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Timestamp: 2017-10-20 19:48:28+00:00

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Cámaras de Comercio: duda de funcionarios sujetos al Decreto de 13 de junio de 1936 | Blog de José María Gorordo
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Cámaras de Comercio: duda de funcionarios sujetos al Decreto de 13 de junio de 1936
27 diciembre, 2010 por josemarigorordo
A unos funcionarios de Cámaras de Comercio, tras haber leído mis comentarios anteriores, y más en concreto, el relativo a la Sentencia del Tribunal Supremo que se refiere al Decreto de 13 de junio de 1936, les ha surgido una primera duda, que consideran importante, referida al personal, duda que transcribo a continuación:
“Nos queda una duda en lo referente a un posible trasvase de empleados de Cámaras a los Gobiernos autonómicos, tras lo que escribes en tu blog en el párrafo que viene a continuación:
“La Sentencia, que cierra un debate sobre el régimen del personal de las Cámaras, no va a tener ningún efecto para los empleados que prestan sus servicios a las mismas contratados después de la Ley 3/1993, pues dicha Ley introduce, como régimen general, el laboral, pero a los que trabajan desde antes les asegura unas mayores garantías, causales y procesales, en casos de sanciones y despidos”.
“¿Puede ser de aplicación a la hora de determinar quiénes podrían –en su caso- ser trasvasados a las Administraciones autonómicas, o es algo intrascendente para ese aspecto? Es decir, los contratados posteriormente a la Ley de 1993, serían trasvados con prioridad a los contratados anteriormente a esa Ley, o posiblemente los criterios a seguir fueran otros, ya que lo que se afirma en el párrafo solo sería efectivo para sanciones y despidos?”
Tengo que decir que dicho comentario lo colgué en el blog con anterioridad a la sorpresiva y sorprendente reforma de las Cámaras introducida en el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre. El Decreto de 13 de junio de 1936 no es solo para sanciones y despidos, sino que aborda todo un régimen estatutario, consecuencia de haber extendido a todos los empleados de las Cámaras lo que anteriormente era solo para los Secretarios (esta materia la desarrollo en el libro Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, editado por Thomson-Civitas, 887 páginas).
En cualquier caso, a mi juicio, aún es pronto para plantear cuestiones de este tipo, aunque tampoco es malo que los empleados de las Cámaras vayan estudiando todas las variables.
De momento, no se sabe muy bien cómo va a quedar de manera definitiva la cuestión jurídico-formal. Cabe que el Consejo Superior, alguna Cámara o varias, o todas, recurran el Decreto-Ley porque cambia radicalmente el modelo cameral, vulnera flagrantemente la STC de 12 de junio de 1996, que decidió la plena constitucionalidad de la pertenencia y cuotas obligatorias a las Cámaras en base a los fines de interés público que desempeñan, y deja vacío de contenido el art. 52 de la Constitución, puesto que la afiliación voluntaria puede perfectamente encajarse en el art. 22 CE. Desconozco si se está estudiando este aspecto, aunque, al menos yo, lo haría sin ninguna duda y en profundidad.
Se recurra o no, me imagino que tanto desde el Consejo Superior como desde las Cámaras se está tratando de aclarar las numerosas dudas que el Decreto-Ley ha creado y, en su caso, de flexibilizar la medida. Por tanto, os recomiendo estar muy atentos e instar a vuestros órganos de gobierno a que os escuchen y os faciliten la máxima información en tiempo real.
En tercer lugar, es pronto también para saber cómo se van a compatibilizar las cuestiones de fondo que, al parecer no se han modificado, como el contenido real de la calificación jurídica de “corporaciones de derecho público“, la representación de la totalidad de las empresas y no solo de las que se asocien voluntariamente, los fines de interés público que siguen vigentes, etc. Habrá que esperar, asimismo, al periodo transitorio que al parecer se ha solicitado desde las Cámaras para adaptarse a la nueva situación, sea la que sea.
No cabe duda que, en el futuro, las Autonomías van a adquirir un mayor protagonismo en relación con las Cámaras, pero lo que es evidente es que quedan muchas incógnitas por despejar, y una de ellas podrá ser, en su día, la que me planteais con la duda arriba reseñada. Hay precedentes. En todo caso, creo que lo mejor es que los empleados de las Cámaras unan sus esfuerzos en este periodo provisional, al objeto de defender mejor los intereses de todos.
Invito desde el blog a quien pueda aportar nueva información u opinión al respecto.
