Source: https://b-ok.xyz/book/5262779/119f66
Timestamp: 2019-10-14 10:49:57+00:00

Document:
La prueba pericial contable en las jurisdicciones civil, penal, contencioso-administrativa y laboral | Avellaneda Fernández, José Antonio; Balagué Doménech, José C. | download
Main La prueba pericial contable en las jurisdicciones civil, penal, contencioso-administrativa y laboral
Avellaneda Fernández, José Antonio, Balagué Doménech, José C.
La presente obra (7® edición) se ha convertido ya en un referente para el estudio de la prueba pericial contable en su más amplio sentido (incluida la prueba pericial económica o económico-financiera). La obra se estructura en tres partes. La primera estudia el marco regulatorio relativo a la prueba de peritos común a las cuatro jurisdicciones (civil, penal, contencioso-administrativa y laboral), y la prueba pericial contable dentro de cada una de ellas. La segunda parte aborda la Metodología de la prueba pericial contable atendiendo a los aspectos de fondo y forma. La tercera parte incluye jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las audiencias, ofreciendo una selección de sentencias entre las consideradas más significativas respecto a la prueba pericial y al perito. Cierra la obra una selección de casos reales. Estamos ante un título singularmente idóneo para los profesionales del Derecho a quienes resulta imprescindible el recurso al perito judicial en materia contable y económico-financiera para sostener y probar sus pretenƯsiones ante los Tribunales de Justicia. Es de lectura igualmente imprescindible para economistas, titulares mercantiles, censores jurados de cuentas y auditores. Read more...
Edition: 7ª edición revisada, ampliada y actualizada con las últim
Publisher: Wolters Kluwer España
Pages: 414 / 418
ISBN 10: 8490903441
ISBN 13: 9788490903445
Mario Alonso Puig [Puig, Mario Alonso]
Синтез микропрограммных автоматов
File: PDF, 47.31 MB
contable en las
jurisdicciones civil, penal,
y laboral
7.ª Edición revisada, ampliada y actualizada
con las últimas modificaciones legislativas
José Carlos Balagué Doménech
© José C. Balagué Doménech, 2018
www.balaguedomenech.com
jcb@quesnaykernel.com
© Wolters Kluwer España, S. A.
C/ Collado Mediano, 9
Tel: 902 250 500 – Fax: 902 250 502
e-mail: clientes@wolterskluwer. com
http://www. wolterskluwer. es
Séptima edición: Diciembre 2018
Sexta edición: Junio 2012
Quinta edición: Marzo 2007
Cuarta edición: Enero 2003
Tercera edición: Marzo 1996
Segunda edición: Julio 1990
Primera edición: Abril 1989
Depósito Legal: M-39833-2018
ISBN versión impresa: 978-84-9090-338-4
ISBN versión electrónica: 978-84-9090-344-5
Diseño, Preimpresión e Impresión: Wolters Kluwer España, S. A.
© Wolters Kluwer España, S. A. Todos los derechos reservados. A los efectos del art. 32 del Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba la Ley de Propiedad Intelectual, Wolters Kluwer España,
S. A., se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización,
lo cual incluye especialmente cualquier reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución,
comunicación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o
parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede
ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la Ley. Diríjase a Cedro (Centro
Español de Derechos Reprográficos, www. cedro. org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de
El editor y los autores no aceptarán responsabilidades por las posibles consecuencias ocasionadas a las personas
naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta
Nota de la Editorial: El texto de las resoluciones judiciales contenido en las publicaciones y productos de
Wolters Kluwer España, S. A., es suministrado por el Centro de Documentación Judicial del Consejo General
del Poder Judicial (Cendoj), excepto aquellas que puntualmente nos han sido proporcionadas por parte de los
gabinetes de comunicación de los órganos judiciales colegiados. El Cendoj es el único organismo legalmente
facultado para la recopilación de dichas resoluciones. El tratamiento de los datos de carácter personal contenidos
en dichas resoluciones es realizado directamente por el citado organismo, desde julio de 2003, con sus propios
criterios en cumplimiento de la normativa vigente sobre el particular, siendo por tanto de su exclusiva
responsabilidad cualquier error o incidencia en esta materia.
José C. Balagué Doménech
Ha colaborado en esta edición
José Antonio Avellaneda Fernández
Economista, Auditor de cuentas
PRÓLOGO A LA SÉPTIMA EDICIÓN
La prueba pericial es esencial en la resolución de litigios por parte del juzgador.
Instrumento crucial dentro del principio de tutela judicial efectiva, según lo contempla
nuestra Constitución en su artículo 24, al establecer como un derecho fundamental del
ciudadano la potestad de acudir a los tribunales, a un proceso «con todas las garantías»
y «a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa». Y dentro de los medios
de prueba, la pericial contable y la económica, precisamente, constituye un tipo de
prueba para cuya práctica el economista especializado en la rama de derecho probatorio,
tiene contornos muy definidos por sus conocimientos sobre los mecanismos que sostienen su desarrollo en base a la aportación de los elementos de convicción aplicables a
operaciones de naturaleza contable, económica y financiera requeridos por las partes en
litigio para solucionar en el juicio sus controversias.
El cada vez mayor número de litigios en materia económica ha puesto de manifiesto
la importancia del perito en la especialidad contable y económica como garante de los
elementos fácticos que ayudan a quienes han de administrar justicia en la resolución de
las controversias jurídicas en todas las jurisdicciones, así como aquellas otras en las que
las connotaciones económicas tienen una implicación tangencial. No en vano, el Consejo General del Poder Judicial cataloga la prueba pericial económica como «uno de los
medios de prueba de mayor complejidad técnica y de mayor incidencia en el campo de
la litigiosidad económica». Por ello, desde el Consejo General de Economistas, como
organismo que representa al colectivo de peritos judiciales contables y económicofinancieros, se ha puesto siempre de manifiesto que la profesionalidad, la objetividad y
la independencia del perito en materia contable y económica son de gran relevancia
para dar respuesta a las cuestiones que en esta materia se requieran para dirimir el litigio.
Con el objetivo claro de propiciar ese carácter técnico y eficaz del economista en
su rama de actividad como profesional auxiliar en la administración de justicia se publica
esta séptima edición actualizada de La prueba pericial contable en las jurisdicciones civil, penal,
contencioso-administrativa y laboral, elaborado por el economista, auditor, y perito judicial
en la especialidad contable y económica, José Carlos Balagué Doménech, profesional
de dilatada experiencia y autor de numerosos libros y ponencias sobre el tema. Con la
presente obra el lector tiene ante sí el instrumento de consulta imprescindible para la
La prueba pericial contable en las jurisdicciones civil, penal, ...
preparación de dictámenes e informes periciales en materia contable y económica, el
cual constituye además un instrumento indispensable para operadores jurídicos y demás
profesionales que se aproximen a los ámbitos que en él se exponen. La metodología con
la que se ha llevado a cabo el trabajo ofrece la utilidad de reunir en un único manual la
normativa que determina la actividad, los diferentes tipos y modelos de dictámenes e
informes en razón a la jurisdicción a la que vayan destinados, abarcando tanto los aspectos
de fondo concernientes a la evidencia que persiguen los dictámenes e informes periciales,
como los aspectos de forma, en cuanto al modo de elaborarlos.
Por ello, publicaciones como La prueba pericial contable en las jurisdicciones civil, penal,
contencioso-administrativa y laboral contribuyen a tomar conciencia sobre la importancia
de la labor que desarrollan los economistas dentro de la administración de justicia y la
trascendencia que tiene en su ámbito de aplicación la prueba pericial contable y económica como sustento y solidez de las decisiones judiciales, y como factor que abunde
en la independencia de la Justicia lo que sin duda habrá de redundar en beneficio de la
sociedad civil en su totalidad.
Valentín Pich Rosell
Presidente del Consejo General de Economistas de España
PRÓLOGO A LA SEXTA EDICIÓN
Escribió Descartes en su Discurso del Método que «no es suficiente tener bueno el
espíritu, sino que lo principal es aplicarlo bien». Y para ello parece necesaria una cierta
metodología. Es frecuente estimar que el tipo de realidad que se aspira a conocer determina la estructura del método a seguir. No hay un método universal aplicable a todas
las ramas del saber. Para mí esta idea resulta muy impactante cuando debo expresar mi
opinión sobre una obra literaria, y mucho más cuando se trata de una obra técnica o
científica llamada a prestar una determinada praxis. Quiero decir que a veces el método
llama más la atención que la obra y esto es lo que me ha pasado al leer el libro que estoy
prologando, porque no es habitual, por desgracia, encontrarse con formas tan accesibles
(si se me permite, yo añadiría «y tan gráciles») de exponer y hacer valer un texto como
las empleadas por el economista Balagué Doménech.
Sobre el asombroso pragmatismo de esta obra (por algo ha llegado a la 6.ª edición)
solo pretendo exponer una conclusión: si para el economista, el titular mercantil y el
censor jurado de cuentas representa un modelo expositivo que les permite hacerlo llegar
con más facilidad a la mente de quienes van a utilizar su peritaje (jueces y abogados),
para estos últimos constituye una guía para plantear y valorar de aquellos la llamada
prueba judicial contable.
Así, en el capítulo que trata de la prueba pericial contable y económico-financiera
en la jurisdicción civil, el autor parece sentir una necesidad muy lógica de ofrecer a los
no juristas una visión esquemática, pero exhaustiva, de todas las fases y subfases del
procedimiento judicial, cosa que logra en un prolijo apartado que denomina «Esquema»
y que repetirá a lo largo de la obra. Estoy seguro que habrá resultado muy útil a quienes
sin ser abogados participan de alguna manera en el proceso como peritos.
Lo mismo se repite al tratar de los delitos a que se contrae la prueba pericial contable
en el proceso penal, otra vez haciendo uso de una prolija exposición de la que no falta
un listado de supuestos concretos.
De igual manera el autor expone, con una casuística ejemplar basada en la praxis
mercantil, las diversas modalidades de proceder en los delitos que él denomina de enriquecimiento de las empresas.
En la segunda parte, Balagué Doménech penetra en un estadio que para mí, como
autor, resulta muy familiar: el tema de la prueba, y que comienza insertando en su
metodología un enfoque conceptual muy interesante, cual es el de evidencia necesaria y
evidencia suficiente. Dos caras de una misma moneda.
Desde la perspectiva penal la exhaustividad se nota y acentúa con un listado diferencial de las maneras de tratar las múltiples actuaciones delictivas que afectan a la temática de la obra. Para mí, lo más interesante de este capítulo es que dicho listado no queda
referido a la nomenclatura utilizada por el Código Penal, obviamente sistematizada
jurídicamente, sino que se expande con un acertado desmenuzamiento de las diversas
conductas que revela la praxis. Por ejemplo, «apropiación de cheques y pagarés recibidos
por correo», «sumas de máquina relativas a cobros fraudulentos», «apropiación del
importe de notas de abono de proveedores no contabilizadas» y así un largo etcétera.
Digno de resaltar deviene también el esquema gráfico sobre el control de calidad de
los dictámenes e informes que, solicitados generalmente por jueces y abogados, habrán
de serles mucho más útiles si se les facilita su asequibilidad.
La obra culmina con un extenso apartado que sobrepasa con mucho lo que habitualmente se entiende como «formularios», ya que, referidos a dictámenes e informes,
han sido extraídos de casos judiciales reales, y muestran tanto la forma en que los juristas
han redactado el pliego de cuestiones sometidas al perito como el contenido singularizado de cada respuesta que ofrece este último.
