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Timestamp: 2020-05-25 03:04:23+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 434, de 08/10/2013
cve: DSCD-10-CO-434
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 434
- Para reforzar el impulso al vehículo eléctrico. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001833) ... (Página2)
- Sobre la subida de la tarifa del gas para el sector cerámico. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000946) ... (Página2)
- Sobre el turismo rural. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001295) ... (Página6)
- Sobre apoyo al sector turístico de la Comunitat Valenciana. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001497) ... (Página10)
- Por la que se insta al Gobierno a la presentación de un proyecto de ley para regular el autoconsumo con balance neto energético. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001527) ... (Página14)
- Relativa al apoyo a la implantación y certificación de sistemas de calidad bajo la marca Q en el sector turístico. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001587) ... (Página19)
- Relativa al cierre de la planta de producción de Gijón de la empresa Tenneco Automotive Ibérica S.A. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001984) ... (Página21)
- Relativa a la deslocalización por motivos no económicos de la planta Thyssenkrupp Galmed. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001985) ... (Página25)
- PARA REFORZAR EL IMPULSO AL VEHÍCULO ELÉCTRICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001833).
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo número 34. El orden del día consta de siete proposiciones no de ley, porque la proposición no de ley que figura en el punto 6 del orden del día, del Grupo Parlamentario Catalán, para reforzar el impulso del vehículo eléctrico, ha sido retirada.
- SOBRE LA SUBIDA DE LA TARIFA DEL GAS PARA EL SECTOR CERÁMICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000946).
El señor PRESIDENTE: El trámite que vamos a seguir en la discusión de las proposiciones no de ley será el habitual. Los proponentes de la iniciativa tendrán siete minutos y los enmendantes y los portavoces de los grupos parlamentarios no enmendantes, al objeto de fijar posición, tendrán cinco minutos. En todas las intervenciones intervendrá primero el proponente, luego los enmendantes, y, finalmente, los demás grupos parlamentarios, de menor a mayor, para fijar posición. Comenzamos con el punto 1 del orden del día, que es una proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la subida de la tarifa del gas para el sector cerámico. A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una del propio Grupo Mixto, que la modifica, y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Nuestra enmienda está motivada porque esta PNL, que ya presentamos en su momento, contra la subida de la tasa de gas, se ve agravada ahora con el nuevo Real Decreto-ley 9/2013, que también incide de manera negativa en la industria del azulejo y de la cerámica de Castellón. Por eso hemos presentado esta enmienda para que el reglamento contemple, en todo caso, que no incida mucho más negativamente en contra de esta industria que se concentra principalmente en Castellón, que el año pasado facturó 2.643 millones de euros y que representa un 12 % del total de las exportaciones valencianas y en personas, porque siempre pensamos en personas, los estudios hablan de 16.200 empleos directos y alrededor de 5.000 empleos indirectos. Hoy esas 21.000 personas están mirando hacia aquí con una cierta esperanza de que, aunque solo sea por una vez, el Ministerio de Industria vele por su futuro. Una y otra vez, el Gobierno nos habla de las bondades de las exportaciones españolas y, una y otra vez, vemos desde Castellón que estas bondades de las que habla el ministerio inciden, con sus decretos leyes, en contra de estas exportaciones. Su último real decreto, por el que se gravó la tasa de gas, principal fuente de alimentación del sector cerámico, ya dio al traste con sus expectativas de crecimiento y, según estimaciones de la Asociación de Ceramistas Españoles, unas 1.350 personas perdieron sus empleos gracias a ese gravamen que se les impuso desde el ministerio. En un momento en que la industria cerámica de Castellón ha de competir con países que no tienen las mismas garantías ni la misma protección laboral, en que las exportaciones y los precios están tan ajustados, cualquier mínima variación en estas condiciones definitivamente va en contra del potencial exportador de esta industria. Por tanto, cuando oímos al ministro Soria -que hoy por cierto está en nuestra tierra, en Castellón- solo se nos ocurre una palabra y es: incertidumbre. Por ejemplo, incertidumbre con lo que pasará con el proyecto Castor y con lo que está pasando con sus reales decretos. Los empresarios de mi tierra ya hicieron visible su deseo de negociar con el ministro cuando le invitaron a la Feria de azulejos de Bolonia con el único interés de hacer ver la poca viabilidad que ofrecen sus propuestas para Castellón. Obviamente, el ministro ni fue ni les escuchó ni les hizo caso. En Castellón, las empresas que utilizan la cogeneración cerámica hablan de radical rechazo a su reforma y este Gobierno hace oídos sordos. En su momento ya vendieron ustedes la cogeneración cerámica como básica y necesaria para alcanzar los objetivos nacionales de
eficiencia energética y ahorro de emisiones de CO2. Creyeron en las posibilidades que nos ofrecía la cogeneración de un modelo más sostenible y eficiente, pero ahora amenazan con eliminar retribuciones y bonificaciones de esa eficiencia energética que vendieron como la panacea de la industria. Hoy la Asociación Española de Cogeneración ya cifra en 230 las instalaciones, un 25 % del total de plantas productoras, que han tenido que parar su actividad frente a esta nueva reforma del Ejecutivo español. Un desplome que está directamente relacionado con sus medidas energéticas. Las empresas de Castellón, los 20.000 empleos de la cerámica, piden hoy que se les reconozca el alto grado de eficiencia energética de sus empresas, plazos concretos y una adaptación a sus particularidades, pero sobre todo esperan que su nuevo modelo de retribución respete la viabilidad de un sector que, pese a la crisis, ha conseguido aumentar un 2 % las exportaciones del año pasado. Nuestro texto instaba al Gobierno a incluir, en el reglamento que desarrolla el Real Decreto-ley 9/2013 para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, apartados que aseguren la continuidad y la viabilidad del sector cerámico. Entendemos que la enmienda que nos propone el Grupo Socialista mejora el texto, porque define claramente qué es lo que queremos. La vamos a aceptar porque, en esta lucha para mantener el empleo y las exportaciones del sector cerámico de Castellón, todas las aportaciones son buenas.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, doña Susana Ros.
La señora ROS MARTÍNEZ: Desde el Grupo Socialista, nuestra más rotunda oposición a que el sector cerámico y azulejero sufra el agravamiento y la voracidad fiscal de este Gobierno. La industria azulejera española es un gran sector productivo de nuestra economía. La mayoría de las empresas de gran dimensión están fundamentalmente radicadas en la Comunidad Valenciana, concretamente en Castellón. Hablamos de un sector que vive en la actualidad la peor crisis desde que existe información comparable. Grandes industria han cerrado ya definitivamente sus puertas y los expedientes de regulación de empleo siguen siendo la nota característica mes a mes. La industria de fabricación de azulejos y pavimentos cerámicos es el principal sector exportador de la provincia de Castellón. Castellón ha pasado, en un tiempo récord, de ser la provincia con menor tasa de paro en España, en el entorno del pleno empleo, a ser la que lidere las tasas de crecimiento de paro, con más de un 30 %. A pesar de las dificultades, el sector cerámico sigue siendo un sector modélico que intenta reconvertir la difícil situación de los últimos años rebajando costes, mejorando su logística y modernizando sus líneas de comercialización para ajustar sus precios y ser competitivos en todo el mundo. Este Gobierno parece que no escucha sus necesidades, preocupaciones y reivindicaciones. Todo lo contrario, les castiga. Primero, con la creación de un nuevo impuesto sobre la tasa del gas. Este nuevo impuesto supone un sobrecoste de más de 12 millones de euros para las empresas azulejeras y más de 3 millones de euros en el caso de las empresas productoras de fritas, esmaltes y colorantes cerámicos. Concretamente, el pasado 15 de noviembre de 2012, en esta misma Comisión, el Grupo Popular votaba en contra de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, que pedía liberar al sector cerámico del nuevo impuesto de la tasa del gas. Desde enero del 2013, este impuesto ya es una realidad. Es un atentado irracional para el futuro de un sector líder en la Comunidad Valenciana y en España, porque se trata de un sector esencialmente exportador y que ve mermada su capacidad para ser competitivo con este nuevo impuesto. Nuestro principal competidor -de España, de la Comunidad Valenciana y de Castellón- en el sector cerámico es Italia. País en el que no se aplica esta tasa, lo que supone obligar a nuestras empresas a tener unos precios menos competitivos y que dificulta mantener el precio final del producto. Este nuevo impuesto está siendo muy difícil de asumir para un sector que tiene en el gas su principal fuente de energía y que ha sabido readaptarse para superar las exigencias del nuevo mercado global y las consecuencias nefastas que la crisis está provocando en el consumo.
Después de un largo proceso para minimizar el impacto de la nueva tasa del gas, el Gobierno del Partido Popular abre un nuevo frente para el azulejo con la aprobación del Real Decreto-ley 9/2013, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, con graves consecuencias para la actividad industrial azulejera y especialmente para las plantas de cogeneración. La actividad de cogeneración ya ha sido muy castigada por la tasa del gas y el real decreto-ley, de reciente aprobación, agrava todavía más su compleja situación. Solo con las primeras medidas cuantificables de la reforma, el sector tendrá un incremento en sus costes valorado aproximadamente en 25 millones de euros anuales, condicionando una vez más la viabilidad futura de las empresas. Desde la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, Ascer, ya advierten que el aumento del coste que
implicará la reforma energética no se puede trasladar a los precios de un sector basado, en un 80 % de las ventas, en la exportación, porque comporta una enorme pérdida de competitividad insalvable frente a los otros países productores, llevando al sector a pérdidas considerables con el consecuente cierre de empresas y pérdida de empleo.
Esta proposición no de ley que presenta el Grupo Mixto recoge una reivindicación justa y necesaria del sector para mantener su viabilidad. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda con la finalidad de garantizar la sostenibilidad, eficacia y competitividad de un sector productivo e industrial como es el de la cerámica y que tiene un fuerte impacto en términos de empleo para la economía de Castellón. Agradecemos al grupo proponente que haya aceptado la enmienda del Grupo Socialista, que consta de dos textos que piden al Gobierno, en primer lugar, adoptar las medidas normativas necesarias para eliminar de manera inmediata el nuevo impuesto del gas y, en segundo lugar, modificar de manera inmediata el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico y su normativa, es decir, el reglamento, con el fin de que el gas consumido en cogeneración industrial reciba el mismo trato que el gas de la industria a la que da servicio, favoreciendo así el uso de la cogeneración en línea con el apoyo recibido por las instituciones europeas, que reconocen el uso de cogeneración como medida de competitividad industrial, y evitando la complejidad de la aplicación de dos tipos impositivos al consumo de una misma planta industrial.
Acabo ya. Señorías del Grupo Popular, se les presenta una nueva oportunidad para reconsiderar esta actuación perversa que están llevando a cabo y termina con el futuro de un sector líder en la Comunidad Valenciana y en España como es el sector cerámico. Esperamos que apoyen esta iniciativa con la enmienda del Grupo Socialista. Ahora tienen la oportunidad de defender al sector azulejero y cerámico de la provincia de Castellón. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra don Carlos Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Vamos a apoyar esta propuesta, porque nos parece correcta y entra en un problema de fondo del que hemos hablamos en esta Comisión muchas veces y habrá más ocasiones de hacerlo. Hoy mismo hay otras PNL que tienen que ver con problemas industriales. En muchos casos, como este, esos problemas de la industria están generados por una mala política energética. Es nuestra opinión y en la que coincidimos prácticamente todos los grupos menos el Grupo Popular. Ya sabemos que muchos errores vienen del pasado, pero en algún momento habrá que comenzar a corregirlos. La intención de nuestro grupo es apoyar este tipo de iniciativas en la medida en que planteen revisiones a fondo de la estrategia energética y de su repercusión en el sector industrial, sobre todo, cuando son sectores importantes, no solo por las exportaciones, sino porque también tienen un valor añadido tecnológico importante. Contarán con nuestro voto favorable.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Ricardo Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Intervengo para fijar posición que, indudablemente, será favorable, porque cuando el Gobierno aprobó la nueva imposición sobre el gas, desde las fuerzas políticas que represento hubo un posicionamiento contrario a este incremento que suponía, más allá incluso de una dificultad para las propias empresas, un ataque directo a los trabajadores de las empresas. Lo explico. Lo que ocurre aquí es que el Gobierno establece una nueva imposición sobre la industria de la cerámica, que seguirá siendo competitiva, seguirá exportando, porque se acabará produciendo un fenómeno, que el Partido Popular está ayudando y alimentando, y es que el incremento de los costes energéticos que se producen en este caso o en otras industrias de nuestro país se acabe trasladando a las espaldas y a los salarios de los trabajadores de este país. En el caso de Castellón está pasando y seguirá pasando esto. Como se incrementan los costes energéticos, para eso está la reforma laboral que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y las que aprobaron otros Gobiernos, para acabar disminuyendo los costes salariales, despidiendo trabajadores y haciendo que la gente trabaje muchas más horas por mucho menos dinero del que lo hacía anteriormente, así se acabarán compensando los incrementos que el Gobierno establece sobre otros costes empresariales.
Desde Izquierda Unida no compartimos está política industrial del Gobierno y esta política energética que no entiende absolutamente nadie. Una política energética errática, que juntando las palabras gas y Castellón nos sale al final la palabra Castor, con el desastre que supone esta inversión y los acuerdos que ha firmado el Gobierno con las empresas suministradoras de gas en este proyecto. Un proyecto ligado a la industria y a la demanda de gas en la provincia de Castellón por la industria azulejera y que al final va a terminar siendo -nos tememos que por cuestiones geológicas y de imprevisión- un tremendo fiasco que va a acabar todavía sumando más costes al gas, no ya solo en toda España, sino especialmente en la provincia de Castellón, con lo lamentable que esto será para la industria azulejera.
El señor PRESIDENTE: Por último, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Guillermo Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Obviamente, también alabamos el esfuerzo que, desde la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, se está realizando por hacer esa industria cada día más competitiva. Una industria que manifiesta un claro superávit comercial en sus exportaciones y que apuesta claramente por la innovación, como la reciente creación de la Cátedra de Innovación Cerámica Ciudad de Villarreal, en la que está empezando a investigar un uso de esta cerámica más allá de la construcción a energías renovables, biotecnología, etcétera. Hay un claro apoyo desde el Gobierno a esta industria azulejera.
