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Timestamp: 2019-04-18 18:32:59+00:00

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Bolivia - Delta 8.7
Child labour between 1999 and 2013 decreased by 21%.
Human Development Index Score: 0.674 (2015)
Mean School Years: 8.2 years (2015)
Vulnerable Employment: 54.3% (2011)
Working Poverty Rate: 6.4% (2016)
National Action Plan to Combat Trafficking and Smuggling of Persons (2015–2019)
Social Protections Coverage:
General (at least one): 40.8% (2016)
Unemployed: 3% (2016)
Pension: 100% (2016)
Vulnerable: 32.1% (2016)
Children: 65% (2016)
Disabled: 2.1% (2016)
Poor: 79.8% (2016)
In Bolivia, the percentage of child labourers has decreased overall from 1999 to 2013. The measures provided for 2002 and 2012 do not cover the full definition of hazardous work and cannot be compared directly with data from other sample years.
The chart displays differences in the percentage of children aged 5-17 in child labour by sex and region. Complete disaggregated data to compare groups is provided for 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 and 2013.
In Bolivia, the latest estimates show that 15.2 percent of children aged 5-14 were engaged in hazardous work in 2013. The number is lower than in 2009, but has increased from 4.8 percent in 1999. The measures provided for 2002 and 2012 do not cover the full definition of hazardous work and cannot be compared directly with data from other sample years.
The chart displays differences in the percentage of children aged 5-14 in hazardous labour by sex and region. Complete disaggregated data to compare groups is provided for 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 and 2013.
In Bolivia, the latest estimates show that 11.4 percent of children aged 15-17 were engaged in hazardous work in 2013. The percentage is lower than in 2009, and has decreased from 16.7 percent in 1999. The measures provided for 2002 and 2012 do not cover the full definition of hazardous work and cannot be compared directly with data from other sample years.
The chart displays differences in the percentage of children aged 15-17 in hazardous labour by sex and region. Complete disaggregated data to compare groups is provided for 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 and 2013.
According to the latest 2013 estimates, the average number of hours worked per week by children aged 5-14 in Bolivia was 21.6 hours. The average number of hours worked has increased from 18.9 hours in 2012.
The chart displays differences in the number of hours that children aged 5-14 work in economic activities by sex and region. The sample includes all children of this age group. Complete disaggregated data to compare groups is provided for 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 and 2013.
In 2013, the latest year with available data, children in economic activity only, meaning they are not in school, worked an average of 40.5 hours per week. This number has increased since 2012, when the average number of hours worked by this age group was 33.2.
The chart displays differences in the number of hours worked by children aged 5-14 who are not in school, by sex and region. Complete disaggregated data to compare groups is provided for 1999, 2000, 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 and 2013.
Children aged 5-14, on average, are found to work on household chores 6.4 hours per week according to the 2008 estimate.
The chart displays differences in the number of hours children aged 5-14 work on household chores by sex and region. Complete disaggregated data to compare groups is provided 2008.
The latest data available on child labour by sector for Bolivia is from 2013. By the 2013 estimate, the Agriculture sector had the most child labourers, followed by the Commerce, Hotels and Restaurants sector and the Manufacturing sector.
No nationally representative data is available on forced labour prevalence in Bolivia.
No nationally representative data is available on human trafficking prevalence in Bolivia.
The chart displays information on human development in Bolivia between 1990 and 2015. Only certain sample years have data disaggregated by sex.
The most recent year of the HDI, 2015, shows that the average human development score in Bolivia is 0.674. This score indicates medium human development.
The bars on the chart represent the Education Index score and the line traces the mean years of education in Bolivia over time.
Between 1990 and 2011, Bolivia showed an increase in the proportion of workers in vulnerable employment as compared to those in secure employment.
The chart displays UNHCR’s estimates of persons of concern in Bolivia.
