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Mundo Tributario Venezuela: Decreto 600 Ley Organica de Precios Justos , Gaceta Oficial nro 40340 de fecha 23-01-2014
Decreto 600 Ley Organica de Precios Justos , Gaceta Oficial nro 40340 de fecha 23-01-2014
Número 40.340
Caracas, jueves 23 de enero de 2014
Decreto Nº 600
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA
Artículo 1º—Objeto. La presente Ley tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial, a fin de proteger los ingresos de todas las ciudadanas y ciudadanos, y muy especialmente el salario de las trabajadoras y los trabajadores; el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades; establecer los ilícitos administrativos, sus procedimientos y sanciones, los delitos económicos, su penalización y el resarcimiento de los daños sufridos, para la consolidación del orden económico socialista productivo.
Artículo 2º—Sujetos de Aplicación. Quedan sujetos a la aplicación de la presente Ley, las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos.
Artículo 3º—Fines. Son fines de la presente Ley los siguientes:
Artículo 4º—Orden Público. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y, en consecuencia, irrenunciables. Las operaciones económicas entre los sujetos definidos en la presente Ley, que sean de su interés particular y en las que no se afecte el interés colectivo, podrán ser objeto de conciliaciones o arreglos amistosos.
Artículo 5º—Divisas. Las divisas que sean asignadas por parte de la autoridad competente en el marco del régimen de administración de divisas, serán estrictamente supervisadas y controladas a fin de garantizar se cumpla el objeto y uso para el cual fueron solicitadas y otorgadas.
Artículo 6º—Contrato de Fiel Cumplimiento. A quien se le otorgue divisas para cualesquiera de las actividades económicas señaladas en la presente ley, deberá suscribir un contrato de fiel cumplimiento, que contendrá la obligación de cumplir estrictamente con el objeto y uso para el cual fueron solicitadas, así como las consecuencias en caso de incumplimiento.
Artículo 7º—Declaratoria de Utilidad Pública. Se declaran y por lo tanto son de utilidad pública e interés social, todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios.
Artículo 8º—Coordinación de las Actividades Económicas. A fin de que el Estado venezolano pueda ejercer su función de control de costos y ganancias, así como la determinación de precios justos de forma más adecuada y eficiente, todos los órganos y entes de la Administración Pública con competencia en las materias relacionadas, deberán dirigir sus respectivas acciones de manera coordinada y articulada con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, bajo la rectoría de la Vicepresidencia Económica de Gobierno.
Artículo 9º—Principio de Simplicidad Administrativa. La actividad administrativa derivada de los órganos y entes señalados en el artículo anterior, debe concentrar y establecer los trámites administrativos indispensables, para reducir según la utilidad, el número de requisitos y recaudos, que permitan la correcta y oportuna evaluación y procesamiento de los trámites de las mismas.
DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS SOCIO ECONÓMICOS (SUNDDE)
Artículo 10.—Naturaleza de la Superintendencia. Se crea la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE), como un órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera, adscrita a la Vicepresidencia Económica de Gobierno.
Artículo 11.—Atribuciones y Facultades. Corresponde a la SUNDDE el ejercicio de las siguientes atribuciones:
Artículo 12.—Funciones de Inspección y Fiscalización. En el ejercicio de sus funciones de inspección y fiscalización, la SUNDDE, podrá:
10. Las demás que sean requeridas para la aplicación de la presente Ley.
Artículo 13.—Patrimonio de la Superintendencia. El patrimonio de la SUNDDE, estará conformado por los recursos, bienes y derechos que le asigne el Ejecutivo Nacional, de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable y las donaciones, legados y demás liberalidades que le sean otorgadas, previa autorización del Ejecutivo Nacional.
Artículo 14.—Estructura. A fin de optimizar su funcionamiento orgánico, la SUNDDE, establecerá en su estructura una Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos, y una Intendencia de Protección de los Derechos Socioeconómicos.
Artículo 15.—Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos. La Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos, se encargará:
Artículo 16.—Intendencia de Protección de los Derechos Socio Económicos. La Intendencia de Protección de los Derechos Socio Económicos de las Personas, se encargará de:
2. Tramitar los correspondientes procedimientos administrativos.
Artículo 17.—Colaboración Interinstitucional. Conforme a los principios consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todos los entes y organismos, deberán colaborar y cooperar articuladamente, para el cumplimiento efectivo y oportuno de los fines de la SUNDDE.
