Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0249_ES.html
Timestamp: 2020-02-21 19:15:28+00:00

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sobre la gestión transparente y responsable de los recursos naturales en los países en desarrollo: los bosques
Kateřina Konečná, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
– Visto el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (Reglamento sobre la madera)(1),
– Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre el aceite de palma y la deforestación de las selvas tropicales(2),
– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(3),
– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre el impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales(4),
4. Observa que detener la deforestación y la degradación forestal y permitir que los bosques vuelvan a crecer representaría, como mínimo, el 30 % de todas las acciones de mitigación necesarias para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC(6);
6. Confirma la importancia del tipo de gestión forestal para el equilibrio de carbono en los trópicos, como han puesto de relieve recientes documentos(7), que indican que es posible que formas más sutiles de degradación, y no solo la deforestación a gran escala como se pensaba anteriormente, sean una fuente muy importante de emisiones de carbono, causantes de más de la mitad de las emisiones;
8. Recuerda el Desafío de Bonn(8), cuyo objetivo de rehabilitar 350 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas antes de 2030 podría generar unos 170 000 millones USD anuales en beneficios netos derivados de la protección de las cuencas fluviales y de la mejora del rendimiento de los cultivos y los productos forestales, y que podría capturar el equivalente de hasta 1,7 gigatoneladas anuales de dióxido de carbono;
20. Reconoce que se ha calculado que los delitos forestales, como la tala ilegal, alcanzaron un valor de entre 50 000 y 152 000 millones USD a escala mundial en 2016, en comparación con el valor de entre 30 000 y 100 000 millones USD de 2014, y que se sitúan a la cabeza en cuanto a ingresos entre los delitos ambientales; observa que la tala ilegal desempeña un importante papel en la financiación de la delincuencia organizada y empobrece significativamente a gobiernos, naciones y comunidades locales por los ingresos no recaudados(9);
23. Insta a la Comisión a que responda a las peticiones contenidas en la Resolución del Parlamento, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(10), también por lo que respecta a las empresas que operan en este sector; insta, en particular, a la Comisión a que aplique las medidas preconizadas en dicha Resolución a fin de identificar y castigar a los responsables cuando dichas actividades puedan atribuirse directa o indirectamente a empresas multinacionales que operen en la jurisdicción de un Estado miembro;
25. Celebra la publicación del esperado estudio de viabilidad sobre las opciones para impulsar la acción de la Unión contra la deforestación(11), encargado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión; constata que este estudio se centra principalmente en siete productos básicos que entrañan riesgos para los bosques, a saber, el aceite de palma, la soja, el caucho, el ganado vacuno, el maíz, el cacao y el café, y reconoce que, evidentemente, la Unión es claramente parte del problema de la deforestación mundial;
31. Observa que se ha descubierto que las licencias de exportación FLEGT permiten que madera de origen ilegal se mezcle con madera legal, por lo que podría ser exportada a la Unión de conformidad con el Reglamento de la Unión relativo a la comercialización de la madera(12);
39. Observa la existencia de modelos de silvicultura comunitaria o tenencia consuetudinaria colectiva, que pueden aportar una serie de beneficios(13), como un aumento de la superficie forestal y de los recursos hídricos disponibles, la reducción de la explotación forestal ilegal mediante el establecimiento de normas claras sobre el acceso a la madera y un sistema sólido de control forestal; propone que se efectúen más investigaciones y se preste más apoyo para contribuir a la elaboración de marcos jurídicos sobre la silvicultura comunitaria;
42. Insta a la Comisión a que haga que las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza de la tenencia sean vinculantes para el plan de inversiones exteriores; hace hincapié en que el cumplimiento de estas Directrices requiere la existencia de un seguimiento y control del cumplimiento independientes eficaces, incluidos mecanismos adecuados de resolución de litigios y de reclamación; insiste en que las normas sobre tenencia de tierras están incluidas en la concepción, el seguimiento y el informe anual del proyecto, y son vinculantes para cualquier acción exterior de la Unión financiada por la ayuda oficial al desarrollo (AOD);
49. Observa que más de la mitad de los productos básicos producidos y exportados al mercado mundial proceden de la deforestación ilegal; señala que, en lo que respecta a los productos básicos agrícolas que entrañan riesgos para los bosques, se estima que el 65 % de las exportaciones de carne de vacuno de Brasil y el 9 % de las de Argentina, así como el 41 % de las exportaciones de soja de Brasil, el 5 % de las de Argentina y el 30 % de las de Paraguay pueden estar vinculadas a la deforestación ilegal; observa asimismo que los productores de la Unión importan cantidades significativas de piensos y proteínas procedentes de los países en desarrollo(14);
65. Subraya la necesidad de mejorar, a través del etiquetado, la fiabilidad de los sistemas de certificación voluntaria, con el fin de garantizar que solo entre en la Unión aceite de palma cuya producción no conlleve deforestación, degradación forestal, apropiación ilegítima de tierras y otras violaciones de los derechos humanos, con arreglo a lo establecido en la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(15), y que los regímenes como la RSPO incluyan todos los usos finales del aceite de palma; resalta, por otra parte, la necesidad de informar más a los consumidores sobre las consecuencias nefastas de la producción de aceite de palma en el medio ambiente, con el objetivo último de lograr una reducción significativa de su consumo;
77. Reitera que unas cadenas de valor madereras sostenibles, procedentes de bosques gestionados de forma sostenible, incluidas plantaciones forestales sostenibles y cultivos familiares de árboles, pueden ser aportaciones importantes para la consecución de los ODS y el cumplimiento de los compromisos contra el cambio climático; insiste, en un contexto en el que la degradación o alteración forestal es responsable del 68,9 % de las pérdidas totales de carbono en los ecosistemas tropicales (16), en que no se utilice financiación pública procedente de la lucha contra el cambio climático y los fondos de desarrollo para apoyar la expansión de la agricultura, la tala industrial, la minería y la extracción de recursos, o el desarrollo de infraestructuras en paisajes forestales intactos, y en que toda financiación con fondos públicos esté sujeta a unos criterios de sostenibilidad estrictos; pide, además, a la Unión y a los Estados miembros que coordinen las políticas de los donantes a este respecto(17);
80. Destaca que la lucha contra el comercio internacional ilegal requiere acciones concertadas e inclusivas para poner freno a la destrucción, la deforestación, la explotación ilegal de la madera, la lucha contra el fraude, las masacres y la demanda de productos forestales y especies silvestres; pide que se cree un cuerpo internacional de agentes para garantizar la seguridad de las zonas protegidas;
84. Pide a la Comisión que amplíe el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal(18), a fin de incluir en él la explotación ilegal de la madera;
DO C 215 de 19.6.2018, p.125.
