Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2012/as201221240.htm
Timestamp: 2019-04-23 06:18:52+00:00

Document:
201207-Sala Civil-1-240
Auto Supremo: 240/2012
Sucre: 25 de julio de 2012
Expediente: B-17-12-S
Partes: Banco Sur S.A. en liquidación c/ Guillermo Tineo Fernández y Maira Montero de Tineo
Proceso: Ordinario de Nulidad de Auto Definitivo.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 432 a 435 vlta., interpuesto por Guillermo Tineo Fernández contra el Auto de Vista Nº 28/2012, de fs. 423 a 424 vlta., pronunciado el 02 de marzo de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro el proceso de Ordinario de nulidad de Auto Definitivo seguido por el Banco Sur en "Liquidación" contra el recurrente y Maira Montero de Tineo; la respuesta de fs. 447 a 449 vlta.; la concesión de fs. 451; los antecedentes del proceso, el dictamen fiscal; y:
El Juez Segundo de Partido en lo Civil Trinidad-Beni, el 12 de octubre de 2001 pronunció la Sentencia Nº 46/01, cursante de fs. 208 a 213, declaró improbada la demanda Ordinaria de nulidad de Auto Interlocutorio Definitivo de fs. 70 a 73, determinándose en el fondo mantener como valido el Auto Definitivo Nº 38/99 de 11 de diciembre de 1999 años, que declaró Probada la Prescripción Extintiva de la obligación Ejecutiva. De igual forma se declaró Improbada la Reconvencional de fs. 106 a 107 vlta., determinando en el fondo No Haber lugar a la Nulidad de las Diligencias de comunicación demandadas, así como No Ha lugar a la Nulidad por falta de intervención del Ministerio Publico.
Recurrida la resolución mediante recurso de apelación por Carlos Adalberto Ibáñez Vaca por el Banco Sur S.A. en Liquidación por memorial de fs. 215 a 217, la Sala Civil Social Administrativa de la entonces Corte Superior de Justicia del Beni pronunció Auto de Vista que fue objeto de anulación por Auto Supremo que cursa de fs. 298 a 299 vlta., habiéndose dictado nuevo Auto de Vista a fs.324 y vlta. que fue también anulado por Auto Supremo de Fs. 414 a 415 Vlta., llegándose a dictar finalmente el Auto de Vista No. 28/2012 de fecha 02 de marzo de 2012 cursante de fs. 423 a 424 vlta. que revoca parcialmente la Sentencia apelada, declarando probada la demanda de fs. 70-73 e improbada la reconvencional de fs. 106-107 vlta., dejando sin efecto el Auto Interlocutorio Definitivo No. 38/99 de 11 de diciembre de 1999.
Resolución que dio lugar al recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesta por parte de Guillermo Tineo Fernández, que se analiza.
1.- El recurrente reclama por la existencia de presuntos defectos absolutos y fraude procesal en notificación con sentencia y actuados procesales, que se vinieron desarrollando en el transcurso del proceso, que en fecha 19 de octubre de 2000 -en obrados dice 2001-, fue notificada con la Sentencia de primera instancia y recibiendo copia de ley presuntamente a la codemandada Maira Montero de Tineo, sin embargo esa diligencia se habría sentado abusando de su firma en blanco pues fuera la firma suya y no de Maira Montero. Así mismo que el Auto Interlocutorio Nº 101 del 2 de junio de 2000, salientes de fs. 116 vlta. a 118, no habría sido notificado a la co-demandada Maira Montero de Torrico que por lo mismo fuera nula toda actuación posterior por haber indefensión de esta. a fs. 215 vlta. aparecería en la parte inferior una firma con diligencia en blanco y el nombre de Luís Macías K. y más arriba una diligencia donde se indicaría que Maira Montero de Tineo se rehusó a firmar, sin indicar al testigo de actuación. a fs. 134 cursa la diligencia de notificación al fiscal Dr. George Llapiz Laigue sin la firma del cursor de diligencias y a fs. 138 vlta., aparece una diligencia de notificación a Maira Montero de Tineo, indicando que recibió la copia de ley a su vecina sin indicar el nombre de esa vecina.
