Source: https://diario-oficial-generalitat-catalunya.vlex.es/vid/ley-29-presupuestos-generalidad-2006-19494062
Timestamp: 2020-02-17 04:05:10+00:00

Document:
LEY 20/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2006. - DOGC. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (en castellano) - Legislación - VLEX 19494062
TÍTULO II. - arts. 13 a 18
Capítulo I. - arts. 19 a 25
TÍTULO IV. - arts. 31 a 38
TÍTULO V. - arts. 39 a 41
TÍTULO VI. - arts. 42 a 47
TÍTULO VII. - arts. 48 a 51
20/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2006.
Con esta nueva orientación, los presupuestos para 2006 quieren dar un paso adelante decisivo hacia la presupuestación por objetivos y resultados. Por ello, se pone el acento en la clasificación de los gastos por programas .que pasa a situarse en el mismo nivel que las tradicionales clasificaciones orgánica y económica., con el objetivo de dar más relevancia a las finalidades a las que se asignan los gastos, sin olvidar, no obstante, la importancia de su asignación entre los diversos centros gestores y entre las distintas naturalezas económicas.
Otra de las novedades de estos presupuestos para 2006 es que profundizan en la consideración global de la actuación pública del conjunto de la Generalidad, la cual, bajo el punto de vista institucional, no se limita a la actuación de su Administración pública .entendida como la suma de los departamentos, sus organismos autónomos administrativos y las entidades gestoras de servicios sanitarios y sociales., sino que se canaliza mediante un buen número de entidades de distintas clases. Entre tales entidades destacan, además de la propia Administración pública de la Generalidad, los organismos comerciales o financieros, las entidades de derecho público sometidas al ordenamiento jurídico privado, las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Generalidad o de sus entidades y las demás entidades, como fundaciones o consorcios, en las que la Generalidad o sus entidades tienen una posición mayoritaria y, por lo tanto, determinante en su actuación. Por ello, el ámbito institucional de los presentes presupuestos se amplía con relación al de anteriores ejercicios, y se incorporan a ellos .a título informativo y de consolidación presupuestaria. los consorcios y las fundaciones que, aunque no son mencionados explícitamente por el artículo 29 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, se clasifican como Administración de la Generalidad, de acuerdo con las normas del SEC 95.
Otro cambio para contribuir a dicho proceso de mejora y sistematización es que se homogeneizan las estructuras económicas de ingresos y gastos, que hasta ahora presentaban diferencias sustanciales entre los distintos tipos de organismos y entidades. Así, los presupuestos para 2006 .tanto los de la Administración de la Generalidad como los de todas las entidades incluidas en el ámbito de los presentes presupuestos. se presentan con una sola estructura económica de ingresos y gastos, única y común, con el objetivo de facilitar la agregabilidad de los datos y, por lo tanto, el análisis global de la actuación presupuestaria.
El título IV regula las operaciones financieras, es decir, las autorizaciones de endeudamientos y avales, y las líneas de actuación del crédito público que desarrollan tanto el Instituto Catalán de Finanzas .y las sociedades en las que tiene participación. como el Instituto Catalán del Crédito Agrario.
TÍTULO I Artículos 1 a 12
Se aprueban los presupuestos de la Generalidad para el ejercicio 2006, que están integrados por:
a) El presupuesto de la Administración de la Generalidad .en el que se incluyen el Parlamento, los organismos estatutarios y consultivos, los departamentos del Gobierno y los fondos no departamentales., por un importe total, en los estados de ingresos y gastos, de 23.924.462.184,94 euros, de acuerdo con el detalle de gastos por secciones que figura en la siguiente tabla:
298.729.00,00
También se incluyen en los presupuestos de la Generalidad para 2006, a título informativo y de consolidación presupuestaria, los presupuestos de los consorcios y las fundaciones clasificados como Administración pública de la Generalidad de acuerdo con el Reglamento de la Comisión Europea (CE) núm. 2223/96 del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
Todos los créditos de gastos de los presupuestos a los que hacen referencia los apartados 1 y 2 se estructuran en función de la triple clasificación (orgánica, funcional y por programas, y económica) en los estados de ingresos y gastos correspondientes que acompañan a esta ley.
Los créditos de gastos autorizados en los presupuestos para 2006 de la Generalidad, del Servicio Catalán de la Salud, del Instituto Catalán de la Salud, del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales y de las entidades autónomas administrativas tienen las siguientes vinculaciones:
d) Respecto al capítulo 4, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y artículo, salvo las transferencias nominativas, que vinculan por servicio, programa y aplicación, y los conceptos 481 "Conciertos educativos" y 489 "Farmacia (recetas médicas)", que vinculan por servicio, programa y concepto.
f) Respecto al capítulo 6, los créditos autorizados vinculan por servicio, programa y capítulo, salvo las aportaciones nominativas por inversiones, que vinculan por servicio, programa y aplicación, y los créditos autorizados por el artículo 69, que vinculan por servicio, programa y artículo.
Los créditos ampliables especificados por la Ley de presupuestos y los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio vinculan con el nivel de desagregación con el que aparezcan en los estados de gastos, salvo las cuotas a la Seguridad Social, cuyo crédito vincula por sección .o entidad. y concepto, de acuerdo con lo indicado por el apartado 1.a.
Independientemente de la vinculación de los créditos del presupuesto, la clasificación orgánica por servicios, la clasificación funcional por programas y la clasificación económica por aplicaciones deben utilizarse para el registro contable de las operaciones de gasto en el momento de la ejecución del presupuesto y en los expedientes de modificaciones presupuestarias de la Generalidad y de las demás entidades mencionadas.
Pueden autorizarse transferencias de crédito dentro de un mismo presupuesto entre los créditos de gastos a los que hace referencia el artículo 4, con las siguientes limitaciones:
b) No pueden minorar créditos por transferencias o aportaciones nominativas .salvo las establecidas entre un departamento o una entidad y las demás entidades o empresas del sector público de la Generalidad. En este caso, si la modificación afecta un contrato-programa o un plan económico y financiero aprobado por el Gobierno, es necesario tramitar simultáneamente la modificación de dicho contrato o plan.
En el supuesto de que en la ejecución del presupuesto surjan necesidades que no hayan sido expresamente recogidas en él, pueden habilitarse créditos mediante la creación de las oportunas aplicaciones presupuestarias. Con este fin, deben realizarse las transferencias de crédito necesarias para compensar, por un igual importe, la dotación de las nuevas aplicaciones, con las limitaciones que establece el apartado 1.
