Source: http://www.summit-americas.org/CEGCI%20Docs/CEGCI-132-98-rev2-spanish.htm
Timestamp: 2019-02-22 07:02:33+00:00

Document:
Fourth Report of the GCI, spanish
OEA/Ser.G CE/GCI-132/98 rev.2
13 mayo 1998, Original: español
CUARTO INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE GESTIÓN DE CUMBRES INTERAMERICANAS A LOS MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES EN CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES AG/RES. 1349 (XXV-O/95), AG/RES. 1377 (XXVI-O/96) Y AG/RES. 1448 (XXVII-O/97)
ANTECEDENTES .... 03
PROCEDIMIENTOS .... 03
I. LA PRESERVACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DE DEMOCRACIAS COMUNIDAD DE LAS AMERICAS .... 05
Iniciativa 1. El fortalecimiento de la democracia ....05
Iniciativa 2. La promoción y la protección de los derechos humanos .... 14
Iniciativa 5. La lucha contra la corrupción .... 27
Iniciativa 6. La lucha contra el problema de las drogas ilícitas y delitos conexos .... 30
Iniciativa 7. La eliminación de la amenaza del terrorismo nacional e Internacional .... 37
Iniciativa 8. El fomento de la confianza mutua .... 40
II. LA PROMOCION DE LA PROSPERIDAD MEDIANTE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL LIBRE COMERCIO .... 48
Iniciativa 9. El libre comercio en las Américas .... 48
Iniciativa 13. Las telecomunicaciones y la infraestructura de la información .... 54
Iniciativa 14. La cooperación en ciencia y tecnología ....59
III. LA ERRADICACION DE LA POBREZA Y LA DISCRIMINACION EN NUESTRO HEMISFERIO .... 62
Iniciativa 18. El fortalecimiento del papel de la mujer en la Sociedad .... 65
IV. LA GARANTIA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CONSERVACION DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE PARA LAS GENERACIONES FUTURAS .... 70
Iniciativa 23. La alianza para la prevención de la contaminación .... 70
LISTA DE DOCUMENTOS PRESENTADOS .... 75
Mediante la resolución AG.RES. 1349 (XXV-0/95) la Asamblea General creó la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas, con el fin de asegurar un seguimiento eficaz, oportuno y apropiado de las actividades encomendadas a la Organización por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas.
Asimismo, instruyó a la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas que informara por escrito a los Ministros de Relaciones Exteriores, a través del Consejo Permanente, sobre el progreso alcanzado en la ejecución de la resolución. Este mandato fue reafirmado por la Asamblea General por medio de las resoluciones AG/RES. 1377 (XXVI-0/96) y AG/RES. 1448 (XXVII-0/97).
La Asamblea General también encomendó a la Comisión Especial que solicitara y recibiera regularmente informes de cualquier órgano, organismo o entidad de la OEA, los comentara y que, de acuerdo con su mandato, orientara, diera pautas específicas y encargara tareas a dichos órganos, organismos y entidades.
De conformidad con lo anterior, a lo largo de 5 sesiones, se realizó un intercambio de puntos de vista sobre cada una de las iniciativas contenidas en el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas, en la que la Organización ha cumplido ha cumplido un papel relevante. Para ello la Presidencia solicitó a los órganos, organismos y entidades que preparasen informes de sus respectivas actividades de seguimiento de las iniciativas, los que fueron presentados y comentados por las delegaciones.
Con fecha 19 de Diciembre de 1997, el Presidente de la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas presentó al Consejo Permanente un informe (doc. CP/DOC.2994/2994/97) que se refiere a las tareas emprendidas por la Organización, en cumplimiento de las iniciativas de la Cumbre de las Américas y los puntos de vista expresados por las distintas delegaciones.
Con fecha 4 de Mayo de 1998, la Comisión Especial consideró informes presentados por los órganos, organismos, oficinas y unidades de la Secretaría General y entidades de la Organización los que, conjuntamente con el informe CP/doc.2994/97, conforman el presente Informe a los Ministros de Relaciones Exteriores, en cumplimiento de las resoluciones AG/RES. 1349 (XXV-0/95), AG/RES. 1377 (XXVI-0/96) y AG/RES. 1448 (XXVII-0/97).
El presente informe cubre las actividades de los órganos, organismos y entidades de la OEA, en cumplimiento de las iniciativas de la Cumbre de Miami, hasta el 28 de febrero de 1998.
No obstante lo anterior, se incluyen referencias de actividades desarrolladas con posterioridad a esa fecha pero antes a la II Cumbre de las Américas, en las iniciativas relativas al libre comercio, a las telecomunicaciones y al desarrollo sostenible.
De conformidad con el mandato de informar por escrito, me es grato presentar el Informe de la Comisión Especial sobre Gestión de Cumbres Interamericanas al Consejo Permanente para su consideración por los Ministros de Relaciones Exteriores.
I. PRESERVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE DEMOCRACIAS DE LAS AMERICAS
INICIATIVA 1. EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron en la Declaración de Principios:
"La Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. La democracia es el único sistema político que garantiza el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho; a la vez, salvaguarda la diversidad cultural, el pluralismo, el respeto de los derechos de las minorías y la paz en y entre las naciones. La democracia se basa, entre otros principios fundamentales, en elecciones libres y transparentes, e incluye el derecho de todos los ciudadanos a participar en el gobierno. La democracia y el desarrollo se refuerzan mutuamente.
Reafirmamos nuestro compromiso de preservar y fortalecer nuestros sistemas democráticos en el beneficio de todos los pueblos del Hemisferio. A través de los organismos competentes de la OEA, trabajaremos a favor del fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la promoción y defensa de los regímenes democráticos constitucionales, de conformidad con la Carta de la OEA. Apoyamos los esfuerzos de esta Organización a favor de la paz y la estabilidad democrática, social y económica de la región."
Por su parte, en el Plan de Acción, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:
"Los Gobiernos:
Considerarán en forma expedita, cuando aún no lo hayan hecho, la ratificación de los Protocolos de Cartagena de Indias, de Washington y de Managua a la Carta de la OEA.
Fortalecerán el diálogo entre los grupos sociales y promoverán la participación de las comunidades de base en la solución de los problemas a nivel local.
Respaldarán las gestiones de la Organización de los Estados Americanos para promover la democracia a través de los siguientes medios:
- Alentando los intercambios de tecnologías en materia electoral, y asistiendo a los organismos electorales nacionales, a solicitud del estado interesado.
- Fortaleciendo la Unidad para la Promoción de la Democracia, a fin de que, a solicitud del Estado interesado, pueda prestar asistencia en cuestiones tales como procedimientos legislativos y judiciales, reformas al gobierno (incluidas la administración de justicia, la modernización técnica de los órganos legislativos del país, la simplificación de los reglamentos gubernamentales y el fomento de la participación de las organizaciones comunitarias en la democracia local) y otros cambios institucionales.
- Estimulando las oportunidades para el intercambio de experiencias entre las instituciones democráticas de los Estados miembros, en particular entre sus órganos legislativos y judiciales.
- Promoviendo el entendimiento, el diálogo y la reconciliación política, a petición del Estado afectado y teniendo en cuenta que la reconciliación nacional se logra a través de los esfuerzos internos.
- Solicitando a la OEA que promueva y haga el seguimiento de estos compromisos."
Las acciones de la OEA
La Secretaría General en su calidad de depositaria de los instrumentos jurídicos interamericanos, ha registrado las ratificaciones y adhesiones de los Protocolos de Reforma de la Carta de la OEA -Cartagena de Indias, Washington y Managua-.
Con posterioridad a la Cumbre de Miami:
El Protocolo de Cartagena de Indias, adoptado en 1985 y vigente desde el 16 de noviembre de 1988, registra una sola ratificación con posteridad a la Cumbre de Miami, Perú, en 1996. De esta forma el número de Estados parte es de 28.
El Protocolo de Washington, adoptado en 1992, adquirió vigor internacional luego de recibir la vigésima primera ratificación por parte de Venezuela, el 25 de septiembre de 1997. El número de Estados parte alcanza a 21. En el período 1995 a 1997, se produjo el depósito de 12 instrumentos de ratificación o adhesión .
El Protocolo de Managua, adoptado en 1993, entró en vigor el 29 de enero de 1996. El número de Estados parte suma 28. Entre 1995 y 1997, 21 Estados depositaron el respectivo instrumento de ratificación o adhesión.
Fortalecimiento de la Unidad para la Promoción de la Democracia (UPD)
Los compromisos de la Cumbre, reiterados en la Declaración de Montrouis, aprobada con ocasión de la Asamblea General de 1995, condujeron al fortalecimiento de la UPD, la que se ha visto beneficiada con un cierto incremento en la asignación de recursos del Fondo Regular y en una fuerte contribución de recursos externos, provenientes de Estados miembros, Estados observadores y de otras regiones, así como de otras instituciones.
Las actividades de la UPD, en general han estado dirigidas al cumplimiento de los mandatos de la Cumbre. Desde 1994 a 1996, el 92.7% de los fondos utilizados por la Unidad (suman casi 33 millones de dólares) provinieron de fuentes externas, que han sido utilizadas para programas de misiones especiales, incluyendo misiones de observación electoral y programas de apoyo a sociedades de post-conflicto y a la reconstrucción de la paz.
Por otro lado, el Secretario General modificó en 1995 la estructura orgánica de la UPD desde un punto de vista funcional, incluyendo las áreas temáticas de asistencia técnica electoral, fortalecimiento de las instituciones democráticas, información y diálogo y programas especiales.
Cooperación con organismos y procesos electorales
El área de asistencia técnica electoral la UPD ha procurado proveer apoyo a los organismos electorales en los Estados miembros, principalmente en lo referente a la identificación de tecnologías nuevas y confiables, a la organización de eventos regionales para el intercambio de experiencias y conocimientos y de actividades que faciliten el perfeccionamiento institucional y jurídico de los sistemas electorales de aquellos Estados que así lo soliciten.
Conforme a los fines antes señalados, la Organización ha apoyado las iniciativas de instituciones de los Estados miembros que así lo han solicitado. Las actividades se han dirigido a colaborar, bajo distintas modalidades de acción con los organismos electorales de Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Venezuela. Asimismo, y en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, se celebró la Conferencia Subregional sobre el Fortalecimiento de los Registros Civiles de Panamá y de Centroamérica, que tuvo lugar en Panamá en noviembre de 1997. De esta forma, 15 Estados han recibido apoyo de la UPD en este ámbito.
Los programas de la UPD contemplan la incorporación de tecnologías destinadas a simplificar el proceso electoral, por considerar que la adopción de técnicas modernas de procesamiento de la información aseguran la eficiencia, integridad y seguridad de los procedimientos, a la vez que disminuyen los costos. Relacionado con este tema se han emprendido misiones de asistencia técnica para la modernización y el fortalecimiento de los Registros Civiles, que son el soporte de la información y actualización permanente de los padrones electorales en la mayor parte de los países.
En 1998 se realizará una reunión de autoridades electorales de las Américas para profundizar los conocimientos y el intercambio sobre tecnologías electorales modernas.
Una labor de especial relevancia ha sido la organización, a solicitud del Estado miembro interesado, de misiones de observación electoral. El objetivo de dichas misiones es contribuir a la transparencia y buen desarrollo del proceso electoral. Las misiones frecuentemente formulan recomendaciones acerca de medidas que podrían adoptarse para mejorar y fortalecer los sistemas e instituciones electorales. La Organización, desde 1989, ha participado en 36 misiones de observación electoral en 15 Estados miembros. De éstas, 10 han tenido lugar con posterioridad a la Cumbre de Miami en los siguientes Estados: Perú, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Nicaragua, Surinam, Haití, El Salvador, Colombia y Guyana.
Debe señalarse que algunas misiones de observación electoral, han jugado un papel importante en varios procesos electorales realizados en momentos críticos de post-conflicto o de transición democrática en distintos Estados miembros. La participación de esas misiones fue importante especialmente en contextos de nuevos o recién renovados sistemas electorales, para asistir a las instituciones respectivas, contribuir a la transparencia de los comicios, disuadir prácticas anti-democráticas y aumentar la confianza de la población en las elecciones.
Asimismo, cabe señalar que en varias oportunidades y a solicitud de las partes, las misiones de observación electoral de la Organización han podido servir como conducto informal para el diálogo, la obtención de consensos y la resolución de conflictos.
En términos de asignación de recursos, poco más del 27% de los fondos disponibles de la UPD entre 1994 y 1996 han estado destinados a estos efectos.
En este ámbito, debe consignarse la reunión de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en Campañas Electorales, que tuvo lugar en Caracas, Venezuela, los días 16 y 17 de febrero de 1998.
El temario de dicho evento fue el siguiente: Análisis del tema de las contribuciones a las campañas electorales teniendo en cuenta las circunstancias políticas, económicas y sociales en el Hemisferio; análisis de las contribuciones a las campañas electorales: en relación con su naturaleza y límites, en relación con su origen, en relación a la equidad en el proceso; análisis de las características y evolución de las normas legales y mecanismos institucionales que rigen financiamiento de las campañas electorales; evaluación de alternativas para desarrollar y profundizar la cooperación y el intercambio de experiencias en este tema.
Modernización del Estado. instituciones y procesos legislativos
El Plan de Acción de Miami asigna a la Organización la tarea de estimular el intercambio de experiencias entre las instituciones democráticas, en particular, sus órganos legislativos. Los Estados miembros, por su parte, han solicitado la colaboración de la UPD para llevar adelante programas destinados a mejorar la función fiscalizadora y de control político del parlamento, la eficacia de su capacidad legislativa, la articulación con los demás poderes del Estado y los mecanismos de vinculación con la opinión pública y con los intereses del ciudadano.
Se ha comenzado a desarrollar actividades, focalizándolas principalmente en las tareas de promover y estimular la creación de un cuerpo de información y conocimiento sólido y sistemático sobre el funcionamiento de las instituciones legislativas. Estos conocimientos y la información resultante servirán para modernizar las instituciones legislativas y capacitar en asuntos legislativos a funcionarios, políticos, profesores y estudiantes de Ciencias Políticas y periodistas, entre otros. Estas actividades han incluido el intercambio de experiencias entre legisladores de los Estados miembros, la publicación y difusión de estudios e investigaciones comparativas y actividades de acercamiento entre académicos y legisladores. Los programas de la UPD también han enfatizado la capacitación de asesores y funcionarios legislativos y la asesoría técnica para legisladores y los parlamentos.
En este ámbito, la UPD ha colaborado en algunos programas con los cuerpos legislativos y/o con instituciones académicas especializadas en el análisis de las funciones del poder legislativo en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala, Paraguay y Uruguay, así como ha desarrollado programas de apoyo a los Parlamentos regionales de América Central y la Comunidad Andina. Asimismo, se ha colaborado con la Universidad de las Indias Occidentales en la realización de un curso regional para el Caribe de habla inglesa de entrenamiento en Técnicas de Redacción Legislativa.
Debe señalarse también que uno de los objetivos y metodologías de trabajo de la UPD ha sido la promoción de los intercambios de experiencias entre las instituciones democráticas de los Estados. En este sentido, se pueden mencionar ciertas actividades en beneficio de los órganos legislativos, de Ministerios de Educación en materia de educación para la democracia, instituciones electorales, entidades centrales responsables de la descentralización, la participación y los gobiernos locales, y alcaldes del hemisferio. En dos ocasiones, junto con otras instituciones multilaterales, la OEA patrocinó una Conferencia Interamericana de Alcaldes. Este año, participó en la Tercera Conferencia Interamericana de Alcaldes.
Democracia local y participación de las organizaciones comunitarias
El Plan de Acción de la Cumbre de las Américas refleja el compromiso de los gobiernos de fortalecer el diálogo entre los grupos sociales y promover la participación de las comunidades de base en la solución de los problemas al nivel local. Tal compromiso es coherente con las iniciativas de descentralización adoptadas por diversos Estados de la región, como instrumento para la implementación de políticas públicas de distinta naturaleza.
Teniendo presente lo anterior, así como una tendencia creciente en muchos países del Hemisferio hacia una mayor desconcentración y descentralización del poder, un mayor equilibrio del poder central y el poder local y una mayor participación ciudadana en los problemas nacionales, la UPD está trabajando en la elaboración de un programa hemisférico integral en descentralización, gobierno local y participación, a través de actividades de investigación, intercambios de experiencias en reuniones de expertos y de practicantes, seminarios de capacitación, iniciativas de cooperación horizontal y desarrollo de un sistema de información.
Dentro de ese ámbito, la UPD asistió en febrero de 1998 a la reunión del Comité Asesor de la Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación Pública en la Toma de Decisiones para el Desarrollo Sostenible (EIP). La EIP fue uno de los mandatos derivados de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en diciembre de 1996, el cual encargó a la Organización de los Estados Americanos la formulación prioritaria de la estrategia mencionada. El objetivo de la reunión fue la consideración del plan de implementación de la EIP, que contempla siete actividades.
Dada la relación de la EIP con los mandatos de la UPD en el área de la participación ciudadana, el objetivo principal de la asistencia de la UPD fue la identificación de puntos de coincidencia con el Programa de Cooperación en Descentralización, Gobierno Local y Participación Ciudadana de la UPD y la definición de la colaboración en actividades específicas de la EIP.
Asimismo, a fines de febrero la UPD suscribió con la Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA) el memorándum de entendimiento para la organización de una reunión de expertos de la región centroamericana, evento que se inscribe en el programa antes señalado. Para la celebración de esta reunión se utilizará una cantidad de recursos asignados por la CEPCIDI.
En la región del Caribe, por invitación del Ombudsman de Antigua y Barbuda, la UPD participó en el Taller Regional sobre el Fortalecimiento del Ombudsman Nacional y las instituciones de derechos humanos en el Caribe. Este Taller se desarrolló del 9 al 12 de marzo de 1998, y fue auspiciado por la Secretaría de la Commonwealth y el Instituto Internacional Ombudsman. Sus objetivos fueron el intercambio de información entre las respectivas oficinas de Ombudsman del Caribe y la capacitación del personal de esas oficinas.
