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Timestamp: 2020-03-30 20:15:18+00:00

Document:
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 2 de Diciembre de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 198220855
Ponente: Adan Arnulfo Arjona López
La firma de abogados V., C., M. &A., quien actúa en representación de R.L.J., ha promovido ante esta Superioridad, Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la liquidación de pago del 12 de junio de 2006, emitido por el Departamento de Personal del Banco Nacional de Panamá, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.
El acto administrativo impugnado consiste en una liquidación elaborada el 12 de junio de 2006 por el Departamento de Personal del Banco Nacional de Panamá.
Dicha liquidación contiene las sumas de dinero que deben ser pagadas al S.R.L.J., quien se acogió a la pensión por vejez, luego de haber laborado en esa institución bancaria durante 40 años.
El demandante promovió recurso de apelación en contra del acta de liquidación fechada 12 de junio de 2006, el cual fue negado en todas sus partes, mediante Resolución N° 243-2007-JD de 12 de noviembre de 2007, con la que se entiende agotada la vía gubernativa.
Señala la parte demandante que el acta de liquidación elaborada el 12 de junio de 2006 por el Banco Nacional debe ser declarada nula, por ilegal, toda vez que se han efectuado deducciones ilegales al bono de antigüedad.
Señala que en el acta de liquidación demandada se descontó del bono de antigüedad, que le correspondía al trabajador, la suma de B/.1,024.16 en concepto de cuota obrero patronal de seguro social y B/.2,131.09 en concepto de impuesto sobre la renta, lo cual excede el parámetro de la norma legal pertinente, específicamente lo dispuesto en el artículo 1, numerales 2 y 12 de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005.
A juicio de la parte actora, el ex trabajador no se encuentra obligado a pagar los montos que le fueron deducidos, según el acta de liquidación, en concepto de cuota obrero patronal y de impuesto sobre la renta. Por tal motivo, considera que la institución bancaria está obligada a devolverle las sumas ilegalmente retenidas.
Continúa expresando que en el acta de liquidación impugnada, le fue reconocido el pago de un bono por antigüedad, el cual fue desglosado así: "280 días de Bono de Antigüedad, 16 días de vacaciones proporcionales y 31 días de vacaciones vencidas". (ver foja 16 del expediente contentivo del presente proceso).
Continúa señalando que la institución bancaria en lugar de aplicar las deducciones de cuota obrero patronal de la Caja de Seguro Social, únicamente al monto correspondiente a las vacaciones vencidas y a las vacaciones proporcionales, se excedió y las aplicó a los 280 días reconocidos por el bono de antigüedad (B/.14,126.40) como si fuera salario, pese a que ellos constituye un pago final y único, posterior a la terminación de la relación laboral por jubilación y por ende, tal deducción no tiene los efectos de cuota obrero patronal, ni aplica para el cálculo de las cuotas pagadas para efectos de jubilación, lo que demuestra que no califica para el pago de la cuota obrero patronal.
Considera el demandante que el acto administrativo impugnado, infringe lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005 (Orgánica del Seguro Social), en el que se estipula que no se considerará salario "las sumas que reciba el empleado en concepto de indemnización con motivo de la terminación de la relación de trabajo" (numeral 3); las sumas consistentes en "la prima de antigüedad" (numeral 6) y las partidas del décimo tercer mes (numeral 1) .
En materia de impuesto sobre la renta, la institución bancaria aplicó el artículo 700 del Código Fiscal, a fin de gravar los 280 días del bono de antigüedad. Al momento en que se confeccionó la liquidación impugnada, se encontraba vigente la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, la cual estipula en su artículo 18 una reforma al artículo 701 del Código Fiscal, que consagra en su literal "j" una tarifa especial para gravar con el impuesto sobre la renta las remuneraciones e ingresos que perciba el trabajador por razón de la terminación laboral.
Las sumas finales que reciben los trabajadores por causa de terminación laboral por jubilación tienen un trato impositivo y de seguridad social más benigno, distinto del aplicable a cualesquiera otras sumas que recibe una persona que sigue realizando labores.
Concluye expresando el demandante que el acto administrativo impugnado infringe lo dispuesto en los artículos 1 (2 y 12), 3, 91, 92 de la Ley 51 de 2005.
