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Timestamp: 2018-06-18 05:33:33+00:00

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Sentencia C-544 de 1993 Corte Constitucional
SENTENCIA C-544 DE 1993
Ver la Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002
REF. EXPEDIENTE No. D-284
ACCION: DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL PARAGRAFO DEL ARTICULO 107 DE LA LEY SEXTA (6a.) DE JUNIO 30 DE 1992.
ACTOR: MANUEL JOAQUIN ARRIETA RODRIGUEZ
El ciudadano MANUEL JOAQUIN ARRIETA RODRIGUEZ, mediante escrito de demanda presentado ante esta Corporación y en ejercicio del derecho consagrado en los artículos 40-6 y 241-4 de la Constitución Política, solicita la declaratoria de inexequibilidad del parágrafo del artículo 107 de la Ley 6a. de 1992.
"ARTICULO 107. ELIMINACION DEL FONDO ROTATORIO DE ADUANAS
"Considero que ese no sea el propósito, toda vez que los Arts. 101 y 28 de los C. de P.C. y de P. Laboral, así como la Ley 23/91 y Decreto 2651 de 1991, consagran el trámite obligatorio de conciliar los diferendos o controversias pero dentro del mismo Proceso".
"Quizás otra interpretación que puede desprenderse del Parágrafo acusado consiste en pretender cambiar la función jurisdiccional prevista en los Arts. 228 y siguientes de la Constitución, por la función administrativa consagrada en los Arts. 209 y siguientes ibídem, cambio o sustitución que a mi juicio es inconstitucional pues, las decisiones de cada función son independientes, aunque en algunos casos se armonicen y coordinen. Al respecto el Jurista EDUARDO GARCIA DE ENTERIA, en su breve obra "LA LUCHA CONTRA LAS INMUNIDADES DEL PODER", Edit. Civitas, S.A: (pags. 44 y 48) expresa: "La ley que ha otorgado a la Administración tal potestad de obrar no ha derogado para ella la totalidad del orden jurídico... puesto que es evidente, que la Administración no puede en nombre de sus facultades, violar principios Constitucionales consagrados como base entera de la Organización comunitaria y del Orden Jurídico...."
IV. INTERVENCION DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
a) El debido proceso.
b) Los derechos adquiridos.
"Ya el Consejo de Estado, mediante providencia de marzo 20 de 1970, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta con ponencia del Magistrado, Doctor JUAN HERNANDEZ SAENZ, aclaró el sentido de lo que debe entenderse por derecho adquirido, cuando afirmó:
"Es necesario recalcar el hecho de que la norma acusada impuso una carga procesal a quienes tuvieran una pretensión, derecho, reclamo, acción o participación frente al FONDO, cual fue la de presentar su reclamación formal y para tal efecto estableció unas condiciones específicas de tiempo y lugar, quedando a cargo de los interesados el cumplir con ese deber a fin de poder aportar la prueba idónea en los procesos de conocimiento tanto de la Administración como de la jurisdicción, por lo que no puede haber violación de los derechos adquiridos cuando la aplicación de las sanciones previstas en la norma provienen de una conducta omisiva de los interesados y menos aún cuando estamos frente a procesos de conocimiento de las autoridades judiciales...."
c) La unidad de materia
Mediante oficio No. 248 del 21 de julio de 1993, el señor Procurador General de la Nación, pidió a la Corte declarar la exequibilidad de la norma acusada, con los siguientes argumentos esenciales:
- En punto al problema de la retroactividad de la parte de la norma acusada, alegada por el demandante el Procurador luego de citar los artículos 6o. del C.P.C. y 40 de la ley 153 de 1987, expresa:
- Se refiere luego el Procurador a la finalidad de los procedimientos, con apoyo en el art. 4o. del C.P.C., para concluir que:
- Finalmente, el señor Procurador, en relación con la ausencia de unidad temática de la ley 6o. de 1992, puesta de presente por el demandante manifiesta:
2. ANTECEDENTES DE LA NORMA ACUSADA.
"En consecuencia, se plantea transformar la naturaleza jurídica de la Dirección de Aduana Nacional, constituyéndola en una unidad administrativa especial, con facultades similares a la que tiene la Dirección de Impuestos Nacionales, partiendo de la positiva experiencia y de los resultados obtenidos desde que se creó la Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos Nacionales"1
3.- CONTENIDO MATERIAL DE LA NORMA ACUSADA.