Pueden generar crédito, dentro del estado de gastos de los presupuestos a los que hace referencia el artículo 4, los ingresos derivados de las siguientes operaciones:
b) Los nuevos traspasos o las ampliaciones de traspasos de servicios de otras administraciones que se acuerden en el año 2006 hasta el importe de las transferencias de fondos acordadas para atender los servicios traspasados.
d) Los ingresos efectivamente recaudados por tasas que, de acuerdo con la legislación aplicable, están afectadas a determinados gastos, hasta el límite del importe que exceda las previsiones contenidas en el estado de ingresos del presupuesto.
e) En la sección "Gastos de varios departamentos", los ingresos derivados de acuerdos y convenios suscritos por la Comisión Central de Suministros, siempre y cuando se destinen a la adquisición de equipamientos para mejorar las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de la Generalidad.
f) En la sección "Departamento de Bienestar y Familia", los ingresos adicionales a los presupuestados que se produzcan en la Tesorería de la Generalidad provenientes de los resultados de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad como consecuencia de los beneficios obtenidos de la recaudación total, una vez deducidos los gastos de explotación, los premios y los demás gastos fijados por la Ley 5/1986, de 17 de abril, de creación de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad, modificada por la Ley 32/1991, de 24 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 1992. El importe de los créditos generados por este concepto debe destinarse a la financiación de inversiones y de programas de atención social.
g) En la sección "Departamento de Interior", en el supuesto de que la entidad autónoma Servicio Catalán de Tráfico liquide el ejercicio presupuestario con superávit .una vez se hayan deducido todos los gastos de explotación, los derechos reconocidos pero no cobrados efectivamente y los gastos fijados por la Ley 14/1997, de 24 de diciembre, de creación del Servicio Catalán de Tráfico., dicho superávit debe destinarse a financiar más gasto en materia de seguridad y protección civil.
Son créditos ampliables hasta una cantidad igual a las obligaciones que es preceptivo reconocer, previo cumplimiento de las oportunas normas legales y, en todos los casos, dando cuenta de ellos trimestralmente al Parlamento, los siguientes créditos con carácter general:
c) Los créditos correspondientes a intereses, amortizaciones, menoscabos y gastos de la deuda en operaciones de crédito correspondientes a operaciones financieras autorizadas. En el supuesto de que los ingresos presupuestados para las entidades diferentes de la Generalidad, mencionadas por el artículo 4, sean insuficientes para atender a las obligaciones que produzcan dichas operaciones, deben ampliarse los créditos que para dichas entidades estén consignados en las correspondientes secciones del presupuesto de la Generalidad. En el supuesto de que se formalicen las operaciones de modificación, refinanciación y sustitución que autoriza el artículo 31.1.c, el Departamento de Economía y Finanzas debe llevar a cabo las modificaciones presupuestarias que sean necesarias.
d) En la sección "Departamento de Interior", dentro del servicio 03, los gastos extraordinarios autorizados por el Gobierno para afrontar situaciones excepcionales declaradas "de emergencia 2".
e) En la sección "Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas", el crédito de la aplicación presupuestaria GO 03 D/763.0001/713 para afrontar los gastos extraordinarios, debidamente aprobados por el Gobierno, derivados de daños catastróficos.
Son créditos ampliables hasta una cantidad igual a las obligaciones que es preceptivo reconocer, previo cumplimiento de las oportunas normas legales y, en todos los casos, dando cuenta de ellos trimestralmente al Parlamento, los siguientes créditos con carácter específico:
a) En la sección "Departamento de Justicia", los créditos de las aplicaciones presupuestarias que corresponda, en función del coste que se produzca en los turnos de oficio de abogados y de procuradores. Este coste lo determinan los módulos fijados por la Generalidad y el número de asuntos atendidos.
Primero. El crédito de la aplicación presupuestaria GO 03 D/462.1100/711, en función de la financiación de políticas propias del Consejo General de Arán.
Segundo. El crédito de la aplicación presupuestaria GO 03 D/462.1101/711, para financiar las competencias transferidas al Consejo General de Arán.
Tercero. El crédito de la aplicación presupuestaria GO 01 D/227.0004/132, para gastos electorales.
Cuarto. El crédito de la aplicación presupuestaria GO 01 D/482.1102/132, para subvenciones a los partidos políticos en los procesos electorales.
c) En la sección "Departamento de Trabajo e Industria", el crédito de la aplicación presupuestaria TI 05 D/480.4001/332, para las prestaciones económicas de la renta mínima de inserción (RMI).
d) En la sección "Departamento de Bienestar y Familia", el crédito de la aplicación presupuestaria BE 05 D/480.2100/313, "Programa de ayudas a familias".
Segundo. El crédito de la aplicación presupuestaria PE 02 D/480.3000/311, "Indemnizaciones personas incluidas supuestos Ley 46/77, de concesión de amnistía".
Primero. El crédito de la aplicación presupuestaria DD 01 D/226.0004/121, si mediante sentencia judicial firme se declaran responsabilidades pecuniarias de la Generalidad, y por los gastos jurídicos realizados por la Dirección General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña con motivo del cumplimiento de obligaciones legales derivadas de adquisiciones hereditarias en favor de la Generalidad y, en general, con motivo de la gestión de los inmuebles.
Segundo. El crédito de la aplicación presupuestaria DD 02 D/121.3200/121, "Otras mejoras retributivas y sociales".
g) En el presupuesto del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, el crédito de la aplicación presupuestaria 5000 D/480.5000/311, "Ayudas asistenciales a la protección de cónyuges supervivientes".
Las ampliaciones de crédito a las que se refiere el apartado 2 que no correspondan a generaciones por mayores ingresos deben tramitarse como transferencias de crédito y financiarse preferentemente con cargo a bajas de otros créditos del presupuesto no financiero de la misma sección o del mismo organismo o entidad o, si no es posible, de otras secciones o del Fondo de contingencia, previa autorización del Gobierno.
Pueden incorporarse a los estados de gastos de los presupuestos de la Generalidad, de las entidades autónomas administrativas, del Servicio Catalán de la Salud, del Instituto Catalán de la Salud y del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, los remanentes de los créditos que enumera el artículo 37.2 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.
Se autoriza al Departamento de Economía y Finanzas para incorporar los remanentes de crédito que no se hayan utilizado de las partidas de dotación del Fondo de acción social a las correspondientes aplicaciones del presupuesto para 2006, para cumplir las finalidades establecidas en los acuerdos sindicales de aplicación.
Los créditos del presupuesto del año 2005 que se generaron sobre la base de ingresos finalistas efectivamente ingresados y que a 31 de diciembre de 2005 no estén vinculados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas pueden incorporarse al presupuesto para 2006, para aplicarlos a las finalidades que motivaron tales ingresos.
Corresponde al Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, autorizar, con las únicas limitaciones que establece el artículo 5.1, las siguientes transferencias de crédito:
Corresponde al consejero o consejera de Economía y Finanzas autorizar las generaciones, las ampliaciones, las incorporaciones de crédito y, con las únicas limitaciones que establece el artículo 5.1 y siempre y cuando no correspondan al Gobierno, las siguientes transferencias de crédito:
b) Las transferencias de crédito entre varios servicios dentro de una misma sección.
c) Las transferencias de crédito entre los créditos consignados en los distintos departamentos y la sección "Gastos de varios departamentos", servicio 03, para financiar la adquisición, la contratación y la gestión centralizadas de bienes y servicios.
d) Las transferencias de crédito que aumenten los créditos que la letra b del artículo 3.1 menciona como excepciones o minoren los créditos que las letras a y d del artículo 3.1 mencionan como excepciones.
