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Timestamp: 2018-04-26 02:00:30+00:00

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COLDERCOM | Blog Oficial
Felicitamos a nuestro Dr. en Derecho Miguel Ángel Martínez Rodríguez
April 18, 2018 / coldercom	/ Leave a comment
Por su conferencia impartida “Visión del Estado Mexicano en torno a la seguridad pública y el narcotráfico”, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hoy miércoles 18 de abril.
April 13, 2018 April 13, 2018 / coldercom	/ Leave a comment
Procesos racionales, las mentiras, argumentaciones y elecciones.
Con gusto le cuento, de mis cuarenta y cinco años la mitad de ellos he sido orgullosamente abogado, pero no se espante no voy a entrar a dar detalles de mi periplo en el oficio de ser abogado.
La anotación viene al caso porque la argumentación jurídica es importantísima herramienta para el abogado. Es necesaria para obtener un proceso cognitivo que permite comprender la naturaleza del derecho, sus alcances y consecuencias para poder tener un mecanismo adecuado de interpretación de la norma legal.
En materia jurídica la lexicología nos va a dar el camino adecuado para entender y saber procesar y usar lenguaje jurídico, entendiendo a este como el instrumento que establecerá una directriz de conducta (acción u omisión) y una consecuencia imperativa. El lenguaje jurídico es estudiado y desentrañado por la lexicología jurídica. Dejemos la lexicología para otra ocasión, la argumentación es una actividad diaria y cotidiana, es parte del proceso de comunicación entre seres humanos, es la base del diálogo e interrelación del hombre con el hombre, mientras que la argumentación jurídica es propiamente un método, una herramienta, un proceso cognitivo especializado que utiliza la concatenación de diversos dispositivos legales que sirven para demostrar o negar una hipótesis jurídica.
Querido lector, seguro tiene usted cara de angustia por lo entramado de los párrafos anteriores, pero ya sabe, estoy para ayudarle, tome en cuenta estos sencillos conceptos que seguro estudio en secundaria o preparatoria en su clase de lógica o ética.
En materia de argumentación de uso común encontramos a los argumentos falaces (falacias), en términos de procesos racionales encontramos a los silogismos que son argumentos racionales basados en una premisa verdadera y a los paralogismos son argumentos racionales basados en una premisa incorrecta o falsa.
Abundando, la falacia es un argumento que parece válido, pero no lo es. El silogismo es más bien un método mediante el cual se realiza un razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es el que se utiliza para determinar si un hecho o idea es cierto al compararlo con una idea o conocimiento universal. Al Paralogismo se le conoce como raciocinio falso o incorrecto realizado de buena fe por falta de consciencia de su engaño o falsedad.
Ahora bien, dirá usted, ¿y a mí que me importa?, bueno pues resulta que es muy importante conocer las implicaciones de las falacias, los silogismos y paralogismos en la vida ordinaria y más en estos tiempos electorales ya que estos tres conceptos conducen a tomar un sin número de decisiones.
Dijimos pues, que una falacia es propiamente una mentira, una falta a la verdad, un engaño, es tergiversar argumentos con un fin lascivo. ¿Con qué fines o intenciones se entraman las falacias? con la idea de engañar, de obtener un objetivo a toda costa, de dañar a una persona o personas sin que ésta se dé cuenta o aun dándose cuenta.
Una persona utiliza una falacia para obtener algo que sabe no podría conseguir de otro modo que no sea a través de la apelación a la falsedad, generalmente su intención no es dañar, sino obtener un beneficio, pero no le preocupa herir a otros para conseguir lo que desea.
¿Qué sucede cuando somos bombardeados con falacias? Se genera un patrón de razonamiento que siempre o casi siempre conduce a un argumento incorrecto, debido a un defecto en la estructura del argumento que lo conduce a que este sea inválido. Las falacias lógicas suelen aprovecharse de los prejuicios o sesgos cognitivos para parecer lógicas, cambiándose, a veces, el error inconsciente o involuntario por una manipulación deliberada.
Quedo claro que una falacia es un error en el procedimiento de argumentación, es un argumento que va en contra de las reglas o del método de las buenas razones-en concreto- la falacia es una forma de argumentación que parece correcta, pero que no lo es, ¿pero cómo saberlo?, se debe analizar cuidadosamente el argumento que se nos presenta, el análisis debe ser a través de un silogismo preguntándose ¿será verdad o mentira?.
NO entraré al análisis de plataformas electorales, de propuestas y mucho menos de candidatos, intento explicarle que las mentiras bien dichas suelen confundir al colectivo.
Los ciudadanos que persiguen la Presidencia de la República proponen con astucia, una serie de argumentos electorales tendientes a convencernos que esos argumentos, son mejores o más validos que los esgrimidos por el o los oponentes, nada más falso lector querido.
