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Timestamp: 2019-04-24 22:22:45+00:00

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B.Plazo de presentación de la petición - Informe de admisibilidad gloria beatriz jorge lopez y otros
B.Plazo de presentación de la petición
El artículo 46.1.b) de la Convención establece que para que la petición pueda ser declarada admisible, es necesario que se haya presentado dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que el interesado fue notificado de la decisión final que agotó la jurisdicción interna.
En cuanto a los procesos penales seguidos contra las presuntas víctimas, en 41 peticiones, éstos culminaron entre 2003 y julio de 2007, con posterioridad a la presentación de las peticiones a la Comisión. En ese sentido, el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 46.1.b) de la Convención Americana se encuentra intrínsecamente ligado al agotamiento de los recursos internos, encontrándose por lo tanto satisfecho.
En cuanto a los alegatos sobre condiciones de detención, tortura y otras presuntas vulneraciones a la integridad personal, conforme a lo señalado en los párrafos 313 a 316 supra, esos supuestos hechos habrían sido reportados a autoridades internas en 47 peticiones en diferentes oportunidades. Ante la ausencia de alegatos por parte del Estado y de información en el expediente sobre la apertura de investigaciones penales hasta la fecha de adopción del presente informe, la CIDH considera que las 47 peticiones fueron presentadas en un plazo razonable respecto de dichos planteamientos.
Sin embargo, respecto de las siguientes 19 peticiones, es preciso analizar en cada caso, si dicho requisito fue cumplido.
En ésta petición, la última decisión judicial en el caso de la peticionaria, le fue notificada el 7 de junio de 2004, con lo que los 6 meses para enviar la petición a la CIDH vencerían el 7 de diciembre de ese mismo año. La CIDH observa que dicha petición tiene fecha 24 de noviembre de 2004, aunque fue recibida por la CIDH el 27 de diciembre de 2004. Aunque no se tiene certeza sobre la fecha en la cual fue enviada, la Comisión toma nota de que la petición se envió inicialmente a una dirección inexacta, y considera que tomando en cuenta que la peticionaria se encontraba en la cárcel cuando intentó realizar un envío postal de carácter internacional, y de acuerdo a la práctica de la CIDH en la materia36, entiende que los días que transcurrieron mientras la petición estuvo en el correo postal, constituyen un período razonable de recepción de la petición, por lo que la Comisión considera que la misma fue presentada de forma oportuna.
En ésta petición, la última decisión judicial le fue notificada a la presunta víctima el 11 de septiembre de 2005, con lo que el vencimiento del plazo de 6 meses operaría el 11 de marzo de 2006. Si bien es cierto que la petición en su versión física y más extensa fue recibida por la CIDH el 14 de marzo de 2006, lo cierto es que el peticionario envió a la Comisión –como consta en el expediente- la petición inicial el 10 de marzo de 2006 mediante correo electrónico. Por tanto, queda claro que la misma fue radicada dentro del plazo convencional.
En ésta petición se alega que la última decisión judicial, emitida el 20 de octubre de 2005 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, sólo le fue notificada al peticionario el 19 de febrero de 2006, con lo que el plazo de seis meses vencería el 19 de agosto de 2006. El peticionario asegura que envió por correo postal su petición el día 7 de agosto de 2006, aunque la misma sólo llegó a la CIDH el 21 de agosto de ese mismo año. El Estado por su parte alegó que “no resulta verosímil que el peticionario haya sido notificado con la Ejecutoria Suprema el día que obtuvo su libertad”, mas sin embargo no aportó copia de la boleta de notificación de manera que se pudiera comprobar que en efecto el peticionario había sido notificado con anterioridad a dicha fecha.
En este caso, la petición data de 7 de agosto de 2006 y fue registrada como recibida en la Comisión por correo postal el 21 de agosto de ese año. De acuerdo a la práctica de la CIDH en la materia37, presumiendo los días que transcurrieron mientras la petición estuvo en el correo postal, la Comisión considera que la petición fue presentada de forma oportuna.
En este caso la petición fue recibida por la Comisión el 16 de octubre de 2006, y la última decisión judicial a nivel interno data del 10 de agosto de 2005. Aunque ninguna de las partes aportó el registro de la notificación de dicha decisión judicial, lo que permitiría establecer con exactitud la fecha de notificación y por tanto el plazo de vencimiento de los 6 meses, la peticionaria aportó un documento de la Sala Penal Nacional de fecha 4 de mayo de 2006 en el que se ordena notificar a la peticionaria de la sentencia de cadena perpetua emitida por la Corte Suprema de Justicia, con lo que incluso si dicha notificación se hubiera producido ese mismo día, la petición habría sido interpuesta dentro del plazo convencional. El Estado, frente a este alegato, no aportó ningún documento que demostrara que dicha notificación se había realizado en fecha anterior. Con base en lo anterior, la Comisión considera que la petición fue presentada de forma oportuna.
