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Timestamp: 2016-12-04 14:40:18+00:00

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Ley de Arbitraje 2003 by kilian romero - issuu
BOE núm. 309
Viernes 26 diciembre 2003
en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
23646 LEY 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
España se ha mostrado siempre sensible a los requerimientos de armonización del régimen jurídico del arbitraje, en particular del comercial internacional, para favorecer la difusión de su práctica y promover la unidad
de criterios en su aplicación, en la convicción de que
una mayor uniformidad en las leyes reguladoras del arbitraje ha de propiciar su mayor eficacia como medio de
La Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje,
es tributaria de esta vocación, ya antes manifestada explícitamente en el Real Decreto 1094/1981, de 22 de
mayo, que abrió las puertas al arbitraje comercial internacional, teniendo en cuenta que «el incremento de las
relaciones comerciales internacionales, en particular en
el área iberoamericana, y la inexistencia de adecuados
servicios de arbitraje comercial internacional en nuestro
país determina que la utilización de la técnica arbitral
por empresarios y comerciantes de la citada área se
efectúe con referencia a instituciones de otro contexto
cultural idiomático, con el efecto negativo que ello representa para España y la pérdida que para nuestro país
significa la ruptura de las vinculaciones con los citados
países en materia de tan creciente interés común».
Esta ley prolonga esa sensibilidad, esa vocación y
esa práctica, pero con la pretensión de producir un salto
cualitativo. Así, su principal criterio inspirador es el de
basar el régimen jurídico español del arbitraje en la Ley
Modelo elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de 21 de
junio de 1985 (Ley Modelo de CNUDMI/UNCITRAL),
recomendada por la Asamblea General en su Resolución
40/72, de 11 de diciembre de 1985, «teniendo en cuenta las exigencias de la uniformidad del derecho procesal
arbitral y las necesidades de la práctica del arbitraje
comercial internacional». El legislador español sigue la
recomendación de las Naciones Unidas, acoge como
base la Ley Modelo y, además, toma en consideración
los sucesivos trabajos emprendidos por aquella Comisión
con el propósito de incorporar los avances técnicos y
atender a las nuevas necesidades de la práctica arbitral,
particularmente en materia de requisitos del convenio
arbitral y de adopción de medidas cautelares.
La Ley Modelo responde a un sutil compromiso entre
las tradiciones jurídicas europeo-continental y anglosajona producto de un cuidado estudio del derecho comparado. Su redacción no responde, por ello, plenamente
a los cánones tradicionales de nuestro ordenamiento,
pero facilita su difusión entre operadores pertenecientes
a áreas económicas con las que España mantiene activas
y crecientes relaciones comerciales. Los agentes económicos de dichas áreas adquirirán, por tanto, mayor
certidumbre sobre el contenido del régimen jurídico del
arbitraje en España, lo que facilitará y aun impulsará
que se pacten convenios arbitrales en los que se establezca nuestro país como lugar del arbitraje. La Ley
Modelo resulta más asequible a los operadores económicos del comercio internacional, habituados a una
mayor flexibilidad y adaptabilidad de las normas a las
peculiaridades de casos concretos surgidos en escenarios muy diversos.
La nueva ley se dicta con conciencia de los innegables
avances que su precedente, la Ley 36/1988, de 5 de
diciembre, de Arbitraje, supuso para la regulación y
modernización del régimen de esta institución en nuestro
ordenamiento jurídico. Durante su vigencia se ha producido una notable expansión del arbitraje en nuestro
país; ha aumentado en gran medida el tipo y el número
de relaciones jurídicas, sobre todo contractuales, para
las que las partes pactan convenios arbitrales; se ha
asentado el arbitraje institucional; se han consolidado
prácticas uniformes, sobre todo en arbitrajes internacionales; se ha generado un cuerpo de doctrina estimable;
y se ha normalizado la utilización de los procedimientos
judiciales de apoyo y control del arbitraje.
Sin embargo, las consideraciones hechas anteriormente revelan que, partiendo del acervo descrito, resulta
necesario impulsar otro nuevo e importante avance en
la regulación de la institución mediante la señalada incorporación de nuestro país al elenco creciente de Estados
que han adoptado la Ley Modelo. Además, el tiempo
transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 36/1988
ha permitido detectar en ella lagunas e imperfecciones.
El arbitraje es una institución que, sobre todo en su vertiente comercial internacional, ha de evolucionar al mismo ritmo que el tráfico jurídico, so pena de quedarse
desfasada. La legislación interna de un país en materia
de arbitraje ha de ofrecer ventajas o incentivos a las
personas físicas y jurídicas para que opten por esta vía
de resolución de conflictos y porque el arbitraje se
desarrolle en el territorio de ese Estado y con arreglo
a sus normas. Por consiguiente, tanto las necesidades
de mejora y seguimiento de la evolución del arbitraje
como la acomodación a la Ley Modelo hacen necesaria
la promulgación de esta ley.
La nueva regulación se sistematiza en nueve títulos.
El título I contiene las disposiciones generales sobre
El artículo 1 determina el ámbito de aplicación de
la ley sobre la base de los siguientes criterios:
En primer lugar, se dejan a salvo, como no podía
ser de otro modo, las disposiciones contenidas en convenios internacionales de los que España sea parte.
En segundo lugar, en lo que respecta a la contraposición entre arbitraje ordinario y arbitrajes especiales,
esta ley pretende ser una ley general, aplicable, por tanto,
íntegramente a todos los arbitrajes que no tengan una
regulación especial; pero también supletoriamente a los
arbitrajes que la tengan, salvo en lo que sus especialidades se opongan a lo previsto en esta ley o salvo
que alguna norma legal disponga expresamente su inaplicabilidad.
En tercer lugar, en lo que respecta a la contraposición
entre arbitraje interno y arbitraje internacional, esta ley
opta claramente por una regulación unitaria de ambos.
Dentro de lo que se ha dado en llamar la alternativa
entre dualismo (que el arbitraje internacional sea regulado totalmente o en gran medida por preceptos distintos
que el arbitraje interno) y monismo (que, salvo contadas
excepciones, los mismos preceptos se apliquen por igual
al arbitraje interno e internacional), la ley sigue el sistema
monista. Son pocas y muy justificadas las normas en
que el arbitraje internacional requiere una regulación distinta de la del arbitraje interno. Aun con la conciencia
de que el arbitraje internacional responde en muchas
ocasiones a exigencias distintas, esta ley parte de la
base —corroborada por la tendencia actual en la materia— de que una buena regulación del arbitraje internacional ha de serlo también para el arbitraje interno,
y viceversa. La Ley Modelo, dado que se gesta en el
seno de la CNUDMI/UNCITRAL, está concebida específicamente para el arbitraje comercial internacional;
pero su inspiración y soluciones son perfectamente válidas, en la inmensa mayoría de los casos, para el arbitraje
interno. Esta ley sigue en este aspecto el ejemplo de
otras recientes legislaciones extranjeras, que han estimado que la Ley Modelo no sólo resulta adecuada para
el arbitraje comercial internacional, sino para el arbitraje
En cuarto lugar, la delimitación del ámbito de aplicación de la ley es territorial. No obstante, hay determinados preceptos, relativos a ciertos casos de intervención judicial, que deben aplicarse también a aquellos
arbitrajes que se desarrollen o se hayan desarrollado
en el extranjero. El criterio, en todo caso, es también
territorial, puesto que se trata de normas procesales que
han de ser aplicadas por nuestros tribunales.
El artículo 2 regula las materias objeto de arbitraje
sobre la base del criterio de la libre disposición, como
hacía la Ley 36/1988. Sin embargo, se reputa innecesario que esta ley contenga ningún elenco, siquiera
ejemplificativo, de materias que no son de libre disposición. Basta con establecer que la arbitrabilidad de una
controversia coincide con la disponibilidad de su objeto
para las partes. En principio, son cuestiones arbitrables
las cuestiones disponibles. Es concebible que por razones de política jurídica haya o pueda haber cuestiones
que sean disponibles para las partes y respecto de las
que se quiera excluir o limitar su carácter arbitrable. Pero
ello excede del ámbito de una regulación general del
arbitraje y puede ser objeto, en su caso, de disposiciones
específicas en otros textos legales.
Respecto de las materias objeto de arbitraje se introduce también la regla, para el arbitraje internacional,
de que los Estados y entes dependientes de ellos no
puedan hacer valer las prerrogativas de su ordenamiento
jurídico. Se pretende con ello que, a estos efectos, el
Estado sea tratado exactamente igual que un particular.
El artículo 3 regula la determinación del carácter internacional del arbitraje, que resulta relevante para la
aplicación de aquellos artículos que contienen reglas
especiales para los arbitrajes internacionales que se
desarrollen en nuestro territorio. Así, se establece por
primera vez en nuestro ordenamiento en qué casos un
arbitraje es internacional; lo que debe facilitar la interpretación y aplicación de esta ley en el contexto del
tráfico jurídico internacional. Además, debe tenerse en
cuenta que existen convenios internacionales cuya aplicación exige una definición previa del arbitraje internacional. La determinación del carácter internacional del
arbitraje sigue sustancialmente los criterios de la Ley
Modelo. A éstos resulta conveniente añadir otro: que
la relación jurídica de la que dimana la controversia afecte a los intereses del comercio internacional. Se trata
de un criterio ampliamente desarrollado en otros ordenamientos, con el que se pretende dar cabida a supuestos en que, aunque no concurran los elementos anteriormente establecidos por la ley, resulte indudable su
carácter internacional a la luz de las circunstancias del
caso. Por otra parte, la ley evita la confusión que la pluralidad de domicilios de una persona, admitida en otros
ordenamientos, podría causar a la hora de determinar
