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Timestamp: 2018-12-12 14:52:20+00:00

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﻿ Sentencia SU-950 de diciembre 4 de 2014
SENTENCIA SU-950 DE 04 DE DICIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DE DIPUTADO NO REQUIERE VOTACIÓN NOMINAL Y PÚBLICA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN Y SU APLICACIÓN A LA ACEPTACIÓN DE RENUNCIAS DE DIPUTADOS. LA VOTACIÓN NOMINAL Y PÚBLICA PERMITE CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE BANCADAS Y EL CONTROL POLÍTICO Y CIUDADANO DEL QUEHACER LEGISLATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS, PERO NO RESULTA RAZONABLE NI PROPORCIONADO PRETENDER EXIGIR EL AGOTAMIENTO DE ESTA MODALIDAD DE VOTACIÓN EN EL TRÁMITE DE ACEPTACIÓN DE RENUNCIAS QUE SE PRESENTEN A UNA CURUL POR LOS INTEGRANTES DE UN CUERPO COLEGIADO. LA RENUNCIA ES UNA DECISIÓN LIBRE, AUTÓNOMA Y JUSTIFICADA PARA SEPARARSE DEL EJERCICIO DE UNA FUNCIÓN PÚBLICA EN UNA DETERMINADA POSICIÓN Y SE ENCUENTRA RESPALDADA EN LOS ARTÍCULOS 26, 40.7 Y 134 DE LA CARTA POLÍTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEOS PÚBLICOS, RENUNCIA A EMPLEOS PÚBLICOS, DERECHOS POLÍTICOS, VOTO NOMINAL, VOTO PÚBLICO, RENUNCIA DEL DIPUTADO
Sentencia SU-950 de diciembre 4 de 2014
Acción de tutela interpuesta por Carlos Arturo Piedrahita Cárdenas contra el Consejo de Estado - Sección Quinta.
Asunto: Aplicación del artículo 133 de la Constitución en la aceptación de renuncias de diputados. Coincidencia de periodo s en el tiempo. Procedencia de acción de tutela por defectos sustantivos o materiales; reiteración de jurisprudencia.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Luis Ernesto Vargas —Presidente—, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Martha Victoria Sáchica de Moncaleano y Gloria Stella Ortiz Delgado, en uso de sus facultades constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
En el proceso de revisión del fallo del 4 de agosto de 2011, dictado por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro de la acción de tutela promovida por el ciudadano Carlos Arturo Piedrahita Cárdenas contra la sentencia de única instancia del 10 de marzo de 2011, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad electoral contra el acta por medio de la cual se declaró la elección del señor Iván Darío Agudelo Zapata como representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, periodo 2010-2014.
En cumplimiento de lo preceptuado en el inciso 2º del artículo 54A, modificado por el acuerdo 1º de diciembre 3 de 2008(1) del reglamento interno de la Corte Constitucional, esta corporación en sesión de febrero 15 de 2012, determinó asumir el conocimiento del presente asunto.
El ciudadano Carlos Arturo Piedrahita Cárdenas interpuso acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, con ocasión del fallo proferido el 10 de marzo de 2011, mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada en ejercicio de la acción de nulidad electoral contra el acta que declaró la elección del señor Iván Darío Agudelo Zapata como Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, periodo 2010 -2014, radicada bajo el número 2010-00020.
1. El señor Iván Darío Agudelo Zapata fue elegido Diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia, para el periodo comprendido entre el 1º enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011.
2. El 30 de julio de 2009, el citado ciudadano presentó renuncia a su cargo ante la plenaria de dicha Asamblea, con el fin de aspirar a la Cámara de Representantes para el periodo que se iniciaba el 20 de julio de 2010 y terminaba el 19 de julio de 2014.
3. En la sesión del 30 de julio de 2009, el Presidente de la Asamblea de Antioquia sometió a consideración de la plenaria de la corporación la citada renuncia, que fue aceptada el mismo día, según consta en el acta de la respectiva sesión(2).
4. El señor Iván Darío Agudelo Zapata fue elegido para ocupar el cargo de Representante a la Cámara para el periodo 2010 -2014, según consta en el acta general de escrutinio departamental de los delegados del Consejo Nacional Electoral para dicho Departamento, de fecha 14 de mayo de 2010, formulario E-26 CA.
5. El ciudadano Carlos Arturo Piedrahita Cárdenas instauró acción de nulidad electoral ante la Sección Quinta del Consejo de Estado con el fin de obtener la nulidad del Acta E-26 CA, por medio de la cual se declaró la elección de Iván Darío Agudelo Zapata, como representante a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia, por considerar que el citado ciudadano se encontraba incurso en la inhabilidad señalada en el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política(3), toda vez que fue elegido para ocupar el cargo de Diputado de la Asamblea de Antioquia para el periodo 2008 -2011 y, a la vez, fue elegido como Representante a la Cámara para el periodo 2010 -2014, presentándose, por tanto, una concurrencia de periodos para el ejercicio de tales dignidades.
El demandante advierte que si bien el ciudadano Agudelo Zapata presentó renuncia al cargo de Diputado el 30 de julio de 2009, su aceptación se surtió bajo la modalidad de votación ordinaria y no nominal y pública como lo exige el artículo 133 de la Constitución(4), modificado por el Acto Legislativo 1º de 2009, el cual se publicó el 14 de julio de 2009 en el Diario Oficial 47.410. Este sistema de votación que generó, según el accionante, que: “la renuncia presentada y aceptada indebidamente, padece de invalidez y, por lo mismo, carece de la virtualidad suficiente para producir el despojo de la investidura de diputado a la Asamblea de Antioquia” lo que conlleva a que se presente la inhabilidad del candidato para ser elegido Representante a la Cámara.
Advierte además el accionante, sobre la necesidad de que la renuncia sea justificada y aceptada por la respectiva corporación, en cumplimiento de lo señalado por el artículo 134 de la Constitución, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 3º de 1993 y por el artículo 6º del Acto Legislativo 1º de 2009. Para fijar el alcance de la precitada norma cita un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado(5), en donde señala que: “[E]n este orden de ideas, la sala observa que la exigencia constitucional de justificación de la renuncia confiere una connotación especial a los cargos de los miembros de corporaciones públicas de elección popular y es la de convertirlos en cargos de “forzoso desempeño”, en la medida en que significa que tales servidores no pueden apartarse de ellos con la misma facilidad que se predica de otros empleos públicos, porque su naturaleza político electoral no es comparable con la naturaleza de los demás cargos públicos (...)”, y concluye diciendo que la investidura no se pierde sino por las causales señaladas taxativamente en el artículo 134 superior, entre ellas, la renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación a través del voto nominal y público, salvo excepción legal.
