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Timestamp: 2016-09-30 01:42:48+00:00

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NavegarNavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosCómicsPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLibrosAudio librosCómicsPartiturasCámara Nacional de Casación Penal, en pleno Kosuta, Teresa R.17/08/1999 Voces LEGITIMACION ~ PENA ~ PROBATION ~ QUERELLANTE Tribunal: Cámara Nacional de Casación Penal, en pleno Fecha: 17/08/1999 Partes: Kosuta, Teresa R. Publicado en: LA LEY 1999-E, 165 - LA LEY 1999-E, 828, con nota de Gustavo A. Bruzzone; DJ 1999-3, 309 - Colección de Análisis Jurisprudencial Elems. de Derecho Penal y Procesal Penal - Andrés José D'Alessio, 184 - DJ 2000-2, 1, con nota de Aníbal Horacio Rizzi; Mariano Bertelotti; Sumarios 1 - La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. 76 bis y sigtes. del Cód. Penal es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años. 2 - No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal, conjunta o alternativa. 3 - La oposición del Ministerio Público Fiscal, sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional, es vinculante para otorgar la suspensión del juicio a prueba. 4 - El querellante tiene legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos.
del Puerto. ¿Sólo para los delitos de bagatela?". a partir de que la ley se refiere a cada grupo de delitos en párrafos diferentes. 1994-2-177). Molero. Solimine "La suspensión del proceso a prueba para los delitos criminales en la ley 24. N° 184/99. LA LEY. 83. puede admitirse la existencia de dos supuestos de procedencia al resultar compatibles con el órgano jurisdiccional que en la etapa de debate puede acordar la suspensión del proceso a prueba (órgano unipersonal para los delitos leves representado por el juez correccional) y órgano colegiado para los delitos de mayor gravedad (o sea. p. 26 del digesto sustantivo (pena aplicable) (vid.. Buenos Aires. Buenos Aires. ps. 603). Almeyra "Probation. Ello se sostiene al considerar que: a) En el primer párrafo se prevé pena en abstracto (pena cuyo máximo no exceda de tres años). circunstancia que no obstaculiza la concesión. d) La exigencia de dictamen fiscal favorable en el cuarto párrafo patentiza la existencia de dos supuestos diferentes (Vitale. cit.). 1997-A. 413. Buenos Aires. 1090. p. p. "Suspensión del proceso penal a prueba".. b) Tanto el primero como el segundo párrafo prevén distintas especies de penas privativas de la libertad (pena de reclusión o prisión y pena de prisión --como consecuencia del reenvío al art. 1998-D. Bovino "La suspensión del procedimiento en el Código Penal argentino y la 'diversión' (Un análisis comparativo)". 65/6. Ed. ob. Ed. c) En razón del uso que la ley hace de los términos "juez" en el tercer párrafo del art. DJ. de otra banda. 1998-C. Vitale.tres años de prisión" (causa N° 1022. Editores del Puerto. 813. LA LEY Actualidad. el 30/4/99).316 (Probation)". con clara alusión al art. Sáenz "La suspensión a prueba del proceso penal (Probation)". 75 y 79. 69). ob. Cuarto: Mas. p. Incluso por vía de la "unidad de la norma" se dice que en todos los casos la ley exige el dictamen fiscal favorable y la posibilidad de condena condicional (vid. Aldo y otros s/recurso de casación.. rta. 76 bis y "tribunal" utilizada en el cuarto. LA LEY. Din. al calibrar las coordenadas que enmarcan el ámbito de
. 1996-E. "Primeras experiencias en la aplicación de la probation". Losada. "Cuestiones actuales sobre el proceso penal". 947). el tribunal de juicio) (cfr. Orgeira-Vaiani "La suspensión del juicio a prueba y los delitos con pena mayor de tres años". Ríos "La interpretación de la ley y el juez penal. 1995-B. 1994. 26 antes citado--. Vitale. "Probation e institutos análogos". Coleff-Garrigós. la tesis contraria de carácter amplio se funda en una interpretación gramatical y teleológica. del 22/12/94). 1995. se pone en consideración la necesidad de incorporar una herramienta eficaz para el descongestionamiento de los puntos críticos de toda la organización judicial. "Probation y juicio abreviado". Astrea. 1997. en tanto que en el cuarto párrafo se considera la pena en concreto. de Olazábal. LA LEY.316. 1994-C. ps. 176 y sigtes. 1347. probation"--. Buenos Aires. De esta forma. respectivamente) (cfr. Cafferata Nores. Buenos Aires. Devoto. LA LEY. cit. 43 y sigtes. Ed. LA LEY. reg. 1996. LA LEY. A propósito de la procedencia de la suspensión del juicio a prueba". "Suspensión del proceso a prueba --Análisis de la ley 24. (e) Corresponde tomar en cuenta la finalidad perseguida con la incorporación de este instituto (vid.
aplicación selectivo con el objeto de incrementar la idoneidad en la persecución y la penalización de los delitos de elevada gravedad. PGN 39/97). 20) y el procurador general de la Nación. en detrimento de los justiciables y de la seguridad jurídica y que. cabe preguntarse por qué tendrá vedado formular ese mismo pronóstico para evaluar la procedencia del instituto. a poco de ver que los arts. esta tesis amplia recibe --a no dudarlo-. p. mediante la instrucción a los fiscales (res. doctor Nicolás Eduardo Becerra. Sobre la base de lo expuesto
. por lo tanto. a los efectos de dictar la prisión preventiva. no es correcta la afirmación a la luz de la normativa procesal vigente. julio 1994.a la necesidad de echar mano a mecanismos que modernamente se utilizan para limitar los efectos estigmatizantes de la reacción penal. el entonces Ministro de Justicia de la Nación que motorizara la reforma. 312 y 316 del rito autorizan al juez a formular un pronóstico de la pena a imponer a los efectos de dictar el auto de prisión preventiva y denegar la excarcelación. debe primero entenderse en sus fines y luego aplicarse con el criterio más lógico para que esos mismos fines se cumplan a través de la ley". p. generado como consecuencia del cuadro de situación expuesto. doctor León Carlos Arslanian ("Plenario. Por lo tanto. Publicación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires". como resulta del trabajo efectuado por la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación de la cual se extrae que en Capital Federal (a) de 30 tribunales orales en lo criminal. Se suman con su adhesión a la tesis amplia. orden del día N° 1200). adoptan el criterio restrictivo 8 tribunales y el amplio 22. De otro lado se sostiene que la incorporación del instituto responde --como reajuste de la política criminal-. a modo de refutación respecto del argumento que sostiene que la declaración de delito grave o leve debe hacerse judicialmente ya que el órgano no puede hacer un pronóstico de la pena a recaer. que permiten bajo ciertas condiciones liberar al imputado o acusado del juicio de la desaprobación que posiblemente habría de formulársele por el hecho cometido. Como se sindicara. (c) que en el año 1997 ingresaron a los juzgados de ejecución penal provenientes de juzgados correccionales 742 expedientes contra 2025 provenientes de juzgados o tribunales de instrucción (168 de los tribunales orales en lo federal. numerosas interpretaciones judiciales contradictorias entre sí han impedido una plena e igualitaria aplicación del mismo. si el juez puede prever la pena que habrá de recaer en caso que se dicte una sentencia condenatoria. 2 adoptan el criterio restrictivo y 4 el amplio. más allá de los reparos que pueda generar la simplificada categorización. (b) de 6 tribunales orales federales. 4). Por fin. del 31/12/98. La Comisión consideró que desde la incorporación de este instituto en el Código Penal. siendo "el instituto ajeno a nuestra tradición jurídica continental. y de los efectos de la condena que quedarán como un sello en sus antecedentes personales. Sólo resta consignar el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación (sesiones ordinarias de 1998. evitando que los tribunales vean perturbado su funcionamiento por el tratamiento de las causas más leves. Buenos Aires. 14 de los juzgados de instrucción) (ED.el respaldo de la jurisprudencia ampliamente prevaleciente. 1843 de los tribunales orales en lo criminal.
lleva a reafirmar una vez más la opinión oportunamente sustentada. 308--). 76 bis del Cód. rta. "A partir de estas coordenadas. el 15/5/98). 76 del Cód. 1980-D. también las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (Fallos: 295:376). a partir de la causa N° 1509 del registro de la sala III. Emilio s/recurso de casación" (reg. ps. sesiones ordinarias de 1998. sesiones ordinarias de 1999." (Dirección Publicaciones.. 423--)". caratulada "Vázquez. respecto de una opinión que se insinúa como minoritaria. pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos: 307:1018 --La Ley. como verdadero. por todo lo que no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio. Congreso Nacional. N° 191/98. también cabe el paso inicial. orden del día N° 405. disponiéndose en la nueva redacción que "el imputado por delito de acción pública podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba cuando pudiese corresponderle condena de ejecución condicional. así como que los jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700 --La Ley. se conoce que la primera regla de interpretación de las leyes es darle pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973 --La Ley. En la misma orientación se dirige el actual trámite parlamentario en la cámara alta (Dirección de Publicaciones. claro queda pues que no puede dejarse de atender en el 'subexamine' los clásicos estándares interpretativos que parten de los criterios literal. 2° del ritual que obstaculiza cualquier inteligencia extensiva de las normas penales. En efecto. menester es destacar cuanto se sostuvo desde el derecho internacional de los derechos humanos. 1986-A. el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 1:300).. orden del día N° 1200. 75
. Cámara de Senadores. positivado ahora en nuestra norma fundamental (art. 1978-B. por medio del voto del juez Casanovas. Cámara de Senadores. auténtico. De otro lado. "Aunque respecto del extremo gramatical concurre en nuestro ámbito el postulado de interpretación restrictiva establecido en el precepto que consagra el art. Analizar nuevamente la cuestión. evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones. 117--). 1978-D. Congreso Nacional. 4505/4520). Penal". máxime cuando aquél concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos: 295:376) para todo lo cual se deben computar la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 312:11). Penal. destruyendo las unas por las otras y adoptando. sistemático y teleológico a la hora de desentrañar el sentido y alcance de la unidad textual contenida en el último párrafo del art. Quinto: En orden al segundo de los extremos propuestos --procedencia o no del instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación--.se establece sustituir el art. 1513 y siguientes). hubo ocasión de señalar que "desde los parámetros brindados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. y la primaria fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167--La Ley. ps. 397--).
proyecto del diputado y miembro informante Antonio María Hernández. 40). 6°.en la reunión octava del 16 de junio de 1993. 58). Ed.316-Probation". 31)". en donde se establece también el homicidio culposo ("Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación". "Antecedentes . U. p. p. y "Doctrina Penal". 1994.". que apunta a contemplar la situación de aquellos delincuentes que en determinados delitos culposos terminan siendo condenados porque las circunstancias del caso lo conducen a la condena siendo que tal vez nunca más esa persona vuelva a cometer un delito. 10. 1448)". es decir. Un homicidio culposo por ejemplo. ley 24. 1995-D. N° 2. no puedo dejar de evocar clarificadoras palabras del mensaje del miembro informante senador Augusto Alasino en el debate parlamentario del Senado de la Nación cuando dijo: '. y en esa dirección va encaminado' (vid. tanto los anteriores proyectos cuanto los que aparecen consensuados en la ley 24. 1°.. p. Constitución Nacional. 1986. "En segundo término --y en orden al sentido auténtico de la interpretación--. 75. 22. Constitución Nacional). 475--). N. que cualquier intervención estatal en materia penal debe obedecer a los postulados constitucionales de la resocialización (art. p. proyectos Maier y Zaffaroni. Aclaro esto porque tal vez lo soslayé cuando brindé el respectivo informe. lo menos aflictivo y estigmatizante para los que infrinjan los mandatos y las prohibiciones penales" (vid. cit. Por eso. mas el sentido aclaratorio y posterior de sus expresiones despejan cualquier sospecha sobre el propósito que animó su labor". Manny (op.. de 1957 --regla 63 y sigtes. en cuanto enseña que la configuración legislativa y la aplicación judicial de cualquier clase de medidas restrictivas de la libertad han de ajustarse al cumplimiento de sus exigencias superiores que reclaman en derecho penal que sea mínimamente intenso. Buenos Aires. sería el caso de quien atropella a una persona con un vehículo. "Doctrina Penal". "De otra banda también merece computarse la lista de delitos a los que se aplica la probation acompañada por la inserción del diputado Víctor Hugo Sodero Nievas --autor de un proyecto y activo protagonista legislativo-.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos --ley 23. cit. p. existe una política social del Código Penal. del 16/8/95. "En último lugar corresponde destacar en orden a los antecedentes parlamentarios que. ley 23. "Antecedentes parlamentarios". y en cuanto hace al patrón teleológico.054--. art. 5° inc. art.--.. 22. La Ley.313--. 146 y sigtes. Convención Americana de Derechos Humanos --Pacto de San José de Costa Rica. "Huelga significar. en referencia al canon sistemático.316. cit. Roberto C..inc. Debe tenerse en cuenta que ésa es la política criminal a la que apunta este instituto... no contemplaban como obstáculo a la probation la pena de inhabilitación (vid. no pueden caber dudas de los postulados político-criminales que orientaron la modificación del Título XII del Libro
. Al respecto no resulta ocioso señalar que en anteriores pasajes discursivos el propio legislador parece significar lo contrario (op. p.". con sus citas --La Ley. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la O. 671 y sigtes. voto conjunto de los tres integrantes de la sala en el plenario N° 3 "Molina. Buenos Aires. p.lo que pretende este instituto es atender a cada delincuente primario. 29). inc. art.660 de ejecución de la pena privativa de libertad)". con exclusión del presentado únicamente por el diputado José J. "Ley 24..) o la contemplaban en la modalidad absoluta (vid. "Por fin. 1998. ocasional o que comete un delito una sola vez en la vida.
