Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0247_ES.html
Timestamp: 2019-10-22 09:44:30+00:00

Document:
Procedimiento : 2016/0043(NLE)
Ciclo relativo al documento : A8-0247/2016
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sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros
– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2016)0071),
– Visto el artículo 148, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0098/2016),
– Vista su Posición, de 8 de julio de 2015, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros,
– Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0247/2016),
(-1) Con su Decisión (UE) 2015/18481 bis, el Consejo ha optado una vez más por ignorar la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2015. El planteamiento del Consejo es contrario al espíritu de los Tratados lo que debilita la cooperación entre las instituciones de la Unión y agravando el «déficit democrático» frente a los ciudadanos de la Unión. El Parlamento Europeo lamenta profundamente el planteamiento del Consejo y subraya la necesidad de que se tenga en cuenta la posición del Parlamento.
1a Decisión (UE) 2015/1848 del Consejo, de 5 de octubre de 2015, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2015 (DO L 268 de 15.10.2015, p. 28).
(1) El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone en su artículo 145 que los Estados miembros y la Unión se esforzarán por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, con vistas a lograr los objetivos definidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE).
(1) El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone en su artículo 145 que los Estados miembros y la Unión se esforzarán por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, con vistas a lograr los objetivos definidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con los artículos 9 y 10 del TFUE, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión garantizará un mercado de trabajo inclusivo e integrado capaz de hacer frente a las graves repercusiones del desempleo y de asegurar un nivel de empleo elevado, unas condiciones de trabajo dignas en toda la Unión, incluidos unos salarios adecuados, con la garantía de una protección social adecuada de conformidad con la legislación laboral, los convenios colectivos y de acuerdo con el principio de subsidiariedad, así como con un nivel elevado de educación, formación, y tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
(2) La «Estrategia Europa 2020» propuesta por la Comisión permite a la Unión dirigir su economía hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, acompañado de altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. Cinco metas principales, expuestas bajo las orientaciones correspondientes, constituyen los objetivos compartidos que orientan la actuación de los Estados miembros y tienen en cuenta sus relativas situaciones de partida y circunstancias nacionales, así como las posiciones y las circunstancias de la Unión. La Estrategia Europea de Empleo tiene un papel primordial en la aplicación de los objetivos de empleo y mercado laboral de la nueva estrategia.
(2) La «Estrategia Europa 2020» propuesta por la Comisión debe permitir a la Unión dirigir su economía hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, acompañado de altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. La Unión necesita políticas holísticas e inversiones públicas que combatan el desempleo y la pobreza. A este respecto, suscita una enorme preocupación la evolución registrada hasta la fecha de los indicadores de empleo y sociales de la Estrategia Europa 2020, dado que el número de personas en riesgo de pobreza y de exclusión ha aumentado en cinco millones en lugar de disminuir, la tasa de empleo en algunos países aún no ha recuperado el nivel anterior a la crisis, mientras que en algunos Estados miembros el porcentaje de jóvenes sin empleo, educación ni formación (ninis) es superior al 20 % y la tasa de abandono escolar prematuro asciende a un 23 %. La Estrategia Europea de Empleo tiene un papel primordial en la aplicación de los objetivos de empleo, inclusión social y mercado laboral de la nueva estrategia. No obstante, esos objetivos no se han cumplido y los Estados miembros deberán esforzarse aún más para alcanzar los resultados esperados. El logro de la Estrategia Europa 2020 en el ámbito social y laboral debe seguir siendo uno de los principales objetivos de las políticas de los Estados miembros en materia de empleo.
(3) Las orientaciones integradas van en la línea de las conclusiones del Consejo Europeo. Ofrecen una orientación concreta para que los Estados miembros definan y apliquen sus programas nacionales de reforma, teniendo en cuenta su interdependencia y de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las orientaciones para el empleo deben constituir la base de cualquier recomendación específica por país que pueda presentar el Consejo a los Estados miembros en virtud del artículo 148, apartado 4, del TFUE, al mismo tiempo que las recomendaciones específicas por país que se dirijan a los Estados miembros en virtud del artículo 121, apartado 2, de dicho Tratado. Las orientaciones para el empleo deben constituir también la base para elaborar el Informe Conjunto sobre el Empleo que envían anualmente el Consejo y la Comisión Europea al Consejo Europeo.
