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Timestamp: 2020-02-24 06:25:27+00:00

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medicina legal en atención primaria.pdf | Medicina | Bioética
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01 CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA EN ATENCIÓN PRIMARIA
MEDICINA LEGAL Y DEONTOLOGÍA EN LA CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA
CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA EN ATENCIÓN PRIMARIA
JULIA GONZÁLEZ PERNÍA
Actividad acreditada por la Comisión de Formación Continuada del MSyC con 3,5 créditos
© IM&C,
S.A.rnational Marketing & Communication, S.A.
Alberto Alcocer, 13, 1.º D 28036 Madrid Tel.: 91 353 33 70. Fax: 91 353 33 73 imc@imc-sa.es
MÓDULO 1 El facultativo, la deontología y la ley
MÓDULO 2 Binomio derecho-deber en la relación médico- paciente
• Ley reguladora de la autonomía del paciente. Introducción
• Partes médicos. Parte de alta médica. Parte judicial de lesiones
MÓDULO 4 Incidencias médico-legales urgentes
MÓDULO 5 Problemas deontológicos y forenses del enfermo menor de edad
Atención Primaria. Código de Ética Médica y Código Penal.
La Deontología y la práctica médica Análisis del Código de Ética Médica español
. Responsabilidad deontológica (corporativa colegial)
Código Penal y Medicina
Auxilio médico asistencial a la Administración de Justicia
. Actuación del médico como denunciante, testigo o perito
Aspectos deontológicos del auxilio médico legal
Requerimientos especiales de la Administración de Justicia .
Responsabilidad de medios en el Código de Ética
y Deontología Médica
Circunstancias causantes de responsabilidad
Valoración médico forense de la imprudencia médica
L a Atencion Primaria está plagada de situaciones clínicas diversas donde la pericia y el buen hacer del profesional son fundamentales para la correcta consecución de las acciones. Todas las acciones
médicas debido a la trascendencia no sólo sanitaria y personal, sino incluso social y legal, que tienen,
deben de ser resueltas con las garantías legales adecuadas de acorde con el derecho sanitario, los prin- cipios deontológicos de la profesión y los valores profesionales de la misma; por todo ello, la forma- ción en áreas de conocimiento importantes como la Medicina legal, la deontología y la bioética, son de vital importancia para el correcto desarrollo de la profesión médica. Sin embargo, sorprende contem- plar qué pocas horas lectivas se dedican a estas materias, no sólo en el pregrado, sino durante la resi- dencia y en los programas curriculares de los profesionales en ejercicio.
El curso de Medicina legal viene a cubrir un hueco fundamental donde los profesionales jóvenes por desconocimiento y los veteranos por una práctica en muchos casos viciada, acometen acciones que no son del todo correctas desde la perspectiva del derecho sanitario. Temas de gran importancia y aplica- ción clínica práctica, como la responsabilidad médica, la ley de autonomía del paciente, la receta, los documentos oficiales de la consulta, el secreto profesional, la objeción de conciencia y muchos más, son tratados con rigor y a la vez con simplicidad y pragmatismo. Por todo ello, este curso es de gran interés, tanto para los residentes de Medicina de Familia, como para los médicos ya formados que tene- mos que revisar conceptos y actuaciones.
Julio Zarco Rodríguez Presidente Nacional de SEMERGEN
U no de los aspectos más temidos, por desconocidos, de la práctica clínica asistencial es el relativo al contacto del médico con la Administración de Justicia en las distintas ramas del Derecho.
La adecuada sistemática de trabajo en relación a los aspectos legales de la asistencia sanitaria requie- re un conocimiento básico de aquellos elementos instrumentales que le resulten útiles al médico para solucionar las diferentes cuestiones que pudieran planteársele en este campo.
Clásicamente, dentro de los diferentes programas formativos de la Licenciatura en Medicina y Cirugía, la Ciencia Legal y Forense ha quedado dedicada al aspecto más teórico y clásico de la misma (ahorcaduras, intoxicaciones por metales pesados…), derivándose de ello una importante limitación en relación a su aplicación a la actividad sanitaria diaria y la subsiguiente falta de interés por parte del facultativo.
La realidad actual nos muestra una situación totalmente contraria, poniéndose de manifiesto constan- temente la estrecha relación existente entre el Derecho y la Medicina, entre los juzgados y los médicos, quienes en no pocas ocasiones se constituyen en verdaderos auxiliadores necesarios de la Administra- ción de Justicia en temas tan numerosos y variados como la emisión de partes de lesiones y otros documentos médico legales, los internamientos psiquiátricos involuntarios, la atención a detenidos en dependencias policiales, la violencia contra la mujer, el niño y el anciano, los fallecimientos en cir- cunstancias particulares, etc.
El médico asistencial, como primer conocedor de sucesos tan variados como los expuestos, adquiere un papel relevante e importantísimo en la adecuada resolución de éstos, convirtiéndose así en el inicial comunicador de los mismos al juzgador, haciéndose imprescindible tener unas nociones básicas, claras y concretas en cuanto a los matices forenses y éticos implicados que le permitan establecer una comu- nicación fluida con los diferentes profesionales involucrados, actuando con seguridad y decisión, mos- trándose competente y prudente, utilizando racionalmente los recursos personales y materiales dispo- nibles, evitando dilaciones innecesarias tanto en Sanidad como en Justicia, incluyendo, en definitiva, la deliberación legal y ética en la clínica.
Esta rama del saber se extiende así más allá de la típica actuación del médico forense en relación a la Tanatología, quedando patente la implicación de la Medicina asistencial en los Tribunales y el necesa- rio entendimiento entre aquél y los médicos de Atención Primaria en cuanto al trabajo en equipo que de manera indefectible habrá de realizarse en ciertos supuestos en los que igualmente intervendrán jueces, fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Asuntos Sociales y otros.
El presente curso tiene como objetivo primario responder a las cuestiones de índole legal y deontológi- co que más frecuentemente se plantean en la consulta diaria de Atención Primaria, estableciendo las pautas de actuación indicadas al caso en función del marco normativo aplicable y las estrategias de abor- daje que resulten útiles según la situación concreta, afianzando la actuación del profesional, evitándo- se con ello conductas inadecuadas de las cuales pudiere derivarse algún tipo de responsabilidad, sien- do precisamente éste uno de los principales motivos del rechazo inicial que la Medicina legal y forense provoca en el colectivo sanitario.
Antonio Hidalgo Carballal Director del curso
Atención Primaria. Código de Ética Médica y Código Penal
La Ética («ethos», término griego referente al estudio de las costum- bres o hábitos de vida de los seres humanos y su equivalente latino, la moral, como disciplina que permi-
te discernir entre el bien y el mal) ha acompañado al arte y la ciencia médica desde la más remota anti- güedad, abarcando el denominado buen hacer profesional (la calidad)
y no sólo la técnica, prestándose
especial atención al componente humano de la asistencia, siendo ésta una concepción que ha perdurado hasta la actualidad con la necesa- ria evolución y adaptación deriva- da de aquellos hábitos y costum-
bres; de manera que si bien es cierto que los principios fundamentales han permanecido casi invariables
a lo largo de los siglos, también lo es que necesariamente han tenido que acomodarse a las exigencias impuestas por los cambios socia- les acaecidos, principalmente en relación a la segunda mitad del siglo XIX.
lo que debe ser hecho), constitui- da en su vertiente aplicada, fun- cional y directiva, como texto nor- mativo institucional (y a la vez documento público de respuesta a la sociedad; función social) que regula la actividad de todos sus inte- grantes a modo de código («tratado de deberes») aprobado por el Cole- gio profesional concreto; todo ello acompañado de una estructura de infracciones y sanciones, con su correspondiente entramado de pro- cedimiento disciplinario, en función de la dimensión pública de la pro- fesión que incluye el ámbito social en el que es ejercida la Medicina, garantizándole así al ciudadano una práctica clínica adecuada y correc- ta éticamente, y preservando hacia la propia ciencia la imagen que de sí misma se pretende ofertar al exte- rior, su dignidad y su prestigio.
La Medicina cuenta con la tradición más antigua de Ética Profesional manifestada en el Juramento Hi- pocrático del siglo IV a.C. si nos limitamos a Occidente, pudiendo retrotráernos todavía más en la antigüedad hasta la Mesopotamia del siglo XVIII a.C. con el Código de Hammurabi y sus premisas mora- les sobre responsabilidad profesio- nal del médico.
La Organización Médica Colegial española, a través de la Comisión Central de Deontología, Derecho Médico y Visado, publicó el 10 de septiembre de 1999, el Código de Éti-
Buscando así el equilibrio entre el desarrollo tecnológico y el progreso moral, intentando establecer crite- rios comunes al colectivo médico, la Ética individual que compromete la conducta personal de un modo teó- rico, se transforma en la práctica en la Deontología aplicable a un gru- po profesional organizado (concep- to introducido por Bentham en 1834, procedente del griego «deon»,
ca y Deontología Médica de 1999 definiendo en su artículo 1 esta especial disciplina como «el con- junto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico», siendo su artículo 2.1 el que nos indica su ámbito de aplicación «a todos los médicos en el ejercicio de su profe- sión, cualquiera que sea la modali- dad en que la practiquen».