Adicionalmente, a juicio del demandante se ha infringido lo dispuesto en el artículo18, literal "j" de la Ley 6 de 2 de febrero de 2005 que modifica los numerales 1, 2, 3 y 5 del artículo 701 del Código Fiscal; el artículo 17 de la precitada excerta legal, que modifica el artículo 700 del Código Fiscal; lo dispuesto en el literal "y" del artículo 708 del C.F., tal como fue modificado por el artículo 19 de la Ley 6 de 2 de febrero de 2005.
En cuanto al tema relacionado con la negativa de la institución bancaria en conocer los recursos de reconsideración y apelación promovidos en contra del acta de liquidación impugnada, estima el demandante que la Junta Directiva de la citada institución bancaria infringió lo dispuesto en los artículos 48, 91 (4), 168, 169 y 171 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000.
Dadas las anteriores consideraciones, el demandante requiere a esta Superioridad se ordene al Banco Nacional de Panamá devolverle la totalidad de las sumas descontadas en concepto de cuota obrero de la Caja de Seguro Social y en concepto de impuesto sobre la renta.
POSICIÓN DE LA AUTORIDAD DEMANDADA:
El Banco Nacional de Panamá, mediante Nota 08 (03100-01) 05 de 7 de enero de 2008, visible de fojas 42 a 60, rindió informe declarativo de conducta en el que manifestó lo siguiente:
Extemporaneidad de las acciones del demandante:
Los recursos de reconsideración y apelación promovidos por el trabajador en contra del acta de liquidación de 12 de junio de 2006, son extemporáneos, toda vez que las sumas de dinero le fueron acreditadas a su cuenta de ahorro personal el día 12 de junio de 2006. Siendo ello así, es a partir de esa fecha que el trabajador tuvo conocimiento del monto de su liquidación, la cual incluía el bono de antigüedad, no pudiendo alegar ignorancia o desconocimiento de tales hechos con la finalidad de eludir el pago en concepto de cuota de seguro social e impuesto sobre la renta.
Considerando que de conformidad con lo estipulado en el artículo 168 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000 el recurso de reconsideración deberá ser interpuesto dentro del término de 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la primera resolución y habiéndolo presentado casi un mes después de haber tenido conocimiento del monto acreditado a su cuenta de ahorro, le precluyó en exceso el término para recurrir el acta de liquidación.
En cuanto al alegado incumplimiento del artículo 48 de la Ley 38 de 2000, cabe señalar que el acta de liquidación no se originó de forma espontánea, ni a consecuencia de un acto abusivo del Departamento de Personal de la Institución Bancaria, sino que surge de una petición realizada por el propio trabajador, quien a través de memorando 06(36010-02)S/N de 25 de abril de 2006 comunicó formalmente a la administración del banco que se acogería a su jubilación a partir del 30 de mayo de 2006.
Dado lo anterior, el banco, mediante Decreto de Gerencia General N° 2006 (50010-2610)37 de 18 de mayo de 2006, acogió la solicitud del cese de labores presentada por el trabajador.
El acta de liquidación impugnada es sólo una consecuencia de los actos anteriores y no una extralimitación de las funciones de la administración.
En cuanto al fondo de las pretensiones del demandante:
Inicia la autoridad demandada señalando que el Banco Nacional de Panamá es una Institución Autónoma del Estado Panameño, regulada por el Decreto Ley 4 de 18 de enero de 2006, que subroga la Ley 20 de 22 de abril de 1975 y dicta otras disposiciones.
Los funcionarios que laboran para la institución bancaria, son nombrados por el Gerente General, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto Ley 4 de 2006, cuyo antecedente era el artículo 24 de la Ley 20 de 1975.
Señala que los funcionarios de la autoridad demandada, se encuentran sometidos a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 4 de 2006, en el Código Administrativo, la Ley 9 de 20 de junio de 1994 y la Ley 38 de 31 de julio de 2000, por tanto, al trabajador demandante no le son aplicables las disposiciones del Código de Trabajo, ya que los empleados públicos se regirán por las normas de la carrera administrativa, salvo en los casos que expresamente se determine la aplicación de algún precepto del código laboral.
Según lo estipulado en el artículo 300 de la Constitución Política Nacional, el funcionario público debe ser de nacionalidad panameña y solo puede hacer lo que la ley expresamente le permita. Además, únicamente puede recibir beneficios dispuestos por Ley, tal como se establece en el artículo 302 de la Constitución Política Nacional.
Es irrefutable la condición de funcionario público del personal que presta servicios al Banco Nacional de Panamá.
