Source: https://www.slideshare.net/jose1001/constitucionpdf
Timestamp: 2018-12-11 01:25:42+00:00

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1. INDICECONSTITUCIÓN ESPAÑOLA APROBADA POR LAS CORTES EL 31 DE OCTUBRE DE 1978 (BOE DE29 DE DICIEMBRE)PreámbuloTítulo Preliminar (Arts. 1 a 9)Art. 1. Constitución de España como un Estado social y democrático de derechoArt. 2. Indisolubilidad de la Nación EspañolaArt. 3. Lenguas oficialesArt. 4. Bandera EspañolaArt. 5. Capital del EstadoArt. 6. Creación y funciones de los partidos políticosArt. 7. Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresarialesArt. 8. Composición y funciones de las Fuerzas ArmadasArt. 9. Sujeción a la Constitución de los particulares y los poderes públicosTítulo I. De los derechos y deberes fundamentales (Arts. 10 a 55)Art. 10. Interpretación de los derechos fundamentales conforme a la Declaración Universal de los DerechosHumanosCapítulo I. De los españoles y los extranjeros (Arts. 11 a 13)Art. 11. Nacionalidad españolaArt. 12. Mayoría de edadArt. 13. Derechos y libertades de los extranjeros en EspañaCapítulo II. Derechos y libertades (Arts. 14 a 38)Art. 14. Derecho a la igualdadSección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (Arts. 15 a 29)Art. 15. Derecho a la vidaArt. 16. Libertad ideológica, religiosa y de cultoArt. 17. Derecho a la libertad y a la seguridadArt. 18. Derecho al honor y a la intimidadArt. 19. Libertad de residencia y circulación de las personasArt. 20. Libertad de expresión y de enseñanzaArt. 21. Derecho de reuniónArt. 22. Derecho de asociaciónArt. 23. Derecho de sufragioArt. 24. Derecho a la tutela judicial efectivaArt. 25. Principio de legalidad y regulación de las penas privativas de libertadArt. 26. Prohibición de los Tribunales de HonorArt. 27. Derecho a la educación y a la libertad de enseñanzaArt. 28. Derecho de sindicación y de huelgaArt. 29. Derecho de petición individual y colectivaSección 2.ª De los derechos y deberes de los ciudadanos (Arts. 30 a 38)Art. 30. Obligaciones militares y objeción de concienciaArt. 31. Principio de capacidad económicaArt. 32. Derecho a contraer matrimonioArt. 33. Derecho a la propiedad privada y a la herenciaArt. 34. Derecho de fundaciónArt. 35. Derecho al trabajo y a la libre elección de profesiónArt. 36. Colegios ProfesionalesArt. 37. Derecho a la negociación colectivaArt. 38. Libertad de empresaCapítulo III. De los principios rectores de la política social y económica (Arts. 39 a 52)Art. 39. Protección social, económica y jurídica de la familiaArt. 40. Progreso social y económico y formación profesionalArt. 41. Régimen público de Seguridad SocialArt. 42. Derechos económicos de los trabajadores españoles en el extranjero Página 1
2. Art. 43. Derecho a la protección de la saludArt. 44. Acceso a la cultura, a la ciencia y a la investigación científicaArt. 45. Utilización racional del medio ambienteArt. 46. Conservación y enriquecimiento del patrimonio culturalArt. 47. Derecho a una vivienda dignaArt. 48. Desarrollo político, cultural, económico y social de la juventudArt. 49. Políticas de integración de los disminuidosArt. 50. Garantía de la suficiencia económica de la tercera edadArt. 51. Defensa de los consumidores y usuariosArt. 52. Organizaciones profesionales cuyo objetivo sea la defensa de los intereses económicosCapítulo IV. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (Arts. 53 y 54)Art. 53. Ejercicio y tutela de los derechos reconocidos en este TítuloArt. 54. Defensor del PuebloCapítulo V. De la suspensión de los derechos y libertades (Art. 55)Art. 55. Suspensión de determinados derechos en casos de declaración de estados de excepción y sitioTítulo II. De la Corona (Arts. 56 a 65)Art. 56. El Rey como Jefe del EstadoArt. 57. Sucesores de la Corona EspañolaArt. 58. Rey o Reina consorteArt. 59. RegenciaArt. 60. Tutor del Rey y ejercicio de la tutelaArt. 61. Juramento del Rey de guardar y hacer guardar la ConstituciónArt. 62. Funciones del ReyArt. 63. Acreditación por el Rey de representantes diplomáticosArt. 64. Refrendo de los actos del ReyArt. 65. Presupuesto de la Casa RealTítulo III. De las Cortes Generales (Arts. 66 a 96)Capítulo I. De las Cámaras (Arts. 66 a 80)Art. 66. Función de representación de las Cortes GeneralesArt. 67. Miembros de las CámarasArt. 68. Composición y elecciones al CongresoArt. 69. Composición y elección al SenadoArt. 70. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y SenadoresArt. 71. Inviolabilidad e inmunidad de los Diputados y SenadoresArt. 72. Presidentes y miembros de las MesasArt. 73. Sesiones ordinarias y extraordinarias de las CámarasArt. 74. Mayorías requeridas para la adopción de decisionesArt. 75. Funcionamiento de las Salas en Pleno o por ComisionesArt. 76. Comisiones de InvestigaciónArt. 77. Recepción y remisión al Gobierno de peticiones individuales y colectivasArt. 78. Diputaciones Permanentes que representan a los grupos parlamentariosArt. 79. Adopción de acuerdosArt. 80. Publicidad de las sesiones plenariasCapítulo II. De la elaboración de las leyes (Arts. 81 a 92)Art. 81. Leyes orgánicasArt. 82. Delegación en el Gobierno de la potestad de dictar normas con rango de leyArt. 83. Leyes de basesArt. 84. Oposición del Gobierno a la tramitación de una proposición de leyArt. 85. Decretos LegislativosArt. 86. Decretos-leyesArt. 87. Iniciativa legislativaArt. 88. Proyectos de leyArt. 89. Tramitación de las proposiciones de leyArt. 90. Deliberación de los proyectos de ley en el SenadoArt. 91. Sanción de las leyes por el Rey Página 2
3. Art. 92. Referéndum consultivoCapítulo III. De los Tratados Internacionales (Arts. 93 a 96)Art. 93. Autorización por ley orgánica de la celebración de tratados internacionalesArt. 94. Consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados internacionalesArt. 95. Celebración de tratados contrarios a la ConstituciónArt. 96. Tratados internacionales como parte del ordenamiento internoTítulo IV. Del Gobierno y de la Administración (Arts. 97 a 107)Art. 97. Funciones del GobiernoArt. 98. Composición y miembros del GobiernoArt. 99. Candidatura a la Presidencia del GobiernoArt. 100. Nombramiento del resto de miembros del GobiernoArt. 101. Cese del GobiernoArt. 102. Responsabilidad criminal del Presidente y demás miembros del GobiernoArt. 103. Órganos y funciones de la Administración PúblicaArt. 104. Funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del EstadoArt. 105. Audiencia y acceso de los ciudadnos a los archivos y registros administrativosArt. 106. Control judicial de la actuación administrativaArt. 107. Consejo de EstadoTítulo V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (Arts. 108 a 116)Art. 108. Responsabilidades del GobiernoArt. 109. Ayuda de las Cámaras al GobiernoArt. 110. Acceso de los miembros del Gobierno a las sesiones de las CámarasArt. 111. Interpelación de los miembros del Gobierno ante las CámarasArt. 112. Cuestión de confianzaArt. 113. Moción de censuraArt. 114. Dimisión del Presidente del Gobierno por moción de censura o cuestión de confianzaArt. 115. Disolución de las Cortes a instancia del Presidente del GobiernoArt. 116. Estados de alarma, excepción y sitioTítulo VI. Del Poder Judicial (Arts. 117 a 127)Art. 117. Integrantes del Poder JudicialArt. 118. Obligado cumplimiento de las sentencias y resoluciones firmesArt. 119. Justicia gratuitaArt. 120. Actuaciones judiciales y procedimientoArt. 121. Indemnización por error judicialArt. 122. Ley Orgánica del Poder Judicial y Consejo General del Poder JudicialArt. 123. Tribunal SupremoArt. 124. Ministerio FiscalArt. 125. Ejercicio de la acción popular y juradoArt. 126. Policía judicialArt. 127. Sistema de incompatibilidades y asociación de Jueces y MagistradosTítulo VII. Economía y Hacienda (Arts. 128 a 136)Art. 128. Subordinación de la riqueza del país al interés generalArt. 129. Participación de los interesados en la Seguridad Social y organismos públicosArt. 130. Modernización y desarrollo de los sectores económicosArt. 131. Planificación de la actividad económicaArt. 132. Bienes de dominio público y Patrimonio del EstadoArt. 133. Potestad para establecer tributosArt. 134. Elaboración de los Presupuestos Generales del EstadoArt. 135. Deuda PúblicaArt. 136. Tribunal de CuentasTítulo VIII. De la Organización Territorial del Estado (Arts. 137 a 158)Capítulo I. Principios generales (Arts. 137 a 139)Art. 137. Organización territorial del EstadoArt. 138. Principio de igualdad y solidaridad entre las Comunidades AutónomasArt. 139. Libertad de circulación y movimiento en el territorio español Página 3
