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Timestamp: 2017-04-24 17:29:42+00:00

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Resolución de La Sala Plena Nº 001-2016-SERVIR-TSC
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presentar la renovación o contratación de una nueva
póliza al vencimiento de los plazos antes indicados, se
procederá conforme a lo establecido en el literal c), Artículo
45º del Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas
Vehiculares, referida a la caducidad de la autorización.
Artículo 4°.- Remitir a la Superintendencia de
Transporte de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN,
copia de la presente Resolución Directoral para las
acciones de control conforme a su competencia.
Artículo 5°.- La presente Resolución Directoral surtirá
efectos a partir del día siguiente de su publicación, siendo
de cargo de la empresa denominada “EL VOLANTE CITV
S.A.C.”, los gastos que origine su publicación.
1437560-1
Establecen precedentes administrativos de
observancia obligatoria para determinar
la correcta aplicación de las normas que
regulan la prescripción de la potestad
disciplinaria en el marco de la Ley N° 30057
Nº 001-2016-SERVIR/TSC
ASUNTO : LA PRESCRIPCIÓN EN EL MARCO DE
LA LEY Nº 30057, LEY DEL SERVICIO CIVIL
Los Vocales Titulares y Alternos del Tribunal del
Servicio Civil, integrantes de la Primera y Segunda Salas,
reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 4º del Reglamento del
Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo
Nº 008-2010-PCM1, emiten el siguiente:
1. A través de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio
Civil, en adelante, la Ley, publicada en el Diario Oficial
“El Peruano” el 4 de julio de 2013, se ha establecido un
régimen único y exclusivo para las personas que prestan
servicios en las entidades públicas del Estado y aquellas
que se encuentran encargadas de su gestión, del ejercicio
de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo
2. Aunque la incorporación a este nuevo régimen es
voluntaria para los trabajadores comprendidos en los
Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 10572, la Novena
Disposición Complementaria Final de la Ley estableció
reglas para la aplicación de dicha ley a quienes se
encontraran sujetos a los regímenes laborales regulados
por los Decretos Legislativos Nos 276 y 728. Así, el
Título V de la Ley, referido al Régimen Disciplinario y
Procedimiento Sancionador, se aplicaría una vez que
entraran en vigencia las normas reglamentarias de dicha
3. Posteriormente, el 13 de junio de 2014 se publicó
en el Diario Oficial “El Peruano” el Reglamento General de
la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo
Nº 040-2014-PCM, en adelante, el Reglamento, en cuya
Undécima Disposición Complementaria Transitoria3
se estableció que el título correspondiente al régimen
disciplinario y procedimiento sancionador entraría en
vigencia a los tres (3) meses de publicación de dicho
reglamento, es decir, a partir del 14 de septiembre de
2014. En la Tercera Disposición Complementaria Final, a
su vez, se precisó que la Autoridad Nacional del Servicio
Civil – SERVIR podría aprobar normas aclaratorias o de
desarrollo de dicho reglamento, dentro del marco legal
4. En mérito a ello, el 20 de marzo de 2015 la
Autoridad Nacional del Servicio Civil aprobó la Directiva
Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Régimen
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº
30057, Ley del Servicio Civil”, en adelante, la Directiva,
para una adecuada aplicación del Régimen Disciplinario
y Procedimiento Sancionador de la Ley Nº 300574. En el
numeral 4 de la Directiva se estableció lo siguiente: “La
presente directiva desarrolla las reglas procedimentales
y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento
sancionador y es aplicable a todos los servidores y
ex servidores de los regímenes regulados bajo los
Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley Nº 30057,
con las exclusiones establecidas en el artículo 90 del
5. De esta manera, quedó claro que a partir del
14 de septiembre de 2014 el régimen disciplinario y
procedimiento sancionador de la Ley Nº 30057 sería
aplicable a los servidores y ex servidores sujetos a los
regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos
276 y 728, así como aquellos que se encontraran en el
régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo Nº
1057; estando excluidos los funcionarios públicos que
hayan sido elegidos mediante elección popular, directa
Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo
Nº 008-2010-PCM
El Tribunal está conformado por el Presidente del Tribunal, por los vocales
de todas las Salas, la Secretaría Técnica y las Salas que apruebe el
Consejo. Las funciones de las Salas y la Secretaría Técnica se encuentran
desarrolladas en el Reglamento de Organización de Funciones de SERVIR.
