Source: http://elfarodelacolina.blogspot.com/2012_01_01_archive.html
Timestamp: 2017-05-30 03:32:50+00:00

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El Faro de la Colina: enero 2012
Con la excusa, demostradamente falaz, de mejorar la productividad de las empresas, las condiciones de trabajo de los trabajadores se van deteriorando paulatinamente. Un ejemplo de este empeoramiento se encuentra en la sustitución de las jornadas intensivas por jornadas partidas que atan al empleado a su lugar de trabajo por más horas al día haciendo bueno el tópico de vivir para trabajar.
En un momento como el actual, en el que el paro en España afecta a más de 5 millones de personas, puede parecer inadecuado plantear temas como la calidad del trabajo. Si nos ponemos en la piel de cualquier parado es comprensible que, a primera instancia, pueda incluso resultar ofensivo el planteamiento de cuestiones como las jornadas de quienes tienen la fortuna de poder trabajar, mientras otros sufren la precariedad a consecuencia de su condición de desempleados.
La realidad nos presenta a un importante número de ciudadanos que, aún disfrutando de un trabajo, rozan la precariedad al enfrentarse a condiciones que apenas permiten asegurar una estabilidad o unos ingresos decentes. Desgraciadamente, no hay que irse a China para encontrarse a trabajadores que realizan jornadas de mayor duración a las permitidas por ley, contratos a jornada completa que tan sólo cotizan a media jornada, horas extras que no se pagan[1], convenios colectivos que no se respetan[2]. Los abusos laborales existen, a pesar de que su existencia sea ocultada -no denunciadas- en muchas ocasiones por sus propias víctimas, al preferir mantener un puesto de trabajo, aunque sea precario y en condiciones ilegales, que verse en la calle sin ingresos.
Se ha llegado a una cultura del miedo, miedo a protestar, miedo a reivindicar justas mejoras, miedo a implicarse en movimientos sindicales de clase, miedo a señalarse por todo aquello. Como es de imaginar, esta cultura del miedo fomenta la insolidaridad, al extender el ejercicio de autocensura a los compañeros de trabajo que desean luchar por cambios a mejor o, cuando menos, pelear por preservar los derechos propios de los asalariados. Esta falta de solidaridad deja en plena indefensión a los trabajadores que, en una época de crisis como la actual, ven empeorar sus condiciones laborales en aras de mejorar conceptos tan truculentos como la competitividad.
Hoy en día quienes trabajan en jornada continua suelen ser señalados como privilegiados. Por supuesto, ya sabemos lo que ocurre con los derechos cuando, sobre todo en tiempos de crisis, se confunden intencionadamente con privilegios. Desde la perspectiva de muchos empresarios, la jornada laboral partida se percibe como un modo de asegurar una supuesta mejora de la productividad. Si nos ceñimos al particular concepto de productividad subyacente en los discursos de muchos empresarios, el empleado más productivo es quien trabaja el mayor número de horas al menor precio.
Ha sido en los sectores más técnicos -ingenierías, software, etc.- donde se ha ensayado con mayor profusión este nuevo “modelo de productividad”. Unida a la tradición de no pagar las horas extras, la jornada partida ha sido exprimida a conciencia por parte de muchos empresarios de estos sectores, compuestos fundamentalmente por trabajadores en su mayoría dóciles, adoctrinados por un sistema educativo por el que han pasado exitosamente por cada una de sus etapas y absorbido a la perfección la ingrata imposición de obedecer sin hacer preguntas. En cierto modo, los ingenieros, arquitectos e informáticos de hoy son el sueño de cualquier explotador: excelentemente formados, trabajan sin rechistar las horas que hagan falta, además de aceptar la cultura de que está mal visto salir a la hora en punto; lo bien visto es quedarse un rato más en la empresa gratuitamente. De hecho, muchos suelen creerse más cercanos a la empresa que a los compañeros, de modo que entienden la competencia -a toda costa- con aquéllos como un medio de supervivencia y, si es posible, para escalar puestos en la compañía. Así, parte de las dos horas de interrupción habituales en las jornadas partidas se convierten en horas de trabajo gratuitas para la empresa. Para el amo, el sueño de la productividad perfecta se alcanza durante esos instantes.
El trabajador en tales condiciones no sólo renuncia a cobrar por horas de su trabajo, sino que se ve obligado a emplear su dinero donde le imponen las circunstancias. Poco a poco, muchos bloques de oficinas, polígonos industriales y viveros de empresas han ido evolucionando a pequeños ecosistemas humanos donde se saca el máximo provecho de las maratonianas jornadas partidas. La larga estancia de los empleados en el mismo recinto conlleva satisfacer toda una serie de necesidades de las que, tarde o temprano, surgirán oportunidades de negocio para unos pocos. Así, junto a los clásicos comedores-cafeterías irán surgiendo gimnasios, guarderías, recreativos, centros de estética, de masaje, en los cuales los empleados de las empresas de la zona dejarán parte de sus ingresos. Todo, sin salir de la zona de trabajo.
El tópico de vivir para trabajar cobra así más vigencia que nunca. Ante tal panorama es inconcebible hablar de trabajadores motivados, hecho de sentido común confirmado por un estudio del portal de empleo Monster[3]. Empresas del sector como Randstad también han aportado estudios al respecto, que indican el aumento de productividad en los trabajos de jornada intensiva[4]. Pero quizás la aportación más contundente sobre la conveniencia de aplicar la jornada laboral continua viene de la mano de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE), que ha elaborado un decálogo que explica que “la productividad no sólo no desciende con esta clase de medidas, sino que se ve incrementada”[5] pues:
1. Aumenta la motivación. La jornada continua tiene una incidencia directa en la motivación de sus empleados. Están más satisfechos, más felices y con mejor disposición para el trabajo gracias a que tienen tiempo para dedicarlo a su vida personal y a su familia.
