Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500330.html
Timestamp: 2019-03-24 11:02:56+00:00

Document:
se201500330
SENTENCIA: 330/2015.
EXPEDIENTE Nº: 43/2010.
PARTES: Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.) contra la Aduana Nacional de Bolivia.
PRIMERA MAGISTRADA RELATORA: Rita Susana Nava Durán.
SEGUNDA MAGISTRADA RELATORA: Maritza Suntura Juaniquina.
Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la Almacenera Boliviana S.A. representada por Fernando Ríos España contra la Aduana Nacional de Bolivia.
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa cursante de fs. 246 a 252, impugnando la Resolución Nº RD 03-075-09 de 4 de noviembre de 2009, emitida por el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia; formulada la réplica de fs. 315 a 316, renunciado el derecho a la dúplica, los antecedentes del proceso.
CONSIDERANDO I: Que la Almacenera Boliviana S.A. representada por Fernando Ríos España, dentro del plazo previsto en el art. 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contencioso administrativa, pidiendo la revocatoria y nulidad de la Resolución Nº RD 03-075-09 de 4 de noviembre de 2009, emitida por el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, así como de la Resolución Sancionatoria y de Recurso de Revocatoria, con los siguientes fundamentos:
El Procedimiento para alta y autorización de operación de recintos aduaneros, fue incumplido por la Aduana Nacional de Bolivia. El procedimiento establecido para la autorización de un recinto se encuentra previsto en el Reglamento de Concesión suscrito entre la Aduana Nacional y Almacenera Boliviana S.A., documento que reglamenta la aplicación del Contrato de Concesión suscrito entre ambas entidades. En dicha norma regulatoria se establecen los requisitos para que un concesionario pueda solicitar y operar legalmente un recinto aduanero, es así que siguiendo los arts. 31, 38, 39, 41, 78, 79, 80 y 83 del Reglamento de Concesión, la Almacenera Boliviana S.A., solicitó el alta de un recinto aduanero en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, cumpliendo a cabalidad con el procedimiento, restando finalmente la aprobación de un reglamento para la distribución de carga entre concesionarios y la autorización de operación del recinto en favor de la Almacenera Boliviana S.A., por el Director Ejecutivo de la Aduana Nacional, acto final a cargo de la Aduana Nacional.
El procedimiento que se siguió fue el siguiente: a) Mediante Resolución RA PE 03-231- 02 de 20 de agosto de 2002 y posteriormente mediante RD 01-035-02 de 22 de noviembre del mismo año, se adjudicó a la Almacenera Boliviana S.A., la Concesión “A” dentro del proceso de Licitación Pública Internacional C.N.A.F. Nº 001/2002, por lo que el 29 de noviembre de 2002 Almacenera Boliviana S.A., suscribió un contrato de concesión de los servicios de administración de depósitos de aduana y control de tránsito; b) Luego de la solicitud de alta del recinto aduanero del Aeropuerto de Viru Viru, entrega del proyecto de construcción, envío de actas de recepción provisional, verificación de la construcción por parte de un funcionario de la Aduana Nacional, la Resolución RD 03-068-05 dispuso que la operación del nuevo recinto aduanero sea autorizada previa aprobación del procedimiento mediante el cual el importador o consignatario de la mercancía elija el recinto aduanero de destino. La Almacenera Boliviana S.A., en marzo de 2008 planteó recurso de Amparo Constitucional consiguiendo la tutela solicitada mediante Resolución AC 17/2008, debiendo la Aduana autorizar la operación y aprobación del procedimiento de elección de recinto aduanero de destino, en un plazo de 15 días; y, c) El 1 de abril de 2008, la Aduana Nacional de Bolivia, mediante Nota AN-PREDC Nº 0368/2008, hizo conocer a la Almacenera Boliviana S.A., que de conformidad a lo dispuesto en la resolución de amparo, la Aduana Nacional ha decidido aprobar la autorización de operación de recinto aduanero de Viru viru a favor de su empresa y por ello el 14 de abril de 2008, Almacenera Boliviana S.A. inicia oficialmente sus operaciones en el recinto de Viru Viru y finalmente el 20 de mayo de 2008, la Aduana Nacional, mediante Nota AN PREDC Nº 0589/08, ratifica la autorización de operación en el Aeropuerto de Viru Viru, exponiendo de forma clara: “En consecuencia y en correspondencia con la decisión del Directorio de la Aduana Nacional que ha aprobado la autorización de operación del recinto aduanero de Viru Viru a favor de su empresa, en cumplimiento del art. 83 del Reglamento para la Concesión de Depósitos de Aduana, la presente ratifica la autorización señala…”.
