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Timestamp: 2018-01-20 10:51:02+00:00

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Bienes públicos [15576] | bienes públicos y urbanismo (UB) | Unybook
Bienes públicos (2015)
apuntes de clase y manual
Bienes Públicos Universidad de Barcelona Lorena Muñoz Fernández Sistema de evaluación:   BIENES PÚBLICOS (el conjunto de estas dos notas aprobadas libera materia de bienes públicos)  35% prueba escrita  15% caso práctico URBANISMO  15% caso práctico  35% síntesis Tutoría: despacho 117 (9.00 a 10.00h) 2 1. Bienes públicos: régimen básico y de dominio público 1.1. Bienes de la Administración: régimen básico (bienes públicos en general) ¿Qué son los bienes públicos? Son los derechos reales sobre cosas ajenas, materiales o incorporales, muebles o inmuebles. La titularidad le corresponde a una Administración pública, además se les asigna un régimen jurídico especial diferente al ejecutado en el ámbito privado.
La administración pública es una organización destinada al servicio de los intereses generales (art. 103.1 CE), no puede usar y disponer de los bienes que le pertenecen como un propietario particular sino que éstos se destinan a satisfacer fines del interés general. Por eso se dedica a arbitrar un régimen de protección para esos bienes. No obstante, la normativa específica no alcanza a todos los bienes por ejemplo en el ámbito del derecho privado. La diferencia se encuentra entre los bienes afectos a fines públicos que constituyen el dominio público y los bienes que la Administración posee y utiliza que se conocen como bienes patrimoniales.
 Bienes dominio público  Bienes patrimoniales Derecho público Derecho privado Configuración histórica del régimen jurídico de los bienes públicos  Evolución Los precedentes de remontan a la etapa de formación de los Estados europeos en la Baja Edad Media que se caracteriza por la recepción del derecho romano y su fusión con las instituciones medievales de origen germánico. Progresivamente el rey va adquiriendo un importante patrimonio debido al dominium principis bienes adquiridos por herencia o por conquista así como los que pertenecen al reino. También se conoce la regalía que eran los derechos atribuidos en exclusiva al rey para asegurar los intereses comunes del reino. Sobre estos bienes los particulares no pueden utilizarlos o explotarlos sin previa licencia (=monopolización de los bienes por el monarca). En el último periodo del antiguo régimen se refuerza la legislación que tiende a proteger y conservar determinados bienes públicos como los caminos, puentes, montes, ríos y 3 acequias. Esta legislación es la base del actual sistema administrativo de protección de los bienes públicos.
A partir del siglo XIX se empieza a depurar la clasificación y regulación de los bienes públicos. El cambio viene dado con la ley 22 de noviembre relativa a los bienes de dominio nacional. Esta ley atribuye los bienes de la corona a un nuevo sujeto la nación y además permite su venta y cesión. La doctrina española recibe pronto la influencia de las construcciones francesas de siglo XIX. Las influencias vienen de dos autores PROUDHON y COLMEIRO. Para éste ultimo los bienes considerados como públicos eran aquellos destinados al uso público como el mar, las playas, los ríos…Pero a mitad de siglo surgen las leyes sectoriales que culminan con la regularización del Código Civil. El Código distingue entre: a. Bienes de dominio público y propiedad privada (art.338) b. Bienes destinados a algún servicio público (art. 339) c. Bienes de uso público de las provincias y los pueblos (art. 344) d. Todos los demás bienes del Estado tendrán el carácter de propiedad privada (art. 340) y los bienes de provincias y municipios son patrimoniales El art. 341 dice “cuando los bienes de dominio público dejen de estar destinados al uso general o a las necesidades de la defensa del territorio pasan a formar parte de los bines de propiedad del Estado”.
1.1.1. Bienes y Administración 1.1.2. Régimen jurídico básico de los bienes de la Administración Pública MARCO NORMATIVO GENERAL DE LOS BIENES PÚBLICOS:  Normativa estatal (de aplicación básica, plena o supletoria) Ley 33/2003 de 3 noviembre del Patrimonio de las AAPP Reglamento general de la ley del patrimonio de las AP aprobado por RD 1373/2009 de 28 de agosto  Normativa local (Cataluña) Legislación régimen local y municipal 4 Reglamento de Patrimonio de los entes locales de Cataluña aprobado por decreto 336/1988 de 17 de octubre  Normativa autonómica (Cataluña) Texto refundido de la ley de Patrimonio de la Generalitat de Cataluña aprobado por decreto legislativo 1/2002 de 24 de diciembre  Regulación de los bienes de dominio público en leyes sectoriales.
1.1.3. Clasificación de los bienes públicos 1. Bienes de dominio público: llamados demaniales. La ley establece un doble criterio para su determinación.
 Bienes comunales (clasificación no unívoca): son aquellos bienes que pertenecen al común de los vecinos –los que integran el municipio gestionados por el ayuntamiento (los montes). Se pueden tratar como un bien de dominio público pero desde el punto de vista legislativo cuesta identificarlos en una clasificación. Su condición deriva de la propia Constitución, en su art. 132 CE.
Según la CE nos lo engloban como si fueran otra categoría distinta. Esto se supera a través de la normativa de régimen local –ley de bases. Son un tipo de bienes demaniales integrándose en éstos.
2. Bienes patrimoniales: la ley establece un sólo criterio.
 Bienes que integran el patrimonio nacional: bienes que integran el patrimonio nacional lo que antes eran los bienes de la corona, es decir, de la titularidad del estado que nada tienen que ver con los patrimoniales o demaniales. Por ejemplo, el palacio o la Moncloa. También incide el art. 132 estableciendo unos principios de protección de estos (apartado 3).
ART. 132 CE “1º. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.
5 2º. Son los bienes de dominio público estatal los que determine la ley y en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental” 3º. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación”.
Explicación del art. 132: en el primer apartado ya se nos dice que se regula por un principio de reserva de ley. No se permite la remisión en blanco. A continuación se consagran 3 principios básicos que informan del régimen de dominio público:  inalienables (no se pueden vender),  imprescriptibles (no se pueden transmitir a un tercero)  inembargables La ley también regula la desafectación (salir del dominio público). En el segundo apartado, se identifica por la importancia, la significación de una serie de bienes declarados de dominio público estatal, es decir, que son titularidad de la administración del estado y no de las autonómicas. Por ejemplo, los que determina la ley en el caso de las carreteras del estado. En todo caso, serán la zona marítima terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. En el apartado tercero, nos habla de la regulación de los bienes del Estado y el patrimonio nacional (que se suele dejar aparte). Aquí hay unos principios también básicos: regulación (integración del bien), administración (gestión de ese bien), su defensa y conservación (preservar el bien).
1.1.4. Adquisición de los bienes públicos Se sigue hablando de bienes públicos.
Títulos de adquisición:  Por ley: por ejemplo, las leyes sectoriales.
 Titulo oneroso no expropiatorio: procedimiento ordinario concurso, es decir, no expropiatorio por ejemplo, una compraventa en virtud de la cual la AP adquiere un bien. Aunque el bien sea patrimonial tiene unos límites – regulación especifica.
6  Expropiación: es decir, es un título oneroso pero obligado para el expropiado.
La AP puede adquirir un bien a cambio de una indemnización económica. Se pueden adquirir tanto bienes patrimoniales como demaniales.
 Herencia, legado, donación: formas gratuitas de la adquisición de un bien.
 Prescripción: es decir, por ejemplo en materia de caminos vecinales nunca se compraron por el ayuntamiento pero hace 80 los vecinos pasan por ahí y por lo tanto se denomina camino.
 Por ocupación: en relación con la adquisición de bienes muebles incluidos los animales.
A través de estos títulos se puede adquirir cualquier tipo de bien.
 EXPROPIACIÓN FORZOSA: todas las leyes sectoriales llevan implícito este procedimiento.
Fundamento constitucional: art. 33 CE atendiendo al apartado 3 de esta ley. El apartado 2 se refiere a la función social de los derechos.
“3º.Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con los dispuesto por las leyes” Marco legal:  Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 y su reglamento (RD 26 de abril 1957)  Criterios valoración: ley estatal suelo 2/2008 y reglamento de valoraciones (RD 1492/2011)  Determinaciones concretas leyes sectoriales Presupuestos de la expropiación forzosa: tiene que existir una causa de expropiación sino esta no se puede realizar.
 Cobertura causal: causa de utilidad pública o interés social  Necesidad de ocupación: delimitación y concreción bienes a expropiar, es decir, se debe concretar esa necesidad sobre bienes concretos.
Sujetos de la expropiación forzosa: 7  Sujeto expropiante (art. 2.1 LEF): administraciones publicas territoriales y estatales pero no institucionales.
 Sujeto expropiante: pueden ser tanto particulares como otras AP.
 Beneficiario: el que se beneficia por la actividad expropiatoria y pagara el justiprecio.
Objeto de la expropiación: cualquier bien o derecho de contenido patrimonial: expropiación pleno dominio o constitución de servidumbre.
Garantías de la expropiación:  Procedimiento ordinario o de urgencia (art. 52 LEF) –doble procedimiento. El procedimiento ordinario solo se puede ocupar el terreno si se paga antes el precio en cambio el de urgencia primero se ocupa y después se fija el justiprecio. Para el justiprecio tiene que haber acuerdo entre las dos partes.
 Los jurados de expropiación forzosa: determinar o fijan el justiprecio. es la indemnización y ha de ser justa a la causa y al bien. La Administración Pública fija la valoración del bien en la hoja de aprecio y el expropiado también hace su hoja de aprecio de la valoración del bien, y cabe decir que normalmente hay controversia y nunca hay mutuo acuerdo y se acaba fijando de forma controvertida entre las partes y lo hacen los Jurados de expropiación forzosa, que actúan con independencia de la Administración Pública de la cual dependen. Estos jurados fijan el justiprecio de las fincas, y cada Comunidad Autónoma tiene el suyo propio. El jurado tiene la hoja de aprecio de ambas partes y realiza su propia valoración que puede coincidir en alguna valoración o en ninguna, pero tiene un límite, ya que el jurado jamás puede fijar un justiprecio por debajo de la propuesta de la Administración Pública. El jurado dicta un acuerdo donde se determina el valor del bien.
 Recurribilidad de los acuerdos del jurado: si las partes están de acuerdo con la solución del jurado, habrá justiprecio, pero si las partes no están conformes podrán recurrir. Pueden estar en desacuerdo una parte o las dos. Se puede recurrir en vía administrativa o en vía contenciosa-administrativa. Estos jurados dependen de una Administración Pública, así pues cuando dicta un acto administrativo la Administración Pública en la cual este pertenece, no hace una revisión de oficio sino que hace un recurso como si fuere un particular. El 8 acuerdo fijado por el jurado es un acto administrativo. Si hay fijado un justiprecio, lo natural es cobrarlo.
 Pago y toma de posesión: deriva del acuerdo del justiprecio dictado mediante acto administrativo por el Jurado.
Especial referencia derecho de reversión: la expropiación si es legítima es porque se adquiere coactivamente el bien para la causa de utilidad pública o interés social. El particular puede solicitar el derecho de reversión, así la AP devuelve el bien a cambio de la devolución –reversión- del justiprecio (Art. 54 LEF).
1.1.5. Gestión, transmisión y cesión Los bienes patrimoniales a diferencia de los de dominio público son enajenables.
Transmisión o enajenación de bienes: se requiere previa declaración de alienabilidad dictada por el ministro de economía y hacienda. Por regla general la enajenación se realiza mediante subasta pública. Si se trata de bienes de las corporaciones locales la enajenación se debe acordar por la mayoría absoluta de los miembros de la corporación. En caso de las comunidades autónomas debe ser comunicada también.
Cesión de bienes: si se trata de una cesión gratuita se requiere el acuerdo favorable de la mayoría legal de los miembros de la corporación. Si los bienes cedidos no se destinan al uso señalado en el acuerdo de cesión la corporación tiene derecho a la reversión.
1.1.6. Protección y defensa de los bienes públicos Las normas de protección pretenden conseguir varias finalidades. Por una parte defender la titularidad pública de los bienes y evitar su pérdida o usurpación por particulares. Todas estas normas forman un cuerpo de disposiciones repartido en leyes y reglamentos generales y especiales del Estado, de las CCAA y las entidades locales.
Inembargabilidad “Los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes en general de la hacienda pública” Inembargabilidad: art. 44.1 de la ley general presupuestaria, esta característica es distinta en cuanto a los bienes demaniales y a los bienes patrimoniales. Es una 9 característica de los bienes de dominio público. Así, respecto a los bienes de dominio público y a los comunales la inembargabilidad se sanciona. Éstos no se pueden embargar ni tampoco vender. La finalidad esencial es proteger la integridad del patrimonio público, incluso frente a los acreedores de la administración. Éstos pueden satisfacer sus derechos mediante créditos presupuestarios o extraordinarios. En la Constitución Española se nos dice que los bienes demaniales no son embargables pero la ley de hacienda dice que también se debe extender esta inembargabilidad a los bienes patrimoniales. Esta previsión fue cuestionada por que se vincula con el principio/derecho fundamental de tutela judicial efectiva.
STC 166/1998 (en general sólo demaniales y, en determinados casos, también bienes patrimoniales): se planteo una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de hacienda, y se resolvió con esta sentencia que la declaro parcialmente inconstitucional Dice que el principio es que los bienes patrimoniales de la Administración Pública también son embargables pero como excepción dijo que serán solo los bienes patrimoniales afectos al uso público o al afecto público.
Inventarios y catálogos Inventario de los bienes: es la primera medida para la protección de la titularidad y la posesión pública de los bienes públicos donde la Administración tiene la obligación de hacerlo. El art. 6 LPE regula el inventario general de bienes y derechos del estado y que comprende los bienes del Estado y de sus organismos autónomos. Se regula: e. La formación del inventario de las corporaciones locales es obligatorio.
Ha de tipificarse anualmente y comprobarse siempre que se renueve la corporación siendo el pleno el que debe aprobarlo.
f. Debe existir un ejemplar, del inventario, en la corporación y otro en poder de la administración del estado y de la comunidad autónoma.
