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Timestamp: 2016-10-22 13:30:37+00:00

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Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. T�TULO PRIMERO.�Normas generales del sistema de la Seguridad Social (Vigente hasta el 17 de Marzo de 2013).
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Vigente hasta el 17 de Marzo de 2013).
Vigencia desde 01 de Septiembre de 1994. Esta revisi�n vigente desde 24 de Febrero de 2013 hasta 17 de Marzo de 2013
Vigente desde 14/Diciembre/1998 hasta 20/Octubre/1999
Vigente desde 20/Octubre/1999 hasta 7/Noviembre/1999
Vigente desde 7/Noviembre/1999 hasta 1/Enero/2000
Vigente desde 1/Enero/2001 hasta 11/Julio/2001
Vigente desde 11/Julio/2001 hasta 1/Enero/2002
Vigente desde 1/Enero/2002 hasta 26/Mayo/2002
Vigente desde 26/Mayo/2002 hasta 14/Julio/2002
Vigente desde 14/Julio/2002 hasta 14/Diciembre/2002
Vigente desde 14/Diciembre/2002 hasta 1/Enero/2003
Vigente desde 1/Enero/2003 hasta 27/Abril/2003
Vigente desde 27/Abril/2003 hasta 23/Mayo/2003
Vigente desde 23/Mayo/2003 hasta 1/Octubre/2003
Vigente desde 1/Octubre/2003 hasta 13/Noviembre/2003
Vigente desde 13/Noviembre/2003 hasta 9/Diciembre/2003
Vigente desde 9/Diciembre/2003 hasta 1/Enero/2004
Vigente desde 1/Enero/2004 hasta 1/Junio/2004
Vigente desde 1/Junio/2004 hasta 1/Julio/2004
Vigente desde 1/Julio/2004 hasta 1/Septiembre/2004
Vigente desde 1/Enero/2005 hasta 28/Enero/2005
Vigente desde 28/Enero/2005 hasta 23/Abril/2005
Vigente desde 23/Abril/2005 hasta 8/Junio/2005
Vigente desde 8/Junio/2005 hasta 1/Julio/2005
Vigente desde 1/Enero/2006 hasta 1/Julio/2006
Vigente desde 1/Julio/2006 hasta 9/Diciembre/2006
Vigente desde 9/Diciembre/2006 hasta 31/Diciembre/2006
Vigente desde 31/Diciembre/2006 hasta 1/Enero/2007
Vigente desde 24/Marzo/2007 hasta 1/Agosto/2007
Vigente desde 1/Agosto/2007 hasta 12/Octubre/2007
Vigente desde 12/Octubre/2007 hasta 16/Noviembre/2007
Vigente desde 16/Noviembre/2007 hasta 1/Enero/2008
Vigente desde 1/Enero/2008 hasta 30/Abril/2008
Vigente desde 30/Abril/2008 hasta 1/Enero/2009
Vigente desde 1/Enero/2009 hasta 8/Marzo/2009
Vigente desde 8/Marzo/2009 hasta 16/Agosto/2009
Vigente desde 16/Agosto/2009 hasta 13/Noviembre/2009
Vigente desde 13/Noviembre/2009 hasta 1/Enero/2010
Vigente desde 1/Enero/2010 hasta 25/Mayo/2010
Vigente desde 25/Mayo/2010 hasta 18/Junio/2010
Vigente desde 19/Septiembre/2010 hasta 6/Noviembre/2010
Vigente desde 1/Enero/2011 hasta 30/Abril/2011
Vigente desde 30/Abril/2011 hasta 2/Agosto/2011
Vigente desde 2/Agosto/2011 hasta 1/Enero/2012
Vigente desde 1/Enero/2012 hasta 12/Febrero/2012
Vigente desde 12/Febrero/2012 hasta 1/Julio/2012
Vigente desde 1/Julio/2012 hasta 8/Julio/2012
Vigente desde 8/Julio/2012 hasta 15/Julio/2012
Vigente desde 15/Julio/2012 hasta 1/Agosto/2012
Vigente desde 1/Agosto/2012 hasta 28/Diciembre/2012
Vigente desde 28/Diciembre/2012 hasta 1/Enero/2013
Vigente desde 1/Enero/2013 hasta 24/Febrero/2013
Vigente desde 24/Febrero/2013 hasta 17/Marzo/2013
Vigente desde 17/Marzo/2013 hasta 28/Julio/2013
Vigente desde 28/Julio/2013 hasta 4/Agosto/2013
Vigente desde 4/Agosto/2013 hasta 29/Septiembre/2013
Vigente desde 29/Septiembre/2013 hasta 22/Diciembre/2013
Vigente desde 22/Diciembre/2013 hasta 27/Diciembre/2013
Vigente desde 27/Diciembre/2013 hasta 1/Enero/2014
Vigente desde 1/Enero/2014 hasta 2/Marzo/2014
Vigente desde 2/Marzo/2014 hasta 28/Diciembre/2014
Vigente desde 28/Diciembre/2014 hasta 1/Enero/2015
Vigente desde 1/Enero/2015 hasta 1/Junio/2015
Vigente desde 1/Junio/2015 hasta 18/Agosto/2015
Vigente desde 18/Agosto/2015 hasta 10/Octubre/2015
Vigente desde 10/Octubre/2015 hasta 14/Noviembre/2015
Vigente desde 14/Noviembre/2015 hasta 1/Enero/2016
Vigente desde 1/Enero/2016 hasta 2/Enero/2016
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social T�TULO PRIMERONormas generales del sistema de la Seguridad Social
CAP�TULO PRIMERONORMAS PRELIMINARES
Derecho de los espa�oles a la Seguridad Social El derecho de los espa�oles a la Seguridad Social establecido en el art�culo 41 de la Constituci�n, se ajustar� a lo dispuesto en la presente Ley.
Principios y fines de la Seguridad Social 1. El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acci�n protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.
2. El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicaci�n de �sta, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, as� como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protecci�n adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en esta ley.
El Pleno del TC, por Auto de 5 de junio 2012, ha acordado declarar la extinci�n del recurso de inconstitucionalidad 1580-2004 por desaparici�n sobrevenida de su objeto, promovido por el Parlamento de Navarra contra el art�culo 1, apartados 1 y 2, de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, por el que se modifica el art�culo 2 del presente texto refundido de la Ley de Seguridad Social y se introduce un nuevo apartado 4 en el art�culo 38 del mismo texto legal (�B.O.E.� 13 junio).
Art�culo 2 redactado por el n�mero uno del art�culo 1 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
Irrenunciabilidad de los derechos de la Seguridad Social Ser� nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador renuncie a los derechos que le confiere la presente Ley.
Delimitaci�n de funciones 1. Corresponde al Estado la ordenaci�n, jurisdicci�n e inspecci�n de la Seguridad Social.
2. Los trabajadores y empresarios colaborar�n en la gesti�n de la Seguridad Social en los t�rminos previstos en la presente Ley, sin perjuicio de otras formas de participaci�n de los interesados establecidas por las Leyes, de acuerdo con el art�culo 129.1 de la Constituci�n.
3. En ning�n caso, la ordenaci�n de la Seguridad Social podr� servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil.
Competencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de otros Departamentos ministeriales 1. Las funciones no jurisdiccionales del Estado en materia de Seguridad Social que no sean propias del Gobierno se ejercer�n por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio de las que puedan corresponder, en el �mbito espec�fico de sus respectivas �reas, a otros Departamentos ministeriales.
2. Dentro de las competencias del Estado, corresponden al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en relaci�n con las materias reguladas en la presente Ley, las siguientes facultades:
a) Proponer al Gobierno los Reglamentos generales para su aplicaci�n.
c) El desarrollo de las funciones econ�mico-financieras de la Seguridad Social, a excepci�n de las encomendadas en la Ley General Presupuestaria y disposiciones concordantes al Ministerio de Hacienda o, en su caso, a otros �rganos a los que dicha ley otorgue competencias espec�ficas en la materia, y de direcci�n y tutela de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, as� como de las entidades que colaboren en la gesti�n de la misma, pudiendo suspender o modificar los poderes y facultades de los mismos en los casos y con las formalidades y requisitos que se determinen reglamentariamente.
Letra c) del n�mero 2 del art�culo 5 redactada por el art�culo 2 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
d) La inspecci�n de la Seguridad Social a trav�s de la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social.
e) Establecer los supuestos y condiciones en que los sujetos responsables en el �mbito de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electr�nico de los Ciudadanos a los Servicios P�blicos, quedar�n obligados a recibir las notificaciones por medios inform�ticos o telem�ticos.
Letra e) del n�mero 2 del art�culo 5 introducida por la disposici�n final cuarta de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema espec�fico de protecci�n por cese de actividad de los trabajadores aut�nomos (�B.O.E.� 6 agosto).Vigencia: 6 noviembre 2010
3. Por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se organizar�n en forma adecuada los Servicios e Instituciones que hayan de llevar a cabo los oportunos estudios jur�dicos, sociol�gicos, econ�micos y estad�sticos de la Seguridad Social, as� como los de simplificaci�n y racionalizaci�n de las operaciones y tr�mites administrativos que exijan su desarrollo y aplicaci�n.
4. El ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en relaci�n con la Seguridad Social corresponder� a los �rganos y servicios determinados en esta Ley, en sus disposiciones de aplicaci�n y desarrollo o en las org�nicas del Ministerio.
Coordinaci�n de funciones afines Corresponde al Gobierno dictar las disposiciones necesarias para coordinar la acci�n de los Organismos, Servicios y Entidades gestoras del sistema de la Seguridad Social con la de los que cumplen funciones afines de Previsi�n Social, Sanidad, Educaci�n y Asistencia Social.
CAP�TULO IICAMPO DE APLICACI�N Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Extensi�n del campo de aplicaci�n 1. Estar�n comprendidos en el Sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de modalidad contributiva, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesi�n, los espa�oles que residan en Espa�a y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en Espa�a, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional y est�n incluidos en alguno de los apartados siguientes:P�rrafo 1.� del n�mero 1 del art�culo 7 redactado por Ley 66/1997, 30 diciembre (�B.O.E.� 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
a) Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones establecidas por el art�culo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores en las distintas ramas de la actividad econ�mica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, de temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo, e incluidos los trabajadores a distancia, y con independencia, en todos los casos, del grupo profesional del trabajador, de la forma y cuant�a de la remuneraci�n que perciba y de la naturaleza com�n o especial de su relaci�n laboral.
Letra a) del n�mero 1 del art�culo 7 redactada por el n�mero 1 de la disposici�n final quinta de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (�B.O.E.� 7 julio).Vigencia: 8 julio 2012
b) Trabajadores por cuenta propia o aut�nomos, sean o no titulares de empresas individuales o familiares, mayores de dieciocho a�os, que re�nan los requisitos que de modo expreso se determinen reglamentariamente.
e) Funcionarios p�blicos, civiles y militares.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior no tendr�n la consideraci�n de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: el c�nyuge, los descendientes, ascendientes y dem�s parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopci�n, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y est�n a su cargo.
3. Asimismo, estar�n comprendidos en el campo de aplicaci�n del sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de modalidad no contributiva, todos los espa�oles residentes en territorio nacional.
4. El Gobierno, en el marco de los sistemas de protecci�n social p�blica, podr� establecer medidas de protecci�n social en favor de los espa�oles no residentes en Espa�a, de acuerdo con las caracter�sticas de los pa�ses de residencia.
5. Los hispanoamericanos, portugueses, brasile�os, andorranos y filipinos que residan en territorio espa�ol se equiparan a los espa�oles a efectos de lo dispuesto en el n�mero 3 de este art�culo. Con respecto a los nacionales de otros pa�ses se estar� a lo que se disponga en los Tratados, Convenios, Acuerdos o Instrumentos ratificados, suscritos o aprobados al efecto, o cuanto les fuera aplicable en virtud de reciprocidad t�cita o expresamente reconocida.
N�mero 5 del art�culo 7 redactado por Ley 13/1996, 30 diciembre (�B.O.E.� 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente art�culo, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y o�dos los Sindicatos m�s representativos o el Colegio Oficial competente, podr�, a instancia de los interesados, excluir del campo de aplicaci�n del R�gimen de la Seguridad Social correspondiente, a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atenci�n a su jornada o a su retribuci�n, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida.
Prohibici�n de inclusi�n m�ltiple obligatoria 1. Las personas comprendidas en el campo de aplicaci�n del sistema de la Seguridad Social no podr�n estar incluidas por el mismo trabajo, con car�cter obligatorio, en otros reg�menes de previsi�n distintos de los que integran dicho sistema.
2. Los sistemas de previsi�n obligatoria distintos de los regulados en esta Ley, que pudieran tener constituidos determinados grupos profesionales, se integrar�n en el R�gimen General o en los Reg�menes Especiales, seg�n proceda, siempre que resulte obligatoria la inclusi�n de los grupos mencionados en el campo de aplicaci�n de dichos Reg�menes.
Estructura del sistema de la Seguridad Social 1. El sistema de la Seguridad Social viene integrado por los siguientes Reg�menes:
a) El R�gimen General, que se regula en el T�tulo II de la presente Ley.
b) Los Reg�menes Especiales a que se refiere el art�culo siguiente.
2. A medida que los Reg�menes que integran el sistema de la Seguridad Social se regulen de conformidad con lo previsto en los apartados 3 y 4 del art�culo 10, se dictar�n las normas reglamentarias relativas al tiempo, alcance y condiciones para la conservaci�n de los derechos en curso de adquisici�n de las personas que pasen de unos a otros Reg�menes, mediante la totalizaci�n de los per�odos de permanencia en cada uno de dichos Reg�menes, siempre que no se superpongan. Dichas normas se ajustar�n a lo dispuesto en el presente apartado, cualquiera que sea el R�gimen a que hayan de afectar, y tendr�n en cuenta la extensi�n y contenido alcanzado por la acci�n protectora de cada uno de ellos.
Reg�menes especiales 1. Se establecer�n reg�menes especiales en aquellas actividades profesionales en las que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la �ndole de sus procesos productivos, se hiciera preciso tal establecimiento para la adecuada aplicaci�n de los beneficios de la Seguridad Social.
2. Se considerar�n reg�menes especiales los que encuadren a los grupos siguientes:
a) Trabajadores por cuenta propia o aut�nomos.
c) Funcionarios p�blicos, civiles y militares.
e) Los dem�s grupos que determine el Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n, por considerar necesario el establecimiento para ellos de un r�gimen especial, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 de este art�culo.
3. Los reg�menes especiales correspondientes a los grupos b) y c) del apartado anterior se regir�n por las leyes espec�ficas que se dicten al efecto, debiendo tenderse en su regulaci�n a la homogeneidad con el R�gimen General, en los t�rminos que se se�alan en el apartado siguiente.
4. En las normas reglamentarias de los reg�menes especiales no comprendidos en el apartado anterior, se determinar� para cada uno de ellos su campo de aplicaci�n y se regular�n las distintas materias relativas a los mismos, ateni�ndose a las disposiciones del presente T�tulo y tendiendo a la m�xima homogeneidad con el R�gimen General, que permitan las disponibilidades financieras del sistema y las caracter�sticas de los distintos grupos afectados por dichos reg�menes.
5. De conformidad con la tendencia a la unidad que debe presidir la ordenaci�n del sistema de la Seguridad Social, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n, podr� disponer la integraci�n en el R�gimen General de cualquiera de los reg�menes especiales correspondientes a los grupos que se relacionan en el apartado 2 del presente art�culo, a excepci�n de los que han de regirse por leyes espec�ficas, siempre que ello sea posible teniendo en cuenta las peculiares caracter�sticas de los grupos afectados y el grado de homogeneidad con el R�gimen General alcanzado en la regulaci�n del r�gimen especial de que se trate.
De igual forma, podr� disponerse que la integraci�n prevista en el p�rrafo anterior tenga lugar en otro r�gimen especial cuando as� lo aconsejen las caracter�sticas de ambos reg�menes y se logre con ello una mayor homogeneidad con el R�gimen General.
Art�culo 10 redactado por el n�mero uno de la disposici�n final primera de la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integraci�n del R�gimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el R�gimen General de la Seguridad Social (�B.O.E.� 23 septiembre). T�ngase en cuenta que el n�mero 2 del presente art�culo ya hab�a sido redactado, con efectos de 1 de enero de 2012, por el apartado uno de la disposici�n adicional cuadrag�sima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualizaci�n, adecuaci�n y modernizaci�n del sistema de Seguridad Social (�B.O.E.� 2 agosto).Vigencia: 1 enero 2012
Sistemas especiales En aquellos Reg�menes de la Seguridad Social en que as� resulte necesario, podr�n establecerse sistemas especiales exclusivamente en alguna o algunas de las siguientes materias: encuadramiento, afiliaci�n, forma de cotizaci�n o recaudaci�n. En la regulaci�n de tales sistemas informar� el Ministerio competente por raz�n de la actividad o condici�n de las personas en ellos incluidos.
CAP�TULO IIIAFILIACION, COTIZACI�N Y RECAUDACI�N
Secci�n 1 Afiliaci�n al sistema y altas y bajas en los reg�menes que lo integran
Obligatoriedad y alcance de la afiliaci�n La afiliaci�n a la Seguridad Social es obligatoria para las personas a que se refiere el apartado 1 del art�culo 7 de la presente Ley, y �nica para la vida de las mismas y para todo el sistema, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos Reg�menes que lo integran, as� como de las dem�s variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliaci�n.
Formas de practicarse la afiliaci�n y las altas y bajas 1. La afiliaci�n podr� practicarse a petici�n de las personas y entidades obligadas a dicho acto, a instancia de los interesados o de oficio por la Administraci�n de la Seguridad Social.
2. Corresponder� a las personas y entidades que reglamentariamente se determinen, el cumplimiento de las obligaciones de solicitar la afiliaci�n y de dar cuenta a los correspondientes organismos de la Administraci�n de la Seguridad Social de los hechos determinantes de las altas, bajas y dem�s alteraciones a que se refiere el art�culo anterior.
3. Si las personas y entidades a quienes incumban tales obligaciones no las cumplieren, podr�n los interesados instar directamente su afiliaci�n, alta o baja, sin perjuicio de que se hagan efectivas las responsabilidades en que aqu�llas hubieran incurrido, incluido, en su caso, el pago a su cargo de las prestaciones y de que se impongan las sanciones que sean procedentes.
