Source: http://www.slideshare.net/hegelcitogonzalez/c-74799-16741423
Timestamp: 2016-05-02 07:12:29+00:00

Document:
Sentencia c 252-98
C 700-99
C 383-99
Dagoberto Alvarado Polo
Contador Público Especialista en Finanzas
De acuerdo con la tipologia de intereses y con el sistema de amortización pactado, lo que realmente estaba permitido era la capitalización de intereses con tasas variables de los creditos pactados en pesos, que compensaban, de alguna manera, el no pacto de la corrección monetaria, que si lo era para la opción de los creditos pactados bajo el sistema UPAC
Sentencia C-747/99 UPAC/CAPITALIZACION DE INTERESES- Inconstitucionalidad/DERECHO A LA VIVIENDA DIGNASe encuentra por esta Corporación que la "capitalización de intereses" encréditos concedidos a mediano o largo plazo, per se, no resulta violatoriade la Constitución, por lo que no puede declararse su inexequibilidad demanera general y definitiva para cualquier clase de crédito de esaespecie. Sin embargo, cuando se trate de créditos para la adquisición devivienda, es evidente que la "capitalización de intereses", sí resultaviolatoria del artículo 51 de la Constitución, pues, como ya se dijo enSentencia C-383 de 27 de mayo de 1999 y hoy se reitera como fundamentoexpreso de la declaración de inexequibilidad de los apartes acusados delartículo 121 del Decreto Ley 0663 de 1993, "la Constitución establece el"derecho a vivienda digna" como uno de los derechos sociales yeconómicos de los colombianos, el cual, desde luego, no puede por supropia índole ser de realización inmediata sino progresiva. Por ello, elconstituyente ordena al Estado la fijación de "las condiciones necesariaspara hacer efectivo este derecho", así como el promover "planes devivienda de interés social", y "sistemas adecuados de financiación a largoplazo". Es decir, conforme a la Carta Política no puede la adquisición yla conservación de la vivienda de las familias colombianas serconsiderada como un asunto ajeno a las preocupaciones del Estado, sinoque, al contrario de lo que sucedía bajo la concepción individualista yasuperada, las autoridades tienen por ministerio de la Constitución unmandato de carácter específico para atender de manera favorable a lanecesidad de adquisición de vivienda, y facilitar su pago a largo plazo encondiciones adecuadas al fin que se persigue, aún con el establecimientode planes específicos para los sectores menos pudientes de la población,asunto éste último que la propia Carta define como de "interés social". LEY MARCO-Regulación de financiación de vivienda a largo plazoSerá el Congreso de la República quien, conforme a la atribución que leconfiere el artículo 150, numeral 19 literal d) de la Carta Política habráde regular mediante la expedición de una ley marco todo lo atinente alsistema adecuado para la financiación de vivienda a largo plazo a quehace referencia el artículo 51 de la Constitución, conforme a reglas queconsulten la equidad y la justicia y, en todo caso, sin que comoconsecuencia de la inexequibilidad de los apartes acusados del artículo
121 del Decreto Ley 0663 de 1993, se llegue a un resultado contrario a laCarta, para lo cual habrá de armonizarse el valor de las cuotas a cargode los deudores y los plazos de las mismas, sin que se aumente la cuantíade las primeras en desmedro de las finalidades señaladas por el artículo51 de la Constitución. Referencia: Expediente D-2421 Demanda de inconstitucionalidad en contra del numeral 1 (parcial) del artículo 121 y numeral 1 (parcial) y 2 (parcial) del artículo 134 del decreto ley 663 de 1993. Actora: Emperatriz Castillo Burbano. Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.Santafé de Bogotá, D.C., seis (6) de octubre de mil novecientos noventa ynueve (1999).La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de susatribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos enel Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIAI. ANTECEDENTES.En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadanaEmperatriz Castillo Burbano, demandó la inconstitucionalidad del literal f)del artículo 16 de la ley 31 de 1992, del numeral 1 (parcial) del artículo121 y numeral 1 (parcial) y 2 (parcial) del artículo 134 del decreto ley 663de 1993.Por auto del primero (1º) de junio de mil novecientos noventa y nueve(1999), el magistrado sustanciador rechazó la demanda en relación con elliteral f) del artículo 16 de la ley 31 de 1992, por la existencia de cosajuzgada constitucional, en relación con la sentencia C-383 de 1999,providencia en la que el mencionado literal fue declarado inexequible.
En relación con el numeral 1 (parcial) del artículo 121 y numeral 1(parcial) y 2 (parcial) del artículo 134 del decreto ley 663 de 1993, seinadmitió la demanda por la indeterminación que presentaba en cuanto alos apartes acusados y la ausencia de cargos.En el término concedido a la actora para la corrección de la demanda, éstapresentó escrito en donde señaló expresamente los apartes acusados delnumeral 1 del artículo 121 y de los numerales 1 y 2 del artículo 134 deldecreto ley 663 de 1993. Igualmente, esgrimió las razones por las que, ensu concepto, los apartes acusados eran contrarios a la Constitución, razónpor la que el Magistrado sustanciador admitió la demanda en relación conestas normas y ordenó su fijación en lista. Así mismo, dispuso dar trasladoal señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto, yse comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente del Congreso y alseñor Ministro de Hacienda, con el objeto de que, si lo estimabanoportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normasdemandadas parcialmente.Cumplidos los trámites constitucionales y legales, propios de los procesosde inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir a cercade la demanda de la referencia.II. NORMAS DEMANDADAS.A continuación, se transcribe el texto de las disposiciones demandadas,conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 40.820, de abril 5 de1993 y se subraya la parte acusada. “Decreto Número 0663 de 1993 (abril 5) “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración” “El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la ley 35 de 1993 “Artículo 121: Sistemas de pago e intereses.
“1. Capitalización de intereses en operaciones de largoplazo. En operaciones de largo plazo losestablecimientos de crédito podrán utilizar sistemas depago que contemplen la capitalización de intereses, deconformidad con las reglamentaciones que para el efectoexpida el Gobierno Nacional.“...“3. Límites a los intereses. De conformidad con elartículo 64 de la ley 45 de 1990 y para los efectos delartículo 884 del Código de Comercio, en lasobligaciones pactadas en unidades de poder adquisitivoconstante (UPAC) o respecto de las cuales se estipulecualquier otra cláusula de reajuste, la correcciónmonetaria o el correspondiente reajuste computará comointerés. “Capítulo IV “DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS OPERACIONES DE LAS CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA“ Artículo 134. Aplicación. El fomento del ahorro para laconstrucción se orientará sobre la base del principiovalor constante de ahorros y préstamos, determinadocontractualmente. Para efectos de conservar el valorconstante de los ahorros y de los préstamos a que serefiere el presente capítulo unos y otros se reajustaránperiódicamente de acuerdo con las fluctuaciones delpoder adquisitivo de la moneda en el mercado interno ylos intereses pactados se liquidarán sobre el valorprincipal reajustado.“En desarrollo del principio de valor constante deahorros y préstamos consagrados en el inciso anterior,establécese la Unidad de Poder Adquisitivo Constante(UPAC) con base en la cual las corporaciones de ahorroy vivienda deberán llevar todas las cuentas y registrosdel sistema, reducidos a moneda legal.
“2. Estipulación en los contratos. Para los efectos previstos en el artículo 1518 del Código Civil, tanto en los contratos sobre constitución de depósito de ahorro entre los depositantes y las corporaciones de ahorro y vivienda como en los contratos de mutuo que éstas celebren para el otorgamiento de préstamos, se estipulará expresamente que las obligaciones en moneda legal se determinarán mediante la aplicación de la equivalencia de la Unidad del Poder Adquisitivo constante. “...”III. LA DEMANDA.La ciudadana demandante estima que los apartes acusados de los artículos121 y 134 del decreto 0663 de 1993, desconocen los artículos 13, 20, 51,58 y 60 de la Constitución. Los cargos de la demanda pueden sintetizarse,así:1. En un Estado social de derecho, tal como define la Constitución a laRepública de Colombia, en donde se garantizan principios tales como laigualdad, y cuyo texto fundamental establece que todos los colombianostienen derecho a una vivienda digna, correspondiéndole al Estadoestablecer las condiciones para hacer efectivo este derecho, entre otros,con sistemas adecuados de financiación para la adquisición de ésta, no seha implementado ningún sistema que permita afirmar que este preceptoconstitucional ha recibido algún desarrollo. Por el contrario, sigue vigenteun sistema creado en el año de 1972, conocido con el nombre de unidadde valor constante (UPAC), al que el legislador le añadió un mecanismodenominado capitalización de intereses, que por ser aplicable a todos loscréditos a largo plazo, sin distingo alguno, ha desnaturalizado la razón deser del sistema diseñado con anterioridad a la vigencia de la Constituciónde 1991.2. La capitalización que se consagra en las normas acusadas, aplicada a lossistemas de financiación que existen para la adquisición de vivienda, hadegenerado en la impagabilidad de las obligaciones crediticias, en razóndel acrecentamiento que sufre el capital cuando se le suman los interesesque han de ser pagados, y sobre este monto, se liquida, a su vez, el interésque mensualmente debe cancelarse. De esta forma, el derecho a tener unavivienda digna no pueda satisfacerse. La demandante señala dos ejemplos
que le permiten ilustrar su aserto, los que no se considera necesarioreproducir.3. Las normas parcialmente acusadas sólo están beneficiando a una de laspartes de la relación contractual: a las entidades financieras, dejando alos deudores en una situación de disminución que requiere de unequilibrio.El Estado tiene las herramientas para lograr que tanto los acreedores comolos deudores obtengan beneficios del sistema que actualmente rige para laasunción de créditos a largo plazo. Sin embargo, no se ha hecho uso deellas. Por el contrario, el gobierno ha impuesto medidas de carácter macroeconómico que sólo están perjudicando a los deudores, haciendo que éstosentreguen sus viviendas al sector financiero con su beneplácito, endetrimento del derecho a la propiedad que la Constitución garantiza(artículo 58), convirtiendo el sistema en un mecanismo expropiatorio.4. Se vulnera, igualmente, el derecho a la información veraz e imparcialque consagra el artículo 20 de la Constitución, porque las entidades delsector financiero no explican a sus clientes las implicaciones de adquirircréditos con aplicación de la modalidad de “capitalización de intereses”.Si se diera un información veraz, las personas, de seguro, no suscribiríancontrato alguno con el objeto de adquirir vivienda.5. De permitirse la capitalización de intereses para sistemas de adquisiciónde vivienda como lo es el Upac, la declaración de inexequibilidad que hizola Corte Constitucional en la sentencia C-383 de 1999, a efectos demantener la naturaleza de éste, perdería toda eficacia.IV. INTERVENCIONES.En el término constitucional establecido para intervenir en la defensa oimpugnación de las normas parcialmente acusadas, presentaron escritoslos ciudadanos Gerardo Hernández Correa, Secretario de la JuntaDirectiva del Banco de la República; Leonor Sanz Alvarez, designada porla Asociación Bancaria y las Entidades Financieras; Juan Pablo BuitragoLeón, designado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y FelipeIriarte Alvira, designado por el Instituto Colombiano de Ahorro yVivienda, defendiendo la constitucionalidad de las normas parcialmenteacusadas. En forma extemporánea, el ciudadano Luis Carlos VillegasEcheverri, en nombre de Asociación Nacional de Industriales ANDI,presentó escrito en igual sentido.
