Source: https://elderecho.com/una-cuestion-de-competencia
Timestamp: 2018-12-10 17:33:53+00:00

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Foro 21-03-2016 Coordinador: Lluch Corell
La cuestión que se plantea en este foro tiene que ver con la determinación de la competencia objetiva para conocer de una determinada reclamación planteada por funcionarios públicos. En concreto, se trata de determinar cuál es el orden jurisdiccional competente para conocer de las reclamaciones formuladas por funcionarios públicos contra otros funcionarios o cargos públicos, solicitando una indemnización de daños y perjuicios por actos de acoso de cualquier naturaleza (mobbing, acoso moral, sexual, ...) realizados durante la jornada y en el centro de trabajo. Por el momento, estamos ante una cuestión que ha merecido respuestas diversas por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y que no consta que haya sido objeto de unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo.
Las dudas se suscitan pues la LRJCA art.2 e) atribuye a la jurisdicción contencioso administrativa la competencia para conocer de «la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social»; mientras que es competencia de la jurisdicción social -LRJS art.2 e), - el conocimiento de las reclamaciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, así como para conocer de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean estos funcionarios, personal estatutario o persona laboral, "incluida la reclamación derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral.
Las dudas se acrecientan si se toma en consideración lo establecido en la LRJS art.2.f) y 3.c) -EDL 2011/222121-. Y es que, el primero de los preceptos señalados atribuye al orden social el conocimiento de los litigios en materia de tutela de la libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales, incluida la protección frente al acoso, añadiendo, a continuación, la competencia sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical y huelga frente a actuaciones de las AA.PP. que afecten exclusivamente al personal laboral. Por su parte, el art.3.c) excluye del orden social la tutela de la libertad sindical y derecho de huelga de funcionarios y personal estatutario, pero no precisa qué sucede con el resto de derechos fundamentales (seguramente excluidos también en el caso de los funcionarios) ni, sobre todo, con la protección frente al acoso.
Este foro está publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 1 de febrero de 2016.
En la medida en que los daños y perjuicios ocasionados por el acoso (moral, ...
En la medida en que los daños y perjuicios ocasionados por el acoso (moral, sexual, sicológico) de un funcionario o cargo público a otro funcionario en el ámbito profesional son el resultado del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, la acción dirigida a obtener la indemnización de dichos daños y perjuicios se habrá de encuadrar en la LRJS art.2.2 -EDL 2011/222121 y, por lo tanto, su conocimiento corresponderá al orden jurisdiccional social. Dicha conclusión es acorde con la voluntad del legislador, manifestada en el preámbulo de la Ley reguladora de la jurisdicción social de concentrar en el orden social, por su mayor especialización, el conocimiento de todas aquellas materias que, de forma directa o por esencial conexión, puedan calificarse como sociales. La prestación de servicios en la que incide el mobbing se da tanto en el contrato de trabajo como en la relación funcionarial, por lo que los elementos de convicción tenidos en cuenta para su constatación son muy similares por no decir idénticos en ambos casos, tratándose por lo demás de una materia de incuestionable naturaleza social, pues, la reglamentación administrativa propia del ámbito funcionarial carece de relevancia a efectos de dilucidar si se ha producido o no una situación de acoso moral en el ámbito profesional, ya que lo trascendente, como ya se ha apuntado, es que el comportamiento acosador incide en el ámbito de la prestación de servicios degradando las relaciones personales de las personas implicadas y dañando al trabajador/funcionario que es objeto del acoso.
También el ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art.3) que se extiende no solo a las relaciones laborales sino también a las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, corrobora la competencia del orden social, tal y como apunta el TSJ País Vasco 2-6-15 (Rec 887/15), en la que se cita la sentencia del TS 4ª 10-4-13 (Rec 67/12 -EDJ 2013/55486-) como un argumento de autoridad, si bien es cierto en que en esta última no se trata de un supuesto de acoso sino de la aplicación de la LPRL art.22 a los funcionarios docentes. En cualquier caso es de destacar que el orden contencioso-administrativo conoce de las pretensiones que se deducen en relación con la actuación de la Administración pública sujetos a Derecho administrativo y con las disposiciones reglamentarias y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no constituye Derecho administrativo.
En cierto que la situación de acoso conlleva vulneración de derechos fundamentales (el derecho a la integridad física y moral, CE art.15, y que la Administración pública ha de responder de la indemnización de los daños y perjuicios causados por sus funcionarios o cargos públicos derivados de la situación de acoso, por lo que cabría entender, teniendo en cuenta dichas circunstancias, que la reclamación de los daños derivados del acoso realizado por un funcionario respecto a otro funcionario, es competencia del orden contencioso-administrativo. Ahora bien, lo realmente relevante para determinar la competencia es que dichos daños y perjuicios se han originado por el incumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales y, por consiguiente, la reclamación por los daños derivados de dicho incumplimiento tiene perfecto encaje en el apartado e del art. 2 LRJS -EDL 2011/222121-, norma que al ser posterior a la LRJCA -EDL 1998/44323 se impone a esta, configurándose como una excepción a lo establecido tanto en la LRJCA art.2 e), como en el art.1.3.a) del mismo texto legal. Además la propia LRJCA contempla, en su art.3.1, la posibilidad de atribuir al orden social determinadas cuestiones, aun cuando estén relacionadas con la actividad de la Administración pública y dicha posibilidad es la que materializa la LRJS art.2.e).
A mayor abundamiento se ha de decir que la LOPJ art.9.5 atribuye al orden social el conocimiento de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, las reclamaciones en materia de Seguridad Social y las reclamaciones contra el Estado por responsabilidades que le atribuya la legislación laboral, siendo indudable que la reclamación de los daños y perjuicios derivados del acoso en el trabajo se ha de incardinar dentro de la rama social del Derecho, en la medida en que dichos daños se producen por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos en el trabajo y además la responsabilidad del Estado, en dichos casos, deriva de lo establecido en la LPRL art.3 -EDL 1995/16211-.
Los concluyentes términos en los que viene redactado la LRJS art.2.e) -EDL 2...
Los concluyentes términos en los que viene redactado la LRJS art.2.e) -EDL 2011/222121-, evidencian que la voluntad del legislador ha sido la de atribuir al orden social de la jurisdicción el conocimiento de las cuestiones relativas a la prevención de riesgos laborales de todos los empleados por cuenta ajena, cualquiera que sea la naturaleza jurídica del empleador y de la relación de servicios.
Se dice expresamente en dicho precepto legal, que cuando se trata de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, es competente el orden social de la jurisdicción, incluso cuando pudiere tratarse de actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral.
Parece por lo tanto que el legislador ha querido derivar al orden social el conocimiento de este tipo de asuntos en todo caso, incluyendo a funcionarios, personal estatutario y personal laboral de la administración pública, sin duda por la especial relevancia de esa materia en toda prestación de servicios por cuenta ajena, cualquiera que sea su naturaleza jurídica en función de la condición pública o privada del empleador, y la mayor especialización de los órganos judiciales de lo social.
Se establece de esta forma una excepción a la regla de la LRJCA art.2.e) -EDL 1998/44323 en cuanto atribuye a la jurisdicción contencioso administrativa la competencia para conocer de «la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social».
Es cierto además que la LRJS art.2.f) -EDL 2011/222121-, excluye con carácter general del orden social de la jurisdicción las reclamaciones que afectan a los derechos de libertad sindical y de huelga frente a actuaciones de las Administraciones públicas, excepto las referidas exclusivamente al personal laboral, no por consiguiente las del personal funcionario y estatutario, tal y como luego ratifica el art.3.c) de la misma norma, pero esta exclusión no contradice la atribución competencial prevista en el apartado anterior en materia de prevención de riesgos laborales.
