Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ib-l6-1995.html
Timestamp: 2017-12-12 22:15:42+00:00

Document:
Ley 6/1995, de 21 de marzo, de actuación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en aplicación de las medidas judiciales sobre menores infractores
Publicado en BOIB núm. 37.EXTRA de 25 de Marzo de 1995 y BOE núm. 113 de 12 de Mayo de 1995
Vigencia desde 26 de Marzo de 1995. Revisión vigente desde 26 de Marzo de 1995
Artículo 1 Objeto, ámbito y competencia
CAPITULO II. Ejecución de las medidas por parte de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Artículo 3 Finalidad de las medidas
Artículo 5 Medidas tendentes a evitar el proceso
Artículo 6 Medidas judiciales en medio abierto
Artículo 7 Medidas judiciales en un medio institucional
Artículo 9 Revisión de medidas
Artículo 10 Derechos del menor
Artículo 11 Derechos y deberes de los padres o tutores
CAPITULO III. Régimen de centros y programas
L 17/2006 de 13 Nov. CA Illes Balears (de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia)
Ley [BALEARES] 6/1995, 21 marzo, derogada por el número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley [BALEARES] 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears («B.O.I.B.» 18 noviembre) el 8 de diciembre de 2006.
La Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución, en el artículo 5.1.a) atribuyó a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares la competencia exclusiva sobre las instituciones públicas de protección y tutela de menores. Asimismo, la Ley Orgánica 9/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares, en su artículo 10.33 reafirmó dicha atribución competencial exclusiva a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
La presente ley se fundamenta sobre este título competencial, así como sobre el Real Decreto 2170/1993, de 10 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de protección de menores, y sobre el marco general que representa en la Comunidad Autónoma la Ley 9/1987, de 11 de febrero, de acción social.
La presente ley regula de forma concisa una de las vertientes de la competencia de menores, la de ejecución de las medidas dictadas por los juzgados de menores.
Se trata de completar y aclarar, respecto a lo que es competencia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el contenido de la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de los juzgados de menores. Dicha disposición, ya en su exposición de motivos, alude a su carácter urgente y deriva tácitamente a una necesaria legislación posterior. Ante la evidencia de esta necesidad, esta Comunidad Autónoma, con un escrupuloso respeto a la normativa estatal, a las competencias judiciales y del Ministerio Fiscal y al derecho internacional, se dota de la presente ley, cuyo objeto principal es la defensa del interés del menor y ello en el marco de las más modernas corrientes en cuanto a procedimiento: Desjudicialización y utilización de la familia como canal de reinserción normal siempre que esto sea posible.
1. La presente ley tiene por objeto regular la actuación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en relación a la ejecución de las medidas que son de su competencia en virtud de la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento de los juzgados de menores.
2. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, a través de la Dirección General de Juventud, Menores y Familia de la Consejería de Gobernación, actuará en la ejecución de las referidas medidas de acuerdo con los tratados y directrices internacionales, la presente ley, la normativa que la complemente y desarrolle y demás que sean de aplicación.
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ejercerá sus funciones bajo el criterio genérico y superior de la defensa del interés del menor y bajo los siguientes criterios específicos:
a) Un carácter fundamentalmente educativo de su intervención.
b) Un reforzamiento de la inserción del menor en la sociedad o, en su caso, la promoción de su reinserción.
c) Programas de atención y tratamiento al menor adaptados a las necesidades y características individuales de los menores atendidos.
d) Una intervención globalizada sobre el menor, atendiendo a sus circunstancias personales, formativas, familiares y sociales.
e) Una normalización y responsabilización progresivas del menor atendiendo, fundamentalmente, a la edad del mismo.
Ejecución de las medidas por parte de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
La finalidad de las medidas será la de estimular el proceso evolutivo del menor, en aras a conseguir la superación de sus dificultades en el orden personal y social y recuperar los recursos de relación consigo mismo y con el entorno.
