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Timestamp: 2020-05-29 06:18:19+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 539/99 de Corte Constitucional, 28 de Julio de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 43562849
Sentencia citada en: 272 sentencias, 11 artículos doctrinales, una disposición normativa
Sentencia C-539/99
La prevalencia del interés general, - en aquellos casos en los cuales se demuestre que en efecto existe un verdadero interés general - no es un principio constitucional de carácter absoluto. Ciertamente, dicho principio puede resultar enfrentado a derechos e intereses de carácter eminentemente individual, igualmente protegidos por la Constitución e, incluso, a derechos que, como los derechos inalienables de la persona humana o los derechos de los niños tienen primacía en el orden jurídico, por expreso mandato constitucional. En caso de presentarse un conflicto de esta índole, el interés general en cuestión debe ser armonizado con el derecho o interés individual con el que choca, a fin de encontrar una solución que, a la luz de las particularidades del caso concreto, maximice ambos extremos de la tensión.
Actor: C.S.C.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su P.E.C.M. y por los magistrados A.B.C., A.B.S., C.G.D., J.G.H.G., A.M.C., F.M.D., V.N.M. y A.T.G.
El ciudadano C.S.C. demandó, de manera parcial, el artículo 1°, numeral 198 del Decreto 2282 de 1989, por considerarlo violatorio del artículo 13 de la Constitución Política.
El P. General de la Nación, mediante concepto fechado el 14 de abril de 1999, solicitó a la Corte estarse a lo resuelto en la sentencia C-274 de 1998.
4. El profesor H.F.L.B., en nombre del ICDP, tras recordar el contenido original del artículo 392-1 del Código de Procedimiento Civil de 1970 y de la reforma que sobre esta norma operó el numeral 198 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, señala que esta última introdujo dos modificaciones centrales: (1) aclaró que la condena en costas también es posible en actuaciones posteriores a la sentencia definitiva en las cuales exista controversia; y (2) limitó a los conceptos de agencias en derecho y reembolso de impuestos de timbre la exención general de condena en costas de que eran beneficiarios ciertos niveles estatales.
Según el profesor L.B., "[r]astreando los antecedentes de la exoneración para esas especiales entidades públicas, hoy la Nación, los departamentos, los distritos especiales, y los municipios, pues las restantes personas jurídicas de derecho público no gozan de la exención, por tratarse de una circunstancia exceptiva que se predica exclusivamente de las entidades taxativamente favorecidas con ella, se tiene que en el anterior Código de Procedimiento Civil, la regulación era idéntica a la consagrada en el Código de 1970 donde originalmente, no se hizo nada diverso a mantener lo que desde la Ley 105 de 1931, cuyo artículo 576 señalaba que '[e]l Estado, los departamentos y los municipios no pueden ser condenados en costas'".
Agrega que "[a]l analizar el capítulo de costas de la legislación anterior al Código de 1931, la Ley 147 de 1888, se tiene que en los artículos 864 a 866 no se consagra ninguna exención en favor de ciertas entidades estatales a efectos de exonerarlas del pago de costas, aspecto que tampoco involucró la Ley 105 de 1890 que introdujo básicas reformas al Código Judicial de 1888 y de manera similar se trataba en los artículos 706 a 710 del Código Judicial del Estado de Cundinamarca de 1858, lo cual nos lleva a aseverar que fue la Ley 103 de 1923 (Código A.), que nunca rigió pero fue la base de la Ley 105 de 1931, la disposición que vino a consagrar lo que el profesor A.J.P. califica como un 'privilegio' para esas entidades estatales derivado de su calidad de tal, pero sin que se halle otra explicación plausible diferente a la notoria tendencia de dar especial protección a los entes estatales debido a la innegable incuria con que, usualmente, se manejan sus asuntos por los funcionarios públicos del orden administrativo, protección que en mi entender no tiene razón de ser en la actualidad y crea un desequilibrio procesal pues en el plano procesal no se justifica este tipo de protecciones que, además, desnaturaliza la esencia de la condena en costas con el rubro de las agencias en derecho, cual es tratar de resarcir al máximo al litigante que obtuvo decisión favorable en los gastos que le demandó el proceso, aspecto agravado, además, por cuanto la reciprocidad que el Decreto 2282 de 1989 había establecido en materia de agencias en derecho, se eliminó".
Sobre esta última cuestión, el profesor L.B. manifiesta que "el Decreto 2282 de 1989 inició el desmonte de esas prerrogativas al limitar el concepto de la exención a sólo una parte del rubro de costas (agencias en derecho e impuestos de timbre) y, además, equilibró la situación al reformar el inciso final del numeral 2° del artículo 393 del C. de P.C.". En efecto, indica que el artículo 393 del Código de 1970, que establecía que no habría lugar a agencias en derecho a favor de la Nación y las entidades territoriales cuando éstas hubieren actuado en el proceso por intermedio de sus representantes constitucionales o legales, fue reformado por el Decreto 2282 de 1989 en el sentido de establecer que, en ningún evento, habría lugar a condena en agencias en derecho a favor de la Nación y las entidades territoriales, con lo cual quedó "restablecido el equilibrio pues no se podían imponer condenas en agencias en derecho a ninguna de las partes". Señala que "[i]nfortunadamente la Corte Suprema de Justicia [sentencia de abril 25 de 1991] declaró la inexequibilidad de la totalidad del inciso segundo del numeral segundo del artículo 393 del C. de P.C., con lo cual se llega a la obligada conclusión de que las entidades públicas mencionadas sí pueden ser favorecidas con condenas en costas incluyendo agencias en derecho, pero no pueden ser obligadas a pagar esas agencias si son ellas las que pierden el pleito, aspecto con el que, tal como lo comentamos en nuestra obra, 'se rompe el equilibrio que regía sobre la materia, pues consecuencialmente con la no obligación de estas entidades de pagar agencias en derecho se consagraba el no poder ser favorecidas con tal condena'".
Según el concepto fiscal, "como en la sentencia C-274 de 1998 esa Alta Corporación encontró ajustado a la Carta el inciso segundo del numeral 1° del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil (numeral 198 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989), se infiere que en esa oportunidad la Corte Constitucional observó lo preceptuado en las normas citadas [artículos 22 del Decreto 2067 de 1991 y 46 de la Ley 270 de 1996], razón por la cual (...) la disposición acusada ya fue objeto de examen por esa Alta Corte e hizo tránsito a cosa juzgada absoluta, ya que ese Alto Tribunal en la referida sentencia no señaló que los efectos de esa decisión eran de cosa juzgada relativa". Para fundar su aserto, el P. asevera que, en la sentencia C-037 de 1996, esta Corporación declaró exequible el artículo 46 de la Ley 270 de 1996 bajo el entendido de que "mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta".
