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Corte IDH | Honduprensa
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Estado hondureño violentó la Convención Americana con destitución de jueces
Publicado por honduprensa en conexihon el 13 noviembre, 2015
Noviembre 10 del 2015; San José, Costa Rica (Conexihon).-
El Estado hondureño violentó la Convención Americana de Derechos Humanos con la destitución de tres jueces y una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, por lo que deberá iniciar un proceso de reparación, anunció este martes la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El caso conocido como la Sentencia sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas en el Caso López Lone y otros Vs. Honduras, fue presentado a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de marzo de 2014. El texto íntegro de la Sentencia y el resumen oficial de la misma podrá consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm.
La sentencia se refiere a los procesos disciplinarios realizados en contra de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza. Como consecuencia de estos procesos los cuatro jueces fueron destituidos, y tres de ellos separados del Poder Judicial. Dichos procesos disciplinarios fueron iniciados por conductas de las víctimas en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto del golpe de Estado ocurrido en junio de 2009 en Honduras. Asimismo, todas las víctimas eran miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, la cual también se manifestó en contra del golpe de Estado y a favor de la restitución del Estado de Derecho.
En su Sentencia, la Corte, de manera preliminar, resaltó que la democracia representativa es uno de los pilares de todo el sistema del que la Convención Americana sobre Derechos Humanos forma parte y constituye un principio reafirmado por los Estados Americanos en la Carta de la OEA. La Corte determinó que los sucesos ocurridos en Honduras a partir del 28 de junio de 2009 constituyeron un hecho ilícito internacional. Durante esta situación de ilegitimidad internacional se iniciaron procesos disciplinarios contra las víctimas, por conductas que, en el fondo, constituían actuaciones en contra del golpe de Estado y a favor del Estado de Derecho y la democracia. Estas actuaciones correspondieron no solo al ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia.
Al examinar las actuaciones realizadas por cada una de las víctimas, la Corte consideró que: i) los procesos disciplinarios seguidos en contra del señor López Lone, por su participación en una manifestación en contra del golpe de Estado y su posterior destitución, y en contra del señor Chévez de la Rocha por su presunta participación y subsecuente detención en una manifestación en contra del golpe de Estado y por los comentarios realizado a compañeros del Poder Judicial, así como la negativa de reincorporación a su puesto de juez, constituyeron una violación de su libertad de expresión, derecho de reunión y derechos políticos, consagrados en los artículos 13.1, 15 y 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma; ii) el proceso disciplinario en contra de la señora Flores Lanza, por el ejercicio de una acción de amparo, la interposición de una denuncia y los comentarios sobre las actuaciones de otros órganos jurisdiccionales, así como su posterior destitución, y el inicio de un proceso disciplinario en contra del señor Barrios Maldonado, por un artículo periodístico donde se reseñaba su opinión sobre el golpe de Estado, constituyeron una violación de su libertad de expresión y sus derechos políticos, consagrados en los artículos 13.1 y 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en su perjuicio.
Asimismo, la Corte señaló que las destituciones del señor López Lone, del señor Chévez de la Rocha y de la señora Flores Lanza afectaron su posibilidad de pertenecer a la Asociación de Jueces por la Democracia y, por tanto, constituyeron además una restricción indebida al derecho a la libertad de asociación. En el caso del señor Barrios Maldonado, la Corte consideró que al no haberse hecho efectiva su destitución, no existió una restricción a su libertad de asociación.