. "En suma.. precisamente impide considerar a un legislador contradictorio. destáquese que el fin preventivo que pretende defender la opinión contraria debe necesariamente atender que puede hallarse satisfecho con la imposición de las reglas de conducta que cabe adoptar junto con el acordamiento (esto es. 95. "Probation e institutos análogos". Cafferata Nores. 1996. 5° del ordenamiento. Ed. ley de abastecimiento 20. así como también de beneficiar a los imputados de delitos dolosos (v. N° 7. Vitale "Suspensión del proceso a prueba". desde la capacitación técnica hasta la misma prohibición de conducción de vehículos automotores (arts. de suerte que no puede advertirse redundancia y/o absurdo en el texto legal. a poco de observar que el universo de conductas en las que puede verse comprometido como sujeto activo excede el estrecho marco de estas figuras delictivas. 76 ter. tratándose de actividades no reguladas. Tarditti. Procesal Penal)". 1°. donde media discordancia entre el querer y el resultado). 1997. "Por lo demás. y que cristalinamente se expresan en el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional: reformar sustancialmente el funcionamiento real del sistema judicial penal de nuestro país con una programación eficaz de su actuación. párr.gr. Pessoa. p.. en donde el instituto de la suspensión del proceso a prueba se encuentra respaldado por fundamentales razones de orden práctico ("Antecedentes . Din. en base a las consideraciones y transcripciones que anteceden.. art. Buenos Aires.Primero del digesto de fondo a través de la incorporación de los arts. "Suspensión del juicio a prueba: esquema de análisis". p. 273 y 274.gr. Devoto. "Probation --ley 24. JA. Buenos Aires. "En este orden de ideas. entre otros. "Claro queda a mi ver que a cualquier télesis no se le puede escapar la inconsistencia que resulta del criterio de favorecer con el instituto a los imputados por delitos reprimidos con pena privativa de libertad y de impedirla para aquellos perseguidos por delitos que incluyen en su conminación la menor de las reacciones punitivas establecidas en el art. nos enfrentaríamos a la imposibilidad de imponer esta categoría de pena. Más aún: dentro de los delitos imprudentes. 176 y sigtes. 27 bis. "Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal". Del Puerto.316--: lo bueno y lo malo". 260. 76 bis. p 837.gr. Ed. Buenos Aires. anteúltimo párrafo. p. año III. cabe precisar la existencia de leyes penales especiales que reprimen conductas de sujetos que no responden a esa calidad. 855. donde el agente quiso lo que hizo) y perjudicar a los de delitos culposos (v. 18)". 76 ter y 76 quater.. con pena de inhabilitación en forma alternativa (v. Córdoba.. 1995. 134 y sigtes. Alagia. d)". Semanario Jurídico. A mayor abundamiento. "Probation y pena de inhabilitación". Tamini-Freeland "La 'probation' y la suspensión del
. con el soporte de la doctrina que reputo mayoritaria (vid. cit. Penal) que aparecen impedidos por la regla anterior expresa. 264. por tanto ¿tampoco cabría en esos casos la concesión de la "probation"? La razonabilidad y el postulado de igualdad impiden acompañar esa lectura". el argumento que señala que los únicos delitos previstos en la parte especial del código con pena de inhabilitación exclusiva vinculan a funcionarios públicos (arts. 1995. del Cód. p. Cód. 21/6/94. Penal y 310 del Cód.". 5° inc. p. "Cuestiones actuales sobre el proceso penal". 1997. Editores del Puerto.680. Buenos Aires. año XVII.
junio 2 de 1993. "Probation e institutos análogos". 62). de manera tal que una adecuada hermenéutica conduce a la conclusión de que es el orden del art. Penal el que resuelve esta situación". para poder acceder a la probation". 1994. al que adhirió el colega doctor Eduardo Rafael Riggi. 6ª Reunión. un encubridor o un maltratador familiar (cfr. resulta a mi juicio innecesario que éstos sean tramitados hasta el veredicto definitivo. reg. debe propiciarse el establecimiento del criterio favorable al acordamiento de la suspensión del proceso penal a prueba mediando comisión de delito reprimido con pena de inhabilitación especial prevista en forma conjunta". "Nótese que bastaría con que el autor de lesiones culposas. 1321) cuanto lo primigeniamente expresado por el senador Augusto Alasino en la Cámara revisora ("Antecedentes parlamentarios --ley 24. 94/95)". rta. previéndose además determinados mínimos para la multa y la inhabilitación . ps. en la causa N° 78 "Frías. entre muchas otras)". p. Ramiro E.juicio a prueba (comentarios a la ley 24. p. Procesal Penal. a la cualitativamente más grave. en el sentido que "los límites a tenerse en cuenta para habilitar la instancia son los previstos en el art. Año 1994. LA LEY. 854. aún mintiendo. la misma debe superar los tres años. diputado Antonio María Hernández (DSCDN. p. s/rec. el 21/12/93. "De lo precedentemente expuesto se desprende entonces que cuando las sanciones inflictas son varias. el 13/12/93. "Que desde otra línea argumental parece claro que uno de los propósitos que conlleva la pena es el fin preventivo. según sus fundamentos. N° 68 de la sala II.316". Madueño y el suscripto. el juez Tragant sostuvo que "tal interpretación se concilia plenamente con la jurisprudencia fijada por esta Cámara en orden al requisito de procedencia del recurso de casación mediando imposición de pena de inhabilitación. Este precepto debe interpretarse en consonancia con las prescripciones del art. N° 2. Nora E.Probation". 34 del mismo ordenamiento que se refiere para determinar la competencia en la hipótesis de un delito reprimido con varias clases de pena. en el referido precedente "Vázquez". por ello.316)". en atención a las manifestaciones vertidas tanto por el miembro informante en la Cámara de Diputados. 2° establece que cuando se trata de pena de prisión. 5° del Cód. Edwards. Córdoba.316-. LA LEY. 1994-D. inobservancia de los reglamentos o deberes del cargo. una vez definida esta cuestión.. Devoto. reg. que en su inc. cuando el
. s/recurso de queja" rta.. ley 24. 49) francamente no se alcanza a comprender por qué sería más comprometedor para la comunidad un médico imperito o un conductor omisivo del deber de cuidado que un disparador de arma de fuego. N° 73 de la sala III. "La probation en el Código Penal argentino. 88. de queja". causa N° 74 "Ciancio. 459 del Cód. Lerner. debe atenderse para analizar la procedencia del recurso de casación primero a la calidad de las mismas y luego. al monto de la más severa para verificar si ella encuadra en los supuestos contemplados en el mentado artículo 459 del Código de rito (del voto conjunto del doctor Raúl R. modificara la causal del resultado en intencional. "En los procesos que se relacionan con delitos que se refieren a supuestos de impericia. parág. Sexto: Por su parte.
Vitale. Estos dos extremos señalan los contornos entre los que se mueve la tarea. Sin embargo. y (b) la imposibilidad de aplicar una ley con total independencia de justicia. "Teoría de la argumentación jurídica. es requisito de procedibilidad un examen de probabilidad de que. se ha reconocido unánimemente en nuestro país. s/recurso de casación" (causa N° 518 --sala I--. reg. Si bien ello es cierto. a la par de advertir del error en la polarización de algunos de ellos. en caso de recaer condena. Alexy. tal como se expusiera en el mentado precedente "Vázquez". Aunque no faltan intentos de establecer una jerarquización de los métodos (v. evitando así el desgaste jurisdiccional. si bien la exclusión de la multa e inhabilitación del régimen de la condena condicional ha dado lugar a serias discusiones (sosteniendo algunos que pueden ser suspendidos cuando son accesorias de la pena de prisión). no lo es menos la circunstancia que nadie ha considerado que esta modalidad de condena no procede cuando la multa o la inhabilitación acompañan a la pena de prisión. en punto a que "según la norma examinada. por lo menos en aquellos casos en los que se haga cumplir efectivamente la inhabilitación durante el período de prueba (cfr. Sentada pues. con el mismo criterio deberá aceptarse la procedencia de la suspensión del proceso a prueba en el cual se investiga un delito reprimido con prisión e inhabilitación. el debate debe ser planteado en un terreno más amplio. y tiene que ver con los principios que gobiernan la hermenéutica. rta. en general. La labor interpretativa es mucho más ardua y los parámetros delimitadores que la gobiernan aparecen demarcados por (a) la imposibilidad de hacer justicia con total independencia de la ley. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. cuando por expresa disposición legal no es procedente la condena condicional respecto de las penas de multa e inhabilitación". la plataforma teórica. en forma conjunta. ob.gr. en procura de su resocialización. Si ello es así. la condena condicional no ha impedido que.
. junto con la suspensión de la pena de prisión. parecen agotarse las formulaciones sobre los argumentos de las respectivas tesis. Séptimo: Con el panorama descripto y las posturas sostenidas en los distintos pronunciamientos de las salas. Es decir. 27 bis del código sustantivo". ésta pudiese ser dejada en suspenso. 140). que la condenación condicional procede aun cuando la multa o inhabilitación acompañan en la ley a la pena de prisión. Claudio M.propósito del instituto es evitar la prosecución de juicios que revistan escasa entidad penal. en los delitos sancionados con prisión e inhabilitación en forma conjunta. como está previsto en el art.. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica". mediante el sometimiento del imputado a reglas de conducta enderezadas a modificar su comportamiento disvalioso. cit. p. N° 774. Si algo enseña la complejidad judicial es a escapar de los esquemas reduccionistas o simplificatorios. Ese cuadro argumental puede completarse además con aquel motivo que parte de la observación efectuada en el precedente "Asenjo. se disponga el cumplimiento efectivo de la inhabilitación. el 17/10/95).
pretendiéndose reducir la validez a la justicia. ps. Engisch "Introducción al pensamiento jurídico". dado que de lo que se trata --como sostiene Díaz con cita de Vlachos-. p. p. Centro de Estudios Constitucionales. 1989. Por lo demás. toda vez que desde Savigny se conoce que los criterios deben actuar en forma conjunta y reciproca (Larenz. Sur. en donde la dialéctica concreta entre la norma y la decisión debe correcta y coherentemente atender las tres perspectivas de lo jurídico: validez. 1999.gr. p. "Análisis lógico y derecho". Buenos Aires. Taurus. 1998). "Metodología de la ciencia del derecho". Ed. Madrid. Este modelo silogístico deductivo que aún hoy guarda plena vigencia con algunas doctrinas aplicativistas (v. y ello conduce a caminos erróneos (Bobbio. 68). lo que se da en llamar interpretación previsora (Sagüés. 40). no cabe considerar sino que en caso de colisión de dos interpretaciones posibles de un texto legal. sea del fin subjetivo del legislador u objetivo de la ley (Gimbernat Ordeig. Ariel. 1966. es el teleológico. Buenos Aires. 1966. Ed. si bien la opinión que preconizan las posturas restrictivas que enfatizan la literalidad o la supuesta voluntad del legislador no son tan categóricas a la luz de los variados patrones interpretativos --lo que conduce a la reserva sobre el acierto de estas tesis--. Ed. Madrid. 1992. Madrid. se señala que el más importante de los criterios de interpretación. o la validez a la eficacia. Como se dijo.1989). Madrid. no puede ser indiferente como directriz de la labor interpretativa la previsión de las consecuencias y efectos que pueda tener en la sociedad la aplicación de las normas. Barcelona. 1991). la justicia a la validez. puede resultar deseable. corresponde puntualizar que cualquier solución descansa exclusivamente en la opción en favor de alguna de las dos posiciones que --imperioso es resaltar-. Cualquiera de estas tres concepciones en términos absolutos están viciadas de reduccionismos y mutilan los elementos constitutivos de lo jurídico. la histórica y constante réplica a la concepción del juez como mero ejecutor del derecho que signó la evolución del método interpretativo: "la boca muda que pronuncia las palabras de la ley". "Sociología y Filosofía del Derecho". 124). pero difícilmente real. por lo que la decisión a favor de una u otra no puede apoyarse en el mejor fundamento lógico o hermenéutico de alguna de las interpretaciones posibles: estamos ante un conflicto de más o menos libertad
. Y al respecto. Menester es destacar entonces.parten de lecturas tan lícitas como defendibles de la cuestión. Klug "Problemas de filosofía del derecho". Guadarrama. Se impone pues necesariamente el pluralismo metodológico. 110. Depalma. 1967. "Concepto y método de la ciencia del derecho penal". Ed. Ed. Tecnos. p. eficacia y legitimidad. p. ninguna de las dos puede tener un fundamento completo. Este punto de vista positivista del sometimiento a la ley según la cual el juez es su esclavo dejó de ser defendido ya en la segunda mitad del siglo XIX. Debate.es de "escapar a la doble amenaza del conformismo amoral y de la arbitrariedad subjetiva" (Díaz. 234 y 270. Madrid. 77. Alchourrón y Buligyn. "Teoría General del Derecho". en muchos casos decisivo. "La interpretación judicial de la Constitución".
