Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=(CDD201206150110.CODI.)
Timestamp: 2020-07-05 11:45:59+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 110, de 15/06/2012
162/000326 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las medidas para combatir el cambio climático ... (Página3)
162/000327 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para garantizar el derecho básico a la educación y evitar la expulsión del sistema de la mayor parte de estudiantes de origen inmigrante ... (Página4)
162/000328 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para que a la hora de conceder beca a solicitantes de unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleo sin prestaciones, sea suficiente la justificación de esta situación ... (Página5)
162/000329 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre un nuevo planteamiento de los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria ... (Página5)
162/000330 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Política Pesquera Común ... (Página6)
162/000331 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a políticas de cambio climático ... (Página8)
162/000332 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa al desarrollo de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio por las instituciones sanitarias, educativas y sociales españolas de acuerdo a las directivas de la Unión Europea y organismos internacionales ... (Página9)
162/000333 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre establecimiento de un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social ... (Página11)
162/000334 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre obesidad infantil ... (Página12)
162/000336 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre reducción de la pobreza infantil ... (Página13)
093/000005 Convenio de colaboración entre Euskal Estatistika Erakundea/Instituto Vasco de Estadística y el Instituto Canario de Estadística para la colaboración en materia de fusión de registros ... (Página14)
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de junio de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a las medidas para combatir el cambio climático, para su debate en Pleno.
La lucha contra el cambio climático sigue siendo un objetivo prioritario de la Unión Europea, expresado en las resoluciones de los sucesivos Consejos Europeos. En ese contexto España debe afrontar el triple reto de, en el año 2020, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética y promover las energías renovables hasta el 20%.
Recientemente Alemania, Francia y Reino Unido, en una carta conjunta, han manifestado su apuesta por una reducción de las emisiones de un 30% en la Unión Europea con el objetivo de seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Caso de aprobarse este objetivo seria necesario promover nuevas actuaciones.
El augurio de los efectos nefastos del cambio climático, a medio y largo plazo, debido a la variación de las condiciones ambientales climatológicas, proyectan escenarios climáticos nada esperanzadores.
Algunas de las condiciones climatológicas afectan especialmente a los recursos hídricos disponibles, con irregularidad y disminución de las precipitaciones, alteración de las condiciones de vida y modificaciones de la biodiversidad, variaciones en las zonas costeras y diversas afecciones a otras actividades y ámbitos.
Es necesario seguir indagando en el conocimiento y la investigación del cambio climático, profundizar en la evaluación de impactos generados en el planeta como consecuencia de un cambio en las condiciones climáticas, analizar la virtual vulnerabilidad de las condiciones de vida y de los sistemas naturales y avanzar en los mecanismos de adaptación, a la vez que se toman medidas para combatirlo.
Así, se hace necesario poner en marcha una serie de actuaciones que, por si mismas, son beneficiosas y bajo el criterio de precaución se hacen más ineludibles.
Por ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
1. Impulsar el desarrollo de la reforma energética, con objetivos equilibrados a medio y largo plazo, garantizando el suministro y el respeto a los compromisos medioambientales y considerando que la energía es el factor más importante de competitividad de la economía.
2. Impulsar la ejecución de las obras de regulación necesarias, en el proceso de revisión de los Planes Hidrológicos de Cuenca, que supongan una clara necesidad para los usuarios que las demanden, dada la previsible situación de incremento de escasez de agua e irregularidad de las precipitaciones, como consecuencia del cambio climático.
3. Impulsar la I+D+i en el sector del transporte para conseguir vehículos más eficientes y menos contaminantes y crear una industria competitiva, sin dejar de lado ninguna tecnología.
4. Impulsar actuaciones de ahorro y eficiencia energética, potenciando tales actuaciones en el ámbito de las Administraciones Públicas.
5. Incentivar a las industrias que acometan proyectos de mejora de eficiencia energética y medidas de ahorro de agua.
6. Consolidar e incrementar nuestro patrimonio forestal, como medio para incrementar la fijación de CO2 y contribuir a la lucha contra el cambio climático e impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas
y los propietarios forestales, una gestión y aprovechamiento sostenible de los montes.
7. Fomentar las actividades agrícolas y ganaderas que, por un lado, mitigan los efectos del cambio climático (sumideros y prácticas de cultivo menos intensivas, gestión de residuos agrícolas, gestión de purines, etc.) y, por otro lado, permiten la adaptación de la agricultura y la ganadería al cambio climático.
8. Fomentar la coherencia y las sinergias positivas entre las políticas de lucha contra el cambio climático y el resto de las políticas medioambientales, en especial la conservación de la biodiversidad y la protección de la atmósfera.
9. Impulsar activamente las políticas de residuos relativas a la prevención y el reciclado que se identifican como las de mayor incidencia en la reducción de emisiones de GEI, aprovechando así las sinergias existentes entre las políticas europeas en materia de residuos y de cambio climático."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el derecho básico a la educación y evitar la expulsión del sistema de la mayor parte de estudiantes de origen inmigrante, para su debate en Pleno.
El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, eufemísticamente denominado "de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo", pero que realmente supone el mayor ataque a la educación pública de nuestro país desde el siglo pasado, es una normativa profundamente racista y xenófoba que atenta contra los derechos humanos y la ciudadanía universal expulsando a los estudiantes no comunitarios de las universidades públicas.
Dicho Real Decreto-ley establece que los estudiantes extranjeros extracomunitarios, que incluye a más de 36.000 estudiantes de Grado y Másteres tendrán que pagar el 100 por 100 de los costes de estas enseñanzas universitarias. Es decir, que si hasta ahora, el precio público que pagaba como estudiante por un crédito era de 14,05 euros, ahora pasará a pagar 93,6 euros por cada crédito.
De repente, a finales de abril, este colectivo de personas se han levantado y han comprobado que por obra y gracia de esta norma, ya no son estudiantes pertenecientes a la comunidad universitaria, sino estudiantes extracomunitarios. Que de pagar por un Grado entre 700 y 1.000 euros, pasan a pagar entre 7.000 y 10.000 euros por el mismo Grado. Son miles de estudiantes que están en España animados por una política de internacionalización de las universidades españolas y de nuestro Gobierno en sus países que les impulsó a venir. Que tienen una tarjeta de estudiantes que les impide trabajar. Que no pueden solicitar becas del Ministerio, ni becas de su propio país. En suma, que la gran mayoría estudian y viven con medios propios.
Y no sólo supone una discriminación brutal con quienes están a mitad de carrera, que se verán impulsados a dejar los estudios y abandonar el país, sino a todos aquellos que están en los colegios españoles que tenemos en el extranjero y cuya única opción es continuar sus estudios en España. Se les animaba a venir y ahora, de buenas a primeras, se les corta la carrera y se les expulsa, destrozando su futuro y sus posibilidades.