Como se evidencia de los antecedentes, la autorización de operación no podía bajo argumento alguno ser denegada puesto que se habían cumplido a cabalidad con todos los requisitos exigidos por la propia Aduana Nacional y la acción de amparo obligaba a ello, en razón a estos hechos, el 1 de abril de 2008, mediante carta notariada AN-PREDC Nº 0368/2008, la Administración Aduanera hace conocer al concesionario expresamente su decisión de aprobar la autorización de operación del recinto aduanero a favor de Almacenera Boliviana S.A., autorización totalmente clara y expresa que es tomada de buena fe por Almacenera Boliviana S.A, iniciando sus operaciones el 14 de abril de 2008, dicha autorización menciona además que el procedimiento de elección de recinto aduanero también había sido aprobado mediante resolución, y que sería puesto en su conocimiento en el transcurso de las siguientes horas una vez que sea publicado en la página web de la Aduana, autorización que fue ratificada por la Aduana Nacional mediante Nota PREDC Nº 589/2008 de 19 de diciembre; sin embargo, sorprendentemente el 22 de diciembre de 2008 a través de la Nota AN-DCCAC Nº 483/2008, la Aduana inició un proceso sancionatorio aduciendo que se habrían iniciado operaciones en el recinto de Viru Viru sin autorización, dicha actuación se sustentaría en la supuesta emisión de una resolución que aparentemente fue emitida el 22 de abril del 2008 y que desconocía la empresa.
Pese a las representaciones efectuadas, se emite la Resolución Sancionatoria RA-GG03-023-029, por lo relacionado, la autorización de operación fue formalizada con una Carta Notariada suscrita por el Presidente de la Aduana Nacional (AN-PREDC Nº 0368/2008) constituyendo dicha carta, el acto administrativo determinativo que consolidó el derecho tutelado, autorización avalada además por el Directorio de la Aduana Nacional, por lo que la intención y decisión administrativa en términos de legalidad fue consolidada y reconocida por Ley a partir de su notificación conforme lo dispone el art. 34 del DS 27113.
En el supuesto no admitido por la empresa que era necesario obtener una segunda autorización del Presidente de la Aduana, ello debió mencionarse de forma clara, expresa y sin lugar a dudas o confusión en la Carta AN-PREDC Nº 0368/2008, aspecto que no ocurrió con lo que se consolida la informalidad e inobservancias de la Aduana Nacional y la autorización manifestada en la señalada carta.