Nuestro país esta fundado para bien o para mal, en un marco legal rígido que requiere de los tres poderes federales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los tres niveles de gobierno ( Federal, Estatal y Municipal) para funcionar y mover la maquinaria hacia un proyecto de Nación, este proyecto proviene de los ciudadanos y su facultad de autodeterminarse, ni más ni menos.
Le pido que escuche con atención los argumentos propuestos por los candidatos y se pregunte: ¿será posible?, ¿cómo lo hará?, ¿qué necesita para hacerlo?, ¿qué es la mayoría en el congreso?, ¿ para qué sirve la mayoría?, ¿queremos una mayoría?, ¿qué es un indicador macroeconómico?. En general pregúntese, reflexione pero sobre todo, sea honesto y hágase la pregunta mas importante de todas ¿ YO como ciudadano de a pie que debo hacer para tener bienestar?, le aseguro que cuando tenga la respuesta a esa pregunta, tendrá la respuesta para todas las demás preguntas.
Por favor NO vote con miedo, resentimiento o sed de venganza, no se deje engañar por argumentos como ¨ voto útil”, “voto de castigo”, “abstencionismo” y otras falacias.
Si me permite, le diré a título personal que pienso, todo voto es útil debida cuenta de las luchas sociales del pasado para tenerlo, el castigo puede ser para uno mismo si vota con rencor o resentimiento y no votar es repudiable, pero el repudio es para el que no vota.
Querido Lector vote y créame si se puede estar peor que ahora no se deje engañar.
El M.D. en Derecho Corporativo Héctor Ucha Gómez
es columnista y representante del
Colegio de Derecho y Comunicación en los Estados Unidos.
LLM American Legal System.
Carlos I. Muñoz Rocha Lexicología jurídica.. Editorial Oxford. México. Año 2008 Atienza, Manuel: El derecho como argumentación. Ariel Derecho, Barcelona, 2006 (Moreno Cruz, Rodolfo. Boletin Mexicano de derecho comparado (enero-abril 2012) Argumentación jurídica, ¿por qué? ¿para qué? Ureta Guerra, Juan Antonio, Técnicas de Argumentación Jurídica para la litigación oral y escrita. Jurista Editores, La Lima, Perú, 2010. http://www.uv.es/mariaj/razon/razonamientoold/TEMA5.pdf http://www.youtube.com/watch?v=ONzLVCRreW4 http://www.monografias.com/trabajos82/las-falacias/las-falacias.shtml http://definicion.de/falacia/ http://ficus.pntic.mec.es/amoe0013/FILO-I/FALACIAS.htm http://www.slideshare.net/rafael.mora/falacias-no-formales-presentation http://www.humbertocervantes.net/homepage/falacias.html#ad_hominem http://www.humbertocervantes.net/homepage/falacias.html#authority http:// La Argumentación Jurídica y las Falacias – Jaime Cárdenas Gracia http://es.wikipedia.org/wiki/Paralogismowww.humbertocervantes.net/homepage/falacias.html#ignorance http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/pos/DR/DJ/S08/DJ08_Lectura.pdf http://www.tsjyuc.gob.mx/capacitacion/materiales/diplomadoFuncionJurisdiccional2013/primerModulo/TeoriaArgumentacionJuridica.pdf http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2997/3.pdf http://www.monografias.com/trabajos92/teoria-de-argumentacion-juridica/teoria-de-argumentacion-juridica.shtml http://www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/analisissobreelargumentoanalogico.pdf http://www.monografias.com/trabajos78/argumentacion-juridica/argumentacion-juridica.shtml
Diplomado/Curso en Juicios Orales con ORATORIA JURÍDICA
April 7, 2018 / coldercom	/ Leave a comment
Les hacemos la cordial invitación a nuestro curso/diplomado en Juicios Orales con Oratoria Jurídica. A diferencia de otros talleres en el mercado, aquí se practica a profundidad las técnicas de oratoria legal para saber estructurar argumentos bajo presión, hablar ante la audiencia sin vacilación y convencer de manera elocuente.
Iniciamos el sábado 14 de abril con el módulo de Juicio Oral Penal. La primera sesión la puede tomar en versión “open class” para que pruebe nuestro sistema sin compromiso y después realizar su registro. Cada módulo tiene una inversión de $ 3,500 pesos (más I.V.A. si se requiere factura).
DEBIDO PROCESO EN LA EJECUCIÓN PENAL
April 7, 2018 April 7, 2018 / coldercom	/ Leave a comment
Por el Doctor en Derecho Procesal, Miguel Ángel Martínez Rodríguez
La presente colaboración realiza un acercamiento jurídico procesal del derecho al debido proceso dentro de la ejecución de penas, por lo que considera importante mencionar su marco conceptual, su fundamento en sus diferentes etapas, así como su adecuación en la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) de conformidad con los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
Por debido proceso entendemos aquel “derecho que tiene toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera”, tal y como lo dispone el artículo 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta, por lo regular en una sentencia, con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto (Cf. Corte I.D.H. Caso Genie Lacayo. Sentencia de 29 de enero de 1997, párr. 74).