En relación a estos conceptos, es en los años 1970 cuando en Esta- dos Unidos surge el término Bioé- tica con Potter y Hellegers, en refe- rencia como señalan Jacqueline Russ y Hans Jonas a los límites y condiciones de utilización de las biotecnologías, incluyendo aque- llas que se refieren a la vida e iden- tidad humana, al respeto a la vida y la dignidad de la persona, muy especialmente en sus inicios y en sus períodos terminales, y a los aspectos éticos de la ecología y el desarrollo sostenible.
Destaca de aquella época el infor- me Belmont (Principios y guías éti- cos para la protección de los sujetos humanos de investigación) de la Comisión Nacional para la Protec- ción de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Com- portamiento (USA, 18 de abril de 1979), y en la actualidad el Con- venio para la protección de los dere- chos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplica- ciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina) firmado en Oviedo el 4 de abril de 1997, así como el proyecto de Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, de la UNESCO, de 19 de octubre de 2005.
El vertiginoso avance tecnológico justifica en sí mismo su necesaria vigilancia permanente, para evitar un proceso de deshumanización que pueda poner en riesgo los principios éticos y la calidad de los servicios de salud.
Este aspecto de la profesión, que ha sido durante demasiado tiempo la gran olvidada de los ciclos pregrado
y postgrado, ha adquirido tal rele-
vancia en los últimos tiempos que ha
quedado incluida dentro del progra- ma formativo de la Licenciatura de Medicina y Cirugía, así como en el de la Especialidad de Medicina Familiar
y Comunitaria aprobado por la Orden
del Ministerio de Sanidad y Consumo 1198/2005, de 3 de marzo (BOE de 3-V-05), específicamente en su pun- to 8 («Contenidos formativos del área docente de competencias esencia- les»), dedicándole el punto 8.4 («La Bioética») con el objetivo funda- mental de incorporar la deliberación deontológica en la actividad diaria del Médico de Familia como base fun- damental de su quehacer diario orien- tado no sólo a «hacer» sino a «hacer bien» tanto en la óptica científico- técnica como en la moral.
Y es que precisamente será la Aten-
ción Primaria, la Medicina Familiar y Comunitaria, una de las ramas del saber médico donde más frecuente- mente se suscitan problemas ético- legales; efectivamente tal y como se expone en el Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comu- nes del Sistema Nacional de Salud (BOE de 16-IX-06), se trata del nivel básico e inicial de la asistencia sani- taria, el cual garantiza la globali- dad y continuidad de las prestacio- nes del SNS a lo largo de toda la vida
del paciente, atendiendo no sólo pro- blemas de salud sino también los ini- ciales factores y conductas de ries- go, convirtiéndose en gestor y coordinador de casos y regulador de flujos que abarcan igualmente la promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfer- medad, etc., bajo un enfoque biop- sicosocial y la comunicación con todos los sectores implicados (a modo de equipos interdisciplinares), has- ta el punto de ser el ámbito clínico donde se resuelven el 90% de los pro- blemas de salud de la población.
Será, por tanto, en este primer esca- lón de contacto entre el enfermo y la Medicina donde la relación médi- co-paciente se muestre en toda su esencia, derivándose de esta inte- racción, de este concurso de dere- chos y deberes, cuestiones muy específicas para cuya adecuada reso- lución el facultativo necesitará de los fundamentos de la Deontología, sin olvidar la necesaria considera- ción médico legal del supuesto de que se trate.
La misma Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profe- siones Sanitarias, recoge en su artícu-
lo 4.5 la importancia de respetar los dictados éticos y morales: «los pro- fesionales tendrán como guía de su actuación el servicio a la sociedad, el interés y salud del ciudadano a quien se le presta el servicio, el cum- plimiento riguroso de las obligaciones deontológicas, determinadas por las propias profesiones conforme a la legislación vigente, y de los criterios de normo-praxis o, en su caso, los usos generales propios de su profesión».
La Deontología y la práctica médica
La deliberación ética ha estado pre- sente en todas las épocas de la Medi- cina, si bien en ninguna como en la actual se le han planteado al Médi- co tantos y tan complejos problemas morales y nunca como ahora se ha requerido una adecuada formación deontológica de los profesionales sanitarios.
Desde esta perspectiva, el abordaje deontológico, bioético, de un caso se iniciará con la identificación de los valores en conflicto que exigen simultáneo respeto y cumplimiento (las verdaderas cuestiones asisten-
Exposición del caso (características del supuesto).
Identificación de valores en conflicto (problema moral).
Marco legal-deontológico (principios aplicables)
Cursos de acción posibles (consecuencias previsibles).
Árbol de toma de decisiones (elección del curso óptimo).
Diagnóstico de certeza y tratamiento.
ciales, legales y éticas), la valora- ción del marco jurídico-deontológi- co aplicable y la toma de decisio- nes en sí misma dentro de los cursos de acción posibles, siendo patente el paralelismo entre el método éti- co y clínico (tabla 1).
En virtud de los múltiples aspectos de cada caso concreto, en algunos supuestos el tratamiento del mismo deberá ser multidisciplinar (en equi- po), no buscando siempre la unani- midad de criterios, ya que no todos los profesionales tienen por qué con- siderar óptimo el mismo curso de actuación, o bien conceder la mis- ma importancia a los diferentes valo- res enfrentados, sino que el objeti- vo será que la respuesta que se elija sea la más razonable según el caso de que se trate, realizando un juicio de ponderación, una jerarquización, de aquéllos, teniendo en cuenta las consecuencias de cada respuesta, incrementando así la prudencia y la responsabilidad en la toma de deci- siones, consiguiendo que el algorit- mo decisional se fundamente en alternativas consensuadas.
Dentro de las posibilidades de res- puesta, partiremos del plantea- miento de que las soluciones extre- mas nunca resultarán óptimas, dado que en ellas se opta por uno de los valores en conflicto, con total y completo detrimento del otro, sien- do precisamente el curso óptimo en relación a la denominada «obliga- ción moral», el respeto de todos los aspectos implicados, o al menos si ello no resulta posible, su vulnera- ción en el menor grado.
El problema no es un dilema en cuanto que existen más de dos res- puestas.
La decisión más adecuada se ale- jará siempre de los extremos inicia- les, siendo por lo general interme- dia y por ello difícil de plantear inicialmente requiriendo un análisis más detenido del caso (los cursos extremos son los que con mayor rapidez y claridad se plantean).
Como ya hemos matizado, siempre deberá aplicarse la doble perspecti- va deontológica-legal, y a pesar de que teóricamente la Ética profesio- nal (Deontología) y la normativa legal deberían ser siempre fuerzas concurrentes orientadas a prevenir la provocación de daños al pacien- te, debemos tener en cuenta que ambos planteamientos no siempre serán coincidentes (un criterio pue- de ser éticamente reprochable pero legalmente aceptado), si bien es del todo necesario conocer el aspecto legal del supuesto concreto con el fin de no incidir en ninguna con- ducta antijurídica.
Así, resultará recomendable marcar las opciones más radicales y con- trapuestas, para desde ellas iniciar el estudio de todas las actuaciones intermedias que resulten posibles, eligiendo la que sea como decimos la más prudente, razonable y facti- ble en su ejecución.
Con todo ello, la respuesta inter- media busca no lesionar completa- mente ninguno de los valores impli- cados, salvando ambos en la medida de lo posible.
Respetando los principios clásicos de la Ética (beneficencia, no maleficen- cia, autonomía y justicia, presenta- dos y desarrollados por Beauchamp y Childress en 1979, «Principles of
Obligación moral de hacer el bien, sin vulnerar la voluntad en contra de la persona (respetando su autonomía).
(Carácter privado).
No causar nada que no pueda ser más que perjudicial para el paciente, o en el que la razón riesgo/beneficio no sea adecuada.
(Carácter público).
Capacidad de tomar decisiones por parte del ser humano.
Distribución equitativa e imparcial de los recursos sanitarios disponibles, que deben estar cubiertos por igual para todos los ciudadanos y, por tanto, tuteladas por el Estado.
Consideración de terceras personas implicadas en la relación médico-paciente, afectadas por el criterio distributivo y
tomadas por el enfermo o el facultativo.
Igualdad: no discriminación, ni marginación.
Conjunto de principios considerados como valores comunes,
deberes, aplicables y exigibles a todo ser humano como
miembro de la sociedad que a su vez los protege con normas jurídicas (carácter público prioritario al interés privado).
Espacio privado y
particular de cada persona, que debe
gestionar según su propia escala de valores, tomando
decisiones en relación a lo considerado como beneficio personal.
Biomedical Ethics», Oxford Univer- sity) (tablas 2 y 3), siempre que resul- te posible se intentará involucrar al paciente en la toma de decisiones, entre las posibles alternativas de acción que le sean presentadas por el médico, fomentando así su derecho de participación en el proceso asis-
tencial, haciéndole adquirir un nivel de acción adecuado a sus circuns- tancias y particularidades que no hará sino fortalecer la confianza hacia el facultativo.
Esta jerarquización de principios habrá de respetarse en el proceso de toma de decisiones, considerando
profesional del médico.
Del trasplante de órganos.
Experimentación médica sobre la persona.
De la tortura y la vejación de la persona.
Relaciones de los médicos entre sí y con otros profesionales.
Relaciones con la corporación médica colegial.
El trabajo en las instituciones sanitarias.
De las publicaciones profesionales.
peritos y funcionarios.
que el primer nivel (el público, los mínimos) (no maleficencia y justi- cia) es anterior al segundo (lo pri- vado, los máximos) (beneficencia
y autonomía), de manera que ante
cualquier conflicto tendrá siempre prioridad uno sobre el otro.
