de junio sus respectivos estados de gastos.
c. Los órganos estatutarios de la Comunidad Autónoma y las consellerías remitirán a la de Economía y Hacienda antes del 1 de octubre sus respectivos estados de gastos.
d. Los órganos estatutarios de la Comunidad Autónoma y las consellerías remitirán a la de Economía y Hacienda antes del 20 de octubre sus respectivos estados de gastos.
53. De acuerdo con el artículo 46 del Texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de:
a. Las obligaciones que, como mínimo, se deberán reconocer, y los derechos que se prevean liquidar por parte de la comunidad y de sus organismos autónomos durante el ejercicio presupuestario.
b. Las obligaciones que, como máximo, se podrán reconocer, y los derechos que se prevean liquidar por parte de la comunidad y de sus organismos autónomos durante el ejercicio presupuestario.
c. Las obligaciones que, como máximo, se podrán reconocer, y los derechos que obligatoriamente se deberán liquidar por parte de la comunidad y de sus organismos autónomos durante el ejercicio presupuestario.
d. Las obligaciones que, como máximo, se prevean reconocer, y los derechos que se podrán liquidar por parte de la comunidad y de sus organismos autónomos durante el ejercicio presupuestario.
Tema 1.- La Constitución española, Bloque I - Administrativos Galicia TL
54. Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de la Constitución Española de 1978, el nombramiento de los miembros civiles de la Casa Real requiere el refrendo de:
a. El Presidente del Gobierno y, en su caso, el Ministro competente.
55. Para entender completada la iniciativa del proceso autonómico el artículo 143 de la Constitución Española regula un plazo de:
a. Cinco años desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.
b. Tres meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.
c. Cuatro años desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.
d. Seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.
56. Según el artículo 149.1 de la Constitución Española de 1978 es competencia exclusiva del Estado:
a. La gestión en materia de protección del medio ambiente.
b. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
d. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
57. Según el artículo 82 de la Constitución Española en relación con la delegación legislativa:
a. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
b. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo o por una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados.
c. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota en el momento de la entrada en vigor de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado.
d. Las opciones a) y c) son correctas.
58. La Constitución Española de 1978 fue objeto de sanción por el rey el día:
a. 29 de diciembre de 1978.
b. )28 de diciembre de 1978.
c. 6 de diciembre de 1978.
d. 27 de diciembre de 1978.
59. Según el artículo 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, gozan de la condición de entidades locales:
a. La isla en los archipiélagos balear y canario.
c. El municipio.
d. La provincia.
60. Según el artículo 81 de la Constitución Española, son leyes orgánicas:
a. Las relativas a cuestiones de carácter internacional.
b. Las relativas a cuestiones de carácter tributario.
c. Las relativas a los derechos y deberes de los ciudadanos previstos en la sección 2º del Capítulo II del Título I.
d. Las relativas al régimen electoral general.
61. De conformidad con el artículo 19 de la Constitución Española 1978 tienen derecho a elegir libremente su residencia y la circular por el territorio nacional:
c. Los españoles.
62. De conformidad con el artículo 116 de la Constitución Española de 1978, el estado de excepción será declarado:
a. Por el Congreso de los Diputados.
b. Por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
c. Por las Cortes Generales.
d. Por el gobierno.
63. Según el artículo 7.2.a.4 del V Convenio Colectivo para el personal laboral de la Xunta de Galicia para la resolución de las convocatorias de concursos de traslados la persona titular de la consejería competente en materia de función pública nombrará una o varias,según los casos, comisiones de valoración, que tendrán la siguiente composición:
a. Un/una presidente/a, que será la persona titular de la Dirección General de la Función Pública o persona en quien delegue, un/una secretario/a con voz y sin voto y un máximo de siete vocales.
b. Un/una presidente/a, que será la persona titular de la Dirección General de la Función Pública o persona en quien delegue, un/una secretario/a con voz y sin voto y un máximo de cinco vocales.
c. Un/una presidente/a, que será la persona titular de la Dirección General de la Función Pública o persona en quien delegue, un/una secretario/a con voz y voto y un máximo de cinco vocales.
d. Un/una presidente/a, que será la persona titular de la Dirección General de la Función Pública o persona en quien delegue, un/una secretario/a con voz y con voto y un máximo de siete vocales.
64. Segundo el artigo 46 del V Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Xunta de Galicia, respecto al comité intercentros:
a. Tendrá un mínimo de 13 miembros, pertenecientes a los comités de empresa y delegados/as de personal dos centros de trabajo contenidos en artículo 1º de este convenio.
b. Tendrá un máximo de 13 miembros, pertenecientes a los comités de empresa, juntas de personal y delegados/as de personal de los centros de trabajo contenidos en el artículo 1º de este convenio.
c. Tendrá un máximo de 13 miembros, pertenecientes a los comités de empresa y delegados/as de personal de los centros de trabajo contenidos en el artículo 1º de este convenio.
d. Tendrá 13 miembros, pertenecientes a los comités de empresa y delegados/as de personal de los centros de trabajo contenidos en el artículo 1º de este convenio.
