Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700068.html
Timestamp: 2019-03-26 08:17:25+00:00

Document:
se201700068
SENTENCIA: 68/2017.
EXPEDIENTE: 950/2013.
PARTES: Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Gerencia Distrital 1 Santa Cruz del Servicio Impuestos Nacionales, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso-administrativa de fs. 31 a 35, en la que se impugna la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1170/2013 de 29 de julio, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT); providencia de admisión de fs. 37, la contestación de fs. 68 a 70 vta., los memoriales de réplica y dúplica de fs. 75 a 77 y 81 vta., los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.
En mérito a la Resolución Administrativa de Presidencia Nª 03-0466-12 de 10 de octubre de 2012, Mayra Ninoshka Mercado Michel en representación legal de la Gerencia Distrital 1 Santa Cruz del Servicio Impuestos Nacionales (SIN), mediante memorial de fs. 13 a 35, se apersonó e interpuso demanda contencioso-administrativa en contra de la AGIT, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1170/2013 de 29 de julio, notificada el 8 de agosto del mismo año, como efecto del Recurso de Alzada que se interpuso el contribuyente en contra de la Resolución Sancionatoria Nº 18-00005359-12 de 27 de diciembre de 2012, por lo que haciendo una relación de los antecedentes de emisión de la Resolución impugnada, expresa que:
Manifiesta, que la Resolución emitida por la AGIT afecta los intereses de la Autoridad Tributaria (AT), debido a que el fallo emitido resolvió anular la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0255/2013 de 19 de abril, con reposición de obrados hasta la Resolución Sancionatoria emitida por la AT, debiendo esta nueva Resolución contener la valoración de los descargos presentados por el sujeto pasivo HIDROSOBOL LTDA. y cumpliendo lo establecido en el art. 99 de la Ley 2492 Código Tributario boliviano (CTb), fallo que considera, provocó agravios a la AT que actúa en representación del Estado.
I.2.1 Violación del art. 76 (Carga de la Prueba) y 200 num. 1) de la Ley 2492 CTb.
Haciendo una transcripción de los inc. vii. punto IV.3.2.2 y ix de la Resolución Jerárquica; refiere, que la AGIT incurrió en violación de la norma contenida en el art. 76 de la Ley 2492 CTb referida a la carga de la prueba, por cuanto sólo se limitó a manifestar que la AT no valoró ni compulsó los descargos presentados por el contribuyente, habiendo vulnerado la garantía del debido proceso causándole indefensión por la falta de valoración de los descargos del contribuyente, postura rechazada por la AT.
Indica, que no basta que el contribuyente señale que presentó descargos, estas pruebas deben ser suficientes para refutar o desvirtuar lo alegado por la AT, lo que no sucedió en el caso; la base de los descargos presentados fue la Resolución Administrativa Nº 20-00040-2009 que otorgaba un Plan de Facilidades de Pago dentro del cuál se encontraba la Declaración Jurada (DDJJ) IVA Nº de Orden 7031082129 correspondiente al período mayo de 2008 y los documentos que respaldan las 35 cuotas pagadas por el contribuyente. Que de la verificación pudieron constatar que en 23 cuotas los pagos fueron incorrectos, por ser menores al monto que correspondía, generando con ello pagos en defecto; manifiesta, que la AT procedió a verificar en la boleta de pago Nº 1000-2 en el Sistema Integrado de Recaudación de la Administración Tributaria (SIRAT2), cuanto pagó efectivamente el contribuyente y se detecto que existió pagos en defecto, cuotas calculadas conforme a los dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio (RND) 10-0004-09.
Con esa base, afirma que los pagos si fueron considerados, sin embargo por error en la transcripción de la Resolución Sancionatoria se redactó que el contribuyente no había presentado descargos, consecuentemente indica, a partir de los pagos realizados por HIDROSOBOL LTDA., que evidenció la existencia de pagos en defecto, incurriendo por tanto en incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago. Más aún cuando en el Parágrafo Cuarto de la parte considerativa de la Resolución Sancionatoria se estableció textualmente: “…habiendo pagado el contribuyente la deuda tributaria (tributo e intereses) antes de la emisión y notificación de la presente Resolución Sancionatoria de conformidad a lo establecido por el art. 13.I inc. a) de la RND Nº 10-0037-07, corresponde aplicar la reducción de la sanción en un 80% del tributo omitido expresado en bolivianos, en aplicación del art. 156 num. 1) del CTb Ley 2492”, quedando en evidencia con ello, que la AT manifestó que el contribuyente efectivamente realizó los pagos de las cuotas, quedando descartado el argumento de no valoración de los descargos, ya que estos no tienen efecto alguno sobre el procedimiento del Sumario Contravencional por la omisión de pago como tal.