si un arbitraje es internacional o no.
El artículo 4 contiene una serie de reglas de interpretación, entre las que tienen especial relevancia las
que dotan de contenido a las normas legales dispositivas
de esta ley mediante la remisión, por voluntad de las
partes, a la de una institución arbitral o al contenido
de un reglamento arbitral. Así, esta ley parte en la mayoría de sus reglas de que debe primar la autonomía de
la voluntad de las partes. Mas esa voluntad se entiende
integrada por las decisiones que pueda adoptar, en su
caso, la institución administradora del arbitraje, en virtud
de sus normas, o las que puedan adoptar los árbitros,
en virtud del reglamento arbitral al que las partes se
hayan sometido. Se produce, por tanto, una suerte de
integración del contenido del contrato de arbitraje o convenio arbitral, que, por mor de esta disposición, pasa
a ser en tales casos un contrato normativo. De este modo,
la autonomía privada en materia de arbitraje se puede
manifestar tanto directamente, a través de declaraciones
de voluntad de las partes, como indirectamente, mediante la declaración de voluntad de que el arbitraje sea
administrado por una institución arbitral o se rija por
un reglamento arbitral. En este sentido, la expresión institución arbitral hace referencia a cualquier entidad, centro u organización de las características previstas que
tenga un reglamento de arbitraje y, conforme a él, se
dedique a la administración de arbitrajes. Pero se precisa
que las partes pueden someterse a un concreto reglamento sin encomendar la administración del arbitraje
a una institución, en cuyo caso el reglamento arbitral
también integra la voluntad de las partes.
El artículo 5 establece las reglas sobre notificaciones,
comunicaciones y cómputo de plazos, que se aplican
tanto a las actuaciones tendentes a poner en marcha
el arbitraje como al conjunto de su tramitación. Se regulan la forma, el lugar y el tiempo de las notificaciones
y comunicaciones. Respecto del cómputo de los plazos
por días, se dispone que se trata de días naturales. Esta
regla no es aplicable en el seno de los procedimientos
judiciales de apoyo o control del arbitraje, en que rigen
las normas procesales, pero sí a los plazos establecidos,
en su caso, para la iniciación de dichos procedimientos,
como, por ejemplo, el ejercicio de la acción de anulación
del laudo.
El artículo 6 contiene una disposición sobre renuncia
tácita a las facultades de impugnación, directamente inspirada —como tantas otras— en la Ley Modelo, que obliga
a las partes en el arbitraje a la denuncia tempestiva
e inmediata de las violaciones de normas dispositivas,
esto es, aplicables en defecto de voluntad de las partes.
El artículo 7, sobre intervención judicial en el arbitraje,
es un corolario del denominado efecto negativo del convenio arbitral, que impide a los tribunales conocer de
las controversias sometidas a arbitraje. De este modo,
la intervención judicial en los asuntos sometidos a arbitraje ha de limitarse a los procedimientos de apoyo y
control, expresamente previstos por la ley.
El artículo 8 contiene, directamente o por remisión,
las normas de competencia objetiva y territorial para
el conocimiento de todos los procedimientos de apoyo
y control del arbitraje, incluso de aquellos que no se
encuentran regulados en esta ley, sino en la de Enjuiciamiento Civil. Para el exequátur de laudos extranjeros
se atribuye competencia a las Audiencias Provinciales,
en vez de —como hasta ahora— a la Sala Primera del
Tribunal Supremo, con la finalidad de descargar a ésta
y ganar celeridad.
El título II regula los requisitos y efectos del convenio
arbitral, sin perjuicio de la aplicación de las normas generales sobre contratos en todo lo no específicamente previsto en esta ley. En líneas generales, la ley trata de
perfeccionar la legislación anterior, precisando algunos
puntos que se habían revelado problemáticos.
Han de destacarse algunas novedades introducidas
respecto de los requisitos de forma del convenio arbitral.
La ley refuerza el criterio antiformalista. Así, aunque se
mantiene la exigencia de que el convenio conste por
escrito y se contemplan las diversas modalidades de
constancia escrita, se extiende el cumplimiento de este
requisito a los convenios arbitrales pactados en soportes
que dejen constancia, no necesariamente escrita, de su
contenido y que permitan su consulta posterior. Se da
así cabida y se reconoce la validez al uso de nuevos
medios de comunicación y nuevas tecnologías. Se consagra también la validez de la llamada cláusula arbitral
por referencia, es decir, la que no consta en el documento
contractual principal, sino en un documento separado,
pero se entiende incorporada al contenido del primero
por la referencia que en él se hace al segundo. Asimismo,
la voluntad de las partes sobre la existencia del convenio
arbitral se superpone a sus requisitos de forma. En lo
que respecta a la ley aplicable al convenio arbitral, se
opta por una solución inspirada en un principio de conservación o criterio más favorable a la validez del convenio arbitral. De este modo, basta que el convenio
arbitral sea válido con arreglo a cualquiera de los tres
regímenes jurídicos señalados en el apartado 6 del artículo 9: las normas elegidas por las partes, las aplicables
al fondo de la controversia o el derecho español.
La ley mantiene los llamados efectos positivo y negativo del convenio arbitral. Respecto de este último, se
mantiene la regla de que debe ser hecho valer por las
partes y específicamente por el demandado a través de
la declinatoria. Además, se precisa que la pendencia de
un proceso judicial en el que se haya interpuesto declinatoria no impide que el procedimiento arbitral se inicie
o prosiga; de modo que la incoación de un proceso judicial no puede ser sin más utilizada con la finalidad de
bloquear o dificultar el arbitraje. Y se aclara que la solicitud de medidas cautelares a un tribunal no supone
en modo alguno renuncia tácita al arbitraje; aunque tampoco hace actuar sin más el efecto negativo del convenio
arbitral. Con ello se despeja cualquier duda que pudiere
subsistir acerca de la posibilidad de que se acuerden
judicialmente medidas cautelares respecto de una controversia sometida a arbitraje, aun antes de que el procedimiento arbitral haya comenzado. Esta posibilidad es
indudable a la luz de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero
es importante que se recoja también en la legislación
de arbitraje. Además, da cobertura a una eventual solicitud de medidas cautelares ante un tribunal extranjero
respecto de un arbitraje regido por la ley española.
El título III se dedica a la regulación de la figura del
árbitro o árbitros. La ley prefiere las expresiones árbitro
o árbitros a la de tribunal arbitral, que puede causar
confusión con los tribunales judiciales. Además, en la
mayor parte de los preceptos la referencia a los árbitros
incluye tanto los supuestos en que hay un colegio arbitral
como aquellos en los que el árbitro es único.
La ley opta por establecer que a falta de acuerdo
de las partes se designará un solo árbitro. Es ésta una
opción guiada por razones de economía. En cuanto a
la capacidad para ser árbitro, se opta por el criterio de
la mayor libertad de las partes, como es hoy la regla
general en los países más avanzados en materia de arbitraje: nada impone la ley, salvo que se trate de personas
naturales con capacidad de obrar plena. Serán las partes
directamente o las instituciones arbitrales las que con
total libertad y sin restricciones —no adecuadas a la realidad del arbitraje— designen a los árbitros. Sólo para
los casos en que resulte necesario suplir la voluntad
de las partes, la ley prevé y regula las situaciones que
pueden presentarse en la designación de los árbitros,
para evitar la paralización del arbitraje. En estos casos
es necesaria la actuación judicial, si bien se pretende,
de un lado, que el procedimiento judicial pueda ser rápido
y, de otro, dar criterios al Juez de Primera Instancia para
realizar la designación. Muestras de lo primero son la
remisión al juicio verbal y la no recurribilidad separada
de las resoluciones interlocutorias que el Juzgado dicte
en este procedimiento, así como de la que proceda a
la designación. Muestra de lo segundo es la regla acerca
de la conveniencia de que en los arbitrajes internacionales el árbitro único o el tercer árbitro sea de nacionalidad diferente a la de las partes. Debe destacarse,
además, que el juez no está llamado en este procedimiento a realizar, ni de oficio ni a instancia de parte,
un control de validez del convenio arbitral o una verificación de la arbitrabilidad de la controversia, lo que,
de permitirse, ralentizaría indebidamente la designación
y vaciaría de contenido la regla de que son los árbitros
los llamados a pronunciarse, en primer término, sobre
su propia competencia. Por ello, el juez sólo debe desestimar la petición de nombramiento de árbitros en el caso
excepcional de inexistencia de convenio arbitral, esto
es, cuando prima facie pueda estimar que realmente
no existe un convenio arbitral; pero el juez no está llamado en este procedimiento a realizar un control de
los requisitos de validez del convenio.
Se establece el deber de todos los árbitros, al margen
de quien los haya designado, de guardar la debida imparcialidad e independencia frente a las partes en el arbitraje. Garantía de ello es su deber de revelar a las partes
cualquier hecho o circunstancia susceptible de poner
en duda su imparcialidad o independencia. Se elimina
el reenvío a los motivos de abstención y recusación de
jueces y magistrados, por considerar que no siempre
son adecuados en materia de arbitraje ni cubren todos
los supuestos, y se prefiere una cláusula general. Respecto del procedimiento de recusación, la premisa es
una vez más la libertad de las partes, ya sea por acuerdo
directo o por remisión a un reglamento arbitral. En su
defecto, se establece que sean el árbitro o los árbitros
quienes decidan sobre la recusación, sin perjuicio de
poder hacer valer los motivos de recusación como causa
de anulación del laudo. La posibilidad de acudir directamente a los tribunales frente a la decisión desestimatoria de la recusación tendría, sin duda, la ventaja de
una certidumbre preliminar sobre la imparcialidad, pero
se prestaría a una utilización dilatoria de esta facultad.
Se estima que serán mucho menos frecuentes los