El P. General de la Nación estima que, en el presente caso, la Corte debe estarse a lo resuelto en la sentencia C-274 de 1998, en la cual el inciso 2° del artículo 392-1 del Código de Procedimiento Civil, tal como quedó modificado por el numeral 198 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, fue declarado exequible. Sin embargo, considera que esta norma no viola el principio de igualdad (C.P., artículo 13), como quiera que las personas jurídicas de derecho público se encuentran en una situación distinta a la de los particulares, razón por la cual pueden ser objeto de tratamiento diferenciado por parte del legislador. Adicionalmente, considera que, en la medida en que la condena en agencias en derecho y reembolso de impuestos de timbre busca precaver litigios, ésta no puede ser impuesta al Estado, quien, como defensor de los intereses de la comunidad, se encuentra obligado a actuar en los procesos judiciales en defensa de esos intereses.
Conforme a lo anterior, esta Corporación debe establecer si la Constitución Política resulta vulnerada por una norma legal que exime a ciertas autoridades estatales de ser condenadas al pago de agencias en derecho y reembolso de impuestos de timbre en los procesos judiciales en los que actúen. Sin embargo, antes de resolver este interrogante, es preciso determinar si, en el presente caso, como lo sugiere el P. General de la Nación, se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
3. La Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia N° 98 de julio 26 de 1990 (MP. J.S.G., declaró inexequible la expresión "las instituciones financieras nacionalizadas", contenida en el inciso 2° del artículo 392-1 del Código de Procedimiento Civil, tal como quedó modificado por el numeral 198 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, por considerar que, al incluir tal expresión, el Presidente de la República desbordó el ámbito de las facultades extraordinarias a él conferidas por la Ley 30 de 1987.
Habiendo operado el fenómeno de la cosa juzgada absoluta Sobre este fenómeno, la Corte señaló en la sentencia C-588/92 (MP. J.G.H.G.): "Adviértase que [el fenómeno de la cosa juzgada relativa] no acontece (...) en lo referente a fallos de inexequibilidad, toda vez que, hallada y declarada la oposición entre la norma acusada, objetada o revisada y la Constitución Política, es aquella retirada del ordenamiento jurídico en virtud de decisión inapelable y con efectos erga omnes cuyo sentido no es posible debatir después de pronunciada". frente a la expresión antes señalada, la Corte Constitucional habrá de estarse a lo resuelto en la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia mencionada en el párrafo anterior.
Resta determinar si, como lo sostiene el señor P. General, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada respecto de la parte restante de la disposición parcialmente demandada.
4. Según la jurisprudencia constitucional, Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias C-588/92 (MP. J.G.H.G.); C-002/93 (MP. J.G.H.G.); C-004/93 (MP. C.A.B.); C-170/93 (MP. F.M.D.); C-345/93 (MP. A.M.C.); C-060/94 (MP. C.G.D.); C-311/94 (MP. V.N.M.); C-527/94 (MP. A.M.C.); C-055/95 (MP. A.M.C.); C-072/95 (MP. H.H.V.); C-037/96 (MP. V.N.M.); C-598/97 (MP. A.M.C.); C-006/98 (MP. A.B.C.); C-014/98 (MP. E.C.M.); C-086/98 (MP. J.A.M.). en aquellos casos en los cuales la Corte declara la exequibilidad de una norma frente a los cargos específicos resueltos en la respectiva sentencia, ésta hace tránsito a cosa juzgada relativa. Este fenómeno implica que la norma declarada exequible puede ser objeto de posteriores demandas de inconstitucionalidad, siempre y cuando éstas versen sobre asuntos no contemplados en el fallo inicial. Sobre esta cuestión, la Corporación ha manifestado:
"Anota la Corte a este respecto que el carácter definitivo de la sentencia que declara la exequibilidad de una norma no implica necesariamente que tal decisión pueda entenderse absoluta, pues mientras subsistan aspectos no considerados en el respectivo fallo existirá, en relación con ellos, la posibilidad de examen posterior y, por ende, podrán entablarse nuevas acciones de inconstitucionalidad. Vale decir, la cosa juzgada constitucional es, en tales eventos, relativa en cuanto cubre apenas los asuntos que fueron materia del fallo". Sentencia C-588/92 (MP. J.G.H.G.).
Tal como lo indica el jefe del Ministerio Público, en la sentencia C-274 de 1998 (MP. C.I. de G., la Corte estudió la constitucionalidad del inciso 2° del artículo 392-1 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el artículo 1°, numeral 198 del Decreto 2282 de 1989). En esa oportunidad, la norma fue declarada ajustada a las disposiciones constitucionales pero sólo "en relación con el cargo estudiado", el cual se contrajo, exclusivamente, a establecer que la exención de condena en agencias en derecho y reembolso de impuestos de timbre que favorece a la Nación y a las entidades territoriales no viola el artículo 90 de la Constitución Política que consagra la responsabilidad patrimonial del Estado. En estas circunstancias, a la luz de la jurisprudencia antes anotada, es posible afirmar que la sentencia C-274 de 1998 hizo tránsito a cosa juzgada relativa, razón por la cual la Corte puede ocuparse de nuevas demandas contra el inciso 2° del artículo 392-1 del Código de Procedimiento Civil bajo la condición de que éstas se funden en la violación de disposiciones constitucionales distintas del artículo 90 del Estatuto Superior.
Una vez establecido que, en el presente caso, no existe cosa juzgada en los términos planteados por el P. General de la Nación, esta Corporación puede ocuparse de resolver el problema jurídico que se deriva del cargo de inconstitucionalidad planteado por el demandante.
"Es claro que la referencia a los intendentes y a los comisarios se ve afectada por una inconstitucionalidad sobreviniente, por cuanto la Carta de 1991 suprimió las antiguas intendencias y comisarías, las cuales fueron transformadas en departamentos, conforme lo ordena el artículo 309 superior. Además, al regular el ordenamiento territorial, la Carta no prevé la existencia de intendencias o comisarías como entidades territoriales. Por tal razón, la Corte procederá a retirar del ordenamiento la expresión ", intendentes y comisarios"." Sentencia C-741/98 (M.P.A.M.C..