Nueva Constitución Política del Estado, 2009
Artículo 15.V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la trata y tráfico de personas.
Artículo 46.I. Toda persona tiene derecho:
46.II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.
46.III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución.
Ley núm. 263 que dicta la Ley integral contra la trata y tráfico de personas, 2012
Artículo 6. (Definiciones). Para los efectos de interpretación y aplicación de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones:
8. Trabajo Forzoso. Es cualquier labor o servicio desempeñado por una persona, bajo la amenaza o coacción, con o sin el consentimiento de la persona. El otorgar salarios u otras compensaciones no significa necesariamente que el trabajo no sea forzado u obligado.
Ley general del trabajo y decreto reglamentario
Artículo 8. Los mayores de 18 y menores de 21, podrán pactar contratos de trabajo, salvo oposición expresa de sus padres o tutores; los mayores de 14 años y menores de 18 años requerirán la autorización de aquellos y, en su defecto, la del Inspector del Trabajo.
Artículo 58. Se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años de uno y otro sexo, salvo el caso de aprendices. Los menores de 18 años no podrán contratarse para trabajos superiores a sus fuerzas o que puedan retardar su desarrollo físico normal.
Ley núm. 548 que dicta el Código Niña, Niño y Adolescent, 2014
Artículo 126. (Derecho a la Protección en el Trabajo).
I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a estar protegidas o protegidos por el Estado en todos sus niveles, sus familias y la sociedad, en especial contra la explotación económica y el desempeño de cualquier actividad laboral o trabajo que pueda entorpecer su educación, que implique peligro, que sea insalubre o atentatorio a su dignidad y desarrollo integral.
II. El Estado en todos sus niveles, ejecutará el Programa de Prevención y Protección Social para Niñas, Niños y Adolescentes menores de catorce (14) años en actividad laboral, con proyectos de protección social para apoyar a las familias que se encuentren en extrema pobreza.
III. El derecho a la protección en el trabajo comprende a la actividad laboral y al trabajo que se desarrolla por cuenta propia y por cuenta ajena.
Artículo 127. (Actividades en el Marco Familiar).
I. Las actividades desarrolladas por las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social comunitario, tienen naturaleza formativa y cumplen la función de socialización y aprendizaje.
II. El trabajo familiar y social comunitario no debe, en ningún caso, amenazar o vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que lo realicen, ni privarlos de su dignidad, desarrollo integral y de disfrutar de su niñez y adolescencia, y escolaridad.
Artículo 129. (Edad Mínima Para Trabajar).
I. Se fija como edad mínima para trabajar, los catorce (14) años de edad.
II. Excepcionalmente, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, podrán autorizar la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de diez (10) a catorce (14) años, y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de doce (12) a catorce (14) años, siempre que ésta no menoscabe su derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y desarrollo integral, o se encuentre expresamente prohibido por la Ley.
III. La solicitud deberá tener respuesta en el plazo de setenta y dos (72) horas computables a partir de su recepción, previa valoración socio-económica, y surtirá efectos de registro en el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes-SINNA.
IV. El registro de la autorización para un rubro determinado podrá ser modificado a solicitud verbal de la o el interesado, sin necesidad de iniciar un nuevo trámite de autorización. Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, si fuere necesario, podrán solicitar una nueva valoración médica y psicológica.
Artículo 130. (Garantías).
I. El Estado en todos sus niveles, garantizará el ejercicio o desempeño laboral de las y los adolescentes mayores de catorce (14) años, con los mismos derechos que gozan las y los trabajadores adultos.
II. La protección y garantías a las y los adolescentes mayores de catorce (14) años en el trabajo, se hace extensible a adolescentes menores de catorce (14) años, que excepcionalmente cuenten con autorización para realizar cualquier actividad laboral en las condiciones establecidas por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.
III. La actividad laboral o el trabajo por cuenta propia que desarrolle la niña, niño o adolecente de diez (10) a dieciocho (18) años, debe considerar la vigencia plena de todos sus derechos y garantías.