supuestos en que una recusación será indebidamente
desestimada y dará lugar a la nulidad de todo el procedimiento arbitral que los casos en que se formularían
pretensiones inmediatas ante la autoridad judicial con
la finalidad de dilatar el procedimiento.
La ley se ocupa igualmente de otros supuestos que
pueden conducir al cese de alguno de los árbitros en
sus funciones y al nombramiento de sustituto. Se prevé
la posibilidad de que en tales casos haya que repetir
actuaciones ya practicadas, pero no se obliga a ello.
El título IV se dedica a la importante cuestión de
la competencia de los árbitros.
El artículo 22 establece la regla, capital para el arbitraje, de que los árbitros tienen potestad para decidir
sobre su competencia. Es la regla que la doctrina ha
bautizado con la expresión alemana Kompetenz-Kompetenz y que la Ley de 1988 ya consagraba en términos
menos precisos. Esta regla abarca lo que se conoce como
separabilidad del convenio arbitral respecto del contrato
principal, en el sentido de que la validez del convenio
arbitral no depende de la del contrato principal y que
los árbitros tienen competencia para juzgar incluso sobre
la validez del convenio arbitral. Además, bajo el término
genérico de competencia han de entenderse incluidas
no sólo las cuestiones que estrictamente son tales, sino
cualesquiera cuestiones que puedan obstar a un pronunciamiento de fondo sobre la controversia (salvo las
relativas a las personas de los árbitros, que tienen su
tratamiento propio). La ley establece la carga de que
las cuestiones relativas a la competencia de los árbitros
sean planteadas a limine. Ha de resaltarse que el hecho
de que una de las partes colabore activamente en la
designación de los árbitros no supone ningún tipo de
renuncia tácita a hacer valer la incompetencia objetiva
de éstos. Es una lógica consecuencia de la regla de Kompetenz-Kompetenz: si son los árbitros los que han de
decidir sobre su propia competencia, la parte está simplemente contribuyendo a designar a quien o a quienes
podrán decidir sobre dicha competencia. Lo contrario
abocaría a la parte a una situación absurda: debería permanecer pasiva durante la designación de los árbitros
para poder luego alegar su falta de competencia sobre
la controversia. La regla de la alegación previa de las
cuestiones atinentes a la competencia de los árbitros
tiene una razonable modulación en los casos en que
la alegación tardía está, a juicio de los árbitros, justificada, en la medida en que la parte no pudo realizar
esa alegación con anterioridad y que su actitud durante
el procedimiento no puede ser interpretada como una
aceptación de la competencia de los árbitros. Queda
a la apreciación de los árbitros la conveniencia de que
las cuestiones relativas a su competencia sean resueltas
con carácter previo o junto con las cuestiones de fondo.
La ley parte de la base de que los árbitros pueden dictar
tantos laudos como consideren necesarios, ya sea para
resolver cuestiones procesales o de fondo; o dictar un
solo laudo resolviendo todas ellas.
El artículo 23 incorpora una de las principales novedades de la ley: la potestad de los árbitros para adoptar
medidas cautelares. Dicha potestad puede ser excluida
por las partes, directamente o por remisión a un reglamento arbitral; pero en otro caso se considera que la
aceptan. La ley ha considerado preferible no entrar a
determinar el ámbito de esta potestad cautelar. Obviamente, los árbitros carecen de potestad ejecutiva, por
lo que para la ejecución de las medidas cautelares será
necesario recurrir a la autoridad judicial, en los mismos
términos que si de un laudo sobre el fondo se tratara.
Sin embargo, si dentro de la actividad cautelar cabe distinguir entre una vertiente declarativa y otra ejecutiva,
esta ley les reconoce a los árbitros la primera, salvo
acuerdo en contrario de las partes. Esta norma no deroga
ni restringe la posibilidad, prevista en los artículos 8 y
11 de esta ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de
que la parte interesada inste de la autoridad judicial la
adopción de medidas cautelares. Las potestades arbitral
y judicial en materia cautelar son alternativas y concurrentes, sin perjuicio del juego del principio de buena
fe procesal.
El título V regula las actuaciones arbitrales. La ley
vuelve a partir del principio de autonomía de la voluntad
y establece como únicos límites al mismo y a la actuación
de los árbitros el derecho de defensa de las partes y
el principio de igualdad, que se erigen en valores fundamentales del arbitraje como proceso que es. Garantizado el respeto a estas normas básicas, las reglas que
sobre el procedimiento arbitral se establecen son dispositivas y resultan, por tanto, aplicables sólo si las partes
nada han acordado directamente o por su aceptación
de un arbitraje institucional o de un reglamento arbitral.
De este modo, las opciones de política jurídica que subyacen a estos preceptos quedan subordinadas siempre
a la voluntad de las partes.
En lo que respecta al lugar del arbitraje, hay que destacar que se permite la celebración de audiencias y de
deliberaciones en sede distinta de la del arbitraje. La
determinación del lugar o sede del arbitraje es jurídicamente relevante en muchos aspectos, pero su fijación
no debe suponer rigidez para el desarrollo del procedimiento.
El inicio del arbitraje se fija en el momento en que
una parte recibe el requerimiento de la otra de someter
la controversia a decisión arbitral. Parece lógico que los
efectos jurídicos propios del inicio del arbitraje se produzcan ya en ese momento, incluso aunque no esté perfectamente delimitado el objeto de la controversia. Las
soluciones alternativas permitirían actuaciones tendentes a dificultar el procedimiento.
La determinación del idioma o idiomas del arbitraje
corresponde lógicamente a las partes y, en su defecto,
a los árbitros. No obstante, salvo que alguna de las partes
se oponga, se permite que se aporten documentos o
se practiquen actuaciones en idioma no oficial del arbitraje sin necesidad de traducción. Con ello se consagra
una regla práctica muy extendida, que admite la aportación de documentos o declaraciones en otro idioma.
En el arbitraje no se reproducen necesariamente siempre las posiciones procesales activa y pasiva de un proceso judicial; o no en los mismos términos. Al fin y al
cabo, la determinación del objeto de la controversia,
siempre dentro del ámbito del convenio arbitral, se produce de forma progresiva. Sin embargo, la práctica arbitral demuestra que quien inicia el arbitraje formula en
todo caso una pretensión frente a la parte o partes contrarias y se convierte, por tanto, en actor; y ello sin perjuicio de que el demandado pueda reconvenir. Parece,
por tanto, razonable que, sin perjuicio de la libertad de
las partes, el procedimiento arbitral se estructure sobre
la base de una dualidad de posiciones entre demandante
y demandado. Esta conveniencia, sin embargo, debe ser
flexibilizada a la hora de configurar los requisitos de los
actos de las partes en defensa de sus respectivas posiciones. De este modo, no se establecen propiamente
requisitos de forma y contenido de los escritos de alegaciones de las partes. La función de la demanda y de
la contestación a que se refiere el artículo 29 no es
sino la de ilustrar a los árbitros sobre el objeto de la
controversia, sin perjuicio de alegaciones ulteriores. No
entran aquí en juego las reglas propias de los procesos
judiciales en cuanto a requisitos de demanda y contestación, documentos a acompañar o preclusión. El procedimiento arbitral, incluso en defecto de acuerdo de
las partes, se configura con gran flexibilidad, acorde con
las exigencias de la institución.
Esa flexibilidad se da también en el desarrollo ulterior
del procedimiento. Cabe que el procedimiento sea en
ciertos casos predominantemente escrito, si las circunstancias del caso no exigen la celebración de audiencias.
Sin embargo, la regla es la celebración de audiencias
para la práctica de pruebas. La ley trata de evitar, además, que la inactividad de las partes pueda paralizar
el arbitraje o comprometer la validez del laudo.
La fase probatoria del arbitraje está también presidida
por la máxima libertad de las partes y de los árbitros
—siempre que se respeten el derecho de defensa y el
principio de igualdad— y por la máxima flexibilidad. La
ley establece únicamente normas sobre la prueba pericial, de singular importancia en el arbitraje contemporáneo, aplicables en defecto de voluntad de las partes.
Estas normas están encaminadas a permitir tanto los
dictámenes emitidos por peritos designados directamente por las partes como los emitidos por peritos designados, de oficio o a instancia de parte, por los árbitros,
y a garantizar la debida contradicción respecto de la
pericia.
Se regula igualmente la asistencia judicial para la
práctica de pruebas, que es una de las tradicionales funciones de apoyo judicial al arbitraje. La asistencia no
tiene que consistir necesariamente en que el tribunal
practique determinadas pruebas; en ciertos casos, bastará con otras medidas que permitan a los árbitros practicarlas por sí mismos, como, por ejemplo, medidas de
aseguramiento o requerimientos de exhibición de documentos.
El título VI se dedica al laudo y a otras posibles formas
de terminación del procedimiento arbitral. El artículo 34
regula la importante cuestión de qué normas han de
aplicarse a la resolución del fondo de la controversia,
sobre la base de los siguientes criterios: 1.o) La premisa
es, una vez más, como en la Ley de 1988, la libertad
de las partes. 2.o) Se invierte la regla que la ley de 1988
contenía a favor del arbitraje de equidad. La preferencia
por el arbitraje de derecho en defecto de acuerdo de
las partes es la orientación más generalizada en el panorama comparado. Resulta, además, muy discutible que
la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, sin
más especificaciones, pueda presumirse que incluya la
de que la controversia sea resuelta en equidad y no
sobre la base de los mismos criterios jurídicos que si
hubiere de resolver un tribunal. El arbitraje de equidad
queda limitado a los casos en que las partes lo hayan
pactado expresamente, ya sea a través de una remisión
literal a la «equidad», o a términos similares como decisión «en conciencia», «ex aequo et bono», o que el árbitro
actuará como «amigable componedor». No obstante, si
