Source: http://lukyrh.blogspot.com/2015/10/sobre-economia-politica-con-salvador.html
Timestamp: 2017-07-21 02:32:57+00:00

Document:
REVOLUCIÓN DE LA HUMANIDAD: SOBRE ECONOMÍA POLÍTICA CON SALVADOR ESPADA HINOJOSA, ES MI COLEGA Y AMIGO DE CUADERNO DE SOSTENIBILIDAD Y SOCIEDAD ¡¡.
SOBRE ECONOMÍA POLÍTICA CON SALVADOR ESPADA HINOJOSA, ES MI COLEGA Y AMIGO DE CUADERNO DE SOSTENIBILIDAD Y SOCIEDAD ¡¡.
A MI AMIGO SALVADOR ESPADA HINOJOSA,...
7 horas · Viena · (en:) colaborative writing of spanish political agenda (in Spanish)
(es:) voy a ir copiapegando a titanpad el pro
(es:) voy a ir copiapegando a titanpad el programa sometido a votación por parte de Podemos
Podemos Austria Podemos Graz
https://podemos-austria.titanpad.com/12grama sometido a votación por parte de Podemos
Salvador Espada Hinojosa el titanpad no aguanta tanto texto. Estoy volcándolo aquí -> http://www.salvae.net/wiki/index.php?title=Pograma
Pograma - salvaEwiki
Elaboración de un Pacto Naciona por la Economía Productiva capaz de impulsar un acuerdo multilateral entre gobierno, patronal y sindicatos por el desarrollo industrial que haga pivotar el centro de gravedad desde una lógica financiera hacia una lógica productiva. Se trata de resituar en el centro de…
Salvador Espada Hinojosa (necesitaría ayuda)
Luciano Medianero Morales saludos desde Málaga, tu amigo luky: mira con respecto a tu escrito nacional-capitalista,...me entiende,...te voy a exponer la teoría simple del pellizco: " si todos pudiéramos pellizcar algo del capital que tiene los capitalistas financieros y la burguesía de estado,...consumiríamos todos,...eso si unos más que otros,...pero a la vez ese pellizco haría por simpatía poner e marcha ciertos sectores productivos, aumentaría en otros su indice productivo,...etc,...esto conllevaría a un relanzamiento económico que todos pellizcarían,...el capital perdería algo,...pero en el fondo aumentaría su acumulación de capital,...este pellizquito no tiene nada que ver con el reparto de la riqueza y del trabajo,...proyecto éste, y consigna que parece como un comunismo igualitario,...¡¡; cosa que asusta al personal del poder capitalista, a los variados partidos y sindicatos y entidades sociales llamadas de izquierdas o reclamadas de él,...me entiende algo, salva,...pero el problema no es solo llenar de afrecho y otras necesidades básicas,...como comprenderá está en la linea del social-sindicalismo, política falangista del m15m, del mov. antiglobalización,...partido podemos, IU,...que como se ha demostrado no conduce nada más que a seguir reproduciendo el capitalismo asesino, sanguinario, y ahoga-personas,...Te leo en la máquina de vez en cuando,...No se si quieres ayuda de este tipo,...pero para hablar de economía política, como tu sabes, hay que estudiar mucha economía marxista y desarrollar la critica a la economía política actual, como hizo el g.c.p.intern. de málaga - en Nueva Sociedad, en vamos a debatir,..., o bien como se hizo en cuaderno de sostenibilidad y sociedad,...o como tu bien sabes en mis teorías elaboradas y reproducidas en lukyrh.blogspot.com. Por otra parte me alegro de leerte ya que al menos pones interés en el asunto,...tu amigo luky,...Espero te encuentres bien y tu familia,...cuando vengas a málaga, me llamas, nos tomaremos unas cervezas,...
MIREN LECTORES/RAS,...LA PROPUESTA DE SALVA, PARTIDO PODEMOS, PARA ESPAÑA, Y U.E.; hacemos una previa impresión del mismo: " como no sabe nada de como es y las características del capitalismo imperialista global,...la realidad política económica del poder de las multicorporaciones,...del estado mundial de la tecnoplutocracia,...pues desarrolla, a sus luces intelectuales y conocimientos de economía y política,...cosas que utiliza en general por separado,...pues desarrolla unas lineas las cuales considera positiva para la cohesión social,...eso es muy poco,...ya que no sabe la estrategia de la tecnoplutocracia global con respecto a la humanidad,...Y la realidad que le abofetea no le hace ser algo más critico y objetivo con repudiar la realidad intentado dar unas teorías filosóficas que rompan revolucionariamente con las medidas que siempre aplica y crea el reformismo y la política de quedar todo como está pero arreglando algunos desbarajustes,...PERO LO VALORAMOS,....AL MENOS DICE LO QUE PIENSA,...ES CLARO,...SALUDOS AMIGO Y ENEMIGO A LA VEZ DE CLASE Y DE LINEA POLÍTICA,...¡¡, De ello se deriva, políticamente, en la lucha de clases, establece una estrategia revolucionaria y en función de la misma desarrollar lineas política concretas, tareas políticas,...tácticas,...; pero claro me meto en el marxismo,...y eso no está en sus dominios intelectualoides,...ni tampoco en las izquierdas variadas, aunque se digan o se proclamen marxistas,...¡¡;De ello se deriva, políticamente, en la lucha de clases, establece una estrategia revolucionaria y en función de la misma desarrollar lineas política concretas, tareas políticas,...tácticas,...; pero claro me meto en el marxismo,...y eso no está en sus dominios intelectualices,...ni tampoco en las izquierdas variadas, aunque se digan o se proclamen marxistas,...Te recuerdo que te he planteado varias veces el que estudies más marxismo,...la realidad política económica real,...las contradicciones sociales, locales, globales,...y seas menos roca mental, menos mecanicista y más dialectico, es piñon fijo,...¡¡ - Y LO PRINCIPAL, ES QUE SALVA, NO ACEPTA LA LUCHA DE CLASES, CREE EN EL ESTADO ACTUAL REFORMANDOLO,...¡¡ :
[hide] · 1 es:
o 1.1 REDACCIÓN ORIGINAL A VOTACIÓN
(31/Oct/2015 14:00 UTC+1)
§ 1.1.1 Bloque 1 de 8. Economía (13 apartados)
§ 1.1.1.1 Un nuevo modelo productivo (17
§ 1.1.1.2 Hacia la transición
energética (13 medidas)
§ 1.1.1.3 Banca pública y regulación
financiera (5 medidas)
§ 1.1.1.4 La reestructuración de la
deuda española (4 medidas)
§ 1.1.1.5 PYMES, autónomos y economía
social (13 medidas)
§ 1.1.1.6 Agricultura y pesca (2 medidas)
§ 1.1.1.7 Transporte e infraestructura (5 medidas)
§ 1.1.1.8 Una reforma fiscal para la
suficiencia, la equidad y la cohesión social (11 medidas)
§ 1.1.1.9 Sociedad del conocimiento,
I+D+I y políticas científicas (22 medidas)
§ 1.1.1.10 Las políticas
macroeconómicas en el marco europeo: terminar con la austeridad fiscal y
salarial (12 medidas)
§ 1.1.1.11 Derecho al trabajo y
empleo digno para todas las personas. Una política para la mejora de las
condiciones de trabajo y la igualdad de género (11 medidas)
§ 1.1.1.12 Políticas sociales: Plan
de garantía de rentas, estado del bienestar y reorganización del sistema de
cuidados para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres (7
§ 1.1.1.13 Garantizar un sistema de
pensiones de calidad (6 medidas)
§ 1.1.2 Bloque 2 de 8. Democracia y
Administraciones para el Cambio (apartado único)
§ 1.1.2.1 Democracia, transparencia y
lucha contra la corrupción (33 medidas)
§ 1.1.3 Bloque 3 de 8. Justicia,
Derechos Humanos, Administración Pública y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado (4 apartados)
§ 1.1.3.1 Justicia (9 medidas)
§ 1.1.3.2 Derechos humanos (5 medidas)
§ 1.1.3.3 Administración pública y
derechos (11 medidas)
§ 1.1.3.4 Cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado (10 medidas)
§ 1.1.4 Bloque 4 de 8. Derecho a la
vida digna (11 apartados)
§ 1.1.4.1 Sanidad (15 medidas)
§ 1.1.4.2 Vivienda y suministros (11 medidas)
§ 1.1.4.3 Educación (29 medidas)
§ 1.1.4.4 Infancia (7 medidas)
§ 1.1.4.5 Deporte (12 medidas)
§ 1.1.4.6 Servicios sociales (7 medidas)
§ 1.1.4.7 Dependencia y diversidad
funcional (22 medidas)
§ 1.1.4.8 Igualdad (21 medidas)
§ 1.1.4.9 Mediambiente, transporte,
medio rural, agua, costas, suelo y bienestar animal (31 medidas)
§ 1.1.4.10 Libertad religiosa (3 medidas)
§ 1.1.4.11 Cultura (26 medidas)
§ 1.1.5 Bloque 5 de 8. Emigración,
inmigración y asilo (2 apartados)
§ 1.1.6 Bloque 6 de 8. Estructura
territorial de España (apartado único)
§ 1.1.7 Bloque 7 de 8. Política
Internacional y Cooperación (apartado único)
§ 1.1.8 Bloque 8 de 8. Propuestas de
ámbito territorial restringido (apartado único)
§ 1.1.8.1 Andalucía (11 medidas)
REDACCIÓN ORIGINAL A
VOTACIÓN (31/Oct/2015 14:00 UTC+1)[edit]
- No modifiques aquí.
Hazlo más abajo, en la copia "editable"
Bloque 1 de 8. Economía (13 apartados)[edit]
productivo (17 medidas)[edit]
Naciona por la Economía Productiva capaz de impulsar un acuerdo multilateral entre
gobierno, patronal y sindicatos por el desarrollo industrial que haga pivotar
el centro de gravedad desde una lógica financiera hacia una lógica productiva.
Se trata de resituar en el centro de las prioridades industriales la inversión
productiva, y la generación de valor a medio y largo plazo, frente a la lógica
de la “maximización del valor accionarial” que se ha generalizado en la gestión
empresarial. En todo caso, la reindustrialización no puede basarse en una
mejora de la competitividad vía precios, ya que al descansar de forma exclusiva
en la reducción de costes laborales y la presión sobre la demanda doméstica
consolida una especialización inadecuada incapaz de generar empleos de calidad
desindustrialización, impulsar una nueva diversificación productiva y potenciar
un tejido productivo innovador volcado en el desarrollo de las PYMES,
identificando aquellos sectores emergentes conectados con las industrias de
red. Promover una nueva conexión entre lo global y lo local mediante el impulso
de los actuales clústers industriales, su vinculación con plataformas de
desarrollo regional y la extensión de las buenas prácticas que ya existen en
algunos de estos clústers. Los clústers -entendidos como instrumentos básicos
de cooperación e interacción de las empresas más dinámicas de un sector con
administraciones públicas, centros de investigación y universidades- deben
convertirse en herramientas útiles para extender las mejores prácticas del
sector, impulsar la innovación y mejorar la productividad global de los
factores en el conjunto de empresas del sector
Inclusión de cláusulas
sociales y medioambientales en las licitaciones públicas, extendiendo estas
cláusulas a las subcontrataciones, de manera que se prioricen empresas de la
economía social, pequeñas empresas y autónomos que se comprometan con el empleo
de calidad y el impacto positivo en la comunidad
diversificación industrial apostando por el desarrollo de los servicios
avanzados, tanto los destinados a las empresas (investigación y desarrollo,
ingeniería, diseño, marketing, mantenimiento y reparaciones, logística y
distribución), como los servicios comerciales y financieros, en especial los
que atienden directamente las relaciones interempresariales
Estratégicos Sectoriales que permitan diagnosticar las principales necesidades
de cada sector a través del diálogo con todos los actores implicados para
promover la puesta en marcha de iniciativas destinadas a superar los
principales retos de cada uno de ellos.
incorporación de servicios de la economía colaborativa y el Software Libre por
Impulsar una política
industrial centrada en el desarrollo de competencias específicas en el terreno
de los activos intangibles, el acceso a la tecnología, los conocimientos de
gestión en equipo y la participación de los y las trabajadoras en la empresa,
así como también en la diversificación de la presencia geográfica de las
Impulsar una legislación
comercial más garantista con los derechos humanos, laborales y
medioambientales, mediante una mejor identificación en los productos de su
"huella ecológica" y su "huella social". Algún ejemplo
concreto sería el etiquetado ético en el consumo o el sello verde en el
Potenciar la aplicación
efectiva de cláusulas sociales para el acceso a los concursos públicos basados
en compromisos efectivos de creación de empleo, desarrollo local, cohesión
social, RSE etc. Eliminar las trabas y condiciones discriminatorias negativas
que pueden impedir o perjudicar la competitividad de algunas de estas empresas
en su acceso a los sistemas de contratación pública, así como favorecer los
sistemas de autorización o licencia, no sometidos a la normativa de
contratación pública, permitidos en las Directivas Europeas, para la provisión
de la gestión de servicios sociales públicos o a cargo de entidades sin ánimo
fondos de inversión soberanos, de carácter público, como están haciendo otros
países europeos, como estrategia para evitar el riesgo de desnacionalización o
desmembración de empresas estratégicas, evitando que fondos buitre tomen el
control de compañías tractores decisivas para el tejido productivo
Alternativa. Plan
E-Commerce Spain 2030. El Plan E-Commerce Spain 2030 pretende colocar a España
en puestos de referencia del comercio electrónico internacional
Reforzar la competencia
en sectores estratégicos (energía, sector financiero, telecomunicaciones), que
provoca un encarecimiento de la actividad productiva a escala nacional y
refuerza los déficits competitivos estructurales de nuestro tejido productivo.
Retomar en este sentido las medidas de apoyo e impulso de las energías
renovables y del relevante papel logrado por el sector en materia de
Se modernizarán los
servicios de las telecomunicaciones, impulsando en particular el despliegue de
la redes de fibra óptica, con una regulación adecuada que permita abrir el
en infraestructuras públicas relacionadas con la construcción residencial y el
transporte por carretera hacia infraestructuras productivas y tecnológicas que
posibiliten la transición hacia el nuevo modelo productivo (infraestructuras
energéticas y de transporte colectivo, pero también de telecomunicaciones y
suministro de agua, entre otras
intermodalidad, mejorando las conexiones ferroviarias de los puertos. El 60% de
los contenedores movidos en los 5 principales puertos españoles lo fueron en
tránsito hacia otros países, el principal desafío estratégico debería ser
incrementar la oferta logístico-portuaria española, a través de una mejora en
la conexión ferroviaria de los puertos para potenciarlos como nudo intermodal
Reorientación del sector
de la construcción hacia actividades de rehabilitación, mejora de la eficiencia
energética en edificios y construcciones, domótica y adaptación a las nuevas
necesidades sociales, favoreciendo el saneamiento urbanístico y la eficiencia
energética de los edificios existentes
Reformar el modelo de
negociación y aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España con los
objetivos prioritarios de mejora en el reparto de la renta agraria y promoción
del interés público y ambiental. Iniciativas de creación y adaptación normativa
dirigidas a articular un sector agropecuario y pesquero basado en criterios de
diversificación, sostenibilidad, economía social y familiar, orientando la
producción extensiva con la apuesta estratégica de la Soberanía Alimentaria.