Principios legales vulnerados que amparan la demanda contenciosa. Se ha vulnerado: 1) El principio de legalidad en el ámbito administrativo, según la jurisprudencia de la Sentencia Constitucional 1464/2004-R de 13 de septiembre, implica: “…el sometimiento de la Administración al derecho, para garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la actividad administrativa, en consecuencia, las autoridades administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron conferidos. Este principio está reconocido en el art. 4 inc. c) de la Ley del Procedimiento Administrativo…”. En el presente caso, la autorización de operación fue comunicada dentro del plazo establecido por el tribunal de amparo, habiendo la Aduana Nacional exteriorizado su manifestación de voluntad de autorizar las operaciones en el recinto de Viru Viru con un acto que adquiere validez y estabilidad conforme a los arts. 34 y 51 del DS 27113, restando simplemente un tema interno de mera formalidad para superar el incremento de pago de derecho de explotación conforme a lo ofertado por Almacenera Boliviana S.A., aspecto que no constituía requisito previo y menos era indispensable para el inicio de operaciones o para la consolidación de la autorización de operación; 2) La razonabilidad alude a que las decisiones, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones y establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida manteniendo la debida proporción entre medios a emplear y fines públicos a tutelar, a fin de que responda a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su contenido, este entendimiento ha sido ratificado el Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencia Nº 164/2004 de 10 de diciembre de 2004; 3) El principio de seguridad jurídica, el cual fue infringido por la Aduana Nacional, pues basó sus decisiones en actos ilegales e inoportunos, sin considerar los efectos legales de sus actos improvisados de mala voluntad o falta de previsión que podría ocasionar lesión a los derechos e intereses del administrado; y, 4) Principio de buena fe, según el Informe GRSC-VIRZA Nº 1052/2008 de 14 de octubre de 2008, se evidencia que incluso los funcionarios de la Aduana Nacional han interpretado, que el concesionario fue debidamente autorizado en sus operaciones por la Aduana Nacional en atención a la Nota AN- PREDC Nº 0368/2008, por tanto aún la intención de la Aduana fuere diferente, ante la mala fe de pretender generar duda con sus pretendidas imprecisiones, debe ser interpretada bajo el principio de buena fe que debe primar particularmente en el ámbito administrativo y también bajo la intención del acto administrativo según exigen los requisitos de forma del mismo, previstos en el art. 29 inc. c) del DS 27113. Asimismo las actuaciones de la Aduana Nacional posteriores a la autorización notificada con Nota AN- PREDC Nº 0368/2008 de 1 de abril de 2008, caen dentro de las previsiones del art. 57 inc. c) del DS 27113, pues el plazo establecido e incluso el dispuesto extraoficialmente por la propia Aduana en 24 horas, vencieron el 2 de abril del 2008, por lo que se debe en apego a la ley y a sus principios rectores interpretar que la autorización se consolida y adquiere vigencia el 2 de abril de 2008.
Finalmente, indica que la Aduana Nacional vulneró los siguientes preceptos legales: art. 4 incs. c), e), j), k), l); arts. 6, 28, 32, 33 y 68 del D.S. 27113; y arts. 29 inc. c), 31, 34, 51 y 57 del DS 2711.
CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de 9 de marzo de 2010 (fs. 255) y corrida en traslado a la Aduana Nacional de Bolivia representada por Fabiola Ramírez Durán, ésta responde a la demanda negativamente (fs. 151 a 155), solicitando se declare improbada la misma y se mantenga firme y subsistente la Resolución Nº RD 03-075-09 de 4 de noviembre, con los siguientes fundamentos:
Marco jurídico del Procedimiento. El Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, aprobado mediante Resolución de Directorio RD 01-023-03 de 11 de septiembre de 2003, en su art. 41 señala: “El alta de un Recinto Aduanero podrá producirse a solicitud de un Concesionario, solicitud que contendrá el plazo de instalación y las obligaciones de inversión. La Aduana Nacional no podrá rechazar en ningún caso la solicitud de alta presentada por un Concesionario y deberá adoptar las medidas que considere oportunas para contar con la capacidad de fiscalización aduanera en la localidad propuesta, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Aduanas. Recibida la aceptación por parte de la Aduana Nacional en un plazo no mayor a treinta días desde la presentación de la solicitud, el Concesionario solicitante iniciará trámite de autorización de construcción establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento de Concesión. La Autorización de Construcción señalada en el art. 78 del presente Reglamento incluirá el plazo de instalación y puesta en marcha del Recinto Aduanero y las obligaciones de inversión del Concesionario. A la conclusión de la construcción de acuerdo con el proyecto aprobado, el concesionario deberá obtener la autorización de operación señalada en el art. 83 del presente Reglamento de Concesión”. Por su parte el art. 83 párrafo 4 de dicho Reglamento, establece que: “El concesionario está prohibido de operar el Recinto Aduanero construido sin antes obtener la comunicación de autorización referida (…). En caso de incumplimiento a esta obligación, el Concesionario estará sujeto a las sanciones dispuestas por el presente Reglamento” y por último el art. 86 numeral 7 del citado Reglamento, determina como infracción: “Operar un nuevo Recinto Aduanero sin contar con la autorización de operación emitida por el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional”.
