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BOE.es - Documento BOE-T-1998-26554
Documento BOE-T-1998-26554
«BOE» núm. 276, de 18 de noviembre de 1998, páginas 13 a 18 (6 págs.)
BOE-T-1998-26554
En el recurso de amparo núm. 486/97, interpuesto por doña Consuelo Valladares Caricol y doña Consuelo Yagüe Valladares, representadas por el Procurador de los Tribunales don Vicente Ruigómez Muriedas y asistidas del Letrado don Manuel Ruigómez Muriedas, contra el Auto 16/97, de fecha 8 de enero de 1997, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó el recurso de queja interpuesto contra el dictado con fecha 26 de septiembre de 1996 por el Juzgado de Instrucción núm. 42 de la misma ciudad, que a su vez confirmaba otro del mismo órgano judicial de 10 de julio de 1996, sobre autorización de entrada a domicilio. Han comparecido el Ayuntamiento de Madrid, representado por el Procurador don Luis Fernando Granados Bravo y defendido por el Abogado don Manuel Higuero Gallego, y la Junta de Compensación Paseo de los Jacintos M-30, representada por el Procurador don Gabriel de Diego Quevedo y asistida por el Abogado don Francisco Javier Díez Montero. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, y ha sido Ponente el Magistrado don Fernando García-Mon y González-Regueral, quien expresa el parecer de la Sala.
c) Mientras todo esto ocurría en la vía contencioso-administrativa, la Gerencia Municipal de Urbanismo solicitó sobre la base del art. 87.2 L.O.P.J. la autorización judicial para la entrada en el domicilio de las recurrentes
con el objeto de ejecutar el desalojo. Por Auto de 10 de julio de 1996, el Juzgado de Instrucción núm. 42 de Madrid, en las diligencias indeterminadas 267/96, concedió la citada autorización, fundamentando su decisión en que en el proceso contencioso-administrativo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había desestimado la suspensión de los actos administrativos.
d) Interpuesto recurso de reforma contra la anterior resolución por las interesadas, el mismo Juzgado lo desestimó mediante Auto de 26 de septiembre de 1996.
Esta última resolución fue recurrida en queja, siendo desestimada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid mediante Auto de 8 de enero de 1997.
En el encabezamiento de este Auto se indica que el recurso interpuesto fue el de queja, aunque en el fallo aparece erróneamente la mención del recurso de «apelación». Es este Auto, así como los dos anteriores del Juzgado que resultan confirmados por él, el que resulta impugnado mediante el presente recurso de amparo.
3. El recurso, interpuesto por la vía del art. 44 LOTC, impugna las resoluciones judiciales que autorizan la entrada domiciliaria, con independencia de los actos administrativos de desalojo y del rechazo de suspensión de los mismos acordado en la vía contencioso-administrativa, todavía no concluida. Con fundamento en la STC 76/1992 dictada por el Pleno y que sentó doctrina acerca del art. 87.2 L.O.P.J., las recurrentes entienden vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.), pues, como han alegado a lo largo del proceso, son los Tribunales del orden contencioso-administrativo --que se están pronunciando acerca de la suspensión o ejecutividad de los actos administrativos-quienes tienen que decidir al respecto y no el Juzgado de Instrucción o la Audiencia Provincial, que poseen un conocimiento limitado de las circunstancias que rodean la ejecutividad del acto y que además han dictado sus resoluciones antes de que se hubiera pronunciado definitivamente el órgano judicial del orden contencioso-administrativo. La demanda expresa que se está obligando a las recurrentes a entenderse con dos órdenes jurisdiccionales distintos (contencioso-administrativo y penal), lo que lesiona el derecho a una tutela judicial efectiva. Quien debe decidir acerca de la ejecución o suspensión de los actos administrativos es la Sala de lo Contencioso-Administrativo, pues es a ésta a la que se ha pedido la tutela judicial, sin que haya recaído aún resolución definitiva.
5. Por providencia de 7 de abril de 1997, la Sección Tercera de este Tribunal acordó abrir el trámite previsto en el art. 50.3 LOTC y conceder a la parte demandante y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formularan las alegaciones que estimasen pertinentes acerca de la carencia de contenido de la demanda.
