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Timestamp: 2018-06-23 13:47:59+00:00

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República Dominicana: Utopía de una sociedad multiracial | los mulatos
admin	2015-09-28 2
El presidente de la república tiene la razón cuando dice “la República Dominicana no es una nación racista” porque todos tenemos el negro detrás de la oreja. Tampoco los es los Estados Unidos con su historia de la segregación racial, mucho menos lo es Brasil con la famosa democracia racial que no ha llenado las expectaciones y aspiración de la población de descendencia africana en esa nación, y ni hablar de Sudafrica con la historia del Apartheid, a pesar de su abolición y subsecuente llegada la poder de Nerson Mandela.
2 thoughts on “República Dominicana: Utopía de una sociedad multiracial”
2017-02-03 a las 11:41 PM
Una aclaración al respecto ! cuando se habla de de diversidad en la República Dominicana, no es ninguna utopía, los datos estan ahí para constratarlos y directamente en el suelo dominicano se puede constatar dicha diversidad ( 73% mulatos, mestizos, 16% blancos, 11% negros), eso sin decir que dentro de la población mixta existen todos los tonos de piel que se pueden imaginar y no se pueden etiquetar, cuando se dice que en la República Dominicana se discrimina al haitiano por ser negro, decirlo así a la ligera sin revisar la historia es faltar al desconocimiento y dar un carácter punitivo o sancionador sobre el caracter del dominicano, que ha sido historicamente sociable, cordial, solidario y humano entre las distintas razas de la isla y esto ha sido recogido por diferentes extranjeros, no hispanohablantes, aquienes les ha asombrado el trato que se daba entre los negros,blancos y mestizos en todas las clases sociales, cosa que no ocurrían en otras partes del continente, reflejaban ese caracter de hermandad en la población como el aspecto más llamativo entre las relaciones raciales en el país, cuando en otros lugares los negros aún permanecían siendo esclavos y bajo la opresión del látigo y ocupaban los niveles más bajos en la sociedad, eso no ocurría en RD, por otra parte en cuanto al tema haitiano por el mero hecho de ser negros, por el cúal por este motivo sean rechazados socialmente en República Dominicana, es desconocer que los haitianos fueron desde siempre un vecino amenazador a la paz de la parte española, tanto es así que intentaron invadir el país hasta en 17 ocasiones, consiguiendo finalmente conquistarlo por 22 años (1822-1844) y aún cuando los dominicanos se idependizaron de ello en 1844 continuaron su ofensiva hasta 1859 y sucesivos intentos beligerantes por parte de los haitianos de forma intermitente durante todo el s. XIX y parte del s. XX, por lo que se puede constatar que la República Dominicana siempre estuvo a la defensiva por el carácter imprevisible de los haitianos ( cuando éstos intentaban invadir RD se producian muertes, linchamientos, secuestros,etc ) esta historia de agresiones por parte de los haitianos provocó que en la psique del dominicano se desarrollara un estereotipo negativo de los haitianos, que eran negros e invasores crueles con los dominicanos, que eran mayoritariamente mestizos y blancos y a esos dos grupos los haitianos los odiaban por que los asociaban al poder francés blanco colonial y querian imponer una única raza en toda la isla, la raza negra, así que se puede deducir que ser negro haitiano en RD era pertenecer a una raza de agresores y los dominicanos que eran y son mayoritariamente mezclados se desligan de ese caracter poco amigable y negativo que historicamente ellos padecieron y en la actualidad se les sanciona que aún en la sociedad dominicana se niegue a asociarse a lo que he mencionado antes, incluso los mismos haitianos no comprendían a los negros dominicanos que se sintieran integrados en una sociedad mayoritariamente mixta, ya que los dominicanos negros no padecieron la crudeza de la esclavitud como se vivió en Haití y nunca tuvieron intención de sublevarse contra los mulatos o los blancos, sinó que se trataban como hermanos, cuando el haitiano negro los mataba ( a los blancos y mulatos )por tener sangre blanca, así que con esto quiero aclarar el que no se tache a los dominicanos como racistas tan a la ligera ! En cuanto a la controvertida ley TC 168/13 sólo corroboró lo ya existente y nunca modificado de la constitución desde 1929 (eso lo pueden constatar que así es) y posteriores