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Timestamp: 2019-09-22 04:11:01+00:00

Document:
DERECHOS DE ASOCIACION, REUNION Y PETICION A LAS AUTORIDADES (ARTICULOS 21 Y 22, PIDCP)
Evaluación sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de
Masacre en el Parque Indoamericano
En diciembre de 2010, un operativo conjunto de la Policía Federal y la Policía Metropolitana desalojó de forma sumamente violenta una masiva toma de tierras en el Parque Indoamericano, ubicado en el barrio de Villa Soldati, uno de los lugares más pobres de la ciudad de Buenos Aires y con mayor nivel de déficit habitacional. La represión fue precedida y justificada por una orden judicial dictada en términos sumamente amplios por un magistrado penal de la ciudad de buenos aires que entendía en la causa por “usurpación” iniciada contra los ocupantes del predio. Dos personas, Rosemary Chura Puña de nacionalidad boliviana y Bernardo Salgueiro, paraguayo, fueron muertas por proyectiles compatibles con balas policiales. Al día de la fecha, la investigación aun no esclareció las circunstancias en que se produjeron las muertes ni castigó a sus responsables129.
Homicidio de Mariano Ferreyra
Pocos meses antes de los hechos del indoamericano, en octubre de 2010, un grupo de choque de la Unión Ferroviaria, sindicato que representa a los trabajadores de los ferrocarriles, atacó a balazos a un grupo de trabajadores tercerizados de la Línea Roca que reclamaban por la regularización de su relación laboral y a militantes de partidos políticos de izquierda que acompañaban sus reclamos130. Mariano Ferreyra de 23 años, militante del Partido Obrero de Avellaneda, fue asesinado por un disparo de arma de fuego. Otros tres manifestantes, Elsa Rodriguez, Nelson Aguire y Ariel Pintos, sufrieron heridas de consideración también por disparos de arma de fuego. Pronto resultó evidente que la agresión de la patota de la Unión Ferroviaria no pudo haber tenido lugar si no fuera por la inacción cómplice de los efectivos de la Policía Federal que debían separar a los dos grupos en pugna y a sus superiores jerárquicos que supervisaban el desarrollo de las manifestaciones en tiempo real. El asesinato de Ferreyra provocó una honda conmoción en la sociedad argentina. La investigación de la Jueza WilmaLopez y de los fiscales Cristina Caamaño y Fernando Fiszer logró identificar a los autores materiales del hecho y llegó a comprobar la participación en el hecho de los más altos dirigentes de la Unión Ferroviaria, quienes se mantuvieron en contacto permanente con los atacantes en el lugar de los hechos y, con posterioridad al ataque, procuraron obstruir las investigaciones para evitar el accionar de los funcionarios judiciales. Las maniobras de encubrimiento llegaron a comprometer a altos funcionarios judiciales como el Juez de la Cámara de Casación Eduardo Riggi, el ex juez subrogante Octavio Araoz de Lamadrid y sujetos vinculados con los servicios de inteligencia del estado, sobre quienes pesan contundentes pruebas de haber ofrecido y aceptado dinero para desviar el curso de las investigaciones.
En abril de 2013, los miembros de la patota, la cúpula de la Unión Ferroviaria y cinco policías fueron condenados a diversas penas de prisión. Al día de la fecha, las investigaciones por el encubrimiento contra los mencionados funcionarios judiciales y contra algunos imputados no han prosperado en gran parte gracias a la nula voluntad investigadora que los jueces del fuero criminal de instrucción federal han evidenciado para investigar a sus colegas.
La situación en las provincias. Violencia policial y respuesta judicial asimétrica
A pesar de que la amplia mayoría de las jurisdicciones provinciales adhirieron a los 21 puntos, en el lapso de tiempo cubierto por este informe se han sucedido graves hechos de represión de la protesta social, muchos de los cuales permanecen a la fecha impunes131.
En la provincia de Formosa, el Poder Judicial se resiste a investigar y sancionar a aquellos responsables por los hechos de violencia del 23 de noviembre de 2010132. La investigación judicial por la muerte de Roberto López, y por las lesiones de más de 20 otros integrantes de la comunidad indígena Potae Napocná Navogoh aún no ha identificado a los responsables. Al mismo tiempo, el máximo referente de esa comunidad, el Cacique Félix Díaz ha sido acusado sobre la base de pruebas escasas y débiles de varios delitos como instigación a cometer delitos y resistencia contra la autoridad e instigación del homicidio del policía Heber Falcón, quien fue asesinado en el contexto del desalojo del corte. Durante los últimos años, los funcionarios judiciales han explicitado su voluntad de someter a proceso judicial a miembros de la comunidad sin que se evidencie la misma voluntad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos que fueron víctimas los qom. El mismo avance asimétrico de las investigaciones judiciales se presentó también en la causa del Parque Indoamericano donde algunos de los referentes sociales del barrio cercano a la toma que intentaron canalizar las negociaciones con las autoridades fueron acusados del delito de usurpación y llevados a juicio mientras que la investigación por las muertes durante la represión policial no ha arrojado resultados concretos.
En la provincia de Neuquén, el 28 de agosto de 2013 la policía provincial dispersó de forma violenta una manifestación que se había congregado en las inmediaciones de la legislatura en momentos en que se debatía la aprobación de un pacto comercial entre el estado provincial y la empresa Chevron. El docente Rodrigo Barreiro, que observaba la represión a pocos metros de distancia, fue herido en el torso por un proyectil de plomo que provino del sector donde estaba la policía provocándole lesiones de suma gravedad. Al fin de este informe, no se ha esclarecido la identidad del autor del disparo ni se ha investigado la responsabilidad de aquellos funcionarios policiales que dieron la orden de disolver la protesta133.
El 23 de septiembre de 2013, la policía de Tucumán reprimió con balas de goma, gases lacrimógenos una protesta masiva en la Plaza Independencia frente a la Casa de Gobierno que reclamaba por presuntas irregularidades cometidas en los comicios provinciales del día anterior134.La protesta comenzó cerca de las 20:00 hs y durante un par de horas transcurrió sin incidentes. La Policía de Tucumán había colocado previamente vallas que tenían como meta proteger la explanada de la Casa de Gobierno. Cerca de las 22:30, un grupo de aproximadamente 50 personas tumbó las vallas, que no tenían una altura ni una solidez suficientes como para delimitar el espacio de la protesta y proteger el edificio público, y comenzaron a forcejear con los policías que protegían una de las puertas de acceso a la casa de gobierno. n. En las imágenes televisivas se aprecia que si bien por momentos los manifestantes ejercían presión hacia adelante, en ningún momento agredieron al personal policial. Desde el umbral de la puerta de ingreso a la casa de gobierno, a pocos metros de donde se encontraba ubicado el Jefe de Policía de Tucumán, un efectivo descargó el contenido de un matafuego en dirección a los manifestantes. Eso fue el puntapié inicial del desborde generalizado de la actuación de policial.
