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Timestamp: 2019-11-15 00:12:37+00:00

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STC 153/2012, 16 de Julio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 414517810
Número de Recurso: Recurso de amparo 5556-2009
Recurso de amparo 5556-2009. Promovido por Inversiones Morco 93, S.L., en relación con el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Burgos que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones formulado frente a Sentencia desestimatoria de su recurso contra la Junta de Castilla y León por sanción en materia de horarios comerciales. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): inadmisión inmotivada del incidente de nulidad de actuaciones (STC 107/2011).
Sentencia citada en: 63 sentencias, 7 artículos doctrinales, un formulario, una resolución administrativa
STC 153/2012
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Eugeni Gay Montalvo, Presidente, doña Elisa Pérez Vera, don Ramón Rodríguez Arribas, y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Magistrados, ha pronunciadoEN NOMBRE DEL REY
En el recurso de amparo núm. 5556-2009, promovido por Inversiones Morco 93, S.L., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Cayetana de Zulueta Luchsinger y asistido por el Abogado don Juan A. Gallego Cantero , contra el Auto de 21 de abril de 2009, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Burgos. Ha comparecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León asistida por la Letrada doña María Isabel Álvarez Gallego, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Nuria Munar Serrano. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, quien expresa el parecer de la Sala.I. ANTECEDENTES
Mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha de 15 de junio de 2009, la Procuradora de los Tribunales doña Cayetana de Zulueta Luchsinger, en representación de Inversiones Morco 93, S.L., interpuso recurso de amparo contra el Auto reseñado en el encabezamiento.
Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo, relevantes para la resolución del recurso son, en síntesis, los siguientes:
Por resolución de fecha 15 de noviembre de 2007, confirmada por otra de 8 de febrero de 2008, la Delegación Territorial en Burgos de la Junta de Castilla y León impuso a la mercantil Inversiones Morco 93, S.L., una sanción de 601 € por incumplimiento del horario de cierre de un establecimiento de su titularidad.
Contra dichas resoluciones la mercantil Inversiones Morco 93, S.L., interpuso recurso contencioso-administrativo, dando lugar al procedimiento abreviado número 185-2008 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Burgos. Consideraba la mercantil recurrente que las resoluciones impugnadas debían ser declaradas nulas por incompetencia de la policía local para la realización de notificaciones y para intervenir en los hechos, así como por la ausencia de identificación en los trámites del expediente de los denunciantes. También denunciaba la falta de tipicidad de la conducta sancionada al no haberse desarrollado el art. 19.2 de la Ley 7/2006, por lo que la sanción debería haberse basado en lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1992. Por último, y subsidiariamente, se solicitó la retroacción del expediente a la fase posterior al pliego de cargos por indefensión. Como presupuesto previo a las consideraciones expresadas, la recurrente manifestó la existencia de caducidad del expediente al considerar que el día de inicio de su cómputo era el de la denuncia.
Dicho procedimiento concluyó por medio de Sentencia de fecha 14 de noviembre de 2008, que desestimó tal recurso. Por providencia de 2 de marzo de 2009, el Juzgado declaró la firmeza de la Sentencia al no haber contra ella recurso alguno.
Notificada dicha Sentencia, la parte actora formuló, mediante escrito presentado al Juzgado Decano de Burgos el día 12 de enero de 2009 dirigido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Burgos, incidente de nulidad de actuaciones ex art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). En él se denunciaba, básicamente, la “incongruencia por error en la apreciación de la prueba” en la que incurría la Sentencia al existir una equivocación en el cómputo del plazo establecido para resolver el expediente administrativo sancionador y notificar la resolución sancionadora, lo que había generado una decisión equivocada que provoca indefensión y la vulneración del principio de presunción de inocencia (art. 24.2 CE) a la parte recurrente.
Por Auto de fecha 10 de febrero de 2009 se decide la subsanación del fundamento de Derecho segundo de la Sentencia dictada de 14 de noviembre de 2008, disponiendo que el último párrafo ha de considerarse aclarado por la fundamentación jurídica del citado Auto.
Por providencia de 2 de marzo de 2009 se declara la firmeza del Auto de 10 de febrero de 2009 de subsanación del fundamento de Derecho segundo de la Sentencia de 14 de noviembre de 2008, y se decreta el archivo de las actuaciones.
