Source: https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDD201004270382.CODI.%29
Timestamp: 2020-07-14 17:25:53+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 382, de 27/04/2010
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Nombramiento ... (Página 5)
162/000382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la cesión de instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas a las poblaciones donde están situadas. Retirada ...
162/000395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización.
Retirada ... (Página 5)
161/001660 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el desmantelamiento de asentamientos ilegales como obstáculo para la paz en Jerusalén Este ... (Página 6)
161/001661 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso del trabajo de la cumbre de seguridad nuclear de Washington y de la conferencia de examen del Tratado sobre la No Proliferación de las armas nucleares (TNP) de Nueva York ... (Página 6)
161/001654 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al traslado del cuartel de la Guardia Civil situado en la carretera Mahón-Sant Lluis, en Menorca ... (Página 8)
161/001656 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la reducción del tipo de interés de demora para todos aquellos contribuyentes que soliciten aplazamientos o fraccionamiento en el pago de sus deudas tributarias ... (Página 8)
161/001655 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las anulaciones de las liquidaciones de la tarifa T3 emitidas por las autoridades portuarias ... (Página 9)
161/001657 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al proyecto de reforma de la N-VI a su paso por el municipio de Coirós (A Coruña), en concreto en el enlace de Queiris ...
161/001663 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para desarrollar una estrategia integral de las Administraciones Públicas implicadas en materia de acogida, integración social y reintegración familiar de menores extranjeros no acompañados ...
161/001652 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la banda ancha doméstica a través de ADSL ... (Página 13)
161/001653 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un espacio sociosanitario en el Sistema Nacional de Salud ... (Página 13)
161/001658 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ampliación y actualización de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud ... (Página 14)
161/001662 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre protección de las ONG en Israel y en los territorios palestinos ocupados ... (Página 15)
161/001659 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la realización de una encuesta sobre violencia de género, en la que se incluyan preguntas específicas referidas a la situación de discapacidad de la víctima de la violencia de género ...
181/002620 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre conocimiento por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del incidente ocurrido entre autoridades gibraltareñas y la Guardia Civil, cuando una lancha española de ésta se encontraba observando cómo despegaban los aviones de la Royal Air Force (RAF) ... (Página 17)
181/002621 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre previsiones acerca de presentar queja formal ante el Gobierno británico sobre el incidente ocurrido el pasado día 11/03/2010, cuando una lancha española de la Guardia Civil se encontraba observando cómo despegaban los aviones de la Royal Air Force (RAF) en la zona del Peñón ... (Página 17)
181/002632 Pregunta formulada por el Diputado don Domingo Miguel Tabuyo Romero (GS), sobre líneas básicas del taller de seguridad vial TASEVAL creado para condenados a trabajos en beneficio de la comunidad por infracciones de tráfico ... (Página 18)
181/002619 Pregunta formulada por el Diputado don Ángel Luis González Muñoz (GP), sobre previsiones acerca de respetar el acuerdo del Ayuntamiento de Antequera (Málaga) solicitando el soterramiento del AVE ... (Página 18)
181/002633 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre previsiones acerca de unir por tren Valencia y Alicante ...
181/002641 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre número de ciudades españolas con las que Madrid tendrá conexión mediante alta velocidad ferroviaria a finales del año 2010 ...
181/002642 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre previsiones acerca de la ejecución del Plan de Extensión de Cercanías ferroviarias suscrito con la Comunidad de Madrid ... (Página 18)
181/002643 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Gloria Gómez Santamaría (GS), sobre fechas previstas para la finalización de las obras en el aeropuerto de Parayas y coste de las mismas ... (Página 19)
181/002644 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Gloria Gómez Santamaría (GS), sobre valoración de la primera fase del proyecto para la integración de la totalidad de la vía estrecha a la Tarjeta del Transporte de Cantabria ... (Página 19)
181/002645 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Pezzi Cereto (GS), sobre compromisos acordados entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía en materia ferroviaria, especialmente para el desarrollo del Corredor Ferroviario Transversal ... (Página 19)
181/002646 Pregunta formulada por el Diputado don José Manuel Bar Cendón (GS), sobre coste durante el ejercicio 2009 de las subvenciones al tráfico de pasajeros y mercancías, por vía aérea y marítima, entre la península y las Islas Baleares, y entre las propias islas del archipiélago balear, para compensar los costes derivados de la insularidad ... (Página 19)
181/002618 Pregunta formulada por la Diputada doña Macarena Montesinos de Miguel (GP), sobre medidas previstas durante el año 2010 para impulsar el turismo en la Comunitat Valenciana ... (Página 19)
181/002627 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Montón Giménez (GS), sobre valoración de las medidas de empleo recogidas en la Declaración del Trío de Presidencias sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres firmada en Valencia el día 26/03/2010 ... (Página 19)
181/002628 Pregunta formulada por la Diputada doña Francisca Medina Teva (GS), sobre objetivos que se persiguen con la puesta en marcha de la página web www.igualdadenlaempresa.es ... (Página 20)
181/002629 Pregunta formulada por la Diputada doña Francisca Medina Teva (GS), sobre valoración de la puesta en marcha del Plan de acción para la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad de la información ...
181/002630 Pregunta formulada por la Diputada doña Francisca Medina Teva (GS), sobre objetivo y acciones que se incluyen en la campaña "Educando en igualdad" ... (Página 20)
181/002631 Pregunta formulada por la Diputada doña Carmen Calvo Poyato (GS), sobre impulso de los mensajes que ayuden a alcanzar la meta de la igualdad entre hombres y mujeres y de los estudios de género en el panorama educativo ... (Página 20)
181/002634 Pregunta formulada por el Diputado don José Alberto Cabañes Andrés (GS), sobre inclusión de la perspectiva de género en el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana ... (Página 20)
181/002635 Pregunta formulada por el Diputado don José Alberto Cabañes Andrés (GS), sobre objetivos que se pretende conseguir con el "Distintivo de Igualdad en la Empresa" ... (Página 20)
181/002636 Pregunta formulada por el Diputado don Daniel Méndez Guillén (GS), sobre conclusiones de la Conferencia de Juventud de la UE "Empleo Joven e Inclusión Social", celebrada el día 14/04/2010 en Jerez (Cádiz) ... (Página 21)
181/002638 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Trujillo Garzón (GS), sobre momento en el que se halla el Plan de Impulso a la Juventud Europea ... (Página 21)
181/002639 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Trujillo Garzón (GS), sobre objetivos que se buscan en la convocatoria para financiación de políticas locales de juventud del Ministerio de Igualdad y la FEMP ...
181/002640 Pregunta formulada por la Diputada doña Antonia García Valls (GS), sobre previsiones acerca del proyecto "Objetivo 15: Equilibrio en los Consejos de Administración" ... (Página 21)
181/002637 Pregunta formulada por la Diputada doña Antonia García Valls (GS), sobre número de estaciones de ferrocarril en las que se ha actuado desde el año 2004 para eliminar barreras arquitectónicas o hacerlas accesibles, en la provincia de Castellón ... (Página 21)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 14 de abril de 2010 el Excmo.
Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Ana Gutiérrez Calvo, a propuesta del Excmo. Sr. D. José Luis Ayllón Manso, con efectos de 15 de abril de 2010 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Retirada de su Proposición no de Ley sobre la cesión de instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas a las poblaciones donde están situadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2010.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 187, de 17 de abril de 2009.
162/000395
Retirada de su Proposición no de Ley sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el desmantelamiento de asentamientos ilegales como obstáculo para la paz en Jerusalén Este, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
La decisión del gobierno de Israel de construir nuevos asentamientos en Jerusalén Este, prosiguiendo su política de ocupación ilegal, ha derivado en una firme reacción de la comunidad internacional y en la constatación de una serie de signos institucionales de la consistencia que, desde el Cuarteto y desde la UE, se está prestando a los esfuerzos para la reanudación de las negociaciones de paz en la región y, en especial, para responder a las aspiraciones y expectativas de las poblaciones israelíes y palestinas, de la ciudadanía de nuestros países, en favor de la viabilidad de ambos estados, desde la justicia, en Oriente Próximo .
Recientemente y, desde dicha perspectiva, tanto el discurso de la Alta Representante para la política exterior y de seguridad de la UE y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Catherine Ashton, ante la Liga de países árabes el pasado 15 de marzo, su comunicado desde Gaza, en el cruce de Erez, o el documento del Cuarteto acordado en Moscú el 19 de marzo, reflejan una serie de posicionamientos que indican las condiciones necesarias y la voluntad de preservar la iniciativa árabe de paz, la cooperación entre las partes y la
vigilancia y respeto al cumplimiento de la legalidad internacional.
"El Congreso de los de los Diputados:
a) Reafirma su voluntad de contribuir a fomentar las condiciones para el necesario diálogo entre israelíes y palestinos, apoyando las actuaciones conducentes a asegurar la aplicación del derecho internacional y de las resoluciones acordadas, junto a la ineludible obligación por parte del Gobierno de Israel de detener la actividad de expansión de los asentamientos, demoliciones y desalojos continuos, que se han venido produciendo en la parte este de Jerusalén.
b) Constata los progresos significativos que, en el ámbito de la seguridad, viene realizando la autoridad palestina en Cisjordania para construir un Estado palestino que asegure la legalidad, el desarrollo con equidad, la justicia y la paz, en el marco de vecindad responsable con todos los Estados de la región.
c) Expresa su preocupación por el deterioro de las condiciones de vida en Gaza, tanto desde la perspectiva humanitaria como de la situación de los derechos humanos de su población civil, reiterando la urgencia de adoptar mecanismos duraderos que aseguren la salida de dicha crisis y la reunificación de Gaza y Cisjordania, bajo la legitima autoridad palestina, junto a la libertad de movimiento de personas y bienes, de conformidad con la Resolución 1860 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
d) Insta al Gobierno de España a seguir involucrado en este proceso, tanto. bilateralmente como a través del impulso de la posición común de la UE integrada en el Cuarteto, haciendo un permanente seguimiento y evaluación de su aplicación, con el fin de que las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos se reanuden con vistas a lograr una solución global, justa y duradera del conflicto."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2009.-Jordi Pedret Grenzner, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001661
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre el impulso del trabajo de la cumbre de seguridad nuclear de Washington y de la conferencia de examen del Tratado sobre la No Proliferación de las armas nucleares (TNP) de Nueva York, para su debate en Comisión de Asuntos Exteriores.
Coincidiendo con el semestre de Presidencia española de la Unión Europea tienen lugar dos citas importantes en materia nuclear en las que España y el Gobierno español participan activamente: la Cumbre de Seguridad Nuclear de abril de 2010 celebrada en Washington, y la Conferencia de examen del Tratado sobre la No Proliferación de las armas nucleares (TNP) que se celebrará del 3 al 28 de mayo de 2010 en Nueva York.
La Cumbre de Seguridad Nuclear celebrada en Washington los días 12 y 13 de abril ha centrado su trabajo en llamar a la atención sobre el riesgo que supone el terrorismo nuclear, con el objetivo de mejorar la seguridad del uso de material nuclear y prevenir su tráfico ilegal, para evitar cualquier posibilidad de que se produzca terrorismo nuclear. Los líderes de las 47 naciones presentes han avanzado en la definición de un enfoque común que asegure el control del material nuclear para evitar que sea robado o derivado hacia usos terroristas, comprometiéndose asimismo a continuar evaluando conjuntamente este riesgo y a cambiar los métodos utilizados si la evolución del marco global así lo exige, compartiendo e intercambiando sus mejores prácticas y políticas.
La citada cumbre ha reforzado el principio según el cual todos los Estados son responsables de garantizar la mejor seguridad para los materiales e instalaciones de los que dispongan, para pedir asistencia y apoyo si lo necesitan, y también para concederla, si se les solicita. Los tratados internacionales que respaldan la seguridad nuclear y promueven medidas para prever el terrorismo nuclear son piezas fundamentales que deben ser impulsadas y deben servir como guía para las actuaciones nacionales.
El comunicado final adoptado en la Cumbre hace suyo el compromiso del presidente Obama para asegurar un control adecuado de todos los materiales nucleares vulnerables en cuatro años y el resto de medidas adoptadas, que vienen acompañadas de un Plan de Trabajo para canalizar las acciones nacionales e internacionales necesarias para cumplir los objetivos acordados en dicho documento. Entre dichas medidas cabe resaltar las que se refieren a la ratificación y aplicación de los tratados en materia de seguridad nuclear y el terrorismo nuclear; la cooperación con y a través de las Naciones Unidas para aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad; el impulso de la Organización Internacional de la Energía Atómica y la relevancia de su papel en la aplicación, asesoramiento técnico y vigilancia de las recomendaciones de seguridad, así como las cuestiones referidas al tráfico de material nuclear o la conversión de las instalaciones civiles para que el uso de uranio altamente enriquecido no sea utilizado en la fabricación de armas nucleares. En 2012 se celebrará una nueva Cumbre en la República de Corea para hacer un balance de los trabajos post-Washington y fijar nuevas metas para la seguridad nuclear.
A su vez, la próxima Conferencia de examen del Tratado sobre la No Proliferación de las armas nucleares (TNP) que se celebrará del 3 al 28 de mayo de 2010 en Nueva York es, sin duda, una cita fundamental para el régimen internacional de la no proliferación nuclear y una auténtica oportunidad para conseguir que el mundo que se construye sea un mundo de seguridad colectiva, de estabilidad y prosperidad.
En este sentido cabe subrayar que en la última revisión realizada, al igual que otros países comprometidos con el multilateralismo eficaz, España presentó a la Conferencia del Tratado de No Proliferación (TNP) del año 2005 un documento de trabajo para el seguimiento de lo que se conoce desde el año 2000 como "Trece Medidas prácticas para el Desarme".
