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Timestamp: 2020-01-26 20:46:27+00:00

Document:
Decreto-ley 6070/58 - Ón del Proyecto de Ley de Reforma, Actualizaci
Decreto-ley 6070/58: Estatuto Profesional de los Agrimensores, Agrónomos, Arquitectos e Ingenieros (art. 24).
Decreto-ley 6.582/58, ratificado por Ley 14.467: Régimen jurídico del Automotor. Texto ordenado por Decreto 1.114/97, con las modificaciones posteriores introducidas por las Leyes 25.232, 25.345 y 25.677.
Decreto-ley 7.713/62: Represión del contrabando (derogada expresamente, Decreto 4.531/65).
Decreto-ley 13.911/62: Modificación al Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia y los Tribunales Ordinarios de la Capital (caducada por objeto cumplido).
Decreto-ley 276/63: Autorización al Consejo Nacional de Menores para trasladar a secciones especiales a menores que presenten graves problemas de conducta (derogada implícitamente, Ley 22.278, 23.984, 24.660, 26.061).
Decreto-ley 788/63: Represión de delitos contra la Seguridad de la Nación (derogada expresamente, Ley 16.648).
Decreto-ley 1.607/63: Delitos contra la Seguridad de la Nación, Seguridad Pública, la Salud Pública y la Tranquilidad Pública (derogada expresamente, Ley 16.648).
Decreto-ley 2.021/63: Modificación de Ley 2.372, Código de Procedimiento en lo Criminal (caducada por objeto cumplido).
Decreto-ley 4.322/63: Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Delegación de casos entre Fiscales Adjuntos ad hoc (derogada implícitamente, Ley 24.946).
Decreto-ley 4.778/63: Modificación del Código Penal (derogada expresamente, art. 1º Ley 16.648).
Decreto-ley 6.637: Aprueba reformas al Código de Procedimientos de Faltas de la Capital Federal (derogada expresamente, Ley 19.690).
Decreto-ley 6.673/63: Régimen de protección de los derechos del autor de modelos o diseños industriales (arts. 19, 21, 23, 24 y 25).
Decreto-ley 17.040/66: Secretaría de Seguridad Social.
Decreto 395/1975: Enumeración de las armas de guerra y de las de uso civil. Reglamentación parcial del Decreto-ley 20.429/73 sobre armas y explosivos.
Decreto 1.265/82: Régimen Penal Cambiario. Ordénense las disposiciones legales vigentes del citado régimen a denominarse en lo sucesivo “Ley del Régimen Penal Cambiario”. Texto ordenado en 1982 (caducada por objeto cumplido).
Decreto 3.992/84: Texto ordenado del Código Penal (caducada por objeto cumplido).
Decreto 1011/91: Decreto de Necesidad y Urgencia sobre reembolsos a la exportación (art. 9).
Decreto 2753/91: Decreto de Necesidad y Urgencia sobre importación para el consumo. Régimen de equipaje (art. 8).
Decreto 480/95: Régimen Penal Cambiario.
Decreto 1.058/1997: Reglamentación del artículo 33 de la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad.
Decreto 1.136/1997: Reglamentación del capítulo XI de la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad.
Decreto 1.139/2000: Reglamentación del capítulo VI de la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad.
Decreto 1.235/2001: Prevención y represión de actos de terrorismo. (Apruébase la Resolución 1.373 (2001) adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mediante la cual se reafirma la necesidad de luchar con todos los medios, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, contra las amenazas a la paz y la seguridad internacionales representadas por los actos de terrorismo).
Decreto 807/2004: Reglamentación del artículo 174 de la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad.
E. Raúl Zaffaroni (*)
1. El presente Anteproyecto pretende cubrir una urgente necesidad y, al mismo tiempo, retomar la línea de una tradición legislativa codificadora nacional que se remonta a un siglo y medio y aún más lejos.
(*) La Comisión delegó en su Presidente la redacción de la presente Exposición de Motivos.
Es sabido que San Martín y Bolívar leían al ilustrado español Manuel de Lardizábal y Uribe, que en realidad había nacido en México, pero que transitó toda su vida adulta en la metrópoli y a quien se suele mencionar como el Beccaria español.
En alguna medida, el Proyecto de 1891 fue reelaborado por una nueva comisión nombrada por el ejecutivo en 1904 y que elevó su trabajo en 1906, pero que tampoco tuvo eco en los poderes públicos. El mencionado Herrera, hombre proveniente de la vida política, que nunca fue catedrático ni académico, fue el más inteligente crítico de este proyecto, con incidencia en las decisiones legislativas posteriores.
