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Timestamp: 2020-08-14 14:56:29+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 155/07 de Corte Constitucional, 7 de Marzo de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 43531847
Ley 963 de 2005, articulo 7º (parcial). Se instaura una ley de estabilidad juridica para los inversionistas en colombia. Clausula compromisoria. Los demandantes solicitan a la corte que declare la inexequibilidad de la expresion acusada, pues consideran que constituye una decision arbitraria del legislador violatoria de los convenios internacionales suscritos por colombia y aprobados por el congreso de la republica. Consideran que las partes deben estar en condiciones de igualdad para pactar las reglas del arbitramento y que por ello cualquier intervencion de la ley en favor de una de ellas, vulnera la igualdad y materializa situaciones injustas y discriminatorias. Considean que la norma ademas de violar articulos constitucionales como los articulos 9, 13, 58, 116, 226, 227, 228, 229 y 333, lesiona convenios y convenciones. Cosa juzgada relativa. Procedencia de la accion frente a los cargos que no fueron resueltos en la sentencia c-961 de 2006. Los articulos 9º, 226 y 227 de la constitucion politica de 1991 y los mandatos de integracion internacional y latinoamericana. Los tratados internacionales en materia economica y de integracion comercial en la constitucion politica de 1991. En el contexto de la constitucion se impone un principio de armonizacion entre el derecho interno y las obligaciones internacionales del estado, tal como señalo la corte al referirse a las convenciones de viena de 1969 y de 1986, en la medida que en virtud del principio pacta sunt servanda, que encuentra amplio sustento en la carta, como ya se ha visto, es deber de los operadores juridicos aplicar las normas internas distintas de la constitucion de manera que armonicen lo mas posible con los compromisos internacionales suscritos que tiene el pais. La corte ha señalado que unicamente cierto tipo de tratados se integran al bloque de constitucionalidad, ello no significa que con relacion a los demas pueda desconocerse su fuerza normativa en el derecho interno y su funcion como criterio de interpretacion de la legislacion interna. La convencion de washington de 1965 en la que los accionantes fundamentan su cargo, corresponde a un convenio internacional de tipo economico que, por tanto, no se integra al bloque de constitucionalidad. El juicio constitucional es de caracter estrictamente juridico y, por ende no se extiende a la evaluacion de las razones de conveniencia y oportunidad reservadas a otros organos del estado. La potestad de configuracion normativa del legislador en materia de procedimientos judiciales y de mecanismos alternativos de solucion de conflictos, comporta la facultad de modificacion, derogacion y subrogacion de las leyes procesales, para su adaptacion a las necesidades de la sociedad en materia de acceso a la administracion de justicia. Exequible
Sentencia citada en: 51 sentencias, 10 artículos doctrinales, 6 disposiciones normativas
INTEGRACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE-Alcance de norma constitucional que establece que política exterior se orientará hacia la integración latinoamericana y del C.
La Convención de Washington no obliga automáticamente a los Estados firmantes a someter sus conflictos de inversión a la jurisdicción arbitral del CIADI, pues en su preámbulo se advierte ''que la mera ratificación, aceptación o aprobación de este Convenio por parte del Estado Contratante, no se reputará que constituye una obligación de someter ninguna diferencia determinada a conciliación o arbitraje, a no ser que medie el consentimiento de dicho Estado''. A su vez, el artículo 25 de la Convención señala que la jurisdicción del CIADI se extiende a las diferencias ''que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro'' y que, en todo caso, un Estado Contratante podrá exigir el agotamiento previo de sus vías administrativas o judiciales, ''como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a este Convenio'' (art.26). Así, a pesar de que con la Convención de Washington ''el inversionista adquiere una capacidad jurídica propia frente a un tribunal internacional, independiente de los derechos y de la voluntad de su Estado de nacionalidad, la cual se ejerce frente a un Estado extranjero'', no le otorga a ese inversionista un recurso arbitral directo, pues en todo caso se requiere el consentimiento escrito del Estado Contratante receptor de la inversión, que como ya se señaló, no se entiende dado con la suscripción de dicha convención. Todo lo anterior permite concluir que la Convención de Washington de 1965 en la que los accionantes fundamentan su cargo, corresponde a un convenio internacional de tipo económico que, por tanto, no se integra al bloque de constitucionalidad.
Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 7º de la Ley 963 de 2005, ''por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia''.
Actor: A.J.O.D. y otros.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos que se individualizan más adelante, a través de demandas independientes acumuladas por decisión de la Sala Plena del nueve (9) de agosto de 2006, presentaron demanda contra el artículo 7º (parcial) de la Ley 963 de 2005, ''por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia.''
Mediante auto del veinticuatro (24) de agosto de 2006, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor; así mismo, ordenó fijar en lista la norma acusada para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor P. de la República y al P. del Congreso de la República, a los Ministerios del Interior y de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, así como a la Cámara de Comercio de Bogotá, para que, de estimarlo oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de la disposición acusada. Igualmente, invitó a participar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
''LEY 963
Artículo 7°. Cláusula compromisoria. Los contratos de estabilidad jurídica podrán incluir una cláusula compromisoria para dirimir las controversias derivadas de los mismos. En este caso, se establecerá un tribunal de arbitramento nacional regido exclusivamente por leyes colombianas.''
) Expediente 6422. Demandantes: A.J.O.D., S.M.C.G., C.E.R., D.P.S.F., C.D.P.R..
Sostienen que la norma acusada limita el carácter voluntario del arbitramento, el cual ha sido ratificado por la Corte Constitucional en las Sentencias C-294 de 1995 y C-330 de 2000. C. también las Sentencias C-242 de 1997, C-060 y C-330 de 2000, C-060 de 2001 y C-878 de 2005 y manifiestan que de ellas se colige ''la libre y espontánea manifestación de voluntad de las partes para constituir el tribunal de arbitramento'', sin que ''todo ello sea el resultado de una imposición de carácter condicional sometido a la ley, es más de una ley que podría llegar a ser eminentemente inconstitucional y en perjuicio de cualquiera de las partes''. Afirman que del inciso final del artículo 116 de la Constitución Política surge con claridad que las partes acuden al arbitramento de manera voluntaria, a través de un contrato que es ley para las partes y fuente de obligaciones, de acuerdo con el artículo 1502 del Código Civil. Que, por tratarse de un contrato, su regulación compete a las partes, quienes pueden ''concertar lo relativo a los árbitros'', de manera que la ley no puede limitar esa autonomía ni inmiscuirse en el libre albedrío de los contratantes.
Se refieren a un ''principio de igualdad de oportunidades'' y señalan que la ley no puede imponer cláusulas a favor del Estado y en contra del inversionista extranjero contratante, ''pues ello vulneraría flagrantemente el principio de igualdad consagrado en la Constitución'' e ''iría en contra de los tratados internacionales.''
Indican que existe una estrecha relación entre el orden interno y las relaciones internacionales, frente a las cuales el Estado es un actor de primer orden. Que, en el ámbito internacional existen dos tipos de principios: unos basados en el orden nacional, como ''la soberanía a conveniencia nacional'', que permiten al Estado conferir atribuciones a organismos internacionales, lo cual se refleja en un orden supranacional que ''llega a prevalecer sobre el orden nacional''; otros, fundados en la equidad y reciprocidad en la aplicación de los tratados internacionales.