Miriam Beatriz Espino Salinas y Familia (P-1141-06)
En este caso la petición fue recibida por la Comisión el 23 de octubre de 2006, y la última decisión judicial a nivel interno data del 10 de agosto de 2005. Aunque ninguna de las partes aportó el registro de la notificación de dicha decisión judicial, lo que permitiría establecer con exactitud la fecha de notificación y por tanto el plazo de vencimiento de los 6 meses, la peticionaria aportó un documento de la Sala Penal Nacional de fecha 4 de mayo de 2006 en el que se ordena notificarle la sentencia de 25 años de prisión emitida por la Corte Suprema de Justicia, con lo que incluso si dicha notificación se hubiera producido ese mismo día, la petición habría sido interpuesta dentro del plazo convencional. El Estado, frente a este alegato, no aportó ningún documento que demostrara que dicha notificación se había realizado en fecha anterior. Con base en lo anterior, la Comisión considera que la petición fue presentada de forma oportuna.
En este caso, la petición fue recibida por la Comisión el 23 de octubre de 2006, y la última decisión del proceso penal seguido contra la presunta víctima fue emitida el 21 de septiembre de 2005. Sin embargo, el 17 de abril de 2006, el Tribunal Constitucional denegó un habeas corpus interpuesto por la presunta víctima en la que ésta alegó la violación de su derecho a la libertad personal, a partir del sometimiento a un juicio que consideró, violaba sus derechos fundamentales. La decisión del Tribunal Constitucional emitida en abril de 2006 era de tal entidad que podría haber alterado lo decidido en el proceso penal y por tanto debe tenerse como la fecha de referencia para el cálculo de los seis meses establecidos convencionalmente. Aunque ninguna de las partes aportó una copia de la boleta de notificación de éstas decisiones judiciales, teniendo en cuenta que el Estado no aportó ningún documento que demostrara que la fecha de notificación de las decisiones judiciales referidas se hizo antes de los 6 meses establecidos, así como teniendo en cuenta que la decisión del Tribunal Constitucional se emitió en abril de 2006, la Comisión considera que hay suficientes elementos para determinar que la petición fue interpuesta dentro del plazo requerido.
En este caso, la petición fue recibida por la Comisión el 12 de diciembre de 2006, y la última decisión del proceso penal seguido contra la presunta víctima fue emitida el 20 de abril de ese mismo año. El peticionario alegó sin embargo, que de ésta última decisión fue notificado el 10 de julio de 2006, con lo que el plazo de 6 meses no habría vencido sino hasta el 10 de enero de 2007, encontrándose conforme a la Convención la interposición de su petición el 12 de diciembre de 2006. Ninguna de las partes aportó una copia de la boleta de notificación de ésta decisión judicial, y el Estado no contrarió lo dicho por el peticionario ni aportó ningún documento que mostrara una fecha de notificación anterior. Por ende, la Comisión toma como la fecha de notificación el 10 de julio de 2006, y por tanto tiene por cumplido el requisito establecido en el artículo 46.1.b).
Nancy Benavente Hinostroza (P-1506-06)
En este caso, la petición fue recibida por la Comisión el 30 de septiembre de 2006, y la última decisión del proceso penal seguido contra la presunta víctima fue emitida el 16 de junio de 2005. El 8 de septiembre de 2005 la Sala Penal Nacional dio orden de que se notificara la sentencia y su ejecutoria, y consta en el expediente que dicha sentencia fue notificada el 4 de noviembre de 2005. Sin embargo, la petición fue presentada 11 meses después, el 30 de septiembre de 2006, por lo que no cumple con el plazo convencional establecido en el artículo 46.1.b). Sin embargo, respecto a los alegatos de tortura supuestamente denunciados pero no investigados, el artículo 46.1.b requiere que se presenten dentro de un tiempo razonable. Con base en la información disponible, la Comisión considera que dicho requisito se encuentra satisfecho.
En este caso, la petición fue recibida por la CIDH el 22 de enero de 2007, y la última decisión del proceso penal seguido contra la presunta víctima fue emitida el 10 de mayo de 2006. Ninguna de las partes aportó el registro de la notificación de dicha decisión judicial, lo que permitiría establecer con exactitud la fecha de notificación y por tanto el plazo de vencimiento de los 6 meses, ni tampoco señaló en qué fecha se habría producido dicha notificación. El Estado no aportó ningún documento que demostrara que la notificación se produjo más de 6 meses antes de que la petición se presentara en enero de 2007, ni tampoco alegó que la misma se hubiera presentado por fuera del plazo. Teniendo en cuenta lo anterior, así como el lapso promedio entre las decisiones y las notificaciones respectivas en las 59 peticiones que comprende éste informe, la Comisión considera cumplido dicho requisito.