La posición de nuestro país es muy firme: consideramos esencial realizar progresos en el compromiso inequívoco para el desarme nuclear. España trabaja activamente para contribuir a mejorar el sistema multilateral y la seguridad internacional, en las Naciones Unidas y en otros foros. En octubre de 2008, el Secretario General de NNUU presentó una propuesta de cinco puntos para el desarme nuclear cuyo hilo conductor consiste precisamente en que el desarme nuclear y la no proliferación nuclear son inseparables y se refuerzan mutuamente. A pesar de los avances logrados, queda mucho por hacer. Como expresa el Secretario General en su carta, remitida a quienes representamos la soberanía popular en cada uno de los parlamentos nacionales, somos responsables de generar iniciativas que apoyen la Paz y la Seguridad, prestar nuestro apoyo activo a la aprobación de normas internacionales en este ámbito, cumplidas por los Estados, incluida la transparencia y la rendición de cuentas correspondientes.
"El Congreso de los de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir impulsando en los foros internacionales en los que España participe, así como en y desde la Unión Europea, un análisis abierto sobre el terrorismo nuclear para articular un consenso internacional que proteja al mundo de las nefastas consecuencias de un acto de terrorismo nuclear.
2. Trabajar desde la Presidencia de la Unión Europea para que, fortaleciendo la posición común y su activa implicación al respecto, se garantice el éxito y
los objetivos de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de armas nucleares (TNP), que se celebrará en la sede de Naciones Unidas en Nueva York en mayo.
3. Apoyar asimismo los trabajos ante dicha Cumbre de la sociedad civil española organizada que trabaja la paz y la seguridad en el mundo
4. Informar al Congreso de los Diputados sobre las iniciativas planteadas por España y los resultados obtenidos en la citada Conferencia de revisión."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2010.-Elena Valenciano Martínez Orozco, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001654
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al traslado del cuartel de la Guardia Civil situado en la carretera Mahón-Sant Lluis, en Menorca, para su debate en la Comisión de Interior.
La construcción de un centro penitenciario en Menorca a escasos metros de una Casa-Cuartel de la Guardia Civil, donde viven un buen grupo de agentes de este cuerpo junto con sus familias, ha provocado un profundo malestar entre los familiares de los agentes, que han denunciado el inconveniente que supone vivir tan cerca de los presos.
Esta situación ha llegado al Parlament Balear, donde se ha aprobado una Proposición no de Ley del Partido Popular, por la que se instaba al Ministerio del Interior a iniciar las gestiones necesarias para reubicar la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Maó a un lugar más adecuado y alejado de la prisión de la isla.
Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos mostrar nuestra preocupación ante los previsibles problemas que la ubicación de la prisión podría suponer, pues entendemos que no es lógico que el centro penitenciario esté al lado de donde residen los agentes de la Benemérita y sus familias, hasta el punto que deben compartir la misma entrada desde la carretera.
Por su parte, el Ayuntamiento de Mahón ya ha confirmado su absoluta disposición a colaborar con el Ministerio del Interior para trasladar las dependencias de la Guardia Civil, incluso se ha comprometido a buscar un solar adecuado para acoger el edificio.
En definitiva, se trata de una mejora incuestionable para el bienestar y seguridad de los agentes y familiares residentes en este cuartel de la Guardia Civil, y que coincide además, con la demanda de reubicación del edificio por parte de los mismos
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reubicar la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Mahón en un lugar más adecuado y alejado de la prisión que se está construyendo en Menorca."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2010.-Juan Carlos Grau Reinés, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001656
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reducción del tipo interés de demora para todos aquellos contribuyentes que soliciten aplazamientos o fraccionamiento en el pago de sus deudas tributarias, para su debate en Comisión.
Una de las principales consecuencias de la actual coyuntura económica es que las familias y empresas están teniendo dificultades para obtener financiación. Esta falta de liquidez les está impidiendo en muchos casos cumplir con sus obligaciones fiscales en los plazos establecidos por la normativa tributaria.
Como consecuencia de lo anterior, y con el fin de no eludir sus obligaciones fiscales, empresas y familias se ven obligados a solicitar un aplazamiento o fraccionamiento del pago de sus deudas tributarias, con el consiguiente aumento de la cantidad final a ingresar, debido a la exigencia por parte de la AEAT del interés de demora correspondiente, sobre la deuda pendiente. No parece adecuado que ante esta dificultad, la Administración, que acumula a su vez grandes deudas pendientes de pago, agrave la situación.
El apartado 6 del artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que el
interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 %, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. A su vez, la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre modificación del Tipo de Interés Legal del Dinero establece en su artículo segundo que el Gobierno fijará el tipo de interés legal del dinero atendiendo a la evolución de los tipos de interés de la Deuda Pública.
La disposición adicional decimoctava de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 establecía en su apartado uno en el 4% el tipo de interés legal del dinero, y en el apartado dos en el 5% el tipo de interés de demora a que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
En la actual coyuntura económica el tipo de interés de las operaciones de mercado abierto que fija el Banco Central Europeo se sitúa en el 1%. A su vez, el tipo de interés medio total de la Deuda del Estado se situaba en enero de 2010 en el 3,49%. Esta caída de los tipos de interés no se ha visto reflejada en el tipo de interés de demora cobrado a los contribuyentes por el retraso en el pago de sus deudas tributarias.
Por ello es necesario que se modifique la normativa para facilitar el pago de las obligaciones tributarias a todos los contribuyentes, adecuando el tipo de interés legal del dinero al coste de la deuda pública y reduciendo igualmente el tipo de interés de demora para facilitar el pago de las obligaciones tributarias.
Además, la tardanza en la resolución de contenciosos entre la administración tributaria y los contribuyentes les perjudica económicamente, al tener que mantener avaladas las cantidades en litigio.
Es por ello necesario eximir de la obligación de mantener dicho aval a los contribuyentes Pymes y autónomos cuyos litigios transcurridos seis meses no hayan sido resueltos.
1. Establecer el tipo de interés legal del dinero en el 3%.
2. Reducir el tipo de interés de demora regulado en el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, hasta situarlo en el 4,5% para todos aquellos contribuyentes que soliciten aplazamientos ofraccionamiento en el pago de sus deudas tributarias.
3. Eximir a los contribuyentes Pymes y autónomos de la obligación de mantener avaladas las cantidades en litigio con la administración tributaria en el caso de que transcurridos seis meses desde su inicio no haya sido resuelto."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2010.-Baudilio Tomé Muguruza, Ana Madrazo Díaz y Jorge Fernández Díaz, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las anulaciones de las liquidaciones de la tarifa T3 emitidas por las autoridades portuarias, para su debate en Comisión.
Desde la Ley 27/1992 de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y hasta la entrada en vigor de la actual Ley 48/2003, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General, las tarifas por los servicios realizados por las Autoridades Portuarias venían reguladas por Orden Ministerial cuya aprobación era competencia del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Uno de los ingresos más importantes por su cuantía para las Autoridades Portuarias es el que resulta de la aplicación de la tarifa T3, que comprende la utilización por las mercancías de las aguas del puerto y dársenas, accesos terrestres, vías de circulación y zonas de manipulación.