En tiempos de crisis parece que desde el Gobierno se está buscando y apuntando a un enemigo, el extranjero. Sin embargo, los estudiantes extranjeros aportan un valor añadido innegable al propio sistema, pagan cuotas, manutención, matrículas, consumen, compran..., es decir, alimentan la demanda y por tanto contribuyen al crecimiento de la economía. No podemos convertirlos en víctimas de una crisis que ellos no han provocado.
Esta normativa es una medida injusta e insolidaria y va a suponer que muchos de estos estudiantes de origen inmigrante no puedan hacer frente a esta subida pues provienen de países donde estas tasas suponen cuatro veces el salario de una familia acomodada a lo largo de todo un año. En consecuencia se les va a cerrar la puerta a la formación universitaria y la práctica imposibilidad de poder iniciar estudios en España a los que actualmente están preparando las pruebas de selectividad actualmente en sus respectivos países.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a adoptar las medidas precisas y necesarias para garantizar el derecho a la educación, que esta sea de calidad y generadora de igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, sin exclusiones ni discriminaciones, evitando la expulsión del sistema de la mayor parte de estudiantes de origen inmigrante."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2012.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para que a la hora de conceder beca a solicitantes de unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleo sin prestaciones, sea suficiente la justificación de esta situación, para su debate en Pleno.
En la convocatoria de becas y en el correspondiente Real Decreto que establece los umbrales, se regulan los requisitos económicos y las rentas que serán de aplicación para la concesión o denegación de las becas y ayudas. Para ello se establecen unos determinados umbrales de renta en función del número de miembros computables de la unidad familiar, así como unos umbrales para la asignación de unas determinadas ayudas.
Más allá de la aplicación de lo establecido en las bases de convocatoria, la propia gestión de las solicitudes de beca depara, sin embargo, situaciones contradictorias e, incluso, injustas. El proceso de gestión de las becas conlleva que, una vez comprobados los requisitos académicos de los solicitantes, sus datos y los de la unidad familiar se remiten al Ministerio de Educación para cotejar con la Agencia Tributaria que se cumplen los requisitos de renta y patrimonio, asignándose las correspondientes ayudas o procediendo a denegar la solicitud si no se cumplen los mismos.
En este proceso se da la circunstancia que en aquellas solicitudes de beca en las que los miembros de la unidad familiar no tienen ningún tipo de ingreso económico, su solicitud es excluida por "No identificación de sus NIF, por las Agencias Tributarias", o "No identificación económica por las Agencias Tributarias", viéndose obligados a justificar algún ingreso económico para obtener beca.
Teniendo en cuenta que se estima que existen en nuestro país 1.500.000 familias en las que todos sus miembros se encuentran en situación de desempleo, esta situación afecta, especialmente, a aquellas en las que, además, ninguno de sus miembros percibe prestación alguna. Este escenario, que podría considerarse marginal en los años de prosperidad económica, es en estos momentos cada vez más frecuente.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas oportunas para que tanto la convocatoria de becas, como el Real Decreto de umbrales, recoja la garantía de que los solicitantes de beca cuyas unidades familiares justifiquen que todos sus miembros están en situación de desempleo sin prestaciones, puedan percibir las correspondientes ayudas sin necesidad de justificar una renta que no tienen."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2012.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un nuevo planteamiento de los Objetivos de Estabilidad Presupuestaria, para su debate en el Pleno.
El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 16 de marzo el Acuerdo por el que se fija el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012 del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos de agentes que lo integran y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2012.
Este acuerdo establecía un objetivo de estabilidad presupuestaria para 2012 con un déficit del 5,8% para el conjunto de las Administraciones públicas. El objetivo se repartía permitiendo un déficit del 4% a la administración central, un 1,5% a las CCAA, un 0,3% a las corporaciones locales y un presupuesto sin déficit en la Seguridad Social. La Comisión Europea rechazó este objetivo de déficit del 5,8% aprobado por las Cortes e impuso un déficit público del 5,3% del PIB para el 2012. Este medio de punto de recorte extra fue asumido íntegramente por la Administración Central en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, dejando sin modificar el objetivo del resto de administraciones territoriales, demostrando su mayor capacidad de maniobra en el ajuste.
Todo ello, en un contexto de obsesión de control centralista a las CCAA. En septiembre de 2011, PSOE y PP pactaron una reforma constitucional "exprés", de espaldas a la ciudadanía (eludiendo el referéndum), estableciendo que la Ley Orgánica finalmente aprobada el pasado mes de abril y tramitada por urgencia -a pesar de que el período transitorio de entrada en vigor es el 2020, impidiendo un debate a fondo sobre una de las cuestiones más importantes de la política económica- determinara los límites de déficit presupuestario de las Administraciones Públicas.
Además, cabe recordar que la recentralización va más allá de la Ley de Estabilidad Presupuestaria: el Real Decreto-ley 20/2011 de medidas para la corrección del déficit, la reforma laboral, los decretos de ajuste
duro en educación y sanidad, el Decreto de medidas de medio ambiente, el Decreto de creación del fondo para la financiación de los pagos a proveedores, o bien han vulnerado competencias o las han recentralizado. Las partidas de educación y sanidad ascienden aproximadamente al 70% del presupuesto de cada CCAA en el conjunto del Estado y que juntamente con los Ayuntamientos están actuando como primeros y principales responsables de dar respuesta a los problemas sociales que la crisis plantea. Por tanto, es rotundamente falso que la existencia del estado autonómico sea uno de los motivos de la situación de elevado déficit.
Desde nuestro grupo consideramos injustificable estas reformas, tanto por las formas con las que se ha llevado a cabo como por el fondo de la cuestión. Consideramos que hay que hacer un replanteamiento del plan de estabilidad, en dos aspectos: En primer lugar, creemos que anteponer el objetivo de reducción del déficit en la recuperación económica sólo empeora la situación. No es cierto que una reducción drástica del déficit por la vía de la contracción del gasto haga más rápida la recuperación económica porque genera expectativas positivas en los inversores y éstos avanzan sus gastos. Lo que mejora las expectativas y pone en marcha un nuevo proceso de recuperación es la mejora de la demanda interna, acompañada de un redireccionamiento de las cuentas exteriores, con un plan de choque para reducir nuestra dependencia energética, causante de dos terceras partes de nuestro déficit exterior.
