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Timestamp: 2019-09-22 20:18:18+00:00

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Pros y contras de los criterios vinculantes registrales
12 septiembre, 2016	por Gilberto Mendoza
El día de ayer terminó en la ciudad de Tela el “Primer Encuentro de Registradores de la República de Honduras”, el cual tuvo la presencia de diferentes Registradores, autoridades y docentes de Derecho Registral de toda Latinoamérica.
Este importante evento tuvo como objetivo establecer acuerdos entre los registradores hondureños para adoptar criterios vinculantes respecto a similares casos que se presentan en los registros y así poder brindar una mayor predictibilidad a los registros.
Para algunos, al ser el registrador autónomo, su criterio de interpretación no debería ser cuestionado si este es conforme a Ley.
Sin embargo, bajo este criterio en la realidad ocurre que un mismo título puede ser inscrito por un registrador, mientras que para otro este no cumple de manera estricta con los requisitos legales para su inscripción, por lo que se procede a la denegatoria. Esta realidad en la cual un mismo título puede ser inscrito por un registrador y por otro no, causa malestar en los ciudadanos.
Ha tratado de darse solución a esta situación en algunos países como España con la figura del Registrador Sustituto[1], mediante la cual frente a un caso de una denegatoria de inscripción, puede instarse la calificación en el mismo procedimiento por otro registrador.
En nuestro país la figura de precedentes y acuerdos del Tribunal Registral, así como los acuerdos de los Registradores se vienen adoptando hace varios años, considerándose a pesar de las diversas críticas, útiles para los usuarios por la predictibilidad que generan.
No obstante ello, el presente post tiene el objetivo de describir algunos problemas que se han verificado a lo largo de estos años respecto a los precedentes y acuerdos Registrales en nuestro País.
JERARQUÍA O ESPECIALIDAD: PRECEDENTES VS DIRECTIVA
Las Directivas son aprobadas por resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos, en cambio los precedentes o acuerdos son emitidos por el Tribunal Registral, órgano jerárquicamente inferior.
Bajo un criterio de jerarquía, evidentemente una Resolución, Precedente o Acuerdo no pueden dejar sin efecto una Directiva; sin embargo, bajo un criterio de especialidad decisiones del Tribunal Registral han dejado sin efecto una Directiva.
Este fue el caso de la interpretación del Art. 153 del Código Civil respecto al poder irrevocable:
“El poder es irrevocable siempre que se estipule para un acto especial o por tiempo limitado o cuando es otorgado en interés común del representado y del representante o de un tercero.
El plazo del poder irrevocable no puede ser mayor de un año”.
Mediante Resolución N” 463-2002-SUNARP/SN se aprobó la Directiva N” 12-2002-SUNARP/SN, publicada el 16.10.2002, la cual en su artículo 5.1 estableció:
“5.1 Plazo de caducidad del poder irrevocable.- Salvo disposición en contrario, en los casos en los que se haya otorgado poder irrevocable sin fijar plazo para el ejercicio del poder o cuando se haya fijado un plazo mayor al previsto en el artículo 153 del Código Civil, dicho poder caduca transcurrido un año desde la fecha de su otorgamiento o desde la fecha de inicio del cómputo del plazo establecido en el acto de otorgamiento, según sea el caso. la caducidad del poder extingue de pleno derecho el asiento de inscripción respectivo. Operada la caducidad, no se otorgarán certificados de vigencia referidos a dichos poderes”.
Frente a esta disposición de forma recurrente, llegándose a convertir en acuerdo del XXV Pleno[2], se dispuso[3]:
“La interpretación de las normas del Código Civil sobre el plazo del poder irrevocable efectuada por la directiva Nº 012-2002-SUNARP-SN contraviene las disposiciones del Código Civil por lo que la citada directiva resulta inaplicable”.
Téngase en cuenta que una decisión del Tribunal Registral declara inaplicable una norma de superior rango.
Finalmente mediante Resolución 123-2008-SUNARP/SN publicada el 25.4.2008 se deja sin efecto la Directiva.
INTEGRACIÓN DE LA ¿CADUCIDAD?
“Las inscripciones de las hipotecas, de los gravámenes y de las restricciones a las facultades del titular del derecho inscrito y las demandas y sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a actos o contratos inscribibles, se extinguen a los 10 años de las fechas de las inscripciones, si no fueran renovadas.
La norma contenida en el párrafo anterior se aplica, cuando se trata de gravámenes que garantizan créditos, a los 10 años de la fecha de vencimiento del plazo del crédito garantizado.” (El subrayado es nuestro).
Ahora click here téngase en cuenta que el numeral 3 de la Ley Nº 26639 se refiere a:
“(…) las demandas y sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a actos o contratos inscribibles (…)”.
De esto se ha extendido la aplicación no sólo al registro de predios, sino al de personas naturales fundamentándose en que la anotación de declaratoria se encuentra comprendida en la Ley 26639, bajo el rubro de “otras resoluciones” y que por lo tanto caducan a los 10 años de anotadas.
Recuérdese que en el título preliminar del Código Civil se señala: “Artículo IV.- La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía”.
Actualmente existen más de 400 (entre precedentes y acuerdos) criterios en los diferentes registros, pudiéndose organizar temáticamente ello a fin que el usuario tenga mejor información al momento de realizar la solicitud de inscripción.
Deberían también sistematizarse las denegatorias recurrentes a fin que el usuario tome las previsiones del caso.
La sistematización es importante porque la cantidad de precedentes y acuerdos se torna inmanejable no sólo en el caso una lectura literal de estos, sino porque puede existir conflicto entre los propios precedentes y acuerdos.
Debe tomarse en cuenta que existen precedentes que se refieren a una misma figura, por ejemplo hipoteca. En otros casos hay precedentes que puede aplicarse a varios registros por ejemplo el tema de los factores de conexión para la identificación del nombre respecto a los registros de bienes muebles e inmuebles.
Así como hay precedentes y acuerdos que pueden aplicarse a todos los registros como los referidos al contencioso administrativo, documentos complementarios, anotación preventiva, entre otros.
Esta sistematización es una tarea pendiente, dado que sería muy útil en nuestro medio.
Los precedentes y acuerdos son útiles para brindar predictibilidad a la calificación, los cuales son producto de una discusión previa que debe realizarse de forma responsable a fin de garantizar la legalidad de las mismas.
Existen países que aparentemente no lo necesitan (Chile), en otros que consideran que pueden ser útiles (Honduras), y otros como nosotros que nos encontramos en medio de un mar de criterios que la mayoría de ciudadanos desconoce su existencia y aplicación. Nos toca trabajar sobre ello.
[1] Real Decreto 1039/2003, de 1 de agosto de 2003.
[2] Sesión ordinaria realizada los días 12 y 13 de abril de 2007.
[3] Posteriormente el Acuerdo Plenario fue dejado sin efecto conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional N° 04293-2012-PA/TC del 18 de marzo de 2014, que estableció: “Dejar sin efecto el precedente vinculante contenido en la STS N° 03741-2004-PA/TC, conforme al cual se autorizaba a todo tribunal u órgano colegiado de la Administración Pública a inaplicar una disposición infraconstitucional cuando considere que ella vulnera manifiestamente la Constitución, sea por la forma o por el fondo”.
Algunos apuntes sobre las anotaciones preventivas
Traslado de asientos incompatibles: ¿prioridad de la inscripción o del asiento de presentación?
“BESTIMMTHEITSGRUNDSATZ” y el Principio de Especialidad Registral

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 153
 Resolución 
 Real Decreto