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Timestamp: 2020-05-25 21:42:05+00:00

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PHP – Alan Culvi Bertomeu
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El Consejo de Ministros ha acordado el pasado martes 19 de
mayo incluir en el acuerdo por el que se solicita autorización al Congreso de
los Diputados de la prórroga del estado de alarma, el alza de la suspensión, después
de 83 días, de los plazos procesales con efectos desde el 4 de junio.
Dichos plazos fueron suspendidos el 14 de marzo pasado por
el Consejo de Ministros mediante el Real Decreto 463/2020, como consecuencia de
la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria
En su disposición adicional segunda, titulada suspensión de
plazos procesales, decía: “Se suspenden los términos y se interrumpen los
plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes
jurisdiccionales”.
La justicia avala
el cese disciplinario si el empleado no justifica su ausencia aunque la empresa
le llame antes de tiempo.
La negativa de un
trabajador en ERTE a reincorporarse a su puesto cuando el empresario se había
reservado la opción de ir recuperando anticipadamente a la plantilla es causa
de despido disciplinario. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) de Madrid, que estos días cobra plena actualidad teniendo en
cuenta que muchas empresas en ERTE por fuerza mayor por la Covid-19 están entrando
en fase de desescalada.
El fallo (cuyo
texto puede consultar aquí), confirma el cese de un empleado, afectado por un
expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que rechazó volver al
trabajo cuando su empresa le notificó su decisión de reincorporarle antes del
tiempo estipulado. La sala concluye que su comportamiento es constitutivo de
una falta muy grave, y, por tanto, merecedor de despido disciplinario.
de trabajadores de un ERTE significa que se revierte el proceso por el que se
había suspendido el contrato laboral o reducido la jornada de los empleados
seleccionados. La empresa debe comunicar al trabajador su nueva situación y,
posteriormente, notificarlo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Una vez
rescatado, el trabajador dejará de percibir la prestación pública y pasará a
cobrar su sueldo íntegro. Sería fraudulento, por ejemplo, incorporar a los
trabajadores a su puesto sin comunicarlo al SEPE, que seguiría abonando la
prestación, diciéndoles a los afectados que se les pagará la diferencia. Esta
conducta, podría ser constitutiva de una infracción muy grave, sancionada con
multas de hasta 187.515 euros.
Este lunes el
Ministerio de Trabajo firmaba un acuerdo social para adaptar las medidas
laborales a las siguientes etapas de la pandemia. Las empresas que no puedan
reiniciar su actividad, por causas de fuerza mayor, podrán prorrogar el ERTE
hasta el 30 de junio. Si las compañías recuperan parcialmente su actividad
podrán ir reincorporando a las personas afectadas por el expediente en la
Alfredo Aspra, «nada impediría que el empleador procediese a la extinción
disciplinaria de un empleado que, hallándose afectado por un ERTE con causa de fuerza
mayor por el COVID-19 y debidamente autorizado por la autoridad laboral,
rechace sin causa justificada su reincorporación al puesto de trabajo».
Con independencia de las causas esgrimidas por el empresario para el
expediente, aclara, podría alegar esas faltas injustificadas al trabajo para
justificar el despido. Además, en este caso, «no se entendería incumplida
la garantía de mantenimiento de empleo por seis meses de duración».
¿Qué motivos
podría alegar el trabajador para rechazar su vuelta al trabajo? Según explica
Aspra, no existen causas tasadas que justifiquen la ausencia en el trabajo,
recayendo en los tribunales la valoración de la gravedad de la falta y la
proporcionalidad del cese. Uno de los motivos que podrían aducirse en este
momento, apunta el abogado, es el cuidado de menor o familiar a cargo. Teniendo
en cuenta las medidas laborales aprobadas para hacer frente a la crisis, el
trabajador podrá solicitar una adaptación o reducción de jornada, de hasta el
100 %, «lo cual posibilitaría al trabajador ausentarse de su puesto de
trabajo de un modo lícito y justificado».
caso resuelto por el TSJ madrileño, coordinador de seguridad y salud laboral,
había engrosado en mayo de 2017 el número de empleados en situación de
suspensión de contrato a causa de las dificultades económicas por las que
atravesaba su compañía, en concurso de acreedores.
