Source: https://tc.vlex.es/vid/dilaciones-indebidas-territorio-2010-518449898
Timestamp: 2019-07-16 02:57:58+00:00

Document:
STC 89/2014, 9 de Junio de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 518449898
Número de Recurso: 1591-2010
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 25 de febrero de 2010, el Letrado don Francisco García Latorre presentó escrito de interposición de recurso de amparo contra la resolución indicada en el encabezamiento.
En síntesis, la demanda de amparo trae causa de los siguientes hechos:
El recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo, mediante escrito de fecha el 13 de octubre de 2009, frente a la resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid, de fecha 3 de septiembre de 2009, que decretaba su expulsión y la prohibición de entrada en España por un periodo de tres años. En el suplico de la demanda interesó la revocación de la sanción impuesta y que se reconociera el derecho del demandante a permanecer en España. Con carácter subsidiario solicitó la sustitución de la sanción impuesta, por una multa cuya cuantía fuera acorde con su capacidad económica.
Mediante providencia de 25 de noviembre de 2009, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid admitió a trámite la demanda y acordó señalar la vista del procedimiento para el día 5 de junio de 2012.
Frente a dicha resolución, el demandante interpuso recurso de súplica, en el cual interesó que se convocara sin demora la vista, para preservar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE). El Juzgado desestimó dicho recurso, por Auto de 28 de enero de 2010. En la fundamentación jurídica de la referida resolución figura el siguiente razonamiento: “Esta Juzgadora comparte los argumentos de la parte recurrente pero, como el Letrado de la actora conoce, este Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid tiene sus señalamientos completos de los años 2010 y 2011 y se encuentra señalando en 2012, y otros Juzgados están ya en el año 2014, por lo que no puede accederse a lo solicitado”.
La celebración de la vista tuvo lugar el día fijado en el señalamiento. En fecha 7 de junio de 2012 fue dictada Sentencia, en cuya virtud se desestimó la pretensión del demandante y, en fecha 13 de julio de 2012, dicha resolución fue recurrida en apelación por el demandante.
En su demanda, don Kayef Ahmed afirma que el señalamiento de la vista para el día 5 de junio de 2012, casi tres años después de la presentación del recurso, vulnera su derecho a no padecer dilaciones indebidas (art. 24.2 CE). Añade que el procedimiento abreviado es una modalidad que persigue, principalmente, un mayor grado de celeridad y simplificación procesal; por ello, es particularmente significativa la dilación que media entre la fecha de presentación de la demanda y el señalamiento de la vista. A modo de justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso, el demandante trae a colación la doctrina recogida por la STC 198/1999, resolución esta que recoge, entre otros particulares, que las dilaciones deben ser consideradas indebidas, aun cuando los retrasos habidos obedezcan a deficiencias estructurales. También señala que las dilaciones indebidas le son particularmente gravosas, habida cuenta de que la tardía resolución del proceso le impide regularizar su situación en España, con la consiguiente indefensión que ello le ocasiona. Por último viene a colegir que, a la hora de fijar la fecha de celebración de la vista, el órgano judicial tomó en consideración, exclusivamente, el número de asuntos pendientes de resolver, lo cual vulnera el derecho fundamental del demandante a un proceso sin dilaciones indebida por las razones ya expuestas. Finalmente, termina suplicando la estimación del recurso interpuesto, el consiguiente reconocimiento de la lesión del derecho invocado y que se ordene la inmediata celebración de la vista.
Por diligencia de ordenación de fecha 3 de mayo de 2010, se tuvo por designada, por el turno de oficio, a la Procuradora doña Yolanda Luna Sierra, a quien se requirió para que en el plazo de diez días ratificara el escrito de demanda. Tras ser cumplimentado el requerimiento indicado, por providencia el 17 de julio de 2012 la Sala Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo. Asimismo, en aplicación de dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dispuso dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid para que, en plazo no superior a diez días, remitiera testimonio de las actuaciones correspondientes al procedimiento abreviado número 767-2009, así como que emplazara a quienes hubieran sido parte en el proceso por término de diez días, excepto a la parte recurrente en amparo, para que puedan comparecer si lo desean.