La situación energética en nuestro país no es fruto de la casualidad. El Gobierno empezó a gestionar este tema desde el 2011, con unos antecedentes bien claros que me gustaría pasar a describir brevemente. Cuando se aprobó la Ley 15/12, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad, que era en principio a la que aludía la proposición no de ley del Grupo Mixto, se establecía una tasa sobre cada gigajulio de gas natural consumido. Esto se hacía para seguir los cumplimientos -imagino que el Grupo Mixto también entenderá que son positivos- de la estrategia 20/20/20. Es decir, reducir el 20 % en el consumo de energía primaria; el 20 % en las emisiones de gases de efecto invernadero e introducir un 20 % de energías renovables en la energía primaria. Imagino que esto será compartido por el Grupo Mixto, creo estar casi seguro. Por tanto, se introducía en la fiscalidad un nuevo concepto, que la también fuera un instrumento para proteger el medio ambiente y para una política medioambiental. Eso fue lo que se hizo. Nosotros, que estamos absolutamente de acuerdo con la potenciación de la cogeneración y de esas 80 instalaciones que hay en la provincia de Castellón produciendo más de 330 megavatios, entendemos que es positivo que el vapor generado en los procesos de combustión de gas natural sea utilizado para procesos industriales, porque permiten un mejor aprovechamiento del combustible con una eficiencia cercana al 90 % con respecto a otros procesos térmicos. En segundo lugar, porque se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Como decía anteriormente, estas medidas que se han ido impulsando desde el Ministerio de Energía son consecuencia de lo que nos hemos encontrado cuando hemos llegado al Gobierno, con tres pilares en cuanto a la dirección política: en primer lugar, la estabilidad financiera del sistema eléctrico español; en segundo lugar, reducir los costes del sistema y, en tercer lugar, minorar el impacto que esto pueda producir en el consumidor. A mayo del año 2013 el déficit tarifario se situaba ya en 26.000 millones de euros. Si el Grupo Parlamentario Popular no hubiera apoyado y el Gobierno no hubiera propuesto las medidas que se han ido llevando a cabo desde el 2011, estaríamos ya en un déficit tarifario próximo a los 37.000 millones de euros. Imagino que ningún grupo parlamentario estaría de acuerdo con que todo ese déficit tarifario se hiciera recaer sobre los consumidores, lo que haría que la tarifa eléctrica subiera casi un 42 %. ¿Qué hizo el Gobierno? Pues dividir este coste en tres partes iguales. Por una parte, aumentando el coste a las industrias eléctricas y energías renovables en una cantidad aproximada durante este año de 2.700 millones de euros; reducir las ayudas en 900 millones de euros -que las sufrirán los consumidores- e introducir 900 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado.
La intervención del Grupo Socialista que habla de un descuido absoluto hacia la cogeneración demuestra que es verdad aquella campaña que impulsó en su momento el Ministerio de Educación, y sobre todo la Dirección General del Libro: Leer te da más. Es importante que leamos y que seamos conscientes de la legislación que se va aprobando poco a poco para que las intervenciones vayan ajustadas a la realidad. Paso a explicar por qué digo todo esto. En el reciente proyecto de ley del sector eléctrico, de 27 septiembre, todos deberíamos conocer, lo que hemos obviado en nuestras explicaciones, que se establecía un peaje al autoconsumo, que quien se enganchara a la red, si además de estar enganchado a la red pretendía tener autoconsumo, estaba obligado a pagar o financiar al resto de
miembros del sistema por ese servicio. De este peaje de autoconsumo ha quedado exenta la cogeneración. Primera medida clara y contundente de apoyo a la cogeneración. Segunda medida, en la reciente enmienda que se ha presentado al proyecto de ley de fiscalidad ambiental, hay una bonificación del impuesto sobre la energía eléctrica del 85 % para los procesos mineralógicos. No hace falta que les explique a los diputados que han intervenido con anterioridad que en estos procesos también se incluye a la cerámica y a la industria azulejera. Hay un claro apoyo a la industria azulejera, pero también hay que hacer frente a un problema heredado que lastra claramente la economía española, que es el déficit tarifario. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, entiendo que se incorpora la autoenmienda y que acepta íntegramente la enmienda del Grupo Socialista. ¿Es así? (Asentimiento).
- SOBRE EL TURISMO RURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001295).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, sobre el turismo rural. A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: El turismo rural cumple una función muy importante dentro de una estrategia de diversificación económica en el medio rural. Si bien originalmente se trataba una actividad complementaria de las rentas en el medio rural, actualmente se ha convertido, por falta de alternativas, en muchos casos en la actividad principal. Estamos hablando de ofertas de alojamiento en pequeñas localidades de más de 1.000 o 2.0000 habitantes o, fuera del casco urbano, en localidades de mayor tamaño, generalmente en antiguas viviendas rurales rehabilitadas -masías, caseríos o bordas-, regentadas familiarmente por los mismos propietarios. Estadísticamente podemos citar, para completar la fotografía del sector, que en el conjunto del Estado español hay 15.000 alojamientos de turismo rural, que ofrecen más de 137.000 plazas y que suponen unos 22.000 empleos. En la actualidad existe una amplia dispersión legislativa en las comunidades autónomas, mientras se carece de una normativa común de ámbito estatal, lo que de hecho está impidiendo ofrecer una imagen común del turismo rural de cara a la promoción exterior. A nuestro juicio, la diversa legislación autonómica ha permitido preservar el tipismo y la idiosincrasia de los distintos alojamientos, y eso ha sido positivo. Pero ciertamente ha obstaculizado la promoción a nivel internacional e incluso ha podido generar confusión para los propios consumidores españoles.
Cuando hablamos del sector del turismo rural tenemos que tener en cuenta también la difícil situación económica que está atravesando en la actualidad. El turismo rural está pasando por un ajuste muy duro, está absorbiendo todos los impuestos que se han ido aprobando por el Gobierno actual, están rebajando los precios en torno a un 30 %; están reduciendo los beneficios de las familias que regentan establecimientos de turismo rural y eso supone, para la gente que vive en el medio rural, en un entorno económico, frágil y disperso, una situación de extrema dificultad.
En segundo lugar, proponemos desarrollar un programa de formación y profesionalización del sector. No basta con ser hospitalario o con ofrecer un alojamiento y un servicio de calidad, es imprescindible acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestros alojamientos de turismo rural están en el siglo XXI, compitiendo con China y con las grandes multinacionales, y es imprescindible esa formación que les permita saber en qué mundo estamos y con quien tenemos que competir. Formación equivale en este caso a compartir información, conocimientos y trabajo, y eso es clave para que el turismo rural pueda sobrevivir hoy en día.
En tercer lugar, proponemos también crear un observatorio de turismo rural que cumpla funciones de asesoría para el sector y que suministre datos contrastados. En cuarto lugar, resulta imprescindible poner en marcha una estrategia de promoción internacional del turismo rural. Me consta que Turespaña hace unas semanas empezó consultar al sector y a recoger propuestas sobre promoción exterior. Tenemos que ser conscientes de que con la caída del consumo que hay en España, por el paro, por supuesto, pero también por la política de este Gobierno de devaluar salarios y de encarecer la vida, no va a ser el turismo doméstico el que nos saque de la crisis sino que será, evidentemente, el turismo internacional. Por eso es fundamental salir a vender, pero no a vender los alojamientos de fulanito o de menganito sino nuestros recursos patrimoniales, nuestros abundantes recursos naturales o culturales para que se llenen nuestros alojamientos. En estos tiempos hay que vender experiencias y los alojamientos ya se llenarán. El otro día un empresario de turismo rural me decía: Vendamos el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, por poner un ejemplo, y luego da igual en qué vivienda de turismo rural se alojen los turistas. Esa es la apuesta que tenemos que hacer en clave de promoción internacional del turismo rural.
En quinto lugar, proponemos apoyar la actividad de las federaciones de asociaciones de turismo rural más representativas del Estado español. Ahora el ministerio les requiere, les consulta, pide su colaboración, pero no les ayuda, ni siquiera les paga por el trabajo que la propia Administración les encomienda, lo que resulta sorprendente e injustificado. Por eso en nuestro grupo pensamos que hace falta que el ministerio apoye la labor que están haciendo federaciones como Autural o como Asetur, por citar las más representativas del sector.
Por todo ello, pido el voto favorable para esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario socialista ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Franquis.
El señor FRANQUIS VERA: Hemos presentado una enmienda de adición a la proposición de La Izquierda Plural, que nos parece una iniciativa acertada, por el momento en el que se ha planteado y por cómo se ha hecho. Recordaba ayer en el debate presupuestario que las buenas cifras de turistas internacionales que vienen a España tienen matices, y eso no puede esconder que el sector tiene dificultades y problemas. Este es un ejemplo claro del problema que en este momento tiene el turismo rural en nuestro país. Hablábamos ayer de que esas cifras no pueden ocultar que hay un serio problema en los márgenes de rentabilidad empresarial, que hay un serio problema de empleo, que ni en el año 2012 ni en los seis primeros meses de 2013 se está creando empleo en el sector turístico, cuando ha sido en estos dos últimos años cuando más visitantes hemos tenido; hay un serio problema de estacionalidad que afecta muy claramente a los márgenes. El sector de turismo rural ha pedido socorro al Gobierno, y lo ha hecho con claridad y con rotundidad. Por eso me parece acertada la iniciativa que discutimos en esta Comisión, porque va acorde con la realidad que están viviendo las asociaciones y las personas de este sector que, como bien ha explicado el proponente, es muy concreto.
Daré algunos datos para situar el problema. Los responsables del sector piden socorro y ayudas al Gobierno porque la situación de este verano ha sido dramática para el turismo rural. Según las últimas encuestas de ocupación, en los meses de julio y agosto las pernoctaciones disminuyeron un 5,6 %; por lo que respecta al mes de agosto concretamente, se ocuparon solo el 32 % de las plazas, produciéndose un descenso anual del 3,8 %. Estamos viendo cómo poco a poco, desgraciadamente, mientras disfrazamos todo con las buenas cifras del turismo internacional, el turismo rural empieza a tener serias dificultades. Este sector ha hecho una reclamación al Gobierno exponiendo todas sus dificultades y sus problemas. Nos ha parecido positivo que en su comparecencia de ayer para explicar los presupuestos de su departamento, la secretaria de Estado de Turismo anunciara que el Gobierno estaba estudiando la puesta en marcha de medidas directamente relacionadas con el turismo rural. Nos alegramos de que eso sea así, aunque nos parece que viene tarde. El Plan integral de turismo que aprobó el Gobierno hace año y medio,
aunque se intente decir que con él todo está resuelto, no aporta soluciones a la difícil situación que se está viviendo en estos momentos. Hay serios problemas en el sector, como ha planteado el proponente; hay un problema de regulación, de falta de formación, de ocupación, de diversidad de la oferta de turismo rural, en definitiva, un paquete que creo que tiene mucho que ver con la responsabilidad del propio Gobierno.
En la enmienda de adición que presentamos, que espero que sea aceptada por La Izquierda Plural, planteamos que el Gobierno, en línea con el anuncio que hizo el día de ayer, elabore un plan especial para el turismo rural que aborde, desde una visión global y participativa, los nuevos desafíos a los que se enfrenta el sector. Este plan debe tener, entre otros, un conjunto de objetivos, estrategias y medidas encaminado fundamentalmente a aplicar un modelo de desarrollo sostenible del turismo rural español; a mejorar la coordinación de las distintas políticas sectoriales que afectan al desarrollo turístico de las zonas rurales; a estudiar una política fiscal específica para el sector; a poner en marcha medidas que mejoren el transporte en las conexiones y frecuencias hacia las zonas rurales, porque hoy desgraciadamente hay muchas dificultades para que el turismo internacional pueda acceder a ellas; a impulsar el uso de las nuevas tecnologías en el turismo rural; a diversificar el producto turístico rural, potenciando una amplia variedad de servicios que le aporten un valor añadido; a mejorar las estructuras de gestión y de promoción a fin de aprovechar economías de escala en la gestión, promoción y distribución del producto; a diseñar planes de márquetin específicos que, atendiendo a las características de los públicos y a los cambios en los canales de información y venta, sitúen los productos en el mercado de forma eficaz y eficiente.
Creo que esta enmienda es complementaria a la proposición no de ley de La Izquierda Plural y espero que el Gobierno, además de ese plan especial, incorpore las iniciativas planteadas en esta Comisión, porque creo que van en la línea de lo que solicita el sector, que es mejorar la situación del sector turístico rural en nuestro país que hoy en día está pasando por serias dificultades.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Vamos a apoyar esta proposición porque nos parece que es acertada, que es correcta y que va en la buena dirección, porque, efectivamente, sectores como el del turismo rural no tienen por sí mismos la capacidad suficiente para desarrollar su potencialidad si no hay un apoyo público decidido; en este caso, además, es evidente que tiene que haber una colaboración entre la Administración del Estado y la de las comunidades autónomas para poder potenciar este sector. Coincidimos con el análisis de que está lleno de posibilidades y de que es particularmente oportuno, sobre todo en zonas de difícil desarrollo económico con la agricultura tradicional. Creemos que es bueno tener un tipo de turismo no masificado que sea respetuoso con los valores medioambientales y de otro tipo.
Al margen de que sea aceptada o no la enmienda presentada por el Grupo Socialista, apoyaremos esta PNL.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don José María Alonso.
El señor ALONSO RUIZ: La proposición no de ley que hoy se trae a la Comisión trata un asunto muy importante para el sector turístico rural y para el campo y el desarrollo sostenible de España, y coincido plenamente con el análisis que han realizado los grupos que han intervenido anteriormente. Por eso el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Industria, ha acometido este asunto, siendo una de sus prioridades. Concretamente el Plan nacional integral de turismo, aprobado en junio de 2012, incluía los problemas y los asuntos importantes que aquí se han expuesto y que están contemplados en la proposición no de ley del Grupo de La Izquierda Plural y en la enmienda que presenta el Grupo Socialista. En cuanto a homogeneizar los diferentes tipos y categorías de turismo rural, estoy de acuerdo en que en este momento cada autonomía tiene sus competencias y que han legislado sobre ello, lo que es un problema a la hora de comercializar y de promocionar nuestro turismo, sobre todo fuera de España. Ese es uno de los puntos que contempla el Plan nacional integral de turismo que, en concreto en la medida 13, habla específicamente de homogeneización de la clasificación y categorización de alojamientos hoteleros, rurales y cámpines. Dentro de esta medida hay otra actuación en la que se habla de definición de un
sistema de clasificación común dirigido a alojamientos rurales. Por esta razón, dentro de las direcciones generales de las diferentes autonomías, se ha creado un grupo de trabajo para llegar a un acuerdo en este asunto. De hecho, en abril de 2013, para identificar mejor el producto rural, dentro de los cinco tipos de clasificación de los alojamientos rurales, se decidió utilizar un distintivo que es la estrella verde, que ya está implantada internacionalmente. Aunque no hay una normativa europea que englobe las diferentes clasificaciones de turismo rural, gran parte de los países europeos usan este tipo de distintivo. Excepto Francia y Bélgica que utilizan espigas, robles u otros símbolos, el resto de países tienen la estrella verde. Esto es un avance y muestra la voluntad del Gobierno en este sentido.