Acordó, asimismo, no admitir la personación de la Junta de Compensación, que sólo resultaría procedente si se admitiera a trámite el recurso.
6. Mediante providencia de 27 de mayo de 1997, la Sección acordó admitir a trámite la demanda de amparo y pedir las actuaciones correspondientes a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid y al Juzgado de Instrucción núm. 42 de la misma capital, debiendo emplazar este último a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que comparecieran en el mismo y defendieran sus derechos. Por otra providencia de la misma fecha, la Sección Tercera de este Tribunal acordó formar la pieza separada para resolver el incidente de suspensión. La Sección, en providencia de 7 de julio de 1997, acordó
tener por personados y parte en el procedimiento a los Procuradores don Gabriel de Diego Quevedo, en nombre y representación de la Junta de Compensación Paseo de los Jacintos M-30, y a don Luis F. Granados Bravo, en nombre y representación del Ayuntamiento de Madrid, así como unir a la pieza separada de suspensión los escritos presentados por dichos Procuradores en los que se oponían a la suspensión solicitada. La Sala Segunda resolvió el incidente mediante Auto de 29 de septiembre de 1997 (ATC 316/1997), por el que acordó suspender sin fianza la ejecución de las resoluciones judiciales impugnadas.
9. El mismo día 14 de noviembre formuló sus alegaciones la Junta de Compensación Paseo de los Jacintos M-30, acompañada de un total de diecisiete documentos. Solicita la desestimación del recurso de amparo, subsidiariamente que la gerencia Municipal de Urbanismo pueda realizar el desalojo, previa entrada en la vivienda expropiada, sin que a tal efecto precise de la autorización prevista en el art. 87.2 L.O.P.J., y que se levante la suspensión de las resoluciones judiciales impugnadas.
Mediante otrosí pide que se acuerde recibir a prueba el presente recurso.
Las alegaciones de la Junta prosiguen rechazando que concurra el vicio de incompetencia en la autorización judicial de entrada en el domicilio. De acuerdo con las SSTC 160/1991 y 76/1992, cualquier resolución judicial puede limitar el derecho a la inviolabilidad del domicilio garantizado en el art. 18.2 C.E. y no sólo los mandamientos judiciales de entrada. Aunque es cierto que ninguno de los recursos contencioso-administrativos han concluido por Sentencia firme, también es verdad que en el recurso 2.546-94 se ha dictado un Auto firme, de fecha 20 de abril de 1995, que deniega la suspensión.
La Junta de Compensación entiende que este Auto representa título suficiente para entrar en la vivienda expropiada y ejecutar las resoluciones de desalojo.
10. Por medio de escrito registrado en este Tribunal el 17 de noviembre de 1997, la representación del Ayuntamiento de Madrid formuló sus alegaciones, solicitando que se denegara el amparo o que se accediera a la suspensión solicitada en la demanda hasta que el Tribunal Supremo hubiera resuelto el recurso de casación contra la suspensión denegada. Tras concretar el objeto del recurso, se parte de que es dudoso que en el presente caso la entrada en el domicilio sea consecuencia de una resolución judicial, tal y como exige la STC 76/1992.
Cuando la Administración dicta un Decreto para una ejecución sustitutoria que requiere la entrada en un domicilio, es porque está ante un expediente que ha concluido por una resolución firme y ejecutiva, no discutida ante la jurisdicción. Sólo entonces solicita la autorización de entrada al órgano competente, que no es otro que el Juzgado de Instrucción en virtud de lo dispuesto por el art. 87.2 L.O.P.J. La intervención de éste se produce no para reabrir una discusión que está jurídicamente cerrada, sino para que la entrada domiciliaria se efectúe con las máximas garantías que exige el derecho constitucional. Lo mismo rige en los casos de ruina inminente o de orden de cese de una actividad ejercida sin licencia, en los que la Administración ordena la ejecución sustitutoria. De admitirse la tesis del recurso, la ejecutividad de los actos administrativos quedaría muy mermada. Por todo ello --concluyen las alegaciones del Ayuntamiento-es difícil entender el reproche de que la competencia ejercitada por el Juzgado de Instrucción, y confirmada por la Audiencia Provincial, no se ajustó a Derecho.