En el mes de marzo de 2008, Almacenera Boliviana S.A., planteó recurso de amparo constitucional contra la Aduana Nacional de Bolivia ante la Sala Civil Tercera de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial (actual Tribunal Departamental de Justicia) de La Paz, instancia que dictó la Resolución AC-17/2008 de 17 de marzo de 2008, disponiendo que: “…el Presidente Ejecutivo a. i. de la Aduana Nacional y el Directorio, se pronuncien y den respuesta sobre la autorización de operación del recinto aduanero y la aprobación del procedimiento de elección del recinto aduanero de destino en el plazo razonable de 15 días…”, dicha Resolución añadió que: “…el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso particular, esa medida podrá ser positiva o negativa”. Lo que significa que la Resolución de Amparo Constitucional, se circunscribió a pronunciarse sobre el derecho de petición del Concesionario Almacenera Boliviana S.A., estableciendo que las circunstancias del caso corresponden a la entidad, por lo que la Aduana Nacional dio cumplimiento a lo dispuesto, emitiendo para tal efecto la Carta AN-PREDC Nº 0368/08 de 1 de abril de 2008, que señaló la necesaria suscripción de una adenda al contrato de concesión y la emisión de la correspondiente Resolución cumpliendo con los actos administrativos y trámites necesarios e inexcusables para la autorización de operación en el marco del art. 80 del Reglamento de Concesiones. Posteriormente el 22 de abril de 2008, el Directorio de la Aduana mediante Resolución de Directorio RD 03-028-08 resolvió: “PRIMERO.- Autorizar a la Presidencia Ejecutiva la suscripción de una adenda al contrato de concesión de fecha 29/11/2002 (…). SEGUNDO.- Una vez firmada la adenda señalada precedentemente el concesionario ALBO S.A. podrá iniciar operaciones en el Recinto Aduanero de Viru Viru en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra previa autorización escrita firmada por el Presidente Ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el art. 83 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros”. En cumplimiento a dicha Resolución se suscribió la adenda y mediante Carta AN-PREDC Nº 0589/2008 de 15 de mayo de 2008, el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional comunicó a Almacenera Boliviana S.A. que: “De conformidad a lo dispuesto en la Resolución RD 03-028-2008 emitida por el Directorio de la Aduana Nacional, habiéndose cumplido con la firma de la adenda del contrato de concesión, la entidad procederá en forma inmediata a la protocolización de la Escritura Pública ante la Notaria de Gobierno de La Paz, por lo cual se le comunicará oportunamente para la firma del protocolo correspondiente. En consecuencia y en correspondencia a la decisión del Directorio de la Aduana Nacional que ha aprobado la autorización de operación del Recinto Aduanero Viru Viru, a favor de su empresa, en cumplimiento al art. 33 del Reglamento para la Concesión de Depósitos de Aduana de Aduana, la presente ratifica la autorización señalada para el inicio de su operaciones en el Aeropuerto de Viru Viru, las que no implican el control de tránsitos reservado para el concesionario principal”.