Reafirman que el arbitramento es un medio voluntario para la solución de los conflictos, frente al cual el legislador no puede establecer ''cortapisas'', que son inconvenientes y en nada beneficiosas para los contratantes. Consideran que las partes deben estar en condiciones de igualdad para pactar las reglas del arbitramento y que por ello cualquier intervención de la ley en favor de una de ellas, vulnera la igualdad y materializa situaciones injustas y discriminatorias.
Luego de referirse al artículo 4º de la Constitución y a la supremacía del ordenamiento superior, señalan que la norma acusada ''resulta abiertamente lesiva al Convenio de Washington sobre arreglo a diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados (CIADI) suscrita y ratificada por Colombia, así como de los otros tratados bilaterales de inversión (BIT) en los cuales se establece que la mayoría de los árbitros no podrán tener la nacionalidad del Estado contratante (art.39 CIADI), e igualmente que, los árbitros resolverán el asunto de acuerdo con las normas de derecho acordadas por las partes (art.42). Lo anterior sin olvidar que la solicitud de arbitramento se debe presentar y dirigir al secretario general del CIADI y no ante un arbitraje doméstico o nacional, como lo indica la norma impugnada.'' Consideran que así mismo, el artículo demandado vulnera la Convención de Nueva York de 1958, que obliga al Estado colombiano a reconocer el pacto arbitral ''sin que pueda invocar las limitaciones establecidas en la norma demandada''.
Señalan que la doctrina C. obligaba al inversionista a someterse a las leyes sustanciales y procedimentales nacionales, pero que ello ha sido superado y que mal haría en volverse atrás, como se pretende hacer con el artículo demandado.
) Expediente 6423. Demandantes: C.S.M.C., A.O.L.F., M.A.S.M. y O.I.B.A..
Indican que el artículo demandado rompe el principio de igualdad de oportunidades entre las partes, ''pues el Estado colombiano se ha obligado a reconocer el pacto arbitral que conste por escrito sin que pueda invocar las limitaciones establecidas en la norma demandada.'' Que, además, se viola el principio de autonomía de la voluntad y libertad contractual, que tiene fundamento en la dignidad humana, la cual debe permitirle a cada persona autorregular sus relaciones privadas y, por esa vía, producir normas jurídicas que el Estado está obligado a asumir como propias. Que, en esa medida, el hombre es libre y sólo se puede obligar por su propia voluntad, la que en consecuencia se restringiría frente a la inversión extranjera, que, por tanto no estaría interesada en asentarse en el territorio nacional.
las sentencias C-294 de 1995, C-347 de 1997, C-672 de 1999 y C-098 de 2001 e indican que si bien el legislador puede reservar algunos asuntos para la justicia ordinaria, en razón de las materias e intereses en juego, no sucede lo mismo con aquellas controversias derivadas de la contratación internacional de carácter comercial, frente a las cuales el arbitramento y los mecanismos de conciliación pueden operar, bien sea en derecho o en equidad.
Afirman que la norma acusada es lesiva de la Convención de Washington de 1965, incorporada al derecho interno por medio de la Ley 267 de 1996, la cual establece que la mayoría de los árbitros no pueden tener la nacionalidad del Estado Contratante. Que, en esa medida, se cierra las puertas a la inversión extranjera ''trayendo como consecuencia: subdesarrollo, más índices de desempleo, menos tecnificación y una contrariedad a nuestras disposiciones constitucionales en los artículos ya mencionados.''
) Expediente 6424. Demandantes: J.A.G.G., A.C., L.E.A., Y.M. y D.C..
Se refieren al inciso 4º del Artículo 116 de la Constitución porque a su juicio se desconoce el principio de autonomía de la voluntad privada que allí se reconoce. C. la Sentencia C-330 de 2000 y resaltan que el carácter temporal y voluntario de la justicia arbitral no atenta ''contra los principios Constitucionales de los Estados''. Que, por el contrario, puede ser ''molesto'' para inversionistas nacionales y extranjeros someterse a un arbitramento doméstico cuando existen arbitrajes internacionales regulados en la Ley 315 de 1996. Así mismo se refieren a las sentencias C-060 de 2001 y C-224 de 1995, de las que subrayan nuevamente el carácter voluntario del arbitramento.
A continuación afirman que la norma acusada vulnera los principios constitucionales reguladores de las relaciones internacionales (art. 226 C.P.). C. varios apartes de la Sentencia C-381 de 1996 que declaró exequible la Ley 251 de 1995, por la cual se adoptó ''la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales, hecha en La Haya el 18 de Octubre de 1907''. Señalan luego que la Ley 315 de 1996 y el Decreto 1818 de 1998 permiten acudir al arbitramento internacional y por ello la norma demandada genera una situación de desigualdad, ya que obliga a los inversionistas nacionales y extranjeros a someter sus diferencias a tribunales de arbitramento nacionales, lo que desconoce, además, la Convención de Washington que Colombia ratificó.
Finalmente concluyen que no es viable que el artículo 7º de la Ley 963 de 2005 ''imponga el Tribunal de Arbitramento, ya que la idea de esa figura es beneficiar a los sujetos en conflicto pero sin desconocer los derechos constitucionales y legales, ya que la decisión arbitral equivale a una decisión jurisdiccional...''
) Expediente 6425. Demandantes: J.O.R.P., M.C.J.L., M.A.M.U., A.R.C.C., A.L.S.S. y Y.M.S.M..
(iii) Artículo 116 y 229: Porque ''la norma atenta contra el principio de igualdad de tratos que establece el Arbitraje Internacional y a su vez vulnera la habilitación y voluntariedad mencionadas en el Art.116 de la Constitución y el debido acceso a la administración de justicia.''
(iv) Artículo 227: Porque ''al imponerse un arbitramento nacional, los Estados que se encuentren interesados en realizar contratos con Colombia, estarán indispuestos a efectuarlos porque no se dará cumplimiento de las bases de equidad, igualdad y reciprocidad contenidas en los tratados firmados y ratificados por Colombia.''
) Expediente 6434. Demandante F.L.G..
El actor demanda únicamente la expresión ''regido exclusivamente por las leyes colombianas'' que forma parte del artículo 7º de la Ley 963 de 2005 y solicita que se declare su inexequibilidad con fundamento en el Preámbulo y los artículos 58, 226, 227 y 333 de la Constitución Política.
Considera que mientras el Preámbulo de la Constitución orienta la acción del Estado al impulso de la integración latinoamericana, la norma acusada no lo hace, pues al obligar al interesado a someterse a la legislación nacional, ''no se incentiva la inversión extranjera''.
Afirma que la Constitución Política de 1991 promueve un espíritu de integración y permite la celebración de tratados comerciales internacionales e incluso transferir parcialmente determinadas funciones a organismos internacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica (numeral 16 del art.150). Que de acuerdo con esa filosofía constitucional, no puede someterse al inversionista extranjero a las normas nacionales, cuando existe una controversia que involucra elementos propios de un arbitramento internacional. ''Por el contrario, en mi criterio, el alcance y sentido lógico de la disposición constitucional citada, en el contexto de las relaciones internacionales, es el que la integración latinoamericana se impulsa en la medida en que se faculta a las partes, en un contrato internacional, para escoger el ordenamiento jurídico aplicable (...) la integración latinoamericana supone, como todo proceso de integración, entre otros aspectos, el establecimiento de instrumentos jurídicos homogéneos, como, por ejemplo, el arbitramento internacional reglamentado en leyes uniformes, y no el sometimiento a uno u otro ordenamiento jurídico, dependiendo de la hegemonía de los Estados en el concierto internacional.''