Publicado en Actualidad, Artículos, Cámaras de Comercio, Derecho, Economía, Libros, Política | 12 comentarios
en 2 marzo, 2011 a 8:46 | Responder Manuel Jaen
Hola compañero, por lo que cuentas, parece ser que ir de manifestación en manifestación no es la mejor postura.
El sábado pasado estuve en la asamblea general de la asociación de empleados de Cámaras y me han parecido muy acertados los caminos que pretende seguir.
Sobre tu comentario “Qué podemos hacer” estamos indefensos, …. Pues de momento, seguramente lo primero que tenéis que hacer es buscar a alguien que esté en una situación similar a la vuestra, que defienda los mismos intereses, que pueda tener capacidad para ser escuchado, etc.
En definitiva, está la Asociación de trabajadores de las Cámaras.
en 4 marzo, 2011 a 13:52 | Responder Tatit
Gracias Manuel, te informo que vamos en esa línea de aunar esfuerzos, en breve nos reuniremos los empleados de Cámaras andaluzas que fuimos contratados antes de la Ley 3/1993 para informarnos bien de nuestros derechos como “funcionarios asimilados” por la disposición transitoria.
en 1 marzo, 2011 a 13:44 | Responder Tatit
En la mañana de hoy en Andalucía nos hemos manifestado ante el Consejo Andaluz de Cámaras en Sevilla unas 100 personas de los más de 600 trabajadores de Cámaras y no hemos contado con el apoyo pues nadie ha salido (si bien se veían en los balcones asomándose).
No tenemos información de que se esté haciendo ninguna gestión ante la Junta de Andalucía. Hemos ido al Gobierno Andaluz y hemos entregado un escrito en el que manifestamos nuestro desacuerdo al Decretazo.
¿Qué podemos hacer?. Estamos indefensos.
Yo entré antes de la Ley 3/1993 pero esto no sé si es bueno o no.
en 26 enero, 2011 a 18:13 | Responder Ramón Cifuentes
NOTICIA SORPRESA, ESTAREMOS ATENTOS A SU CONFIRMACIÓN OFICIAL.
Cataluña llevará al Tribunal Constitucional el Decreto Ley sobre las Cámaras
El Gobierno catalán considera que la reforma invade competencias autonómicas
El Gobierno catalán ha emprendido los trámites para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el Real Decreto aprobado el año pasado por el Gobierno sobre las fuentes de financiación de las Cámaras. Esta normativa modifica la ley básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de 1993 con la finalidad de que, atendiendo a la situación de incertidumbre económica y con ánimo de fomentar la inversión y la creación de ocupación, la inscripción de las empresas y el pago de cuotas correspondiente a estas entidades no sea obligatoria, sino voluntaria. La Generalitat considera que esta modificación podría afectar a las competencias autonómicas, contempladas en el artículo 125 del Estatuto de Autonomía. Este apartado otorga al Gobierno catalán la competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales, Academias, Cámaras Agragias, de Comercio, de Industria y de Navegación y otras corporaciones de derecho público.
en 26 enero, 2011 a 13:29 | Responder MARIA
Maite, tienes la opción de aceptar o no aceptar la oferta, y ello con independencia del régimen que regule tu contrato. Otra cosa son las “consecuencias” que se deriven de no aceptarla, en cuyo caso, por pura lógica considero que tendrían que seguir el procedimiento que establece el Decreto de 1936 y alegar los motivos que en ella se establecen.
en 26 enero, 2011 a 12:32 | Responder Maite Illas
Tengo contrato a tiempo completo en la Cámara desde 1989 y ahora me plantean como única solución para continuar en ella una reducción de mi contrato a tiempo parcial.
¿Alguien podría decirme si de acuerdo con el Decreto de 13 de junio de 1936, esto sería legal?
en 10 enero, 2011 a 10:42 | Responder Susana Sologuren
Antes de nada, quisiera agradecer todas las aportaciones que estáis haciendo, para intentar aclarar la situación creada ante la publicación del Decreto Ley de diciembre pasado.
Me gustaría conocer vuestra opinión respecto a la posible incorporación de empleados de Cámaras a la Administración del Estado, o de sus CCAA.
En 1994, tras la desaparición de las Cámaras de la Propiedad, se publica el Real Decreto 2308/1994, mediante el cual se da a elegir a los empleados de estas instituciones – con antigüedad anterior al 1 de enero de 1990 -, entre su incorporación, como personal laboral, al Ministerio correspondiente o una indemnización de 20 días por año trabajado (no de 45 como dice Ricardo). ¿Crearía esto un precedente para el caso de empleados de Cámaras de Comercio?
