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Timestamp: 2018-07-16 02:14:15+00:00

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ANEXO AL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES DE ESPAÑA (PANER) (Fichas normativa aplicable por Comunidades Autónomas) - PDF
ANEXO AL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES DE ESPAÑA (PANER) (Fichas normativa aplicable por Comunidades Autónomas)
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Sofia Alarcón Marín
1 ANEXO AL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES DE ESPAÑA (PANER) (Fichas normativa aplicable por Comunidades Autónomas)
2 ÍNDICE C.A. ANDALUCÍA... 1 C.A. ARAGÓN C. A. CANARIAS C. A. CANTABRIA C. A. CASTILLA Y LEON C. A. CASTILLA-LA MANCHA C. A. CATALUÑA C.A. COMUNIDAD VALENCIANA C. A. EXTREMADURA C. A. GALICIA C. A. ISLAS BALEARES C. A. LA RIOJA C. A. MADRID C. A. MURCIA C. A. NAVARRA C. A. PAIS VASCO C. A. PRINCIPADO DE ASTURIAS
3 C.A. ANDALUCÍA 1
4 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA NORMATIVA APLICABLE Al margen de la normativa estatal, que tiene carácter básico, en el ámbito de la Comunidad Andaluza resultan de aplicación las siguientes disposiciones normativas en las que se regula las autorizaciones, permisos y licencias que resultan necesario obtener para la implantación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, sus instalaciones conexas y las instalaciones de producción de energía térmica (calefacción y/o frigorífica) a partir de fuentes de energía renovable: Instrucción 21 de Enero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que regula el procedimiento de puesta en servicio de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que establece normas complementarias para la conexión En el ámbito territorial de Andalucía resultarán de aplicación las siguientes disposiciones normativas: Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Ordenanzas municipales, que en su caso hayan podido dictar las Entidades Locales. Al margen de la normativa estatal en el ámbito territorial de Andalucía resultarán de aplicación las siguientes disposiciones normativas: Ley 7/2007, de 9 julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía. Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, que aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental de Andalucía. 2
5 de determinadas instalaciones generadoras de energía eléctrica en régimen especial y agrupaciones de las mismas a las redes de distribución en baja tensión. Decreto 59/2005, de 1 marzo, que regula el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. Instrucción de 12 mayo 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que complementa la Instrucción de , sobre el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red. Instrucción de 9 octubre 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que define los documentos necesarios para la tramitación de las correspondientes autorizaciones o registros ante la Administración Andaluza en materia de Industria y Energía. Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y ahorro energético de Andalucía. Instrucciones 1/2007, conjunta de la Dirección General de Urbanismo y de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, en relación con los informes a emitir por la Consejería de Obras Públicas y Transporte sobre la implantación de actuaciones de producción de energía eléctrica mediante fuentes energéticas renovables previsto en el artículo 12 de la Ley 2/2007. Decreto 50/2008, de 19 febrero que regula los procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 3
6 COMPETENCIAS PARA LA REGULACIÓN El Estado español tiene competencia para dictar la normativa básica en materia de energía, pero no para regular los procedimientos de autorización cuya competencia corresponde a las Comunidad Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, otorga en su artículo 49 a la Junta de Andalucía la competencia compartida sobre las Instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando este transporte transcurra íntegramente por el territorio de Andalucía y su aprovechamiento no afecte a otro territorio así como para el fomento y gestión de las energías renovables y de la eficiencia energética. Así mismo, le corresponde la competencia exclusiva para la regulación de actividades de producción, depósito y transporte de energías, así como su autorización e inspección y control, estableciendo, en su caso, las normas de calidad de los servicios de suministro. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, otorga en su artículo 56 a la Junta de Andalucía competencias exclusivas en materia de urbanismo, que incluye, en todo caso, la regulación del régimen urbanístico del suelo; la regulación del régimen jurídico de la propiedad del suelo, respetando las condiciones básicas que el Estado establece para garantizar la igualdad del ejercicio del derecho a la propiedad; el establecimiento y la regulación de los instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística REVISIÓN DE NORMATIVA APLICABLE El Estado español es competente para dictar la normativa básica en materia de protección del medio ambiente. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía otorga en su artículo 57, Corresponde a la Junta de Andalucía la competencia compartida en relación con el establecimiento y la regulación de los instrumentos de planificación ambiental y del procedimiento de tramitación y aprobación de estos instrumentos De conformidad con la Ley 2/2007, reglamentariamente deberá articularse la unificación de los trámites de información pública en los trámites de autorización municipal y de los distintos organismos competentes implicados. No nos consta que se vaya a modificar la normativa aplicable. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, se deberá desarrollar reglamentariamente el procedimiento de tramitación de la Autorización Ambiental unificada, así como el procedimiento para la obtención de la Calificación Ambiental. De conformidad con lo previsto en la Ley 2/2007, la implantación de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable requiere la obtención de las autorizaciones previstas en la normativa estatal (esto es, RD 1955/2000 y RD 661/2007), De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2002, para la ejecución de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, de sus instalaciones de conexión, se requerirá la obtención de las Para la ejecución de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, así como sus instalaciones de conexión se requerirá la obtención de las siguientes autorizaciones 4
