Source: http://murciaconfidencial.blogspot.com.es/2011_07_15_archive.html
Timestamp: 2017-04-24 15:22:02+00:00

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Murcia Confidencial*: 15-jul-2011
Peñarrubia pide la comparecencia de Salgado en el Senado ante las "indignantes" actuaciones del Consorcio de Seguros en Lorca
MURCIA.- El portavoz del Grupo Territorial de Senadores del Partido Popular por Murcia, José Joaquín Peñarrubia, ha solicitado este viernes, a través de una iniciativa de su Grupo Parlamentario, la comparecencia de la vicepresidenta Elena Salgado para explicar las "polémicas" actuaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, en relación al terremoto acaecido en Lorca el pasado 11 de mayo.
El parlamentario popular quiere que el Gobierno explique las razones de su deficiente gestión del terremoto y ha recordado que "los ministros de Zapatero acudieron en tromba cuando las ruinas humeaban, propalaron engaños que se han traducido en incumplimientos y, ahora que el asunto ya no es un referente mediático en los medios nacionales, humillan a Lorca con el olvido". Según el senador del PP, la gestión de las ayudas y compensaciones de seguros está provocando entre los ciudadanos lorquinos una honda sensación de "malestar, indignación, indefensión e impotencia". Peñarrubia ha recordado que el Real Decreto aprobado por el Gobierno el 13 de mayo, que actualmente se está convalidando en el Parlamento como Proyecto de Ley, establecía, dentro de las medidas urgentes para reparar los daños causados por el seísmo, que el Consorcio, en nombre de las compañías de seguros, se encargase de indemnizar a los particulares afectados por daños en edificios, viviendas, locales comerciales y de negocios, tanto en relación a los bienes inmuebles como el lucro cesante, que se encontrasen cubiertos por pólizas de aseguramiento. El problema, según ha denunciado el senador popular, es que, "hasta la fecha, los únicos acuerdos que se están alcanzando entre asegurados y tasadores del Consorcio son los relativos a los daños de menor cuantía, mientras que, por el contrario, hay enormes dificultades para abordar los siniestros de cierta entidad". Según Peñarrubia, la gestión del asunto es tan mala que, incluso, en el caso de los daños de pequeña cuantía, se están produciendo notables retrasos de más de 30 días, "que resultan completamente incomprensibles" y que "entorpecen" todo el proceso. El parlamentario del PP denuncia además que el consorcio realiza, ya de principio, una valoración a la baja, de en torno al 20 por ciento, como están denunciando los afectados. En opinión del senador, es un problema muy serio, ya que las rehabilitaciones y reparaciones se eternizan en el tiempo y, como consecuencia de ello, surgen daños posteriores, causados precisamente por la falta de actuaciones. "En estos casos extremos, si el afectado quiere contactar con el tasador asignado, que ya realizó la primera visita, el asunto se vuelve imposible, como nos están trasladando muchos asegurados", ha relatado Peñarrubia. Así las cosas, cuando los daños a compensar son de mayor cuantía y de tipo estructural, los siniestros principales, la situación se torna "más grave e inquietante". El senador lorquino ha explicado que, en ese supuesto, el Consorcio recurre a una empresa subcontratada que se dedica a intentar orientar el estudio y solución del problema a determinados contratistas de fuera de la Región de Murcia.
Solicitan prorroga
El Ayuntamiento de Lorca ha oficializado este viernes la petición al Gobierno de la Nación para que amplíe el plazo para la presentación de ayudas al objeto de subvencionar gastos relacionados con los daños ocasionados por los terremotos del pasado 11 de mayo.
Así lo ha anunciado el portavoz municipal de Comunicación del Ayuntamiento, Francisco García, ha precisado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado una moción en tal sentido, que será remitida a la Delegación del Gobierno. Esta solicitud se fundamenta, según fuentes municipales, en la aparición de daños en numerosas edificaciones que no habían sido detectados con anterioridad, incluyendo la declaración de ruina de varios edificios y su necesaria demolición y desescombro. En concreto, la moción señala que, con fecha 3 de junio de 2011, se publicó en el BORM número 132 la orden por la que se desarrolla el Real Decreto ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos en Lorca, encaminada a la concesión de ayudas al Ayuntamiento de Lorca por los gastos de emergencia en que haya incurrido como consecuencia de las actuaciones imprescindibles e inaplazables para garantizar la vida y la seguridad de las personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Así como para resarcir los gastos ocasionados por la prestación personal o de bienes o servicios de aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido requeridas por la autoridad competente en materia de protección civil en el ámbito de la Administración General del Estado con motivo de la situación de emergencia, concediéndose al efecto un plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la fecha de entrada en vigor de la mencionada orden.
