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Sentencia Ley 19933
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05-01-2015 NL se queda rezagado en número de jueces
Manual Examen ante Mixto Proceso Habilitacion Personal Transitorio
Recuso Unidicacion Juris. Manual
1.1. Resumen profesor maturana.pdf
Trabajo de Procedimiento Administartivo
Régimen Jurídico Para Los Magistrados, Funcionarios y Empleados Del Ministerio Público de La Defensa de La Nación
res_2017007430185706000381383
fallo-214
Mod 3 Clase 1 - of de Justicia
Copia de seguridad de Tópicos Diagnóstico Organizacional
16- 4-0008443-6
O-182-2016
Antonia Godoy Medina
Beatriz Núñez Gutiérrez
1640008443-6-1343
MARIA CRISTINA CASTRO PEREZ y otros
ABOGADO Comparece FORMA DE NOTIFICACION
diazgorky@gmail.com
69150400-K
ABOGADO Comparece FORMA DE NOTIFICACIÓN
Denisse Rojas Erratchou denisserojas.e@gmail.com
El Tribunal ha advertido que es incompetente para conocer de estos antecedentes, y conforme con ello dicta la siguiente resolución:
Primero: Que, conforme lo dispuesto en el artículo 429 del Código del Trabajo, el tribunal está obligado a corregir de oficio los errores que observe en la tramitación del procedimiento. Por otra parte, según la regla contenida en el inciso segundo del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, la falta de competencia puede ser declarada en cualquier estadio del procedimiento, incluso de oficio por el órgano jurisdiccional de que se trate. Segundo: Que en esta causa, don Gorky Díaz Medina, abogado, obrando en representación de 271 profesionales de la educación (profesores), ha deducido demanda de cobro de la bonificación proporcional de la Ley 19.933 en contra de la Ilustre Municipalidad de Concepción. La pretensión de pago de la remuneración cosistente en la bonificación profesional de la Ley 19.933 (que otorga un mejoramiento especial a los profesionales de la educación que indica), se sustenta en lo dispuesto en diversas disposiciones del DFL N° 1 de 1997, del Ministerio de Educación que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.070, sobre Estatuto de los Profesionales de la Educación, concretamente los artículos 35, 62 inciso 4°, 63 y 65. Se menciona también como fundamento la Ley 19.410, que modificó la Ley
19.070 y el DFL N° 5, de 1993, del Mnisterio de Educación, sobre Subvenciones a establecimientos educacionales y otorgó los beneficios que señala. Tercero: Que, en el libelo pretensor se menciona expresamente que la relación laboral de los demandantes con la demandada es de naturaleza estatutaria, regida por la Ley 19.070, que aprobó que Estatuto de los Profesionales de la Educación y de las leyes que la complementan y modifican. Conforme lo expuesto en la demanda, los demandantes tuvieron o tienen la calidad de docentes dependientes de la Municipalidad de Concepción y como tales se encuentran sometidos al estatuto propio de dichos funcionarios, el Estatuto de los Profesionales de la Educación y sus leyes complementarias. Luego, no están sujetos, en general, a la normativa del Código del Trabajo. Cuarto: Que, a objeto de resolver si este tribunal tiene o no competencia para conocer de esta asunto, ha de señalarse que conforme lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, serán de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales. Además, en la letra g) del mismo artículo se señala como de competencia de estos tribunales aquellas materias que las leyes les entreguen. Lo dispuesto en el mentado artículo 420, debe interpretarse a la luz de lo prevenido en el artículo 1 del mismo cuerpo legal que previene:
“Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias. Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos”. El inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo - que excluye la aplicación de éste a los trabajadores de la Administración del Estado -, debe
entenderse en armonía con lo que señala el artículo 420 del mismo cuerpo legal, en cuanto fija la competencia de los tribunales del Trabajo respecto de las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales, las que no pueden ser otras que las que el mismo contiene y sus leyes complementarias; sin que se haya incluido el conocer de los conflictos existentes entre los docentes y las municipalidades, lo que resulta obvio, pues dichos funcionarios se rigen por su propio Estatuto. Quinto: Que, así entonces, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo primero antes transcrito, fluye que, por regla general, el Código del Trabajo no resulta aplicable a los funcionarios de la Admnistración del Estado. Excepcionalmente, este cuerpo legal puede resultar aplicable a este tipo de funcionarios, sólo en carácter supletorio, en la medida que se cumplan los siguientes requisitos copulativos:
1.- Que se trate de funcionarios de la Admnistración del Estado. 2.- Que tales funcionarios se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. 3.- Que sus estatutos especiales no contemplen normas sobre determinadas materias que sí contempla el Código del Trabajo. 4.- Que las normas de esos estatutos especiales no sean contrarias a las del Código del Trabajo. De no resultar aplicable supletoriamente este cuerpo legal por no reunirse los requisitos señalados en esta disposición, atendido el carácter especial de la judicatura laboral, la única manera de llegar a la competencia de los juzgados del trabajo es mediante la disposición expresa de otras leyes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 420 letra g) ya citado. Sexto: Que, como se ha dicho, las relaciones jurídicas de los funcionarios que forman parte de la dotación municipal docente, entre los que se cuentan los demandantes, tienen un estatuto jurídico propio. Por lo mismo, en general, escapan a la jurisdicción laboral desde que los conflictos que se producen respecto de tales normativa no se encuentran comprendidos en la letra a) del estatuto laboral. Septimo: Que, por otra parte, en cuanto a la materia planteada en esta causa, tampoco resulta atingente la aplicación supletoria estatuida en el inciso tercero del citado artículo primero del Código del Trabajo a los actores, por cuanto ni éste ni sus leyes complementarias contienen norma alguna relativa a la bonificación
proporcional que como parte de sus remuneraciones reclaman los actores en esta causa.
