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Timestamp: 2019-11-18 10:46:08+00:00

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Provincia de Misiones - Anexos Parte II
Ley Nº 3079:
Medio Ambiente. Impacto Ambiental. Evaluación. Régimen.
Esta Ley determina que se considera impacto ambiental a cualquier alteración del medio ambiente resultante de las actividades humanas.
Determina que las actividades que producen impacto ambiental y que quedarán sujetas a la aprobación de la autoridad de aplicación son:
a) La construcción de rutas, autopistas, líneas férreas, aeropuertos, puertos y terminales de minería, petróleo y productos químicos.
b) Oleoductos, gasoductos, conductos para minerales, conductos troncales colectores y emisores de desagües sanitarios.
c) Líneas de transmisión de energía eléctrica cuyo voltaje supere un determinado valor, el cual será establecido en las normas reglamentarias que se dicten.
d) Obras hidráulicas para explotación de recursos hídricos con fines hidroeléctricos cuya potencia supere un determinado valor, el cual será establecido en las normas reglamentarias que se dicten. Obras hidráulicas de saneamiento o irrigación, apertura de canales para navegación, irrigación, drenaje, rectificación de recursos de agua.
e) Extracción de combustibles fósiles y de minerales.
f) Rellenos sanitarios, procesamiento y destino final de residuos tóxicos y peligrosos.
g) Usinas de generación de electricidad, cualquiera sea la fuente de energía primaria, cuya potencia supere un determinado valor, el cual será establecido en las normas reglamentarias que se dicten.
h) El emplazamiento de industrias y parques industriales.
i) Proyectos urbanísticos que afecten superficies de tierras que superen un determinado valor de superficie, el cual será establecido en las normas reglamentarias que se dicten; o superficies consideradas de relevante interés ambiental a criterio de los órganos competentes.
j) Cualquier actividad que utilice carbón vegetal, derivados o productos similares en cantidades superiores a un determinado volumen, el cual será establecido en las normas reglamentarias que se dicten.
k) Proyectos agropecuarios que afecten superficies de tierra que superen una determinada extensión, la cual será establecida en las normas reglamentarias que se dicten; o superficies menores a esa extensión cuando los proyectos afecten significativamente en términos porcentuales o de importancia desde el punto de vista ambiental.
Asimismo determina que estas actividades deberán contar con un estudio de impacto ambiental el cual deberá obedecer a las siguientes directrices generales:
a) Contemplar todas las alternativas tecnológicas y de localización de proyectos, confrontándolas con la hipótesis de no ejecución del proyecto.
b) Identificar y evaluar sistemáticamente los impactos ambientales generados en las etapas de implementación y operación de la actividad.
c) Definir los límites de las áreas geográficas a ser directa o indirectamente afectadas por los impactos, la cual se denomina área de influencia del proyecto, considerando, en todos los casos, la cuenca hidrográfica en la cual se localiza.
d) Considerar los planes y programas gubernamentales, propuestos y en desarrollo, en el área de influencia del proyecto, y su compatibilidad con los objetivos de la presente ley.
El mismo comprenderá como mínimo, las siguientes actividades técnicas:
a) Diagnóstico ambiental del área de influencia del proyecto, completa descripción y análisis de los recursos ambientales y sus interacciones tal como existen, de modo de caracterizar la situación ambiental del área, antes de la implementación del proyecto, considerando:
1) El medio físico: el subsuelo, las aguas, el aire y el clima, destacando los recursos minerales, la topografía, los tipos y aptitudes del suelo, los cursos de agua, el régimen hidrológico, sus corrientes y las corrientes atmosféricas.
2) El medio biológico y los ecosistemas naturales: la fauna y la flora, destacando las especies indicadoras de calidad ambiental, de valor científico y económico, raras o amenazadas de extinción y las áreas de preservación permanentes.
3) El medio socio-económico: el uso y la ocupación del suelo, los usos del agua y aspectos económicos y sociales, destacando los sitios y monumentos arqueológicos, históricos y culturales de la comunidad, las relaciones de dependencias entre la sociedad local y los recursos ambientales y la utilización potencial futura de esos recursos.
b) El análisis de los impactos ambientales del proyecto y de sus alternativas, a través de la identificación, la previsión de magnitudes y la interpretación de la importancia de los probables impactos relevantes, discriminando: los impactos positivos y negativos -benéficos y adversos- directos e indirectos; inmediatos , a mediano y largo plazo; temporarios y permanentes; su grado de resarcibilidad; sus propiedades acumulativas y sinérgicas; la distribución de las cargas y beneficios sociales.
c) Definición de las medidas mitigadoras de los impactos ambientales negativos.
d) Elaboración de un programa de acompañamiento y monitoreo de los impactos positivos y negativos, indicando los factores y parámetros a ser considerados.