decretos de los años siguientes, lo que ocurrió es que en la práctica no se estuvo haciendo de conformidad a lo establecido y se permitió una situación de ultraje e ilegalidad de la misma ley por parte del organismo que debía velar por la aplicación de ésta, se permitió que personas extranjeras ilegales se registraran como nacionales, aún cuando esto no era legal se permitió y por otra parte, personas que desde esa fecha 1929 nunca se preocuparon de hacerse documentación dominicana, viviendo en la ilegalidad, tal como ocurre como la enorme población en Haití que no poseen ningún documento identificativo, vivieron en la parte dominicana de igual manera, sin que las autoridades dominicanas les exigieran sus documentos legales para residir en el país tal como se acordó desde 1929 (repito) ! así una persona y sus descendientes no registrados en ningún lugar no pueden de exigir de forma agresiva lo que ellos mismo por irresponsabilidad no se preocuparon de arreglar de acuerdo a las leyes del país ! ocurre que una enorme población haitiana sin documentos que les identifique cruzan la frontera y las ONGs exigen que se les de nacionalidad dominicana por que son apátridas ( desde su país Haiti) y como no se puede demostrar que sean de allí por que Haití no los reconoce, entoncés deben ser dominicanos a la fuerza, es decir, existe realmente en RD dominicanos de ascendencia haitiana y estos pueden optar a su nacionalidad mediante la ley que sustituyó a la TC 168/13 para no lesionar los derechos de éstos en cuanto a su nacionalidad dominicana ( ley 169/14), lo siguiente es el modus operandis de los haitianos, como dije, cruzan la frontera hacia la parte dominicana sin documentación, cuando se les va a deportar el gobierno haitiano alega que son dominicanos de ascendencia haitiana, ya que no disponen de documentación haitiana para acreditarlo y reiteran que son apatridas dominicanos, una cosa sin sentido !!!
2017-02-04 a las 2:03 AM
Existen do tipo de verdades; la que tu tienes y la verdad de todo aquel que tiene conclusiones diferente a las tuyas y mas cuando esa verdad es producto del análisis subjetivo donde la emoción juega su papel para soportar las conclusiones de esas ideas, actitudes, y “verdades” que en muchos casos no son propia y mas cuando se habla de hechos históricos, conducta social, costumbre o tendencia adquirida por la gente.
Actitudes positivas y negativas de una sociedad y donde cada una las conclusiones legales los resultados están sujetos a las conclusiones subjetivas de quienes participan en dichas decisión como fue el caso del tribunal constitucional cuando desnacionalizo a miles de dominicanos de ascendencia haitiana primero por ser negro y segundo por ser pobre.
1. La xenofobia es una ideología que consiste en el rechazo de las identidades culturales que son diferentes a la propia. A diferencia del racismo, la xenofobia se plantea aceptar a los extranjeros e inmigrantes, siempre que se cumpla su asimilación sociocultural.
Tu utiliza los hechos históricos para justificar la xenofobia que sufren muchos dominicanos en contra de la Población haitiana. Te recomiendo que lea algún articulo que te explique sobre disonancia cognitiva para que entienda lo que tu estas diciendo y las razones detrás de tu conclusiones, algo que existe en muchos dominicanos.
2. El racismo es un sentimiento o comportamiento que consiste en la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico. Esta situación suele manifestarse como el menosprecio de otro grupo y supone una forma de discriminación.
Hace algún tiempo alguien que escribe para este sitio web, escribió un articulo Las “formas más sutiles de racismo” para entienda que cuando se habla de racismo estamos hablando de conductas, actitudes, prejuicios, ideas aprendidas, malos hábitos, frases negativa en contra de los negros, prejuicios aprendidos por los padres y ensenado a los hijos con el ejemplo sin ningún tipo de análisis serio mucho menos de la consecuencia negativa de estos prejuicios en contra de los negros en una nación afrodescendientes con ideas apoyadas en los prejuicios históricamente heredados por nosotros, un remanente de una sociedad esclavista como lo fue la hoy nación dominicana antes de la ocupación haitiana, realidad que el dominicano no se puede escapar razones por la cuales vemos a España como la Madre patria y hacemos todo lo posible de eliminar cualquier cosa que nos identifique como descendientes de esclavos negros.
