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Timestamp: 2020-08-14 04:58:49+00:00

Document:
C-721 de 2006
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020038113CC-SENTENCIAC721200623/08/2006CC-SENTENCIA_C_721__2006_23/08/2006200381132006Sentencia C-721/06 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE DEMANDA- Ausencia de pertinencia y certeza en los cargos Referencia: expediente D-6190
JAIME ARAÚJO RENTERÍAD6190CONSTITUCIONALIDADJulián Arturo Polo EcheverriDemanda de inconstitucionalidad contra el Literal b). del Artículo 174 de la Ley 136 de 1994, "por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"Identificadores20020038114true57519Versión original20038114Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el Literal b). del Artículo 174 de la Ley 136 de 1994, "por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"
Sentencia C-721/06
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE DEMANDA-Ausencia de pertinencia y certeza en los cargos
Referencia: expediente D-6190
Demanda de inconstitucionalidad contra el Literal b). del Artículo 174 de la Ley 136 de 1994.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Julián Arturo Polo Echeverri presentó demanda contra el Literal b). del Artículo 174 de la Ley 136 de 1994, "por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios".
Mediante auto del pasado 20 de febrero, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda presentada contra el Literal b). del Artículo 174 de la Ley 136 de 1994. Así las cosas, cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No.41.377 del 2 de junio de 1994 y se subraya la parte demandada.
El demandante solicita que se declare la inexequibilidad del Literal b). del Artículo 174 de la Ley 136 de 1994 porque, a su juicio, esta disposición vulnera el Artículo 29 de la Constitución Política.
Después de aludir a la clasificación constitucional de los servidores públicos y al control que sobre sus cualidades o condiciones ejerce el legislador a través del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el actor acepta la libertad de configuración de que goza el legislador para establecer la inhabilidad prescrita en la norma demandada; pero resalta la incidencia que las inhabilidades tienen en los derechos fundamentales de las personas, concretamente, en los derechos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (Artículo 40 ibídem) y al debido proceso (Artículo 29 ibídem); esto último por la consagración de la violación del régimen de inhabilidades como falta disciplinaria (Artículo 23 de la Ley 734 de 2002).
En este orden de ideas, continua el actor, surge "la necesidad de fijar legislativamente la inhabilidad de manera clara, precisa y detallada, pues no puede suceder que una vez el ciudadano postulado y elegido como personero municipal, y de conformidad a una decantación interpretativa sufra su elección el achaque de ser ilegal y contraria a postulados Constitucionales" .
Ahora bien, con relación a la norma demandada, el actor considera que no es clara en cuanto a los elementos normativos que configuran la inhabilidad, en la medida en que se utilizan los conceptos de empleo o cargo público como expresiones equivalentes a servidor públicosin especificar a cuál de las especies de este género se refiere (empleado público, trabajador oficial o miembro de corporación pública).
En efecto, el actor resalta:
"Esa claridad de la norma prohibitiva no se avizora en la norma demandada, cuando la misma enseña que, no podrá ser Personeroquien haya ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio; precisamente porque la expresión EMPLEO O CARGO PUBLICO, es una concepción aplicable al genérico de LOS SERVIDORES PÚBLICOS, personas que indistintamente están al servicio del Estado y de la comunidad.
El concepto de servidor público abarca un concepto genérico, la Constitución distingue los Servidores Públicos en Empleados y Trabajadores del Estado y Miembros de Corporaciones Públicas, cada uno de ellos con diferente naturaleza en su vinculación con el Estado y régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.
Si bien es cierto, cada uno de los Servidores Públicos clasificados por la norma Constitucional tienen una relación jurídica con el Estado y una naturaleza propia; debió el legislador de turno, al moldear la norma inhabilitadota (sic.) en cumplimiento del deber político de creación de la ley, formarla de manera motivada con el respectivo argumento teleológico y funcional, estableciendo la categoría especial del SERVIDOR PUBLICO(Empleado, Trabajador del Estado o Miembro de Corporación Pública); quien al ejercer EMPLEO PUBLICO en la respectiva municipalidad no puede aspirar al cargo de PERSONERO MUNICIPAL, atendiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad." (Negrillas, mayúsculas y subrayas del texto).
