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LAS EJECUTORIAS VINCULANTES EN MATERIA PENAL
A PARTIR DE LA INTRODUCCIÓN DEL ARTÍCULO 301-A DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Miguel Pérez Arroyo (1)
Profesor de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asesor de Confianza de la Vocalía Titular del Dr. César San Martín Castro de la Corte Suprema de la República. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Colegio de Abogados de Lima.
I. El carácter vinculante de las Ejecutorias Supremas en materia penal .Con la entrada en vigencia del artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales, según el Decreto Legislativo número 959, del 17 de agosto de 2004 se ha inaugurado en Perú un sistema absolutamente novedoso en lo que se refiere al carácter vinculante de las resoluciones judiciales emitidas en sede suprema, denominadas en el Perú Ejecutorias Supremas. 2 En efecto, el ya citado artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales , se inserta en lo que se ha venido en denominar “periodo de transición”, entre los sistemas procesales actual (de corte inquisitivo) con el nuevo código, promulgado según Decreto Legislativo 957 de 29 de julio de 2004 (de corte acusatorio puro –denominado también por muchos como “acustorio adversarial”-). Periodo de transición que se ha reglado de conformidad con el Decreto Legislativo número 959 y que establecen varias modificatorias al sistema procesal actual, con vistas a su transición, así como la introducción de otras varias normas novedosas, como de las que trata el artículo 301-A. En definitiva, lo que viene a decirnos este nuevo artículo procedimental penal es que existen dos tipos de sentencias penales emitidas en sede suprema, esto es de ejecutorias penales: las que tienen un carácter de precedente obligatorio “genérico” y las que tienen el carácter de precedente obligatorio “vinculante”. En el primer caso, además de estar regidas por las normas pertinentes del Código de Procedimientos Penales, esto es por los artículos 298, 299 y 300 del C. de P. P.; también lo están por el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido
siguiente: Las Salas Supremas especializadas de la Corte Suprema de la República ordenarán la publicación en el diario oficial “El Peruano”, cada tres meses, de las Ejecutorias Supremas que a su entender fijan líneas de doctrina jurisprudencial de obligatorio cumplimiento, sobre las cuales pueden mediar apartamientos de los Juzgados y Tribunales de Instancia inferior, motivando adecuadamente los motivos de su decisión desestimatoria y el por qué se apartan de dicha doctrina jurisprudencial. En el segundo caso, de las ejecutorias obligatorias “vinculantes”, además de lo ya dicho, en los términos de legitimidad formal de su génesis, se adiciona lo preceptuado por el artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales. Esto es, que las Salas Penales de la Corte Suprema ya no tendrán que esperar tres meses para organizar su jurisprudencia y ver a partir de esta selección las
Ejecutorias que fijan la doctrina jurisprudencial a seguir, sino que, caso por caso, podrá decidir cuándo estamos frente a una doctrina jurisprudencial de carácter vinculante (y el extremo normativo de la misma) de la cual los magistrados inferiores no podrán apartarse; siendo en todo caso la única instancia legitimada para hacerlo (apartarse), la propia Sala Penal de la Corte Suprema, procedimiento que también está reglado en este mismo artículo y de lo cual no es materia de comentario en estas páginas. En resumen, con el artículo 301-A del C. de P. P., estamos frente a un tipo de Ejecutorias Supremas de mayor vigor en el sentido jurisprudencial del caso las cuales fijan efectos prácticamente normativos respecto a temas concretos y que caso por caso se resuelven en sede Suprema; todo esto de momento, repetimos, en materia penal, en razón al ambiente de reforma y transitoriedad que ha venido a establecer el Decreto Legislativo número 959, de 17 de agosto de 2004. II. Comentario a las primeras Ejecutorias Supremas vinculantes, con arreglo al artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales.La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, bajo la Presidencia del Profesor Doctor César San Martín Castro, ha emitido recientemente las cinco primeras Ejecutorias Supremas con carácter vinculante y arregladas al artículo 301-A del Código de Procedimientos Penales. Curiosamente, en todos los casos, ha sido siempre el mencionado Vocal
Supremo el Vocal ponente, poniendo de manifiesto su ya consagrada carrera académica y su vocación por un Derecho Penal cada vez más justo y cada vez más predecible, lo cual es labor de todos quienes nos dedicamos tanto a la docencia universitaria, como también a la labor jurisdiccional. En orden prelatorio de fechas, vamos a ocuparnos de cada una de las cinco Ejecutorias Supremas antes anunciadas, resumiendo en todo caso, sólo los extremos declarados vinculantes:
En España, por ejemplo, se denominan Sentencias del Tribunal Supremo: STS.
EJECUTORIA N° 1
RECURSO DE NULIDAD N° 1766- 2004 CALLAO Lima, veintiuno de septiembre de dos mil cuatro.VISTOS; Oído el informe oral; el recurso de nulidad interpuesto por la Procuradora Publica del Estado contra la sentencia de fajas ciento sesenta y ocho, su fecha veintiséis de marzo de dos mil cuatro; con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Penal; y CONSIDERANDO: Primero: Que la Procuradora Pública del Estado cuestiona la sentencia condenatoria por considerar que la reparación civil es exigua y diminuta, a la vez que extiende los agravios del recurso a lo que considera una ilegal aplicación del artículo cinco de la Ley número veintiocho mil ciento veintidós en vista que el delito materia de juzgamiento impide hacer uso de esa norma. Segundo: Que la sentencia recurrida fijó en dos mil nuevos soles el monto por concepto de reparación civil, que por lo demás fue el solicitado por la Fiscal Superior Adjunta en la acusación de fojas ciento cuarenta y siete; que, sin embargo, la pretensión del Estado, según el escrito de fajas sesenta y siete, ascendía a una suma no inferior a los treinta mil nuevos soles; que tratándose de un delito de peligro abstracto, de riesgo o de pura actividad como es el trafico ilícito de drogas, cuya punibilidad por demás tiene origen en la situación de peligro eventual que nace de las conductas típicas, la reparación civil debe fijarse en función a la cantidad y dañosidad de la droga incautada, así como a la magnitud o entidad del hecho delictivo y el número de individuos que han participado en su comisión, sobre la base de los principios de suficiencia y razonabilidad o proporcionalidad; que, en el presente caso, se trató de una tenencia con fines de tráfico al exterior de cuatrocientos
sesentiocho gramos de clorhidrato de cocaína ingeridas mediante cápsulas, a cuyo efecto el imputado debió ser evacuado a un Hospital del Estado, delito en el que han intervenido, por lo menos, otros dos individuos en Brasil y Perú; que, siendo así, el monto de la reparación civil debe incrementarse prudencialmente. Tercero: Que si bien la parte civil sólo tiene injerencia en el objeto civil del proceso, el Fiscal Supremo en lo Penal ha cuestionado la legalidad del procedimiento seguido por el Tribunal de Instancia para dictar la sentencia recurrida estimando la no aplicación de la Ley número veintiocho mil ciento veintidós, por lo que es del caso referirse a esa opinión anulatoria; que la citada Ley número veintiocho mil ciento veintidós, más allá de lo limitado y
parcial de su denominación oficial, en puridad de verdad comprende dos institutos procesales penales: la conclusión anticipada de la instrucción judicial (artículos uno al cuatro) -a la que hace mención el título de la ley- y la conclusión anticipada del debate o del juicio oral (artículo cinco), que aún cuando vinculadas al principio de celeridad o aceleramiento de la justicia penal se diferencian en que en este último supuesto rige básicamente el principio del consenso, dado que la decisión del imputado y su defensa es determinante para dar inicio al procedimiento de conclusión anticipada del debate o juicio oral, lo que no es de recibo cuando se trata de concluir anticipadamente la instrucción judicial, que requiere cumplir -sin que la voluntad del imputado pueda impedirlo- determinados requisitos legalmente previstos; que la conclusión anticipada de la instrucción judicial se circunscribe a determinados tipos penales y a procesos simples, siempre que se presenten puntuales supuestos procesales, tales como flagrancia delictiva, investigación preliminar con la intervención del Fiscal con suficiencia probatoria y confesión sincera, lo que se explica porque causalmente se tiende a limitar los actos de investigación judicial y, por ello, podría afectar la incorporación de fuentes de prueba y elementos de convicción para que, en su día, se funde una acusación o se sostenga una defensa razonable; que, empero, en el caso de la conclusión anticipada del debate oral se privilegia la captación de los cargos por parte del imputado y su defensa -ella es la titular de esta institución-, cuya seguridad -de cara al principio de presunción de
entiende únicamente aceptar en ese trámite ser autor o partícipe del delito materia de la acusación y responsable de la reparación civil. a recorrer la pena en toda su extensión. si se toma en cuenta la fuente española.inocencia. luego de instalarse el juicio oral y fijar los términos del debate se preguntó al imputado y su defensa si el primero se consideraba ser autor del delito materia de la acusación fiscal . a los efectos de la pretensión acusadora.no impone límite alguno en. Cuarto: Que. quien al responder en sentido positivo con
aceptación de su defensa y sin exigencia de actuación probatoria alguna. no es un allanamiento a la pena pedida y a la reparación civil solicitada. por lo que -como postula la doctrina procesalistael Tribunal está autorizado. dio lugar a la sentencia recurrida. como es de advertirse. que. esto es. que esta
. parcialmente acogida. al reconocerse los hechos acusados. en el presente caso. asimismo. se trata de una modalidad especial de sentencia. de suerte que el artículo cinco -precisamente por . cuando se advierta que el hecho es atípico o resulta manifiesta la concurrencia de cualquier circunstancia determinante de la exención de responsabilidad penal o de su preceptiva atenuación. orden al delito objeto de acusación . que. por el Fiscal Superior y Luego. y responsable del pago de la reparación civil. por la defensa. que es de acotar que el acto de disposición del imputado y su defensa (se circunscribe al reconocimiento de la responsabilidad penal y civil atribuida. a estos solos efectos . tratarse de una institución procesal autónoma y distinta de la anterior.o a la complejidad del proceso ni remite su aplicación a las exigencias de lo artículos uno y dos. de modo que en este caso tampoco cabe concordarlo necesariamente con el artículo ciento treinta y seis del Código de Procedimientos Penales o con el artículo uno. producto de una confesión del acusado en los términos antes descritos. desde la más alta prevista en el tipo penal hasta la mínima inferida. en rigor nos remite al numeral uno de dicha norma que por tal expresión. de la citada Ley. llegando incluso hasta la absolución si fuere el caso. y valorada.parte de una instrucción cumplidamente actuada con sólidos elementos de convicción. numeral tres.aunque dogmáticamente cuestionable-. es de aclarar que cuando el artículo cinco hace mención a la "confesión sincera". que puede denominarse "sentencia anticipada".
declararon HABER NULIDAD en la propia sentencia en cuanto fija en dos mil nuevos soles el monto por reparación civil a favor del Estado. consecuentemente.