Cabe señalar que la Ley 20 de 22 de abril de 1975, antigua Ley Orgánica del Banco Nacional de Panamá, no contenía en su articulado ningún tipo de beneficio o reconocimiento a los funcionarios públicos que prestaran servicios a la institución como consecuencia de la finalización de sus funciones.
La actual administración de la institución bancaria, presentó al Órgano Ejecutivo un anteproyecto de Ley que contempló, entre otros temas, reconocerle un beneficio a los servidores públicos que cesaban en sus funciones luego de 15 años de servicios, por razón de pensión de vejez o invalidez absoluta. Igualmente se incorporó el pago de un bono por desempeño.
De la precitada iniciativa legislativa nace el Decreto Ley 4 de 18 de enero de 2006, que reconoce beneficios a los servidores públicos del banco, uno de los cuales es el bono de antigüedad y el otro beneficio es un bono por desempeño.
El bono de antigüedad tiene su fundamento jurídico en el artículo 51 del Decreto Ley 4 de 2006 y constituye un reconocimiento exclusivo a los funcionarios públicos del banco que hayan prestado servicios por espacio mínimo de 15 años y cesen en sus funciones por pensión de vejez o invalidez absoluta.
La prima de antigüedad es una concepción laboral de carácter reivindicatorio que tiene su origen en el artículo 224 del código de trabajo, el cual establece que "a la terminación de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa de la terminación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su empleador una prima de antigüedad a razón de una semana de salario por cada año laborado, desde el inicio de la relación de trabajo".
El demandante ha equiparado los conceptos de "bono de antigüedad" y "prima de antigüedad", con la finalidad de eximir al primero de la deducción de la cuota obrero patronal e impuesto sobre la renta.
Esta institución bancaria elevó consulta a la Caja de Seguro Social, mediante Nota N° 06(03000-01)23 de 30 de mayo de 2006, relacionada con las deducciones que debían aplicársele al bono de antigüedad.
La Caja de Seguro Social concluyó que el bono de antigüedad es objeto de deducción de la cuota obrero patronal y constituye una figura distinta a la "prima de antigüedad", que debe ser considerada una bonificación, modalidad de remuneración a la cual debe deducírsele las sumas correspondientes a la cuota empleado-empleador (ver artículo 48 del Reglamento General de Ingresos de la Caja de Seguro Social).
Adicionalmente señaló la Caja de Seguro Social que el Banco Nacional de Panamá debe aplicar lo dispuesto en el artículo 91, numeral 3 de la Ley 51 de 2005 que contempla como salario o sueldo "toda remuneración sin excepción, en dinero o especie, que reciban los empleados de sus empleadores como retribución de sus servicios o con ocasión de estos...", incluyendo las bonificaciones.
En cuanto al tema del impuesto sobre la renta, cabe señalar que la deducción efectuada al bono de antigüedad por razón del impuesto sobre la renta no tiene su origen en el concepto de salario, sino en el término de renta gravable.
Por lo anterior hace referencia a lo dispuesto en los artículos 695 y 696 del Código Fiscal, mismos que regulan el tema de la renta gravable.
Aunado a lo anterior, manifiesta que lo dispuesto en el artículo 701 del Código Fiscal, Numeral 1, Literal "j", es una norma legal de carácter restrictivo cuya aplicabilidad se limita únicamente a los beneficios que recibe un trabajador, provenientes de Convenciones Colectivas y Contratos Individuales de Trabajo.
Siendo evidente que el trabajador demandante no se encontraba regido por un contrato individual de trabajo, sino por un nombramiento como funcionario público, no le es aplicable al recurrente el precitado artículo 701 del Código Fiscal.
En torno al tema de la supuesta ilegalidad de las deducciones realizadas en concepto de cuota obrero patronal al décimo tercer mes, estima que dicho reclamo es extemporáneo, ya que debió ser abordado oportunamente en los recursos de reconsideración y apelación con la finalidad de agotar la vía gubernativa. Sin embargo, cabe expresar que la deducción que se le hiciera al décimo tercer mes es una facultad especial otorgada a la Caja del Seguro Social con la finalidad de cubrir los gastos de administración que demande la gestión administrativa de la Caja y las prestaciones de los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte.
La Procuraduría de la Administración mediante Vista N° 800 de 29 de septiembre de 2008, solicita a esta Superioridad se sirva declarar que no es ilegal el acta de liquidación de 12 de junio de 2006.