"ARTICULO 107. Eliminación del Fondo Rotatorio de Aduanas.
"PARAGRAFO...."
4. COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL EXTINTO FONDO ROTATORIO DE ADUANAS.
a) Si no se hubiesen enajenado, devolviéndolas en el estado en que se encuentren o reintegrando otras de similares características;
b) Si ya se hubiesen enajenado, entregando el producto de la operación;
c) Si las mercancías fueron objeto de asignación al servicio de la Dirección General de Aduanas, o entregadas en custodia, comodato, arrendamiento o si hubiesen sufrido deterioro, se reintegrarán en el estado en que se encuentren o se devolverán mercancías similares;
d) Si las mercancías se donaron, destruyeron o se perdieron, habrá lugar a la devolución de su valor en dinero, con base en el monto señalado en el acta de ingreso al Fondo.
5. RESPONSABILIDAD DEL FONDO ROTATORIO DE ADUANA.
6. ANALISIS DE LOS CARGOS DE LA DEMANDA.
a) El origen de la norma, no se debió, como se establece de lo consignado en el aparte transcrito de la aludida ponencia, a la necesidad de imponer a quienes tuvieran reclamos pendientes contra el Fondo, la obligación de agotar la vía gubernativa, pues en ninguna parte la norma acusada se refiere a una competencia administrativa específica del Fondo para resolver de mérito, la procedencia o improcedencia de las reclamaciones, de manera que se pudiera, en uno u otro caso, reconocer o denegar el derecho pretendido. En tales condiciones, hay que presumir que la única finalidad de la norma fue, como se dijo en la ponencia aludida, que el Fondo pudiese conocer "los posibles pasivos", con el fin de facilitar su liquidación.
b) Imponer a las personas con pretensiones o derechos pendientes contra el Fondo la obligación de presentar un escrito de reclamación que, como se expresó antes, no se juzga necesario ni razonable, implica la violación del principio de igualdad consagrado en el art. 13 de la Constitución Política, pues sin que exista un fundamento de hecho serio y válido, se exige a quienes demandan el reconocimiento de algún derecho ante el Fondo, un trámite administrativo sui generis, al cual no se someten las demás personas que tienen que hacer valer sus pretensiones frente a la administración; pero además se les impone la presentación de una petición, en relación con la cual dicho Fondo no se pronuncia. En estas condiciones se obliga al interesado a ejercer el derecho de petición, aunque de hecho se le desconoce, por cuanto sobre la reclamación no recae una decisión resolutoria, violándose por esta razón el art. 23 antes citado. Resulta transgredido además, el artículo 209 de la C.P., porque se viola el principio de eficacia que rige las actuaciones administrativas, pues, el ejercicio del derecho de petición, que no conduce a una resolución favorable o desfavorable al administrado, se opone a dicho principio, si se tiene en cuenta que las actuaciones de la administración deben dirigirse a la obtención de una determinada finalidad, acorde con el interés público o social que, en el caso del referido derecho, la constituye la resolución administrativa favorable o negativa al interesado.
c) Menos justificación o razonabilidad tiene la obligación de presentar el aludido escrito, cuando el interesado ha acudido en demanda ante la jurisdicción de la contencioso administrativo o ante la justicia ordinaria, pues ello implicaría que la administración, no obstante haber perdido competencia para conocer de la reclamación, porque la atribución para decidir la controversia está en cabeza del juez, pueda de alguna manera inmiscuirse en la materia propia del conflicto surgido entre las partes. Al invadirse por el Fondo la competencia del juez, se viola el debido proceso, el principio de la separación de poderes y el derecho al acceso a la administración de justicia. (Arts 29, 113 y 229 C.P.).