Que, en esa medida, no resulta atractivo para los inversionistas extranjeros establecer sus empresas y hacer sus inversiones en Colombia, pues si las eventuales controversias se resuelven únicamente con base en las leyes colombianas, tácitamente significa que se renuncia a la Convención CIADI o Convenio de Washington de 1965 (Ley 267 de 1996) y a cualquier tipo de reclamación internacional, ''lo cual, a la luz del derecho internacional privado actual es un verdadero absurdo.''
Considera que permitir que un arbitraje se resuelva con base en las normas de derecho internacional no es violatorio de la Constitución, tal como Colombia lo ha aceptado con la suscripción de la Convención CIADI, así como con la expedición del Decreto 2080 de 2000 sobre inversión extranjera, la Ley 315 de 1996 y el Decreto 1818 de 1998, donde se establece que en un contrato internacional se puede acudir a un arbitramento de la misma naturaleza, en el que las partes eligen libremente el ordenamiento jurídico aplicable al conflicto. Que ''desconocer este principio de derecho internacional es regresivo y, lo peor, es institucionalizar la Cláusula C. en los contratos internacionales de inversión; doctrina decimonónica ya ampliamente superada en el derecho internacional privado contemporáneo.''
Se refiere a diversos doctrinantes y señala que ''Colombia no puede desconocer los tratados bilaterales que ha suscrito: Convención CIADI, MIGA, OPIC, etc., y regresar al viejo sistema de la cláusula C., desmotivando la inversión extranjera (art.58 de la Constitución), atentando de manera directa contra el desarrollo económico y la cooperación internacional (arts. 226 y 227 de la Constitución), al aplicar el artículo 7º de la Ley 963 de 2005.'' (N. original).
Indica que las cláusulas de estabilización y reajuste de la Ley 963 de 2005 no son novedosas en el derecho internacional, pues de tiempo atrás han sido reconocidas por la doctrina y la jurisprudencia internacional, de forma que ''cualquier inversionista puede convenir una cláusula de estabilización o de petrificación del derecho nacional aplicable y de reajuste, sin necesidad de someterse a la Ley 963 de 2005 y, por ende, al arbitramento celebrado exclusivamente con leyes colombianas, por la sencilla razón de que la Convención CIADI, las costumbres mercantiles internacionales o Lex Mercatoria, los principios UNIDROIT y el postulado de la autonomía de la voluntad conflictual se lo permiten.''
Concluye que la norma acusada es inconstitucional porque: (i) desconoce el preámbulo al no impulsar la integración latinoamericana ni internacional, ser retardataria y volver a los principios de la cláusula C., ya superados por el Convenio de Washington de 1965 (Ley 267 de 1995); (ii) no incentiva la inversión extranjera como lo pretendía el artículo 58 de la Constitución; (iii) hace que Colombia tenga una duplicidad de regulaciones sobre arbitramento internacional, lo que desconoce los tratados internacionales y el principio de reciprocidad establecido en los artículos 226 y 227 de la Constitución: ''No se puede, de una parte, ser parte de la Convención CIADI y, de otra, aplicar nuevamente la cláusula C. a los contratos de inversión internacional.'' (iv) vulnera el principio de autonomía de la voluntad de los inversionistas extranjeros previsto en el artículo 333 de la Constitución, ''negándoles la opción de escoger el derecho aplicable al contrato de inversión internacional, sometiéndoles arbitrariamente al derecho colombiano, como si estuviéramos en el siglo XIX.''
(i) No vulnera el principio de voluntariedad establecido en el artículo 116 de la Constitución, pues la primera parte del artículo demandado no obliga sino que faculta a las partes para incluir la cláusula compromisoria en el respectivo contrato. Por tanto, ''la libertad de las partes contratantes de decidir si pactan o no la cláusula arbitral no resulta menoscabada con la norma demandada y es en ese contexto en el que debe entenderse la segunda parte del artículo 7º de la Ley 963 de 2005, según el cual, en el caso de que las partes pacten la cláusula compromisoria, el tribunal de arbitramento que se establezca deberá regirse exclusivamente por las leyes colombianas.''
Advierte que no es inconstitucional que una vez pactado el arbitramento la disposición demandada remita el conflicto a la legislación nacional, pues ello le da seguridad jurídica a las partes y les garantiza el debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución. Cita la Sentencia C-1038 de 2002 y señala que conforme al artículo 116 ibídem, el Congreso de la República puede regular los mecanismos alternativos de solución de conflictos como el arbitramento, pues de lo contrario carecería de sentido la expresión ''en los términos que determine la ley'', contenida en la parte final del artículo antes citado.
(iii) No atenta contra los compromisos constitucionales del Estado en materia de relaciones internacionales, porque los tratados citados por los demandantes no forman parte del bloque de constitucionalidad. Que, además, en el caso del Convenio CIADI, sus reglas no operan automáticamente, pues en ellas el Estado no quedó obligado a someterse a tribunales de arbitramento internacional, sino facultado para consentir en ello frente a cada caso concreto, de forma que ''es entonces erróneo inferir que el consentimiento mencionado se ha dado porque Colombia sea parte del CIADI. Consecuentemente es posible, constitucional y no violatorio del Convenio CIADI, que la Ley de Estabilidad Jurídica posibilite, más no obligue, la resolución de la diferencia mediante un arbitraje nacional.'' Que, por lo mismo, no se viola la Convención de Nueva York, pues ésta tampoco limita la posibilidad de los Estados de acordar el arbitraje nacional.
(iv) No se desconoce el principio de integración económica, pues debe tenerse en cuenta que si el objeto de los contratos de estabilidad jurídica son normas de derecho interno, ''resulta desacertado pretender que sea un tribunal arbitral regido por normas no nacionales el que dirima las posibles controversias que puedan llegar a suscitarse con ocasión del contrato de estabilidad jurídica, por la sencilla razón de que se trata de disposiciones legales y reglamentarias e interpretaciones administrativas que emanan de instituciones colombianas.''
Los académicos J.R.B.A. y N.G.M., en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, atienden la invitación de la Corte Constitucional y solicitan que la norma demandada sea declarada exequible.
En los términos de la Ley 963 de 2005, el Estado Colombiano le garantiza a los inversionistas nacionales o extranjeros la continuidad de la aplicación de las normas determinantes de la inversión, si las mismas llegan a sufrir modificaciones adversas al contratista.
A cambio de lo anterior, el inversionista debe pagar una prima anual a favor de la Nación, que puede variar dependiendo de que se presenten o no periodos improductivos.
El artículo demandado no obliga a incluir una cláusula arbitral en los contratos de estabilidad jurídica, sino que le da esa facultad a las partes, lo que guarda concordancia con el artículo 116 de la Constitución Política.