Promover la adecuación e innovación normativa en el sector pesquero para
cumplir objetivos sociales y ambientales previstos pero todavía incumplidos,
con objetivos de programar transiciones graduales entre las distintas artes y
de mejora en el diseño de baremos y de reparto cuotas pesqueras
energética (13 medidas)[edit]
Transición Energética, que movilice una inversión público-privada en eficiencia
energética y energías verdes del 1,5% anual del PIB durante un periodo de 20
años, con el fin de transformar el aparato productivo, el modelo inmobiliario y
el sistema de transporte para avanzar hacia una economía baja en carbono y
caracterizada por el uso de fuentes de energía renovables. La aplicación de
este plan permitiría una disminución del consumo de energía primaria nacional
del 30% respecto a una situación en la que no se adoptasen medidas como las que
proponemos, a la vez que una gran parte del consumo restante sería cubierto de
manera autóctona mediante energías renovables al final de su aplicación,
reduciendo la dependencia energética. Las emisiones de CO2 se reducirían muy
sustancialmente, y el plan tendría un fuerte impacto sobre el empleo, tanto en
sectores laborales que sufren el paro asociado al fin de la burbuja
inmobiliaria como en sectores profesionales de alta cualificación técnica. En
el primer año de funcionamiento del plan se crearían 3000.000 empleos estables,
y la cifra alcanzaría los 400.000 empleos en la fase final. Este plan nacional
está basado en dos grandes pilares: Plan Nacional de Ahorro Energético:
orientado a impulsar la mejora de la eficiencia energética en edificios, pero
también en transporte, industria y sistemas de distribución eléctrica. La
columna vertebral de este plan sería la rehabilitación de 200.000 viviendas al
año desde el primer año, abordando el aislamiento térmico, la instalación de
sistemas de calefacción y agua caliente eficientes, y la iluminación de bajo
consumo. Estas reformas producirán un ahorro de hasta el 80% de la demanda de
energía de las viviendas rehabilitadas. Plan Nacional de Energías Renovables: centrado
en la expansión e instalación de energías renovables limpias tales como solar,
eólica, geotérmica, pequeña hidroeléctrica y biomasa de baja emisión
Derogación del Real
Decreto de autoconsumo eléctrico de octubre de 2015 y aprobación de una
normativa que permita el desarrollo del autoconsumo eléctrico, con las
siguientes características básicas: (1) la energía autoconsumida
instantáneamente queda libre de cualquier tipo de imposición; (2) la energía
vertida al sistema eléctrico ha de ser justamente retribuida por parte de la
empresa comercializadora (bien en forma de cancelación de kilovatios-hora
consumidos de la red o bien mediante un saldo económico); (3) deben
establecerse unos trámites administrativos ágiles.
Impulso y desarrollo de
“infraestructuras verdes” (redes de transporte colectivo, transporte
ferroviario, eficiencia en el uso del agua, reforestación, etc.), de planes de
I+D+i específicamente diseñados para el desarrollo de “tecnologías verdes”, y
en particular de desarrollos tecnológicos encaminados a proporcionar nuevas
formas de almacenamiento de energía, nuevos vectores energéticos y nuevas
capacidades de modulación de la electricidad generada, como el hidrógeno o la
solar termoeléctrica, que permitan optimizar el aprovechamiento de las energías
renovables en el sistema eléctrico
ayudas públicas a los sistemas de calefacción y agua caliente renovables, y a
las instalaciones de energía solar térmica o las calderas de biomasa
Contratación progresiva
de energía 100% renovable en todas las dependencias de Administraciones
Públicas, a través de una comercializadora eléctrica que ofrezca tal servicio.
Compromiso público de no
autorizar instalaciones de fractura hidráulica (fracking).
auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional, que determine los
costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los
costes asociados a los servicios de transporte y distribución Asimismo, se llevará
a cabo una auditoría, de la deuda asociada al déficit de tarifa.
regulatorio de modo que todas las fuentes de energía reciban una retribución
razonable basada en los costes reales de producción. Esta retribución debe
proporcionar ventajas comparativas a las fuentes de menor impacto ambiental.
Además, el nuevo marco terminará con los “beneficios caídos del cielo” de las
centrales nucleares e hidroeléctricas
controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas en el sistema
eléctrico, incluyendo específicamente la integración vertical. En particular,
se estudiará la posibilidad de separar la propiedad y la gestión de las redes
se situarán en el lugar central de la planificación del sistema eléctrico. El
resto de tecnologías, mientras sean necesarias, funcionarán como apoyo a las
mismas. En este sentido, a) se estudiará de cuántas centrales de ciclo
combinado se puede prescindir manteniendo los estándares actuales de garantía
de suministro. Las centrales de ciclo combinado prescindibles no recibirán
ningún tipo de pago por capacidad; b) se procederá al cierre paulatino de las
centrales nucleares en funcionamiento en España. c) Se llevará a cabo el cierre
progresivo de las centrales de carbón. El abandono progresivo de fuentes de
energía vinculadas a las centrales de ciclo combinado, a las centrales
nucleares o las centrales de carbón deberá desarrollarse en el marco de una
"transición justa" para los/las trabajadores/as empleados/as en
dichas industrias que garantice su progresiva recolocación, en igualdad de
condiciones, en nuevos sectores limpios.
Recuperación por parte
del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas
privadas caduquen, y posterior gestión a través de las Confederaciones
Hidrográficas, el Ministerio de Medio Ambiente y el Operador del Sistema.
Desarrollo de una Ley
Orgánica que garantice el acceso al suministro mínimo. Consideración del acceso
a la energía como un servicio público, independientemente de que sea gestionada
por instituciones públicas o privadas, garantizando por ley el acceso a un
suministro mínimo: No se podrá acordar el corte de suministro de electricidad o
gas cuando se trate de la vivienda habitual del suministrado y cuando el impago
de la factura sea debido a motivos ajenos a su voluntad y en particular por
pobreza sobrevenida. Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas
mensuales por hogar. Una vez constatada la situación de pobreza, el pago de ese
suministro mínimo vital no podrá suponer más del 10% de los ingresos mensuales
del hogar. Los servicios sociales determinarán la cantidad exacta que cada
hogar en situación de pobreza ha de pagar por el suministro mínimo. El
suministrado tendrá derecho a las mismas condiciones de acceso al suministro
por un periodo de 1 año, ampliable indefinidamente año a año mientras su
situación de pobreza se mantenga. Las compañías suministradoras no podrán
repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores o
exigírsela al Estado.
comunitaria alternativa a la Estrategia Energética de la Comisión Europea, que
evite la promoción del gas natural y en la construcción de infraestructuras
gasísticas como eje energético de la Unión, así como la creación de una
arquitectura legal internacional que aumente el poder de las grandes
corporaciones energéticas frente a los Estados (ejemplificada por el TTIP)
regulación financiera (5 medidas)[edit]
plena entre la banca minorista y banca de inversión. Esta separación -en la
línea del “Informe Vickers” aprobado recientemente en el Reino Unido, o la
“Volker Rule” en EEUU- evitaría situaciones de riesgo moral en las que las
actividades especulativas vinculadas a la banca de inversión puedan amenazar la
solvencia de los depósitos minoristas y, con ello, exigir rescates públicos a
posteriori. Realizar una auditoría independiente de todas las entidades
financieras que han recibido ayudas públicas para determinar las que debe
asumir el sistema bancario privado. Establecer un Organismo Público de carácter
nacional de protección al consumidor bancario y mejorar la protección
institucional de los mismos. Respaldar formas de financiación alternativas,
como las cooperativas de crédito, la llamada banca ética o el crowdfunding. Se
deben plantear límites a la concentración de depósitos, al tamaño de los bancos
y a la concentración bancaria. La actual crisis económica ha producido una
mayor concentración del sistema bancario. Ciertos bancos han alcanzado un
tamaño excesivamente grande y constituyen un riesgo sistémico para la economía.
Es necesario limitar el riesgo moral asociado al hecho de que son “demasiado
grandes para quebrar”. Se debe estudiar la necesidad de imponer límites a la
concentración de depósitos, préstamos u otros indicadores bancarios, en
definitiva al tamaño de los bancos. Iniciar la regulación de la llamada
"banca en la sombra". Es necesario adoptar medidas para controlar y
regular las actividades financieras fuera de balance en España, y para instar
en el marco del Eurogrupo a que el resto de socios hagan lo mismo. Estas
actividades financieras fuera de balance permiten eludir la normativa bancaria,
transfieren el riesgo de crédito a terceros y producen un descontrolado nivel
de apalancamiento. En este sentido, se debe avanzar en la regulación pública de
las titulizaciones y de los CDS (credit default swaps).
Exigencia en los
acuerdos internacionales de eliminación del secreto bancario privilegiado de
los paraísos fiscales, para favorecer la desaparición de la
extraterritorialidad y deslocalización del capital financiero
Apoyo la creación de una
Agencia Europea de calificación, independiente y pública. Esta medida reduciría
las posibilidades de que las actuales empresas de rating continúen
suministrando información asimétrica y enviando incentivos erróneos a los
inversores privados y públicos, poniendo en peligro el equilibrio
Derogar y devolver a su
estado anterior el artículo 135 de la Constitución Española modificado durante
la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero
auditoría de la deuda. Se audiará con particular cuidado aquella deuda
contraída como consecuencia del rescate financiero de la UE, para arrojar luz
sobre el proceso de crecimiento y recomposición interna de la deuda que ha
experimentado nuestro país en el curso de los últimos años. La posibilidad de
esta auditoría está contemplada en la propia legislación europea: el Reglamento
Nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013,
plantea expresamente que “un Estado miembro sometido a un programa de ajuste
macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a
fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en
niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad.”
la deuda española (4 medidas)[edit]
deuda pública vinculada a las ayudas públicas al sector financiero, el
Memorando de Entendimiento y el rescate de la Unión Europea. En la devolución
de los 60.000 millones de euros prestados por el Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE) a España en 2012 para rescatar al sistema financiero deben
participar, una vez que se han recapitalizado y han recibido otras ayudas para
garantizar su estabilidad, las propias instituciones financieras. Estas deben
ser las que, en última instancia, salden dicho préstamo con la Unión Europea,
préstamo adelantado hasta el momento por los contribuyentes españoles. La
reestructuración de esta deuda debe centrarse no tanto en una reducción de los
plazos de amortización o de los tipos de interés acordados, sino en una
redefinición de los pagadores últimos de la factura. Tal y como se señala en el
apartado de fiscalidad, las entidades financieras soportarán un “impuesto de
solidaridad” transitorio parar canalizar la devolución de los fondos prestados
Mediante una reducción
en el valor nominal de las hipotecas de primeras viviendas en el caso de las
familias que cumplan ciertos criterios sociales (todos sus miembros en paro y
sin otros ingresos, o que presentan ingresos inferiores a 3 veces el IPREM).
Esta reestructuración se impulsará mediante la introducción de un verdadero
régimen de segunda oportunidad para personas físicas y jurídicas, que realmente
libere a éstas de deudas pasadas una vez que la situación de quiebra es
efectiva. Esto se logra mediante la implantación del proceso simplificado de
Reestructuración y cancelación de deudas, como procedimiento sencillo y
accesible en 2 fases: • Fase de conciliación ante comisión de endeudamiento
(similar a los servicios de conciliación laboral), donde se presentará
propuesta a los acreedores • Fase vista judicial, en la que el juez acuerda un
Plan de pagos bajo los siguientes criterios: limitación de la deuda hipotecaria
al bien hipotecado (con opción entre quita y dación en pago); quita, ajustando
la deuda al valor del bien hipotecado; dación, mediante una adjudicación del
inmueble al acreedor hipotecario a cambio de la cancelación completa de la
deuda. Las deudas derivadas de procedimientos de ejecución anteriores serán
canceladas. Las deudas que podrán incluirse en este procedimiento serán
créditos privados y públicos (con la Seguridad Social y con Hacienda). Este
procedimiento sería aplicable a autónomos y pequeñas empresas. Con ello, se
regularía la dación en pago retroactiva, por la cual se cancelarían las deudas
hipotecarias vivas de aquellas personas que hayan entregado su vivienda al
banco ante la imposibilidad de seguir pagando dicho activo
Limitación, mediante un
régimen transitorio, los incentivos fiscales a la deuda empresarial para
contener el excesivo apalancamiento.
Sanciones reales y
efectivas para quienes que incumplan la Ley de Morosidad, que fija en 30 días
el plazo máximo para que las administraciones paguen a sus proveedores y en 60
días para que lo haga el sector privado. En las licitaciones públicas, será
necesario justificar el cumplimiento de estos pagos con las empresas
PYMES, autónomos y
economía social (13 medidas)[edit]
Reforzar el apoyo a la
pequeña empresa entre las actividades del ICO y de la futura banca pública,
teniendo en cuenta criterios sociales y estratégicos. Canalizar estos préstamos
e inversiones para apoyar la creación de start-ups en sectores intensivos en conocimiento.
Estudiar la equiparación de las prestaciones del RETA al Régimen General,
posibilitar pago de las cotizaciones al trimestre en vez del mes, pagar solo
desde que se inicia la actividad, y simplificar e informatizar los trámites. Se
estudiará asimismo la posibilidad de desarrollar un régimen de cotizaciones a
tiempo parcial, de manera que se pueda estar empleado por cuenta propia a media
Inclusión de los
autónomos en las mesas de diálogo social, a través de las organizaciones que
los representan, para que sus opiniones se tengan en cuenta en las decisiones
de la figura del autónomo de responsabilidad limitada, de modo quetodos los
autónomos respondan a las posibles deudas únicamente con los bienes
patrimonio, como ocurre ahora
Esta reestructuración se
impulsará mediante la introducción de un verdadero régimen de segunda
oportunidad, y un proceso simplificado de reestructuración y cancelación de
deudas para personas físicas y jurídicas, que realmente libere a éstas de
deudas pasadas una vez que la situación de quiebra es efectiva. Los procesos de
resolución deben incluir todas las deudas generadas en su actividad anterior,
incluyendo las deudas con la Seguridad Social y Hacienda. Así mismo se
facilitará el acceso a la asistencia jurídica en los procesos consursales y se
favorecerá la mediación extrajudicial.
planteado actualmente, el IVA de caja no es útil para los pymes, ya que las
grandes empresas rechazan a las pymes que lo utilizan para poder deducirse el
IVA antes de pagar las facturas. La única forma de hacerlo efectivo es
haciéndolo obligatorio para todas las empresas.
Se incluirán en un plan
de ayudas a los proyectos cooperativos que cumplan con los requisitos de
igualdad, sostenibilidad e innovación, se promoverá la creación de un servicio
público de asesoría para las empresas cooperativas.Se reformará la Ley de
cooperativas para que sea lo suficientemente flexible, eliminando barreras
administrativas e incluyendo figuras como las Cooperativa de Impulso
Empresarial y las Cooperativas de Servicio Público. Se favorecerán los procesos
de transformación de empresas en crisis a cooperativas y sociedades laborales,
mediante asesoramiento estratégico y técnico, y posibilitando que los
trabajadores puedan capitalizar el pago único de la prestación por desempleo
sin la necesidad de abandonar la producción en la empresa.
Potenciar una Economía
del Bien Común introduciendo medidas tales como un "Balance del Bien
Común", un “Etiquetado Ético” con el fin de identificar la "huella
ecológica" y la "huella social" de los productos, y la “Compra
pública ética”. Impulsar políticas públicas orientadas al fomento de un consumo
responsable por parte de los consumidores, así como por medio de acciones
educativas y de divulgación.
integral y transversal que regule y ponga en equilibrio los intereses de todas
las partes implicadas, sus derechos y sus obligaciones (especialmente en
materia fiscal y de Seguridad Social). Igualmente, se analizará la posibilidad
de reconocer alternativas monetarias, algunas ya existentes, que puedan ser
utilizadas a nivel doméstico en las transacciones efectuadas por particulares
en el ámbito de la economía colaborativa.
Se apoyará e impulsará
el emprendimiento en sectores innovadores, particularmente en la economía
digital mediante el impulso de hubs y clusters de innovación. Se favorecerá el
acceso a espacios de trabajo y de coworking a las incubadoras de emprendedores
y empresas start-up, llegando a crear una red de espacios de colaboración que
permitan a pequeños emprendedores la mutualización de recursos, ofrecer
servicios compartidos y facilitar la innovación de forma descentralizada, de
manera que la ciudadanía y el tejido productivo se beneficie de ello.
Impulsaremos los fondos públicos de inversión en estos sectores y la
colaboración público-privada en la generación de aplicaciones digitales de
interés general. Se regulará la economía colaborativa para dotarla de un marco
legal claro y se fomentará la incorporación de servicios de la economía digital
y colaborativa por parte de las administraciones (Sharing)
de un programa similar al Eramus para jóvenes emprendedores que permita
intercambios de experiencias y formación, ofreciendo la posibilidad de aprender
de otros emprendedores con experiencia y de mejorar sus conocimientos,
trabajando el “networking”.