Al margen de todo lo expuesto no puedo pasar por alto un consejo que para algunos
puede resultar actualmente herético. Lo hallamos cuando Balagué Doménech lanza este
mensaje: «Debe eliminarse el vicio, desafortunadamente muy extendido, de utilizar
palabras en inglés». Cierto que hay expresiones neológicas que carecen de equivalente
en nuestro idioma, pero no debemos olvidar que la importancia del mensaje es que
llegue a su destinatario y que este lo entienda.
La brevedad de esta exposición no responde solamente a mi modo de expresar por
escrito las ideas, sino que también se proporciona con el propio diseño de la obra,
profundamente esquemático y por ello, también, profundamente pedagógico y fácil de
Lluís Muñoz Sabaté
Profesor Titular de Derecho Procesal
Socio del bufete «Dret Privat»
La obra que alcanza este momento su quinta edición, y con ella un grado notable
de madurez, de la que es autor un auditor censor jurado de cuentas con experiencia
como perito judicial, constituye un estudio sobre la prueba pericial contable y económico-financiera que aborda el régimen jurídico de dicha prueba en los distintos órdenes
jurisdiccionales, la metodología para su elaboración y las reglas para su correcta formulación externa, acompañadas de ilustrativos modelos.
Es, en consecuencia, especialmente útil para quienes por razón de su quehacer profesional se encargan de presentar ante los tribunales dictámenes de esta naturaleza, pues
se explica con claridad el marco jurídico en el que debe desenvolverse su actividad en
cada orden jurisdiccional; cuál es exactamente su objeto desde el punto de vista de la
finalidad que se persigue en el proceso, en relación con las facultades del juez; y cuáles
son los métodos más adecuados para llevarla a cabo.
Destaca especialmente el autor, con gran precisión, las diferencias que existen entre
la formulación de una auditoría y de un dictamen pericial contable, a las que no siempre
se ha dedicado la debida atención. El autor analiza el principio de «evidencia necesaria
y suficiente», el cual puede obligar a un estudio exhaustivo de la documentación a
disposición del perito allí donde en la auditoría es suficiente con pruebas selectivas y tests.
El contenido de este estudio, sin embargo, no solo es útil para los peritos contables.
La valoración de la prueba pericial constituye para el jurista una operación cada vez más
compleja que exige un conocimiento adecuado de la técnica pericial para poder valorar
la corrección y la credibilidad del dictamen, entre otros criterios, mediante su contraste
con las reglas metodológicas que rigen su elaboración, las cuales revisten, como puede
comprobarse con la lectura de la obra, particularidades muy específicas cuando se trata
de la prueba pericial contable. Una obra como la que el lector tiene ante sí contribuye
eficazmente a suministrar a los profesionales del Derecho elementos para la valoración
de esta prueba.
Desde la perspectiva del juez, que es la que impone mi quehacer profesional, creo
interesante dedicar en este prólogo algunas reflexiones a este punto.
La función de la prueba pericial (artículo 335 LEC) es proporcionar al juez —que
es especialista en Derecho, pero no en todas las materias y, desde luego, no en materia
económica y contable— los conocimientos necesarios para llegar a poder establecer la
existencia de los hechos de los que derivan las consecuencias jurídicas o para la comprensión de las normas cuyas premisas y consecuencias, por referirse a sectores ajenos al
Derecho, presuponen conocimientos especiales de índole no estrictamente jurídica. La
función del perito, como declara la jurisprudencia (STS de 10 de noviembre de 1994),
es auxiliar al juez, ilustrándolo sin fuerza vinculante sobre las circunstancias del caso,
pero sin negar en ningún caso al juzgador la facultad de valorar el informe pericial. El
perito, en consecuencia, no es llamado a sustituir la decisión judicial, sino a ayudar a
confirmarla. El juez, de esta manera, actúa como peritus peritorum, pues se le confía la
valoración de lo dicho por los peritos.
Dentro de la pericia presenta una especial importancia la prueba pericial contable y
económico-financiera. Varias son las razones que confluyen para justificar este aserto.
En los distintos órdenes jurisdiccionales se plantean con frecuencia situaciones en las
que la determinación de los presupuestos sobre los cuales debe ser aplicada la norma
exige conocimientos de índole económica o financiera, bien por versar el proceso sobre
el objeto de carácter directamente económico, bien porque deban dirimirse controversias sobre actos o hechos que llevan consigo consecuencias de índole patrimonial o
económica. La prueba pericial de carácter económico constituye, ya en este primer
estadio, un elemento fundamental para la determinación, en sentido estricto, de los
hechos con los cuales debe construirse el presupuesto —la primera premisa—, al cual
debe ser aplicada la norma. Pero además, la materia económica y contable se encuentra
sometida a leyes que, en muchas ocasiones, constituyen lo que se ha llamado premisas
extrasistemáticas, es decir, leyes de ciencias distintas del Derecho que operan como
premisas necesarias para formar el razonamiento jurídico completo. Finalmente, las leyes
de la ciencia económica y financiera se traducen en muchas ocasiones en normas jurídicas en sentido estricto, normas jurídicas de carácter vinculante: de premisas extrasistemáticas se transforman en premisas sistemáticas. También en este caso es frecuentemente necesario, para su comprensión, el auxilio pericial; tanto más cuanto que, por lo
menos hasta el momento, la formación en el terreno económico de los miembros de la
Carrera judicial, pese a los esfuerzos realizados, constituye un aspecto al que no se dedica
todavía en toda su intensidad la atención que merece.
Tras lo que acaba de decirse se comprenderá que, incluso dentro de las concepciones
más clásicas, el perito o experto en ningún caso es considerado como «juez del hecho»;
sus declaraciones no constituyen más que una de las especies de prueba cuyo análisis,
calificación y apreciación corresponden al respectivo juez o juez, a los que las leyes
someten la facultad de juzgar (STS de 19 de noviembre de 1866).
La relación de la pericia con la prueba de los hechos en sentido estricto ha sido
puesta tradicionalmente en duda, pues la función de la prueba pericial puede ser proporcionar al juez certeza sobre los hechos mismos —en una labor verificadora o de
comprobación— pero también la de valorar hechos o circunstancias —en una labor
deductiva o valorativa (cuando se trata de calificar una situación en función de distintas
circunstancias concurrentes o de prever las consecuencias futuras)—, aportar máximas
de experiencia, es decir, reglas o principios técnicos para que el juez proceda mediante
su aplicación a conocer o apreciar los hechos mediante la comprensión adecuada de la
norma, o finalmente valorar otro medio de prueba, llegar a conocer el contenido o
sentido de otra prueba o acreditar la costumbre y el Derecho extranjero (STS de 3 de
marzo de 1997 y artículo 281.2 LEC).
En medio de ciertas polémicas doctrinales debe concluirse que la pericia es, desde
el punto de vista de su naturaleza, un medio de prueba, cuya especialidad reside en que,
por lo general, no pretende introducir una fuente de prueba en el proceso, sino conocer
o apreciar una fuente ya introducida en él por las partes, cuando esta apreciación no
pueda ser realizada directamente por el juez, o auxiliar a este aportando conocimientos
necesarios para la correcta aplicación de la norma o la explicación de las premisas económicas o financieras en que se funda. La LEC confirma esta postura, puesto que no
considera a los peritos como auxiliares del juez, sino que la actividad pericial se regula
dentro de los medios de prueba.
Según el artículo 348 LEC, el juez valorará los dictámenes periciales según las reglas
de la sana crítica (principio de libre valoración). Este precepto, que se toma de la LEC
1881, tiene ahora un distinto significado, puesto que la valoración con arreglo a la sana
crítica se refiere a todos los dictámenes periciales, es decir, tanto a los realizados por
perito de parte como a los realizados por perito judicial.
La casi totalidad de la bibliografía se muestra conforme con la libre valoración. Para
justificarla se acude a las insuficiencias de la ciencia y de la técnica, que impiden reconocerles virtualidad absoluta e indiscutible. Incluso en campos que se estiman científicamente avanzados y de técnica muy compleja, como puede ser el caso de la ciencia
económica, se admite la facultad valorativa del juez, dadas las posibles discrepancias
hermenéuticas provenientes no solo del nivel relativo alcanzado por la ciencia, sino
también del diverso grado de conocimiento que sobre él tienen los distintos peritos y
la necesidad de que el juez considere las aportaciones de los expertos en su conexión
global con la vida social y desde el punto de vista de su trascendencia jurídica.
La valoración de la prueba con arreglo a la sana crítica implica tener en cuenta la
lógica propia del común sentir de las personas, por lo que esta se vulnera, según reiterada
jurisprudencia, cuando la valoración es ilógica, irracional, arbitraria, incoherente o
absurda (principio de proscripción de la arbitrariedad). El dictamen pericial, en consecuencia, no tiene carácter vinculante para el juzgador (principio de no vinculación:
dictum expertorum nunquam transit in rem iudicatam).
La jurisprudencia formula en ocasiones algunas reglas concretas. Así, no puede desarticularse el dictamen pericial aceptando algunos aspectos de este y rechazando otros
cuando ello resulta incompatible con la lógica del propio dictamen (principio de unidad). La fuerza probatoria de los dictámenes reside en la fundamentación y razón de
ciencia, y no en la condición, categoría o número de sus autores. El dictamen pericial
puede resultar desvirtuado por los demás medios probatorios, por lo que el juzgador
deberá formar su convicción teniendo en cuenta también estos (principio de apreciación
conjunta: SSTS de 8 de julio de 2002 y 24 de febrero de 2003, entre otras muchas). En
las cuestiones técnicas deben los tribunales atenerse principalmente a los dictámenes
periciales, sin perjuicio de la apreciación de la prueba con sujeción a reglas de crítica
racional (STS de 15 de enero de 1984).
La existencia de dictámenes contradictorios, frecuente a partir de la nueva LEC,
exige un razonamiento lógico acerca de los motivos por los que se da preferencia a uno
de ellos, basado en su respectiva fundamentación desde el punto de vista de la que parece
más lógica y ofrece por ello mayores garantías (STS de 30 de julio de 1999), en su
objetividad (STS de 15 de marzo de 2002), razón de ciencia (STS de 11 de mayo de
1981), solvencia técnica (STS de 24 de febrero de 2003) y adecuación a los restantes
medios probatorios y a la propia finalidad del dictamen (STS de 15 de marzo de 2002).
Deben preferirse los dictámenes emanados de organismos oficiales o de peritos designados por el juez o que han sido objeto de contradicción, si bien no de manera indiscriminada.
Algunos órganos jurisdiccionales acuden a designar un perito dirimente como diligencia final, práctica que, sin ser abiertamente y legal, solo es admisible con carácter
muy restrictivo, dada la importancia que la LEC (artículo 347 LEC) atribuye a la comparecencia de los peritos en la vista o juicio en la que no solo deben contestar las aclaraciones y preguntas que se les formulen, sino que también pueden criticar el dictamen
Disentir del dictamen pericial plantea unas exigencias especiales en relación con la
motivación de la sentencia, dada la necesidad de poner de manifiesto el discurso lógico
que conduce a separarse de lo manifestado por los peritos.
La aplicación de los principios de oralidad y de inmediación, acentuados por la LEC
2000 (artículo 137.2 y 431 LEC), plantea la cuestión acerca de si las facultades de valoración de la prueba de que dispone el juez de apelación tienen un ámbito más limitado
que las que corresponden al órgano de instancia. El problema parece plantearse de
manera más aguda en relación con los interrogatorios de las partes y de testigos, pero
también se plantea en relación con la prueba pericial.