Sanción por infracción administrativa. Es de conocimiento del demandante que el Reglamento de Concesiones en su art. 80 dispone que la Aduana Nacional mediante Resolución de Directorio autoriza la operación de un recinto aduanero una vez concluida la construcción y, al haberse evidenciado que la empresa inició operaciones el 14 de abril de 2008 sin la autorización respectiva, incurrió en la infracción administrativa prevista en el art. 88 inc. b) del Reglamento de Concesiones, razón por la cual fue emitida la Resolución Administrativa RA-GG-03-023-09 de 15 de mayo de 2009, que resuelvió: “UNICO.- Sancionar a la empresa concesionaria almacenera Boliviana S.A. “ALBO S.A.” con un multa de $. 2000”. Por último el Directorio de la Aduana Nacional mediante RD-03-028-08 de 22 de abril de 2009, dispuso: “…una vez firmada la adenda del contrato principal, el concesionario ALBO S.A. podrá iniciar operaciones en el Recinto Aduanero de Viru Viru, previa autorización escrita firmada por el Presidente Ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el art. 83 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros”, concluyendo que al haber procedido a la operación del recinto aduanero sin autorización, se sancionó a la empresa concesionaria.
CONSIDERANDO III: Que formulada la réplica (fs. 315 a 316) y renunciado el derecho a la dúplica, a fs. 22 se decretó “Autos para sentencia”, correspondiendo resolver el fondo de la causa de conformidad al art. 354.III del Código de Procedimiento Civil.
Que antes de resolver el fondo de la presente causa, al encontrarse entre los alegatos de la parte demandante, que se han infringido lo siguientes preceptos legales: art. 4 incisos. c), e), j), k) y l); arts. 6, 28, 32, 33 y 68 del DS 27113; y arts. 29 inc. c), 31, 34, 51 y 57 del DS 2711 y que muchas de las disposiciones aludidas no tienen la correspondiente argumentación, de conformidad a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, no se puede suplir la capacidad argumentativa de la parte demandante cuando no se sustenta o justifica la pretensión, por lo que este Tribunal sólo resolverá las pretensiones que han sido debidamente fundamentadas.
Que, en razón de lo anteriormente señalado, el único punto de controversia a ser resuelto es: “Si se había concluido el procedimiento de autorización de operación de recinto aduanero de Almacenera Boliviana S.A., si la Carta Notariada y posterior ratificación pueden ser tomadas como formalización de autorización y aceptación de conformidad al art. 34 del DS 27113 y si se ha vulnerado o no los principios de legalidad, seguridad, razonabilidad y buena fe en la autorización de operación de recinto aduanero”.
Que, una vez analizado el contenido de los actos y resoluciones administrativas y los argumentos y defensas formuladas por las partes, el Tribunal Supremo de Justicia, procede a revisar el fondo de la presente causa, en los siguientes términos:
Para comenzar el análisis del caso es necesario referirse al art. 41 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, aprobado mediante Resolución de Directorio de la Aduana Nacional RD 01-023-03 de 11 de septiembre de 2003, que señala: “El alta de un Recinto Aduanero podrá producirse a solicitud de un Concesionario, solicitud que contendrá el plazo de instalación y las obligaciones de inversión. La Aduana Nacional no podrá rechazar en ningún caso la solicitud de alta presentada por un Concesionario, y deberá adoptar las medidas que considere oportunas para contar con la capacidad de fiscalización aduanera en la localidad propuesta, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Aduanas. Recibida la aceptación por parte de la Aduana Nacional en un plazo no mayor a treinta días desde la presentación de la solicitud, el Concesionario solicitante iniciará trámite de autorización de construcción establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento de Concesión. La Autorización de Construcción señalada en el art. 78 del presente Reglamento incluirá el plazo de instalación y puesta en marcha del Recinto Aduanero y las obligaciones de inversión del Concesionario. A la conclusión de la construcción de acuerdo con el proyecto aprobado, el Concesionario deberá obtener la autorización de operación señalada en el art. 83 del presente Reglamento de Concesión. Cuando el alta de un Recinto Aduanero sea solicitada por más de un Concesionario, la Aduana Nacional otorgará la autorización a favor de ambos Concesionarios previo cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos en el presente artículo. El