Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=639910
Timestamp: 2019-07-21 07:30:49+00:00

Document:
PERFECCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
EXTRADICIÓN DESDE ARGENTINA DE SERGIO GALVARINO APABLAZA GUERRA. PROYECTO DE ACUERDO
5. MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR CHAHUÁN, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE NACIONALIDAD CHILENA POR GRACIA AL SEÑOR GERARDO ALKEMADE DOLLE (7237-07)
6. MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR BIANCHI, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE UN FERIADO ESPECIAL PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA (7235-06)
7. MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR BIANCHI, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE DECLARA PROCEDENTE EL INDULTO PARTICULAR TRATÁNDOSE DE DETERMINADOS DELITOS TERRORISTAS (7236-07)
8. MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES RINCÓN (DOÑA XIMENA), ESPINA, LARRAÍN, ORPIS, Y WALKER (DON PATRICIO), CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE SANCIONA PENALMENTE EL SUMINISTRO DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO A MENORES DE EDAD (7238-07)
10. MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR MUÑOZ ABURTO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DECLARA FERIADO EL 21 DE SEPTIEMBRE PARA LA PROVINCIA DE CHILOÉ Y LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA (7242-06)
11. PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES LARRAÍN, CANTERO, CHAHUÁN, ESPINA, GARCÍA, GÓMEZ, LETELIER, ORPIS, PIZARRO, QUINTANA, SABAG, WALKER (DON PATRICIO), Y ZALDÍVAR (DON ANDRÉS), REFERIDO A LA EXTRADICIÓN DE GALVARINO APABLAZA (S 1295-12)
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que permite aplicación de procedimiento de demandas colectivas en juicios por daños o perjuicios en calidad de construcciones (6841-14) (se aprueba).............
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea nuevo sistema de protección al contribuyente que enfrenta variaciones en precios internacionales de combustibles (7064-05) (se aprueba en general).........
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, relativo a conductas terroristas y su investigación (7211-07) (se aprueba su informe)............
Extradición desde Argentina de Sergio Galvarino Apablaza Guerra. Proyecto de acuerdo (S 1295-12) (se aprueba)...............
Concurrió, además, el Ministro de Justicia , señor Felipe Bulnes Serrano.
--Se abrió la sesión a las 16:17, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 51ª, especial, y 52ª, ordinaria, ambas en 14 de septiembre; y 53ª; ordinaria, en 15 de septiembre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Con el primero da inicio a un proyecto de ley sobre establecimiento de las bases y procedimientos de fijación de tarifas de los servicios de gas en la Duodécima Región (boletín N° 7.239-08).
Con el segundo retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto, en trámite de Comisión Mixta, para modificar el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925; sancionar el femicidio; aumentar las penas aplicables a tal delito, y enmendar las normas sobre parricidio (boletines números 4.937-18 y 5.308-18, refundidos).
Con el primero comunica que ha prestado su aprobación al proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señor Girardi, señora Matthei y señores Kuschel y Ruiz-Esquide y del entonces Senador señor Ominami, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, con las enmiendas que indica (boletín Nº 4.921-11).
Con el segundo informa que ha tomado conocimiento del rechazo efectuado por el Senado, en el tercer trámite constitucional, a las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados al proyecto de ley relativo a las conductas terroristas y su investigación (boletín N° 7.211-07), y comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que ha de formarse, conforme lo dispone el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
--Se toma conocimiento y se remite el documento junto a sus antecedentes.
Cuatro del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los tres primeros envía igual número de copias autorizadas de las resoluciones dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 38 y 38 ter de la ley N° 18.933, y 2.331 del Código Civil.
Con el último remite copia autorizada de la sentencia definitiva recaída en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 2.331 del Código Civil.
Del señor Director del Servicio de Impuestos Internos subrogante , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Navarro, respecto del cobro de peajes en el nuevo puente que se proyecta construir en la Región del Biobío.
Del señor Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del mismo señor Senador , en relación con el número de canes con que cuenta la Institución para la detección de drogas u otras sustancias en el país, la raza de aquellos y los costos para su manutención.
De la señora Secretaria Ministerial de Educación de la Región Metropolitana , con el que responde un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Rincón, sobre la tramitación del expediente N° 9.662, relativo al reconocimiento oficial de la Escuela Rural de Lenguaje "Mundo Infantil", ubicada en Chada, comuna de Paine.
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 104 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2004, para permitir que la persona que se enferme durante sus vacaciones haga uso de licencia médica (boletín N° 5.709-06).
Del Senador señor Chahuán, con la que inicia un proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena por gracia al señor Gerardo Alkemade Dolle (boletín N° 7.237-07).
1.- Proyecto de ley para establecer un feriado especial para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (boletín N° 7.235 -06).
2.- Proyecto de reforma constitucional tendiente a declarar procedente el indulto particular para determinados delitos terroristas (boletín N° 7.236 -07).
De los Senadores señora Rincón y señores Espina, Larraín, Orpis y Walker (don Patricio), con la que inician un proyecto de ley que sanciona penalmente el suministro de derivados del petróleo a menores de edad (boletín N° 7.238-07).
Permisos constitucionales Solicitudes de los Senadores señora Alvear y señores Coloma --Se accede a lo solicitado.
El señor LABBÉ (Prosecretario subrogante).- En este momento, han llegado a la Mesa los siguientes documentos:
De Su Excelencia el Presidente de la República , con el que da inicio a un proyecto de ley sobre procedimiento para otorgar concesiones eléctricas (boletín N° 7.240-08).
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Pasa a la Comisión de Minería y Energía.
El señor LABBÉ ( Prosecretario subrogante ).- Permiso constitucional.
Solicitud del Senador señor Longueira para ausentarse del país entre los días 5 y 9 de octubre del año en curso.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accedería a lo solicitado.
El señor ORPIS.- ¿Me permite, señor Presidente, sobre la Cuenta?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Senador.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , pido que la moción de los Senadores señora Rincón y señores Espina, Larraín , Patricio Walker y quien habla, para modificar la ley N° 20.000, sea enviada a la Comisión Especial que se creó para desentrampar y agilizar los proyectos vinculados con la droga, y no a la de Constitución.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Señor Senador , en la reunión de ayer, los Comités fijaron un criterio: primero debe constituirse dicha Comisión. Ese fue el acuerdo. El Senado entendió la lógica de contar con una instancia especial para abocarse a estos asuntos. Y el proyecto a que se hace referencia tiene que ver con ellos.
En segundo término, para un buen funcionamiento, resolvimos solicitar a la Comisión de Constitución que informe qué proyectos está conociendo respecto a las materias relacionadas con drogas, estupefacientes.
Por tanto, tenemos que constituir esa instancia. Esperamos hacerlo la próxima semana. Los Comités se comprometieron a entregar los nombres de quienes la van a integrar. Una vez que esté en funciones, se le enviará el proyecto en cuestión, porque cae dentro de su competencia.
Formalmente, no lo podemos hacer ahora.
Entonces, se procedería de esa manera.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , respecto de la solicitud hecha, debo señalar que la Comisión de Constitución va a informar cuáles son los proyectos presentados sobre la misma materia, a fin de avanzar. De manera que no hay dificultad.
Quiero aprovechar mi intervención para hacer una solicitud.
En la Comisión Mixta estuvimos analizando el proyecto sobre la Ley Antiterrorista. Por ello solicito autorización para sesionar paralelamente con la Sala, a fin de despacharlo y que el Senado lo pueda conocer hoy.
El señor PIZARRO (Presidente).- Si les parece a los señores Senadores, se accedería a lo solicitado.
El señor ESPINA.- ¿Me permite, señor Presidente , para un asunto reglamentario?
El señor ESPINA.- Señor Presidente, ocurre que en la tabla figuran los proyectos signados con los números 2, 3 y 4, referentes a delitos terroristas.
En una conversación con la Presidenta de la Comisión de Constitución, le hice ver la inconveniencia de tratar esas iniciativas en el mismo momento en que una Comisión Mixta está abocándose al estudio de la normativa que modifica la Ley Antiterrorista.
Por tanto, sugiero suspender el tratamiento de esos tres proyectos, porque, además, hay una iniciativa del Gobierno sobre la misma materia, la llamada "ley larga", de la que se desglosó la iniciativa que se está viendo hoy día.
Entonces, como se puede producir una situación absolutamente contradictoria, sugiero no tratar ahora esos proyectos, llevarlos a la Comisión y refundirlos en un solo articulado general. Ello permitirá una discusión con la calma que se requiere. Y me parece que los miembros de la Comisión coinciden con este punto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , en la misma línea de lo señalado por el Senador señor Espina, deseo recordar que el Reglamento del Senado prevé tal situación en el artículo 131, número 6°, en relación con indicaciones hechas a otros proyectos. Es decir, es perfectamente posible que el señor Presidente , de acuerdo con sus facultades, suspenda la tramitación de las tres iniciativas mientras no resuelva la Comisión Mixta. Y una vez que ello ocurra, podremos tomar nuevos acuerdos.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , el Honorable señor Espina le agregó un cogollo a su propuesta, que no comparto. Una cosa es suspender el trámite ahora en la Sala porque está funcionando la Comisión Mixta, pero otra muy distinta es que se refundan.
Esperemos que concluya su trabajo la Comisión Mixta y después resolvemos el resto. Pero, evidentemente, tenemos que dejar pendiente el debate de los mencionados proyectos mientras ella funcione.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Para no entrar en una discusión reglamentaria, propongo acoger la sugerencia de aplazar el tratamiento de los proyectos signados con los números 2, 3 y 4 en la tabla. Lo podemos hacer de acuerdo con el número 1° del artículo 131 del Reglamento. En todo caso, deberíamos fijar un plazo, que podría ser de 15 días. Si en el intertanto se despeja el asunto, volvemos a definir cómo seguimos tratando cada uno de aquellos.
El señor TUMA.- Señor Presidente , eso sin perjuicio de que la Comisión Mixta pueda considerar como indicaciones los tres proyectos, cuyo tratamiento suspenderíamos ahora.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Esa Comisión puede hacer lo que quiera, dentro de sus facultades. Podrá considerarlos o rechazarlos si así le parece.
Entonces, si no hay opiniones en contrario, se aplazará el tratamiento de los tres proyectos por el término de quince días.
El señor NOVOA.- Señor Presidente , el proyecto que figura en primer lugar del Orden del Día fue objeto de una modificación formal muy pequeña por parte de la Cámara de Diputados, razón por la cual solicito que, tan pronto se haga la relación, se vote.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Me informa Secretaría que la relación no se hizo. Pero no hay problema en proceder en la forma que Su Señoría plantea.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Corresponde efectuar la segunda discusión respecto del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que permite la aplicación del procedimiento de demandas colectivas en los juicios por daños o perjuicios en la calidad de las construcciones.
Sesiones 10ª, en 20 de abril de 2010 (se aprueba en general); 33ª, en 7 de julio de 2010 (se aprueba en particular); 55ª, en 28 de septiembre de 2010 (queda para segunda discusión).
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- Cabe recordar que el proyecto fue iniciado en moción de la Honorable señora Alvear. A su respecto, la Cámara de Diputados realizó una sola enmienda, que consiste en reemplazar, en el número 1 de la letra B) del artículo único, la expresión "al domicilio" por "a la ubicación", de lo cual resulta la siguiente disposición: "Será competente para conocer de estas demandas el juez de letras correspondiente a la ubicación del inmueble de que se trate".
Tal modificación requiere para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- En la segunda discusión, ofrezco la palabra.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , junto con solicitar que se llame a los señores Senadores para tener el quórum necesario al momento de la votación, deseo recordar que la iniciativa fue largamente discutida en particular en la Comisión de Vivienda. Luego la trató la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados. En el Senado fue aprobada por unanimidad. Y la otra rama legislativa le introdujo solo una enmienda, perfectamente atendible, según mi opinión. Consiste en reemplazar la expresión "al domicilio" por "a la ubicación". Y la explicación del cambio obedece a que los inmuebles no tienen domicilio, sino ubicación.
En consecuencia, estimo que debiéramos acoger la propuesta de la Cámara de Diputados y despachar el proyecto ahora, lo que es fundamental.
El propósito de la iniciativa es que los sectores medios de la población puedan demandar colectivamente a las empresas constructoras cuando, como propietarios, sean víctimas de la destrucción o inutilización de sus departamentos. Y, en verdad, prácticamente desde el mismo día del terremoto, están esperando, y con mucha ansiedad, que la normativa sea despachada.
Quiero reconocer el trabajo realizado por los Senadores señora Lily Pérez y señores Letelier y Pérez Varela , con quienes nos hemos reunido en varias ocasiones con los propietarios de los inmuebles.
En suma, señor Presidente , pido aprobar el cambio de la expresión -que hace completamente sentido a la norma- y se despache hoy el proyecto, el cual ha tenido un largo trámite. Estamos prácticamente iniciando octubre y los afectados esperan desde el mes de marzo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Siguiendo el planteamiento de ambos Senadores, sugiero abrir la votación.
Hay dos inscritos para intervenir, y podrían hacerlo durante la fundamentación de voto.
Si le parece a la Sala, se cerrará el debate y procederemos de esa forma.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier para fundar su voto.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , en primer lugar, debo señalar que la modificación de la Cámara Baja, independiente de su origen, es irrelevante para efectos prácticos. Nos hallamos más acostumbrados al concepto de "domicilio" que al de "ubicación" de una propiedad.
Pero el asunto de fondo apunta a la necesidad de que la ley en proyecto sea publicada cuanto antes, para que las personas afectadas puedan hacer uso de manera efectiva del nuevo instrumento: las demandas colectivas.
Eso sí, antes de aprobar la enmienda, quiero dejar a lo menos sentado un juicio sobre algo de lo que estoy más convencido que en marzo.
Después del terremoto, la imagen transmitida por la televisión daba cuenta de que, en general, nuestros edificios lo aguantaron mal y que las normas antisísmicas nacionales eran insuficientes.
Lo anterior llevó a que incluso el Ministerio de Vivienda sobrerreaccionara, en mi opinión, al establecer nuevas disposiciones antisísmicas, las cuales, a la larga, contribuirán a aumentar los costos a los compradores de departamentos.
Debo señalar que nuestra experiencia indica que en Chile tenemos muy buenos ingenieros y constructores, y que, si bien muchas edificaciones presentaron dificultades, nos deberíamos sentir tremendamente orgullosos de lo que ocurrió como consecuencia del terremoto, cuya magnitud todos conocemos: fueron más de 400 las personas fallecidas y menos de 12 producto del colapso de edificios o de daños en ellos.
Yo entiendo que el instrumento de las demandas colectivas reviste mucha importancia para las personas afectadas, como norma de criterio global.
Sin embargo, estimo que, además de disponer de tan valiosa herramienta, también deberíamos reconocer que los mayores daños en infraestructura se registraron en viviendas de adobe y que, por regla general, las construcciones levantadas en nuestro país durante el último tiempo se mantuvieron y reaccionaron bien ante la gran envergadura de la catástrofe que nos afectó.
Señor Presidente , voy a aprobar la modificación propuesta. Creo que la iniciativa será muy útil para la defensa de los derechos de los consumidores, al simplificar los procedimientos y garantizar algo que todos queremos: el equilibrio entre los intereses de los emprendedores de negocios, como las inmobiliarias y las constructoras, y los de los consumidores, con respecto a la defensa de estos últimos cuando las cosas se realizan mal, que en este caso fueron las menos.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente , en primer lugar, yo también quiero expresar mi satisfacción porque este proyecto, con la modificación introducida por la Cámara de Diputados -necesaria, pero mínima-, será aprobado.
Desde un comienzo manifestamos nuestro apoyo a la iniciativa que nos ocupa. Yo había presentado una similar en abril, pero la Senadora Alvear envió su moción antes de comenzar mi período, y nos sumamos a esta mediante las indicaciones que formulamos.
Debo decir que es cierto lo señalado por mi colega Letelier respecto a que, si uno analiza la magnitud del terremoto y la cantidad de viviendas afectadas, podría concluir que disponemos de elevados estándares de construcción, que permitieron salvar vidas.
Sin embargo, deseo referirme a un punto en el cual coincidíamos con la Senadora Alvear . Se trata de la absoluta indefensión en que quedaron las personas que realizaron un tremendo esfuerzo para comprar sus departamentos, los cuales, por no ser suficientemente rigurosas ciertas empresas en el cumplimiento de los estándares de construcción, sufrieron daños estructurales graves.
Eso afecta a los sectores más pobres, pero también a los de clase media que adquirieron propiedades (departamentos de 2 mil UF hacia arriba) que nunca se pensó que podrían colapsar de la manera en que lo hicieron.
Entonces, todo indica que existe una cantidad muy importante de personas, no solo de bajos recursos sino también de ingresos medios, que se sienten en la indefensión.
De ahí surge la necesidad de contar con un instrumento que permita entablar demandas colectivas por daños o perjuicios en la calidad de las construcciones.
Ello apunta a dar protección a quienes, con el esfuerzo de su vida, lograron ahorrar para comprar un departamento en un edificio, y, con bastante dolor, lo vieron colapsar producto del terremoto, quedando por completo desamparados. Por lo demás, todos sabemos el costo de las primas de seguros, en los casos de las viviendas que disponían de uno, porque no todas lo tenían.
En definitiva, mi satisfacción obedece a que este proyecto se orienta hacia la defensa de esos consumidores por los daños o perjuicios causados debido a la mala calidad de la construcción, al permitirles interponer juicios colectivos, lo cual evidentemente facilitará la solución de sus problemas.