Notificada dicha resolución a la parte actora, ésta presentó contra ella recurso de súplica en el que se invocó que el día 12 de enero de 2009 fue promovido incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia de fecha 14 de noviembre de 2008, y que dicho incidente no había sido resuelto por virtud del Auto de fecha 10 de febrero de 2009, por lo que procedía la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente posterior a la admisión a trámite de tal incidente de nulidad de actuaciones para su resolución.
Por Auto de 21 de abril de 2009, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Burgos estimó el recurso de súplica planteado contra la providencia de 2 de marzo de 2009, dejando sin efecto la misma e inadmitiendo a trámite “el incidente de nulidad planteado por la parte actora frente a la sentencia dictada … siendo firme el auto de fecha 10 de febrero de 2009, de subsanación del fundamento de derecho segundo de la Sentencia dictada en los presentes autos de fecha 14.11.08 y esta misma”, con el argumento de que se pretendían “sustanciar cuestiones que exceden del propio contenido de dicho incidente conforme a lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
Según pone de manifiesto la mercantil recurrente en la demanda de amparo, por escrito de fecha 11 de marzo de 2009, la representación procesal de Inversiones Morco 93, S.L., planteó ante el ya citado Juzgado otro incidente de nulidad de actuaciones formulado, en esta ocasión, contra el Auto de 10 de febrero de 2009, solicitando, como pretensión principal, la nulidad del citado Auto y la admisión y resolución del incidente promovido en su día, y, subsidiariamente, la nulidad del Auto de 10 de febrero de 2009 y que el Juzgado tuviera por formuladas las nuevas alegaciones que allí se efectuaban en contra de la Sentencia de fecha 14 de noviembre de 2008 y del Auto de 10 de febrero de 2009, que complementó a aquélla. Para la recurrente, el Auto de 10 de febrero de 2009 incurría en un exceso de jurisdicción, vulneraba el principio de la intangibilidad de las resoluciones judiciales, lesionaba el derecho de defensa de la parte actora y generaba indefensión, por cuanto introducía una nueva motivación que completaba la Sentencia al no ajustarse a una mera corrección de defectos materiales o aritméticos.
La demandante de amparo defiende que el Auto de 21 de abril de 2009 ha vulnerado el art. 24.1 CE, en la vertiente del derecho de acceso al recurso, pues el órgano judicial ha seguido un criterio de admisibilidad que no es el vigente al ignorar el contenido del nuevo art. 241.1 LOPJ, tras la aprobación de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de marzo.
La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 5 de julio de 2011, acordó admitir a trámite la demanda de amparo de conformidad con lo previsto en el art. 11.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Burgos a fin de que, en el plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento abreviado núm. 185-2008 y expediente administrativo correspondiente a dicho procedimiento; debiendo previamente emplazarse a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que, si lo desearen, pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso de amparo.
Mediante escrito registrado el 7 de septiembre de 2011, el Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en representación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, solicitó se tenga a dicha Comunidad Autónoma por comparecida y parte en el proceso en concepto de parte demandada, entendiéndose con él en ésta y sucesivas actuaciones.
Mediante diligencia de ordenación de 6 de octubre de 2011, se requirió para que en el plazo de diez días se indicara el nombre del Letrado firmante del escrito presentado por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como para que acredite documentalmente la defensa que dice ostentar.
Por diligencia de ordenación de 11 de octubre de 2011 se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por el plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones pertinentes conforme al artículo 52.1 LOTC, todo ello condicionado respecto al Letrado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León al cumplimiento del requerimiento efectuado por resolución de fecha 6 de octubre de 2011.
Por escrito con fecha 26 de octubre de 2011, presentado en representación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se acompañó acreditación de la Letrada doña Sheyla de la Rosa Alonso, firmante del escrito de personación.
8. 9. A través de escrito registrado en este Tribunal con fecha de 15 de noviembre de 2011, la Letrada de la Comunidad Autónoma de Castilla y León solicita la denegación del amparo.
Con fecha de 16 de noviembre de 2011 tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional escrito de la recurrente para ratificarse íntegramente en lo dicho en el escrito del recurso de amparo.
El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 18 de noviembre de 2011, interesó la estimación del amparo por vulneración del derecho fundamental de la recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 CE.
Por providencia de fecha 12 de julio de 2012 se señaló para deliberación y fallo el día 16 del mismo mes y año.
El presente recurso de amparo se dirige contra el Auto de 21 de abril de 2009, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Burgos, que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones formulado por la demandante de amparo contra la Sentencia de 14 de noviembre de 2008.