El demandante alega que el legislador desconoció los principios de legalidad y tipicidad en materia disciplinaria porque no especificó de manera clara, precisa y detallada la conducta reprochable a que hace referencia el Artículo 23 de la Ley 734 de 2002, complementado por el Literal b). del Artículo 74 de la Ley 136 de 1994; y además, no estableció de forma clara a cuál de los distintos servidores públicos le está prohibido aspirar al cargo de personero municipal por efecto de la inhabilidad consagrada en la norma demandada.
Por consiguiente, solicita la declaratoria de inexequibilidad del Literal b). del Artículo 174 de la Ley 136 de 1994 o, en su defecto, "se condicione el concepto decargo o empleo público de en la administración central o descentralizada del distrito o municipio, que conforma el literal del artículo demandado, en el sentido que se identifique a cuál de las diferentes clases de servidores públicos que ejercen empleo y cargo público está dirigida la prohibición"; esto último, atendiendo a que el retiro de la norma del ordenamiento produciría un desequilibrio en el marco de las inhabilidades para el desempeño del cargo de personero.
La Secretaría General de la Corte Constitucional constata que, vencido el término de fijación en lista, se recibieron las siguientes intervenciones en el plazo señalado:
El ciudadano Camilo Escovar Plata, actuando en calidad de apoderado del Departamento Administrativo de la Función Pública, intervino para defender la constitucionalidad de la norma demandada.
Este interviniente considera que la afirmación del actor según la cual la norma acusada no contempla los elementos de tipicidad necesarios para que los aspirantes al cargo de personero puedan conocer de antemano las consecuencias jurídicas que se derivan de la violación del régimen de inhabilidades, no implica una situación de suyo inconstitucional, pues por razones de técnica legislativa el Congreso puede hacer una descripción genérica de un determinado comportamiento prohibido en una Ley y, correlativamente, establecer en otra los elementos necesarios para terminar la gravedad de la falta y la sanción a imponer.
Por otra parte, el apoderado de la entidad pública sostiene que no resulta dable que un aspirante a personero distrital o municipal pueda aducir válidamente que no conoce el régimen aplicable a quienes incurran en las inhabilidades e incompatibilidades previstas en nuestro ordenamiento jurídico, cuando la función principal de esta dignidad es representar la legalidad en el ámbito territorial y vigilar el cumplimiento de la Ley. Así mismo, considera inadmisible que el actor solicite la constitucionalidad condicionada de la norma demandada bajo la supuesta indefinición de los servidores públicos a quienes va dirigida la inhabilidad, ya que si el Congreso en virtud de su libertad de configuración legislativa estableció que estaba inhabilitado la persona que hubiese ocupado cargo o empleo público en la administración municipal o distrital, debe entenderse que la prohibición cobija a todos los servidores públicos que se encuentren en el supuesto de hecho de la norma demandada.
Por las razones expuestas anteriormente, el interviniente solicita que se desestimen las pretensiones del demandante, aunque también considera que en el presente asunto existe cosa juzgada constitucional toda vez que esta Corporación se pronunció sobre la exequibilidad de la norma demandada en la sentencia C-617 de 1997.
El ciudadano Fernando Gómez Mejía, actuando en su calidad de Director de Ordenamiento Jurídico del Ministerio del Interior y de Justicia, intervino para defender la constitucionalidad de la norma demandada.
El interviniente sostiene que el Literal b). del Artículo 174 de la Ley 136 de 1994 fue objeto de examen de constitucionalidad mediante la sentencia C-617 de 1997, y como quiera que esta norma no ha sufrido modificación alguna ni en la parte resolutiva de esa sentencia se hizo salvedad en cuanto a su alcance, considera que en el presente asunto nos encontramos ante un caso de cosa juzgada formal y absoluta.