Respecto a las garantías judiciales y derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, la Corte concluyó que: (i) los procedimientos disciplinarios a los que fueron sometidos las víctimas no estaban establecidos legalmente; (ii) el Consejo de la Carrera Judicial era incompetente y carecía de la independencia necesaria para resolver recursos contra los acuerdos de destitución de la Corte Suprema de Justicia; (iii) la forma cómo se integró el Consejo de la Carrera Judicial, para decidir los recursos interpuestos por las víctimas, no garantizó adecuadamente su imparcialidad, y (iv) la Corte Suprema de Justicia no ofrecía garantías objetivas de imparcialidad para pronunciarse sobre las presuntas faltas disciplinarias de las víctimas, en la medida en que todas estaban relacionadas con conductas relativas al golpe de Estado. En virtud de todas estas consideraciones, este Tribunal concluyó que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado. Asimismo, la Corte determinó que la destitución de las víctimas, por medio de un procedimiento que no estaba establecido legalmente y que no respetó las garantías de competencia, independencia e imparcialidad, afectó indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad de Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza y Luis Alonso Chévez de la Rocha, en violación del artículo 23.1.c de la Convención Americana
Respecto al derecho a la protección judicial, la Corte señaló que no era clara la disponibilidad del recurso de amparo frente a las decisiones del Consejo de la Carrera Judicial. Sin perjuicio de ello, la Corte notó que, en caso de estar disponible, el contexto en el cual se desarrollaron los hechos de este caso y las características del procedimiento que tendría que haberse seguido evidencia que el mismo no hubiera resultado efectivo. Por tanto, la Corte consideró que el violó el artículo 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las víctimas.
En relación con el principio de legalidad, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 9 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención en perjuicio de Adán Guillermo López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, debido a la excesiva discrecionalidad en el establecimiento de la sanción de destitución, así como la vaguedad y amplitud con que estaban previstas y fueron aplicadas las causales disciplinarias a las víctimas de este caso.
En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó al Estado la adopción de diversas medidas de reparación. Igualmente, anunció que la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.
La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue la siguiente: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez; Alberto Pérez Pérez, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez. Estuvieron presentes, además, el Secretario de la Corte, Pablo Saavedra Alessandri, y la Secretaria Adjunta, Emilia Segares Rodríguez.
Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/estado-hondure%C3%B1o-violent%C3%B3-la-convenci%C3%B3n-americana-con
CORTE EMITE SENTENCIA EN CASO DE JUECES DESTITUI DOS POR ACTUACIONES EN CONTRA DEL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS
Publicado por honduprensa en Comunicado el 13 noviembre, 2015
San José, Costa Rica, 10 de noviembre de 2015. – La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el día de hoy la Sentencia sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas en el Caso López Lone y otros Vs. Honduras, presentado a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de marzo de 2014. El texto íntegro de la Sentencia y el resumen oficial de la misma podrá consultarse en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm.
El presente caso se refiere a los procesos disciplinarios realizados en contra de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza. Como consecuencia de estos procesos los cuatro jueces fueron destituidos, y tres de ellos separados del Poder Judicial. Dichos procesos disciplinarios fueron iniciados por conductas de las víctimas en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en el contexto del golpe de Estado ocurrido en junio de 2009 en Honduras.
Asimismo, todas las víctimas eran miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, la cual también se manifestó en contra del golpe de Estado y a favor de la restitución del Estado de Derecho.
En su Sentencia, la Corte, de manera preliminar, resaltó que la democracia representativa es uno de los pilares de todo el sistema del que la Convención American a sobre Derechos Humanos forma parte y constituye un principio reafirmado por los Estados Americanos en la Carta de la OEA. La Corte determinó que los sucesos ocurridos en Honduras a partir del 28 de junio de 2009 constituyeron un hecho ilícito internacional. Durante esta situación de ilegitimidad internacional se iniciaron procesos disciplinarios contra las víctimas, por conductas que, en el fondo, constituían actuaciones en contra del golpe de Estado y a favor del Estado de Derecho y la democracia.
Estas actuaciones correspondieron no solo al ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia.