El Presidente del Tribunal y los vocales de todas las salas son designados
y removidos por el Consejo de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del
Decreto Legislativo Nº 1023.
Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal
constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria. Dichos
pronunciamientos deberán ser adoptados por no menos del cincuenta por
ciento más uno del total de los vocales del Tribunal”.
Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil
“Cuarta. Traslado de servidores bajo los regímenes de los Decretos
Legislativos 276, 728 y 1057 al régimen del Servicio Civil
Los servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728
y 1057 pueden trasladarse voluntariamente y previo concurso público de
méritos al régimen previsto en la presente Ley. Las normas reglamentarias
establecen las condiciones con las que se realizan los concursos de
traslado de régimen. La participación en los concursos para trasladarse al
nuevo régimen no requiere de la renuncia previa al régimen de los Decretos
Legislativos 276, 728 y 1057, según corresponda”.
Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por el Decreto Supremo
Nº 040-2014-PCM
El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento
sancionador entra en vigencia a los tres (3) meses de publicado el
presente reglamento con el fin que las entidades adecuen internamente al
Aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha
anterior a la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley 30057
se regirán por las normas por las cuales se les imputó responsabilidad
administrativa hasta su terminación en segunda instancia administrativa”.
Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado
por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM
“Tercera. de las normas complementarias
SERVIR podrá aprobar normas aclaratorias o de desarrollo del presente
Reglamento, dentro del marco legal vigente”.
y universal, conforme lo establece el artículo 90º del
Reglamento General de la Ley del Servicio Civil5. Para tal
efecto, debían considerarse las reglas desarrolladas en
6. Sin embargo, este Tribunal, como última instancia
administrativa en materia disciplinaria6, viene conociendo
apelaciones cuya controversia se centra en la correcta
aplicación de la Ley, el Reglamento y la Directiva; girando
uno de los temas principales en torno a la figura de la
prescripción. Por esta razón, resulta necesario establecer
directrices precisas que garanticen la uniformidad en la
aplicación de dicha institución jurídica.
§ 1. La prescripción: naturaleza jurídica
7. Como se ha señalado en los antecedentes de
la presente resolución, a través de la Directiva se
desarrollaron diversos aspectos del régimen disciplinario y
procedimiento sancionador de la Ley y el Reglamento con
el objeto de establecer reglas para la correcta aplicación
del nuevo régimen disciplinario del Servicio Civil. Es así
que al determinar qué normas eran procedimentales y
cuáles eran sustantivas para efectos de la aplicación en el
tiempo de la Ley y el Reglamento, la Directiva estableció
que el plazo de prescripción era una regla procedimental.
8. Luego la Autoridad Nacional del Servicio Civil,
a través de la Gerencia (e) de Políticas de Gestión del
Servicio Civil, precisó que la prescripción era una regla
procedimental pero a partir del 25 de marzo de 2015, es
decir, al día siguiente de publicada la Directiva. Antes
de aquella fecha debía ser considerada como una regla
sustantiva, tal como se aprecia en el siguiente cuadro7.