circunstancias, la empresa había comunicado un ERTE por el que o bien se
reducía la jornada al 50 %, o bien se suspendía durante un año la relación
laboral de los afectados. Sin embargo, en la misma notificación se reservaba
expresamente la posibilidad de ir llamando a los trabajadores que fuese
necesitando, según aumentara “su nivel de liquidez” y “su capacidad productiva”
lo permitiera. La intención, explicaba la misiva, era “flexibilizar, en la
medida de lo posible, el periodo estimado de suspensión y reducción de
jornada”. Esta “cláusula de recuperación” resulta clave en la decisión del
2017, la empresa le envió una carta por la que se le comunicaba, con efectos de
17 de julio, su desafectación de la medida de suspensión de contrato y su
inmediata reincorporación a su puesto. Del mismo modo, otros compañeros fueron
llamados para abandonar la media jornada y volver a las ocho horas diarias. Sin
embargo, el recurrente contestó al día siguiente mediante burofax negándose a
incorporarse al puesto de trabajo. Según alegó, la empresa no podía tomar esa
decisión de forma unilateral, pues no estaba autorizada para “modificar y
cancelar la medida de suspensión” (tal y como, mantenía, apoyaba una sentencia
del Tribunal Supremo). Su inasistencia, añadía, no podía ser entendida como una
baja voluntaria, dado que su contrato estaba suspendido hasta julio de 2018.
Por otra parte, comentaba, le constaba que la mercantil se encontraba aún en
remitió otra comunicación, en la que se le recordaba la cláusula de
recuperación antes citada y se le advertía de que si no se incorporaba o
justificaba su ausencia podía ser despedido, como, finalmente, sucedió. En la
carta, la compañía calificó su comportamiento de “falta muy grave”,
constitutiva de despido disciplinario.
El juzgado de lo
social dio la razón a la empresa, desestimando la demanda del trabajador. El
recurso ante el TSJ se basó en la imposibilidad de la compañía de tomar esa
decisión unilateralmente, en aplicación de la regla del Código Civil (artículo
1.256) que establece que el cumplimiento del contrato “no puede dejarse al
arbitrio de uno de los contratantes”. Como argumentó, el ERTE no había obtenido
el respaldo del sindicato y, una vez comunicada la suspensión de su contrato
laboral por un año, la compañía no podía dejar sin efecto esa medida, por lo
que debía respetar el periodo autorizado.
sala del TSJ de Madrid rechaza este argumento. Según aclaran los magistrados,
no se trata de determinar su derecho a no trabajar durante el tiempo que se
mantenga suspendida la relación laboral. Por el contrario, se trata de
determinar las consecuencias de su negativa a incorporarse a su puesto una vez
que la compañía le rescata del ERTE. Esta “desafectación anticipada”, añaden,
estaba prevista desde un inicio, cuando se comunicó a los trabajadores la
decisión de realizar la regulación de empleo.
rechazar la reincorporación y no justificar su ausencia, avala, afirma el
tribunal madrileño, la decisión de la compañía, que tuvo que contratar a otra
persona en su lugar. El empresario no procedió de forma abusiva, concluye,
puesto que su actuación respondió a “causas objetivas previstas legalmente”.
“Ni el fraude ni el abuso de derecho se presumen”, subrayan los magistrados; si
se hubiese vulnerado algún derecho del trabajador, podría haberse impugnado,
“lo que no se hizo”.
La banca advierte de que las estrictascondiciones y la burocracia fijadas por el Gobierno harán muy complicado quelleguen a muchos de sus potenciales destinatarios
“Han fijado [elGobierno] casi más requisitos para conceder un préstamo de 5.000 euros a unparticular que para dar uno de 100 millones a una gran empresa”. Con esta frase tan gráfica define una fuente del sectorbancario la maraña burocrática a que, según coinciden en admitir variosconsultados, se van a enfrentar aquellas familias en situación devulnerabilidad afectadas por el coronavirus que vayan a solicitar uno delos microcréditos articulados por el Gobierno para ayudarles a pagarlos próximos seis meses de alquiler. Tal es el compendio deexigencias, que estas fuentes dudan de que el plan vaya a funcionar.
Sobre el papel, los requisitos básicos paraacceder a estos préstamos que cubrirán un máximo 900 euros mensuales duranteseis meses -5.400 euros como máximo- son sencillos. Se resumen en haber sufridoel arrendatario o un miembro de su unidad familiar una reducción de ingresospor el Covid-19; que los ingresos de la unidad familiar no superen en el mesanterior a la solicitud de la ayuda cinco veces el Iprem (2.689,2 euros); quela renta del alquiler más los gastos y suministros básicos sean igual osuperior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar; y no ser, ni elarrendatario ni ningún miembro de la unidad familiar, propietario ousufructuario de ninguna otra vivienda.