A pesar de la singularidad de cada
supuesto, la experiencia obtenida en la resolución de un caso concre-
to deberá ser aprovechada para bus- car soluciones generales, plasmadas
a modo de protocolos multidisci-
plinares de aplicación a supuestos similares, como parte irrenunciable de la correcta práctica médica; guías de actuación entendidas como docu- mentos vivos, sometidos a la apa- rición de nuevos conocimientos, cambios normativos y a la crítica de los profesionales que los utilizan.
Análisis del Código de Ética Médica español
Los principios generales del Código de Ética y Deontología Médica de 1999 recogidos en su Capítulo II (artícu- los 4, 5 y 6) no son sino la muestra del respeto que desde esta perspec- tiva merece la función de servicio público, los cuatro principios de la Éti- ca y los derechos clásicamente reco- nocidos a los pacientes, a saber: la protección de la salud, la intimidad, la igualdad, la información (verbal y escrita) y la autonomía personal (con- sentimiento, elección), desarrollán- dose a lo largo de su contenido cons- tituido por un total de cuarenta y un artículos (diecisiete capítulos) y una Disposición final, otros aspectos igual- mente importantes en lo tocante a la salvaguarda de la ya referida dig- nidad personal y colectiva (tabla 4).
Autonomía (consentimiento)
9.2 y 9.4
28.2, 28.3 (donación)
Autonomía (consentimiento por representación)
(ser humano embriofetal)
Autonomía (actuación médica sin consentimiento)
Autonomía (libre elección)
(segunda opinión)
Información (verbal)
Información (escrita)
(certificados e informes)
(bancos de datos)
Excediendo por completo del obje- tivo de este capítulo el análisis por- menorizado de las particularidades de cada uno de estos artículos, nos centraremos en aquéllos que con- sideramos de aplicación más fre- cuente a la consulta diaria de la Atención Primaria.
Habiendo quedado suficientemen- te claro la condición de servidor del médico frente a la sociedad en gene- ral (socialización de la Medicina) y frente a sus pacientes en particu- lar (justificación primordial del Códi-
go), estudiaremos someramente la aplicación de sus normas en relación a cada una de las facultades reco- nocidas al paciente (tabla 5).
Presentamos a continuación algunas consideraciones de interés sobre estos capítulos, reservando la expo- sición pormenorizada de sus conte- nidos específicos, así como el tra- tamiento de otros aspectos propios de los temas tratados en ellos (con- fraternidad entre médicos, docu- mentación médico legal, denuncia de malos tratos, etc.).
Capítulo I. Definición y ámbito de aplicación
Recoge la conceptualización de la
Deontología propiamente dicha,
matizando la obligada sujeción a la misma de todo facultativo, otor- gando a la Organización Médica Cole- gial la potestad sancionadora corres- pondiente, así como la función de difundir su conocimiento.
El ejercicio de la Medicina se torna así inseparable del acatamiento del Código.
El correspondiente régimen discipli- nario queda estructurado en el títu-
lo VIII de los Estatutos Generales
de la Organización Médica Colegial de 1980 (Real Decreto 1018/1980, de
19 de mayo).
Presenta las bases fundamentales
sobre las que se argumentará la con- ducta profesional del médico en lo referente a cada uno de los siguien-
tes capítulos, según lo ya referido en cuanto al servicio público y la espe- cial dignidad del ser humano enfer- mo, incluyendo las particularidades de la asistenta urgente, las huelgas de profesionales y la gestión de medios.
Ratifica de nuevo el respeto mere- cido por el paciente, abarcando dere- chos tan actuales en su debate, como la libre elección, la libertad religiosa, la confidencialidad, el con- sentimiento (referencia concreta al menor de edad) y la información ver- bal y escrita, incluyendo su nece-
saria veracidad, conservación, des- trucción, transferencia y tratamien- to con fines no asistenciales, sin olvidar la propia dignidad del médi- co en relación a la objeción de con- ciencia y a las condiciones de su «consultorio» y la muestra de con- sideración que de aquellas pudiere derivarse para el enfermo.
Capítulo IV. Secreto profesional del médico
Trata en sus cuatro artículos los aspectos fundamentales del deber de discreción del facultativo de todo lo que el paciente le haya confiado y de lo que de él haya conocido en el ejercicio de su profesión, inclu- yendo las particularidades del tra- bajo en equipo, las circunstancias de obligada revelación y la infor- matización de la información clíni- ca (bancos de datos).
Capítulo V. Calidad de la atención médica
Aborda el tema de la tan deseada calidad asistencial, entroncando con temas tan en boga como la medici- na defensiva y la carente de base científica, el deber de abstención ante actuaciones para las que no se está preparado y la necesaria for- mación continuada.
Capítulo VI. De la reproducción humana
Contiene preceptos propios de la práctica del aborto, la actuación sobre el ser humano embriofetal enfermo y el consentimiento de sus progenitores, la manipulación genética preventiva, diagnóstica o terapéutica, y de nuevo la objeción de conciencia, especificando la
potestad del facultativo de comu- nicar tal condición al Colegio si de ella se derivaren problemas admi- nistrativos o en su ejercicio pro- fesional.
Capítulo VII. De la muerte
Marca las pautas de la Deontología del final de la vida, promulgando la evitación del encarnizamiento tera- péutico y de las prácticas condu- centes a provocar la cesación de las funciones vitales.
Capítulo VIII. Del trasplante de órganos
Fomenta esta práctica clínica, indi- cando el procedimiento a observar para garantizar el principio de inde- pendencia de los diferentes equipos médicos intervinientes antes y des- pués del fallecimiento, retomando el tema de las voluntades anticipa- das y del necesario consentimiento del donante vivo.
Capítulo IX. Experimentación médica sobre la persona
Reconoce el papel fundamental de estos estudios en el avance de la Medicina, recordando los parámetros y criterios de la Asociación Médica Mundial, recogiendo una vez más el deber de recabar el consenti- miento informado, con las particu- laridades propias de menores, inca- paces y desválidos.
Capítulo X. De la tortura y la vejación de la persona
Bajo la óptica del respeto de los derechos humanos, condena la par- ticipación del médico en actos de esta naturaleza, estableciendo sin duda alguna su deber de denuncia si
conociere del caso con el fin de pro- teger a la víctima.
Capítulo XI. Relaciones de los médicos entre sí y con otros profesionales
Desarrolla aspectos tan variados como la confraternidad, diferen- ciándola del corporativismo que per- judica al paciente, el deber de ayu- da al compañero agredido o vejado a consecuencia de su trabajo, las normas de respeto interprofesional, la libertad de expresión, la susti- tución entre facultativos, la jerar- quía lejos de ser un mero instru- mento de dominio o exaltación personal y el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida.
No se olvida la relación con otros profesionales sanitarios, quienes serán merecedores de idéntica con- sideración.
Capítulo XII. Relaciones con la corporación médica colegial
Regula la comunicación bidireccio- nal de colegiados y OMC, fomentan- do la unidad deontológica y la defen- sa de los médicos, valorando el deber de los Colegios de intervenir en la enseñanza de la Medicina y en la pro- pia organización sanitaria.
Capítulo XIII. El trabajo en las instituciones sanitarias
Insiste en la necesaria promoción de la calidad y excelencia del servicio prestado en relación a las condiciones de la institución concreta en que se realiza la asistencia, recogiendo de nuevo el deber de denuncia de las defi- ciencia apreciadas, así como la auto- nomía profesional (libertad clínica).
Capítulo XIV. De la publicidad
Capítulo XVII. Médicos peritos y funcionarios
Recogiendo el tema del ámbito de aplicación del Código, matiza la sujeción de estos facultativos a las misma normas deontológicas que el resto de sus compañeros, incorpo- rando los aspectos propios de esta actividad en cuanto a la información
aportada al paciente (identificación
Exige que las características de estas medidas de difusión profesional sigan las líneas de dignidad y profesiona- lidad del Colegio, evitando cualquier forma de fraude, engaño o prácticas desleales.
Capítulo XV. De las publicaciones profesionales
en caso de notorio interés públi- co de 17/09/05.
• La actitud de la OMC ante los cole- giados con adicciones o enfer- medad mental: modos de ayuda y rehabilitación de 05/12/05.
• Declaración sobre la centraliza- ción informática de datos e his- torias clínicas. Principios éticos
Idéntico criterio en cuanto a la pro- ducción literaria, en relación a la confidencialidad y el consentimien- to del sujeto de estudio, conside- rando como contrarias a la Deonto- logía actitudes tales como el plagio, la falsificación de resultados, auto- res y fuentes de financiación, o la repetición de contenidos.
objeto de la pericial) y la necesi-
dad de contar con su consentimiento (respeto ante la negativa a some- terse al estudio), así como la incom- patibilidad de simultanear la asis- tencia y la pericia en la misma persona pasiva.
de protección de la intimidad del paciente de 05/12/05.
• Declaración sobre ética y deon- tología de la segunda opinión médica de 05/12/05.
• Declaración sobre la ética de la relación profesional del médico con la industria farmacéutica y las empresas sanitarias de 12/05/06.