Promoción de las prácticas y los valores democráticos
En este ámbito, la OEA ha orientado sus esfuerzos hacia la promoción de las prácticas y los valores democráticos. En tal sentido, y con el objetivo de colaborar con los Estados miembros, la UPD ha apoyado a instituciones docentes en el desarrollo de programas de educación para la democracia al nivel primario, secundario y universitario, ha iniciado programas de formación de jóvenes líderes políticos y ha capacitado y apoyado el desarrollo y aplicación de métodos y mecanismos de resolución pacífica de conflictos.
Así, la UPD ha colaborado en programas de educación para la democracia en Grenada, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. A través de eventos subregionales, se ha apoyado igualmente el intercambio de experiencias sobre el tema de la enseñanza de los valores y prácticas democráticas en las escuelas de los países de Centroamérica y del MERCOSUR. Un programa de educación cívica para el Caribe está actualmente bajo consideración. En el mismo sentido, puede citarse el programa de promoción del diálogo y capacitación en técnicas de tratamiento y manejo de conflictos que se lleva a cabo en Guatemala.
Con todo, estas tres áreas -Modernización del Estado. Instituciones y Procesos Legislativos; Democracia Local y Participación de las Organizaciones Comunitarias; y Promoción de las Prácticas y los Valores Democráticos- sólo han sido desarrolladas de acuerdo a una asignación de recursos limitada, que en total representa sólo un poco más del 5% de los fondos disponibles para la UPD entre 1994 y 1996.
La OEA, sobre la base de los encargos del Plan de Acción, y teniendo presente una solicitud del Estado afectado, ha actuado en apoyo de varios procesos de reconciliación política, a través de programas o misiones especiales, respaldando la consolidación de las instituciones democráticas y el mantenimiento de un clima de paz.
Los programas que se han desarrollado en este campo, representan, en general, iniciativas que van más allá de la cooperación técnica tradicional o de los servicios generales de apoyo: comprenden para la OEA actividades de gran envergadura e impacto, que involucran esfuerzos integrales sustantivos, una cantidad importante de recursos humanos y financieros y una presencia significativa en el territorio de los países involucrados.
En este sentido, la UPD ha colaborado con varios Estados miembros en situaciones de post-conflicto o de transición democrática, en áreas tales como asesoría y seguimiento de negociaciones de paz, promoción del diálogo, prevención y resolución de conflictos, reconstrucción nacional, reinserción de ex-combatientes, verificación y promoción de derechos humanos y fortalecimiento de instituciones democráticas del Estado y de la sociedad civil.
En este contexto, deben mencionarse los programas o misiones especiales que se llevan a cabo actualmente en Guatemala (Programa Especial de Apoyo al Proceso de Paz); Haití (Misión Internacional Civil OEA/ONU-MICIVIH); Nicaragua (hasta junio de 1997, la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación y, actualmente, el Programa de Cooperación OEA con Nicaragua) y Surinam (Misión Especial para Surinam).
Las actividades emprendidas en la región centroamericana, especialmente en Nicaragua y Guatemala, han sido reconocidas como una contribución real y efectiva de la OEA al desarrollo y perfeccionamiento institucional y a la promoción de las libertades individuales.
En Haití, por su parte, la labor que la OEA ha ejecutado junto con Naciones Unidas, para la implementación de los programas destinados a consolidar las instituciones democráticas, ha sido resaltada como un esfuerzo significativo de cooperación.
Finalmente, cabe resaltar por sus resultados positivos el Programa de Apoyo al Desminado en Centroamérica, iniciativa que se inscribe en una creciente y profunda preocupación de la comunidad internacional por las graves consecuencias que las minas antipersonales generan.
En términos de asignación de recursos, los programas contemplados en este acápite representaron más de dos tercios de los recursos a disposición de la UPD entre 1994 y 1996.
Por su parte, el Comité Jurídico Interamericano (CJI) ha desarrollado las siguientes acciones:
En el período ordinario de sesiones de agosto de 1994, el CJI consideró el Informe titulado "La Democracia en el Sistema Interamericano", que remitió al Secretario General a fin de que lo ponga a disposición de los órganos de la Organización a los que corresponda tratar el tema. En el período de sesiones de marzo de 1995, el CJI consideró el Informe Complementario sobre la Democracia en el Sistema Interamericano y adoptó una resolución (CJI-RES-I-3-95), en la cual constató y enumeró los principios y normas que la Organización y sus Estados miembros observan en relación al ejercicio efectivo de la Democracia Representativa. También resolvió proponer a los correspondientes órganos de la Organización diversas medidas tendientes al efectivo desarrollo progresivo del Derecho Internacional en relación al tema.
Asimismo, el CJI resolvió poner especial énfasis en identificar y tipificar el eventual hecho ilícito internacional contra el ejercicio efectivo de la democracia representativa y estudiar la responsabilidad que de él se puede derivar para el Estado y los individuos la posible ilicitud internacional por las acciones que distorsionen o pretendan distorsionar los resultados electorales, tanto por coartar la libertad de expresión del sufragio como por afectar la autenticidad del escrutinio electoral la relación entre el ejercicio efectivo de la democracia representativa, la paz y seguridad Internacional, y los derechos humanos y el alcance jurídico de las medidas o gestiones que pueda adoptar la OEA en vista del restablecimiento del ejercicio efectivo de la Democracia Representativa.
El día 21 de febrero de 1997, se realizó el Seminario sobre "La Democracia en el Sistema Interamericano", en la ciudad de Washington, D.C. Dicho Seminario fue organizado por el CJI, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y la UPD, con la participación de Representantes de las Misiones Permanentes ante la OEA y expertos invitados. Los trabajos de este Seminario han sido publicados recientemente por la Secretaría General.
INICIATIVA 2. LA PROMOCION Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
De conformidad al Plan de Acción de la Cumbre de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno asumieron los siguientes compromisos en el campo de la promoción y protección de los derechos humanos:
"Considerarán seriamente la adhesión a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que aún no sean parte.
Cooperarán plenamente con todos los órganos de derechos humanos interamericanos y de las Naciones Unidas.
Desarrollarán programas para la promoción y la observancia de los derechos humanos, incluidos programas educativos para informar a la población de sus derechos legales y de su obligación de respetar los derechos de los demás.
Promoverán políticas para garantizar que las mujeres disfruten plena e igualitariamente de los derechos jurídicos en sus familias y sociedades, y para garantizar la eliminación de restricciones a su plena participación como votantes, candidatas y funcionarias por elección y por nombramiento.
Revisarán y fortalecerán las leyes para la protección de los derechos de los grupos minoritarios y de las poblaciones y comunidades indígenas, a fin de asegurar que no sufran discriminación, garantizar que gocen de protección legal plena e igualitaria y facilitar su activa participación cívica. Apoyarán un proceso para estudiar y aumentar la protección de los derechos de los indígenas en los Estados miembros de la OEA y elaborarán con prontitud una firme declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los indígenas.
Revisarán la legislación nacional que afecte a los discapacitados, así como sus beneficios y servicios, y harán los cambios necesarios para facilitar que esos individuos disfruten de los mismos derechos y libertades que los demás miembros de la sociedad.
Emprenderán todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los niños y, en caso de que todavía no lo hayan hecho, considerarán seriamente la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Garantizarán la protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migrasteis y de sus familias.
Adoptarán las medidas necesarias para remediar las condiciones inhumanas en las cárceles y reducir al mínimo el número de detenidos en espera de juicio.
Revisarán los programas de capacitación para los agentes encargados de vigilar el cumplimiento de la ley, a fin de asegurar que abarquen de manera adecuada el trato debido a los sospechosos y detenidos, así como las relaciones con la comunidad.
Intercambiarán experiencias sobre la protección de los derechos humanos a nivel nacional y, cuando sea posible, colaborarán en la elaboración de programas de capacitación para los agentes encargados de vigilar el cumplimiento de la ley y las fuerzas de seguridad, así como de otros programas que disminuyan la posibilidad de violaciones de los derechos humanos.
Solicitarán a la OEA y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que establezcan o fortalezcan, según el caso, los programas para apoyar los proyectos nacionales destinados a la promoción y la observancia de los derechos humanos en el Hemisferio Occidental.
Fortalecerán aún más a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos."
La Organización, a través de sus órganos, en especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha emprendido diversas iniciativas destinadas a dar cumplimiento a los mandatos establecidos en el Plan de Acción de Miami. Otras entidades del Sistema Interamericano también han emprendido acciones en el campo de los derechos humanos.
Adhesión a instrumentos de derechos humanos
La Convención Americana sobre Derechos Humanos,"Pacto de San José", no registró con posterioridad a la Cumbre de Miami ninguna ratificación o adhesión. Merece consignarse el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecho por El Salvador el 6 de junio de 1995. El número de Estados parte de esta Convención es de 25, y la última ratificación data de 1993.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", cuenta con 9 ratificaciones o adhesiones, de las cuales 6 se produjeron después de la Cumbre. En efecto, depositaron los respectivos instrumentos de ratificación: Perú, el 4 de junio de 1995; El Salvador, el 6 de junio del mismo año; Uruguay, el 2 de abril; México, el 16 de abril y Brasil, el 21 de agosto, todos en 1996, y Paraguay el 3 de junio de 1997. Conviene tener presente que este Protocolo aún no entra en vigor internacional, ya que para ello requiere del depósito de 11 instrumentos de ratificación o adhesión.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas adquirió vigor internacional en 1996. Después de la Cumbre, durante 1996, los siguientes Estados se hicieron parte: Argentina, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay.
El Protocolo Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte,vigente desde el 28 de abril de 1991, ha recibido dos ratificaciones adicionales después de la Cumbre: Brasil, el 13 de agosto de l996 y Ecuador, el 15 de abril de 1998.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", adquirió vigencia internacional el 5 de marzo de 1995. Conviene señalar que hasta ahora es el instrumento convencional de derechos humanos que mayor número de Estados parte tiene: 27, y un solo Estado suscriptor. Así, y después de la Cumbre de Miami, se registraron 14 ratificaciones durante 1995, 11 en 1996 y una durante 1997
La Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura no ha registrado, luego de diciembre de 1994, ninguna ratificación o adhesión.
Poblaciones y comunidades indígenas
En este ámbito, la principal actividad ha estado centrada en la culminación del proceso de elaboración del proyecto de "Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas", tarea que la Asamblea General había encomendado en 1989 a la CIDH. El respaldo que dicha iniciativa recibe con el Plan de Acción de Miami, permitió que la CIDH concluyera un primer borrador en 1995, que fue objeto de un amplio proceso de difusión y consulta, en el que participaron los gobiernos, las organizaciones indígenas y el Instituto Indigenista Interamericano. Dicho proyecto fue aprobado por la CIDH en marzo de 1997 y enviado al Consejo Permanente.
La Asamblea General de Lima, en 1997, mediante la resolución AG/RES.1479, dispuso que los Estados miembros presenten al " Consejo Permanente -órgano en que quedó radicada la consideración del referido proyecto-, antes del 31 de diciembre de 1997, sus observaciones y recomendaciones". Enseguida, encargó al "Comité Jurídico Interamericano y al Instituto Indigenista Interamericano que, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones que presenten los Estados miembros, transmitan al Consejo Permanente sus comentarios." Finalmente, se convocará a una reunión de expertos gubernamentales sobre la materia.
El Comité Jurídico Interamericano, de conformidad con la resolución antes señalada, examinó dicho Proyecto de Declaración y formuló sus observaciones en el curso del período ordinario de sesiones celebrado en marzo de 1998, las que serán remitidas próximamente al Consejo Permanente.
La CIDH está prestando especial atención a la situación de los pueblos indígenas y ha incorporado esta temática en sus labores de promoción.
Desde la Cumbre de las Américas, la CIDH ha continuado fortaleciendo las actividades de promoción de los instrumentos regionales de protección de los derechos humanos; ha dado a conocer las funciones y competencias de los órganos dedicados a estos propósitos y ha realizado cursos de capacitación para agentes públicos, académicos e interesados en general en esta temática.
El reforzamiento de esta línea de trabajo ha permitido a la CIDH, además de ir satisfaciendo una creciente demanda formulada por los Estados, establecer y acrecentar, según el caso, vínculos directos y más estrechos con las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, los Ombudsman y otras instituciones similares que existen en varios países de la región.
La CIDH diseñó un seminario tipo modular de presentación y discusión de los procedimientos y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, el cual puede realizarse en cualquier Estado miembro que así lo solicite. Se han efectuado estos seminarios en Brasil, Paraguay y Argentina, con la participación de varios centenares de funcionarios judiciales de esos países y funcionarios invitados de países vecinos.
La CIDH ha ampliado su programa de becas " Rómulo Gallegos" para jóvenes profesionales que realizan pasantías de diez meses en su Secretaría Ejecutiva.
Los Comisionados y especialistas legales de la Secretaría Ejecutiva participan en forma regular en reuniones técnicas sobre temas de derechos humanos e imparten cursos especiales en distintas universidades e institutos de formación militar de la región.
Cabe resaltar que durante 1995, la CIDH brindó su apoyo a la Comisión Nacional de la Verdad y Justicia en Haití (CNVJ). En la etapa inicial, la Unidad de Investigación de la CNVJ, integrada por 50 investigadores encargados de recoger información sobre abusos de derechos humanos, estuvo dirigida por una profesional de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
En cuanto a difusión, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la CIDH mantienen un servicio de publicaciones y distribución de sus informes.
En cumplimiento del mandato encomendado por Asamblea General, la CIDH elaboró un Programa Interamericano de Promoción de los Derechos Humanos, que decidió elevar al Consejo Permanente. Dicha propuesta busca impulsar y coordinar actividades ya en ejecución y otras a desarrollarse, con la colaboración de organizaciones interamericanas; instituciones nacionales públicas y la sociedad civil. Sus tres áreas principales están orientadas a difundir la normativa, mecanismos y jurisprudencia del sistema interamericano; a fortalecer las instituciones nacionales de derechos humanos; y a lograr la incorporación de la enseñanza de los derechos humanos en los sistemas educativos.
La CIDH también ha continuado trabajando con los órganos gubernamentales de derechos humanos, en particular las Comisiones Nacionales de Derechos Humanos de distintos países, los Comisionados (ombudsman) y otros similares. Los Comisionados y especialistas de la Secretaría Ejecutiva siguen participando en reuniones técnicas sobre temas de derechos humanos e impartiendo cursos especiales en distintas universidades e institutos de la región.
La CIDH, a través de un Comisionado Relator Especial, ha emprendido un estudio sobre la compatibilidad de las leyes y prácticas de los Estados miembros de la OEA relativas a la situación jurídica de la mujer con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En mayo de 1995, el Relator Especial convocó a una Reunión de Expertos con la colaboración del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para analizar la posibilidad de preparar un cuestionario sobre las leyes y prácticas nacionales que influyen sobre la mujer. En marzo de 1996, se realizó una Segunda Reunión de Expertos destinada a completar la elaboración de dicho cuestionario. Juntamente con esta reunión, la CIDH organizó una conferencia titulada "La Mujer, los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano: Agenda para la Acción", en cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Washington College of Law.
En julio de 1996, la CIDH envió cuestionarios a los Estados miembros de la OEA, que consultaba sobre diversos aspectos relacionados con la situación de la mujer. A la fecha, 13 países han brindado la información solicitada. En el primer semestre de 1997, la CIDH envió el cuestionario a unas 100 organizaciones no gubernamentales de la región.
Por otra parte, cabe mencionar que por iniciativa de la CIDH, tuvo lugar en Washington en marzo de l997, el Segundo Concurso Interamericano de Derechos Humanos, organizado por la Facultad de Derecho de la American University, con participación de más de 40 universidades de la región, evento que puso especial énfasis en los derechos de la mujer. Comisionados y funcionarios de la CIDH participaron como jueces.
En el marco de su sistema de casos individuales, la CIDH emitió dos informes contenidos en su Informe Anual de 1996 relacionados con violaciones de derechos humanos de la mujer y ha empezado a recibir más peticiones por violencia basadas en razones de género. Además, en sus actividades de seguimiento e informes especiales sobre la situación de los derechos humanos en varios Estados miembros está considerando la situación específica de los derechos de la mujer.
En su último período ordinario de sesiones (1998), la CIDH consideró y aprobó el Informe del Relator Especial sobre Derechos de la Mujer, el cual analiza la legislación y la práctica de los Estados miembros con miras al cumplimiento de las obligaciones de respetar los derechos de la mujer establecidos en la Convención Americana y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Asimismo, provee información sobre la manera en la que los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos pueden ser utilizados para remediar las deficiencias legislativas que afectan los derechos de la mujer y presenta un número de conclusiones preliminares sobre temas tales como garantías institucionales y legales; capacidad jurídica; derecho de participar en asuntos públicos; derechos a la vida y a la integridad física; y derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. El informe concluye con un número de recomendaciones relativas a la supresión de la discriminación de facto y de jure y sus consecuencias, y al cumplimiento de los objetivos planteados en el marco del sistema regional. La CIDH ha puesto énfasis en recomendar a los Estados miembros que identifiquen las prácticas que tienen el propósito o efecto de discriminar por razones de género y reformen su legislación a fin de que esas deficiencias sean eliminadas antes del año 2000. También se ha hecho un Ilamamiento a los Estados miembros para que evalúen los recursos legales previstos en la legislación interna, a fin de desarrollar y reforzar su disponibilidad y efectividad en esta área. El Informe será publicado e incluido in extenso en el Informe Anual de la CIDH para 1997, que será sometido a la Asamblea General de la OEA en Caracas.
En cuanto a las tareas a desarrollar en el futuro inmediato, la Relatoría ha indicado que estarán centradas en el problema de la violencia contra la mujer y la utilización de los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos con el fin de prevenirla, sancionarla y erradicarla.
La CIDH ha decidido establecer un Fondo Voluntario sobre Derechos de la Mujer, que está abierto a contribuciones de los Estados miembros, observadores, organismos multilaterales, agencias de cooperación, fundaciones y entes privados.
