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Timestamp: 2018-04-24 13:37:43+00:00

Document:
María Cristina Rivero Soler
1 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 323/2011 Resolución nº 08/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 5 de enero de VISTO el recurso interpuesto por Doña E.I.R en representación de Monfragüe Archivo Logístico, Transporte y Servicios SLU, contra la adjudicación del contrato de servicios auxiliares de transporte, estiba y desestiba para la Dirección Provincial de Madrid y unidades dependientes del Servicio Público de Empleo Estatal, este Tribunal en sesión del día de la fecha ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO Primero. La Dirección Provincial de Madrid del Servicio Público de Empleo Estatal convocó, mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado de 1 de septiembre de 2011, licitación para la contratación del servicio auxiliar de transporte, incluyendo estiba y desestiba, en la citada Dirección Provincial, a la que presentó oferta la mercantil ahora recurrente. Segundo. La licitación se llevó a cabo de conformidad con los trámites previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP en adelante) derogada y sustituida desde el 16 de diciembre de 2011 por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre -, en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la anterior y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Tercero. Realizados los trámites previos, el 25 de octubre de 2011 procedió la mesa de contratación a la apertura, en acto público, de los sobres que contenían las ofertas. Pº DE LA CASTELLANA, 162, 15ª PLTA MADRID TEL: /41/45 FAX:
2 2 económicas, resultando ser la más baja la presentada por Centro de Negocios OCÓN, S.L., procediéndose por el órgano de contratación, tras concluir la tramitación pertinente, a adjudicar el contrato a dicha empresa por un importe de ,88 (IVA excluido). Cuarto. Contra la adjudicación del contrato de referencia interpuso recurso Monfragüe Archivo Logístico, Transporte y Servicios SLU, presentado el 12 de diciembre en el registro del órgano de contratación, por considerar que la oferta de la adjudicataria resulta inferior al importe de las tablas salariales del convenio vigente. Quinto. Con fecha 16 de diciembre de 2011, por la Secretaría del Tribunal se procedió a notificar la interposición del recurso a todos los licitadores para que formulasen las alegaciones que a su derecho convinieren, sin que se haya recibido contestación. Sexto. El 27 de diciembre de 2011 el Tribunal acordó mantener la suspensión automática del expediente de contratación conforme a las previsiones del artículo de la LCSP (artículo 45.3 del vigente texto refundido). FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Debe entenderse que el recurso ha sido interpuesto por persona legitimada para ello, pues se trata de un licitador que no ha resultado adjudicatario. La legitimación deriva de la condición de licitador. Por su parte, el acto impugnado es recurrible en esta vía conforme al artículo c) de la LCSP (art c) del texto refundido), pues se trata del acto de adjudicación del contrato y éste es un contrato de servicios cuyo valor estimado supera la cuantía establecida en el apartado 1.b) del mismo precepto. Segundo. La competencia para resolver el presente recurso corresponde al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en virtud de lo dispuesto en el artículo de la LCSP (art del texto refundido). Tercero. El escrito de recurso se presentó en el registro del órgano de contratación el día 12 de diciembre de 2011, habiendo sido notificado el acto recurrido de 24 de noviembre de 2011, por tanto fue interpuesto dentro del plazo previsto para ello en la ley (al
3 3 entonces vigente artículo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, ha sucedido hoy el artículo 44.2 del vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público). Cuarto. La única cuestión de fondo que plantea la recurrente se refiere al importe de la oferta adjudicataria que, en su opinión, resulta inferior al coste derivado de la aplicación de las tablas salariales del vigente convenio de transporte de mercancías por carretera y operaciones de transporte de la Comunidad de Madrid al personal requerido para la ejecución del contrato, motivo por el cual solicita que se deje sin efecto la adjudicación. Quinto. Tal como explica en su informe el órgano de contratación y se constata en la documentación del expediente remitida a este Tribunal, la mesa de contratación llevó a cabo, previamente a formular la propuesta de adjudicación, todas las actuaciones previstas legalmente para garantizar que la oferta presentada por Centro de Negocios OCÓN, S.L. podía ser cumplida. Conforme a lo estipulado en la cláusula 21 de la hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares, el único criterio de adjudicación en este procedimiento era la oferta económica más baja, correspondiente, como hemos señalado antes, a la proposición formulada por Centro de Negocios Ocón. Al ser considerado anormalmente reducido el importe de dicha oferta conforme a lo estipulado en la cláusula 24 del pliego, se solicitó a la empresa que la justificase, otorgándole la audiencia a que se refiere el artículo LCSP (artículo del texto refundido). Dicho precepto establece lo siguiente: Artículo 136 (152 texto refundido). Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 1. Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter desproporcionado o anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros objetivos que se establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas válidas que se hayan presentado. 2. Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión
4 4 de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales. 3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un contrato sujeto a regulación armonizada. 4. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo anterior. De la lectura de este precepto cabe concluir que la apreciación de si una oferta contiene valores anormales o desproporcionados no es un fin en sí mismo sino un medio para
5 5 establecer que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ello y que, por tanto, no debe hacerse la adjudicación a quien la hubiera presentado. Este hecho, además, trae como consecuencia que la apreciación de si es posible el cumplimiento de la proposición o no, debe ser consecuencia de una valoración de los diferentes elementos que concurren en la oferta y de las características de la propia empresa licitadora, no siendo posible su aplicación automática. Por otra parte, queda claro que la decisión sobre si la oferta puede cumplirse o no corresponde al órgano de contratación, que la debe adoptar sopesando las alegaciones formuladas por la empresa licitadora y los informes emitidos por los servicios técnicos, sin que dichas alegaciones e informe tengan carácter vinculante. En el caso que nos ocupa, la mesa de contratación concedió a Centro de Negocios OCÓN, S.L. un plazo de dos días para que justificase la valoración de su oferta y precisase las condiciones de la misma. Dentro de dicho plazo, la empresa remitió la documentación solicitada, justificando, entre otras cuestiones, que los cálculos de su oferta se basan en su condición de empresa de integración laboral que, cumpliendo con el convenio colectivo, recibe bonificaciones a Seguridad Social; y a requerimiento de la mesa, aportó además documentación acreditativa de la inscripción de la empresa en el Registro de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad de Madrid. Tras el análisis de la justificación presentada por la empresa, junto con las aclaraciones solicitadas por la mesa, ésta elevó al órgano de contratación propuesta, que éste hizo suya, de adjudicación a favor de Centro de Negocios OCÓN, S.L. y el 11 de noviembre de 2011 se formula la propuesta de adjudicación y se solicita a Centro de Negocios Ocón la presentación de la documentación pertinente, conforme a lo estipulado en el artículo LCSP (artículo del texto refundido). La adjudicación fue notificada a los licitadores el 24 de noviembre. La documentación presentada por la adjudicataria demuestra que es posible ejecutar el contrato conforme a la oferta por ella formulada y respetando en todo momento los salarios aprobados en convenio. A mayor abundamiento, y aunque ese no fuera el caso,
6 6 es criterio de este Tribunal mantenido en resoluciones anteriores haciendo suyo el planteamiento que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha señalado en reiterados informes, entre ellos el 34/01, que la circunstancia de que una proposición económica en un concurso sea inferior a la cantidad resultante de aplicar el coste hora fijado en el Convenio colectivo del sector no impide la adjudicación del contrato en favor de dicha proposición económica. De lo expuesto hasta aquí se deduce que el órgano de contratación actuó en todo momento de acuerdo con el procedimiento establecido tanto en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, como en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Y que adjudicó el contrato a la empresa que había presentado la proposición económicamente más ventajosa tras comprobar que la misma podría ser cumplida. Por todo lo anterior, VISTOS los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada en el día de la fecha ACUERDA: Primero. Desestimar el recurso interpuesto por Doña E.I.R en representación de Monfragüe Archivo Logístico, Transporte y Servicios SLU, contra la adjudicación del contrato de servicios auxiliares de transporte, estiba y desestiba para la Dirección Provincial de Madrid y unidades dependientes del Servicio Público de Empleo Estatal. Segundo. Dejar sin efecto la suspensión del procedimiento producida de conformidad con el artículo 315 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público (art. 45 del texto refundido). Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo de la Ley 30/2007, de 30 de octubre (art del texto refundido). Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
7 7 recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, letra f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

References: Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 44
 Artículo 136
 artículo 315
 resolución