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Timestamp: 2019-04-25 06:06:42+00:00

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23 abril, 2019 Autor: Red Muqui.org
Fuente:Red Muqui.org
23 abril, 2019 Autor: Conflictos mineros.org.pe
El presidente de la comunidad de Fuerabamba, en la región Apurímac, Gregorio Rojas, advirtió un nuevo bloqueo de vías de no archivarse las denuncias penales efectuadas contra los comuneros que participaron en protestas durante los últimos años contra Las Bambas. Según Rojas, 500 comuneros se encuentran en esta situación.
Frente a estas declaraciones, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Paola Bustamante, dijo estar sorprendida por las declaraciones de Gregorio Rojas, pues el diálogo ha continuado y se están cumpliendo los acuerdos, entre ellos la instalación de la Mesa Técnica de Justicia de Derechos Humanos.
“Nos sorprende las declaraciones del presidente de la comunidad de Fuerabamba, ya que el diálogo ha continuado y venimos cumplido todo aquello a lo que nos hemos comprometido, como el acuerdo del 6 de abril. Hay acuerdos del 11 (de abril) con el primer ministro en Challhuahuacho, y parte de esos acuerdos fue instalar la Mesa Técnica de Justicia de Derechos Humanos en Challhuahuahco en la provincia de Cotabambas”, dijo Bustamante. Asimismo, recordó que la comunidad pidió que en la Mesa de Justicia de Derechos Humanos participe el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Recordemos que el pasado martes 16 de abril la mesa instalada terminó de manera accidentada debido a que no habían sido considerados varios dirigentes de comunidades como Fuerabamba y los asistentes reclamaron que la encargada de la mesa, la ministra Paola Bustamante estuviera ausente.
El miércoles 17, representantes del Ejecutivo y los presidentes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca y Antuyo, se reunieron en Nueva Fuerabamba, en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, para acordar la instalación de la mesa de justicia y derechos Humanos.
Ese día, el viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, dijo que las comunidades “han insistido mucho” en que los representantes del Poder Judicial y Ministerio Público lleguen a Cotabambas para explicar la situación de los casos de los comuneros denunciados.
Bustamante dijo también que hay una presión muy fuerte por la liberación de los ex asesores legales de Fuerabamba, los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, detenidos en Cusco tras un mandato de prisión preventiva por 36 meses. Por último, recordó que se mantiene el compromiso del diálogo y anunció que este lunes estarán en Cusco y el martes en la provincia de Espinar para continuar con el cronograma de acuerdos.
Por su parte el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, pidió a los comuneros de Challhuahuacho no hablar con amenazas y continuar apostando por el diálogo para solucionar el problema del proyecto minero Las Bambas. Aseguró que en la reunión del próximo miércoles con los comuneros de Challhuahuacho estará presente el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quien les explicará lo que su sector puede realizar en el caso de los comuneros con denuncias penales que participaron en las protestas contra Las Bambas.
Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2019/04/22/las-bambas-demandan-que-se-archivan-denuncias-contra-comuneros/
Relaves Mineros, una amenaza durmiente
23 abril, 2019 Autor: The Clinic / Relaves.org
Comunidades de Santiago y sus alrededores temen el potencial derrumbe de relaves mineros, mientras la empresa Anglo American quiere agrandar los suyos en El Soldado y Los Bronces, a pesar de cuestionamientos de vecinos y la advertencia de servicios públicos.
El 28 de marzo recién pasado se cumplieron 54 años desde que ocurriera, a 132 kilómetros al norte de Santiago, uno de los peores desastres mineros en la historia de Chile. Ese día, tras el terremoto grado 7.4, con epicentro en La Ligua, un relave de desechos tóxicos de la mina El Soldado arrasó con el campamento minero El Cobre, sepultando el poblado con barro tóxico. Murieron entre 200 y 800 personas -dependiendo de a quién se pregunte- cuyos cuerpos en su gran mayoría nunca pudieron ser rescatados. Como todos los años, la semana pasada los vecinos conmemoraron el evento, con una preocupación más actual que histórica: otro tranque de relaves, El Torito, parte de la misma mina, está a punto de ser autorizado a aumentar significativamente el volumen de sus operaciones, a pesar de la tragedia de 1965 y a pesar de graves irregularidades detectadas en 2013 por Sernageomin.
