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Timestamp: 2019-09-23 07:13:23+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 490/2010 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 490/10
“LUIS MILNER ZACARÍAS GONZÁLEZ c/ RESOLUCIÓN Nº 1607/08 Y RES. 2489/8 DICTADAS POR LA DIRRECCIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA”.-
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintidós Días del mes de octubre del año dos mil diez, estando reunidos en la Sala de Acuerdos EXCELENTÍSIMOS SEÑORES MINISTROS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL, DOCTORES SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA Y MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, quien integra esta Sala en reemplazo del Dr. Wildo Rienzi Galeano, por ante mi el Secretario autorizante, se trajo a consideración el expediente caratulado LUIS MILNER ZACARÍAS GONZÁLEZ c/ Resolución Nº 1607/08 Y RES. 2489/8 DICTADAS POR LA DIRRECCIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA, con el fin de resolver el recurso de nulidad y apelación, interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 141 de fecha 22 de septiembre de 2009, dictados por el Tribunal de Cuentas, 2ª. Sala.
Practicado el sorteo de Ley para establecer el orden de la votación, dio éste resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA Y BAJAC ALBERTTNI.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. SINDULFO BLANCO, dijo: El recurrente no fundó expresamente el recurso interpuesto. No obstante, efectuado el análisis de oficio, no se observan vicios en los términos de los artículos 15, 113 y 404 del Código Procesal Civil. Debe declararse desierto el recurso en estudio. ES MI VOTO.
A SUS TURNOS, los DOCTORES PUCHETA de CORREA y BAJAC ALBERTINI, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. SINDÜLFO BLANCO PROSIGUIÓ DICIENDO: El Tribunal de Cuentas 2ª Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 141 del 22de Septiembre de 2009, resolvió: "1.- HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos por el Señor LUIS MILNER ZACARÍAS GONZÁLEZ, contra las Resoluciones N° 1607/08 y 2489/08, dictadas por la DIRECCIÓN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA, y en consecuencia: 2- REVOCAR, los citados actos administrativos en todos sus términos de conformidad y de acuerdo con los fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución. 3.- IMPONER, las costas a la parte vencida.
QUE, Virgilio Barrios González, Abogado Fiscal del Ministerio de Hacienda, se agravió en contra de la precitada Sentencia, señalando que la misma no ha interpretado la Resolución Ministerial que los actos administrativos fueron producidos exactamente en razón de los años de servicio prestados en carácter de contratado no así como Funcionario Público, como así también los años de aportes que el mismo realizó a la Caja de Jubilaciones Indicó: que la Administración Pública ha actuado en conformidad a la Ley Nº 186/93, que dispone en su art. 2° lo siguiente: "La incorporación al Régimen de Jubilaciones Pensiones de Estado que se dispone en el articulo anterior, afectará a funcionarios que tengan cumplidos diez y ocho años de edad, y no corresponda a la categoría de jornalero ni contratado. Mencionó que la Ley N° 2841/2005 establece un periodo complementario para el reconocimiento de servicios anteriores a los funcionarios y ex funcionarios de la Administración Central Universidad Nacional de Asunción y las demás instituciones públicas, debiendo efectuarse ese reconocimiento conforme a las disposiciones legales pertinentes determinadas por los art. 8 y 9 de la Ley N° 186/93. Puntualizó que el Tribunal de Cuentas ha incurrido en un error en la interpretación de la Ley, en razón de que las actualizaciones administrativas obrantes en el expediente expresa un panorama diferente a la realidad, como así también consecuentemente en arraigo las deducciones legales establecidas en las normas administrativa, debiendo interpretarse lo que establece la Ley. Finalizó manifestando que no existiendo lesión a derechos administrativos del recurrente, corresponde revocar el fallo recurrido y rechazar la presente acción contencioso administrativa.-
QUE, pasando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, observo que el Tribunal de Cuentas 2a Sala, se basó para revocar las Resoluciones impugnadas que denegaron la solicitud formulada por el Sr. Luís Milner Zacarías González para aportar por el régimen de la Ley N° 186/93, en que los antecedentes administrativos corroboran la pretensión del demandante de beneficiarse con el sistema de reconocimiento de aportes estatuido en ese cuerpo legal, ya que de acuerdo a esos antecedentes el actor prestó servicios como personal transitorio en el Ministerio desde el 22 de febrero de 1.978 hasta el 19 de marzo de 1.982. Concluyeron en base a esos antecedentes, que Luis Milner Zacarías González es sujeto del art. 3º de la Ley N° 186/93, habiendo cumplido igualmente el actor en su presentación ante el Ministerio de Hacienda con lo establecido en la Ley N° 557/95 y en la Ley N° 2489/2005 modificatoria de la Ley N° 186/993.
QUE, dada la manera en que ha quedado trabada la presente litis, los antecedentes administrativos obrantes en esta causa son determinantes a los efectos de su dilucidación. En ese orden de cosas, los documentos glosados a fs. 42/129 de autos, acreditan que los extremos alegados por el accionante en su pretensión de beneficiarse con el sistema de reconocimiento de aportes para la Jubilación estatuida en la Ley N°186/93, se ajustan a derecho. Digo que se ajustan a derecho, pues los certificados de trabajo expedidos por las diversas reparticiones en las que prestó servicio el administrado (fs. 50, 52,48,59,62,75,77 y 78) y las Resoluciones en las que se asignaban remuneraciones, demuestran sin ninguna duda la calidad de personal transitorio que el mismo tuvo durante su desempeño como funcionario público.