Estimular una nueva
cultura empresarial y facilitar los intercambios de buenas prácticas en materia
normativo que regule la Responsabilidad Social Corporativa, en particular lo
referido a la verificación de la información emitida por las empresas sobre
este aspecto, sobre su comportamiento fiscal, códigos de buen gobierno y
prácticas sociales en el sentido del trabajo decente propuesto por la OIT
Agricultura y pesca (2
medidas)[edit]
Medidas urgentes que
abran el diálogo entre todos los actores implicados en la pesca para mejorar
los criterios de gestión y mejorar el reparto de cuotas pesqueras. Primar la
responsabilidad con la sostenibilidad en la producción y los criterios sociales
de equidad para con las gentes del mar, logrando un reparto de las capturas por
barco/tripulación en la línea de un nuevo reparto de cuotas. Flexibilizar los
pagos de sanciones y multas según la situación empresarial, basándolas en
penalizaciones consistentes en no permitir salir a faenar por un plazo
determinado en función de la gravedad de la infracción, con el fin de aumentar
la efectividad de la sanción y eliminar la sospecha actual de la intención
recaudatoria de las sanciones.
Modificar el Programa de
Fomento del Empleo Agrario, con el fin de garantizar el empleo estable y
sostenible en el medio rural en proyectos agrarios, agro-alimenarios,
forestales y en otros sectores vinculados a la conservación y mantenimiento del
territorio y el patrimonio paisajístico, natural e histórico de las zonas
rurales. Acabar con la dependencia ciudadana y las prácticas clientelares de
ayuntamientos y empresarios del ámbito agrario con la aplicación del Programa
de Pobreza 0 que universaliza las rentas y posibilita limitar el requisito de
la firma de las “peonadas”. De este modo, tanto el subsidio como la renta
agraria quedarán integrados en una perspectiva que garantice una vida digna
para un colectivo especialmente vulnerable como es el de los/las
trabajadores/as agrarios/as.
infraestructura (5 medidas)[edit]
de todas las inversiones en grandes infraestructura ya adjudicadas (AVE, autopistas,
aeropuertos, dársenas portuarias…) y paralización de todas las que no han sido
adjudicadas. Realización de una auditoria de las grandes infraestructuras que
clarifique la naturaleza de la decisión de llevarla a cabo y sus costes reales
a fin de establecer responsabilidades y evitar que se vuelvan a repetir los
casos de aeropuertos fantasmas, autopistas de peaje vacías, proyectos como el
Proyecto Castor de Castellón… Establecer mecanismos de transparencia y
participación ciudadana en las contrataciones al respecto de grandes
infraestructuras, garantizando que los nuevos métodos de decisión incluyan
variables sociales, ambientales y económicas resultando siempre sostenibles en
accesibilidad para los ciclistas en los transportes urbanos de la red de
cercanías y de metro en todas las áreas urbanas y metropolitanas. Diseñar
alternativas de gestión financiera de las actuales concesiones de transportes
públicos. Auditar los actuales contratos vigentes: análisis de los errores
cometidos y renegociación de los contratos de operación y mantenimiento
asegurando la calidad y la seguridad de los servicios. Impulsar definitivamente
a los transportes eléctricos, especialmente, en las grandes ciudades.
administrativamente las políticas urbanas de las infraestructuras viarias y
ferroviarias con los sectores atravesados y los entornos de las estaciones.
Se fomentará la
aplicación de incentivos a los medios de transporte menos contaminantes y se
gravarán más los más contaminantes. Otro tanto se hará con los combustibles más
limpios y se encarecerán los combustibles mas contaminantes. Para ello se
pretende, tras los análisis correspondientes y con base en el principio
universalizado de “quien contamina, paga”, la aplicación progresiva del
principio de tarificación por el uso de las infraestructuras que tenga en
cuenta los costes externos en cuanto a congestión y contaminación generada por
los distintos grupos de usuarios. Su aplicación, que pretende ser disuasoria y
contemplará diferentes opciones, cuidará especialmente el impacto que podría
tener sobre el sector de la logística y el transporte de mercancías, que emplea
a cerca de un millón de personas.
Asegurar el acceso al
transporte público y garantizar el derecho a la movilidad a todas las personas
mediante una tarificación especial y/o gratuita para la población en riesgo de
pobreza y exclusión social así como para los/las parados/as de larga duración.
la suficiencia, la equidad y la cohesión social (11 medidas)[edit]
Estatuto básico Agencia Estatal de Administración Tributaria para garantizar su
autonomía, una dirección profesional y objetiva, la erradicación del uso
partidario de la institución y la obligación de diseñar Planes Estratégicos
consistentes. El nombramiento del Director General de la Agencia debe
realizarse por el Parlamento. • Fomento de la coordinación entre las distintas
administraciones tributarias que operan en nuestro territorio, procurando su
integración en Red, compartiendo la información mediante bases de datos
integradas, y la adopción de estrategias y objetivos comunes. • Aprobación de
una Ley anual tributaria y de medidas de Lucha contra el Fraude y la Elusión
Fiscal. Esta norma recogerá las modificaciones legislativas que la experiencia
en la aplicación del contrato – programa a cinco años de la AEAT durante el
ejercicio de referencia requiriera. La ley se debatirá y aprobará una vez
celebrado el control anual por el Parlamento -con la intervención de las
Comunidades Autónomas- de los resultados de la gestión de los Tributos
realizada por la AEAT y por los Servicios y Agencias Tributarias Autonómicas. •
Oferta de Empleo Público. Incremento gradual del personal de la AEAT, acorde
con sus posibilidades logísticas y las necesidades de cualificación
profesional. • Constitución de una Comisión de Expertos contra el Fraude Fiscal
que proponga medidas de contención de la volatilidad fiscal, la evasión, la
erosión de bases y el traslado de beneficios. • Aprobación de un paquete de
medidas contra los paraísos fiscales que aborden los siguientes aspectos:
medidas para conocer los titulares de las cuentas bancarias en paraísos
fiscales; medidas sobre transparencia financiera; medidas de supervisión y
control; medidas sancionadoras; y en relación a los grupos multinacionales. •
Eliminación de pantallas tributarias. Se revisará la fiscalidad de las SICAV,
SOCIMI, Sociedades de capital riesgo y de Entidades de Tenencia de Valores
Extranjeros (ETVE) para velar por la inversión productiva y la equidad fiscal.
Se revisará la redacción de los convenios para evitar la doble imposición para
incorporar normas antielusión.
Rebajar y homogenizar la
cuantía para considerar objetivamente la comisión de un presunto delito fiscal,
con las establecidas respecto a las defraudaciones a los presupuestos de la
Unión Europea y a la Seguridad Social en 50.000 euros, ampliando el plazo de
prescripción a 10 años y aplicando las penas previstas actualmente para el tipo
agravado, cuando el importe de lo defraudado supere los 120.000 euros.
o Aumentar el número de
tramos del impuesto a partir de 60.000€, elevando progresivamente el tipo
marginal de cada tramo desde el 45% actual hasta alcanzar un tipo marginal del
55% para rentas superiores a 300.000€ anuales. o Eliminar las deducciones que
tienen un carácter más regresivo, porque de ellas se benefician pocos
contribuyentes, situados sobre todo en los tramos altos de renta. En todo caso,
los beneficios fiscales priorizarán la protección de las condiciones de vida
individuales y familiares. o Corregir la dualidad de la tarifa entre rentas del
trabajo y ahorro y la falta de progresividad de esta última, hasta alcanzar una
tarifa única. La actual situación provoca desigualdad horizontal y vertical. o
Eliminar, con carácter general, el régimen de estimación objetiva en materia de
actividades económicas, porque genera oportunidades de fraude y elusión y
desigualdades injustificables. Este régimen carece de sentido en un país como
España donde todas las empresas, incluso las más pequeñas, son capaces de
Armonizar con las
Comunidades Autónomas las normas que regulan ambos tributos, que habrán de ser
aplicados en todo el territorio del Estado, por motivos de equidad y de lucha
contra el fraude. Se establecerá además una tributación mínima no bonificable.
Disminuir el mínimo exento en el Impuesto del Patrimonio a un patrimonio neto
de 400.000 euros, frente a los 700.000 euros aplicables de manera general, y
revisar las deducciones y bonificaciones existentes. La primera vivienda
seguirá estando exenta en el cálculo del impuesto hasta un valor de 300.000
euros. Favorecer, de forma coordinada con todas las Comunidades Autónomas, la
derogación de las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
que en la práctica han eliminado o reducido sustancialmente este impuesto para
grupos con un alto nivel de renta. Se revisarán las magnitudes del patrimonio
preexistente de los herederos tenidas en cuenta para fijar la tarifa del
impuesto para asegurar que situaciones de pobreza no puedan ser determinantes
de renuncias indeseadas a la herencia. Regular el régimen fiscal propio de las
SICAV para evitar que actúen como pantallas de elusión fiscal de las grandes
fortunas. Para ello, se incrementará la tributación de dichos fondos. Dejarán
de tributar al 1% y su tributación se equiparará al impuesto de Patrimonio,
aplicándosele el tipo máximo contemplado por dicho impuesto.Se establecerá así
mismo un periodo de permanencia máximo para las plusvalías acumuladas y un
porcentaje de participación máximo para cada inversor. Además se atribuirá a la
AEAT la facultad para comprobar el cumplimiento de estos requisitos
arbitrándose un plan especial para regularizar las situaciones fraudulentas que
actualmente se observan en el sector.
Reformar en profundidad
el Impuesto sobre las Sociedades, impulsando su armonización internacional,
haciéndolo muy sencillo, transparente y con unos tipos efectivos realmente
próximos a los tipos nominales. Debe garantizarse, además, que se mantienen las
diferencias en función del tamaño y la juventud de la empresa, a diferencia de
la situación actual: Apoyar e impulsar el proyecto de Directiva Accis, para la
determinación de la base imponible consolidada de los grupos multinacionales y
su reparto entre los países donde operan en proporcinón a las ventas, el
capital y la masa salarial para limitar las pérdidas de tributación asociadas a
los precios de transferencia. o Eliminar los privilegios fiscales y la mayoría
de las deducciones, controlando aspectos clave como los precios de
transferencia o la deducción de gastos financieros. Los beneficios fiscales que
se mantengan deberán estar debidamente justificados atendiendo a sus efectos
sobre la productividad y la creación de empleo. o Introducir un impuesto mínimo
para las grandes empresas, que contribuya a recuperar la recaudación de este
tributo y a estabilizarla en el tiempo. o Establecer un tipo diferenciado en
función del destino de los beneficios: 1) Un tipo estándar para los beneficios
distribuidos a los accionistas (30%) y 2) un tipo inferior (del 25%) para los
beneficios reinvertidos productivamente en la empresa, particularmente en
actividades de ampliación y renovación de bienes de equipo y actividades de
I+D+i. Esta reinversión de los beneficios deberá ser verificada por la
administración y los representantes de los trabajadores. o Eliminar las
posibilidades para utilizar sociedades como pantallas para la elusión fiscal,
para disminuir la tributación de rentas obtenidas en el extranjero o para
canalizar rentas particulares
Modificar la imposición
indirecta, en particular el IVA, para contribuir a la mejora del bienestar
social, buscando una estructura de tipos que mantengan en lo posible la
recaudación pero mejorando su impacto redistributivo y limitando su
regresividad. Aumentar los alimentos y bebidas no alcohólicas a los que se
aplica el tipo superreducido del 4% (en todo caso, se excluirán aquellos para
los que resulte desaconsejable por motivos de salud pública), y aplicar el tipo
reducido del 10% a todos los suministros básicos (calefacción, gas,
electricidad) a los que se les aplique el tipo general del 21% en este momento.
Reducir el tipo aplicable a productos de gran interés social como son los
productos culturales y escolares, volviendo a la situación previa antes de la
reforma del Partido Popular. Aplicar un nuevo tipo incrementado para los
artículos de lujo del 25%, para compensar en la medida de lo posible la caída
de la recaudación como consecuencia de las bajadas anteriores.
Fiscalidad Verde que desincentive el uso de fuentes de energía contaminantes e
incentive el uso de las renovables y la eficiencia energética, impulsando la
convergencia de la presión fiscal medioambiental española (1,6% del PIB) hacia
la media de la UE (2,4% del PIB): Reformar los impuestos sobre los
hidrocarburos y sobre el carbón, y en particular revisar los beneficios
fiscales existentes. Aplicar una exención del Impuesto sobre la Producción de
la Electricidad para las instalaciones renovables de menos de 100 kW. Igualar
los tipos impositivos sobre la gasolina y el gasóleo. Reformar el impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica para tomar en consideración las
características contaminantes de los vehículos. Estudiar la posibilidad de
establecer tasas por el uso de determinadas infraestructuras de transporte.
Estudiar la aplicación de impuestos de congestión en ciertas ciudades para
incentivar el transporte público. Establecer un precio mínimo en los derechos
Coordinar los impuestos
medioambientales que se exigen por las Comunidades Autónomas revisando aquellas
ecotasas que no tienen objetivos medioambientales, como el canon eólico.
"Impuesto de Solidaridad" a las entidades financieras privadas con
carácter extraordinario, con el fin de recuperar progresivamente las cantidades
que el sector ha recibido directamente en forma de ayudas públicas. Este
impuesto será extraordinario, se aplicará sobre los beneficios y tendrá un
carácter transitorio durante una legislatura
Legislar de la manera
más ambiciosa posible el Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), para
controlar, registrar y desincentivar las transacciones más especulativas. Nos
comprometemos a que, como mínimo, España sea pionera en la implantación del acuerdo
alcanzado en 2012 por once países de la UE, que consiste en aplicar un impuesto
del 0,1% sobre la compra y venta de acciones y bonos, y otro del 0,01% sobre
los productos derivados. Este impuesto lo pagarán las entidades bancarias,
gestores de fondos de alto riesgo y otras instituciones financieras
legislatura Podemos impulsará un nuevo acuerdo de financiación territorial en
el marco de una reforma constitucional que reconozca la dimensión plurinacional
de nuestro Estado. Para ello se llevará a cabo un proceso de evaluación de los
sistemas de financiación de las Comunidades Autónomas, con la finalidad de
promover un consenso sobre las reformas necesarias para que mejore su eficacia
en cuanto al cumplimiento efectivo de los principios de autonomía, solidaridad
interterritorial y lealtad institucional, en el marco de una Hacienda federal.
Se revisará también la financiación de las Haciendas locales y provinciales,
para asegurar su capacidad de atención a las necesidades de la ciudadanía.
conocimiento, I+D+I y políticas científicas (22 medidas)[edit]
científica, incentivando el inicio de la carrera científica en jóvenes
estudiantes con talento. Con este fin se pondrá en funcionamiento un Programa
Nacional de Introducción a la Investigación, orientado a estudiantes de grado
destacados/as en los últimos años de carrera, con el objetivo de que empiecen a
conocer y desarrollar el trabajo de investigación. Se establecerán convenios de
colaboración con centros de investigación de excelencia del país y se contará
con el personal laboral de cada centro. Este programa incluirá criterios
específicos de paridad e igualdad de género, para fomentar así una mayor
integración de las mujeres en la carrera investigadora.
La Carta Europea y el
Código de Conducta deben ser aprobados y sus recomendaciones deben ser
implementadas por todas las instituciones de investigación, las universidades y
los centros. No podemos demorar más la implementación de documentos acordados
desde hace más de una década con nuestros socios europeos y que repercutirían
en una mejora de la contratación y las condiciones laborales de los/as
Se constituirá una red
de centros ciudadanos centrados en la difusión de la ciencia y la innovación
social mediante la participación, la comunicación y la apropiación de las
prácticas científicas, así como el desarrollo de una auténtica ciencia
ciudadana y una cultura de la curiosidad y el saber hacer. Se crearán también
lazos entre estos centros, los centros educativos, las universidades, los
centros de investigación, las empresas científicas y el conjunto de la
sociedad. Establecerán visitas escolares a los núcleos de producción
científica, haciendo un trabajo de difusión de los beneficios sociales que
suponen. Se desarrollarán también actividades de divulgación en centros de
mayores. Creación de las “Science Shops”, unidades que, en colaboración con
investigadores/as, profesores/as universitarios/as y estudiantes, promuevan la
investigación mediante charlas, proyectos y estudios técnicos. Creación de una
red de recursos científicos on-line dirigida a toda la sociedad, con
actividades que se puedan realizar en familia, en centros juveniles, centros de
investigadora basada en el mérito y que ofrezca un progreso laboral previsible
en el largo plazo. Apostando por crear una única carrera académica para
Universidad y OPIS, unificando procedimientos de contratación, evaluación y de
mérito académico. Creando una carrera profesional, que incluya el trabajo en
laboratorios y la gestión de la I+D+i. Incluir una carrera investigadora
hospitalaria, independiente de la docencia universitaria y que reconozca las
peculiaridades del contexto hospitalario. Asociada al diseño de la carrera
investigadora se procederá a una revisión de la escala salarial para adaptarla
a las responsabilidades de cada etapa y a la media europea. Se introducirán
medidas dirigidas a paliar la desigualdad de género existente, que crece de
manera progresiva a lo largo de las distintas etapas de la carrera
la transparencia en la investigación pública se creará un Portal Online de
Investigación que publicará todas las convocatorias, ofertas de proyectos,
convenios de colaboración y convocatorias de contratación y empleo realizadas
por instituciones de investigación públicas. Se recogerán todas las
convocatorias públicas de I+D+i en un calendario bianual, de obligado
cumplimiento, acordado entre el Gobierno, las CC.AA. y otras agencias de
financiación pública. También desarrollará una base de datos de acceso abierto
con los perfiles de investigadores e investigadoras, grupos de investigación,
universidades, OPIS y proyectos de investigación nacionales. Se centralizará y
publicará toda la información estadística del Sistema Español de Ciencias y
Tecnologías (número de alumnos/as, presupuestos, proyectos, etc.)
