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Timestamp: 2019-12-12 20:53:52+00:00

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Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (Ley 6/1998, de 13 de abril) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 127021
CAPÍTULO I. Clasificación del suelo - arts. 7 a 11
CAPÍTULO II. Derechos y deberes de los propietarios - arts. 12 a 22
TÍTULO III. Valoraciones - arts. 23 a 32
TÍTULO IV. Expropiaciones - arts. 33 a 40
TÍTULO V. Supuestos indemnizatorios - arts. 41 a 44
PRIMERA. Normas de aplicación inmediata
SEGUNDA. Planeamiento general vigente
TERCERA. Planeamiento general en tramitación
CUARTA. Planeamiento en ejecución
QUINTA. Valoraciones
Norma citada en: 35552 sentencias, 850 artículos doctrinales, 332 disposiciones normativas, 13 temas prácticos, 7 formularios, 515 resoluciones administrativas, 486 noticias
La última de dichas reformas, llevada a cabo por la Ley 8/1990, de 25 de julio, y recogida en el texto refundido de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, que ha sido objeto de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997 ('Boletín Oficial del Estado' de 25 de abril), llevó esta línea de tendencia a sus últimas consecuencias y su fracaso, que hoy es imposible ignorar, reclama una enérgica rectificación cuyo norte no puede ser otro que la búsqueda de una mayor flexibilidad que, de un lado, elimine los factores de rigidez que se han ido acumulando y, de otro, asegure a las Administraciones públicas responsables de la política urbanística una mayor capacidad de adaptación a una coyuntura económica cambiante, en la que los ciclos de expansión y recesión se suceden con extraordinaria rapidez.
Dentro de estos concretos límites, que comprenden inequívocamente la determinación de las distintas clases de suelo como presupuesto mismo de la definición de las condiciones básicas del derecho de propiedad urbana, la presente Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado.
Y ello de acuerdo con el planeamiento y la legislación territorial o sectorial, en razón de sus valores ambientales, paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos o culturales, de su riqueza agrícola, forestal, ganadera o de otra índole, o de su justificada inadecuación para el desarrollo urbano. Hay que tener presente, asimismo, que la reforma del mercado del suelo en el sentido de una mayor liberalización que incremente su oferta forma parte de la necesaria reforma estructural de la economía española, para la que el legislador estatal tiene las competencias que le atribuye el artículo 149.1.13.a de la Constitución Española.
La flexibilidad que la Ley persigue con el fin de evitar la escasez de suelo no debe, sin embargo, conducir a un régimen de absoluta discrecionalidad de las autoridades urbanísticas a la hora de decidir acerca de la viabilidad de las iniciativas que se promuevan en el ámbito del suelo urbanizable. Por ello, la Ley ha previsto que el derecho a promover la transformación de dicho suelo instando de la Administración la aprobación del planeamiento de desarrollo, se podrá ejercer desde el momento en que el planeamiento general haya delimitado los correspondientes ámbitos o se hayan establecido las condiciones para su desarrollo, correspondiendo en otro caso a las Comunidades Autónomas la regulación de las citadas condiciones, así como de los efectos derivados del derecho de consulta, tanto sobre los criterios y previsiones del planeamiento --territorial y sectorial-como de las obras adicionales que la actuación exija.
Este método es, tanto en el suelo no urbanizable como en el urbanizable aún no incluido en un concreto ámbito para su desarrollo, o para el que no se hayan establecido las condiciones de dicho desarrollo, el de comparación con los valores comprobados de otras fincas análogas, habida cuenta de su régimen urbanístico, situación, tamaño y naturaleza, así como de los usos y aprovechamientos permitidos por el planeamiento. Para los casos en que esa comparación no sea posible, en los citados suelos --sin desarrollo previsible a corto plazo-el método alternativo será el de capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo de acuerdo con su estado y naturaleza, que es el método tradicional.
El Título IV de la Ley se ha limitado a incluir los preceptos imprescindibles para enmarcar el ejercicio en este sector, por las distintas Administraciones públicas, de la potestad expropiatoria, a la que serán aplicables sin más las normas generales vigentes que regulan ésta.