Aunque el artículo 116 de la Constitución habilita a las partes para acudir al arbitramento, también establece la facultad del legislador para fijar las condiciones del arbitraje, tal como lo señaló la Corte en la sentencia C-060 de 2001.
La referencia que hacen los demandantes al desconocimiento de los tratados internacionales debe revisarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución Política, según el cual, la ''la prevalencia de los tratados sobre las demás leyes solo tiene aplicación cuando aquéllos versen sobre derechos humanos, según la teoría de la Corte Constitucional sobre el bloque de constitucionalidad.'' C. la sentencia C-067 de 1993 y concluyen que ''se puede decir que el Convenio de Washington de 1965 que versa sobre `Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados' no forma parte del bloque de constitucionalidad''.
Considera que corresponde determinar si la expresión acusada ''desconoce el principio de libertad de las partes que rige para la escogencia de dicho tribunal, inserta en el artículo 116 de la Constitución Política, además vulnerando con ello el derecho a la igualdad.''
Señala que, ''en este orden, si bien es cierto que la celebración del contrato de estabilidad jurídica constituye una garantía que asiste al inversionista ante los imprevistos generados por modificaciones normativas, también lo es que configura una decisión autónoma del Estado, sujeta a circunstancias y ponderaciones especiales; aunque es dable la existencia de ciertas cláusulas sometidas a la discusión previa entre las partes, la esencia de las mismas está regulada por la ley, por lo que la libertad de determinación contractual resulta restringida en aras del interés general. ''
Advierte que en esta medida, la única diferencia con los jueces ordinarios está en que el arbitramento sólo es posible cuando existe voluntad de las partes, ''lo cual no significa que dicha voluntariedad sea obligatoria y no tenga limitaciones'', pues como señala la Corte, ''esa voluntad es admisible, exclusivamente, en los términos de la ley.'' Que, por tanto, corresponde al legislador, en ejercicio de la facultad de configuración normativa, determinar las formas propias de cada proceso y las reglas de la administración de justicia transitoria por los particulares, lo que incluye las normas procedimentales de los tribunales de arbitramento, de forma que ''bien pudo el legislador determinar que los tribunales de arbitramento debían estar regidos por las leyes colombianas para resolver las controversias que se presentaran alrededor de los contratos de estabilidad jurídica.''
Recuerda que en los contratos de estabilidad jurídica una de las partes es el Estado, lo cual impide hablar de una libertad contractual absoluta y por el contrario legitima que el legislador haya decidido sujetar el respectivo tribunal al mandato de las leyes nacionales. Que ''esta apreciación tiene fundamento en la esencia misma de los contratos de estabilidad jurídica alrededor de los cuales puede existir una regulación especial dada su incidencia en el interés general y que, por lo tanto, impide una libertad contractual absoluta para seleccionar el ordenamiento jurídico aplicable -bien sea nacional o extranjero-, para preservar la soberanía legislativa y regulatoria del Estado, en aras de evitar el desorden administrativo y salvaguardar así la sostenibilidad fiscal.''
Indica que los tribunales de arbitramento internacional a que se refiere la Ley 315 de 1996 son sustancialmente distintos de los de la Ley 963 de 2005, pues en aquéllos se plantean circunstancias totalmente diversas a las reguladas en la norma demandada. Que, además, la aplicación de las normas nacionales tiene su fundamento en la naturaleza misma del Estado, cuya libertad contractual está vinculada a los fines esenciales del Estado Social de Derecho, ''lo que en el caso concreto se traduce en la posibilidad del mismo Estado de imponer ciertas condiciones en los contratos de estabilidad jurídica, que restrinjan en cierto modo la libertad contractual bajo la premisa de la prevalencia del interés general sobre el particular.''
Considera finalmente que la acusación es errada cuando afirma que se desconoce la convención de Washington sobre diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados (CIADI), ''por cuanto esta clase de tratados no constituyen bloque de constitucionalidad en los términos del inciso primero del artículo 93, de modo tal que se erija en un parámetro de constitucionalidad y deba así prevalecer en el orden interno.'' Que, en tal sentido, la Corte Constitucional ha señalado que sólo forman parte del bloque de constitucionalidad: (i) el preámbulo; (ii) el articulado de la Constitución; (iii) algunos tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia (Sentencias C-337 de 1993, C-179 de 1994, C-578 de 1995, C-358 de 1997, C-191 de 1998, C-774 de 2001; C-200 de 2000 y C-148 de 2005); (iv) las leyes orgánicas; y (v) las leyes estatutarias.
Los demandantes acusan ante la Corte Constitucional la parte final del artículo 7º de la Ley 963 de 2005, según la cual, en caso de pactarse una cláusula compromisoria para resolver los conflictos derivados de los contratos de estabilidad jurídica ''se establecerá un tribunal de arbitramento nacional regido exclusivamente por leyes colombianas.'' A juicio de los accionantes, la obligatoriedad de sujetarse a un arbitramento nacional y a la normatividad interna del país viola la Constitución por las siguientes razones:
(iii) Desconoce los mandatos constitucionales que ordenan la integración internacional del Estado, especialmente en el ámbito Latinoamericano y del C. (preámbulo y artículos 9º, 226 y 227 C.P.), pues se desincentiva la inversión y se retrocede frente a tratados internacionales ya incorporados a la legislación nacional, en los que el Estado se ha obligado a aceptar el arbitramento internacional (especialmente la Convención de Washington de 1965 -Ley 267 de 1996-);
Cosa juzgada relativa. Procedencia de la acción frente a los cargos que no fueron resueltos en la Sentencia C- 961 de 2006.
De acuerdo con los artículos 243 de la Constitución Política y 20 del Decreto 2067 de 1991, las sentencias que profiere la Corte Constitucional tienen valor de cosa juzgada y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares. Esto significa que en virtud del principio de seguridad jurídica, las sentencias que profiere esta Corporación agotan la jurisdicción constitucional e impiden volver sobre una disposición legal que ya ha sido sometida a juicio con anterioridad. Por ello, la Corte ha dicho que, en términos generales, la cosa juzgada hace referencia a los efectos de las sentencias de la Corte Constitucional, ''su carácter inmutable y a la imposibilidad de presentar recursos en contra de las decisiones en ellas consagradas.'' Sentencia C-211 de 2003, M.P.C.I.V.H., aclaración de voto del Magistrado J.A.R., sobre la diferencia que existe entre cosa juzgada relativa y sentencias interpretativas o condicionadas.
Ahora bien, la Corte Constitucional también ha señalado que la cosa juzgada constitucional puede revestir diferentes matices o categorías Sentencia C-310 de 2002. M.P.R.E.G... Así, por ejemplo, ha distinguido la cosa juzgada formal de la material, para significar que la primera identifica los casos en que la misma disposición legal es demandada posteriormente, mientras que la segunda se refiere a aquéllos eventos en que a pesar de que la nueva demanda recae sobre una disposición distinta, ésta resulta '' literalmente igual'' o tiene un ''contenido normativo idéntico''. Sentencia C-394 de 2002, M.P.Á.T.G.. Así, ha indicado que ''el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, no sólo se presenta cuando existe una decisión anterior del juez constitucional en relación con la misma norma que nuevamente es objeto de demanda, sino también cuando dicha decisión recae sobre una disposición distinta pero que es literalmente igual o cuyo contenido normativo es idéntico.''