Artículo 61.I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad.
Artículo 61.II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación especial.
Artículo 59. Se prohíbe el trabajo de mujeres y de menores en labores peligrosas, insalubres, pesadas, y en ocupaciones que perjudiquen su moralidad y buenas costumbres.
Artículo 60. Las mujeres y menores de 18 años, sólo podrán trabajar durante el día, exceptuando labores de enfermería, servicio doméstico y otras que se determinarán.
Artículo 135. (Prohibiciones). Se prohíbe:
a. La explotación laboral de niñas, niños o adolescentes, así como la realización de
cualquier actividad laboral o trabajo sin su consentimiento y justa retribución;
b. La contratación de la o el adolescente mayor de catorce (14) años para efectuar cualquier tipo de actividad laboral o trabajo fuera del país;
c. La intermediación de enganchadores, agencias retribuidas de colocación, agencias de empleo u otros servicios privados similares para el reclutamiento y el empleo de las niñas, niños y adolescentes;
d. La retención ilegal, compensación, así como el pago en especie;
e. La realización de actividad laboral o trabajo nocturno pasada las diez (10) de la
f. Los traslados de las o los trabajadores adolescentes sin autorización de la madre, padre, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores;
g. La actividad laboral por cuenta ajena en horas extras para adolescentes menores de catorce (14) años, por estar en una etapa de desarrollo; y
h. Otras que establezca la normativa vigente.
a. La explotación laboral de niñas, niños o adolescentes, así como la realización de cualquier actividad laboral o trabajo sin su consentimiento y justa retribución;
e. La realización de actividad laboral o trabajo nocturno pasada las diez (10) de la noche;
Artículo 136. (Actividades Laborales Y Trabajos Peligrosos, Insalubres O Atentatorios A La Dignidad.
I. Se prohíben las actividades laborales y trabajos que por su naturaleza y condición sean peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad de la niña, niño y adolescente, y aquellos que pongan en riesgo su permanencia en el sistema educativo.
II. Según su naturaleza, se prohíbe:
a. Zafra de caña de azúcar;
b. Zafra de castaña;
c. Minería (como minero, perforista, lamero o dinamitero);
d. Pesca en ríos y lagos (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario);
e. Ladrillería;
f. Expendio de bebidas alcohólicas;
g. Recolección de desechos que afecten su salud;
h. Limpieza de hospitales;
i. Servicios de protección y seguridad;
j. Trabajo del hogar bajo modalidad cama adentro; y
k. Yesería.
III. Según su condición, se prohíbe:
a. Trabajo en actividades agrícolas (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo);
b. Cría de ganado mayor (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo);
c. Comercio fuera del horario establecido;
d. Modelaje que implique erotización de la imagen;
e. Atención de mingitorio fuera del horario establecido;
f. Picapedrería artesanal;
g. Trabajo en amplificación de sonido;
h. Manipulación de maquinaria peligrosa;
i. Albañilería (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo); y
j. Cuidador de autos fuera del horario establecido.
IV. Otras prohibiciones que puedan especificarse mediante norma expresa.
V. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, deberá adecuar la lista de actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes, periódicamente, al menos cada cinco (5) años, con la participación social de los actores involucrados.
VI. El Estado en todos sus niveles, establecerá una política y desarrollará un programa para la eliminación de las determinantes de actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes.
Codigo Penal, 1972
Artículo 281 bis (Trata De Seres Humanos).
Será sancionado con una pena privativa de libertad de ocho (8) a doce (12) años, el que por cualquier medio de engaño, coacción, amenaza, uso de la fuerza y/o de una situación de vulnerabilidad aunque medie el consentimiento de la víctima, por sí o por tercera persona induzca, realice o favorezca el traslado o reclutamiento, privación de libertad, resguardo o recepción de seres humanos, dentro o fuera del territorio nacional con cualquiera de los siguientes fines:
a. Venta u otros actos de disposición con fines de lucro.
b. Venta o disposición ilegal de órganos, tejidos, células o líquidos corporales.
c. Reducción a estado de esclavitud u otro análogo.
d. Guarda o Adopciones Ilegales.
e. Explotación Sexual Comercial (pornografía, pedofilia, turismo sexual, violencia sexual comercial..
f. Explotación laboral.
g. Matrimonio servil; o,
h. Toda otra forma de explotación en actividades ilegales.