En la capital, en el Cajón del Arrayán y el Camino a Farellones, en la comuna de Lo Barnechea, los habitantes más antiguos recuerdan que en 1987, tras fuertes lluvias, numerosas casas tuvieron que ser evacuadas por el inminente colapso del relave Pérez Caldera ubicado aguas arriba y operado por la minera Disputada de Las Condes (actualmente conocida como Los Bronces), en ese entonces propiedad de Exxon y hoy en manos de Anglo-American, la misma empresa que controla El Soldado (legalmente, llamada Anglo-American Sur).
Uno de los preocupados por la amenaza aún vigente es Armando Aldunate Herrera, vocero de la Asamblea Ciudadana Salvemos Camino a Farellones, quien, curiosamente, a los 17 años, cuando era estudiante del Liceo Manuel de Salas, hizo trabajos voluntarios en la zona del desastre de El Cobre. “No quedó nada”, relata y afirma que tampoco el caso de los relaves de Pérez Caldera, que se ubicaban arriba de su casa, en el camino a Farellones.
Los relaves corresponden al residuo -mineral molido, agua y otros compuestos- que resulta después de la extracción del mineral del material sólido. Se estima que por una tonelada de mineral, sobran 30 toneladas de residuos, que normalmente son transportados por canaletas o cañerías hasta los “tranques”. El manejo de las aguas que se depositan en los relaves (y que pueden contaminar, por ejemplo, las napas subterráneas) y de sus barros, que pueden derramarse, son cruciales para proteger a la población.
El desastre de El Cobre no es único en la historia de Chile. Hay registros de entre 10 a 20 incidentes graves con relaves mineros, entre los que destacan el derrumbe del Tranque Barahona, del mineral El Teniente, que el 1 de diciembre de 1928 cedió arrojando 314.000 metros cúbicos de agua y cuatro millones de toneladas de material sólido sobre la localidad Estación Barahona, que provocaron la muerte de 55 personas. Todo esto antes de los cinco incidentes con relaves ocurridos en el terremoto de 2010, uno de los cuales mató a cuatro personas en Pencahue. Este relave se encontraba inactivo, pero no adecuadamente protegido.
Es más, ni siquiera se conoce cuántos relaves existen en realidad en Chile, la mayoría inactivos o abandonados (como el de Pencahue) y muchos peligrosamente cerca de casas habitadas, centros urbanos y cauces fluviales. Ciertamente ha habido avances, como la creación del Departamento de Depósitos de Relaves que se creó en 2014 en Sernageomin y que sigue catastrándolos (de 450, el 2010 la cifra aumentó a 651 en 2015, y a 740 en marzo de 2018). Registrar los relaves abandonados es vital. De hecho, muchos de los relaves peligrosos -entre ellos el causante de las cuatro muertes en Pencahue para el terremoto de 2010- son antiguos o están abandonados, y no están regulados por la Ley de Cierre de Faenas Mineras, que entró en vigencia el 11 de noviembre del 2014, pero que sólo se aplica a las operaciones mineras posteriores a esa fecha.
Pero aún aún aquellos activos y de operaciones mineras recientes pueden sufrir inesperadas y peligrosas fallas. Así sucedió nada menos que en El Torito, de la mina El Soldado, unos 37 años después de la tragedia del 65.
EL TORITO QUE ACECHA
Jorge Ramírez nació en El Melón hace 43 años. Hasta los doce años corría y jugaba entre el campos y la Carretera aledaña, la 5 Norte. En su adolescencia comenzó a alzarse frente a su casa un enorme muro en que hoy se depositan 181 millones de toneladas métricas de desechos tóxicos de El Soldado. Técnico en electricidad y electrónica, Jorge trabaja en la industria lechera Sopraval y es dirigente del Grupo Ambientalista El Melón, que por años ha intentado evitar que se siga ampliando la operación de El Soldado y El Torito.
Si pudiera, Ramírez se cambiaría de casa, pero el bolsillo no da y no puede vender la suya, porque nadie compra una casa a los pies de un relave. Ramírez y su grupo por años han dicho que El Torito es peligroso y que las operaciones afectan al frágil ecosistema cordillerano de Nogales. Han hecho ver su parecer en múltiples instancias administrativas y legales (una historia detallada de esa lucha se reproduce en carta enviada al Diputado Giorgio Jackson, el pasado 14 de Marzo de 2017).
