Source: https://es.scribd.com/doc/184231127/La-Jurisdiccion-Contencioso-Administrativa-en-Venezuela
Timestamp: 2016-05-03 09:28:05+00:00

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IV. La incidencia del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva en el ámbito de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 1. Ámbito Orgánico 2. Régimen de Competencias o o o o Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Juzgados Nacionales Juzgados Superiores Estadales Juzgados de Municipio Tribunales Contencioso Administrativos Especiales: Juzgados Superiores Contencioso Tributarios Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia Juzgados de Primera Instancia en lo Civil
V. Medios de Impugnación en el Contencioso Administrativo 1. 2. 3. Demandas de nulidad contra actos de efectos particulares y generales Demanda por interpretación de leyes Demanda por controversias administrativas
Reclamos por la omisión, demora o deficiente prestación de los servicios públicos Demanda contra vías de hecho Recurso por Abstención Demandas de contenido patrimonial
VI. Bibliografía I. Evolución Constitucional y Legal El estudio de la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela debe partir del análisis de su origen y evolución histórico-constitucional, pues si bien ya desde la Constitución de 1830 existían disposiciones que asomaban la existencia en nuestro país de un sistema contencioso administrativo, es lo cierto que no fue hasta la Constitución de 1961 que ese sistema, ratificado ahora en la Constitución de 1999, se hizo efectivo, al ser consagrado a nivel constitucional y desarrollado a nivel legal por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2004, el Código de Procedimiento Civil y ahora con la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ambas publicadas en el año 2010. Y es que antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1961 sólo existían disposiciones aisladas que establecían ciertas competencias contencioso-administrativas en favor del Máximo Tribunal. Puede afirmarse que en teoría se propugnaba tímidamente la existencia de una jurisdicción especial contencioso administrativa, pero en la práctica, ésta no se hizo efectiva hasta su definitiva consagración constitucional en 1961. El origen del contencioso administrativo venezolano tiene su antecedente más remoto en la Constitución de 1830 que atribuía a la Corte Suprema de Justicia, como máximo órgano encargado de la administración de justicia, la competencia para conocer de las controversias derivadas de los contratos en los cuales interviniese el Ejecutivo Nacional, creándose así contencioso de los contratos administrativos (art. 147, ordinal 5° de la Constitución de 1830)[1] La Constitución de 1864 también realizó un aporte importante en el fortalecimiento del contencioso administrativo venezolano, al establecer la creación de dos jurisdicciones, a saber: la de los Estados y la Federal, cuya máxima expresión era la Alta Corte Federal que tenía atribución para declarar la vigencia de una Ley Nacional cuando se hallare en colisión con otras leyes, fueren éstas nacionales o de los Estados.
Es sin embargo en la Constitución de 1925 en la cual se consagró por primera vez el contencioso de nulidad de los actos administrativos, al establecerse la competencia de la Corte Federal y de Casación para « declarar la nulidad de los Decretos o Reglamentos que dictase el Poder Ejecutivo para la ejecución de las leyes cuando alteren el espíritu, razón o propósito de ellas, y en general declarar, cuando sea procedente, la nulidad de todos los actos a que se refieren los artículos 42 (actos ejecutados en extralimitación de funciones) y 43 (actos dictados por requisición directa o indirecta de la fuerza o de reunión del pueblo en actitud subversiva), siempre que emanen de autoridad Nacional o del Distrito Federal, o de los altos funcionarios de los Estados» (artículo 120, ordinal 12). La Constitución de 1925 conservó igualmente la regulación atinente al conocimiento por la Corte Federal y de Casación de las controversias derivadas de los contratos suscritos por el Ejecutivo Federal (artículo 120, ordinal 13)[2]y reguló también, por vez primera, la competencia del máximo Tribunal para conocer de las reclamaciones de daños y perjuicios que se propusiesen contra la Nación (artículo 120, ordinal 15), estableciéndose así el contencioso de la responsabilidad del Estado. En las Constituciones dictadas con posterioridad, se mantuvieron inalterables las disposiciones que en mayor o menor grado denotaban la existencia en Venezuela de una jurisdicción contencioso administrativa, sin embargo, no fue sino hasta la Constitución de 1961 que se consolida en Venezuela un verdadero sistema contencioso administrativo, expresamente regulado en su artículo 206. Se consagró así con rango constitucional la existencia de una jurisdicción especial: la Contencioso Administrativa, integrada por Tribunales con competencia suficiente para controlar la actividad de la Administración Pública. La referida norma constitucional delimitó, por una parte, el objeto del control de la
la teoría del procedimiento administrativo. condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración.jurisdicción contencioso administrativa. la Constitución de 1961 dejó en manos del legislador ordinario la determinación de los órganos jurisdiccionales que habrían de integrar la jurisdicción contencioso-administrativa junto con la Sala correspondiente del Máximo Tribunal. La defensa es derecho inviolable en todo estado y grado del proceso». caracterizada por la concentración y centralización del ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa en un solo órgano (i. la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. poderes éstos que no se limitaron a la sola suspensión de los efectos del acto sino que. Sala PolíticoAdministrativa). ratificó la existencia en Venezuela de una jurisdicción contencioso administrativa dirigida a garantizar el apego a derecho de la conducta administrativa. en obsequio del derecho a la tutela judicial efectiva. condenar al pago de sumas de dinero o a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración. mejor conocido como el derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto. organización y funcionamiento de la jurisdicción contencioso administrativa. se le confirieron al juez poderes cautelares suficientes para restablecer las situaciones jurídicas infringidas. la cual fijará normas que aseguren el ejercicio de este derecho a quienes no dispongan de medios suficientes. lo relativo a los reclamos por la prestación de los servicios públicos. La Constitución de 1999. Así. pudiera decirse que el gran auge del proceso contencioso administrativo se desencadenó a partir de 1982. No obstante. cercana a los particulares. sus efectos y consecuencias. la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia desconcentró las competencias atribuidas a la Sala creando dos nuevas clases de tribunales contencioso administrativos generales. conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa» Se añade en esta norma. a saber: la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo.e. el derecho de acceso a los órganos de justicia. las situaciones administrativas. por otra. De esta forma. También se consagraron en la misma los procedimientos a seguir para el control judicial de los actos administrativos generales o individuales dictados por la Administración. siguiendo la tendencia marcada por la Constitución de 1961. con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. las consecuencias de dicho control. Paralelamente. Pero no sólo se caracterizó la Ley Orgánica de la Corte por establecer la estructura. al prever que los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa podrán declarar la nulidad del acto contrario a derecho. a diferencia de la redacción contenida en la Constitución del 61. en términos casi idénticos a los previstos en el régimen constitucional del 61. frente a la estructura organizativa imperante antes de la entrada en vigencia de la ley. incluso por desviación de poder. que reguló la materia relativa al acto administrativo. el gran vacío existente hasta ese momento en la materia. en 1977 se dictó la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia que constituye uno de los avances más importantes en el logro de una justicia accesible. se extendieron las facultades cautelares del juez contencioso administrativo a las medidas cautelares nominadas e innominadas previstas en los artículos 585 y 588 ejusdem. y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. Los órganos de la jurisdicción contenciosoadministrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho. al incluir dentro del mismo a los actos administrativos.
. Bajo el objetivo de garantizar ese derecho a la tutela judicial efectiva. la Constitución de 1961 consagró también en forma novedosa. dada la remisión expresa que la Ley hacía a la aplicación supletoria de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. el régimen de impugnación y revisión de las decisiones de la Administración. y. llenándose así con ella. la actividad ilícita o ilegal de la administración. al establecer que «todos pueden utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. el artículo 259 de la Constitución establece: «La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. en su artículo 68. en los términos y condiciones establecidos por la ley. específicamente. el procedimiento dirigido a lograr el resarcimiento de los daños causados por su actuación material. y.
la Constitución de 1999 consagró en términos expresos. transparente. se publicó la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Estadales y Juzgados de Municipio) Desde el punto de vista material. accesible. Entre los aspectos más importantes de esta ley. sin dilaciones indebidas. Se regula un único proceso de segunda instancia. constituyendo el primer instrumento que regula exclusivamente la jurisdicción contenciosa administrativa. Esta ley no presenta mayor variación en relación con las normas contempladas en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia del año 1977. algunos de los cuales resultaron excesivamente largos. han servido de base al establecimiento por la jurisprudencia de novedosos criterios. Bajo la idea de asegurar la prestación de una justicia efectiva a los ciudadanos. se establece una nueva estructura que permite aumentar el número de tribunales. recurso de interpretación de ley y conflicto de autoridades. El estado garantizará una justicia gratuita. Se agruparon diversos artículos que se encontraban divididos en Títulos. a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Se fortalece la oralidad del proceso contencioso administrativo. que regidos por la necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva a los particulares. mediante Gaceta Oficial Nº 39. omisiones y reclamos por la prestación de servicios públicos). claros y precisos el derecho a la tutela judicial efectiva al disponer en su artículo 26 que «Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. comprimiéndolos en uno solo.451. y un nuevo procedimiento para conocer demandas contra vías de hecho. responsable. la cual no podrá ser sacrificada por la omisión de formalismos no esenciales o inútiles. demandas patrimoniales. la Constitución complementó dicha norma con otras que tienen por fin. Con orientación similar. como veremos más adelante. en el año 2004.Pero a la par que ratificó el rango constitucional de la jurisdicción contencioso administrativa. 269)[3]. independiente. autónoma. se dictó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. y desconcentrar su alcance a las regiones y Estados (Juzgados Nacionales. entre otros aspectos. El 22 de junio de 2010. el artículo 257 consagra al proceso como un instrumento fundamental para la realización de justicia. 49) o fomentar la descentralización del poder judicial para hacerlo más accesible al colectivo (art.
Estas disposiciones constitucionales. Se crean tres procesos diferentes para tramitar las distintas acciones del contencioso (nulidad de actos administrativos. Se incorpora un capítulo especial para la ejecución de las sentencias. Sin embargo. sí varió en cuanto a la técnica legislativa. incluso los colectivos y difusos. la cual desarrolló los principios establecidos por la Constitución de 1999.942 de fecha 20 de mayo de 2004. generando incomprensión debido a su desorganización. han dotado al proceso contencioso administrativo de un carácter eminentemente subjetivo. garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso de las partes en juicio (art. Se crea un nuevo recurso extraordinario: “recurso especial de juridicidad”
. imparcial. Capítulos y Secciones completas en la derogada Ley Orgánica de la Corte. Posteriormente. idónea. en obsequio de su derecho a la tutela judicial. se reconoce el carácter universal del derecho contencioso administrativo (Artículos 7 y 8) Se incorporan expresamente al ámbito de control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa a los Consejos Comunales. equitativa y expedita. sin formalismos o reposiciones inútiles ». destacan los siguientes: Desde el punto de vista orgánico. publicada en Gaceta Oficial Nº 37.
Finalmente. toda vez que presenta una división sistemática y organizada de su articulado. 259). en modo alguno. a partir de la Constitución de 1999. las demandas de protección de derechos e intereses colectivos y difusos y el proceso de habeas data. En esta ley se estableció el régimen. incluyendo a la contencioso-administrativa. se aprecia un importante cambio en materia de técnica legislativa. el 1º de octubre de 2010 se promulgó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ello no significa que en modo alguno se abandone el control de legalidad del actuar administrativo. como lo señala Ana Elvira Araujo. éste siempre será revisado por el juez. por lo tanto. Explica Brewer-Carías[6] que se siguen tres consecuencias básicas de la constitucionalización de la jurisdicción contencioso administrativa: (i) la universalidad del control que la Constitución prevé para todos los actos subordinados a ella (que a su vez es otra característica del sistema). Desde el punto de vista sustantivo. Sin embargo. un proceso al acto o protección de la legalidad objetiva. que como tal. pues toda alteración a los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce al particular constituye en si misma una vulneración a la ley. regula procedimientos objetivos. las cuales quedaron reducidas a regular los procesos y procedimientos constitucionales en los cuales se incluye a la acción popular de insconstitucionalidad. como lo hace Brewer-Carías. « una tutela de derechos e intereses legítimos. organización y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia. las formulaciones más acabadas se encuentran en la derogada Constitución de 1961 y en la actual Constitución de 1999. que la consagración constitucional de la jurisdicción contencioso administrativa no debe ser vista únicamente como una norma atributiva de competencias judiciales a un conjunto de órganos jurisdiccionales. hoy regulados por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. sino que la misma debe ser apreciada como un derecho a la tutela judicial frente a la Administración. desde su nacimiento la jurisdicción contencioso administrativa venezolana ha estado consagrada expresamente en la Constitución (salvo el texto de 1953). facilitando así una mayor comprensión y entendimiento del texto normativo. sería inconstitucional. publicada en Gaceta Oficial Nº 39. la jurisdicción contenciosoadministrativa no puede concebirse como un sistema exclusivo de protección de la legalidad objetiva a que está sometida la administración -a pesar de que la ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. limitar o excluir las lesiones producidas por actuaciones materiales o vías de hecho». una tutela de posiciones subjetivas.522. II.
Y es que puede en efecto considerarse que el objetivo principal del contencioso administrativo no es garantizar el apego a derecho de la actividad administrativa.sino un sistema de tutela de situaciones jurídicas subjetivas. a la luz del análisis de la disposición que la consagra con rango constitucional (art. Desde el punto de vista formal. no está limitada a asegurar el respecto de la legalidad en la actuación administrativa. sea que dicha exclusión se haga
. cuya finalidad es declarar la nulidad del acto impugnado . ya que el artículo 26 de la Constitución concibe a toda la justicia. Noción y Características de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Venezuela La estrecha vinculación existente entre la jurisdicción contencioso administrativa y el derecho a la tutela judicial efectiva permiten afirmar. No es. nos permite afirmar que ésta goza de las siguientes características: 1. Es de rango constitucional Tal y como ha sido observado.[5]
En sentido similar se pronunció la emblemática sentencia de la Sala Constitucional del 23 de octubre de 2002 (Caso: Gisela Anderson. es un proceso de tutela de derechos del recurrente y de la Administración (ésta más potestades que derechos) confrontados entre si como partes ». antes por el contrario. que no permite reducir. sino proteger los derechos e intereses de los particulares afectados por tal actividad. debe ser restablecida en protección de los derechos individuales en juego. Ministerio de Infraestructrura y Conatel) al establecer: «Resulta claro que la jurisdicción contencioso-administrativa. el cambio más importante se evidencia respecto a las Disposiciones Transitorias de carácter procesal. la percepción de la jurisdicción contencioso administrativa como integrante del derecho a la tutela judicial efectiva. En esta ley se eliminaron las disposiciones transitorias que regulaban los procesos contenciosos administrativos. En este orden de ideas. Jaime Gallardo y otros vs Presidente de la República.[4] Es. presentando variaciones en cuanto al aspecto sustantivo y el aspecto formal. de lo cual “cualquier exclusión del control respecto de actos administrativos específicos. como un sistema de tutela subjetiva de derechos e intereses legítimos.
y 6. cualquier situación que pueda afectar los intereses públicos o privados. en sus diferentes manifestaciones. esto es. (. la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela. que dicte actos de autoridad o actúe en función administrativa. 3. omisión de cumplimiento de obligaciones y. sociedades. y no un mecanismo de protección de la Administración frente a los particulares [8]. Los órganos que ejercen el Poder Público... asociaciones y otras formas orgánicas o asociativas de derecho público o privado donde el Estado tenga participación decisiva. y determina que el proceso no sea un juicio al acto sino un instrumento de realización de justicia (Artículo 257 del Texto Fundamental vigente) y medio para hacer valer la tutela judicial efectivade los derechos e intereses. “no hay contencioso administrativo si no hay quien resuelva con poderes suficientes. corporaciones. prestación de servicios públicos. y hoy lo hace el artículo 259 de la Constitución de 1999. en cualquier ámbito territorial o institucional.) lo que caracteriza al contencioso administrativo es la existencia de un Tribunal que dilucide las controversias que han surgido entre la Administración y el administrado”. esa controversia. Los institutos autónomos. control.. 5. Y (iii) el otorgamiento al juez de amplísimos poderes de tutela. Los órganos que componen la Administración Pública. Se trata de un verdadero sistema de tutela subjetiva de derechos e intereses legítimos.