Entendemos que la correcta interpretación integradora de todos estos preceptos legales, es la que conduce a considerar que el orden social de la jurisdicción es competente para conocer de las reclamaciones frente a la administración pública en materia de prevención de riesgos laborales, tanto de funcionarios, como de personal estatutario o laboral; por más que esta competencia se limite luego al personal laboral de la administración cuando se trate de otro tipo de derechos fundamentales como el de libertad sindical y huelga.
No vemos contradicción alguna entre tales preceptos.
Llegados a este punto deberemos hacer alguna precisión.
No toda reclamación por acoso de un funcionario público contra otro tiene porque suponer un incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales por parte de la administración pública en la que prestan servicios. Es perfectamente posible que ni tan siquiera esté en juego el eventual incumplimiento por parte de la administración pública de las obligaciones legales y convencionales que le incumben en materia de prevención de riesgos laborales, en la medida en que el funcionario demandante no haga imputación alguna a la administración empleadora, sino tan solo únicamente al otro funcionario supuestamente acosador.
Pero si lo que se alega en la demanda es que la administración empleadora ha incumplido de alguna forma las obligaciones legales o convencionales que le corresponden en materia de prevención de riesgos laborales, consintiendo el acoso, no disponiendo las medidas adecuadas para evitarlo, o de cualquier otra manera que pudiere tener incidencia en esa situación, la competencia objetiva para conocer de la acción ejercitada corresponde al orden social de la jurisdicción, cualquiera que sea luego la resolución de la cuestión de fondo.
El orden jurisdiccional competente para conocer de las reclamaciones formulad...
El orden jurisdiccional competente para conocer de las reclamaciones formuladas por funcionarios públicos contra otros funcionarios, o cargos públicos, solicitando una indemnización de daños y perjuicios por actos de acoso de cualquier naturaleza (mobbing, acoso moral, sexual...), realizados durante la jornada, y en el centro de trabajo, es el orden social
La nueva L 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, en su art.2.b) -EDL 2011/222121 proclama la competencia del orden social en relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
Esta disposición ha de ser completada con el aptdo. e) del citado art.2 -EDL 2011/222121-, que establece: «Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones».
Este último precepto reconoce entonces que todos los empleados públicos, funcionarios, estatutarios y laborales, podrán ejercer sus acciones, a los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, en igualdad de condiciones que los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del eventual incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, que también forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral .
Respecto a esta atribución, tiene especial relevancia la invocación del principio de igualdad, en relación con los trabajadores por cuenta ajena, si supone que los funcionarios públicos y el personal estatutario también podrán reclamar ante el orden social la responsabilidad derivada de los daños sufridos en la prestación de servicios contra la Administración pública empleadora o contra otros funcionarios o cargos públicos, solicitando una indemnización de daños y perjuicios por actos de acoso de cualquier naturaleza.
El orden social en entonces el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, de modo que la asignación de competencias se efectúa con carácter pleno, e incluye a los funcionarios o personal estatutario. En definitiva, toda la materia de prevención de riesgos laborales, a partir de la vigencia de la LRJS -EDL 2011/222121-, está atribuida a los órganos de la jurisdicción social, y la indemnización de daños, por un incumplimiento de esta normativa, es competencia de este orden.
Además, si nos atenemos a referido apartado e), cuando la cuestión litigiosa versa sobre reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos por el funcionario público por no cumplir la Administración la normativa de prevención de riesgos laborales, tal demanda ha de ser decidida en el orden social de la jurisdicción y ello, con independencia de que efectivamente haya o no existido tal incumplimiento. Basta que se introduzca tal objeto procesal.
Sólo se excluyen en la materia preventiva, conforme al art.3.b) de la L 36/2011 -EDL 2011/222121-, las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con éste las actividades preventivas de riesgos laborales y entre cualquiera de los anteriores y los sujetos o entidades que hayan asumido frente a ellos, por cualquier título, la responsabilidad de organizar los servicios de prevención.
En el caso de las Administraciones, la competencia alcanza de esta forma no solo al personal laboral, sino también al personal funcionario y al estatutario, siguiendo en este punto el dictamen del CES que recomendaba la unidad, ya que todos los colectivos quedaban sujetos a una misma normativa, la LPRL -EDL 1995/16211-.
Es lógica esta atribución no sólo respecto a los trabajadores por cuenta ajena, sino también en relación a los funcionarios públicos, y al personal estatutario en la materia de prevención de riesgos, ya que la LPRL art.3.1 -EDL 1995/16211 determina que: «Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de esta Ley (...).».
La reclamación consistente en una solicitud de indemnización por responsabilidad derivada del incumplimiento de las obligaciones del empresario en materia de prevención de riesgos laborales, por acoso laboral, sexual o de otra semejante naturaleza, tiene, además, un evidente componente laboral, y tras la entrada en vigor de la L 36/2011, de 10 octubre, de la Jurisdicción Social -EDL 2011/222121-, se potencia este significado, ya que todo acoso, ejercido por otros funcionarios, es consecuencia de una falta de diligencia por parte de la Administración.
Los riesgos psicosociales se encuentran en el ámbito de aplicación de la L 31/1995, de 8 noviembre, que regula la Prevención de Riesgos Laborales -EDL 1995/16211-, y la administración también tiene la obligación entonces de la identificación y eliminación de los riesgos, así como la evaluación de los que no han podido ser evitados, aplicando las medidas resultantes de la evaluación mediante una acción planificada para la prevención de esos riesgos (LPRL art.3.9 y 15 y 16). También le es exigible adecuar las condiciones del puesto de trabajo a las condiciones personales y al estado biológico del trabajador (arts. 15.1.d y 25 LPRL) o llevar a cabo las actividades de prevención valiéndose de expertos con la formación adecuada, y que puedan desempeñar el papel de trabajadores designados por la empresa o integrarse en un servicio de prevención propio a ajeno concertado con la empresa, donde tendrá que haber expertos en la evaluación y diagnóstico de riesgos psicosociales (LPRL art.30 y 31). Asimismo se reconoce la obligación de vigilancia de la salud para la detección de enfermedades psíquicas (LPRL art.29).
Dicho tratamiento y alcance conjunto, para personal laboral y funcionarial, de la materia preventiva, es el que reconoce también la Sala Social, S. 10-4-13. Rec. 67/12 -EDJ 2013/55486-, cuando aborda el derecho del personal funcionario, y laboral docente, a recibir los reconocimientos médicos que regula la LPRL art.22 -EDL 1995/16211-.
Es cierto que la LJCA art.2.e -EDL 1998/44323-, tras la modificación que se operó en su literal por medio de la Dad 14ª de la LO 19/2003, de 23-12, que también afectó al art.9.4 LOPJ -EDL 1985/8754-, atribuye el conocimiento a los órganos contencioso administrativo de todas aquellas reclamaciones relacionadas con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, «cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o del tipo de relación de la que derive, no pudiendo ser demandadas aquéllas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o terceros». Se trataba de reforzar el principio de la unidad de jurisdicción para la Administración Pública, reinstaurado en la LRJAPyPAC art.142.6 y 144, tal y como considera, por ejemplo, el TS 3ª 18-10-10, Rec. 3837/06 -EDJ 2010/241822-.
Sin embargo, el artículo 3.a de esta misma norma dispone que: No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública.