Al examinar las actuaciones realizadas por cada una de las víctimas, la Corte consideró que:
i) los procesos disciplinarios seguidos en contra del señor López
Lone, por su participación en una manifestación en contra del golpe de Estado y su posterior destitución, y en contra del señor Chévez de la Rocha por su presunta participación y subsecuente detención en una manifestación en contra del golpe de Estado y por los comentarios realizado a compañeros del Poder Judicial, así como la negativa de reincorporación a su puesto de juez, constituyeron una violación de su
libertad de expresión, derecho de reunión y derechos políticos, consagrados en los artículos 13.1, 15 y 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma;
ii) el proceso disciplinario en contra de la señora Flores Lanza, por el ejercicio de una acción de amparo, la interposición de una denuncia y los comentarios sobre las actuaciones de otros órganos jurisdiccionales, así como su posterior destitución, y el inicio de un proceso disciplinario en contra del señor Barrios Maldonado, por un artículo periodístico donde se reseñaba su opinión sobre el golpe de Estado, constituyeron una violación de su libertad de expresión y sus derechos políticos, consagrados en los artículos 13.1 y 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en su perjuicio. Asimismo, la Corte señaló que
las destituciones del señor López Lone, del señor Chévez de la Rocha y de la señora Flores Lanza afectaron su posibilidad de pertenecer a la Asociación de Jueces por la Democracia y, por tanto, constituyeron además una restricción indebida al derecho a la libertad de asociación. En el caso del señor Barrios Maldonado, la Corte consideró que al no haberse hecho efectiva su destitución, no existió una restricción a su libertad de asociación. Respecto a las garantías judiciales y derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, la Corte concluyó que:
(i) los procedimientos disciplinarios a los que fueron sometidos las víctimas no estaban establecidos legalmente;
(ii) el Consejo de la Carrera Judicial era incompetente y carecía de la independencia necesaria para resolver re cursos contra los acuerdos de destitución de la Corte Suprema de Justicia;
(iii) la forma cómo se integró el Consejo de la Carrera Judicial, para decidir los recursos interpuestos por las víctimas, no garantizó adecuadamente su imparcialidad,
y (iv) la Corte Suprema de Justicia no ofrecía garantías objetivas de imparcialidad para pronunciarse sobre las presuntas faltas disciplinarias de las víctimas, en la medida en que todas estaban relacionadas con conductas relativas al golpe de Estado. En virtud de todas estas consideraciones, este Tribunal concluyó que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Adán Guillermo López Lone, Tirza del
Carmen Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado. Asimismo, la Corte determinó que la destitución de las víctimas, por medio de un procedimiento que no estaba establecido legalmente y que no respetó las garantías de competencia, independencia e imparcialidad, afectó indebidamente el derecho a permanecer en el cargo en condiciones de igualdad de Adán Guillermo
López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza y Luis Alonso Chévez de la Rocha, en violación del artículo 23.1.c de la Convención Americana Respecto al derecho a la protección judicial, la Corte señaló que
no era clara la disponibilidad del recurso de amparo frente a las decisiones del Consejo de la Carrera Judicial.
Sin perjuicio de ello, la Corte notó que, en caso de estar disponible, el contexto en el cual se desarrollaron los hechos de este caso y las características del procedimiento que tendría que haberse seguido evidencia que el mismo no hubiera resultado efectivo. Por tanto, la Corte consideró que el violó el artículo 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las víctimas.
Respecto al principio de legalidad, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 9 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención en perjuicio de Adán Guillerm o López Lone, Tirza del Carmen Flores Lanza, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, debido a la excesiva discrecionalidad en el establecimiento de la sanción de destitución, así como la vaguedad y amplitud con que estaban previstas y fueron aplicadas las causales disciplinarias a las víctimas de este caso
Origen: http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_42_15.pdf
CorteIDH condena a Honduras por remoción de jueces opuestos a derrocamiento de Zelaya
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó hoy una sentencia en la que condena al Estado hondureño por la destitución de cuatro jueces que se opusieron al derrocamiento del exmandatario Manuel Zelaya, en 2009, y ordena la restitución de tres de ellos.
“Durante esta situación de ilegitimidad internacional del gobierno de facto se iniciaron procesos disciplinarios contra las víctimas, por conductas que, en el fondo, constituían actuaciones en contra del golpe de Estado y favor del Estado de Derecho y la democracia”, señala la sentencia de la CorteIDH.
Este caso, el primero que llega a juicio a la CorteIDH sobre el golpe a Zelaya, se refiere al despido de los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios Maldonado, así como de la magistrada Tirza del Carmen Flores Lanza.
La CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica, ordenó al Estado hondureño la restitución de López Lone, Chévez de la Rocha y Flores Lanza. Barrios Maldonado ya había sido restituido en el año 2011 por la Corte Suprema de Honduras.