Con referencia a la indefensión, citando la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1152/2013 y la Sentencia Constitucional (SC) 0287/2003-R de 11 de marzo, manifiesta que la AT no causó indefensión al contribuyente, por que se le notificó con todos actos administrativos y se le brindó los plazos legales para su defensa, además tuvo acceso a toda información y documentación, quedando demostrado que con el error de transcripción -no presentó descargo alguno- de la AT, no se provocó vulneración a ningún precepto constitucional, como ser; debido proceso, derecho a la defensa o derecho a la información, es más, la Resolución Sancionatoria aplicó la reducción de la sanción por los pagos de tributo omitido e intereses, por el contribuyente ante de la emisión de la Resolución Sancionatoria, por lo que considera desvirtuado los argumentos de la AGIT.
I.2.2 Vulneración del art. 4 inc. d) de la Ley 2341 Ley de Procedimiento Administrativo -Principio de Verdad Material.
Citando la SC 1724/20110-R de 25 de octubre y el art. 4 inc. d) de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), la AT alega; que investigó los hechos basándose en documentación, datos y hechos que tienen directa relación de causalidad, utilizando los documentos e información, que le permitieron tener certeza plena sobre la existencia del hecho generador y de la base imponible, estableciendo en la Resolución Sancionatoria:
Que existieron pagos en defecto, motivo por el cual el contribuyente incurrió en incumplimiento del Plan de Facilidades de pago, que además fueron especificados.
Se informó cuanto era el porcentaje (6,99%) por incumplimiento al Plan de facilidades de pago y el porcentaje permitido para el incumplimiento de 5%.
Se estableció cual era el Título que se estaba ejecutando (Resolución Administrativa 057/2009 constituida en Título de Ejecución Tributaria) y la normativa (art. 108 num. 8) del Decreto Supremo (DS) Nº 27310 Reglamento al CTb (RCTb).
Se le hizo conocer la adecuación de su conducta contravencional (Omisión de Pago) y la normativa que la sanciona (arts. 165 del CTb y 42 del DS Nº 27310 RCTb).
Se hizo conocer el beneficio legal de reducción de sanción (80%).
Por último, se hizo conocer que los pagos en defecto se encontraban especificados en el Informe de 27 de agosto de 2012, emitido por el Departamento de Recaudaciones y Empadronamiento de la Dirección General 1 Santa Cruz del SIN.
Manifiesta, que se precauteló las garantías constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa e información, sólo la AT incurrió en el error de transcripción “el contribuyente no presentó documentación de descargo”, que sin embargo, de la documentación que presentó como descargos evidenció los recibos de pagos realizados por el contribuyente, que fueron valorados, computados las cuotas del Plan de Facilidades de Pago y con ello se estableció que existieron pagos en defecto en las cuotas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34.
Concluye indicando, que es obligación de la AGIT la carga de la prueba y el cumplimiento del principio de verdad material, debiendo haberse efectuado un análisis pormenorizado de los hechos y la documentación aportada como prueba, así desvirtuar la no valoración argumentada, recordando además el principio de legitimidad de los actos administrativos conforme lo establecido en el art. 4 inc. g) de la Ley 2341 LPA.
En virtud a sus argumentos, pide se resuelva la demanda dejando sin efecto la Resolución que se impugna en la parte que anuló el Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0255/2013 de 19 de abril y repuso obrados hasta el vicio más antiguo, hasta la Resolución Sancionatoria Nº 18-00005359/12 de 27 de diciembre.