Textos Aprobados, P8_TA(2017)0330.
Nellemann, C. (editor jefe); Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E. y Barrat, S. (editores),The Rise of Environmental Crime – A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development And Security, A UNEP-INTERPOL Rapid Response Assessment (El aumento del delito ambiental –Una amenaza creciente para los recursos naturales, la paz, el desarrollo y la seguridad. Una evaluación de respuesta rápida PNUMA-Interpol), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Rhipto Rapid Response, Norwegian Center for Global Analyses, www.rhipto.org, 2016.
Goodman R. C. y Herold M., Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a Stable Climate (Por qué es esencial y urgente mantener los bosques tropicales para mantener un clima estable), documento de trabajo 385, Center for Global Development, 2014, Washington DC; McKinsey & Company, Pathways to a Low-Carbon Economy (Las vías hacia una economía hipocarbónica) (2009). McKinsey & Company, Pathways to a Low-Carbon Economy (Las vías hacia una economía hipocarbónica): versión 2 del Global Greenhouse Gas Abatement Cost Curve (Gráfico mundial de los costes de la reducción de los gases de efecto invernadero) (2013).
Baccini, A., y otros, Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements (Los bosques tropicales constituyen una fuente de carbono neta sobre la base de las mediciones de pérdidas y ganancias de la superficie) Science, Vol. 358, Issue 6360, 2017, pp. 230-234.
Véase https://www.iucn.org/theme/forests/our-work/forest-landscape-restoration/bonn-challenge
DO C 215 de 19.6.2018, p. 125.
El informe de 2014 «Permitting Crime», elaborado por el Organismo de Investigaciones sobre el Medio Ambiente (EIA) y la Red Indonesia de Seguimiento Forestal (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan/JPIK), constató que algunas empresas con licencias del Sistema de Garantía de la Legalidad de la Madera de Indonesia (TLAS) están implicadas en el «blanqueo de madera», mezclando madera de origen ilegal con madera legal. En la actualidad, dicha madera podría ser exportada a la Unión como madera con licencia FLEGT. Disponible en http://www.wri.org/blog/2018/01/indonesia-has-carrot-end-illegal-logging-now-it-needs-stick primary source https://eia-international.org/wp-content/uploads/Permitting-Crime.pdf
Caso de Nepal, presentado por ClientEarth, disponible en https://www.clientearth.org/what-can-we-learn-from-community-forests-in-nepal/
Forest Trends Report Series, «Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations» (Los bienes de consumo y la deforestación: análisis del alcance y la naturaleza de la ilegalidad en la conversión de los bosques en plantaciones agrícolas y madereras), 2014.
Baccini, A., y otros, Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements (Los bosques tropicales constituyen una fuente de carbono neta sobre la base de las mediciones de pérdidas y ganancias de la superficie) Science, Vol. 358, Issue 6360, 2017, pp. 230-234, http://science.sciencemag.org/content/early/2017/09/27/science.aam5962.
Baccini, A. y otros, op. cit.
DO L 328 de 6.12.2008, p. 28.
