Source: http://tjabogados.com/claves-del-nuevo-reglamento-ue-no-12152012-que-acaba-de-entrar-en-vigor/
Timestamp: 2020-08-06 20:49:15+00:00

Document:
Claves del nuevo Reglamento (UE) nº 1215/2012 que acaba de entrar en vigor. | Tirado Jiménez
Claves del nuevo Reglamento (UE) nº 1215/2012 que acaba de entrar en vigor.
El pasado día 10 de enero de 2015 entró en vigor el Reglamento (UE) nº 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Este Reglamento viene a derogar al hasta ahora vigente Reglamento nº 44/2001 que ha venido rigiendo esta materia desde la derogación del antiguo Convenio de Bruselas de 1968. Por esta razón, el anterior Reglamento 44/2001 y el vigente Reglamento nº 1215/2012 son conocidos como “Reglamentos Bruselas I”.
Vamos a analizar brevemente las novedades que introduce este nuevo Reglamento:
a) Materias excluidas: Se excluyen del ámbito de aplicación material del Reglamento las cuestiones referidas a la responsabilidad de los Estados por actos u omisiones realizados en el ejercicio de su autoridad (“acta iure imperii”). Igualmente se excluyen expresamente las obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad, incluidas las obligaciones alimenticias “mortis causa”. Esta exclusión obedece a que esta materia está actualmente regulada de forma separada por otra norma, el Reglamento (UE) nº 4/2009, de 18 de diciembre de 2008.
b) Nuevos foros especiales de competencia judicial internacional: Además de excluir al foro especial relativo a las obligaciones alimenticias, ya que esta materia se excluye del ámbito de aplicación material del nuevo Reglamento, se incluye un nuevo foro especial relativo a las acciones civiles relativas al derecho de propiedad para recuperar un bien cultural. En estos supuestos, el órgano jurisdiccional competente (ya no se utiliza la expresión “Tribunal”) será el del Estado miembro donde se halle el bien cultural que se reclama.
c) Competencia judicial en materia de contratos de seguro, consumo y trabajo: Se mantiene el mismo régimen favorable al asegurado y/o tomador del seguro, consumidor y trabajador. La única novedad se introduce en lo referente a los contratos de trabajo, ya que se prevé que un empresario no domiciliado en un Estado miembro de la UE pueda ser demandado por un trabajador ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que radique el establecimiento donde el trabajador prestaba sus servicios.
d) Competencias judiciales exclusivas: No se introducen novedades. Ahora se regulan en el artículo 24 del Reglamento nº 1215/2012.
e) Sumisión expresa: Se introducen tres importantes novedades respecto a los pactos de sumisión expresa, es decir, aquellos pactos en los que las partes de un contrato designan que los órganos jurisdiccionales de un determinado Estado miembro resuelvan las controversias o disputas que puedan plantearse con relación a ese contrato.
La primera novedad es que ya no se exige que las partes hayan de estar domiciliadas en un Estado miembro, por lo que resulta posible que las partes domiciliadas en cualquier lugar del mundo puedan someterse expresamente a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro de la UE para dilucidad sus controversias, con lo que se amplía de forma muy notable el ámbito de aplicación territorial del Reglamento.
La segunda novedad que el nuevo Reglamento introduce en esta materia es que se faculta a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro designado para que analice si el pacto de sumisión expresa es o no nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material según el Derecho de dicho Estado miembro.
Finalmente, la tercera novedad que se introduce es la extraordinaria protección que reciben estos pactos de sumisión expresa, que pese a estar integrados en el clausulado de un contrato, serán considerados acuerdos independientes al resto del contrato, y no podrán verse afectados por la invalidez general del contrato en el que se hallan integrados. En otras palabras, para que un pacto de sumisión expresa pueda ser declarado nulo y carente de efectos habrá de serlo porque el pacto en si carece de validez material, como hemos explicado en el párrafo anterior.
f) Sumisión tácita: Se introduce una innovación importante en esta materia. Antes de abordarla, hay que recordar que la sumisión tácita de una de las partes, en este caso, la demandada, a la competencia de un Tribunal de un determinado Estado miembro se produce cuando la parte demandada comparece ante dicho Tribunal, salvo que sea para impugnar su competencia o exista otro órgano jurisdiccional que posea competencia exclusiva sobre la materia en cuestión ex art. 24 del Reglamento. Fuera de estas dos excepciones, en los restantes casos, dicho Tribunal ante el que ha comparecido el demandado se declarará competente.
