Source: http://acj.org.co/conceptos/concep_ord_018-2007.htm
Timestamp: 2014-09-03 02:03:26+00:00

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Consulta Ordinaria - Resolución No. 018 de 2007 - Conceptos docs - Academia Colombiana de Jurisprudencia
Los procesos de ejecución están soportados en los respectivos títulos ejecutivos; adicionalmente, normalmente en el curso de dichos procesos se dicta sentencia ordenando llevar a cabo la respectiva ejecución. Se pregunta: 1º) Por razón de la existencia de la sentencia que ordena llevar a cabo la ejecución, ¿el respectivotítulo ejecutivo se torna imprescriptible?; 2º) la sentencia que ordena llevar a cabo la ejecución ¿es igualmente imprescriptible?, es decir, ¿conserva a perpetuidad sus efectos?
Ref: Consulta relacionada con el sentido que debe darse a la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución respecto de la prescripción del título que sirve de base para el proceso. Muy respetado Señor Presidente:
Por razón de la existencia de la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución, ¿El respectivo título ejecutivo se torna imprescriptible?
La sentencia que ordena llevar adelante la ejecución, ¿Es igualmente imprescriptible, es decir, conserva a perpetuidad sus efectos?
El fin del derecho. Concepto de prescripción.
Justificación de la prescripción. Prescripción extintiva.
¿Cómo opera la prescripción extintiva?.
La caducidad. La perención. Levantamiento de cautelas por pérdida de la actuación.
La sentencia ?no hay obligaciones irredimibles? es un principio general de derecho.
Interrupción de la prescripción extintiva y comienzo de un nuevo término.
Interrupción de la prescripción en las diferentes ramas del derecho. Reanudación del término de prescripción cuando la interrupción es por notificación de la demanda. Oportunidades para alegar la prescripción. Reanudación de los términos de prescripción. Conclusiones.
Doctrina: La expresada por los profesores: Juan Rafael Bravo Arteaga, Alberto Cabrera Gutiérrez, Ulises Canosa Suárez, José Antonio López Nevot, Jaime Mans, Hernando Morales Molina, Guillermo Ospina Fernández, Jesús M. Restrepo Barrientos y Álvaro Pérez Vives. III
No es lo mismo ley que derecho. Al tenor del Art. 4 del C.C., ?Ley es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución nacional. El carácter de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar.?
El derecho, suma de ley y de jurisprudencia, debe estar al servicio del ser humano de tal manera que el Estado pueda alcanzar sus fines que no son otros que los enunciados en el Art. 2 de la Constitución, entre los que destaco ?asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo?. A la vigencia de un orden justo, se suman las obligaciones de garantizar la seguridad jurídica de los habitantes del País y decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, como lo enseña el Art. 37 del C.P.C.
En términos generales, la ley manda, prohíbe, permite o castiga, y de su correcta observación por los asociados y de su justa aplicación por parte del operador de justicia, dependerá que la sociedad tenga asegurada una sana y pacífica convivencia. Cuando los asociados obran en justicia y de acuerdo con el espíritu del derecho, la intervención del juez se reduce a su mínima expresión, por el menguado número de pleitos que se pondrán a su consideración. El derecho, como barrera moral que disuade la conducta dañina, como ruta que señala el camino del obrar justo o como correctivo cuando se ha cometido una injusticia, debe generar respeto y confianza entre los asociados, quienes verán en la decisión judicial o administrativa el verdadero espíritu de la justicia y, en su mayoría, asumirán con agrado la recompensa otorgada o la sanción impuesta. Y cuando no hay ley aplicable, será la inteligencia y sabiduría salomónica del juez la que deba resolver el caso, teniendo en cuenta, en últimas, los principios generales del derecho, como lo ordena el Art. 230 de la Constitución. Y esta obligación del Juez de decidir o resolver o encontrar una solución para el caso que le planteen, es la que le permitirá desatar relaciones jurídicas que de otra manera pueden aparecer irredimibles y de sobrevivencia infinita. Concepto de prescripción.- El término prescripción viene del latín praescriptio que es la ?Parte extraordinaria de la fórmula procesal que se inserta en la fórmula, y que consiste en una especie de aviso al juez con objeto de limitar o concretar lo que se pide en el litigio o juicio.?2 También tiene relación con praescriptum, que en palabras de Horacio, en una de sus acepciones significa dentro de los límites trazados.3 Es forma sustantiva del verbo prescribir que viene del latín prae: antes y scribere: escribir, que manifiesta la idea de preceptuar, establecer, caducar.4