La materia de prevención es atribuida expresamente, por la LRJS art.2.e -EDL 2011/222121-, al orden social
Es también reseñable que las demandas de protección de derechos fundamentales, si se trata de funcionarios, deben excluirse, en cambio, del orden social, porque la LRJS art.3.c) -EDL 2011/222121-, excluye expresamente de la jurisdicción social «La tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios públicos, personal estatutario de los servicios de salud y al personal a que se refiere la letra a) del apartado 3 del artículo 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores»: Con mayor razón si se trata de la tutela de otros derechos fundamentales.
Sin embargo, todo acoso laboral o sexual es una consecuencia de una falta de diligencia por parte de la Administración, que tiene que velar por la seguridad y protección física, psíquica y moral de los trabajadores en el ámbito empresarial, de forma que las reclamaciones formuladas por funcionarios públicos contra otros funcionarios o cargos públicos, solicitando una indemnización de daños y perjuicios por actos de acoso de cualquier naturaleza (mobbing, acoso moral, sexual, etc.), no suponen una simple demanda de vulneración de derechos fundamentales cuando se alega la infracción de éstos,
Conforme, pues, a lo expuesto, este orden social sí es competente, sin otras matizaciones, para el conocimiento de aquellas acciones ejercitadas, como en el caso por el que se nos pregunta, donde se solicite responsabilidad de las Administraciones públicas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, respecto de sus funcionarios, incluida la reclamación por los daños que de ello puedan derivarse.
Se nos propone que intentemos precisar cuál es el orden jurisdiccional compe...
Se nos propone que intentemos precisar cuál es el orden jurisdiccional competente para conocer de las reclamaciones formuladas por funcionarios públicos contra otros funcionarios o cargos públicos, solicitando una indemnización de daños y perjuicios por actos de acoso de cualquier naturaleza (mobbing, acoso moral, sexual...) realizados durante la jornada y en el centro de trabajo, para lo que se debe partir al igual que hace el proponente, de los preceptos que regulan la competencia en estos aspectos, tanto en la L 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art.2.e) -EDL 1998/44323-, que reclama su competencia pare exigir la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad, como en la L 36/2011, de 10 octubre, reguladora de la jurisdicción social, art.2 -EDL 2011/222121-, en el que dentro del ámbito del orden jurisdiccional social, se establece que los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan: e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones. f) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el acoso, contra el empresario o terceros vinculados a éste por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios; sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de las Administraciones públicas referidas exclusivamente al personal laboral; sobre las controversias entre dos o más sindicatos, o entre éstos y las asociaciones empresariales, siempre que el litigio verse sobre cuestiones objeto de la competencia del orden jurisdiccional social, incluida en todos los supuestos de este apartado la responsabilidad por daños; y sobre las demás actuaciones previstas en la presente ley conforme a la CE art.117.4 -EDL 1978/3879 en garantía de cualquier derecho, estableciendo el art.3.c), como materias excluidas, la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios públicos, personal estatutario de los servicios de salud y al personal a que se refiere la letra a) del aptdo 3 del art.1 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regulará por el Estatuto de la Función Pública, así como la del personal al servicio del Estado, las Corporaciones locales y las entidades públicas autónomas, cuando, al amparo de una Ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias).
Vistos los preceptos en los que se plantea el posible choque entre los órdenes jurisdiccionales en juego, mejor dicho, según se nos interesa, la posible confrontación o divergencia entre los distintos Tribunales Superiores de Justicia, si examinamos detenidamente sus planteamientos, no parece que sean tales en cuanto a que hayan merecido respuestas diversas por las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, en cuanto a la determinación de la competencia objetiva para conocer de una determinada reclamación planteada por funcionarios públicos, las reclamaciones formuladas por funcionarios públicos contra otros funcionarios o cargos públicos, solicitando una indemnización de daños y perjuicios por actos de acoso de cualquier naturaleza (mobbing, acoso moral, sexual...) realizados durante la jornada y en el centro de trabajo, girando las sentencias de los distintos Tribunales Superiores de Justicia, a entender que el orden jurisdiccional competente para conocer es el social, tan solo en cuanto se encuentre afectada una materia, la prevención de riesgos laborales, en referencia a la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial. Impugnación de las actuaciones de las Administraciones Públicas y no de funcionarios públicos contra otros funcionarios y así el TSJ Andalucía (Málaga) 4ª, Sec 1ª, 3-7-14, Núm 1116/14, Rec 834/14 -EDJ 2014/219678-, en un supuesto de reclamación de personal estatutario, auxiliar administrativo en el Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Melilla, entiende que aunque el acoso laboral implique un riesgo psicosocial, la demanda no debe ser conocida por el orden social de la jurisdicción, en este caso, razonando que resulta que como en el suplico de la misma se solicita, después de alegar que ha sufrido un acoso moral en su trabajo, imputable tanto a la codemandada Sra. Celestina, como la Dirección Territorial del Instituto demandando en Melilla, por su conducta omisiva y permisiva de esta situación, con la consiguiente vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad personal y a la integridad física y moral, así como a su derecho al honor, solicitando que se declare la nulidad radical de la conducta hostigadora, ordenando su cese inmediato y reponiéndolas al momento anterior a producirse la misma, en las condiciones en que trabajaba con anterioridad, así como a ser indemnizadas en la cantidad de seis mil euros, es claro que la acción ejercitada no es otra que la de tutela de derechos fundamentales como consecuencia de sufrir acoso en su puesto de trabajo, que no de reclamación en materia de prevención de riesgos laborales. Y como el vínculo de la actora con la Administración demandada es estatutario, de conformidad con los artículos 1 del Estatuto Marco de los Servicios de Salud, que proclama el carácter funcionarial especial del personal estatutario y 1.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -EDL 1998/44323-, que atribuye a los Juzgados y Tribunales de dicha jurisdicción el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan frente a la actuación de las Administraciones públicas, en la interpretación dada por la Sala de lo Social del TS 16-12-05 -EDJ 2005/250632-, la competencia para el conocimiento de la acción de tutela de derechos fundamentales de la demandante, en atención a su condición de personal estatutario de los servicios de salud, corresponde a los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el mismo sentido, se reitera por esa Sala, Sentencia 4-12-14, Núm 3251/14, Rec 2379/14 -EDJ 2014/268081-, concluyendo que esa determinación competencial no puede verse alterada porque en el seno de la demanda de tutela de derechos fundamentales deducida se contenga, entre otras, la petición de que se declare que la inactividad alegada en la demanda de la administración demanda en materia de prevención de riesgos sea declarada nula, pues ya hemos visto que la demanda formulada es sobre tutela de derechos fundamentales, por la vía de la LRJS art. 177 s -EDL 2011/222121-, y no de legalidad ordinaria sobre garantías de prevención de riesgos, que sí estaría atribuida al conocimiento de esta jurisdicción, según el citado art. 2.e) de ese texto procesal. Y es que tal modalidad de tutela de derechos fundamentales prevista en los art.177 s. LRJS limita el objeto procesal al conocimiento de la lesión del derecho fundamental, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del derecho fundamental -la denominada sumariedad cualitativa (LRJS art.178) y lo cierto es que así se ha venido entendiendo en demandas sobre tutela de derechos fundamentales interpuestas por funcionarios públicos, por las Salas de lo Social del TSJ Andalucía-Málaga, 26-9-13 -EDJ 2013/202695-, del TSJ Baleares, 17-3-14, Núm 104/14, Rec 16/14 -EDJ 2014/77501-, 14-5-14, Núm 172/14, Rec 342/13 -EDJ 2014/105114-, o del TSJ Galicia 14-7-14, también, en el mismo el TSJ Madrid 4ª, Sec. 2ª, 11-9-13, Núm 612/13, Rec 1405/13 -EDJ 2013/234462-, en el que la actora formula demanda «para tutela de derechos fundamentales, derecho a la integridad física y moral por acoso», frente al Hospital Universitario Severo Ochoa, razonando que la competencia de los órganos judiciales de la jurisdicción social no sólo viene delimitado por la naturaleza de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del derecho, así como de las impugnaciones de las actuaciones de las Administraciones Públicas realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre las anteriores materias, lo que podríamos definir como competencia material u objetiva, sino también por la condición personal de las litigantes, o competencia subjetiva que viene delimitada a los empresarios y a los trabajadores, estando excluido expresamente el personal estatutario de los Servicios de la Salud sobre los que únicamente tienen competencia para resolver asuntos de este personal estatutario que tengan como fin (u objeto litigioso) «garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales (...) incluyendo la reclamación de responsabilidad derivada de daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales».
