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Timestamp: 2018-08-17 07:42:49+00:00

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﻿ Sentencia 2001-00691 de noviembre 22 de 2012
SENTENCIA 2001-00691 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:CONTRATO REALIDAD DE LOS DOCENTES. LA LABOR DEL DOCENTE NO ES INDEPENDIENTE SINO QUE EL SERVICIO SE PRESTA EN FORMA PERSONAL Y DE MANERA SUBORDINADA AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y LOS REGLAMENTOS PROPIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN. A LOS DOCENTES VINCULADOS MEDIANTE CONTRATOS U ÓRDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE LES DEBE RECONOCER A TITULO DE DAÑO, EL EQUIVALENTE A LAS PRESTACIONES SOCIALES QUE PERCIBEN LOS DOCENTES OFICIALES DE LA RESPECTIVA ENTIDAD CONTRATANTE, TOMANDO EL VALOR DE LO PACTADO EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DOCENTE
Sentencia 2001-00691 de noviembre 22 de 2012
Radicación: 150012331000200100691 01
Expediente: 1156-2012
Actor: Nancy Yaneth Castellanos
Consiste en establecer si el oficio de 9 de febrero de 200 expedido por la Alcaldía Municipal de Chitaraque constituye un acto administrativo. En caso de que así lo fuese, se debe determinar si Nancy Yaneth Castellanos tiene derecho a que el municipio accionado le pague los salarios y prestaciones sociales que le adeuda como consecuencia del contrato realidad suscrito para el desempeño del cargo de docente; o si por el contrario, las órdenes y contratos de prestación de servicios fueron celebrados conforme a la Ley 80 de 1993.
Oficio de 9 de febrero de 2001, suscrito por el Alcalde Municipal de Chitaraque, mediante el cual le informó a la actora que de conformidad con la orden de servicios 458 de 10 de octubre de 2000, su vinculación “(...) no genera derechos de permanencia en el servicio educativo, ni relación laboral alguna con el municipio (...)”, por lo que solicita un plazo de 120 días para estudiar el caso de los maestros y se comprometió a buscar recursos fiscales para pagar los derechos laborales (fls. 4-7).
La vinculación de la demandante
A folio 185 se incorporó la Resolución 2204 de 3 de julio de 1996 de la Junta Seccional de Escalafón del departamento de Boyacá, que inscribió en grado 1º del Escalafón Nacional Docente a la actora.
A folio 102 el director de núcleo de desarrollo educativo del municipio de Chitaraque aportó la hoja de vida de la demandante y certificó que prestó su servicio como docente de primaria en instituciones educativas del sector rural, contratada por el municipio (no especificó fechas) (fl. 99).
A folios 42 a 56, 87 a 92 se incorporó la nómina de pago de profesores del municipio de Chitaraque de marzo a noviembre de 1994, y de enero a diciembre de 1999, donde está registrada la demandante, quien además, recibió las primas de navidad y vacaciones correspondientes al mismo año.
Entre el municipio de Chitaraque y la actora, se suscribieron sucesivos contratos de prestación de servicios con el objeto de ejercer la docencia, relacionados a continuación:
• Entre el 1º de agosto y el 30 de noviembre de 1992 (fl. 85).
• Del 1º de febrero al 30 de junio de 1993 (fl. 86).
• Nº 003/95 entre el 1º de febrero y el 30 de diciembre de 1995 (fls. 83-84).
• Nº 04 entre el 1º de marzo y el 30 de junio de 1996 (fls. 81-82).
• Del 30 de julio al 30 de diciembre de 1996 (fls. 75-76).
• Nº 005 entre el 1º de enero y el 30 de diciembre de 1997 (fls. 79-80).
• Del 1º de enero al 31 de diciembre de 1998 (fls. 77-78).
Entre el ente territorial y la demandante se celebraron las órdenes de prestación de servicios que se relacionan a continuación:
• Nº 167 de 25 de abril de 2000 (fls. 65-69).
• Nº 186 de 1º de mayo de 2000 (fl. 74).