9. Según un importante sector de la doctrina procesal colombiana, las costas pueden ser definidas como aquella erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial. Vale la pena recordar que la condena en costas obedece a un criterio objetivo, como quiera que la misma se impone a la parte que resulta vencida en el proceso, sin que entre a examinarse su comportamiento procesal, es decir, si hubo o no culpa en sus actuaciones. En este sentido, la condena en costas no implica que la parte que la soporta haya incurrido en conductas contrarias a derecho o en temeridad o mala fe. Al respecto, véanse las sentencias C-480/95 (MP. J.A.M.); C-037/96 (MP. V.N.M.) y C-274/98 (MP. C.I. de G.). Esta carga económica comprende, por una parte, las expensas, es decir, todos aquellos gastos necesarios para el trámite del juicio distintos del pago de apoderados (honorarios de peritos, impuestos de timbre, copias, gastos de desplazamiento en diligencias realizadas fuera de la sede del despacho judicial, etc.) y, de otro lado, las agencias en derecho, correspondientes a los gastos efectuados por concepto de apoderamiento, las cuales - vale la pena precisarlo - se decretan en favor de la parte y no de su representante judicial. Aunque las agencias en derecho representan una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses, es el juez quien, de manera discrecional, fija la condena por este concepto con base en los criterios establecidos en el artículo 393-3 del Código de Procedimiento Civil (tarifas establecidas por el Ministerio de Justicia o por el colegio de abogados del respectivo distrito y naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el representante judicial o la parte que litigó personalmente). Dicha condena no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por la parte vencedora a su apoderado.
12. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 "Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia". reformó el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo en los siguientes términos: "En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil".
14. Tal como lo ha sostenido el profesor H.F.L.B. y lo reitera en el estudio presentado a esta Corporación en nombre del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Además de este estudio, lo que sigue se basa en el recuento histórico del derecho procesal civil colombiano realizado por la doctrina más especializada, Vgr. L.B. (1997). Así mismo, para una compilación de las normas procesales vigentes antes de la expedición del "Código A.", puede consultarse E.R.P., Código Judicial Colombiano, Bogotá, Librería Americana, 1917. la exención de condena en costas a favor de la Nación y otras entidades de derecho público no figura en las primeras normas que, en materia de procedimiento judicial, rigieron en Colombia. Cfr., H.F.L.B. (1997). El Código Judicial de Cundinamarca (Ley 29 de 1858 del Estado Soberano de Cundinamarca), elevado a Código Judicial de los Estados Unidos de Colombia por la Ley 57 bis de 1872, modificado por la Ley 76 de 1883 y, finalmente, adoptado como primer Código Judicial de la República de Colombia por el artículo 1° de la Ley 57 de 1887, no contemplaba, en sus artículos 864 a 867, tratamiento preferencial alguno en favor de entidades de derecho público en materia de condena en costas. Así mismo, ni la Ley 147 de 1888 ni la Ley 105 de 1890, que introdujeron reformas sustanciales al Código Judicial de 1872 - hasta el punto de llegar a ser consideradas códigos judiciales por derecho propio -, exceptúan a las autoridades públicas de ser condenadas en costas.
Al parecer, la prerrogativa bajo estudio, aparece por primera vez en el derecho colombiano en virtud de las disposiciones del artículo 35 de la Ley 100 de 1892, que adicionó el artículo 864 del Código Judicial de 1872 y cuyo texto establecía: "La Nación, los departamentos y los municipios no podrán nunca ser condenados en costas, y las sentencias que se dicten contra tales entidades se consultarán si no fueren apeladas por parte legítima" En el año de 1914, el Gobierno Nacional comisionó a I.A. la elaboración de un proyecto de código judicial que unificara la dispersa legislación procesal existente hasta esa fecha. El trabajo llevado a cabo por A., una vez revisado por una comisión coordinada por el Consejo de Estado, dio lugar a la expedición de la Ley 103 de 1923 - denominada "Código A." -, cuyo artículo 561 rezaba: "No pueden ser condenados en costas: La Nación, los municipios, el Lazareto y los amparados como pobres". Sin embargo, el artículo 1° de la Ley 26 de 1924 suspendió transitoriamente la vigencia de la Ley 103 de 1923 hasta tanto ésta fuera revisada por una comisión de expertos que debería llenar sus vacíos y corregir sus errores (artículo 3°). De igual modo, la Ley 26 de 1924 ordenó, en su artículo 2°, que, durante el tiempo de suspensión de la Ley 103 de 1923, volvería a regir el Código Judicial adoptado por la Ley 57 de 1887, el cual, como se vio, correspondía al Código Judicial de Cundinamarca, vigente desde 1858 (v. supra).
Una vez finalizados los trabajos de la comisión establecida por el artículo 3° de la Ley 26 de 1924, fue presentado a la consideración del Congreso de la República un proyecto de Código Judicial que, finalmente, fue aprobado mediante la Ley 105 de 1931. Este código, en su artículo 576, establecía que "[e]l Estado, los departamentos y los municipios no pueden ser condenados en costas". . Posteriormente, el artículo 576 de la ley 105 de 1931 señaló que "(e)l Estado, los departamentos y los municipios no pueden ser condenados en costas".
Como bien lo destaca el profesor H.F.L.B. en el concepto citado, las reformas operadas por los numerales 198 y 199 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989 al régimen de exención de condena en costas a favor de la Nación y de las entidades territoriales, obedecieron a la necesidad de "iniciar un desmonte de esas prerrogativas". Así, la exención que, antes de la vigencia del Decreto 2282 de 1989, se extendía a la integridad de las costas fue reducida a los conceptos de agencias en derecho y reembolso de impuestos de timbre (v. supra), al paso que la prohibición de decretar agencias en derecho a favor de la Nación fue extendida a todos los casos y no exclusivamente a aquellas causas en las que esas entidades públicas hubiesen actuado mediante sus representantes constitucionales o legales. Lo anterior, según el profesor L.B., determinaba una situación "de equilibrio", toda vez que la Nación y las entidades territoriales no podían ser condenadas al pago de agencias en derecho pero tampoco tenían derecho a recibirlas bajo ninguna circunstancia. En cuanto a la exención de condena en reembolso de impuestos de timbre, ésta se explicaba en razón de lo dispuesto por el Estatuto Tributario (v. supra), según el cual las "entidades de derecho público" se encuentran exceptuadas del pago de ese tributo.
Sin embargo, el equilibrio que, en materia de exención de condena en agencias en derecho, persiguió el Decreto 2282 de 1989, resultó roto en virtud de la declaratoria de inexequibilidad del inciso 2° del artículo 393-2 del Código de Procedimiento (modificado por el numeral 199 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989) efectuada por la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia N° 59 de abril 25 de 1991 (MP. P.J.C.C.). Según la Corte Suprema de Justicia, el inciso 2° del artículo 393-2 del Código de Procedimiento civil (modificado por el numeral 199 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989) desbordaba el ámbito de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República por la Ley 30 de 1987 A juicio del profesor L.B., tras la declaratoria de inexequibilidad antes anotada, "se llega a la obligada conclusión de que las entidades públicas mencionadas sí pueden ser favorecidas con condenas en costas incluyendo agencias en derecho, pero no pueden ser obligadas a pagar esas agencias si son ellas las que pierden el pleito". Lo anterior, en su opinión, determina una ruptura del "equilibrio que regía sobre la materia, pues consecuencialmente con la no obligación de estas entidades de pagar agencias en derecho se consagraba el no poder ser favorecidas con tal condena". H.F.L.B., (1997).