2. A partir del restablecimiento de la constitucionalidad a fines de 1983 se produjeron diversas reformas. En un comienzo se limitaron los efectos de la reincidencia y del resabio de la relegación del artículo 52, introduciendo el derecho penal de registro, que no tenía antecedentes nacionales, todo lo cual permitió destrabar complejas situaciones penitenciarias. Luego se sancionó otra reforma que derogó casi totalmente los textos introducidos por la dictadura militar en 1976.
3. En casi todo el mundo, las llamadas campañas de ley y orden (law and order, Gesetz und Ordnung) del siglo pasado han sido reemplazadas por un juego político permanente, observándose una clara tendencia a fomentar la represión selectiva por parte de los sectores conservadores de la política y, a decir verdad, también por los sectores progresistas ante la amenaza de perder votos. Ejemplos de esta naturaleza lo han dado el laborismo inglés, el socialismo italiano, la socialdemocracia alemana y el propio partido demócrata norteamericano.
4. En nuestro país, en el plano legal, el panorama se ha vuelto caótico como resultado de la implosión del Código Penal de 1921 y de la multiplicidad de leyes penales especiales, como también de normas injertadas en leyes de la más diversa índole, cuya naturaleza – penal o no penal – muchas veces queda en duda.
5. La exigencia de certeza en el derecho proviene del origen más remoto de nuestra legislación positiva, al punto que su consagración sintética en el Fuero Juzgo es coetánea con la fijación de la lengua castellana: La ley deve ser manifiesta, é non deve ninguno seer engannado por ella (Título II, Libro IV).
Con el nombre de código se designaron desde entonces los cuerpos legales sistemáticos y exhaustivos, a diferencia de los anteriores, que eran recopilaciones de leyes de tiempos diferentes, sin concentración sistemática y carentes de parte general.
6. Casi siempre que se invoca la necesidad de codificar una rama jurídica, no falta alguna voz aislada que la objeta en base a la experiencia anglosajona y, en particular inglesa. Sin perjuicio de que es obvio que somos parte de la cultura jurídica de origen continental europeo y no podríamos adaptarnos al sistema británico, lo cierto es que en materia penal, la excepción anglosajona puede considerarse casi extinguida, dado el progresivo avance del derecho legislado en las últimas décadas y la prohibición de la antigua facultad de creación judicial de tipos penales en Gran Bretaña, cancelada definitivamente por la Cámara de los Lores a mediados del siglo pasado.
7. La codificación como técnica legislativa en materia penal – exigida en función del mandato constitucional de certeza – está consagrada en la Constitución desde su versión original, en el inciso 12º del artículo 75º constitucional (antiguo inciso 11º del artículo 67º), que manda al Congreso Nacional dictar el Código Penal. La reforma de 1994, que habilita cuerpos unificados o separados, sigue demandando códigos, lo que pone de relieve con toda claridad mediante la palabra cuerpos.
8. No es posible ignorar la enseñanza política de la historia y, a su respecto, bueno es señalar la lección que recibimos del proceso de codificación anterior, que desembocó en el Código Penal de 1921 y que sirvió para regirnos pacíficamente durante décadas.
En los tiempos en que se codificó o se intentó seriamente una reforma integral, también cabe observar que tomaron parte personalidades de alto nivel político o científico: lo fue Carlos Tejedor; lo fueron Rivarola, Piñero y Matienzo, entre otras cosas fundadores de la Facultad de Filosofía de Buenos Aires; lo fue Rodolfo Moreno (h), tanto como Coll, Gómez y Peco; lo fue Isidoro De Benedetti, catedrático del Litoral y de Buenos Aires, perseguido por su filiación política; lo fue Ricardo Levene (h), luego ministro y presidente de la CSJN y autor del actual código procesal penal de la Nación; lo fue Sebastián Soler, renovador de nuestra doctrina penal; lo fueron los autores del proyecto de 2006, catedráticos y publicistas de la especialidad. Esto señala la seriedad con que en tiempos de normalidad institucional se meditó la tarea, cualquiera haya sido el éxito coyuntural que haya tenido y el signo político bajo el que se la haya intentado.
Consciente de esta tradición, la Comisión ha realizado el mayor esfuerzo para enmarcar el Anteproyecto que eleva dentro de esta línea histórica, no sólo por todas las razones expuestas sino también por respeto y como homenaje a todos los que la han precedido en la tarea a lo largo de más de ciento cincuenta años.
Antecedentes y proyectos históricos de codificación penal argentina

References: artículo 33
 Resolución 
 artículo 174
 artículo 52
 artículo 75
 artículo 67