Catalogación y registro: es una nota común de los bienes patrimoniales y demaniales, y se dice que la Administración Pública vela por que la vida jurídica de los bienes siga a través de inventarios y catálogos. Estos inventarios y catálogos, pueden tener una doble naturaleza: ser un instrumento interno de la Administración Pública para tener regulados sus bienes conocidos o puede tener efectos administrativos externos, donde 10 terceros pueden conocer de los mismos bienes. La finalidad es el conocimiento del bien y su situación jurídica, es una identificación del patrimonio.
 No comportan ejercicio funciones autoridad: no es que la inclusión en el catalogo comporte potestades administrativas, sino que es únicamente para tener conocimiento de los bienes. A veces es obligatorio crear los catálogos, pero muchas otras veces no. Es un tema de orden interno sin efecto jurídico, todo y que a veces la inscripción en el catalogo puede tener efectos jurídicos, efectos declarativos. La legislación estatal, autonómica y sectorial regula el tema de los catálogos e inventarios.
 Pueden tener carácter administrativo interno o público  Presunción posesoria de ciertos catálogos o registros (Ej. Montes catalogados) 1.1.6.3.
Inscripción en el Registro de la Propiedad Se han creado registros públicos especiales destinados a proteger la titularidad y a garantizar la posesión pública de ciertos bienes respecto de los que existe un riesgo de usurpación. Como por ejemplo en el caso del catalogo de montes de utilidad pública.
Artículo 36 de la ley de patrimonio de las Administración Pública. La inscripción en el registro es necesaria tanto para poder utilizar en su defensa los beneficios que conlleva la inscripción registral así como para impedir inscripciones en contrario, es decir, de pretendidas propiedades y derechos privados en terrenos públicos. Se obliga a la Administración Pública a inscribir todos sus bienes en el Registro de la Propiedad, pero tradicionalmente en nuestro derecho no se exigía, y lo que sucede actualmente es que una Administración Pública no los inscriba. Los registradores de la propiedad, que no dejan de ser funcionarios públicos, tienen la obligación de poner en conocimiento de la administración la existencia de bienes públicos inscribibles cuando no estén inscritos debidamente.
Si no están en el Registro de la Propiedad, diremos que esto da inseguridad jurídica, tanto para terceros como para la propia Administración Pública. La ley obliga a inscribir los bienes patrimoniales y los demaniales, es decir todos los bienes de dominio público.
11 1.1.6.4.
Facultades y potestades para la defensa de los patrimonios públicos: potestad de investigación, potestad de deslinde, potestad de reintegramiento posesión y desahucio administrativo Las Administraciones públicas tienen la facultad de investigar la situación de los bienes y derechos que presuman de su titularidad a fin de determinar esta condición. Esta facultad les asiste tanto en relación con los bienes patrimoniales como de dominio público.
Son las facultades que tiene la Administración Pública. El patrimonio de las Administración Pública tiene un régimen protector que trata de garantizar el mantenimiento de ese patrimonio, su uso o conservación y se dota a la Administración Pública de potestades administrativas para defenderlos y luchar por esta garantía.
Estas potestades tienen la función preservadora de protección. Esto lo establece la ley.
FACULTADES Y POTESTADES PARA LA DEFENSA DE LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS (I) Las potestades de la Administración Pública son: 1-Potestad de investigación: la Administración Pública tiene la posibilidad de intentar averiguar si un determinado bien es o no de su titularidad. Esta facultad les asiste tanto en relación con los bienes patrimoniales como de dominio público. La Administración Pública lo hace mediante un procedimiento administrativo, artículo 45 a 49, que regula la facultad de investigación y su procedimiento. Este procedimiento de investigación para saber si el bien es de titularidad pública, se puede iniciar de oficio o a instancia de parte, todo y que no es muy usual que se inicie a instancia de parte mediante denuncia. Este tercero denunciante ante la Administración Pública que un bien es de su titularidad, tiene el apremio de denuncia, que es que tiene derecho a recibir un 10% del valor del bien por haber promovido en la investigación de un bien de la Administración Pública, ya que gracias a él se ha iniciado el procedimiento. Se trata de un procedimiento contradictorio cuyo inicio debe ser publicado en el diario oficial correspondiente notificado personalmente a los afectados que sean conocidos o identificables y traslado a otras administraciones para que estas y cuando estén interesados puedan alegar lo que les convenga y acompañar los documentos y pruebas 12 en que funden sus alegaciones. Realizadas las pruebas pertinentes y verificado el trámite de audiencia a los interesados la administración resuelve.
Este procedimiento tiene plazo de 2 años, pasados dos años si no hay resolución expresa, caduca.
2-Potestad de deslinde: las administraciones públicas titulares pueden ejercitar la potestad de deslinde de sus bienes tanto demaniales como patrimoniales (arts. 13 y 17 LPE y art. 56 RBEL) aunque es más común del dominio público natural o de infraestructuras. Dicha potestad consiste en delimitar mediante operaciones técnicas necesarias, la finca o el bien público de que se trate, con el fin de mantenerlo en su integridad dentro del patrimonio público cuando los límites sean imprecisos o dudosos o existan indicios de usurpación. El deslinde es una prerrogativa de la administración que se concreta en actos administrativos de naturaleza ejecutiva sin perjuicio de que los interesados tiendan a impugnarlos y defender sus derechos de propiedad ante los tribunales ordinarios.
 Fijación límites propiedad pública respecto de las colindantes: la Administración Pública tiene un dominio público marítimo-terrestre y puede crear controversias con las personas que tiene viviendas en las playas. Se ha de delimitar hasta donde llega el dominio público y que es dominio privado de terceros. Hay unas reglas generales de deslinde que la Administración Pública ha de basarse en ellas para declarar que es de dominio público y que no.
 Procedimiento: hay un procedimiento que se inicia de oficio o a instancia de parte de los colindantes. Normalmente de oficio. Una vez iniciado este acto se inscribe en el Registro de la Propiedad, para los terceros adquirentes, que no se vean perjudicados. Hay mucha publicidad, ya que se pública además en los boletines oficiales.
 La resolución de aprobación como título de inmatriculación: la resolución es donde queda fijado el dominio público y tiene efectos declarativos, y por tanto es un título oponible en el registro de la propiedad. Puede haber muchas controversias y las mismas se han de resolver. Hay un plazo máximo de resolución del expediente que es de 18 meses, si en 18 meses no hay 13 resolución estaríamos ante una causa de caducidad. El resultado del deslinde es lo que se llama amojonamiento, que es la fijación física de hasta dónde llega la titularidad pública.
 Regulación leyes especiales: Ej. Costas: la ley de costas modifico el concepto de dominio público, y modifico por tanto la titularidad pública. Tuvo incidencia tremenda.
FACULTADES Y POTESTADES PARA LA DEFENSA DE LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS (II) 1-Potestad de recuperación de oficio: es para todo tipo de bienes. La Administración Pública cuando un tercero le usurpa sus bienes sin ningún título legitimo, la Administración Pública puede recuperar el bien sin auxilio judicial, es decir por ella misma, ya que tiene esta potestad. Se hace siempre de oficio ya que es la Administración Pública la interesada en recuperar un bien suyo patrimonial o demanial.
 “Interdictum propium” sin auxilio judicial: lo puede hacer la Administración Pública sin auxilio judicial y por tanto sin iniciar juicio alguno.
 Recuperación posesión (uso público del bien o derecho) perturbada por terceros: la Administración Pública para recuperar la posesión del bien, lo hace mediante un procedimiento. Esta potestad de recuperación se puede aplicar a los bienes demaniales y a los patrimoniales, pero hay distintos plazos debido a su diferente naturaleza. El plazo de los bienes demaniales no hay plazo y en cualquier momento mientras haya usurpación sin título legitimo la Administración Pública puede recuperarlo mediante esta potestad, pero con los bienes patrimoniales el plazo es de 1 año máximo desde que sucedió la posesión ilegitima. Hay jurisprudencia que dice que si hay ocupación clandestina, es decir no evidente, porque no se externaliza, empieza a contar el año desde que la Administración Pública tiene conocimiento de la misma.
14  Ejecución forzosa del acuerdo de recuperación. Garantías cuando comporta entrada domicilio (Art.18.2 CE): puede ser que ara ejercer esta postead sea necesario la entrada en el domicilio de un tercero. Cabe decir que en estos casos y teniendo en cuenta la Constitución Española, la Administración Pública no puede sobrepasar este derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio.
El domicilio es inviolable y no se puede hacer sin el consentimiento, sin resolución judicial o por causa de flagrante delito. Como domicilio cabe decir que es donde la persona tiene su intimidad, su morada. Esta intimidad no puede estar alterada. El domicilio puede ser de personas físicas o de personas jurídicas. Como principio general se necesita una resolución judicial ad hoc, para entrar en domicilio ajeno pero hay casos en que el acto administrativo ya ha sino anteriormente revisado en tribunal, ya no necesito acudir de nuevo a un juez para que me de la resolución judicial para entrar en el domicilio.
2-Desahucio administrativo: art. 120 y ss. del RBEL, es otra potestad de la Administración Pública, para proteger sus bienes. Consiste en la recuperación de oficio de la posesión de los bienes por decisión unilateral de la administración cuando se extingue el derecho de uso o aprovechamiento que viniera disfrutando un tercero. Es el caso por ejemplo, de la extinción de autorizaciones, concesiones o cualquier otro título sobre bienes de dominios públicos o comunales, de la extinción de derechos de arrendamientos… El desahucio va referido a los terceros poseedores con título que se les ha extinguido el título, pero que originariamente existía el mismo. Si hay una vivienda social de la Administración Pública con un contrato de arrendamiento de 5 años, y pasan los 5 años, si que es verdad que antes había un título legítimo, pero se ha extinguido y la Administración Pública tiene derecho a recuperar su bien. Las terrazas de un bar en vía pública, ocupan el dominio público, pero se podrá tener la terraza si la Administración Pública lo autoriza (esto sería un bien demanial). Es decir, la administración debe requerir al interesado para que desocupe el bien en un plazo breve. En caso de la entrada de los agentes de la administración al domicilio siempre debe existir una autorización judicial.
15  Existencia de un título legítimo de ocupación que se ha extinguido: anteriormente si que había habido un título legitimo que lo tenía un tercero.
 Procedimiento (previa declaración extinción título): la Administración Pública es quien inicia el procedimiento todo y que también puede ser iniciado a instancia de parte. La resolución será una resolución de desahucio administrativo en el cual se le requiere al ocupante del bien que lo desaloje.
 Entrada domicilio (art.18.2 CE): se necesita o que el desahucio sea firme o una resolución judicial para entrar en el domicilio de un tercero. Es posible imponer multas coercitivas por no cumplir con el plazo de desalojo por parte del tercero. Las multas las puede imponer la Administración Pública y seria desalojo forzoso.
3-Potestad sancionadora: dentro de esta potestad de la Administración Pública, no entran las multas coercitivas, ya que no es una sanción propiamente dicha sino que es una manera de ejecutar forzosamente el acto administrativo. Esta potestad sancionadora, otorga a la Administración Pública la posibilidad de que la misma imponga sanciones a particulares. Impondrá sanciones a aquellos que infringen el régimen de protección de los bienes de la Administración Pública, esto se establece en las leyes sectoriales. Las sanciones han de estar tipificadas para que sean licitas, es una medida más de protección que tiene la Administración Pública.
FACULTADES Y POTESTADES PARA LA DEFENSA DE LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS (III) 1-Limitaciones y servidumbres para la protección del dominio público: hay limitaciones, como que por ejemplo no se puede construir una vivienda al lado de un rio, en un aeropuerto… se debe poder por parte de a Administración Pública tener un cuidado de sus bienes públicos y establece limitaciones y servidumbres de la propiedad.
16  Naturaleza servidumbres: las servidumbres en este caso, las entendemos como cargar para la preservación del dominio. En la ley de carreteras se define que es dominio público, por ejemplo te dice que va desde un arcén hasta otro.
A partir de donde acaba la obra de la carretera hay una zona que también se integra en el dominio público por ejemplo, en definitiva se determina el dominio público de un punto a otro. Un propietario no podría construir al lado de la carretera y a demás debería respetar la limitación de la servidumbre. La servidumbre seria la delimitación entre la casa y la carretera, que es una limitación que no se puede tocar, es una franja de servidumbre. La servidumbre es una carga que ha de soportar el propietario.
 Inexistencia derecho indemnización: no existe indemnización y precisamente por ello ha habido muchas controversias y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ante esto.
 Doctrina Tribunal Constitucional: STC 227/1988, de 29 de noviembre y 149/91, de 4 de julio: ENAJENACIÓN BIENES PÚBLICOS 1. Bienes demaniales: indisponibilidad: jamás se podrán enajenar, ya que no son disponibles. Un bien puede salir del dominio, y si sale ya no es demanial y por tanto ya e podría enajenar por que pasaría a ser un bien patrimonial, pero si es demanial jamás se podrá enajenar. Son indisponibles, para proteger el bien. No son disponibles pero sí que puede tener tráfico jurídico, todo y que nunca comporta la venta pero si el uso.
2. Bienes patrimoniales: sí que es posible su enajenación. Lo normal es enajenarlos mediante concurrencia pública, siguiendo un procedimiento administrativo que será a título oneroso, todo y que hay excepciones donde será a título gratuito.
17 1.1.6.5.
Establecimiento de limitaciones y servidumbre sobre los terrenos confrontantes 1.1.6.6.
Régimen sancionador Art. 44.2 RBEL, las leyes reguladoras de los distintos tipos de bienes públicos (aguas, costas, puertos, minas, montes, carreteras…) tipifican un conjunto de infracciones y definen las sanciones aplicables a quienes las cometan. Las normas sancionadoras más recientes incluyen listados de infracciones bastante minuciosos y que las sanciones económicas más graves pueden alcanzar cantidades considerables. Aparte suele imponerse al responsable la obligación de reparar el daño causado ya sea reponiendo las cosas al estado anterior a la infracción o si esto es imposible abonando la indemnización que procede.