Al amparo de lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los consignatarios como responsables del pago de la mencionada Tarifa T3, en nombre y representación de sus clientes principales, interpusieron recurso contra las liquidaciones emitidas por este concepto al considerar que las mismas estaban sujetas al Derecho administrativo por tratarse de prestaciones de carácter público no pudiendo ser reguladas como precios privados bajo la fórmula jurídica de orden Ministerial solicitando su declaración de nulidad de pleno derecho (SSTC n.º 185/1995, de 14 de diciembre, que concluye con la definitiva declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los apartados 1 y 2 del artículo 70 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante).
Todos los fallos judiciales sobre los recursos planteados contra dichas tarifas resultaron desfavorables
para las Autoridades Portuarias al entender el alto tribunal que los servicios prestados por las mismas tenían el carácter de "prestaciones patrimoniales de carácter público" siendo la coactividad la característica distintiva de dicha prestación y estando sujetas por lo tanto alprincipio constitucional de reserva de ley. En este sentido, declara la nulidad de las liquidaciones portuarias al ser nula la orden ministerial que les sirve de cobertura por no tener el rango legal adecuado, y ello con el devengo de los correspondientes intereses de demora a favor del sujeto pasivo.
Las Leyes 55/1999, de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social, y sus modificaciones con la ley 14/2000 y la ley 25/2006 dieron cobertura a la emisión de una nueva liquidación (en sustitución de la anulada) previa audiencia del interesado y pudiendo acordar de oficio la compensación por la cuantía del crédito reconocido a favor del sujeto pasivo.
Pues bien, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto declarando la inconstitucionalidad de diversos apartados de las mencionadas leyes (55/1999 y 14/2000) en lo que se refiere al apartado de la refacturación y compensación (disposición adicional trigésima cuarta), al entender que no puede resultar admisible la retroactividad tributaria de índole legislativo salvo que concurran especiales circunstancias de interés general pues vulneraría el artículo 9.3 de la Constitución Española.
Ello supone dejar sin efecto las refacturaciones emitidas al declarar inconstitucional las leyes que les daban cobertura, poniendo en grave riesgo económico a las Autoridades Portuarias al ser previsiblemente exigible por parte del sujeto pasivo el reintegro del principal y de los intereses correspondientes.
En consecuencia, diferentes fallos judiciales vienen anulando las liquidaciones para el cobro de dicha tarifa, obligando a las Autoridades Portuarias a su devolución (principal más intereses), ello a pesar de que se prestaron los servicios y se realizaron las utilizaciones del dominio público que dan cobertura a la tasa.
Resulta evidente que los efectos de estas resoluciones judiciales sobre el equilibrio financiero de las autoridades portuarias traerá como resultado múltiples perjuicios, poniendo en peligro su equilibrio financiero y su viabilidad futura, además de provocar la parálisis del dinamismo económico que generan y caracteriza a los puertos de interés general.
Dado que se trata de una cuestión de suma gravedad y ajena a la gestión propia de las Autoridades Portuarias que afecta a la estructura económica y financiera del sistema portuario y que tiene su origen en la declaración de inconstitucionalidad de la propia norma que ha regulado la prestación de servicios en los Puertos de Interés General hasta la entrada en vigor de la ley 48/2003 parece obvio, que el Gobierno de la Nación debe abordar directamente la solución del problema y establecer los mecanismos para que las Autoridades Portuarias no sufran este quebranto economico.
Y todo ello porque las Autoridades Portuarias no son empresas privadas, son Administración Pública artículo 2.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. No disponen de más ingresos que los previstos legalmente artículo 12 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre. No pueden acudir libremente al crédito privado.- artículo 111.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre; General Presupuestaria no tienen capacidad para transigir por sí misma en esta materia.- artículo 7.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre; y, por último, no tienen libertad para emplear sus recursos en lo que estimen pertinentes.-artículos 2.2, 3.2, 13, 39 y 42 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre.
Los Puertos clasificados legalmente como de Interés General son puertos sobre los que la Administración General del Estado tiene competencia exclusiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.20 de la Constitución, y como tales son infraestructuras públicas de titularidad estatal al servicio del transporte marítimo, adscriptos al actual Ministerio de Fomento.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados formula la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las decisiones oportunas y por el mecanismo del fondo de contingencia, o cualquier otro, para hacer frente económicamente a lo ordenado por las sentencias que derivan de la Inconstitucionalidad de la norma y de las liquidaciones de la tarifa T3 que no imputables a las autoridades portuarias afectadas, que se han limitado al cumplimiento estricto de la Ley en el giro de las liquidaciones cuyos importes e intereses tendrían ahora que reintegrarse, y que afectan, de forma muy negativa, y en algún caso irreversible, tanto del punto de vista económico y laboral como social, a la zona de influencia de dichas autoridades portuarias, que en muchos casos es el de mayor incidencia territorial."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2010.-María Pilar Ramallo Vázquez, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado Francisco Xesús Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al proyecto de
reforma de la N-VI a su paso por el municipio de Coirós (A Coruña), en concreto en el enlace de Queirís, para su debate en Comisión.
El Ministerio de Fomento tiene en estos momentos en fase de redacción el proyecto de "Nuevas conexiones de la carretera N-V1 con la travesía de Betanzos, pp.kk. 570,3 y 572,1 que incluye un enlace.en el cruce de Queirís y el acondicionamiento del entorno.
Los vecinos y vecinas de Queirís llevan reclamando desde hace años la eliminación de este punto negro, así como la necesidad de habilitar zonas para poder realizar giros a la izquierda, controlar la velocidad de los vehículos y, en definitiva, humanizar la N-VI ya que constituye en la práctica una travesía que se debe integrar en los núcleos poblacionales por los que discurre.
Sin embargo, el proyecto presentado por el Ministerio de Fomento suscita el rechazo unánime de los vecinos y vecinas ya que la estructura de ramales y paso superior propuesta no sólo ocasionará graves perjuicios en las viviendas situadas a ambos lados de la N-VI, sino que incrementará la velocidad de los vehículos. Es decir, se provocará una grave afectación visual y acústica, y se incrementará la inseguridad de los peatones.
- Revisar el proyecto de nuevas conexiones de la N-VI en el núcleo de Queirís, perteneciente al ayuntamiento de Coirós.
- Consensuar con el ayuntamiento de Coirós y los vecinos y vecinas un nuevo proyecto que humanice la N-VI a su paso por Queirís."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2010.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-María Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001663
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de ley para desarrollar una estrategia integral de las Administraciones Públicas implicadas en materia de acogida, integración social y reintegración familiar de menores extranjeros no acompañados, para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Uno de los temas que genera mayor preocupación últimamente en materia de inmigración es el de la atención a los menores extranjeros no acompañados (en adelante MENAS). En particular, el programa español para la Presidencia del Consejo de la Unión Europea lo eleva a la categoría de prioridad en el ámbito de la política europea de inmigración y asilo.
Según un estudio elaborado el año pasado por la Red Europea de Migraciones -estudio que cita fuentes gubernamentales a partir de datos estimados facilitados por algunas Comunidades Autónomas-, el número de menores extranjeros en España sin la compañía de un adulto responsable ascendía en el año 2009 a algo más de cuatro mil niños y niñas. Sin embargo, estos datos ni son exactos, ni exhaustivos, ni responden a un concepto homogéneo de MENAS en cada Comunidad Autónoma.