El derecho al debido proceso está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14, el cual señala que, nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Jurisprudencia (Décima Época, Registro: 2005716, DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO), ha resuelto que dentro de las garantías del debido proceso existe un núcleo duro, que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, el cual se refiere a las formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la garantía de audiencia, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. En esa tesitura sostuvo que, las formalidades esenciales del procedimiento son:
La notificación del inicio del procedimiento;
La oportunidad de alegar; y,
Una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada como parte de esta formalidad
En materia de ejecución penal, el artículo 4, de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) establece que el debido proceso es un principio rector del Sistema Penitenciario al mencionar que, la ejecución de medidas penales y disciplinarias debe realizarse en virtud de resolución dictada por un Órgano Jurisdiccional, el Juez de Ejecución o la autoridad administrativa de conformidad con la legislación aplicable, mediante procedimientos que permitan a las personas sujetas a una medida penal ejercer debidamente sus derechos ante la instancia que corresponda, de conformidad con los principios internacionales en materia de derechos humanos.
Ahora bien, este derecho debe respetarse en la etapa de ejecución penal en tres procedimientos: dos de naturaleza administrativa (peticiones y régimen disciplinario) y un tercero de naturaleza judicial (controversias). Sin embargo, no se soslaya que, cualquier controversia por violación a derechos humanos de las personas privadas de la libertad, le compete a un Juez de Distrito en materia penal (véase, Jurisprudencia, Décima Época, Registro: 2001982, ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL).
Ahora bien, en relación con las peticiones administrativas, la LNEP en su Título Cuarto, Capítulo III, establece un procedimiento con el cual las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas pueden formular solicitudes ante la Autoridad Penitenciaria, en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. En esa misma tesitura, la misma Ley, establece en su artículo 46 que, los procedimientos disciplinarios garantizarán el derecho a la defensa, de audiencia y la oportunidad de allegarse de medios de prueba en favor de la persona privada de la libertad; ambos procedimientos consideramos garantizan las formalidades esenciales que establece el Alto Tribunal.
Finalmente, el tercer procedimiento que establece la LNEP, son las controversias judiciales, mencionadas en su artículo 120, en las que se dirimen:
Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas;
El plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales;
Los derechos propios de quienes soliciten ingresar o hayan ingresado al Centro como visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo, y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil;
La duración, modificación y extinción de la pena y de sus efectos, y
La duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad.
Este procedimiento es armónico y satisface lo establecido en los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” que destacan la importancia que tiene el debido proceso legal y sus principios y garantías fundamentales en la efectiva protección de los derechos de las personas privadas de libertad, dada su particular situación de vulnerabilidad.
Si bien podemos observar, la LNEP contempla lo establecido en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas en lo relativo al derecho al debido proceso, sin embargo, resultó importante su estudio, toda vez que es un derecho humano usualmente infringido por los operadores judiciales y la forma más común, en que los Estados incurren en responsabilidad internacional.
En conclusión, consideramos que las autoridades penitenciarias y judiciales, a fin de contribuir al respeto de los derechos humanos, deberán redoblar esfuerzos para capacitar debidamente a su personal y así, se respete el derecho al debido proceso a las personas privadas de la libertad en toda clase de procesos como lo establece el artículo 8, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
El Dr. Miguel Ángel Martínez Rodríguez es licenciado en derecho, maestro en administración pública; maestro y doctor en derecho procesal, además de columnista e instructor en activo para el Colegio de Derecho y Comunicación
http://www.oas.org/es/cidh/.
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx.
Nuestro sistema legal a escrutinio internacional
April 2, 2018 / coldercom	/ Leave a comment
Por el M.D. Dante Acevo Anonales
Uno de los grandes retos que enfrenta el nuevo sistema acusatorio adversarial a raíz de las reformas constitucionales en materia de procuración y administración de justica del año 2008 sin duda es su credibilidad, pues a diario vemos desplegados en medios de comunicación y redes sociales que lo hacen parecer como un sistema que no está rindiendo frutos, por otro lado, leemos opiniones que afirman, que este es un sistema de corte garantista y que beneficia a la impartición de una justicia pronta y expedita y con estricto apego a los derechos humanos, sin embargo, la resistencia a los cambios “sin prejuzgar si es bueno o malo el nuevo sistema” es la primer barrera que debemos de superar como individuos para posteriormente adentrarnos al análisis de su efectividad.
Se ha constatado que la resistencia al cambio parece ser un comportamiento universal, transcultural y transtemporal. En otras palabras, este comportamiento se ha registrado en todas las culturas y en todas las épocas. No estamos hablando de una conducta que sólo en ciertas culturas o en ciertas épocas se manifiesta. Estamos hablando de una conducta omnipresente.
