Source: http://www.libertadidioma.com/2000/20000615.htm
Timestamp: 2018-11-19 04:56:57+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Jueves 15 Junio 2000
#Que viene Pujol
El Conspirador La Estrella 15 Junio 2000
#Conciencia nacional
PATXO UNZUETA El País 15 Junio 2000
#Un juez suspende el reglamento del uso del catalán en la Pompeu Fabra
BARCELONA. ABC 15 Junio 2000
#Un juez suspende la norma lingüística de la Pompeu Fabra por discriminatoria
J. M. MARTÍ FONT, Barcelona El País 15 Junio 2000
#Suspenden el reglamento de uso del catalán en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Barcelona La Estrella Digital/Efe 15 Junio 2000
#Un juez suspende el reglamento lingüístico de la Pompeu Fabra
SANDRA PAR El Mundo 15 Junio 2000
#Mayor asegura que la política antiterrorista pasa por neutralizar el frente nacionalista
LUIS R.AIZPEOLEA, Madrid 15 Junio 2000
#Siete detenidos por pertenecer a 'grupos Y' de sabotaje callejero en Guipúzcoa
G. GASTAMINZA, San Sebastián El País 15 Junio 2000
#El PP prepara la «sustitución democrática» del nacionalismo
BILBAO. I. Souto ABC 15 Junio 2000
#A vueltas con la enseñanza
Editorial La Estrella 15 Junio 2000
Que viene Pujol
Con aires marciales, porque aún retumban en sus oídos los tambores del desfile de la victoria en las calle colaterales de Barcelona, llega Pujol a Madrid a visitar a Aznar después de su majestuosa victoria del 12-M y a preguntarle, de President a Presidente, cómo piensa ejercer la mayoría absoluta. Desde el PSOE, Chaves, emergente cabeza (o cabezón) de cara al 35 Congreso, le dijo a Aznar que no confunda la mayoría absoluta con el Movimiento Nacional.
Pero eso no es lo que más le preocupa a Pujol, porque el dirigente catalán sabe que si en Madrid hacen las cosas mal, para él y su proyecto siempre será mejor. Y si los modales son autoritarios, más ventajas para el nacionalismo catalán. De hecho Arzalluz ha salvado su cabeza, de momento, gracias a las embestidas de Mayor Oreja y Aznar.
Pujol sabe mucho de eso y suele sacar ventaja de los errores de Madrid y su debilidad. Pero parece confuso y algo desconcertado con la mayoría absoluta del PP. Y desconfía de los regalos de Aznar como de su oferta de entrar en el Gobierno y del empeño del presidente español de "hablar del bosque y no de los árboles". Empeño de hablar y clarificar, suponemos que para siempre, del modelo de Estado español, que está en franca contradicción con el modelo de corte confederal -como poco- de la famosa Declaración de Barcelona, que CiU comparte con PNV y BNG.
Un pacto que no ocultan en CiU y desde el que los nacionalistas catalanes han apoyado al nacionalismo vasco frente a los recientes ataques de Aznar y Mayor. Y un pacto que en el País Vasco tiene como telón de fondo la violencia de ETA y los suyos, y en Cataluña el problema lingüístico y cultural. Si la ministra Pilar del Castillo se empeña en volver al viejo proyecto de las Humanidades, corre peligro de caer bajo las iras de Pujol, como le ocurrió a Esperanza Aguirre. Aunque esta vez ella cuenta con la mayoría absoluta y ese derecho de pedir cabezas, la de Aguirre o la de Vidal Cuadras, que tenía Pujol en pasada legislatura ya no existe.
Lo que puede existir es un frente anti-PP o anti-Aznar que acabe llamando "derechona" al nuevo Gobierno si se unen PSOE y nacionalistas, apoyados en ciertas maneras y desplantes desafiantes de Aznar como los que vimos en sus declaraciones del pasado domingo a La Vanguardia, donde le decía a todos lo que tienen que hacer. Esa capacidad de unir al grueso de toda la oposición preocupa al PP. Como le preocupa a Aznar el pacto de Pujol con Villalonga en Telefónica.