Remite, asimismo, para la determinación del justiprecio, a los criterios generales establecidos en el Título III, acabando con la actual e injusta dualidad de criterios que trata de distinta manera al propietario expropiado y al que no lo es.
Artículo citado en: 174 sentencias, 16 artículos doctrinales, una resolución administrativa
ARTÍCULO 2 Facultades del derecho de propiedad.
Las facultades urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán siempre dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en las leyes o, en virtud de ellas, por el planeamiento con arreglo a la clasificación urbanística de los predios.
La ordenación del uso de los terrenos y construcciones establecida en el planeamiento no conferirá derecho a los propietarios a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.
Artículo citado en: 679 sentencias, 42 artículos doctrinales, 14 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 3 Participación en las plusvalías.
Artículo citado en: 633 sentencias, 15 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 4 Acción urbanística e iniciativa privada.
Los propietarios deberán contribuir, en los términos establecidos en las leyes, a la acción urbanística de los entes públicos, a los que corresponderá, en todo caso, la dirección del proceso, sin perjuicio de respetar la iniciativa de aquéllos.
La gestión pública a través de su acción urbanizadora y de las políticas de suelo suscitará, en la medida más amplia posible, la participación privada.
En los supuestos de actuación pública, la Administración actuante promoverá, en el marco de la legislación urbanística, la participación de la iniciativa privada aunque ésta no ostente la propiedad del suelo.
Artículo citado en: 363 sentencias, 23 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 5 Reparto equitativo de beneficios y cargas.
Artículo citado en: 4126 sentencias, 26 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 6 Información y participación pública en el planeamiento y la gestión.
Todo administrado tendrá derecho a que la Administración competente le informe por escrito del régimen y condiciones urbanísticas aplicables a una finca o ámbito determinado.
Artículo citado en: 160 sentencias, 17 artículos doctrinales, 4 resoluciones administrativas
TÍTULO II Régimen urbanístico de la propiedad del suelo Artículos 7 a 22
CAPÍTULO I Clasificación del suelo Artículos 7 a 11
ARTÍCULO 7 Clases de suelo.
Artículo citado en: 118 sentencias, 13 artículos doctrinales, una disposición normativa, 4 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 8 Suelo urbano.
El suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar consolidados por la edificación en la forma y con las características que establezca la legislación urbanística.
Artículo citado en: 1782 sentencias, 30 artículos doctrinales, 6 disposiciones normativas, un tema práctico, 12 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 9 Suelo no urbanizable.
Que el planeamiento general considere necesario preservar por los valores a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así como aquellos otros que considere inadecuados para el desarrollo urbano, bien por imperativo del principio de utilización racional de los recursos naturales, bien de acuerdo con criterios objetivos de carácter territorial o urbanístico establecidos por la normativa urbanística.
Artículo 9, circunstancia 2ª modificada por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes.
Artículo 9, circunstancia 2ª modificada por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.
Artículo citado en: 904 sentencias, 76 artículos doctrinales, 9 disposiciones normativas, un tema práctico, 5 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 10 Suelo urbanizable.
Artículo citado en: 379 sentencias, 19 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, una resolución administrativa
ARTÍCULO 11 Clasificación del suelo en municipios sin planeamiento.
Artículo citado en: 42 sentencias, 6 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas
CAPÍTULO II Derechos y deberes de los propietarios Artículos 12 a 22
ARTÍCULO 12 Ejercicio de derechos y deberes.
Artículo citado en: 305 sentencias, 14 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, una resolución administrativa
ARTÍCULO 13 Derechos de los propietarios de suelo urbano.
Artículo citado en: 288 sentencias, 11 artículos doctrinales, una disposición normativa, 6 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 14 Deberes de los propietarios de suelo urbano.
Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado por la urbanización deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que los mismos alcancen --si aún no la tuvieran-- la condición de solar, y edificarlos en plazo si se encontraran en ámbitos para los que así se haya establecido por el planeamiento y de conformidad con el mismo.
Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al 10 por 100 del aprovechamiento del correspondiente ámbito; este porcentaje, que tiene carácter de máximo, podrá ser reducido por la legislación urbanística. Asimismo, esta legislación podrá reducir la participación de la Administración actuante en las cargas de urbanización que correspondan a dicho suelo.
Artículo citado en: 3349 sentencias, 66 artículos doctrinales, 15 disposiciones normativas, 147 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 15 Derechos de los propietarios de suelo urbanizable.
Los propietarios del suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad conforme a su naturaleza rústica. Además, tendrán derecho a promover su transformación instando de la Administración la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo, de conformidad con lo que establezca la legislación urbanística.
La transformación del suelo urbanizable podrá ser también promovida por las Administraciones públicas sean o no competentes para la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo.
Artículo 15, apartado 2 añadido por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes.
Artículo 15 modificado por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.
Artículo citado en: 183 sentencias, 19 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas, una resolución administrativa, una noticia
ARTÍCULO 16 Reglas básicas para el ejercicio del derecho.
El derecho a promover la transformación del suelo urbanizable, mediante la presentación del planeamiento que corresponda o, en su caso, de la previa propuesta de delimitación del correspondiente ámbito para su tramitación y aprobación, se ejercerá de conformidad con lo establecido por la legislación urbanística.
A tales efectos, las comunidades autónomas, a través de su legislación urbanística, regularán la tramitación, determinaciones y contenido de la documentación necesaria para proceder a esa transformación. Asimismo, esta legislación regulará los efectos derivados del derecho de consulta a las Administraciones competentes sobre los criterios y previsiones de la ordenación urbanística, de los planes y proyectos sectoriales, y de las obras que habrán de realizar a su costa para asegurar la conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 18 de esta ley. Dicha legislación fijará, igualmente, los plazos de contestación a la referida consulta.
En todo caso, los instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo que sean elaborados por las Administraciones públicas a las que no competa su aprobación, o por los particulares, quedarán aprobados definitivamente por el transcurso del plazo de seis meses, o del que, en su caso, se establezca como máximo por la legislación autonómica para su aprobación definitiva, contados desde su presentación ante el órgano competente para su aprobación definitiva, siempre que hubiera efectuado el trámite de información pública, solicitado los informes que sean preceptivos, de conformidad con la legislación aplicable, y transcurrido el plazo para emitirlos.
Artículo 16, apartado 1 modificado y apartado 3 añadido por el Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes.
Artículo 16, apartado 1 declarado inconstitucional por la Sentencia Tribunal Constitucional nº 164/2001, de 11 de Julio de 2001.
Artículo 16 modificado por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.
Artículo citado en: 1172 sentencias, 30 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas, 6 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 17 Usos y obras provisionales.
En el suelo comprendido en sectores o ámbitos ya delimitados con vistas a su desarrollo inmediato, en tanto no se haya aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse excepcionalmente usos y obras de carácter provisional que no estén expresamente prohibidos por la legislación urbanística o sectorial ni por el planeamiento general, que habrán de cesar, y en todo caso, ser demolidas sin indemnización alguna, cuando lo acordare la Administración urbanística.
La autorización, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria.
Artículo citado en: 88 sentencias, 9 artículos doctrinales
ARTÍCULO 18 Deberes de los propietarios de suelo urbanizable.
Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al 10 por 100 del aprovechamiento del sector o ámbito correspondiente; este porcentaje, que tiene carácter de máximo, podrá ser reducido por la legislación urbanística. Asimismo, esta legislación podrá reducir la participación de la Administración actuante en las cargas de urbanización que correspondan a dicho suelo.
Artículo citado en: 1841 sentencias, 33 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 139 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 19 Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación.
Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán destinarlos a usos que no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y de los patrimonios arquitectónicos y arqueológicos y sobre rehabilitación urbana.
El coste de las obras necesarias en virtud de lo dispuesto en el número anterior se sufragará por los propietarios o por la Administración, en los términos que establezca la legislación aplicable.
