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Timestamp: 2019-07-17 08:31:07+00:00

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N- tribunal primero civil, seccion primera - página 5
título N- tribunal primero civil, seccion primera
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Contenido de interés 1
* 090000740004AR*
Exp: 09-000074-0004-AR
RES: 001211-F-S1-2009
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las catorce horas del veintiseis de noviembre de dos mil nueve.
Recurso de nulidad del laudo dictado en el proceso arbitral establecido en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, por CALCENTO SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Jyr-Jong Chiou, de nacionalidad taiwanesa, pasaporte no. 132058354, de oficio y residencia no indicados; contra CALLE JESÚS ARAMBERRI SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su presidente y vicepresidente, ambos con facultades de apoderados generalísimos sin límite de suma, respectivamente, Johnny Hernández González, vecino de Alajuela y Antonio Gutiérrez Rodríguez, vecino de Cartago e INMOBILIARIA MARBELLEZA MG SOCIEDAD ANÓNIMA, representada por su presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, José Arturo Arias Castillo, de calidades no indicadas. Figuran además, como apoderados especiales arbitrales de la parte actora, la licenciada Doris Rodríguez Chaves, soltera, vecina de San José; y, de la codemandada Inmobiliaria Marbelleza MG S.A., el licenciado Andrés A. Pérez González, divorciado, vecino de Heredia. Las personas físicas son mayores de edad y con las salvedades hechas, casados y abogados.
Que mediante los contratos de Compra y Venta de Propiedades y de Construcción de Fideicomiso, el primero suscrito entre Calcento S.A. e Inmobiliaria Marbelleza MG S.A. y, el segundo con participación de Calle Jesús Aramberri S.A. en su calidad de fiduciaria, ambos de data 19 de diciembre de 2006; y, cuyo objeto era la venta de un total de 50.000 metros cuadrados de la propiedad no. 19828-000, de la Provincia de Guanacaste, propiedades que deberían segregarse a favor de Calcento S.A.; las partes acordaron en la cláusulas décimo sexta y décimo primera, respectivamente: “... acudir en primera instancia a los procesos de conciliación establecidos en los Estatutos de Conciliacióndel Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, designando como conciliación unipersonal a quien corresponda por turno, de la lista llevada a ese fin por la dirección de ese Centro... En caso que la disputa no sea resuelta dentro de un máximo de dos audiencias de conciliación, o en caso que las reuniones no se verifiquen debido a ausencia de cualquiera de las partes, cualquier controversia o diferencia que pueda estar relacionada con, derivada de, este contrato, su ejecución, liquidación o interpretación, se resolverán por arbitraje, de acuerdo con los Estatutos de Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, a cuyas reglas las partes se somenten en forma incondicional...”
Con fundamento en los hechos en que mostraron acuerdo y desacuerdo, respectivamente, acude la sociedad actora ante el Tribunal Arbitral, a fin de que en laudo se declare: “...1- Que la demandada INMOBILIARIA MARBELLEZA MG S.A. incumplió totalmente los contratos de venta y fideicomiso suscritos con la actora el día 19 de diciembre del (sic) 2006. 2- Que la aquí actora cumplió con todas las obligaciones que le imponía el contrato de venta y el contrato de fideicomiso suscritos el día 19 de diciembre del (sic) 2006 entre las partes. 3- Que en virtud de dicha reunuencia por parte de la demandad INMOBILIARIA MARBELLEZA MG S.A. de cumplir con las obligaciones contractuales pactadas, se autorice a la actora a realizar los trabajos en el inmueble folio real numero (sic) 19828-000 de la provincia de Guanacaste, a costo de las demandadas INMOBILIARIA MARBELLEZA MG S.A. y CALLE JESÚS ARAMBERRI S.A. en su condición de fiduciaria. 4- Que el contrato de fideicomiso suscrito por el aquí actor y los demandados INMOBILIARIA MARBELLEZA MG S.A. y CALLE JESÚS ARAMBERRI S.A., resulta omiso en su procedimiento para dilucidar este tipo de disputas. 5- Que en virtud de que la propiedad se encuentra en fideicomiso, siendo el fideicomitente la demandada INMOBILIARIA MARBELLEZA MG S.A. y siendo el fiduiciario CALLE JESÚS ARAMBERRI S.A., todas las obligacioanes que se condene a pagar a INMOBILIARIA MARBELLEZA MG S.A., resulte ser deudora obligacional solidaria CALLE JESÚS ARAMBERRI S.A., la cual deberá responder con los bienes fideicometidos. 6- Que como contraprestación del monto de $500.000,00 (quinientos mil dólares) en moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, pagados por la aquí actora, la demandada INMOBILIARIA MARBELLEZA MG S.A. y la sociedad CALLE JESÚS ARAMBERRI S.A. en su condicion de fiduciaria, deben segregar del inmueble del Partido de Guanacaste, Folio real 19828-000, a favor de la actora, un total de 74.594,76 M2 (setenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro metros con setenta y seis decímetros) de conformidad con el plano aportado como prueba número doce, área que comprende una porción de terreno no apto para construcción de 24.594,76 M2 (veinticuatro mil quinientos noventa y cuatro con setenta y seis decímetros cuadrados). Todo de conformidad con el plano aportado en este expediente e identificado como prueba númro doce. Asimismo, en cumplimiento de la Clausula (sic) Decimo (sic) Cuarta del Contrato de Venta, una vez aprobada la segregación, que se autorice a la actora a inscribir el terreno a segregar al (sic) nombre de la compañía que esta determine. 7- Que la demandada INMOBILIARIA MARBELLEZA MG S.A. y la sociedad CALLE JESÚS ARAMBERRI S.A. en su condición de fiduciaria, deben constituir una servidumbre de paso contra el inmueble 19828-000 de la provincia de Guanacaste a favor del inmueble a segregar a favor de la actora, con una longitud de 627.87 M (seiscientos veintisiete metros con ochenta y siete centímetros lineales), con un ancho de 12 metros, es decir, diez metros de ancho, más un metro de cada lado, para los servicios de cunetas, desagües, cableado eléctrico y agua potable. Lo anterior de conformidad con el plano aportado por esta representación a este expediente e identificado como prueba doce. 8- Que las demandadas INMOBILIARIA MARBELLEZA MG S.A. y la sociedad CALLE JESÚS ARAMBERRI S.A. en su condición de fiduciaria, deben cancelar a favor de la aquí actora la suma de $13.000,00 (trece mil dólares en moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), correspondiente al costo por la confección de 10 planos de los lotes a segregar. 9- Que las demandadas INMOBILIARIA MARBELLEZA MG S.A. y la sociedad CALLE JESÚS ARAMBERRI S.A. en su condición de fiduciaria deben cancelar a favor de la aquí actora, la suma de $348.036,86 (trescientos cuarenta y ocho mil treinta y seis dólares conochenta y seis centavos), por concepto de la construcción de las líneas de energía eléctrica que pasaran (sic) frente a la propiedad a segregar, contemplando la colocación de postes cada 50 metros, 2 de los cuales serán con herrajes para los transformadores, 2 transformadores tipo Almond de 75 KVA, cables y conecciones. 10- Que las demandadas deben cancelar a favor de la aquí actora, la suma de $581.167,52 (quinientos ochenta y un mil cientos (sic) sesenta y siete dólares con cincuenta y dos centavos) por obras de infraestructura de la servidumbre de paso identificada como la prueba doce. 11- Que las demandadas deben cancelar los rubros que corresponden por honorarios de estudio de impacto ambiental, permisos de construcción e impuestos correspondientes a las autoridades nacionales y municipales, que sean necesarios para obtener el visado de los planos constructivos respectivos y sus correspondientes permisos de construcción por la servidumbre de paso que pesará sobre el inmueble 19828-000 de la provincia de Guanacaste. Rubros que serán liquidados en ejecución de sentencia. 12- Que las demandadas INMOBILIARIA MARBELLEZA MG S.A. y la sociedad CALLE JESÚS ARAMBERRI S.A. en su condición de fiduciaria deben cancelar a favor de la aquí actora, la suma de $243.640,00 (doscientos cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta) por concepto de obras de infraestructura para poder dotar de agua potable al inmueble, es decir, por medio de tubería de conducción desde el poblado de Marbella hasta el sitio. 13- Que se le condene a las demandadas al pago de ambas costas de este proceso." Asimismo, solicitó se condene a la parte demandada, a pagar las siguientes sumas: a) Daños y perjuicios: $38.892,08; b) Pago de experto en aguas: $2.500,00; c) Pago de estudios topográficos: $6.800,00; d) Pago a Consultécnica S.A.: $1.500,00 y e) Pago a Sistemas Geotérmicos Globales S.A.: $350,00.
La codemandada contestó negativamente y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés actual, de imposibilidad de cumplimiento por fuerza mayor, caso fortuito, vicio por error en la voluntad de las partes y la de imposibilidad de cumplimiento por mala fe de la actora y falta de agotamiento de la fase de conciliación, resuelta ésta última interlocutoriamente.
La sociedad Calle Jesús Aramberri, por su parte, contestó conforme a folios 374 y 375, sin oponer excepciones.