6. La Sección Quinta del Consejo de Estado, luego de un análisis de las pruebas obrantes en el expediente y de resolver las excepciones propuestas por el demandado, en fallo de única instancia, el 10 de marzo de 2011, negó las pretensiones de la demanda. A su juicio la finalidad del voto nominal y público es dar conocer el sentido de la decisión que los miembros de las corporaciones públicas adopten frente a los asuntos sometidos a tal modalidad, dejando a salvo solo aquellos casos que por ley se encuentren sometidos a reserva. En este sentido cita la Ley 1431 de 2011 para hacer énfasis en que la regla general es que las decisiones tomadas por los miembros de las corporaciones son públicas y para lo cual debe dejarse constancia de la determinación que adopta cada uno de sus miembros, bien por medio de anotación en el sentido que la acogen o por medios electrónicos, en caso de que este opere en las corporaciones.
En la misma providencia, el Consejo de Estado hace un análisis de la inhabilidad consagrada en el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política, alegada por el accionante, para concluir que la renuncia que presentó el ciudadano Iván Darío Agudelo Zapata, legalmente aceptada, comportó su retiro definitivo de la Asamblea Departamental de Antioquia, lo que impide que se pueda afirmar válidamente que su elección en esta última corporación se encontrara vigente para el momento de la inscripción como aspirante a la Cámara de Representantes. En efecto, por el hecho de que las inscripciones al Congreso de la República tuvieran lugar el 2 de febrero de 2010 y las respectivas elecciones se efectuaran el 14 de mayo del mismo año, se considera que no hubo coincidencia de periodos entre las dos elecciones y, por tanto, no se configuraba la inhabilidad.
Para respaldar su posición, la Sección Quinta del Consejo de Estado hace mención de las sentencias de la Corte Constitucional C-040 de 2010 y C-093 de 1994, relacionadas con el alcance de la inhabilidad señalada en el numeral 8º del artículo 179 y cita apartes de la Sentencia C-093 de 1994.
7.1. Afirma que lo que se cuestiona no es la renuncia ni el resultado de la votación, sino la modalidad empleada para su aceptación por parte de la Asamblea Departamental de Antioquia y, además, si efectivamente se superó el impedimento que pesaba sobre la capacidad legal del señor Iván Darío Agudelo Zapata para ser elegido Representante a la Cámara, en virtud de la coincidencia de periodos.
7.3. Después de citar distintas sentencias de esta Corte en las cuales se ha estudiado la procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales, afirma que la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado presenta un defecto sustantivo por vulneración del debido proceso, en razón a la inadecuada y arbitraria distribución de la carga probatoria dispuesta por el fallador en el proceso de nulidad electoral. En su criterio, era al demandado a quien correspondía demostrar que la votación llevada a cabo por la Asamblea de Antioquia para la aceptación de su renuncia como Diputado(6) fue realizada de manera nominal y pública, y no al demandante, lo cual no acreditó, lo que conducía, en su parecer, a que persistiera para el momento de su inscripción como representante a la Cámara la inhabilidad alegada y, en tal consideración, el Consejo de Estado estaba llamado a declarar la nulidad de su elección en el Congreso de la República.
Además, estima que la excepción consagrada en el numeral 20 del artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 resulta inconstitucional, por cuanto excluye de la votación nominal y pública a los asuntos de mero trámite y los no prescritos que puedan considerarse de similar naturaleza, con lo cual se hacen nugatorios los efectos de la reforma constitucional. Por esta razón, considera que el Consejo de Estado estaba llamado a aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto de la citada norma y, consecuentemente, al no hacerlo incurrió en una vía de hecho por defecto material o sustantivo.
7.5. Advierte el actor que el fallo censurado incurrió en otro defecto sustantivo, por violación del derecho a la igualdad de trato jurídico en relación con el principio de confianza legítima, por desconocimiento del precedente. Tal defecto se configuró cuando el Consejo de Estado exigió en el proceso de nulidad electoral el enjuiciamiento de la Resolución 102 del 30 de julio de 2009 “Por medio de la cual se formaliza la aceptación de la renuncia elevada por un honorable diputado de la corporación”, pese a constituir un acto de trámite, no demandable en forma conjunta con el acto administrativo principal que declara la elección del señor Agudelo Zapata como Representante a la Cámara. Con ello se desconoció la jurisprudencia reiterada de la misma corporación judicial que señala que los actos de trámite o preparatorios no son susceptibles de control por la vía judicial.
7.6. Señala que la sentencia censurada incurrió en un defecto fáctico al desconocer el contenido material del acta 28 de la sesión del 30 de julio de 2009 de la Asamblea Departamental de Antioquia, donde aparece consignado que la aceptación de la renuncia del señor Agudelo Zapata al cargo de Diputado fue ordinaria, y no nominal y pública; valoración probatoria que le hubiera permitido obtener un fallo favorable a sus intereses.
7.7. Por último, el tutelante destaca los salvamentos de voto presentados por los consejeros María Nohemí Hernández Pinzón y el conjuez Carlos Enrique Marín Vélez y consignados en la sentencia objeto de la presente acción de tutela, en los cuales se señala que la renuncia debidamente aceptada no hace desaparecer la inhabilidad consagrada en el numeral 8º del artículo179 de la Constitución Política. Los citados Consejeros sustentaron su posición en el salvamento de voto presentado por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Alejandro Martínez Caballero y Vladimiro Naranjo Mesa, en la Sentencia C-093 de 1994.
Con fundamento en lo expuesto, el accionante solicita al juez de tutela dejar sin efecto el fallo de 10 de marzo de 2011, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado(7), declarar la nulidad de la elección del señor Iván Darío Agudelo Zapata como representante a la Cámara y ordenar la cancelación de la correspondiente credencial.
8. Actuaciones en sede de tutela.
8.2. Sentencia de única instancia en sede de tutela.
La Sección Primera del Consejo de Estado, en decisión del 4 de agosto de 2011, negó por improcedente la acción de tutela por dirigirse contra fallo judicial. Señala que la Corte Constitucional ha sido enfática en sostener que la acción de tutela no procede para controvertir providencias judiciales, pues se quebrantarían, entre otros, los principios de cosa juzgada, autonomía judicial y solidaridad jurídica. Para sustentar su posición cita la Sentencia T- 173 de 1999 y sentencias de la Sala Plena del Consejo de Estado, en las cuales se concluyó que la acción de tutela no procede de manera alguna contra decisiones judiciales, so pena de suplantar al juez competente, usurpar la función pública de administrar justicia y atentar contra el principio de autonomía de los jueces(8).
8.3. Impugnación.
8.4. Actuación en sede de revisión.
El apoderado del demandante aportó un escrito por medio del cual insiste en la revisión de la tutela y anexa copia de fallo proferido el 6 de octubre de 2011(9), por la Sección Quinta del Consejo de Estado, señalando que en esta ocasión, en un caso similar, se tomó una decisión contraria a la del fallo objeto de acción de tutela, al declarar nula la elección de los Miembros del Consejo Nacional Electoral, por no haberse cumplido con la votación nominal y pública.
2. Carlos Arturo Piedrahita Cárdenas instauró acción de nulidad electoral ante la Sección Quinta del Consejo de Estado contra la elección de Iván Darío Agudelo Zapata como representante a la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia. Para el demandante, Agudelo se encontraba incurso en la inhabilidad señalada en el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución, pues mientras fue elegido para ocupar el cargo de Diputado de la Asamblea Departamental para el periodo 2008 -2011, también se inscribió y fue elegido como Representante a la Cámara para el periodo 2010-2014, por lo que consideró que se presentaba una concurrencia de periodos para el ejercicio de tales dignidades, sin mediar una renuncia válida por no haberse aceptado mediante una votación nominal y pública.
4. No obstante, pese a declarar la inexequibilidad de las normas, esta corporación advirtió en esa misma sentencia, que era aplicable la doctrina de las vías de hecho, mediante la cual se plantea que la acción de tutela sí puede ser invocada contra una providencia judicial, cuando esta es producto de una manifiesta situación de hecho, creada por actos u omisiones de los jueces, que implica trasgresión o amenaza de un derecho fundamental.
En esa medida, a partir de 1992 se admitió la procedencia de la acción de tutela para atacar, por ejemplo, sentencias que se hubieran basado en normas inaplicables, proferidas con carencia absoluta de competencia o bajo un procedimiento ajeno al fijado por la legislación vigente. Tales vías de hecho fueron identificándose caso a caso(10).
5. Con posterioridad, esta Corte emitió la Sentencia C-590 de 2005(11), con la cual la doctrina de las vías de hecho fue replanteada en los términos de los avances jurisprudenciales que se dieron en ese interregno. En dicho fallo, la Corte diferenció dos tipos de requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, así: i) requisitos generales de naturaleza procesal y ii) causales específicas de procedibilidad de naturaleza sustantiva.
6.4. Así mismo, cuando se trate de una irregularidad procesal, esta debe haber sido decisiva o determinante en la sentencia que se impugna y debe afectar los derechos fundamentales del peticionario. Este requisito busca que solo las irregularidades verdaderamente violatorias de garantías fundamentales tengan corrección por vía de acción de tutela, de manera que se excluyan todas aquellas que pudieron subsanarse durante el trámite, bien por el paso del tiempo de las actuaciones o bien por la ausencia de su alegato.
6.6. La última exigencia de naturaleza procesal que consagró la tipología propuesta en la Sentencia C-590 de 2005(12), fue que la decisión atacada no sea de tutela. Así se buscó evitar la prolongación indefinida del debate constitucional, más aún cuando todas las sentencias de tutela son sometidas a un proceso de selección ante esta corporación; trámite después del cual se tornan definitivas, salvo las escogidas para revisión.
• Defecto fáctico: se presenta cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se sustenta la decisión, o cuando se desconocen pruebas que afectarían el sentido del fallo.
• Defecto material o sustantivo: tiene lugar cuando la decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, cuando existe una contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la decisión, cuando se deja de aplicar una norma exigible para el caso o cuando se otorga a la norma jurídica un sentido que no tiene.
En tal sentido, el Tribunal Constitucional en Sentencia T-018 de 2008(13) clasificó las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela en el caso del defecto sustantivo de dos formas. La primera i) cuando la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable porque a) ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, b) es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, c) su aplicación al caso concreto es inconstitucional, d) ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, e) a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.
La Sentencia T-581 de 2011(14) recopila las distintas reglas jurisprudenciales sobre los defectos sustantivos, y precisa que:
(iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”(15).
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho”.
9. Frente al defecto fáctico la jurisprudencia de esta corporación ha precisado de forma reiterada que tiene lugar “cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado (...)”(16). Y ha sostenido, de igual manera, que la acción de tutela únicamente procede cuando se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en su providencia. Así, ha indicado que “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia (...)”(17).
La Corte ha identificado, así, dos dimensiones del defecto fáctico: una dimensión negativa y una positiva. La primera tiene lugar cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa(18), o simplemente omite su valoración(19), y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente(20). Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez(21). Y la dimensión positiva, se presenta generalmente cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes para la definición del caso, que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (C.P., art. 29) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio que respalde su decisión(22).
10. De otra parte, en cuanto a la carga de la prueba, la Corte Constitucional, indicó: “En todo caso, cuando se trata de una tutela contra decisiones judiciales y salvo casos de evidente arbitrariedad, la parte actora tiene la carga de demostrar que la interpretación del juez es abiertamente irrazonable o arbitraria. En este sentido, se exige de quien presenta la tutela contra una decisión judicial una mayor diligencia pues el acto que imponga es nada menos que una decisión de un juez que ha estado sometida a todas las garantías constitucionales y legales existentes”(23).
11. La Corte tiene establecido que forman parte de los derechos políticos garantizados por la Carta: “el del sufragio, el de ser elegido, el de desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, el de participar en referendos y plebiscitos y, desde luego, el de ejercer acciones públicas, como la de inconstitucionalidad, en defensa del orden jurídico, todos los cuales están en cabeza de los nacionales, quienes los pueden ejercer únicamente a partir de la adquisición de la ciudadanía”(24). (resaltado de la Sala.)
De conformidad con el ordenamiento superior, el derecho político a desempeñar y renunciar a cargos públicos tiene una estrecha relación con el derecho a escoger libremente una profesión u oficio. Este es considerado por la Constitución como “uno de los estandartes de la dignidad de la persona”(25) (C.P., art. 26). De tal manera todo sujeto puede hacer uso de ese derecho como una manifestación de la autonomía de la voluntad y de los derechos al trabajo (C.P., Art. 53), al libre desarrollo de la personalidad (C.P., Art. 16) y a la igualdad de oportunidades (C.P., arts. 13 y 53,)(26) a fin de “diseñar en forma autónoma su proyecto de vida en una de las facetas más importantes de la condición humana”(27).
De tal suerte que cada cual tiene la opción de seleccionarla labor que quiere ejercer profesionalmente, o el arte u oficio al que se quiere dedicar, sin intromisiones indebidas del Estado o de los particulares, salvo el establecimiento de ciertos límites determinados bajo la consideración de circunstancias específicas, ya sea que se trate de cargos privados o públicos, por ejemplo la regulación del riesgo social, el establecimiento de títulos de idoneidad(28) y la definición de inhabilidades e incompatibilidades. De tal forma, la jurisprudencia ha sido constante en entender que el derecho a escoger profesión u oficio no tiene un carácter absoluto sino que es susceptible de restricciones(29).
Los límites del derecho a escoger profesión u oficio en general pueden ser intrínsecos —derivados del objeto conceptual del derecho— y extrínsecos —dados por el ordenamiento jurídico a nivel constitucional o legal, como las inhabilidades—. Los límites extrínsecos pretenden “garantizar la vigencia de otros valores e intereses igualmente relevantes, como pueden ser los derechos ajenos, el orden público, el bien común y el deber correlativo al ejercicio de cada derecho”(30).
La imposición de los límites extrínsecos legales, entre ellos las inhabilidades, también está reglada y debe respetar al máximo el ámbito de aplicación del derecho. La Sentencia C-149 de 2009(31) estableció que “el legislador debe imponer los requisitos estrictamente necesarios para proteger el interés general, toda vez que el ejercicio de una profesión u oficio debe permitir el mayor ámbito de libertad posible, para que en su interior se pueda dar un desarrollo espontáneo de la personalidad, en congruencia con el principio de la dignidad humana”. Como consecuencia de este entendimiento de la potestad regulatoria del legislador, cualquier límite a la libertad de ejercer profesión u oficio debe estar dirigida a aquellos aspectos que no sea posible dejar de reglamentar con el fin de armonizar la protección del interés social y el derecho subjetivo de quien desea ejercer una profesión u oficio. Esta previsión evita los excesos o la arbitrariedad en el establecimiento de los límites al ejercicio de la libertad de ejercer profesión u oficio.
El derecho a desempeñar cargos públicos supone también el derecho del sujeto a renunciar al cargo, pues constituye desarrollo de la libertad de la persona decidir si permanece o no en una posición laboral determinada. Como consecuencia de este derecho, la decisión sobre la permanencia en un cargo no puede restringirse o impedirse, pues la renuncia a un cargo público es una manifestación de la voluntad personal y una expresión del ejercicio de la libertad de un sujeto. Bajo esas circunstancias el deber de respeto de la libertad exigible al Estado comporta la obligación de aceptar, dentro de un término razonable, la renuncia(32).
Con todo, podría pensarse que los derechos de los electores podrían verse afectados tras la renuncia del ciudadano por el que ellos han votado. En efecto, el artículo 40 C.P. establece el derecho a elegir, que implica el derecho a ser representado, mientras que la renuncia de los funcionarios electos popularmente es una posibilidad admitida en virtud del derecho a la libertad de escoger o dejar de lado una profesión u oficio (C.P., art. 26).
El derecho a tener una representación efectiva como derecho político fundamental ha sido analizado por la Sentencia T-1005 de 2006(33), este pronunciamiento determinó que
“el derecho a tener una representación efectiva en las corporaciones públicas es también un derecho político de carácter fundamental y parte esencial del criterio de democracia participativa instituida por la Constitución de 1991. Sin él no podrían cumplirse los fines del Estado democrático y social de derecho, quedaría en suspenso la realización de los principios medulares de la democracia y se afectaría el mandato constitucional del artículo 3º, al no permitir que el pueblo ejerza su soberanía por medio de sus representantes.
De la misma forma se resquebrajaría el derecho a elegir y ser elegido, con el cual existe una estrecha conexión, pues si la finalidad de este derecho consiste en poder integrar los cuerpos políticos por medio de la participación de los ciudadanos a través del voto, la ineficacia que esta acción pueda tener por la falta efectiva de la representación, le haría perder sentido y significado a su existencia. La Constitución menciona explícitamente en su artículo 133, que el elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.
Con base en estos argumentos puede deducirse una eventual tensión entre los derechos del elector —a ser representado efectivamente en las corporaciones públicas— y del elegido, que renuncia al cargo libre y espontáneamente.
Efectivamente, como lo dijo la sentencia precitada, cuando, por cualquier motivo, el elegido no puede ejercer sus funciones “los ciudadanos a los que representa ven menguado el ejercicio del poder a través suyo, y por tanto, comienza a amenazarse uno de sus derechos políticos que, valga repetir, no desaparecen en el momento de la elección”(34). En particular la Corte se refirió a los obstáculos exógenos, impuestos por el Estado, para lograr la posesión de quien resultó elegido. Sin embargo, la hipótesis es distinta cuando el ciudadano elegido es quien toma la decisión libre y espontánea de retirarse del cargo, pues en esos casos, la misma Constitución prevé la forma de garantizar que alguien más pueda ocupar el cargo(35) y mantener la representación de la que debe gozar el ciudadano elector sin tener que afectar el derecho del sujeto electo a renunciar, acto que exterioriza una faceta de su libertad individual.
13. En consecuencia, cuando la renuncia es irrevocable, libre y espontánea, para la Corte no es posible limitar el derecho que tiene un servidor público para separarse definitivamente del empleo, por cuanto el derecho político a ocupar un cargo público supone necesariamente el derecho a renunciar al mismo, en tanto constituye un claro desarrollo de la libertad de la persona para decidir si permanece o no en el ejercicio de un empleo(36). Adicionalmente, es importante destacar que tal posibilidad no riñe con el derecho político de los votantes a ser representados.
15. Mediante los Actos Legislativos 3º de 1993 y 1º de 2009 se modificaron los artículos 134 y 261 de la Carta, los cuales se aplican a todas las corporaciones públicas, quedando claro que constituyen faltas absolutas: las que se causen por muerte; incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, declaratoria de nulidad de la elección, renuncia motivada y aceptada por la respectiva corporación; la sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida de la investidura; condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a los relacionados con pertenencia, promoción o financiación por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad o cuando el miembro de una corporación pública decida presentarse por un partido distinto según lo planteado en el parágrafo transitorio 1º del artículo 107 de la Constitución.
La jurisprudencia de esta corporación ha sido consistente al admitir que la renuncia aceptada configura vacancia absoluta del cargo(37), del mismo modo fue considerado por la Sentencia C-532 de 1993: la renuncia expresa y formalmente aceptada de un concejal o diputado, antes de su inscripción como candidato al congreso, configura una falta absoluta en el cargo. Además la citada sentencia anotó que el acto de renuncia y las gestiones adelantadas ante las autoridades correspondientes están amparados por el principio de la buena fe (C.P., art. 83).
16. El Acto Legislativo 1º de 2009 modificó el artículo 133 de la Constitución Política, para fijar la siguiente regla de actuación en los cuerpos colegiados de elección popular: “El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley”.
Esta corporación, en Sentencia C-1040 de 2005(38), definió la votación nominal y pública como aquella en la cual cada uno de los congresistas vota siguiendo el orden alfabético de apellidos o mediante el uso de cualquier procedimiento electrónico, de suerte que de manera individual contestan de viva voz el sentido de su decisión o el mismo quedará consignado en un sistema electrónico que permita su visualización en tiempo real. Esta modalidad de votación es, por querer del constituyente, la regla general. Sin embargo, en la misma disposición Superior en la que se expresó este mandato, se delegó al legislador el señalamiento de las excepciones en las cuales dicha votación no sería exigible.
Al pronunciarse sobre el alcance de esta regla de actuación en los cuerpos colegiados de elección popular, el Constituyente manifestó que su incorporación tiene como propósito visibilizar la gestión de las corporaciones públicas y aumentar la responsabilidad de sus miembros.Al respecto, dijo que:
“se introduce en la reforma al artículo 133 Constitucional como regla general el voto público de los miembros de los cuerpos colegiados. Con esta medida se afianza en la responsabilidad y seriedad en la toma de decisiones por parte de los elegidos, aunque el ideal con la reforma era establecer un voto no solo público sino nominal como sistema de evaluación que permitiera a los ciudadanos verificar el cumplimiento, en la toma de decisiones, de los objetivos de igualdad social, política y económica, propios de un Estado Social de Derecho”(39).
VOTACIÓNCORPORACIÓN PÚBLICA De lo anterior se deduce que el voto nominal y público se estableció con el propósito de fortalecer los mecanismos de transparencia y de publicidad de las actuaciones de los cuerpos colegiados de representación popular, en aras no solo de permitir al elector ejercer control sobre la forma como actúan sus elegidos, sino también como un mecanismo para recuperar la confianza y credibilidad del legislativo frente a la ciudadanía.
17. De igual manera, es necesario tener en cuenta que con anterioridad a la citada reforma, también se había aprobado el Acto Legislativo 1º de 2003, que introdujo el régimen de bancadas en las corporaciones públicas de elección popular (C.P., art. 108, incisos 5 y 6). Esta reforma limitó el campo de acción de los integrantes de los partidos y movimientos políticos, pues a partir de su aprobación quedaron sometidos a las decisiones que adoptan las mayorías, por lo que se restringió la actuación individual —en principio— únicamente a los asuntos de conciencia. A partir de lo expuesto, se generó una amplia discusión doctrinal y jurisprudencial encaminada a verificar si el carácter secreto de las votaciones resultaba compatible con la exigencia constitucional de la actuación en bancadas, pues, en ese escenario, las organizaciones políticas no tendrían como constatar si sus miembros cumplieron o no con las directrices por ellas adoptadas de forma democrática.
A partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1º de 2003, los miembros del Congreso de la República elegidos por un mismo partido o movimiento político deben actuar en bancada, incluso en lo referente al ejercicio de la función electoral. La única excepción al citado régimen la constituyen los asuntos de conciencia, cuya definición le corresponde a los estatutos internos de cada partido o movimiento político, según la jurisprudencia proferida por esta corporación.
Paralelo a lo anterior la reforma constitucional introducida mediante el Acto Legislativo 1º de 2003 permite que los estatutos internos de los partidos y movimientos políticos puedan “establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices” (C.P. art. 108).
19. Para realizar una interpretación acorde con el régimen de inhabilidades, vale la pena recordar su definición, objetivos y clasificación a fin de comprender el esquema hermenéutico de este régimen. La Sentencia C-1016 de 2012(40) ha reiterado la definición de las inhabilidades establecida en la Sentencia C-558 de 1994 según la cual
“circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público y, en ciertos casos, impiden que la persona que ya viene vinculada al servicio público continúe en él. Esta figura tiene como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos”(41).
En efecto, las inhabilidades pueden impedir al servidor público o al particular el ingreso y permanencia en la función pública, la celebración de contratos o el despliegue de ciertas conductas jurídicas respecto de entidades estatales debido al conflicto que puede generarse entre sus intereses personales y los públicos(42).
La jurisprudencia constitucional ha señalado que las inhabilidades tienen como objetivo la defensa del interés general y del bien común representado por las instituciones encargadas de realizar los fines del Estado (C.P., art. 2º). Por eso este régimen resguarda, entre otros, la defensa del buen nombre y la buena marcha de la administración, la eficiencia, la eficacia, la moralidad y la transparencia de la función administrativa (C.P., art. 209) para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo(43).
Esta Corte ha identificado tres tipologías de inhabilidad(44) según la procedencia jurídica y la finalidad que persigue: las sancionatorias, las no sancionatorias(45) —o inhabilidades requisito— y en la sentencia C-1016 de 2012(46) fue determinada una tercera clasificación: la inhabilidad consecuencial.
Ya que las inhabilidades son un límite al ejercicio de derechos fundamentales y de libertades públicas, sus circunstancias generadoras y sus consecuencias deben estar señaladas en la ley y son de una hermenéutica restrictiva, tanto por el legislador, que tiene potestad para desarrollarlas(47), como por cualquier otro intérprete. De tal manera, “la validez de una inhabilidad o incompatibilidad dependerá de un análisis de correspondencia entre la finalidad que persiga y el grado de afectación de otro u otros derechos, lo cual exige evaluar cada medida en el contexto de la actividad que se pretende desarrollar”(48).
En efecto, la Sentencia C-325 de 2009(49) reconstruye la línea jurisprudencial que muestra los dos principales límites al legislador. Estos pueden resumirse en que (i) no modifique ni altere el alcance y los límites de las inhabilidades fijadas directamente por la Carta Política y, (ii) ni tampoco incurra en regulaciones irrazonables o desproporcionadas —con respecto a la finalidad que se persigue— que terminen por desconocer valores, principios y derechos garantizados constitucionalmente(50).
En este sentido, esta corporación ha hecho énfasis, en que la sujeción de la ley al principio de la supremacía de la Constitución Política, impide que se consagren regulaciones contrarias a la Carta o que modifiquen los preceptos en ella dispuestos(51); en todo caso el legislador
“no está constitucionalmente autorizado para regular de cualquier forma los requisitos para el desempeño de la función pública, puesto que debe armonizar, de un lado, la defensa de los intereses colectivos ínsita en la consagración de las causales de inelegibilidad y, de otro lado, el derecho político fundamental(52) de acceder a los cargos públicos (C.P., art. 40-7)”(53).
“La doctrina constitucional contenida en múltiples fallos de esta corporación (sentencias C-537 de 1993; C-320 de 1994; C-373 de 1995; C-367 de 1996, C-509, C-618 de 1997. C- 068 y C-147 de 1998, entre otras), ha señalado que las inhabilidades como excepción y restricción que el Constituyente y el legislador pueden fijar al derecho político que le asiste a toda persona de acceder y desempeñar, en condiciones de igualdad, funciones o cargos públicos (C.P., arts. 13 y 40), deben ser razonadas y proporcionales. Razonabilidad y proporcionalidad, que tiene como punto de referencia, la prevalencia de los principios que rigen la función administrativa (C.P., art. 209).
Por tanto, la facultad que se reconoce al órgano legislativo para determinar causales de inhabilidad diversas a las que expresamente ha fijado el Constituyente, han de ser interpretadas en forma restrictiva (sentencias C-320 de 1994 y C-147 de 1998, entre otras), en el sentido de dar prevalencia a los derechos a la igualdad y al acceso a funciones y cargos públicos. No significa lo anterior, el desconocimiento de la facultad discrecional que, en esta materia, se le reconoce al legislador (sentencias C-367 de 1996, C-509 de 1997, entre otras), dado que si bien corresponde a él señalar causales de inhabilidad diversas a las establecidas por el Constituyente, cuando ello se considere conveniente para el desempeño probo de la función pública, esa competencia tiene un límite objetivo: el no desconocimiento de los mencionados derechos”. (Sentencia C-1372 de 2000)”.
La jurisprudencia vigente podría resumirse en lo dicho por la Sentencia C-903 de 2008(54) que estableció que “por la índole excepcional de las inhabilidades e incompatibilidades, las normas que las contemplan deben ser interpretadas y aplicadas con un criterio restrictivo y, por ende, con exclusión de un criterio extensivo”. Por eso las restricciones de acceso a cargos públicos —que finalmente son límites al ejercicio de los derechos políticos— deben ser concordantes con principios constitucionales como la proporcionalidad, la razonabilidad y la necesidad y deben estar encaminadas a la obtención de los fines establecidos en la Carta: la garantía de la moralidad, la transparencia y la imparcialidad de la función administrativa, entre otros(55).
20. En relación con la inhabilidad alegada en este caso, el numeral 8º del artículo 179 superior señala que nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.
Esta corporación fijó el alcance de la anterior prohibición en la Sentencia C-093 de 1994(56), cuando señaló:
“De conformidad con el numeral 8º, del artículo 179 de la Constitución, le está prohibido a cualquier ciudadano ser elegido simultáneamente para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. De ahí que la norma en referencia utiliza la expresión “nadie podrá”, para cobijar en la mencionada prohibición a todos los ciudadanos.
Ya esta corporación ha admitido que la renuncia aceptada constituye vacancia absoluta y por consiguiente, es aplicable lo dispuesto en el artículo 261 de la Carta Política según el cual “ningún cargo de elección popular tendrá suplente. Las vacancias absolutas serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción”, sucesivo y descendente. (Sentencia D-236. M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).
Además, debe agregarse que, si los concejales y diputados cuyo periodo constitucional se encontraba vigente para la fecha de la inscripción de su candidatura al Congreso de la República, renunciaron expresamente a sus respectivos cargos y su dimisión fue aceptada formalmente, habiéndose configurado de esta manera, la falta absoluta para el resto del periodo, rige el principio de la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución, la cual se presume en las gestiones que adelantaron ante las autoridades electorales”. (Resaltado no original)
21. El citado artículo fue objeto de una primera modificación a través del artículo 10 del Acto Legislativo 1º de 2003, el cual señalaba:
“ART. 10.—El numeral 8º de artículo 179 de la Constitución Política quedará así:
PAR. TRANSITORIO.—Lo dispuesto en el numeral 8º del presente artículo no se aplicará a quienes hubiesen renunciado con anterioridad a la vigencia del presente Acto Legislativo”.
No obstante, en la Sentencia C-332 de 2005(57), la Corte estudió la constitucionalidad del trámite que precedió a la aprobación del citado artículo y lo declaró inexequible por lo siguiente:
“(...) es claro que el artículo 10 del Acto Legislativo de 2003 en ningún momento derogó el numeral 8º del artículo 179 de la C.P., tan solo reiteró el texto constitucional por razones de claridad en el trámite legislativo. La norma del Acto Legislativo no alteró la vigencia del numeral 8º, únicamente adicionó una frase final y un parágrafo.
Finalmente, como la presente sentencia se limitó a analizar los cargos formulados por la demanda presentada contra el artículo 10 del Acto Legislativo de 2003, en razón a las violaciones por vicios de procedimiento, no implica un pronunciamiento sobre si la renuncia elimina la inhabilidad. La jurisprudencia que ha interpretado los alcances del numeral 8º, se ha encargado de abordar la cuestión. (resaltado no original)
22. Una segunda modificación al numeral 8º del artículo 179 de la Constitución se tramitó con el artículo 13 del Acto Legislativo 1º de 2009, el cual señaló:
PAR. TRANSITORIO.—La inhabilidad establecida en el numeral anterior no aplicará para quienes hayan renunciado al menos seis (6) meses antes del último día de inscripciones para la realización de las elecciones al Congreso de la República en el año 2010”. (resaltado no original)
En el caso de la aceptación de renuncias a cargos en corporaciones públicas de elección popular se aplican algunos criterios sobre las votaciones, en particular la regla general es que las votaciones en estas entidades sean nominales y públicas a fin de garantizar la transparencia y el control ciudadano propios de una democracia. Ya que la regla general para las votaciones en estas corporaciones es la votación nominal y pública, y ya que las renuncias de sus miembros no son parte de las excepciones establecidas por nuestro ordenamiento jurídico a ese tipo de votación, a primera vista podría concluirse que las aceptaciones de las renuncias de los miembros de corporaciones públicas solo podrían darse a través de votación nominal y pública para que se consideraran válidas.
27. El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario para la protección de los derechos fundamentales, en tanto vía judicial residual y subsidiaria], que ofrece una protección inmediata y efectiva en ausencia de otros medios ordinarios de defensa judicial, o en presencia de estos, cuando se tramita como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales(58).
Uno de los presupuestos generales de la acción de tutela es la subsidiariedadde la acción, que consiste en que el recurso solo procede cuando se hayan agotado los medios de defensa disponibles para el efecto en la legislación(59). Esta exigencia pretende asegurar que la acción constitucional no se convierta en una instancia más ni en un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador, como tampoco es un instrumento para solventar errores u omisiones de las partes o para habilitar oportunidades precluidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios.
Tampoco se podría interponer el recurso extraordinario de súplica, que como mecanismo procesal procedía contra esta clase de providencias, porque fue derogado de manera expresa por el artículo 2º de la Ley 954 del 27 de abril de 2005.
28. Esta exigencia jurisprudencial reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales. De tal manera que la acción de tutela solo será procedente cuando se interpone en un plazo razonable, prudencial y proporcionado respecto a la vulneración del derecho que se dio con la providencia judicial(60).
31. Cuestiona el tutelante la modalidad de votación empleada en la aceptación de la renuncia, en cuanto debiendo hacerse de manera nominal y pública, se surtió de forma ordinaria, afectando la validez de la misma. De esta manera, estima que el señor Agudelo Zapata se encontraba inhabilitado para inscribirse como aspirante a la Cámara de Representantes. Por tanto, la sentencia censurada incurrió en un defecto fáctico al desconocer en su análisis el contenido del Acta 28 de 2009.
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, normativa vigente al momento de la sentencia impugnada para los asuntos contencioso administrativos, señalaba: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.
34. El demandante señala que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurre en un defecto sustantivo en la fundamentación de la sentencia al haberse aplicado al caso sub judice una excepción al trámite de la renuncia nominal y pública que no se encontraba vigente para la fecha de su aceptación por parte de la Asamblea (L.1431/11, art. 1º, numeral 20), debiendo, por el contario, inaplicarla por inconstitucional.
La Sala, al revisar el expediente, encuentra que si bien la Sección Quinta hizo alusión en el fallo a la Ley 1431 de 2011, “Por la cual se establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política” lo hizo para hacer una interpretación teleológica de la norma constitucional, es decir para determinar su alcance, para lo cual utilizó esta disposición como argumento de refuerzo para explicar la votación nominal en las decisiones de las corporaciones públicas, citando para el efecto el artículo 2º de la referida ley. Sin embargo, resulta claro que el Consejo de Estado no sustentó su decisión en las excepciones consagradas en el numeral 20 del artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, como lo afirma equivocadamente el tutelante, y, por tanto, mal podía inaplicar por inconstitucional dicha normativa, lo que genera que no se configure en el caso en estudio el defecto sustantivo alegado por el actor.
35. Señala el demandante que el fallo del Consejo de Estado incurre en defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente de la misma corporación, al exigir al actor el enjuiciamiento de un acto de simple trámite o preparatorio, como lo es la Resolución Nº 102 del 30 de julio de 2009, que no es susceptible de control de legalidad por la vía judicial.
Al respecto, es necesario indicar que el Consejo de Estado no desconoció el citado precedente, pues en ninguna parte de la sentencia se ordena demandar la Resolución 102 de 2009, expedida por la Asamblea de Antioquia.
El cuestionamiento fue planteado directamente por el emplazado en su escrito de alegatos de conclusión al señalar que la demanda no cumplía con los requisitos y formalidades establecidas en el Código Contencioso Administrativo, toda vez que el actor no hacia reparo de carácter legal contra el acto administrativo particular y concreto, esto es la Resolución 102 del 30 de julio de 2009, por la cual la Asamblea Departamental le aceptó la renuncia al cargo al Diputado de la Asamblea, ni tampoco contra el acto por medio del cual el Consejo Nacional Electoral resolvió de manera desfavorable una petición que elevó para impugnar la inscripción del elegido.
Por el contrario, en relación con la Resolución 102 del 30 de julio de 2009, simplemente el fallo señaló que la misma gozaba de presunción de legalidad, sin que haya lugar a entender que la procedibilidad de la acción estaba sujeta a la demanda del citado acto administrativo, tanto es así que hubo un pronunciamiento de fondo y no inhibitorio por inepta demanda. Por lo expuesto, la Sala concluye que no se configura el defecto sustantivo alegado por el accionante.
36. Destaca el tutelante el contenido de los salvamentos de voto consignados en la Sentencia C-093 de 1994 de la Corte, donde se advierte que la aceptación de la renuncia no hace desaparecer la inhabilidad consagrada en el numeral 8º del artículo179 de la Constitución Política.
Sin embargo, olvida mencionar el tutelante que, tal como se señaló en la parte considerativa de la Sentencia C-093 de 1994, esta Corte, al estudiar la constitucionalidad del artículo 280 de la Ley 5 de 1992, fijó el alcance de la inhabilidad contemplada en el numeral 8º del artículo179 de la Constitución, indicando, con toda claridad, que la restricción se entiende superada si la inscripción y elección en el nuevo cargo está precedida de la aceptación de la renuncia del cargo anterior.
Es de anotar que en reiterada jurisprudencia esta corporación ha definido los aspectos que son vinculantes de sus sentencias, es así como en Sentencia C- 539 de 2011(61), señaló:
“En síntesis, respecto de la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional, se reitera aquí, que esta se fundamenta en (i) el respeto al principio de la seguridad jurídica, el cual implica el respecto por las normas superiores y la unidad y armonía de las demás normas con estas, de manera que al ser la Corte Constitucional el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, “sus determinaciones resultan ser fuente de derecho para las autoridades y particulares, cuando a través de sus competencias constitucionales establece interpretaciones vinculantes de los preceptos de la Carta”; (ii) la diferencia entre decissum, ratio decidendi y obiter dicta, ratificando la obligatoriedad no solo de la parte resolutiva sino de los contenidos de la parte motiva de las sentencias, en el control abstracto de constitucionalidad como en el concreto, que son determinantes para la decisión o constituyen la ratio decidendi del fallo; y (iii) las características de la ratio decidendi y, por tanto, de la jurisprudencia como fuente de derecho, por cuanto“la ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, en la medida en que se proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser considerada una fuente de derecho que integra la norma constitucional”(62). (resalta la Sala)
37. Finalmente, y respecto de la manifestación del actor en el sentido de que posterior al fallo impugnado el Consejo de Estado, Sección Quinta, falló un caso similar en diferente sentido, encuentra la Sala que la decisión del 6 de octubre de 2011(63) no constituye precedente por dos razones: i) Se trataba una situación fáctica diferente y ii) La decisión de nulidad se sustentó en el no cumplimiento, por parte de los miembros de los partidos y movimientos, de las directrices impartidas por estos para la votación.
2. CONFIRMAR, por las razones expuestas en la presente providencia, la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Primera, el 4 de agosto de 2011, mediante el cual negó por improcedente la acción de tutela promovida por el señor Carlos Arturo Piedrahita Cárdenas contra el fallo de 10 de marzo de 2011, proferido por la Sección Quinta de esa misma corporación.
Magistrados: Luis Ernesto Vargas Silva, Presidente,—María Victoria Calle Correa—Mauricio González Cuervo, Magistrado Ausente con excusa,—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortiz Delgado—Jorge Iván Palacio Palacio—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Magistrado Ausente con excusa,—Martha Victoria Sáchica Méndez, Magistrada (E)
(1) El referido inciso señala: “Adicionalmente, para los fines establecidos en las normas vigentes, después de haber sido escogidos autónomamente por la Sala de Selección competente, los fallos sobre acciones de tutela instauradas contra providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado deberán ser llevados por el magistrado a quien le corresponda en reparto a la Sala Plena, la cual determinará si asume su conocimiento con base en el informe mensual que sea presentado a partir de la sala de selección de marzo de 2009.
(2) Acta 28 de fecha 30 de julio de 2009, que a folio 59 hace constar: “John Jairo Cardona Tobón, Presidente, va a cerrarse la discusión de la renuncia del honorable Diputado Iván Darío Agudelo Zapata, queda cerrada, aprueban los honorables diputados la renuncia. Pablo Iglesias Escorce, Secretario General, si se aprueba señor presidente:”
(3) ART. 179.—(...) 8.Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo si los respectivos periodo s coinciden en el tiempo, así fuere parcialmente.
(4) “ART. 133.—Modificado A.L. 1º de 2009, articulo 5. Los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que determine la ley...”
(5) Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, número 1975 del 4 de febrero de 2010. M.P. Gustavo Aponte Santos.
(6) En la sesión de fecha 30 de julio de 2009.
(7) C.P. Susana Buitrago Valencia, Expediente 2010-00020,
(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de junio de 2004. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
(9) Radicación 11001-03-28-000-2010-00120-00 M.P. Alberto Yepes Barreiro
(10) Al respecto ver, entre otras, las sentencias SU-159 de 2002 y T-522 de 2001, en ambas M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-462 de 2003 y T-1031 de 2001, en ambas M. P. Eduardo Montealegre Lynett y T-1625 de 2000, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
(11) M. P. Jaime Córdoba Triviño. En este fallo se declaró inexequible una expresión del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía el ejercicio de cualquier acción, incluida la tutela, contra las sentencias proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
(12) M.P. Jaime Córdoba.
(14) M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
(15) Sentencia SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(16) Sentencia T 567 de 1998- M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(17) T- 567 de 1998 M.P. Humberto Sierra Porto.
(19) Sentencia T-239 de 1996. M.P Vladimiro Naranjo Mesa.
(20) Sentencia T-576 de 1993. M.P. Jorge Arango Mejía.
(21) Sentencia T-442 de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(22) Sentencia T-538 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(23) Sentencia T-230 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(24) Sentencia C-275 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(25) Sentencia C-819 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio.
(26) Sobre el tema también puede verse la sentencia C-1125 de 2008 M.P. Humberto Sierra.
(27) Sentencia C-819 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio.
(28) Ver, entre muchas otras, la sentencia T-040 de 2012 M.P. María Victoria Calle.
(29) Ver la sentencia C-398 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
(30) Ver la sentencia C-393 de 2006 M.P. Rodrigo Escobar Gil, citada por la sentencia C-149 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza, que a su vez cita las sentencias C-606 de 1992 M.P. Ciro Angarita, T-525 de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo, T-047 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo y C-964 de 1999 M.P. Alejandro Martínez.
(31) M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
(32) Sentencia T-374 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(33) M.P. Clara Inés Vargas.
(34) Sentencia T-1005 de 2006.
(35) Artículo 261 C.P. “Las faltas absolutas serán suplidas por los candidatos que según el orden de inscripción, o de votación, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral, según se trate de listas cerradas o con voto preferente”.
(37) Sentencia C-093 de 1994 Ms. Ps. José Gregorio Hernández y Hernando Herrera Vergara.
(38) Sentencia C-1040 de 2005. Ms.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil; Marco Gerardo Monroy Cabra; Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández “(...) La votación puede manifestarse de manera ordinaria, nominal o secreta. De acuerdo con el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, la votación ordinaria se efectúa cuando los congresistas dan un golpe sobre el pupitre con la mano y se conoce comúnmente como“pupitrazo”. Si ningún parlamentario solicita inmediatamente la verificación del informe expresado previamente por el secretario, este se tendrá por exacto. Si, en cambio, algún parlamentario solicita la verificación, se sigue el procedimiento previsto en dicho artículo para confirmar el resultado obtenido. La verificación persigue determinar el número de votos proferidos a favor o en contra, y la referida norma señala un método para establecerlo: “los que quieran el SÍ se pondrán de pie, permaneciendo en esta postura mientras son contados por el Secretario y se publica su número. Sentados, se procederá seguidamente con los que quieran el NO y se ponen a su vez de pie; el Secretario los cuenta e informa su número y el resultado de la votación”. Este modo de votación “se usará en todos los casos en que la Constitución, la ley o el reglamento no hubieren requerido votación nominal”, según el artículo 128 del Reglamento del Congreso.(...) De acuerdo con la disposición anteriormente citada, la votación nominal es aquélla en la cual cada uno de los Congresistas vota siguiendo el orden alfabético de apellidos y opera de la siguiente manera: se anuncia en orden alfabético el apellido de cada uno de los congresistas, quienes de manera individual contestarán “SI” o “NO” a la iniciativa sometida a aprobación. El sentido del voto de cada uno de los congresistas quedará registrado en el acta en el mismo orden en el que se haya realizado, con expresión del voto que cada uno hubiere dado”.
(39) Gaceta del Congreso 227 de 2009, p. 4. Como consecuencia de los argumentos expuestos se aprobó la reincorporación de la expresión “nominal”, como exigencia del voto en las corporaciones públicas. De allí en adelante se preservó dicha categorización hasta la aprobación definitiva de la reforma, como se observa en las Gacetas del Congreso 241, 427 y 533 de 2009.
(40) M.P. Jorge Iván Palacio.
(41) Sentencia C-558 de 1994 M.P. Carlos Gaviria.
(42) Sentencias C-468 de 2008 M.P. Margo Gerardo Monroy, C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera,C-311 de 2004 M.P. Álvaro Tafur. Citadas por la sentencia C-325 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
(43) Ver la Sentencia C-348 de 2004 M.P. Jorge Alberto Rojas. A su vez, los criterios expuestos en dicho fallo se apoyan en las sentencias C-380 de 1997 M.P. Hernando Herrera, C-200 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-1212 de 2001 M.P. Jaime Araujo, entre otras. Citadas por la Sentencia C-325 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
(44) Sentencia C-652 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy.
(45) La jurisprudencia ha precisado que estas no constituyen una pena ni una sanción, sino una garantía de protección del interés general y de la idoneidad, probidad, imparcialidad, transparencia y moralidad del aspirante a ejercer un cargo público, de manera que para el acceso y permanencia en el mismo se requiera no estar incurso en las causales de inelegibilidad previamente definidas por el ordenamiento. Sentencias C- 348 de 2004, C-798 de 2003 y C-780 de 2001, citadas por la Sentencia C-325 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
(46) M.P. Jorge Iván Palacio.
(47) La sentencia C-325 de 2009 ha establecido que en caso de las inhabilidades que rigen el acceso a determinados cargos públicos, son la Constitución y la ley las encargadas de fijarlo. Al respecto, ha expresado la Corte que, el mismo texto Superior, a través de distintas disposiciones (C.P. arts. 6º, 123 y 150-23), le reconoce al legislador amplias facultades de configuración política para completar ese régimen constitucional.
(48) Sentencia C-819 de 2010, citada por la sentencia C-398 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
(49) M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
(50) Consultar, entre otras, las Sentencias C-509 de 1997 M.P. Jaime Córdoba, C-617 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández, C-1412 de 2000 M.P. Martha Victoria Sáchica, C-200 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-247 de 2001 M.P. Carlos Gaviria, C-540 de 2001 M.P. Jaime Córdoba, C-952 de 2001 M.P. Álvaro Tafur, C-064 de 2003 M.P. Jaime Araujo, C-015 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda, C-311 de 2004 M.P. Álvaro Tafur, C-348 de 2004 M.P. Jaime Córdoba, C-179 de 2005 y C-468 de 2008 en los dos caso el magistrado ponente fue el Dr. Marco Gerardo Monroy.
(51) La Sentencia C-325 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza, retoma varios casos en los que la Corte consideró inconstitucionales o condicionó la exequibilidad de algunas regulaciones legislativas por exceder los límites de su libertad de configuración, ver también las sentencias C-540 de 2001 M.P. Jaime Córdoba, C-311 de 2004 M.P. Álvaro Tafur, C-468 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy.
(52) Al respecto, pueden consultarse las sentencias T-181 de 1994, T-058 de 1997 y T-759 de 1999.
(53) Sentencia C-200 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(55) Sentencia C-468 de 2008 M.P. Marco Gerardo Monroy.
(56) Ms. Ps. José Gregorio Hernández Galindo y Hernando Herrera Vergara.
(57) M.P. Manuel José Cepeda.
(58) Ver entre otras las sentencias T-827 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T -648 de 2005 M.P. Manuel José cepeda espinosa; T-1089 de 2005.M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-691 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-015 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T. 570 de 2005.M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(59) Ver sentencias T-441 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T -742 de 2002: M.P. Clara Inés Vargas, entre otras.
(60) Sentencia T-377 de 2009. M.P. María Victoria Calle.
(62) Sentencia T-292 de 2006 M.P. Manuel José Cepeda.
(63) M.P. Alberto Yepes Berrio. Radicación interna 2010-00120.

References: ARTÍCULO 133
 artículo 133
 artículo 54
 artículo 179
 artículo 133
 artículo 134
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 134
 artículo 179
 artículo 179
 artículo 1
 Resolución 
 artículo179
 artículo 179
 artículo 40
 artículo 3
 artículo 133
 artículo 107
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 179
 artículo 179
 artículo 261
 artículo 83
 artículo 10
 artículo 179
 artículo 10
 artículo 179
 artículo 10
 artículo 179
 artículo 13
 artículo 86
 artículo 2
 artículo 177
 artículo 267
 artículo 133
 artículo 2
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo179
 artículo 280
 artículo179
 artículo 185
 Artículo 261
 artículo 129
 artículo 128