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Timestamp: 2019-11-15 08:31:00+00:00

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N- tribunal primero civil, seccion primera - página 9
Sentencia: 00352 Expediente: 04-001416-0166-LA Fecha: 25/07/2008 Hora: 8:55:00 AM Emitido por: Tribunal de Trabajo Sección III
Redactor: Luis Fernando Salazar Alvarado
Tiene voto salvado
Contenido de interés 1 , Contenido de interés 2 (Voto salvado)
* 040014160166LA *
EXPEDIENTE: 04-001416-0166-LA
PROCESO: OR.S.PRI. PRESTAC. Y REINSTAL.
ACTOR: CARLOS EDUARDO ARIAS DUARTE
DEMANDADO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN LTDA.
Voto N° 352
TRIBUNAL DE TRABAJO SECCIÓN TERCERA , SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las ocho horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de julio del año dos mil ocho .
Ordinario seguido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José por Carlos Eduardo Arias Duarte mayor, casado, oficial de seguridad, vecino de Tilarán , contra Seguridad y Vigilancia Sevin Limitada , representado por su Apoderado Generalísimo sin límite de suma Jorge Antonio Hernández Soto, mayor, casado una vez, Gerente, vecino de Santa Ana. Figuran como Apoderados Especiales Judiciales de la parte actora el Licenciado Jonatan Picado León, mayor, abogado, vecino de San José y el Licenciado Víctor Hugo Castro Cartín, mayor, abogado, vecino de Paraíso de Cartago y de la parte demandada el Licenciado Ronald Joaquín Campos Arias, mayor, casado dos veces, abogado y notario, vecino de San Juan de La Unión.
Solicita la parte actora se condene al ente demandado a que se declare con lugar esta demanda, se ordene al demanadado al pago de vacaciones, aguinaldo, preaviso, cesantía, horas extras, intereses y demás costas, retroactivos a la fecha en que finalizó la relación laboral.
El ente demandado contestó en forma negativa la acción, y opuso las excepciones de de pago, falta de derecho, prescripción y la genérica actione agit. Además solicita se condene a la parte actora al pago de las costas procesales de esta acción, también sea rechazada la demanda en todos sus extremos ya que ellos le fueron cancelados en su momento oportuno, por lo tanto pide se acepte las excepciones que anteriormente se indican.
La A-quo en sentencia de las dieciocho horas y once minutos del veinticuatro de setiembre del año dos mil siete, resolvió el asunto así: "Se declara parcialmente con lugar la presente demanda establecida por CARLOS EDUARDO ARIAS DUARTE, contra SEGURIDAD Y VIGILANCIA SERVIN LIMITADA, quien debe pagar al primero, las suma total de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS COLONES CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS, por concepto de diferencias en el pago de horas extras, cesantía, vacaciones y aguinaldo proporcional realizado por la demandada.- Se conceden intereses sobre las sumas adeudadas a partir del momento de la ruptura de la relación laboral y hasta su efectivo pago de conformidad con el artículo 1163 del Código Civil. Por la forma en que ha quedado resuelto el presente asunto se acoge parcialmente la excepción de pago. Se rechaza la falta de derecho así como la genérica de sine actione agit, se rechaza la de prescripción por improcedente. Otorgadas la mayoría de las pretensiones, por disposición de los artículos 452 del Código de Trabajo y 221 del Código Procesal Civil, son las costas a cargo de la demandada, fijándose en un quince por ciento del total de la condenatoria. Se advierte a las partes que esta sentencia admite recurso de apelación el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el termino de TRES DÍAS.- En ese mismo plazo y ante este órgano judicial, también deberán exponer en forma verbal o escrita los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad, bajo el apercibimiento de declarar inatendible el reclamo.- (Artículo 500 y 501 incisos c y d del Código de Trabajo.- Votos número 5798-98 y 1306-99 de la Sala Constitucional y número 386-99 de la Sala Segunda)."
Conoce este Tribunal de ese fallo en apelación de la parte demandada .-
Redacta el Juez SALAZAR ALVARADO ; y,
Por responder al mérito de los autos y a las pruebas allegadas al proceso, se aprueba la relación de hechos probados contenida en la sentencia que se conoce en grado.