Empero, la Corte Constitucional, en la sentencia C-037/96 (MP. V.N.M., declaró inexequible la expresión "que habrán de liquidarse en todos los procesos sin excluir a las entidades públicas", al considerar que la misma no constituía materia de ley estatutaria sino de ley ordinaria. A este respecto, la Corte señaló que "será responsabilidad del legislador definir, en cada proceso, si se amerita o no el cobro de las expensas judiciales, así como el determinar, según las formas propias de cada juicio, si se incluye o no a las entidades públicas dentro de la liquidación de agencias en derecho, costas y otras expensas judiciales".
Así por ejemplo, dentro de la jurisprudencia del Consejo de Estado relativa a la responsabilidad extracontractual del Estado por error judicial, existen decisiones en las cuales, en la tasación del daño emergente, se incluye el valor de los honorarios de los abogados que la persona lesionada por la falla del servicio de la administración de justicia debió pagar para defender sus derechos no sólo ante el despacho judicial cuyas actuaciones comprometieron la responsabilidad estatal sino, también, en el proceso contencioso administrativo promovido en búsqueda de la reparación del daño. V., por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de septiembre 15 de 1994 (CP. Julio C.U.A., Exp. 9391, Actor: A.U.O..
Haciendo eco a la corriente doctrinal y jurisprudencial anterior, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 "Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia". reformó el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo en los siguientes términos: "En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil".
La norma en cuestión establece una doble diferencia. En primer lugar, consagra una diferencia de trato en materia de distribución de las cargas públicas. En efecto, dos sujetos que, a raíz de una conducta similar, han sufrido exactamente el mismo daño serán merecedores de un trato diferenciado en virtud de la naturaleza - pública o privada - del agente causante de la lesión. Así, si una persona resulta vencedora en un pleito judicial contra un particular, tendrá derecho a reclamar el costo de las agencias en derecho que ha debido sufragar por causa de la actuación de quien causó el daño. Sin embargo, si el agente causante es alguna de las entidades públicas mencionadas, la persona afectada deberá asumir directamente la carga correspondiente a los honorarios del apoderado que tuvo que contratar para que asumiera la defensa judicial de sus intereses. La pregunta que surge entonces es si dos personas son objeto de una injustificada lesión de sus derechos o intereses, ¿cuál es la razón que legítima que una de ellos reciba el pago de las correspondientes agencias en derecho mientras el otro deba sufragarlas por su propia cuenta?.
No obstante, el principio de igualdad procesal no establece una regla única respecto de la cual resulte imposible formular excepciones. En algunos casos la Constitución admite una cierta disparidad formal que tiende a la promoción de la igualdad real (como el beneficio del amparo de pobreza) o la adopción de prerrogativas procesales que son necesarias, útiles y estrictamente proporcionadas, para alcanzar fines constitucionalmente imperiosos. En este sentido, el profesor M.A. afirma:
El principio de igualdad de las partes, el que estas dispongan de los mismos medios procesales para sostener sus posiciones, sin privilegios en uno u otro sentido, ha de ponerse en relación tanto con el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, como con el carácter bilateral del derecho de acción, y en una y otra relación cabe la admisión de desigualdades, siempre que obedezcan a justificadas razones objetivas no discriminadoras, y siempre que no supongan infracción del principio de contradicción. J.M.A.. Evolución y Futuro del Derecho Procesal. Editorial Temis. 1984, pág. 89.
16. Esta Corporación ha manifestado que el examen de la legitimidad constitucional de un trato diferenciado consiste, básicamente, en determinar si el criterio de diferenciación utilizado por el legislador para tratar en forma distinta a dos sujetos o situaciones (tertium comparationis) se aviene con los postulados de la Constitución Política y, en particular, del principio de igualdad (C.P., artículo 13). Sobre esta cuestión, véanse, entre otras, las sentencias T-422/92 (MP. E.C.M.); T-230/94 (MP. E.C.M.); C-022/96 (MP. C.G.D.) Para estos efectos, la jurisprudencia tiene establecido un instrumento de interpretación denominado juicio o test de igualdad, por medio del cual se busca establecer si la diferenciación persigue una finalidad legítima, si es útil y necesaria respecto de tal finalidad y si es estrictamente proporcionada, es decir, si no vulnera valores, principios o derechos de mayor importancia que los que pretende promocionar o proteger.
Adicionalmente, la Corte ha señalado que el juicio de igualdad varía en intensidad según la amplitud de las potestades que ostenta el legislador para configurar el ámbito en el que establece la diferenciación y la naturaleza de los valores, principios o derechos que podrían resultar afectados por la misma. Sobre esta cuestión, véanse, entre otras, las sentencias C-445/95 (MP. A.M.C.); T-352/97 (MP. E.C.M.); C-183/98 (MP. E.C.M.); T-568/98 (MP. E.C.M.). Así, si el trato diferenciado se produce en una órbita que puede ser ampliamente configurada por el legislador, el test de igualdad será menos estricto, mientras que será mucho más severo si la diferenciación afecta principios o derechos particularmente protegidos por la Constitución Política.
17. A fin de establecer el grado de intensidad del juicio de igualdad que la Corte debe llevar a cabo para determinar la validez constitucional del tratamiento diferenciado consagrado en el inciso 2° del artículo 392-1 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el numeral 198 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989), debe tenerse en cuenta que éste se produce en un contexto jurídico dentro del cual el legislador ostenta amplias facultades de configuración. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que el diseño y regulación de los procedimientos judiciales es un ámbito que puede ser extensamente configurado por la ley, la cual, en principio, puede establecer procedimientos diferenciados en razón de las controversias, los derechos y los intereses que tales procedimientos buscan reconocer o dirimir. Véanse, entre otras, las sentencias C-105/93 (MP. J.G.H.G.); C-351/94 (MP. H.H.V.); C-394/94 (MP. A.B.C.); C-418/94 (MP. J.A.M.); C-037/96 (MP. V.N.M.); C-078/97 (MP. E.C.M.); C-407/97 (MP. J.A.M.); C-411/97 (MP. J.G.H.G.); C-272/99 (MP. E.C.M.).
