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Timestamp: 2018-09-26 04:25:40+00:00

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Concentració a Manresa en contra de la impunitat dels vigilants de seguretat | B Llibertari
Concentració a Manresa en contra de la impunitat dels vigilants de seguretat
15-desembre-2006 - Abusos d'autoritat
Lluís Corominas està a la presó perquè va matar una persona. Ell no es ningú per disparar i prendre la vida d’una altra persona (cas Tous). Aquest dissabte concentració a davant crist rei (Manresa) a les 19h. En contra la impunitat del vigilants de seguretat i en condemna per l’assassinat.
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mustel 30 gener 2007 at 12:09
CASO «TOUS»: PRISIÓN PROVISIONAL SIN FIANZA DEL PRESUNTO AUTOR DE UN DELITO DE HOMICIDIO
249–JPIEI n.º 4 (Manresa) A 12 Dic. 2006.– Ponente: Peña Rodríguez, María Monserrat.
PRISIÓN PROVISIONAL.– Requisitos.– Presunto autor de un delito de homicidio.
La prisión provisional se adoptará cuando sea estrictamente necesaria y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad, a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines. El juez o Tribunal tendrá en cuenta la repercusión que la medida pueda tener en el imputado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta. En supuesto de autos –caso «Tous»– concurre la finalidad prevista en el art. 503.3 a) LECrim.: la pertenencia del imputado a una familia que goza de celebridad y prestigio parece resultar una circunstancia utilizable en un doble sentido; para el MF incrementa el riesgo de sustraerse a la acción de la justicia, pues permitiría la obtención de la ayuda necesaria para salir de nuestro país, mientras que para la defensa el seguimiento efectuado por los medios de comunicación y la buena reputación y el buen nombre de la familia acreditan su plena disposición al requerimiento de la justicia. Estas especiales circunstancias familiares no pueden erigirse, por sí mismas, en motivo exclusivo para adoptar una u otra decisión, de modo que, dada la gravedad del delito imputado –homicidio– y de la pena que en su día pudiera imponerse, queda suficientemente acreditada la probabilidad de que trate de eludir la acción de la justicia, posibilidad que no quedaría anulada por la prestación de una fianza económica.
Normas aplicadas: art. 503.3 LECrim.
En Manresa, a doce de diciembre de dos mil seis.
Único.­ Las presentes diligencias previas se incoaron en fecha 10 de diciembre de 2006, en virtud de comunicación telefónica de los Mossos D’Esquadra dando cuenta a este juzgado en funciones de guardia de unos hechos de naturaleza delictiva, siendo las mismas declaradas secretas ante la importante repercusión mediática y social de los hechos y con el fin de no perjudicar la investigación policial y judicial inicial. En el día de hoy se ha presentado el atestado instruido por los Mossos D’Esquadra, por los delitos de homicidio doloso y robo con fuerza en grado de tentativa, en el que han sido presentados en calidad de detenidos DULJI K. y LLUIS C. P. Tras la práctica de las diligencias que se han estimado oportunas, se ha celebrado la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el resultado que consta, habiendo interesado el Ministerio Fiscal la adopción de la medida de prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido, Lluis C. P., y habiendo quedado las actuaciones pendientes de dictarse la resolución procedente.
Primero.­ El art. 17.1 CE consagra el derecho a la libertad personal como un derecho fundamental digno de la más alta protección. El Tribunal Constitucional (sentencia de 22 de febrero de 1999) ha exigido que, cualquier acto o resolución que límite derechos fundamentales, ha de asegurar que la medida restrictiva sea necesaria para conseguir el fin perseguido, atendiendo a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en que se halla aquel a quien se le impone. En concreto, respecto a la prisión provisional, ha de ser una medida excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada (Sentencia del Tribunal Constitucional de 26-7-95). Precisamente por ello y aunque los requisitos para la adopción de dicha medida se recogían en los artículos 503 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el propio Tribunal Constitucional había integrado tales preceptos con una abundante jurisprudencia que, tras las reformas efectuadas por la Ley 13/2003 de 24 de octubre, y por la Ley 15/2003 de 25 de noviembre, ha pasado a formar parte del articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece, además, la necesaria concurrencia de una serie de requisitos.