SUPERINTENDENTA O SUPERINTENDENTE NACIONAL
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIO ECONÓMICOS
Artículo 18.—La Superintendenta o el Superintendente. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE) estará a cargo de una Superintendenta o un Superintendente, cuyo nombramiento y remoción compete al Presidente o Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 19.—Requisitos. Para desempeñar el cargo de Superintendenta o Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
Artículo 20.—Atribuciones de la Superintendenta o el Superintendente. Son atribuciones de la Superintendenta o Superintendente:
12. Las demás que le sean atribuidas.
REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS QUE DESARROLLAN
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (RUPDAE)
Artículo 21.—Registro. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, tendrá un Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (RUPDAE), de carácter público y accesible a todos los particulares, pudiéndose establecer subcategorías dentro de dicho Registro.
Artículo 22.—Obligatoriedad de inscripción. Los sujetos de aplicación de esta Ley deberán inscribirse y mantener sus datos actualizados en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas.
Artículo 23.—Régimen del Registro. La SUNDDE dictará las normas mediante las cuales se establezca el régimen del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, relativas a su organización, funcionamiento, requisitos, deberes, procedimientos y uso de la información, entre otras que le sean pertinentes.
DETERMINACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PRECIOS
Y MÁRGENES DE GANANCIAS
Artículo 24.—Órgano Rector. La determinación, modificación y control de precios es competencia de la SUNDDE, en los términos establecidos en la presente Ley.
Artículo 25.—Categorización de Bienes y Servicios. La SUNDDE, establecerá la categorización de bienes y servicios, o de sujetos, atendiendo a los criterios técnicos que estime convenientes, pudiendo establecer distintos regímenes para bienes y servicios regulados, controlados o no, en función del carácter estratégico de los mismos, y en beneficio y protección de las personas que acceden a éstos.
Para los sujetos de las categorías a los cuales se refiere el presente artículo, la SUNDDE podrá disponer de distintos regímenes de regulación, requisitos, condiciones, deberes o mecanismos de control, en función de las características propias de los bienes o servicios, del sector que los produce o comercializa, o a los que accedan las personas.
Artículo 26.—Lineamientos para el Cálculo. La SUNDDE, podrá establecer lineamientos para la planificación y determinación de los parámetros de referencia utilizados para fijar precios justos. Dichos lineamientos pueden tener carácter general, sectorial, particular o ser categorizados según las condiciones vinculantes o similares entre grupos de sujetos.
Artículo 27.—Determinación o Modificación de Precios. La SUNDDE podrá, sobre la base de la información aportada por los sujetos de la presente Ley y de conformidad con lo dispuesto en la misma, proceder a determinar el precio justo del bien o servicio, o efectuar su modificación en caso necesario, de oficio o a solicitud del interesado.
Artículo 28.—Fuentes de Información para la Determinación del Precio. Para la determinación del precio justo de bienes y servicios, así como la determinación de los márgenes de ganancia, el ente rector podrá fundamentarse en:
Artículo 29.—Calidad de la Información Suministrada. Los costos y gastos informados a la SUNDDE, no podrán exceder de los costos razonables registrados contablemente.
Artículo 30.—Análisis Socioeconómico. La determinación o modificación de precios, así como los márgenes de ganancia razonables de conformidad con lo establecido en el presente Capítulo, se efectuarán mediante análisis socioeconómico desarrollado por la SUNDDE, considerando los datos registrados, así como la información disponible en los sistemas informáticos y archivos de los órganos y entes de la Administración Pública, vinculados y afines.
Artículo 31.—Incorporación de Bienes y Servicios. Cuando alguno de los sujetos regulados por la presente Ley deba incorporar nuevos bienes o servicios, en adición a aquellos que hubiere informado previamente a la SUNDDE; deberá seguir el procedimiento que a tales fines establecerá ésta para la determinación del precio justo del bien o servicio, previo a su distribución y comercialización en el territorio nacional.
El órgano o ente competente en materia de reglamentaciones técnicas y calidad, se abstendrá de emitir cualquier tipo de autorización que no cuente con la conformidad de la SUNDDE.
Artículo 32.—Margen Máximo de Ganancia. El margen máximo de ganancia será establecido anualmente, atendiendo criterios científicos, por la SUNDDE, tomando en consideración las recomendaciones emanadas de los Ministerios del Poder Popular con competencia en las materias de Comercio, Industrias y Finanzas. En ningún caso, el margen de ganancia de cada actor de la cadena de comercialización excederá de treinta (30) puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio.