La policía desalojó violentamente a todos los manifestantes de la plaza. En primer término, agentes de infantería dispararon balas de goma y arrojaron gases lacrimógenos desde la explanada de la Casa de Gobierno, apuntando directamente al cuerpo de las personas que tenían delante. Pocos minutos después descendieron a la calle. Al menos un grupo de infantería persiguió a quienes se hallaban en la plaza y efectuó disparos con balas de goma a quemarropa directamente a las personas que les estaban dando la espalda y que de ninguna manera podían considerarse como una amenaza. Una persona fue herida de un perdigón que le impactó de lleno en el cuello. El total de heridos por perdigones de goma superó las veinte personas. Policías de civil, presumiblemente pertenecientes al Departamento de Informaciones Policiales se aproximaron a la manifestación y efectuaron al menos cinco detenciones de personas que se encontraban alejadas del principal foco de conflicto. Las detenciones fueron acompañadas por golpes de puño, patadas y agresiones físicas. El entonces gobernador de la provincia, Jose Alperovich lamentó los incidentes y reconoció que existieron “excesos” policiales pero ratificó al Jefe de Policía que dirigió el operativo y se limito a señalar que el poder judicial y la fiscalía debían investigar lo sucedido.
Situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires emprendió, a partir de 2008, un proceso de creación de su propia policía de seguridad, la Policía Metropolitana (PM). En el relativamente corto lapso de tiempo que ha transcurrido desde su puesta en funcionamiento operativo a la fecha, la PM ya ha sido responsable de varios hechos de violencia en el marco de protestas públicas. Tanto en el desalojo del Parque Indoamericano como en los desalojos de los terrenos ubicados en inmediaciones del Hospital Neuropsiquiátrico Borda y de la Sala Cultural Alberdi, efectivos de la Policía Metropolitana dispararon sus escopetas indiscriminadamente contra la multitud. En el caso de la Sala Alberdi, tres personas, entre ellos dos trabajadores de prensa, fueron heridos de gravedad por proyectiles de plomo compatibles con las escopetas utilizadas por la PM ese día, las cuales también fueron usadas durante el desalojo del Parque Indoamericano.
El análisis de los casos de represión del Hospital Borda y de la Sala Alberdi permiten concluir que el abordaje de las protestas sociales que lleva adelante la PM no se diferencio en nada de las prácticas tradicionales de la Policía Federal. El proceso de conformación de la PM, en especial la selección y el reclutamiento de sus efectivos, explican en gran parte el comportamiento de la fuerza en las protestas135. En esta línea, las actitudes de la PM frente a la protesta social evidencian que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha privilegiado una orientación restrictiva del uso del espacio público y para ello ha optado por un modelo de intervención policial basado en la ostentación y en el uso desmedido de la fuerza. La lentitud y la falta de profundización de las investigaciones judiciales ponen en evidencia que las resistencias que en núcleos del poder judicial se presentaban para la investigación de la conducta de los efectivos de la Policía Federal se reproducen ante hechos cometidos por la nueva Policía Metropolitana.
Hechos de represión de la protesta bajo el nuevo gobierno
El 22 de diciembre de 2015, la Gendarmería Nacional disolvió violentamente una protesta de trabajadores de la avícola “Cresta Roja” que reclamaban por el cobro de sus salarios y su continuidad laboral y mientras una negociación en el Ministerio de Trabajo estaba en marcha. A pesar de que la Gendarmería ya había logrado el desalojo de la calzada de la Autopista Ricchieri sin necesidad de recurrir a las armas de fuego, se utilizó el camión hidrante para intentar despejar el campamento que los trabajadores habían formado en la banquina y, posteriormente, efectuaron efectivos de Gendarmería efectuaron disparos a corta distancia con posta de goma contra los trabajadores.
El 9 de enero de 2016 la guardia de infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires reprimió a un grupo de trabajadores municipales de la Ciudad de La Plata cuando se estaban movilizando en reclamo por la continuidad de sus fuentes de trabajo. Al menos veinte personas fueron heridas. Una mujer recibió en su espalda nueve impactos de perdigones de goma realizados a muy corta distancia.
El sábado 30 de enero, una comisión de Gendarmería Nacional que ingreso a la Villa 1-11-14 reprimió brutalmente a los integrantes del grupo carnavalesco “Los Auténticos Reyes del Ritmo”, quienes se hallaban ensayando en la vía pública. Entre los heridos se encontraban niños y adolescentes.
El 27 de abril 35 activistas de Greenpeace fueron detenidos cuando estaban realizando una protesta en la Plaza de Mayo, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. La policía levantó contra ellos cargos por “lesiones” aun cuando los detenidos no opusieron ninguna resistencia a la detención.
Actividades de inteligencia ilegal a manifestantes y activistas políticos
En el ciclo 2010-2015, la opinión pública ha tomado conocimiento de una serie de episodios de recopilación ilegal de información par parte de los cuerpos de inteligencia del estado contra manifestantes o activistas sociales.
En noviembre de 2011, trabajadores de la fábrica Kraft que protagonizaban un conflicto laboral con la empresa con ocasionales huelgas y cortes de ruta denunciaron que miembros de la Gendarmería Nacional Argentina se infiltraron en sus asambleas vestidos de civil y que les intentaron extraer información sobre la protesta haciéndose pasar por periodistas. La investigación judicial logró comprobar que, dentro de un servidor perteneciente al área de inteligencia de la GNA, se almacenó información personal de algunos de los delegados gremiales y de las personas más activas en las movilizaciones. La ley 25.520 de inteligencia vigente en ese tiempo prohibía explícitamente actos de reunión de información basados exclusivamente en la adhesión partidaria de las personas.136 Sin embargo, el único motivo por el cual la GNA había decidido recopilar datos personales como el domicilio, el parentesco y la filiación política de los trabajadores era por la participación de estos en las protestas La información reunida subrepticiamente era posteriormente utilizada para impulsar causas penales contra los trabajadores y los militantes sociales que los acompañaban.