4. Tanto la afiliaci�n como los tr�mites determinados por las altas, bajas y dem�s variaciones a que se refiere el art�culo anterior, podr�n ser realizados de oficio por los correspondientes organismos de la Administraci�n de la Seguridad Social cuando, a ra�z de las actuaciones de los Servicios de Inspecci�n o por cualquier otro procedimiento, se compruebe la inobservancia de dichas obligaciones.
Obligaciones de la Administraci�n de la Seguridad Social y derecho a la informaci�n 1. Los correspondientes organismos de la Administraci�n de la Seguridad Social competentes en la materia mantendr�n al d�a los datos relativos a las personas afiliadas, as� como los de las personas y entidades a las que corresponde el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente secci�n.
2. Los empresarios y los trabajadores tendr�n derecho a ser informados por los correspondientes organismos de la Administraci�n de la Seguridad Social acerca de los datos a ellos referentes que obren en los mismos. De igual derecho gozar�n las personas que acrediten un inter�s personal y directo, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley.
A estos efectos, la Administraci�n de la Seguridad Social informar� a cada trabajador sobre su futuro derecho a la jubilaci�n ordinaria prevista en el art�culo 161.1 de la presente Ley, a partir de la edad y con la periodicidad y contenido que reglamentariamente se determinen.
No obstante, esta comunicaci�n sobre los derechos a jubilaci�n ordinaria que pudiera corresponder a cada trabajador, se remitir� a efectos meramente informativos, sin que origine derechos ni expectativas de derechos a favor del trabajador o de terceros.
Esta obligaci�n corresponde tambi�n a los instrumentos de car�cter complementario o alternativo que contemplen compromisos por jubilaci�n tales como Mutualidades de Previsi�n Social, Mutualidades alternativas, Planes de Previsi�n Social Empresariales, Planes de Previsi�n Asegurados, Planes y Fondos de Pensiones y Seguros individuales y colectivos de instrumentaci�n de compromisos por pensiones de las empresas. La informaci�n deber� facilitarse con la misma periodicidad y en t�rminos comparables y homog�neos con la suministrada por la Seguridad Social.
N�mero 2 del art�culo 14 redactado por el n�mero uno de la disposici�n adicional vig�sima sexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualizaci�n, adecuaci�n y modernizaci�n del sistema de Seguridad Social (�B.O.E.� 2 agosto).Vigencia: 1 enero 2013
Secci�n 2Cotizaci�n
Obligatoriedad 1. La cotizaci�n es obligatoria en los Reg�menes General y Especiales.
2. La obligaci�n de cotizar nacer� desde el momento de iniciaci�n de la actividad correspondiente, determin�ndose en las normas reguladoras de cada R�gimen las personas que hayan de cumplirla.
3. Son responsables del cumplimiento de la obligaci�n de cotizar y del pago de los dem�s recursos de la Seguridad Social las personas f�sicas o jur�dicas o entidades sin personalidad a las que las normas reguladoras de cada r�gimen y recurso impongan directamente la obligaci�n de su ingreso y, adem�s, los que resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aqu�llos, por concurrir hechos, omisiones, negocios o actos jur�dicos que determinen esas responsabilidades, en aplicaci�n de cualquier norma con rango de Ley que se refiera o no excluya expresamente a las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las leyes. Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria, o mortis causa se declarar� y exigir� mediante el procedimiento recaudatorio establecido en esta ley y su normativa de desarrollo.
N�mero 3 del art�culo 15 introducido por el n�mero uno del art�culo 12 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
4. En caso de que la responsabilidad por la obligaci�n de cotizar corresponda al empresario, podr� dirigirse el procedimiento recaudatorio que se establece en esta ley y su normativa de desarrollo contra quien efectivamente reciba la prestaci�n de servicios de los trabajadores que emplee, aunque formalmente no figure como empresario en los contratos de trabajo, en los registros p�blicos o en los archivos de las entidades gestoras y servicios comunes.
N�mero 4 del art�culo 15 introducido por el n�mero uno del art�culo 12 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
Bases y tipos de cotizaci�n 1. Las bases y tipos de cotizaci�n a la Seguridad Social ser�n los que establezca cada a�o la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. Las bases de cotizaci�n a la Seguridad Social en cada uno de sus Reg�menes, tendr�n como tope m�nimo las cuant�as del salario m�nimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposici�n expresa en contrario.
Primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Las primas correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tendr�n, a todos los efectos, la condici�n de cuotas de la Seguridad Social.
Secci�n 3Recaudaci�n
Subsecci�n 1Disposiciones generales
Competencia 1. La Tesorer�a General de la Seguridad Social, como caja �nica del sistema de la Seguridad Social, llevar� a efecto la gesti�n recaudatoria de los recursos de �sta, tanto voluntaria como ejecutiva, bajo la direcci�n, vigilancia y tutela del Estado.
2. Para realizar la funci�n recaudatoria, la Tesorer�a General de la Seguridad Social podr� concertar los servicios que considere convenientes con las Administraciones estatal, institucional, aut�noma, local o entidades particulares habilitadas al efecto y, en especial, con los servicios del Ministerio de Econom�a y Hacienda.
3. Las habilitaciones que se otorguen a las entidades particulares a que se refiere el apartado anterior tendr�n, en todo caso, car�cter temporal. Los conciertos con tales entidades habr�n de ser autorizados por el Consejo de Ministros.
Art�culo 18 redactado por el apartado uno del art�culo 1 de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci�n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).
Plazo, lugar y forma de liquidaci�n de las cuotas y dem�s recursos 1. Los sujetos obligados ingresar�n las cuotas y dem�s recursos en el plazo, lugar y forma que se establezcan en la presente Ley, en sus normas de aplicaci�n y desarrollo o en las disposiciones espec�ficas aplicables a los distintos Reg�menes y a los sistemas especiales.
2. El ingreso de las cuotas y dem�s recursos se realizar� directamente en la Tesorer�a General de la Seguridad Social o a trav�s de las entidades concertadas conforme al art�culo 18 de esta Ley.
3. Tambi�n se podr�n ingresar las cuotas y dem�s recursos en las entidades autorizadas al efecto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien dictar� las normas para el ejercicio de esta funci�n y podr� revocar la autorizaci�n concedida, en caso de incumplimiento, previo expediente incoado al efecto.
4. El ingreso de las cuotas en las entidades concertadas o autorizadas surtir�, desde el momento en que se lleve a cabo, los mismos efectos que si se hubiera realizado en la propia Tesorer�a General de la Seguridad Social.
Art�culo 19 redactado por el apartado dos del art�culo 1 de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci�n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).
Aplazamiento de pago 1. La Tesorer�a General de la Seguridad Social, a solicitud del deudor y en los t�rminos y con las condiciones que reglamentariamente se establezcan, podr� conceder aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social, que suspender� el procedimiento recaudatorio que se establece en esta ley.
2. El aplazamiento no podr� comprender las cuotas correspondientes a la aportaci�n de los trabajadores y a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. La eficacia de la resoluci�n administrativa de concesi�n quedar� supeditada al ingreso de las que pudieran adeudarse en el plazo m�ximo de un mes desde su notificaci�n.
3. El aplazamiento comprender� el principal de la deuda y, en su caso, los recargos, intereses y costas del procedimiento que fueran exigibles en la fecha de solicitud, sin que a partir de la concesi�n puedan considerarse exigibles otros, a salvo de lo que se dispone para el caso de incumplimiento.
4. El cumplimiento del aplazamiento deber� asegurarse mediante garant�as suficientes para cubrir el principal de la deuda, recargos, intereses y costas, consider�ndose incumplido si no se constituyesen los derechos personales o reales de garant�a que establezca la resoluci�n de concesi�n, en el plazo que �sta determine.
No ser� exigible dicha obligaci�n en los supuestos que, en raz�n a la cuant�a de la deuda aplazada o de la condici�n del beneficiario, se establezcan reglamentariamente. Excepcionalmente, podr� eximirse total o parcialmente del requisito establecido en el p�rrafo anterior cuando concurran causas de car�cter extraordinario que as� lo aconsejen.
5. El principal de la deuda, los recargos sobre la misma y las costas del procedimiento que fueran objeto de aplazamiento devengar�n inter�s, que ser� exigible desde su concesi�n hasta la fecha de pago, conforme al inter�s de demora que se encuentre vigente cada momento durante la duraci�n del aplazamiento. Dicho inter�s se incrementar� en 2 puntos si el deudor fuera eximido de la obligaci�n de constituir garant�as por causas de car�cter extraordinario.
N�mero 5 del art�culo 20 redactado, con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, por el n�mero uno de la disposici�n final quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2013 (�B.O.E.� 28 diciembre).Vigencia: 1 enero 2013
6. En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones o pagos del aplazamiento, se proseguir�, sin m�s tr�mite, el procedimiento de apremio que se hubiera iniciado antes de la concesi�n. Se dictar�, asimismo, sin m�s tr�mite providencia de apremio por aquella deuda que no hubiera sido ya apremiada, a la que se aplicar� el recargo del 20 por ciento del principal, si se hubieran presentado los documentos de cotizaci�n dentro del plazo reglamentario de ingreso, o del 35 por ciento, en caso contrario.
En todo caso, los intereses de demora que se exijan ser�n los devengados desde el vencimiento de los respectivos plazos reglamentarios de ingreso.
N�mero 6 del art�culo 20 redactado por el apartado tres del art�culo 1 de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci�n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).
7. Se considerar� incumplido el aplazamiento en el momento en que el beneficiario deje de mantenerse al corriente en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social, con posterioridad a la concesi�n.
Art�culo 20 redactado por el art�culo 3 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 junio 2004
Prescripci�n 1. Prescribir�n a los cuatro a�os los siguientes derechos y acciones:
a) El derecho de la Administraci�n de la Seguridad Social para determinar las deudas con la misma cuyo objeto est� constituido por cuotas, mediante las oportunas liquidaciones.
b) La acci�n para exigir el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social.
c) La acci�n para imponer sanciones por incumplimiento de las normas de Seguridad Social.
2. Respecto de las obligaciones con la Seguridad Social cuyo objeto sean recursos de la misma distintos a cuotas, el plazo de prescripci�n ser� el establecido en las normas que sean aplicables en raz�n de la naturaleza jur�dica de aqu�llas.
3. La prescripci�n quedar� interrumpida por las causas ordinarias y, en todo caso, por cualquier actuaci�n administrativa realizada con conocimiento formal del responsable del pago conducente a la liquidaci�n o recaudaci�n de la deuda y, especialmente, por su reclamaci�n administrativa mediante reclamaci�n de deuda o acta de liquidaci�n.
Art�culo 21 redactado por el n�mero 1 del art�culo 24 de la Ley 14/2000, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2001
Prelaci�n de cr�ditos Los cr�ditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudaci�n conjunta y, en su caso, los recargos o intereses que sobre aqu�llos procedan gozar�n, respecto de la totalidad de los mismos, de igual orden de preferencia que los cr�ditos a que se refiere el apartado 1.� del art�culo 1.924 del C�digo Civil. Los dem�s cr�ditos de la Seguridad Social gozar�n del mismo orden de preferencia establecido en el apartado 2.�, p�rrafo E), del referido precepto.
En caso de concurso, los cr�ditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudaci�n conjunta y, en su caso, los recargos e intereses que sobre aqu�llos procedan, as� como los dem�s cr�ditos de Seguridad Social, quedar�n sometidos a lo establecido en la Ley Concursal.
Sin perjuicio del orden de prelaci�n para el cobro de los cr�ditos establecido por la ley, cuando el procedimiento de apremio administrativo concurra con otros procedimientos de ejecuci�n singular, de naturaleza administrativa o judicial, ser� preferente aquel en el que primero se hubiera efectuado el embargo.
Art�culo 22 redactado por el n�mero 1 de la disposici�n final decimosexta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (�B.O.E.� 10 julio).Vigencia: 1 septiembre 2004
Devoluci�n de ingresos indebidos, reembolso de los costes de las garant�as y pago de cantidades declaradas por sentencia 1. Las personas obligadas a cotizar o al pago de otras deudas con la Seguridad Social objeto de gesti�n recaudatoria por la Administraci�n de la Seguridad Social tendr�n derecho, en los t�rminos y supuestos que reglamentariamente se fijen, a la devoluci�n total o parcial del importe de los ingresos que por error se hubiesen realizado.
1.1. El importe a devolver a consecuencia de un ingreso indebido est� constituido esencialmente por el importe del ingreso indebidamente efectuado y reconocido a favor del que efect�e su pago.
Tambi�n formar�n parte de la cantidad a devolver:
a) Los recargos, intereses, en su caso, y costas que se hubieren satisfecho cuando el ingreso indebido se hubiere realizado por v�a de apremio.
b) El inter�s de demora previsto en el art�culo 28.3 de esta ley, aplicado a las cantidades indebidamente ingresadas por el tiempo transcurrido desde la fecha de su ingreso en la Tesorer�a General de la Seguridad Social hasta la propuesta de pago.En todo caso, el tipo de inter�s de demora aplicable ser� el vigente a lo largo del periodo en que dicho inter�s se devengue.
Letra b) del apartado 1.1 del art�culo 23 redactada por el art�culo 4 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 junio 2004
1.2. No proceder� la devoluci�n de cuotas u otros recursos ingresados maliciosamente sin perjuicio de la responsabilidad de todo orden a que hubiere lugar.
1.3. El derecho a la devoluci�n de ingresos indebidos prescribir� a los cuatro a�os, a contar del d�a siguiente al ingreso de los mismos.
2. La Administraci�n de la Seguridad Social reembolsar�, previa acreditaci�n de su importe, el coste de las garant�as aportadas para suspender la ejecuci�n de una deuda con la Seguridad Social, en cuanto �sta sea declarada improcedente por sentencia o resoluci�n administrativa y dicha declaraci�n adquiera firmeza.
Cuando la deuda sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso alcanzar� a la parte correspondiente del coste de las referidas garant�as.
Asimismo, en los supuestos de estimaci�n parcial del recurso o la reclamaci�n interpuestos, tendr� derecho el obligado a la reducci�n proporcional de la garant�a aportada en los t�rminos que se establezcan reglamentariamente.
3. Los ingresos que, en virtud de resoluci�n judicial firme, resulten o se declaren objeto de devoluci�n a los interesados, tendr�n la consideraci�n de ingresos indebidos y ser�n objeto de devoluci�n en los t�rminos fijados en dicha resoluci�n, con aplicaci�n de lo dispuesto, en su caso, en el art�culo 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
N�mero 3 del art�culo 23 redactado, con efectos desde el 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, por el apartado uno de la disposici�n final tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2011 (�B.O.E.� 23 diciembre).Vigencia: 1 enero 2011
Art�culo 23 redactado por el n�mero 2 del art�culo 24 de la Ley 14/2000, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2001
Transacciones sobre los derechos de la Seguridad Social No se podr� transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Seguridad Social ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado.
El car�cter privilegiado de los cr�ditos de la Seguridad Social otorga a la Tesorer�a General de la Seguridad Social el derecho de abstenci�n en los procesos concursales. No obstante, la Tesorer�a General de la Seguridad Social podr� suscribir en el curso de estos procesos los acuerdos o convenios previstos en la legislaci�n concursal, as� como acordar, de conformidad con el deudor y con las garant�as que se estimen oportunas, unas condiciones singulares de pago, que no pueden ser m�s favorables para el deudor que las recogidas en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial.
Art�culo 24 redactado por el n�mero ciento veintiuno del art�culo �nico de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (�B.O.E.� 11 octubre), que modifica el apartado 2 de la disposici�n final decimosexta de la Ley Concursal.Vigencia: 1 enero 2012
Subsecci�n 2Recaudaci�n en per�odo voluntario
Efectos de la falta de pago en plazo reglamentario La falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido determinar� la aplicaci�n del recargo y el devengo de los intereses de demora en los t�rminos fijados en esta ley.
El recargo y los intereses de demora, cuando sean exigibles, se ingresar�n conjuntamente con las deudas sobre las que recaigan.
Cuando el ingreso fuera del plazo reglamentario sea imputable a error de la Administraci�n, sin que la misma act�e en calidad de empresario, no se aplicar� recargo ni se devengar�n intereses.
Art�culo 25 redactado por el apartado uno del art�culo 5 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 junio 2004
Presentaci�n de los documentos de cotizaci�n y compensaci�n 1. Los sujetos responsables del cumplimiento de la obligaci�n de cotizar deber�n efectuar su liquidaci�n y pago con sujeci�n a las formalidades o por los medios electr�nicos, inform�ticos y telem�ticos que reglamentariamente se establezcan, debiendo realizar la transmisi�n de las respectivas liquidaciones o la presentaci�n de los documentos de cotizaci�n dentro de los plazos reglamentarios establecidos aun cuando no se ingresen las cuotas correspondientes, o se ingrese exclusivamente la aportaci�n del trabajador. Dicha presentaci�n o transmisi�n o su falta producir�n los efectos se�alados en la presente ley y en sus disposiciones de aplicaci�n y desarrollo.
No ser� exigible, sin embargo, la presentaci�n de documentos de cotizaci�n en plazo reglamentario respecto de las cuotas del R�gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos, de las cuotas fijas del R�gimen especial de los Trabajadores del Mar, de las cuotas del Seguro Escolar ni de las cuotas del Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del R�gimen General durante la situaci�n de inactividad, as� como de cualquier otra cuota fija que pudiera establecerse, siempre que los sujetos obligados a que se refieran dichas cuotas hayan sido dados de alta en el plazo reglamentariamente establecido. En tales casos, ser� aplicable lo previsto en esta ley para los supuestos en que, existiendo dicha obligaci�n, se hubieran presentado los documentos de cotizaci�n en plazo reglamentario.
N�mero 1 del art�culo 26 redactado por el n�mero dos de la disposici�n final primera de la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integraci�n del R�gimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el R�gimen General de la Seguridad Social (�B.O.E.� 23 septiembre). T�ngase en cuenta que dicho n�mero 1 ya hab�a sido modificado anteriormente, con efectos de 1 de enero de 2012, por el apartado dos de la disposici�n adicional cuadrag�sima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualizaci�n, adecuaci�n y modernizaci�n del sistema de Seguridad Social (�B.O.E.� 2 agosto).