Pero cuando se profundiza en los detalles, “te dascuenta de que las condiciones son muy duras y no sabes hasta que punto se va apoder pedir esto”, explican estas fuentes. Además, añaden losconsultados, la cantidad de documentos que se exigen para certificarque se cumplen las condiciones para hacerse acreedor del crédito complican todoaún más. “Han hecho tal burocracia que habrá que ver quienes lopiden”. Certificados de la Agencia Tributaria, del Registro de la Propiedad ode la entidad gestora de las prestaciones por desempleo son algunos de losdocumentos necesarios para acceder a estos préstamos, que no suponen ni gastosni intereses para quien los soliciten, que, además, contarán con un plazo paradevolverlo de seis años, con posibilidad de una prórroga de cuatro años más.Aunque se empezarán a conceder ahora, tienen carácter retroactivo desde el 1 deabril.
Los consultados aseguran que el sector bancario le hatransmitido al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del quedepende Vivienda, estos problemas. Aseguran que han estado tratando hasta elúltimo momento de convencerlos para que cambiaran los requisitos. Sin embargo,no han logrado grandes avances, según explican. Pese a ello, reconocen que lamayoría de las entidades acabarán adscribiéndose a los convenios con el ICO,el encargado de avalar los préstamos, para los que el Estado ha dispuesto unafinanciación de 1.200 millones de euros.
La banca lamenta que este tipo de ayudas, como ya les haocurrido con otras como la moratoria hipotecaria, generen frustración yenfado entre los ciudadanos. “La gente se enfada con nosotros por lacantidad de papeles que les pedimos, pero las condiciones no las fijamosnosotros”, insisten. En el caso de la moratoria, sus resultados también estánsiendo los esperados, aseguran desde algunas organizaciones sectoriales. Segúndatos recabados por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), sólo uno decada diez de sus potenciales beneficiarios se está beneficiando de la medida,que establece un aplazamiento de capital e intereses durante 3 meses.El plazo de amortización de la hipoteca se alarga a su vez por 3 meses demanera que no se incrementa la carga financiera del cliente.
Autónomos y pymes también han mostrado en todo momento sudesacuerdo con este tipo de financiación para salvar sus negocios y se quejan de que el Gobierno se limite a buscarsoluciones que van siempre dirigidas hacia su endeudamiento. “Los autónomos noquieren microcréditos. Nosotros siempre hemos estado en contra de esto. Lo quese necesitan son ayudas directas, que solventen la situación límite que vivenestos trabajadores”, se queja Lorenzo Amor, presidente de ATA. “Losrequisitos que se han impuesto no van a poder cumplirlos la mayoría de losautónomos. Justificar una caída del 75% de la facturación del últimomes respecto a la media del trimestre del año anterior para poder solicitar lamoratoria del alquiler es prácticamente imposible de cumplir en la mayoría delos casos. En el caso de los microcréditos es mucho peor”, añade.
En este sentido, Eduardo Abad, presidente de UPTA, mantienela misma línea y cree que “el Gobierno sigue sin entender lo quenecesitamos. La solución no son los microcréditos para el alquiler,sino que se apruebe una moratoria verdadera de las mensualidades del alquiler[de establecimientos] para que se puedan aplazar mientras dure el cese de actividad,y que además se igualen las condiciones a las de los particulares. No sé porqué tienen que ser distintas si estamos en la misma situación”. Abad recuerdalas dificultades que están teniendo los trabajadores por cuenta propia a lahora de solicitar las ayudas y los créditos del ICO. “El Ejecutivo sigueexigiéndonos el cese de actividad en la Agencia Tributaria para poder solicitarcualquier ayuda, lo que nos obligaría a cerrar nuestros negocios. Es unacerrazón que no entendemos que mantengan cuando se lo hemos explicado poractiva y por pasiva. Y se lo volveremos a repetir en la próxima reuniónsectorial. No queremos microcréditos, sino facilidades para salvarnuestros negocios y a nuestros trabajadores”.