que previendo la ley penal un máximo de pena superior a los tres años de privación de la libertad. dos opciones aquí son posibles: (a) la primera consistente en sostener que la diferencia esencial entre los dos supuestos deriva en la vinculabilidad del juez sólo para el supuesto del cuarto
. ni que una interpretación inadecuada aparezca siendo más restrictiva para la libertad y determinando al sistema judicial hacia el dispendio y la inoperancia.. al punto de reconocérsele a sus fallos un sentido ejemplificador . el 21/7/95. s/ recurso de casación".(párr. rta. Penal-. voto del juez Casanovas en el plenario "Villarino. y un segundo que comprende a delitos --no incluidos en el primer grupo-. 95 y siguientes). a través de un fallo plenario. Cód. No parece equitativo que el costo por las inconsistencias o los defectos en la técnica legislativa deba ponerse a cargo del justiciable.. con el objeto de asegurar la unidad del derecho objetivo en procura de la seguridad jurídica que brinda la certeza de contenido de las normas jurídicas. N° 66. mérito o conveniencia que escapan a la revisión judicial" (causa N° 418 "Silvera Silva.. Buenos Aires. debe adoptarse como doctrina aplicable que: I) El art. 1° y 2°). Con base en estas consideraciones. reg. Octavo: En lo atinente a la tercera cuestión planteada. O en otros términos: es el legislador quien analiza la distinta utilidad de la prevención penal como remedio para determinada clase de criminalidad en base a criterios de oportunidad. y II) Procede el instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación especial en forma conjunta. y la uniformidad y legalidad de las decisiones judiciales" (vid. p. 4°). "Principios constitucionales de derecho penal". 26. con sus citas). Desde siempre se sostuvo que "no es posible revisar judicialmente postulados de política criminal propios de otras esferas de los poderes del estado. para asegurar la inalterabilidad de las leyes.(Bacigalupo. Y no se trata de arrogarse ilegítimamente facultades legislativas. Lo que se trata a través de la lectura postulada es de interpretar de modo coherente la política criminal delineada por los órganos habilitados. Es esta concentración del poder interpretativo la verdadera esencia y naturaleza que desde sus orígenes como órgano único y específico del estado ostenta la Casación. 1999. se arriba a la finalidad política de la casación que se encuentra en la función de uniformar la jurisprudencia. permiten el dictado de una condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso --art. 1995-E. un primero que encierra los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supera los tres años (párrs. José G. 120--). Hammurabi. De modo que entre las posturas definidas corresponde decidirse en favor de aquélla menos lesiva para el sujeto y que reduzca el campo de intervención de la justicia penal. Por ello "no debe olvidarse el poder interpretativo unificador con que el legislador dotó al tribunal. 76 bis comprende dos grupos de ilícitos. Por lo demás. con sus citas --La Ley. que conlleva su obligatoriedad vinculante por parte de los órganos jurisdiccionales correspondientes. Martín P. estableciéndolo como tribunal de grado superior que atrae para sí las resoluciones discordantes y las unifica.
(b) la segunda que reside en defender que la conformidad es exigible tanto en esta hipótesis como en la del inciso primero. cit. a través de un criterio de oportunidad expreso o reglado (Cafferata.. p. p. 417. el 23/9/96 --La Ley. que el consentimiento fiscal no puede reemplazar la petición del imputado. 838). I. ob. Solimine. p. p. ob. 815. 1488). Sáez Zamora-Fantini ob. resulta vinculante para el órgano decisor (vid.. reg. 76 del Cód. se requerirá tan sólo para el supuesto previsto en el cuarto párrafo del art. cit... ob.25. 949. ob. ob. a denegar la petición a pesar de la opinión favorable del representante del Ministerio Público Fiscal. tiene por función "promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad. en el mismo sentido Maier. 1352. conlleva la necesaria conformidad del Ministerio Público Fiscal. 365. Molero. Penal-. Orgeira-Vaiani.inciso. cit. ob. p. Por otro lado. ob. de los intereses legales de la sociedad. p." (art. Fundamentos. 180. Ríos. ob. Nada impide al tribunal.. 1996. ob. cit. cit. la vinculación del tribunal con la pretensión del fiscal no es de carácter estricto. si no se quiere caer en un burdo paternalismo o desatender la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa en juicio contenidos en la Constitución Nacional. ob. sólo cabe apuntar que la envergadura en función de la gravedad de los montos punitivos de los delitos que puedan dar lugar a la hipótesis del cuarto inciso. voto del juez Casanovas en la causa N° 737. cit. p. no debe obviarse que la crítica que invoca tal excepción apunta al establecimiento del propio instituto y no a su interpretación. 1278.. para lo cual --claro está-. Reynaga. Ochoa. Almeyra.. Editores del Puerto. Buenos Aires. 858.. p. cit. De ello puede inferirse que --a tenor de lo normado en el art. p. y en atención a la caracterización de la primera de las cuestiones. y la ley acuña el precepto "consentimiento". cit. p. atento a la vinculación relativa. Sólo tiene relevancia en cuanto a la manifestación negativa tendiente al acordamiento. García. Sáenz. Kent-García Torres. En cuanto hace al núcleo de este interrogante. p.debe articular la acción penal ante todo delito del que tome conocimiento (art. p. "Derecho Procesal Penal". p. 503. 181). rta. s/recurso de casación".no quedará para su partidario otra posibilidad que declarar su inconstitucionalidad y reclamar la modificación de la ley misma. Va sin decir también.. 1997-A. Un señalamiento previo fuerza a indicar que con la última reforma de la Constitución Nacional el Ministerio Público Fiscal. 1090. Oscar G. puesto que ello refleja la voluntad de continuar con el ejercicio de la acción penal. cit. de admitirse la tesis amplia. p. ob... Y si por vía de hipótesis ha de sostenerse que la suspensión del juicio a prueba constituye una excepción al principio de legalidad. Véase que desde la postura restringida siempre es requerido el dictamen fiscal favorable (vid. 120). Olivares Cusín. N° 283. pese a tener el Ministerio Público a su cargo el ejercicio de la acción penal.946).. cit. cit. p. 71 del Cód. cualquiera que ésta sea. ob. 25 de la ley 24. 285--).
. op. cit. Penal (vid. Bovino. cit. Tamini-Freeland. Vitale. 605. p. 1143. Sin embargo. en tanto que.. cit. cit. t. habida cuenta de que ésta es un presupuesto general de aplicación del instituto y debe concurrir en cualquier hipótesis... hoy órgano independiente. solo su negativa fundada --dado que no puede quedar librada a la arbitrariedad--. ob.
el 17/10/95. Buenos Aires. La Habana (Cuba). Libro-Homenaje al profesor Antonio Beristain". aprobó por consenso la res. Maier "La víctima y el sistema penal" (en) "De los delitos y de las víctimas". en lo que respecta a su intervención en el proceso (vid. 40/34 y la "Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder" en las que se recomienda que se adopten medidas a diversos niveles para mejorar el acceso a la justicia y el trato justo a las víctimas de delitos. al aprobar la Declaración. particularmente. sala IV. el 8/7/98. no puede desatenderse --en primer lugar. Bovino. "Roitman. Los Principios Fundamentales se aplican. "Acerca de la posición de la víctima en el Derecho penal y en el Derecho procesal penal". sala II. Schneider. del Puerto. a todos los países. Buenos Aires. así como la asistencia material. sala I. 1997. rta. 1998. vid. Ad Hoc. el 30/10/98 --La Ley. y que se les otorgue reparación. 349--. 2/94 solicitó la integración y puesta en marcha de la oficina de asesoramiento y asistencia a la víctima y testigos que estableció el nuevo ordenamiento
. Claudio M. Editores del Puerto. Ed. Noveno: Finalmente. citada). s/recurso de casación". médica. El 29 de noviembre de 1985. "La posición jurídica de la víctima del delito en el derecho y en el proceso penal. solo cabe sostener la pretensión fiscal vinculante como dictamen desfavorable al otorgamiento en la hipótesis del cuarto párrafo del art. de la República Federal Alemana. en punto a la encuesta que se formula en relación a la legitimación recursiva del querellante más allá del monto de la reparación. el voto del doctor Riggi en causa "Córdoba Grande.N. 1989. Ed. en los planos internacional y regional. Jorge A. rta. del Consejo de Europa y de Naciones Unidas". Efectivamente. en cualquier etapa de desarrollo y en todos los sistemas. y de modo sintético-. en "Criminología y Derecho Penal al servicio de la persona. que por la ac. causa N° 1492 "Campitelli. la Asamblea General de la O. 1998-A. 1992). causa N° 518 "Asenjo.la actual impronta doctrinaria a favor del mayor protagonismo de la víctima en materia penal y. Adrián s/recurso de casación". 27 de agosto a 7 de setiembre de 1990). Eser "Acerca del renacimiento de la víctima en el procedimiento penal". Nuevos desarrollos en la política criminal de los Estados Unidos. recomendó que. lo que también se releva positivamente respecto del instituto en cuestión (Cafferata Nores "Cuestiones actuales sobre el proceso penal". En este sentido debe relevarse la preocupación de esta cámara. 76 bis. y muy a pesar del sentido que recoge la jurisprudencia de las restantes salas de esta cámara (vid.U.En resumen. así como a todas las víctimas (Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente. sicológica y social que sea necesaria. Buenos Aires. p. mediante resarcimiento o indemnización. se adoptaran medidas para establecer medios de proporcionar un recurso a las víctimas cuando los procedimientos nacionales resultaran insuficientes. San Sebastián. sin discriminación. s/recurso de casación" rta. p. Hirsch. La Asamblea General. 99 y siguientes). "Problemas del derecho procesal penal contemporáneo". hace cuanto menos una década que los organismos internacionales dirigen recomendaciones en el sentido de dotar de mayor participación a la víctima dentro del sistema penal. Rodrigo s/recurso de casación". 136.
especialmente en cuanto hace al ejercicio de la acción penal. en una concepción igualitariamente digna con la de la persona del encausado. 8°. es coincidente con el que reconocen los arts. Estos preceptos.y el de quien se opone a tal pretensión. en el tiempo y en el espacio la sentencia. Así. entre otros). sin perjuicio de la acción civil) cuanto del imputado. controlando a través del recurso. Angelo y otra s/su solicitud por denegación de justicia en la causa N° 27. colaborar y coadyuvar en el referido proceso. del 3/12/98. cualquiera que sea la naturaleza del procedimiento --civil o criminal-.. como posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (Fallos: 199:617. consid. Ello en el marco del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el art.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" (causa N° S.1009. 1998-E. Y esta preocupación por la víctima debe ser correlativa con la adopción de criterios eficaces que resguarden de modo útil la exigencia de la tutela judicial de sus derechos. ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en la Constitución.de que se trate (Fallos: 268:266). Francisco A. tanto más si el instituto apunta al beneficio de la víctima (por vía de la reparación económica del daño. puesto que la carta fundamental garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma.XXXII.XXXIV "Santini. s/recurso de casación". el 13/8/98 --La Ley. 305:2150. circunstancia que debe obligar a renovar la inquietud del cuerpo en ese propósito. cuál puede ser la base para otorgar distinto tratamiento a quien acude ante un tribunal peticionando el reconocimiento o la declaración de sus derechos --así fuere el de obtener la imposición de una pena-. "Santillán. tanto este conjunto de actividades que posibilitarán.procedimental. 18 de la Constitución Nacional. aparecen reiterados por la corte nacional en la causa N° S. 331--). al sostener que "todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el art. s/homicidio culposo". Por lo demás. rta. la Corte Suprema de Justicia de la Nación le reconoció facultades activas. 18 de la Constitución Nacional. en un balance que indica una valorización equivalente que les asegure el carácter de protagonistas del proceso penal. sea que actúe como acusador o acusado. en donde se sostuvo que todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado en el art. 128-539--. 18 de la Carta Magna y cuyo alcance. no debe soslayarse que el derecho al recurso es un medio imprescindible para que los que son parte puedan.401. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14. que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma (Fallos: 268:266 --La Ley. la que aún a la fecha no ha sido creada. párrafo primero. se procura garantizar la persona del damnificado con su reconocimiento como efectivo sujeto de derecho. 2°).480" "González. como demandado o demandante. como la
. De esta manera. Alejandra V. dentro del procedimiento penal. No se observa.
