Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/29
Timestamp: 2020-06-03 03:36:32+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 29/1981
SENTENCIA 29/1981, de 24 de julio
ECLI:ES:TC:1981:29
En el recurso de amparo núm. 25/80, promovido por don J. D. R., representado por la Procuradora doña Aurea González Martín, bajo la dirección del Letrado don Francisco Javier Muñoz Aizpuro, en relación con la inadmisión del recurso de casación preparado contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo de 5 de diciembre de 1977, recaída en la causa 5/77 del Juzgado de Instrucción de Mondoñedo, y otros extremos. En el recurso ha comparecido el Fiscal General del Estado, siendo Ponente don Rafael Gómez-Ferrer Morant.
El procesado estuvo representado por el Procurador don Fernando Truque Fernández y defendido por el Letrado don Rafael Pérez Basanta, a los que había designado apud acta. En el juicio oral se practicaron las pruebas de confesión, testifical, pericial (práctica y médica), según consta en la correspondiente acta.
b) En 6 de diciembre de 1977, la Sentencia fue notificada tanto por el Procurador señor Truque Fernández como al solicitante del amparo personalmente, y mediante escrito presentado en 13 de diciembre la representación del actor preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley que, según manifiesta, se propone interponer. Por Auto de 25 de enero de 1978 la Audiencia tuvo por preparado el recurso, acordando el emplazamiento y entrega de las preceptivas notificaciones. Tal emplazamiento se efectuó al mencionado Procurador en la propia fecha, con entrega del testimonio de la Sentencia para que en el improrrogable plazo de quince días compareciera ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo a hacer uso de su derecho. En el mismo día se elevaron el rollo y el sumario a la mencionada Sala, lo que se comunicó al Director del Centro de cumplimiento de Cáceres, al que había sido trasladado el solicitante del amparo, mediante oficio que fue recibido en 30 deenero.
e) En 1 de junio de 1978 la Sala de la Audiencia Provincial de Lugo acordó tener por recibido el oficio de la Sala Segunda del Supremo en el que se le comunica haberse dictado el Auto anterior. Esta resolución fue notificada el mismo día al Fiscal y en el siguiente al señor Truque, Procurador del recurrente.
3. Para resolver esta cuestión, y deducir las consecuencias procedentes, debemos afirmar que el emplazamiento efectuado al Procurador del actor, plenamente correcto a tenor de lo dispuesto en los arts. 182, 855 y 859, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, surte sin duda efectos para su mandante, el señor Díaz Rivas, sin que -en principio- el hecho de que hubiera sido trasladado de prisión pueda tener trascendencia alguna, máxime cuando el Procurador conocía la voluntad de su representado de comparecer ante el Tribunal Supremo e interponer el recurso de casación; a lo que debe añadirse que pudo también haber pedido en su momento que se aplicara lo dispuesto en el art. 860 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dada la declaración de insolvencia efectuada por la Sentencia, en orden a la remisión directa del testimonio de la misma a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y al nombramiento por la Sala de Abogado y Procurador.
5. Planteada así la cuestión, la solución aparece clara. Debe entenderse que el escrito se ha presentado -a los efectos legales- en el momento en que el interno lo entrega a la Administración penitenciaria. Esta conclusión es una lógica consecuencia del carácter unitario del Estado -como institución compleja- que se refleja además en la legislación penitenciaria misma. En efecto, aun cuando la denominación Administrativa penitenciaria tiene, como es sabido, una íntima conexión con la Administración de Justicia de la que depende funcionalmente en los términos de los arts. 526, 985, 987, 990 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (y también 76 de la Ley General Penitenciaria y disposición transitoria quinta del Reglamento Penitenciario de 8 de mayo de 1981), lo decisivo aquí es que tanto el art. 375 del antiguo Reglamento de Servicios Penitenciarios -entonces vigente-, como el art. 276 del reciente Reglamento Penitenciario, ya citado, establecen que «el Director de un Establecimiento por su carácter de tal ostenta la representación del Poder Público». Por eso, como tal representación del Estado, debe entenderse recibido por el mismo cualquier escrito que un interno le entregue.
Type and record number Recurso de amparo 25-1980
La presentación de escritos por un recluso surte todos sus efectos cuando se entregan al Director del establecimiento penitenciario
La aplicación del art. 874, párrafo último, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, suscita la cuestión de determinar en qué momento debe entenderse que el recurrente ha presentado el escrito cuando se encuentra internado en un establecimiento penitenciario, dado que la presentación no pudo efectuarla personalmente en el Registro General del Tribunal Supremo, ya que ello era para él imposible por causas de fuerza mayor, es decir por una fuerza ajena que se le impone de manera irresistible.
El Director de un establecimiento penitenciario ostenta la representación del Poder público, por lo que debe entenderse recibido por el Estado cualquier escrito que le entregue un interno.
La tesis que se sostiene es la única solución posible para no colocar al interno en una condición de desigualdad ante la Ley (art. 14 de la Constitución), ya que de no ser así dispondrían de un plazo menor al legal de quince días, y además habrían de asumir con carácter general el riesgo de que la Administración Penitenciaria y el Servicio de Correos funcionaran con mayor o menor diligencia, lo que, dada la dificultad de fijar unos estándares de obligado cumplimiento, se traduciría en una solución contraria a la seguridad jurídica (arts. 9 y 17 de la Constitución).
Es posible la aplicación retroactiva de la Constitución en materia de derechos fundamentales y libertades públicas.
El principio de presunción de inocencia que establece el artículo 24.2 de la Constitución no ha sido vulnerado, ya que se trata de una presunción «iuris tantum», que, como tal, puede ser destruida por la prueba en contrario; siendo claro que en el caso de autos se han verificado diversas pruebas cuya apreciación corresponde a la autoridad judicial (artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), sin que se aprecie una actuación contraria a la presunción de inocencia.
Artículo 526, f. 5
Artículo 860, f. 3
Artículo 874, ff. 4, 7
Artículo 985, f. 5
Artículo 987, f. 5
Artículo 990, f. 5
Artículo 375, f. 5
Artículo 276, f. 5
Administración penitenciariaAdministración penitenciaria, Naturaleza, f. 5
Derecho a la presunción de inocenciaDerecho a la presunción de inocencia, Naturaleza, f. 8
Cómputo de plazos para la presentación de escritosCómputo de plazos para la presentación de escritos, f. 7

References: resolución 
 artículo 24

Artículo 526

Artículo 860

Artículo 874

Artículo 985

Artículo 987

Artículo 990

Artículo 375

Artículo 276