18. Más arriba en esta providencia se estableció que la exención de condena en costas a favor de la ciertas autoridades públicas constituye un trato favorable que ha sido históricamente reconocido al Estado colombiano por parte del legislador. En este sentido, la doctrina procesalista de nuestro país ha coincido en afirmar que la finalidad de la exención antes mencionada radica en conceder una prerrogativa a las entidades estatales que se benefician de la misma por su calidad de tales. Así, por ejemplo, el profesor A.J.P., al comentar el artículo 576 del Código Judicial de 1931 (v. supra), señalaba que la exención de condena en costas que esa norma consagraba a favor del Estado, los departamentos y los municipios constituía uno de los varios privilegios de que disfrutaban las entidades de derecho público en la tramitación de los juicios. A.J.P., Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Medellín, Universidad de Antioquia, 1956, p. 376. De igual modo, el maestro H.M.M. indicaba - también a la luz de las disposiciones del artículo 576 del Código Judicial de 1931 - que "el Estado, los departamentos y los municipios no pueden ser condenados en costas debido a su peculiar personalidad". H.M.M., Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General, Bogotá, L., 1965, p. 572. En una edición posterior de su Curso, actualizada conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil de 1970 (v. supra), M.M. explicaba que la exención de condena en costas con que el artículo 392-1 del estatuto procesal civil favorecía a la Nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías y los municipios obedecía a la personalidad pública de estos entes. H.M.M., Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General, Bogotá, Editorial ABC, 1988, p. 543.
Por su parte, el profesor H.F.L.B., en el estudio presentado a esta Corporación a nombre del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, luego de recordar que, hasta le fecha, la doctrina colombiana ha considerado que la exención de condena en costas en beneficio de ciertas entidades estatales constituye un privilegio que esos entes ostentan por su calidad de tales, indicó que la exención de condena en agencias en derecho y reembolso de impuestos de timbre a favor de la Nación y las entidades territoriales consagrada en el inciso 2° del artículo 392-1 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el numeral 198 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989) no tiene otra "explicación plausible" más que "la notoria tendencia de dar especial protección a los entes estatales debido a la innegable incuria conque, usualmente, se manejan sus asuntos por los funcionarios públicos del orden administrativo". De igual forma, el profesor L.B. estimó que la exención antes anotada "no tiene razón de ser en la actualidad y crea un desequilibrio procesal pues en el plano procesal no se justifica este tipo de protecciones que, además, desnaturaliza la esencia de la condena en costas con el rubro de las agencias en derecho, cual es tratar de resarcir al máximo al litigante que obtuvo decisión favorable en los gastos que le demandó el proceso".
En una primera oportunidad, la Corte avaló la constitucionalidad del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo (v. supra) por no considerarlo violatorio del principio de igualdad implícito en el artículo 16 de la Carta Política de 1886. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia de agosto 16 de 1984 (MP. A.P.R.. A juicio de esa Corporación:
"La igualdad de las personas residentes en Colombia ante nuestras leyes, derivada del artículo 16 de la Constitución, se satisface, en el caso del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, relativo a la condena en costas de los litigantes particulares vencidos en proceso, incidente o recurso (...), con la aplicabilidad de dicha norma a todos los litigantes particulares y no solamente a unos u otros entre ellos.
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en las consideraciones de la sentencia que declaró exequible el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, estimó que el artículo 392-1 del Código de Procedimiento Civil de 1970 (v. supra) se ajustaba a los postulados del artículo 16 de la Estatuto Superior de 1886. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia N° 88 de agosto 18 de 1988 (MP. J.S.G. y J.E.D.P., en Gaceta Judicial, Tomo CXCV, N° 2434, 1988, pp. 162-163. En ese pronunciamiento, la Corte señaló:
21. La teoría de las prerrogativas públicas fue formulada, en los albores del presente siglo, por M.H. (1856-1929). Al respecto, pueden consultarse E.G. de Enterría y Tomás-Ramón F., Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Madrid, Civitas, 1997, pp. 43-56; R.C., Droit Administratif Général, Tome 1, Paris, Montchrestien, 1992, p. 3. Según H., el criterio distintivo del derecho administrativo y, por tanto, aquél que indicaba en qué eventualidades ese derecho debía ser aplicado, estaba constituido por la noción de poder público (puissance publique). Conforme a este criterio, basado, a su turno, en la distinción decimonónica entre actos de autoridad y actos de gestión (L., B., el derecho administrativo se caracterizaba por ser un derecho que se definía a partir de los medios utilizados por la Administración para cumplir sus misiones. Tales medios - como lo señalan los profesores G. de Enterría y F.E.G. de Enterría y Tomás-Ramón F., op. cit., p. 47. - determinaban una actuación "dotada de prerrogativas, entendiendo por tal la realizada con medios jurídicos excepcionales o exorbitantes respecto de los propios del Derecho Civil". E.G. de Enterría y Tomás-Ramón F., op. cit., p. 47. En este sentido, las teorías de H. se oponían a las de la escuela de Burdeos o escuela del servicio público, liderada por L.D. y G.J., según la cual, en la definición del derecho administrativo poco importaban los medios que utilizase la Administración, toda vez que el criterio definitorio central estaba constituido por las finalidades que a la misma correspondía cumplir en aras a la satisfacción del interés general. De este modo, la noción de servicio público, es decir toda actividad que tiende a la efectividad del interés público, se erigía en el criterio central del derecho administrativo. R.C., op. cit., loc. cit. En suma, la teoría de las prerrogativas públicas concebía al Estado como una entidad especial, cuya actuación se caracterizaba, justamente, por la utilización de prerrogativas exorbitantes fundadas y orientadas a la protección del interés general. En este sentido, H. afirmaba, en 1911, que el derecho administrativo era "el derecho de los personajes poderosos que son las administraciones públicas, completamente penetrado por el privilegio de la acción directa de estos personajes". M.H., Obra Escogida, Madrid, IEA, 1976, p. 99, citado por A.B.R., El Acto Ejecutivo, Madrid, CEC, 1992, p. 301.
Sin embargo, la teoría expuesta en el párrafo ha sido objeto de fuertes críticas, hasta el punto de que, en la actualidad, una parte importante de la doctrina estima que ha sido superada. E.G. de Enterría y Tomás-Ramón F., op. cit., p. 47. En efecto, las definiciones contemporáneas del derecho administrativo reconocen que no todas las actividades que el Estado puede emprender constituyen una manifestación de poder público, en el sentido de constituir un ejercicio de prerrogativas exorbitantes. La evolución de la actividad administrativa a lo largo de este siglo ha puesto de presente que el Estado puede desarrollar, por una parte, actividades propiamente administrativas que, sin embargo, no implican la utilización de privilegios especiales de poder público, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de las actividades de fomento que desarrollan las autoridades públicas. De otro lado, cada vez con mayor frecuencia, los entes estatales se comportan y actúan en muchos ámbitos como verdaderos particulares, sometiéndose a normas de derecho privado. Con base en lo anterior, se ha estimado que la caracterización del derecho administrativo con base exclusiva en la noción de prerrogativa pública es excesivamente reduccionista, como quiera que, con ello, se ignora una parte fundamental de la actividad de la Administración. V., por ejemplo, A. de L., Jean-Claude Venezia, Y.G., Traité de Droit Administratif, Tome I, Paris, LGDJ, 1994, p. 37. Lo anterior no implica el rechazo o la eliminación del concepto de prerrogativa o privilegio públicos sino, más bien, su circunscripción a aquellos ámbitos de la actividad del Estado en los que su ejercicio se hace necesario en razón de la específica tarea que allí le compete desempeñar a la Administración.