76 bis del Cód. en mérito a las consideraciones expuestas. Al respecto. corresponde pronunciarse a favor de la legitimación autónoma del querellante para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos. Penal. II) Procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito imputado tiene prevista pena de inhabilitación especial en forma conjunta. Penal comprende dos grupos de delitos. IV) El querellante posee legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos. 1° y 2°).. Berraz de Vidal." (causa N° 5 "Acervo. no debe dejarse de aclarar que para ejercer la vía impugnativa el recurrente debe encontrarse debidamente habilitado para interponer el recurso pues tal como lo ha sostenido esta sala "cuando el art. Rodríguez Basavilbaso. (S.316 al Libro Primero del Cód. Penal. II) Procedencia o no del instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación.. el 31/5/93). Décimo: En conclusión. Capolupo de Durañona y Vedia. nos convoca a expedirnos respecto del instituto "De la suspensión del juicio a prueba" regulado por los arts.adaptación a derecho de este acto jurisdiccional (Suau Morey "Tutela constitucional de los recursos en el proceso penal". rta.
. dijeron: La res. 76 bis. Penal-(párr. un primero que encierra a aquellos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supera los tres años (párrs. Néstor H. s/recurso de casación". reg. permiten el dictado de una condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso --art. N° 40) de esta Cámara Nacional de Casación Penal de fecha 12 de febrero de 1999. 4°).J. de manera que el sujeto que no logró un pronunciamiento judicial que lo reconozca como tal no puede acceder a esta instancia extraordinaria. referente a esta última cuestión. 460 menciona a la parte querellante lo hace dando por sentado que esa calidad no se encuentra en discusión. 26. Catucci. Consecuentemente. Bosch. previendo la ley penal un máximo de pena superior a los tres años de privación de la libertad. y un segundo que comprende a delitos --no incluidos en el primer grupo-. ter y quater del título XII. 76 bis del Cód. Barcelona. Hornos y Fégoli. agregado por la ley 24. Penal. constriñendo el debate al siguiente temario: I) Pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. N° 8/93. 76 bis y sigtes. del Cód. p. Bisordi. Los doctores Riggi. Ed. 29). Madueño. Cód. 1995. III) El dictamen del fiscal desfavorable es vinculante para el órgano decisor a fin de resolver la suspensión del juicio a prueba prevista en el cuarto párrafo del art. debe adoptarse como doctrina aplicable que: I) El art. Mitchell.que.
el art. 76 bis del Cód. permitiendo "obtener un rendimiento mejor que el observado hoy por la sociedad" (Conf.se han generado dos criterios interpretativos mayoritarios. LA LEY. Según el primero de ellos. evitando el mal --la estigmatización que dificulta su resocialización-. habiendo cometido delitos de escasa gravedad. Asimismo. p. el orden establecido en el descripto temario aprobado. En efecto. 18). Para resolver esta disyuntiva. por el contrario. año 1994. sin otras exigencias (al interesado le bastará con ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible). Con la ley 24.316 ha traído numerosos inconvenientes en su aplicación práctica. Mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación en Antecedentes Parlamentarios. esta norma plantea dos hipótesis: una relativa a los delitos con pena de prisión que no exceda de tres años.que implica la imposición de una pena (sustituyéndola por una serie de reglas de conducta) y procurando su rápida reintegración a la sociedad. comúnmente denominados "insignificantes" o "de lesión mínima al ordenamiento jurídico" o "faltas de baja potencialidad ofensiva" o "delitos de bagatela". la aplicación de esta moderna técnica posibilita la descongestión de puntos críticos de la organización judicial argentina. excluido el supuesto correspondiente al monto de la reparación. N° 2. se intenta además contribuir a un mayor control de esta franja de conductas delictivas. Mediante este sistema.III) Carácter vinculante o no del dictamen fiscal en la suspensión del juicio a prueba. y de acuerdo al restante. la ambigua redacción de la ley 24. sin perjuicio de efectuar un breve relevamiento de consideraciones relativas al instituto que nos ocupa. Penal contempla un único supuesto que concentra todos los requisitos exigidos para la concesión del beneficio.la gran variedad de delitos conminados con penas que no superan los tres (3) años de prisión. Es una operación que busca "poner de acuerdo a la ley
. se sometan a los requisitos previstos en dicha norma. recordamos que el interpretar la ley requiere de una investigación de carácter dogmático cuyo objetivo es descubrir su sentido. y IV) Legitimidad o no del querellante para recurrir la suspensión del juicio a prueba. las que anteriormente hubiesen sido castigadas con condenas de ejecución condicional sobre las cuales no se ejercía contralor alguno. del 19/5/94).316.O. y la otra para los supuestos en que razonablemente se pueda pensar que la pena será en suspenso (sin límite en la amenaza penal abstracta). Primero: Observamos en nuestro análisis y desarrollo argumental. se introdujo en nuestro ordenamiento penal vigente el instituto de la "suspensión del juicio a prueba" con el objeto de evitar la imposición innecesaria de penas a personas que. Ahora bien. en cuyo caso será necesario el consentimiento fiscal para suspender el juicio. en beneficio del delincuente primario u ocasional. Así advertimos que --genéricamente y con ciertos matices-. se consagra excluir del juzgamiento penal --mediante la paralización del proceso-. para así aplicarla al caso concreto. sancionada el 4 de mayo de 1994 y promulgada el día 13 del mismo mes y año (B.
pero además la misión judicial no se agota en ello. "Kasdorf SA. Asimismo.la interpretación al extremo que --de ser consecuentes y observando un ejemplo-. ésta debe ser tomada en su totalidad. ofreciere hacerse cargo de reparar el daño en la medida de lo posible. XXII. 171. Teniendo todo ello presente. citado por Carlos Creus "Derecho Penal. todo esto.penal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente que "La primera fuente de interpretación de la ley es su letra. con lo concreto y variable del caso particular" (Vincenzo Manzini en "Tratado de Derecho Penal". Ed. c. 50. Penal plantea un único e indivisible supuesto en virtud del cual se podrá conceder el beneficio de la suspensión del juicio a prueba al imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años. de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional" (conf. al principio de inocencia y al derecho a obtener una decisión judicial definitiva que resuelva su situación ante la ley y la sociedad. ya que el significado de sus vocablos puede variar al separarlos del resto del texto (conf. ya que los jueces. y de menor efecto estigmatizante. en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia. a su vez. p. y otra". K. otorgaría mayores posibilidades de aplicación a la "suspensión del juicio a prueba". ob. 254.pudiera resultar más útil para aliviar el funcionamiento del sistema judicial. íntegra.E. Martín A. Radio y Televisión Riojana S.se tendría que afirmar que para el segundo supuesto --delitos con pena máxima de más de tres años. La otra hipótesis (la amplia). c. sin fraccionarla ni dividirla. Creus. siempre que él lo solicitare. rta.sólo se requiere el consentimiento fiscal sin que se exija la necesaria solicitud del interesado al respecto. cit. las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la pena aplicable. Y esto último se traduce en una afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio. "es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito. apreciamos que la conclusión adecuada sobre el sentido jurídico que debe acordársele a la norma en estudio es la que conceptúa que el art. Astrea. debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu" (V.. entendemos que excede el marco legal y el ordenamiento jurídico restante en su conjunto. 81). ya que fuerza --a nuestro juicio-. aun con el fin de adecuación a principios y garantías constitucionales. el que debe buscarse no en significaciones oscuras o abstractas sino en el sentido más obvio al entendimiento común" (conf. susceptibles de condenación condicional-. rta. Provincia de Jujuy s/daños y perjuicios". "Vera González. aun cuando --"de lege ferenda"-.XXVII. 1992). en definitiva. También ha expresado el Alto Tribunal que no es admisible una interpretación de la ley "que equivalga a prescindir del texto legal si no media debate y declaración de inconstitucionalidad. rta. E. el 23/12/92). Buenos Aires. "Estado nacional c. y mediase consentimiento fiscal. XX. Alcides J. y que. p. pues la exégesis de la norma. y otra s/nulidad de resolución". 76 bis del Cód. que consagraría una mayor discrecionalidad judicial y. 78. extremo que resulta inaceptable en
. no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma. cuando en la ley se emplean varios términos sucesivos. y en función de las demás razones y fundamentos que se expondrán. debemos tener presente que para la interpretación de una norma. Rudaz. abstracta y genérica por naturaleza. Parte General". el 5/12/92). el 4/5/95).
diputado Antonio M. no la primera parte del proceso. en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal.. diría muy menores. manifestó que ". Ad Hoc. pues de acuerdo con la separada lectura del cuarto párrafo del artículo.. los que atacan los bienes jurídicos que más deben ser protegidos.. y nosotros sabemos la situación de colapso en que se encuentra la justicia correccional de la Capital Federal. Si los bienes personales y materiales con que cuenta la administración de justicia son destinados a juzgar los delitos más graves. a pesar de no compartir la oportunidad ni la técnica utilizada. sean condenados como corresponde. el Miembro Informante de la Comisión de Legislación Penal.".nuestro sistema republicano. y sin la expresa petición concreta del interesado de someterse al régimen del instituto en estudio. podría imponer severas reglas de conducta a una persona cuyo estado de inocencia no ha sido desvirtuado por una sentencia condenatoria. manifestó que ". Antecedentes Parlamentarios. 125 y 160). Decimos rápidamente que para que se pueda suspender el juicio deben darse cuatro condiciones: a) que el delito tenga una pena menor de tres años.E.. c) que el imputado ofrezca hacerse cargo de la reparación de los daños del delito. pero de ninguna manera es para aquellos delitos mayores o que tengan que ver con bienes jurídicos sobre los que el Código tiene una más alta consideración. es expresa en el debate parlamentario" (conf. 1995-167. Hernández. durante la discusión del proyecto en el Congreso. el entonces senador Fernando De La Rúa (conf. parágrafos 34 y 41). Se trata de aquellos casos en donde el juez se muestra muy diligente con condenas a veces inútiles o injustas. en la Capital Federal. quien ante la propuesta del senador Alberto Rodríguez Saa de aplicar el instituto de la suspensión del proceso a los delitos cuya pena no exceda los seis años. En la misma inteligencia se pronunció el Miembro Informante de la Comisión del Senado sobre Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios. p. 94. Ello así.la institución del juicio a prueba va a significar no sólo la viabilización del nuevo código de procedimientos en materia penal sino la posibilidad de que a través del nuevo procedimiento oral-penal los delincuentes que más ofenden a la sociedad argentina. Antecedentes Parlamentarios.
. senador Augusto Alasino.". 95. Estos. el tribunal con la sola conformidad fiscal. "Suspensión del Juicio a Prueba". o sea los delitos de menor entidad. También coincidió con esta posición. que en la mayoría de los casos --sobre todo en muchas provincias-culminan en los procesos correccionales. pero es prudente pensar que los tres años prefijados están encaminados simplemente hacia delitos menores. 324). La Ley.. La voluntad de votar una ley más restrictiva que la que había propuesto el P... de conceder la suspensión también en caso de penas mayores a tres años. año 1994.E. se modificará la credibilidad en la justicia penal... 1996. Aclaramos que lo que (se) suspende es el juicio. y aclaró que ". son de competencia de los jueces correccionales. En efecto. Ed.. b) que fuese aplicable al caso la condena de ejecución condicional.Cada uno puede tener un enfoque distinto con relación a los delitos que pretende incorporar a esta figura.Hemos establecido como límite para la aplicabilidad de la suspensión del juicio la reclusión o prisión de tres años. o sea la instrucción. N° 2. 91. LA LEY. Luis M. Asimismo repárese en que "en el proceso legislativo se suprimió expresamente la posibilidad que preveía el proyecto enviado por el P. y d) que el imputado abandone en favor del Estado los bienes que resultarían decomisados en caso de condena" (conf.. García. parágrafos 90.
