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Timestamp: 2019-06-19 02:43:32+00:00

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FELICES FIESTAS LES DESEA CONDE ABOGADOS
¡Nos vestimos de Fiesta! hemos preparado este video especialmente para Uds. en estas festividades.
BOLETÍN VIRTUAL N°6
PRONUNCIAMIENTO DE CONDE ABOGADOS FRENTE AL FALLO DEL TRIBUNAL DE COMERCIO DE TOULON, FRANCIA QUE ORDENÓ INDEMNIZAR A MUJERES AFECTADAS POR LAS PRÓTESIS PIP.
La Organización Jurídica Conde Abogados, presenta públicamente su inconformismo y desacuerdo con el fallo del Tribunal de Comercio de Toulon, Francia, en el que se indemnizan a las 1514 mujeres colombianas que resultaron afectadas por los implantes mamarios PIP, por las siguientes razones:
Recientemente los periódicos, revistas y blogs del mundo entero, fueron inundados con la noticia de que el Tribunal de Comercio de Toulon, Francia, ordenó el pago de una indemnización inicial de 3.000 euros [1], para cada una de las 1.672 mujeres usuarias de los implantes PIP, cifra que podría alcanzar los 15.000 euros si cada afectada llegara a probar ante la Justicia europea la repercusión y los daños que las prótesis causaron en su salud, lo que indica que la indemnización máxima para cada mujer que ha visto como su cuerpo y su vida se transforman a raíz de los efectos nocivos de los implantes, es de aproximadamente treinta y ocho millones novecientos treinta y nueve mil quinientos setenta y ocho mil pesos colombianos ($ 38,939,578.26), cifras que teniendo en cuenta el umbral de gravedad del caso y la magnitud de la tragedia que hoy viven miles de mujeres en el mundo, resulta irrisoria y desproporcionada frente a la realidad.
Así las cosas, se reitera, que cada mujer que resultó afectada con los implantes PIP, tiene la oportunidad de reclamar una reparación integral, que debe vincular los conceptos de rehabilitación, indemnización, medidas de satisfacción y garantías de no repetición, lo que indica que deben ser plenamente reparados tanto los perjuicios materiales, (es decir todos los costos de cirugías de retiro de los implantes, cirugías reconstructivas cuando estas sean necesarias, exámenes o paraclínicos, tratamientos, traslados, viáticos, que han sido asumidos por las afectadas y por sus familiares, así como las incapacidades médicas correspondientes a cada paciente), como también los perjuicios inmateriales, (entendidos estos como el dolor, congoja y sufrimiento que causó en cada mujer tener en sus cuerpos unas prótesis dañinas, así mismo deberán reconocerse los daños a la salud ocasionados por los implantes es decir, tanto los físicos como los psíquicos, y las secuelas que se generen de los mismos), perjuicios que deben ser reconocidos no solo para la víctima directa, sino que, además deberán incluirse los perjuicios de rebote que se han ocasionado en las familias de las afectadas con la tragedia PIP.
Ante tal panorama, es claro que el fallo del Tribunal Europeo no alcanza los parámetros de una reparación integral, por ello, esta decisión, no debe ser tomada por las miles de víctimas de los implantes PIP como un pronunciamiento judicial definitivo, sino como el primer paso de la reparación plena a la que tienen derecho, por ello Conde Abogados insiste en el inicio y trámite de acciones judiciales en Colombia [2] para todas las mujeres que resultaron afectadas y sus núcleos familiares, donde además de vincularse al INVIMA por ser la entidad pública encargada de ejercer vigilancia y control sobre todos los medicamentos y productos para la industria que ingresen al país, se vinculará a las Clínicas donde se realizaron los implantes, y muy posiblemente dentro del proceso judicial se llamará en garantía tanto a la empresa fabricante de los implantes como a la empresa Alemana Tüv por permitir que las prótesis PIP fueran vendidas sin ser sometidas a estrictos protocolos de control y vigilancia que certificaran su calidad.
Redacción Departamento de Responsabilidad Médica.