La AGIT, se apersonó al proceso y respondió negativamente a la demanda con memorial presentado el 17 de marzo de 2014, cursante de fs. 68 a 70 vta., bajo los siguientes argumentos:
II.1. Que la AT no sólo omitió realizar pronunciamiento sobre los descargos presentados por el sujeto pasivo, sino que manifestó que no los presentó, cuando estos fueron presentados oportunamente para su consideración conforme lo establecido en el art. 168 de la Ley 2492 CTb. Con esa base considera, que el debido proceso no se refiere únicamente a la aplicación del procedimiento establecido en la normativa tributaria, sino también a la fundamentación que deben contener los actos, habiéndose presentado descargos ante los cargos que se le formuló, correspondiendo a la AT realizar un pronunciamiento sobre los mismos en resguardo del derecho a la defensa del contribuyente; por lo tanto afirma, que la falta de valoración de las pruebas de descargo incidieron en la fundamentación de hecho y de derecho como requisito esencial, conforme establece el art. 99.II de la Ley 2492 CTb, ratificando que la instancia jerárquica claramente estableció los artículos citados precedentemente, verificó asimismo la vulneración de los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 68 num. 6) y 7), 99.II de la Ley 2492 CTb, por lo que en aplicación del art. 36.II de la Ley 2341 LPA, aplicable por disposición del art. 74 de la Ley 2492 CTb, correspondía anular obrados hasta la Resolución Sancionatoria y esta instancia emita nueva Resolución cumpliendo los requisitos establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 CTb, por lo tanto queda desvirtuada la pretensión del demandante, que como confesión de parte señaló; “… por un ERROR DE TRANSCRIPCIÓN en la Resolución Sancionatoria se redactó que el contribuyente no había presentado descargos…”, confesión de parte que demuestra los fundamentos de la instancia jerárquica.
Hace notar, que el demandante no expresó observaciones o alegatos en la instancia jerárquica, menos respondió al memorial de recurso jerárquico planteado por HIDROSOBOL LTDA., lo que demuestra pasividad y conformidad con los fundamentos del sujeto pasivo.
II.2. Respecto al argumento de la no aplicación del principio de verdad material, expresa no ser evidente ello, por cuanto la decisión de la AGIT se ajusta a los hechos materiales, aclarando que este punto es un nuevo argumento que no fue reclamado por el demandante, lo que infringe el principio de congruencia e igualdad de las partes.
En cuanto a la legitimidad, aclara que conforme a los arts. 28 inc. b) de la Ley 1178 y 65 del CTb, se refiere a una presunción de legitimidad de los actos de la Administración Tributaria, que en el proceso de impugnación quedó completamente desvirtuado en los puntos que ameritaron la decisión de anular obrados hasta los Autos Iniciales del Sumario Contravencional.
En ese mérito, indica que los argumentos de la demanda no son evidentes y la Resolución impugnada fue emitida en estricta sujeción a la solicitud de las partes, los antecedentes del proceso y la normativa aplicable al caso, ratificándose en todos y cada uno de los fundamentos de la Resolución Jerárquica, por ende afirma que la demanda carece de sustento jurídico tributario y no existe agravio ni lesión de derechos.
En base a sus fundamentos solicita se declare improbada la demanda interpuesta por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1170/2013 de 29 de julio, emitida por la AGIT.
III.1. Que la AT el 28 de octubre de 2009, notificó al sujeto pasivo con la Resolución Administrativa Nº 57/2009 de 26 de octubre, sobre la Aceptación de Facilidades de Pago para los períodos marzo de 2006, octubre y noviembre de 2007 respecto al IT, diciembre de 2006, octubre, noviembre de 2007 y mayo de 2008 para el IVA, y diciembre de 2006 correspondiente al IUE.
III.2. La AT notificó al sujeto pasivo con el Proveído de Ejecución Tributaria Nº 27-0003579-12 de 9 de julio de 2012, emergente de la DDJJ con Nº de Orden 7031082129 correspondiente al IVA del período mayo de 2008, por el monto de Bs. 8.881.
III.3. Con base al Informe de Incumplimiento de la Facilidad de Pago del sujeto pasivo, indicó que se encuentran pagados en defecto en las cuotas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, que suman 6.99% incumpliendo con la facilidad de pago de acuerdo al pgfo. I del Numeral 3 del art. 17 de la RND Nº 10-0004-09; pagos en exceso en las cuotas 1, 8, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 las mismas que fueron a cubrir las diferencias por pagos en defecto.
III.4. Posteriormente mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional 25-0005998-12, el sujeto pasivo fue notificado al haberse evidenciado que no realizó el pago de la deuda tributaria, adecuando su conducta a la contravención tributaria de omisión de pago; ante ese hecho el 14 de noviembre de 2012, presentó descargos indicando que el período mayo de 2008 del IVA, se encuentra con facilidades de pago con Resolución Administrativa 20-00040-2009. La AT concluye emitiendo la Resolución Sancionatoria Nº 18-00005359-12 de 27 de diciembre de 2012, por incumplimiento de la Resolución Administrativa Nº 57/2009, en la cual se encuentra el IVA de mayo de 2008, según la DDJJ con Nº de Orden 7031082129, adecuando su conducta a la omisión de pago con la reducción del 80% del tributo omitido, expresado en UFV a la fecha de vencimiento conforme al art. 156 de la ley 2492 CTb.