Gabriel F. Aníbal A. Fernando A. rta. N° 2038 del 16/6/98). s/rec. así como de la totalidad del ordenamiento jurídico vigente. Reg. s/rec. N° 1132 rta. En esa tarea. extremo que nos impone efectuar su interpretación. Penal. entre otras). de queja". último párrafo). Patricia s/rec.. Cristian s/recurso de casación". s/rec. s/rec. de casación" Reg.316." (conf. N° 189/98 del 15/5/98 y N° 1513 "Patiño. Leonardo M. causa "Agüero. ni diferencia un orden o escala de gravedad referente a las penas de inhabilitación y prisión. desde un principio advertimos que el referido dispositivo legal no efectúa distinción alguna en cuanto al carácter de dicha pena como principal. de casación". ahora en cuanto al alcance que cabe otorgar a la ley 24. Reg. y N° 794 "Villalba. N° 238. Juan s/recurso de casación".a su literalidad y además a la voluntad del legislador. de casación" Reg. Fernando s/rec. Ver asimismo causas N° 923 "Celestino. N° 1936 del 4/12/97 y N° 1621 "Aquilino. permite una mayor celeridad en la administración de justicia y su avocamiento a los delitos de mayor envergadura que son los que más costos (económicos y sociales) producen. s/rec. 76 bis. los votos en minoría del doctor Eduardo Rafael Riggi en las causas N° 1510 "Córdoba Grande.Este también fue el sentido que la sala II de esta Cámara otorgó a la ley 24.. s/rec. N° 548 "Fortes. obviando la celebración del juicio en los casos de menor cuantía. Cód. 413--. s/rec. causa N° 230 "Monti. 1994-E. Jorge A. de casación" Reg. de casación". 1998-C. s/recurso de casación". N° 1552 "D'Amico. Jorge N. N° 1420 "Multisanti. atendiendo --como ya hemos dicho-. N° 190/98 del 15/5/98 de la sala III. comenzamos advirtiendo que el contenido concreto de la redacción legal es claro en cuanto excluye la aplicabilidad de la suspensión del proceso a prueba a los delitos para los que se encuentra establecida sanción de inhabilitación. Al limitar su aplicación a los delitos cuya pena no exceda los tres años. N° 656 "Bafaro. N° 618 "Pirro. Segundo: Siguiendo con el estudio propuesto. s/recurso de casación". y causas N° 471 "Muñoz Saavedra. y causa N° 1580 "Wasyluk. N° 741 "Tassile. obviamente sin desentendernos de la integridad de la norma que genera este instituto. Reg. el 20/2/98 de la sala IV.316 cuando establece que: "Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación" (art. Ricardo A. Claudio M. Reg. Carlos J. de casación" Reg. N° 1802 del 3/10/97.. del 30/8/94 --La Ley. el 7/3/97. alcancen su culminación con la sentencia definitiva para proveer a la corrección de la
. cuando señaló que ". Bernardo J. s/recurso de casación" Reg. N° 785 "Sarril. Diego A. Reg. Viviana A. N° 2091 del 13/3/98 de la sala I --La Ley. donde se infiere que se ha considerado necesario que los juicios seguidos por la comisión presunta de ilícitos que aparejan impericia o inobservancia de deberes o reglamentos a cargo del agente. de casación". Ello así deriva del análisis de los antecedentes parlamentarios. 496--. y Pirro. cuando la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación incluyó dicha prohibición apartándose del proyecto originario del Poder Ejecutivo. conjunta o alternativa. de casación".. a los principios e intereses que lo animan. A ello se suma la voluntad del legislador que aparece evidente desde el inicio de la labor parlamentaria. N° 667 "Gorosito. s/recurso de casación". Juan A. s/recurso de casación". N° 1259 del 29/11/96. Dicha generalidad que presenta el texto legal no logra satisfacer autónomamente el verdadero alcance o sentido que debe asignársele. N° 1500 del 17/10/97. Carina V. s/recurso de casación".
Si bien es cierto que en una intervención posterior --al tiempo de contestar las observaciones formuladas por otros senadores-. Lo propio ocurre con la inserción del diputado Víctor Hugo Sodero Nievas. s/rec. 1998-C. ps. Antecedentes Parlamentarios de la ley 24. N° 1390 del 24/2/97.no merece una interpretación que controvierta tan claras y categóricas afirmaciones. N° 2091 del 13/3/98 de la sala I --La Ley. 88). N° 2171 rta. rta. N° 1055 "Faingenbaum. causa N° 1509 "Lorín. Gabriel J. y N° 1621 "Aquilino. todas estas penas están vinculadas con una actitud profesional o una cualidad del agente. al médico que cometió este delito provocando una ceguera total. porque. Reg. rta. de casación". También limitamos este instituto en nuestro proyecto. de casación". de casación" Reg. de ningún modo deberían dejarse de aplicar. Esto también es entendible. podría continuar con su tarea como si nada hubiera pasado. senador Augusto Alasino.316. de casación" Reg. conceptuamos que el aislado ejemplo utilizado fuera de contexto del tema concreto en tratamiento. op. s/rec. de casación". s/rec.. causa N° 1767 "Gatto. parág. no lo es menos que lo definido y precisado dogmáticamente --detallado "ut supra"-. Claudio M. s/rec. de casación".. después de afirmar que ".. Supongamos al respecto. Juan C. Gustavo s/rec.luego de desarrollar ciertas precisiones sobre su finalidad. Reg. el 22/4/98. cit. no debe asimilarse a una contradicción que logre desvirtuar lo categóricamente definido. sobre la base exclusiva de un argumento brindado "como ejemplo" --no con la intención de ampliar el instituto-. causa N° 1620 "Acceta. 1446/1447). Pablo L. N° 859 "Arasco. 8a. 17/10/95. Reg. N°: 774. Reg. prohibiéndose en los supuestos de delitos reprimidos con prisión e inhabilitación. el 14/5/98. de casación". LA LEY. 14/8/96. N°: 1093. reunión --continuación de la 1ª sesión ordinaria--. Juan P. N° 1978. quien incluyó el homicidio culposo en la lista acompañada de delitos susceptibles del beneficio que consagra este instituto. s/rec. Reg. En esa inteligencia. Hernández. señalando que no procede la suspensión del juicio ". N° 1975 rta. Ariel R. 1994. un caso de mala praxis médica que ocasionara la pérdida de la vista a la víctima. s/rec.. causa N° 1430 "Herrera.conducta que al Estado le interesa (conforme exposiciones del diputado Antonio M. N° 2. el 7/9/98. tal como sucede con el artículo 26 in fine del Cód. causas N° 518 "Asenjo. Ricardo A. de casación". debe ser de cumplimiento efectivo" (Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación. indudablemente. p. Si se aplicara este instituto. al día siguiente de cometerlo. parág. 413--. rta. en el caso de que el delito tenga pena excluyente o secundaria de inhabilitación.. el 14/5/98. N° 1940 rta. Entendemos que la inhabilitación. por considerar que esta última sanción penal tiene un efecto y consecuencias diferentes que. a aquellos casos de delitos que pudieran ser reprimidos con pena de prisión únicamente. Reg.en la sala III del tribunal (confr. Fernando s/rec. 40). el propio legislador recurre a dar un ejemplo que podría inducir a confusión. que eventualmente debía tener para cometerlo" (Antecedentes Parlamentarios. 158). de
. En un sentido coincidente se pronunció el Miembro Informante de la Comisión del Senado sobre Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios. este es también el criterio sostenido por tres salas de esta Cámara Nacional de Casación Penal. y por el doctor Eduardo Rafael Riggi --en minoría-. Penal. Por otro lado.(ver Antecedentes Parlamentarios citados. junio 16 de 1993. causa N° 1499 "Drab. s/rec.
Dicho criterio ha sido seguido también por la sala I de esta Excma. Antonio s/rec. Susana C. Reg. el 1/10/98. s/rec.316". N° 2335 rta. año 1994. 14/4/97. En esta última resolución claramente se advirtió que ". Penal. por la sala II en causa N° 1499 "Drab. entre otros de las distintas salas). s/rec. de casación" Reg. Hernández (conf. de casación". "La probation y la suspensión del juicio penal a prueba".de permanente cita y observancia por este tribunal (conf. 1997-B. 87). N° 2209. expresando en forma clara y concisa que ". que expresamente establece la exclusión de la condena condicional respecto de las penas de multa o inhabilitación. de casación". año 1994. el 15/12/98. LA LEY. rto. Oscar Alberto s/rec. es la que se concilia mejor con el criterio rector de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la interpretación de las leyes --expuesto "ut supra" (ver considerando primero)-. que éste no se lleve a cabo siempre y cuando se establezcan determinadas reglas de conducta. y causas N° 468 "Muraca. luego de realizada la primera parte del proceso penal y antes del juicio. Reg. N° 774 del 17/10/95. con acuerdo del imputado y del fiscal. causa N° 1509 "Vázquez. además de la reparación del daño causado por el delito". Reg. 692--. de la sala II. advertimos que la norma así interpretada guarda absoluta coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. dado que la negativa de este último enerva la posibilidad de aplicar este instituto" (conf. y N° 1418 "Ruffini. Rodolfo A. N° 1093 del 14/8/96. LA LEY. habida cuenta del rol que el ministerio público tiene en el juicio oral en función requirente (en similar sentido confr. N° 1390 rta. Antecedentes Parlamentarios. N° 1055 "Faingenbaum. de casación". También el senador Augusto Alasino se pronunció sobre la cuestión. de casación". de casación" Reg. de casación". el juez deberá también recurrir al consentimiento del fiscal. Reg. 854. 1136). parág. En igual sentido.casación". resultaba necesaria la expresa conformidad del fiscal de la causa.. siendo su oposición vinculante para el juez o tribunal. rta. N° 1731 del 26/8/97. Gustavo s/rec. LA LEY. Antecedentes Parlamentarios. Fallo Plenario N° 4 de esta Cámara "Jalile. N° 807 rta. s/rec. de casación" Reg. Reg. causa N° 1392 "Gianni. N° 1390 del 24/2/97. Ricardo Ariel s/rec.. Emilio M. Cámara Nacional de Casación Penal en las causas N° 518 "Asenjo. entendemos que la exégesis adoptada. 4/8/98 de la sala IV. consideramos que es una condición necesaria e ineludible para suspender el juicio en los términos del art. Reg. Penal. Adrián A. "Reflexión sobre la implementación de la ley 24. de casación". N° 1422 del 12/3/97. el 15/5/98 de la sala III. s/rec. cuya opinión adversa constituía un impedimento para otorgar el beneficio. N° 517 "Rogante. s/rec. s/rec. Nótese que el diputado Antonio M. el 13/12/96 --La Ley. el juez puede resolver. 76 bis del Cód. rta. Alberto s/rec. tal como adelantáramos. 1994-D. En consecuencia. Esa y no otra es la intención que ha tenido el legislador. Claudio M. Juan C. 26 del Cód. N° 1074 "Sartini. Tercero: En cuanto al consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal. parág. s/rec. de
. Reg. Acuerdo N° 5/96. N° 772. y particular concordancia con el art. de casación" Reg. 25) explicaba que "cuando se trata de delitos de acción pública que no tienen una pena mayor de tres años. 6/3/97. de casación".. N° 2. Por lo demás. Adolfo Luis Tamini y Alejandro Freeland López Lecube.. rta. 1995-D. Dante J. y Daniel Sáez Zamora. N° 2. N° 859 "Arasco. LA LEY. entre otras). y N° 987 "Ortiz. N° 191/98.
causa N° 1767 "Gatto. Ed. s/rec. Rodrigo s/rec. de casación". N° 1993 rta. cit.que la suspensión del juicio a prueba (ley 24.y en el Código Procesal Penal de la Nación (arts. p. N° 1974 rta. el 14/5/98.316) sólo procede en los casos de delitos de
. N° 2335 rta. Héctor s/rec. Gabriel J. Es que el carácter vinculante de la oposición fiscal deriva de que a esa parte le incumbe la promoción y el ejercicio de la acción pública por mandato del art. Y puesto que la suspensión del proceso a prueba no es otra cosa que la suspensión del ejercicio de la acción penal. rta. N° 2171 rta. y cumplidos los demás requisitos exigidos por la norma. Jorge H. casación".. y su oposición "es vinculante para el tribunal. N° 1023. el tribunal. Reg.s/rec. el 30/10/97). 365). 1996. Reg. Ver también en el mismo sentido la causa "Dyke. Reg... no está de más mencionar que --a nuestro juicio-. Ricardo s/rec. ob. el 14/5/98.O. Cód. rta. causa N° 1626 "Muchewicz. tal como se expresara. cuando el fiscal expresa su oposición a la suspensión del proceso. "Tassile. Reg.la concesión o el rechazo de la medida solicitada por el imputado (sala IV en causa N° 634. c) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales. Sección I. y que. N° 2075 rta. el 7/9/98. Ramón s/rec. reiteramos --conforme con lo expuesto precedentemente-. y en particular. de casación". 120 de la Constitución Nacional.. s/rec. y por la sala IV (voto del doctor Hornos "Faroldi. Reg. pues la ley no se contenta con la mera 'citación' o 'traslado' al fiscal.. no ejerce jurisdicción sino que manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la acción. Reg. de casación". Por ello. García. ". s/rec. en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal.