No obstante, en el evento de que esta Corporación considere que la sentencia C-617 de 1997 sólo constituye casa juzgada constitucional relativa implícita, el interviniente desestima la afirmación del actor según la cual la norma acusada viola el Artículo 29 de la Constitución porque no tipifica una prohibición clara, precisa y detallada.
En efecto, después de algunas reflexiones en cuanto al concepto de las inhabilidades, la facultad de configuración del legislador para establecer su régimen y la relación de dicho régimen con el disciplinario, el actor considera que no se puede predicar que la consagración de una inhabilidad se contraria al Artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto la inhabilidad en sí misma considerada no hace parte del régimen disciplinario, cuyas normas sí deben observar el debido proceso. Lo anterior, agrega, sin perjuicio de que esta inhabilidad pueda convertirse en el supuesto de hecho de una norma disciplinaria.
Así las cosas, a juicio del interviniente, no es válido interpretar la norma demandada como parte del derecho disciplinario para poderla atacar desde la órbita de los principios aplicables a éste.
Según las constancias de la Secretaría General de esta Corporación, presentaron intervención de forma extemporánea la Universidad Santo Tomás (fl.54 y s.s) y la Universidad Santiago de Cali (fls.69 y s.s.).
El Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, en Concepto No.4082 presentado el pasado 5 de abril solicita a la Corte se declare inhibida por ineptitud de la demanda o que, en subsidio, declare la exequilidad de la norma acusada.
Ante todo, el jefe del Ministerio Público resalta que la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del literal b) del artículo 179 de la Ley 136 de 1994 mediante la sentencia C-617 de 1997; sin embargo, agrega, en la mencionada sentencia sólo fueron analizadas las razones señaladas por los actores en esa oportunidad, esto es, que la disposición demandada establece barreras para el ejercicio de un cargo público sin que la Constitución las haya previsto, que se extiende el término de duración de las incompatibilidades de los concejales de manera desventajosa respecto de los congresistas y diputados, y que no se contempla la misma inhabilidad para el caso del Procurador General de la Nación, quien es cabeza del Ministerio Público.
Por tanto, considera que como quiera que el cargo que ahora se presenta apunta al desconocimiento del derecho al debido proceso - cargo no analizado en la sentencia antes mencionada -, es preciso proceder a su estudio, por cuanto estamos frente a una cosa juzgada relativa implícita, según los parámetros señalados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia C-478 de 1998.
A renglón seguido, el Ministerio Público hace algunas reflexiones en cuanto a la función pública y concluye que la finalidad de la inhabilidad establecida en la norma acusada es evitar dos situaciones: (i) que a través del ejercicio de un cargo en la administración central o descentralizada del distrito o municipio se realicen acciones tendientes a favorecer la futura elección como personero de quien ejerce autoridad política y administrativa, garantizando así la transparencia, moralidad e imparcialidad en la elección del citado funcionario; y (ii) como quiera que el numeral 4 del artículo 178 de la Ley 136 de 1994 le asigna al personero la función de vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas municipales, así como ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales y adelantar las investigaciones correspondientes (salvo cuando se trata de alcaldes, concejales y contralores, numeral 18 Ibídem), podría producirse un conflicto de intereses cuando quien aspira al cargo de personero se ha desempeñado en cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio, en el año inmediatamente anterior a la elección, pues este hecho dificultaría el ejercicio imparcial y eficaz de su función como representante del Ministerio Público, frente a aquellas personas que lo acompañaron en su administración o gestión y en algunos casos en relación con las actividades, planes y programas desarrollados durante la misma.
