Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/29-150200-0052.HTM
Timestamp: 2019-01-23 19:08:43+00:00

Document:
Ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero
Mediante oficio N° 348 de fecha 10 de diciembre de 1.999 la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Trujillo, a fin de dar cumplimiento a la consulta legal prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales remitió copias certificadas del expediente que contiene la acción de amparo constitucional propuesta ante ese Tribunal por el abogado Oscar Linares Angulo en representación del ciudadano ENRIQUE MENDEZ LABRADOR, contra la decisión dictada por el Tribunal de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, el 26 de septiembre de 1.999, mediante la cual ordenó el trámite de la acción penal contra el presunto agraviado por el procedimiento especial aplicable en los casos de flagrancia.
La decisión consultada, en la cual fue declarada improcedente la acción de amparo propuesta, fue dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Trujillo el 22 de noviembre de 1.999. Por auto de fecha 24 de noviembre de 1.999, se ordenó la notificación de la sentencia. Cumplido el trámite de las notificaciones, transcurrió el término para anunciar recurso de apelación sin que el interesado hiciera uso de ese derecho. Por auto de fecha 10 de diciembre de 1.999, la mencionada Corte acordó remitir las copias certificadas del expediente, para dar cumplimiento a la consulta legal de la sentencia dictada. Concluida la sustanciación de expediente, pasa en consecuencia esta Sala, a dictar su sentencia con fundamento en las siguientes consideraciones.-
COMPETENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL PARA CONOCER LA CONSULTA
Antes de examinar el fallo dictado por la Corte de Apelaciones, es necesario que la Sala establezca la cuestión de su competencia para conocer de la consulta planteada. Al respecto se observa lo siguiente:
En la sentencia dictada el 20 de enero de 2000 (Caso Emery Mata Millán), se estableció que “...corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan de la acción de amparo en primera instancia...”.
Precisamente, la decisión de amparo fue dictada en primera instancia por una Corte de Apelaciones en lo Penal, por lo cual esta Sala es la competente para conocer de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
La acción de amparo propuesta por el abogado Oscar Linares Angulo, en representación del ciudadano ENRIQUE MENDEZ LABRADOR, contra la decisión dictada por el Tribunal de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, el 26 de septiembre de 1.999, plantea en síntesis lo siguiente:
En el escrito de amparo se afirma que la resolución judicial del Tribunal de Control Nº 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo declarando flagrante el delito cometido, ha infringido el derecho de defensa, la garantía de un debido proceso y el derecho a ser juzgado por sus jueces naturales.
Para sostener su afirmación el querellante explica que los hechos apreciados por el sentenciador para declarar la flagrancia, no constituyen la hipótesis prevista en los artículos 257 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales, en su criterio, han sido infringidos por falsa aplicación.
De esta circunstancia deduce la infracción al debido proceso pues, sostiene, que la errónea aplicación del trámite procesal previsto para los supuestos de flagrancia, consecuencia, según expresa, de la infracción de los artículos 257 y siguientes antes indicados, le ha impedido que la causa fuera tramitada conforme a las previsiones del título I, Libro Segundo, del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, conforme señala, con los medios o recursos previstos en la fase preparatoria e intermedia del proceso penal, inexistentes en el proceso atribuido a las hipótesis de flagrancia.
En el escrito también advierte que los hechos narrados han producido una violación a la garantía constitucional del juez natural ya que, de acuerdo a su criterio, por la pena aplicable al delito que se le imputa le corresponde el conocimiento de la causa, conforme al artículo 407 del Código Orgánico Procesal Penal, a un tribunal mixto y no a un tribunal unipersonal.
Por último, con fundamento en una presunta inconstitucionalidad de los artículos 257, 258 y 374 segundo aparte del Código Orgánico Procesal Penal, sostiene que debía aplicarse el control difuso de la constitucionalidad y declarar la desaplicación de las mencionadas normas.
En su petitorio pide la nulidad absoluta de la sentencia dictada y se ordene el inicio del procedimiento ordinario desde su fase preparatoria.
La sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Trujillo el 22 de noviembre de 1.999, declaró improcedente el amparo propuesto con las siguientes consideraciones:
En primer lugar, la sentencia declara que en la oportunidad de la audiencia de calificación de flagrancia, el presunto agraviado estuvo debidamente asistido por abogado. Asimismo, que todos los actos fueron cumplidos sin que el imputado o su abogado apelaran de éstos.
En segundo lugar, el fallo destaca que los hechos considerados para calificar la flagrancia constituyen el supuesto de hecho previsto en la norma procesal, para proceder conforme a los presupuestos del procedimiento previsto en el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal. Advierte, además, que el legislador cuando desarrolló el procedimiento en los casos de flagrancia tuvo en cuenta el derecho de defensa de los imputados.
En tercer lugar, que no es cierto que no haya sido juzgado por sus jueces naturales pues lo hicieron jueces penales cuya competencia había sido establecida por leyes dictadas con anterioridad a los hechos considerados en el proceso.
En cuarto lugar, se explica en la decisión que no ha habido violación del derecho a un juicio previo, pues advierte que el procedimiento previsto para los casos de flagrancia reúne todos los requisitos a los que hace referencia el artículo 1º del Código Orgánico Procesal Penal.
Por último, el fallo advierte del carácter extraordinario de la acción de amparo que no puede sustituir las vías ordinarias.
“No puede ser motivo de un recurso de amparo el juzgamiento de un Juez que considera que unas pruebas fueron extemporáneamente promovidas y por ello no las aprecia, ya que ese es el resultado de la función decisoria.
Para esta Sala los posibles errores de juzgamiento que realicen los Jueces, sobre la apreciación de normas o sobre sus alcances, no constituyen per se extralimitación en sus funciones, que constituyen incompetencia a los efectos del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.” (sic)
Como se expresó con anterioridad, la tutela del derecho del acceso a la justicia y al debido proceso no comprende la posibilidad de discutir los errores cometidos en los juzgamientos. La revisión de los errores cometidos por los jueces en su actividad decisoria, debe ser revisada, como se explicó precedentemente, con los medios o recursos dispuestos en el ordenamiento. No es la acción de amparo, en consecuencia, la vía idónea para proponer su examen.
Comparte la Sala el criterio expresado en la sentencia consultada acerca de la existencia de otras vías para discutir la apreciación del sentenciador. Esta era la apelación de las decisiones producidas en la audiencia de flagrancia. Recurso, que por cierto, no fue propuesto por el querellante.
Por las razones expuestas se confirma la sentencia consultada que declaró improcedente el amparo propuesto.
Por los razonamientos antes expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 22 de noviembre de 1999, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Trujillo, mediante la cual se declaró improcedente la acción amparo constitucional ejercida por el abogado Oscar Linares Angulo, en representación del ciudadano ENRIQUE MENDEZ LABRADOR, contra la decisión dictada por el Tribunal de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, el 26 de septiembre de 1999.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al mencionado Tribunal Superior.
Dada, firmada y sellada, en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los15 días del mes de febrero de dos mil. Años: 189º de la Independencia y 140º de la Federación.
EXP. Nº: 00-0052 c.a.
J.E.C/lem
Quien suscribe, Magistrado Héctor Peña Torrelles, salva su voto por disentir de sus colegas en el fallo que antecede que, decidió la consulta de la sentencia de amparo constitucional dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la circunscripción Judicial del Estado Trujillo el 22 de noviembre de 1999.
Exp. N°: 00-0052

References: artículo 35
 artículo 35
 resolución 
 artículo 407
 artículo 374
 artículo 1
 artículo 4