Los principios clásicos de la Ética quedan claramente recogidos y apli- cados a la Deontología Médica, exal- tándose el carácter público y social del documento, como garante de las exigencias de la comunidad hacia los profesionales a quienes confían su salud y su vida, respecto de quienes se exige un comportamiento acor- de con la Ética individual adaptada funcionalmente a su actividad labo- ral (tabla 6).
El principio de beneficencia queda representado así por la doble con- sideración de búsqueda del bien del paciente, con la obligación de pro-
Capítulo XVI. De los honorarios
Regula la sistemática de actualiza-
Partiendo del hecho innegable de que el ejercicio de la Medicina es el medio de vida del médico, se recuerda que éste no es en absolu- to su fin exclusivo, defendiendo la dignidad de la remuneración que nunca podrá ser abusiva o espuria en su fundamento (cobro por actos no realizados, derivación lucrativa entre centros o percepción de comi- sión por prescripciones).
ción del presente Código, a través de las denominadas «declaraciones de la Comisión Central de Deontología»
las que se otorga idéntico carácter vinculante y naturaleza normativa,
mediante la participación del pro-
pio colegiado a través de sus pro-
puestas dirigidas.
De entre las declaraciones más recientes podemos destacar a modo de ejemplo las siguientes:
El Colegio asume la función de arbi- traje en caso de conflictos.
• La intervención de los médicos ante los medios de comunicación
«La principal lealtad del médico es la que anteponerse a cualquier otra conveniencia»
debe a su paciente y la salud de éste debe
«El médico nunca perjudicará intencionadamente al paciente ni le atenderá con negligencia. Evitará también cualquier demora injustificada en su asistencia»
Referencias al consentimiento y a la información
«El médico debe atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin discriminación alguna»
ducirle con nuestras acciones el mayor beneficio posible.
4. Deber de no actuar negligente- mente, con desatención de unas aptitudes que le son del todo exi- gidas en función de su condición de médico.
La autonomía es la muestra de la transformación de la relación médi- co-paciente desde el antiguo modelo paternalista de comunicación verti- cal a la actual estructura del con- sentimiento informado de transfe-
el propio médico, quien debiendo considerarlo como una guía de bue- na praxis (en su sentido más amplio) no debe limitarse a la faceta san- cionadora de su inobservancia, valo- rándolo como un compendio de pre- ceptos lógicos y racionales cuyo conocimiento le permitirá evitar conflictos laborales con enfermos, colegas e instituciones, cuya reso- lución puede obtenerse mucho antes de judicializar el caso.
La no maleficencia requiere tam- bién una valoración en dos senti- dos, en cuanto a no causar un daño deliberado, intencionado, doloso y malévolo, y en relación a huir de cualquier conducta negligente, des- cuidada.
Esta faceta dual, a su vez conlleva cuatro deberes distintos.
1. Deber de abstenerse de conduc- tas voluntarias que en sí mismas entrañen daño al paciente.
2. Deber de evitar el daño no inten- cionado derivado de su proce- der profesional (iatrogenia).
3. Deber de proteger al paciente del daño que le puedan causar otros o que se pueda autoinflingir a sí mismo (lo cual entra en confron- tación directa en algunos casos con el principio de autonomía).
rencia horizontal, afianzado por la capacidad del enfermo de elección de médico y de centro sanitario.
La justicia exigirá que el facultati- vo atienda a todos sus pacientes con la misma diligencia, competencia técnica y seriedad científica, evi- tando caer en discriminaciones o desprecios derivados de las carac- terísticas personales del enfermo.
Con todo lo expuesto, ha de desta- carse la función primordial del Códi- go, no para el paciente, sino para
Igualmente, mediante su estudio, el facultativo adquirirá conciencia de la adecuada utilización de su capa- cidad profesional frente a la dese- quilibrada relación con el pacien- te, quien necesitado de ayuda
acudirá al sistema sanitario en infe- rioridad de condiciones.
Esta noción le evitará abusar de las circunstancias, en las cuales el res- peto debe prevalecer sobre cualquier otro tipo de interés distinto del ser- vicio a la humanidad.
Deberes de los colegiados (Estatutos generales de la OMC.
b) Estar al corriente en el pago de las cuotas colegiales, de los Patronatos y de Previsión Sanitaria Nacional o Mutual Médica de Cata- luña y Baleares, en su caso.
c) Llevar como la máxima lealtad las relaciones con el Colegio y con los otros colegiados, comunicando a aquél cualquier vejamen o atropello a un compañero en el ejercicio profesional de que tengan noticia.
d) Comunicar al Colegio los cargos que ocupen en relación con su profesión y especialidades que ejerzan con su título correspon- diente, a efectos de constancia en sus expedientes personales.
f) Solicitar del Colegio la debida autorización para cualquier anuncio relacionado con sus
actividades profesionales, que debe acomo-
darse a lo que señala el Código Deontológico, absteniéndose de publicarlo sin obtener la debida aprobación. Igualmente para la
publicación de noticias o actuaciones médicas a difundir por cualquier medio, observará
las prescripciones del Código Deontológico.
g) Cumplir cualquier requerimiento que les haga el colegio o el Consejo General, y específicamente prestar apoyo a las Comisiones a las que fueren incorporados.
h) Tramitar por conducto del Colegio Provincial correspondiente, que le dará curso con su preceptivo informe, toda petición o recla- mación que hayan de formular al Consejo General.
Prohibiciones de los colegiados (Estatutos generales de la OMC. Artículo 44)
a) Ofrecer la eficacia garantizada de procedimientos curativos o de medios personales que no hubiesen recibido la consagración de entidades científicas o profesionales médicos de reconocido prestigio.
b) Tolerar o encubrir a quien sin poseer el
título de médico trate de ejercer la profesión.
c) Emplear fórmulas, signos o lenguajes convencionales en sus recetas, así como utilizar éstas si llevan impresos nombre de prepara-
dos farmacéuticos, títulos de casas productoras o cualquier otra indicación que pueda
servir de anuncio.
d) Ponerse de acuerdo con cualquier otra ción profesional.
persona o entidad para lograr fines utilitarios que sean ilícitos o atentatorios a la correc-
f) Vender o administrar a los clientes, utilizando su condición de médico, drogas, hierbas medicinales, productos farmacéuticos o espe- cialidades propias.
h) Aceptar remuneraciones o beneficios directos o indirectos en cualquier forma, de las casas de medicamentos, utensilios de cura,
balnearios, sociedades de aguas minerales o medicinales, ópticas, etc., en concepto
de comisión, como propagandista o como
proveedor de clientes, o por otros motivos que no sean de trabajos encomendados de conformidad con las normas vigentes.
i) Emplear para el tratamiento de sus enfermos medios no controlados científicamente y diagnósticos y terapéuticos.
simular o fingir la aplicación de elementos
k) Ejercer la profesión en Colegio distinto
del de su colegiación, salvo razones de urgencia o cuando dicho ejercicio quede exclusiva-
mente limitado a prestar asistencia a quienes fueran sus parientes o cuando la permanencia en territorio de otro Colegio sea moti- vada por actos médicos con colegiados de dicho territorio que sólo exijan una permanencia accidental y transitoria en el punto
donde se realicen.
l) Desviar a los enfermos de las consultas
públicas de cualquier índole, hacia la consulta
particular, con fines interesados.
m) Permitir el uso de su clínica a personas alta en el Colegio de Médicos respectivo.
que, aun poseyendo el título de Licenciado o Doctor en Medicina, no hayan sido dados de
n) Ejercer la Medicina cuando se evidencien manifiestamente alteraciones orgánicas, psíquicas o hábitos tóxicos que le incapaciten para dicho ejercicio previo el reconocimiento médico pertinente.
No podemos obviar los deberes de los colegiados y las prohibiciones recogidas en los Estatutos Gene- rales de la Organización Médica Colegial de 1980 (Real Decreto 1018/1980, de 19 de mayo) (la reforma de los mismos en virtud del Real Decreto 757/2006, de 16 de junio, por el que se aprueban los Estatutos Generales del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, no ha supuesto modifica- do alguna) (tablas 7 y 8).
brantamiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en los Esta- tutos de los Colegios Profesionales.
(corporativa
La valoración de esta inobservancia, constitutiva de toda una gama de fal- tas disciplinarias corporativas (leves, menos graves, graves y muy graves) recogidas en los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial de 1980 (Real Decreto 1018/1980, de 19 de mayo) (la reforma de los mismos en virtud del Real Decreto
Al médico, en el ejercicio de su pro- fesión, puede exigírsele que respon- da (que asuma su responsabilidad) de las consecuencias derivadas de la inobservancia de los deberes y normas recogidos en el Código de Ética y Deontología Médica, así como del que-
757/2006, de 16 de junio, por el que se aprueban los Estatutos Genera- les del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, no ha supues- to modificado alguna) corresponde a la Comisión de Deontología del
Colegio Profesional concreto, reali- zándose su corrección a través del procedimiento normativo estableci- do en aquellos Estatutos, castigán- dose con sanciones administrativas que abarcan desde la simple amo-
nestación hasta la expulsión del Colegio, pasando por la suspensión del ejercicio profesional.
En las tablas 9, 10, 11 y 12 se reco- gen los diferentes comportamientos
Conducta (Art. 64.1)
a) El incumplimiento de las normas establecidas sobre documentación colegial, o que hayan de ser trami-
tadas por su
Sanción (Art. 65.2)
serán corregidas con la sanción de amonestación privada, que será impuesta por acuerdo
Se corregirán por el Presidente del Colegio (Artículo 67).