Por último se debe tener en cuenta que algunos de los tipos delictivos quedan recogidos en el CP en especial en los delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente, incendios forestales… 1.2. Dominio público 1.2.1. Formación del concepto de dominio público El dominio público es una técnica de intervención mediante la que se afectan a una finalidad pública determinada prevista por la ley –ya sea el uso o el servicio público, el fomento de la riqueza nacional o la protección y garantía de explotación racional de recursos naturales-, ciertos bienes de titularidad pública igualmente previstos por la Constitución y las leyes dotándoles de un régimen jurídico de protección y utilización de derecho administrativo. Tres elementos: 1. Titularidad pública de los bienes que la LPE –art.1- quiere definir como propiedad.
2. Afectación de los bienes objeto del dominio público a una finalidad de titularidad pública prevista por la ley.
3. Aplicación de un régimen especial administrativo de protección y uso de los bienes.
18 1.2.2. Problema de la naturaleza jurídica del dominio publico Delimitación legal de bienes demaniales:  Bienes destinados al uso público: caminos, carreteras, plazas, parques, aguas…  Bienes destinados al servicio público: destinados al cumplimiento de fine públicos de responsabilidad de la Administración: mercados, hospitales, etc.
 Los determinados por una ley.
El destino del bien es el que determina que se adscriba al dominio. Así, la incorporación del bien al dominio público a través de la afectación y pérdida de esta condición por la desafectación.
1.2.3. Componentes constitucionales de la regulación de los bienes de dominio público En nuestro ordenamiento sólo hay bienes de dominio público constitucionalmente necesarios (los que menciona el art. 132 CE) y los bienes de dominio público por decisión del legislador. La distinción entre bienes de dominio público natural y artificial tiene un efecto jurídico importante como es que sólo el legislador estatal está facultado para definir los bienes de dominio público natural que no figuran en el texto de la Constitución así como para concretar los bienes que integra las categorías de demanio constitucionalmente necesario.
Desde otro punto de vista en razón de finalidad pública que motiva la afectación nuestra legislación distingue los bienes destinados al uso público y al servicio público.
Son bienes destinados al uso público aparte de la mayoría de los que integran el demanio marítimo e hidráulico, los caminos, calles, paseos, puentes, parques…, y son bienes de servicio público los edificios públicos en los que se alojan los órganos de Estado de las comunidades autónomas y entidades locales. Por ejemplo, hospitales, museos, puertos, aeropuertos… 1.2.4. Clasificación de los bienes de dominio publico a. Demanio público natural: comprende todos aquellos géneros de bienes incluidos en el dominio público por la Constitución o la ley del Estado en razón de sus características homogéneas.
 Agua (hidráulico) 19  Costas (marítimo terrestre)  Minas, etc.
b. Demanio público instrumental o artificial (infraestructuras): comprenden todos los demás.
 Carreteras  Puertos  Ferrocarril  Aeropuertos, etc.
La mayoría de los bienes de dominio público son bienes inmuebles. Pero nada excluye la posible demanialidad de otro tipo de bienes muebles y propiedades incorporales.
¿Hacía donde se extiende el dominio público? Son de dominio público los elementos accesorios indispensables a un bien de esta naturaleza. Por ejemplo, los muros de encauzamiento de un río, el garaje de un edificio público, etc.
1.2.5. Inicio y cese de la demanialidad: afectación, desafectación y mutación demanial a. Afectación: es el acto formal por el que un bien de titularidad pública se integra en el dominio público en virtud de su destino y de las correspondientes previsiones legales. Se realiza de diferentes maneras: En los bienes del demanio natural: (ríos, cauces, zona marítimo-terrestre, playas, recursos mineros…) la afectación se produce directamente ope legis. Lo distinto es delimitar hasta dónde alcanzan en cada caso las dependencias del demanio legalmente definidas por ejemplo el límite de un cauce o rio donde se tienen en cuenta los actos de deslinde.
En los bienes del demanio artificial: es necesaria una afectación singular e individualizada para su incorporación al dominio público. Varias formas de afectación:  Afectación expresa (art. 81.1 LBRL): tiene lugar mediante la aprobación del acto administrativo por el órgano competente en virtud de un expediente en el que acrediten su oportunidad y legalidad.
 Afectación tácita (art. 81.2 LBRL): tiene lugar como consecuencia de la aprobación de otros actos administrativos distintos del de afectación formal pero que presuponen el destino de un bien público a un uso o servicio público.
20 Por ejemplo, los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras o servicios.
 Afectación presunta: se produce por la adscripción de bienes patrimoniales por más de 25 años a un uso o servicio público y por cuando la entidad local adquiere por usucapión el dominio de una cosa que está destinada a un uso o servicio público.
b. Desafectación: es la situación jurídica por la que un bien deja de pertenecer al dominio público. Puede producirse por diferentes causas (art. 370 CC):  Desafectación natural –caso excepcional-: por ejemplo, cuando el cauce de un río queda abandonado por variar naturalmente el curso de las aguas. En éste caso los cauces abandonados pertenecen a los dueños de los terrenos ribereños.
 Desafectación mediante acto expreso –regla general-: éste acto se adopta tras la adopción del expediente administrativo. El ordenamiento pretende tutelar el dominio público previniendo frente a eventuales desafectaciones.
El RBEL suprime la posibilidad de la desafectación presunta por el transcurso de 25 años sin utilizarse el bien para el destino previsto. En cambio la desafectación tácita es posible y admitida pero de forma cautelar.
Por regla general, a excepción del art. 370 CC, los bienes que son desafectados se convierten en bienes patrimoniales de la administración titular que podrá enajenarlos.
c. Mutaciones demaniales: son cambios que se producen en el estatuto jurídico de la demanialidad de un bien que continua siendo de dominio público. Estos cambios pueden tener lugar por alteración del sujeto titular del bien o por modificaciones en su afectación.
 Cambio de afectación de un bien a otra finalidad propia de dominio público  Desafectación a un fin de dominio público e inmediata afectación a otro fin de dominio público 21 La titularidad puede obedecer:  Sucesión de un ente público por otro: conlleva la subrogación en los derechos y potestades de aquél. Por ejemplo, en la fusión de dos municipios en uno sólo.
 Mutación demanial que acompaña la transferencia del servicio: el cambio de titularidad es consecuencia de la redistribución de competencias pero no siempre el cambio de competencias conlleva el de titularidad.
 Modificación del destino del bien afectado: por ejemplo en el caso de las instalaciones militares que pasan a destinarse a los servicios de educación, culturales u otros.
1.2.6. Protección de los bienes de dominio publico1 1.2.7. Utilización de los bienes de dominio público Los bienes de dominio público pueden ser utilizados por la Administración o por los particulares.
1. Uso del dominio público por la Administración 2. Uso del dominio público por los particulares. Tipos: - Uso común general - Uso común especial: sujeto a autorización - Uso privativo: la concesión demanial 2.1.1.1.
Utilización de los bienes afectos a un servicio público: uso por parte de los entes públicos, ocupaciones de edificios administrativos por parte de los particulares, autorizaciones especiales y uso normal de los particulares de los bienes afectos a un servicio público en tanto a usuarios en éste servicio.
Cuando se trata de bienes destinados a la prestación de un servicio público y es la administración titular de esos bienes la que lo gestiona directamente, el uso que con este fin realiza del bien afectado se rige por las normas propias del servicio y en su caso por la reglamentación general de los servicios públicos. No obstante, la utilización administrativa de los bienes de dominio público (por ejemplo los edificios públicos) no 1 Remisión a: inembargabilidad, inventarios y catálogos, inscripción en el registro de la propiedad y facultades y potestades para la defensa de los patrimonios públicos 22 impide el acceso de los particulares a esos servicios –pueden existir restricciones por normativa interna-.
Las Administraciones públicas titulares pueden reservarse la utilización de determinados bienes RESERVAS DEMANIALES: consisten en la facultad que el ordenamiento otorga a la administración para retener en exclusiva la utilización o explotación de determinados bienes de dominio público de manera que se excluye la utilización por los particulares. La conocemos tanto en el sector minero, de aguas así como también de costas y puertos. Las reservas únicamente se declaran por razones que afectan al interés general. Además la reserva se establece sobre bienes de dominio público.
Utilización de los bienes de uso común general: uso común general, aprovechamiento especial, uso privativo del dominio público y régimen de autorización y concesión como títulos habilitantes para la utilización del dominio público (aspectos generales, régimen común a autorizaciones y concesiones, condiciones especificas de las concesiones de dominio público, condiciones especificas para las autorizaciones, uso por parte de la administración: reservas) Lo normal es que lo bienes de dominio público sean utilizados por particulares. La doctrina distingue varios tipos: Correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso de unos no impida al de los demás interesados.
1. Uso común general: es el que se realiza por cualquiera sin que concurran circunstancias especiales. Un ejemplo seria lo que cualquiera pueda hacer libremente de las calles, plazas y jardines públicos, carreteras y caminos, playas, costas, ríos… En definitiva, es la situación de interés legítimo que faculta a los usuarios del bien para oponerse y reaccionar judicialmente frente a cualquier alteración ilegal del régimen de utilización de los bienes de dominio público interponiendo los recursos pertinentes.
2. Uso común especial: se da si concurrieran circunstancias de peligrosidad, intensidad del uso o cualquier otro semejante. Tiene una naturaleza jurídica distinta pues no es libre, ni igual ni gratuito. Requiere una previa autorización o 23 licencia administrativa mediante la que se trata de controlar esos usos y a veces conlleva el deber de abonar una tasa. Es el ejemplo del estacionamiento de vehículos en la vía pública. Las licitaciones se otorgan por licitación o sorteo para fomentar la igualdad. Además, las autorizaciones tienen carácter temporal y pueden ser modificadas o revocadas tanto por incumplimiento como por cambio de las circunstancias que produjeron el otorgamiento.
3. Uso privativo: supone la ocupación de una porción del dominio público de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados por ejemplo una porción de playa, es decir, se trata de un aprovechamiento exclusivo. Su utilización únicamente la puede tener una persona o grupo de personas concreto. No obstante, hay usos consuntivos que conllevan el agotamiento o consumo del recurso concedido por ejemplo, el uso de aguas de un río para la producción hidroeléctrica.
Por lo tanto, es un derecho real de naturaleza administrativa transmisible, gravable y registrable y que se otorga mediante el pago de un precio público. La adquisición de éste título habilitante puede dar en base a la concesión demanial o a través de ley.
Las concesiones demaniales crean derechos subjetivos de contenido patrimonial cuya perdida por decisión o por causas imputables a la Administración es indemnizable. La revocación o modificación será causal y la concesión tendrá carácter temporal no pudiendo exceder de los 99 años.
3. Bienes públicos: en particular 3.1. Dominio público hidráulico 3.1.1. Breve apunte histórico sobre el derecho de aguas en nuestro ordenamiento jurídico La evolución del régimen jurídico del agua en España viene marcada por un creciente protagonismo del poder público en orden a la atribución de su titularidad y al reparto y utilización del recurso, culminado en 1985. El intervencionismo viene dado de la conflictividad social que históricamente ha suscitado la carestía del recurso en un país con esenciales sectores económicos hidrodependientes.
24 Etapas: - Régimen ribereño castellano y del regaliano aragonés: en el antiguo régimen encontrábamos dos sistemas el ribereño castellano y el regaliano aragonés. El primero nos llega a través de la Partidas y proclamaba el dominio supremo del príncipe sobre los ríos navegables. Así el aprovechamiento de las aguas corrientes era libre y en las subterráneas se adquirían por accesión de la propiedad fundiaria. En el caso de Aragón, el aprovechamiento de las aguas públicas necesitaba de licencia real.
- Política hidráulica en el liberalismo: con el liberalismo –siglo XIX-, llegan cambios en el régimen de aguas. Por un lado, se acomoda el régimen de propiedad de la tierra al nuevo modelo de producción basado en el comercio, la propiedad individual y el afán de lucro. De otro lado, surge una política de fomento de los aprovechamientos creando exenciones tributarias a favor de los nuevos regadíos. Finalmente la servidumbre forzosa de acueducto, la autorización real previa para todo tipo de obra hidráulica y la concesión de aprovechamientos privativos que afecten a aguas superficiales o subterráneas alumbradas en terrenos públicos acaban siendo declaradas de dominio público en el 1860.
- Primer código de aguas de 1866-1879: en el 1866 surge la primera ley de aguas pero debido a la restauración se crea una nueva en el 1879.
3.1.2. Marco jurídico y evolución del nuevo derecho de aguas 3.1.2.1.
La Constitución y protección y ordenación de las aguas En el preámbulo de la ley se marca el objetivo de garantizar su disponibilidad en la cantidad y calidad que demande la dinámica social. Se trata de un bien cuya utilización debe subordinarse al interés general. La ley de aguas establece que normas corresponde al Estado y cuales a las comunidades autónomas.
Derecho comunitario y cualidad de las aguas 25 La ley recoge muchas recomendaciones sobre derecho y administración de aguas elaboradas en sede internacional como es el caso de la carta de agua del consejo de Europa de 1968 y la conferencia de las naciones unidas sobre el agua de 1977.
La ley de aguas de 1985 y el texto refundido de la ley de aguas actual La ley de aguas de 1879 es sustituida por la nueva ley de aguas de 1985. Esta supone un cambio radical ya que toma en consideración el valor ecológico del recurso y su papel en el medio natural. Es decir, esta ley incorpora el mandato constitucional de la preservación del medio ambiente.
PRINCIPIOS QUE INSPIRAN LA LEGISLACIÓN DE AGUAS: - Ley de aguas de 1985 1. Descentralización: en cuanto al reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Se atribuye al Estado el gobierno de las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma. La diferencia competencial que permite que un Comunidad sea competente tanto en materia legislativa como ejecutiva lo hace que sea litoral y no interior.
2. Desconcentración, coordinación y participación de los usuarios: en cuanto a la coordinación de administraciones afectadas por la política hidráulica. El sistema descentralizado se articula por diversas vías:  La presencia regular de las CCAA en el consejo nacional de aguas y organismos estatales de cuenca  Elaboración y aprobación de planes hidrológicos  Participación de los usuarios 3. El agua como recurso limitado y unidad del ciclo hidrológico: la publicitación de las aguas 4. La planificación hidrológica 5. La protección medioambiental del recurso: regulación de vertidos, caudal ecológico, etc.