Antes del 14 de Desde el 14 de
septiembre de septiembre de
Norma sustantiva Norma sustantiva
Aquél vigente al
momento de la Ley del Servicio Ley del Servicio
9. De esta forma, se modificó la naturaleza de una
institución jurídica como la prescripción en función
a la fecha de publicación de una Directiva y las reglas
10. Sin embargo, este Tribunal, en el marco de
las facultades conferidas en el Decreto Legislativo Nº
1023, considera necesario hacer algunas precisiones
respecto a la naturaleza jurídica de la prescripción a fin
de garantizar el debido procedimiento administrativo
de los administrados que sean sometidos a la potestad
disciplinaria de las entidades. Recordemos pues que,
como afirma el Tribunal Constitucional, las sanciones
administrativas, disciplinarias o de naturaleza análoga
son, como las penales, una expresión del poder punitivo
del Estado8; y es precisamente mediante la institución de
la prescripción que se limita esta potestad punitiva del
Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar
un hecho criminal y, con él, la responsabilidad del
supuesto autor o autores del mismo9.
11. En ese sentido, debemos partir del hecho de que
el tiempo es un factor gravitante y decisivo en lo que a
derechos subjetivos y relaciones jurídicas se refiere. En
este último caso, no sólo porque puede afectar la eficacia
de un acto jurídico, como cuando se le inserta como una
modalidad, sino también porque puede extinguir la acción,
y aún el derecho10. Por ello, para VIDAL RAMIREZ, en una
noción genérica, la prescripción se puede entender como
un medio o modo por el cual, en ciertas condiciones, el
decurso del tiempo modifica sustancialmente una relación
12. Para RUBIO CORREA, la prescripción es una
institución jurídica según la cual, el transcurso de un
Domingo 27 de noviembre de 2016 /
determinado tiempo extingue la acción que el sujeto tiene
para exigir un derecho ante los tribunales12.
13. Así también lo ha entendido el Tribunal
Constitucional, quien afirma que la prescripción es la
institución jurídica mediante la cual, por el transcurso
del tiempo, la persona adquiere derechos o se libera de
obligaciones13. Precisa, además, que desde la óptica
penal, es una causa de extinción de la responsabilidad
criminal fundada en la acción del tiempo sobre los
acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al ius
punendi, en razón de que el tiempo transcurrido borra
los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria
social de la misma. Es decir, que mediante la prescripción
se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se
extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y,
con él, la responsabilidad del supuesto autor o autores
del mismo14.
14. En el Derecho Administrativo, ZEGARRA
VALDIVIA, al analizar la prescripción en el ámbito
administrativo sancionador, afirma que esta es una
Reglamento General de la Ley Nº 30057, aprobado por Decreto Supremo
Las disposiciones de este Título se aplican a los siguientes servidores
a) Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con
excepción del Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República,
los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del Consejo
Nacional de la Magistratura, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los
miembros del Directorio del Banco Central de Reserva y el Superintendente
b) Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción
Los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal se
encuentran excluidos de la aplicación de las disposiciones del presente
Título. Su responsabilidad administrativa se sujeta a los procedimientos
establecidos en cada caso”.
Decreto Legislativo Nº 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad
Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión
El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano
integrante de la Autoridad que tiene por función la resolución de
controversias individuales que se susciten al interior del Sistema.
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las
materias de su competencia. Conoce recursos de apelación en materia de:
b) Pago de retribuciones; (*)
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones
podrán ser impugnadas únicamente ante la Corte Superior a través de la
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros,
previa opinión favorable de la Autoridad, se aprobarán las normas de
procedimiento del Tribunal.
(*) Literal derogado por la Centésima Tercera Disposición Complementaria
Final de la Ley Nº 29951, publicada el 04 diciembre 2012, la misma que
entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2013”.
841-2015-SERVIR/GPGSC,
868-2015-SERVIR/GPGSC y 1238-2015-SERVIR/GPGSC.
Sentencia recaída en el Expediente Nº 0156-2012-PHC/TC, fundamento 3.
Sentencia recaída en el Expediente Nº 1805-2005-HC/TC, fundamento 7.
VIDAL RAMÍREZ Fernando. El tiempo como fenómeno Jurídico. En:
Revista Derecho PUCP; No. 39 (1985), ps. 374.
VIDAL RAMÍREZ Fernando. En torno a la Prescripción Extintiva. En:
Revista Oficial del Poder Judicial: Año 3, Nº 5 (2009), p. 229.
