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Timestamp: 2019-02-21 19:47:16+00:00

Document:
- Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Publicado en el BOE el 4 de septiembre. Lleva a cabo la transposición al ordenamiento español de la Directiva 2014/50/UE, de 16 de abril de 2014, modificando la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. También amplia en dos años el plazo inicial de entrada en vigor de las previsiones de la disposición final séptima de la Ley 39/2015 en lo relativo al registro electrónico de apoderamientos, el registro electrónico, el registro de empleados públicos habilitados, el punto de acceso general electrónico de la Administración y el archivo electrónico.
- Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
Publicado en el BOE el 8 de septiembre. Regula la seguridad de las redes y sistemas de información utilizados para la provisión de los servicios esenciales y de los servicios digitales, y establecer un sistema de notificación de incidentes. Así mismo, establece un marco institucional para la aplicación de este real decreto-ley y la coordinación entre autoridades competentes y con los órganos de cooperación relevantes en el ámbito comunitario.
- Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
Publicado en el BOE el 29 de septiembre. Tiene como finalidad completar la transposición en normas de rango legal de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE; la Directiva 2016/1034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2016, por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros; así como de la Directiva Delegada 2017/593/UE de la Comisión de 7 de abril de 2016 por la que se complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios.
- Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor.
Publicado en el BOE el 29 de septiembre. Da respuesta al conflicto entre las plataformas VTC y el sector del taxi. Modifica el artículo 91 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, determinando que la autorización de arrendamiento de vehículos con conductor de ámbito nacional habilita, exclusivamente, para realizar servicios de carácter interurbano. También permite que sean los órganos que ostenten competencias en materia de transporte urbano los que, en el ejercicio de éstas, determinen las condiciones en las que podrán ser autorizados y prestados los servicios de transporte de viajeros íntegramente desarrollados en su ámbito territorial, incluidos los que se realizan en la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor.
Se prescribe, además, que, como regla general, el origen de la prestación de servicios debe encontrarse dentro de la comunidad autónoma donde se encuentra domiciliada la correspondiente autorización.
- Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan los títulos Preliminar, II y III de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Publicado en el BOE el 29 de septiembre. Su finalidad es regular su ámbito de aplicación previsto en el título preliminar de la Ley 3/2015, la forma en que han de efectuarse las diferentes declaraciones previstas en la ley, así como su contenido, los procedimientos para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones y, en general, todos los preceptos de aquella que requieran desarrollo reglamentario contenidos en sus títulos II y III.
- Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.
Publicado en el BOE el 29 de septiembre. Actualiza los valores referidos, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32.2 Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
- Real Decreto 1162/2018, de 14 de septiembre, por el que se regula la Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado.
Publicado en el BOE el 29 de septiembre. Regula las atribuciones, la composición y el funcionamiento de la Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado, que se configura como el órgano colegiado responsable de coordinar la actuación de la Administración periférica del Estado con los distintos departamentos ministeriales. Deroga el Real Decreto 119/2003 por el que se crea y regula la Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado.
- Orden JUS/152/2018, de 12 de septiembre, por la que se establece el nivel de sujeción de las fundaciones y de las asociaciones declaradas de utilidad pública a los instrumentos de transparencia establecidos por la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública.
Publicada en el DOGC el 17 de septiembre de 2018. Tiene por objeto fijar los criterios y el alcance de la sujeción de las fundaciones y de las asociaciones declaradas de utilidad pública a los instrumentos de transparencia de la información establecidos por el artículo 6 de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública. En concreto, se dispone que las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública de dimensión reducida, de dimensión mediana y de gran dimensión, respectivamente, y que reciben fondos públicos, tienen que hacer públicos “los concursos, los contratos y las licitaciones”, entre otros datos.
- Conflicto Positivo de Competencia núm. 3977-2017, planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de diversos preceptos del Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión
Publicado en el DOGC el 13 de septiembre. Estima parcialmente el conflicto positivo de competencias y declara que son contrarios al orden constitucional de distribución de competencias y, en consecuencia, inconstitucionales y nulos ciertos preceptos del Real Decreto 264/2017, de 17 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas de alta tensión a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el asunto C-518/17, sobre la aplicación a los contratos de servicio público de transporte en autobús de la obligación de publicidad prevista en el artículo 7 del Reglamento 1370/2007
El día 20 de septiembre de 2018 el TJUE ha emitido esta sentencia en la que determina que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento 1370/2007 debe interpretarse en el sentido de que la obligación de información previa que establece, relativa a tener que publicar ciertos datos en el DOUE a más tardar un año antes del inicio del procedimiento, se aplica a contratos de servicio público de transporte en autobús que, en principio, se adjudican conforme a los procedimientos previstos en la Directiva 2014/24/UE o en la Directiva 2014/25/UE. Asimismo, concluye que el incumplimiento de esta obligación de información previa no supone la anulación de la licitación controvertida cuando se respeten los principios de equivalencia, efectividad e igualdad de trato, lo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el asunto C-546/16, sobre la posibilidad de que un procedimiento abierto se articule en varias fases
El día 20 de septiembre de 2018 el TJUE ha emitido esta Sentencia, en la cual se pronuncia sobre si la Directiva 2014/24 se opone a una legislación nacional –en concreto, al artículo 150, apartado 4, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público– que permite que los poderes adjudicadores establezcan en los pliegos de un procedimiento abierto criterios de adjudicación que operan en fases sucesivas eliminatorias para las ofertas que no superan un umbral mínimo de puntuación predeterminado.

References: Real Decreto 
 artículo 91
 Real Decreto 
 artículo 32
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 150