Source: https://www.scribd.com/document/131484907/Todos-los-derechos-para-todas-y-todos-Diagnostico-y-retos-pendientes-rumbo-a-la-construccion-del-Plan-Nacional-de-Desarrollo-2013-2018
Timestamp: 2017-07-22 04:05:56+00:00

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Todos los derechos para todas y todos: Diagnóstico y retos pendientes rumbo a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018Uploaded by Fundar, Centro de Análisis e InvestigaciónRelated InterestsDiscriminationSocial EqualityWomanSocial InequalityClass & InequalityRating and Stats5.0 (1)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: Este documento no solo recoge las necesidades documentadas por las organizaciones de la sociedad civil que integramos la Coalición, sino también se suman las necesidades sentidas por las diversidad...View MoreEste documento no solo recoge las necesidades documentadas por las organizaciones de la sociedad civil que integramos la Coalición, sino también se suman las necesidades sentidas por las diversidad de mujeres en nuestro país, mujeres residentes urbanas y rurales, mujeres indígenas, mujeres adolescentes, mujeres con VIH. Presenta los principales temas que integran el concepto amplio de salud sexual y reproductiva y como se mostrará, habrá puntos de coincidencia y aristas que los vinculan, por lo que varias de las estrategias propuestas se entrecruzarán en varios de los apartados presentados.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentCOALICIÓN	POR	LA	SALUD	DE	LAS	MUJERES	TODOS	LOS	DERECHOS	PARA	TODAS	Y	TODOS:	DIAGNÓSTICO	Y	RETOS	PENDIENTES	RUMBO	A	LA	CONSTRUCCIÓN	DEL	PLAN	NACIONAL	DE	DESARROLLO,	2013-­‐2018	1	2013	www.lacoalicion.org.mx	ÍNDICE	Presentación	3	1	Estado	laico:	educación	y	salud	5	Dra.	Gabriela	Rodríguez	Ramírez	2	Derechos	humanos,	género	e	interculturalidad	en	el	marco	de	la	7	salud	sexual	y	reproductiva	Mtra.	Lina	Berrio	Palomo,	Lic.	Gloria	Mejía	Elizondo	y	Lic.	Patricia	Lorena	Yllescas	3	Salud	reproductiva,	presupuesto	y	políticas	públicas	11	Lic.	Daniela	Díaz	Echeverría	4	Necesidad	de	acceso	a	la	planificación	familiar	como	derecho	15	humano	fundamental	Mtra.	Esperanza	Delgado	Herrera	y	Lic.	Doroteo	Mendoza	5	Maternidad	segura	en	México	18	Dra.	Raffaela	Schiavon	Ermani,	Dra.	Graciela	Freyermuth	Enciso	y	Mtra.	Silvia	María	Loggia	6	Aborto	seguro	22	Dra.	Raffaela	Schiavon	Ermani	y	Lic.	Julia	Escalante	de	Haro	7	Mujeres	y	VIH	Sida	25	Mtra.	Eugenia	López	Uribe,	Dra.	Tamil	Kendall	y	Lic.	Gabriela	García	Patiño	8	La	salud	sexual	y	reproductiva	de	las	mujeres	indígenas	28	Mtra.	Lina	Berrio	Palomo	9	La	salud	sexual	y	reproductiva	de	las	y	los	adolescentes	31	Mtra.	Esperanza	Delgado	Herrera	y	Lic.	Jennyfer	Jiménez	González	10	Los	derechos	sexuales	y	reproductivos	y	los	compromisos	36	internacionales	Mtra.	Martha	Juárez	Pérez	2	PRESENTACIÓN	La	coalición	por	la	Salud	de	las	Mujeres	Somos	una	red	de	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	con	un	consolidado	trabajo	en	el	tema	de	salud	y	derechos	sexuales	y	reproductivos:	1. Comité	promotor	por	una	maternidad	segura.	2. Consorcio	para	el	Diálogo	Parlamentario	y	la	Equidad	3. Salud	Integral	para	la	Mujer,	Sipam	4. Fundación	Mexicana	para	la	Planeación	Familiar,	Mexfam	5. Ipas	México	6. Fundar,	Centro	de	Análisis	e	Investigación	7. Kinal	Antzetik.	Distrito	Federal	8. Comunicación	e	Información	para	la	Mujer,	Cimac	9. Balance	10. Observatorio	de	Mortalidad	Materna	en	México	Particularmente	los	temas	en	los	que	trabajamos	son:	análisis	presupuestario,	salud	sexual	y	reproductiva	en	adolescentes	y	jóvenes,	VIH-­‐Sida	en	mujeres,	salud	y	mortalidad	materna	y	salud	sexual	y	reproductiva	en	mujeres	indígenas.	La	Coalición	tiene	como	objetivo	fundamental	fortalecer	la	política	pública	en	salud	sexual	y	reproductiva	y	la	incidencia	en	el	poder	legislativo	federal,	con	el	fin	de	ampliar	la	asignación	de	gasto	en	el	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación.	Por	eso,	hacemos	un	llamado	a	nuestros	representantes,	funcionarias	y	funcionarios	públicos	para	incorporar	e	integrar	en	el	diseño	de	las	prioridades	nacionales	a	la	ciudadanía,	para	contribuir	a	la	construcción	participativa	y	democrática	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo,	los	Programas	Sectoriales	y	Específicos	de	Acción	y	al	mismo	tiempo,	apropiarnos	de	manera	corresponsable	de	los	mecanismos	de	transparencia	y	rendición	de	cuentas.	El	Plan	Nacional	de	Desarrollo	(PND)	es	el	instrumento	del	gobierno	mexicano	en	el	que	se	plasmarán	los	objetivos	nacionales,	las	estrategias	y	las	prioridades	del	desarrollo	integral	y	sustentable	del	país,	de	acuerdo	con	la	ley	vigente.	Es	la	carta	de	navegación	que	durante	un	sexenio	indicará	a	las	dependencias	de	gobierno	los	programas	a	desarrollar	y	permitirá	a	la	ciudadanía	vigilar	las	acciones	que	se	identifiquen	como	prioritarias	para	atender	las	principales	necesidades	del	país.	La	Coalición	por	la	Salud	de	las	Mujeres	participa	de	esos	mecanismos	de	consulta.	A	través	de	este	documento	hacemos	llegar	nuestras	propuestas	para	que	los	asuntos	de	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	de	las	mujeres	mexicanas	estén	incorporados	como	un	eje	prioritario	de	la	planeación	nacional.	Este	documento	no	solo	recoge	las	necesidades	documentadas	por	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	que	integramos	la	Coalición,	sino	también	se	suman	las	necesidades	sentidas	por	las	diversidad	de	mujeres	en	nuestro	país,	mujeres	residentes	urbanas	y	rurales,	mujeres	indígenas,	mujeres	adolescentes,	mujeres	con	VIH.	Presenta	los	principales	temas	que	integran	el	concepto	amplio	de	salud	sexual	y	reproductiva	y	como	se	mostrará,	habrá	puntos	de	coincidencia	y	aristas	que	los	vinculan,	por	lo	que	varias	de	las	estrategias	propuestas	se	entrecruzarán	en	varios	de	los	apartados	presentados.	Cada	uno	de	los	temas	abordados	se	elaboró	con	base	en	cuatro	apartados:	introducción,	diagnóstico,	agenda	pendiente	y	propuestas	para	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo,	lo	cual	permitió	una	presentación	ejecutiva	y	sencilla	para	el	planteamiento	de	los	retos	nacionales.	3	Consideramos	que	el	Estado	debe	priorizar	el	acceso	universal	a	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva	de	calidad,	completos	e	integrados,	asesoramiento	e	información	para	las	mujeres	y	las	adolescentes,	respetando	sus	derechos	humanos	y	poniendo	énfasis	en	la	equidad	y	el	respeto	a	la	diversidad.	Los	servicios	integrales	incluyen:	atención	ginecológica;	anticoncepción	segura	y	efectiva	en	todas	sus	formas;	aborto	seguro	y	atención	post-­‐aborto;	atención	a	la	salud	materna,	así	como	prevención,	diagnóstico	oportuno	y	tratamiento	de	las	infecciones	de	transmisión	sexual	y	el	VIH,	los	cánceres	de	mama,	del	aparato	reproductivo	y	la	menopausia	e	infertilidad.	Los	servicios	deben	estar	integrados	y	unificados,	adecuados	a	las	necesidades	de	las	mujeres	a	lo	largo	de	su	ciclo	vital,	con	mecanismos	de	referencia	y	derivaciones	eficaces.	Estos	servicios	deberán	priorizar	a	las	comunidades	indígenas	incorporando	los	recursos	tradicionales	de	salud,	tales	como	las	parteras,	promotoras	y	redes	comunitarias.	Programas	que	empoderen	a	las	mujeres,	sobre	todo	a	las	adolescentes	y	a	las	jóvenes,	para	que	conozcan	sus	cuerpos	y	ejerzan	sus	derechos,	en	especial	a	través	de	una	educación	integral	en	sexualidad.	La	salud	y	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	son	derechos	humanos.	Que	el	Estado	los	garantice,	proteja	y	promueva,	aludiendo	a	la	necesidad	de	que	todas	las	personas	puedan	ejercerlos	en	total	autonomía	y	con	ausencia	de	discriminación,	contando	para	ello	con	respaldo	jurídico,	político	y	social.	De	allí	que	el	rol	del	Estado	como	garante	es	ineludible	e	irrenunciable,	y	además	exigible.	Sin	embargo,	amplios	sectores	de	la	población	en	el	país	no	acceden	a	esos	derechos	y,	muy	en	particular,	las	mujeres	y	la	población	joven.	La	coyuntura	actual	y	esta	etapa	de	oportunidad	nos	obliga	a	recordar	que	el	Estado	debe	ofrecer	la	certeza	para	que	se	respeten,	promuevan	y	garanticen	la	salud	y	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	como	derechos	humanos	y	derechos	de	ciudadanía,	en	consonancia	con	el	sistema	internacional	de	derechos	humanos	y	las	Conferencias	de	El	Cairo	y	Beijing;	que	avancen	en	su	incorporación	efectiva	al	marco	jurídico	de	México,	y	otorguen	el	respaldo	político,	programático	y	financiero	suficiente	para	que	mujeres	y	hombres	puedan	ejercerlos	en	la	cotidianidad	de	sus	vidas.	Las	mejoras	en	las	condiciones	de	salud	sexual	y	reproductiva	tienen	consecuencias	positivas	sobre	la	mujer,	su	familia	y	la	comunidad.	Cuando	se	amplían	las	oportunidades	para	las	mujeres	se	contribuye	al	desarrollo	socioeconómico	familiar	y	general.	Queremos	señalar	que	a	pesar	de	los	avances	en	el	país,	la	salud	sexual	y	reproductiva	en	México	continua	siendo	un	reto	pendiente,	por	ello,	la	interlocución	con	instancias	de	gobierno,	la	suma	de	actores	de	los	diferentes	sectores	sociales	y	nuestro	papel	como	sociedad	civil	contribuyen	al	fortalecimiento	de	las	políticas	públicas,	que	es	el	objetivo	principal	de	este	documento.	Las	mujeres	y	hombres	de	México,	conformamos	el	capital	humano	que	permitirá	la	transformación	del	país.	Abonemos	juntos,	gobierno,	ciudadanía	y	sociedad	civil	al	cumplimiento	de	la	Ley.	La	perspectiva	de	género	debe	estar	incluida	en	cada	ámbito	de	acción	de	la	planeación,	al	igual	que	la	transparencia	y	rendición	de	cuentas	programática	y	financiera;	estos	instrumentos	constituyen	mecanismos	que	contribuyen	a	un	proceso	democrático	y	consolidan	al	gobierno	nacional,	estatal	y	local.	Los	mecanismos	de	participación	ciudadana	no	sólo	deben	estar	en	los	planes,	sino	en	el	avance	y	consolidación	de	la	democracia.	Estamos	atentas	y	trabajando	y	lo	más	importante,	monitoreando	los	avances	y	elaborando	propuestas	en	beneficio	del	desarrollo	humano	y	sustentable	de	México.	4	1.	ESTADO	LAICO:	EDUCACION	Y	SALUD1	Introducción	La	laicidad	es	una	noción	triangular	que	busca	evitar	la	dominación	de	la	religión	sobre	el	Estado	y	sobre	los	individuos,	permite	respetar	el	orden	público	y	democrático,	y	responde	a	la	necesidad	de	ejercer	las	libertades,	en	especial	la	libertad	de	conciencia,	de	culto	y	de	religión.	Además	es	garante	de	la	igualdad	y	del	derecho	de	todos	y	todas	a	tener	diferentes	religiones	y	convicciones.	La	laicidad	en	México	permitió	al	Estado	tomar	la	hegemonía	de	la	educación	y	de	la	salud	y	a	circunscribir	las	prácticas	religiosas	a	la	vida	privada,	que	los	mexicanos	fuésemos	formados	con	base	en	los	valores	democráticos	de	la	constitución	y	que	tuviésemos	acceso	a	los	conocimientos	científicos,	a	las	artes	y	las	humanidades,	claves	para	ejercer	los	derechos	humanos	y	ser	libres.	1.2.	Diagnóstico	En	México	hemos	atravesado	largos	procesos	de	laicización	y	de	secularización	desde	hace	150	años,	los	cuales	han	favorecido	la	ampliación	del	ejercicio	de	las	libertades	y	de	los	derechos	humanos.	En	México,	la	educación	laica	ha	estado	más	apuntalada	que	el	propio	Estado	Laico,	el	cual	como	tal,	apenas	en	el	presente	año	va	a	enunciarse	en	nuestra	Constitución.	En	el	campo	de	la	sexualidad	y	del	ejercicio	de	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	(DSR)	es	muy	visible	la	concreción	de	la	secularización	de	la	sociedad	mexicana,	porque	son	procesos	que	han	avanzado	al	lado	de	la	modernización	y	que	influido	de	manera	directa	en	las	regulaciones	sobre	el	cuerpo,	por	las	complejas	raíces	de	esta	dimensión	en	el	pasado	cristiano	y	precristiano.	Uno	de	los	momentos	históricos	que	muestra	el	grado	de	laicidad	alcanzado	por	1
Dra.	Gabriela	Rodríguez	Ramírez,	Directora	General	de	AFLUENTES.	el	Estado	fue	la	política	de	población	de	1974	en	que	se	institucionalizaron	los	programas	de	educación	sexual	en	las	escuelas	de	formación	básica,	así	como	las	campañas	y	servicios	de	planificación	familiar	en	los	centros	de	salud.	A	cuarenta	años	de	esa	política,	los	indicadores	de	secularización	son	evidentes:	mientras	82	por	ciento	de	los	mexicanos	se	identifican	como	católicos,	más	del	70	por	ciento	de	las	mujeres	mexicanas	utilizan	un	método	anticonceptivo	moderno	que	está	proscrito	por	ese	linaje	religioso,	más	de	la	mitad	de	los	jóvenes	recurren	al	condón	desde	su	primer	encuentro	sexual,	y	una	quinta	parte	de	las	mujeres	del	país	han	recurrido	al	aborto.	En	la	ciudad	de	México,	de	las	noventa	mil	mujeres	que	han	recurrido	a	la	ILE,	más	del	ochenta	por	ciento	se	declaran	católicas,	se	trata	de	logros	explicables	únicamente	por	la	secularización	del	Estado.	1.3.	Agenda	Pendiente	Actualmente	experimentamos	en	México,	la	recuperación	de	lo	religioso	en	la	esfera	política	y	la	erosión	de	la	laicidad,	lo	cual	se	ha	vinculado	con	el	adelgazamiento	del	Estado	y	a	la	reforma	que	abrió	las	relaciones	con	el	Vaticano	en	el	año	de	1992.	En	los	últimos	20	años,	hay	una	influencia	creciente	de	principios	religiosos	en	iniciativas	de	ley,	así	como	en	políticas	públicas	del	sector	social,	educativo	y	de	salud;	muchas	de	las	cuales	implican	regulaciones	de	la	vida	sexual	y	reproductiva.	Diversas	iniciativas	basadas	en	visiones	religiosas	se	han	presentado	ante	los	poderes	estatales,	desde	iniciativas	de	ley	que	buscan	eliminar	la	educación	laica	y	la	libertad	de	culto,	otras	que	han	pretendido	echar	atrás	los	contenidos	de	educación	sexual	de	los	libros	de	texto,	se	han	presentado	demandas	de	inconstitucionalidad	por	parte	del	ejecutivo	federal	ante	la	reforma	legal	que	autorizó	en	el	Distrito	Federal	el	acceso	al	aborto	y	al	matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo,	además	se	ha	buscado	derogar	las	causales	de	5	despenalización	del	aborto	en	las	entidades	del	interior	del	país,	a	través	de	cambios	en	constituciones	locales,	y	hasta	se	han	hecho	propuestas	para	dificultar	los	procesos	de	divorcio	en	los	códigos	civiles.	Ya	se	ha	documentado	un	efecto	de	retroceso	en	la	salud	sexual	y	reproductiva,	producto	de	esa	recuperación	de	la	religiosidad	en	las	políticas	de	población.	Hay	un	decremento	en	el	uso	de	anticonceptivos	entre	adolescentes,	consecuentemente	hay	un	repunte	del	número	de	adolescentes	embarazadas	y	del	porcentaje	de	abortos.	1.4. Propuestas	para	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-­‐2018	1. Fortalecer	el	carácter	laico	del	Estado,	no	solamente	en	la	Constitución	y	en	las	leyes	secundarias,	sino	en	especial	en	las	prácticas	institucionales,	en	la	vida	diaria	de	las	aulas	escolares	y	de	los	centros	de	salud.	2. El	distanciamiento	de	la	vida	sexual	respecto	de	las	convicciones	religiosas	en	la	población	mexicana	tendría	que	ser	uno	de	los	contextos	a	tomar	en	cuenta	a	la	hora	precisar	los	programas	educativos	y	de	salud.	3. Reforzar	la	educación	laica,	incluir	en	el	currículum	escolar	de	la	enseñanza	básica,	el	estudio	de	los	derechos	de	las	niñas,	los	niños	y	adolescentes,	el	conocimiento	del	marco	jurídico	nacional	e	internacional	que	reconoce	su	derecho	a	la	libertad	de	pensamiento,	de	conciencia	y	de	religión.	4. Promover	la	educación	ciudadana	a	fin	de	lograr	la	autonomía,	para	que	cada	niña	o	niño	desarrolle	la	capacidad	de	distinguir	por	sí	misma	o	por	sí	su	condición	de	sujeto	moral	y	sujeto	de	derecho,	capaz	de	darse	a	sí	mismo	los	criterios	de	reconocimiento	de	la	verdad	y	la	libertad	que	busca.	5. Fortalecer	la	capacitación	del	personal	docente	de	las	instituciones	educativas	y	al	personal	de	las	instituciones	públicas	en	el	conocimiento	de	los	derechos	humanos,	en	especial	de	las	libertades	laicas,	así	como	el	marco	internacional	y	nacional	en	que	se	apoyan	los	derechos	sexuales	y	reproductivos,	a	fin	de	que	niñas,	niños,	adolescentes	y	toda	la	población	conozca	y	ejerza	esos	derechos.	6. Desarrollar	e	implementar	protocolos	de	atención	de	la	salud	sexual	y	reproductiva,	a	fin	de	que	los	profesionales	de	la	salud	respeten	la	libertad	de	creencia	y	de	religión	de	las	y	las	y	los	usuarios,	para	que	ofrezcan	servicios	apegados	a	la	normatividad	derivada	de	la	evidencia	científica	y	los	valores	constitucionales,	evitando	incluir	criterios	religiosos	en	los	servicios.	6	2.	DERECHOS	HUMANOS,	GÉNERO	E	INTERCULTURALIDAD	EN	EL	MARCO	DE	LA	SALUD	SEXUAL	Y	REPRODUCTIVA2	2.1. Introducción	México	es	un	país	pluricultural	como	lo	señala	el	Art.	2	de	la	Constitución.	En	el	habitan	más	de	doce	millones	de	personas	indígenas,	más	de	50	millones	de	mujeres,	de	las	cuales	alrededor	de	10	millones	son	jóvenes	y	adolescentes	entre	10	y	19	años	de	edad.	El	número	de	migrantes	permanentes	o	temporales	se	incrementa	considerablemente	cada	año,	incluido	el	grupo	de	mujeres	que	se	movilizan	en	busca	de	mejores	oportunidades.	La	lucha	de	las	personas	activistas	por	los	derechos	sexuales,	de	mujeres	y	hombres	indígenas	por	evidenciar	las	situaciones	de	discriminación3	que	enfrentan	y	garantizar	un	efectivo	acceso	a	sus	derechos,	ha	puesto	de	2