• Nº 300 de 10 de julio de 2000 (fls. 72-73).
• Nº 458 de 10 de octubre de 2000 (fls. 70-71).
Igualmente celebraron, las órdenes de servicio descritas a continuación:
• Nº 007 de 1º de febrero de 2001 (fls. 63-65).
• Nº 53 de diciembre de 2001 (fls. 66-67).
• Nº 038 de 1º de agosto a 30 de noviembre de 2002 (fls. 57-59).
• Nº 023 de 1º de mayo de 2002 (fls. 60-62).
A folio 2 se incorporó la petición de 4 de diciembre de 2000, mediante la cual la demandante le solicitó al Alcalde Municipal de Chitaraque lo siguiente:
1. Pagarle las diferencias salariales y prestaciones sociales derivadas de la vinculación laboral con la entidad, de acuerdo con el escalafón docente.
2. La indemnización por la terminación de la relación laboral por causa imputable a la institución, “(...) el equivalente al salario pagado por el seguro al personal planta que desempeña idénticas funciones”, con la corrección monetaria y los intereses corrientes moratorios, generados desde la vinculación hasta el pago efectivo.
3. La indemnización por la no afiliación al fondo de cesantías y demás prestaciones legales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Mediante el oficio de 9 de febrero de 2001, el Alcalde Municipal de Chitaraque le informó a la actora que de conformidad con la orden de servicios 458 de 10 de octubre de 2000, la vinculación “(...) no genera derechos de permanencia en el servicio educativo, ni relación laboral alguna con el municipio (...)”, por lo que solicita un plazo de 120 días para estudiar el caso de los maestros y se compromete a buscar recursos fiscales para pagar los derechos laborales (fls. 4-7) (acto acusado).
La inepta demanda
El a quo declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda y se inhibió de estudiar las pretensiones de la demanda, porque en su criterio, el acto acusado constituye un acto administrativo de trámite, en tanto que no puso fin a la actuación administrativa.
La demandante en el escrito de apelación advirtió que el juez de primera instancia se equivocó al catalogar como de trámite un acto administrativo mediante el cual la administración municipal le negó los derechos laborales, es decir, que puso fin a la actuación administrativa.
Por lo anterior, vale traer a colación el oficio de 9 de febrero de 2001, suscrito por el Alcalde Municipal de Chitaraque, cuyo contenido es el siguiente:
“(...) Me permito manifestarle sobre el agotamiento vía gubernativa que usted interpone en contra del municipio en el mes de diciembre del año 2000, como es sabido por usted fui elegido alcalde municipal por elección popular el 29 de octubre del año inmediatamente anterior, para el período 2001-2003 y para iniciar mis labores como alcalde y representante legal del municipio se realizó el empalme el 17 de enero del presente año, en el cual me entregaron aproximadamente 11 procesos de maestros donde solicitan algunos derechos.
De lo anterior me permito informarle que la forma como venían siendo contratados es por orden de prestación de servicios y en su caso la última fue del 10 de octubre del año 2000 con el número 458 y en esta, en la parte de existencia de relación laboral anota “la presente orden de servicios no genera derechos de permanencia en el servicio educativo, ni relación laboral alguna con el municipio” y en su parágrafo aclara “el municipio se reserva el derecho a dar por terminado o prorrogar la presente orden de prestación de servicios en cuantas veces lo considere necesario, sin que esto implique la existencia de relación laboral alguno”.
Por lo anteriormente expuesto me permito solicitarle 120 días de plazo para estudiar el caso de los maestros puesto que este se debe analizar desde el punto de vista laboral, presupuestal y financiero, y sobre este caso mi antecesor no había dado ninguna respuesta como se puede constatar en el acta de empalme.
Es decir me comprometo a buscar recursos fiscales, y si los logro conseguir, prestaré en forma inmediata un proyecto de adición presupuestal, al consejo municipal (sic) con el fin de lograr la aprobación legal, y poder pagar esos derechos laborales, asunto que debieron hacerlo mis antecesores, pero lamentablemente no cumplieron esa función, la cual me corresponde y espero cumplir siempre y cuando haya los recursos fiscales” (resaltado del texto y subrayas de la Sala).