En segundo lugar, hay que ajustar el sesgo injusto que conlleva hacia las Comunidades Autónomas (CCAA) y Entidades Locales (EELL) en relación con el margen que sí otorga a la Administración Central. Es necesario un calendario de reducción del déficit más ajustado a la realidad de la coyuntura económica actual y las cifras actuales de las diferentes administraciones, de manera que el ajuste presupuestario sea más gradual y comporte una incidencia más asumible. Cabe recordar que el peso del gasto público entre administraciones, según los datos más recientes de Eurostat, corresponde a la Administración Central en un 44%, a las CCAA en un 39%, y las EELL en un 17%.
- Redefinir los objetivos de déficit, tanto en su cuantía, como en sus plazos, como en las proporciones entre administración.
- Iniciar un diálogo con las Comunidades Autónomas y los entes locales para redistribuir los porcentajes de déficit máximo de cada nivel de la administración para el 2013, con el objetivo de incrementar sensiblemente el margen de déficit de Ayuntamientos y CCAA al ser administraciones que sostienen un mayor gasto público.
- Iniciar una nueva calendarización para la consecución del 3% de déficit más allá del 2015.
- Rediseñar el plan de ajuste del déficit con el objetivo de priorizar la recuperación económica, la creación de empleo y el mantenimiento del estado del bienestar.
- Revisar el pacto de estabilidad, superando el déficit cero, para transformarlo en un pacto de solidaridad, que priorice el empleo, las políticas sociales y medioambientales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2012.-Laia Ortiz Castellví y Alberto Garzón Espinosa, Diputados.-Joan Coscubiela Conesa, José Luis Centella Gómez y Chesús Yuste Cabello, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la Política Pesquera Común, para su debate en Pleno.
La próxima reforma de la Política Pesquera Común condicionará enormemente las políticas pesqueras de la Unión Europea y, de forma muy especial, las de nuestro país.
Pero la propuesta de reforma hecha desde la UE, contempla un modelo que, en algunos de sus aspectos fundamentales, puede ser lesivo para los intereses pesqueros de España, con la consiguiente pérdida de empleo, riqueza y ruptura social en algunas zonas costeras estratégicamente vinculadas al sector. En muchas de ellas su PIS depende, casi exclusivamente, de la pesca, el marisqueo y de las actividades asociadas.
Esta propuesta olvida que la sostenibilidad medioambiental tiene que ir de la mano de la sostenibilidad económica, social y laboral, y obvia a colectivos que no necesitan ningún artefacto flotante para el ejercicio de su actividad, como es el caso del marisqueo a pie en todas sus formas.
Introduce una política de descartes muy difícil, por no decir imposible de cumplir, en las condiciones establecidas, en las pesquerías multiespecíficas y establece concesiones de pesca transferibles, dentro de cada Estado, que no soluciona para nada los déficits de cuota que históricamente arrastra España.
Pero, por encima de todo, la propuesta obvia el importante papel que desenvuelve la flota costera artesanal y el marisqueo. En este ámbito, llama la atención la ausencia del trabajo de las mujeres en la pesca, en las actividades relacionadas y, sobre todo, en el marisqueo a pie.
Respecto al Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, es necesario transformarlo en una herramienta más ágil y flexible, más sencilla en su tramitación y más adecuada a la situación económica y laboral actual que permita un desarrollo integrado de las zonas pesquero dependientes, en las que es necesario incluir la acuicultura, tanto en tierra como en mar. Del mismo modo, la PPC debe acabar con la discriminación que significa la exclusión del marisqueo del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. En lo que atañe a la Organización Común de Mercados (OCM), es necesario el fomento de las organizaciones de productores, la mejora de la información de mercados, la igualdad de condiciones entre las producciones propias y las de terceros países para que la conserva, los transformados y los congelados no se encuentren en situación de desigualdad en el mercado.
España tiene por tanto, la obligación de hacer valer su posición de liderazgo en la pesca europea sobre la nueva Política Común de Pesca para que el nuevo marco sea un escenario de oportunidad laboral, económico y social y no una oportunidad perdida.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, con el objetivo de conseguir una política pesquera común beneficiosa para nuestros intereses pesqueros y marisqueros, defienda que:
1. La nueva política pesquera común aborde la modificación del Principio de Estabilidad Relativa para garantizar que la pesca y el marisqueo en Europa accedan al mismo marco normativo que el resto de los sectores económicos de la Unión Europea.
2. La sostenibilidad medio ambiental vaya acompañada de la sostenibilidad socio laboral, de tal manera que las medidas que se pongan en marcha en este ámbito, se desarrollen teniendo en cuenta el tejido productivo y la dependencia económica de la actividad pesquera del territorio objeto de la actuación.
3. Se establezca un sistema de derechos transferibles de pesca de ámbito comunitario, permitiendo su libre circulación según el Acuerdo de Lisboa. De esta medida quedaría excluida la flota artesanal, de bajura y el marisqueo.
4. Las políticas de modernización de flota y de desguaces de buques tendrán en cuenta el esfuerzo hecho en este sentido, a lo largo de los períodos de vigencia de la Política Común de Pesca, por los países miembros para adaptar su flota a los recursos existentes.
5. Se establezca un marco normativo que apoye, consolide, modernice y refuerce la pesca artesanal y de bajura como uno de los instrumentos más dinámicos de un modelo de desarrollo sostenible y diversificado económicamente, y de una gran tradición histórica asentada durante siglos en zonas pesquero dependientes.
6. Una modificación que pretenda establecer el nuevo marco jurídico de pesca en la UE no puede dejar al margen a miles de mujeres que han sido discriminadas, por el hecho de serlo, de las políticas comunes de pesca, por lo que la nueva Política Común de Pesca debe contemplar el marisqueo a pie, integrando esta actividad en todos sus programas y acciones, reconociendo a la mujer mariscadora y su contribución a la economía y a la sociedad de la costa.
7. Las políticas de acuerdos y cooperación con terceros países, en materia de pesca, debe condicionarse al cumplimiento de normas equiparables a las que la UE determina dentro de su territorio en materia higiénico sanitaria, socio laboral, medio ambiental y, en general, en todo cuanto es exigible a los productores y a las empresas europeas que capturan, transforman y comercializan pescado y marisco.
8. Deberá contemplar la Reforma un capítulo específico que regule las condiciones de trabajo en la pesca y en el marisqueo, tanto a bordo como a pie, tanto colectivas como individuales, así como la adaptación de las embarcaciones a la incorporación de las mujeres a la actividad pesquera a bordo. Esta regulación será de aplicación a los buques con pabellón de cualquiera de los estados miembros como a los que pertenezcan a empresas, subsidiarias de otras radicadas en territorio de la UE, pero abanderados y operando en aguas de terceros países o internacionales.