Aznar está muy crecido de tonos y maneras. Sobre todo ahora que acaba de recibir al nuevo "Zar de todas las Rusias" (para quitarse el fantasma del plantón de Yeltsyn en Moscú) como un auténtico estadista de corte internacional. Con Pujol será otra la cuestión, hablarán en catalán, y puede que de paso preparen la visita a La Moncloa de Ibarretxe. Un encuentro de alta tensión en el que el líder catalán hará de mediador. Correo al Conspirador
La última víctima de ETA, Jesús María Pedrosa Urquiza, era miembro del sindicato nacionalista ELA. Su único hermano, José Luis, se declaraba, en una entrevista publicada en Diario Vasco, simpatizante del PNV y anteriormente de HB. Una hija de Pedrosa se casa dentro de unas semanas con el hijo de Jesús Bizkarra (o Vizcarra), miembro conocido del PNV local. Del Duranguesado y con ese apellido, seguramente será pariente de monseñor Zacarías Vizcarra, autor del libro Vasconia españolísima y famoso por haber popularizado el concepto de hispanidad. Mari Paz Artolazábal, mujer de José Luis López de Lacalle, anterior víctima de ETA, era de familia nacionalista y fundadora, junto a un hermano del diputado del PNV Joseba Arregi, de la primera ikastola de Andoain, en la que se formó Joseba Egibar. Es igualmente conocido que un hermano de la antepenúltima víctima de ETA, el socialista Fernando Buesa, es miembro destacado del PNV.
Forzar a elegir patria en un "acto único y expreso" -según la definición de autodeterminación a la que se adhería el martes Txomin Ziluaga- obligaría a los vascos a trazar una frontera que pasase por la mesa del comedor; a que padres e hijos, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo o de localidad de San Mamés, se vieran, de la noche a la mañana, condenados a identificarse con patrias diferentes. La situación ni siquiera es comparable a la de Bosnia y otros territorios en los que las comunidades étnicas se reparten de manera irregular, como las manchas del leopardo. En Euskadi, esa división se da en cada familia (y en cada biografía: hasta Sabino Arana confesó haberse sentido patriota español hasta la adolescencia, y lo mismo dejó escrito Argala, principal dirigente de ETA en los 70).
ETA incorporó tardíamente la autodeterminación a su programa, por considerar que la independencia es un derecho no sometido a cuestionamiento electoral. Cuando lo hizo, bajo influencia izquierdista, estableció que el sujeto de tal derecho era el "pueblo trabajador vasco", del que quedaban excluidos los ciudadanos sin "conciencia nacional". La discusión sobre su alcance ha estado influida últimamente por los debates irlandeses, especialmente desde que se introdujo el irredentismo respecto a Navarra y el País vascofrancés.
La evidencia de que la inmensa mayoría de los habitantes de esos territorios no son nacionalistas ha pretendido solventarse mediante la fórmula impositiva de la circunscripción única, equivalente a la de autodeterminación conjunta de las dos Irlandas; y por si acaso, las dudas sobre los resultados de una eventual consulta se han resuelto mediante el artificio del censo por adhesión voluntaria.
Este planteamiento viene recogido en la propuesta presentada por HB al PNV un día después del asesinato de López de Lacalle. Se propone que Udalbiltza, la plataforma institucional de Lizarra, expida documentos vascos de identidad a solicitud de los "que se sienten ciudadanos vascos", y que su existencia sea la base para el futuro censo electoral. El PNV considera inaceptable ese planteamiento, pero no acaba de romper con quienes lo proponen porque se resiste a aceptar la evidencia de que en la Euskadi actual, y seguramente durante varias generaciones, el principio soberanista es contradictorio con el pluralismo realmente existente.
Arzalluz entró en la dinámica de Lizarra por la paz, no por la soberanía, pero una vez dentro se autoconvenció de que la independencia no sólo era deseable, sino posible, y trasladó al mundo radical el mensaje de que juntos podrían alcanzarla a corto plazo. Sin embargo, ello sólo sería plausible forzando la conversión de los no nacionalistas, por las buenas o por las malas.
ETA chantajeó al PNV con el señuelo de la paz, pero también Egibar y Arzalluz chantajearon a su partido con ese cebo, haciéndole aprobar en Asamblea un planteamiento soberanista que implicaba una estrategia de frente nacional con HB y una dinámica de exclusión (del censo y de la patria) de los miembros de la familia sin suficiente emoción abertzale. De ese mensaje y ese planteamiento se han derivado graves efectos para el partido y para la sociedad. Por ello, incluso si no fuera imprescindible la dimisión de ambos, una rectificación creíble haría necesario que al menos uno de los dos diga: "Lo siento, me equivoqué". Es una cuestión de conciencia (nacional).