Tiene razón el a quo al decir que a través del oficio de 9 de febrero de 2001, la Alcaldía Municipal de Chitaraque pide un plazo de 120 días para estudiar el caso, empero, no puede perderse de vista que dicho lapso no es para resolver la petición, sino para estudiar la posibilidad de obtener recursos, asunto bien distinto del planteado en esta controversia.
En las líneas subrayadas, la Sala observa que efectivamente la petición de la actora fue atendida, en tanto que la administración le informó que según las órdenes de prestación de servicios suscritas, no se generaron derechos de permanencia ni relación laboral con el municipio de Chitaraque, es decir, que la respuesta fue negativa.
En ese orden de ideas, la actuación administrativa en relación con el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales solicitadas por la actora, fue despachada en forma desfavorable a través del oficio de 9 de febrero de 2001 suscrito por el Alcalde de Chitaraque, y en consecuencia, se entiende agotada la vía gubernativa.
En esas condiciones, se revocará el proveído impugnado que declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda y se inhibió para estudiar las pretensiones de la acción incoada, y en su lugar, procede la Sala al estudio del caso planteado en el siguiente orden:
Lo anterior significa, que el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestra la subordinación o dependencia respecto del empleador evento en el cual surgirá el derecho al pago de prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en la relaciones de trabajo, artículo 53 de la Constitución Política.
El contrato realidad de docentes
La Sección Segunda de esta corporación en reiterada jurisprudencia ha estudiado el ejercicio de la profesión docente como aquella que ejerce la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata el Decreto 2277 de 1979, que incluye a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos que determine el reglamento ejecutivo(4).
La anterior definición de la labor docente fue reafirmada por el artículo 104 de la Ley 115 de 1994, al disponer que “El educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos (…)”.
Por su parte, el artículo 45 del Decreto 2277 de 1979 estableció que a los docentes les está vedado abandonar o suspender sus labores de manera injustificada o sin autorización previa, y en el artículo 44 le señalan dentro de sus deberes: “cumplir las órdenes inherentes a su cargo que les impartan sus superiores jerárquicos; cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones propias de su cargo...”.
En cuanto al horario de trabajo, esta Sala debe recordar que en anteriores oportunidades se ha concluido que el horario normal de trabajo de los maestros es el que corresponde a la jornada de los planteles educativos donde laboran “a fin de cumplir con el pensum señalado a este nivel de educación, independiente de su intensidad horaria”(7)(sic).
De lo expuesto se concluye que la labor docente no es independiente sino que el servicio se presta en forma personal y de manera subordinada al cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y los reglamentos propios del servicio público de la educación.
Sin embargo, como se dijo anteriormente, la administración desconoció el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, y con ello ocasionó unos perjuicios que deben ser resarcidos a la luz del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. (...)”.
Esta corporación ha sido clara en establecer, que los docentes vinculados mediante contratos u órdenes de prestación de servicios, se les debe reconocer a título de reparación del daño(5), el equivalente a las prestaciones sociales que perciben los docentes oficiales de la respectiva entidad contratante, tomando el valor de lo pactado en el contrato de prestación de servicios.
“El recuento normativo y probatorio, antes expuesto, permite afirmar a la Sala que la situación de la actora se enmarca en una relación laboral y no de prestación de servicios, lo anterior en aplicación al principio de la primacía de la realidad sobre la formas, artículo 53 de la Constitución Política, según el cual cuando existe un contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública, como en el caso en estudio, y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que, en consecuencia, confiere las prerrogativas de orden salarial y prestacional”(6).
En el escrito introductorio, la actora sostuvo que prestó su servicio como docente del municipio de Chitaraque desde octubre de 1992, vinculada mediante sucesivas órdenes de prestación de servicios, bajo subordinación, dependencia y continuidad, recibiendo como remuneración periódica el pago de 9 meses por año.