RUBIO CORREA, Marcial. Prescripción y Caducidad: La extinción de
acciones y derechos en el Código Civil. Volumen VII de la Biblioteca para
leer el Código Civil. Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (2003), p. 13.
Sentencia recaída en el Expediente Nº 8092-2005-PA/TC, fundamento 8.
Sentencia recaída en el Expediente Nº 1805-2005-PA/TC, fundamentos 6 y
El Peruano / Domingo 27 de noviembre de 2016
limitación al ejercicio tardío del derecho en beneficio de
la seguridad; por ello, se acoge en aquellos supuestos en
los que la Administración, por inactividad deja transcurrir
el plazo máximo legal para ejercitar su derecho a exigir o
corregir las conductas ilícitas administrativas o interrumpe
el procedimiento de persecución de la falta durante un
lapso de tiempo15.
15. Para MORÓN URBINA, los motivos lógicos que
sirven de fundamento al instituto de la prescripción
administrativa no son diversos de la prescripción en
general. Afirma pues que cuando pasa largo tiempo
sin que se haya sancionado una infracción el tiempo
modifica las circunstancias concurrentes y desaparece
la adecuación entre el hecho y la sanción principal 16.
16. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha
afirmado que “la figura jurídica de la prescripción no
puede constituir, en ningún caso, un mecanismo para
proteger jurídicamente la impunidad de las faltas que
pudieran cometer los funcionarios o servidores públicos,
puesto que esta institución del derecho administrativo
sancionador no solo tiene la función de proteger
al administrado frente a la actuación sancionadora
de la Administración, sino también, la de preservar
que, dentro de un plazo razonable, los funcionarios
competentes cumplan, bajo responsabilidad, con
ejercer el poder de sanción de la administración contra
quienes pueden ser pasibles de un procedimiento
administrativo disciplinario”17.
17. De esta manera, puede inferirse que la prescripción
en el ámbito del Derecho Administrativo, al igual en el
Derecho Penal; constituye un límite a la potestad punitiva
del Estado, el cual garantiza que los administrados sean
investigados o procesados por la Administración Pública
dentro de un plazo razonable, de lo contrario quedará
extinta la posibilidad de accionar dicha potestad.
18. Ahora, en lo que respecta a la naturaleza jurídica de
la prescripción, ZEGARRA VALDIVIA afirma lo siguiente:
(…) su naturaleza jurídica es una cuestión que no ha
sido ajena a la formulación de posiciones doctrinarias
encontradas: por un lado están aquellos que entienden
que su naturaleza es procesal (en cuanto un simple
obstáculo para su persecución); mientras que otros se
inclinan por su carácter sustantivo (en cuanto causa de
extinción jurídico material del ilícito).
En la actualidad, sin embargo, es posible considerar
que la tesis dominante es la sustantiva, ya que supone
una renuncia del Estado al derecho de castigar basada en
razones de política criminal aunadas por el transcurso del
tiempo, cuya incidencia es que la propia Administración
considere extinta la responsabilidad de la conducta
infractora, y por consiguiente de la sanción18.
19. Igualmente, MORÓN URBINA refiere que, “conforme
a su propia naturaleza, ninguna autoridad puede plantear
de oficio la prescripción, del mismo modo como no puede
fundar sus decisiones en su propia desidia.
Por ello, es que la prescripción ganada se alega por
el interesado y corresponde a la Administración resolverla
sin abrir prueba, sin formar incidente o pedir otro acto
de instrucción que la mera constatación de los plazos
vencidos”19.
20. En el ámbito del Derecho Penal, sobre el cual
tiene su base la potestad sancionadora administrativa, es
reconocida la naturaleza sustantiva de la prescripción. Así,
por ejemplo, en el Acuerdo Plenario Nº 01-2010/CJ-116 del
VI Pleno Jurisdiccional de las Sala Penales Permanente y
Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República,
del 16 de noviembre de 2010, se fijó lo siguiente:
“5. La prescripción en el derecho sustantivo se define
como el límite temporal que tiene el Estado para ejercer
su poder penal cuando ha transcurrido el plazo de tiempo
máximo establecido en la Ley sustantiva para el delito
incriminado (…).