En septiembre de 2015, defensores oficiales de la provincia de Chubut denunciaron que, en el marco de un expediente en que se investigaba una denuncia penal por usurpación contra un grupo de activistas mapuches interpuesta por parte de una empresa de propiedad de la familia Benneton, se hallaron fichas ideologices de muchos miembros de la comunidad ambiental de Esquel y Lago Puelo. Las fichas contenían fotografías de las personas espiadas, muchas de las cuales aprecian estar tomadas en contextos de manifestaciones públicas, y textos donde se informaba la pertenencia política de ellas. Por ejemplo, algunas de estas fichas rezaban: “Actual concejal Frente Vecinal. Opositor a todo con un alto perfil de izquierda”, “Periodista de radio. Permanentemente realiza juicios de valor sobre la actividad, los funcionarios y las fuerzas” y “Empleado público. Gremialista. Autor ideológico de muchas de las acciones del NO A LA MINA” La fiscalía encargada de conducir la investigación iniciada por la denuncia de la empresa fue incapaz de brindar explicaciones convincentes respecto de cómo fue que esas fichas ideológicas llegaron al expediente, o si se trato de una tarea desarrollada por la policía provincial o de iniciativas de inteligencia privadas.
Derechos Civiles y Políticos en Argentina
en el marco de la presentación del Quinto informe periódico
ante el Comité de Derechos Humanos
117 Período de Sesiones
Informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Informe sobre la detención arbitraria de Milagro Sala
Cronología de una detención arbitraria
10 de Diciembre de 2015: Asume Gerardo Morales como Gobernador de la Provincia de Jujuy.
10 de Diciembre de 2015: el Gobernador Morales firma el Decreto n° 13 por el cual designa como fiscal de Estado a Mariano Gabriel Miranda.
14 de Diciembre de 2015: la Red de Organizaciones Sociales (ROS), integrada por la organización Tupac Amaru, inicia un acampe frente a la gobernación de la provincia, en la plaza Belgrano en la ciudad San Salvador de Jujuy, en reclamo por la apertura de una mesa de diálogo entre el poder ejecutivo provincial y las organizaciones sociales sobre un plan de reempadronamiento de cooperativas sociales que había sido anunciado por el nuevo gobierno.
15 de Diciembre de 2015: el Fiscal de Estado Miranda denuncia penalmente a Milagro Sala, Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado, y Alberto Esteban Cardozo de la organización Tupac Amaru por el delito de instigación a cometer delitos (Arts. 209 en relación al 194 (“el que sin crear peligro común entorpece el normal funcionamiento de los transportes”) en virtud a la protesta iniciada el día anterior. Se da así inicio a la causa n° 127.785/15.
Ese mismo día la Red de Organizaciones Sociales difunde un comunicado solicitando nuevamente una instancia de diálogo con el gobierno, reafirmando que su “pedido es y será pacífico”.137 En el comunicado afirman: “No estamos en contra de la bancarización. Todas las cooperativas emiten factura electrónica y están en regla. No estamos en contra del padrón único de organizaciones sociales. Nuestros listados están en el Ministerio de Desarrollo. Queremos que se respeten a los dirigentes que fueron electos democráticamente por las bases. Nosotros respetamos al gobernador de Jujuy y estamos convencidos que en democracia se debe respetar la voluntad popular.”
16 de Diciembre de 2015: el Fiscal Osinaga pide el desalojo del Acampe, pero no imputa a Milagro Sala ni a ninguna otra persona.
17 de Diciembre de 2015: En una conferencia de prensa en el acampe, Milagro Sala reafirma que no pretenden luchar contra la bancarización ni el empadronamiento de los cooperativistas, sino que el reclamo se orienta únicamente a abrir un espacio de diálogo entre el gobierno y los representantes de las organizaciones sociales138.
Ese mismo día, se sanciona la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy (ley 5895) y Gerardo Morales designa a Lello Sánchez como Fiscal General de la Acusación. Su pliego es aprobado en la legislatura de Jujuy el 28 de diciembre de 2015.
21 de Diciembre de 2015: El juez Mercau rechaza conceder la medida de desalojo del acampe.
23 de Diciembre de 2015: El Fiscal de Estado pide, “siguiendo precisas instrucciones del Sr. Gobernador de la Provincia, C.P.N., Gerardo Rubén Morales” ser querellante adhesivo en la causa. Imputa a Milagro Sala por los delitos de instigación, interrupción de la circulación, coacción y sedición. Todo ello, en virtud de la protesta social.
23 de Diciembre de 2015: el Tribunal Superior de Justicia dicta la Acordada 213/2015, designando a la Fiscal Fernández de Montiel a cargo de la Fiscalía de Investigaciones n° 1 para el período del 1° al 15 de Enero, y al Fiscal Aldo Hernán Lozano a cargo de la Fiscalía de Investigaciones n° 2 para el período del 16 al 31 de enero.
28 de Diciembre de 2015: El Fiscal de Estado pide, “siguiendo instrucciones del Gobernador Gerardo Morales”, habilitación de feria para que continúe el trámite de la causa durante el receso de verano.
30 de Diciembre de 2015: El Juez Mercau acepta como querellante a la Fiscalía de Estado y habilita la feria para que continúe el trámite judicial a pesar del receso de verano.
4 de enero de 2016: Jura y entra en funciones el nuevo Fiscal General de la Acusación, Sergio Enrique Lello Sánchez, designado por Gerardo Morales.
9 de Enero de 2016: La Fiscal de feria Fernández de Montiel formula requerimiento acusando a Milagro Sala y otros por los delitos de instigación y tumulto (sedición), y solicita al Juez de Feria que los cite a prestar declaración como imputados.
9 de Enero de 2016: El juez de feria Raúl Gutiérrez hace lugar a lo pedido por Montiel y cita a Milagro Sala y a los otros imputados para el día 11 de enero.
11 de enero de 2016 9.15 hs: Milagro Sala se presenta frente al juez, con presencia de la Fiscal Fernández de Montiel, designa letrado defensor, brinda su domicilio personal, y es notificada de la acusación y las pruebas en su contra.
11 de Enero de 2016: El Juez de feria Gutiérrez fija audiencia de declaración defensiva (indagatoria) para Milagro Sala para el día 18 de enero de 2016 a las 9.00hs.
12 de enero de 2016: El Fiscal Osinaga es denunciado penalmente por el Fiscal de Estado Miranda por no haber imputado a Milagro Sala en la causa por la protesta social, conforme fuera requerido por el Gobernador.