La SUNDDE podrá determinar márgenes máximos de ganancia por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización, actividad económica o cualquier otro concepto que considere, sin que estos superen los máximos establecidos en el presente artículo.
Artículo 33.—Certificado de Precios Justos. A los fines de gestionar la adquisición de divisas ante el órgano competente y cualquier otro trámite que establezca el Ejecutivo Nacional, los sujetos de aplicación de la presente Ley, deberán demostrar ante la SUNDDE el cumplimiento de los criterios de precios justos aquí establecidos, independientemente que exista o no fijación expresa, en cuyo caso le será expedido el certificado correspondiente.
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN
EN MATERIA DE PRECIOS Y MÁRGENES DE GANANCIA
Artículo 34.—Inicio de Inspección. La funcionaria o el funcionario competente, bien de oficio o con fundamento en denuncia que hubiere sido interpuesta ante la oficina a su cargo, podrá ordenar y dar inicio a la inspección para el cumplimiento de las regulaciones en materia de precios y márgenes razonables de ganancia.
Artículo 35.—Notificación. La notificación se efectuará en alguno de los responsables o representantes de los sujetos de aplicación de este (sic) Ley.
Artículo 36.—Ejecución de la Inspección. En la inspección la funcionaria o el funcionario actuante ejecutará las actividades materiales o técnicas necesarias, por todos los medios a su alcance, para determinar la verdad de los hechos o circunstancias, que permitan conocer la conformidad o incumplimiento de los deberes impuestos por la presente Ley, los responsables, el grado de responsabilidad y, de ser procedente, el daño causado.
Artículo 37.—Levantamiento del Acta. De toda inspección procederá a levantarse un Acta, la cual deberá ser suscrita por la funcionaria o el funcionario actuante y la persona presente en la inspección a cargo de las actividades o bienes objeto de inspección.
Artículo 38.—Verificación de Conformidad. Si de los hechos y circunstancias objeto de inspección o fiscalización, la funcionaria o el funcionario actuante constatare que no existen incumplimientos por parte del sujeto fiscalizado conforme a la presente Ley o que la denuncia que se hubiere interpuesto carece de fundamentos fácticos o jurídicos, indicará tal circunstancia en el Acta de Inspección o Fiscalización, a los efectos de dar por concluido el procedimiento.
Artículo 39.—Medidas Preventivas. Si durante la inspección o fiscalización, la funcionaria o el funcionario actuante detectara indicios de incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, y existieren elementos que permitan presumir que se puedan causar lesiones graves o de difícil reparación a la colectividad; podrá adoptar y ejecutar en el mismo acto, medidas preventivas destinadas a impedir que se continúen quebrantando las normas que regulan la materia. Dichas medidas podrán consistir en:
5. Ajuste inmediato de los precios de bienes destinados a comercializar o servicios a prestar, conforme a los fijados por la SUNDDE.
6. Todas aquellas que sean necesarias para impedir la vulneración de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, protegidos por la presente Ley.
Artículo 40.—Sustanciación de las Medidas Preventivas. La sustanciación de las medidas preventivas se efectuará en cuaderno separado, debiendo incorporarse al expediente principal, los autos mediante los cuales se decreten o se disponga su modificación o revocatoria.
Artículo 41.—Ejecución de las Medidas. La ejecución de las medidas indicadas en el presente capítulo, se harán constar en el acta a suscribirse entre la funcionaria o el funcionario actuante y los sujetos sometidos a la medida.
Artículo 42.—Oposición a las Medidas. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquel en que ha sido dictada la medida, o de su ejecución, los interesados podrán, solicitar razonadamente su revocatoria, suspensión o modificación por ante la SUNDDE, quien decidirá dentro los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha solicitud.
Artículo 43.—Guarda de Bienes. En el caso de retención de bienes u otros efectos, con ocasión de la aplicación de alguna de las medidas preventivas indicadas en el presente Capítulo, la funcionaria o el funcionario actuante expedirá a la presunta infractora o el presunto infractor, la correspondiente acta de retención en la cual se especificarán las cantidades, calidad y demás menciones de lo retenido.
Artículo 44.—Infracciones. Para los efectos de la presente Ley se entenderán como infracciones, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en ella, su Reglamento, y demás normas dictadas por la SUNDDE, de conformidad con lo dispuesto en el presente Capítulo.
Artículo 45.—Tipos de Sanciones. Las sanciones aplicables a las infracciones de la presente Ley son las siguientes:
Si persiste el cierre en virtud de la contumacia del sujeto de aplicación, impidiendo la continuidad de la actividad económica en perjuicio de las trabajadoras y los trabajadores, el Ministerio del Poder Popular con competencia en el área del trabajo, aplicará los procedimientos administrativos establecidos en la legislación laboral, para impedir que se violen los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
La imposición de alguna de las sanciones, previstas en el presente capítulo, no impide ni menoscaba el derecho de las afectadas o los afectados de exigir a la infractora o el infractor las indemnizaciones o el resarcimiento de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado, conforme al ordenamiento jurídico aplicable.
Artículo 46.—Gradación de Multas. A los efectos de la gradación de las multas a imponer a los sujetos de aplicación, la SUNDDE, tomará en cuenta las siguientes circunstancias. Se considerarán circunstancias atenuantes de la multa a imponer, las siguientes:
Artículo 47.—Acumulación de las Sanciones de Multas. Cuando el mismo sujeto de la cadena de producción, distribución o comercialización, estuviere incurso en dos o más supuestos de infracción, se le impondrá acumulativamente el monto de las multas que corresponda a cada infracción.
Artículo 48.—Liquidación de las Multas. Las multas impuestas por la Superintendencia, así como los montos generados por concepto de la venta de bienes comisados o confiscados, deberán ser depositados ante cualquier oficina de la Banca Pública, en los lapsos establecidos por la SUNDDE, a nombre del Fondo de Eficiencia de la Tesorería Nacional.
Artículo 49.—Infracciones Genéricas. Serán sancionados con multa entre doscientas (200) y cinco mil (5.000) Unidades Tributarias, los sujetos que cometan las siguientes infracciones:
1. No prestar la colaboración necesaria y oportuna, a las funcionarias y los funcionarios competentes de la SUNDDE, en la verificación del cumplimiento de sus atribuciones, durante cualquiera de los procedimientos previstos en la presente Ley.
2. No suministrar información o suministrar información falsa o insuficiente, o no remitir la información requerida oportunamente a la SUNDDE.
3. No comparecer injustificadamente a las notificaciones que les hiciere la SUNDDE.
4. No cumplir las órdenes o instrucciones emanadas de la SUNDDE, o cumplirlas fuera del plazo establecido para ello.
Quien reincida en alguna de las infracciones previstas en el presente artículo, será sancionado con multa de diez mil (10.000) Unidades Tributarias, además de la sanción de cierre de almacenes, depósitos o establecimientos, hasta por noventa (90) días, atendiendo a la gravedad del incumplimiento.
Igualmente serán sancionados con multa de doscientas (200) a veinte mil (20.000) unidades tributarias quienes violen, menoscaben, desconozcan o impidan a las personas el ejercicio de los siguientes derechos:
1. El suministro de información suficiente, oportuno (sic) y veraz sobre los bienes y servicios puestos a su disposición, con especificación de los datos de interés inherentes a su elaboración, prestación, composición y contraindicaciones, que sean necesarias.
2. La promoción y protección jurídica de sus derechos y intereses (sic) económicos y sociales en las transacciones realizadas, por cualquier medio o tecnología.
3. La reposición del bien o resarcimiento del daño sufrido en los términos establecidos en la presente ley.
4. La protección contra la publicidad o propaganda falsa, engañosa, subliminal o métodos coercitivos, que induzca al consumismo o contraríen los derechos de las personas en los términos de esta Ley.
5. A no recibir trato discriminatorio por los proveedores o proveedoras de los bienes y servicios.
6. A la protección en los contratos de adhesión que sean desventajosos o lesionen sus derechos o intereses.
7. A la protección en las operaciones a crédito.
8. A retirar o desistir de la denuncia y la conciliación en los asuntos de su interés, siempre que no se afecten los intereses colectivos.
9. A la disposición y disfrute de los bienes y servicios, de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida.
10. A los demás derechos que la Constitución de la República y la normativa vigente establezcan, inherentes al acceso de las personas a los bienes y servicios.