En el proceso penal la doctrina constitucional ha venido distinguiendo entre pruebas
documentales y pruebas personales, estimando recursos de amparo en que la Audiencia
Provincial, sin haber presenciado las pruebas de naturaleza personal, revocó la sentencia
absolutoria dictada por el Juez de lo Penal y dictó sentencia condenatoria (SSTC 167,
170, 197, 128, 200 y 202 de 2002).
Sin embargo, en relación con el alcance de la inmediación en el proceso penal y la
condena en segunda instancia, la STC 143/2005, de 6 de junio, FJ 6, parece excluir a
la prueba pericial de la necesidad de inmediación.
La conclusión a que llegan algunos tribunales (v.gr., SAP Toledo de 17 de diciembre
de 2002) es que el hecho de que el juez que haya dictado sentencia en primera instancia
sea el mismo que ha presenciado la prueba confiere un carácter limitado a la revisión
fáctica que se haga en apelación. Solo cabe la revisión de la valoración probatoria cuando
la prueba es inexistente, se ha valorado errónea o arbitrariamente o cuando las conclusiones fácticas no se apoyan en medios de prueba especialmente sometidos a la percepción directa o inmediación judicial.
De acuerdo con esta tesis, cuando la prueba pericial ha sido sometida a contradicción
en el proceso de instancia por haberse admitido la declaración de los peritos en el juicio,
de tal suerte que la valoración depende sustancialmente de la percepción directa o
inmediación que el mismo tuvo con exclusividad, la revisión en la apelación solo podrá
centrarse en aquellos aspectos de la valoración de la prueba que conciernen a las inducciones realizadas de acuerdo con las reglas de la lógica y la razonabilidad, descartando
solo las inferencias lógicas que han sido llevadas a cabo por el órgano judicial de forma
contraria a la lógica, o arbitraria, irracional o absurda; pero no en lo relativo a la credibilidad del perito puesta en contraste en el acto de la declaración.
El examen de la grabación llevada a cabo en el juicio o en la vista se afirma a veces
que supone inmediación y que coloca al juez de apelación en la misma situación que el
de instancia (SAP Cáceres de 7 de noviembre de 2002). Sin embargo, dada la estrecha
relación que tiene el principio de inmediación con el principio de contradicción (que
constituye el último fundamento de la garantía), y su entendimiento como contigüidad
solícita y dinámica, como requisito de la adecuada formación del convencimiento, la
verdadera inmediación no puede consistir en asistir pasivamente a la reproducción del
juicio. La SAP Toledo de 17 de diciembre de 2002 estima que la grabación no puede
suplir el contacto directo con las pruebas personales, no solamente en relación con
interrogatorios de testigos de las partes, sino también de los peritos. En relación con la
prueba pericial aplica este mismo principio la SAP Vizcaya de 23 de enero de 2004.
La inmediación es condición necesaria, pero no suficiente, para la adecuada valoración de la prueba, pues no asegura su correcta valoración; y no existe, en consecuencia,
razón jurídica que, nacida de la inmediación, impida que el juez de apelación pueda
revisar la correcta valoración efectuada del dictamen o dictámenes periciales —si se parte
de la apelación no como recurso no limitado, sino de pleno conocimiento—. Dado que
esta interpretación obedece a un imperativo constitucional, parece que la única forma
de conciliar la jurisdicción plena del juez de segunda instancia con la práctica de pruebas
en la primera consiste en plantearse la posibilidad de que el juez de apelación acuerde
reproducir la comparecencia pericial en segunda instancia cuando, a solicitud de parte
debidamente justificada, considere que la apreciación del dictamen pericial practicado
en la primera, en cuanto depende de la valoración de elementos sujetos a la percepción
inmediata del juez en el acto de declaración del perito, puede ser errónea. La facultad
del juez de apelación en este sentido, que no se recoge en la LEC, puede resultar analógicamente apoyada por lo dispuesto en el artículo 435.2 LEC, en relación con el juicio
ordinario, según el cual el juez excepcionalmente podrá acordar, de oficio o a instancia
de parte, que se practiquen de nuevo pruebas sobre hechos relevantes, oportunamente
alegados, si los actos de prueba anteriores no hubieran resultado conducentes a causa de
circunstancias ya desaparecidas e independientes de la voluntad y diligencia de las partes,
siempre que existan motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán
adquirir certeza sobre aquellos hechos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en
nuestro Derecho no tiene cabida la reproducción de medios probatorios que ya fueron
propuestos y practicados en primera instancia cuando dicha reproducción se solicita con
la finalidad de intentar de nuevo la práctica en apelación con la única finalidad de
modificar el resultado tenido en la primera instancia, por lo que la reproducción, si se
acuerda, debe limitarse exclusivamente a los aspectos de la valoración del dictamen
dependientes de la percepción inmediata del juez.
En el recurso de casación se plantean nuevos problemas en relación con la valoración
de la prueba pericial.
Si tras la reforma de la LEC de 1881, el Tribunal Supremo admitió la alegación del
error de Derecho como vulneración de las normas sobre valoración de la prueba, incluyendo los casos de error notorio, parece procedente admitir la posibilidad de combatir
a través del ordinal 4.º del art. 469.2 de la LEC 1/2000 la existencia de error notorio o
valoración arbitraria o manifiestamente ilógica o errónea. La doctrina constitucional
sobre el error notorio lleva a encajar en el ordinal 4.º del art. 469 la alegación de error
notorio y la valoración arbitraria e ilógica.
El ATS de 12 de febrero de 2002, recurso 2497/2001, concluye que la supervisión
del juicio fáctico no corresponde al contenido del recurso de casación, por lo que el
error de derecho en la valoración de la prueba, antes susceptible de ser incardinado en
el motivo del art. 1692.4.º LEC 1881, debe ahora ser denunciado mediante el recurso
por infracción procesal.
Otro ATS de la misma fecha (12 de febrero de 2002, dictado al recurso 2042/2001)
resolvió un supuesto en el que el «interés casacional» radicaba en combatir una apreciación fáctica tenida en cuenta por la sentencia recurrida en relación con la carga de la
prueba. El Tribunal Supremo declara que las alegaciones e infracciones legales relativas
a la valoración probatoria o al factum de la sentencia impugnada, como las hechas y
denunciadas a través del recurso referido, deben ahora residenciarse —en cuanto sea
posible, es decir, siempre que exista norma jurídica que rija formalmente la actividad
del enjuiciamiento— en la infracción de normas procesales y no en el recurso de casación, pues este solo puede fundarse en la infracción de normas aplicables para resolver
las cuestiones objeto de debate (art. 477.1 LEC 2000).
En suma, la doctrina inicial de la Sala declara que el sistema de recursos de la nueva
LEC 2000 no es coincidente con la distinción entre «infracción de ley» y «quebrantamiento de las formas esenciales del juicio», establecida en la LEC 1881, por lo que no
es correcto reducir el recurso extraordinario por infracción procesal a los vicios in procedendo y atribuir el íntegro control de los vicios in iudicando al recurso de casación. El
objeto del recurso extraordinario por infracción procesal comprende las cuestiones procesales, entendidas en un sentido amplio, que no se circunscriben a las que enumera el
art. 416 LEC 2000 bajo dicha denominación, sino que abarcan también las normas de
enjuiciamiento civil que llevan a conformar la base fáctica de la pretensión (aspectos
atinentes a la distribución de la carga y la aplicación de las reglas que la disciplinan, el
juicio sobre los hechos resultante de la aplicación de esas reglas y principios que rigen
la valoración de los diferentes medios de prueba y de esta en su conjunto).
Esta doctrina, sin embargo, ha sufrido cierta matización en las resoluciones más
recientes. En los autos de inadmisión de recursos de casación y desestimación de quejas,
en los que la parte recurrente planteaba cuestiones relativas a la valoración de la prueba
o incurría en petición de principio, no se hace una referencia expresa a la posibilidad
de combatir el factum de la sentencia a través del recurso extraordinario por infracción
La STS de 20 de julio de 2005, recurso 3946/2001, declara, en consonancia con la
inicial doctrina de la Sala contenida en autos de queja y de inadmisión, que «los hechos
probados según la sentencia de apelación tienen que ser absolutamente respetados en el
recurso de casación de la LEC 2000, pues no cabe ya impugnarlos por la vía del error
de derecho en la apreciación de la prueba, como aún permitía, bien es cierto que con
muchas restricciones, el ordinal 4.º del art. 1692 LEC de 1881, sino mediante el recurso
extraordinario por infracción procesal, al haberse trasladado a la LEC de 2000 la mayoría
de las reglas legales de valoración probatoria antes contenidas en el Código Civil».
En reunión para la unificación de criterios y coordinación de prácticas procesales,
de 4 de abril de 2006, la Sala Primera del Tribunal Supremo considera que, «como
criterio general, no se admitirá la revisión de cuestiones relativas a la prueba en ningún
caso mediante el recurso de casación y solo excepcionalmente a través del recurso ordinario por infracción procesal, en una amplia interpretación del artículo 469.1 LEC, en
cuanto el ordinal 2.º del referido precepto puede amparar la infracción de las normas
relativas a la carga de la prueba, considerando norma reguladora el artículo 217 LEC,
dado su contenido, y al estar incluido en la ley procesal bajo el epígrafe "de los requisitos
internos de la sentencia y de sus efectos". Además, el ordinal 4.º del artículo 469.1
LEC, al considerar motivo del recurso ordinario por infracción procesal la vulneración
de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la CE, puede encuadrar el
error patente o notorio y la interpretación ilógica o irrazonable de los distintos medios
de prueba legalmente previstos».
El Juez Constitucional ha ratificado en multitud de ocasiones el principio de libre
valoración de la prueba, y en especial de la prueba pericial, por los tribunales de justicia.
Según la STC 26/2006, de 30 de enero, FJ 12, «[...] en este punto es oportuno
recordar, una vez más, que no le corresponde a este Juez entrar a valorar las pruebas
sustituyendo a los Jueces y Tribunales ordinarios en la función exclusiva que les atribuye
el art. 117.1 CE STC 300/2005, de 21 de noviembre, FJ 3.a), entre otras muchas.
Nuestra limitada actuación se circunscribe, en efecto, a comprobar que, como aquí ha
ocurrido, "haya habido una actividad probatoria de cargo válida y que la resolución
judicial no haya sido arbitraria, irracional o absurda" (STC 96/2000, de 10 de abril, FJ
9)».
Según la STC 36/2006, de 13 de febrero, FJ 3, «[l]a tarea de decidir ante distintos
informes periciales cuál o cuáles de ellos, y con qué concreto alcance, deben ser utilizados para la resolución de un determinado supuesto litigioso es una cuestión de mera
interpretación y valoración, conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, de la
prueba, que, en virtud del art. 117.3 CE, constituye una función exclusiva de los órganos
judiciales ordinarios (por todas, SSTC 229/1999, de 13 de diciembre, FJ 4; y 61/2005,
de 14 de marzo, FJ 2)».
La STC 159/2004, de 4 de octubre, FJ 9, declara que «[d]e acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, a este Juez no le corresponde revisar la valoración de
las pruebas a través de las cuales el órgano judicial alcanza su íntima convicción, dado
que el art. 117.3 CE atribuye dicha tarea a los Jueces y Tribunales ordinarios. A la
jurisdicción constitucional corresponde únicamente, a los efectos que ahora interesan,
controlar la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico
que de ella resulte, porque el recurso de amparo no es un recurso de apelación, ni este
Juez una tercera instancia revisora de las actuaciones propias de la competencia específica
de los órganos judiciales, lo que impide valorar nuevamente la prueba practicada o
enjuiciar la valoración realizada por los Jueces o Tribunales que integran el Poder Judicial, salvo en caso de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta (SSTC 81/1998, de 2 de
abril, FJ 3; 189/1998, de 29 de septiembre, FJ 2; 220/1998, de 17 de diciembre, FJ 3;
120/1990, de 28 de junio, FJ 2; 220/2001, de 5 de noviembre, FJ 3; 125/2002, de 20
de mayo, FJ 2; 57/2002, de 11 de marzo, FJ 2; 125/2002, de 20 de mayo, FJ 2;
137/2002, de 3 de junio, FJ 8; 43/2003, de 3 de marzo, FJ 4; y 119/2003, de 16 de
junio, FJ 2)».