[1] La suma de siete millones setecientos ochenta y siete mil novecientos quince pesos colombianos aproximadamente, ($7,787,915.65), de acuerdo al valor actual del euro.
[2] Medio de control de Reparación Directa ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Para Consultas puede visitarnos en nuestras oficinas:
Florencia, Caquetá: Calle 17 No. 5-30
B/7 de Agosto
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BOLETÍN VIRTUAL NO. 5
BENEFICIOS POR PRESTAR SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
SOLDADOS REGULARES RETIRADOS CON LESIONES PERMANENTES ADQUIRIDAS EN EL SERVICIO, TIENEN DERECHO A ESTUDIO Y A UN PAGO DE 1SMLMV
De conformidad con el literal h del artículo 40 de la Ley 48 de 1993 soldados regulares retirados que hayan adquirido alguna discapacidad durante la prestación del servicio tienen derecho a que el Estado les brinde capacitación hasta el nivel profesional y, mientras logran ubicarse laboralmente, tienen derecho a que se le cancele un salario mínimo legal mensual vigente, a fin de garantizar su subsistencia dada la discapacidad obtenida en el servicio. Respecto de éste tema, el Consejo de Estado recordó tales derechos e indicó:
“Ahora bien, en el presente caso el accionante solicitó la aplicación de los derechos consagrados en el literal “h” y parágrafo del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, la norma en cita dice:
h. Cuando un soldado, en cumplimiento de su deber, reciba lesiones permanentes que le impidan desempeñarse normalmente, el Estado tiene la obligación de darle una capacitación que elija hasta el grado profesional de instrucción. La obligación del Estado cesará cuando el beneficiario rechace el ofrecimiento o cuando se deduzca su desinterés por su bajo rendimiento.
PARÁGRAFO. El Estado le pagará una asignación mensual equivalente a un salario mínimo mensual legal por el tiempo que dure desempleado. Esta obligación cesará cuando el Estado lo incorpore laboralmente o cuando el ofrecimiento sea rechazado sin justa causa por el beneficiario (…)” (negrillas de la Sala).
Entonces, lo que busca el accionante es que virtud de su incapacidad, ocurrida en cumplimiento del deber, el Estado lo capacite y le pague una asignación mensual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente hasta que logre vincularse laboralmente.
La referida norma supone la ocurrencia de dos situaciones en particular, i) que el soldado haya sufrido lesiones, en cumplimiento de su deber, que le impidan desempeñarse normalmente, y ii) que se encuentre desempleado; es decir, los beneficios académicos y económicos allí señalados buscan garantizarle a su beneficiario un sustento mínimo con el cual pueda suplir sus necesidades básicas y, como bien lo dice la norma, éstos cesaran cuando logre vincularse laboralmente o por haber sido rechazado.”
Por lo anterior, la Organización Jurídica Conde Abogados se encuentra adelantado los procesos administrativos y judiciales de reclamo de ésta prestación; los interesados en ser asesorados por esta organización pueden acercarse a nuestras oficinas.
Florencia, Caquetá: Calle 17 No. 5 - 30
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La Organización Jurídica Conde Abogados anfitriona en la creación de la Rama Colombia de la Asociación Americana de Juristas (AAJ)
Con la participación de más de 20 asistentes, entre ellos destacados juristas del ámbito nacional, delegados de organizaciones jurídicas defensoras de derechos humanos como ANDAL, los reconocidos integrantes del Comité Ejecutivo y presidentes de la Rama Nacional de Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, Ernesto Moreau y Ernesto Amezquita Camacho, quienes han sido directivos de la AAJ en sus respectivos países, se llevó a cabo el pasado 23 de octubre en las instalaciones de la oficina Conde Abogados en la ciudad de Bogotá, el encuentro de de la Rama Colombia de esta importante asociación.
El evento fue todo un éxito, en él se logró constituir el Comité Coordinador de la AAJ Colombia, el cual quedó integrado por los Doctores Luis Bernardo Díaz, Robinson Marín, Walter Mondragón, Oscar Conde Ortiz y las Doctoras María Yolima Aponte y Linda Katerine Azcárate.