6. La regulación de la Administración pública del Agua 26 3.1.3. Delimitación entre aguas públicas y privadas después de la ley 29/1985 de 2 de agosto, de aguas  Bienes que integran el demanio hidráulico (arts.1 y 2 TR): a) Las aguas continentales superficiales: se integran en este dominio las aguas pluviales, las aguas corrientes y las estancadas tales como embalses, lagos y lagunas.
b) Las aguas subterráneas renovables: se entienden por acuíferos subterráneos aquellas formaciones geológicas que contienen agua o la han contenido y por las cuales puede fluir. Las aguas subterráneas renovables son conocidas como aguas fósiles.
- Derechos a favor del titular de la superficie: - Derecho de aprovechamiento hasta 7000m3 anuales - Derecho preferente para autorización de investigación c) Los cauces de corrientes naturales, continuas y discontinuas: se definen como el nivel máximo de terreno cubierto por las aguas durante las crecidas ordinarias.
d) Los lechos de lagos, lagunas y de los embalses superficiales en cauces públicos e) Los acuíferos f) Las aguas procedentes de la desalación del agua de mar Se excluyen las aguas minerales y termales por pertenecer a la fase continental del ciclo hidrológico. Régimen transitorio propio de las aguas privadas preexistentes a la entrada en vigor de la ley 29/1985 1.1.1. Administración pública del agua La gestión ordinaria de los recursos hídricos corresponde a las Confederaciones Hidrográficas.
 El Consejo Nacional del Agua: es el supremo órgano consultivo en la materia que sirve de cauce de expresión para los muchos y diversos sectores afectados en la formulación de las grandes decisiones de política hidráulica. Está integrado por representantes de la Administración del Estado, las CCAA, organismos de cuenca y organizaciones profesionales y económicas de ámbito nacional. Las funciones se ciñen a la emisión de informes y la formulación de propuestas.
27  Organismo de Cuenca o Confederaciones Hidrográficas en cuencas intercomunitarias: la administración hidráulica del estado se estructura territorialmente en base a los denominados organismos de cuenca o confederaciones hidrográficas. Son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, adscritos a efectos administrativos de MMA y con plena autonomía funcional. Funciones para regir y administrar por sí los bienes que les sean confiados. Sus actos y resoluciones agotan la vía administrativa y sólo podrán ser controladas por los tribunales. Respecto al ámbito territorial las confederaciones pueden comprender una o varias cuencas hidrográficas de las que excedan del ámbito territorial de una Comunidad autónoma.
Órganos de gobierno y administración: - Presidente: articula la tutela política del gobierno al que corresponde su nombramiento y cese. De él depende la estructura administrativa además de ostentar la representación legal.
- Junta de gobierno: comparte con el presidente las tareas del gobierno del organismo aunque sus atribuciones decisorias son limitadas.
- Órganos de gestión: la asamblea de usuarios, la comisión de desembalse, las juntas de explotación y las de obras. Órganos auxiliares de los de gobierno sin capacidad resolutoria.
 Asamblea de usuarios: coordinan la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua en toda la cuenca.
Integrada por todos los usuarios que formen la junta de explotación.
 Juntas de explotación: encargadas de coordinar la explotación de obras hidráulicas. Su ámbito territorial lo fija el presidente de la confederación.
 Comisión de desembalse: encargada de formular propuestas al presidente del organismo sobre el régimen de llenado y vaciado de los embalses y acuíferos de la cuenca.
 Juntas de obras: creadas con el fin de que los futuros usuarios estén directamente informados del desarrollo e incidencias de la obra hidráulica a realizar.
28  Consejo de agua: le corresponde elevar al gobierno el plan hidrológico de cuenca e informar sobre cualquier cuestión de interés general.
 Organismos que cree la CCAA en cuencas intracomunitarias (con participación usuarios): existen diferencias de ubicación geográfica pero no de competencias. Esta distinción permite a las CCAA litorales ejercer competencias plenas sobre las cuencas hidrográficas siempre que no excedan de su ámbito territorial. Estas comunidades pueden organizarse por sí.
 Comunidades de usuarios: son una de las instituciones más tradicionales del derecho de aguas. Es una fórmula de organización y gestión social del aprovechamiento colectivo de aguas públicas para riego. La función principal es la de la gestión autónoma de los bienes hidráulicos necesarios para los aprovechamientos colectivos de las mismas en régimen de participación de los interesados. Tipología:  Comunidades de primer grado: comunidades regantes  Comunidades de segundo grado: comunidades generales La autonomía de las comunidades de usuarios queda reforzada por la atribución de poderes organizativos y normativos consistentes en la redacción y aprobación por los propios usuarios de sus estatutos y ordenanzas.
 Comité de Autoridades competentes (cooperación en aplicación de normas de protección de las aguas) 1.1.2. Planificación hidrológica Plan hidrológico nacional: la ley de aguas reserva al plan hidrológico nacional un contenido propio, expresivo de las grandes decisiones estrategias de la política hidráulica nacional.
- Formulación por la administración del estado - Aprobación por ley Plan hidrológico de cuenca: - Inventario de los recursos hidráulicos: consistirá en la estimación cuantitativa, la descripción cualitativa y la distribución temporal de los 29 recursos de cuenca evaluando por separado los recursos naturales y los que resulten del sistema de explotación.
- Usos y demandas existentes y previsibles: se entienden las diversas clases de utilización del agua según su destino y por demanda la necesidad de agua para uno o varios usos.
- Criterios de prioridad y de compatibilidad de usos así como el orden de preferencia entre los distintos usos y aprovechamientos: esta clasificación de los usos deberá respetar la supremacía del abastecimiento a poblaciones podrá variar en los distintos territorios de la cuenca.
- Asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuras así como para la conservación o recuperación del medio natural - Características básicas de calidad de las aguas y de la ordenación de los vertidos de agua residuales: los planes señalaran los objetivos de calidad.
- Normas básicas sobre mejoras y transformaciones en regadío que aseguren el mejor aprovechamiento del conjunto de recursos hidráulicos y terrenos disponibles: se fijaran los métodos de riego más adecuados para los distintos tipos de clima, tierras y cultivos.
- Perímetros de protección y las medidas para la conservación y recuperación del recurso y del entorno afectados - Planes hidrológico-forestales y de conservación de suelos que hayan de ser realizados por la administración - Directrices para recarga y protección de acuíferos - Infraestructuras básicas requeridas por el plan: son las obras y actuaciones que forman parte de los sistemas de explotación.
- Criterios de evaluación de aprovechamientos energéticos y la fijación de condicionantes requeridas para su ejecución - Criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir y evitar daños debidos a inundaciones, avenidas y otros fenómenos hidráulicos.
1.1.3. Usos y aprovechamiento del dominio público hidráulico 1. Uso común: todos pueden sin necesidad de autorización administrativa y de conformidad con las leyes y reglamentos usar las aguas superficiales mientras 30 discurren por sus cauces naturales para beber, bañarse y otros usos domésticos.
Este uso también es licito cuando se trate de aguas que circulan por cauces artificiales.
2. Uso común especial: la navegación y la flotación, el establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos requerirá autorización administrativa previa. Se incluyen los usos no privativos que comporten una particular intensidad, peligrosidad o circunstancia especial. La tramitación de las autorizaciones se rige por el procedimiento administrativo común. Por ejemplo, la pesca, navegación, autorización de vertidos, barcas de paseo… 3. Uso privativo: cualquier uso privativo del agua requiere un titulo otorgado por la administración hidráulica (permiso especial en favor del estado o CCAA, concesión precaria y la concesión). Se reconoce a los propietarios de fincas el derecho a aprovechar las aguas pluviales que discurran por ellas y las estancadas. Además podrán utilizar las aguas subterráneas o de manantiales situados hasta un volumen anual de 7000 metros cúbicos.
La autoridad hidráulica competente puede otorgar un permiso especial que permita el aprovechamiento privativo por parte de la administración estatal o autonómica. El organismo de cuenca podrá otorgar concesiones a precario sobre caudales reservados en algún plan estatal que no sean objeto de aprovechamiento inmediato. El concesionario obtiene el derecho a utilizar el agua en la cantidad y para el fin otorgados pudiendo realizar las obras e instalaciones así como ocupar terrenos del dominio público hidráulico necesarios para su establecimiento sin ser gravado. El concesionario necesita autorización previa y gozara de protección administrativa. Además las concesiones podrán ser modificadas o revisadas. En el otorgamiento de concesiones, este habrá de ser motivado. Si el agua se destina al riego la ley impone al solicitante que sea el titular de las tierras. El procedimiento se ajusta a los principios de publicidad y tramitación en competencia de proyectos.
3.1.1. Protección del dominio público hidráulico y especialmente de la cualidad de las aguas Un principio básico es asegurar la disponibilidad del recurso en las cantidades suficientes y con la calidad precisa para atienden a múltiples y vitales necesidades que satisface. Para lograr este objetivo se requiere que la utilización del agua sea racional, 31 equilibrada, compatible con la integridad del recurso y respetuosa con la función ambiental que cumple.
1. Zonas de protección ribera de cauce público: zona de servidumbre de 5m y de policía de 100m LIMITACIONES 2. Protección ambiental de las aguas: control de vertidos, establecimiento caudal ecológico, control impacto ambiental, obras y actuaciones, declaración de sobreexplotación de acuíferos subterráneos, registro de zonas protegidas… Toda obra que pueda afectar al dominio público está sujeta a un control, que es en este caso de impacto ambiental. Determinar qué proyectos pueden dañar el medio ambiente. Como medida de protección del recurso se puede instruir un procedimiento imponiendo medidas restrictivas, es decir, medidas de protección del recurso. Todo esto confluye en medidas de control de las aguas.
3. Régimen de policía y sancionador: cualquiera que sea la ley sectorial siempre establece: definir el régimen jurídico, su régimen de uso, de protección y el régimen sancionador o de policía. Estas medidas dotan a la administración de mecanismos suficientes para reaccionar en caso del incumplimiento de la normativa específica. Donde se podrán aplicar los principios que ya venían dados en el derecho penal. Las infracciones lo dice cada ley sectorial en este caso concreto la ley de aguas. Calificadas como graves, menos graves y leves.
3.1.1. Obras hidráulicas 3.2. Dominio público marítimo-terrestre 3.2.1. Concepto y significado  Antecedentes normativos de regulación del mar y las costas (Ley de aguas de 1866 demanialización del mar litoral y de las playas) España tiene unos 7.880 km de costa, su legislación costera atiende a un fuerte crecimiento de la población y al conjunto de los usos productivo que conlleva como por ejemplo el turismo, la pesca, la agricultura… No obstante, debido al paso del tiempo existe un deterioro del espacio natural como consecuencia de: 1. Construcciones abusivas 32 2. Extracciones abusivas de áridos 3. Privatización de algunos sectores 4. Destrucción de marismas Por estos motivos se necesitaban de unos sistemas de protección y conservación. La polémica que se acaba dando trata sobre por una parte posturas que admiten la licitud de la desafectación de los bienes de dominio público y por otro lado, la inalienabilidad del dominio público que niegan la disposición y desafectación. Esta polémica arranca con las Partidas en las cuales el mar y sus riberas estaban incluidos como “cosa común” y continúa con la ley de aguas de 1866 que integraba dentro del ciclo hidrológico las aguas marítimas. Se niega la posibilidad de la existencia de bienes privados en el sector del dominio público marítimo.
 Regulación constitucional del mar territorial, playas, zona marítimo terrestre y recursos naturales de la zona económica y de la plataforma continental como bienes de dominio público estatal: art. 132 CE En el derecho romano se consideraba que el mar o las playas eran de dominio público y por lo tanto cualquiera podría apropiarse de éstos. La primera Ley de aguas se caracteriza por entrar por primera vez a regular ambos dominios donde se daba especial importancia al dominio público hidráulico. La normativa acaba evolucionando hacía una distinción entre la ley de aguas y la ley de costas. La Constitución española abre un nuevo período tanto en la regulación de los bienes demaniales como en éste sector donde el art. 132 realiza varias precisiones que caracterizan el régimen jurídico del dominio público marítimo. Se reserva a la ley la regulación jurídica de los bienes de dominio público y en segundo lugar califica como bienes de dominio público a los que se califican como marítimo-terrestre.
Además, éste dominio público tiene como característica ser estatal con lo que se subraya una competencia determinante la del Estado frente a las CCAA y la Administración local.
 Indisponibilidad bienes de dominio La Constitución nos dice, en el art. 132, que los bienes de dominio público son indisponibles, es decir, todo bien de dominio público este o no protegido por la Constitución ha de responder a ese principio de indisponibilidad. No obstante, el 33 constituyente garantiza que ciertos bienes se declararan naturalmente de su dominio público para garantizar del uso de éstos.
 Conceptos a determinar y a definir por el legislador ordinario Marco normativo: Ley 22/1988 de 28 de julio de ley de costas:  Principios inspiradores: 1. Evitar la destrucción y privatización del litoral 2. Establecer un régimen concreto para su integración y protección, preservación y uso.
 Marco competencial: ¿El legislador es competente? EL LEGISLADOR ORDENA EL TERRITORIO. Es la cuestión básica, muchas de las técnicas protectoras que introduce la ley de costas afectan la ordenación del suelo. Para evitar la presión se dedica a limitar los usos. Las CCAA se plantean, ya que son competentes para ello, la cuestión de que el legislador pueda efectuar el cambio de los usos. El TC entra en acción para discernir los diferentes ámbitos competenciales de ambos.
La solución fue que el dominio público marítimo-terrestre es del estado en virtud de la CE. Dicho esto añade: no obstante ser titular de un dominio no quiere decir que la regulación sea única y exclusiva de las CCAA. Se empiezan a buscar títulos competenciales para completar la legislación que regulan el litoral. Condiciones básicas en el ejercicio y cumplimiento por parte de todos los derechos constitucionales. Vinculado esto a través de que todos tenemos derecho a un medio ambiente adecuado, el estado puede establecer las condiciones básicas para gozar de un medioambiente adecuado La Constitución configura éste sector de dominio público estatal. A la vez, sobre el dominio público marítimo hace recaer diversas competencias de las CCAA (art.