Artículo 50.—Expendio de Alimentos o Bienes Vencidos. Quien venda productos alimenticios o bienes vencidos o en mal estado, será sancionado con multa de doscientas (200) a diez mil unidades tributarias (10.000) Unidades Tributarias (sic), sin menoscabo de las sanciones penales a que hubiera lugar.
Artículo 51.—Especulación. De conformidad con el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quienes vendan bienes o presten servicios a precios superiores a los fijados o determinados por la SUNDDE, serán sancionados por vía judicial con prisión de ocho (08) a diez (10) años.
Artículo 52.—Importación de Bienes Nocivos para la Salud. Quien importe o comercialice bienes declarados nocivos para la salud y de prohibido consumo, será sancionado con prisión de seis (06) a ocho (08) años.
Quien venda o exhiba para su venta, alimentos, bebidas o medicamentos cuya fecha de consumo haya expirado o caducado, será penado con prisión de uno (sic) (01) años a tres (03) años.
Artículo 53.—Alteración Fraudulenta. Quienes alteren la calidad de los bienes, o desmejoren la calidad de los servicios regulados, o destruya los bienes o los instrumentos necesarios para su producción o distribución, en detrimento de la población, con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional, serán sancionados por vía judicial con prisión de cinco (05) a diez (10) años.
Artículo 54.—Acaparamiento. Los sujetos de aplicación de la presente Ley que restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes regulados por la SUNDDE, retengan los mismos, con o sin ocultamiento, para provocar escasez o distorsiones en sus precios, serán sancionados por vía judicial con prisión de ocho (08) a diez (10) años.
Igualmente serán sancionados con multa de un mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) Unidades Tributarias, y con la ocupación temporal del establecimiento hasta por ciento ochenta (180) días.
La reincidencia en la infracción establecida en el presente artículo será sancionada con clausura de los almacenes, depósitos o establecimientos del sujeto infractor y la suspensión del RUPDAE, en los términos previstos en la presente Ley y desarrollados en su Reglamento.
Artículo 55.—Boicot. Quienes conjunta o separadamente, desarrollen o lleven a cabo acciones, incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios regulados por la SUNDDE, serán sancionados por vía judicial con prisión de diez (10) a doce (12) años. Igualmente serán sancionados con multa de mil (1.000) a cincuenta mil unidades tributarias (50.000) Unidades Tributarias (sic) y ocupación temporal hasta por ciento ochenta (180) días. La reincidencia en la infracción establecida en el presente artículo será sancionada, con clausura de los almacenes, depósitos o establecimientos del sujeto infractor y la suspensión del RUPDAE, en los términos previstos en la presente Ley y desarrollados en su reglamento.
Artículo 56.—Desestabilización de la Economía. Cuando el boicot, acaparamiento, especulación, contrabando de extracción, usura, cartelización u otros delitos conexos, procuren la desestabilización de la economía; la alteración de la paz y atenten contra la seguridad de la Nación, las penas contempladas se aplicarán en su límite máximo, igualmente, se procederá a la confiscación de los bienes, conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 57.—Reventa Productos (sic) de Primera Necesidad. Quien compre productos declarados de primera necesidad, con fines de lucro, para revenderlos por precios superiores a los establecidos por la SUNDDE, será sancionado con multa de doscientas (200) a diez mil (10.000) Unidades Tributarias y comiso de los productos.
Artículo 58.—Condicionamiento. Quienes condicionen la venta de bienes o la prestación de servicios regulados por la SUNDDE, serán sancionados por vía judicial con prisión de dos (02) a seis (06) años.
Artículo 59.—Contrabando de Extracción. Incurre en delito de contrabando de extracción, y será castigado con pena de prisión de diez (10) a catorce (14) años, quien mediante actos u omisiones, desvíe los bienes declarados de primera necesidad, del destino original autorizado por el órgano o ente competente, así como quien intente extraer del territorio nacional los bienes regulados por la SUNDDE, cuando su comercialización se haya circunscrito al territorio nacional.
En todo caso, una vez comprobado el delito se procederá al comiso del medio de transporte utilizado así como de la mercancía o productos correspondientes.
Artículo 60.—Usura. Quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja notoriamente desproporcionada a la contra prestación que por su parte realiza, incurrirá en delito de usura y será sancionado con prisión de cuatro (04) a seis (6) años.
A los propietarios de locales comerciales que fijen cánones de arrendamiento superiores a los límites establecidos por la SUNDDE, así como otras erogaciones no autorizadas, que violenten el principio de proporcionalidad y equilibrio entre las partes contratantes, se le aplicará la pena contemplada en este artículo, así como la reducción del canon de arrendamiento y eliminación de otras erogaciones, a los límites establecidos por la SUNDDE.