Y me alegra que nuestra participación -en especial la mía, como autora de otra moción similar a la de la Senadora Alvear, a la que nos sumamos porque se presentó con anterioridad, tal como ya señalé- se haya fundado en la idea de modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones, lo que nos parecía importante. Además, se logró establecer como nexo el interés común para que los afectados que no hubiesen ejercido la acción desde el inicio, siempre que ella obtuviera resultados en los tribunales, pudieran sumarse a lo decretado por la sentencia definitiva, previo abono proporcional de las costas del juicio.
Lo anterior reviste mucha trascendencia, porque permite reforzar el procedimiento de demandas colectivas, que es tremendamente importante tratándose de sectores que, al igual que nuestra población más vulnerable, como la del borde costero, de áreas rurales o la que poseía casas de adobe, también se vieron afectados de forma dramática y se sienten en la indefensión al no contar con la herramienta descrita.
Espero que a partir de ahora dicho instrumento se convierta en ley, pues permitirá interponer demandas colectivas y reforzar, por lo tanto, el concepto de la protección de intereses colectivos o difusos de los consumidores, y lo que ello implica.
Eso es lo que deberíamos valorar en el Senado.
Por consiguiente, señor Presidente, mi voto será a favor de lo propuesto.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente , hoy día concluye el análisis de este proyecto de ley, presentado por la Senadora señora Alvear y otros colegas, que fue objeto de un trabajo acucioso al interior de la Comisión de Vivienda del Senado para perfeccionarlo técnicamente.
Sobre el particular, se produjo una discusión de carácter jurídico absolutamente válida y legítima en cuanto a si las normas actuales permitían la interposición de demandas colectivas por los daños ocurridos en edificios, en particular de Santiago.
El proyecto mejora sustancialmente tales disposiciones a fin de facultar a los propietarios de departamentos para proceder en forma colectiva. De hecho, el número de ellos que se exigía originalmente en la Ley del Consumidor se disminuye de 50 a 6, en caso de que dichos inmuebles hubieran sufrido daños o una dificultad mayor.
Creo que la presente iniciativa viabiliza técnica y jurídicamente la utilización del procedimiento descrito. Tanto es así que la modificación introducida por la Cámara de Diputados es bastante menor.
Ello demuestra que lo obrado por la Comisión de Vivienda y la Sala del Senado no solo logró representar de manera adecuada los intereses de los propietarios de viviendas afectadas, sino también recoger los aspectos jurídicos, pues la Comisión invitó a diversos especialistas a exponer sobre la materia.
A partir de hoy, los dueños de los departamentos que resultaron dañados por el terremoto o que lo sean por futuros eventos de esta naturaleza podrán acceder de mejor forma al mecanismo de la demanda colectiva.
Eso nos parece adecuado. Porque aquí, en el Senado, conversamos con los afectados por la última catástrofe, y pudimos apreciar su enorme desesperación y frustración.
Por otro lado, quiero aclarar que el Ministerio de Vivienda no ha sobrerreaccionado, sino todo lo contrario: ha acompañado adecuadamente todo lo relativo a las normas antisísmicas durante este tiempo.
Es verdad que un número muy menor de edificios colapsó, pero también es cierto que el terremoto nos sirve de experiencia. Y así como en 1985 se mejoraron sustancialmente las normas antisísmicas desde Arica a Magallanes a raíz del movimiento que afectó a la zona central, el evento del 27 de febrero nos enseña que siempre hay que ir caminando hacia delante y optimizando la normativa para que, en el futuro, como país no solo podamos decir que muy pocos edificios colapsaron, sino también que no lo hicieron la casi totalidad de aquellos en que se respetaron las normas.
En consecuencia, el Ministerio de Vivienda no ha sobrerreaccionado, sino que, a mi juicio, ha actuado adecuadamente, convocando a un conjunto de expertos en la materia, quienes, en forma unánime, han recomendado mejorar las disposiciones antisísmicas.
Por eso, el país debe tener la tranquilidad de que la autoridad está procediendo con mucha responsabilidad al respecto, para establecer que quien construya edificios habrá de cumplir normas que incluso garanticen que las edificaciones soporten terremotos superiores al que vivimos el 27 de febrero.
Y eso demuestra responsabilidad y no sobrerreacción.
Como nación, debemos sentirnos satisfechos de que las empresas del sector, sus ingenieros, sus arquitectos, construyen con estándares de muy buena calidad.
Pero ello no debiera tener un techo, sino que tendría que ser dinámico y mejorarse de manera constante. Porque hay que garantizar, en particular a los sectores medios y a los más vulnerables, que las propiedades que adquieran resistirán los eventos que la naturaleza les depare.
Por lo tanto, el Senado, al aprobar el proyecto que nos ocupa, da un paso muy importante en ayuda, en colaboración y en protección de quienes compraron departamentos que sufrieron algunos daños producto del terremoto.
--Se aprueba la enmienda de la Cámara de Diputados (29 votos a favor y una abstención), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Chahuán, Escalona, Espina, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a los representantes y a los miembros del Club del Adulto Mayor de Quinta Normal, que se hallan en las tribunas.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un nuevo sistema de protección al contribuyente que enfrenta variaciones en los precios internacionales de los combustibles, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Minería y Energía, unidas.
Sesión 55ª, en 28 de septiembre de 2010 (queda para segunda discusión).
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- La relación del proyecto se efectuó el día de ayer, ocasión en que se solicitó segunda discusión.
Cabe recordar que el objetivo principal de la iniciativa es crear nuevos mecanismos de protección ante variaciones en los precios internacionales de algunos combustibles derivados del petróleo, para lo cual se sustituye el sistema que opera sobre la base del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo y el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo.
El señor PIZARRO (Presidente).- En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, el proyecto en análisis establece un nuevo sistema a fin de evitar los efectos nocivos que las variaciones en el precio internacional de los combustibles ocasionan a los consumidores.
Antes de entrar en materia, me referiré a la historia de esta fórmula y de cómo se inició la estabilización de los precios.
El Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo fue creado en 1991, con un monto de 200 millones de dólares, para atenuar las variaciones de este producto. El mecanismo, que operaba otorgando un subsidio cuando el precio sobrepasaba el techo de la banda y cargando un impuesto cuando se situaba por debajo del piso, funcionaba sobre la base de un precio de referencia (centro de la banda), subiendo el techo en 12,5 por ciento y bajando el piso en 12,5. De esta manera, en un rango de 25 por ciento se generaba una amortiguación sin otorgar subsidio ni aplicar impuesto.
En 2005 se instauró el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, sistema transitorio que se extinguió por el solo ministerio de la ley el 30 de junio del presente año. De este modo, a partir del 1° de julio volvió a regir el Fondo creado en 1991, con las modificaciones introducidas en el año 2000.
La iniciativa que nos ocupa crea un sistema de protección al contribuyente del impuesto específico a los combustibles -afecta solo a la gasolina y al diésel-, que será aplicado en dos etapas sucesivas.
En la primera, se utilizará un procedimiento parecido al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP). El impuesto específico a los combustibles se ajustará mensualmente; pero, en lugar de otorgarse un subsidio cuando el precio esté sobre el techo del piso, se rebajará dicho tributo si el valor del producto supera cierto límite, o se incrementará, en caso contrario.
Por ende, no habrá un fondo, excepto para la parafina, y se modificará el impuesto específico a los combustibles, que ahora tendrá un componente fijo y otro variable.
En la práctica, señor Presidente , a través del proyecto se acoge lo que por tanto tiempo solicitamos junto con el Senador Orpis a otros Gobiernos: establecer un impuesto móvil que evite que la situación de los usuarios de combustibles sea aún más gravosa cuando el precio internacional aumente, por la aplicación de la carga impositiva.
En una segunda etapa, el impuesto específico a los combustibles permanecerá en parte fijo, tal como se estableció en 1986, pero se aplicará un sistema de seguro de precio a futuro, utilizándose, de esta manera, los mecanismos que hoy día entrega el mercado para amortiguar las variaciones.
Con tal fin, el Ministerio de Hacienda contratará opciones para asegurar, a meses plazo, un precio máximo en el mercado internacional a cambio de una prima equivalente a un porcentaje de aquel. De tal manera, si el costo excede al previsto en la opción, esta se ejerce y se compra el producto al precio convenido, es decir, a menos de lo que establece el mercado. Por el contrario, si es posible comprar a un precio menor al previsto en la opción, esta no se ejerce y el producto se adquiere a ese menor valor de mercado, perdiéndose, en este caso, el porcentaje pagado como prima.
Finalmente, en esta segunda etapa, el proyecto hace adecuaciones al impuesto al gas natural comprimido y al gas licuado de petróleo, ambos para consumo vehicular.
En definitiva, la nueva propuesta del Ejecutivo utiliza los mecanismos que entrega hoy el mercado para amortiguar los precios, regulando de alguna manera los efectos nocivos que presentaba el sistema anterior, del cual abusaron en varias oportunidades los Gobiernos de turno, especialmente en épocas de campañas políticas, produciendo serios daños a la economía fiscal.
A mi juicio, con esta flexibilización del impuesto específico -tal como lo solicitamos- se evita recargar a los consumidores de los combustibles por la vía impositiva cuando el precio internacional sube -con esto se aumenta la recaudación fiscal-, lo que hace todavía más gravosa su situación.
Por las razones expuestas, vamos a votar a favor de este proyecto de ley.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, todos sabemos que los precios de los combustibles sufren en ocasiones enormes fluctuaciones, las cuales pueden provocar efectos bastante devastadores en los presupuestos de las familias o de alguna pequeña empresa.
Sin embargo, solo es posible que exista una política de estabilización de precios cuando estos fluctúan alrededor de un valor medio relativamente estable, es decir, si suben o bajan pero tienden a volver a ese importe medio.
En cambio, lo que sucedió en el mundo durante años fue que el valor de los combustibles "aumentó", "aumentó" y "aumentó".
Y, por lo tanto, retardar esa alza del precio a los consumidores ya no era una estabilización, sino más bien un subsidio. Y durante los últimos diez años el valor de ese subsidio llegó a mil 500 millones de dólares. Es mucho dinero.
Cuando uno se pregunta si resulta razonable subsidiar o no el precio del petróleo, creo que es un tema que hay que conversar en forma un poco más profunda. Porque los que reciben el subsidio pueden ser, por ejemplo, pequeños empresarios, que usan su vehículo como una herramienta de trabajo. Pero también perfectamente es posible que se trate de una familia que vive en La Dehesa, con cinco autos para cinco personas.
El subsidio a un pequeño empresario puede ser bastante razonable. Pero el que se aplica en el valor del petróleo para una familia rica pareciera absolutamente fuera de todo propósito, de cualquier sector político. Yo no me imagino ni a los socialistas, ni al PPD, ni a la Democracia Cristiana, ni a Renovación Nacional, ni a los independientes ni a la UDI con el objetivo de subsidiar a familias ricas que poseen cinco autos. Creo que ello no tiene ningún sentido.
Nosotros siempre hemos estado convencidos de que los subsidios deben ir a personas, a empresas o a familias que realmente los necesitan. Cuando hablamos, por ejemplo, de la pequeña empresa y de su lucha por sobrevivir, ahí claramente hay un grupo al cual uno puede entregar algún tipo de subsidio. Lo mismo sucede cuando nos referimos a familias de clase media o de escasos recursos. Pero cuando uno subsidia un producto el problema radica en que se beneficia cualquiera que usa ese producto o servicio. Por lo tanto, no hay ningún control sobre quién es el que lo recibe. Puede ser gente que de verdad requiere un subsidio, pero también personas de muchos recursos que en realidad no necesitan en absoluto un subsidio del Estado.
Por eso, señor Presidente, se ha decidido focalizar, ir modificando el sistema, de manera de no gastar tanto dinero en gente que no necesariamente lo precisa.
En primer lugar, ya no habrá un fondo de dinero, sino que el impuesto específico va a variar. Por lo tanto, también fluctuarán los ingresos del Fisco. Así, cuando el precio del crudo suba muy fuertemente, habrá un componente negativo del impuesto, con lo cual la tasa bajará, recibiendo el Fisco menos ingresos. Y cuando el valor disminuya mucho, se incrementará la tasa de tributación, con lo que se estabiliza un poco el precio.
No tiene sentido que las empresas grandes reciban un solo peso de subsidio. Estas perfectamente pueden -y a nuestro juicio deben- cubrirse como quieran. Lo harán con seguros, con compras y ventas a futuro, en fin, del modo que estimen más conveniente. Pero estas empresas no requieren ni merecen ser subsidiadas, porque ese no es el objetivo del Estado.
Por otra parte, en cuanto a las empresas más pequeñas, a los consumidores que no tienen cómo acceder a esos seguros, la idea es que los tome el Fisco por ellos, pero que se les cobren los seguros.
Cuando uno ve que se han gastado mil 500 millones de dólares, es decir, 50 por ciento más, por ejemplo, de lo que se pretende recaudar por el royalty -si se llegase a aprobar- durante los próximos tres años, se da cuenta de que es mucho dinero, y que lo recibió gente que de verdad lo necesitaba, pero también muchas empresas y muchas personas ricas que no tienen por qué estar beneficiándose de subsidios del Estado.
Por consiguiente, a nosotros nos parece bien que a la larga este sistema se transforme en un seguro, de manera de evitar fluctuaciones tan bruscas, que provocan problemas de caja, de presupuesto en empresas pequeñas y también en familias. Pero no estamos de acuerdo en que sea en realidad un subsidio estatal. Porque, a nuestro juicio, estos deben dirigirse a las familias modestas, a la gente que está enferma, que ya se encuentra en una edad en que no puede trabajar. La ayuda del Estado tiene que ir a personas, a pequeñas empresas que de verdad la necesitan. Pero nunca se debe subsidiar un producto, porque, como decía, este puede estar siendo consumido por gente de muy escasos recursos, pero también por personas muy ricas que no tienen por qué recibir un subsidio.
Entonces, la idea es reemplazar paulatinamente el subsidio que había por un sistema de seguros. Mientras tanto, existirá un impuesto con una tasa variable. Habrá una tasa fija -la misma que existe hoy- junto a otra variable, que puede ser positiva o negativa, con lo cual fluctuarán los ingresos del Fisco.
Eso nos parece razonable. Yo por lo menos nunca he sido partidaria de subsidiar precios de bienes o de servicios. Hay que focalizar siempre los subsidios en gente, en empresas o en usuarios, en entes que de verdad los precisan. El subsidio siempre ha de estar focalizado de acuerdo con la necesidad, con la pobreza, y no aplicarse a un producto que, como mencionaba, puede estar siendo consumido por gente pobre pero también por personas muy ricas.
Señor Presidente, consideramos razonable la propuesta. Lo que se plantea coincide con la filosofía de todos los partidos políticos.
Se ha dicho que con la iniciativa disminuye el aporte del Estado. Y eso es efectivo: bajará lo que este entrega. Pero, a mi juicio, es razonable, porque esa plata la debe emplear en la gente que lo requiere y no en subsidiar un producto.
En consecuencia, nosotros votaremos a favor. Y, además, nos parece bien que tengamos una visión en orden a focalizar los subsidios, la ayuda estatal en la gente, en las empresas, en las personas, en las familias que realmente lo necesitan.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona,
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , como manifestamos ayer, este nuevo sistema reemplaza el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, que expiró por mandato de la ley el 30 de junio del presente año. Y, desde nuestro punto de vista, un mecanismo seguro es cambiado por uno inseguro, valga la redundancia, aun cuando la idea principal es que el Fondo de Estabilización fuese reemplazado por un seguro contratado en el exterior por el Ministerio de Hacienda.
¿Por qué decimos que este sistema es inseguro?
En primer lugar, porque no hay certeza alguna de que este eventual seguro pudiese funcionar.
Por otro lado, no existe ninguna claridad respecto de lo que podría costar.
En tercer término, la franja que se propone para cubrir es considerablemente más estrecha que la del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo.
Por ese motivo, como lo señaló en su intervención la Senadora Matthei, el FEPC le costó al Estado más de mil 200 millones de dólares en la época más aguda de la volatilidad de los precios de los combustibles. O sea, efectivamente el Fisco debió realizar un desembolso muy alto. Pero este tuvo un impacto en toda la economía, ya que al disminuir los costos en combustibles se benefició no solo el transporte, sino también el sector industrial, el minero, en fin, el conjunto de los sectores productivos de la economía.
En consecuencia, nosotros no estamos en ningún caso convencidos de las bondades que sugiere este nuevo sistema. Por el contrario, tenemos la preocupación de que un propósito loable, aunque en este caso no el principal, signifique que el nuevo sistema de seguros disminuya el aporte fiscal. Es cierto que este fue muy alto, pero posibilitó el control de los precios en el momento más agudo de la crisis económica.
¿Estará el nuevo sistema de seguros en condiciones de jugar el mismo rol de control de los precios ante una aguda crisis como la experimentada por la economía mundial hace aproximadamente dos años? Es completamente incierto.
Entonces, debo recordar que en las Comisiones unidas me abstuve porque entendí que mi responsabilidad era ayudar al Gobierno para que el proyecto llegara a la Sala con el fin de discutirlo. Pero, en realidad, no hemos escuchado de parte del Ejecutivo una argumentación que nos convenza plenamente.