III.5. Ante ese hecho, el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada cuya Resolución ARIT-SCZ/RA 0255/2013 de 19 de abril, dispuso confirmar la Resolución Sancionatoria Nº Resolución Sancionatoria Nº 18-00005359-12 de 27 de diciembre de 2012.
Contra esa determinación, la Empresa de Perforaciones HIDROSOBOL LTDA. interpuso Recurso Jerárquico, que fue resuelto mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 01170/2013 de 29 de julio, anulando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0255/2013 de 19 de abril, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria Nº 18-00005359-12 de 27 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, debiendo la AT emitir una nueva Resolución que contenga la valoración de los descargos presentados por el sujeto pasivo, cumpliendo los requisitos establecidos en el pgfo. II del art. 99 de la ley 2492 CTb.
De los antecedentes del proceso, la fundamentación de derecho y reconocida como se encuentra la competencia del Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, en el que el Tribunal analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos en este caso por la parte demandante, corresponde realizar el control de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación, así como de la Administración Tributaria Aduanera.
Consecuentemente, al existir denuncia de vulneración de normas legales tributarias, corresponde su análisis y consideración, estableciendo que el objeto de la controversia se refiere a determinar: 1) Si la Resolución impugnada violó lo establecido en los arts. 76 de la Ley 2492 CTb y 200 num. 1) de la Ley 3092 Complementaria al CTb, referida a la carga de la prueba, limitándose la AGIT a manifestar que la AT no valoró ni compulsó los descargos presentados por el contribuyente, hecho que influyó en la Resolución Sancionatoria. 2) Si existió vulneración del art. 4 inc. d) de la Ley 2341 LPA, referida a la aplicación de la verdad material.
V.1. Ingresando al control de legalidad sobre la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por las partes, en base a los antecedentes del caso se establece: Nuestra legislación en general se encentra sustentada en los principios constitucionales, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ésta constitución, son los fines y funciones esenciales del Estado, así lo establece el art. 9.I num. 4) de la CPE, por ello ésta norma en su art. 410 establece, que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa y todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentra sometidas a la presente Constitución, por ello, el cumplimiento de los principios, derechos y garantías constitucionales son imperativos.
Los arts. 115-II, 116-I y 117-I de la CPE, garantizan el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso, en ése alcance, la normativa administrativa en el art. 68, num. 6, 7 y 10) de la Ley 2492 CTb, establece los derechos del sujeto pasivo, como, al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalden los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados; además a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en éste Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, así mismo, a ser oído o juzgado de conformidad a las garantías constitucionales citadas precedentemente.
V.2. Ingresando al análisis del primer punto de controversia, si la Resolución impugnada violó lo establecido en los arts. 76 de la Ley 2492 CTb y 200 num. 1) de la Ley 3092 Complementario al CTb, referida a la carga de la prueba, limitándose la AGIT a manifestar que la AT no valoró ni compulsó los descargos presentados por el contribuyente, hecho que influyó en la Resolución Sancionatoria; en el caso, es necesario establecer que conforme a los antecedentes administrativos el punto central confluye en la verificación de la aplicación del art. 99 de la Ley 2492 del CTb.
El art. 74 de la Ley CTb, establece que; “Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciaran y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa”, en ese orden conforme a lo establecido en el art. 68 de la norma ya citada; constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 6) Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7) A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.
Por su parte, el art. 99.II de la Ley 2492 CTb, dice: “La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”, concordante con el art. 169 de la citada Ley, que con referencia a la Resolución Sancionatoria refiere; “La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por contravención”.
Para la aplicación de la normativa tributaria citada, es pertinente contextualizar el hecho que generó las acciones recursivas y las controversias del caso: De los antecedentes y de la revisión del Auto Inicial del Sumario Contravencional (AISC) Nº 25-0005998-12 de 22 de octubre de 2012, el motivo que generó la sanción, se originó en la falta de pago de la obligación tributaria autodeterminada de la DDJJ-IVA del período fiscal mayo de 2008 (Form. 200 con Nº de Orden 7031082129), en el que se consignó una obligación tributaria de Bs. 8.881, conducta calificada como contravención tributaria de Omisión de Pago. Notificado el contribuyente HIDROSOBOL LTDA con AISC, en tiempo oportuno presentó descargos (cursante a fs. 9 a 18, del Anexo 3, de fs. 001 a 35), manifestando, que el período mayo de 2008 del IVA se encuentra acogido con Facilidad de Pagos en la Resolución Administrativa Nº 20-00040-2009 de 26 de octubre (fs. 26 a 28, del Anexo 3, de fs. 001 a 35).