las partes autorizan la decisión en equidad y al tiempo
señalan normas jurídicas aplicables, los árbitros no pueden ignorar esta última indicación. 3.o) Siguiendo la
orientación de los ordenamientos más avanzados, se
suprime la exigencia de que el derecho aplicable deba
tener relación con la relación jurídica o con la controversia, ya que se trata de un requisito de difusos contornos y difícil control. 4.o) La ley prefiere la expresión
«normas jurídicas aplicables» a la de «derecho aplicable»,
en la medida en que esta última parece englobar la exigencia de remisión a un concreto ordenamiento jurídico
de un Estado, cuando en algunos casos lo que ha de
aplicarse son normas de varios ordenamientos o reglas
comunes del comercio internacional. 5.o) La ley no sujeta
a los árbitros a un sistema de reglas de conflicto.
En la adopción de decisiones, cuando se trata de
un colegio arbitral, y sin perjuicio de las reglas que directa
o indirectamente puedan fijar las partes, se mantiene
la lógica regla de la mayoría y la de que a falta de decisión
mayoritaria decide el presidente. Se introduce la norma
que permite habilitar al presidente para decidir cuestiones de procedimiento, entendiéndose por tales, a
estos efectos, no cualesquiera cuestiones distintas al fondo de la controversia, sino, más limitadamente, las relativas a la mera tramitación o impulso procesales.
Se prevé la posibilidad de que los árbitros dicten un
laudo sobre la base del contenido de un previo acuerdo
alcanzado por las partes. Esta previsión, que podría reputarse innecesaria —dado que las partes tienen poder de
disposición sobre el objeto de la controversia—, no lo
es, porque a través de su incorporación a un laudo el
contenido del acuerdo adquiere la eficacia jurídica de
aquél. Los árbitros no pueden rechazar esta petición discrecionalmente, sino sólo por una causa jurídica fundada.
La ley no hace sino dar cobertura legal a algo ya frecuente en la práctica y que no merece objeción alguna.
En cuanto al contenido del laudo, ha de destacarse
el reconocimiento legal de la posibilidad de dictar laudos
parciales, que pueden versar sobre alguna parte del fondo de la controversia o sobre otras cuestiones, como
la competencia de los árbitros o medidas cautelares.
La ley pretende dar cabida a fórmulas flexibles de resolución de los litigios que son comunes en la práctica
arbitral. Así, por ejemplo, que primero se decida acerca
de si existe responsabilidad del demandado y sólo después se decida, si es el caso, la cuantía de la condena.
El laudo parcial tiene el mismo valor que el laudo definitivo y, respecto de la cuestión que resuelve, su contenido es invariable.
Respecto de la forma del laudo, debe destacarse que
—análogamente a lo dispuesto para el convenio arbitral—
la ley permite no sólo que el laudo conste por escrito
en soportes electrónicos, ópticos o de otro tipo, sino
también que no conste en forma escrita, siempre que
en todo caso quede constancia de su contenido y sea
accesible para su ulterior consulta. Tanto en la regulación
de los requisitos de forma del convenio arbitral como
en la de los del laudo la ley considera necesario admitir
la utilización de cualesquiera tecnologías que cumplan
los requisitos señalados. Pueden, pues, desarrollarse arbitrajes en que se utilicen tan sólo soportes informáticos,
electrónicos o digitales, si las partes así lo consideran
La ley introduce la novedad de que el plazo para
emitir el laudo, en defecto de acuerdo de las partes,
se compute desde la presentación de la contestación
o desde la expiración del plazo para presentarla. Esta
novedad responde a la necesidad de que la celeridad
propia del arbitraje sea adecuada a las exigencias prácticas. Un plazo de seis meses desde la aceptación de
los árbitros se ha revelado en no pocos casos de imposible cumplimiento y obliga en ocasiones a una tramitación excesivamente rápida o a la omisión de ciertos
actos de alegación o, sobre todo, de prueba, por la exigencia de cumplir el plazo para dictar el laudo. La ley
considera que es igualmente razonable que la prórroga
del plazo pueda ser acordada por los árbitros directamente y que no necesite el acuerdo de todas las partes.
El freno a un posible retraso injustificado en la decisión
de la controversia se encuentra, entre otras causas, en
la responsabilidad de los árbitros.
En materia de condena en costas se introducen ciertas precisiones sobre su contenido posible.
Se suprime el carácter preceptivo de la protocolización notarial del laudo. Esta exigencia es desconocida
en prácticamente todas las legislaciones de arbitraje, por
lo que se opta por no mantenerla, salvo que alguna de
las partes lo pida antes de que el laudo se notifique,
por considerarlo conveniente a sus intereses. El laudo
es, por tanto, válido y eficaz aunque no haya sido protocolizado, de modo que el plazo para ejercitar la acción
de anulación transcurre desde su notificación, sin que
sea necesario que la protocolización, cuando haya sido
pedida, preceda a la notificación. Y tampoco la fuerza
ejecutiva del laudo se hace depender de su protocolización, aunque en el proceso de ejecución, llegado el
caso, el ejecutado podrá hacer valer por vía de oposición
la falta de autenticidad del laudo, supuesto que puede
presumirse excepcional.
La ley contempla determinadas formas de terminación anormal del procedimiento arbitral y da respuesta
al problema de la extensión del deber de los árbitros
de custodia de las actuaciones.
En la regulación de la corrección y aclaración del
laudo se modifican los plazos, para hacerlos más ade-
cuados a la realidad, y se distingue en función de que
el arbitraje sea interno o internacional, dado que en este
último caso puede bien suceder que las dificultades de
deliberación de los árbitros en un mismo lugar sean
mayores. Se introduce además la figura del complemento del laudo para suplir omisiones.
El título VII regula la anulación y revisión del laudo.
Respecto de la anulación, se evita la expresión «recurso»,
por resultar técnicamente incorrecta. Lo que se inicia
con la acción de anulación es un proceso de impugnación
de la validez del laudo. Se sigue partiendo de la base
de que los motivos de anulación del laudo han de ser
tasados y no han de permitir, como regla general, una
revisión del fondo de la decisión de los árbitros. El elenco
de los motivos y su apreciabilidad de oficio o sólo a
instancia de parte se inspiran en la Ley Modelo. Se amplía
el plazo para el ejercicio de la acción de anulación, lo
que no ha de perjudicar a la parte que haya obtenido
pronunciamientos de condena a su favor, porque el laudo, aun impugnado, tiene fuerza ejecutiva.
El procedimiento para el ejercicio de la acción de
anulación trata de conjugar las exigencias de rapidez
y de mejor defensa de las partes. Así, tras una demanda
y una contestación escritas, se siguen los trámites del
El título VIII se dedica a la ejecución forzosa del laudo.
En realidad, la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene todas
las normas, tanto generales como específicas, sobre esta
materia. Esta ley se ocupa únicamente de la posibilidad
de ejecución forzosa del laudo durante la pendencia del
procedimiento en que se ejercite la acción de anulación.
La ley opta por atribuir fuerza ejecutiva al laudo aunque
sea objeto de impugnación. Ningún sentido tendría que
la ejecutividad del laudo dependiera de su firmeza en
un ordenamiento que permite ampliamente la ejecución
provisional de sentencias. La ejecutividad del laudo no
firme se ve matizada por la facultad del ejecutado de
obtener la suspensión de la ejecución mediante la prestación de caución para responder de lo debido, más las
costas y los daños y perjuicios derivados de la demora
en la ejecución. Se trata de una regulación que trata
de ponderar los intereses de ejecutante y ejecutado.
El título IX regula el exequátur de laudos extranjeros,
compuesto por un único precepto en el que, además
de mantenerse la definición de laudo extranjero como
aquel que no ha sido dictado en España, se hace un
reenvío a los convenios internacionales en los que España sea parte y, sobre todo, al Convenio de Nueva York
de 1958. Dado que España no ha formulado reserva
alguna a este convenio, resulta aplicable con independencia de la naturaleza comercial o no de la controversia
y de si el laudo ha sido o no dictado en un Estado parte
en el convenio. Esto significa que el ámbito de aplicación
del Convenio de Nueva York en España hace innecesario
un régimen legal interno de exequátur de laudos extranjeros, sin perjuicio de lo que pudieran disponer otros
convenios internacionales más favorables.
1. Esta ley se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar
se halle dentro del territorio español, sean de carácter
interno o internacional, sin perjuicio de lo establecido
en tratados de los que España sea parte o en leyes que
contengan disposiciones especiales sobre arbitraje.
2. Las normas contenidas en los apartados 3, 4 y 6
del artículo 8, en el artículo 9, excepto el apartado 2,
en los artículos 11 y 23 y en los títulos VIII y IX de
esta ley se aplicarán aun cuando el lugar del arbitraje
se encuentre fuera de España.
3. Esta ley será de aplicación supletoria a los arbitrajes previstos en otras leyes.
4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de
esta ley los arbitrajes laborales.
Artículo 2. Materias objeto de arbitraje.
1. Son susceptibles de arbitraje las controversias
sobre materias de libre disposición conforme a derecho.
2. Cuando el arbitraje sea internacional y una de
las partes sea un Estado o una sociedad, organización
o empresa controlada por un Estado, esa parte no podrá
invocar las prerrogativas de su propio derecho para
sustraerse a las obligaciones dimanantes del convenio
Artículo 3. Arbitraje internacional.
1. El arbitraje tendrá carácter internacional cuando
en él concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que, en el momento de celebración del convenio
arbitral, las partes tengan sus domicilios en Estados
b) Que el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con arreglo a éste, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de
la relación jurídica de la que dimane la controversia o
el lugar con el que ésta tenga una relación más estrecha,
esté situado fuera del Estado en que las partes tengan
c) Que la relación jurídica de la que dimane la controversia afecte a intereses del comercio internacional.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, si alguna de las partes tiene más de un domicilio,