Con estos antecedentes que dice son "fraude procesal" refiere que debieron anular obrados los del Tribunal Ad quem y considerando que fueran defectos absolutos con violación de disposiciones de orden público, que afectarían al derecho a la defensa refiere recurrir de nulidad contra el Auto de Vista No. 28/2012 a fin de que se "corrijan esos vicios y ordene la NULIDAD de Obrados hasta el Vicio mas antiguo" -sin especificar cual fuera ese presunto vicio-.
2.- De otro lado solicita la nulidad del Auto de Vista Nº 28/2012 en el razonamiento de que habría perdido competencia el Tribunal Ad-quem ya que en fs. 422 vlta., se habría procedido al sorteo de la causa y habiendo sido designando como Vocal relator el Dr. Carlos Alberto Egüez Añez, Vocal de la Sala Civil éste no habría presentado su relación (proyecto de Auto de Vista) y que esto conllevaría la nulidad prevista por el art. 252 del C.P.C., además de la constancia de que el fallo de segunda instancia habría sido dictado por un Tribunal incompetente, habiendo incurrido en la nulidad prevista por el art. 254-1) y 7) del Código de Procedimiento Civil y por haber sido dictado otorgando mas de lo pedido por las partes (principio de congruencia) y por falta de pertinencia art. 254-4) con relación al art. 252 del Código de Procedimiento Civil, con violaciones a los Arts. 1-I, 9 y 209 del referido compilado legal, y al art. 115-II de la Constitución Política del Estado.
En consecuencia solicitó una vez mas se dicte fallo por el Tribunal de Casación anulando el auto de Vista a fin de que se pronuncie nuevo auto de Vista por Vocales habilitados.
3.- Peticiona la nulidad de Auto de Vista por haber sido dictado otorgando mas de lo pedido por las partes, considerando que habría en ello la infracción al principio de congruencia y la existencia de falta de pertinencia. Razonando que el Tribunal de Alzada tenía la obligación ineludible e inexcusable de fundamentar su resolución en sujeción a lo determinado por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que solo se cumpliría con esa labor en los puntos I y III, saliendo del marco de esa congruencia en el punto II refiriendo la aplicación del art. 40 de la Ley SAFCO que habría conllevado se deje sin efecto el Auto definitivo No. 38/99 que declararía la extinción de la obligación, aspecto que no habría sido apelada por parte del ente demandante y tampoco estuviera relacionado con lo resuelto en la sentencia de primera instancia, por referir al cómputo de la prescripción por inactividad procesal, sujeto a la aplicación de normas sustantivas del ordenamiento legal Boliviano. Que en esos antecedentes el Auto de Vista habría otorgado más de lo pedido por las partes, con exceso y abuso de poder enmarcando a la nulidad contemplada en el art. 254-4) del código adjetivo civil. Consecuentemente la petición de que el fallo sea anulando llanamente el Auto de Vista en sujeción a lo determinado en los arts. 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.
Sobre el recurso de casación en el fondo acusó la aplicación indebida, interpretación errónea del art. 40 de la Ley SAFCO y la violación de normas sustanciales civiles insertos en los arts. 1492, 1493, 1503 y 1507 del Código Civil.
Que el fallo recurrido razona en sentido de que al intervenir el Estado debió aplicarse respecto de la prescripción el art. 40 de la Ley 1178 (SAFCO), empero esta disposición referiría a las obligaciones emergentes de la responsabilidad civil establecidas en la descrita ley, su aplicación fuera a las acciones judiciales y obligaciones emergentes exclusivamente de la responsabilidad civil en materia netamente administrativa, emergente del control gubernamental, sustentado en dictamen de contralor general del Estado establecido en la misma ley. Que la responsabilidad civil a que refiere esa ley fuera distinta de una obligación (deuda) suscrito entre un ente de derecho privado y una persona natural, por consiguiente de aplicación las normas civiles.
Que, la cláusula sexta de la Escritura de Préstamo Nº 250/88 utilizada como Titulo Ejecutivo, expresaría que en caso de incumplimiento en el pago de la obligación, daría lugar a que el Banco interponga la acción judicial Ejecutiva, reglando su tramitación a normas civiles, no siendo de aplicación el art.40 de la Ley SAFCO relativo a la prescripción.