Segundo.­ Debemos por tanto analizar si tales requisitos, legales y constitucionales, concurren en el presente caso. El artículo 502 dispone que la prisión se adoptará cuando sea estrictamente necesaria, y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad, a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional. Igualmente, establece que el Juez o Tribunal tendrá en cuenta la repercusión que la medida pueda tener en el imputado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta, no pudiendo adoptarse dicha medida cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho no es constitutivo de delito o que el mismo se cometió concurriendo una causa de justificación. El caso de autos, descartada la atipicidad del hecha delictivo, objetivamente considerado, concurren, igualmente, el resto de elementos indicados en el citado precepto, (en relación a la concurrencia de una causa de justificación, se analizará más adelante). Por lo que se refiere a las circunstancias familiares y personales del detenido, conviene precisar en el presente supuesto, dada la importantísima repercusión mediática y social que ha tenido la presente causa, al hallarse implicado en ella un miembro próximo de una familia muy conocida en España, y de reconocido abolengo y prestigio social, que la decisión judicial a que se refiere la presente resolución, en modo alguno puede verse mediatizada o condicionada por tales circunstancias, por grave que sea la trascendencia social que dicha decisión pueda llegar a tener, por cuanto si así se permitiera por quien resuelve, nos hallaríamos ante un doble baremo de valoración judicial en casos en los que concurrieran idénticas circunstancias fácticas, lo que no puede resultar admisible. En consecuencia, y con independencia de las opiniones que, legítimamente, y en ejercicio de la libertad de expresión puedan verterse sobre la misma de forma pública, la decisión se adopta valorando en conciencia las diligencias de instrucción y, especialmente, las policiales, practicadas hasta la fecha, es decir, con base en criterios jurídicos, que podrán compartirse o no, y que, desde luego, tendrán la posibilidad de rebatirse por medio de los oportunos recursos, incluso ante instancias colegiadas superiores.
Dicho la anterior, el artículo 503.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece los siguientes requisitos para que proceda la adopción de la medida solicitada por el Ministerio Público:
1.º) La existencia de un hecho que revista caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso. En el supuesto que nos ocupa, si bien no constan antecedentes penales del detenido Lluis C. P., existen indicios racionales de su participación en la comisión de un delito de homicidio, tipificado en el artículo 138 del Código Penal, castigado con pena de prisión de diez a quince años, por lo que procede considerar cumplidas los requisitos penológicos establecidos legalmente.
2.º) Han de existir motivos para creer como responsable a la persona contra quien se dirija la medida. Así, en el presente caso existen de lo actuado indicios suficientes de responsabilidad criminal en el detenido como presunto autor del delito que se le imputa. Constando, como consta, reconocida plenamente la autoría de los disparos por el Sr. C., basa su argumento exonerativo en la concurrencia de una causa de justificación, cual es la legítima defensa; subsidiariamente, afirma que podría hablarse de un delito de homicidio imprudente, sin embargo, quien resuelve no comparte dichos criterios. Que los dos ocupantes del vehículo se hallaban en actitud vigilante en una calle perpendicular a unos cincuenta metros de la vivienda de la familia T. es algo que no ofrece dudas, así como que existen indicios más que razonables de su conexión con las dos personas que en ese mismo momento habían entrado en el recinto exterior de la citada vivienda, cuyas cámaras de seguridad captaron cómo el día de los hechos, a las 18’46 horas, pasaba por delante de la misma un vehículo Renault Megane que, con toda probabilidad, podría ser el vehículo ocupado por el detenido Dulji, así como que a las 18’48 horas bajan dos personas del vehículo, (los dos presuntos ladrones que finalmente no pudieron ser detenidos y cuya búsqueda policial continúa), y cruzan la hierba del jardín que hay delante de la propiedad de la familia T., para a continuación merodear por distintas zonas del exterior de la vivienda, intentando, incluso manipular la orientación de las cámaras de seguridad. Sin embargo, lo cierto es que una persona ha resultado muerta a consecuencia de un disparo efectuado a bocajarro, y en cuanto a este punto, y a juicio de quien resuelve la versión del detenido sobre los hechos resulta contradicha por los numerosos elementos obrantes en el atestado: así, cuando le llamó el vigilante de seguridad Sr. L. M., cuya declaración en calidad de testigo consta en el atestado, para comunicarle que unos individuos habían entrado en la finca de sus suegros, éste afirma que en un primer momento el Sr. C. le dijo que no podía ir, que estaba cuidando de sus hijos, para momentos después, telefonearle él y comunicarle que iba hacia la finca de la familia T. Por el contrario, el detenido afirma que, nada más llamarle el Sr. L. M. cuando estaba visionando unas cintas de las cámaras de seguridad del día