(3) Las orientaciones integradas deberían ir en la línea de las conclusiones del Consejo Europeo. Ofrecen una orientación concreta para que los Estados miembros definan y apliquen sus programas nacionales de reforma, teniendo en cuenta su interdependencia y de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las orientaciones para el empleo deben tenerse en cuenta en cualquier recomendación específica que pueda presentar el Consejo a un Estado miembro en virtud del artículo 148, apartado 4, del TFUE, de forma equilibrada con respecto a las recomendaciones específicas por país que se dirijan a Estados miembros concretos en virtud del artículo 121, apartado 2, del TFUE. Las recomendaciones específicas por país no solo deben tener en cuenta los indicadores económicos, sino también, si procede, de empleo y sociales, evaluando ex ante las reformas que han de llevarse a cabo y su impacto en los ciudadanos. Las orientaciones para el empleo deberían establecerse en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo y deberían constituir la base para elaborar el Informe Conjunto sobre el Empleo que envían anualmente el Consejo y la Comisión Europea al Consejo Europeo. Recientemente se han incluido tres indicadores de empleo —tasa de actividad, desempleo juvenil y desempleo de larga duración— en el procedimiento de desequilibrio macroeconómico y, en su Resolución de 22 de febrero de 20161 bis, el Parlamento Europeo pedía que esos indicadores se utilizaran para activar un análisis en profundidad en los Estados miembros pertinentes que pueda dar lugar a otras propuestas sobre reformas económicas y sociales y del mercado laboral y su aplicación.
1 bis http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0030+0+DOC+XML+V0//ES
(4) El examen de los programas nacionales de reforma de los Estados miembros contenidos en el Informe Conjunto sobre el Empleo pone de manifiesto que los Estados miembros deben seguir haciendo todo lo posible para atender a los ámbitos prioritarios: aumentar la participación en el mercado laboral y reducir el desempleo estructural, conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral y promover la calidad del trabajo y el aprendizaje permanente, mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.
(4) El examen de los programas nacionales de reforma de los Estados miembros contenidos en el Informe Conjunto sobre el Empleo pone de manifiesto que los Estados miembros deben tener en cuenta las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre el Estudio Prospectivo Anual, las recomendaciones específicas por país y las orientaciones para el empleo y deben seguir haciendo todo lo posible para atender a los ámbitos prioritarios: aumentar la participación en el mercado laboral y reducir el desempleo estructural crear puestos de trabajo, apoyar los mercados laborales que funcionan bien y son dinámicos e integradores, conseguir una población activa cualificada capaz de responder a las necesidades del mercado laboral y promover puestos de trabajo dignos y el aprendizaje permanente, mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior, promover la inclusión social y la conciliación entre las necesidades familiares y la vida profesional, luchar contra todo tipo de discriminación y contra la pobreza, en particular la pobreza infantil, así como mejorar la capacidad de la población que envejece.
(6 bis) Actualmente 120 millones de ciudadanos europeos —aproximadamente una cuarta parte de la población total de la Unión— se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Esta situación de emergencia, que se refleja igualmente en el creciente número de ciudadanos sin empleo exige que la Comisión adopte medidas para animar a los Estados miembros a desarrollar regímenes nacionales de rentas mínimas para garantizar a estos ciudadanos unas condiciones de vida dignas.
Las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros expuestas en el anexo de la Decisión del Consejo de 5 de octubre de 2015 relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros4 se mantienen para 2016 y los Estados miembros las tendrán en cuenta en sus políticas de empleo.
Se adoptan las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros expuestas en el anexo. Los Estados miembros tendrán en cuenta dichas orientaciones en sus políticas de empleo y programas de reforma, sobre los que se informará de conformidad con el artículo 148, apartado 3, del TFUE.