Esa innovación a la que nos referimos es que, en los casos de contratos donde exista una “parte débil” (seguros, consumidores y contratos de trabajo), en los casos en que dicha parte débil (asegurado y/o tomador, consumidor y trabajador) sea demandada , el órgano jurisdiccional ante el que comparezca, se asegurará antes de declararse competente, de que se ha informado al demandado de su derecho a impugnar la competencia del órgano jurisdiccional y de las consecuencias de comparecer o no.
g) Litispendencia y conexidad: Esta es una de las materias en la que más novedades se han introducido. Estos son los supuestos en los que se han interpuesto demandas entre las mismas partes, con el mismo objeto y la misma causa ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se formule la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento hasta que no se declare competente el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda, con el fin de evitar que se dicten resoluciones judiciales contradictorias o inconciliables sobre una misma materia y entre las mismas partes. La primera novedad que se prevé es que, a partir de ahora, a instancia de un órgano jurisdiccional ante el que se haya sometido el litigio, cualquier otro órgano jurisdiccional al que se haya sometido el litigio informará sin demora al primero de la fecha en que se interpuso la demanda.
La segunda de las novedades se refiere a las denominadas demandas conexas en los supuestos en que se presente una demanda ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro en virtud de un pacto de sumisión expresa, que tenga competencia exclusiva, cualquier otro órgano jurisdiccional de otro Estado miembro suspenderá el procedimiento hasta que el órgano jurisdiccional ante el que se presentó la demanda se declare incompetente. En caso contrario, es decir, en caso de que este último órgano jurisdiccional se declare competente, los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros deberán abstenerse a favor de aquel. Sin embargo, estas reglas descritas en este párrafo no se aplicarán a las materias en las que una de las partes es beneficiaria de una especial tutela como parte débil (asegurado y/o tomador, consumidor o trabajador) y dicha parte resulta demandada.
La tercera de las novedades se refiere a las reglas especiales a seguir en el resto de casos, cuando la competencia se basa en el foro general (domicilio del demandado) o foros especiales de los arts. 7 a 9 del Reglamento y exista un procedimiento pendiente ante los órganos jurisdiccionales de un tercer Estado, en el momento en que se ejercita una acción ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con el mismo objeto, misma causa y entre las mismas partes que en el procedimiento que se esté tramitando ante los Tribunales de ese tercer Estado. En este supuesto, el órgano jurisdiccional del Estado miembro podrá suspender el procedimiento si lo considera necesario o si cree que el órgano jurisdiccional extracomunitario va a dictar una resolución que pueda ser ejecutada en ese Estado miembro. Por el contrario, podrá decidir continuar con el procedimiento si lo considera necesario, si el Tribunal del Estado extracomunitario suspende su procedimiento o si cree que la tramitación del procedimiento ante los Tribunales de ese Estado extracomunitario pueda concluirse en un tiempo razonable. Finalmente, los Tribunales del Estado miembro pondrá fin al proceso si el procedimiento ante los Tribunales del Estado extracomunitario ha concluido y se ha dictado una resolución susceptible de reconocimiento y ejecución ante los Tribunales del Estado miembro. Una regla similar a la de la litispendencia se prevé en los casos de demandas conexas, en los que esté involucrando un tercer Estado no comunitario.
h) Medidas provisionales y cautelares: No se introducen novedades en este punto.
i) Reconocimiento automático de resoluciones judiciales: Se mantiene el reconocimiento automático de resoluciones judiciales entre los distintos Estados miembros, en caso de que no existan causas de denegación. En caso de que no existan dichas causas, se reconoce el derecho de cualquier interesado de solicitar que se dicte una resolución en la que se reconozca que no concurren motivos de denegación. Los motivos de denegación que se reconocen en el nuevo Reglamento nº 1215/2012 son básicamente idénticos a los previstos en el antiguo Reglamento nº 44/2001.
