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Timestamp: 2019-08-18 09:21:59+00:00

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﻿ SENTENCIA 4051 DE AGOSTO 17 DE 2006
SENTENCIA 4051 DE 17 DE AGOSTO DE 2006
CONTENIDO:FALSEDAD DE LOS REGISTROS ELECTORALES. LA EXISTENCIA DE UN ELEMENTO FALSO NO CONDUCE POR SI MISMO A LA NULIDAD DE LAS ACTAS DE ESCRUTINIOS, PUES ELLO SE PRESENTA SÓLO CUANDO LA OCULTACIÓN DE LA VERDAD SEA DE TAL MAGNITUD QUE SEA CAPAZ DE ALTERAR LOS RESULTADOS ELECTORALES, PUES, DE LO CONTRARIO, LA FALSEDAD ES INOCUA Y NO GENERA ANULACIÓN DE LAS ELECCIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:NULIDAD ELECTORAL, ACTA DE ESCRUTINIO, NULIDAD DE LA ELECCIÓN DEL ALCALDE, ELECCIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL, FALSIFICACIÓN DEL ACTA DE ESCRUTINIO
Sentencia 4051 de agosto 17 de 2006
Radicación 230012331000200400903 01
Expediente 4051
Actor: Raúl Enrique Soto González y otro
De conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 231 del Código Contencioso Administrativo, esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Córdoba.
A pesar de las imprecisiones en que incurre la demanda presentada por el señor Raúl Enrique Soto González, en este caso se pretende la nulidad del acto que declaró la elección del señor Carlos Manuel Rodríguez Montoya como alcalde del municipio de Chimá para el período comprendido entre el 1º de noviembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, contenido en el acta parcial del escrutinio de los votos para alcalde, formulario E-26 AG, suscrito por la comisión escrutadora municipal el 5 de octubre de 2004, como resultado de los escrutinios de la jornada electoral que tuvo lugar el 3 de octubre de ese año. Copia hábil de ese acto administrativo fue aportada al expediente por los demandantes de cada proceso (fl. 22, exp. 903, y fl. 44, exp. 1006).
Según lo consignado en las demandas acumuladas, dicho acto de declaratoria de elección debe anularse por razón de diferentes irregularidades ocurridas en la jornada electoral en cuestión.
El tribunal, mediante el fallo apelado, denegó la nulidad solicitada luego de concluir que el número de irregularidades demostradas no resultaba trascendente o de relevancia frente al resultado electoral obtenido y, que, por tanto, en aplicación del principio de eficacia del voto, su ocurrencia no constituía motivo suficiente para disponer la nulidad de la elección acusada.
El demandante Francisco de Jesús Banda Banda interpuso recurso de apelación contra la decisión del tribunal, pero omitió señalar los motivos de inconformidad contra la misma.
Así las cosas, corresponde a la Sala pronunciarse sobre algunas cuestiones procesales previas, a fin de determinar los extremos del debate sobre los cuales le compete resolver en la segunda instancia.
Primera cuestión procesal previa. De la sustentación del recurso de apelación en los procesos electorales
Ha sido criterio reiterado de esta Sala que en los procesos electorales no es exigible la sustentación del recurso de apelación que se interponga contra las sentencias que se dicten en primera instancia.
Así se desprende del hecho de que en el proceso electoral no existe norma en ese sentido, ni una oportunidad para declarar desierto el recurso de apelación, en los términos del artículo 212 inciso segundo del Código Contencioso Administrativo, aplicable al proceso ordinario (tít. XXIV de ese estatuto procesal).
De esta forma, en atención a lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en este caso por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, debe entenderse que cuando el recurso de apelación no se sustente de modo expreso, el mismo se entenderá interpuesto en lo desfavorable al apelante.
Y, comoquiera que en este caso el recurso lo interpuso uno de los demandantes, la Sala se limitará a la revisión de las consideraciones del tribunal que, respecto de la demanda por él presentada, coadyuvada por el señor Miguel Banda Negret, resultaron desfavorables.
Segunda cuestión procesal previa. De los límites de la coadyuvancia
Ocurre que, según se indicó en los antecedentes de esta providencia, la demanda formulada por el señor Francisco de Jesús Banda Banda fue coadyuvada por el señor Miguel Banda Negret para agregar 36 casos de trashumancia ocurridos, según él, en los comicios que culminaron con la expedición del acto de declaratoria de elección acusado y que son diferentes a los inicialmente denunciados por el demandante.
Al respecto, la Sala considera que la intervención adhesiva del señor Banda Negret Jaime no podía superar los estrictos términos fácticos de los cargos planteados en la demanda que dijo coadyuvar, al punto de pretender agregar a estos nuevos y diferentes reparos de legalidad, apoyado en supuestos fácticos y jurídicos claramente ajenos a los señalados en la demanda.
En cuanto a lo primero se recuerda que los numerales 3º y 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo exigen de la demanda que se dirija contra un acto administrativo, la indicación precisa de los hechos u omisiones que sirvan de fundamento a la acción, lo mismo que las normas superiores que se consideran infringidas y el concepto de su violación. Ese requisito formal señala al juez el marco del litigio que le corresponde resolver, en punto a los supuestos de hecho y de derecho que le servirán de referente para el control de legalidad del acto administrativo demandado, de modo que esa confrontación esté delimitada por dicho marco de juzgamiento. En otras palabras, al pretender la nulidad de un acto administrativo es necesario que el demandante indique los hechos u omisiones de los cuales deriva la violación del ordenamiento jurídico y cite las normas jurídicas que estima vulneradas, pues unos y otras no solo sirven de fundamento de su pretensión, sino que demarcan la decisión que le corresponde adoptar al juez, en cuanto que el control de legalidad se limita al análisis de tales fundamentos.
Finalmente, como resultado de lo dicho en precedencia, se tiene que si la determinación del marco del litigio por la parte demandante, está reservada a la demanda y a su corrección, los cargos que se formulen en oportunidad diferente por esa parte o por los coadyuvantes no podrán analizarse. De lo contrario se afectaría el derecho de defensa del demandado, quien no conoció de los nuevos cargos en la oportunidad debida.
De manera que, por las razones anteriormente anotadas no resultan aceptables y, por tanto, no serán objeto de análisis, los 36 nuevos casos de trashumancia alegados por el coadyuvante Miguel Banda Negret, en cuanto exceden el marco fáctico de la demanda cuyas pretensiones dijo prohijar.
Precisado lo anterior, corresponde a la Sala el análisis de cada uno de las irregularidades que, según planteamiento del apelante en la demanda correspondiente, tuvieron lugar en la jornada electoral que culminó con la expedición del acto de declaratoria de elección acusado.
Al respecto, conviene anotar que varios de los cargos planteados en la demanda del señor Banda Banda plantean la existencia de falsedades en algunos documentos electorales que lograron, según él, alterar el resultado electoral.
Por tanto, antes de analizar cada una de las incongruencias señaladas por el impugnante en su demanda, la Sala considera necesario hacer algunas precisiones generales en torno a la causal de nulidad del acto de elección por falsedad de los registros electorales.
