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Timestamp: 2017-10-21 06:37:17+00:00

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RECOMENDANOS con un click: Derecho Constitucional - Domingo Rondina - Dando cátedra: junio 2014
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual s/ solicita avocamiento, nulidad de medida cautelar y sorteo en autos "Grupo Clarín S.A. y otros s/ medidas cautelares expte. N° 8836/09".
G. 1156. XLVIII.
Vistos los autos: "Grupo Clarín S-A. y otros s/ medidas cautelares".
1º) Que corresponde remitir a la descripción efectuada en el pronunciamiento de esta Corte del pasado 22 de mayo, considerandos 1º, 2º y 3º, con referencia a los antecedentes de la causa a que dio lugar la tutela preventiva pretendida por las demandantes desde su presentación inicial efectuada el Iº de octubre de 2009; la ulterior modificación de su objeto -en los términos del escrito del 26 de octubre de 2009-- promoviendo los peticionarios que se ordene suspender la aplicación de los arts. 41 y 161 de la ley 26.522; la resolución del juez de primera instancia --del 7 de diciembre de 2009-- ordenando respecto de la actora la prohibición de innovar según lo solicitado; la parcial confirmación de dicho pronunciamiento por la cámara --por resolución del 13 de mayo de 2010-- en cuanto limita la suspensión a que se aplique el art, 161 de la ley 26.522; la intervención de esta Corte rechazando la apertura de la instancia del art. 14 de la ley 4 8 requerida por el Estado Nacional y dejando firme la procedencia de la medida precautoria -según resolución del 5 de octubre de 2010--, con la consideración complementaria de que se apreciaba conveniente la fijación --por parte de los jueces de la causa-- de un límite temporal razonable para la medida cautelar; la presentación del Estado Nacional --del 19 de octubre de 2010-- peticionando en el sentido indicado; la resolución del juez de primera instancia, del 9 de noviembre de 2010, desestimando dicha determinación; y, por último, el pronunciamiento que, ante la apelación del Estado Nacional, dictó la cámara --el 12 de mayo de 2011-- revocando la resolución de primer grado y estableciendo un plazo de 36 meses, contados desde la notificación de la demanda, para la vigencia de la medida cautelar.
Con sustento en el significativo hiato temporal existente entre el momento en que se obtuvo el mandato tutelar preventivo y la fecha en que se notificó el traslado de la demanda, el Tribunal afirmó --voto mayoritario de los jueces Lorenzetti, Fayt, Maqueda y Zaffaroni, y de la jueza Highton de Nolasco-- que un examen integral sobre la razonabilidad del plazo debía llevarse a cabo sobre la base del principio de buena fe y de evitar cualquier clase de conductas abusivas. Con esta comprensión, atendiendo a la necesidad de perseguir la resolución definitiva del conflicto antes que el agotamiento de la pretensión jurídica por la vía elíptica de un pronunciamiento precautorio, valorando las particulares vicisitudes ocurridas en la tramitación de la causa principal desde el momento en que las demandantes obtuvieron la medida precautoria hasta que se conformó la relación procesal con el Estado Nacional, y ponderando apropiadamente la genuina naturaleza de los perjuicios invocados por las peticionarias, la Corte expresó que todas esas circunstancias de peso justificaban inclinarse por la alternativa de que el plazo de 36 meses debía computarse desde el momento en que se había obtenido la tutela cautelar, esto es el 7 de diciembre de 2009.
En dicho entendimiento y con el explícito objeto de brindar seguridad jurídica a las partes, el Tribunal precisó en su pronunciamiento dos circunstancias de relevancia. Por un lado, que el plazo de un año previsto en el art. 161 de la ley 26.522 --para que los titulares de licencias de servicios audiovisuales las adecuaran a las disposiciones de la ley-- había vencido el 28 de diciembre de 2011 (conf. resoluciones AFSCA N° 297/2010 y N° 1295/11). Por el otro, que dicho vencimiento no se aplicaba a las demandantes en virtud de la medida cautelar de que se trata (considerando 7º, último párrafo).
