Source: https://www.grupomascarada.com/2015/01/por-una-pija-del-puerto-con-la.html
Timestamp: 2020-04-01 10:17:46+00:00

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Grupo EnMascarada Carnaval: Por una pija del puerto, con la colaboración cómplice del ayuntamiento capitalino, se nos arrebate del parque de Santa Catalina.
El pasado año según desvela el Auto el el Ayuntamiento incumplió el acuerdo alcanzado celebrándose los actos nocturnos del Carnaval de 2014 (del 15 de febrero al 8 de marzo) en la Plaza Canarias, intercambiador, trasera del edificio Elder, incluidas las noches del Carnaval y zonas de ocio, y celebrándose los conciertos en el Parque Santa Catalina, prologándose hasta altas horas de la mañana, instalándose también los chiringuitos.
Actualmente, la actora ha tenido conocimiento por la prensa que los próximos actos de Carnaval que se celebrarán del 31 de enero al 21 de febrero de 2015, y nuevamente se incumple la resolución referida.
En definitiva, llegamos a este 2015 y a tan solo 8 días, porque las carnestolendas comienza este sábado 31 de enero con el tradicional pregón, se le ocurre ahora, a la justicia de notificar el auto, poco mas y lo hace 24 horas antes, no me extraña que algunos digan que la Justicia comprada por un maletín con billetes.
Este culebrón antes de empezar las carnestolendas, que avanzamos en TuCarnavalAquí, me evoca el refrán canario que dice: "¡Por una persona pagamos todos!" Y parece que el auto es así.
TuCarnavalAqui Press ha tenido acceso a la documentación y ha conocido quien es la denunciante de todo esta batalla es resumen una persona sola le molesta los ruidos porque los demás vecinos disfrutan del carnaval que son solo 15 días, relataba un vecino del edificio “me divierto y me lo paso en grande observando a la gente disfrutar del carnaval”.
Este enlace sin disfraz, TuCarnavalAquí quiere denunciar públicamente que elevaremos nuestro grito de protesta con nuestra gran familia del carnaval, porque no vamos a pagar justos por pecadores, por eso, avanzamos que estaremos en la concentración de todos los carnavaleros en el parque Blanco mañana 26 de enero, a las 19:30 horas de la tarde, porque yo soy carnavalero, yo soy mascarita y a mí el carnaval es la sangre de mi vida por eso como decía Sindo Saavedra.
que es para ti, venga ya, ¡a cantar, a bailar y a reír! carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval... (bis)
Dale dale dale, dale dale dale al cuerpo lo que te pida,
con careta o antifaz,
te tienes que disfrazar
te digan lo que te digan…
que es para ti, venga ya, ¡a cantar, a bailar y a reír! Ponte tu mejor disfraz y entra en el carnaval
que la vida la sientas vivir abran puertas y dejen entrar, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval... (bis)
Dale dale dale al cuerpo lo que te pida,
que camina el carnaval, que lo tienes que gozar antes de que se despida
al cuerpo toda tu vida porque tienes que saber que por donde pasa él no hay vencidos ni vencidas
que la vida la sientas vivir abran puertas y dejen entrar, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval...
*Francisco Javier Santana, es director de TuCarnavalAqui.com además de locutor de radio
En Las Palmas de Gran Canaria, a Veintidos de enero de Dos Mil Quince.
ÚNICO.- Por la Procuradora Dña. Emma Crespo Ferrándiz, en nombre y representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO SIMÓN BOLÍVAR Nº 5, se interpone recurso contencioso-administrativo contra la resolución nº 6.766, de 11 de febrero de 2014 dictada por el Sr. Concejal de Gobierno del Area de Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se deja sin efecto la resolución nº 1829/2012, de 1 de febrero, relativa a la ubicación de ciertos actos nocturnos del Carnaval a partir del 2013 y años siguientes.
Interesando por medio de otrosí la adopción de medida cautelar consistente en que se suspenda el acto impugnado; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, dándose traslado a la Administración demandada con el resultado que obra en autos.
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 130 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, "previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad al recurso.
Podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave para los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada". Ésto es, que dado que la Administración sirve los intereses generales, se ha de partir del principio de la ejecutividad del acto (artículo 94 de la Ley 30/1992), siendo la suspensión la excepción cuando, debidamente ponderados, deban prevalecer los intereses privados o particulares del recurrente, que de no respetarse harían ilusorio o carente de finalidad el recurso.