En el marco de la OEA, la consideración y adopción del proyecto de Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación por Razones de Discapacidad ha constituido, después de la Cumbre de 1994, la principal actividad que se ha desarrollado en esta área. Dicha iniciativa, que fue presentada por Panamá, ha recibido ya los comentarios y observaciones de varios Estados miembros, del Comité Jurídico Interamericano, de la OPS, de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
De conformidad con la resolución 1487, aprobada en la Asamblea General de Lima, el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente encargado de los discapacitados, celebrará una reunión extraordinaria, con la participación de los expertos legales u otros que designen los Estados miembros, con el fin de someter el proyecto de Convención a la consideración del vigésimo octavo período ordinario de sesiones de Asamblea General, en 1998. El Consejo Permanente ha decidido que dicha reunión extraordinaria tenga lugar en 1998. En efecto, dicho Grupo sostuvo una sesión especial los días 3 y 4 de marzo, ocasión que permitió aprobar varios artículos del referido proyecto convencional.
El Instituto Interamericano del Niño (IIN), después de la Cumbre de Miami, se encuentra empeñado en un proceso de promoción de los derechos del niño. En tal sentido, y luego de la elaboración de un inventario con todas las actividades de los órganos y organismos del sistema interamericano referidas a la situación de la niñez, el IIN deberá presentar a la próxima Asamblea General un programa de acción concertada para la niñez de las Américas, que propugne "el mejoramiento de las condiciones de vida de las niñas y los niños de la región, tanto en el plano social como en el económico, el educativo, el científico y el tecnológico, y la plena vigencia de todos sus derechos", conforme a la resolución 1522, aprobada en la Asamblea General de Lima.
Conviene tener presente, por otra parte, que el IIN participó en la Cumbre a favor de la infancia de América Latina y el Caribe, que organizó el Gobierno de Colombia en marzo de 1998. Los temas de la agenda de esta reunión fueron : Trabajo infantil; Violencia Intrafamiliar; Participación de la niñez en los conflictos armados y Explotación sexual. Sobre este último punto, cabe consignar que el IIN ha incorporado en su agenda el tema de la Explotación sexual. A tal fin, se ha encargado a un consultorio independiente la preparación de un documento marco que sirva de punto de partida para las deliberaciones de un Seminario sobre la materia, que recibirá apoyo financiero del BID.
Por su parte, conviene tener presente que la CIDH, en sus últimos Informes Anuales, se ha referido a problemas específicos que afectan a la población infantil como el de los "niños de la calle", la situación de los niños en establecimientos de internación, la explotación sexual infantil y los derechos socio-económicos especialmente a la salud y a la educación y los derechos de la niñez indígena.
La CIDH, en mayo de 1996, decidió iniciar la consideración del tema de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y de sus familias en el hemisferio, con vistas a la preparación de un informe sobre el particular. En Panamá, la Asamblea General de la OEA, mediante la resolución 1404, dispuso que la CIDH efectúe una evaluación sobre la situación de este grupo de personas.
La CIDH constituyó un Grupo de Trabajo integrado por Comisionados y abogados especialistas de su Secretaría Ejecutiva, cuyo propósito será estudiar la situación de los trabajadores migrantes y sus familias, sin entrar al análisis de problemas como los de las "personas desplazadas en el ámbito interno", los "apátridas" o los "refugiados".
El Grupo de Trabajo emprendió la primera fase de su labor, que consiste en entablar contacto con organizaciones internacionales, regionales y nacionales, que interactúan con los trabajadores migrantes, a fin de recibir información sobre éstos que permita identificar y definir sus problemas.
Actualmente el Grupo está dedicado a analizar la información que proporcionaron esas organizaciones y proseguirá sus consultas con diversas entidades para ampliarla. También se realizarán visitas a las áreas donde existan concentraciones considerables de trabajadores migrantes, a fin de evaluar directamente su situación.
Asimismo, el Grupo se encuentra preparando un cuestionario sobre la situación de los trabajadores migrantes que se remitirá a todos los Estados miembros de la OEA. También se preparará un cuestionario separado que se remitirá a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se relacionan con trabajadores migrantes en forma cotidiana, con el fin de obtener una evaluación directa de su situación.
Con esos antecedentes, la CIDH preparará un informe de evaluación sobre la situación de los trabajadores migrantes y sus familias.
Durante su nonagésimo octavo período de sesiones, la CIDH consideró el informe de avance de asuntos relacionados con la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y aprobó sendos cuestionarios a ser enviados a los Estados miembros de la OEA, y a organizaciones, ya sea intergubernamentales o no gubernamentales, especializadas en el tema.
A fin de fortalecer las actividades que la CIDH está desarrollando sobre la materia, se decidió establecer un Fondo Voluntario sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias, que está abierto a contribuciones de los Estados miembros, observadores, organismos multilaterales, agencias de cooperación, fundaciones y entes privados.
La CIDH estableció un Grupo de Trabajo para estudiar las condiciones de detención en las Américas, acordando que una vez concluido el estudio, emitiría el informe correspondiente y prepararía un instrumento para establecer un código uniforme de organización y normas mínimas, consecuente con el derecho internacional, que sirva de modelo a los Estados miembros para la administración penitenciaria y el tratamiento de la población reclusa.
Se enviaron cuestionarios a los gobiernos de los Estados miembros, en los que se solicitó información sobre las condiciones de detención y de los establecimientos carcelarios en sus respectivos países. Los cuestionarios también se enviaron a organizaciones no gubernamentales interesadas en las condiciones de detención en el hemisferio. Hasta la fecha han respondido 26 Estados miembros y 14 organizaciones no gubernamentales.
La CIDH ha realizado visitas específicas a centros de detención y prisiones en varios países, tanto en sus visitas de observación general, como en misiones especiales dedicadas a ese propósito, para obtener conocimiento directo sobre las condiciones de detención.
La Asamblea General, mediante la resolución AG/RES. 1404 (XXVI-0/96), recomendó "a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe considerando con carácter prioritario el tema de la adopción de medidas necesarias para remediar las condiciones de los detenidos en espera de juicio y de la sobrepoblación de las cárceles y que informe al respecto al próximo período de sesiones de la Asamblea General".
El Grupo, durante 1997, ha seguido con sus actividades de evaluación, con vista a la preparación del informe sobre "Condiciones de Detención en las Américas", que será presentado a la consideración de la Asamblea General.
Durante 1998, la CIDH continuó con la preparación de su informe especial sobre "Condiciones de detención y encarcelamiento en las Américas", cuya Relatoría está a cargo de dos Comisionados.
Capacitación de agentes de la ley y fuerzas de seguridad
La CIDH participó en una reunión auspiciada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Comando Sur de los Estados Unidos en Panamá en julio de 1997, con la participación de representantes gubernamentales militares y civiles de más de doce países miembros. En esa reunión los representantes gubernamentales convinieron en que la capacitación de agentes de la ley y fuerzas de seguridad se concrete en planes nacionales que incorporen la formación en derechos humanos.
La CIDH ha realizado además visitas especiales y reuniones con distintos centros militares de la región, referidos a los aspectos curriculares de la formación en derechos humanos de la oficialidad militar y de seguridad.
En la Cumbre de las Américas los gobiernos asumieron el compromiso de continuar fortaleciendo a la CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Declaración de Montrouis, adoptada en la Asamblea General, de 1995, se manifestó que " ... en el sistema interamericano existe una valiosa experiencia y un bien ganado prestigio en los campos de la promoción y la protección de los derechos humanos, que justifica que los Estados miembros otorguen un decidido respaldo a sus órganos, incluida la dotación de mayores recursos financieros y humanos para el cumplimiento de sus fines; igualmente, que se realice una evaluación del funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos con miras a iniciar un proceso de reflexión que permita su perfeccionamiento, incluida la posibilidad, si fuere necesario, de introducir reformas en los instrumentos correspondientes, en especial a la Convención Americana sobre Derechos Humanos."
En 1996, la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente " realizar una evaluación del funcionamiento del sistema interamericano de los derechos humanos con miras a iniciar un proceso que permita su perfeccionamiento, incluida la posibilidad de reformar los instrumentos jurídicos correspondientes, así como sobre métodos y procedimientos de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual solicitará la colaboración de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ...".
En el curso de 1996 y 1997 se analizaron los diversos aspectos comprendidos en el mandato de evaluación del sistema. En tal sentido, merecen consignarse diversas iniciativas y propuestas: el Secretario General presentó el documento " Hacia una Nueva Visión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos" (CP/doc.2828/96 de 26 de noviembre de 1996); la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos elaboró, a solicitud de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) del Consejo Permanente, un documento titulado "La Corte y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Proyecciones y Retos" (OEA/Ser.G, CP/CAJP-1130, del 26 de noviembre de 1996); la CIDH organizó un seminario sobre "el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos", que tuvo lugar en Washington del 2 al 4 de diciembre de 1996, y la CAJP del Consejo Permanente celebró una sesión especial con la asistencia de expertos gubernamentales del 2 al 4 de abril de 1997.
La Asamblea General celebrada en 1997, a la luz de las actividades realizadas en el seno de la Organización, adoptó dos resoluciones: AG/Res.1488 , titulada "Evaluación del Funcionamiento y el Perfeccionamiento del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos" y AG/RES. 1489, denominada "Promoción Internacional de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano". La primera de ellas encomienda al Consejo Permanente que "a fin de fortalecer y perfeccionar el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, continúe la consideración integral de los distintos aspectos relativos al mismo (sistema de derechos humanos), formulando recomendaciones, de considerarlo adecuado y a través de los órganos correspondientes, sobre eventuales reformas a los instrumentos jurídicos aplicables." En la segunda resolución se acogen las conclusiones de la Sesión Especial de la CAJP sobre promoción internacional de los derechos humanos y encomienda a la CIDH que elabore un proyecto de Programa Interamericano de Promoción Internacional de los derechos Humanos para someterlo a la consideración del Consejo Permanente.
En concordancia con el objetivo prioritario establecido por el Plan de Acción respecto al fortalecimiento del sistema, la CIDH ha desarrollado una amplia y creciente actividad cumpliendo su mandato de promover y defender los derechos humanos en el hemisferio. A partir de 1995 se incrementaron las siguientes actividades de la CIDH: se realizaron un promedio anual de más de tres períodos de sesiones ordinarios y extraordinarios, ampliándose el período de duración de cada sesión; se llevaron a cabo 11 misiones de observación in loco, de carácter general y de orden temático, además de varias visitas especiales de contacto con autoridades y de observancia de cumplimiento de acuerdos. También se incrementó el número de casos tramitados y decididos de solicitudes de medidas cautelares a gobiernos, así como el número de procedimientos de soluciones amistosas.
La CIDH ha desarrollado una amplia actividad en materia de protección de los derechos humanos a través de su sistema de peticiones individuales. En tal sentido, cabe destacar que en el Informe Anual de 1995 aparecen 9 casos que fueron aprobados para su publicación. En el Informe Anual de 1996 se publicaron 31 informes.
En los años 1995 y 1996, la CIDH y la Corte han incrementado sustancialmente sus relaciones como resultado del mayor número de casos que la Comisión ha presentado a la Corte, así como de las medidas provisionales solicitadas. Asimismo, la coordinación entre los dos órganos del sistema interamericano se ha visto beneficiada con la realización de reuniones conjuntas, que han provisto un marco adecuado para el intercambio de experiencias y la coordinación de actividades.
Durante 1997, la Corte en pleno y sus secretarías sostuvieron una reunión de trabajo en la sede de la Corte, en San José, Costa Rica con algunos comisionados y con los secretarios de la Comisión Interamericana.
En dicha reunión se tomaron acuerdos importantes sobre aspectos procedimentales e institucionales, entre los que cabe destacar la elaboración de propuestas para la próxima reunión sobre la representación de las víctimas ante la Corte, así como la idea de informar a la Asamblea General de la OEA para que durante las Asambleas Generales se incorpore un capítulo o subcapítulo para debatir el cumplimiento de las sentencias de la Corte y las resoluciones de la Comisión, dando audiencia previa a los Estados involucrados
El Seminario organizado por la CIDH arribó a una serie de conclusiones orientadas al perfeccionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las mismas señalan que el proceso de perfeccionamiento debe centrarse en la modificación de los Reglamentos de los órganos del sistema, ya que los problemas que presenta el sistema son principalmente de carácter procedimental, por lo que su solución no requiere de la reforma o modificación del texto del Pacto de San José.
En tal sentido, la Corte revisó su Reglamento durante el XXIII Período Ordinario de Sesiones y promulgó uno nuevo que entró en vigor el 1º de enero de 1997. Este Reglamento tiene la virtud de haber reorganizado el procedimiento ante la Corte para adecuarlo a situaciones más acordes con la naturaleza de un proceso internacional de derechos humanos y darle más celeridad al proceso, eliminando algunos actos procesales que respondían más al litigio internacional entre Estados. Sin embargo, el cambio más radical fue la reforma introducida para darle a las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares participación directa e independiente de la Comisión ante el proceso de la Corte en la etapa de reparaciones.
Con esta reforma, la Corte cumple en forma parcial, con la resolución de la Asamblea General AG/RES. 1488.
Otra de las medidas tomadas por la Corte para fortalecer el sistema ha sido el incremento de los períodos de sesiones a cinco durante 1997.
En la actualidad, con el incremento de envío de casos por parte de la Comisión a la Corte (dos en 1997 y dos más en lo que va del presente año) asciende a 28 el número de asuntos en trámite ante el tribunal.
Por otra parte, la CIDH ha acrecentado su acción y relaciones de trabajo con entidades nacionales, de la OEA, del sistema de Naciones Unidas y de otros sistemas regionales.
En cuanto a la Corte, conviene señalar las siguientes actividades realizadas durante 1997:
Reunión de la Corte con la Corte Europea de Derechos Humanos los días 4 y 5 de noviembre, oportunidad en que se trataron temas de interés común para ambos tribunales y en especial se estudiaron la evolución reglamentaria y jurisprudencial de uno y otros órganos jurisdiccional, los efectos de la entrada en vigor del Protocolo XI y cambios en la estructura de la Corte Europea y la posibles modificaciones al sistema interamericano de derechos humanos.
Suscripción de un Convenio de Cooperación con el Instituto Internacional de Derechos Humanos, el 8 de julio.
Convenio con el Centro Danés de Derechos Humanos, con el propósito de proporcionar al Departamento Legal de la Secretaría de la Corte los servicios profesionales de un abogado europeo.
Colaboración con la Asociación Costarricense de Derecho Internacional en la implementación de la Competencia Interamericana sobre Derechos Humanos Eduardo Jiménez de Aréchaga.
INICIATIVA 5. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
Los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron en Miami que:
"La democracia efectiva requiere que la corrupción sea combatida de manera integral, toda vez que constituye un factor de desintegración social y de distorsión del sistema económico que socava la legitimidad de las instituciones políticas."
En el Plan de Acción de Miami los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:
Promoverán el debate público sobre los problemas más importantes que enfrente el gobierno y establecerán prioridades para efectuar las reformas necesarias que permitan lograr transparencia y rendición efectiva de cuentas de las funciones de gobierno.
Garantizarán la debida supervisión de las funciones gubernamentales fortaleciendo los mecanismos internos, entre ellos la capacidad de investigación y cumplimiento de las leyes con respecto a los actos de corrupción y facilitando el acceso del público a la información necesaria para un escrutinio externo significativo.
Establecerán normas sobre conflicto de intereses para los empleados públicos, así como medidas eficaces contra el enriquecimiento ilícito, entre ellas la imposición de sanciones rigurosas a aquellos que utilicen sus cargos públicos en beneficio de intereses particulares.
Harán un llamado a los gobiernos del mundo para que adopten y hagan cumplir las medidas contra el soborno en todas las transacciones financieras o comerciales con el Hemisferio; con este fin, invitarán a la OEA a que establezca vínculos con el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales.
Elaborarán mecanismos de cooperación en los sectores bancario y judicial para que sea posible una respuesta rápida y efectiva en las investigaciones internacionales de los casos de corrupción.
Darán prioridad al fortalecimiento de los reglamentos y las compras gubernamentales, la recaudación de impuestos, la administración de justicia y los procesos electoral y legislativo, utilizando el apoyo del BID y de otras instituciones financieras internacionales cuando así proceda.
Desarrollarán en la OEA, con la debida consideración de los tratados y las leyes nacionales pertinentes, un enfoque hemisférico sobre los actos de corrupción en los sectores público y privado que incluya la extradición y el enjuiciamiento de los individuos que hayan sido acusados de corrupción, a través de la negociación de un nuevo acuerdo hemisférico o de nuevos arreglos dentro de los marcos existentes para la cooperación internacional."
Dos mandatos recayeron directamente en la Organización: el establecimiento de vínculos entre la OEA y el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales y el desarrollo de un enfoque hemisférico sobre los actos de corrupción en los sectores público y privado, a través de la negociación de un nuevo acuerdo hemisférico. Ambos encargos se han materializado.
En efecto, respecto del primer encargo se ha establecido un contacto inicial con la OCDE y existe un intercambio de información entre las Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA y los órganos competentes de la organización europea.
En cuanto al segundo compromiso, la adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el 29 de marzo de 1996, en Caracas, Venezuela, constituye el logro principal, convirtiéndolo en el primer instrumento multilateral en su género. Su rápida entrada en vigor, que se produjo el 6 de marzo de 1997, treinta días después del depósito de la segunda ratificación, es una prueba elocuente del éxito alcanzado en el establecimiento de este marco jurídico de cooperación de lucha contra la corrupción. A la fecha, son 24 los Estados signatarios y 9 los Estados parte del Acuerdo .
La Convención ha permitido, por otra parte, que los Estados avancen en el desarrollo y perfeccionamiento de figuras que no están contempladas en todos los ordenamientos jurídicos nacionales, como acontece con el enriquecimiento ilícito y soborno transnacional. Se encargó al Comité Jurídico Interamericano la elaboración de legislación modelo respecto de las actividades antes mencionadas.
En agosto de 1996, el Comité estudió diversos documentos presentados por sus miembros así como el documento Algunos Elementos para la Preparación de Legislación Modelo Relativa a Enriquecimiento Ilícito y Soborno Transnacional (CJI/doc.15/97), preparado por el Departamento de Derecho Internacional de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, y emitió la resolución CJI/RES.1-1/97 mediante la cual resuelve aprobar el informe preparado por los relatores titulado Elementos para la Preparación de Legislación Modelo con respecto al Enriquecimiento Ilícito y el Soborno Transnacional (CJI/SO/I/doc.12/97), como un aporte preliminar del Comité hacia la elaboración posterior de legislación modelo en la materia.