DISPUSIERON que los fundamentos jurídicos tercero y cuarto de la presente Ejecutoría constituyen precedente vinculante. ciento ochenta días multa e inhabilitación. y los devolvieron. invocando adicionalmente el artículo ciento treinta y seis del Código de Procedimientos Penales.en agravio del Estado. del artículo cinco de la Ley veintiocho mil ciento veintidós como institución procesal penal aplicable a toda clase de delitos sujetos al proceso penal ordinario. en cuanto condena a José Givaldo Da Silva como autor del delito de tráfico ilícito de drogas -tipo base.
SAN MARTíN CASTRO PALACIOS VILLAR . fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas ciento sesenta y ocho. reformándolo: FIJARON en diez mil nuevos soles. impuso una penó' de siete años de privación de libertad. el Tribunal retiene su potestad de fijarlas conforme a lo que corresponda y con arreglo a los principios de legalidad y proporcionalidad. BARRIENTOS PEÑA LECAROS CORNEJO MOLINA ORDÓÑEZ
. introducido por el Decreto Legislativo Número novecientos cincuenta y nueve Por estos. Quinto: Que la sentencia recurrida. y no está circunscripta exclusivamente al pedido de pena y reparación civil del fiscal y. de la parte civil. S. a siete años de pena privativa de libertad.A del Código de Procedimientos Penales. sin perjuicio de las penas de multa e inhabilitación. en aplicación a lo dispuesto en el numeral uno del artículo trescientos uno. corresponde disponer su carácter de precedente vinculante en sus fundamentos jurídicos tercero y cuarto. con lo demás que al respecto contiene. por lo que no corresponde revisar tal extremo de la sentencia de instancia por no ser materia de la impugnación Sexto: Que. que el Fiscal no recurrió pese a que solicitó diez años de pena privativa de libertad en la acusación de fojas ciento cuarenta y siete. dado el carácter general de la interpretación de los alcances. en su caso.S. su fecha veintiséis de marzo de dos mil cuatro.confesión tiene como efecto procesal concluir el juicio oral. ORDENARON que este fallo se publique en el Diario Oficial "El Peruano”.
como lo expresa la propia ejecutoria. se diferencian ambos en que en el supuesto segundo (de la conclusión anticipada del debate o juicio oral). la Ley número 28122. y. opinando al respecto que la sentencia es nula toda vez que dicha norma no debía haberse aplicado. la conclusión anticipada del debate o juicio oral (artículo cinco). juzgando ésta que la reparación civil que se ha fijado en la sentencia venida en grado es insuficiente. los extremos tercero y cuarto de la misma en el sentido siguiente: a. tales como flagrancia delictiva. procedente del Callao que sube en nulidad a la Corte Suprema en razón de un recurso de nulidad interpuesto por la Procuradora Pública del Estado en un caso de Tráfico Ilícito de Drogas y que declara. b. Que aún cuando el recurso de nulidad ha sido interpuesto por la parte civil en el proceso penal. podría limitar los actos de investigación judicial y. como vinculantes normativos. por ello. c. En tanto que dicha norma. lo que se explica porque causalmente se tiende a limitar los actos de investigación judicial y.determinados requisitos legalmente previstos. d. Aún cuando ambos institutos procesales están vinculados al principio de celeridad o aceleramiento de la justicia penal. podría afectar la incorporación de fuentes de prueba y
. rige fundamentalmente el principio del consenso dado que la decisión del imputado y su defensa es determinante para dar inicio al procedimiento de conclusión anticipada del debate o juicio oral. El Fiscal Supremo en lo Penal también ha cuestionado la aplicación de la Ley número 28122. siempre que se presenten puntuales supuestos
procesales. lo que no se aplica cuando se trata de concluir anticipadamente la instrucción judicial que requiere cumplir –sin que la voluntad del imputado pueda impedirlo.COMENTARIO Ejecutoria Suprema del 21 de septiembre de 2004. contempla dos institutos procesales que son: el de la conclusión anticipada de la instrucción judicial (artículos uno al cuatro) –a la que hace mención el título de la Ley-. investigación preliminar con la intervención del Fiscal con suficiencia probatoria y confesión sincera. por lo que es del caso referirse a dicha opinión anulatoria. expediente número 1766-2004. por tanto solicita que se incremente el monto de la misma. En este sentido la conclusión anticipada de la instrucción judicial se circunscribe a determinados tipos penales y a procesos simples. por ello.
y valorada. cuando se advierta que el hecho es atípico o resulta manifiesta la concurrencia de cualquier circunstancia determinante de la
.parte de una instrucción cumplidamente actuada con sólidos elementos de convicción. de suerte que el artículo cinco –precisamente por tratarse de una institución procesal autónoma y distinta de la anterior. En el caso en cuestión. a los efectos de una pretensión acusadora. g.no impone límite alguno en orden al delito objeto de acusación o a la complejidad del proceso ni remite aplicación a las exigencias de los artículos 1 y 2 de la Ley 28122. luego. de modo que en este caso tampoco cabe concordarlo necesariamente con el artículo 136 del Código de Procedimientos Penales o con el artículo 1. cabe señalar que el acto de disposición del imputado y su defensa se circunscribe al reconocimiento de la responsabilidad penal y civil atribuida lo cual no es en ningún caso un allanamiento a la pena pedida y a la reparación civil solicitada. quien al responder en sentido positivo con aceptación de su defensa y sin exigencia de actuación probatoria alguna. llegando incluso a la absolución si fuera el caso. cuya seguridad –de cara al principio de presunción de inocencia. si se toma en cuenta la fuente española. numeral 3 de la Ley 28122. dio lugar a la sentencia recurrida.elementos de convicción para que. entiende únicamente aceptar en este trámite ser autor o partícipe del delito materia de la acusación y responsable de la reparación civil. parcialmente acogida. en rigor nos remite al numeral 1 de dicha norma y que tal expresión. luego de instalarse el juicio oral y fijar los términos del debate se preguntó al imputado y su defensa si el primero se consideraba ser autor del delito materia de la acusación fiscal y responsable del pago de la reparación civil. e. desde la más alta prevista para el tipo penal hasta la mínima inferida. f. por lo que el Tribunal está facultado a recorrer la pena en toda su extensión. se funde una acusación o se sostenga una defensa razonable. a estos solos efectos – aunque dogmáticamente cuestionable-. esto es. por la defensa. Es de aclarar que cuando el artículo 5 de la Ley 28122 hace mención a la “confesión sincera”. En el caso de la conclusión anticipada del debate oral o del juicio oral se privilegia la aceptación de los cargos por parte del imputado y su defensa –ella es la titular de esta institución-. en su día. por el Fiscal Superior y.
producto de la confesión del acusado en los términos antes descritos.S.000 nuevos soles.2004-0112-242501JP2. a efectos del pronunciamiento correspondiente a fin que se dirima la CONTIENDA DE COMPETENCIA. de la parte civil.
EJECUTORIA N° 2
Dictamen 1237 -04-FN-MP-2°FSP. recomendó al Ministerio Público a través de la Señora Fiscal de la Nación. el Tribunal retiene su potestad de fijarlas conforme a lo que corresponda y con arreglo a los principios de legalidad y proporcionalidad. Viene este proceso. se trata de una modalidad especial de sentencia. HABER NULIDAD en el extremo referido a la reparación civil. a las 05.
h. aumentándola en 10. consecuentemente. en su caso. que puede denominarse “sentencia anticipada”. llegaron al domicilio del agraviado Indalecio
. Como ha de advertirse. N° 18-2004
SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. a bordo de una camioneta de transporte rural. en la causa que se le sigue a Jorge Luis Rabanal Calderón. confirmaron la condena a 7 años de pena privativa de libertad y. y no está circunscripta exclusivamente al pedido de pena y reparación civil del Fiscal y. Confesión que tiene como efecto procesal concluir el juicio oral. denunciar a los encausados en los presente hechos investigados. Pedro Rodríguez Rivera y Mario Peña Ramírez. de la Provincia de Coronel Portillo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.30 horas. el Cuerpo y la Salud-Lesiones Graves seguidas de muerte. José Spencer Guido Dávalos. proceso que también conoce la Vocalía: de Instrucción
del Consejo Supremo de Justicia Militar. ocurridos con fecha 02 de Abril de 1995. por el delito Contra la Vida. en consecuencia. cuando aproximadamente quince miembros de la Marina de Guerra del Perú.en agravio de Indalecio Pomatanta Albarran. promovida por el Segundo Juzgado Penal.
Ministerio Pùblico Segunda Fiscalia Suprema en lo Penal Exp. Corte Superior de Justicia de Ucayali. Fluye de autos. Resolviéndose en esta causa por NO HABER NULIDAD. a favor del Estado peruano. La Comisión de la Verdad y Reconciliación. que con fecha 15 de Agosto del 2003. C.exención de responsabilidad penal o de su preceptiva atenuación.
es que corresponde conocer este hecho al fuero común. con consecuencias fatales. es decir. mencionando que el Teniente y otro oficial de la Marina. ahora bien. Provincia de Padre Abad. si el deber es común o genérico. y luego los trasladaron al otro lado de la carretera donde los dejaron bajo la custodia de dos efectivos. sito en el kilómetro 99 de la carretera Federico Basadre. lo golpearon brutalmente. Centro Poblado de San Alejandro. después de veinte minutos los miembros de la Marina se retiran del domicilio de la Familia Pomatanta. se encuentre cumpliendo la función militar.Pomatanta. se tiene que si bien es cierto los hechos se suscitaron en un operativo militar. y al contestarle que desconocía. Lima. esta Fiscalía Suprema Penal. siendo que los investigados. por quemaduras una persona civil. en un acto irracional rosearon su cuerpo con gasolina y procedieron a prenderle fuego. propone a la Sala DIRIMIR LA COMPETENCIA A FAVOR DEL FUERO COMUN. miembros de la Base Contrasubversiva de San Alejandro. Departamento de Ucayali. y luego retornaron a su casa Juan Francisco y sus dos hijos. con golpes de puños y patadas a tenderse en el piso y fueron interrogados por el paradero de su hermano mayor. los hechos descritos revisten gravedad. Por lo expuesto. pues si la índole del deber violado es central. después de tres días de agonía falleció en el Hospital Regional de Pucallpa. portando todos armas de largo alcance tipo FAL. encontrando a Juan Francisco Pomatanta y sus dos menores hijos. de pérdida de una vida. con su cuerpo quemado. pertenecen a la Marina de Guerra del Perú. de 17 años Indalecio. quienes fueron obligados violentamente. Descritos los hechos investigados. 20 de Julio del 2004. el hecho de que el militar este de servicio. que la Justicia Militar solo tiene competencia para juzgar delitos de función y atendiendo que los hechos instruidos no constituyen ni derivan del cumplimiento de sus funciones. sin embargo en dichas acciones. más aún que se ha materializado un abuso desmedido contra la persona humana. resultó con lesiones graves seguidas de muerte. propio de todos lo ciudadanos.