Además, frente a la inexistencia de un sistema eficaz que posibilite el control de precios, tenemos la preocupación de que en las Regiones más apartadas del país el alza de los combustibles será considerablemente mayor. A pesar del enorme aporte que hizo el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC) en las zonas más distantes del centro de Chile, el impacto del aumento fue tremendo, lo cual significó un enorme costo para la microproducción y el pequeño comercio. Es decir, el encarecimiento de la vida en las Regiones alejadas resultó muy elevado y me parece que sus costos no se encuentran debidamente aquilatados en esta iniciativa.
En consecuencia, de esa dificultad tampoco se hace cargo el nuevo sistema que se nos sugiere.
Nosotros podríamos guiarnos por la filosofía de decir: "Bueno, como no hay otro sistema, a fin de cuentas es mejor que exista alguno".
Sin embargo, la verdad es que más bien nos inclinamos por solicitar que el Ejecutivo revise la decisión que ha adoptado. Para épocas de crisis tan agudas como la que significó el desembolso de más de mil millones de dólares, con un descontrol de la situación económica, no cabe ninguna duda de que en esos casos el Fisco debe realizar un aporte a fin de sostener la economía nacional.
Esa pretensión no es una desviación estatista, sino que, desde nuestro punto de vista, constituye una conclusión elemental. Si se presenta un completo descontrol de la economía y el precio de los combustibles sube prácticamente al doble, es evidente que el Fisco debe hacer un esfuerzo mayor para regular los precios. Y me parece que un sistema de seguros como el que se nos sugiere no logrará ese propósito.
Ignoro, señor Presidente , qué pueda suceder en las Regiones más apartadas con el descontrol de los precios. El sistema de desarrollo productivo de ellas se tornará sumamente difícil, por cuanto el solo costo de los combustibles provocará que muchos de sus procesos económicos queden, de inmediato, en condiciones de competitividad absolutamente imposibles.
Por lo tanto, tenemos profundas dudas que nos llevan a no respaldar en esta fase de la tramitación legislativa el proyecto que se somete a la consideración del Senado.
El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, no obstante todo lo que se dijo acerca de su funcionamiento, resultó más eficaz. No quiero pensar en la ola de malestar, por ejemplo, de los automovilistas si se generara un descontrol económico ante el cual el nuevo sistema de seguros de los precios de los combustibles no tendrá ninguna capacidad de respuesta y el alza simplemente podrá causar un colapso en la utilización de los combustibles en el país.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , estimo que el proyecto en debate es bueno, porque crea un sistema de protección a los consumidores que enfrentan variaciones en los precios internacionales de los combustibles.
Y digo que es bueno porque, tal como manifestó el Senador señor Escalona, el 30 de junio recién pasado nos quedamos sin un sistema de protección, debido a que expiró el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo y, por lo tanto, en este momento carecemos de un mecanismo de protección ante fluctuaciones bruscas de los precios internacionales de los combustibles.
Por ello, me parece conveniente contar con un fondo de esta naturaleza.
El sistema que nos propone el Gobierno -como también se ha manifestado en la Sala- busca establecer un impuesto específico a los combustibles de carácter variable, de manera que no sabemos cuánto puede llegar a costar.
Si bien es efectivo que no vamos a tener un fondo de estabilización, no lo es menos que si el precio de los combustibles permanece por encima del promedio durante un lapso prolongado enfrentaremos una disminución en los ingresos fiscales, por concepto de impuesto específico a los combustibles, que puede ser muy elevada.
Por lo tanto, es cierto que no contaremos con un fondo de estabilización, pero también lo es el que el Estado, a través de una menor recaudación fiscal, terminará subsidiando el precio de los combustibles.
Como indicó acertadamente la Senadora señora Matthei , no nos parece conveniente subsidiar bienes ni servicios, porque en la medida en que son consumidos en mayor proporción por los sectores de más altos ingresos, que no necesitan de ayuda estatal para ello, nosotros deberíamos pensar, más que en un fondo conducente a otorgar subsidios, en un sistema de seguros.
Por ello, comparto muchos de los planteamientos esbozados por el Senador señor Escalona.
La iniciativa en debate propicia una idea nueva; no tenemos experiencia sobre lo que puede significar un sistema de protección a los consumidores por la vía de un seguro. Pero sí creo que esta es la vía que debemos intentar y, si no diera resultados, la cambiaremos oportunamente.
No obstante, insisto, creo que hemos de intentar esta nueva fórmula.
Yo llamo a mis estimados colegas a que pensemos en esos mil 500 millones de dólares que costó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo. ¿Cuánto de ese dinero se destinó a subsidiar el consumo de combustibles en los sectores más acomodados del país? ¿Quinientos millones de dólares? ¿Setecientos millones de dólares? ¡Cualquiera sea la cifra eso es mucha plata, más aún ahora que enfrentamos el desafío de la reconstrucción!
¡Solo para reponer el stock de viviendas que existía antes de la catástrofe necesitamos construir aproximadamente 220 mil casas que se derrumbaron!
¡Necesitamos reconstruir diecisiete hospitales que funcionaban y prestaban sus servicios a la comunidad, y que se vinieron abajo con el fenómeno telúrico!
¡Necesitamos levantar cientos de escuelas que quedaron en el suelo tras el terremoto!
Por lo tanto, si a mí me ponen en la balanza la reconstrucción de las viviendas, de los hospitales, de las escuelas versus la mantención del subsidio a las familias de mayores ingresos por el consumo de combustibles, no tengo dónde perderme. ¡Prefiero que construyamos las viviendas, los hospitales, las escuelas!
Tenemos desafíos por delante. Por ejemplo, terminar con el descuento del 7 por ciento a los jubilados para su cotización de salud...
...y ampliar, en lo posible, el sistema de protección a la maternidad. Todo eso, sin duda, cuesta dinero.
En consecuencia, estoy seguro de que todos los recursos que tiendan a focalizarse en las familias más modestas y sencillas, en las personas de la tercera edad, en la protección de la vida y la salud de los niños, serán inversiones sociales de mucho mayor rentabilidad que aquellas que pretendan seguir subsidiando a los sectores de más altos ingresos del país, a través de la estabilización de los precios de los combustibles.
Por eso, señor Presidente , tengo la convicción de que este proyecto es bueno para el país. Significa contar con una protección frente a las alzas bruscas en los precios internacionales de los combustibles y, al mismo tiempo, que finalmente se resguarde a toda la sociedad por la vía de un seguro que habrá de pagar un tercero.
No sabemos cuánto va a costar eso, pero estoy seguro de que será muchísimo menos que el desembolso por concepto del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que ascendió a 1.500 millones de dólares.
Por ello -repito-, considero que se trata de un buen proyecto.
Reconozco que las dudas del Senador Escalona son absolutamente razonables. Sin embargo, creo que debemos dar este paso; tenemos que probar con el sistema de seguros. Porque, si resulta, el costo fiscal de proteger a los consumidores de combustibles será muchísimo más bajo.
El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de proseguir el debate, quiero saludar a los integrantes del Club de Adulto Mayor de Maipú que nos acompañan esta tarde desde las tribunas.
Junto con saludarlos, debo informarles que no pueden hacer manifestaciones, por interesantes que sean, porque de realizarlas, según el Reglamento, tendría que desalojarlos. Y, si se dieron el trabajo de venir, esto no sería bueno.
Señor Presidente , yo fui quien solicitó que esta iniciativa se analizara en las Comisiones unidas de Hacienda y de Minería y Energía. Lo hice porque había seguido su discusión en la Cámara de Diputados, donde no se advirtieron algunas cosas que me llamaron la atención. Y, por cierto, aquí las debatimos largamente en aquella instancia.
En las Comisiones unidas se consultó al Ministro sobre tales aspectos, señor Presidente .
Señor Presidente , por su intermedio, debo expresarle al Senador García que a nosotros nos agradaría que el Primer Mandatario cumpliera la palabra empeñada durante su campaña y reiterada en el discurso presidencial.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, me cuesta entender la lógica con que se ha planteado el debate esta tarde.
En efecto, primero se dice: "El Estado va a tener un rol secundario". Y se señala como argumento que en el sistema antiguo el Fisco gastó -como se expresó en la Sala- sobre 2 mil millones de dólares.
Pero, en verdad, no será así en la primera etapa. El Estado tendrá un rol activo, pero de manera distinta, pues no deberá desembolsar recursos líquidos. Desde el momento en que exista un impuesto móvil y los precios suban, la tasa del tributo bajará y el Fisco percibirá una menor recaudación.
¡Cómo no va a tener un rol activo el Estado! ¡Por supuesto que lo tendrá!
Lo importante, señor Presidente, es que se establece un sistema permanente.
¡Cuántas veces hubo necesidad de operar por dos vías! Una de ellas fue la inyección de recursos al Fondo. Incluso, en determinado momento hubo que bajar la tasa del impuesto.
A través de esta iniciativa establecemos seguridad jurídica mediante parámetros permanentes en el tiempo.
Pero la lógica que más me cuesta entender, señor Presidente , es la expuesta con relación a la segunda etapa.
El sentido común de las personas y de las empresas indica que es preciso cubrirse frente a los riesgos. Eso es lo lógico frente a eventos extraordinarios.
En el texto se propone una idea innovadora: cubrirse con un seguro para que el nuevo sistema no impacte en la caja fiscal, para que el Estado de Chile no deba desembolsar recursos que puede destinar prioritariamente a fines distintos del de subsidiar a personas que no lo requieren.
Señor Presidente , actúa con sentido común un Estado que procura cubrir mediante seguros los riesgos del mayor número de actividades productivas, tal como lo hacen las familias, las empresas, en fin, para protegerse ante eventos extraordinarios.
Porque el nuevo sistema va a impactar sobre la caja fiscal. Pero será un impacto virtuoso, pues al final no habrá desembolso con cargo al erario, ya que los seguros deberán pagar.
Entonces, me cuesta entender la lógica del planteamiento formulado en esta Sala. Porque se está haciendo un esfuerzo por ahorrarle recursos al Fisco a través de la contratación de seguros, y esto se considera "riesgoso".
Quizá no va a resultar. Si ello sucede, se vendrá al Parlamento. ¡Pero cómo no auscultar la posibilidad, que existe en otros países del mundo, de cubrirnos mediante seguros ante la volatilidad de los precios!
Y no se trata de algo inédito, señor Presidente.
¿Cómo se protegen las grandes empresas de las alzas en el valor de los combustibles? A través de seguros.
¿De qué manera enfrentan los aumentos de precios las compañías aéreas, que gastan ingentes recursos en combustibles? Con seguros.
Y eso es lo que se está proponiendo mediante el proyecto de ley en debate.
Señor Presidente , a mí me resulta contradictorio que, en vez de la protección a través de seguros, se prefiera ocupar la caja fiscal, utilizando recursos con los que se pueden atender todas las prioridades aquí señaladas, parte de los cuales, como me apunta la Senadora Matthei, van a personas de altos ingresos.
Entonces, no entiendo la lógica expuesta. Porque el sentido común indica que lo más sano es cubrir el máximo de riesgos -no solo en esta materia, sino también en otras- para evitar los impactos fiscales.
Señor Presidente , no me calza que si, conforme a esta iniciativa, en la primera etapa hay un papel muy activo del Estado, a través de un impuesto variable, y en la segunda se procura evitar la destinación de dineros fiscales, especialmente a las familias de más altos ingresos, no terminemos aprobando la idea de legislar sobre este proyecto, independiente de los perfeccionamientos que se le puedan hacer en las Comisiones unidas durante la discusión particular.
Insisto: no entiendo la lógica de lo planteado aquí. Porque, según expresé, mientras con más seguros contemos para cubrirnos frente a ciertos eventos, mejor para el Estado, pues dispondrá de mayores recursos para dirigirlos prioritariamente a las necesidades sociales.
¡Si 250 millones de dólares al año son mucha plata! Con esa cantidad es factible hacer bastantes cosas.
Señor Presidente, este es de los proyectos más innovadores que he visto. Con los recursos fiscales susceptibles de ahorrar pueden construirse varios hospitales. Y podríamos citar una serie de inversiones sociales.
En definitiva, me parece tremendamente virtuoso el hablar de seguros para cubrir eventos sin comprometer recursos fiscales.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente , pueden usarse muchas palabras para tratar de explicar las cosas. Pero la verdad es que, si uno lee el proyecto, le cuesta entenderlo, no porque no conozca las materias tratadas en él, sino por la complejidad con que se plantean.
Existe un hecho real: no hay en este momento Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.
Si hoy se presentara una crisis como la de hace algún tiempo, cuando el valor del barril de petróleo se escapó a entre 150 y 180 dólares a raíz de un conflicto en la zona productora, el país no tendría cómo enfrentarla.
Se me podrá señalar que en cierto momento, ante una situación grave, fue necesario ocupar mil millones de dólares. Yo me pregunto qué habría sucedido si no hubiese existido el subsidio que fue menester aplicar.
Se sostiene que el subsidio benefició a gente de altos recursos. Es factible. Por ejemplo, a quienes tienen automóviles de elevado valor para uso personal. Pero asimismo, a personas con vehículos de menor precio que los utilizan como herramienta de trabajo; a empresarios pequeños o medianos que los ocupan para movilizar su producción, etcétera. Y también, a empresas de diversos niveles que para producir requieren petróleo. Este, por supuesto, fue subsidiado; y el subsidio seguramente significó que el costo de los productos para los consumidores fuera menor que si no hubiera existido el Fondo de Estabilización.
En la agricultura, la falta de dicho Fondo habría provocado un impacto gravísimo en los sectores donde, para producir, muchas veces hay uso intensivo de petróleo.
Entonces, nadie puede negar que el manejo de un Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo es necesario en una economía mundial, donde existe alta volatilidad a ese respecto.
Por lo tanto, debemos tener un Fondo de tal naturaleza.
Ahora bien, no me pronunciaré sobre si el proyecto planteado es bueno o malo. Pero no puedo dejar de manifestar que me caben dudas acerca de cómo va a operar el sistema sugerido.
Me parecería bien la idea si en parte se financiara el Fondo haciendo flexible la relación impuesto-precio. Eso podría ser de entre 3 millones y 245 millones de dólares anuales, según el informe que tengo en mi poder.
El señor ORPIS.- Depende del precio.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Por supuesto, depende del precio. Pero podría ser -repito- de entre 3 millones y 245 millones de dólares al año.
No sé, señor Presidente , si con eso se puede solucionar el problema en una situación de crisis de gran magnitud o si solo es factible operar en mínima parte.
Veo que el Gobierno está tratando de cuidar los recursos. Me parece muy bien. Pero eso no significa que el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo va a ser eficiente en la primera etapa.
Considero que esta idea es positiva complementariamente, pero no como único elemento de financiamiento del Fondo. Y, si se aprobara, me gustaría ver cuál sería la reacción nuestra, ante una crisis inmanejable, para ayudar a los sectores productivos a evitar que sus costos se fueran más arriba de lo razonable.
Por otra parte, debo puntualizar que, al revés de lo dicho aquí, normalmente las empresas no usan seguros sobre el precio de los combustibles.
El señor ORPIS.- Sí. Está en el informe.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Se exceptúan las aéreas.
El problema se registra en la segunda etapa.
El Gobierno anterior también usó el seguro para el precio del petróleo. Pero lo hizo una sola vez. Porque era tal el costo -y podríamos preguntarlo al Ministro de Hacienda de la época-, que resultaba imposible asumirlo.
La señora ALLENDE .- Así fue.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Más aún: muchas aseguradoras no quisieron asumir el riesgo por su impredecibilidad.
Por consiguiente, tras leer el proyecto, concluyo que la segunda etapa carece de sustancia. No se ve cuál será el costo del seguro que habrá de pagarse en determinadas condiciones, en fin.
Señor Presidente , estoy cierto de que, si aprobamos la ley en proyecto, el próximo Ministro de Hacienda se quedará sin Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Y, así, el país no va a tener un mecanismo de esta índole para enfrentar eventuales crisis.
No se trata de que me niegue a legislar, señor Presidente . Me encantaría hacerlo, pero bien. Asumamos el planteamiento -reitero que me parece positivo- de que el impuesto específico a los combustibles juegue a favor del eventual Fondo. Pero veamos qué otros mecanismos hay para el caso de que no podamos asumir el seguro o ante la insuficiencia de los entre 3 millones y 245 millones de dólares a que hice referencia.
¿De qué manera hay sustento para evitar que la economía tenga un colapso?
Y no va a ser un problema de empresas grandes, medianas o pequeñas. Puede ser del conjunto de ellas.
Yo soy partidario, por supuesto, de que los subsidios favorezcan a la gente que más necesita, en la cual hay que focalizar el seguro. Pero (insisto) un país como el nuestro, inserto en la economía global, con las crisis que sobrevienen cada cierto tiempo, no puede dejar de tener previsto en forma estable, con seguridad, un fondo de estabilización para los precios del petróleo, elemento fundamental para la economía nacional.
El señor TUMA.- Señor Presidente , este proyecto tiene algunas complejidades. No es fácil entenderlo, ni mucho menos explicarlo. Sin embargo, creo que viene a reemplazar lo que existía como Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, el cual fue creado para atender grandes fluctuaciones después de la experiencia habida en la década de los 90, cuando se dispararon los valores del crudo y las poblaciones de distintas economías no podían enfrentar adecuadamente la desmesurada alza de precios en un insumo de tanto efecto multiplicador en la vida de las personas, especialmente las más modestas.
Este último factor, como decía el Senador señor Zaldívar , dice relación a los fletes, los alimentos. Nosotros observamos cómo se comporta la economía, muchas veces, midiendo el índice de precios al consumidor, que varía según el valor de la canasta -la alimentaria, la básica-, y el IPC va a subir si lo hace el transporte, que reproduce esa consecuencia en toda la economía y todos los sectores. Y, claro, ello afecta en mayor medida a los de más escasos recursos, que destinan la mayor proporción de su presupuesto a la alimentación.