Durante su LI período de sesiones realizado en agosto de 1997, el Comité Jurídico examinó el tema y adoptó la resolución CJI/RES.13/LI/97 Legislación Modelo con Respecto al Soborno Transnacional y el Enriquecimiento Ilícito, mediante la cual decidió continuar analizando la naturaleza del aporte del Comité que sería más apropiado para que el derecho positivo interno incorpore las conductas relativas al soborno transnacional y al enriquecimiento ilícito.
Teniendo presente los términos de la Convención antes señalada, y muy particularmente aquellas disposiciones que implican la adopción de acciones por parte de los Estados, tanto al interior de ellos, como en el ámbito de la cooperación internacional, la Asamblea General de la OEA, que tuvo lugar en Lima, en 1997, aprobó el Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción, el cual establece acciones tendientes a perfeccionar los instrumentos jurídicos para combatir la corrupción, fortalecer las instituciones encargadas de la lucha contra ese flagelo, estrechar los vínculos con otros organismos internacionales y promover la participación de la sociedad civil en esa tarea. La Asamblea General encomendó la implementación de este Programa a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General, bajo la supervisión del Consejo Permanente. Finalmente, cabe tener presente que la Secretaría General, a través de su Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, posee un centro de documentación, que cuenta con la legislación de diversos países del hemisferio sobre corrupción.
En la Reunión de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en Campañas Electorales se adoptaron las siguientes recomendaciones: Que se continúe con la labores de recopilación de la legislación relativa a las contribuciones a las campañas electorales; que se promuevan las acciones tendientes al intercambio de información legislativa; brindar asesoría legislativa a solicitud de los Estados miembros interesados; desarrollar proyectos de legislación modelo y estudios de legislación comparada en relación con las contribuciones a las campañas electorales; propiciar la divulgación de las medidas adoptadas para controlar las contribuciones a las campañas electorales en los distintos países; estimular el intercambio de informaciones y experiencias entre las instituciones encargadas en cada uno de los Estados de supervisar el desarrollo de las campañas electorales; realizar el intercambio de información y proyectos destinados a lograr el control del financiamiento ilegal que transciende las fronteras nacionales; propiciar la realización de encuentros académicos y de instituciones de la sociedad civil a fin de analizar los problemas suscitados por las contribuciones a las campañas electorales;.celebrar una reunión en el transcurso del año a los fines de continuar evaluando el tema sobre contribuciones en campañas electorales; que el Consejo Permanente, a través de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, siga considerando el tema sobre contribuciones en campañas electorales y, de considerarlo pertinente, constituya un Grupo de Trabajo dedicado a esta materia.
INICIATIVA 6. LA LUCHA CONTRA EL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILICITAS Y DELITOS CONEXOS
"Reconociendo los efectos nocivos que generan el crimen organizado y las drogas ilícitas sobre nuestras economías y valores éticos, sobre la salud pública y la estructura social, nos uniremos en la lucha contra el consumo, la producción, el tráfico y la distribución de narcóticos, así como contra el lavado de dinero y el tráfico ilícito de armas y sustancias químicas precursoras. También cooperaremos para formular estrategias viables para el desarrollo alternativo en aquellos países donde existen cultivos ilícitos. La cooperación deberá extenderse a programas nacionales e internacionales destinados a reducir la producción, uso y tráfico de drogas ilícitas y a la rehabilitación de adictos."
Ratificarán la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 y convertirán en delito el lavado del producto de cualquier delito grave.
Promulgarán leyes que permitan el congelamiento y la incautación del producto de operaciones de lavado de dinero y considerarán la distribución de los activos incautados entre los gobiernos.
Ejecutarán, de conformidad con lo acordado por los ministros y representantes de los gobiernos latinoamericanos y del Caribe en la Declaración de Kingston, del 5 y 6 de noviembre de 1992, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe sobre Lavado de Dinero y colaborarán para adoptar los Reglamentos Modelo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)
Alentarán a las instituciones financieras para que notifiquen las transacciones grandes y sospechosas a las autoridades pertinentes, y elaborarán procedimientos efectivos que permitan la recolección de información pertinente de las instituciones financieras.
Trabajarán individual y colectivamente para identificar las redes de tráfico de estupefacientes y de lavado de dinero de la región, entablar juicio a sus dirigentes e incautar los bienes procedentes de esas actividades delictivas.
Adoptarán programas para prevenir y reducir la demanda y el consumo de drogas ilícitas.
Adoptarán estrategias nacionales efectivas y ambientalmente sanas para prevenir o reducir significativamente el cultivo y procesamiento de cultivos utilizados para el comercio de drogas ilícitas, prestando particular atención al apoyo nacional e internacional para los programas de desarrollo que creen alternativas económicas viables para la producción de estupefacientes.
Brindarán particular atención al control de productos químicos precursores y apoyarán estrategias integradas de interdicción de drogas.
Celebrarán una conferencia de trabajo, seguida de una conferencia ministerial, para estudiar y convenir en una respuesta hemisférica coordinada, que incluya la consideración de una convención interamericana para combatir el lavado de dinero.
Convocarán una conferencia hemisférica de donantes, incluidos los bancos de desarrollo multilaterales y los organismos de las Naciones Unidas, con el fin de obtener recursos para los programas de desarrollo alternativo dirigidos a poner fin a la producción, el tráfico y el consumo de drogas ilícitas, y a la rehabilitación de los drogadictos.
Apoyarán las consultas que ha iniciado la OEA con la Unión Europea sobre las medidas para controlar los productos químicos precursores.
Apoyarán la convocatoria de una Conferencia Mundial contra los Estupefacientes."
La CICAD ha tenido la responsabilidad de apoyar los esfuerzos nacionales destinados a dar cumplimiento a los mandatos establecidos en la Cumbre de Miami.
Todos los Estados miembros de la OEA son parte de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Después de la Cumbre de Miami, 4 Estados efectuaron el depósito del respectivo instrumento de ratificación o adhesión.
La CICAD, a través de un Grupo de Trabajo presidido por Uruguay, inició en 1995 la elaboración de la "Estrategia Antidrogas en el Hemisferio", la que fue aprobada en su vigésimo período de sesiones, en noviembre de 1996, en Argentina, y formalmente suscrita por los Estados miembros en diciembre del mismo año, en Uruguay.
La Estrategia destaca por su visión integral, equilibrada y consensual, innovativa en muchos aspectos y que, en el marco del respeto a principios como el de responsabilidad compartida, establece los parámetros y criterios conforme a los cuales los países del hemisferio diseñan e implementan sus propios esfuerzos nacionales contra el abuso de drogas y delitos conexos.
En abril de 1997, durante el vigésimo primer período de sesiones de la CICAD, se identificaron 40 tareas prioritarias destinadas a implementar el Plan de Acción de la Estrategia, las cuales -en un período de casi dos años- deberán ser ejecutadas por la Secretaría Ejecutiva de la CICAD.
Conviene consignar, que durante el XXII Período Ordinario de Sesiones celebrado en Lima, del 4 al 7 de noviembre de 1997, la CICAD decidió, a propuesta de la Delegación de Canadá, realizar una o más reuniones en Washington, D.C., para analizar las propuestas de Honduras y de Estados Unidos, tomando en consideración las intervenciones de otras Delegaciones, para el establecimiento de un proceso único y objetivo de evaluación gubernamental de carácter multilateral, para dar seguimiento al progreso individual y colectivo de los esfuerzos hemisféricos y de todos los Estados miembros, consistente con la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio antes citada.
Los países del Hemisferio se reunieron al nivel ministerial en diciembre de 1995, en Argentina, para acordar un marco de acción contra el lavado de dinero. En este evento se suscribió la Declaración Ministerial y el Plan de Acción de Buenos Aires, que encargó a la CICAD la realización de actividades sustantivas y, en especial, el diseño de mecanismos de autoevaluación nacional del cumplimiento de las acciones acordadas. Para este último efecto, la Secretaría Ejecutiva distribuyó un cuestionario, previamente aprobado por la CICAD, para ser voluntariamente respondido por los Estados miembros. A la fecha 21 Estados han entregado la información solicitada.
El Grupo de Expertos que existe sobre esta materia ha tenido reuniones en Washington (1996) y Santiago de Chile (1997), concentrando su atención en la actualización del Reglamento Modelo, aprobado en 1992, y en la identificación de nuevos tipos penales. Igualmente se ha puesto el acento en el perfeccionamiento de los programas de entrenamiento contra el lavado de dinero y activos.
Varios Estados del hemisferio - después de la Cumbre de Miami y de la reunión de Buenos Aires- han dictado leyes y reglamentos destinados a sancionar el lavado de activos. En todo caso, con posterioridad a diciembre de 1994, la mayoría de los países de la región han incorporado en sus legislaciones nacionales, de manera total o parcial, los principales principios y recomendaciones contenidas en el Reglamento Modelo de la CICAD y en las del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
Durante el período posterior a la Cumbre, los países han procurado incorporar al combate contra el lavado de activos al sector financiero privado. Este esfuerzo está permitiendo crear una adecuada conciencia de responsabilidad de parte de las instituciones financieras, las que, a través de mecanismos gremiales nacionales e internacionales, vienen adoptando medidas de control y capacitación de su personal para contener el problema del lavado de activos. Asimismo, las instituciones financieras internacionales, particularmente el BID y el Banco Mundial, se han interesado en este empeño, encontrándose a la fecha estudiando fórmulas que les permitan asistir a los Estados, en estrecha cooperación con la CICAD. En este sentido, conviene anotar que en la última Asamblea de Gobernadores del BID, celebrada en Cartagena, las autoridades del Banco y de la CICAD anunciaron el lanzamiento de un programa de entrenamiento en materia de control del lavado de activos para funcionarios de gobierno y de instituciones bancarias encargadas de estas actividades, que constituye el primero de su género.
Control de precursores y sustancias químicas utilizadas en la producción ilícita de drogas.
La CICAD, a través de su Grupo de Expertos, continuó el trabajo de modernización y actualización del Reglamento Modelo para el Control de Precursores y Productos Químicos, aprobado en 1992. Así, y luego de la reunión del Grupo en Martinique, en junio de 1997, se ha decidido revisar las tablas de productos controlados y se ha elaborado una tabla adicional de vigilancia de productos no controlados que se ha verificado son usados actualmente en esa actividad.
A su vez, y con el fin de promover la coordinación e intercambio de información entre las autoridades responsables de las acciones de control e interdicción del desvío de químicos, se está implementando el módulo de precursores químicos del Sistema Interamericano de Comunicaciones para el Control de Drogas (SITCOD). A tal efecto, se han enlazado computacionalmente los puestos fronterizos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela, para mejorar el control del tráfico de productos químicos. Los demás países del hemisferio se irán incorporando paulatinamente a este sistema.
Asimismo, se ha continuado impartiendo cursos de entrenamiento en este campo.
Control del tráfico ilícitos de armas y explosivos utilizados por los narcotraficantes
El Grupo de Expertos de la CICAD para el control del contrabando de armas y explosivos acordó utilizar formularios comunes para el control de la exportación e importación de armas y explosivos y elaboró un proyecto de Reglamento Modelo en la materia, el cual fue aprobado por la Asamblea de la CICAD, celebrada en Lima, del 4 al 7 de noviembre de 1997.
Por otra parte, conviene destacar que, la Asamblea General, durante su XXIV Período Extraordinario de Sesiones, adoptó el 14 de noviembre de 1997, la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y Otros Materiales Relacionados.
Durante el acto de firma de la citada Convención, la Asamblea General contó con la presencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Sr. Ernesto Zedillo, y del Presidente de los Estados Unidos de América, Sr. William Clinton.
El propósito de dicha Convención es "impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados", así como "promover y facilitar entre los Estados parte la cooperación y el intercambio de información para el cumplimiento de tales fines".
El número de Estados signatarios de dicho instrumento es 31, y un Estado lo ha ratificado.
Cooperación en la lucha contra las drogas
La CICAD, con la finalidad de apoyar los esfuerzos nacionales por un más estricto control de las vías marítimas, ha establecido, en una primera etapa, un mecanismo de información para acciones de cooperación marítima que abarca todos los países sudamericanos. Luego se sumarán los centroamericanos y México. Este mecanismo se conectará con el que se viene implementando en el Caribe, bajo los auspicios de la Unión Europea. En relación a las vías fluviales y lacustres, el desarrollo del SITCOD/ Precursores, contribuirá a una mejor vigilancia de estas rutas.
La CICAD, en el contexto de sus esfuerzos por reducir la oferta, tiene en ejecución proyectos sobre desarrollo alternativo, los que son significativos por el efecto multiplicador y de valor agregado que generan, en especial los vinculados a la creación de oportunidades de mercado, al manejo integrado de plagas y al de la administración y evaluación del uso de tierras. Otras actividades en cuanto al desarrollo alternativo están referidas a propiciar el interés de las instituciones financieras internacionales en la materia. Así, algunos Estados miembros han solicitado que la CICAD coordine con tales instituciones la convocatoria de mesas de donantes para desarrollo alternativo.
El Grupo de Trabajo que existe en esta área, sostuvo una reunión en septiembre de 1997, en Washington, D.C., oportunidad que permitió considerar diversos aspectos envueltos en esta estrategia para superar la oferta de drogas y formular propuestas tendientes a reforzar esta línea de trabajo. Este grupo de trabajo fue convertido en un Grupo de Expertos, conforme a una decisión adoptada en el período de sesiones de la CICAD de Lima de 1997, teniendo su primera reunión en tal carácter en febrero de 1998.
El Grupo Consultivo para el Desarrollo Alternativo se ha convocado para fines del mes de octubre de1998, en Perú, país que tiene a su cargo la organización de este evento, en el que participarán el BID y la CICAD. Luego de esta reunión, se ha previsto iniciar trabajos de apoyo a los programas de desarrollo alternativo al Gobierno de Colombia. Asimismo, debe consignarse que la CICAD y el IICA suscribieron un memorándum de entendimiento para apoyar a los países de la región en materia de desarrollo alternativo a través del entrenamiento y asistencia técnica.
Finalmente, conviene destacar que por primera vez una institución financiera internacional ha mostrado interés en participar en este tipo de programa.
En este campo, la CICAD viene apoyando directamente a los Consejos o Comisiones Nacionales para el Control de Drogas (CNDs), promoviendo la coordinación nacional e internacional, brindando asistencia directa para el fortalecimiento institucional de esas entidades y en la elaboración y formulación de legislación antidrogas, así como implementando el SITCOD/CNDs, que posibilita que las máximas autoridades antidrogas del hemisferio puedan comunicarse de manera rápida, segura y directa.
El programa de reducción de la demanda cubre un amplio espectro de actividades: formulación y análisis de políticas; capacitación y desarrollo de recursos humanos e investigación y elaboración de nuevas iniciativas para desestimular el consumo de drogas.
Dentro de las tareas de prevención del consumo de drogas, se inscribe la realización del Simposium Interamericano sobre Prevención del Abuso de Drogas, celebrado en mayo de 1997, en San José de Costa Rica.
Por su parte, el Grupo de Expertos sobre Reducción de la Demanda, sostuvo su primera reunión en julio de 1997, en Buenos Aires, la que permitió identificar nuevos cursos de acción destinados a lograr una aproximación más exitosa a las tareas de prevención y tratamiento del abuso de drogas.
Este Grupo sostuvo su segunda reunión en México con el propósito de establecer parámetros sobre las normas mínimas de atención en el tratamiento de las farmacodependencias, así como para considerar los cambios recientes en el consumo de drogas en el hemisferio y sus implicancias en el tratamiento y rehabilitación.
INICIATIVA 7. LA ELIMINACION DE LA AMENAZA DEL TERRORISMO NACIONAL E INTERNACIONAL
"El terrorismo nacional e internacional constituye una violación sistemática y deliberada de los derechos de los individuos y un asalto a la democracia misma. Los ataques recientes sufridos por algunos de nuestros países han demostrado la grave amenaza que plantea el terrorismo para la seguridad de las Américas. Las medidas que tomen los gobiernos para combatir y eliminar esta amenaza son elementos esenciales para garantizar la ley y el orden público y mantener la confianza en el gobierno, tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, aquéllos que patrocinan actos terroristas o ayudan a planificarlos o ejecutarlos, a través del abuso de la inmunidad y los privilegios diplomáticos o por otros medios, serán considerados responsables de los mismos por la comunidad internacional".
En el Plan de Acción de Miami, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron lo siguiente:
Promoverán, en el contexto de la protección de los derechos humanos y las libertades civiles, acuerdos bilaterales y subregionales dirigidos a enjuiciar y penalizar a los que cometan actos terroristas.
Convocarán una conferencia especial de la OEA sobre la prevención del terrorismo.
Reafirmarán la importancia de los tratados de extradición, ratificados por los Estados del Hemisferio, y hacen notar que dichos tratados serán acatados estrictamente como expresión de la voluntad política de los gobiernos, de conformidad con el derecho internacional y las legislaciones nacionales."
El Comité Jurídico Interamericano ha venido considerando el tema Cooperación interamericana para enfrentar el terrorismo internacional desde el período ordinario de sesiones de agosto de 1994, aún cuando sus actividades en el tema, se remontan a 1970, cuando participó en la preparación de la "Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional", adoptada en Washington, D.C., en 1971.
De acuerdo con los mandatos recibidos, la OEA convocó a la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo. Para ese efecto el Consejo Permanente, a través de su Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos realizó una reunión preparatoria que tuvo lugar en Washington, DC. el 27 y el 28 de febrero de 1996.
La Conferencia Especializada sobre Terrorismo se celebró en Lima, Perú, del 23 al 26 de abril de 1996. Durante la misma se aprobó la Declaración de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo, así como el Plan de Acción sobre Cooperación Hemisférica para Combatir, Prevenir y Eliminar el Terrorismo. La Declaración condenó todos los tipos y actos terroristas, dondequiera que sean cometidos y cualesquiera sean sus agentes, modalidades y motivaciones con las que se pretenda justificarlos, y subrayó que los actos terroristas son delitos comunes graves y, como tales, deben ser juzgados por tribunales nacionales de conformidad con la legislación interna y las garantías que ofrece el Estado de derecho.
