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Timestamp: 2019-05-25 11:59:00+00:00

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Vigencia desde 13 de Julio de 1992. Revisión vigente desde 28 de Junio de 2010
CAPÍTULO PRIMERO. CONCEPTOS
CAPÍTULO II. AMBITO DE LA LEY
CAPÍTULO III. OBJETIVOS
TITULO PRIMERO. Ordenación de recursos naturales
CAPÍTULO II. CLASES DE PLANES
CAPÍTULO III. CONTENIDO DE LOS PLANES
CAPÍTULO IV. ELABORACION, APROBACION Y PUBLICACION
TITULO II. Organización administrativa
TITULO III. De la propiedad forestal
CAPÍTULO PRIMERO. DE LOS MONTES PUBLICOS
SECCIÓN 1. REGIMEN GENERAL DE LOS MONTES PUBLICOS
SECCIÓN 2. DE LA INVESTIGACION, DE LA RECUPERACION DE OFICIO Y DEL DESLINDE DE LOS MONTES PUBLICOS
CAPÍTULO II. DE LOS MONTES DE PARTICULARES
TITULO IV. Gestión de los montes
CAPÍTULO PRIMERO. ASPECTOS GENERALES
CAPÍTULO II. INCENDIOS FORESTALES
TITULO V. De los usos y aprovechamientos del monte
TITULO VI. Fomento y mejora de las actuaciones forestales
CAPÍTULO PRIMERO. INFRACCIONES
CAPÍTULO II. SUJETOS RESPONSABLES
CAPÍTULO III. CALIFICACION DE LAS INFRACCIONES
CAPÍTULO V. ATRIBUCIONES ORGANICAS
Apartado 9.º del artículo 77 introducido, en su actual redacción, por el apartado 2.º del artículo 13 de la Ley [ANDALUCÍA] 3/2010, 21 mayo, por la que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.J.A.» 8 junio). Apartado 10 del artículo 77 introducido, en su actual redacción, por el apartado 2.º del artículo 13 de la Ley [ANDALUCÍA] 3/2010, 21 mayo, por la que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.J.A.» 8 junio). Apartado 11 del artículo 77 introducido, en su actual redacción, por el apartado 2.º del artículo 13 de la Ley [ANDALUCÍA] 3/2010, 21 mayo, por la que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.J.A.» 8 junio).
Apartado 9.º del artículo 77 introducido por el apartado 2.º del artículo 13 del D Ley [ANDALUCÍA] 3/2009, 22 diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.J.A.» 24 diciembre). Apartado 10 del artículo 77 introducido por el apartado 2.º del artículo 13 del D Ley [ANDALUCÍA] 3/2009, 22 diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.J.A.» 24 diciembre). Apartado 11 del artículo 77 introducido por el apartado 2.º del artículo 13 del D Ley [ANDALUCÍA] 3/2009, 22 diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.J.A.» 24 diciembre). Artículo 67 derogado por el D Ley [ANDALUCÍA] 3/2009, 22 diciembre, («B.O.J.A.» 24 diciembre). Posteriormente se reitera la derogación por el artículo 13.1 de la Ley [ANDALUCÍA] 3/2010, 21 mayo, por la que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.J.A.» 8 junio).
Último párrafo del número 1 del artículo 64 introducido por el número 1 de la Disposición Final 4.ª de la Ley [ANDALUCÍA] 1/2008, 27 noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos («B.O.J.A.» 11 diciembre). Apartado 8.º del artículo 77 introducido por el número 2 de la Disposición Final 4.ª de la Ley [ANDALUCÍA] 1/2008, 27 noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos («B.O.J.A.» 11 diciembre).