Es así como, actualmente, se proponen definiciones del derecho administrativo que se fundan en la complejidad de la actividad estatal en el mundo contemporáneo y, que, por ello, toman en cuenta no sólo los medios empleados por la Administración sino, también, las finalidades que la misma debe cumplir, las relaciones que éstas implican con los particulares y el derecho privado, etc. Id., p. 44. Véanse, también, R.C., op. cit., pp. 4-5; J.O.S., op. cit., pp. 118-125; J.R., Droit Administratif, Paris, D., 1990, pp. 43-45. En todo caso, es menester resaltar que, estas nuevas definiciones del derecho administrativo tienden a enfatizar su dependencia de los valores, principios y derechos consagrados en la respectiva Constitución Política, al punto que algunos han llegado a afirmar que el derecho administrativo es "derecho constitucional concretizado". E.G. de Enterría y Tomás-Ramón F., op. cit., p. 38; V., igualmente, R.C., op. cit., pp. 7-8. De este modo, la actividad de la administración, compuesta por un haz de finalidades, instrumentos y relaciones, existe y se legitima en la medida de su conformidad con las disposiciones constitucionales.
Con base en los principios anteriores, esta Corporación ha estimado, por ejemplo, que, incluso aquellas formas de autoridad que constituyen la máxima expresión de discrecionalidad política y que, por esta razón, en otras épocas no eran susceptibles de ser controladas con miras a verificar su adecuación a los postulados constitucionales, como es el caso de los poderes del Presidente de la República para declarar los estados de excepción (C.P., artículos 212 a 215), se encuentran hoy plenamente sometidas al imperio de la Carta Política. V. la sentencia C-004/92 (MP. E.C.M.).
En efecto, la prevalencia del interés general, - en aquellos casos en los cuales se demuestre que en efecto existe un verdadero interés general - no es un principio constitucional de carácter absoluto. Ciertamente, dicho principio puede resultar enfrentado a derechos e intereses de carácter eminentemente individual, igualmente protegidos por la Constitución Véanse, entre otras, las sentencias T-406/92 (MP. C.A.B.) y T-428/92 (MP. C.A.B.). e, incluso, a derechos que, como los derechos inalienables de la persona humana o los derechos de los niños tienen primacía en el orden jurídico, por expreso mandato constitucional.
"La norma que establece la prioridad del interés general no puede ser interpretada de tal manera que ella justifique la violación de los derechos fundamentales de unos pocos en beneficio del interés de todos. Aquí, en esta imposibilidad, radica justamente uno de los grandes avances de la democracia y de la filosofía política occidental en contra del absolutismo y del utilitarismo. La persona es un fin en sí mismo; el progreso social no puede construirse sobre la base del perjuicio individual así se trate de una minoría o incluso de una persona. La protección de los derechos fundamentales no está sometida al vaivén del interés general; ella es una norma que encierra un valor absoluto, que no puede ser negociado o subestimado". Sentencia T-428/92 (MP. C.A.B.).
Así, por ejemplo, cuando la Corte debió ocuparse de estudiar aquellas normas del Estatuto Tributario que conferían a la administración tributaria el privilegio de contar con un término mayor (cinco años) que el de los particulares (dos años) para reclamar las deudas a su favor, consideró que la finalidad de dicha prerrogativa era legítima, toda vez que el ordenamiento puede otorgar privilegios al Estado a fin de que éste "pueda recaudar los tributos necesarios para el funcionamiento de los poderes públicos". Sentencia C-445/95 (MP. A.M.C.. Como puede observarse, la prerrogativa pública analizada por la Corporación perseguía una finalidad concreta, claramente fundada en la Constitución Política (recaudo de los impuestos necesarios para el funcionamiento del Estado), que trascendía la mera invocación abstracta del interés general o de la personalidad pública de la Administración. En otra oportunidad, la Corte estimó que se ajustaba al Estatuto Superior la norma que consagra como privilegio a favor de los contralores que actúen como parte civil en los procesos penales que se adelanten por delitos contra los intereses patrimoniales del Estado, la posibilidad de que éstos soliciten el embargo de bienes sin necesidad de prestar caución. Sentencia C-469/95 (MP. J.G.H.G.). La Corporación, tras recordar que esta clase de prerrogativas son legítimas siempre y cuando no quebranten "los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad", estimó que la finalidad del privilegio bajo estudio era constitucionalmente legítima, toda vez que se fundaba en la "defensa del bien colectivo" concretado en la protección del patrimonio público afectado por la acción de la delincuencia.
27. El profesor H.F.L.B., en el estudio tantas veces mencionado en esta providencia, manifestó que, aparte de las justificaciones tradicionales en que la prerrogativa bajo examen ha sido basada, este privilegio podría explicarse en "la notoria tendencia de dar especial protección a los entes estatales debido a la innegable incuria con que, usualmente, se manejan sus asuntos por los funcionarios públicos del orden administrativo". A juicio de la Corporación, esta finalidad podría responder a una realidad cierta pero, sin embargo, ello no la hace compatible con el orden constitucional existente, pues tiende a eximir de responsabilidad a aquellos servidores públicos que actúan en contravía de sus deberes constitucionales y legales. Ciertamente, la responsabilidad de la función y de los servidores públicos es un principio constitucional (C.P., artículos 6°, 90, 91, 122, 127, 128, 129, 183, 198, 211, 214-5, 267, 269, 272, 277, 278, 282, 303, 314, 372) que, de admitir excepciones por vía legislativa, arriesgaría la posibilidad de cumplimiento de los fines esenciales del Estado (C.P., artículo 2°) y los postulados de igualdad, eficacia, moralidad economía, celeridad e imparcialidad en que se funda el ejercicio de las funciones públicas (C.P., artículo 209).
Si el legislador considera importante evitar ciertos gastos - como el pago de las agencias en derecho de la parte que ha vencido en un juicio contra las entidades públicas mencionadas -, no puede hacerlo obligando a quien ha resultado lesionado por culpa del Estado a asumir la correspondiente carga. Si ello se permitiera, se estaría aceptando que la sociedad entera se beneficie de una carga impuesta a una persona que, adicionalmente, ha sido víctima de una actuación u omisión ilegítima por parte del Estado. En suma, el sujeto que ha sufrido una lesión por causa de las autoridades públicas debe asumir integralmente una carga económica que de otra manera no hubiera tenido que soportar, a fin de beneficiar a la comunidad. Lo anterior vulnera abiertamente el principio de distribución equitativa de las cargas públicas y, en consecuencia, el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta.