9. Se establecerán mecanismos para la eliminación de los descartes que sean asumibles, en los plazos establecidos y en los caladeros multiespecíficos, por las flotas pesqueras, estableciendo un porcentaje para la pesca incidental que permita erradicar esta práctica.
10. La Reforma deberá reforzar el Comité Científico Europeo con el fin de integrar los distintos estudios científicos realizados en aguas de la UE en materia de pesca y marisqueo por los distintos estados miembros.
11. El Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) deberá cumplir la función de modernización y dinamización de la pesca y del marisqueo de forma más ágil, más flexible y más fácil en su tramitación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2012.-Laura Carmen Seara Sobrado y María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a Políticas de Cambio Climático, para su debate en Pleno.
Los científicos alertan sobre una evolución del calentamiento global incluso más rápida que lo previsto en el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas. Dicha evolución -de consecuencias especialmente severas en España, según los informes más recientes- requiere actuaciones urgentes, tanto en las políticas de mitigación como de adaptación al cambio climático.
La Comisión Europea (CE) ha aprobado una Hoja de Ruta para una economía baja en carbono, en el horizonte 2050, y ha implementado ya los mecanismos necesarios, a través de diversas Directivas, para garantizar el cumplimiento de objetivos concretos de reducción de emisiones de GEI para 2020.
La CE ha jugado hasta ahora un papel determinante en el avance de la negociación internacional en esta materia. Su liderazgo depende, cada vez más, de la capacidad de implicar a otros países en la lucha contra el cambio climático, a partir del establecimiento de objetivos europeos ambiciosos, así como de los resultados conseguidos -la UE es la única área que cumple, en su conjunto, con los compromisos asumidos en el protocolo de Kioto-; y de su empeño por fortalecer la cooperación con los países en desarrollo, reconociendo así la necesidad de una mayor equidad como elemento clave del desarrollo sostenible.
España fue uno de los países europeos que más tardo en incorporar el cambio climático como un objetivo transversal de la acción pública, a causa, sobre todo, de la errónea idea según la cual la reducción de emisiones de GEI era incompatible con el progreso de nuestro país. Así, en 2004 España se alejaba en 37 puntos del compromiso asumido en el marco del compromiso global de la UE dentro del protocolo de Kioto -que permite a nuestro país un aumento máximo en el nivel de emisiones de GEI de un 15% en el periodo 2008/2012 respecto al nivel de 1990. En 2005 se registró por primera vez un descenso en las emisiones, (a pesar de un crecimiento del PIS en un 4%); y desde entonces la distancia con el objetivo comprometido se ha reducido en 26 puntos, como resultado, sobre todo, del notable desarrollo de las energías renovables, a la vista de que la reducción en las emisiones desde 2007 ha sido significativamente superior a la caída del PIS provocada por la crisis.
Las primeras decisiones del actual Gobierno, -y, en particular, el freno a las energías renovables-, vuelven a alejar a España de la senda deseable, como ya ha puesto de manifiesto la Comisión Europea en su informe sobre el Programa de Reformas, en el que ni siquiera se mencionaba el desafío del cambio climático. El Gobierno parece completamente ajeno, además, a la apuesta de los principales países de la OCDE por la "economía verde" como vector de creación de empleo y de bienestar, a pesar de que, de acuerdo con las estimaciones de la OCDE, en España se podría crear un millón de puestos de trabajo en actividades ligadas a las energías renovables, la construcción y el transporte sostenible, la agricultura ecológica ...
Una mayor ambición en las políticas de cambio climático comportaría para España, además del impacto favorable sobre el empleo ya señalado, la consolidación de un tejido industrial muy innovador, con elevada capacidad exportadora, así como la reducción de nuestra dependencia exterior en materia energética, en un contexto en el que todos los expertos vaticinan que el coste de utilización de las energías renovables seguirá reduciéndose mientras sigue incrementándose el coste de los combustibles fósiles.
Hay, por lo tanto, razones estratégicas, económicas, sociales y ambientales para exigir al Gobierno una actuación en materia de cambio climático muy diferente a la desarrollada durante los primeros seis meses de la legislatura. Además, el PSOE considera el cambio climático como un desafío ético al que hay que dar respuesta más allá de nuestras fronteras, a la vista de los dramáticos efectos que el calentamiento global está teniendo ya sobre los ciudadanos de los países más desfavorecidos del planeta.
"1. Aprobar, en el plazo máximo de tres meses, una nueva planificación del mercado eléctrico, así como la correspondiente regulación, de forma que se garantice un suministro cada vez menos dependiente de los combustibles fósiles y de la energía nuclear, mediante un aumento sostenido en el ahorro y la eficiencia energética, y el uso creciente de las energías renovables, garantizando la reducción de emisiones de GEI acorde con el compromiso de la UE, y reduciendo el déficit tarifario conforme a la senda prevista. La última central nuclear se cerrará en 2028 y las energías renovables deberán comportar el 70% de la producción de electricidad en 2030, manteniéndose una evolución moderada de los precios de la electricidad; para ello, resultan imprescindibles cambios en el sistema de retribución de todas las fuentes energéticas, consistentes con la consecución del mix deseado, que eliminen los actuales sobrecostes regulatorios e incentiven la competencia
y la innovación, mediante un marco estable que garantice la adecuada seguridad jurídica de las correspondientes inversiones.
2. Aprobar, en el plazo máximo de seis meses, un proyecto de Ley de Cambio Climático, que establezca objetivos de reducción de emisiones de GEI en el horizonte de 2020 y 2030, en todas las actividades publicas y privadas, así como los incentivos fiscales y regulatorios para su consecución; en particular, la norma incorporará aquellos contenidos de las directivas europeas en materia de ahorro, eficiencia energética y energías renovables aún pendientes de transposición, así como todo lo relativo al impulso y exigencia sobre un modelo de movilidad más sostenible, de acuerdo con lo previsto en la vigente Ley de Economía Sostenible. El proyecto de Ley incluirá también las modificaciones pertinentes en la vigente legislación sobre aguas, costas y biodiversidad, que favorezcan la adaptación al cambio climático.
3. Impulsar una gestión de residuos más coherente con el objetivo de reducción de emisiones de GEI, favoreciendo en particular el desarrollo de los sistemas de depósito, devolución y retorno
4. Modificar los PGE de 2012, para aplicar a las políticas de cambio climático los ingresos de las subastas de derechos de emisión, previstos para el presente ejercicio, de forma que se refuerce el Fondo de Carbono así como la actividad de AEMET, y se de también cumplimiento al compromiso de financiación de España a las actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático en los países en desarrollo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2012.-Cristina Narbona Ruiz, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de los dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de desarrollo de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio por las instituciones sanitarias, educativas y sociales españolas de acuerdo a las directivas de la Unión Europea y organismos internacionales, para su debate en Pleno.