En términos generales todos los intervinientes coinciden en los mismosargumentos para sustentar la exequibilidad de las normas parcialmenteacusadas, razón por la que éstos se esbozarán en conjunto, así:1. El sistema de capitalización de intereses que se contempla en las normasparcialmente acusadas no es en sí mismo inconstitucional ni su aplicacióndesconoce norma alguna de la Constitución. Sistema éste propio de laseconomías inflacionarias como la colombiana, y que permite la viabilidadde los créditos a largo plazo.2. Su aplicación a los sistemas de crédito a largo y mediano plazo, bien enpesos o en Upac, ha permitido que un sin número de personas con ingresoseconómicos que pueden ser considerados bajos tengan acceso a unavivienda. La capitalización de intereses, entonces, ha permitido que elmandato contenido en el artículo 51 de la Constitución se esté cumpliendoen debida forma.3. A diferencia de lo que opina la demandante, ha sido la capitalización deintereses la que ha posibilitado a un amplio sector de la población obtenervivienda propia. Desmontarlo, implicaría, entonces, la negación de estaoportunidad para un grueso de los habitantes, así como el desconocimientodel mandato sobre democratización del crédito.4. Cada uno de los intervinientes cita un ejemplo que le permite demostrarsu aserto frente a la conveniencia del mencionado mecanismo, recalcandoque su desaparición sólo haría que un reducido número de personas,aquellas con ingresos que superen aproximadamente los diez (10) salariosmínimos, tuviesen acceso a un préstamo para la adquisición de vivienda,por ser éstos, los únicos que, en principio, tendrían la capacidad paraatender el costo de esta clase de créditos. Por tanto, no se pude afirmar,como lo hace la demandante, que el mecanismo de capitalización deintereses es expropiatorio.5. El Estado sí ha desarrollado sistemas de financiamiento como loprescribe el artículo 51 de la Constitución. Así, por ejemplo, losprogramas para adquisición de vivienda de interés social, implementadosa través de las cajas de compensación y los programas del Inurbe. Estos,aunados al sistema que se dice contrario a los postulados constitucionales,han permitido hacer una cobertura amplia de déficit habitacional que seregistra en el país.
Igualmente, el Gobierno ha ideado mecanismos como la titularización dela cartera hipotecaria, la clasificación de créditos hipotecarios y lasreestructuraciones extraordinarias, para que los actuales propietarios quetienen deudas pendientes no pierdan sus viviendas. Se citan, así mismo,los mecanismos que fueron diseñados por el legislador extraordinario, através de los decretos dictados durante la última emergencia económica.Al igual que los que contempla la nueva ley financiera, tales como lossistemas de financiación atados al IPC, los procesos de titularización ymutuos hipotecarios, etc.6. La capitalización de intereses no desconoce el derecho a la igualdadentre deudores y entidades financieras, pues éstas no obtienen beneficioalguno con su aplicación. Por el contrario, aplicar éste sólo para lascaptaciones y no para las colocaciones, como lo solicita la demandante,haría que el sistema perdiera su equilibrio, en desmedro tanto de losahorradores como del sistema financiero en si mismo considerado, dadoque la función principal de este sector es la de intermediación, querequiere la conciliación de los intereses tanto de depositantes como deahorradores.7. No puede confundirse la capitalización de intereses con la figura delanatocismo, esta última, prohibida tanto en las normas civiles como por lascomerciales. El primero, un sistema de intereses compuestos que permitela asunción de cuotas bajas para el deudor que adquiere un crédito a largoplazo y que le permite no sólo el pago de intereses, que se difieren en eltiempo, sino del capital a un mismo tiempo, sin que ello implique unaevasión de los límites que la propia legislación ha impuesto al cobro deintereses. El segundo, el cobro de intereses sobre intereses exigibles, esdecir, aquellos no cancelados en tiempo.8. Son los deudores, quienes, en ejercicio del derecho a la libreautodeterminación de la voluntad, escogen los sistemas de financiaciónpara la adquisición de esta clase de créditos, los que de ninguna forma lesson impuestos. En el mismo sentido, no puede considerarse que lasdiversas entidades, al hacer uso de los instrumentos legales para larecuperación de cartera, estén desconociendo derecho alguno de aquéllos.9. La crisis actual de los deudores de créditos a largo y mediano plazo noestá en la aplicación del sistema de capitalización de intereses, sino en laconjunción de una serie de factores económicos, tales como ladesaceleración económica que está viviendo el país; el alto índice dedesempleo que impide a las personas, al quedar sin empleo, cumplir sus
compromisos crediticios, poniendo en peligro el sistema financiero en símismo; las altas tasas de interés, e.t.c.10. Mientras no se logre demostrar que el mecanismo de “capitalización deintereses” es irrazonable, o que no responde a un propósito constitucionaldefinido, éste no pude ser considerado inexequible. El sistema esrazonable y, permite, entre otras cosas, la adquisición de vivienda a unbasto sector de la población.11. Finalmente, se afirma que las normas parcialmente acusadas nodesconocen el derecho a la información veraz que consagra el artículo 20de la Constitución, pues en ellas no se consagra mecanismo alguno quehaga nugatorio este derecho. Si las entidades financieras no dan adecuadainformación a sus clientes, corresponde a los organismos de control exigirésta, hecho que no hace a los artículos acusados contrarios a laConstitución.V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.Por medio del concepto número 1869 de agosto trece (13) de 1999, elProcurador General de la Nación, doctor Jaime Bernal Cuéllar, solicita a laCorte Constitucional declarar la exequibiliad de los apartes acusados delos artículos 121 y 134 del decreto 0663 de 1993.En su concepto, el Ministerio Público acepta que el Estado no ha cumplidosu obligación de implementar sistemas de financiación a la luz de laConstitución de 1991, tal como lo prescribe el artículo 51 de laConstitución. Sin embargo, afirma que esa omisión no hace de por siinconstitucional los sistemas de financiación diseñados, con anterioridada la entrada en vigencia de ésta, para los créditos a largo y mediano plazo.Después de un breve análisis de las diversas normas constitucionales enmateria de intervención económica, se refiere específicamente al sistemaUpac, para explicar que si bien es cierto no presenta los rasgos ycaracterísticas con que fue diseñado en el año de 1972, dado que hasufrido serias modificaciones a través de los años, él, en si mismo, no escontrario a ningún postulado constitucional.A diferencia de la opinión de la demandante, aquél no es generador dedesigualdades, por el contrario, su implementación ha permitido anumerosas personas adquirir vivienda, al tiempo que ha facilitado a losahorradores, quienes con sus recursos alimentan el sistema, conservar el
poder adquisitivo de sus depósitos. Por tanto, es inaceptable la solicitud dela demandante al considerar que con la declaración de inexequibilidad dela expresión “préstamos” se soluciona la crisis que se ha generado para losdeudores de créditos a largo plazo, específicamente, para vivienda, el pagode sus acreencias, porque las causas no nacen del sistema mismo, sino dela conjunción de factores económicos tales como las altas tasas de interés,el desempleo, la determinación del factor Upac con fundamento en lacorrección monetaria, etc.Concluye, por tanto, que si bien las normas acusadas no son contrarias a laConstitución, el Estado está en la obligación de implementar mecanismosque permitan el control de las tasas de interés.VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.1. Competencia.La Corte es competente para conocer de la demanda de la referencia, deconformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de laConstitución, pues se acusan parcialmente artículos contenidos en undecreto dictado con fundamento en una ley de facultades extraordinarias.2. Cosa Juzgada constitucional en relación con el artículo 134 delDecreto Ley 0663 de 1993.2.1. La demanda de la referencia fue admitida el diez y siete (17) de juniode 1999, fecha en la que se encontraba en curso la radicada bajo elnúmero D-2374, en la que se demandaban, entre otros, el artículo 134 deldecreto 0663 de 1993, norma ésta que fue declarada inexequible medianteSentencia C-700 de 16 de septiembre de 1999, por lo que habrá de estarsea lo resuelto en ella, por existir cosa juzgada constitucional, en lostérminos señalados por el artículo 243 de la Carta Política.3. Análisis sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad delartículo 121 del Decreto Ley 0663 de 1993, en los apartes demandados.3.1. Como puede observarse, en cuanto hace al artículo 121 del DecretoLey 0663 de 1993, los apartes demandados por la actora comoinexequibles, lo son bajo la consideración de que ellos resultan contrariosa la Constitución en cuanto quebrantan el artículo 51 de la misma, pues elpermitir la capitalización de intereses en créditos concedidos para la
adquisición de vivienda a largo plazo, no pueden formar parte de un"sistema adecuado" para el efecto, e igualmente porque impiden que eldeudor tenga una información veraz e imparcial sobre el monto real de lasobligaciones a su cargo, razón ésta por la cual a dicho análisis se contraeel presente fallo.3.2. Falta de competencia del Presidente de la República para expedirla norma acusada, por cuanto ello corresponde al Congreso de laRepública, por medio de una ley marco.3.2.1. Sobre el particular, ha de anotarse por la Corte que en Sentencia C-700 del 16 de septiembre de 1999, (Magistrado ponente, doctor JoséGregorio Hernández Galindo), se expresó por ésta Corporación que laregulación de lo atinente a la financiación de vivienda a largo plazocorresponde, en primer término al Congreso de la República mediante laexpedición de una ley marco, conforme a lo dispuesto por el artículo 150,numeral 19 literal d) de la Carta Política, en cuyo desarrollo deberá elPresidente de la República dictar los decretos que permitan su aplicaciónen las circunstancias concretas. Ello significa, entonces, que el artículo121 del Decreto Ley 0663 de 1993, así como las demás normas que fuerondeclaradas inexequibles por la Corte en la sentencia aludida, tambiénadolece del mismo vicio, pues "el Presidente de la República carecía decompetencia para expedirlas; invadió la órbita propia del Congreso de laRepública, vulneró el artículo 113 de la Constitución y desconoció lasreglas previstas en los artículos 51, 150, numeral 19, literal d); 189,numerales 24 y 25, y 335 ibídem y, por supuesto, ejerció unarepresentación, a nombre del pueblo, por fuera de los requisitosconstitucionales, quebrando el principio medular del artículo 3 de laConstitución", situación ésta que llevará a la Corte a declarar lainexequibilidad del citado artículo 121 del Decreto Ley 0663 de 1993, porlas mismas razones que ya se expresaron, sin perjuicio del análisis quesobre la constitucionalidad del contenido de los apartes acusados de lanorma mencionada se harán luego en esta misma sentencia.3.2.2. Por otra parte, se recuerda en esta ocasión por la Corte, que en la yaaludida Sentencia C-700 del 16 de septiembre de 1999, (Magistradoponente, doctor José Gregorio Hernández Galindo), esta Corporaciónagregó que pese a declarar inexequibles las normas a que dicha sentenciase refiere, fundada tal declaración en el vicio consistente "precisamente enque las reglas generales sobre financiación de vivienda a largo plazodeben estar contenidas en ley dictada por el Congreso y de ningunamanera en un decreto expedido con base en facultades extraordinarias, la