Tan ubicua que algunos sostienen que está codificada en nuestros genes (1). El cambio es un fenómeno social que ocurre en diversos contextos, con diferentes magnitudes, y con variados tipos y manifestaciones. Este ha sido y es, inherente a la sociedad y al hombre desde el mismo inicio de su existencia y aunque su ocurrencia es diaria, las personas no pueden asumir sus repercusiones tan rápido como para no sufrir trastornos por ello (2)
Tal y como da cuenta de ello los autores antes citados, las personas que no tienen contacto a diario con el sistema en cuestión, con justa razón se preguntan ¿Por qué cambiar de sistema?, ¿Ha generado avances en la impartición de justicia el cambio de sistema?, con el objeto de colaborar a responder las preguntas anteriores esta columna se centra en la labor de instituciones de corte internacionales las cuales cuentan con marcadores confiables que le son proporcionados a través de gobiernos, colegios, iniciativa privada, con el afán de generar certidumbre entre los países de América que forman parte de la (OEA) Organización de Estados Americanos, entre ellos por supuesto México, nos referimos a El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) que es un organismo internacional, creado en 1999 por las instituciones del Sistema Interamericano. Su sede está en Santiago de Chile y sus miembros son todos los países integrantes activos de la Organización de Estados Americanos. –
(CEJA) nace en un contexto en que los países del continente, casi sin excepción, han impulsado durante los últimos veinte años, profundos programas de reforma a sus sistemas de justicia, donde las principales áreas abordadas han sido la justicia criminal, el gobierno, el acceso y la gestión del sistema.
Sin embargo, existe una extendida percepción de que las reformas emprendidas no han dado todos los frutos esperados. Además, no hay evaluaciones sistemáticas y profundas de lo realizado hasta este minuto, por lo que el fuerte impulso inicial tiende a decaer. Ante tal situación, (CEJA) es creado para revertir ese diagnóstico y dar un nuevo impulso a la modernización de los sistemas de justicia en el continente, por lo tanto, su misión es apoyar a los Estados de la región en sus procesos de reforma a la justicia, para lo cual desarrolla actividades de capacitación, estudios e investigaciones empíricas, entre otras acciones, con la finalidad de cumplir con sus tres metas clave, las cuales son:
La modificación realizada en el año 2011 al artículo 1º de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ésta, “la inclusión de los Tratados Internacionales como parte de nuestro derecho interno” nos debe de alentar a que hoy en nuestro país, no solo nos debemos regir por parámetros nacionales sino también internacionales que apegados a la progresividad de los Derechos Humanos nos dotan de una protección mas amplia que jamás habíamos tenido como gobernados, resultando necesaria para mayor referencia un extracto de este artículo en mención “ … En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia …”
En este orden de ideas y atendiendo a nuestro máximo ordenamiento jurídico, instituciones nacionales como internacionales hoy pueden ser un parámetro confiable para ayudar a tener un panorama más amplio y crear nuestro propio criterio como gobernados aprobándolo o reprobándolo pero siempre con una opinión sustentada, la lógica nos indica que para llegar a una conclusión contundente de cuál de los sistemas resulta mejor sobre el otro, debemos tener marcadores confiables donde se aprecie metódicamente un inicio, un desarrollo y una meta a estudio, es cuestionable que en su parte de inicio se tilde de fallido un objetivo, lo que sí es permisible es que durante su desarrollo se vayan teniendo datos confiables y un objetivo a mediano plazo que haga medible de manera eficaz si se llegará al objetivo final y en su caso adecuar estrategias para que éste se cumpla, función que no es nada sencilla pero requiere de coordinación entre Estado y gobernados.
Así las cosas, era necesario el surgimiento de instituciones confiables no dependientes del gobierno al que verificará e independiente que pudiera medir imparcialmente los marcadores que se van generando en la implementación de este nuevo sistema, la creación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) inició el proyecto sistemático para mejorar la información judicial en la región, desde 2001, con el patrocinio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y desde 2003, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (CEJA) inició un proyecto que se propuso para aportar instrumentos útiles al logro de este objetivo, a saber: el de generar un sistema integral de recolección y procesamiento de datos para la producción de estadísticas e indicadores judiciales (3)
No todos los que a diario convivimos con el nuevo sistema tenemos una respuesta contundente ante las preguntas diarias que nos formulan clientes, amigos y colegas, en el sentido de escoger ¿Cuál de los dos sistemas es mas eficaz? sin embargo, de lo que si podemos estar mas seguros es, que en la actualidad México se encuentra en la lupa de instituciones de corte internacional que nos pueden brindar información útil para poder emitir juicios de valor con cifras duras y solo a través de una preparación continua de todos los que intervenimos en la implementación del nuevo sistema podremos ser capaces de acusar o defender a este nuevo sistema, mas que cuestionarlo propongámonos perfeccionarlo en el ámbito de nuestra competencia y si más adelante los resultados son adversos, no seremos parte del fracaso del mismo, pero si resulta benéfico para nuestra impartición de justicia, sin duda podremos sentirnos parte de la implementación del estado de derecho que tanto anhelamos y en esta ocasión somos invitado para su construcción, no eludamos la obligación moral y profesional a la que somos llamados, afrontémosla con entereza ya que grandes males, requieren grandes remedios.