En relación con el programa de formación y de profesionalización del sector, tengo que decir que el Plan nacional integral de turismo contempla otra medida, la número 15, que pone en valor el patrimonio cultural, natural y enogastronómico, que a su vez está desarrollándose a través de un abanico de medidas que pretenden aportar soluciones para impulsar y promocionar el turismo rural. Estoy de acuerdo en que al turismo rural hay que darle un valor añadido, que en este momento son todas las actividades ligadas al ecoturismo, al patrimonio natural, al patrimonio gastronómico, etcétera. Eso se tiene en cuenta en el plan nacional y, de hecho, se contemplan dos actuaciones: La primera, el programa de formación para empresas de ecoturismo sostenible. Ha habido un acuerdo entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Agricultura para planificar y diseñar este tipo de cursos y seminarios que se están haciendo en muchas autonomías, entre ellas, en la mía, Cantabria, donde se imparten una cascada de cursos y de seminarios, haciendo visitas a reservas naturales, para formar a los empresarios del sector. La segunda, es la consolidación del producto ecoturismo en España. En la Secretaría de Estado de Turismo se están potenciando todos estos productos turísticos a través de tres clubes de producto: el Club de producto ruta de vino de España; el Club de producto rutas de jamón ibérico; y el Club ecoturismo en España. Se está promocionando este tipo de empresas ligadas a estas actividades y de hecho en el observatorio del Club del vino ya hay registrados 1,6 millones de turistas en el año 2012. Esto demuestra que el impulso que está dando el ministerio está dando frutos.
En relación con la promoción internacional, en los presupuestos se consigna una cantidad de 2 millones de euros para el programa de promoción internacional del sector de turismo rural. Dentro del portal Spain.info hay una serie de canales específicos que tienen que ver con los parques nacionales, con los centros de interpretación, actividades, cuevas turísticas, reservas de la biosfera, espacios protegidos, etcétera. Esto demuestra que el Gobierno sabe por dónde hay que ir, porque este tipo de actividades las reclaman no solo los usuarios españoles sino los internacionales. Se está haciendo una promoción directa y hay más de 1.500 actuaciones dirigidas a países europeos, además de a Estados Unidos y China...
El señor ALONSO RUIZ: ... en prensa, con agentes, realizando jornadas, etcétera. En definitiva, podría hablar de todas las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno, pero el tiempo no da para tanto.
Para finalizar, con los datos que he dado quiero transmitir que el Gobierno está haciendo todo lo posible. Yo les animo a seguir trabajando y presentando iniciativas concretas que ayuden a mejorar el sector, porque la PNL y la enmienda de adición, repito, no aportan nada que no esté haciendo ya el Gobierno. Por esa razón no podemos votar a favor de esa proposición no de ley, aunque me parece muy bien. Os felicito, seguid trabajando y aportando propuestas.
El señor PRESIDENTE: Pregunto al señor Yuste si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, espere un momento a que me recupere de la intervención del portavoz del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: No reabra el debate.
El señor YUSTE CABELLO: No reabro el debate. Ya se me pasa la risa y puedo responder que acepto la enmienda de adición del Grupo Socialista.
- SOBRE APOYO AL SECTOR TURÍSTICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001497).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero del orden del día, proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo al sector turístico de la Comunitat Valenciana. A esta proposición se han presentado varias autoenmiendas del Grupo Socialista.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Daré por explicada la propia exposición de motivos -la tienen ustedes delante-, que viene a hacer un análisis y a constatar la marginación que, en general, sufre la Comunidad Valenciana por parte del Gobierno de España y, en concreto, el sector turístico.
Me centraré en la parte propositiva. Nuevo convenio marco. El Gobierno no está renovando el convenio con la Generalitat Valenciana para realizar una cogestión de la promoción turística -no entendemos cómo no se quieren sumar esfuerzos en la promoción turística- y se argumenta que no se cumplen los criterios de déficit de la Comunidad Valenciana. Precisamente lo que se consigue no cogestionando y no ayudando con ese convenio es ahondar en ese problema. Que baje el IVA. No pido lo que ustedes planteaban en sus iniciativas hace dos años, que era una rebaja en las tasas aeroportuarias del 50 % y un IVA superreducido del 4 %, con una situación del sector mucho mejor, sino que lo que les digo es que, como mínimo, lo dejen como en 2011. El peaje de la AP-7 ha subido un 14 %. Muchos de los turistas que acuden desde cualquier punto del territorio nacional a la Comunidad Valenciana lo hacen en coche y el Gobierno nos resta competitividad porque para llegar a Benidorm, como no hay otra alternativa, tienen que pagar un peaje, sí o sí.
Quiero destacar el punto 5 de la proposición porque son las inversiones. Aquí vemos los gráficos de cómo se desploman las inversiones en la Comunidad Valenciana con el Partido Popular, cómo pasamos de una inversión media por habitante en el conjunto de España de 206,77 euros a una inversión media por habitante en la Comunidad Valenciana de 118 euros. Estamos hablando de inversiones que generan competitividad, porque son infraestructuras que permiten que los turistas puedan tener mejores condiciones cuando están en nuestro territorio. En nuestra enmienda -eso se lo digo al Grupo Popular- está incluida la redacción que votó el Partido Popular en Les Corts valencianes como modificación del estatuto de autonomía. Por tanto, lo único que pedimos es que se ratifique hoy aquí la apuesta por que la Comunidad Valenciana tenga una inversión proporcional a su población.
Pedimos que se mejoren los comités de rutas; que se trabaje el aspecto del turismo de cruceros; que se paralice el ERE de los paradores. En materia de promoción, creemos necesario retomar los convenios con asociaciones del sector; pensamos que hay que mejorar el presupuesto de coordinación y promoción turística, especialmente en lo referente a las oficinas españolas de turismo; hay que retomar las acciones de diversificación geográfica y sectorial; hay que crear un plan de acción de fomento del turismo nacional, que ustedes pidieron en 2009, con mejores cifras de turismo nacional de las que tenemos, y del que ahora no quieren saber nada.
En cuanto a desestacionalización, lo que pedimos es que sean coherentes y apoyen algo que es rentable para el Gobierno, porque tiene retorno inmediato en impuestos, como es el turismo social del Imserso y el turismo social europeo. Pedimos, exigimos al Gobierno que no cometa un error político y económico en esta materia. En cuanto a los créditos del ICO -lo explicaba ayer el portavoz de turismo del PSOE-, el problema no es la cantidad, que un 50 % menor que la que había, sino que no se ejecutan, porque las condiciones que ustedes ofrecen desde el ICO prácticamente son peores que las que da el propio banco. Han abandonado todo lo que es la modernización del sector turístico. Además, han metido en el cajón el Plan turismo litoral siglo XXI. Siguen existiendo casos de municipios que tienen unas pernoctaciones superiores a su población. Ustedes hicieron deprisa y corriendo una ley en marzo de 2004 en la que se dejan fuera ciudades como Benidorm, que este verano ha sido la segunda ciudad de España en ocupación, por delante de Madrid. Miren a ver dónde está el error. Nos pueden decir: Ustedes han cambiado de opinión. No, lo que decimos es que habría que reformar la Ley de administraciones locales y poner lo de los municipios turísticos. Eso fue lo que dijimos y es lo que decimos ahora. Ustedes dijeron que lo iban a hacer al día siguiente y ahora nos lo meten en la reforma local. Son ustedes los que tienen que ver cómo están planteando esta estrategia a corto, medio y largo plazo en materia turística retomando el Plan nacional integral de turismo.
Tiene que haber una compensación rápida y ágil a la Comunidad Valenciana en materia de sanidad. La solución no es decir: Si usted reside en la Comunidad Valenciana dos meses tiene que saber que o se
trae una maleta llena de medicamentos o aquí no le vamos a servir nada. Esa no es la solución. La solución es decir: Si vienen ciudadanos de la Comunidad del País Vasco que se les den todos los medicamentos que hagan falta y que se agilice un cauce para recibir la compensación oportuna.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Plan verano ni está ni se le espera. Ustedes no solamente no aumentan la plantilla es que ni siquiera cubren las bajas por vacaciones. La seguridad ciudadana también es un factor de competitividad en el sector turístico.
Introducimos en una enmienda los apartamentos turísticos, que ustedes casi insultan en la reforma de la Ley de arrendamientos, y decimos que es una parte importante del sector que hay que regular. Los que lo hacen bien quieren que se regule, que quede clara su situación y, sobre todo, que no se aplique un IVA normal cuando hay otros tramos en el IVA turístico que podrían beneficiarles.
En definitiva, hay un abandono claro por parte del Partido Popular y del Gobierno de la Comunidad Valenciana que se plasma también en materia turística, de forma especial en inversiones. Por eso trasladamos la propuesta de modificación del estatuto. Vamos a pedir votación separada. Queremos destacar la coherencia del Partido Socialista, que dice lo mismo aquí que en Valencia. Como dice Ximo Puig, secretario general del PSPV, la Comunidad Valenciana tiene un 30 % de paro, un 30 % de exclusión social y un 30 % de deuda. No necesitamos -sí lo necesitamos, porque nadie se fía de la Comunidad Valenciana ni de la Generalitat- que nos ayuden a financiarnos con el FLA, sino que apoyen a los sectores productivos, que se genere economía, que se genere consumo, que los sectores que ya funcionan sean como un motor. En la Comunidad Valenciana no hace falta cambiar el modelo productivo sino apostar por uno que ya existía y que el PP intentó cargarse, como es la industria, el sector agroalimentario y el turismo.
Ante el abandono y la dejación del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y del señor Fabra, planteamos y exigimos al Gobierno del PP -que antes se rasgaba las vestiduras con la política turística del Gobierno anterior, cuando había un 50 % más de presupuesto y un 30 % más de plazas del Imserso- que se lean lo que decían en los años 2009 y 2010 y que mantengan no lo que pedían ustedes mismos, que era mucho más de lo que había, sino por lo menos lo del año 2011. Sobre todo, les pedimos, si no quieren ayudar al sector y lo quieren dejar solo y abandonado, que no lo entorpezcan con nuevas tasas y nuevos impuestos. El mejor ejemplo de austeridad inteligente es el turismo, porque cada euro que se invierte tiene más retorno. Vayamos a una austeridad inteligente.
Anunciamos que hemos pedido votación separada de los puntos 5, 13 y 17, y que estamos dispuestos, si así lo piden los grupos, a votar de forma separada todos y cada uno de los puntos si ello facilita que haya un mayor consenso en esta materia.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: La verdad es que a nosotros esta proposición nos crea muchas dudas, y voy a explicar por qué. Para empezar, por su ámbito. Nos parece tan centrado en una única comunidad autónoma que no acabo de ver que proceda políticamente, desde el punto de vista incluso competencial, discutirlo en el Congreso, porque, por una parte, parece que mezcla cuestiones de política autonómica absolutamente respetables, que deberían debatirse en las Cortes de la Comunidad Valenciana, y, por otra parte, rompe la idea de un sector turístico del que tenemos que ocuparnos aquí, que es el del conjunto del país y no del de una comunidad autónoma en particular. La Comunidad Valenciana tampoco es la única que tiene una parte importante de su producto interior bruto vinculado al sector turístico, al contrario y, por tanto, las medidas que se proponen deberían ser, en cualquier caso, extensibles a cualquier comunidad autónoma en la que el sector turístico tenga esa relevancia. Estamos perplejos, porque no vemos esa orientación sino que nos parece algo muy ligado -así se ha reflejado en la exposición del proponente- a las querellas entre el Partido Popular y el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Una cosa es proponer medidas de política turística, de relanzamiento del sector o de apoyo al modelo, si se ve necesario -cosa que me parece muy respetable y creo que tiene mucha razón en muchas de las cosas-, y otra distinta, que es la que tiene más peso político aquí, es decir: Esto solamente nos importa para la Comunidad Valenciana porque tiene que ver con nuestras propias disputas políticas de partido en el interior de la comunidad. Esto es lo que nos causa gran perplejidad de esta proposición, que además es larguísima y muy detallada, y lo que, salvo que nuevos elementos de juicio nos lleven a cambiar de opinión, nos va a llevar a abstenernos en esta PNL.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Ricardo Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Lo cierto es que la proposición es prolija en sus términos y abarca una gran diversidad de cuestiones que tocan con mayor o menor proximidad al turismo. En todo caso, que sea una proposición no de ley sobre la Comunidad Valenciana no debería llevar a la prevención sobre su no aplicación en otros territorios. Al Grupo de La Izquierda Plural le parece magnífico que lo que pedimos para los valencianos y las valencianas pueda aplicarse al resto de los territorios del Estado español. En todo caso, en ese pretendido y defendido por algunos Levante feliz, cuando vas a una farmacia a pedir un medicamento te dicen que vuelvas al día siguiente, porque las farmacias se niegan a tener los medicamentos, porque la Generalitat Valenciana no se los paga. Esa es la situación que estamos viviendo allí en el día a día, más allá de la situación del turismo, que también es lamentable, por la falta de colaboración de la Administración General del Estado y la falta de recursos de la Generalitat Valenciana. En definitiva, no nos parece mal la proposición, aunque sí nos parecería adecuado y obvio extenderla a otros territorios, a otras comunidades autónomas del Estado español. Desde luego, la situación que tenemos en el País Valenciano es complicada.
