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Timestamp: 2020-08-08 15:13:13+00:00

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Medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de protección de datos personales en la administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones - El Derecho Local
Medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de protección de datos personales en la administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones
Vigente desde 06/11/2019 | BOE 266/2019 de 5 de Noviembre de 2019
Este RD-ley regula diferentes medidas relativas a las siguientes materias:
- DOCUMENTACIÓN NACIONAL DE IDENTIDAD. Se configura como el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular.
- IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Se modifica la LPACAP para adaptarla al Reglamento (UE) nº 910/2014, que establece un marco legal común para las identificaciones y firmas electrónicas en la UE y se establecen medidas para garantizar la seguridad pública en relación con el empleo de sistemas de identificación y firma electrónicas de los interesados cuando se realizan con clave concertada o mediante cualquier otro sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y que las Administraciones Públicas consideren válido, sometiendo a autorización previa por parte de la Administración General del Estado a los sistemas que sean distintos a aquellos del certificado y sello electrónico.
Al mismo tiempo, se establece la obligatoriedad de que los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la UE y en territorio español en caso de que se trate de categorías especiales de datos a los que se refiere el art. 9 RGPD.
Por otro lado, se establece que en las relaciones de los interesados con las Administraciones Públicas no pueden ser autorizados los sistemas de identificación basados en tecnologías de registro distribuido y los sistemas de firma basados en los anteriores, en tanto que no sean objeto de regulación específica por el Estado en el marco del Derecho de la UE. Cualquier sistema de identificación basado en tecnología de registro distribuido que prevea la legislación estatal debe contemplar que la Administración General del Estado actúe como autoridad intermedia que ejerza las funciones que corresponda para garantizar la seguridad pública.
- DATOS QUE OBRAN EN PODER DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Se modifica la LRJSP para establecer la obligación de que los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, se ubiquen y presten dentro del territorio de la UE. Asimismo, establece que solo puedan ser cedidos a terceros países cuando estos cumplan con las garantías suficientes que les permitan haber sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea, o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.
También se permite un mayor control de los datos cedidos entre Administraciones Públicas. Excepcionalmente, la Administración General del Estado puede suspender la transmisión de datos por razones de seguridad nacional de forma cautelar por el tiempo estrictamente indispensable para su preservación.
- CONTRATACIÓN PÚBLICA. Se introducen en la LCSP 2017 medidas que garanticen en todas las fases de la contratación el respeto por parte de contratistas y subcontratistas de la legislación de la UE en materia de protección de datos:
a) se incluye como contenido mínimo de los contratos la referencia expresa al sometimiento a la normativa nacional y de la UE en materia de protección de datos;
b) se establece como circunstancia que impide a los empresarios contratar con entidades del sector público el haber dado lugar a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una de tales entidades por incumplimiento culpable de las obligaciones que los pliegos hubieren calificado como esenciales;
c) se incluye la obligación del órgano de contratación de especificar en el expediente de contratación cuál será la finalidad de los datos que vayan a ser cedidos en aquellos expedientes de contratos cuya ejecución requiera de la cesión de datos por parte de entidades del sector público al contratista;
d) se incluye la obligación de que los pliegos de cláusulas administrativas particulares mencionen expresamente la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos, considerándose la omisión de dicha mención causa de nulidad de pleno derecho del contrato;
e) se establece la obligación de hacer constar en el pliego, en caso de contratos que exijan el tratamiento por el contratista de datos personales por parte del responsable del tratamiento, tanto la finalidad de la cesión de datos como la obligación de la empresa adjudicataria de mantener al contratante al corriente de la ubicación de los correspondientes servidores. Dichas obligaciones deben constar en los pliegos como obligaciones esenciales a los efectos del régimen de resolución del contrato;
f) se exige que los pliegos incluyan como condición especial de ejecución, cuando se trate de contratos cuya ejecución implique la cesión de datos por las entidades del sector público al contratista, la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la UE en materia de protección de datos. En los pliegos debe advertirse al contratista de que esta obligación tiene el carácter de contractual esencial a los efectos del régimen de resolución del contrato; y
g) se incluye como obligación del contratista principal, en caso de subcontratación, la de asumir la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración también por lo que respecta a la obligación de sometimiento a la normativa nacional y de la UE en materia de protección de datos.
- SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES. Se potencian las facultades del Gobierno para afrontar situaciones que pueden afectar al mantenimiento del orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional. Por ejemplo, se amplían los supuestos en los que el Ministerio de Economía y Empresa puede adoptar medidas cautelares en casos de razones de imperiosa urgencia sin audiencia previa del presunto infractor, que puede incluir el cese de la actividad o la prestación de servicios.
Finalmente, se refuerza la coordinación en materia de seguridad de las redes y sistemas de información, de manera que el Centro Criptológico Nacional es el responsable de ejercer la coordinación nacional de la respuesta técnica de los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática en materia de seguridad de las redes y sistemas de información del sector público.
Modificación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Modificación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Modificación de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Modificación del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
Comunicación de las redes de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación de las Administraciones Públicas.
Régimen transitorio de las modificaciones introducidas en el artículo 3.
Régimen transitorio de las modificaciones introducidas en el artículo 4.
Régimen transitorio de las modificaciones introducidas en el artículo 5.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5