A su vez, ese día el gobernador Morales hace llegar un ultimátum a las organizaciones que continuaban acampando en la plaza Belgrano.139 Por medio del Decreto 403-G-16 formaliza la aplicación de los nuevos programas de regularización de cooperativas y toma medidas en contra de los manifestantes.140El gobernador ordena la suspensión inmediata de la personería jurídica de las organizaciones que continuaban acampando y la instrucción del procedimiento para que se les retire definitivamente. A su vez, dispone que las personas y las organizaciones que a las 00.00 horas del día jueves 14 de enero (cuando se cumpliría un mes de la manifestación) se mantuvieran acampando en la plaza Belgrano, quedarían excluidos de "todo tipo de beneficio o Plan social, adjudicación de lote o vivienda, y /o plan o programa de viviendas, núcleos húmedos y demás obras a realizar por cooperativas u Organizaciones Sociales por parte del Gobierno de la Provincia sean estos financiados con recursos Provinciales o Nacionales."De esta forma, el gobernador presionó a las organizaciones y personas que se manifestaban en la plaza para que levanten su campamento, so pena de perder todo beneficio social. En palabras del Fiscal de Estado, Mariano Miranda, los manifestantes "pueden retirarse voluntariamente [del acampe] y acogerse a los distintos beneficios que brinda el Estado, ya sea bolsones alimentarios, capacitadores [...] pero en el caso de que persistan van a perder todo tipo de beneficios"141.
15 de Enero de 2016: el Fiscal General de la Acusación, Lello Sánchez, dicta la resolución N° 1 M.P.A. y en su artículo 2 habilita a Fernández de Montiel a continuar interviniendo en las causas de feria a pesar de que su turno terminaba a las 23.59 hs de ese mismo día.
15 de Enero de 2016: la Fiscal de feria Fernández de Montiel solicita se detenga a Milagro Sala por la causa de instigación y tumulto n° 127.785/15 originada en la protesta social. En su pedido de detención, la Fiscal de Feria expresó, al referirse a las protestas que se llevan a cabo en la Plaza Belgrano y la conducta de la detenida Sala que “La alarma social que suscita la encartada, el temor que sufre la población, llevarían a una situación de anomia y anarquía generalizados, en la que la imputada terminaría haciendo lo que quiere y la población sometida a sus designios”.142
15 de Enero de 2016 18:30hs: 9 personas se presentan inesperadamente a denunciar un viernes a última hora durante la feria judicial, hechos presuntamente acaecidos durante 2013, 2014 y 2015. A pesar de no ser un asunto de feria, la Sra. Fiscal Fernández de Montiel les toma declaración hasta las 21:55hs. Se da inicio a la causa N° 129652/16 por defraudación, extorsión y asociación ilícita.
16 de Enero de 2016: El Estado Provincial, en su calidad de parte querellante afirma en la causa que la Sra. Sala, con su protesta, desafía el orden democrático y al estado de derecho. A partir de ello, el Sr. Juez Gutiérrez dicta una orden de detención en la que establece que los dichos de la provincia “…se infiere que la líder de la Red de Organización Sociales, Sra. Milagro Sala, efectivamente persiste en la actitud imputada por la fiscalía, de mantener el acampe en Plaza Belgrano y calles adyacentes, imponiendo para ello la permanencia de personas integrantes de Organizaciones Sociales (incluidos mujeres embarazadas, niños y otras)…”143.
La orden de detención, considerando que para el momento de su dictado no se había sumado ningún elemento nuevo respecto de la situación del 14 de diciembre, resulta infundada y meramente dogmática. La orden no menciona en base a qué prueba sostiene los hechos que da por probados ni explica el razonamiento realizado. A título de ejemplo, el Juez Gutiérrez afirma categóricamente que Sala “tratará de eludir el accionar de la justicia y se encuentra entorpeciendo actualmente la presente investigación”. No sólo no se fundamenta en base a qué se afirma esto sino que el accionar de la Sra. Sala en el marco del proceso indica exactamente lo contrario. Prueba de ello es que Milagro Sala no sólo designó letrado defensor y constituyó domicilio legal, si no que ante la convocatoria, se presentó frente al juez de feria a prestar declaración indagatoria. A su vez, parte de las afirmaciones dogmáticas provienen del mismo poder ejecutivo provincial que formuló la denuncia penal y que públicamente la denuncia a ella y la amenaza con futuras denuncias144. El Poder Ejecutivo Provincial, denunciante y querellante en autos, es el único que ha provisto de “prueba” de cargo. Sin embargo, no se trata más que de noticias periodísticas, tal como la orden de detención menciona expresamente “…presentado por la parte querellante, en donde manifiesta que es de público y notorio, porque quedó evidenciado en los medios de comunicación, que los prevenidos en una actitud desafiante al orden democrático y al Estado de Derecho, han manifestado que van a persistir con su acción antijurídica denunciada”.
El Juez Gutiérrez, inmediatamente después de dictar la orden de detención de Milagro Sala, presenta una licencia médica: ese mismo día a las 17 horas el juez Mercau es notificado de que debe continuar interviniendo en las actuaciones.
16 de Enero de 2016: Milagro Sala es detenida y privada de su libertad. Ekel Meyer, Ministro de Seguridad de la Provincia de Jujuy, junto a un importante despliegue de fuerzas policiales es quien efectiviza personalmente la detención de Milagro Sala.
Sus defensores formulan un pedido de excarcelación, y al no resolverse, presentan un Hábeas Corpus.
17 de enero de 2016:Las manifestaciones de varios funcionarios de la provincia exponen el vínculo entre la imputación penal y las estrategias para impedir la protesta y cercenar la libertad de expresión de la Sra. Sala. El Ministro de Seguridad provincial Ekel Meyer declaró a los medios de comunicación que “…"El acampe sigue y la comisión del delito sigue", advirtió Meyer…”145. El Fiscal del Estado de la provincia, Mariano Miranda, por su parte, aseguró “…en conferencia de prensa que Sala "permanecerá detenida hasta que se levante el acampe"…”146Finalmente el propio Gobernador de la provincia sostuvo: “…"No voy a negociar el levantamiento del acampe por la liberación"...”147.
18 de Enero de 2016: el Fiscal General de la Acusación Lello Sánchez dicta la resolución N° 2 M.P.A. y designa a la Fiscal de feria Fernández de Montiel para que actúe en la causa del acampe, las conexas y todas las que, incluso a futuro, se radicaren contra Milagro Sala.
18 de Enero de 2016: el Juez Mercau rechaza el Hábeas Corpus presentado el día 16 de enero.
18 de Enero de 2016: El fiscal de Estado Mirando se presenta y formula denuncia en la causa N° 129652/16, imputando a Milagro Sala y a otras 14 personas.
21 de Enero de 2016: Milagro Sala es enviada a la Cárcel de Mujeres.
