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Luz verde del Tribunal de Luxemburgo al artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores | Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal
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Luz verde del Tribunal de Luxemburgo al artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores
Publicado el noviembre 2, 2010	por Miguel Rodriguez de Cepeda
El pasado día 6 de octubre de 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha resuelto las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal Supremo mediante Auto de 24 de septiembre de 2009, relativas a la adecuación del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores a la normativa comunitaria, concretamente a la Directiva sobre Concentración de Capitales.
La respuesta del TJUE se esperaba con enorme interés tanto por la Administración Tributaria española, como por el colectivo empresarial y de asesores fiscales de este país, ya que el TJUE podía entrar a cuestionar, una vez más, la adecuación de la normativa española al Derecho Comunitario, como ya ha ocurrido por ejemplo en relación con cuestiones muy relevantes de la normativa del IVA.
Pero retrocedamos en el tiempo. La cuestión litigiosa de la que trae causa la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, en el Recurso de Casación nº 153/2005, se refiere a la denegación por parte de la Administración Tributaria de una solicitud de devolución de ingresos indebidos relacionada con la liquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados (TPO) de la entidad Inmogolf, S.A. derivada de una adquisición de acciones en el mercado secundario que le confería el control de la sociedad La Manga, S.A., dedicada a la explotación de un campo de golf y cuyo patrimonio era fundamentalmente de naturaleza inmobiliaria.
La sociedad adquirente de las acciones, ante la negativa administrativa a la solicitud de devolución de ingresos indebidos planteada fue recurriendo en sucesivas instancias (Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia, Tribunal Económico Administrativo Central, Tribunal Superior de Justicia de Murcia y, finalmente, Tribunal Supremo), siendo en esta última instancia donde se elevó la cuestión prejudicial al TJCE.
Las cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo se centraban en determinar si la Directiva 69/335/CEE:
¿Prohíbe la aplicación de forma automática de normas de Estados Miembros, como el artículo 108.2 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, que gravan determinadas transmisiones de valores que encubren transmisiones de inmuebles, aunque no se haya buscado eludir la tributación?
¿Prohíbe la existencia de normas como la citada Ley 24/1988 que establece un gravamen por la adquisición de la mayoría del capital de sociedades cuyo activo está mayoritariamente integrado por inmuebles, aunque sean sociedades plenamente operativas y aunque los inmuebles no puedan disociarse de la actividad económica desarrollada por la sociedad?.
El Auto emitido por el TJUE estima la plena compatibilidad del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores con la normativa comunitaria, al señalar de forma clara que “la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales y, más concretamente, sus artículos 11, letra a), y 12, apartado 1, letra a), no se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la establecida en el artículo 108, apartado 2, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en su versión modificada por la Ley 18/91, de 6 de junio, que, a fin de impedir la elusión fiscal en el marco de la transmisión de bienes inmuebles mediante la interposición de sociedades, sujeta las transmisiones de valores al impuesto sobre transmisiones patrimoniales cuando dichas transmisiones de valores representan participaciones en el capital social de sociedades cuyo activo está constituido al menos en su 50 % por inmuebles y el adquirente obtiene como resultado de la referida transmisión una posición tal que le permite ejercer el control sobre la entidad de que se trate, incluso en los supuestos en que, por un lado, no hubo intención de eludir el impuesto y, por otro, dichas sociedades son plenamente operativas y los inmuebles no pueden disociarse de la actividad económica desarrollada por dichas sociedades”.
Como conclusión de todo lo anterior, aparte de la importante decisión del TJUE sobre la adecuación del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores al ordenamiento comunitario que había levantado tanta expectación y que por fin ha quedado resuelta, quiero poner en valor la relevancia que tiene el hecho de que los Tribunales españoles cada vez sean más proclives a elevar cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Personalmente considero que se trata de una evolución muy positiva de nuestro sistema jurídico, que demuestra que nuestros jueces y tribunales son cada vez más conscientes del impacto que la normativa comunitaria tiene en nuestra legislación interna y de lo útil que resulta elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE cuando surgen dudas sobre la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico al Derecho Comunitario.
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