se estará al que guarde una relación más estrecha con
el convenio arbitral; y si una parte no tiene ningún domicilio, se estará a su residencia habitual.
Artículo 4. Reglas de interpretación.
Cuando una disposición de esta ley:
a) Deje a las partes la facultad de decidir libremente
sobre un asunto, esa facultad comprenderá la de autorizar a un tercero, incluida una institución arbitral, a que
adopte esa decisión, excepto en el caso previsto en el
b) Se refiera al convenio arbitral o a cualquier otro
acuerdo entre las partes, se entenderá que integran su
contenido las disposiciones del reglamento de arbitraje
al que las partes se hayan sometido.
c) Se refiera a la demanda, se aplicará también a
la reconvención, y cuando se refiera a la contestación,
se aplicará asimismo a la contestación a esa reconvención, excepto en los casos previstos en el párrafo a)
del artículo 31 y en el párrafo a) del apartado 2 del
Artículo 5. Notificaciones, comunicaciones y cómputo
de plazos.
Salvo acuerdo en contrario de las partes y con exclusión, en todo caso, de los actos de comunicación realizados dentro de un procedimiento judicial, se aplicarán
las disposiciones siguientes:
a) Toda notificación o comunicación se considerará
recibida el día en que haya sido entregada personalmente al destinatario o en que haya sido entregada en
su domicilio, residencia habitual, establecimiento o
dirección. Asimismo, será válida la notificación o comunicación realizada por télex, fax u otro medio de telecomunicación electrónico, telemático o de otra clase
semejante que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos dejando constancia de su remisión
y recepción y que hayan sido designados por el interesado. En el supuesto de que no se descubra, tras una
indagación razonable, ninguno de esos lugares, se considerará recibida el día en que haya sido entregada o
intentada su entrega, por correo certificado o cualquier
otro medio que deje constancia, en el último domicilio,
residencia habitual, dirección o establecimiento conocidos del destinatario.
b) Los plazos establecidos en esta ley se computarán desde el día siguiente al de recepción de la notificación o comunicación. Si el último día del plazo fuere
festivo en el lugar de recepción de la notificación o comunicación, se prorrogará hasta el primer día laborable
siguiente. Cuando dentro de un plazo haya de presentarse un escrito, el plazo se entenderá cumplido si el
escrito se remite dentro de aquél, aunque la recepción
se produzca con posterioridad. Los plazos establecidos
por días se computarán por días naturales.
Artículo 6. Renuncia tácita a las facultades de impugnación.
Si una parte, conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de esta ley o de algún requisito del convenio arbitral, no la denunciare dentro del plazo previsto
para ello o, en su defecto, tan pronto como le sea posible,
se considerará que renuncia a las facultades de impugnación previstas en esta ley.
Artículo 7. Intervención judicial.
En los asuntos que se rijan por esta ley no intervendrá
ningún tribunal, salvo en los casos en que ésta así lo
Artículo 8. Tribunales competentes para las funciones
de apoyo y control del arbitraje.
1. Para el nombramiento judicial de árbitros será
competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar
del arbitraje; de no estar éste aún determinado, el del
domicilio o residencia habitual de cualquiera de los
demandados; si ninguno de ellos tuviere domicilio o residencia habitual en España, el del domicilio o residencia
habitual del actor, y si éste tampoco los tuviere en España, el de su elección.
2. Para la asistencia judicial en la práctica de pruebas será competente el Juzgado de Primera Instancia
del lugar del arbitraje o el del lugar donde hubiere de
prestarse la asistencia.
3. Para la adopción judicial de medidas cautelares
será tribunal competente el del lugar en que el laudo
deba ser ejecutado y, en su defecto, el del lugar donde
las medidas deban producir su eficacia, de conformidad
con lo previsto en el artículo 724 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. Para la ejecución forzosa del laudo será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que
se haya dictado, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y, en su caso, el previsto en el artículo 958 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil de 1881.
5. Para conocer de la acción de anulación del laudo
será competente la Audiencia Provincial del lugar donde
aquél se hubiere dictado.
6. Para el exequátur de laudos extranjeros será competente el órgano jurisdiccional al que el ordenamiento
procesal civil atribuya la ejecución de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros.
Artículo 9. Forma y contenido del convenio arbitral.
1. El convenio arbitral, que podrá adoptar la forma
de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de
someter a arbitraje todas o algunas de las controversias
que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual.
2. Si el convenio arbitral está contenido en un contrato de adhesión, la validez de dicho convenio y su
interpretación se regirán por lo dispuesto en las normas
aplicables a ese tipo de contrato.
3. El convenio arbitral deberá constar por escrito,
en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u otros medios
de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo.
Se considerará cumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo.
4. Se considerará incorporado al acuerdo entre las
partes el convenio arbitral que conste en un documento
al que éstas se hayan remitido en cualquiera de las formas establecidas en el apartado anterior.
5. Se considerará que hay convenio arbitral cuando
en un intercambio de escritos de demanda y contestación su existencia sea afirmada por una parte y no
negada por la otra.
6. Cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido y la controversia será susceptible de arbitraje si cumplen los requisitos establecidos
por las normas jurídicas elegidas por las partes para
regir el convenio arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el derecho
Artículo 10. Arbitraje testamentario.
También será válido el arbitraje instituido por disposición testamentaria para solucionar diferencias entre
herederos no forzosos o legatarios por cuestiones relativas a la distribución o administración de la herencia.
Artículo 11. Convenio arbitral y demanda en cuanto
al fondo ante un Tribunal.
1. El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir
lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las
controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte
a quien interese lo invoque mediante declinatoria.
2. La declinatoria no impedirá la iniciación o prosecución de las actuaciones arbitrales.
3. El convenio arbitral no impedirá a ninguna de
las partes, con anterioridad a las actuaciones arbitrales
o durante su tramitación, solicitar de un tribunal la adopción de medidas cautelares ni a éste concederlas.
Artículo 12. Número de árbitros.
Las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, siempre que sea impar. A falta de acuerdo, se designará un solo árbitro.
Artículo 13. Capacidad para ser árbitro.
Pueden ser árbitros las personas naturales que se
hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan
estar sometidos en el ejercicio de su profesión. Salvo
acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de
una persona no será obstáculo para que actúe como
Artículo 14. Arbitraje institucional.
1. Las partes podrán encomendar la administración
del arbitraje y la designación de árbitros a:
a) Corporaciones de derecho público que puedan
desempeñar funciones arbitrales, según sus normas
reguladoras, y en particular el Tribunal de Defensa de
b) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en
cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales.
establecidos por las partes para ser árbitro y tomará
las medidas necesarias para garantizar su independencia
e imparcialidad. En el supuesto de que proceda designar
un solo árbitro o un tercer árbitro, el tribunal tendrá
también en cuenta la conveniencia de nombrar un árbitro
de nacionalidad distinta a la de las partes y, en su caso,
a la de los árbitros ya designados, a la vista de las circunstancias concurrentes. A continuación, se procederá
al nombramiento de los árbitros mediante sorteo.
7. Contra las resoluciones definitivas que decidan
sobre las cuestiones atribuidas en este artículo al tribunal
competente no cabrá recurso alguno, salvo aquellas que
rechacen la petición formulada de conformidad con lo
establecido en el apartado 5.
Artículo 16. Aceptación de los árbitros.
2. Las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme a sus propios reglamentos.
Salvo que las partes hayan dispuesto otra cosa, cada
árbitro, dentro del plazo de 15 días a contar desde el
siguiente a la comunicación del nombramiento, deberá
comunicar su aceptación a quien lo designó. Si en el
plazo establecido no comunica la aceptación, se entenderá que no acepta su nombramiento.
Artículo 15. Nombramiento de los árbitros.
Artículo 17. Motivos de abstención y recusación.
1. En los arbitrajes internos que no deban decidirse
en equidad de acuerdo con el artículo 34, se requerirá
la condición de abogado en ejercicio, salvo acuerdo
expreso en contrario.
2. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento para la designación de los árbitros, siempre
que no se vulnere el principio de igualdad. A falta de
acuerdo, se aplicarán las siguientes reglas:
a) En el arbitraje con un solo árbitro, éste será nombrado por el tribunal competente a petición de cualquiera
b) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará uno y los dos árbitros así designados nombrarán
al tercero, quien actuará como presidente del colegio
arbitral. Si una parte no nombra al árbitro dentro de
los 30 días siguientes a la recepción del requerimiento
de la otra para que lo haga, la designación del árbitro
se hará por el tribunal competente, a petición de cualquiera de las partes. Lo mismo se aplicará cuando los
árbitros designados no consigan ponerse de acuerdo
sobre el tercer árbitro dentro de los 30 días contados
desde la última aceptación.
En caso de pluralidad de demandantes o de demandados, éstos nombrarán un árbitro y aquéllos otro. Si
los demandantes o los demandados no se pusieran de