Igualmente, esta Corporación ha diferenciado el carácter absoluto o relativo de la cosa juzgada, según se entienda que el control abstracto de la disposición acusada ha comprendido todo el ordenamiento constitucional o se ha limitado a una parte específica del mismo, de manera que sólo en este último caso queda abierta la posibilidad de plantear una nueva controversia, pero únicamente por razones o cargos distintos a los analizados en el proceso inicial Ibídem.. Para identificar una u otra condición, esta Corporación ha reiterado que existe una presunción de control integral Sentencia C-584 de 2002, M.P.M.J.C.E.. y, por tanto, ''en principio debe entenderse que toda sentencia de constitucionalidad hace tránsito a cosa juzgada absoluta, salvo que la propia Corporación, bien de manera explicita en la parte resolutiva, o bien de manera implícita en la parte motiva, restrinja el alcance de su decisión a los cargos analizados en la sentencia.'' Corte Constitucional, Sentencia C-584 de 2002, M.P.M.J.C.E.. (subrayado fuera de texto).
En consecuencia, solamente si existe cosa juzgada relativa explícita (si se consigna expresamente en la parte resolutiva del fallo ''...verbigracia, cuando el análisis constitucional se restringe al estudio de determinados cargos de constitucionalidad'' (Auto del 31 de julio de 2006. Expediente 6418, MP. Á.T.G.. Igualmente pueden verse las Sentencias C-774 de 2001, C-1169 de 2004 y C-783 de 2005.) o implícita (sí se infiere clara e inequívocamente del análisis constitucional hecho en la parte motiva del respectivo fallo Sentencias C-914 de 2004, M.P.C.I.V.; C-710 de 2005, M.P.M.G.M.C. (Salvamento parcial de voto del Magistrado J.A.R.); C-712 de 2005 (Salvamento parcial de voto del Magistrado J.A.R., entre otras.), podrá iniciarse un nuevo análisis de constitucionalidad, siempre que se presenten cargos distintos a partir de los cuales surja una controversia sustancialmente diferente a la que ya fue objeto de análisis por parte de esta Corporación.
Al descender al asunto concreto que ocupa a la Corte en este proceso, la Sala observa que la Sentencia C-961 de 2006 M.P.R.E.G.. declaró exequible la misma expresión que ahora se demanda, pero únicamente ''por los cargos'' analizados en esa providencia, lo que significa que si bien existe cosa juzgada formal, ésta es apenas relativa y se circunscribe a los problemas constitucionales planteados y resueltos en ese momento. Por tanto, frente a los cargos que no se hubieren estudiado en esa oportunidad no existirá cosa juzgada.
Mediante la Ley 963 de 2005, se expidió ''una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia.'' De acuerdo con ella, el legislador habilitó al Gobierno para suscribir contratos de estabilidad jurídica con el fin ''de promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional.''
Por esta vía, el Estado garantiza a los inversionistas que si durante la vigencia de los contratos de estabilidad jurídica se modifica en forma adversa alguna de las normas identificadas en ellos como determinantes de la inversión, ''los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo.'' En ese sentido, la ley indica que por modificación se entiende ''cualquier cambio en el texto de la norma efectuado por el Legislador si se trata de una ley, por el Ejecutivo o la entidad autónoma respectiva si se trata de un acto administrativo del orden nacional, o un cambio en la interpretación vinculante de la misma realizada por autoridad administrativa competente.'' (art. 1)
El artículo 2º señala que la posibilidad de acceder a estos contratos la tienen tanto los nacionales como los extranjeros, entre quienes no se establece ninguna diferenciación. Sólo se exige, para ambos, que la inversión sea por un monto igual o superior a siete mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (7.500 smlmv) Modificado por el artículo 55 de la Ley 1111 de 2006, en el sentido que la inversión deberá superar 155.000 UVT (Unidades de Valor Tributario). y que su objeto sea el desarrollo de actividades turísticas, industriales, agrícolas, de exportación agroforestales, mineras, de zonas procesadoras de exportación; zonas libres comerciales y de petróleo, telecomunicaciones, construcciones, desarrollos portuarios y férreos, de generación de energía eléctrica, proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos y toda actividad que apruebe el Comité de que trata el artículo 4° de la ley.
A continuación se indica que los contratos deberán incluir de manera ''expresa y taxativa'' las normas y sus interpretaciones vinculantes realizadas por vía administrativa, que sean consideradas determinantes de la inversión, lo cual puede comprender ''artículos, incisos, ordinales, numerales, literales y parágrafos específicos de leyes, decretos o actos administrativos de carácter general, concretamente determinados, así como las interpretaciones administrativas vinculantes'' de cualquier entidad del orden nacional perteneciente a la Rama Ejecutiva del Poder Público o a las entidades sujetas a regímenes especiales de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, con excepción del Banco de la República. (art.3)
Por su parte, el artículo 7° dispone que las partes ''podrán'' incluir una cláusula compromisoria para dirimir las controversias derivadas de los contratos de estabilidad jurídica y que, en ese caso, ''se establecerá un tribunal de arbitramento nacional regido exclusivamente por leyes colombianas'', expresión ésta que corresponde a lo demandado en el presente caso. En tal sentido, se observa que la inclusión de la cláusula compromisoria en el contrato de estabilidad jurídica es opcional para las partes, aún cuando si ella se pacta, la consecuencia necesaria es la sujeción a la legislación colombiana y a un tribunal de arbitramento nacional.
En la Sentencia C-242 de 2006, la Corte declaró exequible la expresión ''...el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban, que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo'' del artículo 1º de la ley, así como el artículo segundo y el inciso segundo del artículo tercero. La Corte consideró que la promoción de las inversiones tenía un fin constitucionalmente legítimo y que la existencia de una cuantía mínima a partir de la cual los inversionistas podían beneficiarse con los contratos de estabilidad jurídica no violaba el principio de igualdad. M.P.C.I.V.H.. Salvamento de voto del Magistrado J.C.T., quien consideró que el artículo 2º de la ley debió ser declarado inexequible por violación del principio de igualdad, al favorecer únicamente las inversiones superiores a cierto capital y a determinados sectores económicos. Salvamento de voto del Magistrado A.B.S., pues a su juicio las normas demandadas debieron ser declaradas inexequibles porque limitan la facultad del Congreso de reformar la ley. Salvamento de voto del Magistrado J.A.R.. En esta providencia se señaló:
''Los objetivos perseguidos por el Gobierno Nacional mediante esta ley fueron: i) estimular nuevas formas de inversión, ii) atender a una necesidad apremiante para los inversionistas, y iii) equilibrar los intereses de los inversionistas y el interés general. Respecto del primer objetivo, relacionado con la promoción de nuevas formas de inversión, con la ley 963 de 2005 se pretende alcanzar tasas de crecimiento que permitan mejorar el nivel de desarrollo económico.