Un juez suspende el reglamento del uso del catalán en la Pompeu Fabra
El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 14 de Barcelona ha decidido suspender cautelarmente la normativa de usos lingüísticos de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, aprobada el pasado 8 de marzo, después de que la Asociación Profesores por la Democracia recurriera el reglamento. La universidad anunció ayer que recurrirá el auto ante el TSJC.
Un nuevo auto judicial ha puesto en entredicho la «constitucionalidad» de las normativas de usos lingüísticos de algunas universidades catalanas, modificadas a raíz de la aprobación de la Ley de Política Lingüística, en diciembre de 1997.
A principios de este año el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona dictó la primera orden por la que se suspendía el reglamento interno que estipulaba el uso del catalán en la Universidad Rovira i Virgili. El auto, fruto de un recurso de la asociación Convivencia Cívica Catalana, provocó una fuerte polémica y fue recurrido por la universidad y por la propia Generalitat.
Ahora, una nueva resolución judicial, en respuesta a otro recurso interpuesto por la Asociación Profesores por la Democracia -entidad que pertenece a la que promovió el primer auto-, resuelve paralizar cautelarmente la normativa en la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Se trata de una medida cautelar, a la espera de un recurso definitivo sobre el recurso que presentó hace un mes la citada asociación.
La resolución judicial apunta que «en cuanto que es provisional y, en todo caso de corta duración» no perjudicará a la universidad dado que «los intereses primordiales del ente público, abierto en principio a todas las lenguas por vocación, se circunscriben principalmente a la enseñanza universitaria y otros le son en cierta medida ajenos (aunque a la universidad, como al clásico, nada humano -ninguna lengua- le sea ajeno). En relación con este punto, el juez Víctor Rivas, responsable del auto, se extiende en la consideración de que con el advenimiento de la democracia, la universidad «ha podido dichosamente dejar de ser foro de reivindicaciones ciudadanas ciertamente legítimas pero que demandaban otros cauces de expresión política hoy ya institucionalizados».
El magistrado hace consideraciones sobre la intención de la universidad, ya que, a su entender, «impone el uso preferente del catalán en la misma y en sus relaciones con terceros» al dar a esta lengua la consideración de «idioma oficial propio del centro». «Choca, al menos inicialmente -argumenta el juez-, que en un ente que no es territorial, ni entre los territoriales sea el Estado o una Comunidad autónoma, pueda tener un idioma oficial propio y además éste parezca contrapuesto al castellano o al español». «Esta lengua -añade el auto refiriéndose al castellano-, como lengua oficial y propia de todos los españoles, es en Cataluña, para todos, tan lengua oficial o propia como el catalán».
La respuesta de la Universidad Pompeu Fabra no se hizo esperar. Apenas unas horas después de conocerse la resolución judicial, el rectorado de este centro hizo público un comunicado en el que anuncia que presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque entiende que el auto «contradice el artículo 3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que concede al catalán la condición de lengua propia de Cataluña».
El juez Rivas no valora este hecho y «se decanta» por todo «lo que suponga favorecer el equilibrio entre idiomas igualmente oficiales y, en defensa de la libertad de expresión». La Consejería de Universidades emitió también una nota en la que expresaba su sorpresa ante la decisión judicial y apuntaba que probablemente también apelará la orden ante el TSJC. La noticia provocó también reacciones a nivel político. El primer grupo en posicionarse fue ERC.
Josep Bargalló, diputado y responsable de política educativa de esta formación, dijo que considera «lamentable» la suspensión de la normativa y criticó que «determinados jueces adopten decisiones políticas en contra de la normalización lingüística». «Cada vez está más claro que determinados miembros del poder judicial se mueven más por criterios políticos que jurídicos y que están muy empeñados en hacer una lectura restrictiva de la Constitución».
Por su parte, IC considera que el auto es «un ataque directo a la normalización lingüística y al Parlamento catalán. El PP indicó que, pese a que no se adhiere al recurso, reitera su defensa del bilingüismo.
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 14 de Barcelona ha suspendido cautelarmente las "medidas para la regulación y fomento del uso del catalán" de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, atendiendo un recurso de la asociación Profesores para la Democracia, que ya consiguió frenar una norma similar en la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. Según el juez Victor Ribas, la normativa "impone el uso preferente del catalán". La UPF anunció ayer que recurrirá la suspensión.