2. Fortalece la identificación con el proyecto y con la empresa. Los empleados satisfechos se identificarán con mayor facilidad con una empresa que tiene en cuenta sus necesidades y sus circunstancias personales, que les deja tiempo para atender esas cuestiones.
3. Reduce el estrés. El estrés acumulado repercute negativamente en el rendimiento de los
trabajadores, además esto se une a la angustia que les produce el hecho de que las largas jornadas de trabajo les impide dedicar tiempo a la atención de la familia, la preparación de las vacaciones, las compras y las obligaciones cotidianas.
4. Estimula la optimización del tiempo. Al disponer de un menor número de horas para realizar las mismas tareas que antes distribuía a lo largo de una jornada completa, los empleados aprenden a optimizar sus horas de trabajo, a ser más eficaces y resolutivos en la realización de sus labores profesionales diarias.
8. Facilita la desconexión. Salir a una hora razonable de trabajar permite a la persona desconectar por unas horas de las preocupaciones laborales. Algo que sería muy difícil hacer si la jornada que comienza se vive como una continuación de la anterior porque se ha salido muy tarde y apenas le ha dado tiempo para cenar con la familia y acostarse. Un tiempo de ocio de calidad es esencial para liberar la mente y dejarla limpia y lista para una nueva jornada de trabajo productiva.
9. Explora nuevas facetas. Facetas de la personalidad del trabajador que más tarde pueden tener una incidencia directa en su trabajo. Desde cursos de formación que ahora tiene tiempo para realizar, hasta aspectos de desarrollo personal de cada uno de los trabajadores que, aprovechando que tienen más tiempo y están más relajados, pueden activarse o desarrollarse.
10. Incrementa la productividad. La productividad de los trabajadores se ve incrementada de manera significativa, algo de lo que se benefician tanto él como su empresa, y que viene a probar la rentabilidad de la implantación de medidas de la conciliación y horarios racionales.
La tradicional imposición de la jornada laboral partida no es, por tanto, cuestión de productividad, sino de dominio y explotación de los empleados, quienes se ven obligados en muchas ocasiones a utilizar gran parte de su tiempo libre de descanso para continuar gratuitamente con sus tareas laborales. Se convierte así, por parte de jefes y patronos, en una demostración de fuerza y poder de doblegación de la voluntad de los trabajadores, que ven su vida irremediablemente condenada al trabajo de sol a sol. Por desgracia, sólo la unidad y solidaridad entre los trabajadores puede servir como elemento de presión para convencer a los empresarios de las bondades de la jornada continua. Una unión que sólo puede surgir a partir de la organización de aquéllos, como paso necesario para la conformación de una conciencia de clase que permita a cada empleado alcanzar la sensación de que trabaja para vivir en vez de vivir para trabajar.
[1] "Las empresas ahorran casi 70.000 empleos con las horas extras que no pagan a sus trabajadores". RTVE Noticias, 23 de noviembre de 2011.
[2] "Truquitos de empresa 1: 'equivocarse' de convenio". Laboro, 6 de noviembre de 2011.
[3] "La jornada intensiva mejora la motivación". Muy Pymes, 28 de julio de 2011.
[4] "Más productividad en la jornada intensiva". Muy Pymes, 2 de julio de 2010.
[5] "Diez argumentos a favor la jornada continua en verano". Aprendermás, 25 de julio de 2009.
Los recientes sucesos en la Universidad de Cádiz, donde la actuación sin permiso del Rector de un grupo de policías antidisturbios puso en peligro la integridad cientos de alumnos presentes en el recinto recibiendo sus clases, suponen una violación del principio de autonomía universitaria. Es importante que el asunto no caiga en el olvido y la sociedad exija las responsabilidades pertinentes.
Hay situaciones que no tendrían que repetirse jamás. Cuando la mayoría de los ciudadanos creíamos que la imagen de policías antidisturbios irrumpiendo en un edificio universitario, porra y escudo en mano, era cosa de un pasado teñido de gris, la historia vuelve a repetirse a principios de 2012. En síntesis, el 12 de enero se produjo una carga policial injustificada dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz que se saldó con la detención de un alumno y lesiones a varias de las personas allí presentes.
No hay en absoluto justificación para la irrupción de ningún cuerpo de seguridad en un recinto privado sin que medie orden judicial, constatación de un delito flagrante o denuncia del titular del recinto. Tal como explica públicamente el Rector, máxima autoridad de la Universidad de Cádiz, “desde la UCA ni se solicitó presencia policial alguna ni se demandó en ningún momento la intervención de los agentes”[1], por lo que no hubo motivos para tal intervención, la cual incluso pudo haber ido a mayores habida cuenta de la presencia de numerosos alumnos que a esas horas asistían a clase con normalidad.
Aquel día tuvo lugar una conferencia impartida por el magistrado Fernando Grande-Marlaska y el periodista José María Ridao, que formaba parte del ciclo “Diálogos sobre la Libertad” que organizan el Consorcio del Bicentenario y la Asociación de la Prensa de Cádiz con motivo de la celebración del bicentenario de la Constitución de 1812. Un grupo de personas acudió al acto para explicar al juez el desalojo que habían sufrido el día anterior del centro social y cultural en el que habían convertido un edificio abandonado, aunque en perfectas condiciones de habitabilidad. A pesar de la natural sorpresa de los ponentes ante la interrupción que supuso tal acción, éstos invitaron a aquellas personas a quedarse el resto de la ponencia para luego, una vez llegados al turno de libre palabra, darles la oportunidad de intervenir para explicar con más detalle la problemática del desalojo.
Lo que podía haber quedado como mera anécdota, además de una constructiva charla entre ciudadanos y el juez Grande-Marlaska, quedó ensombrecido por la actuación de la Policía Nacional dentro del recinto universitario, que comenzó a pedir documentación a los presentes en las inmediaciones del Aula Magna de la Facultad. Según explicaron numerosos testigos allí presentes, entre ellos profesores y demás personal de la Universidad, poco después se produjo la irrupción de un grupo de antidisturbios que comenzó a cargar con el resultado que ya sabemos[2].