Una confirmaron de que sus temores son fundados la recibieron Jorge y su grupo nada menos que del Servicio de Geología y Minería (Sernageomin): “Ese informe me costó como un año conseguirlo”, relata Ramírez. “La empresa llegó a la justicia para impedir que me entregaran el informe técnico de inspección”.
Pero los tribunales le dieron la razón al vecino de Nogales y así pudo tener constancia de las graves irregularidades sucedidas en el embalse El Torito el 3 de Junio del 2013:
“No le avisaron a nadie (de lo sucedido). Estaban todos desesperados”, cuenta. “Por ejemplo, empezaron a sacar relave de la pata del muro para echarlo arriba de lo que se llama coronamiento; o sea, para subirle el nivel al muro de contención y que el agua no fuera a rebalsar”, (como muestra la fotografía).
En lenguaje, técnico el informe reafirma lo señalado por el dirigente ambiental:
“Entre otras, se apreciaron las siguientes desviaciones o deficiencias con respecto a las características del proyecto: “4.1 La geometría del coronamiento del muro no está acorde al diseño aprobado y se evidencia falta de arena en éste. “4.2 La altura de la revancha en algunos sectores del tranque es menor al mínimo de 3 metros, como lo establece la Resolución Aprobatoria. “4.3 Construcción de un pretil o montículo de contención del material de la cubeta de 0,8 metros de ancho, sobre el coronamiento del tranque, no contemplado en la Resolución Aprobatoria. “4.4 Diferencias de cotas en nuevo muro de coronamiento y un desnivel con fuerte pendiente de hasta 41 grados en algunos puntos del espaldón del muro (continuación de la línea del coronamiento). “Además, se aprecia una remoción de material en el pie del muro exterior del tranque, modificando el ángulo del talud externo de diseño del depósito de relaves. “4.5 Un evidente depresión en el talud del muro, en el sector ‘nudo N 10’”.
El informe detectó otra falla, incluso más grave:
“Se observó la presencia de agua cerca del muro interior del tranque a la altura del sector ‘nudo N72, con lo cual se infringe lo dispuesto en el artículo 49 del decreto supremo 248, dado que las aguas siempre deben mantenerse lo más alejado posible del muro de contención. Esta circunstancia constituye una falta gravísima”.
Tras conseguir este informe, los vecinos siguieron peleando contra los nuevos intentos de ampliación de la mina, y de El Torito, por supuesto, aunque en procesos separados. Pero no les ha resultado. La posición del propio Sernageomin ha sido errática: el 30 de enero de 2017, ese servicio emitió la resolución exenta n° 0234/2017 que rechazaba el proyecto “Actualización Explotación rajo abierto” de la faena minera El Soldado, que se había presentado a evaluación en 2014. La resolución acusaba graves problemas de seguridad, entre ellos el “ desprendimiento de 7.250 toneladas de material, ocurrido el día 13 de diciembre de 2016 (que), dejó en evidencia la fragilidad del sistema de monitoreo y reacción, debido a que el centinela desestimó la existencia de riesgo inminente de fallamiento de bancos”. Esa vez, el Sernageomin concluyó que “el proyecto ‘Actualización Proyecto Explotación Rajo Abierto El Soldado’ no da cumplimiento al artículo N° 237 del Reglamento de Seguridad Minera”.
Sin embargo, un par de semanas después, Anglo-American reaccionó a este rechazo paralizando las operaciones de esa mina. Poco después, los planes de la empresa fueron aprobados. Testimonios de empleados de ese servicio acusan de “presiones indebidas” a la multinacional, según se revela en un reportaje de Radio Biobío.
En cuanto a la ampliación de El Torito, el proceso de cuestionamiento, que avanza por un carril separado, todavía no culmina. Como parte de ese proceso y gracias a insistentes peticiones de la comunidad se llevaron a cabo estudios sobre los impactos que produciría el derrumbe del relave (ver gráfico ) y se elaboró un plan de emergencia que se ha dado a conocer en reuniones informativas con la comunidad, con quienes a fines de noviembre se haría un simulacro del colapso del relave.
