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﻿ Sentencia 2012-00518 de mayo 24 de 2012
SENTENCIA 2012-00518 DE 24 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE NO ESTÉ EN FIRME NO PUEDE TENERSE COMO FUENTE DE AMENAZA O VIOLACIÓN DE UN DERECHO FUNDAMENTAL, POR LO CUAL NO ES VIABLE JURÍDICAMENTE AL JUEZ DE TUTELA INTERVENIR EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO QUE SE SURTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Sentencia 2012-00518 de mayo 24 de 2012
Radicación: 25000-23-26-000-2012-00518-01(AC)
Actor: Juan Fernando González Jaramillo y otros
Demandado: Presidencia de la República y Ministerio de Justicia y del Derecho
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que así se autoriza.
La procedencia de la acción de tutela, por mandato constitucional (C.N., art. 86 [4]), está condicionada, entre otras exigencias, a que no se disponga de otro medio de defensa judicial, es decir, se trata de una acción subsidiaria, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En otros términos, en virtud del carácter residual, la tutela no puede ser utilizada para reemplazar otras acciones, procedimientos o trámites establecidos para la defensa de los derechos ni siquiera con la excusa de que estos son demasiado engorrosos o demorados. Si esto no fuera así, desaparecerían todas las acciones judiciales y la de tutela se tornaría en el único medio para controvertir cualquier diferencia.
Se trata de determinar si la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia y del Derecho vulneran el derecho fundamental a la familia del compañero permanente de la señora Cifuentes Villa, y los de sus hijos menores con la decisión de extraditarla a los Estados Unidos para que responda por delitos relacionados con narcóticos, de manera que resulte necesaria la intervención del juez de tutela para su protección.
Sin embargo, previo a lo anterior resulta necesario establecer si la acción de tutela es procedente, como mecanismo transitorio, para ordenar al Gobierno Nacional que se abstenga de confirmar la Resolución 37 del 1º de marzo de 2012 mediante la cual el Ministerio de Justicia y del Derecho concedió la extradición de la señora Cifuentes Villa y frente a la cual se encuentra en trámite el recurso de reposición.
Es importante resaltar que en el presente caso se allegaron los registros civiles de nacimiento de los menores Elisa María González Cifuentes y Juan José González Cifuentes (fls. 15 y 16), en los que se observa que su madre es la de la señora Dolly de Jesús Cifuentes Villa, solicitada en extradición y su padre es Juan Fernando González Jaramillo, situación que permite claramente establecer que tanto el señor González como los dos menores se encuentran legitimados en la causa por activa frente a la presunta vulneración que pueda originarse con la decisión de extraditar a la señora Cifuentes.
El actor pretende que la jurisdicción constitucional le ordene al Gobierno Nacional, como mecanismo transitorio, que se abstenga de confirmar la Resolución 37 del 1º de marzo de 2012 expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante la cual concedió la extradición de la señora Cifuentes Villa requerida por los Estados Unidos de América, sobre la base de que, de confirmarse la extradición, se atentaría contra la unidad familiar y se afectarían los derechos y garantías constitucionales propios y de sus hijos menores.
El a quo encontró procedente la acción, por tratarse de evitar un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales de los hijos menores de la señora Cifuentes Villa, en consideración a que el derecho a la familia y al amor se podían ver seriamente afectados si no se condiciona su extradición a que el Estado requirente se comprometa a garantizar el contacto de estos con su madre, cada que lo soliciten.
Como puede observarse la presente acción de tutela se dirige contra un acto de extradición, que no se encuentra en firme pues está en trámite el recurso de reposición ejercido por el apoderado de la señora Cifuentes Villa.
En este orden de ideas, es importante resaltar que la extradición es un importante instrumento de cooperación internacional que tiene como fundamento el interés de los Estados en lograr que los delitos cometidos en su territorio, ya sea total o parcialmente, no queden en la impunidad(8).
Su finalidad no es otra que la de impedir que una persona que ha cometido un delito en el exterior burle la acción de la justicia refugiándose en un país diferente a aquel donde ha cometido la conducta punible. Precisamente con tal fin se han suscrito diversos tratados y convenios internacionales en los que, ya sean de carácter bilateral o multilateral, se han señalado las conductas por las cuales procede y los procedimientos y trámites aplicables que deben seguirse para el requerimiento o para el ofrecimiento(9).
En el trámite de extradición intervienen dos ramas del poder público, la Ejecutiva y la Judicial, la primera por participación de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, y del Presidente de la República; mientras que por la Judicial actúan el Fiscal General de la Nación, quien decreta la captura del requerido y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que emite el concepto sobre la viabilidad de la extradición, que obliga al gobierno si es negativo y, de ser favorable a la solicitud del país requirente, deja al ejecutivo en libertad de obrar según la conveniencia nacional(10).
El análisis que compete realizar a la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, al conceptuar acerca de la concesión o negación de la extradición, comprende la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos o derivados de la Constitución y la ley, principalmente en cuanto no se trate de la extradición por la comisión de delitos políticos; ni por hechos anteriores a la expedición del Acto Legislativo 1 de 1997(11), en el caso de la extradición de colombianos por nacimiento, según lo previsto en el artículo 35 de la Carta Política; ni se vayan a imponer en la Nación requirente tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni penas proscritas en Colombia como la de muerte o la prisión perpetua.