1. Las medidas de corrección a aplicar al menor podrán ser, dependiendo siempre de las circunstancias, bien las que enumera el artículo 2.4 de la Ley Orgánica reguladora de la competencia y el procedimiento de los juzgados de menores, bien otras medidas enumeradas en el artículo siguiente y tendentes a evitar el proceso.
2. La Administración autonómica pondrá a disposición del Ministerio Fiscal y del menor medidas complementarias a las anteriores.
3. En relación con la elección de la medida a aplicar se atenderá preferentemente a las recomendaciones de los organismos internacionales de los que forma parte España en el sentido de potenciar las medidas del apartado anterior al objeto de evitar el proceso y con el fin de reservar las medidas de internamiento como último recurso y para aquellos casos en que sea estrictamente necesario.
De acuerdo con la víctima se procederá a la cuantificación del mismo y el modo y tiempo de realización de la actividad reparadora. En ningún momento se aceptará cantidad ni reparación alguna que no provenga del trabajo o actividad del propio menor. El consentimiento del menor quedará reflejado por escrito.
2. La conciliación participa de la anterior en todas sus finalidades excepto en relación con el carácter económico. Se realizará en unidad de acto y con constancia por escrito.
Serán las dictadas por el juez en cualquier momento del proceso o en la resolución del mismo e implican la no separación del menor del lugar de su residencia habitual:
1. La amonestación se llevará a cabo en la forma en que se considere conveniente para el cumplimiento del fin de concienciación y responsabilización del reproche social de los actos del menor. Podrá ser llevada a cabo directamente por el juez o delegarla en la autoridad administrativa. Consistirá en realizar con el menor un análisis de los actos realizados, el reproche social que los mismos suponen y las consecuencias que de ellos pueden derivarse, instándole a la no realización de los mismos.
3. La prestación de servicios en beneficio de la comunidad es una actividad de interés general en beneficio de toda la colectividad consistente en la obligación de prestar cooperación, de caracter gratuito, en determinados servicios públicos o en entidades de carácter privado sin ánimo de lucro y con fines de interés social.
A tal efecto, la resolución judicial fijará la duración de la prestación a desarrollar que se llevará a cabo en períodos compatibles con la actividad laboral o formativa del menor.
1. El internamiento de uno a tres fines de semana se llevará a cabo por determinación del juez en cualquiera de los centros de régimen semiabierto o cerrado de que dispone la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Se entenderá, a efectos de esta ley, por fin de semana desde las veinte horas del viernes a las ocho horas del lunes, sin que la duración total de la medida pueda exceder de cuarenta y ocho horas.
2. En el internamiento en régimen abierto el menor tendrá la obligación de residir en un centro integrado en el ámbito de protección, en un régimen de convivencia similar al familiar, realizando fuera del centro sus actividades escolares o laborales, pudiendo disfrutar de fines de semana y períodos vacacionales en su propio hogar si ello es posible y se considera conveniente por el equipo técnico del centro.
5. El internamiento en régimen cerrado impone la obligación de residir en un centro de tratamiento socioeducativo en el que el menor desarrolle hábitos de convivencia y en el que se someta a actividades rehabilitadoras y apoyo psicosocial. Los centros de cumplimiento de régimen cerrado estarán a cargo de personal con formación específica que garantice la custodia y seguridad de los menores así como su seguimiento individualizado. Los menores sujetos a esta medida no podrán salir del centro sin autorización judicial y cuando sea necesario lo harán acompañados de personal habilitado.
En todo caso y de forma complementaria a las anteriores la Administración autonómica pondrá a disposición del menor y del Ministerio Fiscal las siguientes medidas:
1. Tratamiento terapéutico, que consistirá en el compromiso voluntario del menor y su familia de acudir al tratamiento con profesionales una vez detectadas carencias relevantes en el ámbito familiar.
2. Asesoramiento educativo, consistente en el compromiso voluntario del menor y su familia de acudir a un programa educativo en supuestos carenciales próximos al desamparo.
3. Formación ocupacional de carácter prelaboral, consistente en el compromiso voluntario del menor de tomar parte en talleres ocupacionales o de inserción prelaboral bajo la supervisión de la Administración autonómica.