Ahora bien. de que esa facultad privativa se encuentra expresamente prevista no sólo en la ley que estamos estudiando --como ya se ha visto-. p. 69. sin duda alguna la forma en que se expiden está sujeta al control de su legalidad y fundamentación. reg.946. de casación". B. que carece de poderes autónomos para su promoción y ejercicio.). Por otro lado. "Roitman. el 15/12/98. la conformidad fiscal resulta imprescindible para suspender el juicio. depende de la conformidad fiscal" (Luis M. Reg.rige también aquí la carga para los fiscales de motivar las conclusiones de sus dictámenes sobre el particular (art. de casación". . cuando señala entre las funciones que corresponden al Ministerio Público (Título II.. sancionada el 11/3/98 y promulgada parcialmente el 18/3/98. Por todo ello. García "Suspensión del juicio a prueba". sino también --en consonancia con la referida norma constitucional-. 65 y conc. 1098 del 2/2/98). Ad Hoc. causa N° 1392 "Gianni. rta.. N° 1975. Reg. b) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera. de casación". Por ello. de casación" de la sala I de esta Cámara (causa N° 802 bis. Procesal Penal de la Nación). el 8/7/98. tampoco tiene poder de decisión sobre la suspensión de ese ejercicio. casación". causa N° 1492 "Campitelli. el 22/5/98.en la reciente ley orgánica del Ministerio Público 24. Diego A. sino que exige consentimiento" (conf. art. 25): "a) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. del 23/3/98). 863 del 20/6/97 y causa N° 741. causa N° 860 "Sordetti... Adrián R.casación". s/rec. los jueces tienen amplias facultades para decidir --fundamentalmente-. Adrián A.". pero una vez que se cuenta con el beneplácito del representante del ministerio público. el 31/5/96). 365). .
con lo cual se frustraría el régimen legal de la condena de ejecución condicional (que expresamente se mantuvo en esta reforma). parág. sin duda alguna pensado para delincuentes primarios. violentando su letra y su espíritu. En esa misma línea. Penal. Penal.. 26 del Cód. 29. La persecución penal de los delitos de acción pública deberá ser promovida inmediatamente después de la noticia de la comisión de un hecho punible y no se podrá suspender... sino al principio de oficialidad en el ejercicio de las acciones (art. 31) quien al subrayar la importancia del instituto en examen. y ello sin tener que cumplir con el término previsto en el art. y en inequívoca referencia a leyes especiales como la que nos convoca.es una flexibilización del principio de legalidad que existe en la materia". el Ministerio Público actuará de oficio. 71. también llamado "principio de legalidad procesal". o de poca peligrosidad. 26 del Cód.. como es el de la oportunidad". advertimos otro argumento que también confronta con la posibilidad de sostener la interpretación amplia y que consolida el acierto de la conclusión que sostenemos al respecto. Por último. cuidando que ella se despliegue impulsando su continuación en el respectivo proceso. en virtud del cual cuando un representante del Ministerio Fiscal toma conocimiento de un hecho que puede constituir delito de acción pública. el cual queda demostrado por el absurdo de suponer --en el caso de interpretar la existencia de dos supuestos-. señaló que ". interrumpir o hacer cesar. Hernández (conf. Observamos así que dicha conceptualización nos llevaría a prescindir del texto expreso de la ley sin mediar declaración de inconstitucionalidad a su respecto. en rigor no importa una excepción al principio de legalidad constitucional. la que no podría obtener por la vía del art. cuando ".tiene que promover la acción..acción pública reprimidos con penas cuyos máximos no excedan de tres años. bajo el título "Principio de Legalidad". la mencionada ley orgánica del Ministerio Público (24.desde hace tiempo se requiere el establecimiento de otro principio. Antecedentes Parlamentarios. otra razón --puesta de manifiesto por el doctor Eduardo R. y que en particular. siempre que las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la pena aplicable y hubiese consentimiento fiscal.316. año 1994. Cód. y a adoptar una interpretación contraria al sentido más obvio al entendimiento común. establece que: "Cuando se tratare de una acción pública.que el imputado condenado por otros hechos con anterioridad (en suspenso o a cumplimiento efectivo) obtenga mediante la suspensión del proceso lo que no podría lograr por la vía del art. sin perjuicio de que la ley
.que se advierte a partir de las expresiones del diputado Antonio M. aun cuando haya sido condenado (en suspenso o con cumplimiento efectivo) por otros hechos más graves con anterioridad --incluso declarado reincidente--. 27 del mismo cuerpo legal. encontramos de interés para definir el sentido que corresponde acordar a la ley 24. Riggi en su voto en los pronunciamientos ya citados "Córdoba Grande" y "Patiño" de la sala III-. N° 2. En concordancia con ello.. Penal). ocasionales.. ". El instituto incorporado a nuestro sistema legal por la ley 24.316. toda vez que se llegaría a la incongruencia de que un imputado por delitos con pena menor a los tres años. resulta manifiestamente contrario a los fundamentos de este instituto. salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas en la ley".. pudiera conseguir su libertad mediante la suspensión del juicio a prueba. LA LEY.946) en su art.
y es debido a que se trata de una excepción al principio de oficialidad o de legalidad procesal. Que se aparta de lo ordinario. 36. además de estar ajustada a la letra expresa de la ley. Ed. máxime cuando ha sido el propio legislador quien ha hecho mérito y precisado la distinta utilidad de la prevención penal como remedio para determinada clase de criminalidad con fundamento en criterios de oportunidad. mérito o conveniencia que escapan a este control jurisdiccional o judicial.. 17). Excepción: "Cosa que se aparta de la regla o condición general de las demás de su especie". Diccionario de la Lengua Española. coincidimos con la conclusión expuesta en el considerando noveno del voto de los colegas preopinantes.. toda vez que ". los explicitados por el legislador (ver citas del debate parlamentario "ut supra").razones o criterios de política criminal naturalmente ajenos al control judicial. Mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación en Antecedentes Parlamentarios. Vigésimo primera edición. en cuanto a que corresponde pronunciarse en favor de la legitimación autónoma del querellante para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos. año 1994. así como los fines perseguidos por el dispositivo legal.disponga otra cosa o plantee excepciones (sobre la base del principio de oportunidad). doctores Jorge Osvaldo Casanovas y Guillermo José Tragant. Teniendo ello presente. Carlos Creus.. por lo que apreciamos que nos arrogaríamos ilegítimamente facultades legislativas. En efecto. por lo demás conceptuamos que la interpretación que adoptamos. y hace prevalecer --dentro del marco de las particularísimas circunstancias y exigencias que establece-. o que ocurre rara vez". que forzosamente debe estarse a lo taxativamente previsto en el dispositivo jurídico e interpretarse en forma restrictiva y no de modo amplio o extensivo. respeta los medios arbitrados y. Cuarto: Finalmente. La improcedencia de ello deriva asimismo de la imposibilidad de revisar judicialmente postulados de política criminal propios de otras esferas de los poderes del Estado. por lo que no se altera en forma alguna el mandato contenido en el art. "Derecho Procesal Penal".. toda vez que concede el beneficio de interrumpir la continuación del proceso evitando la imposición de pena --secuela necesaria de la comisión de un ilícito penal--. Carta Magna). Aclarado ello. Buenos Aires. y a fin de determinar si tiene legitimación el querellante para recurrir la suspensión del juicio a prueba. p. no quedando éstas sujetas a la discrecionalidad de ningún funcionario que facilite desigualdades arbitrarias (art. en especial. LA LEY. 16. excluido el supuesto correspondiente al monto de la reparación (punto IV del temario aprobado en la presente autoconvocatoria a Acuerdo Plenario). ello así. Madrid. 1992). la suspensión del juicio a prueba se encuentra estrictamente regulada por la norma en todo lo que hace a sus condiciones de procedibilidad. Astrea. 18 de la Constitución Nacional (conf. si extendiéramos más allá de la norma y de la manifiesta intención del legislador la aplicabilidad del instituto de la suspensión del juicio a prueba. N° 2. resulta evidente que la suspensión del juicio a prueba tiene un inequívoco carácter excepcional ("Que constituye excepción de la regla común.todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal
. 1996). p." (conf.
el 12/11/98. ellos son: el ministerio fiscal. causa N° 2120 de la sala I. y en determinadas circunstancias el civilmente demandado y el actor civil. "Roitman Adrián P. 393 del ordenamiento ritual. Lo propio cabe concluir con fundamento en lo dispuesto por los arts. Reg. en acatamiento a la garantía del debido proceso es examinado en la forma señalada precedentemente por el Alto Tribunal. del Cód. N° 2136 rta. y siendo que el mismo cuerpo legal reconoce al querellante personería para actuar en juicio criminal por delito de acción pública (art. de casación". el dictado de una sentencia condenatoria (causa S. Fernando R. el 13/8/98).1009. 217 A (III) de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948). Claudio D.están facultados para intentar el remedio recursivo casatorio. 8°. causa N° 634 de la sala IV de esta Cámara. causa N° 1703 de la sala II. Y ello así. resulta evidente que debe conferírsele aptitud subjetiva para recurrir decisiones que hacen imposible la continuación de las actuaciones (conf. Francisco A. conjunta o alternativa. como demandante o demandado. s/rec. tanto más. ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si existe y tiene fundamento en la Constitución. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá 2 de mayo de 1948). apartados 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969). los artículos 458 a 462 del Cód. s/ rec. y si su derecho a la jurisdicción. habilita. 82). todos ellos con jerarquía constitucional en virtud de lo establecido por el artículo 75 inc. de queja". sentencia del 13 de agosto de 1998). y 14°. "Torcoletti.consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Penal es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años. s/ rec. 76 bis y sigtes. rta.XXXII "Santillán. s/rec. 1026. rta. rta. En coincidencia con este criterio.
. el 30/10/97. apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Resolución N° 2200 [XXI] de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966). de casación". y de conformidad con el criterio que consideramos como la exégesis más adecuada y debida respuesta al temario propuesto con relación a la norma en tratamiento. de casación". propiciamos al acuerdo y extendemos nuestro voto por fijar la siguiente doctrina plenaria: I) La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art. II) No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal. s/rec. "Waschman.. el 26/11/97. el imputado o su defensor. apartado 3. sea que actúe como acusador o acusado. Procesal Penal de la Nación clara y expresamente establecen qué sujetos procesales --que revistan la calidad de partes legalmente constituidas-." (CS Fallos: 268:266). Quinto: Por todo lo expuesto. Alberto J. de queja".. 22 de la Constitución Nacional (texto según reforma de 1994). la parte querellante. 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (res. desde que la Corte se ha pronunciado recientemente afirmando que la acusación del querellante en la oportunidad del art. causa N° 786 "Close. Reg. aún en ausencia del requerimiento fiscal. 2°.