Conducta (Art. 64.2)
a) No corresponder a la solicitud de certificación o información en los términos éticos cuando ello no supon- ga un peligro para el enfermo.
Sanción (Art. 65.3)
de faltas menos graves se impondrá la sanción
de apercibimiento por oficio.
Conducta (Art. 64.3)
a) La indisciplina deliberadamente rebelde frente a los órganos de gobierno colegiales y, en general, la falta grave del respeto debido a aquéllos.
Los actos y omisiones que atenten a la moral, decoro, dignidad, prestigio y honorabilidad de la profe-
sión, o sean
contrarios al respeto debido a los colegiados.
Sanción (Art. 65.4)
La comisión de tiempo inferior
falta calificada de grave, se sancionará con la suspensión del ejercicio profesional por a un año.
Conducta (Art. 64.4)
dolosa del secreto profesional.
c) El atentado contra la dignidad de las personas con ocasión
Sanción (Art. 65.5)
La comisión de falta calificada como muy grave, se sancionará con suspensión del ejercicio profesional por
a un año e inferior a dos.
que considerándose vulnerantes de las obligaciones expuestas en el Código de Ética serán castigadas según lo dispuesto en los Estatutos.
Como vemos, todas estas faltas están relacionadas con bienes vulnerados tales como la sociedad, el paciente, el colegio o la propia dignidad pro- fesional, de manera que el incumpli- miento de los deberes de los colegi- dos recogidos en los Estatutos (artículo 43), la incursión en algu- na de las prohibiciones recogidas en los mismos (artículo 44) o la desa- tención de las normas del Código Deontológico que no esté especifi- cado en las categorías anteriores como falta disciplinaria, serán califi- cados por similitud a los incluidos en los números 1, 2, 3 y 4 del artículo 64.
La reiteración en la comisión de fal- tas muy graves será castigada con la sanción de expulsión del Colegio y llevará anexa la inhabilitación para incorporarse a cualquier otro mien- tras no sea expresamente autoriza- do por el Consejo General (artícu- lo 65.6).
expresión de la función garantista del Colegio frente al servicio médico pres- tado a la comunidad y de la dignidad del colectivo al que representa, según referimos inicialmente.
Las faltas prescriben al año de su comisión sin haberse incoado el expediente correspondiente, salvo que constituyeran delito, en cuyo supuesto tendrán el mismo plazo de prescripción que éste, si superara el año (artículo 66.2).
Si bien determinados sectores esti- man más que discutible el valor que jurídicamente tiene asignado este Órgano, la propia Constitución espa- ñola de 1978 en su artículo 36, la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, el Real Decre- to 1018/1980, de 19 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Médi- ca Colegial y del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y la jurisprudencia del Tribunal Consti- tucional, reconocen la legitimación pública del Código y la potestad san- cionadora del Colegio en la jurisdic- ción deontológico (poniendo espe- cial atención en su función social, pública y autorreguladora) desta- cando la sentencia 219/1989, de la Sala Primera, de 21 de diciembre, en
la que se da legitimidad a la nor- mativa deontológica, en razón de la delegación del Estado en los Cole- gios para controlar la conducta de sus colegiados; su interesante redac- ción justifica la trascripción de su parte más ilustrativa: «las normas de deontología profesional no constitu-
yen simples tratados de deberes mora- les. Muy al contrario, determinan obli- gaciones de necesario cumplimiento por los colegiados y responden a las potestades públicas que la Ley delega a favor de los Colegios para ordenar la actividad profesional, velando por la ética y la dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos
de los particulares»
«Tienen tam-
bién significado y contenido jurídico, en la medida en que constituyen una forma de lex artis codificada, un ele- mento de referencia al que los Tri-
bunales pueden y deben acudir cuan- do se trate de determinar extremos
concretos del alcance del deber de prestación a cargo del médico, cons- tituyendo un conjunto de cánones de conducta a los que es menester acu-
«no puede ningún colegiado
En el supuesto de faltas muy graves que afecten al interés general, se podrá dar publicidad en la prensa colegial (artículo 65.8). Ello como
que tiene una relación especial de sujeción con su Colegio profesional, invocar el hecho de que no estable- cen ningún tipo de deber porque son
simples aspiraciones de comporta-
«En la tradición
de los propios Colegios profesionales y en la tradición de la jurispruden- cia del Tribunal Supremo, las tras- gresiones de dichos deberes colegia- les han sido sancionadas, y en consecuencia las normas deontoló- gicas tienen valor de normas lega- les de obligado cumplimiento para los colegiados, sin que puedan ser in- vocadas como un simple marco de referencia moral».
Así, ha quedado reconocida el prin- cipio de legalidad y autorregulación corporativa de los Colegios junto con su función social pública, no con- siderada como una forma encubier- ta de un tribunal de honor, sino como el ejercicio legítimo de una responsabilidad (STC 93/92); des- tacándose que la adscripción a un Colegio profesional determina la asunción de unas relaciones de suje- ción especial que de algún modo limitan el ejercicio de otras liber- tades (STC 286/93).
La función de la Comisión de Deon- tología del Colegio de Médicos resul- ta innegable en cuanto a su función de salvaguarda de los principios colectivos del facultativo, depen- diendo en gran medida de su serie- dad y calidad, la reputación social y profesional del referido Colegio y, en definitiva, del grupo profesio- nal al que representa.
El artículo 36.4 del Código de Ética y Deontología Médica de 1999 mati- za el derecho de confidencialidad del colegiado respecto de estas cues- tiones («La Junta Directiva tiene el deber de preservar como secreta la información y la documentación rela- cionada con las cuestiones deonto- lógicas de sus colegiados»).
miento deseable»
No debemos confundir esta Comi- sión con el Comité de Ética Asis- tencial ni con el Comité de Ética y Ensayos Clínicos, dedicándose el pri- mero como grupo interdisciplinar, a la valoración de situaciones éti- camente conflictivas, elaborando normas profesionales (no vinculan- tes) para la institución o área a la que sirve, utilizando un gran núme- ro de disposiciones éticas y legales, siendo el segundo el encargado de establecer unas garantías sólidas (vinculantes) en cuanto al rigor de la metodología del estudio (sobre una base reguladora claramente defi- nida propia de este campo de la investigación), más que a sancionar su incumplimiento, lo cual podría ser realizado por la Comisión de Deontología del Colegio.
en la Ley de Enjuiciamiento Crimi- nal y sus sucesivas modificaciones, la figura del médico queda recogi- da de manera directa o indirecta en diferentes capítulos.
La función del facultativo como ele- mento fundamental en el auxilio a la Administración de Justicia, y las conductas penadas por la desaten- ción del requerimiento recibido a estos efectos, será analizado en otro capítulo de este curso, centrándo- nos ahora en la imputación al médi- co de conductas tipificadas como delitos o faltas.
Utilizando de nuevo, la estructura presentada en el Código de Ética y Deontología Médica relacionada con los derechos de los pacientes y usua- rios del Sistema Nacional de Salud, pasamos a exponer las circunstancias susceptibles de ser castigadas en esta jurisdicción, sin menoscabo de la responsabilidad de otra natura- leza civil, disciplinaria, deontoló- gica) a la que dieren lugar (tabla 13).
Dentro de nuestro ordenamiento penal, tanto en el Código Penal como
Denegación y abandono de asistencia sanitaria.
• Coacciones:
– Como delito. – Como falta.
• Falsificación de certificados.
• Infidelidad en la
1. Omisión del deber de socorro per-
«El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peli-
gro manifiesto y grave, cuando pudie-
re hacerlo sin riesgo propio ni de ter-
ceros, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses».
2. Omisión de petición de auxilio.
«En las mismas penas incurrirá, el que impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno».
«El profesional, que estando obliga-
do a ello, denegare asistencia sani- taria, o abandonare los servicios sani- tarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será casti- gado con las penas del artículo pre- cedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo
o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de 6 meses a 3 años».
El marco sancionador de este último
artículo, considerado como el tipo agravado de la omisión, en cuanto
a la cualificación profesional del
sujeto activo del delito, encuentra su justificación en la reprochabili- dad de este tipo de conductas de inhibición o abstención que aten- tan contra los derechos fundamen-
tales y los principios deontológi- cos más básicos en cuanto a sus deberes asistenciales.
La denegación de asistencia sani- taria no trata del deber de genéri- co socorro requerido por la solida- ridad humana, sino de uno más específico exigible al culpable obli- gado a prestar este servicio por su condición de profesional.
Clásica resulta la Sentencia del Tri- bunal Supremo (STS) de 9/12/81 en la que se estimó que cometía un delito de omisión del deber de soco- rro un médico Ginecólogo que encontrándose en servicio de guar- dia en un hospital, y siendo avisa- do del inminente parto de una mujer en su domicilio, se negó a despla- zarse hasta el mismo, alegando la prestación de la guardia y la políti- ca del centro que le prohibía aban- donar sus instalaciones durante la misma, no teniendo la precaución de solicitar que la paciente fuera traída al hospital. El médico fue condenado tras el fallecimiento del recién nacido.
Dándose así los dos requisitos exi- gidos en el tipo, la obligatoriedad de actuación y el riesgo grave deri- vado de su omisión.
En el caso de que este riesgo exis- tiere por la propia naturaleza de la enfermedad padecida, el hecho de su perduración sin intento o predis- posición de auxilio, a su vez gene- ra riesgo, potenciándose así la nece- sidad de castigo.