26 de Enero de 2016: En la causa 127.785/15 por el acampe la Fiscal Fernández de Montiel dictamina pidiendo el rechazo a la excarcelación que los defensores de Milagro Sala plantearon el 16 de Enero.
26 de Enero de 2016: Juez Mercau, a pedido de la Fiscal Fernández de Montiel, dicta orden de detención de Milagro Sala por la causa N° 129652/16 por defraudación, asociación ilícita y extorsión.
29 de Enero de 2016:Juez Mercau resuelve el cese de la detención de Milagro Sala en la causa 127.785/15 por el acampe, pero ella nunca recupera su libertad por la vigencia de la orden de detención en la causa 129652/16.
29 de Enero de 2016: Los defensores de Milagro Sala interponen otro pedido de cese de detención.
1 de Febrero de 2016: El fiscal General de la Acusación, Lello Sánchez dicta la Resolución MPA 13/16 por la que designa a la Fiscal Fernández de Montiel a cargo de la Fiscalía de Investigaciones N°1, fiscalía en la que desde ese día en virtud del fin de la feria judicial quedarían radicadas todas las causas contra Milagro Sala.
1 de Febrero de 2016 16:56hs: Milagro Sala es notificada de la causa por extorsión, defraudación y asociación ilícita. Se la cita para ese mismo día a las 18 hs a prestar declaración defensiva.
1 de Febrero de 2016 18:00hs: Sin poder anoticiarse debidamente de la acusación, Milagro Sala es conducida a prestar declaración.
Es importante poner en conocimiento del Comité una arbitrariedad adicional que da cuenta de la falta de protección a las garantías judiciales de la Sra. Sala. Milagro Sala fue detenida en base a tres hechos. Sin embargo, tanto al momento de ser intimada como al momento de tomársele declaración indagatoria, solo le imputó uno de los tres hechos por los que fue detenida. Hasta el día 22 de marzo esta situación continuó igual, a pesar de que se solicitó la nulidad de la detención por ello. Pese a que tanto la Fiscal como el juez interviniente consintieron tales actos, entendieron que se había tratado de una omisión involuntaria, advertida con posterioridad al acto por la representante del Ministerio Público, quién solicitó una ampliación de la indagatoria a tal efecto a fin de subsanar tal “omisión formal”. Mientras que sus abogados pidieron la nulidad de las actuaciones, el juez optó por recomendar a la defensa omitir lo que consideró “presentaciones inoficiosas” para dilatar la causa y la Fiscal requirió, por su parte, sanciones pecuniarias, desconociendo así el derecho de defensa de la peticionaria.
1 de Febrero de 2016: El Fiscal de Estado es tenido por parte querellante en la causa por extorsión, defraudación y asociación ilícita.
12 de Febrero de 2016: El juez Mercau rechaza el cese de la detención en la causa 129652/16.
16 de Febrero de 2016: Un grupo de parlamentarios del Parlasur formulan una denuncia penal ante la justicia federal por prevaricato y privación ilegítima de la libertad de Milagro Sala en contra de las autoridades provinciales intervinientes, causa N° 2674/16.
26 de Febrero de 2016: La Procuraduría contra la Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación (PROCUVIN) dictamina que la privación de la libertad de Milagro Sala constituye una ilegítima e ilegal detención de una diputada del Parlasur.
28 de abril de 2016: El juez Mercau dicta auto de prisión preventiva de Milagro Sala en la causa 129652/16. Después de estar detenida más de 100 días bajo una orden de detención, se dicta un auto de prisión preventiva que no sólo no fundamente la acusación contra Milagro Sala, si no que ni siquiera precisa por qué delitos se la mantiene en prisión y tampoco se tiene en cuenta su condición de diputada electa con fueros que protegen su libertad personal. Los planteos de nulidad y apelación que la defensa de Milagro Sala ha realizado contra este auto no han sido resueltos.
26 de Mayo de 2016: Pasados más de 4 meses desde su detención, Milagro Sala continúa privada ilegítimamente de su libertad.
Conforme surge del relato cronológico que hicimos previamente, existen razones para cuestionar la independencia del Poder Judicial en lo que hace a la detención arbitraria de Milagro Sala. Funcionarios políticos y judiciales que tienen un rol clave en la ilegal privación de libertad de Sala fueron designados por el mismo Gobernador Gerardo Morales, y, es claro que en ciertas ocasiones, han respondido a sus directivas expresas. Es evidente también que, a medida que el tiempo pasa fueron haciendo todo lo posible para que siga en prisión.
El Gobernador ha expresado en múltiples oportunidades su posición personal en contra de Milagro Sala. Las distintas decisiones tomadas por el Gobernador Morales eliminan toda posibilidad de pensar que el caso de la privación de libertad de Milagro sala estemos ante el obrar de una justicia independiente. Veamos:
Fiscal de Estado. El mismo día que asumió como Gobernador, Gerardo Morales designó por decreto al Fiscal de Estado Mariano Gabriel Miranda, quien desde su rol realizó las siguientes acciones que contribuyen enormemente a que Milagro Sala continúe en prisión.
Presentó la denuncia penal por instigación, tumulto y entorpecimiento de la circulación contra Milagro Sala el 15 de diciembre de 2015. Y cuando el Fiscal Osinaga no quiso imputar a Milagro Sala, se constituyó como “querellante adhesivo”, siguiendo “precisas instrucciones de Gerardo Morales” para impulsar la causa contra ella. Es decir, hay una voluntad política muy clara de impulsar las causas contra Milagro Sala. Para ello, han acompañado lo que ellos llaman “prueba” (fotos y videos principalmente) que simplemente muestran a Milagro Sala y a los miembros de la organización formulando una protesta pacífica. Sin embargo, de la simple lectura de los escritos que el Fiscal de Estado presentó, la protesta es considerado un grave delito que merece represión punitiva. En su rol de querellante en la causa por el acampe también pidió el desalojo por la fuerza (“siguiendo expresas y precisas instrucciones del Señor Gobernador”) de la plaza en donde se realizaba la protesta.
Presentó una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el Fiscal Osinaga, por no haber imputado a Milagro Sala tal como solicitó a pedido del Gobernador Morales.
A los dos días de ser detenida Milagro Sala, presentó una denuncia penal por los delitos de extorsión, defraudación al estado y asociación ilícita. Esa causa (N° 129652/16) es la que hoy “justifica” legalmente la detención de la peticionaria se presentó también, bajo precisas instrucciones de Gerardo Morales, como querellante adhesivo.
