Source: https://tc.vlex.es/vid/stc-28-f-j-15355407
Timestamp: 2019-10-15 11:00:33+00:00

Document:
STC 17/1996, 7 de Febrero de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 15355407
STC 17/1996, 7 de Febrero de 1996
Fecha de Resolución: 7 de Febrero de 1996
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.754/1993
1. Como manifestábamos en la STC 127/1995, la libertad sindical desde la perspectiva del art. 28.1 C.E., interpretada sistemáticamente con el art. 7 y con el canon hermenéutico sentado por el art. 10.2, ambos de la Ley fundamental, supone una enumeración de derechos que no constituye un «numerus clausus». En el contenido de este precepto se integra también la vertiente funcional del derecho a la actividad sindical (así lo ha destacado la STC 94/1995, recordando otras anteriores), que garantiza un ámbito esencial de libertad para organizarse a través de instrumentos de actuación de la forma que se considere más adecuada a la efectividad de la acción, dentro, claro está, del respeto a la Constitución y a la Ley (STC 292/1993) [F.J. 4]. 2. En casos como éste, en que juega la facultad de libre cese como consecuencia de la de libre nombramiento, procede el examen de si aquél se ejercita con el fin de limitar, impedir o coaccionar el derecho fundamental, para lo cual y por razón asimismo de dicha especial situación, debe partirse de la presunción de legitimidad de ejercicio de la referida facultad en el plano de la legalidad ordinaria pero con la correlativa exigencia de que el recurrente que alega vulneración de este derecho fundamental acredite «la existencia de un fondo o panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación por razones sindicales» (STC 293/1993), según las reglas de «distribución de la carga de la prueba para la efectividad de la tutela antidiscriminatoria por razones sindicales», y según las cuales «incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a un derecho fundamental», y al recurrente «la existencia de indicios que generen una razonable sospecha o presunción a favor de semejante alegato» [F.J. 5]. 3. Es manifiesto que la Administración, ni al decidir el cese ni tampoco en el curso del proceso, ha probado (y ni siquiera alegado con fundamentación suficiente) que tuviese por causa y finalidad otros motivos relativos a la organización del servicio «razonables y ajenos a todo propósito contrario al derecho fundamental» del recurrente, como habíamos señalado en la citada STC 293/1993. Antes al contrario, el único fundamento suministrado en este aspecto fue el de «estar el servicio suficientemente atendido» por el otro oficial destinado en él, afirmación que no justifica por sí sola la decisión. Tal simultaneidad entre la exoneración del servicio como efecto del nombramiento sindical y el cese correlativamente acordado, permite apreciar una relación de causa a efecto en la que correspondía a la Administración justificar suficientemente cuáles fuesen los motivos de autoorganización en que se fundó una medida que, sin ellos, queda desprovista de otro fin conocido que el de privar del puesto a un representante sindical beneficiario de la situación indicada, y precisamente con motivo de esta situación. Sin que, además, haya constancia de dato alguno del cual inferir que, por efecto de la especial naturaleza del cargo, los efectos del cese hubieran de ser distintos a la simple reserva del mismo destino ocupado cuando se acordó la remoción [F.J. 6].
Sentencia citada en: 936 sentencias, 17 artículos doctrinales, un tema práctico
En el recurso de amparo núm. 1.754/93, interpuesto por don José Antonio C. C. representado por la Procuradora doña María Teresa Rodríguez Pechín y defendido por el Letrado don Enrique Herrera García, contra Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en recurso contra Resolución de la Dirección General de la Policía. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado en defensa de la Administración demandada, siendo Ponente el Magistrado don José Gabaldón López, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en el Juzgado de Guardia el 28 de mayo de 1993 y en este Tribunal el 31 de mayo siguiente, doña María T. R. P. Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don José Antonio C. C. interpone recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) de 15 de marzo de 1993.
a) El demandante de amparo, don José Antonio C. C. fue nombrado para ocupar el puesto de trabajo de Jefe de Grupo Técnico, como Delegado Regional de Acción Social en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, el día 2 de septiembre de 1986, por el procedimiento de libre designación.
b) En el año 1990, el señor C. C. fue elegido por la Asamblea Regional del Sindicato Profesional de Policía (S.P.P.) como representante sindical, para los cargos de Vicepresidente y Asesor Jurídico Regional.
c) El día 29 de noviembre de 1991 el Sindicato decidió exonerar al señor C. de su actividad profesional, en uso de la facultad que le confiere el art. 22.2 d) de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la Circular núm. 29, de 15 de febrero de 1988, de la Dirección General de la Policía, en su apartado 2. Dicha exención fue autorizada por la Dirección General de la Policía con efectos desde dicho día hasta el 31 de diciembre de 1991, prorrogándose automáticamente por años naturales de acuerdo con las normas expresadas.
d) La Dirección General de la Policía decidió cesar al señor C. C. en el puesto que venía desempeñando, en Resolución fechada el 29 de noviembre, cuya notificación no se produjo hasta el 10 de enero de 1991. El señor C. recurrió la Resolución administrativa, entendiendo que comportaba violación del derecho de libertad sindical.