Tema 6.- Ley 2/2015 de empleo público de Galicia, Bloque II - Administrativos Galicia TL
65. De conformidad con el artículo 186 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, es falta grave del personal funcionario:
a. El incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
b. La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio para sí o para otro.
c. La falta injustificada de asistencia de un día.
d. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o de las funciones encomendadas.
66. Según el artículo 169.4 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, respeto al reingreso al servicio activo de las personas que cesan en la situación de servicios especiales:
a. El reingreso al servicio activo se deberá solicitar en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al del cese en la situación de servicios especiales. El incumplimiento de este deber determinará la declaración en la situación de excedencia forzosa.
b. El reingreso al servicio activo se deberá solicitar en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al del cese en la situación de servicios especiales. El incumplimiento de este deber determinará la declaración en la situación de excedencia por interés particular.
c. El reingreso al servicio activo se deberá solicitar en el plazo de un mes, contado desde el día del cese en la situación de servicios especiales. El incumplimiento de este deber determinará la declaración en la situación de excedencia forzosa.
d. El reingreso al servicio activo se deberá solicitar en el plazo de un mes, contado desde el día del cese en la situación de servicios especiales. El incumplimiento de este deber determinará la declaración en la situación de excedencia por interés particular.
67. Según el artículo 75 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, la carrera horizontal consiste:
a. En el ascenso de grado y de categoría profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, en los términos que se establezcan reglamentariamente en desarrollo de los principios recogidos en esta sección.
b. En el ascenso a otro cuerpo o escala del mismo subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga grupo, conforme a lo establecido en esta sección.
c. En el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga subgrupo, a otro superior, conforme a lo establecido en esta sección.
d. En el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en esta ley.
68. El artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas establece que será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:
a. Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo del C o personal de nivel equivalente.
b. Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo del C o personal de nivel equivalente.
c. Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo del C o personal de nivel equivalente.
d. Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
69. Según el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, polo que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es un principio ético de actuación de los empleados públicos:
a. Actuar de acuerdo con los principios de eficacia, economía e eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
b. Mantener actualizada su formación y cualificación.
c. Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
d. Rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal.
70. Según el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar:
a. Deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años, excepto causas de interés público.
b. Deberá desenvolverse dentro del plazo improrrogable de tres años.
c. Deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de cinco años, excepto causas de interés público.
d. Deberá desarrollarse dentro del plazo del plazo improrrogable de cinco años.
71. Según el artículo 84 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en:
a. Organismos Autónomos y Consorcios.
b. Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles Estatales.
c. Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empresariales.
d. Organismos Autónomos y Fundaciones.
72. De acuerdo con el artículo 72 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas:
a. Serán nombrados y separados mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma.
b. Serán nombrados y separados mediante Orden del Ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, a propuesta del Presidente del Gobierno.
c. Serán nombrados y separados mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas.
d. Serán nombrados y separados mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.
73. De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Ministerios contarán, en todo caso, con:
a. Direcciones Generales.
c. Secretarías de Estado.
d. Secretarías Generales.
74. Según el artículo 115 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, los permisos para la realización de tratamientos de fecundación asistida:
a. Quedan condicionados a las necesidades del servicio.
b. Su concesión se condiciona a la justificación previa de la necesidad de la realización de los mismos dentro de la jornada de trabajo.
c. Su concesión se condiciona a que los tratamientos se encuentren incluidos en la cartera de servicios del sistema sanitario público.
75. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, el nombramiento de personal funcionario interino de la Administración general de la Comunidad autónoma de Galicia es competencia de:
a. El Consello de la Xunta Galicia.
b. La persona titular de la consejería competente en materia de función pública.
c. La persona titular de la consejería de destino.
d. La persona titular de la consejería competente en materia de administraciones públicas.
Tema 1.- Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común, Bloque II - Administrativos Galicia TL
76. Conforme al artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras:
a. Se producirá la caducidad del procedimiento.
b. Tendrá como efecto que el interesado pueda tener por estimadas sus alegaciones.
c. Se producirá la prescripción del procedimiento.
d. Se producirá la prescripción del procedimiento, siempre que el interesado así lo solicite ante el órgano competente para la resolución de este.
77. Según el artículo 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la eficacia de un acto administrativo quedará demorada:
a. Cuando así lo exija el contenido del acto, sea susceptible de recurso, esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación posterior o razones de interés público así lo aconsejen.
b. Cuando así lo exija el contenido del acto, sea susceptible de recurso o esté supeditada a su notificación o publicación.
c. Cuando así lo exija el contenido del acto, sea susceptible de recurso o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación posterior.
d. Cuando así lo exija el contenido del acto o este supeditada a su notificación, publicación o aprobación posterior.
78. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general:
a. Cuando procedan de un órgano de superior jerarquía al que dicto la disposición general.
c. Cuando razones motivadas de interés público así lo exijan.
d. Cuando el acto se dictase en base a una norma que tenga el carácter de básica.
