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Timestamp: 2019-01-19 08:17:35+00:00

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Derecho Ecuador - El Principio de Insignificancia en el Tráfico Ilícito de sustancias sujetas a Fiscalización
Previo a la contextualización del principio de insignificancia, es necesario hacer una breve descripción de lo que es el bien jurídico, ya que para la aplicabilidad del principio de insignificancia, es trascendental que no exista una violación de carácter sustancial del mismo, es por ello, que uno de los conceptos más claros respecto del bien jurídico, es el aportado por el maestro Zaffaroni, quien en su obra ?Derecho Penal Parte General?, se refiere al concepto de bien jurídico, mencionando lo siguiente:
?El bien jurídico es un concepto indispensable para hacer efectivo el principio de lesividad, pero no es, en modo alguno, un concepto legitimante del poder punitivo (de lege lata ni de lege ferenda). Por ello no debe confundirse el uso limitativo del concepto de bien jurídico con su uso legitimante, dado que este último termina acuñando un verdadero concepto legitimante diferenciado, que es el pretendido bien jurídico tutelado. El mito del bien jurídico protegido o tutelado, que se racionaliza con la teoría imperativista del derecho, presupone aceptar la eficacia protectora del poder punitivo consagrada de modo pretendidamente deductivo, según el cual, si una norma prohíbe una acción que lo lesiona, es porque lo tutela o protege y, por ende, al no poder prohibir resultados la pena adquiere un sentido policial preventivo. Se trata de una premisa que consiste en un juicio falso: las normas protegen o tutelan bienes jurídicos. Este juicio, al verificarse la operatividad del poder punitivo, al menos en la mayoría de los casos, resulta con un valor de verdad falso.?[2]
Es decir con este concepto, nos está dando a entender que de alguna manera se pretende, delimitar, que el resultado típico debe ser imputable al tipo objetivo, mediante la creación y realización de un peligro jurídicamente desaprobado para el bien jurídico, en donde debe existir una protección a dicho bien, justificando de esta manera la creación de tipos penales, que protejan diferentes bienes jurídicos, sin embargo en ciertos casos no se verifica adecuadamente en la concurrencia del análisis de ciertas causas, que restringe la prohibición para salvaguardar un bien jurídico preponderante produciendo de esta manera la exclusión del tipo de injusto penal.
Dando como resultado, la aplicabilidad del principio de insignificancia, mismo, que se aplica en aquellos hechos que, aunque su descripción encuadre a simple vista en la figura que tipifica una norma penal, la falta de lesión al bien jurídico, nos conlleva adoptar la lógica de si tal situación amerita la consecuencia de su eliminación dentro de la órbita del poder punitivo del Estado, determinándose, de que la sanción a aplicarse sería incluso más perjudicial, que la misma transgresión al bien jurídico que se realizó.
1.- Contextualización del Principio de Insignificancia.
Para Luigi Ferrajoli, cuando nos habla de los derechos fundamentales, libertades y expectativas, determinando al Estado de derecho liberal y estado de derecho social, sostiene que:
?las garantías liberales o negativas consisten únicamente en deberes públicos negativos o de no hacer ? de dejar vivir y dejar de hacer? que tienen por contenido prestaciones negativas o no prestaciones.
Se entiende que el campo más importante de estas prohibiciones de prestación es el que se refiere al uso de la fuerza y, por ello, ante todo el derecho punitivo, del derecho penal ordinario al derecho administrativo de policía. En este campo en que las constituciones han vinculado más rígidamente a los poderes públicos, cualquiera sea su fuente y su forma. Ninguna ley, aún votada por mayoría aplastante, puede disponer o consentir que un hombre sea castigado sin haber cometido algún hecho prohibido o por haber realizado actos inofensivos, meramente internos o sin culpa; y un ciudadano, sobre todo si es discrepante o desviado, no goza del mínimo de garantías por el hecho de que la decisión de condenarlo se adopte con el consenso unánime de sus conciudadanos si no se ha llegado a la prueba de su culpabilidad en un juicio desarrollado de forma contradictoria con su defensa. Las garantías penales y procesales, como hemos dicho otras veces, no puede ser más que un sistema de prohibiciones inderogables: prohibiciones de castigar, de privar de la libertad, de registrar, de censurar o de sancionar de alguna u otra forma, si no concurriesen las condiciones establecidas por la ley en garantía del ciudadano frente a los abusos del poder.?[3]
Lo cual nos conlleva a determinar, que dentro del ordenamiento jurídico Ecuatoriano cuando se refiere a que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, es necesario hacer alusión a lo establecido en el artículo 76, núm5, mismo que manifiesta:
?En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.?[4]
Este artículo, nos hace alusión a que la función primordial del Estado, es velar por la aplicabilidad de la sanción menos rigurosa, para un hecho cuando así lo amerite, es decir, surge de alguna manera, la consideración del principio de insignificancia, que dentro del campo penal, se entiende que las conductas deben evaluarse mediante un análisis sistematizado en relación con el principio de lesividad, ya que si no existe lesividad al bien jurídico, ni afectación grave es ilógico, que se aplique el poder punitivo.
2.- Delimitación del Principio de Lesividad:
La delimitación del principio de lesividad, debe visualizarse como el fundamento de los elementos constitutivos del delito, en donde la naturaleza lesiva del resultado de los hechos prohibidos, nos conlleva a definir, el daño causado en base a criterios, que deben operar en la medida de las prohibiciones y de las penas, y que según Ferrajoli operarían:
?Ya, que sólo así las prohibiciones, al igual que las penas, pueden ser configuradas como instrumentos de minimización de la violencia y de tutela de los más débiles contra los ataques arbitrarios de los más fuertes en el marco de una concepción más general del derecho penal como instrumento de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.?[5]
Es decir, las penas son necesarias, pero como herramienta de minimización de violencia y protección de los débiles, por parte del estado, más no un elemento de castigo cuando la transgresión sea mínima.
Por su parte, para Carlos Lascano: ?La norma define el comportamiento desviado como delictivo, la sanción es la reacción generada por aquella conducta y el proceso penal asegura su aplicación siguiendo los procedimientos que garantizan la imparcialidad y razonabilidad de la decisión del órgano judicial, conforme a los valores de la Constitución?[6]
Es por ello, que el mismo Código Orgánico Integral Penal, cuando se refiere a la constitucionalización del derecho penal, manifiesta, que el derecho penal tiene, aparentemente, una doble función contradictoria frente a los derechos de las personas., debido a que por un lado, protege derechos y, por otro, los restringe.
Desde la perspectiva de las víctimas, los protege cuando alguno ha sido gravemente lesionado; mientras que desde la persona que se encuentra en conflicto con la ley penal, puede restringir excepcionalmente sus derechos, cuando una persona vulnera los derechos de otras y justifica la aplicación de una sanción. Por ello, el derecho penal debe determinar los límites para no caer en la venganza privada, ni en la impunidad.[7]
3.- Aplicabilidad del Poder Punitivo:
Se da siempre y cuando se cumplan ciertos presupuestos para su exigencia, ya que si no se configura por ejemplo la lesividad necesaria, para estimar, medir y valorar el alcance de un daño potencial no se debe aplicar este instrumento punitivo, sin embargo pueden existir circunstancias en las que se configuren todos los elementos necesarios para configurar un tipo penal, pero debido a la irrelevancia no debería ser aplicable por ejemplo en el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, cuando se trate de mínimas cantidades y de una sola sustancia, no operaria la necesidad de aplicar el tipo penal, ya que bien se podría estar criminalizando a un consumidor, y no a un traficante.