Es importante señalar la indignación que tales hechos han producido en la comunidad universitaria. Aunque lo deseable hubiera sido la realización de una denuncia en los juzgados, la Universidad de Cádiz, a través de su Rector y el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, pidió explicaciones sobre tales acciones a la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz “para que explique quién autorizó la presencia de la policía y su intervención en el interior de un centro universitario e inicie el procedimiento administrativo al que hubiera lugar”[3].
Ante la gravedad de tales hechos, se ha echado en falta un mayor eco por parte de los medios de comunicación, fundamentales para hacer llegar a la opinión pública esta vulneración de la autonomía universitaria. Hay que señalar al respecto que la autonomía universitaria es un derecho recogido en el artículo 27 sección 10 de la Constitución Española, a su vez desarrollado en la Ley Orgánica 6/2.001, conocida como Ley Orgánica de Universidades. Este derecho tiene sus raíces en el Medievo, a partir de la Bula Papal “Parens Scientiarum” promulgada por el Papa Gregorio IX en 1231, que condicionaba la entrada de cualquier fuerza armada en el interior de los recintos universitarios al permiso tácito del Rector. Incluso en la época de la dictadura del General Franco este derecho fue en muchas ocasiones respetado y, cuando no era así, utilizado por la comunidad universitaria para protestar; por ejemplo, en 1957 llegó a exigirse la dimisión del entonces Ministro de Educación[4].
La razón de ser de la autonomía universitaria estriba en la necesidad de asegurar la libertad de cátedra y la independencia de la Universidad respecto a cualquier autoridad externa. Este derecho se aplica en la actualidad en la mayoría de los países del mundo, incluso los que solemos señalar como menos democráticos. Ahí tendríamos, por ejemplo, el caso de Egipto, donde en 2005 la Corte Suprema sentenció la imposibilidad para la policía de entrar en las universidades del país sin autorización expresa del rector correspondiente.
En un estado de derecho, como el estado español, no pueden tolerarse acciones que empañen los valores democráticos más básicos, y mucho menos a partir de acciones ordenadas desde las administraciones públicas. En aras de la salud democrática es fundamental que se aclaren los hechos y se depuren las responsabilidades pertinentes pero, sobre todo, la ciudadanía no puede permanecen impasible ante hechos así. Desde el momento en que los ciudadanos dejamos de prestar atención a hechos tan graves, o los justificamos con un simple “algo habrán hecho los otros”, renunciamos al concepto más básico de justicia social y pasamos a ser cómplices de una intolerable degradación de un estado de derecho en el que la participación para su continua mejora tendría que ser obligación de todos.
[1] Comunicado de la Universidad de Cádiz. 13 de enero de 2012.
[2] Comunicado Oficial de V.R. sobre los graves hechos ocurridos el la Facultad de Filosofía y Letras de Cádiz. 13 de enero de 2012.
[3] Comunicado de la Universidad de Cádiz.Op. Cit.
[4] Arasa, D. (2008): Historias curiosas del franquismo, 244-245.
1. adj. Dicho de una persona: Que hace uso de su libertad de pensamiento para expresar sus dudas acerca de los dogmas establecidos y lo políticamente correcto. U.t.c.s.
2. com. Persona que se opone a la especulación inmobiliaria, que participa en el sindicalismo alternativo, el activismo contra el cambio climático, los foros sociales, la defensa del territorio frente a las grandes infraestructuras, los centros sociales autogestionados, la generación de experiencias de consumo alternativo y de promoción de la agroecología, o los intentos de abrir una brecha en el sistema político impulsando candidaturas alternativas.*
3. adj. despect. Persona o grupo señalado como antisocial o aislado a sí mismo de la sociedad. U.t.c.s.
[*] Definición extraída del artículo "¿Antisistema? Por supuesto" de Josep Maria Antentas y Esther Vivas, Público, 15 de octubre de 2010.
La realización de asambleas en Sol va a verse dificultada por las recientes órdenes de la Delegada de Gobierno de Madrid, con claras intenciones de disuadir a la ciudadanía a participar a tales eventos. Un derecho fundamental como la libre reunión pacífica no tendría que ser limitado de ningún modo, máxime teniendo en cuenta el comportamiento ejemplar demostrado durante todo este tiempo por los participantes en las asambleas realizadas.
No hace demasiados años la libertad de reunión en España era una quimera. Según las leyes de entonces, congregaciones de más de 20 personas sólo podían llevarse a cabo bajo permiso expreso del Gobernador Civil -equivalente al actual Delegado de Gobierno- aunque, en la práctica, grupos mucho menores eran sistemáticamente identificados y disueltos por la policía de entonces y, en la mayoría de las ocasiones, puestos en vigilancia por la Brigada Político-Social. Eran los años de la dictadura fascista dirigida por el General Franco, líder de un estado que intentaba controlar a la población civil en todas sus facetas. La libertad de reunión era entonces impensable.
No fue hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 cuando el derecho a la libertad de reunión es doblemente reconocido: por una parte, el artículo 21 salvaguarda el “Derecho de reunión pacífica y sin armas sin necesidad de autorización previa”; por otra, el artículo 10, apartado 2, se adquiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 20 proclama la libertad de reunión y de asociación pacífica.
Las ya clásicas asambleas de ciudadanos, que periódicamente se llevan realizando a lo largo de la geografía española desde el 15 de mayo de 2011, son un ejemplo de ejercicio de este derecho fundamental. Numerosos grupos de personas reunidas en torno al ideal democrático, han demostrado una capacidad de autogestión y organización que más quisiera para sí más de un partido político, además de un incuestionable civismo y cuidado del entorno donde llevan a cabo sus actividades, dando un ejemplo que bien podría cundir en las celebraciones de muchos éxitos deportivos.