Artículo citado en: 229 sentencias, 23 artículos doctrinales, 69 disposiciones normativas, 31 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 20 Derechos de los propietarios de suelo no urbanizable.
Los propietarios del suelo clasificado como no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de su propiedad de conformidad con la naturaleza de los terrenos, debiendo destinarla a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, y dentro de los límites que, en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento.
En el suelo no urbanizable quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, sin que, en ningún caso, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza.
Artículo citado en: 357 sentencias, 49 artículos doctrinales, 8 disposiciones normativas, un tema práctico, un formulario, 8 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 21 Transmisión de fincas y deberes urbanísticos.
La transmisión de fincas no modificará la situación del titular de las mismas respecto de los deberes establecidos por la legislación urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución derivados de la misma.
El nuevo titular quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en sus derechos y deberes urbanísticos, así como en los compromisos que éste hubiera acordado con la Administración urbanística competente y hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que tales compromisos se refieran a un posible efecto de mutación jurídico-real.
En las enajenaciones de terrenos, deberá hacerse constar en el correspondiente título:
La infracción de cualquiera de las anteriores disposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, facultará al adquirente para rescindir el contrato en el plazo de un año a contar desde la fecha de su otorgamiento y para exigir indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieren irrogado.
Artículo citado en: 338 sentencias, 43 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas, 7 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 63 sentencias, 54 artículos doctrinales, 6 disposiciones normativas, un tema práctico, 48 resoluciones administrativas, una noticia
TÍTULO III Valoraciones Artículos 23 a 32
ARTÍCULO 23 Aplicación general de las reglas de valoración.
Artículo citado en: 3050 sentencias, 12 artículos doctrinales, 7 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 24 Momento al que han de referise las valoraciones.
En otros supuestos de actuación, al momento de iniciación del correspondiente procedimiento.
En la determinación de indemnizaciones por cambio de planeamiento, en los supuestos previstos en el Título V de la presente Ley, al momento de la publicación de la aprobación definitiva del nuevo planeamiento.
Artículo citado en: 4989 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 25 Criterio general de valoración.
Artículo citado en: 7337 sentencias, 12 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, un tema práctico, 6 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 26 Valor del suelo no urbanizable.
El valor de este suelo se determinará por el método de comparación a partir de valores de fincas análogas.
A estos efectos, la identidad de razón que justifique la analogía deberá tener en cuenta el régimen urbanístico, la situación, tamaño y naturaleza de las citadas fincas en relación con la que se valora, así como, en su caso, los usos y aprovechamientos de que sean susceptibles.
Cuando por la inexistencia de valores comparables no sea posible la aplicación del método indicado en el punto anterior, el valor del suelo no urbanizable se determinará mediante la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo, y conforme a su estado en el momento de la valoración.
Artículo citado en: 12977 sentencias, 12 artículos doctrinales, 9 resoluciones administrativas, una noticia
ARTÍCULO 27 Valor del suelo urbanizable.
El valor del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo se obtendrá por aplicación al aprovechamiento que le corresponda del valor básico de repercusión en polígono, que será el deducido de las ponencias de valores catastrales. En el supuesto de que la ponencia establezca para dicho suelo valores unitarios, el valor del suelo se obtendrá por aplicación de éstos a la superficie correspondiente. De dichos valores se deducirán los gastos que establece el artículo 30 de esta ley, salvo que ya se hubieran deducido en su totalidad en la determinación de los valores de las ponencias.
El valor del suelo urbanizable, no incluido por el planeamiento en los ámbitos a los que se refiere el apartado anterior y hasta tanto no se apruebe el planeamiento de desarrollo que establezca la legislación urbanística, se determinará en la forma establecida para el suelo no urbanizable, sin consideración alguna de su posible utilización urbanística.
Artículo 27 modificado por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.
Artículo citado en: 8415 sentencias, 24 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 4 temas prácticos, un formulario, 4 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 28 Valor del suelo urbano.
El valor del suelo urbano sin urbanización consolidada, se determinará, salvo lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, por aplicación al aprovechamiento resultante del correspondiente ámbito de gestión en que esté incluido, del valor básico de repercusión más específico recogido en las ponencias de valores catastrales para el terreno concreto a valorar.