Corresponde a los titulares de los departamentos y a los presidentes, los directores o los cargos asimilados de las entidades autónomas, del Servicio Catalán de la Salud, del Instituto Catalán de la Salud y del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales autorizar las modificaciones presupuestarias entre diferentes créditos de un mismo programa y servicio, con las únicas limitaciones que establece el artículo 5.1, siempre que no corresponda al Gobierno o al consejero o consejera de Economía y Finanzas. Estas modificaciones presupuestarias no pueden aumentar los créditos a los que la letra b del artículo 3.1 se refiere como excepciones, ni pueden minorar los créditos a los que las letras a y d del artículo 3.1 se refieren como excepciones.
Las intervenciones delegadas en los departamentos, en el Servicio Catalán de la Salud, en el Instituto Catalán de la Salud, en el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales y en las entidades autónomas administrativas deben informar, previamente a la autorización de las propuestas de modificaciones de crédito, sobre los siguientes puntos:
Créditos para transferencias o aportaciones en favor de las entidades del sector público
El importe de los créditos presupuestarios destinados a transferencias corrientes en favor de las entidades que, de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), están clasificadas como Administración pública de la Generalidad debe ajustarse de modo que a 31 de diciembre la liquidación de sus presupuestos esté equilibrada. Para conseguir tal objetivo de equilibrio, también pueden aplicarse las aportaciones de capital a la compensación de pérdidas de anteriores ejercicios, previo acuerdo del Gobierno.
Si en el ejercicio 2005 se han entregado fondos en exceso, por el importe de ellos deben minorarse los créditos autorizados en favor de las entidades autónomas y las demás entidades públicas en el presupuesto para el ejercicio 2006.
Las transferencias corrientes en favor de sociedades y cualquier otra clase de entidades cuyo capital pertenezca mayoritariamente a la Generalidad, a sus entidades autónomas o a las demás entidades de su sector público tienen la naturaleza de subvención de explotación en la medida necesaria para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo las dotaciones por amortizaciones, provisiones y variaciones de existencias. Dichas transferencias tienen la naturaleza de entregas a cuenta de futuras operaciones de capital para el resto, sin perjuicio de las normas que pueda dictar el consejero o consejera de Economía y Finanzas, a propuesta de la Intervención General. Para aplicar las entregas a la ampliación de capital de las sociedades es preciso el acuerdo previo del Gobierno.
En caso de entidades que dispongan de un contrato-programa aprobado por el Gobierno que regule el tratamiento al que se refiere el apartado 3, debe seguirse lo dispuesto por el contrato-programa.
El Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria debe destinarse, si procede, a atender a necesidades inaplazables de carácter no discrecional que no se hayan previsto en el presupuesto aprobado inicialmente y que puedan surgir a lo largo del ejercicio.
Para que la dotación incluida anualmente en el Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria pueda aplicarse, es necesario que lo apruebe el Gobierno de la Generalidad, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas. La aplicación debe realizarse mediante transferencias de crédito en favor de la sección competente por razón de la materia.
El remanente de crédito que pueda existir en el Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria al final de cada ejercicio anual no puede incorporarse a posteriores ejercicios.
TÍTULO II Artículos 13 a 18
Con el objeto de permitir la ejecución anticipada de inversiones en infraestructuras y equipamientos que estén incluidos en la programación de los respectivos planes sectoriales de inversiones vigentes aprobados por el Gobierno, este, a propuesta conjunta del Departamento de Economía y Finanzas y del departamento competente por razón de la materia, puede autorizar la firma de convenios con entes locales o con otras entidades gestoras de los servicios interesados en la ejecución anticipada de las inversiones mencionadas.
Las inversiones a las que se refiere el apartado 1 deben ser financiadas y ejecutadas, bajo la supervisión de la Generalidad, por los entes locales o por las entidades afectadas. El importe de dichas inversiones, además, debe ser reintegrado totalmente o en parte por la Generalidad, con cargo a las dotaciones que se aprueben para cada ejercicio presupuestario para el departamento o la entidad competente en la materia.
La autorización de los convenios a que se refiere el apartado 1 requiere la tramitación previa o simultánea de una autorización de gastos plurianuales, en la cual deben concretarse los importes máximos para cada anualidad que se comprometen con cargo a los futuros presupuestos de la Generalidad o de sus entidades.
Las universidades públicas catalanas deben elaborar, aprobar y ejecutar sus presupuestos en una situación de equilibrio presupuestario.
En caso de que se liquide el presupuesto para 2005 de alguna universidad pública catalana en situación de déficit, el departamento competente debe proponer las medidas que sean necesarias para corregir tal situación sin afectar al equilibrio presupuestario de la Administración de la Generalidad, conforme a las normas del SEC 95.
Durante el ejercicio 2006 el Gobierno y todos los titulares de centros de gasto están obligados a no tomar ninguna iniciativa legislativa o administrativa que conlleve el crecimiento del gasto público presupuestado si no proponen al mismo tiempo los recursos adicionales necesarios o las reducciones proporcionales de gasto con la correspondiente especificación presupuestaria. Son nulos de pleno derecho las resoluciones y los acuerdos que se adopten en incumplimiento de este precepto.
El plan anual de control al que hace referencia el artículo 71 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, que es aprobado por el consejero o consejera de Economía y Finanzas a propuesta de la Intervención General, debe incluir las actividades de seguimiento de las prescripciones contenidas en el apartado 1 con relación a todos los departamentos y el sector público que dependa o esté vinculado a ellos.
La Intervención General debe informar trimestralmente sobre las posibles incidencias detectadas con relación a las obligaciones que establece este artículo. Con independencia de ello, en cualquier momento, los órganos fiscalizadores que, en ejercicio de sus competencias, tengan conocimiento de la adopción de iniciativas que incumplan lo que establece el presente artículo, deben ponerlo en conocimiento del Departamento de Economía y Finanzas, el cual debe exigir responsabilidades a los titulares de los centros de gasto que incurran en el incumplimiento.
Durante el ejercicio 2006 el Gobierno está obligado a oponerse a cualquier iniciativa legislativa que conlleve el crecimiento del gasto público presupuestado, si no se proponen al mismo tiempo los recursos adicionales necesarios.
Las obligaciones en vigor a 31 de diciembre de 2005 correspondientes a gastos debidamente efectuados por la Generalidad, por las entidades autónomas administrativas, por el Servicio Catalán de la Salud, por el Instituto Catalán de la Salud o por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales que no hayan podido reconocerse con cargo a los créditos del presupuesto para 2005, pueden aplicarse a los créditos del presupuesto vigente.
El Departamento de Economía y Finanzas, a propuesta del departamento o de la entidad afectados y previo informe de la intervención delegada, debe determinar los créditos con cargo a los cuales debe imputarse el pago de las obligaciones a las que se refiere el apartado 1. Dichos créditos deben ser los apropiados a la naturaleza y la finalidad del gasto, conforme a la vigente estructura presupuestaria.
En los gastos que se financian con cargo a ingresos finalistas, tanto si se trata de ingresos previstos en el presupuesto inicial como si son ingresos adicionales no previstos que han generado crédito, de acuerdo con lo establecido por el artículo 6.2, no pueden ordenarse pagos hasta que no se haya producido efectivamente el ingreso en la correspondiente tesorería.