Aumentar un 100% todas
las convocatorias postdoctorales dependientes del gobierno estatal. Potenciar
la contratación indefinida y evaluable de investigadores/as principales en el
ámbito estatal español. Ampliar la lista de centros receptores más allá de los
OPIS, incluyendo a universidades y otras instituciones públicas de excelencia.
Definir e implantar el modelo evaluador de dichas incorporaciones. Mejorar la
difusión e impacto de sus investigaciones.
Proponemos un cambio en
las condiciones legales para que el/la investigador/a (independientemente de su
vinculación laboral) de un proyecto pueda beneficiarse de un complemento sobre
su sueldo, que sería distribuido entre todos los/las integrantes del proyecto.
Este suplemento provendría de la financiación conseguida en concursos y otros
procesos competitivos de asignación de fondos. Proponemos que se calcule como
un pequeño porcentaje de la cuantía, sujeto a un techo anual (acumulable) y a
la devolución en los casos de no consecución de los objetivos del proyecto
Garantizar la cultura
científica en toda situación personal, económica o para cualquier nivel de
autonomía funcional. Los museos de ciencia serán gratuitos durante un día al
mes, para evitar diferencias sociales en el acceso. Asegurar que todos los
centros de investigación, museos, ferias y otros eventos científicos dispongan
de planes de acceso para las personas con diversidad funcional. Se harán
jornadas de puertas abiertas en todos los centros de investigación y
universidades a la población de cualquier edad. Los medios de comunicación
públicos tendrán contenidos rigurosos y adecuados, creando así, una fuerte
conexión entre la sociedad y la comunidad científica. Además, se crearán
espacios de divulgación y debate científicos, haciéndolos adecuados a los
distintos grupos de edad de los/las espectadores.
"casilla" para la investigación en la declaración de la renta, tal
como está la de la iglesia y obras sociales. Los fondos recogidos serán
destinados a contratos laborales a jóvenes investigadores/as y a proyectos
científicos de interés social.
de Rescate de la Ciencia, presentamos la convocatoria extraordinaria de una
partida destinada a la recuperación del talento joven. Se concederán contratos
a jóvenes investigadores/as para que puedan establecerse y crear nuevos
laboratorios en nuestro país. Los contratos tendrán una duración de cuatro
años, a la finalización de los cuales se podrá concurrir a un proceso de
evaluación de objetivos y estabilización laboral mediante un contrato
indefinido. Esta medida de choque, junto con otras de largo alcance que
proponemos en nuestro programa, generará puestos de trabajo directos en el
La política científica y
de innovación debe ser considerada una cuestión de Estado. Se buscará un gran
acuerdo con todos los agentes y actores sociales para asumir responsabilidades
y mejoras a futuro de una manera coordinada, consensuada e independiente de los
cambios políticos. La implementación del Pacto conllevará la creación de una
Mesa por la Ciencia e Innovación. Se buscará lograr un compromiso con las
empresas de contratación de personal frente a la obtención de beneficios a
corto plazo, con los agentes financieros de facilitar el crédito necesario para
desarrollar actividades científicas y con los agentes tecnológicos y de
investigación para facilitar la transferencia de conocimiento.
Facilitar y promover la
innovación entre las empresas españolas, en especial entre las PYMES, creando
polos de conocimiento y desarrollo económico especializados en áreas y ámbitos
determinados y localizados en diferentes regiones del Estado. Estos polos,
promoverán y facilitarán la interacción de todos los protagonistas de la cadena
productiva, de manera similar a los modelos internacionales (Poles en Francia,
Fraunhofer Institutes en Alemania, Catapult en Reino Unido) y nacionales
(MCC-Mondragón Cooperación Corporativa o COOVAP, en Andalucía).
Abierta y repensar la política española de patentes para promocionar la
actividad patentadora de los/las investigadores/as y fomentar que los
beneficios del apoyo público reviertan en la sociedad. El uso de los fondos
públicos debe ser rentabilizado tanto en términos de usos sociales como en la
posible rentabilidad de sus aplicaciones. Además, la promoción de una cultura
del conocimiento y del bien común debe alcanzar también a la investigación
científica. La Administración debe comprometerse a hacer públicos los
resultados que provengan de cualquier actividad que haya contado con su
relaciones público-privadas se rijan por convenios basados en los principios de
igualdad, corresponsabilidad, independencia y reparto justo de beneficios entre
las partes. Acabar con uno de los grandes problemas de la I+D+i española: la
poca fluidez, eficacia y simetría de las relaciones público/privadas. Asegurar
que allí donde exista colaboración entre Gobierno e industria se establezcan
unas condiciones de igualdad, por las que ambas partes aporten fondos y
recursos y participen de los resultados de la investigación.
Crear una unidad de
centros públicos específicamente dedicados a prestar la ayuda necesaria para la
maduración de las ideas y facilitar la transición imprescindible hasta
convertirlas en tecnologías de interés comercial. A imagen de los Catapult
Centres del Reino Unido, tendrán una estructura de empresa pública y fondos de
origen público en una parte significativa de su presupuesto, y servirán como
catalizadores para engarzar consorcios específicos para proyectos concretos, de
alta potencialidad, donde puedan participar capitales privados y técnicos
provenientes también de las empresas y cooperativas implicadas.
Llevar a cabo políticas
para la creación de empleo en sectores con alto valor agregado. Lanzamiento de
ofertas de trabajo en proyectos de investigación a científicos/as emigrantes e
investigadores/as extranjeros/as, promoviendo la movilidad e
internacionalización. Subvenciones para empresas basadas en la transferencia
tecnológica y la innovación social. Ayudas para creación de empresas y
proyectos científicos, tecnológicos y de transferencia tecnológica con ofertas
de trabajo a investigadores/as españoles/as en el extranjero. Ayudas para el
desarrollo de proyectos de investigación y tecnología de asociaciones de
científicos/as en el extranjero.
Devolver la inversión
pública en I+D+i a niveles anteriores a la crisis, apostando por devolver los
objetivos de inversión en I+D+i nacionales a niveles europeos (2% del PIB). El
objetivo será alcanzar el 2.7% de inversión en I+D+i del total de los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) en 2017, y el 3% en 2020. Se asegurará
que los préstamos de fondos públicos a empresas desarrolladoras de I+D+i sean
utilizados para lo que inicialmente fueron ideados, y no como subvenciones
encubiertas, controlando que los fondos destinados a la inversión en I+D+i se
ejecuten al 100% de lo aprobado en los PGE.
Liberar a los Organismos
Públicos de Investigación (OPIS) del control político, fomentando la gobernanza
propia de la investigación y su proyección a largo plazo. Se propone una
democratización profunda de los Organismos Públicos de Investigación para promover
su autonomía de gestión e investigadora. Una reforma de los estatutos de los
OPIS y la implementación de Planes Estratégicos plurianuales adecuados a cada
organismo. La transición hacia la democratización institucional debe ir
acompañada de una correlativa asunción de responsabilidades y rendimiento de
la falta de transparencia, especialmente en los procesos de selección y acceso
en las instituciones investigadoras y/o universitarias se creará un
Observatorio para la Defensa de la Transparencia en el Acceso y Gestión de las
Instituciones Investigadoras y Universitarias. Este Observatorio además,
actuará contra otros de los problemas sistémicos de estas instituciones que
provocan arbitrariedades e injusticias en el acceso a las carreras docente e
investigadora, como por ejemplo la situación de precariedad de su personal. El
Observatorio formará parte de una potencial Agencia de Evaluación y servirá de
sistema de alerta sobre los problemas de transparencia en los órganos y
procesos de las instituciones públicas de investigación y universidades. Será
un organismo estará abierto a la ciudadanía receptivo a quejas sobre la falta
de transparencia y equidad en el sistema español de investigación.
Promover una mejora del
sistema público de evaluación docente e investigador que garantice la promoción
de la innovación y la autonomía en todos los niveles de investigación y
educación. Cambiar las viejas estructuras de jerarquía piramidal con
designaciones (y destituciones) hechas por el Estado y avanzar hacia una
gobernanza basada en la meritocracia, en la que los responsables de la gestión
rindan cuentas sobre sus resultados ante el Parlamento, los propios colectivos
gestionados y la sociedad en general.
Dinamizar los mecanismos
de cooperación del equipamiento científico en universidades, OPIs y otros
centros. Abrir el acceso a las infraestructuras públicas entre las distintas
instituciones. Teniendo en cuenta que la gestión de la universidad está
transferida a las CCAA, y la de los OPIs se lleva a cabo por el Estado a través
del Ministerio con competencias en ciencia, se hace necesario establecer un
acuerdo entre centros de investigación y universidades públicos para articular
una red de cooperación que favorezca el uso del equipamiento desde una lógica
colaborativa que facilite el acceso a las instalaciones de todos los miembros
estabilidad en la financiación de los centros de investigación para el
sostenimiento de su actividad básica, con independencia de la coyuntura
económica. Los grupos de investigación públicos recibirán una financiación
anual básica que garantice la continuidad de su funcionamiento y, ante todo,
que impida que se abandonen las líneas de investigación que se vengan desarrollando,
proporcionando estabilidad a los equipos de investigadores/as activos/as. Esta
financiación de mantenimiento ha de servir como plataforma desde la que acceder
a otras fuentes públicas y privadas en concurrencia competitiva.
salarial (12 medidas)[edit]
Bienestar Social y Modernización Económica, destinado a políticas sociales,
reforzamiento del estado del bienestar y de los servicios públicos relacionados
con la atención a las personas, e inversiones públicas que impulsen la creación
de empleo y una verdadera transformación de nuestra economía. Este Plan estará
dotado con un incremento presupuestario de 25.000 millones de euros cada año
durante toda la legislatura. Con ello, aumentaremos en un punto el porcentaje
de gasto/PIB, convergiendo con Europa, en vez de alejarnos más, como supondría
la reducción en cuatro puntos porcentuales que propone el Partido Popular
Poner en marcha de forma
inmediata una reforma fiscal progresiva y una lucha decidida contra el fraude
fiscal, con el fin de elevar a lo largo de los cuatro años el porcentaje de
ingresos sobre el PIB, al menos entre 30.000 y 40.000 millones de euros,
acortando la diferencia con la media europea.
actual de reducción del déficit público, alargando el plazo, para hacer
compatible el principio de estabilidad presupuestaria con los objetivos de
reducción del empleo, atención a las necesidades sociales y modernización
Abandonar la política de
devaluación salarial como vía para promover una mejora de la competitividad,
por sus efectos sociales y económicos negativos. Para ello, se degogarán las
dos últimas reformas laborales y se adoptarán medidas que favorezcan un
crecimiento suficiente de los salarios y la recuperación de su capacidad
adquisitiva (reforzar el papel de la negociación colectiva mediante la
derogación de las medidas incluidas en la última reforma laboral, incrementar
el salario mínimo y terminar con los recortes salariales en el sector público.
Reformar sustancialmente
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto Fiscal, eliminando el objetivo
de equilibrio presupuestario estructural y flexibilizando los objetivos de
deuda y déficit, para que se adapten mejor a las necesidades de cada país, y la
puesta en marcha de una auténtica política fiscal europea: un presupuesto común
con un peso significativo, un mecanismo de transferencia de recursos entre
países en función de su situación cíclica, la emisión de Eurobonos, y un mayor
grado de armonización en algunos impuestos, y particularmente el de sociedades
Garantizar un nivel
adecuado de inversión pública a nivel nacional (introduciendo una “regla de
oro” que no las incluya en el cómputo del déficit) y a nivel europeo (elevando
la cuantía del Fondo para Inversiones Estratégicas hasta un 5% del presupuesto
anual de la UE, desde el 1% actual).
Promover la reforma de
los estatutos del Banco Central Europeo, para incluir entre sus objetivos el
empleo, para integrarlo en el conjunto de instituciones que aplican la política
económica de forma coordinada y bajo un verdadero control democrático, y para
que pueda actuar como prestamista en última instancia de las autoridades
Impulsar una reforma de
las instituciones europeas que democratice la toma de decisiones políticas y
económicas en la Eurozona. El gobierno económico de la Eurozona –el Eurogrupo–
es una entidad no obligada a rendir cuentas ante ninguna institución
directamente elegida por los ciudadanos, ni siquiera ante el Parlamento
Europeo. PODEMOS se compromete a apoyar una Cámara Parlamentaria de la
Eurozona, formada por representantes de los distintos parlamentos nacionales de
acuerdo a criterios poblacionales y territoriales y, a diferencia del
Parlamento Europeo, con verdadera capacidad legislativa y de control político
modificación en los plazos de vencimiento de las deudas europeas en
circulación, mediante un canje de bonos que facilite que los viejos títulos
sean sustituidos por nuevos títulos que se mantengan a perpetuidad. El BCE
sería la institución que debería adquirir, al valor nominal, los viejos títulos
y canjearlos por otros nuevos, a tipo de interés del 0% y con el objetivo de
mantenerlos a perpetuidad en su balance. El BCE debiera reestructurar las
Adoptar de forma
inmediata de un plan de choque para erradicar la pobreza y la exclusión
infantil en todo el territorio europeo, observando estrictamente la aplicación
de la Carta Social Europea, y con un programa comunitario de vivienda social
que incluya la prohibición de los desahucios de primera vivienda en el
territorio comunitario, una carta sanitaria europea que garantice el derecho a
la sanidad pública para todos y todas en todo el territorio de la UE, y la
potenciación del Espacio Europeo de Educación y Cultura.
Desarrollar un seguro de
desempleo común que complemente los sistemas nacionales y que, en caso de
crisis, actúe de estabilizador automático, además de garantizar la
"portabilidad de los derechos" de los trabajadores europeos.
"Eurogrupo
Social", compuesto por los Ministros de empleo y asuntos sociales para la
supervisión de los desequilibrios sociales y la coordinación de las políticas
laborales de la zona euro.
Derecho al trabajo y
condiciones de trabajo y la igualdad de género (11 medidas)[edit]
Priorizar la creación de
empleo por encima del resto de objetivos de política económica, como por
ejemplo la reducción del déficit público, impulsando el cumplimiento del
artículo 41 de la Constitución española que establece que “los poderes públicos
promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y
para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el
marco de una política de estabilidad económica. De manera especial, realizarán
una política orientada al pleno empleo”. Para impulsar dicho objetivo Podemos
se compromete a aplicar una política fiscal expansiva que invierta 25.000
millones de euros al año durante la próxima legislatura y garantice, al menos,
la recuperación del nivel de ocupación laboral existente antes de la crisis.
el SMI, hasta alcanzar los 800€ al mes en 14 pagas al final de los primeros dos
años de legislatura, y asegurar después la convergencia con el 60% del salario
medio como establece la Carta Social Europea, asegurando que al final de la
legislatura dicho salario se sitúe al menos en 950 euros al mes.
Asegurar el pleno
cumplimiento de la normativa laboral y reducir el fraude en la contratación,
principalmente en los contratos temporales, mediante una mayor dotación de
medios y facultades a la Inspección de Trabajo y un mayor nivel de implicación
Reequilibrar la
negociación colectiva, estableciendo la preeminencia de los convenios
sectoriales sobre los de empresa a la hora de reconocer derechos básicos, y
modificando la regulación de las cláusulas de descuelgue de los convenios
colectivos. Igualmente, se reconocerá el grupo empresarial como unidad de
negociación, agrupando a todas las empresas que, con un alto grado de dependencia
sobre la empresa principal, participan en un mismo proceso productivo. Se
establecerá además un nuevo régimen de vigencia y prórroga automática de los
convenios colectivos, con el objetivo de no debilitar el poder contractual de
la representación de los trabajadores. Con la finalidad de mejorar la eficacia
de los sistemas de representación en la empresa, se impulsará el ámbito de
representación a todas las empresas y centros de trabajo que carezcan de
representación unitaria, estableciéndose un sistema de representación sindical
que agrupe a todas las personas que trabajan en un mismo grupo empresarial.