En los ámbitos de gestión que tengan por objeto la reforma, renovación o mejora urbana, el aprovechamiento de referencia de cada parcela, a los solos efectos de su valoración, será el resultante del planeamiento o el resultante de la edificación existente, si fuera superior.
En el suelo urbano consolidado por la urbanización, el valor del suelo se determinará por aplicación al aprovechamiento establecido por el planeamiento para cada terreno concreto, del valor básico de repercusión en parcela recogido en las ponencias de valores catastrales o, en su caso, del de repercusión en calle o tramo de calle corregido en la forma establecida en la normativa técnica de valoración catastral.
En los supuestos de inexistencia, pérdida de vigencia de los valores de las ponencias catastrales o inaplicabilidad de éstos por modificación de las condiciones urbanísticas tenidas en cuenta al tiempo de su fijación, se aplicarán los valores de repercusión obtenidos por el método residual.
En cualquiera de estos supuestos, del valor obtenido por aplicación de valores de repercusión se deducirán los gastos que establece el artículo 30 de esta ley, salvo que ya se hubieran deducido en su totalidad en la determinación de los valores de las ponencias.
Artículo 28, apartado 4 modificado y apartado 5 añadido por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.
Artículo citado en: 3682 sentencias, 18 artículos doctrinales, 7 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 29 Valor del suelo en los supuestos de carencia de plan o sin atribución de aprovechamiento.
Artículo citado en: 2820 sentencias, 13 artículos doctrinales, una resolución administrativa
ARTÍCULO 30 Deducción de gastos de urbanización pendiente.
Artículo citado en: 2167 sentencias, 6 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa
ARTÍCULO 31 Valoración de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones y arrendamientos.
Las plantaciones, sembrados, obras e instalaciones que existan en el suelo, salvo que por su carácter de mejoras permanentes hayan sido tenidas en cuenta en la determinación del valor del terreno se valorarán, con independencia del mismo, con arreglo a los criterios de la Ley de Expropiación Forzosa y su importe será satisfecho a sus titulares.
El valor de las edificaciones, que asimismo se calculará con independencia del suelo, se determinará de acuerdo con la normativa catastral en función de su coste de reposición, corregido en atención a la antigüedad y estado de conservación de las mismas.
Artículo citado en: 1606 sentencias, 9 artículos doctrinales, 17 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 32 Valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles.
La valoración de las concesiones administrativas y los derechos reales sobre inmuebles, a los efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen el justiprecio de los mismos; y subsidiariamente, según las normas del Derecho Administrativo, Civil o Fiscal que resulten de aplicación.
Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectuare podrá elegir entre justipreciar cada uno de los derechos que concurren con el dominio, para distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto y consignar su importe en poder del Juzgado, para que éste fije y distribuya, por el trámite de los incidentes, la proporción que corresponda a los respectivos interesados.
Artículo citado en: 144 sentencias, 4 artículos doctrinales, una resolución administrativa
TÍTULO IV Expropiaciones Artículos 33 a 40
ARTÍCULO 33 Legitimación de expropiaciones.
Artículo citado en: 124 sentencias, 9 artículos doctrinales, 15 disposiciones normativas
ARTÍCULO 34 Funciones de la expropiación.
Artículo citado en: 40 sentencias, 7 artículos doctrinales, una disposición normativa
ARTÍCULO 35 Ejercicio de la potestad expropiatoria.
ARTÍCULO 36 Procedimiento de determinación del justiprecio.
Artículo citado en: 193 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas
ARTÍCULO 37 Pago del justiprecio mediante adjudicación de terrenos.
Artículo citado en: 81 sentencias, 14 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 38 Aprobación y efectos del procedimiento de tasación conjunta.
Artículo 38 declarado inconstitucional por la Sentencia Tribunal Constitucional nº 164/2001, de 11 de Julio de 2001.
Artículo citado en: 29 sentencias, 7 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas
ARTÍCULO 39 Ocupación e inscripción en el Registro.