QUE, como bien lo señala el Tribunal Inferior, el hecho de que en los actos administrativos de las Instituciones empleadoras se utilizara el término contrato para el pago del personal transitorio, era al solo efecto de ingresar los nombres de estos funcionarios en las planillas de pago. A esto debe sumarse la inexistencia de un contrato escrito que desvirtúe el carácter de personal transitorio que ostentaba el accionante. Al no estar demostrada la existencia de un contrato de prestación de servicios, ni ser los cargos que tuvo durante su desempeño como funcionario de los denominados de confianza, el carácter precedentemente señalado no admite discusión. Es más, en la época en que el demandante prestaba servicios como empleado público, era una práctica común que la relación jurídica entre el Estado y esa categoría de funcionarios surgiera de la habilitación del rubro pertinente en el Presupuesto General de la Nación, lo que no significa que el servicio que prestaban fuera personal.
QUE, en conclusión, los documentos adjuntados a este juicio durante su discurrir, no hacen más que ratificar los dichos del actor, de que efectivamente prestó servicios remunerados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y en SENACSA como personal transitorio desde el año 1.978 hasta 1.985, dando cumplimiento igualmente a lo establecido en la Ley N° 557/95, y en la Ley N° 2489 que modificó la Ley N° 186/93.
QUE, por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones vertidas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia N° 141 de fecha 22 de Septiembre de 2009, dictado por el Tribunal de Cuentas 2ª Sala, debe ser íntegramente ratificado. En cuanto a las costas, deben ser impuestas en el orden causado en ambas instancias en virtud de tratarse de un caso atípico, mereciendo interpretación legal. ES MI voto.
A SU TURNO, LA SRA. MINISTRA PUCHETA DE CORREA, manifestó su disidencia en relación al voto del Ministro preopinante, por las siguientes razones:
En el caso de autos, el Sr. Luís Milner Zacarías, impugnó las resoluciones administrativas por las que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, le denegó la solicitud para aportar por el régimen de la Ley N° 186/93. Sustento que elart. 2º de la citada ley, establece como condición para que el funcionario sea admitido en dicho régimen que no sea jornalero ni contratado, y que el recurrente, no puede ser beneficiario por pertenecer a la categoría de contratado (fs. 1/2).
En efecto, la Ley N° 186/93, establece un régimen de reconocimiento a funcionarios que perciben renumeración dentro de la partida de personal transitorio que prestan servicios, bajo cualquier titulo en la Administración Central, en la Universidad Nacional de Asunción y en Instituciones Públicas que a la fecha no forman parte del régimen de jubilaciones, exceptuando a aquellos que pertenezcan a la categoría de jornaleros y contratados.
Según la Resolución N° 52 emanada del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se puede observar que el accionante comenzó a prestar servicios en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el año 1978, dentro de las partidas de Personal Variable o Transitorio. Dicha asignación fue renovada por el titular de aludido Ministerio por la Resolución N° 50/79, la Resolución N° 48/80, Resolución N° 58/81, Resolución N° 59/82, y por el Consejo Directivo de SENACSA por Resolución N° 144/86. Como puede observarse, los citados actos administrativos proceden de autoridades que solo tienen atribuciones para contratar personales pero no de nombrarlos, pues esta ultima atribución lo tiene el Poder Ejecutivo, única autoridad facultada para nombrar y remover funcionarios de la administración publica por Decretos, (ver Constitución Nacional de 1967, Art. 180 Inc. 7) y la actual Art. 238 Inc. 6).
De lo expuesto en el parágrafo que antecede, no hay dudas que el Sr. Milner presto servicios en dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería por varios años, dentro de las partidas correspondiente al personal transitorio, pero lo hizo en la categoría de personal contratado, razón por la que no puede incorporarse al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado previsto en la Ley N° 186/93, pues dicha normativa no concede dicho beneficio a quienes se hayan desempeñado como contratado o jornalero. En este sentido me he expedido, en un caso similar al presente, mediante el Acuerdo y Sentencia N° 196 del 4 de mayo del 2.010. ES MI VOTO.
A SU TURNO, EL MINISTRO BAJAC ALBERTINI manifiesta que se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 490
Asunción, 22 de octubre de 2010.-
1. DECLARAR DESIERTO al recurso de nulidad interpuesto.
2. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Fiscal del Ministerio de Hacienda, VIRGILIO BARRIOS GONZÁLEZ y en consecuencia REVOCAR el Acuerdo y Sentencia N° 141 del 22 de septiembre de 2.009 dictado por el Tribunal de Cuentas, 2o Sala.
3. CONFIRMAR Resolución N° 1607/08 Y la Resolución N° 2489/8 DICTADAS POR LA DIRRECCIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
4. IMPONER las costas a la perdidosa en ambas instancias.-
Miguel Oscar Bajac A.

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