El TSJ País Vasco 4ª, Sec. 1ª, 2-6-15, Núm 1051/15, Rec 887/15 -EDJ 2015/97257-, por su parte, en reclamación por acoso laboral, en incumplimiento prevención de riesgos laborales, contra un Ayuntamiento, ante la excepción de incompetencia del orden social de la jurisdicción se pronuncia de forma tajante, con cita de la sentencia del TS 4ª, 10-4-13 (Rec 67/12) -EDJ 2013/55486-, que quien fija la pretensión en el proceso es el demandante, que lo hace a través de la demanda (LRJS art.80 -EDL 2011/222121-). Por tanto, dicha parte es quien introduce en el proceso lo que el artículo 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social llama «cuestiones litigiosas» y si nos atenemos a su apartado e), cuando la cuestión litigiosa versa sobre reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos por el funcionario público por no cumplir la Administración la normativa de prevención de riesgos laborales tal demanda ha de ser decidida en el orden Social de la jurisdicción y ello, con independencia absoluta de que efectivamente haya o no tal incumplimiento de esa normativa. Basta que se introduzca tal objeto procesal en el proceso con la demanda para que surja la competencia del orden Social para apreciar si efectivamente ha habido o no incumplimiento de aquella compleja preceptiva. Por tanto, la competencia de este orden es independiente de que efectivamente haya habido aquella infracción normativa, basta con que tal infracción se alegue en la demanda, también, el TSJ País Vasco 4ª, Sec. 1ª, 25-6-13, Núm 1197/13, Rec. 1005/13 -EDJ 2013/307524-, razona que la jurisdicción social se constituye en garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aun cuando no se hayan derivado daños concretos por tales incumplimientos, de modo que la asignación de competencias se efectúa con carácter pleno, incluyendo a los funcionarios o personal estatutario, como es el caso del actor. Incide en que lo sometido al conocimiento de esta jurisdicción social son unos actos administrativos emanados del Servicio Vasco de Salud que comportan una grave infracción de la normativa de riesgos laborales, seguridad y salud, al trasladar y mantener al actor confinado en el Ambulatorio de Durango durante hace año y medio, dado que consiguientemente, con la nueva redacción de la norma procesal, la competencia de esta jurisdicción se extiende a la impugnación de las actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de riesgos laborales, también cuando son funcionarios y personal estatutario, incluidas la reclamación de responsabilidad por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, dado que sin perjuicio de que se carezca de competencia para la petición de reposición del actor a su plaza de Jefatura de la Sección de la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el Hospital de Galdakao, ni tampoco pronunciarnos sobre la resolución de Osakidetza que acuerda el traslado del actor al ambulatorio de Durango, sí corresponde a este orden jurisdiccional el examen y pronunciamiento sobre el modo en que desarrolla en dicho puesto su función en la concreta materia de riesgos laborales que denuncia y que es la que tiene atribuida por tratarse de personal estatutario.
Como vemos, todos los pronunciamientos se plasman en un sentido, el de aceptar la competencia del orden social para conocer de las demandas en las que alegando acoso, su fundamento se vincule a la denuncia de infracción de la ley de prevención de riesgos laborales, por parte de la Administración, aunque alguna llegue a algo más, aunque matizadamente, como el TSJ Castilla y León (Burgos) 4ª, Sec. 1ª, 14-5-14, Núm 296/14, Rec. 238/14 -EDJ 2014/89516-, en la que trata sobre una funcionaria del Ayuntamiento de Ávila que formula demanda de «modificación sustancial de las condiciones de trabajo, acoso en el trabajo, discriminación, daño moral y su repercusión económica, por conculcación de derechos fundamentales de los arts. 14, 15, 18 y 24.1 CE -EDL 1978/3879 y reclamación de daños morales», en la que se razona que no nos encontramos, simplemente, ante una demanda de modificación sustancial de condiciones de trabajo que afecta a un funcionario de carrera, para lo que, sin otras matizaciones, sí será competente la jurisdicción contenciosa, conforme a la LJCA art.1 y 2 -EDL 1998/44323-, sino que, asociada a la anterior, se ejercitan otras acciones como la de acoso, discriminación y vulneración de otros derechos fundamentales del trabajador, donde sí caben otras conclusiones, estimando el recurso de suplicación del trabajador, declarando la nulidad de las actuaciones, reponiéndolas al momento anterior a la admisión a trámite de la demanda, debiendo el Tribunal de instancia seguir por su cauce dicha tramitación, porque y en ello vuelve a la ley de prevención, localizado un riesgo de estrés laboral o la aparición de un caso que merezca tal calificativo dentro de su empresa, el empresario debe acometer medidas adecuadas que eviten para el futuro la materialización del riesgo o que, al menos puedan minorarlo en lo posible; medidas que debe de adoptar vía LPRL art.14, 15 y 25 -EDL 1995/16211-, en orden al cese de dicha situación. En consecuencia, la jurisdicción social es competente para el conocimiento de las pretensiones suscitadas respecto al acoso laboral producido, con lo que tan solo, aunque se alegara infracción de derechos fundamentales, apocopa éstos, ciñéndose a las infracciones vinculadas a la prevención, con cita en su apoyo, del TS 4ª, 10-4-13 -EDJ 2013/55486-, en la que el Personal de la Xunta de Galicia suscita un Conflicto colectivo, sobre prevención de riesgos, concluyendo que en definitiva, aunque expresamente el recurso no lo diga, la Administración demandada parece aquietarse con el mandato de la sentencia en cuanto al personal laboral, pues centra el debate en las posibilidades que se encuentran al alcance del personal funcionario, pero sin que la defensa de sus posiciones cuente con respaldo legal alguno.
I) Una premisa básica de partida: el acoso laboral como factor de riesgo psi...
I) Una premisa básica de partida: el acoso laboral como factor de riesgo psicosocial conculcador de derechos fundamentales amparado también por la normativa de prevención de riesgos laborales
El acoso laboral es una de las formas de violencia en el trabajo, pero por sus características y por algunas de sus consecuencias propias debe ser tenido en cuenta como una forma específica de riesgo laboral por afectar a la salud, con probabilidades altas de causar daños importantes, y a los derechos fundamentales del trabajador. De esta premisa básica se van a derivar importantes consecuencias prácticas a la hora de fijar la competencia del orden jurisdiccional social para conocer sobre la materia.