7 de aplicación supletoria en este Comunidad Autónoma. De acuerdo con ello, para estas instalación se requiere la obtención de las siguientes autorizaciones industriales: Reconocimiento de la instalación acogida al Régimen Especial. Autorización Administrativa del anteproyecto de la instalación. Aprobación del proyecto de la instalación. Acta de Puesta en Servicio de la instalación. Inscripción en el Registro de Instalaciones de Producción de Energía en Régimen Especial. Por su parte, el Decreto 50/2008, regula las autorizaciones que requieren las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de distribución o transporte, requiriéndose la obtención de las mismas autorizaciones indicadas anteriormente, con independencia de la potencia de la instalación. Sin embargo, las instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red (aquellas que no están conectadas, es decir, que no vierten energía a una red de distribución o transporte eléctrico y su producción se destina a autoconsumo), no requieren la obtención de una autorización para su instalación, sino únicamente una comunicación a la administración competente de la Comunidad Autónoma para su puesta en funcionamiento. El resto de instalaciones de generación de energía eléctrica en baja tensión tampoco requerirán la obtención de ninguna autorización para su puesta en marcha, siendo únicamente una comunicación a la administración competente de la Comunidad Autónoma para su puesta en funcionamiento. Por su parte, en cuanto a las instalaciones de producción de energía térmica (calefacción o refrigeración), debemos indicar que la normativa aplicable a estas instalaciones (bien cuando la energía producida se destine a un uso industrial, o bien cuando se destine al servicio de edificios) no requiere la obtención de una siguientes autorizaciones urbanísticas: Licencia de Obras. Licencia de primera instalación. Plan Especial o Proyecto de Actuación pertinente (en su caso si se ubicara en suelo no urbanizable) Requerirán Plan Especial las actuaciones que se implanten en suelo no urbanizable en las que concurran las siguientes circunstancias: - Comprender terrenos pertenecientes a más de un término municipal. - Tener, por su naturaleza, entidad u objeto, incidencia o trascendencia territoriales supramunicipales. - Afectar a la ordenación estructural del correspondiente Plan General de Ordenación Urbanística. - En todo caso, cuando comprendan una superficie superior a 50 hectáreas. De acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción 1/2007, las plantas generadoras, excluidas líneas de conexión, tienen incidencia supramunicipal y, por tanto, requieren Plan Especial, en los siguientes supuestos: - Si la planta comprende una superficie superior a 50 hectáreas. - Si la planta comprende terrenos pertenecientes a más de un término municipal. En los restantes supuestos procederá la formulación de un Proyecto de Actuación. Por su parte, la ejecución de las instalaciones de producción de energía térmica (calefacción y/o refrigeración) a partir de fuentes de energía renovable requerirán dependiendo de la incidencia de la actuación la obtención de las siguientes autorización urbanísticas: ambientales: Declaración de Impacto Ambiental. Cuando la instalación deba ser autorizada por la Administración del Estado. Autorización Ambiental Integrada. Requieren la obtención de esta autorización la construcción de las instalaciones públicas y privadas en la que se desarrollen alguna de las actuaciones señaladas en el Anexo I de la Ley 7/2007. Por lo que respecta al objeto del Estudio requerirán la obtención de esta autorización las siguientes instalaciones de combustión con una potencia térmica superior a 50 MW: - Instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen ordinario o en régimen especial en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasas. - Instalaciones de cogeneración, calderas, hornos generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad principal. Autorización Ambiental Unificada. Requieren la obtención de esta autorización las siguientes actuaciones: - Las actuaciones, tanto públicas como privadas, así señaladas en el Anexo I. Dentro de las cuales se incluyen las siguientes: o o o Instalaciones de producción de energía eléctrica solar o fotovoltaica, en suelo no urbanizable y que ocupe una superficie superior a 2 hectáreas. Instalaciones para la producción de energía hidroeléctrica. Construcción de líneas aéreas para el suministro de energía eléctrica de longitud 5
8 autorización previa a su ejecución, únicamente una comunicación al órgano competente de la CCAA. Licencia de obras, dependiendo de la incidencia urbanística de la instalación a ejecutar. Licencia de primera instalación. Plan Especial o Proyecto de Actuación. o superior a m (se exceptúan las sustituciones que no se desvíen de la traza más de 100 m). Parques Eólicos. - Las actividades sometidas a calificación ambiental que se extiendan a más de un municipio. - Las actuaciones públicas y privadas que no estando incluidas en los apartados anteriores, puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, cuando así lo decida la Consejería competente en materia de medio ambiente. - Otras actuaciones que por exigencias de la legislación básica estatal deban ser sometidas a evaluación de impacto ambiental. Calificación Ambiental: Requieren la obtención de esta autorización la construcción de las instalaciones públicas y privadas en la que se desarrollen alguna de las actuaciones señaladas en el Anexo I de la Ley 7/2007. De acuerdo con este Anexo requieren Calificación Ambiental las siguientes actuaciones: - Las instalaciones de combustión que requerían Autorización Ambiental Integrada, cuando la potencia térmica sea inferior a 50 MW. - Las instalaciones de producción de energía eléctrica solar o fotovoltaica, en suelo no urbanizable, que no requieran Autorización Ambiental Unificada. - Construcción de líneas aéreas para el suministro de energía eléctrica de longitud inferior a m (se exceptúan las sustituciones que no se desvíen de la traza más de 100 m). Acta de puesta en marcha. Por su parte, las instalaciones de generación de energía térmica a partir de fuentes de energía renovable dependiendo de la finalidad de la energía producida (para 6
