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Timestamp: 2020-04-05 10:24:37+00:00

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Dictamen : 153 del 25/05/2001
Texto Dictamen 153
C-153-2001
25 mayo del 2001
En su misiva, solicita se rinda el dictamen a que hace referencia el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, dentro del expediente N° 0692-00 tramitado para determinar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que otorgó Grupo Profesional MT-5 en puesto administrativo docente al señor XXX.
VICIOS EXISTENTES EN EL EXPEDIENTE ENVIADO A NOMBRE DEL SEÑOR XXX.
CON RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DEL ORGANO DIRECTOR.
En primer término, dentro del procedimiento que nos ocupa se incurre en un vicio en el nombramiento del órgano director. En ese sentido, mediante resolución N° 1149-2000 del Despacho del Ministro de Educación Pública, de las nueve horas con treinta minutos del dos de noviembre del dos mil, se designa como órgano director al Departamento de Procedimientos Legales de ese Ministerio de Educación Pública (folios 13 al 20); no obstante, en la primera resolución que emite ese Departamento, a saber la N° 0127-2001 de las dieciséis horas con treinta minutos del quince de enero del dos mil uno, no se indica si el órgano es unipersonal o colegiado, y mucho menos el funcionario o funcionarios (personas físicas) que van a llevar a cabo el procedimiento (folios 23 al 28).
Amén de lo anterior, en el acta de la audiencia legal firma la Licda. Mercedes Mejía Saénz en representación del órgano director (folio 46); sin embargo tanto en la mencionada resolución que da inicio del procedimiento administrativo, como en la que cita a la comparecencia oral y privada, N° 439-20001 de las quince horas del doce de marzo del dos mil uno, la única que firma en calidad de representante del órgano director es la Licda. Zeydi Palma Grijalba, Directora del Departamento de Procedimientos Legales (folios 23 al 28 y 29 al 34 respectivamente).
B) EN RELACIÓN CON LA INTIMACIÓN.
Según se desprende del expediente administrativo, el procedimiento seguido al funcionario XXX tiene como finalidad anular la asignación al grupo profesional MT-5 en puesto administrativo docente otorgado a ese servidor; sin embargo en ningún momento se individualiza el acto que efectivamente realiza dicha asignación.
Por otra parte, tampoco se le hace ver al servidor a partir de qué fecha ostenta la asignación al grupo profesional MT-5, y al respecto es importante destacar que ese aspecto no queda claro de los documentos que constan en el expediente, en virtud de que si bien es cierto en los folios 2 y 12, y en el punto sexto de la relación de hechos de la página 2 de su misiva, se establece que ostenta ese grupo desde el 1° de junio de 1997, en el folio 1° se indica que es desde el 5 de junio del 2000. Aunado a que, en el folio 3 se señala que desde el 1° de junio de 1997 ostenta el grupo profesional MT-2 en puesto administrativo docente, y en el folio 5 se consigna que se le asignó grupo profesional PT-6 en puesto administrativo docente.
" (...) si en el acto de apertura de un procedimiento administrativo se indicó que el procedimiento era tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un determinado acto administrativo, no se puede dictar una resolución final en la que se establezca la nulidad de otros actos, aún y cuando, sea manifiesta su relación, porque sobre estos no ha existido intimación ni imputación." (El destacado no es del original). (Dictamen C-055-2000 del 20 de marzo del 2000).
A mayor abundamiento, la Procuraduría mediante dictamen C-049-99 del 5 de marzo de 1999, señaló:
Por consiguiente, deviene indispensable que desde su inicio el interesado tenga pleno conocimiento del acto declaratorio de derechos, debidamente individualizado y que conste fehacientemente en el expediente, que se pretende declarar su nulidad absoluta, evidente y manifiesta, de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.
Por otra parte, es de advertir que ni en la resolución que da inicio al procedimiento, ni en la que se cita al señor XXX a la comparecencia oral y privada se le previene que debe señalar lugar para oír notificaciones.
Finalmente, téngase presente que tocante a las exigencias para que las notificaciones -dentro de un procedimiento administrativo- se consideren ajustadas a Derecho, su soporte descansa en los artículos 239 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública (véanse con mayor detalle los dictámenes C- 062-2000 del 31 de marzo del 2000 y C-309-2000 del 13 de diciembre del 2000).