Por lo que es necesario entender que el principio de insignificancia, siguiendo la línea de Gabriela Sansó, en su artículo ?Bagatela e Insignificancia en el Derecho Penal?, estudia la exclusión del poder coercitivo del Estado en casos de inconsistente relevancia de ciertas conductas que coinciden con una descripción típica de conductas penalmente reprochables, pero en realidad no son tales, o bien, de serlo, no merecen ser penadas, ya que el derecho penal si bien es cierto irrumpe dentro de la vida cuando su intervención aparece como necesaria por haberse vulnerado un bien jurídico, puntualizando que:
?El principio de la insignificancia corrige las desviaciones que la aplicación lisa y llana del tipo penal puede generar. El orden jurídico importa una valoración, mientras que la figura delictiva es una mera descripción, por eso es necesario verificar en cada caso si el hecho, además de cumplir esa adecuación externa, viola al derecho en su totalidad, como una unidad?[8]
Esto es de suma importancia, ya que como todos sabemos el derecho penal es de última ratio, por lo que resultaría irracional punir, una ofensa cuya gravamen en sí misma es menor que la respuesta punitiva a aplicar, a fin de dar pleno cumplimiento al principio de mínima intervención, establecido en el artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal, que expresa:
?La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. Constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales.?[9]
4.- El Principio de Insignificancia en la Teoría del Delito
Mediante la aplicación de sanciones y penas, que van en relación a las conductas que hacen peligrar gravemente la subsistencia de la sociedad, sin embargo es preciso declarar la responsabilidad de quien los llevó a cabo, mediante la imputación de responsabilidad. [10]
Este es en si el significado de la teoría jurídica del delito, que mediante la imputación de responsabilidad llega a afirmar, que se ha cometido un hecho; que ese hecho es contrario al ordenamiento jurídico, y por ende alguien es culpable de ese hecho, para lo cual debe cumplir con los presupuestos establecidos en el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal, referido a la infracción penal, cuando manifiesta, que esta: ?Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código.?[11]
Lo cual nos conlleva a pensar, a que si bien es cierto la tipicidad es una categoría dogmática, dentro del cual está el principio de legalidad, junto con el principio de materialidad, entendiéndose en el sentido de que las únicas conductas punibles serán aquellas que se encuentren previstas en la ley como delito.
Concediendo, de esta manera una garantía del ciudadano frente al poder, toda vez que únicamente podrá ser sancionado si incurre en una conducta prevista y descrita en la ley, lo cual para Hanz Welzel, cuando se refiere a la teoría de la acción final, que consiste en que la ?acción es un acontecimiento finalista y no solamente causal, la finalidad de la acción se fundamenta en que la persona puede prever las consecuencias de su plan tendiente a alcanzar determinado objetivo.?[12]
Como bien señalan Zaffaroni, Alagia y Slokar: ?El injusto penal es una acción prohibida por el derecho penal, pero respecto de la cual ninguna ley penal o no penal le reconoce el carácter de ejercicio de un derecho?.[13]
Hecho que da a entender, que estos reconocimientos de derechos, conllevan espacios de libertad, en los que no corresponde la intervención punitiva del estado y este límite también está vigente, ya que cuando la persona realiza por ejemplo una conducta típica, pero que se encuentra bajo el paraguas de un permiso, se reconduce al ejercicio del derecho, conocido como causas de justificación o permisos legalmente previstos. [14]
En donde el principio de insignificancia, dentro de la teoría del delito, es de trascendental importancia a fin de evitar la aplicabilidad de las penas, cuando no ameriten, hecho con el cual de ninguna manera, estoy diciendo, que no sea necesario la aplicabilidad de penas privativas de libertad.
5.- El Principio de Insignificancia en el Tráfico Ilícito de sustancias catalogadas sujetas a Fiscalización:
El principio de insignificancia, es de trascendental importancia, ya que si por ejemplo hacemos alusión a un caso en el cual una persona acusada que se le encuentre en posesión de 2 gramos de marihuana, considerado como mínima escala, de conformidad con el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, podría enfrentar una pena de uno a tres años.
El abordaje de este caso totalmente hipotético gira en torno a la tenencia de una ínfima cantidad de una sustancia estupefaciente, misma que debe ser analizada a la par del principio de insignificancia, a fin de determinar, si existe una afectación insignificante de bienes jurídicos que no constituye lesividad relevante en la tipicidad objetiva.
Para lo cual es necesario que se establezca una relación con la realidad social, tomando en consideración el principio de proporcionalidad, respecto a la sanción en correlación con la transgresión al bien jurídico afectado, por la comisión de dicha infracción, ya que una acción no puede considerarse como delictiva si no lesiona o pone en peligro de manera significativa un bien jurídico tutelado de conformidad con lo señalado en el artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal.