Nos produce algún problema un punto muy concreto, que es el punto cuarto, que pide una bajada del 14 % del peaje de la AP-7. Esto tiene una incidencia sobre el turismo y tiene una incidencia muy grande sobre el resto de la actividad económica y global del País Valenciano. El tema de la AP-7 excede con mucho la cuestión turística. El Grupo Socialista plantea una rebaja del peaje, pero nosotros creemos que lo que habría que hacer es rescatar directamente la autopista, porque es incomprensible económicamente, políticamente y con cualquier mente que se quiera aplicar al adverbio que sea, que una autopista que debería haberse liberado y debería haber sido pública hace ya muchos años continúe estando bajo gestión privada y siendo de peaje hasta el año 2019, además con el gravísimo peligro de que ahora haya un nuevo invento de Fomento, se haga un paquete con todas las autopistas de peaje de este país y se alargue hasta que algún batracio tenga aditamentos pilosos. Como no compartimos este punto cuatro, pedimos votación separada del mismo, porque para nosotros habría que liberar la AP-7 de peaje inmediatamente. El resto de los puntos los votaremos favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Belén Juste.
La señora JUSTE PICÓN: El Grupo Socialista nos trae a debate y votación una proposición no de ley con el objeto de dar apoyo al sector turístico de la Comunidad Valenciana, como si esto no se estuviera haciendo ya y no fuera la práctica habitual de un Gobierno que tiene en la actividad turística uno de sus principales activos. La Comunidad Valenciana se sitúa a la cabeza en 2013 en el incremento de llegada de turistas internacionales, con un 11,8 % más hasta agosto. Prácticamente triplica el crecimiento que experimenta España de turistas internacionales en todo tipo de alojamientos y el gasto del turista internacional también se incrementa en el 2013 de forma notable, hasta un 10,6 % en el mes de agosto. Todos estos datos y muchísimos más vienen a corroborar la fortaleza del sector turístico en nuestra comunidad, un sector que representa el 12,6 % del PIB y el 13,4 % del empleo. Sinceramente, señor Campos, no creo que la realidad del sector turístico valenciano sea la que usted recoge en su propuesta y en su exposición ni que las medidas que este precise sean las que usted propone. Usted se empeña en dibujar una realidad que ni lo es ni lo va a ser.
Señorías, este año el sector turístico va tener un fuerte respaldo en una de las necesidades más demandadas en los últimos años. Estoy hablando del acceso al crédito. Para ello, el Gobierno va a poner a disposición del sector privado más de 221 millones de euros en ayudas para préstamos a empresas turísticas. Dichas ayudas provienen, por un lado y por primera vez, del Fondo para la modernización de las infraestructuras turísticas, con el objetivo de la concesión de préstamos a través del ICO, y por otro lado, de la Sociedad de Garantía Recíproca. A la vista de estas importantes novedades, les pido por favor que no vuelvan a cuestionar la falta de financiación para el sector como hacen una y otra vez.
Señorías, también se permiten cuestionar las decisiones tomadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, porque han perjudicado al sector turístico, y ponen como ejemplo los retrasos en inversiones para mejorar la comunicación. Me parece que tienen muy poca memoria y mucha desfachatez cuando hacen afirmaciones como esta. Sin ir más lejos y gracias al desbloqueo efectuado por la ministra de Fomento, a finales de junio el AVE llegó por fin a Alicante; lo hace veinte años después de llegar a Sevilla y tras años
de una política de dudosa eficacia, guiada más por intereses políticos que económicos. Sigo. Hablan del aumento de las tasas aeroportuarias, cuando saben, o al menos deberían saber, que España está por debajo de la media europea y que, no obstante, este factor no es determinante a la hora de elegirnos como destino de vacaciones. Aun así, en un nuevo esfuerzo del Gobierno del Partido Popular, el pasado 23 de mayo la ministra presentó al sector aéreo un acuerdo sobre tasas aeroportuarias para los próximos cinco años, que minimiza la subida de estas tasas, que presentan unas subidas más moderadas.
Señorías, nos piden que se intensifique el trabajo de los comités de rutas en los aeropuertos de la Comunidad Valenciana. Sin duda desconocen que los de Valencia y Alicante se formalizaron ya en 2011. Espero que el señor Puig -que no está- lo recuerde, porque estuvimos los dos juntos en esa primera reunión. Una prueba de ello es el trabajo que se está realizando en Alicante, con un Plan de acción bienal 2014-2015, ya ultimado, en el que se detallan las líneas estratégicas a seguir.
Por lo que respecta a su petición de poner en marcha planes para incrementar los efectivos de seguridad en zonas turísticas, quiero recordarle, señor Campos, que el Gobierno del Partido Popular ya está desarrollando acciones concretas a través de programas que usted desprecia, pero que destacan -el plan Turismo Seguro o el Plan Operación Verano-, sin olvidar la gran labor que realizan las Fuerzas de Seguridad.
Por cierto, permítame que le haga una precisión en relación con su exposición de motivos. En la temporada 2012-2013 no ha habido un recorte del 30 % en las plazas del programa de turismo social, como dice usted, sino un ajuste inferior al 17 % y, concretamente, en la Comunidad Valenciana por debajo del 16 %. Este programa, que ya ha empezado a comercializarse, mantiene las previsiones de empleo y actividad económica de ejercicios anteriores, sin merma significativa de su impacto social, económico y laboral.
Señorías, a lo largo de su propuesta, el Grupo Socialista alude constantemente a recortes producidos en líneas de financiación y programas que ellos sí mantuvieron. Quiero decirles que todos estos programas escondían un peaje muy duro y que nos han dejado el regalo envenenado de una deuda de 14 millones de euros, cuyos intereses vamos a estar pagando hasta el año 2021. El aumento de la presión fiscal ha sido otra de las medidas que más críticas ha suscitado, señorías. El Partido Popular ahora no puede bajar ni el IVA ni otros impuestos, no puede porque ustedes nos dejaron un país en bancarrota y ahora esa recaudación es absolutamente necesaria para mantener las prestaciones sociales. Saben tan bien como nosotros que nos hallamos en un período temporal de ajustes y reorganización de efectivos. Les pido por favor que no hagan demagogia con este tema. Somos los primeros que queremos revertir esta situación y estoy segura de que este Gobierno así lo hará cuando el país esté preparado, no cuando ustedes lo decidan. Ya no gobiernan. Por favor, no lo olviden.
Decididamente, la realidad del sector y de nuestros atractivos turísticos no es ni de lejos la que usted ha venido a contarnos hoy aquí. Las comunidades autónomas tienen una clara estrategia turística, recogida en el Plan nacional integral de turismo 2012-2015, ejecutado actualmente casi al 50 %. Es un documento que nos marca la estrategia a corto y largo plazo y que está creando las condiciones necesarias que aseguren un crecimiento rápido y sostenido de productividad turística. Es una meta compartida en la que estamos trabajando todos juntos y en la que sabemos que las aportaciones de la comunidad han sido ampliamente recogidas; aportaciones que iban en la línea de la modificación de la Ley de Costas -ya modificada-; de la agilización de los visados turísticos en mercados emergentes; del impulso de una nueva ley de municipios turísticos, que permitirá, como usted bien dice, reconocer por fin a Benidorm como tal; de la puesta en valor del patrimonio cultural y de la prioridad de la inversión en la campaña de imagen de España.
El señor PRESIDENTE: Debe ir concluyendo, señora Juste.
La señora JUSTE PICÓN: En toda esta estrategia, la segmentación por productos sigue siendo prioritaria. El tradicional turismo de sol y playa se complementa con otros productos turísticos como el turismo de cruceros. Prueba de ello es que en 2012 sus puertos recibieron un 17 % más de cruceristas que el año anterior.
Señorías, todas las decisiones que se han tomado han tenido en cuenta siempre la crisis económica por la que está atravesando el país. No estamos en el momento de gastar lo que no tenemos ni de comprometer lo que tengamos en un futuro, sino de gestionar y administrar lo más eficazmente posible los recursos de los que disponemos.
Señor presidente, señores diputados, creo que en mi intervención ha quedado claro que el sector turístico valenciano está resistiendo muy bien la crisis. Estamos haciendo bien las cosas. Siempre estamos abiertos a mejorar, pero ustedes no nos aportan nada nuevo, queriendo volver al escenario de 2011. Por todo ello, el Grupo Popular va a votar en contra de su proposición no de ley. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Comunico a los portavoces, en orden a la previsión de las votaciones, que no se esperan antes de las doce menos cuarto, más bien a las doce.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO DE LEY PARA REGULAR EL AUTOCONSUMO CON BALANCE NETO ENERGÉTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001527).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la presentación de un proyecto de ley para regular el autoconsumo con balance neto energético. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Para su defensa, tiene la palabra don Carlos Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Esta proposición no de ley ha tenido una historia curiosa, porque se registró el 1 de abril de este año, pero entretanto se cruzó por medio el Real Decreto 9/2013, que trataba precisamente de esta cuestión. Esto podría llevar algunos a pensar que deberíamos haber retirado esta proposición no de ley. Esto no es así por dos razones: primera, porque consideramos que la regulación que sigue habiendo es insuficiente y, por decirlo brevemente, hostil a esta técnica de producción de energía y, segunda, porque consideramos que es necesario un debate político serio sobre esta técnica, dentro del marco de ese debate siempre pendiente sobre una política energética seria y coherente, que sea un todo y no meramente fiscal y recaudatoria.
El autoconsumo con balance neto, como creo que sabe todo el mundo, porque se ha ido popularizando, consiste en la producción de energía, sobre todo con técnicas fotovoltáicas y renovables, por pequeños productores, a escala doméstica o de barrios, pequeñas localidades o empresas, para su vertido después a la red a precios de mercado que consigan, por una parte, que sea una técnica rentable, y por otra, producir su mayor ventaja inmediata, que es un gran ahorro energético. Lo que ha ocurrido, como decía antes, es que entretanto se ha cruzado el Real Decreto 9/2013, una regulación que nos parece profundamente hostil e incomprensible, porque en casi todas las respuestas que nos dan el Grupo Popular y el propio Gobierno a los demás grupos siempre se pone por delante la necesidad de atacar las bases del déficit público y la necesidad de hacer una política fiscal rigorista más que rigurosa, pero en este caso no se da ninguna de estas circunstancias. La regulación que ha hecho el Gobierno de la técnica de autoconsumo con balance neto es absolutamente incomprensible desde el punto de vista de los objetivos que dice perseguir, porque aquí no hay ningún ahorro, aquí no se pide al Estado que haga ningún gasto, aquí no se pide a ninguna administración que invierta nada en especial, solo se pide que se permita, creando el marco legal adecuado, el desarrollo de una técnica que va a ser, en cualquier caso, una inversión que van a hacer los particulares, no el Estado. Por tanto, no existe ningún pretexto ni justificación para un tratamiento fiscal que convierte la técnica del autoconsumo con balance neto en algo que no es rentable, que es de difícil recuperación para los particulares y que además tiene un trato fiscal discriminatorio y agresivo, convirtiendo a los que pretendan desarrollar esta técnica -que tiene una regulación favorable en gran cantidad de países- en una especie de productores industriales de electricidad a pequeña escala. Esto es sencillamente elevar barreras de acceso de tipo fiscal. La explicación del porqué de esto es algo que todavía estamos esperando, porque todavía no se ha dado. No tiene ninguna justificación técnica ni fiscal, porque -vuelvo a insistir- una regulación legal favorable al autoconsumo con balance neto energético no significa una reducción de ingresos para el Estado, sino todo lo contrario. Las ventajas que tiene esta técnica son muy conocidas y por eso ha sido regulada tan favorablemente en gran cantidad de países que nos adelantan en muchas cosas, como competitividad económica y energética y, desde luego, recuperación y salida de la crisis.
¿Cuáles son las mayores ventajas que presenta esta técnica para la economía del país? Para empezar, ventajas ligadas al desarrollo de técnicas de ahorro y eficiencia. He de decir que el Real Decreto 9/2013, entre otras barbaridades, penaliza el ahorro. Tenemos una factura energética que, con el pretexto de atacar el déficit de tarifa, penaliza el ahorro, con lo cual empeora la competitividad, la eficiencia energética
y las condiciones en las que se van a desarrollar la actividad industrial y el consumo de los particulares. Sin embargo, la técnica del consumo con balance neto está directamente ligada a la búsqueda de técnicas de producción más eficientes, que ahorren más, sobre todo en términos de consumo, y que por tanto permitan una menor factura energética para el conjunto del país. Esto no puede ser sino bueno para el conjunto de la economía, porque España, como todo el mundo sabe, tiene un problema muy grave, por la enorme factura energética que paga y la falta de desarrollo de políticas de ahorro y eficiencia debido a que se han hecho otro tipo de políticas, como las primas a las renovables, que ya han sido aquí suficientemente criticadas y en las que no voy a insistir.
Otra enorme ventaja de este sistema, es que estando basado en las energías renovables no necesita primas, es decir, no exige ningún tipo de inversión ni de adelanto ni de préstamo de las administraciones públicas; al revés, todo recae en manos del inversor particular. Por tanto, es totalmente incomprensible e incoherente, y solo entendible desde la rapacidad fiscal y desde el punto de vista de algunos compromisos nunca explicados y quizás no del todo confesables con determinados agentes energéticos, crear semejante cantidad de barreras de acceso para una técnica que solamente se puede entender en términos de más ahorro, más eficiencia y más inversión en la I+D+i de la distribución, para conseguir redes descentralizadas, más eficientes e inteligentes.
Hay otras tres cosas que habría que subrayar a la hora de apoyar esta técnica en un país como España. Tenemos una ventaja relativa y absoluta respecto a otros países por nuestros recursos naturales. Si algo sobra en el centro y en el sur de España es el sol. Por tanto, es doblemente incomprensible que teniendo esa ventaja de partida se pongan semejantes obstáculos. Esto provocó el choteo internacional este verano -recordémoslo- cuando una importante publicación económica -que porque tenga cierta frivolidad no deja de ser de referencia- habló de cómo en España el Gobierno había puesto un impuesto al sol. Efectivamente, esto es lo que ha sucedido.
¿Más ventajas que tiene? Ayudaría de una manera extraordinaria a cumplir con los compromisos de Kioto. Al aumentar la producción de energías renovables sin primas y otras desventajas económicas, permitiría cumplir con más facilidad los compromisos de Kioto ligados a la disminución de emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero. Por último y lo más importante, desde el punto de vista macroeconómico y de economía de país, si se desarrollara adecuadamente, permitiría un aumento de la autonomía energética al prescindir de la dependencia que tenemos, al menos en una parte considerable, de la importación de combustibles fósiles, del uso del carbón y de otras fuentes no solo contaminantes sino además onerosas.
Para terminar con esta exposición, quiero referirme a otra cuestión que es particularmente interesante para un país descentralizado como España. Es un tipo de técnica que no solamente está descentralizada desde el punto de vista de la producción y de la distribución -esto ha causado algunas críticas que sería interesante analizar más a fondo en otro momento-, sino que permite realizar un papel positivo, y en este caso absolutamente pertinente, a comunidades autónomas y ayuntamientos, para impulsar y desarrollar este tipo de redes energéticas, que no compiten con las grandes fuentes tradicionales, sino que las complementan y permiten un desarrollo diferente. En este sentido, ligado a la reflexión sobre el papel que puedan tener los ayuntamientos, es interesante fijarse en las experiencias de otros países, por ejemplo, en Inglaterra, donde se vincula el desarrollo del uso de energías renovables con políticas de rehabilitación de viviendas ligadas a conseguir ahorro energético mejorando los aislamientos de las casas, etcétera. Son cuestiones que cuando se suman dan un resultado agregado de una enorme importancia y que tienen unas consecuencias y unos efectos muy positivos en el desarrollo de la actividad económica, más todavía en un país como España, donde la construcción está completamente paralizada y podría reorientarse hacia este tipo de políticas si se crease un marco legal favorable, que permitiera a ayuntamientos y comunidades autónomas desarrollar este tipo de planes que vincularan la adopción de técnicas de autoconsumo con balance neto a rehabilitación urbana, ahorro energético, creación de redes inteligentes de distribución de la energía, contadores, etcétera.
Esto es lo que hemos propuesto en un conjunto de puntos, que, como es una PNL, permitirían un desarrollo legal abierto. Por eso pedimos el apoyo de todos los grupos para su toma en consideración. Si fuera rechazada con el argumento de que ya está regulado lo que había que regular, sería el peor mensaje que se podría dirigir a un país que está necesitando políticas de reactivación inteligentes, ahorro energético, alternativas tecnológicas, creación de nuevos sectores industriales y de comercialización, etcétera. Desde luego, lo que se ha regulado hace casi imposible que en España se pueda desarrollar con rentabilidad el autoconsumo con balance energético neto.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posición de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Intervendré muy brevemente.
La posición de nuestro grupo parlamentario ante la política errática en materia energética de este Gobierno es bien conocida. Antes un portavoz hablaba de la necesidad de leerse las leyes energéticas, pero es que aprueban una cada semana. Es imposible leérselas todas, y cuando te las acabas de aprender, las cambian de nuevo. Esa política errática está llevando a la economía española a una posición en materia energética más complicada de lo que sería normal. En este contexto, nos parece muy razonable la propuesta que formula el señor Martínez Gorriarán, en cuanto a abrir ese debate sobre la necesaria ley que regule el autoconsumo con balance neto energético. Por tanto, sin más argumentación, anuncio nuestro voto favorable a esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar en su integridad los ocho puntos que integran la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Lo hacemos por diversas razones. En primer lugar, porque en la exposición de motivos está suficientemente fundamentada. En segundo lugar, por coherencia con la posición que este grupo parlamentario viene manteniendo.
La iniciativa a la que ha hecho referencia el interviniente, el señor Martínez Gorriarán, fue presentada en el Registro del Congreso el 1 de abril de este año. Se debate hoy. El Grupo Parlamentario Socialista -está en el Boletín del Congreso de los Diputados- presentó el 13 de marzo de 2012 una proposición no de ley sobre la necesidad de una regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas vinculadas a la modalidad de suministro de energía eléctrica con balance neto, para su debate en la Comisión de Industria y Energía, con una exposición de motivos suficientemente extensa y que instaba al Gobierno a impulsar en el plazo de un trimestre el autoconsumo eléctrico, en la modalidad de balance neto, por entender que constituye un sistema en el que el consumidor genera in situ parte de la energía eléctrica que consume, típicamente en la cubierta de la propia instalación, entendiendo que el balance neto individualizado se ha de configurar como un sistema de compensación de créditos de energía, en un periodo de tiempo tasado, que se ha de aplicar al consumidor que disponga de una instalación individual de generación conectada a su red eléctrica interior, así como hacerlo extensible a la fórmula de balance neto compartido por varios consumidores agrupados en colectivos cívicos, comerciales e industriales de pequeñas industrias de potencia. Señorías, esta proposición no de ley, meses después, fue objeto de debate en Comisión y fue derrotada como consecuencia del voto en contra del grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular.
¿En qué fase nos encontramos? Es bueno que lo sepamos. Tengo en mis manos -porque está en la red- un proyecto de real decreto gubernamental -como es lógico- por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. Es un texto de veinte artículos y una serie de disposiciones. La escasez de tiempo impide entrar en sus características. Ese proyecto de real decreto gubernamental constituye, junto con otros cuatro reales decretos, el Real Decreto-ley 9/2013 y el proyecto de ley del sector eléctrico, actualmente en tramitación en el Congreso, el gran paquete de la reforma eléctrica gubernamental. Pues bien, ese real decreto fue objeto de informe por la Comisión Nacional de la Energía el 4 de septiembre pasado. Me tomo la libertad de indicar a los miembros de esta Comisión la conveniencia de su lectura -se lo digo también al proponente de la iniciativa-, porque podrán comprobar que este organismo, en trance de desaparición en muy pocos días, emite un informe académica, técnica y jurídicamente de mucha solidez intelectual, como corresponde a un organismo de estas características.
Voy a hacer -y con ello termino- una serie de referencias a las afirmaciones recogidas en el dictamen de la Comisión Nacional de la Energía. Dice: Con fecha 28 de marzo de 2012, el Consejo de la CNE aprobó el Informe 3/2012 sobre la propuesta de real decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de la modalidad de suministro de energía eléctrica con balance neto, estrechamente relacionado con la propuesta actual, si bien esta última no contempla -marquemos esto- un mecanismo de compensación diferida en el tiempo -balance neto o saldos no instantáneos- entre producción y consumo, lo que fomenta la eficiencia energética e introduce el llamado peaje de respaldo -que es una terminología a la que nos acostumbraremos-,
que está siendo muy rechazado por todos los colectivos interesados en este tipo de producción energética.
Por su parte, con fecha 31 de julio de 2013, el consejo aprobó el informe 16/2013, que también convendría leer. A juicio de la comisión, el establecimiento de un peaje de respaldo -entre comillas- únicamente a los consumidores acogidos a las modalidades de autoconsumo, supone un trato discriminatorio -no lo digo yo, lo dice la Comisión Nacional de la Energía- con respecto al resto de consumidores. Por último, hace referencia a que el peaje de respaldo no tiene justificación razonada, y dice textualmente: Los argumentos de la imputación de estos conceptos a la energía autoconsumida, en opinión de esta comisión, no se encuentran justificados. Con posterioridad al planteamiento, en el apartado 3.2 del informe, sobre la insuficiente justificación del llamado peaje de respaldo -con esto termino, señor presidente-, la Comisión hace una serie de consideraciones que no les voy a leer.
Señorías, dado que este tema va en un real decreto y en un título importante del proyecto de ley del sector eléctrico y genera un rechazo en numerosas asociaciones de renovables, desde el punto de vista procedimental, del no debemos alejarnos nunca en el trabajo parlamentario, tanto en esta Comisión como en el Pleno, estimo que sería muy conveniente que un día dedicásemos una sesión, con las autoridades gubernamentales que la Comisión estimase oportuno, a analizar ese real decreto, porque como tal real decreto no es objeto de convalidación y, consiguientemente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado tal como quiera el Gobierno, en el ejercicio de su capacidad competencial, y no tendremos posibilidad de emitir juicio. Todo esto justifica la oportunidad, aunque un poco diferida en el tiempo, del debate que estamos manteniendo y, consiguientemente, de un debate monográfico más sosegado con posterioridad. Reitero el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Manuel Torres.
El señor TORRES HERRERA: Señorías, en aras de una mejor comprensión de la postura de este grupo sobre el autoconsumo, cabe destacar que el autoconsumidor aislado, esto es, el que tiene su sistema con capacidad de almacenamiento para cuando su fuente de generación no produzca electricidad, no paga peaje de respaldo. Por el contrario, aquel autoconsumidor con paneles fotovoltaicos que quiera tener garantizado el suministro por la noche, tendrá que contribuir al mantenimiento del sistema eléctrico. De no hacerlo, esa parte del mantenimiento del sistema, al no tener disponible esa potencia, tendrían que pagarla aquellos consumidores más vulnerables que no tienen la capacidad económica de hacer una inversión fuerte en esos paneles fotovoltaicos. Un autoconsumidor conectado a la red sustituye solamente al servicio de producir electricidad, pero no sustituye al servicio de garantía de suministro, por lo que debe seguir pagándolo íntegramente si está conectado a la red. Expresado de otra manera, que un consumidor tenga paneles solares no tiene ninguna garantía de poder consumir esta electricidad cuando quiera, cuando no hay sol no se genera electricidad, si sigue conectado a la red es porque sigue queriendo tener la seguridad, que le da el sistema centralizado, de poder consumir cuando quiera, con independencia de la producción de sus paneles solares. Los costes de garantía de suministro son fijos: redes más el backup de generación. Si el autoconsumo se los evitase, estos costes se trasladarían al resto de los clientes, produciéndose una subvención cruzada entre clientes. La garantía de suministro puede ser sustituida por el cliente autoconsumidor mediante baterías y acumuladores, con un sistema aislado, por ejemplo. En este caso, el autoconsumidor reduciría el contrato de garantía de suministro con el sistema, potencia contratada en el contrato del cliente, o se desconectaría de la red, evitando al sistema proveer este servicio y al cliente el pago del mismo.
En España, parte de los costes del servicio de garantía de suministro, los costes fijos del sistema, se facturan erróneamente como cargos variables por cada kilovatio/hora consumido. El Gobierno ha actuado en dos vías. Primero, ha modificado en parte la estructura tarifaria de los peajes, reduciendo los costes de garantía de suministro que se facturaban como cargo variable por cada kilovatio/hora consumido, pasando de una estructura tarifaria de peajes de acceso del 35 % fijo y el 65 % variable a una estructura del 65 % fijo y el 35 % variable. Ahora esta estructura tarifaria está cerca de la naturaleza de los costes que se pagan a través de los peajes. Se ha creado, de forma temporal, un peaje de respaldo para los autoconsumidores. Mientras se continúa adaptando la estructura de peaje para la naturaleza de los costes fijos o variables, tienen que abonar ese 35 % de peaje que se factura como variable y que no se paga cuando se autoconsume, aunque sean fijos para el sistema, y que corresponden a costes de garantía de suministros, tomando en consideración la energía autoproducida. Hay otros costes regulados asociados al servicio de garantía de suministro: coste de backup y servicios auxiliares,
que deberían pagarse como coste fijo, pero que se facturan como parte del precio de electricidad del mercado mayorista. Estos costes también se han incluido en el peaje de respaldo y por eso da la sensación de que pagan más peajes que el resto de clientes. Todos los consumidores, sean autoconsumidores o no, pagan los mismos precios por el servicio de garantía de suministro. La regulación del peaje de respaldo de forma temporal, hasta que la estructura tarifaria se optimice, es acertada y técnicamente correcta, pues evita transferencias de costes entre los clientes e incentiva, en su caso, la instalación de autogeneración que sea más económica que la producción del sistema centralizado. Sin el peaje de respaldo, el autoconsumidor no pagaría la parte de los costes fijos que se facturaban como variables por la parte que autoproduce, ya que no consumiría esa energía de la red y, por tanto, no pagaría ese peaje variable por kilovatio/hora. En consecuencia, esa parte del servicio de garantía de suministro no pagada se trasladaría al resto de clientes.
La Comisión Nacional de la Energía propone que lo que debe hacerse directamente es modificar la estructura tarifaria a todos los clientes para facturar los costes fijos del sistema mediante cargo fijo a los clientes, en cuyo caso no haría falta un peaje de respaldo. Esta recomendación de la CNE es acertada y la adecuación de la estructura tarifaria debe hacerse, pero los efectos para los autoconsumidores son los mismos con el peaje de respaldo que con la alternativa de modificación de la estructura tarifaria propuesta por la CNE. Una modificación de la estructura tarifaria requiere de tiempo para ir haciéndola paulatinamente. En consecuencia, mientras se modifica la estructura tarifaria, el peaje de respaldo es un mecanismo temporal correcto que envía la señal económica adecuada y evita la aparición de burbujas y de decisiones erróneas por parte de los inversores.
En España, esta regulación presenta las siguientes características. Ventajas fiscales para el autoconsumo, con la regulación propuesta el autoconsumidor se ahorra, por cada kilovatio/hora que produzca, el coste de generación del sistema centralizado más las pérdidas. Sin embargo, se provee al autoconsumidor-generador de ventajas fiscales adicionales frente a los generadores tradicionales, como impuesto a la generación. Todos los generadores deben abonar impuestos por un 7 % del valor económico de su producción. Este impuesto no lo tienen que pagar los autoconsumidores, por lo que cuentan con una ventaja competitiva fiscal. El autoproductor tampoco paga el 5 % del impuesto especial a la electricidad por lo que autoconsuma, por lo que cuenta con otra ventaja competitiva fiscal. Las ventajas fiscales del autoconsumo son del 12,35 %, por lo que siendo un 12 % más cara la generación con paneles fotovoltaicos, sería competitiva.
El balance neto es la opción a la red generación de los autoconsumidores en las horas en que la producción es mayor al consumo, para consumirla posteriormente cuando el consumo sea mayor a su producción. La aplicación de un balance neto razonable permite al autoconsumidor mejorar la rentabilidad de la inversión al poder aprovechar mejor la producción del mismo. La red no es una batería donde se almacena la energía, por lo que en realidad el autoproductor vende la energía en unas horas, que se comercializa, y recibe un ingreso por ello, y compra al comercializador otra energía en otras horas, y tiene un coste por ello. Mediante el balance neto se calcula dicha diferencia: coste de energía comprada menos coste de energía vendida y se factura la diferencia.