79. Como dispone el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas:
a. Desde el momento de su envío, debiéndose tener constancia fehaciente de este.
b. Cuando transcurriesen 10 días naturales desde su posta a disposición.
c. Desde el momento en que se tenga constancia de su recepción.
d. Desde el momento en el que se produzca el acceso a su contenido.
80. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de las siguientes resoluciones no ponen fin a la vía administrativa?:
a. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico cuando una disposición reglamentaria así lo establezca.
b. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial cando deriven de una relación privada.
c. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial cuando deriven de una relación pública.
d. Las resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición reglamentaria así o establezca.
81. De acuerdo al artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cual de las siguientes circunstancias no puede dar lugar a la interposición de un recurso extraordinario de revisión:
a. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, siendo posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
b. Que, al dictarlos, se incurriese en error de derecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
c. Que en la resolución influyesen esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior a aquella resolución.
d. Que en la resolución influyesen esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme posterior a aquella resolución.
82. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se excluyen del cómputo de los días hábiles:
a. Domingos, sábados y los declarados festivos de ámbito nacional.
b. Domingos, sábados y los declarados festivos.
c. Domingos y los declarados festivos.
d. Domingos y los declarados festivos de ámbito nacional.
83. Tal y como establece el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las medidas provisionales acordadas antes de la iniciación del procedimiento administrativo:
a. Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso.
b. Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual no podrá ser objeto de recurso, entendiéndose estas confirmadas en el caso que no se contenga un pronunciamiento expreso.
c. Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda, entendiéndose estas confirmadas en el caso que no se contenga un pronunciamiento expreso.
d. Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.
84. De acuerdo con el artículo 59 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP, se entiende por inicio del procedimiento a propia iniciativa:
a. La emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.
b. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
c. La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación.
d. La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.
85. Conforme el artículo 13 de la actual Ley 39/2015 las personas tienen derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de los denominados ...
a. Puntos de Acceso General electrónico de la Administración.
b. Nodos de Acceso General electrónico de la Administración.
c. Nodos de Acceso General electrónico de las Administraciones Públicas.
d. Nodos de Acceso General de Nuevas Tecnologías e Innovación de las Administraciones Públicas.
86. Conforme al art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de ...
87. ¿Cuál de los siguientes actos no necesitaría ser motivado conforme el art. 35 de la Ley 39/2015?
a. El acuerdo por el que se adoptan medidas provisionales de las previstas en el art. 56 de la Ley 39/2015.
b. El acuerdo de ampliación de plazos sin ser limitativo de intereses legítimos.
c. Un acto que limitase derechos subjetivos sin apartarse del criterio seguido en ocasiones precedentes.
d. El acto que mantuviera el criterio seguido en actuaciones anteriores.
88. De conformidad con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, En la motivación del acto, cuando así proceda ¿como debe ser la referencia de los hechos de que trae causa la resolución?
a. Urgente.
b. Sucinta.
c. Resolutoria.
d. Fehaciente.
89. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Las notificaciones deberán ser cursadas en el plazo de...
a. Diez días desde que el acto haya sido dictado o conforme el plazo previsto en el procedimiento de que se trate.
b. Diez días desde que el acto haya sido dictado salvo que en el procedimiento de que se trate esté previsto un plazo igual o inferior.
c. Diez días desde que el acto haya sido dictado.

References: artículo 36
 resolución 
 artículo 2
 artículo 24
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 33
 artículo 113
 artículo 21
 artículo 14
 artículo 29
 artículo 15
 artículo 31
 artículo 54
 artículo 38
 artículo 5
 artículo 18
 Real decreto 
 artículo 28
 Real decreto 
 artículo 88
 Real decreto 
 artículo 65
 Real decreto 
 Real decreto 
 artículo 64
 Real decreto 
 artículo 9
 Real decreto 
 artículo 210
 Real decreto 
 resolución 
 artículo 100
 Real decreto 
 resolución 
 artículo 89
 Real decreto 
 artículo 107
 Real decreto 
 artículo 212
 Real decreto 
 resolución 
 artículo 19
 Real decreto 
 artículo 70
 Real decreto 
 artículo 180
 Real decreto 
 artículo 6
 artículo 56
 artículo 28
 artículo 43
 artículo 56
 artículo 25
 artículo 74
 artículo 25
 artículo 43
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 50
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 56
 artículo 57
 artículo 64
 artículo 69
 artículo 73
 artículo 95
 artículo 51
 artículo 46
 artículo 143
 artículo 149
 artículo 82
 artículo 3
 artículo 81
 artículo 19
 artículo 116
 artículo 7
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 186
 artículo 169
 artículo 75
 artículo 7
 artículo 53
 Real Decreto 
 artículo 70
 Real Decreto 
 artículo 84
 artículo 72
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 57
 artículo 115
 artículo 14
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
 artículo 39
 artículo 37
 artículo 43
 artículo 114
 resolución 
 resolución 
 artículo 125
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 30
 artículo 56
 artículo 59
 artículo 13
 artículo 35
 artículo 40