Artículo 61.—Usura en operaciones de financiamiento. Quien en las operaciones de venta a crédito de bienes, o servicios de financiamiento para tales operaciones, obtenga a título de intereses, comisiones o recargos, cualquier cantidad por encima de los máximos que sean fijados o permitidos por el Banco Central de Venezuela en atención a las condiciones existentes en el mercado financiero nacional, incurrirá en delito de usura, y será sancionado con pena de prisión de cuatro (04) a seis (6) años.
Artículo 62.—Alteración en Bienes y Servicios. La proveedora o el proveedor que modifique o altere la calidad, cantidad, peso o medida de los bienes o calidad de los servicios, en perjuicio de las personas, será sancionado con prisión de seis (06) meses a dos (02) años.
Artículo 63.—Alteración Fraudulenta de Precios. Quien difunda por cualquier medio, noticias falsas, emplee violencia, amenaza, engaño o cualquier otra maquinación para alterar los precios de los bienes o servicios, será sancionado con prisión de dos (02) a seis (06) años.
Artículo 64.—Corrupción entre Particulares. Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones u organizaciones, un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la prestación de servicios, será castigado con la pena de prisión de dos (02) a seis (06) años. Con la misma pena será castigado el directivo, administrador, empleado o colaborador, que por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte dicho beneficio o ventaja.
Artículo 65.—Circunstancias Agravantes y Atenuantes. Sin perjuicio de lo contemplado en el Código Penal, se consideran circunstancias agravantes que aumentan la pena de un tercio a la mitad, las siguientes:
1) Sean cometidas por funcionaria o funcionario en el curso o con motivo de su actividad funcionarial.
2) Sean cometidos abusando de la posición de dominio en un determinado mercado.
3) Sean cometidos en circunstancias de escasez, desastre, alarma pública o calamidad.
4) Ocasionen grave daño a la colectividad.
5) Creen zozobra o pánico en la colectividad.
6) Afecte a múltiples víctimas.
7) Sean cometidos al amparo de una empresa o corporación, o grupos de empresas o corporaciones.
8) Sean cometidos utilizando mecanismos para ocultar o evadir su responsabilidad ante los hechos, que obliguen a las autoridades utilizar medios especiales para levantar el velo corporativo.
9) Sean cometidos utilizando para ello operaciones fraudulentas o ficticias.
Sin perjuicios de las contempladas en el Código Penal se considerarán circunstancias atenuantes que reduce la pena de un tercio a la mitad, las siguientes:
1) Haber confesado la infracción a las autoridades competentes.
2) Haber colaborado en la investigación del hecho punible aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales que emanen de los hechos.
3) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento a reparar o disminuir el daño causado por el delito, con anterioridad al acto conclusivo correspondiente.
4) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.
Artículo 66.—Responsabilidad Penal. Los socios, así como los miembros de los órganos de dirección, administración, gestión y vigilancia de las personas jurídicas, serán personalmente responsables cuando se demuestre que los delitos establecidos en este capítulo fueron cometidos con su conocimiento o aprobación.
Artículo 67.—Remisión Legal. El conocimiento de los delitos previstos en la presente Ley, corresponde a la jurisdicción penal ordinaria, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Lo no previsto en este capítulo, se regirá por lo establecido en el ordenamiento jurídico penal vigente.
Artículo 68.—Órgano competente. Corresponde a la Intendencia respectiva imponer las sanciones administrativas que deriven de la transgresión a las disposiciones de esta Ley.
Artículo 69.—Apertura. Cuando el sujeto de esta Ley manifieste inconformidad con la sanción impuesta, podrá solicitar la aplicación del procedimiento administrativo establecido en el presente capítulo, debiendo, la funcionaria o funcionario competente ordenar su apertura.
Artículo 70.—Inicio y Notificación. Efectuada la apertura del procedimiento la funcionaria o el funcionario competente ordenará la notificación a aquellas personas a que hubiera lugar, para dar inicio al procedimiento.
Artículo 71.—Audiencia de Descargos. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de la notificación referida en el artículo anterior, se fijará mediante auto expreso el día y hora para que tenga lugar la audiencia de descargos, dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes.
