Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2014/06/la-reforma-del-procedimiento-de.html?showComment=1404641458367
Timestamp: 2019-05-19 12:56:59+00:00

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EL BLOG DE EDUARDO ROJO: La reforma del procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido. Comparación de la normativa vigente a partir de mañana (RD 418/2014) y la derogada (RD 924/1982).
Si bien el RD 924/1982 no ha sido modificado desde su aprobación, sí lo han sido varias normas que afectan directamente a la materia objeto de su regulación, y de ellas se deja debida constancia en la introducción del RD 418/2014, del que reproduzco ahora un amplio fragmento:
“…la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, reguló las reclamaciones al estado del pago de salarios de tramitación en juicios por despido, introduciendo una preceptiva reclamación administrativa previa y regulando los motivos de suspensión del cómputo del plazo cuyo transcurso da lugar a la asunción por el Estado de los salarios de tramitación.
Posteriormente, en virtud de la reforma operada por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, se modifica el artículo 56.2 del Estatuto de los Trabajadores, quedando restringido el derecho al cobro de salarios de tramitación a los supuestos en que, habiéndose declarado el despido como improcedente, se opte por la readmisión del trabajador. Por su parte, el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, modificó el artículo 57 del Estatuto de los trabajadores, elevando de sesenta a noventa el número de días hábiles necesarios para que el empresario pueda reclamar del Estado el abono de los salarios de tramitación, a contar desde la fecha en que se presentó la demanda hasta la fecha en que se declaró la improcedencia del despido”. También me parece importante hacer mención a la disposición transitoria séptima del citado RDL 3/2012, que dispuso que la reforma contenida en la norma sería de aplicación “a los expedientes de reclamación al Estado de salarios de tramitación en los que no haya recaído sentencia firme de despido a la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley”.
También se da debida cuenta en la introducción de las modificaciones operadas en la normativa administrativa reguladora de la tramitación de los expedientes iniciados para el abono de los salarios de tramitación. De esta manera, se explica que “… la competencia para resolver este tipo de reclamaciones, que estaba atribuida inicialmente a las Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, pasó a ser asumida por los Delegados del Gobierno, en virtud de las modificaciones normativas operadas tanto por el Real Decreto 2725/1998, de 18 de diciembre, de integración de las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales en las Delegaciones del Gobierno, como por el Real Decreto 942/2010, de 23 de julio, de reestructuración de diversas áreas funcionales integradas en las Delegaciones del Gobierno. Así, como consecuencia de la integración de los servicios de las extintas Direcciones Provinciales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en las Delegaciones del Gobierno, se crean en éstas las áreas funcionales de Trabajo y Asuntos Sociales, que, en las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, se organizarán en dependencias provinciales, integradas en la correspondiente Subdelegación del Gobierno. La experiencia acumulada en estos años ha revelado que el procedimiento que rige la tramitación y resolución de las reclamaciones al Estado de los salarios de tramitación es demasiado complejo e ineficaz, por cuanto intervienen en él diversos órganos de distinto ámbito territorial que dilatan innecesariamente la tramitación y el cobro de las cantidades reconocidas. Así, si bien corresponde a las Delegaciones de Gobierno la competencia para resolver las reclamaciones al Estado de salarios de tramitación, el pago de las cantidades reconocidas le corresponde al Ministerio de Justicia, en razón de la titularidad del correspondiente crédito presupuestario”.
La nueva norma tiene por finalidad agilizar la tramitación del procedimiento, y a tal efecto modifica la normativa administrativa de aplicación “para atribuir, por un lado, a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno la competencia para instruir y emitir la propuesta de resolución de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación, y, por el otro, a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia la competencia para resolver y, en su caso, efectuar el correspondiente pago derivado de tales reclamaciones”. Ahora, sólo falta esperar, y desear, que se cumpla en la práctica dicha agilización prometida y concretada en los arts. 6.1 (“La Delegación o Subdelegación del Gobierno emitirá propuesta de resolución dentro de los quince días siguientes al de la fecha de entrada de la reclamación en el registro del órgano competente para su tramitación”) y 7.1 (“La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, adoptará y notificará la resolución que en derecho proceda en el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta”).
2. Adjunto a continuación la tabla de comparación entre el RD 924/1982 y el texto que procede a su derogación, en el bien entendido, insisto, que la lectura de la norma que será derogada mañana debe efectuarse teniendo en consideración las modificaciones que ha sufrido por aquellas operadas en otras normas y a las que me he referido con anterioridad, no debiendo olvidar igualmente el impacto de la reforma operada en la normativa concursal por la Ley 22/2003, de 9 de julio, y en particular en lo relativo a la declaración de insolvencia del empleador y también en la parte relativa a la situación de una empresa en concurso de acreedores. Dejo constancia, por su importancia, de lo dispuesto en la disposición transitoria única sobre los expedientes pendientes de resolución, en la que se estipula que “1. Se regularán conforme a lo dispuesto en el presente real decreto los expedientes que, a la fecha de su entrada en vigor, estén aún pendientes de resolución definitiva”.
RD 924/1982 de 17 de abril
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-11138
Real Decreto 418/2014, de 6 de junio.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-6434.pdf
Ricard REYNÉS I GRACIAN dijo...
En el artículo 4 del RD se fija el plazo un año desde la firmeza de la sentencia para la solicitud de las cantidades. Sin embargo, el art. 1.2 nos habla de la insolvencia provisional y del pago de los salarios, en correspondencia con lo señalado con la LRJS (art 117.3)que fija dos momentos distintos para el cómputo del plazo de prescripción en función de quien sea el solicitante: el empresario tienen el plazo de un año desde el pago de los salarios y el trabajador desde la declaración de insolvencia provisional en fase de ejecución de sentencia. Me parece que o yo lo entiendo mal o es un error de estos a los que ya nos tienen acostumbrados.
Hola Ricard, muchas gracias por tu aportación. El problema de falta de la debida articulación entre dos o más normas no es infrecuente en el panorama laboral español, desgraciadamente para quienes tienen que interpretarlas y aplicarlas. Saludos.

References: artículo 56
 artículo 57
 Real Decreto 
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 resolución 
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 real decreto 
 resolución 

Real Decreto 
 artículo 4