Juan Antonio Xiol Ríos
Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo
Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a mis compañeros y amigos Enric
Vergés Mame, ex Director Técnico del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya por su valiosa aportación y orientaciones en la preparación del capítulo I de
la Segunda Parte, relativo a la evidencia, a Josep Anglada i Viñolas, por su constante
apoyo informático en la preparación del material, y, de modo muy especial, a José
Avellaneda Fernández, economista, auditor de cuentas y perito judicial, componente
de mi equipo, quien ya colaboró en la preparación de la 6.ª edición de la obra, y en la
presente por su colaboración en la revisión y selección de sentencias.
Deseo por último citar in memoriam a mi inolvidable extinto amigo Joaquín Buguña
Forcat, Intendente mercantil, profundo conocedor que fue de la matemática financiera,
por su colaboración en la preparación ya en las ediciones anteriores, del contenido
matemático incluida en esta en el apartado 2.1.8.1 Supuesto de aplicación de la prueba
pericial contable en procedimientos de declaración de nulidad de préstamos usurarios.
J. C. Balagué
OBJETO DE LA OBRA
Al igual que se dijo en las ediciones anteriores, la obra tiene por objeto proporcionar
los conocimientos teórico-prácticos necesarios a los expertos contables, particularmente,
y en general, a todos los operadores jurídicos que de un modo u otro precisen conocer
los pormenores de esta especial clase de prueba que es la pericial contable.
De lectura imprescindible para quienes estén en continuo contacto con los tribunales: economistas, titulados mercantiles y empresariales, censores jurados de cuentas y
auditores, especializados en cuestiones económico-jurídicas, la obra resulta asimismo
especialmente idónea para todos los profesionales del Derecho, para quienes el ejercicio
profesional les obliga asumir compromisos y asuntos de vasto contenido económico,
para los cuales resulta imprescindible contar con la colaboración del experto. En este
contexto la obra es un referente.
En primer lugar hay que decir que en esta 7.ª edición de la obra, como habrá podido
observar el lector que disponga de la 6ª edición, al igual que se hizo en aquella, por su
interés se han incluido los prólogos de la 5.ª y de la 6.ª ediciones; de ellos merece citar
el interesantísimo prólogo preparado para la 5.ª edición por el Exmo. Sr. D. Juan Antonio Xiol Ríos, Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo.
En la presente edición se ha seguido el mismo sistema de clasificación numérica de
las ediciones anteriores, por cuanto se ha comprobado es el sistema más idóneo y eficaz
para seguir la secuencia numérica de apartados y subapartados y su desarrollo.
La primera parte de la obra sigue las pautas de los libros concebidos para comentar
textos legales. Se considera conveniente indicar el modo en que ha sido estructurada
para facilitar su manejo.
Las múltiples modificaciones introducidas en las Leyes de Enjuiciamiento Civil y
Criminal, han hecho necesario modificar y actualizar la obra, que con sus seis ediciones
anteriores, siete con la presente, se ha convertido en un referente para el estudio de la
prueba pericial contable en su más amplio sentido, es decir, incluida en el ella la prueba
pericial económica o económico-financiera.
Esta nueva edición está estructurada en tres partes. La primera parte estudia el ordenamiento jurídico relativo a la prueba de peritos.
El capítulo primero de esta parte estudia los conceptos comunes a las cuatro jurisdicciones: civil, penal, contencioso-administrativa y laboral. En él se hace referencia a
la apreciación y valoración de la prueba por el Tribunal Supremo y por las Audiencias,
aportándose jurisprudencia sobre ellas; la figura del perito, los profesionales legalmente
autorizados para la práctica de la prueba pericial contable y económica, determinadas
circunstancias que afectan al perito, como la protección judicial y responsabilidad,
intervención del auditor de cuentas en las actuaciones periciales y lo que concierne al
cobro de honorarios de peritos.
El capítulo segundo trata de la prueba pericial contable en la jurisdicción civil. Se
hace en este capítulo una síntesis de las dos clases de procesos declarativos: el ordinario
y el verbal, y en ambos a lo que se refiere a la prueba pericial contable y al perito. Se
contempla la valoración de la prueba por el juzgador. Se exponen también en esta parte
otras intervenciones de los peritos previstas por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El capítulo tercero trata de la prueba pericial contable en la jurisdicción penal. En
él se estudian los distintos tipos de delitos en los cuales la prueba pericial contable es
En el capítulo cuarto se estudian las modalidades y procedimientos de ejecución de
los tipos de delitos, clasificados en razón de su forma y de las áreas de su realización.
El capítulo quinto estudia la prueba pericial contable en la jurisdicción contenciosoadministrativa, en primera y única instancia y en el procedimiento abreviado.
El capítulo sexto estudia la prueba pericial contable en la jurisdicción laboral.
La segunda parte trata de la Metodología de la prueba pericial contable. A efectos
enunciativos se ha dispuesto la metodología en dos partes, atendiendo los aspectos de
fondo y de forma.
En el capítulo primero de esta parte, relativo a los aspectos de fondo, se estudian los
conceptos de evidencia, el dilema en la prueba pericial contable y los juicios subjetivos
y la necesidad de abstención de tales juicios por parte del perito.
En el capítulo segundo se estudian los procedimientos de prueba en el ámbito de la
jurisdicción penal, según la forma de comisión de los delitos y según las áreas de realización.
El capítulo tercero trata de los aspectos de forma con referencia al dictamen y al
informe pericial, dándose reglas para la redacción de dictámenes e informes. En él se
exponen también modelos de dictámenes e informes.
El capítulo cuarto trata del control de calidad de la pericia, su práctica y alcance.
Al final hace una referencia de la legislación relativa a la prueba de peritos.
En esta séptima edición el libro se ha ampliado en una tercera parte en la que se
incluye jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias, clasificada también
por jurisdicciones: civil, penal, contencioso-administrativa y social, incluyéndose una
selección de sentencias entre las consideradas más significativas respecto a la prueba
pericial y al perito.
La inclusión de jurisprudencia viene justificada por la conveniencia que tiene el
perito de tener un conocimiento de lo que han ido disponiendo el Tribunal Supremo
y las Audiencias provinciales sobre determinados casos. La jurisprudencia es un complemento valiosísimo para conocer el criterio de los juzgadores en el acto de emitir
sentencia, y el del Tribunal Supremo en el de casación de las sentencias dictadas por los
A este respecto cabe decir que se ha considerado más importante conocer el efecto
de las periciales en las sentencias más que el resultado de las mismas que para no hacer
el texto más extenso se han omitido. La mayor parte de las sentencias seleccionadas son
del Tribunal Supremo ya que, aun cuando son del cumplimiento de la legalidad, citarlas
se ha considerado es de mayor relevancia que hacerlo de las Audiencias que en muchas
ocasiones discrepan entre unas y otras.
De otra parte, los Fundamentos de Derecho expuestos en las sentencias del Tribunal
Supremo, son no en todas pero sí en la en la mayoría de los casos suficientemente
explicitas para conocer los hechos juzgados recogidos por las Audiencias en sus sentencias.
Cierra la obra una selección de casos reales.
Los textos legales a los que se hace referencia en los epígrafes y subepígrafes han sido
sintetizados en razón a la importancia que tienen en el contexto de la obra. Tras los
párrafos de los epígrafes y apartados se deja constancia de los artículos y textos legales a
los que se refieren, así como las introducciones y modificaciones posteriores por nuevas
disposiciones legales. Tal es la cantidad de modificaciones en los artículos de las distintas
leyes citadas en el libro que solo se han reseñado las que se han considerado de mayor
Las referencias en el texto del libro al órgano jurisdiccional exigen una aclaración
sobre su significado. Por órgano jurisdiccional se entiende en general a los jueces y
Tribunales de Justicia de cualquier jurisdicción. Se incluyen en él tanto a los jueces de
primera instancia y de instrucción como a los tribunales. En este sentido las referencias
al órgano jurisdiccional, jueces y juzgador procede considerarlas sinónimas. Se considera
oportuno aclarar que juez o juzgador es quien tiene la facultad de juzgar y hacer ejecutar
lo juzgado, mientras que tribunal es un órgano jurisdiccional de composición colegiada.
La Ley de Enjuiciamiento Civil en la exposición de motivos hace una aclaración en tal
sentido sobre la utilización de las expresiones tribunales y jueces en ella empleadas (Ley
de Enjuiciamiento Civil, exposición de motivos IV, párr. 6). En la obra se ha optado
por utilizar únicamente el término juez o su sinónimo juzgador.
Tanto la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable a los procesos penales, contenciosoadministrativos, laborales o sociales y militares, supletoria en defecto de disposiciones
específicas en sus respectivas leyes reguladoras, como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, disponen que, salvo en determinados casos que la propia ley prevé, los peritos
habrán de tener título oficial que les faculte para la práctica de la pericia y posterior
emisión del dictamen o informe (véase 2.1.4.5.2.2.1 y 3.2.1.4). Según esto, los únicos
profesionales que por su título oficial pueden ejercer como peritos para la práctica de
pruebas periciales contables ante los tribunales son los titulados mercantiles y empresariales (peritos, profesores e intendentes mercantiles y diplomados), los economistas, los
censores jurados de cuentas, estos últimos pertenecientes en todo caso a uno u otro
colectivo, sino a ambos, y los auditores de cuentas. En el texto de la obra la referencia
al perito o peritos se entiende hecha a estos profesionales cuando actúan en funciones
de perito judicial, excepto en los casos en que el objeto de la pericia deba realizarla un
auditor de cuentas, en cuyo caso se indica solo este.
La actuación de los cuatro grupos de profesionales en funciones de perito judicial
se extiende a cuestiones mucho más amplias que la prueba pericial exclusivamente contable. Conviene hacer por ello la distinción entre prueba pericial contable y prueba
pericial económica. La prueba pericial contable se basa exclusivamente en cuestiones de
índole contable, y en base a ellas, los procedimientos de prueba son sobre contabilidades,
cuentas y estados financieros que de ellas se derivan; en cambio, la prueba pericial económica es mucho más compleja ya que se aparta de lo meramente contable y alcanza a
cuestiones de microeconomía cuales contratación, mercados, situación empresarial,
valoraciones de empresas, etc., o incluso, en determinados casos, de macroeconomía,
las cuales no entran dentro de los condicionamientos de la prueba pericial contable.
Hecha la salvedad, no obstante, siempre que en el libro se refiere a la prueba pericial
contable debe considerarse hecha extensiva a las pruebas de naturaleza económica.
Para la actualización de la obra se ha utilizado la legislación consolidada de las que
tan acertadamente viene publicando el Boletín Oficial del Estado (BOE), en donde aparecen los textos legales hasta la última actualización en el momento de la consulta con
las todas las modificaciones dispuestas. Aparte de esos textos consolidados, es de significar
el gran acierto de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado en la recopilación en la
colección electrónica Códigos electrónicos, distintos textos de materias homogéneas,
habiendo sido singularmente útil las consultas a la edición electrónica del Código de
Legislación Procesal que reúne toda la legislación procesal actualizada, de modo que a
quienes interese conocer las modificaciones posteriores a la fecha de la publicación del
libro, debe consultar las leyes y disposiciones legales consolidadas publicadas por el BOE,
además del referido Código de Legislación Procesal.
