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Timestamp: 2019-10-14 11:40:01+00:00

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La ejecución de sentencias internacionales: el caso Hill v España - Hay Derecho
19 abril, 2017 /4 Comentarios/en Blog /por Pedro Bielsa y Gonzalo Fernández Atela
Este post ha sido escrito conjuntamente por Pedro Bielsa y Gonzalo Fernández Atela
En esta nota se relata sucintamente el caso Hill contra España y la resolución del Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (el “Comité”) y su efecto en España. El caso en cuestión ejemplifica gráficamente el estado de la Administración de Justicia y, en particular, la eficacia y problemática de la ejecución de las resoluciones de organismos internacionales. Los autores de esta nota hemos sido abogados de los hermanos Hill en una parte importante de los procedimientos.
Inicio y condena penal
En julio de 1985 los hermanos Hill fueron detenidos por la Policía Municipal de Gandía como presuntos autores de un delito de incendio y daños a la propiedad privada. El abogado de los hermanos Hill solicitó la libertad provisional previo pago de fianza lo que se denegó por el hecho de ser extranjeros, no obstante su condición de ciudadanos comunitarios. Tras dieciséis meses de instrucción y encarcelamiento se celebró Juicio Oral. Michael Hill renunció al abogado y solicitó defenderse por si mismo. Esta posibilidad la contempla el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (el “Pacto”).El Pacto es un tratado de derechos fundamentales al que España se adhirió en 1977. Pues bien, la Audiencia Provincial negó esta posibilidad. En noviembre de 1986 la Audiencia Provincial de Valencia condenó a los hermanos Hill.
Agotamiento de vías procesales españolas
A partir de este momento los hermanos Hill iniciaron diversas vías administrativas y judiciales agotando todas las vías procesales españolas.Es entonces, en octubre de 1992, cuando presentaron denuncia ante el Comité por haber sido víctimas de la violación por parte de España del Pacto, con vulneración de los arts. 9.3, 10, 14.3.c) y 5 del mismo.
En abril de 1997 el Comité emitió su resolución declarando:
la vulneración por España del derecho de libertad en relación con la negativa a conceder fianza y consecuente prisión provisional decretada por el hecho de ser extranjero y existir un riesgo cierto de fuga (art. 9.3);
el sometimiento a tratos degradantes, como quedó probado, durante su privación de libertad (art.10);
las dilaciones indebidas del procedimiento (art. 14.3.c); y
la vulneración del derecho a una segunda instancia penal (art. 14.5).
en su Dictamen el Comité acordó, con arreglo al art. 2.3.a) del Pacto, que BRIAN y MICHAEL HILL “tienen derecho a un recurso efectivo que entrañe una indemnización (…) y a proporcionar (el Estado condenado) un recurso efectivo y ejecutable si se determina que se ha producido una violación”.
En noviembre de 1997 el Reino de España comunico al Comité que garantizaba a Brian y Michael Hill el derecho a interponer un recurso efectivo y ejecutable que sería decidido, en primer lugar, en vía administrativa. Todo ello conforme a los arts. 24, 106.2 y 121 de la Constitución; arts. 138 a 143 de Ley 30/1992; y arts. 292 a 297 LOPJ.
Un primer problema para la ejecución de la resolución del Comité, ex responsabilidad administrativa, es la ausencia de un cauce procesal específico y reconocido como tal en la legislación española. De esta forma, en junio de 1998 Brian Hill instó acción de nulidad en plazo ante la Audiencia Provincial de Valencia al amparo del art 240 de la LOPJ. La Audiencia dictó Auto desestimando la pretensión por extemporánea.
Frente al Auto de la AudienciaBrian Hill interpuso Recurso de Amparo en diciembre de 1999 por violación de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y a la defensa jurídica. En noviembre de 2000 el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso al considerar que el recurrente no agotó la vía judicial previa antes de acudir a la jurisdicción constitucional. Con ello abrió la vía de promover la revisión penal del art. 954 y sig. LECrimal considerar que el Dictamen de la Comisión de Naciones Unidas debía ser considerado como un “hecho nuevo”.
Recurso extraordinario de revisión y apertura de la casación
Con base al Auto anterior se interpuso Recurso de Revisión ante el Tribunal Supremo (art. 954.4.º LECrim) que, en julio de 2002, estimó en parte el recurso y declaró la nulidad de actuaciones reponiendo el presente procedimiento al momento de la interposición del Recurso de Casación inicial.
Al amparo de lo anterior Brian Hill interpuso Recurso de Casación al que se adhirió su hermano Michael.El septiembre de 2003 la Sala Segunda dictó sentencia por la que desestimó dicho recurso al no considerar que se hayan producido las vulneraciones denunciadas.