alta de un Recinto Aduanero a solicitud de un Concesionario, no modificará las Tarifas ni las condiciones económicas del Correspondiente contrato de Concesión”. De tal forma, que a la conclusión de la construcción del Recinto Aduanero de acuerdo con el proyecto aprobado, el Concesionario deberá obtener la autorización de operación del Recinto Aduanero conforme determina el art. 83 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, disposición que es complementada por el art. 41 del mismo Reglamento, que expresamente señala: “Todo recinto Aduanero debe ser construido de acuerdo al proyecto aprobado por la Aduana Nacional. Cualquier modificación en la construcción con relación al proyecto aprobado deberá ser previamente revisado y aprobado por la Aduana Nacional. A la conclusión de la construcción, la Aduana Nacional realizará nuevamente una inspección física de la misma para determinar si es coincidente con el proyecto aprobado y elaborará el informe correspondiente. Esta inspección y el informe correspondiente deberán producirse dentro de los veinte días de la comunicación efectuada por el Concesionario a la Aduana Nacional en la que señale haber concluido la construcción y solicite la autorización de operación. En caso que el informe no tuviera observaciones, la Aduana Nacional comunicará al Concesionario dicha situación y, en aplicación de la autorización de construcción, otorgará la autorización para operar el Recinto Aduanero que corresponda en un plazo máximo de quince días a partir de la emisión del informe. Esta autorización de operación constará en una nota escrita firmada por el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional. El concesionario está prohibido de operar el Recinto Aduanero construido sin antes obtener la comunicación de autorización referida en el párrafo anterior. En caso de incumplimiento a esta obligación, el Concesionario estará sujeto a las sanciones dispuestas por el presente Reglamento”. De tal forma, que el art. 83 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, determina que: 1) El Recinto Aduanero debe ser construido conforme al plano aprobado; 2) A la conclusión de la construcción y la comunicación del Concesionario de esta conclusión, en el plazo de 20 días, la Aduana Nacional deberá realizar una inspección física sobre la coincidencia de la construcción con el plano aprobado y elaborar un informe; 3) En caso de que el informe no tuviere observaciones y luego de la comunicación de éste al concesionario, en un plazo de 15 días a partir de la emisión del informe debe otorgar la autorización de operación que debe constar en una nota escrita firmada por el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional; y, 4) El concesionario del recinto aduanero construido está prohibido de operar sin la comunicación de la autorización de la operación.
En el presente caso, se debe realizar una revisión de la sucesión de hechos efectuados para determinar si hubo o no infracción del procedimiento de autorización de operación de recinto aduanero de Almacenera Boliviana S.A., en ese fin se tiene que: i) El 17 de marzo de 2008, la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial (ahora Tribunal Departamental de Justicia) de La Paz, emitió el Auto de Amparo Constitucional, por el cual ordenó que el Presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia y el Directorio se pronuncien y den respuesta sobre la autorización de operación de recinto aduanero y la aprobación del procedimiento de elección de recinto aduanero de destino y sea en el plazo de 15 días; ii) El 1 de abril de 2008 mediante Nota Nº AN-PREDC. Nº 0368/08, el Presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia comunicó a la Almacenera Boliviana S.A., que el Directorio de la Aduana Nacional decidió aprobar la autorización de operación de recinto aduanero de Viru Viru a favor de dicha empresa, a cuyo efecto se debía elaborar y firmar la adenda del contrato, aprobar el procedimiento de elección de recinto aduanero y que la resolución de operaciones debía correr el mismo procedimiento y que se les comunicaría hasta el día siguiente; iii) Por confesión expresa de la Almacenera Boliviana S.A., en la demanda cursante de fs. 246 a 252, inició oficialmente operaciones el 14 de abril de 2008; y, iv) El 21 de mayo de 2008, la Almacenera Boliviana S.A., recibió la Nota AN-PREDC. Nº 0589/08 de 15 de mayo de 2008, por la que se le indicaba que cumplida la firma de la Adenda al Contrato de Concesión de los Servicios de Administración, se autorizaba la autorización de operación.