Las peticionarias afirmaron que partían de la premisa de que las medidas cautelares eran, desde su esencia, provisionales; que habían variado las circunstancias en que fue establecido el plazo; que éste se encontraba muy cerca de expirar; y que a pesar de que en corto tiempo pudiera obtenerse una decisión favorable sobre su reclamación principal, existía un inminente y muy serio riesgo de que de esa próxima sentencia --aún favorable-- de dictarse con posterioridad al 7 de diciembre de 2012 no evitaría el gravísimo e irreparable daño que le causaría el cese de la medida cautelar, convirtiendo al fallo en abstracto e ineficaz.
Las demandantes expresaron que ante el cese de la medida cautelar deberían iniciar de inmediato el proceso de desinversión que no podía extenderse más allá del plazo de un año --que se encuentra suspendido-- establecido por la normativa reglamentaria del art, 161 de la ley 26,522, circunstancia que le causaría grave afectación a sus derechos a la propiedad y a la libertad de comercio, de prensa y de expresión, y cuya reparación ulterior sería imposible y convertiría en abstracto todo pronunciamiento posterior aun cuando le resultara favorable. Sostuvieron que el comienzo del proceso de adecuación con la propuesta de planes a ese objeto, que podrían ser rechazados, provocaría zozobra económica y financiera, además de la presión a que se verían sometidas las otras libertades mencionadas, al encontrarse el plan sujeto a la aprobación de la autoridad competente .
4º) Que el juez de primera instancia rechazó la prórroga (conf. resolución del 13 de setiembre de 2012; f s . 1694/1695). Después de subrayar el carácter instrumental del proceso cautelar y su consecuente subordinación a asegurar el cumplimiento de la sentencia a dictarse, consideró que no se observaba el recaudo elemental de peligro en la demora, pues ante el significativo grado de avance de los autos principales --que se encontraban en condiciones de alegar-- podía concluirse que la sentencia definitiva sería dictada en un plazo razonablemente breve, y esta circunstancia excluía toda posible frustración de la tutela jurídica definitiva perseguida por la actora. En consecuencia, y después de reiterar que por su carácter accesorio, la cautelar se agota con la sentencia, dejó en claro que este modo desfavorable de resolver no afectaba los derechos de la peticionaria que pudieran hacer pie en el resultado del fallo a dictarse.
Ante la desintegración de la sala como consecuencia de la recusación deducida y de que otro de sus miembros --Dr. Farrel-- había sido apartado con anterioridad ante la recusación sin causa promovida, también, por el Estado Nacional, se dispuso lo necesario para integrar el tribunal (providencia del 25 de octubre, fs. 2009). Sucesivas excusaciones y recusaciones promovidas por el Estado Nacional llevaron a que, por estar agotada la participación de jueces "hábiles" de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, la presidencia de dicho tribunal procedió con arreglo a lo dispuesto en el art, 31 del decreto-ley 1285/58 y, en consecuencia, solicitó al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal el sorteo de dos miembros de dicho tribunal para integrar la sala que debia conocer en la apelación (actuaciones del 15 de noviembre, fs. 170/172), Tras diversas dificultades ocurridas con motivo del sorteo y ante una denuncia formulada por la actora por denegación de justicia, esta Corte ordenó el pasado 27 de noviembre que dicho acto se realizará ese mismo día (conf. causa G.1074. XLVIII). Realizada la desinsaculación, la Sala quedó integrada con su miembro titular, doctora Najurieta, y con los jueces Morán y Duffy (fs. 236, 27 de noviembre). Recibidos los informes de los jueces Antelo, Recondo y Guarinoni con motivo de las recusaciones promovidas (fs. 250, 305/306 y 308, del 29 de noviembre), la Sala desestimó las recusaciones con causa y las excusaciones formuladas por los jueces Antelo y Guarinoni (resolución del 3 de diciembre, fs. 312/319). El 4 de diciembre la Sala, integrada por Najurieta y Antelo, rechazó la recusación de la jueza Medina (fs. 340/343). Ese mismo día, con la participación de las juezas Najurieta y Medina, dicho tribunal aceptó las excusaciones de los jueces Recondo y Gusman, declaró abstracta la recusación contra el juez Kiernan y rechazó la recusación con causa del juez De las Carreras (fs. 346/349).
Estas recusaciones fueron desestimadas por la sala -integrada por los jueces De las Carreras y Medina-- por resolución del 6 de diciembre (fs. 388), con el argumento de que dada la intervención de la peticionaria en el proceso en calidad de tercero junto con el Estado Nacional, sus planteos recusatorios con causa fueron cuestiones que habían sido deducidas con resultado adverso por el Estado Nacional, con el que se identifica, por lo que el replanteo intentado está afectado por el principio de preclusión (punto l.A). En cuanto a la recusación sin causa, la sala sostuvo que ese mismo fundamento de identificación con la parte demandada llevaba a considerar agotada la facultad, al habérsela ejercido por el Estado Nacional respecto del juez Fa-rrel (punto I.B.). Asimismo, la alzada rechazó los recursos de reposición deducidos por el Estado Nacional contra las resoluciones que desestimaron las recusaciones, al tratarse de sentencias interlocutorias que no eran impugnables por esa vía, sin perjuicio de su cuestionamiento por medio del recurso extraordinario (punto 2).
Tras relacionar ciertos antecedentes del caso, el tribunal comienza el examen de los agravios en el considerando 3º afirmando que "...la parte actora sostiene que la medida cautelar es insuficiente para garantizar sus derechos y que se encuentra en grave peligro de ser considerada incursa en incumplimientos y expuesta a graves sanciones". Desde este encuadramien-to la alzada entiende que esa conclusión no se desprende del "marco jurídico que rige el conflicto", pues en el momento actual la actora "no tiene la obligación de adecuar su conducta al art. 161 de la ley 26.522 ni a los plazos previstos en las normas reglamentarias y complementarias, dictadas o que se dicten en consecuencia". Agrega que lo expresado significa que las ac-toras tienen en suspenso "tanto su obligación de desinvertir según las disposiciones de la ley 26,522...como el curso del plazo de un año que la norma estableció (complementada por las disposiciones reglamentarias) que no ha comenzado a correr". Concluye la alzada en este punto sosteniendo que si bien el término para la adecuación general a la ley 26.522 ha vencido, respecto de las empresas actoras su curso está suspendido y que "...ello significa que la parte actora no puede estar incursa en incumplimientos derivados de ese vencimiento, que no le es aplicable y que no está expuesta, por ende, a sus consecuencias".
Al decir que entra a conocer del "fondo del asunto" (considerando 4º), la cámara invoca ponderar la modificación de las circunstancias de hecho o de derecho existentes tanto al momento del fallo de esta Corte del 22 de mayo de 2012, como del juez de primera instancia. En este sentido, sostiene que ha desaparecido el riesgo de desequilibrar los derechos federales en juego, ya que esa duda razonable que existia al inicio de la causa ha desaparecido en la actualidad ante el avance del procedimiento en primera instancia, al haber concluido la etapa de los alegatos, pareciendo inmediato el dictado de una sentencia, como lo ordenó la Corte Suprema en su resolución del 27 de noviembre de 2012. Luego de afirmar que las vicisitudes suscitadas en primera instancia con la intervención del tercero, así como las recusaciones, son ajenas a la conducta de la actora, agregó que es en la etapa próxima al dictado de la sentencia en que la medida cautelar debe desplegar plenamente toda su función de garantizar la eficacia del pronunciamiento que dirima las pretensiones sustanciales. Al realizar el balance de las consecuencias de la decisión, subraya la cámara que el levantamiento de la suspensión cautelar cuando aún no está dirimida la impugnación constitucional contra la obligación de desinvertir, "causaría un perjuicio irreparable pues frustraría los efectos de una eventual decisión futura, en la hipótesis de resultar esta favorable a las pretensiones de las demandantes".
En consecuencia "y alejada la hipótesis inicial que fundó la decisión del Alto Tribunal de establecer un límite temporal durante la tramitación del proceso", la cámara dispuso prorrogar la vigencia de la medida cautelar hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa, en los términos de los considerandos 3º y 4º de su sentencia.
8º) Que contra esa decisión el Estado Nacional dedujo directamente ante esta Corte un recurso extraordinario por salto de instancia, que fue rechazado por el Tribunal por no concurrir el requisito exigido por el art. 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de que la sentencia haya sido dictada por un juez de primera instancia (causa E. 287•XLVIII. "Estado Nacional - Jefatura de Gabinete de Ministros s/ interpone recurso extraordinario por salto de instancia en autos: "Grupo Clarín S.A. s/ medidas cautelares expte. n° 8836/09'", sentencia del 10 de diciembre, votos de la mayoría y voto concurrente de los jueces Fayt y Petracchi y de la jueza Argibay). De su lado, la AFSCA promovió ante esta Corte un pedido de avocación para que, en ejercicio de sus facultades de superintendencia, dejare sin efecto las decisiones tomadas por la cámara en materia de recusaciones y mandara integrar la sala con arreglo a lo dispuesto en el art. 31 del decreto-ley 1285/58, el que también fue desestimado de plano por el Tribunal (causa A.1298.XLVIII "Autoridad Federal de Servicios de comunicación s/ solicita avocamiento, nulidad de medida cautelar y sorteo en autos ^Grupo Clarín S.A. y otros s/ medidas cautelares expte. N° 8836/09'", sentencia del 10 de diciembre de 2012) .
Insiste con que la cámara ha subvertido el orden y jerarquía que impera en el Poder Judicial de la Nación, al reabrir un debate que fue cerrado por el máximo Tribunal mediante una sentencia firme y consentida, llevando a cabo la alzada una interpretación "desnaturalizadora" de la sentencia dictada por el Alto Tribunal sobre la medida cautelar ordenada en autos, quebrantándose las pautas establecidas en el decisorio del 22 de mayo, en que se establecieron las características, fundamentos y extensión de la medida precautoria. Tacha de falaz el planteo acerca de una nueva situación de hecho que motiva la ampliación, violando la Sala la garantía de la cosa juzgada, formal y material, constituyendo con su actuar un avasallamiento del art. 108 de la Constitución Nacional que establece la supremacía de la Corte Suprema por sobre los tribunales inferiores de la Nación. Recuerda, con cita de Guastavino, que dentro del derecho federal están incluidos los actos de autoridades nacionales derivados del ejercicio de sus facultades constitucionales como gobierno federal y, por lo tanto las sentencias pronunciadas por la Corte Suprema en su calidad de normas jurídicas individualizadas.
Subraya lo decidido por la Corte en la sentencia mencionada del 22 de mayo de 2012, en que inclusive para evitar que los jueces inferiores tergiversen su posición frente a la medida cautelar, en la parte resolutiva sentenció "a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del art. 161 de la ley 26,522 y se aplica a la actora. De ahí que estando su plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley, vencido el 28 de diciembre de 2011, sea plenamente aplicable a la actora con todos sus efectos a partir de la fecha indicada". Asevera que no suscita dudas que el 7 de diciembre de 2012 fue establecido como término final de la medida, por lo que es de aplicación la regla según la cual la efectiva prescindencia de los fallos de la Corte Suprema, cuyo leal acatamiento es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones, importa un agravio al orden constitucional. Concluye sosteniendo que, con la solución adoptada, la Sala pretende dejar sin efecto el régimen establecido y retrotraer la situación a una etapa previa al fallo del 5 de octubre de 2010, ya que de acuerdo con la sentencia en crisis nuevamente se estaría frente a una medida cautelar sin un plazo razonable de vigencia, la que mantendrá sus efectos hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
El planteo que se intenta no es susceptible de ser introducido por el Estado Nacional y esta ausencia de legitimación impide de modo insuperable todo examen sobre la sustancia de la impugnación, al no observar la apelación extraordinaria uno de los recaudos tradicionales que es común a todo recurso y que condiciona su procedencia, como es perseguir la reparación de un gravamen personal causado por la resolución sino, en el caso, el que habría causado a un tercero al que no representa (conf. Imaz y Rey, "El Recurso Extraordinario", 2a edición actualizada, págs. 53 y ss).
En efecto, la aceptación de la premisa argumentativa que estructura la tacha de arbitrariedad intentada por el Estado Nacional lleva al inexorable rechazo de su agravio, pues según se postula la AFSCA "...es un sujeto de derecho con personalidad jurídica propia, distinta de la del Estado Nacional (arg. art. 33 incisos 1 y 2 del Código Civil; arts. 10 y 11 de la Ley N° 26.522), que tiene una legitimación procesal propia".
Este reconocimiento sella la suerte adversa del recurso extraordinario, en la medida en que el Estado Nacional recurrente --que no impugnó en la instancia del art. 14 de la ley 48 las resoluciones de la cámara que habían rechazado las recusaciones articuladas por su parte-- está trayendo a conocimiento del Tribunal un agravio que no es personal sino de un tercero como es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) , con el que dice no identificarse, al que no representa y cuya actuación en sede judicial como parte es independiente de su litisconsorte. Y, sobremanera, cuando la AFSCA no recurrió ante esta Corte en la vía extraordinaria que sí intenta el Estado Nacional.
12) Que los agravios del apelante dirigidos contra la decisión de la cámara de prorrogar la vigencia de la medida cautelar, según el alcance que se define, suscitan cuestión federal bastante para su examen en la vía intentada, pues con arreglo a lo previsto en el art. 14 de la ley 48, siempre que esté en tela de juicio la interpretación de sentencias de esta Corte, en las que el recurrente funde el derecho que estime asistirle, se configura una hipótesis que torna viable el recurso extraordinario (Fallos: 308:1104, entre muchos otros). Desde antiguo, este Tribunal ha afirmado que existe cuestión federal cuando trata de "saber cuál fue el pensamiento y la decisión del tribunal y si es posible que se renueve el debate sobre cuestiones definitivamente resueltas con el consiguiente peligro de la incertidumbre y de la inestabilidad de los derechos controvertidos en tiempo y forma ante los jueces de la ley" (Fallos: 188:9).
13) Que el apropiado examen de la cuestión federal propuesta por el recurrente debe ser escindido según cual fuere el punto de la sentencia de que se trate, pues el pronunciamiento de la cámara --tal como se describió precedentemente en el considerando 7º-- abordó separadamente dos ejes temáticos que eran, y siguen siendo, conceptualmente autónomos, más allá de que, en definitiva, conformaron la decisión final de prorrogar la vigencia de la cautelar con el alcance definido, precisamente, en cada uno de los considerandos (3º y 4º) en que la alzada desarrolló los fundamentos de su pronunciamiento, a los que expresamente se reenvía en el dispositivo del fallo.
14) Que con esta comprensión, la decisión --correspondiente al considerando 4º del fallo- de prorrogar la vigencia de la medida cautelar por considerar que "la acción principal se encontraba en una etapa próxima al dictado de la sentencia de fondo", y afirmar que éste es "el momento crítico en que la medida debe desplegar plenamente toda su función de garantizar la eficacia del pronunciamiento de fondo a dictarse que dirima las pretensiones sustanciales de las partes", es fruto de una solución posible que hace pie en las alternativas anticipatoriamente reconocidas en el considerando 11 de la sentencia del 22 de mayo, además de que permite asegurar la jurisdicción útil del a quo hasta tanto se dicte la sentencia definitiva.
En este punto el Estado Nacional no ha logrado demostrar en su recurso que el fundamento invocado por la cámara, aludido precedentemente, no constituya una razonable circunstancia sobreviniente a las consideradas por esta Corte en el pronunciamiento del 22 de mayo, y que debía ser válidamente atendida. En efecto, el hecho de que se hubiera disipado el riesgo de una excesiva prolongación del proceso resulta un dato relevante para que la solución adoptada por la cámara aparezca como una razonable interpretación de lo decidido en la sentencia citada de este Tribunal, que pretendió evitar que se desnaturalizara "la función netamente conservativa de la medida cautelar" (conf. considerando 6º, primer párrafo).
En efecto, la alzada sostuvo que sobre la base del "marco jurídico que rige el conflicto" la actora "no tiene la obligación de adecuar su conducta al art. 161 de la ley 26.522 ni a los plazos previstos en las normas reglamentarias y complementarias, dictadas o que se dicten en consecuencia", agregando que lo expresado significa que las actoras tienen en suspenso "tanto su obligación de desinvertir según las disposiciones de la ley 26.522...como el curso del plazo de un año que la norma estableció (complementada por las disposiciones reglamentarias) que no ha comenzado a correr", para concluir la sala en este punto sosteniendo que si bien el término para la adecuación general a la ley 26.522 ha vencido, respecto de las empresas acto-ras su curso está suspendido y que "...ello significa que la parte actora no puede estar incursa en incumplimientos derivados de ese vencimiento, que no le es aplicable y que no está expuesta, por ende, a sus consecuencias" (conf. punto A.3 de los considerandos y punto A de la parte dispositiva).
16) Que es así que en ese punto se verifica un apartamiento de lo expresamente decidido por esta Corte en el pronunciamiento del 22 de mayo. En efecto, una lectura del fallo de este Tribunal permitía afirmar que el "plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley (estaba) vencido el 28 de diciembre de 2011", por lo que aquella resulta plenamente aplicable con todos sus efectos a partir del cese de la medida cautelar (conf. arg. considerando 7º, último párrafo, y parte dispositiva).
En ninguna de las dos oportunidades en que este incidente de medidas cautelares fue traído por el Estado Nacional a conocimiento del Tribunal por vía de sendos recursos extraordinarios (causas G.456.XLVI. "Grupo Clarín y otros S.A. s/ medidas cautelares" y G.589.XLVII. "Grupo Clarín S.A. y otros s/ medidas cautelares", sentencias del 5 de octubre de 2010 y del 22 de mayo de 2012, respectivamente) consideré que se observaba el recaudo de sentencia definitiva exigido por el art. 14 de la ley 48 para la apertura de la instancia que se promovía. En el primer caso, integré la mayoría con un voto concurrente que suscribí con el juez Petracchi, en el que desestimamos el recurso sin ninguna otra consideración. En el segundo no participé del acuerdo, por estar imposibilitada de hacerlo por razones de salud que, por consejo médico, me obligaron a ausentarme del Tribunal .
Sin embargo, esa circunstancia no me releva de conocer y decidir las cuestiones federales que se promueven en este tercer recurso extraordinario, pues como jueza integrante de un cuerpo colegiado integrado por siete miembros una regla elemental --que condiciona su adecuado funcionamiento-- prescribe que todos los jueces y juezas del Cuerpo están obligados a fallar un asunto acatando lealmente las decisiones tomadas con anterioridad por la mayoría en esa misma causa, con indiferencia de cuál fue efectivamente su opinión en la sentencia cuya interpretación es puesta en tela de juicio en el nuevo recurso extraordinario. El voto concurrente del juez Caballero en el precedente "Luis Magín Suárez" de Fallos: 310:2845, 2892, participa de esta comprensión, por lo que doy por reproducidos los demás argumentos expresados en ese pronunciamiento. Por lo demás, y si bien la situación tiene diferencias con la que se verifica en el sub lite, esta rigurosa regla de acatar a las decisiones mayoritarias del Tribunal es la que me ha llevado a no pronunciarme aisladamente sobre una cuestión federal cuando, por el modo en que resolvía la cuestión, la Corte decidió no deliberar sobre la substancia de la materia ventilada (Fallos: 331:1592, voto disidente) .
Nota publicada por Domingo Rondina el 07:53:00 0 constitucionalistas opinaron

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