. preguntándole por la ubicación de las armas. siendo ello así. viendo que su hijo Indalecio se arrastraba moribundo. el bien jurídico más preciado y primer derecho de toda persona. ubicado en el Distrito de Irazola. no significa que todos los actos que realiza son actos de servicio. el delito será común. y conforme lo señala el Artículo 173 de la Constitución Política del Estado.
y CONSIDERANDO: Primero. a primeras horas de la mañana.
Lima. le prendieron fuego. respectivamente. la contienda de competencia promovida por la Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar contra el Segundo Juzgado Penal de Coronel Portillo. diecisiete de noviembre de dos mil cuatro. oído el informe oral. Segundo. Departamento de Ucayali -zona declara en Estado de Emergencia-.VISTOS.Que por estos hechos fueron denunciados ante el Segundo Juzgado Penal de Coronel Portillo los encausados Jorge Luís Rabanal Calderón. que..Que los hechos objeto de imputación. Tercero. asimismo. inciso dos. una patrulla de la Marina de Guerra del Perú intervino el domicilio del agraviado Indalecio Pomatanta Albarran.CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL
SALA PENAL PERMANENTE COMPETENCIA N° 18-2004 Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar/Segundo Juzgado Penal de Coronel Portillo. Provincia de Padre Abad.Que el presente caso debe analizarse teniendo en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional del dieciséis de marzo de dos mil cuatro. de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal. previsto en el artículo ciento veinte y uno del Código Penal. en su condición de miembros de la Marina de Guerra del Perú destacados en la Base Contrasubversiva de San Alejandro. Mario Peña Ramírez. estriban en que el día dos de abril de mil novecientos noventa y cinco. a consecuencia de lo cual resultó con lesiones graves que luego ocasionaron su deceso. por los mismos hechos los indicados encausados fueron procesados por la Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar por los delitos de lesiones graves seguidas de muerte y contra la Administración de Justicia. recaída en la acción de inconstitucionalidad
. Distrito de Irazola. José Guido Dávalos y Pedro Rodríguez Rivera. luego. previstos y sancionados en los artículos ciento veintiuno. del Código de Justicia Militar. en el Centro Poblado de San Alejandro. lo torturaron y.. con el informe escrito que como "Amicus Curiae" han presentado la Defensoría del Pueblo y el ciudadano Ronald Gamarra Herrera. lo detuvo. inciso tres.. y que son investigados paralelamente en la jurisdicción penal ordinaria y en la jurisdicción castrense. por el delito de lesiones graves seguidas de muerte. del Código Penal y trescientos dos.
Cesti Hurtado -del veintinueve de setiembre de mil novecientos noventinueve-.. en tanto se trata de decisiones que han definido desde la Constitución Nacional y la Convención Americanas de Derechos Humanos. que la segunda parte de la mencionada disposición. el ámbito competencial objetivo -material de la jurisdicción militar. y las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recaídas. literal e) de la parte resolutiva]. ha sido declarado inconstitucional por la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional [ver: párrafos ciento treinta y seis a ciento treinta y nueve.
. además. en especial. a los efectos de delimitar en el caso concreto el ámbito de la justicia militar no es constitucional utilizar independiente o aisladamente mente los tradicionales .que se encuentran prestando servicios en las zonas declaradas en estado de excepción quedan sujetos al Código de Justicia Militar.seguida por la Defensoría del Pueblo contra diversos artículos de la Ley Número veinticuatro mil ciento cincuenta. aunque con la precisión que corresponde al Código de Justicia Militar tipificar las conductas antijurídicas que afectan bienes jurídicos castrenses o policiales [ver párrafo ciento treintinueve]. esto es.criterios de ratione personae y de ratione loci.Que el articulo diez de la Ley Número veinticuatro mil ciento cincuenta. en cuanto estipulaba que los miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales hoy. y cuyos términos deben observarse por la justicia penal ordinaria en aras del cumplido respeto a la función que cumplen dichos órganos jurisdiccionales de supremos interpretes de la Constitución y de la Convención antes indicada. salvo aquellas que no tengan vinculación con el servicio". en tal virtud. Policía Nacional del Perú. que. Cuarto. en los Asuntos Castillo Petruzzi y otros -del treinta de mayo de mil novecientos noventinueve-. ha pasado la prueba de constitucionalidad. en cuanto prescribe que: "Las infracciones tipificadas en el Código de Justicia Militar que [se] cometan en el ejercicio de sus funciones son de competencia del fuero privativo militar. en tanto que la jurlsdlcclon castrense sólo tendría cabida en la medida que se configure como un fuero de real o de causa. la sentencia del Tribunal Constitucional. y
Durand y Ugarte -del dieciséis de agosto de dos mil-. y (b) siempre que se encuentre previsto y sancionado expresa e inequívocamente en el Código de Justicia Militar. (a) en función a la naturaleza del hecho delictivo imputado. respectivamente. y punto uno.
" [Asunto Durand y Ugarte.. la Corte Interamericana de Derechos Humanos plasmó esa doctrina al señalar que ". párrafo ciento veintiocho]. de modo que sólo le está permitido acudir en vía supletoria a la legislación penal común. el Libro Primero del Código Penal. que la aludida sentencia del Tribunal Constitucional. literal d) de la Constitución-. tiene expuesto que tampoco es criterio válido para definir la competencia judicial militar la sola referencia al sujeto pasivo o. con más precisión. hace referencia al delito de función como dato constitucionalmente relevante.. y que "En un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales.Que el artículo ciento setentitrés de la Constitución. párrafo ciento diecisiete]. al delimitar materialmente el ámbito competencial de la jurisdicción militar. o la propia institución militar o policial [ver párrafo ciento treinta]. vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas armadas . en lo pertinente.siguiendo la doctrina procesalista más autorizada. esto es. a partir de una noción estricta de la denominada "garantía criminal" -consagrada en el artículo dos. interpretando esa noción y definiendo sus alcances. realza las tres notas características de la institución en lo atinente a los elementos objetivos del tipo penal militar: a) que se trate de conductas que afectan bienes jurídicos de las Fuerzas ) Armadas o de la
veinticuatro. nunca los Libros Segundo y Tercero de dicho Código.... Quinto. y de las denominadas "reglas de la parte general del Derecho Penal". policía.esta jurisdicción funcional [la jurisdicción militar] reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias" [Asunto Castillo Petruzzi y otros. que a este respecto es de precisar desde ya. por el hecho que el agraviado sea un militar. sin perjuicio de la aplicación de los principios propios del Derecho Penal en un Estado Social y Democrático de Derecho -en tanto que el llamado Derecho Penal Militar no es un Derecho autónomo y sólo constituye un ámbito especializado del Derecho Penal-. por lo demás. que. que la jurisdicción castrense no puede extender su competencia para conocer delitos o tipos penales no previstos taxativamente en el Código de Justicia Militar.
Que. sino ligado necesariamente a un sujeto activo cualificado determinado.Que en atención a esas consideraciones superiores. como "circunstancias externas del hecho". en tanto que en este.. páginas ciento noventinueve y doscientos]. por exigencia constitucional. cuya sede normativa es el Código de Justicia Militar. se atentó contra la integridad corporal de una persona en condiciones particularmente graves y reprochables. c) que. derivada del ámbito estrictamente militar o policial.Policía Nacional -se trata de su "objeto material"-. según la imputación. a final de cuentas. y.. de suerte que estas son. opera fundamentando la pena. Séptimo. es pertinente puntualizar lo siguiente: a) que el delito de función es una noción subjetivo-objetivo. ésta se perpetre en acto del servicio. con ocasión de él [ver párrafo ciento treinticuatro]. radicada en las finalidades. vale decir. c) que es un delito especial propio. en el presente caso. inherente y exclusivo de ambas instituciones.y que se muestra a través del tipo penal.
. IVAN: Observaciones en tomo a la Parte General
del Código de Justicia Militar. b) que se trata de un delito de infracción del deber. Lima. Sexto. en tanto el elemento especial de la autoría: condición de militar o policía que vulnera bienes jurídicos institucionales.cuando el deber sea vulnerable por cualquier ciudadano ajeno a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional no se tratará de un delito de función. desarrollando el concepto desde el Derecho penal. es decir. dos mil dos. d) que si el criterio material es el idóneo para construir los delitos de " función. en tanto que el deber es propio. que definen la situación en la que la acción típica debe tener lugar. b) que el sujeto activo sea un militar que realice la conducta cuando se encontraba en situación de actividad -es lo que se denomina "círculo de autores"-. entonces. sólo puede ser cometido por quien ostenta una posición de deber determinada. Pontificia Universidad Católica del Perú -Universidad de Friburgo Zuiza. Anuario de Derecho Penal dos mil uno -dos mil dos. el autor sólo puede ser quIen lesiona un deber especial cuyo origen se encuentra fuera del Derecho penal -concretamente en el Derecho administrativo. en tanto no protege un interés militar o policial del Estado como tal. organización y/o funciones de la institución militar o policial. ilícito. el sujeto pasivo de la infracción penal [conforme: MEINI MENDEZ.
las torturas y el prender fuego a una persona revelan palmariamente un animus vulnerandi. no un bien jurídico institucional de las Fuerzas Armadas. nunca puede considerarse "acto de servicio" la comisión de crímenes horrendos y los atentados graves a los derechos humanos. radicadas en la comisión del delito con ocasión del acto del servicio militar. que se había dispuesto una operación militar destinada al control de la actividad terrorista. por lo demás. como tal. que constituye el objeto del proceso penal. resulta conveniente instituir el carácter de precedente obligatorio a los fundamentos jurídicos tercero.esto es. en cuanto a las circunstancias externas del hecho. la vida de una persona.Que. siendo así. vulneró un bien jurídico individual: la integridad corporal e. que. en segundo lugar. que se si analizan los tres factores que concurrentemente deben estar presentes para definir el delito de función es obvio que sólo se presenta el segundo: la condición de militar en actividad de los sujetos activos del delito imputado. incluso. introducido por el Decreto
. mediando prevalimento del cargo público que ostentaban y aprovechándose indebidamente. que en su núcleo o esencia la conducta atribuida.Que. conforme a lo autorizado por el numeral uno del artículo trescientos uno -A del Código de Procedimientos penales. pues los maltratos. Noveno. sexto y último extremo del séptimo. pues se afectó la integridad corporal y la vida de una persona. no tienen que ver con una labor de patrullaje e intervención de presuntos agentes subversivos.. e incluso. en primer lugar. y. los hechos íntegramente considerados son de competencia de la jurisdicción penal ordinaria. Asunto Durand y Ugarte. y al carácter de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional.. en mérito a la especial importancia del tema decidido y al carácter general de la interpretación de las normas constitucionales y legales correspondientes en orden a la noción de delito de función. necandi. párrafo ciento dieciocho]. por lo que es de aplicación lo establecido en el artículo veinte y ocho del Código de Procedimientos Penales. problamente. Octavo. que la zona había sido declarada en Estado de Emergencia. quinto. ni el tercero: las circunstancias externas del hecho. y. tal como han sido definidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Penal [conforme: Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. no así el primero: bien jurídico institucional.