12. Mediante providencia de 24 de noviembre de 1997, la Sección acordó no haber lugar al levantamiento de la suspensión solicitado por la Junta de
Compensación, toda vez que no se indicaba cuáles eran las circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser conocidas al tiempo de sustanciarse el incidente de suspensión (art. 67 LOTC). Asimismo, se requirió a la Junta para que indicara, en el plazo de diez días, cuál era el objeto y los medios de prueba de que intentaba valerse.
1. Decretada la expropiación de un inmueble mediante acto administrativo, las titulares del mismo interpusieron recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, impugnando, entre otros extremos, la ejecutividad de dicho acto. Antes de que recayera resolución firme sobre dicho recurso, y estando aún pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación interpuesto por las recurrentes, el Ayuntamiento de Madrid solicitó autorización de entrada en el domicilio al Juzgado de Instrucción, utilizando para ello la vía del entonces vigente art. 87.2 L.O.P.J. Este precepto --hoy suprimido por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial-- disponía lo siguiente: «Corresponde también a los Juzgados de Instrucción la autorización en resolución motivada para la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares de acceso dependiente del acceso de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de los actos de la Administración». La oportuna autorización fue concedida por el Juzgado de Instrucción núm. 42 de Madrid y ratificada por la Audiencia Provincial de la misma capital. Son precisamente estas resoluciones judiciales las que se impugnan en el presente recurso.
Las demandantes alegan que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva garantizada en el art. 24.1 C.E., apoyándose en dos argumentos. En primer lugar, entienden que una vez iniciado el proceso contencioso-administrativo y sin concluir éste, se ha producido una interferencia por los órganos judiciales del orden penal que les ha obligado a litigar en dos órdenes jurisdiccionales distintos (el contencioso-administrativo y el penal), impidiéndose así que los Tribunales de lo contencioso-administrativo pudieran dispensar en su día la tutela judicial que las recurrentes les han solicitado con carácter previo.
Antes de exponer la doctrina de este Tribunal acerca de la cuestión planteada conviene efectuar algunas precisiones. Por un lado, debe hacerse notar que del examen de las actuaciones se desprende que el recurso contencioso-administrativo y petición de suspensión del Decreto de desalojo de la vivienda está fechado el 8 de febrero de 1996, en tanto que la solicitud del Ayuntamiento de Madrid de autorización judicial de entrada en la vivienda de las demandantes de amparo fue registrada el 31 de mayo de 1996, es decir, con posterioridad a la iniciación del proceso contencioso-administrativo.
Y por otro lado, ha de subrayarse que el objeto último de la autorización otorgada por el Juzgado de Instrucción --según se desprende de la lectura del Auto testimoniado en los folios 87 y 88 de las actuaciones-- no era simplemente la entrada en el domicilio de la señoras Valladares Caricol y Yagüe Valladares, sino el desalojo de la vivienda por sus ocupantes y la ejecución de la resolución administrativa de expropiación, lo que implicaba la demolición del edificio en cuestión. Por último, ha de subrayarse también que en el presente caso nuestro examen ha de limitarse a comprobar si desde la perspectiva del derecho fundamental invocado (art. 24.1 C.E.), la actuación de los Tribunales penales ha impedido que los Tribunales de lo contencioso-administrativo pudieran dispensar a los recurrentes la tutela por ellos requerida, sin que entremos a conocer del proceso seguido ante este último orden jurisdiccional.
a) Reiteradamente hemos declarado que el privilegio de autotutela atribuido a la Administración Pública no es contrario a la Constitución, sino que engarza con
el principio de eficacia enunciado en el art. 103 C.E.