9 uso industrial o para viviendas) requerirá la obtención de autorizaciones indicadas anteriormente, si así lo requiere la industria para la que se produce la energía térmica o las características de la instalación. ADMINISTRACIONES COMPETENTES PARA LA CONCESIÓN DE LAS AUTORIZACIONES REQUERIDAS De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 50/2008, y en la Instrucción 1/2007, los órganos competentes para la concesión de las autorizaciones necesarias para la implantación de las instalaciones de generación de energía eléctrica son las siguientes: Dirección General de Industria, Energía y Minas será la competente para otorgar la Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto de las instalaciones que afectan a más de una provincia. Para estas instalaciones la Dirección General también será competente para otorgar de la condición de instalación de producción acogida al Régimen Especial y para la inscripción en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de energía será la competente para otorgar la Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto de las instalaciones que afectan a una única provincia. Para estas instalaciones la Delegación Provincial también será competente para otorgar de la condición de instalación de producción acogida al Régimen Especial y para la inscripción en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, las Delegaciones Provinciales serán las competentes para conceder la puesta en servicio de La Administración competente para la concesión de la licencia de obras, así como para la concesión de la licencia de primera instalación será el Ayuntamiento correspondiente en función de la ubicación de la instalación, tanto para las instalaciones de generación de energía eléctrica, como para las instalaciones de generación de energía térmica y de las instalaciones conexas. El Ayuntamiento será igualmente competente para aprobar el Proyecto de Actuación de las instalaciones que se ubiquen sobre suelo no urbanizable, cuando así se requiera, y de los Planes Especiales de ámbito municipal Por su parte, corresponde la Consejería competente en materia de urbanismo la aprobación definitiva de los Planes Especiales que tengan incidencia o interés supramunicipal. La Administración competente para la concesión de la Declaración de Impacto Ambiental, cuando resulte necesario, será el órgano competente de la Administración estatal. Para a tramitación y resolución del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada y Autorización Ambiental Unificada, es competente la Consejería competente en materia de medio ambiente, así como para conceder el acta de puesta en marcha de las instalaciones que hayan autorizado. Por su parte, los Ayuntamientos correspondientes serán los competentes para otorgar la Calificación Ambiental, así como para la concesión del acta de puesta en marcha de las instalaciones que hayan autorizado. 7
10 todas las instalaciones, con independencia de quien haya autorizado su implantación. Estos órganos serán igualmente competentes para la tramitación de las instalaciones solares fotovoltaicas aisladas corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de energía. MEDIDAS DE INFORMACIÓN La tramitación de las autorizaciones industriales requeridas se remite con carácter general a lo dispuesto en el RD 1955/2000, que exige que la solicitud de la autorización administrativa para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable y las instalaciones de conexión, sean sometidas a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia o en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma, al menos durante un plazo de veinte días. Además, en el RD 1955/2000, se prevé que la Resolución de concesión de la Autorización Administrativa de la instalación sea publicada en el Boletín Oficial de las Provincias respectivas. Cuando resulte necesario tramitar un Proyecto de Actuación, porque la instalación se ubique sobre suelo no urbanizable, la Ley 7/2002, prevé que la solicitud sea sometida a información pública durante un plazo de veinte días en el Boletín Oficial de la Provincia, debiendo, a su vez, ser llamados expresamente los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto. Además, se prevé que la resolución de aprobación del Proyecto de Actuación sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente. Por su parte, la tramitación de los Planes Especiales para autorizar la implantación de determinadas actuaciones sobre suelo no urbanizable, requieren igualmente que se someta el Plan a información pública durante un plazo no inferior a un mes. Además, se deberá llamar al trámite de información pública a los propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito del Plan. Además, la aprobación del Plan será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cuando se apruebe por la Consejería y los que aprueben las Corporaciones Locales en el Boletín Oficial de la Provincia. COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES La solicitud de autorización ambiental integrada, acompañada del estudio de impacto ambiental y la solicitud de licencia municipal, se someterá al trámite de información pública, durante un período que no será inferior a 45 días. Este período de información pública será común para aquellos procedimientos cuyas actuaciones se integran en el de la autorización ambiental integrada, así como, en su caso, para los procedimientos de las autorizaciones sustantivas a las que se refiere el artículo 3.b) de la Ley 16/2002, de 1 de julio. La solicitud de autorización ambiental unificada será sometida a al mismo procedimiento de participación que se establece en la Ley básica en materia de evaluación de impacto ambiental. Es decir, deberá ser objeto de información pública de forma conjunta con el procedimiento de información pública del proyecto objeto del estudio y que la Resolución sea objeto de publicación. De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 297/1995, la solicitud de Calificación Ambiental será sometida a información pública durante un plazo de veinte días, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo término municipal haya de desarrollarse el proyecto y notificación personal a los colindantes. Al margen de las previsiones de coordinación que se De conformidad con la Ley 2/2002, junto con la solicitud De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2007, la obtención 8