Corte considera indispensable dar oportunidad para que la RamaLegislativa ejerza su atribución constitucional y establezca las directricesnecesarias para la instauración del sistema que haya de sustituir aldenominado UPAC, sin que exista un vacío inmediato, por falta denormatividad aplicable", razón por la que, agregó la Corte, que "se estimarazonable, entonces, que dicha ultraactividad de las normas excluidas delorden jurídico se prolongue hasta el fin de la presente legislatura, esdecir, hasta el 20 de junio del año 2000", por lo que, para guardar ladebida correspondencia y armonía, igualmente así habrá de disponerse enesta sentencia con respecto al numeral 3º del artículo 121 del Decreto0663 de 1993 y a la expresión "que contemplen la capitalización deintereses" del numeral primero de la norma en mención, en cuanto fuereaplicable a los créditos para la financiación de vivienda a largo plazo.4. Inconstitucionalidad material de los apartes acusados del artículo121 del Decreto Ley 0663 de 1993.4.1. Si bien es verdad que el artículo 121 del Decreto Ley 0663 de 1993,se encuentra ubicado en la parte general de ese estatuto y, por ello, regulalo atinente a los sistemas de pago e intereses en operaciones de crédito demediano y largo plazo, es igualmente cierto que en cuanto los créditospara la adquisición de vivienda son de esta especie, también le seríanaplicables las disposiciones contenidas en esa norma legal. Precisamente,así lo entendió la demandante y, por lo mismo, solicita a la Corte que sedeclare la inexequibilidad de la expresión "que contemplen lacapitalización de intereses" (numeral primero), e igualmente la delnumeral tercero del mismo artículo, normas cuya inexequibilidad seimpetra declarar por la Corte, en cuanto resultan, a juicio de la actora,violatorias del artículo 51 de la Constitución Política, que ordena al Estadopromover un "sistema adecuado" de financiación de vivienda a largoplazo.4.2. En torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los apartesacusados del artículo 121 del Decreto Ley 0663/93, se encuentra por estaCorporación que la "capitalización de intereses" en créditos concedidos amediano o largo plazo, per se, no resulta violatoria de la Constitución, porlo que no puede declararse su inexequibilidad de manera general ydefinitiva para cualquier clase de crédito de esa especie.4.3. Sin embargo, cuando se trate de créditos para la adquisición devivienda, es evidente que la "capitalización de intereses", sí resultaviolatoria del artículo 51 de la Constitución, pues, como ya se dijo en
Sentencia C-383 de 27 de mayo de 1999, (Magistrado ponente, doctorAlfredo Beltrán Sierra), y hoy se reitera como fundamento expreso de ladeclaración de inexequibilidad de los apartes acusados del artículo 121 delDecreto Ley 0663 de 1993, "la Constitución establece el "derecho avivienda digna" como uno de los derechos sociales y económicos de loscolombianos, el cual, desde luego, no puede por su propia índole ser derealización inmediata sino progresiva. Por ello, el constituyente ordena alEstado la fijación de "las condiciones necesarias para hacer efectivo estederecho", así como el promover "planes de vivienda de interés social", y"sistemas adecuados de financiación a largo plazo". Es decir, conforme ala Carta Política no puede la adquisición y la conservación de la viviendade las familias colombianas ser considerada como un asunto ajeno a laspreocupaciones del Estado, sino que, al contrario de lo que sucedía bajo laconcepción individualista ya superada, las autoridades tienen porministerio de la Constitución un mandato de carácter específico paraatender de manera favorable a la necesidad de adquisición de vivienda, yfacilitar su pago a largo plazo en condiciones adecuadas al fin que sepersigue, aún con el establecimiento de planes específicos para lossectores menos pudientes de la población, asunto éste último que la propiaCarta define como de "interés social". "4.4. Para la Corte es claro que conforme a la equidad ha de mantenerse el poder adquisitivo de la moneda, razón ésta por la cual pueden ser objeto de actualización en su valor real las obligaciones dinerarias para que el pago de las mismas se realice conforme a la corrección monetaria. "4.5. Es decir, la actualización a valor presente de las obligaciones dinerarias contraidas a largo plazo con garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda, ha de realizarse sobre el capital que se adeuda. Con ello se mantiene el equilibrio entre acreedor y deudor, pues quien otorga el crédito no verá disminuido su valor, ni el adquirente de la vivienda y deudor hipotecario la cancelará en desmedro del poder adquisitivo de la moneda cuando se contrajo la obligación".Y, en la misma Sentencia ya mencionada, se agregó luego que el equilibriode las prestaciones entre la entidad crediticia prestamista y el deudor sealtera en desmedro de éste último, cuando "a los intereses de la obligaciónse les capitaliza con elevación consecuencial de la deuda liquidada denuevo en Unidades de Poder Adquisitivo Constante que, a su turno,
devengan nuevamente intereses que se traen, otra vez, a valor presente enUPAC para que continúen produciendo nuevos intereses en formaindefinida", lo cual, como salta a la vista, quebranta, de manera ostensibleel artículo 51 de la Constitución, pues, ello desborda la capacidad de pagode los adquirentes de vivienda, lo cual resulta, además, "contrario a laequidad y la justicia como fines supremos del derecho, es decir opuesto ala "vigencia de un orden justo", como lo ordena el artículo 2º de laConstitución".5. La inconstitucionalidad de los apartes acusados del artículo 121 delDecreto Ley 0663 de 1993, sólo se refiere a los créditos de vivienda alargo plazo.Según se desprende de los cargos formulados por la actora y de lasconsideraciones que anteceden, la inexequibilidad que por la Corte sedeclaraDel numeral tercero del artículo 121 del Decreto Ley 0663 de 1993 y de laexpresión "que contemplen la capitalización de intereses", quedaexpresamente limitada a los créditos de vivienda a largo plazo, sin quepueda extenderse a otros, pues solamente a aquellos se circunscribe, eneste caso, la cuestión debatida por la actora y decidida por la Corte.6. Lo resuelto por la Corte en esta Sentencia, implica entonces que será elCongreso de la República quien, conforme a la atribución que le confiereel artículo 150, numeral 19 literal d) de la Carta Política habrá de regularmediante la expedición de una ley marco todo lo atinente al sistemaadecuado para la financiación de vivienda a largo plazo a que hacereferencia el artículo 51 de la Constitución, conforme a reglas queconsulten la equidad y la justicia y, en todo caso, sin que comoconsecuencia de la inexequibilidad de los apartes acusados del artículo121 del Decreto Ley 0663 de 1993, se llegue a un resultado contrario a laCarta, para lo cual habrá de armonizarse el valor de las cuotas a cargo delos deudores y los plazos de las mismas, sin que se aumente la cuantía delas primeras en desmedro de las finalidades señaladas por el artículo 51 dela Constitución.VII.- DECISIÓN.Por lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombredel pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE :
Primero.- ESTÉSE a lo resuelto en la Sentencia C-700 del dieciséis (16)de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), en la cual sedeclaró la inexequibildad del artículo 134 del Decreto Ley 0663 de 1993.Segundo.- DECLÁRASE la inexequibilidad del numeral tercero delartículo 121 del Decreto Ley 0663 de 1993, así como la de la expresión"que contemplen la capitalización de intereses" contenida en el numeralprimero de la norma en mención, únicamente en cuanto a los créditos parala financiación de vivienda a largo plazo, inexequibilidad cuyos efectos sedifieren hasta el 20 de junio del año 2000, como fecha límite para que elCongreso expida la ley marco correspondiente.Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta dela Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Presidente ANTONIO BARRERA CARBONELL Magistrado ALFREDO BELTRÁN SIERRA Magistrado CARLOS GAVIRIA DÍAZ Magistrado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORÓN DÍAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado
MARTHA V. SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General
Aclaración de voto a la Sentencia C-747/99 SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Decisión de diferir efectos en el tiempo (Aclaración de voto)Si bien es verdad que las autoridades públicas se encuentran instituidaspara colaborar armónicamente en la realización de los fines del Estado ypara garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y del interésgeneral, lo cual podría explicar la decisión de diferir en el tiempo losefectos de esta sentencia para que, en un lapso razonable pueda expedirsepor el Congreso de la República la Ley Marco que dicte las normasgenerales sobre el sistema de financiación adecuada para la adquisiciónde vivienda a largo plazo, a nuestro juicio, la inexequibilidad de lasnormas acusadas ha debido tener aplicación inmediata, pues, si una ley oparte de ella, o un decreto ley, o un decreto legislativo se encuentrancontrarios a la Carta Política y, por lo mismo, así se declara por quientiene a su cargo la guarda de la integridad y primacía de la Constitución(artículo 241 C.P.), riñe con la lógica jurídica que lo que esinconstitucional prolongue su existencia en el tiempo con posterioridad alfallo en el que así se declara por esta Corporación.Los suscritos magistrados, tal como lo hicimos en relación con laSentencia C-700 del 16 de septiembre de 1999, con respeto por la decisiónadoptada ahora por la Corte en la Sentencia C-747 del 6 de octubre del añoen curso, en el sentido de diferir la "inejecución" de las normas cuyainconstitucionalidad se declara por esta Corporación hasta el 20 de juniodel año 2000, aclaramos nuestro voto, por las razones que a continuaciónse expresan:1ª. En principio, la ley, los decretos leyes, y los decretos legislativosdictados por el Presidente de la República en los estados de excepción, seencuentran amparados por la presunción de constitucionalidad.2ª. No obstante, cuando dicha presunción se destruye y así se declara por laCorte Constitucional, como consecuencia obligada de tal declaración, lanorma sobre la cual recae ese pronunciamiento, es inexequible, es decir,no puede tener aplicación alguna, o, dicho de otra manera, a suinconstitucionalidad sigue de inmediato la "inejecución" de lo dispuesto enella.