La Conferencia Especializada recomendó considerar los medios y mecanismos apropiados para efectuar el seguimiento de las medidas recomendadas en la Declaración y en el Plan de Acción. Sobre la base de esas recomendaciones, la Asamblea General, reunida en Panamá (1996) aprobó la resolución AG/RES. 1399 (XXVI-0/96) que solicitó al Consejo Permanente que considere la convocatoria de la Reunión de Expertos Gubernamentales a que hizo referencia el Plan de Acción.
La Reunión de Expertos Gubernamentales para examinar los medios que permitan mejorar el intercambio de información entre los Estados miembros con el fin de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, se llevó a cabo en Washington, DC. el 5 y el 6 de mayo de 1997. Los expertos identificaron medidas concretas para prevenir y combatir el terrorismo, entre las que se encuentra el intercambio de información, las acciones de cooperación fronteriza y el intercambio de experiencias en las labores de capacitación de funcionarios encargados de combatir el terrorismo. También se consideró la necesidad de definir los criterios y el tipo de información que se debe compartir entre los Estados miembros de la Organización y se analizó la posibilidad de establecer un "directorio de competencias" para mejorar la cooperación en materia de combate contra el terrorismo.
Posteriormente, la Asamblea General, reunida en Lima, Perú (1997), aprobó la resolución AG/RES.1492 (XXVII-0/97) que encomendó al Consejo Permanente que estudie las recomendaciones y propuestas formuladas en la Reunión de Expertos y que siga considerando los medios y mecanismos apropiados para el seguimiento de las medidas recomendadas en el Plan de Acción de Lima. También solicitó al Comité Jurídico Interamericano que continúe el estudio del tema "Cooperación interamericana para enfrentar el terrorismo" a la luz de los documentos adoptados en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo de Lima.
Sobre la base de los acuerdos y resoluciones antes aludidas, los relatores del CJI sobre este tema presentaron, en el período de sesiones de este órgano, en agosto de 1997, un primer informe, decidiéndose continuar con la consideración de esta materia.
Debe señalarse en relación con este tema que se ha continuado acentuando la cooperación bilateral y multilateral entre los Estados del Hemisferio, pudiendo citarse los acuerdos entre México y los Estados de Centroamérica y el acuerdo de Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.
Mediante este último acuerdo, los tres países se comprometen a coordinar la acción contra el terrorismo y el narcotráfico en la zona de la triple frontera, lo que incluye la creación de una base de datos, la interconexión de las existentes y el establecimiento de mecanismos conjuntos de lucha contra la criminalidad y el terrorismo.
Finalmente, en este contexto de cooperación, cabe mencionar la creación del Consejo de Policías del Mercosur, cuyo propósito es estudiar y enfrentar a la delincuencia en el ámbito del terrorismo internacional.
INICIATIVA 8. EL FOMENTO DE LA CONFIANZA MUTUA
"La ampliación y consolidación de la democracia en las Américas ofrece la oportunidad de aprovechar las tradiciones pacíficas y las relaciones de cooperación que han prevalecido entre los países del Hemisferio Occidental. Nuestro objetivo consiste en fortalecer la confianza mutua que contribuye a la integración social y económica de nuestros pueblos."
Apoyarán las acciones que estimulen un diálogo regional para promover el fortalecimiento de la confianza mutua, preparando el camino para una conferencia regional sobre medidas de fomento de la confianza en 1995, para la que Chile se ha ofrecido como anfitrión."
La Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad se llevó a cabo en Santiago de Chile, del 8 al 10 de noviembre de 1995. La Declaración de Santiago sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad refleja el resultado de los trabajos que venían realizándose en el seno de la Organización desde 1991, primero en un grupo de trabajo del Consejo Permanente y luego en la Comisión Especial de Seguridad Hemisférica.
La Declaración de Santiago reafirma la vigencia de los principios fundamentales del derecho internacional indicando que "el respeto al derecho internacional, el fiel cumplimiento de los tratados, la solución pacífica de las controversias, el respeto a la soberanía de los Estados y la no intervención y la prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza, de acuerdo con los términos de la Carta de la OEA y de las Naciones Unidas, son la base de la convivencia pacífica y de la seguridad en el Hemisferio y constituyen el marco para el desarrollo de las medidas de fomento de la confianza."
La Declaración menciona, además, once medidas de fomento de la confianza y de la seguridad que los gobiernos acuerdan recomendar su aplicación de la manera que sea más adecuada:
"Gradual adopción de acuerdos sobre notificación previa de ejercicios militares;
Intercambio de información y participación de todos los Estados miembros en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y en el Informe Estandarizado Internacional sobre Gastos Militares;
Fomento de la elaboración y el intercambio de información sobre políticas y doctrinas de defensa;
Consideración de un proceso de consultas con miras a avanzar en la limitación y control de armas convencionales;
Acuerdos sobre invitación de observadores para ejercicios militares, visitas a instalaciones militares, facilidades para observar operaciones rutinarias e intercambio de personal civil y militar para la formación, capacitación y perfeccionamiento;
Reuniones y acciones para prevenir incidentes e incrementar la seguridad en el tránsito terrestre, marítimo y aéreo;
Programas de cooperación en casos de desastres naturales o para prevenir tales desastres, sobre la base de la petición y autorización de los Estados afectados;
Desarrollo e implementación de las comunicaciones entre autoridades civiles o militares de países vecinos de conformidad con su situación fronteriza;
Realización de seminarios, cursos de difusión y estudios sobre medidas de fomento de la confianza mutua y de la seguridad, y políticas de fomento de la confianza con participación de civiles y militares, así como sobre las preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares;
Realización de una reunión de alto nivel sobre las preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares; y
Programas de educación para la paz."
La Declaración de Santiago hizo hincapié, además, en el carácter voluntario de las medidas de fomento de la confianza y afirmó que su aplicación contribuye a la creación de un ambiente propicio para una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar mayores recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros de la organización.
La Declaración de Santiago, asimismo, hizo una referencia al apoyo concedido a la continuación de las negociaciones internacionales sobre la proscripción, el tráfico y el uso indiscriminado de minas antipersonales y reconoció la labor de desminado que vienen realizando en Centroamérica la Organización de los Estados Americanos, con el apoyo técnico de la Junta Interamericana de Defensa.
La Declaración de Santiago también hizo una referencia a la necesidad de ejecutar acciones de seguimiento y periódica evaluación de la implementación de tales medidas, solicitando a la Comisión de Seguridad Hemisférica que asuma tales tareas, dejando a la Asamblea General de la OEA la decisión de convocar una conferencia regional de seguimiento de los acuerdos de la conferencia celebrada en Santiago. Esta tuvo lugar en El Salvador del 25 al 27 de Febrero de 1998.
La Declaración de San Salvador junto con reafirmar la plena vigencia de la Declaración de Santiago y de las medidas ahí mencionadas afirma que la base de la convivencia pacífica y la seguridad hemisférica se sustenta en el respeto al derecho internacional, el fiel cumplimiento de los tratados, la solución pacífica de controversias, el respeto a la soberanía de los Estados y la no intervención y la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, de conformidad con los términos de la carta de la O.E.A. y de las Naciones Unidas.
Por otra parte, constata los significativos avances registrados en la identificación y aplicación de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, desde la adopción de la Declaración de Santiago, lo que ha contribuido a la reducción de factores generadores de desconfianza y a la promoción de la transparencia y de la confianza mutua en la región.
La Declaración reconoce los importantes avances logrados desde la Declaración de Santiago en materia de seguridad a nivel de las sub-regiones, en particular, los compromisos asumidos por los países de Centroamericana con el "Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica", y la promoción de la confianza mutua y la seguridad de los países del Cono Sur.
La Declaración menciona medidas adicionales de fomento de la confianza y de la seguridad, que los Estados recomiendan aplicar, de la manera que sea más adecuada, como ser:
Estimular contactos y cooperación entre legisladores sobre medidas de fomento de la confianza y temas relacionados con la paz y la seguridad hemisférica, incluyendo la realización de encuentros, intercambio de visitas y una reunión de parlamentarios, a fin de fortalecer este proceso.
Extender a los institutos de formación diplomática, academias militares, centros de investigación, y universidades, los seminarios, cursos y estudios contemplados en las Declaraciones de Santiago y San Salvador, sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, desarme y otros vinculados a la paz y la seguridad hemisférica, con participación de funcionarios gubernamentales, civiles y militares, así como de la sociedad civil, en dichas actividades.
Identificar y desarrollo actividades que promuevan la cooperación entre países vecinos en sus zonas fronterizas.
Promover el intercambio de información, entre otros, a través de la publicación de libros de la defensa o documentos oficiales, según sea el caso, que permita una mayor transparencia en materia de políticas de defensa de cada país, así como sobre la organización, estructura, tamaño y composición de las fuerzas armadas.
Con el propósito de promover la transparencia y con el apoyo técnico de organismos internacionales económicos apropiados, estimular la realización de estudios tendientes a avanzar en el establecimiento de una metodología común que facilite la comparación del gasto militar en la región, teniendo en cuenta, entre otros, el Informe Estandarizado Internacional sobre Gastos Militares de las Naciones Unidas.
Desarrollo un programa de cooperación para atender las preocupaciones presentadas por el transporte marítimo de desechos nucleares y otros desechos, así como cooperar y coordinar en los foros internacionales pertinentes para el fortalecimiento de las normas que regulan este transporte y su seguridad.
Continuar apoyando los esfuerzos de los pequeños Estados insulares para atender sus preocupaciones especiales de seguridad, incluyendo aquellas de naturaleza económica, financiera y del medio ambiente, tomando en consideración su vulnerabilidad y nivel de desarrollo.
Mejorar y ampliar la información que los Estados miembros remiten al Registro de Armas Convencionales de la ONU, a fin de fortalecer la contribución del Hemisferio a los objetivos de dicho registro, en cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU.
Continuar con las consultas e intercambios de ideas dentro del Hemisferio para avanzar en la limitación y el control de armas convencionales en la región.
Con relación a la implementación y seguimiento de las medidas propuestas en San Salvador y Santiago, la Declaración de San Salvador recomendó a la O.E.A., a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica, que realice las siguientes actividades:
a) Estudie las recomendaciones emanadas de la Reunión de Alto Nivel sobre las Preocupaciones Especiales de Seguridad de los Pequeños Estados Insulares, celebrada el 25 de febrero de 1998, a fin de generar una mayor conciencia y comprensión en cuanto a las preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares del Caribe, y continúe implementando acciones apropiadas e identifique nuevas medidas de cooperación para atender esas preocupaciones.
b) Realice una reunión en la cual los Estados miembros pongan a disposición los expertos que hayan formado parte del grupo de expertos gubernamentales sobre el Registro de Armas Convencionales de la ONU, para que éstos proporcionen información sobre los resultados de los trabajos del mencionado grupo y realice una reunión para intercambiar opiniones con miras a lograr una mayor participación en el referido Registro.
c) Procure, en sus deliberaciones, avanzar en el desarrollo del enfoque mas apropiado que permita fortalecer a nivel hemisférico el diálogo tendiente a abordar las cuestiones relativas al tratamiento de las armas convencionales.
d) Procure, en sus deliberaciones, avanzar en el desarrollo del enfoque más apropiado a nivel hemisférico que permita fortalecer el diálogo tendiente a abordar las cuestiones relativas al tratamiento de las armas ligeras y del tráfico de éstas.
e) Concluya la elaboración del programa de educación para la paz en el Hemisferio acordado por la Asamblea General de la OEA y dé inicio a su implementación.
f) Promueva el intercambio de experiencias entre los Estados miembros y con organizaciones e instituciones regionales y extra-regionales pertinentes, con el fin de fortalecer la paz y seguridad internacionales.
Por último, la Declaración de San Salvador expresa su convicción que la II Cumbre de las Américas, a realizarse en Santiago, Chile (18 y 19 de Abril de 1998) es una importante oportunidad para consolidar los logros alcanzados en materia de confianza y seguridad hemisféricas y para considerar orientaciones a la O.E.A. para que, a través de los órganos pertinentes, estudie modos posibles para revitalizar y fortalecer las instituciones del sistema interamericano relacionados con los distintos aspectos de la seguridad hemisférica.
La Asamblea General de la OEA, a su vez, ha adoptado un número importante de resoluciones en relación con las medidas acordadas en la Declaración de Santiago y que constituyen el marco de referencia de la labor de la Organización en este tema.
En primer lugar, debemos destacar las resoluciones AG/RES. 1409 (XXVI-0/96) y AG/RES. 1494 (XXVII-0/97) sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad en las Américas. Sobre la base de ambas, los Estados miembros de la Organización han comenzado a remitir la información correspondiente del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y del Informe Estandarizado Internacional sobre Gastos Militares. Estas dos resoluciones instan también a los Estados miembros a intercambiar información sobre las demás medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, como políticas y doctrinas de defensa; registro de expertos en temas de seguridad; realización de seminarios, cursos de difusión y estudios sobre medidas de confianza mutua; acuerdos sobre invitación de observadores para ejercicios militares. La Secretaría General es la depositaria de toda esta información, la cual puede ser consultada por los Estados interesados.
Asimismo, es importante mencionar las resoluciones AG/RES. 1411 (XXVI-0/96) y AG/RES. 1496 (XXVII-0/97) que reafirman las metas de la eliminación de las minas terrestres antipersonales y la conversión del Hemisferio Occidental como una Zona Libre de Minas Terrestres Antipersonal. En ambas la Secretaría General ha recibido el encargo de ser la depositaria de la información relativa al registro completo e integrado de minas terrestres antipersonales, cuya implementación ya ha comenzado, bajo la supervisión de la Comisión de Seguridad Hemisférica.
También han continuado las labores destinadas a lograr el desminado completo en América Central, a cargo de la UPD de la Secretaría General. En este sentido revisten especial importancia las resoluciones AG/RES.1413 (XXVI-0/96) y AG/RES. 1498 (XXVII-0/97) en que se adoptó como objetivo de la OEA concluir el desminado en Centroamérica para el año 2000.
Asimismo, la Secretaría General está colaborando activamente con la Comisión de Seguridad Hemisférica en la elaboración de un programa de educación para la paz. Se ha avanzado ya en la formulación de consultas con la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otras instituciones con experiencias en el tema con miras a aprobar los lineamientos de ese programa con ocasión de las celebraciones del cincuentenario de la Organización.
El tema de las Preocupaciones Especiales de Seguridad de los Pequeños Estados Insulares, a que se refiere la Declaración de Santiago, fue motivo de tratamiento en la Comisión de Seguridad Hemisférica, para lo cual se convocó una Sesión Especial, celebrada en Washington D.C., el 17 y el 18 de octubre de 1996. Una de las principales conclusiones de la sesión especial fue la conveniencia de convocar una reunión de alto nivel sobre la materia, propuesta que fue recogida en la resolución AG/RES. 1497 (XXVII-0/97). La reunión de Alto Nivel sobre las Preocupaciones Especiales de Seguridad de los Pequeños Estados Insulares reconoció que la seguridad para los pequeños Estados insulares tiene carácter multidimensional en cuanto a su ámbito y aplicación, e incluye inter alia aspectos político-militares; la protección y preservación de la soberanía e integridad territorial de los Estados; estar exentos de interferencias externas en sus asuntos internos por parte de Estados o protagonistas no estatales; la protección contra las condiciones ambientales y desastres ecológicos; el vínculo entre el comercio, el desarrollo económico y la seguridad y la capacidad para mantener y proteger sus instituciones democráticas. La referida reunión de alto nivel se realizó en El Salvador, el 25 de Febrero de 1998, junto con la Conferencia de San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad.
Reconoció, asimismo, que la seguridad de los pequeños estados insulares puede ser afianzada mediante la colaboración entre los Estados insulares, como lo demuestra el Sistema de Seguridad Regional y que puede mejorar más aún mediante una mayor cooperación entre los Estados insulares y otros Estados, tanto dentro como fuera del Hemisferio.
Por último, reconoció que la seguridad de los pequeños Estados insulares puede mejorar con la aplicación de las medidas de fomento de la confianza y de la seguridad previstas en las Declaraciones de Santiago y San Salvador.
La Reunión de Alto Nivel también formuló las siguientes recomendaciones:
"1) Que el XXVIII período de sesiones de la Asamblea General de la O.E.A. apruebe una resolución que defina el enfoque y la forma de atender las preocupaciones especiales de seguridad de los pequeños Estados insulares en concordancia con las disposiciones de la Carta de la OEA.
2) Que, por medio de una resolución pertinente, el vigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General instruye a la
Organización que cooperen con los pequeños Estados insulares a través de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) para fomentar el examen sobre sus preocupaciones especiales de seguridad.
3) Que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos en la Conferencia Regional de San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad en seguimiento de la Conferencia de Santiago incluyan en la Declaración de San Salvador el texto siguiente:
el compromiso y apoyo a las actividades y programas que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano puedan continuar realizando para abordar la cuestión de la seguridad de los pequeños Estados insulares;
la cooperación con los pequeños Estados insulares para la erradicación de las actividades delictivas transnacionales que amenazan la estabilidad y seguridad de la subregión;
la revisión y el fortalecimiento de los programas de cooperación en casos de desastres naturales, o para prevenir tales desastres, con base en la solicitud y autorización de los Estados interesados:
la formulación de un programa de cooperación para atender los problemas presentados por el transporte de desechos nucleares y otros desechos peligrosos por el Mar Caribe y adoptar políticas para preservar el ambiente natural del Caribe;
mayor cooperación financiera, comercial y política con los pequeños Estados insulares a fin de que éstos puedan garantizar su seguridad y promover su desarrollo; y
un llamado a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos para que intercambien y compartan información que podría fortalecer la capacidad de los pequeños Estados insulares en materia de seguridad y defensa nacional.