En consecuencia, encuentra la Corte que la disposición procesal analizada no consagra un trato diferenciado que lesione el principio de equidad ante las cargas públicas de las partes procesales o que afecte el derecho a la no discriminación en el proceso, tal y como ocurría con la exención del pago de agencias en derecho. En primer lugar, queda claro que el particular que actúe como contra parte de las entidades públicas no tiene que asumir una carga mayor que aquella que debería asumir si su contraparte fuera una persona de naturaleza privada. Ciertamente, si bien en el primer caso no puede solicitar reembolso de lo pagado por concepto de impuesto de timbre ello se debe a que no ha debido pagar nada por la parte que hubiera correspondido a las tantas veces citadas entidades públicas Según el artículo 532 del Estatuto Tributario, cuando en una actuación o en un documento intervengan entidades exentas y personas no exentas, las últimas deberán pagar la mitad del impuesto de timbre, salvo cuando la excepción se deba a la naturaleza del acto o documento y no a la calidad de sus otorgantes. Cuando la entidad exenta sea otorgante, emisora o giradora del documento, la persona o entidad no exenta en cuyo favor se otorgue el documento estará obligada al pago del impuesto en la proporción establecida en el inciso anterior.. De otro lado, la disposición que se estudia no crea un trato diferenciado a favor del Estado sino que traduce, a la dimensión procesal, la exención establecida por los artículos 532 y 533 del Estatuto Tributario. Mal puede entonces afirmarse que es causa de una discriminación en contra de los particulares.
Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda la integración normativa por esta ultima causal, se requiere la verificación de dos requisitos distintos y concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad normativa; (2) que las disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista, aparentemente inconstitucionales. A este respecto, la Corporación ha señalado que "es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad". Sentencia C-320/97 (M.P.A.M.C..
"Con todo, se podría objetar también que mediante estas integraciones normativas, la Corte se convierte en una instancia de revisión oficiosa de toda la legislación, cuando la Constitución le atribuye otra función más específica: pronunciarse sobre las demandas ciudadanas. Según este razonamiento, una norma siempre hace parte de un conjunto normativo mayor, el cual a su vez hace parte de otros conjuntos mayores, que se interrelacionan entre sí hasta abarcar la totalidad del ordenamiento. Entonces, conforme a este argumento, una sola demanda obligaría a la Corte a estudiar todas las regulaciones legales, lo cual no es admisible, pues desvirtúa la función del control constitucional. Esta objeción es en parte válida, por lo cual la Corte entra a precisar el alcance excepcional de la unidad normativa en estos casos. Así, ésta procede cuando (...) la regulación de la cual forma parte la disposición acusada aparece prima facie de una constitucionalidad discutible. En efecto, si esa regulación mayor es constitucionalmente sospechosa, ineludiblemente debe la Corte examinarla, pues no podría declarar constitucional un aspecto de una determinada institución, si ésta última puede ser globalmente inexequible." Sentencia C-320/97 (M.P.A.M.C..
Procede la Corte, en consecuencia, a definir si la exención de que tratan los artículos 532 y 533 del Estatuto Tributario puede ser calificada como de dudosa constitucionalidad. Si así fuere sería necesario integrar la unidad normativa y entrar a realizar un juicio concreto de constitucionalidad sobre las precitadas disposiciones. En cambio, si no se trata de normas de constitucionalidad sospechosa, la Corte deberá abstenerse de conformar la unidad normativa y limitarse a declarar la exequibilidad de la parte estudiada del artículo 392 del C.P.C.
33. En principio las disposiciones contenidas en los artículos 532 y 533 del Estatuto Tributario no parecen abiertamente inconstitucionales. En primer lugar, se trata de disposiciones legales que se refieren a una materia respecto de la cual el legislador tiene un amplio marco de configuración política. En otras palabras, como lo ha señalado reiteradamente la Corte, en materia tributaria el juicio de constitucional resulta particularmente débil Sentencia C 445/95 (M.P.A.M.C... Así las cosas, para que una norma tributaria apareciera a primera vista inconstitucional se requiere, bien que establezca una diferencia de trato fundada en alguno de los criterios de diferenciación prohibidos por el artículo 13 de la Carta, ora que resulte abiertamente contraria a alguna regla constitucional expresa. Así por ejemplo, seria constitucionalmente sospechosa la norma que distribuyera una determinada carga tributaria acudiendo a criterios como el de la raza o la ideología política de los sujetos afectados. Así mismo, ofrecería serias dudas la disposición que, contra la prohibición de fijar rentas nacionales con destinación específica, definiera que un porcentaje de los recursos del presupuesto nacional deben destinarse, por ejemplo, a la promoción de la cinematografía.
"El legislador goza de autonomía para fijar el núcleo de contribuyentes favorecidos con la exención y no vulnera la Constitución por el sólo hecho de plasmarla, ya que es la propia Carta la que, de manera expresa, prevé la figura. Desde luego, las exenciones implican que quienes encajan en los supuestos normativos que las conceden se sustraen, por voluntad del legislador, de la obligación tributaria, que en cambio cobija a todos los demás sujetos pasivos de los gravámenes en cuestión. Sin embargo, la norma que consagre una exención tributaria puede resultar contraria a la Carta Política si, al ejercer su atribución, el Congreso desconoce alguno de los postulados del orden jurídico básico del Estado, uno de los principios que informan el sistema tributario (equidad, eficiencia y progresividad, según la enunciación del artículo 363 C.P.), o uno de los derechos o de las garantías fundamentales. Pero tal vulneración no podría deducirse de la sola diferencia de trato entre los contribuyentes, ya que toda exención la supone en cuanto es de su esencia distinguir entre los sujetos pasivos de los tributos, obligando a unos y excluyendo a otros del pago de determinado gravamen. La ruptura del equilibrio constitucionalmente previsto debería partir, para ser suficiente como fundamento de la inexequibilidad, de la absoluta ausencia de un motivo válido, objetivo y razonable basado en circunstancias especiales. De no ser sustentada la exención en elementos que la justifiquen, la Corte no podría hacer nada distinto de declarar su inconstitucionalidad, por violación del artículo 13 de la Carta Política. A la inversa, si, desde la perspectiva de las diferencias existentes, el juez de constitucionalidad corrobora que la exención se funda en razones que ameriten exonerar del tributo a algunos de aquellos que en principio, por reunir las características de ley, deberían ser sujetos pasivos del impuesto, la disposición que la consagra no lesiona el principio de igualdad y es exequible en la medida en que tampoco desconozca otros principios o mandatos constitucionales." Sentencia C-188/98 (M.P.J.G.H.G..
Conforme a lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad de la parte del artículo 392 del C.P.C., según la cual la Nación y las entidades territoriales no podrán ser condenadas al pago del reembolso del impuesto de timbre.
1. Estarse a lo resuelto en la sentencia N° 98 de julio 26 de 1990 (MP. J.S.G., que declaró inexequible la expresión "las instituciones financieras nacionalizadas", contenida en el inciso 2° del artículo 392-1 del Código de Procedimiento Civil, tal como quedó modificado por el numeral 198 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989.
En el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia aludida, se declara inexequible la prohibición de condenar a pagar agencias en derecho a la Nación, los Departamentos, los distritos especiales y los municipios, pues eso es lo que queda vigente al declarar exequible el inciso segundo del numeral 1º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el numeral 198 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989), "salvo las expresiones ´agencias en derecho, ni´ y ´las intendencias y comisarias´que se declaran inexequibles".
Analizados los antecedentes de la norma en cuestión, con absoluta claridad se observa que el legislador, bajo la consideración de que la Nación, los Departamentos y los Municipios, como personas de Derecho Público actúan en interés general, optó por la prohibición de condenarlos en costas, tal cual aparece en el artículo 35 de la Ley 100 de 1892, que adicionó en ese punto el artículo 864 del Código Judicial de 1872, norma que se reprodujo luego por el artículo 576 de la Ley 105 de 1931 y que, en similares términos se incluyó también en el inciso segundo del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil expedido mediante Decreto 1400 de 1970.
Posteriormente, mediante la reforma introducida al Código de Procedimiento Civil vigente por el Decreto 2282 de 1989 (artículo 1º, modificación 198), el artículo 392 de dicho Código, dispuso que "en ningún caso la Nación, las instituciones financieras nacionalizadas, los departamentos, las intendencias, las comisarías, los distritos especiales y los municipios podrán ser condenados a pagar agencias en derecho, ni reembolso de impuesto de timbre". Es decir, que a partir de la vigencia de la reforma en mención, de las costas procesales, según la norma analizada, habrá que separar "las agencias en derecho", de tal suerte que las personas jurídicas mencionadas puedan ser condenadas sólo por el valor de las expensas que para surtir el proceso hubieren sido sufragadas por la contraparte.
Con todo, como quiera que la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No. 98 de 26 de julio de 1990, declaró inexequible la expresión "las instituciones financieras nacionalizadas", contenida en el inciso segundo del citado artículo 392-1 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación que a él le fue introducida por el Decreto 2282 de 1989, es claro que la prohibición de condena al pago de agencias en derecho sólo subsistía respecto de las demás personas de Derecho Público allí mencionadas, de las cuales, por ministerio de la Constitución, quedan excluidas las intendencias y las comisarías, entidades territoriales que desaparecieron a partir de la vigencia de la Constitución de 1991, tal cual se expresa en la Sentencia de la que respetuosamente salvamos nuestro voto, en forma parcial.
Como fundamento del numeral segundo de la parte resolutiva del fallo del cual discrepamos, en síntesis, la Sentencia expresa que la prohibición de condenar en costas a las entidades de derecho público que allí se mencionan, resulta vulneratoria del derecho a la igualdad, pues no encuentra que sea legítimo conforme al artículo 13 de la Carta Política que se sitúe en una posición de privilegio a la Nación, los departamentos o los municipios, con respecto al particular que litigue contra ellos y los venza en un proceso, pues, a pesar de ello, no podrá recuperar para su patrimonio lo que hubiere gastado en sufragar las "agencias en derecho".
A nuestro juicio, resulta equivocada la decisión adoptada con ese fundamento por la mayoría, pues si bien es verdad que existe en esa disposición una discriminación a favor de la Nación, los departamentos y los municipios, ese trato diferencial obedece a la naturaleza de estas personas de derecho público, que, precisamente por serlo, actúan en defensa no de intereses privados, sino, como es evidente, de los superiores intereses de la colectividad, es decir, de todos los asociados, razón ésta por la cual se justifica ese tratamiento diferencial, que, en este perspectiva, aparece dotado de plena legitimidad.
De igual modo, si las agencias en derecho son de carácter patrimonial, fuerza es concluir que la prohibición de condenar al pago de ellas a la Nación, los departamentos y los municipios, necesariamente implica disminuir las erogaciones a cargo de estos entes públicos, es decir que, tal prohibición aparece con una finalidad en pro de los recursos públicos, lo que quiere decir que, además de legítima, esa prohibición es útil en beneficio de los superiores intereses de la sociedad.
Por otra parte, la citada prohibición de condenar al pago de agencias en derecho a la Nación, los departamentos y los municipios, ni de lejos resulta desproporcionada, y, en cambio, salta a la vista que mediante ella, se hace aplicación concreta del artículo 1º de la Carta que establece como uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho "la solidaridad de las personas" que de él forman parte y "la prevalencia del interés general". De tal manera que, si a quien resulta vencedor en el proceso adelantado contra una de las entidades estatales aludidas, la condena a su favor habrá de pagársele con cargo a los dineros públicos, no resulta como un exabrupto ni pugna con la Constitución que a los demás se les exonere de contribuir al pago adicional de las "agencias en derecho".
Así las cosas, lo que aparece claro es que la exoneración del pago de agencias en derecho a las citadas personas de derecho público, tiene nítido fundamento constitucional, por una parte; y, por otra, decisiones como ésta, de la cual disentimos, en vez de avanzar en la evolución del derecho, constituyen un retroceso, por cuanto se regresa a la situación imperante durante la vigencia de disposiciones decimonónicas, tales como el Código Judicial de Cundinamarca de 1858, adoptado como Código Judicial de los Estados Unidos de Colombia por la Ley 57 de 1872, que, bajo orientaciones que sí tienen en cuenta la función y los fines del Estado, ya habían sido superadas primero por el artículo 35 de la Ley 100 de 1892 y, luego, por la Ley 105 de 1931, el Código de Procedimiento Civil de 1970 (Decreto 1400 de ese año) y, posteriormente, mantenidas con la reforma introducida a éste por el Decreto 2282 de 1989.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 34545 de 25 de Agosto de 2010

References: artículo 1
 artículo 13
 artículo 392
 artículo 1
 artículo 576
 artículo 393
 artículo 393
 artículo 393
 artículo 392
 artículo 1
 artículo 46
 artículo 392
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 392
 artículo 1
 artículo 392
 artículo 1
 artículo 90
 artículo 392
 artículo 90
 artículo 309
 artículo 393
 artículo 55
 artículo 171
 artículo 1
 artículo 35
 artículo 864
 artículo 561
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 576
 artículo 576
 artículo 1
 artículo 393
 artículo 1
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 artículo 1
 artículo 55
 artículo 171
 artículo 13
 artículo 392
 artículo 1
 artículo 576
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 artículo 392
 artículo 392
 artículo 1
 artículo 171
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 171
 artículo 171
 artículo 392
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 209
 artículo 13
 artículo 532
 artículo 392
 artículo 13
 artículo 363
 artículo 13
 artículo 392
 artículo 392
 artículo 1
 artículo 392
 artículo 1
 artículo 35
 artículo 864
 artículo 576
 artículo 392
 artículo 392
 artículo 392
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 35