6. La institución de la prescripción como está regulada
en el artículo ochenta y ochenta y seis del Código Penal,
es una frontera de derecho penal material que establece
una autolimitación al poder punitivo del Estado, en tanto
el proceso no puede tener una duración indefinida sobre
situaciones jurídicas expectantes, pues ello vulneraría el
derecho fundamental a la definición del proceso en un
7. El legislador al emitir la norma fija los limites
jurídicos traducidos en el lapso de tiempo en el cual los
delitos serán perseguibles y no deja a éste a voluntad
discrecional del órgano encargado de la persecución,
lo que es necesario en un Estado de derecho donde la
prescripción cumple una función de garantía fundamental
de los ciudadanos frene a la actividad judicial y constituye
una sanción a los órganos encargados de la persecución
penal por el retraso en la ejecución de sus deberes”. [sic]
21. Así, de los textos antes citados, puede inferirse que
la prescripción es una forma de liberar a los administrados
de las responsabilidades disciplinarias que les pudieran
corresponder, originada por la inacción de la Administración
Pública, quien implícitamente renuncia al ejercicio de su
poder sancionador. Por lo que, a criterio de este Tribunal, la
prescripción tiene una naturaleza sustantiva, y por ende, para
efectos del régimen disciplinario y procedimiento sancionador
de la Ley, debe ser considerada como una regla sustantiva.
§ 2. Plazo de prescripción en el nuevo régimen del
22. En lo que respecta al plazo de prescripción para
el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, el
artículo 94º de la Ley establece textualmente lo siguiente:
“La competencia para iniciar procedimientos
administrativos disciplinarios contra los servidores civiles
decae en el plazo de tres (3) años contados a partir
de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado
conocimiento por la oficina de recursos humanos de la
entidad, o de la que haga sus veces.
Para el caso de los exservidores civiles, el plazo de
prescripción es de dos (2) años contados a partir de que la
entidad conoció de la comisión de la infracción”.
23. Por su parte, el artículo 97º del Reglamento
“97.1. La facultad para determinar la existencia de
faltas disciplinarias e iniciar el procedimiento disciplinario
prescribe conforme a lo previsto en el artículo 94 de la Ley,
a los tres (3) años calendario de cometida la falta, salvo
que, durante ese período, la oficina de recursos humanos
de la entidad, o la que haga su veces, hubiera tomado
conocimiento de la misma. En este último supuesto, la
prescripción operará un (01) año calendario después de
esa toma de conocimiento por parte de dicha oficina,
siempre que no hubiere transcurrido el plazo anterior.
97.2. Para el caso de los ex servidores civiles, el plazo
de prescripción es de dos (2) años calendario, computados
desde que la entidad conoció de la comisión de la infracción.
97.3. La prescripción será declarada por el titular de
la entidad, de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa correspondiente”.
24. A su vez, la Directiva señala en el numeral 10.1 lo
“La prescripción para el inicio del procedimiento
opera a los tres (3) años calendario de haberse cometido
la falta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien
haga sus veces o la Secretaría Técnica hubiera tomado
conocimiento de la misma. En ese último supuesto, la
prescripción operará un (1) año calendario después
de esa toma de conocimiento, siempre que no hubiera
transcurrido el plazo anterior de tres (3) años.
ZEGARRRA VALDIVIA, Diego. La figura de la prescripción en el ámbito
administrativo sancionador y su regulación en la Ley Nº 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General. En: Revista de Derecho
Administrativo, Nº 9, año 5, Circulo de Derecho Administrativo. Diciembre
2010, p. 208.
MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento
Administrativo General”. Novena Edición. Publicado por Gaceta Jurídica.
Mayo 2011, p. 738.