Se determina que el estudio de impacto ambiental incluirá el informe de las conclusiones que contemplará como mínimo:
a) Los objetivos, justificativos y funciones del proyecto, su relación y compatibilidades con las políticas sectoriales, planos y programas gubernamentales.
b) La descripción del proyecto y sus alternativas tecnológicas y de ubicación especificando para cada una de ellas, las etapas de construcción y operación, las áreas de influencia, las materia primas, la mano de obra, las fuentes de energía, los procesos y técnicas de operativos, los problemas efluentes, emisiones de residuos de energía, los empleos directos e indirectos que fueren generados.
c) Una síntesis de los resultados de los estudios y diagnósticos ambientales, del área de influencia del proyecto.
d) La descripción de los probables impactos ambientales de implementación y operación de las actividades, considerando el proyecto, sus alternativas, los horizontes y el tiempo de incidencia de los impactos, indicando los métodos, técnicas y criterios adoptados para su identificación, cuantificación e interpretación.
e) La caracterización de la calidad ambiental futura del área de influencia comparando las diferentes situaciones de adopción del proyecto y sus alternativas de realización así como la hipótesis de su no realización.
f) La descripción del efecto esperado de las medidas mitigadoras previstas en relación a los impactos negativos, mencionando aquellos que no pudieren ser evitados y el grado de alteración esperado.
g) El programa, acompañamiento y monitoreo de los impactos.
h) Recomendación, referente a la alternativa más favorable, conclusiones y comentarios en general.
Determina que la autoridad de aplicación, siempre que lo considere necesario, promoverá el debate público sobre el proyecto y los aspectos que hacen al impacto ambiental del mismo.
La autoridad de aplicación podrá:
a) Otorgar la autorización para la ejecución del proyecto de que se trate, en los términos solicitados.
b) Negarse, fundadamente, la autorización.
c) Otorgar de manera condicionada a su modificación, a fin de que se eviten o atenúen los impactos ambientales negativos susceptibles de producirse, tanto en caso de operación normal como de accidente. En tal caso, se señalarán los requerimientos que deberán cumplirse para la ejecución y operación del proyecto.
Bs.As., 27/1/2003
VISTO el Expediente N° 701940/2002 del registro de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, los Decretos N° 357 del 21 de febrero 2002, 1347 del 10 de diciembre de 1997 y la Resolución del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL N° 904 del 1° de agosto de 2002, y CONSIDERANDO:
Artículo 1°) Adóptese el documento ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DIVERSIDAD BIOLOGICA, el cual se acompaña como Anexo y es parte integrante de la presente.
Artículo 2°) Encomiéndese a la Coordinación de Conservación de la Biodiversidad, la inclusión del presente acto como tema de Agenda en la Primera Reunión Ordinaria de la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA CONSERVACION Y UTILIZACION SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA con el objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 4°, inciso d, del Decreto N° 1347/97.
Artículo 3°) Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación, remítase copia autenticada al Departamento Publicaciones y Biblioteca y archívese.
— Carlos Merenson.
Anexo XXIX: Acuerdos Marco MERCOSUR relativos a Seguros
MERCOSUR/CMC/DEC.Nº 9/99
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución Nº88/99 del Grupo Mercado Común y la Recomendación N°4/99 del SGT N° 4 “ Asuntos Financieros”.
Que es conveniente establecer el Marco sobre condiciones de Acceso para Empresas de Seguros con Enfasis en el Acceso por Sucursal.
Art.1° Aprobar el “Acuerdo Marco sobre Condiciones de Acceso para Empresas de Seguros con Enfasis en el Acceso por Sucursal”, en sus versiones en español y portugués, que figura como Anexo y forma parte de la presente Decisión.
La República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, denominadas en lo sucesivo Estados Partes;
Considerando los propósitos y principios establecidos en el artículo 1° del Tratado de Asunción en referencia a la constitución de un mercado común entre los Estados Partes signatarios del mismo;
En vista del compromiso asumido por los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración;
ARTÍCULO I- DISPOSICIONES GENERALES
1. El presente Acuerdo dispone sobre el acceso de empresas de seguros que vengan a establecer su sede en territorio del MERCOSUR y sus sucursales.
1.1. Considérase empresa de seguros del MERCOSUR la persona jurídica que, con base en las normas vigentes de un Estado Parte, esté autorizada, tenga su sede y efectivamente desarrolle acciones de seguros en el territorio de ese Estado Parte, o, adicionalmente, y bajo la forma de sucursal de esa empresa, en cualquier otro Estado Parte.
1.2. Aplícanse las disposiciones de este Acuerdo, en cuanto corresponda, a las empresas de seguros ya instaladas en territorio del MERCOSUR que vengan a extender sus actividades a otro(s) Estado(s) Parte(s).
2. El presente Acuerdo no comprende:
a) A las sucursales de empresas de seguros cuya sede se encuentra instalada fuera del MERCOSUR
b) A las operaciones de reaseguros;
c) A las operaciones de previsión privada y los seguros de renta vitalicia previsional, conforme lo definido en las normas vigentes de cada Estado Parte;
d) A las operaciones de capitalización conforme estén definidas por las normas vigentes de cada Estado Parte;
e) A las operaciones de organizaciones o sociedades que tengan por objeto la seguridad mutua de sus miembros sin pago de premios o constitución de reservas técnicas;
f) Las operaciones de entidades, establecidas bajo cualquier forma jurídica y previstas en el régimen de seguridad social, que presten directamente servicios de asistencia médica y/u hospitalaria, pre-pagos o no;
g) Las operaciones efectuadas por empleadores que administren planes de asistencia médica y/u hospitalaria exclusivamente para sus empleados;
h) Los seguros comprendidos en el régimen de seguridad social y el seguro de accidentes de trabajo;
i) Los seguros de crédito a la exportación, por cuenta o con aporte del Estado;
j) Los seguros obligatorios por ley que contengan garantía directa o indirecta del Estado.