Finalmente, se reforzarán las garantías de ejercicio del derecho de huelga bajo
el principio de autotutela, eliminándose del Código Penal los tipos específicos
relacionados con su ejercicio, y regulándose un sistema de garantías para las
personas que deciden participar en una huelga.
Reformar la contratación
temporal y a tiempo parcial, para que: los contratos de obra o servicio
determinado se conviertan de manera automática en contratos indefinidos cuando
su duración sea superior a un año, o cuando se concatene una sucesión de estos
contratos durante dicho periodo; los contratos a tiempo parcial de temporada se
conviertan en contratos fijos discontinuos, garantizando el derecho a
llamamiento; el contrato a tiempo parcial incorpore el principio de causalidad
referido a la jornada necesaria para realizar la tarea objeto del contrato, se
fije el cómputo de la jornada con referencia semanal y se establezca un umbral
mínimo del 50% de la jornada habitual. Debemos tener presente que el 76% de las
personas que desempeñan trabajo a tiempo parcial son mujeres, y que el 60,8% de
las mujeres trabajando a tiempo parcial lo hacen involuntariamente.
Impulsar una regulación
de las horas extraordinarias para evitar que se conviertan en un instrumento de
distribución irregular de la jornada y prolongación fraudulenta de la jornada
de trabajo, que tenga como objetivos: 1) prohibir el uso abusivo de ellas, 2)
desincentivar las horas extraordinarias estructurales, 3) dotar de suficientes
mecanismos legales a los trabajadores para garantizar su cobro.
Se otorgará al
trabajador la titularidad de la opción en caso de despido improcedente; se
recuperará la figura del despido nulo por fraude de ley; y se reformará el
despido por causas económicas, productivas, técnicas y organizativas,
reforzando la causalidad, incluyendo la obligación de la autorización
gubernamental preceptiva para los Expedientes de Regulación de Empleo y
garantizando la efectividad del proceso de negociación
de género en el mercado de trabajo, reformando el sistema de permisos por
nacimiento o adopción, estableciendo un calendario de aumento del actual
permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Para garantizar la
igualdad efectiva de derechos, el permiso debe ser: igual para cada persona
progenitora; intransferible, como todos los demás derechos laborales y
trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad”. Se
incrementarán además las atribuciones de la Inspección de trabajo y la
Seguridad Social en materia de prohibición de la discriminación en la
contratación, promoción y retribución, y se establecerá una Comisión Estatal de
seguimiento y control de los planes de igualdad en las empresas, con capacidad de
propuesta para eliminar las discriminaciones, así como una Comisión Estatal de
seguimiento de la lucha contra el acoso laboral. Se abordará igualmente el
objetivo específico de la eliminación de la brecha salarial de género, que
actualmente alcanza el 19% en nuestro país
participación de los trabajadores en la gestión de las empresas de más de 100
empleados a través del fortalecimiento de los procedimientos de información y
consulta establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, y mediante la
Alemania. Se impulsará además una Ley de participación financiera de los
trabajadores en la empresa que, con carácter voluntario por parte de las
empresas, permita incorporar algunas de las mejores experiencias de
participación de los trabajadores que hay en varios países europeos
Reformar o regular las
relaciones de trabajo paralaborales, reconduciendo todo tipo de prácticas en
empresas a contratos en prácticas o para la formación, eliminando el contrato
para emprendedores, y ajustando la figura del Trabajo Autónomo Económicamente
Dependiente en el Estatuto de los Trabajadores.
de las diferencias salariales en el marco de las empresas y la administración
pública, de modo que la diferencia entre los salarios más bajos y los salarios
máximos no pueda superar ningún caso la ratio de 1 a 15.
Políticas sociales: Plan
diferencial (complementaria de los ingresos existentes) para todos los hogares
con ingresos por debajo el umbral de pobreza monetaria, aumentando la cuantía
de la prestación básica por persona equivalente integrada en la unidad de
convivencia. La cuantía inicial se establecerá en 600€ mensuales para las
unidades de convivencia de un solo miembro, aumentándose progresivamente en
función del número de miembros (35% adicional de la renta garantizada para el
segundo miembro, y 20% por cada uno de los siguientes) hasta un máximo de
1.290€. Este plan integrará a todas las prestaciones sociales que se encuentren
por debajo de ese umbral
complemento para trabajadores con baja remuneración, que elimine la
discriminación que supone la “trampa de la pobreza” al tiempo que garantiza el
acceso de los trabajadores de bajos ingresos a niveles suficientes de
bienestar. Para aquellos beneficiarios de la Renta Garantizada que trabajen o
encuentren empleo supondría de hecho una retirada graduada (y no súbita) de la
prestación conforme vayan aumentando sus ingresos salariales. Supondrá
garantizar unos ingresos mínimos de 900€ mensuales para estos trabajadores, que
también se incrementarán con el número de miembros de la unidad de convivencia.
Este complemento sólo será efectivo a partir de unos ingresos reconocidos del
trabajo por encima de 250€, para evitar posibles situaciones de fraude
para atender situaciones de urgencia social: desahucios; gastos de acceso y
mantenimiento en la vivienda; pobreza energética; gastos necesarios para
mantener una vivienda en condiciones de dignidad; colectivos en situación de
Revertir los recortes en
la financiación de la sanidad, la educación y el cuidado de las personas, de
forma que en Marzo de 2018 se recuperen los niveles anteriores a la crisis. A
partir de ese momento, incrementar el gasto por habitante, impulsando un
proceso de convergencia hacia la media de la UE15 con el objetivo de fortalecer
y expandir nuestro Estado de Bienestar
Universalizar el derecho
de las personas a que los servicios públicos de atención a la dependencia les
proporcionen la autonomía funcional plena, con un plan de implantación
progresiva, y equiparando las empleadas de hogar al resto de personas
incentivos al empleo a tiempo parcial y avanzar hacia la progresiva
implantación de una jornada laboral máxima de 35 horas semanales, con cómputo
semanal. Con estas medidas se trata de evitar la dualidad entre jornadas
interminables para algunas personas (sobre todo hombres), incompatibles además
con una adecuada planificación de los cuidados, y empleo precario a tiempo
parcial, subempleo, interrupciones que impiden un reingreso laboral en buenas
condiciones, o pérdida de derechos sociales para otras (sobre todo mujeres).
contra la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres que permitan hacer frente
a los diferentes obstáculos con los que se encuentran las mujeres a la hora de
acceder al merrcado laboral, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. En
particular, se establecer en España medidas de apoyo a la participación de las
mujeres en los Consejos de Administraciones similares a las introducidas
recientemente en otros países de nuestro entorno, como Francia o Alemania.
Garantizar un sistema de
pensiones de calidad (6 medidas)[edit]
Derogar la reforma de
las pensiones que aprobó el PSOE en 2010, restableciendo la edad de jubilación
en los 65 años, y derogar la reforma de las pensiones que aprobó el PP en 2014,
recuperando la indexación de las pensiones al IPC de forma que se garantice al
pensionista cuál será la capacidad adquisitiva de su pensión a lo largo de todo
su ciclo como pensionista. Se derogará, para ello, la Ley 23/2013 reguladora
del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de
sostenibilidad del sistema de pensiones introduciendo progresivamente la financiación
por vía impositiva de las pensiones de naturaleza no contributiva que se pagan
actualmente con cargo a la Seguridad Social y del incremento del gasto derivado
del aumento en la esperanza de vida de las nuevas cohortes de pensionistas que
se incorporan al sistema
Abolir los regímenes
especiales, salvo los que se justifiquen por la propia naturaleza del trabajo,
para todos aquellos trabajadores que se incorporen por primera vez al sistema.
Fomentar la previsión
colectiva de carácter público frente a la individual y, en cualquier caso,
eliminar los beneficios fiscales para la previsión complementaria individual
como pueda ser el caso de los planes de pensiones privados.
que permita el automento progresivo de las pensiones no contributivas a lo
largo de los cuatro años de legislatura.
Eliminar el tope máximo
a las cotizaciones, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar
Bloque 2 de 8. Democracia y Administraciones para el Cambio (apartado
único)[edit]
transparencia y lucha contra la corrupción (33 medidas)[edit]
Los programas han de ser
entendidos como contratos con la ciudadanía. Las diferentes candidaturas que
opten al Gobierno deben plasmar unas determinadas hojas de ruta que vincularán
al partido ganador. Se trata de establecer unos compromisos mínimos contractuales,
y en caso de incumplimiento, sea obligatorio la convocatoria de elecciones.
Asi, a los dos años de mandato se pondrá en marcha en el Congreso una Comisión
no permanente, en la que se analizará el grado de cumplimiento del programa
electoral. La actividad de esa comisión se desarrollará en un máximo de seis
meses, y de los trabajos de la misma se elevará al Pleno de la Cámara las
conclusiones. De producirse un incumplimiento sustancial y manifiesto del
programa, se podrá poner en macha un proceso revocatorio. Para ello, la
iniciativa debe contar con el respaldo de 158 diputodas y las firmas
debibamente auditadas del 15% del censo electoral estatal. Una vez
cumplimentados ambos requisitos se llevará a cabo referendum en el que se
preguntará a la ciudadanía si deben celebrarse nuevas elecciones por
incumplimiento de programa Si el resultado del referendum es sí, el Presidente
del Gobierno convocará elecciones en un plazo máximo de 30 días.
Desarrollo de un marco
normativo que facilite las iniciativas de la gente para que su voz irrumpa en
las instituciones, incorporando saberes y sentires populares a los debates
parlamentarios a través de instrumentos de participación diversos e inclusivos:
a) Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Eliminar las trabas actuales, desde
los estrictos requisitos para su presentación hasta la falta de debate
parlamentario. b) Iniciativa de Procesos Deliberativos para abrir un proceso de
deliberación ciudadana (presupuestos participativos, uso de espacios públicos,
etc. ) a instancia de una iniciativa popular. c) Iniciativa de Veto Popular:
instrumento de democracia directa que pone de manifiesto la oposición ciudadana
a determinadas normas que les afecta directamente. d) Iniciativa de Consulta
Popular. permite a la gente impulsar el inicio de una consulta en el ámbito
competencial correspondiente. e) Revocatorio Popular: ante determinadas
situaciones de pérdida de legitimidad de las personas que nos representan.
Fomentar el derecho de
petición como un puente de comunicación entre ciudadanía e instituciones, a
traves de las siguientes mejoras: a) Acortar los plazos de su tramitación. b)
Minimizar los requisitos formales. c) Habilitar su tramitación virtual. d)
Publicar en los portales de transparencia correspondientes las peticiones
ciuadadanas formuladas, respetando siempre el derecho a la intimidad y la
protección de datos, así como la respuesta recibida. e) Garantizar el derecho
de audiencia especial si así lo solicita la persona o el colectivo interesado.
Convertir los Reglamentos
parlamentarios de las Cámaras Generales del Estado en una herramienta para la
transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas de dichas
instituciones. La reforma de los Reglamentos inciden en tres aspectos
fundamentales: a) Mayor fuerza de la ciudadanía: participación de la sociedad
civil en el proceso legislativo. Crear espacios mixtos de deliberación durante
la tramitación legislativa donde participen representantes políticos, personal
técnico y ciudadanía. Incluir Escaño ciudadano. b) Regir toda las actividad
parlamentaria por los Principios de transparencia y control político.
Desarrollar herramientas webs accesibles que transparenten la actividad los
parlamentos. c) Capacidad de actuación y derechos básicos igualitarios para
todos los Grupos Parlamentarios en los órganos de las cámaras. La pluralidad
política es el fiel reflejo de la diversidad y pluralidad de la sociedad.
electoral para el Congreso de los Diputados. Establecimiento de la
circunscripción autonómica como única base territorial para la asignación de
diputados y utilización de fórmulas de la media mayor que garanticen la
igualdad del peso del voto de todos los ciudadanos. Distribución de diputados
entre las distintas CCAA de acuerdo con el peso demográfico de cada una de
ellas. Apertura de un amplio debate ciudadano sobre el resto de los componentes
Obligación legal de
presentar a primarias por parte de los partidos a todos aquellos candidatos a
presidir órganos ejecutivos que puedan presentarse de acuerdo a una normativa
abierta. Organización por parte de la Junta Electoral Central de un sistema
telemático y presencial de participación para que durante un periodo fijo la
gente pueda votar al precandidato que elija dentro del partido que elija.
electoral de 2 a 4 semanas, dando un mayor margen al envío de papeletas.
Eliminación del procedimiento del voto rogado y actualización automática y
periódica del censo CERA mediante la renovación de la inscripción electoral
cada 5 años. Creación de una Circunscripción Exterior que de voz a los
emigrantes y canalice sus demandas. Cambio del procedimiento único de voto por
correo a uno mixto. Extensión de la posibilidad de la inscripción ERTA a los
residentes en el extranjero que se encuentren desplazados temporalmente en otro
país. Facilitación del acceso a los trámites consulares por medios telemáticos
y mediante el cambio de horarios consulares. Mejora de la información electoral
proporcionada por el Estado, tanto en calidad como en difusión.
Contitucional a través de dos reformas: a) Establecer un nuevo sistema de
nombramientos por "cuota de rechazo": la negociación de los
nombramientos, partiría de la conformación de un amplio listado de todas las
personas técnicamente cualificadas para acceder a él. A partir de esta
propuesta, cada uno de los partidos sólo podría ir descartando de esa lista un
número proporcional a la cuota que le corresponde en función de su entidad
parlamentaria. Tras sucesivos procesos de descarte, acabarán quedando sólo los
que menos rechazo generan. No estarán designados por nadie, ni en deuda con él.
b) Derogación de la "reforma express": derogación de la la
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, de forma que el TC no asuma competencias
como la suspensión de sus funciones a una autoridad.
Adelgazar al máximo los
privilegios políticos y económicos de los cargos electos de diputados y
senadores: tanto aquellos de los que gozan durante el ejercicio de sus
funciones como respecto de los que les son atribuidos una vez que han concluido
sus respectivos mandatos: a) Revisar los complementos económicos: gastos de
representación, libre disposición, indemnizaciones, etc. Establecer mecanismos
de control de las dietas y desplazamientos imprescindibles. b) Eliminar las
indemnizaciones por cese y derogar las llamadas “pensiones de oro” de las
personas exparlamentarias, equiparando sus derechos y deberes laborales a los
del resto de las personas trabajadoras. c) Reducir el número de aforadas/os,
limitándolo a quienes ostenten las presidencias de las cámaras.
Regular las Escuelas de
Formación para los y las empleadas públicas, despolitizándolas para que sirvan
al desempeño de sus funciones y por tanto a la ciudadanía, y no a intereses
particulares del sector privado. Deben estar destinadas, tanto a la formación
para el acceso a la función publica -para lo cual contará con una bolsa
garantizada de becas- como a la formación permanente y de calidad del personal
de la Administración. Esta formación estará basada en el principio de educación
permanente y adaptada a la gestión por competencias donde el perfil y la
motivación de cada profesional, así como la adecuación a la realidad de su
puesto de trabajo, sean las que perfilen su trayectoria formativa. Incentivar
la formación de formadores y la gestión colectiva del conocimiento como un
valor público dentro de la administración. Crear un banco de expertos y
expertas públicos que nutran las Escuelas de Formación y que se gestione de
forma transparente y distributiva.
profesionalización de las Administraciones Públicas, a través de la aprobación
de una ley que regule los siguientes aspectos: a) Garantizar la independencia
de las personas que trabajan en la Administraciones Públicas a través de el
justo acceso, promoción, provisión y de puestos de trabajo mediante la
aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
b) Acabar con la inflación de puestos de trabajo designados directamente por
cargos políticos (PLD). c) Promoción profesional vertical y horizontal que
permita combinar la libre elección de cambio de puesto de trabajo con el
cuidado de la riqueza técnica de los equipos estables. Equipos compuestos por
personas formadas y con amplia experiencia en la materia en que trabajan y sin
ser necesario abandonar el puesto ocupado para promocionar. d) Promoción
interna horizontal. Ofrecer al personal funcionario de distintos cuerpos y categoría
idéntica la posibilidad de elegir este cambio en su carrera profesional.