d) Del examen de la norma acusada como del contenido de las funciones del Fondo, se infiere que las reclamaciones o derechos pretendidos por los interesados, tienen su fuente, en principio, en la responsabilidad contractual, derivada de la ejecución de contratos celebrados por el Fondo, o de la responsabilidad extracontractual, originada en hechos, omisiones u operaciones materiales, ocurridos con ocasión de la actividad del Fondo como depositario de mercancías. En tal virtud, el escrito exigido por el parágrafo acusado no es procedente, dado que tales responsabilidades no pueden declararse por el Fondo, ni mucho menos puede este autocondenarse al pago de perjuicios, pues ésta es una misión propia del juez, según los arts. 29, 90 y 237, numeral 1 de la C.P.
e) En lo que atañe a la suspensión de los procesos en curso contra el Fondo, tal previsión desconoce el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, pues quien ha acudido ante el juez para la composición del conflicto, a través del proceso, tiene el derecho a que sin dilaciones injustificadas se le resuelva de mérito o de fondo la pretensión que ha impetrado. No es posible, que a través de la ley se habilite a la administración para interferir la acción de la justicia, pues ello atenta contra la separación de funciones o de competencias entre las ramas del poder público, la autonomía judicial, el derecho de acceso a la justicia, y el debido proceso (arts. 29,113 y 229 C.P.) y, además, implica la violación del artículo 136, numeral 1, que prohibe al Congreso: "Inmiscuirse, por medio de resoluciones o leyes en asuntos de competencia privativa de otras autoridades" (Subraya la Corte).
f) La prohibición de instaurar nuevos procesos durante el lapso indicado en la norma demandada, no tiene justificación alguna, dadas las razones antes expuestas, pues la presentación del referido escrito ante las autoridades de aduana, no tiene como finalidad el ejercicio del derecho de petición, en los términos del art. 23 de la C.P., para efectos de agotar la vía gubernativa, aparte de que como se expresó antes el Fondo carece de competencia para definir lo relativo a la responsabilidad contractual o extracontractual, derivada del cumplimiento de sus funciones; por consiguiente, dicha prohibición viola los derechos al debido proceso y de acceso a la justicia.
g) Con respecto a la sanción del inciso final del parágrafo acusado, es conveniente precisar la inteligencia de los diferentes términos que se emplean, como sinónimos o equivalentes para significar la ocurrencia de la extinción del derecho por el incumplimiento de la obligación de presentar el escrito en cuestión, dado que el referido precepto dice que se entenderán "caducados, desistidos o prescritos", las pretensiones, derechos, reclamos, acciones y participaciones que no se presentaren en la forma prevista.
En sentencia del 5 de diciembre de 1974 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (MP. José María Esguerra Samper), se estableció la distinción entre caducidad y prescripción, en los siguientes términos:
h) La norma objeto de la acción, a juicio de esta Corte, no se encamina a que la administración, en el caso concreto, la Dirección de Aduanas, hoy Dirección General de Impuestos y Aduanas, satisfaga los intereses generales, esto es, los intereses públicos y sociales (arts. 1o., 2o., 123, inciso 2o. y 209 C.P.), si se tiene en cuenta que de operarse según la norma acusada, la caducidad, la prescripción, o el desistimiento, por la no presentación oportuna del escrito de marras, no es posible exigirle a los funcionarios que en el desarrollo de sus actividades actuaron con culpa o dolo la responsabilidad que les pueda corresponder, según los artículos. 6o., 90, inciso 2o. y 124 de la C.P.
"El objeto de dicho mandato constitucional es lograr la tecnificación del proceso legislativo, en forma tal que las distintas disposiciones que se inserten en un proyecto de ley guarden la debida relación o conexidad con el tema general de la misma, o se dirijan a un mismo propósito o finalidad, o como tantas veces se ha dicho, "que los temas tratados en los proyectos tengan la coherencia que la lógica y la técnica jurídica suponen". Con ello se busca evitar que se introduzcan en los proyectos de ley temas que resulten totalmente contrarios, ajenos o extraños a la materia que se trata de regular en el proyecto o a la finalidad buscada por él"2 .
1. Anales del Congreso No. 37, Viernes 13 de Marzo de 1.992, p. 15.
2. Ponente Vladimiro Naranjo Mesa.

References: artículo 107
sui generis
 artículo 209
 resolución 
 resolución 
 artículo 136
e contrario