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Timestamp: 2017-10-23 09:46:25+00:00

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Sentencia T.S.J. Castilla-La Mancha 597/2009, de 2 de noviembre
Impuesto Especial sobre la Electricidad: Liquidación y sanción impuesta al demandante. Obligación de la inscripción de los titulares de las fábricas en el Registro Territorial de la Oficina Gestora de los impuestos especiales en cuya demarcación se instale el correspondiente establecimiento. Es obligatorio la obtención del Código de Actividad y Establecimiento para el desarrollo de la misma. Se desestima el recurso contencioso-administrativo.
En Albacete, a dos de Noviembre de dos mil nueve.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha los presentes autos, seguidos bajo el número 568/2006 del recurso contencioso-administrativo seguido a instancia de PLANTER LEVANTE S.L, representado por la Procuradora D.ª Ana Gómez Ibáñez y defendido por el Letrado D. Ramón Casaponsa Moreno, contra el TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO REGIONAL DE CASTILLA -LA MANCHA, representado y dirigido por la Abogacía del Estado, en materia de Impuesto Especial sobre la Electricidad.
Siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada D.ª Purificación López Toledo.
Primero.-Por la representación procesal de la actora de interpuso en fecha 4 de julio de 2006 recurso contencioso-administrativo contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla- La Mancha, de fecha 20 de mayo de 2005, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa n.º 45-395.04 (acumulada 45-993.04) entabladas contra resolución de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial de Castilla-La Mancha de la Agencia Tributaria, de fechas 1 de marzo de 2004 y 16 de septiembre de 2004, por la que se confirma la liquidación y sanción impuesta al demandante en concepto de Impuesto Especial sobre la Electricidad, ejercicios 1999-2002.
Formalizada la demanda, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó solicitando sentencia por la que se estimase el presente recurso contencioso-administrativo.
Segundo.-Contestada la demanda por la Administración demandada, tras relatar a su vez los hechos y fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó una sentencia desestimatoria del recurso.
Tercero.-Sin que se haya recibido el pleito a prueba, al no solicitarlo las partes, ni trámite de conclusiones, se señaló día y hora para votación y fallo, el 29 de octubre de 2009, en que tuvo lugar.
Primero.-Se somete al control judicial de la Sala la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, de fecha 20 de mayo de 2005, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa n.º 45-395.04 (acumulada 45- 993.04) entabladas contra resolución de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de la Delegación Especial de Castilla-La Mancha de la Agencia Tributaria, de fechas 1 de marzo de 2004 y 16 de septiembre de 2004, por la que se confirma la liquidación y sanción impuesta al demandante en concepto de Impuesto Especial sobre la Electricidad, ejercicios 1999-2002.
Segundo.-En atención a la liquidación del Impuesto Especial sobre la Electricidad, de que trae causa las presentes actuaciones, por lo suministros de energía efectuados por la actora a Iberdrola en los referidos ejercicios, no puede ser acogida la pretensión que la misma interesa consistente en su consideración como fábrica en régimen suspensivo para la obtención de las correspondientes exenciones, y ello en base a las siguientes consideraciones jurídicas; Pues bien, el artículo 40 del Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales, en relación con el artículo 131 del mismo, relativo a productos objeto de impuestos especiales de fabricación, establece la obligación de la inscripción de los titulares de las fábricas en el Registro Territorial de la Oficina Gestora en cuya demarcación se instale el correspondiente establecimiento. Como así consta en las actuaciones, el demandante no estaba inscrito en el Registro Territorial de la Oficina Gestora de los impuestos especiales como fábrica de electricidad en el momento en que se produjo el suministro de energía a que se refiere la liquidación impugnada, inscripción que, lejos de constituir un requisito meramente formal y sin que se prevea en modo alguno en la norma su práctica de oficio por la Administración, es un requisito de obligado cumplimiento en aras a la obtención del interesado régimen suspensivo, así como para la efectiva consideración de fábrica en la actividad ejercitada, extremos todos ellos que no ha logrado desvirtuar en su actuación la parte actora pues lo único que acredita con la documental aportada es la realización de actividad de producción de electricidad y cogeneración electricidad, calor, no así la correspondiente inscripción como fábrica de electricidad a los efectos pretendidos.
Es más, sostiene la actora que obtuvo el Código de Actividad y Establecimiento, CAE 02HR003N, pero debe señalarse que este Código corresponde al Impuesto sobre Hidrocarburos cuando, debe subrayarse que de conformidad con el artículo 41 del Reglamento del Impuesto analizado, en el supuesto de que se ejerza distinta actividad en un establecimiento, cual es el caso, tendrán asignados tantos códigos como actividades se ejerzan en el mismo, por lo que la tenencia del referido CAE en nada afecta a la obligación de la obtención del Código para realizar la presente actividad de fabricación de electricidad a los efectos contemplados en el Impuesto Especial, máxime cuando el Código aportado le habilitaba para el ejercicio de una actividad distinta a la que es objeto de enjuiciamiento.
De conformidad con la teleología de la normativa aplicada, debe indicarse que en el presente supuesto no existe complejidad de la norma que exonerase al contribuyente de responsabilidad por infracciones tributarias cometidas, especialmente en los casos de insuficiencias u oscuridades en las normas, o bien en aquellos casos en que quepan respecto a una sola norma dos interpretaciones razonables, una mantenida por la Administración y otra por el contribuyente. Sin embargo, no nos encontramos ante ninguna de estas situaciones, pues la norma es clara, no existiendo duda alguna en cuanto al alcance del procedimiento de inscripción, ni tampoco en la obligatoriedad de la obtención del Código para el desarrollo de la actividad.
En consecuencia, al no haberse producido la inscripción en el referido registro territorial, así como la no obtención del CAE para el ejercicio de la actividad, la consecuencia jurídica que se impone es la improcedencia del régimen suspensivo al no haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, hecho que determina el nacimiento del devengo del impuesto en el momento de la salida de la fábrica, como así se dispone en el artículo 64.bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre de Impuestos Especiales.
Tercero.-Respecto a la sanción impuesta por la falta de ingreso de las cuotas correspondientes a suministros hechos a las empresas explotadoras de la planta deshidratadora, estima la Sala igualmente que la misma debe ser confirmada al constituir la actuación de la parte actora una infracción tributaria grave en aplicación del artículo 79.a) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, constando asimismo de forma detallada los criterios de graduación tenidos en cuenta para la determinación de la sanción, así como que la normativa contenida en la Ley General Tributaria de 1963 resulta más favorable al demandante, como se desprende con claridad de los criterios comparativos establecidos al efecto. En consecuencia, y al no existir causa alguna de exclusión de culpabilidad para eludir la aplicación del tipo infractor en la actuación del demandante en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, no cabe sino confirmar la legalidad del acto administrativo combatido.
Cuarto.-Argumentos los expuestos que conducen a la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo, al ser el acto administrativo definitivamente impugnado conforme a Derecho, sin que se aprecien méritos especiales para hacer pronunciamiento sobre costas procesales causadas (artículo 139 de la Ley Jurisdiccional).
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la actora contra resolución del Tribunal Económico -Administrativo Regional de Castilla-La Mancha, de fecha 20 de mayo de 2005, sobre liquidación y sanción en concepto de Impuesto Especial sobre la Electricidad, declarándola ajustada a Derecho y manteniéndola en su contenido; sin costas.
Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación literal a los autos originales y la que se notificará oportunamente a las partes, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 40
 Real Decreto 
 artículo 131
 artículo 41
 artículo 64
 artículo 79
 resolución