148.1.3ª, 6ª, etc.) –“ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”-. Además, en el conflicto entre el Estado y las Comunidades Autónomas surge el de los municipios en cuyo término municipal se encuentran estos bienes. Desde el año 1983 el Tribunal Constitucional tuvo que abordar la problemática diciendo que la atribución de competencias sobre un medio físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias concurrentemente en ese mismo espacio.
34 La ley de costas de 1988, opta por la Administración estatal como el principal actor en el sector del demanio; opción del legislador que suscitó la oposición de algunas Comunidades Autónomas y entidades locales. Esto provoca un conflicto competencial.
El Tribunal Constitucional resolvió sobre la competencia estatal y las competencias de ordenación de las Comunidades Autónomas –STC 149/1999 de 4 de julio y 198/1991 de 17 de octubre-.
Dos argumentos:  1º: Art. 149.1.1ª CE que opera en dos planos diferentes:  Para asegurar una igualdad básica en el ejercicio del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado al desarrollo de la persona –art. 45 CE, en relación con el dominio público marítimo terrestre.
 Para asegurar la integridad física y las características propias de la zona marítimo-terrestre así como para garantizar su accesibilidad es necesario imponer servidumbres en terrenos colindantes y limitar las facultades dominicales afectando al derecho de propiedad y por ello es preciso que sea el Estado quien regule las condiciones básicas de la propiedad en tales terrenos aunque ello no excluya a las CCAA de que mediante instrumentos de ordenación puedan condicionar el uso que debe darse a esos terrenos.
 2ª: Art. 149.1.23ª CE en relación a la legislación básica sobre protección del medio ambiente. Las Comunidades Autónomas pueden asumir de forma eventual la competencia normativa en las normas adicionales de protección.
Esto no impide que las Comunidades Autónomas pueden desarrollar mediante normas legales o reglamentarias la legislación estatal cuando específicamente sus estatutos les hayan atribuido la competencia.
No obstante, la ley de costas dice “en materia de medio ambiente el deber estatal de dejar un margen al desarrollo de la legislación básica por la legislación autonómica es menor que en otros ámbitos”.
Los arts. 110 y 111 LC reservan a la Administración estatal un conjunto de competencias que van desde el deslinde hasta la ejecución de los convenios internacionales pasando por la afectación y desafectación del dominio público 35 marítimo, la gestión de éste, el ejercicio de poderes de tutela y policía, obras y actuaciones de interés general, autorización de vertidos… Las Comunidades Autónomas, art. 112 LC, ejercerán las competencias que en materia de ordenación territorial y del litoral, puertos, urbanismo, vertidos al mar y demás relacionadas con el dominio público marítimo-terrestre tengan atribuidas en virtud de sus estatutos.
*STC 149/1991 de 4 de julio La STC 149/1991 nos dice que “todos los espacios enumerados en el art. 132.2 CE se integran en el dominio público del Estado aunque se encomiende al legislador el establecimiento de su régimen jurídico y por supuesto a actuaciones ulteriores de la Administración la delimitación de sus confines”. No obstante, junto a las decisiones constitucionales la legislación presentaba insuficiencias como por ejemplo la ausencia de normas conservacionistas del paisaje y medio natural. Así surgió la carta del litoral de 1981 y el resto de declaraciones sobre la materia.
Esta sentencia declara inconstitucional la posibilidad de dictar por el estado normas generales o especificas sobre protección y utilización del dominio público marítimoterrestre para tramos de costa determinados por incidir dicha previsión en competencias de ordenación del litoral que corresponden a las CCAA –art. 34 LC-.
 Reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley de costas: complementa la ley de costas y entro en vigor el año siguiente (RD 1471/1989). Este reglamento no está adaptado a la reforma de 2013.
Hubo una presión por la modificación de la ley de costa derivada de numerosas quejas de ciudadanos extranjeros sobre la afectación que causaba la ley de costas sobre determinadas viviendas. Por ejemplo, gente que compra algo que es dominio público y se encuentran de repente en una situación de inseguridad al no poder por ejemplo realizar ninguna reforma o modificación de la vivienda creando un clima de tensión social. En el 2013 se desactivan los ámbitos de protección de la ley de costas.
36 3.2.1.1.
Mar territorial El mar territorial no se regula por la ley de costas. Lo que resulta es que como este tiene implicaciones internacionales está regulado por la ley del 77 de acuerdo con los tratados internacionales.
LA DELIMITACIÓN DE BIENES QUE INTEGRAN EL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE  Por delimitación constitucional (art.3 LC) 1. La ribera del mar y de las rías, que incluye: a) La zona marítimo-terrestre b) Las playas 2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y regulados por su legislación específica.
4. A los efectos de esta Ley se entiende por:  Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan físicamente separados del océano, en mayor o menor extensión por una franja de tierra.
37  Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte pendiente causada por el oleaje.
 Dunas: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan o no vegetación que se alimenten de la arena transportada por la acción del mar, del viento marino o por otras causas.
 Escarpe: escalón vertical en la playa formado por la erosión de la berma.
 Estero: caños en una marisma.
38  Marisma: terreno muy llano y bajo que se inunda periódicamente como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas o de la filtración del agua del mar.
 Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua que da soporte a abundante vegetación.
 Por delimitación legal (art. 4 LC): Pertenecen asimismo al dominio público marítimo-terrestre estatal: 1. Las accesiones a la ribera del mar por depósito de materiales o por retirada del mar, cualesquiera que sean las causas.
39 3. Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar por causas distintas a las previstas en el último párrafo del artículo 3.1, letra a), y en todo caso tendrán esta consideración los terrenos inundados que sean navegables.
11. Los puertos e instalaciones portuarias de titularidad estatal, que se regularán por su legislación específica.2 3.2.1.2.
Zona marítimo-terrestre La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.
Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar. No obstante, no 2 Remisión al punto 2.2.1.4 del mismo documento 40 pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no fueran de dominio público.
Playas Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, estas últimas se incluirán hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.
Puertos 3.2.2. Protección, usos y aprovechamientos en el dominio público marítimo La ley declara la existencia de un triple fin de protección: 1. Defensa de su integridad y de los fines de uso general a que está destinado.
2. Preservación de sus características y elementos naturales.
3. Prevención de las consecuencias de obras e instalaciones.
El conjunto de instrumentos, previstos en la ley de costas, vienen en los arts. 22 y ss.
Existen 3 clases: - Normas de protección: dirigidas a adaptar en determinados tramos de costa la previsiones de la ley sobre la anchura de protección, los usos que ella se prohíben, el otorgamiento de autorizaciones para los permitidos, la ampliación de la anchura de tránsito, la servidumbre de acceso público al mar y los tramos 41 finales de los cauces de los ríos. Saber que la oposición de una CCAA conlleva que no se pueda aprobar alguna de éstas normas.
- Servidumbres 3 - Limitaciones a la propiedad La ley especifica que no se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la ley de costas careciendo de valor las detenciones privadas, es decir, se rechaza cualquier propiedad distinta a la del Estado en el dominio público marítimo-terrestre.
Indisponibilidad y deslinde La ley marca la indisponibilidad de dichos bienes estableciendo que son inalienables, imprescriptibles e inembargables, estableciendo el derecho y el deber de la Administración del Estado de investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre atribuyéndoles la facultad de la recuperación de oficio en cualquier momento.
Junto a la indisponibilidad de los bienes, para garantizar la propiedad pública de aquellos bienes que integran el dominio público marítimo-terrestre se establece un procedimiento de deslinde –arts. 11 y ss. LC-.
Este procedimiento garantiza la participación de la Comunidad autónoma, ayuntamiento e interesados, que acrediten dicha condición, facultando a la Administración del Estado para realizar o autorizar, incluso en terreno privado, trabajos de toma de datos y apeos necesarios. Además se prevé la suspensión del otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimoterrestre y su zona de servidumbre de protección.
El deslinde declara: a) La posesión b) La propiedad a favor del Estado Plazo del dominio público deslindado = 5 años En suma, se exige que en el momento de inmatricular fincas situadas en la zona de servidumbre de protección que se precise en la descripción si lindan o no con el dominio público.
3 Remisión al punto 2.2.2.2 tanto servidumbre como las limitaciones.
42 3.2.2.2.
Limitaciones y servidumbre: servidumbres legales (artículos 536, 549 y ss. del Código Civil) y zona de influencia Se establecen 3 tipos: 1. Servidumbre de protección: recae sobre una zona de 100 m. medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. Es susceptible de ampliación hasta una distancia de otros 100 m. con acuerdo a la comunidad autónoma y municipios afectados. En esta zona existe una libertad de proceder a cultivos y plantaciones sin necesidad de autorización. En los primeros 20 m.
se pueden depositar temporalmente objetos o materiales arrojados por el mar y realizar operaciones de salvamento marítimo.
Prohibiciones: - La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas cuyo trazado discurra longitudinalmente a lo largo de la zona de servidumbre –se excluyen las que fueran de forma trasversal- y las de intensidad del tráfico de más de 500 vehículos/día.
- Actividades que implican la destrucción de yacimientos de áridos - Tendido eléctrico de líneas de alta tensión - Vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales no depuradas - Publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o visuales – excepto rótulos situados en una fachada-.
*El Consejo de Ministros puede autorizar algunas de las prohibiciones si garantizan el interés público.
2. Servidumbre de tránsito: recae sobre una franja de 6 m. medidos tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Obliga a dejar la zona para el paso público de peatones y para los vehículos de vigilancia o salvamento, excepto espacios protegidos. La servidumbre se amplia, en tramos peligrosos, hasta 20 m.
3. Servidumbre de acceso al mar: recae sobre los terrenos colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre en la longitud y anchura que 43 demanden la naturaleza y finalidad del acceso. En los planes de ordenación del territorio y urbanísticos habrá de contemplarse suficientes accesos al mar y aparcamientos que deberán estar debidamente señalizados y abiertos al uso público. Deben estar separados de zonas urbanas a 500 m. cuando se trata de tráfico de vehículos y 200 m. si fuese peatonal.
4. Zona de influencia: mínimo de 500 m. a partir del límite interior de la ribera del mar. En esta zona, la protección del dominio público marítimo-terrestre respetará un conjunto de criterios establecidos tanto para prevenir la ocupación ocasional de la zona reservada a la servidumbre de tránsito como en la preservación de las características naturales y valores paisajísticos. Por ejemplo: - En tramos con playa se tienen que prever reservas de suelo para aparcamiento de vehículos (fuera de la zona de servidumbre de tránsito).
- Evitar la construcción de pantallas arquitectónicas de gran volumen.
- Otorgamiento de licencias de obra o uso que impliquen la realización de vertidos –se necesitara previa autorización siempre-.
44 LIMITACIONES A LA PROPIEDAD Tres medidas para regular la extracción de áridos: 1. Establecimiento de una obligación de mantenimiento de la aportación de áridos a las desembocaduras en los tramos finales de los cauces.
La extracción necesita de informe favorable por parte de la Administración del Estado.
2. En cuanto a las extracciones de áridos en zonas de influencia se establece un derecho de tanteo y retracto en las operaciones de venta, cesión o cualquier otra forma a favor de la Administración del Estado.
3. Se declaran los de utilidad pública a efectos de expropiación total o parcial y la ocupación temporal de los terrenos necesarios.
Tipos de utilización: el título habilitante. Uso común general, disposición exclusiva de la administración, reservas y adscripciones, usos privativos: autorizaciones y concesiones y explotación del dominio público marítimo 1. Uso común general: art. 31 LC, se entiende el hecho de pasear, bañarse, navegar, pescar, coger plantas… es libre y gratuito siempre que se realice de acuerdo con la ley de costas y reglamentos. Previsiones complementarias: - Ocupación del dominio público marítimo-terrestre: debido a obras e instalaciones se establece que el título habilitante para la realización de éstas viene condicionado porque no puedan tener otra ubicación y que quede garantizado el sistema de eliminación de aguas residuales. Por ejemplo, las que desempeñen una función o presten un servicio que requieran la ocupación del dominio.
- Playas: no serán de uso privado. NORMAS DE PROTECCIÓN:  Las instalaciones que se autoricen han de ser de acceso libre no pudiendo exceder en su conjunto de la mitad de superficie de pleamar.
 Las edificaciones de servicio de playas se ubicaran fuera de la misma y estarán sujetas a dimensiones y distancias fijadas reglamentariamente.
 Quedan prohibidos el estacionamiento y circulación no autorizada de vehículos así como campamentos y acampadas.
45 - En las zonas de baño (balizadas), estará prohibida la navegación deportiva y de recreo y la utilización de cualquier tipo de embarcación. Además queda prohibida la velocidad superior a 3 nudos. El lanzamiento de éstos se hace a través de canales preparados para ello.
- Principios:  La concesión de títulos de utilización del dominio público marítimoterrestre no es obligada por ajustarse a las determinaciones del plan o normas  Si se pueden llegar a producir daños sobre el dominio la Administración podrá otorgar la presentación de estudios y garantías económicas para la prevención.
 La ocupación del dominio no implica su cesión  Prohibición de la publicidad  Obligación de las empresas de suministros de gas, electricidad, agua o telefonía de presentar el titulo administrativo que se les exige  En caso de catástrofe la Administración puede disponer inmediatamente del dominio público ocupado.
2. Uso directo por la Administración: - Adscripción: se regulan las adscripciones de bienes de dominio público marítimo-terrestres a las CCAA con destino a la construcción de nuevos puertos y vías de transporte de titularidad de aquéllas o de ampliación o modificación de los existentes. Las concesiones otorgadas a bienes adscritos no podrán ser superiores a 30 años.