Fiscal General de la Acusación. A través de un proyecto de ley enviado por el Gobernador, el día 17 de diciembre de 2015 la legislatura de Jujuy sancionó la ley 5895 creando así el Ministerio Público de la Acusación, a cargo del Fiscal General de la Acusación. Gerardo Morales designó en dicho cargo a Sergio Enrique Lello Sánchez, quién juró y entró en funciones el 4 de enero de 2016.
La primer Resolución que como Fiscal General de la Acusación firmó fue aquella que modificó la Acordada 213/15 del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy a fin de que la Fiscal de menores Liliana Fernández de Montiel siguiera interviniendo como fiscal en las causas que está imputada Milagro Sala. Según la Acordada 213/15, Fernández de Montiel debía abandonar su cargo de fiscal de feria el viernes 15 de Enero a las 23:59 hs. La resolución M.P.A. Nº 1 le permitió a Fernández de Montiel seguir a cargo de las causas que le habían entrado en la feria. Curiosamente, la denuncia por extorsión, defraudación al estado y asociación ilícita (N° 129652/16) fue iniciada, a pesar de corresponder a hechos de años anteriores y no como un tema urgente de feria, el 15 de enero de 2015 a las 18:30 hs.
Ahora bien, como la causa penal por el acampe (N° 127785/15) no había sido iniciada durante la feria, el día 18 de enero de 2016 el Fiscal General Lello Sánchez dictó su segunda resolución, la M.P.A. Nº 2. En ella dispuso que Fernández de Montiel se haga cargo de la causa del acampe, de las causas conexas y de todas las que se radicaran contra Milagro Sala.
Finalmente, y para asegurar que Fernández de Montiel siguiese a cargo de la Fiscalía de Investigación todo el año dado que había finalizado la feria judicial el 31 de enero, dictó la Resolución M.P.A. nº 13 el 1 de febrero. En ella designa a Fernández de Montiel a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal nº 1. En dicha fiscalía no sólo están todas las causas que tramitan ante Milagro Sala, sino que hasta ese día quien intervenía normalmente era otro fiscal, el Dr. Mario Alejandro Maldonado. Hasta entonces, Fernández de Montiel cumplía funciones como Fiscal de Menores.
La fiscal actuante. Liliana Fernández de Montiel, originalmente Fiscal de Menores, es quién desde el Ministerio Público de la Acusación viene impulsando la criminalización de la protesta e interviniendo para que Milagro Sala siga en prisión. Si bien no fue designada por el gobernador, sí lo fue por el Fiscal General Lello Sánchez, como surge con claridad del punto anterior.
Sin que tuviera más pruebas que el Fiscal Osinaga, imputó a Milagro Sala y otros miembros de la Organización Tupac Amaru. A pesar de la ausencia de pruebas, solicitó que se cite a Milagro Sala a indagatoria. Aun cuando ella concurrió, pese a que seguía sin haber pruebas y a que estaba nuevamente citada para el día 18 de enero, a los 4 días de su comparecencia, el día 15 de enero, pidió su detención.
En todas las causas, tanto la del acampe como la de extorsión, defraudación y asociación ilícita, dictaminó en contra de que se le otorgue el cese de la detención haciendo afirmaciones dogmáticas sin sustento probatorio y violando estándares establecidos para la privación de libertad de una persona mientras dura el proceso penal. Cuando el Juez Mercau resolvió el cese de la detención por la causa penal del acampe, apeló dicha decisión. Es decir, considera que Milagro Sala debe estar presa por protestar.
Pidió su detención, a su vez, en la causa penal iniciada por los delitos de extorsión, asociación ilícita y defraudación al estado, cuando la causa apenas tenía unos días de iniciada, y sin que hubiera motivos legales y legítimos para hacerlo.
Finalmente, cabe hacer referencia a ciertos hechos y circunstancias que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar en forma integral lo que viene sucediendo desde el 15 de diciembre de 2015, ya que explican con mucha claridad la intencionalidad política que hoy mantiene a Milagro Sala en prisión.
La segunda causa penal iniciada, en la que se acusa a Milagro Sala por defraudación, extorsión y asociación ilícita, se inició el día 15 de enero de 2016, cuando se presentó un cooperativista directamente frente a la Fiscal Fernández de Montiel. En total, fueron 9 cooperativistas que comenzando a las 18:30 hs y finalizando a las 21:55 hs se presentaron a denunciar hechos que fueron cometidos en 2015 y años anteriores. Resulta cuanto menos llamativo que se hayan presentado inesperadamente durante la feria judicial, en horas inhábiles, a denunciar hechos que habían sucedido tiempo antes. Sin embargo, lo que no podemos dejar de remarcar es que, a pesar de estar en feria judicial --en dónde solo se atienden y tramitan causas urgentes que requieren una intervención inmediata-- la fiscal Fernández de Montiel no sólo recibió la denuncia hasta altas horas de la noche, si no que comenzó a tramitar la investigación. Los delitos denunciados no estaban siendo cometidos en ese momento, no había motivo alguno para tramitar la causa de manera excepcional durante el receso judicial de verano.
Por otro lado, es cierto que Milagro Sala fue excarcelada en la causa iniciada por la protesta. Ese “cese de la detención” fue resuelto por el Juez Mercau el día 29 de enero de 2016. Hay una primera cuestión trascendental e indiscutible que es que Milagro Sala estuvo 13 días detenida exclusivamente por el simple hecho de ejercer el derecho a protestar. Ahora bien, su liberación formal en la causa por el acampe no es algo que pueda ser valorado en forma positiva. Se produjo solamente porque ya estaba garantizado que Milagro Sala seguiría detenida: a pedido de la fiscal Fernández de Montiel, el día 26 de enero de 2016 (es decir, 3 días antes de su “liberación”), el juez Mercau ya había firmado otra orden de detención. Antes de esa fecha (rechazando un Hábeas Corpus) y después (rechazando todos los pedidos de cese de detención), el Juez Mercau resolvió conforme le pidió la fiscal Fernández de Montiel y el Fiscal de Estado Miranda.
1 El Comité se manifestó respecto de este tema en sus últimas recomendaciones finales. Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, 98º período de sesiones, CCPR/C/ARG/CO/4, 22 de marzo de 2010, párr. 9 y 21.
2De acuerdo al informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad a marzo de 2016. Disponible en: http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/el-estado-de-las-causas-por-delitos-de-lesa-humanidad-en-argentina-a-40-anos-del-golpe-10-anos-de-justicia/.
3En los años 2012 y 2013, se alcanzó la mayor cantidad de juicios celebrados: se dictaron 25 sentencias cada año. Durante 2014 y 2015, el ritmo se desaceleró.