Estos menores se sitúan en el radio de acción de las leyes de protección jurídica del menor y de extranjería, cuyo abordaje exige tener en cuenta, en primer lugar, su condición de menor, obligación exigida en el ámbito internacional por la Convención de los Derechos del Niño y en nuestro ordenamiento jurídico por el principio de interés superior del menor; y, en segundo termino, contemplar las particularidades jurídicas que su situación de extranjero plantea, sin que esta condición pueda dar origen a cualquier tipo de trato discriminatorio. Al respecto conviene recordar que, por medio de la reciente reforma operada por la Ley Orgánica 2/2009 a la Ley de Extranjería, se han fortalecido, de una parte, la posición y las garantías de los menores extranjeros no acompañados, y, de otra, se han otorgado a las diferentes Administraciones Publicas implicadas nuevos y muy valiosos instrumentos orientados a su integración.
Asimismo, los Estatutos de Autonomía, desarrollando el artículo 148.1.20 de la Constitución en cuanto a las competencias en materia de asistencia social, otorgan a las Comunidades Autónomas la protección de menores, sin que sea posible diferenciar el sistema de protección de menores para nacionales y extranjeros, fijando el marco de competencia autonómica inderogable; en el caso del País Vasco, la competencia viene atribuida a las diputaciones forales (artículo 7.c. Ley de Territorios Históricos, de acuerdo con artículos 25.1 y 37.3 del Estatuto de Autonomía del País Vasco).
Fijado así el marco competencial, se ha de significar que la distribución territorial de dichos menores no es homogénea sino que recae principalmente en aquellos territorios que tienen una mayor presión migratoria. Los datos reflejan que son los servicios de protección
de menores de las Comunidades Autónomas de Andalucía y de Canarias los que han tenido que ampliar sus recursos para dispensar una adecuada protección a estos menores.
También ha de significarse que este mayor impacto en los recursos de atención y protección de menores de estas Comunidades Autónomas ha sido objeto de respuestas solidarias por parte del Gobierno de la Nación y por los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. Así, hay que recordar la decisión adoptada por el Consejo Superior de Política de Inmigración en la sesión celebrada el 18 de septiembre de 2006, en virtud de la cual las Comunidades Autónomas manifestaron su disposición solidaria a participar y acoger a los menores extranjeros no acompañados llegados a territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, que permitió el traslado de 510 menores y cuyo coste es asumido por el Gobierno de la Nación.
Una muestra más de estos mecanismos de solidaridad en este ámbito es el establecimiento en el Fondo para la acogida e integración de los inmigrantes de un porcentaje destinado a los MENAS.
También hay que señalar que la Comunidad Autónoma de Canarias, y las ciudades de Ceuta y Melilla, son beneficiarias de subvenciones para atender las mayores exigencias derivadas de la situación de estos menores.
Ahora bien, aunque el numero de estos menores no es elevado cuantitativamente, debiéndose hacer notar que en el 2009 el numero de llegadas de estos menores ha disminuido notablemente, sí plantea indudables retos en múltiples ámbitos: socio-educativo, asistencial, formativo, policial, de reintegración familiar y de extranjería, al que han de dar respuesta las diferentes entidades y administraciones implicadas, lo que exige una adecuada coordinación entre las mismas.
Para ello, se hace necesario llevar a cabo un análisis del mapa de los recursos públicos desplegados y evaluar sus resultados para diseñar una estrategia común que redefina unas relaciones interadministrativas que, desde el respeto competencial, proporcionen sinergias y una coordinación efectiva en el ámbito operativo que permita reforzar experiencias y dinámicas eficaces y evitar prácticas no eficientes de los recursos públicos. Constituye un objetivo común a todas las Administraciones Públicas en relación con los menores inmigrantes no acompañados garantizar sus derechos y dispensar una protección adecuada y también posibilitar, con plenas garantías, la repatriación a su país de origen.
Como se ha señalado la Ley Orgánica 2/2009 ha introducido importantes novedades que es preciso desarrollar en relación con la situación de los MENAS y, en general, con la potenciación de los mecanismos de coordinación y colaboración entre Administraciones Publicas.
1.º Promover la adopción de mecanismos de información mutua entre la Administración del Estado y las Administraciones Autonómicas competentes en materia de protección de menores para asegurar un funcionamiento eficaz del Registro de Menores no Acompañados, de modo que mediante el intercambio de información entre las Administraciones concernidas sea posible disponer de una identificación actualizada de estos menores y de los órganos encargados de su tutela y protección.
2.º Establecer un mecanismo de intercambio de información entre las Comunidades Autónomas, respecto a los menores que se encuentran bajo la protección de la Administración Pública española, fijando criterios de coordinación entre ellas, a efectos de su protección y tutela.
3.º Desarrollar con celeridad los trámites administrativos orientados a la reintegración familiar del menor o, si se dieran las condiciones adecuadas, para el retorno con el fin de conferir la tutela a los servicios de protección de los países de origen, de acuerdo con el interés superior del menor, en la forma y con las condiciones previstas en el apartado 5 del artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009.
4.º Distribuir el fondo estatal para la integración de los inmigrantes, previsto en el apartado 4 del artículo 2 ter de la Ley Orgánica 4/2000, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009, teniendo en cuenta la situación de las Comunidades Autónomas en relación con las exigencias derivadas de los menores extranjeros no acompañados.
5.º Agilizar los procedimientos sobre concesiones de autorizaciones de residencia a menores en el supuesto contemplado por el artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, en la redacción dada por la Ley Orgánica 2/2009.
6.º Realizar un estudio, a partir de los datos del Registro de Menores no Acompañados, que ofrezca, entre otros, la magnitud del número de menores inmigrantes no acompañados, los flujos e itinerarios migratorios de estos menores en el territorio, y el mapa y coste de los recursos públicos destinados a su atención. Asimismo, contemplará los instrumentos que permitan el seguimiento y evaluación de los mecanismos de coordinación y colaboración interna y de aquellas iniciativas acordadas que tengan por objeto facilitar con garantías el retorno del menor con su familia y/o a su país de origen".
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2010.-Esperança Esteve Ortega y Oscar Seco Revilla, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001652
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la banda ancha doméstica a través de ADSL, para su debate en la Comisión de Industria.
Actualmente el grado de penetración de la banda ancha en España está por debajo de la media europea. El crecimiento ha sido significativo pero aún existen muchos núcleos rurales cuya población está excluida de la sociedad de la información.