en la instrucción seguida contra Jorge Luis Rabanal Calderón y otros.S. SAN MARTIN CASTRO PALACIOS VILLAR BARRIENTOS PEÑA LECAROS CORNEJO MOLINA ORDOÑEZ
Ejecutoria Suprema de 17 de noviembre de 2004. Por estos fundamentos: DIRIMIERON la contienda de competencia promovida por la Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar en el sentido que el conocimiento de la presente causa corresponde al Segundo Juzgado Penal de Coronel Portillo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.Legislativo Número novecientos cincuentinueve. muriendo éste luego como consecuencia de las quemaduras). sexto y último extremo del séptimo constituyen precedente vinculante. en su oportunidad. y los devolvieron. por el delito contra la vida. en que se resuelve como extremos vinculantes los fundamentos 3º. MANDARON que esta sentencia se publique en el Diario Oficial "El Peruano" y. emitida por la Sala Penal Permanente en la CONTIENDA DE COMPETENCIA número 18-2004. Que el caso en sí debe analizarse teniendo en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de marzo de dos mil cuatro. 5º y 9º de la referida Ejecutoria en los términos siguientes: i. el cuerpo y la salud -lesiones graves seguidas de muerte -en agravio de Indalecio Pomatanta Albarran. recaída en la acción de inconstitucionalidad seguida por la Defensoría del Pueblo contra diversos artículos de la Ley número 24150 y las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recaídas. en especial. DISPUSIERON que los fundamentos jurídicos tercero. en loas Asuntos Castillo
. en el Portal o Página Web del Poder Judicial.S. quinto. en un caso de lesiones graves seguidas de muerte (de un patrulla de la Marina de Guerra del Perú contra un particular a quien intervienen en su domicilio y luego de golpearlo le prenden fuego. promovida por la Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar contra el Segundo Juzgado Penal de Coronel Portillo. al que se remitirá todo lo
actuado con aviso de la Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar.
respectivamente. y.VISTOS. hace referencia al delito de función como dato constitucionalmente relevante y que ello.1999. el artículo 173 de la Constitución Política del Estado. de conformidad en pacte con el dictamen de la señora Fiscal Suprema en lo Penal.2000-.
j. es decir. 2) que el sujeto activo sea un militar que realice la conducta cuando se encontraba en situación de actividad –es lo que se denomina círculo de autores”-. en relación a las tres notas características de la institución en lo atinente a los elementos objetivos del tipo penal militar: 1) que se trate de conductas que afectan bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional –se trata de su objeto material-. uno de diciembre de dos mil cuatro. ésta se perpetre en acto del servicio.5. Que. 3) como circunstancias externas del hecho.08. que definen la situación en la que la acción típica debe tener lugar. el ámbito competencial objetivo-material de la Jurisdicción material.y Durand y Ugarte –del 16. En este caso. con ocasión del él.
EJECUTORIA N° 3
RECURSO DE NULIDAD N° 3044 –2004. se dirimió la competencia a favor del Segundo Juzgado Penal de Coronel Portillo. y cuyos términos deben observarse por la justicia penal ordinaria en aras del cumplido respeto a la función que cumplen dichos órganos jurisdiccionales de supremos intérpretes de la Constitución y de la Convención antes indicada. se interpreta del siguiente modo.09. de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.1999.Petruzzi y otros –del 30. LIMA Lima. en tanto que dichas decisiones que han definido desde la Constitución nacional y la Convención Americanas de Derechos Humanos. oído el informe oral. el recurso de nulidad interpuesto por la encausada Brígida Marcela Noreña Tolentino y la Procuraduría Pública del Estado contra la sentencia ---condenatoria de fojas seiscientos cuarentiséis.Cesti Hurtado –del 29. aunado a la Sentencia del Tribunal Constitucional antes aludida. y CONSIDERANDO: Primero: Que la defensa de la acusada Noreña Tolentino en su escrito de formalización del recurso de nulidad de fojas seiscientos sesentiséis cuestiona la condena impuesta a su patrocinada porqué se ha prescindido de las pruebas actuadas en
. al delimitar materialmente el ámbito competencial de la Jurisdicción militar.
obtenida mediante violencia. en que la citada acusada fue sindicada como miembro de Sendero Luminoso por Juan Teodosio Ibarra Padilla y María Magdalena Monteza Benavides. no se ha valorado la contradicción del testigo Ibarra Padilla y se han leído las cuestiones de hecho con infracción del artículo doscientos setentinueve del Código de Procedimientos Penales. así como se ha citado como prueba de cargo una pericia grafotécnica inexistente.se incautó explosivos (fojas diecinueve. que. que da cuenta que los manuscritos incautados en el curso de la investigación preliminar proceden tanto de su puño gráfico cuanto de otros de personas vinculadas a ella. trescientos treintinueve y trescientos cuarentiuno). en primer lugar. por lo que ese agravio recursal carece de mérito. que desvirtuaron los cargos materia de la acusación fiscal. ambos ulteriormente indultados (fojas trescientos treintisiete. se ha utilizado una prueba testifical -de María Magdalena Monteza Benavides. estas pruebas. Segundo: Que conforme aparece del acta de fojas seiscientos cuarenticuatro se cumplió con dar lectura a las cuestiones de
hecho. veintitrés y veinticinco). y.cuando la pericia del citado folio es la de explosivos forense-. en segundo lugar. ese error carece de relevancia no sólo porque en el séptimo fundamento jurídico se señala correctamente que la pericia en mención corre de fojas ciento treinticinco a ciento treintiséis. sino esencialmente porque el citado informe pericial.el juicio oral. en efecto. en su conjunto y sustantiva coherencia. en tercer lugar. Tercero: Que la conclusión incriminatoria respecto de la acusada Noreña Tolentino se basa. en el acta de registro domiciliario de fojas dieciocho y en la pericia grafotécnica de fojas ciento treinticinco. acreditan la imputación formulada por el representante del Ministerio
. las mismas que corren de fojas seiscientos treintiocho a fojas seiscientos cuarentidós. y que reflejan una clara adscripción terrorista. en que al intervenirse a personas vinculadas a ella -conectadas con los manuscritos incautados. que si bien en el primer fundamento jurídico de la sentencia se señala que el examen pericial grafotécnico corre a fojas doscientos doce . que la Procuraduría Pública del Estado en la formalización del recurso de nulidad de fojas seiscientos sesentidós solicita se eleve el monto de la reparación civil cuando menos en diez mil nuevos soles. se realizó y tiene el carácter de prueba de cargo.
en la medida en que la declaración prestada en la etapa de instrucción se haya actuado con las garantías legalmente exigibles situación que se extiende a las declaraciones en sede policial. Monteza Benavides. por determinadas razones.. sindicó a Noreña Tolentino. al ser interrogado por el Fiscal Superior se ratifica en su declaración policial (fojas quinientos setentiocho). ochentisiete y ciento catorce) sindica a la acusada Noreña Tolentino. igualmente. si se estima que la prueba de cargo no sólo se sustenta en ese testimonio. proviene de su puño gráfico. Cuarto: Que Ibarra Padilla a nivel policial. producto de lo cual resultó embarazada y procreó una niña.. con presencia del Fiscal y de su Defensor (fajas cuarentiuno). en tanto
. incriminación que reiteró en sede de Instrucción (fojas setentiséis y ciento once). es de dejar sentado como doctrina general que cuando se trata de testigos o imputados que han declarado
indistintamente en ambas etapas del proceso penal. y en el acto oral. siempre que se cumpla lo expresamente estatuido en la norma habilitante pertinente referido a la presencia del Fiscal y. que si bien la incriminación de Monteza Benavides no resulta categórica en función a lo declarado en sede de juicio oral. Quinto: Que. sino en prueba material -tenencia e incautación de documentos y explosivos. la cual -como se anotó -contiene una incriminación directa a Noreña Tolentino.Público. pues puede ocurrir. por lo demás. es de concluir que la actividad probatoria de cargo es suficiente para enervar la presunción de inocencia. que. en sede policial y de instrucción (fojas veintiséis. en su caso..que el Tribunal debe precisar cumplidamente. sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a unas u otras de tales declaraciones. del abogado defensor. el Tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral. siendo así.que ofrezca mayor credibilidad lo declarado en la etapa de instrucción que lo dicho después en el juicio oral. pero en el acto de juicio oral se rectifica por completo alegando haber sido torturada y violada cuando fue detenida por el Ejército. cuya legitimidad no ofrece dudas atento a la intervención del representante del Ministerio Público y de un abogado defensor. pericial y en otra sindicación. que. empero se tiene en cuenta que parte de la documentación incautada a Noreña Tolentino (fojas ciento treintiséis Ia ciento treintisiete). luego de retractarse.
". Séptimo: Que el tipo penal aplicable. modificado por el Decreto Legislativo número ciento veintiséis. que. en cuanto a la pretensión de la Procuraduría Pública del Estado. de los requisitos de legalidad y contradicción. que. sin embargo. lo que se ha omitido en el presente caso. que. cumplió con introducir una pretensión resarcitoria propia de diez mil nuevos soles. penúltimo párrafo. es el estipulado en el artículo cinco del Decreto Ley número veinticinco mil cuatrocientos setenticinco..dicha declaración se haya sometido en tal acto a contradicción con las garantías de igualdad. e inhabilitación posterior por el término que se establezca en la sentencia" -. el citado numeral. que en dicha sentencia se ha impuesto la pena de inhabilitación "absoluta durante el tiempo de la condena". el Juez con arreglo al artículo treintiséis del Código Penal debe determinar los derechos que son objeto de inhabilitación. consagra un régimen propio de la indicada pena de inhabilitación. publicidad e inmediación y trasunta una mayor verosimilitud y fidelidad -cumplimiento. tal regla sólo es aplicable. ésta no guarda proporción con el daño ocasionado por el delito en función a su entidad y consecuencias lesivas. si bien no pueden leerse bajo sanción de nulidad. sin embargo. siendo así. como se ha señalado en la sentencia recurrida. que.
