Source: https://www.daypo.com/01-tpyt1.html
Timestamp: 2020-01-23 13:35:50+00:00

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Test 01 - (tpyt1)
01 - (TPyT1)
El artículo 3 de la Ley 19/2013, que regula otros sujetos obligados; en el cual se establece que las disposiciones del Capítulo 2 del Título 1 (arículos 5 a 11) serán aplicables a: Entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 50% del total de -sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 120.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 50.000 euros.
Conforme la Ley 19/2013, la Administración General del Estado desarrollará un Portal de Transparencia dependiente de: El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (actual Ministerio Política Territorial y Función Pública). Ministerio de la Presidencia (RD 863/2018 lo transfiere al actual Ministerio Política Territorial y Función Pública). La Comisión Delegada del Gobierno creada al efecto.
Conforme la Ley 19/2013 el Portal de la Transparencia contendrá información contemplada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios (señale la respuesta incorrecta): Publicidad. Accesibilidad. Interoperabilidad. Reutilización.
Establece la Ley de Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades de información especializadas. ¿Cuál de las siguientes funciones no es competencia de estas Unidades?: Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo 2 del título 1 de esta Ley. Asesorar en materia de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno. Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que se queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder el órgano. Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿está obligado el solicitante a motivar su solicitud para ejercer el derecho de acceso a la información pública?: Sí, el solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Deberá exponer los motivos por los que solicita la información que serán tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No, el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No, el solicitante no está obligado en ningún caso a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información que deberán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. Sí, ya que la ausencia de motivación será por sí sola causa de rechazo de la solicitud.
El artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no señala entre los objetivos que persigue dicha Ley: Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública. La ordenación de las relaciones "ad extra" de la Administración con los ciudadanos. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno ¿se aplica a la Casa de Su Majestad el Rey? No, en ningún caso. Si, en relación con sus actividades de naturaleza política. Sí, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Sí, en relación con todas sus actividades.
Las disposiciones del Titulo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se aplicarán a las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a: 50.000 euros. 5.000 euros. 100.000 euros 150.000 euros.
Las disposiciones del Titulo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se aplicarán a las entidades privadas cuando al menos: El 50% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen, como mínimo, la cantidad de 5.000 euros. El 50% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen, como mínimo, la cantidad de 4.000 euros. El 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen, como mínimo, la cantidad de 4.000 euros. El 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen, como mínimo, la cantidad de 5.000 euros.
El Capítulo 2 del Título 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece una serie de obligaciones para los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, que habrán de difundir determinada información ¿qué tipos de datos no se incluyen en esa información obligatoria?: Datos de naturaleza económica. Datos de relevancia social. Datos de naturaleza presupuestaria y estadística. Datos sobre información institucional, organizativa y de planificación.
Los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como actividades, medíos y tiempo previsto para su consecución, y que deben ser objeto de publicidad activa por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, forman parte de los datos: De relevancia jurídica. De información económica. De información presupuestaria y estadística. De información institucional, organizativa y de planificación.
Según el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se debe hacer públicos todos los contratos, con indicación de objeto, duración, importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los cuales se han publicitado, número de licitadores e identidad del adjudicatario así como las modificaciones del contrato. La publicación de la información relativa a los contratos menores: No se exige en la Ley. Podrá realizarse mensualmente. Podrá realizarse trimestralmente. Podrá realizarse al finalizar cada ejercicio económico.
El artículo 10 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente: Del Ministerio de Hacienda y Función Pública.(Actual Ministerio Política Territorial y Función Pública). De la Presidencia del Gobierno. Del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. (Actualmente transferido por RD 863/2018 a Ministerio Política Territorial y Función Pública).
El derecho de acceso a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b de la Constitución Española, desarrollados por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se reconoce: A todas las personas. Solamente a los ciudadanos españoles. A los que tengan la condición de interesados en los procedimientos correspondientes. Solamente a las personas residentes en territorio español.
Si la información pública solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados ¿qué plazo se les concederá para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas?: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.
Señale la afirmación falsa en relación con la resolución de la solicitud de acceso a Información pública: El plazo para resolver puede ampliarse por otros quince días en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita lo hagan necesario. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las resoluciones que concedan el acceso parcial a la información solicitada deberán ser motivadas.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de la reclamación de carácter potestativo que se impone ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo: Un mes. Dos meses. Tres meses. Seis meses.
¿En qué plazo se interpondrá la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra una resolución presunta en materia de acceso a la información pública?: En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
¿Pueden las Comunidades Autónomas atribuir la competencia para la resolución de la reclamación potestativa, frente a una resolución en materia de acceso a información pública, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?: No, porque contra las resoluciones dictadas por las Comunidades Autónomas en materia de acceso a información pública, sólo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo. Sí, debiendo celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado. No, porque deben atribuir dicha competencia a un órgano específico independiente. No es necesario que las Comunidades Autónomas le atribuyan la competencia dado que la tiene ya atribuida, con carácter general, por la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Conforme lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el artículo 9.1 LO 3/18, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales --> Sobre ideología, afiliación sindical, religión o creencias el acceso: (Modificado por LO 3/18 que modifica 15.1) Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado sin excepción alguna. Se podrá autorizar cuando aquel estuviera amparado por una norma con rango de Ley. Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contanse con el consentimiento expreso del afectado o si estuviera amparado por una norma con rango de ley Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 19/2013 de transparencia, a¡:ceso a la información pública y buen gobierno, ¿está obligado el solicitante a motivar su solicitud para ejercer el derecho de acceso a la información pública?: Si, el solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Deberá exponer los motivos por los que solicita la información que serán tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No, el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No, el solicitante no está obligado en ningún caso a motivar su solicitud de acceso a la info711ación. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información que deberán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. Si. ya que la ausencia de motivación será por si sola causa de rechazo de la solicitud.
Conforme lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el artículo 9.1 LO 3/18, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales --> Origen racial, salud o vida sexual, datos genéricos o biométricos o datos sobre comisión infracciones penales o administrativas que no conlleven amonestación pública el acceso: (Modificado por LO 3/18 que modifica 15.1) Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado sin excepción alguna. Se podrá autorizar cuando aquel estuviera amparado por una norma con rango de Ley. Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contanse con el consentimiento expreso del afectado o si estuviera amparado por una norma con rango de ley Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 20 la siguiente regulación respecto a las resoluciones de concesión o denegación del acceso a la información pública: A) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. El plazo A) podrá ser ampliado por otros dos meses más en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. C) Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La reclamación potestativa aludida C) se interpondrá en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo y que se resolverá y notificará en el plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.

References: artículo 3
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 105
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 9
 artículo 20
 resolución