Para que se produzca ese reconocimiento bastará con presentar una copia auténtica de dicha resolución y el correspondiente certificado de autenticidad expedido por los órganos jurisdiccionales del Estado donde se ha dictado la resolución. En algunos casos, podrá exigirse traducción jurada de la citada resolución.
j) Ejecución automática de resoluciones judiciales: En esta materia, también se introducen importantes novedades, como la ejecución automática de cualquier resolución judicial dictada en cualquier Estado miembro en el resto de Estados miembros, sin que sea necesario, sin necesidad de que exista una declaración expresa de fuerza ejecutiva, sin que se prevea ya ninguna especialidad para Inglaterra y Gales, como si ocurría en el anterior Reglamento nº 44/2001. Igualmente, se prevé que cualquier resolución con fuerza ejecutiva conllevara la posibilidad de la aplicación de las medidas cautelares previstas en la legislación del Estado requerido.
El procedimiento de ejecución se regirá por la legislación del Estado miembro requerido y las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro requerido se ejecutarán en iguales condiciones que si hubiera dictado en el Estado miembro requerido, siendo aplicables los motivos de denegación o suspensión de la ejecución previstos en la legislación del Estado miembro requerido si no son incompatibles con los motivos generales relativos a estas materias previstos en los arts 46 a 51 del Reglamento. Tampoco será ya necesario que el solicitante posea un domicilio o deba nombrar un representante legal. En ningún caso, el órgano jurisdiccional del Estado requerido revisará el fondo de la resolución sometida a reconocimiento y ejecución.
Otra importante innovación que incorpora el Reglamento nº 1215/2012 es la ejecución automática en todos los Estados miembros de las resoluciones que ordenen una medida provisional o cautelar, dictada por los órganos jurisdiccionales de cualquier Estado miembro, ya que se exigen los mismos requisitos formales que para ejecutar una resolución judicial: Por tanto, se ha de aportar ante el órgano jurisdiccional del Estado requerido, una copia auténtica de la resolución judicial (puede exigirse también su traducción jurada) y un certificado expedido por el órgano jurisdiccional del Estado que dictó dicha resolución, expresando su competencia y la ejecutividad de la resolución o de la medida. La única diferencia estriba en la obligatoriedad de notificación del certificado de ejecutividad a la persona ejecutada en los casos de resoluciones ejecutivas, mientras que para las medidas cautelares, no resulta necesaria tal notificación.
Finalmente, el Reglamento prevé que en caso de solicitud de denegación de la ejecución de una resolución, a petición del ejecutado, el órgano jurisdiccional del Estado requerido podrá: limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares, condicionar la ejecución a la constitución de garantías por el ejecutante (aunque no podrán exigirse garantías solo por el hecho de que el ejecutante no sea nacional del Estado requerido) por el ejecutante o suspender total o parcialmente el procedimiento de ejecución. El procedimiento de ejecución en el Estado requerido será suspendido, a petición de la ejecutada, cuando se suspenda la fuerza ejecutiva de la resolución en el Estado de origen.
k) Documentos públicos y transacciones judiciales con fuerza ejecutiva: En este punto, se produce una importante novedad, ya que se reconoce automáticamente fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros, sin necesidad de un ulterior procedimiento como hasta ahora ni de ningún tipo de legalización, a los documentos y transacciones judiciales que tienen fuerza ejecutiva conforme a la legislación del Estado miembro de origen. Tan solo bastará que el Estado miembro de origen expida el certificado de ejecutividad previsto en el Reglamento. Se prevé como excepción que el documento sea contrario al orden público del Estado requerido. Sólo en ese caso, podrá denegarse fuerza ejecutiva al documento o transacción judicial.
En conclusión, con este nuevo Reglamento 1215/2012 se favorece la cooperación judicial entre los Estados miembros de la UE al establecer la automaticidad del reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales, documentos públicos y transacciones judiciales, lo que redundará en un mejor funcionamiento del mercado interior.
El TS elimina el privilegio de cobro de Hacienda y TGSS en la fase de liquidación de los concursosLa polémica reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana: ¿Una reforma necesaria o una “Ley mordaza»?

References: artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución