Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/6512
Timestamp: 2020-06-05 00:20:03+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 93/2009
SENTENCIA 93/2009, de 20 de abril
ECLI:ES:TC:2009:93
1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia el día 5 de abril de 2006, registrado en este Tribunal el día 7 siguiente, doña Ana Díaz de la Peña López, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de Discoteca Canovas, S.A., interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
a) En el Juzgado de lo Social núm. 28 de Madrid se siguieron autos núm. 385-2005 contra la demandante de amparo, que fue emplazada mediante edictos para la celebración del juicio.
Según se desprende de las actuaciones, la comisión judicial se desplazó al domicilio de la empresa, c/Alberto Alcocer núm. 33, Madrid. En dicho lugar la comisión se percató que el nombre comercial del local es distinto y, en consecuencia, no se procedió a practicar la citación.
Más tarde se repitió la misma operación en el domicilio social de la demandada, c/Alberto Alcocer núm. 30, Madrid, con el mismo resultado. La comisión judicial nuevamente volvió a dejar constancia de que es un local con otro nombre, por lo que no practicó citación alguna, ni se dirigió a vecinos, ni dejó ningún tipo de aviso.
b) Con fecha 15 de septiembre de 2005 se dictó Sentencia en el procedimiento, que fue notificada a la demandante de amparo mediante edictos publicados en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”. Dicha Sentencia fue declarada firme, ya que contra la misma no cabía la interposición de recurso alguno.
c) La demandante de amparo presentó un escrito solicitando la nulidad de actuaciones en el procedimiento por defecto en la citación, al entender que no debió acudirse a la vía edictal tras haberse presentado la comisión judicial en el domicilio de la empresa por la mañana, que, por razón de su actividad, únicamente abre al público por las tardes.
d) El Juzgado de lo Social núm. 28 de Madrid, por Auto de 27 de febrero de 2006, desestimó la pretensión de nulidad de actuaciones.
3. En la fundamentación jurídica de la demanda de amparo se invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), del derecho de defensa (art. 24.2 CE) y del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE).
4. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de octubre de 2007, admitió a trámite la demanda y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, obrando ya en la Sala testimonio de las actuaciones correspondientes al procedimiento núm. 385-2005, acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 28 de Madrid, a fin de que emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con la excepción de la demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo deseasen, en este recurso de amparo.
5. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 5 de marzo de 2008, se tuvo por personados y parte en el procedimiento al Abogado del Estado, en representación del Fondo de Garantía Salarial, y a la Procuradora de los Tribunales doña Rosa Martínez Serrano, en nombre y representación de don José María Mariani Palomino, y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones, por plazo común de veinte días, a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que pudieran presentar las alegaciones que tuvieran por conveniente.
6. El Abogado del Estado, en la referida representación del Fondo de Garantía Salarial, evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 27 de marzo de 2008, que en lo sustancial a continuación se resume:
Tras reproducir parcialmente el ATC 20/2004, el Abogado del Estado continua alegando que para las sociedades mercantiles, como la demandante, el domicilio social no puede quedar reducido a una mera referencia registral. Ha de reconocerse una exigencia mínima de realidad y con ella una carga mínima de atención. El Juzgado, dice el Abogado del Estado, “llevó a efecto tres intentos de notificación antes de acudir a la comunicación edictal: por correo, por diligencia de notificación personal en la c/ Alberto Alcocer nº 30 (domicilio según el Registro Mercantil) y nº 33, Madrid. Las tres resultaron infructuosas”.
7. La representación procesal de la recurrente en amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 9 de abril de 2008, en el que reprodujo las efectuadas en la demanda.
8. La representación procesal de don José María Mariani Palomino evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado en fecha 11 de abril de 2008, que en lo sustancial a continuación se resume:
a) Opone como primer óbice procesal a la admisión de la demanda de amparo la falta de invocación de los derechos fundamentales cuya vulneración se aduce [art. 44.1 c) LOTC], ya que la recurrente fundó su pretensión de nulidad de actuaciones en una supuesta infracción de los preceptos legales sobre notificaciones, sin hacer referencia o invocación alguna a una supuesta lesión de derechos fundamentales.
b) En segundo lugar opone también como óbice procesal a la admisión de la demanda su extemporaneidad (art. 44.2 CE), ya que se interpuso pasado el plazo de treinta días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.
