Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920344.html
Timestamp: 2019-11-12 08:44:50+00:00

Document:
as201920344
Auto Supremo: 344/2019
Expediente: SC-116-18-A
Partes: Iver Torrico Salazar y otra c/ Honorable Alcaldía Municipal de Santa Cruz
actual Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 297 a 301 vta., interpuesto por Percy Fernández Añez en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra contra el Auto de Vista Nº 168/2018 de 31 de mayo, cursante de fs. 268 a 270 vta., pronunciado por la Sala Civil, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso de Mejor derecho propietario y otros, seguido por Iver Torrico Salazar y otra contra la entidad recurrente, Auto de Concesión de fs. 305, Auto Supremo de Admisión Nº 815/2018-RA, cursante de fs. 313 a 314 vta.; los antecedentes del proceso; todo lo inherente; y:
1. Iver Torrico Salazar y Margarita Cabrera de Torrico interpusieron demanda de mejor derecho propietario y otros, por memorial de fs. 110 a 117 vta., subsanada a fs. 120 a 121, dirigiendo su acción contra el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, que contestó y opuso excepción de incompetencia, desarrollándose la causa y una vez instalada la audiencia preliminar el 5 de marzo de 2018, en la etapa de saneamiento procesal se resolvió las excepciones planteadas por el Juez Público Civil y Comercial Nº 30 de la ciudad de Santa Cruz, mediante Auto de fs. 215 vta. a 219 vta., que declaró PROBADA la excepción de incompetencia de la autoridad judicial y dispuso que los demandantes acudan a la vía administrativa.
2. Resolución que una vez notificada a los demandantes fue apelada por memorial cursante de fs. 222 a 227, mereciendo el Auto de Vista Nº 168/2018 de 31 de mayo, cursante de fs. 268 a 270 vta., y en su parte dispositiva REVOCÓ parcialmente el Auto de 5 de marzo de 2018 de fs. 215 vta. a 219 vta., sustentando su decisión en los siguientes argumentos:
Atendiendo a la naturaleza jurídica de las sentencias declarativas (no anulatorias) que se emiten en los procesos de reconocimiento de mejor derecho propietario, en sí la determinación asumida por el A quo al establecer su incompetencia para conocer dicha pretensión no es correcta, porque la acción de mejor derecho propietario no es un tema que deba ser debatido o resuelto vía instancia administrativa, en esa idea refiere que esa acción solo persigue la preferencia del derecho propietario por sobre otro existente.
3. Notificándose a la entidad Municipal el 19 de junio de 2018, con la resolución de segunda instancia, impugnó en casación mediante memorial de fs. 297 a 301 vta.
Al dictarse el Auto de Vista, se ha realizado una incorrecta aplicación del art. 1545 del CC, el cual debe ser interpretado de la siguiente manera: la parte actora al demandar dentro de sus pretensiones sobre el mejor derecho propietario y la cancelación de inscripción en derechos reales, planteó acciones accesorias como resultado de la pretensión principal, cual es la nulidad del documento público Nº 308/2010 de 3 de mayo, otorgado a través de la Notaría del Gobierno Departamental de Santa Cruz, a cargo de Cecilia Sánchez Añez y al pretender obtener la nulidad de este instrumento, se estaría dejando sin efecto una ordenanza municipal y sus emergencias, para lo cual no tiene competencia el Juez Público en lo Civil y Comercial, por lo que el derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra se establece en el Instrumento Público N º 308/2010 de 3 de mayo, el mismo que nace a consecuencia y emergencia de la Ordenanza Municipal N º 028/2010, de 9 de marzo de 2010, que modifica la Ordenanza Municipal Nº 033/2000, de 16 de junio de 2000, que declara bienes de dominio público los terrenos en litigio, debiendo la parte actora hacer prevalecer sus derechos por la vía administrativa y no así por la vía ordinaria, ya que la pretensión de mejor derecho propietario es consecuente y constante con la pretensión de nulidad de documento.