3. Los Estados Partes no establecerán para las sucursales de empresas de seguros, con sede no localizada en territorio del MERCOSUR tratamiento más favorable de lo que está previsto para las empresas de seguros del MERCOSUR.
ARTÍCULO II-ACCESO AL MERCADO DE SEGUROS
1. Los Estados Partes no establecerán, a más de los requisitos para autorización de funcionamiento y expansión de operaciones previstos en las normas vigentes de cada Estado Parte y en el presente Acuerdo, restricciones que impidan el acceso a su mercado de seguros, ni que perjudiquen la libre concurrencia de empresas o sucursales autorizadas a operar en un mismo ámbito de actuación.
2. El presente Acuerdo para el acceso de entidades aseguradoras dentro del ámbito del MERCOSUR, sólo alcanzará a las entidades aseguradoras constituidas como personas jurídicas nacionales de cada Estado Parte y no a las que, aún operando en un Estado Parte, resulten ser sucursales de entidades aseguradoras constituidas en otro país que no sea un Estado Parte.
ARTÍCULO III-DE LA AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO
1. El acceso a la actividad de seguros en el MERCOSUR dependerá de la autorización previa administrativa de la autoridad competente del Estado Parte en el cual la empresa o sucursal pretenda ejercer sus actividades, atendiendo las normas vigentes de ese Estado Parte y las disposiciones de este Acuerdo.
1.1. Cuando uno de los Estados Partes mantuviera restricciones operativas en algún ramo, o modalidad, las sucursales de las entidades aseguradoras de ese Estado Parte que se beneficien de esas restricciones, estarán inhabilitadas para actuar en otros Estados Partes en los ramos o modalidades que sean materia de restricción, mientras éstas subsistan.
Esta autorización debe ser solicitada a la autoridad competente del Estado Parte de ejercicio:
a) Por quienes deseen establecer una empresa de seguros en ese Estado Parte.
b) Por la empresa cuya sede esté situada en otro Estado Parte y que pretenda abrir una sucursal en el territorio de ese Estado Parte, una vez obtenida la autorización del Estado Parte de Origen.
c) Por la empresa que, después de haber recibido la autorización prevista en los literales a) ó b) mencionados más arriba, desee extender sus actividades a otros ramos y modalidades comprendidos en este Acuerdo, en el territorio de ese Estado Parte.
d) Por la empresa que, habiendo obtenido, conforme a los términos del inciso número 3 de este Artículo, autorización para actuar en una parte del territorio nacional, desee extender sus actividades más allá de esa parte.
2.1. La autorización dada a empresa o sucursal las habilita a instalar dependencias en el mismo ámbito territorial de la autorización, sin embargo, una empresa de seguros del MERCOSUR, solamente puede poseer una sucursal en cada Estado Parte.
3. La autorización será concedida para todo el territorio del Estado Parte de ejercicio, salvo si el requirente, en la medida en que las normas vigentes lo permitan, solicite autorización para ejercer la actividad solamente en determinada área o región de su territorio.
3.1. En la hipótesis de autorización exclusiva para una determinada área o región, la empresa o sucursal estará habilitada a instalar dependencias sólo en el ámbito territorial de la autorización concedida.
4. La autorización será concedida por ramo de seguro, en su totalidad, salvo que la solicitud se restrinja a parte de las modalidades previstas en ese ramo y las normas vigentes del Estado Parte de ejercicio lo permitan.
4.1. En el caso de sucursales, solamente será concedida autorización para los ramos y modalidades en los cuales la casa matriz esté autorizada a operar en todo el territorio nacional del Estado Parte de Origen.
5. Para autorización de expansión de operaciones a otros ramos o base territorial, la empresa deberá estar en situación regular a satisfacción de la autoridad de control del Estado Parte de ejercicio de sus actividades.