Mediante escrito presentado el 17 de septiembre de 2012, el Abogado del Estado interesó que se le tuviera por personado en el presente recurso.
Por diligencia de ordenación de 26 de septiembre de 2012, se acordó tener por personado en calidad de parte al Abogado del Estado. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el art. 52 LOTC, se dio vista de las actuaciones, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y al demandante, para que, dentro de dicho término, pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes.
Mediante escrito de fecha 19 de octubre de 2012, el demandante ratifico íntegramente el escrito de demanda.
El Abogado del Estado formuló sus alegaciones el 23 de octubre de 2012. En primer lugar considera que el recurso debe ser inadmitido, puesto que no se ha realizado una correcta justificación de la especial trascendencia constitucional. A tal fin, invoca la doctrina enunciada en las SSTC 69/2011, de 16 de mayo, y 143/2011, de 26 de septiembre, y añade que el recurrente se ha limitado a alegar la lesión de su derecho, pero no ha justificado cumplidamente la especial trascendencia constitucional de su caso, más allá de argumentar sobre la lesión padecida y sus consecuencias.
Por último, el Abogado del Estado invoca la pérdida sobrevenida de objeto, pues al haberse adelantado el señalamiento, concretamente del 16 de julio al 5 de junio de 2012, el actor ha visto satisfecha la pretensión relativa a la inmediata celebración de la vista.
El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones el día 31 de octubre de 2012. Tras exponer de manera detallada, con profusa cita de sentencias de este Tribunal, la doctrina constitucional relativa a la justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo, el Fiscal analiza los razonamientos ofrecidos por el demandante para cumplimentar el gravamen contemplado en el art. 49.1 LOTC. Al respecto, colige que aquél no ha ofrecido una argumentación que, disociada del fundamento de la lesión enunciada, sea capaz de proyectar objetivamente la exigencia formal y material que el citado precepto requiere, es decir, un razonamiento del que se infiera que el contenido del presente recurso justifica una decisión sobre el fondo, en atención a su importancia para la interpretación, aplicación o general eficacia de la Constitución, o para la determinación del alcance del derecho fundamental cuya vulneración se alega en la demanda.
Por providencia de fecha 5 de junio se acordó para deliberación y fallo el día 9 del mismo mes y año.
Conforme se ha dejado expuesto en los antecedentes, la demanda de amparo se dirige contra el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid, de fecha 28 de enero de 2010, por considerar que dicha resolución vulnera el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE). En síntesis, el demandante afirma que el señalamiento de la vista del procedimiento contencioso-administrativo núm. 767-2009, fijada para el 5 de junio de 2012, es excesivamente tardío, máxime si se tiene cuenta que el recurso fue presentado el 13 de octubre de 2009. Por tanto, como el Auto impugnado no acordó la celebración inmediata de la vista, el demandante considera que ha sido dañado el derecho fundamental anteriormente indicado y, en virtud de lo expuesto, interesa la estimación del recurso de amparo, el reconocimiento de la vulneración del derecho fundamental invocado y que se ordene la inmediata celebración de la vista.
Antes de entrar en el fondo del recurso planteado, es necesario analizar el óbice procesal planteado por la representación del Estado y el Ministerio Fiscal, quienes consideran que el demandante no ha justificado correctamente la especial trascendencia constitucional del recurso. Este Tribunal —como destacábamos en la STC 69/2011, de 16 de mayo, FJ 3— ha ido realizando numerosas precisiones en cuanto al modo de dar cumplimiento a esta exigencia, destacando, fundamentalmente, que tal justificación es algo distinto del mero razonar sobre la existencia de la vulneración de un derecho fundamental, de modo que en la demanda ha de disociarse adecuadamente la argumentación tendente a justificar la existencia de lesión de un derecho fundamental, de aquélla dirigida a justificar la especial trascendencia constitucional. Por ello, se exige al recurrente un “esfuerzo argumental” que ponga en conexión las vulneraciones constitucionales que alega con los criterios establecidos en el art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, precepto este último, según el cual la especial trascendencia del recurso se apreciará atendiendo a “su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales” [por todas, STC 140/2013, de 8 de julio, FJ 4 c)].