Para mayor información sobre la AAJ puede visitar su página web haciendo clic Aquí
Etiquetas: AAJ, AAJ Colombia, Asociación Americana de Juristas, Blog CA, Conde Abogados, Linda Katerine Azcárate, Oscar Conde
BOLETÍN VIRTUAL NO. 4
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE FLORENCIA RECONOCEN PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE A FAMILIARES DE SOLDADOS REGULARES MUERTOS EN MANOS DEL ENEMIGO.
Aunque el Estado Colombiano se ha venido sustrayendo de sus obligaciones para con los ciudadanos que prestan el servicio militar obligatorio, por lo que la Organización Jurídica Conde Abogados mediante las acciones judiciales correspondientes ha restablecido el derecho de muchas familias que han perdido sus seres querido en cumplimiento de una obligación constitucional. En alguno de estos casos el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión estableció:
Para ello es preciso señalar en primer lugar, que la ley 447 del 23 de julio de 1998, por el cual se establece una pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio, consagra una protección hacia los herederos o beneficiarios del soldado que cumpliendo con una carga impositiva del Estado, es dado muerte en combate o por acción del enemigo, dejando sus familiares, cónyuge o compañera permanente, desamparados, por lo que el legislador estableció una pensión vitalicia que no requiere semanas de cotización, sino simplemente el hecho de estar vinculado al servicio militar obligatorio, y fenecer bajo cualquiera de los dos supuestos pues ha sido llevando a las armas a nombre la república que su muerte ha tenido lugar, y de esa manera corregir la desigualdad frente a otros miembros de las fuerzas armadas que gozan de una pensión precisamente por ser militares, ser agentes del Estado y desempeñarse en carrera como oficiales o suboficiales de la fuerza pública, y caer para los dos supuestos: cero muerto en combate o como consecuencia de la acción del enemigo.
En éste sentido, se ha logrado el reconocimiento de pensión de sobrevivientes a los familiares de CARLOS ARTUNDUAGA FIERRO, JOHN JAIRO BAUTISTA PUENTES, MILTON CORREA TORRES y FREDY DEVIA MENESES quienes resultaron muertos en la vereda la Aguililla, municipio de Puerto Rico – Caquetá en manos de grupos armados al margen de la Ley.
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Etiquetas: Blog CA, BOLETÍN VIRTUAL, Conde Abogados, Conflicto Armado, Derecho, Florencia Caquetá, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Se condena, a la Fiscalía General de la Nación, con cargo a su presupuesto por perjuicios morales, materiales y daño a la vida de relación.
El tribunal del Caquetá, declaró responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la detención injusta del señor Eduardo Rojas Vega.
El señor Eduardo Rojas Vega y su núcleo familiar, instauraron mediante su apoderado Oscar Conde Ortiz, demanda Administrativa de Reparación Directa, por la detención injusta del primero.
El día 21 de diciembre de 2007, se expidió por la fiscalía sexta especializada resolución de preclusión de la investigación, por no encontrar elementos que culparan del delito plantación, financiación y tráfico de estupefacientes, para quien se encontraba recluido en la cárcel el Cunduy de Florencia, desde el 28 de agosto de 2007; fue dejado en libertad el 21 de diciembre de 2007. Pese a que el señor Eduardo siempre negó haber cometido los delitos imputados, estuvo detenido por más de 4 meses, generándose la intranquilidad y consternación en él y su familia, además de la pérdida económica, pues él era el encargado del sostenimiento de su familia, sus hijos quedaron a cargo de sus hermanos, quienes velaron por ellos.
De acuerdo a lo anterior el Honorable Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante sentencia del dia15 de junio 2012 y Radicado N° 18-001-23-31-001 -2010-00213-00, declaró responsable a la Fiscalía General de la Nación por la detención injusta del señor Eduardo Rojas Vega, condenándola a pagar por perjuicios morales a él y a su núcleo, igualmente por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y por último se le reconoció pagar al señor por daño a la vida de relación.
Sentencia: para leer la sentencia haga clic Aquí
Etiquetas: Conde Abogados, detención injusta, Eduardo Rojas Vega, Fiscalía General de la Nación, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
Declaran responsable administrativa y patrimonialmente a la Fiscalia General de la Nacion
El tribunal del Caquetá ordena indemnizar a BENEDICTO RODRÍGUEZ, JAIRO CASTAÑO MARÍN y a sus familias por la detención injusta.
El 12 de octubre de 2002, en la vereda "Granario Maticuru” Jurisdicción del Municipio de Solano, los señores BENEDICTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y JAIRO CASTAÑO MARÍN, fueron detenidos en desarrollo de la operación "Oasis", cuando personal orgánico de la compañía "Dardo" del Batallón de Contraguerrillas No. 56 de la Brigada N°. 6 del Ejército Nacional, los capturó, siendo sindicados por el delito de rebelión, por señalamientos realizados por el guía de dicha unidad, quien afirmó conocer a los mencionados como integrantes del Frente XV de las FARC; dicha detención fue difundida a través de las emisoras locales.
El 25 de octubre de 2002, se profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. Pese a negar su pertenencia a dicho grupo, la Fiscalía Décima Seccional de Florencia Caquetá, profirió resolución de acusación en su contra el 23 de enero de 2003.
Mediante sentencia del 13 de agosto de 2003, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Florencia, absolvió a los señores BENEDICTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y JAIRO CASTAÑO MARÍN.
Por lo anterior, BENEDICTO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ y JAIRO CASTAÑO MARÍN, estuvieron detenidos por un lapso de 305 días, lo que produjo un fuerte pesar en sus compañeras, hijos, hermanos; de igual manera las actividades agrícolas a los que los directos afectados se dedicaban, se vieron afectadas, perdiéndose las cosechas, lo que obligó a sus familias a vivir de la caridad.
De igual manera, los sindicados resultaron altamente delicados de salud mientras permanecían en el centro de reclusión, epidemias de gripa, sarampión, lo que hizo más dolorosa su estadía en ese establecimiento carcelario.
En consecuencia a lo anterior, los detenidos injustamente instauraron demanda administrativa en contra de la Fiscalía General de la Nación, encontrando el tribunal responsable a la Fiscalía y en consecuencia condenándola a indemnizar a los detenidos y a sus familias por los perjuicios materiales y morales mediante sentencia del 15 de junio de 2012.
Sentencia: haga clic Aquí
Etiquetas: Conde Abogados, detención injusta, excepciones y probado., marco jurisprudencial, marco legal, materiales, perjuicios morales
Ejército Nacional debe reubicar a soldado profesional quien había sido retirado.
El Ejército debe reubicar a soldado profesional que había sido retirado del servicio por la disminución de su capacidad psicofísica.
José Lisardo Preciado Ramos ingresó al Ejercito Nacional como Soldado Profesional en el año 2008, a finales del año 2009 durante un operativo militar resultó lesionado por arma de fuego.
El Soldado Profesional fue valorado por la Junta Médico Laboral otorgándole una pérdida de su capacidad laboral del 35.62%, está Junta Médica fue ratificada por el Tribunal Médico Laboral, en consecuencia a ello fue retirado del servicio activo por la causal de disminución de su capacidad psicofísica.
Por lo anterior, se inició el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para que un Juez declarara la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales el Jefe de Desarrollo Humano y el Director de Personal del Ejército Nacional retiran del servicio activo al señor José Lisardo Preciado, y que a título de restablecimiento del derecho se ordenara el reintegro del soldado profesional a un cargo que estuviera acorde con su estado de salud.
El Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Florencia declaró la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales retiraron al señor José Lisardo Preciado, y ordenó al Ejército Nacional reubicar al soldado a una dependencia del Ejército Nacional apropiada a sus condiciones de salud y a su estado de incapacidad permanente, al igual que al pago de los salarios dejados de percibir durante su desvinculación.
Sentencia: para ver la sentencia completa haga clic Aquí.
Etiquetas: CAPACIDAD PSICOFISICA, DISMINUCION, JOSÉ LISARDO PRECIADO RAMOS, NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, REINTEGRO
Ejercito Nacional debe reconocer y pagar pensión de sobrevivientes
Se ordenó a la Dirección de Veteranos y Bienestar Sectorial, reconocer a favor de MARÍA CRISTINA YATE GÓNZALEZ una pensión de sobreviviente.
Oscar Mario Salazar compañero permanente de la señora María Cristina Yate y padre de la menor Saira Camila Salazar Yate, ingresó al Ejercito Nacional a prestar su servicio militar obligatorio en el año 2001, cuando llevaba un año prestando sus servicios como soldado regular en el Batallón Cazadores de San Vicente del Caguán le conceden una licencia por 15 días a él y algunos de sus compañeros, por lo cual para el traslado hasta el municipio Florencia se dispuso una aeronave, pero dicho vuelo fue cancelado por lo que tuvieron que desplazarse en un vehículo de servicio público intermunicipal.
Durante el recorrido hacia el municipio de Florencia, el vehículo en el que se transportaban fue interceptado por miembros de la organización guerrillera FARC procediendo a secuestrar a los soldados que lo ocupaban, a los ocho días del secuestro los soldados fueron hallados muertos entre los que se encontraba Oscar Mario Salazar.
Por haberse producido el deceso como consecuencia de la acción del enemigo, la señora María Cristina Yate solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para ella y su hija. La Dirección de Veteranos y Bienestar Sectorial del Ministerio de Defensa Nacional, negó la petición bajo el argumento de que la muerte del soldado no había ocurrido en combate.
Como resultado de la nulidad y restablecimiento de derecho, el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Florencia Caquetá declaró la nulidad de la Resolución por medio de la cual se niega la pensión de sobrevivientes a María Cristina Yate y Saira Camila Salazar Yate en su condición de compañera permanente e hija del soldado regular Oscar Mario Salazar Saavedra y ordenó el reconocimiento y pago de la pensión por muerte a las beneficiarias.
Sentencia: para ver el fallo haga clic Aquí
Etiquetas: MARÍA CRISTINA YATE GONZÁLEZ, MUERTE POR ACCION DEL ENEMIGO, NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO, ÓSCAR MARIO SALAZAR SAAVEDRA, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
EL CONSEJO DE ESTADO DECLARA A LA POLICÍA NACIONAL ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIALMENTE RESPONSABLE
DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA FUMIGACIÓN AÉREAS CON HERBICIDAS QUÍMICOS, REALIZADA AL PREDIO DENOMINADO “LA ESPERANZA”, UBICADO EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
La organización jurídica CONDE ABOGADOS informa que la sección tercera del Consejo de Estado, declaró a la POLICÍA NACIONAL Administrativamente responsable por los daños causados al predio de su propiedad, denominado “La Esperanza”, ubicado entre las veredas Maquencal y La Nutría, jurisdicción del municipio de la Montañita, departamento del Caquetá, debido a fumigaciones aéreas, con herbicidas químicos, realizadas por la Policía Antinarcóticos en el mes de Noviembre de 1997.
Esta importante corporación consideró que “Se configuró el daño antijurídico ocasionado a la actora, quien no tenía por qué soportarlo; igualmente, se encontró acreditado en el proceso que en el predio afectado no existían cultivos ilícitos de ninguna naturaleza, de modo tal que la entidad demandada deberá indemnizar los perjuicios causados. Si bien el informe del Jefe del Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Dirección de la Policía Nacional señaló que no existían registros de operaciones de fumigaciones aéreas sobre el predio “La Esperanza”, lo cierto es que la prueba testimonial y documental a la que se hizo referencia anteriormente indica lo contrario; es decir, que sí existieron tales fumigaciones aéreas, al punto que un área del predio mencionado resultó afectada con herbicidas esparcidos desde el aire por aeronaves de la Policía Antinarcóticos. El material probatorio también reveló que en el predio “La Esperanza” no existían cultivos ilícitos, según se desprende de la inspección judicial anticipada, practicada en el lugar de los hechos por el Juzgado Único Promiscuo Municipal de La Montañita, Caquetá, y del dictamen pericial, del cual se corrió traslado a la demandada, así como de las declaraciones rendidas en el proceso. (…) es menester señalar que, si bien no se practicaron las pruebas de laboratorio que echa de menos la demandada, lo cierto es que todo indica que se trató de glifosato, pues, según el Ministerio del Medio Ambiente, desde enero de 1992 y en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes, el Gobierno Nacional adoptó como estrategia social el mecanismo de aspersión aérea con ese herbicida, para la erradicación de cultivos ilícitos. Adicionalmente, según ya se vio, la Auditoría Ambiental de Erradicación de Cultivos Ilícitos sostuvo que el Programa de Erradicación de dichos cultivos utiliza únicamente el herbicida glifosato, como lo ordena la Resolución 0001 de 11 de febrero de 1994, proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes”. Por lo anterior DECLARA como responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los daños causados al predio “La Esperanza”, como consecuencia de las fumigaciones aéreas realizadas por la Policía Antinarcóticos, la segunda semanada de noviembre de 1997.
Sentencia de Enero 27 de 2012 dictada por el CONSEJO DE ESTADO, sala de lo contencioso administrativo, sección tercera – subsección a, dentro de la acción de reparación directa en contra de la Policía Nacional,bajo radicado N° 18-001-23-31-000-1994-00288-01(22.219), consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA.
Etiquetas: administrativa y patrimonialmente, Blog CA, Conde Abogados, Consejo de Estado, daños, departamento del caquetá, Policia Nacional, sentencia
Corte Constitucional protege a madres cabeza de familia que tengan a su cargo menores en condiciones especiales.
Conde Abogados sede Bogotá, tramitó acción de tutela de la Sra. Helena Gómez Cardona, quien fue supernumeraria de la DIAN y que luego de una reestructuración fue retirada del servicio, aun cuando había solicitado ser protegida por su condición de madre cabeza de familia y tener a cargo un menor autista.
La acción de tutela fue negada en primera instancia por el juzgado 11 civil del circuito de Bogotá y la decisión resultó confirmada por el tribunal superior del distrito judicial de Bogotá.
Sin embargo, Conde Abogados presentó el mecanismo de insistencia y como consecuencia la Corte Constitucional revisó las decisiones judiciales y determinó que en el presente caso si se había vulnerado el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la familia, entre otros. por lo tanto revocó las decisiones de instancia y ordenó a la DIAN reintegrar a la actora a un cargo de igual o superior jerarquía para proteger sus derechos y los de su hijo.
Frente a esta noticia CM& LA NOTICIA en su sección "Hoy es jueves de tutela desconocida" realizó un reportaje titulado "El caso de un niño autista" , podrá verlo haciendo clic AQUÍ.
BOLETÍN VIRTUAL NO. 2
Prima de Servicios para los Docentes.
Docentes tienen derecho a recibir pago por concepto de prima de servicios.
Todo empleado privado o público tiene derecho al pago de la prima de servicios, sin embargo, en el caso de los docentes, este derecho se ha venido vulnerando, puesto que estos servidores no han obtenido el pago de esta prestación, ante esta situación existen pronunciamiento recientes de la honorable Corte Constitucional que reivindican éste derecho y ordenan el pago de éste factor:
“Así, es precisamente lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 115 de 1994 y en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, lo que permite determinar si la Ley 91 de 1989 resulta aplicable en una controversia relativa al régimen prestacional de los docentes oficiales, como la presente. Respecto de esta cuestión, encuentra esta Sala que, a la luz de lo contemplado en la Ley 115 de 1994 y en la Ley 812 de 2003, la aplicación del parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 para el reconocimiento de la prima de servicios a docentes oficiales, en los términos de las decisiones cuestionadas, no resulta irrazonable, caprichosa, ni arbitraria. Por el contrario, y sin perjuicio de la labor de unificación de la jurisprudencia en materia contenciosa laboral del Consejo de Estado, observa la Sala que, prima facie, resulta razonable afirmar que la norma de la Ley 91 de 1989 mencionada (i) resulta aplicable a los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho resueltos por el Tribunal accionado para el reconocimiento de la prima de servicios a docentes oficiales, (ii) es pertinente en cuanto hace parte del régimen prestacional de los docentes estatales, tal como se ha reconocido en varias disposiciones legales, entre ellas las trascritas, y (iii) se encuentra vigente, en tanto no ha sido derogada ni declarada inconstitucional por esta Corporación, a pesar de los diversas modificaciones en el régimen prestacional de los docentes estatales.”
Por lo anterior, la Organización Jurídica Conde Abogados se encuentra adelantado los procesos administrativos y judiciales de reclamo de la prima de servicios, los interesados en ser asesorados por esta organización pueden acercarse a nuestras oficinas.
¿Debe Estados Unidos (EEUU) seguir siendo el Adalid de los Derechos de Propiedad Intelectual?
Desde la segunda mitad del siglo veinte EEUU ha sido considerado como el país líder en protección de derecho de propiedad intelectual, ya que jugó un papel determinante en incluir derechos de propiedad intelectual en el libre comercio por medio tratados bilaterales en los años 80s (ej. con Corea y Taiwán), posteriormente en la Organización Mundial de Comercio (más información aquí) con la creación de los acuerdos sobre los ADPIC en la década de los 90s, y recientemente en otros acuerdos bilaterales con Marruecos, Colombia, Perú, etc. Para EEUU la razón principal ha sido la protección de un importante número de industrias nacionales (farmacéuticas, disqueras, películas, etc.) que dependen en gran media de derechos de propiedad intelectual tales como las marcas, derechos de autor y patentes.
Sin embargo, cambios en la economía mundial y la globalización podrían darle la vuelta a esta visión. Por ejemplo, las industrias estadounidenses obtienen cada vez menos patentes, incluso en su país de origen, a esto se le suma el hecho que la oficina de patentes de China registra más patentes que su contraparte norteamericana ( más información aquí, aquí y aquí). En el mercado de celulares, cuatro de las cinco empresas fabricantes líderes a nivel mundial de estos dispositivos pertenecen a compañías o consorcios que no son de origen norteamericano (Samsung, Huawei, Sony and ZTE), sólo la californiana, Apple, tiene una importante participación en éste mercado. Un informe reciente señala que EEUU ha perdido participación prácticamente en todos los sectores que demandan cierto tipo de protección por medio de derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, cuatro de las seis casas editoriales más importantes del mundo (Random House, Hachette, Penguin, Macmillan) tienen su domicilio por fuera de EEUU; sólo una de las tres disqueras más grandes del mundo en términos de mercado es de origen estadunidense (Warner); y en la fabricación de consolas para videojuegos, Japón cuenta con tres compañías (Nintendo, Playstation y Sega) mientras que EEUU sólo tiene a Xbox.
Aunque en el futuro próximo no sucederá un cambio radical en la forma como EEUU dirige sus políticas a nivel nacional e internacional en temas de propiedad intelectual, por lo menos la percepción que existe dentro y fuera de EEUU, de que este país es el líder indiscutible en industrias que buscan protección por medio de la propiedad intelectual puede empezar a ser objeto de debate según las cifras que se presentaron anteriormente. Ampliando el panorama, estas industrias siguen aun concentradas en países desarrollados (Alemania, Francia, Reino Unido, Corea, Japón) con una creciente participación de otras grandes economías, en especial China, pero con escasa participación de otros países en vía de desarrollo como Colombia.
Se ordenó a la Policía Nacional al reconocimiento y pago de perjuicios a los demandantes por fumigación en predio.
En sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá y ordenó a la Policía Nacional a la realización de un proyecto restaurativo en los predios afectados. (Justicia Restaurativa)
El señor JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS ROJAS junto con su núcleo familiar presentó acción de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, solicitando el reconocimiento de los perjuicios ocasionados como consecuencia de la fumigación realizada el día 26 de abril de 1999 por la Sección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en su predio ubicado en el municipio de Belén de los Andaquíes (Caquetá), destinado al cultivo lícito de caucho, yuca, sembradas de pasto “brachiaria” y de bosque virgen o de reserva.
En sentencia de primera instancia de fecha 22 de octubre de 2001, el Tribunal Administrativo del Caquetá resolvió declarar patrimonialmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, al estimar probado el hecho de la fumigación, fundado en las declaraciones de los vecinos de los demandantes y confirmadas por la demandada por los informes de operaciones de erradicación de cultivos ilícitos; además, consideró la existencia del nexo causal, por cuanto los daños sufridos en los cultivos del predio de los demandantes resultaron compatibles con los que causa el herbicida glifosato que habitualmente utiliza la Policía Nacional para la erradicación de cultivos ilícitos, así mismo determinó la existencia de la falla en la prestación del servicio que encontró probada por cuanto la demandada no verificó la existencia de cultivos ilícitos en el predio fumigado y tampoco realizó el trámite previsto en el art. 77 de la Ley 30 de 1986.
En segunda instancia el Consejo de Estado en sentencia de fecha 30 de enero de 2013, consideró que se encuentran acreditados (i) el hecho generador del daño, esto es, la aspersión aérea de glifosato realizada por la Policía Nacional, (ii) los daños causados al predio La Trinidad ubicado en la vereda Agua Dulce del municipio Belén de los Andaquíes y (iii) el nexo de causalidad entre uno y otro, por lo que determinó confirmar la sentencia de primera instancia y además impuso a la demandada medias de justicia restaurativa consistente en un proyecto de reforestación en las áreas afectas por la fumigación.
Sentencia: http://www.scribd.com/doc/128046193/sentencia-del-30-de-enero-CE-Fumigacion
Hace muy poco en Colombia la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la “Ley Lleras” (para un poco mas de antecedentes sobre el tema haga click aquí y aquí), y aunque la Corte hizo algunas menciones sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de PI de cara a los acuerdos bilaterales en la materia, el fallo fue más de forma que de fondo. Esta discusión debería permitir un debate mucho más sustancial al que se ha presentado recientemente en Colombia, pues la propiedad intelectual parece ser mas una lista de deberes que nos dictan que debemos hacer para poder entrar libremente al mercado más importante del mundo, que una política para la innovación y el desarrollo económico de una industria creativa que aun no existe en Colombia.
El discurso de las autoridades Colombianas y muchos académicos locales se basa en la necesidad de proteger vehemente los derechos de autor y conexos pues estos ayudarían a que existan mas contenidos disponibles para los usuarios. En este orden de ideas, el uso del internet en su forma actual destruiría la poca industria creativa en el país y desincentivaría una mayor inversión en este sector. Por lo que hay que establecer límites al uso indebido que se hace del internet como lo ha intento hacer la Ley Lleras.
Sin embargo, un reciente estudio de Mike Masnick, encargado por the Computer &amp; Communications Industry Assocation (CCIA) (para ver todo el reporte haga click aquí ) ha encontrado que la industria del entretenimiento ha tenido un repunte no soló en ventas sino también en la cantidad de contenidos que ésta industria genera. Por ejemplo, la industria creció de 449 billones de dólares en 1998 a 745 billones en el 2010. Igualmente, diferentes sectores de la industria del entretenimiento (ej. libros, cine, videojuegos, etc) han tenido un alto crecimiento en contenidos , que se ha debido, en gran parte por la facilidad en el acceso a dichos contenidos, lo cual ha permitido el surgir de un modelo de negocios diferente al que pretenden defender legislaciones como la Ley Lleras.
La industria creativa en Colombia es incipiente y retrasada tecnológicamente por ello es importante revisar mecanismos que busquen incentivar un nuevo modelo de negocios basados en facilitar el acceso a contenidos más que en restringirlos
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