MIEDO EN EL ARRAYÁN
En el Arrayán la tragedia estuvo a centímetros de desatarse el 14 de Diciembre de 1987, cuando, tras unas fuertes lluvias y una falla geológica provocada por el terremoto de 1985, los tranques de relave Pérez Caldera 1 y 2 estuvieron a punto de colapsar: “Se llegó a estar a 50 cm. de la cota superior de los tranques, lo que habría significado su colapso total”, afirma Armando Aldunate, en un escrito de Agosto del 2013.
El casi colapso de los relaves obligó al desalojo apresurado de decenas de personas, muchas de las cuales subieron a los cerros. “Las familias de pequeños agricultores y obreros de caminos estaban en los cerros desde tempranas horas, alertados por la policía uniformada mediante altavoces”, relataba El Mercurio, el 15 de diciembre de 1987.
De haberse visto sobrepasados los relaves, según Aldunate, habría afectado a amplios sectores de Santiago.
“Los estudios realizados posteriormente, destacaron que el alud de relave habría tenido una altura de 14 m. en la entrada del camino a Farellones, afectado gravemente a las comunas de Las Condes, Vitacura y Ñuñoa”, afirma el escrito del denunciante. “Las autoridades de la época exigieron a Exxon el año 1989, el retiro total de los tranques de relave de la cuenca del Río San Francisco, dado el grave riesgo que significan, indicando que se había dado ‘un plazo de 25 años para ésto, que vence el año 2015’”.
Pero el traslado de la totalidad de los relaves, aún no se completa. Se habría paralizado producto de los escasez de agua de los últimos años pero, según Aldunate, también debido “a los programas de expansión de la mina Los Bronces, que utiliza cantidades mayores de este recurso”. Además, dice Anglo-American habría “llegado a un acuerdo con la exjunta de vecinos del Arrayán, para prorrogar el plazo de evacuación del Tranque Pérez Caldera 2, por 20 años más”, acuerdo que Aldunate estima es improcedente y que se habría mantenido oculto.
La empresa sólo reconoce haber firmado un “avenimiento judicial con Junta de Vecinos El Arrayán” en 1989, cuyo plazo de remoción fue “de aproximadamente 20 años”, sin mencionar las condiciones en que se acordó esta prórroga.
“Sernageomin jamás consultó a las comunidades el parecer respecto a esta prórroga, que no está contenida en el Estudio de Impacto ambiental presentado el año 2006 por esta minera”, escribió Aldunate. “Se supone que los compromisos se cumplen, más aún cuando la vida de muchas personas está en peligro.”
Aldunate, así como otros miembros del grupo Salvemos el Camino a Farellones, conoce al dedillo la RCA 3.519/2007 que autorizó diversas obras de ampliación de la minera, evaluadas en 2006. De hecho, el 30 de marzo de 2015 solicitó a las autoridades ambientales que se revisara la autorización ambiental debido a “la presencia de grandes cantidades de vehículos asociados al Proyecto; buses de transporte de personal, tales como camiones de gran tamaño que impiden subir y bajar simultáneamente por la ruta; ruidos molestos, emisiones de polvo y accidentes en la ruta”.
Uno de estos vehículos, que transportaba cal a la mina Los Bronces, se volcó el lunes 4 de julio de 2012 dando muerte al joven Eduardo Frazier, miembro de Salvemos Camino a Farellones. Una semana después, unas 60 personas se tomaron durante cuatro horas el camino en señal de protesta. “A pesar de lo abrupto y trágico que fue el accidente, se esconde un misterio, una belleza y una fuerza que hoy la familia Frazer Aguilar toma para salvar camino Farellones”, dijeron sus familiares en esa ocasión.
El 11 de Febrero recién pasado, tras casi cinco años de ajetreo administrativo y judicial, el Segundo Tribunal Ambiental falló a favor de Aldunate y sus amigos del camino, y exigió a las autoridades ambientales revisar la RCA otorgada en 2007.
Respecto a los relaves que acechan en los valles cordilleranos, aún no se completa el proceso de traslado.
“La compañía ha trabajado intensamente en los últimos años y ya hemos logrado remover un porcentaje relevante de material”, respondió Anglo-American, ante consultas de este medio, y agrega que estarían “evaluando varias alternativas para acelerar la remoción del material y nos hemos reunido con la comunidad para informar sobre estas iniciativas, así como sobre los controles que se aplican al tranque para garantizar su seguridad.”