Los jueces deben retornar a cargos “similares a los que desempeñaban al momento de los hechos, con la misma remuneración, beneficios sociales y rango equiparables a los que les correspondería a la fecha si hubiesen sido reincorporados en su momento”, ordenó la CorteIDH.
Estos juristas formaban parte de la Asociación de Jueces por la Democracia, la cual emitió su posición en rechazo al golpe de Estado.
Esa asociación publicó diversos comunicados calificando los hechos como un golpe de Estado en contradicción con la versión oficial de la Corte Suprema de Justicia, la cual sustentaba que se trató de una sucesión constitucional.
El fallo de la CorteIDH afirma que al ser destituidos por su oposición, fueron vulnerados los derechos de los jueces a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, así como sus derechos políticos.
“La Corte reconoce la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos, en conjunto, hacen posible el juego democrático. En situaciones de ruptura institucional, tras un golpe de Estado, la relación entre estos derechos resulta aún más manifiesta”, indicó la CorteIDH.
Además, la sentencia sostiene que “en momentos de graves crisis democráticas, como la ocurrida en este caso, no son aplicables las normas que ordinariamente restringen el derecho a jueces y juezas a la participación en política respecto de actuaciones en defensa del orden democrático”.
La CorteIDH resaltó que “la destitución arbitraria de jueces, especialmente jueces de carrera sin faltas disciplinarias previas, por sus actuaciones en contra del golpe de Estado y la actuación de la Corte Suprema respecto del mismo, como ocurrió en el presente caso, constituye un atentado contra la independencia judicial y afecta el orden democrático”.
Origen: CorteIDH condena a Honduras por remoción de jueces opuestos a derrocamiento de Zelaya
Corte IDH, golpe de Estado
La CorteIDH condena a Honduras por remoción de jueces opuestos al golpe de 2009
Publicado por honduprensa en Cholusat Sur el 13 noviembre, 2015
Cholusat Sur, Canal 36, escrito por canal36 en nov 10 2015.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó hoy una sentencia en la que condena al Estado hondureño por la destitución de cuatro jueces que se opusieron al golpe de Estado contra el exmandatario Manuel Zelaya, en 2009, y ordena la restitución de tres de ellos.
Origen: La CorteIDH condena a Honduras por remoción de jueces opuestos al golpe de 2009 – Noticias Cholusat Sur
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Víctimas y sus representantes, expusieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el incumplimiento de 6 sentencias dictadas contra Honduras. Las presentaciones se realizaron en el marco de la audiencia conjunta de supervisión de cumplimiento efectuada el pasado viernes 28 de agosto en Tegucigalpa, en la que también participaron representantes del Estado.
Los casos supervisados por la Corte IDH fueron: Juan Humberto Sánchez, Alfredo López Álvarez, Servellón García y otros, Jeannette Kawas Fernández, Pacheco Teruel y otros y Carlos Luna López. Los peticionarios presentaron información sobre las obligaciones pendientes referidas a: situación carcelaria, protección a defensores y defensoras de derechos humanos e investigación de los casos.
Los afectados y sus abogados expusieron que, a pesar de que la Corte ha establecido que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, el Estado hondureño continúa incumpliendo con sus obligaciones internacionales en esta materia. Según datos de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en el 2012 el hacinamiento alcanzaba el 44%, pero actualmente la población carcelaria alcanza las 16,000 personas y los niveles de hacinamiento llegan al 68%.
La situación se agrava con la reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal que amplía a 21 los delitos para los cuales no se admite el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, lo que impacta directamente en el aumento del hacinamiento. También se denunció la militarización del sistema penitenciario, la deficiente alimentación que reciben las personas privadas de libertad (que tiene un presupuesto diario de USD$ 1.36 por persona), y la inexistencia de un registro adecuado de personas detenidas.