Siendo oportuno, hacer referencia a lo mencionado por Claus Roxin, cuando manifestaba que el derecho penal al sancionar implica un castigo absoluto y definitivo de todos los hechos que afectan significativamente al bien jurídico.[15]
De este concepto, nos surge el siguiente cuestionamiento ¿El bien jurídico protegido en el delito de Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, cuando se trata de una ínfima cantidad se ha lesionado?
Lo que nos lleva a delimitar que la acción que interesa al derecho penal no es la ejecutada como mero acto mecánico, sino aquella que está orientada a un fin. Es por ello, que para Muñoz Conde la acción se cumple en dos fases: la fase interna, que se desarrolla en el pensamiento del autor; y, la fase externa, que se manifiesta en el mundo exterior, donde el autor cumple lo planeado.[16]
Llevándonos a pensar, que si bien es cierto estas dos acciones fueron materializadas, en el ejemplo de que efectivamente una persona sea encontrada en posesión de 2 gramos de marihuana, no obstante, a la par del principio de insignificancia, es necesario efectuar un análisis de la afectación que se causó al bien jurídico tutelado, a fin de poder determinar, si se puede aplicar una sanción, u otra medida distinta a la aplicación punitiva del derecho penal, para lo cual a raíz del análisis del principio de lesividad y consecuente la insignificancia del hecho, se debe realizar una distinción entre antijuridicidad formal y material, así como de los elementos del tipo.
Delimitando, que no en vano los bienes jurídicos representan las condiciones elementales, para el funcionamiento de la sociedad, es por ello la importancia de su protección, concepto que ya tenía su lógica, para Kauffman, cuando se refería a que no es más que la contextualización de la misión del derecho penal, como protector de los bienes jurídicos del ciudadano y de la comunidad, concepto replicado además por Franz Von Liszt.[17]
Definiendo de esta manera, que el principio de lesividad, sea la base fundamental para la configuración y delimitación de si existe o no la violación del principio de insignificancia.
De lo cual, es sumamente necesario, que el principio de insignificancia, sea analizado de acuerdo a si su inaplicabilidad establece un juicio de peligrosidad de la acción ejecutada, valorada ex ante, y ex post, a fin de definir la puesta en peligro del bien jurídico.
Correo: scor1719@hotmail.com.
[2] Zaffaroni, Eugenio, TRATADO DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL. (Buenos Aires: Ediar, 1987).
[3] Luigi Ferrajoli, DERECHO Y RAZÓN. Teoría del garantismo penal, Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, Derecho (Madrid: Trotta, 1995).
[4] REGISTRO OFICIAL No. 449, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008).
[5] Luigi Ferrajoli, DERECHO Y RAZÓN. Teoría del garantismo penal.
[6] Lascano Carlos y otros., Derecho Penal, Parte General (Córdoba, Argentina: Advocatus, 2002).,p.16.
[7] REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014).
[8] Gabriela Sansó, «Bagatela e Insignificancia en el Derecho Penal.», Jurisprudencia Rosarina, 4 de marzo de 2011, http://www.editorialjuris.com/docLeer.php?idDoctrina=36&texto.
[10] José Sebastián Cornejo Aguiar, «LA TEORÍA DEL DELITO EN EL COIP ?LA CONDUCTA?», Derecho Ecuador, 8 de diciembre de 2015, http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2015/12/08/la-teoria-del-delito-en-el-coip---la-conducta-.
[11] REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014).
[12] Hans Welzel, Teoría de la Acción Finalista (Buenos Aires: Astrea, 1951).
[13] Zaffaroni, Eugenio, MANUAL DE DERECHO PENAL. (Buenos Aires: Ediar, 2005).
[14] Zaffaroni, Eugenio, TRATADO DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL.
[15] Claus Roxin, Derecho Penal Parte General, vol. 2 edición (Civitas, 1999).
[17] Armin Kaufmann, Dogmática de los delitos de omisión (Madrid; Barcelona: Marcial Pons, Eds. Jurídicas y Sociales, 2006).

References: de lege lata
de lege ferenda
 artículo 76
 artículo 3
 artículo 18
 artículo 220
 artículo 3