Aún así, durante la mañana del 22 de enero de 2012, varios agentes de la Policía Nacional se acercaron a las primeras personas que acudían a la plaza para celebrar la Asamblea General de Sol para pedirles su documentación e informarles que, a partir del próximo domingo, multarán a quienes acudan a las asambleas si no se comunica previamente a las autoridades su celebración[1].
Tal como explica la Comisión Legal Sol, con las leyes en la mano, la exigencia de realizar una comunicación de las asambleas a Delegación de Gobierno parece ser arbitraria y sin ningún fundamento:
El Tribunal Constitucional ha destacado que: “La obligación de comunicar, previamente, a la Autoridad gubernativa la realización de la manifestación es, por el contrario, tan sólo exigible con respecto a las reuniones «en lugares de tránsito público» (art. 21.2). En la actualidad dicha comunicación se rige por los artículos 8 y siguientes de la L.O. 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, de cuyo régimen interesa destacar. En primer lugar, que no se trata de interesar solicitud de autorización alguna (art. 3, L.O. 9/1983), pues el ejercicio de este derecho fundamental se impone por su eficacia inmediata y directa (arts. 9.1 y 10.1 C.E.), sin que pueda conceptuarse como un derecho de configuración legal -sino tan sólo de efectuar una declaración de ciencia o de conocimiento a fin de que la Autoridad administrativa pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar tanto el ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes como la protección de los derechos y bienes de la titularidad de terceros (…)” (STC 59/1990). En la misma sentencia afirma que: “El primero de los enunciados requisitos [que la reunión sea pacífica] es de inexcusable cumplimiento” (STC 59/1990) lo que, a contrario, no dice de la comunicación previa. En este caso, la interpretación de la ley conforme a la realidad social podría salvar el que no haya una notificación a la autoridad gubernativa, pero NUNCA puede alterarse el orden público ni poner en peligro personas o bienes.
Habida cuenta de que el movimiento 15M se define como pacífico, cosa que ha demostrado día a día en las sucesivas reuniones que se han ido llevando a cabo desde el surgimiento de los movimientos de indignación -tan leve ha sido el “ruido” que últimamente han podido producir estas asambleas que muchos medios tradicionales llevan anunciando desde hace unos pocos meses la muerte silenciosa del movimiento[2]-, no parece tener sentido este cambio de actitud por parte de las autoridades.
En cualquier caso, debido a las actuales órdenes de la Delegada de Gobierno en Madrid -quien paradójicamente se apoya en una restrictiva interpretación de las leyes anteriormente mencionadas-, los asistentes a las asambleas se enfrentan a amenazas de multa de hasta 30.050,62 € (en aplicación del artículo 23.c, Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana). La única explicación para esta medida parece la intención de conseguir un efecto disuasorio que erosione las asistencias a las asambleas que termine por debilitar al movimiento 15M.
Resulta incomprensible este afán en poner las cosas difíciles a un grupo de ciudadanos que no desean más que ejercer libremente un derecho fundamental reconocido tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La única explicación a tal actitud por parte de la Delegada de Gobierno -que posiblemente se vaya extendiendo al resto de la geografía del Estado- es el miedo a la naturaleza crítica de los movimientos de indignación quienes, a pesar de su aparente actual estado de latencia, han demostrado una importante capacidad organizativa y movilizadora, tal como se comprobó el pasado 15 de octubre.
La movilización pacífica, derecho también recogido en el artículo 21.1 de la Constitución Española, es el principal elemento de protesta de la ciudadanía frente a decisiones que puedan ser consideradas injustas. Al respecto habría que recuperar las declaraciones en plena campaña electoral -noviembre de 2011- de un miembro del partido ahora en el poder que vaticinaba que "Algunos, los que no se han quejado nunca hasta ahora, van a protestar mucho cuando el Gobierno diga todo lo que hay que hacer para sacar el país adelante"[3].
Todo parece indicar que se está poniendo el parche para contener futuras e inevitables protestas, fruto de las planeadas medidas que las autoridades saben lesivas para los intereses de la ciudadanía. Es lamentable que, para ello, nuestros representantes electos se hayan propuesto llevar al límite las leyes actuales a costa de hacer incluso peligrar derechos fundamentales.
[1] "Sobre el uso de la plaza, represión y multas / próxima AGSol: 29 de enero" en la página web de #Acampadasol.
[2] Véase, por ejemplo, esta editorial en Crónica de Aragón: "¿Dónde está el 15M?". 23 de enero de 2012.
[3] "Cospedal vaticina protestas 'cuando Rajoy diga lo que hay que hacer'". Público, 15/11/2011.
Comunicado en relación a los sucesos acontecidos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz
Reproduzco a continuación un comunicado de la Delegación de Alumnos de la Universidad de Cádiz con relación a los graves sucesos acontecidos el pasado jueves 12 de enero en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad:
Como todos sabréis el jueves pasado hubo una carga policial dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Seguramente a través de las redes sociales habréis visto ya imágenes de lo ocurrido. El Delegado de Centro de Filosofía y Letras fue uno de los agredidos y no pertenece al movimiento "Valcárcel Recuperado". Os lo explico a grandes rasgos. Durante la ponencia de Grande Marlaska algunos miembros del movimiento "Valcárcel Recuperado" leyó un manifiesto sobre el desalojo del edificio, mostraron pancartas durante la lectura del mismo y tras eso abandonaron el Salón de Actos, el mismo Marlaska aceptó lo ocurrido diciendo que quizás no era el momento más adecuado, pero que formaba parte de la libertad de expresión, algo que formaba parte del tema del día que era la libertad y la Constitución del 12. A partir de aquí os cuento lo que pude ver. Desde dentro del Salón de Actos se escucharon abucheos, al salir fuera habían alrededor de 15-20 antidisturbios, justo enfrente donde se desarrollaba el acto. La policía le pidió el DNI a un compañero nuestro, de Filosofía, y le contestó que se lo daba pero que mostrara su identificación, algo obligado por ley y que no respetaron. El policía golpeo a nuestro compañero e inmediatamente se procedió a cargar contra todos los presentar sin diferenciar entre gente del movimiento y los presentes en el edificio. Lo demás ya lo sabréis, una brecha en la cabeza, el Delegado de Centro en urgencias y nuestro compañero detenido.