Por lo menos cuatro han sido las reuniones denominadas Diálogos de Sustentabilidad de Lo Barnechea. que ha organizado la empresa y la municipalidad con los vecinos, en que, entre otros temas, han mostrado un detallado Power Point con el avance en la remoción parcial de los relaves Copihue, Pérez Caldera 1 y Pérez Caldera 2.
Pero lejos de calmar los ánimos, y dado acontecimientos recientes tales como los desastres de los relaves mineros que colapsaron en Brasil, la persistente disminución del agua en el sector, las permanentes molestias y accidentes provocados por los camiones de la empresa, y la inminente expansión de la operación minera, la comunidad está enardecida.
Así como en El Soldado, Anglo-American también tiene planes de expandir sus operaciones en la alta cordillera sobre Santiago lo que, según informes de prensa, los llevaría a aumentar su producción desde los 365 mil toneladas de cobre fino hasta 500 mil toneladas en pleno funcionamiento. “No es un proyecto de expansión”, dice la empresa a la pregunta de The Clinic, respecto de cuándo ingresarán a evaluación ambiental la ampliación de sus operaciones. “Se trata de un proyecto de reemplazo, que utilizará la misma capacidad de plantas, de depósito de relaves y optimizará el uso de energía, agua e insumos y que no requerirá solicitar nuevos derechos de agua”.
Expansión o reemplazo, lo cierto es que los planes tienen en pie de guerra a los vecinos del Arrayán y en una fuerte campaña defensiva y de relaciones públicas -incluídos ofertas de viajes en helicóptero a sus detractores, que finalmente se desplazaron en buses- por parte tanto de la empresa, como de Felipe Guevara, alcalde de Lo Barnechea, quien está en la mira de sus votantes, por los miles de millones de pesos que ha recibido su comuna y el municipio de parte de la empresa.
Los cálculos de los montos donados por Anglo-American para “aportar activamente al desarrollo de las comunidades cercanas” se calculan en entre los 3 mil a 4 mil millones de pesos. La compañía aclara a The Clinic que los “aportes son fiscalizados por el Servicio de Impuestos Internos y por los controles internos que aplica la compañía para asegurar que los recursos sean utilizados en los proyectos definido.”. La empresa, aunque en principio se rehusó a precisar los montos, ante la insistencia reconoció un aporte aporte promedio, entre 2014 al 2018, de U$1,125 millones anuales a diversos proyectos en la comuna.
La desconfianza que provoca la historia de las relaciones entre la administración de Felipe Guevara se hace evidente en la reunión entre unos 50 vecinos de una de cinco juntas de vecinos afectadas y el alcalde Guevara, que tuvo lugar el pasado lunes 1 de Abril, en las dependencias de la una iglesia en la calle El Cajón de Barnechea.
“El tema del relave es algo para nosotros realmente preocupante. No nos sentimos protegidos ni cuidados por la alcaldía respecto a los perjuicios gravísimos que esa extracción minera puede producir en El Arrayán”, planteó en ese encuentro, con fuerza, pero mucha clama, un joven abogado. “Lo que nos interesa saber cual es la postura de fondo (de la alcaldía). El tema de fondo es: ¿La favorezco, la apoyo, la rechazo, me uno a los vecinos para rechazarla?¿Qué debemos hacer para que esa actividad minera no prospere?”.
El Alcalde insistió en que su posición “va a ser siempre de defensa de la naturaleza, como hicimos con los Cerros Islas, como lo hicimos con los glaciares”, recordando también su oposición pública al proyecto Andina 244 de Codelco. “En segundo lugar nuestra posición va a ser siempre técnica. Se habla mucho, pero dónde están los papelitos”, pregunta con dureza, agregando, enojado, al ser presionado respecto a la necesidad de mayor fiscalización por parte del Municipio a la minera y sus impactos en los glaciares y el agua: “No estoy en contra de una actividad que es lícita ¡No soy partidario de lo que hizo la Unidad Popular de ir a estatizar la actividad minera, no estoy por eso!”, afirmó el edil, que ya cumple su tercer período al mando de una de las comunas más ricas del país. Hacia el final de la reunión el Alcalde y los vecinos acuerdan complementar sus esfuerzos para participar en la evaluación ambiental del proyecto de expansión que se decía se presentaría en marzo y que ahora se plantea para alguna fecha del primer semestre.