4 Decisión (UE) 2015/1848 del Consejo, de 5 de octubre de 2015, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 268 de 15.10.2015, p. 28).
Anexo (nuevo)
Orientación n.º 5: Impulsar la demanda de mano de obra
Los Estados miembros, en colaboración con las autoridades regionales y locales, deben hacer frente, de manera rápida y eficaz, al grave problema del desempleo, y favorecer e invertir en la creación de empleo sostenible y de calidad, abordar la accesibilidad de los grupos de riesgo y reducir los obstáculos a la contratación en todos los niveles de competencias y sectores del mercado laboral mediante, entre otras medidas, la reducción de la burocracia sin menoscabo de las normas laborales y sociales, fomentar el emprendimiento juvenil y, en particular, apoyar la creación y el desarrollo de medianas y pequeñas empresas y microempresas a fin de aumentar la tasa de empleo de mujeres y hombres. Por otra parte, los Estados miembros deben fomentar activamente, entre otras cosas, el empleo en los sectores ecológico y sanitario, así como la economía social, y apoyar la innovación social.
Es preciso desplazar la carga impositiva del trabajo a otras fuentes de impuestos menos perjudiciales para el crecimiento y el empleo y proteger, al mismo tiempo, los ingresos en aras de una protección social adecuada y unos gastos destinados a la inversión pública, la innovación y la creación de empleo. Las reducciones de la fiscalidad sobre el trabajo deberían aplicarse a los componentes pertinentes de la presión fiscal, a la lucha contra la discriminación y a la eliminación de los obstáculos y de la falta de incentivos para la participación en el mercado de trabajo, en particular para las personas con discapacidad y para las personas más alejadas de aquel, sin que ello redunde en perjuicio de las normas laborales y sociales.
Para crear empleo y reducir la pobreza en la Unión, sigue siendo importante elaborar unas políticas que garanticen unos salarios que permitan vivir adecuadamente. Los Estados miembros, junto con los interlocutores sociales, deben, por consiguiente, respetar y fomentar los mecanismos de fijación de salarios que prevén la adaptación de los salarios reales en función de la evolución de la productividad y que ayuden a corregir las divergencias del pasado sin exacerbar por ello las presiones deflacionistas. Estos mecanismos deben garantizar recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, teniendo en cuenta los indicadores de pobreza relativa de cada Estado miembro. A este respecto, han de valorarse adecuadamente las diferencias en las capacidades y en las condiciones de los mercados laborales locales con objeto de garantizar en toda la Unión una renta que permita vivir dignamente. A la hora de fijar los salarios mínimos de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, los Estados miembros y los interlocutores sociales deben velar por su idoneidad así como tener en cuenta su impacto en la pobreza de la población ocupada, los ingresos de los hogares, la demanda agregada, la creación de empleo y la competitividad.
Los Estados miembros deben reducir la burocracia a fin de aliviar la carga que soportan las pequeñas y medianas empresas, dado que estas contribuyen de manera significativa a la creación de empleo.
Orientación n.º 6: Mejorar la oferta de trabajo y las cualificaciones
Los Estados miembros deben promover una productividad sostenible y una empleabilidad de calidad a través de una oferta adecuada de conocimientos y cualificaciones pertinentes, puestas a disposición de todos los ciudadanos y accesibles para todos ellos. Debe prestarse especial atención a la asistencia sanitaria, los servicios sociales y los servicios de transporte, sectores que se enfrentan o se enfrentarán a medio plazo a una escasez de personal. Los Estados miembros deben realizar inversiones eficaces en sistemas educativos de calidad e inclusivos desde una edad temprana y en formación profesional, mejorando al mismo tiempo su eficacia y eficiencia para mejorar el nivel de cualificación y especialización de la mano de obra y ampliar el abanico de sus competencias, de modo que pueda anticipar y responder mejor a la rápida evolución de las necesidades de unos mercados de trabajo dinámicos en una economía cada vez más digital. Para ello, deberá tenerse en cuenta que las aptitudes interpersonales —como la capacidad de comunicación— tienen cada vez mayor importancia en un buen número de ocupaciones.