Reducir drásticamente el
número de altos cargos políticos tanto de organismos como de empresas públicas,
de manera que únicamente sean altos cargos las personas titulares de los
Ministerios o asimilados, y Vicemismisterios o asimilados. Las unidades
administrativas, con rango de dirección general o secretaría general, deben
estar lideradas por equipos técnicos, estableciéndose una relación de puestos
de trabajo de carácter directivo. Se deben seleccionar a la personas más
adecuadas para ostentar los puestos de trabajo de mayor responsabilidad y para
ello se requiere un sistema de provisión que garantice la independencia
mediante el acceso por igualdad, mérito y capacidad.
empleados y empleadas públicas la recuperación del poder adquisitivo y de los
derechos hurtados en los últimos años en nombre de la austeridad. Recuperar los
derechos laborales directamente relacionados con la conciliación de la vida
familiar como el régimen de permisos y vacaciones y los derechos de jubilación.
Revisar las pensiones del sector público contraídas en los últimos 5 años, con
unas bases de cotización que retroceden al poder adquisitivo de hace, al menos,
Consolidar y ampliar las
redes servicios básicos de proximidad imprescindibles para el sostenimiento de
las conquistas realizadas en materia de bienestar social a través de: a)
Servicios Mancomunados: Prestación compartida de servicios básicos sometidos a
las mismas exigencias de control, transparencia y rendición de cuentas que el
resto de administraciones públicas. Racionalizar el sistema local mediante la
potenciación real de fórmulas asociativas eficientes para la prestación de
servicios de interés general bajo principios de eficiencia. b) Entidades de
servicios Auditar la eficiencia de la organización y servicios prestados por
las Consorcios, organismos y entidades empresariales locales. Fortalecer los
mecanismos de control en orden a la creación y seguimiento de las entidades
instrumentales locales y prohibición de empresas mixtas con el capital privado
Reordenar la competencia en materia de prevención y extinción de incendios y
creación de un cuerpo único de bomberos dependiente de la respectiva comunidad
Aplicar una Ley Estatal
de cuentas abiertas para las cuentas bancarias donde se deposita el dinero
público. Esto facilitaría a cualquier persona toda la información sobre los
ingresos y gastos, euro a euro, de todas las intituaciones públicas etatales,
de la misma forma que se pueden consultar los movimientos de una cuenta
corriente personal, sea en formato digital o presencialmente en una sucursal,
con todas las cautelas que recoge la Ley de Protección de Datos. Para ello es
necesario clasificar las cuentas bancarias de las Administraciones del Estado
como “información pública”, e implica garantizar el acceso a las cuentas
corrientes por parte de la ciudadanía.
Claridad en la actuación
de los lobbies. Aprobar un marco legal que permita: a) Conocer de manera sistemática
quién pretende influir en las decisiones políticas, de qué manera, con qué
medios económicos y qué resultados consigue. b) Crear un registro de lobistas y
gestores de intereses particulares, así como el registro de entrada al Congreso
y a las oficinas claves del Gobierno, que indique quién tendrá la obligación de
registrarse y, sobre todo, qué información deberá publicar. La información será
accesible al público y actualizada al menos una vez al año. c) Publicar las
agendas públicas de los/as parlamentarios/as, y altos cargosincluida la
identidad de las personas con quienes se reúnan, el motivo de la reunión y los
asuntos que tratan.
Superar ley actual para
que se adecue a los estándares internacionales, a través de las siguientes
modificaciones: a) Reconocer el derecho a la información como derecho
fundamental. b) Mejorar la accesibilidad del Portal de Transparencia y agilizar
y las solicitudes y peticiones de información. c) Eliminar la obligatoriedad de
DNI electrónico para la realización de consultas. d) Aminorar límites de
respuesta de peticiones sin dejar margen a la discrecionalidad y establecer un
régimen de sanciones si se incumplen los márgenes de respuesta. e) Asegurar la
información pública por defecto. Transparencia activa y formatos abiertos como
principios rectores de la acción de Gobierno. f) Garantizar la independencia
del Consejo de Transparencia. g) Incluir la rendición de cuentas y la
obligatoriedad legal en todas las instituciones con titularidad o financiación
pública: Casa Real y el Consejo General del Poder Judicial, partidos políticos,
sindicatos y organizaciones empresariales. Establecer la obligatoriedad legal
de rendición y publicación on line de las cuentas.
Extender y clarificar
las incompatibilidades de cargos políticos, altos cargos de la Administración
Pública central y autonómica, y directivos de empresas públicas una vez
finalizada su prestación como tales. Se establecería un mínimo de diez años
hasta con un ex alto cargo pudiera intervenir en un ámbito afectado directamente
por una decisión que el responsable público tomara durante su ejercicio.
Incompatibilidad para ocupar puestos en Consejos de Administración de empresas
que operen en sectores estratégicos del Estado por parte de ex-altos cargos o
ex-cargos electos. Prohibición de que los lobistas contraten a los diputados o
a sus asistentes. Obligar a los lobbies a indicar si emplean a antiguos
miembros del gobierno, quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos
contactan,qué temas tratan, y en qué gastos incurren en su trabajo. Se creará a
nivel estatal y en cada Comunidad Autónoma una oficina-registro de conflictos
de interés e incompatibilidades que vele por el cumplimiento de estas normas.
Se dotará de independencia y capacidad inspectora a esta oficina.
Aprobar una Ley integral
para la regeneración democrática de nuestras instituciones públicas como marco
para abrir los Parlamentos a la ciudadanía. Medidas: a) Publicar en portales
web parlamentarios la información relativa a la gestión de la institución, su
personal y su presupuesto. b) Acceso a la información relativa a los procesos
legislativos en curso o finalizados, mediante observación en primera persona, a
través de la prensa escrita, las retransmisiones por radio televisión en
directo. Acceso garantizado a las sesiones de comisiones parlamentarias y
plenos a los medios de comunicación, a observadores y ciudadanos en general,
sin trabas administrativas, sin dejar atrás a los extranjeros. c) Habilitar un
escaño ciudadano desde el que se puedan pronunciar directamente peticiones
ciudadanas, de forma individual o colectiva, directamente al Parlamento.
Reformular la Ley de
Contratación del Sector Público para: a) Implantar una red de Oficinas
Centrales de compra para la unificación del procedimiento en las mesas de
contratación. b) Implantar la Plataforma única de información sobre
contratación pública. c) Crear los Tribunales Administrativos Centrales, como
los órganos competentes para la resolución centralizada de recursos
contractuales. d) Eliminar el procedimiento negociado sin publicidad y limitar
el importe que permite la utilización del contrato menor. e) Reformar la web
Registro Mercantil para poder consultar de forma sencilla la información básica
de sociedades de forma gratuita. f) Materializar los criterios sociales,
medioambientales, de fomento de la economía local en el pliego de condiciones,
así como la participación ciudadana en materias susceptibles para la misma.
genera la Administración Pública no pertenece a las instituciones, pertenece a
la gente. Queremos instaurar paredes y bolsillos de cristal en las
Instituciones porque aquello que no se pueda publicar, no se debería hacer, a
través de la implementación de medidas de transparencia de la gestión pública
con información veraz y actualizada de todos los presupuestos, gastos y
balances anuales, protocolos e informes. Los presupuestos deben vincular la
accion de gobierno, Para evaluar correctamente si los compromisos adquiridos se
han cumplido, cuáles han sido las desviaciones y si están sustentados o no por
unas causas legítimas y justificables es imprescindible hacer públicos los
datos de la ejecución presupuestaria con el máximo nivel de detalle. Para ello,
el Portal de Transparencia y la red de Oficinas Ciudadanas pondrán a
disposición de la ciudadanía, de una forma sencilla y directa, los datos
básicos del destino final del dinero público.
Observatorio ciudadano de evaluación de políticas públicas y rendición de
cuentas con dos objetivos fundamentales: lograr un uso adecuado de la
evaluación, al servicio de los intereses generales y vincular la evaluación al
ciclo presupuestario, de tal suerte que se convierta en un instrumento de
difusión de la cultura de evaluación y la rendición de cuentas. Cualquier persona
o colectivo ciudadano afectados por una legislación o gestión pública, podría
intervenir y/o formar parte de él. Con carácter previo al debate presupuestario
anual, los responsables públicos de cada política sectorial deberán presentar
ante el Observatorio un informe sobre el grado de implementación y ejecución de
la política de la que responde. Con el conocimiento colectivo generado en el
seno del Observatorio Ciudadano, se consigue nutrir los debates presupuestarios
ofreciendo a la mayoría de los/as parlamentarios/as un nivel de información y
criterios muy superiores a los que disponen en la actualidad.
Asegurar la apertura de
toda la información relativa a los procesos de contratación pública para
facilitar la transparencia y la rendición de cuentas a través de: Crear una
base de datos de contrataciones y licitaciones: todas las empresas enviarán la
documentación en formatos abiertos de forma que sea fácil la publicación en red
de toda la documentación relacionada con la contratación. Acceso a la documentación
de los contratos suscritos como mínimo en los últimos cinco años, indicando:
objeto, importe de la licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado
para contratar, identidad del adjudicatario, duración, número de licitadores,
criterios de adjudicación, cuadro comparativo de ofertas y sus respectivas
puntuaciones, acuerdos e informes técnicos del proceso de contratación,
modificaciones contractuales, prórrogas de los contratos, licitaciones
anuladas, resoluciones anticipadas, datos del registro público de contratos,
datos del registro oficial de licitadores y empresas clasificadas, acuerdos y
criterios interpretativos de los órganos consultivos de contratación.
Se coordinaría a través
de un organismo independiente del poder gubernamental, integrado por la
Administración, organizaciones no gubernamentales, actores relevantes de la
sociedad civil. Su ámbito de actuación abarcaría a las diferentes
Administraciones Territoriales del Estado. Entre sus principales objetivos se
encontraría: a) Promover una mayor implicación de la Sociedad Civil, y de
expertos en el compromiso contra la corrupción. b) Implementar y perfeccionar
mecanismos preventivos que se adapten a la dinámica realidad delictiva. c)
Dotación de recursos y adaptación de técnicas adecuadas para una persecución
eficaz y sostenible. d) Constante formación y mayor coordinación entre los
agentes especializados. e) Formación a los funcionarios en la detección y
denuncia de este tipo de conductas f) Dotar de mecanismos reales de protección
a los denunciantes de hechos delictivos.
serían dependientes funcionalmente de los Juzgados y Fiscalía, y tendrían
control de las investigaciones policiales de cada instrucción o procedimiento
penal que dirijan. Esto evitaría dilaciones indebidas, así como que agentes
incómodos puedan ser destituidos. Estas unidades policiales deben: a) Estar
adscritas funcional y temporalmente a los Juzgados o Tribunales. b) Contar con
estructura independiente y un numero muy reducido de puestos de libre designación.
c) Estar integrado por funcionarios con acreditada experiencia en la Policía
Judicial, y con acceso exclusivo mediante concurso especifico de méritos. d)
Promover y dirigir las investigaciones ya judicializadas actuando por
delegación del juez o fiscal en el seno del cuerpo judicial, y teniendo
facultades para requerir de los mandos policiales medios personales y
materiales que sean precisos para llevar a buen fin la investigación de que se
trate sin tener obligación de informar sobre la evolución de las
investigaciones ni de los resultados obtenidos.
"enriquecimiento injusto" se refiere a la actuación de aquellos Altos
Cargos que en el marco de la actuación política sin intervienir directamente en
la comisión de delitos de corrupción, si han obtenido beneficio derivado de la
comisión de estas conductas, además y como medidas complementarias debemos
incorporar el delito agravado de prevaricación administrativa en las
contrataciones públicas y los delitos agravados de cohecho, tráfico de
influencias y fraudes a la Administración cometidos a través de partidos
políticos. Implementada internacionalmente se muestra como una de las medidas
penales mas eficaces contra el enriquecimiento de quienes dirigen
organizaciones criminales, pero que no intervienen directamente en la comisión
de ninguno de los delitos o de corrupciones realizadas en el marco de la
actuación política por los altos cargos de la Administración.
especifico de plan de prevención del delito de partidos políticos. Con
propuestas relativas de control de la financiación. a) Equiparación de la
fiscalización de las fundaciones políticas a la de los partidos políticos. b)
Prohibición de las donaciones de bienes inmuebles cuyo valor exceda del límite
legalmente establecido para las donaciones monetarias. c) Prohibición del
endeudamiento bancario por parte de partidos políticos, o limitación severa del
mismo. d) Publicación de la identidad de todo donante que aporte más de 5.000
euros al año. (5) Establecimiento de sistemas de tratamiento y publicación de
datos en formatos reutilizables que permita identificar posibles relaciones
entre donaciones políticas y contratos públicos, o entre partidos políticos y
paraísos fiscales. (6) Elaboración de un plan estratégico sobre el modelo de
financiación de los partidos políticos en España, y reforma de los sistemas de
financiación electoral y ordinaria de los partidos conforme a principios más
democráticos e inclusivos. Propuesta relativa al tratamiento penal: a) Aumento
del plazo de prescripción de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de
Financiación de Partidos Políticos y aclaración de los casos de duplicidad de
sanciones. b) Desarrollo especifico adaptado a formaciones políticas de la
norma expresada en el art. 31 bis del Código Penal dirigida a regular la
responsabilidad penal de las personas jurídicas en general.
Departamento específico dentro de la Administración Pública de Recuperación de
Activos envueltos en casos de corrupción, con funcionarios especializados.Esta
instancia debe potenciar los actuales instrumentos de cooperación internacional
en materia de información, auxilio judicial y recuperación de activos, que son
parte de la normativa europea.
Equiparar el delito de
defraudación a Hacienda estableciendo el mismo limite de 50.000 euros en igual
medida que la prevista para las subvenciones recibidas de la UE. No existe
justificación jurídica que refiera un tipo penal diferente al de la
defraudación en materia de subvenciones europeas y el delito fiscal, máxime
cuando la cuota a partir de la cual se considera delito fiscal es excesivamente
alta: 120,000 euros.
Nacional para la Prevención del delito, encargado de realizar evaluaciones de
impacto tanto de la legislación en vigor como de propuesta de reforma. Puesta
en marcha de programas de información y concienciación pública en materia
penal, y mejora de los sistemas estadísticos. Creación de una oficina de
información pública sobre problemas relacionados con la política criminal, que
podría ser parte de las funciones del citado Centro Nacional para la Prevención
Establecer una más
eficaz legislación y marco institucional que proteja de actuación
discriminatoria o disciplinaria a los empleados que revelan a las autoridades,
de buena fe y sobre bases razonablemente ciertas, actos sospechosos de
inmoralidad o corrupción. Establecer una clara definición de la esfera de
revelaciones protegidas y de las personas incluidas bajo la protección de la
ley. Asegurar que la protección ofrecida a los denunciantes es sólida y exhaustiva.
Definir claramente los procedimientos y establecer los canales para facilitar
la información de actos sospechosos de corrupción y animar al uso cómodo y
protegido de canales accesibles de denuncia. Asegurar mecanismos efectivos de
protección incluyendo confiar a un comité específico responsable y dotado de
facultades tanto para la investigación de denuncias de represalias y/o
investigaciones impropias, así como para proveer soluciones. Apoyar la
legislación con un incremento de la concienciación, de la comunicación, la
formación y evaluación periódicas de la eficacia del marco de protección.
En relación a los cargos
públicos: a) Acceso público a las agendas de los cargos públicos, especialmente
en su relación con empresas privadas y establecimiento de incompatibilidades de
contratar con aquellas con las que exista o haya existido algún vinculo
personal, familiar o relación de amistad conocida públicamente. b) Extender la
incompatibilidad de los cargos públicos y políticos a las relaciones
profesionales remuneradas de cualquier tipo con empresas o grupo de ellas, que
previamente hayan tenido alguna relación contractual con la Administración o
hayan recibido subvenciones o exoneraciones de cualquier tipo. c) Declaraciones
patrimoniales rigurosas de todos los cargos públicos políticos, tanto antes del
inicio de su toma de posesión como durante los cinco ejercicios posteriores,
siendo obligatoria su publicación en una web abierta específica.
referidas a conductas asociadas a delitos de corrupción, dada la complejidad y
el tiempo que lleva a detectar ese tipo de conductas, acaban por prescribir. Es
por ello imprescindible llevar a cabo un revisión exhaustiva de los tiempos de
prescripción para cada uno de los delitos económicos, contra la Administración
Pública, etc. para evitar así la impunidad.