4. Capítulo II. De la Administración Local (Arts. 140 a 142)Art. 140. Autonomía de los municipiosArt. 141. Provincias: gobierno y administración autónomaArt. 142. Medios para el desempeño de las funciones de las Haciendas LocalesCapítulo III. De las Comunidades Autónomas (Arts. 143 a 158)Art. 143. Proceso autonómicoArt. 144. Potestades de las Cortes Generales respecto de las Comunidades AutónomasArt. 145. Acuerdos de cooperación entre las Comunidades AutónomasArt. 146. Elaboración del proyecto de estatutoArt. 147. Contenido mínimo y reforma de los estatutos de autonomíaArt. 148. Materias en las que las Comunidades Autónomas pueden asumir competenciasArt. 149. Materias en las que el Estado tiene competencia exclusivaArt. 150. Transferencia a las Comunidades Autónomas de determinadas competencias estatalesArt. 151. Proceso autonómico de vía rápidaArt. 152. Organización institucional de las autonomías de vía rápidaArt. 153. Control de la actividad de los órganos de las Comunidades AutónomasArt. 154. Dirección de la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad AutónomaArt. 155. Cumplimiento forzoso de las obligaciones de la Comunidad AutónomaArt. 156. Autonomía financiera de las Comunidades AutónomasArt. 157. Recursos financieros de las Comunidades AutónomasArt. 158. Asignación a las Comunidades Autónomas en los Presupuestos Generales del EstadoTítulo IX. Del Tribunal Constitucional (Arts. 159 a 165)Art. 159. Composición del Tribunal ConstitucionalArt. 160. Presidente del Tribunal ConstitucionalArt. 161. Jurisdicción y competencias del Tribunal ConstitucionalArt. 162. Legitimados para interponer recurso de amparo y de inconstitucionalidadArt. 163. Cuestión de inconstitucionalidadArt. 164. Publicación y efectos de las sentencias del Tribunal ConstitucionalArt. 165. Ley Orgánica del Tribunal ConstitucionalTítulo X. De la reforma constitucional (Arts. 166 a 169)Art. 166. Iniciativa de reforma constitucionalArt. 167. Procedimiento para elaborar el proyecto de reforma constitucionalArt. 168. Reforma total o parcial relativa a derechos fundamentales de la ConstituciónArt. 169. Casos en que no puede reformarse la ConstituciónDisposiciones adicionalesPrimera. Regímenes foralesSegunda. Mayoría de edad en los regímenes foralesTercera. Modificación del régimen económico y fiscal de CanariasCuarta. Distribución de competencias entre las Audiencias TerritorialesDisposiciones transitoriasPrimera. Territorios dotados con un régimen provisional de autonomíaSegunda. Proyectos de estatuto en territorios dotados con un régimen provisional de autonomíaTercera. Iniciativa del proceso autonómico por las Corporaciones localesCuarta. Posible incorporación de Navarra al Consejo General VascoQuinta. Ceuta y MelillaSexta. Dictamen de la Comisión Constitucional del Congreso sobre proyectos de estatutoSéptima. Disolución de los organismos provisionales autónomosOctava. Asunción de las funciones constitucionalmente previstas por las CámarasNovena. Elección de nuevos miembros del Tribunal ConstitucionalDisposición derogatoriaDisposición final Página 4
5. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA APROBADA POR LAS CORTES EL 31 DE OCTUBRE DE 1978 (BOE DE 29 DE DICIEMBRE ) PREÁMBULO Aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado el 31 de octubre de1978, ratificada el 6 de diciembre y sancionada por S.M. el Rey el 27 de diciembre La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos laintegran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económicoy social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas ytradiciones, lenguas e instituciones. Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Establecer una sociedad democrática avanzada, y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos dela Tierra. En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente CONSTITUCIÓN TÍTULO PRELIMINARArtículo 1.— 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valoressuperiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Página 5
6. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.Artículo 2.— La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común eindivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regionesque la integran y la solidaridad entre todas ellas. Véase el artículo 472.5.º del CP.Artículo 3.— 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber deconocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdocon sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto deespecial respeto y protección. Véase el Real Decreto 489/1997, de 14 de abril (BOE del 17), sobre publicación de las ley es en las lenguas cooficiales de las ComunidadesAutónomas.Artículo 4.— 1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo laamarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizaránjunto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.Artículo 5.— La capital del Estado es la villa de Madrid.Artículo 6.— Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación dela voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su Página 6
7. actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán serdemocráticos.Artículo 7.— Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promociónde los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentrodel respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Véanse los artículos 22, 28, 37 y 127.1 de esta Constitución y la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto(BOE del 8), de libertad sindical, yen lo que está vigente, la Ley 19/1977, de 1 de abril (BOE del 4), sobre regulación del derecho de asociación sindical. Vease el artículo 315 del CP.Artículo 8.— 1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienencomo misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamientoconstitucional. 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presenteConstitución. Véase la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre(BOE del 18), de la Defensa Nacional.Artículo 9.— 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamientojurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuoy de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitudy facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Véase la Ley 51/2003, de 2 de diciembre(BOE del 3), de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de laspersonas con discapacidad. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, lairretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridadjurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Página 7
8. Véase el título preliminar del Código Civil; téngase en cuenta, con carácter general, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio(BOE del 2),del Poder Judicial. Véanse los artículos 1 a 4, 12, 17y 18 del CP TÍTULO I De los derechos y deberes fundamentalesArtículo 10.— 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de lapersonalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Véanse los artículos 49.2, 83.1.5.ºy 611.6.º del CPy la Ley 62/1978, de 26 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1979), de ProtecciónJurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconocese interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanosy los tratados y acuerdosinternacionales sobre las mismas materias ratificados por España. En relación con la Carta de los Derechos Fundamentales publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 14 de diciembre de 2007,véase el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio (BOE del 31), por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa,por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado el 13 de diciembre de 2007. Véanse los artículos 29 a 32, 66 a 71, y 154 a 156 del CC. CAPÍTULO I De los españoles y los extranjerosArtículo 11.— 1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por laley. 2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos quehayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a susciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Página 8
