Source: http://www.radioequinoccio.com/editoriales/item/8527-carta-a-los-lectores.html
Timestamp: 2018-11-14 13:45:30+00:00

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Post 31 Octubre 2018	By RENE DE LA TORRE	In Editoriales
En el considerando de la mencionada resolución que consta en la pág. 32 se lee lo siguiente: “En lo que se relaciona al incumplimiento del tiempo previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; es preciso transcribir el artículo citado, con la reforma introducida, misma que señala: “ Art. 26.- Informes de auditoría y su aprobación.-… Estos informes serántramitados desde la emisión de la orden de trabajo de la auditoria, hasta la aprobación del informe en el término máximo de ciento ochenta días improrrogables. Los informes, luego de suscritos por el director de la unidad administrativa pertinente, serán aprobados por el Contralor General o su delegado en el término máximo de treinta días improrrogables y serán enviados a las máximas autoridades de las instituciones del Estado examinadas de manera inmediata” (el subrayado y la negrita no son del texto), como se observa si bien se han determinado términos no se ha establecido la consecuencia jurídica de su incumplimiento, por lo tanto, en esta instancia administrativa de juzgamiento se considera que este no es un plazo perentorio, razón por la cual la responsabilidad persiste, tanto más, cuando el fundamento del hecho en estudio está dentro de los siete años previstos en el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, para emitir pronunciamiento por parte del Ente de Control.”.
Si se lee detenidamente el texto transcrito, debe concluirse que la resolución del Sr. Contralor por la cual multa y destituye el Prefecto de Manabí carece de competencia, es injuridica, el propio art. 26 que se transcribe determina que la resolución que da el Contralor debe darse dentro del término de 180 días improrrogables. Afirmar que si se viola el término de 180 días no tiene consecuencia jurídica, no es correcto.
El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social. Los Poderes del Estado tienen que tomar sus decisiones respetando la Seguridad Jurídica (art. 82 de la Constitución). Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor; salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención (art. 9 del CC).
Si la resolución referida se pone en conocimiento de la Corporación Provincial, es para que aplique el art. 332 del COOTAD, y se respete la disposición del art. 239 de la Constitución.
La Contraloría debe recordar el fallo de la Corte Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, expedida en el juicio 17811-2016-01694, en el cual se desechó el recurso de casación interpuesto por la Contraloría.
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References: resolución 
 artículo 26
 artículo 71
 resolución 
 resolución 
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