Solicita en definitiva se dicte un auto supremo anulatorio.
Que sustanciado el recurso la parte demandante no la contestó ni la observó, no mereciendo mayor observación alguna.
III.1. Sobre la acumulación originaria de pretensiones en el Código Procesal Civil – art. 114.
Antiguamente bajo la teoría clásica se consideraba que la relación jurídica procesal era unitaria, lo que suponía la intervención de dos partes (demandante y demandado), es decir, que reconocía la presencia de una sola persona y una sola pretensión, sin embargo, dicha teoría ha sido superada de tal manera que en el derecho procesal contemporáneo, se aprecian relaciones jurídicas más complejas en las que aparecen en cada una de las partes más de dos personas (como demandantes o como demandados) y más de una pretensión (múltiples demandas), emergiendo como consecuencia de ello la institución procesal de la acumulación.
A tal efecto en la doctrina encontramos autores como Mario Reggiardo Saavedra en su obra “APLICACIÓN PRACTICA DEL CODIGO PROCESAL CIVIL”, pág. 157, Hugo Alsina en su escrito “TRATADO TEORICO PRACTICO DE DERECHO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL”, Tomo I, pág. 551, entre otros, que proponen una clasificación sobre la acumulación en; acumulación objetiva y acumulación subjetiva, en cuyo entendido respecto a la primera la describen como la pretensión propiamente dicha y en cuanto a la segunda hacen alusión a la integración de las personas en un proceso; en ese sentido, y a los efectos de la presente resolución centraremos nuestro análisis en torno a la acumulación objetiva, sobre la cual el profesor Adolfo Alvarado Vellos, refiere; “…es la reunión originaria o sucesiva, de distintas pretensiones que un sujeto tiene contemporáneamente frente a otro, realizada con la finalidad de que sean sustanciadas en un único procedimiento y decididas en un la misma sentencia, para obtener con ello la mayor economía y celeridad procesal…1”, de dicha definición desprenden a su vez una clasificación de este instituto procesal, entendiendo así que la acumulación objetiva puede categorizarse en; originaria y sucesiva, la originaria radica en que en el contenido de la demanda se presenta más de una pretensión, y la sucesiva refiere que en forma posterior a la presentación a la demanda se amplían otras pretensiones.
Entonces, a partir del análisis expuesto podemos inferir que la disposición inmersa en el art. 114 de la Ley Nº 439 (demanda con pretensión múltiple), se encuentra enmarcada en lo que la doctrina denomina “acumulación objetiva originaria de pretensiones”, en sentido de que dicha norma establece la permisión a los sujetos procesales (demandantes o demandados reconvencionistas) de interponer una demanda con una variedad de pretensiones, al respecto el Auto Supremo No. 248/2010 de 26 de julio, refiere: “…el sistema procesal civil boliviano, permite incorporar en una demanda todas las acciones o pretensiones que no sean contrarias entre sí, que obedezcan en su nacimiento a una misma causa y se encuentren vinculadas, de tal manera que, perteneciendo todas esas acciones a la competencia de un mismo órgano jurisdiccional pueda éste definir todas ellas en una Sentencia única, válida, eficaz y que comprenda a todos los sujetos que estuviesen directa o indirectamente involucrados, de tal suerte que se evite multiplicidad de procesos para un mismo fin, debido a que, siendo posible, se aplique también el principio de concentración como el de economía y dirección…”, de lo que se tiene que la demanda con múltiples pretensiones para ser considerada como tal deberá cumplir con los siguientes requisitos; 1) que se traten de pretensiones de materias iguales, análogas o conexas; 2) que las pretensiones no sean contrarias entre sí, salvo el caso de que se proponga como alternativa de la otra; y 3) que todas puedan sustanciarse por el mismo procedimiento.