A juicio de la Procuraduría, la prima de antigüedad y el bono de antigüedad son conceptos diversos, toda vez que el "bono de antigüedad" se rige por lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto Ley 4 de 2006, mientras que la "prima de antigüedad" es un derecho que, conforme lo dispone el artículo 224 del Código de Trabajo, adquiere el trabajador desde el inicio de la relación laboral de carácter indefinido y que se hace efectivo una vez terminada dicha relación, independientemente del motivo que origine dicha terminación.
Estima que lo actuado por la institución bancaria, no implica una vulneración del principio de equidad consagrado en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, puesto que no es posible dispensar al referido bono el mismo tratamiento que la ley reserva a otros beneficios reconocidos a favor de trabajadores amparados por el Código de Trabajo o leyes especiales, ya que los servidores del Banco Nacional de Panamá están sometidos en sus relaciones laborales a las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 4 de 2006, el Código Administrativo y la Ley 9 de 1994.
Por último, señala que el acta de liquidación elaborada por la institución bancaria obedece a la ejecución de un mandato contenido en el Decreto Ley 4 de 2006 que prevé el otorgamiento de prestaciones a favor de los servidores que al término de la relación de trabajo, por motivos de jubilación, reúnan los requisitos previstos por dicha normativa legal. De allí que la elaboración del acta de liquidación cuestionada, no requería la expedición de un acto administrativo previo que la autorizara.
Esta Sala de la Corte Suprema de Justicia es competente para conoce de la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el señor R.L.J., con fundamento en lo que dispone el artículo 206 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 97 numeral 1 del Código Judicial y el artículo 42b de la Ley 135 de 1943, conforme fue adicionado por la Ley 33 de 1946.
En el presente caso, el demandante es una persona mayor de edad que comparece en defensa de sus derechos e intereses en contra del acto que contiene la liquidación de pago de fecha 12 de junio de 2006, expedida por el Departamento de Personal del Banco Nacional de Panamá, luego de su cese de labores para acogerse a la jubilación, que considera le es desfavorable, razón por la cual se encuentra legitimado para promover la acción.
Por su lado el Banco Nacional de Panamá es una entidad autónoma del Estado que en ejercicio de sus atribuciones expidió el acto demandado, por lo que, está legitimado como parte pasiva en el presente proceso contencioso administrativo.
Con base a los antecedentes expuestos le corresponde a la Sala, a fin de determinar la legalidad del acto demandado, analizar si el bono de antigüedad que se confiere a los trabajadores del Banco Nacional de Panamá con motivo de su jubilación es objeto de deducciones de cuota de seguridad social e impuesto sobre la renta.
Para abordar el estudio del problema, se analizará la naturaleza de la figura del Bono de Antigüedad, su similitud con la prima de antigüedad que se confiere a los trabajadores del sector privado, y la interpretación que al mismo se le debe dar para determinar la aplicabilidad de la ley de la Caja de Seguro Social y del Código Fiscal, en razón de las deducciones que en estos conceptos se realizan.
En la reorganización y actualización de las normas que rigen al Banco Nacional de Panamá se dictó el Decreto Ley N°4 de 18 de enero de 2006, que subroga la Ley N°20 de 22 de abril de 1975 y dicta otras disposiciones, integrado al Capítulo IV denominado Administración de Recursos Humanos, se dispone en su artículo 51 el Bono de Antigüedad, definiéndolo de la siguiente manera:
Artículo 51.BONO DE ANTIGÜEDAD. Todos los funcionarios del Banco que hayan acumulado quince (15) ó más años de servicio y terminen la relación de trabajo por pensión de vejez o invalidez absoluta, tendrá derecho a un bono de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año de trabajo, hasta un máximo de diez (10) meses.
Para la aplicación de los dispuesto es este artículo, al igual que para lo dispuesto en los artículos 49 y 50 anteriores, se tomarán en cuenta los años de servicios prestados al Banco con anterioridad a la vigencia de este Decreto Ley.
- Este artículo contempla una retribución a aquellos empleados del Banco que cumplan dos condiciones:un determinado número de años de servicio mínimo en la institución, que son quince años,terminación de la relación de trabajo, por pensión de vejez o jubilación, y por incapacidad absoluta.
Lo anterior implica que se trata de una prestación derivada por el sólo hecho del trabajo en el transcurso del tiempo, que para los efectos de esta ley, será concedido luego de cumplido con mínimo de años de servicios, efectivo a la terminación de la relación de trabajo por las causas previamente determinadas.