El Tribunal Arbitral Unipersonal del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, constituido por el Árbitro Gino Cappella Molina, en laudo dictado a las 11 horas del 16 de marzo de 2009, dispuso: "Se acoge en forma parcial y según se dirá, la demanda planteada por Calcento, S. A. en contra de Marabelleza MG, S. A. y Calle Jesús Aramberri S.A. I. Extremos que se acogen. Se acogen los siguientes extremos de la demanda, con sujeción a bases de ejecución que se dirán y se declara: 1. Que Marbelleza MG S. A. incumplió totalmente los contratos de venta y de fideicomiso, suscritos con Calcento el día 19 de diciembre del (sic) 2006. 2. Que Calcento, S. A., por su lado, cumplió con todas las obligaciones que le correspondían a la luz de esos contratos. 3. Que en virtud de los incumplimientos atribuibles a Marbelleza MG S. A. se autorizará a Calcento, S. A. a realizar los trabajo en la finca inscrita en el Registro Nacional, Sección Propiedad, Provincia de Guanacaste, matrícula número 19829-000, a costo de las demandadas Marbelleza y Calle Jesús Aramberri, según se dirá adelante, si vencidos los plazos que se le conceden a éstas últimas para que cumplan con lo que aquí se ordene, se mantienen en estado de incumplimiento. JA en su condición de fiduciaria. 4. Como prestación al pago de quinientos mil dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, que la actora pagó, las demandadas debensegregar del inmueble del partido de Guanacaste, matrícula 19828-000, a favor de la actora, un total de cincuenta mil metros cuadrados, que deberán ser en su totalidad, susceptibles de construcción. Para ello, se requerirá de la colaboración del actual propietario del terreno objeto del mismo contrato citado, Calle Jesús Aramberri, S. A. BASES DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. Marbelleza MG S. A. contará con un plazo de seis meses para lograr esa segregación y Calle Jesús Aramberri, S. A. deberá prestar su colaboración con el otrogamiento de todos aquellos documentos, de cualquier índole, que a la luz de la legislación aplicable resulten necesarios. Si vencido este plazo, la segregación no se ha logrado, queda autorizada Calcento S. A. para iniciar o completar el trámite correspondiente, a cuenta de Marbelleza MG S. A., según se dispone en la normativa relativa a la ejecución de sentencias y laudos, contenida en el Código Procesal Civil. El área resultante de la segregación deberá ajustarse al plano aportado por la parte actora, identificada en su demanda como prueba número doce. En cuanto a la escritura de segregación, CALLE JESÚS ARAMBERRI, S. A. deberá otorgarla una vez que se hayan cumplido los requisitos para ello. De no hacerlo, podrá Calcento acudir ante el Juez Civil competente para que siga el trámite previsto en el artículo 698 del Código Procesal Civil, con honorarios a cargo de Marbelleza MG, S. A. y de Calle Jesús Aramberri, S.A. 5. Marbelleza MG S. A. y Calle Jesús Armberri, S. A. deberán constituir una servidumbre de paso contra la finca número 19829-000, a favor del inmueble que resulte de la segregación, con una longitud de seiscientos veintisiete metros con ochenta y siete decímetro lineales) (sic), con un ancho de doce metros; es decir, diez metros de ancho más un metro de cada lado, para los servicios de cunetas, desagües, cableado eléctrico y agua potable. Respecto a CALLE JESÚS ARAMBERRI, S. A., se acoge este extremo sólo en la medida en que sea necesario que CALLE JESÚS ARAMBERRI, S. A. lleve a cabo todo aquello que sea necesario para lograr la constitución e inscripción de la servidumbre de paso según se pactó en los contratos de fondo, puesto que tal obligación dimana del contrato de fideicomiso. La obligación de tramitar lo anterior y obtener el resultado final de constitución e inscripción de la servidumbre según lo pactado en los contratos de fondo, así como la construcción efectiva, con las especificaciones que se mencionan en esos mismo contratos, correrá por cuenta y riesgo exclusivos de Marbelleza. BASE PARA LA EJECUCIÓN . Se le concederá a Marbelleza MG. S. A. y a CALLE JESÚS ARAMBERRI, S. A. un plazo prudencial de seis meses para tal constitución e inscripción de la indicada servidumbre. Igual plazo se le concede a Marbelleza MG S. A. para la construcción de la servidumbre, según las características indicadas arriba. Si tales plazos se vencieren y no se hubiere logrado la constitución de la servidumbre o bien su construcción, queda Calcento S. A. autorizado para agotar tales trámites de constitución y de construcción, pero a cuenta de Marbelleza MG S.A. 6. Se condena a Marbelleza a dotar de agua potable al área objeto de compraventa celebrada entre aquélla y Calcento y para esos efectos, se le concede el plazo de seis meses. Si vencido