Cabe significar, por último, que el libro forma parte sustancial del curso homónimo
que el autor viene impartiendo en colegios profesionales de economistas, titulados mercantiles y en las agrupaciones y colegios de censores jurados de cuentas, así como en
otras entidades y corporaciones especializadas en la impartición de cursos de especialización.
Resta por decir antes de dar por concluida esta NOTA PREVIA, sepa el lector
disculpar posibles errores u omisiones en la actualización del libro, consecuencia de la
gran proliferación de inclusiones y modificaciones en la legislación en las cuatro jurisdicciones. El autor agradecerá a los lectores le hagan llegar los errores que hubieran
podido advertir en el libro, así como también sus comentarios.
Se indican aquí los textos legales imprescindibles para el manejo de la obra que el
perito habrá de consultar. Se recomienda hacerlo a través del BOE, Legislación consolidada, y del Código de Legislación Procesal en donde, como se ha dicho en las NOTAS
PREVIAS, aparecen todos los textos legales actualizados hasta la fecha que se indica en
el Código, que suele ser muy próxima a la de la consulta. En razón a ello se ha suprimido
la legislación que ha modificado las leyes que se citan como imprescindibles, ya que al
lector utilizando como se recomienda, el BOE Legislación consolidada y el Código de
Legislación Procesal, ya no se hace necesaria la búsqueda antes obligada. Los referidos
textos legales calificados aquí de imprescindibles son los siguientes:
LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Código penal anterior.
Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
Ley orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos.
Ley de Enjuiciamiento Civil anterior.
Ley 14 de setiembre 1882 de Enjuiciamiento criminal
Ley de 23 de julio de 1908, de represión de la usura.
Ley 19/1989, de 25 de julio, de adaptación de la legislación española a la normativa de la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea).
Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la
implantación de la nueva oficina judicial.
Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal.
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la legislación social.
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
RD 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Auditoría de Cuentas Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
A continuación se indican las abreviaturas de los textos legales relacionados en las páginas
anteriores y otros, citados en el libro. Únicamente se han abreviado los muy repetitivos.
Lajg.
Linoj.
LOptp.
LRJS
LrLEC
Ley de Auditoría de Cuentas.
Ley de asistencia jurídica gratuita.
Ley de adaptación de la legislación española a la normativa de la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea).
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Ley orgánica del Poder Judicial.
Ley orgánica de protección a testigos y peritos.
Ley de represión de la usura.
Ley de Sociedades de capital.
Ley 36/2011 reguladora de la Jurisdicción Social.
Reglamento de la Ley de auditoría de cuentas.
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 172000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil.
Otras abreviaturas empleadas:
artículo, artículos.
NIA-ES
párr.
Registro oficial de auditores de cuentas.
Registro Economistas Forenses.
Normas internacionales/norma internacional de auditoría.
Normas técnicas/norma técnica de auditoría.
Sentencia, Sentencias.
Sentencia Audiencia Provincial.
Sentencia del Tribunal Supremo.
Tasa (de interés) anual equivalente.
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.
International Federation of Accountants.
Juez Constitucional.
Ordenamiento jurídico relativo a la prueba de peritos
La prueba pericial contable y de índole económicofinanciera. Conceptos comunes a las cuatro jurisdicciones
(civil, penal, contencioso-administrativa y laboral)
PRUEBA PERICIAL CONTABLE
Resulta esencial exponer una concreción de definiciones para entrar en la esencia
misma del concepto jurídico de prueba:
1. Fase esencial del proceso. El juez habrá de formar su convicción sobre la veracidad o falsedad de los hechos aducidos por las partes con base en el resultado
La relatividad de los hechos, habida cuenta de las circunstancias y situaciones,
obliga para su dilucidación basarse en pruebas objetivas. En este sentido, no cabe
la menor duda, y así lo tienen reconocido magistrados y jueces, que la prueba
pericial contable en general, y la contable en particular, es de todas las pruebas
la de mayor relevancia en el pleito.
2. Actividad que desarrollan las partes con el juez para llevar al juez la convicción
de la verdad de una afirmación. La doctrina jurídica identifica por prueba el
medio para probar.
3. Acción y efecto de probar.
4. Razón, instrumento, argumento u otro medio con que se pretende mostrar y
hacer patente la verdad o falsedad de los hechos1.
Una definición por sus acepciones la define como fin y como medio. Por la primera
acepción persigue la demostración de la verdad o exactitud de un hecho del cual
depende la existencia de un derecho. Mediante la segunda acepción se identifica con el
conjunto de recursos susceptibles de ser utilizados para obtener aquella demostración2.
PIETRO CASTRO, citado por R, GARCÍA Y R GARCÍA, en op. cit.
R. GARCÍA y R. GARCÍA, op. cit.
Prueba es, así, la actividad dirigida a convencer al juzgador de la verdad o falsedad
de los hechos alegados en el proceso.
Ordenamiento legal básico
La práctica de la prueba de peritos y todo lo con ella relacionado se halla regulada
en el Derecho positivo español en los siguientes textos legales:
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Desde la fecha de su promulgación ha experimentado varias modificaciones.
Ley de 14 de septiembre de 1882, de Enjuiciamiento Criminal.
Basada en documentos. Pueden ser documentos públicos o documentos privados.
Prueba de documentos públicos
La LEC hace una detallada exposición de los documentos públicos a efectos probatorios (LEC, art. 317). Son los siguientes:
Resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales y testimonios expedidos por
los Letrado de la Administración de Justicia.
Documentos autorizados por notario.
Documentos intervenidos por corredor de comercio y las certificaciones de las
operaciones en que hubiesen intervenido.
Certificaciones expedidas por los registradores de la propiedad y mercantiles.
Documentos expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para
dar fe en asuntos referentes al ejercicio de sus funciones.
dar fe referentes a archivos y registros de órganos del Estado, de las Administraciones públicas o de otras entidades de Derecho público.
Los documentos públicos tendrán la fuerza probatoria establecida en el artículo 319
si se aportan al proceso en original, copia o certificación fehaciente, bien en soporte
papel o mediante documento electrónico. Si se aportó en copia simple, en soporte papel
o imagen digitalizada, según lo previsto en el art. 267, no se hubiere impugnado su
autenticidad (LEC art. 318). El valor probatorio de los documentos públicos podrá ser
impugnado (LEC art. 320).
La prueba pericial contable y de índole económico-financiera. Conceptos comunes ...
Prueba de documentos privados
Según la LEC, se consideran documentos privados a efectos probatorios en los procedimientos judiciales los que no se hallan incluidos en el art. 317 como documentos
públicos (LEC, art. 324).
Los informes emitidos por los auditores de cuentas, calificados por la LAC como
documento mercantil (LAC, art. 5.1), no hallándose incluidos en el referido art. 317
tienen la consideración de documentos privados.
Es necesario que el perito conozca todo lo relativo a los soportes de la contabilidad
para conocer cómo ha de solicitarlos
Cuando hayan de utilizarse como medio de prueba los libros de contabilidad (de
los comerciantes, dice la LEC, en una acepción un tanto arcaica) se estará a lo dispuesto
por las leyes mercantiles (LEC, art. 327). Se está refiriendo, implícitamente, al CCom
y la LSC.
Los libros de contabilidad o de comerciantes a los que se refiere la LEC, así como
otras disposiciones legales, libro diario y libro de inventarios y balances, en su más amplio
sentido, alcanza a los registros contables obtenidos en los procesos de la contabilidad por
ordenador, sean en forma de listados o en otra clase de soporte, no necesariamente físico.
Dispone la LEC que, excepcionalmente, el Juez podrá requerir se presenten los
libros de contabilidad o soportes informáticos, debiendo especificar los asientos a examinar (LEC art. 327).
La instrucción de 12 de febrero 2015, de la Dirección General de Registros y del
Notariado, vino a modificar substancialmente lo referente a la legalización de libros
obligatorios. Con tal modificación el concepto de libros pierde ya su naturaleza ya que
la legalización de los registros contables obtenidos en el proceso contable por ordenador,
es obligatoria su legalización en forma electrónica y presentados por vía telemática en
el Registro Mercantil del domicilio de la empresa presentadora, Registro Mercantil
competente, dice la LEC, con remisión a la Ley 14/2013, obtenidos a partir del 29 de
setiembre 2013, hasta cuya fecha se legalizaban en soporte papel (Disposiciones 1.ª y
3.ª).
La Instrucción vuelve a hacer referencia a la Ley 14/2013, al aclarar que los libros
se tratan de los libros obligatoriamente deben llevar las empresas, empresarios, dice.
Implícitamente se está refiriendo al CCom (Disposición 2.ª).
También a partir del 29 de setiembre 2013 el libro de actas quedó sustituido por la
legalización de las actas también por sistema informático y vía telemática.
PRECONSTITUIDA
Prueba cuya existencia es previa e independiente al trámite procesal.
En la LECa los informes y certificaciones emitidos por los auditores a requerimiento
de particulares, al margen de todo trámite procesal, eran a menudo utilizados como
prueba en juicio, introduciéndola en los autos como documento privado, circunstancia
que les daba el carácter de prueba preconstituida (LEC, art. 265 y ss.).
La LEC modificó el criterio de calificación de los dictámenes e informes de expertos
aportados a los autos por las partes como prueba preconstituida, abandonando el criterio
de la LECa de considerarlos como prueba documental e incluyéndolos dentro de la
prueba de peritos
En el escrito de interposición de demanda (jurisdicción civil) o de querella (jurisdicción penal) la parte demandante o querellante concreta los hechos sobre los que deban
basarse ambas. En aquella, deberán acompañarse los dictámenes de peritos e informes
de expertos de que intenten valerse las partes en el juicio (LEC, arts. 265 y 336).
Posteriormente en el escrito de solicitud de designación de peritos para la práctica
de prueba pericial contable, cuando procede, una de las partes o ambas, por separado,
incluyéndose como parte querellante en las causas penales al Ministerio Fiscal, determinan el alcance y contenido de la prueba solicitada.
El juez, en la providencia de nombramiento de perito, concreta el alcance y contenido de la prueba que debe ser realizada o, de admitirla completa, se remite a los
escritos de la o las partes solicitantes de dicha prueba.
En los juicios por denuncia no hay parte querellante, por lo que es el propio juez
instructor quien, de considerarlo necesario o conveniente, requiere al experto para la
práctica de la prueba pericial contable. En la providencia de nombramiento se concreta
asimismo el alcance y contenido de la prueba. En ambos casos el Ministerio Fiscal,
constituido en parte acusadora, puede solicitar también la práctica de prueba en idénticos
En cualquier caso el perito conoce ya desde el momento de su designación los
hechos sobre los que habrá de versar la prueba.
Parte de la documentación precisa para la práctica de la prueba pericial contable o
económico-financiera consta ya en los autos, por lo que resulta imprescindible un examen en profundidad de estos para el conocimiento de los antecedentes de la prueba a
practicar pero en cualquier caso es imprescindible la verificación y el examen de libros
de contabilidad y demás documentación en poder de las partes.
La LEC prevé el empleo de la prueba de peritos cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos o prácticos para conocer o apreciar hechos de influencia
en el pleito (LEC, art. 335).