Ya desde 1996, la ONU y la OMS recomendaron que cada país debería desarrollar planes y políticas de prevención de suicidio, relacionados, en lo posible, con otros programas de salud pública, y establecer comités coordinados para controlar y evaluar su implementación. Estas estrategias nacionales son importantes ya que obligan a los gobiernos a reconocer este grave problema, aumentar la preocupación a nivel nacional acerca del suicidio y ejercer la capacidad de promulgar leyes para su prevención. Estas acciones políticas son efectivas y vitales para mantener al Gobierno focalizado en la prevención del suicidio.
Con una estimación de 1.100.000 suicidios anuales en el mundo (2.700 al día, uno cada 40 segundos), la OMS demanda que autoridades y gobiernos adopten medidas de prevención, dado que las cifras demuestran que las actuales son insuficientes. La frecuencia ha aumentado un 60% en el último medio siglo, y calculan que en 2020 estaremos en un millón y medio de muertes anuales por suicidio en el mundo.
Los países de la UE con índices más altos de suicidios son Lituania, con una tasa de 34,1 por 100.000 habitantes, Hungría, con 24,6 y Letonia, con 22,9, según datos de 2009. En cuanto a los países vecinos, Portugal registra un promedio de 9,6, mientras que en Francia la tasa está en 16,3.
La tasa de prevalencia del suicidio en España está en el entorno del 6,5-7 por 100.000 habitantes, lo que la sitúa en la zona media europea, con unos 3.200-3.500 suicidios anuales en la última década: se producen cada día entre nueve y diez muertes "oficiales" por suicidio y entre cien y doscientos intentos. Según el Instituto Nacional de Estadística, las muertes "oficiales" por suicidio superan al de fallecidos por accidentes de tráfico desde hace años, sin contar las muertes calificadas como "accidentes" de otro tipo que en muchas ocasiones son suicidios ocultos y no pueden contabilizarse como tales (para la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, la tasa real de suicidio sería de 10,5 por cada 100.000 habitantes, es decir, 4.500 muertes anuales). Hay un incremento sostenido de casos en todas las edades (incluidos niños y adolescentes).
En nuestro país no se han escatimado medios para afrontar el problema de los accidentes de tráfico, activando la concienciación social sobre una conducta socialmente indeseable que produce muerte, dolor, lesiones e incontables daños familiares, económicos y sociales durante mucho tiempo. Ese esfuerzo se ha traducido en una reducción constante del número anual de muertos en la carretera. De hecho, a pesar del recorte de los PGE para las campañas de publicidad y comunicación institucional del Gobierno, una de las que prevé mayor inversión durante el año 2012 será la de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico con 10,2 millones de euros (un 30% del presupuesto total de 35,3 millones de euros).
Sin embargo, en España no existen programas sistemáticos de prevención o seguimiento activados a nivel nacional desde las instituciones sanitarias, educativas y sociales para prevenir el suicidio y ayudar a las personas que han intentado suicidarse. Sólo existen iniciativas puntuales desarrolladas, por ejemplo, por la Guardia Civil, algunos hospitales (Santa Creu, Barcelona), o Consejerías de determinadas Comunidades Autónomas (Madrid, Baleares, Murcia) que se ponen en marcha de forma descoordinada y, en muchos casos, con procedimientos y objetivos muy distintos.
La última actualización del documento "Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2009-2013" publicada por el Ministerio de Sanidad el 27 de abril de 2011 es una muestra evidente de la falta de claridad definitoria a la hora de clasificar y así atajar este grave problema de salud pública que establecen las instituciones internacionales. Cuando se refiere a "Prevención del suicidio" sólo menciona la tasa resultante de datos del INE (hasta 2006, entre 6,2 y 7,2 por 100.000 habitantes) y el registro de altas hospitalarias que el propio documento no valora como fiables (se nutre de diversas fuentes muy distintas y acciones de las CC.AA. "para disminuir las tasas de depresión y de suicidio en grupos de riesgo" sin detallarlas: 11 actuaciones de las cuales 7 fueron evaluadas, con divergencia en extensión y calidad de estos programas).
A partir de esta mera asociación-identificación instrumental de depresión y suicidio, la "Estrategia de Salud Mental del SNS 2009-20113" establece en su Objetivo General 2: "Prevenir la enfermedad mental, el suicidio y las adicciones en la población general", pero sólo se hace referencia al suicidio per se en el punto 2.3 "(Realizar y evaluar acciones específicas para disminuir las tasas de depresión y de suicidio en grupos de riesgo)". En sus "Recomendaciones" se limita a indicar en e! punto 2: "Desarrollar intervenciones preventivas, preferentemente talleres específicos y entrenamiento en habilidades para la prevención de la depresión y del suicidio, en cada uno de los siguientes entornos: 1) centros docentes; 2) instituciones penitenciarias, y 3) residencias geriátricas".
La prevención funciona. La experiencia internacional ratifica que la inversión en prevención del suicidio, con el imprescindible compromiso de los gobiernos e instituciones sanitarias y sociales de cada país, logra resultados muy positivos y duraderos en la reducción de suicidios. Países como Finlandia, que en 1990 estaba a la cabeza en tasa de suicidios, consiguió reducirla drásticamente cuando su Gobierno invirtió e implantó programas de prevención, situándose en la media o por debajo de otros países con el mismo problema. Hay muchas iniciativas ejemplares en el ámbito europeo (Programa Nuremberg-Wuerzburg en Alemania o la Universidad de Manchester en Reino Unido) que son una referencia para una actuación sencilla, eficaz y bien orientada a objetivos.
El suicidio no es una enfermedad ni un trastorno que se circunscriba únicamente al ámbito psiquiátrico. Sigue siendo un tema tabú, del que no se habla (y convierte a las familias y a todo el entorno social de los suicidas en víctimas dobles) y sobre el que se mantienen muchos mitos. Los medios de comunicación son una herramienta muy útil para poder hacer llegar a las personas y a la sociedad esta realidad que se mantiene oculta, pero siempre que se trate de manera correcta. Expertos de todo el mundo reconocen que hablar correctamente sobre el suicidio no provoca suicidios, sino que los previene. Aunque muchos estudiosos señalan un incremento propiciado por la crisis económica y de valores, la mayoría de los expertos coincide en que aún no existe la suficiente perspectiva para corroborarlo. La crisis, sin duda, es un factor de riesgo importante, pero no es el único factor que causa ese incremento. Existen muchos factores que pueden potenciar la conducta suicida. La supresión de servicios públicos de atención psicológica, servicios sociales, etcétera, sí que puede llegar a ser un factor de riesgo importante al no poder intervenir en conductas suicidas.