Artículo 72.—Acta de Conformidad. Si durante la audiencia de descargos la funcionaria o el funcionario competente para conocer del asunto, sobre la base de los argumentos expuestos por la presunta infractora o el presunto infractor, o de las pruebas exhibidas por éste, estimase que los hechos o circunstancias no revisten carácter ilícito o no le fueren imputables, se levantará Acta de Conformidad, la cual podrá extenderse en presencia del interesado o su representante, o enviarse por correo público o privado con acuse de recibo.
Artículo 73.—Aceptación de los Hechos. Si en la audiencia de descargos la presunta infractora o el presunto infractor aceptare todos los hechos que le son imputados, se tendrá como atenuante, y la funcionaria o el funcionario competente para conocer del asunto procederá a dejar constancia de ello, y se emitirá el acto conclusivo en el cual se impondrán las sanciones a que hubiere lugar conforme a lo previsto en la presente Ley.
El acto conclusivo dictado conforme lo establecido en el presente artículo pondrá fin al procedimiento.
Artículo 74.—Descargo Parcial. Cuando de la audiencia de descargos resulte la admisión parcial de los hechos o, la funcionaria o funcionario competente declare la conformidad parcial sobre algunos de ellos, procederá a emitir un acta de descargo parcial, en la cual diferenciará con claridad los hechos reconocidos por la presunta infractora o el presunto infractor, así como aquellos respecto de los cuales declara su inconformidad.
En el acta de descargo parcial se declarará la terminación del procedimiento respecto de los hechos reconocidos y de aquellos sobre los cuales se hubiere declarado la conformidad. Los hechos no reconocidos continuarán el procedimiento conforme el artículo siguiente.
Artículo 75.—Lapso Probatorio. Cuando no haya concluido el procedimiento en la audiencia, se iniciará al día siguiente, un lapso de cinco (5) días hábiles para la evacuación de las pruebas que hayan sido promovidas en la misma, o cualquier otra que considere pertinente la persona objeto del procedimiento.
Artículo 76.—Reglas Sobre Pruebas. En el procedimiento establecido en el presente Capítulo, podrán invocarse todos los medios de prueba, observando en particular las siguientes reglas:
1. Sólo podrán solicitarse experticias para la comprobación o apreciación de hechos que exijan conocimientos técnicos o científicos especializados. A tal efecto deberá indicarse con toda precisión los hechos y elementos objeto de experticia.
3. No se valorarán las pruebas manifiestamente impertinentes o ilegales, las cuales deberán rechazarse al decidirse el acto o recurso que corresponda.
4. Cuando se trate de pruebas de laboratorio, el órgano competente notificará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las acciones necesarias para la realización de las pruebas de laboratorio que hubieren sido admitidas.
Cuando se requiera la realización de ensayos, pruebas, inspecciones de productos o servicios, según sea el caso, para la comprobación de las infracciones, las inspecciones o tomas de muestras podrán practicarse en los centros de producción, en los establecimientos dedicados a la comercialización de bienes o a la prestación de servicio y en los recintos aduanales y almacenes privados de acopio o de bienes.
Artículo 77.—Aseguramiento de la decisión. En cualquier grado y estado del procedimiento, la funcionaria o el funcionario que conozca del respectivo asunto podrá decretar las medidas preventivas establecidas en el Capítulo anterior cuando, a su juicio, exista un riesgo fundado de que la decisión que resuelva dicho asunto no pueda realizarse.
Artículo 78.—Terminación del Procedimiento. Vencido el plazo establecido para el lapso probatorio, la funcionaria o el funcionario competente dispondrá de un plazo de diez (10) días continuos para emitir la decisión, prorrogable por diez (10) días más, cuando la complejidad del asunto lo requiera.
Artículo 79.—Acto Conclusivo. Terminado el procedimiento el funcionario competente dictará la decisión mediante un acto redactado en términos claros, precisos y lacónicos, sin necesidad de narrativa, ni transcripciones de actas, ni documentos que consten en el expediente, y en el cual deberá indicarse:
Artículo 80.—Ejecución Voluntaria de la Sanción. Los actos administrativos dictados por la funcionaria o el funcionario competente, que recaigan sobre particulares, deberán cumplirse de manera voluntaria dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación.