4. Por providencia de 10 de junio de 1993 la Sección acordó conceder al recurrente un plazo de diez días para que aportara y acreditara la fecha de notificación de la Sentencia recurrida de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 15 de marzo de 1993. El 22 de junio de 1993 cumplió dicho requerimiento.
6. Por escrito registrado el 10 de marzo de 1994 en los Juzgados de Guardia de Madrid el recurrente en amparo reiteró lo manifestado en su demanda de amparo, precisando que, aunque sea de manera indirecta, la Administración está mediatizando y condicionando la libertad de autoorganización de los sindicatos (en este caso, de un sindicato de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía). Pues es evidente que si, en contra de lo establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical (art. 9), Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado [art. 22.2 d)], y Convenio 151 de la O.I.T. (art. 8), la Administración vulnera la garantía de reserva del puesto de trabajo establecida en dichas normas a favor de los representantes sindicales, está incidiendo, de forma coactiva, en el libre ejercicio de la libertad sindical.
Por ello, si no formalmente, sí sustancialmente, se ha producido la violación del derecho a la tutela judicial efectiva. Pues no otra cosa es que un justiciable presente ante un Tribunal una cuestión relativa a un derecho que le asiste, en virtud de una normativa especial, y aquél resuelva sin analizar si realmente existe ese derecho o no, limitándose a aplicar la normativa general, que nadie ha puesto en tela de juicio. Lo que se debía haber resuelto era la aplicabilidad o no de una legislación especial que hacía inaplicable la mencionada normativa general, y que era lo solicitado. Al no haberse resuelto sobre lo solicitado, se está quebrantando lo dispuesto en el art. 24 de la Constitución.
10. Por providencia de 26 de mayo de 1994 la Sección acordó acusar recibo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de las actuaciones remitidas y dar vista de las mismas a la parte recurrente, al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podían presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica de este Tribunal.
12. El Abogado del Estado por escrito que tuvo entrada el 15 de junio de 1994 solicita que se deniegue el amparo, alegando, en síntesis, que la decisión administrativa de cesar al señor C. C. como Jefe del Grupo Técnico Delegado Regional de Acción Social de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, para el que había sido nombrado por el procedimiento de libre designación, no se acredita que traiga causa de su elección para ocupar el cargo sindical de Vicepresidente y Asesor Jurídico del Sindicato Profesional de Policía (S.P.P.). Más bien, la propuesta de cese se fundó en la circunstancia de «estar el servicio suficientemente atendido». Siendo así, la simple aplicación del art. 22.2 d) de la Ley Orgánica 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública, norma de carácter estatutario, justifica el cese. Las facultades de autoorganización propias de la Administración permiten a ésta el nombramiento y el cese de los funcionarios para ocupar los puestos de libre designación en consideración de las necesidades coyunturales del servicio.
Sin perjuicio de lo expuesto, la remoción en un puesto de trabajo de libre designación de un funcionario no es contraria al derecho de libertad sindical. Respecto del conjunto de derechos que integran el núcleo de la llamada libertad sindical individual, debe indicarse que los derechos, facultades y garantías reconocidos a los que ostentan su condición de Delegado sindical, no son algo inherente al contenido esencial -como ha declarado este Tribunal en las SSTC 61/1989, fudamento jurídico 4., y 84/1989, fundamento jurídico 3., y en el ATC 139/1992, fundamento jurídico 1., sino creación del legislador, de suerte que sólo en el marco de su regulación legal tienen cabida y pueden ser reconocidos. Así ocurre con el denominado derecho a la «reserva del puesto de trabajo» de los representantes sindicales en tanto ostenten dicha condición a que se refiere el art. 9.1 b) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y, dentro de su ámbito de aplicación, el art. 22.2 d) de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo decidió que, en el caso concreto, el cese podía acordarse libremente pues el superior jerárquico del demandante lo había razonado fundándose en que el servicio quedaba suficientemente atendido con el oficial de policía también adscrito al mismo. Argumentaba además que carece de sentido pensar que una fórmula excepcional de acceso a un puesto de trabajo pueda determinar un derecho de permanencia, pues el libre cese va unido a la libre designación. Por último, razonaba que la alusión al «puesto de trabajo» ha de entenderse con relación a aquéllos a los que se accede de forma ordinaria, no excepcional.