Vigencia: 1 enero 2012
2. La transmisi�n de las liquidaciones o la presentaci�n de los documentos de cotizaci�n en plazo reglamentario permitir� a los sujetos responsables compensar su cr�dito por las prestaciones abonadas como consecuencia de su colaboraci�n obligatoria con la Seguridad Social y su deuda por las cuotas debidas en el mismo per�odo a que se refieren los documentos de cotizaci�n o las liquidaciones transmitidas, cualquiera que sea el momento del pago de tales cuotas.
P�rrafo 1.� del n�mero 2 del art�culo 26 redactado por el n�mero 2 del art�culo 22 de la Ley 55/1999, 29 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2000
Fuera del supuesto regulado en este n�mero, los sujetos responsables del pago de cuotas no podr�n compensar sus cr�ditos frente a la Seguridad Social por prestaciones satisfechas en r�gimen de pago delegado o por cualquier otro concepto con el importe de aquellas cuotas, cualesquiera que sea el momento del pago de las mismas y hayan sido o no reclamadas en per�odo voluntario o en v�a de apremio, sin perjuicio del derecho de los sujetos responsables para solicitar el pago de sus respectivos cr�ditos frente a la Tesorer�a General de la Seguridad Social o a la Entidad gestora correspondiente.P�rrafo 2� del n�mero 2 del art�culo 26 redactado por Ley 42/1994, 30 diciembre (�B.O.E.� 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
Art�culo 26 redactado por el apartado cuatro del art�culo 1 de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci�n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).
Recargos por ingreso fuera de plazo 1. Transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas a la Seguridad Social sin ingreso de las mismas y sin perjuicio de las especialidades previstas para los aplazamientos, se devengar�n los siguientes recargos:
1.1 Cuando los sujetos responsables del pago hubieran presentado los documentos de cotizaci�n dentro del plazo reglamentario, un recargo del 20 por 100 de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas tras el vencimiento de dicho plazo
Apartado 1.1 del n�mero 1 del art�culo 27 redactado por el n�mero uno del art�culo 17 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (�B.O.E.� 14 julio).Vigencia: 15 julio 2012
1.2Cuando los sujetos responsables del pago no hubieran presentado los documentos de cotizaci�n dentro del plazo reglamentario:
a) Recargo del 20 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas antes de la terminaci�n del plazo de ingreso establecido en la reclamaci�n de deuda o acta de liquidaci�n.
b) Recargo del 35 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir de la terminaci�n de dicho plazo de ingreso.
2. Las deudas con la Seguridad Social que tengan car�cter de ingresos de derecho p�blico y cuyo objeto est� constituido por recursos distintos a cuotas, cuando no se abonen dentro del plazo reglamentario que tengan establecido, se incrementar�n con el correspondiente recargo previsto en el apartado 1.1 anterior, seg�n la fecha del pago de la deuda.
Art�culo 27 redactado por el apartado tres del art�culo 5 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 junio 2004
Art�culo 27 redactado por el apartado cinco del art�culo 1 de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci�n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).
Inter�s de demora 1. Los intereses de demora por las deudas con la Seguridad Social ser�n exigibles, en todo caso, si no se hubiese abonado la deuda una vez transcurridos quince d�as desde la notificaci�n de la providencia de apremio o desde la comunicaci�n del inicio del procedimiento de deducci�n.
Asimismo, ser�n exigibles dichos intereses cuando no se hubiese abonado el importe de la deuda en el plazo fijado en las resoluciones desestimatorias de los recursos presentados contra las reclamaciones de deuda o actas de liquidaci�n, si la ejecuci�n de dichas resoluciones fuese suspendida en los tr�mites del recurso contencioso-administrativo que contra ellas se hubiese interpuesto.
2. Los intereses de demora exigibles ser�n los que haya devengado el principal de la deuda desde el vencimiento del plazo reglamentario de ingreso y los que haya devengado, adem�s, el recargo aplicable en el momento del pago, desde la fecha en que, seg�n el apartado anterior, sean exigibles.
3. El tipo de inter�s de demora ser� el inter�s legal del dinero vigente en cada momento del per�odo de devengo, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.
Art�culo 28 redactado por el apartado cuatro del art�culo 5 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 junio 2004
Imputaci�n de pagos Sin perjuicio de las especialidades previstas en esta ley para los aplazamientos y en el ordenamiento jur�dico para el deudor incurso en procedimiento concursal, el cobro parcial de la deuda apremiada se imputar�, en primer lugar, al pago de la que hubiera sido objeto del embargo o garant�a cuya ejecuci�n haya producido dicho cobro y, luego, al resto de la deuda. Tanto en un caso como en otro, el cobro se aplicar� primero a las costas y, luego, a los t�tulos m�s antiguos, distribuy�ndose proporcionalmente el importe entre principal, recargo e intereses.
Art�culo 29 redactado por el apartado cinco del art�culo 5 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 junio 2004
Reclamaciones de deudas 1. Transcurrido el plazo reglamentario sin ingreso de las cuotas debidas, la Tesorer�a General de la Seguridad Social reclamar� su importe al sujeto responsable incrementado con el recargo que proceda, conforme a lo dispuesto en el art�culo 27 de esta ley, en los siguientes supuestos:
a) Falta de cotizaci�n respecto de trabajadores dados de alta, cuando no se hubiesen presentado los documentos de cotizaci�n en plazo reglamentario o cuando, habi�ndose presentado, contengan errores aritm�ticos o de c�lculo que resulten directamente de tales documentos. Si estas circunstancias fuesen comprobadas por la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social, lo comunicar� a la Tesorer�a General de la Seguridad Social con la propuesta de liquidaci�n que proceda.
b) Falta de cotizaci�n en relaci�n con trabajadores dados de alta que no consten en los documentos de cotizaci�n presentados en plazo reglamentario, respecto de los que se considerar� que no han sido presentados dichos documentos.
c) Diferencias de importe entre las cuotas ingresadas y las que legalmente corresponda liquidar, debidas a errores aritm�ticos o de c�lculo que resulten directamente de los documentos de cotizaci�n presentados.
d) Deudas por cuotas cuya liquidaci�n no corresponda a la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social.
N�mero 1 del art�culo 30 redactado por el apartado seis del art�culo 1 de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci�n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).
2. Proceder� tambi�n reclamaci�n de deuda cuando, en atenci�n a los datos obrantes en la Tesorer�a General de la Seguridad Social y por aplicaci�n de cualquier norma con rango de ley que no excluya la responsabilidad por deudas de Seguridad Social, deba exigirse el pago de dichas deudas:
a) A los responsables solidarios, en cuyo caso la reclamaci�n comprender� el principal de la deuda a que se extienda la responsabilidad solidaria, los recargos, intereses y costas devengados hasta el momento en que se emita dicha reclamaci�n.
b) Al responsable subsidiario, por no haber ingresado �ste el principal adeudado por el deudor inicial en el plazo reglamentario se�alado en la comunicaci�n que, en este caso, se libre a tal efecto.
c) A quien haya asumido la responsabilidad por causa de la muerte del deudor originario, en cuyo caso, la reclamaci�n comprender� el principal de la deuda, los recargos, intereses y costas devengados hasta que se emita.
N�mero 2 del art�culo 30 redactado por el apartado seis del art�culo 1 de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci�n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).
3. Los importes exigidos en las reclamaciones de deudas por cuotas, impugnadas o no, deber�n hacerse efectivos dentro de los plazos siguientes:
a) Las notificadas entre los d�as 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificaci�n hasta el d�a 5 del mes siguiente o el inmediato h�bil posterior.
b) Las notificadas entre los d�as 16 y �ltimo de cada mes, desde la fecha de notificaci�n hasta el d�a 20 del mes siguiente o el inmediato h�bil posterior.
4. Las deudas con la Seguridad Social por recursos distintos a cuotas, ser�n objeto igualmente de reclamaci�n de deuda, en la que se indicar� el importe de la misma, as� como los plazos reglamentarios de ingreso.
5. La interposici�n de recurso de alzada contra las reclamaciones de deuda s�lo suspender� el procedimiento recaudatorio cuando se garantice con aval suficiente o se consigne el importe de la deuda, incluido, en su caso, el recargo en que se hubiere incurrido.
En caso de resoluci�n desestimatoria del recurso, transcurrido el plazo de 15 d�as desde su notificaci�n sin pago de la deuda, se iniciar� el procedimiento de apremio mediante la expedici�n de la providencia de apremio o el procedimiento de deducci�n, seg�n proceda.
Art�culo 30 redactado por el apartado seis del art�culo 5 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 junio 2004
Actas de liquidaci�n de cuotas 1. Proceder� la formulaci�n de actas de liquidaci�n en las deudas por cuotas originadas por:
a) Falta de afiliaci�n o de alta de trabajadores en cualquiera de los Reg�menes del Sistema de la Seguridad Social.
b) Diferencias de cotizaci�n por trabajadores dados de alta, cuando dichas diferencias no resulten directamente de los documentos de cotizaci�n presentados dentro o fuera del plazo reglamentario.
Letra b) del n�mero 1 del art�culo 31 redactada por el apartado siete del art�culo 1 de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci�n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).
c) Por derivaci�n de la responsabilidad del sujeto obligado al pago, cualquiera que sea su causa y r�gimen de la Seguridad Social aplicable, y en base a cualquier norma con rango de ley que no excluya la responsabilidad por deudas de Seguridad Social. En los casos de responsabilidad solidaria legalmente previstos, la Inspecci�n podr� extender acta a todos los sujetos responsables o a alguno de ellos, en cuyo caso el acta de liquidaci�n comprender� el principal de la deuda a que se extienda la responsabilidad solidaria, los recargos, intereses y costas devengadas hasta la fecha en que se extienda el acta.
d) Aplicaci�n indebida de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, previstas reglamentariamente para la financiaci�n de las acciones formativas del subsistema de formaci�n profesional para el empleo.
En los casos a los que se refieren los p�rrafos anteriores a), b) y c), la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social podr� formular requerimientos a los sujetos obligados al pago de cuotas adeudadas por cualquier causa, previo reconocimiento de la deuda por aqu�llos ante el funcionario actuante. En este caso, el ingreso de la deuda por cuotas contenida en el requerimiento ser� hecho efectivo en el plazo que determine la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social, que no ser� inferior a un mes ni superior a cuatro meses. En caso de incumplimiento del requerimiento se proceder� a extender acta de liquidaci�n y de infracci�n por impago de cuotas.
Las actas de liquidaci�n de cuotas se extender�n por la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social, notific�ndose en todos los casos a trav�s de los �rganos de dicha Inspecci�n que, asimismo, notificar�n las actas de infracci�n practicadas por los mismos hechos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
2. Las actas de liquidaci�n extendidas con los requisitos reglamentariamente establecidos, una vez notificadas a los interesados, tendr�n el car�cter de liquidaciones provisionales y se elevar�n a definitivas mediante acto administrativo de la Direcci�n General o de la respectiva Direcci�n provincial de la Tesorer�a General de la Seguridad Social, a propuesta del �rgano competente de la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social, preceptiva y no vinculante, tras el tr�mite de audiencia al interesado. Contra dichos actos liquidatorios definitivos cabr� recurso de alzada ante el �rgano superior jer�rquico del que los dict�. De las actas de liquidaci�n se dar� traslado a los trabajadores, pudiendo los que resulten afectados interponer reclamaci�n respecto del per�odo de tiempo o la base de cotizaci�n a que la liquidaci�n se contrae.
3. Los importes de las deudas figurados en las actas de liquidaci�n ser�n hechos efectivos hasta el �ltimo d�a del mes siguiente al de su notificaci�n, una vez dictado el correspondiente acto administrativo definitivo de liquidaci�n, inici�ndose en otro caso el procedimiento de deducci�n o el procedimiento de apremio en los t�rminos establecidos en esta Ley y en las normas de desarrollo.
4. Las actas de liquidaci�n y las de infracci�n que se refieran a los mismos hechos se practicar�n simult�neamente por la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social. La competencia y procedimiento para su resoluci�n son los se�alados en el apartado 2 de este art�culo.
Las sanciones por infracciones propuestas en dichas actas de infracci�n se reducir�n autom�ticamente al 50 por 100 de su cuant�a, si el infractor diese su conformidad a la liquidaci�n practicada ingresando su importe en el plazo se�alado en el apartado 3. Esta reducci�n autom�tica s�lo podr� aplicarse en el supuesto de que la cuant�a de la liquidaci�n supere la de la sanci�n propuesta inicialmente.
N�mero 4 del art�culo 31 redactado por el apartado uno del art�culo segundo de la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).Vigencia: 28 diciembre 2012
Art�culo 31 redactado, con efectos de 1 de enero de 2010, por el n�mero uno de la disposici�n final tercera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2010 (�B.O.E.� 24 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010
Determinaci�n de las deudas por cuotas 1. Las reclamaciones de deudas por cuotas se extender�n en funci�n de las bases declaradas por el sujeto responsable. Si no existiese declaraci�n, se tomar� como base de cotizaci�n la media entre la base m�nima y m�xima correspondiente al �ltimo grupo de cotizaci�n conocido en que estuviese encuadrada la categor�a de los trabajadores a que se refiera la reclamaci�n.
2. Las actas de liquidaci�n se extender�n en base a la remuneraci�n total que tenga derecho a percibir el trabajador o la que efectivamente perciba de ser �sta superior en raz�n del trabajo que realice por cuenta ajena y que deba integrar la base de cotizaci�n en los t�rminos establecidos en la ley o en las normas de desarrollo.
Cuando la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social se vea en la imposibilidad de conocer el importe de las remuneraciones percibidas por el trabajador, se estimar� como base de cotizaci�n la media entre la base m�nima y m�xima correspondiente al �ltimo grupo de cotizaci�n conocido en que estuviese encuadrada la categor�a de los trabajadores a que se refiera el acta de liquidaci�n.
Art�culo 32 redactado por el apartado ocho del art�culo 5 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 junio 2004
Art�culo 32 redactado por el apartado ocho del art�culo 1 de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci�n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).
introducido por el apartado nueve del art�culo 1 de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci�n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).
Subsecci�n 3Recaudaci�n en v�a ejecutiva
Medidas cautelares Para asegurar el cobro de las deudas con la Seguridad Social, la Tesorer�a General de la misma podr� adoptar medidas cautelares de car�cter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se ver� frustrado o gravemente dificultado.
a) Las medidas habr�n de ser proporcionadas al da�o que se pretenda evitar. En ning�n caso se adoptar�n aquellas que puedan producir un perjuicio de dif�cil o imposible reparaci�n.La medida cautelar podr� consistir en alguna de las siguientes:
1.� Retenci�n del pago de devoluciones de ingresos indebidos o de otros pagos que deba realizar la Tesorer�a General de la Seguridad Social, en la cuant�a estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda.La retenci�n cautelar total o parcial de una devoluci�n de ingresos indebidos deber� ser notificada al interesado juntamente con el acuerdo de devoluci�n.
2.� Embargo preventivo de bienes o derechos. Este embargo preventivo se asegurar� mediante su anotaci�n en los registros p�blicos correspondientes o mediante el dep�sito de los bienes muebles embargados.
3.� Cualquiera otra legalmente prevista.
b) Cuando la deuda con la Seguridad Social no se encuentre liquidada pero se haya devengado y haya transcurrido el plazo reglamentario para su pago, y siempre que corresponda a cantidades determinables por la aplicaci�n de las bases, tipos y otros datos objetivos previamente establecidos que permitan fijar una cifra m�xima de responsabilidad, la Tesorer�a General de la Seguridad Social podr� adoptar medidas cautelares que aseguren su cobro, previa autorizaci�n, en su respectivo �mbito, del Director Provincial de la Tesorer�a General de la Seguridad Social o, en su caso, del Director General de la misma o autoridad en quien deleguen.
c) Las medidas cautelares as� adoptadas se levantar�n, aun cuando no haya sido pagada la deuda, si desaparecen las circunstancias que justificaron su adopci�n o si, a solicitud del interesado, se acuerda su sustituci�n por otra garant�a que se estime suficiente.Las medidas cautelares podr�n convertirse en definitivas en el marco del procedimiento de apremio. En otro caso, se levantar�n de oficio, sin que puedan prorrogarse m�s all� del plazo de seis meses desde su adopci�n.
d) Se podr� acordar el embargo preventivo de dinero y mercanc�as en cuant�a suficiente para asegurar el pago de la deuda con la Seguridad Social que corresponda exigir por actividades y trabajos lucrativos ejercidos sin establecimiento cuando los trabajadores no hayan sido afiliados o, en su caso, no hayan sido dados de alta en la Seguridad Social.Asimismo, podr�n intervenirse los ingresos de los espect�culos p�blicos de las empresas cuyos trabajadores no hayan sido afiliados ni dados de alta o por los que no hubieren efectuado sus cotizaciones a la Seguridad Social.
Art�culo 33 redactado por el apartado nueve del art�culo 5 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 junio 2004
Providencia de apremio, impugnaci�n de la misma, ejecuci�n patrimonial y otros actos del procedimiento ejecutivo 1. Transcurrido el plazo reglamentario de ingreso y una vez adquieran firmeza en v�a administrativa la reclamaci�n de deuda o el acta de liquidaci�n en los casos en que �stas procedan, sin que se haya satisfecho la deuda, se iniciar� el procedimiento de apremio mediante la emisi�n de providencia de apremio, en la que se identificar� la deuda pendiente de pago con el recargo correspondiente.
2. La providencia de apremio, emitida por el �rgano competente, constituye el t�tulo ejecutivo suficiente para el inicio del procedimiento de apremio por la Tesorer�a General de la Seguridad Social y tiene la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales para proceder contra los bienes y derechos de los sujetos obligados al pago de la deuda.
En la notificaci�n de la providencia de apremio se advertir� al sujeto responsable de que si la deuda exigida no se ingresa dentro de los 15 d�as siguientes a su recepci�n o publicaci�n ser�n exigibles los intereses de demora devengados y se proceder� al embargo de sus bienes.