manifiesto	las	enormes	desigualdades	existentes	en	nuestro	país	y	los	fenómenos	de	exclusión	social	que	vive	un	conjunto	importante	de	la	población.	Hacer	frente	a	estas	desigualdades	implica	necesariamente	la	incorporación	de	una	perspectiva	de	derechos	humanos,	igualdad	sustantiva	de	género	e	interculturalidad,	en	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-­‐2018,	en	un	eje	u	objetivo	relacionado	con	la	Igualdad	de	Oportunidades.	Esto	adquiere	mayor	relevancia	a	partir	de	la	reforma	constitucional	de	junio	de	2011,	en	la	cual	se	reconoce	que	todas	las	personas	en	el	territorio	nacional	tienen	los	derechos	humanos	previstos	en	la	Constitución	Política	y	en	los	tratados	internacionales	que	han	sido	firmados	y	ratificados	por	el	Estado	mexicano.	2.2. Diagnóstico	La	discriminación	étnico-­‐racial	y	de	género	son	constitutivas	de	la	pobreza,	la	exclusión	y	la	perpetuación	de	las	desigualdades	sociales	históricas.4	A	pesar	de	los	grandes	avances	en	el	marco	normativo	internacional5	y	nacional6),	la	última	Encuesta	Nacional	sobre	Discriminación	en	México	–Enadis	2010-­‐7	muestra	que	56%	de	las	mujeres	encuestadas	considera	que	en	México	no	se	respetan	los	derechos	de	las	mujeres.	Los	principales	problemas	reportados	fueron	relacionados	con	el	empleo,	la	inseguridad	y	situaciones	de	abuso,	acoso,	maltrato	y	violencia.	En	relación	con	la	pertenencia	étnica,	uno	de	cada	cuatro	personas	indígenas	entrevistadas	4 5
Mtra.	Lina	Berrio	Palomo,	Directora	de	Kinal	Antzetik,	Gloria	Mejía	Elizondo	y	Patricia	Lorena	Yllescas	Hernández.	3 Por	discriminación	contra	las	mujeres	se	entiende	toda	distinción,	exclusión	o	restricción	por	el	hecho	de	ser	mujer,	que	tenga	por	objeto	o	resultado	menoscabar	o	anular	el	reconocimiento,	goce	o	ejercicio	de	los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales	en	las	esferas	social,	cultural,	civil	o	en	cualquier	otra	esfera.	No	se	considera	discriminación	la	aplicación	de	medidas	especiales	de	carácter	temporal	que	busquen	combatir	las	desigualdades	existentes	entre	hombres	y	mujeres.	CONAPRED,	2012:	69.	La	discriminación	por	preferencia	sexual	o	identidad	de	género	incluye	todas	las	distinciones,	exclusiones,	restricciones	o	preferencias	basadas	en	la	orientación	sexual	o	identidad	de	género,	que	anulen,	limiten	o	disminuyan	la	igualdad	para	el	ejercicio	de	derechos	y	libertades	fundamentales.	Conapred,	2012:45.	La	discriminación	racial	incluye	todas	las	distinciones,	exclusiones,	restriccions	o	preferencias	basadas	en	raza,	color,	linaje	u	origen	nacional	o	étnico	que	anule	el	reconocimiento,	goce	y	ejercicio	de	todos	los	derechos	humanos	en	cualquier	esfera	de	la	vida	pública.	La	discriminación	contra	los	jóvenes	incluye	el	acceso	desigual	de	las	y	los	adolescentes	a	los	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva.	7	Informe	"ODM,	una	mirada	a	mitad	de	camino".	(CEDAW	1979;	Beijing	1995;	Declaración	del	Milenio	2000)	6 (Ley	General	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres,	Ley	de	acceso	de	las	mujeres	a	una	vida	libre	de	violencia,	Ley	Federal	para	prevenir	y	eliminar	la	discriminación;	entre	otras)	7 Consejo	Nacional	para	Prevenir	la	Discriminación,	Instituto	Nacional	de	las	Mujeres.	(2012).	Encuesta	Nacional	sobre	Discriminación	en	México.	Resultados	sobre	mujeres.	México,	D.F	manifestaron	no	tener	las	mismas	oportunidades	para	acceder	a	servicios	de	salud	o	educación	y	45.8%	de	mujeres	indígenas	señalaron	que	debían	pedir	permiso	o	avisar	para	usar	anticonceptivos,	respecto	al	34.9%	de	mujeres	no	indígenas	en	la	misma	situación.8	Respecto	a	la	discriminación	por	preferencia	sexual,	52%	de	las	y	los	encuestados	señaló	que	el	principal	problema	enfrentado	por	personas	lesbianas,	homosexuales	o	bisexuales	es	la	discriminación	y	un	porcentaje	mayor	de	mujeres	lesbianas	afirmaron	percibir	mayor	intolerancia	de	los	servicios	de	salud	respecto	a	los	hombres	homosexuales.9	En	el	caso	de	los	adolescentes	y	jóvenes,	la	discriminación	por	edad	incluye	las	dificultades	de	acceso	a	los	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva,	entre	ellos	la	necesidad	insatisfecha	de	anticonceptivos	que	es	la	más	alta	en	el	grupo	de	edad	de	15	a	19.	Aún	cuando	los	derechos	de	las	personas	migrantes	incluyen	los	de	recibir	atención	médica	para	preservar	su	vida	o	evitar	daños	irreparables	a	su	salud,	diariamente	cientos	de	mujeres	migrantes	son	víctimas	de	abuso	y	violencia	sexual	pero	no	cuentan	con	los	mecanismos	para	garantizar	el	acceso	a	los	protocolos	de	atención	establecidos	en	estos	casos.	2.3. Agenda	Pendiente	La	perspectiva	de	derechos	humanos	está	vinculada	con	la	noción	de	ciudadanía	pero	se	amplió	para	incorporar	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales	consignados	en	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales,	Culturales	y	Ambientales,	los	cuales	son	aplicables	a	cualquier	persona	en	tanto	portadora	de	derechos	inalienables.	El	derecho	a	la	salud	está	reconocido	en	el	artículo	12	de	dicho	Pacto	e	incluye	una	gama	amplia	de	factores	8 9
que	promueven	las	condiciones	para	que	las	personas	puedan	llevar	una	vida	sana	y	gozar	el	más	alto	nivel	posible	de	salud	física	y	mental.	En	ese	sentido,	su	aplicación	es	más	amplia	que	el	derecho	a	la	atención	o	a	la	protección	de	la	salud.	La	perspectiva	de	derechos	humanos	aplicada	al	ámbito	de	la	salud	implica	considerar	no	sólo	los	indicadores	de	salud	sino	también	aquellos	del	derecho	a	la	salud	los	cuales	se	diferencian	porque	permiten	evidenciar	las	desigualdades	y	exclusiones;	se	derivan	de	normas	concretas	del	derecho	a	la	salud	y	están	vinculados	a	lograr	la	rendición	de	cuentas	de	los	responsables.10	Por	lo	anterior	es	necesario	considerar	los	cuatro	elementos	señalados	en	la	Observación	General	14	del	PIDESC	que	deben	estar	presentes	en	todos	los	servicios,	bienes	y	políticas	públicas	relacionadas	con	la	salud:	Disponibilidad,	Accesibilidad,	Aceptabilidad	y	Calidad.	En	ese	sentido	todos	los	programas	e	intervenciones	en	salud	derivadas	del	Plan	de	Desarrollo	2013-­‐2018,	deben	considerar	este	marco	de	derechos	así	como	la	obligatoriedad	de	rendición	de	cuentas	establecidas	por	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos.11	La	equidad	de	género	se	refiere	el	trato	diferenciado	y	el	desarrollo	de	acciones	distintas	para	mujeres	y	hombres,	de	acuerdo	a	sus	necesidades	respectivas,	a	partir	del	reconocimiento	de	las	brechas	existentes	entre	ambos	sexos.	Es	un	mecanismo	transitorio	10
8	Idem,	p72.	Consejo	Nacional	para	Prevenir	la	Discriminación	(2012).	Encuesta	Nacional	sobre	Discriminación	en	México.	Resultados	generales.	México,	D.F	Yamin,	Alicia	Ely	(2005)	en:	Pérez	Arguelles,	Mariana	(Coordinadora)	(2010:	24).	Cinco	miradas	sobre	el	derecho	a	la	salud.	Estudios	de	caso	en	México,	El	Salvador	y	Nicaragua.	Fundar,	Centro	de	Análisis	e	Investigación	A.C,	México,	D.F	11 Orientaciones	técnicas	sobre	la	aplicación	de	n	enfoque	basado	en	los	derechos	humanos,	a	la	ejecución	de	las	políticas	y	los	programas	destinados	a	reducir	la	mortalidad	y	la	morbilidad	prevenibles	asociadas	a	la	maternidad.	Consejo	de	Derechos	Humanos,	de	Naciones	Unidas.	Julio	de	2012.	Nueva	York	para	compensar	las	desventajas	históricas	y	sociales	que	enfrentamos	las	mujeres;	a	fin	de	lograr	alcanzar	la	Igualdad	Sustantiva	de	Género,	tal	como	se	he	conceptualizado	retomando	el	marco	establecido	en	la	Convención	para	Eliminación	de	todas	las	formas	de	Discriminación	contra	las	Mujeres.	La	igualdad	sustantiva	de	género,	al	igual	que	el	desarrollo,	son	cuestión	de	derechos	humanos:	no	se	puede	concebir	un	Estado	en	el	que	la	mitad	de	la	población	esté	limitada	en	el	ejercicio	de	sus	derechos,	en	el	que	no	se	reconozca	su	capacidad	de	autodeterminación.	El	enfoque	intercultural	en	salud	remite	a	un	derecho	individual	y	colectivo	que	comprende	una	actitud	de	respeto	y	confianza	para	relacionarse	entre	miembros	de	diferentes	culturas,	particularmente	entre	el	personal	de	salud	y	los	pacientes	y	sus	familiares,	en	el	cual	se	requiere	un	entendimiento	mutuo	respecto	a	las	distintas	percepciones	del	cuerpo	y	el	proceso	de	salud-­‐enfermedad.	Incluye	la	capacidad	del	Estado	de	responder	con	la	construcción	participativa	de	políticas	públicas	interculturales.	Al	considerar	el	enfoque	de	derechos	encontramos	que	la	noción	de	aceptabilidad,	señalada	previamente	como	un	eje	del	derecho	a	la	salud,	obliga	a	los	Estados	a	generar	las	condiciones	para	que	los	programas	y	servicios	de	salud	sean	adecuados	a	las	características	específicas	de	los	grupos	sociales,	es	decir,	culturalmente	pertinentes.	2.4. Propuestas	para	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-­‐2018	1. Incorporar	explícitamente	un	objetivo	relacionado	con	la	Igualdad	de	Oportunidades,	desde	una	perspectiva	de	derechos	humanos,	interculturalidad	y	equidad	de	género,	de	la	cual	se	desprendan	las	acciones	y	estrategias	contempladas	en	el	Programa	Sectorial	de	Salud	y	los	Programas	de	Acción	relacionados	con	la	Salud	Sexual	y	Reproductiva.	2. El	mecanismo	federal	para	el	adelanto	de	las	mujeres	aperturará	la	unidad	de	mujeres	indígenas	para	dimensionar	el	grado	de	acceso	y	ejercicio	que	tienen	a	sus	derechos	humanos.	Igualmente,	el	órgano	rector	de	la	política	hacia	los	pueblos	indígenas	creará	la	unidad	de	género,	que	estará	en	coordinación	con	el	mecanismo	federal	para	el	adelanto	de	las	mujeres.	3. Incorporar	en	el	Plan	un	objetivo	relacionado	con	la	obligatoriedad	de	la	transparencia,	la	rendición	de	cuentas	y	el	acceso	a	la	información,	considerando	indicadores	no	sólo	de	resultados	sino	de	derechos.	4. Incorporar	en	los	órganos	de	los	tres	órdenes	de	gobierno	vinculados	a	la	cuestión	indígena,	la	perspectiva	relativa	a	la	igualdad	entre	los	géneros	en	todas	las	esferas	normativas,	los	programas	y	los	proyectos,	señalando	los	mecanismos	operativos	para	tal	fin,	realizando	la	armonización	legislativa	en	la	Ley	General	de	Salud	y	otras,	conforme	a	lo	establecido	en	la	Declaración	Universal	de	Pueblos	Indígenas.	5. Incluir	mecanismos	institucionales	para	el	acceso	efectivo	a	los	servicios	y	de	salud,	garantizando	la	pertinencia	cultural	de	los	mismos	y	generando	condiciones	institucionales	para	eliminar	la	discriminación	por	razones	de	género,	étnicas,	de	preferencia	sexual,	de	condición	migratoria,	edad	o	religión.	Dicha	tarea	será	desarrollada	a	partir	de	estrategias	intersectoriales	que	incluyen	al	Sector	Salud,	Secretaría	de	Educación,	organismos	de	Derechos	Humanos,	Conapred,	Inmujeres	y	Comisión	Nacional	para	el	Desarrollo	de	los	Pueblos	Indígenas.	6. Formular	desde	las	instancias	gubernamentales	relativas	al	desarrollo	9	social,	políticas	interculturales	que	garanticen	el	ejercicio	de	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	y	hombres	indígenas,	la	igualdad	de	género	en	salud	sexual	y	reproductiva	tanto	en	contextos	comunitarios	como	urbanos	y	en	tránsitos	migratorios.	7. Asumir	como	un	objetivo	prioritario	en	el	Plan,	la	Salud	Sexual	y	Reproductiva	desde	una	perspectiva	integral,	manteniendo	con	fuerza	el	eje	de	igualdad	de	género	en	salud,	e	incorporando	explícitamente	acciones	dirigidas	a	la	población	migrante	que	se	encuentra	en	el	territorio	nacional,	independientemente	de	su	condición	migratoria.	8. Construir	el	Programa	Nacional	de	Salud	Sexual	y	Reproductiva	para	Pueblos	y	Comunidades	Indígenas	que	pongan	de	relevancia	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	en	los	diferentes	contextos	socioculturales.	10	3.	SALUD	REPRODUCTIVA,	PRESUPUESTO	Y	POLÍTICAS	PÚBLICAS12	3.1	Introducción	El	presupuesto	público	expresa	las	prioridades	de	la	política	pública	y	social	de	México,	pero	no	sólo	eso,	sino	que	pone	sobre	la	mesa	el	énfasis	programático	y	la	planeación	del	ejecutivo	federal.	En	el	caso	del	presupuesto	público	en	salud,	existen	diferentes	instituciones	y	fuentes	de	financiamiento	que	componen	la	política	pública	en	salud.	A	la	fecha	el	Sistema	de	Protección	Social	en	Salud	SPSS,	es	la	de	mayor	relevancia,	puesto	en	marcha	desde	el	año	2004—	pasa	a	ser	el	principal	esquema	de	financiamiento	en	salud	hacia	las	entidades	federativas,	para	población	bajo	la	responsabilidad	de	la	Secretaría	de	Salud	federal,	y	los	servicios	estatales	de	salud.	El	Estado	mexicano	justifica	la	modificación	a	la	Ley	General	de	Salud,	—	que	significa	el	SPSS— como	un	medio	para	avanzar	en	el	4°	Constitucional,	en	los	términos	de	garantizar	la	protección	de	la	salud.	A	9	años	de	su	funcionamiento,	es	suyo	suponer	que	el	peso	financiero	del	Sistema	en	los	servicios	de	salud,	apuntalaría	al	cumplimiento	de	los	derechos	reproductivos	establecido	en	el	mismo	articulado,	donde	se	instituye	el	derecho	de	toda	persona	a	decidir	de	manera	libre,	responsable	e	informada	sobre	el	número	y	el	espaciamiento	de	sus	hijos.	A	la	par	de	estos	preceptos	constitucionales,	y	entendiendo	que	tanto	la	salud	en	general13	12
