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Timestamp: 2019-01-21 14:22:25+00:00

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La Ley de inversión extranjera en Cuba, a examen | Unión Patriótica de Cuba | UNPACU
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22 abril, 2014 Leave a comment
Por Javier Larrondo.
En este artículo analizaremos la nueva Ley de la Inversión Extranjera en Cuba, que ha sido comunicada como el gran adalid de los cambios en materia económica en Cuba, un supuesto revulsivo que, analizado en detalle, ya apunta las maneras en que fue concebido y, por tanto, las debilidades que posee de cara a garantizar los derechos sobre el capital y los rendimientos del mismo al inversor y, por tanto, la limitación a la entrada de capital en Cuba por razones de pura lógica de inversión.
En vez de analizarla comparándola con la actual situación del marco legal de inversiones, lo cual dejamos a los historiadores, lo haremos destacando los matices que la hacen útil o inútil para fomentar la inversión como contrato marco del Estado para atraer capital no politizado, o libre de acuerdos bajo mesa. Un contrato de inversión debe contener garantías, transparencia, reglas de juego inmutables y sólidas, liquidez, flexibilidad, tasa fiscal aceptable, libertad de crecimiento y capacidad de expansión… Todo un conjunto de asuntos que esta Ley, como veremos, en absoluto cumple.
Enlace al PDF con la Ley: https://www.unpacu.org/wp-content/uploads/Ley-de-la-Inversión- Extranjera-en-Cuba-Abril-2014.pdf
Una Ley sin garantías para la inversión
Aunque el capítulo III, artículo 3, de la nueva Ley comienza de una forma esperanzadora para los inversionistas (“El Estado cubano garantiza que los beneficios concedidos a los inversionistas extranjeros y a sus inversiones se mantienen durante todo el período por el que hayan sido otorgados.”), sin embargo ya en el siguiente artículo (el artículo 4.1) declara con qué mentalidad se ha definido dicha garantía, que por tanto no lo es tal: Las inversiones extranjeras dentro del territorio nacional gozan de plena protección y seguridad jurídica y no pueden ser expropiadas, salvo que esa acción se ejecute por motivos de utilidad pública o interés social previamente declarados por el Consejo de Ministros. Estamos, de nuevo, ante un error de concepto en la nueva Ley. El fantasma de la expropiación, que lejos de ser un temor es la realidad por la que el Gobierno de Cuba posee el control de todas las propiedades y activos de la isla, sin excepción, vuelve a ser el protagonista de una ley de inversión. Hubieran presentado las autoridades cubanas mucha más inteligencia de haber separado los concepto de inversión y expropiación en dos diferentes leyes, y estar supeditada una a la otra. Sin embargo, el comienzo de la nueva Ley te dice que el “donde dije digo, digo Diego”, la arbitrariedad de un Consejo de Ministros de un país dictatorial donde el interés social está tergiversado y donde la utilidad pública es una invención constante, es un apartado de su comienzo. Es la primera parte del contrato que, como inversor, ninguna empresa de capital en su sano juicio jamás querría aceptar. El artículo 4 provee una serie de mecanismos para la expropiación. Pero todos supeditados, al final, a la vía judicial cubana en caso de no haber acuerdo. Vía judicial en un país donde no existe separación de poderes es idéntico a decir “en caso de no haber acuerdo, el Estado Cubano será quien dice la cuantía de la expropiación“.
El artículo 6 también vuelve a incidir en la precariedad de las condiciones de inversión. En Cuba siempre se habla de plazos. Ud inverte y crea un negocio, sí, pero por un plazo de “concesión”. Pasado ese plazo, está Ud. en manos de nuevo del Gobierno. Que le digan a Price Waterhouse España que puede hacer negocios por un plazo, y que pasado ese plazo todo ese negocio generado, si no se renueva la “concesión”, directamente se liquidaría el negocio. El artículo 6 de la Ley, por tanto, incide de nuevo en la falta de protección y garantías de la inversión: “El plazo de la autorización otorgada para el desarrollo de las operaciones de una empresa mixta, de las partes en un contrato de asociación económica internacional o de la empresa de capital totalmente extranjero, puede ser prorrogado por la propia autoridad que lo otorgó, siempre que se solicite por las partes interesadas antes del vencimiento del plazo fijado. De no prorrogarse el plazo a su vencimiento, se procederá a la liquidación de la empresa mixta“.