El municipio demandado en los alegatos de conclusión de la primera instancia, advirtió que la vinculación de la actora se hizo con fundamento en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 a fin de conjurar una crisis educativa, no para desconocer los derechos ni mucho menos crear una planta paralela, pues el municipio no tenía otra alternativa para atender el servicio educativo.
A folio 99 del expediente, se incorporó la constancia de que la demandante prestó su servicio como docente de primaria en instituciones educativas del sector rural contratada por el municipio, sin especificar fechas.
Por su parte, la nómina de pago de los profesores del municipio de Chitaraque da cuenta de que la actora recibió remuneración por el servicio prestado entre marzo y noviembre de 1994, y entre enero y diciembre de 1999.
Entre el municipio de Chitaraque y la actora, se suscribieron sucesivos contratos de prestación de servicios entre el 1º de agosto y el 30 de noviembre de 1992, el 1º de febrero y el 30 de junio de 1993, el 1º de febrero y el 30 de diciembre de 1995, el 1º de marzo y el 30 de junio de 1996, el 30 de julio y el 30 de diciembre de 1996, el 1º enero y el 30 de diciembre de 1997, y el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1998 (fls. 75 a 86), de los cuales se destaca lo siguiente:
PRIMERA. Objeto del contrato. El objeto del presente contrato es el de la prestación de servicios como docente en la Escuela Rural Nacionalizada de Páramo. Obligaciones del contratista: 1. Son obligaciones del contratista someterse a las normas y programas que trace las autoridades educativas municipales. 2. Ceñirse a las normas, programas y demás orientaciones que establezca el Ministerio de Educación Nacional. 3. Cumplir con las funciones y demás tareas que asigne y programe el director de la institución. 4. Cumplir con las directrices programadas por el directo de núcleo educativo. 5. Demostrar plena idoneidad acorde con las exigencias del cargo en el desempeño de sus funciones. TERCERA. Derechos y obligaciones del municipio: Este se reserva el derecho de ejercer el control sobre la calidad del servicio prestado y se obliga a pagar el valor del presente contrato al contratista de conformidad con la cláusula quinta del presente contrato. PAR.—En el valor del presente contrato está incluida la prima de transporte ($ 13.567), alimentación ($ 14.167), mensualmente y el sueldo de acuerdo al escalafón.
QUINTA. Valor del contrato y forma de pago: El valor monetario del presente contrato es de un millón ciento diecisiete mil quinientos ochenta y cuatro pesos (1.117.584) m/cte. que el municipio pagará al contratista en seis (06) cuotas mensuales vencidas, por intermedio de la tesorería municipal.
En el contrato de prestación de servicios visible a folio 85, además, se observa:
PRIMERO.—Objeto del contrato.— El presente contrato tiene como objeto la prestación de los servicios como docente en la escuela rural que se establezca. SEGUNDO.—Valor del contrato y forma de pago. —El valor del presente contrato será por la suma de trescientos cuatro mil doscientos pesos m/cte. (304.200) que el municipio pagará al docente proporcionalmente al cabo de cada mes, la suma de setenta y seis mil cincuenta pesos m/cte. (76.050) mensuales. TERCERA.—Normas y especificaciones. —El docente deberá ceñirse a los programas vigentes que para cada curso ha establecido el Ministerio de Educación Nacional. CUARTA.—Derechos y obligaciones. —El municipio se reserva el derecho de ejercer el control sobre calidad del servicio, y se obliga a pagar el valor del servicio al docente conforme lo estipulado en la cláusula segunda. QUINTA.—Duración. —El docente, se compromete para con el municipio a prestar sus servicios por el término de cuatro meses contados a partir del 1º de agosto de 1992 hasta el 30 de noviembre del mismo año.
NOVENA.—El docente arriba identificado prestará sus servicios en la Escuela Capita y Villabona y queda en disponibilidad de ser trasladado a la concentración educativa que a juicio del CONTRATANTE amerite sus servicios, dentro de esta jurisdicción”.