Por otra parte, ante la obligación de Honduras de implementar una política pública para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, se informó que la recientemente aprobada Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, presenta diversas debilidades tales como: un diseño institucional carente de garantías para su funcionamiento autónomo, falta de claridad sobre los recursos que le serán asignados, omisión del perfil de las personas que integrarán el comité técnico encargado de realizar los análisis de riesgo, así como la ausencia de metodología y criterios para abordar dichos análisis, entre otros. Para los peticionarios, estas falencias deben ser solventadas a través de la reglamentación de la ley y la creación de otras normas secundarias que deben construirse en procesos participativos y transparentes que involucren a los grupos beneficiarios.
Asimismo, los representantes de las víctimas llamaron la atención de la Corte sobre el desacato de Honduras ante el mandato de investigar e identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Se resaltó la falta de voluntad política, evidenciada en las escasas diligencias que se han llevado a cabo luego de muchos años de ocurridos los hechos. Además se expresó preocupación por los insuficientes recursos humanos y económicos con que cuenta la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, por ejemplo, este año el presupuesto de
la Fiscalía apenas sobrepasa los 600.000 dólares y sólo en Tegucigalpa tienen a su cargo más de 5.000 casos.
Para ponerle fin al patrón de impunidad imperante, las víctimas y sus representantes consideraron que se debe crear una unidad de investigación dentro de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y dotarla de recursos suficientes para que asuma el seguimiento a los casos. Además solicitaron que las organizaciones representantes participen del proceso de selección de quienes integrarán dicha unidad, así como el establecimiento de un mecanismo de seguimiento que permita a representantes, víctimas y familiares, conocer en forma periódica los avances que realice. Por último consideran vital la creación de una Secretaría Ejecutiva para dar seguimiento permanente a los casos que se estén tramitando ante los órganos del Sistema Interamericano.
El Estado por su parte presentó información sobre los temas planteados, pero la misma resultó insuficiente para satisfacer los requerimientos de la Corte IDH. Las organizaciones reiteraron su disposición para continuar apoyando al Estado de Honduras a asumir los retos pendientes pero, a la vez, solicitaron a la Corte que ordene al Estado establecer un plan de cumplimiento con metas concretas para el abordaje de cada uno de los incumplimientos señalados. Esta es la primera ocasión en que la Corte realiza una audiencia de cumplimiento en el país condenado.
Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/honduras-rinde-cuentas-ante-la-corte-idh
Publicado por honduprensa en Proceso Digital el 29 agosto, 2015
Sábado, 29 Agosto 2015 18:24
Tegucigalpa – La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) clausuró hoy en Tegucigalpa su 53 Período Extraordinario de Sesiones con una audiencia privada en la que revisó el cumplimiento de Honduras en seis casos relacionados a los derechos humanos y crímenes contra ambientalistas hondureños.
La CorteIDH recibió este sábado a las partes en una audiencia privada de “supervisión de cumplimiento de las sentencias” en los casos Juan Humberto Sánchez, López Álvarez, Servellón García, Kawas Fernández, Pacheco Teruel y otros, y Luna López.
Según un comunicado del organismo, la CorteIDH recibió por parte del Estado hondureño “información actualizada y detallada sobre el cumplimiento de determinadas medidas de reparación pendientes” en los casos.
También escuchó las observaciones de los representantes de las víctimas y el parecer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según la nota oficial.
Las reparaciones, cuyo cumplimiento fue tratado en la audiencia, se refieren a “condiciones de centros penitenciarios y capacitación de funcionarios y registro de detenidos”.
También se refiere a “protección de defensores de derechos humanos, en particular del medioambiente” y ” obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las violaciones a derechos humanos ocurridas en dichos casos”.
Durante el período de sesiones, que inició el pasado 24 de agosto, la CorteIDH celebró la audiencia sobre el exsoldado peruano Valdemir Quispialaya Vilcapoma, quien perdió su ojo derecho de un culatazo que supuestamente le propinó un suboficial del Ejército de su país el 23 de enero de 2001 y exige justicia.
También se celebró la audiencia sobre un caso de presunta discriminación en Colombia que tiene que ver con una pareja del mismo sexo, de la que uno murió y el otro, que contrajo el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), reclama una pensión al Estado.
La CorteIDH realizó además dos audiencias judiciales por la supuesta violación del Estado hondureño a los derechos a la propiedad sobre el territorio de las Comunidades Garífunas Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, de acuerdo al comunicado.
