Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/Jamaica.753.02.htm
Timestamp: 2019-12-16 12:21:32+00:00

Document:
Jamaica 753/2002 Admisibilidad
INFORME N° 66/04
11. Con respecto a la presentación de la petición en plazo, los peticionarios argumentan que, de acuerdo con el artículo 46(2) de la Convención Americana, el requisito de seis meses previsto en el artículo 46(1) no es aplicable cuando, entre otras circunstancias, la legislación interna del Estado afectado no otorga el debido proceso de la ley para la protección de los derechos presuntamente violados o en los casos en que la parte que alega la violación de sus derechos haya visto negado su acceso a los recursos del derecho interno o se haya visto impedida de agotarlos. Por tanto, a la luz de la presunta incapacidad del Sr. Moses de iniciar una acción constitucional, los peticionarios sostienen que el plazo de seis meses no se aplica a la denuncia del Sr. Moses.
12. Además, los peticionarios afirman que la denuncia del Sr. Moses no ha sido presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU ni ante ninguna otra organización internacional con características similares.
23. El artículo 46(1)(a) de la Convención especifica que, para que se pueda admitir un caso, “[se requerirá] que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos.” Sin embargo, en los casos en que, como cuestión de hecho y de derecho, los recursos no están disponibles, puede exceptuarse el requisito de su agotamiento. El artículo 46(2) de la Convención especifica que esta excepción se aplica si la legislación del Estado afectado no otorga el debido proceso para la protección de los derechos presuntamente violados, si la parte que alega la violación se ha visto impedida de acceder a los recursos internos o si ha existido una demora indebida en el pronunciamiento de la sentencia definitiva.
24. Además, en los casos en que el peticionario alega que no pudo probar el agotamiento, el artículo 31(3) del Reglamento de la Comisión dispone que corresponde al Estado la carga de demostrar que los recursos de la legislación interna no han sido previamente agotados, a menos que ello surja con claridad del expediente.[3]
25. En el caso presente, los peticionarios alegan que el Sr. Moses ha agotado los recursos internos disponibles en la legislación de Jamaica. También han reconocido que no iniciaron una acción constitucional de acuerdo con el artículo 25 de la Constitución de Jamaica, pero argumentan que se vieron impedidos de ello porque dicha acción exige la asistencia de un abogado pero carece de medios para contratar estos servicios y el Estado de Jamaica no pone a disposición de los recurrentes asistencia letrada efectiva para recorrer esas vías.
26. Sobre este asunto, la Comisión observa que el Estado no ha impugnado la alegación de los peticionarios de que una acción constitucional en relación con los asuntos planteados ante la Comisión exigiría representación letrada para que sea efectiva, ni ha contestado la afirmación de que el Sr. Moses es indigente y, por tanto, no puede contratar asistencia letrada con sus propios recursos. La información y las pruebas que tuvo ante sí la Comisión no permiten llegar a una conclusión diferente.
30. Además, en base a las observaciones y a la información suministrada por las partes en el caso Myrie, la Comisión consideró que no estaba demostrado que la Ley (provisional) de defensoría de oficio de 1999 hiciera efectivamente disponibles los recursos internos para indigentes como el Sr. Myrie. Esta conclusión se basaba en dos características del régimen de defensoría de oficio. Primero, la Comisión llegó a la conclusión de que la defensoría de oficio disponía de un margen considerable de discrecionalidad para determinar si otorgaba al recurrente asistencia letrada para iniciar una acción constitucional, tanto para determinar si la denuncia debía ser investigada como para determinar si el recurrente tenía prima facie un caso que ameritara la instrucción de los procedimientos.
31. Segundo, las estadísticas suministradas por el propio Estado en relación con la manera en que se había implementado en la práctica la Ley (provisional) de defensoría de oficio indicaban que la asistencia letrada en efecto era autorizada en un número muy escaso de impugnaciones constitucionales planteadas ante el defensor de oficio.[6] Ello, a su vez, indicaba que la discrecionalidad del defensor de oficio no se ejercía de manera tal que tornara efectivas las acciones constitucionales disponibles para quienes declaraban ser víctimas de violaciones de sus derechos y libertades constitucionales. Como lo indicó la Comisión en el caso Myrie, si bien ello no significa que no se pueda ejercer una discrecionalidad razonable en el otorgamiento y la denegación de la asistencia letrada -en base, por ejemplo, a la situación financiera del peticionante o el carácter infundado de una determinada denuncia- esa discrecionalidad no puede ser ejercida de manera tal que torne ilusorio el acceso a acciones constitucionales.
32. En base a estas conclusiones, la Comisión determinó que, en los casos en que se requiere asistencia letrada para iniciar una acción constitucional ante la justicia de Jamaica, no se ha demostrado que este recurso esté efectivamente disponible para los recurrentes indigentes a través de la oficina de la defensoría de oficio o por otra vía.
35. De acuerdo con el artículo 46(1)(b) de la Convención, la petición debe ser presentada en plazo, a saber, dentro de los seis meses a partir de la fecha en que la parte denunciante haya sido notificada de la sentencia definitiva a nivel interno.
36. Sin embargo, como en el caso del agotamiento de los recursos internos, el artículo 46(2)(a) de la Convención establece que el período de se seis meses establecido en el artículo 46(1)(b) no será aplicable cuando “no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos”.
40. Además, la Comisión considera que los hechos alegados por los peticionarios, de ser auténticos, también podrían revelar la violación del artículo 2 de la Convención, conjuntamente con el artículo 25 de la misma, en la medida que la alegada inexistencia en Jamaica del recurso efectivo para violaciones de los derechos humanos protegidos por la legislación de Jamaica y la Convención Americana, podría establecer una violación de la obligación del Estado a otorgar efecto jurídico interno a los derechos y libertades consagrados en la Convención, así como el derecho a la protección judicial. Aunque los peticionarios no han alegado en su petición la violación de los artículos 2 o 25, la Comisión podría, por su propia iniciativa, identificar una posible infracción de esta disposición a los efectos de las actuaciones en curso, en base al reconocido principio de iura novit curia.[7]
41. Al mismo tiempo, la Comisión se manifiesta insatisfecha de que los peticionarios hayan presentado alguna alegación o información que tienda a establecer una violación del derecho a la libertad del Sr. Moses consagrado en el artículo 7 de la Convención.
[1] Petición 729/01, Informe 7/03, Whitley Myrie c. Jamaica, Informe Anual de la CIDH 2003.

References: artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 31
 artículo 25
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 2
 artículo 25
 artículo 7