En efecto, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española (en adelante CE) -EDL 1978/3879 que se pueden ver violados por el acoso moral son, principalmente, la dignidad de la persona, como presupuesto básico de tales derechos, pero, también, su libertad personal, su integridad física y moral, su intimidad, su honor y, asimismo, otros valores, constitucionalmente protegidos, como son el de la salud laboral y el de la higiene en el trabajo. La CE art.15 proclama que «todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral», señalando el art.40.2 que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo. La persona que es víctima del mismo no solo sufre en el interior de su psiquis dañada por el ataque acosador, sino que, también, desmerece en la consideración que los demás, el grupo social o laboral, tienen de ella, por lo que el derecho al honor de la CE art.18 queda afectado.
La L 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, (EBEP) en el art.14.h) previene que los empleados públicos tienen derecho al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y moral.
En España, la introducción oficial de la relevancia de los factores psicosociales se hace a partir del RD 39/1997 regulador de los Servicios de Prevención -EDL 1997/22016-. En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL) no se abordan riesgos específicos, pero establece de forma taxativa en su art.14 párrafo 2 -EDL 1995/16211 la obligación del empresario de «garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, (...) en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente».
En su consecuencia, el acoso, en cuanto manifestación de riesgo psicosocial, debe ser objeto de la prevención, manifestada en la identificación del mismo para posteriormente evitarlo, eliminarlo o reducirlo. A tal efecto el art.5.1 RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención -EDL 1997/22016-, establece que «a partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad del trabajo» se procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuación el riesgo en función de criterios objetivos de valoración, según los conocimientos técnicos existentes, o consensuados con los trabajadores, de manera que se pueda llegar a una conclusión sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo.
II) Planteamiento de la cuestión y marco normativo: concentración en el orden social del conocimiento de las cuestiones laborales, entre empresarios y trabajadores, y de la protección social, seguridad social y desempleo, y de modo cuasi-integral de la prevención de riesgos laborales
Centra la cuestión debatida en este Foro determinar cuál es el orden jurisdiccional competente para conocer de las reclamaciones formuladas por funcionarios públicos contra otros funcionarios o cargos públicos, solicitando una indemnización de daños y perjuicios por actos de acoso de cualquier naturaleza (mobbing, acoso moral, sexual...) realizados durante la jornada y en el centro de trabajo.
El panorama legislativo sobre esta materia ha experimentado una clarificación significativa tras la L 36/2011, de 10 octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, (en adelante LRJS) -EDL 2011/222121 que ha profundizado y dado mayor sentido a la previsión contenida en el art.9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante LOPJ) -EDL 1985/8754 que atribuye a los órganos de la jurisdicción social el conocimiento de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.
En este sentido el punto III del Preámbulo de la LRJS -EDL 2011/222121 advierte, ya de entrada, no sin fundamento, atendiendo a la mayor especialización y conocimiento más completo de la materia social, es uno de sus objetivos convertir el orden social «en el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aun cuando no se hayan derivado daños concretos por tales incumplimientos. (...) Esta asignación de competencias se efectúa con carácter pleno, incluyendo a los funcionarios o personal estatutario, quienes deberán plantear, en su caso, sus reclamaciones ante el orden jurisdiccional social en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial o estatutaria o laboral».
En coherencia con tal declaración de principios la LRJS art.2.e) -EDL 2011/222121 atribuye a los órganos de la jurisdicción social el conocimiento para resolver en aquellas cuestiones litigiosas que se promuevan «Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral».
El orden social es competente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones.
La LRJS art.2.e) -EDL 2011/222121-, como ha comentado autorizada doctrina, (Martín Jiménez) es absolutamente novedoso y pretende unificar a favor del orden social la competencia en materia de prevención de riesgos laborales.
Repárese en varios aspectos:
La competencia se atribuye en materia de obligaciones legales y convencionales, lo que permite excluir otras de dudosa naturaleza y calificación (normas jurídico-técnicas) aunque no con claridad las de rango infralegal de origen no convencional (reglamentos) en tanto complementan las Leyes.
La competencia incluye pero no se limita a las reclamaciones de daños y perjuicios, puesto que el cumplimiento de la obligación supone el incumplimiento objetivo de un deber, sin necesidad de que acontezcan resultados concretos.
Sujetos pasivos son las empresas, en tanto garantes del la seguridad integral de los trabajadores (LPRL art.14 -EDL 1995/16211-) pero también todos aquéllos que estén legalmente obligados.
La unidad jurisdiccional también afecta a la Administración pública, con independencia de la naturaleza del vínculo que mantenga con quienes no tienen el deber jurídico de soportar sus incumplimientos (funcionarios, personal estatutario, trabajadores por cuenta ajena).
La atribución en otros preceptos al orden social de la competencia para resolver las impugnaciones de las actuaciones administrativas en materia laboral (LRJS art.1 -EDL 2011/222121-) y de las sanciones administrativas en materia «laboral» y «sindical» [LRJS art.2.n)], guardando silencio acerca de las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales, unido a la exclusión del orden social de los conflictos en materia de coordinación de actividades preventivas [LPRL art.3.b) -EDL 1995/16211-] impide afirmar que nos encontremos ante una atribución material en bloque a favor de los órganos jurisdiccionales del orden social en materia de seguridad y salud en el trabajo, de ahí que podamos calificar la atribución del conocimiento a la jurisdicción social de la materia de prevención de riesgos laborales de cuasi-integral.
Nótese que con ello se pretende sea la jurisdicción social la que tenga competencia cuasi-plena para conocer de las pretensiones sobre prevención de riesgos laborales del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con independencia de que la naturaleza de su vínculo sea laboral o funcionarial, como cualquier trabajador frente a su empresa, siendo palmario se está contemplando la posición de la Administración como empleadora, pero no cuando ejerce las competencias que en su calidad de Administración Pública le atribuye la LPRL art.7 -EDL 1995/16211-. Y es que la normativa de prevención de riesgos laborales, como advierte la LPRL art.3.1, será de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores -EDL 2015/182832 como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Es verdad que la cuestión no parece tan sencilla como aparenta ser pues el art.2.e) L 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LRJCA) -EDL 1998/44323-, atribuye a tal jurisdicción la competencia para conocer de «la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social».
Mas ello no debe hacernos perder la perspectiva de que la asignación al orden jurisdiccional contencioso administrativo de la competencia para conocer de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas debe ser interpretada en sus propios términos, de manera armónica y coordinada con el art.3 de la propia L 29/1998 -EDL 1998/44323-, así como con aquellos otros preceptos que asignan al orden social, por su especialización y mayor conocimiento, la competencia para el enjuiciamiento de los litigios que surjan en la rama social del derecho, con independencia de la naturaleza privada o pública del empleador. Esta es la posición que, por ejemplo, asume, y con la que nos mostramos de acuerdo, la sentencia del Juzgado de lo Social nº 8 de Bilbao 20-11-14, en sus autos núm. 271/2013, considerando es competente el orden social de la jurisdicción para conocer del conflicto originado cuando un funcionario, en ejercicio de su responsabilidad profesional, advierte en el pleno del Ayuntamiento que la concesión de licencias de edificación y urbanización para el inicio de obras en una determinada plaza del municipio estaba anulada por sentencia del Juzgado. A partir de entonces comienzan una serie de actuaciones constitutivas de trato vejatorio, con publicidad, además de una serie de actos administrativos, desposeyéndole de su derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera y de su derecho al desempeño efectivo de las funciones propias de su condición profesional. En estos casos la competencia para conocer de aquellos aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, entre los que se cuenta el acoso laboral, por falta de evaluación de los riesgos psicosociales, parece que debe corresponder al Juzgado de lo Social, así como también la indemnización que proceda por daños y perjuicios derivados de la infracción de dichos riesgos laborales, sin perjuicio, eso sí, de que los concretos actos administrativos derivados, por ejemplo, del cambio de puesto de trabajo y modificación de retribuciones sean competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa [TSJ País Vasco 4ª, 25-6-13, Rec 1005/13 -EDJ 2013/307524 y TSJ Castilla-León (Burgos) 14-5-14, Rec 238/14 -EDJ 2014/89516-]. Resulta pues competente la jurisdicción social para el conocimiento de las pretensiones formuladas en demanda que afectan al acoso laboral, vía prevención de riesgos, en relación directa con lo dispuesto en el ET art.4.2.d) y e), LRJS 2.e) -EDL 2011/222121-, LPRL 14, 15 y 25 -EDL 1995/16211-, y LOPJ 9.5 -EDL 1985/8754-. Bastará que se introduzca tal objeto procesal en el proceso con la demanda para que surja la competencia del orden social en orden a apreciar si, efectivamente, ha habido o no incumplimiento de aquella compleja normativa, independientemente de que, efectivamente, se haya producido o no la infracción normativa misma denunciada, bastando con que tal infracción se alegue en la demanda (TSJ País Vasco 2-6-15, Rec 887/15 EDJ 2015/97257).