acuerdo sobre el árbitro que les corresponde nombrar,
todos los árbitros serán designados por el tribunal competente a petición de cualquiera de las partes.
c) En el arbitraje con más de tres árbitros, todos
serán nombrados por el tribunal competente a petición
de cualquiera de las partes.
1. Todo árbitro debe ser y permanecer durante el
arbitraje independiente e imparcial. En todo caso, no
podrá mantener con las partes relación personal, profesional o comercial.
2. La persona propuesta para ser árbitro deberá
revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar
a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. El árbitro, a partir de su nombramiento, revelará
a las partes sin demora cualquier circunstancia sobrevenida.
En cualquier momento del arbitraje cualquiera de las
partes podrá pedir a los árbitros la aclaración de sus
relaciones con algunas de las otras partes.
3. Un árbitro sólo podrá ser recusado si concurren
en él circunstancias que den lugar a dudas justificadas
sobre su imparcialidad o independencia, o si no posee
las cualificaciones convenidas por las partes. Una parte
sólo podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en
cuyo nombramiento haya participado, por causas de las
que haya tenido conocimiento después de su designación.
3. Si no resultare posible designar árbitros a través
del procedimiento acordado por las partes, cualquiera
de ellas podrá solicitar al tribunal competente el nombramiento de los árbitros o, en su caso, la adopción
de las medidas necesarias para ello.
4. Las pretensiones que se ejerciten en relación con
lo previsto en los apartados anteriores se sustanciarán
por los cauces del juicio verbal.
5. El tribunal únicamente podrá rechazar la petición
formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral.
6. Si procede la designación de árbitros por el tribunal, éste confeccionará una lista con tres nombres
por cada árbitro que deba ser nombrado. Al confeccionar
dicha lista el tribunal tendrá en cuenta los requisitos
Artículo 18. Procedimiento de recusación.
1. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de los árbitros.
2. A falta de acuerdo, la parte que recuse a un árbitro expondrá los motivos dentro de los quince días
siguientes a aquel en que tenga conocimiento de la aceptación o de cualquiera de las circunstancias que puedan
dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad
o independencia. A menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra parte acepte la recusación,
corresponderá a los árbitros decidir sobre ésta.
3. Si no prosperase la recusación planteada con
arreglo al procedimiento acordado por las partes o al
establecido en el apartado anterior, la parte recusante
podrá, en su caso, hacer valer la recusación al impugnar
Artículo 19. Falta o imposibilidad de ejercicio de las
1. Cuando un árbitro se vea impedido de hecho o
de derecho para ejercer sus funciones, o por cualquier
otro motivo no las ejerza dentro de un plazo razonable,
cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan
su remoción. Si existe desacuerdo sobre la remoción
y las partes no han estipulado un procedimiento para
salvar dicho desacuerdo, se aplicarán las siguientes
a) La pretensión de remoción se sustanciará por los
trámites del juicio verbal. Se podrá acumular la solicitud
de nombramiento de árbitros, en los términos previstos
en el artículo 15, para el caso de que se estime la de
Contra las resoluciones definitivas que se dicten no
cabrá recurso alguno.
b) En el arbitraje con pluralidad de árbitros los
demás árbitros decidirán la cuestión. Si no pudieren
alcanzar una decisión, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.
2. La renuncia de un árbitro a su cargo o la aceptación por una de las partes de su cese, conforme a
lo dispuesto en el presente artículo o en el apartado 2
del artículo anterior, no se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos
mencionados en las citadas normas.
Artículo 20. Nombramiento de árbitro sustituto.
1. Cualquiera que sea la causa por la que haya que
designar un nuevo árbitro, se hará según las normas
reguladoras del procedimiento de designación del sustituido.
2. Una vez nombrado el sustituto, los árbitros, previa
audiencia de las partes, decidirán si ha lugar a repetir
actuaciones ya practicadas.
Artículo 21. Responsabilidad de los árbitros y de las
instituciones arbitrales. Provisión de fondos.
1. La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso,
a la institución arbitral, a cumplir fielmente el encargo,
incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los
daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad
o dolo. En los arbitrajes encomendados a una institución,
el perjudicado tendrá acción directa contra la misma,
con independencia de las acciones de resarcimiento que
asistan a aquélla contra los árbitros.
2. Salvo pacto en contrario, tanto los árbitros como
la institución arbitral podrán exigir a las partes las provisiones de fondos que estimen necesarias para atender
a los honorarios y gastos de los árbitros y a los que
puedan producirse en la administración del arbitraje. A
falta de provisión de fondos por las partes, los árbitros
podrán suspender o dar por concluidas las actuaciones
arbitrales. Si dentro del plazo alguna de las partes no
hubiere realizado su provisión, los árbitros, antes de acordar la conclusión o suspensión de las actuaciones, lo
comunicarán a las demás partes, por si tuvieren interés
en suplirla dentro del plazo que les fijaren.
De la competencia de los árbitros
Artículo 22. Potestad de los árbitros para decidir sobre
1. Los árbitros estarán facultados para decidir sobre
su propia competencia, incluso sobre las excepciones
relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral
o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en
el fondo de la controversia. A este efecto, el convenio
arbitral que forme parte de un contrato se considerará
como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo. La decisión de los árbitros que decla-
re la nulidad del contrato no entrañará por sí sola la
nulidad del convenio arbitral.
2. Las excepciones a las que se refiere el apartado
anterior deberán oponerse a más tardar en el momento
de presentar la contestación, sin que el hecho de haber
designado o participado en el nombramiento de los árbitros impida oponerlas. La excepción consistente en que
los árbitros se exceden del ámbito de su competencia
deberá oponerse tan pronto como se plantee, durante
las actuaciones arbitrales, la materia que exceda de dicho
3. Los árbitros podrán decidir las excepciones de
que trata este artículo con carácter previo o junto con
las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas
al fondo del asunto. La decisión de los árbitros sólo podrá
impugnarse mediante el ejercicio de la acción de anulación del laudo en el que se haya adoptado. Si la decisión
fuese desestimatoria de las excepciones y se adoptase
con carácter previo, el ejercicio de la acción de anulación
no suspenderá el procedimiento arbitral.
Artículo 23. Potestad de los árbitros de adoptar medidas cautelares.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán, a instancia de cualquiera de ellas, adoptar
las medidas cautelares que estimen necesarias respecto
del objeto del litigio. Los árbitros podrán exigir caución
suficiente al solicitante.
2. A las decisiones arbitrales sobre medidas cautelares, cualquiera que sea la forma que revistan, les
serán de aplicación las normas sobre anulación y ejecución forzosa de laudos.
Artículo 24. Principios de igualdad, audiencia y contradicción.
1. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse
a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer
2. Los árbitros, las partes y las instituciones arbitrales, en su caso, están obligadas a guardar la confidencialidad de las informaciones que conozcan a través
de las actuaciones arbitrales.
Artículo 25. Determinación del procedimiento.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior,
las partes podrán convenir libremente el procedimiento
al que se hayan de ajustar los árbitros en sus actuaciones.
2. A falta de acuerdo, los árbitros podrán, con sujeción a lo dispuesto en esta Ley, dirigir el arbitraje del
modo que consideren apropiado. Esta potestad de los
árbitros comprende la de decidir sobre admisibilidad,
pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre su práctica,
incluso de oficio, y sobre su valoración.
Artículo 26. Lugar del arbitraje.
1. Las partes podrán determinar libremente el lugar
del arbitraje. A falta de acuerdo, lo determinarán los árbitros, atendidas las circunstancias del caso y la conveniencia de las partes.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los árbitros podrán, previa consulta a las partes y
salvo acuerdo en contrario de éstas, reunirse en cualquier
lugar que estimen apropiado para oír a los testigos, a
los peritos o a las partes, o para examinar o reconocer
objetos, documentos o personas. Los árbitros podrán
celebrar deliberaciones en cualquier lugar que estimen
Artículo 27. Inicio del arbitraje.
Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, la
fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter la controversia a arbitraje se considerará la de inicio del arbitraje.
a) El demandante no presente su demanda en plazo,
los árbitros darán por terminadas las actuaciones, a
menos que, oído el demandado, éste manifieste su voluntad de ejercitar alguna pretensión.
b) El demandado no presente su contestación en
plazo, los árbitros continuarán las actuaciones, sin que
esa omisión se considere como allanamiento o admisión
de los hechos alegados por el demandante.
c) Una de las partes no comparezca a una audiencia
o no presente pruebas, los árbitros podrán continuar
las actuaciones y dictar el laudo con fundamento en
las pruebas de que dispongan.
Artículo 28. Idioma del arbitraje.
1. Las partes podrán acordar libremente el idioma
o los idiomas del arbitraje. A falta de acuerdo, decidirán
los árbitros, atendidas las circunstancias del caso. Salvo
que en el acuerdo de las partes o en la decisión de
los árbitros se haya previsto otra cosa, el idioma o los
idiomas establecidos se utilizarán en los escritos de las
partes, en las audiencias, en los laudos y en las decisiones
o comunicaciones de los árbitros.
2. Los árbitros, salvo oposición de alguna de las
partes, podrán ordenar que, sin necesidad de proceder
a su traducción, cualquier documento sea aportado o