Es la concepción de que el capital jamás debe tener garantías, algo contrario a los movimientos de los esfuerzos humanos y del capital.
Las inversiones de este calibre se tasan con una prima de riesgo altísima, a la que habrá que sumar otras que veremos a continuación.
Liquidez de la inversión, dependiente completamente del Estado Cubano
Otro aspecto esencial de una inversión es la capacidad liquidativa, la liquidez de la misma. Nadie invierte con una apalancamiento sine die. Pero el Gobierno de Cuba quiere que los nuevos inversores lo hagan. El artículo 7 (apartados 1 y 2) define que el inversionista puede hacer líquida su inversión (vender a un tercero o al Estado), pero “previa Autorización”. En la nueva Ley, Autorización queda definida como “título habilitante expedido por el Consejo de Ministros o por el jefe del organismo de la Administración Central del Estado en el que se delegue, para la realización de alguna de las modalidades de inversión extranjera previstas en esta Ley“. No hay proceso alguno. Es una decisión política de nuevo. De nuevo, la liquidez de la inversión pasa por un trámite arbitrario del Consejo de Ministros o un Jefe político del Estado, cosa aún más precaria si cabe. Al no estar definidos los términos de la Autorización para generar liquidez, éstos podrían pasar por “dame una parte y la autorizo”, o “sólo te lo autorizo si haces tal cosa, o si se lo vendes al Estado, y en estos términos”. O, no te lo autorizo. De nuevo, la liquidez tiene una prima de riesgo altísima y una arbitrariedad manifiesta, definida en la propia Ley.
De nuevo el Gobierno de Cuba quiere tener la llave para todo, de forma arbitraria y sin normas que ofrezcan garantías.
Pero esta filosofía está en toda la Ley. El artículo 14.2 indica que “Las proporciones del capital social que deben aportar los inversionistas nacionales y los inversionistas extranjeros, son acordadas por los socios y establecidas en la autorización.” De nuevo, vuelve a fijar que la composición accionarial está fijada en la Autorización arbitraria ministerial o de un Jefe político. Y el artículo 14.7 redunda en lo mismo: “Creada una empresa mixta, pueden cambiarlos accionistas, por acuerdo entre estos, previa aprobación de la autoridad que otorgó la Autorización“. Por lo tanto, la libre liquidez de las acciones de una inversión vuelve a estar supeditada a perder la Autorización para el negocio, es más, antes de proponerse debe de revalidar la Autorización. EL artículo 15.6 vuelve a redundar en lo mismo para la modalidad de inversión en lo que la Ley define como una Asociación Económica Internacional: “Otorgado un contrato de asociación económica internacional no pueden cambiar sus partes, salvo por acuerdo entre ellas y con la aprobación de la autoridad que concedió la Autorización”
Por todo lo argumentado, a la tasa de riesgo anterior derivada de la falta de garantías reales, se debe añadir la falta de liquidez de la inversión. En inversiones ordinarias en mercados internacionales esta tasa de riesgo por falta de liquidez, o liquidez arbitraria, no baja del 30% de lo invertido.
Otra nueva Ley que abunda en la discriminación del cubano
El artículo 9.1 permite que los beneficios de explotación, que siempre lo son por conllevar los consiguientes impuestos y tasas de explotación, sean libremente sacados del país para las empresas extranjeras. No así para los cuentapropistas o empresas nacionales. Pero más grave aún es que deja claro, en el artículo 9.2 que “Las personas naturales extranjeras que presten sus servicios a una empresa mixta, a las partes en cualquier otra forma de asociación económica internacional o a una empresa de capital totalmente extranjero, siempre que no sean residentes permanentes en la República de Cuba, tienen derecho a transferir al exterior los haberes que perciban dentro de la cuantía y conforme a las demás regulaciones dictadas por el Banco Central de Cuba“. Los cubanos, no.
El artículo 16.2.a define como un extranjero puede establecerse como una empresa de capital totalmente extranjero, sujeto a unas condiciones fiscales distintas que las del cubano, que no puede operar con dichas condiciones.
Otra de la discriminaciones es la diferencia en la percepción del salario. Las empresas extranjeras y los empleados de alto rango podrán cobrar en divisa convertible, es decir, exportable, válida para la compra en cualquier comercio de Cuba. Los cubanos, sin embargo, sólo podrán cobrar en moneda nacional, con la cual no podrán comprar en muchas de las tiendas que tienen los productos básicos y de valor añadido que necesitan diariamente. Así el artículo 30.4, establece: “Los pagos a los trabajadores cubanos y extranjeros residentes permanentes en la República de Cuba se efectúan en pesos cubanos”.
El artículo 35 otorga, de nuevo, a los extranjeros unos derechos que no tiene el cubano: “Se exime del
pago del impuesto sobre los ingresos personales, a los inversionistas extranjeros socios en empresas mixtas o partes en contratos de asociación económica internacional, por los ingresos obtenidos a partir de los dividendos o beneficios del negocio”.
El cubano no puede ser contratado, salvo por excepción, directamente por la empresa con capital extranjero
Las empresas de trabajo temporal, o contratadoras, son una figura de malversación del concepto de contratación de personal por contratación de servicios o consultoría. Estas empresas en Occidente se han llevado durante años las críticas de todos los buenos pensadores y políticos de izquierda, porque suponen la pérdida de derechos laborales. Sin embargo, hablamos de empresas que no tienen nunca más de un 10% de margen sobre los ingresos de la empresa contratadora. En Cuba, el margen de las empresas contratadoras llega incluso a superar el 90%. Y, además, son la única vía de contratación. Salvo para una élite, bien definida por la Ley, como los integrantes del órgano de dirección de la empresa o el Consejo de Administración. Una discriminación propia de los comienzos de la Revolución Industrial y anterior a los mejores movimientos sindicales que han perseguido la igualdad de derechos para todos.
“El personal cubano o extranjero residente permanente en la República de Cuba que preste servicios en las empresas mixtas, con excepción de los integrantes de su órgano de dirección y administración, es contratado por una entidad empleadora a propuesta del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social“. Así lo dicta el artículo 30.1 de la nueva Ley. Evidentemente, el pago del trabajador cubano, como viene pasando en la actualidad, dista mucho del que la empresa gasta en él, y es la entidad empleadora nacional la que obtiene la mayor parte, en muchos casos por encima del 90%, de los costes salariales en los que incurre la empresa extranjera contratante de los servicios del trabajador. Así mismo, es la empresa empleadora, como ocurre ahora, la que determina la continuidad de los trabajadores, y por tanto éstos están sometidos constantemente a la represión social y política imperante en el país para lo que sirve, sin que necesariamente tenga conciencia de ello, el capital extranjero.
Sin embargo, el Gobierno de Cuba, que sabe que ésta condición es inaceptable para muchos inversores, ha establecido un mecanismo de absoluta excepción en el artículo 30.1, pero sólo para empresas mixtas, es decir, una de las tres figuras de inversión creadas: “Solo por excepción, al otorgarse la Autorización, puede disponerse que todas las personas que presten sus servicios en la empresa mixta puedan ser contratadas directamente por esta y siempre con arreglo a las disposiciones legales vigentes en materia de contratación laboral“.
Hoy en día, muchos empresarios hosteleros y de otros sectores hacen negocios en Cuba sabiendo que sus trabajadores reciben unos salarios míseros y que nunca llegan ni a la mitad de lo que ellos gastan por sus servicios. Sin embargo, estos empresarios, prefieren pensar que ellos pagan un salario adecuado y que los problemas del Gobierno y que se queden con el dinero sin dárselo a los trabajadores, “son problemas ajenos”. El Gobierno de Cuba sabe que existen muchos sinvergüenzas dispuestos a hacer negocios en tales condiciones, como lo hacen hoy en día, y por ello saben que contratar a los trabajadores de forma directa sólo será una imposición de unos empresarios aislados.
En el caso de una Asociación Económica Internacional, una de las tres figuras de inversión extranjera, ni siquiera cabe la excepción, declarando en el artículo 30.2 que “Los trabajadores cubanos o extranjeros residentes permanentes en la República de Cuba que presten sus servicios a las partes en los contratos de asociación económica internacional son contratados por la parte cubana, con arreglo a las disposiciones legales vigentes en materia de contratación laboral”
En el caso de empresas de capital totalmente extranjero, tampoco existe la excepción: “En las empresas de capital totalmente extranjero, los servicios del personal cubano o extranjero residente permanente en la República de Cuba, con excepción de los integrantes de su órgano superior de dirección y administración, se prestan mediante un contrato que suscribe la empresa con una entidad empleadora propuesta por el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”
El artículo 31.1 desvincula al trabajador de la empresa extranjera, si es cubano, con la empresa, y le somete a ser un trabajador de la empresa empleadora estatal cubana: “La entidad empleadora a que se refiere el artículo anterior, contrata individualmente a los trabajadores cubanos y extranjeros residentes permanentes en la República de Cuba, los que mantienen con ella su vínculo laboral”
Libertad y flexibilidad para elegir a los trabajadores
En su afán por controlarlo todo, la nueva Ley no otorga capacidad de contratación, selección y despido a las empresas extranjeras, que están sometidas, como el cubano, a la arbitrariedad de la entidad nacional empleadora cubana. Es la entidad empleadora nacional cubana la que tiene la última palabra sobre los trabajadores: “Cuando las empresas mixtas o las empresas de capital totalmente extranjero consideren que un determinado trabajador no satisface sus exigencias en el trabajo, pueden solicitar a la entidad empleadora que lo sustituya por otro. Cualquier reclamación laboral se resuelve en la entidad empleadora…”
Puerta constante a la corrupción institucional
No sólo el constante llamado a la Autorización, como requisito y espada de Damocles constante en la generación de la actividad económica, facilitará el abuso de las autoridades o personal de la Administración sobre las inversiones extranjeras, sino que otros mecanismos varios suponen abrir la puerta a la corrupción. Por ejemplo, en el apartado 18.4 declara que las partes pueden valorar los activos de las otras, de común acuerdo pero libremente, para la generación de participaciones en actividades económicas. Indica que esto se hará con una lógica de valoración sostenible argumentalmente. Pero luego indica que dicha valoración deberá tener la firma de un perito estatal que la valide. Si indicara que debe ser inscrita dicha valoración en un registro, sería libre, pero indica claramente que un perito estatal y su certificado son un requisito para la valoración. Es decir, contradice el principio de libertad, y da al perito, y por tanto a la Administración también, un nuevo mecanismo para ejercer su arbitrariedad (“Los aportes de la parte extranjera que no sean aportaciones dinerarias, que estén destinados al capital social de empresas mixtas, de empresas de capital totalmente extranjero o que constituyen aportaciones en contratos de asociación económica internacional, se valoran a través de los métodos que acuerden libremente los inversionistas siempre que sean los generalmente aceptados por las normas internacionales de valoración, acreditándose su valor por el correspondiente certificado pericial extendido por entidades que posean autorización del Ministerio de Finanzas y Precios“)
La “Seguridad Nacional”, como primera excusa para autorizar o desautorizar una inversión
La Seguridad Nacional es la gran excusa del Gobierno de Cuba, tanto para la represión política, como la social, y desde luego para la económica. En el artículo 20, una escueta y poco definida frase deja lugar a todo tipo de actuaciones en base a ésta, como primera premisa: “El Estado cubano autoriza inversiones extranjeras que no afecten la defensa y seguridad nacional, el patrimonio de la nación y el medio ambiente“). Igualmente como vemos, pero en tercer lugar, menciona el medio ambiente, como un “guiño comercial”, o política de insertar menciones a preocupaciones más correctas políticamente hablando. Al no estar reflejado explícitamente que dicha revisión de la Seguridad Nacional deba realizarse con antelación a la autorización, el verbo “autoriza” se puede perfectamente leer como “autoriza y desautoriza”, y por tanto la Seguridad Nacional, algo tan abstracto y en un sentido tan ridículo y amplio usado constantemente por el gobierno cubano, puede usarse también para realizar todo tipo de tropelías sobre las inversiones. En ningún momento la Ley indica el carácter irreversible o complejo de revertir de la Autorización, ni sometiendo a las partes a los tribunales internacionales o nacionales sino que, más aún, el artículo 23 de la presente Ley establece que “las modificaciones a las condiciones establecidas en la Autorización requieren aprobación de la autoridad competente conforme establece el artículo 21 de la presente Ley“, donde son órganos políticos los que deciden sobre el proceso (Consejo de Estado, de Ministros, Organismos políticos…).
Queda claro un intento de que la inversión extranjera entre en la modalidad de empresa mixta (inversión nacional+extranjera), o Asociación Económica Internacional, donde las operaciones quedan en manos de la empresa nacional. Al no fijar los mínimos de capital nacional para ser considerada una empresa mixta, esta fórmula de sociedad anónima posiblemente sea la mayor beneficiaria de las altas en la creación de empresa, pero transgrediendo el principio bajo el que fue creada. Sin embargo, una empresa mixta es una sociedad anónima nacional, y por tanto sujeta a la legislación y control estatal hasta un grado que resultará desesperante para los inversores extranjeros.
Para los inversores que NO tengan por objeto la administración hotelera, productiva o de servicios y la prestación de servicios profesionales, se dictan estas nuevas normas:
Impuesto sobre utilidades. El impuesto sobre utilidades si sitúa en esta nueva Ley en el 15% sobre la utilidad neta imponible. Además, en el artículo 36.2, “se exime del pago del impuesto sobre utilidades a las empresas mixtas y partes en los contratos de asociación económica internacional por un período de ocho años a partir de su constitución”, pero no a las empresas de capital totalmente extranjero.
El artículo 36.4 abre la puerta a incrementar la tasa impositiva hasta el 50%: “Cuando concurra la explotación
de recursos naturales, renovables o no, puede aumentarse el tipo impositivo del impuesto sobre utilidades por decisión del Consejo de Ministros. En este caso puede elevarse hasta en un cincuenta por ciento”.
Impuesto sobre las ventas. El artículo 37.1 fijan este impuesto en el mismo vigente actualmente, con la excepción de dos bonificaciones, que no aplican para las empresas de capital totalmente extranjero. Una, derivada de las ventas mayoristas, descrito en el artículo 37.1 (“Las empresas mixtas y los inversionistas nacionales y extranjeros partes en contratos de asociación económica internacional pagan el impuesto sobre las ventas con una bonificación del cincuenta por ciento en el tipo impositivo a aplicar sobre las ventas mayoristas“). La otra, derivada de un período de exención inicial, que se fija en el artículo 37.2 en términos temporales, lo que no supondrá grandes ahorros para el capital porque, como cualquier empresario conoce, el primer año de actividad no se obtiene el crecimiento de ventas que supere los gastos de inversión y corrientes necesarios para poner en marcha el negocio (“Se exime del pago de este impuesto a las empresas mixtas y a los inversionistas nacionales y extranjeros partes en contratos de asociación económica internacional, durante el primer año de operación de la inversión“)
Impuesto sobre los servicios. El artículo 38 fija una bonificación del 50% del tipo impositivo y además una exención del primer año de operación de la inversión, pero no a las empresas de capital totalmente extranjero.
Impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo. Las empresas de capital totalmente extranjero pagarán lo que la legislación tributaria anterior establece. Las empresas mixtas o en Asociación Económica Internacional estarán exentas de este impuesto.
Otros impuestos (impuestos por el uso o explotación de las playas, por el vertimiento aprobado de residuales en cuencas hidrográficas, por el uso y explotación de bahías, por la utilización y explotación de los recursos forestales y la fauna silvestre y por el derecho de uso de las aguas terrestres). Sólo tendrán una bonificación del 50% de estos impuestos las empresas mixtas o en Asociación Económica Internacional, no así las empresas de capital totalmente extranjero.
Impuesto aduanero. Se exime de este impuesto, para las empresas mixtas o la Asociación Económica Internacional, para las importaciones de equipos, maquinarias y otros medios durante el proceso inversionista.
Impuestos de contribución territorial para el desarrollo local. Todas las modalidades de inversión son sujetos pasivos de este impuesto, pero se exime del pago de este impuesto, hasta la recuperación de la inversión, a las empresas mixtas y a los inversionistas nacionales y extranjeros partes en contratos de asociación económica internacional.
Para los inversores que SI tengan por objeto la administración hotelera, productiva o de servicios y la prestación de servicios profesionales, se dictan estas nuevas normas:
Tributarán, como lo vienen haciendo, con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Sistema Tributario y las normas que la complementan. Sin embargo, por medio del artículo 43.2, “están exentos del impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre los servicios“.
Fomento de la re-inversión
El artículo 36.3, siempre que se autorice y ejecute la re-inversión en el país con los excendentes, exime del pago del impuesto de utilidades.
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 artículo 6
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 artículo 7
 artículo 14
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 artículo 15
 artículo 9
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 artículo 16
 artículo 30
 artículo 35
 artículo 30
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 artículo 31
 artículo 20
 artículo 23
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 artículo 36
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 artículo 37
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 artículo 38
 artículo 43
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