Finalmente, la Asamblea General, mediante la resolución AG/RES 1500 (XXVII-0/97) sobre Confianza Mutua en las Américas, ha encargado al Consejo Permanente para que, a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica "considere la conveniencia de aprobar un marco jurídico sobre el tema de la notificación anticipada de las adquisiciones de armamentos importantes contemplados en el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas a efectos de lograr una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros..." De conformidad con esta resolución, en caso que el Consejo Permanente decida que es conveniente aprobar ese marco jurídico, "preparará un proyecto al respecto con el objetivo de que se apruebe en la próxima Cumbre de las Américas, que se realizará en Santiago de Chile."
Las acciones emprendidas por la OEA en este campo demuestran que la Organización ha servido como un foro idóneo para que los Estados miembros consideren y adopten determinadas medidas encaminadas a los objetivos de paz y seguridad a que aspiran los países del hemisferio.
INICIATIVA 9. EL LIBRE COMERCIO EN LAS AMERICAS
"... decidimos iniciar de inmediato el establecimiento del "Area de Libre Comercio de las Américas" en la que se eliminarán progresivamente las barreras al comercio y la inversión. Asimismo, resolvemos concluir las negociaciones del "Area de Libre Comercio de las Américas" a más tardar en el año 2005, y convenimos en alcanzar avances concretos hacia el logro de este objetivo para el final del este siglo. Reconocemos el progreso que ya se ha obtenido a través de las acciones unilaterales de cada una de nuestras naciones y de los acuerdos comerciales subregionales de nuestro Hemisferio. Sobre la base de los acuerdos subregionales y bilaterales existentes ampliaremos y profundizaremos la integración económica hemisférica, haciéndolos más parecidos."
" Instruimos a nuestros ministros responsables del comercio a que adopten los siguientes pasos concretos iniciales para lograr el "Area de Libre Comercio de las Américas":
6) Con el objetivo de garantizar una discusión plena y cabal entre las partes de los diversos acuerdos comerciales del Hemisferio, ordenamos que se celebren reuniones en el marco de los foros de comercio e inversión existentes. Los miembros de estos foros determinarán las áreas de coincidencia y divergencia en los acuerdos particulares bajo estudio, y deberán considerar los medios de mejorar las disciplinas entre ellos y hacerlos más parecidos. Instruimos, asimismo, a los miembros de estos foros a que informen a los ministros sobre el estado de sus discusiones y formulen recomendaciones para lograr el "Area de Libre Comercio de las Américas".
7) La transparencia y el claro entendimiento sobre los acuerdos subregionales y bilaterales logrados hasta la fecha entre las naciones del Hemisferio son decisivos para fomentar el comercio y la integración de las inversiones en las Américas. Instruiremos a la Comisión Especial sobre Comercio de la OEA, con el apoyo del BID, de la CEPAL y de otras organizaciones regionales y subregionales especializadas, a que asista en la sistematización de datos en la región y a que continúe su labor de estudio de los arreglos de integración económica del Hemisferio, incluyendo descripciones comparativas breves de las obligaciones en cada uno de los acuerdos comerciales existentes en el Hemisferio. Asimismo, instruiremos a la Comisión Especial sobre Comercio a que elabore un informe de su trabajo a más tardar en junio de 1995 para la reunión de ministros.
8) Instruimos a nuestros ministros responsables del comercio a: a) revisar el progreso de la labor emprendida en los foros mencionados en los párrafos 6 y 7; b) ofrecer orientación con respecto al trabajo posterior; y c) considerar las áreas que requieren atención inmediata, tales como la facilitación aduanera, y pruebas y certificaciones de productos con miras a alcanzar acuerdos de reconocimiento mutuo, que puedan ser debatidos en los foros pertinentes."
La OEA había venido introduciendo ajustes institucionales para responder al interés creciente de los Estados miembros en el tema de comercio regional en la agenda hemisférica. Por una parte, se había creado la Comisión Especial de Comercio (CEC) como un foro regional para tratar los asuntos comerciales desde una perspectiva que reflejara las nuevas realidades derivadas de las políticas de apertura y de integración regional que se habían generalizado en la región. Por otra parte, se creó, al nivel de la Secretaría General de la Organización, la Unidad de Comercio con el propósito de apoyar a la CEC y a los esfuerzos hemisféricos en esta área.
La Unidad de Comercio ha cumplido una función muy importante de apoyo técnico al proceso. En coordinación con las otras instituciones que integran el Comité Tripartito -el BID y la CEPAL- ha prestado asistencia a ocho de los doce grupos de trabajo que se han establecido para llevar adelante el trabajo preparatorio de las negociaciones. En este sentido, a la OEA le ha correspondido la responsabilidad principal de apoyar a los siguientes grupos de trabajo: Política de Competencia; Propiedad Intelectual; Inversión; Servicios; Economías más Pequeñas; Normas y Barreras Técnicas al Comercio; Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios; y Solución de Controversias.
Las actividades de asistencia proporcionadas por la Unidad de Comercio han sido las siguientes:
Preparación de inventarios y estudios comparativos de legislaciones nacionales y acuerdos sub-regionales, regionales e internacionales suscritos por los países del Hemisferio, los cuales han servido de base para identificar coincidencias y divergencias entre los distintos regímenes vigentes.
Análisis de temas en discusión tales como los mecanismos necesarios para facilitar la participación de las economías más pequeñas en el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Apoyo logístico cuando las reuniones de los Grupos de Trabajo se han celebrado en la sede de la OEA.
Varios puntos merecen destacarse de la experiencia de estos dos años de trabajo preparatorio:
Primero, hay un consenso que el trabajo técnico que se ha realizado hasta el momento en la preparación de las negociaciones del ALCA es sólido y se compara favorablemente con el que se había hecho al momento de lanzar la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales. Esto ha facilitado el que hoy día la toma de decisiones sobre el lanzamiento de las negociaciones por parte de los países se esté dando sobre bases firmes.
Segundo, la experiencia de cooperación entre las instituciones que integran el Comité Tripartito ha sido muy positiva. Ello ha permitido un uso eficiente de los recursos disponibles y evitado la duplicación de esfuerzos, lo cual ha redundado en beneficios para los Estados miembros. En la Declaración Ministerial de Bello Horizonte, los Ministros de Comercio del Hemisferio reconocieron y apreciaron el apoyo técnico y logístico que el Comité Tripartito ha prestado a los Grupos de Trabajo y le solicitaron que "siga brindando apoyo analítico, asistencia técnica y estudios afines, según lo requieran los correspondientes Grupos de Trabajo".
Finalmente, se ha puesto de manifiesto la importancia de la asistencia técnica para muchos de los países de la región, en particular las economías más pequeñas, que la requieren no salo para garantizar su participación efectiva en las negociaciones sino, asimismo, para fortalecer su capacidad de implementar los resultados a los que se llegue en las mismas.
Un ejemplo de lo anterior lo constituye el seminario Guatemala y el Proceso del ALCA organizado por la Cámara Empresarial de Guatemala y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala y que contó con la activa participación de la Unidad de Comercio. Este evento, que se llevó a cabo en enero de 1998, tuvo por objetivo proporcionar a funcionarios gubernamentales y representantes del sector privado un detallado informe sobre las principales temas del ALCA, y a la vez, facilitar el intercambio sobre los problemas del comercio entre los sectores publico y privado.
En este ámbito, es necesario señalar que en la OEA se ha venido otorgando prioridad a los proyectos de asistencia técnica en las áreas de comercio e integración. La Unidad de Comercio ha estado trabajando con el CIDI en varios proyectos entre los que se destaca un programa de capacitación sobre política comercial al nivel multilateral y regional para funcionarios gubernamentales, particularmente de las economías más pequeñas de la región, que participarán directamente en las negociaciones del ALCA. Se trata de un proyecto conjunto de la OEA, la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Universidad de Gorgoteen. Incluye, por año, dos cursos de capacitación de tres semanas y seminarios sobre temas específicos, incluido el proceso del ALCA.
El proceso de negociaciones del ALCA: perspectivas
Los Ministros de Comercio, reunidos en Belo Horizonte, en mayo de 1997, acordaron que las negociaciones del ALCA se iniciaran en la II Cumbre de las Américas en Santiago de Chile en abril de 1998 y convinieron en que recomendarían a sus Jefes de Estado y de Gobierno para que tomaran las decisiones correspondientes en esa oportunidad.
Teniendo en cuenta las complejidades de las negociaciones, no sólo por el número de países participantes, sino además por las diferencias en el tamaño y en el desarrollo de sus economías, los Ministros de Comercio convinieron establecer una secretaría independiente que prestaría apoyo al proceso. El Comité Tripartito preparó a estos efectos, a instancia de los Ministros, un estudio de factibilidad que analizó las diferentes opciones para el establecimiento de esta secretaría desde el punto de vista de las implicaciones tanto presupuestarias como legales.
En la tercera reunión del Comité Preparatorio, efectuada en Costa Rica entre el 10 y el 12 de Febrero de 1998, los Vice-ministros analizaron cuatro aspectos fundamentales del proceso: los objetivos y principios de las negociaciones; la estructura y funcionamiento de las negociaciones; las sedes para las negociaciones y la Secretaría Administrativa.
En esta reunión, el Comité Preparatorio acordó reunirse, a nivel ministerial en Marzo, en San José, con el fin de adoptar las decisiones correspondientes.
El 19 de marzo tuvo lugar la 4ª reunión de Ministros responsables del Comercio en el Hemisferio Occidental. El propósito de esta reunión era hacer una revisión para acordar los elementos y términos de referencia que son requisitos necesarios para iniciar las negociaciones para la creación del Area de Libre Comercio de las Américas.
En este sentido cabe indicar que la agenda de discusión se estructuró en base a los siguientes puntos:
Sede y Secretaría Administrativa de las negociaciones;
Presidencia del proceso del ALCA y de los grupos de Negociación;
Estructura de las negociaciones; y
Principios y Objetivos de las negociaciones
En relación al primer punto, se acordó que la Sede y la Secretaría Administrativa de las negociaciones rotarían de manera secuencial de acuerdo con el siguiente calendario: Miami, Estados Unidos: 1 de mayo de 1998 al 28 de febrero del 2001; Ciudad de Panamá, Panamá: 1 de marzo de 2001 al 28 de febrero del 2003; y México D.F., México: 1 de marzo del 2003 al 31 de diciembre del 2004.
En la Sede de negociaciones tendrán lugar todas las reuniones de los Grupos de Negociación.
Se acordó que la Secretaría Administrativa como su nombre lo indica estará a cargo de proporcionar el apoyo logístico necesario que asegure un adecuado funcionamiento de las reuniones de negociación, con inclusión de las facilidades de traducción e interpretación.
El Comité Tripartito, integrado por la OEA, el BID y la CEPAL, continuará proporcionando el apoyo técnico que le soliciten los Grupos de Negociación. Asimismo, cada institución que forma parte del Comité podrá proporcionar la cooperación técnica que le soliciten los países del ALCA.
En relación a la Presidencia del proceso del ALCA, la instancia máxima de decisión serán las reuniones de Ministros responsables del Comercio en el Hemisferio. Se acordó que la instancia de conducción de las negociaciones del ALCA será el Comité de Negociaciones Comerciales, integrada por los Viceministros responsables del comercio en el hemisferio. La Presidencia y Vicepresidencia del proceso del ALCA, es decir, las reuniones a nivel de Ministros y del CNC será rotativa quedando en los siguientes términos: del 1º de mayo de 1998 al 31 de octubre de 1998 Presidencia Canadá, Vicepresidencia Argentina; del 1º de noviembre de 1999 al 30 de abril de 2001 Presidencia Argentina, Vicepresidencia Ecuador; del 1 de mayo de 2001 al 31 de octubre de 2002 Presidencia Ecuador, Vicepresidencia Chile y del 1º de noviembre de 2002 al 31 de diciembre de 2004 Co-Presidencia Brasil y los Estados Unidos.
Adicionalmente, se acordó que las reuniones de Viceministros no tendrían lugar en la Sede oficial de las negociaciones, sino que serían en otras ciudades y distintos países. Sin embargo, estas reuniones seguirán siendo presididas por el país a cargo de la Presidencia del ALCA.
En cuando a estructura de las negociaciones se acordó la constitución de nueve grupos de trabajo y se designó sus Presidencias y Vicepresidencias para los primeros 18 meses de las negociaciones: Grupo de Acceso a Mercados, Presidencia Colombia, Vicepresidencia Bolivia; Grupo de Inversión, Presidencia Costa Rica, Vicepresidencia Rep. Dominicana; Grupo de Servicios, Presidencia Nicaragua, Vicepresidencia Barbados; Grupo de Compras del Sector Público, Presidencia Estados Unidos, Vicepresidencia Honduras; Grupo de Solución de Diferencias, Presidencia Chile, Vicepresidencia Uruguay, y Paraguay; Grupo de Agricultura, Presidencia Argentina, Vicepresidencia El Salvador; Grupo de Derechos de Propiedad Intelectual, Presidencia Venezuela, Vicepresidencia Ecuador; Grupo de Subsidios, Derechos antidumping y compensatorios, Presidencia Brasil, Vicepresidencia Chile y Grupo de Políticas de Competencia, Presidencia Perú, Vicepresidencia Trinidad y Tobago.
Durante las discusiones sobre la estructura de las negociaciones se identificaron diversos vínculos entre los grupos de negociación, buscando asegurar que los temas sean tratados tomando en cuenta sus vínculos de carácter horizontal, de forma tal que los resultados sean congruentes en uno y otro ámbito.
Se estableció un Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas, abierto a la participación de todos los países del ALCA, presidido durante el primer período por Jamaica y Guatemala como Vicepresidente, cuyas funciones serán seguir el proceso del ALCA, evaluando las inquietudes e intereses de las Economías más Pequeñas y elevar a la consideración del Comité de Negociaciones Comerciales los temas de interés para las economías más pequeñas y hacer las recomendaciones parar abordar estos temas.
Para facilitar la participación constructiva de los diferentes sectores de la sociedad, se estableció un comité de representantes gubernamentales, abierto a todos los países miembros, el que recibirá los aportes del sector empresarial y otros sectores productivos, grupos laborales, ambientales y académicos.
En cuando a objetivos y principios generales y por áreas temáticas de las negociaciones los trabajos se realizaron tomando como base las recomendaciones de los grupos de trabajo respectivos.
Cabe recordar que respecto de estas materias el lenguaje es una reiteración de los principios enunciados por los Jefes de Estado y de Gobierno de la I Cumbre de Miami en 1994.
La reunión ministerial de San José, concluyó la etapa de preparación de las negociaciones que se inició en Miami en 1994 y Denver en 1995. En esta se hizo una revisión exhaustiva de las legislaciones que afectan el comercio en sus diversas dimensiones mediante la creación de 12 grupos de trabajo, la mayoría de los cuales han concluido sus labores.
La reunión de ministros responsable del comercio recomendó a los Jefes de Estado y Gobierno que den inicio a las negociaciones.
INICIATIVA 13. LAS TELECOMUNICACIONES Y LA INFRAESTRUCTURA DE LA INFORMACION
"La infraestructura de la información de un país -las telecomunicaciones, la tecnología de la información y la radiodifusión es un componente esencial del desarrollo político, económico, social y cultural. Las necesidades del desarrollo de la infraestructura de la información son inmensas. Los gobiernos de las Américas se proponen satisfacer esas necesidades dedicándose a acciones múltiples, cuando sean compatibles con sus leyes respectivas...".
Participarán en los debates en curso a nivel internacional de las acciones a las que se hace referencia supra y procurarán emprender esas acciones en sus propios países, tomando en cuenta las condiciones y circunstancias internas.
Se esforzarán para que el público tenga mayor acceso a la información del gobierno a través de los medios electrónicos.
Estudiarán la disponibilidad e interoperabilidad de las conexiones con las redes internacionales que facilitan el comercio, mejoran la educación y aumentan el acceso al cuidado de la salud.
Instarán a las principales universidades, bibliotecas, hospitales y organismos gubernamentales a tener acceso a estas redes, aprovechando la labor de la Red Hemisférica Interuniversitaria de Información Científica y Tecnológica de la OEA.
- Evaluar los medios reglamentarios, técnicos y jurídicos para promover la liberalización, las normas comunes, la interoperabilidad de las redes y el uso compatible del espectro de radiocomunicaciones.
- Examinar los modos de promover una mayor conformidad de los procesos de certificación para el equipo de telecomunicaciones entre los países miembros.
- Elaborar directrices regionales para la prestación de servicios de la red de valor agregado internacional.
Apoyarán una reunión en 1996, coordinada por la CITEL, de funcionarios de telecomunicaciones de alto nivel para conducir debates ulteriores de las acciones mencionadas."
CITEL para apoyar los objetivos y mandatos del Plan de Acción de la Cumbre reforzó algunas áreas programáticas y, en conjunto con el sector privado y otras organizaciones regionales de telecomunicaciones, acordó un programa que cubre aspectos legales, técnicos y regulatorios.
Así, dentro del marco de la elaboración de directrices normativas, CITEL, con el apoyo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), preparó el informe "Recomendaciones sobre Políticas de Telecomunicaciones para los países de las Américas", conocido como "Libro Azul".
El Grupo de Trabajo para Asuntos Legales de CITEL está actualmente preparando un proyecto para definir las diferencias de los procedimientos administrativos empleados por los Estados miembros.
Se aprobaron las "Pautas sobre servicios de valor agregado en las Américas" y se está trabajando en la actualidad en la redacción de una convención interamericana para la implementación de esas pautas.
Se adoptaron, por otro lado, las pautas que persiguen una implementación más uniforme de los procedimientos de certificación de los equipos de telecomunicaciones de los Estados miembros. La implementación de esas pautas continuará con el objetivo de armonizar los procedimientos de certificación a lo largo de las Américas. Un importante aspecto de este trabajo ha sido fomentar entre los Estados miembros una seria consideración del Memorándum de Entendimiento, patrocinado por la UIT, relativo a la implementación de los servicios de comunicaciones personales globales móviles.
Se ha establecido un Grupo Ad-Hoc con el objeto de estudiar los métodos alternativos para establecer las tasas de distribución internacionales para los servicios de telecomunicaciones.