El M.D. Dante Acevo Anonales es Director Administrativo
del Colegio de Derecho y Comunicación.
(1) Moreno Villegas J. (2009), Psicología y Organización, Ecuador, Revista de la Universidad de Uzuay, p. 149.
(2) López Duque M. E., (2013), Resistencia al Cambio en Organizaciones Modernas, Universidad Tecnológica de Pereira, p. 150.
(3) Márquez Algara M. G., (2012), Evaluación de la Justicia Alternativa. México, Porrúa, p. 53.
http://www.cejamericas.org/acerca-de-ceja/que-es-ceja
Elecciones y candidaturas independientes en México
March 27, 2018 April 2, 2018 / coldercom
Por la Dra. en Ciencia Política Teresa Martínez Guerrero
La presente contribución pretende dar cuenta de algunos elementos útiles para el análisis en torno a las elecciones en México del presente año. Uno de las cuestiones relevantes a considerar es el de las candidaturas independientes, resultado de la modificación a la legislación en materia electoral en 2012. Frente a la pérdida de legitimidad por parte de las instituciones políticas del Estado mexicano se vuelve indispensable pensar, diseñar y hacer efectivos mecanismos de recomposición sociopolítica, de allí que, una de las apuestas tendría que estar en el sentido de construir poder ciudadano para la configuración democrática de los poderes públicos, y una de las vías es la participación popular más allá de los partidos políticos.
2018 se presenta ante nosotros como una coyuntura importante para poner a prueba la cultura política ciudadana y la capacidad de asumir la responsabilidad de elegir a nuestros representantes populares. El escenario político nacional es de una alta complejidad: violencia, inseguridad, empoderamiento del narcotráfico, creciente precarización de la vida, corrupción y poca confianza ciudadana en la clase política y, por último pero no menos importante, los saldos sociales y políticos del sismo del 19 de septiembre de 2017. En ese contexto, el próximo 1 de julio se llevará a cabo una jornada muy importante en la que se elegirán Presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, además de 2,818 autoridades locales entre las que se cuentan las de la Ciudad de México: un nuevo jefe de gobierno, 33 diputados de mayoría relativa y 33 de representación proporcional para renovar la Asamblea Legislativa, 16 alcaldías y 160 cargos de concejales.
Ante la exigencia social por democratizar el sistema político, se ha institucionalizado una práctica cada vez más extendida: la existencia y participación formal de “candidatos independientes”, es decir, ciudadanos que no están adscritos a ningún partido político y que buscan, a través del voto, algún cargo de elección. En ese sentido, en 2012 se aprobó una reforma electoral en la que se institucionalizó la figura de “candidato independiente”; no obstante, fue hasta 2014 cuando se acordaron las normas que abrieron realmente el camino a los ciudadanos que aspiraban a una candidatura y no contaban con el respaldo de un partido político.
De acuerdo con el portal del Instituto Nacional Electoral (INE), entre los requisitos para acceder a una candidatura independiente están el constituir una asociación civil, abrir una cuenta bancaria y registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Posteriormente, y tras lograr el registro como aspirante a candidato, los interesados deben reunir el apoyo de un porcentaje (1% de la lista nominal de electores para quienes contienden por la presidencia; y 2% de la lista nominal de electores de la demarcación para quienes aspiran a una senaduría o diputación o autoridad local) del total de la ciudadanía inscrita en el padrón de la localidad que buscan ganar, es decir, de la entidad federativa o bien, de la federación. El plazo del Instituto Nacional Electoral (INE) para que aspirantes obtengan las firmas concluye el 19 de febrero. Cumplido el plazo y con las firmas requeridas, los postulantes obtienen su candidatura y compiten en las elecciones con los abanderados de partidos y coaliciones.
Gracias a esos cambios en la ley se presentaron 509 aspirantes a candidatos independientes en total, entre diputados federales, locales, gobernadores y presidentes municipales. Quienes aspiran a la Presidencia de la República deberán recabar 866,593 firmas, equivalentes al 1% de la lista nominal de electores, distribuidas en 17 entidades federativas. De acuerdo con datos preliminares publicados por el INE, hasta el 16 de febrero, los aspirantes a candidatos a la Presidencia de la República que más firmas han obtenido son: Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón (1955257), Armando Ríos Piter (1595736), Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (1507935), Edgar Ulises Portillo Figueroa (1022015) y, muy atrás, María de Jesús Patricio Martínez, candidata indígena conocida como “Marichuy”, (252972). Son resultados preliminares porque aún falta que el INE valide las firmas y emita los nombramientos de candidatos, el 19 de febrero se cierra el proceso de recepción de firmas.
Ahora bien, son muchos los problemas que enfrentan los candidatos ciudadanos y que han desatado debates por no estar en las mismas condiciones que los candidatos de partidos políticos. Uno de los mayores temas a debate ha sido el del financiamiento público porque, aunque los candidatos independientes tienen derecho a recibirlo, la ley considera al conjunto de candidatos como un partido político de recién registro, es decir, con mucho menos presupuesto que los demás; es decir, todos los candidatos independientes que participen para los distintos cargos de elección popular pueden acceder a la parte igualitaria del financiamiento público muy bajo. Este asunto ya fue manifestado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014.
Sobre ese mismo tema se ha discutido que los candidatos independientes no pueden recibir aportaciones de dinero en efectivo como lo hacen los partidos políticos. La respuesta de la Suprema Corte fue en el mismo sentido argumentando que los candidatos independientes no tienen una permanencia en elecciones subsecuentes como los partidos políticos, por lo que la fiscalización periódica no es posible. Finalmente, la Corte señaló que los candidatos independientes deben evitar a toda costa el uso de recursos cuya identificación sea compleja para efectos del proceso de fiscalización.
Desde luego, el financiamiento no es el único problema que enfrentan los aspirantes a candidatos independientes, otro sería el acceso y uso de la tecnología por parte de la población, pues existe algo llamado “brecha digital”, sólo poco más de la mitad de la población tiene acceso a internet. Lo anterior representa un problema porque las firmas deben ser recabadas por medio de una aplicación para teléfonos móviles inteligentes. Esta medida deja de lado algunas consideraciones que potencialmente terminan por excluir a un número importante de mexicanos, en especial de los sectores vulnerables.
De acuerdo con José Merino, en un informe presentado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, titulado “Derechos digitales en México: ganadores y perdedores de la Reforma en Telecomunicaciones”, en 2015 sólo el 57.4% de los mexicanos contaban con acceso a internet. Sin embargo, es significativo que este porcentaje varía significativamente según la entidad federativa de que se trate, por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Tlaxcala son los que más personas sin conexión tiene y son, además, los que presentan mayores índices de pobreza. En contraste, la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California Sur, Sonora y Baja California son las cinco entidades más conectadas.
El problema, como se ve, no sólo es de conexión, sino que el uso de las herramientas tecnológicas, como internet, es ya una tendencia para permitir el ejercicio de algunos derechos políticos fundamentales. Esto nos coloca en posición de preguntarnos si realmente se trata de un ejercicio para el fortalecimiento de la democracia o no, pues deja fuera por lo menos a la mitad de la población, a la más vulnerable económica y socialmente.
Lo expuesto anteriormente nos deja al menos tres ideas presentes:
1. En lo relativo al financiamiento, los candidatos independientes se enfrentan a una situación de inequidad pese a las medidas adoptadas por el INE, es difícil que compitan con los candidatos de los diferentes partidos de manera equitativa con menos presupuesto.
2. El uso obligado de herramientas tecnológicas como la aplicación diseñada para teléfonos inteligentes, a través de la cual se recabaron las firmas para obtener el nombramiento de “candidato independiente”, dificulta la obtención de dicho nombramiento. Además de que excluye de la participación a la parte más empobrecida de la población, que representa, al menos, a la mitad de esta.
3. Finalmente, el país y, en particular para quienes habitamos la Ciudad de México, el tema de la reconstrucción luego del tremendo sismo del año pasado, pone a los candidatos e Jefe de Gobierno en obligación de contemplar a esa parte dañada del electorado.
Es imprescindible la participación ciudadana en y más allá de las instituciones si se quiere avanzar en la democratización del sistema político, por ello es imperativo revisar los mecanismos establecidos para tal efecto y valorar críticamente sus alcances y limitaciones.
La democracia es impensable si se parte del principio de exclusión y desigualdad, ¿lo sabrá el Instituto Nacional Electoral?
La Dra. en Ciencia Política Teresa Martínez Guerrero es
columnista e instructora en activo del Colegio de Derecho
LA FACULTAD DE FISCALIZACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 14, DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN
March 22, 2018 March 22, 2018 / coldercom	/ Leave a comment
Por el M.D. Alberto A. Mendoza
La facultad de fiscalización de la cuenta pública se encuentra prevista en el artículo 79 de la Constitución Federal, la cual debe ser ejercida bajo los principios, de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, para estos efectos el Estado cuenta con un órgano técnico con autonomía de gestión dependiente de la Cámara de Diputados.
Las funciones de fiscalización realizadas por dicho ente que se denomina Auditoría Superior de la Federación, versan sobre la cuenta pública y tienen por objeto: la evaluación de la gestión financiera, el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, la promoción de acciones o denuncias para la imposición de sanciones administrativas y penales, así como en general las que formen parte de la fiscalización de la cuenta publica o de la revisión del cumplimiento de los programas federales.
En ese artículo nos referiremos a aquella facultad prevista en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación relativa a las acciones realizadas por la ASF que tienen como fin la imposición de sanciones.