En este caso, la petición fue recibida por la CIDH el 30 de enero de 2007, y la última decisión del proceso penal seguido contra la presunta víctima fue emitida el 14 de junio de 2006 por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Ninguna de las partes aportó el registro de la notificación de dicha decisión judicial, lo que permitiría establecer con exactitud el plazo de vencimiento de los 6 meses, ni tampoco señaló en qué fecha se habría producido dicha notificación. El Estado por su parte, no aportó ningún documento que demostrara que la notificación se produjo más de 6 meses antes de que la petición se presentara en enero de 2007, ni tampoco alegó que la misma se hubiera presentado por fuera del plazo. Teniendo en cuenta lo anterior, así como el lapso promedio entre las decisiones y las notificaciones respectivas en las 59 peticiones que comprende éste informe, la Comisión considera cumplido dicho requisito.
En este caso, la petición fue recibida por la CIDH el 23 de marzo de 2007, y la última decisión del proceso penal seguido contra la presunta víctima emitida por la Corte Suprema de Justicia, habría sido notificada a la peticionaria el 4 de octubre de 2006, según alegó en la petición. Acorde con ello, el plazo convencional de 6 meses no habría vencido sino hasta el 4 de abril de 2007. El Estado no aportó ningún documento que demostrara que la notificación se produjo más de 6 meses antes de que la petición se presentara en marzo de 2007, ni tampoco alegó que la misma se hubiera presentado por fuera del plazo. Teniendo en cuenta lo anterior, así como el lapso promedio entre las decisiones y las notificaciones respectivas en las 59 peticiones que comprende éste informe, la Comisión considera cumplido dicho requisito.
En este caso, la petición fue recibida por la CIDH el 3 de abril de 2007. Según consta en el expediente aportado por las partes, el peticionario fue objeto de dos procesos penales, uno por colaboración contra el terrorismo, y otro por actos de terrorismo agravado. Las últimas decisiones judiciales de ambos procesos penales fueron emitidas respectivamente el 25 de octubre de 2007 y el 12 de julio de 2006 por la Corte Suprema de Justicia. Respecto de la última decisión emitida por colaboración con el terrorismo el 25 de octubre de 2007, dicha decisión fue emitida con posterioridad a la interposición de la petición ante la Comisión, con lo que el requisito de los 6 meses se da por cumplido. Respecto de la última decisión emitida el 12 de julio de 2006 por terrorismo agravado, pese a que ninguna de las partes aportó el registro de la notificación de dicha decisión judicial lo que permitiría establecer con exactitud el plazo de vencimiento de los 6 meses, ni tampoco señaló en qué fecha se habría producido dicha notificación, teniendo en cuenta que el Estado no aportó ningún documento que demostrara que la petición se hubiera presentado por fuera del plazo, así como el lapso promedio entre las decisiones y las notificaciones respectivas en las 59 peticiones que comprende éste informe, la Comisión considera cumplido dicho requisito.
En este caso, la petición fue recibida por la CIDH el 23 de abril de 2007, y la última decisión judicial con efectos sobre el proceso penal contra las presuntas víctimas, fue emitida por el Tribunal Constitucional el 19 de febrero de 2007, y le fue notificada a las presuntas víctimas el 10 de abril de 2007. Por tanto, dado que la petición se presentó 13 días después, es claro que está dentro del plazo establecido convencionalmente.
En este caso, la petición fue recibida por la CIDH el 7 de mayo de 2007, y la última decisión del proceso penal seguido contra las presuntas víctimas, proferida por la Corte Suprema de Justicia el 22 de enero de 2007, fue notificada el 16 de abril de 2007. Es decir que la petición se presentó menos de un mes después de ser notificada la decisión judicial definitiva, quedando claro que está dentro del plazo establecido convencionalmente.
En este caso, la petición fue recibida por la CIDH el 14 de enero de 2008, y la última decisión del proceso penal seguido contra la presunta víctima fue proferida por la Corte Suprema de Justicia el 21 de marzo de 2007. No obstante, consta en el expediente que apenas el 2 de julio de ese mismo año, la Sala Penal Nacional emitió una orden de notificación personal de la sentencia y su ejecutoria suprema, aunque la CIDH no cuenta con la constancia de la fecha en que dicha orden se ejecutó y la peticionaria fue notificada. Teniendo en cuenta que el Estado no cuestionó el plazo de presentación, así como el lapso promedio entre las decisiones y las notificaciones respectivas en las 59 peticiones que comprende éste informe, la Comisión considera cumplido dicho requisito.