El equilibrio entre los intereses de los inversionistas y el interés general se busca generando condiciones para que los aportes de capital se lleven a cabo dentro de condiciones de estabilidad jurídica respecto de aquellas normas consideradas determinantes para llevar a cabo la inversión. El interés general queda a salvo merced a la cláusula de exclusión, según la cual no se podrá conceder la estabilidad sobre normas relativas al régimen de seguridad social, la obligación de declarar y pagar los tributos o inversiones forzosas que el Gobierno Nacional decrete bajo estados de excepción, los impuestos indirectos, la regulación prudencial del sector financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos (art. 11 de la ley).''
En la Sentencia C-320 de 2006, la Corte declaró exequible el artículo 1º de la Ley 963 de 2005, en el entendido que los órganos del Estado conservan sus competencias normativas, incluso sobre las normas identificadas como determinantes de la inversión, ''sin perjuicio de las acciones judiciales a que tengan derecho los inversionistas.'' Igualmente declaró exequible ''por el cargo global analizado'' (violación de la soberanía del Estado y de la facultad del Congreso de modificar las leyes), los apartes acusados de los artículos 2º, 3º, 4º y 6º de la Ley 963 de 2005, referentes al monto de la inversión, las normas objeto del contrato de estabilidad jurídica, el contenido de la solicitud de suscripción del contrato, la conformación del Comité competente para su estudio y la duración de los contratos. Al respecto se indicó:
''Tal y como se ha señalado, a diferencia de lo sostenido por el demandante, la Ley 963 de 2005 no le está impidiendo al Congreso de la República ejercer su competencia en el futuro para reformar las leyes ordinarias, incluso el texto mismo de la ley sobre contratos de estabilidad jurídica, o aquellos artículos, incisos, ordinales, numerales o parágrafos específicos de las mismas que sean objeto de un contrato de estabilidad jurídica; lo que sucede es que, dichas modificaciones, llegado el caso, pueden dar origen a controversias con los inversionistas, para cuya solución las partes pueden incluir una cláusula compromisoria mediante la cual se prevé la conformación de un tribunal de arbitramento. En otras palabras, no se está garantizando una inmutabilidad del ordenamiento jurídico colombiano, por cuanto, de llegar a entendida de esa manera, se vulneraría el principio democrático, consagrado en el artículo 1 Superior. De allí que la Ley 963 de 2005 no puede ser entendida como una cesión al ejercicio de la soberanía nacional. (...) Lo que sucede, se insiste, es que se está ante un contrato, en virtud del cual el Estado se comprometió a mantener unas condiciones normativas favorables, aplicables únicamente en el contexto de dicho acuerdo particular, equilibrio económico que podría verse alterado por la adopción de una norma aplicable a la inversión realizada, caso en el cual el Estado podría ver comprometida su responsabilidad.'' Sentencia C-320 de 2006, M.P.H.A.S.P.. Salvamento de voto de los Magistrados: A.B.S. (en la medida que considera que la ley es inexequible en su totalidad al limitar las competencias del Congreso para modificar la ley) y J.A.R.. Aclaración de voto del Magistrado J.C.T., en el sentido que, como señaló en su salvamento de voto a la Sentencia C-242 de 2006, el monto mínimo de la inversión para acceder a los beneficios de la ley viola el derecho a la igualdad.
En la Sentencia C-961 de 2006 Sentencia C-961 de 2006, M.P.R.E.G.. Aclaración de voto de los Magistrados J.A.R., M.J.C.E., R.E.G., M.G.M.C. y Á.T.G.. ya referida, la Corte declaró exequible, por los cargos analizados, la expresión ''En este caso, se establecerá un tribunal de arbitramento nacional regido exclusivamente por leyes colombianas'' que hace parte del artículo 7º de la Ley 963 de 2005. En esa oportunidad la Corte indicó:
''El legislador, pues, descartó la obligatoriedad del arbitramento y conservó el principio de voluntariedad que le permite a las partes del contrato de estabilidad jurídica decidir libremente si habilitan o no a los árbitros, pero en caso de optar por la convocatoria de un tribunal tendrán que someterse a la regulación legal, conforme a la cual el tribunal deberá ser nacional y regirse por leyes colombianas.
Fuera de todo lo que se ha apuntado para fundamentar la constitucionalidad de estas limitaciones a la autonomía de la voluntad, es necesario destacar ahora que, en razón de la índole procesal del arbitramento, los condicionamientos aludidos entran dentro de las posibilidades de regulación de procedimiento arbitral que le competen al legislador, que, por lo demás, en tratándose de contratos de la Administración, también tiene una amplia potestad de configuración, y puede legítimamente regular el modo como se van a solucionar las controversias contractuales, así como el juez o el derecho aplicable y en fin, sobre `las condiciones de acceso, trámite y conclusión.'''(se subraya)
(i) No se trata de una regulación integral de las inversiones y de todos los factores determinantes para la adopción de decisiones de ese tipo (físicas, económicas, de información, etc.); la Ley 963 de 2005 constituye apenas una herramienta más dentro de la política del Estado en esa materia, cuyo objeto se circunscribe únicamente a los presupuestos jurídicos internos de la inversión, que el Estado se obliga a respetar frente a posibles cambios adversos de normatividad Sentencia C-320 de 2006, M.P.H.A.S.P.. Salvamento de voto de los Magistrados A.B.S. y J.A.R.. Aclaración de voto del Magistrado J.C.T... En ese sentido, como se señaló en la Sentencia C-961 de 2006 M.P.R.E.G.. Aclaración de voto de los Magistrados J.A.R., M.J.C.E., R.E.G., M.G.M.C. y Á.T.G.. , el sometimiento del tribunal de arbitramento a las leyes colombianas, se justifica en tanto que son ellas las que constituyen el objeto principal del contrato, de manera que la previsión del legislador en ese sentido no resulta desproporcionada o irrazonable;
(ii) La naturaleza eminentemente contractual y, por tanto, voluntaria del contrato de estabilidad jurídica previsto en la Ley 963 de 2005, pues ésta no impone unilateralmente sus efectos al inversionista, quien libremente puede o no acudir a un acuerdo de ese tipo, según lo considere conveniente para sus intereses ''Por lo tanto, la verdadera fuente de la garantía de estabilidad jurídica del inversionista, no surge directa e inmediatamente de la ley acusada de inconstitucional, sino del contrato de estabilidad jurídica que por autorización de la misma ley la incorpora como regla interna reguladora de dicho contrato, convirtiéndose así en un derecho contractual a la estabilidad jurídica de la inversión'' (Sentencia C-320 de 2006, M.P.H.A.S.P.. Salvamento de voto de los Magistrados A.B.S. y J.A.R.. Aclaración de voto del Magistrado J.C.T.); en ese sentido, la Ley 963 de 2005 representa la posibilidad de suscribir un tipo especial de contratos con el Estado, pero no la obligación de hacerlo.
(iv) La imposibilidad de que a través de los contratos de estabilidad jurídica se desconozcan ''los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano'' (art.11), frente a lo cual la Corte ya había indicado expresamente que no se trata de ''una previsión legal superflua, dado es que evidente que ningún contrato suscrito por el Estado colombiano puede vulnerar la Constitución o los tratados internacionales ratificados por el mismo, so pena de nulidad absoluta por violación de normas de orden público.'' Ibídem.