- Reservas demaniales a favor de la Administración del Estado: en sentido vulgar se entiende como la posibilidad de reservar un determinado dominio declarándolo administrativamente como utilidad exclusiva del Estado. Un ejemplo, sería el caso de que una comunidad autónoma quiere construir un puerto en un lugar determinado que es de dominio público sin embargo el Estado posee el dominio de mar y costa y por lo tanto éste debe conceder a la comunidad autónoma la explotación del dominio público del bien mediante un titulo de otorgamiento. Por lo tanto, no pueden ser de utilización parcial o total 46 que son susceptibles de ser materializadas para hacer cumplir los fines de la competencia del Estado. Su gestión se puede realizar por: gestión directa o indirecta. La declaración le corresponde al Consejo de Ministros mediante acuerdo y con previo acuerdo favorable de las CCAA y ayuntamientos afectados.
3. Uso común especial y uso privativo de los particulares: - Autorización: la concurrencia de circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad como por ejemplo la ocupación del dominio público mediante instalaciones desmontables o bienes muebles está sujeta a autorización. Éstas no se otorgan con carácter inter vivos y no se inscriben en el registro de la propiedad. El plazo máximo 4 años. En el caso de la autorización de instalaciones desmontable no se permiten las casetas de uso particular ya que la playa es de uso público. Además, para la autorización cabe aprobación del servicio periférico de costas y del ayuntamiento.
Pueden revocarse las autorizaciones por la Administración en cualquier momento sin derecho a indemnización cuando exista incompatibilidad con la normativa vigente.
PREVISIONES GENERALES EN EL CASO DE VERTIDOS:  En el caso de vertidos se requiere autorización estando prohibidos el vertido de residuos sólidos y escombros en todas las zonas (ribera del mar, zona servidumbre…)  En caso de vertidos contaminantes junto a la autorización debe presentarse una verificación por el peticionario de la imposibilidad de que exista otra solución para no hacerlo.
 Las autorizaciones de vertidos deben contemplar otros aspectos: no pueden superar los 30 años, volumen anual, etc.
PREVISIONES ADICIONALES EN EL CASO DE VERTIDOS:  Si el vertido puede filtrarse y contaminar la aguas tiene que haber un previo estudio hidrogeológico  Las refinerías de petróleo deberán tener terminales de recepción de residuos  Ha de haber autorización si se desea trasladar una instalación de vertidos 47  Se puede prohibir zonas concretas del territorio  Concesión: la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre está sujeto a concesión administrativa por parte de la Administración del Estado cuando ésta realice mediante obras e instalaciones no desmontables permisos o autorizaciones que sean exigibles por otras administraciones públicas en virtud de sus competencias en materia de puertos, vertidos u otras. El plazo de la concesión lo fija el titulo administrativo, con un máximo de 75 años. La concesión implica la ocupación temporal o expropiación forzosa de o bienes o derechos afectados por la declaración de utilidad pública. Son inscribibles en el registro de la propiedad y no son susceptibles de transmisión inter vivos.
Las autorizaciones y concesiones están sujetas al cumplimiento de los pliegos de las condiciones generales aprobadas por la administración competente.
EXTINCIÓN DE LA OCUPACIÓN (ART. 78 LC): 1. Vencimiento del plazo de otorgamiento 2. Revisión de oficio 3. Revocación en el caso de autorizaciones 4. Renuncia del adjudicatario 5. Mutuo acuerdo 6. Extinción de la concesión 7. Caducidad 8. Rescate 3.1.1.1.
Régimen sancionador en el dominio público marítimo La ley de costa establece un conjunto de posibles infracciones sobre determinadas normas. Las sanciones alcanzan:  titulares de títulos administrativos  promotores de actividades  empresarios ejecutantes, técnico director de la obra o instalación  funcionarios o empleados  empresas de suministros.
48  Establecimiento de un régimen completo de infracciones y sanciones, así como medidas de paralización y suspensión de los usos o actividades ilegales (Título V de LC) La ley establece para la tipificación de las acciones y omisiones que considera susceptibles de ser sancionadas una serie de conductas que constituyen infracciones – art. 90 LC-.
2. Se considerarán infracciones graves conforme a la presente Ley las siguientes: a) La alteración de hitos de los deslindes.
 Las multa es la sanción prevista para la represión de las anteriores infracciones cuyo importe se eleva desde 50 millones para las más graves 49 y para las leves el castigo no podrá exceder de la mitad de la que resultaría impuesto con la aplicación de los criterios establecidos para sancionar las infracciones graves.
 Los plazos de prescripción serán de 4 años para las graves y 1 año para las leves.
 Como medida complementaria existe la obligación de restitución de las cosas a su estado anterior con la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. La fijación de la indemnización atiende a los siguientes criterios: coste teórico de la restitución y reposición, valor de los bienes dañados, coste del proyecto causante del daño y el beneficio obtenido con la actividad infractora. Otra medida complementaria es la caducidad.
 Establecimiento de la acción pública para denunciar las infracciones a la ley y disposiciones de desarrollo (art.109 LC) La acción pública es la legitimación para que reconocemos a cualquier ciudadano para poder denunciar ante la administración y después poder impugnar todas aquellas actuaciones que contravienen un bien del dominio público.
 Regulación del desahucio administrativo (art.108 LC) El titulo ha desaparecido o en su caso lo anula un tribunal, pero al perder sus efectos jurídicos la administración quiere recuperar su dominio y por ello se requiere la utilización de desahucio administrativo sobre todo en materia de costas.
3.1.2. Competencias de las administraciones públicas 3.2. Dominio público viario Hace referencia al dominio de las infraestructuras públicas: carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarril, etc. El CC nos habla en su art. 339 refiriéndose especialmente a los caminos.
3.2.1. Antecedentes legislativos y normativa vigente En las Partidas los caminos se declaran cosa común y a disposición de todos los hombres como ríos o los puertos prohibiendo la edificación sobre ellos. La construcción de caminos conecta con los principios económicos de la Ilustración y eso 50 impulsa a Carlos III en el RD del 1761. En el siglo XIX surgen las leyes para las vías públicas:  Leyes de travesías y caminos vecinales de 1849  Leyes generales de carreteras de 1851, 1857 y finalmente la de 1877 Con el resto del ordenamiento se regulan los caminos a través de leyes especificas pero esta es tardía debido a que el régimen de las carreteras únicamente se puede deducir de la Ley de obras públicas de 1877 así como la normativa de régimen local (conviven ambos juntos).
Al hilo de estas leyes se pone en marcha planes generales de construcción de carreteras. El mandato contenido en la Ley de carreteras de 1974, preconstitucional, para elaborar y ejecutar un nuevo plan fue interrumpido por los cambios políticos y la crisis económica. A mediados de los 80, las carreteras españolas presentaban un notable retraso en comparación con otros países:  Eran incapaces de absorber el tráfico de viajeros por lo que dificultaba el acceso a determinadas regiones dificultando a su vez la influencia de turistas.
 Existía inseguridad por culpa del mal trazado de las carreteras.
Para cambiar esta situación se pone en marcha un Plan General de Carreteras 19841991 que deroga el mandato de la ley de carreteras de 1974. La ejecución del plan permite: 1. La supresión de 400 travesías urbanas 2. Mejora del trazado 3. Señalización de toda la red estatal Finalmente, éste plan se aprueba por el gobierno en el 1985 y por el congreso de los diputados en el 1986.
La ley 25/19888 surge en el marco de dicho plan con el fin de aumentar las exigencias de seguridad y calidad de las carreteras proyectadas y futuras tras haber transferido el Estado a las CCAA las tres cuartas partes de las carreteras de que era titular.
3.2.2. Reparto de las competencias entre el Estado y la Comunidades Autónomas 51  Art. 149.1.24 CE: el estado tiene la competencia exclusiva en materia de obras públicas de interés general o que afecten a más de una comunidad autónoma.
“24ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.” Este artículo habla de la competencia del estado en materia de obras públicas pero no de carreteras por ello el debate surge. Esto lo resolvió el Tribunal Constitucional al analizar la ley de carreteras del estado.
MARCO NORMATIVO:  Regulación estatal: ley 25/1988 de 29 de julio de carreteras, deroga la ley del 1974 y establece las carreteras del Estado junto con la coordinación con las carreteras autonómicas. A nivel estatal existe la ley específica en materia de autopistas en régimen de concesión.
 Reglamentos de desarrollo  Ley 8/1972 de 10 de mayo sobre construcción, conservación y explotaron de autopistas en régimen de peajes  Cataluña: decreto legislativo 2/2009 de 25 de agosto, texto refundió de la ley de carreteras. Esta regula las carreteras de titularidad de la Generalitat pero también la de las diputaciones.
 Art. 148.1.4 y 5: es competencia de las CCAA las obras públicas de interés general y carreteras cuyo itinerario transcurra por esta.
“4ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
5ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.” El Tribunal Constitucional se manifiesta en el debate del reparto de competencias en la STC 25/1998 de 18 de marzo, que en caso Cataluña es impugnada. El Tribunal descarta 52 diversos títulos como el de planificación general de la actividad económica, también el de competencia de obras públicas, consideradas de interés general, y se plantea si es el único título del estado y el tribunal dice que no.
Así, la sentencia acaba diciendo:  La competencia del Estado para establecer su red de carreteras (art.
149.1.24 CE). No se trata de mera competencia instrumental.
 La competencia del Estado para determinar medidas de coordinación con carreteras de las CCAA (art. 149.1.13 CE)  La competencia en general exclusiva de las CCAA sobre carreteras que transcurran íntegramente por su territorio salvo si se trata de itinerarios de interés general.
 La concurrencia de competencias: infraestructuras/urbanismo y ordenación del territorio.
3.2.3. Concepto y tipo de carreteras ¿Qué es una carretera? se definen las carreteras como “las vías de dominio y uso público, proyectadas y construidas fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles”.
No tienen la consideración de carreteras: a) Los caminos de servicio (construidos para desarrollar actividades de sus titulares) b) Los caminos privados c) Los caminos rurales d) Las calles o vías urbanas e) Las vías pecuarias (titularidad autonómica. Se rigen por normativa específica).
Los diferentes tipos de carreteras y vías públicas se clasifican en función: 1. Por su titularidad:  Estatales: son carreteras de titularidad estatal las integradas en un itinerario de interés general o cuya función en el sistema de transporte afecte a más de una comunidad autónoma. Relación con la constitución en los arts. 21 y 24 del art. 149.1. las carreteras estatales que no fueron cedidas a las CCAA constituyen una red de carreteras del Estado. También 53 se incorporaran las nuevas carreteras que construya el Estado en aquellos itinerarios que puedan ser calificados como de interés general por cumplir con alguna de estas condiciones: formar parte de los principales itinerarios de tráfico internacional incluidos en los convenios, constituir el acceso a un puerto o aeropuerto, servir de acceso a pasos fronterizos y enlazar comunidades autónomas.
 Autonómicas: son aquellas carreteras y caminos cuyos itinerarios se desarrollan íntegramente en el territorio de una comunidad autónoma, es decir, las de competencia autonómica. Así, cada comunidad autónoma tiene competencia exclusiva para regular su planificación, proyección, construcción, conservación, financiación, uso y explotación contando con una ley propia. Este carácter exclusivo no se extiende en materias que el estado tiene competencia legislativa como por ejemplo, la expropiación, la concesión, medio ambiente… En virtud de los estatutos de autonomía corresponde a las comunidades la competencia plena sobre las vías pecuarias que son aquellas por las que circula el ganado.
 Locales (caminos rurales, calles y plazas): las carreteras provinciales han pasado a ser autonómicas en las comunidades uniprovinciales. La ley de bases de régimen local menciona la competencia municipal de pavimentación de las vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales. En relación a las vías urbanas le corresponde a la normativa urbanística. Los caminos y vías rurales también están en el ámbito de regulación autonómica excepto cuando la conservación de los caminos le corresponda al ayuntamiento.
2. Por su morfología o características (TIPOS DE CARRETERAS):  Autopistas: son aquellas carreteras que están proyectadas, construidas y señalizadas para la exclusiva circulación de automóviles con las siguientes características:  No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes 54  No cruzar ni ser cruzada a nivel por ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril….
 Constar de distintas calzadas para cada sentido de la circulación separas entre sí por una franja de terreno no destinada al tráfico.
 Autovías: carreteras que sin reunir todos los requisitos de las autopistas tienen calzadas separadas para cada sentido de la circulación y limitación de accesos a las propiedades colindantes.
 Vías rápidas: carreteras de una sola calzada y con limitación total de accesos a las propiedades colindantes. Exigencia para autovías y vías rápidas de carecer de pasos y cruces al mismo nivel con otras sendas, vías, líneas de ferrocarril o tranvías o con servidumbre.
 Carreteras convencionales: aquellas que no reúnen las características propias de las autopistas, autovías y vías rápidas.
3.2.4. Régimen de planificación, de construcción, de financiación y de explotación de las carreteras ALCANCE DE COMPETENCIAS SOBRE LAS CARRETERAS: 1. Planificación: desde su concepción en idea hasta su materialización, la construcción de una carretera ha de atravesar diferentes fases de estudio y proyección. Ello permite elegir alternativas mejorando sus características técnicas gracias también al concurso de la opinión pública. Procedimiento:  Estudios de planteamiento: definición de un esquema vial en un determinado horizonte temporal: suelo, planteamiento territorial, etc.
 Estudio previo: recopilación y análisis de los datos necesarios para definir y valorar las diferentes soluciones de un problema.
 Estudio informativo: definición del trazado de la carretera.
 Anteproyecto: estudio a escala adecuada y consiguiente evaluación de las mejores soluciones al problema planteado para conseguir así la solución optima.
55  Proyecto de construcción: desarrollo completo de la solución optima para hacer factible su construcción y posterior explotación.
 Proyecto de trazado: parte del proyecto de construcción que contiene los aspectos geométricos del mismo así como la definición de los bienes y derechos afectados Con el fin de garantizar la unidad del sistema de comunicaciones y armonizar los intereses públicos la ley de carreteras ordena que el estado, las CCAA y las entidades locales coordinen sus planes de carreteras entre sí.
Debido a que el plan no esta legalmente regulado se crea un clima de inseguridad jurídica –la administración puede denegar los planes.
La aprobación de proyectos comporta la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación a efectos de expropiación forzosa.