Los Estados miembros deben promover el emprendimiento entre los jóvenes introduciendo, por ejemplo, cursos de emprendimiento optativos y alentando la creación de empresas de estudiantes en los mismos centros de enseñanza secundaria y en las facultades. Los Estados miembros, en cooperación con las autoridades regionales y locales, deben redoblar los esfuerzos para evitar el abandono escolar prematuro de los jóvenes, facilitar más la transición de la educación y la formación profesional a la vida laboral y mejorar el acceso y eliminar las barreras a una enseñanza de adultos de calidad para todos, con especial atención a los grupos de alto riesgo y sus necesidades, previendo la reconversión de las competencias cuando la pérdida del empleo y los cambios del mercado laboral hagan necesaria su reinserción activa. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben aplicar estrategias de envejecimiento activo a fin de que se pueda trabajar en buenas condiciones de salud hasta la edad de jubilación real.
Al tiempo que garantizan el nivel de competencias necesario para adaptarse a un mercado laboral en constante evolución y apoyan los programas de educación y formación para adultos, los Estados miembros deben tener en cuenta que también son necesarios los empleos que requieren poca cualificación y que las personas con mejores cualificaciones tienen más posibilidades de encontrar trabajo que las que tienen cualificaciones de nivel medio o las que están poco cualificadas.
El acceso a unas estructuras de enseñanza y de guardería asequibles, de alta calidad y desde edades tempranas debe ser una prioridad para las políticas globales y las inversiones asociadas al apoyo familiar y parental, así como las medidas de conciliación que ayuden a los padres a lograr un equilibrio entre su trabajo y la vida familiar, lo que contribuye a prevenir el abandono escolar prematuro y a aumentar las posibilidades de los jóvenes en el mercado laboral.
Es necesario resolver con prontitud y eficacia la cuestión del desempleo, en particular el de larga duración y el desempleo regional elevado, además de prevenirlo mediante una combinación de medidas que actúen sobre la oferta y la demanda. Conviene abordar la cuestión del alto nivel de desempleo de larga duración y el problema del desajuste y la obsolescencia de las cualificaciones mediante estrategias globales y mutuamente reforzadas que incluyan la prestación de apoyo activo personalizado y basado en las necesidades y en sistemas adecuados de protección social a los desempleados de larga duración para su reincorporación al mercado laboral de forma informada y responsable. Ha de darse una respuesta global al desempleo juvenil mediante una estrategia global de empleo juvenil. Dicha estrategia requiere invertir en sectores que puedan crear empleo de calidad para los jóvenes, así como dotar a los agentes pertinentes, como los servicios de apoyo a la juventud, los prestadores de servicios de educación y formación, las organizaciones juveniles y los servicios públicos de empleo con los medios necesarios para que puedan aplicar de forma plena y coherente sus planes de aplicación de la Garantía Juvenil, pero también que los Estados miembros procedan a una rápida absorción de los fondos asignados. Debe facilitarse el acceso a la financiación a quienes deciden iniciar una actividad empresarial, mejorando la disponibilidad de la información, reduciendo la burocracia excesiva y posibilitando la conversión de las prestaciones de desempleo de varios meses en subvenciones de puesta en marcha inicial previa presentación de un plan de negocios y de conformidad con las respectivas legislaciones nacionales.
Los Estados miembros deben tener en cuenta las disparidades locales y regionales a la hora de concebir y poner en práctica medidas contra el desempleo, así como colaborar con los servicios de empleo locales.