La Constitución Política de 1991 no fue ajena a la integración del Estado Colombiano al orden internacional. Así, el Preámbulo y los artículos 9º y 227 señalan que se promoverá la integración económica, social y política con los demás Estados, especialmente los de América Latina y del C., para lo cual se autoriza: (i) la creación de organismos supranacionales; (ii) la participación en una comunidad latinoamericana; (iii) la realización de elecciones directas para la conformación del parlamento Andino y del parlamento latinoamericano.
En el mismo sentido el artículo 226 ibídem establece que el Estado promoverá ''la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas'', pero advierte que ello se hará ''sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional''. Así mismo, cuando la Constitución se refiere a las relaciones exteriores del país, indica que su dirección estará basada en: (i) la soberanía nacional; (ii) el respeto a la autodeterminación de los pueblos; y (iii) el reconocimiento de los principios de derecho internacional. (art. 9 C.P.)
De otro lado, los mandatos constitucionales en materia de integración internacional no se oponen a la potestad de ordenación normativa interna, que se funda en los principios de soberanía popular y de independencia política, a partir de los cuales cada Estado, en el marco del derecho internacional, puede decidir con autonomía acerca de sus asuntos internos. Cfr. Sentencia C-644 de 2004. Al respecto, la Corte ha indicado:
Resulta de especial importancia el ''principio de la no injerencia''; con esta disposición, se reconoce la obligación de la comunidad internacional de no intervenir en los asuntos propios de cada Estado, en virtud del derecho indivisible, absoluto, inalienable, indelegable, permanente e incondicional de los pueblos a su soberanía. Se trata, pues, del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos, a través del cual el derecho internacional procura la convivencia pacífica entre las diversas culturas e ideales políticos, de forma tal que cada Estado pueda definir, con absoluta libertad, autonomía e independencia, su propio ordenamiento constitucional y legal. Sentencia C-418 de 1995. M.P.V.N.M.. (se subraya)
Como ha indicado esta Corporación, los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia económica y de integración comercial no son parámetros de constitucionalidad de las leyes, pues tal condición únicamente ha sido prevista en la Constitución para los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación en estados de excepción (Art. 93 C.P.) y para aquéllos que definen los límites territoriales del Estado (art.101 C.P.) Pueden verse las sentencias C-1022 de 1999 y C-067 de 2003..
Así, la Corte ha señalado que ''los tratados internacionales, por el sólo hecho de serlo, no forman parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, no ostentan una jerarquía normativa superior a la de las leyes ordinarias'' Sentencia C-191 de 1998, M.P.E.C.M., de manera que, salvo los casos previstos expresamente en la Constitución, no constituye motivo suficiente para la declaración de inexequibilidad de una ley ''el hecho de que ella se oponga a lo acordado en un tratado internacional.'' Sentencia C-358 de 1997, M.P.E.C.M.. Salvamento parcial de voto de los Magistrados V.N.M., J.G.H. y E.C.M..
Al respecto, la Corte se ha referido a una noción ''lato sensu'' del bloque de constitucionalidad Sentencia C-200 de 2002, M.P.Á.T.G., la cual permite identificar todas aquellas normas de diversa jerarquía que son referente para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación ordinaria Sentencia C-191 de 1998, M.P.E.C.M.. ''El hecho de que las normas que integran el bloque de constitucionalidad tengan jerarquía constitucional hace de ellas verdaderas fuentes de derecho, lo que significa que los jueces en sus providencias y los sujetos de derecho en sus comportamientos oficiales o privados deben atenerse a sus prescripciones. Así como el preámbulo, los principios, valores y reglas constitucionales son obligatorios y de forzoso cumplimiento en el orden interno, las normas del bloque de constitucionalidad son fuente de derecho obligatoria para todos los asociados'' (Sentencia C-067 de 2003, M.P.M.G.M.C. y ha señalado que ''ni los tratados de integración económica ni el derecho comunitario integran el bloque de constitucionalidad, como quiera que `su finalidad no es el reconocimiento de los derechos humanos sino la regulación de aspectos económicos, fiscales, aduaneros, monetarios, técnicos, etc.''' Sentencia C-1118 de 2005, M.P.C.I.V.H.. Por tanto, únicamente las normas que conforman ese bloque de constitucionalidad comparten la ''jerarquía del texto formal de la Carta'' que ''obliga a que toda la legislación interna acondicione su contenido y ajuste sus preceptos a los estatutos por aquellas adoptados, pues éstos irradian su potestad sobre todo el ordenamiento normativo.'' Sentencia C-067 de 2003, M.P.M.G.M.C.. Así, por ejemplo, al referirse a los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia, la Corte ha señalado que ''la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario, con el fin de potenciar la realización material de tales valores'' (Sentencia C-225 de 1995, M.P.A.M.C..
La Corte también ha reiterado la trascendencia que dentro del ordenamiento constitucional tiene el Artículo 9º de la Constitución Política, en cuanto al deber del Estado de fundamentar sus relaciones internacionales no sólo en la soberanía y el respeto del principio de autodeterminación, sino también en los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, dentro de los cuales se encuentra, como lo ha reconocido esta Corporación, el principio P. Sunt Servanda (art. 26 de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados), que ''no sólo significa que los tratados deben ser formalmente acatados sino que deben ser cumplidos de buena fe, esto es, con la voluntad de hacerlos efectivos.'' Sentencia C-400 de 1998, M.P.A.M.C.. Salvamento de voto de los Magistrados V.N.M. y J.G.H.. En esta sentencia se señaló: ''Este principio de P. sunt servanda, según el cual los tratados deben ser cumplidos por las partes que se obligaron, constituye la base esencial del derecho de los tratados y, en general, del funcionamiento armónico y pacífico de la comunidad internacional. Por ello, algunos teóricos han considerado que esta norma representa el principio base, la norma fundamental y más elemental de todo el sistema jurídico del derecho internacional, de la cual depende la validez de las reglas de este derecho. Según su criterio, que esta Corte acoge, resulta imposible pensar el derecho internacional como disciplina autónoma sin presuponer una norma como P. sunt servanda, por lo cual ella es sin lugar a dudas unos de los principios de derecho internacional reconocidos por Colombia (CP art. 9º)''
De esta manera, sin perjuicio de la supremacía de la Constitución, las autoridades también deben respetar los compromisos internacionales adquiridos por el Estado que han sido incorporados a la legislación interna, los cuales, en el marco del derecho de los tratados, están orientados por el principio P. sunt servanda:
''40- El examen precedente permite entonces mostrar que la Carta de nuestro país no defiende un monismo constitucionalista rígido, como podría entenderse a partir de una lectura aislada del artículo 4º superior, puesto que la Constitución establece que Colombia reconoce los principios de derecho internacional aceptados por el país y que el Estado debe promover la internacionalización sobre bases de equidad y reciprocidad (CP arts 9º y 226). Ahora bien, como la primacía de los tratados sobre el ordenamiento interno es un principio del derecho internacional que ha sido ampliamente aceptado por Colombia, y constituye la base para la formación de relaciones equitativas entre las naciones, ese principio se entiende en cierta medida también incorporado en la Carta, por la vía indirecta de los artículos 9º y 262. Por ello la Corte había señalado que la norma P. sunt servanda, al ser una ''medida de seguridad y estabilidad jurídica dentro del orden internacional'', encuentra un cierto sustento en el artículo 9º superior ya que pretende alcanzar ''la paz, la seguridad y la convivencia entre los Estados'' Sentencia C-276 de 1993. MP V.N.M.. Consideración de la Corte 3.4.. Igualmente, en posterior decisión, esta Corporación precisó que ''dentro de los principios fundamentales del derecho internacional se encuentra el P. Sunt Servanda, que obliga al respeto y cumplimiento de lo acordado en los tratados internacionales. Como consecuencia de este principio, las autoridades colombianas están obligadas a velar por la observancia de los tratados ratificados por Colombia. Ver sentencia C-358/97. M.E.C.M., Fundamento Jurídico 15.5.''