Por tanto, estamos frente a un insumo y un mecanismo sumamente sensible, en cuanto a lo que hagamos para estabilizar el precio del petróleo, respecto de lo que va a ocurrir con el poder adquisitivo de los sectores de más escasos recursos y con la pequeña y la mediana empresas, las cuales muchas veces se hallan en el punto de equilibrio, en lo que cambia todo cuando existe un subsidio al combustible.
Cuando tratamos el proyecto del royalty y en el país se debatía acerca de cómo hacer para que las mineras efectuaran una contribución significativa al Presupuesto, la normativa enviada por el Ejecutivo importaba del orden de 600 millones de dólares para la reconstrucción. Y eso significaba anualmente, durante tres años, más o menos 200 millones de dólares. Aquí estamos haciendo referencia a 250 millones de dólares anuales, bastante más de lo que el Gobierno esperaba que arrojase la iniciativa sobre el incremento del impuesto específico a la minería, de tal modo que no es un asunto menor.
Y percibimos un texto que se sustenta en un financiamiento más virtual que real, porque se contempla el supuesto de que la compañía de seguros va a resolver los aspectos relacionados con la variación del precio del combustible. Pero eso tiene tope y un "techo" bastante bajo. ¿Qué va a pasar cuando se registre un sobreprecio que se encuentre mucho más allá de las capacidades o la tolerancia de esas empresas? Porque si bien es cierto que un seguro puede ser una buena fórmula para no ocupar recursos estatales, el mecanismo tiene un límite.
Me inclino a pensar, entonces, que el Estado, en forma complementaria, debería mantener un fondo de estabilización de precios de los combustibles, como los Gobiernos anteriores.
Por la razón expuesta, abrigo también muchas dudas respecto de cómo proceder de manera de dar seguridad a la economía, a las familias de más escasos recursos, de que contamos con un mecanismo conforme al cual no se va a amanecer con un precio del petróleo que impedirá llenar un estanque, especialmente a los sectores más modestos cuando tienen un pequeño vehículo como herramienta de trabajo. De modo que de lo que aprobemos va a depender también la certeza que podamos darles a esas familias, no solamente ante la eventualidad de una pérdida en el valor adquisitivo de sus presupuestos, sino también desde el punto de vista de la fuente laboral.
En consecuencia, señor Presidente, me inclino por rechazar el proyecto, el cual, si viene solo, si no constituye un complemento, no le da seguridad al país, en mi opinión, desde el punto de vista de la estabilidad de los precios de los combustibles.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se tocarán los timbres para llamar a votar la iniciativa, pues está sesionando la Comisión de Constitución.
Entre tanto, tiene la palabra el señor Secretario.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante).- En este momento ha llegado a la Mesa una moción del Honorable señor Muñoz Aburto, con la cual da inicio a un proyecto de ley que declara feriado el 21 de septiembre para la provincia de Chiloé y la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Pasa a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
El señor ALLIENDE ( Secretario General subrogante ).- Asimismo, se ha recibido un proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Larraín, Cantero, Chahuán, Espina, García, Gómez, Letelier, Orpis, Pizarro, Quintana, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés), referente a la extradición del ciudadano chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra desde la República Argentina.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Si le parece a la Sala, queda para Tiempo de Votaciones en la presente sesión, de modo que la Corporación se pronunciará al respecto una vez que lo haya hecho en relación con el informe de Comisión Mixta sobre el proyecto de ley relativo a las conductas terroristas y su investigación.
--Por unanimidad, así se acuerda.
El señor PIZARRO (Presidente).- En votación la iniciativa que crea un nuevo sistema de protección al contribuyente que enfrenta variaciones en los precios internacionales de los combustibles.
--Se aprueba en general el proyecto (13 votos contra 8 y 2 pareos) y se fija el 25 de octubre próximo como plazo para presentar indicaciones.
Votaron por la afirmativa las señoras Matthei y Pérez (doña Lily) y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chahuán, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
Votaron por la negativa las señoras Allende y Rincón y los señores Escalona, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro y Tuma.
No votaron, por estar pareados, los señores García y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Se suspende la sesión hasta recibir el informe de la Comisión Mixta constituida para ocuparse en las divergencias acerca del proyecto de ley relativo a las conductas terroristas y su investigación.
--Se suspendió a las 17:47.
--Se reanudó a las 19:9.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Corresponde pronunciarse sobre el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley relativo a las conductas terroristas y su investigación.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 55ª, en 28 de septiembre de 2010.
Mixta, sesión 56ª, en 29 de septiembre de 2010.
Sesiones 51ª, en 14 de septiembre de 2010 (se aprueba en general); 53ª, en 15 de septiembre de 2010 (se aprueba en particular); 54ª, en 28 de septiembre de 2010 (queda pendiente su votación); 55ª, en 28 de septiembre de 2010 (pasa a Comisión Mixta).
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear, Presidenta de la Comisión Mixta , para entregar una relación verbal a la Sala.
En primer lugar, quiero advertir a Sus Señorías que las normas que aparecen en negrita, bajo el epígrafe "Texto aprobado por el Senado", corresponden a aquellas que no fueron objetadas por la Cámara de Diputados y sobre las cuales no se pronunció, por tanto, la Comisión. Son las recaídas en el número 1) del artículo 1° del proyecto y en el número 2), letras a), c) y d) de la misma disposición.
En cuanto a la letra b) de dicho número 2), hubo acuerdo respecto a la manera de calificar y sancionar un conjunto de delitos.
Como ya hemos discutido largamente acerca de esta materia, solo voy a señalar el resultado de las votaciones.
En el caso de la referida letra b), el acuerdo se adoptó por unanimidad.
El señor LONGUEIRA.- Se mantuvo el texto del Senado.
La señora ALVEAR.- Exactamente. En definitiva, se resolvió conservar la letra b) despachada por nuestra Corporación, sin ninguna enmienda.
En verdad, resulta muy complejo explicar los acuerdos desde el punto de vista normativo, pero créanme que lo hicimos bien.
En relación con la letra a) del número 3), se decidió mantener el texto aprobado por el Senado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión Mixta.
La letra b) del mismo número, que reemplaza, en el inciso segundo del artículo 3° de la ley N° 18.314, la segunda oración por la siguiente: "Si se ocasionare la muerte o lesiones graves de alguno de los tripulantes", etcétera, fue aprobada por 7 votos a favor y 3 en contra.
El número 4), que también conserva el texto del Senado, fue acogido por unanimidad.
A continuación viene el número 5), relativo al artículo 7° de la Ley Antiterrorista.
El inciso primero de esta disposición fue objeto de una propuesta del Ejecutivo y quedó redactado en los siguientes términos: "La tentativa de cometer alguno de los delitos a que se refiere esta ley se castigará con la pena asignada al respectivo ilícito, rebajada en uno o dos grados". Luego viene la parte atinente a la conspiración.
La propuesta fue acogida por unanimidad.
En cuanto al inciso segundo, vinculado con "La amenaza seria y verosímil de cometer alguno de los delitos mencionados en esta ley", fue aprobado por mayoría: 6 votos a favor, 3 en contra y una abstención.
En el número 6) se acordó mantener el texto del Senado con la misma votación: 6 votos a favor, 3 en contra y una abstención.
En el número 7), recaído en el artículo 9° de la ley, también se aprobó el texto del Senado por 7 votos a favor, 2 en contra y una abstención.
En el número 8), relativo al inciso final del artículo 18 de la ley, nuevamente se acogió el texto del Senado, pero se eliminó la referencia al "cooperador eficaz". Este acuerdo fue adoptado por 8 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Luego, en el artículo 2º, igualmente se aprobó el texto del Senado.
Cabe advertir -es muy importante recordarlo acá- que la Cámara de Diputados había estimado que este artículo era de rango orgánico constitucional. Después de una larga discusión entre los miembros de la Comisión Mixta, llegamos a la conclusión de que dicha norma en realidad requiere para su aprobación quórum simple y no quórum especial. En ello hubo unanimidad.
Por último, la Comisión Mixta acordó agregar un artículo 3º, nuevo, tendiente a establecer que a los menores de dieciocho años que incurran en conductas tipificadas como terroristas se les aplicará la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y no la Ley Antiterrorista.
Ello, en atención a lo dispuesto por la Convención de los Derechos del Niño. Además, el Ejecutivo presentó el mismo cambio en una enmienda relativa a la justicia militar.
Esa fue la única propuesta de Senadores de la Concertación acogida por la Comisión.
El inciso primero de dicho artículo, que establece la regla recién indicada, fue aprobado por unanimidad. Y el inciso segundo, introducido mediante una indicación de miembros de nuestra Corporación y que agrava los delitos contemplados en la ley Nº 18.314 cuando en ellos se actúe con menores de dieciocho años, fue acogido por 6 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
Hubo cinco propuestas de parlamentarios de la Concertación, de las cuales se recogió solamente la que he mencionado, con la redacción acordada en la Comisión Mixta, en cuanto a la preeminencia de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente a los menores de dieciocho años que incurran en conductas tipificadas como terroristas.
Recuerdo que se vota el informe de la Comisión Mixta en su totalidad. Se precisa quórum calificado para su aprobación, esto es, el voto conforme de 19 señores Senadores, considerando los dos permisos constitucionales concedidos, dado que algunas normas revisten dicho carácter.
El señor LETELIER.- ¿Se puede fundamentar?
La señora RINCÓN.- Quiero fundar mi voto.
El señor WALKER (don Patricio).- Yo también.
El señor PIZARRO (Presidente).- Como algunos colegas desean fundamentar su preferencia, les iré cediendo la palabra para ese efecto.
Hago presente que, si se alcanza el quórum especial exigido, se entenderán aprobadas también, obviamente, las normas de quórum simple. Así que se hará una sola votación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina, para fundamentar su voto.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , el texto aprobado por la Comisión Mixta finalmente cumple los objetivos propuestos por el Gobierno: perfeccionar la legislación sobre conductas terroristas, a objeto de garantizar la seguridad y la paz social -es la finalidad de tal cuerpo legal- y, simultáneamente, que quienes sean imputados por delitos de esa gravedad reciban un juicio justo, con resguardo de las normas del debido proceso.
Los cambios fundamentales introducidos por el órgano bicameral apuntan básicamente, en primer lugar, a eliminar la presunción de delito terrorista -es un resabio de la ley antigua-, más aún si se considera que la actual legislación penal se basa en el fortalecimiento del principio de inocencia.
En segundo término, se perfecciona el listado de delitos en los cuales puede concurrir el dolo terrorista o provocar su efecto, esto es, producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie.
Por ejemplo, en la actualidad se halla incorporado el parricidio. Evidentemente, ese es un error de la ley, porque dicho ilícito implica que quien mata a otro conoce la relación que lo liga con su víctima. No corresponde que sea de aquellos que, cometidos, pueden transformarse en delito terrorista.
Por lo tanto, se perfeccionó la norma, señalando con claridad los delitos que quedan comprendidos, que básicamente son los de homicidio, de lesiones, de secuestro y de incendio.
Por otro lado, se rebaja la pena del delito de incendio, particularmente de bosques y de plantaciones o producciones agrícolas. La razón es muy simple. La legislación actual establece una sanción muy alta para dicha figura, lo que ha producido desproporción entre la pena que se le ha fijado y aquella que se aplica, por ejemplo, al homicidio, que naturalmente es más grave. Lo que hace el proyecto de la Comisión Mixta, que en esta parte recoge íntegramente lo planteado por el Gobierno, es consagrar para el delito de incendio una pena más proporcional a la gravedad de la conducta cometida.
Asimismo, la iniciativa regula, con una penalidad más acorde con una adecuada proporcionalidad, la tentativa, la amenaza de cometer un delito terrorista y, simultáneamente, la conspiración. El Senado había eliminado del artículo 7° la conspiración y la amenaza, lo cual, a juicio de quienes votamos en la Comisión Mixta, era un error, porque la amenaza verosímil y creíble de cometer un delito terrorista existe y es una de las conductas más frecuentes de las mafias que actúan en esta materia. Por lo tanto, hay una reducción de penas, pero sobre la base de que sean más equitativas.
Posteriormente, se establece la figura del "arrepentimiento eficaz" de aquella persona que ha participado en un acto que puede conducir a una conducta terrorista. Por ejemplo, alguien que ha participado en la conspiración para poner una bomba en el Metro. Si ese individuo se arrepiente y entrega información que permita impedir que tal delito se materialice, inmediatamente será beneficiado con una rebaja de la pena o, en algunos casos, con su exención, porque el legislador piensa que esta medida, frente al valor de lo que significa que no se cometa el delito, que se evite la muerte de gente inocente, versus sancionar al que se arrepiente, es un estímulo para que el día de mañana alguien se desista de perpetrar un ilícito de semejante gravedad.
Luego hay un perfeccionamiento en los derechos de la defensa, relacionado con la posibilidad de interrogar a testigos protegidos. Esto es muy importante. Tengamos en cuenta que casi nadie se atreve a denunciar públicamente muchas de las acciones de carácter terrorista que se pueden cometer en un país o de grupos narcotraficantes como los que existen en otras naciones que terminan realizando conductas terroristas. Recordemos a las FARC. El concepto del testigo a rostro cubierto obedece precisamente a esa finalidad, pero ahora también se garantiza que quien sea acusado tenga la posibilidad de interrogarlo con claridad, para evitar el abuso de la norma en su perjuicio, como me lo hizo presente claramente hoy el Senador señor Prokurica cuando analizamos esta materia.
Enseguida, se incluyó una disposición que, en nuestra opinión, ya se encuentra incorporada en nuestra legislación, cual es la de que, cuando en un delito se halla involucrado un menor de edad, rige el principio de la especialidad y debe aplicarse, por tanto, la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. En el fondo, lo que se hace aquí es reiterar una norma que a nuestro juicio es clara en nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, cuando un menor participe en un delito considerado terrorista, el cuerpo legal que se le aplicará será la referida Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, quedando sujeto a sus normas.
Pero, como contrapartida, se señala que, cuando un adulto cobardemente utiliza a un menor para cometer un acto de carácter terrorista -en conocimiento de que tendrá una penalidad más baja, debido a la necesidad de proteger a los jóvenes- se le aplica una agravante, a fin de impedir o intentar impedir -tengo mis dudas respecto de los efectos de estas normas- que terminen usando solo a menores en la comisión de delitos. Entonces, se contrapesa tal posibilidad con una sanción elevada al adulto.
Señor Presidente , esas son básicamente las reformas que se introducen, las cuales -insisto- garantizan un juicio justo y la debida protección de la ciudadanía frente a actos tan graves que atemorizan a la población, quedando tipificados en la ley pertinente.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , evidentemente tenemos diferencias significativas en esta materia con el Honorable señor Espina, con los parlamentarios de la Coalición por el Cambio y, naturalmente, con el Gobierno. Y así lo hicieron ver los representantes de la Concertación en la Comisión Mixta: su Presidenta , la Senadora señora Alvear , y el Honorable señor Patricio Walker .
Ahora bien, a esta altura uno se pregunta, ¿cómo quedamos? ¿Se logró algún avance? En verdad, pienso que lo alcanzado es bastante modesto. Francamente, esperaba otra cosa. El Gobierno -incluso, estuvo dispuesto a ponerlo por escrito- tenía la convicción, o se podía allanar a la idea, de que ciertos delitos no fueran considerados terroristas.
Estamos hablando concretamente de lo que hoy día nos convoca. Por eso, hay una "ley corta" y una "ley larga". Y muchos aspectos aquí mencionados bien podrían haber estado en esta última, al igual que las diversas iniciativas de la Alianza y de la Concertación para modificar la Ley Antiterrorista.
Entonces, frente a una Administración que está convencida -así lo han señalado parlamentarios de Gobierno- de que estamos frente a delitos que no son terroristas, uno espera de ella la construcción de un andamiaje, de una institucionalidad jurídica que permita, efectivamente, resolver de manera procesal lo que se está discutiendo. Porque en la mesa de diálogo con monseñor Ezzati no se conversa sobre la propiedad de la tierra, ni del reconocimiento constitucional ni de proyectos de desarrollo, sino de cómo se resuelven las causas judiciales que afectan a los comuneros mapuches.
Cabe destacar que, desde ese punto de vista -estoy seguro de que los representantes de la Alianza comparten mi planteamiento-, lo propuesto ahora es absolutamente de menor alcance que la modificación a la legislación antiterrorista que, en 1991, efectuaron las llamadas "Leyes Cumplido".
Por tanto, se trata de un avance modesto. Y uno se pregunta si esto es superior a lo que actualmente hay. Yo diría que un poco más.
Ocurre, señor Presidente , que en el debate habido durante la tramitación legislativa, pese al gran esfuerzo de los miembros de la Comisión de Constitución -trabajaron un fin de semana y días feriados para sacar adelante el proyecto-, ha habido retrocesos. De modo que yo calificaría el proceso como un paso adelante y dos atrás.
Luego de asistir hoy día a la Comisión Mixta, podemos decir que lo acordado representa un paso atrás, porque nadie podrá sostener que lo propuesto va a resolver la huelga de los comuneros. Ojalá que lo hiciera. Lo hemos conversado con todos los Ministros políticos. No la soluciona. ¿Por qué? Porque no permite recalificar los delitos.