Entre el ente territorial y la demandante se celebraron las órdenes de prestación de servicios 167 de 25 de abril, 186 de 1º de mayo, 300 de 10 de julio y 458 de 10 de octubre de 2000 (fls. 65-74), cuyo contenido, es el siguiente:
A realizar para el municipio de Chitaraque con destino a la escuela de Santo Domingo del municipio de Chitaraque, el servicio profesional.
SEXTA: La presente orden se rige por lo establecido en el artículo segundo del Decreto 51 de 8 de enero de 1999, el cual faculta al nominador para autorizar la prestación del servicio, por parte de docentes ni vinculados(sic) al servicio educativo estatal para atender las funciones propias de los docentes que se encuentran en situaciones administrativas tales como: Incapacidad superior a treinta (30) días, licencia, comisión, suspensión en el empleo, traslado por amenaza o en caso de vacancia en el cargo.
PAR.—Esta cláusula se entiende vigente y modificada en lo pertinente a las normas que para tal efecto expida el Gobierno Nacional en la vigencia del año 2000.
OBJETO. Garantizar la prestación oportuna y permanente del servicio educativo a los niños del municipio. Obligaciones: El prestatario autorizado por esta orden se compromete con el municipio de Chitaraque Boyacá a prestar sus servicios en materia educativa en la Escuela de Santo Domingo del municipio de Chitaraque en la especialidad de la educación primaria. El prestatario está obligado a cumplir con la Constitución y las leyes de Colombia, en especial con el Decreto 2277 de 1979, Ley 115 de 1994 y 200 de 1995 y demás normas que rigen la prestación del servicio público educativo. Valor y forma de pago: Para todos los efectos legales el valor total de la presente orden de prestación de servicios será de ochocientos tres mil ciento cincuenta y un pesos m/cte. ($ 803.151), pagaderos mes cumplido de cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos m/cte. ($ 472.442), previa certificación de cumplimiento del servicio expedida por el rector, director del establecimiento o director de núcleo educativo y mientras dure la prestación. Existencia de relación laboral: La presente orden de servicios no genera derechos de permanencia en el servicio educativo, ni relación laboral alguna con el municipio.
Igualmente celebraron, las órdenes de servicio 007 de 1º de febrero y 53 de diciembre de 2001, 038 de 1º de agosto a 30 de noviembre y 23 de 1º de mayo de 2002 (fls. 57-67), en las que se resalta lo siguiente:
CUARTA: La presente orden se rige por lo establecido en el artículo 2º del Decreto 2713 del 17 de diciembre de 2001, la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001 y la Directiva Ministerial 3 del 24 de enero de 2002 las cuales facultan al nominador para autorizar la prestación del servicio por parte de los docentes no vinculados al servicio educativo estatal para atender las funciones propias de los docentes que se encuentren en situaciones administrativas tales como: incapacidad superior a 30 días, licencia, comisión, suspensión en el empleo, traslado por amenaza o en caso de vacancia del cargo. Este servicio dará lugar al pago de honorarios.
OBJETIVO: Garantizar la prestación oportuna y permanente del servicio educativo.
Obligaciones: El prestatario autorizado por esta orden se compromete con el municipio de Chitaraque a prestar sus servicios en materia educativa en el establecimiento Escuela de Guayacán y Peña, del municipio de Chitaraque en la especialidad de docente y se obliga a cumplir con la Constitución y las leyes de Colombia y en especial con el Decreto 2277 de 1979 y la Ley 200 de 1995.
Control y certificación: Estará a cargo del jefe o superior inmediato del establecimiento educativo donde se preste el servicio, quien deberá remitir las novedades mensuales a la alcaldía municipal.
Valor y forma de pago: Para todos los efectos legales, el valor de la presente orden de prestación de servicios será por la suma de dos millones doscientos un mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte. (2.201.468) a razón de quinientos cincuenta mil trescientos sesenta y siete pesos m/cte. ($ 550.367) que serán cancelados por mensualidades, valor pactado de común acuerdo entre la administración y quien firma esta orden de prestación de servicios y que la presente orden no constituye vinculación laboral y por lo tanto no tendrá derecho a ningún tipo de prestación o emolumento diferente al valor de la presente orden.