6. Para conceder la autorización de que trata este Artículo, los Estados Partes exigirán el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:
a) Objeto exclusivo de la actividad aseguradora, prohibido el ejercicio de cualquier otra actividad de comercio o industria;
b) Forma jurídica, conforme a lo dispuesto en el Artículo IV de este Acuerdo;
c) La presentación de comprobante de Capital, atendiendo el mínimo dispuesto en el Artículo V de este Acuerdo;
d) La presentación de un plan de operaciones, conforme lo dispuesto en el Artículo VI de este Acuerdo;
e) Comprobación de calificación técnica, legal y moral de los administradores, de acuerdo con las normas vigentes de cada Estado Parte;
f) Comprobación de calificación legal y moral de los accionistas controladores, de acuerdo con las normas vigentes de cada Estado Parte;
g) Demostraciones contables de los tres últimos ejercicios sociales, si hubieren, de los accionistas controladores cuando fuesen personas jurídicas;
h) Copia autenticada del instrumento legal emanado de órgano competente, que aprueba la apertura de sucursal en otro Estado Parte;
i) Designación de apoderado con amplios poderes administrativos y judiciales de representación, inclusive para comparecer en juicio, el cual deberá constituir domicilio en el Estado Parte de ejercicio, como así también atender las calificaciones técnica, legal y moral aplicables a los administradores de las empresas en ese Estado Parte;
j) Copia autenticada del instrumento legal de constitución de la matriz;
k) Certificado de regularidad de la empresa frente a la autoridad de control del Estado Parte donde está situada su sede, indicando los ramos y modalidades en que está autorizada a operar y la posibilidad de establecimiento de sucursal en otro Estado Parte, contemplando obligatoriamente la suficiencia y adecuación de las reservas técnicas, del margen de solvencia y del capital mínimo exigido, y si hubiere del fondo de garantía, como así también otros requisitos definidos en las normas vigentes de cada Estado Parte.
Dicho certificado de regularidad solo podrá ser expedido cuando la empresa acredite una actuación operativa mínima e ininterrumpida de tres (3) años en el Estado Parte de origen
l) Demostraciones contables de los últimos tres ejercicios sociales de la matriz.
7. Los requisitos que constan en los literales a); b); c); d); e); f); y g) del punto 6 de este Artículo serán exigidos cuando el acceso al mercado de otro Estado Parte se dé mediante la constitución de empresa.
8. Los requisitos que constan en los literales a); c); d); h); i); j); k) y l) del punto 6 de este Artículo serán exigidos cuando el acceso al mercado de otro Estado Parte se dé mediante la instalación de sucursal.
9. Concluido el proceso, se requiere una resolución expresa de la respectiva autoridad competente, y comunicación a las autoridades de control de los demás Estados Partes.
10. En el caso de sucursales de empresas de seguros del MERCOSUR, los Estados Partes no harán depender la autorización de requisitos económicos o financieros adicionales a los previstos en este Acuerdo.
ARTÍCULO IV-DE LA FORMA JURÍDICA
1. La forma jurídica para la constitución de empresas de seguros obedecerá a las normas vigentes del Estado Parte donde se constituya.
2. El acceso por sucursal no estará condicionado a la forma jurídica de su empresa matriz.
ARTÍCULO V-DEL CAPITAL MÍNIMO
1. Las empresas de seguros deberán acreditar y mantener a lo largo de sus operaciones un capital mínimo en la forma, límites y plazos establecidos por las normas vigentes de cada Estado Parte.
2. Las sucursales deben constituirse en el Estado Parte de ejercicio con un capital mínimo de instalación equivalente a 500.000 dólares americanos, que deberá acreditar en dicho Estado Parte.
ARTÍCULO VI-DEL PLAN DE OPERACIONES
Las empresas de seguros del MERCOSUR, para operar, deberán presentar a la autoridad de control un plan de operaciones, contemplando, como mínimo, las siguientes informaciones:
a) naturaleza de los riesgos que se propongan cubrir y ámbito territorial en que desea operar;
b) condiciones generales y especiales de las pólizas de seguros a ser adoptadas;
c) tarifas que pretenda aplicar para cada ramo y modalidades en que desee operar;
principios orientadores en materia de reaseguro;
e) proyección de los siguientes elementos adicionales, relativa a los tres primeros ejercicios sociales, incluyendo las premisas utilizadas
i) margen de solvencia, y cuando fuere exigido, fondo de garantía mínimo
ii) gastos de instalación y de los recursos destinados a su cobertura;
iii) número de funcionarios y costo de la hoja de pagos;
iv) gastos de gestión;
v) demostraciones contables suplementarias del MERCOSUR;
vi) flujo de fondos.
1.1. En el caso de sucursales, no se aplican los incisos i) y v) del literal e) del punto 1 de este Artículo.
2. Las empresas de seguros del MERCOSUR y sus sucursales, deberán presentar anualmente a la autoridad de control del Estado Parte de ejercicio, relatorio circunstanciado sobre el cumplimiento del plan de operaciones, acompañando las medidas a adoptar, en el caso de desequilibrio económico-financiero.
3. Cualquier alteración de los elementos exigidos en el punto 1, literales a); b); c) y d) de este Artículo, deberá ser previamente sometida a la autoridad de control.
ARTÍCULO VII-DISPOSICIONES FINALES
Las autoridades de control establecerán permanente intercambio, con vistas a mantener en el Estado Parte de ejercicio una sucursal, informando sobre cualesquiera alteraciones ocurridas a la matriz que modifiquen las condiciones referentes a la autorización concedida para su sucursal.