Respecto del inciso segundo del artículo 1°, el Fiscal Nacional sostuvo -¡por favor!, no lo digo yo- que no se ha usado la presunción. ¿Y por qué? Porque tácitamente está eliminada en la Constitución, ya que primero se debe presumir la inocencia. Entonces, no ha sido utilizada tal presunción.
En cuanto al ofrecimiento del Gobierno de dejar sin efecto las querellas, ¿qué ha señalado el Ministerio Público? Repito: no lo digo yo. Que ello no producirá efectos concretos que impliquen disminuir las penas.
Por eso, en mi opinión, lo sugerido no constituye un avance significativo, aunque, obviamente, es más de lo que teníamos ayer. ¿Y qué era? Una negativa de los parlamentarios de la Alianza y del Gobierno de llegar hoy día a la Comisión Mixta. Entonces, desde ese punto de vista, se ha avanzado. Ojalá que sirva de algo.
Debido a las opiniones que he escuchado, tengo el deber de decir que, eliminada la presunción establecida en el inciso segundo del artículo 1° -todos sabemos a qué apunta-, no se resolverá el problema de fondo.
Señor Presidente , otra preocupación que tengo se refiere a que cuando se revisa lo aprobado, uno encuentra una indicación del Gobierno tendiente a eliminar la hipótesis del secuestro.
El inciso segundo del N° 5, del artículo 2°, del texto vigente, señala claramente lo siguiente: "Los delitos de secuestro," -esto no tiene nada que ver con el pueblo mapuche- "sea en forma de encierro o detención, sea de retención de una persona en calidad de rehén y de sustracción de menores, establecidos en los artículos 141 y 142 del Código Penal, cometidos por una asociación ilícita terrorista," -por eso digo que no se elimina todo el secuestro, sino una hipótesis, debilitando la estructura del secuestro de la Ley Antiterrorista- "serán considerados siempre como delitos terroristas". Es decir, se elimina esa hipótesis.
Entonces uno trae a la memoria -creo que también los abogados presentes en la Sala- lo expresado por el destacado profesor y jurista argentino Sebastián Soler : "Estado, muéstrame tus leyes penales, que te quiero conocer a fondo". Porque, efectivamente, si uno, antes de ir a la Constitución, observa las leyes penales de un país, sabrá cómo es su sociedad y qué bienes jurídicos protege.
Señor Presidente , durante el debate, algunos han señalado que los bienes son lo más preciado en la vida. Sin embargo, a mi juicio, lo más importante es la vida misma, el derecho a la libertad, la libertad de expresión. Esos son los bienes más preciados.
En consecuencia, se advierte claramente una contradicción cuando se saca una parte del delito de secuestro y se deja como acto terrorista el incendio de pastizales o de un lugar no habitado. De modo que, quemar una cabaña a la orilla de un lago, por ejemplo, podría ser considerado delito terrorista, en circunstancias de que el propio Gobierno ha rebajado las penas para esa acción. Pero no queda con penas bajas, pues yo diría que son bastante altas.
Aquí no estamos hablando de la Ley Antiterrorista versus la impunidad. ¡No! Se trata de una construcción legal: la Ley de Seguridad del Estado.
A propósito de esto, el otro día se preguntó qué sucedería si alguien quemaba el edificio del Congreso Nacional y no moría nadie. Bueno, cabe recordar que, en tal caso, se aplicaría la Ley de Seguridad del Estado, que es la estructura jurídica para enfrentar tal delito.
No quiero extenderme mucho sobre la acción tentativa de un delito terrorista. Pero, a mi juicio, en esto se retrocedió. La indicación que propusimos con los Senadores señora Alvear y señor Patricio Walker pretendía sacar de la Ley Antiterrorista la tentativa como delito consumado. O sea, hoy día, ella queda prácticamente en el mismo nivel que la conspiración, la cual, como se sabe, es la preparación de un delito.
Me parece que se pudo haber hecho más. Y, tal vez, esa es la gran preocupación con que me quedo.
Por otra parte, debido a lo que mencionó ayer el Ministro Hinzpeter en cuanto a que si se dan las condiciones el Gobierno podría seguir dialogando y a los planteamientos del propio Presidente de la Corte Suprema en el mismo sentido, si el Parlamento desea efectivamente hacer una contribución más sustantiva a la solución del problema, no debiéramos descartar la posibilidad o cerrarnos a ella de estudiar una "ley corta II" que pueda agregar algunos de los aspectos aquí planteados.
Considerando que este es un modesto avance, vamos a concurrir con nuestros votos favorables.
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente , el día de ayer sostuvimos que era un error rechazar gran parte de los artículos del proyecto e insistimos en la necesidad de constituir la Comisión Mixta. Y, a mi juicio, había dos razones muy importantes para ello. La primera, que la iniciativa original contenía normas rescatables, como lo habían dicho el Gobierno y nosotros.
Por ejemplo, en cuanto al delito de incendio de pastizales, en el texto propuesto por el Gobierno se fijaba una pena equivalente a la del Código Penal.
También se eliminaba una figura muy nociva: la condena por sospecha; es decir, que se puedan aumentar las penas atendida la personalidad del imputado, lo cual, obviamente, atenta contra el Derecho Penal moderno que sanciona conductas y no personalidades.
Presentamos una indicación para rebajar las penas aplicables a la amenaza terrorista y a la figura de la conspiración.
Asimismo, se establecía la posibilidad de que el defensor del imputado pudiera contrainterrogar al testigo protegido.
Por eso, señor Presidente, para nosotros, ayer -lo digo con todo respeto y con la calma que nos brinda el hecho de que no se halle presente la prensa- era inentendible, inexplicable, que no se quisiera constituir la Comisión Mixta. Afortunadamente, lo hizo.
En mi opinión, hubo algo que influyó mucho para que se produjese un clima distinto el día de hoy. Me refiero a la presencia y la voluntad de buscar acuerdos del Ministro de Justicia , señor Felipe Bulnes . Un Secretario de Estado que ayer quería sacarnos al pizarrón o hacer un alegato al estilo de un litigio en algún tribunal de justicia, y ahora intentaba construir acuerdos. Y ese cambio de mano entre ayer y hoy -lo digo con todo respeto- se notó.
Algunos nos dijeron que queríamos dilatar la aprobación de este proyecto de ley. ¡Qué injusto, señor Presidente ! Trabajamos un viernes, un sábado y un domingo, y quisimos continuar la semana pasada.
Podemos afirmar que lo que salió de la Comisión Mixta -que se promulgará como ley de la República a partir de mañana, si el Presidente logra hacerlo- es mucho mejor que lo que hubiéramos despachado si ayer se hubiese insistido en la idea de no acudir a esa instancia.
Lo que aprobamos no es el ideal ni lo que deseamos. Nos habría gustado una apertura mayor. Pero, finalmente primó la sensatez. Es cierto que ella no vende, que no saca titulares en los diarios, que no produce el aplauso fácil; pero construye. Y eso es lo que terminó prevaleciendo.
Señor Presidente , quiero destacar también la norma que permite, de una vez por todas, sacar de la Ley Antiterrorista a los menores de edad. Actualmente, hay personas que están siendo procesadas por esa normativa porque cometieron delitos cuando eran menores de edad. Ese es un avance importante, junto con lo relativo a la tipificación, la eliminación de la presunción, el incendio, el derecho penal de autor, las amenazas, la conspiración, etcétera.
Nos dijeron que queríamos sacar ventajas políticas y que nos animaba el propósito de arrinconar al Gobierno. Creo que eso es muy injusto, señor Presidente . Tuvimos flexibilidad. Presentamos indicaciones y, cuando nos dimos cuenta de que podían tener efectos negativos, las retiramos.
Nos dijeron que queríamos prolongar la huelga de hambre. ¡Qué injusto, señor Presidente ! Siempre hemos pedido que se termine.
Nos dijeron que queríamos validar lo que se pidió esta semana. ¡Qué injusto, señor Presidente ! Condenamos y rechazamos por inconstitucional e inadmisible la voluntad de algunos de sentarse a negociar con los fiscales y con el Presidente de la Corte Suprema . Lo afirmamos con todas sus letras.
Por eso no entendíamos la reacción de ayer, y ahora nos alegramos de que haya primado la sensatez.
El Presidente del Partido Demócrata Cristiano señaló ayer: "Prácticamente nos trataron de miserables". Ese trato fue agraviante, injusto y gratuito.
Señor Presidente , debemos aprender la lección, porque todos tenemos culpa. Y la gran lección es que, para que haya un buen Gobierno y gobernabilidad, se precisa la voluntad de construir acuerdos.
La Concertación tuvo Ministros malos, más o menos y buenos. Entre estos últimos recordamos siempre a Edgardo Boeninger , quien entendía que para gobernar bien y que haya gobernabilidad, hay que llegar a acuerdos; no sacar al pizarrón ni venir a litigar al Congreso. Y, señor Presidente , espero que, a raíz de lo logrado hoy día -en lo cual contribuyó mucho el Ministro de Justicia , señor Felipe Bulnes -, esa sea la tónica y el gran aprendizaje que nos deja la tramitación de este proyecto de ley.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , en primer término, con toda sencillez y humildad, si en mi intervención de ayer en la tarde ofendí a algunos de los señores Senadores, les doy sinceras disculpas. Sus Señorías me conocen. Saben que jamás ha sido esa mi intención. Lo que hice fue simplemente un comentario político cuando sostuve que, en más de una oportunidad, algunos -no digo todos- han buscado arrinconar al Gobierno.
Me alegro del acuerdo a que se ha llegado y de que, como lo señaló el Senador señor Patricio Walker , haya imperado la sensatez. Coincido, también, en que el proyecto salga finalmente del Senado mejor que como ingresó. Y creo que ese es un activo que nuestra Corporación jamás debe perder: lograr aquí los grandes consensos que el país necesita para su desarrollo económico y su progreso social.
En seguida, quiero hacer un llamado a los señores Senadores en cuanto a tener confianza en nuestros tribunales. Tengo fe en que si los delitos de los cuales se acusa a los comuneros que están en huelga de hambre no son de carácter extremista, no van a ser condenados por la Ley Antiterrorista. Nuestros jueces han demostrado que tienen la capacidad para discernir, y discernir bien. Y, más allá de lo que pida el Gobierno a través de los abogados del Ministerio del Interior, más allá de lo que soliciten los fiscales del Ministerio Público, son finalmente los jueces -solo ellos- los llamados a hacer justicia.
Me alegro infinitamente de que se haya llegado a este acuerdo y no a un desmantelamiento de la Ley Antiterrorista. Porque la sociedad tiene derecho a defenderse de un flagelo que causa tanto daño, que destruye a los países, como son la violencia y el terrorismo. Y considero que los consensos aquí logrados están lejos de constituir un afán de arrasar con esa normativa legal, sin perjuicio de lograr las perfecciones que se puedan hacer más adelante. Creo que nos hallamos ante un proyecto equilibrado, que va a ayudar también a la solución del problema y a terminar con la huelga de hambre de los comuneros mapuches.
Señor Presidente, reitero que si ayer ofendí a alguien, mis disculpas, y que me alegro por el acuerdo a que hemos llegado en el Senado.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , en primer término, me alegro de que ayer hayamos insistido en nuestra tarea parlamentaria y en la importancia de valorarla, por cuanto han sido siempre las Comisiones Mixtas las que permiten alcanzar acuerdos. En ese sentido, me felicito de que, gracias al Reglamento, hayamos podido llegar hoy a una instancia de consenso. De lo contrario, habríamos terminado con la aprobación de uno solo de los 37 artículos que contenía el proyecto original antes de reducirlos a la "ley corta".
Señor Presidente, es importante que tengamos siempre mesura. Y quiero decir, con todas sus letras, que nunca hubo de parte nuestra la intención de obstruir, sino, muy por el contrario, la de contribuir a aprobar una ley que sirva para superar la dificultad que estamos viviendo en estos momentos y que todos esperamos que no termine en una desgracia.
En vista de ello, como Presidenta de la Comisión , cité a fines de semana, en días que son difíciles para los parlamentarios. Según expresiones del Secretario General del Senado , nunca una Comisión se había reunido un viernes, un sábado y un domingo seguidos. Y lo hice porque tenía la convicción de que debíamos despachar rápido el proyecto.
Desafortunadamente, el proceso fue difícil.
Yo quiero sumarme a las palabras del Senador Patricio Walker, porque resulta muy fácil trabajar con el Ministro de Justicia, Felipe Bulnes. Me alegro mucho de que haya participado del acuerdo a que se llegó; pero lamento que no esté presente para escuchar estas palabras, que son de elogio.
Al Parlamento no se viene a imponer, sino a colegislar. Y si algún Senador o Diputado tiene alguna diferencia, está obligado a hacerla presente.
Durante el tiempo en que fui Ministra de Estado nunca saqué un proyecto de ley igual a como lo envié, y tampoco lo intenté. Siempre tuve paciencia -a veces, harta- para conversar con cada uno de los parlamentarios que integraban las respectivas Comisiones, y también con los demás. Pues me parece importante escuchar a otros, ya que así se encuentra la razón.
Cuando hoy presentamos nuestra propuesta como Concertación a fin de que no se aplicara la Ley Antiterrorista porque debía primar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, el Ministro Bulnes nos dijo de inmediato: "El Gobierno está de acuerdo". Y, aunque hubo alguna discusión al respecto, finalmente concordamos en un nuevo texto.
En definitiva, repusimos lo que ayer se había rechazado y logramos avanzar, aunque no tanto -lo digo con pena- como hubiésemos querido. Por ejemplo, no se elimina de la ley 18.314 el delito de incendio; no se reducen los delitos contra la propiedad que pueden ser considerados terroristas; tampoco se aborda la situación de los testigos encubiertos que son coimputados; no se suprime la amenaza terrorista, y la tentativa y la conspiración quedan con la misma pena.
Todas esas propuestas las volvimos a reiterar hoy, pero no nos fue bien. La mayoría existente en la Comisión Mixta aprobó, en definitiva, otra cosa.
Sin embargo, debo señalar que en la Comisión Mixta -recordemos que ayer el Gobierno y sus parlamentarios no estaban disponibles para discutir en ella- se avanzó en el sentido de sacar de la Ley Antiterrorista a los menores de edad para aplicarles exclusivamente la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente; de eliminar la condena por sospecha terrorista; de rebajar las penas para la conspiración, la tentativa y la amenaza terrorista -a nosotros nos hubiese gustado otra cosa, pero a lo menos se logró su disminución-, de bajar la penalidad del delito de incendio.
Señor Presidente , debo señalar que me siento contenta por el esfuerzo que realizamos. Habría preferido avanzar mucho más. Hicimos todo lo posible por lograrlo; lamentablemente, no se pudo. Pero con las modificaciones del informe de la Comisión Mixta, la Ley Antiterrorista es mejor. Y, por eso, lo votaré favorablemente.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , más que buscar quién tiene, quién tuvo o quién tendrá la razón respecto de las interpretaciones que nos han acompañado en la discusión de este proyecto, simplemente quiero manifestar que la Comisión Mixta hizo un aporte, el cual, estoy seguro, ayudará a distender la situación ante un conflicto grave y delicado.
Eso hay que valorarlo, más todavía considerando que Senadores y Senadoras de la Concertación han anunciado su voto favorable al informe en debate, lo que va a permitir disponer no solo de un artículo, sino también de un conjunto de normas que, por cierto, constituyen un avance en esta materia.
Un señor Senador manifestó sus dudas acerca de cuánto aportará la iniciativa. Ello es comprensible. Y las opiniones sobre el particular variarán de acuerdo a las perspectivas de quienes las emitan.
En definitiva, la pregunta es si acaso se resuelve el problema. Ciertamente, sería ingenuo pensar que una norma legal puede solucionar una situación tan compleja. Pero sí contribuye (sumada al proyecto relativo a la justicia militar) a dar una señal en el sentido de que el Poder Legislativo está cooperando a terminar el conflicto.
Además, hay un aspecto que debemos subrayar: el riesgo que conlleva legislar sobre la marcha frente a acontecimientos muy tensos y complejos es que después se cuestione su efecto permanente por haber surgido de la imposición de una circunstancia determinada.
El proyecto que vamos a despachar a lo mejor no es todo lo audaz que algunos querrían que fuera, pero significa un avance, contribuye a resolver el problema y no tiene efectos permanentes negativos, lo cual es muy importante.
Ahora bien, yo espero que con estas señales el Gobierno y los comuneros puedan sentarse a dialogar otra vez. Y, de ser necesario, siempre estaremos dispuestos a realizar otros esfuerzos. Creo que nadie se negaría a eso.
Por lo tanto, más que recriminarnos o buscar quién tiene o quién tuvo la razón, en este minuto se requiere mostrar el espíritu de resolver el conflicto. Porque a quienes se encuentran en huelga de hambre, o a la opinión pública, no les interesan tanto las disquisiciones, sino las soluciones.
Ojalá seamos útiles para lograr ese objetivo. Y pienso que los pasos que hemos dado hoy con el texto que estamos aprobando van en la dirección correcta.
Si podemos hacer más, debemos intentarlo. Pero no nos recriminemos ni tratemos de exhibir con ese espíritu nuestras diferencias, porque estas no obedecen a cuestiones personales, sino a visiones distintas muy respetables.
En definitiva, considero positivo el paso que estamos dando. Solo anhelo que mañana la Cámara de Diputados apruebe el informe de la Comisión Mixta, y que, sobre esa base, lo acogido por el Congreso constituya un aporte en esta causa tan compleja.
Espero que se despejen las discrepancias cuanto antes y terminemos este conflicto, pues ello nos permitirá entrar al asunto de fondo, que sigue sin tocarse. Este -como dijimos- se refiere a la altísima postergación y discriminación de que ha sido objeto una parte importante de chilenos: el pueblo mapuche.
Debemos enfrentar esa deuda social. Siento que el Gobierno tiene la voluntad y el compromiso de hacerlo, para lo cual, obviamente necesitará de nuevo al Parlamento. Solo deseo que en esa causa, la más importante, podamos realizar contribuciones efectivas en el tiempo para que ese sector vulnerable, postergado, reciba el trato justo que les corresponde a todos los connacionales, sin distinción.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , quiero sumarme a la idea de aprobar el informe de la Comisión Mixta. Entiendo que constituye -como se señaló- un esfuerzo valioso, relevante, y un avance en la materia.
Pero más allá de lo jurídico, creo que se trata de un gesto del Senado, como parte del Congreso Nacional, en orden a agotar los empeños por abrir camino a la paz social en el marco del Estado de Derecho imperante en nuestro país.
No cabe duda de que el problema de las demandas de los pueblos originarios -también denominado "tema nacional"-, que hasta poco tiempo atrás algunos teóricos de la posmodernidad consideraban completamente superado en la sociedad actual, vuelve a emerger con una fuerza insospechada en el mundo global.
Incluso, países que parecían estar construidos de manera definitiva, vieron derrumbarse sus fronteras interiores en corto plazo ante la emergencia de los llamados "nacionalismos". Y algunos de los Estados más avanzados en el mundo conllevan en sus entrañas tensiones profundas que dicen relación a la diversidad de su composición tanto étnica como nacional. Y Chile no está ajeno a esa contingencia.
No podemos ser ingenuos en esta materia. Todos lo hemos visto en los rayados y en las banderas: más de alguno de los símbolos que contienen se refieren a la nación mapuche.
En consecuencia, debemos actuar colocando por encima de cualquier consideración no solo la firmeza, sino también la prudencia, extremando las alternativas que nos posibiliten vías de acuerdo.
Porque siento que entre los interlocutores del mundo mapuche se lleva a cabo una reflexión profunda: ¿será capaz nuestra sociedad de tolerar su multiculturalidad, de evolucionar, de dar un nuevo trato a los pueblos originarios en el marco de la diversidad y del pluralismo? ¿O se interrumpirá el proceso iniciado hace pocos años y el país retrocederá prácticamente dos siglos, a cuando aún estaba en debate si constituíamos una sola nación?
En consecuencia, considero que ninguna de las horas invertidas en el análisis ha sido perdida, porque el apresuramiento no era un buen consejero.
Por encima de cualquier desafío retórico o verbal, más allá de cualquier incidente callejero o acción de violencia que se pueda ejecutar, Chile ha de mostrar capacidad, en este ámbito, para fortalecer su Estado de Derecho sobre la base de la tolerancia, de la diversidad, de ir trazando un camino que -digámoslo- no ha sabido construir durante más de 200 años.
Y aun cuando podamos abrigar dudas respecto al grado de avance que significa el acuerdo que nos propone la Comisión Mixta, de todas maneras lo valoramos como una contribución, como un esfuerzo hacia la paz social, en el marco del Estado de Derecho de nuestra nación.
El señor BULNES ( Ministro de Justicia ).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Señor Ministro , le concederé la palabra al término de la votación.
Honorable señor Chadwick, puede fundar su voto.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, solo intervengo con el ánimo de que todos podamos sacar buenas lecciones para nuestras conductas.
En el día de ayer, las bancadas de Gobierno fueron partidarias de que no se produjese el trámite de Comisión Mixta. Lo señalo a fin de que se comprenda tal determinación.
Luego de tres semanas de un trabajo muy intenso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, habíamos perdido la fe o la expectativa de recobrar algo que señaló el Honorable señor Patricio Walker : la sensatez necesaria para abordar el perfeccionamiento de la Ley Antiterrorista.
Y la habíamos perdido, porque en todas las instancias previas nunca se logró un acuerdo como tampoco se contó con los votos de la mayoría de la Concertación a efectos de respaldar el proyecto del Ejecutivo.
La sensatez y la prudencia son valores o virtudes que siempre debemos tratar de rescatar. Y son doblemente auspiciosas, en la medida que tienen oportunidad de actuar.
Y, en este momento, quiero recordar que el Senador señor Sabag , con anticipación, estuvo dispuesto a respaldar normas que ahora todos apoyamos. Él tuvo la sensatez, la prudencia, la perspectiva y el coraje, quizás político, de mirar el problema con antelación. Y fue denostado por ello.
Hoy, lo anticipado por Su Señoría es compartido por todo el Senado en la votación que se realiza.
¿Qué nos hallamos aprobando con el informe de la Comisión Mixta? El proyecto íntegro -¡íntegro!- del Ejecutivo. No solo en la versión que salió de nuestra Corporación, sino también con los artículos que esta rechazó y que se restablecieron en la Comisión Mixta.
No lo señalo para sacar ventaja, sino para llamar la atención acerca de lo siguiente: si esto lo hubiésemos hecho en una oportunidad anterior, ¡por Dios que habríamos podido evitar resquemores, descalificaciones o conflictos entre nosotros!
¡Bueno! Somos humanos y eso no se dio. Pero ahora que se da y que lo valoramos, ojalá podamos entender que, si en este momento circunstancial enfrentamos entre todos la problemática mapuche con una visión de colaboración y de unidad entre Gobierno y Congreso Nacional, avanzaremos más en la búsqueda de soluciones que respeten, en este caso, la integridad de la Ley Antiterrorista, por la gravedad de los delitos que contempla y el carácter general de los aspectos que norma, pero que también pongan fin a un conflicto que deseamos que termine lo antes posible, por hallarse en juego la vida de algunos compatriotas. Y, al mismo tiempo, podremos proyectar soluciones para los problemas de fondo que afectan a La Araucanía, a fin de conseguir no solo salvar un asunto puntual, sino también generar condiciones de desarrollo para nuestros pueblos originarios, que es lo que más reclaman.
Lo anterior prueba que actuando juntos podemos ser mucho más eficaces. Si lo hubiéramos logrado en su oportunidad, habría sido mejor. No fue así. Pero ya que lo alcanzamos en este momento, no lo olvidemos para las próximas circunstancias, cuando continuemos enfrentado el problema de La Araucanía.
El señor BULNES (Ministro de Justicia).- Pido la palabra.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Señor Ministro , por una cuestión reglamentaria, aún no puede intervenir. Pero mientras tanto puede ir a la Cámara de Diputados, donde sé que se está tramitando otra iniciativa de su Cartera.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente , quiero formular unas breves reflexiones con relación al proyecto, en trámite de Comisión Mixta, que nos hallamos discutiendo.
En primer lugar, les envío mis felicitaciones a los miembros de la Comisión y a los representantes del Ejecutivo que tan afanosamente han logrado el acuerdo que hoy, en definitiva, será ratificado en unos momentos más en votación unánime.
Mi reflexión apunta, precisamente, a valorar los acuerdos. Cada cierto tiempo, se reitera en esta Corporación la relevancia de los consensos, de las políticas de Estado, de las visiones conjuntas para abordar coyunturas de por sí difíciles y encontrar caminos de solución.
En la celebración del Bicentenario realizada en el Salón de Honor hace algunos días, el señor Presidente recordaba que lo que distingue al Parlamento chileno, y en parte al país, es precisamente la capacidad de alcanzar tales acuerdos.
No obstante, tengo la impresión de que siempre la búsqueda de consensos de esta naturaleza es particularmente trabajosa: hay avances, retrocesos y, por qué no decirlo, cambios de opinión. Muchas veces las partes han de estar dispuestas a hacer cesiones, que nadie debe entender como capitulaciones. También cabe la posibilidad de aprender de los puntos de vista de los adversarios. Las personas opinan de una manera y una posterior mayor reflexión hace que los argumentos vayan decantando, madurando y, finalmente, se logra un resultado.
Pero mi reflexión, señor Presidente , apunta específicamente a lo siguiente: cuando se alcanzan acuerdos, lo único que no cabe hacer es desmerecerlos. Y hay dos maneras de quitarles jerarquía.
Una tiene que ver con la reivindicación ad infinítum respecto de las posiciones de cada cual previas al acuerdo. No digo que no tenga sentido dejarlas consignadas. ¿Pero cuál es el fin de la reiteración casi majadera de ellas? Si en último término lo que en verdad importa es que se alcanzó un acuerdo. ¿Cuál es el afán de cada cual de dejar establecido casi como en un acta notarial qué pensaba o qué no pensaba antes de aquel? Lo relevante, la señal política que aquí se le está dando al país es una sola: el Congreso no ha desmantelado la Ley Antiterrorista y por unanimidad ha logrado un acuerdo para perfeccionarla. Creo que esa es la señal que esta Corporación debe entregar.
A la vez, pienso que tampoco contribuye a que los acuerdos tengan profundidad, alcance, vigor, jerarquía si los desvalorizamos diciendo que resultan insuficientes. Son aquello que ha sido posible alcanzar en las actuales circunstancias, con la colaboración de todos.
Por lo tanto, mi llamado apunta a reivindicar la importancia del acuerdo logrado, a dar menos relevancia a las posiciones previas y, sobre todo, a no desvalorizar lo que se ha conseguido, en función de una teórica posible mejor alternativa.
Mi impresión es que aquí hay una señal política extraordinariamente potente. El Senado de la República, el Congreso ha estado a la altura. Y, en consecuencia, hoy se empieza a ver quizás la luz al final del túnel. Pero no seamos nosotros, los que hemos alcanzado este acuerdo, y en particular aquellos que trabajosamente lo han logrado materializar, quienes le quitemos jerarquía, importancia o valor precisamente con las conductas descritas, que, en mi opinión, poco contribuyen a que el acuerdo conseguido, con la votación unánime que vamos a obtener, cumpla realmente su propósito.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, he escuchado atentamente a los Senadores Chadwick y Allamand.
Yo no pretendo desmerecer los acuerdos ni decir que las cosas son buenas o malas. Pero no me gusta que los hechos queden de la forma en que se describen hoy, en circunstancias de que ayer nosotros éramos los miserables que no íbamos a hacer nada para evitar la huelga de hambre. Debido a que ayer nosotros votamos en contra de la postura de ustedes tuvimos Comisión Mixta hoy y logramos acuerdos. Y eso hay que dejarlo en claro. No lo hago para señalar que es bueno o malo, suficiente o insuficiente. Pero esa es la verdad.
Hoy día, en este clima ecuménico, nos abrazamos, nos felicitamos, establecemos que somos todos buenos, cuando ayer éramos todos malos. Me parece que esa no es la verdad. Ni siquiera deseo denostar, sino simplemente hablar con la verdad.
Y cuando el Senador Chadwick homenajea al Senador Sabag , con mayor razón genera molestia profunda. Porque lo que pretendía la Concertación era tan solo aprobar un artículo que nos parecía importante para lo que Su Señoría ha señalado: tratar de terminar con la huelga de hambre. Para nosotros dicha norma era relevante. ¿Y por qué no fue aprobada? Porque no contamos con ese voto, porque perdimos la votación. Esa es la verdad.
Y cuando nosotros concurrimos hoy con nuestro voto lo hacemos porque esperamos de corazón y de verdad que este conflicto concluya. Esa es la única razón. Porque obviamente no nos gusta ni lo que se aprobó ni la forma como se hizo. Pero nos interesa que de una vez por todas chilenos que están en peligro de muerte puedan deponer la huelga de hambre. Y lo dijimos desde el primer momento hasta hoy: nuestra colaboración con el Ejecutivo iba y va en ese camino. Y fuimos denostados por el Gobierno y por muchos que manifestaron que nosotros no teníamos intención de acabar con la huelga, sino simplemente de continuar con ella.
Lo digo con toda fuerza: no voy a desmerecer lo que vamos a hacer: votaremos unánimemente a favor del informe de la Comisión Mixta.
Pero la verdad ha de quedar explícita en la Versión Oficial del Senado. Si no es así, al final nos mentimos. ¿Hoy día somos distintos de ayer? No, Senador Chadwick . Hoy somos exactamente iguales, decimos y hacemos exactamente lo mismo que ayer. La diferencia es que el cambio fue de las bancas de allá, no de las de acá. Y nuestra votación va en ese camino, de colaborar con el Gobierno, si es necesario, para que el problema se resuelva.
Y lo señalo con la fuerza con que tengo que decir las cosas, porque -insisto- la verdad es que desde el punto de vista de nuestro sector esto ha requerido un tremendo esfuerzo y un tremendo trabajo para terminar con la huelga de hambre.
Señor Presidente , votaré a favor, a pesar de todas las diferencias y discrepancias, para que el proyecto que finalmente se apruebe ojalá ayude a resolver el problema de la huelga de hambre, y también las dificultades que experimentan los mapuches en general en cuanto a las diversas demandas y querellas de que son objeto por la Ley Antiterrorista.
Muchos han sostenido que dicha legislación, en la forma en que se aplica hoy, no es la manera de llevar a cabo una investigación sobre hechos que no son terroristas o que pudieran no ser calificados de tales en un sistema democrático como el nuestro. Si la iniciativa soluciona este problema, felizmente votaré a favor.
No obstante, también quiero dejar clara mi posición frente al clima tan amoroso en el que terminamos, en circunstancias de que ayer nos encontramos ante uno completamente belicoso.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente , cuánta razón teníamos ayer quienes dijimos que confiábamos en las instancias del Parlamento.
Yo fui el último en votar ayer. Y señalé que optaba por la Comisión Mixta porque era la instancia que nos correspondía legalmente. La situación podría haberse solucionado de otra manera, pero no en la forma acabada y de completo acuerdo a que estamos llegando hoy.
Y lo anterior es importante, porque los que tenemos la responsabilidad de legislar en el país, el Ejecutivo y el Parlamento, hemos llegado a un acuerdo por unanimidad. ¡Y por Dios que puede ser poderosa esta señal, no tan solo para el país, sino también para quienes se encuentran en huelga! Porque ya existe consenso entre el Congreso y el Ejecutivo para despachar una normativa que, si bien algunos estiman que es poco, otros la consideran suficiente.
Lo importante radica en que hay un acuerdo unánime, donde se accede fundamentalmente a todos los requerimientos del Ejecutivo , que juzgaba que con tales disposiciones solucionaba el problema de la huelga. Otras indicaciones también fueron aprobadas.
Asimismo, es significativo el hecho de que toda la ciudadanía tiene la certeza de que en una "ley corta", tratada precipitadamente, no se desmantelaron muchas disposiciones que le brindan seguridad, estabilidad a la productividad de nuestro país, y sobre todo al Estado de Derecho.
Ya se abordará la "ley larga", donde se podrá discutir de manera más detallada sobre el particular y donde será posible la participación de muchos juristas que resulta necesario consultar.
Yo aspiro ahora a que las cosas se calmen, a que lleguen a la racionalidad las personas que están provocando este grave problema al país y a que la mesa de diálogo instalada en el cerro Ñielol pueda continuar, junto con la otra mesa, para buscar una solución racional, justa, que es lo que todos buscamos.
Felicito a mis colegas Senadores y Diputados. Lo dije ayer: "confío plenamente en la sabiduría, en la ponderación y en la inteligencia de cada uno de ellos, para que actuemos con grandeza, como siempre lo hacemos desde este Parlamento". Y prueba de ello es este resultado, que estimo exitoso. Tres veces votamos ayer, y hubo tres empates. Y, como consecuencia de eso, hoy estamos aprobando la iniciativa por unanimidad.
Con agrado, señor Presidente, votaré favorablemente el informe de la Comisión Mixta.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , después de la intervención de Su Señoría, yo también quisiera precisar algunas cosas, en honor a la verdad. Celebraba mucho el clima ecuménico, como usted lo calificó. Pero dado que lo interrumpió, yo también deseo aclarar ciertos aspectos, porque la sensación con la cual estamos despachando por unanimidad estas modificaciones no nos deja contentos, dado que el valor de los acuerdos radica en que deben alcanzarse con sentido de oportunidad, con liderazgo, con generosidad. Y así son valorados frente a la opinión pública.
Por primera vez, en veintitantos años que soy miembro del Parlamento, he participado en una Comisión Mixta donde nuestro sector político es mayoría. Es una experiencia inédita para nosotros; se han sorprendido aquellos que integraron ese órgano técnico. ¡Primera vez que somos mayoría en una Comisión Mixta desde el retorno de la democracia!
Como ese dato es muy importante para la historia de la ley -eso fue lo que generaron ayer-, nosotros esperábamos que ustedes no enmendaran su posición. Porque los que cambiaron de parecer fueron ustedes, Senador Gómez. Dado que contábamos con mayoría en la Comisión Mixta logramos proponer a ambas ramas del Congreso las mismas enmiendas que nos envió el Ejecutivo hace prácticamente veinte días.
Y ustedes, frente a esa mayoría, tenían dos opciones: aprobar el texto legal en dicha instancia -me alegro que ahora lo hagan- o rechazarlo. Por lo tanto, de todas maneras hubiese quedado la misma redacción que ayer pedimos despachar acerca del numeral respectivo del artículo 1º, norma que resultó aprobada por unanimidad.
Entonces, celebro que hayan cambiado su postura, porque si ustedes hubiesen actuado de la misma manera como lo hicieron en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo lógico sería que rechazaran las propuestas que nos sugiere la Comisión Mixta.
Por lo tanto, ese cambio de actitud tuvo un valor enorme porque hoy, gracias a una Comisión Mixta con mayoría de parlamentarios de Gobierno, votaron en un sentido diferente.
Debo recordar que ayer -y que no se nos olvide- votamos tres veces y estuvimos a punto de pronunciarnos acerca de una proposición inédita en más de dos décadas que estoy en el Congreso Nacional, mediante la cual se solicitaba que los miembros de la Comisión de Constitución de esta Corporación no integraran la Mixta, con el propósito de alterar la mayoría existente al interior de ella. Y si el Reglamento, señor Presidente , no nos hubiera salvado, a lo mejor esa composición de la mayoría, a sugerencia de lo que ustedes pretendieron ayer, se hubiese alterado y se habría registrado un empate. ¡Y tal vez ahora no estaríamos ni con discursos ecuménicos ni con discursos de la verdad!
Entonces, como creo que primó el que quede la verdad, ¡esa es la verdad!
Llegamos a la última instancia en la cual, por primera vez en la historia del retorno a la democracia, nuestro sector es mayoría. ¡Y ustedes cambiaron, no nosotros! ¡Ustedes cambiaron!
Y me alegro de ello por el país, pues sinceramente no me hubiese gustado llegar a la etapa en que nos encontramos de la forma como lo hicimos.
Creo que el valor de los acuerdos, los momentos en que se adoptan y las formas de alcanzarlos son fundamentales. Y todos concordamos en que la manera que utilizamos no es la adecuada.
Sin embargo, sí me parece importante poner de relieve una aspiración que deseo compartir con ustedes: todos queremos sinceramente que los comuneros mapuches depongan la huelga de hambre; a nadie puedo asignarle una motivación distinta, a pesar de la forma como votaron durante la historia de este proyecto de ley.
Y creo que la señal que da el Parlamento al despachar con rapidez esta iniciativa legal contribuirá a que los responsables de la conducción de nuestra sociedad -estén en el Poder Ejecutivo , en el Judicial o en el Legislativo- puedan hacer lo que nos falta hoy -y ojalá lo hagamos todos juntos-: pedirles a los comuneros mapuches que depongan la huelga de hambre.
Espero honestamente que, una vez despachado el proyecto de ley, el Gobierno retire las querellas presentadas bajo la actual legislación, basadas en la presunción de ser terroristas. Son señales que estamos dando con independencia del resto de los poderes del Estado, a fin de avanzar hacia el término de este conflicto.
Ese es el valor que tiene la votación del informe de la Comisión Mixta.
Por eso, señor Presidente , dados los argumentos expresados en su intervención, quise contribuir a completar algo más la verdad que usted inició.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Gracias por su verdad, señor Senador.
El señor CHADWICK.- ¡Cierre la votación, señor Presidente!
El señor PIZARRO.- Señor Presidente , le cedo mi turno al Senador señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Agradezco al Senador señor Pizarro - Presidente de la Corporación- quien cerrará el acto que comprende este gran acuerdo...
El señor WALKER (don Patricio) .- ¡Ecuménico!
El señor PROKURICA .- ¡Ecuménico!
El señor PIZARRO .- ¡Hasta protestante...!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Escuché atentamente al Senador Longueira . Y prefiero quedarme con la parte final de su exposición, no con la primera, la que a mi juicio fue un puro malabarismo de palabras para tratar de justificar algo que carece de toda justificación y echar un poco de tierra a todo lo que hemos realizado.
Efectivamente, la Comisión Mixta contó con representación mayoritaria de parlamentarios de Gobierno. Y eso obedece a un buen acuerdo que alcanzamos en el Congreso donde la Concertación, a pesar de ser mayoría en el Senado, podría tener mayor número de representantes en todas las comisiones técnicas y, por ende, en todas las comisiones mixtas que correspondiera formar.
Sin embargo, eso no ocurrió porque hemos mantenido otro tipo de actitud que es la que siempre ha primado en nuestras relaciones.
El señor PIZARRO.- ¡En la Cámara de Diputados ellos no quisieron llegar a acuerdo!
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Claro. En la Cámara Baja los parlamentarios de Gobierno procedieron de otra forma. Yo me refiero al Senado.
Escuché otras intervenciones como la del Honorable señor Allamand . Me parecieron muy acertadas sus palabras en orden a que debemos valorar los acuerdos por lo que son y no tratar de echar carbón en un sentido u otro, en cuanto a quién lo hizo mejor o quién lo hizo peor. Los acuerdos se logran con la voluntad de cada una de las partes para alcanzar un objetivo.
Sin embargo, no me gustó que ese señor Senador nos dijera indirectamente, a pesar de que su argumentación iba en otra línea, que nosotros habríamos tratado de desmantelar la Ley Antiterrorista -eso es lo que he escuchado en varias oportunidades desde las bancadas de enfrente- y que nuestras indicaciones y planteamientos formulados a esta iniciativa habrían tenido por objeto esa finalidad. ¡No ha sido así! Nuestro ánimo siempre ha sido perfeccionar dicha normativa. Podemos discrepar en cuanto a si nuestras propuestas son menos buenas que las de ustedes, pero hemos tratado de mejorar la legislación vigente y posibilitar con esas modificaciones -así les hicimos ver a los Ministros del Interior , Secretario General de la Presidencia y de Justicia cuando trabajamos en la Comisión respectiva a comienzos de la tramitación del proyecto- una salida al conflicto.
Por eso les dijimos a esos personeros de Gobierno: "No traigan la ley completa; aboquémonos solo a una ´ley corta`". ¿Para qué? Para lograr el objetivo que todos queremos: solucionar el problema de la huelga de hambre de los comuneros mapuches.
Se nos hizo caso. Trajeron el proyecto al Parlamento y discutimos la "ley corta". Presentamos indicaciones. En el Senado un colega de nuestra bancada no nos acompañó en la votación de un artículo que a nuestro entender no significaba desmantelar la Ley Antiterrorista, sino que apuntaba a aminorar los rigores de la normativa legal vigente para evitar conflictos como el que hoy día tenemos y que se originan en los delitos contra la propiedad.
Esa es una materia discutible. Unos pueden pensar de determinada manera, y otros, en sentido opuesto. Y creo que el Senador de estas bancas votó la norma en la convicción de que no era conveniente. Y me parece respetable.
¡Pero no nos puede venir a decir acá un Senador de las bancas de enfrente que el texto que ahora estamos aprobando es imposición de ustedes! ¡Si en las votaciones llevadas a cabo en el Senado durante el primer trámite constitucional, casi todos los artículos fueron aprobados, en su inmensa mayoría, gracias a nuestros votos! Y ayer, cuando llegamos a votar las modificaciones de la Cámara de Diputados, ustedes, los Senadores de Gobierno, no quisieron llegar a un acuerdo.
Y no nos olvidemos de que en la sesión de ayer un Ministro de Estado , que hoy día no estuvo presente en la Comisión -lo leí reiteradamente en el diario-, anunció que se acababa el camino legislativo. ¡Incluso, en la televisión apareció haciendo una señal negativa con sus manos!
Entonces, me alegro de que hoy día hayan cambiado el criterio y se abrieran a la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Ojalá recuperemos esa forma de legislar.
Fuimos a la Comisión Mixta por el esfuerzo de estas bancas, con el compromiso de que ustedes la aceptaran. Se facilitó el trámite del proyecto en el día de hoy y hemos consensuado un texto legal. ¡Bien por el Parlamento!
Yo manifesté ayer que el Congreso Nacional no puede renunciar a su capacidad como poder del Estado para erigirse en un lugar donde encontremos la solución de los problemas. Esa es la realidad de los hechos.
Por ello, yo también me sumo a lo que se ha dicho respecto del señor Ministro de Justicia. La conducta asumida ayer por el titular del Interior es distinta de la que observamos en aquel hoy. El Ministro de Justicia de hoy es el personero que busca los acuerdos; en cambio, el Ministro del Interior de ayer, con todo el respeto que me merece, no los buscaba.
Me alegro de lo ocurrido esta tarde. Y ojalá que profundicemos el ánimo con que hemos procedido y lleguemos a los acuerdos indispensables para lograr las soluciones que necesitamos implementar.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente , quiero aclarar algunas cosas, porque me parece sano para el Senado que no tratemos de sacar ventajas más allá de lo razonable a propósito del resultado de la votación del informe de la Comisión Mixta. De lo contrario, la gente no va a entender nada.
Nos pronunciamos de la manera como lo estamos haciendo porque las proposiciones de Comisión Mixta se votan en su integridad. Si hubiera sido factible separar los artículos o sus incisos, no se habría registrado una aprobación unánime. Y eso lo saben los Senadores oficialistas tan bien como yo. De modo que "no nos veamos la suerte entre gitanos".
Esta es una propuesta de la Comisión Mixta "dentro de lo posible", que a nuestro juicio no resulta suficiente y que en opinión del Gobierno, dada ayer por el señor Ministro del Interior, no era necesaria.
¿Por qué la votamos a favor? Porque nos parece un avance, pequeño, positivo, pero insuficiente. Es un pequeño avance que puede darles un indicio a los comuneros en huelga de hambre, quienes estaban esperando una señal, al menos del Congreso.
Ayer el Gobierno dijo "no" a la alternativa de la Comisión Mixta. Tenía sus razones. ¿Cuáles? Digámoslas con todas sus letras.
El Ejecutivo pensaba que mientras el proyecto se encontrara en tramitación legislativa los comuneros mantendrían su huelga de hambre.
Así lo manifestó aquí con toda claridad: "Mientras siga abierta la posibilidad de introducir modificaciones a la ley, los comuneros se fortalecerán en sus posturas y, por lo tanto, no depondrán la huelga de hambre. Y yo, como Gobierno," -lo dijo el Ministro del Interior - "quiero que no haya más alternativa legislativa, para obligarlos a dejar la huelga de hambre".
Esa era una apreciación. Tendría sus razones el Ministro del Interior , quien siempre dispone de más información que nosotros. Seguramente aspiraba a la división de los comuneros; a que la presión de unos debilitara a otros, en fin.
Nosotros teníamos otra visión, producto de lo que hemos conversado con los propios comuneros; de los datos recogidos de las iglesias; de lo planteado por el facilitador del diálogo, Monseñor Ezzati : que se precisa una modificación legal para generar condiciones a fin de que los comuneros dejen la huelga de hambre.
Nuestras razones son políticas, legales y, además, humanitarias.
Ese es nuestro punto de vista. Y al respecto tenemos una diferencia con las bancadas oficialistas.
Entonces, no se venga a decir aquí que llegamos a un acuerdo unánime y que esto es fantástico.
Que quede claro: lo más probable es que la propuesta definida acá no solucione el problema de los comuneros y su huelga de hambre.
Eso significa, además, tener sentido de realismo.
Pero nosotros debemos jugar también un papel. Y, desde las bancadas de la Concertación, hemos estimado en conciencia que lo propuesto por la Comisión Mixta, aunque no es suficiente, ayuda.
El Gobierno sabrá cómo evalúa su accionar o de qué manera asume la responsabilidad frente a sus decisiones. Habrá de hacerlo ante el país, ante la opinión pública y ante el mismo Parlamento.
Por último, la conclusión más importante que debemos sacar es que resulta necesario desarrollar un diálogo de fondo con relación al problema de los pueblos originarios.
El Congreso Nacional, por mayoría de las bancas de Gobierno de hoy, mantuvo durante 16 a 18 años sin aprobación el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales. Ello, por motivos políticos que no han cambiado hasta ahora.
Y cuando se abre una pequeña oportunidad, pensamos que hay que aprovecharla para mejorar la Ley Antiterrorista, que viene de los tiempos de la dictadura y que en democracia no es posible sostener, y también, para abordar en una mesa de diálogo el problema de nuestros pueblos originarios y terminar con las discriminaciones de que estos son objeto. Por consiguiente, debemos valorar seriamente ese espacio y aprovecharlo -insisto- para llevar a cabo lo que acabo de señalar.
Tal es, igualmente, la razón por la que hemos dicho que estimamos positiva la mesa de diálogo formada por el Gobierno con representantes de las distintas etnias y que busca encarar las cuestiones más de fondo.
Ojalá que el espíritu que tanto se ha aplaudido acá nos inspire también, cuando se discuta el proyecto de "ley larga", para avanzar en una legislación antiterrorista verdaderamente acorde con lo que debe ser una democracia moderna.
El señor ORPIS.- Señor Presidente , con motivo de problemas coyunturales, uno no puede terminar desmantelando la Ley Antiterrorista, porque su aplicación no está orientada a un caso particular, sino a la defensa del Estado frente a conductas contrarias a la institucionalidad.
A mi modo de ver, hemos legislado bien, procediendo con serenidad, en los términos correspondientes y -como expresó el Senador Larraín- sin provocar efectos permanentes que puedan debilitar a nuestra nación.
Por lo tanto, la propuesta de la Comisión Mixta constituye un avance.
Ciertamente, los proyectos de gran trascendencia para el país deben debatirse en un ambiente más distendido, de mayor reflexión, y no bajo un clima de presión.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (33 votos a favor), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido, y queda terminada la discusión del proyecto en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Escalona, Espina, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés).
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Ha concluido el Orden del Día.
El señor PIZARRO (Presidente).- Conforme a lo resuelto por la Sala, corresponde votar el proyecto de acuerdo, presentado por los Honorables señores Larraín, Cantero, Chahuán, Espina, García, Gómez, Letelier, Orpis, Pizarro, Quintana, Sabag, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés), relativo a la extradición del ciudadano chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra desde la República Argentina.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1295-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 56ª, en 29 de septiembre de 2010.
El señor ALLIENDE (Secretario General subrogante).- El propósito que se persigue es respaldar las acciones emprendidas por nuestro país ante la justicia y el Gobierno argentinos para que se dé curso al trámite mencionado, ya que la comparecencia de esa persona ante los tribunales chilenos constituye un paso ineludible para esclarecer un crimen que hasta hoy permanece impune.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (19 votos a favor y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Horvath, Kuschel, Longueira, Novoa, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
Al señor Ministro de Obras Públicas , solicitándole ASFALTADO DE CONTINUACIÓN DE CAMINO ITROPULLI-SANTA ROSA y PAVIMENTACIÓN DE CAMINO SANTA ROSA-DOLLINCO (comuna de Paillaco, Región de Los Ríos).
Al señor Ministro de Salud , pidiéndole información detallada sobre PROBLEMAS DE HOSPITALES DE PARRAL Y CAUQUENES (Región del Maule Sur).
--En la hora de Incidentes, ofrecida la palabra, de manera sucesiva, en los tiempos de los Comités Independientes, Socialista, Demócrata Cristiano, Partido Por la Democracia, Radical Social Demócrata e Independiente, Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, ningún señor Senador interviene.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 20:32.
Nuestra Constitución Política, en su artículo 10 Nº 4, establece que son chilenos, los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley, que constituye indudablemente el más alto honor que el Estado chileno puede conferir a un extranjero, en razón de su aporte al país y entrega al servicio de la nación, en determinadas actividades específicas que hayan alcanzado una relevancia nacional.
Mediante esta moción, y por su noble entrega de evangelización misionera a extensos sectores de la feligresía católica de nuestro país, deseamos que el Estado chileno otorgue la nacionalización por especial gracia al ciudadano holandés, presbítero Gerardo Alkemade Dolle, actualmente perteneciente a la diócesis de Melipilla.
El padre Gerardo Alkemade nació en Holanda el 14 de diciembre de 1931 y a los 14 años ingresó a un Seminario Menor de su país, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, continuando posteriormente sus estudios en el Seminario Mayor y posteriormente en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica.
Habiéndose ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1957, decidió venir a Chile, en una labor misionera, tal como lo hicieron muchos otros eclesiásticos europeos que en esa época suplieron la falta de sacerdotes en los sectores rurales de nuestro país.
Después de arribar el 8 de enero de 1958, ejerció su apostolado en la diócesis de Osorno, cumpliendo importantes tareas en el Instituto de Educación Rural, en Loncoche y Rupanco. En el año 1963 fue nombrado Párroco de Puerto Octay, cargo que desempeñó hasta el año 1975, emprendiendo la construcción de un nuevo edificio para la escuela parroquial y cooperó en la construcción de escuelas particulares de Piedras Negras y Río Blanco.
Al terminar su cargo como párroco en dicha comuna, fue designado vicario parroquial de la Catedral de Osorno hasta el año 1981, donde se desempeñó en forma simultánea como Director Diocesano de Caritas Chile, impulsando la construcción de numerosos caminos vecinales rurales en el sector de la costa y obras de adelanto en varias poblaciones.
Prosiguiendo con su incesante labor pastoral, el Padre Gerardo Alkemade fue destinado en el año 1982 como Párroco de Alhué, en la que desarrolló un fructífero ministerio pastoral y social en dicha comuna.
En pleno ejercicio de dicho cargo, el Padre Alkemade debió afrontar el violento terremoto del 3 de marzo de 1985 que dejó prácticamente en el suelo al pueblo de Alhué, situación que lo llevó a liderar a todos sus habitantes en una verdadera cruzada de reconstrucción de viviendas dignas, empleando para ello los mismos materiales que habían utilizado los fundadores de la villa, esto es, con adobes, barro y madera, pero con técnicas nuevas, y con la ayuda económica de Caritas Chile que obtuvo para dicho efecto y con la asesoría de un grupo de arquitectos formó comités de autoconstrucción en diversas localidades aledañas, cuyas casas reconstruidas exhibían con orgullo la Cruz de Caritas como testimonio de que esas viviendas habían sido edificadas gracias al aporte de esta institución.
Una vez concluido este proceso de reconstrucción de viviendas, el Padre Gerardo se abocó a la tarea de levantar nuevamente las capillas que habían resultado destruidas por dicho terremoto, como asimismo la iglesia y sede parroquial de Alhué y siguió impulsando obras de beneficio a la comunidad, con la entrega de alimentación, obtenida a través de Caritas Chile, logrando recuperar un importante que abastecía de regadío a la villa.
Su incansable entrega en beneficio de la comunidad se extendió también a San Antonio y Llolleo, donde emprendió la construcción de un hogar de ancianos, dependiente de la Parroquia Cristo Rey de Llolleo, salas parroquiales, edificación de diversas capillas, construcción de 300 viviendas por sistema de autoconstrucción para pescadores artesanales, construcción de policlínicos parroquiales y viviendas ecológicas y sustentables con materiales locales y climatización pasiva para el desarrollo de diversos pobladores del puerto de San Antonio.
Durante los años en que el Padre Gerardo Alkemade se desempeñó como Párroco de Alhué, gestó la idea de crear alguna obra que conservara la tradición histórica y cultural de la comuna, la que se plasmó posteriormente en la inauguración del Museo de Alhué, que es muy visitado por turistas, en el que se exhiben muchas diapositivas y videos de la comuna, ornamentación e imaginería religiosa y muchos elementos de labranza y de la vida cotidiana de sus habitantes, desde la época de la Colonia hasta la actualidad.
En el año 1995, el Padre Gerardo Alkemade se acogió a una merecida jubilación, después de su extensa trayectoria apostólica y misionera, avecindándose en un sector de la ex hacienda Alhué, desde donde colabora permanentemente con asistencia espiritual a los fieles de la parroquia local.
En el año 2007, y con motivo de haber cumplido cincuenta años de labor sacerdotal y doce años de residencia permanente en Alhué, el Concejo Municipal de la comuna lo declaró Hijo Ilustre, en reconocimiento a las múltiples obras e iniciativas a favor de su comunidad como las que actualmente desarrolla, a cargo de la conservación de su patrimonio cultural e histórico.
Como se puede apreciar, el padre Gerardo Alkemade Dolle, ha sido un hombre de excepción, de total entrega a favor de diversas comunidades rurales de nuestro país, que han sabido reconocer sus valiosos méritos y su gran calidad humana e incansable vocación de servicio en beneficio de los sectores más postergados, como asimismo su afán de resguardar el patrimonio cultural de la comunidad de Alhué, todo lo cual lo hace acreedor en nuestro concepto a que se le conceda la nacionalidad chilena por especial gracia.
Artículo único: “Concédese por especial gracia, la nacionalidad chilena al ciudadano holandés Gerardo Alkemade Dolle”.
(Fdo.): Francisco Chahuán Chahuán, Senador.-
Chile es un país unitario, así lo declara nuestra Constitución en su artículo 3; sin embargo, esta unidad jurídica constitucional, no tiene un paralelo idéntico en lo que ha sido la historia del desarrollo humano y geográfico de la larga y angosta faja que actualmente tiene 2.006.096 km2 de superficie, si es que se consideran el territorio continental, el oceánico y el Antártico.
Esta afirmación sobre la diferente historia de las distintas zonas de nuestro país, se ve muy bien reflejada en los esfuerzos que se han debido desarrollar para ejercer soberanía chilena en el extremo austral de nuestro país.
Este territorio austral extremo, a diferencia del resto del país, carece de influencias y presencia chilena hasta mediados del siglo XIX, siendo hasta dichas fechas sólo navegantes extranjeros y nativos indígenas quienes pudieron conocer y poblar dichos territorios.
La historia de soberanía por parte de Chile sobre los mencionados territorios hay que remontarla a la voluntad del General Bernardo O'higgins quien -según cuenta la historia- siempre tuvo una gran preocupación por la conquista de soberanía sobre dichos territorios. Este sueño de O’higgins tiene como mito mayor el que su última palabra en su lecho de muerte fue: ¡Magallanes!
Luego de dicho viaje histórico, es que se inicia una fase de colonización por parte del Estado Chileno de la Región de Magallanes, que sin duda ha traído enormes beneficios para todo el país, sobretodo por la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes, además de todas las riquezas energéticas, agropecuarias, turísticas y ambientales que esta Región aporta al resto del país.
Sin embargo, hasta la fecha sin duda, que la Región de Magallanes, carece del reconocimiento que merece su invaluable aporte para el desarrollo del país, lo que motiva muchas veces un sentimiento de ingratitud entre los habitantes de dicha zona, que muchas veces ven como el centralismo imperante en la organización política administrativa del país perjudica a la dura realidad de vida que ellos muchas veces enfrentan.
Es por esto que como una manera de dar un mínimo reconocimiento a lo que ha sido la historia de esta zona extrema austral, es que proponemos declarar feriado para la Región de Magallanes y la Provincia de Chiloé, el día 21 de septiembre, de manera de dar una especial conmemoración regional al acontecimiento de toma de posesión del Estrecho de Magallanes por parte de la Goleta Ancud.
Artículo único: “Fijase como feriado, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, y en las Provincia de Chiloé, el día 21 de Septiembre de cada año”.
(Fdo.): Carlos Bianchi Chelech, Senador.-
El artículo 9 de la Constitución establece que respecto a los delitos calificados como terroristas no cabe el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo.
En nuestro país estamos atravesando hace varios meses una profunda crisis social que tiene a 34 comuneros mapuches en huelga de hambre puesto que miembros de dicha etnia están siendo juzgados por los tribunales de Justicia bajo la acusación de haber cometido delitos calificados como terroristas.
En este Congreso Nacional se han propuesto diversas alternativas para poner fin a este grave conflicto, sin que hasta la fecha se encuentre una solución a este delicado tema, debido fundamentalmente a las complejidades jurídicas que trae reformar la ley sobre delitos terroristas en forma especial para este caso.
Creemos que una alternativa posible, consiste en lograr un gran acuerdo político que permita al Presidente de la República, en forma excepcional, otorgar un indulto particular sobre la calificación de terroristas de los actos cometidos por los comuneros mapuches, para que estos queden sólo considerados como delitos comunes de incendio.
Lógicamente que este indulto presidencial seria procedente sólo una vez que sean dictadas por los tribunales de justicia las respectivas sentencias condenatorias, pero creemos necesario antes que nada asegurar la procedencia de este indulto, para tranquilidad de la comunidad mapuche.
Por las razone anteriores es que vengo en presentar el siguiente:
Incorpórese en la Constitución Política de La República la siguiente disposición transitoria:
Lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución, en cuanto a la no procedencia del indulto particular respecto a los delitos calificados como terroristas, no regirá para los hechos de violencia ocurridos entre el 1 enero de 2008 y el 30 de agosto de 2010, en las regiones VIII y IX, calificados como terroristas, cometidos por personas que tengan la calidad de indígena conforme al artículo 2° de la Ley Nº 19.253.
1.- Que la ley 20.000, que sustituyó a la ley Nº 19.366 que sanciona el trafico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas establece en su articulo 5 que “El que suministre a menores de dieciocho años de edad, a cualquier título, productos que contengan hidrocarburos aromáticos, tales como benceno, tolueno u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades tributarías mensuales. Atendidas las circunstancias del delito, podrá imponerse, además, la clausura a que hace referencia el artículo 7°”.
2.- Que entre las diversas clasificaciones de drogas podemos encontrar un grupo que trata de conciliar ciertos criterios farmacológicos, jurídicos y psiquiátrico - sociales estableciendo la siguiente clasificación:
a).- Estupefacientes, termino que se emplea para denominar al opio y sus derivados (morfina, codeína, heroína, etc.)
b).- Psicotrópicos, que se pueden subdividir en tres grupos, los psicolépticos, que producen relajación y depresión de la actividad, lo que incluye a los hipnóticos, los sedativos ansiolíticos y los neurolépticos. Los Psicoanalépticos que estimulan la actividad mental, como los psicoestimulantes y los antidepresivos, y los psicodislépticos que producen fenómenos mentales anormales como también alteraciones en la senso percepción del humor y la conciencia.
c).- Inhalantes y volátiles, que se trata en general de productos de uso doméstico y/o industrial tales corno pegamento, pinturas, petróleo, gas para mecheros, bombillas de gas butano, aerosoles, acetona, algunos extintores, etc., que tienen en común ser volátiles y que se aspiran o inhalan llegando rápidamente al torrente sanguíneo.
3.- Respecto de este último punto, los inhalantes y volátiles tienen un efecto depresor del sistema nervioso central provocando, en algunos casos, intoxicaciones similares a las ocasionadas por el abuso del alcohol. Según el nivel de intoxicación también producen un efecto distorsionador (alucinógeno) y en casos extremos puede provocar la muerte por paro cardiaco o respiratorio.
4.- Que son numerosas las denuncias hechas por los medios de prensa, Carabineros y el propio CONACE respecto de la venta indiscriminada a menores de edad de bencina, parafina y sus derivados, los que son utilizados por jóvenes para drogarse debido a su alto poder alucinógeno, su bajo precio, y por sobre todo el fácil acceso que se tiene a ellos especialmente en aquellas estaciones de servicio que atienden mediante el sistema de autoservicio. De acuerdo a numerosas denuncias de medios de prensa, este tipo de compuestos es utilizado por niños y adolescente en situación de calle para inhibir el frío y el apetito.
5.- Según datos oficiales de CONACE, las tendencias del consumo de inhalantes en Chile de personas que alguna vez los han utilizados desde 1994 a 2008 ha tenido un aumento significativo de un 0,3% el año 1994 a 1,8% el año 2008, alcanzando el año 2002 a un peak de 2,3% de los encuestados, los cuales han utilizado este tipo de drogas inhalantes. La Oficina Nacional para el control de las drogas de los Estados Unidos, ha señalado que en los últimos años ha aumentado de manera considerable el uso de inhalantes para efectos alucinógenos, calculando que 1 de cada 5 jóvenes en los Estados Unidos se intoxica con este tipo de compuestos.
6.- Que ante la gravedad de los antecedentes recogidos, y el vacío legal que existe en nuestra legislación respecto de un tema que afecta la salud de las personas, creemos necesario sancionar expresamente al que suministre a menores de edad productos derivados del petróleo como la gasolina, parafina, etc., con el objeto llenar un vacío legal que permita combatir de mejor manera el grave flagelo de la droga que afecta a miles de jóvenes en nuestro país.
Por tanto, los abajo firmantes venimos en presentar el siguiente:
Modificase el artículo 5 de la ley 20.000, incorporando luego de la palabra “tolueno” la siguiente frase:
“... y productos derivados del petróleo tales como gasolina, parafina u otras sustancias similares, incurrirá en la pena de presidio…”.
(Fdo.): Ximena Rincón González, Senadora.- Alberto Espina Otero, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.- Jaime Orpis Bouchón, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.-
Lo dispuesto en el artículo 1°, 19° y 63° numerales 5° y 20° de la Constitución Política de la República.
1.- Que la actual conformación del territorio nacional se gestó durante la historia patria a través de diversos hechos que permitieron, paulatinamente, la consolidación de la soberanía en las posesiones que formaban parte integrante de él desde la conquista española y la incorporación de otras zonas como consecuencia de acciones bélicas o de asentamiento.
2.- Que la instauración de la soberanía nacional en la zona austral constituyó una sentida preocupación del propio Padre de la Patria, Libertador General Don Bernardo O’higgins Riquelme, quien expresó permanentemente la necesidad de afianzar nuestra presencia en esas tierras tanto por su enorme extensión y potencialidades como para garantizar la independencia del resto del territorio.
Así, culminado su gobierno y hasta el mismo día de su muerte, mantuvo esta inquietud, la que fue recogida por Manuel Bulnes, bajo cuyo mandato se asumió el desafío de asentar la presencia chilena en el Estrecho de Magallanes.
3.- Que para llevar adelante esta empresa nombró a Don Domingo Espiñeira como Gobernador de Chiloé y le encomendó la organización de una expedición de habitantes de esta isla, los que por su mayor acostumbramiento al clima y condiciones marineras del sur del país, se encontraban en mejor situación para tomar parte de este desafío.
Su materialización enfrentó todo tipo de dificultades, la primera de las cuales fue la construcción, en un lapso breve, de una embarcación que permitiera cumplir la travesía satisfactoriamente. Dicha misión se encomendó a Don Juan Williams.
Luego, en un accidentado viaje lleno de embates y peligros derivado de las condiciones climáticas y náuticas de la zona, los heroicos tripulantes de la Goleta Ancud consiguen tomar posesión para Chile del Estrecho de Magallanes un 21 de septiembre de 1843, en las cercanías de lo que hoy es el Fuerte Bulnes, sólo unas horas antes de la llegada de una embarcación extranjera con idéntico propósito.
4.- Que este hecho reviste una enorme importancia para la consolidación de la soberanía nacional en el extremo sur del territorio y para su proyección hacia la Antártica y es recordada hasta hoy tanto por los habitantes de Chiloé como por los de la Región de Magallanes como una hazaña que demuestra el patriotismo, sacrificio y arrojo de los hijos de dicha Isla.
5.- Que, sin embargo, tan memorable gesta, pese a su significación y características no alcanza la consideración histórica de otras efemérides referidas a zonas del norte y centro del país, siendo habitualmente postergada, en cuanto a sus pormenores, en los planes, programas y textos de Historia de Chile.
6.- Que, por el contrario, considero que ésta amerita un especial reconocimiento que permita destacar su trascendencia, lo que ya ha realizado parcialmente el Parlamento con la dictación de la Ley 19.522 destinada a erigir monumentos en las ciudades de Ancud y Punta Arenas en memoria de estos arriesgados marineros.
7.- Que, sin embargo, recogiendo un anhelo de la comunidad chilota de la Región de Magallanes y de muchos de los Alcaldes de comunas de Chiloé, vengo en proponer complementarlo con la instauración de un feriado regional el 21 de septiembre de cada año, con el objeto de valorar esta gesta y perpetuar su significado para las futuras generaciones.
Por lo anterior, el Senador que suscribe, viene en presentar el siguiente:
Artículo único: Declárese como feriado legal, para la Provincia de Chiloé y para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, el día 21 de Septiembre de cada año.
(Fdo.): Pedro Muñoz Aburto, Senador.-
1.- Que el ciudadano chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra se encuentra procesado por la Justicia de Chile desde 1992, como autor del homicidio del Senador Jaime Guzmán Errázuriz y del secuestro de Cristián Edwards del Río, ambos hechos criminales perpetrados en plena democracia, en el curso del año 1991.
2.- Que, habiendo abandonado el país en 1992, el ciudadano Apablaza nunca ha comparecido ante la Justicia de Chile para responder por los cargos que se le imputan, ni para aportar antecedentes al esclarecimiento de ambos crímenes.
3.- Que el Estado de Chile ha realizado las gestiones pertinentes ante el poder Judicial y ante dos Gobiernos de la República de Argentina, desde el año 2004, fecha en la que fue localizado en territorio argentino; respetando en todo momento los procedimientos y plazos constitucionales, legales y políticos de ese país.
4.- Que en situaciones similares, de reciente data, tanto la justicia de Argentina como sus respectivos Gobiernos han dado curso a la expulsión de ciudadanos chilenos, requeridos judicialmente por hechos graves; reconociendo, por tanto, que en Chile impera el orden institucional, la igualdad ante la ley de independencia e imparcialidad de la justicia.
5.- Que la Corte Suprema de Argentina ha autorizado la semana pasada la extradición del ciudadano Apablaza a Chile y ha señalado, expresamente, que los crímenes de los que se acusa "son ajenos a la tradicional noción de delito político", desestimando, por tanto, el principal argumento que ha invocado su defensa para que se le adjudique el estatus de refugiado político en ese país.
6.- Que Chile y Argentina son, desde nuestros respectivos orígenes como naciones independientes, países hermanos, unidos por la amistad cívica y democrática, por la mutua colaboración y por la solidaridad, aún en las situaciones más complejas que las han afectado.
7.- Que en Chile impera la plena democracia, la separación de los poderes del Estado y que, tanto la Constitución Política como el ordenamiento legal, garantizan la imparcialidad de la justicia, el debido proceso, la igualdad ante la ley y el respeto a la dignidad y los derechos esenciales de la persona humana, en cualquier circunstancia.
1.- Respaldar las acciones emprendidas por nuestro país ante la justicia y el Gobierno de Argentina, con el propósito de dar curso a la extradición dispuesta por la Corte Suprema de esa nación, del ciudadano chileno Sergio Galvarino Apablaza Guerra.
2.- Reafirmar que, a juicio de quienes representamos a la mayoría ciudadana de Chile, la comparecencia del ciudadano Apablaza ante la Justicia constituye un paso ineludible para esclarecer un crimen que hasta hoy permanece impune.
3.- Dar testimonio de la plena vigencia de la institucionalidad política y judicial que impera en Chile y, por tanto, de las garantías constitucionales que amparan a quienes deben responder ante la Justicia.
(Fdo.): Hernán Larraín Fernández, Senador.- Carlos Cantero Ojeda, Senador.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Alberto Espina Otero, Senador.- José García Ruminot, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Juan Pablo Letelier Morel, Senador.- Jaime Orpis Bouchón, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.- Jaime Quintana Leal, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.- Patricio Walker Prieto, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.-

References: artículo 71
 artículo 2
 artículo 104
 artículo 131
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 artículo 1
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 3
 artículo 9
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 artículo 2
 artículo 7
 artículo 5
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