En las zonas con cobertura de ADSL y otras tecnologías el panorama es mejor. Siempre que hablemos de velocidades de descarga. Las operadoras, Telefónica en cabeza, acostumbran a destacar la velocidad de descarga y en muchos casos omiten el dato de velocidad de subida. El principal motivo es que éste acostumbra a ser de 10 a 30 veces inferior al de descarga. Por ejemplo el ADSL 10Mb/s de Telefónica proporciona una velocidad de subida de 0,320Mb/s (30 veces inferior). Es cierto que el ADSL por definición es asimétrico y proporciona velocidades de bajada y subida distintas, pero en nuestro mercado no hemos alcanzado el límite tecnológico y son las operadoras las que autolimitan esta velocidad de subida (con la excepción de Jazztel). Es decir, protocolos de ADSL como el ADSL2+ o VDSL permiten ofrecer velocidades de subida de hasta 3,5Mb/s.
Esta velocidad máxima depende de la distancia a central, disminuye con ella, pero siendo la brecha tan grande, si las operadoras exprimieran al máximo dicha tecnología, muchos usuarios españoles de ADSL podrían ver fácilmente multiplicada la velocidad que ofrece actualmente el operador dominante. Para hacernos una idea de lo irrisorio de la velocidad actual: las conexiones móviles 3G ofrecen velocidades de subida de 2Mb/s (6 veces más que el ADSL de mayor velocidad ofrecido por Telefónica).
Este incremento de velocidad es necesario, no se trata de apurar la tecnología porque sí. Nuestra sociedad ha pasado de ser un conjunto de consumidores de contenidos a generarlos activamente. Teletrabajo, álbum en línea, sistemas de copia de seguridad remotos, redes sociales, etc.
dependen de que el conjunto de usuarios sea capaz no sólo de acceder a los datos sino de crearlos y transmitirlos a los servidores de estos servicios. Como ejemplo, una persona que desee enviar un álbum de imágenes de 250MB tardará unas 24 horas en hacerlo. Si desea enviar 10 minutos de video en alta definición (1 GB) tardará 4 días enteros.
En la actualidad algunos operadores ya ofertan con distintas velocidades dicha tecnología pero otros únicamente prevén incrementarlo de 0,320Mb/s a 0,8Mb/s para su conexión de 10Mb/s de bajada (la de 6Mb/s se quedará en 0,6Mb/s de subida).
Desde nuestro Grupo consideramos vital para el desarrollo adecuado de la cultura en Internet de la sociedad española que estas limitaciones no técnicas sean superadas y se ofrezca a nuestra ciudadanía una conexión ADSL donde la velocidad de subida tenga la misma calidad que la de descarga.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, haciendo uso de la potestad reguladora de la CMT impulse la oferta de servicios de Internet que hagan un uso intensivo de la tecnología ADSL disponible para incrementar la velocidad de subida ofertada al cliente, de tal forma que la única limitación venga impuesta por los límites técnicos y no por cualesquiera otros."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2010.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/001653
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación de un espacio sociosanitario en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en Comisión.
El envejecimiento de la población, las mayores tasas de supervivencia de las personas afectadas por alteraciones congénitas y la cronificación de las enfermedades como consecuencia de los avances médicos son algunos de los condicionantes sociodemográficos que han provocado en los últimos años un crecimiento exponencial del número de personas en situación de dependencia.
Según los expertos, el 80% de estas personas -mayores o discapacitados que carecen de autonomía
personal para actos básicos de la vida diaria- padecen, además, algún tipo de enfermedad o dolencia que requiere de determinadas atenciones sanitarias. Es decir, que estas personas requieren atención sociosanitaria.
La atención sociosanitaria fue reconocida por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. En primer lugar, en su artículo 7 referente al catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, esta ley cita la atención sociosanitaria entre aquellas prestaciones que debe comprender dicha cartera de servicios.
En su artículo 14, punto 1, establece que "La atención sociosanitaria comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que, por sus especiales características, pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social."
Por último, el punto 3 de este mismo artículo establece que "La continuidad del servicio será garantizada por los servicios sanitarios y sociales a través de la adecuada coordinación entre las Administraciones públicas correspondientes".
Este reconocimiento, sin embargo, no fue reforzado en la en la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, donde la expresión "sociosanitaria" sólo aparece recogida una vez, en el artículo 11.c, en el que cita entre las funciones que corresponden a las Comunidades Autónomas, la de "establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención".
La no especificación de la prestación sociosanitaria en esta ley dejó en una difícil situación a quienes, por definición, deberían ser el primer colectivo objeto de protección por dependencia: los grandes dependientes, personas que requieren no sólo los cuidados de los servicios sociales, sino también un considerable componente de atención sanitaria. Una laguna que fue agravada al no especificarse tampoco en el Real Decreto de 15 de septiembre de 2006 qué servicios sociosanitarios se incluían en la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
En la actualidad, estos usuarios sufren la descoordinación de ambos sistemas -social y sanitario- y una visible confusión de competencias, lo que acaba perjudicando a las personas dependientes y a sus familias.
Por otro lado, la creación de un espacio sociosanitario permitiría ordenar mejor el gasto, ya que se evitaría mantener ingresados en hospitales a mayores dependientes que podrían ser atendidos en centros residenciales.
Por todo lo explicado hasta ahora, podríamos decir que hoy, siete años después de ser definida por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, la atención sociosanitaria está situada, hablando en términos jurídicos, en el terreno de las expectativas, pero no en el de los derechos propiamente dichos.
- Presentar al Consejo Interterritorial de Salud, en el plazo de seis meses, una propuesta de financiación, gestión y distribución de los recursos necesarios para atención sociosanitaria, concretando sus servicios en el decreto por el que se regula la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, y dando cumplimiento tanto a la Ley de Cohesión y Calidad del SNS como a los mandatos de la Ley de Promoción de la autonomía personal y de atención a las personas dependientes.
- Presentar en un plazo de tres meses una memoria económica que cuantifique los gastos hospitalarios derivados del cuidado de los mayores dependientes y los contraponga, en términos presupuestarios, a la posibilidad de utilizar las residencias de mayores, estableciendo un número determinado de plazas medicalizadas, de manera que se evite ocupar camas hospitalarias de manera innecesaria."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2010.-Lourdes Méndez Monasterio, Diputada.- María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a ampliar y actualizar la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo.
Las personas con discapacidad y sus familias deben beneficiarse del Sistema Nacional de Salud en toda su extensión, con las debidas garantías de equidad, calidad y participación social, ya que sólo de esta manera se hace plenamente efectiva la inclusión real de este grupo ciudadano en la sociedad. Para ello, el consenso entre usuarios, profesionales, y Administraciones constituye
un elemento clave. Este consenso debería cristalizar en un nuevo modelo estratégico de prestación ortoprotésica. Las ayudas técnicas y los productos de apoyo para la autonomía personal y la vida independiente, de acuerdo con la Ley 39/2006, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, deben ser considerados un derecho subjetivo.
A fin de asegurar una prestación ortoprotésica digna y de calidad, es necesaria la actualización y adecuación del contenido de la Cartera de Servicios Común del Sistema Nacional de Salud, ajustándose a las necesidades cambiantes de la población y a los avances de la ortopedia -con nuevas técnicas y materiales como el titanio o el carbono, microprocesadores, etc.-, teniendo en cuenta los aspectos bioéticos y sociales.