Sentencia recaída en el Expediente Nº 2775-2004-AA/TC, fundamento 3.
ZEGARRRA VALDIVIA, Diego. Op. cit., p. 207.
MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. cit., p. 739.
Cuando la denuncia proviene de una autoridad de
control, se entiende que la entidad conoció de la comisión
de la falta cuando el informe de control es recibido por el
funcionario a cargo de la conducción de la entidad. En los
demás casos, se entiende que la entidad conoció de la
falta cuando la ORH o quien haga sus veces o la Secretaría
Técnica recibe el reporte o denuncia correspondiente.
Para el caso de los ex servidores civiles el plazo es de
dos (2) años calendario, computado desde que la entidad
conoció de la comisión de la falta. Para este supuesto,
se aplicarán los mismos criterios señalados en el párrafo
En los casos de la falta continuada, para el cómputo del
plazo, se entiende que la comisión de la falta se produce con
el último acto que suponga la comisión de la misma falta”.
25. Del texto del primer párrafo del artículo 94º de la Ley
se puede apreciar que se han previsto dos (2) plazos para
la prescripción del inicio del procedimiento disciplinario a los
servidores civiles, uno de tres (3) años y otro de un (1) año.
El primero iniciará su cómputo a partir de la comisión de la
falta, y el segundo, a partir de conocida la falta por la Oficina
de Recursos Humanos de la entidad o la que haga sus veces.
26. Ahora, de acuerdo al Reglamento, el plazo de un
(1) año podrá computarse siempre que el primer plazo
–de tres (3) años– no hubiera transcurrido. Por lo que,
mientras no hubiera prescrito la potestad disciplinaria por
haber transcurrido tres (3) años desde la comisión de la
falta, las entidades contarán con un (1) año para iniciar
procedimiento administrativo disciplinario si conocieran
de la falta dentro del periodo de los tres (3) años.
27. Así, a manera ejemplo, si los hechos fueron
cometidos el 15 de marzo de 2015, la potestad
disciplinaria prescribirá a los tres (3) años de cometida la
falta, es decir, el 15 de marzo de 2018. Pero, si la Oficina
de Recursos Humanos tomara conocimiento de la falta
dentro de aquél periodo, la potestad disciplinaria ya no
prescribirá al cumplirse los tres (3) años de cometida la
falta, sino en el plazo de un (1) año de producida la toma
de conocimiento de la misma, pudiendo darse supuestos
como los descritos a continuación:
15.3.15	15.3.18
Tres (3) años desde la comisión de la falta
Un (1) año desde que
RRHH o la que haga sus
veces toma conocimiento
10.3.18 10.3.19
Entidad conoce la falta Operará la
15.3.15 15.3.18
Un (1) año desde que RRHH
o la que haga sus veces toma
1.5.15 Entidad conoce la falta 1.5.16
Operará la prescripción
28. Cabe agregar que para el cómputo del plazo
de prescripción debe considerarse lo establecido en el
numeral 3 del artículo 134º de la Ley Nº 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General, en virtud del cual,
cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado
de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o
año que inició, completando el número de meses o años
fijados para el lapso. Si en el mes de vencimiento no
hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo,
es entendido que el plazo expira el primer día hábil del
§ 3. Inicio del plazo prescriptorio a partir de la
toma de conocimientos de los hechos por parte
de la Secretaría Técnica de los procedimientos
29. De acuerdo al artículo 94º de la Ley y el artículo
97º del Reglamento, las entidades cuentan con un (1) año
para iniciar procedimiento administrativo disciplinario a
un servidor si es que los hechos calificados como falta
fueran conocidos por la Oficina de Recursos Humanos o
la que haga sus veces. Pero la Directiva, en el numeral
10.1, señala que este plazo de un (1) año se contabiliza
desde que la Oficina de Recursos Humanos o quien
conocimiento de la falta, mediante un reporte o denuncia.