OPINIÓN de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (23.5.2018)
Ponente de opinión (*): Kateřina Konečná
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
1. Observa que la deforestación y la degradación de los bosques son la segunda causa del calentamiento global, responsables de aproximadamente el 15 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero(1); hace hincapié en la importancia de adoptar los enfoques políticos adecuados para la gestión integral y sostenible de los bosques con el fin de lograr beneficios relacionados y no relacionados con el carbono;
2. Recuerda que el Acuerdo de París exige que todas las Partes actúen para conservar y mejorar los sumideros, incluidos los bosques;
3. Observa que detener la deforestación y la degradación forestal y permitir que los bosques vuelvan a crecer representaría, como mínimo, el 30 % de todas las acciones de mitigación necesarias para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC(2);
4. Observa que la deforestación contribuye en un 11 % a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero del mundo, más que todos los vehículos de pasajeros juntos;
5. Confirma la importancia del tipo de gestión forestal para el equilibrio de carbono en los trópicos, como han puesto de relieve recientes documentos(3), que indican que es posible que formas más sutiles de degradación, y no solo la deforestación a gran escala como se pensaba anteriormente, sean una fuente muy importante de emisiones de carbono, causantes de más de la mitad de las emisiones;
6. Señala que la reforestación y la rehabilitación de los bosques degradados existentes así como el aumento de la cubierta forestal en los paisajes agrícolas mediante la agrosilvicultura representan la única fuente disponible de emisiones negativas con potencial significativo para contribuir a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París;
7. Reconoce que se ha calculado que el importe de los delitos forestales, como la explotación forestal ilegal(4), ascendió a entre 50 000 y 152 000 millones USD en 2016, en tanto que en 2014 osciló entre los 30 000 y los 100 000 millones USD, y que los delitos forestales se sitúan a la cabeza en cuanto a ingresos entre los delitos ambientales a escala mundial; observa que los delitos forestales desempeñan un importante papel en la financiación de la delincuencia organizada y que empobrecen significativamente a gobiernos, naciones y comunidades locales por los ingresos no recaudados;
8. Recuerda el Desafío de Bonn(5), cuyo objetivo de rehabilitar 350 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas antes de 2030 podría generar unos 170 000 millones USD anuales en beneficios netos derivados de la protección de las cuencas fluviales y de la mejora del rendimiento de los cultivos y los productos forestales, y que podría capturar el equivalente de hasta 1,7 gigatoneladas anuales de dióxido de carbono;
9. Observa que los bosques no son solo una fuente esencial de madera, alimento y fibras, sino que también albergan el 80 % de la biodiversidad terrestre del planeta, son importantes proveedores de diversos servicios ecosistémicos y desempeñan un papel esencial en el ciclo global del carbono;
10. Hace hincapié en que los bosques secundarios, que se regeneran en gran medida mediante procesos naturales tras perturbaciones humanas o naturales significativas de los bosques principales, ofrecen también, junto a los bosques principales, servicios ecosistémicos cruciales y medios de vida para la población local y son una fuente de madera; considera que, al estar también amenazada su supervivencia por la explotación forestal ilegal, toda actuación que aborde la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión forestal debería orientarse también a los bosques secundarios, y no solo a los bosques principales;
11. Observa que ha quedado bien establecido y es irrefutable que la conversión de los bosques tropicales en tierras agrícolas, plantaciones y tierras destinadas a otros usos provoca una pérdida significativa de especies y, en concreto, de especies específicas de los bosques;
12. Pide a la Comisión que cumpla los compromisos internacionales de la Unión, entre otros, los contraídos en el marco de la COP21, el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB), el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Declaración de Nueva York sobre los bosques y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, en particular el n.º 15.2, cuyo objetivo es promover la aplicación de la gestión sostenible de todo tipo de bosques, poner fin a la deforestación, rehabilitar los bosques degradados y aumentar significativamente la reforestación a nivel mundial para 2020;
13. Recuerda expresamente que la Unión se ha comprometido a cumplir las Metas de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que exigen la conservación del 17 % de todos los hábitats, la rehabilitación del 15 % de los ecosistemas degradados y la reducción casi a cero de la pérdida forestal, o su reducción, como mínimo, a la mitad, para el año 2020;
14. Recuerda, en particular, los compromisos colectivos de la Unión, en virtud de la Declaración de Nueva York sobre los bosques, de rehabilitar 150 millones de hectáreas de tierras y bosques degradados para el año 2020 y aumentar de manera significativa el porcentaje mundial de rehabilitación con posterioridad a dicha fecha, por los que se rehabilitarían, como mínimo, 200 millones de hectáreas más para el año 2030;
15. Celebra la publicación del esperado estudio de viabilidad sobre las opciones para impulsar la acción de la Unión contra la deforestación(6), encargado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión; constata que este estudio se centra principalmente en siete productos básicos que entrañan riesgos para los bosques, a saber, el aceite de palma, la soja, el caucho, el ganado vacuno, el maíz, el cacao y el café, y reconoce que, evidentemente, la Unión es claramente parte del problema de la deforestación mundial;
16. Es plenamente consciente de la complejidad de la cuestión de la deforestación y hace hincapié en la importancia de desarrollar una solución mundial basada en la responsabilidad colectiva de muchos agentes; recomienda encarecidamente este principio a todos los que participan en la cadena de suministro de madera, incluidos la Unión y otras organizaciones internacionales, los Estados miembros, las entidades financieras, los gobiernos de los países productores, los pueblos indígenas y las comunidades locales, las empresas nacionales y multinacionales, las asociaciones de consumidores y las ONG; expresa asimismo su convencimiento de que todos estos actores deben desempeñar necesariamente un papel coordinando sus esfuerzos con objeto de solucionar los numerosos y graves problemas vinculados a la deforestación;