De lo anterior se tiene que, por la prescripción se pone límite o se fija el término de caducidad de un proceso o de una obligación. Por esta razón se le denominó exceptio temporis, lo que da la idea de que la obligación se extingue por el paso del tiempo. En el Derecho Romano ?la prescripción es una institución jurídica por la cual toda acción, es decir, todo derecho, reducido al puro momento de la acción, después de un determinado lapso de tiempo puede ser extinguido mediante excepción. La acción civil era en los orígenes perpetua; solo la acción pretoria era limitada en el tiempo; de ordinario al año útil.?5 De lo anterior se deduce que, en principio, la prescripción fue una institución de derecho procesal que tenía por objeto poner límite al inicio de la demanda con la consecuencia de extinguir el derecho sustancial si se trataba de obligaciones, o de impedir la acción reivindicatoria para recuperar el bien objeto del derecho real, si se trataba de la prescripción adquisitiva o usucapión. El Art. 2512 del Código Civil Colombiano enseña que ?La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción.? Justificación de la prescripción.- El Profesor Guillermo Ospina Fernández enseña: ?Si el acreedor en cuyo favor se le impone al deudor la necesidad de realizar una prestación de dar, hacer o no hacer algo, deja de exigirla por largo tiempo, es de presumir que el servicio que se le debe no le interesa y, entonces, su derecho pierde la razón de ser.?6
El académico Dr. Ulises Canosa Suárez, en trabajo que presentó en el XXVI Congreso Colombiano de Derecho Procesal,7 anota que ?Ni los derechos, cuando no se ejercitan, se sustraen a los efectos del paso del tiempo. Las obligaciones, cuando no se reclaman oportunamente, también envejecen y mueren, porque no tienen una existencia perpetua.? Y luego recuerda al Profesor Giorgi, quien afirma que un derecho que no se manifiesta, equivale para la justicia humana, a un derecho que no ha existido: lo cubre el olvido y lo sepulta el silencio de los años. (Hasta aquí el concepto).
Así como en la prescripción adquisitiva o usucapión se premia la diligencia del poseedor y se tiene en cuenta el olvido del propietario, así en la prescripción extintiva o liberatoria, se tiene en cuenta el olvido del acreedor, que bien puede asimilarse a un perdón tácito por lo que, en últimas, la prescripción extintiva sería una forma de extinguir las obligaciones que semejaría una remisión o condonación tácita. Es verdad de a puño que la prescripción cumple una función social y depuradora, a la manera de como en los balances de las empresas se decanta su verdadero patrimonio a través de las llamadas listas de cartera de dudoso recaudo. Por la misma e idéntica razón, así como los individuos mueren, también se extinguen los derechos cuando los acreedores los dejan morir, por olvido u abandono. Esta es la principal razón de la prescripción y la inobjetable necesidad de su existencia. Prescripción extintiva.- Para el caso en estudio se debe precisar el concepto de prescripción extintiva, es decir aquella por la cual se extingue un derecho ajeno por no haberse ejercido dicho derecho dentro de cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Para los fines de esta respuesta limito los derechos ajenos a los que tienen contenido estrictamente patrimonial, dejando los demás fuera de los límites de esta consideración. El profesor Guillermo Ospina Fernández, recuerda que desde el Derecho Romano esta prescripción se conoce como ?liberatoria, para concretar el concepto a la extinción de las obligaciones o, mejor aún, del crédito que constituye el aspecto activo de estas, produciendo la liberación del deudor.? Al tenor del Art. 1625 del C.C. en concordancia con el Art. 822 del C.Co. la prescripción es un medio de extinguir las obligaciones. Se trata, entonces, de una institución típica de derecho sustantivo y no de derecho procesal. Aquél hace referencia a la disolución de la relación jurídico sustancial y éste a la oportunidad en la que el medio extintivo se puede hacer valer. La afirmación de que la prescripción es una institución de derecho procesal se debe a una equivocada interpretación de los Arts. 2513 del C.C. y 90 y 306 del C.P.C. que ordenan que la prescripción debe alegarse y reglamentan cómo se interrumpe. En estricto sentido lo que estas normas reglamentan es la oportunidad procesal en la que la prescripción se debe hacer valer. Pero la institución en si, tiene el efecto de disolver o extinguir el vínculo jurídico, lo que lleva a la finalización de la relación jurídica sustancial.