Lo anterior incluye actos de efectos generales y particulares. pudiendo también clasificarse los tribunales (. actuaciones bilaterales. en general. con neutralidad. Es universal De conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa será objeto de control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. la Sala Político-Administrativa ha comentado a este respecto que “desde el punto de vista organizativo. Así pues. 2. 2. incluso los colectivos o difusos (Artículo 26 de la actual Constitución). silencio administrativo. Cualquier sujeto distinto a los mencionados anteriormente. lo que a su vez es uno de los axiomas de esta materia. ejecución de políticas y servicios públicos. (ii) la consagración de un verdadero derecho fundamental del ciudadano a la tutela judicial efectiva frente a la Administración. 4. empresas. los poderes del juez contencioso convergen en un fin muy preciso: “el restablecimiento de las situaciones jurídicas lesionadas por la actividad administrativa” . cuando actúen en función administrativa..
4... el juez está ante un proceso de defensa de intereses subjetivos y no de resguardo de la legalidad objetiva lesionada por el acto impugnado. Las entidades prestadoras de servicios públicos en su actividad prestacional.) en Tribunales Contencioso Administrativo Generales. 3. fundaciones. En jurisprudencia reciente. Los consejos comunales y otras entidades o manifestaciones populares de planificación. vías de hecho. omisiones y actuaciones (vías de hecho) de la Administración Pública.. Especiales y Eventuales. la jurisdicción contencioso administrativa conoce de todos los actos.. Ello aparta al sistema contencioso venezolano de la línea de los vigilantes de la legalidad." [7]. Es subjetivo Tal y como en su oportunidad lo dispuso el artículo 206 de la derogada Constitución de 1961. Es judicial y especial
Sostiene Calcaño De Temeltas [9]. la actividad administrativa desplegada por los siguientes entes u órganos: 1.” (caso: Eduardo de Jesús Rondón Graterol de fecha 27/4/2000).por vía de ley o por las propias decisiones de los Tribunales. está estructurada tanto por grados como por materias que tiene atribuida.
equitativa y expedita. como lo afirmó en su oportunidad la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia: “. Principios que rigen la Jurisdicción Contencioso Administrativa. responsable. podrán emitir su opinión en los juicios cuya materia debatida esté vinculada a su ámbito de actuación. toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses. incluso los colectivos o difusos. accesible.. sin formalismos o reposiciones inútiles. garantizando la estabilidad de dichas situaciones frente a la alteración provocada por la conducta antijurídica de la Administración (Moles). Así ha quedado establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. (iii) proceso contencioso contra la conducta omisiva de la Administración Pública... Los tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa promoverán la utilización de medios alternativos de solución de conflictos en cualquier grado y estado del proceso. imparcial. orden público o protección de la intimidad de las partes.” (caso: Rafael Alcántara Van Nathan. puede incluso sustentarse en la revisión de la proporcionalidad ponderada por la Administración en el ejercicio de potestades discrecionales Esta nota cobra especial matiz en el ámbito de las potestades sancionadoras y disciplinarias de la Administración. salvo que la ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida por razones de seguridad. 7. Reconoce la participación popular De conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa los entes. III. consejos comunales. el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que el Juez es rector del proceso y debe impulsarlo de oficio o a petición de parte hasta su conclusión. según el caso concreto). la actividad contenciosa administrativa controla el ejercicio del poder por parte de la Administración. (iv) proceso contencioso de interpretación y (v) proceso contencioso de plena jurisdicción. no hacer. Es público Respecto al principio de la publicidad. (ii) proceso contencioso de demanda contra los entes públicos. La función justicial del contencioso es un derivado directo de las potestades de tutela del juez y del principio de reconocimiento de las situaciones jurídicas subjetivas. al adecuarla a los parámetros de la legalidad. atendiendo a la especial naturaleza de las materias jurídicas sometidas a su conocimiento. ejecución de políticas y servicios públicos. El Estado garantizará una justicia gratuita. Permite la aplicación de Medios Alternativos de Solución de Conflictos en cualquier estado y grado del proceso. discriminadas recientemente por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia así (caso: Eduardo de Jesús Rondón Graterol de fecha 27/4/2000).la administración.. dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que los actos del proceso serán públicos. órganos y entes de la Administracion Pública. De conformidad con el artículo 26 de la Constitución de 1999. a saber: (i) proceso contencioso de los actos administrativos.) Ahora bien. en protección y continuidad sobre la prestación de los servicios públicos y en su correcta actividad administrativa. independiente. idónea.. El juez está investido de amplias potestades cautelares que puede ejercer incluso de oficio (órdenes de hacer. 8. transparente. colectivos y otras manifestaciones populares de planificación. en relación a la actividad sancionatoria. sin dilaciones indebidas. aunque no sean partes.
. autónoma. este carácter contralor. de fecha 4/8/1994).En ese sentido. esto no significa que la sanción a imponer quede al arbitrio de la administración y que en su actividad sancionatoria el funcionario pueda evadir la legalidad del acto e incurrir en abuso de poder. control. Realiza una doble función: contralora y justicial Según pone de manifiesto el maestro Moles Caubet (citado por Araujo Juárez)[10]. a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.. a los particulares. 5. Sobre esta base se ha construido legislativa y jurisprudencialmente el elenco de acciones contenciosas. tiene como nota característica la discrecionalidad (. 6.
y que indicamos a continuación: Justicia Gratuita: Principio fundamentado en los derechos a la igualdad y tutela judicial y efectiva. de ser procedente. Idoneidad: Constituye un límite mínimo de la facultad de actuación de los órganos del Estado. entendido como el derecho de los particulares a una protección plena de sus intereses por parte de los órganos de justicia. la Constitución de 1999 no sólo ratificó la existencia en nuestro ordenamiento jurídico de una jurisdicción contencioso administrativa de rango constitucional dirigida a controlar en vía judicial la actuación administrativa. pueda imponerse de las actuaciones que se realicen o existan en los tribunales. comporta no sólo el acceso al órgano judicial y al proceso. acceso a la justicia. la resolución definitiva de su conflicto. Publicidad: Asegura el desenvolvimiento del proceso en tal forma que cualquier persona. sino la garantía de una defensa contradictoria y una sentencia efectiva que satisfaga. cuya omisión o retardo generará la denegación de justicia.
Imparcialidad y Transparencia: Al juez le está vedado conocer y resolver asuntos en los que sus intereses personales estén involucrados. Analizando este bloque normativo constitucional podemos afirmar que el derecho a la tutela judicial efectiva. Brevedad: El Tribunal está obligado a dictar la decisión jurisdiccional sobre los asuntos que le han sido sometidos. de modo que pueda apreciar las declaraciones de tales personas. oscuridad o insuficiencia de la Ley. sin más obstáculos que las reglas que la ley les fije en cuanto a la forma de adelantar el proceso y de proferir su decisión. lugares. bien sea parte o extraño a la causa. 49). entre otros. sino que a su vez consagró en términos expresos. y no a base de la relación ajena[12]. Celeridad: Derecho a obtener.