Señorías, el Gobierno ha enviado a las Cortes Generales el proyecto de ley del sector eléctrico, que ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado viernes 4 de octubre. Este proyecto de ley del sector eléctrico señala que el desarrollo del autoconsumo como fuente alternativa de generación de electricidad, al margen del sistema eléctrico, requiere la regulación de una actividad que hasta la fecha no tenía un marco legal y reglamentario específico. La ley tiene por finalidad garantizar un desarrollo ordenado de la actividad compatible con la necesidad de garantizar la sostenibilidad técnica y económica del sistema eléctrico en su conjunto. En este sentido, el articulado de esta ley establece la obligación de las instalaciones de autoconsumo de contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores. Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular comparte el espíritu del autoconsumidor, por eso apoya su regulación y, por ende, el espíritu de esta PNL, pero entendemos que es atemporal, puesto que el viernes pasado se ha abierto el plazo de enmiendas del proyecto de ley del sector eléctrico y es ahí donde cabe enmendarlo, por lo que votaremos no a esta proposición no de ley. (Aplausos.-El señor Erias Rey: Muy bien).
- RELATIVA AL APOYO A LA IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD BAJO LA MARCA Q EN EL SECTOR TURÍSTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001587).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día, proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa al apoyo a la implantación y certificación de sistemas de calidad bajo la marca Q en el sector turístico. Para su defensa, tiene la palabra doña Margarita Cid.
La señora CID MUÑOZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, a través de esta proposición no de ley, dentro del conjunto de metodologías que relacionan el sistema de calidad turístico español con conceptos como la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, persigue la mejora en la prestación del servicio que reciben los turistas que nos visitan. El sistema de calidad turístico español es una opción empresarial voluntaria en la que se opta por un sistema de gestión y de aseguramiento de la calidad que satisfaga las expectativas de los clientes. Son cuatro ejes en los que trabaja el Gobierno y sobre los que se actúa. Un primer eje, que es el programa Destinos o programa de Calidad, cuyos participantes o beneficiarios son los propios destinos y, dentro de estos, las empresas y los servicios turísticos que deseen participar. Integrado en la actualidad por 161 destinos en toda España, solo en el año 2013 hay 26 nuevos destinos que se han incorporado al proyecto. Un segundo eje, dentro del sistema de calidad turístico español, de capital humano y embellecimiento, es el programa Anfitriones, que es un programa de sensibilización y de formación del sector turístico, tanto público como privado, destinado a promover la mejora en la atención al cliente e incorporar criterios de embellecimiento, de sostenibilidad y de accesibilidad en el diseño y en la gestión de nuestros destinos turísticos. En la actualidad este eje que, como les he dicho antes, está basado en la formación del sector, se encuentra en la quinta convocatoria que comenzó el pasado 30 septiembre y que se va a desarrollar hasta que termine el año en curso. Un tercer eje del sistema de calidad es el internacional y que cumple fundamentalmente dos objetivos: la transferencia de la experiencia española en calidad turística a países que consideran el turismo como un eje de desarrollo y de preservación ambiental y, por otro lado, la adopción de normas internacionales para las actividades y servicios del sector turístico. Por último, y el eje que aquí nos ocupa, el más importante, el más exigente de ellos, que es el sistema de calidad turística, sectores Q de calidad turística. Como les he dicho, es la metodología más exigente, corresponde a una certificación del establecimiento turístico que ha implantado una norma pública de calidad turística, con requisitos relativos a la prestación del servicio e instalaciones y ha superado satisfactoriamente un proceso de auditoría por parte de una entidad acreditada. El Instituto para la Calidad Turística Española, el ICTE, es una entidad creada para la certificación de sistemas de calidad de empresas turísticas. Es un organismo español, privado, independiente, sin ánimo de lucro y reconocido en todo el ámbito internacional. Administra y gestiona en exclusiva la marca Q, emitiendo, en su caso, la correspondiente actualización para su uso y vigilando la utilización que se hace de la misma. Cumple con una serie de características, aportando prestigio, diferenciación, fiabilidad y rigor a los establecimientos turísticos certificados: es prestigiosa, porque demuestra el compromiso del establecimiento para alcanzar la plena satisfacción del cliente; diferenciadora, porque la marca solo puede obtenerse por los establecimientos que aseguren un nivel de calidad que está establecido en la norma de calidad de servicio; fiable, porque los mecanismos que se utilizan para evaluarlo o los requisitos son independientes del propio sector y están diseñados de acuerdo con la normativa internacional, y rigurosa, porque para superarla es imprescindible cumplir una serie de pruebas de carácter objetivo y sirve además para la promoción por las administraciones a los consumidores. Con la marca Q se demuestra el compromiso del establecimiento para alcanzar la plena satisfacción del cliente, cubriendo las necesidades y superando las expectativas, ofreciendo un servicio excelente. La imagen de la marca Q de calidad turística española, con más de 2.000 establecimientos certificados con el sello correspondiente, comienza a ser reconocida a nivel nacional e internacional. Este reconocimiento, tanto del consumidor nacional como de los operadores y consumidores internacionales, es un objetivo primordial, obteniendo resultados positivos y beneficios no solo para los clientes, sino también -y de forma muy importante- para las empresas.
Señorías, con esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Popular pretende que se devuelvan las políticas de turismo al lugar que nunca debió perder con el anterior Gobierno. Políticas que nos diferencian y que nos hacen excelentes. El Gobierno del Partido Popular le devuelve la importancia de política transversal, de colaboración pública-privada, y proyecta la marca de España en el exterior como un garante de calidad. Por eso, en esta proposición no de ley instamos al Gobierno a impulsar elementos diferenciadores que fomenten la calidad y que doten a las empresas y a los destinos turísticos de
instrumentos contrastados de gestión interna óptima, como este sistema de calidad turística, desarrollado por la Administración General del Estado, y que en la actualidad se encuentra completamente consolidado. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, en primer lugar, tiene la palabra don Carlos Martínez Gorriarán, en nombre del Grupo de Unión Progreso y Democracia.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: La verdad es que esta proposición no de ley también me provoca perplejidad, como alguna otra presentada antes. No porque los objetivos me parezcan equivocados, sino porque realmente no acabo de entender lo que propone y eso que he escuchado con mucho interés a la proponente para ver qué es lo que se propone exactamente. De hecho se mezclan dos cosas, porque en la exposición de motivos se habla del Instituto para la Calidad Turística Española, ICTE, y después lo que se propone es apoyar el Sistema de Calidad Turístico Española, SCTE, que es otra cosa. No acabo de ver cómo de una cosa se sigue la siguiente. Serán manías que tenemos algunos por la lógica, pero esto es así. También se dice: Se insta al Gobierno a impulsar elementos diferenciadores de algo que ya está plenamente consolidado, según se dice al final. Si está plenamente consolidado, por qué hay que impulsarlo, no lo acabo de entender. Como no acabo de entender cuál es el objetivo que se nos pide que votemos, me abstendré.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Chesús Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Siguiendo la argumentación que empleaba el señor Alonso, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en la segunda iniciativa del orden del día de esta mañana, podríamos preguntarnos: ¿Es que el Gobierno no está en ello? ¿El Gobierno no está trabajando en estas cosas que propone el Grupo Popular? Supongo que sí. Una respuesta relevante. En segundo lugar, deberíamos preguntarnos: ¿Es una iniciativa concreta que mejora lo que se está haciendo o en realidad es un comentario genérico que simplemente ocupa un espacio en el debate, pero que no nos ayuda a ir más allá? Lamentablemente habría que responder que es un comentario genérico y que no aporta nada concreto, nada que no esté haciendo el Gobierno ya según se nos dice. Como diría el señor Alonso, le animo, señora diputada, a que siga trabajando y presentando iniciativas en esta Comisión, pero le agradecería que propusiera cosas concretas y que no nos entretuviera con generalidades, porque seguro que el Gobierno ya está trabajando en ello. Por eso, el voto de mi grupo va a ser de abstención.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz doña Sofía Hernanz.
La señora HERNANZ COSTA: Nos encontramos ante una proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la marca Q de calidad turística que, como ya han puesto de manifiesto los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, está absolutamente vacía de contenido y de cualquier tipo de compromiso. Se trata de una declaración de intenciones hueca y que esquiva deliberadamente la adopción de ningún tipo de compromiso. Desde el Grupo Parlamentario Socialista apoyamos la necesidad de profundizar en un instrumento como el sistema de calidad turístico español con la marca Q, como elemento más visible de todo el sistema, que permita al sector turístico español avanzar en la mejora de la calidad de sus productos y servicios, como factor competitivo y como signo diferenciador en los mercados nacionales e internacionales. En ese sentido, y ante la vaguedad de la proposición que hoy se nos trae a votación y que literalmente insta al Gobierno a impulsar elementos diferenciadores que fomenten la calidad para dotar a las empresas y destinos turísticos de instrumentos contrastados de gestión, puedo anunciarles el voto favorable de nuestro grupo, ya que nos gustaría instar al Gobierno a que trabajen en esa dirección de facilitar a los establecimientos del sector que alcancen estándares de máxima calidad y una mayor y mejor competitividad. Sin embargo, desgraciadamente, vemos como el Gobierno del Partido Popular se dirige, una y otra vez, en la dirección contraria, y así lo confirman los presupuestos que acaba de presentar y que se están debatiendo en estos días en esta Cámara. Unos presupuestos de turismo que se ven reducidos una vez más con una rebaja del 5 %, que sumadas a las bajadas anteriores que ya le había impuesto el Partido Popular, supone una rebaja del 50 % respecto al presupuesto destinado a turismo en el último ejercicio del anterior Gobierno socialista. Decía la ponente del Grupo Parlamentario Popular que lo que pretende el Gobierno es devolver a las políticas turísticas la
importancia -y la cito literalmente- que nunca debieron perder y que perdieron con el anterior Gobierno socialista. Parece que las cifras cantan: un 50 % más de presupuesto. Si estamos en esas, le pediría al Gobierno que siga el camino del anterior Gobierno socialista en materia de política turística, porque nos iría mucho mejor. El presupuesto de turismo tampoco se ha librado de estos recortes generales. Para ir un poco a la cuestión concreta que trata la proposición no de ley, presentada por el Grupo Popular, tampoco se ha librado el propio Instituto para la Calidad Turística Española, el ICTE, que ha visto cómo se ha reducido en estos presupuestos la aportación que venía recibiendo del Gobierno en un 6 %. El presupuesto del departamento se ha visto reducido casi en un 50 % en relación a la cantidad con la que estaba dotado en el año 2011, de los 700.000 euros del año 2011 a los 375.000 actuales. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular reconocen, una y otra vez, que la actividad turística es clave para la economía española y manifiestan siempre que ha de ser una apuesta prioritaria. Sin embargo, vuelven a someter esta partida presupuestaria a recortes que no han dejado indiferente a nadie.
Si hablamos de calidad del sector y de los establecimientos hoteleros, tenemos que recordar la valoración de estas cuentas presentadas por el Ejecutivo que recientemente realizaba la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, que manifestaba su preocupación por el hecho de que la partida presupuestaria para turismo se haya visto reducida en los tres años de mandato del Partido Popular casi a la mitad, y especialmente por el hecho de que la partida destinada a la promoción turística internacional contara con un presupuesto reducido en un 16 %, con el que va a resultar francamente difícil acometer los requerimientos del sector turístico para poder seguir siendo el motor de crecimiento de este país. Señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular, vayan volviendo a las políticas realizadas por el último Gobierno socialista; se lo dice también la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Son unos malos y decepcionantes números para el turismo en los presupuestos de la recuperación, dicho sea esto último entre comillas, cursivas y con toda la ironía que me permita la cortesía parlamentaria. La subida de tasas aeroportuarias y el incremento del IVA tampoco ayudan a mejorar la competitividad ni la calidad de la oferta. Queremos establecimientos y ofertas de calidad, queremos un sector reforzado, que siga siendo capaz de tirar del carro de nuestra economía, pero lo que no podemos seguir haciendo es, tal y como está haciendo el Gobierno del Partido Popular, ponerle palos en la rueda a este carro en el que todos vamos subidos.
El Grupo Parlamentario Popular nos presenta hoy esta proposición no de ley que -como decía al principio de mi intervención- plantea, de forma genérica y sin la intención de adoptar ningún compromiso, la necesidad de impulsar elementos diferenciadores que fomenten la calidad. Como decía anteriormente, votaremos a favor de esta mera declaración, porque desde el Grupo Socialista estamos a favor de fomentar y premiar los esfuerzos del sector por ofrecer un producto de calidad que mejore la competitividad. Lamentamos que, simultáneamente a estas declaraciones de intenciones, encima de la mesa tengamos certificadas las verdaderas intenciones del Gobierno y plasmadas, en los Presupuestos Generales del Estado, sus líneas de actuación en materia de política turística. Enmendaremos en fase presupuestaria, como anunciamos ayer en la Comisión, la nefasta y errática política del Gobierno en materia turística, pero votaremos a favor de esta proposición no de ley que poco o nada dice, que a nada se compromete y con la que el Grupo Parlamentario Popular ha perdido la oportunidad de realizar alguna aportación positiva a las acciones del Gobierno en relación con el sector turístico, que tan importante es para la economía de este país.
- RELATIVA AL CIERRE DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE GIJÓN DE LA EMPRESA TENNECO AUTOMOTIVE IBÉRICA S.A. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001984).
El señor PRESIDENTE: Tal como les indiqué al comienzo de la sesión se ha retirado el punto 6, con lo cual pasamos al punto 7 del orden del día. Proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al cierre de la planta de producción de Gijón de la empresa Tenneco Automotive Ibérica, S.A. Para su defensa tiene la palabra el señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Señorías, voy a contarles una historia que tiene dos actores principales y dos secundarios de gran relieve. El primer actor principal es una empresa multinacional, como ya indicó el señor presidente, Tenneco Automotive Ibérica, S.A., multinacional estadounidense, y el segundo actor principal es la plantilla de Tenneco, sus trabajadores. Para entender esta historia hay dos actores secundarios de gran importancia: la reforma laboral y la política industrial del Gobierno.
Empiezo por los protagonistas. Esta es una empresa que trabaja en ámbitos globales, con el objetivo de ser lo más eficiente desde el punto de vista de la rentabilidad. Es una empresa que se ha aprovechado, dicho sea en el mejor sentido de la palabra, de los incentivos para las industrias que los diferentes Gobiernos de España pusieron en marcha. También se ha acogido a todos aquellos incentivos que le han posibilitado mejorar su I+D+i y sus instalaciones, cada vez que existía una línea de este tipo. Como consecuencia de ello, en España, la empresa Tenneco tiene tres plantas: una en valencia, una en el País Vasco y otra en Asturias, en Gijón. La que hay en Gijón es una empresa en el ámbito de la automoción, como es el conjunto de esta multinacional, concretamente se dedica a la fabricación de amortiguadores, con el 100 % de su producción destinada a la exportación. Presentado el primer actor principal.