éste, se mantiene el estado de incumplimiento, Calcento podrá acudir ante autoridad judicial praa solicitar que se le autorice a ésta a llevar a cabo esas labores, a cuenta y a cargo de Marbelleza. CJA deberá colaborar con Marbelleza en la ejecución de esta obligación, mediante el otorgamiento y firmas de todos aquellos documentos y la solicitud y debida tramitación de todos aquellos permisos, aprobaciones y autorizaciones que se requieren de parte de las autoridades administrativas competentes. II. Extremos que se deniegan. Se deniengan los siguientes extremos de la demanda: Primero. Que el contrato de fideicomiso suscrito entre las partes de este proceso es omiso en su procedimiento para dilucidar este tipo de disputas. Segundo. Que Calle Jesús Aramberri, S.A. resulta deudor solidario, en su condición de fiduciario, sin perjuicio, eso sí, de las obligaciones a cuya ejecución se condena a esta parte en la presente parte dispositiva. Tercero. Que las demandadas deberán cancelar a favor de la actora, las siguientes sumas:1. USD$13.000,00, que corresponden al costo de confección de 10 planos de los lotes a segregar. 2. USD$348.036,86, en concepto de la construcción de las líneas de energía eléctrica que pasarán frente a la propiedad a segregar, contemplando la colocación de postes cada cincuenta metros, dos de los cuales serán con herrajes para transformadores, dos transformadores tipo Almond de 75 KVA, cables y conexiones. 3. USD$581.167,52 por obras de infraestructura de la servidumbre de paso. En cuanto a Marbelleza MG S. A. se deniega esta pretensión, bajo el entendido de que si vencido el plazo que aquí se le concede para la construcción de la servidumbre, el estado de incumplimiento se mantiene, Calcento S. A. quedará autorizada para ejecutar lo correspondiente a la constitución y contrucción de la servidumbre, con cargo a Marbelleza. 4. Los gastos relativos a rubros que correspondan por honorarios de estudio de impacto ambiental, permisos de construcción e impuestos correspondientes a las autoridades nacionales y municipales, que sean ncesarios para obtener el visado de los planos constructivos respectivos y sus correspondientes permisos de construcción por la servidumbre de paso que pesará sobre la finca 19828-000, que serán liquidados en ejecución de sentencia. Estese a lo resuelto, en relación con todas las obligaciones de hacer que se reclaman y a cuyo cumplimiento forzoso se condena a las partes, según sea el caso. 5. USD$243.640,00 por obras de infraestructura para dotar de agua potable al inmueble, por medio de tubería de conducción desde el poblado Marbella hasta el sitio. III: Excepciones. Primero. En lo que se deniegue de la demanda, se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por Marbelleza MG, S.A. Segundo. En lo que se acoja de la demanda, se deniega esa misma excepción. Tercero. En todos sus extremos, se deniega la excepción de falta de legitimación opuesta por Marbelleza MG. S. A. IV. Costas. Primero. Se absuelve a Calle Jesús Aramberri, S. A., del pago de las costas personales y procesales. Segundo. Se condena a Marbelleza MG S. A. al pago de costas de este proceso, entendidas éstas como honorarios del tribunal arbitral, gastos de administración del proceso arbitral, a favor del Centro de Conciliación y Arbitraje y las costas personales y procesales, conforme se definen en el artículo 226 del Código Procesal Civil. 1. Por honorarios del Tribunal Arbitral, la suma de diez mil ochocientos cincuenta dólares estadounidenses, que se pagarán al momento en que se entregue este laudo, debidamente firmado, al CCA. Los fondos se tomarán de los depósitos realizados por Calcento, bajo el entendido de que ésta podrá reclamar y obtener el reembolso de parte de Marbelleza en la vía de ejecución de sentencia. 2. Por gastos de administración CCA, la suma de ocho mil quinientos dólares. Los fondos se tomarán de los depósitos realizados por Calcento, bajo el entendido de que ésta podrá reclamar y obtener el reembolso de parte de Marbelleza en la vía de ejecución de sentencia. 3. Gastos de grabación y transcripción de audiencia, en la suma total de ochocientos sesenta dólares. Se reintegrará a Calcento la suma de mil dólares y a Marbelleza, ciento cuarenta dólares. 4. Honorarios de perito. Restitúyase a Marbelleza la suma de ciento setenta y nueve dólares por este concepto. Tercero. El resto de las costas serán liquidadas en la ejecución del laudo."
El licenciado Andrés A. Pérez González interpone recurso de nulidad, indicando expresamente las razones en que se apoya para refutar la tesis del Tribunal Arbitral.
En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de ley. Interviene en la decisión de este asunto la Magistrada Suplente Silvia Consuelo Fernández Brenes.