Considerando la conclusión de dicho plazo el próximo 4 de agosto y dadas las características singulares de los seísmos acaecidos en Lorca, han hecho del mismo que "muchos de los daños se encuentren todavía por determinar, pudiéndose en los meses sucesivos detectar nuevos hechos que pudieran estar incluidos por sus características dentro de los gastos subvencionables".
Es por tanto, desde el punto de vista de la naturaleza del seísmo y desde la excepcionalidad de los casos que, de forma particular, puedan ir apareciendo es por lo que el Ayuntamiento de Lorca propone una ampliación de plazos para los supuestos puntuales puedan surgir.
Pedro Saura cifra en 2.000 millones la deuda de la Comunidad a proveedores
MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, ha lamentado que "Valcárcel siga sin tomar medidas para contener el gasto improductivo, para controlar el déficit y para pagar a los proveedores", a pesar de que la deuda a estos últimos sea, según ha cifrado Saura, de "2.000 millones de euros".
Por ello, no entiende como, tras conocerse los datos sobre el estado económico del resto de Comunidades Autónomas, "Cospedal está alarmada porque Castilla-La Mancha debe a los proveedores 1.700 millones de euros, mientras en la Región de Murcia se deben 2.000 millones de euros y no veo a Valcárcel ni estresado ni tenso". En este sentido, ha reiterado que "la Comunidad Autónoma debe 2.000 millones de euros a proveedores, a la gran mayoría desde hace un año y al Servicio Murciano de Salud desde hace casi dos años". De hecho, ha asegurado, "muchas de las asociaciones que trabajan con la Comunidad Autónoma y que están generando tejido social no reciben subvención desde hace un año". Pero lo peor para el secretario general del PSRM-PSOE "es que a estas alturas no hay ningún plan para pagar a los proveedores". A su juicio, "el Gobierno regional no está tomando medidas para resolver un problema creciente que tiene la Comunidad. Valcárcel y sus consejeros han creado un monstruo de gasto público y de gasto improductivo que se la está comiendo".
La CAM dice que habría superado las pruebas si se hubieran contabilizado las provisiones genéricas
ALICANTE.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha indicado este viernes que habría superado el test de estrés a la banca si se hubieran tenido en cuenta las provisiones genéricas constituidas a cierre de 2010 por importe de 1.001 millones de euros y ha subrayado que no necesita "ninguna aportación de capital adicional".
La CAM es una de las cinco entidades españolas que no han superado los pruebas de estrés a la banca europea al no alcanzar un ratio de capital 'core Tier 1' superior al 5% en el escenario adverso establecido para 2012, según los criterios establecidos de la Autoridad Europea Bancaria (EBA por sus siglas en inglés). Tras conocerse los resultados del text, la caja alicantina ha resaltado que habría pasado el mismo, con un 5,1% de Core Tier 1, si se hubieran tenido en cuenta esas provisiones de 1.001 millones a cierre de 2010 y en el supuesto de un escenario económico muy adverso, con caídas del 2,1% del PIB y caída del precio de los inmuebles del 47%. Por ello, ha insistido en que la entidad no necesita ninguna aportación de capital adicional. Asimismo, ha recordado que está desarrollando "con éxito" su Plan de Recapitalización, "cumpliendo con estrictas medidas de ahorro de costes que situarán la eficiencia y productividad de la entidad en los niveles requeridos por el nuevo entorno competitivo y regulatorio". Por otra parte, ha resaltado también que la exposición de la CAM a riesgo soberano procedente de países distintos de España "es muy reducida y representa un 0,7% del total del activo".
ZURICH.- El banco suizo Credit Suisse, socio actual en 'Polaris World', está siendo investigado por las autoridades estadounidenses en relación con los servicios de banca privada transfronterizos prestados por la entidad a sus clientes estadounidenses, que podrían haber utilizado esta vía para defraudar impuestos al fisco de EEUU, reconoció el segundo mayor banco de Suiza. "Credit Suisse recibió el 14 de julio una notificación del Departamento de Justicia de EEUU, donde se le informaba de que es objeto de una investigación", informó la entidad helvética. En este sentido, el banco precisó que en los últimos tiempos ha venido colaborando con las solicitudes de información por parte de las autoridades estadounidenses en relación con los "servicios de banca privada transnacional prestados a clientes estadounidenses". Asimismo, Credit Suisse enmarcó estas pesquisas en una investigación más amplia por parte de las autoridades de EEUU, que afectaría al conjunto del sector financiero y mostró su disposición a colaborar en la resolución de la misma en línea con los criterios establecidos por las leyes suizas.
MADRID.- El 79 por ciento de los españoles considera que el número de personas de origen inmigrante en el país es "elevado" (33%) o "excesivo" (46%), ya que la mayor parte de los ciudadanos cree que los extranjeros suponen el 21,3 por ciento de la población total, cuando en realidad, no llegan al 12 por ciento. También siguen pensando que reciben más del Estado de lo que aportan, aunque los datos dicen lo contrario. Así lo recoge el informe 'Evolución del racismo y la xenofobia en España 2010' elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) a partir de una encuesta del CIS de 2009, del que se desprende que un 36 por ciento de los ciudadanos sigue siendo "reacio" a la inmigración, mientras se ha reducido un cinco por ciento el grupo de quienes piensan que sus efectos son positivos o muy positivos para España (41%). El presidente del Oberaxe, Nicolás Marugán, ha destacado que la cifra de "reacios" se ha mantenido estable pese a la crisis económica, aunque "empeora mucho la imagen" que tienen los españoles de los foráneos en el año 2009 con respecto a 2008 "porque hay mucha estereotipia", especialmente en lo que se refiere al uso de los servicios públicos y al mercado laboral. "Los españoles piensan que los inmigrantes abusan de los servicios sanitarios y de los educativos, y que los extranjeros los usan más y que reciben más del Estado que lo que aportan cuando los datos evidencian todo lo contrario", explica el experto, para quien "puede ser" que hagan falta más servicios públicos, "pero desde luego, los que hay no los usan más los inmigrantes, sino los españoles". Así, el 25 por ciento consideraba en 2009 que los inmigrantes "reciben mucho más del Estado de lo que aportan", (en 2008 eran el 20%) y el 56 por ciento considera que reciben "mucha o bastante protección por parte del Estado". Casi la mitad cree que aunque tengan los mismos ingresos, los foráneos reciben "más ayudas sanitarias" y un 52 por ciento piensa que tienen "más ayudas escolares". Más de la mitad cree que "abusan" de la gratuidad del sistema de salud y que empeoran la calidad de la atención tanto médica como escolar. En este sentido, el informe refleja un aumento del dos por ciento entre quienes piensan que los españoles deberían tener preferencia para acceder a la atención sanitaria, creencia que comparte el 44 por ciento de la población. Además, el 56% opina que deberían tener preferencia para elegir el colegio de sus hijos, un uno por ciento más que en 2008 y tres de cada diez cree que la presencia de hijos de inmigrantes en las escuelas no enriquece al conjunto de los alumnos. Asimismo, en un test de respuesta espontánea, el 30 por ciento de los encuestados dijo que el aspecto negativo que destacaría más de la inmigración son "más problemas de delincuencia e inseguridad", si bien son un tres por ciento menos que en 2008; y un 13 por ciento apuntó "problemas de integración y choque cultural" (2% más). La tercera respuesta más mencionada fue "más competitividad en el mercado de trabajo", con un doce por ciento del total. "El tema de la competitividad laboral es clave y preocupante. Hace años las respuestas ante el mercado de trabajo no eran tan claras como ahora y lo que más ha cambiado es la actitud de los jóvenes, que antes tenían unas respuestas mucho más tolerantes, sobre todo los que estaban en desempleo, y se están tornando de tolerancia a ambivalencia, sobre todo los que están en desempleo", ha añadido. Sobre este punto, el estudio, basado en una encuesta del CIS de 2009, arroja un incremento del 4% entre quienes piensan que los españoles deben tener prioridad para acceder a un puesto de trabajo: el 64 por ciento de la población autóctona está de acuerdo con esta afirmación. Entre los menores de 30 años el aumento ha sido de un seis por ciento y ahora opina así el 58 por ciento. En términos generales, ha aumentado cuatro puntos hasta el 58 por ciento el grupo de quienes creen que los inmigrantes "quitan puestos de trabajo a los españoles" y un 73% considera que provocan bajadas salariales. No obstante, el grupo mayoritario (78%) es el que sostiene que los extranjeros "desempeñan trabajos que los españoles no quieren hacer". Otro de los asuntos sometidos a estudio es la percepción de la política migratoria. El 42% de los ciudadanos considera que las leyes son "demasiado tolerantes", cifra que se mantiene estable respecto al año anterior. En 2008 estaba de acuerdo con esta idea un 34% de los jóvenes y en 2009, el 39%. También ha aumentado el grupo de quienes piensan que se debe devolver a los inmigrantes en situación irregular a su país (un 19%, tres puntos más) y el 12% considera que no se debe acoger a quienes piden asilo político (un 1% más que en 2008). Para el 39 por ciento de la población, convertirse en un parado de larga duración debe ser motivo de expulsión y hasta un 69 por ciento (2% más que en 2008) considera que se debe expulsar al extranjero que cometa "cualquier delito". Nuevamente, entre los jóvenes se ha producido un aumento mayor, pasando de un 60% a un 65% quienes están de acuerdo con esta afirmación. En cuanto a los derechos de los inmigrantes, los datos se mantienen estables respecto al año anterior: un 79 por ciento cree que deben tener derecho a traerse a su familia, un 87% comparte que deben cobrar subsidio si quedan desempleados, un 61 por ciento está de acuerdo con que voten en las elecciones municipales y un 52 por ciento también con que participen en las generales. Sobre este punto, un 63 por ciento de los jóvenes estaba de acuerdo en 2008, pero en 2009 fue un ocho por ciento menos. Sobre la integración de los extranjeros, misión que la mitad de los ciudadanos atribuye al Gobierno, el 50 por ciento piensa que los inmigrantes deberían poder mantener en España "sólo aquellos aspectos de su cultura y costumbres que no molesten al resto de los españoles", aunque para el 45% su presencia enriquece la cultura española. Cuando se pide una valoración de la "conveniencia" de que la diversidad en la sociedad, tener varias razas obtiene 6,04 puntos; distintas culturas un 6,38 y distintas religiones un 5,28. Sobre este asunto, destaca que un 37 por ciento de la población considera "aceptable" protestar contra la construcción de una mezquita, un dos por ciento menos que en el año anterior.
Camps, primer presidente en activo de una CCAA que se sienta en el banquillo
VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, será el primer presidente en ejercicio de una comunidad autónoma que se siente en el banquillo ante un jurado popular. Lo hará previsiblemente en el mes de octubre de este año por un presunto delito de cohecho pasivo impropio, dentro de la conocida como 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel'.
Camps estará acompañado en el banquillo por otros tres imputados en esta causa: el ex secretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos; y el ex jefe de Gabinete de la Consejería de Turismo y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. El jefe del Consell, Costa y Betoret se enfrentan a pagar una multa de 41.250 euros, tal y como solicita para ellos la Fiscalía Anticorrupción, mientras que el ministerio reclama para Campos 35.000 euros. Por su parte, el PSPV, que ejerce de acción popular, eleva la petición para los cuatro hasta los tres años de prisión y ocho de inhabilitación. Las defensas piden el sobreseimiento. Los cuatro imputados se sentarán en el banquillo por decisión de José Flors, quien ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral. Ahora, los testimonios, efectos, instrumentos del delito y demás piezas de convicción serán remitidos al tribunal competente para el enjuiciamiento, tal y como detalla el artículo 34 de la Ley del Jurado. El magistrado que presidirá el tribunal será Juan Climent --a quien le ha correspondido por turno--, quien contará con la asistencia de un secretario y será el que se encargará de fijar una fecha de juicio. Para la constitución del jurado, Climent citará al menos a veinte de los candidatos convocados y los interrogará por si hubiera falta de requisitos, causas de incapacidad, incompatibilidad, prohibición o excusa. También podrán las partes interrogar a los candidatos y recusar a los que estimen que no cumplen con los requisitos. El magistrado resolverá sobre las recusaciones propuestas, sin que quepa recurso, pero sí protesta. Cuando se llegue al número suficiente de candidatos a jurados, se procederá a un sorteo sucesivo para seleccionar a las nueve personas que formarán parte del tribunal y otros dos más como suplentes. Una vez constituido el tribunal, se recibirá juramento o promesa de los seleccionados para actuar como jurados. El magistrado, cuando todos hayan concluido con este trámite, mandará comenzar la audiencia pública siguiendo lo dispuesto en los artículos 680 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
MURCIA.- El alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, ha asegurado que tiene decidido que seguirá ejerciendo el cargo que actualmente desempeña porque "estamos en un Estado de Derecho" y como tal, puesto que la sentencia que le condena a 12 años de inhabilitación especial no es firme y la recurrirá ante el Tribunal Supremo, "me considero inocente y seguiré como alcalde porque no me ha nombrado la Audiencia, sino que me han elegido los ciudadanos en las elecciones".
Al respecto, el regidor fortunero, del Partido Popular, ha calificado la sentencia, que también condena a la ex edil de Empleo, María Dolores Sánchez, por participar ambos en una trama de compra de votos por correo en los comicios municipales de 2003, de "política" al considerar que "no hay ningún fundamento jurídico para mi condena". Una condena, ha opinado, "que no es justa, porque es algo que no he hecho"; razón por la que ha dejado claro que recurrirá hasta el último organismo. Y es que, ha explicado, "quitarme sí que me puede quitar la justicia, pero ponerme no me ha puesto la justicia, y si no hay motivo justificado y firme para que deje de ser alcalde, no dejaré de serlo". "El pueblo, ha continuado defendiendo Carrillo, ha elegido una candidatura de una lista del PP y he sido elegido como alcalde". En el supuesto de que el partido decidiera darle de baja o suspenderlo cautelarmente, como ha ocurrido con otros alcaldes que se han visto implicados presuntamente en tramas de corrupción y estén pendientes de la apertura de juicio oral, ha dejado claro que "no le gusta hablar de hipótesis, sino de hecho concretos" pero en el caso, ha dicho que "de ser así, pues estaré de baja en el partido". Precisamente, algunos de los miembros del PP le han transmitido su apoyo porque "creen" en la inocencia del alcalde, y aunque "respetan la justicia y la sentencia, entienden que no ha terminado el trámite que se ha iniciado, ya que hay un recurso de apelación en marcha al Supremo y que diga lo que tiene que decir". En esta línea, Carrillo ha denunciado públicamente que se le imputen los delitos electoral y de prevaricación porque, aunque reconoce que firmó contratos, ha defendido tal actitud argumentando que lo hizo porque es alcalde desde el año 1999 y el responsable legal del Consistorio. "He firmado los contratos que se me han puesto, conforme a unas bases establecidas en el Ayuntamiento, porque no podía firmarlo otra persona", ha señalado el regidor fortunero, para después considerar que el hecho de que se le condene por ello y porque es funcionario de Correos "y han habido votos por correo, son conjeturas pero no ningún fundamento jurídico para que se me condene". Según comenta, a una persona "no se le puede imputar un delito de prevaricación si no adopta una resolución injusta a sabiendas". "He firmado unos contratos legalmente establecidos en el Ayuntamiento, pasando por una base de contratación y elaborado por una asesoría externa al Ayuntamiento que me dice que los contratos son legales y los firmo, porque soy el representante legal", ha incidido. No se trata de contratos solo del año 2003, sino desde el año 1999, ha precisado Carrillo, quien ha dejado claro que no participó en "ninguna trama ni conozco ninguna trama de votos por correo", por lo que dice mantener su inocencia.
Manuel Hurtado pasa la vergüenza de tener que declarar ante el Tribunal Supremo como un vulgar "chorizo"
MADRID.- El senador del PSOE por Murcia y ex alcalde de Ceutí, Manuel Hurtado, ha declarado este viernes, en calidad de imputado, durante poco más de una hora ante el Tribunal Supremo por las supuestas irregularidades cometidas en las obras de adjudicación y contratación de un complejo polideportivo en el municipio murciano de Ceutí. A su salida del alto tribunal, ha expresado su deseo de que se dicte "pronto" la resolución sobre este asunto.
El exalcalde de la localidad murciana de Ceutí ha llegado acompañado de su abogado, con cuarenta minutos de antelación, para responder por la querella que presentaron dos concejalas del Partido Popular en su contra por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. A su llegada al Supremo, ha declarado que comparece "con buen ánimo" para defender su "inocencia". Hurtado ha comparecido ante el magistrado de la Sala de lo Penal Carlos Granados en una sesión que se ha desarrollado a puerta cerrada y se ha prolongado durante poco más de una hora. "Llevo cinco años casi sin haber hablado del tema y hasta que no esté la resolución prefiero seguir así", ha declarado Hurtado a los periodistas, para añadir que espera que "salga pronto la resolución" sobre este caso. Las concejalas del PP Beatriz Sandoval y Adoración Ayala presentaron una querella sobre la adjudicación a una empresa para la construcción del Complejo Deportivo 'José Antonio Camacho' de Ceutí, por valor de 1.883.263,85 euros. Las dos ediles denunciaron entonces que Hurtado adjudicó la obra "sin respetar los procesos de contratación que contempla la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas". La comparecencia del exregidor de Ceutí se ha producido de forma voluntaria, por lo que la Cámara Alta no se ha visto obligada a tramitar el suplicatorio, según han informado fuentes del alto tribunal. El Supremo asumió el pasado diciembre la competencia de la investigación por su condición de senador. Una vez que el Supremo declarara su competencia para encausar al senador, Hurtado defendió en diciembre su inocencia y dejó claro que las obras de contratación fueron "perfectas". El que fuera alcalde de Ceutí durante casi tres décadas manifestó entonces que se trata de un tema que "movió" el PP y cuestionó que presentara en 2007 una denuncia por unos hechos de 2003. Los hechos se remontan al pasado mes de mayo de 2007, cuando la presidenta del Partido Popular en Ceutí, Beatriz Sandoval, y la concejala, Adoración Ayala, anunciaron la presentación de una "querella criminal" ante el Juzgado de Instrucción de Molina de Segura contra Hurtado, por "presunto delito de prevaricación y un presunto delito de falsedad documental en la adjudicación y contratación de una obra a espaldas del órgano competente".
El ex militar Eduardo Garro, interventor general de la Comunidad Autónoma
MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el nombramiento, en la Consejería de Economía y Hacienda, del ex militar Eduardo José Garro en Intervención General; José María Lozano, en la Dirección General de Patrimonio; y de María José Portillo, doctora en Economía por la Universidad de Murcia (UMU), en la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica.
Mientras que en la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, de la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía estará al frente María Dolores Alarcón. El Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia lo ocupará el hasta ahora presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, el abogado Juan Hernández Albarracín. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del portavoz del Ejecutivo autonómico, el nombramiento del director general de Comunicación, Miguel Ángel Pérez, como portavoz adjunto del Gobierno regional.
Caja Mediterráneo suspende el test de estrés
BRUSELAS.- Un total de 8 de las 90 principales entidades financieras europeas que se han sometido a los test de estrés coordinados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) han suspendido el examen al no haber podido mantener al menos un capital básico del 5% en el escenario económico más adverso. Entre ellas, está la CAM.
Se trata de cinco entidades españolas (Cataluña Caixa, Banco Pastor, Unnim, Caja3 y la CAM), dos bancos griegos (Atebank y Eurobank EFG) y uno austríaco (Volksbanken). El banco alemán Helaba se retiró de los test tras saber que suspendía. En total, los bancos que no pasan las pruebas de solvencia necesitan un capital adicional de 2.500 millones de euros. La entidad de la UE que requiere más fondos es la CAM (947 millones), seguida de Atebank (713 millones). Otros 16 bancos se quedan al límite del suspenso, con un capital de calidad (core tier 1) de entre el 5% y el 6%. De ellos siete son españoles, dos alemanes, dos polacos, dos griegos y uno esloveno. El escenario más negativo incluye una contracción del PIB en la eurozona del 0,5% en 2011 y del 0,2% en 2012, con tasas de paro del 10,3% y el 10,8% respectivamente. Los bancos que han suspendido las pruebas tienen ahora un plazo de tres meses para presentar un plan de recapitalización. Estos planes deberán privilegiar soluciones del sector privado, pero los ministros de Economía de los 27 se han comprometido a acudir al rescate de las entidades que no logren fondos en los mercados. Las subvenciones públicas a la banca deberán respetar las normas de la UE sobre ayudas de Estado, lo que significa que las entidades beneficiarias deberán reestructurarse y reducir su tamaño. Para los bancos que están cerca del 5%, la EBA recomienda a los respectivos supervisores nacionales que les obliguen a adoptar medidas para reforzar su capital, como restricciones a los dividendos, ampliaciones de capital o actuaciones para reducir el apalancamiento. CatalunyaCaixa, Banco Pastor, Unnim, Caja3 y la CAM son las cinco entidades españolas que no han superado los pruebas de estrés a la banca europea al no alcanzar un ratio de capital 'core Tier 1' superior al 5% en el escenario adverso establecido para 2012, según los criterios establecidos de la Autoridad Europea Bancaria (EBA por sus siglas en inglés). Según la definición de capital realizada por la institución, estas cinco necesitarían unas aportaciones adicionales de capital de 1.564 millones de euros para alcanzar el ratio de capital 'core Tier 1' exigido en las pruebas. Sin embargo, teniendo en cuenta otras medidas mitigadoras reconocidas, como las provisiones genéricas o las convertibles, estas entidades lograrían alcanzar el ratio mínimo del 5% y no necesitará capital adicional. La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) es la entidad española que peor nota obtiene en las pruebas de estrés al alcanzar un ratio 3% en el escenario adverso, frente al 3,8% que tenía a fecha de 31 de diciembre de 2010, por lo que necesita 947 millones de euros para alcanzar el mínimo del 5% exigido por la EBA. En cambio, teniendo en cuenta las provisiones genéricas, la CAM lograría aprobar por un margen ajustado las pruebas de resistencia, al alcanzar un ratio de capital 'core Tier 1' del 5,1%. Por su parte, el Banco Pastor, que partía de un ratio de capital del 7,6%, obtiene en el escenario adverso para 2012 un porcentaje del 3,3%, lo que implica que necesita capital adicional por importe de 317 millones de euros. Teniendo en cuenta otras medidas atenuantes, su ratio de capital alcanza el 5,6%. Caja3, entidad constituida por Caja Badajoz, CAI de Aragón y Caja Círculo de Burgos, pasa de un ratio de capital en 2010 del 8,6% a un 4% en el escenario adverso para 2012, lo que supone que necesita un capital adicional de 140 millones de euros. Sin embargo, contando con las provisiones genéricas, su ratio de capital asciende al 6,6%. Unnim, nombre bajo el que se agrupan Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleu, obtiene en el escenario adverso un ratio de capital del 4,5%, frente al 6,3% registrado a fecha de 31 de diciembre de 2010. Según la EBA, Unnim necesitaría 85 millones de euros de capital, pero teniendo en cuenta las provisiones genéricas, su ratio ascendería al 6,2%, por lo que no necesitaría capital adicional. Asimismo, CatalunyaCaixa alcanza un ratio de capital 'core Tier 1' en el escenario adverso del 4,8%, frente al 6,4% que tenía a fecha de 31 de diciembre de 2010, por lo que la EBA sitúa el capital adicional necesario en 75 millones de euros. Teniendo en cuenta otras medidas mitigadoras, la entidad superaría la prueba al alcanzar un ratio del 6,3%.
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 artículo 34
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