. En tal sentido. cuyo incumplimiento se genera por la inactividad del órgano jurisdiccional en no satisfacer la pretensión dentro del lapso previsto. Responsabilidad: El juez tiene el deber inexcusable de resolver en todo asunto y no podrá dejar de hacerlo so pretexto de silencio. promoviendo el acercamiento de la justicia a los ciudadanos (art.e. Oralidad: Principio según el cual las deducciones de las partes normalmente deben ser hechas de viva voz en audiencia. Autonomía e Independencia: Los funcionarios pueden actuar libremente en cuanto a la apreciación del derecho y de la equidad. El Tribunal no debe actuar cuando el titular o alguno de sus miembros tenga alguna vinculación con alguna de las partes. a base de la inmediata impresión recibida de ellos. se formulan los principios[11] que orientarán la actuación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. La incidencia del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva en el ámbito de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Como lo señaláramos anteriormente. las pretensiones del actor. los cuales se encuentran expresamente establecidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administraiva. Inmediación: Principio en virtud del cual el Tribunal actúa en contacto directo con las partes en el juicio. justifica una obligación del funcionario de hacer lo posible para brindar protección eficaz a los bienes jurídicos en juego.
IV. claros y precisos el derecho a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental de los particulares (art. bien asegurando el respeto al derecho a la defensa y el debido proceso (art. a fin de que se convierta en un medio efectivo de protección de los derechos particulares.En ese mismo sentido. 26) y lo complementó con otra series de disposiciones orientadas a garantizar la efectividad de esa protección judicial. dentro de un plazo razonable de los tribunales. 269) o bien consagrando el establecimiento de procedimientos breves y expeditos no sujetos a formalismos extremos (art. 257). La necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva en cada uno de éstos ámbitos (i. derecho a la defensa y efectividad de la sentencia) ha impuesto la revisión de muchos aspectos del contencioso administrativo.
atribuidas por el artículo 5. 1. tales como. 4) los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y. el régimen de competencias. 1) la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Siguiendo el esquema de la Ley analizaremos las competencias que en materia de demandas de nulidad contra actos administrativos se reconocen a los tribunales que ejercen la jurisdicción contencioso administrativa. en sus diferentes manifestaciones. en cualquier ámbito territorial o institucional. como es la teoría de los llamados “actos de autoridad”. y 6. 3. corporaciones. a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. si cabe esta distinción. Los consejos comunales y otras entidades o manifestaciones populares de planificación. Se consagra por vez primera de forma expresa. lo que fue una creación netamente jurisprudencial. haremos referencia a las innovaciones aportadas por la jurisprudencia en cada uno de estos aspectos. Finalmente. y por ende sujetos al control de la actividad administrativa por parte de los órganos de esta especial jurisdicción. 5) Tribunales contencioso administrativos especiales. el resultado del ejercicio de función administrativa por entes de derecho privado. estos son. párrafo 44 de la LOTSJ a la Sala de Casación Social de ese Tribunal. Los órganos que ejercen el Poder Público. cuyo régimen especial es el previsto en el Código Orgánico Tributario. en los que la labor de la jurisprudencia. el agotamiento de la vía administrativa. sociedades. Las entidades prestadoras de servicios públicos en su actividad prestacional. las medidas cautelares y la ejecución del fallo. cuando actúen en función administrativa. Los órganos que componen la Administración Pública. fundaciones. control. dado que la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2004 determinaron la creación de una nueva jurisdicción contenciosa: la electoral. que dicte actos de autoridad o actúe en función administrativa. haremos referencia a los Juzgados Superiores Contencioso Tributarios quienes forman parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Los institutos autónomos. órgano encargado de ejercer la jurisdicción contencioso electoral y. ejecución de políticas y servicios públicos. Cualquier sujeto distinto a los mencionados anteriormente. empresas. la legitimación exigida para recurrir. 2) los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativo 3) los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En ese sentido. Por otra parte.
El estudio de las demandas de nulidad desde su ámbito orgánico comporta el análisis de las competencias atribuidas por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dictada con el fin de regular la organización y función de la jurisdicción contencioso administrativa prevista a nivel constitucional. la ambiental y agraria.
2. 4. por otra parte. a cada uno de los tribunales que integran dicha jurisdicción para controlar la nulidad de los actos administrativos contrarios a derecho. Ámbito Orgánico
El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que estarán sujetos al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: 1. asociaciones y otras formas orgánicas o asociativas de derecho público o privado donde el Estado tenga participación decisiva. 5. haremos también alusión a las competencias conferidas en materia de demandas de nulidad contra actos administrativos de contenido electoral. 2. 1. regulada en el artículo 297.Esa revisión se ha verificado en ámbitos variados. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
. o actos electorales. ha jugado un papel sumamente relevante. adecuando el contencioso administrativo a las nuevas orientaciones constitucionales que imponen la tutela plena y efectiva de los derechos e intereses de los particulares.
los Estados. 23. cuando la otra parte sea una de esas mismas entidades. Venezolana de Ascensores –CAVENAS-). 1. Este criterio se aplica con independencia de que se aleguen vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad (Sentencia del 7 de febrero de 2002. a menos que se trate de controversias entre municipios de un mismo estado.T. ente público. 8. la Sala estableció que«cuando el acto administrativo cuya nulidad se demanda sea de rango sub-legal. 10. 5. 2. o entre distintos órganos y entes que ejerzan el Poder Público. ente público. 23. o algún instituto autónomo. los municipios u otro ente público. 23. 23.
. En ese sentido. 23. cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad (Art.T. los estados. LOJCA). (Art. Estados. 3. LOJCA). 9. cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad (Art. 3. Las competencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de las demandas de nulidad ejercidas contra los actos administrativos dictados por los órganos del Poder Público se encuentran contempladas en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. en decisión de fecha 13 de julio de 2000 (Caso: Pedro Ochoa Jiménez). (Art. Apelación de los juicios de expropiación (Art. en la cual la República. Caso: C. 6. num. si su competencia no está atribuida a otro tribunal (Art. num. Reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las altas autoridades antes enumeradas (Art. empresa o cualquier otra forma de asociación. empresa o cualquier otra forma de asociación. de los Ministros. LOJCA) 2. LOJCA). LOJCA). 11. num. que se susciten por el ejercicio de una competencia atribuida por la ley. si se trata de actos (normativos o no) que no han sido dictados en ejecución directa e inmediata del Texto Fundamental. Controversias administrativas entre la República. los Estados. si su cuantía excede de 70. num. num. num. Demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por el Presidente de la República. (Art. sino en ejecución directa de la ley y en función administrativa »el conocimiento de las causas que persigan la anulación de los mismos será de su competencia. 4. Municipios.. 7. 23. 23. en la cual la República. 23. num. 6. 23. (Art. 10.Como principio general puede sostenerse que la competencia de la Sala Político-Administrativa.A.). LOJCA). así como por las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional. si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70. Demandas que se ejerzan contra la República. num. Demandas de nulidad que se ejerzan contra un acto administrativo de efectos particulares y al mismo tiempo el acto normativo sub-legal que le sirve de fundamento. 5. Demandas que se ejerzan con ocasión del uso del espectro radioeléctrico. Abstención o la negativa del Presidente de la República. los Municipios o cualquiera de los entes mencionados tengan participación decisiva. LOJCA). 23. los Estados. LOJCA). o algún instituto autónomo. Controversias administrativas entre autoridades de un mismo órgano o ente. los Municipios. ejercicio o pérdida de la nacionalidad o de los derechos que de ella derivan. LOJCA).000 U. tal como ella misma lo ha afirmado en forma pacífica y reiterada debe ser interpretada siguiendo el criterio conforme al cual su conocimiento en esta materia viene determinado por el rango de las actuaciones objeto de control.000 U. el Vicepresidente Ejecutivo de la República. num. 23. a cumplir los actos a que estén obligados por las leyes (Art. Demandas que ejerzan la República. 11. LOJCA). los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva. (Art. así como de las máximas autoridades de los demás órganos de rango constitucional. los Ministros o Ministras. el cual prevé que dicha Sala será competente para conocer de: 1. del Vicepresidente Ejecutivo de la República. goce. num. siempre que el conocimiento de este último corresponda a la Sala Político-Administrativa. 4. esto es. num. 9. 7. LOJCA). Demandas que se interpongan con motivo de la adquisición. 8.
24. la materia funcionarial). Apelaciones de las decisiones de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de las consultas que le correspondan conforme al ordenamiento jurídico. 20. art. sustrajo del conocimiento de la Sala Político-Administrativa el control de la constitucionalidad e ilegalidad de los actos administrativos de contenido electoral. (Art. 17. LOJCA). regulada en el artículo 297 de la Constitución. (Art. 29 de noviembre de 2001. Avocamiento. (Art. cuando a la Sala Político Administrativa le esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas. 23. 13. (Art. siempre que el conocimiento de los recursos contra sus actos no se encuentre atribuido a otra autoridad conforme a la materia sustantiva de que se trate (Vgr. 22. 23. 23. LOJCA). (Art. Causas que se sigan contra los representantes diplomáticos acreditados en la República. 21. 23. y el cual otorgaba carácter electoral únicamente a los recursos interpuestos contra los llamados actos electorales. 15. 15. 23. num. num. Las demás causas previstas en la ley. num. num. LOJCA). Debe indicarse. (v. num. LOJCA). (Art. 12): La creación constitucional de una nueva jurisdicción contenciosa. 12. Sentencias de la Sala PolíticoAdministrativa del 16 de julio de 2002. num. 23. en su condición de máxima instancia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. que el antiguo criterio trazado en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. en el caso de retiro. 14. 23. 19. de oficio o a petición de parte. num. 14. acciones o recursos interpuestos. 23. el Ministerio Público. Caso: Tomás Rodríguez Salazar y otros vs Contralor General de la República. LOJCA). (Art. num. el Consejo Federal del Gobierno. estabilidad o conceptos derivados de empleo público del personal con grado de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. num. Consultas y recursos de regulación de jurisdicción. 23. (Art. a saber. de conformidad con lo establecido en esta Ley. 21. la electoral. LOJCA). no atribuidas a otro tribunal. en este caso. 16.12. el Banco Central de Venezuela y los órganos del Poder Ciudadano. LOJCA). permanencia.
. caso: Gregorio Salazar Torres). LOJCA). 16. 19. 23. LOJCA). dado que la Sala Electoral conocerá de todos los recursos interpuestos contra actos del Poder Electoral. Demandas que le atribuyan la Constitución de la República o las leyes especiales. 13. en los casos permitidos por el derecho internacional (Art. Pretensiones. tales como la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. ha perdido virtualidad en la actualidad. la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia mantiene el criterio conforme al cual el término “los órganos del Estado de igual jerarquía a nivel nacional” a que hacía referencia el numeral 12 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. num. 23. No obstante. Conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Art. 23. siguiendo la tendencia trazada por la jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia. num. 17. 18. Caso: Francisca Antonia Alcalá y otros vs Reglamento sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios de la Contraloría General de la República). Juicios en que se tramiten acciones conexas. LOJCA). comprenden el conocimiento de los recursos de nulidad por razones de inconstitucionalidad y/o ilegalidad que sean interpuestos contra los actos dictados por los órganos que gozan de autonomía funcional.Recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo. Las demás demandas derivadas de la actividad administrativa desplegada por las altas autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público. sobre algún asunto que curse en otro tribunal cuando sea afín con la materia administrativa. Recurso Especial de Juridicidad. 23. num. Control de la constitucionalidad e ilegalidad de los actos administrativos generales o individuales del Consejo Supremo Electoral o de otros órganos del Estado de igual jerarquía (LOCSJ. (Art. num. 23. (Art. 20. 42. Caso: Jimmy Imbrondone Fermín vs Contralor General de la República y 27 de abril de 2000. o que le correspondan conforme a éstas. al respecto. aún aquellos que no guarden directa relación con algún proceso comicial (sentencia de la Sala Electoral de 20 de diciembre de 2000. LOJCA). LOJCA). 18.
num. empresa o cualquier otra forma de asociación.num. Las demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico desplegada por las autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público.
.num. de las Universidades Experimentales o de los Institutos o Colegios Universitarios.LOJCA) 3.8. ente público.LOJCA) 7.LOJCA) 6.000 U. su exclusión del ámbito de aplicación de la Ley del Estatuto de la Función Pública no es óbice para sustraer del conocimiento de las acciones que se intenten contra dichos Entes a los Juzgados Superiores Estadales Contencioso Administrativos. (Art. si su cuantía excede de treinta mil unidades tributarias (30.num. los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva.LOJCA) Cabe destacar que en el caso concreto de los actos administrativos dictados por las Universidades en materia funcionarial.T. Así lo dispuso la Corte en la decisión de fecha 12 de julio de 2002 (Caso: Rosa Consuelo Tarazona de Rivero Vs.4. modificando su criterio reiterado. (Art. Las demandas que ejerzan la República. (Art. La abstención o la negativa de las autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 3 del artículo 23 de la Ley y en el numeral 4 del artículo 25.9.LOJCA) 8.6. los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. los Estados. estableció que la competencia para conocer de los mismos corresponderá a los Juzgados Superiores Estadales Contencioso Administrativos. ente público. en primera instancia.5.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70. o algún instituto autónomo. Las demás causas previstas en la ley.2. Cultura Y Deportes). si su cuantía excede de las treinta mil unidades tributarias (30.LOJCA) 9. (Art. en la cual la República.).LOJCA) 4. a quienes corresponde como Juez natural el conocimiento de los reclamos de índole funcionarial. 24. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa y de las consultas que les correspondan conforme al ordenamiento jurídico. 24.T.1. Los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Las competencias de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en materia de demandas de nulidad contra actos administrativos está regulada en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.num. al considerar que aun cuando los docentes universitarios que prestan sus funciones a las Universidades tienen estatuto propio que regula su relación de empleo.3.2. cuando su conocimiento no esté atribuido expresamente a otro tribunal. En tal sentido.LOJCA) 5. los Estados.7.num. cuyo control no haya sido atribuido a la Sala Político-Administrativa o a los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. los Estados. Las demandas que se ejerzan contra la República. los Estados.T. 24. la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.) y no supera setenta mil unidades tributarias (70. 24. Ministerio De Educación. 24. cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de la materia. 24. 24. En ese sentido. cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. los Municipios.num. (Art.num. 24. o algún instituto autónomo. De los juicios de expropiación intentados por la República.num. la Corte dispuso que cuando la demanda incoada esté dirigida a lograr la nulidad de actos administrativos dictados por las autoridades de las Universidades Nacionales.000 U.T. empresa o cualquier otra forma de asociación. (Art. serán competentes en primera instancia los Juzgados Superiores Estadales de lo Contencioso Administrativo de cada una de las Regiones. los Municipios. o surja con ocasión de la relación funcionarial que vincula a los docentes con estas Instituciones. (Art.000 U.). los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva.LOJCA) 2. 24. son competentes para conocer de: 1. De las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley y en el numeral 3 del artículo 25. (Art. en razón de su especialidad.000 U. (Art. en la cual la República. De las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las autoridades a las que se refiere el numeral anterior.
000 U. 4. Apure.000 U. ente público. 2. Barinas. Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
. 25 LOJCA) La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Monagas. Táchira.T. municipal o local. dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción. los Municipios. cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad. con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo (Sentencia Nº 955 del 23 de septiembre de 2010) 4. los Estados. empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República. Anzoátegui. los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva. los Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva. Abstención o negativa de las autoridades estadales o municipales. De las controversias administrativas entre municipios de un mismo estado por el ejercicio de una competencia directa e inmediata en ejecución de la ley. con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad. De las apelaciones de las decisiones de los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. En ese sentido son competentes para conocer de: 1. o algún instituto autónomo. funcionará al menos un Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República. Demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública. Portuguesa. si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30. contempla en su artículo 25 las competencias atribuidas a los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Sucre. De las demandas derivadas de la actividad administrativa contraria al ordenamiento jurídico de los órganos del Poder Público estadal. los Estados.). la competencia de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa estará delimitada de la siguiente manera: Dos Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital con competencia en el Distrito Capital y los Estados Miranda. En cada estado. Un Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Nor – Oriental con competencia en los Estados Nueva Esparta. Falcón. Demandas que ejerzan la República.Asimismo. Vargas. ente público. con competencia en los Estados Cojedes. Carabobo y Guárico. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (art. 3. Demandas que se ejerzan contra la República.T. 9. Aragua. los Municipios. Amazonas y Delta Amacuro. 10. Bolívar. los Estados. los Estados. Mérida y Zulia. Lara. Yaracuy. 5.). a cumplir determinados actos a que estén obligados por las leyes. si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30. Un Juzgado Nacional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región de la Región CentroOccidental. Trujillo. Demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares. o algún instituto autónomo. cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad 3. los cuales serán unipersonales (Artículo 18 de la LOJCA). Las demás causas previstas en la ley. Reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a autoridades estadales o municipales de su jurisdicción 6. 8. conforme a lo dispuesto en la ley 7.
en ese sentido. y de otras organizaciones de la sociedad civil. Juzgados Superiores Contencioso Tributarios Corresponde a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario ejercer la jurisdicción especial contencioso tributaria y. universidades nacionales. conocerán en primera instancia de los recursos contencioso tributarios de nulidad ejercidos por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad se intenten contra los actos administrativos de contenido fiscal o tributario. por la prestación de servicios públicos o cualquier otra demanda o recurso que le atribuyan las leyes. En ese sentido. los cuales conocen de especiales materias como lo son: 5. Los recursos que se interpongan. V. administración y funcionamiento. se encuentran los que ejercen el contencioso-administrativo especial. y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones conocerá. b. en Sala Político Administrativa. tanto los directamente vinculados con los procesos comiciales. contra los actos de naturaleza electoral emanados de sindicatos. Asimismo. en segunda instancia. de conformidad con el artículo 26 de la LOJCA. en decisión de fecha 10 de febrero de 2000 (Caso Cira Urdaneta vs Consejo Supremo Electoral) determinó su competencia para conocer del recurso de nulidad en los casos siguientes: a. ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.Finalmente se crean los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. el Tribunal Supremo de Justicia. por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad. organizaciones con fines políticos.1. y de las apelaciones y recursos contra sus decisiones conocerá. actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral. 6. actuaciones u omisiones relacionados con los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político. de las decisiones dictadas por los Juzgados Superiores Contencioso Tributarios podrá apelarse dentro de los términos previstos en el Código Orgánico Tributario. Estos procedimientos serán sustanciados y decididos conforme a las normas establecidas en el Código Orgánico Tributario. Tribunales Contencioso Administrativo Especiales En contraposición al los órganos jurisdiccionales que conocen del contencioso-administrativo general. por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad. como aquellos relacionados con su organización. c. Conforme al artículo 329 del Código Orgánico Tributario. La jurisdicción contencioso tributaria cuenta con nueve tribunales ubicados en la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad. cuyo ejercicio corresponde a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Los recursos que se interpongan. Los recursos que se interpongan. la cual será competente para conocer de las causas en segunda instancia. 5. Cuando la República sea quien solicite la expropiación. organizaciones gremiales o colegios profesionales. dicha Sala. de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social. 5. Juzgados de Primera Instancia en lo Civil (Competencia Eventual) En materia de expropiación el Juez de Primera Instancia en lo Civil de la jurisdicción de la ubicación del bien conocerá de estos juicios. La Sala Electoral y de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia La Constitución de 1999 determinó en su artículo 297 la creación de una nueva jurisdicción contenciosa: la electoral. contra actos. contra los actos. Medios de Impugnación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
. el juicio se intentará directamente ante los Juzgados Nacionales de lo Contencioso Administrativo. estos Tribunales son competentes en materia tributaria nacional respecto de los actos dictados por la Administración comprendidas dentro de su ámbito territorial de competencia. en segunda instancia la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.2. los cuales son competentes para conocer de las demandas que interpongan los usuarios o las organizaciones públicas o privadas que los representen.
vinculados a una relación contractual y de autoridad). 6. Acto administrativo tácito: Se entienden como manifestaciones de voluntad de la Administración que se deducen de actuaciones positivas y colaterales vinculadas al caso concreto y que son desarrolladas por ella misma. demora o deficiente prestación de los servicios públicos. 3. es uno de los grandes aportes de la jurisprudencia al Derecho Administrativo moderno venezolano. de efectos generales. D. Demanda contra vías de hecho. Demandas de contenido patrimonial.2 [15]
. ejercen potestades públicas. así como el restablecimiento de las situaciones jurídico-subjetivas infringidas y el pago de los daños y perjuicios producidos por la actuación ilegal de la Administración Pública. no pudiendo garantizar por completo el funcionamiento de los servicios públicos que está llamado a atender. Acto administrativo de Autoridad: Los actos de autoridad. 7.La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece expresamente los medios de impugnación en el contencioso administrativo. 4. lo cual incluye actos de efectos generales y actos de efectos particulares. busca la colaboración de los particulares para coadyuvar al logro de los fines del Estado. En ese sentido. de trámite que sean recurribles. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 8 establece el objeto de control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 2. así cumplir con los fines del Estado . Reclamos por la omisión. En ese sentido. ya que constituye una solución racional a la situación de ciertos entes que si bien. el Estado por medio de su poder imperium. José Araujo Juárez señala que la tendencia mundial es catalogar como actos administrativos de autoridad.[14] Ello así. 5.
Demandas de nulidad contra actos de efectos particulares y generales. Demanda por interpretación de leyes Demanda por Controversias Administrativas. confiere a los particulares poderes exorbitantes propios de la Administración Pública para que éstos puedan garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y.[13] Al respecto. sin embargo. así como el procedimiento que será aplicado para cada uno de ellos. “La figura de los actos de autoridad. se crean bajo forma de derecho privado. C. Demandas de Nulidad contra Actos de Efectos Particulares y Generales Las demandas de nulidad constituyen la vía para obtener la nulidad total o parcial de los actos generales o individuales de los órganos formales de la administración y los actos de autoridad. a los solos efectos de poder deducir frente a la denegación presunta la pretensión admisible. o dicho de otra manera. Acto administrativo presunto (silencio administrativo): Se refiere a una ficción que la ley establece a favor del administrado. B. por disposición de una norma. se da cuando el Estado. Acto administrativo expreso y sus distintas manifestaciones (actos administrativos definitivos. la descentralización por colaboración.
1. Recurso por Abstención. En este sentido. forman parte del ámbito material de las demandas contencioso administrativas de nulidad los siguientes actos: A. a las actuaciones de sujetos privados que en virtud de una ley pueden dictar actos en función de la prestación del servicio público y. el cual está constituido por la actividad administrativa desplegada por los órganos que componen la Administración Pública. la Ley establece los siguientes medios de impugnación:
1. que puede entender desestimada su petición o recurso. que por su contenido material son verdaderos actos administrativos.
interpretación de leyes y controversias administrativas”. · Estos entes privados deben ejercer actividades propias de la administración generadas por la prestación de un servicio público u otra de interés general. el control judicial de dicho acto está atribuido a esta jurisdicción. Suspensión en el caso concreto de disposiciones Reglamentarias que violen la reserva legal De manera excepcional. Procedimiento que rige las Demandas de Nulidad contra Actos de Efectos Particulares y Generales Respecto al procedimiento que rige las Demandas de Nulidad en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentra contemplado en el Capítulo II. casos: María Josefina Bustamante y Ramón Escovar León vs. de acuerdo al principio de universalidad y asimismo al artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999. Revisión directa mediante la interposición de demandas de nulidad Constituyen materia de las demandas de anulación contencioso administrativa. Universidad Católica Andrés Bello. toda vez que tratan de la organización y desarrollo del servicio público o de una actividad que le ha sido encargada a un particular y que ha sido denominada como de utilidad pública. de tal forma que atendiendo a la naturaleza del acto recurrido en materia contencioso administrativa. denominado “Procedimiento Común a las demandas de nulidad. “… Las demandas de nulidad que se ejerzan contra un a cto administrativo de efectos particulares y al mismo tiempo el acto normativo sub-legal que le sirve de fundamento. Demanda por Interpretación de Leyes
. impugnables en consecuencia ante la jurisdicción contencioso administrativa en virtud de haberse producido en el ejercicio de competencias fundamentadas en el imperium del Estado” (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. ello en virtud del interés general que están llamados a tutelar. se concluye que: · Los Actos Administrativos de Autoridad son aquellos que dictan entes privados ejerciendo una función administrativa. E. el cual estableció como competencia de la Sala Político Administrativa.23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. reglamentos que invadan la reserva legal y que sirvan de fundamento al asunto debatido en el juicio principal (sentencia Sala Constitucional del 25 de abril de 2000. la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Federación Venezolana de Deportes Ecuestres) ratificó la sentencia dictada por Sala Político Administrativa el 14 de mayo de 1998 (Caso: Fundación IDEA) en la cual se recogieron las características más importantes de los actos de autoridad. · Estas actuaciones son controladas por la Administración Pública y la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al principio de universalidad de los actos administrativos y el artículo 259 de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999. En ese orden de ideas. Mediante sentencia Nº 886 de fecha 9 de mayo de 2002.La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo definió los actos de autoridad como “ Aquellos emanados de personas de derecho privado conforme a delegaciones que les hace la Ley. Sección Tercera. en procura de satisfacer fines de interés público propios de la actividad administrativa. de fechas 24 de noviembre de 1986 y 19 de enero de 1988). 2. siempre que el conocimiento de este último corresponda a la Sala Político Administrativa” b. Así las cosas. el conocimiento de dichos actos corresponde al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha reconocido la posibilidad de controlar por vía accesoria. Reglamento:
a. Título IV. caso: José Gregorio Rossi García). según se desprende del artículo 6.
los cuales son los siguientes: Legitimación para recurrir. interpretación de leyes y controversias administrativas”. La Sala no debe haber emitido con anterioridad un pronunciamiento sobre el punto a interpretar y. 3. incompatibles. que no sea necesario modificar el criterio sostenido con la nueva interpretación. (Sentencia SPA del 06. Posibilidad de Interpretación de leyes ü “el recurso de interpretación no debe limitarse a los casos expresamente autorizados por el legislador ” (Sentencia Sala Constitucional del 22 de septiembre de 2000). La interpretación solicitada debe versar sobre un texto legal. Debe precisarse el motivo de la interpretación.05.02. aún cuando el mismo no establezca expresamente la posibilidad de interpretarse ” (Sentencia SPA del 22. Los artículos 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Procedimiento que rige las Demandas de Interpretación de Leyes: Respecto al procedimiento que rige las Demandas de Interpretación de Leyes en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentra contemplado en el Capítulo II. Que no se acumule a la pretensión otro recurso o acciones de naturaleza diferente. así como la necesidad de que el recurso sea planteado frente a un caso concreto o específico. Sección Tercera. excluyentes o contradictorias. esto resulta posible en virtud de la conexidad que pueda existir con otra ley que establezca tal posibilidad o por la importancia del asunto del que se trate”. la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ratificó los requisitos de admisibilidad de los recursos de interpretación. ni obtener una declaratoria con carácter de condena o constitutiva. en los términos contemplados en la ley”. numeral 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.la oscuridad o ambigüedad de las disposiciones legales objeto de interpretación. denominado “Procedimiento Común a las demandas de nulidad. La interpretación que se solicita no puede perseguir la sustitución de los recursos procesales existentes. aun cuando el mismo no establezca expresamente la posibilidad de interpretación de sus normas. corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la atribución para “conocer los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales. bien sea entre particulares o entre éstos y los órganos públicos.02). numeral 21. Título IV.07.6 Constitucional. Caso: Interpretación artículo 86 Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento) Requisitos de Admisibilidad de la Demanda de Interpretación Mediante Sentencia Nº 229 publicada el 18 de diciembre de 2008.De acuerdo con el artículo 266. ü Requisito para admisión del recurso: “que la interpretación solicitada sea de un texto legal. ü “a pesar de que una ley no prevea la posibilidad de interpretación de sus normas. y 26. que la parte solicitante señale cuál es -a su juicio. atribuyen a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia la competencia para “conocer de los recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo”. de haberlo hecho. es decir. y El objeto de la interpretación no debe pretender la obtención de una opinión previa del órgano jurisdiccional para la solución de un caso concreto que esté siendo conocido por otro tribunal. Demanda por Controversias Administrativas
servicio de saneamiento y agua potable y telefonía básica. en cuanto a sus atribuciones. denominado “Procedimiento Común a las demandas de nulidad. uniformidad. • Controversias entre autoridades: Sentencia 1468 de fecha 27 de junio de 2000 (Caso: Carlos Manuel Ortiz): 1. una actividad de prestación. 65 LOJCA).Las controversias administrativas se refieren a enfrentamientos entre autoridades públicas que corresponde dirimir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Título IV. 2. Que dicha actividad sea asumida por el Estado. 26. servicio de aseo urbano. La Sala Constitucional. estableció los elementos que califican una actividad como servicio público: Que la actividad sea. 26. lo que implica la verificación previa de una decisión exteriorizada y concreta. en decisión de fecha 15 de diciembre de 2005 (Caso: CADAFE).
. es decir. exigiéndose la capacidad o competencia para poder actuar como concesionarios. la controversia no constituye un problema de legitimidad de las autoridades. continuidad. o bien indirectamente.
Procedimiento que rige las Demandas por Controversias Administrativas Respecto al procedimiento que rige las Demandas por Controversias Administrativas en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se encuentra contemplado en el Capítulo II. suministro de gas. Deben afectar el Orden Público.7 LOTSJ. Por ejemplo: la electricidad. y cuyos caracteres sean la generalidad. Controversias entre entes públicos territoriales. Sección Tercera. Se manifiestan entre organismos o autoridades legítimas. Que el Estado puede cumplirla directamente. beneficio o un bien destinado a la satisfacción de una necesidad de carácter general. subordinación a normas preponderantemente de Derecho Público. sea regido por un estatuto o régimen especial que le permita distinguirlo de otras actividades públicas. Controversias entre autoridades. Se manifiestan entre organismos. obligatoriedad y. considerado como público.
Ámbito Material Cualquier reclamo por la omisión. interpretación de leyes y controversias administrativas”.
4. demora o deficiente prestación de los servicios públicos (art.
Reclamos por la omisión. demora o deficiente prestación de los servicios públicos. 3. igualdad. o funciones diferentes pero que se opongan entre sí. Art. autoridades o entes públicos distintos y no en el seno de un mismo organismo. regula dos supuestos de controversias: 1. por medio de concesiones otorgadas a favor de cualquier persona. 2. esto es que apareje una ventaja.8 LOTSJ. Art. sino más bien de titularidad competencial. siguiendo el esquema de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
• Controversias entre entes públicos territoriales: actos preparatorios o definitivos realizados simultáneamente por las autoridades para ejercer funciones iguales respecto a una misma materia. en esencia. Que la prestación del servicio. Ámbito material La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del año 2010.
que estableció lo siguiente: “Consagrado el artículo 19 (ordinal 4º) de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. ha entendido sin embargo la doctrina. Taxativos ambos en su formulación. La segunda manifestación de la vía de hecho la configura toda actuación material de la Administración que se realiza sin cobertura o título jurídico.
Las vías de hecho se refieren a aquella actuación material en la que incurre la Administración Pública y que ha debido legitimarse mediante la producción de un acto administrativo previo. otros más específicos y equivalentes. respectivamente. Demandas contra vías de hecho. los mismos se tramitarán por el procedimiento breve regulado en la Sección Segunda del Capítulo II de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
. La sentencia líder respecto a la vía de hecho en Venezuela es la Nº 190 dictada por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 8 de mayo de 1991 (Caso: Ganadería El Cantón. C.
Formas a través de las cuales la Administración puede incurrir en vías de hecho. d) Exista un acto administrativo absolutamente legal. Inexistencia o irregularidad sustancial del acto de cobertura (de la actuación material). 2.). que bien pueden ser incluidos dentro del respectivo “género” –representado por esos supuestos-. 2. siempre y cuando no tengan contenido patrimonial o indemnizatorio.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos). a) Cuando no existe acto administrativo que legitime la actuación material de la Administración Pública. que los supuestos generadores de la misma se pueden dividir en dos grupos: 1. la supresión de la audiencia obligatoria del afectado por un acto represivo o el caso de los funcionarios de hecho. Ha asimilado asimismo la doctrina a la vía de hecho en la elaboración del acto administrativo. el vicio reconocido como “vía de hecho” de la Administración. demora o deficiente prestación de los servicios públicos Respecto al procedimiento que rige los reclamos por la omisión. y que las actuaciones materiales que la Administración realice no sean diferentes a su contenido. la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señaló mediante sentencia Nº 912 del 5 de mayo de 2006. la ejecución material se aparta sustancialmente de los supuestos de hecho de dicho acto. La primera referida a asimilarla a todo acto administrativo en el cual estén presentes los vicios de incompetencia manifiesta o prescindencia absoluta del procedimiento legalmente establecido (artículo 19. Procedimiento que rige las Demandas contra vías de hecho Respecto al procedimiento que rige las demandas relacionadas con vías de hecho. Exceso en la propia actividad de ejecución en sí misma considerada. aun legalmente formado” (Negritas del original) De la noción de vía de hecho transcrita se evidencia que la misma presenta dos vertientes: 1. como por ejemplo. c) Que el acto que sirve de fundamento a la actuación material existe pero es ilegal y por tanto carece de fuerza legitimadora de la actuación material de la Administración. plasmados en la emisión del acto por “autoridadesmanifiestamente incompetentes. o con prescindencia total y absoluta del procedimiento”. demora o deficiente prestación de los servicios públicos. pero que en si misma sea irregular porque se lleven a acabo fuera del procedimiento legalmente establecido. 5. la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa optó por establecer un procedimiento breve regulado en la Sección Segunda del Capítulo II de la misma Ley (Artículos 65 al 75).A. b) Cuando aún existiendo el acto que sirve de fundamento y es válido. Al respecto. la grosera ilegalidad en que incurriere la autora del acto para la ejecución de uno. es asimilado en este texto legal a dos supuestos de infracción grosera de la legalidad.[15] Estas características generales de las vías de hecho se siguen manteniendo en la actualidad.Procedimiento que rige los Reclamos por la omisión.
validez o resolución de los contratos administrativos. mediante sentencia de fecha 14 de junio de 1983. esto es: A. 24. 1. Responsabilidad Extra-contractual: Respecto al régimen de la responsabilidad de la Administración.6. nulidad.A. Establece el artículo 140 de la Constitución de 1999 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos. Las pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios originados por la responsabilidad contractual y extracontractual de la Administración. trata el medio de impugnación mediante el cual se da trámite a pretensiones relacionadas con la responsabilidad contractual o extracontractual de la Administración Pública. a saber: extracontractual y contractual. En consecuencia. por los daños que sufran los particulares como consecuencia de su actividad.3 LOJCA) La abstención o la negativa de las autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 3 de artículo 23 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en el numeral 4 del artículo 25 de la misma ley. 140.dar cabida a la pretensión de condena al cumplimiento de toda obligación administrativa incumplida. En ese sentido. por los daños que sufran los particulares como consecuencia de su actividad. queda establecida de manera expresa la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. sin que se distinga si ésta es específica o genérica . Las pretensiones ligadas al cumplimiento o la resolución de un contrato administrativo. numeral 14. Demandas de Contenido Patrimonial.en garantía del derecho de petición…” Procedimiento que rige las Demandas por Abstención El procedimiento que rige las demandas por abstención se encuentra regulado en la Sección Segunda del Capítulo II de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Artículos 65 al 75).
Demanda por Abstención. 21. Pública.
Cuando la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se refiere a las demandas de contenido patrimonial. B. siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento dela Administración Pública. en su artículo 42. puede incluso tener como objeto la pretensión de condena a que la Administración decida expresamente una petición administrativa –con independencia de que otorgue o rechace el derecho solicitado. cumplimiento. Responsabilidad Contractual:
La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. en el contencioso administrativo se distinguen dos tipos de responsabilidad de la Administración Pública. dictó la celebre decisión Acción Comercial C. la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha dejado sentado en varias decisiones que conforme a la Constitución de 1999. En ese sentido hace referencia a uno de los principales objetos del contencioso administrativo. la teoría general de los contratos
. como sí lo hacía la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia del año 1976. en sus artículos 3. lo que dio origen a una abundante creación jurisprudencial.
Ámbito Material (Art. siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de 2. De esa forma. 133. Establece el artículo 140 de la Constitución de 1999 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos. la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia.
Sentencia de Sala Constitucional nº 547 de fecha 6 de abril de 2004 (Caso: Ana Beatriz Madrid Agelvis) “…El recurso por abstención o carencia es un medio contencioso administrativo que puede –y debe. caducidad. no establece de forma expresa la competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer sobre las cuestiones que se susciten con motivo de la interpretación. en forma definitiva. 30. 259 y 316. retomando. 7.
por importantes –individualmente considerados.)”. en razón de que una de las características fundamentales de todo contrato administrativo es que una de las partes intervinientes sea necesariamente la administración pública. los Estados o los Municipios viene a ser definida por los numerales 4. es el instrumento más importante para hacer efectivo el derecho constitucional de la tutela judicial efectiva. En este sentido. el amplísimo espectro de actuación de este sistema de justicia. los estados. acude la Administración a la figura del contrato administrativo para asegurarse la colaboración del particular en la satisfacción de determinadas necesidades de interés general. en la cual la República. el Supremo Tribunal. la jurisdicción contencioso administrativa. Las demandas que se ejerzan contra la República. los municipios o cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva. que junto a la separación de los poderes y la legalidad. La presencia de la Administración –dadas determinadas condiciones. 5.que éstos parezcan. 9. se indicó: “Cuando requerimientos de interés colectivo así lo postulan. sin duda.
Procedimiento que rige las Demandas de Contenido Patrimonial La Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece un procedimiento especial para las demandas de contenido patrimonial en la Sección Primera. y con una nueva regulación legal específica. entes públicos. Sin embargo.. Todas estas normas adjetivas que se han comentado recogen.administrativos. el cual establece que los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes para conocer de: “4.en el negocio jurídico. a la par que reconoció la existencia de contratos administrativos –como categoría distinta a las de los contratos “de derecho común” celebrados por la Administración-. Título IV. suscitadas en razón de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República. los estados. Los reclamos por la prestación de los servicios públicos y el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por los prestadores de los mismos. si es de contenido administrativo. entes públicos. En dicha sentencia. marca a éste inevitablemente de características distintas a las de la contratación ordinaria. los institutos autónomos. 5. empresas o cualquier otra forma de asociación. constituyen la base fundamental del Esto de Derecho y de Justicia que se proclama en el Texto Constitucional. para asegurar de esta manera que aquella. los municipios o cualquiera de las personas jurídicas antes mencionadas tengan participación decisiva. de rango constitucional. Las pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios or iginados por responsabilidad contractual o extracontractual de los órganos que ejercen el Poder Público. los institutos autónomos. al que corresponde imponer el principio de responsabilidad del Estado. los estados. podemos inferir que la posibilidad para los particulares de interponer acciones por ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. depositaria del interés general o colectivo. Capítulo II. Las demandas que ejerzan la República. ratificó la noción de servicio público como identificadora de esta modalidad contractual. de desarrollo jurisprudencial. Como ha quedado expuesto. pueda comprometerse sin sacrificarlo en aras de intereses privados de los administrados. (. los municipios. los municipios.” “8.. los estados. empresas o cualquier otra forma de asociación en las cuales la República. 8 y 9 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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