Redacta la Magistrada Fernández Brenes
El diecinueve de diciembre del dos mil seis, Calcento, Sociedad Anónima e Inmobiliaria Marbelleza MG, Sociedad Anónima, suscribieron un contrato privado de compraventa, la primera en condición de compradora, y la segunda como vendedora. En dicho acuerdo, se pactó, la obligación a cargo de la segunda, de realizar una serie de obras y construcciones en el inmueble objeto de la venta. En esa misma fecha, ambas partes, junto con Calle Jesús Aramberri Sociedad Anónima, firmaron convenio de fideicomiso, en el cual, esta última compareció en calidad de fiduciaria, Calcento, Sociedad Anónima como fideicomisaria e Inmobiliaria en condición de fideicomitente. En ambos negocios, las partes determinaron, que en caso de diferencias, conflictos o disputas relacionadas con la ejecución, incumplimiento, interpretación o cualquier otra diferencia, renunciaban a la jurisdicción ordinaria, acordando resolver cualquier conflicto conforme al siguiente procedimiento: primero, convienen acudir, "en primera instancia", a un proceso de conciliación, debiendo celebrarse como mínimo dos audiencias con ese fin. Ante la ausencia de acuerdo, o en caso que las dos reuniones no se verifiquen, debido a la ausencia de alguna de las partes, cualquier controversia o diferencia que pudiera relacionarse, o se derive del presente contrato, de su ejecución, liquidación o interpretación, se resolvería por la vía arbitral. En la demanda, Calcento, Sociedad Anónima aseguró, que su representada pagó el precio total de la venta, en los plazos y condiciones establecidas, pero Inmobiliaria Marbella MG, Sociedad Anónima incumplió con las obligaciones asumidas, por lo que pretende, la declaratoria del incumplimiento contractual, así como la fijación de daños y perjuicios, los que liquidó en la suma de $38.892,08. La sociedad demandada se opuso a a esas pretensiones, e interpuso las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, interés actual, agotamiento de la fase de conciliación e imposibilidad de cumplimiento, debido a caso fortuito, fuerza mayor, vicio por error en la voluntad de las partes y mala fe de la actora. Calle Jesús de Aramberri, Sociedad Anónima indicó ser una mera tenedora de la propiedad objeto del fideicomiso, que no ha ejercido ni realizado acto alguno de los que se acusan en la demanda, por lo cual, se sometería a lo que finalmente se resuelva sobre el fondo del asunto. En el laudo se denegaron las excepciones interpuestas, con excepción de la falta de derecho, que se acogió de forma parcial; de manera que se declaró parcialmente con lugar la demanda, y en lo de interés, se determinó que Inmobiliaria Marbelleza, Sociedad Anónima incumplió totalmente los contratos de compraventa y fideicomiso. Asimismo, ordenó a las demandadas, segregar y traspasar el lote objeto del contrato de compraventa, a favor de Calcento, Sociedad Anónima o del tercero que ésta designe e impuso la obligación de constituir una servidumbre de paso a favor de la finca que resulte, otorgándoles el plazo de seis meses con ese fin, el que correrá a partir del momento en que la decisión del órgano arbitral sea susceptible de ejecución, lo que sucede según lo previsto en el canon 66 párrafo segundo de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Finalmente, Inmobiliaria Marbelleza MG., Sociedad Anónima fue condenada al pago de costas personales y procesales, y por este extremo se absolvió a Calle Jesús Aramberri Sociedad Anónima. Formula recurso de nulidad Inmobiliaria Marbelleza MG, Sociedad Anónima.
Se formulan cinco cargos. En el primero, que se titula “Violación al debido proceso, con quebranto de normas de orden público que aparejan la incompetencia del Tribunal Arbitral”, denuncia que el diecinueve de diciembre del dos mil seis, suscribió dos contratos con la sociedad actora, el primero de compraventa de un terreno, y el segundo de fideicomiso. Al tenor del último, se estipuló que en caso de surgir alguna controversia, se iniciaría un procedimiento de mediación en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, a desarrollarse en dos audiencias. Asegura, sólo se llevó a cabo uno de los encuentros de mediación, el cual resultó fallido, siendo que no se programó la segunda convocatoria; siendo que las partes acordaron como paso previo al arbitraje, acudir a un procedimiento de mediación en dos audiencias; al tenor de lo cual, conforme al numeral 5 de la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, fue irrespetado el procedimiento anterior que las partes idearon, de donde se conculcaron normas de orden público, que establecen la competencia del Tribunal Arbitral, que por tal motivo, asevera, carecía de competencia para dirimir el conflicto, dado que, en el contrato se determinó como un procedimiento necesario, la celebración de las dos audiencias, de forma previa a instaurar el procedimiento arbitral. Refiere, que en la preliminar se discutió este extremo, el cual fue rechazado; por lo que interpuso recurso de apelación a lo resuelto, que fue rechazado; por lo que acusa, se quebrantó el debido proceso, y las normas de orden público que determinan la competencia del Tribunal Arbitral. Expone que la excepción fue opuesta con una denominación incorrecta, pero con un planteamiento adecuado, por lo que, considera, se trataba de una defensa de falta de competencia, y por esta razón, contaba con alzada ante la Sala Primera.