"El propósito de la institución de la suspensión del juicio a prueba o más comúnmente denominada desde su origen 'Probation' en los sistemas del derecho anglosajón tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos y Australia. evitar los efectos negativos de las sanciones privativas de la libertad o sea los problemas asociados con el encarcelamiento. ayuda. esas dos características se hacen presentes. asistencia al sujeto de la institución para su readaptación en la comunidad. como en los países donde se estableció originariamente. En esos casi 50 años al presente. han estado siempre intrínsecamente unidos de un modo muy estrecho. o las Directrices para las sanciones no privativas de libertad. en el 8° Congreso se aprueban las Reglas Mínimas de Tokyo. un propósito de prevención general. sean solucionados sin necesidad de recurrir a condenas judiciales privativas de libertad y en lo posible. dio a luz una de sus normas más conocidas: Las Reglas Mínimas para el Tratamiento del Recluso. el
. educativa. debemos hacer constar que en el derecho y la práctica anglosajona. se utiliza la Probation como una medida también de implicancia procesal. La estructura de la opción de Probation envolvió siempre dos componentes fundamentales. control y del otro. sino también de una cuestión de humanización de la justicia y una aplicación más racional de recursos". desde la prisión a las medidas alternativas o sanciones no privativas de libertad. Aún hoy. ha sido así en primer término. la medida es fundamentalmente de naturaleza social. y apoyos familiares y personalitarios incluso socio-psicológicos. el sistema de Probation requiere. en un estudio comparado de la institución. tanto en los países del sistema del Derecho Continental. se produjo una inversión del énfasis. IV) El querellante tiene legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos. en el Congreso de Ginebra. evitar nuevos delitos. esto es. en segundo lugar. por un lado. Estos dos elementos fundamentales que implican: de un lado. "Recordemos aquí que hace 50 años Naciones Unidas. en Inglaterra y Estados Unidos. asistencia. para ser resueltos de una forma expedita y pronta por los jueces o fiscales a cargo del proceso". Más tarde y especialmente. sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional. que receptaron la institución del Probation. Con el fin de evitar las sanciones privativas de la libertad. no solamente la actitud de no imponerle sanciones sino de sujetar esa no imposición a una serie de condiciones que durante un tiempo determinado. Se trata no solamente del desencanto con la prisión. El doctor David dijo: "En primer término. luego de su adopción en Europa continental. es vinculante para el otorgamiento del beneficio.III) La oposición del Ministerio Público Fiscal. para lograr que los asuntos de menor gravedad penal-criminológica. En 1990. cuna de la institución. esto es reintegrar al delincuente en la comunidad a través de apoyaturas efectivas de inserción laboral.
Otorgamos el Probation pero el seguimiento y control por nuestros jueces de ejecución es casi imposible por la ausencia de un cuerpo de probation especializado. mediante un seguimiento cuidadoso buscando encontrar la solución de sus problemas". sin perjuicio de los distintos matices que toma ese análisis en la diversidad de autores que conforman uno u otro criterio.316. La misma queda librada más allá de los recursos institucionales a la capacidad innovadora y creativa de nuestros jueces. dichas "ambigüedades" tomaron cuerpo ocasionando. sobre el estudio de la personalidad del sujeto. luego de su publicación. desgraciadamente muy parecida al sincretismo. Haciendo estudio de las condiciones de Probation. A grandes rasgos la doctrina se ha dividido en dos grupos con criterios interpretativos disímiles. en el grupo o sector social al que pertenezca éste. ya que tenemos que aprender a institucionalizarlas de una forma rigurosa de modo que puedan ser evaluados. Pero al mismo tiempo creando un organismo especializado que permita. de trabajo. 1999 --en prensa--). senador Villarroel en el Tratamiento de la ley en el Senado de la Nación. Penal muestran su defecto" (confr. desde su puesta en práctica. La Cámara Nacional de Casación Penal ha firmado un convenio con el Patronato de Liberados. el senador Villarroel advertía sobre "ciertas ambigüedades" que a su entender obedecían "a que. son esas consideraciones llamadas políticas que cuando se trata de asuntos de técnica legislativa estricta y nada menos que relativas al Cód. de hecho tenemos solamente una dimensión normativa. desprovista de su contenido profundo de orientación y apoyo social. "En nuestro país uno de los problemas fundamentales en el Probation ha sido que adoptamos la legislación pero no establecemos los recursos para crear un cuerpo de oficiales de Probation. creando un cuerpo activo de voluntarios y recursos para hacer realidad esta opción. 76 bis del Cód. Las reformas no deben ser solamente normativas. para que los casos de Probation puedan ser atendidos también. Buenos Aires. en definitiva la redacción (de la ley) es una suerte de síntesis. De Zavalía. sin crearse un cuerpo específico con los recursos necesarios para dar cumplimiento real a la ley" (David Pedro Rubens. Ed. por ese programa. Vale decir. Pena La cuestión a resolver es la interpretación a dar al art. ayudarle a reintegrarse dentro de la comunidad. Penal. parágrafo 129). Una vez que hubo cobrado vida la norma. publicado en "Antecedentes Parlamentarios". 182. especialmente orientarlo con respecto a sus problemas familiares. en ausencia de un cuerpo debidamente reglamentado de Probation y de los recursos adecuados.
. La reglamentación de la ley de Probation nunca se ha dictado y por ello la institución navega como una técnica de alcances procesales. Pero desde luego es solamente una opción coyuntural.sujeto debe observar. "La Globalización. Ya en ocasión del debate parlamentario sobre la ley 24. de diversos proyectos de ley sobre la misma materia. un debate doctrinario y jurisprudencial significativo. p. estableciendo sus condiciones de capacitación. la Prevención del Delito y la Justicia Penal".
1995-B. p. 4°. LA LEY. Ochoa. LA LEY. Bossi y Daniel C. 1995-D. 76 bis encierra dos supuestos escindibles: A) El supuesto del primer párrafo: "delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años". 76 bis. "La suspensión del procedimiento en el Código Penal Argentino y la 'diversión' estadounidense (Un análisis comparativo)". Es cierto que la ley establece en el art.Para el primero el art. Penal)". Reynaga. LA LEY. Ranuschio. 1998-D. 1136. 1995-C. 1997-2-635. como derecho del imputado el que se le otorgue la probation en caso de delitos que no excedan de 3 años de reclusión o prisión. LA LEY. aunque con los matices que explicaré en mi exposición. LA LEY. Vitale. Alejandro M. "Suspensión del Juicio a Prueba (Motivos que justifican su aplicación)". Marcos Lerner Editora. "Probation. párr. 1996-E. 76 bis. 76 bis encierra un solo supuesto. Eleonora Devoto. 1081. 1997-A. agosto 13 de 1997. cuando los cambios vienen marchando". que el juez con el consentimiento fiscal pueda otorgarla en casos que excedan ese límite. Carlos A. Vaiani. No obstante no habría inconveniente. ¿Sólo para los delitos de bagatela?". Carlos M. "Probation y juicio abreviado.316: análisis y aplicación de los institutos". "La probation en el Código Penal Argentino". "Suspensión del proceso penal a prueba". atento a la naturaleza de la probation. Juan C. Si bien la legislación establece límites respecto a la naturaleza y gravedad del delito. 1995-D.316 en nuestro sistema penal". delitos reprimidos con pena privativa de la libertad cuyo máximo no excede de 3 años y que las circunstancias del caso "permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable". los mismos son requisitos mínimos orientados a satisfacer los dos criterios fundamentales que rigen la medida: a) la posibilidad concreta de la persona de responder con éxito a la medida y b) consideraciones de prevención general. "La Probation (A propósito de su incorporación al Código Penal Argentino)". octubre 29 de 1997. Para el segundo el art. 797. "Reflexiones sobre la implementación de la ley 24. 24 de marzo de 1998. y B) El supuesto del cuarto párrafo: delitos que según las "circunstancias del caso" permitirían "dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable".
. JA. JA. Cód. "Probation. p. DJ. "La suspensión del juicio a prueba". Miguel Angel Almeyra. LA LEY. José María Orgeira y Eduardo M. Carlos Edwards. Alberto Bovino. (En este sentido: Gustavo L. Becerra. Editores del Puerto 1996. Diversas son las razones que me inclinan a adoptar la postura distintiva de dos supuestos en el art. Raúl Guillermo López Camelo. mediante un juicio predicativo acerca de las posibilidades de resocialización y conveniencia de la suspensión en el caso concreto (art. Sáez Zamora y Verónica Fantini. LA LEY. 1°. párr. 1347. 603. 13). 19 y "Suspensión del Juicio a Prueba (Ideas para una posible reforma legislativa de los actuales arts. 1486. 813 y otros). "La ley 24. Algo más acerca de su alcance normativo". 1274. Daniel A. 76 bis y 76 ter del Cód. LA LEY. (Así. LA LEY Actualidad. 76 bis. Marco Antonio Molero. 1994-D. "Probation: ¿Aplicación amplia o restringida?". así como la circunstancia de no ser reincidente y la reparación del daño a la víctima como condiciones de la aplicación de la probation. Penal).
más allá de la formulación normativa. circunstancias todas que debe ponderar el juez más allá de escuetas consideraciones de tipo normativo legal. Probation and related measures. sin violentar las normas legales. existen razones interpretativo-sistemáticas indicativas de que la admisión de la probation para delitos de bagatela en el primer párrafo y en casos excepciones para los de mediana gravedad en el del cuarto párrafo. Penal. 229). Debe apreciar.. Decía ut supra que esta discrecionalidad que se le acuerda al juez no debe vulnerar las normas legales. es la lectura correcta a hacerse de la norma del 76 bis del Cód. que muchas personas que resultan excluidas por una interpretación restrictiva de la norma pueden beneficiarse con la probation si se cuenta con un servicio altamente capacitado y con amplios recursos técnicos y económicos que provean efectivamente una supervisión intensiva y oportunidades de ayuda efectivamente a las personas en tratamiento. la más amplia discrecionalidad a los jueces que deben también valorar la efectividad real de los servicios en el medio (conf. Por ello con respecto a la polarización de una tesis restrictiva y otra ampliada en que se debate predominantemente la jurisprudencia. ambiental económica y psico-sociológica reviste. Además. La exclusión por la norma de delitos graves. sociales y características de hecho a las que se refieren explícitamente los arts. una importancia central al momento de decidir la elegibilidad de una persona para beneficiarse con el instituto. soy partidario de una tercera vía que abre al juez en todos los casos un amplio criterio para decidirla. así como en la literatura criminológica. en cada caso. Por ello la decisión del juez no ha de limitarse solamente al juego de esos requisitos normativos mínimos. párr. 231/235-1951. Pues bien. 76 bis. cit. Department of Social Affairs). esa investigación ha de determinar el tipo más adecuado de medidas que constituyen el contenido de la probation en cada caso concreto (confr. en las experiencias concretas de numerosos servicios de probation. y de otra parte que los delincuentes que los cometen no son susceptibles de ser pasibles de una probation con un resultado exitoso. Naciones Unidas. 41 y 26 del Cód. Por ello la mejor solución para el problema de la elegibilidad de las personas en probation es acordar. previa a la medida. ps. menciona las circunstancias del caso.Por ello es que la investigación personal. En efecto. Está ampliamente demostrado. ONU. Así:
. Los criterios desde luego no son absolutos y tienen sus excepciones. incluye en esta referencia la más amplia enumeración de circunstancias personales. ob. cómo operan esos objetivos valorativos y fácticos en el caso concreto que juzga. esto es que los delitos más graves deben recibir pena. se basa en consideraciones de prevención general. cuando el art. Penal. p. teniendo en cuenta los objetivos valorativos en cada caso y las circunstancias reales del desarrollo del instituto en nuestro medio tanto respecto a las dimensiones de control como de ayuda que toda probation supone. exhaustivamente. 4°.
