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Timestamp: 2018-09-22 11:43:25+00:00

Document:
﻿ LEY 70 DE 1986
LEY 70 DE 15 DE DICIEMBRE DE 1986
CONTENIDO:APRUEBA LA "CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES".
TEMAS ESPECÍFICOS:TORTURA, CONVENCIÓN INTERNACIONAL
DIARIO OFICIAL N°:37737 DE DICIEMBRE 17 DE 1986
“Por medio de la cual se aprueba la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, adoptada en Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984”.
ART. 1º—Apruébase la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, adoptada en Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, cuyo texto es:
Teniendo en cuenta el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7º del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Teniendo en cuenta así mismo la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975,
1. Todo Estado parte dispondrá lo que sea necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos a que se refiere el artículo 4º en los siguientes casos:
2. Todo Estado parte tomará así mismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre estos delitos en los casos en que el presunto delincuente se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y dicho Estado no conceda la extradición, con arreglo al artículo 8º, a ninguno de los Estados previstos en el párrafo 1º del presente artículo.
1. Todo Estado parte en cuyo territorio se encuentre la persona de la que se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4º, si, tras examinar la información de que dispone, considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención de dicha persona o tomará otras medidas para asegurar su presencia. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de conformidad con las leyes de tal Estado y se mantendrán solamente por el período que sea necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.
3. La persona detenida de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo tendrá toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo o, si se trata de un apátrida, con el representante del Estado en que habitualmente resida.
4. Cuando un Estado, en virtud del presente artículo, detenga a una persona, notificará inmediatamente tal detención y las circunstancias que la justifican a los Estados a que se hace referencia en el párrafo 1º del artículo 5º. El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 2º del presente artículo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.
1. El Estado parte en el territorio de cuya jurisdicción sea hallada la persona de la cual se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se hace referencia en el artículo 4º, en los supuestos previstos en el artículo 5º, si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento.
2. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier delito de carácter grave, de acuerdo con la legislación de tal Estado. En los casos previstos en el párrafo 2º del artículo 5º, el nivel de las pruebas necesarias para el enjuiciamiento o inculpación no será en modo alguno menos estricto que el que se aplica en los casos previstos en el párrafo 1º del artículo 5º.
3. Toda persona encausada en relación con cualquiera de los delitos mencionados en el artículo 4º recibirá garantías de un trato justo en todas las fases del procedimiento.
1. Los delitos a que se hace referencia en el artículo 4º se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados partes. Los Estados partes se comprometen a incluir dichos delitos como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí en el futuro.
4. A los fines de la extradición entre Estados partes, se considerará que los delitos se han cometido, no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en el territorio de los Estados obligados a establecer su jurisdicción de acuerdo con el párrafo 1º del artículo 5º.
1. Los Estados partes se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a los delitos previstos en el artículo 4º, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.
2. Los Estados partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud del párrafo 1º del presente artículo de conformidad con los tratados de auxilio judicial mutuo que existan entre ellos.
1. Todo Estado parte velará porque se incluyan una educación y una información completas sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea este civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión.
1. Todo Estado parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1º, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona. Se aplicarán, en particular, las obligaciones enunciadas en los artículos 10, 11, 12 y 13, sustituyendo las referencias a la tortura por referencias a otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
2. Los miembros del comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por los Estados partes. Cada uno de los Estados partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales. Los Estados partes tendrán presente la utilidad de designar personas que sean también, miembros del Comité de derechos humanos establecido con arreglo al Pacto internacional de derechos civiles y políticos y que estén dispuestas a prestar servicio en el comité contra la tortura..
5. Los miembros del comité serán elegidos por cuatro años. Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. No obstante, el mandato de cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, el presidente de la reunión a que se hace referencia en el párrafo 3º del presente artículo designará por sorteo los nombres de esos cinco miembros.
7. Los Estados partes sufragarán los gastos de los miembros del comité mientras estos desempeñen sus funciones.
5. Los Estados partes serán responsables de los gastos que se efectúen en relación con la celebración de reuniones de los Estados partes y del comité, incluyendo el reembolso a las Naciones Unidas de cualesquiera gastos, tales como los de personal y los de servicios, que hagan las Naciones Unidas conforme al párrafo 3º del presente artículo.
4. El comité podrá, a su discreción, tomar la decisión de incluir cualquier comentario que haya formulado de conformidad con el párrafo 3º del presente artículo, junto con las observaciones al respecto recibidas del Estado parte interesado, en su informe anual presentado de conformidad con el artículo 24. Si lo solicitara el Estado parte interesado, el comité podrá también incluir copia del informe presentado en virtud del párrafo 1º del presente artículo.