Es, asimismo, esencial una renovación de los productos ortoprotésicos en cartera, así como la prescripción adecuada en función de la necesidad y utilidad, eliminando aquellos obsoletos e incluyendo los nuevos, de manera que todas las personas con discapacidad que lo precisen puedan beneficiarse de dichos productos en condiciones óptimas y adecuadas a sus necesidades y de acuerdo con su elección y funcionalidad, con independencia del tipo de discapacidad de que se trate. De esta manera, se lograrán los mayores grados de autonomía e independencia.
Además, se requiere un estudio personalizado según las características y tipo de actividad del usuario, ya que dentro de una misma patología que, por ejemplo exija el uso de silla de ruedas, no es lo mismo un joven activo que un anciano con menor movilidad.
También, se incluirían las ayudas necesarias para la comunicación o la actualización del tratamiento dispensado a las prótesis auditivas.
El contenido de la Cartera de Servicios de la prestación ortoprotésica debe tener en cuenta, con carácter prioritario, cuáles son las necesidades reales de los pacientes. En este proceso de definición de las prestaciones que componen la cartera ortoprotésica, se debe tener en cuenta tanto a organizaciones de los profesionales del sector como a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de sus familias.
La prestación ortoprotésica debe dotarse de presupuesto propio suficiente, si bien se deben establecer los controles necesarios para la correcta dispensación y utilización, con el objeto de disponer de una herramienta de control de la aplicación del gasto.
Por otro lado, debe revisarse el importe de las ayudas económicas destinadas a las prestaciones ortoprotésicas, unas ayudas que en la actualidad son claramente insuficientes, así como agilizar los procedimientos de pago de las mencionadas prestaciones.
Es, asimismo, conveniente cubrir las lagunas de información existentes actualmente entre los usuarios, que impiden a muchos pacientes beneficiarse de las ayudas técnicas. Por último, se echan en falta mecanismos de formación adecuados y actualizados, dirigidos a usuarios, profesionales y prescriptores.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en el periodo de tiempo más breve posible, las reformas normativas precisas para ampliar y actualizar la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, creando para ello un Grupo de Trabajo "ad hoc" en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, dando participación efectiva en este proceso tanto a las organizaciones de personas con discapacidad como a las asociaciones de pacientes".
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2010.-Ana Pastor Julián y Mario Mingo Zapatero, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001662
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre protección de las ONG en Israel y en los territorios palestinos ocupados, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el desarrollo.
Diversas organizaciones internacionales reconocidas por su trabajo en la ayuda humanitaria y la protección de los derechos humanos, han venido expresando su preocupación por los intentos sistemáticos del gobierno israelí para restringir el espacio y la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil israelí e internacional para trabajar en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO).
En este sentido, dichas ONG han puesto de relieve la problemática que se plantea con motivo de la tramitación de una legislación específica recientemente promovida por el Gobierno de Israel que, bajo el pretexto de aumentar la transparencia, pretende recortar la financiación extranjera a las ONG israelíes y restringe las
libertades de las organizaciones de la sociedad civil israelí, que deberán inscribirse en el Registro de Partidos, exigiendo a cualquier portavoz de la organización la obligación de declarar, en todas las apariciones públicas, que representa a una organización que recibe fondos de una "entidad política extranjera". Como asimismo se ha hecho notar, esta legislación se relaciona con una amplia campaña de deslegitimación, hostigamiento, intimidación y restricciones permanentes al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, tanto de la parte israelí como respecto a los defensores palestinos de los derechos humanos y las organizaciones internacionales que trabajan en la zona.
Otra de las preocupaciones a las que se debe hacer frente, se refiere a los problemas de visado que se están planteando para el personal de las organizaciones no gubernamentales internacionales, cooperantes que trabajan en los territorios ocupados. El reciente cambio operado en otoño de 2009 por el Ministerio del Interior modificó el procedimiento para la concesión de los visados correspondientes, y actualmente se expiden básicamente visados de visitantes que limitan la estancia en el país y establecen la prohibición de trabajo lo que, por consiguiente, limita considerablemente el desarrollo de proyectos, el establecimiento de oficinas y la asistencia y convocatoria de reuniones en Jerusalén, así como en el área C de los territorios ocupados, debido a las restricciones existentes. Es decir, como consecuencia de las divergentes instrucciones y arbitrarias actuaciones que, en este ámbito, se están produciendo desde la parte israelí respecto al personal expatriado y sus familias, se está agudizando la precariedad de las condiciones en las que las ONG realizan su trabajo en los territorios ocupados, incrementando su vulnerabilidad, con crecientes dificultades de entrada en el país, residencia y el consiguiente incremento de los costes de las transacciones y previsibilidad de las actuaciones ligadas a la ejecución de proyectos correspondientes.
1) A través de nuestra representación diplomática y consular se recopile la información relativa a las dificultades del trabajo que afectan actualmente a las ONG humanitarias y de desarrollo, con el fin de impulsar una respuesta europea coordinada en el marco de la Presidencia Europea que proteja su trabajo en apoyo de la sociedad civil y de las organizaciones israelíes y palestinas en la zona.
2) Se impulsen las actuaciones que procedan para la consecución de un régimen de visados que permita trabajar adecuadamente al personal y cooperantes de las ONG internacionales junto a las organizaciones de la sociedad civil de la zona, garantizando su acceso y movimiento en los territorios palestinos ocupados y protegiendo su capacidad de entrada, salida y operatividad correspondiente en Israel, de conformidad con los requisitos establecidos.
3) Se asegure un sistema de servicio y alerta permanente consular, coordinado con el resto de las delegaciones europeas con sede en Israel al que las ONG puedan dirigirse, con el fin de acreditar cualquier restricción o problema habido con los cooperantes en el terreno y sus familias.
4) En el contexto de las actuaciones de máximo nivel de la UE y, en especial, las que impliquen a la Alta Representante para la política exterior y de seguridad de la UE y Vicepresidenta de la Comisión Europea, se promuevan las acciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales que competen tanto a las autoridades israelíes como a la autoridad palestina, en relación al acceso, protección y capacidad de movimiento de las ONG internacionales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2010.-Jordi Pedret Grenzner, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001659
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la realización de una encuesta sobre violencia de género, en la que se incluyan preguntas específicas referidas a la situación de discapacidad de la victima de la violencia de género, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en este Parlamento, establece una serie de derechos y medidas de protección, así como de instrumentos para hacerlos efectivos, para todas las mujeres víctimas de violencia de género, haciendo especial hincapié en las que estén afectadas por cualquier tipo de discapacidad.
Promover la autonomía para que las personas con discapacidad se beneficien de todas las políticas en igualdad de oportunidades, reconociendo la discapacidad como un componente de la diversidad humana, favoreciendo de este modo, la cohesión en una sociedad compleja, es el objetivo del III Plan de Acción para las personas con discapacidad, que establece la estrategia del Gobierno para esta legislatura en materia de discapacidad.
Este Plan, que contiene objetivos y actuaciones en un área instrumental (investigación, información y cooperación) y en seis áreas de carácter finalista, irá desarrollándose durante su periodo de vigencia (2009-2012), habiendo comenzado su implementación desde su aprobación.