Empero, para que estos presupuestos operen, el modo de postular las pretensiones es sumamente primordial, puesto que de ello dependerá el ejercicio del derecho de defensa del demandado así como el orden que seguirá el juez al momento de fundamentar y dictar la sentencia, ya que debe tomarse en cuenta que no todas las pretensiones reúnen las mismas características, en tal sentido nuestro ordenamiento jurídico en el tema adjetivo civil, más propiamente lo dispuesto en el referido art. 114 Ley Nº 439, se limita a establecer los presupuestos de una demanda con multiplicad de pretensiones, sin instituir los supuestos en los cuales puedan concurrir dicha multiplicidad, correspondiendo a este máximo Tribunal de Justicia en aplicación de su función uniformadora instaurar estos supuestos y de esa manera aclarar la figura procesal propuesta por esta normativa.
En ese contexto, en base a los razonamientos expresados por los autores citados supra y a partir de lo desarrollado en la doctrina sobre el tema, podemos señalar que los presupuestos de referencia (numerales 1, 2 y 3 del art. 114), permiten asumir la concurrencia de una acumulación objetiva originaria de pretensiones, en los siguientes hipotéticos: 1) la acumulación de pretensiones principales, denominadas también autónomas o simples que se presenta cuando se plantean dos o más pretensiones que no sean contradictorias entre sí, de tal manera que pueden ser resueltas en la sentencia de manera independiente, sin que el fallo sobre una afecte al de las otras, pues no existe relación de jerarquía o dependencia entre ellas, por ejemplo, cuando alguien pretende que se cumplan dos prestaciones derivadas de un mismo contrato; 2) la acumulación de pretensiones subordinadas, que se dan cuando el demandante plantea una pretensión principal y otra (u otras) que es subordinada al resultado de la principal, pues ante el desamparo de una, conduce al Juez a pronunciarse respecto a la otra; 3) la acumulación de pretensiones alternativas, este tipo de acumulación existe cuando el demandante propone más de una pretensión con esa calificación de modo que, en el caso de que todas sean declaradas fundadas, el demandado tiene inicialmente la opción de elegir cuál cumplir en ejecución de sentencia y si el demandado no ejerce dicha facultad, será el demandante quien elija la pretensión a cumplirse; y 4) la acumulación de pretensiones accesorias, que se presentan cuando el demandante propone una pretensión principal cuya suerte determina la de una pretensión accesoria que depende de aquella, de tal manera que si la principal es fundada, la accesoria lo es también, así como si la principal es infundada, la accesoria también lo es, es decir que la suerte de una determinaría automáticamente la suerte de la otra, no siendo esta clasificación restrictiva, puesto otras legislaciones con similar contenido plantean la acumulación de pretensiones condicionales, donde la acumulación se presenta cuando el demandante propone una pretensión como principal o condicional y otra como condicionada a la principal, lo que implica que solo en caso de que la pretensión principal sea declarada fundada, el juez pasará a resolver las condicionadas, pudiendo declarar éstas últimas como fundadas o infundadas.
Para mayor comprensión de lo manifestado, resulta pertinente acudir a la jurisprudencia desarrollada por este máximo Tribunal de Justicia, que respecto a los referidos supuestos en el Auto Supremo No. 642/2013 de 04 de diciembre, manifestó; “…La doctrina uniforme admite 4 clases o tipos de acumulación objetiva: la principal o simple; la alternativa; la subsidiaria o eventual propia; y la sucesiva o accesoria o eventual impropia. La acumulación principal o simple, llamada también autónoma o concurrente, es la que permite acumular varias pretensiones que deben ser resueltas todas ellas en la misma sentencia. La acumulación alternativa o electiva, es la que permite presentar varias pretensiones con la finalidad de que sólo sea acogida una de ellas, no pudiéndose acoger todas las pretensiones formuladas, ya que el opositor sólo tendrá que satisfacer una de ellas. La acumulación subsidiaria o eventual propia, llamada también subordinada, permite reunir varias pretensiones en esta forma de acumulación, en la que el actor reclama frente o contra el opositor una tutela jurídica en subsidio de otra que se ha formulado de forma preferente y excluyente. La acumulación accesoria o eventual impropia, llamada también sucesiva o consecuencial, en la cual concurren una pretensión principal, y el acogimiento de las otras pretensiones está supeditado o condicionado al acogimiento de la principal.