Argumenta al respecto que la demandante de amparo tuvo conocimiento de la Sentencia recaída en el proceso mediante su notificación edictal en el “Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid” núm. 244, de 13 de octubre de 2005, como reconoce en el escrito mediante el que interpuso recurso de suplicación contra la citada Sentencia, que se tuvo por no anunciado por providencia de 25 de octubre de 2005. En consecuencia, habiéndose notificado la Sentencia en fecha 13 de octubre de 2005, cuando se interpuso el recurso de amparo había transcurrido el plazo de treinta días que establece la LOTC.
c) En cuanto a la cuestión de fondo planteada aduce que en este caso se intentó primero la notificación en el domicilio consignado en la demanda, que coincide con la sede social de la empresa (c/Alberto Alcocer, núm. 33, Madrid), en el cual se han practicado, no sólo la citación del SMAC, sino todas las notificaciones de todas las demandas planteadas por don José María Mariani Palomino contra Discoteca Canovas, S.L., tanto en procedimiento de despido (autos núm. 338-2002 seguidos en el Juzgado de lo Social núm. 32 de Madrid), como en procedimiento posterior de reclamación de cantidad (autos núm. 331-2005 seguidos en el Juzgado de lo Social núm. 14 de Madrid). En ambos procedimientos judiciales todas las notificaciones se practicaron en dicho domicilio y fueron recepcionadas sin problemas.
La comisión judicial volvió a intentar la notificación en c/Alberto Alcocer, núm. 30, Madrid, que es el domicilio de la administradora y representante legal de la empresa, hábil a todos los efectos para dirigir el emplazamiento, sin que hubiera podido practicarse.
9. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 2 de junio de 2008, que, en lo sustancial, a continuación se resume:
La conclusión que cabe obtener es que el Juzgado, una vez que le fue indicado el domicilio social por el Registro Mercantil, procedió a un subsiguiente intento de emplazamiento, que, como los dos anteriores, resultaron infructuosos al no hallar persona alguna. De este modo el Juzgado adoptó la diligencia debida, agotando todos los medios posibles para comunicarse con la demandada. Si acaso, esa pretensión de la demandante de amparo referida a la habilitación de horas por la tarde para emplazar podría tener cabida en el supuesto de que el domicilio social y el del local del negocio fueran el mismo. Sin embargo en este caso no puede desconocerse la realidad de una razón social en un inmueble diferente al del negocio (c/Alberto Alcocer, núm. 30), en donde cabía esperar un horario regular, al menos, de mañana. La pretensión de la entidad recurrente proponiendo un horario adaptado a sus particulares necesidades no puede considerarse en modo alguno como ineludible exigencia propia de una diligente actuación judicial, a la que, por el contrario, sólo cabe demandar la razonable conducta de la conclusión del un acto de comunicación con una entidad mercantil en el domicilio social correspondiente y en horario generalmente aceptado y convenido por los usos sociales.
10. Por providencia de16 de abril de 2009, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 20 del mismo mes y año.
1. La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación del Auto del Juzgado de lo Social núm. 28 de Madrid, de 27 de febrero de 2006, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la recurrente en autos del procedimiento núm. 385-2005 sobre despido.
La representación procesal de don José María Mariani Palomino también se opone a la estimación de la demanda de amparo. Aduce como óbices procesales a su admisión, en primer término, la falta de invocación en el proceso de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados [art. 44.1 c) LOTC], así como también, en segundo lugar, la extemporaneidad de la demanda (art. 44.2 LOTC). En cuanto a la cuestión de fondo suscitada considera que se han utilizado todos los medios razonables para llevar a cabo el emplazamiento personal de la demandante de amparo, sin que se hubiera podido practicar el mismo por causas ajenas al Juzgado de lo Social.
2. Con carácter previo al enjuiciamiento de la cuestión de fondo planteada hemos de examinar los óbices procesales que a la admisión de la demanda de amparo opone la representación procesal de don José María Mariani Palomino.
3. Desestimados los anteriores óbices procesales, la cuestión a resolver consiste en determinar si ha resultado vulnerado el derecho de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) como consecuencia de una deficiente constitución de la relación jurídico-procesal por falta de emplazamiento personal en el proceso sobre despido en el que fue demandada. Existe al respecto una consolidada doctrina constitucional, cuyos contenidos esenciales, recogidos, entre otras, en las SSTC 210/2007, de 24 de septiembre (FJ 2), y 2/2008, de 14 de enero (FJ 2), parece oportuno recordar siquiera sucintamente.
Por las razones expuestas recae sobre el órgano judicial no sólo el deber de velar por la correcta ejecución de los actos de comunicación, sino también el de asegurarse que dichos actos sirven a su propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso. Ello comporta, en lo posible, la exigencia del emplazamiento personal de los afectados y, con otra perspectiva, la limitación del empleo de la notificación edictal a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero (ya desde la STC 9/1981, de 31 de marzo). En congruencia con lo anterior hemos señalado que la modalidad del emplazamiento edictal, aun siendo válida, constitucionalmente exige, por su condición de último remedio de comunicación, “no sólo el agotamiento previo de las otras modalidades de más garantía y la constancia formal de haberse intentado practicarlas, sino también que el acuerdo o resolución judicial de tener a la parte como persona en ignorado paradero o de domicilio desconocido, presupuesto de la citación por edictos, se halle fundado en criterio de razonabilidad que lleve a la convicción o certeza de la inutilidad de aquellos otros medios normales de comunicación (SSTC 39/1987, de 3 de abril; 157/1987, de 15 de octubre; 155/1988, de 22 de julio, y 234/1988, de 2 de diciembre)” (STC 16/1989, de 30 de enero, FJ 2; en el mismo sentido las posteriores SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; 65/2000, de 13 de marzo, FJ 3, y 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4). En tales casos resulta exigible que el órgano judicial observe una especial diligencia, agotando previamente todas las modalidades aptas para asegurar en el mayor grado posible la recepción por su destinatario de la notificación. Así hemos declarado que, cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación por edictos (entre otras muchas, la reciente STC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2).
Asimismo, por la relevancia que tendrá en la resolución de este recurso, en los supuestos en los que se produce la concurrencia, por una parte, de irregularidades en la práctica del emplazamiento por la oficina judicial y, por otra, de actos de falta de diligencia de quien formula la denuncia de indefensión, hemos establecido que “si bien es cierto que los errores de los órganos judiciales no deben repercutir negativamente en la esfera del ciudadano, también lo es que a éste le es exigible una mínima diligencia, de forma que los posibles efectos dañosos resultantes de una actuación incorrecta de aquéllos carecen de relevancia desde la perspectiva del amparo constitucional cuando el error sea asimismo achacable a la negligencia de la parte (SSTC 128/1998, de 16 de junio, FJ 6; 82/1999, de 10 de mayo, FJ 3; 150/2000, de 12 de junio, FJ 2; 65/2002, de 11 de marzo, FJ 4; 37/2003, de 25 de febrero, FJ 6; 178/2003, de 13 de octubre, FJ 4, y 249/2004, de 20 de diciembre, FJ 2), bien porque se ha situado al margen del litigio por razón de una actitud pasiva con el objetivo de obtener una ventaja de esa marginación, o bien cuando se acredite que tenía un conocimiento extraprocesal de la existencia del proceso al que no fue llamado personalmente (SSTC 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4; 113/2001, de 7 de mayo, FJ 6; 1/2002, de 14 de enero, FJ 2; 191/2003, de 27 de octubre, FJ 3; y 225/2004, de 29 de noviembre, FJ 2)” (STC 161/2006, de 22 de mayo).
4. La aplicación al caso de la doctrina constitucional reseñada conduce necesariamente a la estimación del recurso de amparo, al haberse vulnerado efectivamente el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la demandante, en su vertiente de derecho de acceso al proceso.
En efecto, según se desprende de las actuaciones judiciales, tras un intento infructuoso de emplazamiento de la demandante de amparo por correo certificado con acuse de recibo, figuran dos diligencias negativas de comunicación llevadas a cabo en el local de negocio y en el domicilio social, respectivamente, de la recurrente (núms. 33 y 30 c/Alberto Alcocer, Madrid), en las que únicamente se hace constar que en aquel local y en aquel domicilio no aparece la denominación o el rótulo de la demandante —Discoteca Canovas, S.A.—, sino otro distinto —La reina de Cuba. A los efectos que a este recurso de amparo interesan, este es el escueto y único contenido de dichas diligencias, en las que, ni se hace constar si, pese a esa distinta denominación, realmente se intentó practicar la comunicación ni, en caso de haberse intentado, la razón por la que no fue posible llevarla a cabo, ni, si, no encontrándose en dichos lugares el destinatario, se intentó su entrega a un vecino o al portero del inmueble o, en su caso, si ello no fue posible, ni, en fin, si se procuró averiguar si aquellas direcciones constituían el domicilio del destinatario de la comunicación o resultó imposible también tal tentativa. Las indicadas irregularidades cometidas en la práctica del emplazamiento son contrarias a las previsiones legales establecidas al respecto en la legislación procesal en orden a asegurar en lo posible la recepción de la notificación por su destinatario (arts. 55 a 59 LPL y 155 y ss. de la Ley de enjuiciamiento civil: LEC), impiden en este caso, a la vista del contenido de las diligencias de comunicación, considerar que la decisión judicial de emplazar a la demandante de amparo mediante edictos se haya fundado en criterios razonables con base en los cuales se pudiera mantener la certeza o una razonable convicción de la inutilidad de las modalidades el emplazamiento personal, más aptas para asegurar la recepción de la notificación por el destinatario, así como, por consiguiente, que la decisión judicial de tener a la demandante de amparo en ignorado paradero o de domicilio desconocido, presupuesto de la citación por edictos, se haya sustentado en criterios razonables.