Una vez efectuado el pago o consignación se levantará el acta de ocupación correspondiente a cada finca afectada por el expediente expropiatorio. La superficie objeto de la actuación se inscribirá como una o varias fincas registrales. El hecho de que alguna de estas fincas no estuviese inmatriculada no será obstáculo para que pueda practicarse directamente aquella inscripción.
Será título inscribible el acta o actas de ocupación acompañadas de las actas de pago o los justificantes de consignación del justiprecio de todas las fincas ocupadas. Dicho título, además de la descripción conforme a la legislación hipotecaria, incorporará la oportuna referencia catastral e identificará la nueva finca mediante un adecuado sistema gráfico de coordenadas.
Si al procederse a la inscripción surgiesen dudas fundadas sobre si dentro de la superficie ocupada existiese alguna finca registral no tenida en cuenta en el expediente expropiatorio, sin perjuicio de praticarse la inscripción, se pondrá tal circunstancia en conocimiento del organismo expropiante.
ARTÍCULO 40 Supuestos de reversión.
Que el nuevo uso asignado estuviera adecuadamente justificado y fuera igualmente dotacional público.
Que el nuevo uso consistiera en la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
Procederá la reversión de los terrenos expropiados para la formación o ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo si, como consecuencia de una modificación del planeamiento que no se efectúe en el marco de la revisión de éste, se alteraran los usos, intensidades o aprovechamientos y ello supusiera un incremento de valor de los mismos.
Igualmente, procederá la reversión en los supuestos de terrenos incluidos en un ámbito delimitado para su desarrollo por el sistema de expropiación, cuando hubieren transcurrido diez años desde la expropiación sin que la urbanización se hubiera concluido.
El mismo plazo y condición se aplicará en las expropiaciones de terrenos motivadas por el incumplimiento de deberes urbanísticos vinculados al proceso de urbanización.
Artículo 40, apartado 2, párrafo c) añadido por la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona.
Artículo citado en: 282 sentencias, 17 artículos doctrinales, 20 disposiciones normativas, 3 temas prácticos, 2 resoluciones administrativas
TÍTULO V Supuestos indemnizatorios Artículos 41 a 44
ARTÍCULO 41 Indemnización por alteración de planeamiento.
La modificación o revisión del planeamiento sólo podrá dar lugar a indemnización por reducción de aprovechamiento si se produce antes de transcurrir los plazos previstos para su ejecución en el ámbito en el que a dichos efectos se encuentre incluido el terreno, o transcurridos aquéllos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración.
Las situaciones de fuera de ordenación surgidas por los cambios del planeamiento no serán indemnizables, a excepción de lo previsto en el apartado anterior.
Artículo citado en: 420 sentencias, 14 artículos doctrinales, 9 disposiciones normativas, un tema práctico, 2 resoluciones administrativas
ARTÍCULO 42 Indemnización por alteración del planeamiento, con licencia en vigor.
Si en el momento de entrada en vigor de la modificación o revisión del planeamiento se hubiera obtenido la licencia de construcción, pero aún no se hubiera iniciado la edificación, se declarará extinguida, con audiencia del interesado, la eficacia de la licencia en cuanto sea disconforme con la nueva ordenación, debiendo fijarse la indemnización, en el mismo expediente, por la reducción del aprovechamiento resultante de las nuevas condiciones urbanísticas, así como por los perjuicios que justificadamente se acrediten de conformidad con la legislación general de expropiación forzosa.
Si la edificación ya se hubiera iniciado, la Administración podrá modificar o revocar la licencia, fijándose la indemnización de acuerdo con lo establecido en el número anterior.
Artículo citado en: 136 sentencias, 8 artículos doctrinales
ARTÍCULO 43 Indemnización por limitaciones singulares.
Artículo citado en: 247 sentencias, 17 artículos doctrinales, una resolución administrativa
ARTÍCULO 44 Otros supuestos indemnizatorios.