4Sobre el juzgamiento de la violencia sexual ver: http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2012/PGN-0557-2012-002.pdf
5AA.VV,Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, Editorial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, noviembre de 2015. Disponible en: http://www.infojus.gob.ar/responsabilidad-empresarial-delitos-lesa-humanidad-tomo-represion-trabajadores-durante-terrorismo-estado-ministerio-justicia-derechos-humanos-nacion-lb000183-2015-11/123456789-0abc-defg-g38-1000blsorbil (tomo I) y http://www.infojus.gob.ar/responsabilidad-empresarial-delitos-lesa-humanidad-tomo-ii-represion-trabajadores-durante-terrorismo-estado-ministerio-justicia-derechos-humanos-nacion-lb000184-2015-11/123456789-0abc-defg-g48-1000blsorbil (tomo II).
6http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16733&LangID=E
7http://business-humanrights.org/es/argentina-aprueba-el-parlamento-crear-una-comisi%C3%B3n-bicameral-de-la-verdad-que-identifique-complicidades-empresarias-durante-la-dictadura#c130341 y http://www.amnistia.org.ar/noticias-y-documentos/archivo-de-noticias/argentina-134
8http://www.telam.com.ar/notas/201603/141128-condena-empresario-delitos-lesa-humanidad-represores-derechos-humanos.html
9Verhttp://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/el-estado-de-las-causas-por-delitos-de-lesa-humanidad-en-argentina-a-40-anos-del-golpe-10-anos-de-justicia/
10http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289468-2016-01-03.html
11http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/171596/norma.htm
12http://www.telam.com.ar/notas/201603/139340-campo-demayo-postulan-prioridades-en-tratamiento-de-16-causas-de-lesa-humanidad-elevadas-a-juicio-en-el-tof-1-de-san-martin.html
13http://memoria.telam.com.ar/noticia/abogados-piden-participar-en-la-comision-interpoderes_n5493
14Estadísticas del CELS disponibles en: http://www.cels.org.ar/blogs/estadisticas/
15http://www.cij.gov.ar/nota-17526-Lesa-humanidad--se-reuni--la-Comisi-n-Interpoderes--convocada-por-la-Corte-Suprema-de-Justicia.html
16Sobre el mecanismo de control de ascensos ver: http://www.cels.org.ar/especiales/informe-anual-2015/wp-content/uploads/2015/12/1-El-control-de-ascensos.pdf pp. 52-70.
17 Más adelante en este informe volvemos a referirnos en detalle al caso de Luciano Arruga, que ha merecido la atención del Comité en su anterior evaluación de la Argentina.
18http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295579-2016-03-28.html
19http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/93-trabajo/18324-denuncian-mas-despidos-en-el-area-de-derechos-humanos
20http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291619-2016-02-02.html
21http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/medios/18724-comunicado-nuevos-despidos-en-infojus-noticias
22http://tiempoargentino.com/nota/202520/despidos-en-el-programa-verdad-y-justicia
23http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295579-2016-03-28.html
24Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, 98º período de sesiones, CCPR/C/ARG/CO/4, 22 de marzo de 2010, párr. 21.
25Decisión administrativa disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/258482/norma.htm
26 Ver http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296096-2016-04-03.html
27 El Comité ya manifestó su preocupación por este tema en el párrafo 14 de sus últimas Observaciones Finales a Argentina. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, 98º período de sesiones, CCPR/C/ARG/CO/4, 22 de marzo de 2010, párr.14
28Los datos que se mencionan en esta sección parten de la base de datos “Hechos de Violencia Institucional” del CELS, que se releva desde el año 1996.
29 Véase en este sentido las observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas al informe presentado por la Argentina de noviembre de 2013. En particular, el Comité expreso su preocupación por “la existencia en la actualidad de nuevos casos de desaparición forzada de los cuales son víctimas, particularmente, personas jóvenes en situación de extrema pobreza y marginación social; estas desapariciones son realizadas aplicando métodos policiales violentos, haciendo un uso arbitrario de la detención y utilizando la desaparición como un método para encubrir los delitos cometidos y procurarse la impunidad” (numeral 14). Cf. CED/C/ARG/CO/1, 12 de diciembre de 2013.
Disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fARG%2fCO%2f1&Lang=en
30 Ver información en: http://cels.org.ar/comunicacion/index.php?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1937
31 Ver mayor información en: http://cels.org.ar/comunicacion/index.php?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=1994
32 Al respecto, el Comité contra la Desaparición forzada de Personas de las Naciones Unidas mostró su preocupación “los informes recibidos que dan cuenta de casos recientes de desapariciones forzadas, que no han sido investigados de manera debida, particularmente casos en los que hubo un retraso injustificado en el inicio de las investigaciones o en los que no se investigó a todas las personas supuestamente involucradas en el delito” e instó al Estado argentino a que “adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de todos los casos de desaparición forzada sean exhaustivas e imparciales y se realicen diligente y eficazmente” (numerales 16 y 17). Para consultar el informe completo del Comité, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fARG%2fCO%2f1&Lang=en
33 Uno de los consensos multipartidarios más fuertes que se construyeron en la argentina desde la recuperación democrática en 1983 es el principio de demarcación o separación entre la defensa nacional y la seguridad interior, el cual tuvo consagración legislativa en la Ley 23.554 de Defensa Nacional (1988) y en la ley 24.059 (1992). En este nuevo modelo a las Fuerzas Armadas, que por más de 50 años tuvieron un rol protagónico en las cuestiones políticas internas del país, se les asigno la misión de defender la soberanía y la integridad territorial del país ante agresiones provenientes del exterior por parte de fuerzas armadas regulares.
34 Para más información, ver “Ante la Declaración de la Emergencia en Seguridad”, pronunciamiento del Acuerdo de Seguridad Democrática, en http://www.asd.org.ar/2016/01/ante-la-declaracion-de-la-emergencia-en-seguridad/
35 Ver a este respecto: http://www.cels.org.ar/common/Drogas_web_hojas.simples.pdf
36 La Organización es una agrupación política de bases populares e indígenas fundada a fines de las década de los noventa en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
37 Luego de la detención de Milagro Sala, la Bancada Progresista del Parlasur emitió un comunicado repudiando la acción del gobierno provincial de Jujuy. A su vez, el Presidente del Parlasur, Jorge Taina, envió una nota de preocupación a la Canciller argentina Susana Malcorra, solicitando información sobre los motivos de la detención. Ver a este respecto: http://bancadaprogresistaparlasur.org/2016/01/16/declaracion-de-la-bancada-progresista-ante-detencion-de-la-parlamentaria-milagro-sala/
38 De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 27.120: “… En todo lo que no estuviese previsto por el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur o no se regulare específicamente por los organismos competentes, los parlamentarios del Mercosur en representación de la ciudadanía argentina, serán asimilados en el derecho interno a los diputados nacionales. Serán aplicables a su respecto, siempre que no hubiere disposición específica, las disposiciones que regulan la condición de aquéllos en cuanto a inmunidades parlamentarias, regímenes remuneratorios, laborales, previsionales y protocolares.”. En este sentido, los artículos 68, 69 y 70 de la Constitución de la Nación argentina disponen: “Artículo 68: Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”. “Artículo 69: Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”. “Artículo 70.- Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento.”