En este contexto, la bonificación por antigüedad en una prestación que se reconoce al trabajador en atención al tiempo en que ha laborado en la organización y el nacimiento al derecho a recibirla depende del tiempo de la relación en que duró la relación de trabajo. El pago de la misma, en las normas de orden administrativo, se ha venido condicionado a la forma de terminación del cese de labores, a diferencia del derecho laboral.
C.2. Prima de antigüedad:
El Código de Trabajo, aplicable en forma general a los trabajadores del sector privado, contempla en su artículo 224 el derecho a percibir una prima de antigüedad al terminar la relación de trabajo por tiempo indefinido, veamos:
"Artículo 224. A la terminación de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa de terminación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su empleador una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año laborado, desde el inicio de la relación de trabajo. En el evento de que algún año de servicio no se cumpliera entero desde el inicio de la relación o en los años subsiguientes, tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente.
Parágrafo: Al trabajador que se encuentre laborando al momento en que empieza a regir el fondo de cesantía, se le computará este derecho desde tal fecha. El período laborado con anterioridad le será pagado igualmente a la terminación de la relación de trabajo, siempre que hubiese prestado servicios al empleador de manera continua durante diez años o más.
La prima de antigüedad, fue incorporada en nuestro derecho positivo en el Código de Trabajo de 1972. Se consagraba como el derecho del trabajador contratado por tiempo indefinido a recibir una semana de salario por cada año laborado, siempre que cumpliera las siguientes condiciones: un mínimo de 10 años de servicios y una edad mínima de 40 años para los hombre y 35 años para las mujeres.
Con la reforma de 1986, desapareció el requisito de la edad y con la reforma de 1995, se dejó sin efecto el requisito de los diez años mínimos, surgiendo el derecho desde el momento en que se entabla la relación de trabajo con carácter indefinida.
En fin se trata del otorgamiento de un premio otorgado al trabajador que cumpla con determinados requisitos, que se han ido reduciendo con el transcurso del tiempo, por medio de las reformas legales.
Tal como está concebida, actualmente, se deriva del esfuerzo productivo del trabajador, quien genera plusvalía, la cual se pretende revertir a los trabajadores, a través de este reconocimiento económico.
Las diferencias entre la prima de antigüedad y el bono de antigüedad estriba en la ley que los confiere, el destinatario, la forma de cálculo y el tipo de cese de labores, diferencias todas que tiene un mismo origen, cual es el hecho de que la Administración Pública es el empleador de los funcionarios del sector público y se rige por el derecho administrativo, mismo que tiene sus características propias, aunque utilice figuras del derecho privado, laboral, comercial, etc.
Así como existen diferencias, destacadas en el informe de conducta de la entidad demandada y por la Procuraduría de la Nación, observa la Sala que se ha dejado de lado advertir sus semejanza, y es que, pese a que las figuras se encuentran reguladas por normas distintas y tienen destinatarios distintos, ambas tienen el mismo objetivo: reconocer al trabajador el beneficio recibido por los años de servicio.
Siendo la Administración Pública el empleador, no le son aplicables las disposiciones del Código de Trabajo, sino las normas de derecho administrativo, por consiguiente, los reconocimientos, derechos y obligaciones de los servidores públicos deben otorgarse por vía de ley, como lo contempla el artículo 302 de la Constitución Nacional.
Por lo tanto, las diferencias que se alegan, por sí solas no son óbice para desconocer el hecho de que a ciertos trabajadores del sector público se les reconocen los mismos derechos que a trabajadores del sector privado, sin utilizar exactamente la misma terminología, sino una similar.
La prima de antigüedad, al igual que el bono de antigüedad, son prestaciones que se derivan del solo hecho del trabajo y deben otorgarse a los trabajadores por el transcurso del tiempo en que han prestado sus servicios.
Las precitadas figuras constituyen un costo de beneficio social que, en ambos casos, coincide en el derecho del trabajador a percibir una cantidad de semana de salario por cada año que estuvo al servicio del empleador. De la misma forma, ambas figuras son pagaderas a la conclusión de la relación de trabajo.