Existencia de relación laboral: La presente orden de prestación de servicios no genera derechos de permanencia en el servicio educativo ni relación laboral alguna con el municipio.
Sobre el primero y segundo, la Sala dirá que en efecto se probaron, pues de los contratos, se concluye que el servicio fue prestado y pagado exclusivamente a la actora, como se desprende de los precitados contratos y órdenes de prestación de servicios.
Teniendo en cuenta lo expuesto, la demandante se encontraba en la misma situación de hecho predicable de los educadores incorporados a la planta de personal de la entidad territorial. Sin duda alguna el servicio no se regulaba por órdenes de prestación de servicios sino que, conforme al principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, existía una relación laboral, que impone la especial protección del Estado en igualdad de condiciones a la de los docentes de planta, según los artículos 13 y 25 de la Constitución Política.
En conclusión, durante toda su vinculación como contratista, la demandante realizó funciones similares a las de los demás docentes de planta de la entidad, pues el hecho de tener la obligación de aplicar las políticas, procedimientos, protocolos y demás reglamentos dictados por el Ministerio de Educación Nacional y de la administración municipal son inherentes a la profesión que ejerce; evidenciando la relación de subordinación respecto de la institución.
Si bien es cierto que dentro del plenario no existen pruebas documentales que demuestren claramente el elemento de subordinación, verbi gracia llamados de atención, memorandos, sanciones, felicitaciones, investigaciones disciplinarias, etc. que permitan afirmar que dependía del superior jerárquico, recibiendo órdenes continuas y realmente subordinadas, también lo es, que tal elemento debe ser apreciado con las funciones inherentes a la labor docente, al criterio jurisprudencial expuesto y al contenido de los contratos de prestación de servicios, como uno de los indicios que contribuyen a la convicción del juez sobre la situación fáctica materia de conocimiento.
En el caso de autos, según obra en el plenario, se suscribieron con la demandante contratos y órdenes de prestación de servicios, de forma casi continua, no se trató, entonces, de una relación o vínculo de tipo esporádico u ocasional sino de una verdadera relación de trabajo que, por ello, requirió de la continuidad durante más de 9 años, constituyéndose en un indicio claro de que bajo la figura del contrato de prestación de servicios se dio en realidad una relación de tipo laboral, en idénticas condiciones a la de los docentes de planta.
Acerca de la vinculación bajo la aparente figura de contrato de prestación de servicios, esta Sala en sentencia de 22 de julio de 2010, expediente 2785-2008, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, en un caso análogo, concluyó lo siguiente:
“2.4. Solución judicial a la utilización fraudulenta del contrato de prestación de servicios.
En la práctica, cuando el legislador utilizó la expresión “En ningún caso... generan relación laboral ni el pago de prestaciones sociales” no consagró una presunción de iure o de derecho, no admite prueba en contrario, puesto que el afectado, como se vio, podrá demandar por la vía judicial competente el reconocimiento de la existencia de la vinculación laboral y, por consiguiente, el pago de las prestaciones sociales a que haya lugar.
El principio de la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, previsto en el artículo 53 de nuestra Carta Política, tiene plena operancia en aquellos eventos en que se hayan celebrado contratos de prestación de servicios para esconder una relación laboral; de tal manera que, configurada la relación dentro de un contrato de esa modalidad el efecto normativo y garantizador del principio se concretará en la protección del derecho al trabajo y garantías laborales, sin reparar en la calificación o denominación del vínculo desde el punto de vista formal, con lo cual agota su cometido al desentrañar y hacer valer la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado[3](sic).
Adicionalmente, el artículo 25 constitucional, establece que el trabajo es un derecho fundamental que goza “...en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”. De ahí que se decida proteger a las personas que bajo el ropaje de un contrato de prestación de servicios cumplan funciones y desarrollen actividades en las mismas condiciones que los trabajadores vinculados al sector público o privado, para que reciban todas las garantías de carácter prestacional, independientemente de las formalidades adoptadas por las partes contratantes. (...)”(7).