39 El número de expediente es 2674/16 y quedó caratulado como "Denuncia: Fernandez de Montiel L., Gutierrez R. y Mercau G.s/ averiguación de delito. Denunciates: Parlamentarios del MERCOSUR". Interviene en su marco la Fiscalía Federal No. 2, a cargo de Federico Zurueta y el número de registro de esa causa de la fiscalía es 14.235/16.
40 Ver https://www.mpf.gob.ar/procuvin/
41 El Comité ya manifestó su preocupación por este tema en el párrafo 15 de sus últimas Observaciones Finales a Argentina. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, 98º período de sesiones, CCPR/C/ARG/CO/4, 22 de marzo de 2010, párr.15.
42Para un estudio exhaustivo de las prácticas policiales en materia de detención masiva de personas en la Ciudad de Buenos Aires durante la segunda mitad de la década del 80 y principios de los noventa, ver: Tiscornia, Sofía: “Activismo de los Derechos Humanos y burocracias estatales. El Caso Bulacio”.
43A mero titulo ejemplificativo, a la fecha permanece vigente la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina, sancionada por Decreto Ley 333/58 del 30 de enero de 1958 durante el gobierno de facto del General Pedro E. Aramburu que incluye dentro de las facultades de la PFA la de llevar un “registro de vecindad” a los fines de proveer a la seguridad del territorio sometido a su jurisdicción (art 5°, inc 4°) y “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía deba reprimir” (art 5°, inc 3)
44Expte. nº 11835/15 ―Ministerio Público —Fiscalía de Cámara Sur de la CABA— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‗Vera, Lucas Abel s/ infr. art. 85, CC‘‖, 23.12.15. El fallo completo puede consultarse en: http://www.tsjbaires.gov.ar/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=29&Itemid=26
45Decreto 6580/58 del 31 de julio de 1958, Capitulo V.
46Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos “Bulacio Vs. Argentina”, sentencia de fecha 18 de septiembre de 2003 accesible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf
47Para más información sobre el caso “Vera” y sus implicancias ver: http://www.cels.org.ar/comunicacion/?info=detalleDoc&ids=4&lang=es&ss=46&idc=2021
48 El Comité se manifestó respecto de este tema en sus últimas Observaciones finales. Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, 98º período de sesiones, CCPR/C/ARG/CO/4, 22 de marzo de 2010, párr. 16.
49Ese porcentaje equivale a 6276 personas detenidas preventivamente en el SPF. Cf. Procuvin, Área de Registro y Bases de Datos “Población en el SPF. Sistematización de información mensual” actualizado al 29/01/2016. Disponible en https://www.mpf.gob.ar/procuvin/files/2016/04/Reporte-de-informaci%C3%B3n-Poblaci%C3%B3n-penal-Enero-2016.pdf
50Fuente: CELS, en base a datos del Servicio Penitenciario Bonaerense y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El cálculo de detenidos “procesados” incluye a los detenidos en comisarías dado que se presume que éstos, tras ser dictada la prisión preventiva, no son trasladados a unidades penitenciarias por falta de plazas. Sin embargo, la Policía de la Provincia de Buenos Aires no tiene información sobre la situación legal de los detenidos en las dependencias policiales.
51Información aportada por la organización XUMEK de Mendoza. Fuente: Dirección de Derechos Humanos y Acceso la Justicia – Suprema Corte de Justicia de Mendoza), Dirección General del Servicio Penitenciario, Comisión Provincial de Prevención de la Tortura.
52 El Comité ya manifestó su preocupación por este tema en el párrafo 17 de sus últimas Observaciones Finales a Argentina. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, 98º período de sesiones, CCPR/C/ARG/CO/4, 22 de marzo de 2010, párr.17
53Véase Procuración Penitenciaria de la Nación, “fallecimientos en contextos de encierro. Análisis de muertes violentas en Complejos del Servicio Penitenciario Federal y prácticas judiciales de investigación.” Disponible en: http://www.mpf.gob.ar/procuvin/files/2016/02/Informe-cualitativo-2015-FINAL.pdf
54 Para analizar el sistema federal de encierro penal debemos tener en cuenta su composición y distribución. La gran mayoría de los detenidos corresponden al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al conurbano bonaerense, sin embargo, sus cárceles están diseminadas por el país con sedes importantes la provincia de Buenos Aires, Chaco, Salta, Neuquén y Chubut. Esto genera que algunas de las unidades del sistema alojen un número de detenidos mayor que la plaza con la que contaban. Esto provocó que los detenidos sean alojados en forma permanente en lugares de tránsito o en espacios que no fueron diseñados para el alojamiento. Esta situación produce que se generen restricciones en acceso a los derechos básicos por parte de los detenidos (salud, educación, trabajo, recreación, etc.). Esto puede generar situaciones de violencia entre los internos y con los agentes del SPF.
55 Hasta hace unos años el SPB fijaba el cupo de forma discrecional y era modificado cuando se producía un aumento de la población carcelaria. Se calculaba según la cantidad de camastros con los que contaba el sistema, incumpliendo las recomendaciones internacionales que señalan que en el cálculo de la capacidad de alojamiento se deben tener en cuenta las condiciones materiales y la calidad y disponibilidad de todas las prestaciones y recursos humanos necesarios para la completa satisfacción de las necesidades de los detenidos. Sin embargo, al denunciar este manejo discrecional, el gobierno decidió no volver a publicar el cupo carcelario.
56 Este plan fue el último intento de definición del cupo carcelario en la provincia de Buenos Aires que utilizó un criterio de plaza basado en ciertos parámetros razonables y fundados en algunos estándares normativos.
57Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP).
58 Muchas de las enfermedades que resultaron fatales fueron contraídas durante la detención, sin que fueran tratadas adecuadamente. Un ejemplo de esta situación es que en las cárceles persisten, y con consecuencias fatales, enfermedades como el VIH y la tuberculosis, que están controladas desde hace décadas en el medio libre.

References: resolución 
 artículo 2
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 16