L 8/2003 de 28 Oct. CA Andalucía (flora y fauna silvestres)
Número 2 del artículo 47 derogado por la disposición derogatoria única de la Ley [ANDALUCÍA] 8/2003, 28 octubre, de la flora y la fauna silvestres («B.O.J.A.» 12 noviembre). Apartado 7.º del artículo 76 derogado por la disposición derogatoria única de la Ley [ANDALUCÍA] 8/2003, 28 octubre, de la flora y la fauna silvestres («B.O.J.A.» 12 noviembre). Letra b) del artículo 48 derogada, en lo que se refiere a caza, pesca y fauna cinegética, por la disposición derogatoria única de la Ley [ANDALUCÍA] 8/2003, 28 octubre, de la flora y la fauna silvestres («B.O.J.A.» 12 noviembre). Artículo 61 derogado, en lo que se refiere a caza, pesca y fauna cinegética, por la disposición derogatoria única de la Ley [ANDALUCÍA] 8/2003, 28 octubre, de la flora y la fauna silvestres («B.O.J.A.» 12 noviembre). Número 3 del artículo 64 derogado, en lo que se refiere a caza, pesca y fauna cinegética, por la disposición derogatoria única de la Ley [ANDALUCÍA] 8/2003, 28 octubre, de la flora y la fauna silvestres («B.O.J.A.» 12 noviembre). Número 3 del artículo 77 derogado, en lo que se refiere a caza, pesca y fauna cinegética por la disposición derogatoria única de la Ley [ANDALUCÍA] 8/2003, 28 octubre, de la flora y la fauna silvestres («B.O.J.A.» 12 noviembre). Téngase en cuenta que la disposición transitoria 6.ª de la Ley [ANDALUCÍA] 8/2003, 28 octubre, de la flora y la fauna silvestres, («B.O.J.A.» 12 noviembre), establece lo siguiente: «Hasta tanto se desarrollen las previsiones contenidas en la presente Ley sobre el aprovechamiento de la flora silvestre, permanecerá en vigor el régimen jurídico del aprovechamiento de plantas aromáticas y medicinales, setas u hongos, establecido en la Ley 2/1992, de 15 junio, Forestal de Andalucía, y disposiciones que la desarrollan».
L 5/1999 de 29 Jun. CA Andalucía (prevención y lucha contra los incendios forestales)
Letra a) del número 1 del artículo 44 derogada por Ley [ANDALUCIA] 5/1999, 29 junio («B.O.J.A.» 17 julio), de prevención y lucha contra los incendios forestales. Letra b) del número 1 del artículo 44 derogada por Ley [ANDALUCIA] 5/1999, 29 junio («B.O.J.A.» 17 julio), de prevención y lucha contra los incendios forestales. Artículo 50 derogado por Ley [ANDALUCIA] 5/1999, 29 junio («B.O.J.A.» 17 julio), de prevención y lucha contra los incendios forestales. Artículo 51 derogado por Ley [ANDALUCIA] 5/1999, 29 junio («B.O.J.A.» 17 julio), de prevención y lucha contra los incendios forestales. Artículo 52 derogado por Ley [ANDALUCIA] 5/1999, 29 junio («B.O.J.A.» 17 julio), de prevención y lucha contra los incendios forestales. Artículo 53 derogado por Ley [ANDALUCIA] 5/1999, 29 junio («B.O.J.A.» 17 julio), de prevención y lucha contra los incendios forestales. Artículo 54 derogado por Ley [ANDALUCIA] 5/1999, 29 junio («B.O.J.A.» 17 julio), de prevención y lucha contra los incendios forestales. Artículo 55 derogado por Ley [ANDALUCIA] 5/1999, 29 junio («B.O.J.A.» 17 julio), de prevención y lucha contra los incendios forestales. Artículo 58 derogado por Ley [ANDALUCIA] 5/1999, 29 junio («B.O.J.A.» 17 julio), de prevención y lucha contra los incendios forestales. Artículo 59 derogado por Ley [ANDALUCIA] 5/1999, 29 junio («B.O.J.A.» 17 julio), de prevención y lucha contra los incendios forestales. Apartado 10 del artículo 76 derogado por Ley [ANDALUCIA] 5/1999, 29 junio («B.O.J.A.» 17 julio), de prevención y lucha contra los incendios forestales. Disposición Transitoria 5.ª derogada por Ley [ANDALUCIA] 5/1999, 29 junio («B.O.J.A.» 17 julio), de prevención y lucha contra los incendios forestales.