Fuente: http://www.proceso.hn/component/k2/item/108998-la-corteidh-concluye-sesiones-extraordinarias-revisando-6-casos-de-honduras.html
Gobierno de Honduras dice comprometerse a defender los DDHH
Publicado por honduprensa en El Libertador el 24 agosto, 2015
“La dignidad del ser humano es inviolable y es lo más sagrado que existe entre los hombres”, remarcó el gobernante en su discurso en el acto de instalación, en el que destacó distintas acciones de su gobierno en cumplimiento de ese compromiso con los DDHH.
Tegucigalpa. El presidente de Honduras, Juan Hernández, dijo hoy en la instalación del 53 periodo de sesiones extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
El Estado hondureño mantiene su compromiso con los Derechos Humanos y que su gestión ha logrado avances en el cumplimiento de esas garantías.
“La dignidad del ser humano es inviolable y es lo más sagrado que existe entre los hombres”, remarcó el gobernante en su discurso en el acto de instalación, en el que destacó distintas acciones de su Gobierno en cumplimiento de ese compromiso con los Derechos Humanos.
Honduras “hizo el compromiso histórico con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos” y fue el primer país “en ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos y reconocer la competencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 9 de septiembre de 1981”, recordó.
También, rememoró que en ese entonces Honduras depositó ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte-IDH de acuerdo con el Artículo 62 de la Convención y sin ninguna reserva.
Honduras “ha firmado todos los convenios regionales o mundiales para proteger a la persona humana, reconociendo que este es el fin supremo de la sociedad según el artículo 59 de la Constitución de la República, resaltó.
“Comprendemos y reafirmamos hoy, con absoluta claridad, que la dignidad del ser humano es lo más sagrado que existe entre los hombres; nuestra Constitución impone a los poderes públicos un claro mandato que reza que la dignidad del ser humano es inviolable”, dijo el gobernante.
Asimismo, Hernández recordó que en su Gobierno “se invitó a la Comisión Interamericana a venir a nuestro país para dialogar ampliamente con todos los sectores que integran la sociedad hondureña”, lo que ha permitido salir del capítulo cuatro del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Añadió que en ese sentido se recibió a varios relatores para que conocieran in situ las diversas situaciones planteadas, brindando las mejores condiciones para que realizaran su trabajo en Honduras.
Fuente: http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/452-gobierno-de-honduras-dice-comprometerse-en-defensa-de-ddhh
Corte IDH, Derechos Humanos, Juan Orlando Hernández (JOH)
Hondureños podrán asistir a audiencias públicas de la Corte Interamericana de DD.HH.
Publicado por honduprensa en conexihon el 24 agosto, 2015
Escrito por Redacción | Agosto 24 del 2015
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- “La visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es positiva porque evidencia el respeto que tiene el Estado de Honduras a estos mecanismos y además es una oportunidad para que la población asista a los seminarios académicos y a las audiencias públicas”, expresó la Subsecretaria de Derechos Humanos y Justicia, Karla Cueva al referirse la realización del 53 Periodo Extraordinario de Sesiones que realiza esta entidad en San Pedro Sula.
La funcionaria aclaró que la Corte no viene a examinar a Honduras sino que desarrollará su 53 Plenaria de Sesiones Extraordinarias, además de la realización de seminarios académicos y audiencias públicas en dos casos: Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú y Caso Ángel Alberto Duque Vs. Colombia.
Por lo anterior, dijo que “Es necesario que los hondureños estén informados de la importancia que tiene el Sistema Interamericano, su funcionamiento y cómo se resuelven los casos”.
A partir de la próxima semana la Corte estará en esta ciudad capital donde impartirá el Seminario Internacional “Corte Interamericana de Derechos Humanos: Impacto y Jurisprudencia sobre grupos en situación de vulnerabilidad”, al cual podrá asistir la población que se inscriba en el siguiente link: http://www.corteidh.or.cr/honduras/inscripcion.html .
La funcionaria dijo que durante su estadía en el país, la Corte además dará seguimiento al cumplimiento de sentencias y avances de parte del Estado de Honduras en 6 casos, en una audiencia privada.