Sobre las directrices para la prestación de servicios de la red de valor agregado, merece consignarse que CITEL ha preparado documentos de normas que ayudarán a la puesta en vigor de nuevas tecnologías en la región, aprovechando las economías de escala. Los documentos preparados han sido: "Servicios de comunicaciones personales en la Banda 2 GHz (PCS)", " Sistema de Señalización Nro.7 (SS7)" y "Redes digitales de Servicios Integrados en Banda angosta y Redes inteligentes". Asimismo, CITEL está compilando, en colaboración con la UIT, información para una base de datos sobre atribución de frecuencias -utilización del espectro- en la región. Esta base de datos será de gran utilidad para los acuerdos multilaterales sobre atribución y administración del espectro de frecuencias y la introducción de nuevos servicios.
Se ha establecido un programa para la implementación de la Infraestructura Global de la Información en las Américas, con el fin de expandir las telecomunicaciones a áreas remotas y rurales en los países en desarrollo y se ha reforzado las actividades de varios Grupos de Trabajo de CITEL como, por ejemplo, el de Servicios Básicos de Telecomunicaciones y el de Modernización de Redes.
CITEL, por otra parte, ha enfatizado una mayor coordinación para actividades conjuntas con otras organizaciones regionales, como la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET); la Unión de Telecomunicaciones del Caribe (CTU) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En este contexto, se inscriben las más de 40 propuestas que CITEL llevó a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT, que se llevó a cabo en octubre-noviembre de 1997.
De conformidad al mandato de la Cumbre de Miami, CITEL organizó y apoyó la Reunión de Altas Autoridades en Telecomunicaciones, que tuvo lugar en Washington D.C. los días 25 y 26 de septiembre de 1996. En ésta, se adoptó una Declaración de Principios y un Plan de Acción, los que están en concordancia con los objetivos de la Cumbre de las Américas.
Las actividades de CITEL sufrieron el impacto de la falta de recursos financieros adicionales para atender los requerimientos de la Cumbre de las Américas de 1994. Por ello, debió ajustar su calendario, para crear nuevos programas, cancelar reuniones y cambiar las prioridades. En tal sentido, sería muy importante que para el cumplimiento de las actividades de la CITEL, incluídos los mandatos recibidos de la Cumbre de Santiago, se tenga en cuenta los aspectos financieros.
El Presidente de la Comisión Ejecutiva Permanente de la CITEL (COM-CITEL), luego de consultas con los Estados miembros, ha hecho varias propuestas para el Plan de Acción de la próxima Cumbre Hemisférica, las que ponen el acento en la armonización de los procesos de certificación y en la implementación de la Infraestructura Global de la Información en las Américas.
Por otra parte, la OEA a través de la Oficina de Ciencia y Tecnología, ha brindado apoyo al Proyecto de Red Hemisférica Universitaria de Información en Ciencia y Tecnología (RedHUCyT). Este proyecto ha respaldado la conexión a Internet de muchos países miembros, facilitando la asistencia técnica y el equipo necesario a la mayoría de ellos. Asimismo, ha apoyado la expansión de redes nacionales en la mayoría de los países de la región. Estas redes son utilizadas por instituciones dedicadas a temas ambientales. Por último, se ha apoyado la instalación de estaciones terrestres para comunicaciones por satélite. La más reciente es la de Costa Rica, que empezó sus funciones en septiembre del presente año.
Del 1 al 5 de diciembre de 1997 tuvo lugar la V Reunión del Comité Directivo Permanente de la CITEL en la que se acordaron entre otras decisiones, las siguientes:
Esta Conferencia es organizada por la UIT, y sus principales objetivos son: el estudio de aspectos de política, operativos, regulatorios, técnicos y financieros de las telecomunicaciones y movilizar recursos para estimular el desarrollo de las telecomunicaciones. Se espera que en ésta se adopten objetivos globales y estrategias adecuadas a las diferentes regiones, que incluirá objetivos, prioridades y un programa de trabajo a mediano pIazo para el período 1999-2003.
Los temas identificados como prioritarios para la región, se indican a continuación:
Formulación de planes para el desarrollo de las telecomunicaciones en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos
Gestión del espectro de radiocomunicaciones
Metodología para el desarrollo de una interconexión completa
Integración regional a través de la identificación de proyecto
Métodos para la puesta en marcha del GMPCS
Uo de las telecomunicaciones para la preservación de la vida humana y la seguridad pública en el caso de catástrofes
Apoyo de las telecomunicaciones para la protección del medio ambiente.
Optimización de los mecanismos de interacción entre el BDT y sus miembros.
Celebración de una Conferencia Regional de desarrollo de las Telecomunicaciones para las Américas.
Fortalecimiento de la presencia regional de la UIT-D en las Américas
En relación a una Infraestructura Global de la Información, se decidió la preparación de un documento blanco sobre esta materia, cuyo primer proyecto se presentará a fines de 1998 y su versión final en 1999.
En la Segunda Reunión Ordinaria de la Asamblea de la CITEL, que tuvo lugar en Quito, del 2 al 6 de marzo de 1998, se adoptó la "Declaración de Quito", que entre otros puntos señala:
"Consolidar la capacidad de la CITEL para que, responda plenamente a las directrices de los Mandatarios en el marco de la Cumbre de las Américas, considerando a las telecomunicaciones como parte fundamental del desarrollo económico sostenible de la región".
"Estimular el desarrollo de la infraestructura básica de las telecomunicaciones así como de nuevos servicios y tecnologías de telecomunicaciones, dentro de un entorno legal predecible, consistente, no discriminatorio y transparente".
"Afianzar la coordinación con los organismos de telecomunicaciones en las Américas en el desarrollo de programas sobre infraestructura, capacitación e investigación".
INICIATIVA 14. LA COOPERACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
"Es necesario reevaluar la interacción que existe entre la infraestructura científica y tecnológica y los mecanismos de cooperación de la región; darle impulso a una mayor cooperación; reducir las barreras a la colaboración; aumentar la demanda de tecnología; divulgar la información acerca de las oportunidades tecnológicas, utilizando los nuevos avances en materia de tecnología de la información; y mejorar, en general, las comunicaciones entre las principales organizaciones de ciencia y tecnología, los investigadores de la región y las cada vez más numerosas pequeñas y medianas empresas dedicadas a la tecnología.
El compromiso de los países de las Américas con la no proliferación ha alcanzado un nuevo impulso con la aceptación del régimen internacional de salvaguardias por parte de algunos de nuestros países. Merece destacarse el progreso extraordinario logrado en este campo, el cual contribuirá a mayores oportunidad de cooperación en materia de bienes y tecnologías avanzadas."
Convocarán una reunión de ministros encargados de la ciencia y la tecnología del Hemisferio el año próximo con el fin de evaluar el progreso y promover el Programa Bolívar y el programa MERCOCYT (Mercado Común del Conocimiento Científico y Tecnológico) de la OEA, proporcionar el apoyo necesario para fomentar las asociaciones científicas y empresas tecnológicas de la región, y explorar la posibilidad de establecer un consejo de ciencia y tecnología."
La reunión de Ministros de Ciencia y Tecnología se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, el 28 y el 29 de marzo de 1996. Los ministros recomendaron que el programa MERCOCYT siga alentando a las instituciones científicas de los países miembros de la OEA para combinar su capacidad y esfuerzo y establecer lazos de cooperación entre los organismos Internacionales, alianzas interamericanas de instituciones universitarias y técnicas y el sector productivo.
De la reunión de ministros surgió la "Declaración de Cartagena y su Plan de Acción", en que los Estados miembros declararon su apoyo político al MERCOCYT, pero su respaldo financiero no quedó claro.
En seguimiento de la reunión de Ministros de Ciencia y Tecnología, la OEA, a través de la Oficina de Ciencia y Tecnología (OCT), ha organizado algunas actividades que se vinculan a los siguientes temas: a) innovación tecnológica, competitividad y comercio internacional; b) tecnologías de información y comunicaciones; c) tecnologías no contaminantes y cooperación hemisférica para un desarrollo más sostenible, y el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo social.
Asimismo, la OCT ha participado activamente en los siguientes proyectos en el área de ciencia y tecnología:
Proyecto regional de indicadores de ciencia y tecnología. Este proyecto ha facilitado la elaboración de una metodología regional para recolectar y analizar datos estadísticos vinculados a los indicadores de la ciencia y la tecnología que se utilizan para establecer políticas a favor de un desarrollo integral en la región. Se ha programado un taller para el Caribe sobre indicadores, a realizarse durante la segunda semana de diciembre de 1997. En este taller se discutirá el rol, la utilización y la interpretación de estos indicadores en la planificación futura de actividades científicas y tecnológicas en la subregión.
Sistema Interamericano de Metrología, Normalización, Certificación y Calidad. Se revitalizó el Sistema Interamericano de Metrología, a través de visitas efectuadas por técnicos de distintos países al Instituto Nacional de Normas y Tecnologías de los Estados Unidos. Esta acción va en beneficio directo del ALCA. En este sentido, cabe recordar que los ministros de comercio del hemisferio recomendaron que el BID y la OEA consolidaran el Sistema Interamericano de Metrología, el Comité Panamericano sobre Estándares Técnicos y el Comité Interamericano sobre Instituciones de Acreditación, en lo que hoy se llama Sistema Interamericano de Metrología, Normalización, Certificación y Calidad. Dentro de este marco, se han efectuado un número importante de talleres y reuniones técnicas.
Proyecto de administración de calidad en empresas pequeñas y medianas OEA/GTZ (Gesselschaft fur Technische Zusammenarbeit de Alemania). Esta iniciativa regional ha respaldado a más de 1.000 plantas industriales de doce países que han mejorado la calidad de los productos que comercializan.
Proyecto interamericano para la cooperación tecnológica ambiental en sectores claves de la economía. Sobre el particular se realizó una mesa redonda sobre agroindustria y metalización, con el fin de facilitar la transferencia y la administración efectiva de tecnologías responsables haciendo participar a representantes del sector de los países miembros y de instituciones financieras. Asimismo, se realizaron y se realizarán las siguientes mesas redondas sobre cooperación en tecnología ambiental:
- Metalización (Colombia, 21 al 23 de octubre de 1997)
- Eficiencia energética (Jamaica, 9 al 11 de diciembre de 1997)
- Desechos municipales (Canadá, 15 al 17 de marzo de 1998)
- Bosques (Chile, 23 al 25 de septiembre de 1998)
La mesa redonda sobre eficiencia energética fue organizada por la Canadian Environment Industry Association y la Petroleum Cooperation de Jamaica, y contó con la participación de 59 especialistas provenientes de 18 Estados miembros de la Organización.
Entre las conclusiones de la mesa podemos citar la diseminación de las conclusiones y recomendaciones por parte de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la O.E.A.; la diseminación de las conclusiones entre las instituciones nacionales correspondientes y la preparación de una propuesta de proyecto, por parte de la Oficina de Ciencia y Tecnología para el seguimiento para el Programa Interamericano de Cooperación Tecnológica Ambiental que debería poner en ejecución las conclusiones de las mesas redondas.
Asimismo la OEA, a través de la OCT ha participado en acciones relacionadas con otras iniciativas aprobadas en la Cumbre de Miami. En especial, ha organizado una mesa redonda regional sobre eficiencia energética, a celebrarse en Kingston, Jamaica, en enero de 1998. Esta mesa redonda tiene por propósito fomentar el uso racional del petróleo y la sustitución parcial por energía renovable y ofrece un foro para fomentar el intercambio de conocimientos en la región.
Los Jefes de Estado y de Gobierno asumieron el compromiso de erradicar la pobreza y la discriminación en el Hemisferio, reconociendo que "....grandes segmentos de la sociedad, particularmente las mujeres, las minorías, los discapacitados, las poblaciones indígenas, los refugiados y los desplazados, no han sido habilitados para participar plenamente en la vida económica." Los mecanismos que los mandatarios consideraron importantes para erradicar la pobreza son la más amplia participación de los pobres en las economías de la región, el acceso a los recursos productivos, el apoyo adecuado a las redes de seguridad social y mayores inversiones de capital humano. En tal sentido, los gobernantes reafirmaron su apoyo a las estrategias contenidas en el "Compromiso para Impulsar la Cooperación Solidaria y la Superación de la Pobreza", adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
El Plan de Acción de Miami menciona las siguientes iniciativas para enfrentar este desafío: Iniciativa 16: "El acceso universal a la educación"; Iniciativa 17: "El acceso equitativo a los servicios básicos de salud"; Iniciativa 18: "El fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad"; Iniciativa 19: "El fomento de las microempresas y las pequeñas empresas"; e Iniciativa 20: "Los Cascos Blancos- cuerpos para casos de emergencia y el desarrollo".
Los esfuerzos de la OEA en el área de la erradicación de la pobreza y la discriminación se han canalizados a través de los mecanismos de la cooperación solidaria, a saber: foros, intercambio de información, programas y proyectos de cooperación, coordinación con otros organismos y apoyo técnico y administrativo. El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) y la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) han sido los principales instrumentos en este esfuerzo.
En primer lugar, es importante señalar que el CIDI estableció, en 1996. la Comisión de Desarrollo Social (CDS) y le encargó la elaboración de un Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación. La CDS organizó una Reunión de Alto Nivel sobre Combate a la Pobreza y la Discriminación, que se realizó en la sede de la OEA, en Washington en 1997. En ella, ministros y otros representantes de alto nivel formularon el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación, el cual, con el respaldo del CIDI y la aprobación de la Asamblea General, pasó a formar parte del Plan Estratégico del CIDI.
En el marco de este Programa Interamericano, la OEA apoyará la realización de una reunión de alto nivel sobre el tema "Desarrollo y Modernización de las Instituciones Públicas y la Gestión Social", en 1998. La OEA apoya también la Red Social de América Latina y el Caribe, organización que agrupa a 24 fondos de inversión social e instituciones análogas de la región y lleva a cabo estudios y actividades conjuntas con la CEPAL, el BID, la OPS, el Banco Mundial y otras instituciones.
El CIDI está auspiciando asimismo proyectos de cooperación que apoyan la preparación de las reuniones de alto nivel y la implementación de otras iniciativas en el marco del Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la Discriminación.
La Unidad de Desarrollo Social y Educación de la Secretaría General de la OEA brinda servicios de secretaría técnica y administrativa y elabora documentos técnicos y propuestas de programas para consideración de los cuerpos políticos. También brinda servicios de secretaría técnica a la mencionada Red Social. Esta labor la realiza en coordinación con la SEDI.
Con relación a la iniciativa 16 el acceso universal a la educación, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron que: "el alfabetismo universal y el acceso a la educación en todos los niveles, sin distinción de raza, origen nacional o género, son la base indispensable para el desarrollo social y cultural sostenible, el crecimiento económico y la estabilidad democrática."
Al respecto comprometieron a sus gobiernos a garantizar el acceso universal a una educación primaria de calidad; a promover la capacitación profesional de los trabajadores, así como la educación de adultos; a aumentar y fortalecer la calidad de la educación superior; a mejorar la capacitación de los recursos humanos, así como la capacitación técnica, profesional y magisterial; a apoyar estrategias para superar las deficiencias nutricionales de los niños en edad escolar, con el objetivo de ampliar su capacidad de aprendizaje, entre otros aspectos.
Sobre el particular, es importante recordar que los Ministros de Educación se reunían dentro del marco de la Unión Panamericana y luego del antiguo Consejo Interamericano para la Ciencia, la Educación y la Cultura de la OEA (CIECC), desde 1948, para intercambiar experiencias sobre políticas, identificar problemas comunes y apoyar proyectos y otras actividades conjuntas. Su última reunión bajo el CIECC, se efectuó en Buenos Aires en 1995. Con la entrada en vigencia del Protocolo de Managua (1993) que creó el CIDI, le ha correspondido a este último asumir dicha responsabilidad. Al respecto ha acordado la convocatoria de una Reunión de Ministros de Educación en 1998 y está apoyando, dentro del marco de la II Cumbre de las Américas, la realización de dos reuniones preparatorias con la participación de funcionarios de alto nivel de los Ministerios de Educación de los países Coordinadores y ha participado en las mismas aportando documentos técnicos para el diálogo.
La OEA ha brindado apoyo a las reuniones de ministros, actuando como secretaría técnica y administrativa y apoyando la organización, realización y seguimiento de las reuniones y sus mandatos. Por encargo de la Asamblea General, la Secretaría General ha venido cooperando en las iniciativas de educación relacionadas con el Plan de Acción de Miami y con los aspectos educacionales complementarios del temario de la II Cumbre de las Américas. En este campo, la Secretaría General actúa principalmente a través de la Unidad de Desarrollo Social y Educación y con la coordinación de la SEDI.
En el marco del CIDI y con recursos del Fondo Especial Multilateral del CIDI (FEMCIDI), los Estados miembros están apoyando la realización de reuniones preparatorias y han aprobado la ejecución de un proyecto para actividades de seguimiento de la Cumbre de Santiago en el tema de educación, además de numerosas actividades asociadas a los mandatos del Plan de Acción de Miami.
INICIATIVA 18. EL FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD
"El fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad es de importancia fundamental no sólo para su realización completa en un marco de igualdad y justicia, sino para lograr un verdadero desarrollo sostenible. Resulta esencial fortalecer las políticas y los programas que mejoren y amplíen la participación de las mujeres en todas las esferas de la vida política, social y económica, y que mejoren su acceso a los recursos básicos necesarios para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Atender a las necesidades de las mujeres, significa en gran medida, contribuir a la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales."
Reconocerán y respetarán plenamente todos los derechos de las mujeres como condición esencial para su desarrollo individual y para la creación de una sociedad más justa, unida y pacífica. Con ese propósito, se promoverán políticas que aseguren que las mujeres disfruten de la protección plena de sus derechos legales y civiles.
Incluirán un enfoque de género en los proyectos de cooperación y planificación del desarrollo, y promoverán la realización del potencial de la mujer, elevando su productividad a través de la educación, la capacitación, el desarrollo de sus habilidades y el empleo.
Emprenderán medidas apropiadas para enfrentar y reducir la violencia contra las mujeres.
Adoptarán medidas apropiadas para mejorar la capacidad de las mujeres para percibir ingresos de ocupaciones que no sean sólo las tradicionales, lograr autosuficiencia económica y garantizar su acceso igualitario al mercado laboral en todos los niveles de empleo, a los sistemas de seguridad social, al sistema de crédito, y a la adquisición de bienes y tierras.
