Source: https://tc.vlex.es/vid/-58123745
Timestamp: 2019-09-18 03:03:16+00:00

Document:
ATC 14/1991, 15 de Enero de 1991 - Jurisprudencia - VLEX 58123745
Fecha de Resolución: 15 de Enero de 1991
Número de Recurso: 401/1986
Mediante escrito de 7 de abril de 1986 la Junta de Galicia, representada por su Jefe de Gabinete de Asuntos Constitucionales planteó conflicto positivo de competencia frente al Gobierno de la Nación en relación a la Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 25 de noviembre de 1985, por la que se impone a la Caja de Ahorros de Galicia la sanción de 100 millones de pesetas de multa por operaciones de renta variable realizadas a través del Agente de Cambio y Bolsa de Barcelona, don Alejo Buxeres. Dicho conflicto se registró en el núm. 401/86.
La Sección Primera del Tribunal, por providencia de 12 de noviembre de 1990, acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 LOTC, conceder a las partes un plazo de diez días para alegar sobre los efectos que pueda tener, sobre el mantenimiento y resolución del conflicto planteado, la doctrina constitucional contenida en las SSTC 48/1988 y 49/1988.
La desaparición sobrevenida de la controversia competencial, aunque no contemplada expresamente por el art. 86.1 LOTC como forma de decisión del proceso constitucional, ha sido admitida por la doctrina de este Tribunal como forma de terminación del conflicto positivo de competencia (SSTC 110/1983 y 119/1986). En este tipo de proceso el órgano que promueve el conflicto plantea una reclamación competencial frente al órgano demandado, para cuya solución se solicita un pronunciamiento de este Tribunal acerca de la titularidad de la competencia controvertida (art. 66 LOTC). El conflicto positivo de competencia presupone, pues, la existencia de una controversia actual y concreta acerca de la titularidad de una competencia ejercida por el Estado o una Comunidad Autónoma, no habiendo lugar a pronunciarse este Tribunal una vez que haya desaparecido la controversia competencial entre las partes origen del proceso constitucional. Una vez admitido el conflicto positivo de competencia, puede extinguirse la controversia competencial entre las partes por diversas causas. El allanamiento de la parte demandada a la pretensión de la demandante puede provocar la desaparición de la controversia competencial, puesto que ésta requiere una oposición a la reivindicación competencial, sin cuya existencia, al no haber controvesia, no procede que se pronuncie este Tribunal (STC 119/1986 y ATC 1240/1988). También el pronunciamiento previo de este Tribunal con ocasión de otro conflicto de competencia frente a una disposición o acto dictado en el ejercicio de la misma competencia cuya titularidad se discute entre los mismos sujetos, en virtud de los efectos vinculantes que se atribuyen a las Sentencias del Tribunal que resuelvan conflictos de competencia (art. 164.1 C.E. y art. 61.3 LOTC), se extenderá más allá del caso planteado a todos aquellos en que se hubiera planteado idéntica diferencia competencial, con la consiguiente desaparición sobrevenida de la disputa competencial (STC 110/1983).