Fuente:https://www.relaves.org/post.php?id=60
22 abril, 2019 Autor: Red Muqui.org
Después de 66 días de protesta de las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas en el corredor minero sur de la provincia de Cotabambas, Apurímac; el día de hoy se frustró el inicio del diálogo en el distrito de Challhuahuacho.
Durante el desarrollo inicial de la mesa de “Diálogo y cumplimiento de compromisos” que tenía que tocar el tema de justicia y derechos humanos y abordar la constitución de las otras mesas técnicas en base a los 9 puntos de la plataforma de lucha señalados por las comunidades, municipalidades y gobierno regional, que el gobierno aceptó el viernes 12 de abril; los presidentes de las comunidades de Cotabambas y autoridades locales, se dieron con la sorpresa de la ausencia de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quién fue la ministra designada por Salvador del Solar y la PCM, para dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos arribados el viernes pasado. El representante del ejecutivo que dirigió la reunión fue Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, quién se encontraba junto al viceministro de Justicia.
Asimismo, los dirigentes de las comunidades denunciaron que el Decreto Supremo N° 075-2019 PCM, emitido el día de hoy a través del diario El Peruano, que conforma la Comisión Multisectorial denominada “Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas”, restringe la participación de los representantes de las comunidades en el desarrollo de las mesas técnicas al limitar la participación de sólo una persona en representación de las más de 50 comunidades que han realizado las protestas por diversas afectaciones que la actividad minera ha generado en sus pueblos, y designa la participación de 5 representantes del ejecutivo, señalando la participación de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el vice ministro de Gobernanza Territorial y un representante del Ministerio de Justicia, Salud y Transportes y Comunicaciones; que no es lo que demandaba la gente al solicitar la presencia de los ministros para llegar a soluciones efectivas y no pase lo que ha sucedido con anteriores mesas de diálogo en que se han firmado actas pero al final no se han implementado los acuerdos arribados. La conformación de La Comisión Multisectorial la observamos en el artículo 4.
Por estas razones y porque los representantes del ejecutivo, a través de la policía, no dejaron ingresar a los representantes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire y Tunanmarca a la mesa de diálogo; en palabras de Gregorio Rojas, denunciaron lo que ellos llamaron un atropello. Los diversos dirigentes que se encontraban dentro del local comunal donde se llevaba a cabo la reunión, señalaron:”nos retiraremos de esta mesa de diálogo, mejor que participe solo el gobierno con su Decreto Supremo por que no considera a las organizaciones sociales”, increpó el dirigente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincias de Cotabambas, Victor Limaypuma. Otro dirigente,David Huamani, remarcó: “no queremos más discriminación por parte del gobierno central”.Allison Abarca, de la organización de mujeres de la provincia de Cotabambas. agregó: “queremos respeto a todos los distritos de la provincia, no vemos representantes del ministerio, queremos al ministro de justicia”
Los representantes de las 3 comunidades que no dejaron ingresar a la mesa de diálogo, estaban a la expectativa de tocar el tema de justicia y derechos humanos por los cientos de criminalizados a través de diversas denuncias que ha entablado la empresa y la fiscalía por las diversas protestas en los últimos años.
La dirigente comunal Lisbeth Abarca señaló: “Queremos desarrollo de la provincia de Cotabambas. También somos denunciados. Queremos a los representantes de gobierno central no queremos a los funcionarios”
Desde Red Muqui señalamos que el diálogo es fundamental, pero debe darse en equilibrio con la participación de los representantes de las comunidades sin restricciones; comunidades que han mostrado organización y voluntad de diálogo para dar solución a los problemas que ha desencadenado la actividad minera. Asimismo, el gobierno del presidente Vizcarra debe ser responsable con la participación de los ministros designados para dar seguimiento y cumplimiento al desarrollo de las mesas; en especial la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quién fue designada públicamente en la asamblea del viernes en Challhuahuacho y también está designada oficialmente en el Decreto Supremo. También deben participar los ministros implicados en los ejes de Salud, Transporte y Justicia, que son las principales afectaciones que tienen las comunidades por el desarrollo de la actividad minera y el abandono del Estado.