anterior, le preguntó si había llamado a los Mossos D’Esquadra, contestándole aquel que sí, y contestándole él que «ya iba para allá». Igualmente, consta en la declaración testifical del Sr. L. M. que en la comunicación telefónica que establecieron de nuevo cuando el detenido llegó a la fachada principal de la vivienda de la familia T., éste le dijo «que los individuos tenían el coche donde lo estacionaron el otro día» refiriéndose al día 6 de diciembre de 2006 en que, con toda probabilidad, los mismos ocupantes del vehículo Renault Megane, estuvieron apostados en el mismo lugar como realizando tareas de vigilancia de la vivienda, mientras otros dos individuos lograban entrar en el recinto exterior de la vivienda e incluso manipular las cámaras de seguridad, así como inspeccionar las entradas del domicilio. Por tanto, resulta claro a juicio de quien resuelve que, cuando el Sr. C. se sube de nuevo a su vehículo, para dirigirse hacia el vehículo Renault Megane, estacionado en una calle perpendicular a la vivienda de los T. pero a unos cincuenta metros, no se dirigía con la intención de advertir a sus ocupantes, creyendo que eran una pareja de novios, del posible peligro que corrían, ni de proteger la zona, como él afirma, sino que ya sospechaba que sus ocupantes podrían ser los mismos individuos que días antes habían estado allí apostados. Igualmente, afirma que el Sr. L. M. le manifestó que habían tapado una cámara de seguridad y que había perdido la visión del vídeo, pero nada refiere al respecto el citado testigo en su declaración policial. Quiebra igualmente su versión de los hechos cuando afirma que, una vez que llegó con su vehículo a la altura del vehículo Renault Megane, se detuvo, y se dirigió a sus ocupantes primero en catalán y posteriormente, ante la respuesta de estos, gritándole en idioma extranjero, en castellano, para persuadirles de que se marcharan, pues consta acreditado por la grabación de la cámara de seguridad, 1 entrada izquierda de la vivienda del Sr. Salvador T., que el intervalo de tiempo transcurrido desde que se ve a lo lejos detenerse al vehículo del Sr. C. hasta que se ve el destello de luz naranja que, con toda probabilidad, se corresponde con la primera detonación, fue de un solo segundo, de modo que difícilmente, y por mucho que se empeñe la defensa, puede tener lugar todo lo relatado por el detenido en ese escaso intervalo de tiempo. Igualmente cuestionable resulta su versión de haber disparado cerrando los ojos y sin mirar hacia dónde dirigía los disparos. En cuanto al íntimo convencimiento alegado de que, una vez detenido a la altura del vehículo Renault Megane, perdió de vista por un momento las manos del conductor, como si éste buscara algo, y a continuación le vio empuñar una pistola, alegación con base en la cual se pretende fundamentar por la defensa la existencia de una legítima defensa «putativa» por cuanto consta acreditado que, tras el registro policial del vehículo Renault Megane, no se halló en el interior del mismo pistola ni arma alguna, tampoco es posible su admisión, sin que ello suponga prejuzgar los hechos, y sin perjuicio del resultado que arroje la práctica de las restantes diligencias de instrucción que aún restan por practicar, y en las que, por descontado, podrán intervenir las partes, una vez se acuerde levantar el secreto de las actuaciones. Se puede comprender que el Sr. C. estuviera nervioso dados los acontecimientos que días antes se habían producido, y dado que, por desgracia, la familia T. ha sido objeto de robos anteriores tanto en establecimientos comerciales de su propiedad como en su vivienda, así como que en los últimos tiempos existe una gran alarma social ante la existencia de grupos organizados que se dedican con un alto nivel de especialización a cometer robos violentos, pero ello, en el caso concreto, no justifica la actuación del Sr. C. para quien no existía en el momento de los hechos un peligro fáctico objetivable, máxime cuando, si ciertamente ver un arma de fuego en manos del conductor finalmente fallecido, (pistola con la que en ningún momento ha dicho el detenido que se le apuntara, o se hiciera gesto amenazante alguno), le bastaba haber continuado la marcha hacia adelante con su vehículo, que tenía situado en paralelo y en dirección contraria al del Renault Megane. Esa innecesariedad de hacer uso de la pistola, que ya portaba en la mano al inicio de la secuencia, cuando llegó a la altura de la fachada principal de la finca de la familia T., se evidencia aún más cuando, tal y como consta por la grabación de las cámaras de seguridad de la vivienda, los Mossos D’Esquadra sólo tardaron en llegar al lugar un minuto y escasos segundos después de que el Sr. C. efectuara los disparos. Por otro lado, la versión del Sr. C contradicha por la del otro detenido, que afirma que vio venir el vehículo Mercedes, conducido por el Sr. C., a toda velocidad hacia ellos, negando rotundamente que aquel intercambiara palabra alguna con ellos antes de efectuar los disparos, y que fue, ante un simple gesto del conductor del vehículo Renault Megane, que giró la cabeza para mirarle, cuando se produjeron las dos detonaciones, la primera de las cuales impactó en la cabeza del conductor, S. G., entrando por la región parieto-occipital izquierda y saliendo por la región frontoparietal