Una de las áreas de carácter finalista es precisamente el área de abusos y violencia, debiendo desarrollarse el Plan a fin de tener en cuenta la situación de las personas en situación de dependencia en esta materia.
Así, el Plan ha ido desarrollándose en lo relativo a la investigación específica de la violencia contra las mujeres con discapacidad; adoptándose medidas que tienen en cuenta las especificidades de las mujeres con discapacidad, y, habiéndose hecho accesibles las campañas de sensibilización y el desarrollo de servicios para la atención de las víctimas de violencia de género a las mujeres con discapacidad.
No obstante, dada la importancia de la materia de discapacidad para el Gobierno, se precisa seguir realizando nuevas acciones que permitan no sólo el desarrollo del Plan, sino el análisis y valoración de la situación de las mujeres con discapacidad en las distintas áreas que configuran el mismo. Una de estas acciones puede concretarse en la elaboración de una nueva encuesta sobre violencia de género, teniendo en cuenta la situación de aquellas víctimas que pertenezcan a su vez al colectivo de personas con discapacidad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a efectuar una nueva macroencuesta sobre violencia de género, y, a incluir en la misma preguntas específicas referidas a la situación de discapacidad de la víctima de la violencia de género."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2010.-María José Sánchez Rubio, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
181/002620
¿Tiene conocimiento el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de un nuevo incidente ocurrido entre autoridades gibraltareñas y la Guardia Civil, cuando una lancha española de la Guardia Civil se encontraba observando cómo despegaban los aviones de la Royal Air Force (RAF), hasta que una embarcación de la policía del Peñón se aproximo a ellos solicitando su salida de la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2010.-Jose Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
181/002621
¿Tiene previsto el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación presentar queja formal ante el gobierno
británico sobre el incidente ocurrido el pasado 11 de marzo de 2010, cuando una lancha española de la Guardia Civil se encontraba observando cómo despegaban los aviones de la Royal Air Force (RAF), hasta que una embarcación de la policía del Peñón se aproximo a ellos solicitando su salida de la zona?
181/002632
¿Cuales son las líneas básicas del taller de seguridad vial, TASEVAL, creado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, para condenados a trabajos en beneficio de la Comunidad por infracciones de tráfico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2010.-Domingo Miguel Tabuyo Romero, Diputado.
181/002619
Diputado don Ángel Luis González Muñoz
¿Piensa respetar el Ministerio de Fomento el acuerdo plenario del ayuntamiento de Antequera (Málaga) solicitando el soterramiento del AVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2010.-Angel Luis González Muñoz, Diputado.
181/002633
¿Qué previsiones contempla el Gobierno para llevar a cabo la unión en tren entre Valencia y Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2010.-Carlos González Serna, Diputado.
¿Con cuántas ciudades españolas tendrá Madrid conexión mediante alta velocidad ferroviaria a finales del año 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2010.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
¿Qué previsión tiene el Gobierno para la ejecución del Plan de Extensión de Cercanías ferroviarias suscrito con la Comunidad de Madrid?
Diputada doña Gloria Gómez Santamaría
¿Cuáles son las fechas previstas para la finalización de las obras en el aeropuerto de Parayas y cuál es su coste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2010.-Gloria Gómez Santamaría, Diputada.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la primera fase del proyecto para la integración de la totalidad de la vía estrecha a la Tarjeta del Transporte de Cantabria?
¿Qué compromisos se han acordado entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía en materia ferroviaria, singularmente para el desarrollo del Corredor Ferroviario Transversal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2010.-Manuel Pezzi Cereto, Diputado.
Diputado don José Manuel Bar Cendón
¿Qué coste ha tenido para el Gobierno durante el ejercicio 2009 las subvenciones al tráfico de pasajeros y mercancías, por vía aérea y marítima, entre la península y las Islas Baleares, y entre las propias islas del archipiélago balear, para compensar los costes derivados de la insularidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2010.-José Manuel Bar Cendón, Diputado.
181/002618
Diputada doña Macarena Montesinos de Miguel
¿Qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno durante el 2010 para impulsar el turismo en la Comunitat Valenciana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2010.-Macarena Montesinos de Miguel, Diputada.
181/002627
Diputada doña Carmén Montón Giménez
¿Cómo valora las medidas de empleo recogidas en la Declaración del Trío de Presidencias sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres firmada en Valencia el pasado 26 de marzo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2010.-Carmen Montón Giménez, Diputada.
181/002628
Diputada doña Francisca Medina Teva
¿Qué objetivos se persiguen desde el Ministerio de Igualdad con la puesta en marcha de la página web www.igualdadenlaempresa.es?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2010.-Francisca Medina Teva, Diputada.
181/002629
¿Qué valoración realiza el Gobierno de la puesta en marcha del Plan de acción para la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad de la información?
181/002630
¿Qué objetivo y acciones se incluyen en la campaña "Educando en igualdad"?
181/002631
Diputada doña Carmen Calvo Poyato
Todos los mensajes que ayuden a alcanzar la meta de la igualdad entre hombres y mujeres son necesarios, como también lo es seguir intensificando y apostando por los estudios de género, en el panorama educativo español. ¿No cree que, desde el Ministerio de Igualdad, hay que seguir reforzando este impulso con los Ministerios correspondientes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2010.-Carmen Calvo Poyato, Diputada.
181/002634
Diputado don José Alberto Cabañes Andrés
¿Se ha incluido la perspectiva de género en el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2010.-José Alberto Cabañes Andrés, Diputado.
181/002635
En el Real Decreto 1615/2009, de 26 de octubre, se crea y regula el "Distintivo de Igualdad en la Empresa" cuya convocatoria para el año 2010 ha sido el día 9 de abril del presente año.
¿Qué objetivos pretende conseguir el Gobierno?
181/002636
Diputado don Daniel Méndez Guillén
¿Cuáles son las conclusiones de la Conferencia de Juventud de la UE "Empleo Joven e Inclusión Social" que se celebro el paso 14 de abril en Jerez?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2010.-Daniel Méndez Guillén, Diputado.
Diputado don Carlos Trujillo Garzón
¿En que momento se halla el Plan de Impulso a la Juventud Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2010.-Carlos Trujillo Garzón, Diputado.
¿Cuáles son los objetivos que se buscan en la convocatoria para financiación de políticas locales de juventud del Ministerio de Igualdad y la FEMP?
Diputada doña Antonia García Valls
¿Qué pretende el Gobierno con el proyecto "Objetivo 15: Equilibrio en los Consejos de Administración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2010.-Antonia García Valls, Diputada.
181/002637
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad
¿En cuántas estaciones de ferrocarril ha actuado el Gobierno de España desde el año 2004, para eliminar barreras arquitectónicas o hacerlas accesibles, en la provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2010.-Antonia García Valls, Diputada.

References: artículo 2
 artículo 193
 Resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 26
 artículo 26
 resolución 
 artículo 26
 artículo 193
 artículo 70
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 111
 artículo 7
 artículo 149
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 148
 artículo 35
 artículo 2
 artículo 35
 artículo 193
 artículo 7
 artículo 14
 artículo 11
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto