Source: http://tachira.tsj.gov.ve/decisiones/2012/mayo/1395-16-SP11-P-2010-001743-.html
Timestamp: 2014-10-26 02:54:22+00:00

Document:
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO. SAN ANTONIO REP�BLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
San Antonio del Tachira, 16 de Mayo de 2012
ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2010-001743
ASUNTO : SP11-P-2010-001743
JUEZ: ABG. JOSE LUIS CARDENAS QUINTERO
FISCAL: ABG. CAROLINA FERNANDEZ HERNANDEZ
SECRETARIO. ABG. BLANCA JANETH ACERO CAICEDO
IMPUTADO: CARLOS AUGUSTO HIGUERA
DEFENSOR: ABG. ERICK RANIERY ORTIZ CACERES
Vista la solicitud de Revisi�n de Medida de Privaci�n Judicial Preventiva de Libertad efectuada, por el Defensor Privado, Abogado ERICK RANIERY ORTIZ CACERES, en su car�cter de Defensor T�cnico del ciudadano CARLOS AUGUSTO HIGUERA, de nacionalidad venezolana, natural de Rubio, Estado T�chira, nacido en fecha 16 de diciembre de 1974, de 36 a�os de edad, hijo de Justo Pastor Quintero (f) y de Aura Matilde Higuera (v) titular de la cedula de identidad N� V-12.518.634, soltero, de profesi�n u oficio Obrero, domiciliado en la Palmita 2, Barrio La guaira, Rubio, Estado T�chira, de conformidad con lo previsto en el art�culo 264 del C�digo Org�nico Procesal Penal, a trav�s de escrito en el que pide al Tribunal que se revise la medida que pesa en contra de su defendido, y que se tomen en cuenta las siguientes consideraciones: La defensa privada del ciudadano CARLOS AUGUSTO HIGUERA, explana en su escrito de revisi�n de medida de privaci�n judicial preventiva de libertad, lo siguiente: �Reposa en este Digno Tribunal una causa signada con el expediente N� 1743-10, en la cual se le imputa a mi representado la presunta comisi�n de violencia sexual en perjuicio de la adolescente identificada en autos, la cual, el d�a 23 de marzo de 2012, consign� escrito de examen y revisi�n de medida cautelar sustitutiva por ante la Unidad de Recepci�n de Documentos, posteriormente el d�a 03 de Abril del presente a�o en vista que este Tribunal no se hab�a pronunciado al respecto ratificamos nuevamente dicha solicitud, pero es el caso que hasta nuestros d�as no hemos tenido ninguna resoluci�n; es por ello que muy respetuosamente ratifico el contenido del examen y revisi�n de la medida cautelar que solicit� el d�a 23 de marzo del 2012, para que sea impuesta por una menos gravosa de posible cumplimiento tal y como lo establece el art�culo 256 y 264 del C�digo Org�nico Procesal Penal, y as� permitirle a mi defendido a ser juzgado en libertad, tal y como lo ha establecido la doctrina y jurisprudencia venezolana en la cual nos indican que la regla general en nuestro sistema penal acusatorio es el juzgamiento en libertad de los ciudadanos sindicados como imputados en la presunta comisi�n de un hecho punible, a tenor de lo dispuesto en la parte in fine del Ordinal 1� del Art�culo 44 de la Constituci�n de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela, de igual modo el C�digo Org�nico Procesal Penal desarroll� principios procesales �ntimamente vinculados con la norma rectora de la Carta Magna, previendo el Principio de Inocencia, Afirmaci�n de la Libertad y estado de Libertad, estatuidos en los art�culos 8, 9 y 243 del Texto Penal Adjetivo, seg�n los cuales la garant�a de la libertad personal priva sobre la medida excepcional de la prisi�n preventiva de nuestro proceso penal�. Este Tribunal para decidir sobre la solicitud de la Defensa, observa: PRIMERO: En fecha 15 de agosto de 2010, el Juzgado Segundo de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensi�n San Antonio, celebr� audiencia especial de privaci�n judicial preventiva de libertad en la que resolvi�: ratificar la medida de privaci�n judicial preventiva de la libertad decretada en fecha 03 de Agosto de 2010 en contra de CARLOS AUGUSTO HIGUERA, de nacionalidad venezolana, natural de Rubio, Estado T�chira, nacido en fecha 16 de diciembre de 1974, de 36 a�os de edad, hijo de Justo Pastor Quintero (f) y de Aura Matilde Higuera (v) titular de la cedula de identidad N� V-12.518.634, soltero, de profesi�n u oficio Obrero, domiciliado en la Palmita 2, Barrio La guaira, Rubio, Estado T�chira, por la presunta comisi�n del delito de VIOLACION, previsto y sancionado en el art�culo 374 del C�digo Penal Vigente en perjuicio de la adolescente A.C.C.F (se omite el nombre por razones de ley), por cuanto se encuentran llenos los extremos de los art�culos 250 en concordancia con el 251 numerales 2� y 3� y 252 ordinal 2� del C�digo Org�nico Procesal Penal. Orden� la prosecuci�n del proceso por los tr�mites del procedimiento ORDINARIO de conformidad con el art�culo 373 del C�digo Org�nico Procesal Penal. Y acord� como lugar de reclusi�n la Sub-Comisar�a de San Antonio, Estado T�chira. En fecha 30 de septiembre de 2010, la Fiscal�a Vig�sima Sexta del Ministerio P�blico, present� acto conclusivo de acusaci�n en contra de CARLOS AUGUSTO HIGUERA, por el delito de VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA, previsto y sancionado en la parte in fine del art�culo 43 de la Ley Org�nica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la adolescente A.C.C.F (se omite el nombre por razones de ley). En fecha 30 de noviembre de 2010, se celebr� ante el Tribunal Segundo de Control, Audiencia Preliminar, en la cual fue admitida totalmente la acusaci�n presentada por el Ministerio P�blico, en contra del ciudadano CARLOS AUGUSTO HIGUERA, por el delito de VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA, previsto y sancionado en la parte in fine del art�culo 43 de la Ley Org�nica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la adolescente A.C.C.F (se omite el nombre por razones de ley).