9. Véanse los artículos 15y 17 a 28 del Código Civil.Artículo 12.— Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. Véanse la disposición adicional segunda de esta Constitución, artículo 4 del Código de Comercioy los artículos 314 y ss. del Código Civil. Véanse el artículo 19y la Disposición transitoria 12.ª del CP.Artículo 13.— 1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título enlos términos que establezcan los tratados y la ley. 2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendoa criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en laselecciones municipales. Este apartado 2 ha sido redactado por las Cortes Generales en El apartado 2 fue modificado por las Cortes Generales en Acuerdo publicadoen el B.O.E. de 28 de agosto de 1992, incorporando el reconocimiento del derecho de sufragio pasivo. 3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio dereciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos deterrorismo. Véase la Ley 4/1985, de 21 de marzo(BOE del 26), de Extradición Pasiva. 4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derechode asilo en España. Véanse la Ley 12/2009, de 30 de octubre(BOE del 31), reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, y el Real Decreto203/1995, de 10 de febrero(BOE de 2 de marzo), por el que se aprueba su Reglamento. Véanse las siguientes disposiciones: — Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre(BOE de 7 de enero de 2005), por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.. Página 9
10. — Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero(BOE del 22), sobre entrada y permanencia en España de los nacionales de Estados miembrosde la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. — Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero(BOE del 12), sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. — Artículos 15 del Código de Comercio y 27 del Código Civil. Véase el artículo 27 del CC. CAPÍTULO II Derechos y libertadesArtículo 14.— Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón denacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social. Véanse los artículos 22.4.º, 314, 510, 511, 512, 515, 607, 607 bisy 611.6.ºdel CP y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre(BOE del 3), deigualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Véase la Ley Orgánica 3/2007 , de 22 de marzo(BOE del 23), para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. SECCIÓN 1.ª DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICASArtículo 15.— Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan sersometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo quepuedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Véase la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre(BOE del 28), de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra. Véase el artículo 29 del CC. Véase el Protocolo número 13 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a laabolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, hecho en Vilna el 3 de mayo de 2002 (Instrumento de Ratificación publicado en el BOEde 30 de marzo de 2010). Página 10
11. Artículo 16.— 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sinmás limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por laley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas dela sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demásconfesiones. Véase la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio(BOE del 24), de libertad religiosa. Véanse los artículos 522 a 525 del CP.Artículo 17.— 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad,sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. Véanse los artículos 163 a 168, 487y 572.2.º del CP. 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de lasaveriguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas,el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Véanse los artículos 530 a 532 del CP. 3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de susderechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogadoal detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. Véase el artículo 537 del CP. 4. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicialde toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisiónprovisional. Véase la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo (BOE del 26), reguladora del procedimiento de habeas corpus . Página 11
12. Artículo 18.— 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Véanse los artículos 197 a 201y 205 a 216 del CP. Véanse la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, sobre Derecho de rectificación. Véanse asimismo los artículos. 1255y 1902 del CC. 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular oresolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Véanse los artículos 202 a 204, 490y 534 del CPy la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Véanse los artículos 40 y 41 del CC. Véase la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo(BOE del 7), reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, queregula la Ley 11/2002, de 6 de mayo(BOE del 7). 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvoresolución judicial. Véanse los artículos 197 a 201, 417, 535 y 536 del CP. 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de losciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Véanse los artículos 197 a 201 del CP. Véanse las siguientes disposiciones: — Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre(BOE de 19 de enero de 2008), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de laLey orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. — Ley 22/1995, de 17 de julio (BOE del 18), mediante la que se garantiza la presencia judicial en los registros domiciliarios. — Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo(BOE del 14), de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a lapropia imagen. Página 12
13. Artículo 19.— Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derechono podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Véase la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero(BOE del 22), sobre protección de la seguridad ciudadana. Véanse los artículos 40 y 41 del CC. Véase la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo(BOE del 7), reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, queregula la Ley 11/2002, de 6 de mayo(BOE del 7).Artículo 20.— 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquierotro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derechoa la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Véase el artículo 538 del CP. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientesdel Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticossignificativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de lasleyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protecciónde la juventud y de la infancia. Página 13
14. Véanse los artículos 185, 186, 205 a 216, 490.3, 491.1, 496, 504, 505, 510.2, 612.3y 620.2 del CP. 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud deresolución judicial. Véanse las siguientes disposiciones: — Arts. 27, 55 y 149.1.9.ª de esta Constitución. —Ley 7/2010, de 31 de marzo(BOE de 1 de abril), General de la Comunicación Audiovisual. — Ley 17/2006, de 5 de junio (BOE del 6), de la radio y televisión de titularidad estatal. — Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre(BOE del 24), de Universidades. — Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio(BOE del 20), reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información. — Ley 11/1986, de 20 de marzo (BOE del 26), de Patentes y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre (BOE del 8), de Marcas. — Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo(BOE del 27), reguladora del derecho de rectificación. — Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual(BOE del 22), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.Artículo 21.— 1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitaráautorización previa. Véanse los artículos 513, 514y 540 del CP. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a laautoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligropara personas o bienes. Véase la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio (BOE del 18), reguladora del Derecho de Reunión.Artículo 22.— 1. Se reconoce el derecho de asociación. Página 14
