Source: http://vincinet.forosactivos.net/t52-tema-2-complementos
Timestamp: 2018-08-14 15:43:43+00:00

Document:
Tema 2. Complementos.
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 1:02 am
Los derechos y deberes fundamentales de la persona están recogidos en la parte dogmática de nuestra CE (Título I, artículos 10 al 55), aunque la base de todos ellos se hala en el citado artículo 1, donde se dice que España se constituye en un Estado social, democrático y de Derecho, que propugna como valores superiores de su Ordenamiento Jurídico:
Estos principios fundamentales se concretan para el ciudadano en una serie de derechos frente al Estado y unos deberes hacia él.
Los derechos y deberes fundamentales de la persona están recogidos en la parte dogmática de nuestra Constitución (Título I, artículos 10 al 55), aunque la base de todos ellos se hala en el citado artículo 1 del texto constitucional, donde dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores….
§ Derechos o libertades civiles (derechos individuales):
o a la vida
o a la integridad física
o la inviolabilidad de domicilio
o el secreto de la correspondencia y otros medios de comunicación (teléfono, telegrama, e-mail, etc.)
o libertades de residencia y de circulación por todo el territorio nacional
o protección contra detenciones ilegales, etc.
§ Derechos económicos o socioeconómicos:
o a una remuneración digna
o libertad de elección de profesión
o propiedad privada y herencia
o a la educación
o a fundar una familia
o protección de los hijos
o vivienda digna, etc.
§ Derechos políticos:
o de voto
o a ocupar cargos públicos
o de petición
o huelga, reunión, asociación (también son socioeconómicos)
Re: Tema 2. Complementos.
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 1:16 am
1. ESTRUCTURA DEL Título. Arts. 10 a 55.
Las normas para la interpretación de los derechos contenidos en este Título, se contienen en los siguientes textos normativos:
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 1:18 am
1. Capítulo I.- DE LOS ESPAÑOLES Y LOS EXTRANJEROS.
Es de resaltar que ha sido, hasta el momento, el único Capítulo afectado por una reforma constitucional, en el año 1992; en concreto la reforma afectó al Art. 13.2 que veremos posteriormente.1.1. Nacionalidad española. Art. 11.
a) De origen: aquellos que han nacido en territorio español, o de padre o madre españoles.
b) Derivada: aquellos que siendo nacionales de otros países la consiguieron por matrimonio con un español/a, o por residencia en nuestro país durante un tiempo determinado.
a) De origen:
Son españoles de origen: (por nacimiento o por filiación)
v Los nacidos de padre o madre españoles.
v Los nacidos en España
§ de padres extranjeros
· si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España.
· si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad.
§ cuya filiación no resulte determinada (se desconoce de quién es hijo). A estos efectos, se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español.
La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años, con buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad aunque se anule el título que la originó.
El extranjero menor de 18 años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española de origen.
b) Por opción:
a. Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español.
b. Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España (el ejercicio de este derecho no estará sujeto a límite alguno de edad)
c. La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los 18 años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de 2 años a contar desde aquella determinación.
d. Si el adoptado es mayor de 18 años podrá optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de 2 años a partir de la constitución de la adopción.
c) Por carta de naturaleza:
Estas concesiones caducan a los 180 días siguientes a su notificación, si en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplir los requisitos.
d) Por residencia en España:
a. El interesado emancipado o mayor de 18 años
b. El mayor de 14 años asistido por su representante legal.
c. El representante legal del menor de 14 años (este menor no tiene capacidad de instarlo por sí solo)
d. El representante legal del incapacitado o el incapacitado, por sí solo o debidamente asistido, según resulte de la sentencia de incapacitación.
Se requiere que la residencia haya durado 10 años.
Serán suficientes 5 años para los que hayan obtenido la condición de refugiado y
Cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes, 2 años
c. El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante 2 años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.
d. El que al tiempo de la solicitud llevare un 1 año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho (se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero).
El interesado deberá justificar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.
Requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia:
a. Que el mayor de 14 años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.
b. Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal
a. Cuando durante un período de 3 años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.
b. Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.
Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Los demás sí podrán ser privados de ella.
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 1:29 am
La extradición es el procedimiento por el cual una persona acusada o convicta de un delito conforme a la ley de un Estado es arrestada en otro y devuelta para ser enjuiciada o castigada. Consiste en la posibilidad de que un Estado reclame a otro Estado la entrega de delincuentes.
http://es.wikipedia.org/wiki/Extradici%C3%B3n#Extradici.C3.B3n_por_delitos_pol.C3.ADticos
Reciprocidad: Correspondencia mutua entre dos personas o cosas.
Delitos políticos: Acciones o hechos que un país determinado califica como delitos contra su forma de Estado o Gobierno, pero que no están reconocidos universalmente. Los delitos de terrorismo no serán calificados como políticos, sino delitos comunes.
Apátrida: http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A1trida
Derecho de asilo: http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_asilo.
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 1:37 am
LEY ORGÁNICA 2/1997, DE 19 DE JUNIO, REGULADORA DE LA CLAUSULA DE CONCIENCIA DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMACION.
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 1:43 am
Se suele entender el honor como un conjunto de obligaciones, que si no se cumplen hacen perderlo: es lo conocido como Código de Honor o sistema de honor; una serie de reglas o principios que gobiernan una comunidad basadas en ideales que definen lo que constituye un comportamiento honorable frente a esa comunidad. La violación de un Código de Honor puede ser objeto de sanciones, o incluso de expulsión de la comunidad o la institución afectada (principalmente en las militares y educativas). La Constitución española de 1978 prohibió los Tribunales de Honor en su Artículo 26.Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
Aunque tal redacción dejaba a salvo los tribunales militares de honor (creados por Real Decreto de 3 de enero de 1867, y que se extendieron a la Administración con la Ley de funcionarios civiles de 1918 y posteriormente a los colegios profesionales), incluso esos primeros fueron suprimidos posteriormente por la Ley Orgánica 2/1989, de 3 de abril.
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 1:47 am
Conflicto entre honor, intimidad y propia imagen
Novoa Montreal, citado por Vidal, considera que el derecho a la intimidad está integrado por dos aspectos: el primero correspondería al derecho que tiene todo ser humano a disponer de momentos de soledad, recogimiento y quietud que le permitan replegarse sobre sí mismo, meditar, orar, abrirse a la contemplación tanto exterior como interior; el segundo aspecto se traduciría en el derecho de mantener fuera del conocimiento ajeno hechos o actos que pertenecen a lo privado de una persona.
Y para Carmona Salgado , citada también por Vidal, el derecho a la intimidad no es sólo un status negativo frente a los demás, sino también un status positivo, de tal forma que en la actualidad la intimidad, más que un derecho a no ser molestado (que persiste), es un derecho de participación y control de las informaciones que afectan a la persona y sobre las que el interesado está legitimado para incidir en la forma y contenido de su divulgación.
En igual sentido, atacar directamente el honor objetivo de las personas no afectará dicha acción la intimidad o privacidad de éstas. Decir de una persona que es deshonesta (restar crédito) no significa en absoluto, lesionar su privacidad. Ello es así con carácter de necesidad, sin perjuicio de que dicho actuar afecte concomitantemente el honor subjetivo del sujeto pasivo (ya que el hecho que se le haya imputado el adjetivo calificativo de deshonesto, puede herirlo moralmente), en tanto y en cuanto se trate de una persona física (pues no es así en el caso de las personas de existencia ideal).
De lo expuesto se deriva que si bien existe una relación intensa entre los conceptos, los mismos no se confunden en uno solo.
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 1:51 am
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 1:56 am
Secreto de la correspondencia y de las comunicaciones
Es un principio jurídico consagrado en la constitución de varios países europeos. Garantiza que el contenido de una carta sellada nunca será revelado y que no se abrirá, mientras se encuentre en tránsito al destinatario final, por funcionarios del gobierno o cualquier otro tercero. Es la principal base jurídica para la asunción de privacidad de la correspondenciay de las comunicaciones..
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 2:02 am
Es uno de los derechos humanos de primera generación o derechos civiles. Se aplica al derecho a traspasar las fronteras nacionales, y por tanto, en términos sociales tiene que ver con la migración internacional .
Algunos estudiosos distinguen distintos tres tipos básicos de libertad de circulación:
- la libertad de circulación dentro de un país;
- la libertad de circulación entre países sin cambio de residencia (turismo, convenciones, negocios, etc.);
- la libertad de circulación entre países con cambio de residencia, generalmente para trabajar.
La diferencia entre la segunda y la tercera es el derecho absoluto invocado por los Estados a rechazar la radicación de un extranjero, que está reconocido en el art. 79 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de las Naciones Unidas (1990).
En el segundo caso, por el contrario, el derecho de un país para rechazar la admisión es mucho más limitado, y se relaciona con la comisión de delitos penales por parte de la persona que solicita ingresar a un país. Sin embargo las restricciones al derecho a ingresar a un país, aún de manera temporaria, se han incrementado notablemente a partir de los ataques terroristas del 11 de setiembre de 2001.
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 2:29 am
Este argumento ha sido criticado por suponer que cualquier idea cabría en el mercado de ideas. Y aun así, el que unas ideas tengan mayores medios de difusión las impondría sobre otras, al margen de la verdad. Es más, tras la teoría del mercado de ideas existe la suposición de que la verdad se impone sobre la falsedad. Para los detractores está demostrado que los prejuicios se imponen a menudo sobre la verdad, y para cuando ésta se impone muchos han sufrido, a veces de una manera brutal y despiadada, por ejemplo: esto se ha visto, muchas veces, en graves daños a la imagen de personas a través de medios de comunicación, como los periódicos o la televisión. La alternativa a esta debilidad del mercado de ideas sería la persecución de la falsedad. Pero esta presenta su propia debilidad, ¿cómo saber si se está en lo cierto si se persigue la opinión disidente? Incluso si pudieramos tener la certeza de la verdad de una opinión, la existencia de opiniones disidentes permite poner a prueba, mantener viva y fundamentada la opinión verdadera y evita así que se convierta en dogma o prejuicio infundado.
El derecho a la libertad de expresión viene recogido en la Constitución de 1978 en su artículo 20, siendo uno de los derechos que dispone de más garantías jurídicas (recurso de amparo, recurso de inconstitucionalidad, reserva de ley y aplicabilidad directa, procedimientos sumarios en la jurisdicción competente, difícil reforma del articulado en la Constitución). Este derecho puede ser suspendido si se declara el estado de excepción según el artículo 55 de la Constitución española.
Existen límites a este derecho: El derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad, y más recientemente a la protección de datos personales, limitan lo que alguien puede decir legalmente sobre otras personas. Como es habitual en otros países, también limitan la libre expresión las normas reguladoras de la propiedad intelectual (por ejemplo, sobre qué obras pueden interpretarse en público), las normas sobre publicidad (que regulan el contenido y formato de las comunicaciones comerciales) y las normas sobre política lingüística (por ejemplo, sobre el idioma que se puede o debe utilizar en los rótulos o en los contratos). Al igual que en otros países occidentales, está prohibida la justificación del genocidio; no así la mera negación del Holocausto.[cita requerida] También está penado en enaltecimiento del terrorismo, la apología del terrorismo y el ultraje a los símbolos de España y las comunidades autónomas (por ejemplo, la quema de banderas).[cita requerida]
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 2:35 am
El tema del secreto en las profesiones ha tenido un tratamiento desde antiguo en las diferentes costumbres y legislaciones, se remonta del año V a.C. con el juramento Hipocrático – “todo lo que viere u oyere en mi profesión o fuera de ella, lo guardare con sumo sigilo”. El juramento hebreo de Asaf que data de los siglos III y VII reza “no revelaras secretos que se te hayan confiado”, la tradición católica da un lugar especial a la confidencialidad en el Sacramento de Reconciliación o Confesión.
Pero para muchos analistas del tema el secreto impuesto a determinadas actividades deviene de la época de los romanos. Por supuesto, aplicado en términos generales primero y luego en forma más específica a ciertas profesiones. En esa época existían dos formas de explicar la existencia de este secreto profesional: la «conmiso», en virtud de la cual la obligación de secreto se imponía debido a la existencia de una convención anterior a la confidencia, lo cual hacía convertir el acto de confidencia y recepción en una especie de pacto. La otra forma era la «promiso», que al revés de lo antes señalado suponía que primero se entregaba la confidencia y luego, inmediatamente de recibida, nacía para el depositario, por el solo hecho de la confidencia, la obligación de no revelarla.
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 2:41 am
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 2:45 am
La libertad de asociación o derecho de asociación es un derecho humano que consiste en la facultad de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetivos lícitos, así como retirarse de las mismas. La libertad sindical está incluida en la libertad de asociación y en inglés ambas de denominan con la misma expresión (freedom of association).
La libertad o el derecho de asociación supone la libre disponibilidad de individuos dotados de personalidad jurídica para constituir formalmente agrupaciones permanentes encaminadas a la consecución de fines específicos de carácter no lucrativo.
Es una de las prolongaciones de las libertades de pensamiento, expresión y reunión y una antesala de los derechos de participación, en la medida en que la participación política se canaliza preferentemente a través de formas específicas de asociaciones, entre las que los partidos políticos ocupan un lugar señalado. Es considerado al igual que el derecho de reuniòn un derecho humano de primera generación. Siempre y cuando se use este derecho de manera pacífica y para cualquier objeto lícito, según la ley estará permitido a cualquier persona, nacional o extranjero, pero en cuanto a los asuntos políticos internos del país solo los ciudadanos (nacionales y nacionalizados) pueden tomar cartas en asuntos políticos por esta vìa, quedando pues a extranjeros limitado este derecho.
Claro esta, quedan totalmente prohibidas las reuniones armadas y aquellas que de una u otra manera quieran presionar con violencia a alguna autoridad judicial, para que resuelva a su favor.
Diferencia entre derecho de asociacion y derecho de reunion.
Mientras la reuniòn, se interpreta el agrupamiento de personas como momentáneo, circunstancial, en tanto que en la asociación hay cierta continuidad en el tiempo y permanencia, esto debido a que sus peticiones y fines comunes requieren, para su logro, plazos mas prolongados y su cumplimiento no puede ser instantanèo. La reuniòn faculta a un grupo a concurrir temporalmente en un mismo lugar, la asociación faculta a un grupo por plazos más largos ilimitados o permanentes.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contempla la libertad de asociación en su artículo 22, inciso 1, del siguiente modo:Toda persona tiene el derecho a la libertad de asociación con otros/as, incluyendo el derecho a crear y formar parte de los sindicatos laborales para la protección de sus intereses.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) posee dos importantes convenios fundamentales, el Nº 87 (Convención sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación) y el Nº 98 (Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva), orientados a garantizar la libertad de asociación de trabajadores (también denominada en español libertad sindical) y empleadores.
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 2:53 am
Según De Freitas, J. (2008) “…Se refiere al derecho de los trabajadores y patronos, expresado en poderes individuales y colectivos en virtud de los cuales, sin ningún tipo de distinción o discriminación, sin requerir autorización previa; y sin injerencias, tienen derecho a constituir libremente (en forma autónoma e independiente) las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como también el de afiliarse o no a organizaciones sindicales existentes, establecer su forma de organización, administración, participación, elección de sus autoridades y toma de decisiones de conformidad con lo que establezca el ordenamiento jurídico respectivo”..
La libertad sindical se compone de dos derechos; a saber: El derecho a la libertad (en su forma más primitiva referido a la posibilidad de elegir con independencia de factores externos el destino propio); y (ii) simultáneamente el derecho a la asociación. Ambos son derechos inherentes a la esencia humana, luego, la libertad sindical es un derecho inherente a la esencia humana y por tanto a ella se imprimen las consecuencias respectivas (De Freitas, J., 2008).
Por general, distintos se atiende a este aspecto distinguiendo entre la esfera individual y la colectiva así como también al sentido positivo y negativo. Etala (2001) precisa como características esenciales o formas de manifestación de la libertad sindical –en cuanto al aspecto individual y positivo- los siguientes:
a) El derecho de los trabajadores de constituir las asociaciones sindicales que estimen convenientes;
b) la potestad de afiliación a las organizaciones sindicales ya constituidas;
c) la permanencia en una asociación sindical;
d) la reunión y desarrollo de las actividades sindicales (ejercicio de la actividad sindical); e) el peticionamiento ante las autoridades y los empleadores; y f) la participación en la vida interna de las asociaciones sindicales eligiendo libremente a sus representantes, ser electos y postular candidatos.
Por otra parte, con relación al aspecto colectivo de la libertad sindical, precisa el autor –luego de un extenso análisis sobre la autonomía sindical- que frente al Estado están planteados los tópicos sobre la exigencia de una autorización previa, así como también:
a) el derecho a constituir las organizaciones que se estime convenientes;
b) el derecho a redactar los estatutos y reglamentos;
c) el derecho de elegir libremente a sus representantes;
d) el derecho a organizar su administración; y
e) el derecho de no ser disueltas o suspendidas por vía administrativa.
Dentro, del aspecto colectivo de la libertad sindical, distingue también el autor, sus características o formas de manifestación frente al empleador; señalando las siguientes:
a) la no injerencia patronal; y
b) las subvenciones económicas
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que contiene en su artículo 23.4 el derecho de toda persona a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses.
- Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos adoptado el 16 de diciembre de 1966 y vigente desde el 23 de marzo de 1976, en cuyo artículo 22 también se establece la libertad de asociación de orden laboral, sin permitir al Estado menoscabar el ejercicio de la libertad sindical.
- Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado el 16 de diciembre de 1966 y vigente desde el 3 de enero de 1976, cuyo artículo 8 refiere ampliamente a la libertad sindical.
- El Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual está dedicado exclusivamente a la libertad sindical.
por Gustavo el Vie Nov 27, 2009 2:56 am
En España el principio democrático de la Constitución española de 1978 (CE) supone que los poderes del Estado emanen del pueblo según el artículo 1.2 de la CE que establece que el sujeto de la soberanía nacional es el pueblo. Ello se traduce en el reconocimiento a los ciudadanos de derechos específicamente encaminados a la formación de esa voluntad. La constitución establece un mandato a los poderes públicos, en su artículo 9.1 en el sentido de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Como reflejo, en el texto constitucional se prevén supuestos y formas muy distintas de participación, que incluyen la participación política pero que no se limitan a ésta. Por ejemplo, el artículo 48 se refiere a la “participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”; el artículo 125 prevé “la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado” y el artículo 129.1 se refiere a las “formas de participación de los interesados en la Seguridad Social”. El artículo 23 de la CE establece las formas de participación política consistentes en elegir y ser elegido para cargos representativos de índole política así como acceder a funciones públicas, incluyéndose tales formas de participación dentro de los derechos y libertades fundamentales objeto de una amplia garantía constitucional.
por Gustavo el Dom Nov 29, 2009 1:31 am
Los derechos constitucionales son aquellos garantizados con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político que la Constitución funda y que están especialmente vinculados a la dignidad humana. Es decir, son aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de un estatus especial en cuanto a garantías (de tutela y reforma). Es conocido el planteamiento filosófico-antropológico de que donde nace una necesidad surge un derecho; éste planteamiento tan lógico aparece por primera vez en obras como "La República" del gran filósofo Platón.
La Constitución Española otorga a todos los ciudadanos una serie de derechos fundamentales y libertades públicas, regulado por el Titulo I de la Constitución Capitulo 2, Sección 1. Regulando toda una serie de garantías (entre otros, Defensor del Pueblo, recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad, procedimientos sumarios, recurso de amparo) para este tipo de derechos.
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, por exigencias del Tribunal de Estrasburgo, ha derivado de varios derechos explícitos en la Constitución -en concreto, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la integridad física y moral, la inviolabilidad del domicilio y el libre desarrollo de la personalidad- un derecho fundamental a la protección frente al ruido cuando este alcanza determinadas intensidades, atendidas las circunstancias de cada caso, pero en realidad tal derecho es de creación jurisprudencial, de creación ex novo y ello por más que el Tribunal Constitucional se esfuerce en atribuírselo como contenido a esos derechos fundamentales explícitos ya en el texto de la Constitución: es, pues, en la realidad de las cosas, un derecho implícito.
Derecho y deber al trabajo: Que incluye a su vez otros derechos fundamentales.
Derecho a la propiedad privada y herencia....
por Gustavo el Dom Nov 29, 2009 1:39 am
La diferencia entre denuncia, querella y demanda: -En la demanda, el demandante se pone en conocimiento del Órgano Judicial unos hechos que inflingen un derecho nuestro, según nuestro pensamiento, decir a ese Órgano que queremos ser parte en esa contienda y decir contra quién dirigimos el proceso. -En la denuncia, el denunciante expone unos hechos ante la policía o ante el juzgado, en esos hechos pueden incluir un denunciado. -En la querella, el querellante hace simultáneamente tres cosas: se convierte en parte del proceso, identifica al querellado y finalmente describe unos hechos. Además al querellante siempre le va a exigir el juzgado que constituya una fianza, que le será devuelta si el asunto prospera. La cantidad de la fianza depende del patrimonio del querellante y de los indicios de verosimilitud de los hechos. Igualmente se necesita abogados y procurador.
Porque el juzgado haya llevado el proceso de manera irregular. Si ocurre esto el afectado podría acudir directamente al Tribunal Constitucional previa observación de un requisito, que más adelante citaremos.
Que el juez entienda que no hay lugar a la infracción. Esta segunda posibilidad lo que permite al no amparado es recurrir esa sentencia, llegando a la 2ª instancia, la cual puede o no darle la razón. Si te deniega la propuesta puede ser por dos motivos:
Porque se ha seguido un procedimiento irregular: “Recurso de Nulidad de Actuaciones” Este requisito consiste en que, durante ese procedimiento en 2ª Instancia, en el momento en que se haya observado la irregularidad judicial se le haya hecho saber al juzgado la misma y se le haya denegado que ha realizado una vulneración del Derecho Fundamental a la tutela …¿efectiva de los Jueces? recogido en el Artírculo 24 de la Constitución. Junto con este señalamiento de la infracción constitucional del juzgado “a quo” se requiere que el afectado interponga un “Recurso de Nulidad de Actuaciones” ante el mismo órgano judicial que entienda que le ha infringido ese derecho del Artículo 24.
El segundo motivo de desestimación de la pretensión es porque entiende que no tienes derecho a lo que pides. En este caso dependiendo del argumento que haya utilizado la 2ª Instancia se puede acudir a una 3ª Instancia, que es el Tribunal Supremo a través del “Recurso de Casación”. Si la resolución del Tribunal Supremo fuera desfavorable se abre la vía del Tribunal Constitucional, siempre que antes de acudir a él se hubiera interpuesto el perceptivo y obligatorio “Recurso de Nulidad de Actuaciones”, que siempre interponen ante el órgano inmediatamente anterior del Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional siempre se llega mediante el “Recurso de Amparo” y los derechos que sólo se pueden invocar es este “Recurso de Amparo” son los Derechos Fundamentales, es decir, aquellos que se encuentran en el Título I, Capítulo II, Sección 1.
En España, la teoría de los Derechos Fundamentales es de inspiración alemana. Se importó la idea alemana de que es imposible la vulneración de derechos entre iguales y se adoptó la teoría alemana de que a un ciudadano solamente le puede vulnerar un Derecho Fundamental un órgano que sea jerárquicamente superior. Esta teoría es la que se trasladó en el 79 a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de manera que obliga a realizar en el ámbito del Tribunal Constitucional una ficción jurídica.
Suspensión individual. Es la suspensión que afecta a las personas individualmente, relacionadas con la actuación de bandas armadas o elementos terrorista. El art 55.2 establece la posibilidad de que una ley orgánica determine los supuestos en los que puede ser objeto de suspensión individual el derecho al a inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la duración máxima de detención preventiva puede verse ampliada en 48 horas más sobre las 72 horas máximas de duración en supuestos de normalidad jurídica.
por Gustavo el Dom Nov 29, 2009 1:44 am
por Gustavo el Dom Nov 29, 2009 1:50 am
El Defensor del Pueblo (del sueco Ombudsman, comisionado o representante) es un funcionario del Estado encargado de representar los intereses de los ciudadanos ante abusos que puedan cometer los funcionarios de un Estado. Algunos autores defienden que el Justicia de Aragón es el precursor del Defensor del Pueblo, que procede de la Constitución Sueca que estableció dicha figura en 1809 para dar respuesta inmediata a los ciudadanos ante abusos de difícil solución por vía burocrática o judicial. De ahí que en diversos idiomas se haga referencia a su nombre en sueco Ombudsman. En los países hispanohablantes se denomina comúnmente Defensor del Pueblo, mientras que en los países francófonos suele llamarse Médiateur de la République. Algunos países también lo han titulado Defensor de los Ciudadanos.
Palacio de los marqueses de Bermejilla del Rey, en Madrid. Actual sede del Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo es una figura institucional española que deriva de la figura sueca 'Ombudsman' (comisionado o representante) y encargada de velar por el respeto de los derechos que el Título I (aunque en la práctica se extiende a todos los derechos constitucionales) de la Constitución del 78 otorga al ciudadano, pudiendo inclusive para ello supervisar la actividad de la Administración.
La Constitución de 1978 dice en su artículo 54: “Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.”
Regulado por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, da su definición en el art. 1, "es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en el titulo I de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución y la presente Ley."
Por tanto puede supervisar la actividad de todas las Administraciones Públicas: Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, incluyendo la propia actividad de los ministros. Además de poder supervisar la actuación de las empresas públicas y de los agentes o colaboradores de las Administraciones, cuando realizan fines o servicios públicos.
Actualmente, el cargo de Defensor del Pueblo lo desempeña Enrique Múgica Herzog
La figura del defensor del pueblo nace en Suecia en el siglo XIX en el regazo de su Constitución, bajo el nombre de Ombudsman, que viene a significar “representante”.
En sus inicios “era un representante del pueblo encargado de investigar las violaciones a los derechos individuales, los abusos de poder, los errores, las negligencias o las decisiones injustas de las autoridades, con el fin de mejorar la acción de gobierno y de lograr una Administración más abierta y transparente para los administrados”. Esta Institución sueca será única durante el siglo XIX.
Son múltiples las referencias históricas que datan de figuras similares antes de su creación como tal en Suecia. Sin ir más lejos, en la España musulmana tuvimos a Sahib-al-Mazalimen, “señor de las injusticias” según su traducción al castellano, o al Justicia de Aragón a finales del siglo XII (como mediador y moderador en las pugnas y diferencias entre el Rey y la nobleza de la época).
El Defensor del Pueblo es una institución sin competencias ejecutivas, por tanto su fuerza es más bien persuasiva y política debido a sus informes a las Cortes Generales, los cuales no tienen carácter vinculante, sino meramente informativo y de recomendación.
Recalcar que anteriormente ante negativa o negligencia por parte de un funcionario en el envío de los informes que el defensor solicitase, o en facilitar su acceso a expedientes o documentación administrativa necesaria para la investigación que esté llevando a cabo, el funcionario incurrirá en el delito de desobediencia. Ante este hecho el Defensor del Pueblo podía dar traslado de los antecedentes precisos al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas.
Lamentablemente el párrafo correspondiente del artículo fue derogado por la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, quedando relegada la actitud del defensor a la elaboración de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de su informe anual.
Art. 54. de la Constitución de 1978.
LO 3/1981,de 6 de abril de 1981 Defensor del Pueblo, modificada por la LO 10/95 el Código Penal.
LO 36/1985 de 6 de noviembre, regula las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares de las Comunidades Autónomas.
Requisitos: Debe ser español mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos.
Periodo: Por un periodo de 5 años y reelegible.
Designación: Por la comisión mixta del Congreso-Senado creada para las relaciones con el Defensor del Pueblo, las cuales proponen al candidato o candidatos a los Plenos de las Cámaras, para su elección en un plazo no inferior a 10. El pleno del congreso realizará votación, siendo elegido el candidato que goce con el apoyo mínimo de las 3/5 partes de éste, el cual deberá ser ratificado de igual manera por el senado en un plazo máximo de veinte días.
Juramento: El Defensor del Pueblo tomara posesión de su cargo ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, prestando juramento o promesa de fiel desempeño de su función.
Cese y sustituciones
El Defensor del Pueblo cesara por alguna de las siguientes causas:
El Presidente del Congreso declara la vacante en los casos de renuncia, muerte o espiración del plazo del mandato. Y desempeñarán sus funciones los adjuntos.
En los casos de incapacidad, actuación negligente y condena, se debe decidir por debate de las Cortes aprobado por 3/5 de cada cámara previa audiencia del interesado.
Con todo cargo político o actividad de propaganda política.
Con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración publica.
Con la afiliación a un partido político o el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación y con el empleo al servicio de los mismos.
Con cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.
De estas actividades debe renunciar en el plazo de 10 días siguientes a su nombramientos y antes de tomar posesión.
El defensor del pueblo está auxiliado por dos adjuntos (Adjunto Primero y Adjunto Segundo), en quienes podrá delegar sus funciones, son nombrados y separados previa conformidad de las Cámaras tras su propuesta por el propio defensor. Desde el 2000, es obligatorio que uno de los dos adjuntos sea hombre y el otro mujer.
No está sujeto a mandato imperativo.
No recibe instrucciones de autoridad alguna.
Desempeña funciones con plena autonomía.
Goza de Inviolabilidad.
No podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice en el ejercicio de las competencias propias de su cargo.
Será juzgado exclusivamente por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El Defensor del Pueblo cuenta con facultades inspectoras y de investigación, que incluyen la obligación legal de todo poder público de prestarle, con carácter preferente urgente, la colaboración que precise para sus investigaciones, ni siquiera tratándose de documentos declarados secretos de acuerdo con la ley. La obstaculización de la investigación por parte de cualquier funcionario queda comprendida en el delito.
La facultad más relevante del Defensor del Pueblo es la de interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo en base a la Constitución en el Art. 162.1 a y b.
Las actuaciones del Defensor del Pueblo pueden iniciarse de oficio o a instancia de cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, presentando una queja o solicitud personalmente en la oficina del Defensor, por correo postal, fax o a través de Internet. Dichas personas pueden ser cualquier ciudadano español o extranjero, independientemente de su edad o de su situación legal en España, y pueden realizar la queja tanto de manera individual como colectiva.
Las quejas han de ser firmadas (debe constar necesariamente el nombre, apellidos y domicilio de contacto), excluyéndose las de carácter anónimo, pero las actuaciones son gratuitas, sin que se necesite representación ni asistencia letrada. En el escrito se relatarán los hechos objeto de la queja, con especificación de la Administración o Administraciones implicadas.
Procedimiento: Se podrán tramitar las quejas en el plazo de un año, desde que se tenga en conocimiento el acto. Se rechazarán las quejas anónimas.
Se darán a conocer las quejas al responsable de los servicios, para que en el plazo de 15 días dicte un informe aclaratorio.
El contenido de las resoluciones sugerirán la modificaciones de los criterios utilizados, o formular advertencias o recomendaciones de los deberes de la administración.
Si por el fruto de sus investigaciones el defensor llegase a tener conocimiento de hechos presuntamente delictivos, deberá ponerlos en conocimiento del Fiscal General del Estado.
Dar cuenta anual de sus acciones ante las dos cámaras de las cortes, donde de manera oral dará un resumen de éstas.
Informar a quien haya promovido su actuación de los resultados de ésta, así como también a la autoridad, funcionario o dependencia administrativa sobre cuya actuación se haya producido la indagación.
Estos informes deberán publicarse, y en ellos no constarán datos personales que permitan la pública identificación de los interesados en el procedimiento investigador.
La publicidad de los informes es una de las principales y más importantes armas de la labor del Defensor del Pueblo frente a las personas u organismos responsables de las irregularidades detectadas y el Defensor del Pueblo debe presentar el informe anual oralmente ante los Plenos de ambas Cámaras.
Conforme se ha ido desarrollando el Estado Democrático y Social, las Comunidades Autónomas han ido creando figuras análogas al Defensor del Pueblo cuyo ámbito de actuación queda relegado a la propia Comunidad Autónoma. Sin embargo estas figuras tienen la obligación de cooperar y coordinarse con el Defensor del Pueblo español en sus investigaciones dado que éste puede solicitar su colaboración.
Y posteriormente en 1995 a un nivel más ambicioso, nació el Defensor del Pueblo Europeo, encargado de investigar reclamaciones relativas a la mala administración por parte de las instituciones y órganos de la Unión Europea.
Como se ha indicado la efectividad de esta figura queda limitada por la incapacidad de sancionar las actuaciones de la administración, autoridades e instituciones a las que se dirige. Queda por tanto claro su carácter político, y su postura recomendadora no vinculante, siendo por tanto las publicaciones el peso importante de su labor, que únicamente puede reflejarse en la actitud del ciudadano con su voto ante situaciones graves de pasividad e ignorancia de estos informes por parte del poder legislativo y ejecutivo.
Fecha y hora actual: Mar Ago 14, 2018 6:43 pm

References: artículo 1
 artículo 1
 Artículo 26
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 55
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 22
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 48
 artículo 125
 artículo 129
 artículo 23
 Artículo 24
 resolución 
 artículo 54