3ª. Si bien es verdad que las autoridades públicas se encuentran instituidaspara colaborar armónicamente en la realización de los fines del Estado(artículo 113 de la C.P.) y para garantizar la efectividad de los derechosfundamentales y del interés general (artículo 2º C.P.), lo cual podríaexplicar la decisión de diferir en el tiempo los efectos de esta sentenciapara que, en un lapso razonable pueda expedirse por el Congreso de laRepública la Ley Marco que dicte las normas generales sobre el sistema definanciación adecuada para la adquisición de vivienda a largo plazo, anuestro juicio, la inexequibilidad de las normas acusadas ha debido teneraplicación inmediata, pues, si una ley o parte de ella, o un decreto ley, o undecreto legislativo se encuentran contrarios a la Carta Política y, por lomismo, así se declara por quien tiene a su cargo la guarda de la integridady primacía de la Constitución (artículo 241 C.P.), riñe con la lógica jurídicaque lo que es inconstitucional prolongue su existencia en el tiempo conposterioridad al fallo en el que así se declara por esta Corporación.Fecha ut supra.ALFREDO BELTRÁN SIERRA JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZGALINDO
Salvamento de voto a la Sentencia C-747/99 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Aplicación (Salvamento de voto)Por virtud de la sentencia C-252 de 1994 ha debido operar en el presentecaso una cosa juzgada constitucional toda vez que, en la providencia enmención, la Corte, luego del examen de la competencia del gobierno, y susposibilidades normativas en ejercicio de las atribuciones conferidas por laley 35 de 1993, determinó que en la medida en que el contenido deldecreto 663 de 1993 no constituía un Código era exequible y así lodeclaró. Si bien providencias posteriores de la Corte, que se citan en eltexto de la sentencia, recayeron sobre disposiciones individualizadas delmismo decreto 663 de 1993 lo que puede llevar a pensar que los efectos dela sentencia C-252 de 1994 son los denominados de “cosa juzgadaaparente”, es lo cierto que ello puede aceptarse respecto de laconfrontación material específica de las disposiciones con las reglassuperiores de la Constitución, más no respecto de la definición de laextensión y alcance de las competencias asumidas por razón de lasfacultades conferidas por el legislador. Así las cosas, teniendo en cuentaque el argumento central de la demanda consistía en aseverar quemediante facultades extraordinarias no podía establecerse un marconormativo dentro del cual el Gobienro desarrolle la disciplina financiera,la Corte ha debido estarse a lo resuelto en la citada providencia en cuantoella había resuelto sobre los alcances del decreto 663 de 1993 y lasproyecciones jurídicas plasmadas efectivamente en su contenido. LEY MARCO-Incorporación de normas relativas al sistema financiero/ESTATUTO DEL SISTEMA FINANCIERO- Compilación de normatividad existente (Salvamento de voto)Si bien es cierto que la ley 35 de 1993 confirió facultades extraordinariasal Gobierno en relación con el Estatuto Orgánico del Sistema Financieroy que el producto del ejercicio de éstas se plasma en un decretoextraordinario, también es cierto que es preciso reparar en el contenidodel artículo 36 de la dicha ley, conforme al cual la autorización alGobierno se otorgó para incorporar las disposiciones de esa misma ley 35en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (expedido inicialmentemediante el decreto 1730 de 1991, en desarrollo de autorizacionesotorgadas en la ley 45 de 1990). Esa incorporación no puede significar uncambio de jerarquía respecto de las normas legales incorporadas, puesellas como esta misma Corporación ha reconocido, ostentan el carácter
de ley marco en las materias propias, es decir en el ámbito financiero y dela organización y funcionamiento del sistema financiero y de las entidadessobre las cuales gravitan las normas del Estatuto. Por ende, si lasdisposiciones de la ley 35 de 1993, tienen el carácter originario de “leymarco” debe aceptarse que no perdieron esa calidad al ser incorporadasal Estatuto en cumplimiento de la habilitación otorgada por el propiolegislador. Para tales efectos es claro que las normas incorporadas nomutan su naturaleza; así mismo, el estatuto tal como se configuró desde suexpedición no tuvo ni el carácter de Código ni de norma innovadora,mediante él se reunieron las normas vigentes al momento de su expedicióny se incorporó, ulteriormente la ley 35 de 1993, con su prístino contenidoy alcances. Con el Estatuto Orgánico no se expidió un orden jurídiconuevo, integral, pleno y total sobre un punto específico del derecho sinoque tan solo se compiló la normatividad existente”.Con el habitual respeto expreso a continuación las razones de midesacuerdo con la decisión mayoritaria de la Corte conforme a la cual sedeclaró inexequible el numeral tercero del artículo 121 del decreto 663 de1993, así como la expresión “que contemplen la capitalización deintereses” “contenida en el numeral primero de la norma en mención,únicamente en cuanto a los créditos para la financiación de vivienda alargo plazo, inexequibilidad cuyos efectos se difieren hasta el 20 de juniodel año 2000, como fecha límite para que el Congreso expida la ley marcocorrespondiente”.Como los fundamentos de la sentencia de la cual me aparto en esta ocasiónson básicamente los mismos que invocó la Corte en la sentencia C-700 deeste mismo año, es decir la incompetencia del Presidente de la Repúblicapara expedir, mediante decreto de facultades extraordinarias lasdisposiciones contenidas en el Decreto 663 de 1993, por corresponder ellasa leyes marcos de exclusiva competencia del Congreso Nacional, medianteley, reiteraré lo sostenido en el voto disidente que al efecto presenté.Como tuve ocasión de expresar en la discusión sobre la ponencia elaboradapor el señor Magistrado Ponente, por virtud de la sentencia C-252 de 1994ha debido operar en el presente caso una cosa juzgada constitucional todavez que, en la providencia en mención, la Corte, luego del examen de lacompetencia del gobierno, y sus posibilidades normativas en ejercicio delas atribuciones conferidas por la ley 35 de 1993, determinó que en la
medida en que el contenido del decreto 663 de 1993 no constituía unCódigo era exequible y así lo declaró.Si bien providencias posteriores de la Corte, que se citan en el texto de lasentencia, recayeron sobre disposiciones individualizadas del mismodecreto 663 de 1993 lo que puede llevar a pensar que los efectos de lasentencia C-252 de 1994 son los denominados de “cosa juzgada aparente”,es lo cierto que ello puede aceptarse respecto de la confrontación materialespecífica de las disposiciones con las reglas superiores de la Constitución,más no respecto de la definición de la extensión y alcance de lascompetencias asumidas por razón de las facultades conferidas por ellegislador. Así las cosas, teniendo en cuenta que el argumento central de lademanda consistía en aseverar que mediante facultades extraordinarias nopodía establecerse un marco normativo dentro del cual el Gobienrodesarrolle la disciplina financiera, la Corte ha debido estarse a lo resueltoen la citada providencia en cuanto ella había resuelto sobre los alcances deldecreto 663 de 1993 y las proyecciones jurídicas plasmadas efectivamenteen su contenido.En este punto, no es impertinente aclarar que si bien es cierto que la ley 35de 1993 confirió facultades extraordinarias al Gobierno en relación con elEstatuto Orgánico del Sistema Financiero y que el producto del ejerciciode éstas se plasma en un decreto extraordinario, también es cierto que espreciso reparar en el contenido del artículo 36 de la dicha ley, conforme alcual la autorización al Gobierno se otorgó para incorporar lasdisposiciones de esa misma ley 35 en el Estatuto Orgánico del SistemaFinanciero (expedido inicialmente mediante el decreto 1730 de 1991, endesarrollo de autorizaciones otorgadas en la ley 45 de 1990). Esaincorporación no puede significar un cambio de jerarquía respecto de lasnormas legales incorporadas, pues ellas como esta misma Corporación hareconocido, ostentan el carácter de ley marco en las materias propias, esdecir en el ámbito financiero y de la organización y funcionamiento delsistema financiero y de las entidades sobre las cuales gravitan las normasdel Estatuto.Así, se expresa en la Sentencia c-560 de 1994 que “no puede evadirse laconsideración de que la ley 35 de 1993 es una ley marco, cuyo objetoradica precisamente en trazar las pautas y en fijar normas generales quedelimitan la función del Ejecutivo en lo relacionado con funcionesconstitucionales a él asignada de manera expresa y que consisten enregular las actividades financiera bursátil y aseguradora y cualquier otra
atinente al manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados delpúblico”.Por ende, si las disposiciones de la ley 35 de 1993, tienen el carácteroriginario de “ley marco” debe aceptarse que no perdieron esa calidad alser incorporadas al Estatuto en cumplimiento de la habilitación otorgadapor el propio legislador. Para tales efectos es claro que las normasincorporadas no mutan su naturaleza; así mismo, el estatuto tal como seconfiguró desde su expedición no tuvo ni el carácter de Código ni denorma innovadora, mediante él se reunieron las normas vigentes almomento de su expedición y se incorporó, ulteriormente la ley 35 de 1993,con su prístino contenido y alcances.En efecto, a términos de la sentencia C-252 de 1994 “todo Código es unasistematización, pero no todo orden sistemático es un Código. Este es launidad sistemática en torno a una rama específica del derecho, de modopleno integral y total. Con el Estatuto Orgánico no se expidió un ordenjurídico nuevo, integral, pleno y total sobre un punto específico delderecho sino que tan solo se compiló la normatividad existente” (Subrayasfuera de texto).Por último, cabe señalar que por virtud de las autorizaciones legalesexpresas y en desarrollo del mandato de disposiciones transitorias de laConstitución aprobada en 1991 las disposiciones del Estatuto Financierosustituyen las disposiciones en él incorporadas. Ahora bien, debeconsiderarse que los decretos autónomos, relativos al manejo del ahorroprivado, dictados con anterioridad a la vigencia de la Constitución Política,en cuanto fueron incorporados al Estatuto Orgánico del Sistema Financierosi bien deben entenderse sustituidos conservan vigencia en su materialidady deben interpretarse dentro del contexto de las nuevas pautasconstitucionales.Fecha ut supra. ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado
Salvamento de voto a la Sentencia C-747/99 SISTEMA DE CAPITALIZACION DE INTERESES (Salvamento de voto)Aplicada a la financiación de vivienda, la capitalización de intereses porsí misma no desconoce la Constitución. Este efecto únicamente resultaríacontrario al modelo de justicia de la Carta en el evento de que afectaraadversamente a los sectores vulnerables de la población, que en todo casopueden apelar a los sistemas de subsidio de vivienda ofrecidos a través dedistintos mecanismos financieros. Si el sistema de capitalización deintereses no es inconstitucional per se, no se entiende cómo devieneinconstitucional cuando se aplica a los créditos de largo plazo destinadosa adquirir vivienda. Precisamente, esta modalidad financiera se justificaen economías inflacionarias y en relación con créditos de mediano ylargo plazo. De ahí que para financiar proyectos de larga maduración ola compra de unidades habitacionales, en las condiciones propias delpaís, el sistema de pago de los créditos mediante cuotas fijas sincapitalización de intereses, se presente en la práctica demasiado exigentepara el deudor. En la sentencia silenciosamente - sin argumentos - sedeclara la inexequibilidad de una técnica financiera, frente a la cualninguna constitución del mundo reacciona en términos deconstitucionalidad o inconstitucionalidad. Pareciera que el tema de lacapitalización de intereses en los créditos de vivienda, se hubieseconvertido en tabú para la Corte, que sólo atina a rechazarla en el planodel prejuicio y en el nivel de lo irracional o emocional, sin intentarsiquiera describir el problema constitucional que potencialmente podríasuscitar, salvo que por ello se tengan las vagas y no probadasafirmaciones que se contienen en la sentencia. POLITICA DE VIVIENDA/UPAC-Motivación del fallo (Salvamento de voto)La Corte Constitucional no es el órgano del Estado llamado a rectificarla política de vivienda. Esto no quiere decir que no deba declarar lainconstitucionalidad de una ley de vivienda que viole la ConstituciónPolítica, siempre desde luego que existan motivos válidos para hacerlo.En este caso, las normas sobre financiación de la vivienda configuradorasdel sistema UPAC han sido declaradas inexequibles. Sin embargo, unacomparación abstracta de estas disposiciones con la Constitución, noarroja ningún cargo de inconstitucionalidad. La propia Corte admite quela capitalización de intereses per se no es inconstitucional. Ahora, si
dicha confrontación no debe someterse simplemente a un cotejo abstracto,sino que éste debe asociarse al contexto histórico de aplicación de lanorma demandada - lo que no deja de ser discutible, aunque admitimos laprocedencia y necesidad de esta vía hermenéutica -, no puede la Corteabstenerse de entrar en el fondo de los hechos, los que deben ser descritosy explicados, si en ellos se apoya su decisión. Lo que sí está vedado a unTribunal Constitucional es lo que en este caso ha hecho la Corte. Bajo laapariencia de un control abstracto ha declarado la inexequibilidad deuna disposición legal, pero en el fondo lo que ha motivado el fallo ha sidouna situación de hecho, cuya denuncia y examen constitucional no haacometido. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN ASUNTOS ECONOMICOS-Alcance (Salvamento de voto)En asuntos económicos, el control de constitucionalidad no puedeomitir toda reflexión sobre los efectos de las distintas alternativashermenéuticas, por la sencilla razón de que cada una acarrea costosy beneficios diversos y, por ende, tiende a afectar de distinta manerala relación de poder existente en la sociedad. En estas condiciones, elfallo de la Corte no puede dejar de expresar un esquema básico dejusticia, que es precisamente el tema de fondo de este tipo desentencias. La sentencia de la que discrepamos elude todoplanteamiento sobre esta materia y, por consiguiente, se limita afavorecer genéricamente a los deudores, lo cual no es censurable desuyo, salvo que para hacerlo ha debido fundar su pretensión enpremisas ciertas que condujeran a esa conclusión en el contexto deun arreglo institucional equilibrado, en el que igualmenteencontraran acomodo los depositantes y los intermediarios. Enrealidad, en la providencia no se descubre el problema jurídico, ni seelaboran las diferentes posibilidades interpretativas. SENTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Necesidad de acreditar los cargos (Salvamento de voto)Si la Corte Constitucional no asume la carga de acreditar los cargos deinconstitucionalidad del precepto legal examinado, no tiene otraalternativa que declarar su exequibilidad. De lo contrario, sin estarlegitimada para ello, la Corte invade la competencia que la Constituciónatribuye a otros órganos, para definir, en su lugar, la política social deque se trate. En estas condiciones corre la Corte el riesgo detransformarse en un órgano eminentemente político y ser cooptada - como
suele ocurrir con los órganos reguladores - por los grupos que en unmomento dado disponen de mayor poder de presión social. Como resultaobvio, nada de esto conviene a su función institucional ni al atributo deimparcialidad que debe acompañar su actuación. Referencia: Expediente D-2421 Demanda de inconstitucionalidad en contra del numeral 1 (parcial) del artículo 121 y numeral 1 (parcial) y 2 (parcial) del artículo 134 del decreto ley 663 de 1993. Actora: Emperatriz Castillo Burbano. Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA.Con todo respeto, nos permitimos sintetizar a continuación las razones denuestro disentimiento.1. Según la mayoría la norma examinada ha debido expedirse por elCongreso. Como quiera que la Corte se abstiene de fundamentar sudecisión y, a este respecto, se remite a los argumentos expuestos en lareciente sentencia C-700 del 16 de septiembre de 1999, los magistradosque también en esta oportunidad discrepamos de la posición mayoritaria,lo hacemos por las mismas razones enunciadas en nuestro salvamento devoto a esa sentencia, las que para todos los efectos entendemosincorporadas en este documento. En todo caso, llama la atención que eltexto del artículo que contiene la disposición demandada, corresponda a lamisma norma del artículo 64 de la Ley 45 de 1990. Se trata,indudablemente, de una disposición emanada del Congreso que no habríapodido ser derogada válidamente por una norma posterior inconstitucionaly, de todas maneras, si se sigue la doctrina de esta Corte, habría recobradosu vigencia como consecuencia de la inexequibilidad de la norma legalque la subrogó.Dado que en su oportunidad expusimos las razones que nos llevan asostener que las normas declaradas inexequibles no incurren en vicio
formal alguno, en este escrito debemos referirnos, exclusivamente, a lasconsideraciones que se formulan en la sentencia bajo el subtítulo“inconstitucionalidad material de los apartes acusados del artículo 121 delDecreto Ley 663 de 1993”.2. En opinión de la mayoría, conforme a la Carta Política no puede laadquisición y la conservación de vivienda de las familias colombianas serconsiderada como un asunto ajeno a las preocupaciones del Estado, sinoque, al contrario de lo que sucedía bajo la concepción individualista yasuperada, las autoridades tienen por ministerio de la constitución unmandato de carácter específico para atender de manera favorable a lanecesidad de adquisición de vivienda, y facilitar su pago a largo plazo encondiciones adecuadas al fin que se persigue, aún con el establecimientode planes específicos para los sectores menos pudientes de la población,asunto éste último que la propia Carta define como de interés social, de locual se deriva la inconstitucionalidad del sistema de capitalización deintereses en los créditos para la adquisición de vivienda. A lo anterior, sesuma el hecho de que mediante la capitalización de intereses se rompe elequilibrio que debe existir entre el prestamista y el deudor, en desmedrodel último, pues, "a los intereses de la obligación se les capitaliza conelevación consecuencial de la deuda liquidada de nuevo en Unidades dePoder Adquisitivo Constante que, a su turno, devengan nuevamenteintereses que se traen, otra vez, a valor presente en UPAC para quecontinúen produciendo nuevos intereses en forma indefinida".A juicio de la mayoría, la inconstitucionalidad de la capitalización deintereses en los créditos de vivienda, se sustenta en los mismosfundamentos expuestos en la sentencia C-383/99. La capitalización deintereses resulta contraria a la Constitución pues no se juzga adecuadapara lograr el fin constitucional fijado en la norma (art. 51 de la C.P.),habida consideración de que el sistema desborda la capacidad de pago delos deudores y genera un incremento patrimonial injustificado, que sólofavorece a los intermediarios que suministran los fondos.3. El artículo 51 de la Constitución es del siguiente tenor: "ARTICULO 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda."