Téngase en cuenta que la disposición transitoria 6.ª de la Ley [ANDALUCÍA] 8/2003, 28 octubre, de la flora y la fauna silvestres, («B.O.J.A.» 12 noviembre), establece lo siguiente: «Hasta tanto se desarrollen las previsiones contenidas en la presente Ley sobre el aprovechamiento de la flora silvestre, permanecerá en vigor el régimen jurídico del aprovechamiento de plantas aromáticas y medicinales, setas u hongos, establecido en la Ley 2/1992, de 15 junio, Forestal de Andalucía, y disposiciones que la desarrollan». Véase el D [ANDALUCÍA] 208/1997, 9 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía («B.O.J.A.» 7 octubre).
El contraste de estas recomendaciones con el actual estado de la legislación aplicable en Andalucía y la inexistencia de una planificación general en materia de montes demuestran la inadecuación de la primera, que conduce, por contra, a la degradación de los terrenos forestales y la insuficiencia de la segunda, que se manifiesta a través de los planes de transformación forestal en Comarcas de Reforma Agraria, actuación en zonas de agricultura de montaña y zonas puntuales.
Cumplir con el mandato estatutario, sin sobresaltos, hace necesario conocer el marco habitable -unas son las metas, otros los caminos-.
La Comunidad Autónoma Andaluza, por una parte, de acuerdo con el artículo 13.6 y 7 del Estatuto de Andalucía posee competencia exclusiva sobre los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad le corresponde y sobre montes, aprovechamientos, servicios forestales y vías pecuarias, marismas y lagunas, pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas de montaña y conforme al artículo 18.4 y de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, para la mejora y ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. Especial referencia debe hacerse a la competencia exclusiva de la Comunidad sobre ordenación del territorio y política territorial, fuente, a su vez de las competencias antes expuestas.
Este reparto y concurrencia competencial obliga a considerar la reserva de la compentencia del Estado y aquellas disposiciones que expresa y deductivamente deban considerarse básicas.
Mayor complejidad plantea la frondosa legislación forestal -Ley de Montes, Ley de Patrimonio Forestal del Estado, Ley de Incendios Forestales, Ley de Fomento de la Producción Forestal y sus respectivos reglamentos- al tratarse de normas preconstitucionales de las que habría que deducir legislación básica. Esta complejidad no puede conducir a la inactividad legislativa de la Comunidad Autónoma que dejaría sin atender necesidades apremiantes a la espera de una legislación estatal absolutamente clarificadora y, por otra parte, existen, con independencia de sus competencias propias, razones que otorgan a la Comunidad Autónoma un amplísimo marco de actuación en esta materia, entre ellas: La minuciosidad de los Decretos de transferencias del Estado a Andalucía; el que la denominada legislación forestal resulte sustancialmente matizada por las disposiciones estatales y comunitarias arriba referidas; la doctrina constitucional sentada sobre esta materia; la dispersión de dicha legislación; la utilización de la rúbrica de la ordenación del territorio propia de la competencia autonómica y la lejania del contexto en que nació la legislación vigente. En este sentido, tanto los dictámenes evacuados por prestigiosos juristas como los informes de la Administración estatal competente eluden el riesgo que se podía asumir.
A la descripción física tradicional de los terrenos forestales se le añade la enumeración de las funciones que cumplen que, aunque inmemorialmente reconocidads, necesitaban de una ponderación dirigida al equilibrio en la dialéctica entre las funciones de conservación y producción y en la búsqueda de un crecimiento sostenido que a su vez preserve la riqueza y la diversidad genética.
Asimismo, se incluyen en el concepto los enclaves forestales en terrenos agrícolas para evitar la simplificación paisajística que se viene produciendo en algunos espacios andaluces y se flexibiliza la delimitación de la frontera entre lo agrícola y lo forestal, teniendo presente las nuevas políticas de ordenación y desarrollo rural.
Se ha pretendido no exarcerbar la contradicción que resulta de la pluralidad de planeamientos sobre un mismo territorio con la creación de nuevos instrumentos de planificación; por ello, entre otras razones, se acude a una figura establecida: Los Planes de Ordenación de Recursos Naturales, que en sus contenidos mínimos responden a la filosofía de equilibrio que se viene manteniendo.