2. Financiación (arts. 13 y 14 LCE): la financiación de las actuaciones en la red de carreteras irá a cargo de los presupuestos generales. ¿Cómo se efectúa el financiamiento?  Mediante el cobro de un peaje  Mediante contribuciones especiales a cargo de las personas que se beneficien de modo directo con las carreteras, accesos y vías de servicio.
Especialmente los titulares de las fincas y establecimientos colindantes y los de urbanizaciones cuya comunicación resulte mejorada.
 Mediante sistemas de gestión indirecta: gestión interesada, concierto o sociedad de economía mixta.
3. Construcción: valoración de cual es proyecto más optimo para garantizar la construcción de la carretera.
4. Explotación: directa por la Administración titular, en general de uso gratuito. Sino financiación por: sistemas de gestión indirecta (peaje, concesión de obra pública, etc.).
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 56 3.2.5. Uso y defensa de las carreteras La ley 25/1988 prevé diversas técnicas de control e intervención como por ejemplo el establecimiento de prohibiciones generales o el establecimiento de franjas de terreno paralelas al trazado de las carreteras en las que los usos del suelo y demás actividades se someten a autorización administrativa como:  Zona de dominio público (art. 21 LCE): abarca los terrenos ocupados por las carreteras, los soportes de estructuras (puentes, túneles…) y sus elementos funcionales (áreas de descanso, peaje, de auxilio…) así como una franja de terreno de 8 m. de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas y de 3 m. para el resto a cada lado de la vía.
USOS: Sólo pueden realizarse las obras con previa autorización del ministerio, cuando lo exija un servicio público y con autorización de la administración pagando un canon.
 Zona de servidumbre (art. 22 LCE): consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas que se mide desde la arista exterior de la explanación con una anchura de 25m. en autopistas, autovías, y vías rápidas y 8m. para el resto.
USOS: sólo se puede utilizar para usos y construcciones compatibles con la seguridad vial, debidamente autorizados.
 Zona de afectación (art. 23 LCE): consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100m. para autopistas, autovías y vías rápidas y 50m. para el resto.
USOS: para realizar obras e instalaciones (incluida la plantación de árboles) se requiere la previa autorización de la administración.
 Línea limite de edificación (art. 25 LCE): franja en la que se prohíben nuevas construcciones, si bien se admite la conservación de las existentes con previa autorización. Se delimita por una franja a ambos lados de la carretera, medida de la arista exterior de la explanación, a una distancia general de 100m. en las variantes para eliminar travesías de poblaciones; 57 50m. en autopistas, autovías y vías rápidas y a 25m. en el resto de carreteras del borde exterior de la calzada más próxima.
 Régimen policía y sancionador: regulación de un completo régimen de infracciones y sanciones. Tipificación de las infracciones en leves, graves y muy graves.
3.2.6. Travesías y redes arteriales  Las redes arteriales de una población o grupo de poblaciones: conjunto de tramos de carretera, actuales o futuros, que les presten acceso o establezcan de forma integrada la continuidad y conexión de los distintos itinerarios de interés general.
 Las travesías: aquella parte del tramo urbano en la que existan edificaciones consolidadas al menos en las dos terceras partes de su longitud y un entramado de calles al menos en uno de los márgenes.
3.2.7. Régimen jurídico de las autopistas 3.2.8. Cabaneros 3.3. Dominio público minero 3.3.1. Especialidades y origen histórico del dominio público minero Evolución del derecho minero español: del liberalismo de las bases generales de la legislación de minas de 1868 al intervencionismo de la ley de minas de 1944.
3.3.2. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas MARCO JURÍDICO: - Ley 22/1973 de 21 de julio de minas: configuración de las minas como bienes de dominio público (impropio) - Reglamento de la ley de minas - Ley 21/74 de 27 de junio de investigación y explotación de hidrocarburos Competencia compartida: - ESTATAL: Art. 149.1.25 CE - COMUNIDAD AUTONÓMA: Art. 148.1.10 CE 58 3.3.3. Derecho minero de la UE 3.3.4. Ámbito de aplicación, heterogeneidad de las actividades mineras y régimen de clasificación en secciones Art. 339 CC: los bienes de dominio público afectados a la riqueza nacional mientras no se otorgue su concesión. Las distintas modalidades históricas de atribución de la propiedad minera son: - Regalía: pertenecía al príncipe “feudalismo” - Sistema industrial: las minas le pertenece al descubridor “res nullius”.
- Sistema de ocupación: las minas serán de la Administración del Estado.
CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS MINEROS: Según: valor de los recursos y abundancia SECCIÓN A: ROCAS - Incluye: yacimientos minerales cuyo único aprovechamiento consista en obtener piedras de gran tamaño para destinarlas directamente a obras de infraestructura, construcción… y recursos mineros de escasa importancia económica.
- Explotación: directamente por el propietario, sujeta a autorización minera por razones de seguridad. Si el recurso minero se encuentra en terreno de dominio público, para su explotación se exige la concesión del aprovechamiento.
SECCIÓN B: AGUAS MINERALES Y TERMALES - Se excluye del régimen jurídico del aprovechamiento de la Ley de Aguas.
- Su aprovechamiento va precedido de la declaración de utilidad pública o de la condición de mineral y otorgamiento del derecho preferente del aprovechamiento a quien fuera titular del suelo. Si transcurren por dominio público, el derecho preferente corresponde a quien hubiera instado expediente para su declaración.
- Sujeción también a autorización sanitaria - Titulo de aprovechamiento: el aprovechamiento requiere autorización o concesión.
SECCIÓN C: MINERALES EN GENERAL - Comprende yacimientos y recursos mineros no incluidos en las secciones anteriores, salvo los de valor energético.
59 - Para su explotación es requisito necesario haber obtenido previamente permiso: De exploración: autorización para investigar grandes áreas en un plazo corto (1+1 año). Es una premisa del de investigación.
De investigación: derecho a poder determinar si en un perímetro determinado existen recursos (3+3 años). Otorga un derecho automático de concesión:  Derecho a explotar un perímetro concreto  Inscripción en el registro de la propiedad  Plazo de 30 años prorrogable a 90 años  Control administrativo PRINCIPIOS GENERALES: 1. Necesidad de autorización o concesión para realizar cualquier actividad extractiva. Incorporación de medidas ambientales.
2. Declaración de utilidad pública que otorga derecho a ocupación, con la correspondiente indemnización al propietario.
3. Obligación de mantener la actividad, bajo sanción de caducidad. también la obligación de iniciarla en plazo determinado.
4. Regulación de un régimen de caducidad del título.
5. Establecimiento de un régimen de reservas a favor del Estado.
3.4. Forestal 3.4.1. Tratados internacionales sobre los bosques  Antecedentes de la legislación de montes  La normativa de montes del S.XIX  La legislación de montes del S.XX Se hablaran de bienes de titularidad pública, pero también de titularidad privada (a diferencia del dominio público privado, donde solo se hablaba de la titularidad pública porque no hay carreteras privadas), así pues es igual que el patrimonio cultural donde puede haber titularidad pública o privada.
Ha habido una clara evolución en este sentido, y va muy ligada a los valores que se dan a las masas forestales. En cada momento histórico la conservación de un bosque ha 60 sido distinto, pero hoy en día se piensa en una regulación del patrimonio forestal teniendo en cuenta el ecosistema, al valor ambiental de los bosques.
La visión de hoy en día del patrimonio forestal, y el valor del mismo, en otras épocas históricas no ha estado presente, de ahí que siempre ha habido tensión en la regulación y protección de los bosques en cuanto a los usos de los mismos (si se usa para agricultura, ganadería, de paso…).
En la edad media, ya se veía un aprovechamiento de los bosques para el ganado y agricultura, y esto va evolucionando y sale la protección de los bosques para la caza por ejemplo, donde se intenta preservar mejor los bosques, y cada vez se le da más valor al bosque y más protección.
La legislación del siglo XIX de montes, crea la Ordenanza de 1833 del Ministro Javier de Burgos, que era un hito de regulación de montes, pero luego por la doctrina se critico mucho por que protegía mucho los montes públicos y no protegía los montes privados.
Esta ordenanza es el primer cuerpo normativo referente a montes.
 Ley de Montes de 1957 La primera ley de montes como tal es la de 1957, que está ya es completa en cuanto a su regulación, ay que regula bien los montes públicos y privados, y en este momento franquista es cuando se redacta. Esta ley del siglo XX, ha sido el patrón de la ley que tenemos actualmente vigente.
3.4.2. Política forestal de la UE 3.4.3. Legislación forestal del Estado y de las Comunidades Autónomas Con la aprobación de la CE de 1978, las CCAA no asumieron en exclusiva las competencias normativas y de ejecución en materia de montes y aprovechamientos forestales. En el artículo 45 establece que todos tenemos derecho a un medioambiente adecuado que los poderes públicos harán que esto sea posible, mejorándolos y protegiéndolos. Este principio del artículo 45, tiene que ser desgranado por las normativas sectoriales. En materias de bosques y patrimonio forestal, las competencias son: MARCO NORMATIVO ACTUAL: 61 A. Estado: Se atribuye la competencia estatal: art. 149.1.13ª y 23ª CE. Dejando sólo a las CCAA las competencias de ejecución y desarrollo como títulos de intervención administrativa –art. 148 CE. Así, establece que el Estado dará las bases en cuanto a la materia de medioambiente como competencia exclusiva.
La legislación básico la dará el Estado y el desarrollo lo harán las Comunidad Autónoma.
 Incidencia normativa comunitaria mediante una serie de directivas.
Dicha normativa comunitaria, aun siendo de aplicación directa en algunos casos, ha sido objeto de desarrollo y de reproducción por el RD 152/1996 de 2 de febrero por el que se establece un régimen de ayudas para fomentar inversiones forestales en explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y aprovechamiento de bosques en zonas rurales. En relación con el art. 45 CE.
 Conexión con normativa espacios naturales  La Ley estatal 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes B. Comunidad Autónoma: artículo 148.1.18, establece que las Comunidad Autónoma pueden asumir competencias de desarrollo de las bases del Estado en materia de medioambiente y forestal.
Este reparto competencial lo plasmamos en la ley estatal y las leyes de las Comunidad Autónoma. Tenemos la ley estatal 43/2003 de 21 de noviembre de montes y la ley 6/1988 de 30 de marzo, Forestal de Catalunya.
La ley estatal del 2003, ha tenido varias modificaciones y es la actualmente vigente y tiene impregnada principios de derecho comunitario. Esta ley de montes que incide sobre espacios naturales, pero entiende que la normativa prevalente para ellos es la normativa de espacios naturales y no está de montes, aunque la misma los nombra.
Hay una normativa propia de espacios naturales (a demás de la ley de montes que también regula estos espacios naturales), y cabe decir que en los espacios naturales pueden haber montes, y por tanto la normativa de montes también regulara en este aspecto, pero siempre prevalecerá la ley de espacios naturales ante la normativa de montes. Catalunya tiene un 25% de espacios naturales.
62  Catalunya: Ley 6/1988, de 30 de marzo, Forestal de Catalunya OBJETIVOS DE LA LEY DE MONTES: Esta ley estatal del 2003, tiene unos principios básicos que deben cumplirse y respetarse. Estos principios son los siguientes: 1. Garantizar su conservación y protección de los montes: se ha de velar para mantener los bosques.
2. Promover su restauración, mejora y racional aprovechamiento: siempre que se conserve y se proteja.
3. Promover una gestión sostenible de los montes: reconocimiento de valores multifuncionales (ambientales, económicos y sociales).
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Los montes que se encuentren en espacios protegidos, se rigen preferentemente por la normativa de protección espacio.
3.4.4. Defensa de la biodiversidad forestal 3.4.5. Organización forestal  Por su titularidad (art.11LM): A. Montes Públicos: pertenecen al Estado, CCAA, entidades locales y corporaciones. Pueden ser tanto demaniales como patrimoniales. Hay montes de la Administración Pública como bien demanial y otros que son de la Administración Pública como bien patrimonial.
1. De dominio Público: a) Los Montes de Utilidad Pública: montes catalogados que define la ley.
Tiene la declaración de utilidad pública, plasmada en el catalogo. Es suma, se consideran públicos los montes de dominio de un ente público aunque el dominio directo sea de un particular. Se les asigna la condición de bienes patrimoniales salvo si están afectos a un uso o servicio público adquiriendo así la condición de demanial.
63 b) Los Montes comunales: la titularidad es del municipio o de los entes locales menores dependientes del mismo. El aprovechamiento corresponde a los vecinos. Además, son montes imprescriptibles, inembargables y inalienables. Son para uso o servicio público.
c) Otros montes públicos, afectos a uso o servicio público: no son ni montes catalogados ni montes comunales.
2. Patrimoniales: son distintos de los montes demaniales o de dominio público.
Son más residuales. Sería como si la Administración Pública hereda una casa de colonias que está en un monte, y ese monte seria un bien patrimonial porque no está afecto al uso ni servicio público como tal.
B. Montes privados: pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho privado.
 Por sus especiales características (art.12bis LM): Los montes pueden ser de régimen general, cuya gestión corresponde básicamente a sus propietarios ya sean públicos o privados sin perjuicio de las competencias que ostenta la administración. Régimen especial: a) Montes declarados como protectores (requisitos art. 24LM). Registro de Montes protectores: están en un registro de montes. Sirven para proteger otro recurso natural. Un bosque que está en la cabecera de un rio y si se mantiene bien el bosque se mantiene bien el rio. El bosque sirve por ejemplo para la estabilidad del otro recurso natural, del rio.
Estos bosques se inscriben en un Registro, que se llama Registro de Montes protectores.
b) Montes con otras figuras de especial protección (art.24 bis): los montes protegidos, introducidos en una modificación de la ley del 2003, responden a bosques que se protegen especialmente y son los que vinculamos a los espacios naturales. Estos montes reúne determinadas características especificas establecidas en la ley, y la ley lo que hace es ratificar su preservación.