La denominación de prima o bono, no puede ser sólo lo determinante del tratamiento que se le confiere a esta prestación. Para el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, "prima" se refiere a la "cantidad extra de dinero que se da a alguien a modo de recompensa, estímulo, agradecimiento, etc.", y "bonificar" se refiere a "conceder a alguien, por algún concepto, un aumento, generalmente proporcional y reducido, en una cantidad que ha de cobrar, o un descuento en la que ha de pagar". Como se aprecia, el bono de antigüedad se acerca más al concepto de prima, que al de bonificar.
Tampoco se le puede dar al bono de antigüedad la interpretación de indemnización por la terminación de labores, porque la indemnización presupone la retribución por un daño causado y la prestación no se da como compensación de un daño.
En atención a las semejanzas, ante el surgimiento de la duda en la interpretación que de la misma deba hacerse, sobre si debe dársele tratamiento de simple bonificación o indemnización por terminación de la relación de trabajo o prima de antigüedad, para los efectos de seguridad social y del impuesto sobre la renta, por no encontrarse taxativamente este término contemplado en dichas leyes, la duda debe entenderse superada mediante la aplicación del principio básico in "dubio pro operario" que obliga a preferir la interpretación que más favorezca al trabajador, ante la duda sobre una figura jurídica que no estaba determinada al momento de concebirse las leyes de seguridad social y de contribución fiscal.
Por ello, lo jurídico y justo, en razón del principio de equidad, es reconocer el beneficio dado a la prima de antigüedad de los trabajadores del sector privado, al bono de antigüedad que corresponde a los empleados del sector público.
4. Cargos de ilegalidad:
Los cargos de ilegalidad planteados en la demanda, se centran en que al bono de antigüedad no se le debió dar tratamiento de salario para los efectos de las deducciones de cuota de seguridad social y que no debió considerarse como renta gravable para los efectos de las deducciones fiscales de impuesto sobre la renta.
Luego del análisis expuesto, esta S. arriba a la conclusión de que al bono de antigüedad que prevé el artículo 51 del Decreto Ley 4 de 18 de enero de 2006, debe dársele el mismo tratamiento que se le da a la prima de antigüedad, para los efectos de las deducciones fiscales y de seguridad social.
Por tanto, en cuanto a las deducciones efectuadas al bono, en concepto de cuota de seguridad social, las mismas se consideran ilegales, por vulnerar el artículo 92, numeral 6 de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, pues, al ser considerado semejante a la prima de antigüedad, no constituye parte del salario y no corresponde hacerle deducciones en este rubro.
Por otra parte, las retenciones en concepto de impuesto sobre la renta, igualmente se consideran ilegales, por vulnerar lo dispuesto en el artículo 19, literal "y" de la Ley 6 de 2 de febrero de 2005, que modifica el artículo 708 del Código Fiscal, el cual dispone que no causan impuesto las sumas recibidas con motivo de la terminación de la relación de trabajo en concepto de prima de antigüedad, hasta la suma de B/.5,000.00, entre otros supuestos, más lo resultante del numeral 2 del literal "j", artículo 701 del Código Fiscal.
Probados estos cargos de legalidad, no se hace necesario que la Sala entre a valorar el resto de los cargos formulados por el actor.
En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley:
DECLARA QUE ES PARCIALMENTE ILEGAL el acto de liquidación del 12 de junio de 2006, emitido por el Departamento de Personal del Banco Nacional de Panamá, a favor del señor R.L.J., en lo atinente a las deducciones realizadas al bono de antigüedad en concepto de cuotas de seguridad social y retenciones de impuesto sobre la renta; y
ORDENA al Banco Nacional de Panamá realizar las gestiones pertinentes para hacer efectiva la devolución al señor R.L.J. de las deducciones realizadas ilegalmente al bono de antigüedad.
ADAN ARNULFO ARJONA LÓPEZ
WINSTON SPADAFORA FRANCO -- VICTOR L. BENAVIDES P.

References: Resolución 
 artículo 1
 artículo 92
 artículo 700
 artículo 18
 artículo 701
 artículo18
 artículo 701
 artículo 17
 artículo 700
 artículo 708
 artículo 19
 artículo 168
 resolución 
 artículo 48
 artículo 27
 artículo 24
 artículo 300
 artículo 302
 artículo 51
 artículo 224
 artículo 48
 artículo 91
 artículo 701
 artículo 701
 artículo 51
 artículo 224
 artículo 206
 artículo 97
 artículo 42
 artículo 51

Artículo 51
 artículo 224
 artículo 302
 artículo 51
 artículo 92
 artículo 19
 artículo 708
 artículo 701