3. Si se hace una investigación conforme al párrafo 2º del presente artículo, el comité recabará la cooperación del Estado parte de que se trate, de acuerdo con ese Estado parte, tal investigación podrá incluir una visita a su territorio.
4. Después de examinar las conclusiones presentadas por el miembro o miembros conforme al párrafo 2º del presente artículo, el comité transmitirá las conclusiones al Estado parte de que se trate, junto con las observaciones o sugerencias que estime pertinentes en vista de la situación.
5. Todas las actuaciones del comité a las que se hace referencia en los párrafos 1º a 4º del presente artículo serán confidenciales y se recabará la cooperación del Estado parte en todas las etapas de las actuaciones. Cuando se hayan concluido actuaciones relacionadas con una investigación hecha conforme al párrafo 2º, el comité podrá, tras celebrar consultas con el Estado parte interesado, tomar la decisión de incluir un resumen de los resultados de la investigación en el informe anual que presente conforme al artículo 24.
1. Con arreglo al presente artículo, todo Estado parte en la presente convención podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte no cumple las obligaciones que le impone la convención. Dichas comunicaciones solo se podrán admitir y examinar conforme al procedimiento establecido en este artículo si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca con respecto a sí mismo la competencia del comité. El comité no tramitará de conformidad con este artículo ninguna comunicación relativa a un Estado parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones recibidas en virtud del presente artículo se tramitarán de conformidad con el procedimiento siguiente:
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco Estados partes en la presente convención hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1º de este artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá en virtud de este artículo ninguna nueva comunicación de un Estado parte una vez que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado parte interesado haya hecho una nueva declaración.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2º, el comité señalará las comunicaciones que se le presenten de conformidad con este artículo a la atención del Estado parte en la presente convención que haya hecho una declaración conforme al párrafo 1º y respecto del cual se alegue que ha violado cualquier disposición de la convención. Dentro de un plazo de seis meses, el Estado destinatario proporcionará al comité explicaciones o declaraciones por escrito que aclaren el asunto y expongan, en su caso, la medida correcta que ese Estado haya adoptado.
8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor cuando cinco Estados partes en la presente convención hayan hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo 1º de este artículo. Tales declaraciones serán depositadas por los Estados partes en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien remitirá copia de las mismas a los demás Estados partes. Toda declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante notificación dirigida al Secretario General. Tal retiro no será obstáculo para que se examine cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud de este artículo; no se admitirá en virtud de este artículo ninguna nueva comunicación de una persona, o hecha en su nombre, una vez que el Secretario General haya recibido la notificación de retiro de la declaración, a menos que el Estado parte interesado haya hecho una nueva declaración.
Los miembros del comité y los miembros de las comisiones especiales de conciliación designados conforme al apartado e del párrafo 1º del artículo 21 tendrán derecho a las facilidades, privilegios e inmunidades que se conceden a los expertos que desempeñan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas.
2. Todo Estado parte que haya formulado una reserva de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo podrá dejar sin efecto esta reserva en cualquier momento mediante notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.
1. Todo Estado parte en la presente convención podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda propuesta a los Estados partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio al menos de los Estados partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia con los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por la mayoría de Estados partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a todos los Estados partes para su aceptación.
2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo entrará en vigor cuando dos tercios de los Estados partes en la presente convención hayan notificado al Secretario General de las Naciones Unidas que la han aceptado de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
2. Todo Estado, en el momento de la firma o ratificación de la presente convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1º del presente artículo. Los demás Estados partes no estarán obligados por dicho párrafo ante ningún Estado parte que haya formulado dicha reserva.
3. Todo Estado parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2º del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.
Bogotá, D. E., julio de 1986.
Es copia fiel certificada de la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, adoptada en Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, que reposa en los archivos de la división de asuntos jurídicos de la Cancillería.
La jefe de la división de asuntos jurídicos.
(Fdo.) Carmelita Osa Henao
ART. 2º—Esta ley entrará en vigencia una vez cumplidos los trámites establecidos en la Ley 7ª de 30 de noviembre de 1944 en relación con la convención que por esta misma ley se aprueba.
Crispin Villazón de Armas
Román Gómez Ovalle
Bogotá, D.E., 15 de diciembre de 1986.
El Ministro de Gobierno, encargado de las fundaciones del despacho del Ministro de Relaciones Exteriores,

References: artículo 5
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
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 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 21