11 derivan de las disposiciones de la normativa estatal (esto es, RD 1955/2000 y RD 661/2007) que como hemos indicado resulta de aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía para tramitar las autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución de instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, la Ley 2/2007, el Decreto 50/2008 y la Instrucción 1/2007, prevé una serie de mecanismos de coordinación con los órganos urbanísticos. Concretamente, en estas disposiciones se prevé los siguientes mecanismos de coordinación cuando las instalaciones se encuentren ubicadas en Suelo No Urbanizable: La solicitud de concesión de la autorización administrativa deberá ir acompaña de un informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento en cuyo municipio radique la actuación. El órgano competente de tramitar la autorización industrial requerirá, a su vez, informe a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de urbanismo sobre la adecuación territorial o urbanística de la actuación propuesta que deberá emitir en el plazo de treinta días. Con carácter precio a la aprobación del Proyecto será necesario, en los casos en que así resulte preceptivo, tramitar una vez obtenido los informes anteriores o tras haber concluido el plazo concedido sin haberse obtenido el citado informe el correspondiente Proyecto de Actuación o Plan especial, según proceda, de forma previa a la concesión de la autorización administrativa. de la licencia municipal de obras se deberá aportar las autorizaciones o informes que la legislación aplicable exija con carácter precio a la licencia. Por su parte, en la tramitación de los Programas de Actuación se prevé que se emita un informe por la Consejería competente en materia de urbanismo con carácter previo a la Resolución por parte del Pleno del Ayuntamiento. Respecto a los Planes Especiales, la Ley 7/2002 prevé en su tramitación que tras la aprobación inicial y durante la información pública se de audiencia a los municipios afectados, y se requiera los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamiento de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados. Además, cuando el objeto del Plan incida en competencias de Administraciones supramunicipales se practicada, también de forma simultánea, comunicación a los restantes órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento. Tras la aprobación provisional, se comunicará ésta a las Administraciones anteriores que hayan emitido informe para que verifiquen o adapten si procede el contenido de dicho informe. de los instrumentos de prevención y control ambiental allí regulados no exige a los titulares o promotores de obtener el resto de autorizaciones, concesiones o licencias que resulten exigibles de conformidad con la normativa aplicable en cada supuesto. Además, se prevé que las actuaciones sometidas a Autorización Ambiental Integrada, Autorización Ambiental Unificada o Calificación Ambiental no puedan ser objeto de licencia municipal de funcionamiento de la actividad, autorización sustantiva o ejecución sin la previa resolución del correspondiente procedimiento regulado en dicho texto legal. Por lo que respecta al procedimiento de tramitación de la Autorización Ambiental Integrada, la Ley 7/2007 prevé los siguientes mecanismos de coordinación: Durante la fase de consultas previas para determinar el alcance de la información a aportar por el promotor se prevé la posibilidad de que el órgano ambiental competente realice consultas a otros organismos, instituciones, organizaciones y autoridades científicas. Durante la fase de tramitación se prevé que una vez finalizada la exposición pública se remita el expediente completo a todas aquellas Administraciones públicas y órganos de la Junta de Andalucía que deban intervenir en el procedimiento de autorización. Además, la resolución otorgando la Autorización Ambiental Integrada se comunicará a los interesados, al Ayuntamiento en el que se ubique la instalación y a las Administraciones que hayan participado durante la tramitación. Dentro de este procedimiento se prevé que se tramite el Estudio de Impacto Ambienta y que se obtenga la Declaración de Impacto Ambiental por la Administración del Estado, en caso de resultar necesario. Por lo que respecta al procedimiento de tramitación de la Autorización Ambiental Unificada, la Ley 7/2007 prevé los siguientes mecanismos de coordinación: 9
12 ESPECIALIDADES EN LA TRAMITACIÓN Durante la fase de consultas previas para determinar el alcance de la información a aportar por el promotor se prevé la posibilidad de que el órgano ambiental competente realice consultas a otros organismos, instituciones, organizaciones y autoridades científicas. Se remite el proyecto y el estudio de impacto ambiental al órgano sustantivo para que emita informe y se recabarán de los distintos organismos e instituciones los informes que tengan carácter preceptivo de acuerdo con la normativa aplicable. Por su parte, para el procedimiento de tramitación de la Calificación Ambiental, la Ley 7/2007 prevé que éste se tramite se integre dentro del procedimiento de concesión de la correspondiente licencia municipal. La normativa industrial de la Comunidad Autónoma de Andalucía únicamente regula de forma específica el procedimiento de autorización de las instalaciones fotovoltaicas, resultando de aplicación supletoria las disposiciones de la normativa estatal para el resto de instalaciones, si bien se establecen las siguientes especialidades en la tramitación cuando la instalación se ubique en suelo no urbanizable: Resultará necesario que se aporte junto con la solicitud un anexo que describa las determinaciones del planeamiento urbanístico de aplicación y el análisis de su cumplimiento y un informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento en cuyo municipio se pretenda la actuación. Además, resultará necesario que la Consejería competente en materia de energía requiera a la Consejería competente en materia de urbanismo un informe sobre la adecuación territorial o urbanística de la actuación propuesta. El procedimiento para la obtención de la licencia de obras se regula de forma genérica en la Ley 7/2002, y consta de las siguientes fases: Se inicia