Con todo esto os comunico como están las cosas, nuestro compañero está imputado por "atentado contra la autoridad". Debemos tener en cuenta que no podemos permitir que la policía entre en nuestra facultad, además sin permiso del Rector y de nuestro Decano y ejerza la violencia de forma tan indiscriminada. Actualmente la DAUC, Delegación de Alumnos de la Universidad de Cádiz, estamos empezando a movernos para tomar las medidas adecuadas para pedir responsabilidades, pero debemos saber que es una obligación de todos defender la integridad de la universidad, y proteger nuestro espacio, rechazando los actos deleznables cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado dentro de nuestro centro educativo. Debemos mostrarnos unidos y mostrar todo nuestro apoyo a nuestro compañero, acusado de los delitos ya explicados.
En cuanto tengamos más información, a principios de la semana entrante, os la daremos. Ahora nos parecía lo más adecuado comunicar todo lo ocurrido, sin entrar en detalles, para que todo este tema no se diluya y se olvide, menos habiendo un compañero nuestro en una situación tan injusta.
Esperamos que desde la Universidad de Cádiz, se denuncien los hechos y se proteja así a la comunidad universitaria y nuestros derechos. En momentos como estos debemos estar unidos, no solo alumnos, sino también PDI y PAS.
Jorge Guerrero Valle
Delegado de Centro de Filosofía y Letras
Falacia: "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades"
Se puede afirmar categóricamente que no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. En este artículo se explican argumentos que permiten comprender que la repetida consigna no es más que una excusa para justificar recortes en los derechos de los ciudadanos.
A base de repetir lo mismo una y otra vez, los medios de comunicación tradicionales nos han adoctrinado para que afirmemos de manera acrítica que la culpa de la crisis y la dificultad para salir de aquélla es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Este argumento ha calado tan hondo en gran parte de la sociedad que se ha convertido en una especie de mantra, un mea culpa a entonar para tranquilizar a los temidos dioses de los mercados que justamente nos castigan por haber cometido el pecado de atrevernos, tan siquiera, a pensar que podríamos vivir mejor.
Pero, ¿quién o quiénes han vivido por encima de sus posibilidades?, ¿los ciudadanos?, ¿el Estado?, ¿qué significa vivir por encima de las posibilidades? Unos se refieren al hecho de que muchos españoles de a pie hayan participado activamente en el boom inmobiliario, que se hayan endeudado hasta las cejas para comprar un piso -o los que el banco financiase-, encerrados en el mundo irreal donde la regla fija era que lo que hoy cuesta uno mañana se podrá vender por cuatro. Otros, con intenciones más mezquinas, señalan directamente al Estado del Bienestar, al cual consideran un despilfarro que las administraciones públicas no se pueden permitir y, por tanto, lo mejor sería aceptar que hay que reducir aquellos gastos -de ahí su mezquidad- de los que los ciudadanos nos hemos beneficiado.
En realidad, ambas interpretaciones parten con la misma intención. Sea al estado o al individuo, en ambos casos se busca culpabilizarlos, responsabilizarlos de su situación. Que hay ciudadanos desahuciados, pues es totalmente por su culpa por manirrotos; que el Estado está en bancarrota, se lo ha buscado por gastar en lo que no debe. Simplemente, unos aceptan que ha sido el ciudadano de a pie con su irresponsabilidad quien se ha buscado su propia ruina, mientras otros culpan al propio Estado por derrochador, dando a entender que el sostenimiento de un mínimo Estado del Bienestar es un despilfarro.
Los medios tradicionales olvidaron aquellos años en los que se hacían eco de créditos maravillosos casi sin condiciones, del imparable aumento del precio de la vivienda -por lo que o comprábamos “ya” o en un futuro el precio nos sería prohibitivo-, de los “pelotazos” de advenedizos gurús del ladrillo y del mercado inmobiliario. En aquellos momentos no se hablaba de vivir por encima de las posibilidades de nadie. El gobierno de entonces negaba la existencia de burbuja inmobiliaria alguna cuando, según el presidente Aznar, España iba bien. Muy al contrario, aquel gobierno se esforzaba por mantener la ilusión de que no había riesgos, engaño que luego continuó Rodríguez Zapatero al afirmar pomposamente que la economía española se encontraba en la “Champions”.
Ambos gobiernos se quisieron aprovechar del boom del ladrillo para crear un clima de confianza que sabían efímero, detalle que silenciaban. De este modo, la facilidad de conseguir crédito junto al relativo bajo precio de los intereses condujo a muchos, particulares y empresas, a endeudarse para comprar no sólo inmuebles sino accesorios superfluos como automóviles y vacaciones de lujo. No podemos culpar exclusivamente a los mismos que lo perdieron todo a consecuencia de la crisis, ya que en realidad fueron víctimas del juego del gran capital, los principales beneficiarios de toda la vorágine especuladora del ladrillo, y de la irresponsabilidad de los gobiernos de turno y el Banco de España, quienes prefirieron dejar crecer la burbuja hasta que explotase violentamente llevándose a muchos por delante, como finalmente ocurrió[1].
La sensación de crecimiento desenfrenado de la economía en los supuestos años de bonanza contrastaba con las cifras correspondientes a los salarios reales, que cayeron un 8% entre 1996 y 2008. En el intervalo de 1999 a 2005 los beneficios empresariales en España crecieron un 73% -más del doble de la media de la Europa de los 15-, mientras que los costes laborales aumentaron apenas un 3,7% -cinco veces menos que la Europa de los 15-[2]. La brecha entre las rentas de los ricos y los asalariados en este país no ha dejado de crecer desde entonces. De estos datos se puede inferir que no todos los trabajadores se endeudaban por el placer de comprarse un BMW, sino principalmente por la disminución real de su capacidad adquisitiva.