Excepcionalmente en los casos de gastos financiados por otras administraciones o entidades públicas, y siempre y cuando se acredite documentalmente el compromiso de financiación de la Administración o la entidad que tenga que aportar los fondos, pueden ordenarse pagos sin que se haya producido efectivamente el ingreso, en los casos siguientes:
TÍTULO III Artículos 19 a 30
Capítulo I Artículos 19 a 25
e) Las entidades de derecho público (incluida la Corporación Catalana de Radio y Televisión) y las sociedades mercantiles a las que hace referencia el artículo 4.2 del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2002 que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos de la Generalidad o de sus entidades, y que contribuyan directa o indirectamente a cubrir el déficit de explotación, salvo las que dispongan de un contrato programa, si así lo determina expresamente el Gobierno, previo informe del departamento competente en materia de función pública y del Departamento de Economía y Finanzas.
Retribuciones del funcionariado y otro personal no sometido a la legislación laboral
Las retribuciones íntegras del personal en activo no sometido a la legislación laboral, incluyendo a los altos cargos, en el ejercicio 2006 experimentan un aumento del 2% con respecto a las fijadas para el ejercicio 2005.
Sin perjuicio de lo que establece el apartado 1, el importe de las pagas extraordinarias de los funcionarios en servicio activo a los que es de aplicación el régimen retributivo que establece el texto que refunde los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública, aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, es el siguiente:
a) Una mensualidad de sueldo, trienios y el 80% del complemento de destino mensual en la paga extraordinaria del mes de junio.
b) Una mensualidad de sueldo, trienios y el 100% del complemento de destino mensual en la paga extraordinaria del mes de diciembre.
Lo establecido por los apartados 1 y 2 se entiende sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias, si es preciso, para asegurar que las retribuciones asignadas a cada puesto de trabajo mantienen una relación apropiada con el contenido de especial dificultad técnica, de dedicación, de responsabilidad, de peligrosidad o de penosidad, con el informe favorable del departamento competente en materia de función pública y del Departamento de Economía y Finanzas.
Las retribuciones del resto de personal no laboral en servicio activo, incluyendo a los altos cargos, experimentan el mismo incremento anual adicional que las del personal funcionario, de acuerdo con los apartados 1, 2 y 3.
Además del incremento general de retribuciones establecido por los apartados 1, 2, 3 y 4, puede destinarse hasta un 0,5% de la masa salarial a financiar aportaciones a planes de pensiones de ocupación o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. A tal efecto, se entiende por masa salarial el conjunto de créditos aprobados destinados a retribuciones, sin tener en cuenta el incremento general establecido para 2006 ni los gastos de acción social.
Las retribuciones que tienen carácter de absorbibles, la indemnización por residencia y las indemnizaciones por razón de servicios se rigen por su normativa específica y por lo que dispone la presente ley, y no experimentan ningún incremento con respecto a las fijadas para el ejercicio 2005.
Las retribuciones que deben percibir los funcionarios en el año 2006, de acuerdo con el sistema retributivo establecido por el texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, son las siguientes:
b) Las pagas extraordinarias, que son dos al año y se devengan en los meses de junio y diciembre, por un importe de una mensualidad de sueldo y trienios, más un 80% del complemento de destino mensual en la paga extraordinaria del mes de junio, y el 100% de dicho complemento en la del mes de diciembre. Si un funcionario o funcionaria ha prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria debe ser objeto de la correspondiente reducción.
d) El importe del complemento específico asignado al puesto de trabajo que se desarrolle, que se incrementa un 2% con respecto a los aprobados para 2005, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 20.3.
e) El complemento de productividad establecido por el artículo 103.1.c del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, que retribuye el rendimiento especial, la actividad y la dedicación extraordinarias, el interés o la iniciativa con que el funcionario o funcionaria lleva a cabo su trabajo, de acuerdo con los créditos presupuestarios asignados por cada departamento a tal efecto, y que se rige por las siguientes normas:
Primera. La apreciación de la productividad, a efectos del pago de este complemento, debe realizarse mediante una valoración individualizada para cada funcionario o funcionaria de los factores especificados por el artículo 103.1.c del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997. Los complementos de productividad deben hacerse públicos a los demás funcionarios del departamento o de la entidad afectada, y también debe informarse sobre ellos a los representantes sindicales.
Primera. Del incremento de retribuciones de carácter general que establece el artículo 20.1 solo puede absorberse el 50% correspondiente a las retribuciones complementarias. El complemento personal transitorio absorbe el 100% de cualquier otra mejora retributiva, incluyendo las mejoras derivadas de cambios de puestos de trabajo y los incrementos de las retribuciones no comprendidos en el incremento general establecido por el artículo 20.1.
El Gobierno debe determinar la aportación individualizada a planes de pensiones de ocupación o contratos de seguro colectivos de acuerdo con lo establecido por el artículo 20.5.
El cálculo de las retribuciones que deban liquidarse normativamente por días debe realizarse teniendo en cuenta el número de días naturales del correspondiente mes.
Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997 perciben el 100% de las retribuciones básicas del cuerpo en el que ocupan la vacante, en aplicación de lo que establece el artículo 20.2, y el 100% de las retribuciones complementarias que corresponden al puesto de trabajo que ocupan, excluyendo los trienios y los complementos vinculados a la condición de funcionario o funcionaria de carrera.
El personal contratado administrativo comprendido en la disposición transitoria tercera del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, hasta que no concluya el proceso de extinción que regula el mismo texto refundido, percibe el 100% de las retribuciones básicas del cuerpo en el que ocupa la plaza, en aplicación de lo establecido por el artículo 20.2, y el 100% de las retribuciones complementarias que corresponden al puesto de trabajo que ocupa, excluyendo los trienios y los complementos vinculados a la condición de funcionario o funcionaria de carrera.
El personal al que no sean de aplicación las retribuciones fijadas por el apartado 1 percibe para el ejercicio 2006 un incremento del 2% sobre las retribuciones de 2005, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido por el artículo 20.4.
a) Las retribuciones básicas y complementarias que se devengan con carácter fijo y periodicidad mensual deben hacerse efectivas por mensualidades completas y de acuerdo con la situación de los funcionarios referida al primer día hábil del mes que corresponda. Solo deben liquidarse por días en los siguientes casos:
Segundo. En el caso de funcionarios en servicio activo con licencia sin derecho a retribución, la paga extraordinaria tiene que devengarse en los meses de junio y diciembre, pero con la cuantía proporcional al tiempo de servicios prestados en el período correspondiente a cada una de las pagas.
Tercero. Si se produce un cambio de puesto de trabajo que conlleva adscripción a una administración pública distinta a la Administración de la Generalidad, aunque no suponga cambio de situación administrativa, la paga extraordinaria tiene que devengarse en el mes en el que se realiza el cambio.
Cuarto. Si se produce cese en el servicio activo, incluido el derivado de un cambio de cuerpo o de escala, la paga extraordinaria tiene que devengarse el día del cese con referencia a la situación y los derechos del funcionario o funcionaria en aquella fecha, pero proporcionalmente al tiempo de servicios efectivamente prestados.