Vamos con el segundo, la plantilla. Esta es una plantilla que desde hace seis años, desde que empezó la crisis, creyó y puso en práctica todas aquellas demandas que se venían haciendo para asegurar el mantenimiento de las empresas en nuestro país. Se dijo que era necesaria más flexibilidad y la plantilla accedió a ello. Los trabajadores llevan los últimos cinco años con ERE, con todo lo que eso implica de pérdida de dinero y de prestaciones sociales, especialmente en un momento como ahora que pueden quedar desempleados. Les dijeron que era necesario un ajuste salarial, que ganaban demasiado, que la empresa necesitaba más rentabilidad y que, si no disminuían su salario, tendrían que intervenir en el ámbito del empleo. Todos los trabajadores que estaban fuera de convenio aceptaron disminuir un 8 % su salario, a lo largo nada menos que de cinco meses. Se les dijo que debían cumplir una serie de parámetros, que eran trabajadores, pero que dentro de los parámetros de la propia empresa era necesario ser seguros en accidentes y en objetivos. Además que era necesario que tuvieran muy altos índices de calidad y consiguieron que el número de amortiguadores defectuosos por cliente y por millón de unidades fuera exclusivamente nueve. Solamente nueve amortiguadores por cada millón producido tienen problemas, con lo que consiguieron el mejor índice europeo de calidad. Creyeron que, como les pedía la empresa, había que ser eficientes en producción, y mejoraron la producción. Este año en concreto el 9 % respecto al año pasado. Les dijeron también que debían de ser eficientes en cobros, porque cada empresa tiene unidad y autonomía de funcionamiento. A estas alturas solamente tienen deudas por 346 euros, algo absolutamente despreciable para la actividad de la planta. Con todo eso, con la respuesta que da la plantilla a la empresa, con qué se encuentran. Se encuentran con que la planta de Gijón, que había quedado cerrada por vacaciones entre el 26 julio hasta el 16 de agosto, porque también adaptaron sus vacaciones a las necesidades de la empresa, en ese periodo la empresa retira todo el stock de amortiguadores de recambio que tenía en almacén. Habían aumentado la producción desde principios de año muy por encima de lo que se había hecho y tenían stock. Cuando llegan al 5 de septiembre se enteran de que todo aquello había sido para preparar el cierre. Ya que les anuncian el cese de la actividad de la planta de Gijón para el primer trimestre del año 2014.
¿Estos dos actores principales hubieran podido llegar a este desenlace sin dos actores secundarios en todo este proceso? No, señorías. A juicio del Grupo Parlamentario Socialista, no. Primer actor secundario fundamental: la reforma laboral. En primer lugar, la reforma laboral del año 2012 incrementó la discrecionalidad empresarial para el despido, fundamentalmente para el despido colectivo al dar una nueva redacción a la causa económica del despido. Se pasó de relacionar la disminución de ingresos una empresa, que podía justificar despidos, porque fuera un síntoma de riesgos para la viabilidad futura de la empresa. Se quitó esto y se aisló: la disminución de ingresos respecto a las causas o efectos que podían tener en el futuro. De forma que basta con que se produzca la disminución de ingresos durante un determinado periodo para que se justifique el despido colectivo de un planta. Ya no se justifica el cierre por la suma de causas, situación económica y razonabilidad de la medida, es decir, en qué puede afectar a la viabilidad esta disminución, sino exclusivamente en que hay una situación de pérdida económica durante un tiempo.
En segundo lugar, la reforma laboral de 2012 pretendía ofrecer más flexibilidad, con abaratamiento del despido en el caso de los indefinidos, y más flexibilidad interna, modificando condiciones de trabajo, incluso el descuelgue de convenios, para reducir los despidos. Lo que se buscaba era que la temporalidad fuera un elemento de la propia flexibilidad que sirviera para aumentar o sostener el empleo. El resultado es completamente diferente, la temporalidad solo baja porque baja el empleo de menos cualificación, los temporales de construcción, sobreviviendo, y no siempre, los contratos indefinidos de los más cualificados, y se hace uso acumulado y no alternativo de la flexibilidad interna. Con todo, donde resultaba más fácil la flexibilidad interna y frenar la pérdida de empleos era en el del sector de la construcción, porque había sindicatos fuertes, cultura de diálogo y porque en este país tuvimos capacidad para colocarnos al frente
de este sector industrial a nivel mundial, ya que somos la sexta potencia. La cultura industrial que teníamos, los apoyos del Gobierno y la cultura empresarial de diálogo y flexibilidad que se había puesto en marcha no nos valió para nada en esta empresa de componentes. La reforma laboral se convirtió, efectivamente, en un arma de destrucción masiva, en este caso de empleos, porque favorece el cierre de empresas, ya que ahora el despido es más fácil y barato, y porque uno de los cambios introducidos en ella que más daño está haciendo al mantenimiento del empleo es haber suprimido la autorización de la autoridad laboral competente. Al no ser necesaria esta autorización, queda en manos de la pura negociación entre los trabajadores y los propios empresarios, y en caso de no haber acuerdo lo que prima exclusivamente es la decisión empresarial, como en este caso.
Termino, señor presidente, con el último actor secundario, también muy importante, que es la política industrial, la del automóvil y la general del Gobierno. España es el sexto líder mundial en construcción automovilística. Pero es más -son datos que tenemos que poner encima de la mesa-, es que este sector aporta casi el 10 % del PIB a nuestro país y representa el 9 % de la población activa directa e indirecta y el 18 % del total de las exportaciones de España. Por tanto, sin duda, estamos ante un sector empresarial estratégico, porque además de la exportación favorece la internacionalización de nuestra economía, la mayor innovación de la misma y una mayor productividad. En seis años que llevamos de crisis no hay ningún sector industrial en España que no haya perdido ninguna de sus grandes empresas y, sin embargo, eso no ha sucedido en la industria del automóvil. Por eso es muy importante mantener las industrias de componentes, que son las que dan un anclaje más firme a la empresa general de construcción automovilística de nuestro país. Esta es una de ellas, y por ello debería intervenir el Gobierno, puesto que el cien por cien de su producción va al exterior, no vende nada en nuestro país. ¿Saben una cosa? Resulta que los amortiguadores para la industria automovilística española vienen fundamentalmente de fuera y los nuestros se van al exterior. ¿Saben por qué se produce esta deslocalización? Porque Rusia y Polonia, fundamentalmente Rusia, donde quiere instalar una planta la misma Tenneco, exigen a su industria automovilística que también lleve la industria de componentes a su país. Están creando las dos cosas, mientras que nosotros, que ya tenemos la industria automovilística, estamos favoreciendo que desaparezca.
El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, debe ir terminando.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Nuestra propuesta es que -la leo y con esto acabo- ante esta situación instamos al Gobierno de España a dos cosas. En primer lugar, a adoptar cuantas medidas sean necesarias, de manera inmediata, para evitar el cierre de la planta productiva en Gijón de la empresa multinacional Tenneco Automotive Ibérica S.A., respetando en su integridad todos los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, a evaluar la incidencia de la situación creada en las ayudas públicas concedidas a dicha empresa dentro de los programas de fomento de la competitividad de sectores estratégicos industriales en el ámbito del sector de la automoción del Ministerio de Industria.
El señor PRESIDENTE: Al no haberse presentado enmiendas, pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios.
Por parte del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Vamos a apoyar esta proposición porque, aunque nuestro grupo no es demasiado partidario de hablar de casos específicos, de empresas concretas, este es, como ha expuesto muy bien el portavoz del Grupo Socialista, un caso paradigmático de los problemas de la deslocalización, y quizás de una política industrial poco previsora y coherente, en un sector que sin duda es estratégico. En la medida en la que es una propuesta positiva, que muestra su preocupación por el problema que está viviendo un sector importante, vamos a apoyarla en sus términos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Eduardo Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GARCÍA: Señor Trevín, es difícil no estar de acuerdo con los planteamientos generales de la exposición de motivos de su PNL; sin embargo, para nosotros es absolutamente imposible estar de acuerdo con el desarrollo que ha hecho de lo que no es la exposición de motivos. Lo que ustedes ponen por escrito lo compartimos enteramente. Por cierto, quienes estamos de este lado ya lo defendíamos cuando hace años se atisbaba el comienzo de un profundo declive industrial -que, en nuestra opinión, hubiera sido mucho más fácil de atajar o de intentar contener en las primeras fases de la crisis industrial-
que se ha llevado por delante gran parte de nuestro tejido primario y auxiliar. En regiones como la suya o como la mía hubiera sido mucho más fácil hacerlo entonces que ahora. Al menos ha reconocido usted aquí que hace cinco años que empezaron los ERE, que no es poco. Supongo que los ERE que comenzaron hace cinco años poco tendrían que ver con la reforma industrial y con la política industrial de este Gobierno. ¡Cómo no vamos a compartir que hemos de contar con un sector industrial competitivo en este mundo globalizado! ¡Cómo no vamos a compartir que el sector de la automoción representa un papel clave en el desarrollo industrial, en el escenario de recesión de los últimos años! ¡Cómo no vamos a compartir que debe seguir siendo competitivo para mantener sus inversiones en ese sector y en el conjunto industrial del país! Es muy difícil discrepar de esa redacción que, por cierto, el Grupo Socialista aplica a todas las PNL, sea cual sea el sector.
No deja de sorprenderme que se plantee así por quienes en las anteriores legislaturas defendían que pronunciamientos como el que insta esta PNL son absolutamente ineficaces en la práctica. En la legislatura anterior hubo abundantísimos muestras de ello en esta misma Comisión. Yo esperaba, es verdad, que no cayera usted en la tentación de hacer de esta una PNL sobre la reforma laboral y sí sobre la situación que nos preocupa a todos, que es la de los trabajadores. Lamentablemente el Grupo Socialista no ha podido evitar caer en esa tentación, que contestarán por sí mismas las cifras de empleo. Todos estamos preocupados -desde luego lo estamos en mi grupo- por el futuro, por las noticias que nos llegan de Tenneco Automotive, pero, sobre todo, por sus trabajadores. Podemos coincidir, de hecho lo hacemos, en que se han dado muchos pasos aplicando medidas de flexibilidad interna, desde la responsabilidad y el compromiso de los trabajadores, que aquí se ha recordado, por evitar esta situación. Esa es nuestra verdadera preocupación, como ha quedado patente en la posición mantenida por el Grupo Popular en el Parlamento asturiano. Pero por el tenor literal de su PNL y por la explicación que ustedes nos han dado aquí, no podemos estar de acuerdo en otros extremos. El afán por contribuir a que esta empresa no sufra recortes de empleo no puede hacernos desconocer el reparto de atribuciones entre las distintas administraciones territoriales; por encima de todo, no puede hacernos desconocer la capacidad real que tiene la Administración pública para variar las decisiones adoptadas en el ámbito exclusivo de las estrategias empresariales, por censurables que nos parezcan a todos. Esto es lo que mantuvo aquí el Grupo Socialista a lo largo de las dos legislaturas anteriores cada vez que se producían un problema. Algunos de nosotros hemos visto que en nuestra tierra ha habido sectores industriales muy pujantes, como el farmacéutico o como el de los componentes de las energías alternativas, que sufrían un declive industrial, y el Grupo Socialista en esta Comisión defendía que nada se podía hacer para variar las estrategias empresariales, insisto, por censurables que nos parezcan a todos.
En este momento, no nos tranquiliza nada a ninguno que a día de hoy no se haya presentado una comunicación de despido colectivo, ni ante la Dirección General de Empleo del ministerio ni por la consulta que efectuó ayer el ministerio ante la autoridad laboral del Principado; el riesgo existe porque eso es lo que se ha comunicado los trabajadores en la planta. Pero no podemos apoyar el tenor literal del punto 1 de su PNL por su excesiva vaguedad: Adoptar cuantas medidas sean necesarias. A mí esto me recuerda enormemente al desdichado tenor literal de la redacción de su Ley de Economía Sostenible, y así nos hemos encontrado a la economía industrial española, prácticamente sin sostenerse. Nosotros apoyaremos cualquier iniciativa que se lleve a cabo. Le insto a que lo debatamos y trabajemos conjuntamente. Afirmamos que el ministerio está plenamente abierto a apoyar cualquier solución que se acuerde por las autoridades autonómicas y locales -cuántas veces se nos recuerda aquí el reparto competencial de cada uno de nosotros-, por las autoridades del Principado de Asturias, por los sindicatos y por la empresa, desde la sensibilidad que todos debemos mostrar por la preocupación de los trabajadores. Por último, tengo que decir que el Ministerio de Industria aplicará rigurosamente las previsiones de la normativa vigente en relación con el adecuado uso y cumplimiento de los requisitos que establece el clausulado para la justificación de las ayudas que se hayan recibido hasta este momento.
Señor Trevín, tengo que decirle que no podemos dar la sensación de pelea entre nosotros, entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular, entre la Administración General del Estado y la Administración autonómica, cuando lo que está en juego es el futuro de esa empresa y de sus trabajadores. Eso es lo que los ciudadanos están cansados de ver y nos reprochan cada poco tiempo. Termino diciéndole que, siendo imposible apoyar el tenor literal de ese punto 1 de su PNL, nos pongamos inmediatamente a trabajar todos juntos, de la mano de la Administración del Principado de Asturias y con el apoyo del ministerio, porque todos hemos tenido experiencias en Asturias, en León y en muchos sitios de España, para que los
trabajadores sientan que estamos en el mismo barco y en contra de las decisiones de la estrategia empresarial que todos rechazamos.
- RELATIVA A LA DESLOCALIZACIÓN POR MOTIVOS NO ECONÓMICOS DE LA PLANTA THYSSENKRUPP GALMED. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001985).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el último punto del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la deslocalización por motivos no económicos de la planta Thyssenkrupp Galmed. A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo Socialista.
Tiene la palabra don Mario Flores.