Por otra parte, en lo que se refiere a los cargos presentados por el actor, el Procurador sostiene que no le asiste razón a éste cuando afirma que lo que pretende la disposición acusada es tipificar una conducta que amerita un reproche disciplinario y, en consecuencia, la imposición de una sanción, pues tal precepto, al establecer una inhabilidad, lo que busca es asegurar el cumplimiento de los cometidos estatales, la satisfacción del interés general y la observancia de los principios que orientan la función pública; por lo que ese Despacho no observa de qué manera el legislador, al consagrar tal inhabilidad, desconoció el derecho al debido proceso, plasmado en el artículo 29 superior, en la medida en que, según el actor, incurrió en una falta de tipificación legal en relación con la conducta allí descrita.
Ahora bien, el Procurador resalta que cosa diferente es la violación del régimen de inhabilidades, lo cual configura una falta disciplinaria y genera la imposición de una sanción; pero que esta situación no es la regulada por la disposición cuya constitucionalidad se cuestiona.
Agrega que si bien es cierto que el régimen de inhabilidades y el régimen disciplinario de los servidores públicos están estrechamente relacionados, por cuanto tienen objetivos comunes, no puede desconocerse que constituyen dos espacios jurídicos independientes y diferenciados, pues mientras el primero se refiere a circunstancias que impiden a una persona ser nombrado o elegido para el ejercicio de función o cargo público, a manera de condición negativa para el acceso, el segundo implica la atribución de faltas y la imposición de las sanciones correspondientes.
Por tanto, considera que es forzoso concluir que el literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 no tiene el alcance normativo que el accionante pretende otorgarle y en el cual se fundamenta la demanda cual es el de configurar una disposición que forma parte del régimen disciplinario extrayéndolo del régimen de inhabilidades aplicable a los personeros; así que, a juicio del Ministerio Público, al configurarse un error en la interpretación de la disposición legal acusada, no procede el cargo de violación constitucional y por este aspecto no es posible que la Corte estudie de fondo la constitucionalidad de la disposición demandada.
Por lo anterior, el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida para decidir de fondo la presente demanda, por cuanto la acusación se estructura sobre un supuesto normativo equivocado, lo cual configura una ineptitud sustantiva de la misma. En subsidio, en el evento de que esta Corporación decida pronunciarse de mérito sobre la norma, el Ministerio Público solicita declarar su constitucionalidad.
Esta Corporación analizará en primer lugar los requisitos establecidos por esta Corte para las demandas de inconstitucionalidad, y en segundo lugar estudiará dichos parámetros en el cargo presentado.
Por último, los cargos deben ser suficientes, esto consiste en que "despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional"[3]" (Cursivas y negrillas del texto).
2.2. El cargo de la demanda.
Se solicita por parte del demandante que se declare la inexequibilidad del Literal b). del Artículo 174 de la Ley 136 de 1994 porque, a su juicio, esta disposición vulnera el Artículo 29 de la Constitución Política.
Para esta Corte , el cargo formulado por el demandante , carece de la certeza y pertinencia necesarias , indispensable para que esta Corporación emita un pronunciamiento de fondo en materia de constitucionalidad. Lo anterior con base en los siguientes fundamentos:
1. Carencia de certeza.
Como se ha expresado en la jurisprudencia de esta Corte , los cargos de inconstitucionalidad carecerán de certeza si de ellos se infirieren consecuencias subjetivas de las disposiciones demandadas o se extraen efectos que ellas no contemplan objetivamente.
Es decir, los cargos no tendrán certeza si las proposiciones jurídicas acusadas no devienen objetivamente del "texto normativo".
Pues bien , en el presente caso el demandante insiste en argumentar que la norma acusada utiliza los conceptos de "empleo o cargo públicocomo expresiones equivalentes a servidor público sin especificar a cuál de las especies de este género se refiere (empleado público, trabajador oficial o miembro de corporación pública)."
De lo anterior se evidencia, que objetivamente la norma acusada no contiene la proposición jurídica mencionada por el actor, quien sustenta su cargo en una suposición subjetiva particular que hace que la norma " diga " ( … expresión equivalente a servidor público ) algo que no dice.