Tampoco existe norma en el estatuto docente ni en otras leyes que entregue competencia para conocer de estos asuntos a los tribunales del trabajo. Es más, cuando el estatuto de los profesionales de la educación ha querido que los conflictos entre estos y la municipalidad de la cual dependen sean conocidos por esta judicatura especial lo ha dicho expresamente, como ocurre tratándose de los despidos ilegales, conforme lo estatuido en el artículo 75 del estatuto docente. Octavo: Que, en consecuencia, careciendo de competencia absoluta este tribunal para conocer de este asunto, no puede sino así declararlo, como quiera que la incompetencia de que se trata es la absoluta en razón de la materia, vale decir, se trata de un capítulo procesal orgánico de orden público que, en tanto tal, es irrenunciable e inconvalidable y, por lo mismo, no sujeto al saneamiento por preclusión. Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en el artículo 429 inciso 2° del Código del Trabajo, en relación al artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, SE DECLARA que este Tribunal es absolutamente incompetente para conocer de esta materia. Ocúrrase ante el tribunal que corresponda.
Siendo las 10:03 horas el Tribunal hará un receso a petición
demandante a objeto de preparar el recurso que va a deducir, continuando la
audiencia a las 11:45 horas. Siendo las 11:49 horas, se reanuda la audiencia, mismos intervinientes que estuvieron a su inicio.
La parte demandante viene en apelar desde ya de la resolución que ha sido conocida, en el sentido de que estima incompetente para conocer de la causa y solicitando que esta resolución sea revocada, y se avoque al conocer de la materia demandada en base a las siguientes consideraciones:
1.- Esta demanda que deducen profesionales de la educación que trabajan y trabajaron para la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN, fue admitida a tramitación en resolución de este Tribunal del 26 de febrero de 2016 y continuó
dándole la tramitación hasta esta audiencia, en la que se ratifica por esta parte que es la materia objeto de la demanda es de las que puede conocer al tenor del artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, por cuanto, trata respecto de la aplicación de normas laborales en la que ciertamente sus representadas abogan por que se reconozca que tienen derecho al aumento de la bonificación proporcional mensual que contempla el Estatuto Docente, ley 19933. 2.- Se trata claramente de una materia que dice relación con las remuneraciones que están contempladas en el artículo 35 del propio Estatuto Docente y luego en los artículos 63 y 65 del mismo ordenamiento. Esta es una materia que está absolutamente regulada en la norma estatutaria, Estatuto Docente en la ley 19070, cuyo texto refundido, sistematizado, coordinado se encuentra hoy día en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Educación. Es el propio estatuto docente que señala en su artículo 71, que corresponde la aplicación por supletoriedad del Código del Trabajo respecto de todas aquellas nomas que no estén contempladas en esta norma estatutaria, y en efecto, la materia que se discute no tiene su origen ciertamente en el Código del Trabajo, lo tiene en la ley 19.933 y es el artículo 35, relativo a las remuneraciones, que señala que todas las materias contempladas a partir del artículo 35 que establece la renta básica remuneracional y las que se tengan que agregar por otras leyes, serán entonces, aplicadas para la relación laboral de que se trata. Es una materia que, a la luz de lo que se está señalando, y al tenor de la propia resolución en la que el Tribunal basa su incompetencia, nos permite concluir que corresponde la supletoriedad, sea aplicada entonces las normas del Código del Trabajo, porque se trata de funcionarios, tal como lo señala la propia resolución de la administración del estado, en este caso, de carácter municipalizado, y que tienen un estatuto especial como ya se ha dicho y estas normas relativas a la interpretación de la prestación de que demandan están entonces contempladas en el propio estatuto. 4.- Al estimar y siguiendo los lineamientos del propio artículo 420 en su letra a) que está, la materia en la controversia relativa fundamentalmente a la aplicación de la prestación que demandan, es atingente el conocimiento por parte de este Tribunal, al no estar contemplado en el Estatuto Docente y siendo convocado a través de artículo 71 de este estatuto hacia la aplicación del Código del Trabajo, naturalmente que el Código en su artículo primero que analiza su