De ordinario y en función del daño provocado para la salud, la vida y la integridad física, no es de extra- ñar la concurrencia de un delito de lesiones o de homicidio cometido
por omisión (dejación de prestar la ayuda sanitaria que hubiere podi- do evitar el resultado fatal).
En cualquier caso, como delito de actividad o peligro que evidente- mente es, su consumación es plena con la simple provocación del gra- ve riesgo, sin necesidad de alcanzar el daño.
Coacciones como delito
«El que sin estar legítimamente auto- rizado, impidiere a otro con violen- cia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será cas- tigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años, o con multa de 6 a 24 meses, según la gravedad de la coacción y los medios empleados».
«Cuando la coacción ejercida tuvie- re por objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental, se le impon- drán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada más pena en otro precepto de este código».
Coacciones como falta
Artículo 620.2
«Serán castigados con la pena de multa de 10 a 20 días:
2. Los que causen a otro una ame- naza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve».
En verdad, las coacciones son un tipo penal difícilmente encuadrable en la práctica clínica reglada, dadas
las excepciones al derecho de con- sentimiento previo recogidas en la legislación sanitaria, en cuanto a razones de salud pública o peligro grave e inmediato para el propio paciente. La jurisprudencia del Tri- bunal Supremo castiga la falta de información necesaria en todo con- sentimiento (principalmente en lo tocante a los riesgos), siempre y cuando como consecuencia de la asistencia se provoque un daño al paciente, tal y como se recoge en su sentencia de 3/10/97: intervención quirúrgica de hipertrofia de prós- tata, sin firma de documento de con- sentimiento, complicada con falle- cimiento del enfermo.
Derecho a la información documental
Falsificación de documento público, oficial o mercantil
«1. Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabili- tación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus fun- ciones, cometa falsedad:
• Alterando un documento en algu- no de sus elementos o requisi- tos de carácter esencial.
• Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su auten- ticidad.
• Suponiendo en un acto la inter- vención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él decla-
raciones o manifestaciones dife- rentes de las que hubieran hecho.
• Faltando a la verdad en la narra- ción de los hechos».
«El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudi- car a otro, hiciere uso de un docu- mento falso de los comprendidos en el anterior, incurrirá en la pena infe- rior en grado a la señalada a los fal- sificadores».
A efectos del Código Penal se con- sidera documento, según su artícu- lo 26 «Todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones de eficacia probatoria, o cualquier otro tipo de eficacia jurí- dica», no debiendo, así, limitarnos al «formato papel» sino que se inclui- rían otros registros como serían los informáticos.
Los documentos públicos (Código Civil, artículos 1216 y 1218), son los autorizados por Notario o empleado público competente, de conformi- dad con las solemnidades requeri- das por la Ley.
Los documentos oficiales proceden de las Administraciones Públicas (Estado, Comunidad Autónoma, Pro- vincia o Municipio), encontrando entre ellos las recetas médicas de la seguridad social, MUFACE, MUGEJU, ISFAS, o los parte de baja-confir- mación-alta de incapacidad tempo- ral por continencias comunes o pro- fesionales.
Destacamos la STS de 18/11/98: fal- sedad como consecuencia de haber solicitado la inclusión de un inter-
no en el programa de metadona haciendo constar los datos de la ana- lítica de otro interno, solicitud a la que incorporó una fotocopia de dicha analítica en la que había sus- tituido los datos personales de los internos.
En relación con las recetas de me- dicamentos, tenemos la STS de 20/ 03/2001: incorporación a fórmulas magistrales de productos farmacéu- ticos inexistentes de alto coste; la de 7/11/2001: incentivo de un labo- ratorio farmacéutico a los médicos para incrementar la facturación de un determinado medicamento, con coautoría entre el delegado del labo- ratorio que consignaba los nombres y el médico, quien suscribía las rece- tas; o la de 3/09/2002: falsificación de recetas médicas de la Seguridad Social.
La condición de funcionario ha sido reconocida al médico destinado en instituciones públicas en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, tales como las de 15/11/73, 15/06/ 79 y 7/04/81; igualmente se le ha considerado Autoridad en las de 6/07/89, 26/04/90 y 22/04/92.
Para la ejecución del tipo, se exige que el médico actúe en el ejercicio de sus funciones, abusando de la potestad encomendada, incluyendo el acceso al documento concreto aprovechando las ventajas de su condición.
El daño provocado es irrelevante a estos efectos, bastando con la fal- sedad en sí misma.
Por último, en cuanto al artícu- lo 393, el término «en juicio» ha de entenderse en el sentido más amplio de «procedimiento judicial», es decir
incorporar al tráfico jurídico, como decíamos antes, el documento men- daz sabiendo que lo es.
«El facultativo que librare certifica- do falso, será castigado con multa de tres a doce meses».
«La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa será castigado con la pena de suspensión de seis meses a dos años».
«La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destru- yere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya cus- todia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses e inha- bilitación especial para empleo o car- go público por tiempo de tres a seis años».
«1. A la autoridad o funcionario público que, por razón de su cargo, tenga encomendada la custodia de documentos respecto de los que la autoridad competente haya restrin- gido el acceso, y que a sabiendas des- truya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción o inutilización, incu- rrirá en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses y, en cualquier
caso, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».
«2. El particular que destruyere o inutilizare los medios a que se refie- re el apartado anterior, será casti- gado con la pena de multa de seis a dieciocho meses».
«La autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo ante- rior, que a sabiendas y sin la debida autorización accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa de 6 a 12 meses, e inhabili- tación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años».
Se combinan necesariamente el dere- cho a la intimidad y la consignación por escrito o en otro soporte de la información obtenida a consecuen- cia de la prestación asistencial, sobre la cual también habrá de asegurar- se el cumplimiento de este deber de secreto.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 27/01/97, condena a un hospi- tal a indemnizar a un paciente con 5.000.000 de pesetas por daño moral por la revelación de datos privados de la historia, quien siendo ingre- sado para someterse a una interven- ción quirúrgica, informó al personal facultativo que padecía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sí- filis y hepatitis B, desapareciendo la historia clínica de la secretaría, accediendo a ella terceras personas desconocidas que, queriendo chan- tajearle, remitieron comunicaciones
anónimas al paciente y al director del establecimiento docente en el que estudian sus hijos revelando aspec- tos esenciales del historial.
La condena se fundamentó en «los daños y perjuicios experimentados por el actor como consecuencia de la falta de atención y cuidado en la guarda y custodia por los emplea- dos del centro hospitalario deman- dado de su historia clínica
«1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o de sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses».
«2. El profesional que con incum- plimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años, mul- ta de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de 2 a 6 años».
Destaca la Sentencia del Tribunal Supremo 574/2001, de 4 de abril en la que se condena a una médico resi- dente, quien siendo requerida para prestar sus servicios profesionales de asistencia neurológica a una per- sona a la que conocía por proceder ambas de la misma localidad, al acceder a su historial clínico advir- tió como antecedente quirúrgico la existencia de dos interrupciones legales del embarazo, circunstancia
ésta que fue manifestada a su madre, la que posteriormente en aquella localidad común lo comunicó a un familiar de la paciente.
«1. La autoridad o funcionario públi- co que revelare secretos o informa- ciones de los que tenga conocimien- to por razón de su cargo u oficio, y que no deban ser divulgados, incu- rrirá en la pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años».
«Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior, resultare grave daño para la causa pública o para ter- cero, la pena será de prisión de 1 a 3 años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 5 años».
«2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de pri- sión de 2 a 4 años, multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años».
Mención específica merece el tema del intrusismo profesional, también tratado en la Norma Deontológica, y tipificado en el artículo 403 del Código Penal:
«El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspon- diente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con
la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación nece- saria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en pose- sión de dicho título, se impondrá la pena de multa de tres a cinco meses.
Si el culpable, además, se atribuye- se públicamente la cualidad de pro- fesional amparada por el título refe- rido, se le impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años».
La consumación del delito exige la realización de actividades profesio- nales propias de la usurpada, encon- trando en la casuística conductas de todo tipo: un médico no especia- lista no puede dedicarse de mane- ra continua al diagnóstico y trata- miento de enfermedades incluidos en el cuadro de especialidades médicas (13/06/90); realizar actos propios de la condición de psicó- logo cuando sólo se posee un diplo- ma de asistencia a unos cursos ofi- cialmente no reconocidos (STS 15/ 10/92); protésico dental con títu- lo de cirujano dentista obtenido en una universidad hispanoamericana, no homologado (STS 29/09/99).
En el caso de recién licenciados no se estima este delito (STS 4/03/88:
cuando se han cursado estudios y se han superado los exámenes y las pruebas, necesarios todos ellos para la obtención de título que habilite
para la realización de actos propios de una determinada profesión, no se perpetra la infracción estudiada, aunque se ejerzan dichos actos antes de la expedición y la obtención del mentado título, al que se tiene dere- cho siquiera falte la materialidad de dicha expedición), habiéndose pro- nunciado la jurisprudencia del alto Tribunal en el mismo sentido en el supuesto del Médico Interno Resi- dente aunque realice actividades propias de la especialidad, dado que las mismas tienen lugar bajo la supervisión de su tutor.
Habiendo quedado expuestas las ínti- mas relaciones entre la Deontología Médica y el Derecho Penal, e inde- pendientemente de las penas que pudieren imponerse ante determina- das conductas que atentan contra las más básicas normas éticas, no debe- mos olvidar que es este aspecto uno de los elementos fundamentales de la tan nombrada relación médico- paciente, como presupuesto consti- tutivo del ambiente moral cuyo res- peto y observancia permitirán al facultativo evitar las conductas delic- tuosas referentes a los derechos del enfermo.
«Las buenas costumbres, son bienes
que jamás fallan[
adecuadamente dirigida es un soco- rro poderoso de la virtud».
Código de Ética y Deontología Médica (Comisión Central de Deontología, Derecho Médico y Visado de la Organiza- ción Medica Colegial) (10-IX-99) (Revisado a 18 de febrero de 2003).
Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo 1198/2005, de 3 de marzo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria (BOE 3 de mayo de 2005).
Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del SNS (BOE 16 de septiembre de 2006).
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (BOE de 22 de noviembre de 2003).
Gracia, Diego. La deliberación moral: el método de la ética clínica. Med Clin (Barc) 2001; 117: 18-23.
Real Decreto 757/2006, de 16 de junio, por el que se aprueban los Estatutos Generales del Consejo General de Cole- gios Oficiales de Médicos (BOE de 17 de junio de 2006).
Constitución española. 1978. Tecnos. 7.ª edición. 1995.
Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) (Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre). Colex. 10.ª edi- ción. Julio 2005.
En palabras del Magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, «existe un gran paralelismo entre la profesión de Juez, que cuida de la salud legal de las personas, como res- ponsable y garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos e institución que debe combatir las lacras que afectan al cuerpo social en general, y la profesión de Médico, que debe cuidar el cuerpo y la men- te de los pacientes», no resultando en absoluto extraño, infrecuente o desacostumbrado que el primero requiera la ayuda del segundo en la misión encomendada según las par- ticularidades de lo expuesto.
Partiendo de lo complicado y deli- cado que siempre resulta el trata- miento jurídico de casos relaciona- dos de manera directa o indirecta con la Medicina, el Juzgador buscará el asesoramiento de quien en virtud de su especial formación (conocimien-
tos científicos, artísticos, técnicos o prácticos) pueda ilustrarle sobre aquellos aspectos que desconoce y que resultan relevantes en el asun- to a tratar haciéndose necesaria la adquisición de certeza sobre ellos, siendo generalmente el médico foren- se el designado a estos efectos en su condición de funcionario al servicio de la Administración de Justicia, teniendo a su cargo, entre otras misiones, la evacuación de informes
y dictámenes que le sean solicitados
a través de los Institutos de Medici-
na Legal por los Juzgados, Tribu- nales, Fiscalías, oficinas del Regis- tro Civil y otros órganos de la Admi- nistración de Justicia, así como la asistencia técnica que le sea reque- rida por los mismos en las materias de su disciplina profesional y con sujeción a lo establecido en las leyes procesales.
(Real Decreto 296/1996, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses. Artículo 3).
A pesar de esta disponibilidad de
peritos forenses, en la sistemática diaria de los Juzgados, existen determinados sucesos con conse- cuencias dañinas sobre la salud, integridad física y psíquica o inclu- so la vida del ser humano (que requerirán la intervención judicial en cuanto a su repercusión jurídica, determinación de la responsabilidad del autor e imposición de la medi-
da penal o civil que fuere aplicable), en los cuales el inicial conocedor de aquéllos es efectivamente el médi- co asistencial, quien al atender a la víctima, antes incluso de que interponga la denuncia correspon- diente, se constituirá en el comu- nicador del evento lesivo al Juzga- do de guardia, a través de la documentación médica que le fue-
re remitida directa o indirectamen-
te a través del paciente o las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado (supuesto de los denomina- dos «juicios rápidos») que efectiva-
mente deberá emitirse en cumpli- miento de este especial derecho del paciente (y requisito indispensable de todo acto médico) según lo dis- puesto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de De- rechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. Los aspectos propios de los documentos médico-legales serán objeto de estudio en los temas co- rrespondientes.
Como se comprenderá fácilmente, es de nuevo la Atención Primaria el ámbito donde más frecuentemente se suscitan estas situaciones.
No termina aquí el catálogo de casos en los que el facultativo del centro médico puede ser requerido para prestar sus servicios profesionales a la Administración de Justicia, abar- cando aspectos tan desconocidos a priori como la atención a deteni- dos en dependencias no judiciales (comisarías) o la realización de estu- dios necrópsicos en situaciones real- mente excepcionales. Trataremos la sistemática de decisión en los capí- tulos siguientes.
Si bien estas actuaciones deben ser consideradas como una de las prin- cipales ayudas a la Administración de Justicia, debiendo reconocerse convenientemente esta misión fun- damental de los médicos, no pode- mos olvidar que la prestación de colaboración a los jueces en el cur- so de un procedimiento, es un deber recogido en el artículo 118 de nues- tra Constitución, alcanzando así la más alta cualificación jurídica, todo ello bajo la perspectiva de la nece- saria comunicación entre ambas Administraciones, que debe ser
fomentada y facilitada por quienes prestamos nuestros servicios en estos dos campos tan diferentes y
a la vez tan cercanos.
Actuación del médico como denunciante, testigo o perito
En las circunstancias referidas, el médico asistirá (auxiliará) al Juz-
gado, como consecuencia de la rela- ción establecida previamente con
la víctima a consecuencia del hecho
violento, bien como denunciante o bien como testigo o, sin haber cono- cido con anterioridad al paciente, por haber sido designado como perito.
a) A efectos judiciales, el denun- ciante, es la persona que comu- nica, de manera verbal o escri- ta, a la autoridad pertinente un hecho punible del cual ha teni- do conocimiento, aunque no lo haya presenciado personalmen- te o no le haya causado perjui- cio, no interviniendo, por lo tan- to, en el ulterior procedimiento judicial.
Es el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el que establece este deber de comuni- cación, siendo el 355 el referido específicamente a los médicos.
• Artículo 262: «aquéllos que por razón de su cargo, profe- sión u oficio, tuvieren noticia de algún delito público, esta- rán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, Tribunal competente, Juez de Instrucción y, en su defecto al municipal o funcio-
nario de policía más próximo al sitio, si se trataré de un deli- to flagrante».
• Artículo 355: «si el hecho cri- minal que motivare la forma- ción de una causa cualquiera, consistiere en lesiones, los médicos que asistieren al heri- do están obligados a dar par- te de su estado y su adelanto en los períodos que se les se- ñalen, e inmediatamente que ocurra cualquier novedad que merezca ser puesta en conoci- miento del Juez instructor».
El parte en cuestión no es otro
que el «parte judicial de lesio-
nes», que trataremos en su tema correspondiente, como docu- mento médico legal comple- mentario de la asistencia médi-
ca prestada, destacando ahora únicamente la omisión del deber de perseguir delitos tipificado en
el artículo 408 del Código Penal:
«la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su car- go, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».
b) En el ámbito legal, el testigo,
a diferencia de la concepción
habitualmente aceptada desde una perspectiva general y abs- tracta, no es la persona que ha presenciado por sí mismo un hecho enjuiciable, sino simple- mente la que da testimonio de
una cosa o la atestigua, es decir,
la que declara ante la Justicia.
En el campo de la Sanidad, el médico es testigo de la asisten- cia que ha realizado a la vícti- ma del suceso violento que requiere la intervención del Juz- gado, testificando sobre la re- lación diagnóstica-terapéutica establecida y sobre la prestación efectuada.
Se trata, por lo tanto, de un «tes- tigo cualificado» cuya actuación ante el Tribunal, siendo pregun- tado sobre los aspectos técnicos de su actuación, presenta lími- tes difusos con la pericial.
La citación para acudir al Juz- gado como testigo puede reali- zarse en dos momentos proce- dimentales distintos; durante la instrucción (investigación del delito; fase preparatoria) o en el momento de celebrarse el jui- cio oral (fase decisoria), siendo éste el supuesto más habitual, tras haber redactado un parte o informe como consecuencia del servicio médico realizado, cuya ratificación, ampliación y/o explicación se considera nece- saria.
c) Se adquiere la condición de peri- to, experto en una disciplina cuya aplicación al caso de que se trate resulta indispensable en su correcta resolución a efectos legales, cuando sin haber esta- blecido esta relación asistencial con el paciente, se le solicite por el Juzgado la evacuación de un dictamen sobre los extremos del procedimiento cuya especial naturaleza así lo requiera.
No debe confundirse esta fun- ción con la solicitud recibida para emitir un informe de ampliación
respecto del redactado previa-
mente con ocasión de una asis- tencia realizada, quedando su evacuación encuadrada dentro del derecho del paciente a la información escrita a pesar de lo particular de su petición de ori- gen (judicial).
Centrándonos en la jurisdicción penal que, como ya hemos explica- do, es la que más frecuentemente determina la colaboración del médi- co de Atención Primaria en Juzga- dos y Tribunales, las principales características del testigo y del peri- to son las relativas a los aspectos de su nombramiento (citación-desig- nación), obligación de asistencia, posibilidad de abstención (causas de recusación), deber de secreto pro- fesional y abono de gastos-hono- rarios, según la Ley de Enjuicia- miento Criminal (LECrim.) (tabla 1).