Profesores para la Democracia forma parte de la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC), que preside el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras. A instancias de este colectivo, un juzgado de Tarragona dictó, a principios de año, una medida similar en relación al Reglamento de Usos Lingüísticos de la URV, lo que provocó que el Parlamento catalán votara una moción de apoyo -suscrita por todos los partidos, excepto el PP- a la junta de gobierno de este centro y al rector de la URV, Lluís Arola, imputado en un juicio por prevaricación por un tema relacionado con la lengua.
A diferencia de la URV, cuyo reglamento de usos lingüísticos fue debatido y aprobado por el claustro de la universidad, la UPF optó por delegar en la Junta de Gobierno la redacción y aprobación de esta normativa interna que entró en vigor, por acuerdo de la citada junta, el pasado 8 de marzo. Las "medidas" de la UPF son menos radicales que las del reglamento de la URV, especialmente en lo que se refiere a la exigencia de que los docentes demuestren su conocimiento del catalán, pero ambas se basan en Ley de Política Lingüística de 1998, que, al contrario que su predecesora, la Ley de Normalización de 1983, incluye la posibilidad de establecer medidas de discriminación negativa.
En el auto en el que suspende cautelarmente la normativa, el juez Ribas constata que "impone el uso preferente en la misma y en sus relaciones con terceros del catalán, conceptuando éste como idioma oficial propio de la Universidad", lo que, según el auto, "choca, al menos inicialmente", con el hecho de que la universidad pueda "tener un idioma oficial propio y además éste parezca contrapuesto al castellano", ya que, según el juez, "éste también es oficial en España y Cataluña".
El auto suspende cautelarmente las citadas medidas "en superior defensa de los intereses públicos, por todo lo que suponga favorecer el equilibrio entre idiomas igualmente oficiales, y en defensa de la libertad de expresión". Según el juez, "a raíz del actual régimen político de libertades", la universidad "ha podido dichosamente dejar de ser foro de reivindicaciones ciudadanas ciertamente legítimas, pero que demandaban otros cauces de expresión política hoy ya institucionalizados".
La Pompeu Fabra emitió un comunicado indicando que "no quiere comentar la resolución judicial ya que tiene previsto presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", si bien "expresa su preocupación y sorpresa" ya que considera que el auto judicial "contradice el artículo 3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que otorga en exclusiva al catalán la condición de lengua propia de Cataluña". El departamento de Universidades de la Generalitat se pronunció en términos parecidos, anunció su intención de recurrir y subrayó que "la normalización de la lengua catalana en el ámbito universitario continúa siendo uno de los objetivos prioritarios del gobierno de la Generalitat".
El vicesecretario general de Esquerra Republicana (ERC), Josep Huguet, denunció una "auténtica persecución judicial de la normalización lingüística", y advirtió de que "se están rompiendo las cartas del proceso de la transición". Todo lo contrario opinaba un satisfecho Vidal-Quadras, que, sin embargo, mostraba ayer su preocupación por el hecho de que "este tipo de iniciativas para restaurar derechos individuales las tengan que llevar a cabo entidades cívicas a título privado, mientras que los partidos políticos como el PSOE o el PP no se comprometen".
Suspenden el reglamento de uso del catalán en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
La asociación Profesores para la Democracia critica que el centro declara el catalán lengua propia
Un juzgado de Barcelona ha decidido suspender el reglamento de uso y fomento del catalán en la Universidad Pompeu Fabra (UPF). La asociación Profesores para la Democracia fue la que presentó el recurso ante el tribunal. Esta organización ya consiguió frenar una norma similar en la universidad Rovira i Virgili de Tarragona hace un año.
El titular del juzgado contencioso administrativo 14 de Barcelona, Víctor Rivas, ha dictado un auto en el que suspende cautelarmente el citado reglamento y critica que la UPF declare el catalán lengua propia de la universidad.
Un juzgado de Tarragona dictó a principios de año una medida similar en relación al reglamento de usos lingüísticos de la universidad de Tarragona, lo que provocó una fuerte polémica y el apoyo de todos los partidos, excepto el PP, a la junta de gobierno de este centro, que preside el rector Lluís Arola.
Profesores para la Democracia forma parte de la asociación Convivencia Cívica Catalana, que lidera el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras.
