Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510342.html
Timestamp: 2019-03-23 16:43:15+00:00

Document:
as201510342
AUTO SUPREMO Nº 342/2015-RRC
Expediente : Tarija 8/2015
Parte Imputada : Severina Hinojosa Gonzales
Por memorial presentado el 22 de diciembre de 2014, cursante de fs. 115 a 118 vta., Severina Hinojosa Gonzales interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 21/2014 de 2 de diciembre, de fs. 107 a 109 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008).
En mérito a la acusación pública (fs. 7 a 8) y una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronunció la Sentencia 18/2012 de 31 de agosto (fs. 86 a 90), declaró a la imputada Severina Hinojosa Gonzales autora y culpable de la comisión del delito Trasporte de Sustancias Controladas, tipificado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiéndole la pena de ocho años de privación de libertad, más el pago de doscientos días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día y costas a favor del Estado.
Contra la referida Sentencia, la imputada Severina Hinojosa Gonzales, formuló recurso de apelación restringida (fs. 93 a 97 vta.), siendo resuelto por Auto de Vista 21/2014 de 2 de diciembre (fs. 107 a 109 vta.), que declaró sin lugar el recurso planteado; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, motivando la interposición del recurso de casación que se resuelve en la presente resolución.
Del recurso de casación y del Auto Supremo 094/2015-RA de 10 de febrero, se extrajo dos motivos, habiendo sido admitido sólo el primero, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ):
La recurrente denuncia que no obstante haber reclamado en su apelación restringida que la Sentencia adolecía de una debida fundamentación, al ser insuficiente y contradictoria, además de contener una errónea valoración de la prueba; el Tribunal de alzada, en su considerando III.2 se limitó a realizar una transcripción de los antecedentes del fallo de mérito, sin reparar la observación reclamada; además de confundir el agravio relacionado con la falta de motivación y fundamentación con el de falta o incorrecta valoración de la prueba, concluyendo que la misma estaba debidamente motivada al contener el fundamento fáctico, probatorio y jurídico; aspecto que a su criterio, vulnera el debido proceso y el principio de legalidad, ingresando en contradicción con los Autos Supremos 512 de 11 de octubre de 2007, “657/2007” (sic) y 132/2007 de 31 de enero.
La recurrente solicita, que se admita su recurso de casación y, se dicte resolución determinando la doctrina legal aplicable, conforme dispone el art. 419 del CPP, dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado.
Mediante Auto Supremo 094/2015-RA de 10 de febrero, cursante de fs. 126 a 128, este Tribunal admitió el primer motivo del recurso formulado por el recurrente, para su análisis de fondo.
Conforme consta en la enunciación de los hechos, funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), la noche del 11 de noviembre de 2010, se encontraban en el puesto de control de campo pajoso Yacuiba, donde llegó el bus San Martín e ingresaron a revisar y observaron que no se podía entrar al baño, por lo que empujaron y encontraron diez bolsas de yute amarradas, las desataron y vieron que en su interior habían otras bolsas con el rótulo de carbonato de sodio, donde se acercó Severina Hinojosa Gonzales (imputada), y se identificó como la propietaria, quien no tenía el permiso para transportar la sustancia controlada, realizada la prueba de campo dio como resultado positivo para carbonato de sodio con un peso total de 236, 930 g.