con la solicitud del interesado. (cuando el acto suponga la ocupación o utilización del dominio público, se aportar la autorización o concesión de la Administración titular de éste.). Tras la solicitud el Ayuntamiento comunica al resto de Administraciones afectadas la solicitud para que puedan informar sobre los aspectos de su competencia. Se emiten los informes jurídicos y técnicos necesarios. Se resuelve por la Corporación Local. No obstante, para conocer con exactitud el procedimiento deberá analizar la regulación establecida en la Ordenanza Municipal. Por su parte, el procedimiento para la aprobación de los Proyectos de Actuación, de acuerdo con lo dispuesto en El procedimiento para lo obtención de los instrumentos de prevención y control de la contaminación allí regulados se regulan en la Ley 7/2007. De acuerdo con esta Ley el procedimiento para la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada se caracteriza por seguir el procedimiento previsto en la Ley 16/2002 (cuyas fases de indicaron al analizar la normativa estatal) con las siguientes particularidades: Consultas previas: Los promotores podrán solicitar a la Consejería competente en materia de medio ambiente que les de su opinión sobre el alcance, amplitud y grado de especificación de la información que debe contener la documentación a presentar. El Estudio de Impacto Ambiental se presentará junto con la solicitud de Autorización Ambiental Integrada. Igualmente se adjuntará la documentación requerida por la normativa aplicable de aquellas otras autorizaciones que, en su caso, deba conceder la Consejería competente en materia de medio ambiente, 10
13 En caso de que cualquiera de los anteriores informes se indicase que la actuación fuese contraria a la normativa territorial o urbanística, la Consejería competente en materia de energía dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento. Por otro lado, se prevé que reglamentariamente se unifiquen los trámites de información pública contemplados para la obtención de las autorizaciones municipales y de los distintos organismos competentes implicados. Mientras tanto, resulta de aplicación las especialidades previstas en el Decreto 50/2008, en relación con la tramitación urbanística de instalaciones en terrenos no urbanizables. Con carácter previo a la aprobación del proyecto será necesario, en los casos que así se requiera, la obtención del Plan Especial o Proyecto de Actuación por el organismo competente en materia de urbanismo. No obstante, cuando se haya tramitado un Plan Especial dentro de la definición de un Área de Energía Renovable, la intervención de la Consejería competente en materia de urbanismo no se produce ni en el procedimiento de autorización, ni en el de implantación de forma previa a la licencia. En cuanto a las instalaciones fotovoltaicas (con independencia de su potencia y siempre que estén conectadas a red), el Decreto 50/2008, regula concretamente el procedimiento de tramitación de las autorizaciones necesarias, el cual se caracteriza por tener las siguientes fases: Fase I (Reconocimiento de la instalación acogida al Régimen Especial). Se presentarán las solicitudes ante el órgano correspondiente para su autorización. Si la solicitud reúne los requisitos se otorgará el reconocimiento en el plazo máximo de un mes. En caso de que el órgano encargado de la resolución la Ley 7/2002, consta de los siguientes trámites: Solicitud de interesado acompañada del proyecto de actuación y demás documentación exigida por la normativa aplicable. Resolución sobre su admisión o inadmisión. Admitida a trámite la solicitud, se someterá a información pública por plazo de veinte días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el proyecto. Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá ser emitido en un plazo máximo de treinta días. Resolución motivada del Ayuntamiento, aprobando o denegando el proyecto. Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que transcurran dos meses sin que el Ayuntamiento se haya pronunciado sobre la admisión o inadmisión de la solicitud, el interesado podrá instar la información pública. Transcurrida la información publica, el interesado podrá remitir la documentación acreditativa del cumplimiento de dicho trámite al Ayuntamiento para su aprobación. Por su parte, la tramitación de los Planes Especiales, según la Ley 7/2002, consta de los siguientes trámites: Se inicia bien de oficio por el Ayuntamiento o bien a requerimiento de cualquier otra Administración o a instancia de la persona interesada. El Ayuntamiento aprobará inicialmente el proyecto y lo someterá a información pública, llamándose, expresamente, a los propietarios afectados por el Plan y dando audiencia, en su caso, a otros municipios afectados. Durante este periodo requerirá los informes y dado que se tramitaran conjuntamente con esta. La solicitud se someterá a información pública, junto con el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de licencia municipal, durante un periodo que no será inferior a 45 días. A la vista del resultado de las alegaciones formuladas durante la información publica se podrá requerir al titular la complementación o modificación de la solicitud. Concluido la información pública, el expediente completo deberá ser remitido a todas aquellas Administraciones Públicas y órganos de la Junta de Andalucía que deban intervenir en el procedimiento. Tras obtener los informes correspondientes se dará trámite de audiencia al interesado. Posteriormente se elaborará la propuesta de resolución, que deberá incluir las determinaciones de la evaluación de impacto ambiental realizada por la Consejería competente en materia de medio ambiente o, en su caso, la Declaración de Impacto Ambiental emitido por el órgano ambiental estatal. Finalmente se resolverá la autorización ambiental integrada. Por su parte, para el procedimiento para la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada, según indica la Ley 7/2007 será desarrollada reglamentariamente. Hasta que no se realice dicho desarrollo, según lo dispuesto en la Ley 7/2007, este procedimiento tiene las siguientes características: Consultas previas: Al igual que para la Autorización Ambiental Integrada, el promotor podrá solicitar a la Consejería competente en materia de medio ambiente que les de su opinión sobre el alcance, amplitud y grado de especificación de la información que debe contener la documentación a presentar. La Consejeria competente en materia de medio 11
14 sea la Dirección General, la tramitación se realizará por la Delegación Provincial correspondiente a la provincia que tenga mayor superficie de captación, quien en el plazo de un mes elevará el informe propuesta a la Dirección General que resolverá en el plazo de un mes. Fase II (Autorización Administrativa y Aprobación del Proyecto): Tras obtener el punto de conexión, el titular de l a instalación solicitará la autorización administrativa y aprobación del proyecto. Esta solicitud se someterá al procedimiento de información pública que requiere la normativa estatal. En caso de ubicarse la instalación en suelo no urbanizable, se deberá acompañar el informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento correspondiente, así como el anexo que describa las determinaciones del planeamiento urbanístico de aplicación. En este supuesto, se solicitará igualmente el informe de conformidad a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de urbanismo que deberá ser emitido en el plazo de treinta días. Este informe tiene carácter vinculante. Una vez emitido los informes favorables por parte del Ayuntamiento y del órgano urbanístico, se dará audiencia al interesado para que manifieste su conformidad u oposición en el plazo de diez días. Además, el interesado deberá solicitar la tramitación del Proyecto de Actuación o Plan Especial, según proceda. Aprobado estos instrumentos urbanísticos, el órgano competente para resolver dictará y notificará la resolución en el plazo de dos meses. Fase III (Puesta en Servicio): Una vez ejecutada la instalación el titular solicitará a la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de energía la puesta en servicio de la instalación. dictámenes de los órganos y entidades administrativas afectadas, previstos legalmente como preceptivos. A la vista de los informes y alegaciones correspondiente el Ayuntamiento aprobará provisionalmente el Plan. El órgano que deba resolver sobre la aprobación definitiva examinará el expediente y cuando no aprecie la existencia de deficiencia documental o procedimental alguna resolverá sobre la aprobación definitiva del Plan. Una vez aprobado, para que tenga eficacia deberá ser publicado. Cuando la aprobación definitiva corresponde al Ayuntamiento, la Consejería deberá emitir un informe preceptivo de forma previa a la aprobación definitiva, en el plazo de un mes. Cuando los Planes Especiales se inician de oficio y transcurrieran tres meses sin que se hubiera notificado la aprobación inicial, el interesado podrá instar el sometimiento a la información pública directamente y requerir el informe a la Consejería competente en materia de urbanismo. Tras obtener este informe podrá requerir la aprobación definitiva al Ayuntamiento. Si la competencia para la aprobación definitiva corresponde a la Consejería, el promotor podrá instar ante la misma la aprobación definitiva del proyecto. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2007, las actuaciones de interés público vinculadas a la generación y evacuación de energía eléctrica mediante energía renovable, que se ubiquen en suelo no urbanizable, de potencia superior a los 10 MW, la aprobación del proyecto de actuación o el plan especial será sustituida por la emisión de informe favorable por parte de la Consejería competente en materia de urbanismo. Para ello, previamente a la obtención de la licencia urbanística y una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes, el promotor deberá solicitar dicho ambiente promoverá y asegurará el derecho de participación en la tramitación del procedimiento de autorización ambiental unificada en los términos establecidos en la legislación básica en materia de evaluación de impacto ambiental. Se remitirá, durante el procedimiento, el proyecto y el estudio de impacto ambiental para informe al órgano sustantivo, y se recabarán de los distintos organismos e instituciones los informes que tengan carácter preceptivo de acuerdo con la normativa aplicable, así como los que se considere necesarios. Finalizada la instrucción se dará audiencia al interesado previa a la elaboración de una propuesta de resolución de la que se dará traslado al órgano sustantivo. Concluidas las fases anteriores se resolverá por la Consejería competente en materia de medio ambiente. Existe un procedimiento abreviado (el plazo pasa de ocho a seis meses) para tramitar algunos proyectos. Entre los que aquí interesa las Instalaciones de producción de energía eléctrica solar o fotovoltaica, en suelo no urbanizable y que ocupe una superficie superior a 2 hectáreas y los Parques Eólicos. Por su parte, la Ley 7/2007, prevé que la Calificación Ambiental se tramite dentro del procedimiento de concesión de la correspondiente licencia municipal. Por su parte el Decreto 297/1995, señala que el procedimiento se integrará igualmente junto con el procedimiento de otorgamiento de la licencia necesaria para la implantación de la actividad. El procedimiento allí regulado tiene las siguientes características: La solicitud se someterá a información pública. Además, del resultado de las información pública se dará traslado al interesado para que pueda realizar las alegaciones que estime oportunas. En el plazo de veinte días desde la presentación de las alegaciones, los servicios técnicos y jurídicos del 12
15 Esta deberá emitirse en el plazo de un mes. Fase IV (Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial): Una vez ejecutada la instalación se podrá solicitar la inscripción previa o definitiva en el Registro de Instalaciones de Producción en Régimen Especial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A la vista de la solicitud las Delegaciones Provinciales o la Dirección General correspondiente de la Consejería competente en materia de energía realizará la inscripción. Esta inscripción puede realizarse de forma conjunta con el acta de puesta en servicio. De conformidad co lo dispuesto en el Decreto 88/2005 (artículo 6) El procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones de producción de energía solar les será de aplicación lo dispuesto con carácter general en el Decreto 59/2005, aunque NO es de aplicación la necesidad de Declaración de Utilidad Pública. Por su parte, las instalaciones fotovoltaicas aisladas, las instalaciones de generación