Las debilidades estructurales de los sistemas de educación y de formación deberían subsanarse a fin de garantizar la calidad de los resultados del aprendizaje y prevenir y luchar contra el abandono escolar, promoviendo una educación global y de alta calidad a partir de los niveles más básicos. Esto requiere sistemas educativos flexibles con un enfoque centrado en la práctica. Los Estados miembros, en cooperación con las autoridades locales y regionales, deben aumentar la calidad de las prestaciones educativas facilitando su accesibilidad general, establecer y mejorar los sistemas de formación dual, adaptándolos a sus respectivas necesidades, potenciando la formación profesional y los marcos de formación existentes como el «Europass», garantizando al mismo tiempo, cuando sea necesario, una reconversión de las competencias adecuada y el reconocimiento de las competencias adquiridas fuera del sistema de educación formal. Conviene reforzar los vínculos entre el sistema educativo y el mercado laboral, al tiempo que se garantiza que la educación tiene un carácter suficientemente amplio para ofrecer a los ciudadanos una base sólida para la empleabilidad a lo largo de toda la vida.
Los Estados miembros deberían ajustar en mayor medida sus sistemas formativos al mercado laboral, con miras a mejorar la transición de la formación al empleo. Este aspecto es esencial especialmente en el contexto de la digitalización, así como en lo referente a las nuevas tecnologías, los empleos «verdes» y la asistencia sanitaria.
Es preciso seguir reduciendo la discriminación en el mercado laboral, así como en el acceso a este, especialmente para los grupos que sufren discriminación o exclusión, como las mujeres, los trabajadores de mayor edad, los jóvenes, las personas con discapacidad y los inmigrantes en situación regular. Debe garantizarse la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, incluida la igualdad de retribución, así como el acceso a estructuras educativas y de cuidados de la primera infancia asequibles y de alta calidad, procurando la flexibilidad necesaria para evitar la exclusión de quienes interrumpen su carrera profesional para asumir responsabilidades familiares, como el cuidado de familiares. En este sentido, los Estados miembros deberían desbloquear la Directiva sobre mujeres en los consejos de administración.
A este respecto, los Estados miembros deben tener en cuenta que los porcentajes de jóvenes que no trabajan, ni siguen estudios ni formación («ninis») son más elevados entre las mujeres que entre los hombres, y que este fenómeno se debe ante todo al aumento del desempleo juvenil, pero también a la inactividad asociada a carencias educativas.
Los Estados miembros deben hacer un uso pleno, eficaz y eficiente del Fondo Social Europeo y otros fondos de la Unión, a fin de luchar contra la pobreza, mejorar el empleo de calidad, la inclusión social, la educación, la administración pública y los servicios públicos. Debe movilizarse, asimismo, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y sus plataformas de inversión para crear empleos de calidad y dotar a los trabajadores de las cualificaciones que necesitan para poder acompañar a la Unión en su transición hacia un modelo de crecimiento sostenible.
Orientación n.º 7: Mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo
Los Estados miembros deben reducir la segmentación del mercado laboral abordando los problemas del empleo precario, el subempleo, el trabajo no declarado y los contratos de cero horas. Las normas relativas a la protección del empleo y las instituciones deben proporcionar un entorno adecuado para la contratación, ofreciendo, al mismo tiempo, un nivel adecuado de protección a los trabajadores, los demandantes de empleo, los trabajadores con contratos temporales, a tiempo parcial y atípicos y los trabajadores autónomos, implicando activamente a los interlocutores sociales y promoviendo la negociación colectiva. Es preciso garantizar un empleo de calidad para todos en términos de seguridad socioeconómica, durabilidad, salarios suficientes, derechos laborales, condiciones laborales dignas (en particular en materia de salud y seguridad), protección de la seguridad social, igualdad entre hombres y mujeres y oportunidades de educación y formación. Por tanto, es necesario promover la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, la reintegración de los desempleados de larga duración y el equilibrio entre la vida privada y profesional, brindando servicios accesibles de atención y cuidados y modernizando la organización del trabajo. Ha de promoverse la convergencia al alza de las condiciones laborales en el conjunto de la Unión.
El acceso al mercado laboral debería favorecer el espíritu emprendedor y la creación de empleo sostenible en todos los sectores, incluidos el empleo ecológico y la innovación y la asistencia social, con el fin de hacer el mejor uso posible de las competencias de las personas, fomentar su desarrollo permanente y alentar la innovación impulsada por los empleados.
Los Estados miembros deben trabajar estrechamente con los parlamentos nacionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades regionales y locales en la concepción y la aplicación de las reformas y políticas pertinentes, de acuerdo con el principio de asociación y las prácticas nacionales, reforzando al mismo tiempo el funcionamiento y la eficacia del diálogo social a nivel nacional, especialmente en los países que tienen importantes problemas de devaluación salarial causada por la reciente desregulación de los mercados laborales y la debilidad de la negociación colectiva.
Los Estados miembros deben garantizar las normas mínimas de calidad de las políticas activas del mercado de trabajo mejorando su orientación, ámbito de aplicación, cobertura e interacción con medidas de apoyo como la seguridad social. El objetivo de estas políticas es mejorar el acceso al mercado de trabajo, reforzar la negociación colectiva y el diálogo social y apoyar las transiciones viables en dicho mercado, mientras que el cometido de los servicios públicos de empleo altamente cualificados es prestar ayuda individualizada y aplicar sistemas de medición de los resultados. Los Estados miembros también deben velar por que sus sistemas de protección social activen y capaciten eficazmente a quienes pueden acceder al mercado de trabajo, protejan a quienes han quedado excluidos o no pueden participar en ese mercado y preparen a las personas para hacer frente a los riesgos potenciales y las cambiantes condiciones económicas y sociales, mediante la inversión en capital humano. Los Estados miembros deberían introducir, como una de las posibles medidas para reducir la pobreza y de conformidad con las respectivas prácticas nacionales, una renta mínima adaptada a la situación socioeconómica específica del país de que se trate. Deben promover asimismo mercados de trabajo inclusivos y abiertos a todos, e introducir medidas eficaces para combatir la discriminación.
Es preciso garantizar la movilidad de los trabajadores como un derecho fundamental y una cuestión de libre elección, con el fin de explotar plenamente el potencial del mercado de trabajo europeo, que incluya la mejora de la transferibilidad de los derechos de pensión, el reconocimiento efectivo de las cualificaciones, la validación de las competencias y la eliminación de la burocracia y otros obstáculos que existen actualmente. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben hacer frente a las barreras lingüísticas mejorando los sistema de formación en esta materia. Asimismo, los Estados miembros deberían servirse de forma adecuada de la red EURES con miras a fomentar la movilidad de los trabajadores. A fin de mitigar la fuga de cerebros y alentar el regreso de los trabajadores desplazados, debería promoverse la inversión en las regiones en las que se produce la salida de trabajadores.
Orientación no 8: Mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles
El acceso a estructuras educativas y de cuidados de la primera infancia asequibles y de calidad debe ser una prioridad de los Estados miembros, dado que se trata de medidas de apoyo importantes para los agentes del mercado laboral que contribuyen a aumentar la tasa de empleo global al tiempo que apoyan a los ciudadanos en el desempeño de sus responsabilidades. Los Estados miembros deberían elaborar políticas globales y realizar las inversiones necesarias para incrementar el apoyo a las familias y los progenitores, así como a la aplicación de medidas de conciliación que ayuden a los padres a encontrar un equilibrio entre la vida laboral y familiar como contribución para impedir el abandono escolar y aumentar las posibilidades de los jóvenes en el mercado laboral.
Orientación n.º 9: Garantizar la justicia social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades
Los Estados miembros, en cooperación con las autoridades locales y regionales, deben mejorar sus sistemas de protección social garantizando las normas mínimas para ofrecer una protección eficaz, eficiente y sostenible a lo largo de todas las etapas de la vida de una persona, asegurando una vida digna, la solidaridad, el acceso a la protección social, el pleno respeto de los derechos sociales y la equidad, luchando contra las desigualdades y fomentando la inclusión con el fin de eliminar la pobreza, en particular en beneficio de las personas excluidas del mercado laboral y de los grupos más vulnerables. Se precisan políticas sociales simplificadas, mejor orientadas y más ambiciosas, que incluyan unas estructuras educativas y de cuidados infantiles asequibles y de alta calidad, unos servicios eficaces de asistencia a la formación y al empleo, ayudas a la vivienda, una asistencia sanitaria de alta calidad asequible para todos y el acceso a servicios básicos como cuentas bancarias e internet, así como la adopción de medidas dirigidas a evitar el abandono escolar y combatir la pobreza extrema, la exclusión social y todas las formas de pobreza en general. Debe abordarse de forma decidida, en particular, el problema de la pobreza infantil.
A tal fin, es necesario utilizar diversos instrumentos de manera complementaria, incluidos los servicios de capacitación y activación laboral y el apoyo a los ingresos en función de las necesidades individuales. A este fin, incumbe a cada Estado miembro fijar los niveles de renta mínima de conformidad con las respectivas prácticas nacionales y en correspondencia con la situación socioeconómica específica del Estado miembro de que se trate. Los sistemas de protección social deben diseñarse de forma que faciliten el acceso y la aceptación de todas las personas de forma no discriminatoria, apoyen la inversión en capital humano y contribuyan a prevenir, reducir y ofrecer protección contra la pobreza y la exclusión social, así como frente a otros riesgos como la enfermedad o el desempleo. Debe prestarse una atención especial a los niños que se encuentran en situación de pobreza como consecuencia del desempleo de larga duración de sus progenitores.
Los sistemas de pensiones deben organizarse de tal forma que se garantice su sostenibilidad, seguridad y suficiencia para las mujeres y los hombres, reforzando los planes de jubilación con miras a asegurar pensiones dignas, situadas como mínimo por encima del umbral de pobreza. Los sistemas de pensiones deben garantizar la consolidación, el desarrollo y la mejora de los tres pilares de los sistemas de acumulación de derechos de pensión. La vinculación de la edad de jubilación a la esperanza de vida no es el único instrumento para abordar el reto del envejecimiento de la población. Las reformas de los sistemas de pensiones deben reflejar también, entre otros aspectos, las tendencias del mercado laboral, las tasas de natalidad, la situación demográfica, el estado de la salud y la riqueza, las condiciones laborales y la tasa de dependencia económica. La mejor forma de abordar el reto del envejecimiento de la población es aumentar la tasa global de empleo, sobre la base, entre otros elementos, de la inversión social en el envejecimiento activo.
Los Estados miembros deben mejorar la calidad, la asequibilidad, la accesibilidad, la eficiencia y la eficacia de los sistemas de salud y de asistencia de larga duración, así como unas condiciones de trabajo dignas en los sectores conexos, salvaguardando al mismo tiempo la sostenibilidad financiera de estos sistemas mediante la mejora de la financiación basada en la solidaridad.
Los Estados miembros deben utilizar plenamente las ayudas del Fondo Social Europeo y otros fondos de la Unión con objeto de luchar contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación, mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad, promover la igualdad entre hombres y mujeres y mejorar la administración pública.
Los objetivos principales de Europa 2020, a partir de los cuales los Estados miembros fijan sus objetivos nacionales teniendo en cuenta sus posiciones de partida y circunstancias nacionales relativas, se proponen alcanzar para 2020 una tasa de ocupación del 75 % de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años; reducir el índice de abandono escolar a menos del 10 %; aumentar hasta al menos el 40 % el porcentaje de personas de entre 30 y 34 años en posesión de un certificado de enseñanza superior o equivalente; y promover la integración social, en particular mediante la reducción de la pobreza, tratando de sacar del riesgo de pobreza y de exclusión a al menos 20 millones de personas1 bis.
1 bis Se define la población como el número de personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión según tres indicadores (en situación de riesgo de pobreza, privación material, hogar de desempleados); es cosa de los Estados miembros fijar sus objetivos nacionales sobre la base de los indicadores más apropiados teniendo en cuenta sus circunstancias y prioridades nacionales.
Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros

References: artículo 148
 Resolución 
 artículo 145
 artículo 3
 artículo 145
 artículo 3
 artículo 148
 artículo 121
 artículo 148
 artículo 121
 Resolución 
 artículo 148