Entonces a partir de estos razonamientos y a los efectos del presente caso, podemos asumir el art. 114 del Código Procesal Civil, dentro de la gama de supuestos que propone, reconoce la acumulación de pretensiones, en virtud de la cual al momento de postularse una demanda o acción reconvencional, los sujetos procesales pueden formular una multiplicidad de pretensiones, entendiendo que en este supuesto unas son principales, subordinadas, alternativas y otras accesorias, caso para el cual la autoridad judicial tiene que realizar el análisis correspondiente para establecer la categoría de cada una para su correspondiente despliegue en el proceso y análisis en la sentencia.
III.2. De la acción mejor derecho propietario.
La línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, ha orientado en el Auto Supremo Nº 588/2014 de 17 de octubre, lo siguiente: “para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario respecto a bienes sujeto a registro, se requiere de tres condiciones o requisitos a ser cumplidos: 1.- Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta su derecho propietario con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirentes del mismo bien; 2.- Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario, y 3.- La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad” (Las negrillas pertenecen a la presente resolución).
Asimismo en el Auto Supremo Nº 618/2014 de 30 de octubre se razonó que:“…sobre dicho articulado este Tribunal emitió el Auto Supremo N° 89/2012 de 25 de abril, que estableció: “…una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas…”, la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquiridos de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)”. (Las negrillas pertenecen a esta resolución).
III.3. De las acciones reales y personales.
La doctrinaria dentro de los derechos patrimoniales ha determinado parámetros de clasificación, que ha sido posteriormente asimilado en el ordenamiento jurídico contenido en los numerales 1, 2 y 3 del art. 69 de la Ley del Órgano Judicial que nos hace alusión a - pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles , dinero y valores- , un antecedente histórico nos demuestra las diferentes teorías de división de derechos patrimoniales generadas, así tenemos la teoría monista obligacional, la monista real, la teoría clásica y las ponencias intermedias, tal es así que la doctrina ha terminado decantando por asimilar la teoría clásica, es decir en asumir la postura de acciones reales y personales, en palabras de Rubén H. Compagnucci de Caso2, los derechos reales constituyen un vínculo jurídico directo e inmediato entre una persona y una cosa. Son absolutas pues se ejercitan erga omnes en cambio el mismo autor sobre los derechos reales define qué relación a dos personas o más; son relativos pues en principio carecen de efectos frente a terceros.
Del citado entendimiento doctrinario asimilado por la doctrina moderna, podemos evidenciar que el derecho real implica una relación o vinculo jurídico directo entre la persona y el bien, que genera una gama de efectos: imprescriptibilidad, oponibilidad a terceros, ius perseguendi pudiendo ser reclamado las veces que el derecho se vea afectado; a contra prestación tenemos el derecho personal que emerge como consecuencia de un vínculo obligacional (prestación) entre dos o más personas denominadas acreedor y deudor, teniendo como características esenciales: la prescriptibilidad, rige el principio de relatividad y el ejercicio del crédito solo puede ser invocado una vez para el ejercicio del crédito, cada una tiene un tipo de defensa de su acción, por un lado tenemos a la reivindicación, negatoria entre otra (reales), cumplimiento y resolución de contratos (personales).
Refrendando el criterio asumido podemos citar el Auto Supremo N° 1051/2015 de 16 de Noviembre, ha orientado que: “Según el Tratadista Guillermo A. Borda: “…de acuerdo a una clásica distinción, las acciones patrimoniales se dividen en reales y personales. Las primeras son las que se dan en protección de los derechos reales y tienen las siguientes características generales: a) gozan del ius persequendi; ósea de la facultad de hacer valer el derecho contra cualquiera que se halle en posesión de la cosa… las acciones personales en cambio se dan en protección de los derechos personales y tienen las siguientes características: a) solamente pueden ser ejercitadas contra el o los obligados; b) tienden a la extinción del derecho, porque una vez ejercida la acción y cobrado el crédito se extingue la obligación….”.
III.4. Del control de legalidad.
En el AS 506/2017, refirió en sentido de que: “Bajo esa interpretación Constitucional, es que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ha emitido el Auto Supremo Nº 115/2013 de 10 de abril de 2013, expresando lo siguiente: “La ratio decidendi extractada de las referidas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio conforme lo establecen los arts. 203 de la CPE y 15.II del Código Procesal Constitucional, y aplicable por analogía al caso presente; toda vez que la presente demanda trata de un proceso contencioso administrativo en materia Municipal, donde se demanda a una autoridad edil, impugnando la Resolución Ejecutiva Nº 199/2012, por lo que, siguiendo la línea jurisprudencial, estos procesos deben seguir siendo de conocimiento de los Tribunales Departamentales de Justicia mientras no exista una regulación y/o reglamentación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en atención a los argumentos anteriormente expuestos, anula obrados hasta fs.15 inclusive y se declara SIN COMPETENCIA para conocer la presente causa, debiendo remitirse obrados a la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz…”; consiguientemente se ha sentado línea jurisprudencial para el conocimiento de la contención de actos administrativos que hayan emergido de un ente Municipal, por lo que en base a la jurisprudencia señalada en el presente fallo, resulta ser vinculante para todos los órganos de administración de justicia, siendo competencia de la Sala Plena de los Tribunales Departamentales de Justicia, el conocimiento y sustanciación de la contención emergente de los actos administrativos.
Así de esta manera conforme a los arts. 775 y 778 del Código de Procedimiento Civil, vigente desde el 02 de abril de 1976, la vía contencioso y contencioso- administrativo para la impugnación de actos administrativos evacuados por la administración Pública se atribuía a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, disposiciones que fue sustentada posteriormente por el art. 55 núm. 10 de la Ley del Órgano Judicial Ley 1455,en ese sentido el artículo 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, determina que “La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada.
Como único tópico controversial aduce que al dictarse el Auto de Vista, se realizó una incorrecta aplicación del art. 1545 del CC, el cual debe ser interpretado de la siguiente manera: la parte actora al demandar dentro de sus pretensiones, el mejor derecho propietario y la cancelación de inscripción en derechos reales, planteó acciones accesorias como resultado de la pretensión principal, cual es la nulidad del documento público Nº 308/2010 de 3 de mayo, otorgado a través de la Notaría del Gobierno Departamental de Santa Cruz, a cargo de Cecilia Sánchez Añez y al pretender obtener la nulidad del instrumento público N º 308/2010, se estaría dejando sin efecto una ordenanza municipal y sus emergencias, para lo cual no tiene competencia el Juez Público en lo Civil Comercial, por lo que el derecho propietario del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra se establece en el Instrumento Público Nº 308/2010 de 3 de mayo, el mismo que nace a consecuencia y emergencia de la Ordenanza Municipal Nº 028/2010, de 9 de marzo, que modifica la Ordenanza Municipal Nº 033/2000, de 16 de junio, que declara bienes de dominio público los terrenos en litigio, debiendo la parte actora hacer prevalecer sus derechos por la vía administrativa y no así por la vía ordinaria, ya que la pretensión de mejor derecho propietario es consecuente y constante con la pretensión de nulidad de documento.
Del contenido del recurso de casación se infiere que controvierte dos aspectos, el primero inherente a la pretensión de mejor derecho propietario, en sentido que es accesorio y el segundo que no es competencia de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de la acción de mejor derecho propietario emergente de actos administrativos, problemáticas que nos muestran la existencia de un problema jurídico central inherente al tema de la competencia y de la misma manera un problema subordinado, en otros términos para el análisis de fondo necesariamente de forma preliminar se debe analizar el problema subordinado, pues su estudio nos dará luces en cuanto al tema de fondo, entonces a los efectos de una correcta argumentación jurídica corresponde de inicio su estudio.
El recurrente alega que de acuerdo a los fundamentos de la demanda esta tiene como pretensión el mejor derecho propietario, la cual a su criterio es accesoria a la de nulidad de documentos, y al ser incompetente el Juez de la causa para el conocimiento de la acción de nulidad que es de carácter principal, por lógica consecuencia tampoco adquiere competencia para el estudio del mejor derecho propietario.
A los efectos de resolver problemática jurídica subordinada, es necesario reiterar el entendimiento asumido en el acápite III.1 de la doctrina aplicable, donde con buen criterio se explicó sobre el tema de la acumulación objetiva de pretensiones desde la óptica del Código Procesal Civil, pues la doctrina moderna acepta la posibilidad de plantearse una gama de pretensiones, dejando de lado la teoría monista, es así que el art. 114 de la citada normativa procesal, asume la posibilidad de una acumulación subjetiva de pretensiones, en los siguientes hipotéticos: 1) la acumulación de pretensiones principales, denominadas también autónomas o simples que se presenta cuando se plantean dos o más pretensiones que no sean contradictorias entre sí, de tal manera que pueden ser resueltas en la sentencia de manera independiente, sin que el fallo sobre una afecte a las otras, pues no existe relación de jerarquía o dependencia entre ellas, por ejemplo, cuando alguien pretende que se cumplan dos prestaciones derivadas de un mismo contrato; 2) la acumulación de pretensiones subordinadas, que se dan cuando el demandante plantea una pretensión principal y otra (u otras) que es subordinada al resultado de la principal, pues ante el desamparo de una, conduce al Juez a pronunciarse respecto a la otra; 3) la acumulación de pretensiones alternativas, este tipo de acumulación existe cuando el demandante propone más de una pretensión con esa calificación de modo que, en el caso de que todas sean declaradas fundadas, el demandado tiene inicialmente la opción de elegir cuál cumplir en ejecución de sentencia y si el demandado no ejerce dicha facultad, será el demandante quien elija la pretensión a cumplirse; y 4) la acumulación de pretensiones accesorias, que se presentan cuando el demandante propone una pretensión principal cuya suerte determina la de una pretensión accesoria que depende de aquella, de tal manera que si la principal es fundada, la accesoria lo es también, así como si la principal es infundada, la accesoria también lo es, es decir que la suerte de una determinaría automáticamente la suerte de la otra, no siendo esta clasificación restrictiva, puesto otras legislaciones con similar contenido plantean la acumulación de pretensiones condicionales, donde la acumulación se presenta cuando el demandante propone una pretensión como principal o condicional y otra como condicionada a la principal, lo que implica que solo en caso de que la pretensión principal sea declarada fundada, el juez pasará a resolver las condicionadas, pudiendo declarar estás últimas como fundadas o infundadas.
Partiendo del citado antecedente en el sub lite, el recurrente asimila un criterio errado de las pretensiones planteadas, si bien se planteó la nulidad de un acto administrativo y el mejor derecho propietario de fs. 110 a 117 vta., sin embargo cita como antecedente fáctico que son propietarios del inmueble ubicado en el Barrio Magisterio Sur Mz. 62, UV. 185, Lote Nº 24 de superficie 360 mts. actualmente equipamiento Nº 5 antes pertenecía al Cantón El Palmar Oratorio, mediante documento de 22 de marzo de 1997 e inscrito en DDRR, pero la entidad demandada mediante Resolución Municipal Nº 001/2010 de 04 de enero, entre otras resoluciones ejecutivas protocolizan documentos sobre inscripción de bienes de dominio público de la Zona Sur, Distrito Nº 1, UV. 185, afectando su predio, en si el instrumento público Nº 308/2010 de 03 de mayo, registrado en DDRR el 30 de noviembre de 2011, que fue inscrito en forma posterior, en base a dicho antecedente solicita la nulidad de las resoluciones Municipales que afectan su derecho propietario y la declaratoria del mejor derecho propietario.
Teniendo en claro cual el antecedente, corresponde un análisis de ambas pretensiones.
Sobre el mejor derecho propietario de acuerdo a lo señalado en el acápite III.2, valga la redundancia consiste en una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, donde el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales donde se emitirá un sentencia de tipo declarativa.
La pretensión de nulidad tiene por efecto la invalidez del acto jurídico, por la ausencia de los requisitos al momento de formación del contrato, entre los que el art. 549 del CC, establece: 1) Por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez, 2) Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por la ley, 3) Por ilicitud de la causa y por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato, 4) Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato y 5) En los demás casos determinados por la ley, normativa que genera un parámetro de legalidad a los citados casos, pretensión que tiene como característica esencial que genera un efecto retroactivo al momento de la formac ión del acto, como si nunca hubiese nacido el acto, dando como consecuencia una sentencia con carácter de condena.
De los citados antecedentes podemos concluir de acuerdo a los fundamentos fácticos sustentados en la demanda, las pretensiones planteadas (Mejor Derecho y nulidad) para el caso concreto ninguna puede ser catalogadas como accesorias, es decir, que el mejor derecho propietario no depende de las resultas de la nulidad o viceversa, pues para el presente caso, estas adquieren la calidad de originarias, en principio porque los antecedentes fácticos no hacen que una dependa de la otra para su posterior estudio, en el entendido que el mejor derecho propietario necesita como requisito primordial la existencia de dos títulos inscritos sobre el mismo predio, lo cual acontece y para la nulidad se necesita el análisis de los presupuestos anotados en el párrafo anterior, o sea al ser independientes resulta errada la tesis asumida por el recurrente al catalogar la pretensión de mejor derecho de accesoria para el sub judice, máxime si en ningún de los fundamentos sustentados en la demanda precisaron que, como emergencia de la declaratoria de nulidad recién sea viable la citada pretensión.
Por otro lado, en lo que concierne al tema o problema jurídico de fondo vinculado a la competencia para el conocimiento de la acción de mejor derecho propietario, en principio corresponde reiterar que al ser una pretensión totalmente independiente por los fundamentos antes expuestos, conforme señala el recurrente y el Tribunal de apelación, el test o control de legalidad del acto administrativo únicamente corresponde a la jurisdicción especializada, es por tal motivo que la competencia para el conocimiento de la acción de nulidad es la administrativa, y esto se debe a que esa pretensión tiene por fin controvertir la validez del acto administrativo, es decir, que todo el examen versará exclusivamente en cuanto al cumplimiento de los requisitos en el acto administrativo (en su creación, extinción, transmisión y modificación) para determinar si debe ser anulado o no, sin embargo, en la acción de mejor derecho propietario no se aplica el mismo entendimiento debido a que en su estudio no se discute el acto administrativo en ninguna de sus facetas, sino simplemente se confronta ambos títulos en base al antecedente dominial o tracto sucesivo, para establecer quién es el adquiriente primigenio es por tal motivo que la sentencia a emitirse es una de carácter declarativa, en otras palabras en ningún momento se realiza el test de legalidad del acto administrativo a contra partida de la nulidad, por dicho motivo no corresponde su análisis en esa vía, de lo que se concluye que el Tribunal Ad quem de forma correcta ha revocado parcialmente y ha dispuesto que la vía ordinaria es la competente para el conocimiento del mejor derecho propietario, correspondiendo en todo caso a las autoridades judiciales el examen de los requisitos establecidos en el acápite III.2, de lo que se concluye que el Ad quem ha obrado de forma correcta.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 297 a 301 vta., interpuesto por Percy Fernández Añez en representación del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz contra el Auto de Vista Nº 168/2018 de 31 de mayo, cursante de fs. 268 a 270 vta., pronunciado por la Sala Civil, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
2 Manual de obligaciones pag. 20

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
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 Resolución 
 artículo 10
 Resolución