En noviembre de 2003 se recurrió en Amparo la Sentencia que agotó la vía judicial ordinaria, por ambos hermanos.La Sala Segunda del TC dictó Auto en marzo de 2006 desestimando el recurso.
Segundo recurso al Comité
Entonces Brian Hill recurrió, por si soloy sin abogado al Comité. El Comité resolvió inadmitir el recurso presentado con fecha julio de 2009 (ver aquí).
Por otra parte, en junio de 1998 Brian Hill instó la acción de responsabilidad patrimonial del Estado por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia,emitiéndose el preceptivo Informe por el Consejo General del Poder Judicial para dicho procedimiento.En diciembre de 2002 el Ministro de Justicia dictó resolución en la que, de acuerdo con el CGPJ acordó desestimar la reclamación de indemnización.
En este caso la ejecución de la Resolución del Comité, ex responsabilidad patrimonial del Estado, fue de abril de 1997 a marzo 2006, sin un cauce procesal adecuado. Este caso ejemplifica el laberíntico y tortuoso itinerario procesal que presenta la Administración de Justicia,itinerario que, sencillamente, deviene prohibitivo para el ciudadano medio.
Y nótese que tema tiene especial relevancia pues se trata poner de manifiesto la vulneración de derechos fundamentales. Como lo es también el caso de los residentes de Urbanización Santo Domingo contra AENA. Caso iniciado en 2002 y en el que el Tribunal Supremo corrige por cuarta vez al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la ejecución de una sentencia de derechos fundamentales aún pendiente de ejecución.
El mandato constitucional “juzgando y haciendo cumplir lo juzgado” precisa de un impulso decidido y urgente y una visión menos complaciente con el espíritu de cuerpo y mas próxima al espíritu de la norma constitucional que se refleja en la adhesión al Pacto.
Y finalmente, destacar que al presentar la resolución del comité para su ejecución en Valencia pensamos que sería una muy interesante ocasión para la interpretación del derecho por nuestros tribunales. No fue así. No fuimos bienvenidos. Percibimos aversión y hostilidad, posición que entendemos que no se ajusta al Estado de Derecho.
Pedro Bielsa y Gonzalo Fernández Atela
Etiquetas: Administración de Justicia, Derecho Internacional
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19 abril, 2017 en 19:05
Me resulta impensable que casos así se produzcan en un país desarrollado! Y desarrollado no en el aspecto económico, que en eso estamos a la cola, hablo de una democracia desarrollada, de un país democrático.
Ante el oleaje continuo de casos de corrupción y de la constancia que tenemos de la necesidad de regeneración de nuestras instituciones el último muro que puede salvaguardar nuestros derechos y nuestra constitución es la Justicia. Como se puede leer en la fachada de la Corte Suprema del Estado de Nueva York “The true administration of Justice is the firmest pillar of good government“ Y para una buena administración de Justicia esta ha de ser eficaz y eficiente. Los retrasos de años y la selva procedimental a la que muchas veces nos vemos expuestos LIMITA nuestros derechos. Y los limita en igual medida que la falta de plazas en los colegios o de camas en los hospitales.
Veo, muy a mi pesar, que pocas veces se habla de dotar de más recursos a la Justicia. Si es el pilar más importante del buen gobierno y el último muro para la salvaguarda de nuestros derechos fundamentales ¿por qué faltan medios?, ¿por qué esa falta de eficacia y eficiencia?
20 abril, 2017 en 19:58
¿Pero los Hill cometieron el delito o no lo cometieron? y si hubiera sucedido en Estados Unidos o en el Reino Unido… ¿qué creen que hubiera ocurrido al respecto? Porque no parece que hayan sido unos santos.
“De acuerdo con una decisión del Tribunal Constitucional tomada en 2015, a partir de ese año en Rusia priman las leyes nacionales sobre las internacionales, al igual que sucede en naciones como China o Estados Unidos”.
Es decir, las naciones serias no se someten a tribunales en manos de lobbies.
Esta semana ha soplado el Nordeste con fuerza durante 4 días en el norte de España y los pirómanos montaraces se han puesto las botas. No tenemos respuesta legal mínimamente seria para esta gente.
Gonzalo F Atela Dice:
El tema de fondo es que el Estado Español se sometió a la autoridad del Comité. El Comité resolvió que el Estado Español incumplió unas normas procesales y que es casi imposible hacer cumplir los dictámenes del Comité. Ese es el tema.
Los expertos reclaman que las reformas de la justicia se lleven a cabo con ... El Consejo de Transparencia publica el primer ranking oficial de transparen...

References: resolución 
 artículo 14
 resolución 
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 Resolución 
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