Pero también te hablara del racismo histórico, del racismo institucionalizado, pero sobre todo del racismo social, el racismo literario, el racismo político, el racismo económico, mucho veces confundido con el clasismo que he aceptado por muchos dominicanos por costumbre y un sistema educativo deficiente donde los profesores en una gran mayoría tienen mentalidad de gente blanca, por el hombre blanco es quien siempre ha promovido o impuesto las normas de conducta al pueblo dominicano, un pueblo predominante mulato razones por la cuales a las niñas se le prohíbe usar un afro en la escuela negando nuestra herencia africana y nunca hemos tenido una mujer negra como mis República dominicana.
En la parte de abajo te dejo una parte de este articulo que sobre un estudio hecho a sociedad norteamericana cuando se mira la sociedad norteamericana frente al racismo, si tu quieres miras a la sociedad dominicana a través de estos ejemplos para entienda las diferentes tipos de racismo.
http://www.losmulatos.com/las-formas-mas-sutiles-de-racismo/
El rostro cambiante del racismo en la historia reciente, el racismo en América del Norte ha sufrido una transformación, especialmente después de la era de los derechos civiles cuando la creencia democrática consciente en la igualdad para los grupos directamente en conflicto con la larga historia del racismo la sociedad.
Aunque se ha escrito mucho sobre Formas de racismo, muchos estudios en el cuidado de la salud (Smedley & Smedley, 2005), educación (Gordon & Johnson, 2003), Empleo (Hinton, 2004), salud mental (Burkard & Knox, 2004), y otros entornos sociales (Sellers & Shelton, 2003) indican la dificultad de describir y definir la discriminación racial que se produce a través de “racismo aversivo” o “Sesgo implícito”; Estos tipos de racismo son difíciles de identificar, cuantificar
y rectificar debido a su sutil, nebulosa, y naturaleza anónima.
Sin una adecuada clasificación o comprensión de la dinámica del racismo sutil, permanecen invisibles y potencialmente perjudiciales para el bienestar, autoestima y nivel de vida de las personas de color (EE.UU. Departamento de Salud y Servicios Humanos). Irónicamente, se ha propuesto que las experiencias comunes cotidianas de la agresión racial que caracterizan el racismo aversivo puede tener una influencia significativamente mayor en la ira racial, frustración y autoestima que las formas abiertas tradicionales de racismo. Además, la naturaleza invisible de los actos de racismo aversivo impide a los
perpetradores de realizar y confrontar (a) su propia complicidad en la creación de dilemas psicológicos para las minorías y (b) su papel en la creación de las disparidades en el empleo, salud y educación.
Sobre la Sentencia TC/0168/13
Como dominicano es tu derecho defender lo que creer que es lo correcto, como dominicano es mi derecho de creer lo que yo creo que es correcto.
Mi falta de conocimiento de las leyes dominicanos cuando hablamos de la constitución tiene muchas limitaciones, discutir contigo las razones legales, históricas, penales, judiciales, raciales, humanas y inmorales de esta sentencia es algo que cada quien debe asumir, por ese lado tu conoce mi posición en cuanto a a la decision del tribunal constitucional en cuanto a la sentencia. Como no soy Abogado te dejo lo piensa un Abogado que sabe mas que yo sobre derechos constitucionales y violaciones a la constitución dominicana y las leyes internacionales por esta sentencia y la conclusiones jurídicas sobre su decisión en contra de esta sentencia racista y xeonofobica.
Numeral 1. Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el
país en representación diplomática o los que estén de tránsito en él.