Sin olvidar lógicamente la concep- ción deontológica de estas especia- les condiciones profesionales, con- siderada en el capítulo siguiente.
averiguación del delito y del delin- cuente (LECrim. Artículo 421).
En un intento de no provocar incon- venientes laborales al testigo, deri- vados de su desplazamiento hasta el Juzgado, si se diera el caso de que ejerciera funciones públicas, se dará aviso, al mismo tiempo que se prac- tica la citación, al superior inme- diato para que le nombre sustituto durante su ausencia, si lo exigiese el interés o la seguridad pública (LECrim. Artículo 425).
Es el artículo 175 de la misma Ley el que nos indica el modelo utilizado por los Juzgados en sus citaciones, destacando del mismo la adverten- cia contenida en relación al incum- plimiento del ordenado, en cuanto
la multa impuesta ante la no con-
currencia al primer llamamiento, y en cuanto a ser procesado como reo de un delito de denegación de auxi- lio en el segundo requerimiento (Código Penal. Título XIX. Delitos contra la Administración Pública. Capítulo III. De la desobediencia y denegación de auxilio).
La citación del médico como testi- go se realizará cuando el Juez de Instrucción le haga concurrir a su presencia, en virtud de poseer datos convenientes para la comprobación
El nombramiento del perito estará indicado cuando para conocer o apreciar algún hecho o circunstan- cia importante del caso fuesen nece- sarios o convenientes conocimien-
Citación: 421, 425, 175
Nombramiento: 456, 460, 461, 475 Titulación: 457, 458 Medios: 485
Abstención (recusación)
Dispensación: 416
416, 417.2, 445
Gastos (honorarios)
tos científicos o artísticos (LECrim. Artículo 456), realizándose median- te oficio escrito remitido por correo (LECrim. Artículo 460), si bien si se tratará de una necesidad urgente podrá hacerse el llamamiento ver- balmente de orden del Juez (LECrim. Artículo 461). En cualquiera de los dos casos, se indicará clara y deter- minadamente el objeto de su infor- me (LECrim. Artículo 475).
El requerimiento puede proceder bien de la Autoridad judicial bien del Ministerio Fiscal (Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judi- cial, artículo 507) (Ley de Enjuicia- miento Criminal, artículos 346, 348, 456 y 458) (Reglamento Orgánico del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, artículo 30.2).
Los peritos pueden ser o no titula- res, según tengan título oficial de
una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la Administración,
o bien careciendo de título oficial, posean, sin embargo, conocimientos
o prácticas especiales en alguna
ciencia o arte (LECrim. Artículo 457), teniendo preferencia los primeros frente a los segundos en cuanto a su designación judicial (LECrim. Ar- tículo 458).
El Juez facilitará a los peritos los medios materiales necesarios para practicar la diligencia que les enco- miende (LECrim. Artículo 485).
El deber de actuar como testigo, afectará a todos quienes residan en el territorio español, tanto nacio- nales como extranjeros, que no estén impedidos (LECrim. Artículo 410); pronunciándose en el mismo senti- do la Constitución española en su artículo 118: «es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones
firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración reque- rida por éstos en el curso del proce- so y en la ejecución de lo resuelto».
Quedan únicamente dispensados de la obligación de declarar los parien- tes del procesado y su abogado (LECrim. Artículo 416), no pudien- do tampoco ser obligados a testifi- car los eclesiásticos sobre hechos que les fueran revelados en el ejer- cicio de las funciones de su minis- terio, ni los funcionarios públicos civiles y militares de cualquier cla- se que sean, cuando no pudieren hacerlo sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuvieren obli- gados a guardar (LECrim. Artícu- lo 417), circunstancia que de entra- da no sería aplicable al médico, dado que su condición de testigo la ha adquirido por la denuncia de un deli- to, según lo ya explicado, no entran- do este tipo de hechos dentro del derecho de confidencialidad del paciente.
En cualquier caso, si la declaración solicitada abarcara otros datos sani- tarios que excedieran del contenido del parte de lesiones y que fueran considerados objeto de secreto, pudiere resultar indicado solicitar al Juez la dispensa específica de esta obligación de sigilo antes de con- testar a las preguntas realizadas.
En este sentido debe tenerse en cuenta que no se consignarán en autos las manifestaciones de los tes- tigos que el Juez estimase mani- fiestamente inconducentes para la comprobación de los hechos obje- to de estudio (LECrim. Artículo 445), lo cual junto con la austeridad en la respuesta solucionaría el problema moral planteado.
El artículo 420 nos indica las con-
secuencias de incumplir con este mandato judicial, de manera que el que no concurriere al primer llama- miento judicial o se resistiere a declarar lo que supiere acerca de lo que le fuera preguntado, incurrirá en multa, y si persistiere en su resis- tencia será conducido en el primer caso a la presencia del Juez y pro- cesado por un delito de denegación de auxilio, y en el segundo caso será también procesado por el de deso- bediencia grave a la Autoridad. Como vemos, las consecuencias de una rebeldía muchas veces no del todo justificada pueden ser mucho más desagradables que el hecho de acu- dir al juicio y someterse a las cues- tiones planteadas por los Jueces, Fiscales y Abogados.
En cuanto a la misión como perito, nadie podrá negarse a acudir al lla- mamiento del Juez para desempe- ñar este servicio si no está legíti- mamente impedido, en cuyo caso, deberá ponerlo en conocimiento de aquél en el acto de recibir nombra- miento, para que se provea lo que haya lugar (LECrim. Artículo 462).
Si se desatendiera este requeri- miento, sin causa justificada, o bien
si el médico se negase a evacuar el
informe interesado, se incurrirá en las responsabilidades señaladas para testigos en el artículo 420 (LECrim. Artículo 463).
El facultativo designado debe cono-
cer que no podrá prestar informe pericial si él mismo estuviese in- cluido en alguno de los supuestos
del artículo 416 en relación a las personas que no estén obligadas
a declarar como testigos (LECrim
Artículo 464). Esto resulta lógico teniendo en cuenta que es la impar-
cialidad en el dictamen una de las bases de esta prueba.
Buscando igualmente garantizar la
objetividad, se consideran como causas de recusación de los peritos:
el parentesco de consanguinidad
o afinidad dentro del cuarto grado
con el querellante o con el reo, el
interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante y la amistad o enemistad manifiesta (LECrim. Artículo 468).
Será castigado con pena de multa,
a no ser que el hecho diere lugar a
responsabilidad criminal, el supues- to de que el perito emita su infor- me, hallándose comprendido en alguno de los casos del artículo 464, sin poner antes esta circunstancia en conocimiento del Juez que le hubiese nombrado.
Bajo la óptica deontológica, no se considera compatible peritar a un paciente a quien se ha atendido clí- nicamente, no confundiéndolo con la ampliación de dictámenes diag- nósticos y terapéuticos ya emitidos, según hemos indicado anterior- mente.
El deber de secreto no se plantea en las periciales en virtud de su espe- cial función de ilustrar al Juzgador, circunstancia ésta de la que debe informarse al sujeto de estudio, quien podrá limitar los datos apor- tados como estime oportuno, de- biendo recíprocamente ceñirse el médico a informar sobre lo solicita- do por el Juzgado, con la excepción hecha al conocimiento durante el estudio de la comisión de un delito por el paciente, en cumplimiento del deber general de denunciar este tipo de sucesos, sin que el facultativo quede eximido por razón de secreto
profesional (Código de Ética y Deon- tología Médica de 1999. Artículo 41.2: «El médico perito debe comu- nicar previamente al interesado el título en virtud del cual actúa, la misión que le ha sido encargada y por quién. Si el paciente se negara a ser examinado, el médico renunciará a hacerlo y se limitará a poner tal extre- mo en conocimiento del mandante»).
Para concluir este aspecto, en rela- ción al incumplimiento de los debe- res de acudir a juicio, bien como tes- tigo, bien como perito, recogemos el artículo 463.1 del Código Penal en cuanto al delito de obstrucción
a la justicia: «el que, citado en legal forma, dejare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un Juzgado o Tribunal en proceso cri- minal con reo en prisión provisio- nal, provocando la suspensión del jui- cio oral, será castigado con la pena
arresto de doce a dieciocho fines
semana y multa de seis a nueve
meses. En la pena de multa de seis
a nueve meses incurrirá el que,
habiendo sido advertido lo hiciere por
segunda vez en causa criminal sin reo
en prisión, haya provocado o no la
suspensión».
La indemnización al testigo por los gastos de viaje y salario perdido con motivo de su comparecencia a de- clarar, es un derecho recogido en el artículo 722 de la LECrim.

References: resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 Real Decreto 
 resolución 
 Artículo 44
 Real Decreto 
 Real Decreto

 artículo 64
 artículo 36
 artículo 36

Artículo 620
 artículo 403

Real Decreto 

Real Decreto 
 Artículo 3
 artículo 118
 artículo 262
 Artículo 262
 Artículo 355
 artículo 408
 resolución 
 Artículo 421
 Artículo 425
 artículo 175
 Artículo 456
 Artículo 460
 Artículo 461
 Artículo 475
 artículo 507
 artículo 30
 Artículo 457
 Artículo 485
 Artículo 410
 artículo 118
 Artículo 416
 Artículo 445
 artículo 420
 Artículo 462
 artículo 420
 Artículo 463
 artículo 416

Artículo 464
 Artículo 468
 artículo 464
 Artículo 41
 artículo 463
 artículo 722