Firmado en Montevideo, a los siete días del mes de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve, en un (1) original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
MERCOSUR/CMC/DEC.Nº 8/99
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE AUTORIDADES SUPERVISORAS DE EMPRESAS ASEGURADORAS DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto; la Resolución Nº 88/99 del Grupo Mercado Común y la Recomendación Nº 3/99 del SGT Nº 4 "Asuntos Financieros"
Que resulta conveniente establecer una mutua cooperación entre las Autoridades Supervisoras de Empresas Aseguradoras de los Estados Partes del MERCOSUR.
Art.1º. Aprobar la suscripción del “Convenio de Cooperación entre Autoridades Supervisoras de Empresas Aseguradoras de los Estados Partes del MERCOSUR”, en sus versiones en español y portugués, que figura en Anexo y forma parte de la presente Decisión.
SUPERVISORAS DE EMPRESAS ASEGURADORAS
Entre la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN ARGENTINA, la SUPERINTÊNDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, y la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y REASEGUROS DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY (en adelante las AUTORIDADES SUPERVISORAS), se acuerda una mutua cooperación, en los términos que se establecen en el presente Convenio:
Las AUTORIDADES SUPERVISORAS asumen la responsabilidad de supervisar en sus respectivos países, la organización, gestión y control interno, los riesgos, la suficiencia de capital, el reaseguro, y en general todos los aspectos significativos que puedan afectar la solvencia y estabilidad del grupo de empresas aseguradoras del MERCOSUR, pudiendo tener acceso a toda información de las entidades que componen el grupo y que resulte necesaria para cada Estado Parte.
Las AUTORIDADES SUPERVISORAS se comprometen a colaborar estrechamente en la consecución de los objetivos indicados en el párrafo anterior, para lo cual intercambiarán por propia iniciativa o a pedido, la información disponible de acuerdo con la legislación vigente en cada Estado Parte, y servirán en su caso, de intermediarias frente a otras Autoridades en sus respectivos países, y en general, facilitarán, en la medida de sus posibilidades, el cumplimiento de sus respectivas funciones.
La información que se intercambie se utilizará únicamente a efectos de supervisión y control de las empresas aseguradoras del MERCOSUR y estará sujeta a las restricciones legales del secreto profesional, de acuerdo con la legislación de cada Estado Parte.
Los informes de inspección seguirán siendo propiedad de la AUTORIDAD SUPERVISORA que los haya facilitado. En este sentido, en el caso de que alguna información obtenida en virtud de este Convenio tuviese que ser revelada a otra Autoridad, en cumplimiento de un mandato legal, las AUTORIDADES SUPERVISORAS se comprometen a notificarse previamente tal circunstancia y a cooperar, para preservar, por los medios que estén legalmente a su alcance, la confidencialidad de tal información.
Las AUTORIDADES SUPERVISORAS podrán compartir con otros Organismos Supervisores la información protegida por el secreto legal y profesional, quedando éstos obligados a mantener la confidencialidad de la información recibida.
Las AUTORIDADES SUPERVISORAS acuerdan, siempre que sea necesario, y al menos una vez al año, intercambiar nóminas de las empresas de seguros autorizadas a operar en los mercados aseguradores de los Estados Partes, destacando los ingresos o egresos de empresas aseguradoras en dichos mercados.
Las personas encargadas de funciones de supervisión en los Estados Partes, podrán, en todo momento, solicitar asesoramiento y aclaraciones de los otros Estados, así como la realización de las reuniones que se consideren necesarias.
Las AUTORIDADES SUPERVISORAS se comprometen a intercambiar y mantener actualizada toda información relevante sobre sus respectivos mercados de seguros, la normativa que les afecta y las políticas nacionales de supervisión de seguros.
Las AUTORIDADES SUPERVISORAS se comprometen a un continuo intercambio de técnicas y experiencias de control de la actividad aseguradora y reaseguradora. A tal fin, promoverán la realización de seminarios con participación de los Estados Partes y de visitas puntuales de funcionarios técnicos de un país a otro a los efectos de visualizar la tarea de control in-situ.
El contenido del presente Convenio se aplicará recíprocamente entre las AUTORIDADES SUPERVISORAS de los cuatro Estados Partes, y se acuerda que el mismo será revisado para su adecuada actualización siempre que sea necesario, a petición de cualquiera de las partes.
Anexo XXX: Normas BID – BM para las Licitaciones Públicas Internacionales
NORMAS BID PARA LAS LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONAL
Tipos de licitación. Fundamento de la licitación pública
La licitación es un procedimiento formal y competitivo de adquisiciones, mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para la adquisición de bienes, obras o servicios y se adjudica el contrato correspondiente al licitador que ofrezca la propuesta más ventajosa.4 La licitación puede ser pública o privada y la licitación pública puede ser internacional o restringida al ámbito local. Estas variantes se analizan en el capítulo IV. Como se ha indicado anteriormente, la práctica ha demostrado que el procedimiento para adquisición de bienes, obras y servicios conexos que mejor garantiza al sector público los principios de economía, eficiencia y transparencia es el de licitación pública internacional. Ese es, por lo tanto, el método que el Banco ha adoptado como regla. En este capítulo se analizan los principios básicos de este procedimiento y en el próximo otros procedimientos que, por poder resultar más beneficiosos en circunstancias especiales, también están previstos por el Banco.