Al respecto, la Corte ha indicado que los artículos 9°, 226 y 227 de la Carta Fundamental establecen la obligación del Estado colombiano de promover ''la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, en aras de impulsar el fortalecimiento de los procesos supranacionales de integración sobre bases de equidad, reciprocidad, igualdad y conveniencia nacional.'' Sentencia C-644 de 2004, M.P.R.E.G.. Salvamento parcial de voto del Magistrado R.U.Y., en cuanto a que el tratado internacional sujeto a revisión incluía asuntos ajenos al mismo. Salvamento de voto del Magistrado J.A.R., por considerar que el tratado aprobado violaba el artículo 9º de la Constitución Política sobre la libre autodeterminación de los pueblos.
La evolución del concepto de soberanía interna en el marco de las relaciones internacionales implica salvaguardar la autonomía del Estado en asuntos de regulación interna, pero ''concediendo especial atención a la adecuada articulación de los compromisos internacionales con el ejercicio de las competencias propias de nuestro Estado Social de Derecho, el cual propende tanto por la realización de los intereses nacionales como por la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.'' Sentencia C-249 de 2004, M.P.J.A.R.. Por ello, como se ha indicado en otras ocasiones, ''el ideal normativo que preside las relaciones internacionales del Estado, le impone a los representantes del pueblo colombiano al momento de negociar o asumir un compromiso internacional (C.P. art. 189 # 2), verificar que el contenido del tratado, en lugar de poner en riesgo las instituciones esenciales de nuestro ordenamiento constitucional, promueva su desarrollo y aplicación efectiva.'' Ibídem. En otra oportunidad se había indicado:''La racionalidad del derecho es la que exige pues que el orden interno no vulnere el orden internacional, pues sería el precedente para que la unilateralidad se proclamara con argumentos que podrían ser de fuerza y no de razón, es decir, de "capricho" y no de consenso. Por eso es que existen deberes y derechos eminentemente racionales -y en su extensión, universales, por lo que las diversas sociedades civiles, organizadas bajo la forma de Estado cada una de ellas, se hallan unidas entre sí por pactos que las vinculan en un ideal común objetivo. La base de todo el orden internacional, el fundamento de su construcción y progreso, no es otro distinto al respeto por el consenso, es decir el principio pacta sunt servanda, manifestación de la recta razón.'' (Sentencia C-319 de 1994. M.P.V.N.M.)
Lo anterior tiene dos consecuencias importantes en el marco de la Constitución. En primer lugar, si el Estado asume válidamente obligaciones internacionales, debidamente incorporadas al derecho interno, las mismas deben ser cumplidas de acuerdo con el principio P. sun servanda (art.9º C.P.) En la Sentencia C-400 de 1998, la Corte señaló también que los tratados internacionales debían cumplirse de buena fe conforme al artículo 83 de la Constitución Política, ''norma que se aplica también a las relaciones internacionales'' (M.P.A.M.C., salvamento de voto de los Magistrados V.N.M. y J.G.H.); en segundo lugar, si los tratados internacionales suscritos por Colombia conceden derechos a favor de particulares (nacionales o extranjeros), su observancia también está orientada por un deber de protección y efectividad (art. 2 C.P.). En esa medida, los tratados internacionales se erigen también como criterio de interpretación de la legislación interna.
Por tanto, en el contexto de la Constitución se impone un principio de armonización entre el derecho interno y las obligaciones internacionales del Estado, tal como señaló la Corte al referirse a las Convenciones de Viena de 1969 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aprobado por la Ley 32 de 1985. y de 1986 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, hecha en Viena el 21 de marzo de 1986, aprobada por la Ley 406 de 1997., en la medida que ''en virtud del principio P. sunt servanda, que encuentra amplio sustento en la Carta, como ya se ha visto, es deber de los operadores jurídicos aplicar las normas internas distintas de la Constitución de manera que armonicen lo más posible con los compromisos internacionales suscritos que tiene el país.'' Sentencia C-400 de 1998, M.P.A.M.C.. Salvamento de voto de los Magistrados V.N.M. y J.G.H.. (se subraya)
Así, al reconocerle fuerza jurídica interna a los tratados internacionales ratificados por Colombia, la Constitución protege aquélla interpretación que mejor permita armonizar el orden normativo interno y el internacional, de forma que el Estado no quede expuesto innecesariamente a incumplir sus obligaciones internacionales Sentencia C-358 de 1997, M.P.E.C.M.. Salvamento parcial de voto de los Magistrados V.N.M., J.G.H. y E.C.M., pues como expresamente lo establece el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ''una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.''
Además, debe tenerse en cuenta que en el marco del principio de reciprocidad que orienta el derecho de los tratados y que también constituye un referente constitucional (art. 226 C.P.), el incumplimiento del Estado Colombiano de sus compromisos internacionales puede afectar a su vez la efectividad de los derechos de los nacionales colombianos ante otros Estados. El artículo 60 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1965 (Ley 32 de 1985) se refiere a la posibilidad de un Estado de suspender la aplicación de un Tratado como consecuencia de su violación por parte de otro Estado. Puede verse la Sentencia T-557 de 2005, en la que la Corte se refirió a la reciprocidad en materia de exequatur. (M.P.A.B.S.). Igualmente, la utilización de los principios de reciprocidad y equidad como referentes de constitucionalidad puede encontrarse en la Sentencia C-492 de 1998, M.P., F.M.D., en la que se declaró la exequibilidad de la Ley 431 de 1998, ''por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Comercio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Malasia''; igualmente, en la Sentencia C-1144 de 2004, M.P.M.G.M.C., en la que se declaró exequible la Ley 884 de 2004 ''por medio de la cual se aprueba la Resolución número AG-1 de 1998 que modifica el convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica-BCIE, adoptada por la Asamblea de gobernadores del Banco.''
Sentencia nº 25000-23-25-000-2001-04381-01(2075-04) de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 15 de Marzo de 2007
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº de 8 de Mayo de 2007

References: artículo 25
 artículo 7
 artículo 7

Artículo 7
 artículo 116
 artículo 1502
 artículo 4
 Artículo 116
 artículo 7
 Artículo 116
 Artículo 227
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 58
 artículo 333
 artículo 116
 artículo 7
 artículo 29
 artículo 116
 resolución 
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 95
 artículo 116
 artículo 93
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 55
 artículo 4
 artículo 40
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 226
 Artículo 9
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 artículo 9
 artículo 9
 artículo 83
 artículo 27
 artículo 60
 Resolución