3. El recurso de alzada contra la providencia de apremio s�lo ser� admisible por los siguientes motivos, debidamente justificados:
b) Prescripci�n.
c) Error material o aritm�tico en la determinaci�n de la deuda.
d) Condonaci�n, aplazamiento de la deuda o suspensi�n del procedimiento.
e) Falta de notificaci�n de la reclamaci�n de deuda, cuando �sta proceda, del acta de liquidaci�n o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.
La interposici�n del recurso suspender� el procedimiento de apremio, sin necesidad de la presentaci�n de la garant�a, hasta la resoluci�n de la impugnaci�n.
4. Si los interesados formularan recurso de alzada o contencioso-administrativo contra actos dictados en el procedimiento ejecutivo distintos de la providencia de apremio, el procedimiento de apremio no se suspender� si no se realiza el pago de la deuda perseguida, se garantiza con aval suficiente o se consigna su importe, incluidos el recargo, los intereses devengados y un tres por ciento del principal como cantidad a cuenta de las costas reglamentariamente establecidas, a disposici�n de la Tesorer�a General de la Seguridad Social.
5. La ejecuci�n contra el patrimonio del deudor se efectuar� mediante el embargo y la realizaci�n del valor o, en su caso, la adjudicaci�n de bienes del deudor a la Tesorer�a General de la Seguridad Social. El embargo se efectuar� en cuant�a suficiente para cubrir el principal de la deuda, los recargos y los intereses y costas del procedimiento que se hayan causado y se prevea que se causen hasta la fecha de ingreso o de la adjudicaci�n a favor de la Seguridad Social, con respeto siempre al principio de proporcionalidad.
Si el cumplimiento de la obligaci�n con la Seguridad Social estuviere garantizado mediante aval, prenda, hipoteca o cualquiera otra garant�a personal o real, se proceder� en primer lugar a ejecutarla, lo que se realizar� en todo caso por los �rganos de recaudaci�n de la Administraci�n de la Seguridad Social, a trav�s del procedimiento administrativo de apremio.
6. Si el deudor fuese una Administraci�n p�blica, organismo aut�nomo, entidad p�blica empresarial o, en general, cualquier entidad de derecho p�blico, el �rgano competente de la Tesorer�a General de la Seguridad Social, transcurridos los plazos a que se refiere el apartado 1 de este art�culo, iniciar� el procedimiento de deducci�n, acordando, previa audiencia de la entidad afectada, la retenci�n a favor de la Seguridad Social en la cuant�a que corresponda por principal, recargo e intereses, sobre el importe total que con cargo a los Presupuestos Generales del Estado deba transferirse a la entidad deudora, quedando extinguida total o parcialmente la deuda desde que la Tesorer�a General de la Seguridad Social aplique el importe retenido al pago de la misma.
S�lo se iniciar� la v�a de apremio sobre el patrimonio de estas entidades, en los t�rminos establecidos en el apartado 2 de este art�culo, cuando la ley prevea que puedan ostentar la titularidad de bienes embargables. En este caso, y una vez definitiva en v�a administrativa la providencia de apremio, el �rgano competente de la Tesorer�a General de la Seguridad Social acordar� la retenci�n prevista en el p�rrafo anterior, sin perjuicio de la continuaci�n del procedimiento de apremio sobre los bienes embargables hasta completar el cobro de los d�bitos.
7. Las costas y gastos que origine la recaudaci�n en v�a ejecutiva ser�n siempre a cargo del sujeto responsable del pago.
8. El Gobierno, mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, aprobar� el oportuno procedimiento para la cobranza de los d�bitos a la Seguridad Social en v�a de apremio.
9. Lo dispuesto en los n�meros precedentes se entiende sin perjuicio de lo especialmente previsto en el art�culo 35 de esta ley y en la normativa reguladora de la Jurisdicci�n Contencioso-Administrativa.
Art�culo 34 redactado por el apartado diez del art�culo 5 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 junio 2004
Tercer�as 1. Corresponde a la Tesorer�a General de la Seguridad Social la resoluci�n de las tercer�as que se susciten en el procedimiento de apremio, y su interposici�n ante dicho �rgano ser� requisito previo para que puedan ejercitarse ante los Tribunales de la jurisdicci�n ordinaria.
2. La tercer�a s�lo podr� fundarse en el dominio de los bienes embargados al deudor o en el derecho del tercerista a ser reintegrado de su cr�dito con preferencia al perseguido en el expediente de apremio.
3. Si la tercer�a fuese de dominio, se suspender� el procedimiento de apremio hasta que aqu�lla se resuelva, y una vez se hayan tomado las medidas de aseguramiento subsiguientes al embargo, seg�n la naturaleza de los bienes. Si fuera de mejor derecho, proseguir� el procedimiento hasta la realizaci�n de los bienes, y el producto obtenido se consignar� en dep�sito a resultas de la tercer�a. No ser� admitida la tercer�a de dominio despu�s de otorgada la escritura, de consumada la venta de los bienes de que se trate o de su adjudicaci�n en pago a la Seguridad Social. La tercer�a de mejor derecho no se admitir� despu�s de haber recibido el recaudador el precio de la venta.
Deber de informaci�n por entidades financieras, funcionarios p�blicos y profesionales oficiales 1. Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuenta, valores u otros bienes de deudores a la Seguridad Social en situaci�n de apremio, est�n obligadas a informar a la Tesorer�a General de la Seguridad Social y a cumplir los requerimientos que le sean hechos por la misma en el ejercicio de sus funciones legales.
2. Las obligaciones a que se refiere el n�mero anterior deber� cumplirse bien con car�cter general o bien a requerimiento individualizado de los �rganos competentes de la Administraci�n de la Seguridad Social, en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen.
3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los n�meros anteriores de este art�culo no podr� ampararse en el secreto bancario.
Los requerimientos relativos a los movimientos de cuentas corrientes, dep�sitos de ahorro y a plazo, cuentas de pr�stamos y cr�ditos y dem�s operaciones activas o pasivas de los Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de Cr�dito y cuantas personas f�sicas o jur�dicas se dediquen al tr�fico bancario o crediticio, se efectuar�n previa autorizaci�n del Director general de la Tesorer�a General de la Seguridad Social o, en su caso, y en las condiciones que reglamentariamente se establezcan, del Director provincial de la Tesorer�a General de la Seguridad Social competente, y deber�n precisar las operaciones objeto de investigaci�n, los sujetos pasivos afectados y el alcance de la misma en cuanto al per�odo de tiempo a que se refieren.
4. Los funcionarios p�blicos, incluidos los profesionales oficiales, est�n obligados a colaborar con la Administraci�n de la Seguridad Social para suministrar toda clase de informaci�n, objeto o no de tratamiento automatizado, siempre que sea �til para la recaudaci�n de recursos de Seguridad Social y dem�s conceptos de recaudaci�n conjunta, de que aquellos dispongan, salvo que sea aplicable:
b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administraci�n P�blica para una finalidad exclusivamente estad�stica.
El secreto del protocolo notarial abarcar� los instrumentos p�blicos a que se refieren los art�culos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862 y los relativos a cuestiones matrimoniales, con excepci�n de los referentes al r�gimen econ�mico de la sociedad conyugal.
N�mero 4 del art�culo 36 redactado por el apartado diez del art�culo 1 de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci�n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).
5. La obligaci�n de los profesionales de facilitar informaci�n de transcendencia recaudatoria a la Administraci�n de la Seguridad Social no alcanzar� a los datos privados no patrimoniales que conozcan por raz�n del ejercicio de su actividad, cuya revelaci�n atente al honor o a la intimidad personal o familiar de las personas. Tampoco alcanzar� a aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tenga conocimiento como consecuencia de la prestaci�n de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.
Los profesionales no podr�n invocar el secreto profesional a efectos de impedir la comprobaci�n de su propia cotizaci�n a la Seguridad Social.
A efectos del art�culo 8�, apartado 1, de la Ley Org�nica 1/1982, de 5 de mayo, de protecci�n civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se considerar� autoridad competente al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a los titulares de los �rganos y centros directivos de la Secretar�a General para la Seguridad Social y de la Direcci�n General de la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social, as� como al Director general y a los Directores provinciales de la Tesorer�a General de la Seguridad social.
6. La cesi�n de aquellos datos de car�cter personal, objeto de tratamiento automatizado, que se deba efectuar a la Administraci�n de la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en este art�culo o, en general, en cumplimiento del deber de colaborar para la efectiva recaudaci�n de los recursos de la Seguridad Social, no requerir� el consentimiento del afectado. En este �mbito, tampoco ser� de aplicaci�n lo que, respecto a las Administraciones P�blicas, establece el apartado 1 del art�culo 21 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal.
En los casos en que la cesi�n de datos se efect�e por parte de la Agencia Estatal de la Administraci�n Tributaria, �stos se instrumentar�n preferentemente por medios electr�nicos, inform�ticos o telem�ticos.
N�mero 6 del art�culo 36 redactado por el apartado uno del art�culo 6 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
N�mero 6 del art�culo 36 redactado por el apartado diez del art�culo 1 de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci�n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).
N�mero 7 del art�culo 36 suprimido por el apartado dos del art�culo 6 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
N�mero 7 del art�culo 36 introducido por el apartado diez del art�culo 1 de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci�n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).
T�tulo del art�culo 36 redactado por el apartado diez del art�culo 1 de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci�n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).
Levantamiento de bienes embargables Las personas o entidades depositarias de bienes embargables que, con conocimiento previo del embargo practicado por la Seguridad Social, conforme al procedimiento administrativo de apremio reglamentariamente establecido, colaboren o consientan en el incumplimiento de las �rdenes de embargo o en el levantamiento de los bienes, ser�n responsables solidarios del pago de la deuda hasta el importe del valor de los bienes que se hubieran podido embargar o enajenar.
Art�culo 37 redactado, con efectos desde el 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, por el apartado dos de la disposici�n final tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2011 (�B.O.E.� 23 diciembre).Vigencia: 1 enero 2011
CAP�TULO IVACCI�N PROTECTORA
Acci�n protectora del sistema de la Seguridad Social 1. La acci�n protectora del sistema de la Seguridad Social comprender�:
a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad com�n o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo.
b) La recuperaci�n profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los casos que se mencionan en el apartado anterior.
c) Prestaciones econ�micas en las situaciones de incapacidad temporal; maternidad; paternidad; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; cuidado de menores afectados por c�ncer u otra enfermedad grave; invalidez, en sus modalidades contributiva y no contributiva; jubilaci�n, en sus modalidades contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; muerte y supervivencia; as� como las que se otorguen en las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo e Inmigraci�n.
P�rrafo 1.� de la letra c) del n�mero 1 del art�culo 38 redactado, con efectos de 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, por el apartado uno de la disposici�n final vig�sima primera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2011 (�B.O.E.� 23 diciembre).Vigencia: 1 enero 2011
Las prestaciones econ�micas por invalidez y jubilaci�n, en sus modalidades no contributivas, se otorgar�n de acuerdo con la regulaci�n que de las mismas se contiene en el T�tulo II de la presente Ley.
Las prestaciones por desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial, se otorgar�n de acuerdo con la regulaci�n que de las mismas se contiene en el T�tulo III de esta Ley.
d) Prestaciones familiares de la Seguridad Social, en sus modalidades contributiva y no contributiva.Las prestaciones familiares, en su modalidad no contributiva, se otorgar�n de acuerdo con la regulaci�n que de las mismas se contiene en el t�tulo II de esta ley.
Letra d) del n�mero 1 del art�culo 38 redactada por el n�mero uno del art�culo 19 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
e) Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de reeducaci�n y rehabilitaci�n de inv�lidos y de asistencia a la tercera edad, as� como en aquellas otras materias en que se considere conveniente.
2. Igualmente, y como complemento de las prestaciones comprendidas en el apartado anterior, podr�n otorgarse los beneficios de la asistencia social.
3. La acci�n protectora comprendida en los n�meros anteriores establece y limita el �mbito de extensi�n posible del R�gimen General y de los Especiales de la Seguridad Social, as� como de la modalidad no contributiva de las prestaciones.
4. Cualquier prestaci�n de car�cter p�blico que tenga como finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, forma parte del sistema de la Seguridad Social y est� sujeto a los principios regulados en el art�culo 2 de esta Ley.
Lo previsto en el p�rrafo anterior se entiende sin perjuicio de las ayudas de otra naturaleza que, en el ejercicio de sus competencias, puedan establecer las Comunidades Aut�nomas en beneficio de los pensionistas residentes en ellas.
N�mero 4 del art�culo 38 redactado por el n�mero uno del art�culo �nico de la Ley 4/2005, de 22 de abril, sobre efectos en las pensiones no contributivas de los complementos otorgados por las Comunidades Aut�nomas (�B.O.E.� 23 abril).Vigencia: 23 abril 2005
Mejoras voluntarias 1. La modalidad contributiva de la acci�n protectora que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas comprendidas en el apartado 1 del art�culo 7 de la presente Ley, podr� ser mejorada voluntariamente en la forma y condiciones que se establezcan en las normas reguladoras del R�gimen General y de los Reg�menes Especiales.
2. Sin otra excepci�n que el establecimiento de mejoras voluntarias, conforme a lo previsto en el n�mero anterior, la Seguridad Social no podr� ser objeto de contrataci�n colectiva.
Caracteres de las prestaciones 1. Las prestaciones de la Seguridad Social, as� como los beneficios de sus servicios sociales y de la asistencia social, no podr�n ser objeto de retenci�n, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 de este mismo art�culo, cesi�n total o parcial, compensaci�n o descuento, salvo en los dos casos siguientes:
a) En orden al cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del c�nyuge e hijos.
b) Cuando se trate de obligaciones contra�das por el beneficiario dentro de la Seguridad Social.
En materia de embargo se estar� a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Las percepciones derivadas de la acci�n protectora de la Seguridad Social estar�n sujetas a tributaci�n en los t�rminos establecidos en las normas reguladoras de cada impuesto.
3. No podr� ser exigida ninguna tasa fiscal, ni derecho de ninguna clase, en cuantas informaciones o certificaciones hayan de facilitar los correspondientes organismos de la Administraci�n de la Seguridad Social, y los organismos administrativos, judiciales o de cualquier otra clase, en relaci�n con las prestaciones y beneficios a que se refiere el apartado 1 de este art�culo.
Responsabilidad en orden a las prestaciones 1. Las Entidades gestoras de la Seguridad Social ser�n responsables de las prestaciones cuya gesti�n les est� atribuida, siempre que se hayan cumplido los requisitos generales y particulares exigidos para causar derecho a las mismas en las normas establecidas en el T�tulo II de la presente Ley, por lo que respecta al R�gimen General y a la modalidad no contributiva de las prestaciones, y en las espec�ficas que sean aplicables a los distintos Reg�menes Especiales.
2. Para la imputaci�n de responsabilidades en orden a las prestaciones, en su modalidad contributiva, a entidades o personas distintas de las determinadas en el apartado anterior, se estar� a lo dispuesto en la presente Ley, en sus disposiciones de desarrollo y aplicaci�n o en las normas reguladoras de los Reg�menes Especiales.
Pago de las pensiones contributivas derivadas de riesgos comunes, y de las pensiones no contributivas 1. Las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes de cualquiera de los Reg�menes que integran el sistema de la Seguridad Social ser�n satisfechas en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del a�o y dos pagas extraordinarias que se devengar�n en los meses de junio y noviembre.
2. Asimismo, el pago de las pensiones de invalidez y jubilaci�n, en sus modalidades no contributivas, se fraccionar� en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del a�o y dos pagas extraordinarias que se devengar�n en los meses de junio y noviembre.
Secci�n 2Prescripci�n, caducidad y reintegro de prestaciones indebidas
Prescripci�n 1. El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribir� a los cinco a�os, contados desde el d�a siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestaci�n de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la presente Ley y de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.
Si el contenido econ�mico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado con ocasi�n de solicitudes de revisi�n de las mismas, los efectos econ�micos de la nueva cuant�a tendr�n una retroactividad m�xima de tres meses desde la fecha de presentaci�n de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad m�xima no operar� en los supuestos de rectificaci�n de errores materiales, de hecho o aritm�ticos ni cuando de la revisi�n derive la obligaci�n de reintegro de prestaciones indebidas a la que se refiere el art�culo 45.
P�rrafo 2.� del n�mero 1 del art�culo 43 introducido, con efectos de 1 de enero de 2007 y vigencia indefinida, por el n�mero uno de la disposici�n final tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2007 (�B.O.E.� 29 diciembre).Vigencia: 1 enero 2007
2. La prescripci�n se interrumpir� por las causas ordinarias del art�culo 1.973 del C�digo Civil y, adem�s, por la reclamaci�n ante la Administraci�n de la Seguridad Social o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, as� como en virtud de expediente que tramite la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social en relaci�n con el caso de que se trate.
3. En el supuesto de que se entable acci�n judicial contra un presunto culpable, criminal o civilmente, la prescripci�n quedar� en suspenso mientras aqu�lla se tramite, volviendo a contarse el plazo desde la fecha en que se notifique el auto de sobreseimiento o desde que la sentencia adquiera firmeza.
Caducidad 1. El derecho al percibo de las prestaciones a tanto alzado y por una sola vez caducar� al a�o, a contar desde el d�a siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su concesi�n.
2. Cuando se trate de prestaciones peri�dicas, el derecho al percibo de cada mensualidad caducar� al a�o de su respectivo vencimiento.
Reintegro de prestaciones indebidas 1. Los trabajadores y las dem�s personas que hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social vendr�n obligados a reintegrar su importe.
2. Quienes por acci�n u omisi�n, hayan contribuido a hacer posible la percepci�n indebida de una prestaci�n responder�n subsidiariamente con los perceptores, salvo buena fe probada, de la obligaci�n de reintegrar que se establece en el apartado anterior.
3. La obligaci�n de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas prescribir� a los cuatro a�os, contados a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue posible ejercitar la acci�n para exigir su devoluci�n, con independencia de la causa que origin� la percepci�n indebida, incluidos los supuestos de revisi�n de las prestaciones por error imputable a la Entidad Gestora.
T�ngase en cuenta que el art�culo 24 de la Ley 55/1999, 29 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 30 diciembre), modifica el plazo de prescripci�n al que hace referencia el n�mero 3 del presente art�culo 45, reduci�ndolo a cuatro a�os.Vigencia: 1 enero 2000
N�mero 3 del art�culo 45 introducido por Ley 66/1997, 30 diciembre (�B.O.E.� 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Secci�n 3Revalorizaci�n e importes m�ximos y m�nimos de pensiones
R�brica de la secci�n tercera del cap�tulo IV del T�tulo I modificada, con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida, por el apartado tres de la disposici�n final segunda de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2016 (�B.O.E.� 30 octubre).
Subsecci�n 1Disposiciones comunes
Consideraci�n como pensiones p�blicas Las pensiones abonadas por el R�gimen General y los Reg�menes Especiales, as� como las de modalidad no contributiva de la Seguridad Social, tendr�n, a efectos de lo previsto en la presente secci�n, la consideraci�n de pensiones p�blicas, a tenor de lo establecido en el art�culo 37 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990.
Subsecci�n 2Pensiones contributivas
Limitaci�n de la cuant�a inicial de las pensiones El importe inicial de las pensiones contributivas de la Seguridad Social por cada beneficiario no podr� superar la cuant�a �ntegra mensual que establezca anualmente la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Revalorizaci�n 1. 1.1 Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensi�n m�nima, ser�n revalorizadas al comienzo de cada a�o, en funci�n del correspondiente �ndice de precios al consumo previsto para dicho a�o.
Se suspende para el ejercicio 2013 la aplicaci�n de lo previsto en el apartado 1.1 del art�culo 48, conforme establece el n�mero dos del art�culo segundo del R.D.-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidaci�n y garant�a del sistema de la Seguridad Social (�B.O.E.� 1 diciembre).
1.2 Si el �ndice de precios al consumo acumulado, correspondiente al per�odo comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio econ�mico a que se refiere la revalorizaci�n, fuese superior al �ndice previsto, y en funci�n del cual se calcul� dicha revalorizaci�n, se proceder� a la correspondiente actualizaci�n de acuerdo con lo que establezca la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. A tales efectos a los pensionistas cuyas pensiones hubiesen sido objeto de revalorizaci�n en el ejercicio anterior, se les abonar� la diferencia en un pago �nico, antes del 1 de abril del ejercicio posterior.
Se deja sin efecto para el ejercicio 2012 la actualizaci�n de las pensiones en los t�rminos previstos en el apartado 1.2 del art�culo 48, conforme establece el n�mero uno del art�culo segundo del R.D.-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidaci�n y garant�a del sistema de la Seguridad Social (�B.O.E.� 1 diciembre).
N�mero 1 del art�culo 48 redactado por Ley 24/1997, 15 julio (�B.O.E.� 16 julio), de Consolidaci�n y Racionalizaci�n del Sistema de Seguridad Social.
Apartado 1.3 del art�culo 48 suprimido por Ley 50/1998, 30 diciembre (�B.O.E.� 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Se suspende para el ejercicio de 2011 la aplicaci�n de lo previsto en el apartado 1.1 del art�culo 48, excepto para las pensiones m�nimas del Sistema de la Seguridad Social, las pensiones del extinguido SOVI no concurrentes y las pensiones no contributivas. Igualmente para el ejercicio de 2011 se suspende la aplicaci�n de lo dispuesto en el apartado 1.2 del art�culo 48 de la Ley General de la Seguridad Social, excepto para las pensiones m�nimas del Sistema de la Seguridad Social, las pensiones del extinguido SOVI no concurrentes y las pensiones no contributivas, conforme establece el n�mero 1 del art�culo 4 del R.D. 1794/2010, de 30 de diciembre, sobre revalorizaci�n de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales p�blicas para el ejercicio 2011 (�B.O.E.� 31 diciembre).
2. El resto de las pensiones reconocidas por el sistema de la Seguridad Social ser�n revalorizadas peri�dicamente por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, teniendo en cuenta, entre otros factores indicativos, la elevaci�n del nivel medio de los salarios, el �ndice de Precios al Consumo y la evoluci�n general de la econom�a, as� como las posibilidades econ�micas del sistema de la Seguridad Social.
3. ...N�mero 3 del art�culo 48 suprimido por Ley 24/1997, 15 julio (�B.O.E.� 16 julio), de Consolidaci�n y Racionalizaci�n del Sistema de Seguridad Social.
Art�culo 48 redactado por el art�culo 7 de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del �ndice de Revalorizaci�n del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social (�B.O.E.� 26 diciembre).
Limitaci�n del importe de la revalorizaci�n anual El importe de la revalorizaci�n anual de las pensiones de la Seguridad Social no podr� determinar para �stas, una vez revalorizadas, un valor �ntegro anual superior a la cuant�a establecida en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, sumado, en su caso, al importe anual �ntegro ya revalorizado de las otras pensiones p�blicas percibidas por su titular.
Complementos para pensiones inferiores a la m�nima 1. Los beneficiarios de pensiones del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, que no perciban rendimientos del trabajo, del capital o de actividades econ�micas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas, o que, percibi�ndolos, no excedan de la cuant�a que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, tendr�n derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuant�a m�nima de las pensiones, siempre que residan en territorio espa�ol, en los t�rminos que legal o reglamentariamente se determinen.
Los complementos por m�nimos ser�n incompatibles con la percepci�n por el pensionista de los rendimientos indicados en el p�rrafo anterior, cuando la suma de todas las percepciones mencionadas, excluida la pensi�n que se vaya a complementar, exceda el l�mite fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.
A efectos del reconocimiento de los complementos por m�nimos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social, de los rendimientos �ntegros percibidos por el pensionista, y computados en los t�rminos establecidos en la legislaci�n fiscal, se excluir�n los siguientes:
a) En los rendimientos �ntegros procedentes del trabajo, los gastos deducibles, de acuerdo con la legislaci�n fiscal.
b) En los rendimientos �ntegros procedentes de actividades econ�micas, los gastos deducibles, de acuerdo con la legislaci�n fiscal.
c) En los rendimientos �ntegros procedentes de bienes inmuebles, los gastos deducibles, de acuerdo con la legislaci�n fiscal.
2. El importe de dichos complementos en ning�n caso podr� superar la cuant�a establecida en cada ejercicio para las pensiones de jubilaci�n e invalidez en su modalidad no contributiva. Cuando exista c�nyuge a cargo del pensionista, el importe de tales complementos no podr� rebasar la cuant�a que corresponder�a a la pensi�n no contributiva por aplicaci�n de lo establecido en el apartado 1, 1.�, del art�culo 145 para las unidades econ�micas en las que concurran dos beneficiarios con derecho a pensi�n.
Cuando la pensi�n de orfandad se incremente en la cuant�a de la pensi�n de viudedad, el l�mite de la cuant�a de los complementos a m�nimos a que se refiere el p�rrafo anterior s�lo quedar� referido al de la pensi�n de viudedad que genera el incremento de la pensi�n de orfandad.
Los pensionistas de gran invalidez que tengan reconocido el complemento destinado a remunerar a la persona que le atiende no resultar�n afectados por los l�mites establecidos en este apartado.
Art�culo 50 redactado por el apartado uno del art�culo 1 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualizaci�n, adecuaci�n y modernizaci�n del sistema de Seguridad Social (�B.O.E.� 2 agosto).Vigencia: 1 enero 2013
Art�culo 50 bis introducido, con efectos de 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida, por el apartado uno de la disposici�n final segunda de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2016 (�B.O.E.� 30 octubre).
Pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo Las pensiones extraordinarias que se reconozcan por la Seguridad Social, originadas por actos de terrorismo, no estar�n sujetas a los l�mites de reconocimiento inicial y de revalorizaci�n de pensiones previstos en esta Ley.
Subsecci�n 3Pensiones no contributivas
Revalorizaci�n Las pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, ser�n actualizadas en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al menos, en el mismo porcentaje que dicha Ley establezca como incremento general de las pensiones contributivas de la Seguridad Social.
CAP�TULO VSERVICIOS SOCIALES
Objeto Como complemento de las prestaciones correspondientes a las situaciones espec�ficamente protegidas por la Seguridad Social, �sta, con sujeci�n a lo dispuesto por el Departamento ministerial que corresponda y en conexi�n con sus respectivos �rganos y servicios, extender� su acci�n a las prestaciones de servicios sociales previstas en la presente Ley, reglamentariamente o que en el futuro se puedan establecer de conformidad con lo previsto en el apartado 1.e) del art�culo 38 de la presente Ley.
Derecho a la reeducaci�n y rehabilitaci�n 1. Los derechos de quienes re�nan la condici�n de beneficiario de la prestaci�n de recuperaci�n profesional de inv�lidos son los regulados en el t�tulo II de la presente Ley para los incluidos en el R�gimen General, y los que, en su caso, se prevean en las normas reguladoras de los Reg�menes Especiales para los comprendidos dentro del �mbito de cada uno de ellos.
2. Los minusv�lidos en edad laboral tendr�n derecho a beneficiarse de la prestaci�n de recuperaci�n profesional de inv�lidos a que se refiere el apartado anterior, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
CAP�TULO VIASISTENCIA SOCIAL
Concepto 1. La Seguridad Social, con cargo a los fondos que a tal efecto se determinen, podr� dispensar a las personas incluidas en su campo de aplicaci�n y a los familiares o asimilados que de ellas dependan los servicios y auxilios econ�micos que, en atenci�n a estados y situaciones de necesidad, se consideren precisos, previa demostraci�n, salvo en casos de urgencia, de que el interesado carece de los recursos indispensables para hacer frente a tales estados o situaciones.
En las mismas condiciones, en los casos de separaci�n judicial o divorcio, tendr�n derecho a las prestaciones de asistencia social el c�nyuge y los descendientes que hubieran sido beneficiarios por raz�n de matrimonio o filiaci�n.
Reglamentariamente se determinar�n las condiciones de la prestaci�n de asistencia social al c�nyuge e hijos, en los casos de separaci�n de hecho, de las personas incluidas en el campo de aplicaci�n de la Seguridad Social.
2. La asistencia social podr� ser concedida por las entidades gestoras con el l�mite de los recursos consignados a este fin en los Presupuestos correspondientes, sin que los servicios o auxilios econ�micos otorgados puedan comprometer recursos del ejercicio econ�mico siguiente a aquel en que tenga lugar la concesi�n.
Contenido de las ayudas asistenciales Las ayudas asistenciales comprender�n, entre otras, las que se dispensen por tratamientos o intervenciones especiales, en casos de car�cter excepcional, por un determinado facultativo o en determinada instituci�n; por p�rdida de ingresos como consecuencia de la rotura fortuita de aparatos de pr�tesis, y cualesquiera otras an�logas cuya percepci�n no est� regulada en esta Ley ni en las normas espec�ficas aplicables a los Reg�menes Especiales.
CAP�TULO VIIGESTI�N DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Secci�n 1Entidades gestoras
Enumeraci�n 1. La gesti�n y administraci�n de la Seguridad Social se efectuar�, bajo la direcci�n y tutela de los respectivos Departamentos ministeriales, con sujeci�n a principios de simplificaci�n, racionalizaci�n, econom�a de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia social y descentralizaci�n, por las siguientes entidades gestoras:
a) El Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la gesti�n y administraci�n de las prestaciones econ�micas del sistema de la Seguridad Social, con excepci�n de las que se mencionan en el apartado c) siguiente.La letra a) del n�mero 1 del art�culo 57 quedar� derogada en el momento de constituci�n y entrada en funcionamiento de la Agencia Estatal de la Administraci�n de la Seguridad Social, conforme establece el apartado 2.� de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualizaci�n, adecuaci�n y modernizaci�n del sistema de Seguridad Social (�B.O.E.� 2 agosto).
b) El Instituto Nacional de la Salud, para la administraci�n y gesti�n de servicios sanitarios.
c) El Instituto Nacional de Servicios Sociales, para la gesti�n de las pensiones de invalidez y de jubilaci�n, en sus modalidades no contributivas, as� como de los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social.
2. Las distintas entidades gestoras, a efectos de la debida homogeneizaci�n y racionalizaci�n de los servicios, coordinar�n su actuaci�n en orden a la utilizaci�n de instalaciones sanitarias, mediante los conciertos o colaboraciones que al efecto se determinen entre las mismas.
Estructura y competencias 1. El Gobierno, a propuesta del Departamento ministerial de tutela, reglamentar� la estructura y competencias de las entidades a que se refiere el art�culo anterior.
2. Las entidades gestoras desarrollar�n su actividad en r�gimen descentralizado, en los diferentes �mbitos territoriales.
3. Los centros asistenciales de las entidades gestoras podr�n ser gestionados y administrados por las entidades locales.
Naturaleza jur�dica 1. Las entidades gestoras tienen la naturaleza de entidades de derecho p�blico y capacidad jur�dica para el cumplimiento de los fines que les est�n encomendados.
2. De conformidad con lo preceptuado en el apartado c) del art�culo 5 de la Ley de 26 de diciembre de 1958, no ser�n de aplicaci�n a dichas entidades las disposiciones de la referida Ley.
N�mero 3� del art�culo 59 derogado por Ley 1/1996, 10 enero (�B.O.E.� 12 enero), de Asistencia Jur�dica Gratuita.
Participaci�n en la gesti�n Se faculta al Gobierno para regular la participaci�n en el control y vigilancia de la gesti�n de las entidades gestoras, que se efectuar� gradualmente, desde el nivel estatal al local, por �rganos en los que figurar�n, fundamentalmente, por partes iguales, representantes de los distintos sindicatos, de las organizaciones empresariales y de la Administraci�n P�blica.
Relaciones y servicios internacionales Las entidades gestoras, con la previa conformidad del Departamento ministerial de tutela, podr�n pertenecer a asociaciones y organismos internacionales, concertar operaciones, establecer reciprocidad de servicios con instituciones extranjeras de an�logo car�cter y participar, en la medida y con el alcance que se les atribuya, en la ejecuci�n de los Convenios internacionales de Seguridad Social.
Secci�n 2Servicios comunes
Creaci�n Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el establecimiento de Servicios comunes, as� como la reglamentaci�n de su estructura y competencias.
El art�culo 62 quedar� derogado en el momento de constituci�n y entrada en funcionamiento de la Agencia Estatal de la Administraci�n de la Seguridad Social, conforme establece el apartado 2.� de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualizaci�n, adecuaci�n y modernizaci�n del sistema de Seguridad Social (�B.O.E.� 2 agosto).
Tesorer�a General de la Seguridad Social 1. La Tesorer�a General de la Seguridad Social es un Servicio com�n con personalidad jur�dica propia, en el que, por aplicaci�n de los principios de solidaridad financiera y caja �nica, se unifican todos los recursos financieros, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. Tendr� a su cargo la custodia de los fondos, valores y cr�ditos y las atenciones generales y de los servicios de recaudaci�n de derechos y pagos de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social.
2. La Tesorer�a General de la Seguridad Social gozar� del beneficio a que se refiere el apartado 3 del art�culo 59. Asimismo le ser� de aplicaci�n lo previsto para las entidades gestoras en el art�culo 61.
El art�culo 63 quedar� derogado en el momento de constituci�n y entrada en funcionamiento de la Agencia Estatal de la Administraci�n de la Seguridad Social, conforme establece el apartado 2.� de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualizaci�n, adecuaci�n y modernizaci�n del sistema de Seguridad Social (�B.O.E.� 2 agosto).
Secci�n 3Normas comunes a las entidades gestoras y servicios comunes
Reserva de nombre Ninguna entidad p�blica o privada podr� usar en Espa�a el t�tulo o los nombres de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, ni los que puedan resultar de la adici�n a los mismos de algunas palabras o de la mera combinaci�n, en otra forma, de las principales que los constituyen. Tampoco podr�n incluir en su denominaci�n la expresi�n Seguridad Social, salvo expresa autorizaci�n del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Exenciones tributarias y otros beneficios 1. Las entidades gestoras y servicios comunes disfrutar�n en la misma medida que el Estado, con las limitaciones y excepciones que, en cada caso, establezca la legislaci�n fiscal vigente, de exenci�n tributaria absoluta, incluidos los derechos y honorarios notariales y registrales, por los actos que realicen o los bienes que adquieran o posean afectados a sus fines, siempre que los tributos o exacciones de que se trate recaigan directamente sobre los organismos de referencia en concepto legal de contribuyente y sin que sea posible legalmente la traslaci�n de la carga tributaria a otras personas.
2. Tambi�n gozar�n, en la misma medida que el Estado, de franquicia postal y telegr�fica.
3. Las exenciones y dem�s privilegios contemplados en el presente art�culo y en el apartado 3 del art�culo 59 de esta Ley alcanzar�n tambi�n a las entidades gestoras en cuanto afecten a la gesti�n de las mejoras voluntarias previstas en el art�culo 39 de la presente Ley.
Reserva de datos y r�gimen de personal 1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administraci�n de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones tienen car�cter reservado y s�lo podr�n utilizarse para los fines encomendados a las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesi�n o comunicaci�n tenga por objeto:
a) La investigaci�n o persecuci�n de delitos p�blicos por los �rganos jurisdiccionales, el Ministerio P�blico o la Administraci�n de la Seguridad Social.
b) La colaboraci�n con las Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el �mbito de sus competencias.
c) La colaboraci�n con el sistema de la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social y la Intervenci�n General de la Seguridad Social, en el ejercicio de sus funciones de inspecci�n y control interno o con las dem�s entidades gestoras de la Seguridad Social distintas del cedente y dem�s �rganos de la Administraci�n de la Seguridad Social y para los fines de estad�stica p�blica en los t�rminos de la Ley reguladora de dicha funci�n p�blica.
Letra c) del n�mero 1 del art�culo 66 redactada por el n�mero uno de la disposici�n final s�ptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualizaci�n, adecuaci�n y modernizaci�n del sistema de Seguridad Social (�B.O.E.� 2 agosto).Vigencia: 2 agosto 2011
d) La colaboraci�n con cualesquiera otras Administraciones p�blicas para la lucha contra el fraude en la obtenci�n o percepci�n de ayudas o subvenciones a cargo de fondos p�blicos, incluidos los de la Uni�n Europea, as� como en la obtenci�n o percepci�n de prestaciones incompatibles en los distintos reg�menes del sistema de la Seguridad Social.
e) La colaboraci�n con las comisiones parlamentarias de investigaci�n en el marco legalmente establecido.
f) La protecci�n de los derechos e intereses de los menores o incapacitados por los �rganos jurisdiccionales o el Ministerio P�blico.
g) La colaboraci�n con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalizaci�n de la Administraci�n de la Seguridad Social.
h) La colaboraci�n con los jueces y tribunales en el curso del proceso y para la ejecuci�n de resoluciones judiciales firmes. La solicitud judicial de informaci�n exigir� resoluci�n expresa, en la que, por haberse agotado los dem�s medios o fuentes de conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se motive la necesidad de recabar datos de la Administraci�n de la Seguridad Social.
1.1 El acceso a los datos, informes o antecedentes de todo tipo obtenidos por la Administraci�n de la Seguridad Social sobre personas f�sicas o jur�dicas, cualquiera que sea su soporte, por el personal al servicio de aqu�lla y para fines distintos de las funciones que le son propias, se considerar� siempre falta disciplinaria grave.
1.2 Cuantas autoridades y personal al servicio de la Administraci�n de la Seguridad Social tengan conocimiento de estos datos o informes estar�n obligados al m�s estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos de los delitos citados, en los que se limitar�n a deducir el tanto de culpa o a remitir al Ministerio Fiscal relaci�n circunstanciada de los hechos que se estimen constitutivos de delito. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran corresponder, la infracci�n de este particular deber de sigilo se considerar� siempre falta disciplinaria muy grave.
N�mero 1 del art�culo 66 introducido, en su actual redacci�n, por el apartado tres del art�culo 6 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
2. Los funcionarios de la Administraci�n de la Seguridad Social se regir�n por lo dispuesto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci�n P�blica, y dem�s disposiciones que les sean de aplicaci�n.
N�mero 2 del art�culo 66 renumerado por el apartado cuatro del art�culo 6 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior n�mero 1.Vigencia: 1 enero 2004
3. Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro competente, el nombramiento y cese de los cargos directivos con categor�a de Director general o asimilada.
N�mero 3 del art�culo 66 renumerado por el apartado cuatro del art�culo 6 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior n�mero 2.Vigencia: 1 enero 2004
R�brica del art�culo 66 redactada por el apartado tres del art�culo 6 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
Art�culo 66 bis
Suministro de informaci�n a las entidades gestoras de las prestaciones econ�micas de la Seguridad Social 1. Por los organismos competentes dependientes del Ministerio de Econom�a y Hacienda o, en su caso, de las Comunidades Aut�nomas o de las Diputaciones Forales se facilitar�n, dentro de cada ejercicio anual, a las entidades gestoras de la Seguridad Social responsables de la gesti�n de las prestaciones econ�micas, y, a petici�n de las mismas, los datos relativos a los niveles de renta y dem�s ingresos de los titulares de prestaciones, en cuanto determinen el derecho a las mismas, as� como de los beneficiarios c�nyuges y otros miembros de las unidades familiares, siempre que deban tenerse en cuenta para el reconocimiento, mantenimiento o cuant�a de dichas prestaciones a fin de verificar si aqu�llos cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la percepci�n de las prestaciones y en la cuant�a legalmente establecida.
Tambi�n se facilitar� por los mismos organismos, a petici�n de las entidades gestoras de la Seguridad Social, un n�mero de cuenta corriente del interesado para proceder, cuando se reconozca la prestaci�n, a su abono.
2. El organismo que designe el Ministerio de Justicia facilitar� a las entidades gestoras de la Seguridad Social la informaci�n que �stas soliciten acerca de las inscripciones y datos obrantes en el mismo y que puedan guardar relaci�n con el nacimiento, modificaci�n, conservaci�n o extinci�n del derecho a las prestaciones econ�micas de la Seguridad Social.
3. Los empresarios facilitar�n a las entidades gestoras de la Seguridad Social, los datos que �stas les soliciten para poder efectuar las comunicaciones a trav�s de sistemas inform�ticos, electr�nicos y/o telem�ticos, que garanticen un procedimiento de comunicaci�n �gil en el reconocimiento y control de las prestaciones de la Seguridad Social relativas a sus trabajadores.
Los datos que se faciliten en relaci�n con los trabajadores deber�n identificar, en todo caso, nombre y apellidos, documento nacional de identidad o n�mero de identificaci�n de extranjero y domicilio.
Todos los datos relativos a los solicitantes de prestaciones econ�micas del Sistema de Seguridad Social, que obren en poder de las entidades gestoras y que hayan sido remitidos por otros organismos p�blicos o por empresas mediante transmisi�n telem�tica o cuando aqu�llos se consoliden en las bases de datos corporativas del Sistema de la Seguridad Social como consecuencia del acceso inform�tico directo a las bases de datos corporativas de otros organismos o empresas, surtir�n plenos efectos y tendr�n la misma validez que si hubieran sido notificados, por dichos organismos o empresas mediante certificaci�n en soporte papel.
Art�culo 66 bis intrducido, con efectos de 1 de enero de 2010, por el n�mero dos de la disposici�n final tercera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2010 (�B.O.E.� 24 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010
Art�culo 66 bis redactado por el apartado tres de la disposici�n final tercera de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidaci�n e ingreso de cuotas de la Seguridad Social (�B.O.E.� 27 diciembre).
Secci�n 4Colaboraci�n en la gesti�n de la Seguridad Social
Subsecci�n 1Disposici�n General
Entidades colaboradoras 1. La colaboraci�n en la gesti�n del sistema de la Seguridad Social se llevar� a cabo por Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y por empresas, de acuerdo con lo establecido en la presente secci�n.
2. La colaboraci�n en la gesti�n se podr� realizar tambi�n por asociaciones, fundaciones y entidades p�blicas y privadas, previa su inscripci�n en un registro p�blico.
Subsecci�n 2Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
Definici�n 1. Se considerar�n mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social las asociaciones debidamente autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que con tal denominaci�n se constituyan, sin �nimo de lucro y con sujeci�n a las normas reglamentarias que se establezcan, por empresarios que asuman al efecto una responsabilidad mancomunada y con el principal objeto de colaborar en la gesti�n de la Seguridad Social, sin perjuicio de la realizaci�n de otras prestaciones, servicios y actividades que le sean legalmente atribuidas.
N�mero 1 del art�culo 68 redactado por Ley 66/1997, 30 diciembre (�B.O.E.� 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
2. A efectos de la presente Ley y de acuerdo con lo establecido en la misma, la colaboraci�n en la gesti�n de la Seguridad Social comprender� las siguientes actividades:
a) La colaboraci�n en la gesti�n de contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
b) La realizaci�n de actividades de prevenci�n, recuperaci�n y dem�s previstas en la presente Ley. Las actividades que las mutuas puedan desarrollar como Servicio de Prevenci�n ajeno se regir�n por lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci�n de Riesgos Laborales, y en sus normas reglamentarias de desarrollo.
c) La colaboraci�n en la gesti�n de la prestaci�n econ�mica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
d) Las dem�s actividades, prestaciones y servicios de seguridad social que les sean atribuidas legalmente.
N�mero 2 del art�culo 68 redactado por Ley 66/1997, 30 diciembre (�B.O.E.� 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
3. En la colaboraci�n en la gesti�n de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, as� como en las actividades de prevenci�n reguladas por la presente ley, las operaciones que lleven a cabo las mutuas se reducir�n a repartir entre sus asociados:
b) El coste de los servicios y actividades preventivas relacionadas con las prestaciones previstas en este apartado, as� como la contribuci�n a los servicios de prevenci�n, recuperaci�n y dem�s previstos en la presente ley, en favor de las v�ctimas de aquellas contingencias y de sus beneficiarios.
c) Los gastos de administraci�n de la propia entidad.
La colaboraci�n en la gesti�n de la prestaci�n econ�mica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes se llevar� a cabo en favor de los trabajadores empleados por los empresarios asociados que hayan ejercitado esta opci�n, as� como de los trabajadores incluidos en el R�gimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos, en los t�rminos y condiciones establecidos en la disposici�n adicional und�cima de esta ley y en el art�culo 78 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y dem�s normas reglamentarias de desarrollo.
Las prestaciones, asistencias y servicios objeto de la colaboraci�n forman parte de la acci�n protectora de la Seguridad Social y est�n sujetas al r�gimen establecido en esta ley y en sus normas de aplicaci�n y desarrollo.
N�mero 3 del art�culo 68 redactado por el n�mero tres de la disposici�n final primera de la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integraci�n del R�gimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el R�gimen General de la Seguridad Social (�B.O.E.� 23 septiembre).Vigencia: 1 enero 2012
4. Conforme a lo establecido en el art�culo 17 y en el apartado 1 del art�culo 80, los ingresos que las mutuas obtengan como consecuencia de las primas de accidentes de trabajo aportadas a las mismas por los empresarios a ellas asociados, as� como los bienes muebles o inmuebles en que puedan invertirse dichos ingresos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y est�n afectados al cumplimiento de los fines de �sta.
Los bienes incorporados al patrimonio de las mutuas con anterioridad a 1 de enero de 1967 o durante el per�odo comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, siempre que en este �ltimo caso se trate de bienes que provengan del 20 por 100 del exceso de excedentes, as� como los que procedan de recursos distintos de los que tengan su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio hist�rico de las mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociaci�n de empresarios, sin perjuicio de la tutela a que se refiere el art�culo 71 de esta Ley.
Este patrimonio hist�rico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la entidad, sin que de su dedicaci�n a los fines sociales de la mutua puedan derivarse rendimientos o incrementos patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio �nico de la Seguridad Social.
Sin perjuicio de lo establecido con car�cter general en el p�rrafo anterior, las mutuas que cuenten con bienes inmuebles integrantes de su patrimonio hist�rico, destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de las actividades propias de la colaboraci�n con la Seguridad Social que tienen encomendada, podr�n cargar en sus respectivas cuentas de gesti�n un canon o coste de compensaci�n por la utilizaci�n de tales inmuebles, previa autorizaci�n y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
5. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social gozar�n de exenci�n tributaria, en los t�rminos que se establecen para las entidades gestoras, en el apartado 1 del art�culo 65 de la presente Ley.
6 La inspecci�n y control de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social est� atribuida al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en los t�rminos y con el alcance previstos en el art�culo 5.2, letra c), y sin perjuicio de lo dispuesto en el art�culo 151.1 del Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
N�mero 6 del art�culo 68 introducido por Ley 66/1997, 30 diciembre (�B.O.E.� 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; Correcci�n de errores (�B.O.E.� 2 julio 1998). A partir de: 1 enero 2015
Subsecci�n 2.� de la Secci�n Cuarta del Cap�tulo VII del T�tulo I redactada por el apartado uno del art�culo �nico de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relaci�n con el r�gimen jur�dico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (�B.O.E.� 29 diciembre; correcci�n de erratas �B.O.E.� 14 marzo 2015).
V�ase la disposici�n transitoria octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2013 (�B.O.E.� 28 diciembre), sobre asociaci�n y adhesi�n a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Requisitos para su constituci�n y funcionamiento Para constituirse y desarrollar la colaboraci�n en la gesti�n a que se refiere el art�culo anterior, las mutuas habr�n de reunir los siguientes requisitos:
a) Que concurran, como m�nimo, 50 empresarios y 30.000 trabajadores cotizando un volumen de cuotas no inferior al l�mite que reglamentariamente se establezca.
b) Que limiten su actividad, sin perjuicio de lo establecido en la disposici�n adicional und�cima de esta Ley, a la protecci�n, en r�gimen de colaboraci�n, de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
c) Que presten fianza, en la cuant�a que se�alan las disposiciones de aplicaci�n y desarrollo de esta Ley, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
Empresarios asociados 1. Para formalizar la protecci�n respecto a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional del personal a su servicio, los empresarios podr�n optar entre hacerlo en la entidad gestora competente o asoci�ndose a una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
2. Los empresarios asociados a una Mutua a los fines de las presentes normas, habr�n de proteger en la misma entidad a la totalidad de sus trabajadores correspondientes a centros de trabajo situados en la misma provincia, siempre que �sta se encuentre comprendida en el �mbito territorial de la Mutua. A estos efectos se entender� por centro de trabajo el definido como tal en la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.
N�mero 2 del art�culo 70 redactado por Ley 13/1996, 30 diciembre (�B.O.E.� 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
T�ngase en cuenta que la citada Ley 8/1980, de 10 de marzo, est� derogada por R.D. Leg. 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 3. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales habr�n de aceptar toda proposici�n de asociaci�n y consiguiente protecci�n que se formule, respecto a su personal, por empresarios comprendidos en su �mbito de actuaci�n, en los mismos t�rminos y con igual alcance que las entidades gestoras en relaci�n con los empresarios y trabajadores que tengan concertada esta contingencia con las mismas.
La falta de pago de las cuotas por un empresario asociado a una mutua no podr� dar lugar a la resoluci�n del convenio de asociaci�n.
4. Los Estatutos establecer�n, necesariamente, la responsabilidad de los asociados que desempe�en funciones directivas, as� como del director gerente, gerente o cargo asimilado, y la forma de hacer efectiva dicha responsabilidad. A tal efecto se recoger� expresamente que responden frente a la Seguridad Social, la Mutua y los empresarios asociados, por el da�o que causen por actos contrarios a la normativa aplicable o a los Estatutos, as� como por los realizados sin la diligencia con la que deben desempe�ar el cargo. Asimismo deber� consignarse la responsabilidad solidaria de los mismos de la Junta directiva respecto de los acuerdos lesivos adoptados por la misma, salvo que prueben que, no habiendo intervenido en su adopci�n y ejecuci�n, desconoc�an su existencia o conoci�ndola hicieron todo lo conveniente para evitar el da�o o, al menos, se opusieron expresamente a �l. De igual forma deber� se�alarse que en ning�n caso exonerar� de responsabilidades la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la Junta General.
N�mero 4 del art�culo 70 introducido por Ley 42/1994, 30 diciembre (�B.O.E.� 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
Competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1. Corresponden al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las facultades de direcci�n y tutela sobre las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, conforme a lo establecido en el apartado 2.c) del art�culo 5.
2. Las mutuas ser�n objeto, anualmente, de una auditor�a de cuentas, que ser� realizada por la Intervenci�n General de la Seguridad Social.
Para la realizaci�n de dicha auditor�a, la Intervenci�n General de la Seguridad Social, en caso de insuficiencia de medios personales propios, podr� solicitar la colaboraci�n de entidades privadas, las cuales deber�n ajustarse a las normas e instrucciones que determine dicho centro directivo, quien podr�, asimismo, efectuar a �stas las revisiones y los controles de calidad que estime convenientes. Dicha colaboraci�n requerir� de la autorizaci�n ministerial correspondiente, a tenor de lo previsto en el art�culo 93.
3. Con independencia de las medidas cautelares de control establecidas en el art�culo 74 de esta Ley, el Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n podr� acordar, cuando se den los supuestos previstos en la letra a) del n�mero 1 del mencionado art�culo 74, y as� se entienda necesario para garantizar la adecuada dispensaci�n de las prestaciones por la entidad a sus trabajadores protegidos, la reposici�n de las reservas obligatorias de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y hasta los importes de las mismas que se encuentren reglamentariamente establecidos mediante el establecimiento de la correspondiente derrama entre sus asociados, como ejecuci�n parcial de la responsabilidad mancomunada que asumen en los resultados de la gesti�n de la mutua.
N�mero 3 del art�culo 71 redactado, con efectos desde el 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, por el apartado tres de la disposici�n final tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2011 (�B.O.E.� 23 diciembre).Vigencia: 1 enero 2011
4. La declaraci�n de los cr�ditos del Sistema de la Seguridad Social que resulten de la derrama prevista en el n�mero anterior y, en general, de la aplicaci�n de la responsabilidad mancomunada a que se refiere el n�mero 1 del art�culo 68 de esta Ley se realizar� por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, quien determinar� el importe l�quido de los mismos, as� como los t�rminos y condiciones aplicables hasta su extinci�n.
La gesti�n recaudatoria de los referidos cr�ditos, que tienen el car�cter de recursos de derecho p�blico, se llevar� a efecto por la Tesorer�a General de la Seguridad Social, con arreglo a lo establecido en la presente Ley y en sus normas de aplicaci�n y desarrollo.
N�mero 4 del art�culo 71 introducido por el n�mero 3 del art�culo 22 de la Ley 55/1999, 29 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2000
N�mero 4 del art�culo 71 redactado, con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, por el apartado uno de la disposici�n final cuarta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2014 (�B.O.E.� 26 diciembre).
5. Los cr�ditos que se generen a consecuencia de atenciones, prestaciones y servicios que dispensen las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social a favor de personas que carezcan de derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social o cuando, ostentando el mismo, exista un tercero obligado a su pago, son recursos del Sistema de la Seguridad Social adscritos a aqu�llas y tienen el car�cter de recursos de derecho p�blico.
El importe de estos cr�ditos ser� liquidado por la Mutua, que instar� su pago del sujeto obligado al mismo en la forma, plazos y condiciones establecidos en la norma o concierto del que nazca la obligaci�n. La falta de pago de la deuda dar� lugar a su recaudaci�n por la Tesorer�a General de la Seguridad Social, con arreglo a lo establecido en la presente Ley y en sus normas de aplicaci�n y desarrollo.
La extinci�n de la deuda en forma distinta a la de su pago en efectivo, as� como aquellos otros supuestos que reglamentariamente se determinen, requerir� la conformidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
N�mero 5 del art�culo 71 introducido por el n�mero 3 del art�culo 22 de la Ley 55/1999, 29 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2000
Autorizaci�n y cese 1. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aprobar� los Estatutos y autorizar� la constituci�n y actuaci�n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de acuerdo con las normas de la presente Ley y de sus disposiciones de aplicaci�n y desarrollo.
2. Las mutuas podr�n cesar en la colaboraci�n prevista en la presente secci�n por su propia voluntad, comunic�ndolo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con tres meses de antelaci�n, como m�nimo, para que por �ste se practique la oportuna liquidaci�n. Igualmente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podr� retirar la autorizaci�n que se menciona en el apartado 1 de este art�culo, cuando dejen de concurrir las condiciones y requisitos exigidos para la constituci�n de estas entidades, y en los dem�s supuestos que se se�alen en las disposiciones de aplicaci�n y desarrollo de esta Ley.
3. En los supuestos se�alados en el n�mero anterior, se proceder� a la liquidaci�n de la mutua, y el resultado econ�mico positivo que pudiera obtenerse, una vez terminado el proceso liquidatorio, se destinar� a los fines espec�ficos de Seguridad Social que determinen sus Estatutos.
N�mero 3 del art�culo 72 redactado, con efectos desde el 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, por el apartado cuatro de la disposici�n final tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2011 (�B.O.E.� 23 diciembre).Vigencia: 1 enero 2011
Resultado econ�mico positivo 1. El resultado econ�mico positivo anual obtenido por las mutuas en su gesti�n habr� de afectarse, en primer lugar, a la dotaci�n de las reservas reglamentarias.
2. El exceso del resultado econ�mico positivo obtenido por la gesti�n de las contingencias profesionales, una vez dotadas las indicadas reservas, deber� adscribirse a los fines generales de prevenci�n y rehabilitaci�n, entre los que se encuentra el fomento de las actuaciones extraordinarias de las empresas en la prevenci�n de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Dicha adscripci�n se efectuar� mediante su ingreso en la cuenta especial del Fondo de Prevenci�n y Rehabilitaci�n abierta en el Banco de Espa�a a disposici�n del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y cuya titularidad corresponde a la Tesorer�a General de la Seguridad Social.
La Tesorer�a General de la Seguridad Social podr� materializar los fondos depositados en la cuenta del Fondo de Prevenci�n y Rehabilitaci�n, hasta su uso definitivo, en activos financieros emitidos por personas jur�dicas p�blicas, en las cantidades, plazos y dem�s condiciones que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Los rendimientos y gastos que generen los activos financieros en que se haya materializado el Fondo, as� como los de la propia cuenta, se abonar�n y cargar�n respectivamente en �sta, salvo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social disponga otra cosa.
Igualmente, la Tesorer�a General de la Seguridad Social podr� disponer de los fondos depositados en la cuenta del Fondo de Prevenci�n y Rehabilitaci�n, hasta su uso definitivo, para atender a los fines propios de la Seguridad Social. Entre estos fines est�n las posibles necesidades transitorias de tesorer�a. La disposici�n se realizar� en las condiciones que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social informar� anualmente a las comisiones competentes del Congreso de los Diputados y del Senado sobre las operaciones que se acuerden conforme a lo dispuesto en este apartado
N�mero 2 del art�culo 73 redactado por la disposici�n final vig�sima s�ptima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2012 (�B.O.E.� 30 junio).Vigencia: 1 julio 2012
Efectos / Aplicaci�n: 1 julio 2012
3. Las mutuas podr�n dedicar un porcentaje de las dotaciones constituidas por cada una de ellas en el Fondo de Prevenci�n y Rehabilitaci�n a incentivar la adopci�n de medidas y procesos que contribuyan eficazmente y de manera contrastable a la reducci�n de la siniestralidad laboral, mediante un sistema de �bonus-malus�, todo ello en los t�rminos y condiciones que se determinen reglamentariamente.
Teniendo en cuenta la efectividad de los resultados obtenidos, el Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n determinar� anualmente el porcentaje dedicado a esta finalidad.
4. Las mutuas podr�n destinar una parte del resultado econ�mico positivo obtenido en la gesti�n de las contingencias profesionales o de la incapacidad temporal por enfermedad com�n al establecimiento de un sistema de reducci�n de las cotizaciones por contingencias comunes de las empresas, en los t�rminos que se establezcan reglamentariamente, siempre que hayan reducido los costes de la incapacidad temporal, por debajo de los l�mites establecidos, o que hayan obtenido una reducci�n significativa de estos costes como consecuencia de la aplicaci�n de planes pactados en el �mbito de la empresa con la representaci�n de los trabajadores que modifiquen las condiciones de trabajo, flexibilicen el cambio de puesto de trabajo de los trabajadores afectados por enfermedad com�n y mejoren el control del absentismo injustificado. Las reducciones de cotizaci�n ser�n proporcionales a los ahorros de costes generados al sistema a trav�s de estos procesos de colaboraci�n.
5. Los fines actualmente atendidos con las reservas estatutarias, as� como las ayudas de asistencia social a favor de los trabajadores protegidos por las mutuas o sus derechohabientes se prestar�n con cargo a los cr�ditos presupuestarios de cada ejercicio, cuya dotaci�n estar� en funci�n del resultado econ�mico positivo por Contingencias Profesionales registrado en el �ltimo ejercicio econ�mico liquidado.
6. En lo sucesivo, todas las referencias normativas a los excedentes de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, han de entenderse hechas al resultado econ�mico positivo de dichas entidades.
Art�culo 73 redactado, con efectos desde el 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, por el apartado cinco de la disposici�n final tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2011 (�B.O.E.� 23 diciembre).Vigencia: 1 enero 2011
V�ase Res. 20 junio 2011, de la Secretar�a de Estado de la Seguridad Social, por la que se determina el importe a ingresar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en el Banco de Espa�a como consecuencia de los resultados obtenidos en el ejercicio 2010 (�B.O.E.� 30 junio).
Adopci�n de medidas cautelares 1. El Ministerio de Trabajo e Inmigraci�n podr� adoptar las medidas cautelares contenidas en el n�mero siguiente cuando la mutua se halle en alguna de las siguientes situaciones:
a. Cuando las reservas obligatorias no alcancen el porcentaje que reglamentariamente se determine sobre su cuant�a m�nima.
b. Situaciones de hecho, deducidas de comprobaciones efectuadas por la Administraci�n, que determinen desequilibrio econ�mico-financiero que ponga en peligro la solvencia o liquidez de la entidad, los intereses de los mutualistas y beneficiarios o el incumplimiento de las obligaciones contra�das, as� como la insuficiencia o irregularidad de la contabilidad o administraci�n, en t�rminos que impidan conocer la situaci�n de la entidad.
N�mero 1 del art�culo 74 redactado, con efectos desde el 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, por el apartado seis de la disposici�n final tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2011 (�B.O.E.� 23 diciembre).Vigencia: 1 enero 2011
2. Con independencia de las sanciones que, por los hechos anteriores y conforme a la presente Ley procedan, las medidas cautelares a que se refiere el apartado anterior, de acuerdo con las caracter�sticas de la situaci�n, podr�n consistir en:
a) Requerir a la entidad para que en el plazo de un mes presente un plan de viabilidad, rehabilitaci�n o saneamiento a corto o medio plazo, aprobado por su Junta Directiva, en el que se propongan las adecuadas medidas financieras administrativas o de otro orden, formule previsi�n de los resultados y fije los plazos para su ejecuci�n, a fin de superar la situaci�n que dio origen a dicho requerimiento, y garantice en todo caso los derechos de los trabajadores protegidos y de la Seguridad Social.La duraci�n del plan no ser� superior a tres a�os, seg�n las circunstancias, y concretar� en su forma y periodicidad las actuaciones a realizar.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo aprobar� o denegar� en el plazo de un mes y, en su caso, fijar� la periodicidad con que la entidad deber� informar de su desarrollo.
b) Convocar los �rganos de gobierno de la entidad, designando la persona que deba presidir la reuni�n y dar cuenta de la situaci�n.
c) Suspender en sus funciones a todos o algunos de los directivos de la entidad, debiendo �sta designar las personas que, aceptadas previamente por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hayan de sustituirlos interinamente. Si la entidad no lo hiciera, podr� dicho Ministerio proceder a su designaci�n.
d) Ordenar la ejecuci�n de medidas correctoras de las tendencias desfavorables registradas en su desarrollo econ�mico y en el cumplimiento de sus fines sociales durante los �ltimos ejercicios analizados.
e) Intervenir la entidad para comprobar y garantizar el correcto cumplimiento de �rdenes concretas emanadas del citado Ministerio cuando, en otro caso, pudieran infringirse tales �rdenes y de ello derivarse perjuicio mediato o inmediato para los trabajadores protegidos y la Seguridad Social.
3. Para adoptar las medidas cautelares previstas en el apartado anterior, se instruir� el correspondiente procedimiento administrativo con audiencia previa de la entidad interesada. Tales medidas cesar�n por acuerdo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando hayan desaparecido las causas que las motivaron.
Incompatibilidades 1. No podr�n ostentar el Cargo de Director-Gerente, Gerente o llevar bajo cualquier otro t�tulo la direcci�n ejecutiva de una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social:
a) Quienes pertenezcan al Consejo de Administraci�n o desempe�en cualquier actividad remunerada en cualquier empresa asociada a la mutua.
b) Quienes, ellos mismos, sus c�nyuges o hijos sometidos a patria potestad, ostenten la titularidad de una participaci�n igual o superior al 25 por 100 del capital social en cualquiera de las empresas asociadas a la mutua.
c) Quienes, como consecuencia de un expediente sancionador, hubiesen sido suspendidos de sus funciones, hasta el tiempo que dure la suspensi�n.
2. No podr�n formar parte de la Junta Directiva de una Mutua, ni ejercer el cargo de director gerente, gerente o asimilado, las personas que, en su condici�n de agentes o comisionistas, se dediquen a la tramitaci�n por cuenta de la Mutua, de convenios de asociaci�n para la cobertura de los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Tampoco podr� formar parte de la Junta Directiva, ni por s� mismo ni en representaci�n de empresa asociada, cualquier persona que mantenga con la Mutua relaci�n laboral, de prestaci�n de servicios de car�cter profesional o que, por cualquier otro concepto, perciba de la entidad prestaciones econ�micas, a excepci�n del representante de los trabajadores a que se refiere el art�culo 34.1 del Reglamento General sobre colaboraci�n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en la gesti�n de la Seguridad Social.
No podr�n formar parte de la Junta Directiva ni desempe�ar la direcci�n ejecutiva ni formar parte de la Comisi�n de Control y Seguimiento ni de la Comisi�n de Prestaciones Especiales aquellas empresas o personas que ostenten cualquiera de estos cargos en otra Mutua.
No podr� recaer en una misma persona y simult�neamente m�s de un cargo de la Junta Directiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, ya sea por s� mismos, como mutualistas o en representaci�n de otras empresas asociadas.
N�mero 2 del art�culo 75 redactado por Ley 13/1996, 30 diciembre (�B.O.E.� 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
3. El incumplimiento de lo previsto en los n�meros anteriores se considera falta muy grave, a efectos de lo establecido en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
N�mero 3 del art�culo 75 redactado por Ley 42/1994, 30 diciembre (�B.O.E.� 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
T�ngase en cuenta que la citada Ley 8/1988 ha sido derogada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, 4 agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (�B.O.E.� 8 agosto), sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposici�n Adicional 2.� del mismo. V�ase art�culo 8 del citado texto.
Prohibiciones 1. Los miembros de la Junta Directiva, los Directores-Gerentes, Gerentes o asimilados, o cualquier otra persona que ejerza funciones de direcci�n ejecutiva en una Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, no podr�n comprar ni vender para s� mismos, ni directamente ni por persona o entidad interpuesta, cualquier activo patrimonial de la entidad.
A estos efectos, se entender� que la operaci�n se realiza por persona o entidad interpuesta cuando se ejecute por persona unida por v�nculo de parentesco en l�nea directa o colateral, consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado inclusive, por mandatario o fiduciario, o por cualquier sociedad en que las personas citadas en el p�rrafo anterior, tengan directa o indirectamente un porcentaje igual o superior al 25 por 100 del capital social o ejerzan en ellas funciones que impliquen el ejercicio de poder de decisi�n.
2. La inobservancia de lo previsto en el apartado anterior ser� considerada falta muy grave, a efectos de lo establecido en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social.
3. Con cargo a recursos p�blicos, las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social no podr�n satisfacer indemnizaciones por extinci�n de la relaci�n laboral con su personal, cualesquiera que sean la forma de dicha relaci�n y la causa de su extinci�n, que superen las establecidas en las disposiciones legales y reglamentarias en materia laboral reguladoras de dicha relaci�n.
N�mero 3 del art�culo 76 redactado, con efectos desde el 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, por el apartado siete de la disposici�n final tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2011 (�B.O.E.� 23 diciembre).Vigencia: 1 enero 2011
4. La cauci�n o garant�a que, en su caso, deban constituir las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como consecuencia de las reclamaciones previas y de los recursos que las mismas planteen, tanto en v�a administrativa como en v�a judicial, contra las resoluciones de la Secretar�a de Estado o de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, as� como los gastos de cualquier orden que puedan derivarse de la impugnaci�n de tales resoluciones, en ning�n caso podr�n ser financiados con cargo a recursos que formen parte del patrimonio de la Seguridad Social. Igual limitaci�n ser� de aplicaci�n respecto del abono del importe de las sanciones impuestas a las Mutuas por infracciones derivadas de su colaboraci�n en la gesti�n de la Seguridad Social.
N�mero 4 del art�culo 76 redactado, con efectos de 1 de enero de 2009 y vigencia indefinida, por el apartado uno de la disposici�n final tercera de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2009 (�B.O.E.� 24 diciembre).Vigencia: 1 enero 2009
Subsecci�n 3Empresas
Colaboraci�n de las empresas 1. Las empresas, individualmente consideradas y en relaci�n con su propio personal, podr�n colaborar en la gesti�n de la Seguridad Social exclusivamente en alguna o algunas de las formas siguientes:
a) Asumiendo directamente el pago, a su cargo, de las prestaciones por incapacidad laboral transitoria derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional y las prestaciones de asistencia sanitaria y recuperaci�n profesional, incluido el subsidio consiguiente que corresponda durante la indicada situaci�n.
Letra b) del n�mero 1 del art�culo 77 derogada, con efectos de 1 de enero de 2009 y vigencia indefinida, por la letra a) del apartado dos de la disposici�n final tercera de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2009 (�B.O.E.� 24 diciembre).Vigencia: 1 enero 2009
c) Pagando a sus trabajadores, a cargo de la entidad gestora obligada, las prestaciones econ�micas por incapacidad laboral transitoria, as� como las dem�s que puedan determinarse reglamentariamente.
d) Asumiendo directamente el pago, a su cargo, de las prestaciones econ�micas por incapacidad laboral transitoria derivada de enfermedad com�n o accidente no laboral, en las condiciones que establezca el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Las empresas que se acojan a esta forma de colaboraci�n tendr�n derecho a reducir la cuota a la Seguridad Social, mediante la aplicaci�n del coeficiente que, a tal efecto, fije el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
2. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podr� establecer, con car�cter obligatorio, para todas las empresas o para algunas de determinadas caracter�sticas, la colaboraci�n en el pago de prestaciones a que se refiere el apartado c) anterior.
N�mero 2 del art�culo 77 redactado, con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, por el apartado dos de la disposici�n final cuarta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2014 (�B.O.E.� 26 diciembre).
3. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social determinar� las condiciones por las que ha de regirse la colaboraci�n prevista en los n�meros anteriores del presente art�culo.
4. La modalidad de colaboraci�n de las empresas en la gesti�n de la Seguridad Social a que se refiere el apartado 1 de este art�culo podr� ser autorizada a agrupaciones de empresas, constituidas a este �nico efecto, siempre que re�nan las condiciones que determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
5. En la regulaci�n de las modalidades de colaboraci�n establecidas en las letras a) y d) del apartado 1 y en el apartado 4 del presente art�culo se armonizar� el inter�s particular por la mejora de prestaciones y medios de asistencia con las exigencias de la solidaridad nacional.
N�mero 5 del art�culo 77 redactado, con efectos de 1 de enero de 2009 y vigencia indefinida, por la letra b) del apartado dos de la disposici�n final tercera de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2009 (�B.O.E.� 24 diciembre).Vigencia: 1 enero 2009
Secci�n 5Inspecci�n
Competencias de la Inspecci�n 1. La inspecci�n en materia de Seguridad Social se ejercer� a trav�s de la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social, desarrollando las funciones y competencias que tiene atribuidas por la Ley 39/1962, de 21 de julio, la presente Ley y normas concordantes.
Las referencias a la Ley 39/1962, 21 julio, para la Ordenaci�n de la Inspecci�n de Trabajo, deben entenderse hechas a la Ley 42/1997, 14 noviembre (�B.O.E.� 15 noviembre), Ordenadora de la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social.
2. Espec�ficamente corresponder� a la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social:
a) La vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la presente Ley y, en especial, de los fraudes y morosidad en el ingreso y recaudaci�n de cuotas de la Seguridad Social.Letra a) del n�mero 2 del art�culo 78 redactada por Ley 42/1997, 14 noviembre (�B.O.E.� 15 noviembre), Ordenadora de la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social.
b) La inspecci�n de la gesti�n, funcionamiento y cumplimiento de la legislaci�n que les sea de aplicaci�n a las entidades colaboradoras en la gesti�n.
c) La asistencia t�cnica a entidades y organismos de la Seguridad Social, cuando les sea solicitada.
3. Las competencias transcritas ser�n ejercidas de acuerdo con las facultades y procedimientos establecidos en las disposiciones aplicables.
Colaboraci�n con la Inspecci�n Los servicios de la Seguridad Social prestar�n su colaboraci�n a la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social en orden a la vigilancia que �sta tiene atribuida respecto al cumplimiento de las obligaciones de empresarios y trabajadores establecidas en la presente Ley.
CAP�TULO VIIIREGIMEN ECONOMICO
Secci�n 1Patrimonio de la Seguridad Social
Patrimonio 1. Las cuotas, bienes, derechos, acciones y recursos de cualquier otro g�nero de la Seguridad Social constituyen un patrimonio �nico afecto a sus fines, distinto del patrimonio del Estado.
2. La regulaci�n del patrimonio de la Seguridad Social se regir� por las disposiciones espec�ficas contenidas en la presente Ley, en sus normas de aplicaci�n y desarrollo y, en lo no previsto en las mismas, por lo establecido en la Ley del Patrimonio del Estado. Las referencias que en la Ley del Patrimonio del Estado se efect�an a las Delegaciones de Hacienda, a la Direcci�n General del Patrimonio del Estado y al Ministerio de Econom�a y Hacienda se entender�n hechas, respectivamente, a las Direcciones Provinciales de la Tesorer�a de la Seguridad Social, a la Direcci�n General de la Tesorer�a General de la Seguridad Social y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Titularidad, adscripci�n, administraci�n y custodia 1. La titularidad del patrimonio �nico de la Seguridad Social corresponde a la Tesorer�a General de la Seguridad Social. Dicha titularidad, as� como la adscripci�n, administraci�n y custodia del referido patrimonio, se regir� por lo establecido en esta Ley y dem�s disposiciones reglamentarias.
En todo caso, en relaci�n con los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social que figuren adscritos o transferidos a otras Administraciones p�blicas o a entidades de derecho p�blico con personalidad jur�dica propia o vinculadas o dependientes de las mismas, corresponden a �stas las siguientes funciones, salvo que en el acuerdo de traspaso o en base al mismo se haya previsto otra cosa:
a) Realizar las reparaciones necesarias en orden a su conservaci�n.
d) Asumir, por subrogaci�n, el pago de las obligaciones tributarias que afecten a dichos bienes.
P�rrafo 2.� del n�mero 1 del art�culo 81 introducido por el art�culo 8 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
Los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social adscritos a otras Administraciones o entidades de derecho p�blico, salvo que otra cosa se establezca en el acuerdo de traspaso o en base al mismo, revertir�n a la Tesorer�a General de la Seguridad Social en el caso de no uso o cambio de destino para el que se adscribieron, conforme a lo dispuesto en la legislaci�n reguladora del Patrimonio del Estado, siendo a cargo de la Administraci�n o entidad a la que fueron adscritos los gastos derivados de su conservaci�n y mantenimiento, as� como la subrogaci�n en el pago de las obligaciones tributarias que afecten a los mismos, hasta la finalizaci�n del ejercicio econ�mico en el que se produzca dicho cambio o falta de uso.
�ltimo p�rrafo del n�mero 1 del art�culo 81 introducido por el art�culo 8 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
2. Los certificados que se libren con relaci�n a los inventarios y documentos oficiales que se conserven en la Administraci�n de la Seguridad Social ser�n suficientes para su titulaci�n e inscripci�n en los Registros oficiales correspondientes.
Adquisici�n de bienes inmuebles 1. La adquisici�n a t�tulo oneroso de bienes inmuebles de la Seguridad Social, para el cumplimiento de sus fines, se efectuar� por la Tesorer�a General de la Seguridad Social mediante concurso publico, salvo que, en atenci�n a las peculiaridades de la necesidad a satisfacer o a la urgencia de la adquisici�n a efectuar, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autorice la adquisici�n directa.
2. Corresponde al Director general del Instituto Nacional de la Salud autorizar los contratos de adquisici�n de bienes inmuebles que dicho Instituto precise para el cumplimiento de sus fines, previo informe de la Tesorer�a General de la Seguridad Social. Ser� necesaria la autorizaci�n del Ministro de Sanidad y Consumo, seg�n la cuant�a que se fije en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
3. Por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se determinar� el procedimiento aplicable para la adquisici�n de los bienes afectos al cumplimiento de los fines de colaboraci�n en la gesti�n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Enajenaci�n de bienes inmuebles y de t�tulos valores 1. La enajenaci�n de los bienes inmuebles integrados en el patrimonio de la Seguridad Social requerir� la oportuna autorizaci�n del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando su valor, seg�n tasaci�n pericial, no exceda de las cuant�as fijadas por la Ley del Patrimonio del Estado, o del Gobierno en los restantes casos.
La enajenaci�n de los bienes se�alados en el p�rrafo anterior se realizar� mediante subasta p�blica, salvo cuando el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, autorice la enajenaci�n directa. Esta podr� ser autorizada por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social cuando se trate de bienes que no superen el valor fijado en la Ley del Patrimonio del Estado.
2. La enajenaci�n de t�tulos valores, ya sean �stos de renta variable o fija, se efectuar� previa autorizaci�n en los t�rminos establecidos en el n�mero anterior del presente art�culo. Por excepci�n, los t�tulos de cotizaci�n oficial en Bolsa se enajenar�n necesariamente en esta instituci�n, seg�n la legislaci�n vigente reguladora del mercado de valores, sin que se requiera autorizaci�n previa para su venta cuando �sta venga exigida para atender al pago de prestaciones reglamentariamente reconocidas y el importe bruto de la venta no exceda el montante fijado por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. De las enajenaciones de tales t�tulos se dar� cuenta inmediata al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Arrendamiento y cesi�n de bienes inmuebles 1. Los arrendamientos de bienes inmuebles que deba efectuar la Seguridad Social se concertar�n mediante concurso p�blico, salvo en aquellos casos en que, a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sea necesario o conveniente concertarlos de modo directo.
2. Corresponde al Director general del Instituto Nacional de la Salud autorizar los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que dicho Instituto precise para el cumplimiento de sus fines. Ser� necesaria la autorizaci�n del Ministro de Sanidad y Consumo cuando su importe supere la cuant�a de renta anual establecida en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
3. Por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se determinar� el procedimiento aplicable para el arrendamiento de los bienes afectos al cumplimiento de los fines de colaboraci�n en la gesti�n de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
4. Los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social que no resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines, y respecto de los cuales no se considere conveniente su enajenaci�n o explotaci�n, podr�n ser cedidos gratuitamente para fines de utilidad p�blica o de inter�s de la Seguridad Social por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, a propuesta de la Tesorer�a General de la Seguridad Social previa comunicaci�n a la Direcci�n General de Patrimonio del Estado.
N�mero 4 del art�culo 84 redactado por el art�culo 9 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
Inembargabilidad Los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Seguridad Social son inembargables. Ning�n Tribunal ni autoridad administrativa podr� dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecuci�n contra los bienes y derechos del patrimonio de la Seguridad Social, ni contra sus rentas, frutos o productos del mismo, siendo de aplicaci�n, en su caso, lo dispuesto sobre esta materia en los art�culos 44, 45 y 46 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
Secci�n 2Recursos y sistemas financieros de la Seguridad Social
Recursos generales 1. Los recursos para la financiaci�n de la Seguridad Social estar�n constituidos por:
a) Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignar�n con car�cter permanente en sus Presupuestos Generales, y las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura.
c) Las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza an�loga.
e) Cualesquiera otros ingresos, sin perjuicio de lo previsto en la disposici�n adicional vig�sima segunda de esta Ley.
2. La acci�n protectora de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva y universal, se financiar� mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo establecido en el art�culo 10.3, primer inciso, de esta Ley, con excepci�n de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y servicios sociales cuya gesti�n se halle transferida a las Comunidades Aut�nomas, en cuyo caso, la financiaci�n se efectuar� de conformidad con el sistema de financiaci�n auton�mica vigente en cada momento. Las prestaciones contributivas, los gastos derivados de su gesti�n y los de funcionamiento de los servicios correspondientes a las funciones de afiliaci�n, recaudaci�n y gesti�n econ�mico-financiera y patrimonial ser�n financiadas b�sicamente con los recursos a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado anterior, as� como, en su caso, por las aportaciones del Estado que se acuerden para atenciones espec�ficas.
A los efectos previstos en el p�rrafo anterior, la naturaleza de las prestaciones de la Seguridad Social ser� la siguiente:
a) Tienen naturaleza contributiva:Las prestaciones econ�micas de la Seguridad Social, con excepci�n de las se�aladas en la letra b) siguiente.
b) Tienen naturaleza no contributiva:Las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria incluidas en la acci�n protectora de la Seguridad Social y los correspondientes a los servicios sociales, salvo que se deriven de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Las pensiones no contributivas por invalidez y jubilaci�n.
Los complementos a m�nimos de las pensiones de la Seguridad Social.
Las prestaciones familiares reguladas en la secci�n segunda del cap�tulo IX del t�tulo II de esta Ley.
�ltimo p�rrafo de la letra b) del n�mero 2 del art�culo 86 redactado por el n�mero dos del art�culo 19 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
N�mero 2 del art�culo 86 redactado por el art�culo 69 de la Ley 21/2001, 27 diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiaci�n de las Comunidades Aut�nomas de r�gimen com�n y Ciudades con Estatuto de Autonom�a (�B.O.E.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002
Sistema financiero 1. El sistema financiero de todos los Reg�menes que integran el sistema de la Seguridad Social ser� el de reparto, para todas las contingencias y situaciones amparadas por cada una de ellos, sin perjuicio de la excepci�n prevista en el apartado 3 de este art�culo.
2. En la Tesorer�a General se constituir� un fondo de estabilizaci�n �nico para todo el sistema de la Seguridad Social, que tendr� por finalidad atender las necesidades originadas por desviaciones entre ingresos y gastos.
3. En materia de pensiones causadas por incapacidad permanente o muerte derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional cuya responsabilidad corresponda asumir a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social o, en su caso, a las empresas declaradas responsables, se proceder� a la capitalizaci�n del importe de dichas pensiones, debiendo las entidades se�aladas constituir en la Tesorer�a General de la Seguridad Social, hasta el l�mite de su respectiva responsabilidad, los capitales coste correspondientes.
P�rrafo 1.� del n�mero 3 del art�culo 87 redactado por el n�mero tres de la disposici�n final octava de Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2008 (�B.O.E.� 27 diciembre).Vigencia: 1 enero 2008
Por capital coste se entender� el valor actual de dichas prestaciones, que se determinar� en funci�n de las caracter�sticas de cada pensi�n y aplicando los criterios t�cnicos-actuariales m�s apropiados, de forma que los importes que se obtengan garanticen la cobertura de las prestaciones con el grado de aproximaci�n m�s adecuado y a cuyo efecto el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aprobar� las tablas de mortalidad y la tasa de inter�s aplicables.
Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales podr� establecer la obligaci�n de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social de reasegurar los riesgos asumidos que se determinen, a trav�s de un r�gimen de reaseguro proporcional obligatorio y no proporcional facultativo o mediante cualquier otro sistema de compensaci�n de resultados.
N�mero 3 del art�culo 87 redactado por el art�culo 10 de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
4. Las materias a que se refiere el presente art�culo ser�n reguladas por los Reglamentos a que alude el apartado 2.a) del art�culo 5 de la presente Ley.
Inversiones Las reservas de estabilizaci�n que no hayan de destinarse de modo inmediato al cumplimiento de las obligaciones reglamentarias ser�n invertidas de forma que se coordinen las finalidades de car�cter social con la obtenci�n del grado de liquidez, rentabilidad y seguridad t�cnicamente preciso.
Secci�n 3Presupuesto, intervenci�n y contabilidad de la Seguridad Social
Disposici�n general y normas reguladoras de la intervenci�n 1. El Presupuesto de la Seguridad Social, integrado en los Presupuestos Generales del Estado, as� como la intervenci�n y contabilidad de la Seguridad Social, se regir�n por lo previsto en el t�tulo VIII del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y por las normas de la presente secci�n.
2. A efectos de procurar una mejor y m�s eficaz ejecuci�n y control presupuestario, el Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Econom�a y Hacienda, aprobar� las normas para el ejercicio de la funci�n interventora en las entidades gestoras de la Seguridad Social.
En los hospitales y dem�s centros sanitarios del Instituto Nacional de la Salud, la funci�n interventora podr� ser sustituida por el control financiero de car�cter permanente a cargo de la Intervenci�n General de la Seguridad Social. La entrada en vigor se producir� de forma gradual a propuesta del Ministro de Econom�a y Hacienda.
La Intervenci�n General de la Administraci�n del Estado podr� delegar en los interventores de la Seguridad Social el ejercicio de la funci�n interventora respecto de todos los actos que realice el Instituto Nacional de la Salud en nombre y por cuenta de la Administraci�n del Estado.
Modificaci�n de cr�ditos en el Instituto Nacional de la Salud No obstante lo establecido en el art�culo 150.3 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, todo incremento del gasto del Instituto Nacional de la Salud, con excepci�n del que pueda resultar de las generaciones de cr�dito, que no pueda financiarse con redistribuci�n interna de sus cr�ditos ni con cargo al remanente afecto a la entidad, se financiar� durante el ejercicio por aportaci�n del Estado.
Remanentes e insuficiencias presupuestarias 1. En la Tesorer�a General de la Seguridad Social se constituir� un Fondo de Reserva de la Seguridad Social con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema de la Seguridad Social en materia de prestaciones contributivas, en la forma y dem�s condiciones que determine la ley reguladora del mismo.
N�mero 1 del art�culo 91 redactado por la disposici�n adicional primera de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (�B.O.E.� 30 septiembre).Vigencia: 1 octubre 2003
V�ase Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social (�B.O.E.� 30 septiembre).
2. Los remanentes derivados de una menor realizaci�n en el Presupuesto de dotaciones del Instituto Nacional de la Salud y los producidos por un incremento en los ingresos previstos por asistencia sanitaria ser�n utilizados para la financiaci�n de los gastos de la citada entidad.
3. Se autoriza al Ministerio de Econom�a y Hacienda a reflejar, mediante ampliaciones de cr�dito en el Presupuesto del Instituto Nacional de la Salud, las repercusiones que en el mismo tengan las variaciones que experimente la aportaci�n del Estado. Corresponde asimismo al Ministro de Econom�a y Hacienda la autorizaci�n de las modificaciones de cr�dito que se financien con cargo al remanente de dicha entidad.
Amortizaciones del inmovilizado El inmovilizado de la Seguridad Social deber� ser objeto de la amortizaci�n anual, dentro de los l�mites que fije el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con arreglo a los principios y procedimientos establecidos en el Plan General de la Contabilidad P�blica.
Art�culo 92 redactado por Ley 13/1996, 30 diciembre (�B.O.E.� 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Plan anual de auditor�as 1. El Plan anual de auditor�as de la Intervenci�n General de la Administraci�n del Estado incluir� el elaborado por la Intervenci�n General de la Seguridad Social, en el que progresivamente se ir�n incluyendo las entidades gestoras, servicios comunes, as� como las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 71 de la presente Ley.
Para la ejecuci�n del Plan de auditor�as de la Seguridad Social se podr� recabar la colaboraci�n de empresas privadas, en caso de insuficiencia de los servicios de la Intervenci�n General de la Seguridad Social, que deber�n ajustarse a las normas e instrucciones que determine el centro directivo mencionado, el cual podr� efectuar las revisiones y controles de calidad que considere oportunos.
2. Para recabar la colaboraci�n de las empresas privadas, ser� necesaria la inclusi�n de la autorizaci�n correspondiente en la Orden a que se refiere la disposici�n adicional segunda del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
Ser� necesaria una Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Sanidad y Consumo cuando la financiaci�n de la indicada colaboraci�n se realice con cargo a cr�ditos de los presupuestos de las entidades y servicios de la Seguridad Social adscritos a uno u otro Departamento.
Cuentas de la Seguridad Social 1. Las cuentas de las Entidades que integran el sistema de la Seguridad Social se formar�n y rendir�n de acuerdo con los principios y normas establecidos en el cap�tulo I del T�tulo VI del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, seg�n la redacci�n dada al mismo por el art�culo 52 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
N�mero 1 del art�culo 94 renumerado por la disposici�n adicional tercera de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior p�rrafo �nico del mismo art�culo.Vigencia: 1 enero 2004
2. Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para que pueda disponer la no liquidaci�n o, en su caso, la anulaci�n y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuant�a que se estime y fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacci�n y recaudaci�n representen.
N�mero 2 del art�culo 94 introducido por la disposici�n adicional tercera de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004
Art�culo 94 redactado por el n�mero 4 del art�culo 22 de la Ley 55/1999, 29 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2000
Secci�n 4Contrataci�n en la Seguridad Social
Contrataci�n El r�gimen de contrataci�n de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social se ajustar� a lo dispuesto en el texto articulado de la Ley de Contratos del Estado, en el Reglamento General de Contrataci�n del Estado y en sus normas complementarias, con las especialidades siguientes:
a) La facultad de celebrar contratos corresponde a los Directores de las distintas entidades gestoras y servicios comunes, pero necesitar�n autorizaci�n para aquellos cuya cuant�a sea superior al l�mite fijado en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. La autorizaci�n ser� adoptada, a propuesta de dichas entidades y servicios, por los titulares de los Departamentos ministeriales a que se hallen adscritos o por el Consejo de Ministros, seg�n las competencias definidas en la Ley de Contratos del Estado.
b) Los Directores de las entidades gestoras y servicios comunes no podr�n delegar o desconcentrar la facultad de celebrar contratos, sin previa autorizaci�n del titular del Ministerio al que se hallen adscritos.
c) Los proyectos de obras que elaboren las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social deber�n ser supervisados por la oficina de supervisi�n de proyectos del Departamento ministerial del que dependan, salvo que ya tuvieran establecidas oficinas propias, en cuyo caso ser�n �stas las supervisoras de los mismos.
d) Los informes jur�dicos o t�cnicos que preceptivamente se exijan en la legislaci�n del Estado se podr�n emitir por los �rganos competentes en el �mbito de la Seguridad Social o de los Ministerios respectivos.
Letra e) del art�culo 95 derogada por la letra d) de la disposici�n derogatoria �nica de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P�blico (�B.O.E.� 31 octubre).Vigencia: 30 abril 2008
CAP�TULO IXINFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Infracciones y sanciones 1. En materia de infracciones y sanciones se estar� a lo dispuesto en la presente Ley y en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social.
N�mero 1 del art�culo 96 renumerado por la disposici�n adicional primera de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior p�rrafo �nico del mismo art�culo.Vigencia: 1 enero 2004
2. Las resoluciones relativas a las sanciones que las Entidades de las prestaciones impongan a los trabajadores y beneficiarios de prestaciones, conforme a lo establecido en el art�culo 47 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto-Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, ser�n recurribles ante los �rganos jurisdiccionales del orden social, previa reclamaci�n ante la Entidad Gestora competente en la forma prevista en el art�culo 71 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto-Legislativo 2/1995, de 7 de abril.
N�mero 2 del art�culo 96 introducido por la disposici�n adicional primera de la Ley 52/2003, 10 diciembre, de disposiciones espec�ficas en materia de Seguridad Social (�B.O.E.� 11 diciembre).

References: Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
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