Concluido el juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió la Sentencia 18/2012 de 31 de agosto (fs. 86 a 90), por el cual declaró a Severina Hinojosa Gonzales autora y culpable de la comisión del delito de Trasporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley 1008, imponiéndole la pena de ocho años de privación de libertad, sobre la base de los siguientes hechos probados:
Que la acusada transportaba ilícitamente y a sabiendas la sustancia controlada consistente en diez bolsas de carbonato de sodio, en el interior del baño de la flota San Martín, en la cantidad de 236 y 930 g, llegando, al convencimiento por las declaraciones testificales de los Sgtos: Juan Rodric Guarachi Mamani, quien estuvo en el operativo del 11 de noviembre de 2010, y reconoció las pruebas “MP-2”, consistente en el acta de requisa de vehículo realizada en la tranca de control de pajo a las 21:30 horas del 11 de noviembre de 2010; “MP-3” (Acta de prueba de campo); “MP-4” (Acta de secuestro de sustancia controlada); “MP5” (Acta de lectura de derechos y garantías constitucionales para la acusada); “MP-6” (Acta de aprehensión de la imputada), Edwin Eddy Alvarez Nina, que alegó, que revisaban las flotas desde las 7 hasta las 10 pm, y cuando fueron al baño estaba cerrado, llamaron al conductor quien abrió la puerta y encontraron unas bolsas de yute que decía carbonato de sodio, el Sgto. 2º Edwin Omar Mendez Aro, señaló que el día de la comisión del delito, cuando ingresaron al bus San Martín, buscaron buzones, pasajeros, que quiso revisar el baño y el conductor dijo que no estaba en uso, forzajearon y abrieron la puerta, hallaron diez bolsas color azul con rojo, abrió y decía carbonato de sodio, habiendo alegado la imputada que era de su propiedad, testigo que habría reconocido, las pruebas: “MP-8” consistente en acta de prueba de campo, que se habría cuantificado y pesado en presencia de la imputada, dando un total de 236 y 930 g de carbonato de sodio, “MPE1” consistente en muestra física de la sustancia química controlada, “MPE2”, sobre que contenía en su interior otro sobre con sustancia blanquecina amarillenta, “MP9” requerimiento e informe del 20 de enero de 2011, que evidenció que la imputada no estaba registrada en el padrón de la institución y por ende no estaba facultada para el manejo de sustancias químicas.
Que por la prueba de descargo “PD1” evidenció que la imputada no cuenta con antecedentes.
Que realizada la valoración integral de toda la prueba, tuvo certeza de que los 236, 936 g de carbonato de sodio que transportaba la imputada no tenían el permiso correspondiente, ello advirtió conforme las pruebas “MP9 y MP8”, que además, adquirió certeza de que se trata de carbonato de sodio, porque le dio credibilidad a los tres testigos presenciales quienes habrían estado en la primera prueba de campo que se realizó en la tranca de control de campo pajoso, dando positivo para carbonato de sodio, aspecto corroborado con la prueba “MP3” consistente en prueba de campo sobre la sustancia, realizada al día siguiente en presencia del Fiscal, volviendo a dar positivo para carbonato de sodio, tal como lo habrían afirmado los testigos Sgtos. Juan Rodric Guarachi Mamani y Edwin Omar Méndez Aro, corroborado por la prueba “MP8”.
Agregaron que, ante el interrogante de que la sustancia exhibida podría tratarse de bicarbonato y no carbonato de sodio, como Tribunal en pleno asumió que: el bicarbonato de uso medicinal, comestible o de uso doméstico es diferente, sería salado, de un blanco intenso y el polvo sería fino al tacto, advirtió, que todos los jueces procedieron a tocarlo y palpar la sustancia contenida en las pruebas signadas como “MPE1 y MPE2”, que aparte de ser blanca amarillenta era áspera, no suave como el bicarbonato, que eran completamente diferentes, ya que, el juez ciudadano portaba su bicarbonato “(ya que coquea)” , que a simple vista se podría notar la diferencia en color y suavidad; además, que cuando el juez ciudadano palpó las pruebas “MPE1 y MPE2”, y que en un ademán lo hubiere llevado a su lengua, habría hecho una expresión de desagrado. Ante este razonamiento, todos los jueces expresaron que no tienen porqué dudar de la autoridad policial, que creen en su testimonio de que al reactivo la prueba haya dado positivo para carbonato de sodio resultando una sustancia controlada.
Refiere, que aplicando las reglas de la lógica y la sana crítica, que si la sustancia no fuera controlada, “¿porqué se la ocultaba en un baño inutilizado?”, puesto que se lo llevaría en el maletero que tienen todas las flotas, como hacen todos los pasajeros -afirmaron- que en el presente caso se ocupó un baño inutilizándolo porque no se podía abrir, taucándolo de bolsas como habría referido el testigo Juan Rodric Guarachi Mamani, ya que un pasajero común no podría tener la libertad de ocupar el baño de esa manera.
