Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/23441
Timestamp: 2020-04-06 16:00:11+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 112/2013
SENTENCIA 112/2013, de 9 de mayo
ECLI:ES:TC:2013:112
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha 17 de abril de 2009 el Letrado de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la representación que legalmente ostenta de su Consejo de Gobierno, promueve conflicto positivo de competencia contra los arts. 3.1 b) y 6 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012. El conflicto se fundamenta en las alegaciones que, resumidamente, se exponen a continuación.
2. Por providencia de 5 de mayo de 2009 el Pleno del Tribunal, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite el presente conflicto; dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación, al objeto de presentar alegaciones en el plazo de veinte días; comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por si ante la misma estuvieran impugnados o se impugnaren los citados preceptos, en cuyo caso se suspenderá el curso del procedimiento hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), y publicar la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.
3. Por escrito de 13 de mayo de 2009 el Abogado del Estado se personó en el proceso solicitando una prórroga del plazo concedido para formular alegaciones, prórroga que le fue concedida mediante providencia de 14 de mayo de 2009. El escrito de alegaciones del Abogado del Estado se registró el día 23 de junio de 2009. En dicho escrito se opone a la demanda por las razones que se exponen a continuación.
4. Por providencia de 7 de mayo de 2013, se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 9 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
1. . El presente proceso constitucional tiene por objeto resolver el conflicto positivo de competencia promovido por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid contra los arts. 3.1 b) y 6 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012.
a) En primer lugar, es preciso determinar la vigencia de la controversia competencial en los términos en que ha sido planteada, a la vista de las modificaciones operadas en el Real Decreto 2066/2008, por el Real Decreto 1961/2009, de 18 de diciembre, que introduce nuevas medidas transitorias en el plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012, y por el Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre, que modifica el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre. Pues bien, ninguna de estas modificaciones ha afectado a los artículos frente a los que se ha interpuesto el presente conflicto positivo de competencia, por lo que debemos entender que el conflicto pervive en los términos en que ha sido formulado.
b) Y, en segundo lugar, debemos delimitar el objeto del presente conflicto positivo de competencias. En efecto, pese a que formalmente constituye el objeto de la impugnación la totalidad del art. 6, el escrito de interposición del conflicto de competencias únicamente aporta argumentos suficientes en relación con los motivos o causas de la infracción de su apartado 1. Por tanto, habremos de atenernos a la doctrina que hemos mantenido en supuestos similares, según la cual “no basta la mera invocación formal de los preceptos en la demanda (STC 98/1989, FJ 5) o incluso, como sucede en este caso, la existencia en la misma de una solicitud expresa de su declaración de inconstitucionalidad, para que este Tribunal deba pronunciarse sobre todos y cada uno de ellos, sino que es preciso, además, que en el cuerpo del recurso se contenga la argumentación específica o razonamientos que fundamenten la presunta contradicción de éstos con la Norma fundamental [SSTC 146/1994, FJ 7 B); 214/1994, FJ 3; 195/1998, FJ 1]. Efectivamente, hemos de recordar aquí una vez más que la impugnación de las normas debe ir acompañada de la preceptiva fundamentación y precisión que permitan al Abogado del Estado, al que asiste, como parte recurrida, el derecho de defensa, así como a este Tribunal, que ha de pronunciar la Sentencia, conocer las razones por las que los recurrentes entienden que las disposiciones impugnadas transgreden el orden constitucional (SSTC 118/1996, FJ 2; y 118/1998, FJ 4). Cuando lo que está en juego es la depuración del ordenamiento jurídico, es carga de los recurrentes no sólo la de abrir la vía para que el Tribunal pueda pronunciarse, sino también la de colaborar con la justicia del Tribunal en un pormenorizado análisis de las graves cuestiones que se suscitan.” (STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 2).
3. El Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre regula el plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012, que prevé la concesión de una serie de ayudas a quienes cumplan los requisitos previstos en la norma, para la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción, o procedentes de la rehabilitación, destinadas a la venta, al uso propio o al arrendamiento, para el alquiler de viviendas nuevas o usadas, libres o protegidas destinadas a vivienda habitual del arrendatario, para la rehabilitación de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales, para la mejora de la eficiencia energética y de la accesibilidad y la utilización de energías renovables, para la adquisición y urbanización de suelo para vivienda protegida y para la gestión del plan y la información a los ciudadanos.
El Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, se aprueba al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.13 CE, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, excepto el art. 7 y la disposición adicional cuarta, que se dictan al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.18 CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva de ordenación de los registros e instrumentos públicos.