Ocurre que la falsedad o adulteración de determinados documentos electorales puede afectar la veracidad de las actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras y, por esa vía, puede originar la nulidad de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, en tanto que podrían ocultarse votos válidos o podrían registrarse votos inexistentes.
En relación con la hermenéutica del inciso segundo del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo y, específicamente, en cuanto al entendimiento del concepto de falsedad de los registros y elementos que hayan servido para la formación de un acta de escrutinio, la jurisprudencia de la sección (1) sostuvo que se configura cuando se presenta una alteración del resultado como consecuencia de una intención dañosa en hacer aparecer un dato que no es verdadero. Por lo tanto, la diferencia entre un elemento falso y un apócrifo radica en que “en la falsedad hay esencialmente la intención de engañar, supone una intención dolosa, tendiente a causar un perjuicio que para el caso se traduce en el desconocimiento de la voluntad de los electores, mientras que en lo apócrifo no la hay” (2) .
Sin embargo, esa posición ha sido modificada por la sección (3) y se explica en los siguientes términos (4) :
“Conviene puntualizar alrededor de este criterio hasta ahora intocable para la sección, que apócrifo o falso en este caso tienen el mismo sentido, puesto que los vocablos coinciden con las maquinaciones que deforman la verdad electoral, de modo que el número de votos depositados termina siendo mentiroso siempre en favor de unos y en desmedro de otros candidatos. Es indiferente dentro del proceso electoral que resalte la conducta dolosa, aunque es de suponerla, puesto que se trata de un elemento del delito de falsedad que corresponde investigar y sancionar a la jurisdicción penal.
A continuación, se analizan las irregularidades que, en criterio del actor, permiten concluir en la falsedad de determinados registros electorales con la entidad suficiente para generar la nulidad de la elección acusada.
De la falsedad de los registros electorales por la votación de personas no incluidas en el censo electoral
Plantea la demanda presentada por el impugnante que en los comicios en cuestión se permitió el sufragio de personas que no hacían parte del censo electoral del municipio de Chimá.
El cargo, así planteado, fue desestimado por el tribunal luego de considerar que “al hacerse un cotejo entre el censo electoral que obra en el expediente en medio magnético (fl. 209) con los formularios E-11 a folios (89 y ss.), se constató que todos los cupos numéricos de las personas que votaron en las mesas indicadas en el acápite de pretensiones de la demanda, figuran en el censo electoral de Chimá, circunstancia que deja sin bases la acusación sub examine”.
De manera que correspondería a esta instancia la revisión del análisis probatorio del a quo que le permitió concluir en la falta de demostración del cargo que se analiza. Sin embargo, la Sala encuentra una razón diferente para llegar a esa conclusión, la cual supera cualquier debate en relación con las consideraciones probatorias de la primera instancia y, en ese sentido, se convierte en razón suficiente para la confirmación de la decisión apelada en lo que atañe a esa censura.
Se trata, como lo anota el apoderado de la defensa, de la imprecisión de los fundamentos de hecho del cargo formulado, pues si bien en las pretensiones de la demanda presentada por el señor Francisco de Jesús Banda Banda, este indicó las mesas de votación en las que, según él, se presentó la irregularidad consistente en el sufragio de personas no inscritas en el censo electoral del municipio de Chimá, ocurre que en capítulo alguno de la demanda o de su corrección aparece la precisión sobre supuestos fácticos necesarios para el examen probatorio de esa irregularidad. En otras palabras, la demanda se limitó a señalar la irregularidad, sin hacer ninguna precisión que permitiera verificar su ocurrencia.
Ciertamente, la Sala advierte que el demandante no indicó el nombre de los ciudadanos o el número de las cédulas que asegura corresponde a las personas que, a pesar de no estar incluidos en el censo electoral del municipio de Chimá, sufragaron en la jornada electoral del 3 de octubre de 2004 llevada a cabo en esa localidad. Tampoco señaló la mesa de votación en que cada una de tales personas efectivamente depositó su voto.
Conviene aclarar que la etapa probatoria del debate en sede jurisdiccional no puede concebirse como la oportunidad para que, con sus resultados, se entienda satisfecha la exigencia procesal en cabeza del demandante de precisar los hechos que le sirven de fundamento a los cargos que formula para impugnar la legalidad de un acto administrativo. Ello es así porque la actividad y conclusiones que puedan lograrse en esa etapa, no puede, en ningún caso, relevar al demandante de su carga procesal de efectuar en la demanda un señalamiento concreto del hecho constitutivo de la causal de nulidad electoral que invoca. Y es en la demanda, en consideración a que en ella se fija el marco del litigio a resolver, determinante de la actividad decisoria del juez y de la probatoria que incumbe a las partes, con las consecuencias que para el ejercicio del derecho de defensa ello conlleva.
De manera que, en esta oportunidad, la Sala reitera que los demandantes no pueden limitarse a plantear hechos genéricos, abstractos, es decir sin precisión en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo la consideración de que el juez en el curso del proceso debe establecerlos de manara concreta, así tenga que realizar una investigación que cubra el proceso electoral realizado en toda o parte de la respectiva circunscripción electoral. El proceso electoral no se puede utilizar para descubrir, mediante investigación, hechos irregulares ocurridos con motivo de determinadas elecciones o nombramientos, sino para corroborar, comprobar que efectivamente los ya descubiertos, concretos y determinados por el demandante tuvieron ocurrencia.
En esta forma, es del caso despachar desfavorablemente el cargo y, por tanto, en ese aspecto de la decisión impugnada, la misma será confirmada.
De la falsedad de los registros electorales por la suplantación de algunos electores
El impugnante Francisco de Jesús Banda Banda sostiene la ocurrencia de 40 casos de suplantación, entendida esa irregularidad, según plantea, como la falta de correspondencia que advirtió entre el nombre registrado en el formulario E-11 y el nombre del titular de la cédula preimpresa de ese formulario frente a la cual se anotó.
Al respecto, el tribunal encontró probados solo 6 casos de suplantación.
Así las cosas, corresponde a esta Sala revisar la conclusión probatoria del tribunal. No obstante, antes de esa labor de verificación son pertinentes unas consideraciones generales sobre el cargo.
El fraude electoral denominado suplantación de electorales se enmarca, como bien lo plantea el impugnante en su correspondiente demanda, en la causal de nulidad de las actas de escrutinio señalada en el artículo 223, numeral 2º, del Código Contencioso Administrativo.
La falta de concordancia entre el nombre del ciudadano que aparece registrado en el formulario E-11 o lista y registro de votantes y el nombre del titular de la cédula de ciudadanía, puede presentarse por varias hipótesis.
No obstante, debe precisarse que la existencia de un elemento falso no conduce por si mismo a la nulidad de las actas de escrutinio, pues la causal objeto de estudio busca proteger el verdadero resultado electoral y con él pretende preservar la eficacia del voto válido. Por esta razón, la falsedad generadora de nulidad de un acta de escrutinio será solamente aquella que cambie el resultado electoral, puesto que, tal y como lo ha expresado esta Sala (6) , la falsedad que no tiene la magnitud de cambiar o modificar el resultado electoral es intrascendente, en tanto que no interfiere en la verdadera voluntad popular. Así las cosas, si se prueba la existencia de irregularidades que cambian o modifican el resultado electoral, debe declararse la nulidad de las actas de escrutinio correspondientes.
A continuación, la Sala procede a revisar las conclusiones probatorias de la primera instancia que resultan desfavorables al impugnante, en lo que a cada una de las irregularidades formuladas como sustento de este cargo se refiere.
Para mayor claridad en la exposición, en el siguiente cuadro se presenta una relación de cada una de tales conclusiones probatorias de la primera instancia que, a continuación, serán objeto de pronunciamiento por esta Sala:
Cargos formulados Consideración a quo
Nº Mesa Cédula Nombre E-11 Nombre censo
1 00-00-2 10.937.939 Udisner José Capachero Ortega Fredys Manuel Capachero Suplantación demostrada
2 00-00-2 11.075.115 Luis Alberto García Manjares(sic) Emiro Enrique Lombana Manjarrez Mero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 11.075.175
3 00-00-2 11.075.175 Emiro Enrique Lombana Manjarrez Luis Alberto García Manjarrez Mero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 11.075.115
4 00-00-2 11.075.507 Domingo Ruíz Vanegas Gustavo Luis Muñoz Madera No hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
5 00-00-3 11.075.768 Ricardo Salgado Ruíz Domingo del Cristo Ruíz Vanegas No hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
6 00-00-3 11.076.629 Manuel Novoa Talaigua Edinson Manuel Rosario Talaigua Mero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 11.076.626
7 00-00-4 11.077.426 José Cuadrado Hoyos Margelio Enrique Quiroz Gaspar No hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
8 00-00-4 11.077.780 José María Conde Hoyos Yanilso Rafael Bello Rico No hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
9 00-00-6 19.180.063 Emilio Solano C. Emilio Ospino Carvajal No hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
10 00-00-8 25.887.194 Lucía del C. Montoya Manjarrez Lucía del Socorro Noriega Manjarrez No hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo.
11 00-00-8 11.078.034 Leandro Alberto Lemus Muñoz Francisco Javier Sabaja Pacheco No hay incongruencia. El nombre del censo corresponde al anotado y no al que afirma la demanda
12 00-00-9 25.889.903 Diana Vanegas Espitia Miladis del C. Paternita(sic) Polo Mero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 25.888.903
13 00-00-11 25.980.582 Martha Cecilia Peña Novoa Yudis María Sandoval Blanco La cédula no está incluida en el formulario E-11
14 00-00-13 78.714.652 Nilson de Jesús Pérez Zabaleta Yudis Alfonso Miguel Martínez No hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo, en este caso, Abel José Villadiego Aguilar
15 99-03-1 2.791.788 Jorge Acosta Vanegas Jorge Enrique Hidalgo Muñoz No hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo.
16 99-03-1 15.585.097 Roger Borja García Hugo Alberto Borja García Suplantación demostrada
17 99-03-1 25.886.696 Lorena Fabra de García Julia Lucía Amador de Ortiz No hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo, en este caso, Gladis Villadiego
18 99-03-1 11.075 932 Luis García Miranda Plutarco Andrés Beltrán Altamiranda No se registró nombre alguno.
19 99-05-1 2.793.171 Vitelio Ramiro Almanza Muñoz Arístides José Sarmiento Coronado Mero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 2.793.177
20 99-05-2 34.820.113 María Salgado Cantero Emérita Julia Bertel Bohórquez Mero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 34.820.013
21 99-05-2 34.820.156 Lourdes Sánchez Galeano Bernarda de Lourdes Cogollo Alciria Mero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 34.820.165
22 99-05-2 34.820.165 Bernardo Cogollo Alciria Lourdes de las M. Sánchez Galeano Mero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 34.820.156
23 99-05-2 34.820.263 Carmen Argel Luna Enith del Carmen Villarreal Salgado Mero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 34.820.163
24 99-05-2 50.851.192 María Petro Rubio Gladis Yadith Cavadía Guevara La cédula no está incluida en el formulario E-11
25 99-09-1 1.554.223 Elías José Luna Feria José Rosario Martínez Burgos Mero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 1.554.123
26 99-09-1 1.554.123 José Martínez Burgos Elías José Luna Feria Mero erro de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 1.554.223
27 99-09-1 2.792.316 Julio Ramiro Guerra Biat Benjamín Vargas Romero No hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
28 99-09-1 2.792.406 Jorge David Paternina Pinto Pedro Emiro Paternina Pinto No hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
29 99-09-2 25.897.242 Martha Estrada Romero Rosa María Falón Martínez Suplantación demostrada
30 99-09-2 15.026.964 Fernando C. Cogollo Serna Juan del Cristo Sierra No hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo.
31 99-09-2 25.872.407 Griselda Ayola Ortega Emma Isabel Alean González La cédula no está incluida en el formulario E-11
32 99-09-2 25.887.952 Ana María Kenia Romero Ana María Tuirán Rivero No hay incongruencia entre nombres. Se anotó el nombre del censo
33 99-09-2 25.880.179 Luz P. Moreno Hernández Ángela Benita Gaviria Macea No se registró nombre alguno
34 99-09-2 25.880.315 Ángela Quinta Arrieta Ninfa del Carmen Pineda Romero La cédula no está incluida en el formulario E-11
35 99-09-3 78.729.684 Benjamín Fuentes García Donaldo Antonio Pascasio Ortega La cédula no está incluida en el formulario E-11
36 99-13-1 25.900.186 Netis del Carmen Montes Rozo Martha Beatriz Ortega Contreras Suplantación demostrada
37 99-30-1 2.793.335 Jaime Manuel Guillén Torres Luis Miguel Sarmiento Borja No hay incongruencia. Se anotó el nombre del censo
38 99-30-1 3.641.316 Lino Justiniano Mejía Navarro Manuel Antonio Garavito González Mero error de ubicación del nombre registrado. Debió anotarse frente a 3.941.640
39 99-30-1 15.005.098 Alfonso Mestra Ramos Blas José Martínez Ayala Suplantación demostrada
40 99-30-1 150.26.998 Fernán Darío Ramos Madrid Eleandro Oquendo Correa Suplantación demostrada
a) Sobre los casos de suplantación demostrados en primera instancia (casos números 1, 16, 29, 36, 39 y 40):
En relación con las irregularidades que, según el tribunal, constituyen casos de suplantación, no es posible revisión alguna en esta oportunidad, comoquiera que tales conclusiones probatorias de la primera instancia no son de aquellas susceptibles de examen por esta Sala. En efecto, según se precisó en las cuestiones previas al estudio de fondo de esta providencia, el análisis de lo considerado por el a quo solo es posible en los aspectos desfavorables a los intereses del apelante. En esta forma, debe estarse a lo considerado en la primera instancia respecto de las irregularidades identificadas en el cuadro anterior con los números 1, 16, 29, 36, 39 y 40.
b) Sobre los errores de ubicación de nombres advertidos por el tribunal (casos números 2, 3, 6, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 38):
Aparecen incongruencias que, según el tribunal, no constituyen suplantación electoral, sino un mero error de ubicación en que incurrieron los jurados de votación al anotar en el formulario E-11 el nombre del sufragante, habilitado para votar en la respectiva mesa.
Al respecto, la Sala advierte que, efectivamente, se presentaron casos en que ocurrió ese fenómeno, consistente en que en el formulario E-11 respectivo el nombre del sufragante se anotó, por error, frente a una cédula a la cual no correspondía, pero sin que ello implicara fraude alguno.
Lo anterior, por cuanto en cada uno de esos eventos se pudo constatar la presencia simultánea de dos hechos que eliminan la falsedad que pudiera derivarse de la incongruencia advertida. De un lado, que el nombre registrado no es inventado, sino que corresponde, según el censo electoral, al titular de una cédula igualmente habilitada para votar en la misma mesa. Y, de otro, que la incongruencia advertida no implicó el registro por más de una vez de un único voto, pues frente a la cédula que sí identifica al ciudadano cuyo nombre fue registrado indebidamente no aparece registrado ese nombre, esto es, frente a la cédula que sí le corresponde no aparece el nombre que fue anotado en un lugar equivocado.
Así ocurre con las irregularidades identificadas en el cuadro anterior con los números 2, 3, 6, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 38, según constatación hecha del formulario E-11 de las mesas de votación números 2, 3 y 9 del puesto 00 de la zona 00; 1 y 2 del puesto 05 de la zona 99; 1 del puesto 09 de la zona 99; y 1 del puesto 30 de la zona 99 (fls. 119, 159, 160, 167, 168, 169, 173, 237, 241, 275, 280, cdno. de pruebas, exp. 903) y del censo electoral del municipio de Chimá (disquete allegado a folio 216, expediente 1006).
En esta forma, lo resuelto en la primera instancia respecto de las irregularidades identificadas en el cuadro anterior con los números 2, 3, 6, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 y 38, se debe confirmar.
c) Sobre los casos que, según el tribunal, no constituyen inconsistencias (casos números 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 27, 28, 30, 32 y 37):
Otra conclusión de la sentencia impugnada desfavorable a los intereses del impugnante es aquella, según la cual, algunas de las irregularidades denunciadas no tuvieron ocurrencia, pues, en concepto del a quo, la incongruencia advertida no surge de la lectura del correspondiente formulario E-11 y su confrontación con el censo electoral.
Al respecto, la Sala encuentra que, efectivamente, en ciertos casos, la incongruencia que el señor Banda Banda advierte entre el nombre registrado y el nombre real del titular de la cédula frente a la cual se hizo el registro no se presenta, comoquiera que en tales eventos se pudo comprobar que uno y otro nombres, en realidad, se corresponden.
Se trata, entonces, de cargos absolutamente infundados, pues es evidente que el demandante se equivocó en su planteamiento, bien en la formulación del nombre que, según él, era el correcto; bien en la indicación del nombre supuestamente inventado; o bien, en el señalamiento de uno y otros nombres.
Así ocurre con las irregularidades identificadas en el cuadro anterior con los números 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 27, 28, 30, 32 y 37, según se desprende de la constatación hecha del formulario E-11 de las mesas de votación números 2, 3, 4, 6, 8 y 13 del puesto 00 de la zona 00; 1 del puesto 03 de la zona 99; 1 y 2 del puesto 09 de la zona 99; y 1 del puesto 30 de la zona 99 (fls. 119, 154, 155, 161, 162, 183, 186, 213, 242, 247, 258, 267, 269, 272 y 282, cdno. de pruebas, exp. 903) y del censo electoral del municipio de Chimá (disquete allegado a folio 216, expediente 1006).
Al respecto, son pertinentes algunas precisiones sobre las irregularidades identificadas en el cuadro anterior con los números 4 y 11, así:
En la demanda se afirmó que la incongruencia de nombres frente a la cédula número 11.075.507 se presentó en el formulario E-11 de la mesa de votación número 3 del puesto 00 de la zona 00, pero el tribunal encontró, y así lo pudo verificar esta Sala, que esa cédula no aparece preimpresa en ese formulario (fls. 278 a 283, cdno. de pruebas, exp. 903) sino en el correspondiente a la mesa de votación número 2 del puesto 00 de la zona 00 (fl. 282, cdno. de pruebas, exp. 903) y, por esa razón, el análisis pretendido se hizo frente a este último documento y no frente al indicado en la demanda.
Igualmente, en la demanda se sostuvo que en el formulario E-11 de la mesa número 8 del puesto 00 de la zona 00 el nombre “Leandro Alberto Lemos Muñoz” fue indebidamente anotado frente a la cédula 11.078.034, pero revisado el documento en cuestión (fl. 247, cdno. de pruebas, exp. 903), el tribunal encontró, y así lo pudo verificar esta Sala, que ese nombre aparece, en realidad, frente a la cédula 11.078.034 y, por esa razón, el análisis correspondiente se hizo en relación con esta última cédula y no con la indicada en la demanda.
Finalmente, la Sala no comparte el análisis probatorio del a quo respecto de la irregularidad identificada en el cuadro anterior con el número 15, según se explica a continuación.
En la demanda se sostuvo que en el formulario E-11 de la mesa número 1 del puesto 03 de la zona 99 el nombre “Jorge Acosta Vanegas” fue indebidamente anotado frente a la cédula 2.791.778, cuando allí ha debido votar “Jorge Enrique Hidalgo Muñoz”. Y, al respecto, el tribunal encontró que en este caso el nombre registrado no fue el indicado en la demanda sino el que corresponde al titular de la cédula, es decir, “Jorge Enrique Hidalgo Muñoz”.
No obstante, revisado el documento electoral en cuestión (fl. 183, cdno. de pruebas, exp. 903), esta Sala encontró que la cédula 2.791.778 no aparece en el mismo, aunque sí hace parte del censo electoral del municipio de Chimá, en el cual se indica que ese documento identifica a “Antonio José Bello Villadiego” (disquete allegado a folio 216, expediente 1006).
Por tanto, frente a la irregularidad identificada en el cuadro anterior con el número 15, el análisis de esta Sala ofrece una conclusión diferente a la expuesta por el tribunal. No es cierto que revisado el documento electoral el nombre registrado coincida con el titular de la cédula, como lo sostuvo el a quo, sino que efectuada esa verificación, no se encontró el número de cédula que, según la demanda, fue objeto de suplantación.
No obstante, esa diferencia en la motivación no hace variar la decisión adoptada por el tribunal frente a la irregularidad en cuestión, pues lo considerado al respecto por esta Sala impone entender que no se demostró la suplantación alegada, tal como sucedió en la primera instancia.
En esta forma, en lo que se refiere a las irregularidades identificadas en el cuadro anterior con los números 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 27, 28, 30, 32 y 37, la sentencia impugnada se debe confirmar.
d) Sobre los números de cédulas que el tribunal no encontró anotados en el formulario E-11 (casos números 13, 24, 31, 34 y 35):
En criterio del a quo, algunos de los casos de suplantación denunciados por el impugnante están referidos a cédulas no incluidas en el formulario E-11 de la mesa de votación con la cual fueron relacionadas, ni tampoco hacen parte del censo electoral del municipio de Chimá.