Las medidas de conservación y desarrollo duradero de los recursos naturales y en concreto de los que sustentan el ecosistema forestal sólo pueden ser efectivas si sus objetivos son asumidos por la sociedad y la única garantía de éxito consiste en la participación en todas las fases del proceso de decisión y ejecución, de los representantes de los sectores implicados.
Al ejercicio del principio de participación debe atribuirse la aprobación unánime del Plan Forestal Andaluz en el Parlamento, aconsejando este antecedente, el sometimiento generalizado del documento de trabajo para la elaboración de la Ley Forestal a la consideración de las Administraciones y sectores implicados y el encargo de dictámenes a la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia y a eminentes profesores, habiéndose atendido la mayor parte de las observaciones recibidas, que han supuesto aportaciones de transcendencia para la seguridad y riqueza del texto.
En el orden dispositivo, la participación se garantiza a lo largo de todo el texto y, en concreto, en el proceso de aprobación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales por la intervención de los agentes sociales en los órganos consultivos, asesores y de seguimiento que se constituyen -Consejos Forestales-, habilitándose a la Administración Forestal para la suscripción con aquéllos de convenios de colaboración para el desarrollo de los objetivos de la política forestal.
La Constitución garantiza la autonomía de las Corporaciones Locales y, a este respecto, se pronuncia la Ley Forestal, desapareciendo técnicas intervencionistas del pasado y participando la Comunidad Autonóma en la gestión de los montes de titularidad local sólo cuando las Corporaciones que la ostenten suscriban convenios de cooperación, en el convencimiento de que la autonomía de las instituciones únicamente se consigue por el continuo ejercicio de sus derechos y obligaciones y la consiguiente asunción de las responsabilidades que genere.
La planificación permite la liberalización de las actuaciones sustityendo trámites de autorización previa por la puesta en conocimiento de su realización.
La preocupación social valora y pondera, ya con otros criterios, la funciones que cubren los espacios forestales, y su defensa requiere la utilización y afinamiento de variados instrumentos de protección.
Se va consolidando, por ello, el dominio público forestal, aunque, por prudencia, esta categoría únicamente se predicará en los montes de titularidad pública, habilitando esta Ley la progresiva demanialización de los montes públicos poe acuerdo del Consejo de Gobierno, atribuyendo a los bienes que tengan esta calificación la condición de imprescriptibles y privilegiándose con el principio de la recuperación de oficio ante cualquier ataque u ocupación.
Se instrumenta, con este mismo objetivo, un procedimiento que, sin menoscabo de las garantías necesarias, resulta más ágil y, por lo tanto, más eficaz para el ejercicio por parte de la Administración de las facultades de deslinde, apeo y amojonamiemto de los bienes forestales de su titularidad.
Se recogen en la Ley los principios más generales de manejo de los ecosistemas forestales con el fin de vincular de forma expresa la elaboración de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales y la ejecución de la política forestal a los mismos, recogiéndose como principio general superior, la gestión integrada de los montes o espacios forestales, al contemplar de forma conjunta la vegetación, la fauna y el medio físico que los constituye.
A la vista de la situación antes expuesta, se actualiza el importe de las sanciones, en el marco de la legislación básica y se modifica el sistema de valoración de las mismas, regulando sin carácte sancionador, de forma distinta, la obligación de reparar el daño causado dentro del mismo año forestal, sometiendo estos trabajos a la aprobación de un plan técnico y asentando en el Registro de la Propiedad las anotaciones correspondientes que, a la postre, protegen al adquirente de buena fe.

References: artículo 77
 artículo 13
 artículo 77
 artículo 13
 artículo 77
 artículo 13
 artículo 77
 artículo 13
 artículo 77
 artículo 13
 artículo 77
 artículo 13
 Artículo 67
 artículo 13
 artículo 64
 artículo 77
 artículo 47
 artículo 76
 artículo 48
 Artículo 61
 artículo 64
 artículo 77
 artículo 44
 artículo 44
 Artículo 50
 Artículo 51
 Artículo 52
 Artículo 53
 Artículo 54
 Artículo 55
 Artículo 58
 Artículo 59
 artículo 76
 artículo 13
 artículo 18