De la relación de sucesión de hechos realizada precedentemente, se tiene que producto del Auto de Amparo Constitucional de 17 de marzo de 2008, pronunciado por la Sala Civil Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Paz, el 1 de abril de 2008 mediante Nota Nº AN-PREDC. Nº 0368/08, firmada por el Presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, se comunicó a la Almacenera Boliviana S.A., que el Directorio de la Aduana Nacional aprobó la autorización de operación del recinto aduanero de Viru Viru a favor de dicha empresa; sin embargo, a cuyo efecto deberá elaborarse y firmarse la adenda del contrato; aprobarse el procedimiento de elección de recinto aduanero, refiriendo expresamente que la Resolución de Aprobación de Operaciones debía correr el mismo procedimiento y que se les haría conocer hasta el día siguiente.
Con esa supuesta autorización de operación del recinto aduanero, la Almacenera Boliviana S.A., inició operaciones el 14 de abril de 2008 y luego de pasados cincuenta (50) días, el 21 de mayo de ese año, se comunicó a la Almacenera Boliviana S.A., la Nota AN-PREDC. Nº 0589/08 de 15 de mayo de 2008, mediante la cual se le autorizaba expresamente la operación del recinto aduanero.
Por lo cual la Almacenera Bolivia S.A., contravino lo dispuesto en el art. 83 del Reglamento para la Concesión de Recintos Aduaneros, que entre otros aspectos establece que: “En caso que el informe técnico no tuviera observaciones, la Aduana Nacional de Bolivia, comunicará al Concesionario dicha situación y otorgará la autorización para operar dicho Recinto Aduanero mediante nota escrita firmada por la Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia (…). El Concesionario está prohibido de operar el Recinto Aduanero construido sin antes obtener la comunicación de autorización referida en el párrafo anterior…” (negrillas añadidas).
A su vez el art. 86 inc. 7 del mismo Reglamento señala como infracciones administrativas: “Operar un nuevo Recinto Aduanero sin contar con la autorización de operación emitida por autoridad competente de la Aduana Nacional de Bolivia, conforme establece el art. 80 del presente Reglamento”.
De la normativa referida, aplicable al caso de autos, se tiene que para que el Concesionario Almacenera Boliviana S.A., pueda iniciar operaciones, necesariamente requería contar con autorización expresa firmada por la Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia.
Empero, la Almacenera Boliviana S.A., sin contar con la autorización referida, inició operaciones el 14 de abril de 2008, siendo que la autorización expresa fue emitida el 15 de mayo de ese año, máxime si se encontraba supeditada a lo dispuesto por Resolución de Directorio 03-028-08 de 22 de abril de 2008, que una vez sea firmada la adenda al contrato principal, el concesionario podrá iniciar operaciones, previa autorización escrita firmada por Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia, debiendo considerarse que ALBO S.A., al suscribir la Adenda al contrato principal el 14 de mayo de 2008, reconoció que desde esa fecha tendría la autorización de inicio de operaciones.
En mérito al análisis precedente, este Tribunal concluye que el Directorio. de la Aduana Nacional de Bolivia al pronunciar la Resolución impugnada, no ha incurrido en ninguna conculcación de normas legales, al contrario realizó correcta valoración e interpretación en su fundamentación técnica-jurídica que se ajusta a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda por la entidad demandante no desvirtúan de manera concluyente los fundamentos expuestos en la Resolución administrativa impugnada.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa cursante de fs. 246 a 252, interpuesta por Fernando Ríos España contra la Aduana Nacional de Bolivia y; en consecuencia, mantiene firme y subsistente la Resolución Nº RD 03-075-09 de 4 de noviembre de 2009, emitida por el Directorio de la Aduana Nacional como también las Resoluciones R.A.- GG03-030-09 de 17 de junio de 2009 y RA-GG03-023-029 de 15 de mayo de 2009, ambas emitidas por la Gerencia General a.i de la Aduana Nacional de Bolivia.
No suscribe la Magistrada Rita Susana Nava Durán al constituirse como primera relatora, por consiguiente es disidente a la presente Sentencia, asimismo la Magistrada Norka Natalia Mercado Guzmñan quien emitió voto disidente.

References: Resolución 
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