Quinto. Si se produce cese del servicio activo por jubilación, por muerte o por retiro y se dan las circunstancias especificadas por la letra d del apartado 1, con efecto a la paga extraordinaria no deben contarse los días de servicio activo sino el mes completo.
Primera. Si el plazo para la toma de posesión finaliza dentro del mismo mes del cese, la dependencia en la que el funcionario o funcionaria cesa debe hacerse cargo de toda la mensualidad, y a partir del primer día del mes siguiente debe hacerse cargo de retribuirle la dependencia a la que haya sido destinado, de acuerdo con la situación y los derechos que tiene el funcionario o funcionaria el primer día del mes que corresponda.
Para el ejercicio 2006, la masa salarial del personal laboral no puede experimentar un aumento global superior al 2% con respecto a la correspondiente para el ejercicio 2005, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que se refiere a efectivos de personal y antigüedad como al régimen de trabajo, jornada, horas extraordinarias y demás condiciones laborales. Además, la masa salarial del personal laboral puede tener el aumento necesario para hacer posible la aplicación a este personal del incremento adicional establecido por el artículo 20 para el personal no laboral.
Se entiende por masa salarial, al efecto de lo establecido por el apartado 1, el conjunto de créditos aprobados destinados a retribuciones, sin considerar el incremento general fijado para el año 2006 ni los gastos de acción social devengados. La masa salarial no incluye en ningún caso:
Lo establecido por el artículo 20.5 para el personal no laboral sobre las aportaciones a planes de pensiones de ocupación o seguros colectivos es de aplicación, con las mismas condiciones, al personal laboral. La masa salarial de referencia es la que determina el apartado 2, excluyendo los gastos de acción social. Las cuantías de las aportaciones individualizadas para el personal laboral no pueden ser superiores a las que se establezcan para el personal funcionario.
Para determinar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral de los entes indicados por las letras a, b, c, d y e del artículo 19, es necesario el informe favorable conjunto del departamento competente en materia de función pública y del Departamento de Economía y Finanzas, de acuerdo con los siguientes criterios:
b) Al efecto de la emisión del correspondiente informe, los departamentos, las entidades autónomas y las demás entidades del sector público deben enviar el proyecto de pacto o mejora del convenio, la propuesta individual o el proyecto de convenio, antes de que se firme, acompañado de una memoria con la valoración de todos los aspectos económicos y de su incidencia en futuros ejercicios.
c) El informe al que hace referencia la letra b debe ser elaborado por el departamento competente en materia de función pública y por el Departamento de Economía y Finanzas en el plazo de quince días desde la recepción de la propuesta o el proyecto.
Las retribuciones, si no son reguladas por un convenio colectivo, pueden establecerse mediante un contrato individual, de acuerdo con los criterios que pueda acordar el Gobierno.
El establecimiento por contrato de retribuciones variables en función del cumplimiento de determinados objetivos en el ámbito del personal directivo de las entidades del sector público señaladas por las letras b, d, e y f del artículo 19 debe incluir necesariamente objetivos presupuestarios.
El establecimiento por contrato de retribuciones variables en función del cumplimiento de objetivos, la concreción anual de los objetivos, incluidos los presupuestarios, y su evaluación y devengo deben ser aprobados por los departamentos a los que estén adscritas las entidades afectadas, y han de ajustarse a los criterios y los procedimientos de control que fije el Gobierno a propuesta de los departamentos competentes en materia de función pública y del Departamento de Economía y Finanzas.
El departamento al que esté adscrita cada entidad debe enviar a los departamentos competentes en materia de función pública y al Departamento de Economía y Finanzas, dentro del primer trimestre de 2006, la información relativa a los importes anuales de las retribuciones variables establecidas por los contratos y la concreción anual de los objetivos. Dentro del primer trimestre del siguiente ejercicio, debe enviarles la acreditación del grado de cumplimiento de dichos objetivos en el ejercicio 2006 y la correspondiente propuesta de pago.
La cuantía de las pensiones reconocidas por el Decreto de 14 de noviembre de 1978 y por la Ley 18/1984, de 20 de marzo, sobre el personal eventual, contratado e interino al servicio de la Generalidad en el período anterior a 1939, se incrementa un 2% con relación a los del ejercicio 2005, con efecto desde el 1 de enero de 2006.
Si un consejero o consejera de la Generalidad deja el cargo durante el año 2006, tiene derecho a la pensión por un período máximo de dieciocho meses. No obstante, si obtiene otra retribución con cargo a fondos públicos deja de percibirla, con efectos desde el momento en que percibe la nueva retribución.
Capítulo II Artículos 26 a 30
Para el ejercicio 2006, la oferta pública de ocupación solo puede incluir las plazas que el Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de función pública y previo informe del Departamento de Economía y Finanzas, considere necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Lo que establecen los apartados 1 y 2 queda sujeto a los límites de aplicación al conjunto de las administraciones públicas, de acuerdo con las disposiciones estatales básicas en esta materia. La resolución de las convocatorias correspondientes a cada oferta de ocupación conlleva el cese de la persona que ocupa la plaza ofertada si dicha plaza está ocupada interinamente. En tal caso, el cese debe producirse al tomar posesión el nuevo funcionario o funcionaria, y en ningún caso puede producirse un incremento global del personal del cuerpo o la escala correspondientes.
Para cumplir los principios de integración en el trabajo establecidos por la Ley del Estado 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos, y el texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 1/1997, y con la finalidad de que el 2% de la plantilla orgánica de la Administración de la Generalidad sea cubierto por personas con discapacidad, se reserva el 5% de las plazas previstas en la oferta pública de ocupación.
Las empresas públicas de la Generalidad, en su conjunto, deben reservar, como mínimo, el 5% de las nuevas contrataciones previstas para el ejercicio presupuestario 2006 para que lo cubran personas con discapacidad.
Gastos de personal de las universidades catalanas
TÍTULO IV Artículos 31 a 38
En cuanto a las operaciones de endeudamiento de la Generalidad:
a) Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, emita o contraiga deuda pública o haga uso del endeudamiento con plazos de reembolso superiores a un año en cualquier modalidad, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, con la limitación de que el saldo de deuda viva a 31 de diciembre de 2006 no supere el correspondiente saldo autorizado a 31 de diciembre de 2005 en más de 1.098.529.886,64 euros.
b) El endeudamiento de la Generalidad autorizado por la letra a puede aumentarse con la finalidad de amortizar el endeudamiento de las entidades públicas que se clasifican en el sector de administraciones públicas, de acuerdo con las normas del SEC 95, por el mismo importe que se amortice, para optimizar la carga financiera global. Los ingresos derivados del aumento del endeudamiento de la Generalidad deben generar créditos en el capítulo 8 del presupuesto de gastos de la Generalidad y en el capítulo 9 del presupuesto de gastos de las entidades afectadas.
c) Se autoriza al Gobierno para que, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, modifique, refinancie y sustituya las operaciones de endeudamiento de la Generalidad y de sus entidades y empresas públicas, para obtener un coste menor de la carga financiera, prevenir los posibles efectos negativos derivados de fluctuaciones en las condiciones de mercado o dotar la deuda en circulación de más liquidez o de una mejor estructura.
d) En caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de las entidades o las empresas públicas, con aval de la Generalidad o sin él, se autoriza al Gobierno para que otorgue el aval de la Generalidad a las operaciones resultantes de las modificaciones, la refinanciación o la sustitución que se produzcan.