30. De esa forma, a diferencia de lo que señala la
Ley y el Reglamento, la Directiva considera que el plazo
prescriptorio también empezará a computarse desde que
la Secretaría Técnica haya tomado conocimiento de la
falta mediante un reporte o denuncia.
31. Ante ello, este Tribunal considera necesario recordar
que, como afirma el Tribual Constitucional, la prescripción
“(…) no solo tiene la función de proteger al administrado
frente a la actuación sancionadora de la Administración,
sino también, la de preservar que, dentro de un plazo
razonable, los funcionarios competentes cumplan, bajo
responsabilidad, con ejercer el poder de sanción de la
administración contra quienes pueden ser pasibles de un
procedimiento administrativo disciplinario. Por lo que, como
es lógico, el plazo de prescripción solo debe computarse
desde el momento en que una autoridad competente y
no cualquier servidor haya tomado conocimiento de una
falta; y únicamente es competente quien por ley ostente
la potestad para sancionar una falta o, cuando menos,
para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario
32. Bajo esa premisa, tenemos que el artículo 92º
de la Ley señala expresamente que las autoridades del
procedimiento administrativo disciplinario son: el jefe
inmediato del presunto infractor, el jefe de recursos humanos
o quien haga sus veces, el titular de la entidad y el Tribunal
del Servicio Civil. Precisa, también, que estas autoridades
cuentan con el apoyo de un Secretario Técnico. Pero, de
acuerdo a la Ley, este último no tiene capacidad de decisión
y sus informes u opiniones no son vinculantes20.
33. Entonces, podemos inferir que para efectos de la
Ley, el Secretario Técnico no constituye una autoridad
dentro del procedimiento administrativo disciplinario, y
por ende, no tiene potestad para iniciar el procedimiento
administrativo disciplinario o imponer sanción alguna.
34. Por lo que este Tribunal, en cumplimiento del
artículo 51º de la Constitución Política21, en estricta
observancia del principio de legalidad recogido en la Ley
Nº 2744422 y, de conformidad con la Ley y el Reglamento,
Las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un secretario
técnico, que es de preferencia abogado y designado mediante resolución
del titular de la entidad. El secretario técnico puede ser un servidor civil
de la entidad que se desempeña como tal, en adición a sus funciones.
El secretario técnico es el encargado de precalificar las presuntas
faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y
administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora
disciplinaria de la entidad pública. No tiene capacidad de decisión y sus
informes u opiniones no son vinculantes”.
“Artículo 51º.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley,
sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad
es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”.
generales del Derecho Administrativo:
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades
que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas”.
considera que el plazo de prescripción no puede empezar
a computarse desde el momento en que la Secretaría
Técnica tome conocimiento de una falta, toda vez no
tiene capacidad de decisión dentro del procedimiento
§ 4. Plazo de duración
35. Al respecto, el artículo 94º de la Ley establece
que “(…) La autoridad administrativa resuelve en un
plazo de treinta (30) días hábiles. Si la complejidad del
procedimiento ameritase un mayor plazo, la autoridad
administrativa debe motivar debidamente la dilación. En
todo caso, entre el inicio del procedimiento administrativo
disciplinario y la emisión de la resolución no puede
transcurrir un plazo mayor a un (1) año”.
36. En esa misma línea, el último párrafo del artículo
106º del Reglamento señala que, “entre el inicio del
procedimiento administrativo disciplinario y la notificación
de la comunicación que impone sanción o determina el
archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un
plazo mayor a un (01) año calendario”.
37. El numeral 10.2 de la Directiva, por su parte,
precisa que, “conforme a lo señalado en el artículo
en el artículo 94º de la LSC, entre la notificación de la
resolución o del acto de inicio del PAD y la notificación
de la resolución que impone la sanción o determina el
archivamiento del procedimiento no debe transcurrir más
de un (1) año calendario”.
38. Es así que, una vez iniciado el procedimiento
administrativo disciplinario a un servidor, las entidades
cuentan con un (1) año para imponer la sanción respectiva
o disponer el archivamiento del procedimiento, de lo
contrario operará la prescripción.