Por su parte, María José Landaburu, secretaria general deUatae, descarta también el sobreendeudamiento que puede provocar acudir a lafinanciación para solucionar todos los problemas. “Creemos que sonnecesarias ayudas directas que no perjudiquen al arrendador, especialmentepara aquellos sectores más castigados, como la hostelería, que está perdiendounos meses en los que reciben ingresos mucho mayores que en otros periodos yque en muchos casos los utilizan para afrontar los pagos del resto del año”.
La situación de emergencia de salud pública
ocasionada por el COVID-19 constituye una crisis sanitaria sin precedentes y de
enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como
por el extraordinario riesgo para sus derechos.
Desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se
considera que, si bien no se ha recogido de forma expresa por las autoridades
sanitarias en todos los supuestos, por las mismas razones de prevención, se
debe establecer esta medida de suspensión de las actividades de los centros y
entidades formativas en materia de Formación Profesional para el Empleo que
imparten acciones formativas de formación profesional para el empleo en
modalidad presencial, así como en la parte presencial en la modalidad de tele-formación.
El Servicio Público de Empleo Estatal,
publicó una Resolución por la que se establecen las medidas extraordinarias
para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional
para el empleo en el ámbito laboral.
Además, el SEPE (Servicio Público de Empleo
Estatal) ha publicado un listado de respuestas a las preguntas planteadas con
respecto a la Resolución de 15 de abril de 2020 por la que se establecen, en su
ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del
COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito
Podrá encontrar la información completa en
estos dos enlaces
con respecto a la Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de
En esta sección de la página web de
FUNDAE tienes toda la información relativa a la formación profesional para el
empleo y las medidas extraordinarias adoptadas por el COVID-19.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) acordó el pasado lunes la suspensión de las actuaciones
judiciales no esenciales hasta el fin del estado de alarma aprobado por el
Congreso de los Diputados hasta el próximo 24 de mayo.
de actuaciones judiciales
La decisión se ha adoptado una vez que el Boletín Oficial
del Estado ha publicado este sábado el Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por
el que se prorroga hasta las 00:00 horas del próximo 24 de mayo el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
Entre los acuerdos cuya validez y eficacia se mantiene
figura el aprobado en la reunión extraordinaria mantenida por la Comisión
Permanente el pasado 14 de marzo por el que se dispuso la suspensión de todas
las actuaciones judiciales programadas y los plazos procesales que tal decisión
conlleva, salvo en los supuestos de servicios esenciales.
Los servicios esenciales son los aprobados por el Consejo
General del Poder Judicial el pasado 13 de marzo de forma coordinada con el
Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, con las precisiones
realizadas desde entonces.
Si en algo pueden estar de acuerdo todos los
agentes económicos frente a la crisis sanitaria provocada por el
Covid-19, es en la previsión de encontrarnos ante un hundimiento de gran calado del
tejido empresarial, en un auténtico desplome de la economía, de
mayor o menor intensidad según distintas opiniones, tanto en el aspecto
cuantitativo como en su alcance temporal, pero en todo caso de unas
proporciones no conocidas en los últimos 80 años de nuestra historia.
Todos ellos coinciden en que el enorme descenso de
la producción y de generación de riqueza, provocado por el confinamiento y el
estado de alarma decretado por RD 463/2020 de 14 de marzo, llevará a una situación de insolvencia a un gran número,
aún sin cuantificar, de Pymes, micro Pymes y autónomos, obligados por decreto,
a suspender su actividad empresarial y por tanto, a la reducción de ingresos
por ventas, y en muchos casos, sin duda, al corte
radical de entradas dinerarias; sin embargo, aun con ingresos
recortados e incluso completamente inexistentes, deberán hacer frente a
generales de explotación de sus respectivos negocios, como
suministros, salarios, seguros sociales, alquileres etc; y todo ello sin
generar ingresos suficientes.
Además de todo lo anterior, lo más probable, es
que al tratarse en su mayoría de pequeñas empresas, éstas
no contarán con ahorros en forma de reservas ni de disponible suficiente para
afrontar estos pagos. En esta situación, la tesorería se
agotará irremediablemente, conduciendo a las empresas a un estado de
insolvencia que les impedirá cumplir de forma regular con sus obligaciones
Ante este mas que previsible escenario, desde
el Gobierno de la Nación se han tomado diversas medidas tendentes a minimizar
el impacto económico de la pandemia en la economía española y
así, en lo económico, se han abierto líneas de avales por cantidades nunca
antes conocidas, tramitadas a través de préstamos
ICO a las que ya muchas empresas se han acogido,
aplazamiento de impuestos, moratorias en el pago de cotizaciones a la Seguridad
Social de autónomos y Pymes, suspensión temporal de los contratos de
suministro; y en lo laboral, se han adoptado medidas como la agilización
de los ERTE o la imposibilidad de resolver los contratos de trabajos mediante
despidos por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción
derivadas de la crisis sanitaria, que se refiere el articulo 2 de del RDL 9/2020 de 27 de marzo, o la posibilidad de rescatar sin costes planes de
pensiones a los autónomos y trabajadores afectados por los ERTE.