Del texto de la disposición se desprenden varias normas. Según laprimera, "todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna". Laformulación de este derecho está hecha en términos de principio, lo quesupone que su realización depende de lo que en un momento dado resultejurídica y fácticamente posible (Alexy).La segunda norma, más compleja que la anterior, impone al Estado unaserie de obligaciones, de las cuales dos son claras: (i) fijar condicionespara hacer efectivo el derecho; y, (ii) promover planes de vivienda deinterés social.Por último, el artículo 51 consagra la obligación en cabeza del Estado dediseñar "sistemas adecuados de financiación a largo plazo" y "formasasociativas de ejecución de estos programas". Respecto a esta otra norma,surge la pregunta de sí tales "sistemas" o "formas asociativas" debenprioritariamente atender los denominados planes de vivienda de interéssocial. En gracia de discusión, y sin reparar en el tenor literal de ladisposición, podría admitirse que los "sistemas adecuados de financiacióna largo plazo", se predican de todo sistema de adquisición de vivienda.Pero, aún en esta hipótesis extrema, la expresión "sistemas adecuados devivienda" constituye una directriz constitucional de textura abierta, demanera que el legislador cuenta con un apreciable margen de decisión paraprecisar los elementos del sistema de financiación de vivienda a largoplazo. En este orden de ideas, la Corte debe demostrar que un sistema enparticular resulta inadecuado para adquirir vivienda. ¿Cómo analizar estepunto?¿Cómo definir constitucionalmente si un determinado sistema definanciación de vivienda a largo plazo es "adecuado"?4. El acatamiento del principio democrático constriñe a aceptar que ladeterminación del carácter adecuado o inadecuado de un sistema definanciación a largo plazo, debe partir del reconocimiento de la libertad deconfiguración del legislador. Unicamente si se demuestra que laregulación adoptada hace imposible la realización del fin constitucional, lanorma se torna inconstitucional. En la presente decisión, la Corte no harealizado tal estudio. Ocurre que súbitamente, después de funcionar pormás de 28 años, un sistema de financiación se encuentra opuesto a laConstitución por razones formales y por argumentos carentes de poder deconvicción, ya que ellos no se ocupan de la crisis social eventualmenteoriginada en la técnica financiera empleada - que habría adquirido la
condición de "inadecuada"- ni de los factores externos que la desataron, locual, tal vez, habría otorgado verosimilitud y fuerza al juicio deinconstitucionalidad.5. Como se indicó, la decisión de la Corte se basa en dos argumentos. Elanálisis de cada uno de ellos no satisface el requisito antes mencionado. Seconsidera que la capitalización de intereses termina por exceder lacapacidad de pago de los deudores. La Corte, en lugar de limitarse aconsignar esta afirmación, ha debido demostrar que dicha circunstancia (i)era cierta y (ii) que su acaecimiento transformaba a la norma, queplasmaba una cierta técnica financiera, en inconstitucional. Para ello, hadebido considerar en qué consiste la capitalización de intereses y, a partirde ello, mostrar cómo, en abstracto, genera el efecto inconstitucionalendilgado. No sobra recordar que la mayoría guarda silencio sobre estepunto, razón por la cual en este salvamento se intentará hacer el respectivoraciocinio.La capitalización de intereses supone que los intereses causados se sumanal capital y causan, nuevamente, intereses. De esta definición no sedesprende que se extralimite la capacidad de pago de los deudores. Estadependerá de la relación contingente que se de entre el monto global de ladeuda, el interés pactado y los ingresos percibidos por el deudor, entreotros factores. No existen criterios objetivos que permitan inferir que esteprocedimiento financiero implique el fenómeno rechazado comoinconstitucional. Cosa distinta es que en un caso concreto, es decir, que enla ejecución de determinado contrato, se sobrepase por las causasmateriales más variadas la capacidad de pago del deudor. En este evento,el efecto que se considera inconstitucional no será producto de lacapitalización misma, sino de los factores contingentes involucrados enella. En suma, los elementos pertenecientes a una específica constelaciónfáctica que podrían considerarse perniciosos, escapan a la consideraciónjurídica de esta jurisdicción.Ahora bien, podría alegarse que, como lo estipula el numeral 3° delartículo 121 del Decreto 663 de 1993, al computarse la correcciónmonetaria como interés, la capitalización tiene el mencionado efecto. Paraque esta afirmación fuera cierta, tendría que haberse demostrado que (i)las fluctuaciones del ingreso de los deudores no inciden en su capacidadde pago, lo cual es imposible de sostener, y (ii) que la correcciónmonetaria es responsable del incremento de los costos de las obligacionesa largo plazo, lo cual tampoco es posible de establecer, en tanto que lacorrección monetaria, o cualquier otro referente, refleja los cambios de la
economía (tasas de interés, inflación, devaluación, etc.). En últimas, sellega a la necesaria conclusión de que el desbordamiento de la capacidadde pago no es el resultado de la capitalización de intereses, sino de lasvariaciones de la economía y de la situación particular de cada deudor.Esto, por obvias razones, no es en principio un problema constitucional, loque no quiere decir que no pueda llegar a tener ese carácter, pero estodependería de que se elaborara debidamente la controversia constitucionalcon los materiales de la realidad. La sentencia no lo hace.Sin embargo, hubiese sido posible proceder a un análisis como elplanteado hasta aquí si, en lugar de la deficiente argumentación de laCorte, se hubiera profundizado en el análisis económico y en lademostración de los efectos concretos del sistema de capitalización deintereses. La ausencia de pruebas, se repite, hace imposible este estudio.¿Los sistemas de financiación de vivienda a largo plazo deben estar almargen del mercado?6. Con todo, podría sostenerse que la realización de la primera normaincluida en el artículo 51 de la Carta exige garantizar que la financiación alargo plazo de la vivienda se coloque al margen de las mutaciones de laeconomía, es decir, del mercado. Para ello se requeriría de algúnmecanismo de subsidio en materia de vivienda.Esta solución comporta serios problemas constitucionales. El primero deellos tiene que ver con los destinatarios del subsidio de vivienda y elmodelo de justicia contenido en la Carta. El preámbulo de la Constituciónindica que ella se expidió con el objeto de implantar un orden económicoy social justo. La definición de lo que se entiende por orden social yeconómico justo se logra a partir de la lectura sistemática de los artículosconstitucionales. De ella se desprende que corresponde al Estadogarantizar la plena vigencia y efectividad de los derechos constitucionalescontemplados en la Carta. Esto implica armonizar tanto los derechos queentren en conflicto, como los valores o sistemas que se desprenden de losderechos constitucionales. Así, en el caso específico, se debe ponderar elderecho a la igualdad, el derecho a la vivienda digna y el derecho a la librecompetencia, en conjunción con los principios democrático y del Estadosocial de derecho y el sistema de producción basado en el mercado - quese encuentra implícito en el derecho a la libertad económica y a la librecompetencia -, a fin de establecer el concepto de lo justo en materia devivienda.
Si se consideran los artículos 13, 51 y 333 de la Carta, resulta claro que laConstitución ha contemplado el derecho a la vivienda digna (art. 51), unmedio para su ejercicio -el mercado- (art. 333) y un sistema de correccióna la forma ordinaria de acceso -subsidio o apoyo estatal- (art. 13), desuerte que en lo que atañe al acceso a la vivienda no puede descartarse laoperación de los instrumentos del mercado, desde luego sujetos a unamayor o menor intervención del Estado. Determinada la insuficiencia delmercado, el imperativo de lograr dentro de lo posible la "igualdad real",obliga al Estado a establecer las condiciones que garanticen el acceso auna vivienda digna. De ahí que la utilización de mecanismos que se alejendel mercado, como los subsidios o la exclusión de la oferta de ciertosbienes, tenga carácter extraordinario; es decir, bajo condiciones de escasezde recursos, tales ayudas sólo se justifican frente a la insuficiencia delmercado y siempre que se enderecen a proteger a los sectores de lapoblación que verdaderamente requieran del apoyo estatal. De otra parte,la exclusión o el subsidio no pueden operar de manera general, sino quedeben orientarse hacia los sectores más débiles de la sociedad. De locontrario, además de subvertir el alcance del derecho a la librecompetencia y del mercado como mecanismo de distribución de bienes yservicios, se entronizaría la desigualdad y el privilegio, puesto que no sedistinguiría la capacidad económica de los beneficiarios de las medidasestatales. No se puede ignorar que en las condiciones del país el Estadocuenta con escasos recursos para distribuir, y que en la sociedad existe unaenorme distancia entre los grupos pudientes y la inmensa poblaciónmenesterosa.Así las cosas, el modelo de justicia contenido en la Constitución no partede la anulación del mercado, sino de su complementación. Con ello serealiza plenamente el principio democrático respecto de los derechoseconómicos y sociales, los cuales únicamente son exigibles, en lostérminos que fije la Ley y, de manera directa, cuando se afecte el mínimovital. Cuando el sistema del mercado excluye a sectores de la poblaciónque demandan la satisfacción de sus necesidades vitales, se impone laactuación asistencial del Estado. En los restantes casos, le compete alEstado, en virtud de su competencia para intervenir y dirigir la economía,establecer las condiciones, propias y acordes con el mercado, que permitanla ampliación de la cobertura de bienes y servicios vinculados a losderechos económicos y sociales.La decisión de la que nos apartamos, desconoce este concepto de justicia,pues iguala normativamente las cargas (igualdad de trato), sin establecerlas distinciones que hagan de la igualdad de trato una igualdad real y
efectiva. En efecto, en virtud de la decisión, sin sopesar la capacidad depago o el costo del inmueble, los deudores del sistema de financiación devivienda a largo plazo se verán "beneficiados" con la exclusión de sudeuda de las condiciones propias del mercado. Igual trato se brindará a losadquirientes de vivienda de interés social (protegidos por la Carta según elart. 51 de la C.P.) y a los que busquen vivienda suntuosa, destinándoseinmensos recursos para los segundos y migajas para los primeros. No esdel caso recordar las innumerables ocasiones en las cuales la Corte, conbuen tino, señaló que el artículo 13 de la Carta no exige igualación, sinoigualdad.Lo anterior demuestra que también aplicada a la financiación de vivienda,la capitalización de intereses por sí misma no desconoce la Constitución.Este efecto únicamente resultaría contrario al modelo de justicia de laCarta en el evento de que afectara adversamente a los sectores vulnerablesde la población, que en todo caso pueden apelar a los sistemas de subsidiode vivienda ofrecidos a través de distintos mecanismos financieros.¿La capitalización de intereses atenta contra el orden justo?7. Como entra a explicarse, las razones hasta ahora expuestas sonsuficientes para despachar, por inaceptable, el argumento según el cual lacapitalización de intereses genera un beneficio inconstitucional -contrario al orden justo -, para las entidades prestamistas. La obtención delucro no es contraria al modelo de justicia ínsito en la Carta. Por otra parte,no se ha demostrado que la capitalización de intereses genere elmencionado lucro. Para ello habría que probar que el interés mismosupone un aprovechamiento indebido. Se advierte en la sentencia, a esterespecto, un temor irracional frente a las instituciones del mercado, lo queno sería preocupante si no significara un retroceso a un tipo de mentalidadpre-moderna, que traducida en hechos de Estado podría generar unapérdida neta de bienestar para los habitantes del país y, consecuentemente,un rezago adaptativo frente a las condiciones de funcionamiento de laeconomía contemporánea.8. La sentencia de la Corte - acogiendo en este punto la tesis sostenida enla sala Plena por el magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz -, señala que “lacapitalización de intereses en créditos concedidos a mediano o largo plazo,per se, no resulta violatoria de la Constitución, por lo que no puededeclararse su inexequibilidad de manera general y definitiva paracualquier clase de crédito de esa especie”. Sin embargo, a renglón seguido,incurre en una manifiesta contradicción constitucional, al declarar - sin
aducir ningún argumento de peso -, que dicha capitalización de interesessí quebranta el artículo 51 de la Constitución cuando se trate de créditospara la adquisición de vivienda.Si el sistema de capitalización de intereses no es inconstitucional per se,no se entiende cómo deviene inconstitucional cuando se aplica a loscréditos de largo plazo destinados a adquirir vivienda. Precisamente, estamodalidad financiera se justifica en economías inflacionarias y en relacióncon créditos de mediano y largo plazo. De ahí que para financiar proyectosde larga maduración o la compra de unidades habitacionales, en lascondiciones propias del país, el sistema de pago de los créditos mediantecuotas fijas sin capitalización de intereses, se presente en la prácticademasiado exigente para el deudor. De la misma manera que el crédito sincapitalización de intereses dirigido a financiar proyectos de largamaduración, no es adecuado en razón de que resulta más oneroso alprincipio - cuando ni siquiera se producen rendimientos que sirvan defuente de pago -, tampoco en los créditos de vivienda de largo plazo estemecanismo de financiación sería el más idóneo, por lo menos en lo querespecta a las personas de menores ingresos que aspiran a incrementarlosdurante el plazo del mutuo, y en tanto el inmueble se valoriza.Si la financiación de mediano y de largo plazo, puede desarrollarse através de cualquiera de los dos sistemas de pago, no existe ninguna razónatendible para que la financiación de vivienda de largo plazo, pese aproducirse en el mismo escenario señaladamente inflacionario y deprecario desarrollo del mercado de capitales, sólo pueda articularsemediante el método de cuotas fijas sin capitalización de intereses. Se asistea una penosa involución en el desarrollo económico del país y de lastécnicas financieras, que no reclama la Constitución Política, sino que seorigina en su equivocada interpretación. En últimas, por causa de un malentendido paternalismo estatal, se sacrifica a las personas de menoresingresos. No se alcanza a comprender cómo se declara inconstitucionalpor “inadecuado” un sistema de pago de los créditos, que puede ser“adecuado” para financiar a los sectores de bajos ingresos, cuando no, enmuchos casos, el más apropiado para hacerlo. Se quiere proteger aldeudor, pero en la realidad se lleva a cabo su mutilación financiera.Los más perjudicados con la decisión de la Corte son las personas demenores recursos. ¿Es una decisión ajustada a los requerimientos delEstado social de derecho?
9. En la sentencia silenciosamente - sin argumentos - se declara lainexequibilidad de una técnica financiera, frente a la cual ningunaconstitución del mundo reacciona en términos de constitucionalidad oinconstitucionalidad. Pareciera que el tema de la capitalización deintereses en los créditos de vivienda, se hubiese convertido en tabú para laCorte, que sólo atina a rechazarla en el plano del prejuicio y en el nivel delo irracional o emocional, sin intentar siquiera describir el problemaconstitucional que potencialmente podría suscitar, salvo que por ello setengan las vagas y no probadas afirmaciones que se contienen en lasentencia.En contraste con esta actitud, en una publicación del Banco de laRepública (“Reportes del Emisor”, No 4, 1999), se recoge en lenguajesencillo una explicación sobre la razón de ser del sistema de lacapitalización de intereses, referida a los créditos de vivienda de largoplazo, la que se transcribe parcialmente por dos razones. La primera, paraabonar la tesis de que los más perjudicados con la inexequibilidad delmecanismo son las personas de menores ingresos que desean adquirirvivienda propia, lo que revela de suyo la magnitud del error de la Corte.La segunda, para otear el vacío hermenéutico de la sentencia que hasepultado una técnica financiera útil, sin esforzarse por captar susignificado ni por aportar razones de fondo que permitan vislumbrar suinconstitucionalidad o su virtual inidoneidad. “En primer lugar, vale la pena hacer énfasis en que la necesidad de capitalizar intereses para amortizar créditos de largo plazo con cuotas razonables o con plazos que permitan la maduración de la inversión, se deriva de la presencia de una tasa de inflación alta. En una economía con alta inflación la tasa de interés nominal incorpora, además de su componente real, un componente importante que se destina a compensar la pérdida de poder adquisitivo del capital. Entonces, buena parte de los pagos de intereses constituyen en la práctica un abono a capital. De esta forma, una alta proporción del crédito sería cancelada durante los primeros años del plazo. Ello haría demasiado exigente, en términos del monto de las cuotas, el pago del crédito, precisamente en el momento en que la inversión todavía no ha madurado. O, en el caso del crédito para adquisición de vivienda, se requeriría, un nivel de ingreso muy alto para poder pagar las cuotas durante los primeros años.
Para ilustrar lo anterior, consideremos un ejemplo.Supóngase que una persona quiere comprar una vivienda de50 millones de pesos y se endeuda en el 70% del valor delinmueble, es decir, toma un préstamo por 35 millones depesos, a quince años, a una tasa de interés de correcciónmonetaria más 10 puntos. Para efectos del ejemplo, vamos asuponer que la corrección monetaria se mantiene constanteen 17% y que las cuotas, en el caso del préstamo concapitalización de intereses suben anualmente con lainflación.En el esquema de capitalización de intereses la cuotamensual durante el primer año es de $ 318.715 y subeanualmente con la inflación. Es decir, se mantiene constanteen términos reales durante toda la vigencia del crédito. Si nose capitalizaran los intereses, la cuota mensual fija durantetodo el período sería de $724.203. En términos reales se iríareduciendo como lo muestra el Gráfico 1. Nótese quedurante los primeros cinco años de amortización del créditola cuota fija en términos reales sería mayor que la cuota bajoel esquema de capitalización de intereses.Otra gran diferencia entre los dos esquemas es que,considerando que la cuota no debe exceder el 30% delingreso de la persona, para acceder a un crédito sincapitalización de intereses la persona tendría que tener uningreso mensual superior a $2.414.010, mientras que bajo elesquema de capitalización de intereses su ingreso sólotendría que ser mayor o igual a $ 1.062.383, es decir, menosde la mitad del primer caso. El sistema de capitalización deintereses, por lo tanto, hace que los créditos sean accesibles apersona de menores ingresos.Por último, el Cuadro 1 derivado del mismo ejemplo, nos permiteilustrar cómo sin capitalización de intereses y tasas nominales deinterés altas (derivadas de niveles altos de inflación), en unsistema sin capitalización de intereses, al cabo de cinco años se haamortizado, en términos reales, una cifra equivalente al 63% delvalor inicial del préstamo, lo cual demuestra que sin el mecanismode capitalización de intereses, un crédito otorgado nominalmente
a 15 años se paga en una alta proporción durante los tres o cuatro primeros años1”10. La interdicción de la capitalización de intereses en los créditos devivienda, según la sentencia, altera el equilibrio de las prestaciones entrela entidad crediticia prestamista y el deudor, en desmedro de este último.Aquí se advierte de manera patente cómo se declara la inexequibilidad deuna figura que se ignora. El presupuesto epistemológico más elemental deuna sentencia de inexequibilidad, radica en comprender el significado delas normas que se expulsan del ordenamiento jurídico. La capitalizaciónde intereses parte de la premisa de que durante la primera parte de vida delcrédito, el deudor cancela como intereses una suma inferior a la causada,lo que necesariamente determina que ese monto faltante, cuyo pago seposterga, es financiado por el acreedor, para quien no puede serindiferente dejar de percibir parte de los intereses que en rigor lecorrespondería recibir. El incremento nominal de la obligación, bajo laforma de la capitalización de los intereses causados y no pagados,precisamente se establece con el objeto de mantener el equilibrio entre lasprestaciones de los dos sujetos, puesto que de lo contrario se impondría alacreedor una obligación o carga carente de justificación: renunciar a unaparte de su crédito.Por lo demás, la capitalización se expresa en unidades de poderadquisitivo constante en razón de que esta es la unidad de cuenta de todaslas obligaciones y créditos de ese sistema. Hacerlo de otra manera,desvirtuaría dicho esquema, amén de que introduciría una asimetría quepodría generar desequilibrio entre las partes. Lo que tiene carácter deexigencia funcional - traducir en UPAC los créditos y las obligaciones -,se asume por la sentencia como acto abusivo del acreedor contra eldeudor.11. Destaca la sentencia que la capitalización de intereses, en los créditosde vivienda, quebranta de manera ostensible el artículo 51 de laConstitución, pues desborda la capacidad de pago de los deudores. En elfallo se consigna esa afirmación, pero la Corte reserva las razones de suaserto. En abstracto, contrariamente a lo que intuye la Corte, lacapitalización de intereses se concibe con el objeto de permitir a lapersona de menores ingresos acceder a la financiación de vivienda, en loscasos en que el mecanismo de cuotas fijas sin capitalización de intereses“desbordaría su actual capacidad de pago” y no le permitiría adquirir la1 Reportes del Emisor - Banco de la República. Mayo de 1999 - No. 4. Santa Fe de Bogotá.
vivienda que desea poseer. En concreto, la sentencia no aporta ningunaevidencia empírica en el sentido de que el sistema UPAC, por sí mismo,implique que el deudor rebase su propia capacidad de pago.En un estudio sustentado en datos reales, los economistas AntonioHernández Gamarra y José Tolosa Buitrago, se ocupan de establecer lacapacidad de pago de los deudores en UPAC. Las conclusiones de estainvestigación, que a continuación se transcriben, no coinciden con laintuición de la Corte Constitucional. Al declarar la inexequibilidad delprecepto acusado, por considerar que la capitalización de interesescomportaba un sistema “inadecuado” de financiación de vivienda alpropiciar la superación de la capacidad de pago del deudor, la Corte hadebido aportar razones suficientes para refutar las tesis de la citadainvestigación. "La tercera pregunta es acerca de los factores que hacen financieramente viable a un método de amortización que supone cuotas nominales variables en el tiempo. Ello depende de dos condiciones. De una parte, la cuota mensual de amortización debe crecer en una proporción igual o menor que el salario del deudor, lo cual asegura, en primera instancia, el servicio periódico de la deuda sin que se deteriore el ingreso disponible para otros propósitos. De otra parte, el saldo de la deuda debe incrementarse relativamente menos que el valor del bien adquirido con ellas, da tal manera que el valor de la garantía no se deprecie en el tiempo, o lo que es lo mismo que los recursos propios invertidos por el deudor no sufran menoscabo. En el trabajo adjunto se realizan unos ejercicios con el fin de examinar el cumplimiento de esas dos condiciones a lo largo de la vida del sistema UPAC. Para ese propósito, se analiza el crecimiento anual observado del valor en pesos de la UPAC, el crecimiento de los salarios y la evolución del valor de las viviendas. Para medir el crecimiento de los salarios se usa el índice de salarios industriales publicado por el DANE y para el valor de la vivienda se construye un índice cuyo detalle se explica en el anexo metodológico del documento. Para las proyecciones se utilizó una tasa de interés real del 12% como promedio para la vida del sistema. La capacidad de pago de los deudores se examina en cuatro diferentes
períodos. El primero va del inicio del sistema a principios de1973 y culmina 15 años más tarde. El segundo ciclo se iniciaen 1988 y termina en el año 2003 cuando expire la obligaciónde pago del deudor. El tercero y cuarto ciclo comienzan en1993 y 1996, respectivamente.Los siguientes son los resultados del análisis: En el primer ciclo, mientras la UPAC se incrementó a unatasa promedio anual de 20.9% los salarios industriales lohicieron a una tasa de 27.4% y el valor de las viviendas lohizo la 28.1%. Así, para los deudores del ciclo inicial fueposible cumplir con el servicio de la deuda al tiempo que seaumentó el valor real de sus viviendas. En el segundo ciclo, el salario industrial anual seincrementó 5 puntos por encima del crecimiento del valornominal anual promedio de la UPAC y el precio de lavivienda lo hizo en 8 puntos porcentuales. Pese al recientedeterioro del precio de la vivienda y al aumento relativo delUPAC, estos deudores tampoco tendrían dificultades para elpago de sus obligaciones. para quienes se endeudaron en 1993, el incremento delsalario industrial ha sido más alto que el de la UPAC en 6puntos porcentuales por año y, pese a la caída en el precioreal de la vivienda desde 1997, este se incrementó más que laUPAC por el notable aumento en los precios que hubo hasta1996. Para quienes se endeudaron en 1996, el salario industrialsolamente creció e puntos porcentuales por encima de laUPAC mientras que el valor de la vivienda disminuye en casi12 puntos porcentuales con relación al crecimiento de laUPAC. Como puede observarse, el deterioro de la capacidadde pago del deudor promedio en los últimos tres años no sedebe al rápido incremento de la corrección monetaria pueslos salarios crecieron más que el valor nominal de la UPACen ese período, aunque eso no fue cierto en el último añoporque la UPAC creció más que los salarios industriales. Noobstante para el conjunto de los tres años en que ha estadovigente el crédito el deterioro en la capacidad de pago se
debe esencialmente al bajo ritmo de crecimiento en el precio de las viviendas respecto al crecimiento de la UPAC. Ello es producto de un ciclo de la construcción que elevó los precios reales de la vivienda de manera no sostenible en el período 1991 - 1995 y que luego los deprimió mucho más de lo ocurrido en los ciclos del pasado. Finalmente, la gran conclusión del trabajo es que las circunstancias relativamente adversas en que se encuentran los deudores que tomaron créditos en UPAC en años recientes en nada menoscaban las bondades de un sistema de financiación que suponga posponer el pago de una parte de los intereses que se causan y no se pagan en cada período de amortización del crédito2"El juez constitucional, como cualquier otro juez, está obligado amotivar razonable y suficientemente sus decisiones12. La declaración de inexequibilidad de una norma que tiene relacióníntima con un esquema de financiación de vivienda que ha perdurado porvarios lustros, que ha generado miles de soluciones habitacionales, quecuenta con más de 13 millones de depositantes y cerca de un millón dedeudores, no puede proferirse sin una fundamentación que sea por lomenos plausible. La escueta consideración que en una pasada sentenciasobre esta materia se había formulado como simple obiter dictum, ahora seha incorporado como argumento principal, sin esbozar ningún argumentoserio que la sostenga.No desconocemos la situación de crisis que ha afectado de maneraprofunda al sistema UPAC y al sector de la construcción, que no ha dejadode repercutir negativamente sobre muchos deudores. Pero laresponsabilidad por este estado de cosas incumbe a los órganos titularesde competencias en esta esfera de la acción social. Igualmente, lassoluciones y las rectificaciones son del resorte de esas autoridades.La Corte Constitucional no es el órgano del Estado llamado a rectificar lapolítica de vivienda. Esto no quiere decir que no deba declarar lainconstitucionalidad de una ley de vivienda que viole la ConstituciónPolítica, siempre desde luego que existan motivos válidos para hacerlo. En2 La Capacidad de pago de los deudores en UPAC - Antonio Hernández Gamarra, José Tolosa Buitrago.
este caso, las normas sobre financiación de la vivienda configuradoras delsistema UPAC han sido declaradas inexequibles. Sin embargo, unacomparación abstracta de estas disposiciones con la Constitución, noarroja ningún cargo de inconstitucionalidad. La propia Corte admite que lacapitalización de intereses per se no es inconstitucional. Ahora, si dichaconfrontación no debe someterse simplemente a un cotejo abstracto, sinoque éste debe asociarse al contexto histórico de aplicación de la normademandada - lo que no deja de ser discutible, aunque admitimos laprocedencia y necesidad de esta vía hermenéutica -, no puede la Corteabstenerse de entrar en el fondo de los hechos, los que deben ser descritosy explicados, si en ellos se apoya su decisión.Lo que sí está vedado a un Tribunal Constitucional es lo que en este casoha hecho la Corte. Bajo la apariencia de un control abstracto ha declaradola inexequibilidad de una disposición legal, pero en el fondo lo que hamotivado el fallo ha sido una situación de hecho, cuya denuncia y examenconstitucional no ha acometido. En otras palabras, las razones que apoyanla decisión no son en nuestro concepto las que apenas se insinúan en elfallo. Ha sido la realidad del sistema UPAC - el drama de los deudores - laque ha conducido a su inexequibilidad. Pero esta realidad no se hace sentiren la sentencia. De una manera melancólica se ha innovado el derechoconstitucional. En lugar de aprehender abiertamente la realidad comopatrón de confrontación constitucional - cuando había llegado la hora dehacerlo -, se ha preferido dejar esa operación en el subconsciente de lamayoría.Es evidente que la completa y abierta motivación de la sentencia, habríaobligado a la Corte a penetrar en un fenómeno complejo, que debe sermirado desde el punto de vista de los actuales deudores, pero noúnicamente a través de esta perspectiva. Incluso, los deudores se ubican endiversos estratos socioeconómicos, y no pueden recibir una mismaconsideración constitucional. De otro lado, la distinción de lo que debe sertratado en términos de mercado y lo que requiere y merece aplicación deapoyos estatales, mal puede soslayarse. La motivación que echamos demenos, en fin, debía distinguir con claridad lo que pertenecía al ámbito dela política y lo que concernía a la decisión del juez. La Corte más queningún otro Tribunal debe apoyar sus resoluciones en razones y en todaslas razones que las determinen. La argumentación y la transparencia son elantídoto de la arbitrariedad, y en ellas se funda la legitimidad de la CorteConstitucional, que como órgano de justicia no rinde cuentas de sugestión, pero está obligado a ofrecer siempre las mejores razones en lasque se inspiran sus fallos. El control social referido a las sentencias de la
Corte estimula poderosamente la creación y profundización de unafecunda cultura constitucional. La insuficiente o incompleta motivaciónciertamente poco contribuyen a formar esta despierta concienciaciudadana que, en últimas, es la más celosa guardiana de la Constitución yde los derechos fundamentales.Para corroborar esta afirmación, que trasluce nuestra crítica al formalismoaparente de las decisiones de la Corte en esta materia - que callan loshechos que inspiran sus fallos o ignoran los hechos que se desprenden deéstos -, basta destacar que todos los colombianos, a raíz de una recientesentencia de esta Corporación (C-383 de 1999), aún los más pobres,terminaron por subsidiar a los adquirentes de vivienda de los estratosmedio y alto. En efecto, ello ocurre cada vez que a los intermediarios decrédito se les compensa por el diferencial de tasas activas de los préstamosde vivienda - atadas al IPC - respecto de las tasas pasivas de captación -expresadas en tasas de interés de mercado. En un país con necesidadesbásicas insatisfechas, no consulta ningún criterio de justicia que por causade una decisión judicial se produzca tan inequitativa asignación derecursos.Este es un ejemplo muy ilustrativo de un tipo de análisis constitucionalque emerge a la superficie como mera confrontación abstracta, pero que secuida de silenciar el marco fáctico en que se inspira, lo que reduceartificialmente la complejidad de la situación tratada y redunda en pérdidade imparcialidad por parte de la Corte Constitucional. Como la realidadtarde o temprano se libera de la penumbra, con posterioridad al fallo, semanifiestan sus incongruencias y los efectos negativos que éste terminapor generar, los que ya podían ser entrevistos desde el momento en que,bajo el manto de una confrontación abstracta, se oscurecieron loscontornos de los hechos que lo determinaron y que han debido revelarsepara controlar en el plano social si todas la voces fueron escuchadas ytodas las pretensiones de justicia sopesadas.13. En asuntos económicos, el control de constitucionalidad no puedeomitir toda reflexión sobre los efectos de las distintas alternativashermenéuticas, por la sencilla razón de que cada una acarrea costos ybeneficios diversos y, por ende, tiende a afectar de distinta manera larelación de poder existente en la sociedad. En estas condiciones, el fallode la Corte no puede dejar de expresar un esquema básico de justicia, quees precisamente el tema de fondo de este tipo de sentencias. La sentenciade la que discrepamos elude todo planteamiento sobre esta materia y, porconsiguiente, se limita a favorecer genéricamente a los deudores, lo cual no
es censurable de suyo, salvo que para hacerlo ha debido fundar supretensión en premisas ciertas que condujeran a esa conclusión en elcontexto de un arreglo institucional equilibrado, en el que igualmenteencontraran acomodo los depositantes y los intermediarios. En realidad,en la providencia no se descubre el problema jurídico, ni se elaboran lasdiferentes posibilidades interpretativas. Pareciera que la justicia, para laCorte, significara únicamente la defensa a ultranza de la posición abstractadel deudor. Sin embargo, esta defensa no podía adelantarse sinargumentos y sin ponderar sus costos, incluso en relación con lospotenciales deudores del futuro. Se trataba de establecer si un mecanismode financiación era o no "adecuado", y esto obviamente exigía tomar enconsideración los efectos materiales vinculados a las diferentes posturashermeneúticas. La sentencia, en este sentido, ofrece una visiónsimplificada del problema constitucional -estima uno solo de suscomponentes- y, por consiguiente, la solución no está a la altura de sucomplejidad y traduce la mera voluntad de la Corte.Si la Corte Constitucional no asume la carga de acreditar los cargos deinconstitucionalidad del precepto legal examinado, no tiene otraalternativa que declarar su exequibilidad. De lo contrario, sin estarlegitimada para ello, la Corte invade la competencia que la Constituciónatribuye a otros órganos, para definir, en su lugar, la política social de quese trate. En estas condiciones corre la Corte el riesgo de transformarse enun órgano eminentemente político y ser cooptada - como suele ocurrir conlos órganos reguladores - por los grupos que en un momento dadodisponen de mayor poder de presión social. Como resulta obvio, nada deesto conviene a su función institucional ni al atributo de imparcialidad quedebe acompañar su actuación.14. La precaria fundamentación de la sentencia, debilita la posición de laCorte. El desgano o impericia de los órganos competentes del Estado - queno pueden ser tolerados por el pueblo, que en todo momento podrá apelara los instrumentos de participación y control que le entrega la democracia-, no pueden ofrecerse como excusa suficiente para que la Corteintervenga de fondo en la determinación o eliminación de una políticapública, por fuera de su función originaria de control de constitucionalidado de la configuración de una omisión constitucional susceptible derevisión judicial. Si no existen motivos de inconstitucionalidad, la Corteno puede forzar sus competencias y suplir con su actuación las fallas de lademocracia o las equivocaciones de otros órganos del Estado. Transitarpor el camino que le traza la Constitución es la única precaución que nodebe ignorar la Corte Constitucional.
Fecha ut supra, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA Magistrado

References: artículo 51
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 artículo 134
 artículo 16
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 artículo 134
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 Artículo 134
 artículo 1518
 artículo 20
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e contrario
 artículo 20
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 artículo 241
 artículo 134
 artículo 134
 artículo 243
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 artículo 113
 artículo 3
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 artículo 2
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 artículo 134
 artículo 36
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 artículo 64
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 artículo 13
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