2. Con carácter previo debe señalarse como antes indicamos, que aunque el objeto de impugnación en este recurso fue la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que se agotó la vía judicial, el reproche constitucional se dirigía únicamente frente a la Resolución administrativa que, al acordar el cese del funcionario recurrente, vulneró, según éste, el derecho fundamental reconocido en el art. 28 de la Constitución. La denuncia de lesión del art. 24 no alcanza en este caso a fundar la impugnación autónoma de la Sentencia puesto que se invoca, no por motivo distinto, sino exclusivamente con el mismo razonamiento, o sea el de que el Tribunal lo había infringido al no dar satisfacción a la pretensión ejercitada.
3. No se trata, pues, aquí de la cuestión de legalidad ordinaria relativa a la reserva obligatoria del puesto de trabajo a favor de los representantes sindicales. Trátase en el fondo de determinar si, también en el caso de puestos de trabajo de libre designación, la correlativa libertad de cese y el derecho a la reserva del puesto viene o no limitada y en qué medida por el derecho fundamental del funcionario que desempeñe cargo sindical. Y hemos de partir de la afirmación de que si aquella libre facultad implica discrecionalidad pero no arbitrariedad y en consecuencia es fiscalizable cuando exista desviación de poder, en el plano de la constitucionalidad queda a su vez también limitada, cuando se trata de representantes sindicales, por el derecho fundamental de libertad sindical, que se opone a la remoción si ello puede constituir instrumento de coacción o condicionamiento del ejercicio del cargo sindical.
La Sentencia impugnada sostiene que, puesto que se trata de un cargo de libre designación, la misma libertad que hay para designar la hay para destituir. Y claro que ha de considerarse, como manifestábamos en la STC 127/1995, que la libertad sindical desde la perspectiva del art. 28.1. C.E., interpretada sistemáticamente con el art. 7 y con el canon hermenéutico sentado por el art. 10.2, ambos de la Ley fundamental, supone una enumeración de derechos que no constituye un numerus clausus. En el contenido de este precepto se integra también la vertiente funcional del derecho a la actividad sindical, (así lo ha destacado la STC 94/1995, fundamento jurídico 2., recordando otras anteriores), que garantiza un ámbito esencial de libertad para organizarse a través de instrumentos de actuación de la forma que se considere más adecuada a la efectividad de la acción, dentro, claro está, del respeto a la Constitución y a la Ley (STC 292/1993). Mas este derecho, como cualquier otro, no es ilimitado ni absoluto.
No hay duda, pues, de que en el art. 28.1 C.E. se integra el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical comprensiva de todos los medios lícitos y sin injerencias de terceros (SSTC 37/1983, 51/1984 y 134/1994). La importancia que alcanza la libertad sindical como expresión de la defensa y promoción de los derechos que le son propios con arreglo al art. 7 C.E., obliga a que nuestro enjuiciamiento, según dice la citada STC 94/1995, no se pueda circunscribir a verificar el carácter motivado, razonable y no arbitrario de la resolución impugnada ya que el derecho afectado no es el del 24 C.E. sino un derecho fundamental sustantivo como es el de la libertad sindical. Por el contrario, ha de extenderse a examinar detenidamente la corrección constitucional de la ponderación efectuada entre el ejercicio del derecho y sus límites para evitar que el contenido de la libertad sindical resulte indebidamente sacrificado.
Pero, como también decíamos en la STC 127/1995, por lo que respecta a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece, de acuerdo con el diseño constitucional del derecho de sindicación de la Policía (art. 28.1 C.E.), ciertas limitaciones a su ejercicio que se explican por las especiales características de la función policial y su carácter de instituto armado. Concretamente los límites vienen dados por el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución.
5. En definitiva, como dijimos en la STC 85/1995, reiterando la doctrina de la STC 293/1993 y del ATC 367/1989 «la libertad sindical no confiere a los representantes sindicales el derecho a la intangibilidad de su puesto de trabajo, que impida a la Administración adoptar aquellas medidas que, desde el aspecto organizativo de sus servicios, considere necesarias para el mejoramiento y mayor eficacia de éstos, corrigiendo sus deficiencias con la adscripción a los mismos de aquellos funcionarios que estime más capaces, sin que tal cambio constituya limitación alguna al libre ejercicio de sus funciones sindicales». Y esta doctrina es especialmente aplicable cuando el recurrente no accedió a su puesto de trabajo en virtud de un concurso de méritos, sino por libre designación, tal y como se puso de manifiesto en la Sentencia impugnada (STC 127/1995).
Por otra parte, según puntualizó la STC 293/993 «la libertad sindical no entraña la inmunidad de sus titulares frente a la aplicación razonable de reglas jurídicas generales (ATC 103/1991) y tampoco confiere a los miembros de la Junta de Personal el derecho a la intangibilidad de su puesto de trabajo» (ATC 367/1989). Y por otra parte, como hemos declarado en SSTC 61/1989, fundamento jurídico 4., 84/1989, fundamento jurídico 3. y ATC 139/1992, los derechos, facultades y garantías reconocidos a los que ostentan la condición de Delegado sindical no son inherentes al contenido esencial del derecho sino creación del legislador y sólo en el marco de su regulación legal tienen cabida y pueden ser reconocidos.
Trátase, en definitiva, de la ponderación precisa en cada caso entre la motivación, en vista exclusivamente de las exigencias de organización o reorganización del servicio y la protección de la situación derivada del cargo sindical desempeñado frente a los fines que, lejos de aquel designio, pretendan un efecto lesivo para el derecho fundamental de libertad sindical.
Por consiguiente, también en casos como éste, en que juega la facultad de libre cese como consecuencia de la de libre nombramiento, procede, como más atrás decimos, el examen de si aquél se ejercita con el fin de limitar, impedir o coaccionar el derecho fundamental, para lo cual y por razón asimismo de dicha especial situación, debe partirse de la presunción de legitimidad de ejercicio de la referida facultad en el plano de la legalidad ordinaria pero con la correlativa exigencia de que el recurrente que alega vulneración de este derecho fundamental, acredite «la existencia de un fondo o panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación por razones sindicales» como dijimos en la STC 293/1993, según las reglas de «distribución de la carga de la prueba para la efectividad de la tutela antidiscriminatoria por razones sindicales», a las que allí mismo se recurría, y según las cuales «incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a un derecho fundamental», y al recurrente «la existencia de indicios que generen una razonable sospecha o presunción a favor de semejante alegato».
6. Es claro aquí que el recurrente vino alegando, tanto ante el Tribunal Contencioso-Administrativo como ante nosotros, unas circunstancias de su destitución según las cuales ésta había sido acordada como directa consecuencia y reacción a la exoneración de su actividad sindical. Y es también manifiesto que la Administración, ni al decidir el cese ni tampoco en aquel o este proceso, ha probado (y ni siquiera alegado con fundamentación suficiente) que tuviese por causa y finalidad otros motivos relativos a la organización del servicio «razonables y ajenos a todo propósito contrario al derecho fundamental» del recurrente, como habíamos señalado en la citada STC 293/1993. Antes al contrario, el único fundamento suministrado en este aspecto fue el de «estar el servicio suficientemente atendido» por el otro oficial destinado en él, afirmación que, como veremos, no justifica por sí sola la decisión. Así, aparte no ser reciente la existencia de un colaborador en el servicio el cese se acordó en fecha coincidente (29 de noviembre de 1991, si bien notificada el 10 de enero de 1992) con aquélla en la que el sindicato propuso la exoneración del señor C. de su actividad profesional en aplicación del art. 22.2 d) de la L.O. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Circular núm. 29, de 15 de febrero de 1988 de la Dirección General de la Policía. Tal simultaneidad entre la exoneración del servicio como efecto del nombramiento sindical y el cese correlativamente acordado permite apreciar una relación de causa a efecto en la que correspondía a la Administración justificar suficientemente cuáles fuesen los motivos de autoorganización en que se fundó una medida que, sin ellos, queda, desprovista de otro fin conocido que el de privar del puesto a un representante sindical beneficiario de la situación indicada, y precisamente con motivo de esta situación. Sin que, además, haya constancia de dato alguno del cual inferir que, por efecto de la especial naturaleza del cargo, los efectos del cese hubieran de ser distintos a la simple reserva del mismo destino ocupado cuando se acordó la remoción.
1. Declarar que al recurrente se le ha vulnerado su derecho de libertad sindical, al no reconocerle el de reserva del puesto de trabajo.
2. Restablecerle en el mismo, anulando la Resolución de la Dirección General de la Policía de fecha 29 de noviembre de 1991, acordando el cese del recurrente en su destino de Jefe del Grupo Técnico como Delegado Regional de Acción social en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, así como la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que la confirma, en cuanto no otorgaron el derecho a la reserva en el puesto de trabajo.
STSJ Cantabria 658/2014, 29 de Septiembre de 2014
SAP Valladolid 105/2005, 7 de Abril de 2005
STSJ Cataluña 8228/2001, 26 de Octubre de 2001

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución