Source: http://normasambientales.com/blog/2011/08/09/
Timestamp: 2018-03-24 17:48:46+00:00

Document:
» 2011 » Agosto » 09 Novedades - NormasAmbientales.com
La Secretaría de Ambiente desestimó la impugnación planteada por la UIA contra el seguro ambiental
En (General) por normasambientales el 09-08-2011
VISTO el Expediente Nº S01:0415615/2010 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, su agregado sin acumular Nº CUDAP JGM 73696/2010 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y la Resolución Conjunta Nº 98 y Nº 1973 del 6 de diciembre de 2007 de la SECRETARIA DE FINANZAS del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y CONSIDERANDO:
Que con fecha 9 de noviembre de 2010, la UNION INDUSTRIAL ARGENTINA interpone un reclamo administrativo impropio, en los términos del Artículo 24, inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 contra la Resolución Conjunta Nº 98 y Nº 1973 del 6 de diciembre de 2007 de la SECRETARIA DE FINANZAS del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de Pautas Básicas para las Condiciones Contractuales de las Pólizas de Seguro de Daño ambiental de Incidencia Colectiva, solicitando que la misma sea dejada sin efecto por razones de ilegitimidad, por entender que la misma desnaturaliza y se aparta abiertamente de la ley que reglamenta, Ley Nº 25.675 de Política Ambiental Nacional, particularmente de su Artículo 22, y por estimar, asimismo, que ha sido dictada en exceso de las facultades correspondientes a las Secretarías intervinientes por lo que considera inconstitucional el dispositivo en
cuestión, y solicita la suspensión de los efectos de la citada Resolución Conjunta.
Que en lo que se refiere a la legitimación activa de obrar del reclamo administrativo impropio, se señala que por imperio del Artículo 24, inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, el acto de alcance general será impugnable cuando reúna los requisitos de procedencia, es decir, el interesado sea portador o titular de “derechos subjetivos”, preestablecidos, en situación de exclusividad, y la afectación sea actual o potencial, lo que debe entenderse de la siguiente forma: que el acto afecte o
pueda afectar en forma cierta e inminente, la que habrá de determinarse en cada caso en particular.
Que resulta oportuno mencionar que el seguro ambiental reúne una serie de características que necesariamente se deben poner de relieve para entender la real dimensión del bien jurídicamente tutelado. La reforma constitucional del año 1994 incluye expresamente los llamados derechos de tercera generación y con ello consagra expresamente la tutela de los intereses colectivos; dado que no es el objeto del presente hacer un análisis de la citada reforma, corresponde ceñirse a lo que importa para el caso en cuestión. En este sentido, el Artículo 41 de la CONSTITUCION NACIONAL reza, “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer,
según lo establezca la ley…”.
Que la importancia del resguardo y cuidado del medio ambiente fue remarcada por nuestro más alto tribunal en varios antecedentes jurisprudenciales. En el fallo “Mendoza, Beatriz Silvia c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)” la Corte Suprema de Justicia de la Nación manifestó que “…La tutela del ambiente importa el cumplimiento de los deberes que cada uno de los ciudadanos tienen respecto del cuidado de los ríos, de la diversidad de la flora y la fauna, de los suelos colindantes, de la atmósfera. Estos deberes son el correlato que esos mismos ciudadanos tienen a disfrutar de un ambiente sano, para sí y para las generaciones futuras, porque el daño que un individuo causa al bien colectivo se lo está causando a sí mismo. La mejora o degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales.” [CSJN - 20/06/2006 "Mendoza, Beatriz Silvia c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)"].
Que, asimismo, nuestro más alto tribunal tiene dicho que “…la Ley General del Ambiente 25.675, establece en su art. 6º los presupuestos mínimos que el art. 41 de la Constitución Nacional anticipa, fija los objetivos y los principios rectores de la política ambiental, y los instrumentos de gestión para llevarla a cabo… La referida ley ha instaurado un régimen jurídico integrado por disposiciones sustanciales y procesales —destinadas a regir las contiendas en las que se discute la responsabilidad por daño ambiental—, y ha consagrado principios ordenatorios y procesales aplicables al caso, y que deben ser estrictamente cumplidos, resguardando y concretando así la vigencia del
principio de legalidad que impone a ciudadanos y autoridades la total sujeción de sus actos a las previsiones contenidas en la ley.” (CSJN – 12/08/08 “Asociación Ecológica Social de Pesca, Caza y Náutica c/ Provincia de Buenos Aires y otros s/ daños y perjuicios”).
Que los presupuestos mínimos son el umbral básico de protección ambiental que le corresponde dictar a la Nación, que rige de manera uniforme en todo el territorio nacional como piso inderogable y que garantiza a todo habitante una protección ambiental mínima, más allá de la circunstancia geográfica o social en el cual se encuentre. Es una facultad expresamente delegada por las Provincias a la Nación, reservándose estas últimas, las facultades necesarias para dictar normas complementarias, sin desmedro de conservar las misma el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
Que en el ámbito de la Ley Nº 17.418, el interés asegurable está definido en el Artículo 60 de dicho cuerpo normativo, como aquel que tenga interés económico lícito de que un siniestro no ocurra, es decir, dicho interés está en cabeza de quien no quiere verse afectado por el daño que le significaría el acontecimiento eventual, en caso de producirse. En el caso que nos ocupa se trata de un interés difuso que afecta a la comunidad toda. Recordemos que la Ley Nº 25.675 es fruto de la reforma constitucional de 1994, más precisamente de la inclusión del Artículo 41 donde se reconoce constitucionalmente los llamados derechos de tercera generación. El interés colectivo a vivir en un ambiente sano y libre de contaminación se encontraría representado por el
Estado a través de la autoridad competente en la materia.
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y EL SECRETARIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE RESUELVEN:
CAMARA INDUSTRIAL DE LABORATORIOS FARMACEUTICOS
CONSEJO EMPRESARIO ARGENTINO PARA EL DESARROLLO
CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA METALURGICA
ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS DE LA REPUBLICA

References: Resolución 
 Artículo 24
 Resolución 
 Artículo 22
 Resolución 
 Artículo 24
 Artículo 41
 Artículo 60
 Artículo 41