Cooperarán plenamente con el recién nombrado Relator Especial sobre la Violencia Contra las Mujeres, sus Causas y Consecuencias, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Apoyarán y trabajarán activamente para garantizar el éxito de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, que tendrá lugar en Beijing en septiembre de 1995.
Alentarán, según proceda, la ratificación y el cumplimiento de la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para la Prevención, el Castigo y la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer.
Fortalecerán aún más la Comisión Interamericana de Mujeres.
Harán un llamado a las organizaciones técnicas y financieras regionales e internacionales para que intensifiquen sus programas en favor de las mujeres.
Alentarán la adopción de procedimientos para dar seguimiento a las medidas nacionales e internacionales incluidas en el presente plan de acción."
La OEA, por intermedio de su Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), ha participado activamente en todas las reuniones celebradas para efectuar el seguimiento del Plan de Acción de la Cumbre. Cabe destacar, en particular, los Encuentros Técnicos Hemisféricos sobre el Fortalecimiento del papel de la Mujer en la sociedad, realizados en Montelimar, Nicaragua (abril 1997) y Washington DC, Estados Unidos (octubre 1997) que dieron por resultado la adopción de un sistema de indicadores que se utilizarán para conocer la situación de la mujer y propuestas para la Declaración Política y el Plan de Acción de la II Cumbre de las Américas, consideradas, oportunamente, en las sesiones del GRIC.
En ocasión de celebrarse la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, China, 1995), la CIM presentó su Plan Estratégico de Acción, a fin de ponerlo a disposición de los foros nacionales e internacionales que se convoquen para tratar asuntos relacionados con la promoción del adelanto de la mujer.
Asimismo, la CIM participó de la V, VI y VII Conferencias de Esposas de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas (Paraguay 1995, Bolivia, 1996 y Panamá 1997). En la última de estas reuniones fue presentado, con el IICA un proyecto sobre desarrollo de la mujer rural, aprobado posteriormente.
La promoción de la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", adoptada en junio de 1994, ha constituido una preocupación central y prioritaria. Con posterioridad a la Cumbre de Miami, esta convención adquirió vigencia internacional y en la actualidad existe un número significativo de Estados Parte . La Secretaría General de la OEA, en su función de depositaria, ha registrado, hasta la fecha, el depósito de 24 instrumentos de ratificación y tres de adhesión.
Cabe destacar, asimismo, que como consecuencia directa del avance legislativo a nivel interamericano, la figura de violencia doméstica ha sido incorporada en las legislaciones internas de varios países.
Una actividad muy importante emprendida, por la CIM, para lograr una mayor difusión de la Convención de Belém do Pará ha sido la traducción de ésta a idiomas de uso masivo en ciertos Estados como el aymará, créol, guaraní, holandés y quechua.
Asimismo, se han diseñado proyectos por parte de la Secretaría Ejecutiva de la CIM destinados a la capacitación de personal de la administración de justicia y de la policía, con el fin de que conozcan el contenido de la Convención Interamericana y de los medios que establece para salvaguardar y proteger los derechos de la mujer. Dichos programas de entrenamiento han tenido lugar en diversos países del hemisferio. La CIM, además, ha prestado su concurso para la organización de distintas conferencias y reuniones destinadas a desarrollar políticas públicas para erradicar la violencia contra la mujer así como a documentar sus determinantes y costos socioecónomicos. En esta materia ha sido particularmente importante la Conferencia sobre Violencia Doméstica en Latinoamérica y El Caribe, transmitida por radio a una audiencia de más de 20 millones de personas. El evento, organizado por el BID contó con el copatrocinio de la CIM y de otras instituciones.
Por otra parte, y a efectos de asegurar el efectivo seguimiento de esta problemática, la Asamblea General de la OEA adoptó, en 1997, una resolución mediante la cual solicita a la Secretaría Permanente de la CIM, la presentación, cada dos años, de un informe sobre los avances logrados en la aplicación de la Convención y las experiencias y resultados obtenidos mediante las iniciativas y programas llevados a cabo en los Estados miembros. El primer documento sobre esta materia será considerado en oportunidad de celebrarse el XXIX Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General (Guatemala, 1999).
En el marco de contactos con otras instituciones internacionales, la CIM ha estrechado sus relaciones de cooperación con la OPS, con el fin de realizar actividades relacionadas con el fortalecimiento de las instituciones nacionales responsables de políticas para la mujer, en los temas de salud, violencia intrafamiliar y capacitación en la planificación y formulación de proyectos con perspectiva de género.
El Estatuto y el Reglamento de la CIM se encuentran desde el año pasado en proceso de reforma.
Otro tema considerado prioritario en la agenda de trabajo de la CIM, es el que apunta al logro de la participación paritaria de la mujer en todos los niveles y segmentos de la sociedad. En este sentido, la CIM ha prestado su concurso y brindado apoyo a los Estados miembros para la organización de distintos foros y seminarios orientados a promover el liderazgo de la mujer. Igualmente, la CIM participó en la primera reunión de Ministras de Estado de los países iberoamericanos(Chile, 1995) que consideró el tema relativo a la participación de la mujer en las decisiones políticas y económicas.
En el mes de febrero de 1998, se llevó a cabo, en la sede de la Secretaría General de la OEA, la Reunión Interamericana de Consulta sobre Participación de la Mujer en las Estructuras de Poder y en la toma de Decisiones, que contó con la participación de más de 70 expertos.
La reunión tuvo el doble propósito de efectuar una reflexión conjunta sobre la situación de la mujer y efectuar recomendaciones tendientes a lograr una mayor igualdad de oportunidades y la aplicación del principio de equidad de género como ejes transformadores y viabilizadores del incremento de la presencia de la mujer en las instancias de decisión política y económica.
Importa subrayar también la participación de la CIM en el programa de Representación y Liderazgo de la Mujer del BID orientado a la financiación de proyectos en los sectores público y privado de los países de América Latina y El Caribe.
Además, la CIM firmó un acuerdo con el Parlamento Centroamericano y espera celebrar convenios de cooperación similares con el Parlamento Andino y el Parlamento Latinoamericano. Los contactos establecidos con dichos órganos legislativos se inscriben en la temática de la "Participación de la mujer en las estructuras del poder", asunto al que la CIM ha otorgado especial atención de conformidad con el mandato de la Cumbre de 1994.
Especial mención merecen los esfuerzos de cooperación y coordinación de actividades que la CIM ha efectuado, desde 1995, con los demás organismos del Sistema Interamericano, así como con otras entidades que tienen intereses afines, tales como foros parlamentarios y centros de investigación. Este acercamiento ha permitido la obtención de algunos recursos financieros internacionales y ha servido para intercambiar conocimientos técnicos especiales.
En igual sentido y, con el fin de reforzar el nivel político del tratamiento del tema de la mujer en la Organización, el Consejo Permanente acordó en noviembre pasado la creación de un mecanismo informal de contacto y coordinación con las oficinas de la Secretaría General, organismos del Sistema Interamericano y otras instituciones para el tratamiento de la situación de la mujer en el Hemisferio.
INICIATIVA 23. LA ALIANZA PARA LA PREVENCION DE LA CONTAMINACION
Los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron en Miami:
"Tal como se reconoció en la Agenda 21, la gestión ambiental sana es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Se requiere de esfuerzos de cooperación para elaborar o mejorar, de conformidad con las legislaciones nacionales y los instrumentos internacionales pertinentes: 1) marcos para la protección ambiental, y 2) mecanismos para ejecutar y hacer cumplir los reglamentos ambientales. A fin de lograr este objetivo, una nueva alianza promoverá las actividades de cooperación para desarrollar políticas, leyes e instituciones ambientales; aumentar la capacidad técnica, promover la concientización y participación del público; continuar procurando la cooperación tecnológica, financiera y de otro tipo; y facilitar el intercambio de información, incluido el relativo a las tecnologías ambientalmente sanas. Las actividades de la alianza aprovecharán y promoverán la ejecución de acuerdos y principios internacionales, incluidos los acordados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 y la Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de 1994, en áreas que los países del Hemisferio consideren prioritarias."
Promoverán la participación de organizaciones, tales como el BID, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), el Banco Mundial, la OPS, la OEA y otros actores y organizaciones no gubernamentales, según el caso, en el financiamiento, la elaboración y ejecución de los proyectos prioritarios.
Discutirán el avance en la ejecución de las actividades nacionales e internacionales en la Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible que se celebrará en Bolivia en 1996, y en las subsiguientes reuniones ministeriales anuales sobre desarrollo sostenible."
En respuesta a los mandatos contenidos en el Plan de Acción, la Organización Panamericana de la Salud organizó en 1995 la Conferencia Pan Americana sobre la Salud y el Ambiente dentro del Desarrollo Humano Sostenible. La cooperación técnica de esa organización en esta tarea se canalizó hacia el seguimiento del plan de acción que emanó de la Conferencia.
En 1996, los esfuerzos de la organización en materia de agua potable se canalizaron hacia expandir el suministro y cobertura de este servicio, así como mejorar la calidad bacteriológica del agua para consumo humano y extendiendo su suministro y los servicios sanitarios a regiones urbanas marginadas, áreas rurales y a comunidades indígenas.
En relación con desechos sólidos urbanos, la OPS apoyó los esfuerzos para fortalecer las capacidades institucionales y regulatorias de los países de la región, para hacer frente a los procesos de descentralización y privatización.
En lo que se refiere a la labor de la O.E.A., de conformidad con una recomendación de la reunión de expertos técnicos ambientales, convocada dentro del marco del Plan de Acción de Miami y que se celebró en San Juan, Puerto Rico, del 6 al 8 de noviembre de 1995, se estableció un Grupo de Trabajo Interinstitucional para prestar apoyo a los gobiernos en la puesta en práctica de la Iniciativa 23. En esa ocasión, se solicitó a la OEA que sirviera de secretaría técnica para el Grupo de Trabajo Interinstitucional.
En 1996 la OEA, a través de la Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente organizó una serie de reuniones que tuvieron como resultado la creación de varios grupos de trabajo interinstitucionales para prestar apoyo a la implementación de diversos componentes de la Alianza para la Prevención de la Contaminación. El grupo de mayor éxito fue el encargado de coordinar las actividades de los organismos y gobiernos para apoyar la eliminación gradual del plomo en la gasolina. A pedido de este grupo de trabajo, se realizó una reunión de puntos focales en Chile, del 4 al 6 de noviembre de 1996, para examinar los esfuerzos que estaban realizando los organismos internacionales en esta materia, intercambiar experiencias entre países e identificar las necesidades de asistencia técnica.
A fines de 1996 diez países habían eliminado el plomo en la gasolina y se anticipa que para el año 2000 cuatro países más lo habrán logrado. Con ello el consumo de gasolina sin plomo ascenderá del 68 por ciento al 83 por ciento del consumo total de ese combustible.
En esta empresa han colaborado estrechamente la O.E.A., la Organización Panamericana de Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (Banco Mundial) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID).
Por otra parte, la labor del grupo de trabajo interinstitucional sobre administración de aguas condujo a la convocatoria de la Reunión sobre Recursos Hídricos, celebrada en Buenos Aires, del 18 al 20 de julio de 1996, que efectuó contribuciones sustantivas a la preparación técnica para la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible de 1996.
En septiembre de 1997 el Grupo de Trabajo Interinstitucional creó un grupo de trabajo sobre producción más limpia que colaborará con los países del Hemisferio en promover, en esta materia, el intercambio de información, la transferencia de tecnología, y el uso de prácticas menos contaminantes.
La OEA, a través de la Unidad para el Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, desempeñó un papel importante en el suministro de apoyo técnico y administrativo para la preparación de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible. También efectuó un aporte importante en la Comisión Técnica designada por el Gobierno de Bolivia para formular las bases técnicas del proyecto de Plan de Acción. En particular, la Unidad coordinó el trabajo sobre los temas de recursos hídricos, silvicultura y participación ciudadana para el desarrollo sostenible y organizó reuniones sobre cada uno de los temas, a las cuales asistieron expertos de alto nivel de toda la región. La Comisión Técnica preparó 11 documentos de antecedentes para la Cumbre, cinco de los cuales fueron preparados por la Unidad.
El Consejo Permanente de la OEA, por su parte, creó el Grupo de Trabajo sobre Cooperación de la OEA en la Conferencia Cumbre sobre Desarrollo Sostenible. Este grupo de trabajo realizó varias reuniones dedicadas al proceso de preparación de la Cumbre y tres sesiones extraordinarias, con participación de expertos para examinar y negociar los proyectos de Declaración de Santa Cruz y el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas. La reunión de Plenipotenciarios para considerar y aprobar los documentos finales tuvo lugar en la OEA el 20 y el 21 de noviembre de 1996 y los documentos que emanaron de dicha reunión fueron aprobados por los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Santa Cruz, Bolivia, el 7 y el 8 de diciembre de ese año.
La Cumbre de Santa Cruz no fue diseñada como una Cumbre Ambiental. Precisamente, la complejidad de la negociación derivó de la propuesta de incorporar la dimensión ambiental dentro de una visión de desarrollo integral.
La Cumbre de Santa Cruz constituye una alianza de cooperación entre los Estados de las Américas para la búsqueda común de una calidad de vida más elevada para sus pueblos, fundada en objetivos integrales y complementarios de carácter económico, social y ambiental.
En la Declaración de Santa Cruz de la Sierra, los Jefes de Estado y de Gobierno reafirmaron el derecho del ser humano a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza y lo situaron como centro de las preocupaciones relacionadas con el Desarrollo Sostenible.
Manifestaron que las estrategias de desarrollo deben incorporar la sostenibilidad, como un elemento indispensable para lograr de una manera equilibrada, interdependiente e integral los objetivos económicos, sociales y ambientales.
En el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas se asumió el compromiso de llevar adelante 65 iniciativas relativas a los temas de salud, educación, ciudades y comunidades sostenibles, recursos hídricos y áreas costeras, energía y minerales.
En el plano institucional, el Plan de Acción encomendó a la Organización de los Estados Americanos, el papel de coordinar el seguimiento de las diversas decisiones de la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo sostenible. A tal efecto la OEA convocará las reuniones necesarias al nivel que corresponda. En particular, la OEA, mediante la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible (CIDS) examinará el progreso de este Plan de Acción como parte de su temario. Se solicitó asimismo, al Secretario General de la OEA, preparar un informe de dicho progreso, el cual debería estar disponible antes de la Cumbre de las Américas de 1998.
En el marco de los aspectos institucionales, los Jefes de Estado y de Gobierno solicitaron también a los órganos, organismos y entidades del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano que desarrollen mecanismos adecuados de cooperación y coordinación con la OEA, dentro de sus esferas de acción y sus mandatos, en respaldo de los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos en favor del desarrollo sostenible.
El Plan de Acción incluyó además mandatos relacionados con aspectos de financiamiento, transferencia científica y tecnológica, y participación pública.
En el XXVII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, realizada en Lima en 1997, se aprobaron las siguientes resoluciones relacionadas con la Cumbre de Santa Cruz: AG/RES.1513(XXVII-0/97) sobre el Programa de Desarrollo Sostenible y AG/RES.1514 (XXVII-0/97) sobre Coordinación y Seguimiento de la Declaración de Santa Cruz de la Sierra y el Plan de Acción para el Desarrollo Sostenible de las Américas. En ésta última se establece la Comisión Ad Hoc de Desarrollo Sostenible, dependiente de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI).
En cumplimiento de sus tareas la Comisión Ad Hoc de Desarrollo Sostenible consideró la celebración de una reunión extraordinaria de la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible y recomendó celebrarla a la brevedad posible.
El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) durante su Tercera Reunión Ordinaria, realizada en la ciudad de Buenos Aires, los días 25 y 26 de marzo de 1998, aprobó la Resolución CIDI/RES.39(III-0/93), que encomienda a la CEPCIDI "reprogramar la Reunión Extraordinaria de la CIDS para que se lleve a cabo a la brevedad posible, en la sede de la Secretaría General de la OEA, a fin de dar seguimiento a la implementación de la Declaración y el Plan de Acción de la Cumbre de Santa Cruz, con atención particular al Informe del Secretario General sobre implementación de las iniciativas de la Cumbre de Bolivia y del Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible".
En la Reunión del CIDI, cumpliendo el mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, el Secretario General de la OEA presentó su Informe sobre la Implementación de las Iniciativas de la Cumbre de Santa Cruz, Bolivia 1996.
En este Informe se identifican los principales obstáculos para la ejecución de las iniciativas del Plan de Acción, se mencionan los avances logrados en el cumplimiento de las diferentes iniciativas así como los aspectos institucionales, financieros, tecnológicos y de cooperación, y finalmente se propone la creación de un Foro de las Américas sobre Desarrollo Sostenible.
LISTA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS
CE/GCI-114/97 Actividades de Seguimiento de lo establecido en la Declaración de Principios y Plan de Acción de la Cumbre de las Américas celebrada en Miami en diciembre de 1996 (CICAD)
CE/GCI-115/97 La participación de la OEA en el proceso del área del Libre Comercio en las Américas (ALCA) - (Unidad de Comercio)
CE/GCI-116/97 Informe sobre la Implementación de la Cumbre de las Américas (CIM)
CE/GCI-117/97 La OEA y el Seguimiento de la Cumbre de Miami: Fortalecimiento de la Democracia (UPD)
CE/GCI-118/97 Síntesis de las actividades de CITEL en cumplimiento de la Cumbre de Miami
CG/GCI-119/97 El proceso de Cumbres Hemisféricas y la Organización de los Estados Americanos
CG/GCI-121/97 Cumbre de las Américas - Miami, diciembre 1994 (Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA)
CG/GCI-122/97 Seguimiento del Plan de Acción de la Cumbre de las Américas. Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIDH)
CG/GCI-124/97 Support of the Summit of the Americas by the Office of Science and Technology/OAS
CG/GCI-125/97 La Cumbre de las Américas (Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente)
CG/GCI-125/97 Seguimiento de la Cumbre de Bolivia sobre Desarrollo Sostenible add.1
CG/GCI-127/97 Actividades desarrolladas por la OEA en el marco del CIDI en cumplimiento de los mandatos de la Cumbre de las Américas Realizada en Miami, en Diciembre de 1994.

References: resolución 
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