Posteriormente, la AT emitió la Resolución Sancionatoria Nº 18-00005359-12 de 27 de diciembre de 2010, sancionando al contribuyente por incumplimiento a la Resolución Administrativa Nº 20-00040-2009 de 26 de octubre (RA 057/2009), en la cual se encuentra incluido el IVA del período mayo de 2008, según la DDJJ Form. 200 con Nº de Orden 7031082129, por adecuación de la conducta a la omisión de pago; decisión que fue confirmada por la ARIT y anulada por la AGIT, con el fundamento de que no se cumplió el art. 99 de la Ley 2492 CTb, por la falta de valoración de la prueba presentada por el sujeto pasivo.
Con base en los antecedentes presentados, la AT acusa que se vulneró lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 2492 CTb, manifestando como fundamento que la AGIT omitió analizar y verificar las pruebas documentales para tener certeza de que efectivamente no hubo valoración de las mismas en la Resolución Sancionatoria; de la compulsa argumentativa de la demanda, se entiende que la AT no omitió valorar la prueba presentada por el contribuyente, ya que por error de transcripción en la Resolución Sancionatoria se redactó que el contribuyente no había presentado descargos. Ahora bien, conforme a la verificación de los antecedentes administrativos que motivaron la sanción, basado en el Informe de 27 de agosto de 2012 y la información del SIRAT que concluyó en la emisión del PIET por incumplimiento al Plan de Pagos (fs. 1 a 8, del Anexo 3, de fs. 001 a 35), efectivamente existió una valoración de prueba que confluyó en la elaboración de una liquidación general de la deuda tributaria por las cuotas pagadas en menos y en demasía, que determinó la omisión de pago; en autos, conforme a los antecedentes del Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria, el problema versa únicamente sobre el presunto incumplimiento de pago que emergió de la DDJJ Form. 200 con Nº de Orden 7031082129 correspondiente al IVA del período fiscal mayo de 2008.
Sobre el punto, el contribuyente ante la notificación con el Auto Inicial del Sumario Contravencional oportunamente presentó descargos dando cumplimiento a lo establecido en el art. 76 de la Ley 2492 CTb, que dice; “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”, estos no fueron compulsados por la AT para la emisión de la Resolución Sancionatoria, incidiendo lógicamente en la fundamentación de hecho y de derecho que debe contener una Resolución vulnerando de esta manera lo establecido en el art. 99.II de la Ley 2492 CTb, cuya ausencia vició de nulidad el acto administrativo; consiguientemente, es aplicable lo establecido en el art. 36.II de la Ley 2341 LPA, por permisión del art. 74 de la Ley 2492 CTb, correspondiendo anular obrados.
Es pertinente aclarar que los fundamentos de la demanda son contradictorios en su pretensión, pues contrariamente amparan los argumentos de la AGIT, por ello no existió vulneración de norma legal alguna; como se dijo, con la omisión de valoración de los descargos se vulneró los derechos del contribuyente.
V.2. Con referencia al segundo punto de la controversia, si existió vulneración del art. 4 inc. d) de la Ley 2341 LPA, referida a la aplicación de la verdad material; como se afirmó en los puntos precedentes los fundamentos de la demanda dan respuesta a los puntos de controversia, en el caso referido a la aplicación de la verdad material, el propio demandante desarrolló y citó una SC que aclara la forma de aplicación del principio de la verdad material, por lo tanto conforme al hecho en concreto, corresponde a la entidad demandante cumplir con lo determinado en el art 4 de la Ley 2341 LPA, al estar determinado que la omisión en la valoración de descargos en la emisión de la Resolución Sancionatoria evitó ceñirse a los hechos conforme a los descargos presentados por el contribuyente, lo que vulneró el derecho constitucional al debido proceso. Contrariamente, para el caso del demandante, no existió vulneración de la norma legal administrativa acusada de vulnerada, por el contrario fue la propia autoridad demandante quien desoyó la aplicación de la norma.
Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la autoridad jerárquica al emitir su Resolución, cumplió con la normativa administrativa legal citada, no habiéndose encontrado infracción y vulneración de derechos en la Resolución impugnada, acto administrativo sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerció el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa. En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde mantener firme y subsistente la Resolución impugnada.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 4 y 6 de la Ley 620 Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda, en su mérito, se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1170/2013 de 29 julio, pronunciada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

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