En todo caso, la nueva regulación legal debe integrarse con la referencia a otros supuestos que la jurisprudencia del Orden Contencioso-Administrativo ha considerado como criterio para decidir sobre la adopción de medidas cautelares, y especialmente el de la nulidad de pleno derecho como motivo de suspensión (trasladando al plano jurisdiccional la aplicación del art. 116 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1,958) y el del "fumus boni iuris", que entronca con el derecho fundamental a obtener una tutela judicial efectiva (artículo 24 CE). Con arreglo a la primera doctrina, el Tribunal podrá acordar la suspensión del acto cuando se revele una contradicción palmaria, clara y evidente con el Ordenamiento jurídico, siempre dentro del limitado ámbito de los incidentes de esta naturaleza, y sin prejuzgar lo que en su día se declare en sentencia definitiva. Y la moderna doctrina del "fumus boni iuris", iniciada en el Auto de la Secc.5ª de la Sala Tercera del T.S., de 20 de Diciembre de 1.990 (y seguida en otros muchos) adopta el criterio de la apariencia de buen derecho como criterio para decidir sobre la procedencia de una concreta medida cautelar: el Auto citado razona la eficacia del art. 24 CE para limitar una irrazonable supravaloración de los privilegios administrativos, como el de presunción de validez de los actos de la Administración, al que opone el principio general del derecho comunitario a que aluden las Conclusiones del Abogado General en la sentencia Factortame, "€que se resume en que la necesidad del proceso para obtener razón no debe convertirse en daño para el que tiene la razón", de tal modo que quien actúa alegando unos principios legales o constitucionales aparentemente fundados, ejercita un "buen derecho" que debe prevalecer frente a quien solamente se ampara en preceptos reglamentarios o en razones meramente coyunturales; todo ello en una valoración provisional, y sin prejuzgar lo que en su día se declare en los autos principales.
SEGUNDO.- En el presente caso, se pretende se suspenda la ejecución del acto impugnado y por tanto, se mantenga los efectos de la resolución que deja sin efecto (la de fecha 1 de febrero de 2012), de manera que los actos lúdico nocturnos conocidos como noches de Carnaval (mogollones, conciertos o cualquier otra denominación), así como los chiringuitos, se ubiquen fuera del Parque de Santa Catalina, de la Rambla Juan Rodríguez Doreste, Plaza Comandante Ramón Franco y la Plaza de las Islas Canarias (estando comprendida en la misma la marquesina y el Intecambiador
Alega que la ejecución le genera unos daños de difícil o imposible reparación, y haría perder al recurso sun finalidad, basándose en que ellos, vecinos de un edificio ubicado a escasos metros del parque Santa Catalina y de la zona del intercambiador, al igual que otros muchos vecinos colindantes han venido sufriendo las consecuencias de la contaminación acústica, ruidos y molestias ocasionados por los eventos que se realizan en la zona, tales como conciertos y ciertos actos nocturnos del Carnaval. Y que se trata de una zona reconocida como "zona saturada" a los efectos de la legislación del ruido.
Que esta situación se viene dando desde hace mucho tiempo, habiendo descandenado un largo proceso judicial que se inició en 1996 a instancias de otra comunidad de propietarios, y que dio como resultado que por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias se dictara sentencia de 22 de julio de 2002, confirmada por la STS de 13 de abril de 2005, estimando la pretensión de los vecinos de que los actos del Carnaval sean ubicados en un espacio donde no se perturbe el descanso de los residentes en dicha zona.
En el año 2011 la actora se personó en el procedimiento judicial anteriormente referido, solicitando la ejecución de la sentencia, al entender que sólo se había cumplido la misma con respecto de la Rambla Juan Rodríguez Doreste (Parque Blanco). Y que con ocasión de los actos del Carnaval del año 2012 se reanudaron las conversaciones con el Ayuntamiento, que dio lugar al acuerdo definitivo recogido en la resolución nº 1.829, de 1 de febrero de 2012, sobre la ubicación de ciertos actos nocturnos del Carnaval a partir del año 2013 y sucesivos.
Este acuerdo incluía nuevas zonas que nunca habían sido objeto del procedimiento judicial, regulando zonas aldeañas al Parque Santa Catalina como la Plaza Comandantes Ramón Franco y la Plaza de las Islas Canarias (estando comprendida en la misma la marquesina y el Intercambiador).