17. Acoge con satisfacción el hecho de que los principales agentes del sector privado (muy a menudo de la Unión) se hayan comprometido a eliminar la deforestación de sus cadenas de suministro e inversiones; observa, no obstante, que la Unión debe responder al desafío y fortalecer los esfuerzos del sector privado mediante políticas y medidas adecuadas que creen una base de referencia común para todas las empresas y equiparen las condiciones de competencia; considera que esto impulsaría los compromisos, generaría confianza y aumentaría la responsabilidad de las empresas por lo que respecta a sus promesas;
18. Toma nota del inicio de la consulta pública sobre el ámbito de los productos contemplados en el Reglamento sobre la madera; considera que la posibilidad de seleccionar una opción del cuestionario sobre la reducción del ámbito de aplicación que debe cubrir el Reglamento no se justifica, dado que el comercio ilegal florece en el marco actual del Reglamento; observa asimismo la postura favorable de la Confederación Europea de Industrias de la Madera respecto de la extensión a todos los productos madereros del ámbito de aplicación del Reglamento sobre la madera;
19. Observa que en la revisión del Reglamento de la Unión sobre la madera (SWD(2016)0034) no fue posible evaluar si las sanciones establecidas por los Estados miembros son eficaces, proporcionadas y disuasorias, ya que el número de sanciones impuestas hasta la fecha ha sido muy reducido; cuestiona que el criterio que aplican algunos Estados miembros para fijar la imposición de sanciones sea «la situación económica nacional», habida cuenta del carácter internacional del delito y del hecho de que ocupa el primer puesto entre los delitos ambientales en el mundo;
20. Observa que se ha descubierto que las licencias de exportación FLEGT (aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales) permiten que madera de origen ilegal se mezcle con madera legal, por lo que podría ser exportada a la Unión de conformidad con el Reglamento de la Unión sobre la madera(7);
21. Pide a la Comisión que actualice las orientaciones del Reglamento de la Unión sobre la madera para abordar el problema de la madera procedente de zonas en conflicto y que recomiende medidas de mitigación del riesgo más detalladas a fin de reforzar el cumplimiento, como la solicitud de una mayor diligencia debida a los operadores que importan desde zonas de alto riesgo o afectadas por conflictos, condiciones de lucha contra el soborno en los contratos con los proveedores, la aplicación de disposiciones de lucha contra la corrupción, estados financieros auditados y auditorías contra la corrupción;
22. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen plenamente el Reglamento de la Unión sobre la madera y pide que este incluya todos los productos que están o pueden estar hechos de madera y que contienen o pueden contener madera; insiste en el requisito de efectuar controles adecuados y eficaces, también sobre las cadenas de suministro complejas y las importaciones procedentes de países transformadores, y pide la imposición de sanciones severas y disuasorias a todos los agentes económicos, dado que se trata de un delito internacional que es el que más ingresos genera de todos los delitos medioambientales;
23. Observa la existencia de modelos de silvicultura comunitaria o tenencia consuetudinaria colectiva, que pueden aportar una serie de beneficios(8), como un aumento de la superficie forestal y de los recursos hídricos disponibles, la reducción de la explotación forestal ilegal mediante el establecimiento de normas claras sobre el acceso a la madera y un sistema sólido de control forestal; propone que se efectúen más investigaciones y se preste más apoyo para contribuir a la elaboración de marcos jurídicos sobre la silvicultura comunitaria;
24. Destaca que el reconocimiento de los derechos de tenencia de los pueblos, por ejemplo, mediante una Constitución, no se aplica necesariamente en la práctica(9), y que, por lo tanto, la Unión debería efectuar un control activo a fin de garantizar el respeto de los derechos de tenencia, a los efectos de los acuerdos de asociación voluntaria y de casos individuales de financiación al desarrollo de la Unión;
25. Recuerda que el informe de la Comisión sobre el funcionamiento de la Directiva 2013/50/UE sobre transparencia, que introduce el requisito de publicidad para los pagos realizados a gobiernos por parte de empresas cotizadas y grandes empresas no cotizadas con actividades en la industria extractiva y en la explotación de bosques primarios (naturales y seminaturales), debe presentarse al Parlamento y al Consejo a más tardar para el 27 de noviembre de 2018; observa asimismo que el informe debe ir acompañado de una propuesta legislativa; pide a la Comisión, a la luz de una posible revisión, que estudie ampliar la obligación a otros sectores industriales que afectan a los bosques y a los bosques que no son bosques primarios;
26. Pide a la Unión que mantenga su compromiso de intensificar las negociaciones en curso sobre los acuerdos de asociación voluntaria de aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT); subraya la necesidad de velar por que no se legitimen a través de acuerdos o legislación los títulos de explotación forestal concedidos de manera corrupta o ilegal, y que la legislación y estos acuerdos estén en consonancia con el Derecho internacional y los compromisos relativos a la protección del medio ambiente y la biodiversidad, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, y por que se traduzcan en actuaciones adecuadas para la conservación y la gestión sostenible de los bosques, incluida la protección jurídica de los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas y el reconocimiento de sus derechos consuetudinarios y de tenencia, y de que aborden problemas del comercial mundial de productos de la madera como la madera procedente de zonas en conflicto y de zonas de conversión;
27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que coordinen las políticas sobre los donantes y garanticen que la financiación al desarrollo a través de estas políticas no se utiliza para apoyar la ampliación de la explotación forestal a escala industrial de bosques tropicales intactos; reclama la suspensión de la financiación de todo proyecto en el que exista una denuncia fundamentada de dicha explotación forestal, hasta que dicha denuncia sea desestimada o se apliquen medidas correctoras;
28. Pide a la Unión que respalde las iniciativas de los países en desarrollo ricos en bosques encaminadas a contrarrestar la expansión sin restricciones de aquellas prácticas agrícolas y actividades mineras que tienen efectos desfavorables sobre la gestión forestal, los medios de vida y la integridad cultural de los pueblos indígenas, y consecuencias perjudiciales para la estabilidad social y la soberanía alimentaria de los agricultores;