Antes de entrar en el fondo del asunto se hace preciso acotar el objeto del presente recurso de amparo.
Este Tribunal ha señalado, con anterioridad a la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que la formulación del incidente de nulidad —que para agotar la vía judicial previa era preciso interponer con carácter preceptivo— “tan sólo tiene el sentido de dar ocasión a los órganos de la jurisdicción ordinaria para reparar la vulneración que pretendidamente se causó a los demandantes” (ATC 124/2010, de 4 de octubre, FJ 2). Por ello se afirmó que los reproches que se dirigían frente a un Auto por el que se inadmitía el incidente de nulidad “más que integrar lesiones autónomas de derechos fundamentales, pondrían en evidencia que tal incidente no surtió el efecto que está llamado a producir, esto es, reparar la lesión pretendidamente ocasionada en el proceso a quo” (ATC 124/2010, FJ 2).
Como afirmáramos en la STC 107/2011, FJ 5, “el protagonismo otorgado por la Ley Orgánica 6/2007 a los Tribunales ordinarios acentuando su función como primeros garantes de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico, con el fin de lograr que la tutela y defensa de esos derechos por parte del Tribunal Constitucional sea realmente subsidiaria, debe ser puesta en conexión con la especial trascendencia constitucional a que hizo referencia la STC 43/2010, de 26 de julio, FJ 5, al afirmar que ‘el incidente de nulidad de actuaciones era un instrumento idóneo para la tutela del derecho fundamental en cuestión, y que su resolución debía tener presente que —de no tener el caso trascendencia constitucional— se trataría de la última vía que permitiría la reparación de la vulneración denunciada’.” Ya se señaló en la STC 155/2009 de 25 de junio, y como ya hemos anticipado, se ha reiterado en la STC 107/2011, de 20 de junio, FJ 5, que en el requisito de la especial trascendencia constitucional “se plasma la opción del legislador, en el ejercicio de la habilitación que constitucionalmente le confiere el art. 161.1 b) CE, en relación con su art. 53.2, por una nueva configuración del recurso de amparo, toda vez que, en principio, tras la reforma llevada a cabo la mera lesión de un derecho fundamental o libertad pública tutelable en amparo ya no será por sí sola suficiente para admitir el recurso, pues es imprescindible, además, su especial trascendencia constitucional, frente a la configuración por la que esencialmente se caracterizaba en su anterior regulación, en tanto que recurso orientado primordialmente a reparar las lesiones causadas en los derechos fundamentales y libertades públicas del demandante susceptibles de amparo”. Y es a través de la nueva regulación ampliada del incidente de nulidad de actuaciones como se refuerza el protagonismo que han de asumir los Jueces y Tribunales ordinarios como guardianes naturales y primeros de los derechos fundamentales y el carácter subsidiario del recurso de amparo (SSTC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2, y 43/2010, de 26 de julio, FJ 5).
En el presente caso, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Burgos se limitó a señalar en el Auto de 21 de abril de 2009, que se inadmite a trámite el incidente de nulidad formulado por la mercantil recurrente pues “se pretenden sustanciar cuestiones que exceden del propio contenido de dicho incidente conforme a lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Con este proceder, el órgano judicial vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en cuanto privó al recurrente de la tutela de los derechos fundamentales que proclama el art. 53.2 CE.
En conclusión, el órgano judicial debió, cuando menos, haber motivado suficientemente su decisión de inadmisión del incidente y al no hacerlo así incurrió en vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) .
En atención a lo expuesto, y en cuanto a la forma de reparación del derecho fundamental vulnerado, resulta procedente la anulación del Auto de 21 de abril de 2009 y la retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior a su dictado para que se dicte nueva resolución judicial con respeto al derecho fundamental reconocido, resolviéndose, si procede, la admisión para que se tramite y resuelva en forma legal el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la mercantil recurrente.
Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Restablecerlo en su derecho y, a tal fin declarar la nulidad del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 21 de abril de 2009, dictada en el procedimiento abreviado núm. 185-2008.
Retrotraer las actuaciones al momento anterior al de dictarse el Auto anulado, para que se dicte nueva resolución judicial con respeto al derecho fundamental reconocido.
STSJ Galicia 1230/2007, 19 de Diciembre de 2007
STS 1915/2017, 7 de Diciembre de 2017
STSJ Aragón , 15 de Mayo de 2001
SAP Madrid 125/2007, 23 de Marzo de 2007

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 228
 resolución 
 artículo 51
 artículo 52
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 artículo 228
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