El señor FLORES LANUZA: Recientemente hemos analizado en este Parlamento la delicada situación en la que se encuentra el sector industrial de nuestro país, sin duda alguna, fruto de la grave crisis que atravesamos desde hace años, que poco a poco ha ido minando la solvencia económica de nuestro tejido empresarial y llevando al cierre a muchas empresas, siendo esta una de las preocupaciones y ocupaciones del Gobierno de España y del Ministerio de Industria a la hora de plantear medidas que generen confianza en los mercados, que devuelvan la competitividad a nuestro sector industrial. Esto contrasta con la situación de algunas multinacionales con implantación en nuestro país que, al contrario de lo expuesto, gozan de una salud económica envidiable. Una de estas empresas es, sin duda, la factoría Thyssenkrupp Galmed, ubicada en Sagunto, Valencia, que no está pasando por dificultades económicas o de producción. Esta empresa es tecnológicamente avanzada, tiene unos beneficios que superan los 5 millones de euros en el ejercicio de 2012 y, además, ha contado con el apoyo del Estado para la actividad de investigación y desarrollo, I+D. Sin embargo, pese a este contexto positivo, resulta que ha anunciado el cierre de sus instalaciones, justificando la desinversión en un programa integral de desarrollo estratégico para optimizar sistemáticamente su cartera en Europa. Es indiscutible que se trata de la decisión de una empresa privada, con unos planteamientos empresariales estratégicos que entran en su autonomía de gestión y que, por tanto, quedan fuera de cualquier injerencia de las administraciones públicas. Pero no es menos cierto que las decisiones de las grandes empresas multinacionales tienen un gran impacto en la economía de determinadas regiones, como es el caso de Sagunto y la comarca del Camp de Morvedre, que es precisamente lo que justifica que las administraciones públicas tomen partido a la hora de apoyar a estas industrias, de defender, como en este caso, que una empresa que va bien continúe funcionando y generando empleo y riqueza en la región. Las consecuencias de una desinversión de estas características pueden ser exponenciales y no quedarse solo en la pérdida de numerosos puestos de trabajo, que ya de por sí es una tragedia en la actual situación.
Cuesta entender que siendo Thyssenkrupp Galmed una empresa dedicada a producir bobinas de acero galvanizado, y siendo principalmente proveedora del sector automovilístico, como todos sabemos, de gran importancia en nuestro país, se plantee la desinversión de su filial en la Comunidad Valenciana, habiéndose hecho una apuesta definitiva por la factoría Ford, que de por sí garantiza la existencia, el funcionamiento y la viabilidad de la compañía. Sin duda, la desaparición de Galmed tendrá consecuencias económicas para la Ford y para el resto de factorías españolas, cuyos costes de producción se incrementarán si se sigue teniendo a esta empresa como proveedor al tener que transportar las bobinas desde Alemania; es un puro coste logístico. Sinceramente, cuesta entender que una empresa pueda dar un portazo sin mayor motivo que una decisión estratégica empresarial y sin tener en cuenta las consecuencias económicas para la región. Nos consta que han sido muchísimos los esfuerzos realizados y la mediación institucional por parte del Ayuntamiento de Sagunto, con su alcalde a la cabeza; ha habido un apoyo unánime de todos los grupos municipales; se han mantenido reuniones con los responsables de Thyssenkrupp; se ha desplazado a Alemania el Conseller de Economía, Industria, Empleo y Turismo y ha mantenido infinidad de reuniones; el presidente de la Generalitat y el propio Minetur han ofrecido su colaboración a la dirección del grupo Thyssenkrupp en España, a los representantes sindicales de la empresa Thyssenkrupp Galmed y a las autoridades regionales y locales, con objeto de facilitar cualquier alternativa que pudiera presentar la empresa para que esta planta siga funcionando. Es más, el Minetur también pone a disposición de la empresa, en caso de que continúe su actividad, todos los instrumentos de apoyo a la inversión industrial que existen en la actualidad. Lamentablemente, hasta la fecha los resultados de las negociaciones han sido infructuosos, la multinacional mantiene su decisión de cerrar su factoría y ni siquiera se plantea venderla, suponemos que para evitar la competencia.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, la verdad es que partimos de unas declaraciones del señor Puig muy oportunistas y desagradables. En la moción del sector industrial que se debatió el pasado 11 de septiembre se introdujo un punto 14 que hacía referencia a la empresa Thyssenkrupp y se aprovechó para decir que nuestro grupo les había dado la espalda y había votado en contra. Sorprendentemente, la enmienda que presentan habla de dotaciones presupuestarias, que nada tienen que ver con esta proposición no de ley, y de aprobar un plan de reindustrialización. También me sorprende que haya un párrafo concreto que coincide íntegramente con la enmienda que el Grupo Popular planteó a esa moción y que ustedes rechazaron. Podríamos debatirlo ahora, pero espero que no sea así, porque quiero pensar que votarán a favor de esta proposición no de ley.
Es evidente que en la delicada situación económica en la que nos encontramos, no puede quedar fuera del debate político una decisión empresarial que trae consecuencias económicas tan graves para una región. Es por ello por lo que el Grupo Popular presenta esta proposición no de ley para que desde la Cámara se inste al Gobierno a actuar coordinadamente con el Consell de la Generalitat y los interlocutores sociales para que de forma urgente se lleve a cabo la búsqueda de soluciones por la matriz del grupo Thyssenkrupp Steel Europ que hagan posible mantener la actividad industrial de la planta de Sagunto, y a apoyar con todos los instrumentos a disposición de las administraciones, tanto financieros como laborales, cualquier posible solución que mantenga la actividad industrial en la planta que actualmente explota Thyssen en Sagunto.
Señorías, espero que todos apoye esta proposición no de ley (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, don José Luis Ábalos.
El señor ÁBALOS MECO: Lo cierto es que esta proposición no de ley, tanto por el texto que la motiva como por la propia intervención del portavoz del Grupo Popular, es impecable. Suscribiríamos todo el texto y toda la defensa. Pero esto tiene un problema, y es que a estas alturas es absolutamente irrelevante esa propuesta de acuerdo, porque el cierre de Galmed ya es una realidad. No sé qué vamos a hacer. Esto no es una proposición no de ley sino que parece un réquiem, porque el ERE ya está aprobado, los despidos ya se han producido, hay aceptación de despidos, hay trabajadores que se van a desplazar a Alemania, etcétera. ¿Qué estamos haciendo? ¿Un canto de lamento de aquello que no hicimos cuando tocaba hacerlo? Esta proposición no de ley está presentada en septiembre, pero el conflicto empezó el 8 febrero, que fue cuando se comunicó al personal la restructuración. Ha habido manifestaciones, movilizaciones que nos han recordado incluso a aquellas otras de los años ochenta por la reconversión en esta zona. Para que se hagan una idea, les diré que Sagunto, especialmente el puerto de Sagunto, es un ejemplo paradigmático de actividad industrial y de cómo la vida de la gente gira en torno a esta actividad. Es impensable hablar del puerto de Sagunto ignorando a la industria y al revés; es todo uno. Sobre todo ello, hace más de un siglo se creó una vida de la clase trabajadora, de un sector industrial muy profesionalizado, cuyo horizonte fue siempre la industria. Realmente ese es el problema que tenemos, porque Galmed ya se ha cerrado, no hay mucho más que hacer y los despidos ya están ahí. Llegamos muy tarde. Pero ustedes, que apoyan al Gobierno, no se para qué quieren una proposición no de ley que insta a su Gobierno a que interceda y haga lo que están pidiendo, porque lo podían hacer sin esta iniciativa. El Gobierno podía haber intercedido, porque esta empresa -usted lo ha relatado perfectamente y, por tanto, no voy a abundar en ello- no solo realiza esta actividad sino otras, por ejemplo, los ascensores que todos hemos visto por ahí y las administraciones españolas son sus clientes. Algo más se podía haber hecho. Esto nos introduce en una figura un poco anómala en la Unión Europea, y es que se produce deslocalización. Lo que pretende hacer esta industria es producir desde Alemania para abastecer el mercado español. Esto es curioso. No ha querido vender, como ustedes muy bien dicen, por temor a la competencia en un mercado que quieren. La producción se la llevan a su país, pero el mercado lo quieren mantener aquí. Habría que ponerse de acuerdo para evitar estas deslocalizaciones en España.
Vamos a votar su proposición no de ley, cómo no, pero nos hubiera encantado haberlo votado en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, etcétera, en cualquier mes, porque ahora la verdad es que nos parece un lamento. Quisimos introducir esta cuestión en una interpelación sobre actividad industrial y en la subsiguiente moción, porque era urgente. No se trataba de oportunismo sino que había que introducirlo en algún momento. Ustedes votaron en contra. Podían haberlo votado separadamente, porque había varios puntos. Si hubieran tenido tanto interés como el que ahora manifiestan, podían haberlo votado. A estas alturas, si realmente queremos hacer algo por los trabajadores de Sagunto y de
la comarca del Camp de Morvedre, si queremos mantener el parque industrial de Sagunto, que es emblemático para toda la Comunidad Valenciana y no solamente para la población de Sagunto, debemos hacer algo más, y por eso hemos planteado esta enmienda. No hay que lamentarse, hablar del pasado, de los hechos consumados, lo que hay que hacer es pensar cómo vamos a mantener la actividad industrial en Sagunto, porque el problema de Galmed puede provocar un efecto contagio en el imaginario de la gente. Hay sinergias, hay proveedores, hay clientes, etcétera, y hay que evitar que haya otras empresas que sigan la senda emprendida con este cierre. Hay que fortalecer esa zona, y como los compromisos, como siempre, se demuestran con obras, con dotaciones, hay que conseguir que el parque industrial de Sagunto y el puerto de Sagunto se conviertan en un polo industrial, pero para eso hay que invertir. Por eso planteamos en la enmienda un plan de reindustrialización de la comarca del Camp de Morvedre con las dotaciones presupuestarias necesarias, con compromisos de verdad, y también una mesa de diálogo sobre el sector siderúrgico español, tan castigado por estas cuestiones (Aplausos).
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Seré igual de breve que antes. Vamos a apoyar esta proposición no de ley por la misma razón por la que hemos apoyado antes una bastante parecida del Grupo Socialista, para que por lo menos se envíen al Gobierno mensajes claros sobre la necesidad de implicarse en políticas industriales, porque, efectivamente, como se ha dicho, parece que se adoptan las medidas cuando el muerto ya está enterrado. Si eso sirviera para que hubiera una reacción favorable y tener una verdadera política industrial, consideramos que sería útil.
El señor PRESIDENTE: En nombre de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Ricardo Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Ya se ha dicho que la iniciativa no es que llegue tarde sino que llega tardísimo. Ya no hay nada que hacer, Galmed se ha cerrado. Creo que un grupo importante de trabajadores irá a Alemania dentro de poco a ver si pueden trabajar en esa planta. La situación ya está cerrada. No sé a qué viene ahora esta propuesta del Grupo Popular; no sé si pretenden lavar su mala conciencia, la suya o la del sistema, que es el que la ha propiciado. Galmed formaba parte de una planta, de los restos de la siderurgia de Sagunto. Por imperativo legal de la Unión Europea se segrega una parte y se le acaba vendiendo a otra compañía. Esa otra compañía, por el devenir del sistema capitalista, con los años acaba decidiendo que prefiere la protección social de los trabajadores alemanes, concentrar la producción en Alemania y mantener España como un simple mercado. Intereses de Alemania, que es quien dirige esta Unión Europea que nos condena a los países del sur a la desesperación. El pasado mes de julio, Izquierda Unida presentó una proposición no de ley que planteaba, desde nuestro punto de vista, la única solución posible para esta cuestión, que era que para salvar los puestos de trabajo y garantizar que se va a seguir surtiendo desde España a la industria del automóvil de España se nacionalizase Galmed. Ya sabemos que eso está en las antípodas de la política industrial que ha seguido el Partido Popular y que, por otro lado, también ha seguido el Partido Socialista.
Respecto a la enmienda del Grupo Socialista, como no puede ser de otra forma, compartimos que se hagan todos los planes para la reindustrialización de Sagunto y todo lo que sea preciso, pero cualquiera que haya pasado por Sagunto, desde que se desindustrializó en los años ochenta, ha visto los miles y miles y miles de metros cuadrados de terreno que hay para reindustrializar. La realidad es la que es, la realidad es muy tozuda y al final ya sabemos que es muy complicado que vayan a Sagunto determinadas industrias o que se haga algo allí cuando la política industrial que han compartido Partido Popular y Partido Socialista no ha llevado a que crezcamos industrialmente, a que cambiemos nuestro modelo productivo ni a que busquemos un nuevo espacio dentro del marco productivo de la Unión Europea.
Desde nuestro punto de vista, la única solución de verdad no es ir haciendo ahora proposiciones no de ley instando al Gobierno a que negocien no se sabe qué porque ya no hay nada que negociar -ya ni siquiera la opción de los ascensores es viable, porque Thyssen tiene otros intereses, aunque el Estado español podía haber presionado a esta empresa por otras vías- sino haber nacionalizado la planta en un momento determinado y apostar por un modelo de producción diferente. Eso es lo que defiende mi grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Señor Flores, entiendo que no aceptan la enmienda del Grupo Socialista.
El señor FLORES LANUZA: No la aceptamos, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ¿estamos en condiciones de comenzar las votaciones? (Pausa).
Vamos a dar comienzo a las votaciones.
En primer lugar, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la subida de la tarifa del gas para el sector cerámico. Se vota con la autoenmienda del propio grupo y la enmienda del Grupo Socialista.
Votamos el punto segundo: Proposición no de ley, presentada por La Izquierda Plural, sobre el turismo rural. Se vota con la enmienda presentada por el Grupo Socialista, que ha sido aceptada.
Votamos el punto tercero: Proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo al sector turístico de la Comunidad Valenciana. Se vota con las autoenmiendas del propio grupo. Se ha solicitado votación por puntos.
En primer lugar, votamos el apartado número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22; abstenciones, 3.
Votamos a continuación el apartado número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, 1.
Votamos el apartado número 13.
Votamos el apartado número 17.
Votamos los restantes apartados.
Votamos el punto cuarto: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, por la que se insta al Gobierno a la presentación de un proyecto de ley para regular el autoconsumo con balance neto energético.
Votamos el punto quinto: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al apoyo a la implantación y certificación de sistemas de calidad bajo la marca Q en el sector turístico.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 3.
El punto sexto ha sido retirado. Pasamos a votar el punto séptimo: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al cierre de la planta de producción de Gijón de la empresa Tenneco Automotive Ibérica S.A.
Pasamos a votar el octavo y último punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la deslocalización por motivos no económicos de la planta Thyssenkrupp Galmed. A esta proposición se había presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista, que ha sido rechazada. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 2.
No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión.

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