Ciertamente, esta Sala pudo constatar que varias de las inconsistencias planteadas, en realidad no tuvieron ocurrencia en los términos en que aparecen planteados en la demanda, comoquiera que en el respectivo formulario E-11 no se encontró el número de cédula que, según el impugnante, fue objeto de suplantación, como tampoco se halló en el censo electoral tenido en cuenta en la jornada electoral cuestionada.
Ello se desprende de la constatación hecha del formulario E-11 de las mesas de votación números 11 del puesto 00 de la zona 00; 2 del puesto 05 de la zona 99; y 2 y 3 del puesto 09 de la zona 99 (fls. 149 a 158, 166 a 171 y 224 a 229, cdno. de pruebas, exp. 903) y del censo electoral del municipio de Chimá (disquete allegado a folio 216, expediente 1006).
Así ocurre con los casos identificados en el cuadro anterior con los números 13, 24, 31, 34 y 35. Por tanto, en lo que a ellos se refiere, la sentencia impugnada se debe confirmar.
e) Sobre la falta de registro advertida por el tribunal (casos números 18 y 33):
Sostuvo el a quo que las incongruencias identificadas en el cuadro anterior con los números 18 y 33 no corresponden a casos de suplantación, pues frente a la cédula señalada como objeto de suplantación no se hizo registro de nombre alguno.
Esa conclusión pudo corroborarse con la verificación del formulario E-11 de las mesas números 1 del puesto 03 de la zona 99 y 2 del puesto 09 de la zona 99 (fls. 155 y 184, cdno. de pruebas, exp. 903) y, por tanto, en lo que a esas irregularidades se refiere, la conclusión del tribunal se debe confirmar.
En síntesis de lo expuesto, lo decidido en la sentencia impugnada respecto del cargo de suplantación —en lo que se entiende objeto de impugnación, esto es, en lo desfavorable al impugnante—, se debe confirmar.
De la falsedad de los registros electorales por la votación a partir de cédulas inexistentes
Se sostiene en la demanda presentada por el señor Francisco de Jesús Banda Banda que en determinadas mesas de votación se permitió el sufragio de personas cuya cédula es inexistente, comoquiera que su número no aparece en el archivo nacional de identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Al respecto, el tribunal encontró que de las diez cédulas que el demandante señala como “cupos numéricos inexistentes”, solo cinco, son, en realidad, inexistentes, y que de estos últimos, solo uno aparece con voto registrado, el cual, es, por tanto, nulo.
De manera que corresponde ahora a la Sala revisar las conclusiones probatorias de la primera instancia, desfavorables al impugnante, en lo que al cargo se refiere.
Con ese fin, en el siguiente cuadro se presenta una relación de cada una de las consideraciones de la primera instancia, desfavorables al impugnante:
Nº Mesa Cédula Nombre E-11 Consideración a quo
1 00-00-3 11.675.804 Roger Feris Montaño No existe en el censo, no aparece votando
2 00-00-3 11.075.981 Alfonso Orozco Cordero Existe en el censo
3 00-00-11 78.545.001 Nilson de Jesús Pérez Zabaleta Existe en el censo
4 99-03-1 6.668.861 Roberto Pérez Bravo Existe en el censo
5 99-09-1 2.792.358 Remberto Luis Pinto Salgado Existe en el censo
6 99-09-1 11.061.497 Silvio Pérez Contreras Existe en el censo
7 99-09-2 25.880.178 Elías Moreno Hernández No existe en el censo, no aparece votando
8 99-09-2 25.880.412 María Esther Montes Luna No existe en el censo, no aparece votando
9 99-09-2 25.880.550 Karen Ruiz Luna No existe en el censo, no aparece votando
Al respecto, luego de revisado el censo electoral del municipio de Chimá (disquete allegado a folio 216, expediente 1006) y los formularios E-11 correspondientes, esta Sala coincide con las conclusiones de la primera instancia, según se explica a continuación.
En efecto, si bien pudo demostrarse que las cédulas 11.675.804, 25.880.178, 25.880.412 y 25.880.550 no existen en el censo electoral del municipio de Chimá, lo cierto es que ninguno de tales números aparece registrado como identificación de sufragante alguno en el formulario E-11 de la mesa de votación que, en cada caso, señala la demanda.
Así se desprende de la revisión de los formularios E-11 de las mesas números 3 y 11 del puesto 00 de la zona 00 y 2 del puesto 09 de la zona 99 (fls. 153 a 158, 224 a 229 y 272 a 277, cdno. de pruebas, exp. 903) y del censo electoral del municipio de Chimá (disquete allegado a folio 216, expediente 1006).
De otra parte, pudo comprobarse que, como lo advirtió el tribunal, las cédulas 11.075.981, 78.545.001, 6.668.861, 2.792.358 y 11.061.497 sí hacen parte del censo electoral del municipio de Chimá (disquete allegado a folio 216, expediente 1006).
Lo anterior, impone a esta Sala concluir, como lo hizo el tribunal, en la falta de demostración de los casos de falsedad antes señalados, pues en ninguno de ellos pudo comprobarse el registro de voto alguno a partir de cédulas inexistentes.
Por tanto, lo decidido en la sentencia impugnada respecto del cargo de falsedad por registro de votación a partir de cédulas inexistentes —en lo que se entiende objeto de impugnación, esto es, en lo desfavorable al impugnante—, se debe confirmar.
De la falsedad de los registros electorales por las diferencias entre los formularios E-11 y los formularios E-14 y E-24
Según el impugnante, en determinadas mesas de votación el número de votantes registrado en el formulario E-11 no coincide con el número de votos registrado en los formularios E-14 y E-24.
Al respecto, el tribunal consideró que tales incongruencias, además de que no fueron demostradas, pues efectuado el cotejo correspondiente no se encontró incongruencia alguna, corresponden a un asunto que debió ventilarse en sede administrativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 134, 135 y 136 del Código Electoral.
Así las cosas, antes de verificar la validez de las conclusiones probatorias de la primera instancia, la Sala considera necesario hacer unas consideraciones generales sobre el cargo.
Con ese fin, se precisará el contenido de cada uno de los documentos electorales mencionados, para luego examinar, de manera objetiva, el tratamiento que debe dársele a determinada hipótesis de incongruencia entre sus registros.
Los formularios E-11, E-14 y E-24 a que alude el demandante son importantes documentos electorales que sirven de fundamento para la declaratoria de una elección popular.
El formulario E-11 es la lista y registro de votantes de cada una de las mesas de votación que elaboran los jurados de votación y si bien su objetivo no es contabilizar los votos obtenidos por cada uno de los candidatos, sí permite determinar la mesa en la que el ciudadano ejerció su derecho al voto y totalizar el número de votantes.
El formulario E-14 contiene las actas de escrutinio de los jurados de votación y registra el número de votos que obtuvo cada uno de los candidatos en la respectiva mesa de votación. De igual manera, se consigna la totalidad de los votos que se registraron en la mesa para cada una de las corporaciones.