En el auto conocido ayer, el juez Víctor Rivas resuelve suspender las medidas para la regulación y fomento del uso del catalán en la UPF, a la espera de una decisión definitiva sobre el recurso de Profesores para la Democracia, porque entiende que con esta decisión cautelar "no parece a primera vista" que puedan verse perturbados los intereses públicos.
Entiende además el juez que la decisión no perjudicará a la universidad dado que "los intereses primordiales del ente público, abierto en principio a todas las lenguas por vocación, se circunscriben principalmente a la enseñanza universitaria y otros le son en cierta medida ajenos (aunque a la universidad, como al clásico, nada humano -ninguna lengua- le sea ajeno)".
En este punto, el juez Rivas se extiende en la consideración de que con el advenimiento de la democracia, la universidad "ha podido dichosamente dejar de ser foro de reivindicaciones ciudadanas ciertamente legítimas pero que demandaban otros cauces de expresión política hoy ya institucionalizados".
En cambio, la aplicación del decreto podría, según el juez, provocar "algún perjuicio difícilmente reparable" a los profesores recurrentes o a terceras personas, por lo que decreta la suspensión cautelar sin entrar a considerar los artículos del reglamento.
Sí hace el juez consideraciones sobre la intención de la universidad, ya que en su opinión "impone el uso preferente del catalán en la misma y en sus relaciones con terceros" al dar a esta lengua la consideración de "idioma oficial propio de la universidad".
El juez afirma que choca que "un ente que ni es territorial,
ni entre los territoriales sea el Estado o una Comunidad
Autónoma, pueda tener un idioma oficial propio"
"Choca, al menos inicialmente -argumenta el juez- que un ente que ni es territorial, ni entre los territoriales sea el Estado o una Comunidad Autónoma, pueda tener un idioma oficial propio y además éste parezca contrapuesto al castellano o español".
Cooficialidad de idiomas
Esta lengua, añade, "como lengua oficial y propia de todos los españoles, es en Cataluña, para todos, tan lengua oficial o propia como el catalán".
El juez no valora el hecho de que el Estatuto de Autonomía considere al catalán la lengua propia de Cataluña aunque establezca la cooficialidad de los dos idiomas.
El magistrado se "decanta" por todo "lo que suponga favorecer el equilibrio entre idiomas igualmente oficiales y, en defensa de la libertad de expresión, por el mayor libre uso de cualquiera de ellos".
Su intención, concluye, es "mirar con suspicacia cualquier regulación o aplicación que pudiera ser en alguna forma excluyente o discriminatoria respecto a la otra lengua oficial", en este caso, el castellano, como alega el recurso de Profesores para la Democracia.
Un juez suspende el reglamento lingüístico de la Pompeu Fabra
Considera que una Universidad no puede tener «idioma oficial propio»
BARCELONA.- La Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona se ha convertido, junto con la Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, en un nuevo foco de conflictividad lingüística. El juzgado de lo contencioso número 14 de Barcelona ha dictado un auto de suspensión contra el reglamento de usos lingüísticos de la UPF, la Universidad pública más privilegiada por el Gobierno de Pujol.
El auto del juez Víctor Rivas, de 7 de junio, dicta la suspensión cautelar de la normativa lingüística de la UPF al considerar que una Universidad no puede tener un «idioma oficial propio», en este caso el catalán, «contrapuesto» al castellano, que también es lengua oficial en el territorio de Cataluña.
El juez justifica la suspensión en defensa del «equilibrio entre idiomas igualmente oficiales» y de la «libertad de expresión» y advierte de que la regulación de la UPF puede ser «cuasi excluyente o discriminatoria» del castellano.
La misma suerte corrió recientemente el reglamento de la URV tras ser impugnado por las asociaciones Convivencia Cívica Catalana y Profesores por la Democracia, las mismas que han recurrido la constitución lingüística de la Pompeu Fabra.
La plataforma demandante Convivencia Cívica Catalana (CCC), que preside el dirigente del PP Aleix Vidal-Quadras, valoró ayer con especial satisfacción el auto del juez. El abogado de la entidad, que aglutina a una decena de asociaciones cívicas comprometidas con la defensa del bilingüismo, destacó que «los dos únicos reglamentos aprobados por universidades catalanas en desarrollo de la Ley de Política Lingüística han sido suspendidos».
La Universidad Pompeu Fabra anunció ayer en un comunicado que interpondrá recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), siguiendo los pasos de la tarraconense Rovira i Virgili.