La LECrim establece que el juez acordará el informe pericial cuando sean necesarios
o convenientes conocimientos científicos o artísticos para el conocimiento o apreciación
de hechos o circunstancias importantes en el sumario (LECrim, art. 456).
Es dentro de la modalidad de conocimientos científicos y prácticos que se hallan los
conocimientos que debe poseer el perito contable para la realización de la prueba pericial
contable y es precisamente en este medio de prueba en el que se enmarca el documento
emitido por el perito en el ámbito del proceso jurisdiccional.
Uno y otro son consecuencia del carácter del nombramiento por el juez, a instancia
o no de alguna o de ambas partes. Si las partes solicitan y el juez considera pertinente
que la prueba pericial contable deba hacerla un economista, titulado mercantil o censor
jurado de cuentas, el dictamen que el perito habrá de emitir lo será en virtud del título
profesional que le faculta y por el que haya sido designado.
Si el carácter con el que es requerido el experto es en virtud de su condición de
auditor, el perito habrá de ser, además, auditor inscrito en el ROAC.
El CCom prevé la práctica de auditoría por auditor de cuentas por mandato Judicial
o por designación del registrador mercantil (CCom, art. 40).
Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL POR EL JUZGADOR
La cualificación, apreciación y valoración de la prueba pericial corresponde exclusivamente al juez. El dictamen pericial no es más que un mero medio de prueba que se
somete a la apreciación y criterio del órgano jurisdiccional que entiende del procedimiento.
Aun cuando lo que exponen los peritos en su dictamen son hechos probados no
son en absoluto vinculantes para el juez en el acto de juzgar; sin embargo, también es
preciso decir que las pruebas periciales, en tanto que medios capaces de alcanzar a formar
una opinión veraz de los hechos, constituyen un elemento importantísimo en el
momento de crear en el juez una convicción sobre tales hechos.
La prueba pericial, como ninguna otra prueba, como se acaba de decir, no vincula
en absoluto al juez sino que este está en total libertad de valoración. Esta afirmación se
halla expuesta de forma expresa en la LEC y en la LECrim: La valoración de los dictámenes periciales los valorará el juzgador según las reglas de la sana crítica (LEC, art.
348), según su conciencia, las pruebas practicadas en el juicio (LECrim, art. 741).
Es de apreciación libre por parte del juzgador, según su prudente arbitrio, puesto
que al tener la prueba el carácter de no tasada, no existe normativa para su valoración
(véase 3.1.1). Rigen, no obstante, ciertas reglas que a título de principios informadores
son consideradas siempre válidas por la jurisprudencia para la valoración. Son:
Principio de la sana crítica, la cual ha de fundamentarse en reglas no codificadas.
Principio de la libre valoración de la prueba por el juzgador.
Las reglas de la sana crítica (LEC, art. 348) han de ser entendidas como las más elementales
directrices de la lógica humana, es decir, derivadas del pensamiento lógico.
La prueba pericial en general, y la pericial contable en particular, es valorada libremente
por el juzgador, siendo de su libre apreciación. Los peritos no deben ni pueden influir en
el Juez, sino solo informarle sobre los puntos respecto a los que hayan sido requeridos
para ello, sin expresar juicios valorativos y, aunque parezca un contrasentido, sacar conclusiones al respecto (véase Segunda Parte, capítulo 1.4.). El juez, por su parte, en disposición de todas las pruebas aportadas a los autos, puede llegar a conclusiones distintas
a las del o de los peritos, aunque, en tal caso, deberá razonar los motivos por los que
discrepa y no acepta los argumentos aportados por los peritos.
El Juez no puede incurrir en arbitrariedades, que serían recurribles en casación, por
lo cual debe motivar su decisión cuando esta resulte contraria al dictamen pericial,
máxime cuando se decida por uno de los dictámenes cuando sean más de uno y, además,
contradictorios entre sí, optando por el que le resulte más convincente y objetivo en
orden a la formación de su opinión, quedando, en cambio, dispensado de justificar su
rechazo cuando el dictamen tampoco razone el resultado que haya obtenido el perito.
La jurisprudencia no considera los dictámenes en sí mismos manifestaciones de una
verdad incontrovertida, por lo que han de ser valorados por el juzgador atendiendo a
su convicción y a los criterios de la sana crítica y en conjunto con los demás medios de prueba. La
jurisprudencia del Tribunal Supremo viene proclamando hasta la saciedad que los tribunales no están vinculados por las conclusiones de los peritos con la única excepción de
cuando se basan en leyes científicas incontrovertibles.
El Juez de apelación debe verificar si en la valoración conjunta del material probatorio, el
juzgador se ha comportado de forma ilógica, arbitraria o contraria a las máximas de experiencia
o a las reglas de la sana crítica.
El juez debe valorar los dictámenes de peritos tomando en cuenta sus propias máximas de experiencia, que son:
La lógica interna del dictamen o informe del experto;
El ajuste del dictamen o informe a la realidad del pleito;
La titulación y grado de conocimientos del perito respecto a lo que constituye el objeto
de la pericia;
La relación entre el resultado de la pericial y los demás medios probatorios obrantes
en autos;
La calidad del dictamen o informe y nivel de exhaustividad (se corresponde con lo
expuesto en cap. 3, segunda parte, 3.2. reglas para la redacción de dictámenes e
informes, y en 3.2, párrafo 11, Completud);
La metodología aplicada y operaciones practicadas por el perito para la elaboración
del dictamen o informe y la obtención de conclusiones (véase Segunda Parte.
Metodología);
La objetividad del dictamen;
La no omisión de datos relevantes constantes en el dictamen del perito.
Imposibilidad de atacar sentencias en casación
Según el principio que rige las reglas de la sana critica, ninguna sentencia puede ser atacada
en casación, por el hecho, precisamente, de la inexistencia de normas legales que concrete
las reglas a que deba sujetarse el juzgador, y con ello la imposibilidad de invocarlas en
el recurso de casación, salvo en determinados casos que constituyen la excepción.
Según la doctrina del TS solo tienen acceso a casación las sentencias en cuyas conclusiones el órgano a quo:
Haya tergiversado ostensiblemente las conclusiones del perito.
Haya falseado arbitrariamente las conclusiones a que haya llegado el perito.
Extraiga conclusiones valorativas absurdas.
Contradiga los más preclaros principios de la racionalidad.
Sea ilógica. Contradiga los más elementales principios de la lógica.
No guarde la debida coherencia.
Sea contradictoria.
Fuera de los casos contemplados, la valoración de la prueba pericial se halla privada del
acceso casacional.
Jurisprudencia sobre valoración de la prueba
La lectura de las sentencias del TS y de las Audiencias, de donde han sido extraídos
y sintetizados los principios y reglas mencionados, tiene la virtualidad de aportar información válida y precisa sobre diversas cuestiones no contempladas por la legislación. A
continuación se reproducen, parcialmente, algunas de las más interesantes.
La Sentencia del TS 2887/2015, Sala de lo contencioso-administrativo, de 29 de
junio 2015, en relación a la valoración de la prueba pericial en conexión con la calificación que debe darse a un informe pericial no razonado en Fundamento de Derecho
Quinto, textualmente dice:
«En estas circunstancias y teniendo a la vista dicho dictamen técnico, no cabe concluir
que la sentencia impugnada haya infringido el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento civil,
en cuanto dispone que la prueba pericial ha de valorarse de acuerdo con las reglas de la sana
crítica. Conviene recordar que un informe pericial no razonado constituye una mera opinión, pues, en definitiva, su fuerza probatoria no reside tanto en la condición, categoría o
número de sus autores como en su mayor o menor fundamentación o razón de ciencia
[véanse las SS de 16 de junio de 2008 (casación 429/05, FJ 2.º B), 6 de octubre de 2008
(casación 6168/07, FJ 3.º), 17 de noviembre de 2008 (casación 5709/07, FJ 13.º), 1 de
diciembre de 2008 (casación 5033/05, FJ 4.º), 16 de febrero de 2009 (casación 1887/07, FJ
7.º), 27 de febrero de 2012 (casación 6371/08, FJ 3.º), 19 de enero de 2015 (casación
1418/13, FJ 9 .º) y 27 de abril de 2015 (casación 3777/12, FJ 3.º)]. Lo esencial en los informes
periciales no son las conclusiones a las que llegan sino los razonamientos que conducen a las
mismas [SS de 27 de febrero de 2001 (casación 6378/96, FJ 2.º), 27 de febrero de 2012
(casación 6371/08, FJ 3.º), 19 de enero de 2015 (casación 1418/13, FJ 9 .º) y 27 de abril de
2015 (casación 3777/12, FJ 3.º)]».
La SAP de Granada, de 30 de noviembre 2006, n.o 553, respecto a la apreciación
por el juez de la prueba pericial plasmada por el perito en su dictamen, concreta:
«[...] la valoración de la prueba constituye un proceso lógico en el que se diferencian
dos operaciones: de una parte la apreciación e interpretación de la prueba, de otra su valoración en sentido estricto. En una primera fase o etapa pueden diferenciarse dos momentos
diferenciados: en el primero el Juzgador analiza separadamente todas y cada una de las prue-
bas aportadas para establecer con la mayor fidelidad posible cuáles son los precisos elementos
que proporciona separadamente cada fuente de información aportado por cada prueba, y
descubrir cuáles sean las afirmaciones que cabe extraer de ese examen (declaraciones de las
partes y de los testigos, el contenido de los documentos constantes en autos, dictamen del
o de los peritos, etc.). En relación con los dictámenes periciales, concretamente, la interpretación consiste en el examen del dictamen y de los documentos que el perito haya considerado necesario o conveniente adjuntar con su informe. Este cometido es particularmente
preciso en el caso de la pericial.
En un segundo estadio o momento, deberá calificar la idoneidad objetiva y en abstracto
de los resultados que las pruebas examinadas arrojen con el fin de asentar sobre ellas su
convicción».
Sentencia de la Sala 1.ª de lo Civil del TS, de 15 de marzo de 2002, n.o 259/2002.
No aceptación en casación de la valoración de la prueba por no darse las causas de
admisibilidad que se exponen en la sentencia. La valoración objetiva de la prueba pericial
por el juzgador de instancia elimina la posibilidad de casación.
En el Fundamento de Derecho segundo dispone:
«[...] El segundo motivo del recurso denuncia infracción de los arts. 1243 CC y 632
LEC (LECa), así como del art. 24 de la Constitución, "todo ello en relación con la valoración
de la prueba pericial practicada".
Ha de advertirse, en principio, que esta Sala tiene declarado reiteradamente (SS de 1
febrero y 19 octubre 1982, 20 febrero 1992, 28 junio y 13 junio 1999) que la valoración de
la prueba pericial se encuentra privada del acceso casacional salvo cuando el órgano a quo tergiverse
las conclusiones periciales de forma ostensible, falsee de forma arbitraria sus dictados o extraiga conclusiones absurdas o ilógicas, lo que evidentemente no acontece en este caso; y la circunstancia
de que la sentencia del Juzgado (Fundamento de Derecho cuarto) destaque, al valorar los
dictámenes periciales recabados, "como más objetivo y ajustado a los fines que con ellos se
pretenden, el emitido por el perito…", ha de integrarse en una correcta valoración de las
pericias que no precisa otras justificaciones (SS de 27 noviembre 1958 y 26 junio 1964), ya
que si los Jueces y Tribunales no están "obligados a sujetarse al dictamen de los peritos" [art. 632
LEC (LECa)], por lo mismo podrán atender al que estimen más adecuado.
Ha de decaer, por tanto, el motivo».