El Ayuntamiento continuó con el procedimiento de ejecución de la sentencia referida al objeto de obtener una resolución que se pronunciase sobre el mantenimiento de las Galas y solventar cualquier duda que se pudiera suscitar en el futuro. Y el TS el 27 de marzo de 2013, estimó el recurso de casación e indicó que las únicas actividades respecto a las que se pronunció la sentencia en razó a lo pretendido en la demanda originaria fueron las relativas al mogollón Carnavalero, identificado como la afluencia masiva de personas al son de la música ante chiringuitos allí instalados.
De modo que el TS se pronunció por primera vez sobre una cuestión indiscutida en el acuerdo alcanzado por estar ya permitdas en el mismo.
Este acuerdo al que se refiere al resolución nº 1829 fue notificado personalmente a la Letrada de la Comunidad ahora recurrente, al ser parte interesada y como colofón de las negociaciones.
El Ayuntamiento incumplió el acuerdo alcanzado celebrándose los actos nocturnos del Carnaval de 2014 (del 15 de febrero al 8 de marzo) en la Plaza Canarias, Intercambiador, trasera del edificio Elder, €, incluidas las noches del Carnaval y zonas de ocio, y celebrándose los conciertos en el Parque Santa Catalina, prologándose hasta altas horas de la mañana, instalándose también los chiringuitos.
Actualmente, la actora ha tenido conocimiento por la prensa que los próximos actos de Carnaval se celebrarán del 31 de enero al 21 de febrero de 2015, y nuevamente se incumple la resolución referida.
El 10 de noviembre de 2014 se prsentó escrito ante el Ayuntamiento pidiendo copia íntegra del expediente nº 3/2014 relativo a las fiestas del carnaval de 2014, así como el del año 2015, sin que hasta la fecha se haya entregado copia íntegrada y foliada de los expedientes.
Pero recientemente ha tenido conocimiento de la existencia de la resolución de 11 de febrero de 2014, por la que se deja sin efecto la resolución de 1 de febrero de 2012, dictada inaudita parte, lesionando gravemente los intereses de la recurrente al no habérsele notificado como parte interesada.
Es más, la fecha de la resolución que deja sin efecto la de 2012 tiene la misma fecha del escrito que esta parte presentó ante el Ayuntamiento para denunciar el incumplimiento del acuerdo alcanzado en el año 2014.
Por ello considera que su solicitud está amparada por la apariencia de buen derecho, pues a raiz el acuerdo alcanzado los actos nocturnos del año 2013 feuron ubicados fuera de las zonas referidas y no se causó ningún perjuicio al interés general, trasladándose dichos actos a la Plaza de la Música. Es más, se trata de una resolución adoptada con base a la sentencia de 22 de julio de 2002 y confirmada por el TS.
La Administración demandada interesa la desestimación de la medida cautelar. Alega que lo que parece entender la recurrente es que la suspensión de la ejecutividad de la resolución impugnada conlleva la reviviscencia de la resolución de 1 de febrero de 2012, sobre la ubicación de ciertos actos nocturnos del carnaval, lo que a su entender supone la imposibilidad de realizar los actos de carnaval en las ubicaciones que señala, como si de dicha resolución se desprendieran obligaciones y prohibiciones para el propio municipio y derechos subjetivos para los vecinos propietarios del edificio sito en la calle Simón Bolívar nº 5.
Sin embargo, aunque entre los fundamentos de la resolución de 1 de febrero de 2012 (por la que se dispuso la ubicación de ciertos actos nocturnos del carnaval a partir del año 2013) se tomaba en consideración el resultado de la sentencia de 22 de julio de 2002, lo que la parte dispositiva de aquélla contiene es una "declaración de intenciones", un deseo, un planeamiento municipal, sin que ello constituya o declare o modifique situación jurídica alguna.
No se trata de un acuerdo alcanzado con los vecinos, sin perjuicio de que se dictara motivado por la conflictividad existente, y del mismo no se deriva que el Ayuntamiento esté obligado a realizar una prestación concreta, y en este caso, a favor de los recurrentes.
Es más, dicha resolución no prohíbe la ubicación de conciertos, noches de Carnaval, mogollones y chiringuitos en las zonas referidas. Establece una declaración de intenciones.
Y el artículo 105 de la Ley 30/92 permite la revocación, en cualquier momento de actos expresos o presuntos, no declarativos de derechos, siempre que no sea contraria al ordenamiento jurídico.
Finalmente, alega que la recurrente se limita a mencionar de modo genérico las molestias que se derivan de los actos del Carnaval, pero no concreta en qué consiste la irreparabilidad del perjuicio que dice sufrir, y omite mencionar que el pasado año 2014 se celebraron los actos en los mismos lugares, sin que conste ningún perjuicio de imposible o díficil reparación a los vecinos.