La existencia de la obligación civil, puesto que las naturales, por carecer de acción, desde su inicio no puede exigirse su cumplimiento. Que haya transcurrido el término fijado por la ley para la consolidación de la prescripción, tiempo durante el cual el acreedor no ha ejercido su derecho. Que el término anterior no esté suspendido. Que el prescribiente la alegue en la oportunidad y forma establecidas en la ley. Cuando no hay término legal fijado para pedir que opere la prescripción, corresponde fijarlo a la jurisprudencia, para evitar que la obligación se torne irredimible. Así lo enseña la sentencia T-1319/05. Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, de cuyo texto tomo el siguiente aparte:
?16.- Al respecto, tal y como se mencionó anteriormente, existe un vacío legal, puesto que aún estamos a la espera de que el legislador reglamente la materia, sin embargo, como también se ha puesto de presente, ha sido esta Corporación la encargada de definir, a través de la jurisprudencia, el término de caducidad del dato negativo?.
La caducidad.- La caducidad consiste en que la ley establezca determinados plazos para intentar ciertos procesos.8 Por ejemplo el de impugnación de la paternidad cuando lo ejercita el padre.
En la actualidad, al tenor del Art. 153 de la Constitución, está en revisión por parte de la H. Corte Constitucional, el PROYECTO DE LEY No. 286/07 CÁMARA, 023/06 SENADO
?Por la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia?,
que en su artículo 25, dispone: ?Adicionase el Artículo 209A.
Perención en procesos ejecutivos: En los procesos ejecutivos, si el expediente permanece en la secretaría durante nueve (9) meses o más por falta de impulso cuando este corresponda al demandante o por estar pendiente la notificación del mandamiento de pago a uno o varios ejecutados de un auto cuando la misma corresponda adelantarla al ejecutante, el juez de oficio, o a solicitud del ejecutado, ordenará la perención con la consiguiente devolución de la demanda y de sus anexos y, si fuera del caso, la cancelación de las medidas cautelares evento en el cual condenará en costas y perjuicios al ejecutante. El auto que ordene devolver la demanda es apelable en el efecto suspensivo, y el que lo deniegue, en el devolutivo;?
Así por ejemplo, en el Código del departamento del Valle del Cauca, se lee: ?ARTÍCULO 255: PERENCIÓN DE LOS PROCESOS POLICIVOS.- Cuando la parte interesada deja transcurrir diez (10) días hábiles sin hacer ninguna gestión de las que corresponden para que el negocio continué su curso o no asista a la práctica de las pruebas por ella solicitadas se declarará la perención del proceso.
Decretada la perención del proceso no habrá posibilidad de intentar uno nuevo por la misma causa?.
Y en el Código del Departamento del Meta, se consagra la perención en los siguientes términos: ?Artículo 222.- ?
Parágrafo: Perención. El procedimiento civil de policía es breve y sumario. En consecuencia, el funcionario del conocimiento decretará la perención del proceso, de oficio o a solicitud del querellado, cuando el expediente haya permanecido en la secretaría durante dos meses, sin que el querellante promueva actuación alguna. El término se contará desde la última actuación. La perención pone fin al proceso y el auto que la resuelve es apelable en el efecto suspensivo.?
En un caso que tuve la oportunidad de estudiar recientemente, el Señor Inspector de Policía de Villavicencio, comisionado para hacer el lanzamiento por ocupación de hecho, luego de dos años de dictada por el Señor Alcalde la sentencia que puso fin al proceso decidió, de oficio, decretar la perención y terminar el ?proceso?. Considero que la perención solo es posible aplicarla si no han terminado las instancias, primera o segunda, pero no luego de ejecutoriado el fallo, cuya exigibilidad está sujeta a un trámite diferente.
artículo 88 del Decreto 1778 de 1954, dispone: "? El registro de embargos, demandas y demás órdenes emanadas de autoridad, que de alguna manera se refieran a inmuebles, podrán cancelarse cuando pasados 5 años a partir de la inscripción, no se halle la actuación en que tales disposiciones se dictaron. Dicha cancelación se ordenará por el funcionario que la haya decretado, previo emplazamiento por 30 días que se publicará en uno de los periódicos del lugar o en el diario oficial?"
La sentencia ?no hay obligaciones irredimibles? es un principio general de derecho.- ?En el derecho bizantino, y debido a una constitución del emperador Teodosio II, se determinó que, salvo casos especiales en que se establezca otro plazo, todas las acciones fenecen si no se las ejercita en el plazo de treinta años. (Praescriptio triginta annorum)?12
En el Art. 37 de la Constitución Política de 1886, se estableció que, ?No habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre enajenación, ni obligaciones irredimibles?. Esta norma fue modificada por el Art. 34 del Acto Legislativo de 1936 (Art. 50 de la Constitución) que autorizó establecer por ley el patrimonio familiar inalienable e inembargable.
Considero que el concepto de finitud de las obligaciones patrimoniales, académicamente entendido como negación del concepto de obligaciones irredimibles y en el sentimiento popular con un gran toque poético, con la expresión: ?nada es eterno en el mundo?, debe formar parte de los principios generales del derecho, no solo por la necesidad imperativa de poner fin a las relaciones jurídicas inciertas, sino porque en la mayoría de las naciones civilizadas está consagrado en su legislación positiva.
El Académico Dr. ALBERTO CABRERA GUTIÉRREZ en su trabajo ?Breve Ensayo Jurídico sobre las Obligaciones Irredimibles14?, publicado en el mes de marzo de 1987, hace referencia a que en Colombia no puede haber ninguna forma de subyugación porque los Arts. 22, 34 y 37 de la Constitución de 1886, prohibían la esclavitud, la pena de confiscación y las obligaciones irredimibles. Dice el académico CABRERA: ?Obligaciones irredimibles no son solamente aquellas que se estipulan en la carga insoportable desde la formación del contrato, sino aquellas en que por falta de señalamiento del término en que deben cumplirse las recíprocas obligaciones, van convirtiendo a uno de los contratantes en perpetuo tributario del otro, como si pudieran renovarse esas épocas superadas de la servidumbre.?
Del artículo ?Cuestión señorial y arbitrismo en la España del trienio liberal: Observaciones sobre un proyecto de ley de Manuel María Cambronero (1765 - 1834)? de José Antonio López Nevot, Universidad de Granada, España, publicado en Internet, tomo el siguiente párrafo:
?En el artículo se estudia la problemática del régimen señorial en la España del Trienio Liberal, a través de un proyecto de ley interpretativa del Decreto abolicionista de las Cortes de Cádiz de 6 de agosto de 1811, publicado en 1821 por un jurista anónimo, aunque todo parece indicar que se trata de Manuel María Cambronero (1765 - 1834). En el citado proyecto de ley, si bien Cambronero propone la abolición de todos los servicios y prestaciones personales, ya tuvieran por origen la jurisdicción señorial, ya cualquier otro, aunque fuese el contrato, por otra parte declara protegidos los señoríos solariegos y territoriales, favoreciendo así los intereses de los antiguos señores?.
Luego de varios comentarios, el autor señala: ?Y es que para nuestro jurisconsulto, (Cambronero) "toda prestación personal perpetua" es una servidumbre incompatible con el sistema constitucional. (Se refiere al español).
Por último, anoto que el Académico Honorario Dr. Fernando Hinestrosa Forero, en armonía con las palabras de los hermanos Mazeaud, recuerda que ?En materia de obligaciones, la regla, que se puede afirmar no tiene excepciones, es la de que los créditos y las acciones crediticias, tanto la ejecutiva, como la de conocimiento, son prescriptibles?15, con lo que se reafirma la tesis de que la sentencia ?no hay obligaciones irredimibles? es un principio general de derecho.
El Art. 2539 del C.C. reza: ?La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el Art. 2524?.
"Artículo 90. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado. La notificación del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes.
"Artículo 91.- Ineficacia de la interrupción y operancia de la caducidad. No se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad, en los siguientes casos: 1. Cuando el demandante desista de la demanda?.
Como en la actualidad ?en algunos casos-, es obligatoria la conciliación previa como requisito de procedibilidad, es necesario establecer las consecuencias de éste trámite que hace parte integral del proceso y que debe tener alguna consecuencia respecto de la interrupción de la prescripción como lo anotaré adelante.
Interrumpida la prescripción, debe tenerse en cuenta lo que disponen los Arts. 2536 y 2544 del C.C. cuyos textos, según la ley 791 de 2002, son los siguientes: ?El artículo 2536. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10).
Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término?.
?Artículo 2544. Las prescripciones mencionadas en los dos artículos anteriores, no admiten suspensión alguna.
En ambos casos se volverá a contar el mismo término de prescripción?.
Por su parte el Art. 789 del C.Co. dispone que la acción cambiaria directa prescribe en tres años a partir del día del vencimiento. Y el Art. 882 ídem reza: ?Si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá así mismo; no obstante tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá en un año?.
Interrupción de la prescripción en las diferentes ramas del derecho.- En el derecho penal.-
ARTÍCULO 83 del C.P.- ?Término de prescripción de la acción penal. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20), salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este Artículo?.
Prescripción de la sanción penal Art. 89 del C.P.- La pena privativa de la libertad prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ningún caso podrá ser inferior a cinco años. La pena no privativa de la libertad prescribe en cinco años.
Cuando se trata de multa, el término prescriptivo se interrumpirá con la decisión mediante la cual se inicia el procedimiento de ejecución coactiva de la multa. (Art. 41 C.P.) En este caso, se comienza a contar un nuevo término de prescripción para la multa y si transcurren cinco años, sin haberse hecho efectivo el pago, la sanción de multa prescribe y no hay lugar a seguir con el proceso de ejecución coactiva. Si no prescribiera, la multa se convertiría en una obligación irredimible.
b) El artículo 151 del C. P. L. que reza: ? Prescripción.- Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres (3) años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual ?.
Respecto de la prescripción una vez esté en curso el proceso se debe aplicar lo que sea pertinente conforme a las normas y jurisprudencia de la ley procesal civil. Prescripción de las obligaciones fiscales.- Para responder a este aspecto me remito íntegramente al trabajo que presentó el Académico Dr. Juan Rafael Bravo Arteaga20 y de cuyo texto tomo los siguientes párrafos: ?La consulta formulada es del siguiente tenor:
a) El demandante desista de la demanda; b) Prosperen las excepciones consagradas en el numeral 7º del artículo 99 del C de P.C.22;
En conclusión, se puede decir que, transcurridos cinco años después de la notificación del mandamiento de pago, sea que haya bienes embargados o no, tiene operancia la prescripción de la obligación tributaria y que, como consecuencia de ello, puede pedirse la terminación del proceso coactivo o la devolución del pago de lo no debido?.
Oportunidades para alegar la prescripción.- La ley 791 de 2002, artículo 2°, dispuso: Agréguese un inciso segundo al artículo 2513 del Código Civil, del siguiente tenor:
?La prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva, podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el propio prescribiente, o por sus acreedores o cualquiera otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella?.
En 1994, la H. Corte Suprema de Justicia decidió que la prescripción extintiva debe proponerse como excepción, no como acción. Dijo la Corte: ?Es evidente, entonces, que si el transcurso de un lapso determinado de tiempo implica la prescripción del derecho que se ejerce mediante una acción judicial, ese fenómeno debe alegarse por el demandado por vía de prescripción, porque el fundamento racional de la prescripción liberatoria es de alguna manera análoga al de la adquisitiva,..23
Es evidente que conforme a los Arts. 90 y 91 del C.P.C. la prescripción se interrumpe con la notificación de la demanda, con efectos desde la presentación de la misma o de la notificación del auto que la admite, según el caso, y conforme al imperativo del Art. 2536 del C.C., según la redacción de la ley 791 citada, ?Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término?.
A renglón seguido afirma, con rigor jurídico que ?esta es una dificultad meramente procesal, que no debe obstaculizar por completo la aplicación de la norma sustancial que dispone el inicio de un nuevo plazo prescriptivo en contra del acreedor negligente que, sin justificación, abandona el proceso por un lapso igual al de la prescripción inicial?? advirtiendo, claro está, que mientras el demandante esté impulsando el proceso o se encuentre pendiente una actuación del juez no debe correr la prescripción extintiva, porque los actos procesales del demandante mantienen vigente su derecho y la demora en el servicio de justicia no debe perjudicar al actor, ni beneficiar injustamente el deudor.
Para cada caso en particular hay que tener en cuenta el término de prescripción que fija la ley, pues no es uniforme para todos los eventos.
Es jurídicamente indiscutible que una vez interrumpida la prescripción por la notificación de la demanda, desde el día siguiente a la interrupción se comienza a contar un nuevo término que fatalmente llevaría, cumplido objetivamente el tiempo, a la declaración de la prescripción con el efecto definitivo de la extinción de la obligación.
Si el demandado no propone excepciones de mérito frente a la existencia de la obligación, estando activo el proceso, ha de entenderse que el deudor día a día está reconociendo la deuda y por lo tanto interrumpiendo la prescripción. En este caso el término fatal de prescripción solo se contará a partir de la inactividad definitiva del proceso, la cual algún día llegará.
Si el demandado propone excepciones de mérito y se opone a reconocer parcialmente la existencia de la obligación por la razón que sea, y, antes de dictarse sentencia que ordene seguir adelante la ejecución, corre el tiempo hasta cumplirse un nuevo término de prescripción, hay lugar a que se declare la prescripción respecto de la parte de la obligación a que se opuso.
Si el demandado propone excepciones de mérito y se opone a reconocer la existencia de la obligación por la razón que sea, y, antes de dictarse sentencia que ordene seguir adelante la ejecución, corre el tiempo hasta cumplirse un nuevo término de prescripción, hay lugar a que se declare la prescripción.
Si el demandado propone excepciones de mérito, y se inactiva el proceso y corre el tiempo hasta cumplirse un nuevo término de prescripción, hay lugar a que se declare la prescripción.
Si se dicta sentencia que ordena seguir adelante la ejecución y luego se inactiva el proceso y corre el tiempo hasta cumplirse un nuevo término de prescripción, hay lugar a que se declare la prescripción.
Entonces, es importante precisar que el Art. 90 del C.P.C. debe interpretarse hoy de tal manera que la interrupción de la prescripción se da desde la presentación de la solicitud de conciliación obligatoria, bajo el entendido que la audiencia de conciliación se lleve a cabo, siempre y cuando la demanda se presente y se notifique dentro del término de un año contado a partir del día siguiente a la celebración de la audiencia de conciliación. IV
El término de prescripción extintiva o liberatoria está consagrado por la ley para cada caso en particular. Durante el proceso, inexorablemente corre un nuevo término de prescripción, cuya contabilidad se hará según el comportamiento del deudor en cuanto reconozca la deuda y del acreedor en cuanto permita la inactividad del proceso. Una vez cumplido el término de prescripción se puede alegar y debe reconocerse en el mismo proceso. Si esta solución no es aceptada por la jurisprudencia, queda la opción indiscutible de recurrir al proceso ordinario para que se declare la prescripción.
Durante el trámite del proceso ordinario en el que se pretende la declaración de prescripción deberá suspenderse el proceso de pago (ejecutivo) pues estaría pendiente la resolución de una cuestión prejudicial, al tenor del Art. 170 del C.P.C.
Académico de número_________________________________________
1 FRADIQUE-MÉNDEZ, Carlos. Adagios y Términos Jurídicos Latinos. Edit. Gustavo Ibañez. Bogotá, 1998. En este libro hago distinción entre el juez institución y el juez personal. El primero se refiere, por ejemplo, al juez civil del circuito y el segundo al juez primero civil del circuito. La jurisprudencia debe ser aplicaba de manera uniforme por todos los jueces civiles del circuito, para que no se entienda como la interpretación individual o caprichosa de una persona, que ocasionalmente se desempeña como operador judicial. 2 GARCIA GARRIDO, Manuel Jesús. Diccionario de Jurisprudencia Romana, Dykinson, 2 edic, Madrid, 1986.
4 CORRIPIO, Fernando. Diccionario etimológico general de la lengua castellana, Bruguera, Edic Especial, 1979. 5 BONFANTE, Pedro. Instituciones de Derecho Romano, 5 Edic. Instituto editorial Reus, Madrid, 1979. 6 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen general de las obligaciones, Temis, Bogotá, 1987. 7 XXVI CONGRESO Colombiano de Derecho Procesal. Memorias. Universidad Libre, Bogotá. 2005
9 PÉREZ VIVES, Álvaro. Teoría General de las Obligaciones, V. 3, Temis, 1955, Bogotá. 10 RESTREPO BARRIENTOS, Jesús M. Comentarios al Código Judicial, Tipografía San Antonio, Medellín, 1950.
11 En el periódico AMBITO JURIDICO, del 27 de agosto al 9 de septiembre de 2007, página 12, se informa que ?El Ministerio del Interior y de Justicia presentó un proyecto de ley que revive la figura de la perención por inactividad en los procesos civiles. Según la iniciativa, si un expediente permanece más de seis meses en la secretaría del juzgado, el juez podrá decretar su perención.? PL 62/07 Cámara 12 DI PIETRO Alfredo, LAPIEZA Ángel. Manual de Derecho Romano, Depalma. 1985
14 CABRERA GUTIÉRREZ, Alberto. Ensayo?Breve Ensayo Jurídico sobre las Obligaciones Irredimibles?, En: Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia No. 280-281.
15 HINESTROSA FORERO, Fernando. ENSAYOS JURIDICOS LIBER AMICORUM, en homenaje al profesor Carlos Holguín Holguín, Ediciones Rosaristas, Bogotá, 1996 16 Reza el Art. 1527: Tales son: 2) Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Aclaro que también son naturales las obligaciones comerciales y laborales extinguidas por prescripción. 17 Continúa el artículo: En las conductas punibles que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años. Para este efecto se tendrán en cuenta las causales sustanciales modificadoras de la punibilidad.
19 Los decretos reglamentan la vinculaciones de los empleados oficiales. 20 El académico Dr. Juan Rafael Bravo Arteaga, con fecha 26 de marzo de 2007, dio respuesta a una pregunta relacionada con la prescripción de la obligación tributaria. Fue aprobada de manera unánime por la Academia Colombiana de Jurisprudencia y aparece publicada en la revista No 335.
Resolución No 018 de 2007 (Octubre 8)Por la cual se aprueba la ponencia con autoridad de la Academia.

References: Resolución 
 artículo 25
 Artículo 209

artículo 88
 artículo 2536

ARTÍCULO 83
 artículo 151
 artículo 99
 artículo 2
 artículo 2513
 resolución 

Resolución