5. Las precedentes consideraciones han de conducir, como se había anticipado, a otorgar el amparo solicitado y a restablecer a la demandante en el derecho vulnerado, lo que requiere la anulación no sólo del Auto recurrido, sino también de todas las actuaciones correspondientes al procedimiento sobre despido núm. 385-2005 seguido ante el Juzgado de lo Social núm. 28 de Madrid, retrotrayéndolas al momento en que debió ser emplazada para comparecer en juicio, pues, de acuerdo con una reiterada doctrina de este Tribunal, “cuando se impugna en el recurso de amparo una resolución judicial confirmatoria de otras que han sido lógica y cronológicamente presupuesto de aquélla, han de entenderse también recurridas esas precedentes resoluciones judiciales confirmadas” (por todas, STC 40/2009, de 9 de febrero, FJ 2).
1º Declarar vulnerado el derecho de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto de 27 de febrero de 2006 y retrotraer las actuaciones que le han precedido en el procedimiento sobre despido núm. 385-2005, seguido ante el Juzgado de lo Social núm. 28 de Madrid, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al que la demandante de amparo debió ser debidamente emplazada para el juicio.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 4077-2006
Promovido por Discoteca Canovas, S.A., respecto al Auto de un Juzgado de lo Social de Madrid que desestimó su incidente de nulidad de actuaciones en litigio sobre despido.
En un procedimiento social por despido, la discoteca demandada fue emplazada mediante edictos ya que en la dirección donde se debía hacer el emplazamiento se constató en dos ocasiones que el nombre comercial del local era distinto al que aparecía en la demanda y por tanto no se hizo la diligencia. En las diligencias de emplazamiento se hizo constar que en el domicilio de la demandada no aparece el nombre Discoteca Canovas, S. A., sino otro distinto (“La reina de Cuba”).
Se estima el amparo, se anula el Auto que desestima el incidente de nulidad y se retrotraen las anteriores actuaciones en el procedimiento al momento inmediatamente anterior al que la discoteca debió ser debidamente emplazada para el juicio. Del escueto contenido de la diligencia no se desprende que el presupuesto del emplazamiento por edictos, es decir, tener a la discoteca en ignorado paradero, se haya fundado en criterios razonables con base en los cuales se pudiera mantener la certeza de la inutilidad de las modalidades del emplazamiento personal.
Se aplica la doctrina sobre la validez constitucional de la forma de emplazamiento edictal (SSTC 162/2004, 2/2008).
Las diligencias de comunicación intentadas impiden considerar que la decisión de notificación edictal se haya fundado en criterios razonables que permitiesen al órgano judicial alcanzar una convicción razonable de la inutilidad de los medios normales de citación, así como que la decisión judicial de tener a la demandante de amparo en ignorado paradero o domicilio desconocido se haya sustentado en criterios razonables [FJ 4].
En relación con la posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de la demandante, en su vertiente de derecho de acceso al proceso, se advierte la existencia de un procedimiento seguido inaudita parte, del que derivó un perjuicio efectivo para los legítimos intereses de la demandante de amparo, que no pudo hacer valer sus posiciones [FJ 4].
Las irregularidades cometidas en la práctica del emplazamiento son contrarias a las previsiones legales establecidas al respecto en la legislación procesal en orden a asegurar en lo posible la recepción de la notificación por su destinatario, no existiendo dato alguno en las actuaciones que permita reprochar a la demandante de amparo, ni una actitud consciente y deliberada dirigida a impedir o dificultar su localización y a entorpecer el proceso judicial, ni un conocimiento extraprocesal del mismo [FJ 4].
Doctrina constitucional sobre la falta de emplazamiento procesal (STC 210/2007, 2/2008) [FJ 3].
Doctrina constitucional sobre la modalidad de emplazamiento edictal [FJ 3].
Debe rechazarse la falta de invocación en el proceso judicial de los derechos fundamentales cuya vulneración ahora se aduce, ya que, como permite apreciar el escrito de planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones, la recurrente en amparo fundó su pretensión de nulidad en la vulneración del art. 24 CE, haciendo referencia a haber padecido una situación de absoluta indefensión [FJ 2].
En la demanda además se invocan el derecho de defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías, pero esta ampliación en ningún caso puede determinar la inadmisión a trámite de la demanda, sino exclusivamente, en todo caso, la de la denunciada violación de aquellos dos últimos derechos [FJ 2].
No es extemporánea la demanda de amparo, ni cabe calificar de recurso manifiestamente improcedente el incidente de nulidad de actuaciones frente a una situación de indefensión, ni corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la supuesta extemporaneidad del incidente de nulidad de actuaciones [FJ 2].
Procede la anulación del Auto recurrido, así como la de todas las actuaciones correspondientes al procedimiento sobre el despido seguido ante el Juzgado de lo Social de Madrid, retrotrayéndolas al momento en que debió ser emplazada la demandante de amparo para comparecer en juicio (STC 40/2009) [FJ 5].
Artículo 55 a 59, f. 4
Artículo 91.2, f. 4

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 55

Artículo 91