como	la	salud	reproductiva	en	particular14	son	derechos	humanos;	actualmente	el	financiamiento	en	salud	debe	mirarse	acorde	a	la	obligación	constitucional	del	Estado	de	interpretar	la	normas	relativas	a	los	derechos	humanos	conforme	con	los	tratados	internacionales	de	la	materia.15	El	paradigma	de	los	derechos	es	el	que	contiene	las	plataformas	de	igualdad	y	equidad,	por	lo	que	sus	metas	requieren	articularse	en	la	política	pública	e	instrumentalizarse	en	programas.	Uno	de	los	elementos	sustantivos	de	los	derechos	humanos	es	la	rendición	de	cuentas;	esencial	para	que	tanto	el	Estado	mexicano	como	la	sociedad	puedan	medir	avances	o	regresiones,	para	que	los	diferentes	poderes,	y	sobre	todo	el	ejecutivo	federal	tome	las	medidas	para	su	mejora,	en	un	marco	de	participación	amplia	e	incluyente,	tal	y	como	es	práctica	natural	en	un	Estado	democrático.	En	esta	tesitura	es	de	aseverarse	que	en	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-­‐2018,	corresponde	incorporarse	explícitamente	esta	plataforma	de	deberes	del	ejercicio	de	gobierno,	con	el	fin	de	delinear	claramente	el	quehacer	de	la	política	pública	para	mejorar	la	vida	de	la	población	en	cuanto	a	sus	necesidades	en	salud	sexual	y	reproductiva,	sobre	todo	de	las	mujeres	en	situación	de	pobreza.	3.2.	Diagnóstico	La estructura	de	asignación	de	presupuesto	para	salud	en	población	sin	seguridad	social,	está	concentrada	en	dos	fuentes:	El	Sistema	de	Protección	Social	en	Salud,	SPSS	y	el	Fondo	de	14
11	Daniela	Díaz	Echeverría,	Responsable	de	Proyecto	en	Fundar,	Centro	de	Análisis	e	Investigación.	13 Artículo	12	del	Pacto	Internacional	Derechos	Económicos	Sociales	Culturales,	PIDESC.	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	contra	la	Mujer	CEDAW,	Recomendación	General	Nº	24:	Artículo	12	CEDAW-­‐	La	mujer	y	la	salud.	15 Modificación	constitucional	con	fecha	del	10	de	junio	del	2011.	Aportaciones	a	los	Servicios	de	Salud,	FASSA.	Es	decir,	en	un	esquema	de	grandes	bolsas,	cuya	consecuencia	para	el	caso	de	la	salud	sexual	y	reproductiva,	es	el	desdibujamiento	en	la	asignación	de	gasto	de	sus	programas	de	acción	específicos.	Este	modelo	de	gasto	agregado	presentó	obstáculos	en	la	provisión	de	atención	en	salud	sexual	y	reproductiva,	conllevando	a	la	Secretaría	de	Salud	a	conformar	programas	presupuestarios	en	el	Decreto	del	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación,	específicamente	en	el	Anexo	de	Erogaciones	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres.	Esta	estrategia	de	asignación	se	dirige	principalmente	a	acciones	de	prevención.	Es	sumamente	preocupante	que	no	se	fijen	presupuestos	para	cubrir	todo	el	proceso	de	prestación	en	salud:	promoción,	prevención	y	atención.	Esto	se	agrava	por	el	hecho	de	que	los	programas	de	acción	en	salud	sexual	y	reproductiva	carecen	de	reglas	de	operación.16	En	resumen	es	inexistente	la	obligación	administrativa	de	determinarles	presupuesto.	No	obstante	dicho	marco	administrativo,	los	mandatos	constitucionales	señalados	y	los	documentos	internacionales	signados	por	México,	obligan	a	determinar	las	necesidades	presupuestarias	en	salud	sexual	y	reproductiva	y	atenderlas	a	cabalidad,	con	el	elemento	fundamental	de	considerar	las	desigualdades	e	16
inequidades	de	género,	y	actuar	para	su	solución.	3.3. Agenda	Pendiente	Era	de	esperarse	que	el	diseño	del	Sistema	de	Protección	Social	en	Salud,	SPSS	resolviera	en	gran	medida	los	impedimentos	económicos	de	acceso	a	la	salud	y	asegurara	la	provisión	y	disponibilidad	de	bienes	y	servicios	en	salud	sexual	y	reproductiva	para	las	mujeres.	El	esquema	presupuestario	descrito	de	grandes	totales,	y	etiquetaciones	parciales	en	el	proceso	de	atención,	conlleva	a	que	no	sea	así.	El	9.56	por	ciento	de	crecimiento	del	Ramo	12-­‐ Salud,	registrado	en	el	periodo	2007-­‐2012,	y	concentrado	en	el	SPSS	con	una	tasa	de	crecimiento	de	16.36%	ha	sido	ineficaz	para	sostener	financieramente	la	totalidad	de	la	operación	de	los	programas	en	salud	sexual	y	reproductiva.17	Igualmente	para	asegurar	que	en	los	servicios	de	salud	estatales,	se	provea	de	atención	integral	en	materia	de	salud	sexual	y	reproductiva.	Para	el	año	2011	el	SPSS	representó	66.95%	del	total	del	Ramo	12-­‐Salud,	en	el	2012	66.59%,	y	para	el	año	2013	constituye	61.8%.18	Las	reiteradas	ocasiones	en	que	se	cataloga	al	SPSS	como	el	mecanismo	por	el	cual	el	Estado	mexicano	tutela	el	derecho	a	la	salud.	Pese	a	ello	y	a	la	cantidad	de	presupuesto	asignado	al	Sistema,	existe	una	enorme	laguna	en	la	17
12	Los	programas	en	salud	con	reglas	de	operación	son:	Programa	para	la	Protección	y	el	Desarrollo	Integral	de	la	Infancia,	Programa	de	Atención	a	Familias	y	Población	Vulnerable,	Programa	de	estancias	infantiles	para	apoyar	a	madres	trabajadoras,	Caravanas	de	la	Salud,	Seguro	Médico	Siglo	XXI,	Sistema	Integral	de	Calidad	en	Salud,	Programa	Comunidades	Saludables,	Programa	de	Atención	a	Personas	con	Discapacidad	y	Programa	de	Desarrollo	Humano	Oportunidades.	Fuente:	Decreto	de	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	para	el	Ejercicio	Fiscal	2013,	disponible	en	http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF _2013.pdf	Los	programas	en	salud	sexual	y	reproductiva	bajo	la	rectoría	de	la	Secretaría	de	Salud	son:	Arranque	Parejo	en	la	Vida;	Salud	Sexual	y	Reproductiva	para	Adolescentes;	Planificación	Familiar	y	Anticoncepción;	Cáncer	de	mama;	Cáncer	Cérvico	uterino;	Prevención	y	Atención	de	la	Violencia	Familiar	y	de	Género;	Igualdad	de	Género	en	Salud;	y	VIH/SIDA	e	ITS.	18 Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público,	Cuenta	de	la	Hacienda	Pública	2011,	PEF	2012	y	2013,	información	disponible	en	www.shcp.gob.mx	rendición	de	cuentas	desde	los	elementos	que	componen	el	derecho	a	la	salud.	Tal	déficit	toma	una	relevancia	mayor	con	el	SPSS,	pero	es	extensible	a	prácticamente	todas	las	instituciones	y	fuentes	de	financiamiento	en	salud.	Simplemente	es	inexistente	la	rendición	de	cuentas	bajo	el	paradigma	de	los	derechos	humanos,	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	y	el	derecho	a	la	salud.	La	estructura	de	financiamiento	definida	por	el	modelo	de	asignación	agregada	del	gasto,	también	ha	contribuido	a	debilitar	la	rectoría	del	ámbito	federal,	con	especial	notoriedad	esto	se	ha	visto	en	el	caso	de	la	salud	sexual	y	reproductiva.	La	agenda	de	derechos	no	necesariamente	es	prioridad	para	los	gobiernos	locales.	Pero	el	problema	también	es	desde	la	perspectiva	de	que	se	diluyen	los	agentes	o	espacios	de	la	administración	pública	responsables	ya	sea	del	ejercicio	del	presupuesto	o	de	la	gestión	de	la	política	pública	en	salud	sexual	y	reproductiva.	Los	canales	de	operación	de	cada	uno	de	estos	pilares	del	quehacer	público,	más	de	las	veces	son	divergentes,	o	descoordinados.	Básicamente,	el	modelo	del	SPSS	y	el	FASSA	vienen	a	atomizar	aun	más	el	de	por	si	fragmentado	sistema	de	salud	mexicano.	Prácticamente	nada	se	reporta	de	cómo	la	estructura	que	vincula	política	pública	y	presupuesto	incide	en	el	acceso	a	los	servicios	de	salud,	a	la	calidad	en	la	salud,	al	cumplimiento	del	principio	de	no	discriminación	o	si	efectivamente	crean	las	condiciones	que	aseguren	a	todas	las	personas	asistencia	médica	y	servicios	médicos	en	caso	de	cualquier	necesidad	en	salud.19 3.4. Propuestas	para	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-­‐2018	19
1. Garantizar	el	acceso	universal	a	los	servicios	de	salud,	otorgando	a	la	población	la	satisfacción	en	sus	necesidades	en	salud.	Garantizar	el	acceso	universal	a	la	salud	sin	condicionarlo	al	pago	monetario	del	mismo.	Asignar	presupuesto	y	diseñar	la	política	pública	en	salud	en	general	y	en	salud	sexual	y	reproductiva	en	particular,	ciñéndose	a	los	principios	transversales	de	los	derechos	humanos:	Igualdad	y	no	discriminación,	Máxima	utilización	de	recursos,	Participación,	Rendición	de	Cuentas	y	Progresión	y	no	retrogresión.20	Asignar	presupuesto	etiquetado	para	todo	el	proceso	de	atención	en	salud	en	general	y	en	salud	sexual	y	reproductiva	en	particular.	Incorporar	la	rendición	de	cuentas	como	un	eje	del	Plan	Nacional	de	Desarrollo,	desde	el	paradigma	de	los	Derechos	Humanos.	Enmarcar	el	presupuesto	público	y	la	política	pública	en	salud,	desde	el	paradigma	del	derecho	a	la	salud,	con	los	elementos	siguientes:	Disponibilidad.	Que	supone	la	existencia	de	bienes,	servicios	y	centros	de	atención.	Los	elementos	mínimos	que	deben	estar	disponibles	son:	condiciones	sanitarias	adecuadas,	agua	limpia	y	potable,	hospitales,	clínicas,	personal	médico	y	profesional	capacitado,	así	como	medicamentos	esenciales.	Accesibilidad.	que	se	traduce	en	cuatro	dimensiones	básicas:	1)	no	discriminación	en	el	acceso	a	servicios	y	bienes;	2)	accesibilidad	física	y	geográfica	a	los	establecimientos;	3)	accesibilidad	2.
13	a.
Observación	General	14	del	Comité	del	Pacto	Internacional	de	los	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	PIDESC.	Ibid	anterior.	Tomado	de	Mariana	Pérez	(coordinadora),	Fundar,	Centro	de	Análisis	e	Investigación	AC.	Cinco	miradas	sobre	el	derecho	a	la	salud.	Estudios	de	caso	en	México,	El	Salvador	y	Nicaragua.	México,	2010.	económica	de	bienes	y	servicios	para	todos,	especialmente	para	los	más	desfavorecidos	y	4)	acceso	a	la	información.	c. Aceptabilidad.	Que	significa	la	necesaria	adecuación	de	los	planes	y	sistemas	de	salud	a	las	condiciones	socioculturales	de	la	población.	d. Calidad.	Que	supone	servicios	de	calidad,	calificación	del	personal	médico	y	calidad	de	medicamentos,	así	como	del	equipo	hospitalario.21	7. Incorporar	la	rendición	de	cuentas	para	salud,	bajo	el	paradigma	del	derecho	a	la	salud	que	contiene	los	elementos	básicos	siguientes:	Disponibilidad,	Accesibilidad,	Aceptabilidad	y	Calidad.22	8. Fortalecerse	el	acceso	a	la	información	en	salud	en	todos	los	poderes	y	niveles	de	gobierno,	conforme	al	6°	Constitucional.	9. Asegurar	el	acceso	a	insumos	estratégicos	de	salud	sexual	y	reproductiva	de	calidad	(incluyendo	anticoncepción	de	emergencia)	y	ofertados	por	personal	de	salud	capacitado	y	respetuoso	para	todas	las	mujeres	en	edad	reproductiva,	así	como	la	disponibilidad	y	acceso	gratuito	a	métodos	de	anticoncepción	modernos	y	a	un	rango	amplio	de	insumos	de	salud	materna	(incluyendo	misoprostol)	que	incorpore	como	mínimo	todos	aquellos	los	contenidos	en	las	listas	esenciales	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud.	10. Explicitar	las	instancias	de	la	administración	pública,	responsables	del	ejercicio	del	presupuesto	público	en	salud	en	general	y	para	salud	sexual	y	reproductiva	en	particular,	desde	los	ámbitos	federal,	estatal	y	municipal.	21
Establecer	al	Sistema	de	Protección	Social	en	Salud	obligaciones	de	asignación	de	presupuesto,	de	rendición	de	cuentas,	y	evaluación	según	el	paradigma	de	derechos.	Explicitándose	criterios	de	control	del	gasto,	fiscalización	y	transparencia	del	uso	del	gasto	durante	su	ejercicio.	14	Ibid	anterior.	Tomado	de	Mariana	Pérez	(coordinadora),	Fundar,	Centro	de	Análisis	e	Investigación	AC.	Cinco	miradas	sobre	el	derecho	a	la	salud.	Estudios	de	caso	en	México,	El	Salvador	y	Nicaragua.	México,	2010.	22 Ibid	anterior.	4.	NECESIDAD	DE	ACCESO	A	LA	PLANIFICACIÓN	FAMILIAR	COMO	DERECHO	HUMANO	FUNDAMENTAL23	4.1.	Introducción	La	planificación	familiar	(PF)	es	el	conjunto	de	actividades,	procedimientos	e	intervenciones	relacionadas	con	la	información,	educación,	consejería	y	métodos	anticonceptivos	modernos	para	que	las	personas	o	parejas	ejerzan	el	derecho	a	decidir	de	manera	libre	y	responsable	el	número	de	hijos	que	desean	tener	y	el	intervalo	entre	los	nacimientos.	En	México	la	PF	se	ha	elevado	a	rango	constitucional	como	derecho	humano,	designación	que	sin	duda	permitió	impulsar	la	práctica	anticonceptiva	y	convertirla	en	un	determinante	fundamental	en	la	regulación	de	la	fecundidad,	cuya	cifra	era	aproximadamente	de	7	hijos	nacidos	vivos	por	mujer	en	la	década	de	los	setentas,	para	ubicarse	actualmente	apenas	por	arriba	de	2	hijos	por	mujer.	Pero	más	allá	de	ese	impacto	demográfico	que	ha	generado,	con	el	paso	del	tiempo	a	la	PF	se	le	ha	atribuido	una	serie	de	ventajas	y	áreas	de	oportunidad,	que	hacen	de	su	consideración	un	elemento	fundamental	para	el	desarrollo	social	y	económico	del	país.	La	PF	está	plenamente	justificada	desde	distintos	frentes	y	enfoques:	 Se	fundamenta	en	los	derechos	humanos	internacionalmente	reconocidos.	Los	Estados	están	obligados	a	garantizar	el	acceso	a	servicios	de	PF	asequibles,	adecuados	y	de	calidad;	libres	de	todo	tipo	de	coerción,	discriminación	o	violencia.	 Salva	vidas	y	mejora	la	salud.	La	prevención	de	embarazos	no	planificados	contribuye	a	salvar	la	vida	de	las	mujeres	en	tanto	contribuye	a	reducir	el	número	23