señoría, excluye entonces a los órganos de administración del estado, también las municipalidades, pero salvo que se rijan por una norma estatutaria y la misma norma en su inciso 2° nos señala que con todo puede ser aplicado entonces la norma del Código si no están contenidas en el estatuto y su aplicación resultara entonces más gravosa para el trabajador que para el caso del estatuto docente denominado “profesionales de la educación”. En la forma señalada su señoría, han señalado nuestros máximos tribunales que esta es una materia que tiene que ver con remuneraciones, y así lo señala la Excelentísima Corte Suprema en sentencia de 03 de junio de 2015 en Rol:22.263 del año 2014. Y cito textual: “Que según establece el artículo 35 en su considerando octavo del estatuto docente que regula la renta básica minina nacional y los artículos 63 y 65 del mismo cuerpo normativo, que reglamenta la bonificación proporcional y la instituyen como un derecho para dichos profesionales para el sector municipal y particular subvencionado. La citada norma no han sido modificadas por lo que la bonificación proporcional constituye rubro fijo en la renta de los docentes debiendo destacarse la vinculación que se crea entre los docentes y los sostenedores de los establecimientos educacionales es de naturaleza estatutaria porque no interviene la voluntad de las partes en orden a generar una obligación en su derecho, pues son determinados por el Estado como ente regulador de la obligación. Por lo tanto, su señoría, esta es la claridad meridiana con que se señala en este caso y otros fallos que señalare al final de la intervención, nos llevan a concluir que haciendo aplicación de la contra excepción que contiene el mismo artículo 1° del Código del Trabajo y también su artículo 3° hacen previamente competente la intervención de este Tribunal para conocer de la cuestión que esta suscitada en esta demanda. No hacerlo de esta manera implicaría también estar retrotrayéndose al principio que le impone el propio Código Orgánico de Tribunales en el artículo 10 respecto a la inexcusabilidad cuando señala esta disposición: reclamada la intervención en forma legal negocio de su competencia no podrá excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que lo resuelva la contienda sometida a su decisión, la materia que se discute está absolutamente normada y el no someterla a conocimiento de este Tribunal genera entonces aun mayor detrimento a los profesionales de la educación que represento, razones
suficientes para estimar que se hace necesario entonces el conocimiento de este Tribunal, por lo demás los profesionales acudieron justamente a objeto, al no tener el pago, al no tener pago decretado como acreditará en los años que se demandan mediante la documentación que en su oportunidad se dará conocer el único camino que disponía es el de acudir a un Tribunal laboral, máxime todavía cuando es una materia que han sido ya de larga data conocida y que ha ido siendo resuelta, incluso pronunciándose sobre la prestación de fondo en nuestro máximo Tribunal de la República, no de oficio, no señaló que también podría haberlo hecho la incompetencia y procede entonces a establecer que se trata de materias remuneración que no han sido modificadas y cita sentencia 9.099-2014, el 3-03- 2015; Rol: 321-2014 del 01-07-2014 de la Excelentísima Corte y como forma ilustrativa también sentencia recaída en causa Rol: 15.495-2013 de 08-07- 2014 que llevan a la convicción a esta parte que este Tribunal es plenamente competente para conocer de esta causa y solicita desde ya se someta esta resolución por la vía de la apelación al conocimiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Interpone en esta audiencia el recurso de apelación y solicita sea sometido a la consideración de la Ilustre Corte Apelaciones de Concepción, con los mismos fundamentos que se han tenido a consideración para sostener la competencia de su señoría. El Tribunal resuelve. Se tiene por interpuesto el recurso de apelación en contra de la resolución dictada en el día de hoy en esta audiencia, que declaró la incompetencia de este Tribunal para conocer este asunto, el cual se concede en ambos efectos debiendo remitirse los antecedentes al Tribunal de alzada para su conocimiento y posterior resolución.
personalmente notificadas de todas las
resoluciones dictadas en esta audiencia, sin perjuicio de remitir el acta por correo electrónico.
Dirigió doña Antonia Godoy Medina, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.
Se deja constancia que el registro oficial de la presente audiencia, se encuentra grabado en el audio y a disposición de los intervinientes.
Esta resolución se encuentra firmada con Firma Electrónica y el documento electrónico original puede ser consultado en el Portal del Poder Judicial, ya sea directamente en la tramitación de la causa o ingresando el código que se muestra a continuación.
LAB0004428468
Foja: 4
C.A. de Concepción svh Concepción, quince de abril de dos mil dieciséis.
SE CONFIRMA, sin costas del recurso, la resolución de veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras del
Trabajo de Concepción. De vuélvase. Rol N° 80-2016. Reforma Laboral.
Pronunciada por la SEGUNDA SALA de esta Corte de Apelaciones, integrada por las Ministras titulares señora Juana Godoy Herrera, señora Carola Rivas Vargas y señor Camilo Álvarez Órdenes.
Indra Yáñez Fernández Secretaria Subrogante
En Concepción, quince de abril de dos mil dieciséis, notifiqué por resolución precedente.
el Estado Diario la
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 resolución 
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 artículo 71
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