15. 2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. 3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectosde publicidad. 4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicialmotivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Véase la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo(BOE del 26), reguladora del Derecho de Asociación Véase la Ley 49/2002, de 23 de diciembre(BOE del 24), de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscalesal mecenazgo. Véanse los artículos 515 a 521 del CP. Véanse los artículos 35 y 36 del CC.Artículo 23.— 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por mediode representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con losrequisitos que señalen las leyes. Véase el artículo 472.3.º del CP. Véanse los artículos 135a 153 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio(BOE del 20), del Régimen Electoral General.Artículo 24.— 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en elejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia deletrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con Página 15
16. todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a noconfesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declararsobre hechos presuntamente delictivos. Véase el art. 20 de esta Constitución, así como con carácter general los Títulos III y V del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1de julio, del Poder Judicial. Véanse los artículos 4.4y 446 a 449 del CPy 12 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo , de Extradición Pasiva. Este artículo, que reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, ha sido empleado por los interesados como fundamento de multitud dereclamaciones de todo tipo por lo que ha sido necesario que el propio Tribunal Constitucional matice oportunamente su contenido. Cabe reproducir lo dicho por algunas Sentencias del propio Tribunal Constitucional matizando y aclarando su contenido real: “el derechoa la tutela judicial efectiva no consiste en la estimación de las pretensiones deducidas, sino en el acceso a los Tribunales, la propuesta y prácticade la prueba, la formulación de alegaciones y la obtención de una resolución fundada en derecho” (Sentencia del Tribunal Constitucional número101/1987, de 15 de junio); “el contenido normal del derecho a la tutela judicial efectiva comporta la obtención de una resolución judicial defondo, que se pronunció, favorable o desfavorablemente, sobre el fondo de la pretensión deducida” (Sentencia del Tribunal Constitucional número96/1991, de 9 de mayo); “el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva incluye como contenido básico según reiterada doctrina del TribunalConstitucional (sentencias del Tribunal Constitucional números 20/1982, 39/1985, 110/1986 y 74/1990) el derecho a obtener de los órganos judicialesuna respuesta a las pretensiones planteadas que sea motivada y fundada en Derecho y no manifiestamente arbitraria o irrazonable” (Sentencia delTribunal Constitucional número 1/1991, de 14 de enero); así pues, resulta que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface, en esencia, con unarespuesta jurídicamente fundada, motivada y razonable a las pretensiones de quien acude ante ellos para la defensa de sus intereses.Artículo 25.— 1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento deproducirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Véanse los artículos 1.1, 2, 3, 11 y 12 del CP. 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserciónsocial y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la mismagozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por elcontenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajoremunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollointegral de su personalidad. Véanse los artículos 1.2, 2.1y 32 y ss. del CP. 3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación delibertad. Página 16
17. Véase la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre(BOE del 24), del Código Penal.Artículo 26.— Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizacionesprofesionales.Artículo 27.— 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principiosdemocráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formaciónreligiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de laenseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respetoa los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centrossostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento delas leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca. Véanse las siguientes disposiciones: — Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre(BOE del 24), de Calidad de la Educación. — Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio(BOE del 20), de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Página 17
18. — Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre(BOE del 24), de Universidades. — Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre(BOE del 4), de Ordenación general del sistema educativo. — Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio(BOE del 4), de regulación del Derecho a la Educación.Artículo 28.— 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio deeste derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regularálas peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho afundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y afundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a unsindicato. 2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule elejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esencialesde la comunidad. Véanse los artículos 315y 409 del CP. Véanse los arts. 7, 37 y 55 de esta Constitución. En relación al ejercicio del derecho de huelga referido a los servicios sanitarios, resulta de especial interés lo dicho por la Sala Tercera delTribunal Supremo en sentencia de 25 de julio de 2007 (Rec. 3856/2003), al valorar los servicios mínimos fijados por la Administración Sanitaria. Elcriterio que se utiliza como fundamental es el que hace referencia a la “racional proporcionalidad”, ponderando los diferentes intereses en conflicto.Artículo 29.— 1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la formay con los efectos que determine la ley. 2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podránejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Véase el artículo 495 del CP. Véase la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre(BOE del 13), de regulación del Derecho de Petición. Página 18
19. SECCIÓN 2.ª DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOSArtículo 30.— 1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. 2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción deconciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, unaprestación social sustitutoria. 3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. 4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidadpública. Véase la Ley 22/1998, de 6 de julio (BOE del 7), reguladora de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria. Véanse las siguientes disposiciones: — Ley 39/2007, de 19 de noviembre(BOE del 20), de la carrera militar. — Ley 8/2006, de 24 de abril(BOE del 25), de Tropa y Marinería. Véase la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre(BOE del 18), de la Defensa Nacional. Véanse las siguientes disposiciones: — Disposición adicional decimotercera de la Ley 17/1999, de 18 de mayo (BOE del 19), según la cual queda suspendida la prestacióndel servicio militar a partir de 31 de diciembre del año 2002. — Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo (BOE del 10) , por el que se adelanta la suspensión de la prestación del servicio militar al31 de diciembre de 2001. — Real Decreto 342/2001, de 4 de abril (BOE del 17) que suspendió la prestación social sustitutoria.Artículo 31.— 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidadeconómica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, enningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Página 19
20. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecuciónresponderán a los criterios de eficiencia y economía. 3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Véanse los artículos 305 a 310 del CP. Ha de tenerse en cuenta, con carácter general, lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre(BOE del 18), General Tributaria, y laLey 47/2003, de 26 de noviembre(BOE del 27), General Presupuestaria.Artículo 32.— 1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de loscónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos. Véanse los artículos 217 a 219 del CP. Véanse los artículos 44 y ss. y 1315 y ss. del Código Civily 6 al 12 del Código de Comercio. Véanse los artículos 66 a 71, y 81 a 101 del CCy el Acuerdo Jurídico con la Santa Sede de 3 de enero de 1979.Artículo 33.— 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social,mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Véase el artículo 541 del CP. Véanse las siguientes disposiciones: — Título XIII del Libro II del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (BOE del 24). Página 20
21. — Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (BOE del 17), y el Reglamento de 26 de abril de 1957(BOE de 20 de junio). — Artículos 348 y ss., 609 y 657 del Código Civil. Véase el artículo 1 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973.Artículo 34.— 1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley. Véanse los artículos 515 a 521 del CPy la Ley 30/1994, de 24 de noviembre(BOE del 25), de Fundaciones y de incentivos fiscales a laparticipación privada en actividades de interés general. 2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22. Véanse las siguientes disposiciones: — Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre(BOE del 22), por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. — Ley 50/2002, de 26 de diciembre(BOE del 27, corrección de errores BOE de 17 de abril de 2003), de Fundaciones. — Ley 49/2002, de 23 de diciembre(BOE del 24), de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales almecenazgo. Véanse los artículos 35 a 39 del Código Civil.Artículo 35.— 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección deprofesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidadesy las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Véanse los artículos 311 a 318 del CP. Véase el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores(BOE del 29). Página 21
22. Artículo 36.— La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales yel ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán serdemocráticos. Véase el artículo 403 del CP. Véase la Ley 2/1974, de 13 de febrero(BOE del 15) sobre régimen de los Colegios Profesionales.Artículo 37.— 1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de lostrabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios. 2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley queregule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisaspara asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. Véase el artículo 409 del CP. Véanse los Véanse los arts. 7, 28 y 55 de la presente Norma; el Estatuto de los Trabajadoresy el Convenio de la OIT núm. 154, de 19 dejunio de 1981(BOE de 9 de noviembre), sobre fomento de la negociación colectiva, ratificado el 26 de julio de 1985.Artículo 38.— Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicosgarantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economíageneral y, en su caso, de la planificación. Véanse las siguientes disposiciones: — Ley 15/2007, de 3 de julio(BOE del 4), de Defensa de la Competencia. — Ley 3/1991, de 10 de enero(BOE del 11), de Competencia Desleal. — Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre(BOE de 14 de octubre), sobre liberalización industrial. Véanse el artículo 1255 del CCy la Ley 15/2007, de 3 de julio(BOE del 4), de Defensa de la Competencia y su Reglamento, aprobadopor Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero(BOE del 27). Página 22
23. CAPÍTULO III De los principios rectores de la política social y económicaArtículo 39.— 1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Véanse los artículos 74, 91, 93 y 103 de CC. 2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley conindependencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigaciónde la paternidad. Véanse los artículos 220 a 222 del CP. Véanse los artículos 108 a 141y 807 y 931 del CC, todos ellos reformados por Ley 11/1981, de 13 de mayo. 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durantesu minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. Véanse los artículos 110, 111, 143, 154 y 155 del CC. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Véase la Ley 39/1999, de 5 de noviembre(BOE del 6), de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, y laLey Orgánica 1/1996, de 15 de enero(BOE del 17), de Protección Jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley deEnjuiciamiento Civil. Véase la Ley 40/2003, de 18 de noviembre(BOE del 19), de Protección a las Familias Numerosas y su Reglamento, aprobado por el RealDecreto 1621/2005, de 30 de diciembre(BOE de 18 de enero de 2006), y modificada por el Real Decreto 1918/2008, de 21 de noviembre (BOEde 1 de diciembre).Artículo 40.— 1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económicoy para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidadeconómica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo. 2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptaciónprofesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante lalimitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Página 23
24. Véase el artículo 316 del CP. Véase la Ley 31/1995, de 8 de noviembre(BOE del 10), de prevención de riesgos laborales.Artículo 41.— Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos,que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso dedesempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Véanse los artículos 49.4.º, 307y 311.1.º del CP. Véase el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio(BOE del 29), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General dela Seguridad Social.Artículo 42.— El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de lostrabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.Artículo 43.— 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de lasprestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitaránla adecuada utilización del ocio. Véanse los artículos 359 a 378 del CP. Véanse las siguientes disposiciones: — Ley 19/2007, de 11 de julio (BOE del 12), contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. — Ley 41/2002, de 14 de noviembre(BOE del 15), básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materiade información y documentación clínica. — Ley 15/1997, de 25 de abril(BOE del 26), sobre habilitación de nuevas formas de gestión del sistema nacional de la salud. Página 24
25. — Ley 10/1990, de 15 de octubre(BOE del 17), del Deporte. — Ley 14/1986, de 25 de abril(BOE del 29), General de Sanidad. Este precepto es una norma constitucional en blanco que se limita a imponer a los poderes públicos la obligación de establecer un sistemaque pueda hacer eficaz el derecho a la protección de la salud que se reconoce a los ciudadanos, pero que deja en manos de esos poderes públicosla configuración así como el contenido mismo de ese derecho cuya realidad efectiva y desarrollo dependerá de una serie de circunstancias tantosociales, éticas y, sobre todo, económicas. Este precepto constitucional no establece disposición alguna en lo que se refiere a la forma de creación y constitución de los serviciosnecesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la protección de la Salud que se lleva a efecto mediante la legislación que se incluyeen el apartado de disposiciones generales de esta obra y por otras normas de diverso rango, que también son relevantes, como son la Ley 41/2002Básica reguladora de los derechos de los pacientes. Sobre los derechos de los ciudadanos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, puede consultarse lo dispuesto por la Ley 16/2003de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. El apartado 16 del artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado competencia exclusiva sobre: “Sanidad Exterior. Bases y coordinacióngeneral de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos”. Sobre la valoración realizada por el Tribunal Constitucional de este precepto pueden consultarse las siguientes Sentencias del TribunalConstitucional: 31 de octubre de 1996; 14 de julio de 1994; 6 de mayo de 1994; 25 de noviembre de 1991 (Sala 2.ª); 22 de junio de 1989; 24 dejulio de 1984; 20 de mayo de 1983 y 30 de marzo de 1981 (Sala 1.ª).Artículo 44.— 1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interésgeneral. Véase la Ley 13/1986, de 14 de abril(BOE del 18), de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.Artículo 45.— 1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de lapersona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de protegery mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridadcolectiva. 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sancionespenales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Página 25