Una vez entrada en vigor la LRJS -EDL 2011/222121-, algunas Salas de lo Social de TSJ [así, por ejemplo, TSJ Galicia 14-7-14, Rec 1864/14 -EDJ 2014/129215 y TSJ Baleares 14-5-14, Rec 342/13 -EDJ 2014/105114-, y 17-3-14, Rec 16/14 -EDJ 2014/77501-], se han decantado por considerar que en las demandas interesando la declaración de la conducta de una Administración Pública como atentatoria contra los derechos fundamentales del trabajador por acoso laboral, a su integridad física y moral, y a su honor y dignidad, pretendiendo declarar la nulidad radical de la misma y su cese inmediato, condenando a la Administración a reparar los daños y perjuicios causados, no resulta competente la jurisdicción social, argumentando para ello que no se refiere a una cuestión litigiosa entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo [LRJS art.2.a)], ni tampoco al cumplimiento de obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, sino que el objeto del litigio se refiere a una cuestión de derechos fundamentales, por acoso laboral, ocurrida en el seno de una «relación funcionarial» que no es susceptible de ser tramitada por el proceso especial previsto en la LRJS art.177 s, al no caber, se afirma, una interpretación extensiva en materia distinta y ni siquiera relacionada con la prevención de riesgos laborales, máxime cuando el art. 3 de la LRJS, en su apartado c), excluye expresamente de la jurisdicción social la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios públicos y personal estatutario, extendiendo así la incompetencia de la jurisdicción social a la totalidad de las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales de los funcionarios públicos. En definitiva, según esta corriente de opinión judicial, cuando la supuesta vulneración de los derechos fundamentales por parte de la Administración (incluyendo el acoso laboral) venga referida a su personal laboral, será competente el orden jurisdiccional social, mientras que cuando esa vulneración afecte a funcionarios públicos, la competencia vendrá atribuida al orden jurisdiccional contencioso-administrativo (TSJ Andalucía/Málaga 26-9-13, Rec 886/13 -EDJ 2013/202695-).
En nuestra opinión, sin embargo, el silencio de la LRJS art.3.c) -EDL 2011/222121-, al no precisar qué sucede con el resto de derechos fundamentales distintos de la libertad sindical y huelga, no mencionándolos como supuestos de exclusión del conocimiento por la jurisdicción social, abona la tesis de que la protección frente al acoso laboral de un funcionario por otro funcionario o por un organismo público no queda sustraído al conocimiento de la jurisdicción social, sino que será perfectamente legítimo acudir a los órganos de esta última por la vía el art.177 s LRJS, porque el punto de partida, y esta es la clave de la cuestión, debe ser considerar el acoso laboral como factor de riesgo psicosocial conculcador de derechos fundamentales amparado también por la normativa de prevención de riesgos laborales y, en su consecuencia, por aplicación de la LRJS art.2.e), es la jurisdicción social, por su especialización y mayor conocimiento de la normativa, y no la contenciosa administrativa, la competente para conocer.
Otros TSJ parecen poner el acento en que se exprese en la demanda el acoso laboral como manifestación de que se ha infringido la normativa de prevención de riesgos laborales, en cuyo caso es competente la jurisdicción social, pero no si la pretensión se basa única y exclusivamente en la acción de tutela de derechos fundamentales, renunciándose a la del derecho a la integridad física y moral, porque entonces se considera no es competente la jurisdicción social (TSJ Madrid 11-9-13, Rec 1405/13 -EDJ 2013/234462-).
A nuestro modo de ver, la jurisdicción social es competente para conocer de las pretensiones formuladas en demandas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales que afectan al acoso laboral, vía prevención de riesgos, de un funcionario contra otro funcionario o un organismo público. Convendrá precisar en el escrito de demanda lo es con amparo en la LRJS art.2.e), pero esta competencia es independientemente de que efectivamente se haya producido la infracción normativa denunciada. Obviamente quedan excluidos del conocimiento de la jurisdicción social los concretos actos administrativos derivados, por ejemplo, del cambio de puesto de trabajo y modificación de retribuciones, cuya competencia corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa.
1. La respuesta: es competente la jurisdicción contencioso-administrativa.- ...
1. La respuesta: es competente la jurisdicción contencioso-administrativa. El orden jurisdicción social no es el objetivamente competente para conocer las reclamaciones formuladas por los funcionarios públicos contra otros funcionarios o cargos públicos solicitando responsabilidades civiles derivadas de actos de acoso durante la jornada y en el centro de trabajo, y en todo caso, vinculados a la dinámica de la prestación de servicios del funcionario público víctima del acoso. Es el orden jurisdiccional contencioso-administrativo quien asume el conocimiento de esta clase de litigios porque estamos ante una responsabilidad por daños a un funcionario público derivada de la vulneración de un derecho fundamental
2.Planteamiento general. Para llegar a esta conclusión es preciso divisar, y al tiempo confrontar, los distintos escenarios jurídico-normativos con los que contamos a la hora de abordar el supuesto fáctico del que partimos, esto es, un funcionario que reclama una indemnización alegando acoso (en cualquiera de sus tipologías) contra otro funcionario o cargo público.
(a) En primer término, cabe constatar que no existe previsión legal expresa que confiera a los órdenes contencioso-administrativo o social esta materia, o precepto legal que excluya, también explícitamente, a alguno de ellos la competencia objetiva para conocer esta materia. Es necesario llevar a cabo una operación de concordancia en los textos normativos, procesales y sustantivos, para alcanzar la conclusión de que estamos ante una responsabilidad por daños derivados de la vulneración de un derecho fundamental de la que es víctima un funcionario público, que aunque pueda tener conexión con la garantía del cumplimiento de una obligación legal en materia de prevención de riesgos escapa al supuesto de la LRJS art.2.e) -EDL 2011/222121-.
(b) En segundo lugar, la naturaleza de la pretensión ejercitada, que por regla general se erige en un criterio claro de determinación del orden jurisdiccional competente, en el supuesto planteado no puede desvincularse de la condición funcionarial -tanto del lado activo como pasivo de las personas que intervienen en el proceso y del bien jurídico protegido, que no es otro que un derecho fundamental. De ahí que la naturaleza de la pretensión, cuando se trata de una reclamación de daños por acoso entre funcionarios públicos, nos sitúa ante una materia que versa sobre la vulneración de derechos fundamentales.