Conoce del presente asunto este órgano jurisdiccional en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Lic. Ronald Joaquín Campos Arias, en su condición de Apoderado Especial Judicial de la parte demandada; y quien, mediante escrito de folios 129 y 130, se manifiesta disconforme con lo resuelto en el fallo de primera instancia, argumentando, como único motivo de agravio, que el extremo de la cesantía, a la que fue condenada su representada, formó parte de un arreglo conciliatorio llevado a cabo en el Ministerio de Trabajo de Cañas, Guanacaste; por lo que, la condena al pago de ese extremo, produce un enriquecimiento ilícito en beneficio de actor y en perjuicio de su representada. III.-
En lo que es objeto de recurso y en atención a los agravios expuestos por el demandado recurrente, con el parámetro establecido por el numeral 502, párrafo final, del Código de Trabajo y lo dispuesto por el Voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, N° 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 -que le permite al Superior conocer del proceso únicamente en virtud de los agravios concretos formulados por los recurrentes-, este Tribunal de alzada arriba a la conclusión de que, lo sentenciado al respecto, debe ser revocado, por las siguientes razones.
Con el escrito inicial de demanda, el actor reclamó los extremos de vacaciones y aguinaldo proporcionales, preaviso, cesantía y el pago de las horas extra laboradas, así como los intereses y las costas del proceso. Estos extremos, excepto el preaviso de despido, fueron acogidos en la sentencia apelada. Ahora bien, mediante nota del 27 de noviembre de 2003, dirigida a su entonces patrono, el actor manifestó su voluntad de no aceptar el traslado a otra zona del país, por lo que aceptó dar por terminado el contrato de trabajo; siempre y cuando la empresa le cancele, antes del 20 de diciembre de 2003 y según el convenio ofrecido por la empresa Sevin Ltda., el cincuenta por ciento de las prestaciones. Es así como, ante la Inspección Cantonal de Trabajo de Cañas, Tilarán y Abangares, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según documento que rola al folio 39, el actor y el representante patronal, en fecha 15 de diciembre de 2003, llegan a conciliar lo anteriormente acordado, procediendo el actor a recibir, mediante cheque del Banco Nacional de Costa Rica, el cincuenta por ciento de las vacaciones, el aguinaldo y de la cesantía. En otras palabras, en sede administrativa laboral, llegaron a un arreglo conciliatorio; y que, al ser la cesantía un derecho discutible y transable, adquirió pleno valor el convenio al que llegaron las partes. De tal manera que, lleva razón el demandado recurrente, al impugnar la condena de este extremo; sobre el cual recayó un arreglo conciliatorio administrativo. Así, por medio de este convenio -acto jurídico bilateral- se extinguió una obligación litigiosa; a saber, el auxilio de la cesantía, y que, contrario a lo que sucede con las vacaciones, el aguinaldo y el salario, sí puede ser transado, mediante acuerdo de partes. De esta forma, no le es aplicable la regla de la irrenunciabilidad de derechos (artículos 74, Constitucional y 11, del Código de Trabajo); puesto que, la cesantía, no tiene esa protección especial. Entonces, respecto de este extremo litigioso y transable, único sobre el cual apela el demandado, sí tiene plena validez el acuerdo conciliatorio llevado a cabo ante el Ministerio de Trabajo, razón para revocar, respecto de él, la condena efectuada en la sentencia de la instancia precedente; evitándose así, como lo acusa el recurrente, un enriquecimiento ilícito en beneficio del actor y en perjuicio del demandado. En abono de esta tesis, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, citando varios antecedentes de la Sala Constitucional de esa misma Corte, dispuso que: "tal irrenunciabilidad de derechos, no es ilimitada, como no lo es la libertad de contratación ni lo demás derechos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, pues todos coexisten en un mismo sistema normativo y responden a una serie de intereses, algunas veces contrapuestos, que deben siempre ponderarse" (Sentencia Nº 393, de 17 de diciembre de 1999).