26. Véanse las siguientes disposiciones: — Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre(BOER del 23), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. —Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero(BOE del 26), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación deImpacto Ambiental de Proyectos — Ley 34/2007, de 15 de noviembre(BOE del 16), de calidad del aire y protección de la atmósfera. — Ley 26/2007, de 23 de octubre(BOE del 24), de Responsabilidad Medioambiental. — Ley 5/2007, de 3 de abri (BOE del 4), de la Red de Parques Nacionales. — Ley 27/2006, de 18 de julio (BOE del 19), por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y deacceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). — Ley 16/2002, de 1 de julio (BOE del 2), de prevención y control integrados de la contaminación y el Real Decreto 509/2007, de 20 deabril (BOE del 21), por el que se aprueba el Reglamento para su desarrollo y ejecución. — Ley 10/1998, de 21 de abril(BOE del 22), de Residuos. — Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre (BOE del 30), por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguasresiduales urbanas. Véanse, asimismo, los artículos 325 y ss. del Código Penal. Véanse los artículos 1101 y 1902 del CCy Ley 34/2007, de 15 de noviembre(BOE del 16), de calidad del aire y protección de la atmósfera.También artículo 7.2.º de la Ley de Propiedad Horizontal. Véase la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (BOE del 6) , modificada por el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18de junio (BOE del 19) .Artículo 46.— Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimoniohistórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimenjurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Véanse los artículos 235.1, 250.1.6.º, 253, 321 a 324, 432y 625.2 del CPy la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represióndel contrabando. Véase la Ley 16/1985, de 25 de junio(BOE del 29), del Patrimonio Histórico Español; la Ley 49/2002, de 23 de diciembre(BOE del 24),de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Página 26
27. Artículo 47.— Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderespúblicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo estederecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Véanse los artículos 319y 320 del CP. Véase el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio(BOE del 26), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.Artículo 48.— Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventuden el desarrollo político, social, económico y cultural. Véase el Real Decreto 2614/1996, de 20 de diciembre (BOE de 10 de enero de 1997), de estructura orgánica y funciones del Institutode la Juventud.Artículo 49.— Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integraciónde los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y losampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos. Véanse las siguientes disposiciones: — La disposición adicional undécima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre(BOE del 29), de Medidas de Impulso de la Sociedad dela Información. — Ley 49/2007, de 26 de diciembre(BOE del 27), por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdadde oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. — Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre(BOE de 4 de diciembre), por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidady no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. — Ley 15/1995, de 30 de mayo(BOE del 31), de límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personascon discapacidad. Página 27
28. Artículo 50.— Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, lasuficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligacionesfamiliares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemasespecíficos de salud, vivienda, cultura y ocio. Véase el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio(BOE del 29), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Generalde la Seguridad Social, teniendo en cuenta, especialmente, la Ley 35/2002, de 12 de julio(BOE del 13), de medidas para el establecimiento de unsistema de jubilación gradual y flexible.Artículo 51.— 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo,mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentaránsus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen deautorización de productos comerciales. Véanse los artículos 278, 286y 359 a 378 del CPy la Ley 7/1996, de 15 de enero(BOE del 17), del Comercio minorista. Véase, con carácter general lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre(BOE del 30), por el que se apruebael texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.Artículo 52.— La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereseseconómicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Véanse los arts. 7 y 36 de esta Norma y la Ley 3/1993, de 22 de marzo(BOE del 23), Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,Industria y Navegación. Véanse los artículos 35 y siguientes del CC. CAPÍTULO IV De las garantías de las libertades y derechos fundamentales Página 28
29. Artículo 53.— 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan atodos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse elejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a). 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y laSección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principiosde preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este últimorecurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Véase la Ley 22/1998, de 6 de julio (BOE del 7) reguladora de la Objeción de Conciencia y de la Prestación Social Sustitutoria y suReglamento, aprobado por Real Decreto 700/1999, de 30 de abril (BOE del 19) . 3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informaránla legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante laJurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Véase el Real Decreto 342/2001, de 4 de abril (BOE del 17) que suspendió la prestación social sustitutoria.Artículo 54.— Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de lasCortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efectopodrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Véase el artículo 502.2 del CP. Véase la Ley 36/1985, de 6 de noviembre (BOE del 12), que establece el marco regulador de las relaciones entre la Institución del Defensordel Pueblo y las figuras similares de las Comunidades Autónomas. Véase la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril (BOE de 7 de mayo), del Defensor del Pueblo. CAPÍTULO V De la suspensión de los derechos y libertadesArtículo 55.— 1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerdela declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de loestablecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. Página 29