(c) Es cierto que la tendencia legislativa que se aprecia en la LRJS -EDL 2011/222121 de equiparar a los empleados con vínculo administrativo (laboral, funcionarial o estatutario) a los regidos por el Derecho del Trabajo, debe entenderse como una inclinación u orientación, pero no supone una absoluta equiparación en los cauces de las reclamaciones judiciales y del objeto de la pretensión entablada.
3. Fundamento normativo.-Los preceptos normativos aludidos tanto de la LRJCA -EDL 1998/44323 como de la LRJS -EDL 2011/222121 exigen ser confrontados para su interpretación. La LRJCA art.2.e) previene que las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas se concentren en el orden contencioso-administrativo. A ello hay que agregar el apartado a) del citado art. 2 LRJCA con respecto a la protección de derechos fundamentales. Por su parte, la LRJS establece en el art.2.e) que las reclamaciones que se susciten sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, incluida la reclamación de daños consecuencia de dicho incumplimiento de dicha normativa que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral, aun cuando afecte a actuaciones de las Administraciones Públicas, las conozca el orden jurisdiccional social.
Una relevante novedad de la LRJS -EDL 2011/222121 fue la inclusión de la competencia de los órganos de la jurisdicción social para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, tanto legales como convencionales, en materia de prevención de riesgos laborales. Precisamente, el aptdo. e) del art.2 LRJS atribuye a la jurisdicción social el conocimiento de la impugnación de las actuaciones de la Administraciones públicas en materia de prevención de riesgos laborales respecto de todos los empleados, tanto funcionarios como personal estatutario de los servicios de salud y personal laboral. A dichos empleados se les reconoce expresamente el derecho a accionar en esta materia, «a estos fines» y «en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena», incluyéndose específicamente el derecho a exigir responsabilidades civiles por daños en materia preventiva.
La concentración de competencia objetiva en el orden social para el persona que presta servicios por cuenta ajena, con abstracción del vínculo laboral, funcionarial o estatutario, está íntimamente asociada a la finalidad de la acción de «garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales (...) en materia de prevención de riesgos laborales». Ese es el sentido que hay que dar a la expresión «a estos fines» cuando amplia el ámbito subjetivo de actuación en materia preventiva a las Administraciones Públicas y su personal funcionario o estatutario.
Ahora bien, una atenta lectura del aptdo. e) del art. 2 LRJS -EDL 2011/222121 nos lleva a tener en cuenta que tratándose de una Administración Pública, nunca cabría demandar directamente por su inacción, sino que previamente hay que provocar una resolución administrativa frente a la que se plantee la demanda. Por tanto, hay que reclamar a la Administración que realice una determinada acción en materia preventiva y cuando resuelva -expresamente o por silencio administrativo se puede demandar frente a esta resolución, si resulta desfavorable. Pero si el daño se produce a un funcionario o personal estatutario por otro funcionario o alto cargo de la Administración Pública, el supuesto escapa a la finalidad a que responde la atribución de competencia objetiva al orden jurisdiccional social, sino que es el orden contencioso-administrativo la jurisdicción competente.
Además debe tenerse en cuenta que aunque una Administración Pública puede ser empresario, en materia de prevención de riesgos laborales el art.4 RD 928/1998, de 14 mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre Procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, excluye del ámbito de aplicación de este reglamento la corrección de infracciones en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de las Administraciones públicas, que se sujetará al procedimiento y régimen previsto en el art.45 de la L 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales -EDL 1995/16211-, y en su normativa de desarrollo. En este sentido el RD 707/2002, de 19 julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado -EDL 2002/28180-.
4. Falta de legitimación activa a través del proceso de tutela en el orden social, y en todo caso, falta de competencia objetiva del orden social aunque se accione por el proceso ordinario. En el proceso de tutela de derechos fundamental que incluye específicamente el acoso, el círculo de legitimados activamente son los trabajadores y sindicatos, más otros entes públicos como coadyuvantes. No tienen legitimación activa los funcionarios públicos.
Con todo, este argumento no es concluyente. Dado el carácter potestativo u opcional del proceso de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas (LRJS art.177 s -EDL 2011/222121-) el funcionario público podría orillar esta vía de reclamación. Cabría pensar en la hipótesis de que canalizase su reclamación por el proceso ordinario en el orden social. Sin embargo, no podría conocida por la jurisdicción social. La acción ejercitada, dado el supuesto de hecho que se plantea, tampoco puede acomodarse a los términos del aptdo. e) del art.2 LRJS sobre la garantía del cumplimiento de obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales cuando se trata de impugnar una actuación de la Administración Pública.
La acción ejercitada no se refiere a una cuestión litigiosa entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo (LRJS art.2.a) -EDL 2011/222121-), ni tampoco al cumplimiento de obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales (LRJS art 2.e)), sino que el objeto de la reclamación es una cuestión de lesión de derechos fundamentales por acoso que acontece en el seno de una «relación funcionarial».
En este sentido, aun cuando el funcionario público planteara su reclamación por el proceso ordinario ante la jurisdicción social, habría que declarar la incompetencia objetiva de este orden, y afirmar la del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, puesto que la fijación de la competencia objetiva es ser de orden público procesal.
5. La respuesta de los tribunales: posición mayoritaria en favor de la jurisdicción contencioso-administrativa.-(a) La jurisprudencia contencioso-administrativa viene aplicando la responsabilidad patrimonial de la Administración en los supuestos de acoso de daños causados por acoso (moral) a un funcionario público (municipal) (STS 3ª, 23-7-01, Rec 3715/97 -EDJ 2001/31320-). Debe hacerse notar que este sistema de responsabilidad indemnizatoria, que tiene su base en la CE art.106.2 -EDL 1978/3879-, tiene perfiles más específicos, como lo es el de solicitar una tutela de derechos fundamentales y una indemnización por lesión de los mismos derivados de un acoso. Sin embargo, la generalidad del concepto y ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública es un instituto idóneo para permitir un resarcimiento integral de un daño en un derecho fundamental causado a un funcionario público por otro funcionario público en el seno de la relación funcionarial y de servicio público. Como ha tenido ocasión de señalar la STS 3ª, 3-11-08, Rec 5803/04 -EDJ 2008/209835 «el término u0022particularesu0022 que emplean los art.106.2 CE y 139.1 L 30/1992 -EDL 1992/17271 ha dado lugar a dudas interpretativas en relación con la posibilidad de que entidades públicas puedan ser indemnizadas por los daños que les causan otras administraciones, pero ninguna razón se vislumbra para que el funcionario público afectado por una causa ajena e independiente del estricto cumplimiento de su función no haya de considerarse tan u0022administradou0022 como el resto de los ciudadanos a efectos de ser acreedor de la correspondiente indemnización». A ello debe agregarse la existencia de un proceso de tutela de derechos fundamentales en el ámbito de la LRJCA (art.114) -EDL 1998/44323-.