Sentencia de la Sala 1.ª de lo Civil del TS, de 29 de noviembre de 2002, n.o 1130,
sobre libre valoración de la prueba pericial. Inadmisión de la apelación en casación por
no reunir la sentencia recurrida los condicionamientos para su admisión. Tampoco es
admisible la solicitud de una nueva valoración conjunta de la prueba pericial y la documental.
El Fundamento de Derecho tercero dice:
«Al amparo del art. 1692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LECa), se articula el
motivo tercero por infracción de los arts. 1242 y 1243 del Código Civil, en relación con el
art. 632 de la Ley Procesal Civil (LECa) "por error valorativo manifiestamente ilógico y
perfectamente apreciable de la prueba pericial practicada". En su fundamentación, la recurrente se limita a la cita textual de alguna declaración jurisprudencial acerca de la posibilidad
de acceso a la casación de la impugnación de la prueba pericial, remitiéndose, por otra parte,
al antecedente XII de su escrito de recurso.
Dice la sentencia de esta Sala de 5 de diciembre de 2001 que "la prueba pericial debe ser
valorada libremente por el Juzgador de acuerdo con la sana crítica, por lo que no puede ser
atacada en casación, puesto que no constan en norma legal alguna concreta que pueda ser invocada en
el recurso de casación las reglas a que deba sujetarse, salvo que esa valoración conduzca a una situación
absurda, ilógica o contradictoria de la misma"; tales defectos no pueden atribuirse a la valoración
de la pericia llevada a cabo por los juzgadores de ambas instancias. En el invocado antecedente XII del escrito de recurso, lo que se pretende es una confrontación del informe pericial con
determinados documentos a fin de contradecir las conclusiones obtenidas por el perito y que por esta
Sala se realice una nueva valoración en conjunto de la pericial y documental, lo que, evidentemente,
excede del ámbito casacional. En consecuencia, decae el motivo».
Sentencia de la Sala 1.ª de lo Civil del TS, de 20 de febrero de 2003, n.o 141, sobre
libre valoración de la prueba pericial. La sentencia pone de manifiesto una vez más la
libre valoración de la prueba por parte del juzgador frente al principio de prueba tasada.
El Fundamento de Derecho cuarto dice:
«Cuarto. En el motivo tercero se afirma que es constante y pacífica la doctrina jurisprudencial de que la pruebas periciales conforme al art. 632 de la LEC (LECa) son de estimación
discrecional según las reglas de la sana crítica, y que el desacierto en estas pruebas admite censura
casacional, no en cuanto a la prueba misma y sí respecto de su valoración mediante la denuncia de las
normas hermenéuticas contenidas en los arts. 1281 a 1289 del C. Civil. Y añade que en esta
línea de razonamiento cabe ser impugnadas cuando las conclusiones valorativas a que llega el Juez
de instancia contradicen abiertamente la racionalidad, conculcando las más elementales directrices de la
lógica, o no guardan la debida coherencia o se presentan contradictorias las conclusiones obtenidas. En
el motivo se considera que la resolución recurrida infringió los arts. 1243 y 1244 del Código
Civil en relación con el art. 632 LEC (LECa), al haber valorado como decisivo el informe
El motivo no puede ser acogido».
En otros lugares de la Sentencia se dice:
«[…] resulta indiscutible que la prueba de peritos es de apreciación libre, no tasada, valorable
por el juzgador según su prudente arbitrio, sin que existan reglas preestablecidas que rijan su estimación
(SS 7 marzo y 14 octubre 2000 y 13 noviembre 2001, entre otras). El único corsé legal para
la formación del juicio jurisdiccional lo constituyen las reglas de la sana crítica, las cuales no
están codificadas y han de ser entendid0as como las más elementales directrices de la lógica humana
(Sentencias de 14 octubre 2000 y 13 noviembre 2001, dentro de una profusa jurisprudencia).
Como consecuencia de lo expuesto la valoración de la prueba constituye una función del juzgador
de instancia, cuyo criterio no es revisable en casación salvo que contradiga aquellas directrices o máximas de experiencia. Y en aplicación de esta doctrina se ha declarado por esta Sala, resumiendo
las numerosas decisiones en la materia (SS 30 diciembre 1997, 21 enero, 24 julio y 18 octubre
2000; 4 junio, 19 julio y 18 diciembre 2001), que la valoración de la instancia se encuentra fuera
del control casacional, salvo cuando se extraigan conclusiones absurdas o ilógicas, se tergiversen las
conclusiones de forma ostensible o falsee arbitrariamente sus dictados o se omitan datos relevantes que
figuran en el informe, si el íter deductivo afrenta un razonar humano consecuente, o se adoptan criterios
desorbitados o irracionales, o decisiones contrarias a las reglas de la experiencia común».
«[…] es de significar que la resolución recurrida no se limita a tomar en cuenta en
exclusiva el informe de […] practicado en segunda instancia, sino que se aprecia una labor
de conjunto como se demuestra por las alusiones a los dictámenes de otros técnicos. Y tan
es así que la propia parte recurrente en el cuerpo del motivo que se examina hace referencia
a la valoración que del conjunto de pruebas realiza el Juez a quo para imputarle que contradice
los procesos deductivos lógicos. Es evidente la existencia de una disparidad de opiniones entre los
diversos informes y dictámenes periciales, y ello precisamente explica el criterio adoptado por el juzgador de instancia de formar o reforzar la propia convicción sobre la problemática de la cuestión
debatida acordando para mejor proveer una nueva pericia, cuyas conclusiones estima claras y
manifiestas y concordantes con otros informes obrantes en las actuaciones.
Es por todo ello que ni pudieron infringirse los artículos 1244 y 1281 a 1289 del Código
Civil, ni se infringieron los artículos 1243 CC y 632 LEC sobre apreciación de la prueba
pericial».
El perito aparece en el proceso como el experto que debe aportar sus conocimientos
científicos, artísticos o prácticos que permitan al juez una apreciación de los hechos
objeto de aquel.
Jurídicamente, al igual que la prueba, la figura del perito tiene también dos acepciones. Según la primera acepción perito es la persona experta con conocimientos especializados. Según la segunda acepción perito es la persona llamada en el proceso para
aportar sus conocimientos y experiencias en la práctica de la prueba. Según esta última,
perito es pues el experto encargado por el juez para practicar la prueba.
En cuanto a la circunscripción a la pericial contable, el perito judicial contable es el
experto en contabilidad llamado por el juzgador, por el fiscal, por las partes o por todos
ellos para practicar la prueba pericial contable.
La LEC observa el grado de conocimientos y titularidad que debe poseer el perito
(art. 335).
La LECrim se define sobre los peritos titulares y no titulares (LECrim, art. 457).
Cabe establecer una identificación entre conocimientos técnicos y conocimientos
especializados característicos del que se denomina experto.
La profesionalidad y su ejercicio es, general y sistemáticamente, elemento determinante de la pericia, lo que vincula el título con su profesión. En cuanto a la pericia
contable el experto se identifica, en razón del título, como se ha dicho antes, con el
titulado mercantil, con el economista, con el censor jurado de cuentas. En casos especiales es requerido el auditor (véase 6.3).
Dentro del Derecho positivo vigente deben diferenciarse con claridad los supuestos
en los que el perito puede ser llamado a actuar. Son los siguientes:
A instancia de parte. Por las partes interesadas en el litigio.
De oficio. Por el propio órgano jurisdiccional, juez o juez, que entiende del
litigio, con independencia de la voluntad de las partes.
En las causas penales; además,
Por el Ministerio Fiscal, como parte acusadora.
Si importante y trascendente es la intervención del experto a instancia de parte
interesada en el proceso, es evidente que no menos lo es la invocación a este por el
propio juzgador que practicándose de oficio y según criterio del propio juez o tribunal
lo convierte en eficacísimo auxiliar de la Justicia en el análisis e interpretación de los
hechos objeto del litigio.
Protección del perito
Las especiales características de la función del perito y la trascendencia de su dictamen
hace que, al igual que el querellante, denunciante o que los testigos, no se halle exento
de riesgos. En el intento de proteger a quienes intervengan en el proceso se pronuncia
el CP penalizando con pena de restricción de libertad, prisión de uno a cuatro años, a
quienes con violencia e intimidación intentaren influir en el denunciante, imputado,
abogado, procurador, perito, intérprete o testigo para que modifique su actuación procesal, siendo la pena más elevada para quienes hubieran logrado su objetivo (CP, art.
464.1).
6.1.1. Protección del perito en causas criminales
La LOptp. dispone medidas especiales de protección tendentes a evitar situaciones
en que su seguridad pueda verse seriamente comprometida.
Según observa la exposición de motivos de la LOptp., en ocasiones los ciudadanos,
en general, se sienten reticentes a colaborar con la Justicia por temor a sufrir represalias
sobre su persona, familia o bienes.
Idéntica circunstancia alcanza, por extensión a los peritos.
En aras de minimizar, si no eliminar, esta clase de situaciones, la LOptp. confiere a
jueces y tribunales, tras la apreciación racional del grado de riesgo o peligro en que
puedan hallarse peritos y testigos, autorización para la aplicación de determinadas medidas.
Para la aplicación de las medidas previstas en dicha Ley, será necesaria apreciación
racional por parte de la autoridad judicial (juez o tribunal) de un peligro grave para
testigos o peritos, en su persona, libertad o bienes; su cónyuge o incluso persona con
quien el testigo o perito se halle ligado por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, descendientes o hermanos (LOptp. art. 1).
Apreciada la circunstancia prevista en el párrafo anterior, el juez instructor acordará,
motivadamente, cuando lo estime necesario, de oficio o a instancia de parte y en atención al grado de riesgo o peligro que corran las personas indicadas, las medidas necesarias
previstas. Estas medidas van desde la ocultación en las diligencias del nombre, apellidos,
domicilio, lugar de trabajo y profesión, así como cualesquiera otros datos que pudieran
servir para la identificación personal, admitiéndose en tales casos la utilización de códigos
o claves, hasta la admisión de la comparecencia a la práctica testifical o pericial utilizando
procedimientos que imposibiliten la identificación del testigo o perito o, incluso, la
utilización a efectos de citaciones y notificaciones como domicilio el de la sede del
órgano judicial (juzgado u órgano jurisdiccional) (LOptp. arts. 1 y 2).
Entra también dentro de las medidas de protección dispuestas, la prohibición de
hacer fotografías o reproducción de la imagen por cualquier procedimiento, sea tipográfico, cinematográfico, videográfico o de cualquier otro tipo, responsabilizando de
ello para evitarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, al ministerio fiscal y a la propia
autoridad judicial (LOptp. art. 3.1).
Los testigos y peritos podrán solicitar ser conducidos a las dependencias judiciales,
al lugar donde hayan de practicarse diligencias o a su domicilio en vehículos oficiales y
durante el tiempo en que permanezcan en dichas dependencias les sea facilitado un local
reservado para su uso exclusivo, convenientemente custodiado (LOptp. art. 3.2).
De persistir los motivos de peligro durante el proceso o incluso finalizado este, podrá
brindarse al testigo o perito protección policial (LOptp. art. 3.2).
La protección puede alcanzar en ocasiones excepcionales el que se facilite a testigos
o peritos documentos de una nueva identidad y medios económicos para cambiar su
residencia o lugar de trabajo (LOptp. art. 3.2).
Recibidas las actuaciones, el órgano judicial competente se pronunciará motivadamente sobre la procedencia de mantener, modificar, ampliar o suprimir todas o algunas
de las medidas de protección adoptadas por el juez de instrucción, y si procede adoptar
otras nuevas. (LOptp. art. 4.1) Las medidas adoptadas podrán ser objeto de recurso de
reforma o súplica (LOptp. art. 4.2).