2.3. El Diccionario Manual de la Lengua Española define “en tránsito” como la persona que viaja de un punto a otro, que se encuentra esperando un
trasbordo en un aeropuerto intermedio entre la ciudad de salida y la de llegada. Es decir, se trata de pasajeros que hacen estadías por corto tiempo,
antes de llegar a su destino final, de esta definición se infiere, que transeúnte es aquel que está de tránsito en el país, por un período corto de
2.4. Discrepamos de la decisión mayoritaria expresada en este caso, porque entendemos que la disposición que debe ser aplicable a la recurrente, es
la parte capital del referido artículo 11 de la Constitución de 1966: “todas las personas que nacieren en el territorio de la República” que es el
fundamento del Jus Soli y no la segunda excepción del numeral 1, en razón de que la prolongada permanencia de sus padres en el país, aunque de manera
ilegal, no configura la condición de extranjeros en tránsito. El hecho de que la recurrente naciera en territorio dominicano, ya le otorgaba el derecho
2.5. El Reglamento núm. 279, del doce (12) de mayo de mil novecientos treinta y nueve (1939), para la aplicación de la Ley de Inmigración núm. 95, de
mil novecientos treinta y nueve (1939), en su sección V, titulada Transeúntes, en su literal a, define extranjeros en tránsito como: “aquellos que
entran a la República con el propósito principal de proseguir al través del país con destino al exterior (…)”.
A continuación el contenido del Voto Disidente de la jueza del Tribunal Constitucional (TC), Isabel Bonilla Hernández sobre la Sentencia TC/0168/13.
Referencia: Expediente núm. TC-05-2012-0077, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la
señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, contra la Sentencia núm. 473/2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, en fecha diez (10) de julio de dos mil doce (2012).
En dicha sentencia el TC establece que los hijos e hijas nacidos/as en el país de padres extranjeros en tránsito no les corresponde la nacionalidad
dominicana, aplicando rectroactivamente la ley para desnacionalizar a miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, nacidos/as en
República Dominicana hace varias décadas.
En ejercicio de la facultad prevista en los artículos 186 de la Constitución Dominicana, y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional
y de los Procedimientos Constitucionales.
Con el debido respeto al criterio mayoritario expresado en esta decisión, y en virtud de la posición asumida en la deliberación de la misma, procedemos
a emitir un voto disidente sustentado en la discrepancia con la ratio decidendi
1.1. Esta decisión trata del recurso de revisión constitucional en materia de amparo, interpuesto por la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, contra
la Sentencia núm. 473-2012, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Monte Plata, en fecha diez (10) de julio de dos
mil doce (2012), invocando la violación a derechos fundamentales, tales como: el derecho a la personalidad jurídica, al nombre, derecho al trabajo, y
sus derechos de familia, ya que la referida sentencia, la dejó “en un estado de indefinición” porque el juez de amparo no se pronunció sobre el fondo
del asunto por ella planteado: el reclamo a que la Junta Central Electoral le hiciera entrega de su Cédula de Identidad y Electoral.
1.2. Al iniciar la contestación de la decisión mayoritaria de este honorable tribunal constitucional, consideramos pertinente referirnos a los siguientes
1.2.1.1. El artículo 7 de la Constitución establece que: La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de
república unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e
1.2.1.2. En este ámbito, el centro del Estado es la persona humana y el respeto a su dignidad, en el que el Estado se obliga a garantizar el pleno
ejercicio de los derechos fundamentales de los que habitan en su territorio, sean nacionales o extranjeros, en un plano de igualdad. Es decir, la
función esencial del Estado es procurar los medios que les permitan a las personas perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, en
un marco de libertad individual y de justicia social compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos (as), tutelados
por la justicia. El paradigma Estado Social y Democrático de Derecho, supone que gobernantes y gobernados están sometidos al imperio de la ley,
única vía para evitar el ejercicio arbitrario del poder.
En su artículo 2 dispone lo siguiente: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de la
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición (…)”.
El artículo 5 de la Constitución Dominicana establece: La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de
la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas.”, en el mismo sentido el artículo 38 consigna que: El Estado se fundamenta en el
respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad
del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos; y
especialmente del Tribunal Constitucional por mandato expreso del artículo 184 de la Constitución.
Artículo 2: La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en
Artículo 3: La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos
organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los
asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos
que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional
1.2.3.2. En ejercicio de su soberanía, el Estado Dominicano en su fuero interno determina por medio de la Constitución y las leyes, a cuales personas
otorga su nacionalidad y la forma en que la revoca.