Los equipos técnicos dependientes de la Dirección General de Juventud, Menores y Familia elaborarán informes periódicos sobre la ejecución de la medida y la evolución del menor, pudiendo instar al Ministerio Fiscal a que traslade a la autoridad judicial la conveniencia de la revisión de una medida en ejecución.
El menor al que se aplique una medida no sólo conserva sus derechos y garantías constitucionales y los que vienen reflejados en tratados internacionales ratificados por España, sino que además tiene derecho a comunicarse con sus padres y familiares, con un abogado o la autoridad judicial, así como los que fijen los reglamentos que desarrollen la presente ley.
Los padres o tutores del menor sujeto a medida judicial tienen derecho a comunicarse con el mismo y recibir información relativa a su tratamiento y evolución y mantienen los deberes inherentes a la patria potestad, salvo que, en beneficio del menor, la autoridad judicial, en su caso, visto el informe de los equipos técnicos, dispusiese lo contrario.
Régimen de centros y programas
Dada la especificidad de los centros y programas de menores, la distribución de horarios y actividades del personal adscrito a los mismos se adaptará a la presente ley y a la normativa que la desarrolle, sin perjuicio del cumplimiento de las normas laborales vigentes.
Todos los centros y programas de atención a los menores se deben regir por un reglamento de régimen interior que tiene como finalidad, de acuerdo con las reglas y los principios de esta ley, conseguir una convivencia ordenada y estable, y desarrollar de manera clara los derechos y las obligaciones de los menores internados.
El reglamento de régimen interior de los centros debe regular, como mínimo, las siguientes materias:
a) Normas de convivencia comunes a todos los centros.
b) Características de los diferentes regímenes de internamiento.
c) Régimen de visitas, salidas y contactos con el exterior.
d) Relación con la autoridad judicial correspondiente y el sistema de informes.
e) Desarrollo del régimen disciplinario y de un sistema adecuado de recompensas para los actos que lo merecen.
f) Informaciones, peticiones y vías de queja.
g) Prestaciones de los centros.
h) Organización de los centros, funciones de cada uno de los profesionales y de los equipos.
1. El ejercicio de la potestad disciplinaria con los menores sometidos a medidas judiciales debe llevarse a cabo de acuerdo con los principios y garantías que reconoce la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2. La responsabilidad disciplinaria de los menores por la comisión de conductas tipificadas en esta ley como faltas disciplinarias, sólo pueden exigirla los órganos autorizados en el reglamento de régimen interior y mediante el procedimiento establecido en este reglamento.
2. Las faltas leves prescriben a los dos meses; las graves, a los tres meses; y las muy graves, a los cuatro meses.
a) Faltar levemente al respeto a cualquier persona en el centro.
b) Faltar levemente al respeto, fuera del centro, a un compañero de internamiento o a cualquier trabajador del centro que se encuentre en el ejercicio o en ocasión de su cargo.
c) Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos y sustancias no prohibidas por las normas de régimen interno del centro.
d) Causar daños de cuantía elevada a las dependencias, materiales y efectos del centro o pertenencias de otros por falta de cuidado o de diligencia en su utilización.
a) Insultar o faltar gravemente al respeto a cualquier persona en el centro.
b) Insultar o faltar gravemente al respeto, fuera del centro, a un compañero de internamiento o a cualquier trabajador del centro que se encuentre en el ejercicio o en ocasión de su cargo.
c) Instigar a otros menores internados a motines, insubordinaciones o desórdenes colectivos, sin conseguir que éstos les secunden.
d) No volver al centro, sin causa justificada, el día y la hora establecidos después de una salida temporal autorizada.
e) Intentar de forma manifiesta y clara la fuga del centro.
g) Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del centro o las pertenencias de otras personas y causas en los mismos daños de escasa cuantía.
h) Causar daños de cuantía elevada por temeridad en la utilización de las dependencias, materiales o efectos del centro o pertenencias de otras personas.
i) Introducir o poseer en el centro objetos o sustancias que estén prohibidos por las normas de régimen interior del centro.
j) Consumir en el centro sustancias que estén prohibidas por las normas de régimen interior.