Sin perjuicio de lo dispuesto en la referida ley, si cualquiera de las partes solicitase
motivadamente el conocimiento de la identidad de los peritos propuestos, cuya declaración o informe fuera estimado pertinente, el órgano jurisdiccional que haya de entender de la causa, en el mismo auto que declare la pertinencia de la prueba propuesta,
deberá facilitar el nombre y los apellidos de los peritos, respetando las restantes garantías.
En tal caso, el plazo para la recusación de peritos a que se refiere el artículo 662 de la
LECrim se computará a partir del momento en que se notifique a las partes la identidad
de estos (LOptp. art. 4.3).
Los informes de los peritos que hayan sido objeto de protección durante la fase de
instrucción, solamente podrán tener valor de prueba a efectos de sentencia si son ratificados en el acto del juicio oral (LOptp. art. 4.5).
Los peritos designados en pruebas periciales contables en los casos que supongan las
situaciones de riesgo o peligro previstas podrán ocultar su identificación tanto a la aceptación de la designación como en sus dictámenes e informes, utilizando claves o códigos
sustitutivos, pudiendo solicitar las medidas de protección dispuestas por la Ley de referencia.
Responsabilidad penal del perito
Los peritos que incurran en falsedad en juicio, faltando maliciosamente a la verdad
en su dictamen, se les impondrán las penas en su mitad superior de las penas previstas
en el CP para los testigos —art. 458— (prisión de seis meses a dos años y multa de tres
a seis meses; prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses en falso testimonio
contra el reo en causa criminal por delito, imponiéndose las penas superiores en grado
si a consecuencia del falso testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria. Las mismas penas se impondrán si el falso testimonio tuviera lugar ante Tribunales Internacionales, en virtud de tratados ratificados por España, o en declaración efectuada en España
en virtud de comisión rogatoria remitida por órgano jurisdiccional extranjero), todas
ellas impuestas en su mitad superior y, además, con la pena de inhabilitación especial
para la profesión u oficio en virtud de la o del cual hubiera practicado la prueba pericial
contable, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce meses (CP, art. 459).
Cuando el perito, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias,
inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes por él conocidos, será castigado
con la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público,
profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años (CP, art. 460).
El CP exime de penalización a quienes habiendo prestado falso testimonio en causa
criminal, se retracte en tiempo y forma, manifestando la verdad para que surta efecto
antes de que se dicte sentencia. No obstante, dispone: si a consecuencia del falso testimonio se hubiese producido la privación de libertad, se impondrán las penas correspondientes inferiores en grado (CP, art. 462).
Los peritos deberán tener muy en cuenta de no efectuar determinadas actividades e
intervenciones que en razón de su cargo les son prohibidas y penalizadas a las que se
refiere el art. 439 del CP (CP, arts. 440 en concordancia con at. 439).
6.2.1. El artículo 460 del Código penal
El perito en la emisión de su dictamen debe contraerse exclusivamente a la prueba
señalada por el juzgador, sin añadir ni omitir nada a los puntos en que se basa la prueba
propuesta por las partes, por el propio órgano jurisdiccional (causas civiles y penales) o
por el ministerio fiscal (causas criminales).
No obstante ello, el art. 460 del CP ha venido a modificar sustancialmente la filosofía
de la prueba pericial en general, la pericial contable en particular, al penalizar el hecho
de silenciar hechos o datos relevantes conocidos por el perito como consecuencia de la
pericia realizada. Así pues, según este artículo, el perito tiene la obligación de informar
en el dictamen de cuanta información considere relevante deba ser puesta en conocimiento del juzgador.
Según esto, el perito que sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos,
será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de
empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años (CP art. 460).
Un ejemplo ilustrará la cuestión.
En una prueba pericial contable en un declarativo de menor cuantía, vigente la
LECa y anterior a la vigencia de la LC, interpuesto por la sindicatura de la quiebra de
una empresa constructora contra la propia sociedad quebrada y contra la sociedad matriz
de aquella, también constructora, el perito, como consecuencia de las revisiones de
documentaciones y libros realizadas, advirtió la existencia de dos certificaciones de obras
emitidas por una diputación provincial, anticipadas por una entidad bancaria durante el
tiempo en que la diputación había aplazado el pago. Siguiendo la misma operativa de
otras operaciones anteriores realizadas con la misma diputación provincial, el Banco U.,
al recibir la transferencia dispuesta por la diputación en pago de las certificaciones anti-
cipadas, se hizo cobro de las cantidades anticipadas con el importe de la transferencia
recibida, según tenía convenido con la sociedad constructora. Sin embargo, en aquella
ocasión, entre la fecha en que el Banco U. había anticipado el importe de las dos certificaciones de obras y la de la recepción de la transferencia de la diputación se había
producido la quiebra de la constructora. Esta circunstancia había pasado desapercibida
por la sindicatura de la quiebra de la sociedad demandada. Debe tenerse en cuenta que
a los anticipos efectuados por entidades de crédito sobre certificaciones de obras emitidas
por entidades públicas, corporaciones y empresas no les alcanzaba, en las quiebras, la
exclusión de los efectos de la retroacción reconocida por las sentencias de 20 de mayo
de 1975, 10 de marzo y 15 de octubre de 1976 y 12 de noviembre de 1977 que estimaban
que no se hallaban dentro de los supuestos típicos del artículo 878.2 del CCom, y que
solo alcanzaba al descuento de letras. El perito, al advertir el cobro por parte de la entidad
bancaria de unas cantidades que según la legislación entonces vigente sobre quiebras
debían ser entregadas a la sindicatura para su anexión a la masa de la quiebra, aun cuando
el hecho se hallaba fuera de los extremos de la prueba encomendada, para evitar responsabilidades, lo puso en conocimiento del juzgado informando de ello en su dictamen
(véase Casos. Caso 3).
En los casos en que el perito advierta hechos que pudieran ser calificados de delictivos (véase 3.4.), está en la obligación de informar de tal circunstancia en el dictamen
o informe que emita.
La intervención el auditor en el ámbito de las jurisdicciones civil,
penal, contencioso-administrativa y laboral
La introducción del auditor en el proceso en cualquier jurisdicción es procedente
para la práctica de una auditoría definida en la forma en que lo hacen la LAC y el RAC.
No obstante, el auditor puede ser también llamado por las partes o por el órgano jurisdiccional a su solicitud para la práctica de prueba pericial contable pero en tal caso el
dictamen o informe que emita no procederá ser calificado de informe de auditoría.
Con objeto de eliminar las dudas que pudieran plantearse sobre la función específica
del auditor y respecto a lo que es y a lo que debe entenderse por auditoría, a continuación
se deja expuesto lo que sobre ello dispone el RAC:
Se entiende por auditoría de cuentas la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos
contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que
resulte de aplica4ción, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un
informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros (LAC art. 1.2, RAC art. 1).
El RAC contempla dos modalidades de auditoría: auditoría de cuentas anuales y
auditoría de otros estados financieros o documentos contables (RAC art. 2.1). Entendiéndose por otros estados financieros o documentos contables los elaborados con arreglo a los principios y normas contenidos en el marco normativo de información financiera aplicable. Quedan incluidos en este contexto normativo los estados o documentos
contables integrantes de las cuentas anuales que se elaboren separadamente o incluso
elaboradas en su conjunto pero referidas a un período inferior al ejercicio, social (RAC
art. 2.2).
No se consideran comprendidos en ninguna de las modalidades de auditoría de
cuentas antes referidas los trabajos realizados sobre cuentas anuales, estados financieros
o documentos contables consistentes en la comprobación específica de hechos concretos, en la emisión de certificaciones o en la revisión y aplicación de procedimientos con
un alcance limitado inferior al exigido por la normativa reguladora de la auditoría de
cuentas para poder emitir una opinión técnica de auditoría de cuentas. Dichos trabajos
e informes no tendrán la consideración de auditoría de cuentas regulada por este Reglamento (RAC art. 3.1).
Los trabajos que sin tener la consideración de auditoría de cuentas estén atribuidos
por disposiciones legales a auditores inscritos en el ROAC se sujetarán a lo dispuesto
en la disposición legal de que se traten en las guías que en su caso aprueben conjuntamente por las corporaciones de derecho público representativas de auditores y, en su
defecto, los usos y a la práctica habitual de tales trabajos. Las Secciones 6.ª y 7.ª del RAC
contempla la normativa reguladora de la actividad de la auditoría de cuentas (RAC, arts.
16 a 20).
El ICAC no dispone de ninguna norma técnica relativa a la prueba pericial contable.
El ICJCE sí dispone de una Guía, la «Guía de actuación 26 para la realización de dictámenes periciales en el ámbito judicial», de abril de 2009 (revisada en febrero y julio
2011 con las modificaciones que introdujo en la LAC por la L. 12/2010).
Los informes emitidos por auditores de cuentas sobre trabajos no comprendidos en
las dos modalidades de auditoría (RAC art. 2) no podrán identificarse como informes
de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrán generar confusión respecto a su naturaleza como trabajos de auditoría de cuentas realizados conforme a la
normativa reguladora de la actividad de auditoría definida en el art. 6 de la LEC.
En resumen, los dictámenes e informes periciales encargados al auditor de cuentas
por las partes o por el órgano jurisdiccional a petición de parte o de oficio no son
informes de auditoría de cuentas y solo cuando el encargo sea precisamente de auditoría
tendrán tal consideración.
La casuística relativa a los honorarios de peritos y su cobro es tan amplia y compleja
que únicamente es posible dar aquí unas breves referencias. Una exposición todo lo
extensa que la materia requeriría sería superar los límites que sobre ella conviene a la
presente obra, remitiendo en todo caso al lector a otro libro del autor: «Los honorarios
de los peritos judiciales. Vías legales para su cobro»3.
José C. BALAGUÉ DOMÉNECH, Los honorarios de los peritos judiciales, vías legales para su cobro,
Bosch, 2.ª ed., Barcelona, 2007.
Véase asimismo el Documento n.o 10, Guía para el cobro de Honorarios de Economistas
en funciones de Perito judicial, también del autor4.
6.4.1. El devengo de honorarios de pruebas periciales en los procedimientos civiles,
contencioso-administrativos y laborales
La LEC vino a romper con el silencio de la LECa en materia tan importante para
los peritos cual es el cobro de los honorarios. En tal sentido la LEC dispone que el
dictamen pericial emitido por perito designado por el órgano jurisdiccional a solicitud
de una cualquiera de las partes será a costa de la parte que lo hubiera solicitado (LEC,
arts. 339.2, modificado por la Linoj., art. 15.161 y LEC, art. 43).
Por su parte, la LECrim prevé el derecho de los peritos nombrados por orden judicial
en la jurisdicción criminal a la percepción y, en su caso, a la reclamación de honorarios
por el informe pericial (LECrim, art. 465).
Ni la LJCA ni el LRJS disponen nada respecto a los honorarios de los peritos, por
lo que procede aplicar las disposiciones de la LCE por su carácter supletorio (véase 7).
Los Consejos Superior y General de Colegios de Titulados Mercantiles y Empresariales y de Economistas, respectivamente, y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, tienen dispuestas y publicadas tarifas de honorarios profesionales para las
intervenciones judiciales de los titulados mercantiles, economistas y censores, respectivamente.
El Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles y Em

References: Real Decreto

 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 artículo 281
 artículo 348
 artículo 435
 artículo 469
 artículo 217
 artículo 469
 artículo 24
 resolución

 resolución 
 artículo 319
 artículo 348
 resolución 
 resolución 
 artículo 662
 artículo 460
 artículo 878