Para intervenir eficazmente en prevención del suicidio y reducir el número de muertes por esta causa en nuestro país es necesario que se invierta de forma en recursos humanos, económicos y sociales, tal como se ha hecho y se sigue haciendo para reducir los accidentes de circulación.
Es imprescindible abordar de forma multidisciplinar y estatal el suicidio, incluyendo la acción institucional conjunta de Educación, Sanidad y Políticas Sociales, e incorpore el compromiso de los medios de comunicación para afrontar un problema que nos afecta a todos.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
1. Promover la puesta en marcha de un equipo con reconocidos expertos en prevención del suicidio, que junto con responsables de los gabinetes ministeriales
de Educación, Sanidad, y Políticas Sociales, desarrollen, contemplando las exigencias en la materia de los organismos internacionales (ONU, OMS y UE):
a) Una redefinición concreta de los objetivos y acciones de prevención del suicidio en la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud que se incorpore al documento 2009-2013.
b) Un borrador de Plan Nacional de Prevención del Suicidio que preste especial atención a los grupos más vulnerables (niños, adolescentes, ancianos y personas en riesgo de exclusión).
2. Comprometer en los PGE 2013 una partida destinada específicamente a campañas de visibilización, sensibilización y concienciación contempladas en la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud y el Plan Nacional de Prevención del Suicidio."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el establecimiento de un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social, para su debate en Pleno.
La realidad económica a la que se está enfrentando nuestro país hace que cada vez sea mayor el riesgo de pobreza y exclusión social. Este hecho ha sido ya puesto de manifiesto por numerosos informes publicados recientemente por diversas organizaciones como Unicef o Cáritas.
Esta realidad económica se ve reflejada en unos insostenibles datos de desempleo (situado en el 24,4%), un constante e imparable crecimiento del número de desahucios (58.241 procesos en 2011, un 22% más que en 2010) que a su vez empuja cada vez a más personas a engrosar la lista de la exclusión y que pone en riesgo los éxitos cosechados en materia de cohesión social durante las últimas décadas.
Estos datos están teniendo un impacto muy duro sobre la realidad económica de nuestro país y el día a día de nuestras familias. De esta manera, tenemos que, según datos de Eurostat, el número de hogares con niños donde todos sus miembros adultos están desempleados creció un 120% entre 2007 y 2010 pasando de 324.00 hogares a 714.000. Los niveles en los que podemos estar en la actualidad, con un 5% más de paro que en 2010 se adivinan estremecedores.
Lo cierto es que los pobres españoles de hoy son aún más pobres que los de hace unos años, por ejemplo, para una familia de dos adultos con dos niños este umbral ha pasado de 16.684? en 2009 a 15.820? en 2011. Es importante destacar, como señala el último informe de FOESSA, que la etapa de crecimiento inmediatamente anterior a la crisis económica no ha estado acompañada de una mayor redistribución, ni de una protección social más intensa, ni de soluciones a los graves problemas de integración social. Eso hace que sea imprescindible, sobre todo ahora, afrontar de manera integral y coordinada la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Esta falta de políticas concretas de ayuda a la pobreza está afectando de manera muy importante a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, y más en concreto a los niños. De esta forma, tenemos que la tasa de hogares pobres con niños en los que al menos una persona trabajaba era del 15,4% en 2010 sólo por debajo de Rumanía y Grecia y muy lejos de la media europea que se situaba en el 10,7%. El resultado ha sido que entre 2009 y 2010 la pobreza infantil pasó del 23,7% al 26,2%.
Lo que resulta todavía más descorazonador es el hecho de que, según los datos de Eurostat, este problema se está enquistando en nuestro país, la pobreza infantil crónica subió al 16,7% siendo la de total de la población del 11%. Esto tiene como resultado que somos el país de la UE-15 como mayor número de menores en riesgo de pobreza: un 13,7%. En la conjunto de la UE-27 sólo nos superan Bulgaria y Rumanía.
Uno de los datos que mejor refleja esta realidad es el incremento en las prestaciones de la Seguridad Social para familias con ingresos inferiores a 13.083?. La ayuda de 291? anuales que perciben estas familias pasó de tener 759.594 beneficiarios en 2007 a 1.029.080 en 2011.
En esta situación sería de esperar que aumentaran las dotaciones para prestaciones sociales, pero el Gobierno actual, lejos de hacer frente a esta situación esta empeorando esta realidad. Así, la desaparición de ayudas públicas tan importantes para estos colectivos como los chequés-bebe, las subvenciones a los libros de texto o las becas no están ayudando a solventar la situación sino todo lo contrario.
Unicef ya ha advertido que los costes de no actuar comprometerán el crecimiento y el bienestar de toda la sociedad a medio y largo plazo, por ello, es imprescindible obtener un consenso político para solventar esta situación para ello es necesaria la elaboración de un Plan Plurianual de Lucha contra la pobreza y la exclusión social. El objetivo de este plan no es otro que el dotar de estabilidad a las políticas gubernamentales de lucha contra la pobreza y exclusión social independientemente del partido político que esté en el poder.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha urgentemente las siguientes medidas necesarias para combatir las situaciones de pobreza y exclusión social:
1. La elaboración en los próximos seis meses de un Plan Nacional contra la Pobreza Infantil 2012-2015.
2. Aumentar las dotaciones presupuestarias en materia de becas y ayudas al estudio para aquellas personas que no disponen de recursos suficientes.
3. En materia de vivienda, impulsar fórmulas que ofrezcan una alternativa a las personas que no pueden hacer frente a sus pagos hipotecarios, con sistemas alternativos que faciliten la renegociación de las deudas existentes para que puedan permanecer en la vivienda y en último extremo que se apoye la dación en pago y la limitación de responsabilidad con sus bienes y derechos futuros.
4. Aumentar la dotación presupuestaria de las políticas activas de empleo orientadas en primer lugar a la empleabilidad, especialmente de las personas en riesgo de exclusión, e intensificando los espacios de inserción para el empleo de estos colectivos. Políticas específicas de formación para el colectivo de 18 a 30 años y mayores de 50 años que permitan reintegrarse al mercado laboral a personas que lo abandonaron prematuramente.