Serán en todo caso indemnizables los gastos producidos por el cumplimiento de los deberes inherentes al proceso urbanizador, dentro de los plazos establecidos al efecto, que resulten inservibles como consecuencia de un cambio de planeamiento o por acordarse la expropiación.
Cuando se produzca la anulación de una licencia, demora injustificada en su otorgamiento o su denegación improcedente, los perjudicados podrán reclamar de la Administración el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, en los casos y con la concurrencia de los requisitos establecidos en las normas que regulan con carácter general dicha responsabilidad. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.
Artículo citado en: 205 sentencias, 10 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas
Disposición citada en: 3 artículos doctrinales, una noticia
Disposición citada en: 71 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Disposición adicional segunda derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
Disposición citada en: 116 sentencias, 4 artículos doctrinales, 5 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Disposición adicional tercera modificada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Disposición citada en: 10 sentencias, 5 artículos doctrinales, 16 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Disposición citada en: 36 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa
PRIMERA Normas de aplicación inmediata
Sobre el régimen urbanístico del suelo. Las disposiciones de esta ley contenidas en el artículo 1, apartado dos, y tres, número 1, serán de aplicación desde la entrada en vigor de la misma a la ejecución de los planes y normas vigentes en dicho momento, sin perjuicio de las especialidades sobre gestión y uso del suelo de la legislación urbanística.
Sobre las normas de procedimiento. Las normas de procedimiento contenidas en el artículo 1, apartado tres, número 3, de esta ley serán de aplicación a los instrumentos de planeamiento en él referidos que se presenten ante el órgano administrativo competente a partir de la entrada en vigor de la misma.
Disposición transitoria primera modificada por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.
Disposición citada en: 159 sentencias, 2 artículos doctrinales, 5 resoluciones administrativas
Disposición transitoria segunda modificada por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.
Disposición citada en: 89 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa
Disposición transitoria tercera modificada por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.
Disposición citada en: 364 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Disposición citada en: 26 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa
Disposición transitoria quinta modificada por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes.
Disposición citada en: 2175 sentencias, 5 artículos doctrinales, una disposición normativa, 2 resoluciones administrativas
Queda derogado el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, con excepción de los siguientes preceptos:
Quedan asimismo derogados los artículos 1, 2, 3, disposición transitoria y disposición final primera de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en materia de Suelo y de Colegios Profesionales.
Quedan igualmente derogados cuantos preceptos legales se opongan o sean incompatibles con lo previsto en la presente Ley.
Tienen el carácter de legislación básica en virtud de lo previsto en el artículo 149.1.13ª, 18ª y 23ª de la Constitución Española y, en su caso, de condiciones básicas del ejercicio de los derechos a tenor de lo dispuesto por el artículo 149.1.1ª del propio texto constitucional, los siguientes preceptos: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 34; 41; 42; 43; 44.1; disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y quinta; y disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y cuarta, correspondiendo los restantes a la competencia exclusiva del Estado en virtud del artículo 149.1.4ª, 8ª y 18ª del citado texto.
Disposición final única, referencias a los artículos 38 y 16, apartado 1, declaradas inconstitucionales por la Sentencia Tribunal Constitucional nº 164/2001, de 11 de Julio de 2001.
ORDEN FORAL 1454/1999, de 1 de diciembre, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba definitivamente el expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona, en U.I.XV/UCC-13 (calle González Tablas), promovido por el Servicio de Patrimonio del Departamento de Economía y ...
DECRETO 138/2004, de 2 de septiembre, por el que se determina la organización, estructura, competencias y funcionamiento del Centro Extremeño de Formación Deportiva.
ORDEN IYJ/1857/2007, de 20 de noviembre, por la que se efectúa convocatoria pública para la concesión de ayudas a entidades locales incluidas en Zonas de Acción Especial con cargo al Fondo de Cooperación Local para 2008.
Resolución de 13 de marzo de 1992, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se modifica la Orden de 10 de octubre de 1989, que regula la importación de determinados productos textiles.

References: Real Decreto 
 artículo 149
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ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 43
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ARTÍCULO 44
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 Real Decreto 
 artículo 1
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 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 149
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