3. Servidumbre. Es un estado de dependencia o sometimiento de la voluntad en el que el víctimario induce u obliga a la víctima a realizar actos, trabajos o servicios con fines diversos, mediante engaño, amenazas, coacción u otras formas de violencia.
4. Servidumbre por Deudas. Es todo trabajo o servicio que se exige a una persona que no tiene elección ni conocimiento sobre las consecuencias que tienen los préstamos o anticipos salariales que recibe, generando su sujeción y sometimiento.
5. Servidumbre Costumbrista. Es la acción por la que una persona es sometida o explotada por otra, bajo vínculos asociados a prácticas costumbristas y tradicionales del lugar, como el padrinazgo, compadrazgo, cualquier otro vínculo espiritual o relación de empatronamiento.
“Sets national priorities on combating human trafficking and smuggling through five core areas: the prevention of trafficking, remediation and the reintegration of survivors, the prosecution of crimes, the strengthening of national coordination mechanisms, and international cooperation.”
“Establishes eight lines of action drawn from the five core areas of the Plurinational Policy to Combat Trafficking and Smuggling of Persons, including building capacity and coordination among criminal law enforcement agencies. In 2016, the Plurinational Council refined the plan, whose updated version awaits approval.”
International Ratification
ILO Abolition of Forced Labour Convention, C105, Ratification 1990
ILO Minimum Age Convention, C138, Ratification 1997
Slavery Convention, signed at Geneva on 25 September 1926 and amended by the Protocol, Definitive Signature 1983
UN Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, Accession 1983
UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol., Ratification 2002
Codiga del Sistema Penal
Artículo 350. (Derechos De La Víctima). La víctima tiene derecho a:
1. La tutela judicial efectiva que le facilite la resolución pacífica del conflicto y la reparación integral del daño sufrido, sin dilaciones innecesarias;
2. Que se priorice sus intereses y necesidades en procura de la reparación integral del daño sufrido y a decidir la vía de reparación más efectiva en el marco de una justicia restaurativa, de conformidad con lo previsto en este Código;
3. Recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento;
4. No ser revictimizada con actuaciones innecesarias como el relato repetitivo de los hechos, comparecencias injustificadas, ni con trato prejuicioso, estigmatizante, culpabilizante, ni con la subestimación de la afectación de sus derechos;
5. Que se respete su intimidad y resguardo de su identidad, y demás datos personales cuando sean personas menores de edad, y cuando la víctima así lo solicite;
6. Requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés. La policía, el fiscal o el juez que conozcan la causa adoptarán las medidas necesarias para que se brinde esta protección. La oficina de atención a la víctima del Ministerio Público coordinará con la Policía, las fiscalías y los organismos de protección de todo el país, las acciones necesarias para hacer efectiva la protección;
7. A ser asistida en forma especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social;
8. Intervenir en todas las etapas del proceso de conformidad a las facultades previstas por este Código, sin que esta intervención signifique excluir o suplir las obligaciones del fiscal y sus órganos auxiliares en el ejercicio de la acción penal pública, y acceder a los medios de prueba aportados;
9. Obtener licencia con goce de sueldo por parte de su empleador, público o privado, cuando tenga que asistir a diligencias judiciales, a pericias o a comparecer ante convocatorias judiciales y por el tiempo necesario para ello. Para justificar la asistencia a tales actos, la policía, el fiscal o la Oficina Gestora de Audiencias correspondiente, deberá extender de inmediato y a sola petición verbal de la víctima el comprobante respectivo, en el que se indique la naturaleza del acto y la duración efectiva del trámite;
10. Ser asistida por un abogado de su confianza en los actos del proceso. En caso de no contar con recursos económicos suficientes, el Estado deberá proporcionarle uno;
11. Contar con la asistencia gratuita de un intérprete o traductor cuando no conozca el idioma castellano o tenga alguna discapacidad comunicativa;
12. Intervenir en forma real y efectiva en la solución del conflicto a través de los medios previstos en este Código;
13. Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, siempre que lo solicite expresamente;
14. Ser informada del resultado del proceso, aun cuando no haya intervenido en él;