En cuanto a las operaciones de endeudamiento de las demás entidades del sector público:
El necesario, sin ultrapasar el límite máximo de endeudamiento vivo de 3.000.000.000 de euros.
El necesario, sin ultrapasar el límite máximo de endeudamiento vivo de 592.982.497 euros.
El necesario, sin ultrapasar el límite máximo de endeudamiento vivo de 50.000.000 de euros.
El necesario, sin ultrapasar el límite máximo de endeudamiento
del Crédito Agrario
vivo de 523.000.000 de euros (incluido el límite de endeudamiento asociado a la financiación específica de la aportación de los regantes a la infraestructura de la red primaria del canal Segarra-Garrigues, por un importe de 223.000.000 de euros, aprobado por los artículos 3 y 4 del capítulo II de la Ley 3/2003).
Centre Integral de Mercaderies i Activiats Logístiques, SA
Se autoriza a la Corporación Catalana de Radio y Televisión a subrogarse en los préstamos a largo plazo, avalados por la Generalidad, formalizados por sus empresas filiales Televisió de Catalunya, SA, y Catalunya Ràdio, SRG, SA, como prestatarias. Dichos avales se extienden hasta garantizar, en los mismos términos, el cumplimiento de las obligaciones de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, una vez subrogada.
Las características de las operaciones de endeudamiento señaladas por el presente artículo deben ser fijadas por el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas.
Antes que el Gobierno fije las características de las operaciones de endeudamiento en los términos del apartado 4, la Dirección General de Política Financiera y Seguros debe establecer las negociaciones de las distintas operaciones financieras autorizadas en favor de las entidades autónomas y las demás entidades públicas, salvo las de carácter financiero y sus entidades participadas, y debe elegir el instrumento más apropiado, coordinadamente con las entidades afectadas, con el objetivo de racionalizar la operativa y obtener las mejores condiciones de los mercados financieros. Debe seguirse el mismo procedimiento con relación a las demás empresas o entidades de cualquier forma jurídica admitida en derecho participadas mayoritariamente por la Generalidad, de forma directa o indirecta, que precisen de la autorización del Gobierno para formalizar operaciones de endeudamiento en cualquier modalidad, conforme a la legislación vigente. También debe seguirse el mismo procedimiento en las operaciones de cobertura de tipos de interés y tipos de cambio. A tales efectos, la Dirección General de Política Financiera y Seguros debe dictar las instrucciones adecuadas. Sin perjuicio de lo que determina el presente apartado, la Dirección General de Política Financiera y Seguros puede encargar dichas funciones, en los términos que establezca, a las entidades públicas de la Generalidad que sean cabecera de un grupo, con respecto a sus empresas participadas.
El Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas, puede establecer las actuaciones que deben llevarse a cabo en el curso del ejercicio 2006 dirigidas a cubrir el tipo de interés y el tipo de cambio de las operaciones de endeudamiento existentes previamente o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente ley, mediante la utilización de los diversos instrumentos financieros de cobertura de riesgo existentes en los mercados. La contratación de las operaciones concretas, dentro de este marco, corresponde al consejero o consejera de Economía y Finanzas, quien puede delegar tal facultad a la Dirección General de Política Financiera y Seguros.
Las operaciones de endeudamiento autorizadas por la presente ley en favor de las entidades públicas que, de acuerdo con las normas del SEC 95, hayan sido clasificadas en el sector de administraciones públicas de la Generalidad, únicamente pueden formalizarse en el supuesto de que el aumento de endeudamiento vivo del conjunto de dicho sector no supere lo previsto por los presentes presupuestos. Para asegurar el cumplimiento de este precepto, una vez se hayan aprobado los presupuestos para 2006 el Departamento de Economía y Finanzas debe realizar los ajustes necesarios y autorizar, si procede, las formalizaciones de las operaciones de endeudamiento que sean precisas y, por consiguiente, la disposición de los créditos reservados a tales efectos en el estado de gastos.
El límite máximo de endeudamiento vivo de la Generalidad por operaciones de endeudamiento con plazo de reembolso igual o inferior a un año es el 15,5% sobre el estado de gastos del presupuesto.
Se autoriza a las siguientes entidades a hacer uso, durante el año 2006, del endeudamiento mediante líneas de crédito con plazos de reembolso inferiores a un año, para financiar necesidades transitorias de tesorería, hasta el límite indicado por la siguiente tabla:
Agencia Catalana del Agua (para atender las cantidades que el Estado tiene pendientes de pago con relación al convenio
del 12 de febrero de 1996, sobre financiación de actuaciones del Plan de saneamiento de Cataluña)
El consejero o consejera de Economía y Finanzas debe fijar las características de las operaciones de endeudamiento señaladas por el presente artículo.
En cuanto a los avales de la Generalidad:
a) Se autoriza al Gobierno para que conceda el aval de la Generalidad en las operaciones de crédito formalizadas al amparo de la autorización concedida por las letras b y c del artículo 31.2.
b) Adicionalmente, se autoriza al Gobierno a prestar avales durante el ejercicio 2006 para las operaciones de crédito interior o exterior que concierte el Consorcio de Aguas de Tarragona, hasta el importe máximo de 18.481.122,14 euros.
c) Los avales a los que hacen referencia las letras a y b de este apartado deben ser autorizados por el Gobierno, a propuesta conjunta del consejero o consejera de Economía y Finanzas y del consejero o consejera del departamento interesado por razón de la materia, y debe firmarlos el consejero o consejera de Economía y Finanzas o la autoridad en quien delegue expresamente.
d) Se autoriza al Gobierno a prestar su aval hasta una cuantía máxima, en 2006, de 1.000.000.000 de euros, con el objeto de garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos, constituidos conforme a las disposiciones vigentes, al amparo de los convenios que, en caso de que se considere conveniente, suscriban el Departamento de Economía y Finanzas y las sociedades gestoras de fondos de titulización de activos inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el objeto de mejorar la financiación de las políticas de vivienda y de la actividad productiva empresarial de las pequeñas y medianas empresas, para proyectos localizados dentro o fuera de Cataluña, y de las corporaciones locales catalanas.