Se admitieron totalmente las Pruebas, ofrecidas por la representante del Ministerio P�blico, de conformidad con lo previsto en el art�culo 330 numeral 9 del C�digo Org�nico Procesal Penal. Se decret� la APERTURA A JUICIO ORAL Y RESERVADO, del Acusado CARLOS AUGUSTO HIGUERA, por el delito de VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA, previsto y sancionado en la parte in fine del art�culo 43 de la Ley Org�nica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la adolescente A.C.C.F (se omite el nombre por razones de ley), de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 331 del C�digo Org�nico Procesal Penal. SEGUNDO: Este Tribunal, hace las siguientes consideraciones con relaci�n al Derecho a la Libertad y las normas relativas a las Medidas Cautelares.
La Constituci�n de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela en su art�culo 44, se�ala, que toda persona ser� juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley apreciadas por el juez o jueza en cada caso. El art�culo 9 del C�digo Org�nico Procesal Penal, afirma ese derecho a la Libertad, cuando reza: �Las disposiciones de este c�digo que autorizan preventivamente la privaci�n o restricci�n de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen car�cter excepcional, s�lo podr�n ser interpretadas restrictivamente, y su aplicaci�n debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que puedan ser impuestas...�. Con relaci�n a la proporcionalidad de las Medidas Cautelares, el art�culo 244 del C�digo Org�nico Procesal Penal, dispone: �No se podr� ordenar una medida de coerci�n personal cuando �sta aparezca desproporcionada en relaci�n con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisi�n y la sanci�n probable.� Conforme a dicha norma debe haber proporci�n en las Medidas Cautelares con relaci�n: a) La gravedad del delito; b) Las circunstancias de la comisi�n del mismo; y c) La sanci�n probable. Por otra parte, el art�culo 264 del C�digo Org�nico Procesal Penal, se refiere al examen y revisi�n de las Medidas Cautelares en los siguientes t�rminos:
�El imputado podr� solicitar la revocaci�n o sustituci�n de la medida judicial de privaci�n preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deber� examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituir� por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendr� apelaci�n�. En atenci�n a dicha norma, el imputado o su defensor tienen el derecho de solicitar la revocaci�n o la sustituci�n de la Medida Cautelar de Privaci�n Preventiva de Libertad las veces que lo considere pertinente. El Juez deber� examinar la necesidad de mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime procedente las sustituir� por otras menos gravosas. Ahora bien, el Tribunal observa, que en la oportunidad en que fue decretada por el Juzgado Segundo de Control de este Circuito Judicial Penal, en contra del acusado CARLOS AUGUSTO HIGUERA, la Privaci�n Judicial Preventiva de Libertad, analiz� que efectivamente se daban los supuestos del art�culo 250 del C�digo Org�nico Procesal Penal y al respecto dej� establecida la existencia de hecho punible (VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA, previsto y sancionado en la parte in fine del art�culo 43 de la Ley Org�nica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) que merecen pena privativa de libertad, cuya acci�n penal no se encuentra evidentemente prescrita, y como presunto autor o participe de ese hecho al prenombrado acusado. En cuanto al peligro de fuga, dej� asentado que la medida de privaci�n es la que procede a los fines de asegurar las resultas del proceso. Es por ello que este Tribunal analiza y aprecia que no han variado las circunstancias que dieron lugar a que se decretara en contra del imputado la Medida Cautelar de Privaci�n Judicial Preventiva de Libertad, ya que hasta la presente fecha, se mantienen los mismos elementos de convicci�n que motivaron dicha privaci�n, toda vez que al referido acusado se le orden� auto de apertura a juicio por el delito de VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA, previsto y sancionado en la parte in fine del art�culo 43 de la Ley Org�nica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la adolescente A.C.C.F (se omite el nombre por razones de ley).