Bloque 3 de 8. Justicia, Derechos Humanos, Administración Pública y Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado (4 apartados)[edit]
Justicia (9
El sistema de acceso es
un elemento fundamental para la democratización de la Administración de
Justicia. Actualmente, el examen de acceso por oposiciones favorece a aquellos
sectores de la sociedad con capacidad económica suficiente para hacer frente a los
gastos que implica preparar durante años el acceso a estos puestos. Por ello,
se propone crear una Escuela Judicial Pública para la preparación de los
exámenes públicos de acceso, que permita un sistema más democrático, asegurando
la alta cualificación de jueces, fiscales y secretarios. El cuerpo docente de
esta institución estaría compuesto por reconocidos profesionales de la
Justicia, elegidos según criterios de objetividad, antigüedad, capacitación y
estructural de la administración de justicia precisa formas de trabajo
ordenadas y estructuras especializadas. Urge el desarrollo integral de la
oficina judicial y la implantación de una nueva Planta Judicial encabezada por
los tribunales de instancia, en el marco de un plan de políticas públicas.
Tribunales de Instancia Proponemos, en relación con el Proyecto de Ley de
Tribunales de Instancia de 2011, el establecimiento de los Tribunales de
Instancia en todos los partidos judiciales actuales. Tribunales de Primer Grado
Al mismo tiempo existe la necesidad de dar una respuesta a la ciudadanía para
resolver los asuntos de menor complejidad de una forma rápida y que perciban
una justicia próxima y accesible. Por ello proponemos su creación en todos los
partidos judiciales. Las nuevas tecnologías existentes, junto al desarrollo de
la Oficina Judicial y la capacidad contrastada, formación y titulación de los
Secretarios Judiciales (hoy Letrados de la Administración de Justicia),
posibilitaría que una parte relevante de este colectivo pudiera asumir estas
funciones en un primer momento. Con esta propuesta, y mediante una reordenación
de medios ya existentes, se puede aumentar de forma inmediata y a muy bajo
coste el número de jueces.
Proponemos un texto
normativo consensuado con los órganos colegiales y asociaciones de letrados del
turno de oficio quienes vienen desarrollando el servicio con elevados
estándares de rendimiento y reconocimiento europeo e internacional. Este texto
debe contemplar una mejora del servicio público de asistencia jurídica
gratuita, y la dignificación del Turno de Oficio, con una reflexión, en esa
misma línea, de las atribuciones que en esta materia se han delegado a las
deslegitimación de los poderes del Estado, entendemos necesaria la recuperación
un órgano del Poder Judicial que, manteniendo las competencias generales del
actual Consejo, asuma directamente su principal competencia: velar por la
independencia del Poder Judicial como servicio público. Así proponemos la
elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ,
elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y
juristas de reconocido prestigio con al menos 10 años de experiencia en este
ámbito, avalados por Asociaciones, Sindicatos o Plataformas Ciudadanas,
elecciones reguladas y promovidas institucionalmente por un órgano colegiado
creado a tal efecto por el Congres, y con limitaciones de gasto en las campañas
que puedan ser promovidas para su elección.
Auditoría externa de la
Justicia sobre criterios y parámetros basados en la eficiencia, eficacia y
sostenibilidad del sistema judicial con el fin de buscar una fotografía
constructiva y evaluar una necesaria reorganización en aquellos ámbitos que
precisen refuerzo, de manera que se establezcan criterios de optimización de
los recursos, en este sentido entendemos necesario la implantación de una
Oficina Judicial dotada de los medios necesarios que desarrollen una actuación
más eficaz y cercana a la ciudadanía que materialice un verdadero servicio al
ciudadano. Financiada por el Estado (absorción de competencias periféricas, en
este ámbito, por el Estado Central) con competencias directa del Ministerio de
Justicia con capacidad de cesión de edificios de titularidad pública, impulso
del expediente electrónico e informatización de todo el procedimiento judicial.
integral una reforma de la Fiscalía abordando las siguientes propuestas: a)
Revisión del sistema de nombramiento de la/el Fiscal General del Estado. b)
Reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para introducir mecanismos
que doten a la institución de autonomía (orgánica y funcional) en relación al
poder ejecutivo. c) Dotar a la Institución de mecanismos de transparencia que
permitan conocer los actos que se adopten, los criterios utilizados para la
toma de decisiones, la agenda de la/el Fiscal General del Estado y demás
órganos de dirección de la institución, retribuciones o indicadores de su
actividad, entre otras. d) Autonomía presupuestaria para el Ministerio Fiscal,
con partida específica en los Presupuestos Generales del Estado. e) Abordar de
manera integral la reorganización y rediseño de las funciones de los órganos
centrales (Inspección Fiscal, Unidad de Apoyo y Secretaría Técnica). f) Democratización
de los nombramientos en la carreta fiscal bajo estrictos criterios de mérito y
necesidad de protección y amparo de la actividad parlamentaria, o de
actuaciones de Jueces y Magistrados que de otra manera podría ver ver limitado
el ejercicio de sus funciones, esta protección solo se mantendrá en el ámbito
de actuación pública de estos cargos, entendiéndose que los privilegios
procesales no rigen más allá de estas actividades públicas, estando sujetas al
procedimiento general aquellas actividades diferentes, aunque estas se realicen
13/2015, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre duración máxima
de los procesos penales, dejando sin efecto la disposición transitoria única
sobre revisión de los procesos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor
y los plazos de duración máxima de los procesos penales.
de sanciones administrativas y multas económicas proporcionales a la renta de
la persona sancionada, que modifique el actual por uno más justo, más
proporcional y funcional siguiendo los siguientes principios: a) Rendición de
cuentas de la persona ofensora. b) Cumplir su función de disuasión: para que
las multas cumplan esta función, las personas con menos ingresos deben poder
pagarlas, pero su impacto debe ser equivalente al que tiene mayores rentas. c)
Equidad: Las multas proporcionales son inherentemente más justas porque las
cantidades ni son demasiado bajas para determinados sancionados ni
suficientemente altas para exceder la capacidad de algunos otros. d) Establecer
un sistema de cáculo ágil y limitado partiendo de un tipo básico y
estableciendo diferentes umbrales, similares a los que se fijan para el pago
del IRPF en función de los ingresos del sancionado.
Derechos humanos (5
Derogación inmediata de
(conocida como Ley Mordaza), estableciendo una nueva legislación de seguridad
ciudadana que facilite el libre ejercicio de los derechos fundamentales de
expresión, reunión y manifestación, eliminando las sanciones administrativas,
sin más restricción que los actos ilícitos que por su gravedad hayan de ser
objeto de sanción en los supuestos sancionados por el Código Penal.
de Derechos Humanos del Gobierno, dependiente de la Presidencia del Gobierno y
cuyo responsable tendrá rango de Secretaría de Estado, para coordinar la acción
del Gobierno en el desarrollo de los derechos humanos, con funciones ejecutivas
en el cumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de
derechos humanos, tanto los derechos civiles y políticos, como los derechos
económicos y sociales, de la infancia y la equidad de género tanto en el ámbito
interno como en toda la acción exterior del Estados. Dicha oficina coordinara
la labor de todos los Ministerios a través de una comisión interministerial,
actuará en coordinación con el Defensor del Pueblo y rendirá cuentas de su
actividad y gestión mensualmente a las Cortes; y creará en su seno una Comisión
Estatal de Derechos Humanos con representantes de las ONG y organizaciones
civiles y sociales de defensa de los derechos humanos, organizaciones
profesionales (Consejo General de la Abogacía…), que tendrá funciones asesoras
y consultivas pero también de evaluación y rendición de cuentas. Dicha oficina
coordinará el desarrollo y puesta en práctica del Plan Nacional de Derechos
Humanos y Equidad de Género. También se creará una Unidad de Género en el MAEC
que realice una evaluación de género en la política exterior española.
Creación de un órgano de
ámbito estatal para la prevención de los malos tratos y la tortura, según lo
establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de Naciones Unidas, que
España ratificó en 2006, y conforme a lo específicamente previsto en el Plan de
Derechos Humanos del gobierno de España, aprobado en 2008. Se trataría de un
órgano de investigación independiente del Ministerio del Interior, con facultad
de estudiar e investigar las denuncias de violaciones graves de derechos
humanos presentadas contra agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con
facultad de investigarlas, gozando de todos los recursos, las competencias y
las atribuciones necesarios para ello, estando dirigido por profesionales de
reconocido prestigio, imparcialidad, competencia, e independencia.
derecho a la verdad: establecer mecanismos institucionales para el
esclarecimiento y divulgación de la verdad; garantizar el acceso a los archivos
(públicos y privados) y a la investigación pública y judicial; promover la
creación de instituciones de memoria; y elaborar un mapa integral de fosas
comunes que, a su vez, permita diseñar un futuro plan integral de exhumaciones.
Políticas de acceso a la justicia para las víctimas del franquismo: anular las
sentencias de los tribunales creados durante la guerra civil y la dictadura;
facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad;
y aplicar la jurisdicción universal en materia de derechos humanos contemplada
en nuestro ordenamiento jurídico. Políticas para el derecho a la memoria
orientadas a generar garantías de no repetición: promover la remoción o
resignificación de símbolos o monumentos conmemorativos de exaltación de la
sublevación militar o del franquismo; concebir los espacios de memoria como
espacios pedagógicos desde una perspectiva crítica; y desarrollar iniciativas
orientadas a la construcción de una cultura de los derechos humanos y a la
restitución de una memoria plural, colectiva y democrática de nuestro país en
los sistemas educativos, en lo relativo a la formación de funcionarios
públicos, en (y desde) los medios de comunicación y en otros ámbitos
Se trataría de abrir una
oficina de la Fiscalía exclusivamente dedicada a investigar y perseguir los
derechos (11 medidas)[edit]
hacia una Administración totalmente electrónica, sin papel, pontenciando los
portales web de los Ministerios y de sus Organismos. Proponemos: a) No
solicitar al ciudadano documentos que ya obren en poder de la Administración y
proceder a la simplificación documental. b) Potenciar y actualizar los
contenidos de los portales web de los Departamentos ministeriales, de forma que
aporten en tiempo real una información completa y actualizada a la ciudadanía.
c) Potenciar las unidades de atención a la ciudadanía, dotando a estas unidades
del personal y de las condiciones de trabajo adecuadas a la especial dedicación
Estratégico de migración hacia herramientas de software libre y datos abiertos,
con el objeto de sustituir herramientas propietarias, siempre que sea posible,
y lograr un control real de la tecnología utilizada en la administración para
el manejo de sus datos. a) Implantar software libre para las administraciones
públicas, acompañado de un programa de capacitación de empleados/as públicos/as
en el manejo de las nuevas herramientas. b) Implantar el uso de formatos
abiertos en la gestión pública. c) Fomentar el tejido social y productivo del
sector, rico en innovación y creación de empleo. d) Apostar por la Seguridad
informática y la privacidad como un derecho integral del siglo XXI, ofreciendo
cobertura legal a aquellos que denuncien su infracción.
Estratégico de mejora de la Administración y del Servicio Público de trámites
administrativos para minimizar las cargas burocráticas y homogeneizar los
procesos, a través de las siguentes acciones y medios: a) Simplificar y
reduccir cargas administrativas e implantar la homogeneidad de los
procedimientos. b) Consolidar una auténtica Administración Digital, que permita
a la ciudadanía realizar de una manera más rápida y más ágil, a cualquier hora
y desde cualquier lugar, los trámites que desee desde una ventanilla virtual
única, evitando aportar documentación ya digitalizada. c) Incorporar plenamente
las nuevas tecnologías en los trámites administrativos. d) Superar la brecha
digital en la sociedad e) Garantizar puntos de asesoramiento permanente online
y presenciales, que sean a su vez facilitadores de la tramitación de
certificado digital a solicitud de las personas interesadas.
Desarrollar un nuevo
modelo de Agencias de Protección de Datos, que combine el derecho a la
intimidad, la transparencia y las nuevas tecnologías en su justo equilibrio a
través de: a) Apoyo y compromiso ejecutivo con los organismos de protección de
datos y las políticas activas para proteger la privacidad. b) Defensa pública
de las víctimas de robo de identidad o la mala gestión de los datos personales.
c) Creación de la figura pública de Responsable de Privacidad para la gestión
de datos en las unidades de gestión administrativa. d) Iinclusión de cláusulas
de advertencias sobre la protección de datos la contratación pública. e)
Mejorar los estándares públicos en el uso de Internet y, en general, protocolos
en relación a la privacidad.
Garantizar el principio
de gestión directa de los servicios públicos y que el ejercicio de competencias
y potestades públicas resida en la propia Administración del Estado. Recuperar
las competencias que se hubieran privatizado o externalizado siguiendo siempre
lo principios de bien común e interés general. Para potenciar lo mejor de cada
profesional en la gestión de los servicios públicos apostamos por adaptar el
perfil de cada profesional a la labor que desempeña, optimizando el valor que
aportan a cada puesto. Esto permitirá la promoción desde su propio puesto de
trabajo, potenciando la gestión pública acorde a las competencias de los y las
profesionales. La motivación es el motor profesional de la gestión directa y la
recuperamos con tres elementos claves: Trabajo en equipo con liderazgos
legitimados profesionalmente. Una formación adecuada y de calidad. Flexibilizar
los requisitos para gozar de excedencias vinculadas a la formación y a
a estas funciones deben ser servicios públicos desempeñados por cuerpos de
funcionarios y funcionarias que reciban una retribucion mensual al igual que
otros cuerpos, como ya ocurre en otros paises europeos. Esto eliminaría el pago
a través de arancel para los servicios de registros de la propiedad o notarias.
Auditorías regulares de
todos los organismos así como entes públicos, con el objetivo de: a) Revisar
sus estatutos, con el objeto de eliminar de aquellos vacíos de contenido
prestacional público, o duplicados. b) Asegurar que el sector público sea
independiente del aparato y los intereses de los partidos políticos. c)
Recuperar aquellas competencias y potestades públicas que se hubieran
privatizado o externalizado d) Revisar las encomiendas de los entes
instrumentales, para revertir los servicios subcontratados, a través de una dotación
adecuada de puestos y recursos a la estructura del sector público.
Estatal para la Protección de los Consumidores, como organismo regulador de
carácter autónomo y neutral, con competencias sancionadoras. Esta agencia
contará con un cuerpo de inspectores dedicado a realizar investigaciones de
oficio y evaluar las denuncias que lleguen de las autoridades autonómicas y las
asociaciones de consumidores, además de intercambiar información sobre las
irregularidades que detecte en el mercado con el resto de organismos del
Gobierno. Las organizaciones dedicadas a la defensa de los consumidores tendrán
la consideración de parte interesada en los procedimientos que se abran a raíz
de sus denuncias o en los que se personen en representación de los afectados.
Igualmente, se revisará el marco sancionador establecido en la legislación que
afecta a la protección de los consumidores para que las multas sean realmente
proporcionales a la gravedad de los abusos, y contemple el decomiso de hasta diez
veces el importe de los beneficios que hayan obtenido las empresas en prácticas
Aprobar una ley de
servicios de atención al cliente que regule: a) Las empresas de servicios
básicos y las de mayores volúmenes de negocio garantizarán la tramitación de
las altas, bajas, consultas y reclamaciones sin ningún coste económico, en un
plazo máximo y con el abono de compensaciones si se producen incumplimientos.
b)Teléfonos de atención al cliente con un coste nunca superior al de una
llamada a un fijo con prefijo geográfico o a un teléfono móvil nacional. c)
Planteada una consulta, reclamación a través de un servicio de atención al
cliente, la empresa tendrá que enviarle de forma inmediata una comunicación
escrita en la que le confirme la recepción de la misma. d) Plazo máximo en el
que las compañías, dependiendo de su sector de actividad, tendrán que contestar
a las reclamaciones de sus clientes. e) Facultar para que las grabaciones de
las llamadas a los servicios de atención al cliente sean utilizadas como prueba
en una reclamación ante la administración competente o los tribunales.
Aprobar por ley el
derecho de los consumidores a ser indemnizados cuando sean objeto de
irregularidades en la contratación, facturación o características de productos
y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo, y regular la actividad
de los Clubes Sociales de Cannabis. Para ello, se propone convocar una mesa de
trabajo sectorial, que deberá presentar una propuesta estatal que garantice las
libertades y derechos fundamentales de las personas usuarias, y que contemple
la regulación de la producción, distribución y consumo de cannabis.
Cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado (10 medidas)[edit]
Se propone regular
reglamentariamente las jornadas y horario de los miembros de las Fuerzas
Armadas atendiendo a las observadas para la Administración General del Estado
pero considerando las necesidades específicas derivadas de las misiones,
maniobras, guardias y servicios que serán retribuidas de manera justa.
1) Reformar de manera
integral la Ley de la Carrera Militar e integrar en la misma al personal de
Tropa y Marinería y a oficiales temporales, y supresión de los actuales
compromisos temporales. Será prioritario el establecimiento de un sistema de
promoción con criterios exclusivamente objetivos y basados en los principios de
igualdad, mérito y capacidad, valorando como mérito la experiencia profesional,
así mismo, suprimiendo los actuales criterios subjetivos de valoración
(Supresión del IPEC) y eliminando los actuales límites de edad. 2) Tras la
experiencia obtenida con las primeras promociones con el nuevo sistema de
enseñanza militar se realizará un estudio para terminar de acomodarlo al
sistema general de enseñanza. 3) Realización de un plan integral de acción
social basado en la igualdad, suprimiendo privilegios y con especial atención a
Orgánica del Poder Judicial para crear órganos especializados en materias disciplinarias
y penales militares, servidos por jueces y magistrados con la formación
adecuada e integrados en los órdenes jurisdiccionales
contencioso-administrativo y penal. Supresión de la Sala V del Tribunal Supremo
de lo Militar por razones de economía, independencia y transparencia. La actual
configuración de la justicia militar no garantiza su plena independencia del
Militares: Ciudadanos y
Trabajadores: 1) Reformar la Ley de derechos y deberes para propiciar una nueva
regulación de derechos fundamentales de reunión, manifestación, asociación,
libertad de expresión, sindicación y afiliación a partidos políticos para los
militares. 2) Supresión de la privación de libertad sin tutela judicial
efectiva. 3) Renovación de los órganos de participación con criterios
democráticos y vinculantes, para los procesos normativos en los ámbitos
profesionales, sociales y económicos.
Evitar puertas
giratorias regulando las relaciones entre el Ministerio de Defensa y la
Industria de Defensa para hacerlas plenamente transparentes. Se auditarán,
revisarán y renegociarán las adquisiciones con los contratistas con el objetivo
de hacer viable el presupuesto del Ministerio de Defensa. Asimismo, y en la
línea con lo anterior, se creará/convocará un grupo de expertos (con
participación de la sociedad civil) para que en el plazo de…(6 meses/un año)
elabore propuestas sobre una potencial redimensión de las Fuerzas Armadas
/equipamiento y personal) acorde con nuestras necesidades y complementarias con
los países de nuestro entorno de seguridad.
plantilla, sustituyendo agentes que prestan servicios burocráticos por personal
civil administrativo. Fin de los servicios que no son propios del cuerpo:
carpinteros, albañiles, jardineros, mecánicos,etc.
No aplicación del Código
Penal Militar y reconocimiento a la libertad de sindicación de los miembros de
la Guardia Civil de cara a garantizar los derechos fundamentales y libertades
públicas de los miembros Instituto Armado.
Equiparación salarial y
reorganización retributiva en las Fuerzas de Seguridad del Estado. a) Avanzar
hacia la equiparación de las retribuciones y los complementos de todos los
miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. b) Auditar, revisar o suprimir
complementos en los altos mandos innecesarios o injustificados.
unificación de las bases de datos de los dos cuerpos policiales que supondría
un gran avance en materia de coordinación.
actuales procesos de ascenso en las Fuerzas de Seguridad del Estado. Estos
procesos deberán sustentarse exclusivamente en pruebas objetivas y mensurables,
corrigiendo las prácticas actuales, que permiten la abierta y completa discrecionalidad.
Bloque 4 de 8. Derecho a la vida digna (11 apartados)[edit]
Sanidad (15
orientada a blindar el carácter universal de la sanidad española. Cobertura
sanitaria universal. Derecho a la tarjeta sanitaria para todas las personas,
inmigrantes y también emigrantes de nacionalidad española que ven cerrado el acceso
a la cobertura sanitaria universal una vez transcurran 90 días tras su salida
del país. Derogación del Real Decreto 16/2012 en el que se destruyó la
universalidad de la asistencia sanitaria en España
del gasto sanitario acometidos en la última legislatura, reversión inmediata
del presupuesto anual destinado a gasto sanitario, recuperando en el primer año
de legislatura los niveles de dotación previos a 2012
de medicamentos financiados por el sistema sanitario
estatal orientado al cambio paulatino en el modelo de prescripción y
dispensación de medicamentos en el sistema público. Se promoverá la apertura de
negociaciones conjuntas con los laboratorios para la reformulación de los
mecanismos de empacado (monodosis y otras variaciones) y dispensación de
medicamentos, de tal manera que sea posible prescribir y dispensar en todos los
puntos autorizados únicamente el número de dosis necesarias en cada tratamiento
A iniciativa del Consejo
Interterritorial de Sistema Nacional de Salud, diseño de una plataforma capaz
de hacer reconocibles las recetas electrónicas de todas las CCAA en las que ya
está implantada. Así mismo, elaboración de una propuesta para incentivar
activamente la implantación de la receta electrónica en aquellas CCAA en las
Prohibición del uso del
bisfenol A (BPA) en cualquier tipo de material en contacto con alimentos y
bebidas (fiambreras, latas, biberones, etc.) a través de una legislación
similar a la desarrollada en Francia en 201b) Implementación de una política
activa de erradicación de productos contaminantes en la alimentación.
Apertura de un debate
entre la ciudadanía y los profesionales de la salud sobre el grado de autonomía
de las personas en la toma de decisiones relativa a los últimos momentos de su
vida, testamento vital, muerte digna, etc. Como resultado de ese debate,
aprobación de una Ley para la libre disposición de la propia vida que regule el
marco de decisiones de las personas en el final de su vida. Derogación del
artículo 143, apartado 4 del Código Penal
estrategia estatal destinada a incidir, en un sentido universalizante, en la
innovación en el ámbito de los medicamentos, guiada por criterios de
salvaguarda del derecho a la salud y la cobertura universal de pacientes y
enfermedades. Se tomarán medidas destinadas a visibilizar ante la opinión
pública el peso de la financiación pública a través de incentivos fiscales en
I+D+i de las tecnologías/patentes comercializadas y los criterios de los
laboratorios para el establecimiento del sistema de precios
Diseño e implantación, a
iniciativa del Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud, de una
plataforma digital que facilite el acceso a las historias clínicas de los
pacientes a cualquier usuario autorizado del sistema sanitario. Es
tecnológicamente posible y clínicamente necesario poner en marcha una
plataforma en que la historia clínica de los pacientes sea accesible y
interoperable desde cualquier punto de la red sanitaria de cualquier Comunidad
Autónoma. El acceso a las historias clínicas constituye una garantía para la
salud de los pacientes y un mecanismo de ahorro para el sistema al evitar
duplicación de pruebas innecesarias
Elaboración de una línea
de actuación estatal destinada a incorporar la salud como cuestión transversal
a todas las políticas públicas (empleo, vivienda, alimentación,
infraestructuras, educación, justicia, infancia, etc.). Adopción de las
propuestas y estrategias de la OMS para actuar de manera integral sobre los
Apoyo a la creación de
líneas de estudio e investigación en el campo de la salud y el género.
Desarrollo de líneas de investigación orientadas a identificar la mediación del
género en la salud y en la enfermedad. Apertura de mecanismos capaces de
trasladar al sistema sanitario las principales conclusiones que se deriven de
responsabilidad asumidas por la Red Española de Agencias de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias, Prestaciones y Políticas del Sistema de Salud a los
efectos de compilar, estandarizar y publicar toda la información relativa a la
evaluación de las políticas públicas en el campo de la salud.
A instancias del Consejo
Interterritorial de Sistema Nacional de Salud y con la participación activa de
todas las CCAA, elaboración de un Plan para la profesionalización de la gestión
del Sistema Sanitario que evite la designación de responsables a partir de
criterios de afinidad partidista y fomente la selección de gestores a partir de
criterios de mérito y capacidad
proceso progresivo de convergencia dentro de la Seguridad Social de la
multiplicidad de regímenes especiales existentes. Homogeneización de la cartera
de prestaciones para todo el personal funcionario de nuevo y de viejo ingreso.
transparencia del gasto sanitario que anime a la participación de los
profesionales y la ciudadana en el sistema sanitario, obligue a la
transparencia en la gestión de los recursos y procesos de contratación, evalúe
sus políticas públicas y genere mecanismos de rendición de cuentas.
Vivienda y suministros (11
Orgánica de protección al derecho a la inviolabilidad del domicilio y
prohibición de los desalojos sin alternativa habitacional. Fin de los
desahucios. Prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional.
En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en
situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u ocupación en
precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración
competente garantice un realojo adecuado. Habilitación de procesos judiciales
garantistas en los casos en los que pudiera producirse una restricción del
derechos a la inviolabilidad del domicilio Despenalización del uso de viviendas
vacías y abandonadas.
del deudor hipotecario al bien hipotecado Derecho a la dación en pago con
suministros básicos garantizados como parte integrante del derecho a una
vivienda digna y adecuada. El derecho al contrato de suministro sólo requerirá
el requisito de empadronamiento. Se impedirán los cortes de suministro básicos
de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de
vulnerabilidad. El pago de los suministros básicos para las familias en esta
situación se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar,
siempre respetando los estándares de Naciones Unidas. Los costes asociados a
garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por
las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras, que
deberán cumplir con estándares de responsabilidad social corporativa impuestos
por la ley. Se estudiará la posibilidad de crear una empresa suministradora
Arrendamientos Urbanos para facilitar un alquiler estable y asequible. Nueva
regulación del alquiler protegiendo la parte más débil de los contratos de
arrendamiento: los inquilinos. Introducción de mecanismos de seguridad en la
tenencia y estabilidad en la renta, alargando el plazo mínimo para prorrogar el
alquiler de vivienda habitual hasta los 5 años. Cuando el arrendatario
pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se producirá una prórroga
automática del contrato de alquiler obligatoria cuando el arrendador sea gran
propietario de viviendas, con un mínimo de 10 viviendas. Se garantizará
alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades
familiares, que habiendo cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda
única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional. Los grandes
tenedores de vivienda, en especial las entidades financieras y filiales
inmobiliarias, fondos buitre y entidades de gestión de activos (incluidos los
procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias)
garantizarán el alquiler social. La Ley regulará el concepto de alquiler social
que no podrá superar el 30% de la renta familiar incluyendo suministros
básicos. Asimismo se tendrá en cuenta la delimitación del número de miembros de
la unidad familiar para reducir la cuantía hasta un umbral sostenible.
Promoción de un parque público de vivienda en alquiler social a través de la
movilización de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales
procedentes de la reestructuración bancarias y entidades inmobiliarias). La
administración regulará mediante ley los mecanismos que posibiliten esta
movilización. Modificación del procedimiento de desahucio arrendaticio para
garantizar el derecho de defensa de los inquilinos.
procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de
defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, en cumplimiento
de las sentencias del TJUE (Asunto C-415/11, Mohamed Aziz c. Catalunyacaixa,
sentencia de 14 de marzo de 2013; Asunto C-169/14, Sánchez Morcillo c. BBVA,
sentencia de 17 de julio de 2014; y otros) para cesar en el incumplimiento de
la Directiva 93/13 de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores y el Articulo 47 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, así como con el Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales .
de la planificación con dos grandes novedades: afecta a la vivienda privada y
se establecen medidas de fomento, de intervención y control del mercado.
Concertación institucional para establecer las directrices en la programación
en materia de vivienda. Regulación de la composición de una Mesa de
Concertación con representación del Estado, CCAA, Municipios, Asociaciones de
vivienda pública, tercer sector, inquilinos… Prohibición de la privatización
del parque público de vivienda en alquiler. Creación de figuras jurídicas que
incentiven la cesión en usufructo de los propietarios a la administración
pública de viviendas para la creación del parque público de alquiler social
(garantía de cobro y conservación). Definición de procedimiento sancionador en
caso de incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los
tenedores de más de 10 viviendas, con especial agravante para las situaciones
de abandono por el menoscabo que supone para el derecho a la ciudad y a la
convivencia. El procedimiento contemplaría la cesión obligatoria en los casos
graves. Impuesto a los tenedores de vivienda vacía. Planificación del
porcentaje de vivienda disponible para alquiler asequible. Establecimiento de
marco de negociación entre el Estado y la banca y los fondos, en la que se
exija, a cambio de los cientos de miles de millones de euros involucrados en el
rescate a la banca, ciertas compensaciones en materia de generación de parque
de vivienda de alquiler social y asequible Reconocimiento y promoción de nuevas
formas de tenencia (cesión de uso, usufructo, cooperativas de alquiler)
Promoción de nuevos profesionales y nuevos modelos de gestión para relanzar la
vivienda pública y generar economía social en torno a la vivienda. Estas nuevas
formas de puesta a disposición de viviendas que permitan defender, reforzar o
crear (según los casos) entidades tales como: entidades públicas al servicio de
la vivienda; cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso o cohousing;
empresas privadas, profesionales, sin ánimo de lucro, o con ánimo de lucro
limitado que gestionen vivienda asequible en conexión con las políticas
públicas, aunque garantizándose su independencia; y entidades del mismo tipo
que las anteriores, pero que gestionen alquiler social (y que, por lo tanto,
requieren y reciben más ayudas públicas para poder operar). Promover las
asociaciones de inquilinos, con el fin de defender los intereses de este
colectivo en relación al mercado (mejores servicios) y las Administraciones
(más y mejores ayudas).
inembargabilidad e inejecutabilidad de la primera y única vivienda, de
ocupación permanente. Todo inmueble destinado a ser vivienda única y de
ocupación permanente se declarará como un bien inembargable e inejecutable,
salvo en caso de renuncia expresa del titular. En caso de fallecimiento del
titular del inmueble, la inembargabilidad e inejucatibilidad afectará a los
familiares con ocupación permanente en el mismo y no tengan alternativa
habitacional. Se entenderá por familiares aquellos con ascendencia o
descendencia directa del antiguo titular fallecido. Las garantías de
inembargabilidad e inejecutable no serán oponibles respecto de deudas
originadas en obligaciones alimentarias, impuestos, tasas, contribuciones,
expensas que graven directamente la vivienda u obligaciones con garantía real
sobre el inmueble y que hubiere sido constituida a los efectos de la
adquisición, construcción o mejoras de la vivienda única.
Eliminación automática e
incondicional por parte de las entidades bancarias y sin previa petición del
titular de las cláusulas declaradas abusivas por los tribunales bajo
apercibimiento de sanción en caso de no hacerlo.
Artículo 53 de la Constitución Española para equiparar los derechos económicos
sociales y culturales a los derechos civiles y políticos.
Observatorio del Derecho a la Vivienda (ODV), con el objetivo de investigar y
analizar la situación de la vivienda en España. Las funciones del ODV incluyen
la elaboración de censos periódicos de viviendas vacías; realizar un
seguimiento de las políticas públicas; y elaboración de informes. Las
capacidades del ODV no sólo deben ser consultivas sino también de control,
seguimiento, denuncia, ejecución y elaborar propuestas legislativas. El ODV
estará compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad
de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas para proteger a los
derechos habitacionales de los propietarios frente a los agentes
rehabilitadores. Promoción de formas de rehabilitación de viviendas basado en
la economía social y la sostenibilidad, incluyendo el acceso a la tenencia.
Fomento del acceso a las energías renovables.
Educación (29
Infancia (7
Deporte (12
Servicios sociales (7
Dependencia y diversidad
funcional (22 medidas)[edit]
Igualdad (21
transporte, medio rural, agua, costas, suelo y bienestar animal (31
Libertad religiosa (3
Cultura (26
Bloque 5 de 8. Emigración, inmigración y asilo (2 apartados)[edit]
Bloque 6 de 8. Estructura territorial de España (apartado único)[edit]
Bloque 7 de 8. Política Internacional y Cooperación (apartado
Bloque 8 de 8. Propuestas de ámbito territorial restringido (apartado
Andalucía (11

References: artículo 135

resolución 

artículo 41
 resolución 
 Real Decreto 

artículo 143

Artículo 53