En síntesis, si el extremo transado responde básicamente a un derecho disponible; a saber, el auxilio de la cesantía, no cabe la menor duda, a criterio de los suscritos, de que el finiquito no lesionó principio constitucional ni legal alguno, ya que la protección de los numerales 74, de la Constitución Política y 11, del Código de Trabajo, está referida -como se dijo- para los derechos de vacaciones, aguinaldo, salarios, jornada extraordinaria y otros indisponibles, pero no para aquellos que se consideran expectativa de derechos, como el transado en autos. Por tal razón, el arreglo conciliatorio al que se ha hecho referencia, al amparo de los artículos 39, 43, 44 y 45, de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y 2, 3, 5 y 9, de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, resulta acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, propios en esta clase de extinción de obligaciones. En el voto recién citado, se lee además lo siguiente: "En síntesis, dentro de los límites de la mencionada irrenunciabilidad de derechos laborales podemos encontrar la libertad contractual, la cual, a su vez, se encuentra limitada por aquella, de manera tal que, el juzgador, a la hora de analizar la validez de un negocio jurídico de este tipo, debe atenderse al caso específico y determinar, además de la libertad en la manifestación de la voluntad de las partes, si los derechos negociados son realmente disponible, si el acuerdo se encuentra dentro de los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad dispuestos por la Sala Constitucional y por ende, si está conforme con las leyes de trabajo". Tampoco podría válidamente alegarse la aplicación del principio in dubio pro operario; pues éste, en los términos del artículo 17, del Código de Trabajo, se emplea para los efectos de interpretar las normas oscuras jurídico-laborales en caso de duda, que no es precisamente el caso de estudio. Este principio tiene su campo de actuación en la interpretación de normas legales, para cuando éstas permitan distintos sentidos atribuyendo a las mismas el que resulte más favorable para el trabajador, pero no sustituye, como bien los dicen los profesores Manuel Carlos Palomeque López y Manuel Alvarez de la Rosa, "a los modos o criterios legales de interpretación sino que aparece cuando el criterio favorable al trabajador inclina la solución, pero no como método primero sino último en el razonamiento. En cualquier caso, el principio in dubio pro operario, con los otros criterios hermenéuticos de mayor objetivación sirve sólo para interpretar normas legales. No puede servir este principio tampoco para alterar los hechos objeto de debate ni las reglas de la carga de la prueba" (Derecho del Trabajo, Colección Ceura, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Undécima edición, Madrid, 2003, página 415).
Por todo lo anteriormente considerado, ese extremo de la condenatoria, entiéndase auxilio de cesantía, debe revocarse, tal como lo pide el recurrente.
Se declara que en los procedimientos no se observan defectos u omisiones causantes de nulidad o indefensión; y, en lo que fue objeto de recurso, se revoca la sentencia apelada en cuanto condenó a la demandada al pago del auxilio de la cesantía, extremo que se deniega.
LUIS FDO. SALAZAR ALVARADO
LORENA ESQUIVEL AGÜERO Mª ENILDA ALVARADO RODRÍGUEZ
En mi condición de integrante de esta Sección, me aparto del voto de mayoría y lo emito de la siguiente manera:
ANTECEDENTES. Como hechos que se han tenido por acreditados por la autoridad de primera instancia y que no han sido cuestionados, tenemos que el actor laboró, como guarda de seguridad de la accionada, por espacio de cinco años, cuatro meses y un día, y que devengó, como promedio en los últimos seis meses, un total de ciento ochenta y ocho mil ciento ocho colones con sesenta y dos céntimos, incluyendo los importes no cancelados por concepto de horas extra. Ahora bien, partiendo de esos hechos, la señora jueza ordena el pago de novecientos cuarenta mil quinientos cuarenta y tres colones con diez céntimos, por concepto de auxilio de cesantía, decisión que el recurrente cuestiona, al indicar que el importe que se le adeudaba fue cancelado y en todo caso, el actor estuvo de acuerdo en el pago sólo de un cincuenta por ciento, por lo que no se explica por qué se ordena el pago en su totalidad, por lo que se impone analizar si tal argumento es de recibo.