izquierda, lo que viene a determinar además, indiciariamente, y sin perjuicio del resultado que arroje el informe de balística, aún no obrante en las actuaciones, pero según se indica en el avance de autopsia obrante en la causa, que la trayectoria de penetración en la cabeza fue de atrás hacia delante. Finalmente, no puede obviarse que, aunque el detenido, a instancia de su letrado, haya afirmado que dicha manifestación pudo hacerse en el lugar de los hechos por otra persona distinta, consta diligenciado en el atestado que realizó en el lugar de los hechos a un caporal de los Mossos D’Esquadra una primera manifestación sobre lo ocurrido, afirmando que le habían intentado atropellar, lo que evidencia que el detenido tenía plena conciencia de lo ocurrido, y trató de exculparse en una legítima defensa desde el principio. A mayor abundamiento, el cargador de la pistola que disparó el Sr. C. y que él afirma que se guardó en un bolsillo, no ha podido ser hallado por los agentes, sin que, a juicio de quien resuelve, se sustente la tesis sobre su pérdida. Ello impide considerar, al menos en este estadio de la investigación, que nos hallemos ante la concurrencia de una causa de justificación como la legítima defensa, al no existir agresión ilegítima, o ante un homicidio imprudente, antes al contrario, se considera acreditada la existencia de indicios racionales de participación del imputado en el delito de homicidio doloso calificado por el Ministerio Fiscal y por el que se sigue la presente causa.
3.º) Finalmente, mediante la prisión provisional, ha de perseguirse alguno de los fines establecidos en la Ley, que son: a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente riesgo de fuga, para lo cual se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, gravedad de la pena, y la situación familiar, laboral y económica del imputado, así como la inminencia del juicio en los supuestos en los que procede incoar el procedimiento de enjuiciamiento rápido, b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto, no pudiendo inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de la falta de colaboración del imputado en el curso de la investigación, y valorándose la existencia de dicho peligro en atención a la capacidad del imputado para acceder por sí o a través de terceras personas en las fuentes de pruebe o para influir en otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo, e) Evitar que al imputado pueda actuar contra los bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando esta sea alguna de las personas a las que se refiere el articulo 173.2 del Código Penal y finalmente, supuesto recogido en el apartado 2, para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos, siempre y cuando se trate de un delito doloso, en atención a la circunstancias del hecho y a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer. En este caso concurre, a juicio de quien resuelve, la finalidad prevista en el apartado a) de los indicados: parece resultar una circunstancia utilizable en un doble sentido el hecho de su pertenencia a una familia que, como se ha dicho, goza de una enorme celebridad y prestigio; el Ministerio Fiscal considera que ello incluso incrementa el riesgo de sustraerse a la acción de la justicia, pues podría permitir la obtención por el imputado de la ayuda necesaria para, incluso, salir de nuestro país; por su parte, la defensa considera que, precisamente por el seguimiento del caso efectuado por los medios de comunicación, y por la buena reputación y el buen nombre de la familia T. se debe considerar acreditada la plena disposición del imputado al requerimiento de la justicia. Como ya se ha expresado al comienzo de la presente resolución, las especiales circunstancias familiares concurrentes en el imputado no pueden erigirse, por si mismas, en motivo exclusivo para adoptar una u otra decisión, de modo que, dada la gravedad de los hechos imputados al detenido, y de la pena que en su día pudiera imponérselo, queda suficientemente acreditada, a juicio de quien resuelve, la probabilidad de que el imputado trate de eludir la acción de la justicia, probabilidad que no quedaría anulada por la prestación de una fianza económica.
DECRETAR LA PRISIÓN PROVISIONAL COMUNICADA SIN FIANZA de LLUIS C. P. como presunto autor de UN DELITO DE HOMICIDIO.
Líbrese oficio a los Mossos D’Esquadra para el traslado del detenido al Centro Penitenciario que corresponda.
Líbrese mandamiento al Director del dicha Centro Penitenciario para el efectivo cumplimiento de la medida.
Fórmese la pieza separada de situación personal del Imputado, que se encabezará con el testimonio literal del presente auto, y en la que se substanciará todo lo relativo a las posibles medidas cautelares personales en relación con el mismo.
Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y al imputado, así como a su representación procesal en autos, haciéndolas sabor que contra la misma cabe interponer recurso de reforma y apelación.
Así lo acuerda, manda y firma, D.ª María Montserrat Peña Rodríguez, Iltma. Sra. Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Manresa en funciones de guardia. Doy fe.
DILIGENCIA.­ Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.

References: artículo 505
 resolución 
 resolución 
 artículo 502
 artículo 503
 artículo 138
 resolución