1.2.3.3. Cuando el Estado participa como ente de la comunidad internacional, asume los compromisos de proteger los derechos humanos. Los acuerdos,
convenios y tratados, que son ratificados por el Estado Dominicano, se convierten en parte de su sistema jurídico interno, tal y como lo establece el
artículo 74, numeral 3 de la Constitución: Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado
dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado.
1.2.3.4. El conjunto de los instrumentos internacionales de derechos humanos, es lo que se denomina Bloque de Constitucionalidad, tal y como lo
establece la Honorable Suprema Corte de Justicia, en función de Sala Constitucional, en la Resolución No. 1920, de fecha 13 de noviembre de 2003,
cuando fija su criterio en relación al principio de constitucionalidad: La República Dominicana, tiene un sistema constitucional integrado por
disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas esenciales: a) la nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia
constitucional local tanto la dictada, mediante el control difuso como por el concentrado, y b) la internacional compuesta por los pactos y convenciones
internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; fuentes normativas que en su conjunto, conforme a la mejor doctrina, integran lo que se ha denominado bloque de constitucionalidad, al cual está sujeta la validez formal y material de toda la legislación adjetiva o secundaria.
1.2.3.5.1. Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen carácter vinculante para todos los Estados que han
ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que además hayan reconocido la competencia de la Corte. El Estado Dominicano, en fecha
veinticinco (25) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), reconoció la competencia de la Corte, en virtud del artículo 62 de la citada
1.2.3.5.2. En el marco del derecho internacional, es un principio fundamental que los Estados que han suscrito tratados, se comprometen a cumplir
las obligaciones contraídas de buena fe, de conformidad con la jurisprudencia internacional “pacta sunt servanda”, las obligaciones convencionales
de los Estados Partes, vinculan a todos los poderes y órganos del Estado, es decir, vinculan no sólo al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
sino a otras ramas del poder público y sus autoridades a cumplirlas de buena fe.
1.2.3.5.3. De conformidad con los artículos 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los estados partes reconocen que los fallos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son definitivos e inapelables y no pueden ser impugnados o revisados en el ámbito interno. En ese
sentido, la CIDH ha establecido que: todas las autoridades estatales están en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre
las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.
1.2.3.5.4. De su lado, la Ley núm. 137-11, en el Título I, de la Justicia Constitucional y sus Principios, contempla en su artículo 7 numeral 5,
“El Principio de Favorabilidad”, el cual establece que: La Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo
que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. Cuando exista conflicto entre normas integrantes del bloque
de constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del derecho vulnerado. Si una norma infraconstitucional es más favorable para
el titular del derecho fundamental que las normas del bloque de constitucionalidad, la primera se aplicará de forma complementaria, de manera tal
que se asegure el máximo nivel de protección. Ninguna disposición de la presente ley puede ser interpretada, en el sentido de limitar o suprimir el
goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales; es decir la jurisdicción Constitucional no puede agravar la situación jurídica de la
persona que alega vulneración a sus derechos fundamentales, el objetivo es procurar que el titular del derecho, pueda ejercerlo de manera óptima y
eficaz. Este tribunal en vez de subsanar el estado de indefinición en que se encontraba la recurrente al momento de su recurso, ha agravado su
situación, mediante esta sentencia que la declarara extranjera y desconoce su nacionalidad, lo que constituye una franca inobservancia al principio
de favorabilidad.
1.2.3.5.5. El Tribunal Constitucional en sus decisiones está comprometido a observar un estricto apego a las normas internacionales de derechos humanos,
tales como: la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, las Sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y de cualquier otra instancia supranacional, a la cual le haya reconocido su competencia, para garantizar
el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas que se encuentren en su territorio; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, de
la referida ley núm. 137-11, que señala expresamente: En el cumplimiento de sus funciones como jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional
sólo se encuentra sometido a la Constitución, a las normas que integran el bloque de constitucionalidad, a esta Ley Orgánica y a sus reglamentos.
2.1. Considerando que el Tribunal Constitucional ha entendido que en el presente recurso de revisión subyace un interés de reconocimiento de la
nacionalidad dominicana de parte de la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre. Sin que la recurrente lo haya planteado en sus pretensiones, el Tribunal
procedió a analizar si le reconocía o no la calidad de nacional dominicana.