29. Observa que el proceso FLEGT debe abordar las causas subyacentes de la deforestación en los países productores, que incluyen la inseguridad en la tenencia de la tierra, una aplicación de las leyes deficiente y una gobernanza débil;
30. Pide a la Unión que, en su diálogo con los países en desarrollo ricos en bosques, plantee la necesidad de introducir regímenes de indemnización y programas adecuados para las comunidades locales que han sido obligadas a desplazarse y se han visto privadas de acceso a su tierra y recursos habituales, y para todas las situaciones en las que no se haya obtenido su consentimiento previo, libre e informado;
31. Pide que la Unión elabore, como elemento suplementario de los acuerdos de asociación voluntaria, una legislación de seguimiento sobre dichos acuerdos conforme al Reglamento de la Unión sobre la madera que incluya tanto a las empresas como a las entidades financieras, y que revise el funcionamiento de los actuales acuerdos de asociación voluntaria, con objeto de garantizar que la evaluación conjunta del sistema de garantía de la legalidad de la madera del país funciona del modo en que se describe en los acuerdos y que se puede excluir el blanqueo de madera; observa con preocupación que, mientras que la Unión —lo cual le honra— ha regulado las cadenas de suministro de la madera, la pesca y los minerales de guerra, todavía no ha regulado ninguna cadena de suministro de productos básicos agrícolas que entrañan riesgos para los bosques; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos para aplicar el Reglamento sobre la madera, a fin de calibrar mejor su eficacia;
32. Pide que la Unión y los Estados miembros desarrollen un proceso que se active cuando surja un conflicto en un país socio de un acuerdo de asociación voluntaria, incluido el nombramiento de un panel independiente que evalúe el riesgo de madera procedente de zonas en conflicto y la necesidad de que se suspenda el acuerdo de asociación voluntaria en todas las fases de las negociaciones cuando existan pruebas de que los ingresos procedentes del comercio de madera están alimentando el conflicto;
33. Pide a la Comisión que asegure la coherencia entre la política agrícola común (PAC) y otras políticas de la Unión e impulse las sinergias entre todas ellas, y que garantice que se ejecuten de manera compatible con los programas dirigidos a luchar contra la deforestación en los países en desarrollo, incluyendo el programa REDD+; pide a la Comisión que garantice que la importación de productos básicos que entrañan riesgos para los bosques sea eliminada de las ayudas directas o indirectas de la futura política alimentaria y agrícola de la Unión; pide a la Comisión que, cuando sea posible, impulse un aumento de la práctica de la agrosilvicultura y la reforestación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que los problemas medioambientales vinculados a la deforestación se aborden también a la luz de los objetivos fijados en la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020, que deben ser parte integrante de la acción exterior de la Unión en este ámbito;
34. Considera que la cartografía, también mediante tecnologías por satélite y geoespaciales, es esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión forestal y para poner en marcha estrategias específicas para la forestación, la reforestación y la creación de corredores ecológicos; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que proporcionen asistencia técnica y financiera a los países en desarrollo ricos en bosques, con el fin de apoyar la cartografía completa de sus bosques, también mediante el respaldo a proyectos de cartografía colaborativa, gestionados conjuntamente por ONG, organizaciones forestales, científicos y expertos locales;
35. Observa que más de la mitad de los productos básicos que se producen y exportan al mercado mundial son productos que proceden de la deforestación ilegal(10), y que más del 80 % de toda la deforestación está provocada por la expansión agrícola, tanto comercial como de subsistencia(11); observa, además, que las importaciones de la Unión de piensos y proteínas (por ejemplo, soja), debido a los altos niveles de consumo de carne, como ha confirmado un reciente estudio, sus importaciones de cacao y aceite de palma, el flujo de financiación a sectores que impulsan la deforestación y la degradación forestal, su consumo de biocombustibles y la creciente demanda de biomasa forestal y de madera, también para energía, son causas importantes de la deforestación y la degradación forestal(12);
36. Pide a la Unión que cree un marco normativo vinculante para garantizar que se puedan rastrear todas las cadenas de suministro de los importadores de productos básicos agrícolas hasta el origen de las distintas materias primas; observa que las nuevas tecnologías, como la tecnología de cadena de bloques, se pueden usar para rastrear el origen de los productos básicos, y destaca que ello podría utilizarse en la práctica para aumentar la transparencia sobre el origen de los distintos productos básicos y eliminar prácticamente la degradación forestal y la deforestación originadas por las cadenas de suministro;
37. Pide a la Comisión que desarrolle un régimen de certificación para los productos que se elaboran de forma sostenible y no producen deforestación que acceden al mercado de la Unión;
38. Reconoce, en lo que respecta al aceite de palma, la contribución positiva realizada por los regímenes de certificación existentes, pero observa que RSPO, JSPO, MSPO y todos los demás regímenes de certificación principales reconocidos no prohíben de manera eficaz a sus miembros la conversión de selvas tropicales o turberas en plantaciones de palma; considera, por lo tanto, que estos regímenes de certificación principales no limitan con eficacia las emisiones de gases de efecto invernadero durante el proceso de creación y explotación de las plantaciones, con el resultado de que no consiguen impedir incendios masivos de bosques y turberas; pide a la Comisión que vele por que se efectúen auditorías independientes y se haga un seguimiento de esos regímenes de certificación y garantice que el aceite de palma introducido en el mercado de la Unión cumple todas las normas necesarias y es sostenible; observa que el tema de la sostenibilidad en el sector del aceite de palma no puede abordarse únicamente con medidas y políticas voluntarias, sino que las empresas del sector deben estar sujetas también a normas vinculantes y un régimen de certificación obligatorio;
39. Recuerda su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre el aceite de palma y la deforestación de las selvas tropicales(13), en la que reconocía que el 73 % de toda la deforestación mundial es causada por la roturación de tierras para destinarlas al cultivo de productos básicos agrícolas, que el 40 % de toda la deforestación mundial proviene de la conversión en plantaciones de monocultivo de palma de aceite a gran escala y que la Unión es uno de los principales importadores de productos procedentes de la deforestación; recuerda asimismo sus enmiendas a la Directiva sobre las fuentes de energía renovables, que suprimían gradualmente los incentivos al uso de aceite de palma en el combustible para el transporte para el año 2021;
40. Pide a la Comisión que realice un seguimiento de su Resolución anterior sobre el aceite de palma y la deforestación de las selvas tropicales mediante la introducción de criterios de sostenibilidad para el aceite de palma y los productos que contienen aceite de palma que se introducen en el mercado de la Unión, un sistema único de certificación y la mejora de la trazabilidad del aceite de palma importado;
41. Exhorta a la Comisión, y a todos los Estados miembros que aún no lo hayan hecho, a que trabajen para que toda la Unión asuma el compromiso de adquirir exclusivamente aceite de palma sostenible certificado para 2020, entre otras cosas, mediante la firma y aplicación de la Declaración de Ámsterdam titulada «Towards Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries» (Eliminar la deforestación de las cadenas de productos básicos agrícolas con los países europeos), y para que el sector contraiga asimismo un compromiso, por ejemplo, mediante la firma y aplicación de la Declaración de Ámsterdam en apoyo de una cadena de suministro de aceite de palma plenamente sostenible para 2020;
42. Considera que los esfuerzos para detener la deforestación deben incluir ayuda y apoyo para un uso más efectivo de las tierras de cultivo existentes, que deberá aplicarse junto con el enfoque de «pueblos inteligentes»; reconoce que las prácticas agroecológicas tienen un enorme potencial a la hora de maximizar las funciones y la resiliencia de los ecosistemas a través de técnicas mixtas de plantaciones de alta diversidad, la agrosilvicultura y la permacultura, y que también pueden proporcionar enormes beneficios en cuanto a efectos sociales, diversificación de la producción y productividad, sin recurrir a más conversiones de bosques;
43. Pide a la Unión que garantice que las medidas adoptadas y el marco reglamentario no supongan cargas excesivas para los productores que sean pequeñas y medianas empresas o que impidan su acceso a los mercados y al comercio internacional;
44. Pide a la Comisión que muestre voluntad política y liderazgo comprometiéndose a elaborar, lo antes posible y antes del final del mandato de la actual Comisión, un ambicioso plan de acción de la Unión sobre deforestación y degradación forestal que incluya medidas reglamentarias concretas para garantizar que ninguna cadena de suministro ni transacción financiera relacionadas con la Unión causan deforestación, degradación forestal o violaciones de los derechos humanos en los países en desarrollo;
45. Pide que esta actuación legislativa incluya requisitos obligatorios en materia de diligencia debida en la cadena de operadores que utilizan productos básicos que entrañan riesgos para los bosques, y obligaciones para que las entidades financieras actúen para eliminar el riesgo de deforestación derivado de las inversiones financieras;
46. Hace hincapié en que las negociaciones comerciales de la Unión tienen que ser conformes con sus compromisos de actuar para reducir la deforestación y la degradación forestal y aumentar las reservas de carbono de los bosques en los países en desarrollo;
47. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aprovechen al máximo los actuales procesos y diálogos diplomáticos e institucionales para animar a los países que transforman o importan cantidades significativas de madera tropical —en particular si dichos productos de la madera se exportan a su vez a la Unión—, como China y Vietnam, a que adopten legislación eficaz que prohíba la importación de madera de origen ilegal y exijan a los operadores que efectúen procesos de diligencia debida comparables a los del Reglamento de la Unión sobre la madera.
Goodman R. C. y Herold M., Why Maintaining Tropical Forests is Essential and Urgent for Maintaining a Stable Climate (Por qué es esencial y urgente mantener los bosques tropicales para mantener un clima estable), documento de trabajo 385, Center for Global Development. McKinsey & Company, Pathways to a low-carbon economy (Las vías hacia una economía hipocarbónica) (2009). McKinsey & Company, Pathways to a low-carbon economy (Las vías hacia una economía hipocarbónica): versión 2 del gráfico mundial de los costes de la reducción de los gases de efecto invernadero (2013).
Baccini, A., y otros, Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements (Los bosques tropicales constituyen una fuente de carbono neta sobre la base de las mediciones de pérdidas y ganancias de la superficie) (2017).
PNUMA, informe titulado «The Rise of Environmental Crime» (El aumento de los delitos medioambientales) (2016).
Véase https://www.iucn.org/es/theme/bosques/el-desaf%C3%ADo-de-bonn.
Caso reciente (proyecto WaTER, financiado por la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo) de violación de los derechos de tenencia de los pueblos indígenas keniatas Ogiek y Sengwer, pese al reconocimiento de sus derechos a la tierra en la Constitución, en particular en el artículo 63, apartado 2, letra d), y en la Ley comunitaria de la tierra de 2016.
Forest Trends Report Series, 2014: «Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations» (Los bienes de consumo y la deforestación: análisis del alcance y la naturaleza de la ilegalidad en la conversión de los bosques en plantaciones agrícolas y madereras).
Tackling deforestation and forest degradation: a case for EU action in 2017 (Lucha contra la deforestación y la degradación forestal) https://www.greenpeace.org/eu-unit/Global/eu-unit/reports-briefings/2017/170620%20-%20A%20case%20for%20EU%20action%20in%202017.pdf
Estudio sobre la viabilidad de las opciones para impulsar la acción de la Unión contra la deforestación (Comisión Europea) http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/feasibility_study_deforestation_kh0418199enn_main_report.pdf
OPINIÓN de la Comisión de Comercio Internacional (24.4.2018)
1. Celebra los progresos realizados en los acuerdos de asociación voluntarios FLEGT, especialmente en términos de cohesión entre la sociedad civil, la industria y los Gobiernos para alcanzar decisiones políticas comunes; pide a la Comisión que concluya las negociaciones en curso de forma satisfactoria, refuerce y acelere la aplicación de los acuerdos de asociación voluntarios vigentes, otorgue una mayor prioridad a la aplicación de la legislación nacional y preste la ayuda adecuada para respaldar los procesos de reforma necesarios en los países exportadores con acuerdos de asociación voluntarios, y que haga frente a los retos pendientes, como la corrupción, la madera procedente de zonas en conflicto, la deforestación ilegal, la degradación de los bosques, la transparencia y la seguridad de la tenencia de la tierra para las comunidades como principio fundamental de la gobernanza de la tierra; insta a la Comisión a que anime a los países con acuerdos de asociación voluntarios a tratar las cuestiones de la deforestación, la conversión de bosques y la gestión sostenible de los bosques cuando desarrollen sus sistemas de garantía de la legalidad de la madera; añade que el Plan de Acción FLEGT también debe tomar en consideración nuevas áreas geográficas prioritarias, tanto con acuerdos de asociación voluntarios como sin ellos;
2. Señala que la introducción de acuerdos de asociación voluntarios tendrá más posibilidades de éxito si prevé un apoyo más específico para los grupos vulnerables involucrados en la gestión de recursos madereros (pequeños propietarios, microempresas, pequeñas y medianas empresas y operadores independientes del sector «informal»); subraya la importancia de velar por que los procesos de certificación respeten los intereses de los grupos más vulnerables involucrados en la gestión de los bosques;
3. Subraya la importancia de hacer frente al comercio ilegal de madera tropical; sugiere a la Comisión que las futuras negociaciones de licencias de exportación FLEGT para productos de la madera legales verificados e importados a la Unión tengan en cuenta la experiencia del sistema indonesio, efectivo desde noviembre de 2016; pide a la Comisión que elabore un estudio autónomo de evaluación del impacto acerca de la aplicación del sistema indonesio de garantía de la legalidad de la madera, que debería presentarse dentro de un plazo adecuado;
4. Recuerda que la madera procedente de zonas en conflicto ya es un ámbito de actuación del Plan de Acción FLEGT, pero que el trabajo realizado para abordar este problema ha sido insuficiente; pide a la Comisión que cumpla su compromiso de ampliar las obligaciones de diligencia debida previstas en el Reglamento de la Unión sobre la madera para incluir la madera procedente de zonas en conflicto en el marco de la próxima revisión;
5. Hace hincapié en la necesidad de mejorar en mayor medida la aplicación y el cumplimiento del Reglamento de la Unión sobre la madera para preservar de la mejor manera posible el comercio sostenible de madera importada y producida a nivel nacional y de productos de la madera;
6. Reconoce la importante labor realizada en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con relación a la gestión sostenible global de los bosques, que desempeña un papel clave para el comercio sostenible de productos forestales;
7. Pide a la Unión que establezca una cooperación más estrecha y asociaciones eficaces con los principales países consumidores de madera y las partes interesadas a nivel internacional, como las Naciones Unidas, en concreto la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), así como el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y el Programa del Banco Mundial sobre los Bosques (PROFOR), para lograr una reducción más eficaz del comercio de madera talada ilegalmente a nivel mundial y una mejor gobernanza global de los bosques;
8. Señala que las importaciones de madera y productos de la madera deben controlarse más a fondo en las fronteras de la Unión para garantizar que los productos importados cumplen realmente los criterios necesarios para entrar en la Unión;
9. Recuerda que los bosques son el hogar de 300 millones de habitantes y que cerca de 1 600 millones de personas dependen para su subsistencia de los recursos forestales como fuente de alimentos, combustible para cocinar y para la calefacción, medicamentos, cobijo, ropa, empleo e ingresos; señala que los recursos forestales también actúan como redes de seguridad en situaciones de crisis o emergencia, por ejemplo, cuando los cultivos se pierden debido a una sequía prolongada; considera que la Unión debe trabajar de forma continuada con sus homólogos para garantizar que el valor añadido derivado de los bosques sea sostenible y conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas;
10. Señala con preocupación que la agricultura comercial orientada a la exportación sigue siendo la principal causa de la deforestación a escala mundial, puesto que en torno al 75 % de la deforestación global procede actualmente de la conversión de bosques naturales para usos agrícolas(1), y que alrededor de la mitad de la deforestación producida en zonas tropicales desde el año 2000 se debe a la conversión ilegal de bosques para la agricultura comercial; señala que la Unión es el mayor importador de aceite de palma y soja procedentes de países con bosques tropicales y que, según estimaciones recientes, la soja, la carne de vacuno, el aceite de palma, el café y el cacao son responsables de cerca del 80 % de la deforestación tropical de todo el mundo, a la vez que se ha reforzado en el siglo XXI el papel de la agricultura comercial orientada a la exportación como motor de la deforestación(2); hace hincapié en la necesidad de una robusta política agrícola común de la Unión, a fin de reducir nuestra dependencia de las importaciones en ciertos sectores;
11. Reitera su petición a la Unión para que desarrolle un plan de acción sobre deforestación y degradación forestal que incluya medidas legislativas concretas para garantizar que ninguna cadena de suministro ni transacción financiera relacionadas con la Unión causen deforestación y degradación forestal;
12. Señala con preocupación que la deforestación se considera uno de los factores que contribuyen al cambio climático global y recuerda que el 70 % de las plantas y los animales del mundo viven en bosques y están perdiendo sus hábitats debido a la deforestación;
13. Observa que la Unión ha regulado las cadenas de suministro de madera, pesca y minerales de guerra, pero todavía no ha regulado los suministros de productos básicos agrícolas que entrañan riesgos para los bosques; señala que, de acuerdo con el reciente estudio titulado «Feasibility study on options to step up EU action against deforestation» (Estudio de viabilidad de las opciones para intensificar las medidas de la Unión contra la deforestación), la legislación reguladora del acceso al mercado de la Unión de los productos que entrañan riesgos para los bosques sería la medida más eficaz del lado de la demanda para combatir la deforestación; insta a la Comisión a que examine la posibilidad de desarrollar un marco jurídico para hacer cumplir las obligaciones de diligencia debida en toda la cadena de suministro de estos productos, de manera que se garantice la seguridad jurídica y se tomen como base criterios de sostenibilidad o de no deforestación, por ejemplo en relación con el impacto directo e indirecto sobre los bosques y otros ecosistemas y el trato de los trabajadores y los derechos de las comunidades y pueblos indígenas que viven en bosques en relación con cuestiones como el acaparamiento de tierras;
14. Hace hincapié en la necesidad de expandir y reforzar los acuerdos para impedir, supervisar y verificar los efectos sobre el medio ambiente y los derechos humanos de los acuerdos de la Unión de inversión y libre comercio bilaterales y multilaterales, entre otros con unos indicadores verificables e iniciativas independientes, basadas en las comunidades, de seguimiento y presentación de informes;
15. Recuerda que Malasia e Indonesia, con una cuota de la producción mundial estimada entre el 85 % y el 90 %, son los principales productores de aceite de palma, y que la creciente demanda de esta materia prima conduce a la deforestación, ejerce presión en el uso del suelo y repercute considerablemente en las comunidades locales, la salud y el cambio climático; subraya, en este contexto, que deben utilizarse las negociaciones de acuerdos comerciales con Indonesia y Malasia para mejorar la situación sobre el terreno;
16. Insta a la UE a que incluya sistemáticamente en sus capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible disposiciones vinculantes y ejecutables para poner fin a la tala ilegal, la deforestación, la degradación de los bosques y el acaparamiento de tierras, así como a otras violaciones de los derechos humanos que están sujetas a mecanismos de solución de controversias adecuados y eficaces, y a que considere, entre otras posibles vías para garantizar el cumplimiento, un mecanismo basado en sanciones y disposiciones para garantizar el derecho a la propiedad, la consulta previa y el consentimiento informado; pide a la Comisión que incluya esas disposiciones en los acuerdos de libre comercio (ALC) ya concluidos a través de la cláusula de revisión y, en particular, el compromiso de aplicar de forma eficaz el Acuerdo de París sobre cambio climático; subraya la importancia de supervisar esas disposiciones y la necesidad de iniciar procedimientos de consulta gubernamental sin demora en caso de que los socios comerciales contravengan estas normas y poner en marcha los mecanismos vigentes de garantía del cumplimiento, como los mecanismos de solución de controversias establecidos en el marco de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible;
17. Recuerda que deben respetarse los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; apoya las negociaciones en curso para crear un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las corporaciones multinacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, y subraya la importancia de que la Unión se implique activamente en este proceso;
18. Señala que el Reglamento SPG aún tiene un alcance limitado para la protección y la gestión responsable de los recursos forestales; pide a la Comisión que garantice que los convenios relativos a los bosques incluidos en los sistemas SPG y SPG+ sean supervisados adecuadamente, también por organizaciones de la sociedad civil, a fin de velar por la protección de los bosques en los países socios, con la posibilidad de establecer un mecanismo de reclamación para garantizar que se tengan debidamente en cuenta las reclamaciones presentadas por las partes interesadas; hace hincapié en que este mecanismo debe conceder una consideración especial a los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades dependientes de los bosques y a los derechos reconocidos en virtud del Convenio C169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, cuando proceda;
19. Insta a la Comisión a que incluya en el ámbito de aplicación de las disposiciones de los acuerdos de libre comercio relativas a la lucha contra la corrupción las prácticas forestales ilegales, como la fijación de un precio excesivamente bajo para la madera en las concesiones, la tala de árboles protegidos por parte de empresas comerciales, el contrabando transfronterizo de productos forestales, la tala ilegal y la transformación de materias primas forestales sin licencia;
20. Destaca que la corrupción vinculada a la tala ilegal debe abordarse en el ámbito de política comercial de la Unión; insta a la Comisión a que incluya en los acuerdos de libre comercio disposiciones relativas a la tala ilegal que sean ejecutables y que se apliquen efectiva y plenamente;
21. Subraya la importancia de un acceso adecuado a la justicia, vías de recurso y una protección eficaz para los denunciantes de irregularidades en los países exportadores de recursos naturales para garantizar la eficacia de toda legislación o iniciativa;
22. Pide a la Unión que considere la posibilidad de desarrollar un sistema transparente, operativo, eficaz y exigible de etiquetado de «trazabilidad social y medioambiental» para la cadena de producción de madera y de productos básicos agrícolas que entrañan riesgos para los bosques, de conformidad con las disposiciones de la OMC, y que promueva acciones similares a escala internacional; subraya que las certificaciones deben ser fácilmente accesibles para los pequeños propietarios y las pymes, así como comprensibles para los consumidores, y recuerda que tales medidas deben resultar viables y económicamente asequibles, en especial para productores más pequeños; recuerda que deben reforzarse los controles aduaneros, debe garantizarse la plena independencia y rendición de cuentas de las autoridades que conceden las licencias y de los auditores, y que deben emprenderse acciones legales contra cualquier práctica ilícita observada en el proceso de certificación;
23. Recuerda que la gobernanza responsable de la tenencia de tierras y bosques es esencial para garantizar la estabilidad social, el aprovechamiento sostenible del medio ambiente y una inversión responsable en desarrollo sostenible;
24. Pide a la Unión que promueva la adopción de directrices para una conducta empresarial responsable relativas a unas cadenas de suministro de productos agrícolas responsables, como las de la OCDE, así como unos compromisos ambiciosos con arreglo a los convenios de la OIT y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, con una participación adecuada de la sociedad civil y una cooperación eficaz con las partes interesadas locales, y que elabore disposiciones adecuadas para hacer cumplir las normas sociales y medioambientales para los inversores e impedir las actividades de inversión que favorezcan la deforestación y la tala ilegal, por ejemplo, añadiendo esta dimensión a la Directiva relativa a la divulgación de información no financiera en la próxima revisión; pide a la Unión que trabaje también en esa dirección con sus socios internacionales.
Evaluation of the EU FLEGT Action Plan (Forest Law Enforcement Governance and Trade) 2004-2014 («Evaluación del Plan de Acción FLEGT (Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales)), 2004-2014, abril de 2016, p. 92.
Última actualización: 29 de agosto de 2018 Aviso jurídico - Política de privacidad

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