Artículo 81.—Notificación de Multas. En los casos de multa, se acompañará la notificación con la correspondiente planilla de liquidación, a fin de que la infractora o el infractor proceda a pagar dentro de los quince (15) días continuos, contados a partir de la fecha de notificación. Transcurrido dicho lapso sin que la multa fuere pagada, la planilla de liquidación tendrá fuerza ejecutiva.
Artículo 82.—Ejecución Forzosa. Cuando la ejecución voluntaria a que refiere el artículo anterior no se realizare, la SUNDDE procederá a su ejecución forzosa.
Primera.—Se suprime la Superintendencia de Costos y Precios Justos creada en la Ley de Costos y Precios Justos, de fecha 18 de julio de 2011, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.715 de la misma fecha.
Segunda.—Se suprime el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, creada en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, de fecha Primero de febrero de 2010, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.358 de la misma fecha.
Tercera.—La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, iniciará sus actividades y funcionamiento inmediatamente a la entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley; en consecuencia, los bienes, el personal y los procedimientos en curso, tanto de la Superintendencia de Costos y Precios Justos, como del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, serán trasladados a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, cuya administración transitoria estará a cargo de una Junta Ad-Hoc, designada por el ciudadano Presidente de la República, que simultáneamente funcionará como Junta Liquidadora de la Superintendencia de Control y Precios Justos, y del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
Cuarta.—El Ejecutivo Nacional reglamentará la presente Ley, dentro de los ciento ochenta (180) días, contados a partir de su entrada en vigencia.
Quinta.—Las actuaciones procedimentales iniciadas durante el funcionamiento de la Superintendencia de Costos y Precios Justos, y del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, conservan plena validez, debiendo aplicarse de manera inmediata para lo que reste de procedimiento en curso, lo establecido en la presente Ley.
Sexta.—Los trámites rutinarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, agotarán el inventario documental de papelería, que sean de la Superintendencia de Costos y Precios Justos, y del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, y su renovación se hará progresivamente en un plazo que no excederá de un (1) año, contado a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.
Séptima.—La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, dictará la normativa correspondiente a los trámites administrativos, así como el establecimiento de las autorizaciones, permisos o licencias que deban solicitar los sujetos de aplicación, para adecuarse a la nueva regulación de la materia.
Octava.—Una vez haya entrado en funcionamiento el Registro Único de Personas que Desarrollen Actividades Económicas, las personas naturales y jurídicas sujetos de aplicación de esta Ley, tendrán un lapso de ciento ochenta (180) días para inscribirse, cumpliendo con los parámetros establecidos por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos. En dicho lapso, los sujetos de la presente Ley continuarán ejerciendo su actividad económica conforme a las disposiciones establecidas en la misma.
Novena.—La Vicepresidencia Económica de Gobierno conjuntamente con la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, deberá en un lapso no mayor de dos (2) años, establecer los lineamientos, elaborar y ejecutar un plan, para interconectar todas las plataformas tecnológicas existentes en los registros y bases de datos relacionados con esta materia, que manejen los órganos y entes de la Administración Pública.
Décima.—El Ejecutivo Nacional incluirá en las Leyes de Presupuesto Anuales, a partir del año inmediatamente siguiente a la sanción de esta Ley, los recursos necesarios para el funcionamiento de los órganos, entidades y programas aquí previstos.
Décima Primera.—Los precios justos alcanzados con motivo de la ofensiva económica desplegada por el Presidente de la República, mantendrán su vigencia hasta que la SUNDDE determine el precio conforme a las normas acá previstas.
Décima Segunda.—Los cánones de arrendamiento justos a los que se refiere la presente Ley serán establecidos mediante Decreto de la Presidencia de la República atendiendo las recomendaciones de la SUNDDE hasta que ésta establezca los criterios para su fijación.
Primera.—Se deroga la Ley de Costos y Precios Justos, del 18 de julio de 2011, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.715 y las demás normas que colidan con la presente Ley.
Segunda.—Se derogan la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, del Primero de febrero de 2010, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.358 y las demás normas que colidan con la presente Ley.
Única.—El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley entrará en vigencia una vez sancionado y publicado en Gaceta Oficial.
Dado en Caracas, a los veintiún días del mes de noviembre de dos mil trece. Años 203º de la Independencia, 154º de la Federación y 14º de la Revolución Bolivariana.
Publicado por MUNDO TRIBUTARIO VENEZUELA en 2:39 p. m.
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Artículo 17

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Artículo 26

Artículo 27

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Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

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Artículo 42

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Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51
 artículo 114

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82