. conforme a lo dispuesto en el artículo doscientos cincuentitrés del Código de Procedimientos Penales. el mismo que debe regir luego de la pena privativa de libertad -única forma de entender la expresión cuando la norma específica señala luego de mencionar la pena privativa de libertad. por otro lado.. primero. ésta a fojas cuatrocientos cincuenticuatro. antes que el testigo declare en el acto oral. es de tener presente que las declaraciones prestadas ante el Juez Penal. y. pues se trata de una pena principal pero fija su período de duración bajo un modelo distinto al establecido en el artículo treintiocho del Código Penal. conforme el artículo doscientos cuarentiocho del Código de Procedimientos Penales. por lo que es del caso aumentarla proporcionalmente. que el Tribunal de Instancia fijó en dos mil nuevos soles el monto de la reparación civil conforme lo solicitó el Fiscal en la acusación de fojas cuatrocientos treintiuno. lo cual sin embargo no impide su posterior lectura en la estación procesal oportuna luego de actuarse la prueba personal.. corresponde integrar el fallo de instancia en aplicación a lo dispuesto por el artículo doscientos noventiocho. Sexto: Que. en su esencia. segundo.
respecto del cual el Fiscal Supremo ha opinado porque se declare no haber nulidad. con lo demás que al respecto contiene. en el extremo consultado que declara no haber mérito para pasar a juicio oral contra Zacarías Álvarez Rivas por delito de terrorismo en agravio del Estado. es materia de consulta el auto de fojas cuatrocientos cincuentiuno que declara no haber mérito para pasar a juicio oral contra el encausado Zacarías Alvarez Rivas. reformándola: FIJARON en cinco mil nuevos soles por dicho concepto. en el sentido que los derechos materia de inhabilitación son los estipulados en los incisos uno al cuatro del artículo treintiséis del Código Penal.A del Código de Procedimientos Penales. no así en lo atinente a la duración de la pena de inhabilitación pues su corrección implicaría una reforma peyorativa en tanto que el recurso sólo proviene por parte de la imputada. es del caso hacer uso de lo dispuesto por el numeral uno del artículo trescientos uno. que en esas condiciones no queda a esta Suprema Sala. su fecha veintitrés de junio de dos mil cuatro. en atención a la interpretación que se formula respecto a la valoración de las declaraciones en sede de instrucción y del juicio oral y de la pena de inhabilitación en el delito de asociación terrorista. que ratificar el sobreseimiento de la causa en ese extremo. en agravio del Estado a veinte años de pena privativa de libertad. declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de fajas seiscientos cuarentiséis. en cuanto condena a Brigida Marcela Noreña Tolentino como autora del delito contra la tranquilidad pública . Octavo: Que. Noveno: Que.terrorismo.
. Por estos fundamentos: APROBARON el auto de fojas cuatrocientos cincuentiuno. con lo demás que al respecto contiene.CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL
respecto a la determinación de los derechos que son objeto de inhabilitación. de fecha uno de septiembre de dos mil tres. y atento a su carácter general. declararon HABER NULIDAD en dicha sentencia en el extremo que fija en dos mil nuevos soles por concepto de reparación civil. introducido por el Decreto Legislativo novecientos cincuentinueve. por otro lado. trescientos días multa e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la pena privativa de la libertad. ante la unánime posición no persecutoria del Ministerio Público y vista que la instrucción cumplió con agotar su posibilidad de esclarecimiento. INTEGRARON dicha sentencia respecto a la pena de inhabilitación.
que ofrezca mayor credibilidad lo declarado en etapa de instrucción que lo dicho después en el juicio oral. sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a una u otras de tales declaraciones.S.. conforme el artículo 248 del C. P. PALACIOS VILLAR .S. como vinculantes normativos. publicidad e inmediación y trasunta una mayor verosimilitud y fidelidad –cumplimiento. en la medida en que la declaración prestada en la etapa de instrucción se haya actuada con las garantías exigibles legalmente –situación que se extiende a las declaraciones en sede policial siempre que se cumplan con lo expresamente estatuido en la norma habilitante pertinente referido a la presencia del Fiscal y. el Tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral. lo cual sin embargo no impide su posterior lectura en
. en consecuencia. ORDENARON se publique en el Diario Oficial "El Peruano".ESTABLECIERON como precedente obligatorio lo estipulado en los fundamentos jurídicos cinco y siete de esta Ejecutoria. l. Cuando se trata de testigos o imputados que hayan declarado en sede preliminar de investigación policial y/o en fase instructiva (indistintamente). por determinadas razones – que el Tribunal debe precisar cumplidamente. y los devolvieron. de los requisitos de legalidad y contradicción-. tal regla sólo es aplicable.. en tanto dicha declaración se haya sometido en tal acto a contradicción con las garantías de igualdad. expediente número 3044-2004. de P. si bien no pueden leerse bajo sanción de nulidad. BARRIENTOS PEÑA . como lo expresa la propia ejecutoria. en su caso. antes que el testigo declare en el acto oral. SAN MARTIN CASTRO . pues puede ocurrir. procedente de Lima que sube en nulidad a la Corte Suprema en razón de un recurso de nulidad interpuesto por la Procuradora Pública del Estado en un caso de Terrorismo y que declara. Es de tener presente que las declaraciones prestadas ante el Juez Penal. en su esencia. LECAROS CORNEJO MOLINA ORDOÑEZ
CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL COMENTARIO
Ejecutoria Suprema del 1º de diciembre de 2004. los extremos quinto y séptimo de la misma en el sentido siguiente: k. del abogado defensor-.
que imponía la pena de 20 años de pena privativa de la libertad. N° 588. su fecha 16 de Abril del 2004.inteligencia personal perteneciente a la DINCOTE intervino su vivienda ubicada en el Asentamiento Humano Nueva Juventud. así como manuscritos que se inserta a fojas 136 de contenido alusivo a la organlzaclon
. se resolvió en el sentido de NO HABER NULIDAD en la sentencia recurrida. En este caso. Distrito de San Juan de Lurigancho. en el extremo que declara no haber mérito para pasar a juicio oral contra PEDRO PABLO COTRINA GONZÁLEZ por el delito Contra la Tranquilidad Pública -Terrorismo Afiliación a Organización Terrorista. En lo que se refiere a la pena de inhabilitación impuesta. a favor del Estado. remitiéndose al artículo 36 del Código Penal. modificado por la Ley N° 24388. con arreglo a la norma del artículo 5º del Decreto Ley número 25475. HABER NULIDAD en el extremo resarcitorio de la misma. m.
EJECUTORIA N° 4
Ministerio Pùblico Segunda Fiscalia Suprema en lo Penal Exp. conforme a lo dispuesto en el artículo 253 del C.N° 126-2004 Dictamen N° 1700 -2004-MP-2°FSP
SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: Es materia de recurso de nulidad de oficio. P. agraviado en esta causa.la estación procesal oportuna luego de actuarse la prueba personal. la resolución de fojas 420. y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 923. el Juez Penal. toda vez que es una pena principal y es así como lo regula el citado artículo 5º del Decreto Ley 25475. hallándose en el comedor dos bolsas de polietileno conteniendo 50 kilogramos de Nitrato de Amonio.S. en aplicación de lo dispuesto por el artículo 221° del Código de Procedimientos Penales. en agravio del Estado. de P. Revisados los actuados se advierte que la conducta incriminada al encausado estriba en el hecho de que por labor de . debiendo en todo caso. debe entenderse como “posterior” al cumplimiento de la pena privativa de la libertad. fijar los derechos por los cuales se inhabilita al condenado. incrementando la cuantía de la reparación civil de 2000 nuevos soles a 5000 nuevos soles.2003 Corte Superior de Justicia de Lima G.
terrorista de Sendero Luminoso. conducta que fue encasillada por el Fiscal Provincial Especializado en la denuncia de fojas 167 en los tipos penales descritos por los artículos 4° (actos de colaboración) y 5° (afiliación a organización terrorista) del Decreto Ley N° 25475. no obstante de que se trataba de un concurso ideal de delitos. según el Examen Pericial de fojas 135 y de lo que se consigna en ellos se observa claramente definidos su tendencia hacía la lucha armada. norma que tipifica la conducta criminosa imputada al encausado. INSUBSISTENTE el dictamen fiscal de fojas 402 en este extremo. En consecuencia esta Fiscalia Suprema en lo Penal. al no haber formulado acusación por el tipo penal previsto en el artículo 50 del Decreto Ley N° 25475. por cuanto con una sola unidad de conducta se ha violado diferentes tipos penales. Los manuscritos incautados al encausado precitado. desdoblándose de la modalidad por la que se ha expedido fallo condenatorio. provienen de su puño grafico.Terrorismo -Afiliación a Organización Terrorista. en agravio del Estado. situación que debe enmendarse en la realización de un nuevo acto oral. Es por ello. conforme reza del Acta de fojas 23. remitiéndose al representante del Ministerio Público para que formule acusación de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 del Decreto Legislativo N° 052 -Ley Orgánica
. así como las frases de alabanza al presidente Gonzalo constituyen un indicador que el autor de los manuscritos es un integrante de este grupo alzado en armas y como tal ejecutó actos de terrorismo. conceptúa que debe declarase NULA la resolución recurrida en el extremo que declara no haber mérito para pasar a juicio oral contra Pedro Pablo Cotrina Gonzáles por el delito Contra la Tranquilidad Pública . consistentes en el almacenamiento y posesión ilegal de material explosivo en su vivienda que serían utilizados con el propósito de alterar la paz pública y la tranquilidad de vivir una sociedad bajo cánones de tolerancia social y reglas impuestas por un Estado de Derecho. y que no ha sido materia de juzgamiento. dada la conexión existente entre los hechos tipificados. instancia donde se debe evaluar jurídicamente los cargos imputados al encausado. que este Despacho no comparte con la opinión del Fiscal Superior. su correlación con la ideología preconizada por la facción
terrorista de Sendero Luminoso.
del Ministerio Público. así como que no se acreditó que integre o forma parte del "Sendero Luminoso". la Fiscalía Suprema en el dictamen que antecede señaló que los manuscritos incautados. por el delito de colaboración terrorista. veinte de diciembre de dos mil cuatro. con lo expuesto por la señora Fiscal Supremo en lo Penal. 12 de Octubre del 2004. acreditan la pertenencia a Sendero Luminoso por parte del imputado. LIMA Lima. al respecto. debe declararse NULA la sentencia de fs.559. la consulta que por imperio de la ley eleva la Sala Penal Nacional del auto superior de fojas cuatrocientos veinte. a la vez que se anotó que en su domicilio se encontraron dos bolsas de polietileno conteniendo trescientos setenta gramos de nitrato de amonio y sesentitrés paquetes de fósforos de cuarenta unidades cada uno -acta de incautación de fojas veintidós y pericia de fojas noventiséis. Resolucion Suprema SALA PENAL PERMANENTE CONSULTA Nº 126-2004. Superior. que. que. estimó que el citado imputado realizó actos de colaboración al brindar su domicilio como depósito y almacenar en él sustancias explosivas. sin embargo.y manuscritos que provenían de su puño gráfico -pericia de fojas ciento treinticuatro-. declaró no haber lugar a juicio oral contra el acusado Cotrina González por delito de asociación terrorista y haber lugar a juicio oral por el delito de colaboración terrorista. Lima. por lo que existe un concurso ideal entre asociación terrorista y colaboración terrorista. que la pericia grafotécnica determinó que provienen de su puño gráfico. y CONSIDERANDO: Primero: Que el Colegiado. debiéndose realizar nuevo juicio oral por otra Sala Superior. de conformidad con el dictamen del señor Fiscal Superior de fojas cuatrocientos dos. que declara no haber mérito a pasar a juicio oral contra
Pedro Pablo Cotrina Sánchez por delito contra la tranquilidad pública -asociación terrorista en agravio del Estado. Asimismo. Segundo: Que el acusado Cotrina González ha sido condenado por sentencia firme. ocasión en que se precisó que si bien cl propio imputado admitió ser simpatizante de Sendero Luminoso no integró la organización. derivadas de los hechos materia de este proceso.VISTOS. que los manuscritos signados como muestras "A" Y "B" se refieren a
. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 298º del Código de Procedimientos Penales.
y. pues que se castigan los hechos siempre y cuando no se llegue a producir un resultado típico determinado -en tanto constituye un auxilio o una preparación de otro comportamiento-. por lo que no se puede admitir. reglaje. d) el dolo del autor está integrado por la conciencia o
. recabar y facilitar actos de colaboración.favorecimiento). a referencias genéricas a la misma. y a palabras sueltas que incluye expresiones corno agenda. esto es. delito que es independiente de las posibles acciones o
actos terroristas-.realizadas por el imputado respecto a una entrevista realizada al líder de Sendero Luminoso. están contemplados en normas jurídicas específicas: artículos cinco y cuatro. como tal.anotaciones -ciertamente favorables a la organización. escuela. respectivamente.se castigará como coautoría o participación del delito efectivamente perpetrado. en la prevención de conductas gravemente dañosas para la comunidad-.especialmente castigados como favorecimiento de la comisión de actos terroristas y de los fines de un grupo terrorista -anticipación de la barrera de protección penal que se justifica en la importancia de los bienes jurídicos fundamentales que afecta el terrorismo y en la objetiva peligrosidad que las conductas de colaboración adquieren en la actividad terrorista. del Decreto Ley número veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco. Tercero: Que es de precisar que los delitos de asociación terrorista y de colaboración terrorista son tipos penales autónomos y. que el delito de colaboración terrorista: a) es un delito de mera actividad y de peligro abstracto -no requiere que los actos perpetrados estén causalmente conectados a la producción de un resultado o de un peligro delictivo concreto. que el contenido de dichos manuscritos no permitan estimar con absoluta certidumbre que el imputado a la fecha de los hechos ya estaba integrado a la organización terrorista y que el almacenamiento de la sustancia explosiva lo hizo como una tarea o acción propia de una acreditada y sostenida militancia terrorista. etcétera. obtener. aunque es obvio que requiere de una acción apta en si misma para producir un peligro al bien jurídico (idoneidad potencial de los actos de . c) es un delito residual o subsidiario. supuestos de concurso ideal. y que por su propia naturaleza son implicantes entre sí. b) importa la comisión de actos preparatorios -realizar. en ningún caso. pues de ser así -en virtud del principio de absorción.
conocimiento del favorecimiento a la actividad terrorista y a la finalidad perseguida por los grupos terroristas. que en la descripción de los actos de colaboración el legislador utiliza fórmulas abiertas para evitar lagunas de punibilidad -verbigracia: "(.. pero en tal caso no estarán sino haciendo patente su condición de afiliado. aún cuando en el primer párrafo se inclina por una definición amplia de su contenido general -así: "cualquier tipo de bienes o medios (.)"-. que declara no haber mérito para pasar a juicio oral contra Pedro Pablo Cotrina Gonzáles por delito contra la tranquilidad públicaafiación a la
.) cualquier otro que específica mente coadyuve o facilite las actividades de elementos terroristas o grupos terroristas (.. en virtud del carácter general de la interpretación del tipo penal de colaboración terrorista. del Código de Procedimiento Penales.) cualquier modo favoreciendo la comisión de delitos (. el tipo penal identifica o precisa seis actos de colaboración. que. por otro lado. Por estos fundamentos: APROBARON el auto consultado de fojas cuatrocientos
veinte.. del dieciséis de abril de dos mil cuatro.. que. es del caso .. en aras del respeto al principio general de seguridad jurídica y al principio penal de lex stricta. corresponde asumir la vigencia de la cláusula implícita de equivalencia en cuya virtud las conductas de colaboración típicamente relevantes sólo serán aquellas que importen una evidente gravedad e intrínseca idoneidad del acto realizado por el agente en función a la entidad de las actividades terroristas y a las finalidades de los grupos terroristas. introducido por el Decreto Legislativo Número novecientos cincuentinueve. el sujeto activo de este delito sólo puede serIo aquella persona que no pertenece o no está integrada a una organización terrorista es decir por un "extraneus". que.. Cuarto: Que.puntualizar que la interpretación que ha de presidir dichas fórmulas típicas necesariamente será restrictiva y. por ende. pese a ello.) prestación de cualquier tipo de ayuda que favorezca la fuga de aquellos (personas pertenecientes a grupos terroristas)"-. asimismo. que. una interpretación distinta conduciría a una confusión con el delito de asociación terrorista. es del caso establecer su carácter vinculante en aplicación del numeral uno del artículo trescientos uno guión A... siendo de resaltar que los sujetos integrantes de aquella pueden realizar sin duda las actividades típicas de colaboración o favorecimiento. como señala la doctrina penalista mayoritaria.
de ser posible. SAN MARTÍN CASTRO PALACIOS VILLAR BARRIENTOS PEÑA LECAROS CORNEJO MOLINA ORDÓÑEZ
Ejecutoria Suprema del 20 de diciembre de 2004. El delito de colaboración terrorista: 1) es un delito de mera actividad y de peligro abstracto –no requiere que los actos perpetrados estén causalmente conectados a la producción de un resultado o de un peligro delictivo concreto. y que por su propia naturaleza son implicantes entre sí. supuestos de concurso ideal. Los delitos de asociación terrorista y de colaboración terrorista son tipos penales autónomos y. como tal.asociación terrorista en agravio del Estado (sin embargo dicho auto superior de enjuciamiento. con lo demás que contiene. aunque es obvio que requiere de una acción apta en sí misma para producir un peligro al bien jurídico (idoneidad potencial de los actos de favorecimiento). respectivamente. el fundamento tercero de la misma en el sentido siguiente: n. esto es en el artículo 4º y 5º del Decreto Ley número 25475.S. delito que es independiente de las posibles acciones o actos terroristas-. MANDARON se publique en el Diario Oficial "El Peruano" y. 2) importa la comisión de actos preparatorios –realizar. procedente de Lima que sube en Consulta a la Corte Suprema en razón a que se resolvió en el auto superior de enjuiciamiento de fojas 420.S. están contemplados en normas jurídicas específicas. expediente número 126-2004. como lo expresa la propia ejecutoria. con la debida acusación fiscal que la precedía. como vinculantes normativos. no haber mérito a pasar a juicio oral contra el encausado por el delito contra la tranquilidad pública. y los devolvieron.Organización Terrorista o asociación terrorista en agravio del Estado. ESTABLECIERON como precedente vinculante el tercer fundamento jurídico de esta ejecutoria Suprema. por lo que no se puede admitir en ningún caso. recabar y facilitar actos de
. o. obtener. declaró haber mérito a pasar a juicio oral sólo por el delito de colaboración terrorista sobre lo cual giró el debate oral y por el que finalmente se condenó al encausado) y que declara. en la Página Web del Poder Judicial.
colaboración. por ende. q. p. pues de ser así –en virtud del principio de absorción.especialmente castigados como favorecimiento de la comisión de actos terroristas y de los fines de un grupo terrorista –anticipación de la barrera de protección penal que se justifica en la importancia de los bienes jurídicos fundamentales que afecta el terrorismo y en la objetiva peligrosidad que las conductas de colaboración adquieren en la actividad terrorista. esto es.)”-. una interpretación distinta conduciría a una confusión con el delito de asociación terrorista.... 3) es un delito residual o subsidiario.se castigará como coautoría o participación del delito efectivamente perpetrado. Pese a ello. como señala la doctrina penalista mayoritaria. El sujeto activo de este delito sólo puede serlo aquella persona que no pertenece o no está integrada a una organización terrorista es decir por un “extraneus”. es del caso puntualizar que la interpretación que ha de presidir dichas fórmulas típicas necesariamente será restrictiva y. que. el tipo penal identifica o precisa seis actos de colaboración. 4) el dolo del autor está integrado por la conciencia o conocimiento del favorecimiento a la actividad terrorista y a la finalidad perseguida por los grupos terroristas..) cualquier modo favoreciendo la comisión de delitos (. en aras del respeto al principio general de seguridad jurídica y al principio penal de lex stricta.. y. Así dicho.. corresponde asumir la vigencia de la cláusula
. en la prevención de conductas gravemente dañosas para la comunidad-. aún cuando en el primer párrafo se inclina por una definición amplia de su contenido general –así: “cualquier tipo de bienes o medios (. pero en tal caso no estarán sino haciendo patente su condición de afiliado.. siendo de resaltar que los sujetos integrantes de aquella pueden realizar sin duda las actividades típicas de colaboración o favorecimiento.) prestación de cualquier tipo de ayuda que favorezca la fuga de aquellos (personas pertenecientes a grupos terroristas)”-.. que en la descripción de los actos de colaboración el legislador utiliza fórmulas abiertas para evitar lagunas de punibilidad –verbigracia: “(. r. pues que se castigan los hechos siempre y cuando no se llegue a producir un resultado típico determinado –en tanto constituye un auxilio o una preparación de otro comportamiento-.) cualquier otro que específicamente coadyuve o facilite las actividades de elementos terroristas o grupos terroristas (.
que declaraba no haber mérito para pasar a juicio oral contra el encausado por delito contra la tranquilidad pública-afiliación a Organización Terrorista o asociación terrorista. previsto en el segundo párrafo del inciso b) del artículo del Decreto Ley 25475 y. a quien se le incrimina. en el primer párrafo del inciso b) del artículo 3° y en el artículo 5° del Decreto Ley 25475 y en los artículos 319° y primer párrafo del inciso 1) e inciso 2) del artículo 320° del Código Penal. imponiéndole 25 años de pena privativa de libertad. en agravio del Estado. asimismo le impusieron el pago de 60 días-multa y SI. C. la sentencia de fojas 988/1009 su fecha 26 de agosto del 2004.
En la Ejecutoria Suprema del caso comentado. S.implícita de equivalencia en cuya virtud las conductas de colaboración típicamente relevantes sólo serán aquellas que importen una evidente gravedad e intrínseca idoneidad del acto realizado por el agente en función a la entidad de las actividades terroristas y a las finalidades de los grupos terroristas. se logró capturar a Alfonso Abel Dueñas Salazar.
EJECUTORIA N°5
Dictamen Fiscal Ministerio Pùblico Segunda Fiscalia Suprema en lo Penal Expediente N° 541-03. del 16 de abril de 2004. 10 inhabilitaron con posterioridad a la sentencia por 03 años. interpuesto por ALFONSO ABEL DUEÑAS ESCOBAR. CONDENÁNDOLO por la comisión del delito de terrorismo en agravio del Estado. en su calidad de
. 5 000 nuevos soles por concepto de reparación civil que deberá abonar a favor del Estado. Aparece de autos que el día 28 de abril de 1998 personal policial de la División contra el Terrorismo llevó a cabo el Plan Operativo "Cosme-98-D4-Dincote". Dictamen N°1824!-2004-2" FSP-MP-FN. tras realizar las acciones de inteligencia correspondientes. se resolvió aprobando el auto consultado de fojas 420. ilícito previsto en el artículo 2°. SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Viene en recurso de nulidad. Corte Superior de Lima. con el cual. N° 3048-2004. que falla ABSOL VIÉNDOLO de la acusación fiscal por el delito de terrorismo. conocido también con los alias de "Javier" y "Alfonso".
habiéndolo utilizado el día 29 de octubre de 1993.CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL
miembro del grupo delincuencial Sendero Luminoso. Mercado de Frutas. Banco de Crédito y Banco Wiesse (ubicados en el distrito de La Victoria) y contra vehículos repartidores de la empresa Coca Cola a cuyos choferes despojaban de los productos que transportaban y de su dinero. igualmente. ubicada en la primera cuadra de la calle Ucello. admitiendo haber pertenecido al movimiento terrorista Sendero Luminoso. haber participado en una serie de atentados terroristas como el robo del vehículo de placa de rodaje N° BI-9598. ser conocido con el alias de "Javier" y tener participación en diversas acciones subversivas como pintas. y los atentados contra las sucursales del Banco de Crédito del Perú y banco Wiesse situadas de La Victoria. para atacar con . y embanderamientos por la zona del cerro San Pedro. en presencia del representante del Ministerio Público y su abogado defensor) el mismo que refiere haber participado en una acción de sabotaje a una tienda ubicada en San Borja. parecer que se funda en los siguientes medios probatorios: manifestación policial del encausado Alfonso Abel Dueñas Escobar (fojas 49156). Del análisis de actuado se advierte que se ha acreditado la responsabilidad penal del encausado precitado. cerro El Pino y la Carretera Central. San Borja. ocurridos en 1991. rendida en presencia del representante del Ministerio Público y su abogado defensor. e igualmente en diversos atentados como el ocurrido el día 29 de octubre de 1993 contra el supermercado "Santa Isabel" ubicado en la calle Ucello. Carlos Enrique Mora La Madrid al deponer policialmente (fojas 69/84. en presencia del representante del Ministerio Público y su abogado defensor) acepta haber sido miembro del
. San Borja. volanteos. realizada con los sujetos identificados con los alias de "Miguel" y "Javier". diligencia durante la cual señala su domicilio en la calle Gólgota del Cerro San Cosme. agrega que se retiró de dicha organización terrorista siendo hospitalizado por encontrarse mal de los riñones y padecer tifoidea Esta versión se encuentra debidamente corroborada con la manifestación policial de Guillermo Quispe Chipana (fojas 61/68. material explosivo una tienda de la cadena de supermercados Santa Isabel. juntamente con Guillermo Quispe Chipana y el sujeto identificado con el alias de "Miguel".
hasta la colocación de la carga explosiva en el citado local comercial. habiendo conocido al encausado precitado con el alias de "Alfonso Estrada". realizando acciones contra las agencias del Banco de Crédito y Wiesse situadas en el distrito de La Victoria. y agencias del Banco de Crédito y Banco Wiesse de la avenida México. menciona que éste se retiró de su agrupación por problemas personales y enfermedad. el cual tenía su domicilio en la calle Gólgota del Cerro San Cosme. en presencia de un representante del Ministerio Público y su abogado defensor) sindica igualmente a Alfonso Dueñas como integrante de la referida agrupación delincuencial.Destacamento Zonal que pertenecía a la Zona Centro. Miriam Quispe Cárdenas (fojas 121/125. por su parte. Del acta de verificación (fojas 138/139) se observa que. croquis ilustrativo (fojas 154) y paneaux fotográfico
. integrado entre otros por el (c) "Javier" o (c) "Alfonso" como mando militar. desde la sustracción del vehículo identificado con placa de rodaje N° BI-9598. conocido con el alias de "Alfonso Estrada". Abraham Guizado Ugarte al deponer policialmente (fojas 106/120. así como los vehículos repartidores de Coca Cola y Cristal. asimismo. por su parte Mario Antonio Cajavilca De la Cruz (fojas 93/105 y 126/128. existiendo rivalidad con los también subversivos de Sendero Luminoso. entre los cuales se encontraba el encausado precitado. en presencia de un representante del Ministerio Público. admite ser miembro del MRT A. el mismo que era militante de Sendero Luminoso. con los informes técnicos de fojas 142/144. en presencia de un representante del Ministerio
Público y su defensor) señala haber pertenecido al Movimiento Revolucionario Túpac Amaro. De igual modo. en presencia del representante del Ministerio Público y su abogado defensor) sindica al (c) "Javier" como partícipe del atentado contra el supermercado Santa Isabel de San Borja. Alfonso Abel Dueñas Salazar narró detalladamente cómo se desarrollaron los hechos que dieron lugar al atentado contra el supermercado Santa Isabel de San Borja. el subversivo Braulio Mercado Quiñones (fojas 85/92. en presencia de un representante del Ministerio Público y su abogado defensor) y rendir su declaración testimonial (fojas 203/204). 145/147 Y 148/150 se deja constancia de los daños ocasionados al supermercado Santa Isabel de San Borja. en el Informe Pericial de Explosivos Forense (fojas 152/153).
de conformidad en porte con el dictamen de la señora Fiscal Suprema en lo Pena!. Lima. LIMA Lima. 09 de noviembre de 2004. arreglada a ley la resolución recurrida. Segundo: Que la Policía Especializada contra el Terrorismo.(fojas 155) se describe el atentado sufrido por el supermercado Santa Isabel de San Borja así como los daños sufridos por los locales comerciales adyacentes a este. y o propósito de numerosas acciones de inteligencia y de intervenciones o diversos individuos vinculados a "Sendero Luminoso" -en especial a Socorro Popular-. por ello. En consecuencia.VISTOS. "Alfonso Estrado" o "Alfonso" era mando político militar: del destacamento zonal veintiuno centro de Socorro Popular. en el curso de su plan de investigaciones. que. y como tal había realizado varios atentados con explosivos en la jurisdicción de San Borja y La Victoria. encontrándose. asimismo. esta Fiscalía Suprema en lo Penal es de opinión que se declare NO HABER NULIDAD en la sentencia materia de elevación. que no existe testimonio directo acerca de los hechos sino de gente que ha hecho referencia o lo vertido por terceras personas. y con particular énfasis por la incautación de documentos hallados en poder de los mismos (fojas ciento cincuenta y siete y ciento cincuenta y ocho) y por declaraciones de diversos implicados y adscritos a dicha organización. vein1iuno de diciembre de dos mil cuatro. llegó a establecer que el llamado "Javier". y CONSIDERANDO: Primero: Que la defensa del acusado Dueñas Escobar en su recurso formalizado de fojas mil veinte cuestiono la condena estimando que no existen pruebas suficientes que la sustenten. el recurso de nulidad interpuesto por el acusado ALFONSO ABEL DUEÑAS
ESCOBAR contra la sentencio condenatorio de fojas novecientos ochenta y ocho. Resolución Suprema RECURSO DE NULIDAD N° 3048-2004. en el curso de las investigaciones se identificó al acusado Dueñas Escobar como el
. que su patrocinado fue torturado y golpeado durante la investigación policial. medios probatorios que permiten crear certeza y convicción respecto de la participación de Alfonso Abel Dueñas Salazar en los hechos criminales materia de condena. que se tomó como base de la condena la inexacta y restringida sindicación de unos arrepentidos. y que al defensor no se le permitió revisar con la debida anticipación los testimonios de los arrepentidos.
no puede asumirse como evidencia apta para formar convicción)-.cuadro senderista antes citado. alegando maltratos en la DINCOTE. cuatrocientos cuarenta y siete y seis cientos sesenta y seis. capturándosele el día diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa y dos. el otro se negó a declarar en sede de instrucción judicial -véase acta de fojas cuatrocientos treinta y seis-. sesenta y nueve. y el testimonio de cinco personas vinculadas a Sendero Luminoso e incursas en procesos por terrorismo: Guillermo Quispe Chipana. y actas de reconocimiento de fojas ciento treinta y seis y ciento treinta y siete (el acta de fojas ciento treinta y cinco. a cuyo efecto se contó con las sindicaciones de dos arrepentidos: A dos A cero cero cero ciento noventa y nueve y A uno A cero cero cero ciento cuarenta y dos. así como se ratifica
en la primera manifestación -instructivas de fojas cuatrocientos cinco. ochenta y cinco. Abraham Guizado Ugarte y Miriam Quispe Cárdenas. quienes uniformemente lo mencionan indistintamente como un cuadro de Sendero Luminoso y participante en varios atentados terroristas -véase manifestaciones con asistencia del Fiscal fojas cuarenta y cinco. y parcialmente en su segunda ampliatorio de fojas cincuenta y siete. Braulio Mercado Quiñónes. en una primera manifestación negó los cargos (fojas treinta y ocho). ciento seis y ciento veintiuno.concurrió al juicio oral. por tanto. no ha sido consolidado con su testimonio y. Cuarto: Que de los dos arrepentidos que declararon en sede preliminar sólo uno de ellos -el de clave A dos A cero cero cero ciento noventa y nueve. en la que sólo admite que presionado participó en el robo de un vehículo y el atentado a la tienda Santa Isabel de San Borja. que los demás testigos en sede de instrucción se retractan de los cargos que formularon en sede preliminar. pero los aceptó íntegramente en su primera ampliatorio de fojas cuarenta y nueve -con asistencia del Fiscal Provincial Adjunto y abogado defensor-. que el primero de los arrepentidos identificó al imputado como ligado a Sendero Luminoso. y declaración en e! acto oral de fojas ochocientos doce-. y Quispe Chipana
. sesenta y uno. y muy ligado a mandos de la misma. que en sede judicial dicho encausado vuelve a negar los cargos. de otro arrepentido. Carlos Enrique Mora La Madrid. Tercero: Que en sede preliminar el imputado. a quien vio en dos polladas organizadas por esa organización. cuarenta y siete.
de fojas ciento treinta y ocho que da cuenta del robo del vehículo y del atentado a la tienda de Santa Isabel en San Borja conforme al croquis ilustrativo de fojas ciento cincuenta y cuatro.y a la seguridad de! aporte probatorio realizado. cuando estaba en vigor el Código Penal de mil novecientos noventa y uno.hace lo propio. es de concluir que en dichas diligencias no se advierte objeción alguna a su legalidad -no hay evidencia que acredite que los implicados y los arrepentidos fueran presionados o engañados por la autoridad policial para declarar como lo hicieron. en La Victoria se acreditan con el tenor de los Informes Técnicos de la Unidad de Desactivación de Explosivos de fojas ciento cuarenta y dos. mencionando al igual que los demás conductas ilegales de la policía para obtener testimonios incriminatorios.los actas de fojas ciento treinta y seis y ciento treinta y siete importaron un reconocimiento en rueda -sea mediante fotografías o con el concurso de varios individuos. que en esas condiciones las retractaciones realizadas en sede judicial carecen de mérito en tanto no se advierten razones objetivas y fundadas que expliquen que la inicial sindicación se debió a un error o fue consecuencia de una presión policial indebida. ciento cuarenta y cinco y ciento cuarenta y ocho. en cuanto al imputado Dueñas Escobar. respectivamente-. durante la vigencia del Decreto Ley número veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco. e incluso -respecto de los arrepentidos.y en ellas asistió el Fiscal. y de las fotografías de fajas ciento cincuenta y cinco. que. así como de abogado defensor en el caso de los implicados en actos de terrorismo o investigados. y los días veintiséis de setiembre de mil novecientos noventa y uno y treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y uno -Bancos de Crédito y Wiese. que estos hechos ocurrieron el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres -Tienda Santa Isabel en San Borja. es de acotar lo significativo del acta de verificación fiscal -en este caso del Fiscal Militar. Sexto: Que si se tiene en cuenta que las manifestaciones prestadas en sede preliminar se realizaron con la asistencia de un Fiscal. Quinto: Que los atentados con explosivos a la tienda de Santa Isabel en San Borja y a los locales de los Bancos de Crédito y Wiese Limitado. que si bien el certificado médico
. para lo cual se contó con la sustracción del vehículo de placa BI-nueve mil quinientos noventa y ocho realizado al día anterior-.en el acto oral -fojas ochocientos ochenta y dos.
versión que a su vez confirma el tenor de los documentos incautados y la base inicial de la investigación policial.primer párrafo del numeral uno y numeral dos -actuación en calidad de integrante de una organización terrorista y generación de daños en bienes privados-. esto es. ahora bien. cuya constitucionalidad ha sido confirmada por la sentencia del Tribunal Constitucional del tres de enero de dos mil tres. en especial. acreditados con las pruebas científicas ya citadas -fojas ciento cuarenta y dos a ciento cincuenta-. y tres. Expediente número cero diez-dos mil dos-AI/TC.y trescientos veinte -tipo agravado. exige una especificidad del elemento intencional. en la subversión del régimen
. Séptimo: Que es de resaltar la declaración de la arrepentida con clave A dos A cero cero cero ciento noventa y nueve -manifestación policial de fojas cuarenta y cinco y declaración en el acto oral de fojas novecientos cuarenta y tres-. Octavo: Que. fortalece las iniciales sindicaciones de los implicados en los tres atentados. en tanto que prueba la vinculación del imputado con Sendero Luminoso y. asimismo.CENTRO DE INVESTIGACIONES JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL
legal de fojas ciento cincuenta y uno do cuenta de lesiones levísimas que sufrió el imputado. que se expresa elemento subjetivo tipificante-. que se trata de un concurso real de delitos: tres actos terroristas -atentados con explosivos a locales comercialesrealizados como integrante de una organización terrorista. con dirigentes de esa organización.del Decreto Ley número veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco. contiene un elemento teleológico. (oficio)y participó un Fiscal y si la primera manifestación importó un rechazo a los cargos esgrimidos en su contra. -acto terrorista de individuo integrado a una organización terrorista. la conducta realizada por el imputado Dueñas Escobar está incurso tanto en los artículos trescientos diecinueve -tipo básico. Noveno: Que es de significar que el delito de terrorismo básico -artículo dos del Decreto Ley número veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco-. declaración corroborada que. de! Código Penal. inciso b}. recaída en el asunto Marcelino Tineo Sulco contra la legislación contra el terrorismo. no es posible calificarlas de torturas o de agresiones producidas para lograr una confesión. en cuanto a su finalidad última. así como en los artículos dos -tipo básico de 'acto terrorista'-. tanto más si en todas sus manifestaciones estuvo asesorado por un abogado defensor de oficio.
sin perjuicio de tomar en cuenta la específica intencionalidad antes mencionada. desde la tipicidad objetiva. y contra el patrimonio. y que en estricto sentido es el bien jurídico tutelado. y. introducido por el Decreto Legislativo número novecientos cincuenta y nueve. desde la tipicidad subjetiva. tal como se ha establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional del quince de noviembre de dos mil uno. cuando esa pena no está prevista en el Decreto Ley número veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco. libertad y seguridad personal. que esta figura penal exige. que tratándose de una interpretación de un tipo penal de especial importancia. recaída en el Asunto Defensoría del Pueblo contra Legislación sobre Terrorismo Especial. integridad corporal. por último. materias explosivas-. es del caso otorgarle carácter de precedente vinculante de conformidad con el numeral uno del artículo trescientos uno-A del Código de Procedimientos Penales. es del caso precisar los alcances generales del aludido tipo penal.político ideológico establecido constitucionalmente. y afectación de las relaciones internacionales o de la seguridad sociedad y de! Estado. Décimo: Que es de precisar que en la sentencia recurrida se ha impuesto pena de inhabilitación. y los que tengan entidad para ocasionar determinados y siempre graves efectos dañosos. que a ello se une.
centradas en la perpetración de delitos contra bienes jurídicos individuales -vida. torres de energía o transmisión. vías o medios de comunicación o transportes. asimismo. que el sujeto activo realice una de dos modalidades de acción típica. que en rigor complemento la llevada a cabo por el Tribunal Constitucional. respetando en su esencia los principios constitucionales sentados por la sentencia del Tribunal Constitucional del tres de enero de dos mil tres. requiere concurrentemente que el agente utilice determinados medios típicos: los catastróficos -artefactos explosivos. de suerte que la acción proscrita y razón de ser de la configuración típica desde una perspectiva final es la sustitución o variación violenta del régimen constitucional. que. instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio-.o contra bienes jurídicos colectivos seguridad de los edificios. debe producir concretos resultados típicos: estragos. grave perturbación de la tranquilidad pública. ni lo
. el dolo del autor. Expediente número cero cero cinco-dos mil uno-AI/TC.
y los artículos trescientos diecinueve y trescientos veinte. se ha impuesto una pena por debajo del mínimo legal de treinta años fijado por el artículo tres. que. ilícito previsto en el artículo dos. por lo que es del caso dejarla sin efecto. declararon NULA el extremo de la sentencia que impone la pena de inhabilitación posterior a la sentencia por tres años. primer párrafo del inciso b) del artículo tres del Decreto Ley -y no Ley como equivocadamente se ha consignadonúmero veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco. el aludido tipo penal se subsume en la forma agravada de A acto terrorista. inciso b). del Código Penal. así como cinco mil nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del Estado. finalmente. no puede corregirse porque implicaría afectar el principio de la interdicción de la reforma peyorativa. del Decreto Ley numero veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco. que. que tal error jurídico. por lo que es del caso absolver en este extremo. con lo demás que al respecto contiene. pese a que no existe fundamento legal alguno para hacerlo. en tanto que el único recurrente es el imputado. en la sentencia impugnada se ha condenado concurrentemente por delito de asociación terrorista -artículo cinco del Decreto Ley número veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco-. primer párrafo del inciso primero y el inciso segundo. sin embargo. en el ilícito previsto y sancionado en el artículo cinco del Decreto
. en cuanto condeno a Alfonso Abel Dueñas Escobar como autor del delito contra la tranquilidad pública . Por ) estos fundamentos: declararon NO HABER NULlDAD en la sentencia de fojas novecientos ochenta y ocho.estuvo como pena accesoria en el Código Penal vigente. en su
texto originario aprobado por Decreto Legislativo número seiscientos treinta y cinco. y le impone veinticinco años de pena privativa de libertad y sesenta días multa. como el imputado ~ perpetró los actos terroristas en esa situación personal de asociado terrorista. única forma de adicionarla a tenor de la concordancia de los artículos cuarenta y ocho y cincuenta del Código Penal. por otro lado. de fecha veintiséis de agosto de dos mil cuatro. sin embargo. declararon HABER NULIDAD en la propia sentencia en la parte que condena a Alfonso Abel Dueñas Escobar como autor del delito contra la tranquilidad pública terrorismo en agravio del Estado.terrorismo en agravio del Estado.
y que en estricto sentido es el bien jurídico tutelado. y los devolvieron. en el Portal del Poder Judicial. recaída
en el Asunto Defensoría del Pueblo contra la legislación sobre Terrorismo Especial. que se expresa –elemento subjetivo tipificante-. en relación a la tipicidad objetiva: 1) que el sujeto activo realice una de dos modalidad de acción típica. SAN MARTíN CASTRO PALACIOS VILLAR BARRIENTOS PEÑA LECAROS CORNEJO MOLINA ORDOÑEZ
Ejecutoria Suprema del 21 de diciembre de 2004. esto es.Ley número veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco. como vinculantes normativos. como lo expresa la propia ejecutoria. expediente número 3048-2004. de ser posible.S. reformándolo: lo ABSOLVIERON del mencionado delito en agravio del Estado. y ORDENARON se archive lo actuado definitivamente en ese extremo y se anulen los antecedentes penales y judiciales del imputado. de suerte que la acción proscrita y razón de ser de la configuración típica desde una perspectiva final es la sustitución o variación violenta del régimen constitucional. todo lo cual se expresa del siguiente modo. exige una especificidad del elemento intencional. disponiéndose su publicación en el Diario Oficial y. el fundamento tercero de la misma en el sentido siguiente: s. es del caso precisar los alcances generales del aludido tipo penal. ESTABLECIERON como precedente vinculante lo estipulado en el noveno fundamento jurídico de esta Ejecutoria Suprema.S. procedente de Lima que sube a la Corte Suprema vía recurso de nulidad. centradas en la perpetración de
. t. Expediente número cero cero cinco-dos mil uno-AI / TC. El delito de terrorismo básico –artículo 2º del Decreto Ley número 25475contiene un elemento teleológico. en cuanto a su finalidad última. Respetando en su esencia los principios constitucionales sentados por la sentencia del Tribunal Constitucional del 3º de enero de 2003. tal como se ha establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de noviembre de 2001. interpuesto por el encausado contra la sentencia condenatoria de fojas 988 y que declara. en la subversión del régimen político ideológico establecido constitucionalmente. oficiándose.
2) asimismo. 3) debe producir concretos resultados típicos: estragos.o contra bienes jurídicos colectivos –seguridad de edificios. y. grave perturbación de la tranquilidad pública. torres de energía o transmisión. En la Ejecutoria Suprema del caso comentado. libertad y seguridad personal. como es de verse. subsumiéndose este extremo en la calificación agravada del delito de terrorismo. ____________°_______________
. materias explosivas-. se declaró NULA la sentencia recurrida y HABER NULIDAD. vías o medios de comunicación o transportes. absolviendo al encausado por el delito de asociación terrorista. y contra el patrimonio. en el extremo principal. y los que tengan entidad para ocasionar determinadas y siempre graves efectos dañosos. y afectación de las relaciones internacionales o de la seguridad de la sociedad y del Estado. En los otros extremos. se declaró NO HABER NULIDAD en el extremo que condena al encausado a 25 años de pena privativa de libertad. instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio-. integridad corporal.delitos contra bienes jurídicos individuales –vida. requiere concurrentemente que el agente utilice determinados medios típicos: los catastróficos –artefactos explosivos.
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 artículo 5
 artículo 221
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 artículo 92
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