Que el Tribunal adquiere credibilidad de que la imputada tenía conocimiento y sabía de la existencia del carbonato de sodio encontrado en el interior del baño del bus San Martín por los testimonios de los testigos presenciales Juan Rodric Guarachi Mamani, Edwin Eddy Alvarez Nina y Edwin Omar Méndez Aro, quienes señalaron a la imputada como la persona que estaba en el interior del bus y que voluntariamente se acercó al baño donde estaban realizando el operativo identificándose como la propietaria, aspecto corroborado con las pruebas “MP2, MP3, MP4, MP5 y MP6”. No resultándoles creíble lo afirmado por la imputada cuando en su derecho a la última palabra negó que la sustancia sea de ella, que era de una amiga que se fue en otra flota, alegó el Tribunal, que ninguno de los testigos mencionó de la supuesta amiga y tampoco la imputada pronunció el nombre de la misma ni señaló el nombre de la otra flota en la que se fue aquella amiga. Hecho que los llevó a la certeza de que la imputada sabía que transportaba la sustancia controlada en el baño, por ello se acercó y señaló que era la propietaria.
Notificada la imputada con la Sentencia, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 93 a 97 vta.), señaló los siguientes agravios: 1) Inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva; por cuanto, el Tribunal de mérito sólo transcribió el delito alegando que su conducta se adecuó al tipo penal porque supuestamente su persona tenía conocimiento de que en el vehículo existía sustancia controlada, ya que tomó en consideración lo afirmado por los funcionarios de la FELCN, porque se encontraba en el interior del bus, siendo que voluntariamente indicó que era la propietaria y no expresó nada en su favor, no resultándoles creíble lo afirmado en su última palabra, ya que no era razonable que haya aceptado el encargo de su amiga, argumentos que consideró la recurrente, subjetivos no teniendo ningún asidero legal, siendo ficciones de culpabilidad, habida cuenta, que si su persona hubiere tenido conocimiento de la sustancia controlada -afirmó- se hubiera fugado en ese momento. Agregó que la Sentencia adolece de una adecuada sumisión a los elementos del tipo penal, ya que se limitó a resumir los hechos sucedidos en el juicio, no determinó qué elementos de prueba son los que corroboraron para que el tribunal por mayoría determine su culpabilidad, incurriendo en vicios in judiccando, contrario al debido proceso, puesto que, no se habría demostrado la existencia de sustancia controlada que su persona estuviere transportando; 2) “QUE NO EXISTA FUNDAMENTACIÓN Y SEA INSUFICIENTE CONTRADICCIÓN EN LA SENTENCIA” (sic); toda vez, que se habría limitado únicamente al hecho ocurrido derivado de la acusación del Ministerio Público, no fundamentando en cuanto al grado de su supuesta participación en el hecho y los motivos y elementos probatorios que harían que el Tribunal adquiera certeza de su culpabilidad, realizando una serie de apreciaciones subjetivas como el hecho de señalar que un juez ciudadano que coquea manifieste que existió diferencia entre un vicio que tenía en manos y la sustancia controlada, acto que alega, atenta y falta a la verdad material puesto que contraviene al debido proceso y que no cuenta con la debida motivación de los motivos de hecho y derecho en los que se basó ni el valor otorgado a los medios de prueba conforme a las reglas de la sana crítica, aspecto que evidenciaría la contradicción entre la parte dispositiva y considerativa; puesto que, la prueba aportada no fue suficiente, constituyéndose en agravio a sus intereses y derechos. 3) Valoración defectuosa de la prueba; toda vez, que su condena se habría basado en actas, informes del asignado al caso y no así en el hecho de haberse probado la existencia de la sustancia controlada, aspecto que violaría la sana crítica; puesto que, no habría valorado el uso de su derecho a la defensa material donde su persona indicó en juicio que esas bolsas no eran suyas, que si hubiera sido asi, se habría dado a la fuga aspecto que demuestra que su persona desconocía lo que existía en esas bolsas, ya que en ningún momento los funcionarios policiales la habrían detenido, agregó que el Tribunal a momento de valorar la prueba no explicó cómo se disparó las dudas sobre su inocencia o culpabilidad, no expresando cuáles son los elementos de certeza que los hizo llegar a su veredicto.
La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija por Auto de Vista 21/2014 de 2 de diciembre, declaró sin lugar el recurso planteado; en consecuencia, confirmo la Sentencia apelada.
III. VERIFICACIÓN DE CONTRADICCIÓN DEL AUTO DE VISTA IMPUGNADO CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS
Precisado el motivo en el presente recurso, este Tribunal deberá resolver si evidentemente el Tribunal de alzada incurrió en falta de fundamentación a tiempo de responder ante su reclamo referido a que la sentencia por una parte adolecería de una debida motivación; y, por otro lado, hubiere realizado una incorrecta valoración de la prueba. En virtud del motivo acusado, es pertinente determinar si se incurrió en contradicción con los precedentes invocados por la recurrente.
El Auto Supremo 512 de 11 de octubre de 2007, fue dictado por la Sala Penal Primera de la ex Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación por el delito de Uso indebido de influencias, donde se observó que el Tribunal de apelación además de ser contradictoria, no contenía una fundamentación expresa, clara, legítima ni lógica, situación por la que fue dejada sin efecto sentando la siguiente doctrina legal aplicable: “I. Los fallos judiciales deben ser debidamente fundamentados, no siendo suficiente que se limiten a transcribir los antecedentes procesales, los criterios del juzgador expuestos en la resolución en análisis, los fundamentos de las partes o a hacer una relación de normas legales sin que se ponga en evidencia el iter lógico, o camino del razonamiento, seguido por el juzgador a efecto de arribar a determinada conclusión, cumpliendo de esa manera con la previsión del Art. 124 del Código de Procedimiento Penal y asegurando la efectividad de una amplia gama de derechos constitucionales.
A este fin, el art. 398 del mismo adjetivo penal señala que: "Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución” (Las negrillas nos corresponden).
Respecto al Auto Supremo 657 de 15 de diciembre de 2007, de su revisión se constata que fue dictado por la Sala Penal Primera de la ex Corte Suprema de Justicia, ante la resolución de un recurso de casación por el delito de Falsedad Material y otros, donde se observó que la resolución recurrida omitió vertir criterios jurídicos que respalden su decisión respecto a uno de los puntos apelados por el recurrente; razón por la que fue dejada sin efecto, estableciendo la siguiente doctrina legal aplicable: “La línea jurisprudencial referida se encuentra consolidada, ya que constituye un deber ineludible de los Jueces y Tribunales de desplegar los fundamentos de la resolución, a más de circunscribirse a los puntos cuestionados, vale decir, que cada punto resuelto debe llevar su respectivo argumento, tratándose de Jueces y Tribunales de Sentencia el fundamento debe ser de hecho y de derecho; mientras que, los Tribunales de Alzada sostienen la resolución de cada impugnación, indefectiblemente, con argumentos jurídicos específicos. Las impugnaciones determinan la competencia de la autoridad jurisdiccional y los fundamentos jurídicos de la resolución brindan seguridad jurídica a las partes procesales.
La falta de fundamento de la resolución de uno de los puntos cuestionados, implica la inobservancia de la tutela judicial efectiva, defecto absoluto que es necesario subsanar, el recurso concretiza la omisión del acto jurisdiccional, correspondiendo que éste Tribunal debe dejar sin efecto la resolución recurrida” (El resaltado nos corresponde).
Finalmente el Auto Supremo 132/2007 de 31 de enero, no será considerado como precedente dentro del análisis de este recurso; toda vez, que trata una problemática diferente, referida a que el Tribunal de apelación si bien tiene la facultad para rectificar el error de derecho conforme prevé el art. 413 del CPP; empero, no puede proceder con actuaciones de oficio, que atenten contra los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva, situación que desnaturalizaría el recurso de apelación; ya que, actuaría contra su propia competencia, aspecto que impide a este Tribunal efectuar la labor de contraste.
Antes de ingresar al análisis del presente recurso, resulta pertinente señalar que sobre la debida fundamentación, la Constitución Política del Estado, Código de Procedimiento Penal y la doctrina legal aplicable de este Tribunal en los Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006 y 207 de 28 de marzo de 2007, ratificados por el Auto Supremo 319/2012 de 4 de diciembre, entre otros, establecieron las exigencias mínimas en el contenido de la fundamentación o motivación de un fallo, determinado que toda resolución debe ser expresa, clara, completa, legítima y lógica, de ello se establece que los Tribunales de alzada a momento de emitir sus fallos deben tener presente estos requisitos, pues su función de controlador debe abocarse a responder a todos los puntos denunciados por los recurrentes, no siendo necesaria una respuesta extensa, lo contrario sería incurrir en falta de fundamentación, vulnerando el debido proceso, incumpliendo las exigencias de los arts. 124 y 398 del CPP.
Sintetizada la denuncia traída a casación referida a que el Auto de Vista incurrió en falta de fundamentación; puesto que, en su Considerando III.2, se limitó a realizar una transcripción de los antecedentes del fallo de mérito, sin reparar los puntos denunciados referidos a que la sentencia adolecía de una debida fundamentación, además de ser contradictoria y contener una errónea valoración de la prueba. Agrega que también confundió el agravio relacionado con la falta de fundamentación con el de falta o incorrecta valoración de la prueba, aspecto que vulnera el debido proceso y el principio de legalidad.
Ingresando al análisis del presente motivo, conforme se precisó en los antecedentes procesales vinculados al recurso, en el acápite II.2, numerales 2) y 3) de este Auto Supremo, se tiene que la recurrente en la interposición de su recurso de apelación reclamó que la Sentencia incurrió en falta de fundamentación, y valoración defectuosa de la prueba; señalando al efecto el Auto de Vista en su Considerando III.2, que respecto al reclamo referido a la falta de fundamentación y contradicción en la sentencia; la resolución, estaría debidamente fundamentada, porque señalaría el fundamento fáctico, probatorio y jurídico, que; además, el Ministerio Público demostró con pruebas, debidamente valoradas por los jueces, quienes habrían aplicado las reglas de la sana crítica, no existiendo duda de que la imputada cometió el delito por el cual fue condenada, en razón a que del análisis de las declaraciones de los testigos se habrían corroborado los hechos suscitados -expresando- que ante la experiencia, razonamiento y sana crítica todos los jueces señalaron que no tendrían porqué dudar de la autoridad policial; concluyendo, el Tribunal de alzada, que de la valoración integral de toda la prueba se originó la convicción plena de que lo que transportaba la imputada era carbonato de sodio con un peso de 236,930 gr. De lo expuesto, no se observa que el Tribunal de apelación haya realizado únicamente una transcripción de los antecedentes del fallo de mérito, o que simplemente haya establecido que la sentencia contendría el fundamento fáctico, probatorio y jurídico, como alega la recurrente.
Este conjunto de razones, señaladas en la Resolución recurrida, permiten establecer a este Tribunal Supremo de Justicia, que la denuncia interpuesta por la recurrente, no es evidente; por el contrario, se constata que el Auto de Vista impugnado ejerció de manera correcta con su deber de fundamentación y control respecto a las denuncias interpuestas; habida cuenta, que además de lo anterior, en relación a la denuncia de valoración defectuosa de la prueba en la que hubiere incurrido el Tribunal de Sentencia, el Auto de Vista en su Considerando III.3 señaló: que revisada la sentencia evidenció que los jueces técnicos y ciudadanos, después de haber valorado las pruebas testificales consistentes en las declaraciones de los policías Juan Rodrigo Guarachi, Edwin Eddy Alvarez Nina y Edwin Omar Mendez Aro, quienes señalaron a la imputada como la persona que estaba en el interior del bus que voluntariamente se acercó identificándose como la propietaria, fueron corroboradas por las pruebas documentales signadas como “MP2, MP3, MP4, MP5 y MP6”, suscritas por la misma acusada, que inclusive, se procedió a dar lectura a sus derechos y garantías constitucionales (prueba MP5); empero, en ese momento la acusada no expresó nada a su favor, identificándose sólo como la propietaria. Agregó además en la Resolución recurrida, que el Tribunal de mérito razonó lo siguiente: “que alguien acepte el encargo de una persona por más amiga que sea, de llevarle esas cosas en el baño e irse en otro bus, a menos que sepa, conozca el contenido y asuma el riesgo del transporte. Ninguno de los testigos presenciales mencionó lo de la amiga, es más tampoco la acusada pronuncia el nombre de la amiga, si fuera así ella, lo hubiera expresado, es ilógico que se hubiera quedado esperando una hora y media a su amiga mientras comía su pollo, ante estas circunstancias -de esta naturaleza la gente común se asusta y si no tiene nada que ver, indica, señala y otorga datos, pero no se queda esperando sentada a comer pollo. Lo que lleva a la certeza de que la acusada sabia que transportaba la sustancia controlada en el baño, por eso se acerca y dice que es la propietaria” (sic). De donde concluyó, que no era evidente que los jueces técnicos y ciudadanos del tribunal hayan incurrido en una defectuosa valoración de la prueba, más al contrario habrían realizado una correcta valoración de los elementos de prueba incorporados al juicio, aplicando la sana crítica en sus elementos de la lógica, la experiencia y la psicología.
De acuerdo a los antecedentes expuestos y conforme al examen detallado de los fundamentos de la Resolución recurrida, se concluye que el mismo, cumplió con el presupuesto de fundamentación inmerso dentro del ámbito del derecho al debido proceso, que exige que toda resolución judicial sea debidamente fundamentada, advirtiendo al presente que el Auto de Vista impugnado respondió a la imputada de forma expresa; toda vez, que señaló los fundamentos que sustentan su decisión, basadas en la revisión que efectuó a la sentencia; clara, pues de lo expuesto se observa que el Auto de Vista resulta comprensible; completa, ya que abarcó desde los hechos expuestos en la Sentencia basados en las normas del derecho para emitir su decisión; legítima, porque evidenció que la Sentencia se pronunció en base al conjunto de pruebas debidamente valoradas en juicio; y, lógica, porque cumplió con la secuencia de los referidos requisitos; consecuentemente, este Tribunal observa que la Resolución recurrida reúne los requisitos de validez necesarios, no incurriendo en contradicción con los Autos Supremos invocados desarrollados en el apartado III.1 de esta Resolución, ni habiendo confundido el agravio relacionado a la falta de fundamentación con el de falta e incorrecta valoración de la prueba como presume la recurrente; toda vez, que respecto al primer agravio referido a la falta de fundamentación de la sentencia, conforme se estableció precedentemente, el Auto de Vista se pronunció en su Considerando III.2, no habiendo concluido únicamente con el argumento de que la sentencia contaba con el fundamento fáctico, probatorio y jurídico, puesto que, además agregó que la prueba fue debidamente valorada donde los jueces habrían aplicado las reglas de la sana crítica, no existiendo duda de que la imputada haya cometido el delito de Transporte de Sustancias controladas, aspecto que habría sido corroborado por el Tribunal de sentencia del análisis de las declaraciones de los testigos, habida cuenta que los jueces habrían expresado que no tenían por qué dudar de la autoridad policial; y, respecto a la denuncia de defectuosa valoración de la prueba, respondió en el mismo considerando en su punto III.3, argumentos que evidencian que la Resolución recurrida no incurrió en falta de fundamentación ni confusión al momento de emitir respuesta a los reclamos planteados en su recurso de apelación restringida; toda vez, que no fue evidente que se haya basado en la sola acusación del Ministerio Público y más al contrario fundamentó la participación de la imputada en la comisión del delito por el cual fue condenada.
Por los fundamentos explicados, este Tribunal llega a la conclusión de que la resolución recurrida obró correctamente, pues como se señaló respondió de manera fundamentada a los reclamos efectuados por la recurrente, cumpliendo con lo previsto en los arts. 124 y 398 del CPP, deviniendo en consecuencia el presente recurso en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Severina Hinojosa Gonzales.

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