Por estos motivos desde la experiencia de Red Muqui, acompañando a diversas comunidades en conflicto con las empresas mineras, planteamos lo siguiente, recogiendo las propuestas del capítulo: Transformación de Conflictos: Diálogo, consulta previa y negociación, que se encuentra en nuestra Agenda Muqui 2018-2021:
La representación de la población debe ser equitativa en participación real, permitiendo el acompañamiento de asesores, observadores y profesionales especializados cuando los debates o diálogos versen especialmente sobre aspectos técnicos y legales. Las experiencias de Espinar y Morococha muestran un desequilibrio en las participaciones por el contenido de las discusiones; para evitar esto, se debe posibilitar que el contenido y el lenguaje, al pretender desarrollar acuerdos o discusiones, garanticen que los representantes de la población comprendan los contenidos y se les brinde espacios para que sean asesorados y, así, tomen decisiones informadas.
Los espacios de diálogo deben destinar los recursos económicos necesarios para garantizarla participación de los líderes y lideresas en los espacios de diálogo, así como de sectores invisibilizados como jóvenes y mujeres. Recordemos que las mujeres son las más afectadas por los impactos de la minería (son madres, generalmente son responsables del cuidado familiar, y también trabajan la tierra). Sumado a esto, los procesos de diálogo tienen que incorporar mecanismos de inclusión e interculturalidad.
Es importante monitorear los acuerdos y compromisos derivados de la mesa de diálogo, pues con ello, se podría cimentar confianza y fortalecer el diálogo. El caso Río Blanco y el proceso de la MDPRPM han mostrado interrupción de las discusiones y acuerdos, debilitando así la posibilidad de construir confianza en el proceso mismo.
Deben respetarse los espacios de decisión política de las comunidades campesinas y nativas, en tanto y en cuanto los procesos de diálogo pueden plantear medidas o decisiones que los pueden afectar, respetando los derechos colectivos a la consulta previa y al territorio, según lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley de Comunidades Campesinas.
Finalmente, desde Red Muqui planteamos nuestra preocupación ante lo acontecido el día de hoy y frente al Decreto Supremo que restringe la participación de los representantes de las diferentes comunidades de la provincia de Cotabambas y de los alcaldes municipales.
Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/872-gobierno-no-da-garantias-para-dialogo-en-las-bambas
22 abril, 2019 Autor: Rufino Motta , La República.pe
Alcalde del distrito de Chojata pide a las autoridades de Salud intervenir para determinar causa de contaminación. De acuerdo al informe, de los 27 escolares sometidos a la prueba, solo uno resultó con bajo nivel de este mineral en el cuerpo.
Los padres de familia del centro poblado de Pachas, distrito de Chojata, provincia de Sánchez Cerro, están preocupados. Otro estudio médico, realizado en esa localidad, arrojó que 26 niños, cuyas edades oscilan entre seis y 15 años, tienen arsénico por encima del valor referencial. Las muestras se recogieron en octubre de 2018. Estas fueron analizadas en el Instituto Nacional de Salud (INS).
De acuerdo al informe, de los 27 escolares de primaria y secundaria —del único colegio del centro poblado— sometidos a la prueba, solo uno resultó con bajo nivel de este mineral en el cuerpo. El límite permisible es de 0.20 As/ug/l (microgramos por litro de sangre). La mayoría de ellos superan ese nivel. Por ejemplo, un menor de seis años tiene 129.48 As/ug/l. El resultado de este análisis fue notificado al Centro de Salud de Pachas; así como al alcalde distrital de Chojata, Priscilio Mamani Eugenio.
Ante el resultado, la autoridad municipal hizo un llamado al Gobierno, así como a las autoridades de Salud, para que se trasladen a la zona y realicen exámenes integrales de sangre. Mamani explicó que no se descarta que esto sea como consecuencia del uso de agua del río Coralaque. Los pobladores de la zona toman el recurso hídrico de esta cuenca para sus animales y la agricultura.
Esta hipótesis no deja de tener razón porque el resultado de monitoreos, efectuados en 2017 por personal de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental (OEFA), determinó que los tributarios del río Coralaque fueron alterados por el ingreso de residuos minerales de la mina Aruntani.
Fuente:https://larepublica.pe/sociedad/1452582-detectan-26-ninos-arsenico-cuerpo?fbclid=IwAR2BIc9lOfSFUPPcVqqL7Ie_1MJbVcaJZskuqFZ0dboxuh0FYmSAnH22QOM#.XLoj64gJAmk.facebook

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 49
 resolución 
 resolución 
 artículo 4