Por su propio contenido, ni el concepto de la Corte Suprema ni el acto mismo de que concede la extradición decide sobre la existencia del delito, ni sobre la autoría o las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió, ni sobre la responsabilidad del imputado, todo lo cual indica que no se está en presencia de un acto de juzgamiento(12).
Ahora bien, en el caso concreto, se resalta que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable a la solicitud de extradición formulada por los Estados Unidos para que responda por los cargos contenidos en la acusación dictada por la Corte del Distrito Sur de Florida y por el único cargo incluido en la acusación proferida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por cuanto verificó el cumplimiento de las exigencias constitucionales y legales que se deben observar para conceder la extradición.
Entonces, reunidos los requisitos para conceder la extradición, el ejecutivo concedió su entrega mediante la Resolución 37 del 1º de marzo de 2012, acto contra el cual el apoderado de la señora Cifuentes Villa ejerció recurso de reposición como se observa a folio 132 y que está pendiente de ser resuelto de conformidad con lo expuesto por la parte accionada.
En ese orden de ideas, la Sala observa que desde el momento en el que se ejerció la acción, esta se encontraba por fuera de tiempo por anticipada, toda vez que no existe el perjuicio alegado por la parte accionante, en la medida en que no le es posible al juez de tutela, adelantarse a la decisión que las autoridades correspondientes tomen en el trámite del proceso de extradición y, tampoco puede reemplazar al órgano competente para imponer el sentido o condiciones de la decisión definitiva.
Sobre el mismo tema, en un caso similar, en el que se solicitó suspender el trámite de su extradición por vía de tutela, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando se encontraba en trámite el recurso de reposición, esta corporación se pronunció en Sala Plena(13), así:
Para que proceda la tutela como mecanismo transitorio, que supone la existencia de un perjuicio irremediable, deben darse circunstancias de urgencia, gravedad, inminencia e impostergabilidad, que solo podrían estar presentes ante la ocurrencia de decisiones definitivas adversas al accionante.
La Corte Constitucional en Sentencia T-531 de 21 de mayo de 2001, con ponencia del magistrado Jaime Araújo Rentería, frente a una solicitud de tutela incoada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dentro del trámite de extradición del señor Jaime de Jesús Mesa Sanín, vinculado también mediante la denominada “operación Milenio” y capturado el mismo día del actor, esto es, el 13 de octubre de 1999, expresó:
‘... Para el presente caso, el actor solicita se le conceda en prevención la tutela como mecanismo transitorio, respecto de una posible actuación por parte de los demandados, que aún no se ha dado, por lo tanto, la supuesta amenaza a que alude el actor no existe, se encuentra apenas en nivel de expectativa que puede ocurrir o no y frente a la cual no procede la acción de tutela.
De otra parte, considera la Sala que tampoco se está ante un perjuicio irremediable y que inclusive en la hipótesis que él se imagina aún dispone de los medios de defensa judicial previstos en la ley los cuales puede ejercer en su oportunidad, por estar el proceso de extradición aún en trámite y la acción de tutela no está llamada a sustituir los procedimientos señalados por la ley.
No habiendo concluido aún el proceso de extradición, tampoco se puede hablar que se está ante un perjuicio inminente, menos aún puede predicarse el daño o menoscabo, como tampoco la urgencia de la medida cuando aún no ha ocurrido el hecho o actuación de la cual se pueda derivar la amenaza o vulneración, elementos constitutivos según la jurisprudencia del perjuicio irremediable. Como se señaló antes no se está ante una amenaza actual del derecho que sea susceptible de proteger de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 306 de 1992...’”.
Entonces, un acto administrativo que no se halla en firme, como el acusado en el caso concreto, no puede tenerse como fuente de amenaza o violación de un derecho fundamental, por lo cual no es viable jurídicamente al juez de tutela intervenir en el trámite administrativo que se surte al respecto.
En consecuencia, no es procedente esta acción, pues no se evidencia la presencia de amenaza o afectación alguna, toda vez que el trámite de la extradición no ha culminado.
Entonces, con base en las consideraciones expuestas se revocará el fallo del a quo, que amparó los derechos de los hijos menores de la señora Cifuentes Villa y, en su lugar, se declarará que no procede la acción de tutela.
1. REVÓCASE la sentencia del 26 de marzo de 2012 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, que amparó los derechos de los hijos menores del actor y de la señora Cifuentes Villa y, en su lugar, SE RECHAZA la acción por las razones expuestas.
2. NOTIFÍQUESE en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
4(sic). ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
(8) Sentencia T-1736 de 2000.
(9) Sentencia C-460 de 2008.
(10) Sentencia C-780 de 2004.
(11) “El artículo 35 de la Constitución Política quedará así: La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La extradición no procederá por delitos políticos. No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”.
(12) Sentencia C-1106 de 2000.
(13) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de julio de 2001. Expediente 05001-23-31-000-2001-0904-01(AC), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

References: artículo 86
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 35
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 30
 artículo 35