Por su parte, el formulario E-24 corresponde a un cuadro que utilizan las comisiones escrutadoras departamentales, distritales, municipales y auxiliares para registrar los resultados de los escrutinios consignados en las actas de los jurados de votación, donde, al mismo tiempo, se observa la votación obtenida por cada candidato en cada uno de los municipios que integran la respectiva circunscripción departamental o en cada una de las mesas de votación de un respectivo distrito, municipio o zona. Este documento no solo es un material de apoyo de las comisiones escrutadoras sino que es el fundamento de sus actas de escrutinio y, por tanto, es un elemento que sirve para su formación. Y, en elecciones como la que se analiza, suele calificarse como municipal cuando es elaborado por la comisión escrutadora municipal para reflejar el consolidado respectivo.
1. Sobre la diferencia entre los formularios E-11 y E-14.
Aunque podría pensarse que el número de votantes (E-11) siempre debe coincidir con el número de votos (E-14), es perfectamente válido que, en determinados eventos, el número registrado en el formulario E-14 sea inferior al que aparece en el formulario E-11.
Así ocurre en el caso de jornadas electorales en las que están en juego diferentes cargos de elección popular, pues en ellas puede suceder que muchos ciudadanos sufragan por algunas de las corporaciones o por algunas de las autoridades, pero no por otras, comoquiera que no están obligados a sufragar por todas (artículo 140 del Código Electoral). Sin duda, en esos eventos, la incongruencia en los totales en cuestión se justifica válidamente, por razón de esa habilitación legal.
No obstante, debe aclararse que, tratándose de comicios en que la elección es única —como ocurrió en este caso—, dicha salvedad no es de recibo, dado que la situación descrita no sería posible. Por tanto, a menos que se encuentre alguna justificación válida en el caso concreto, en esta clase de comicios el número de votantes (E-11) siempre debe coincidir con el número de votos escrutados (E-14).
Por otro lado, sí constituye una irregularidad cuando el formulario E-14 registra un número de votos mayor que el de votantes del formulario E-11, puesto que el número de votos no puede ser superior al número de votantes, por la sencilla razón de que cada ciudadano tiene derecho a un solo voto.
Por ello, en aquellos casos donde el escrutinio de los jurados de votación (E-14) arroja un resultado superior al que aparece en la lista y registro de votantes (E-11) , la ley electoral prevé un procedimiento que aquellos deben seguir para evitar que el escrutinio final refleje votos que no fueron efectivamente consignados por los ciudadanos aptos para sufragar.
De consiguiente, si el escrutinio efectuado por los jurados de votación consigna más votos que el número de ciudadanos que aparecen como sufragantes, ese registro no solo se produce con desconocimiento del debido proceso electoral, sino que muestra un resultado electoral que es ajeno a la realidad, que no fue corregido en su oportunidad.
De este modo es fácil advertir, como lo ha señalado esta Sala en anteriores oportunidades (7) , que la falsedad o adulteración del formulario E-14 podría afectar la veracidad de las actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras y, en ese sentido, podría originar la nulidad de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, en tanto que podrían ocultarse votos válidos o podrían registrarse votos inexistentes.
Este ha sido el criterio preponderante de la Sala, que, además, corresponde a la posición actual de su jurisprudencia, pues en algunas oportunidades de una época anterior se sostuvo que la falta de concordancia entre los registros de los formularios E-11 y E-14 era irregularidad constitutiva de reclamación electoral y no de causal de nulidad de las actas de escrutinio (8) .
2. Sobre la diferencia entre los forrmularios E-14 y E-24.
Otra hipótesis posible consiste en la diferencia que puede presentarse entre el número de votos registrado en el formulario E-14 y el que, en relación con la mesa respectiva, se registró en el formulario E-24.
Según se precisó antes, el formulario E-24 condensa los resultados electorales a nivel zonal, municipal, distrital o departamental, obtenidos en cada mesa de votación. Por tanto, es válido concluir que, en condiciones de normalidad, el número de votos allí registrado debe coincidir, en cada caso, con los que aparecen en los formularios E-14.
Pero ocurre que no toda diferencia entre los dos registros genera falsedad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, pues esa disconformidad puede originarse en el recuento de votos, lo cual no solo es válido sino que, en algunas ocasiones, se exige por la ley. Al respecto, la Sala en anterior oportunidad expuso lo siguiente (9) :
En síntesis, solamente se considera registro falso el consignado en el formulario E-24 que resulte distinto al señalado por los jurados de votación en el formulario E-14, sin justificación de la diferencia o sin una explicación de la práctica de recuento de votos. Y, advertida la incongruencia, corresponderá al impugnante de la legalidad de la elección demostrar la ausencia de dicha justificación o explicación.
Pero ocurre que, en este caso, la incongruencia no se plantea entre los registros de los formularios E-14 y E-24, sino entre el número de sufragantes que aparece en el formulario E-11 y el número de votos registrado en el formulario E-24. Ese planteamiento de la irregularidad merece, entonces, algunas precisiones generales, sobre su tratamiento.
Para la Sala es posible encontrar diferentes razones que justifican válidamente la incongruencia que pudiera advertirse entre estos últimos documentos electorales.
En ese sentido, la Sala encuentra, al menos, dos hipótesis en las que la diferencia no es sinónimo de falsedad.
De un lado, puede suceder que la diferencia anotada sea, sin más, el reflejo de la incongruencia que se presentó entre el número de votantes registrado en el formulario E-11 y el número de votos escrutados en el formulario E-14 y, según lo considerado en el anterior apartado, dicha discrepancia no siempre constituye irregularidad que afecte la validez del escrutinio.
De otro lado, es claro que la modificación de las cifras por recuento de votos es suficiente argumento jurídico para justificar la diferencia de registros entre los formularios E-11 y E-24. En efecto, las comisiones escrutadoras pueden modificar los datos registrados por los jurados de votación (E-11 y E-14) y esa conducta se presume válida cuando proviene de la aceptación de una reclamación o del resultado del recuento de votos, aunque su legalidad podrá desvirtuarse demostrando la irregularidad o la falsedad en el escrutinio. Esto tiene una gran importancia para la carga de la prueba de la falsedad, pues cuando se presenta modificación de los datos en la comisión escrutadora sin que exista explicación que justifique el cambio, ese hecho constituye un significativo elemento de juicio para desvirtuar la veracidad del registro electoral definitivo. Mientras que, si el cambio del registro verificado por la comisión escrutadora obedece a una reclamación o al recuento de votos, corresponde, a quien la alega, demostrar plenamente que el registro es falso.
De modo que solamente se considera registro falso el consignado en el formulario E-24 que resulte distinto al señalado por los jurados de votación, bien en el formulario E-11 o en el formulario E-14, sin justificación válida.
3. Otras precisiones necesarias.
Conviene distinguir la falsedad derivada de la incongruencia entre registros electorales de la que se deriva de un error aritmético, en cuanto esta última, constituye causal de reclamación electoral.
En efecto, de conformidad con lo señalado en el artículo 192 del Código Electoral, constituye causal de reclamación el error aritmético en que se haya incurrido en las actas de escrutinio al sumar los votos consignados en ellas. Y, según reiterada jurisprudencia de esta Sala (10) , las causales de reclamación no constituyen motivos de nulidad, por lo que no pueden alegarse por vía jurisdiccional.