cualquier actuación realizada en idioma distinto al del
Artículo 29. Demanda y contestación.
1. Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por los árbitros y a menos que las partes hayan
acordado otra cosa respecto del contenido de la demanda y de la contestación, el demandante deberá alegar
los hechos en que se funda, la naturaleza y las circunstancias de la controversia y las pretensiones que formula,
y el demandado podrá responder a lo planteado en la
demanda. Las partes, al formular sus alegaciones, podrán
aportar todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas
que vayan a presentar o proponer.
2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cualquiera de ellas podrá modificar o ampliar su demanda
o contestación durante el curso de las actuaciones arbitrales, a menos que los árbitros lo consideren improcedente por razón de la demora con que se hubiere
Artículo 30. Forma de las actuaciones arbitrales.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros decidirán si han de celebrarse audiencias para la
presentación de alegaciones, la práctica de pruebas y
la emisión de conclusiones, o si las actuaciones se sustanciarán solamente por escrito. No obstante, a menos
que las partes hubiesen convenido que no se celebren
audiencias, los árbitros las señalarán, en la fase apropiada de las actuaciones, si cualquiera de las partes lo
solicitara.
2. Las partes serán citadas a todas las audiencias
con suficiente antelación y podrán intervenir en ellas
directamente o por medio de sus representantes.
3. De todas las alegaciones escritas, documentos
y demás instrumentos que una parte aporte a los árbitros
se dará traslado a la otra parte. Asimismo, se pondrán
a disposición de las partes los documentos, dictámenes
periciales y otros instrumentos probatorios en que los
árbitros puedan fundar su decisión.
Artículo 31. Falta de comparecencia de las partes.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando,
sin alegar causa suficiente a juicio de los árbitros:
Artículo 32. Nombramiento de peritos por los árbitros.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán nombrar, de oficio o a instancia de parte,
uno o más peritos para que dictaminen sobre materias
concretas y requerir a cualquiera de las partes para que
facilite al perito toda la información pertinente, le presente para su inspección todos los documentos u objetos
pertinentes o le proporcione acceso a ellos.
2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando
una parte lo solicite o cuando los árbitros lo consideren
necesario, todo perito, después de la presentación de
su dictamen, deberá participar en una audiencia en la
que los árbitros y las partes, por sí o asistidas de peritos,
podrán interrogarle.
3. Lo previsto en los apartados precedentes se
entiende sin perjuicio de la facultad de las partes, salvo
acuerdo en contrario, de aportar dictámenes periciales
por peritos libremente designados.
Artículo 33. Asistencia judicial para la práctica de pruebas.
1. Los árbitros o cualquiera de las partes con su
aprobación podrán solicitar del tribunal competente asistencia para la práctica de pruebas, de conformidad con
las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba. Esta asistencia podrá consistir en la práctica de la
prueba ante el tribunal competente o en la adopción
por éste de las concretas medidas necesarias para que
la prueba pueda ser practicada ante los árbitros.
2. Si así se le solicitare, el tribunal practicará la prueba bajo su exclusiva dirección. En otro caso, el tribunal
se limitará a acordar las medidas pertinentes. En ambos
supuestos el tribunal entregará al solicitante testimonio
de las actuaciones.
Del pronunciamiento del laudo y de la terminación
Artículo 34. Normas aplicables al fondo de la controversia.
1. Los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado expresamente para ello.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el arbitraje sea internacional, los árbitros
decidirán la controversia de conformidad con las normas
jurídicas elegidas por las partes. Se entenderá que toda
indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un
Estado determinado se refiere, a menos que se exprese
lo contrario, al derecho sustantivo de ese Estado y no
a sus normas de conflicto de leyes.
Si las partes no indican las normas jurídicas aplicables, los árbitros aplicarán las que estimen apropiadas.
3. En todo caso, los árbitros decidirán con arreglo
a las estipulaciones del contrato y tendrán en cuenta
los usos aplicables.
Artículo 35. Adopción de decisiones colegiadas.
1. Cuando haya más de un árbitro, toda decisión
se adoptará por mayoría, salvo que las partes hubieren
dispuesto otra cosa. Si no hubiere mayoría, la decisión
será tomada por el presidente.
2. Salvo acuerdo de las partes o de los árbitros en
contrario, el presidente podrá decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso del procedimiento.
Artículo 36. Laudo por acuerdo de las partes.
1. Si durante las actuaciones arbitrales las partes
llegan a un acuerdo que ponga fin total o parcialmente
a la controversia, los árbitros darán por terminadas las
actuaciones con respecto a los puntos acordados y, si
ambas partes lo solicitan y los árbitros no aprecian motivo para oponerse, harán constar ese acuerdo en forma
de laudo en los términos convenidos por las partes.
2. El laudo se dictará con arreglo a lo dispuesto
en el artículo siguiente y tendrá la misma eficacia que
cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio.
Artículo 37. Plazo, forma, contenido y notificación del
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros decidirán la controversia en un solo laudo o en tantos
laudos parciales como estimen necesarios.
2. Si las partes no hubieren dispuesto otra cosa,
los árbitros deberán decidir la controversia dentro de los
seis meses siguientes a la fecha de presentación de la
contestación a que se refiere el artículo 29 o de expiración del plazo para presentarla. Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo podrá ser prorrogado por
los árbitros, por un plazo no superior a dos meses,
mediante decisión motivada.
La expiración del plazo sin que se haya dictado laudo
definitivo determinará la terminación de las actuaciones
arbitrales y el cese de los árbitros. No obstante, no afectará a la eficacia del convenio arbitral, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hayan podido incurrir los árbitros.
3. Todo laudo deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros, quienes podrán expresar su parecer discrepante. Cuando haya más de un árbitro, bastarán
las firmas de la mayoría de los miembros del colegio
arbitral o sólo la de su presidente, siempre que se manifiesten las razones de la falta de una o más firmas.
se entenderá que el laudo consta por escrito cuando
de su contenido y firmas quede constancia y sean accesibles para su ulterior consulta en soporte electrónico,
óptico o de otro tipo.
4. El laudo deberá ser motivado, a menos que las
partes hayan convenido otra cosa o que se trate de un
laudo pronunciado en los términos convenidos por las
partes conforme al artículo anterior.
5. Constarán en el laudo la fecha en que ha sido
dictado y el lugar del arbitraje, determinado de conformidad con el apartado 1 del artículo 26. El laudo se
considerará dictado en ese lugar.
6. Con sujeción a lo acordado por las partes, los
árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas
del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos de
los árbitros y, en su caso, los honorarios y gastos
de los defensores o representantes de las partes, el
coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje y los demás gastos originados en
7. Los árbitros notificarán el laudo a las partes en
la forma y en el plazo que éstas hayan acordado o,
en su defecto, mediante entrega a cada una de ellas
de un ejemplar firmado de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 3, dentro del mismo plazo establecido en el apartado 2.
8. El laudo podrá ser protocolizado notarialmente.
Cualquiera de las partes, a su costa, podrá instar de
los árbitros, antes de la notificación, que el laudo sea
protocolizado.
Artículo 38. Terminación de las actuaciones.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, sobre notificación y, en su caso, protocolización del
laudo, y en el artículo siguiente, sobre su corrección,
aclaración y complemento, las actuaciones arbitrales terminarán y los árbitros cesarán en sus funciones con el
2. Los árbitros también ordenarán la terminación
de las actuaciones cuando:
a) El demandante desista de su demanda, a menos
que el demandado se oponga a ello y los árbitros le
reconozcan un interés legítimo en obtener una solución
definitiva del litigio.
b) Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones.
c) Los árbitros comprueben que la prosecución de
las actuaciones resulta innecesaria o imposible.
3. Transcurrido el plazo que las partes hayan señalado a este fin o, en su defecto, el de dos meses desde
la terminación de las actuaciones, cesará la obligación
de los árbitros de conservar la documentación del procedimiento. Dentro de ese plazo, cualquiera de las partes
podrá solicitar a los árbitros que le remitan los documentos presentados por ella. Los árbitros accederán a
la solicitud siempre que no atente contra el secreto
de la deliberación arbitral y que el solicitante asuma los
gastos correspondientes al envío, en su caso.
Artículo 39. Corrección, aclaración y complemento del
1. Dentro de los 10 días siguientes a la notificación
del laudo, salvo que las partes hayan acordado otro plazo,
cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, solicitar a los árbitros:
a) La corrección de cualquier error de cálculo, de
copia, tipográfico o de naturaleza similar.
b) La aclaración de un punto o de una parte concreta
c) El complemento del laudo respecto de peticiones
formuladas y no resueltas en él.
2. Previa audiencia de las demás partes, los árbitros
resolverán sobre las solicitudes de corrección de errores
y de aclaración en el plazo de 10 días, y sobre la solicitud
de complemento en el plazo de 20 días.
3. Dentro de los 10 días siguientes a la fecha del
laudo, los árbitros podrán proceder de oficio a la corrección de errores a que se refiere el párrafo a) del apartado 1.
4. Lo dispuesto en el artículo 37 se aplicará a las
resoluciones arbitrales sobre corrección, aclaración y
complemento del laudo.