En cuanto a la alegación del Abogado del Estado, relativa a la pérdida sobrevenida de objeto por el adelantamiento de la vista, hemos de afirmar que en las actuaciones no consta esa circunstancia. Como se ha expuesto en el apartado correspondiente a los “antecedentes”, inicialmente se señaló la vista para el 5 de junio de 2012, día este en el que efectivamente tuvo lugar su celebración. Por ello, la alegación indicada debe decaer.
Despejadas las anteriores cuestiones, procede abordar el fondo de la queja formulada. Hemos de recordar, como así hacíamos en la STC 142/2010, de 21 de diciembre, FJ 2, que nuestra Constitución ha reconocido el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas con carácter autónomo respecto del derecho a la tutela judicial efectiva, sin que ello suponga desconocer las innegables conexiones que existen entre ambos derechos, pues el derecho a la jurisdicción contemplado en el art. 24.1 CE no puede entenderse desligado del tiempo en que la tutela judicial de los derechos subjetivos e intereses legítimos debe prestarse.
Aplicando la anterior doctrina al caso que pende de enjuiciamiento, podemos afirmar, en primer lugar, que el asunto planteado no reviste una especial complejidad, al tratarse de un recurso interpuesto contra un decreto de expulsión del recurrente por permanencia ilegal en territorio español. Teniendo en cuenta la pretensión deducida ante el órgano judicial, no parece razonable que en un procedimiento de esta naturaleza se haya diferido, con evidente perjuicio del recurrente, la vista de su recurso contencioso-administrativo a una fecha tan lejana, como es el 5 de junio de 2012, cuando el citado recurso había sido interpuesto el 13 de octubre de 2009. Ello ha supuesto para el demandante una espera de más de dos años, antes de poder saber si el acto administrativo impugnado era o no definitivo.
Dicho lo anterior, es necesario subrayar que la dilación que se denuncia en este recurso de amparo no deriva del silencio judicial ante peticiones de parte, ni de la inactividad procesal mantenida durante largos periodos de tiempo. La supuesta vulneración se produjo porque, como ha quedado expuesto, entre el momento en que se dictó la providencia de señalamiento y la fecha fijada para tal acto procesal media un periodo excesivo de tiempo, habiendo tomado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo esta decisión debido a causas estructurales y a la excesiva carga de trabajo que pesa sobre el órgano judicial. Este dato se deduce claramente de su respuesta, al resolver el recurso de súplica, cuyo tenor se ha reflejado con anterioridad.
Este también es el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando en su Sentencia caso Unión Alimentaria Sanders c. España , de 7 de julio de 1989, afirmó el carácter estructural de las dilaciones sufridas por la sociedad demandante, concluyendo que esta situación no puede privar a los ciudadanos de su derecho al respeto del plazo razonable (§§ 38 y 42) o cuando en su Sentencia caso Lenaerts contra Bélgica (§ 18), de 11 de marzo de 2004, razonó que el art. 6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales obliga a los Estados contratantes a organizar su sistema judicial, de tal forma que sus Tribunales puedan cumplir cada una de sus exigencias, en particular la del derecho a obtener una decisión definitiva dentro de un plazo razonable.
Por todo ello, cabe concluir que se ha vulnerado en este caso el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas del recurrente (art. 24.2 CE) por la fecha en que el órgano judicial fijó para la celebración de la vista de su recurso contencioso-administrativo. No obstante, el otorgamiento del amparo debe limitarse a la declaración de la violación del derecho fundamental, no sólo porque cualquier medida relacionada con la anticipación del señalamiento para la vista podría haber agravado la posición de terceros recurrentes, dado el carácter estructural de los referidos retrasos, sino, porque como se deduce de las actuaciones recibidas en este Tribunal, el procedimiento en cuestión ya ha concluido, habiéndose celebrado la vista acordada por el Juzgado e, incluso, recaído Sentencia en la instancia.
SAP Almería 12/2004, 3 de Febrero de 2004
STS 450/2009, 22 de Abril de 2009

References: resolución 
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 artículo 51
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