II- Si observamos el documento de folio 41 tenemos que el actor dio por rota la relación laboral a cambio de que se le cancelara, antes del veinte de diciembre del dos mil tres, un cincuenta por ciento del importe que por concepto de vacaciones, aguinaldo y auxilio de cesantía le correspondía. En cumplimiento de ese acuerdo la accionada procedió al pago, a favor del actor, de la suma de doscientos noventa y cuatro mil quinientos veinte colones, suma que, según sostiene el actor, en el hecho octavo de su demanda, no cubre el cincuenta por ciento de lo adeudado por esos extremos. Para determinar la eficacia, de la manifestación hecha por el actor visible a folio 41 y que originó el pago que consta a folio 39, es preciso acudir a la disposición contenida en el artículo 74 de la Constitución Política que señala que los derechos y beneficios contenidos en el Capítulo Único del Título V de ese cuerpo de leyes son irrenunciables, enunciado que se repite en el artículo 11 del Código de Trabajo. En cumplimiento de esas disposiciones, tenemos que la renuncia de derechos laborales es improcedente, aun cuando se trate de extremos como el auxilio de cesantía, el cual, en casos como éstos, en donde el cese obedece a circunstancias objetivas atribuibles a la empleadora y, por ello, ajenas a la voluntad del trabajador, se torna en un extremo indiscutible. Decimos que el cese no es imputable al actor, por cuanto la demandada ha accedido al pago de una parte del auxilio de cesantía, con lo que reconoce su responsabilidad por ese hecho. En consecuencia, la conclusión que se impone es que se trató de una cese con responsabilidad patronal. Si analizamos el contenido de la manifestación visible a folio 41, concluimos que se trata de una decisión unilateral del trabajador, ante la solicitud que le formuló la empleadora, quedando claro que esa manifestación de voluntad no es el resultado de una conciliación extrajudicial (como podría haber sido el acuerdo conciliatorio ante el órgano respectivo del Ministerio de Trabajo, caso en el cual hubiera habido una tercera persona que velara porque no se produjeran desequilibrios y porque los involucrados estuvieran al tanto de los derechos sobre los que se estaba conciliando) o judicial, acuerdos que, por su naturaleza y por el procedimiento a seguir para constituirlos, tienen efectos muy diferentes a los que puede otorgársele a una simple manifestación de una persona trabajadora, como la que consta a folio 41. Decimos que es unilateral esa manifestación por cuanto se trata de una comunicación del actor dirigida a la parte demandada de fecha 27 de noviembre del 2003. Véase además que, si bien el Ministerio de Trabajo intervino, como consta a folios 39 y 40, ello acaeció con posterioridad, en fecha 15 de diciembre, en un primer momento, como consta a folio 39, para dar fe de la cancelación de la suma de doscientos noventa y cuatro mil quinientos veinte colones, y posteriormente, según consta a folio 40, para aclarar que la estimación de derechos fue la aportada por la parte patronal y el cincuenta por ciento es conforme a lo que la parte patronal propuso, como pago de liquidación de vacaciones, aguinaldo y cesantía. No hay un acta en donde un funcionario del Ministerio de Trabajo, comparezca en su condición de conciliador, junto con las partes en conflicto, para negociar sobre los intereses en juego y en donde consten, ciertos aspectos trascendentales para la validez de un acuerdo de esa naturaleza, tales como que se le ha hecho saber a las partes los derechos que están en juego, los aspectos que serán negociados, las consecuencias de la negociación, y la relación puntual de los acuerdos que se han tomado. Al no haber un acuerdo en la forma expuesta, los efectos que la parte recurrente pretende que se le de a la manifestación visible a folio 41, no son de recibo. Pues lo que el recurrente pretende es que esa manifestación produzca los efectos de una conciliación extrajudicial, sin que esa forma de negociación se haya producido, según lo hemos explicado. Véase que se han comprometido derechos como el aguinaldo y vacaciones, que se han tenido como derecho sobre los que la conciliación es improcedente. En consecuencia, por las razones señaladas, bien hizo la juzgadora al ordenar el pago de la totalidad del importe que, según las operaciones matemáticas por ella realizadas y que no se han cuestionado, debía cancelarse por concepto de auxilio de cesantía, deduciendo el importe que pagó la accionada en su oportunidad. Por las razones expuestas, la sentencia apelada en cuanto ha sido motivo de agravio, se ha de confirmar.

References: artículo 1163
 Resolución 
in dubio
 artículo 17
in dubio
 artículo 74
 artículo 11