15. Impugnar las decisiones judiciales, de la Fiscalía y sus órganos auxiliares, en los términos previstos en este Código;
16. Dar su consentimiento informado sobre su participación en los exámenes o pericias, así como en las medidas de asistencia que se le recomienden;
17. Ser informada de las condiciones de cumplimiento de la sanción y participar en las audiencias donde se modifique la misma;
18. Ser representada por asociaciones u organizaciones sin fines de lucro, que actúen en defensa de sus derechos;
19. Participar en el proceso en calidad de querellante;
20. Ser asistida por consultores técnicos en todas las etapas del proceso incluida la audiencia de juicio oral; y,
21. A que las decisiones judiciales sean motivadas.
Artículo 5. (Principios y Valores). La presente Ley se rige por los siguientes principios y valores:
2. Prioridad Social. Las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, tendrán atención y protección integral prioritaria en todas las entidades públicas y privadas.
3. Gratuidad. El Estado garantiza a las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, el acceso gratuito a la prestación de servicios integrales y a la administración de justicia.
4. Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior del niño, niña y adolescente.
5. Celeridad. El Estado garantiza la prestación del servicio integral a las víctimas de los delitos de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, de manera oportuna, eficaz y sin dilaciones.
6. Confidencialidad. El Estado garantiza la reserva y resguardo de la identidad, la imagen e información de las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
7. Revictimización. Las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, no serán sometidas a procedimientos reiterados que puedan afectar su dignidad y sus derechos.
8. Presunción de Nacionalidad. Cuando no se establezca la nacionalidad de la víctima de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, se presumirá la nacionalidad boliviana, en tanto no se pruebe lo contrario.
9. No Discriminación. El Estado garantiza la protección de todas las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, y el goce de sus derechos fundamentales sin distinción de edad, sexo, nacionalidad, cultura, identidad, situación migratoria, orientación sexual, estado de salud y cualquier otra condición.
10. Integración y Cooperación Internacional. El Estado procurará y fortalecerá la integración, coordinación y cooperación internacional bilateral, multilateral y regional, para la lucha contra la Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
11. Interculturalidad y Armonía. El Estado garantiza la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional y lingüística, para una coexistencia armónica y equilibrada de la sociedad.
Artículo 28. (Revictimización).
I. El Estado Plurinacional de Bolivia adoptará las medidas necesarias para evitar la revictimización de quienes hubieran sido sometidos a Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos. Estas medidas serán aplicadas en las políticas y estrategias de prevención, protección, atención, reintegración y persecución penal.
II. Las servidoras y los servidores públicos, administradoras y administradores de justicia, fiscales, investigadoras e investigadores y médicos forenses, precautelarán los derechos, la dignidad y libertad de las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
III. El Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Justicia, adoptará un Protocolo Único de Atención Especializada a Víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y la ruta de intervención, que será uniforme y aplicable en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, con validez y eficacia probatoria, evitando la revictimización, mediante interrogatorios redundantes, careos, múltiples exámenes forenses u otras formas.
IV. Las instituciones públicas y privadas que correspondan darán especial tratamiento a niños, niñas y adolescentes víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, a fin de no afectar su desarrollo integral.
Artículo 29. (Protección). La Política Plurinacional de Lucha contra
la Trata y Tráfico de Personas incluirá un Programa de Protección, que contemplará las siguientes medidas:
1. Proteger el derecho a la intimidad, privacidad y guardar en absoluta reserva la identidad de las víctimas, testigos y denunciantes, así como de su entorno familiar.
2. Adoptar las Cámaras Gessell para su uso obligatorio durante el proceso de investigación.
3. Precautelar la dignidad de las víctimas en todas las etapas del proceso de investigación y juicio oral, así como en programas de reinserción.
4. Posibilitar el cambio de identidad de las víctimas, testigos, denunciantes o familiares, cuando consideren que sus vidas están en peligro, previo consentimiento y/o autorización, en coordinación con las instituciones públicas competentes y en estricta reserva.
5. Posibilitar el cambio de residencia temporal, cuando corresponda.
6. Brindar seguridad y protección temporal en el entorno familiar y actividades propias
que desarrolle la víctima.
Artículo 30. (Protección a Niños, Niñas y Adolescentes).
Además de las medidas dispuestas en la presente Ley:
1. Los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, recibirán cuidados y atención especializados, adecuados e individualizados.
2. Los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, deberán ser escuchados y sus opiniones tomadas en cuenta. La autoridad deberá informarles sobre todas las acciones que les afectan en cada etapa del proceso.
3. En los casos de duda en los que no se establezca la edad de la víctima de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, se presumirá su minoridad en tanto no se pruebe lo contrario.
4. La atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, estará a cargo de profesionales especializados y se realizará de conformidad con sus necesidades y características especiales.
5. La información podrá proporcionarse a los niños, niñas y adolescentes, víctimas o testigos, por conducto de su tutor o tutora legal, o si éste fuera el supuesto responsable de la comisión del delito, a una persona de apoyo.
6. La información se proporcionará a los niños, niñas y adolescentes víctimas en su idioma y de manera comprensible.
7. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, las entrevistas, los exámenes y otro tipo de investigaciones estarán a cargo de profesionales especializados, y se realizarán en un entorno adecuado y en Cámaras Gessell, en su idioma y en presencia de su padre o madre, su tutor o tutora legal o una persona de apoyo.
8. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, las actuaciones judiciales se realizarán en audiencia reservada, sin presencia de medios de comunicación.
9. Durante el proceso judicial, los niños, niñas y adolescentes recibirán el apoyo de la Unidad de Atención Especializada a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
Artículo 31. (Atención y Reintegración).
I. El nivel central y las entidades territoriales autónomas, deben garantizar la atención física y psicológica, y la reintegración, social, económica y cultural de víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
II. Las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, crearán Centros de Acogida especializados para la atención y la reintegración a víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.
Artículo 32. (Traslado de Víctimas). Los operadores del servicio de transporte de pasajeros, deberán trasladar de forma gratuita a las víctimas de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, cuando decidan retornar a su lugar de origen u otro distinto.
Artículo 33. (Inserción Laboral. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través del Servicio Público de Empleo, adoptará un programa especial que viabilice la inserción laboral de la víctima de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, de acuerdo a Reglamento.
Artículo 43. (No Punibilidad.. La víctima de Trata y Tráfico de Personas está exenta de ser investigada y acusada por la comisión de otros delitos que sean resultado directo de su situación.
Artículo 46. (Repatriación).
I. Cuando la víctima de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, sea de nacionalidad boliviana y se encuentre en territorio extranjero, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas y los consulados bajo su dependencia, propiciarán su repatriación voluntaria, caso contrario gestionará la cooperación del Estado de residencia o permanencia, garantizando sus derechos humanos.
II. Cuando la víctima de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, sea de nacionalidad extranjera y se encuentre en territorio boliviano, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Gobierno facilitarán su repatriación voluntaria en coordinación con la representación diplomática o consular respectiva, caso contrario garantizará su permanencia y la vigencia plena de sus derechos humano.
Decreto Supremo núm. 1486 que reglamenta la Ley núm. 263 de 31 de julio de 2012, Integral contra la Trata y Tráfico de Personas.
Artículo 23. (Repatriación).
I. La repatriación de víctimas de trata y tráfico de personas de nacionalidad boliviana, que se encuentren en el exterior, será propiciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y financiada en casos humanitarios, con recursos de la Gestoría Consular u otras fuentes según corresponda.
II. En los casos en que los recursos señalados en el Parágrafo I sean agotados, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asignará los recursos, previa solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 120. Las acciones y derechos provenientes de ésta Ley, se extinguirán en el término de dos años de haber nacido de ellas.
Artículo 121. Las infracciones de las disposiciones que contiene la presente Ley, se sancionarán con multas de cien a cincuenta mil bolivianos, y, en caso de reincidencia con la duplicación de la pena, y aun con la clausura del establecimiento; de acuerdo con el procedimiento indicado en el Decreto Supremo de 18 de enero del año en curso.
Artículo 140. (Infracciones). Son infracciones al derecho de protección en relación al trabajo, las siguientes:
a. Contratar o lucrar con el trabajo de una niña o niño;
b. Contratar o lucrar con el trabajo de una o un adolescente menor de catorce (14) años, sin la autorización de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, prevista en este Código;
c. Contratar a la o el adolescente sin la debida inscripción en el registro de las y los adolescentes trabajadores;
d. Omitir la inscripción de la o el adolescente trabajador en el Sistema de Seguridad Social;
e. Contratar a la o el adolescente para alguno de los trabajos prohibidos en la normativa vigente;
f. Obstaculizar la inspección y supervisión efectuada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social;
g. Incumplir con la naturaleza formativa y condiciones establecidas para las actividades en el marco familiar o comunitario de niñas, niños y adolescentes o con la naturaleza de las actividades comunitarias familiares; y
h. Otras que vulneren el derecho de protección de niñas, niños y adolescentes en relación al trabajo.
La pena se agravará en un cuarto cuando: la víctima sea niño, niña o adolescente; cuando el autor sea el padre, madre, tutor o quien tenga bajo su cuidado, vigilancia o autoridad al niño, niña o adolescente; el autor o partícipe, fuera parte de una organización criminal, de una asociación delictuosa; y, cuando el autor o partícipe sea autoridad o funcionario público encargado de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Artículo 321 Bis. (Trafico De Personas).
Quien induzca, promueva o favorezca la entrada o salida del país o traslado dentro del mismo, de personas para que ejerzan la prostitución, mediante engaño, violencia, amenaza o las reduzca a estado de inconsciencia para este fin, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años. En caso de ser menores de dieciocho (18) años, la pena será de cinco (5) a diez (10) años de privación de libertad.
Artículo 321 ter. (Revelación De Identidad De Víctimas, Testigos O Denunciantes).
La servidora o servidor público que sin debida autorización revele información obtenida en el ejercicio de sus funciones que permita o dé lugar a la identificación de una víctima, testigo o denunciante de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a ocho (8) anos.
Artículo 13. (Infracciones Administrativas). Constituyen Infracciones Administrativas, Todo Incumplimiento a lo Establecido en los Parágrafos I, Ii y Iii Del Artículo 23 De La Ley N° 263, Así Como A Los Artículos 9 Al 12 Del Presente Reglamento.
Artículo 14. (Sanciones). Los Medios De Comunicación Que Incurran En Infracciones Administrativas, Serán Sancionados De La Siguiente Forma:
A. La Primera Vez, Con Una Multa De Ufvs5.000. (Cinco Mil 00/100 Unidades De Fomento A La Vivienda. A Ufvs15.000. (Quince Mil 00/100 Unidades De Fomento A La Vivienda);
B. La Segunda Vez, Con Una Multa De Ufvs15.000. (Quince Mil 00/100 Unidades De Fomento A La Vivienda. A Ufvs25.000. (Veinticinco Mil 00/100 Unidades De Fomento A La Vivienda.;
C. La Tercera Vez y Siguientes, La Multa Será Incrementada En Un Tercio En Relación A La Última Sanción.
Artículo 291. (Reducción a la Esclavitud o Estado Análogo): El que redujere a una persona a esclavitud o estado análogo, será sancionado con privación de libertad de dos a ocho años.
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References: Artículo 15

Artículo 46

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 58

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 129

Artículo 130

Artículo 61

Artículo 61

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 281

Artículo 350
 resolución 
in fine

Artículo 5

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 43

Artículo 46

Artículo 23

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 140

Artículo 321

Artículo 321

Artículo 13
 Artículo 23

Artículo 14

Artículo 291