En este orden de ideas, no puede desconocer la Sala la forma irregular como ha procedido la entidad demandada, utilizando contratos de prestación de servicios para satisfacer necesidades administrativas permanentes. En estas condiciones la modalidad de contrataciones sucesivas para prestar servicios se convierte en una práctica contraria a las disposiciones atrás señaladas, pues la función pública no concibe esta modalidad para cumplir los objetivos del Estado en tareas que son permanentes e inherentes a éste.
Y para tal efecto, se deben determinar inicialmente cuáles son esas prestaciones ordinarias a que tienen derecho los educadores oficiales (v.gr. prima de navidad, cesantía, etc.) y la forma de su liquidación (v.gr. número de días y valores, etc.), para después calcular, teniendo en cuenta esos parámetros y el valor de esas prestaciones que no pudieron devengar, conforme a los honorarios pactados”(8).
El artículo 53 de la Constitución que establece la prevalencia de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no puede ser escindido, sino concordado con la “irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales”, por lo que una vez declarada la situación irregular del contrato de prestación de servicios, la lógica jurídica y la interpretación gramatical de la norma superior no debe ser otra que reconocer las garantías establecidas en las normas jurídicas(9):
Esta Sección con el cambio jurisprudencial(10) prohíja la aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, respecto de una reparación integral de los daños causados por la administración al momento de celebrar el contrato realidad, indicando que es apenas lógico que la condena ordene producir plenos efectos, ello es, que el tiempo laborado sea útil para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación.
En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico las prestaciones sociales referentes a pensión y salud son cubiertas por la partes que integran la relación laboral, así por ejemplo, en materia pensional durante la ejecución de las órdenes de servicio del actor, se destinaba el equivalente al 10% de la tasa de cotización, monto cubierto por el empleador con un 75% y el trabajador con un 25% (L. 100/93, art. 20 sin sus modificaciones posteriores), y en materia de salud la base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios al sistema general de seguridad social en salud, es la misma contemplada en el sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 (art. 204, par. primero).
Sobre el tema pensional, la Sección Segunda de esta corporación, ya había reconocido tal prestación ordenando computar el tiempo laborado para efectos pensionales, explicando que una vez demostrada la relación laboral, el verdadero principio de la realidad sobre las formalidades permite el otorgamiento de los derechos implícitos, con el siguiente tenor literal:
Por lo anterior, los derechos que por este fallo habrán de reconocerse, se ordenarán no a título de indemnización, como ha venido otorgándose de tiempo atrás, sino como lo que son: el conjunto de prestaciones generadas con ocasión de la prestación del servicio y el consecuente cómputo de ese tiempo para efectos pensionales junto con el pago de las cotizaciones correspondientes, aspectos estos que no requieren de petición específica, pues constituyen una consecuencia obligada de la declaración de la existencia de tal relación...”(11).
“Prescripción de acciones: 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
En consecuencia, se revocará la sentencia impugnada, declarando la nulidad del oficio de 9 de febrero de 2001, suscrito por el Alcalde Municipal de Chitaraque, que negó las prestaciones sociales adeudadas; condenando a título de reparación del daño, al pago de las prestaciones sociales que devengue un docente en el mismo o similar cargo desempeñado por la actora, liquidadas con base en los honorarios contractuales, pagando a título de indemnización las cotizaciones por concepto de caja de compensación y teniendo en cuenta el tiempo laborado para efectos de la pensión de jubilación, por último se negarán las demás pretensiones.
Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el último inciso del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998.
1. REVÓCASE la sentencia de 6 de marzo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá que declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda y se inhibió para estudiar las pretensiones de la acción incoada por Nancy Yaneth Castellanos contra el municipio de Chitaraque (Boyacá).
