Source: http://formu.info/sentencia-n140-2005-v5.html
Timestamp: 2020-02-24 17:21:28+00:00

Document:
En cuanto al ajuste del valor de importación.
Expediente N° 050-2008
Sentencia N° 122-2008
Voto N° 133-2008
Sentencia número 122-2008. Tribunal Aduanero Nacional. San José, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de junio del dos mil ocho.
Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el señor Xxxx en su condición de Agente Aduanero, contra la Resolución de la Dirección General de Aduanas número RES-DN-1494-2007 del 24 de julio de 2007.
Mediante resolución número RES-DN-1494-2007 del 24 de julio de 2007, la Dirección General de Aduanas dicta el acto final del procedimiento ordinario levantado contra Xxxx y contra el importador Xxxx S.A., cédula jurídica xxxx, tendiente a modificar la clasificación arancelaria y el valor de importación consignados en la declaración aduanera número xxxx del 19 de setiembre del 2003, mediante la que se despachó un vehículo pick up extra cabina marca DODGE, modelo y estilo DAKOTA SLT, año 2002, combustible gasolina, transmisión automática, 4x4, 2 puertas, peso bruto 4000 Kg., con características de eficiencia energética, motor V8, declarado en la posición 87.04.31.12.10 por tener el pick up una carga máxima superior a 2 toneladas, considerando la Dirección General de Aduanas que de acuerdo a la categoría, serie, modelo, estilo, capacidad de carga útil y los criterios técnicos DGT-DTA-151-2005 de fecha 22 de junio del 2005 y DGT-DTA-201-2007 del 28 de marzo de 2007, el vehículo Dodge Dakota 4x4 difiere del 4x2 únicamente en lo que respecta a la transmisión, así mismo, posee una carga útil de 454 Kg., según consulta a la página Web www.canadian.driver.com/testdrive/02dakota.htm, por lo que la partida declarada 8704.31.12.10 es para vehículos con una capacidad de 2 o más toneladas de carga útil, no correspondiendo este dato con la información obtenida, siendo que el vehículo en cuestión posee una carga útil inferior a 2 toneladas, hecho este que motivó el cambio de la clasificación declarada al inciso 87.04.31.12.21. Respecto al valor o base de cálculo de los impuestos, la administración en aplicación del criterio técnico emitido por la oficina de Valoraciones Administrativas de la Dirección General de Tributación N° VA-028-2007 del 09 de febrero del 2007, modificó la nueva clase tributaria a la N° 2225553 en sustitución de la declarada N° 2119503, en consecuencia el valor pasó de $15,367.20 a $16,555.89 o su equivalente en moneda nacional de ¢6.750.000.00, tipo de cambio de ¢407.71, implicando ambos ajustes la modificación de la liquidación de los gravámenes, generándose con ello una diferencia de impuestos a favor del Fisco de ¢2.438.477.00. Notificado al importador y al agente aduanero por medio de casillero en la Dirección General de Aduanas, ingresado el día 08 de agosto de 2007. (ver folios 16-30)
Con escrito presentado el 16 de agosto del 2007, el afectado interpone únicamente el recurso de apelación contra el acto final. (Ver folio 32).
Con resolución número RES-DN-1765-2007 del 03 de setiembre del 2007, la Dirección General de Aduanas emplaza al recurrente de conformidad con artículo 204.bis de la LGA a efecto de que se apersonen ante esta sede dentro del plazo de 10 días hábiles. (Ver folios 33-36)
Con oficio DN-387-2008 del 31 de marzo 2008 se traslada el expediente a este Tribunal. (Ver folios 37-39)
Mediante escrito presentado el 30 de enero de 2008, el recurrente se apersona ante este Colegiado a esgrimir sus argumentos de defensa, señalando que: (ver folios 40-41)
Que en cuanto al cambio de la clasificación arancelaria no se motiva porqué que se descarta la partida arancelaria declarada por la agencia, ni tampoco menciona el motivo de ese cambio.
Que en cuanto a la determinación de la carga útil, ya no se menciona la utilización de las fórmulas como en otros casos, sino que es a través de la Internet que logra establecer la supuesta carga útil y la partida arancelaria, sin exponer el fundamento jurídico para llegar a tal conclusión.
Alega la falta de definición y/o claridad de los términos para la aplicación de la partida arancelaria 8704-21 ó la 31.12.10, situación que se está aplicando en beneficio de la administración y en claro perjuicio del administrado, donde como se ha demostrado el juez instructor se da el lujo de interpretar a su entender lo que la legislación no le ha definido. En el caso concreto del término de carga útil, el "DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL", actualizado, corregido y aumentado por Guil1ermo Cabanellas de las Cuevas, Edición 1997, establece que: "Definir es establecer con exactitud, claridad y concisión el significado de alguna materia jurídica o de cualquier cosa en las diversas disciplinas. Resolver, decidir, determinar, fallar.".
Que en cuanto al estudio de valoración del vehículo se concluye que la clase tributaria declarada por la agencia es la correcta, no así su valor. Agrega que en el caso no se está valorando una mercancía en Aduanas, sino en el Registro Nacional, lo que no cumple con la normativa para la valoración de vehículos a nivel de aduanas y previo a su nacionalización y que tendrá que aceptar esta afirmación como un dogma, pues mediante oficio SVT-012-2007 de 12 de julio de 2007, en poder de ese Tribunal, el Órgano de Normalización Técnica de Tributación, dijo: "El SIIAT no es un sistema disponible para ser consultado en la página Web del Ministerio de Hacienda. Es una herramienta exclusiva de los funcionarios de la Administración Tributaria e inclusive no todos los funcionarios tienen acceso a él...". Entonces en el 2003, se declaró correctamente para el vehículo nacionalizado, pero para el 2007, el valor declarado ya no sirve, simplemente se establece otro más alto y se debe de aceptar por cuanto no es posible verificarlo. La verdad real y absoluta la tiene Tributación y Aduanas simplemente transcribe lo que ellos determinan y el administrado lo debe de aceptar, por no tener capacidad de comprobarlo. Concluye que la falta de motivación de los actos le produce una limitación en el ejercicio de la defensa y consecuente control de legalidad del actuar de la administración, pues al no conocer completamente las razones que motivan el acto, su impugnación se dificulta notablemente o se imposibilita y con ello se afecta el derecho de defensa consagrado en la Constitución Política y causa indefensión.
Que ante la falta de motivación de los actos, solicita se decrete la nulidad absoluta del acto final.
En la tramitación del recurso de apelación se han observado las prescripciones de ley.
Redacta el licenciado Franklin Velázquez Díaz
La litis. Procedimiento ordinario tendiente a modificar la clasificación arancelaria y el valor o base imponible consignados en la declaración aduanera número xxxx del 19 de setiembre del 2003, que ampara el despacho de un vehículo pick up usado extra cabina marca DODGE, modelo y estilo DAKOTA SLT, año 2002, combustible gasolina, transmisión automática, 4x4, 2 puertas, peso bruto 4000 kg, con características de eficiencia energética, motor V8, declarado en la posición 87.04.31.12.10 por tener el pick up una carga máxima superior a 2 toneladas, considerando la Dirección General de Aduanas que de acuerdo a la categoría, serie, modelo, estilo, capacidad de carga útil y los criterios técnicos DGT-DTA-151-2005 de fecha 22 de junio del 2005 y DGT-DTA-201-2207 del 28 de marzo de 2007, el vehículo Dodge Dakota doble tracción difiere del 4x2 únicamente en lo que respecta a la transmisión, así mismo, posee una carga útil de 454 Kg., según consulta a la página Web www.canadian.driver.com/testdrive/02dakota.htm, por lo que la partida declarada 8704.31.12.10 es para vehículos con una capacidad de 2 o más toneladas de carga útil, no correspondiendo este dato con la información obtenida, siendo que el vehículo en cuestión posee una carga útil inferior a 2 toneladas, hecho este que motivó el cambio de la clasificación declarada al inciso 87.04.31.12.21. En cuanto al ajuste del valor o base de cálculo de los impuestos, la administración en aplicación del criterio técnico emitido por la oficina de Valoraciones Administrativas de la Dirección General de Tributación N° VA-028-2007 del 09 de febrero del 2007, modificó la nueva clase tributaria a la N° 2225553 en sustitución de la declarada N° 2119503, en consecuencia se modificó el valor declarado de $15,367.20 a $16,555.89 o su equivalente en moneda nacional de ¢6.750.000.00, tipo de cambio de ¢407.71, implicando ambos ajustes la modificación de la liquidación de los gravámenes, generándose con ello una diferencia de impuestos a favor del Fisco de ¢2.438.477.00.
Sobre la admisibilidad del recurso de apelación. En forma previa revisa este órgano el aspecto de admisibilidad del recurso de apelación interpuesto conforme la Ley General de Aduanas, es decir, para determinar si en la especie se cumplen los presupuestos procesales, que son necesarios para constituir un procedimiento válido. En tal sentido dispone la ley que contra la resolución dictada por la Dirección General de Aduanas, cabe recurso de apelación para ante este Tribunal, el cual debe presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acto impugnado, es decir, que el recurso debe ser presentado en tiempo. Así, tenemos que en este caso la resolución recurrida, para todo efecto legal, fue notificada a través del casillero de la Dirección General de Aduanas, la cual ingresó el día 08 de agosto del 2007 y el recurso de apelación fue interpuesto el 16 del mismo mes y año, dentro del plazo legalmente establecido. Además debe ser presentado en forma, o sea, cumpliendo con los presupuestos procesales, entre ellos, los relativos a la capacidad procesal de las partes que intervienen en el procedimiento, lo cual no genera problemas en el presente caso, toda vez que consta en folio 43 del expediente la respectiva acreditación. Siendo entonces que en la especie, se cumplieron con dichos requisitos de admisibilidad, estima este Tribunal admitir el recurso de apelación.
Sobre la nulidad alegada: Por ser de previo y especial pronunciamiento se avoca este Tribunal al conocimiento de la nulidad alegada, revisando la actuación administrativa con el objeto de determinar si los actos de la Autoridad Aduanera se han emitido en forma válida y eficaz, para lo cual el análisis se efectuará sobre los aspectos esenciales que la parte ha considerado como violatorios del ordenamiento jurídico aduanero, esbozados tanto contra el acto inicial como los que se aducen ante este Colegiado, los cuales de seguido se analizan:
Ausencia de motivación del acto: Aduce el recurrente que la resolución está fundamentada en la falta de motivación de los actos le produce una limitación en el ejercicio de la defensa y consecuente control de legalidad del actuar de la administración, pues al no conocer completamente las razones que motivan el acto, su impugnación se dificulta notablemente o se imposibilita y con ello se afecta el derecho de defensa consagrado en la Constitución Política, lo que le causa indefensión.
Al respecto debe señalarse que estima este Colegio, que las actuaciones de la Administración en el presente caso, no sólo están fundamentadas en un motivo válido, como antecedente normativo que justifica las facultades de la administración aduanera para haber iniciado las presentes diligencias, sino que además existe en la especie una adecuada motivación de las actuaciones, puesto que tanto en el acto de apertura como en el final del procedimiento, se han indicado los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan las decisiones en el presente caso. Efectivamente se cita el motivo por el cual se debe modificar la clasificación arancelaria así como su fundamento legal y los decretos en virtud de los cuales debe revisarse el valor declarado, puesto que en ellos se establece el procedimiento que se debe seguir al efecto, y se explica en forma detallada, cómo debe procederse a efecto de determinar cual es el valor que conforme a la normativa debe tomarse como aplicable. Tal situación se contempla en la apertura del procedimiento, de tal forma que el afectado conoce cuáles son las razones y el fundamento que ha tenido la aduana, para los ajustes en cuanto a la clasificación arancelaria como en el valor de importación, de tal forma, que ha tenido la oportunidad en todo momento de refutarlas y de aportar prueba en contrario, no habiendo indefensión en ese sentido y cumpliendo con los fines previstos por el ordenamiento jurídico para tales actos. En razón de lo expuesto no lleva razón el recurrente en sus alegatos de falta de motivación y violación del bloque de legalidad y de su debido proceso, porque en el presente caso las actuaciones de la administración se encuentran ajustadas a derecho.
Además debe aclararse al recurrente que el cambio de clasificación y valor está basado en las características del vehículo objeto de las presentes diligencias, conforme con el procedimiento legalmente establecido, dispuesto por las disposiciones arancelarias y los decretos que en forma expresa señala la autoridad aduanera en sus resoluciones, razón por la que este Tribunal, no comparte la falta de motivación que se aduce, ni la indefensión que en ese sentido se alega.
Sobre el fondo. En razón de que algunos aspectos alegados como causantes de nulidad en realidad tienen que ver con el fondo del asunto, relacionadas con la inseguridad jurídica e indefensión que alega se le produce en cuanto a la falta de motivación de los criterios técnicos utilizados y el procedimiento aplicado para la determinación de la clasificación arancelaria y el valor de importación del vehículo despachado, procede este Colegio a dilucidar el presente caso por el fondo.
En cuanto al ajuste en la clasificación arancelaria:
Vista la discrepancia de criterio en expediente sobre la clasificación de la mercancía, es que se avoca este Tribunal a resolver el fondo de la presente litis, considerando que para el caso que nos ocupa, resulta imperioso efectuar una correcta denominación de la mercancía objeto de controversia, es decir según con sus características: descripción, referencias, comercialización, presentación, etc., determinar su naturaleza y proceder a analizar el alcance de cada una de las posibles clasificaciones a que se refiere el caso, sea la fracción 8704.31.12.10 declarada por la Agencia ó la 8704.31.12.21 modificada por la Dirección General de Aduanas.
En tal sentido y con base en las pruebas e información en expediente, procede este Tribunal a dilucidar sobre estos aspectos para determinar la correcta clasificación arancelaria del vehiculo automóvil nacionalizado con la declaración aduanera número 0xxxx del 19 de setiembre del 2003, de la Aduana La Anexión, veamos:
Se declara por parte del Agente Aduanero Xxxx un vehículo pick up extra cabina marca DODGE, modelo y estilo DAKOTA SLT, año 2002, combustible gasolina, transmisión automática, 4x4, 2 puertas, con características de eficiencia energética, motor V8, declarado en la posición 87.04.31.12.10 del Sistema Arancelario Centroamericano (S.A.C). (Ver declaración aduanera adjunta al expediente).
En la casilla N° 15 de la declaración aduanera, se consignó un peso neto de 4000 KILOS. (Ver declaración aduanera adjunta al expediente)
Con oficios DNP-DV-151-2005 del 22 de junio del 2005 y DGT-DTA-201-2007 del 28 de marzo del 2007, el Departamento de Técnica Aduanera de la Dirección General de Aduanas emite criterio técnico sobre el vehículo a que se refiere la declaración aduanera de marras, manifestando que el vehículo declarado en la fracción 8704.31.12.10 “es para vehículos con una capacidad de 2 o más toneladas de carga útil”, no obstante de acuerdo con la visita a la página Web www.canadiandriver.com/testdrives/02dakota.htm dicho vehículo en su versión 4x4, cual es este el caso, posee una carga útil de 454 Kg.(1.000 lb), en consecuencia el vehículo de marras posee una carga útil inferior a 2 toneladas, y que al no corresponder el vehículo declarado con las características señaladas, se debe clasificar en el inciso 8704.31.12.21, por tener una capacidad de carga útil inferior a 2 toneladas. (ver folios 23)
Con base en el criterio vertido por el órgano técnico de la Dirección General de Aduanas, procedió el A quo a emitir el acto final del procedimiento iniciado y con la resolución RES-DN-1494-2007 del 24 de julio del 2007 modificó la posición arancelaria del vehículo automóvil a la fracción 8704.31.12.21 del S.A.C, por considerar que el pick up posee una carga útil inferior a 2 toneladas . (ver folios 16-30)
De acuerdo con los hechos y pruebas en expediente, tenemos entonces que la naturaleza de la mercancía que se discute trata de un “vehículo automóvil usado para transporte de mercancías del tipo Pick-up”, correspondiente a la partida arancelaria 87.04 de la Nomenclatura del Sistema Armonizado (S.A) cuyo texto o epígrafe de partida comprende: “VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS”
Dentro de la partida 87.04 el Sistema Armonizado desglosó a nivel de subpartida (6 dígitos) diferentes grupos de mercancías, entre ellos se encuentra la subpartida específica 8704.3 para “los demás , [vehículos para el transporte de mercancías] con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa ” desglosando en la subpartida 8704.31 para aquellos vehículos “De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t”. Asimismo, a nivel de inciso arancelario 8704.31.1 se clasifican los pick ups, y a nivel de 8 dígitos el inciso 8704.31.12 corresponde a vehículos pick ups “De peso total de carga máxima superior a 2 t”
Al respecto, hacer ver este Tribunal que en el presente asunto no existe disconformidad con la clasificación ni a nivel internacional (6 dígitos- subpartida), ni con la clasificación regional (8 dígitos- inciso), toda vez que la discusión se genera con la clasificación arancelaria a nivel nacional, la cual es codificada a diez dígitos, así tenemos que a nivel de fracción arancelaria el S.A.C. tiene las siguientes aperturas:
8704311210
---- Con capacidad de 2 o más toneladas de carga máxima prevista (carga útil).
8704311221
------ Nuevos y usados de modelos de hasta tres años anteriores.
8704311222
------ Usados de modelos de cuatro o cinco años anteriores.
8704311223
----- Usados de modelos de seis o más años anteriores.
De acuerdo al análisis merceológico-arancelario tenemos dos aspectos que se deben dilucidar tal y como lo alega el recurrente, y es precisamente la terminología técnica empleada en las aperturas que hace la partida 87.04, ya que por un lado la Nomenclatura Internacional en la subpartida 8704.31 clasifica los vehículos que sean de motor a gasolina -como el caso que nos ocupa- y que tengan un peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t, y por otro lado a nivel nacional (10 dígitos) en la fracción 8704.31.12.10 (declarada por la agencia) incluye los vehículos “Con capacidad de 2 o más toneladas de carga máxima prevista (carga útil)”, términos utilizados en la misma partida que corresponden a cosas diferentes, o como bien lo indica el interesado que los términos CARGA MÁXIMA y CARGA ÚTIL no son sinónimos. Lo anterior porque el término de “peso total con carga máxima” se refiere al peso del vehículo con todos sus aditamentos, el peso del conductor y el peso de la carga, conocido también como “peso bruto vehicular” (PBV) o conocido con las siglas en inglés de GVWR1 (dato que por lo general se encuentra en la placa de características del vehículo ubicada en la puerta), dicho término se encuentra definido en la Nomenclatura Internacional del Sistema Armonizado, disponiendo al respecto las Notas Explicativas de subpartidas lo siguiente:
“….Subpartidas 8704.21, 8704.22, 8704.23, 8704.31 y 8704.32
El peso total con carga máxima es el peso total máximo en condiciones de marcha especificado por el constructor. Este peso comprende: el peso del vehículo, el peso de la carga máxima prevista, el peso del conductor y el peso del carburante con el depósito lleno…” (Véase las Notas Explicativas del Sistema Armonizado, página 1735)
Mientras que a nivel nacional con la fracción 8704.21.12.10 lo que regula es la capacidad de carga máxima (nótese que no dice total), es decir no se refiere al peso total del vehículo sino a la capacidad de carga que puede transportar dicho vehículo, término que se encuentra incluido dentro de la definición internacional de “peso total con carga máxima” , es decir, el peso de la carga máxima prevista se refiere a la carga útil del vehículo (peso máximo permitido que puede cargar), toda vez que si al peso total del vehículo se le resta el peso del vehículo vacío obtenemos el peso de la carga máxima prevista (carga útil).
Así las cosas, tenemos demostrado en expediente que al vehículo que se discute, se le declaró en la casilla 15 de la declaración aduanera N° xxxx un peso neto de 4000 Kg., y que según se indica en los actos de apertura y final, el vehículo posee una carga útil de 454 Kg. (1.000 Lbrs.) según la consulta hecha a la página Web para la marca Dodge, estilo Dakota, doble tracción.2
En el caso concreto entonces, tenemos que el vehículo usado marca Dodge al ser del tipo pick-up, de combustible tipo gasolina y al tener un peso total con carga máxima superior a 2 t (tiene un peso total GVWR de 4000kilos = a 4.0 toneladas) le corresponde el inciso arancelario 8704.31.12, sin embargo al quedar demostrado en expediente que el vehículo en cuestión tiene una carga máxima prevista (carga útil) de 454 kilos = a 0.454 toneladas) no puede ser incluido en la fracción arancelaria declarada por la agencia 870431.12.10 que señala “Con capacidad de 2 o más toneladas de carga máxima prevista (carga útil)”. En tal sentido, de conformidad con la aplicación de la Reglas Generales de Clasificación 1 y 6 del S.A. el vehículo usado del tipo pick up por ser año modelo 2002 le corresponde su clasificación en la posición señalada por la administración 8704.31.12.21 que clasifica los vehículos:“Nuevos o Usados de modelos de hasta 3 años anteriores”.
De lo expuesto, podemos resumir:
1- Que el vehículo nacionalizado con la declaración aduanera N° 118023 del 20-6-2005 trata de un “Vehículo usado, marca Dodge, gasolina, año 2002 del tipo Pick-up” que tanto el agente aduanero como la Dirección General de Aduanas están de acuerdo que su clasificación a nivel regional (inciso) corresponde a 8704.31.12 del SAC, posición que incluye los vehículos del tipo Pick-up con peso total de carga máxima superior a 2 toneladas, (el vehículo tiene un GVWR declarado de 4000 kilos = a 4.0 toneladas)
2- Que la disconformidad se presenta a nivel de fracción arancelaria (10 dígitos), toda vez que la agencia declaró la posición 870431.12.10 que comprende los vehículos pick-up con capacidad de carga máxima prevista (carga útil) de 2 ó más toneladas.
3-	Que le asiste la razón al recurrente en señalar que los términos “Carga máxima” y “carga útil” no son sinónimos, toda vez que el término de “peso total con carga máxima” se refiere al peso del vehículo con todos sus aditamentos, el peso del conductor y el peso de la carga (GVWR o PBV), mientras que la capacidad de carga máxima prevista (carga útil) se refiere a la capacidad de carga que puede transportar dicho vehículo (peso máximo permitido que puede cargar), el cual se obtiene de restar al peso total GVWR el peso del vehículo vacío.
4-	Que consta en la casilla N° 15 de la declaración de cita que el recurrente declaró un peso neto total con carga máxima (GVWR) de 4000 kilos = a 4.0 toneladas.
5- Al quedar demostrado con base en la consulta a la página Web3 que la carga útil del vehiculo en cuestión es de .454 toneladas, no puede ser clasificado en la posición declarada por la agencia: 870431.12.10, toda vez que claramente su texto indica que aquí los vehículos deben tener una carga útil de 2 ó más toneladas.
6-	En consecuencia, por tratarse de un vehículo usado del tipo pick-up, gasolina y de año 2002 con un “peso total de carga máxima superior a 2 t” (GVWR = 4.5 t), pero con una capacidad máxima prevista (carga útil) de 0.454 toneladas, le asiste la razón a la Dirección General de Aduanas en la modificación efectuada a la posición arancelaria 870431.12.21 en aplicación del las RGC 1 y 6 del S.A.C, tomando en consideración que el mismo reúne condiciones de eficiencia energética.
Al respecto, es necesario analizar si lo actuado en la revaloración de la mercancía objeto del presente procedimiento ordinario está ajustado al ordenamiento jurídico, puesto que como ha señalado en forma reiterada la jurisprudencia de este Tribunal, el procedimiento aplicable para la valoración de los vehículos usados es el contenido en los decretos utilizados por la citada Dirección en el presente caso, razón por la que debe mantenerse lo actuado en cuanto a la modificación del valor y el aumento causado en el monto total de los impuestos de importación, lo cual analizaremos con posterioridad, porque en forma previa serán atendidas las demás argumentaciones de fondo del recurrente presentadas directamente ante este Tribunal, que cuestionan lo actuado y que en su criterio reflejan inconsistencias o contradicciones entre lo resuelto y la normativa (decretos, circulares y directrices) vigentes y de aplicación obligatoria en el momento en que acaecieron los hechos. Veamos.
a.) Respecto al procedimiento de valoración aplicable a la importación de vehículos.
Efectivamente al momento de la aceptación de la declaración aduanera de marras, el procedimiento vigente aplicable para la valoración aduanera de los vehículos importados es el contenido en el Decreto Ejecutivo número 29265-H, publicado en La Gaceta número 27 del 07 de febrero de 20014, disposición reglamentaria que establece claramente el procedimiento especial que debe seguirse para valorar vehículos, conforme lo indica el artículo 2 del citado Decreto, que señala:
“Artículo 2º—El procedimiento para determinar el valor sobre el cual, se cobrarán los impuestos creados por la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, la Ley de Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo y la Ley Nº 6946, para los casos de importaciones o internaciones de las mercancías comprendidas en las partidas 87.02, 87.03 y 87.04, que estén gravadas con el Impuesto Selectivo de Consumo y no estén afectas a los Derechos Arancelarios a la Importación, será el que se detalla en el anexo al presente decreto.”
Las disposiciones antes citadas, fueron las aplicadas en el presente caso, de ahí que las argumentaciones del recurrente contenidas en el apersonamiento, en el sentido de que "El SIIAT no es un sistema disponible para ser consultado en la página Web del Ministerio de Hacienda. Es una herramienta exclusiva de los funcionarios de la Administración Tributaria e inclusive no todos los funcionarios tienen acceso a él...", no tienen la fuerza de desvirtuar lo actuado en el presente caso, toda vez que el uso del SIIAT, así como del VAVI y del AUTOVALOR, se emitieron con fundamento en el decreto citado y lo que se logró a través de dichas herramientas fue complementar el procedimiento establecido, automatizándolo a través de la aplicación del VAVI, en aras de “garantizar la homogeneidad en la determinación de la base imponible para determinar los impuestos de importación de vehículos automotores nuevos y usados”.5 Así las cosas, en el presente caso, la determinación del valor de importación del vehículo de referencia se hizo en estricto apego al principio de legalidad, aplicando el decreto de referencia, toda vez que en su momento el declarante no consignó el valor que correspondía, a pesar de que estaba obligado a hacerlo.
Contrario a lo que se manifiesta, el considerando 8º del decreto ejecutivo de repetida cita, es claro y categórico al disponer:
“8º—Que existe una lista oficial de valores promedios de vehículos del mercado interno de conocimiento público, que actualiza periódicamente la Dirección General de Tributación y que es utilizada para efectos de determinar el monto a pagar por concepto del Impuesto a la Propiedad de Vehículos y el Impuesto de Transferencia de Vehículos Usados”. (El subrayado no es del texto original)
Complementado lo anterior, también el considerando 9º del mismo decreto dispone la factibilidad de implementar una metodología para obtener el valor de los vehículos usados a importar, disponiendo como elemento base para tal propósito, el empleo de la referida lista oficial, en los siguientes términos:
“9º—Que es factible establecer, legal y técnicamente, una metodología para obtener el valor en aduanas de los vehículos usados importados, deduciendo a los valores consignados en la lista oficial de la Dirección General de Tributación, los impuestos y el valor agregado”. (El resaltado no corresponde al texto original)
Como puede apreciarse, ya desde la vigencia misma del decreto en mención, en el año 2001, con el que se establece el “Procedimiento de valoración para la importación de vehículos en condición de usados”, se posibilitó el uso o empleo legal de la lista oficial de valores de la Dirección General de Tributación. Más aún, en el procedimiento para la determinación del valor de importación contenido en el Anexo del citado decreto, se establece como un elemento de análisis a considerar para determinar si el valor de factura es aceptable, el “Identificar el valor de mercado interno del vehículo en la base de datos de la Dirección General de Tributación”, disposición que está contenida en lo que denomina dicho procedimiento “Elemento de Análisis Nº 3 e.)”, el cual señala expresamente en la columna de “Instrumentos a utilizar” el uso de la “Base de datos de vehículos utilizada por la Dirección General de Tributación”.
Vemos pues, que contrario a lo alegado por el recurrente, se constituye en un imperativo desde la vigencia del decreto que dispone la valoración de vehículos usados importados, que en todo momento se recurra en consulta, entre otros elementos a considerar, a la base de valores oficiales de la Dirección de Tributación.
Ahora bien, habiendo dejado claro que sí es jurídicamente viable durante la vigencia del Decreto Ejecutivo número 29265-H, la aplicación de las listas o
bases de datos de vehículos utilizados por la Dirección General de Tributación, podemos señalar que los valores contenidos en la lista oficial de dicha Dirección constituyen un instrumento para determinar el valor de importación de un vehículo y que dicha lista forma parte de las bases de datos del Sistema Integral de Información de la Administración Tributaria (SIIAT).
De ahí que no lleva razón el recurrente en sus argumentos ante este Tribunal, que el SIIAT no es un sistema disponible para ser consultado en la página Web del Ministerio de Hacienda.
En efecto, debe recordarse que en materia de vehículos como el que refiere el presente asunto, la Administración debe observar el procedimiento establecido por los Decretos Ejecutivos números 29265-H y 29346-H, ya que ambas disposiciones reglamentarias establecen claramente los procedimientos especiales que deben seguirse para valorar vehículos, conforme lo indica el artículo 2 del Decreto número 29265-H, supra citado, en esa línea, establece su parte considerativa6, básicamente que la tributación de vehículos es una de las mercancías que inciden en la recaudación fiscal, por lo que se debe tener en consideración una serie de aspectos como los listados oficiales de valores promedio de vehículos con los que cuenta el Ministerio a través de la Dirección General de Tributación. De allí que la Autoridad Aduanera con fundamento en los citados decretos debe cumplir los procedimientos del despacho aduanero y el procedimiento especial establecido por el Poder Ejecutivo, consultando mediante el sistema de información establecido, o en su defecto solicitar el dictamen correspondiente al Órgano designado por la Dirección General de Tributación, quien tiene la competencia por vía reglamentaria, para efectos de determinar el valor sobre el cual se cobrarán los impuestos internos.
Se evidencia de lo consignado anteriormente que no existe la ilegalidad señalada, habiendo actuado la Dirección General de Aduanas cumpliendo con las disposiciones que el ordenamiento jurídico le establece al efecto, al haber consultado a la Dirección General de Tributación, el valor para el vehículo amparado a la declaración aduanera de referencia, así como abriendo el correspondiente procedimiento ordinario tendiente a modificar la obligación tributaria aduanera, en el cual procedió en acatamiento al principio de inderogabilidad singular de las normas, consagrado en el numeral 13 de la Ley General de la Administración Pública, a aplicar el procedimiento especial para la valoración de la importación de vehículos, al estar vigente los Decretos 29265-H del 24 de enero del 2001 y 29346-H del 02 de marzo del 2001 y cuya obligada utilización ha sido establecida por este Tribunal en casos similares al presente al dictar, entre muchas otras, las sentencias números 49 del año 2003, 67, 73 y 93 del año 2004, 320 del año 2006, 264, 270 y 275 del año 2007 y más recientemente en la 45 del 2008.
De lo anterior, es claro que el procedimiento instaurado en el Decreto Ejecutivo 29265-H de repetida cita resultaba, no sólo de obligado acatamiento sino válido y eficaz para la determinación del valor del vehículo objeto de la presente litis, a efecto del cálculo de los impuestos correspondientes a los impuestos Selectivo de Consumo, Ventas y 1 % a la Importación.
b.) En cuanto al acto de modificación del valor declarado.
Determinado el fundamento legal a emplear en la determinación de la base imponible o valor a la importación de vehículos conforme al alcance establecido en los decretos ejecutivos números 29265-H del 24 de enero del 2001 y 29346-H del 02 de marzo del 2001, resta por analizar si lo actuado por la administración en la determinación del valor obedeció a los parámetros establecidos en dicho cuerpo normativo.
En ese sentido, se observa que el valor determinado por el A quo o responde al criterio técnico VA-028-2007 del 09 de octubre del 2007, emitido por la oficina de Valoraciones Administrativas de la Dirección General de Tributación, que señala los criterios técnicos y legales considerados para la emisión del valor a emplear en la determinación del valor o base imponible de cálculo del monto de la obligación tributaria aduanera.