de energía conectadas a red de baja tensión (salvo las fotovoltaicas), y las instalaciones térmicas, requerirán únicamente que para su puesta en marcha que presenten ante la Delegación Provincial competente en materia de industria, la solicitud de puesta en funcionamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 59/2005. El justificante de la presentación ante la Delegación provincial servirá al interesado como acreditación del cumplimiento reglamentario en materia de seguridad industrial, no existiendo objeción por la Administración competente en materia de industria para su puesta en funcionamiento. informe presentado la documentación correspondiente. Ayuntamiento formularan la propuesta de resolución de Calificación Ambiental. A la vista de la propuesta el órgano municipal correspondiente resolverá la calificación ambiental. PLAZO PARA SU OBTENCIÓN De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 50/2008, el plazo para la concesión de las autorizaciones necesarias De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2002 el plazo para la concesión de las autorizaciones urbanísticas De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/2007, el plazo para resolver los instrumentos de prevención y control ambiental 13
16 para la ejecución y puesta en marcha de las instalaciones de producción de energía eléctrica, así como de sus instalaciones de conexión será el siguiente: Un mes para obtener el reconocimiento como instalación de producción acogida al régimen especial. La falta de resolución tiene efectos desestimatorios. Dos meses para la obtención de la Autorización Administrativa y aprobación del proyecto. La falta de resolución tiene efectos desestimatorios. Un mes para la concesión del acta de puesta en marcha. Un mes para la inscripción previa en el Registro de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica en Régimen Especial y otro mes para la inscripción definitiva. Por otra parte, de conformidad con la Ley 2/2007 los procedimientos de autorización de las instalaciones en régimen especial, contempladas en el artículo 2 del Real Decreto 436/2004 (actual RD 661/2007), cuyo objeto sea la aprobación de acciones previstas por planes o programas vigentes, tendrán una duración máxima de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa a la persona interesada, podrá ésta entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. Cuando dichas acciones no se encuentren previstas por planes o programas vigentes, los procedimientos de autorización tendrán una duración máxima de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa a la persona interesada, podrá ésta entender desestimada su solicitud por silencio administrativo indicadas será el siguiente: El que determinen las Ordenanzas municipales para la concesión de la licencia de obras, que en modo alguno podrá exceder del plazo máximo de tres meses. El transcurso del plazo establecido supondrá la concesión de la licencia solicitada. Seis meses para resolver el Proyecto de Actuación, a contar desde la formulación de la solicitud. En caso de que la información pública deba ser realizada por el interesado, el plazo será de dos meses a contar desde que entregó el justificante de haber finalizado la información pública al Ayuntamiento. El transcurso del plazo establecido en ambos casos producirá la denegación de la autorización solicitada. La aprobación definitiva por la Consejería competente en materia de urbanismo de los Planes Generales de Ordenación Urbanística y de los Planes de Ordenación Intermunicipal, así como, en su caso, de sus innovaciones, deberá producirse de forma expresa en el plazo máximo de cinco meses a contar desde el día siguiente al de la presentación en el registro de la Consejería del expediente completo. El transcurso del plazo máximo sin notificación de acuerdo expreso alguno determinará la aprobación definitiva por silencio. Cuando el Ayuntamiento no haya tramitado la solicitud de oficio planteada por el interesado y corresponda a esta Administración la aprobación definitiva del Plan Especial, la resolución definitiva se deberá producir en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido este plazo, el solicitante podrá entender estimada su solicitud, salvo informe desfavorable de la Consejería. Cuando el Ayuntamiento no haya tramitado la solicitud de oficio y la aprobación definitiva corresponda a la Consejería, el plazo máximo para resolver será de tres meses desde la reiteración de la solicitud. El transcurso de este plazo producirá la estimación de su solicitud, salvo será el siguiente: Diez meses para resolver la Autorización Ambiental Integrada desde la presentación de la solicitud. En caso de no resolverse la solicitud en dicho plazo la misma se entenderá desestimada. Ocho meses para resolver la Autorización Ambiental Unificada. Este plazo podrá ser de seis meses en los procedimientos abreviados. En ambos casos el transcurso del plazo establecido sin que se haya resuelto la solicitud conllevará la desestimación de la misma. Tres meses contados a partir de la fecha de la presentación correcta de la documentación exigida para otorgar la Calificación Ambiental. Transcurrido dicho plazo se entenderá emitida por silencio positivo 14
17 que afecte a la ordenación estructural y se trate de Planes de Sectorización. TASAS En materia industrial debemos señalar que a nivel autonómico no se ha regulado la imposición de tasa alguna por la tramitación de las autorizaciones que otorga la Comunidad Autónoma. En materia urbanística debemos señalar que a nivel autonómico no se ha regulado la imposición de tasa alguna por la tramitación de las autorizaciones que otorga la Comunidad Autónoma. No obstante, los municipios pueden regular la imposición de tasas por la tramitación de los permisos y licencias urbanísticas que les corresponde. En consecuencia, se deberá estar a lo regulado en cada municipio para determinar si la implantación de estas instalaciones está sujeta al pago de una tasa por la obtención de las autorizaciones necesarias para su obtención. Las tasas variarán en función del Ayuntamiento en el que se ubique la instalación correspondiente. Por ello, habrá que estar a la regulación que realicen las ordenanzas correspondientes a cada municipio. A su vez, la obtención de una licencia de obras conlleva el pago del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras a la Corporación Municipal correspondiente FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LOS GESTIONARIOS En materia de medio ambiente debemos señalar que a nivel autonómico no se ha regulado la imposición de tasa alguna por la tramitación de las autorizaciones que otorga la Comunidad Autónoma. Por otro lado, los Municipios pueden regular la imposición de tasas por la tramitación de los permisos y licencias urbanísticas que les corresponde. En consecuencia, se deberá estar a lo regulado en cada municipio para determinar si la implantación de estas instalaciones están sujetos al paga de una tasa por la obtención de las autorizaciones necesarias para su ejecución. Las instalaciones eléctricas a baja tensión, requieren la presentación de cierta documentación elaborada por el instalador autorizado. Por su parte, el RD 1027/2007, que aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificio, establece que debe presentarse la documentación para la puesta en servicio por la empresa instaladora. Estas empresas deben autorizarse e inscribirse de conformidad con los criterios establecidos en el RD 1027/2007. Igualmente, el RD 2060/2008, que aprueba el Reglamento 15
18 de equipos a presión establece que la documentación que se presente para su puesta en marcha sea emitida por una empresa instaladora autorizada. 16
19 C.A. ARAGÓN 17
20 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN NORMATIVA APLICABLE Al margen de la normativa estatal, que tiene carácter básico, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón resultan de aplicación las siguientes disposiciones normativas en las que se regula las autorizaciones, permisos y licencias que resultan necesario obtener para la implantación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, sus instalaciones conexas y las instalaciones de producción de energía térmica (calefacción y/o frigorífica) a partir de fuentes de energía renovable: Decreto 93/1996, de 28 de mayo, por el que se regula el procedimiento de autorización de instalaciones singulares para la investigación y desarrollo de aerogeneradores de energía eólica Decreto 279/1995, de 19 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad. Decreto legislativo 1/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba la Ley de Tasas de Aragón de Orden de 8 de octubre de 2003, Regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de baja tensión. Orden de 7 de noviembre de 2006, por la que se establecen normas complementarias para la tramitación del otorgamiento y la autorización administrativa de las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica (según En el ámbito territorial de Aragón resultarán de aplicación las siguientes disposiciones normativas: Ley 3/2009, de 17 de junio, Urbanística de Aragón. Ordenanzas municipales, que en su caso hayan podido dictar las Entidades Locales. Al margen de la normativa estatal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón resultan de aplicación las siguientes disposiciones normativas: Decreto 45/1994, de 4 marzo, que regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Decreto 34/2005, de 8 de febrero, por el que se establecen las normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna. Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. Decreto legislativo 1/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba la Ley de Tasas de Aragón de Orden de 4 de abril de 2006, por la que se establecen criterios generales, de carácter técnico, sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental relativo a instalaciones y proyectos eólicos. 18
21 redacción dada por Orden de 1 de abril de 2009). Orden de 7 de noviembre de 2005, por la que se establecen normas complementarias para la tramitación y la conexión de determinadas instalaciones generadoras de energía eléctrica en régimen especial y agrupaciones de las mismas en redes de distribución. Orden de 25 de junio de 2004, por la que se regula el procedimiento administrativo aplicable a las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica (según redacción dada por Orden de 1 de abril de 2009). Orden de 18 de noviembre de 2002, por la que se regula el procedimiento de acreditación de las condiciones de eficiencia energética y de seguridad industrial de las instalaciones térmicas de los edificios. Decreto 348/2002, de 19 noviembre, Suspende la aprobación de nuevos Planes Eólicos Estratégicos. COMPETENCIAS PARA LA REGULACIÓN El Estado español tiene competencia para dictar la normativa básica en materia de energía, pero no para regular los procedimientos de autorización cuya competencia corresponda a las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica Ley Orgánica 5/2007, de 20 abril, otorga en su artículo 71.48º a la Comunidad Autónoma de Aragón competencias exclusivas en materia de industria, salvo las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la Defensa. Por su parte, en el artículo 75.4º se otorga a la Comunidad Autónoma de Aragón, competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de energía que comprende en todo caso: la regulación entre otras, de las actividades de producción, almacenamiento, distribución y El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 abril, otorga en su artículo 71. 8º y 71.8º y 9º a la Comunidad Autónoma de Aragón competencias exclusivas sobre ordenación del territorio y urbanismo. El Estado español es competente para dictar la normativa básica en materia de protección del medio ambiente. El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 abril, otorga en su artículo 71.22º competencias exclusivas la Comunidad Autónoma de Aragón para dictar normas adicionales de la legislación básica sobre protección del medio ambiente y del paisaje. Por su parte, el artículo 75.3º le otorga a la Comunidad Autónoma de Aragón competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de protección del medio ambiente. 19
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La regulación de la apertura de actividades en la Comunidad Valenciana a partir de la Ley 6/2014 Jose Mª Martínez Santamaría ECONOMISTA 1.- Normativa relevante Ley 30/92, de Régimen Jurídico y de Procedimiento

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 artículo 49
 artículo 56
 artículo 57
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 Real Decreto 
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