Principios básicos de la licitación pública
El Banco reconoce y adopta los principios básicos de la licitación pública que son publicidad, igualdad, competencia y debido proceso. El principio de competencia tiene por objeto asegurar la participación del mayor número de oferentes calificados, para que los Prestatarios puedan obtener las mejores condiciones que el mercado pueda ofrecer. Para que exista una competencia efectiva, los participantes deben ser considerados en pie de igualdad. Este principio implica evitar todo tipo de preferencia o discriminación que favorezca o perjudique a unos en detrimento o beneficio de otros. Según el principio de publicidad, el acceso a la información relativa a una licitación debe estar abierto a todo contratista, no sólo en la etapa inicial de participación, sino en la de apertura de sobres y aclaraciones. Por último, para que exista debido proceso, la legislación local debe prever procedimientos que posibiliten una amplia discusión de las controversias y permita a los oferentes tanto realizar impugnaciones procedente como defenderse de las que se les hagan.
Cuándo procede la licitación pública internacional
El Banco establece en los contratos de préstamo un monto para obras y otro para bienes y servicios relacionados, a partir de los cuales dichas obras o bienes y servicios deben ser adquiridos por licitación pública internacional, siempre y cuando se prevea además, para dichas adquisiciones, el uso de divisas provenientes del préstamo del Banco. Estos montos son fijados caso por caso. El criterio fundamental para establecer dichos montos es el de fomentar la competencia internacional. Se fijan montos a partir de los cuales sea probable la participación de empresas contratistas de los países miembros del Banco así como el suministro de bienes y servicios relacionados provenientes de dichos países. Es necesario tener en cuenta que la fijación de montos bajos desalienta la competencia internacional, ya que por definición los paquetes de licitaciones tienden a establecerse alrededor de dichos montos y de esa manera resultan, incapaces de atraer contratistas internacionales. No es permitido reducir el precio de los contratos de licitación por debajo de los límites establecidos con el objeto de evitar el cumplimiento de las reglas del Banco en esta materia.
Para facilitar la fijación de dichos montos, la Oficina de Política y Coordinación de Adquisiciones prepara guías por país/sector. Los equipos técnicos del Banco asignados a un proyecto ("equipo de proyecto") tienen en cuenta al proponer los límites a ser aplicados para cada proyecto, además de las citadas guías, los siguientes criterios, relacionados con el país/sector del proyecto:
paquetes de licitaciones capaces de atraer competencia internacional y promover economía y eficiencia;
la opinión de posibles proveedores o contratistas extranjeros, especializados en los bienes u obras de que se trate;
el historial de participación extranjera para el tipo de obras o bienes de que se trate;
los límites fijados por otros organismos internacionales;
la magnitud, complejidad y costo de la adquisición de que se trate;
la economía del país;
la capacidad de producción o disponibilidad de contratistas a nivel nacional y su capacidad para suministrar los bienes o ejecutar las obras de que se trate.
Los límites a ser establecidos no deben sobrepasar el equivalente de cinco millones de dólares (US$5.000.000) para obras y el equivalente de trescientos cincuenta mil dólares (US$350.000) para bienes y servicios. A partir de dichos montos, debe adoptarse la licitación pública internacional. Para los casos en que los equipos de proyecto y la Oficina de Adquisiciones determinen que la aplicación de los montos máximos establecidos pueda tener efectos negativos con respecto al fomento de la competencia internacional, y que no es probable que dichos montos aseguren el resultado más económico y eficiente con relación a las adquisiciones de que se trate, podrán proponerse a consideración del Directorio Ejecutivo del Banco montos mayores. En estos casos, deberá incluirse una justificación amplia, basada en los criterios indicados en este subpárrafo. Por lo tanto, toda adquisición de obras o bienes y servicios a ser financiada total o parcialmente con divisas del préstamo y cuyo monto sea igual a o sobrepase uno de los límites citados deberá llevarse a cabo mediante licitación pública internacional, que deberá seguir las modalidades establecidas por el Banco. Si sólo se prevé el uso de moneda local del préstamo del Banco o sólo el uso de fondos del Prestatario o una combinación de estos dos tipos de recursos (situación que se justifica generalmente cuando es improbable la participación extranjera), el método de adquisición será también el de licitación pública, pero a opción del Prestatario, se podrá restringirla al ámbito nacional.
Adquisiciones por montos inferiores a los límites establecidos
La ejecución de obras y la adquisición de bienes y servicios por montos inferiores a los indicados para licitación pública internacional en el párrafo 3.3, se rigen por lo establecido en la respectiva legislación local, siempre que ésta no esté en conflicto con las políticas del Banco. El Prestatario deberá establecer procedimientos que permitan la participación de varios proponentes, y prestará debida atención a los aspectos de economía, eficiencia y precios de mercado. Cuando se utilicen divisas del préstamo del Banco, los procedimientos empleados deberán permitir, además, la participación de oferentes de bienes o servicios provenientes de sus países miembros.