¿Sólo para los delitos de bagatela?. esgrimidas al inicio de este pronunciamiento. A su turno el párr.gr. p. 22.(en este sentido León Carlos Arslanián. Miguel Angel Almeyra. se han sostenido principalmente dos posturas. art. "Probation". Desde el punto de vista teleológico. publicación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. No está permitido al intérprete hacer caso omiso de la letra de la ley. El párr. inc. así como "no cabe presumir la contradicción o el absurdo en los términos de la ley. la eventualidad de una condena suspensiva no es presupuesto que defina la suspensión del proceso a prueba y que el recaudo sí es necesario cuando la escala penal prevista por la ley supere ese margen" (conf. p. parece extremadamente claro que no existe otra posibilidad que interpretar los dos párrafos transcriptos. Para la primera. 3°. sistemáticamente se convalida con la existencia en nuestra ley procesal de casos similares --v. Al decir de Almeyra: "si la pena de reclusión ha sido implícitamente excluida del beneficio de la condicionalidad por la ley 23. 3.057 (Adla. La posibilidad de un juicio predictivo en el caso del párr. 1995-B. 317. los cuales deben ser entendidos como coherentes". Revista Plenario. Procesal Penal-. op.1. julio de 1994).. Cód. Inhabilitación El texto de la ley establece que "tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación". 2. la improcedencia de la suspensión del juicio a prueba en los delitos reprimidos con pena de inhabilitación debe entenderse que involucra a todos los casos en los que está presente esta especie de pena. 135). 76 bis acuerda la posibilidad de solicitar la suspensión del juicio a prueba al imputado de un delito reprimido con pena de "reclusión" o prisión cuyo máximo no exceda de tres años. 26 permite obtener la ejecución condicional de la condena al sentenciado por primera vez a pena de "prisión" que no exceda de tres años. sólo puede interpretarse el primer párrafo del dispositivo analizado a partir de la idea de que cuando se trata de un delito menor.como referida a los delitos reprimidos exclusivamente con esa clase de pena" (Gustavo L. "Suspensión del proceso a prueba (probation)". 4°. Y más adelante "no hay otra forma. 1° del art. Esta interpretación permite la aplicación de la probation para delitos reprimidos con pena de inhabilitación en forma conjunta con una pena privativa de la libertad. Lo escueto de la norma ha llamado a debate también en este punto. pues si es inadmisible que una condena a reclusión por tres años o menos se imponga en suspenso. La Ley. las consideraciones de política criminal. 4° del mismo artículo indica que para otorgar el beneficio. así lo aconsejan. Vitale. 1265). Así. XLIV-B. como rigiendo situaciones diferentes". cit. sin distinguir su
. traigo a colación que el art. Para la segunda. A los efectos de clarificar la antinomia que suscita una lectura restrictiva del artículo. 603). en efecto de conciliar el texto legal que se analiza. las circunstancias del caso deben permitir dejar en suspenso la condena aplicable. "la exclusión de la suspensión del proceso a prueba para delitos reprimidos con pena de inhabilitación debe ser interpretada --de una manera que guarda alguna analogía con la exclusión de los funcionarios públicos-.
76 bis del Cód. 168. que las hace prevalecer sobre el castigo del delincuente por el hecho concreto con una pena privativa de libertad. E.carácter de principal o accesoria. Soy de la opinión de que sujetándonos a la letra de la ley no es posible hacer ninguna distinción entre pena de inhabilitación como pena única. cuando la oportunidad viene establecida por la ley y está sometida a determinadas reglas o pautas de comportamiento. p. II y IV de esta Cámara). Sáez Zamora y Verónica Fantini. p. 1989.. citado). Ruiz Badillo. el 13 de mayo de 1999).L. en virtud de la cual el Estado puede renunciar a investigar y juzgar ciertos delitos.. op. Importa una aplicación del principio de oportunidad en el proceso penal --aunque reglado por la ley y condicionado.: "No se admite la suspensión del juicio a prueba para los dos siguientes casos: a) cuando del delito hubiese participado un funcionario público y b) cuando el delito tuviese pena de inhabilitación. no resulta absurdo pensar que razones de política criminal hayan guiado a los legisladores en el convencimiento de que estos delitos deben ser perseguidos hasta sus últimas consecuencias. Ed. "Suspensión del proceso penal a prueba". conjunta o alternativa (en este sentido las salas I. como sostiene el distinguido jurista español Ruiz Badillo. Así surge de los dichos del diputado Hernández A. A mayor abundamiento. causa N° 2211 --sala I-.Pumpido Ferreiro. 1012 en "Criminología y Derecho Penal al servicio de la Persona. s/recurso de casación". Gustavo L. LibroHomenaje al profesor Antonio Beristain". Esta se ve determinada por juicios valorativos positivos respecto del cumplimiento de condiciones. reg. E. San Sebastián. 2767. Editores Del Puerto S. El principio de oportunidad se vincula al de legalidad a través del
. Sin embargo. "la oportunidad reglada se hace legalidad y su aplicación es correcta y ortodoxa" (conf. Vitale."Etchecolatz. Ello así pues no debemos distinguir donde la ley no lo hace. recientemente desaparecido. 42. "La actuación del Ministerio Fiscal en el Proceso Penal" citado por Cándido Conde . implica entender que en el texto legal existe una redundancia.. 76 bis (conf.R. Daniel A. Antecedentes Parlamentarios). (cfr. 1996). en nuestra legislación. el fiscal no puede disponer arbitrariamente de la potestad acusatoria. rta. Ello así puesto que del catálogo de ilícitos resulta que los delitos reprimidos únicamente con pena de inhabilitación son los cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y este supuesto ya está comprendido en el 7° párrafo del art. que el art. por razones de conveniencia". a una decisión judicial--. consagra en nuestra legislación sustantiva el principio de oportunidad reglada que "constituye una excepción más al principio de legalidad en su aspecto procesal. Miguel O. porque en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado para adoptar prevenciones al respecto" (parág. "Alternativas a la pena privativa de la libertad y principio de oportunidad reglada en el proceso penal". M. Se ha dicho que pretender excluir del régimen de probation a los delitos reprimidos exclusivamente con pena de inhabilitación. Más aún. Penal. Instituto Vasco de Criminología. Sobre el efecto vinculante del dictamen fiscal Tengo para mí. cuando el diagnóstico es favorable. conjunta o alternativa.
quien determine los casos en que es o no conveniente ejercitar la acción penal. Esta variedad reclama un juicio de oportunidad político-criminal acerca de la conveniencia de continuar o interrumpir la persecución penal. Penal. el segundo supuesto. op. aunque no contemplados en el art. Es oportuno aclarar que. La claridad en el dictado normativo de los requisitos es fundamental ya que "cuando la oportunidad. Se trata de abarcar delitos que. se pudiera dejar en suspenso la ejecución de la condena (segundo párrafo). Cándido Conde . de otro modo. cit. sino por poder ser utilizado en función de espurias motivaciones de oportunidad no jurídica sino política". LA LEY.Pumpido Ferreiro. pero el juez puede otorgar el beneficio incluso con la oposición de aquél. El cuarto párrafo. no obstante.establecimiento de esas condiciones. está íntimamente relacionado con la existencia de dos supuestos distintos.. 76 bis. Pero el juez. Sin embargo. La ley no hace mención alguna al consentimiento fiscal para el otorgamiento de la suspensión del juicio en este supuesto. 76 bis del Cód. a saber: a) que se trate de un "delito de acción pública". Mientras que el supuesto anterior comprende casos de escasa gravedad que no presentan grandes diferencias entre sí. pues es susceptible. además de esos requisitos mínimos. "La suspensión del procedimiento en el Código Penal argentino y la 'diversión' estadounidense. el fiscal debe siempre ser oído. (conf. regulando una situación diferente. y b) que exista "consentimiento fiscal". (cfr. claramente dirigido a los llamados "delitos de bagatela" (primer párrafo) y el segundo abarcativo de delitos que no reúnen las condiciones de éstos. y b) que el ilícito se encuentre "reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años". que el carácter vinculante o no del consentimiento fiscal. atenta la naturaleza del beneficio que requiere en todos los casos. en lugar de someterse a criterios reglados. Por el primer párrafo. en el análisis sistemático del art. debe valorar la conveniencia o no de otorgarla fundamentando siempre su decisión. se conjuga con la admisión de la discrecionalidad dejando que sea el libre criterio del fiscal. consagra un caso de excepción en la sistemática del instituto de probation. 1010/1011). en tanto y en cuanto se reúnan dos requisitos taxativamente enumerados. la posibilidad concreta de la persona de responder con éxito a la medida y a consideraciones de prevención general. dominio que precisa de algún mecanismo correctivo. puede abarcar casos muy diversos". adelanto desde ya. se convierte a la voluntad de aquél en la dueña del proceso penal y de la posibilidad del castigo de los delitos. 1°. como veremos luego. en cambio. 1081). párr. se consagra el derecho del imputado como norma general de obtener la suspensión del juicio a prueba. y no el del legislador. Ilustrativa es la opinión de Alberto Bovino: "El sentido de la necesidad del consentimiento del fiscal en este segundo supuesto se vincula a la gran variedad de casos comprendidos en él. pero que por las circunstancias del caso. sean merecedores de probation reuniendo los siguientes requisitos: a) que "las circunstancias del caso" permitan "dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable". no obstante el carácter vinculante que con esta interpretación le adjudico al dictamen fiscal en este excepcional y restrictivo
. Atento a lo manifestado hasta aquí. ps. 1997-A. (Un análisis comparativo)". El primero. de producir un elemento corruptor del proceso no sólo por contagiar al mismo de los errores de valoración del fiscal.
". 1984-B.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" (CS. párr. todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el art. como la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (Fallos: 199:617. s/recurso de casación e inconstitucionalidad" (Reg. 8°. desde que se trata de lo atinente a la más acertada organización del juicio criminal (Fallos: 253:31). 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 268:266. 813). La Corte Suprema de Justicia haciendo eco de este clamor. que por disposición del art. queda igualmente sujeto al control de su legalidad y fundamentación por parte del juez. Vaiani. Francisco A.
. sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema de justicia penal correspondiente".supuesto. visualizar el rol que se le ha asignado a la víctima en los últimos tiempos a través de diversos instrumentos internacionales. "Los jueces están siempre habilitados para efectuar un examen de razonabilidad sobre los criterios emanados del ministerio público en sus dictámenes".entre otros). 69 del Cód. 206-. generalmente. haciendo valer la pretensión jurídico penal que se basa en el delito. LA LEY. Así en la "Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder" (La Habana. dicho dictamen. 1995-E.
Legitimidad del querellante para recurrir Es sumamente importante al analizar la legitimidad del querellante para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba. 29 de noviembre de 1985) se afirma la necesidad de adoptar medidas nacionales e internacionales con el fin de garantizar el reconocimiento y el respeto universales y efectivos de los derechos de las víctimas de delitos. Cuba. 305:2150 --LA LEY. 1°. rta. 13 de agosto de 1998). dijo: "Que si bien incumbe a la discreción del legislador regular el marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante particular en su promoción y desarrollo. N° 18. Además como sostuve en autos "Avila. Procesal Penal debe formularse motivadamente. (conf. El actor penal es el sujeto que ejerce la acción penal. actúa como tal un órgano específico del Estado (Ministerio Público)". de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14. "Santillán. Procesal Penal "el Tribunal es quien ejerce la función jurisdiccional. 6° inc. 2 de julio de 1993) en un sistema acusatorio mixto como el consagrado en la sistemática de nuestro Cód. 18 de la Carta Magna y cuyo alcance. consid. es coincidente con el que reconocen los arts. Es claro en este sentido el art. José María Orgeira y Eduardo M. 2°). Blanca N. Y más adelante consideró que ello era así "en el marco del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el art. "La suspensión del juicio a prueba y los delitos con pena mayor de tres años". sala II. b: "Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses.
conjunta o alternativa. del Cód. Fégoli. quedando sujeto siempre al control de legalidad y fundamentación por parte del juez. -. los puntos 1°.
D) Que el querellante posee legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba.Juan C. mediante un juicio predictivo. Catucci. Tragant. Casanovas. según las circunstancias del caso.Raúl R. -Amelia L.Pedro R. Capolupo de Durañona y Vedia. 4° del art. Penal abarca dos grupos de delitos: 1°) aquellos delitos de acción pública que tienen prevista pena de prisión o reclusión cuyo máximo no exceda de 3 años (párr.
C) Que es vinculante el dictamen fiscal en los delitos comprendidos en el párr. 1°).Gustavo M. 2° y 3°.Guillermo J.Conclusiones Por todo lo dicho propugno: A) Que el art. -.
B) Que no procede la suspensión del juicio a prueba. --Alfredo H. el tribunal establece la siguiente doctrina plenaria. y por unanimidad el punto 4°. 2°) No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal.
2°) Aquellos que previstos con pena mayor de 3 años. David. -. que siguen a continuación: 1°) La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el art.Jorge O.Juan E. 4°) El querellante tiene legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos.W. permitirían dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable (párr. 76 bis. es vinculante para el otorgamiento del beneficio. 4°). Penal es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años.Eduardo R. Gustavo Mitchell. Rodríguez Basavilbaso. sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional. 3°) La oposición del Ministerio Público Fiscal. -.Liliana E. en ningún caso. Hornos. -. Madueño. para delitos reprimidos con pena de inhabilitación. -. -.
Por el mérito que ofrece la votación que antecede. Berraz de Vidal. -.Ana M. 76 bis y sigtes. -. por mayoría. Bisordi. Riggi. 76 bis del Cód. -. -.
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References: artículo 459
de lege ferenda
 artículo 26
in fine
 resolución 
e contrario
 artículo 75
 artículo 18