En los contratos, objeto de este proceso, las partes acordaron someter sus diferencias, en un primer momento, a un procedimiento de conciliación. De esta forma, en la compraventa se habla de una "promesa de conciliación" y en el fideicomiso de un "compromiso de conciliación". Ambos convenios son coincidentes, en que la instauración de un procedimiento arbitral, se hará una vez efectuadas dos audiencias de conciliación como mínimo. La disconformidad de la recurrente radica en que, sólo fueron convocados a una reunión con ese fin, lo que considera, repercutió en la falta de competencia del Tribunal Arbitral. En la demanda, la sociedad accionada interpuso la excepción de falta de agotamiento de la fase de conciliación, la cual se resolvió en la audiencia preliminar. El Árbitro determinó, que no obstante lo pactado por las partes, al interponerse el arbitraje, Calcento, Sociedad Anónima manifestó su falta de interés en llegar a un acuerdo con la contraria, por lo que no se le podía forzar al mismo, al estarse ante una forma autocompositiva de resolución de conflictos, que requiere de la voluntad de todos los interesados. Esta Sala es del criterio, que lo resuelto no lesiona normas de orden público ni tampoco el debido proceso, según lo alegado. Al respecto debe considerarse que el numeral 2 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, determina que toda persona tiene derecho de recurrir a la mediación, como una forma de solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible. En la esencia de este instituto, está la voluntad de las partes en disputa, de someterse y llegar a un arreglo. Por lo anterior, si esa voluntad no existe, resulta infructuosa la convocatoria a audiencias con ese fin. La presentación de la demanda arbitral, es un signo inequívoco de que Calcento, Sociedad Anónima no tenía interés en someter el asunto a mediación. Así, este órgano decisor estima, que la no realización de las dos audiencias de mediación previas no repercute en la competencia del Tribunal Arbitral. En todo caso, se advierte, que el canon 43 de la Constitución Política, determina el derecho de toda persona a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun dándose un litigio pendiente. Se entiende esta figura, como la renuncia de las partes a la jurisdicción ordinaria, con el propósito de acudir ante árbitros, quienes serán, los que en definitiva, resuelvan la contienda. Se trata entonces de una forma heterocompositiva de resolver el litigio, a través de un tercero imparcial que valorará el caso y decidirá conforme a derecho o a criterios de equidad, quien impondrá la decisión a las partes. Por lo anterior, mediación y arbitraje son dos formas de resolución alterna de conflictos, pero difieren en que, en la primera, participa un tercero, pero únicamente con la finalidad de acercar a las partes a un acuerdo, quienes son las que en definitiva, decidirán cómo solucionar el asunto; mientras que en el arbitraje, el tercero resuelve la lite, quedando lo concerniente a su ejecución, a control jurisdiccional. El precepto 23 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, establece que el acuerdo arbitral no tendrá formalidad alguna, pero deberá constar por escrito, como pacto autónomo o parte de un convenio. A su vez el canon 37 ibídem, señala que "una cláusula arbitral que forme parte de un convenio y disponga la celebración del arbitraje con arreglo a la presente ley, se considerará un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del convenio." Valgan las anteriores consideraciones para arribar a la conclusión, de que la cláusula arbitral, contenida en los contratos objeto de este proceso, es independiente de la "promesa de conciliación" y "compromiso de conciliación". Por lo anterior, la no celebración de las dos audiencias de mediación previas a la presentación del arbitraja, no repercute en la competencia del Tribunal Arbitral. Por esta razón, lo que resolvió este órgano en la audiencia preliminar, no goza de recurso de apelación, el cual está reservado al pronunciamiento relativo a la excepción de incompetencia, acorde al ordinal 38 ibídem. Sobre el particular, esta Sala ya se pronunció respecto a este punto, en los siguientes términos:
“… en el escrito de requerimiento arbitral, la parte promoverte (sic) renunció de manera expresa a la posibilidad de llegar a una mediación en el conflicto (folio 1). Dichas manifestaciones ponen en evidencia una clara intención de no ingresar en este tipo de mecanismo alternativo, y en su lugar, establecer el arbitraje como una vía de resolución del conflicto. Desde este plano, al haber expresado la renuencia para realizar una mediación, a nada hubiera llevado agotar esta posibilidad, cuando de antemano una de las partes externó su negativa a acudir a este mecanismo. En todo caso, tal posibilidad de conciliar sus diferencias, pudo haberse dado en cualquier momento, antes o durante el arbitraje. De este modo, lo alegado no conculca el debido proceso ni normas relacionadas con la dinámica probatoria, ergo, el reproche debe ser rechazado.” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 495, de las quince horas treinta minutos del veinticuatro de julio del dos mil ocho).
Conforme a lo expuesto, procede rechazar el agravio.
El segundo quebranto lo denomina: "Violación al debido proceso por producción de prueba esencial sin conceder derecho de intervención a la demandada Inmobiliaria Marbelleza MG, Sociedad Anónima". Expone, fue fijada hora y fecha para llevar a cabo un reconocimiento en el inmueble objeto de este proceso, prueba común para la parte actora y la recurrente. El día anterior a la diligencia, el apoderado especial arbitral de Inmobiliaria Marbelleza MG, Sociedad Anónima, aportó documento donde hacía constar, que se encontraba incapacitado por espacio de tres días, al sufrir de lumbalgia, circunstancia lo que le impedía asistir a dicha diligencia, motivo por el cual solicitó, un nuevo señalamiento. Pese a ello, afirma, la prueba se llevó a cabo. Asegura que existió un motivo justificado que ameritaba suspender el acto, para proceder a reprogramarlo, máxime considerando que se trataba de una probanza de ambas partes, y que como tal, tenía incidencia en el resultado del proceso. Afirma, que aunque el acta y sus anexos fueron puestos en conocimiento de las partes, lo anterior no convalida la lesión al derecho de intervención y audiencia, previstos expresamente en la Ley que regula los procedimientos arbitrales y su reglamento (de la Cámara de Comercio de Costa Rica). Dice que solicitó adición y aclaración del acta, donde puso en evidencia que se omitió realizar el recorrido total de camino abierto, expresar aspectos esenciales como el sitio hasta donde llega la electricidad, la extensión a lo largo del camino de los trechos más anchos, consignando sólo los angostos; por lo que, de forma oportuna, se protestó por la forma de proceder del árbitro "... y el silencio fue la respuesta". Por ello, se muestra disconforme con lo indicado por el Tribunal, que tuvo por no opuesta en tiempo (cinco días previsto al efecto en el Reglamento y de diez días en la citada Ley) el reproche, por no ajustarse a la verdad. Al respecto expresa: "Lo cierto es que sí se hizo una protesta y se puso en evidencia que el acto procesal cumplido no se ajustaba al debido proceso por denegar el derecho de intervención. Basta al efecto observar el escrito en que se solicitó la adición y aclaración del acta de reconocimiento judicial para concluir que sí se hizo protesta de la irregularidad de la actuación cumplida y del agravio producido con la misma." Por ello, considera lesionados el derecho de intervención, defensa y el debido proceso, por ser esencial su presencia durante el desarrollo de la prueba que resulte trascendente para el laudo, lo cual le fue denegado de forma injustificada.
Consta en el expediente que el treinta de enero del presente año, fue llevado a cabo, el reconocimiento aludido, y que el día anterior -veintinueve de enero-, se comunicó vía fax, al Centro de Conciliación y Arbitraje, que el licenciado Andrés Pérez, apoderado especial judicial de Inmobiliaria, estaba incapacitado para asistir a dicha convocatoria, por lo que solicitó un cambio de señalamiento, petición que no fue atendida. El tres de febrero siguiente, el árbitro puso en conocimiento el acta donde constaba el reconocimiento arbitral, por el plazo de tres días. Inmobiliaria Marbella MG, Sociedad Anónima aportó escrito, donde se pronunció sobre el contenido del acta, las fotos y el croquis del cual se le concedió audiencia, y además pidió adición y aclaración. La única referencia que hizo a la situación del cambio de señalamiento, fue la de "lamentar" la falta de comunicación del Árbitro con el Centro de Conciliación y Arbitraje, aduciendo que el último conocía la situación de salud del apoderado especial judicial, que le imposibilitaba asistir a la diligencia. De tales legaciones de las que no resulta posible derivar una petición de nulidad, o en su defecto, un requerimiento para realizar una nueva inspección al sitio. Concluida la fase probatoria, se concedió a las partes el plazo común de diez días, para conclusiones. Así, la demandada presentó su alegato, sin hacer mención a lo acontecido con el reconocimiento, así como tampoco hizo mención de la posible indefensión o transgresiòn al debido proceso. Se desprende de la anterior recapitulación, que no hubo lesión a los derechos de alegados, sea, de intervención, defensa y debido proceso, ya que en las oportunidades que el procedimiento brinda, para mostrar disconformidad con lo resuelto y actuado por el Tribunal, la parte no alegó los reproches aducidos ante esta Cámara. Fue hasta el momento cuando conoció el contenido del laudo, que alegó esta situación, consecuencia de un pronunciamiento desfavorable a sus intereses. Por lo anterior, la causal de nulidad invocada no se configura, lo que obliga su rechazo.
En el tercer cargo, se denuncia "Violación al debido proceso por preterición en la apreciación y valoración de prueba esencial, debidamente ofrecida y admitida dentro del proceso arbitral."
Inicia la exposición del reproche, señalando el contenido que a su juicio, tienen los principios de interdicción de la arbitrariedad, y el debido proceso. Se muestra disconforme con la afirmación del Tribunal, que tuvo por indemostrado que durante el año dos mil siete, en la zona de Marbelleza, el régimen de lluvias fuera diferente del promedio anual. Refiere que el árbitro valoró los alcances de la declaratoria de emergencia realizada por el Poder Ejecutivo, pero pretirió el análisis de otras probanzas, que considera esenciales. Asegura que de haberse valorado en conjunto, se hubieran demostrado la fuerza mayor como causa de exclusión de la responsabilidad patrimonial, tal y como fue alegado en la contestación de la demanda. Esta prueba, que recrimina como no analizada, corresponde a los testimonios ofrecidos por ambas partes, la confesional de la representante legal de Calle de Jesús Arramberri, Sociedad Anónima, así como de documentos relativos a las copias de las denuncias presentadas ante la Municipalidad de Santa Cruz, la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) y la Fiscalía de esa localidad. Cita extractos de las deposiciones de los testigos y del confesante, que asegura, que con una valoración conforme a los principios de la sana crítica, se hubiera demostrado la existencia de fuerza mayor. El cuarto motivo lo titula: "Violación al debido proceso por quebranto del principio de razonabilidad en cuanto al momento en que debe ejecutarse la decisión arbitral." Sobre el mismo, afirma que en el laudo se dispuso que los plazos para el cumplimiento de lo resuelto, corren a partir del momento en que esa decisión era susceptible de ejecución, acorde con lo previsto en el canon 66 párrafo segundo de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Así, según se tuvo por demostrado, en la fase de ejecución del contrato, las partes modificaron lo dispuesto en el convenio de fideicomiso y pactaron que las obras dieran inicio sin contar con los permisos constructivos, acuerdo que riñe con el derecho; lo cual, sostiene, es contrario a la razonabilidad, que es un elemento constitutivo del debido proceso. Arguye, lo resuelto sobre este aspecto es irracional, por considerar, que en el presente caso, la ejecución sólo puede darse, hasta que se solucionen los procesos administrativos y judiciales en curso actualmente, por violaciones a la legislación ambiental. Insiste, la conducta a desplegar no requiere solamente de la voluntad de una de las partes, en este caso, de Inmobiliaria Marbella MG, Sociedad Anónima, sino de las decisiones administrativas y judiciales que se adopten en estos procesos.
Los reproches números tres y cuatro, serán analizados en conjunto, por las razones que se indicarán. Aunque el recurrente denuncia quebranto al debido proceso, con lesión a las reglas de la razonabilidad, en realidad los reclamos versan sobre aspectos relativos a la valoración que el Tribunal Arbitral efectuó sobre el fondo del asunto, lo cual es incompatible con las competencias asignadas a esta Sala por ley, por tratarse de un recurso de nulidad, con causales determinadas de forma taxativa por el numeral 67 de la Ley que regula este tipo de procesos. Nótese que en el tercer agravio, la disconformidad radica en la forma de valoración de la prueba, aduciendo preterición, y violación de las reglas de la sana crítica. Por su parte, en el cargo número cuatro, se cuestiona lo dispuesto por el Tribunal, quien determinó que los plazos para el cumplimiento de lo resuelto, corren a partir del momento en que esa decisión sea susceptible de ejecución, conforme al precepto 66 párrafo segundo ibídem. Al respecto, este órgano decisor ha indicado:
"… Nótese que más allá de la infracción de una regla de orden público, se pretende el examen de aspectos vinculados a la aplicación del derecho sustantivo en lo que a la conducta contractual de la empresa (…) se refiere y a la ponderación de las pruebas, (…).En suma, lo requerido es el análisis de aspectos de fondo, lo que no es pertinente mediante el recurso de nulidad, ya que no integra las causales taxativas dispuestas en el artículo 67 de la Ley RAC. (…) Determinar si lo resuelto por el Tribunal es correcto o no, implicaría ahondar en el fondo de la decisión, lo que es incompatible con las competencias asignadas a esta Sala . En síntesis, la argumentación del recurso no conduce a demostrar que el laudo padezca el vicio previsto, en la causal en que se fundamenta, lo que lleva a su desestimación ..." (Véase al respecto, la sentencia número 637, de las ocho horas cincuenta minutos del seis de setiembre de dos mil siete.)
Conforme a lo expuesto, procede rechazar la causal de nulidad invocada.
Finalmente, como agravio número cinco, alega "Violación al debido proceso por quebranto de normas procesales de orden público que rigen la exención de costas dentro del proceso arbitral."
Acusa que en el laudo fue condenada al pago de costas; pero considera, que en aplicación de los cánones 221 y 222 del Código Procesal Civil, esa condenatoria no debió de darse. Alega que tales disposiciones son normas procesales de orden público; en la primera sienta el principio general de condena en costas al vencido, y la segunda precisa las excepciones. Así, señala que el precepto 222 ibídem es una disposición normativa de carácter discrecional reglada, que debe ser aplicada en los casos allí previstos. Recrimina, el Tribunal desaplicó este ordinal, porque asegura, las pretensiones de Calcento, Sociedad Anónima no fueron aceptadas en su totalidad; por lo que se está ante un fallo con vencimiento recíproco; y además, la actora formuló pretensiones exageradas. Por lo anterior sostiene, fueron violentados los numerales indicados.
Tratándose de las costas, aunque se aplican preceptos contenidos en el Código Procesal Civil (ordinales 221 y 222), se trata de un aspecto que amerita la valoración del árbitro, referente a la forma cómo resuelve el asunto, y que como tal, no es de orden público. Incluso, la condena en costas, conlleva el nacimiento de una obligación, aún cuando esta deviene de la suerte de una relación procesal. De esta forma, se está ante un aspecto de fondo, que por disposición del legislador, a la Sala le está imposibilitado de conocer. Por estas razones, se rechaza el alegato.
Con base en las razones expuestas, se impone declarar sin lugar el presente recurso de nulidad.
Se declara sin lugar el recurso de nulidad.
Luis Guillermo Rivas Loáciga Román Solís Zelaya
Óscar Eduardo González Camacho Silvia Consuelo Fernández Brenes
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Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el: 17/1/2013 4:58:39 PM
Sección primera: Agua y alimentación
Revision de providencias en accion popular conocen las secciones...
Nombre del Tribunal: sala de lo constitucional

References: artículo 698
 artículo 226
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 artículo 67