Idioma e interpretación
Los documentos de licitación y los contratos suelen ser redactados en el idioma del país del Prestatario. Es conveniente que la publicidad se lleve a cabo en uno o más de los idiomas oficiales del Banco (español, inglés, francés y portugués), para facilitar la competencia de empresas internacionales. Cuando se use más de un idioma, deberá indicarse en los documentos de licitación y en los contratos cuál prevalecerá en caso de conflictos de interpretación.
Publicidad para licitación pública internacional
La publicidad es uno de los elementos más importantes de la licitación pública, pues se procura con ella obtener la participación más amplia posible de licitantes elegibles. Los requisitos del Banco en materia de publicidad para licitación pública internacional son:
(a) Aviso General de Adquisición (AGA) Estos avisos, que son preparados por el Prestatario con la colaboración del Banco, tienen por objeto notificar con la debida anticipación a los interesados acerca de las posibles adquisiciones que, para obras o bienes, tendrán lugar con motivo de nuevos proyectos del Banco. El aviso debe contener los detalles básicos del proyecto de que se trate, incluyendo el nombre del país, la referencia al financiamiento del Banco y el monto y objeto del préstamo; los montos límites establecidos por sobre los cuales se requiere licitación pública internacional; un calendario tentativo de las posibles licitaciones para obras y bienes; y la dirección, números de teléfono y facsímil del Prestatario para que los interesados puedan obtener información más detallada. El Banco se encarga de la publicación de estos avisos, en nombre del Prestatario, en el periódico de las Naciones Unidas "Development Business". La publicación se lleva a cabo con suficiente anticipación al primer aviso para la precalificación o licitación correspondiente al proyecto de que se trate. En caso de financiamiento del Banco esperado pero aún no aprobado, ésto puede requirir la publicación del AGA antes de la fecha de aprobación por el Banco (ver párrafo 2.13). Los AGAs se publican además en la revista IDB Projects Online.
(b) Avisos para licitaciones específicas (Avisos Específicos de Adquisiciones ("AEA") El anuncio de precalificación o registro y el de licitación, cuando no se hubiera llevado a cabo precalificación, deberá publicarse en los siguientes medios:
(i) Publicidad nacional: Toda licitación para bienes u obras debe incluir publicidad nacional. Dicha publicidad consiste en que el anuncio de la precalificación o registro, y el de la licitación cuando no hubiere invitación restringida a las firmas precalificadas, debe publicarse por lo menos dos veces en un periódico de amplia circulación nacional o, a opción del Prestatario, una vez en dos periódicos de amplia circulación nacional.
(ii) Publicidad internacional: Cuando se llevan a cabo licitaciones cuyo valor estimado sea igual a o exceda los montos establecidos para licitación pública internacional, además de la publicidad nacional a que se refiere el subpárrafo (i) anterior, el Prestatario debe llevar a cabo publicidad internacional. Esta consiste en que el anuncio de precalificación o de registro y el de licitación, cuando no se hubiere llevado a cabo precalificación, deben publicarse en el periódico de las Naciones Unidas Development Business. Para el caso de obras grandes o complejas, se puede establecer el requisito, a criterio del Banco y con la concurrencia del Prestatario, de publicidad adicional en un periódico o en una revista técnica reconocida, ambos de amplia circulación internacional.
En casos excepcionales, como por ejemplo aquéllos de extrema urgencia (usualmente causados por desastres naturales) el Banco podrá autorizar que el Prestatario lleve a cabo la publicación en una revista técnica reconocida y/o en un periódico de amplia circulación internacional, en lugar de Development Business, el cual requiere más anticipación a sus fechas de publicación.
(iii) Contenido de los anuncios de licitación ("AEA"): El texto de los anuncios de convocatoria a licitación deberá contar con la conformidad previa del Banco y expresar, por lo menos, lo siguiente:
(aa) la descripción del proyecto, el objeto de la licitación y el origen de los fondos destinados a financiar el costo de las adquisiciones o de las obras;
(bb) el hecho de que el proyecto objeto de la licitación será financiado parcialmente por el Banco, y que la adquisición de bienes o la contratación de obras con dicho financiamiento deberá sujetarse a las disposiciones del correspondiente contrato de préstamo;
(cc) la descripción general del equipo, maquinaria y materiales requeridos, así como de la obra, con los volúmenes o cantidades de trabajo, sus partes principales y el plazo para su ejecución;
(dd) la oficina o el lugar, día y hora en que se podrá retirar los documentos de la licitación incluyendo bases, planos y especificaciones, así como un borrador del contrato;
(ee) la oficina donde se deberán entregar las propuestas, y la autoridad que ha de resolver su aprobación y adjudicación; y
(ff)el lugar, día y hora en que se abrirán las propuestas en presencia de los oferentes o de sus representantes.
(c) Montos a partir de los cuales se requiere publicidad internacional. Los montos que el Banco establece en los contratos de préstamo relativos a la necesidad de llevar a cabo licitación pública internacional (ver párrafo 3.3) son los mismos que los montos a partir de los cuales se requiere llevar a cabo publicidad internacional.