Asimismo, la desaparición de la controversia planteada en un conflicto de competencia puede sobrevenir por la previa resolución de recursos de inconstitucionalidad en los que se dilucide la constitucionalidad de normas con rango de Ley por infracción de la delimitación constitucional de competencias, de las que sean desarrollo o aplicación las disposiciones o actos impugnados por invasión de competencia en el conflicto, en la medida en que las Sentencias resolutorias de los recursos de inconstitucionalidad resuelvan sobre la conformidad con la distribución constitucional de competencias de un precepto legal del que dependa la validez de la disposición o acto impugnado en el conflicto, por un motivo competencial, o que de la doctrina contenida en la Sentencia acerca del alcance de la legislación básica se desprenda indubitadamente la titularidad del ejercicio de la competencia para dictar las normas de desarrollo o los actos de aplicación por el Estado o la Comunidad Autónoma. En estos supuestos, en virtud de los efectos de cosa juzgada atribuidos a las Sentencias de este Tribunal que resuelvan recursos de inconstitucionalidad (art. 164.1 C.E. y 38.1 LOTC), tendrán efectos vinculantes y generales tanto los pronunciamientos contenidos en el fallo, cualquiera que sea su sentido, como la doctrina jurisprudencial en que se basen los mismos. Efectos que se extenderán a la resolución de cualquier otro proceso constitucional en el que se reproduzca la misma controvesia entre las mismas partes sobre la titularidad de la competencia. Así, pues, la doctrina del Tribunal Constitucional sentada en la resolución de recursos de inconstitucionalidad, en la medida en que resuelva sobre la constitucionalidad de una Ley por infracción de la distribución de competencias en una materia, implica un pronunciamiento sobre una titularidad competencial que puede conllevar la extinción de la controversia competencial en los procesos resolutorios de conflictos de competencia en los que deba resolverse sobre la misma titularidad. Admitido y pendiente de resolución el conflicto de competencia, la Sentencia que ponga fin al proceso de control de constitucionalidad de una Ley puede extinguir la controversia competencial con efectos sobrevenidos, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento de este Tribunal en forma de Sentencia.
En el conflicto positivo de competencia promovido por la Junta de Galicia contra la Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 25 de noviembre de 1985, la controvesia competencial que se plantea puede resumirse en los siguientes términos: a quién corresponde, si a Galicia o al Estado, la titularidad de la competencia ejecutiva en materia de imposición de sanciones a las Cajas de Ahorros con domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia por infracciones cometidas fuera del mismo. Su reivindicación competencial la apoya la Junta de Galicia en lo establecido en los arts. 30.1.5 y 37 de su Estatuto de Autonomía y en el art. 18 de la Ley del Parlamento de Galicia 7/1985, de 17 de julio, de Cajas de Ahorros Gallegas, frente al Gobierno de la Nación que defiende el correcto ejercicio de dicha competencia en base a lo dispuesto por la Disposición adicional primera , uno, apartado segundo, de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Normas Básicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorros (en adelante, L.O.R.C.A.). Pues bien, partiendo de los términos en que se plantea la controversia en el conflicto de competencia, hay que señalar que ésta es reproducción de una de las planteadas previamente dentro de los recursos de inconstitucionalidad núms. 873 y 913/85, acumulados, interpuestos por el Gobierno de la Nación contra la Ley del Parlamento de Cataluña 15/1985, de 1 de julio, y la Ley del Parlamento de Galicia 7/1985, de 17 de julio, ambas sobre Cajas de Ahorros, y resueltos por la STC 48/1988; y en los recursos de inconstitucionalidad acumulados núms. 990, 991 y 1007/85, promovidos, respectivamente, por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, 54 Diputados y la Junta de Galicia contra la L.O.R.C.A., y resueltos por la STC 49/1988.
Sólo nos resta por señalar que el único efecto que produjo la interposición del conflicto de competencia, puesto que ni siquiera se pidió la suspensión del acuerdo impugnado (art. 64.3 LOTC), ha consistido, en su caso, en la suspensión del curso del proceso que pudo interponerse contra la sanción. Por ello es de especial trascendencia que se dé traslado de este Auto al Presidente de la Audiencia Nacional para conocimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
En virtud de la desaparición sobrevenida de la controversia planteada en el conflicto positivo de competencia, el Pleno del Tribunal acuerda dar por terminado el conflicto positivo de competencia núm. 401/867 promovido por la Junta de Galicia frente a la Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda de 25 de noviembre de 1985, por la que se impone a la Caja de Ahorros de Galicia la sanción de 100 millones de pesetas de multa por operaciones de renta variable realizadas a través del Agente de Cambio y Bolsa de Barcelona don Alejo Buxeres.Publíquese en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de Galicia», y comuníquese al Presidente de la Audiencia Nacional.Madrid, a quince de enero de mil novecientos noventa y uno.
STS 820/2002, 8 de Mayo de 2002
STSJ Comunidad Valenciana 2695/2006, 14 de Septiembre de 2006

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