En torno al tema de los requisitos de notificación, la Procuraduría mediante dictamen C-055-99 del 18 de marzo de 1999, indicó:
Además, la Procuraduría mediante dictamen C-049-99 del 5 de marzo de 1999, comentó:
Teniendo como parámetro lo anterior se constata que en el caso en comentario las notificaciones efectuadas no se ajustan a la normativa reseñada; y sobre el particular se puede observar que no está la debida constancia de la notificación de los folios 42 a 44, por ejemplo.
CON RESPECTO A LA COMPARECENCIA ORAL Y PRIVADA.
Ha quedado de manifiesto en líneas anteriores, la relevancia de una debida intimación para ejercer un adecuado derecho de defensa; y si esto no ocurre consecuentemente la audiencia legal, como el medio idóneo que contempla la Ley General de la Administración Pública para el ejercicio de la más amplia defensa de las partes, no logra su cometido, en vista de que la parte no tiene todos los elementos fácticos y jurídicos que propician el procedimiento, a pesar de que por su naturaleza la parte puede renunciar a la comparecencia, si lo estima necesario para proteger sus derechos e intereses, como derivación de la garantía contenida en el artículo 39 de la Carta Magna, que estipula que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo (véase al respecto la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia N° 126-96 de las 15:57 horas del 9 de enero de 1996).
Valga apuntar, además que en el acta de la audiencia legal se consigna que el procedimiento ordinario de marras es "tendente a demostrar la Nulidad Absoluta de la asignación de Grupo Profesional MT-5 que le fuera otorgado al servidorXXX." Como puede observarse, no se indica correctamente que es para declarar la nulidad, evidente y manifiesta, a tenor del numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública.
Con el objeto de garantizar el derecho de defensa efectiva, deben constar en el respectivo expediente los documentos que sirven de fundamento a la pretensión de anular un derecho subjetivo; en consecuencia los documentos deben ser originales o copias debidamente certificadas por el órgano competente para ello, haciendo constar que es copia fiel y exacta de su original, el cual se encuentra en los archivos de la entidad gestionante.
En el expediente administrativo en estudio se vislumbra que existen diversos documentos, que son simples fotocopias no certificadas como en Derecho corresponde, verbigracia el título del grado académico en la Maestría Profesional en Administración Educativa a nombre del señor XXX, extendido por la Universidad Latina de Costa Rica (folio 9), la certificación de la Universidad de Cartago Florencio del Castillo (folio 8) y lo escrito en el reverso de los folios 27 y 33.
Por otra parte, se acota que existen otros documentos que presentan la omisión de que no están firmados como es el caso del que consta a folio 22.
La Procuraduría General de la República ha sido conteste en afirmar que "(…) conforma parte de la garantía constitucional citada [el debido proceso] el orden en la tramitación del procedimiento. " (Véase al respecto, verbigracia opinión jurídica N ° O.J. 060-98 del 15 de julio de 1998, y los dictámenes C-210-00 del 4 de setiembre y C-290-2000 del 20 de noviembre ambos del año 2000).
Es imperioso mencionar que si dentro del desarrollo del procedimiento administrativo se patentiza algún tipo de violación a los principios del debido proceso, la Administración debe anular el respectivo acto (verbigracia comparecencia oral y privada), así como las actuaciones y resoluciones posteriores, fase procesal a la que se debe retrotraer dicho procedimiento, en virtud de que el "incumplimiento total o parcial de las pautas ordenatorias del procedimiento administrativo acarrea sanciones jurídicas reparatorias de la antijuricidad en procura de la salvaguarda de la sanidad del derecho." (DROMI, José Roberto, El Procedimiento Administrativo, Madrid, Editorial del Instituto de Estudio de la Administración Local, 1986, p. 59)
De conformidad con lo expuesto, al existir vicios substanciales en la instrucción del procedimiento administrativo relacionado con el servidor XXX, este órgano se encuentra imposibilitado para emitir dictamen sobre la eventual existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, hasta tanto se subsanen por parte de la administración activa los vicios señalados, y en el tanto se esté dentro del plazo de los cuatro años a que alude el inciso 5) del supracitado numeral 173, teniendo presente la fecha en que se adoptó el acto administrativo que se pretende anular.

References: artículo 173
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 173
 resolución 
 artículo 39