(a) Naturaleza: Para contratos de obras grandes o de naturaleza compleja, el Banco requiere que se lleve a cabo una etapa de precalificación. El Prestatario también puede requerir precalificación para la adquisición de bienes o servicios muy especializados o cuando la estime pertinente. La precalificación, que básicamente tiene por objeto asegurar la participación de empresas competentes, presenta importantes ventajas: evita que ciertos interesados incurran en gastos considerables para la presentación de ofertas cuando casi con certeza éstas podrían ser rechazadas por falta de antecedentes satisfactorios de las empresas que las presentaron; tiende a atraer a empresas serias, al darles mayores garantías de que no resultarán adjudicatarias empresas sin antecedentes suficientes que pudiesen presentar precios muy bajos; y da al dueño de la obra una medida del interés demostrado por las empresas del ramo objeto de la licitación. Si la precalificación demuestra que el interés es menor, el dueño debe establecer condiciones más atractivas para atraer mayor competencia. La precalificación debe basarse exclusivamente en la capacidad de los contratistas para llevar a cabo las obras en forma satisfactoria. Los criterios para evaluar esa capacidad suelen ser:
(i) experiencia y resultados obtenidos en trabajos similares;
(ii) personal y equipo disponible;
(iii) situación financiera sólida;
(iv) existencia de otras obligaciones o de obligaciones o compromisos pendientes o futuros que puedan competir con la ejecución de las obras de la licitación de que se trate; y
(v)juicios o arbitrajes durante los últimos cinco años con motivo de contratos anteriores o en ejecución.
En los procedimientos de precalificación o en aquéllos para efectuar la inscripción en los registros de oferentes de que trata el próximo párrafo, no pueden establecerse como condiciones para precalificar o registrarse requisitos que impidan o dificulten la participación de empresas extranjeras o que atenten contra el principio de igualdad de los postulantes.
(b) Sistema de dos sobres: Salvo que la legislación nacional lo prohíba, el Banco y el Prestatario podrán acordar, cuando existan circunstancias que a juicio de las partes la hagan aconsejable, la utilización del procedimiento de dos sobres con apertura diferida. Este procedimiento deberá estar claramente establecido en los documentos de licitación correspondiente. Al utilizar este procedimiento se deberá tener en cuenta lo siguiente:
(i) Presentación de ofertas. Todo proponente presentará, en el acto de apertura, dos sobres cerrados, que tendrán el siguiente contenido:
(aa) Sobre No. 1: información sobre la capacidad financiera, legal y técnica de las empresas. Dicha información se referirá a temas tales como solvencia financiera, capacidad para contratar, experiencia general y específica, personal esencial y maquinaria disponible para el proyecto, contratos ejecutados, contratos en ejecución, y compromisos y litigios existentes. El contenido del Sobre No. 1 no debe hacer referencia alguna a la oferta económica; y.
(bb) Sobre No. 2: oferta propiamente dicha con la respectiva cotización de precios. La documentación de precalificación así como las ofertas deberán presentarse por escrito y en sobres cerrados.
(ii) Acto de apertura de los Sobres No. 1. En el primer acto público de apertura se abrirán solamente los Sobres No. 1. Los Sobres Nos. 2 de todos los participantes, sin abrir, permanecerán en poder del Prestatario hasta el fin de la precalificación.
(iii) Precalificación. Con base a la información de los Sobres No. 1 se procederá a la precalificación de los oferentes, dentro de los plazos indicados en las bases.
(iv) Resultados de la precalificación. Una vez terminada la precalificación, el Prestatario notificará los resultados en forma simultánea a todas las empresas participantes. En esta ocasión se devolverá el Sobre No. 2, sin abrir, a las no precalificadas.
(v) Descalificaciones posteriores. Cuando una empresa haya sido notificada de su precalificación, no podrá ser descalificada para la licitación correspondiente salvo que la precalificación o registro se haya basado en información incorrecta presentada por la empresa o que hayan ocurrido circunstancias sobrevinientes a la fecha de precalificación o registro que justifiquen esa decisión.
(vi) Si se presentasen protestas relacionadas con la etapa de precalificación, éstas deberán ser resueltas por el Prestatario antes de abrir los Sobres No. 2.
(vii) Acto de apertura de los Sobres No. 2. Una vez concluida la precalificación, pero no antes de cinco (5) días calendario de la notificación oficial de los resultados de la precalificación, se abrirán los Sobres No. 2 en otra ceremonia pública, y se procederá como en cualquier licitación de un solo sobre.
(c) Registro:El registro de oferentes es una forma de precalificación aceptada por el Banco. Para ser aceptables, es necesario que los registros: (i) estén abiertos en forma permanente o que la apertura, ya sea para la actualización de datos de firmas registradas o para la incorporación de nuevas firmas, se lleve a cabo con frecuencia; (ii) estén abiertos con motivo de licitaciones que se realicen para los proyectos que se financian con préstamos del Banco; y (iii) no incluyan requisitos que dificulten o impidan la participación de empresas extranjeras.
(d) Plazo: El plazo para presentar los documentos de precalificación debe ser de por lo menos 45 días calendario contados desde la fecha del último aviso de precalificación.

References: Resolución 

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 4

Artículo 3
 Resolución 
 artículo 1
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