En cuanto a los avales del Instituto Catalán de Finanzas y del Instituto Catalán del Crédito Agrario:
b) Adicionalmente a los límites que señala la letra a, la autorización establecida por el artículo 1.a de la Ley 3/2003, de 28 de marzo, de autorizaciones financieras para la ampliación de la Fira de Barcelona y para financiar la aportación de los regantes al canal Segarra-Garrigues, en favor del Instituto Catalán de Finanzas, para avalar las operaciones de crédito de la sociedad Fira 2000, SA, destinadas a las obras de ampliación del recinto ferial de la Gran Vía, debe entenderse que lo es hasta un importe por principal de 200.000.000 de euros, más los intereses corrientes y demás gastos financieros que se deriven de dichas operaciones.
c) Para el ejercicio 2006, el límite al que hace referencia el artículo 11.4 del texto refundido de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas, aprobado por el Decreto legislativo 4/2002, de 24 de diciembre, es de 9.000.000 de euros. Excepcionalmente, el Gobierno puede acordar la ampliación de este límite.
d) El Instituto Catalán de Finanzas y el Instituto Catalán del Crédito Agrario deben tener en cuenta en los avales que puedan prestar que, salvo lo establecido por la letra b, en ningún caso deben hacerse cargo de los intereses corrientes de las operaciones ni de los intereses de demora producidos por el incumplimiento de obligaciones de los avalados.
Las entidades autónomas y las demás entidades públicas no financieras deben informar al Departamento de Economía y Finanzas de las disposiciones que efectúen de las operaciones de endeudamiento formalizadas, así como de su aplicación.
El consejero o consejera de Economía y Finanzas debe remitir trimestralmente a la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlamento una memoria explicativa sobre la concesión de avales y préstamos realizados por el Instituto Catalán de Finanzas y el Instituto Catalán del Crédito Agrario. Dicha memoria debe incluir las características y el volumen de las operaciones realizadas, su incidencia sectorial y territorial y los resultados de la gestión.
Líneas de financiación del Instituto Catalán de Finanzas y de sus sociedades participadas
TÍTULO V Artículos 39 a 41
Durante el año 2006 los valores de base por volumen para usos domésticos e industriales y asimilables y el valor de cada unidad de parámetro de contaminación del canon del agua, al efecto de determinar el tipo de gravamen específico de forma individualizada, son los siguientes, teniendo en cuenta que los valores no incluyen el impuesto sobre el valor añadido:
Durante el año 2006, los valores para determinar la cuota del canon de agua correspondiente a los establecimientos ganaderos son los siguientes, teniendo en cuenta que los valores no incluyen el impuesto sobre el valor añadido:
Tasas con tipos de cuantía fija
Los tipos de cuantía fija de las tasas vigentes de la Generalidad se elevan, para el año 2006, hasta la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,03 a la cuantía del año 2005. Son tipos de cuantía fija los que no se determinan por un porcentaje sobre la base.
c) Las tasas correspondientes a los servicios de guarda de vehículos del Patronato de la Montaña de Montserrat.
La actualización que establece el presente artículo se aplica a todos los importes de las bonificaciones o los beneficios fiscales en concepto de coste de anticipos del personal auxiliar y ayudantes contenidos en la tasa de inspección y control sanitario de animales y sus productos, regulada por el capítulo IV del título VII de la Ley 15/1997, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña.
TÍTULO VI Artículos 42 a 47
Participación en los ingresos de la Generalidad
a) 80.862.590 euros, consignados en la aplicación GO 03 D/460.1101/711, "Fondos de Cooperación Local de Cataluña. Ayuntamientos", deben distribuirse entre los municipios.
b) 34.074.624,80 euros, consignados en la aplicación GO 03 D/460.1100/711 "Fondos de Cooperación Local de Cataluña. Consejos Comarcales", deben distribuirse entre las comarcas.
c) 318.270 euros, consignados en la aplicación GO 03 D/460.1102/711, "Fondos de Cooperación Local de Cataluña. Entidades municipales descentralizadas", deben distribuirse entre las entidades municipales descentralizadas.
Las participaciones de los entes locales en ingresos del Estado deben distribuirse de acuerdo con lo establecido por el artículo 48.2 del Estatuto de autonomía y la normativa de aplicación.
Los créditos consignados en la sección "Participación de los entes locales de Cataluña en los ingresos del Estado" debe ajustarse, en cuanto a su cuantía definitiva, al resultado de la distribución que se realice de acuerdo con los criterios de la normativa aplicable. La Dirección General de Presupuestos y Tesoro debe llevar a cabo la gestión presupuestaria de dichos créditos.
La aplicación GO 03 D/460.1101/711 del presupuesto del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas en concepto de participación de los municipios en los ingresos de la Generalidad financia:
La participación de libre disposición, con un importe de 73.362.590 euros, se distribuye del siguiente modo:
P = 20.000 + (H1 x 21) + (H2 x 9,5) + (H3 x 7,2) + (H4 x 5) + (H5 x 3,6)
Segundo. Atendiendo al mayor gasto asociado a la plurinuclearidad, 5.000.000 de euros distribuidos entre los municipios de menos de 50.000 habitantes con núcleos de población diferenciados fuera de la entidad capital de municipio, y del siguiente modo: en proporción al número de núcleos de población habitados .salvo los existentes en la entidad capital de municipio., 2.500.000 euros, y en proporción a la población en núcleos fuera de la entidad capital de municipio, con un máximo de 1.000 habitantes por núcleo, 2.500.000 euros.
Tercero. Atendiendo al mayor gasto asociado a la capitalidad comarcal, una cantidad fija de 1.000.000 de euros, de los cuales 6.000 euros son para cada capital y 760.000 euros se distribuyen en proporción a la población comarcal fuera de la capital. Terrassa y Sabadell se distribuyen las correspondientes cantidades en función de su población.
Cuarto. Atendiendo al gasto por la gestión del territorio, 1.209.571 euros repartidos proporcionalmente a la superficie de cada municipio.
Los datos de la población y la estructura de núcleos son las correspondientes al padrón de habitantes del año 2004.
La dotación de la participación para la prestación supramunicipal de servicios, con un importe de 7.500.000 euros, de acuerdo con lo dispuesto por el apartado 2, debe distribuirse entre los municipios proporcionalmente a las cantidades de libre disposición que resulten de aplicar los criterios establecidos por el mismo apartado.
Los ayuntamientos, mediante acuerdo del órgano pertinente, deben distribuir su asignación para el concepto al que se refiere el apartado 4 entre las mancomunidades, las comunidades de municipios y los consorcios legalmente constituidos .y, si procede, inscritos en el Registro de entes locales de Cataluña. en los cuales participan y el correspondiente consejo comarcal.
El acuerdo del órgano pertinente al que se refiere el apartado 5 puede determinar a qué actuaciones concretas han de destinarse los recursos que la Generalidad debe transferir por este concepto a los entes supramunicipales a los que se realiza la asignación. La decisión municipal debe ser comunicada antes del 30 de junio de 2006 a la Dirección General de Administración Local, la cual debe gestionar las transferencias de acuerdo con la distribución realizada por los ayuntamientos. En caso de que los municipios no notifiquen el destino antes de dicha fecha, se entenderá que el beneficiario es el mismo ente o los mismos entes a los que se destinó dicha dotación en el ejercicio 2005.
La participación para el fomento de la prestación supramunicipal de servicios regulada por el presente artículo tiene como finalidad sufragar los gastos de las entidades supramunicipales a las que se han distribuido las asignaciones efectuadas por los ayuntamientos.
De acuerdo con lo que dispone la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el régimen especial del Valle de Arán, se establece un porcentaje de participación en los ingresos de la Generalidad en favor del Valle de Arán de un 1,86% de la aplicación presupuestaria GO 03 D/460.1100/711 del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas. El 98,14% restante de dicha aplicación presupuestaria se distribuye entre el resto de las comarcas de acuerdo con los siguientes criterios y teniendo en cuenta que los datos de población son los referentes al padrón de habitantes del año 2004:
Primero. En función de la población, agrupada por intervalos, 703.490 euros para las comarcas con población superior a 75.000 habitantes o una densidad de población superior a 100 habitantes/km2 y 577.830 euros en los demás casos.
Segundo. En función de la población comarcal, 2.827.350 euros.
Tercero. En función de la población comarcal ponderada por la inversa de la renta comarcal, 2.827.350 euros.
La aplicación GO 03 D/460.1102/711, "Fondos de Cooperación Local de Cataluña, entidades municipales descentralizadas", dotada con 318.270 euros, se distribuye entre las entidades municipales descentralizadas de Cataluña existentes a 1 de enero de 2006, del siguiente modo, teniendo en cuenta que los datos de población son los correspondientes al padrón de habitantes del año 2004:
Primero. 3.000 euros para cada entidad municipal descentralizada con una población de 100 habitantes o menos.
Segundo. 5.000 euros para cada entidad municipal descentralizada con una población entre 101 y 500 habitantes.
Tercero. 8.000 euros para cada entidad municipal descentralizada con una población entre 501 y 1.000 habitantes.
Cuarto. 12.000 euros para cada entidad municipal descentralizada con una población de más de 1.000 habitantes.
TÍTULO VII Artículos 48 a 51
La Comisión de Gobierno Interior del Parlamento debe incorporar los remanentes de crédito de la sección "Parlamento de Cataluña" del presupuesto para 2005 en los mismos capítulos del presupuesto para 2006.
Las dotaciones presupuestarias de la sección "Parlamento de Cataluña" deben entregarse en firme y periódicamente a nombre del Parlamento, a medida que este las solicite.
La Comisión de Gobierno Interior del Parlamento puede acordar la realización de modificaciones de crédito entre conceptos de la sección "Parlamento de Cataluña" sin limitaciones. En tal caso, debe comunicarlo al Departamento de Economía y Finanzas.
Las dotaciones de la sección "Consejo Consultivo" deben entregarse en firme, por cuartas partes, a nombre del Consejo Consultivo, cuyo presidente o presidenta es quien ordena los pagos propios de este organismo.
Las dotaciones presupuestarias de la sección "Sindicatura de Cuentas" deben entregarse en firme, por cuartas partes, a nombre de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, cuyo síndico o síndica mayor es quien ordena los pagos propios de este organismo.
La Comisión de Gobierno de la Sindicatura de Cuentas puede acordar la realización de transferencias de créditos entre conceptos de la sección "Sindicatura de Cuentas", con las limitaciones establecidas por el artículo 5.1. En tal caso, debe comunicarlo al Departamento de Economía y Finanzas.
Las dotaciones presupuestarias de las secciones "Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña", "Consejo del Audiovisual de Cataluña" y "Agencia Catalana de Protección de Datos" deben entregarse en firme, por cuartas partes, a nombre del correspondiente organismo. El presidente o presidenta del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña y el del Consejo del Audiovisual de Cataluña y el director o directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos son los ordenadores de pagos propios de sus respectivos organismos.
La Comisión Ejecutiva del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, el Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña y el director o directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos pueden acordar la realización de transferencias de créditos entre conceptos de las correspondientes secciones, con las limitaciones establecidas por el artículo 5.1. En tal caso, deben comunicarlo al Departamento de Economía y Finanzas.
Hasta el 31 de diciembre de 2006, el interés legal del dinero es el fijado por la Ley de presupuestos generales del Estado para el año 2006.
Hasta el 31 de diciembre de 2006, el interés de demora de aplicación a las cantidades debidas a las finanzas de la Generalidad es del 5%.
Se autoriza al Gobierno a ceder al Servicio Catalán de la Salud el dominio de los bienes inmuebles donde se encuentran edificados centros de prestación de servicios sanitarios de su titularidad, a los efectos de unificar y racionalizar su gestión, previa tramitación establecida por la legislación sobre el patrimonio de la Generalidad. Las cesiones de dominio quedan condicionadas al mantenimiento de la finalidad de prestación del servicio sanitario.
Participaciones financieras del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información
Cuantía de las ayudas asistenciales para la protección de los cónyuges supervivientes
Los ingresos totales anuales de las personas beneficiarias de las ayudas asistenciales para la protección de los cónyuges supervivientes que establece la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/2004 no pueden superar, para el año 2006, los 7.600 euros, incluida la ayuda.
Se fija en 38 euros el importe mensual para los meses enteros del año 2006, con efectos desde el mes de enero, para las personas que no perciben ingresos de ninguna clase que excedan los 7.144 euros anuales. Para las personas que perciben ingresos en cómputo anual que oscilan entre dicha cifra y 7.600 euros, dicho importe de 38 euros queda reducido en proporción con el importe de los ingresos, sin que en ningún caso pueda ser inferior a 6 euros mensuales.
Todas las ayudas asistenciales de protección de los cónyuges supervivientes ya reconocidas deben adaptarse a lo establecido por la presente disposición.
Ayudas para las familias con hijos a cargo
La ayuda para las familias con hijos a cargo en edades comprendidas entre cero y tres años se fija en 600 euros.
La ayuda para las familias numerosas y las familias monoparentales con hijos a cargo de una edad comprendida entre cero y seis años se fija en 700 euros.
La ayuda para las familias en las que se haya producido un parto con dos, tres o más de tres nacimientos se fija, respectivamente, en 650 euros, 1.000 euros y 1.200 euros.
La ayuda para las familias con una situación de especial vulnerabilidad debido a parto o adopción múltiple de tres o más niños con una edad comprendida entre cero y doce años se fija en 2.400 euros o 3.200 euros, según el nivel de ingresos, que debe establecer, ponderándolo en función del número de miembros de la unidad familiar, el Departamento de Bienestar y Familia.
Transición del modelo tarifario del agua que presta el Consorcio de Aguas de Tarragona
Prórroga de convenios con entidades de economía social o del tercer sector
Transferencias de crédito para financiar los gastos resultantes de la ley de prestaciones económicas de asistencia social
Transferencias de crédito para iniciar la creación de la Escuela Oficial de Idiomas de Tarragona
Aplicación de la tasa de inspección y control sanitario de animales y sus productos
Prórroga del sistema de financiación del municipio de Badia del Vallès (Vallès Occidental)
Palacio de la Generalidad, 29 de diciembre de 2005
(05.362.215)
Ley 7/1989, de 12 de junio, sobre concesión de suplementos de crédito, por importe de 1.506.171.846 pesetas, al vigente Presupuesto de Gastos de la Comunidad Autónoma del año 1989, para adecuación de las retribuciones complementarias de funcionarios docentes.
Decreto 42/2000, de 18 de mayo, por el que se regula la ayuda a domicilio.

References: artículo 29
 artículo 69
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 31
 artículo 37
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 71
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 20
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 19
 artículo 19
 resolución 
 artículo 31
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 48
 artículo 5
 artículo 5