A continuación transcribo el artículo 5 del RD 2308/1994:
1.	Se integrará como personal laboral fijo de la Administración del Estado, destinado inicialmente en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, en plazas a extinguir, que se consignarán con este carácter en el catálogo de personal laboral de dicho Ministerio, en los términos que se concretan en las reglas siguientes y sin perjuicio de lo dispuesto en la regla 5. A tal efecto se procederá a efectuar una asimilación de categorías profesionales entre las que ostenta el citado personal y las existentes en el convenio colectivo del personal laboral procedente del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
2.	Sus condiciones de trabajo serán las establecidas en el convenio colectivo del personal laboral procedente del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
3.	Las personas que se integren en la Administración del Estado desarrollarán las funciones que se les asigne dentro del mencionado Ministerio, las cuales, en todo caso, se adecuarán a las categorías profesionales a que resulten asimiladas. En particular, se les podrá encomendar la colaboración en el inventario a que se refiere el artículo 1, mientras dure su elaboración.
4.	En cuanto a sus retribuciones, les serán respetadas las consolidadas en nómina que vinieran percibiendo a 1 de junio de 1990 más los incrementos posteriores que no excedan de las medias interanuales aplicadas en el sector.
5.	A partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto, la Administración del Estado procederá a ofertar, de acuerdo con las necesidades del servicio, puestos de trabajo en cualquiera de sus órganos, que estarán preferentemente ubicados en la localidad en que estuvieran desarrollando su actividad laboral.
6.	El personal con derecho a la integración que renuncie a la misma percibirá una indemnización cuya cuantía será de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, con un máximo de doce mensualidades.
7.	Sin perjuicio de lo dispuesto en la regla 5, los Secretarios de las Cámaras tendrán derecho a optar, en el plazo de un mes, entre su integración en la Administración del Estado o en la Administración de la Comunidad Autónoma a la que hubieran sido traspasadas las funciones de tutela sobre la Cámara Oficial de la Propiedad en que vinieran prestando sus servicios, cuando así se encuentre previsto en el correspondiente Real Decreto de traspasos en la materia.
8.	La fecha de la incorporación efectiva del personal de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana, y de su Consejo Superior, en la Administración del Estado se fijará en una resolución del Subsecretario de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
en 10 enero, 2011 a 18:10 | Responder josemarigorordo
A mi juicio, las desaparecidas Cámaras de la Propiedad Urbana (e igualmente, las Agrarias) nada tienen que ver con las Cámaras de Comercio. Así de claro se recoge en la Sentencia del Tribunal Constitucional 107/1996, de 12 de junio, en la que se afirma que tanto el caso de las Cámaras Agrarias como el de las de la Propiedad Urbana son “muy distintos” al de las Cámaras de Comercio.
Otro día ampliaré esta idea en un nueva entrada, pero yo sería muy cauto antes de identificar a las Cámaras de Comercio con otras corporaciones a las que el máximo intérprete de la Constitución no atribuyó fines de interés público suficientes para que la pertenencia obligatoria y el consiguiente pago de la cuota se admitieran como plenamente constitucionales. Basta leer dicha Sentencia.
en 3 enero, 2011 a 15:46 | Responder Luisa Artiz
Gracias Ricardo por tu contestación.
De todas las maneras, pienso que un ERE para los trabajadores con antigüedad posterior a 1993 no es quizá tan fácil, porque lo que ha comprometido la viabilidad de las Cámaras ha sido la decisión de un gobierno, que elimina la financiación del sistema cameral, sin suprimirlo, por lo que a lo mejor ha de afrontar sus responsabilidades económico-laborales.
en 1 enero, 2011 a 10:34 | Responder Ricardo García García
En relación con la situación actual de las Cámaras, hay un problema que no se ha planteado:
Esta situación ahora es mucho más candente cuando las Cámaras tendrán que luchar por una “afiliación” empresarial en competencia directa con las organizaciones empresariales.
en 30 diciembre, 2010 a 11:50 | Responder Luisa
Estimado Sr. Gorordo:
Muchísimas gracias y perdón por este atrevimiento.
en 1 enero, 2011 a 10:21 | Responder Ricardo García García

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 125
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 1
 Real Decreto 
 resolución