Y en lo que aquí interesa, es decir, en el marco
del Derecho Concursal, también se han adoptado medidas dirigidas a paliar los
efectos económicos de la crisis sanitaria en el mantenimiento y la
supervivencia de las empresas que se vean afectadas en su liquidez y solvencia.
Todo ello ante la previsión de la presentación de solicitudes de declaración de
concurso en masa, en unas proporciones no igualadas, casi con total seguridad,
durante la crisis financiera de 2008.
El RDL 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del Covid.19, dispuso en su articulo 43 una extensión
del plazo de dos meses para promover la solicitud de declaración de concurso,
desde la fecha en que se hubiera conocido debido conocer su estado de
insolvencia, de forma que desde la entrada en vigor de esta disposición
normativa, se eximia al deudor que se encuentre en estado de insolvencia del
deber de solicitar la declaración de concurso mientras dure el estado de
alarma, Asimismo, las solicitudes de concurso necesario no serian admitidas
por los jueces durante ese mismo plazo, ampliado a dos meses más.
Por último, mientras dure el estado de alarma, tampoco
tendrían la obligación de solicitar la declaración de concurso el deudor que
hubiera tramitado una acuerdo extrajudicial de pagos o un acuerdo de
refinanciación, aunque hubiera vencido el plazo a que se
refiere el apartado quinto del articulo 5 bis de la Ley Concursal.
Esta disposición tuvo una vigencia efímera, al
quedar suprimido por la Disposición derogatoria única del RDL 16/2020, de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al
Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
La nueva regulación legal introducida por el meritado RDL 16/2020, de 28 de abril, recoge una serie de medias concursales, con mayor extensión que
las registradas en el derogado RDL 8/2020 de 17 de marzo y a ellas dedica los
artículos 8 al 17 en lo que a materia concursal se refiere, todas ellas
tendentes a prevenir la esperada y previsible multitud de solicitudes de
concurso en un intento de evitar el colapso judicial,
especialmente de los ya de por sí sobrecargados Juzgados Mercantiles, o bien a
evitar que en los procesos concursales en marcha, el incumplimiento del
calendarios de pagos previsto en el cumplimiento de un convenio aprobado o en
un acuerdo extrajudicial de pagos, aboquen a estas empresas a iniciar la
liquidación concursal.
Son las que a continuación vamos a abordar sin
animo exhaustivo, sino más bien a modo de resumen y divulgación de su
Lo primero que se advierte de la lectura de los
citados artículos es el carácter temporal y transitorio de las medidas adoptadas que en
alguno de los casos, contravienen preceptos de la Ley Concursal,
aunque también con ese mismo carácter temporal.
Se establece una moratoria que permite al deudor
común, alterar el plazo de dos meses para la presentación de la solicitud a
contar de la fecha en que conoció o debió conocer la situación de insolvencia.
establecido en el articulo 5 bis de la LC de forma que no tendrá que cumplir con este deber hasta 31
de diciembre de 2020.
Bajo mi modesto criterio que dejo a salvo de
otros mejor fundados, el sustrato de esta medida no es el de favorecer la continuidad de
la empresa, sino simplemente evitar que los Juzgados Mercantiles
ya atascados, muchos años antes de esta crisis, por el número inasumible
de asuntos que conocen, se vean aún en peor situación y aún más colapsados.
Así que la solución no es retrasar el deber de
presentación de la solicitud de declaración de concurso, sino mas bien el dotar
de más medios a estos órganos judiciales especializados, es
decir, más jueces, más letrados de administración de justicia, más funcionarios
de la oficina judicial, más medios materiales e informáticos; en
definitiva más presupuesto para agilizar la Justicia y especialmente a los
Juzgados Mercantiles.