Así las cosas, esta conjetura jurídica del demandante , no presente en la disposición atacada, impide a esta Corporación efectuar un estudio sobre la constitucionalidad de la misma, debido a que es imposible realizar un análisis de confrontación entre una conjetura y la Constitución.
2. Carencia de pertinencia.
De manera similar, esta Corporación ha indicado la no pertinencia de un cargo de inconstitucionalidad , en aquellos eventos en los cuales el demandante presenta argumentar la contradicción con base en situaciones en que supuestamente se aplicó , debe aplicarse o será aplicada la norma demandada.
Así las cosas, en el presente caso, el actor pretende hacer valer su cargo de inconstitucionalidad en la necesidad de que el legislador fije "la inhabilidad de manera clara, precisa y detallada, pues no puede suceder que una vez el ciudadano postulado y elegido como personero municipal, y de conformidad a una decantación interpretativa sufra su elección el achaque de ser ilegal y contraria a postulados Constitucionales" .
Indica expresamente:
"Esa claridad de la norma prohibitiva no se avizora en la norma demandada, cuando la misma enseña que, no podrá ser Personero quien haya ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio; precisamente porque la expresión EMPLEO O CARGO PUBLICO, es una concepción aplicable al genérico de LOS SERVIDORES PÚBLICOS, personas que indistintamente están al servicio del Estado y de la comunidad. ( … )
Además , el demandante alega que el legislador desconoció los principios de legalidad y tipicidad en materia disciplinaria porque no especificó de manera clara, precisa y detallada la conducta reprochable a que hace referencia el Artículo 23 de la Ley 734 de 2002, complementado por el Literal b). del Artículo 74 de la Ley 136 de 1994; y además, no estableció de forma clara a cuál de los distintos servidores públicos le está prohibido aspirar al cargo de personero municipal por efecto de la inhabilidad consagrada en la norma demandada.
Así las cosas, esta Corte puede señalar sin dudas , que lo que pretendió en este caso el demandante no sólo se circunscribió a la manera en la cual debe aplicarse la norma demandada , sino igualmente a la manera como debió expedirla el legislador. Fundamentos no pertinentes y que por consiguiente impiden que esta Corporación efectúe un estudio de constitucionalidad.
En este orden de ideas, y acorde con lo manifestado por el Ministerio Público " Por tanto, considera que es forzoso concluir que el literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 no tiene el alcance normativo que el accionante pretende otorgarle y en el cual se fundamenta la demanda cual es el de configurar una disposición que forma parte del régimen disciplinario extrayéndolo del régimen de inhabilidades aplicable a los personeros; así que, a juicio del Ministerio Público, al configurarse un error en la interpretación de la disposición legal acusada, no procede el cargo de violación constitucional y por este aspecto no es posible que la Corte estudie de fondo la constitucionalidad de la disposición demandada" esta Corte procederá a inhibirse para proferir fallo de fondo , haciendo claridad que esta decisión no impide que en el futuro la norma impugnada pueda ser objeto de nuevos juicios de inconstitucionalidad.
Primero: INHIBIRSE para proferir fallo de fondo respecto del Literal b). del Artículo 174 de la Ley 136 de 1994.
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo (literal b ) Artículo 174 LEY_136_1994_02/06/1994
[3]ibídem. Respecto de los requisitos mínimos que deben tener los cargos véase las siguientes Sentencias de esta Corporación: C- 918 de 2002, C- 150 , C- 332 y C- 569 , estas últimas de 2003.

References: Artículo 174
 Artículo 174
 Artículo 174
 Artículo 174
 Artículo 174
 Artículo 174
 Artículo 29
 Artículo 23
 Artículo 74
 Artículo 174
 Artículo 174
 Artículo 29
 Artículo 29
 artículo 179
 artículo 178
 artículo 29
 artículo 174
 Artículo 174
 Artículo 29
 Artículo 23
 Artículo 74
 artículo 174
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