Esto último obedece a que la norma actualmente vigente, esto es, el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo fue modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988, en el sentido de suprimir como causa de nulidad de las actas de escrutinio las causales de reclamación. De consiguiente, si los motivos que originan la nulidad de las actas de escrutinio son taxativas y las causales de reclamación no han sido consagradas como tales, estas no podrán alegarse de manera analógica o extensiva en el proceso contencioso electoral sino que deben discutirse en la instancia administrativa electoral. Y, por lo mismo, solo pueden demandarse las decisiones que hubieren adoptado las autoridades electorales respecto de las reclamaciones (11) .
Con esto último se quiere resaltar la importancia de definir en cada caso si el reproche que origina la demanda constituye falsedad en el registro o un error aritmético contenido en las actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras auxiliares.
Al respecto, las diferencias entre el error aritmético y la falsedad que genera la nulidad de los registros del escrutinio han sido señaladas por esta sección, así (12) :
De otra parte, también debe distinguirse la falsedad derivada de la incongruencia entre registros electorales de la falsedad derivada del registro de sufragantes en número superior al que corresponde según el censo electoral de la mesa de votación, de la cabecera municipal, del corregimiento, de la inspección de policía o del sector rural.
Tal hipótesis es constitutiva de irregularidad susceptible de discusión por la vía de la reclamación electoral, según se desprende de lo previsto en los numerales 5º y 6º del artículo 192 del Código Electoral. Por tanto, también respecto de estas causales de reclamación, será necesario determinar, en cada caso, si lo alegado constituye una falsedad que debió ventilarse ante las autoridades electorales.
Por último, también debe determinarse si lo ocurrido es, en realidad, la alteración sustancial de las actas de escrutinio, luego de firmadas por quienes las expidieron, pues tal irregularidad constituye causal de nulidad de las actas de escrutinio, según lo señalado en el numeral 3º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo.
4. Del análisis del cargo.
Lo planteado en este caso no corresponde a un error aritmético, pues la irregularidad denunciada no está referida a una suma indebida en el escrutinio, sino a la diferencia existente entre dos registros que, debiendo ser idénticos —en condiciones de completa normalidad—, en realidad no lo son, con lo cual puede estarse en presencia de una falsedad. Ello es así porque, como ya se dijo, mientras el formulario E-11 presenta el número de sufragantes de una mesa de votación y el formulario E-14 respectivo registra el número de votos que obtuvo cada uno de los candidatos en dicha mesa, ocurre que el formulario E-24 es el cuadro resumen de la votación obtenida por cada candidato, mesa por mesa, en el respectivo municipio.
Por lo tanto, resulta irrelevante verificar si sobre el particular se formuló reclamación alguna, porque al no constituir una causal de reclamación la parte interesada no está obligada a denunciarlo en sede administrativa.
Precisado lo anterior, la Sala procede a la revisión de las consideraciones del tribunal que le permitieron concluir en la falta de demostración del cargo. Para ello, se vale del siguiente cuadro que muestra lo que, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, fue registrado en los formularios E-11, E-14 y E-24 señalados por el impugnante y cuya copia obra en el cuaderno de pruebas del expediente 903.
Zona Puesto Mesa E-11 E-14 E-24
00 00 3 180 (fls. 272 a 277) 180 (fl. 38) 180 (fl. 33)
99 00 10 No existe No existe No existe
99 05 1 302 (fls. 172 a 177) 302 (fl. 46) 302 (fl. 34)
99 30 1 308 (fl. 196, pruebas 1006) 308 (fl. 52) 308 (fl. 36)
Es claro, entonces, que salvo la indebida formulación de la segunda inconsistencia relacionada en el cuadro anterior (referida a una mesa de votación inexistente, pues la zona 99 no contó con el puesto 00), las demás irregularidades son absolutamente infundadas, comoquiera que, verificados los registros de los tres formularios comparados, no se advierte diferencia alguna en ningún caso.
Por tanto, la desestimación del cargo por parte del a quo se debe confirmar.
Del trasteo de votos
El impugnante sostuvo que en los comicios que culminaron con la expedición del acto de declaratoria de elección acusado se presentó el fraude electoral de trashumancia o trasteo de electores.
Ocurre que la jurisprudencia de esta sección ha sido constante en expresar que el denominado trasteo de votos es una figura que resulta de la interpretación del artículo 316 de la Carta Política, que es del siguiente tenor:
En otras palabras, conforme a la actual jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado (13) , la violación de la regla impuesta en la norma superior puede generar la nulidad de la elección popular, pues deriva de la aplicación directa de la Carta y del principio de supremacía constitucional que impone la aplicación preferente de la norma de superior jerarquía.
Así mismo, la jurisprudencia de esta sección ha considerado que el trasteo de votos también puede enmarcarse dentro del supuesto de hecho de la causal de nulidad de que trata el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo (14) .
Con todo, la interpretación del artículo 316 de la Constitución Política permite inferir que, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia de esta Sala, la nulidad de la elección por trasteo de votos solo se configura si se demuestran los siguientes supuestos:
Para sufragar en determinada localidad es necesario que el titular de la cédula de ciudadanía figure como apto para sufragar en una mesa de votación. Sin embargo, esa aptitud solo surtirá efecto cuando la inscripción como votante se efectúe con el lleno de los requisitos legales y constitucionales. Así, uno de los requisitos es, precisamente, que la inscripción se efectúe en el lugar donde reside. A su vez, de acuerdo con el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, se presume que el lugar de inscripción es aquel donde el ciudadano tiene su residencia electoral.
Al respecto, la Sala no comparte el argumento expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-307 de 1995 (15) , en donde se consideró que esta última disposición había sido derogada tácitamente por el artículo 4º de la Ley 163 de 1994. A esa misma conclusión llegó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en oportunidad posterior (16) .
Para esta Sala, el artículo 183 no se encuentra derogado, puesto que considera que la norma posterior no es contraria sino que complementa el concepto de residencia. Tampoco comparte el argumento de la Corte en el sentido de afirmar que la derogatoria se produce porque “ambas disposiciones regulan el desarrollo legal del concepto de residencia electoral para efectos de aplicar el artículo 316 de la Constitución”, puesto que es perfectamente posible que una ley especial y una general desarrollen la misma norma constitucional. Ahora, la vigencia del artículo 183 de la Ley 136 de 1994 no significa que exista pluralidad de domicilios, como sucede en el derecho civil, comoquiera que la norma faculta al ciudadano a elegir un solo lugar de residencia electoral —que se concreta en el acto de inscripción—, pero no lo restringe a la casa de habitación sino que le amplia la posibilidad de escoger, además de esa opción, al lugar donde de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo, el cual puede tener más sentido de pertenencia que el sitio donde habita. En este mismo sentido, se pronunció la Sala en oportunidad anterior (17) .
La jurisprudencia de la Sala (18) sostiene que la interpretación lógico finalista de la definición legal de residencia electoral contenida en el artículo 4º de la Ley 163 de 1994 antes transcrito, lleva a concluir que la residencia electoral de un ciudadano es el lugar donde, por mantener con él una relación material implicada en el concepto de residencia (habitación, negocio, ejercer profesión o empleo, estar de asiento), decide inscribir allí su cédula para ejercer en el municipio de que se trate sus derechos políticos a elegir o ser elegido.