Por lo que se refiere a la materia de urbanismo la STC 61/1997, de 20 de marzo, FJ 6 b) ha señalado que “la competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con aquéllas otras estatales que, si bien en modo alguno podrían legitimar una regulación general del entero régimen jurídico del suelo, pueden propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia urbanística (establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad urbana, determinados aspectos de la expropiación forzosa o de la responsabilidad administrativa)”. Tres son, por tanto, las competencias estatales más importantes mediante las cuales puede el Estado incidir legítima y puntualmente sobre la materia de urbanismo: la propiedad urbana, la expropiación forzosa y la responsabilidad administrativa. Es cierto que hay otras competencias que también podrán incidir de algún modo sobre el urbanismo. Entre ellas cabe destacar la competencia sobre las bases y coordinación general de la actividad económica, aunque la invocación de este título competencial estatal sólo podrá legitimarse si la norma de que se trate responde efectiva y estrictamente a la dirección general de la economía. Así lo hemos afirmado en la citada STC 61/1997, FJ 36, al señalar que el problema radica en determinar el alcance del art. 149.1.13 CE “cuando, como es el caso, incide sobre una competencia autonómica sectorial, porque, como hemos reiterado, ‘cuando el Estado se apoya en un título tan genérico como es el de bases y coordinación de la planificación de la actividad económica frente a la competencia exclusiva... de las Comunidades Autónomas, no puede, salvo cualificadas excepciones, continuar operando con todos los instrumentos de los que disponía con anterioridad a la descentralización del mismo, incidiendo continua y diariamente en una materia que ha quedado ampliamente fuera de su competencia...’ (STC 213/1994, FJ 10). Por lo que aquí interesa, tal inteligencia restrictiva del art. 149.1.13 CE cuando afecta a la competencia urbanística de las Comunidades Autónomas ha de verse complementada además por una interpretación finalista o teleológica, de modo que tan sólo aquellas normas básicas que respondan efectiva y estrictamente a la planificación general de la actividad económica podrían encontrar cobijo en el referido título, que impide la producción de normas que, aunque relacionadas con esa planificación general, no guarden esa inmediata y directa relación con la dirección de la economía”.
4. El primer precepto impugnado es el art. 3.1 b). El art. 3 establece las condiciones generales que deberán reunir los demandantes de viviendas y financiación acogidos al Real Decreto 2066/2008, sin perjuicio de las que puedan establecer adicionalmente las Comunidades Autónomas. Así, entre dichas condiciones generales el apartado b) exige “estar inscrito en un registro público de demandantes, creado y gestionado de conformidad con lo que disponga la normativa de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria sexta”.
5. El segundo precepto impugnado es el apartado 1 del art. 6, sobre duración del régimen de protección de las viviendas y alojamientos protegidos y limitación del precio de las viviendas usadas. El tenor literal de este apartado es el siguiente:
“Las viviendas y alojamientos que se acojan a la financiación de este Plan, deberán estar sujetos a un régimen de protección pública, que excluya la descalificación voluntaria, incluso en el supuesto de subasta y adjudicación de las viviendas por ejecución judicial del préstamo, de la siguiente duración:
De 30 años, al menos, si las viviendas y alojamientos hubieran sido promovidos en otros suelos.”
Type and record number Conflicto positivo de competencia 3591-2009
Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid en relación con diversos preceptos del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012.
Se examina la constitucionalidad de dos preceptos del Real Decreto que regula el plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012: 1) el que establece la obligación de inscripción en un registro público para la adjudicación de viviendas y 2) el que prescribe la fijación de un mínimo de 30 años al régimen de protección pública de las viviendas incluidas en dicho régimen.
La Sentencia desestima el conflicto positivo de competencia, pues los preceptos enjuiciados no afectan las competencias autonómicas en materia de vivienda y urbanismo. Reiterando la doctrina de la STC 152/1988, de 20 de julio, la sentencia afirma que el Estado tiene competencia para la planificación y coordinación en el sector económico de la vivienda, debiendo las Comunidades Autónomas contar con un margen de libertad de decisión. La obligación de inscripción en un registro público, representa un requisito que se justifica como una garantía de igualdad de trato a todos los interesados en el territorio nacional, aspecto central de todo régimen subvencional. Por otro lado, la fijación de un límite temporal de protección pública de las viviendas que hayan recibido ayudas públicas, tiene una incidencia directa en la lucha contra la especulación y en la efectividad del derecho a la vivienda para los colectivos más desfavorecidos.
La competencia autonómica en materia de vivienda, y en particular a la actividad promocional de la misma, se halla limitada por las competencias del Estado sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en razón de la incidencia que el impulso de la construcción tiene como factor del desarrollo económico y, en especial, como elemento generador de empleo (STC 152/1988) [FJ 3].
La regulación estatal de fomento en materia de vivienda concerniente a la definición de las actuaciones protegidas, a las fórmulas de financiación adoptadas –créditos cualificados, subsidiación de préstamos y subvenciones–, al nivel de protección y a la aportación de recursos estatales, no invade competencia autonómica alguna, pues se halla legitimada por lo dispuesto en el art. 149.1.13 CE (STC 152/1988) [FJ 3].
Las Comunidades Autónomas con competencias en materia de vivienda pueden definir y llevar a cabo una política de vivienda propia, complementando las actuaciones de protección y promoción previstas por el Estado, sin perjuicio del respeto debido a los elementos indispensables que las normas estatales arbitran para alcanzar los fines de política económica general propuestos [FJ 3].
A las Comunidades Autónomas corresponde integrar en su política general de vivienda las ayudas reguladas por el Estado para el cumplimiento de las finalidades a que responden, con capacidad suficiente para modalizar, en su caso, las reglas generales, al objeto de conseguir una sustancial igualdad de resultados (STC 152/1988) [FJ 3].
La competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con las competencias estatales más importantes mediante las cuales puede el Estado incidir legítima y puntualmente sobre dicha materia, entre las que cabe destacar el establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad urbana, la expropiación forzosa y la responsabilidad administrativa (STC 61/1997) [FJ 3].
La inscripción en un registro público de demandantes de vivienda protegida resulta uno de los elementos más útiles para el eficaz cumplimiento de los objetivos estatales perseguidos con la concesión de ayudas económicas para la promoción de viviendas y su adquisición, ya que a través de dicho registro se trata de asegurar el destino de las cantidades aportadas, lo que no supone condicionamiento alguno a la política de vivienda de las Comunidades Autónomas [FJ 4].
Los requisitos para acceder a las ayudas sufragadas con cargo a los fondos estatales constituyen uno de los aspectos centrales de toda regulación subvencional que se orientan a garantizar igual trato a todos los interesados en el territorio nacional [FJ 4].
La fijación de un período mínimo de vinculación de la vivienda a un régimen de protección pública constituye una contrapartida a los beneficios obtenidos con la adjudicación de las viviendas que garantiza el cumplimiento de los fines pretendidos con el establecimiento de las ayudas públicas y que encuentra su fundamento en la demanda social de vivienda y en la necesidad de que exista un mercado de viviendas de protección oficial con un precio asequible [FJ 5].
La limitación temporal en la descalificación voluntaria de las viviendas protegidas que hayan recibido ayudas públicas conforme al plan estatal de vivienda tiene una incidencia directa y significativa en el sector económico, en la lucha contra la especulación y en la efectividad del derecho a la vivienda para los colectivos más desfavorecidos, encontrando cobertura competencial en el art. 149.1.13 CE [FJ 5].
El Estado puede regular las condiciones esenciales de otorgamiento de ayudas hasta donde lo permita su competencia general básica o de coordinación, pero siempre que deje un margen a las Comunidades Autónomas, al menos para desarrollar y complementar la regulación de las condiciones de otorgamiento de las ayudas y su tramitación (STC 59/1995) [FJ 5].
Artículo 3.1 b)
Artículo 149.1.13, ff. 1, 3, 5
Artículo 26.1.4, f. 3
Orden 3766/2005, de 7 de diciembre. Regula la lista única de solicitantes de viviendas con protección pública para arrendamiento con opción a compra para jóvenes y el procedimiento de selección de la misma
Decreto 19/2006, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno. Regula el proceso de adjudicación de viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid
En general (redactado por el Real Decreto 1961/2009, de 18 de diciembre, y por el Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre), ff. 2, 3, 5
Artículo 3.1 b), ff. 1, 2, 4
Artículo 13 (redactado por el Real Decreto 1713/2010, de 17 de diciembre), f. 3
Real Decreto 1961/2009, de 18 de diciembre. Nuevas medidas transitorias en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. Regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016
Competencias en materia de viviendaCompetencias en materia de vivienda, ff. 3 a 5
Competencias exclusivas del EstadoCompetencias exclusivas del Estado, f. 4
Financiación estatalFinanciación estatal, ff. 3 a 5
Financiación de actuaciones protegibles en materia de viviendaFinanciación de actuaciones protegibles en materia de vivienda, ff. 3 a 5
Gestión de subvenciones públicasGestión de subvenciones públicas, f. 3
Promoción de viviendas de protección públicaPromoción de viviendas de protección pública, f. 5
Registro público de demandantes de viviendaRegistro público de demandantes de vivienda, ff. 1 a 4
Subvenciones públicasSubvenciones públicas, ff. 3, 4, 5
ViviendaVivienda, ff. 3, 4, 5
Comunidad de MadridComunidad de Madrid, ff. 3 a 5

References: Real Decreto 
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 Real Decreto 
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 Real Decreto 
 Real Decreto 
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Artículo 3

Artículo 149

Artículo 26
 Real Decreto 
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Artículo 3

Artículo 13
 Real Decreto 

Real Decreto 

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