5. Cuando el arbitraje sea internacional, los plazos
de 10 y 20 días establecidos en los apartados anteriores
serán plazos de uno y dos meses, respectivamente.
De la anulación y de la revisión del laudo
lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para las
sentencias firmes.
Artículo 40. Acción de anulación del laudo.
Contra un laudo definitivo podrá ejercitarse la acción
de anulación en los términos previstos en este título.
Artículo 41. Motivos.
1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte
que solicita la anulación alegue y pruebe:
a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido.
b) Que no ha sido debidamente notificada de la
designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales
o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer
c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones
no sometidas a su decisión.
d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre
las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a
una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho
acuerdo, que no se han ajustado a esta ley.
e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones
no susceptibles de arbitraje.
f) Que el laudo es contrario al orden público.
2. Los motivos contenidos en los párrafos b), e) y f)
del apartado anterior podrán ser apreciados por el tribunal que conozca de la acción de anulación de oficio
o a instancia del Ministerio Fiscal en relación con los
intereses cuya defensa le está legalmente atribuida.
3. En los casos previstos en los párrafos c) y e)
del apartado 1, la anulación afectará sólo a los pronunciamientos del laudo sobre cuestiones no sometidas a
decisión de los árbitros o no susceptibles de arbitraje,
siempre que puedan separarse de las demás.
4. La acción de anulación del laudo habrá de ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a su notificación o, en caso de que se haya solicitado corrección,
aclaración o complemento del laudo, desde la notificación de la resolución sobre esta solicitud, o desde la
expiración del plazo para adoptarla.
Artículo 44. Normas aplicables.
La ejecución forzosa de los laudos se regirá por lo
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en este
Artículo 45. Suspensión, sobreseimiento y reanudación
de la ejecución en caso de ejercicio de la acción de
anulación del laudo.
1. El laudo es ejecutable aun cuando contra él se
haya ejercitado acción de anulación. No obstante, en
ese caso el ejecutado podrá solicitar al tribunal competente la suspensión de la ejecución, siempre que ofrezca caución por el valor de la condena más los daños
y perjuicios que pudieren derivarse de la demora en la
ejecución del laudo. La caución podrá constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo
del apartado 3 del artículo 529 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Presentada la solicitud de suspensión, el
tribunal, tras oír al ejecutante, resolverá sobre la caución.
Contra esta resolución no cabrá recurso alguno.
2. Se alzará la suspensión y se ordenará que continúe la ejecución cuando conste al tribunal la desestimación de la acción de anulación, sin perjuicio del derecho del ejecutante a solicitar, en su caso, indemnización
de los daños y perjuicios causados por la demora en
la ejecución, a través de los cauces ordenados en los
artículos 712 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
3. Se alzará la ejecución, con los efectos previstos
en los artículos 533 y 534 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, cuando conste al tribunal que ha sido estimada
la acción de anulación.
Si la anulación afectase sólo a las cuestiones a que
se refiere el apartado 3 del artículo 41 y subsistiesen
otros pronunciamientos del laudo, se considerará estimación parcial, a los efectos previstos en el apartado 2
del artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
1. La acción de anulación se sustanciará por los
cauces del juicio verbal. No obstante, la demanda deberá
presentarse conforme a lo establecido en el artículo 399
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acompañada de los
documentos justificativos del convenio arbitral y del laudo, y, en su caso, contendrá la proposición de los medios
de prueba cuya práctica interese el actor. De la demanda
se dará traslado al demandado, para que conteste en
el plazo de 20 días. En la contestación deberá el demandado proponer los medios de prueba de que intente
valerse. Contestada la demanda o transcurrido el correspondiente plazo, se citará a las partes a la vista, en la
que el actor podrá proponer la práctica de prueba en
relación con lo alegado por el demandado en su contestación.
2. Frente a la sentencia que se dicte no cabrá recurso alguno.
1. Se entiende por laudo extranjero el pronunciado
fuera del territorio español.
2. El exequátur de laudos extranjeros se regirá por
el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de las
sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York,
el 10 de junio de 1958, sin perjuicio de lo dispuesto
en otros convenios internacionales más favorables a su
concesión, y se sustanciará según el procedimiento establecido en el ordenamiento procesal civil para el de sentencias dictadas por tribunales extranjeros.
Artículo 43. Cosa juzgada y revisión de laudos firmes.
Disposición adicional única. Arbitrajes de consumo.
El laudo firme produce efectos de cosa juzgada y
frente a él sólo cabrá solicitar la revisión conforme a
Esta ley será de aplicación supletoria al arbitraje a
que se refiere la Ley 26/1984, de 19 de julio, general
Del exequátur de laudos extranjeros
Artículo 46. Carácter extranjero del laudo. Normas aplicables.
de defensa de consumidores y usuarios, que en sus normas de desarrollo podrá establecer la decisión en equidad, salvo que las partes opten expresamente por el
arbitraje en derecho.
1. En los casos en que con anterioridad a la entrada
en vigor de esta ley el demandado hubiere recibido el
requerimiento de someter la controversia a arbitraje o
se hubiere iniciado el procedimiento arbitral, éste se regirá por lo dispuesto en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre,
de Arbitraje. No obstante, se aplicarán en todo caso las
normas de esta ley relativas al convenio arbitral y a sus
2. A los laudos dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley les serán de aplicación las normas
de ésta relativas a anulación y revisión.
3. Los procedimientos de ejecución forzosa de laudos y de exequátur de laudos extranjeros que se encontraren pendientes a la entrada en vigor de esta ley se
seguirán sustanciando por lo dispuesto en la Ley
36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje.
Queda derogada la Ley 36/1988, de 5 de diciembre,
de Arbitraje.
Disposición final primera. Modificación de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
1. El número 2.o del apartado 2 del artículo 517,
«2.o Los laudos o resoluciones arbitrales.»
2. Se añade un nuevo párrafo al número 1.o del
apartado 1 del artículo 550 con la siguiente redacción:
«Cuando el título sea un laudo, se acompañarán,
además, el convenio arbitral y los documentos acreditativos de la notificación de aquél a las partes.»
3. Se adiciona un número 4.o al apartado 1 del artículo 559 con esta redacción:
«4.o Si el título ejecutivo fuera un laudo arbitral
no protocolizado notarialmente, la falta de autenticidad de éste.»
Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, establecida en el artículo 149.1.6.a y 8.a de
La presente ley entrará en vigor a los tres meses
23647 ACUERDO entre la República Francesa y el
Reino de España sobre la readmisión de personas en situación irregular, hecho «ad referendum» en Málaga el 26 de noviembre
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA FRANCESA Y EL
REINO DE ESPAÑA SOBRE LA READMISIÓN DE
La República Francesa y el Reino de España
En adelante denominados las Partes Contratantes,
Deseosas de desarrollar la cooperación entre las dos
Partes Contratantes, con el fin de garantizar una mejor
aplicación de las disposiciones relativas a la circulación
de personas, dentro del respeto a los derechos y garantías previstos por las leyes y reglamentos vigentes,
Dentro del respeto a los tratados y convenios internacionales, y con la intención de combatir la inmigración
Deseosas de sustituir el Acuerdo de 8 de enero
de 1988 entre el Reino de España y la República Francesa relativo a la admisión en puestos fronterizos de
personas en situación de estancia ilegal.
Sobre la base de la reciprocidad,
I. Readmisión de nacionales de las Partes Contratantes
1. Cada Parte Contratante readmitirá en su territorio,
a solicitud de la otra Parte Contratante y sin formalidad
alguna, a toda persona que no cumpla o haya dejado
de cumplir las condiciones de entrada o de estancia
aplicables en el territorio de la Parte Contratante requirente, siempre que se acredite o se presuma que posee
la nacionalidad de la Parte Contratante requerida.
2. La Parte Contratante requirente readmitirá en las
mismas condiciones a la persona de que se trate si
mediante controles posteriores se demuestra que no
poseía la nacionalidad de la Parte Contratante requerida
en el momento de su salida del territorio de la Parte
Contratante requirente.
1. La nacionalidad de una persona se considerará
acreditada mediante alguno de los documentos válidos
Para la República Francesa:
decreto de naturalización o de recuperación de la
nacionalidad francesa.
2. Se presumirá la nacionalidad sobre la base de
alguno de los siguientes elementos:
kilian romero
Ley de Arbitraje española año 2003

References: Real Decreto 
 Resolución

 resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 29
 artículo 34
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 9

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 31

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 724
 artículo 545
 artículo 958

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 16

Artículo 15

Artículo 17
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Artículo 18

Artículo 19
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Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37
 artículo 29
 artículo 26

Artículo 38

Artículo 39
 artículo 37

Artículo 40

Artículo 41
 resolución 

Artículo 44

Artículo 45
 artículo 529
 resolución 
 artículo 41
 artículo 533
 artículo 399

Artículo 43

Artículo 46
 artículo 517
 artículo 550
 artículo 559
 artículo 149