(b) Los tribunales laborales, se inclinan mayoritariamente por la competencia del orden contencioso-administrativo para tales clases de reclamaciones. La sentencia del TSJ (Sala Social) Illes Baleares 17-3-14 -EDJ 2014/77501-, en un supuesto en el que la actora ejercitó una acción especial de tutela de los derechos fundamentales, por acoso laboral, dada su condición de funcionaria no se consideró incluible en ninguno de los supuestos de la LRJS art.2 -EDL 2011/222121-, descartando que pudiera reconducirse al supuesto concreto de garantía del cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales por parte de las Administraciones públicas respecto de todos sus empleados, considerando que debían excluirse las pretensiones basadas en la vulneración de derechos fundamentales. En idéntico sentido, la sentencia del TSJ (Social) Galicia 14-7-14, Rec 1864/14 -EDJ 2014/129215-, considera incompetente el orden social con respecto a una reclamación realizada por funcionario perteneciente a un cuerpo de Policía Local dependiente de un concejo, frente a la Administración Pública empleadora y otras personas físicas, que ocupan cargos de responsabilidad en la corporación municipal, alegando acoso y planteando la demanda por la modalidad procesal especial de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas. En dicha sentencia se razona sobre la inaplicación al caso de la doctrina sentada por la STS 4ª, 10-2-05 (Rec 949/04) -EDJ 2005/71722 y la STC 250/2007, de 17 de diciembre -EDJ 2007/259914-, por tratarse de supuestos diferentes.
Sin embargo, la STS País Vasco 2-6-15, Núm 1051/15 -EDJ 2015/97257-, se inclina por afirmar la competencia del orden social en el caso de reclamación de un funcionario municipal que alegaba estar siendo sometido a un hostigamiento permanente y consciente por parte del anterior Alcalde, sin que el Ayuntamiento adoptara ningún tipo de acción o medida preventiva o correctora de su situación, lo que le había menoscabado su la salud física y mental. La sala desestimó la excepción de incompetencia del orden social considerando que es el demandante es quien fija la pretensión en el proceso es el demandante, que lo hace a través de la demanda (LRJS art.80 -EDL 2011/222121-), y cuando la cuestión litigiosa versa sobre reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos por el funcionario público por incumplimiento por parte de la Administración la normativa de prevención de riesgos laborales, tal demanda ha de ser decidida en el orden Social de la jurisdicción y ello, con independencia absoluta de que efectivamente haya o no tal incumplimiento de esa normativa. Se razona en dicha sentencia que «basta que se introduzca tal objeto procesal en el proceso con la demanda para que surja la competencia del orden Social para apreciar si efectivamente ha habido o no incumplimiento de aquella compleja preceptiva. Por tanto, la competencia de este orden es independiente de que efectivamente haya habido aquella infracción normativa, basta con que tal infracción se alegue en la demanda».
Ahora bien, como indiqué con anterioridad, en mi opinión en estos casos la reclamación tropieza con un obstáculo insalvable: la falta de competencia objetiva por razón de la materia de la jurisdicción social. Y, en segundo lugar, hay que reclamar a la Administración para que realice una determinada acción en materia preventiva y cuando resuelva -expresamente o por silencio administrativo se puede demandar frente a esta resolución, si resulta desfavorable. Pero si el daño se produce a un funcionario o personal estatutario por otro funcionario o alto cargo de la Administración Pública, el supuesto escapa a la finalidad a que responde la atribución de competencia objetiva al orden jurisdiccional social en la LRJS art.2.e) -EDL 2011/222121-, siendo el orden contencioso-administrativo la jurisdicción competente. Así parece inferirse en el TS, auto 3-7-13 (Rec 3085/12) -EDJ 2013/164082-, en el que sin perjuicio de su no valor vinculante al inadmitir un recurso de casación para unificación de doctrina, aborda un supuesto de acoso laboral en el que se declara la incompetencia del orden social para conocer de la reclamación frente a la Administración y funcionario público en la que se produce la prestación de servicios.
La cuestión que se plantea en este Foro, que sin duda es compleja, como siem...
La cuestión que se plantea en este Foro, que sin duda es compleja, como siempre que concurren o pueden concurrir en un supuesto concreto cuestiones de competencia jurisdiccional, y por ende, normas adjetivas diversas, que posiblemente solo alcancen una solución clara, definitiva y homogénea, contemplando todos los diversos intereses en presencia, si finalmente se traslada, eso sí, con una Planta Judicial que sea adecuada, el conocimiento de todas las cuestiones de personal de las Administraciones y diversas empleadoras públicas, al orden social de la jurisdicción, que parece en definitiva el más adecuado para ello, tiene ya una cierta respuesta judicial, en una Sentencia de Casación ordinaria recaída resolviendo el recurso interpuesto contra una STSJ, en una reclamación de Conflicto Colectivo, en el TS 10-4-13, Rec 67/12 -EDJ 2013/55486-. Es de destacar que en la misma se señala, en relación con la cuestión de la competencia jurisdiccional para poder entrar a conocer del asunto, resolviendo así el recurso planteado por la Administración demandada que:
«El texto del artículo 2-e) de la Ley de la Jurisdicción Social -EDL 2011/222121 es el que sigue: u0022Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funcionesu0022.
Por otra parte el artículo 3.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de noviembre -EDL 1995/16211 determina que: «Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos.
Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica. Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de esta Ley , y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios».
Sin perjuicio de que la doctrina tradicional, por todas la Sentencia del TS 22-1-07 (Rec 105/05) -EDJ 2007/7437-, mantenga su vigencia para otras cuestiones, es lo cierto que en la que ahora nos ocupa, la solución correcta es la adoptada por la sentencia recurrida sin que quepa apreciar vulneración de norma alguna en lo resuelto.».
Sigue así esa decisión judicial la literalidad del precepto, y por ende, la atribución de competencia que ya se anunciaba en la Exposición de Motivos de la LRJS -EDL 2011/222121-, de que «se disponen los recursos para hacer efectiva la deuda de protección del empresario y la prevención de riesgos laborales. Esta asignación de competencia se efectúa con carácter pleno, incluyendo a los funcionarios o personal estatutario, quienes deben plantear, en su caso, sus reclamaciones ante el orden jurisdiccional social en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relacionan funcionarial o estatutaria o laboral».
En ese sentido, solo cabe destacar como el acoso es considerado como un riesgo laboral, cuya evitación es responsabilidad empresarial, en cuanto que, como ha recordado la doctrina (María José Romero Ródenas), el u0022empresario viene obligado por imperativo legal a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, lo que le convierte en garante de la seguridad y salud de los trabajadoresu0022, obligación que resulta aplicable tanto en el empleo privado como en el empleo público (LPRL art.14.1.3 -EDL 1995/16211-).
En resumen, entiendo que cabe considerar que, en atención a la particularidad y especialidad jurisdiccional que tiene su ámbito general de delimitación en la LOPJ art.9 -EDL 1985/8754-, se debe de entender que la jurisdicción legalmente competente para poder conocer debe de ser la social, tanto en cuanto a la resolución de las reclamaciones planteadas por funcionarios públicos -o por personal estatutario-, sobre actos de acoso de cualquier naturaleza, como en relación con la pretensión de eventuales indemnizaciones de ellos derivadas, tal y como, en ese sentido, también se manifestó el TSJ Burgos 14-5-14 -EDJ 2014/89516-. Lo que posiblemente deberá, en su caso, tramitarse acogido a la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulada en los art.177 s de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS art.177.1 citada) -EDL 2011/222121-, como ya se señalaba en la STS 17-5-06 -EDJ 2006/83987-, dada la conexión entre el padecimiento de acoso y la dignidad personal del trabajador. Y ello, salvo opción del legitimado por el ejercicio de la reclamación como una acción ordinaria. Y al margen ello de que, dado el carácter pluriofensivo del acoso, pudiera ser también competente, en su propio y particular ámbito de tutela, la jurisdicción penal.

References: resolución 
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 3
 resolución