Se señala en el mismo, que al consultar al Registro Nacional el registro del número de VIN 1B7GG42N72S342265 del vehiculo objeto de la presente litis, se determinó que las características de él registradas entre ellas la clase tributaria, coincidían con las características para un vehículo idéntico registrado en el SIIAT, en función de la clase tributaria 2225553, que le corresponde a este tipo de vehículo.
Al revisar la declaración aduanera xxxx de la Aduana La Anexión del año 2003, se determina que la clase tributaria en ella declarada en la casilla de observaciones, corresponde a la número 2119503, señalando la oficina de Valoraciones Administrativas de la Dirección General de Tributación, que la clase tributaria declarada no indica el tipo de extra ni la transmisión del vehículo desalmacenado, razón por la cual el declarante debió solicitar la inclusión de una clase tributaria en consideración de las características que identifican al pick up Dodge Dakota, desalmacenado en la declaración N° xxxx/2003, características que corresponden a la clase tributaria N° 2225553.
En referencia al valor declarado de $15.367.20, la declaración aduanera consigna en “observaciones” que el valor se tomó del Black Book (con los correspondientes ajustes). En este orden de ideas, el informe técnico VA-028-2007, determina que al vehículo pick up de marras, marca Dodge Dakota, año modelo 2002, doble tracción, al cual le corresponde la clase tributaria N° 2225553 y no la declarada 2119503, por no corresponder a las características que presentó el vehículo al momento del desalmacenaje, el valor de importación que le corresponde es de $16.555.89 o su equivalente en moneda nacional de ¢6.750.000.00, tipo de cambio ¢407.71, el cual comparado con el valor declarado de $15.367.20, genera una diferencia del más del 3% de margen de tolerancia, según se establece en los decretos citados que regulan la importación de vehículos usados, asciendo la misma a $1.188.69.
Con base en los hechos señalados, este Tribunal considera que lo actuado por la Dirección General de Aduanas, responde al procedimiento instaurado en los citados decretos, que establece que el valor de la lista de vehículos emitida por la Dirección General de Tributación, sea el valor de importación, debe compararse con el de la publicación electrónica Black Book debidamente ajustado, para fijar el parámetro de control, el cual corresponde al valor mayor de ambos. Fijado dicho parámetro, se debe comparar con el valor factura con los correspondientes ajustes de transporte y seguro por concepto de transporte, el cual en el caso que nos ocupa es de $10.000.00 sin dichos ajustes.
Siendo así las cosas, se tiene por demostrado que lo actuado por la administración pone en evidencia que el acto administrativo a toda luces es correcto, toda vez que el valor aplicado en el caso en estudio, corresponde al determinado por la fijación del parámetro de control, sea éste el valor de importación que es superior al valor de la publicación especializada Black Book, y en consecuencia al valor de factura, como claramente se establece en el criterio técnico N° VA-028-2007 de la oficina de Valoraciones Administrativas, hecho que se recoge en los considerandos de los actos de apertura y final de la presente litis.
A la vista del citado criterio técnico de valor, se tiene que el valor de importación para los vehículos de la clase tributaria N° 2225553 que corresponde a las características del vehículo desalmacenado con la declaración aduanera de importación N° xxxx del año 2003 y aplicada por la D.G.A en el proceso de revaloración, es de $16.555.89 el cual en aplicación del procedimiento establecido en el decreto ejecutivo N° 29265-H se constituye en el mayor valor respecto al declarado de $ 15,367.20. En consecuencia, y de conformidad con el procedimiento de valoración vigente al momento de aceptación de la declaración aduanera señalada, el valor que debió declararse es el de importación de la lista de precios de la D.G.T y no el valor del Black Book ajustado en los montos de transporte y seguro por transporte internacional, para la determinación de la obligación tributaria aduanera.
En virtud de lo expuesto, considera este Tribunal que en el presente asunto debe declararse sin lugar el recurso de apelación y confirmar la resolución recurrida, en razón de que la determinación de la nueva clasificación arancelaria y la revaloración practicada, responden a las exigencias del Sistema Arancelario Centroamericano y a los decretos vigentes al momento de aceptación de la declaración aduanera, con los cuales se establece el procedimiento de fijación del valor o base imponible a la importación de vehículos nuevos y usados.
Jesús alfonso rodriguez secretario General H. CÁMara de representantes
Constitución Política, 139 y 140 de la Ley 5ª de 1992 y 13 del la ley 974 de 2005, me permito presentar a consideración del Honorable...
Acción popular Fosyga
Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y uno de los coadyuvantes, Andrés Eduardo Dewdney Montero, contra la...

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 204
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
e contrario
 artículo 2
 resolución