Con lo anterior habría interpretación errónea y aplicación indebida del art. 40 de la Ley 1178 y violación de los arts. 1492, 1493, 1503 y 1507 del Código Civil, relativos al término legal de la prescripción de la obligación. Concluye pidiendo se case el auto de vista y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda, firme y subsistente el Auto Definitivo No. 38/99 del 11 de diciembre de 1999.
Que, en función a los fundamentos expuestos, y en consideración a que se ha planteado ambos recursos, es decir, tanto en la forma como en el fondo, corresponde a este Tribunal Supremo pronunciarse primero respecto a las causales de nulidad acusadas, pues de ser evidentes aquellos se resolvería por la anulación de obrados, determinando la imposibilidad de emitir pronunciamiento sobre el fondo.
Manifestado aquello, corresponde precisar:
1.- Que revisados los antecedentes del caso de autos, con relación a la reclamación contenida en el punto I.1 referido a la presunta nulidad de notificación con la sentencia, aparentemente existe confusión en los nombres a tiempo de notificar con el fallo de primera instancia, pues cuando se señala la notificación al ahora recurrente viene una firma que cotejado los antecedentes no fuera su firma, de la misma forma que cuando se notifica a la codemandada Maira Montero de Tineo estaría estampada la firma del codemandado, sin embargo de posteriores actuados se puede verificar que existen otras notificaciones corridas a las mismas personas como la diligencia que corre a fs. 218 vlta. con el traslado corrido al memorial de Recurso de apelación por parte del representante legal de Banco Sur S. A. en Liquidación, sin que en plazo previsto por ley hubieran reclamado sobre esta aparente anormalidad o confusión, dejando incluso el transcurso del tiempo sin contestar al recurso formulado por el demandante, de lo que se deduce que ha convalidado el aparente defecto que hubiera existido, con el aditamento que no consta en obrados ninguna facultad para que el ahora recurrente formule reclamación alguna a nombre de Maira Montero de Tineo, mas aun si consideramos que el fallo de primera instancia le era favorable, no habiendo causado perjuicio alguno que amerite considerar la existencia de indefensión o perjuicio en su contra.
Con referencia a la reclamación de la no notificación con la resolución de fs. 116 vlta. a 118, debe quedar claro que la referida resolución es la respuesta dada por parte del órgano Jurisdiccional al planteamiento del ahora recurrente de excepciones previas, y hasta ese estado del proceso, pese a su legal citación cual sale de fs. 75 vlta, no existe evidencia que la codemandada Maira Montero se hubiera apersonado, señalando domicilio procesal o asumiendo defensa, tanto es así que a fs. 123 por Auto de fecha 20 de junio de 2000 fue declarada rebelde, en ese entendido no existe la posibilidad de que se le haya notificado con el referido auto cuando aun no estaba apersonada, y por ende no podía causarle perjuicio. Y aun de esa rebeldía declarada y notificación legal a fs. 123 de obrados no se apersonó ni asumió defensa, de manera que la reclamación realizada por parte del recurrente sin estar facultado para ello de manera expresa, resulta impertinente. Siempre en función a los reclamos realizados, a fs. 215 aparece el memorial de apelación del demandante de lo que no resulta evidente el reclamo de que en esa foja cursaría alguna diligencia anómala que nulificaría el proceso. Con relación a la presunta carencia de la firma del cursor, correspondía al notificado -Ministerio Público, presunto afectado- realizar cualesquier reclamación, de considerar que le causaba perjuicio o indefensión y no precisamente al ahora recurrente, además en el estado del trámite del proceso, de lo que resultan no se ciertas las acusaciones realizadas por el recurrente.
2.- En referencia al punto abordado, cabe señalar que el sorteo de la causa data de fecha 15 de febrero de 2012, y el Auto de Vista data de fecha 02 de marzo 2012 (fs.423 a 424 vlta), es decir, dictado dentro del plazo previsto por el art. 204 p. II, y la constancia de la no firma del Vocal Percy Solares se debe a una intervención en un fallo anterior que se anulo por parte de la Corte Suprema al haber perdido competencia y no por la intervención en la redacción del fallo hoy recurrido. De manera que resulta sin sustento el reclamo efectuado en ese sentido.
3.- Con referencia a la reclamación formulada de haber otorgado más de lo pedido por las partes en contravención a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, por parte del Tribunal Ad quem en contravención del principio de congruencia, de la revisión del fallo recurrido con relación a los fundamentos del recurso de apelación de fs. 215-217 vlta., evidenciamos que los agravios expresados se refieren: 1.- A la perdida de competencia por haber presuntamente dictado el fallo de primera instancia fuera de término; 2.- Como segundo punto de apelación se evidencia la reclamación al presunto mal cómputo que se hubiera hecho para la procedencia de la prescripción, alegando a ese fin normativa legal que rige la materia civil tanto sustantiva como adjetiva; 3.- A la presunta incompetencia de la Juez que hubiera dictado el fallo. En otro apartado se reclama la presunta no valoración de las pruebas, sin especificar su pretensión. Concluyendo en su petitorio la aplicación del art. 236 y art. 237 inc. 3 del C.P.C.
Por lo dicho después de un análisis prolijo de los antecedentes del proceso y del auto de vista recurrido se concluye que no existe infracción a lo acusado en la forma, deviniendo el recurso en infundado.
Que, por disposición de los arts. 1492 y 1493 del Cód. Civ., los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece, término que comienza a correr desde que el derecho pudo hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo.
Conforme dispone el art. 1507 del Código Civil por regla general los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de cinco años, a menos que la ley disponga otra cosa. En virtud a lo previsto por el art. 1503 del citado Código Civil, la prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificado a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente.
La interrupción prevista en el citado artículo, por disposición del art. 1504 num. 1) del Código Civil, resulta ineficaz si la notificación se anula por falta de forma o se declarase su falsedad.
En el marco de las normas señaladas precedentemente, corresponde ingresar al análisis de los antecedentes del proceso y en ese sentido se tiene:
1.- El Banco Industrial y Ganadero del Beni S.A., el 29 de septiembre de 1993 interpuso demanda ejecutiva en contra de Guillermo Tineo Fernández y Maira Montero de Tineo, pretendiendo el pago de $us.166.100.- dólares americanos que los ejecutados adeudaban a la entidad Bancaria conforme instrumento público Nº 250/88 de 2 de septiembre de 1988.
2.- La Juez de Partido en lo Civil de la ciudad de Trinidad, el 4 de octubre de 1993 emitió el auto intimatorio de pago por la suma de $us.166.100.- y dispuso se libre el correspondiente mandamiento de embargo y la citación de los ejecutados.
3.- Conforme los antecedentes del proceso ejecutivo que cursan en fotocopias legalizadas en obrados, en especial de fs. 40 a 41, los ejecutados habrían sido citados personalmente, mediante diligencia cursante a fs. 28 del proceso ejecutivo (pieza que no cursa en antecedentes).
4.- El 20 de diciembre de 1993, la Juez Segundo de Partido en lo Civil de la ciudad de Trinidad, dictó sentencia declarando probada la demanda ejecutiva y dispuso la prosecución del proceso hasta la subasta y remate de los bienes de los ejecutados para que con su producto se cancele la suma adeudada.
5.- El 19 de enero de 1994, la Juez que conoció el proceso ejecutivo, dispuso se libre comisión instruida para la notificación de los ejecutados con la sentencia.
6.- El 17 de marzo de 1994, ante la representación efectuada la Juez ordenó que la citación con la sentencia se practique mediante cedula en el domicilio de los ejecutados.
7.- Guillermo Tineo Fernández, por memorial presentado el 20 de enero 1999, se dio por citado con la demanda, auto intimatorio de pago y también con la sentencia y solicitó la nulidad de la citación mediante cédula y opuso excepción de prescripción e impersonería del Banco Sur en Liquidación.
8.- Por Auto Definitivo Nº 38/99 de 11 de diciembre 1999, el Juez Primero de Partido en lo Civil de la ciudad de Trinidad en conocimiento de la causa, declaró ha lugar a la excepción de prescripción interpuesta por el ejecutado Guillermo Tineo Fernández y rechazó la excepción de impersonería. Resolución declarada ejecutoriada mediante Auto de 5 de febrero 2000.
9.- José Hernán Blacutt Barrón, en representación del Banco Sur en Liquidación, resultante de la fusión del Banco Industrial y Ganadero del Beni S.A. y del Banco de Inversión Boliviano S.A., mediante memorial de fs. 70 a 73 de obrados, presentado el 22 de marzo 2000, interpuso demanda ordinaria, persiguiendo la nulidad del referido Auto Definitivo dictado en proceso ejecutivo, por considerar indebida la prescripción dispuesta en esa resolución, toda vez que en su criterio el cómputo de la prescripción debió tomar en cuenta que la última actuación realizada en proceso ejecutivo es de 29 de marzo de 1994, habiendo la entidad ejecutante reiniciado su derecho el 19 de noviembre de 1998; consiguientemente, el tiempo de inacción sólo resultaba ser de 4 años, 9 meses y 13 días.
10.- Guillermo Tineo Fernández en su condición de demandado, por memorial de fs. 76 a 77 vlta., negó la demanda.
Establecidos los antecedentes corresponde señalar que la acción del ex banco Big Beni (hoy Banco Sur S.A. en Liquidación), para el cobro de la suma adeudada de $us.166.100.- fue ejercida a través de la interposición de la respectiva demanda ejecutiva, misma que al haber sido citada, conforme refiere los antecedentes del proceso ejecutivo a los deudores, en fecha 15 de diciembre de 1993, generó el efecto previsto en el art. 1503-I del Código Civil; es decir que la citación con la demanda ejecutiva interrumpió la prescripción. Ahora bien, si la prescripción fue interrumpida por dicha citación, todo el tiempo transcrurrido hasta entonces quedó sin efecto. Al haberse dictado sentencia dentro del proceso ejecutivo el 20 de diciembre de 1993, se entiende que el proceso continuó con su trámite normal y en primera instancia concluyó con la emisión de la referida sentencia. Si bien no existe en antecedentes ninguna referencia respecto a la notificación con la referida sentencia, no es menos evidente que al haberse interpuesto una demanda ejecutiva, la cual fue citada a la parte ejecutada y que mereció el pronunciamiento de una sentencia, resulta ilógico hablar de prescripción de la acción, pues como se tiene señalado la acción fue ejercida por el titular del derecho, a través de una demanda ejecutiva, que fue citada a la parte ejecutada y que derivo en la emisión de una sentencia. Por ello, el fundamento en virtud al cual el Juez Primero de Partido en lo Civil de la ciudad de Trinidad, que conoció el proceso ejecutivo resolvió por declarar ha lugar a la excepción de prescripción opuesta por los ejecutados, resulta injustificado, tomando en cuenta que para sustentar dicho pronunciamiento, el referido juez señaló que: "la última actuación en la que intervinieron los co ejecutados fue el 15 de diciembre de 1993, que cursa a fs. 30; y con la reactivación del proceso a los co ejecutados recién se les notifica el 11 de enero de 1999, habiendo transcurrido 5 años y 28 días de inactividad del derecho, es decir del Banco ejecutante", la fundamentación expuesta es cuestionable por las siguientes razones:
1.- Como se dijo anteriormente, el Banco Big Beni ahora Banco Sur S.A. en Liquidación, al interponer la demanda ejecutiva y al haber sido citada a los ejecutados, ejercitó su acción de cobro, resultando por ello un contrasentido declarar la prescripción de una acción ya ejercitada y cuya interrupción de la prescripción operó, precisamente, con la citación de esa demanda ejecutiva (misma que no fue anulada a efectos de hacer ineficaz dicha interrupción de la prescripción).
2.- Si la Sentencia en el proceso ejecutivo se dictó el 20 de diciembre de 1993, no existe razón alguna para argumentar que la última actuación de los ejecutados se desarrolló el 15 de diciembre de 1993 y a partir de entonces pretender el cómputo de los cinco años previstos por el art. 1507 del Código Civil.
En el proceso ejecutivo, si bien no existe la perención de instancia, por determinación del art. 313 num. 2) del Código de Procedimiento Civil; debemos entender que, el Juez que conoció el proceso ejecutivo entendió que el abandono de la causa por parte de la entidad ejecutante, por el lapso mayor a 5 años, daba lugar a declarar la prescripción de la acción; sin embargo, precisamente al no existir la sanción de la perención en el proceso ejecutivo, la inacción del titular de la acción (ya ejercida), no podía ser sancionada con la perención y menos con la prescripción, pues se entiende que el proceso ejecutivo debe desarrollarse con el impulso procesal del juzgador y no del ejecutante y en virtud a ello, es deber del juez proseguir el proceso como en los hechos se hizo, hasta la emisión de la sentencia. Consiguientemente, el criterio en virtud al cual se declaró probada la excepción de prescripción resulta inapropiado.
Ahora bien, una vez dictada la sentencia y notificada con ella a la entidad ejecutante, ésta tenía la obligación de promover la notificación con esa sentencia a la parte ejecutada y una vez ejecutoriada la misma, la entidad ejecutante, tiene el derecho patrimonial para ejecutar el derecho reconocido en la sentencia. Si la entidad ejecutante una vez ejecutoriada la sentencia no ejecuta la misma dentro el término establecido en el art. 1507 del Código Civil, tomando en cuenta que el derecho reconocido en una sentencia ejecutiva es de carácter patrimonial, es posible que opere la prescripción del derecho a ejecutar el derecho patrimonial reconocido y contenido en la referida sentencia, pero ello es distinto a la prescripción de la acción del derecho que ya fue ejercitado, considerado y resuelto en Sentencia.
En el caso que se analiza se presenta una situación especial, pues, dictada la sentencia la parte ejecutante solicitó orden instruida para la respectiva notificación de los ejecutados, la cual en última instancia fue librada el 22 de marzo de 1994, sin que la misma hubiese sido ejecutada, apersonándose Guillermo Tineo Fernández y dándose por notificado con los actuados del proceso ejecutivo, incluyendo la sentencia, en fecha 20 de enero 1999, previo apersonamiento del representante legal del Banco Sur S.A. en Liquidación de fecha 19 de noviembre de 1998., que dio lugar a la providencia de 20 de noviembre del mismo año, que ordenó el desarchivo del expediente y posterior providencia de 6 de enero de 1999 que tuvo por apersonado al representante legal de la entidad ejecutante. Ahora bien, suponiendo que el derecho a ser efectivo el derecho patrimonial reconocido en la sentencia esté sujeto al régimen de prescripción aún no estando ejecutoriada dicha sentencia, correspondería analizar que, desde la fecha en que se libro la última orden instruida (22 de marzo de 1994), momento a partir del cual se supone que la entidad ejecutante abandonó su derecho a perseguir el cobro de la suma condenada a los ejecutados en sentencia, hasta la presentación del memorial de apersonamiento de Guillermo Tineo Fernández (20 de enero 1999) impetrando la prescripción, transcurrieron solamente 4 años y aproximadamente 10 meses; en consecuencia no habría operado la prescripción que indebidamente fue acogida por el Auto Definitivo Nº 38/99 de 11 de diciembre de 1999 cuya nulidad fue demandada por el Banco Sur S.A. en Liquidación. De los fundamentos expuestos, se establece que el Tribunal de Alzada, revocando parcialmente la sentencia y declarando probada la demanda, dejando sin efecto el referido Auto Definitivo, obró correctamente, aunque para tal efecto, indebidamente fundó su decisión en la aplicación del art. 40 de la Ley Nº 1178 - SAFCO, determinación que resulta impertinente al caso que se analiza; por cuanto dicha determinación es aplicable solo para efectos del término de la prescripción de la responsabilidad civil de los servidores públicos y particulares que contratan con el Estado y no así para el caso concreto que tiene su origen en una obligación patrimonial contraída por quienes fueron ejecutados Guillermo Tineo Fernández y Maira Montero de Tineo con el entonces Banco Big Beni, relación jurídica que resulta ajena a las previsiones del citado artículo, relación que se encuentra sometida a las regulaciones contenidas en el ámbito civil y comercial.
Corresponde precisar que los fundamentos en base a los cuales el Tribunal de Alzada revocó parcialmente la sentencia, no son correctos; sin embargo, en base a los fundamentos contenidos en la presente resolución, se establece que la decisión asumida es la que corresponde en ley; debiendo tenerse en cuenta los fundamentos expuestos en la presente resolución.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271 - 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 432 a 435 vlta., interpuesto por Guillermo Tineo Fernández contra el Auto de Vista Nº 28/2012, de fs. 423 a 424 vlta. Sin costas.
Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani

References: resolución 

Resolución 
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