2. DECLÁRASE la nulidad del oficio de 9 de febrero de 2001, suscrito por el Alcalde del municipio de Chitaraque, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
3. CONDÉNASE al municipio de Chitaraque a pagar a la demandante, a título de reparación del daño, el valor equivalente a las prestaciones sociales comunes devengadas por los empleados vinculados a dicha entidad, durante el período que prestó sus servicios, liquidadas conforme al valor pactado en las órdenes y contratos de prestación de servicios, sumas que serán ajustadas conforme quedó expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
4. DECLÁRASE que el tiempo laborado por la señora Nancy Yaneth Castellanos, bajo la modalidad de orden o contrato de prestación de servicios se debe computar para efectos pensionales.
5. CONDÉNASE al municipio de Chitaraque a pagar a la actora a título de indemnización, las cotizaciones a la caja compensación durante el período acreditado que prestó servicios conforme a la parte motiva, dichas sumas igualmente serán ajustadas conforme quedó descrito.
(2) Consejo de Estado, sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 1654-2000, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
(3) Consejo de Estado, expedientes 0245 y 2161 de 2005, C.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante.
(4) Consejo de Estado, sentencia de 1º de octubre de 2009, expediente 0488-2009, actor: Liliana Esmeralda Jaimes Jaimes, M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
(5) Mediante sentencia del 19 de febrero de 2009, Consejera Ponente Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, expediente 3074-2005, actora: Ana Reinalda Triana Viuchi, se indicó que la liquidación de la condena en los contratos realidad se hará por medio de indemnización a título de reparación de daño, textualmente se dijo: “Respecto a la liquidación de la condena, encuentra la Sala, que es razonable la posición que ha venido sosteniendo la Sección Segunda de ordenar la indemnización reparatoria con base en los honorarios pactados en el contrato, pues en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal dichos emolumentos son la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios, ya que la otra forma sería asimilarlo a un empleado de condiciones parecidas presentándose una situación subjetiva de la administración para definir esta identidad, implicando reabrir la discusión al momento de ejecutar la sentencia”.
(6) Posteriormente, en la providencia de 4 de noviembre de 2010, expediente 0761-2010, actor: Marisel Bohórquez Sarmiento, M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila, dijo lo siguiente:
“En el presente caso, no encuentra la Sala demostrada diferencia alguna entre la llamada vinculación contractual de la actora, y la actividad desplegada por los docentes empleados públicos del municipio, teniendo en cuenta que la demandante laboraba en los mismos establecimientos educativos del ente territorial (fls. 13 a 15), desarrollaba la misma actividad material, según lo afirmado por el ente demandado(6) cuanto argumenta que la contratación de la demandante se realizó con ocasión de la insuficiente planta de personal para prestar los servicios de forma permanente, mientras la lograban vincular de manera legal y reglamentaria. Esto permite concluir que sus labores fueron desempeñadas de manera personal y subordinada. (...).
(7)(sic) Sentencia Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A de 5 de agosto de 1993, expediente 6199, M.P. Clara Forero de Castro.
(3)(sic) Ibídem.
(7) Consejo de Estado, sentencia de 22 de julio de 2010, expediente 2785-2008, actor: Esperanza Alarcón Rosas, demandado: ESE Luis Carlos Galán Sarmiento.
(8) Sentencia de 28 de junio de 2001, M.P. Tarsicio Cáceres Toro, expediente 2324-00, Actora: María Bertha Díaz Correa.
(9) Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, sentencia de 19 de febrero de 2009, expediente 730012331000200003449-01 (3074-2005), Actora: Ana Reinalda Triana Viuchi.
(10) Sentencia de 19 de febrero de 2009, expediente 730012331000200003449-01 (3074-2005, Actora: Ana Reinalda Triana Viuchi.
(11) El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, había ordenado el reconocimiento de estos efectos, en sentencia del 17 de abril de 2008, radicación 54001-23-31-000-2000-00020-01(2776-05), Actor: José Nelson Sandoval Cárdenas, Demandado: Instituto Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander, Ifinorte, M.P. Dr. Jaime Moreno García.

References: Resolución 
 artículo 99
 artículo 53
 artículo 104
 artículo 45
 artículo 44
 artículo 13
 artículo 85
 artículo 53
 artículo 32
 artículo 2
 artículo 53
 artículo 25
 artículo 53
 artículo 16
 artículo 177
 artículo 60