de	abortos	inseguros	y	partos	practicados	en	condiciones	de	riesgo.	Ayuda	a	prevenir	el	VIH.	Mediante	el	uso	de	condones	masculinos	y	femeninos,	evita	la	propagación	de	infecciones	de	transmisión	sexual	(ITS),	incluido	el	VIH.	Empodera	a	las	mujeres	en	el	hogar.	Existe	una	fuerte	correlación	entre	una	mayor	PF	y	la	creciente	participación	de	las	mujeres	en	la	toma	de	decisiones	en	el	ámbito	familiar.	Garantizar	el	acceso	a	la	PF	voluntaria	es	un	paso	fundamental	hacia	una	mayor	igualdad	de	género	en	las	comunidades,	sociedades	y	estados.	Fomenta	la	participación	de	la	mujer	en	la	escuela	y	en	el	mercado	laboral.	Las	mujeres,	sobre	todo	adolescentes	y	jóvenes,	que	usan	métodos	anticonceptivos	tienen	más	probabilidades	de	continuar	sus	estudios	y	de	acceder	al	mercado	laboral.	Esto	se	debe	en	parte	a	que	gracias	a	la	PF	las	mujeres	pueden	decidir	el	número	de	hijos	y	el	momento	para	tenerlos	en	función	de	su	expectativa	escolar	y	situación	laboral	y	familiar.	Contribuye	a	prevenir	la	pobreza.	Por	lo	general,	las	mujeres	y	las	parejas	que	pueden	decidir	libremente	si	desean	o	no	tener	hijos,	el	número	de	éstos	y	el	intervalo	entre	los	nacimientos,	están	en	mejores	condiciones	para	ahorrar,	aumentar	sus	ingresos	familiares,	invertir	en	los	hijos	que	ya	tienen	y	planificar	mejor	sus	vidas.	Desarrollo	sostenible.	Dar	respuesta	a	las	necesidades	no	satisfechas	en	PF	(proporción	de	mujeres	que	no	están	usando	la	anticoncepción	a	pesar	de	que	no	desean	quedarse	embarazadas)	contribuye	a	reducir	la	tasa	de	crecimiento	de	la	población	a	largo	plazo,	al	tiempo	que	es	una	estrategia	muy	rentable	que	permite	alcanzar	mayores	metas	de	desarrollo	y	adaptarse	al	cambio	climático.	15	Mtra.	Esperanza	Delgado	Herrera,	Gerente	de	Relaciones	Interinstitucionales,	Fundación	Mexicana	para	la	Planeación	Familiar.	insatisfecha	de	anticonceptivos	(NIA),	cifra	que	en	números	absolutos	alcanza	alrededor	de	1.7	millones	de	mujeres	unidas	según	las	proyecciones	de	población	del	Consejo	Nacional	de	Población	(CONAPO).	Pero	los	mayores	niveles	de	necesidad	insatisfecha	de	anticonceptivos	se	presentan	en	las	adolescentes	(24.6%),	en	las	mujeres	hablantes	de	lengua	indígena	(21.5%),	en	las	que	habitan	en	comunidades	rurales	(15.9%)	y	en	los	estados	de	Chiapas	(22.6%),	Guerrero	(17.5%),	Oaxaca	(15.6%)	y	Michoacán	(15%).	4.2.	Diagnostico	El	número	de	nuevas	aceptantes	de	métodos	anticonceptivos	que	registran	los	sistemas	administrativos	de	las	instituciones	de	salud	es	un	indicador	del	desempeño	de	los	programas	de	planificación	familiar.	El	resultado	global	del	Sector	Salud	se	caracterizó	por	un	incremento	sostenido	prácticamente	en	toda	la	década	de	los	noventa,	partiendo	de	un	total	de	2.1	millones	de	nuevas	aceptantes	y	ascendiendo	a	2.5	millones	durante	el	segundo	quinquenio	de	esa	misma	década.	Pero	a	partir	del	2001	se	observa	un	descenso	continuo;	en	2005,	por	ejemplo,	se	registra	una	cifra	de	2.2	millones.	Por	otra	parte,	la	cobertura	anticonceptiva	(proporción	de	mujeres	casadas	o	unidas	que	usan	anticonceptivos),	indicador	de	política	de	población,	ha	frenado	su	velocidad	de	aumento	en	los	últimos	años:	de	30.2%	en	1976	a	52.7%	en	1987,	68.5%	en	1997,	70.9%	en	2006	y	72.5%	en	2009.	Y	estas	dos	últimas	cifras	evidenciaron	el	no	cumplimiento	de	las	metas	correspondientes	que	se	plantearon	en	las	administraciones	públicas	2001-­‐2006	y	2007-­‐ 2012.	Así	también,	según	la	última	Encuesta	Nacional	sobre	la	Dinámica	Demográfica	efectuada	por	el	INEGI	en	el	2009	(ENADID),	todavía	9.8%	de	las	mujeres	unidas	en	edad	fértil	(de	15	a	49	años)	están	en	una	situación	de	necesidad	4.3.	Agenda	Pendiente	El	estancamiento	de	la	planificación	familiar	en	México	se	asocia	con	varios	hechos:	 la	descentralización	de	la	Secretaría	de	Salud,	incluidos	los	recursos	financieros	propició	que	las	autoridades	de	cada	entidad	federativa	decidieran	con	qué	oportunidad	y	suficiencia	presupuestaria	se	hiciera	la	compra	y	distribución	de	métodos	anticonceptivos;	 el	desabasto	sistemático	de	métodos	anticonceptivos	en	algunos	estados	que	no	han	prestado	atención	al	Programa	por	cuestiones	ideológicas	o	de	otra	índole;	y	 la	aparente	falta	de	prioridad	que	ha	tenido	la	planificación	familiar	como	política	pública	en	por	lo	menos	la	última	década,	en	donde	se	disminuyeron	considerablemente	las	campañas	sobre	el	tema	en	medios	16	masivos	y	se	descuidó	el	seguimiento,	monitoreo	y	evaluación	de	avances	comprometidos	en	el	Programa	de	Acción	respectivo.	4.4. Propuestas	para	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-­‐2018	1. Hacer	frente	a	la	necesidad	insatisfecha	de	anticonceptivos	como	un	objetivo	en	sí	mismo	y	como	un	derecho	humano	fundamental.	2. Garantizar	el	acceso	a	la	información	y	orientación	sobre	salud	sexual	y	reproductiva	(SSR)	y	PF	para	toda	la	población,	y	particularmente	para	los	grupos	con	mayores	rezagos	en	cuanto	a	necesidad	insatisfecha	de	anticonceptivos:	adolescentes	y	población	indígena.	3. Efectuar	una	planeación	estratégica	sobre	la	PF	mediante	el	análisis	de	la	población	objetivo,	la	identificación	de	la	demanda	potencial	y	la	mejora	de	los	procedimientos	para	estimar	las	necesidades	de	insumos;	de	tal	manera	que	se	implementen	sistemas	eficaces	de	adquisición	y	distribución	de	anticonceptivos,	que	estén	por	encima	de	la	voluntad	política	de	tomadores	de	decisión	a	nivel	de	las	entidades	federativas.	4. Monitorear	y	evaluar	el	avance	de	los	resultados	comprometidos	en	el	Programa	con	la	periodicidad	indicada	para	tomar	medidas	necesarias	con	oportunidad	y	con	la	participación	de	los	involucrados.	4.4.1. Solicitud	al	Gobierno	 Se	haga	realidad	el	trabajo	de	la	PF	en	un	marco	de	derechos	y	mediante	un	enfoque	multidisciplinario	e	intersectorial,	estableciendo	amplias	alianzas	estratégicas.	 Que	el	gobierno	fortalezca	su	liderazgo	y	tome	responsabilidad	del	financiamiento	suficiente	y	sostenido	con	destino	a	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva	en	lo	general	y	de	planificación	familiar	en	lo	particular,	tanto	en	el	ámbito	federal	como	de	las	entidades	federativas	de	acuerdo	a	la	magnitud	de	la	necesidad	insatisfecha	de	anticonceptivos	prevaleciente.	 Se	dé	apertura	a	la	realización	de	campañas	sobre	los	beneficios	de	la	PF	en	los	medios	masivos	de	comunicación.	17	5.	MATERNIDAD	SEGURA	EN	MEXICO24	5.1. Introducción	La	maternidad	segura	es	un	componente	central	de	la	salud	sexual	y	reproductiva	e	incluye	tanto	la	posibilidad	de	disfrutar	de	una	maternidad	voluntaria	y	saludable	como	la	de	experimentar	embarazos	y	partos	seguros	y	dar	a	luz	hijos	sanos.	Por	lo	tanto,	se	considera	que	los	servicios	de	salud	reproductiva	refuerzan	las	estrategias	para	lograr	una	maternidad	segura.	La	mejora	en	el	acceso	a	los	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva,	particularmente	para	los	grupos	de	mayor	riesgo	-­‐ representados	por	las	adolescentes,	mujeres	indígenas,	aquellas	que	viven	en	lugares	alejados	y	que	viven	en	condiciones	pobreza	-­‐,	puede	contribuir	decisivamente	a	disminuir	la	mortalidad	materna	y	los	problemas	de	salud	a	largo	plazo.	5.2. Diagnóstico	En	México	cada	año	ocurren	alrededor	de	2.1	millones	de	embarazos.	De	ellos,	casi	15	por	ciento	se	enfrentan	a	complicaciones	obstétricas	y	30	mil	mujeres	sufren	diferentes	tipos	de	discapacidades	derivadas	de	las	secuelas	obstétricas.	En	promedio	en	el	país	en	los	últimos	dos	años	mueren	alrededor	de	1000	mujeres	por	causas	maternas,	35.5	por	ciento	considerando	a	las	mujeres	de	menores	de	20	años	y	mayores	de	39	y,	64.5	por	ciento	a	las	que	se	encuentran	entre	los	20	y	34	años.	Del	total	de	las	muertes	maternas,	73.1	por	ciento	en	2011	correspondieron	a	causas	directas	– principalmente	concentradas	en	enfermedades	hipertensivas	y	hemorragias-­‐	y,	26.9	por	ciento	a	causas	indirectas,	mismas	que	posiblemente	no	tuvieron	acceso	a	la	anticoncepción	post	evento	obstétrico	o	consejería	para	abordar	las	24
consecuencias	de	su	estado	de	salud	prevaleciente	durante	el	embarazo	parto	y	puerperio.25	El	total	de	muertes	maternas	en	México	de	1990	a	2010	asciende	a	27,071	mujeres	fallecidas	por	complicaciones	en	el	embarazo,	aborto,	parto	y	puerperio.26	Las	causas	médicas	constituyen	el	resultado	final	de	la	muerte	materna;	sin	embargo,	hay	factores	que	condicionan	la	ocurrencia	de	estas	muertes,	tales	como	el	tratamiento	deficiente	de	las	complicaciones	del	embarazo,	la	falta	de	calidad	del	cuidado	prenatal,	la	insuficiencia	de	personal	capacitado	y	de	insumos	estratégicos	básicos,	y	la	inaccesibilidad	a	los	servicios	de	atención	al	embarazo,	parto	y	post	parto,	factores	que	involucran	al	primer	nivel	de	atención.	La	deficiente	calidad	de	la	atención	en	los	servicios	de	salud	materna	y	el	insuficiente	acceso	de	algunos	sectores	de	mujeres	a	los	servicios	de	salud,	originan	importantes	magnitudes	de	muertes	relacionadas	con	el	embarazo,	que	muestran	mayor	incidencia	en	las	áreas	rurales,	indígenas	y	zonas	urbano	marginadas	de	las	ciudades	del	país.	Toda	muerte	materna	constituye	el	reflejo	de	un	largo	camino	de	inequidades,	las	deficiencias	del	sistema	de	salud	y	la	falta	de	visibilidad	de	la	mujer	como	individuo	determinante	en	la	construcción	social.	Los	factores	culturales,	la	discriminación	e	inequidad	de	género	mantienen	a	las	mujeres	fuera	de	los	mecanismos	de	poder,	conceden	poca	o	nula	importancia	al	cuidado	de	su	salud	y	las	conducen,	fatalmente,	a	perder	sus	vidas	durante	los	procesos	reproductivos.	25 Datos	tomados	de	la	presentación	del	24	de	agosto	de	2012.	Dr.	Rufino	Luna.	Programa	Nacional	de	Rendición	de	Cuentas,	Transparencia	y	Combate	a	la	Corrupción.	26 Schiavon,	Raffaela,	Erika	Troncoso	y	Gerardo	Polo.	“Analysis	of	maternal	and	abortion-­‐related	mortality”	en	International	Journal	of	Ginecology	Obstetrics.	(en	prensa)	y	Observatorio	de	Mortalidad	Materna	en	México.	Mortalidad	materna	en	México.	Numeralia	2009	y	2010.
18	Dra.	Raffaela	Schiavon	Ermani,	Secretaria	Técnica;	Mtra.	Silvia	María	Loggia,	Asistente	Técnica,	Comité	Promotor	por	una	Maternidad	Segura	en	México;	Dra.	Graciela	Freyermuth	Enciso,	Secretaria	Técnica	del	Observatorio	de	Mortalidad	Materna	en	México.	Adicionalmente,	atrás	de	esa	muerte	materna,	existe	una	historia	de	incumplimiento	y	violaciones	a	sus	derechos	humanos,	particularmente	de	los	derechos	sexuales	y	reproductivos.	La	mortalidad	materna	es	una	expresión	multifactorial,	no	constituye	solamente	un	problema	médico;	es	fundamentalmente,	un	problema	social	y	un	problema	de	voluntad	política	a	nivel	nacional	e	internacional.	La	razón	por	la	cual	cientos	de	mujeres	y	niñas	mueren	todos	los	años	no	es	que	no	la	inexistencia	de	avances	técnicos	o	conocimientos	médicos:	continúan	muriendo	porque	no	se	valora	la	vida	de	las	mujeres,	porque	sus	voces	no	son	escuchadas,	porque	son	discriminadas	y	excluidas	dentro	de	sus	hogares	y	sus	comunidades,	y	por	sistemas	de	salud	que	no	dan	prioridad	a	sus	necesidades.	5.3. Agenda	Pendiente	El	acceso	universal	a	servicios	de	salud	independientemente	de	las	condiciones	de	afiliación,	a	la	educación	y	servicios	de	anticoncepción	para	prevenir	embarazos	no	deseados,	atención	prenatal	de	calidad,	la	asistencia	de	todos	los	partos	por	personal	calificado,	incluyendo,	parteras	tradicionales	con	capacidad	de	identificación	de	riesgo	y	oportuna	canalización	en	casos	de	emergencia	y	la	resolución	oportuna	de	las	emergencias	obstétricas	para	todas	las	mujeres	tanto	en	el	primer	como	en	el	segundo	nivel	de	atención,	constituyen	una	sola	estrategia	que	precisa	decisión	política,	una	adecuada	implementación	técnica	y	gerencial,	y	la	asignación	y	aplicación	de	los	recursos	humanos	y	financieros	necesarios.	Incluir	un	enfoque	basado	en	los	derechos	a	fin	de	remontar	la	discriminación	estructural	que	las	mujeres	enfrentan	en	los	sistemas	de	salud,	así	como	la	que	enfrentan	en	otros	ámbitos	de	la	vida	pública	y	privada.	En	junio	de	2009,	el	Consejo	de	Derechos	Humanos	(CDH)	de	las	Naciones	Unidas	adoptó	una	resolución	histórica	que	reconoce	en	forma	explícita	a	la	mortalidad	materna	como	un	tema	de	derechos	humanos	y	señala	el	importante	papel	que	podrían	cumplir	los	órganos	de	vigilancia	de	los	tratados	y	los	procedimientos	especiales.	La	mortalidad	materna	pone	de	manifiesto	la	violación	de	un	conjunto	de	derechos	humanos.	Da	cuenta	de	una	cadena	de	vulneraciones	de	principios	básicos,	como	el	derecho	a	la	vida	y	el	acceso	a	información	de	calidad	y	al	máximo	nivel	posible	de	salud.	Para	hacer	frente	a	este	problema	se	requiere	de	estrategias	específicas	para	la	atención	de	las	mujeres	desde	su	temprana	edad	y	el	compromiso	comunitario,	familiar	y	de	los	servicios	de	salud	para	construir	corresponsablemente	una	maternidad	segura,	pero	esta	corresponsabilidad	debe	ser	garantizada	desde	el	Estado	como	federación,	es	decir,	desde	los	ámbitos	nacional,	estatal	y	municipal.	Por	lo	tanto	el	enfoque	de	derechos	humanos,	implica	considerar	las	relaciones	de	género	y	a	esto	le	debemos	sumar	otra	dimensión	o	enfoque	como	el	de	interculturalidad,	como	una	ruptura	a	la	homogeneidad	y	a	la	complejidad	de	responder	a	las	necesidades	de	los	diferentes	contextos	sociales	del	país.	Se	trata	de	impulsar	activamente	procesos	de	intercambio	que,	por	medio	de	mediaciones	sociales,	políticas	y	comunicativas,	permitan	construir	espacios	de	encuentro,	diálogo	y	asociación	entre	seres	y	saberes,	sentidos	y	prácticas	distintas.	En	este	sentido	la	interculturalidad	es	un	proceso	en	construcción	y,	aún	más,	cuando	se	vincula	la	adecuación	intercultural	con	los	servicios	de	salud	materna.	El	ejercicio	de	los	derechos	solo	es	posible	en	un	marco	normativo	de	rendición	de	cuentas	y	transparencia	en	la	política	pública,	que	permita	el	acceso,	de	manera	oportuna,	a	información	estratégica	que	incluya,	19	mínimamente	a	la	definición	explícita	de:	a)	los	objetivos	de	políticas	o	programas,	b)	los	responsables	de	su	ejecución	en	los	distintos	niveles	de	gobierno,	y	c)	los	procesos	implicados	en	su	ejecución	(López,	Merino,	2010).	En	México	hemos	avanzado	limitadamente	en	algunos	de	estos	mecanismos,	y	el	riesgo	es	que	con	las	alternancias	de	gobiernos	estatales	o	federal,	y	las	modificaciones	de	su	estructura,	estos	mecanismos	que	debieran	se	progresivos	se	vuelvan	regresivos.	Recientemente	se	han	efectuado	modificaciones	a	la	Constitución	a	fin	de	fomentar	la	transparencia	y	rendición	de	cuentas	en	lo	que	se	refiere	a	la	armonización	de	la	política	pública	(artículo	73)	y	uso	y	fiscalización	de	los	recursos;	el	artículo	134	señala	que	los	recursos	deben	administrarse	con	eficiencia,	eficacia,	honradez,	economía	y	transparencia	(López,	Merino,	2010:14)27	;	los	artículos	(79,116	y	122)	hacen	referencia	al	ejercicio	de	los	recursos	y	las	auditorias	sobre	el	desempeño	(Op.	Cit:15),	y	el	109	establece	un	sistema	de	responsabilidades	administrativas.	Aunque	estamos	lejos	de	contar	con	mecanismos	que	aseguren	un	sistema	de	contraloría	social,	estas	modificaciones	constitucionales	son	un	avance	hacia	aun	política	de	rendición	de	cuentas.	Por	otro	lado,	la	modificación	del	artículo	1ero	constitucional	abre	una	ventana	de	oportunidad	para	la	exigibilidad	jurídica	de	los	derechos	humanos	en	el	país.	La	exigibilidad	como	proceso	legal	o	exigibilidad	jurídica	es	la	llamada	justiciabilidad,	e	implica	la	defensa	de	los	derechos	violados	ante	tribunales	o	27
La	estructura	de	la	rendición	de	cuentas	en	México,	2010,	Mauricio	Merino,	Sergio	López	Ayllón	y	Guillermo	Cejudo	coords.	(México:	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas	de	la	UNAM	y	el	Centro	de	Investigación	y	Docencia	Económicas).	http://www.rendiciondecuentas.cide.edu/	consultado	10	de	noviembre	2012.	instancias	administrativas	adecuadas,	que	puede	establecerse	a	partir	de	la	modificación	de	la	constitución	Mexicana;	sin	embargo	se	requiere	fortalecer	en	la	política	pública	las	posibilidades	de	la	sociedad	civil	para	dar	seguimiento	a	los	políticas,	planes	y	programas	de	salud	dirigidas	a	mejorar	la	salud	de	las	mujeres,	a	fin	de	que	los	recursos	de	la	salud	sean	ejercidos	de	manera	adecuada	y	de	manera	transparente.	5.4. Propuestas	para	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-­‐2018	Las	medidas	de	tipo	preventivo	-­‐orientadas	a	evitar	embarazos	no	deseados-­‐	y	las	que	contemplan	el	tratamiento	oportuno	de	complicaciones	son	altamente	efectivas.	Para	cumplir	con	este	objetivo,	existen	diferentes	intervenciones	probadas	que	garantizan	su	efectividad	con	base	en	información	basada	en	evidencia	científica	y	que	proponemos	sean	recuperadas	en	la	construcción	del	actual	Programa	Nacional	de	Desarrollo	e	integrada	al	Programa	Sectorial	de	Salud	y	sus	Programas	de	Acción	Específicos:	1. Lograr	el	acceso	universal	a	la	salud	materna	y	reproductiva.	2. Integrar	la	perspectiva	intercultural	para	la	atención	del	embarazo,	el	parto	y	el	puerperio,	asumiendo	las	recomendaciones	internacionales	en	la	materia.	3. Incorporar	el	enfoque	de	derechos	humanos	y	de	género	en	la	atención	a	la	salud	materna.	4. Mejorar	la	calidad	de	la	atención	a	embarazo,	parto	y	puerperio,	incluyendo	la	detección,	estabilización	y	canalización	de	las	emergencias	obstétricas	en	el	primer	nivel	de	atención,	con	un	abordaje	integral	de	la	salud	materna	y	reproductiva.	5. Fortalecer	el	acceso	pleno	a	planificación	familiar	y	anticoncepción	de	emergencia,	con	especial	énfasis	en	la	población	adolescente.	20	6. Fortalecer	la	anticoncepción	post	evento	obstétrico	en	adolecentes	y	mujeres	de	35	años	y	más.	7. Implementar	estrategias	de	prevención	y	detección	de	la	violencia	intrafamiliar	durante	el	embarazo.	8. Consolidar	la	prevención	de	la	transmisión	vertical	del	VIH	y	sífilis	congénita,	así	como	la	atención	integral	de	la	salud	materna	de	las	mujeres	con	VIH.	9. Promover	programas	de	educación	sexual	que	fortalezcan	el	ejercicio	de	los	derechos	sexuales	y	reproductivos,	considerando	los	diferentes	contextos	socioculturales	y	generacionales.	10. Consolidar	el	acceso	a	la	atención	universal	de	la	emergencia	obstétrica.	11. Fortalecer	la	infraestructura	local	para	la	atención	obstétrica	básica.	12. Aumentar	la	disponibilidad	de	recursos	humanos	durante	24	horas	para	la	atención	del	parto	y	las	complicaciones	obstétricas.	13. Integrar	la	auditoria	clínica	hospitalaria	de	cada	caso	de	mortalidad	materna	y	morbilidad	obstétrica	grave	(near	miss).	14. Fortalecer	el	análisis	regular	de	la	morbi-­‐ mortalidad	materna	en	comités	jurisdiccionales	y	estatales.	15. Establecer	estrategias	de	intervención	para	la	atención	del	aborto	seguro	en	los	casos	previstos	por	la	ley.	16. Consolidar	la	formación	e	incorporación	en	el	sistema	de	salud	de	recursos	humanos	calificados	no	médicos	para	la	atención	obstétrica	(parteras	profesionales,	enfermeras	perinatales)	incluyendo	el	fortalecimiento	de	las	parteras	tradicionales,	su	articulación	con	las	redes	de	servicios	locales	y	la	atención	de	partos	eutócicos.	17. Elaborar,	difundir	e	instrumentar	un	lineamiento	técnico	y	generar	intervenciones	estratégicas	para	reducir	la	cesárea	innecesaria	conforme	a	los	criterios	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud.	18. Elaborar	e	implementar	una	estrategia	nacional	de	parto	humanizado	para	la	atención	de	los	embarazos	de	bajo	riesgo.	19. Implementar	el	desarrollo	de	estrategias	comunitarias	para	mejorar	la	salud	materna,	garantizando	la	participación	protagónica	y	sostenible	de	mujeres,	parteras	tradicionales	y	actores	locales.	20. Establecer	una	estrategia	de	capacitación	para	personal	de	salud	involucrado	en	la	atención	del	embarazo,	parto	y	puerperio	para	eliminar	los	malos	tratos	y	violencia	institucional	hacia	las	usuarias.	21	6.	ABORTO	SEGURO28	6.1	Introducción	Las	muertes	por	abortos	inseguros	en	el	mundo	representan	el	13%	del	total	de	las	muertes	maternas.	Las	consecuencias	sobre	la	salud	de	un	aborto	realizado	en	condiciones	inseguras	dependen	de	la	instancia	de	salud	donde	se	realiza	el	aborto,	la	capacidad	del	profesional,	el	método	empleado,	la	salud	de	la	mujer	y	la	edad	gestacional	del	embarazo.	En	México,	en	las	últimas	dos	décadas,	el	aborto	representa	poco	más	del	7%	de	las	muertes	maternas,	y	ocupa	la	5ª	causa	de	muerte	materna.29	Por	eso,	continúa	siendo	un	tema	de	salud	pública,	de	derechos	humanos	y	de	desigualdad,	ya	que	las	mujeres	que	cuentan	con	acceso	a	información,	a	tecnologías	adecuadas	y	recursos	económicos,	pueden	acceder	a	éste	de	forma	segura,	mientras	que	muchas	otras	se	someten	a	procedimientos	que	arriesgan	su	salud	o	incluso	su	vida.	6.2. Diagnóstico30	La	morbi-­‐mortalidad	materna	por	aborto,	durante	el	periodo	comprendido	de	2000	a	2010,	ha	presentado	una	tendencia	ascendente	en	el	egreso	de	abortos	en	el	país,	situación	que	se	vincula	directamente	con	las	brechas	que	aún	prevalecen	a	lo	largo	del	país	en	materia	de:	cobertura	anticonceptiva,	demanda	insatisfecha	de	métodos	28
Dra.	Raffaela	Schiavon	Ermani,	Directora	General	de	Ipas	México	y	Lic.	Julia	Escalante	de	Haro,Coordinadora	de	Política	y	Abogacía	de	Ipas	México.	29 Observatorio	de	Mortalidad	Materna	en	México,	Muerte	Materna.	Indicadores	2010.	Pág.	34.	México	2012.	30 Ipas,	México,	Salud	Reproductiva.	Información	Básica	Nacional.	Enero	de	2013	anticonceptivos	y	edad	al	primer	hijo;	donde	de	nuevo	está	presente	el	factor	igualdad.	A	inicios	del	periodo,	en	los	hospitales	públicos	del	Sistema	de	Salud	en	el	país,	se	registraron	164,457	egresos	por	aborto,	y	durante	el	2010,	205,646.	Este	comportamiento	se	desarrolló	a	expensas	de	un	aumento	en	las	atenciones	registradas	por	la	Secretaría	de	Salud	(72,414	vs.	126,287).	En	el	IMSS-­‐Ordinario	se	observó	un	decremento	(72,556	vs.	63,010),	mientras	que	en	los	otros	sectores	el	número	absoluto	se	mantuvo	relativamente	estable.	En	los	hospitales	de	la	Secretaría	de	Salud,	de	acuerdo	a	la	información	del	Sistema	Automatizado	de	Egresos	Hospitalarios	(SAEH),	para	2010	se	registraron	127,485	abortos;	sólo	28.3%	de	estas	mujeres	egresó	del	hospital	con	algún	método	de	planificación	familiar.	Entre	2002	y	2010,	en	México	se	registraron	en	promedio	85	defunciones	por	aborto	cada	año	en	mujeres	de	todas	las	edades,	acumulándose	950	defunciones	en	total;	en	adolescentes,	este	indicador	es	de	12	defunciones	por	año	en	promedio	(135	en	total).	Por	lo	tanto,	del	total	de	defunciones	maternas	por	aborto,	el	porcentaje	que	ocurrió	en	adolescentes	en	este	periodo	de	tiempo,	fue	del	14.2%.	La	tasa	de	letalidad31por	aborto	en	todo	el	sector	salud	entre	2000	y	2010	fue	de	88.1	muertes	por	aborto	por	100,000	hospitalizaciones	por	la	misma	causa	en	mujeres	de	todas	las	edades	y	de	54.1	por	100,000	hospitalizaciones	en	adolescentes.	La	tasa	de	letalidad	por	aborto,	analizada	para	el	caso	de	México,	constituye	una	herramienta	poderosa	para	la	investigación	epidemiológica	sobre	aborto,	especialmente	en	países	donde	las	instituciones	de	salud	mantienen	sistemas	31
22	La	tasa	de	letalidad	modificada	se	expresa	como	el	número	de	muertes	relacionadas	con	aborto	por	100,000	hospitalizaciones	debidas	a	la	misma	causa.	de	registro	que	tienen	cierto	nivel	de	precisión	y	legitimidad.	La	tasa	de	letalidad	por	aborto	permite	identificar	las	diferencias	entre	instituciones	de	salud	y	entidades	federativas,	identificando	regiones	y	poblaciones	que	concentran	a	mujeres	particularmente	vulnerables,	aquellas	que	no	tienen	acceso	a	los	mejores	sistemas	públicos	de	salud	y	aquellas	que	viven	en	los	estados	más	necesitados	y	menos	desarrollados,	con	tasas	de	fecundidad	más	altas,	y	menor	acceso	a	servicios	de	salud	seguros,	o	donde	prevalecen	las	restricciones	legales,	la	discriminación	médica,	y	el	estigma	social.	También	este	indicador	permite	monitorear	el	acceso	a	los	servicios,	la	calidad	de	los	mismos	y	el	impacto	de	los	cambios	legales	en	la	atención	del	aborto.	La	asociación	inversa	que	nuestras	investigaciones32	han	encontrado	entre	tasa	de	hospitalización	y	tasa	de	letalidad	por	aborto(a	mayor	tasa	de	hospitalización,	menor	letalidad	y	viceversa)	sugiere	que	las	mujeres	que	cursan	con	una	probabilidad	más	alta	de	sobrevivir	a	un	procedimiento	inseguro,	son	aquellas	que	tienen	un	mayor	acceso	a	los	servicios	y/o	enfrentan	menos	estigma	al	momento	de	buscar	la	atención.	6.3. Agenda	Pendiente	Es	necesario	incluir	en	la	política	pública	un	enfoque	basado	en	derechos,	lo	cual	requiere	desafiar	la	discriminación	estructural	que	las	mujeres	enfrentan	en	diversos	ámbitos	y	que	inciden	en	la	prevalencia	de	prácticas	sexuales	sin	protección,	violencia	sexual	y	acceso	restringido	a	servicios	de	salud	reproductiva	de	calidad.	32
Schiavon	R,	Troncoso	E,	Polo	G.	Analysis	of	maternal	and	abortion-­‐related	mortality	in	Mexico	in	the	last	two	decades	(1990-­‐2008),	Int	J	ObstGynecol	2012,	Suppl.	2:	s78-­‐s86.	Es	importante	reconocer	que	la	diversidad	legal	y	normativa	en	materia	de	aborto,	profundiza	la	desigualdad	y	coloca	a	las	mujeres	en	situaciones	de	riesgo	de	acuerdo	al	estado	de	la	república	en	que	radiquen.	Es	bien	sabido	que	la	restricción	legal	y	normativa	está	directamente	relacionada	con	la	prevalencia	de	morbilidad	y	mortalidad	materna	por	aborto	inseguro.	Es	necesario	reforzar	en	paralelo	el	acceso	universal	a	la	educación	sexual	integral,	a	la	información	y	los	medios	(servicios	de	salud	y	métodos	anticonceptivos)	y	desarrollar	campañas	masivas	de	comunicación,	para	lograr	una	efectiva	prevención	de	los	embarazos	no	planeados,	y	por	ende	del	aborto	inducido.	Se	requiere	también	establecer	estrategias	específicas	para	la	atención	de	todas	las	mujeres	desde	su	temprana	edad,	así	como	el	compromiso	comunitario,	familiar	y	de	los	servicios	de	salud	para	construir	corresponsablemente	una	maternidad	voluntaria	y	segura;	esta	corresponsabilidad	debe	ser	garantizada	desde	todos	los	órdenes	de	gobierno,	es	decir,	desde	los	ámbitos	nacional,	estatal	y	municipal.	Además,	es	necesario	considerar	las	relaciones	de	género	y	la	dimensión	o	enfoque	de	interculturalidad,	para	responder	a	las	necesidades	de	los	diferentes	contextos	sociales	del	país	que	afectan	de	manera	diferenciada	a	las	mujeres	de	acuerdo	a	la	zona	geográfica	en	que	radiquen.	6.4. Propuestas	para	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-­‐2018	1. Incorporar	el	enfoque	de	derechos	humanos	y	de	género	en	la	atención	a	la	salud	reproductiva.	2. Armonizar	la	legislación	penal	de	acuerdo	con	el	artículo	primero	constitucional,	reconociendo	que	el	principio	Pro	persona	implica	la	aplicación	de	la	ley	que	sea	más	favorable	y	protectora,	en	donde	todas	las	mujeres	puedan	acceder	al	aborto	23	en	el	mayor	número	de	circunstancias	posibles	(de	acuerdo	a	la	legislación	vigente	para	el	Distrito	Federal),	toda	vez	que	es	ésta	la	legislación	que	mejor	garantiza	el	derecho	a	la	autodeterminación	reproductiva.	Garantizarla	aplicación	de	todas	las	causales33	reconocidas	en	los	diferentes	ordenamientos	penales	de	las	entidades	federativas,	con	el	acceso	igualitario	y	oportuno	de	todas	las	mujeres	a	la	procuración	de	justicia	y	a	servicios	de	salud	públicos.	Vigilar	el	estricto	cumplimiento	de	la	Norma	Oficial	Mexicana	NOM-­‐046-­‐ SSA2-­‐2005.	Violencia	familiar,	sexual	y	contra	las	mujeres.	Criterios	para	la	prevención	y	atención,	en	particular	a	lo	que	se	refiere	a	la	anticoncepción	de	emergencia,	la	profilaxis	para	ITS	y	VIH,	y,	en	su	caso,	la	interrupción	del	embarazo	en	casos	de	violación.	Promover	programas	de	educación	sexual	que	fortalezcan	el	ejercicio	de	los	derechos	sexuales	y	reproductivos,	considerando	los	diferentes	contextos	socioculturales.	Fortalecer	el	acceso	pleno	a	planificación	familiar	y	anticoncepción	de	emergencia,	con	especial	énfasis	en	la	población	adolescente,	incluidas	las	adolescentes	muy	jóvenes.	Introducir	en	los	servicios	de	salud	las	tecnologías	más	modernas	y	seguras	recomendadas	por	las	agencias	internacionales,	para	la	interrupción	del	embarazo	(eliminando	el	uso	del	legrado	uterino	instrumentado).	Garantizar	la	disponibilidad	y	capacidad	técnica	de	personal	de	salud	(médico	y	no	médico)	en	todas	las	unidades	de	salud,	para	proveer	atención	de	calidad	al	aborto	incompleto	así	como	para	realizar	procedimientos	de	interrupción	del	embarazo	de	manera	oportuna,	en	condiciones	de	seguridad	y	con	estricto	apego	al	respeto,	a	la	dignidad	y	a	los	derechos	humanos	de	las	mujeres.	9. Revisar	las	restricciones	legales	y	administrativas	que	enfrentan	las	mujeres	menores	de	edad	que	deciden	someterse	a	un	procedimiento	de	aborto,	en	donde	muchas	veces	su	decisión	se	supedita	a	la	de	su	representante	legal.	10. Alinearse	a	las	recomendaciones	y	compromisos	internacionalmente	asumidos	por	nuestro	país	en	esta	materia;	la	prestación	de	servicios	de	aborto,	debe	apegarse	a	las	referencias	y	estándares	basados	en	evidencia	y	recomendados	por	las	agencias	internacionales	en	la	materia	(por	ej:	la	Organización	Mundial	de	la	Salud34	y	el	Comité	CEDAW).35	34
Excluyentes	de	responsabilidad,	abortos	no	punibles,	causas	de	no	punibilidad.	Aborto	sin	riesgos:	guía	técnica	y	de	políticas	para	sistemas	de	salud.	Segunda	edición.	2012.	Ver:	http://www.who.int/reproductivehealth/publicatio ns/unsafe_abortion/9789241548434/es/index.html	35 Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	contra	la	Mujer	52º	período	de	sesiones	9	a	27	de	julio	de	2012http://132.247.1.49/PAPIME306511/pdfs/Anex 2_ObservcsfinalesCocedaw.pdf	7.	MUJERES	Y	VIH	SIDA36	7.1	Introducción	A	escala	mundial,	la	epidemia	del	VIH	y	Sida	se	ha	caracterizado	por	un	proceso	de	aumento	acelerado	de	casos	en	mujeres.	Las	mujeres	cargan	con	el	mayor	peso	de	la	enfermedad,	no	sólo	como	personas	que	viven	con	el	virus,	si	no	como	las	cuidadoras	pagadas	y	no	pagadas,	de	las	personas	enfermas	y	huérfanas	a	raíz	del	Sida.	7.2	Diagnóstico	Una	de	las	tendencias	sobresalientes	de	la	epidemia	mundial	del	VIH	es	la	forma	cómo	afecta	a	las	mujeres.	Actualmente,	representan	la	mitad	de	los	33	millones	de	personas	que	viven	con	VIH	o	Sida	en	el	ámbito	internacional.	En	América	Latina	la	epidemia	de	VIH	se	caracteriza	por	estar	concentrada	–es	decir,	que	en	los	países	hay	una	prevalencia	menor	al	1%	en	población	general	y	mayor	al	5%	en	poblaciones	específicas	como	hombres	que	tienen	sexo	con	hombres,	las	y	los	usuarios	de	drogas	inyectables	y	trabajadores	sexuales-­‐	sin	embargo,	la	proporción	total	de	mujeres	con	VIH	en	la	región	es	significativa	con	un	30%	(420,000)	de	las	1.4	millones	de	personas	con	VIH	en	la	región.37	En	México,	el	primer	caso	femenino	de	sida	se	registró	en	1985,	cuando	había	10.8	hombres	con	sida	por	cada	caso	femenino.	La	razón	36
hombre/mujer	de	casos	sida	diagnosticados	fue	en	el	2011	de	4.6	casos	en	hombres	por	cada	caso	en	mujer,	mientras	que	la	razón	en	las	personas	con	VIH	fue	de	3.3	casos	en	hombres	por	cada	caso	en	mujer	para	ese	mismo	año,38	lo	que	representa	un	cambio	importante	en	la	epidemia	en	el	país.	Según	datos	del	Centro	Nacional	para	la	Prevención	y	Control	del	VIH/SIDA,	un	26%	de	las	personas	con	VIH	en	nuestro	país	son	mujeres	y	las	mujeres	jóvenes	representan	un	33.2%	del	total	de	casos	acumulados	en	mujeres.	7.3.	Agenda	pendiente	La	principal	vía	de	transmisión	en	las	mujeres	es	el	coito	heterosexual.	Sin	embargo,	el	rezago	en	las	acciones	para	dar	respuesta	a	la	epidemia	en	mujeres	es	notable	y	se	aprecia	en	las	siguientes	condiciones:	a. No	existen	campañas	amplias	de	educación	sobre	el	VIH	dirigidas	a	la	población	femenina	en	general,	ni	diferenciadas	por	género	para	las	poblaciones	clave;	b. El	acceso	oportuno	a	las	pruebas	de	diagnóstico	de	VIH	se	encuentra	limitado	por	la	percepción	compartida	por	el	personal	de	salud	y	por	las	mujeres,	de	que	las	mujeres	tienen	poco	riesgo	de	adquirir	el	VIH;	c. Los	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva	no	incluyen	información	sobre	prevención	del	VIH	ni	consideran	estrategias	de	atención	que	consideren	las	necesidades	específicas	de	las	mujeres	con	VIH;	d. Los	servicios	de	atención	materna	no	ofrecen	de	manera	rutinaria	la	prueba	de	VIH	a	las	mujeres	embarazadas,	no	existen	rutas	claras	de	aplicación	de	las	pruebas	y	canalización	de	las	mujeres	con	resultado	positivo,	no	existen	38
25	Mtra.	Eugenia	López	Uribe	Coordinadora	General	de	Balance,	Dra.	Tamil	Kendall	Asesora	en	VIH,	Lic.	Gabriela	García	Patiño	Asistente	Área	Mujeres	y	VIH.	37 ONUSIDA	(2012)	Informe	de	ONUSIDA	sobre	la	epidemia	mundial	de	sida	2012.	http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentas sets/documents/epidemiology/2012/gr2012/20121 120_UNAIDS_Global_Report_2012_with_annexes_e s.pdf	CENSIDA	(2012).	Vigilancia	Epidemiológica	de	casos	de	VIH/SIDA	en	México.	Registro	Nacional	de	Casos	de	SIDA.	Actualización	al	30	de	septiembre	del	2012.	(pp	2-­‐23).	los	insumos	que	se	requieren	para	garantizar	las	acciones	de	prevención	perinatal	consideradas	en	la	normatividad;	e. Existe	insuficiencia	de	recursos	presupuestales	por	parte	de	los	programas	estatales	de	Arranque	Parejo	en	la	Vida	(APV)	para	la	compra	de	insumos	para	la	prevención	vertical	del	VIH,	y	se	prioriza	la	compra	de	medicamentos	y	otros	servicios	por	encima	de	la	compra	de	insumos	para	tamizaje	de	VIH	y	sífilis;	f. Existe	lentitud	en	la	adquisición	a	nivel	estatal	de	pruebas	de	VIH	para	mujeres	embarazadas;	g. El	personal	de	salud	de	los	servicios	del	primer	nivel	de	atención	y	de	los	servicios	relacionados	con	la	salud	sexual	y	reproductiva	y	la	salud	materna	no	están	capacitados	en	VIH	ni	sensibilizados	para	garantizar	la	no	discriminación	a	las	personas	con	VIH;	h. Los	servicios	especializados	en	VIH	no	tienen	capacitación	ni	responden	a	las	necesidades	de	salud	sexual	y	reproductiva	ni	identifican	ni	atienden	la	violencia	intrafamiliar	a	pesar	de	la	normatividad	vigente	y,	por	otro	lado,	los	servicios	disponibles	para	atender	la	violencia	intrafamiliar	no	están	capacitados	en	VIH	ni	responden	a	las	necesidades	específicas	de	las	mujeres	con	VIH	y;	i. Las	y	los	jóvenes	siguen	enfrentando	barreras	significativas	para	acceder	a	la	prevención,	atención	y	al	tratamiento	relacionadas	con	el	VIH,	entre	ellas	el	acceso	a	la	prueba	de	VIH	en	menores.	7.4	Propuestas	para	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-­‐2018	1. Se	requieren	campañas	amplias	de	educación	sobre	el	VIH	dirigidas	a	la	población	femenina	así	como	estrategias	diferenciadas	por	género	para	poblaciones	clave.	Es	fundamental	que	estas	campañas	vayan	acompañadas	del	acceso	y	disponibilidad	de	la	prueba	de	VIH	para	mujeres	en	general	no	solo	para	trabajadoras	sexuales	y	embarazadas.	2. Distribución	del	condón	femenino	en	los	servicios	de	salud	nacionales	acompañado	de	estrategias	de	educación	sobre	su	uso.	3. Capacitar	y	sensibilizar	al	personal	de	primer	nivel	de	atención	y	de	los	servicios	relacionados	con	la	Salud	Sexual	y	Reproductiva	y	Salud	Materna	en	el	tema	de	VIH.	4. Incluir	la	oferta	rutinaria	de	la	prueba	de	VIH	a	todas	las	mujeres	embarazadas	en	la	normatividad	y	en	la	práctica	para	garantizar	que	100%	de	ellas	reciban	la	información	de	manera	oportuna	y	adecuada.	5. Se	deben	establecer	rutas	claras	para	la	aplicación	de	pruebas	y	la	canalización	de	las	mujeres	con	resultado	positivo.	6. Se	debe	garantizar	el	abasto	de	insumos	para	la	realización	de	las	pruebas	de	detección	de	VIH	en	el	embarazo	y	el	parto,	así	como	capacitar	al	personal	de	salud	para	sensibilizar	a	las	mujeres	embarazadas	y	a	sus	parejas	masculinas	sobre	los	beneficios	de	la	realización	de	la	prueba	de	detección.	7. Asignar	recursos	presupuestales	suficientes	a	los	programas	estatales	de	Arranque	Parejo	en	la	Vida	para	la	compra	de	insumos	para	la	prevención	vertical	del	VIH	y	agilizar	la	adquisición	de	las	pruebas	de	detección	de	VIH	para	mujeres	embarazadas.	8. Garantizar	el	acceso	a	la	fórmula	para	la	sustitución	de	la	lactancia	materna	por	seis	meses	para	cada	niña/o	nacido	de	una	mujer	con	VIH	y	hacer	una	consejería	más	amplia	para	asegurar	que	la	opción	de	la	fórmula	realmente	esté	de	acuerdo	con	las	necesidades	de	las	mujeres	y	evitar	así	la	alimentación	mixta.	9. Asegurar	la	integración	efectiva	entre	los	servicios	de	VIH	y	salud	sexual	y	reproductiva	en	concordancia	con	el	Acuerdo	de	Glion	de	UNFPA/OMS.	10. Capacitar	a	los	servicios	especializados	de	VIH	en	la	atención	a	la	Salud	Sexual	y	Reproductiva	de	las	mujeres	con	VIH	y	en	la	identificación	de	la	violencia	intrafamiliar	26	de	acuerdo	con	la	Norma	Oficial	Mexicana	NOM-­‐046-­‐SSA2-­‐2005.	Violencia	familiar,	sexual	y	contra	las	mujeres.	Criterios	para	la	prevención	y	atención.	11. Promover	la	protección	dual	(condón	+	otro	método	anticonceptivo)	en	mujeres	con	VIH	para	prevenir	embarazos	no	deseados	y	asegurar	la	prevención,	el	diagnóstico	y	el	tratamiento	oportuno	del	virus	del	papiloma	humano	y	de	otras	ITS.	12. Asegurar	una	consejería	sobre	inseminación	(que	explique	que	si	la	carga	viral	de	la	mujer	es	indetectable	hay	menor	probabilidad	de	transmisión	al	producto	y	a	la	pareja;	que	la	pareja	serodiscordante	puede	tomar	profilaxis	pre	exposición	para	reducir	la	posibilidad	de	transmisión;	que	puede	realizarse	una	inseminación	casera	(jeringa	médica);	que	en	algunos	casos	se	requiere	el	cambio	de	esquema	de	antirretrovirales	antes	del	embarazo)	y	embarazo	seguro	con	esquemas	antirretrovirales	adecuados,	así	como	ampliar	el	acceso	a	la	reproducción	asistida	y	la	adopción.	27	8.	LA	SALUD	SEXUAL	Y	REPRODUCTIVA	DE	LAS	MUJERES	INDÍGENAS39	8.1.	Introducción	Los	pueblos	indígenas	son	un	actor	central	en	la	construcción	de	la	historia	y	la	formación	de	nuestra	identidad.	El	artículo	2º	de	la	Constitución	Política	establece	que	México,	tiene	una	composición	pluricultural	sustentada	originalmente	en	sus	pueblos	indígenas,	que	actualmente	son	62,	distribuidos	principalmente	en	26	entidades	federativas.	Es	el	octavo	país	a	nivel	mundial	con	mayor	población	indígena	y	el	primero	en	América	Latina	en	términos	numéricos.	El	reconocimiento	a	sus	derechos	colectivos	como	pueblos,	establecido	en	el	marco	normativo	nacional	e	internacional,	obliga	a	pensar	la	salud	sexual	y	reproductiva	desde	una	perspectiva	que	considere	esta	diversidad	y	contribuya	a	reducir	las	brechas	asociadas	a	desigualdades	sociales,	étnicas	y	de	género	que	enfrentan	las	mujeres	indígenas.	8.2.	Diagnóstico	Las	mujeres	representan	más	de	la	mitad	de	la	población	indígena	y	60%	de	ellas	se	encuentran	en	edad	reproductiva.40	La	edad	de	inicio	de	relaciones	sexuales	en	este	grupo	es	de	16	años,	mientras	el	promedio	nacional	está	por	arriba	de	18	años.	El	primer	embarazo	ocurre	en	promedio	un	año	después	de	este	evento.	La	tasa	global	de	fecundidad	entre	mujeres	indígenas	es	de	3.23	hijos/as,	en	comparación	con	las	no	indígenas,	que	tienen	2.1	hijos.	Las	mujeres	indígenas	tienen	un	promedio	de	6	consultas	prenatales,	mientras	a	nivel	nacional	es	de	7.8	consultas	durante	el	embarazo.41	39
Para	avanzar	en	salud	sexual	y	reproductiva	desde	un	enfoque	de	equidad	de	género	e	interculturalidad,	es	necesario	abatir	las	desigualdades	sociales	de	género	y	etnia.	Los	indicadores	muestran	como	las	condiciones	de	salud	están	íntimamente	relacionadas	con	determinantes	sociales	y	las	condiciones	de	vida	de	las	colectividades.	La	población	de	mujeres	indígenas	presenta	una	alta	incidencia	de	morbi-­‐mortalidad,	debido	a	padecimientos	relacionados	con	los	procesos	de	su	vida	sexual	y	reproductiva;	tal	es	el	caso	de	las	defunciones	de	mujeres	durante	el	proceso	de	embarazo,	parto	y	postparto.	Los	datos	de	mortalidad	materna	para	2011	señalan	que	16%	de	las	mujeres	fallecidas	a	nivel	nacional	eran	indígenas	pero	en	el	caso	de	Nayarit	fueron	seis	de	cada	diez,	mientras	en	Chiapas	y	Oaxaca	se	elevaba	a	la	mitad.	Los	rezagos	estructurales	y	las	desigualdades,42	hacen	que	el	riesgo	de	morir	para	una	mujer	en	estados	indígenas	como	Oaxaca,	Chiapas	o	Guerrero	es	hasta	cinco	veces	mayor	al	de	una	mujer	en	Aguascalientes.	La	posibilidad	de	ejercer	derechos	sexuales	y	reproductivos,	entre	ellos	a	decidir	el	número	y	espaciamiento	de	los	hijos	sigue	teniendo	limitaciones.	El	uso	de	anticonceptivos	en	mujeres	indígenas	es	de	58%,	mientras	entre	mujeres	no	indígenas	alcanza	73.5%.	La	necesidad	insatisfecha	de	anticonceptivos43	entre	mujeres	indígenas	es	de	21.5;44	la	segunda	más	alta	del	país	después	de	las	adolescentes.	Esto	muestra	que	si	bien	hay	una	reducción	en	el	número	de	hijos	deseados,	las	mujeres	no	están	teniendo	acceso	a	condiciones	que	les	permitan	libremente	decidir	sobre	su	cuerpo	y	su	reproducción.	42
28	Mtra.	Lina	Berrio	Palomo,	Directora	de	Kinal	Antzetik.	40 Inegi.	Conteo	de	Población	y	Vivienda	2010.	41 Consejo	Nacional	de	Población.	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica,	2009.	Observatorio	de	Mortalidad	Materna.	Numeralia	2011.	43 Consejo	Nacional	de	Población.	Estimaciones	con	base	en	la	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica,	2009.	44 Consejo	Nacional	de	Población.	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica,	2009.	El	66%	de	la	población	indígena	reside	en	zonas	rurales	y	sus	posibilidades	de	acceso	a	servicios	de	salud	son	limitadas	dada	la	lejanía	de	muchas	comunidades	y	la	insuficiente	cobertura	institucional	en	los	municipios	considerados	indígenas.	Por	otra	parte,	la	mayoría	no	cuenta	seguridad	social	y	es	población	abierta	o	afiliada	al	Seguro	Popular.	El	acceso	a	intervenciones	relacionadas	con	el	tratamiento	de	ciertos	padecimientos	como	cáncer	de	mama,	cérvico	uterino	o	tratamientos	antirretrovirales,	son	de	difícil	acceso	para	las	mujeres	indígenas	por	las	distancias,	tiempos	y	costos	para	el	traslado	a	los	lugares	donde	se	ofertan	dichos	tratamientos.	8.3.	Agenda	Pendiente	Las	mujeres	indígenas	enfrentan	condiciones	de	mayor	desventaja	que	cualquier	otro	grupo	social	en	razón	de	su	pertenencia	étnica,	su	adscripción	de	clase	y	su	condición	de	género.	Las	brechas	de	acceso,	disponibilidad,	calidad	y	aceptabilidad	de	los	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva	ofertados	a	las	mujeres	indígenas	constituyen	uno	de	los	temas	pendientes	en	la	agenda.	El	derecho	a	la	participación	en	la	adopción	de	decisiones	constituye	una	demanda	vigente	de	reconocimiento	e	inclusión	por	parte	de	las	mujeres	indígenas	ante	el	Estado	nacional.	Los	mecanismos	y	procesos	existentes	para	promover	el	ejercicio	de	los	pueblos	indígenas	en	México,	no	garantizan	la	participación	plena,	equitativa	ni	representativa	de	las	mujeres,	de	manera	que	quedan	invisibilizadas	en	el	diseño	de	políticas	públicas,	programas	y	acciones	institucionales.	Se	requieren	impulsar	acciones	específicas,	diseñadas	con	enfoque	de	género,	interculturalidad	y	derechos,	para	incluir	las	perspectivas	y	experiencias	de	las	mujeres	indígenas	dentro	de	las	acciones	de	la	administración	pública	y	contribuir	a	su	pertinencia,	adecuación	y	permanencia.	Los	recursos	asignados	a	mujeres	indígenas	y	particularmente	a	estrategias	de	promoción	de	la	salud	sexual	y	reproductiva,	son	insuficientes,	difíciles	de	rastrear	y	no	se	cuenta	con	un	programa	de	acción	específica	en	salud	sexual	y	reproductiva	para	esta	población.	La	información	desagregada	por	condición	de	pertenencia	étnica	debe	fortalecerse	en	todos	los	registros	de	intervenciones	en	salud.	Si	bien	se	ha	ampliado	la	oferta	de	métodos	anticonceptivos,	acceso	a	servicios	e	indicadores	de	salud	sexual	y	reproductiva,	existen	fuertes	reclamos	por	parte	de	la	población	en	relación	con	la	calidad	de	la	atención	recibida	y	la	pertinencia	cultural	de	la	misma,	pues	persisten	actitudes	de	maltrato,	violencia	o	discriminación	asociadas	a	la	condición	de	género	y	étnica.	8.4. Propuestas	para	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-­‐2018	1. Garantizar	que	los	pueblos	indígenas	tengan	acceso	a	una	atención	de	salud	sexual	y	reproductiva	culturalmente	apropiada,	que	incluya	servicios	de	prevención	del	VIH.	2. Promover	la	transversalidad	del	enfoque	intercultural	y	el	de	género,	en	todos	los	programas	sectoriales	de	salud	sexual	y	reproductiva,	y	en	las	dependencias	dedicadas	a	la	atención	de	pueblos	indígenas,	en	materia	de	salud,	creando	mecanismos	de	obligatoriedad	para	la	adopción	de	dicho	enfoque	en	la	planeación,	ejecución	y	evaluación	de	los	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva.	3. Incorporar	y	usar,	en	la	toma	de	decisiones,	las	variables	étnicas	en	los	sistemas	de	registro	de	información	en	salud,	para	contar	con	estadísticas	diferenciadas	para	población	indígena	29	que	permitan	monitorear	avances,	identificar	retrocesos,	evaluar	servicios	y	condiciones	de	morbi-­‐mortalidad,	así	como	diseñar	acciones	orientadas	a	la	reducción	de	brechas.	Incorporar	en	los	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva,	intérpretes,	facilitadoras	interculturales	y	promotoras	de	salud	indígenas.	Fortalecer	el	trabajo	de	las	parteras	tradicionales,	permitiendo	la	atención	de	partos	eutócicos	y	garantizando	una	efectiva	vinculación	con	las	redes	de	servicios	institucionales	para	la	atención	de	la	emergencia	obstétrica.	Recuperar	las	experiencias	locales	y	buenas	prácticas	en	materia	de	salud	sexual	y	reproductiva	para	pueblos	indígenas,	desarrolladas	previamente	por	dependencias	gubernamentales,45	organismos	de	Naciones	Unidas,	sociedad	civil	y	organizaciones	indígenas;	en	la	construcción	de	políticas	públicas	con	enfoque	intercultural	y	adecuado	presupuesto.	Garantizar	el	abasto	de	anticonceptivos	en	el	primer	nivel	de	atención	y	ofertarlos	a	mujeres	y	hombres	indígenas	con	pleno	respeto	a	sus	derechos	reproductivos,	a	información	suficiente	y	en	su	lengua,	así	como	el	consentimiento	informado.	Definir	estrategias,	acciones,	metas	y	recursos	específicos,	en	cada	una	de	estas	dependencias,	así	como	mecanismos	de	rendición	de	cuentas	a	la	sociedad	y	al	poder	legislativo;	quien	a	su	vez	deberá	asignar	los	recursos	correspondientes	para	ello	y	vigilar	periódicamente,	los	avances	del	ejecutivo	en	esta	materia.	9. Realizar	la	armonización	del	marco	normativo	nacional	e	internacional	en	materia	de	derechos	culturales	de	los	pueblos	indígenas,	particularmente	en	el	ámbito	de	la	salud.	10. Garantizar	el	derecho	a	la	participación	y	la	consulta	de	las	organizaciones	de	mujeres	indígenas,	parteras	y	actores	locales,	en	el	diseño,	monitoreo	y	evaluación	de	acciones,	programas	y	estrategias	en	salud	sexual	y	reproductiva	para	que	éstos	respondan	a	sus	necesidades	y	agendas.	4.
30	7.
Como	las	Casas	de	la	Mujer	Indígena	de	la	CDI,	el	programa	en	salud	sexual	y	reproductiva	para	pueblos	indígenas	del	UNFPA,	las	experiencias	de	formación	de	liderazgos	indígenas	en	salud	de	organizaciones	sociales	como	Kinal	Antzetik	D.F,	GesMujer,	etc	9.	LA	SALUD	SEXUAL	Y	REPRODUCTIVA	DE	LAS	Y	LOS	ADOLESCENTES	46	9.1.	Introducción	La	adolescencia	es	una	etapa	crítica	en	la	que	se	construyen	y	adquieren	actitudes	y	conductas	que	impactarán	de	manera	integral	el	futuro	de	las	personas.	La	posibilidad	para	iniciar	el	debut	sexual	y	la	vida	reproductiva	implican	que	las	y	los	adolescentes	deben	estar	preparados	para	responder	a	las	consecuencias	que	estos	fenómenos	conllevan.	Requerirán	expresar	comportamientos	asertivos,	preventivos	y	oportunos,	con	autodeterminación,	basados	en	información	confiable	y	objetiva,	y	al	margen	de	obstáculos	y	preceptos	que	intenten	violentar	y	trasgredir	sus	derechos	humanos	y	en	este	caso	en	particular,	sus	derechos	sexuales	y	reproductivos.	Los	problemas	alrededor	de	su	salud	sexual	y	reproductiva	son	complejos	e	incluyen	embarazos	no	deseados	y	la	adquisición	de	infecciones	de	transmisión	sexual	(ITS),	incluyendo	el	VIH.	En	México	todavía	enfrentamos	graves	obstáculos	para	que	la	salud	reproductiva,	pero	sobre	todo	la	salud	sexual	sea	una	realidad	a	la	que	puedan	acceder	todos	los	adolescentes,	independientemente	de	su	edad,	sexo,	etnia	u	orientación	sexual.	9.2.	Diagnóstico	La	dinámica	demográfica	de	México	ha	ocasionado	que	actualmente	se	transite	con	la	mayor	generación	de	adolescentes	en	la	historia	de	nuestro	país.	Alrededor	de	21	millones	de	mujeres	y	hombres	entre	10	y	19	años	de	edad	en	2012,	según	las	proyecciones	de	población	del	CONAPO,	y	un	grupo	de	un	poco	más	de	5	millones	de	mujeres	46
Mtra.	Esperanza	Delgado	Herrera,	Gerente	de	Relaciones	Interinstitucionales	y	Lic.	Jennyfer	Jiménez	González,	Coordinadora	de	Relaciones	Interinstitucionales	y	Abogacía,	Fundación	Mexicana	para	la	Planeación	Familiar.	adolescentes	entre	15	y	19	años,	en	el	que	acontecen	de	forma	importante	los	embarazos	no	planificados	o	no	deseados.	Los	eventos	que	condicionan	la	vida	sexual	y	reproductiva	de	las	y	los	adolescentes	se	presentan	de	forma	no	necesariamente	favorable	para	su	desarrollo	y	expectativas	de	vida.	Según	la	última	Encuesta	Nacional	sobre	la	Dinámica	Demográfica	(ENADID)	efectuada	por	el	INEGI	en	2009,	la	edad	media	a	la	primera	relación	sexual	ocurre	a	los	16.6	años,	y	es	hasta	un	año	después	que	se	inicia	el	uso	de	la	anticoncepción.	Alrededor	del	61.5%	de	las	adolescentes	(15	a	19	años)	no	utilizan	anticonceptivos	al	inicio	de	sus	relaciones	sexuales,	y	estando	unidas,	24.6%	no	utiliza	anticonceptivos	a	pesar	de	no	querer	tener	hijos.	Esta	característica	se	define	como	necesidad	insatisfecha	de	anticonceptivos	(NIA),	la	cual	no	ha	cambiado	significativamente	desde	1987	en	las	adolescentes	unidas	o	sexualmente	activas.	En	consecuencia,	la	tasa	de	fecundidad	en	adolescentes	es	alta,	aproximadamente	de	70	nacidos	vivos	por	cada	mil	mujeres	de	15	a	19	años,	dando	lugar	a	la	ocurrencia	de	casi	360	mil	nacimientos	anuales;	de	los	cuales	se	estima	que	41%	podría	corresponder	a	embarazos	no	planificados	o	no	deseados.	En	relación	a	ITS	y	VIH,	actualmente	la	mayoría	de	los	nuevos	casos	de	VIH	se	concentra	en	el	grupo	de	edad	de	entre	15	y	24	años.	La	problemática	anterior	obliga	a	unir	esfuerzos	coordinados	de	áreas	del	sector	salud	como	del	sector	educativo	que	atiende	a	la	población	adolescente.	La	salud	sexual	del	adolescente	cobra	gran	relevancia	y	para	ello	es	impostergable	que	las	y	los	adolescentes	adquieran	conocimientos	sobre	educación	integral	en	sexualidad	a	partir	del	nivel	escolar	básico.	Entendida	la	educación	integral	en	sexualidad	con	respeto	a	los	derechos	humanos,	a	la	perspectiva	de	género,	a	fomentar	las	decisiones	individuales,	oportunas	y	asertivas;	considerando	acciones	preventivas	31	y	riesgos	con	sustento	basado	en	evidencias,	así	como	promoviendo	el	desarrollo	integral	de	la	persona.	Han	sido	importantes	los	esfuerzos	e	iniciativas	impulsados	desde	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	para	que	se	avance	de	forma	armónica	tanto	en	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva	amigables	y	sensibles	a	las	necesidades	de	los	adolescentes,	como	en	la	implementación	sistemática	de	una	educación	integral	en	sexualidad	que	considere	la	curricula	escolar	y	la	capacitación	al	profesorado.	El	reto	es	aún	enorme.	Por	otra	parte,	todavía	existen	obstáculos	para	que	las	políticas	públicas	que	comprometen	acciones	favorables	hacia	los	derechos	y	la	salud	sexual	y	reproductiva	de	la	población	adolescente	sean	una	realidad	observada	en	todo	el	ámbito	nacional.	En	la	administración	anterior	se	publicó	por	primera	vez	el	Programa	de	Acción	en	Salud	Sexual	y	Reproductiva	para	Adolescentes,	y	así	la	salud	sexual	y	reproductiva	de	la	población	adolescente	dejó	de	ser	un	renglón	presupuestal	del	Programa	de	Planificación	Familiar	y	tuvo	sus	propias	políticas	y	lineamientos.	Sin	embargo,	este	Programa	para	Adolescentes	enfrentó	serias	dificultades	para	la	asignación	de	presupuestos	suficientes	y	etiquetados.	En	relación	a	su	implementación	en	varias	entidades	del	país,	funcionarios	de	alto	nivel	tomaron	decisiones	parciales	para	señalar	los	apartados	a	enfatizar,	siendo	el	acceso	a	métodos	anticonceptivos	uno	muy	debilitado.	Las	acciones	de	rendición	de	cuentas	sobre	la	ejecución	programática	y	financiera	de	los	estados	en	el	tema	enfrentan	grandes	desafíos.	Otro	aspecto	relevante	desdibujado	e	invisibilizado	en	la	salud	de	las	adolescentes,	es	el	tema	del	aborto.	Investigaciones	recientes	evidencian	que	las	hospitalizaciones	por	aborto	entre	2000	y	2010,	suman	un	total	de	1.096.269	para	todas	las	causas	de	aborto,	y	representan	10.7%	de	hospitalizaciones	maternas.	todas	las	De	estas,	11,183	eventos	fueron	entre	adolescentes	de	10-­‐14	años	y	239.747	entre	las	de	15-­‐19	años.	Las	hospitalizaciones	entre	todos	las	adolescentes	(10-­‐19	años)	representaron	22.8%	de	todos	las	HA;	1%	pertenece	a	las	adolescentes	más	jóvenes	(10-­‐ 14	años).	Los	grupos	de	edades	muy	jóvenes	(10	a	14	años	de	edad)	no	se	incluyen	tradicionalmente	en	las	encuestas	demográficas	y	de	salud	reproductiva	en	la	mayoría	de	los	países,	incluido	México,	“invisibilizando”	a	este	grupo	etario.	Pero	los	análisis	de	otras	fuentes,	como	los	datos	de	hospitalización	o	los	Certificados	de	Nacimientos,	desglosados	por	grupos	de	edad,	permiten	identificar	estas	nuevas	emergencias	en	los	comportamientos	sexuales	y	reproductivos	y	las	necesidades	de	estos	adolescentes	muy	jóvenes.	Los	datos	aquí	presentados	sugieren	fuertemente	que	existe	una	y	creciente	demanda	insatisfecha	de	información,	educación,	y	de	servicios	y	métodos	anticonceptivos	también	entre	los	adolescentes	más	jóvenes,	de	10	a	14	años,	que	de	no	resolverse,	redundará	en	incrementos	en	eventos	hospitalarios	(por	causas	maternas	en	general	y	por	aborto	en	especial)	con	un	profundo	impacto	negativo	en	términos	demográficos,	de	salud	pública	y	de	violaciones	a	los	derechos	humanos	de	esta	población.47	47
32	Raffaela,	Schiavon,	Polo	Gerardo,	Morales	Jorge,	Sanhueza	Patricio,	Troncoso	Erika,	2012.	Aumento	de	las	hospitalizaciones	por	aborto	entre	adolescentes	y	adolescentes	muy	jóvenes	en	la	última	década	en	México.	9.3.	Agenda	Pendiente	Diseñar	y	ejecutar	políticas	públicas	articuladas	entre	el	sector	salud	y	el	sector	educativo	del	poder	ejecutivo	que	permitan	proveer	servicios	de	educación	integral	en	sexualidad	y	servicios	de	salud	para	el	cuidado	de	la	salud	sexual	y	reproductiva	de	adolescentes.	Promulgación	de	la	Norma	Oficial	Mexicana	047,	sobre	Salud	Integral	del	Adolescente,	como	fue	aprobada	por	los	expertos	convocados,	y	que	contempla	la	salud	sexual	y	reproductiva,	con	una	perspectiva	explícita	de	respeto	a	sus	derechos	sexuales	y	reproductivos.	Impulsar	iniciativas	para	que	en	la	Ley	General	de	Salud	incorpore	de	manera	clara	y	explícita	la	salud	sexual	y	reproductiva,	ubicándola	con	la	misma	prioridad	que	la	salud	materna.	Incluir	la	compra	de	anticonceptivos	dentro	de	la	categoría	de	insumos	estratégicos	de	tal	manera	que	se	garantice	su	adquisición,	distribución	y	abasto	suficiente	y	oportuno	en	todo	el	país,	indicando	su	gratuidad	ESPECIALMENTE	para	la	población	adolescente.	Mantener	campañas	mediáticas	con	cobertura	nacional	sobre	acciones	de	prevención	de	embarazo	no	planeado	y	de	ITS	dirigidas	a	la	población	adolescente	Garantizar	presupuesto	específico	para	acciones	relacionadas	a	la	educación	integral	en	sexualidad	y	a	la	salud	sexual	y	reproductiva	de	la	población	adolescente	Dar	seguimiento	y	evaluar	las	acciones	programáticas	en	educación	y	salud	sexual	y	reproductiva	para	adolescentes	de	acuerdo	a	la	política	de	población	y	a	los	compromisos	del	sistema	de	salud	y	de	educación	Fortalecer	la	rectoría	del	nivel	federal	hacia	las	entidades	del	país	para	que	cumplan	con	la	política	nacional	y	rindan	cuentas	transparentes	y	oportunas	en	materia	de	educación	integral	en	sexualidad	y	salud	sexual	y	reproductiva.	Crear	espacios	oficiales	para	el	seguimiento	de	programas	y	políticas	públicas	con	participación	de	la	sociedad	civil	en	todas	las	entidades	federativas	del	país	y	en	sus	diferentes	niveles	de	gobierno:	estatal	y	municipal.	9.4.	Propuestas	para	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-­‐2018	1. Enfatizar	que	la	población	adolescente	de	México	es	de	alta	prioridad	por	su	impacto	en	el	desarrollo	del	país,	por	la	condición	demográfica,	y	que	este	énfasis	se	traduzca	en	leyes,	políticas	públicas,	normatividad	y	presupuesto.	2. Entender	a	los	adolescentes	como	sujetos	de	derechos	y	sobre	todo	respetando	y	reconociendo	sus	derechos	sexuales	y	reproductivos.	3. Favorecer	todo	tipo	de	servicios	de	salud	y	de	educación,	sensibles	y	adecuados	a	sus	necesidades	en	materia	de	sexualidad	y	de	reproducción,	con	un	fuerte	enfoque	preventivo,	con	personal	capacitado	y	sensibilizado,	médico	y	no-­‐medico,	para	evitar	riesgos	altos	que	truncan	su	plan	de	vida	como	son	los	embarazos	no	deseados	y/o	no	planeados	y	las	infecciones	de	transmisión	sexual	incluyendo	el	VIH.	4. Contemplar	acciones	para	la	prevención	de	embarazo	adolescente	en	campañas	mediáticas,	así	como	acceso	a	anticonceptivos	sin	la	necesidad	de	autorización	o	compañía	de	un	adulto.	5. Involucrar	a	dos	actores	clave	para	el	diseño	del	desarrollo	integral	de	la	población	adolescente,	y	que	son	frecuentemente	olvidados:	a	los	propios	adolescentes	y	a	la	sociedad	civil	organizada,	institucionalizando	canales	de	diálogo	para	el	seguimiento	33	de	las	políticas	públicas	en	todos	los	niveles	de	gobierno:	federal,	estatal	y	municipal.	9.4.1.	Principales	derechos	sexuales	y	reproductivos	que	debe	garantizar	el	estado.	 Derecho	a	la	igualdad,	a	una	protección	legal	igualitaria	y	a	vivir	libres	de	toda	forma	de	discriminación	basada	en	el	sexo,	la	edad,	orientación	sexual	o	el	género.	 Todos	los	seres	humanos	nacen	libres	e	iguales	en	dignidad	y	derechos	y	deben	gozar	de	la	misma	protección	de	la	ley	contra	la	discriminación	con	base	en	cualquier	condición.	 Se	debe	garantizar	a	todas	las	personas	un	ambiente	en	donde	cada	quien	disfrute	y	tenga	acceso	en	igualdad	de	condiciones	a	la	totalidad	de	derechos	proporcionados	por	el	Estado.	Los	Estados	y	la	sociedad	civil	deben	dar	los	pasos	necesarios	para	promover	la	modificación	de	prácticas	sociales	y	culturales	basadas	en	roles	estereotipados	de	mujeres	u	hombres,	o	con	base	en	la	idea	de	una	superioridad	o	inferioridad	de	los	sexos,	géneros	o	expresiones	de	género.	 Todas	las	personas	tienen	derecho	al	trabajo,	educación,	salud,	seguridad	social	y	otros	derechos	económicos,	sociales	y	culturales,	así	como	el	acceso	a	las	instalaciones,	bienes,	servicios	y	condiciones	necesarios	para	ejercerlos	sin	discriminación	por	motivo	alguno.	 El	derecho	de	todas	las	personas	a	la	participación,	sin	importar	su	sexo,	orientación	sexual	o	género.	 Todas	las	personas	tienen	derecho	a	un	ambiente	que	les	permita	participar	y	contribuir	activa,	libre	y	significativamente	en	los	aspectos	civiles,	económicos,	sociales,	culturales	y	políticos	de	la	vida	humana,	a	nivel	local,	nacional,	regional	e	internacional;	y	a	través	de	cuyo	desarrollo	puedan	hacerse	realidad	los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales.	 Todas	las	personas	tiene	derecho	a	participar	en	el	desarrollo	e	implementación	de	políticas	que	determinen	su	bienestar,	incluyendo	su	salud	sexual	y	reproductiva,	sin	barreras	formales	o	informales	como	las	condiciones	para	el	matrimonio;	condicionalidades	relativas	al	VIH,	o	normas	de	género	discriminatorias,	estereotipos	y	prejuicios	que	excluyen	o	restringen	la	participación	de	las	personas	con	base	en	ideas	de	género	y	de	lo	que	se	supone	es	correcto	sexualmente.	 Las	personas	jóvenes,	que	son	con	frecuencia	excluidas,	tendrán	derecho	a	ser	partícipes	y	protagonistas	en	los	procesos	de	cambio	en	sus	sociedades.	Deberán	tener	formas	más	significativas	de	contribuir	y	compartir	las	responsabilidades	para	el	desarrollo	de	políticas	y	programas	encaminados	a	proteger,	promover	y	lograr	que	se	garantice	su	salud	y	sus	derechos	sexuales	y	reproductivos.	 Derecho	a	la	autonomía	personal	y	al	reconocimiento	ante	la	ley.	 Todas	las	personas	tienen	derecho	al	reconocimiento	en	todas	partes	como	personas	ante	la	ley,	sin	discriminación	por	motivo	alguno.	 Derecho	a	la	salud	y	a	los	beneficios	del	avance	científico.	 Todas	las	personas	tienen	derecho	a	gozar	del	más	alto	estándar	posible	de	salud	física	y	mental,	que	incluye	los	determinantes	esenciales	de	la	salud,	y	el	acceso	a	la	atención	de	la	salud	sexual	para	la	prevención,	diagnóstico	34	y	tratamiento	de	todas	las	inquietudes,	problemas	y	trastornos	sexuales.	Todas	las	personas	tienen	derecho	a	participar	en	el	establecimiento	de	leyes,	políticas,	programas	y	servicios	referentes	a	la	salud	pública	en	sus	comunidades.	Todas	las	intervenciones	en	materia	de	salud	deben	ser	sensibles	a	las	necesidades	especiales	de	las	personas	y	comunidades	marginadas.	Todas	las	personas	tienen	derecho	al	acceso	a	la	información	sobre	derechos	sexuales,	orientación	sexual,	sexualidad	e	identidad	de	género	en	relación	con	la	salud;	y	al	acceso	a	los	mejores	servicios	de	salud	posibles	con	base	en	evidencia	e	investigación	científicamente	válida.	Derecho	a	la	educación	e	información.	Todas	las	personas	tienen	derecho	a	la	educación	dirigida	a	erradicar	el	estigma	y	la	discriminación,	promover	el	desarrollo	de	la	gente	joven	como	actores	informados	que	asuman	la	responsabilidad	de	sus	vidas	y	les	empodere	para	participar	en	la	determinación	de	políticas	relativas	a	la	salud	sexual	y	a	la	educación	en	sexualidad.	Todas	las	personas	y	la	gente	joven	en	particular	tienen	derecho	a	aportar	a	los	programas	de	educación	integral	en	sexualidad	y	a	las	políticas	relacionadas	con	la	sexualidad.	
35	
 Derecho	a	la	rendición	de	cuentas	y	reparación	de	daños.	 Los	estados	deben	establecer	mecanismos	de	rendición	de	cuentas	para	garantizar	el	cumplimiento	pleno	de	sus	obligaciones	relacionadas	con	la	garantía	de	los	derechos	sexuales.	10.	LOS	DERECHOS	SEXUALES	Y	REPRODUCTIVOS	Y	LOS	COMPROMISOS	INTERNACIONALES48	10.1.	Introducción	México	es	un	país	que	debe	estar	integrado	a	la	dinámica	mundial,	cuenta	con	una	tradición	muy	importante	en	el	reconocimiento	de	los	derechos	humanos	a	través	de	los	diferentes	Tratados	en	la	materia	de	los	que	México	es	Estado	parte,	así	como	de	sus	los	diferentes	mecanismos	e	instrumentos	de	seguimiento.	Estos	instrumentos	y	mecanismos	han	elaborado	múltiples	informes	y	recomendaciones	al	Estado	Mexicano	en	gran	diversidad	de	temas	y	niveles.	La	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores,	así	como	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos	y	el	Centro	de	Investigación	y	Docencia	Económicas	se	han	dado	a	la	tarea	de	sistematizar	dichas	recomendaciones	que	se	encuentran	disponibles	en	http://recomendacionesdh.mx/inicio.	En	esta	base	de	datos	pública,	se	encuentran	por	lo	menos	250	recomendaciones	sobre	temas	de	mujeres,	66	recomendaciones	sobre	salud	y	21	de	ellas	específicas	sobre	mujer	y	salud.	Estas	recomendaciones	se	han	dado	a	partir	de	1998	y	hasta	2012	y	están	vinculadas	a	asuntos	diversos	como	la	violencia,	la	población	indígena,	la	no	discriminación,	la	salud	reproductiva,	la	población	adolescente,	la	trata	de	personas,	etcétera.	10.2.	Diagnóstico	Es	compromiso	del	Estado	Mexicano	atender,	actuar,	resolver	e	informar	sobre	el	fondo	de	estas	recomendaciones	y	rendir	cuentas	ante	el	sistema	internacional	de	derechos	humanos	48
del	que	voluntariamente	México	decidió	formar	parte.	Además,	debemos	recordar	que	tenemos	pendiente	aterrizar	tanto	las	políticas	públicas	como	armonizar	las	leyes	secundarias	de	acuerdo	a	la	reforma	del	artículo	1°	constitucional,	en	el	que	se	incorporó	a	la	Constitución	Política	Mexicana	las	normas	de	derechos	humanos	contenidas	en	los	tratados	internacionales	de	los	que	México	es	parte.	También	se	establece	la	obligación	de	las	autoridades	de	promover,	respetar,	proteger	y	garantizar	los	derechos	humanos,	de	conformidad	con	los	principios	de	universalidad,	interdependencia,	indivisibilidad	y	progresividad;	y	por	último	se	establecen	como	criterios	de	aplicación	de	las	normas	de	derechos	humanos	los	principios	pro	persona	y	de	interpretación	conforme.	A	la	fecha,	desde	el	poder	ejecutivo	se	han	impulsado	prioritariamente	cuatro	áreas	a	ser	armonizadas	en	el	ámbito	legislativo:49	igualdad,	vida	libre	de	violencia	de	las	mujeres,	no	discriminación	y	trata	de	personas.	Aunque	el	Instituto	Nacional	de	las	Mujeres	ha	asesorado,	promovido	o	acompañado	reformas	tanto	a	nivel	federal	como	estatal,	aún	es	necesario	completar	el	entramado	jurídico	en	dichos	rubros.	Sin	embargo,	fuera	de	estas	áreas	el	acompañamiento	desde	el	Ejecutivo	hacia	el	poder	legislativo	federal	no	ha	sido	el	mismo.	Se	encuentra	pendiente	la	salud	reproductiva	y	el	ejercicio	de	derechos	asociados	en	el	marco	legal	de	salud.	36	49
Lic.	Martha	Juárez	Pérez,	Enlace	con	el	Poder	Legislativo	de	Consorcio	para	el	Diálogo	Parlamentario	y	la	Equidad.	http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ique-­‐ es-­‐el-­‐inmujeres/legislacion	consultado	en	marzo	de	2013.	10.3.	Agenda	pendiente	Como	ejemplo	de	las	recomendaciones	en	la	materia	tenemos	la	emitida	en	2006	en	el	Informe	del	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	contra	la	Mujer;	26º	y	27º	Periodo	de	sesiones	(CEDAW),	que	indica:	“El	Comité	insta	al	Estado	Parte	a	que	amplíe	la	cobertura	de	los	servicios	de	salud,	en	particular	la	atención	de	la	salud	reproductiva	y	los	servicios	de	planificación	de	la	familia,	y	a	que	trate	de	eliminar	los	obstáculos	que	impiden	que	las	mujeres	tengan	acceso	a	esos	servicios.	Además,	el	Comité	recomienda	que	se	promueva	e	imparta	ampliamente	la	educación	sexual	entre	hombres	y	mujeres	y	adolescentes	de	ambos	sexos.	El	Comité	pide	al	Estado	Parte	que	armonice	la	legislación	relativa	al	aborto	a	los	niveles	federal	y	estatal.	Insta	al	Estado	Parte	a	aplicar	una	estrategia	amplia	que	incluya	el	acceso	efectivo	a	servicios	de	aborto	seguros	en	las	circunstancias	previstas	en	la	ley,	y	a	una	amplia	variedad	de	métodos	anticonceptivos,	incluidos	anticonceptivos	de	emergencia,	medidas	de	concienciación	sobre	los	riesgos	de	los	abortos	realizados	en	condiciones	peligrosas	y	campañas	nacionales	de	sensibilización	sobre	los	derechos	humanos	de	la	mujer,	dirigidas	en	particular	al	personal	sanitario	y	también	al	público	en	general.”	El	estado	mexicano	reporta	acciones	que	ha	tomado	para	atender,	parcialmente,	dicha	recomendación.	Sin	embargo,	para	2012	las	Observaciones	finales	del	Comité	para	la	Eliminación	de	la	Discriminación	contra	la	Mujer,	reiteran	sobre	la	salud	sexual	y	reproductiva:	“[El	Comité	recomienda	que	el	Estado	parte:]	Garantice	el	acceso	universal	a	servicios	de	atención	de	salud	y	a	información	y	educación	sobre	salud	y	derechos	sexuales	y	reproductivos,	en	particular	para	las	adolescentes,	a	fin	de	prevenir	los	embarazos	no	deseados	y	de	adolescentes;”	Véase:	http://recomendacionesdh.mx/buscador/detall e/2024	10.4. Propuestas	para	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-­‐2018	El	Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-­‐2018,	deberá	incorporar	las	siguientes	propuestas:	1. Impulsar	acciones	que	potencien	la	implementación	de	las	recomendaciones	en	derechos	humanos	y	salud,	particularmente	sobre	la	mujer	y	la	salud,	elaboradas	por	los	mecanismos	de	seguimiento	a	los	tratados	de	derechos	humanos	de	los	que	México	es	parte.	2. Tomar	en	cuenta	las	recomendaciones	citadas,	particularmente	en	el	ámbito	de	la	política	pública,	la	actividad	legislativa	y	el	quehacer	jurisdiccional.	3. Que	los	mecanismos	de	la	Mujer	acompañen	e	impulsen	la	armonización	legislativa	ante	el	poder	legislativo,	con	base	en	los	estándares	internacionales	de	protección	de	derechos	humanos	y	retome	las	recomendaciones	hechas	por	los	diferentes	mecanismos	de	seguimiento	a	los	tratados	de	derechos	humanos,	en	conformidad	con	la	reforma	constitucional	mexicana	de	derechos	humanos,	particularmente	las	relativas	a	la	salud	reproductiva.	4. Promover	ampliamente	una	cultura	de	respeto	a	los	derechos	humanos	en	la	población,	con	el	conocimiento	de	las	convenciones	internacionales	en	defensa	de	los	derechos	de	las	mujeres	y	de	los	grupos	específicos	de	la	sociedad	en	situación	de	vulnerabilidad	y	discriminación.	5. Sensibilizar	sobre	el	contenido	de	las	convenciones	internacionales	en	materia	de	los	derechos	de	las	mujeres	en	los	tres	niveles	de	gobierno.	37	COALICION	POR	LA	SALUD	DE	LAS	MUJERES	¿Qué	Organizaciones	la	integramos?	Comité	promotor	por	una	maternidad	segura.	El	Comité	se	conforma	por	un	grupo	plural	y	multidisciplinario	representado	por	organizaciones	civiles,	gubernamentales,	académicas	y	agencias	internacionales	mujeres	de	cooperación,	preocupadas	por	mejorar	la	salud	de	las	durante	la	maternidad	y	evitar	la	mayoría	de	las	muertes	prematuras	de	mujeres	que	fallecen	a	causa	de	complicaciones	durante	el	embarazo,	parto	y	puerperio.	Consorcio	para	el	Diálogo	Parlamentario	y	la	Equidad	A.C.	Organización	feminista,	laica,	sin	fines	de	lucro	y	no	partidaria,	que	busca	contribuir	a	la	plena	ciudadanía	de	las	mujeres,	a	la	igualdad	de	género	y	a	la	creación	de	una	sociedad	y	un	estado	de	derecho	democrático.	Salud	Integral	para	la	Mujer,	Sipam.	Organización	feminista	y	ciudadana,	sin	fines	de	lucro	que	promueve	y	defiende	el	ejercicio	libre	y	placentero	de	la	sexualidad	de	las	mujeres	así	como	el	respeto	de	sus	derechos	sexuales	y	reproductivos	como	ejes	de	transformación	personal,	cultural	y	política.	Fundación	Mexicana	para	la	Planeación	Familiar,	Mexfam.	Asociación	civil	sin	fines	de	lucro,	gobernada	por	voluntarios	y	dirigida	por	un	selecto	grupo	de	profesionistas	que,	a	lo	largo	de	40	años,	ha	respondido	con	oportunidad	y	eficacia	a	los	cambios	que	han	ocurrido	en	nuestra	sociedad.	Ha	participado	activamente	en	los	programas	de	Planificación	Familiar	que	han	transformado	la	estructura	de	la	población	en	México	y	ha	aplicado	de	manera	ejemplar	los	principios	de	integración	de	servicios	con	una	visión	de	Salud	Reproductiva.	Fundar,	Centro	de	Análisis	e	Investigación.	Fundar	se	dedica	a	la	incidencia	y	monitoreo	de	políticas	e	instituciones	públicas	por	medio	de	la	investigación	aplicada,	la	reflexión	crítica	y	propositiva,	la	experimentación	y	la	vinculación	con	actores	civiles,	sociales	y	gubernamentales.	Ipas	México.	Organización	internacional	no	gubernamental	dedicada	a	eliminar	las	muertes	y	discapacidades	evitables	atribuibles	al	aborto	inseguro.	Kinal	Antzetik.	Distrito	Federal.	Asociación	Civil	que	contribuye	al	desarrollo	integral	de	mujeres	y	hombres,	especialmente	pueblos	indígenas	en	México,	mediante	fortalecimiento	institucional;	el	fomento	de	procesos	organizativos	y	autónomos,	el	trabajo	comunitario,	la	formación,	el	acompañamiento,	la	incidencia,	la	atención	psicosocial	desde	una	visión	sistémica	con	perspectiva	de	derechos,	ciudadanía,	equidad	de	género	y	respeto	a	la	diversidad.	Comunicación	e	Información	para	la	Mujer,	Cimac.	Organización	que	genera	y	publica	información	noticiosa	sobre	la	condición	social	de	las	mujeres,	asegurar	que	las	y	los	periodistas	incorporen	los	derechos	humanos	de	las	mujeres	en	su	trabajo	cotidiano,	así	como	promover	los	medios	como	una	herramienta	de	transformación	educativa	y	social	que	sirva	como	estrategia	para	que	las	organizaciones	civiles	transmitan	sus	actividades,	demandas	y	propuestas.	38	Balance.	Grupo	de	personas	activistas	aliadas	con	la	misión	de	incidir	en	el	diseño,	implementación	y	ciudadanización	de	las	políticas	públicas	sobre	derechos	sexuales,	con	énfasis	en	mujeres	y	jóvenes,	desde	una	perspectiva	que	reconoce	la	diferencia	e	involucra	plenamente	a	las	poblaciones	que	históricamente	han	sido	vulnerabilizadas.	Observatorio	de	Mortalidad	Materna	en	México	Instancia	independiente	conformada	por	personas,	organizaciones	civiles	nacionales	e	internacionales,	agencias	y	fundaciones	de	cooperación	técnica	y	financiera,	instituciones	académicas,	de	investigación	y	de	gobierno,	vislumbrándose	como	un	espacio	para	la	conjunción	de	esfuerzos	interinstitucionales	e	intersectoriales	para	monitorear,	desde	la	sociedad	civil,	los	avances	para	mejorar	la	salud	materna.	Agradecemos	la	Colaboración	de	la	Dra.	Gabriela	Rodríguez	de	AFLUENTES.	39	Recommended DocumentsDocuments Similar To Todos los derechos para todas y todos: Diagnóstico y retos pendientes rumbo a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018Skip carouselEl costo de la legitimidadMujeres en Comunidades TransnacionalesÓpticas diversas de la evaluación del desempeño en MéxicoIsunza y Hevia 2006 relaciones sociedad civil estado en MéxicoInforme sobreManual para la Participación Ciudadana en la Vigilancia de los Gobiernos LocalesFactores que inciden en el gasto en saludRdc Social en MexÍndice Latinoamericano de Transparencia LegIslativa -Primera edición-Congreso PluralHacia la Seguridad de los DerechosDiagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en MéxicoRecupera una OportunidadIván Ilich_El género vernáculoPropuesta GeneralDiagnóstico de Parlamento Abierto en MéxicoÉTICA SOCIAL E IGUALDAD.docxConvención Sobre La Eliminación de Todas Las Formas de Discriminación Contra Las MujeresAcciónPositivaPrevencion_Sancion.pptProyecto Ley Antidiscriminaciónderechos de acceso, control y propiedad de la tierrasíntesis ley de igualdad 2007Plan de IgualdadDictamen Actos Discriminatorios Tu Vision Sindical SEGUROS 02Capitulo 3 Igualdad de des y Entorno Legaldespido descriminatorioSubtema 1.3 DH de MujeresActa de La IgualdadDocuments About Class & InequalitySkip carouselRelacio¦ün medico-paciente en inmigrantesProgreso para la infanciaEncuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 20152011_INCB_S_AnnualReportEditorialtmp6E26.tmpCarta de Ricardo Rossello a ClaridadOXFAM ReinadoElitesLA INDUSTRIA MOTOR DE LA VIDA FUTURA DE EUSKADILatinobarómetro 2016La Ventaja Ashoka - Junio 2010Como no atacar a un economista (y a una economía)Documento de Programa de País 2008-2009 - Costa RicaAdjusting the LensDesigualdades en la prestacio¦ün de servicios de salud desde la perspectiva del ge¦üneroVISIÓN DE LA EDUCACIÓN EN LA Agenda PARA EL DESARROLLO DESPUÉS DE 2015Microfinance and Poverty ReductionFiscal Justice to Reduce Inequality in Latin America and the CaribbeanDiscurso Del Papa Francisco en La Favela de VarginhaCarga Global de La Violencia Armada 2011 - Capítulo 3 - ResumenReforma Fiscal Pronunciamiento IETD3Sindicatos y movilidad ascendente para trabajadores de bajos salariosPOLITICA DE BIENESTAR Y POLITICA DE DESARROLLOInforme Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015 – Género y TerritoriotmpA146.tmpPARTICIPATION AND SOCIAL INVOLVEMENT (Spanish) - PARTICIPACIÓN Y DINAMIZACIÓN SOCIAL - PARTE HARTZEA ETA HERRIGINTZA (Espainieraz)More From Fundar, Centro de Análisis e InvestigaciónSkip carouselAnuario2016ActividadesExtractivasMexicoComunicado Salida AGABrief- Participación Ciudadana en América LatinaEl sector hidrocarburos en la Reforma EnergéticaJusticia sin perspectivaNotas sobre el presupuesto del Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable2017PECSubsidiosalcampo.pdfA Trail of Impunity 2016A Trail of Impunity 2016.pdfInforme “Saber Más VIIIPrivilegios fiscalesUn Camino de ImpunidadEstudio comparado sobre el impacto que tienen las instituciones que resguardan el acceso a la información pública en Chile y México sobre los derechos humanos en la ciudadaníaDiagnostico Noroeste de MexicoDefensa del territorio frente a proyectos del sector eléctrico en MéxicoLa fracturación hidráulica en la Sierra Norte de Puebla(Re)construyendo la confianza en el poder público. 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