5. En materia de salud:
a) La inmediata puesta en marcha de programas de coordinación sociosanitaria y mejora de la cobertura de las personas en situación de exclusión, atendiendo especialmente a las necesidades de las personas con drogodependencia y aquellas con necesidades alimentarias urgentes. Potenciación de los equipos ambulantes que garanticen el tratamiento sanitario de las personas en situación de exclusión.
b) La búsqueda de alternativas que garanticen a aquellas personas mayores de 26 años recién licenciados y en busca de trabajo la cobertura sanitaria dentro del sistema nacional de salud aunque no haya cotizado nunca."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de junio de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre obesidad infantil, para su debate en Pleno.
España se ha situado por delante de EEUU en obesidad infantil, con un 19% de niños obesos en este país frente al 16% de los estadounidenses, un porcentaje que triplica al de hace treinta años. Se trata de un estudio pionero en España en el que han participado, durante cinco años, más de 30 investigadores y 2.000 voluntarios.
El investigador principal del proyecto, ha precisado que el 45,2% del exceso de peso detectado en los niños españoles se reparte de la siguiente manera: el 26,1% es sobrepeso y el 19,1% es obesidad.
Estos menores tienen mayor riesgo de desarrollar problemas cardiometabólicos, diabetes tipo 2 o aterosclerosis antes de llegar a convertirse en adultos.
El aumento de actividad física y el cuidado de la alimentación son las claves para asegurar generaciones sanas, por lo que la infancia es el momento ideal para reconducir los malos hábitos.
Por otro lado, España tiene un 38,7% de la población adulta con sobrepeso y un 14,5% con obesidad. Se prevé que en 2030, serán el 37% de los hombres y el 33% de las mujeres españolas.
Como dato negativo, la población española es "eminentemente sedentaria", ya que sólo un 43% realiza actividad física de forma regular. En la actualidad el exceso de peso supone un 8% del gasto total sanitario en España.
Cada vez son más los países que están introduciendo impuestos especiales sobre los alimentos y las bebidas poco saludables. Con esta medida intentan reducir su consumo para que los ciudadanos cambien sus hábitos alimenticios.
Francia ha sido el último país, pero no es el único. Nuestros vecinos han establecido una tasa de 0,72 céntimos de euro sobre las bebidas energéticas y azucaradas. En 2011, Finlandia, Hungría y Dinamarca hicieron lo mismo.
Los estudios muestran, por ejemplo, que si se impusiera un gravamen de un 20% en las bebidas azucaradas en Estados Unidos se reducirían 3,5% las tasas de obesidad en el país. Y el mismo impuesto en los alimentos insanos en el Reino Unido podría evitar 2.700 muertes cada año por enfermedades del corazón, demuestran los investigadores.
1. A la aplicación efectiva de la prohibición de bebidas azucaradas y comida "basura" en el ámbito escolar.
2. A la exclusión de la publicidad en televisión en horario infantil, de bebidas azucaradas y comida "basura".
3. A la incorporación a los planes de salud escolar y su entorno de la prioridad de la alimentación saludable y dieta mediterránea junto con el ejercicio físico.
4. A la acreditación de "menús saludables" en cantidad y calidad por parte de las autoridades sanitarias.
5. A la puesta en marcha de etiquetado visible en este tipo de alimentos potencialmente nocivos.
6. Al estudio y puesta en marcha de tasas sobre las bebidas azucaradas y comida "basura".
7. A favorecer pactos con las industrias y empresas de alimentación para que consideren el impacto en la salud de sus políticas industriales y comerciales de forma que tiendan a producir y comercializar productos saludables sustituyendo aquellos que dañan la salud y para que tiendan a la reducción del tamaño de las porciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2012.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Los Grupos abajo firmantes se dirigen a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre reducción de la pobreza infantil, para su debate en Pleno.
Según el informe de UNICEF "La infancia en España 2012-2013: El impacto de la crisis en los niños", el 26,2% de los niños que viven en España (unos 2.200.000) lo hacen en hogares cuyos ingresos se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. Esto supone un incremento significativo desde el año 2008, en que este porcentaje se situaba en el 24,1 %. Como consecuencia de esta evolución, los niños son por primera vez el colectivo de edad más pobre en nuestro país, por encima de los mayores de sesenta y cinco años.
Se trata de datos que reclaman nuestra atención por diversos motivos:
En primer lugar, porque la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España en 1990, reconoce en su artículo 27 el derecho de todos los niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
En segundo lugar porque, sin ser en absoluto responsables de la situación de crisis que atravesamos, los niños son especialmente vulnerables a sus impactos, además de tener menor capacidad para hacer oír su voz y reclamar sus derechos.
En tercer lugar, porque el impacto de una situación de pobreza sobre los niños es muy diferente al caso de los adultos. Una situación de este tipo, aunque sea coyuntural, puede tener impactos a largo plazo sobre su desarrollo físico, intelectual y social.
Por último, porque el coste de oportunidad a nivel económico y social es enorme en el caso de no intervenir. Dicho en positivo, los beneficios de proteger a la infancia no sólo afectan a los niños y sus familias, sino que constituyen la mejor medida para garantizar una sociedad cohesionada y sostenible en el medio y largo plazo.
El pasado 30 de mayo, la Comisión Europea hizo pública la Recomendación del Consejo sobre el Programa Nacional de Reforma de 2012 de España, que califica de alarmante esta situación y recomienda "tomar medidas específicas para combatir la pobreza, aumentando la eficacia del apoyo a la infancia".
Por todo ello, el Congreso de los Diputados:
Se compromete a hacer del combate contra la pobreza en la infancia un asunto prioritario en la presente legislatura e insta al Gobierno a:
1. Impulsar y definir a través del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAIN) 2013/2015 una hoja de ruta que articule una estrategia de protección a la familia e infancia, promoviendo medidas para reducir la pobreza infantil y en favor de la inclusión social.
2. Elaborar el Informe Social Nacional (National Social Report) solicitado por la Comisión Europea en el marco de la Estrategia 2020, incluyendo en el mismo la reducción de la pobreza infantil como uno de los objetivos prioritarios.
3. Promover, desde el pleno respeto competencial, la calidad, la coordinación, la eficacia y la coherencia de la intervención de las diferentes administraciones públicas en relación con la infancia, especialmente en la lucha contra la pobreza infantil.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió).-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Autor: Comunidad Autónoma del País Vasco - Gobierno.
Convenio de colaboración entre Euskal Estatistika Erakundea/lnstituto Vasco de Estadística y el Instituto Canario de Estadística para la colaboración en materia de fusión de registros.
Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento dc la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, poniéndolo en conocimiento de la Presidencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA/INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA Y EL INSTITUTO CANARIO DE ESTADÍSTICA PARA LA COLABORACIÓN EN MATERIA DE FUSIÓN DE REGISTROS
De una parte, D. Francisco Javier Forcada Sainz, Director General del Euskal Estatistika Erakundea/lnstituto Vasco de Estadística (en adelante, EUSTAT), actuando en nombre y representación del mismo, según las atribuciones que le confiere la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y el Decreto 12/2000, de 25 de enero, por el que se establece la Estructura Orgánica de Euskal Estatistika Erakundea/lnstituto Vasco de Estadística y en virtud de la autorización otorgada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 6 de marzo de 2012.
Y de otra, Don Javier González Ortiz, Excelentísimo Señor Consejero de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, nombrado en virtud del Decreto 88/2011, de 8 de julio, del Presidente (BOC n.º 135, de 11.07.2011), en su calidad de Presidente de la Comisión Ejecutiva del Instituto Canario de Estadística (en adelante ISTAC), actuando en nombre y representación del mencionado Organismo Autónomo y previa autorización de la Comisión Ejecutiva del Instituto, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 7, apartado 2. c) del Decreto 48/1992, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Instituto Canario de Estadística, en concordancia con el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de 7 de marzo de 1996 (BOC n.º 139, de 4.11.96) y el artículo 7, apartado 4. e), del citado Decreto 48/1992, de 23 de abril.
Que EUSTAT e ISTAC, como productores de estadística oficial, recogen, tratan, explotan y analizan gran cantidad de datos. Por ello, ambos Institutos estadísticos comparten un interés común en ahondar en el estudio de la fusión de registros, esto es, en la tarea de identificar registros que corresponden a la misma entidad en dos o más archivos distintos cuando no se dispone de identificadores únicos.
Que la Comunidad Autónoma de Euskadi tiene competencia exclusiva en materia estadística para sus propios fines y competencias, según el artículo 10.37 del Estatuto de Autonomía de Euskadi, y la Comunidad Autónoma de Canarias goza, asimismo, de competencia exclusiva en materia de estadística de su interés, en el artículo 30.23 del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Que mediante el presente Convenio de Colaboración se pretende, dada la coincidencia de algunos planteamientos, objetivos y el interés de ambas partes, colaborar en materia de fusión de registros al objeto de sacar el máximo aprovechamiento posible a la información que obra en los distintos ficheros de los que se dispone y reducir la carga de los informantes.
El presente Convenio tiene por objeto formalizar la colaboración entre EUSTAT e ISTAC en materia de fusión de registros.
Segunda. Actuaciones a realizar por las partes.
EUSTAT cederá a ISTAC el "Módulo de fusión" que es una aplicación informática cuyo objetivo es la identificación, a través del uso de técnicas algorítmicas, de pares de registros procedentes de dos archivos distintos cuando no se dispone de identificadores únicos que permitan una unión directa.
En ningún caso, ISTAC podrá ceder el programa "Módulo de fusión" a terceros.
La aplicación está compuesta por 24 programas ejecutables desarrollados en VisualBasic.Net 2003 (framework 2.0).
La Base de Datos está compuesta por 190 tablas y 35 paquetes pl/sql aproximadamente. Se ha utilizado Oracle 10g Service Pack 2 por su potencia y versatilidad.
EUSTAT entregará a ISTAC:
? Documentación redactada siguiendo los estándares Besaide v2 basada en Métrica v3.
? Scripts pl/sql de creación de la Base de Datos.
? Código fuente VB.Net.
? Ejecutables VB.Net.
EUSTAT no será responsable de los posibles daños que la instalación del "Módulo de fusión" pudiera ocasionar en los equipos de ISTAC.
Por su parte, ISTAC cederá en iguales términos a EUSTAT el uso de las nuevas realizaciones, adaptaciones o desarrollos que efectúe en esta materia.
Tercera. Otros compromisos.
Los firmantes se comprometen a intercambiar de manera rápida y efectiva toda clase de resultados y documentos relativos a cuestiones metodológicas sobre fusión de registros.
Asimismo, se comprometen a la puesta en común de experiencias al menos una vez al año sobre aplicación de los diversos métodos de fusión de registros en operaciones estadísticas concretas e intercambiar las mejoras realizadas en el "Módulo de fusión".
En las publicaciones o cualquier otro producto de difusión que se realicen, sobre la base de los trabajos y resultados obtenidos como consecuencia de los compromisos contemplados en este Convenio, por parte de cualquiera de las instituciones firmantes se hará referencia a las aportaciones efectuadas por la otra parte.
- El/la Responsable de la Subdirección de Coordinación Técnica y Difusión
- El/la Responsable de Producción y Análisis Estadístico
- El/la Responsable de Estadísticas Sociodemográficas
- El/la Responsable de Administración y Servicios
Por parte de ISTAC:
- La persona que ostente la Dirección
- El/la Responsable de la Jefatura de Servicio de Estadísticas Económicas
- El/la Responsable de la Jefatura de Servicio de Estadísticas Demográficas y Sociales
- El/la Responsable de la Jefatura de Servicio de Informática Estadística y Banco de Datos
Actuará como Secretario/a de la Comisión de Seguimiento uno de los representantes designado a tal efecto.
Asimismo, atendiendo al contenido de la materia, podrá incorporarse a la misma, con voz pero sin voto, el personal técnico que, por ambas partes, se considere oportuno.
- Analizar las actuaciones que ambas partes consideren oportunas en materia de intercambio de los desarrollos informáticos y colaboración en materia metodológica sobre fusión de registros.
- Interpretar las cuestiones litigiosas que, en cumplimiento del Convenio de Colaboración, pudieran plantearse.
- Evaluar el grado y eficacia del cumplimiento del Convenio de Colaboración.
Séptima. Periodo de vigencia.
El presente Convenio de Colaboración surtirá efectos desde la fecha de su suscripción y tendrá una vigencia de tres años, con la posibilidad de renovarlo por un periodo de igual duración, salvo que medie denuncia de alguna de las partes con una antelación mínima de tres meses a la fecha del vencimiento de cada periodo.
Octava. Naturaleza, régimen jurídico y jurisdicción aplicables.
El presente Convenio de Colaboración tiene naturaleza administrativa y se encuentra excluido de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en virtud de su artículo 4.1.c. Asimismo, viene regulado en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por otro lado, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula sexta, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992 citada, las cuestiones litigiosas que se pudieran suscitar durante la vigencia del mismo y que no pudieran ser resueltas por la Comisión de Seguimiento, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con su Ley reguladora 29/1998, de 13 de julio.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio de Colaboración, por cuadruplicado ejemplar, a 14 de marzo de 2012.

References: artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 27
 artículo 166
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 30
 artículo 4
 artículo 8