Expuestas las posiciones de ambas partes, esta Juzgadora considera que, al contrario de lo afirmado por el Ayuntamiento, la resolución de 1 de febrero de 2012 sí que crea en el Ayuntamiento una obligación, al comprometerse a regular las zonas en que ubicar los distintos actos que conforman el Carnaval.
Y ello no sólo en ejecución de la sentencia a que se alude, sino porque, yendo más allá de dicha decisión judicial, viene a añadir otras zonas que no se mencionaban en la sentencia referida...
Así, en virtud de las sentencias en su día dictadas, en la resolución de 1 de febrero de 2012 el Ayuntamiento acuerda celebrar en el Parque Santa Catalina las galas y concursos del Carnaval, cuestión ésta que los vecinos no discuten; pero además, el Ayuntamiento acuerda en dicho acto lo siguiente: "b)Para el resto de los actos lúdicos nocturnos, conocidos como noches de Carnaval, mogollones, conciertos o cualquier otra denominación que se le de, el Ayuntamiento buscará otra ubicación, celebrándose fuera del Parque Santa Catalina, de la Rambla Juan Rodríguez Doreste, la Plaza Comandante Ramón Franco y la Plaza de las Islas Canarias (estando comprendida en la misma la marquesin y el Intercambiador).
c)Tampoco se ubicarán en las zonas indicadas en el anterior apartado b) los denominados chiringuitos".
Y es que, tal y como afirma la parte recurrente, en la resolución de 1 de febrero de 2012 se introducen nuevas zonas que nunca fueron objeto del procedimiento judicial (Plaza Comandante Ramón Franco y Plaza de las Islas Canarias (estando comprendida en la misma la marquesina y el Intercambiador), de modo que la sentencia dictada por el TS en fecha 27 de marzo de 2013 (sobre aclaración de las actividades a que se refirió la sentencia de cuya ejecución se trataba) en nada afectan a estos dos últimos apartados a que se refiere la resolución de 1 de febrero 2012.
Por otro lado, la redacción literal que se da a esos dos apartados no deja duda de que el Ayuntamiento sí que asume esa obligación por iniciativa propia, y al afectar a los intereses de los vecinos que eran parte en el procedimiento judicial en ejecución de sentencia (los ahora recurrentes), no puede, sin más y sin seguir ningún trámite, dejar sin efecto una resolución que afecta a intereses de terceros.
En defintiva, concurre en la parte actora apariencia de buen derecho que justifica la adopción de la medida cautelar solicitada, suspendiendo el acto administrativo impugnado, debiendo mantenerse los efectos de la resolución que deja sin efecto (la de fecha 1 de febrero de 2012), de manera que los actos lúdico nocturnos conocidos como noches de Carnaval (mogollones, conciertos o cualquier otra denominación), así como los chiringuitos, se ubiquen fuera del Parque de Santa Catalina, de la Rambla Juan Rodríguez Doreste, Plaza Comandante Ramón Franco y la Plaza de las Islas Canarias (estando comprendida en la misma la marquesina y el Intecambiador).
TERCERO.- No se aprecian motivos para la imposición de las costas de este incidente a ninguna de las partes
Que estimando la medida cautelar interesada por la Procuradora Dña. Emma Crespo Ferrándiz, en nombre y representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO SIMÓN BOLÍVAR Nº 5, se acuerda la suspensión del acto administrativo identificado en el Hecho Unico de esta resolución, debiendo mantenerse los efectos de la resolución que deja sin efecto (la de fecha 1 de febrero de 2012), de manera que los actos lúdico nocturnos conocidos como noches de Carnaval (mogollones, conciertos o cualquier otra denominación), así como los chiringuitos, se ubiquen fuera del Parque de Santa Catalina, de la Rambla Juan Rodríguez Doreste, Plaza Comandante Ramón Franco y la Plaza de las Islas Canarias (estando comprendida en la misma la marquesina y el Intecambiador).sin realizar pronunciamiento sobre costas procesales.
Notifíquese la anterior resolución a la Administración y al resto de los interesados, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en un solo efecto, en el plazo de quince días desde su notificación. Siendo indispensable que el recurrente acredite, al interponer el recurso, haber consignado la cantidad de Cincuenta euros.
Dicha consignación deberá efectuarse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, en la entidad BANESTO DEL GRUPO SANTANDER, con número 3416 0000 22 0009 15.
Así lo acuerda manda y firma Dña. Mercedes Martín Olivera, Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº Cinco de Las Palmas. Doy fe

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 artículo 105
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