2.2. En su análisis, el Tribunal Constitucional al interpretar el artículo 11 de la Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966), vigente al
momento del nacimiento y declaración de la recurrente, concluyó que ella no es dominicana, en virtud de la segunda excepción contenida en el numeral
1 de dicho artículo referida a la condición de extranjeros en tránsito, que consideró aplicable a sus padres.
2.6. La Ley núm. 95/39, conforme con la Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966), y el sistema del Jus Soli, establece en su artículo 10
numeral 10, párrafo segundo que: Las personas nacidas en la República Dominicana, son consideradas nacionales de la República Dominicana, sean nacionales
o no de otros países, consecuentemente deberán usar documentos requeridos a los nacionales de la República Dominicana. Es por esto, que cuando los
padres de la recurrente acuden por ante el Oficial del Estado Civil del Municipio de Yamasá, a declarar el nacimiento de su hija, lo hacen en razón del
vínculo que esta tiene con el suelo en el que ha nacido. La presentación de sus documentos, (fichas que lo identifican como braceros) es fundamentalmente
como prueba de la filiación con ella, ya que como extranjeros no tienen que probar su vínculo con el país, pues lo relevante en el sistema de Jus Soli,
es que un niño o niña haya nacido en el territorio del Estado.
2.7. A este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que: (…) la Sección V del Reglamento de Migración de la República
Dominicana núm. 279 de 12 de mayo de 1939, vigente al momento de la solicitud de inscripción tardía de nacimiento en el presente caso, la cual es
clara al establecer que el transeúnte tiene solamente la finalidad de pasar por el territorio, para lo cual se fija un límite temporal de no más de diez
días. La Corte observa que, para considerar a una persona como transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se utilice,
el Estado debe respetar un límite temporal razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no puede ser
equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito.
2.8. Que el Tribunal Constitucional haya calificado como extranjeros en tránsito a los padres de la recurrente a la luz de la Constitución de mil
novecientos sesenta y seis (1966), y de la Ley núm. 95, de mil novecientos treinta y nueve (1939), tiene como consecuencia desconocer su calidad de
nacional dominicana. Los honorables magistrados no tomaron en consideración que el nacimiento en el país de personas de descendencia haitiana, tiene
su origen en el ingreso a República Dominicana de sus ascendientes, como trabajadores temporeros para el corte de la caña o como trabajadores agrícolas,
contratados, unas veces por el Estado y otras veces por empresas privadas; se trata pues, de personas que una vez vencidos sus contratos de trabajo,
no regresaron a Haití, se asentaron en suelo dominicano y han permanecido en el país de manera ilegal durante muchos años, por lo que no pueden ser
considerados extranjeros en tránsito.
2.9. Las personas nacidas en territorio de la República Dominicana, durante la vigencia de la Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966),
hijas e hijos de padres haitianos residentes ilegales en el país, como en el caso de la recurrente, están protegidos por el Jus Soli, por el hecho de
su nacimiento, y por generar en el país, vínculos de diversas índole. En este sentido, en la sentencia Yean y Bosico, de fecha ocho (8) de septiembre
de dos mil cinco (2005), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que: En un sistema de jus soli, sólo hace falta el hecho de que
un niño (a) haya nacido en el territorio del Estado y que la condición migratoria de sus padres no puede ser una condición para el otorgamiento de la
nacionalidad, exigir la prueba de la misma, constituye una discriminación.
2.10. Los asuntos relacionados con la nacionalidad han sido competencia de la jurisdicción interna, no obstante y en consonancia con principios de
derecho internacional, esta competencia se ha visto sometida a limitaciones en interés de evitar la conculcación de derechos relativos a la personalidad
jurídica, condición esencial para el disfrute y ejercicio de otros derechos fundamentales.
2.11. En relación con este tema, la Corte Internacional de Justicia, ha considerado la nacionalidad como un vínculo jurídico que posee en su base un
hecho social de cohesión, de adhesión, es decir, una unión efectiva de existencia, intereses y sentimientos, en donde los factores tales como la historia,
la lengua, y la cultura juegan un papel preponderante. Este vínculo se prueba a través de cualquier hecho o acción por parte del individuo o el Estado
que demuestre una relación entre ambos.
2.12. La importancia de la nacionalidad reside en que ella, como vínculo jurídico y político que liga una persona con un Estado determinado, permite que
el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades propias de la pertenencia a una comunidad política. De esta manera, la nacionalidad se
convierte en un prerrequisito para el ejercicio de determinados derechos.
2.13. En conclusión, en cuanto al aspecto de la nacionalidad, consideramos que el criterio mayoritario ha interpretado de forma errónea el artículo 11
de la Constitución dominicana de mil novecientos sesenta y seis (1966) y ha centrado la controversia en el estatus migratorio de los padres de la
recurrente y no en la demanda de entrega por parte de la Junta Central Electoral de sus documentos de identidad y electoral, ni en el estado de
indefinición que le ha provocado la privación del ejercicio de sus derechos civiles y políticos, en violación a lo dispuesto por el artículo 3 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.
2.14. La Convención establece en su artículo 18 que los Estados tienen la obligación, no sólo de proteger el derecho al nombre, sino también la de brindar
las medidas necesarias para facilitar el registro de la persona, inmediatamente después de su nacimiento. Es decir, los Estados deben garantizar que
la persona sea registrada con el nombre elegido por sus padres. El nombre y los apellidos son esenciales para establecer formalmente el vínculo entre
la persona, la sociedad y el Estado.
2.15. Restringir el derecho al nombre y al registro de la persona, es lesionar la dignidad humana, tal es el caso de la recurrente, que luego de haber
sido inscrita en el Registro Civil, ha sido despojada de sus documentos de identidad, por una autoridad administrativa, sin que un Tribunal competente
haya pronunciado su validez o nulidad de los mismos, mediante una sentencia con autoridad de cosa juzgada, lo que constituye una vulneración a las
garantías de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, consignadas en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
2.16. Estas garantías fundamentales han sido refrendadas por el Tribunal Constitucional en su sentencia TC-0010-12, cuando expresa que un funcionario
en sus actuaciones, aun en ejercicio de aquellas facultades discrecionales, debe dar motivos razonables y por escrito. Con esta sentencia el Tribunal
procuró cerrar las posibilidades del ejercicio arbitrario de la administración pública, incompatible en un estado de derecho.
3.1. El principio de irretroactividad de la ley significa que ésta opera hacia el porvenir y no puede afectar las consecuencias jurídicas anteriores a
su puesta en vigencia. Es decir, la ley se aplica en forma inmediata y hacia el futuro, no puede afectar la existencia de hechos, actos o efectos
jurídicos derivados de una ley anterior, salvo que la nueva ley resulte más favorable para el que este subjudice o cumpliendo condena.
3.2. El objetivo principal de la irretroactividad de la ley es proteger la seguridad jurídica al mantener situaciones consolidadas con anterioridad,
fortaleciendo la confianza del ciudadano en el ordenamiento jurídico, evitando el temor al cambio súbito de la legislación; lo que generaría incertidumbre
e inestabilidad, razón por la que la irretroactividad impide que la nueva ley valore hechos anteriores a su existencia, modifique los efectos resultantes
de la ley anterior y anule derechos reconocidos por esta.
3.3. La Corte Constitucional de Colombia en su sentencia C-549/93, al valorar el principio de irretroactividad de la ley y su importancia para la seguridad
jurídica, afirma lo siguiente: “La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídicas, que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia”.
3.4. En el recurso de revisión, la recurrida, invoca el principio de irretroactividad para justificar su negativa de entregar a la recurrente su cédula
de identidad y electoral, en que si lo hiciera violaría los artículos 11 y 47 de la Constitución de 1966, vigente al momento de la declaración de la
recurrente, y los artículos 6 y 18 de la Constitución de 2010.
3.5. El artículo 47 de la Constitución de 1966, (artículo 110 de la del 2010), establecía: La Ley solo dispone y se aplica para lo por venir. No tiene
efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que este sub-judice o cumpliendo condena. En ningún caso la ley ni poder público alguno podrán afectar
o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.
3.6. En sentido contrario, somos de opinión que como se violaría el principio de irretroactividad de la ley consignado en el artículo 47 de la Constitución
de mil novecientos sesenta y seis (1966) y 110 de la Constitución de dos mil diez (2010), sería si en este caso se aplicara el criterio establecido por
la honorable Suprema Corte de Justicia en la sentencia del catorce (14) de diciembre de dos mil cinco (2005), -al decidir el recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley núm. 285-04-, y que sirve de sustento a la tesis que iguala a los extranjeros en tránsito con los extranjeros residentes ilegales.
3.7. En este contexto, igualar la condición de extranjero en tránsito con la de extranjero residente ilegal, es violatorio al principio de irretroactividad
de la ley, porque la Constitución dominicana, hasta la reforma del dos mil diez (2010), guardó silencio en lo relativo a los extranjeros residentes
ilegales para los fines de nacionalidad; Es en su artículo 18, numeral 2, que se establece que son dominicanas y dominicanos, “quienes gocen de la
nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta constitución”, razón por la cual el derecho a la nacionalidad de la recurrente otorgado
por la Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966), está reconocido en la Constitución de dos mil diez (2010).
3.8. El numeral 3, del referido artículo 18 de la Constitución expresa, que son dominicanos y dominicanas: Las personas nacidas en territorio nacional,
con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan
ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas.
En ese tenor, la Ley General de Migración núm. 285, de fecha veintiuno (21) de Julio de dos mil cuatro (2004), en su artículo 36 numeral 10 expresa:
“Los no residentes son considerados como personas en tránsito para los fines de aplicación del artículo 11 de la constitución” (el artículo 11, de
la Constitución de 1966, es sustituido por el artículo 18 en la Constitución del 2010).
3.9. El criterio mayoritario aplica estas disposiciones al caso de la recurrente, retrotrayendo sus efectos al 1 de abril de 1984, fecha de su nacimiento,
lo que equivale a vulnerar el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el Articulo 2 del Código Civil Dominicano que expresa: “La ley no
dispone sino para el porvenir: no tiene efecto retroactivo”.
4.1.1. La razón fundamental de esta decisión (ratio decidendi) de considerar que personas extranjeras que han residido en el país de manera ilegal
por varios años son extranjeros en tránsito o transeúntes, constituye una interpretación errónea, pues en nuestro criterio, las personas en tránsito
o transeúntes son aquellas que permanecen por corto tiempo en un país que no es su destino final, que no es el caso de los padres de la recurrente,
pues su larga permanencia en el país, aunque de manera ilegal, no permite la calificación de transeúntes o extranjeros en tránsito.
4.1.2. Como consecuencia de esta interpretación restrictiva y con carácter retroactivo, esta sentencia declara a la recurrente como extranjera en el
país en el que ha nacido, apartándose del precedente vinculante ya establecido por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y del Bloque de
4.1.3. La decisión objeto de este voto disidente, en su Ordinal Cuarto ordena a la Dirección General de Migración otorgar a la recurrente un permiso
especial de estadía temporal en el país, hasta tanto se determine su regularización, desconociendo el derecho de esta a residir en su país de origen,
con el que ha creado vínculos sociales y culturales de permanencia, esta medida se traduce en una penalidad por el estatus migratorio de sus padres.
4.1.4. Desde nuestra óptica, esta decisión contradice la misión de este Tribunal Constitucional, de preservar la supremacía de la Constitución, el
respeto a la dignidad humana y el pleno goce de los derechos fundamentales, en un plano de igualdad y de conformidad con el Bloque de Constitucionalidad.
5.1.1. Ordenar a la Junta Central Electoral, la entrega pura y simple, sin ninguna condición, de los documentos solicitados por la señora Juliana
Dequis (o Deguis) Pierre. (Centro de la controversia y fundamento de su recurso).
5.1.2. Amparar y reconocer el derecho a la nacionalidad dominicana de la recurrente, por haber nacido en territorio dominicano. En razón de que
el Tribunal decidió abordar una “pretensión subyacente” a la demanda de la recurrente.

References: artículo 11
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 38
 artículo 184

Artículo 2

Artículo 3

artículo 74
 Resolución 
 artículo 62
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 18
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 36
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 18