Anteriormente bajo la Ley publicada en 2009, la Auditoría Superior de la Federación, derivado de sus facultades, promovía en caso de contar con los elementos necesarios, diversas acciones tendientes a la sanción de las irregularidades cometidas, y al resarcimiento de los daños causados a la hacienda pública.
Dichas sanciones las realizaba a través de la emisión de solicitudes de investigación y en su caso sanción a los Órganos Internos de Control y a las denuncias penales ante la Procuraduría General de la República; la facultad resarcitoria se realizaba a través de un procedimiento administrativo ante el propio ente fiscalizador, el cual en caso de resultar desfavorable al servidor público o particular, se equiparaba a un crédito fiscal a ejecutarse en términos de la legislación respectiva.
Esta situación, aunque impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa vía juicio de nulidad, resultaba en una acción donde la ASF era Juez y Parte, toda vez que ella misma elaboraba el pliego de responsabilidad, en el que previamente ya había solicitado aclaraciones y solventaciones a los implicados, volviendo en la práctica, a repetir un procedimiento donde se le señalaba a los presuntos responsables las irregularidades cometidas, se les daba oportunidad de presentar las pruebas que consideraran oportunas y favorables, emitiendo una resolución que en la inmensamente mayoría de las veces resultaba condenatoria.
A partir del nuevo sistema anticorrupción, entra en vigor en 2016, una nueva Ley que si bien otorga a la ASF las facultades de solicitar la investigación y en su caso sanciones de conductas violatorias del derecho sancionador administrativo y penal, así como el resarcir el presunto daño causado a la hacienda pública, tanto por servidores públicos como particulares; ésta se realiza a través de la unidad de responsabilidades o por el órgano
interno de control y en el caso de faltas graves por el tribunal competente, en el caso del ámbito penal por la Procuraduría General de la República.
En este tenor se crea una sección competente en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o salas especializadas en su caso.
Las facultades de la ASF como autoridad investigadora y sustanciadora se correlacionan para su aplicación, teniendo como marco normativo no solo a la Ley de Fiscalización mencionada en párrafos anteriores, sino también la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo anterior en un ámbito de coordinación previsto en el Sistema Nacional Anticorrupción.
En esta sistema se prevé como sujetos de la aplicación del mismo, no solo a servidores públicos, sino también a particulares cuando estén vinculados en términos del Capítulo III de la ley de la materia a faltas administrativas graves.
Las sanciones previstas van desde la amonestación hasta la inhabilitación, así como la sanción económica y la indemnización, para servidores públicos y particulares y la disolución de la sociedad en el caso de personas morales de derecho privado; siendo ejecutadas las sanciones económicas por el Servicio de Administración Tributaria, teniendo carácter las mismas de crédito fiscal.
Tanto las resoluciones de las faltas no graves como de las graves son impugnables las primeras mediante recurso de revocación y las segundas por medio de la apelación, las impugnaciones podrán realizarse tanto por las partes que participen en el procedimiento ya sea autoridad, particular o servidor público sujeto a procedimiento administrativo.
Resulta pues favorable que con este nuevo sistema de fiscalización, la imposición de sanciones, en este caso graves, resulte a cargo de un Tribunal independiente, bajo reglas procedimentales que se asemejan a las de un juicio; lo anterior toda vez, que bajo el marco normativo del 2009, existía una justicia parcial que prejuzgaba, en el régimen de fiscalización donde el que investigaba, también sancionaba, para el caso del resarcimiento de daños, lo cual causaba un grave perjuicio e inequidad al sujeto de dicho procedimiento, ahora las faltas graves como las que implican daños a la hacienda pública deberán someterse a un procedimiento independiente y acucioso para su resolución.
Es importante señalar que si bien se cuenta con un marco jurídico más sólido, claro y congruente, también lo es que esto no conlleva necesariamente una fiscalización profesional y eficaz, es sustantivo que se profesionalice a la ASF y cuente con verdaderos profesionales no solo en las áreas auditoras sino también en las jurídicas, en las que se haga una valoración técnica adecuada de lo investigado y en caso de que existan realmente elementos sólidos se sustancie adecuadamente el procedimiento sancionatorio para lograr concluir de forma correcta el ciclo de fiscalización.
El M.D. Alberto A. Mendoza es licenciado en derecho por el ITAM, maestro en derecho procesal constitucional y candidato a doctor en derecho por la Universidad Panamericana, así como columnista e instructor en activo para el Colegio de Derecho y Comunicación.
Iniciamos Curso Organización de Eventos.
March 17, 2018 / coldercom	/ Leave a comment
March 6, 2018 April 13, 2018 / coldercom	/ Leave a comment
El registro en Ciencia, Tecnología e Innovación de La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 2017 presenta nueva evidencia del paradero de las mujeres en la búsqueda de mejor representación en el mundo de la ciencia y la tecnología.
“Si sabes que vas por buen camino, si posees esa certeza interna; entonces nadie podrá desviarte… no importa lo que digan.” – Bárbara McClintock, citogenética y ganadora del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1983
No es ningún secreto que la ciencia y la equidad de género representan una dupla dispar que ha luchado y ha buscado disminuir los porcentajes de desigualdad a través de los años gracias a generaciones de mujeres (y hombres) creando sus propias oportunidades y lugares dentro de la ciencia y la tecnología. Los estereotipos de género en dichos campos siguen siendo, particularmente, difíciles de modificar.
Sin embargo, la velocidad en que la transformación digital sucede, demanda habilidades en Tecnologías de la Información y Comunicación; creando nuevos empleos y mejores percepciones de trabajo, que plantea una razón más para combatir estos estereotipos de género tan arraigados hoy día; por la posibilidad de un mejor lugar de las mujeres en la ciencia y la tecnología. La pregunta, entonces, sería: ¿cuáles son las oportunidades y aprovechamiento de las mujeres en este campo?
Los marcadores en ciencia, tecnología e industria de la OECD en 2017 muestran, como podríamos intuirlo, que las mujeres ocupan un lugar significativamente menor. Comenzando por la elección de carreras, las mujeres tienen menos posibilidades de elegir ingeniería, ciencias naturales o TIC como opciones de estudio. En 2015, tan solo el 23% de todos los estudiantes que se graduaron en el nivel terciario de los países que forman parte de la OECD; lo hicieron con un título en estos campos. ¡Casi el 70% eran hombres! Los hombres también constituyeron casi el 60% de todos los egresados de doctorado en los países de la OECD en 2015 y cerca del 77% de todos los investigadores, por ejemplo, en Alemania y Austria.
“Me enseñaron que el camino del progreso no era rápido ni sencillo.” – Marie Curie, física, química y ganadora del Premio Nobel en Física en 1903 y 1911
Por otro lado y de manera motivadora, en cuestión de economías emergentes, más de 260, 000 mujeres se diplomaron a nivel terciario en Tecnologías de la Información y Comunicación en 2015, siendo India el país más cercano a la paridad de género, seguido por Indonesia. Asimismo, pequeñas economías como Latvia, han logrado la equidad de género en la cifra de investigadores en diversas disciplinas. No obstante, el número de ejemplos que muestran un impulso del crecimiento de las mujeres en el ámbito de ciencia y tecnología, aún es pequeño.
En términos de reconocimiento de autores competentes y correspondientes, indicadores experimentales exhiben que solamente el 21% corresponde a líderes femeninos en el mundo de la investigación; mientras que un 86% de los miembros del consejo editorial de revistas científicas son hombres. Si, además, consideramos una remuneración, la cifra baja al 15% de mujeres por artículos de investigación gratificados.
En relación a ingresos económicos, la OECD muestra que las mujeres ganan entre 4 y 29% menos que los hombres, donde únicamente el 17% corresponde a mujeres con un ingreso de más de 105,000 dólares al año. Sin embargo, el análisis muestra que las mujeres perciben un aumento salarial cuando su trabajo se relaciona a tareas intensivas en Tecnologías de la Información y Comunicación, incluso mayor para las mujeres que para los hombres donde la prima es de hasta 3% en la Federación Rusa, 2% en Irlanda y por encima del 1,5% en Corea, Turquía, Italia y Grecia.
El mundo de la ciencia, tecnología e innovación representa, hoy día, un espacio que permite vislumbrar una equidad de género aunque avanza lentamente. Es momento de acelerar los procesos. Procesos que conlleven el crecimiento de la participación femenina en el desarrollo y transformación digital; asegurando una preparación fructífera que les permita a las mujeres enfrentarse a un mundo laboral de manera efectiva y exitosa, con las herramientas y equipamiento necesario.
Incentivar el estudio de las ciencias desde pequeñas es un punto significativo para la inmersión de las mujeres y el crecimiento de su participación; de reconocer sus capacidades y de ofrecer un abanico de opciones para que la mujer, desde joven, decida sobre sus estudios profesionales de manera libre e informada.
Conviene dar una mirada hacia atrás, revisar la historia antigua e inmediata y darle el merecido reconocimiento a la larga lista de aportaciones de mujeres alrededor del mundo que han logrado que la ciencia sea lo que es hoy y el beneficio que le ha significado al ser humano. Es momento de que las mujeres (como seres humanos que son también) se regocijen en los avances tecnológicos y la vorágine que el mundo de las ciencias y la tecnología significa.
Cabe destacar la gran labor de la OECD de mantener una agenda actualizada para ayudar a las sociedades y economías a cosechar todos los beneficios de la era digital. (#goingdigital)
O acaso, ¿sigue existiendo una pared que impide que las mujeres estén representadas en puestos de alto nivel en la toma de decisiones?
https://www.oecd-forum.org/channels/722-digitalisation/posts/26282-women-in-science-technology-and-innovation-old-stereotypes-and-new-realities

References: artículo 8
 artículo 14
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 artículo 46
 artículo 120
 artículo 8
 artículo 1
 ARTÍCULO 14
 artículo 79
 resolución