No perdamos de vista que el legislador del texto
concursal, quiso que el deudor actuara de forma diligente en la presentación de
la solicitud de declaración de concurso, estableciendo un corto plazo para
ello, con el objetivo
de evitar el deterioro de su estado patrimonial o también de impedir o
dificultar las soluciones más adecuadas para la satisfacción de los acreedores,
fin último del concurso.
Y para favorecer la presentación de su estado de
insolvencia ante el juez mercantil, arbitró soluciones como las sanciones
que impone al deudor negligente y tardío en el cumplimiento temporal de este
deber, llegando incluso a favorecer a los acreedores que
soliciten su concurso necesario dotando de privilegio general a su crédito
hasta el 25 % de su importe, con el fin de alcanzar este objetivo fundamental
dentro del marco concursal.
En fin, lamentablemente esta medida
solo abocará a que el deudor común, libre de su obligación, retrase
hasta el fin de este ejercicio la presentación de la solicitud,
deteriorando su situación patrimonial, agravando la situación de insolvencia y
en definitiva impidiendo ofrecer a sus acreedores las soluciones más adecuadas
para la recuperación, siquiera parcial, de sus créditos. Añadiendo a ello el
riesgo de ser declarado culpable en el concurso, pues nada dice el decreto
sobre las consecuencias de este retraso en la calificación del concurso.
Dentro de las medidas tendentes a impedir que,
como consecuencia de la crisis sanitaria, los deudores que se encuentren en
fase de cumplimiento de un convenio o de un acuerdo extrajudicial de pagos y
que además, no puedan seguir haciendo frente a los pagos convenidos y por tanto
se encuentren en situación de incumplimiento, puedan evitar la liquidación de
la empresa por esta causa, se recogen las siguientes.
La primera, a mi juicio bien pergeñada, es
que se le concede al deudor que se encuentre en fase de cumplimiento de
convenio o de aun acuerdo extrajudicial de pago, de
interesar del juzgado durante el año siguiente a la declaración del estado de
alarma (siguiendo los mismos trámites que para la aprobación, con la salvedad
de que sea en forma escrita por razones evidentes) la tramitación de una
propuesta de modificación de estos instrumentos, para lo que deberá acompañar
una relación de los créditos concursales pendientes de pago y de aquellos otros
contraídos y también impagados durante el periodo de cumplimiento de convenio,
además, de un plan de viabilidad y un plan de pagos.
Con esta solución, aquellos
deudores que se encuentren cumpliendo sus convenios con la marcha normal de su
negocio y que por causa de la actual paralización
transitoria de la economía no puedan cumplir el plan de pagos, no
se verán forzados a solicitar su liquidación, lo que sin duda
redundará en beneficio del mantenimiento de miles de puestos de trabajo y de
generación de riqueza, porque en ausencia de esta medida, seria inevitable el
cierre por de la empresa por liquidación de su masa activa.
También parece positivo, para facilitar la
entrada de liquidez en las empresas que soliciten la declaración de concurso en los dos años siguientes al estado de
alarma, que las personas especialmente relacionadas con el deudor puedan
aportar recursos ajenos al deudor situando estos créditos como ordinarios en
lugar de cómo subordinados, efecto que sin duda animara a la aportación de
nuevo capital.
Las asociaciones de jueces coinciden al afirmar que en caso
de que las empresas decidan controlar la temperatura de sus empleados a la
entrada del centro de trabajo no vulnerarán el derecho de las personas a su
intimidad ya que se trata de prevenir nuevos contagios, y la salud pública
prevalece sobre los derechos individuales.
temperatura empresa
En este sentido, el portavoz de la Asociación Judicial
Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, ha indicado en
declaraciones a Europa Press que no ve problema en ese control de temperatura y
recuerda además que existe la obligación de prevenir riesgos laborales.
A juicio de la AJFV el control no es invasivo y se trata de
una medida sanitaria que tiene por objetivo evitar contagios por la pandemia de
Covid-19. Además, recuerda que ese dato personal que se recoja, está sujeto a
la Ley de Protección de Datos, y que por tanto no se difunde salvo para los
fines adecuados.
Así, según el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales de 1995, los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en
materia de seguridad y salud en el trabajo, y alerta de que este derecho supone
la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los
Por otro lado, el artículo 33 de la Ley General de Salud
Pública prevé que la actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral se
debe desarrollar «de forma coordinada con los empresarios y los
representantes de los trabajadores» cuando se den unas circunstancias
concretas, como puede ser «en caso de pandemias u otras crisis sanitarias,
en especial para el desarrollo de acciones preventivas y de vacunación».
Además, tanto la Ley de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales como la Ley General de Salud Pública
advierten de que el «acceso a la historia clínica» por razones
epidemiológicas o de salud pública «obliga a preservar los datos de
identificación personal del paciente, separados de los de carácter clínico asistencial,
de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el
propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos».
Añade que cuando las Administraciones sanitarias necesiten
acceder a estos datos por las razones mencionadas, se hará a través de «un
profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta,
asimismo, a una obligación equivalente de secreto, previa motivación por parte
de la Administración que solicitase el acceso a los datos».
medida «no es invasiva» para la intimidad
Por todo esto, desde la AJFV inciden en que «a priori
no hay especial problema» y añaden que el control de temperatura está
justificada, es proporcionada y no es especialmente invasiva desde el punto de
vista de la intimidad. No obstante, añaden que el control de temperatura en
comercios, a los que el ciudadano acceda para consumir, es un caso diferente
porque se debe partir de la voluntariedad.
Por su parte, desde el Foro Judicial Independiente (FJI), su
portavoz Concepción Rodríguez apunta que en ese control en los centros de
trabajo «hay dos derechos fundamentales contrapuestos», el de la
privacidad y el derecho a la salud, y recuerda que cuando esto ocurre, uno de
ellos puede ser limitado por el otro.
«Hay un derecho prevalente, el derecho a la salud pública
prevalece sobre el de la privacidad», ha añadido para luego aseverar que
se puede controlar la temperatura de los trabajadores puesto que «la salud
es prioritaria». En este sentido, ha añadido que cuando el trabajador dé
positivo en un test, también se podrá restringir su derecho deambulatorio por
la misma razón: «Prevalece la salud pública a los derechos
hay problema aunque la medición sea voluntaria
El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD),
Ignacio González Vega, tampoco ve ningún problema en que se instaure la
medición de la temperatura como medida para la prevención de un riesgo para la
salud pública. Considera que no se vulnera ningún derecho, ni cuando la
medición sea «obligatoria», como puede ocurrir con un detenido en una
comisaría, ni cuando sea «voluntaria», pues el objetivo es
«evitar contagios».
Así, ha explicado que el dueño de un establecimiento puede
poner como requisito en su derecho de admisión la comprobación de la
temperatura y que el cliente puede decidir si se expone a ello o no. «Si
no quieres que te tomen la temperatura, no entras. Esto es algo
voluntario», ha indicado González Vega.
Algo distinto podría ocurrir con las aplicaciones
telefónicas que controlan el movimiento de los usuarios, como las creadas para
alertar si no se mantienen las distancias mínimas de seguridad recomendadas por
las autoridades sanitarias. González Vega afirma que si éstas utilizan unos
«códigos anónimos» que no estén vinculados a las personas, no
vulneraría ni su derecho a la intimidad ni la protección de datos.
«Utilidad
y proporcionalidad»
Por último, el presidente de la Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), Manuel Almenar, ha incidido en que «no hay problema de
legalidad» en el uso de termómetros o cámaras térmicas siempre y cuando
respondan a los parámetros de «utilidad y proporcionalidad».
Según ha explicado, tanto en los casos que sean
«obligatorios» realizar la prueba (como puede ser en empresas, en
virtud de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) como en los
«voluntarios» (el acceso a una tienda), el uso de estos mecanismos
deben ser anunciados; no pueden almacenar ningún tipo de datos, como podría
ocurrir con las cámaras; y se deben ceñir al tiempo necesario para controlar una
crisis sanitaria o pandemia.
En este sentido, subraya que a la hora de realizar la prueba
se debe «proteger el anonimato» y que en caso de que una persona
presente fiebre, debería tener la oportunidad de «explicarse y
justificarse», ya que la temperatura corporal elevada no es un síntoma
exclusivo del Covid-19, sino que puede ser provocada por otras enfermedades o
Así, sobre las aplicaciones telefónicas que se están
desarrollando para garantizar las distancias interpersonales de seguridad, ha
señalado que no vulneran el derecho a la intimidad si únicamente funcionan como
«sensor de movimiento».
El «problema», ha puntualizado, sería que los
aparatos o aplicaciones «te identifiquen o te puedan hacer un
seguimiento» porque «eso sí que afecta a derechos de carácter personal
y necesita una regulación específica».

References: Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 33