30. 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesariaintervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigacionescorrespondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidadpenal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Véanse la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio(BOE del 5), de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. TÍTULO II De la CoronaArtículo 56.— 1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera elfuncionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relacionesinternacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyenexpresamente la Constitución y las leyes. 2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona. 3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados enla forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2. Véanse los artículos 472y 485 a 491 del CP.Artículo 57.— 1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón,legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura yrepresentación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximoal más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. Véase, en relación, la Ley 33/2006, de 30 de octubre (BOE del 31), sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de sucesión delos títulos nobiliarios. 2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrála dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. Página 30
31. 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Coronaen la forma que más convenga a los intereses de España. 4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresaprohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes. 5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión ala Corona se resolverán por una ley orgánica.Artículo 58.— La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lodispuesto para la Regencia.Artículo 59.— 1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el parientemayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercerinmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey. 2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las CortesGenerales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad.Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance lamayoría de edad. 3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales,y se compondrá de una, tres o cinco personas. 4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. 5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. Véase el artículo 492 del CP.Artículo 60.— 1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto,siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre,mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse loscargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. Página 31
32. 2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.Artículo 61.— 1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmentesus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de lasComunidades Autónomas. 2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones,prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.Artículo 62.— Corresponde al Rey: a) Sancionar y promulgar las leyes. b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funcionesen los términos previstos en la Constitución. e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y concederhonores y distinciones con arreglo a las leyes. g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros,cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Véanse el artículo 4.3 del CPy la Ley de 18 de junio de 1870 , por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias. Página 32
33. Artículo 63.— 1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantesextranjeros en España están acreditados ante él. 2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio detratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. 3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Véanse los artículos 588y 590 del CP.Artículo 64.— 1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por losMinistros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en elartículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso. 2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.Artículo 65.— 1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de suFamilia y Casa, y distribuye libremente la misma. 2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. TÍTULO III De las Cortes Generales CAPÍTULO I De las CámarasArtículo 66.— 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de losDiputados y el Senado. Página 33
34. 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la accióndel Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 3. Las Cortes Generales son inviolables. Véanse los artículos 492 a 502 del CP.Artículo 67.— 1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de unaAsamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. 2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. 3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras,y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Véase el artículo 472.4.º del CP.Artículo 68.— 1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos porsufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. Véase el artículo 472.3.º del CP. 2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cadauna de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínimainicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. 3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. 4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de suelección o el día de la disolución de la Cámara. 5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. Página 34
35. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentrenfuera del territorio de España. 6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congresoelecto deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.Artículo 69.— 1. El Senado es la Cámara de representación territorial. 2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por losvotantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. 3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá unacircunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores —GranCanaria, Mallorca y Tenerife— y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca,Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores. 5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes desu respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiadosuperior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso,la adecuada representación proporcional. 6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su eleccióno el día de la disolución de la Cámara.Artículo 70.— 1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados ySenadores, que comprenderán, en todo caso: a) A los componentes del Tribunal Constitucional. b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembrosdel Gobierno. c) Al Defensor del Pueblo. d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. Página 35
36. e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo. f) A los miembros de las Juntas Electorales. 2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial,en los términos que establezca la ley electoral.Artículo 71.— 1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en elejercicio de sus funciones. 2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán serdetenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámararespectiva. Véanse los artículos 500 y 501 del CPy la Ley de 9 de febrero de 1912, sobre competencia para conocer de las causas contra senadoresy diputados. 3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Véase el artículo 57.1.2.º de la LOPJ. 4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.Artículo 72.— 1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y,de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma seránsometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta. 2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntasserán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado pormayoría absoluta de cada Cámara. 3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultadesde policía en el interior de sus respectivas sedes. Página 36
37. Artículo 73.— 1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, deseptiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. 2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanenteo de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberánconvocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. Véase el artículo 472.4.º del CP.Artículo 74.— 1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que elTítulo II atribuye expresamente a las Cortes Generales. 2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2, y 158.2, se adoptarán por mayoríade cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por elSenado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixtacompuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambasCámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. Véase el artículo 472.4.º del CP.Artículo 75.— 1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. 2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos oproposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquierproyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. 3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestionesinternacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.Artículo 76.— 1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrarComisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes paralos Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación seacomunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. 2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedanimponerse por incumplimiento de esta obligación. Página 37
38. Véase el artículo 502 del CP.Artículo 77.— 1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedandoprohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. 2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarsesobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan. Véase el artículo 495 del CP.Artículo 78.— 1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiúnmiembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica. 2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán comofunciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con losartículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por lospoderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas. 3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funcioneshasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. 4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de susdecisiones.Artículo 79.— 1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia dela mayoría de sus miembros. 2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sinperjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección depersonas establezcan los Reglamentos de las Cámaras. 3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable. Véase el artículo 472.4.º del CP. Página 38
39. Artículo 80.— Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara,adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento. CAPÍTULO II De la elaboración de las leyesArtículo 81.— 1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertadespúblicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en laConstitución. 2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, enuna votación final sobre el conjunto del proyecto.Artículo 82.— 1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de leysobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. 2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación detextos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijacióndel plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación dela norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampocopodrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. 4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principiosy criterios que han de seguirse en su ejercicio. 5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido dela delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar,aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. 6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cadacaso fórmulas adicionales de control. Véase el artículo 506 del CP. Página 39
40. Artículo 83.— Las leyes de bases no podrán en ningún caso: a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases. b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.Artículo 84.— Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor,el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de leypara la derogación total o parcial de la ley de delegación.Artículo 85.— Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de DecretosLegislativos.Artículo 86.— 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativasprovisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las institucionesbásicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de lasComunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de losDiputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para locual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. 3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley porel procedimiento de urgencia.Artículo 87.— 1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con laConstitución y los Reglamentos de las Cámaras. 2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto deley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembrosde la Asamblea encargados de su defensa. Página 40
41. 3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación deproposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativaen materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. Véase la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo (BOE del 27), reguladora de la iniciativa legislativa popular.Artículo 88.— Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso,acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.Artículo 89.— 1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sinque la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos reguladospor el artículo 87. 2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán alCongreso para su trámite en éste como tal proposición.Artículo 90.— 1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidentedará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. 2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado,oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto nopodrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el textoinicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobrelas enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. 3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veintedías naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.Artículo 91. El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y laspromulgará y ordenará su inmediata publicación.Artículo 92.— 1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivode todos los ciudadanos. Página 41
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References: artículo 472
 Real Decreto 
 artículo 315
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 19
 artículo 23
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 29
 Artículo 16
 artículo 537
 Artículo 18
 Real Decreto 
 Artículo 19
 artículo 538
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in fine
 artículo 472
 resolución 
 resolución 
 artículo 495
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 artículo 541
 artículo 1
 artículo 22
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in fine
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 Artículo 36
 artículo 403
 artículo 409
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 artículo 1255
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 artículo 316
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 artículo 149
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 artículo 7
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 Artículo 47
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 Artículo 50
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 Artículo 53
 artículo 161
 artículo 14
 artículo 30
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 artículo 17
 artículo 64
 artículo 65
 artículo 492
 artículo 4
 Artículo 63
 artículo 472
 artículo 472
 artículo 57
 Artículo 73
 artículo 472
 artículo 472
 artículo 502
 artículo 495
 artículo 73
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 Artículo 80
 artículo 506
 Artículo 83
 artículo 87
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