Mayor asegura que la política antiterrorista pasa por neutralizar el frente nacionalista
La oposición abre un debate sobre el "doble papel" de ministro y dirigente político vasco
El ministro del Interior, Jaime Mayor, aseguró ayer que la política antiterrorista contra ETA pasa por neutralizar al frente nacionalista. "Esto no es política partidista, es política de Estado", aclaró, porque "el Pacto de Estella, en el que se basa el frente nacionalista, da oxígeno político a ETA y es un proyecto excluyente para los vascos no nacionalistas". La afirmación de Mayor, en la presentación de sus proyectos ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, levantó la polémica. PNV y EA la rechazaron totalmente; PSOE, CiU e IU introdujeron algunos matices.
La exposición que Mayor hizo de su estrategia antiterrorista en su primera comparecencia, en esta legislatura, ante la Comisión de Interior, estuvo teñida de claves políticas y abrió una intensa polémica, en la que intervinieron los portavoces de todos los partidos, sobre su doble papel de ministro del Interior y dirigente político vasco, y sobre si es posible distinguir entre la estrategia antiterrorista y la política vasca.
El ministro empezó por distinguir tres fases "excepcionalmente complejas" en la estrategia de ETA: una, hasta septiembre de 1998, en la que la banda trató de forzar una negociación con el Gobierno y alterar su política penitenciaria con una campaña de asesinatos. La segunda, hasta diciembre de 1999, con la tregua indefinida, el Pacto de Lizarra (Estella) y "una ofensiva nacionalista contra Francia y España como nunca había ocurrido en la historia de la democracia". Y la tercera, la actual, con el regreso de ETA a la violencia con el argumento de que el PNV y EA "no cumplieron sus compromisos soberanistas".
Mayor dijo que esta experiencia le reafirma en su estrategia y principios de que "no habrá diálogo con ETA mientras mate" y de que "un diálogo con ETA no pasa por pagar un precio político por el cese de la violencia". "Los asesinos tienen que tener claro que el Gobierno nunca les hará concesiones políticas".
El ministro identificó el Pacto de Lizarra, presentado como la pista de aterrizaje de ETA, como un proyecto exclusivo para los nacionalistas (PNV, EA y EH), que elimina a los no nacionalistas, y provoca la división en la sociedad vasca. Por ello, insistió en que el giro que su Gobierno reclama al PNV para la normalidad democrática en Euskadi no basta con la ruptura de sus pactos con EH, sino que pasa por "la disolución del frente nacionalista y su abandono de la estrategia soberanista". En esas condiciones, Mayor definió como un "absurdo" la separación entre medidas policiales y políticas para combatir a ETA. "Hay medidas democráticas", enfatizó.
Criminalización del PNV
Su exposición originó una dura réplica del representante del PNV, Joxé Joan González de Txabarri, que le acusó de "excederse en sus competencias como ministro del Interior" y de actuar "como el ministro del País Vasco". Tras afirmar que "el PNV no va a renunciar a los principios democráticos de Lizarra", reclamó a Mayor que separe su papel como ministro del Interior para combatir a ETA -cuya disolución exigió- y el de dirigente del PP vasco "que extiende el combate contra ETA a una criminalización del nacionalismo".
Txabarri acusó a Mayor de "equivocar los papeles" por su "política de acoso y derribo del Gobierno vasco y por fomentar mayorías alternativas y la movilización social contra el PNV", pues "actúa", dijo, "como candidato del PP en Euskadi". En esta línea, pidió la dimisión, por "salud democrática", del delegado del Gobierno en Euskadi, Enrique Villar, contra el que el Ejecutivo de Vitoria ha presentado una querella criminal por calumnias y prevaricación. Villar justificó en unas declaraciones públicas que Interior no entregase a la Ertzaintza datos sobre la lucha contra ETA argumentando que el PNV tiene intereses coincidentes con los de la banda terrorista.
La distinción del papel de Mayor como ministro y dirigente político vasco tuvo acogida en otros grupos. Manuel Silva, de CiU, expresó su preocupación por que "el Gobierno confunda al enemigo (ETA) con el adversario (el PNV)". "Debe separar el tricornio de la txapela", dijo. Mayor le contestó. "Nunca me he puesto una txapela".
El socialista Ramón Jáuregui expresó a Mayor el apoyo incondicional a su política antiterrorista, e incluso a sus exigencias al PNV para que dé un giro a su estrategia soberanista. Pero le pidió que distinguiera entre "la estrategia antiterrorista y la política a seguir en el País Vasco". "Esta segunda parte afecta al ámbito de los partidos y en ella seguiremos buscando el entendimiento con las fuerzas de Euskadi para orientar el final de la violencia", dijo en alusión al PNV.
Felipe Alcaraz, de Izquierda Unida, se alineó con las posiciones del PSOE y CiU.
Siete detenidos por pertenecer a 'grupos Y' de sabotaje callejero en Guipúzcoa
Mayor Oreja espera que ayude a esclarecer el entramado terrorista
Siete jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años, fueron detenidos en la madrugada de ayer en sus domicilios por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y acusados de pertenecer a los grupos Y de apoyo a ETA que han protagonizado presuntamente actos de violencia callejera. Cinco de ellos fueron arrestados en San Sebastián y los dos restantes en Rentería. El ministro de Interior, Jaime Mayor, mostró su confianza en que la operación sirva para esclarecer "cuestiones relevantes del complejo entramado que hoy tiene ETA".
Los detenidos fueron trasladados directamente a dependencias policiales de Madrid donde se encuentran a la espera de ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional, según señalaron ayer en la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa. Estas fuentes precisaron también que la operación permanecía abierta y la Policía no descartaba realizar más arrestos.
Las detenciones se llevaron a cabo en la madrugada de ayer en los barrios del Antiguo y la Parte Vieja de San Sebastián donde fueron arrestados cinco de los jóvenes y en la localidad de Rentería, donde fueron detenidos los otros dos. La policía también registró los domicilios de los siete. Las identidades de los jóvenes corresponden a las iniciales G. M., B. E. L., G. I. M., L. R. A., J. A. , A. A. P. y A. D. A.
Se trata de la segunda gran operación reciente contra los grupos de violencia callejera que operan en Guipúzcoa, después de la que protagonizó la Ertzaintza en Hernani, a principios de mayo, al detener a una docena de personas como presuntos autores de la violencia reiterada que se ha registrado en esta localidad en los tres últimos años. La mitad de estos detenidos se encuentran en prisión.
El ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, precisó que los siete detenidos ayer en San Sebastián y Rentería están acusados de hechos delictivos y se mostró confiado en que la investigación iniciada permita realizar más detenciones pero, sobre todo, "ayude a esclarecer otras cuestiones que pueden ser también relevantes en un entramado tan complejo y diversificado como es el que hoy tiene ETA".
Mayor destacó también la importancia de activar la acción policial en el País Vasco porque ayuda a "desenmascarar" a estos grupos de apoyo a la banda terrorista que hoy día causan tantos daños.
El grupo municipal de EH en el Ayuntamiento de San Sebastián denunció ayer la operación policial y solicitó una reunión urgente de la Comisión de Derechos Humanos del consistorio para tratar estas detenciones "ya que se están vulnerando los derechos humanos de unos jóvenes donostiarras".
Los ediles de EH se mostraron preocupados porque durante el periodo de incomunicación "en muchos casos los detenidos han denunciado torturas". Y añadieron que estos arrestos sólo sirven para tensionar la situación actual ya que con "represión" no van a conseguir parar las reivindicaciones de los jóvenes vascos comprometidos con la lucha por su país.
La nueva organización juvenil abertzale Haika, por su parte, también emitió una nota en la que denunciaba ésta operación policial que enmarcaba en la "estrategia de guerra del españolismo y el PP" a la vez que convocaba movilizaciones de protesta.
Extradición de Kantauri
Por otro lado, la Cámara de Acusación del Tribunal de Apelación de París estudió ayer las cuatro demandas de extradición contra José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, ex jefe de los comandos de liberados de ETA (a sueldo de la organización) presentadas por otros tantos jueces españoles.
Entre los hechos por los que se pide su entrega a España se encuentra el intento de asesinato del Rey en 1995. Kantauri, que al ser preguntado durante la vista mostró su rechazo a ser extraditado, fue detenido en marzo de 1999 en París.
Su entrega a España en todo caso no se hará efectiva hasta que no cumpla condena en Francia, donde ha sido recientemente condenado a ocho años de prisión.
El PP prepara la «sustitución democrática» del nacionalismo
Los congresos provinciales del PP del País Vasco, que se inician mañana en Vizcaya, se proponen preparar al partido para la «sustitución democrática» del nacionalismo, según manifestó a ABC Leopoldo Barreda, quien será reelegido presidente del PP de Vizcaya. «Nuestra obligación -dijo Barreda- es materializar la alternancia en Vizcaya, vamos a preparar al partido para la nueva situación». Barreda contará con el actual secretario general, Anton Damborenea, y con Gonzalo Machín, como coordinador general.
El partido aumentará también su base, especialmente en Bilbao, donde va a crear una infraestructura de barrios, como hasta ahora sólo tiene el PNV con sus «batxokis» señaló ayer a ABC el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Antonio Basagoiti, redactor de la ponencia política.
«Nosotros nos ofrecemos a los ciudadanos -explicó Basagoiti- para liderar el cambio en las instituciones del País Vasco, con la intención de trabajar desde esas instituciones y no aspirar a superarlas, como el PNV».
La ponencia política que se debatirá en el congreso, y a la que ha tenido acceso este periódico, considera que «el País Vasco se encuentra políticamente destrozado, marcado por divisiones cruzadas, sin norte y sumido en confrontaciones multilaterales permanentes, cuya más trágica expresión es el terrorismo de ETA».
Concluye que se ha llegado a esta situación «después de veinte años bajo la dirección política casi hegemónica del PNV que, lejos de rectificar hacia una estrategia integradora, se propone reincidir y profundizar en un proyecto exclusivamente nacionalista».
La nueva ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, compareció ayer en el Congreso, donde, muy segura de sí misma, anunció que se propone acometer importantes acciones encaminadas a poner coto a serios problemas relacionados con la formación primaria, media y superior de los españoles. Se le vio tan segura a la ministra, y tan aparentemente dominadora de su asunto, que da apuro saludar su proyecto con el vaticinio de que, como sus precedesores, lo va a tener crudo si quiere poner la enseñanza en este país en el orden necesario para que esos españoles por los que apuesta la ministra se gradúen o se licencien con un presentable dominio de conocimientos.
Se propone la titular de Educación sacar antes de diciembre un nuevo Decreto de Humanidades que contemple el estudio de las materias comprendidas bajo este epígrafe como paso inevitable para lograr una "auténtica formación integral de los alumnos". En este sentido, se concederá en adelante mayor importancia a la Lengua y a las Matemáticas. Al mismo tiempo, presentará en la primera parte de la presente Legilsatura un "proyecto de ley para la mejora de la calidad de la enseñanza que afectará a tres de las actuales leyes orgánicas", entre ellas a la famosa y polémica LOGSE.
En principio, da la impresión de que la ministra sabe de buena tinta que las cosas de la enseñanza, de la formación escolar y de la preparación integral de los españoles va de mal en peor. Su precedesor no ha tenido tiempo de hacer nada efectivo para sanear el escenario legal, y Esperanza Aguirre se estrelló con sus Humanidades cuando, en el Congreso, quiso persuadir a sus señorías de la necesidad de que en España se aprobara una normativa de Humanidades que diera fe de su cultura, de su pensamiento y de su historia comunes. Era un primer paso importante para pasar después a los detalles. Fue un fracaso. Y no sólo por culpa de los nacionalistas, que lo quieren todo diferente. También el PSOE se resistió a colaborar.
La intervención "saneadora" de la ministra se produce ahora en un momento coincidente con la publicación de numerosos y variados estudios según los cuales el 'índice de fracaso escolar' en España se sitúa cuatro puntos por encima de la media europea, el rendimiento escolar comparado es precario en materias como Lengua y Matemáticas, y el ritmo de cumplimentación de los estudios denuncia una situación de aplazamientos y suspensos que no se da fuera de aquí. Sobre el nivel universitario, un informe del Consejo Social de la Universidad de Valladolid dice que en España se "produce una continua sucesión de suspensos que alarga las carreras" y la subsiguiente presencia de los estudiantes eternos en los centros.
Todo un problema de suficiente calado como para que los partidos de ámbito nacional se dignen concertar criterios comunes que saquen a los españoles del atolladero de su penosa formación y enseñanza actuales. Y eso que, por no causar "alarma social", no nos extendemos aquí en comentar la deplorable situación en materia de comportamientos, disciplinas y relación entre docentes y discentes, entre padres y profesores, entre sistema y ciudadanos.

References: resolución 
 resolución 
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 artículo 3
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