Han sido los grandes capitales -los ricos- quienes han ampliado sus posibilidades a partir del boom del ladrillo y, actualmente, de las oportunidades de la crisis[3]. Sin embargo, esta bonanza económica en las clases pudientes no se ha visto repercutida como debiese en las arcas del Estado. El 1% de las rentas superiores de España pagan sólo el 20% de lo que pagan sus equivalentes en Suecia. De este modo, si España tuviera la misma política fiscal que Suecia, el Estado ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa[4]. La baja fiscalidad en España para las rentas altas ha limitado los ingresos y, por tanto el gasto público social. En el Estado español se gasta por habitante el 74% del promedio gastado en los países de la Europa de los 15.
A partir de los datos anteriores se comprende que la falacia de admitir la crisis actual -y la dificultad de salir de aquélla- como consecuencia de que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades no es más que pura propaganda para culpabilizar a los ciudadanos y al propio Estado del Bienestar de la situación actual. Una excusa diseñada para evitar a los políticos en el poder el trago de tener que enfrentarse a las grandes fortunas, la banca y las grandes empresas. Les es muchísimo más sencillo cebarse con el bienestar de una ciudadanía, aún en estado de shock, que en su deseo de salir de la crisis es capaz de aceptar casi cualquier cosa.
Las medidas planteadas para salir de la crisis por los gobiernos actuales no han sido más que la aplicación del dogma neoliberal. Una ciudadanía que se sienta culpable de la situación actual es mucho más manejable y totalmente acrítica ante argumentos que realmente sólo son excusas para justificar recortes de acuerdo a aquel dogma. Los mismos políticos que desde las administraciones nos acusan de haber vivido por encima de nuestras posibilidades olvidan el derroche de haber construido aeropuertos sin pasajeros o estaciones del AVE sin viajeros, además de ciertos privilegios exorbitados para algunos cargos públicos; los grandes empresarios y banqueros que repiten el mismo cántico olvidan que ellos mismos tributan al Estado muchísimo menos que sus homólogos en el resto de la Europa rica, además de haber utilizado dinero público -destinado a salvar sus empresas de la quiebra- para blindar sus cargos y asegurarse indemnizaciones o pensiones por cuantías escandalosas.
[1] El propio ex-presidente Zapatero llegó a reconocer durante el Debate sobre el estado de la Nación de junio de 2011 que la burbuja inmobiliaria se había ido de las manos a los gobiernos de la época. "Zapatero: 'Me arrepiento de no haber pinchado antes la burbuja inmobiliaria'", El Mundo. 28 de junio de 2011.
[2] Vicenç Navarro: "¿Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades?", Sistema. 25 de junio de 2010.
[3] "La brecha entre ricos y pobres alcanza su nivel más alto en 30 años", Público. 5 de diciembre de 2011.
[4] Entrevista a Vicenç Navarro en Informe Semanal. 2 de septiembre de 2011.
Un propósito de año nuevo: ser dueños de nuestras propias vidas
Con la excusa de la crisis los ciudadanos vemos cada día empeorar nuestras condiciones mientras los poderosos son cada vez más ricos e influyentes. Como paso previo para cambiar esta injusta tendencia, cada trabajador, como individuo, ha de plantearse ser dueño de su propia vida, despertar la mentalidad crítica necesaria para ejercer una verdadera libertad de pensamiento.
La crisis llega a su quinto año. Aunque España se encuentra al borde de la recesión[1], se continuará insistiendo en las mismas recetas basadas en recortes sociales y laborales. Seguiremos siendo los trabajadores -e incluyo en ese término a pequeños empresarios y autónomos- quienes pagaremos cada intento de recuperación de la crisis.
Nos hemos acostumbrado a que las apariciones de nuestros políticos sean para anunciar recortes, los cuales asumimos como necesarios para salir de la crisis. Incluso se empieza a dar el caso de ministros que justifican sus agresivas medidas en que, en cualquier caso, “las hubieran impuesto otros”[2]. Declaraciones inquietantes, síntoma de una peligrosa delegación de soberanía en otros a quienes el pueblo español no ha elegido que ya tiene precedentes. No hace mucho el Banco Central Europeo forzó a los gobiernos español e italiano a cambiar sus constituciones para introducir en ellas un límite al déficit, además de dar prioridad sobre cualquier otro gasto al pago de la deuda pública. Días antes de las elecciones generales Mariano Rajoy contactaría con Angela Merkel para expresarle que “a cambio de 100.000 millones de euros está dispuesto a hacer las medidas que sea necesario”[3]. La Unión Europea liderada por el tándem Merkel-Sarkozy demuestra estar al servicio del sector financiero y, muy especialmente, de la banca privada, de quienes se han convertido en portavoces. El neoliberalismo ha infectado a los gobiernos de la Zona Euro y están imponiendo su dogma económico a fuerza de crisis. No se permiten opiniones alternativas. Mientras este dogma siga indiscutible, nuestros derechos irán siendo recordados uno tras otro. Los argumentos de los economistas críticos apenas son divulgados por los medios de comunicación tradicionales, en una clara manipulación para que parezca que no hay alternativas. Pero sí hay alternativas, como argumentan expertos economistas de ambos lados del Atlántico. El problema está en el sistema financiero que con su comportamiento destructivo está condenando a Europa a una Gran Recesión[4]. La salida a la crisis no será posible mientras no se produzca un cambio de rumbo en las políticas económicas a escala europea.
Esto significa un desafío claro al neoliberalismo, que no es más que el último estadio en la evolución del capitalismo. A pesar de que en la actual sociedad de lo políticamente correcto el concepto de lucha de clases se haya convertido en tabú, la realidad nos demuestra que ahora es un concepto muy vigente y, posiblemente, se esté llevando con mayor virulencia que nunca. No en vano, los ricos son cada vez más ricos y poderosos; mientras los trabajadores son cada vez más pobres tanto en lo económico como en derechos[5]. La lucha de clases es consustancial al capitalismo. Warren Buffet, quien amasa una de las mayores fortunas del mundo expresó en un arranque de sinceridad que “Claro que hay lucha de clases, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo la guerra, y estamos ganando”[6]. No podemos dejar de darnos por aludidos ante el descaro de tal mensaje: es una guerra contra usted, contra mí, contra todos nosotros, la clase trabajadora.
Quizás sea el comienzo del año, sobre todo uno que promete tanta dureza para los trabajadores como el 2012, el momento para plantearse el propósito de responder, aunque sea inicialmente de modo individual, a la beligerancia del neoliberalismo en ciertas actitudes personales, pequeños granos de arena que sirvan al menos para alcanzar la satisfacción personal de no sentirse sumiso hacia un sistema donde la democracia hace aguas, mientras la banca privada acrecienta a diario su poder e influencia.
Los 6 puntos que aparecen a continuación son ejemplos de esos granitos de arena, en forma de rebeldía y libertad de pensamiento, que toda persona libre debería plantearse en aras de despertar su conciencia de clase[7]:
Practicar el pensamiento crítico y libre; contrastar todo lo posible entre ideas, entre opiniones e informaciones opuestas; leer la prensa oficial y la alternativa disponible en Internet; cuestionar todo y permitir ser siempre cuestionado; practicar el método científico en nuestras vidas cotidianas (el contraste entre las teorías y entre la teoría y la práctica).
Someterse lo menos posible en el trabajo, cumplir lo estrictamente necesario en nuestros puestos de trabajo, trabajar para vivir y no al revés, tener siempre muy presente que la empresa es nuestra enemiga, en cualquier momento puede despedirnos, sólo somos números para ella.
Aprovechar nuestro tiempo libre al máximo, ser libres en nuestro tiempo libre, librarnos de compromisos y disciplinas innecesarios. Luchar por la cantidad y la calidad del tiempo libre. Procurar disponer del máximo tiempo libre posible y procurar ser lo más libre posible durante el tiempo libre de que dispongamos. Procurar satisfacer también nuestras necesidades intelectuales todo lo posible. Además de cuidar nuestro cuerpo, debemos cultivar nuestra mente, lo que más nos diferencia del resto de animales. De esta manera nos desarrollamos más como seres humanos. Somos así menos ovejas.
Controlar los gastos en vez de obsesionarnos con aumentar constantemente los ingresos; consumir menos, lo realmente necesario, endeudarnos lo menos posible; aprovechar todas las ocasiones en que podamos hacer cosas interesantes sin gastarnos mucho dinero; disfrutar de las cosas sencillas de la vida, dar prioridad a las cosas verdaderamente importantes, disfrutar de la familia, de los amigos, de la naturaleza, de la cultura; aprovechar al máximo nuestras posibilidades, sin obsesionarnos tanto en aumentarlas a toda costa e incesantemente.
Usar el derecho al voto de forma inteligente y realista, ejercer un voto útil, considerando que el voto más útil es el que puede contribuir a cambiar las cosas en profundidad, no conformarse con parches. No perder de vista que otro sistema es necesario y posible. No conformarse con cambios de gobiernos, aspirar a cambiar el propio sistema. El voto más útil, el ejercicio del derecho al voto más útil, es el que contribuye a los cambios sistémicos. Debemos votar a los partidos que apuesten por cambios profundos, que defiendan el desarrollo de la democracia. O, si no los encontramos, debemos practicar la abstención, o el voto protesta como el voto nulo (pero no el voto en blanco si beneficia a los grandes partidos, como así ocurre actualmente en España), como forma de boicot a la oligocracia, para intentar forzar los acontecimientos, para cuestionar a la escasa y simbólica “democracia” actual.
Desconfiar siempre del poder y de quienes lo defienden acríticamente o sólo lo critican superficialmente. Desconfiar de quienes no critican al sistema, de quienes no profundizan. El sistema dista mucho de la perfección. Quien evita criticarlo profundamente, lo sustenta, es sospechoso de ser uno de sus lacayos.
El único modo de ser dueños de nuestras propias vidas pasa por la rebeldía a este sistema de banqueros y especuladores. Una rebeldía con causa que no conciba vivir con la cabeza agachada, a expensas de los caprichos de patronales sin conciencia. Somos el pueblo pacífico a quienes nos declararon una guerra que no buscábamos ni deseábamos, pero que sufrimos cada vez con más intensidad. El camino puede ser arduo, complicado, implica compromiso y valentía, exige pensar sin miedo, requiere humanidad. Porque vivir de rodillas es el primer síntoma de esclavitud, para uno mismo y nuestra descendencia, y quien acepta ser esclavo sin lucha reniega de su condición humana.
[1] "Crisis: año V", Público, 1 de enero de 2012.
[2] "De Guindos: 'Había que tomar medidas porque si no, nos las habrían impuesto'", Cadena Ser, 2 de enero de 2012.
[3] Julio Anguita, "Las frecuentes entrevistas Merkel-Rajoy indican claramente la agenda del nuevo Gobierno", 29 de noviembre 2011.
[4] Vicenç Navarro: "Por qué las decisiones propuestas por la reunión de Bruselas de los dirigentes de la Unión Europea llevarán de nuevo a la Gran Recesión (y posiblemente Depresión)", Sistema, 16 de diciembre de 2011.
[5] Vicenç Navarro, "Concentración de la riqueza", Público, 29 de diciembre 2011.
[6] "In Class Warfare, Guess Which Class Is Winning", The New York Times, 26 de noviembre de 2006.
[7] Tomo estos puntos de un magnífico artículo que encontré en el Blog de José López: "Un grano de arena".
Los recientes anuncios del nuevo Gobierno indican que nos espera un año muy duro para la clase trabajadora. La amenaza de nuevos recortes de derechos se hace cada vez más patente, mientras que la clase dominante -banca privada y grandes empresarios de España y Europa- se ha apropiado en la práctica de la soberanía del Estado. Con estas perspectivas es difícil hablar de un feliz 2012.
A pesar de los buenos deseos de año nuevo, las perspectivas para el 2012 no parecen muy halagüeñas. No es cuestión de pesimismo sino de evidencias, habida cuenta de la profunda crisis sistémica en la que nos encontramos inmersos y de su instrumentalización para el desmontaje de cualquier atisbo de estado del bienestar.
El camino trazado para el año recién estrenado no va a divergir mucho de la senda de privatizaciones y recortes de derechos de los últimos tiempos. Incluso la ciudadanía de la periferia de Europa va a ver agravada sus condiciones, donde las exigencias del Banco Central Europeo llevarán a un aumento de la ya enorme brecha económica existente entre ricos y pobres, entre la clase dominante y la clase trabajadora.
El propósito de año nuevo del Gobierno de España parece claro: se van a cumplir las directrices del Banco Central Europeo: que los salarios y la protección social disminuyan. El dogma neoliberal parte de estos condicionantes para mejorar la competitividad de la economía española como paso previo a la salida de la recesión. Según aquél, unos salarios reducidos harán nuestros productos más competitivos para la exportación, mientras que la disminución del gasto social permitirá contener el déficit. En realidad, es un argumento falaz, tal como demuestra el profesor Vicenç Navarro, quien da el ejemplo de Suecia, uno de los países con mayor crecimiento económico de Europa a pesar de tener los salarios más elevados y la mayor protección social de la Unión[1].
Los apresurados cambios en las constituciones de España e Italia fueron consecuencia de la presión del BCE a los expresidentes Rodríguez Zapatero y Berlusconi como condición para recibir importantes ayudas económicas de este organismo. Es decir, las soberanías de estos dos estados quedaron supeditadas a los intereses de un organismo cómplice de la banca privada: recordemos que el BCE realiza préstamos a bajo interés a la banca privada para que luego ésta compre bonos de los estados a intereses 6 veces superiores. Podemos hablar sin miedo a equivocarnos de un rescate de baja intensidad, del mismo tipo del que luego Rajoy, en fechas próximas a las elecciones generales, solicitaría a Angela Merkel cuando contacta con aquélla para expresarle que “a cambio de 100.000 millones de euros está dispuesto a hacer las medidas que sea necesario”[2].
Los grandes poderes financieros se frotan las manos ante la situación que se presenta para el año que está comenzando. La anunciada congelación del sueldo de los funcionarios o del salario mínimo interprofesional son síntomas de lo que espera a los trabajadores del sector privado para este año. Así, la reducción de salarios conllevará un mayor endeudamiento de la población -lo cual lógicamente beneficiará a la banca-, además de una disminución de costes salariales al sector empresarial. La perspectiva de la privatización de las pensiones públicas se hace cada vez más patente, exigencia que más pronto que tarde llegará desde el BCE, lo que supondrá para la banca privada cuantiosos ingresos. Tampoco hay que descartar la posibilidad de la privatización del sistema sanitario, lo que beneficiará a las grandes aseguradoras privadas.
La actual debilidad de las fuerzas sindicales de clase será aprovechada por el gobierno para continuar el desmontaje de derechos ya comenzado por el ejecutivo anterior. Muy posiblemente, con la excusa de su presunto perjuicio para la economía, se limitará el derecho a huelga. Cualquier intento de reacción por parte de la ciudadanía, que indudablemente se movilizará en protesta al anunciado latrocinio de derechos, recibirá una contundente respuesta por parte de las fuerzas del estado, tal como insinuó el nuevo ministro de Interior tras jurar su cargo[3].
Mientras tanto, a consecuencia de la disminución real de sueldos, la reducción de la capacidad adquisitiva de la población en general dejará bajo mínimos la capacidad de consumo interno, principal motor de la economía de un estado cuyo tejido productivo se basa principalmente en pequeñas y medianas empresas. El consecuente debilitamiento de la economía nacional, junto a la negativa europea a permitir un aumento de la inversión pública, pondrá al estado español al borde de una seria depresión que tendrá incalculables costes para la sociedad en su conjunto.
No olvidemos que, poco después de tomar posesión de su cargo, el nuevo ministro de Economía y Competitividad explicaba que España se encuentra en recesión[4], dato confirmado por la CEOE, que predice para el 2012 crecimiento cero en la economía, además del aumento del desempleo hasta los 5,2 millones de personas[5]. Tras estos últimos años de recortes y sacrificios de nuestros derechos es hora de aceptar que no hay solución a la crisis actual mientras nos mantengamos en las tesis neoliberales. Las nefastas predicciones de la patronal hemos de tomarlas como el reconocimiento de la incapacidad de aquellas medidas para cumplir el objetivo de salir de la crisis, aunque de seguro que las utilizarán en su provecho para recortarnos derechos laborales. En todo caso, no podemos olvidar que se trata de una crisis que afecta exclusivamente a los trabajadores y pequeños empresarios, mientras los poderosos son cada vez más ricos[6].
[1] Sobre el papel del BCE léase el artículo de Vicenç Navarro, “El BCE, el lobby de la banca”, Público, 8 de diciembre de 2011.
[2] Julio Anguita, "Las frecuentes entrevistas Merkel-Rajoy indican claramente la agenda del nuevo Gobierno", 29 de noviembre 2011.
[3] "Una advertencia a los indignados", Público, 23 de diciembre 2011.
[4] "El ministro de Economía confirma que la recesión ha vuelto a España", El Periódico, 27 de diciembre de 2011.
[5] "CEOE anuncia un 2012 de crecimiento cero y más de 5,2 millones de parados", El Economista, 16 de diciembre 2011.
[6] Vicenç Navarro, "Concentración de la riqueza", Público, 29 de diciembre 2011.
Desvaríos periodísticos contra un gaditano

References: artículo 27
 artículo 21
 artículo 10
 artículo 20
 artículo 23
 artículo 21