39. Ahora, la Ley y el Reglamento han fijado claramente
el momento a partir del cual comenzará a computarse
el plazo de un (1) año, esto es, desde el inicio del
procedimiento administrativo disciplinario, el cual según el
Reglamento se produce con la notificación al trabajador del
acto de inicio del procedimiento. Pero no ocurre lo mismo
con el momento que se debe considerar para determinar
cuándo finaliza el cómputo del plazo en cuestión, ya que
la Ley se remite expresamente al momento de emisión de
la resolución de sanción, mientras que el Reglamento lo
hace al momento de notificación de la comunicación que
impone la sanción o archiva el procedimiento, tal como lo
hace también la Directiva.
40. Así, si bien la Ley y el Reglamento no establecen
plazos distintos, pues en ambos casos se señala que
el plazo es de un (1) año; sí consideran diferentes
momentos para su cómputo, lo cual naturalmente genera
una situación de inseguridad jurídica que este Tribunal
considera es necesario aclarar, ya que en función a
qué momento se considere para el cómputo del plazo –
emisión o notificación- podría o no operar la prescripción.
41. Al respecto, es oportuno citar a Morón Urbina,
quien afirma que “la doctrina y jurisprudencia más
autorizadas, han señalado que la regulación de la
prescripción de la acción sancionadora es una materia
estrechamente adminiculada a la infracción y sanción,
al punto que se trata de una forma de extinción de
la infracción, de allí que solo a la ley corresponde
determinar su plazo; y si la ley especial nada dice al
respecto, lo aplicable es la Ley del Procedimiento
Administrativo General, sin que sea admisible establecer
plazos diferentes a través de normas reglamentarias
menos aún si se trata de disposiciones dictadas por la
propia autoridad a quien se le ha confiado identificar y
aplicar la sanción administrativa”.
42. Por lo que resulta lógico que este Tribunal aplique
la Ley antes que el Reglamento, lo cual además es una
obligación establecida en el artículo 51º de la Constitución
Política y guarda correspondencia con el principio de
legalidad citado en los párrafos precedentes.
43. Por lo tanto, este Tribunal considera que una
vez iniciado el procedimiento administrativo disciplinario
el plazo prescriptorio de un (1) año debe computarse
conforme lo ha establecido expresamente la Ley, esto es,
hasta la emisión de la resolución que resuelve imponer la
sanción o archivar el procedimiento.
44. La Sala Plena del Tribunal del Servicio Civil, por
unanimidad, considera que las directrices contenidas en
los numerales 21, 26, 34, 42 y 43 del presente Acuerdo
Plenario ameritan ser declaradas como precedente
de observancia obligatoria para determinar la correcta
aplicación de las normas que regulan la prescripción de
la potestad disciplinaria en el marco de la Ley Nº 30057 y
45. En atención a lo expuesto, la Sala Plena del
Tribunal del Servicio Civil, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4º del Reglamento del Tribunal del Servicio
Civil respecto a la emisión de precedentes administrativos
de observancia obligatoria.
1. ESTABLECER como precedentes administrativos
de observancia obligatoria los criterios expuestos en los
fundamentos 21, 26, 34, 42 y 43 de la presente resolución.
2. PRECISAR que los precedentes administrativos
de observancia obligatoria antes mencionados deben
ser cumplidos por los órganos competentes del Sistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos a partir
del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El
3. PUBLICAR el presente acuerdo de Sala Plena en
el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional
(www.servir.gob.pe), de conformidad con lo establecido
en el artículo 2º del Reglamento del Tribunal del Servicio
COMISION DE PROMOCION DEL
PERU PARA LA EXPORTACION
Autorizan viaje de representante de
PROMPERÚ a República Dominicana, en
N° 190-2016-PROMPERÚ/SG
Visto el Sustento Técnico de viaje de la Dirección
de Comunicaciones e Imagen País de la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERÚ.
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106
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