3.4.6. Planificación forestal LA GESTIÓN DE LOS MONTES: 64 1-A nivel estatal: como planificación general, encontramos el plan forestal español. El Estado es competente para el aprovechamiento forestal y aprueba este plan que es un instrumento aprobado por Gobierno en forma de Real Decreto, donde hay unas directrices de exploración, planificación y gestión de los bosques a nivel de todo el territorio del Estado. Lo aprueba el Gobierno pero con participación de elaboración de las Comunidad Autónoma.
2-A nivel autonómico: hay la aprobación de planes de ordenación de recursos forestales PORF. Esto es a un nivel menor, es decir a nivel de la Comunidad Autónoma y no del Estado. Establece también unas directrices de gestión y explotación pero solo en ámbito comarcal y más reducido.
3-A nivel local: hay el proyecto de ordenación del monte, en este caso es un proyecto aprobado por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma pero con colaboración de los entes locales. Esto establece la gestión y ordenación del monte.
La ley del 2003 prohíbe que sea urbanizable suelos que se han incendiado durante un plazo de 30 años. Por tanto si se ha quemado un bosque, durante 30 años no podremos reclasificar el mismo. Hay medidas de protección de incendios que si no se cumplen, serán sancionados. Por último cabe decir que en defecto de planificación, se tendrá que tener necesariamente la autorización para el aprovechamiento maderero.
Hay medidas generales como: a) Medidas de protección: contra incendios, sanitarias, dirigidas a su conservación etc., si los montes traen enfermedades invasivas, se protegerán los mismos para que no ocurra. Hay planes creados para la conservación y protección de los mismos.
b) Medidas de fomento: para propietarios privados, hay medidas de fomento como: subvenciones, ayudas, colaboración pública y administrativa.
c) Medidas sancionadoras: es el régimen de policía, donde si hay infracciones, habrán sanciones como consecuencia.
PATRIMONIO FORESTAL • Medidas de protección (contra incendios, sanitarias, dirigidas a su conservación, etc) • Medidas de fomento • Medidas sancionadoras 65 3.4.7. Concepto de forestal Se destacan varias etapas: 1. La primera etapa, sitúan hasta el año 1000 en el cual existe una inhibición legislativa debido a la abundancia de bosques y espacios forestales y el escaso impacto de explotación 2. La segunda etapa, hasta el siglo XIX la técnica de actuación administrativa es de policía, es decir, de protección, conservación y defensa de la riqueza forestal en España.
3. Tercera etapa, debido al hundimiento del antiguo régimen y la consolidación del estado liberal en que la acción de policía se complementa con la de fomento.
Importancia actividad legislativa por las Ordenanzas generales de montes de 1833.
“tierra en la que vegetan especies arbóreas, arbustivas, de matorral, herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación siempre que no sean características de cultivo agrícola o fueren objeto del mismo” MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA: Son los incluidos en el catalogo de montes de utilidad pública, son montes demaniales, la titularidad es de la administración y tienen todas las notas de los bienes demaniales que son: inembargables, inalienabilidad y indisponibilidad, artículo 132.
Estos bienes se caracterizan por estar en un catalogo administrativo, en el catalogo de montes de utilidad pública. Debo incluir un monte en el catalogo, cuando el mimo reúna los requisitos legales del artículo 13 LM (los esenciales para la protección del suelo contra la erosión, los que contribuyan en el mantenimiento diversidad ecológica, los integrados en espacios naturales protegidos…).
Cabe decir que hay un procedimiento para la inclusión del catalogo, este procedimiento lo sigue la administración. Este procedimiento administrativo permite incluirlos en el registro. El procedimiento se inicia de oficio o a instancia de parte, en este procedimiento se resuelve con la declaración del bien como catalogado, es decir el efecto que hace es que se declara la titularidad pública y solo será impugnable en 66 juicio declarativo. La Administración Pública puede además una vez esta el monte en el registro, añadirlo también en el registro de la propiedad de la Administración Pública.
RÉGIMEN DE LOS MONTES DE DOMINIO PÚBLICO: Se aplican las reglas generales de dominio: inalienabilidad, imprescriptibilidad y inembargabilidad.
Se les aplican además, las potestades propias del dominio: recuperación posesoria (alguien pone una barrera en un monte, y dice que el monte es suyo, así pues en este caso la Administración Pública tiene la posibilidad de recuperar el monte, si el mismo le ha sido usurpado de forma ilegal) deslinde administrativo (administración puede delimitar hasta donde alcanzan sus bienes) y limitaciones de cambio de uso (los bienes no se pueden gestionar o explotar libremente, así pues la Administración Pública tiene límites para ello).
Régimen de utilización: 1-Uso común general: es el uso normal, la posibilidad de pasear por el mismo.
Hay un principio de universalidad, cualquiera puede ir a un bosque y gozar del mismo.
2-Uso común especial: mediante autorización. Comporta una especial intensidad de uso, o peligrosidad o rentabilidad… no puedes hacer instalaciones fijas, sino desmontables pero siempre las harás con autorización de la Administración Pública. Un ejemplo seria grabar una película en el bosque donde podrán haber instalaciones, pero serán temporales y además podrán instalarse si hay la previa autorización.
3-Uso privativo: mediante concesión administrativa. Es un aprovechamiento económico ordinario, la tala de árboles. Si esta explotación se le da a un particular, lo hará a través de una concesión administrativa. Aquí no hay un uso común, sino que ese sujeto tiene la exclusiva de explotarlo únicamente él. Las instalaciones que no son temporales, entrarían en este punto.
3.4.8. Potestades autonómicas 3.4.9. Dominio público forestal 67 3.4.10. Técnicas de mercado y policía administrativa en la política forestal 3.5. Patrimonio cultural Tutela preservación que tiene la administración para asegura la protección de esos bienes que son de todos.
3.5.1. Patrimonio histórico español. Bienes que lo integran 3.5.2. Evolución legislativa y dispersión normativa  Evolución normativa de la protección del patrimonio cultural La protección inicial es realizada a través de la Iglesia de proteger determinados bienes por su gran valor artístico en este caso se trataba de la protección de bienes individuales. Por ejemplo, la protección de un edificio. Esto evoluciona hasta el punto de ya no se piensa solo en proteger un bien sino también su conjunto, es decir, lo que tiene alrededor ese bien. Por ejemplo, en el caso del coliseo romano no solo se protegerá esta construcción sino también que en su entorno no se realicen grandes cambios que conlleven su perjuicio.
 Real decreto-ley de 9 de agosto de 1926. Ley de 13 de mayo de 1933 Se promueve el primer cuerpo normativo en orden de la protección del patrimonio cultural. Era una protección ambiciosa que tuvo la virtud de proteger los bienes inmuebles desde el punto de vista de la planificación urbanística. Esa coordinación se establece es este decreto ley. No obstante, con la republica se deroga y se establece la ley de 13 de mayo de 1933 pero con muchas más carencias que la ley del 1926. Finalmente, se promulga la CE y con ello nos situamos en este entorno constitucional cuando se lleva a cabo el reparto de competencias entre CCAA y el Estado.
 Regulación constitucional: Artículo 46.
“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.” 68 Principio rector de la política económica y social. Seguidamente los siguientes artículos constatan dicho proceso de reparto competencial: Distribución competencial en materia de patrimonio cultural: art. 149.1.1, 149.1.28, 149.2, arts. 148.15, 148.16 y 148.17 de la CE.
 Se encuentran reguladas materias que afectan de modo general a la cultura.
 Transcribir los artículos.
STC 17/1991 de 31 de enero: se resuelve el conflicto del reparto competencial a favor de la constitucionalidad de la ley.
MARCO NORMATIVO VIGENTE  Estatal Ley 16/1985 de 25 de junio del patrimonio histórico español: se desarrolla al año siguiente a través de un reglamento que desarrolla la ley del 1985 RD 111/1986 de 10 de enero por el que se desarrolla parcialmente la ley 16/1985  Cataluña Ley 9/1993 3.5.3. Competencias y organización administrativa  Establecimiento de un amplio abanico de bienes que integran el patrimonio cultural a proteger por sus valores artísticos, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. Es decir, estamos hablando de un protección con independencia de la titularidad  Aplicación de la ley tanto a bienes de titularidad pública como privada: variedad de regímenes jurídicos  Para cualquier tipo de bien (en relación con la titularidad) existe un objetivo común: asegurar la protección, conservación y disfrute colectivo.
69 3.5.4. Clases de bienes que integran el patrimonio histórico español.
Procedimientos de individualización CLASES DE BIENES: BIC: valores más dignos de protección de determinados bienes muebles e inmuebles.
1. Bienes de interés cultural (BIC) –pueden resultar tanto bienes muebles como bienes inmuebles: a) Inmuebles:  Monumentos: por ejemplo el arco del triunfo  Jardín histórico: jardín que responde por ejemplo a la época neoclásica  Conjunto histórico:  Sitio arqueológico:  Zona arqueológica: b) Muebles: por ejemplo algún elemento que se pudiera extraer de la fachada de un edificio que resulta tener un fuerte valor cultural.
2. Bienes muebles no declarados BIC pero que tengan relevancia (inventario general): aunque no sea BIC se integra en el inventario general para protegerlo.
Cuando se habla de ese inventario únicamente nos referimos a bienes muebles que no sean BIC. El registro general no se ha de confundir con el inventario general. La diferencia está en que el inventario no se pueden incluir bienes inmuebles.
3. Bienes muebles o inmuebles sin mucha relevancia pero que forma parte del patrimonio histórico: el bien tiene un valor pero existe una afectación que viene dada de ese bien que es BIC, pero como la ley dice que todos los bienes se han de proteger no es inusual que las administraciones en situaciones de riesgo se dirijan de forma general a la aplicación de ley. Es decir, este es un caso en que no se encuentra una regulación específica del este bien por tener un importancia irrelevante pero que puede acabar afectando al patrimonio histórico-cultural.
3.5.5. Bienes de interés cultural 70 Aquellos bienes que exigen especial conservación y protección porque se considera que tienen los mayores valores. Se declara BIC a través de un procedimiento administrativo que concluye como que el bien resultara ser BIC, se puede promover de oficio o a instancia de parte, es decir, un tercero que lo solicite. El expediente se incoa y se aplica de forma cautelar, provisionalmente, el régimen de protección de un bien BIC. Así, se incluirá en el registro general de forma preventiva y no en el inventario.
Existe un plazo largo de tramitación de 20 meses que no caduca hasta que en su caso transcurre este plazo. Durante el plazo se han de tener informes, declaraciones concretas de que el bien se deba preservar… Transurrido el plazo, preia denuncia de la mora por el interesado caduca y no puede volverse a iniciar en 3 años (salvo solicitud del titular del bien) 3.5.6. Efectos de la declaración de interés cultural  Inscripción del bien en el registro general sea mueble o inmueble a diferencia del inventario. La consecuencia de que un bien sea declarado BIC afecta al particular de modo: 1. permite su inspección por parte de la administración para comprobar su conservación 2. permite el estudio por parte de los investigadores de forma justificada 3. permite la visita pública al menos 4 días al mes en días y horas señalados (salvo dispensa) 4. se permite el depósito para la exhibición si es un BIC mueble (máximo 5 meses cada 2 años). Por ejemplo, en caso de tener un cuadro de Picaso que se deberá exhibir en las llamadas exposiciones privadas.
Además se inscribe en el registro y se da la posibilidad de acceso público.
En caso de que sea un BIC inmueble, se debe mantener ligado a su entorno e intangibilidad.
 Deber de conservación: es realmente una carga para el propietario que deberá conservar de forma adecuada el bien necesitando incluso de autorización para realizar cualquier tipo de obra. La ley intenta la compensación mediante una serie de “medidas” de beneficios y ayudas 71 para el propietario. Las quejas de éstos ha venido dada por la negativa de no existir esas verdaderas ayudas resultando insuficientes y por tanto se solicita la responsabilidad patrimonial ante la administración pública.
3.5.7. Efectos urbanísticos de la declaración de interés cultural  Efectos de protección urbanística: cuando se declara un conjunto histórico se debe realizar una planificación urbanística por mandato del legislador para garantizar así su verdadera protección.
En el caso de los BIC mueble: no se puede transmitir sin más sino que se necesita una autorización que exigirá una serie de limitaciones frente a ese bien.
Cuando tenemos el inventario general, que nunca va referido a bienes inmuebles, se debe sujetar a una comunicación a la administración:  Comunicar a la administración las transmisiones  Potestades de inspección de la administración y de estudio por investigaciones: no pueden salir del Estado sin previa autorización.
 Prohibición exportación salvo autorización  Deber de conservación  Deber de exhibición 3.5.8. Régimen de los bienes muebles. Exportación importación  Potestades ablativas: expropiación forzosa (por incumplimiento de la protección) es el ejemplo de un propietario que incumple en las obligaciones de conservación del bien en este caso la administración reacción con la instauración de medidas de expropiación forzosa; derecho de tanteo y retracto tanto en los bienes BIC como en los muebles.
 Potestades sancionadoras: la ley establece un régimen de policía por lo tanto de infracciones y tipificación de conductas calificadas como delitos o faltas. Que tiene que tener en cuenta el principio de tipicidad.
 Medidas de fomento: se debe mantener la preservación del bien protegido eso supone una carga para la propiedad con el limite de la no discriminación del propietario (medidas que no puede soportar).
72  Acción pública: art. 8 lo regula, que tiene sus orígenes en materia urbanística i se extrapola a otros ámbitos como el patrimonio cultural. Nos olvidamos de la legitimización para poder reclamar ante la administración o tribunales el cumplimiento de la normativa de la protección del bien, es decir, cualquier ciudadano puede exigir el cumplimiento.
3.5.9. Deberes de exhibición y de conservación 3.5.10. Potestades de la Administración. Expropiación forzosa y derechos de tanteo y retracto 3.5.11. Patrimonio ar queológico 3.5.12. Conservación y utilización del patrimonio documental y bibliográfico: archivos , bibliotecas y museos 3.5.13. Actividad de fomento 3.5.14. Potestad sancionadora 73 ...

References: Artículo 36
 artículo 45
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 resolución 
 artículo 3
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 148
 artículo 132
 artículo 13
 Artículo 46