Por otra parte, dicha medida cautelar no va en contra del principio de proporcionalidad de las medidas de coerci�n personal, ya que no es desproporcionada, por cuanto se observa que la misma se corresponde con la gravedad del delito atribuido al acusado CARLOS AUGUSTO HIGUERA; las circunstancias de la comisi�n y la sanci�n probable. Del mismo modo, se observa en el presente caso que el delito acusado, prev� una pena que supera los tres a�os en atenci�n a lo dispuesto en el art�culo 253 del C�digo Org�nico Procesal Penal, tal como lo atribuy� el Ministerio P�blico, por lo que se aprecia que la pena que pudiera llegar a impon�rsele, para el caso de hall�rsele culpable al ciudadano acusado de autos, supera dicho termino legal; adem�s, es necesario considerar que se trata de un hecho punible que va en detrimento de la integridad f�sica, la salud, el bienestar personal, entre otros; motivo por el cual no se puede estar ajeno a tal problem�tica, consider�ndose asimismo, que mediante este tipo de hechos se afecta el bienestar individual y colectivo en general, siendo necesario salvaguardar el proceso, como �nica v�a para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicaci�n de la justicia, en virtud de la garant�a social de la instrumentalidad del proceso penal, por tanto, se aprecia la debida proporcionalidad, entre el delito acusado y su sanci�n probable con la medida privativa decretada, y por ende, la pena probablemente aplicable, desde luego, en el evento de resultar culpable del hecho que se le imputa, debiendo mantenerse la medida de privaci�n judicial preventiva de libertad impuesta. En virtud de las consideraciones se�aladas, este Tribunal debe declarar sin lugar la solicitud del Defensor T�cnico Abogado ERICK RANIERY ORTIZ CACERES. Y As� se decide. EN CONSECUENCIA ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCI�N DE JUICIO N�MERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO T�CHIRA, EXTENSI�N SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REP�BLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: UNICO: Revisa y declara sin lugar la solicitud interpuesta por el Defensor Privado, Abogado ERICK RANIERY ORTIZ CACERES, en su car�cter de Defensor T�cnico del ciudadano Acusado de Autos, en la que pide que se le sustituya la Medida Cautelar de Privaci�n Judicial Preventiva de Libertad, decretada en fecha 03 de Agosto de 2010, por el Juzgado Segundo de Control de este Circuito Judicial Penal, Extensi�n San Antonio, en contra del acusado CARLOS AUGUSTO HIGUERA, de nacionalidad venezolana, natural de Rubio, Estado T�chira, nacido en fecha 16 de diciembre de 1974, de 36 a�os de edad, hijo de Justo Pastor Quintero (f) y de Aura Matilde Higuera (v) titular de la cedula de identidad N� V-12.518.634, soltero, de profesi�n u oficio Obrero, domiciliado en la Palmita 2, Barrio La guaira, Rubio, Estado T�chira, en la presunta comisi�n del delito de VIOLACION, previsto y sancionado en el art�culo 374 del C�digo Penal Vigente en perjuicio de la adolescente A.C.C.F (se omite el nombre por razones de ley), por cuanto se encuentran llenos los extremos de los art�culos 250 en concordancia con el 251 numerales 2� y 3� y 252 ordinal 2� del C�digo Org�nico Procesal Penal. En consecuencia, se mantiene con plenos efectos la Medida Cautelar de Privaci�n Judicial preventiva de Libertad, que pesa en contra del prenombrado acusado, de conformidad con lo establecido en los art�culos 250, 251 y 264 del C�digo Org�nico Procesal Penal. Trasl�dese al acusado por conducto del �rgano legal correspondiente para imponerlo de la presente decisi�n. Notif�quese a las partes. Dada, firmada y refrendada, en San Antonio del T�chira, a los diecis�is d�as del mes de Mayo de 2012. ABG. JOSE LUIS CARDENAS QUINTERO
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