En este caso la petición fue recibida por la CIDH mediante correo postal el 21 de febrero de 2008, y la última decisión del proceso penal seguido contra la presunta víctima, proferida por la Corte Suprema de Justicia, fue notificada al peticionario el 16 de agosto de 2007. El Estado alega que la misma fue presentada 5 días fuera del plazo convencional. Tomando en cuenta que el peticionario se encontraba en la cárcel cuando intentó realizar un envío postal de carácter internacional, la CIDH concluye que cinco días es una demora razonable para presentar la petición, tomando en cuenta las posibles demoras ocasionadas por la transmisión vía correo postal. La Comisión, citando a la Corte Interamericana ha señalado en diversas ocasiones que es un principio comúnmente aceptado que el sistema procesal es un medio para alcanzar la justicia y que ésta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades.
En este caso, la petición fue recibida por la CIDH el 9 de septiembre de 2008, y la última decisión del proceso penal seguido contra la presunta víctima, proferida por la Corte Suprema de Justicia el 5 de julio de 2007, fue notificada el 19 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, la peticionaria alega que el 19 de diciembre se le notificó entregándosele copias de los votos disidentes de dicha sentencia, mas no de la sentencia como tal. La peticionaria aportó copia de un documento del 18 de enero de 2008 en el que la Sala Penal Nacional ordena que se notifique a la peticionaria con dos copias certificadas de la sentencia y su ejecutoria suprema, así como un documento del 24 de marzo de ese mismo año, en el que consta que el 13 de febrero de 2008, la peticionaria solicitó la “lectura del expediente principal”, según la peticionaria, dado que aún no había sido notificada de la ejecutoria suprema. Afirma la peticionaria que ella solamente pudo conocer el contenido de las sentencias que la condenaron, en abril de 2008.
La Comisión toma nota de la cédula de notificación recibida por la peticionaria el 19 de diciembre de 2007, en el que consta que se la notificó tanto de los votos disidentes, como de la ejecutoria suprema del 5 de julio de 2007, adjuntando copias de las mismas. Asimismo, toma nota del documento del 18 de enero de 2008, en el que la Sala Penal Nacional ordena que se expidan copias certificadas de todo lo actuado a solicitud de la peticionaria. Con base en lo anterior, la Comisión considera que la peticionaria fue notificada de la decisión definitiva de su proceso penal el 19 de diciembre de 2007, fecha en que se le entregó copia de la misma, y dicha fecha no se altera por el hecho de que la peticionaria haya solicitado copias certificadas, y posteriormente haya solicitado la lectura de las mismas. Por tanto, teniendo en cuenta que la petición fue radicada el 9 de septiembre de 2008, la misma no cumple con lo establecido en el artículo 46.1.b) de la Convención.
No obstante, constando que los alegados hechos de tortura sufridos por la peticionaria habrían sido puestos en conocimientos de las autoridades del Estado, existe en éste extremo una hipótesis de violación continuada respecto de la falta de investigación y sanción de la misma que ser examinada por la Comisión. Por tanto, frente a éste extremo, la petición satisface los requisitos de admisibilidad enunciados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y en consecuencia, es admisible.
En este caso la petición fue recibida por la CIDH el 9 de septiembre de 2008, y la última decisión del proceso penal seguido contra la presunta víctima, proferida por la Corte Suprema de Justicia el 26 de noviembre de 2007, habría sido notificada el 10 de marzo de 2008, según alegó la peticionaria. Según ello, el plazo convencional de 6 meses no habría vencido sino hasta el 10 de septiembre de 2008. Teniendo en cuenta que el Estado no aportó ningún documento que demostrara que la notificación se produjo más de 6 meses antes de que la petición se presentara ni alegó que la misma se hubiera presentado por fuera del plazo, así como el lapso promedio entre las decisiones y las notificaciones respectivas en las 59 peticiones que comprende éste informe, la Comisión considera cumplido dicho requisito.
En este caso la petición fue recibida por correo postal por la CIDH el 19 de junio de 2009, y la última decisión del proceso penal seguido contra la presunta víctima, se habría proferido el 29 de octubre de 2008, y habría sido notificada a la peticionaria el 17 de diciembre de 2008. Según ello, los 6 meses convencionales habrían caducado el 17 de junio de 2009. Sin embargo, consta en el sello de envío del correo postal, que la peticionaria envió la petición el 13 de junio de 2009, por lo que una demora de 2 días entre el 17 y el 19 de junio de 2009 resulta razonable. El Estado por su parte no aportó ningún documento que demostrara que la notificación se produjo más de 6 meses antes de que la petición se presentara en junio de 2009, ni tampoco alegó que la misma se hubiera presentado por fuera del plazo. Teniendo en cuenta lo anterior, así como el lapso promedio entre las decisiones y las notificaciones respectivas en las 59 peticiones que comprende éste informe, la Comisión considera cumplido dicho requisito.

References: artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
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