Ahora, respecto de la manera como se desvirtúa la presunción de residencia electoral que se desprende del hecho de la inscripción de la cédula para elegir o ser elegido, dijo esta Sala (19) :
Precisado lo anterior, la Sala advierte que en este caso el análisis de la irregularidad planteada no es posible, dada la deficiencia probatoria que se advierte respecto de los medios de prueba requeridos para el análisis solicitado.
En efecto, el demandante Francisco de Jesús Banda Banda no aportó elemento de juicio alguno que permitiera determinar que los sufragantes por él determinados, en realidad, no residen en el municipio donde se inscribieron para las elecciones.
Y, si bien es cierto que el coadyuvante Miguel Banda Negret aportó al proceso algunos documentos con esa finalidad probatoria, ocurre que los mismos no pueden valorarse como medios de prueba válidamente allegados. En efecto, tales documentos, consistentes en certificaciones sobre vinculación o afiliación al Sisben de los municipios de Ciénaga de Oro y San Andrés de Sotavento (fls. 107 a 206, exp. 1006), no fueron aceptados como medios de prueba en el proceso, pues no obra en el expediente providencia que hubiera dispuesto su decreto como tal y que, por tanto, hubiera permitido su contradicción por la parte contraria.
En esta forma, es claro que la deficiencia probatoria anotada es suficiente para concluir en la falta de prosperidad de la censura planteada contra el acto de declaratoria de elección acusado.
Lo anterior, impone confirmar la decisión impugnada, en lo que al cargo analizado se refiere.
De la incidencia de las irregularidades demostradas en el resultado electoral cuestionado
La última consideración de la sentencia que resulta desfavorable a los intereses del impugnante es aquella según la cual, el número total de irregularidades demostradas resulta irrelevante frente al resultado electoral cuestionado y, por tanto, no tiene la incidencia necesaria como para concluir en la nulidad del acto de declaratoria de elección acusado.
Al respecto, se recuerda que, según se precisó al inicio de estas consideraciones, la jurisprudencia de esta Sala entiende que, en casos como el sub iudice, solamente procede la nulidad cuando los votos irregulares inciden en el resultado electoral, en tanto que debe dárse aplicación al principio de eficacia del voto válido (Código Electoral, art. 1º, num. 3º), puesto que no es razonable que se declare la nulidad de una elección si de todas maneras el resultado electoral se mantiene.
En tal virtud, la incidencia de los votos irregulares en el resultado electoral en casos de elecciones uninominales debe ser evaluada desde el punto de vista numérico respecto de la diferencia entre los sufragios obtenidos por el candidato ganador y el que le sigue en votación.
En ese sentido, si se demuestra la irregularidad de un número suficiente de votos para incidir en el resultado electoral, la nulidad debe decretarse y, consecuencialmente, ordenarse un nuevo escrutinio con exclusión de las mesas en donde se hubiere demostrado tal irregularidad.
En atención a lo expuesto, la Sala encuentra que en este asunto los 9 votos irregulares que, según el tribunal, pudieron comprobarse, en realidad, no alteran ni modifican el resultado electoral, si se tiene en cuenta que la diferencia entre el candidato ganador y el que le sigue en votación es de 154 votos, según lo señalado en el acto de declaratoria de elección acusado (fl. 22, exp. 903, y fl. 44, exp. 1006). Es claro, entonces, que la consideración del tribunal que se analiza resulta válida, comoquiera que la decisión de denegar la pretensión de nulidad encuentra razonada y suficiente justificación en la aplicación del principio de la eficacia del voto.
Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia impugnada en los aspectos que fueron objeto de impugnación.
1. Confírmase la sentencia dictada el 5 de abril de 2006 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Tercera de Decisión.
(1) Sentencias del 18 de marzo de 1993, expediente 922; del 29 de junio de 1995, expediente 1304; y del 25 de agosto de 1995, expediente 1353.
(2) Sentencia del 8 de octubre de 1998, expediente 2011.
(3) Sentencias del 14 de enero de 1999, expedientes 1871 y 1872; del 1º de julio de 1999, expediente 2234; y del 10 de agosto de 2000, expediente 2400.
(4) Sentencia del 14 de enero de 1999, expedientes 1871 y 1972.
(6) Sentencias de 14 de enero de 1999, expedientes 1871 y 1872; del 1º de julio de 1999, expediente 2234; y del 29 de junio de 2001, expediente 2477.
(7) Entre otras, las sentencias del 7 de diciembre de 2001, expediente 2755; del 5 de abril de 2002, expediente 2828; del 21 de junio de 2002, expediente 2874; del 15 de julio de 2002, expedientes acumulados 2456 y 2482; del 4 de octubre de 2002, expediente 2956; del 6 de febrero de 2003, expediente 3047; del 27 de febrero de 2003, expediente 3031; del 20 de marzo de 2003, expedientes acumulados 2468 y 2488; del 19 de agosto de 2004, expedientes acumulados 3199-3203; del 26 de agosto de 2004, expediente 3398; del 6 de mayo de 2005, expediente 3513; del 23 de septiembre de 2005, expediente 3679; del 11 de noviembre de 2005, expedientes acumulados 3190 y 3192; del 2 de diciembre de 2005, expediente 3876; y del 15 de diciembre de 2005, expediente 3179.
(8) Sentencias del 3 de diciembre de 1998, expedientes acumulados 1758, 1759 y 1760; del 22 de septiembre de 1999, expediente 2220; y del 25 de enero de 2002, expediente 2770.
(9) Sentencia del 12 de julio de 2001, expediente 2457.
(10) Sentencia del 7 de diciembre de 1995, expediente 1472.
(11) Sentencia del 1º de julio de 1999, expediente 2234.
(12) Sentencia del 29 de julio de 2001, expediente 2477.
(13) Entre otras, las sentencias del 28 de enero de 1999, expediente 2125; del 1º de septiembre de 1999, expediente 2292; del 15 de noviembre de 2001, expediente 2712; del 9 y 16 de agosto de 2002, expedientes 2928 y 2933, respectivamente.
(14) Sentencias del 6 de mayo de 2005, expediente 3513 y del 13 de mayo de 2005, expediente 3588.
(15) Esta sentencia no hace tránsito a cosa juzgada, en tanto que fue una decisión inhibitoria, por carencia de objeto.
(16) Concepto del 20 de octubre de 1999, radicación 1222.
(17) Sentencia del 7 de diciembre de 2001, expediente 2729.
(18) Sentencias del 7 de diciembre de 2001, expediente 2729; del 14 de diciembre de 2001, expediente 2732; del 25 de enero de 2002, expediente 2671; y del 3 de abril de 2003, expediente 3075.
(19) Sentencia de 14 de diciembre de 2001, expediente 2742.

References: artículo 212
 artículo 357
 artículo 267
 artículo 137
 artículo 223
 artículo 223
 artículo 223
 artículo 223
 artículo 223
 artículo 192
 artículo 223
 artículo 17
 artículo 192
 artículo 223
 artículo 316
 artículo 223
 artículo 316
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 183
 artículo 316
 artículo 183
 artículo 4