k) Haber sido sancionado por la comisión de cinco faltas leves durante el mismo período de internamiento en el centro, si éste es inferior a un año, o durante el último año, si el período de internamiento es superior.
a) Agredir, amenazar o coaccionar a cualquier persona en el centro.
b) Agredir, amenazar o coaccionar fuera del centro a un compañero de internamiento o a cualquier trabajador del centro que se encuentre en el ejercicio o en ocasión de su cargo.
c) Participar en motines, insubordinaciones o desórdenes colectivos o haber instigado a realizarlos en el caso de que se hayan producido.
d) Facilitar o consumar la fuga del centro.
e) Resistirse de manera activa y grave al cumplimiento de las órdenes del personal trabajador del centro en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.
f) Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del centro o las pertenencias de otras personas y causar en los mismos daños de cuantía elevada.
g) Sustraer materiales o efectos del centro o pertenencias de otras personas.
i) Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves durante el mismo período de internamiento en el centro, si éste es inferior a un año, o durante el último año, si el período de internamiento es superior.
b) Privación de asistir a todas o a determinadas actividades recreativas programadas en el horario diario del centro, por un período de tiempo no superior a siete días.
c) Privación de las salidas de carácter recreativo, programadas por el centro, por un período no superior a un mes.
d) Privación de los permisos de salida de fin de semana, consecutivos o alternativos, hasta cuatro como máximo.
e) Aislamiento del menor, que no puede exceder los cinco días.
2. Ninguna sanción puede implicar nunca, de manera directa o indirecta, castigos corporales, privación de la alimentación, privación del derecho de visita de sus familias, privación del derecho a la educación y, en el caso de la educación obligatoria, del derecho de asistencia a la escuela, ni puede atentar contra la dignidad del menor.
3. Las conductas irregulares de los menores que no sean constitutivas de faltas disciplinarias pueden ser corregidas por el personal del equipo educativo del centro, mediante los métodos oportunos que deben ser ponderados, educativos y no privativos o lesivos de los derechos fundamentales de los menores. En todo caso, estos métodos no pueden tener la gravedad de las sanciones tipificadas en esta ley.
4. Del inicio y resultado del procedimiento sancionador por faltas graves y muy graves, se entregará comunicación al juzgado de menores.
Por reglamento podrán introducirse especificaciones o graduaciones al cuadro de faltas y sanciones establecidas en los artículos anteriores que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza y los límites de las tipificadas en esta ley, contribuyan a la identificación más correcta de las conductas o a la determinación más precisa de las sanciones correspondientes:
1. Con la autorización del director del centro podrán utilizarse los medios especiales de contención de aislamiento provisional hasta doce horas y la fuerza física personal, en las siguientes situaciones:
a) Para impedir actos de fuga.
b) Para evitar lesiones de los menores a sí mismos o a otras personas.
c) Para evitar daños en las dependencias, materiales y efectos.
d) Para vencer la resistencia activa o pasiva de los menores a las órdenes o instrucciones del personal trabajador del centro en el ejercicio legítimo de su cargo.
2. En casos de urgencia podrán utilizarse estos medios y dar conocimiento posterior de ellos al director del centro.
3. El uso de los medios especiales de contención se supedita a la no existencia de otra forma no coercitiva y razonablemente efectiva para impedir los actos señalados, y subsistirán, exclusivamente, durante el tiempo estrictamente necesario para restablecer la normalidad.
La Consejería de Gobernación impulsará la cooperación entre todas las partes implicadas en la protección de menores con el fin de ejecutar la presente disposición y demás de aplicación siempre en beneficio del menor.
En el plazo de un año desde la publicación de esta disposición se elaborarán reglamentos de régimen interno de los centros del Gobierno balear, con el fin de adaptarlos a la presente ley.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo que dispone la presente ley.
Se faculta al Gobierno balear y a las Consejerías competentes por razón de la materia para dictar las disposiciones reglamentarias para el desarrollo de la presente ley.

References: Artículo 1

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 143
 artículo 5
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 2
 resolución 
 resolución