“El Procurador General de la República está permanentemente asistiendo a las audiencias que se programan, por lo que para el Estado de Honduras esta es una oportunidad para dar a conocer el compromiso y respeto que se tiene a la sentencias emitida por la Corte”, refirió Cueva.
La funcionaria dijo que se han dado importantes avances en estas sentencias, ya que algunas condiciones de cumplimiento son a corto, mediano o a largo plazo, razón por la cual es oportuno para Honduras dar a conocer los esfuerzos que hace el Estado para cumplir las sentencias y asimismo, apegarse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Sistema Regional de Protección a los Derechos Humanos.
Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/hondure%C3%B1os-podr%C3%A1n-asistir-audiencias-p%C3%BAblicas-de-la-corte
Visita “in situ” de CorteIDH a comunidades garífunas genera grandes expectativas
Con el propósito de observar algunas de las áreas del territorio reclamado por la comunidad garífuna, El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, que son objeto del litigio en los casos que se vienen ventilando en contra del Estado de Honduras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), realizará una visita “in situ” entre el 21 y 25 de Agosto.
“Para nosotros como pueblo garífuna es algo histórico y de gran relevancia ya que nuestra población está siendo víctima del despojo de su propia tierra”, indicó Mirian Miranda de la Organización Fraternal Negra de Hondureña (OFRANEH), al referirse a la visita In Situ (In Situ es una expresión proveniente del vocablo latín la cual significa “En el Sitio” o “En el lugar”).
De acuerdo a Mirian Miranda, el caso del Triunfo de la Cruz, fue interpuesto contra del Estado de Honduras, en relación a violaciones al ejercicio del derecho de la propiedad comunitaria, causados por los proyectos turísticos a manos de la elite de poder del país que además han construido sus mansiones en lo que anteriormente eran los yucales de las ancianas de la comunidad, “adquiridos” de forma dolosa o simplemente arrebatados con el contubernio de la municipalidad.
“El caso de Punta Piedra se remonta a una invasión promovida por un militar en el año de 1992, sin que dos décadas después exista interés algunos por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios”, indicó.
Vea la audiencia en la CIDH:
“Lamentamos el gran nivel de racismo con que actúa el Estado de Honduras, cuando se trata de nuestro pueblo garífuna, recordemos que durante las audiencias en la Corte IDH, negaron la condición de pueblo indígena que poseemos lo garífunas, además de sugerir que nuestro pueblo ocupó los territorios de los pueblos Tolupán y Misquito”, expresó Miranda.
Según Miriam Miranda, “los Garífunas enfrentamos una nueva expulsión impulsada por los megaproyectos turísticos y empresas extractivas, con la complicidad de los empresarios que manejan el estado fallido entronizado en Honduras”.
Mientras Honduras sucumbe en una espiral de violencia, el pueblo Garífuna y otros pueblos indígenas nos encontramos a punto de desaparecer como culturas diferenciadas, ante el desconocimiento de nuestros territorios y el irrespeto sistemático de la Consulta-Consentimiento, Previa, Libre e Informada.
“Sin la aplicación del derecho a la Consulta, nuestras comunidades serán sepultadas por un supuesto desarrollo a favor de la élite de poder y el capital trasnacional. El caso de Triunfo de la Cruz, al igual que el caso de la comunidad garífuna de Punta Piedra, forman parte de la estrategia de defensa jurídica desplegada por la OFRANEH para frenar la desterritorialización promovida por el Estado de Honduras, el cual se apresta a subastar al capital extranjero parte de nuestro territorio ancestral bajo la modalidad de proyectos turístico o las “ciudades modelo”, manifestó la dirigente garífuna
Con todo esto se está transgrediendo el Artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la violación al derecho a la propiedad, estipulado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Fuente: http://radioprogresohn.net/index.php/comunicaciones/noticias/item/2305-visita-%E2%80%9Cin-situ%E2%80%9D-de-corte-interamericana-a-comunidades-gar%C3%ADfunas-genera-grandes-expectativas
Corte IDH, garifunas, Ofraneh

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 23
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 23
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 184
 Artículo 62
 artículo 59
 Artículo 21