(SSTC 22/1984, 238/1992, 148/1993, 78/1996), y que la ejecutividad de sus actos en términos generales y abstractos tampoco puede estimarse como incompatible con el art. 24.1 C.E. (SSTC 66/1984, 341/1993, 78/1996; AATC 265/1985, 458/1988, 930/1988, 1095/1988, 220/1991, 116/1995), pero sin que tal prerrogativa pueda primar sobre el contenido de los derechos y libertades de los ciudadanos (SSTC 22/1984, 171/1997). Ahora bien, del art. 106.1 C.E. se deriva que la actuación administrativa está sometida al control de legalidad de los Tribunales, y el art. 117.3 atribuye a éstos no sólo la potestad de juzgar sino además la de ejecutar lo juzgado. De modo que si los particulares acuden ante éstos para impugnar los actos de la Administración y, en su caso, para que decidan sobre la ejecutividad o suspensión de los mismos, el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva garantizado en el art. 24.1 implica que los órganos judiciales se deban pronunciar sobre ambos aspectos, con independencia del sentido concreto de la decisión. Por lo que se refiere a la ejecutividad o suspensión de los actos, ya en la STC 66/1984 se declaró que el derecho a la tutela se satisface facilitando que la ejecución pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que resulte menester, resuelva sobre la suspensión, declaración ésta reiterada en posteriores resoluciones (SSTC 76/1992, 238/1992, 148/1993, 341/1993, 78/1996; AATC 265/1985, 604/1986, 458/1988, 930/1988, 1095/1988, 116/1995). Y en sentido similar se afirmó que la protección de los Tribunales del orden contencioso-administrativo incluye la facultad de suspender cautelarmente los actos de ejecución en los términos que resulten precisos para garantizar la tutela judicial de los derechos implicados (AATC 371/1991, 85/1992).
b) Para la entrada en domicilio, el art. 18.2 C.E., exige el consentimiento del titular o una resolución judicial de autorización, salvo el caso de flagrante delito.
En cuanto a la resolución judicial, única hipótesis que ahora interesa, el mencionado precepto no precisa la naturaleza del Tribunal que la acuerde, con lo que es evidente que este precepto constitucional no determina el orden jurisdiccional competente, ni de él se deriva que corresponda necesariamente al Juez penal la protección de la inviolabilidad del domicilio (SSTC 22/1984, 50/1995; ATC 272/1985). En consecuencia, esta cuestión ha de ser resuelta atendiendo a las leyes que determinan la competencia de los distintos Tribunales.
Por otra parte, como ya se ha señalado, en el momento en que ocurrieron los hechos estaba vigente el hoy suprimido art. 87.2 L.O.P.J., conforme al cual correspondía a los Juzgados de Instrucción la autorización en resolución motivada para la entrada en los domicilios, «cuando ello proceda para la ejecución forzosa de los actos de la Administración». De la literalidad de esta expresión entrecomillada se desprende que la autorización había de proceder del Juez del orden jurisdiccional penal únicamente cuando se trataba de la ejecución de actos administrativos, pero no cuando se trataba de la ejecutividad de resoluciones judiciales emanadas de otras jurisdicciones distintas. Por razones lógicas se imponía la misma conclusión, pues dado que constitucionalmente la Administración se encuentra inhabilitada por el art. 18.2 C.E. para autorizar la entrada en domicilio, el antiguo art. 87.2 le indicaba a qué orden jurisdiccional debía acudir cuando la ejecución de un acto administrativo requería como presupuesto una autorización judicial de entrada. Pero la razón fundamental por la que el art. 87.2 L.O.P.J. no era aplicable a los casos en que estaba pendiente una decisión sobre la ejecutividad de un acto por los Tribunales Contencioso-Administrativos, estribaba en que --como ya se ha razonado-- en caso contrario resultaría vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto que este derecho implica que los referidos Tribunales se pronuncien acerca de tal pretensión.
Como declaró la STC 144/1987, el art. 87.2 L.O.P.J. «no ha sustraído a la jurisdicción contencioso-administrativa el control de legalidad de los actos de la Administración cuya ejecución exige la entrada en un domicilio para atribuirlo al Juez de Instrucción que ha de acordar esa entrada.
El control de legalidad de estos actos, como el de toda la actuación administrativa, sigue siendo competencia específica de esta jurisdicción, que es también la única que puede acordar la suspensión de lo resuelto por la Administración». En sentido similar se pronuncian las SSTC 160/1991 y 171/1997, y el ATC 371/1991.
Con apoyo en esa jurisprudencia, la STC 76/1992, pronunciada por el Pleno e invocada reiteradamente por las demandantes de amparo, afirmó igualmente que el control que corresponde hacer a los Jueces de Instrucción en el ejercicio de la misión que les confiere el art. 87.2 L.O.P.J. es el de «garantes del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, lo cual significa que no es el Juez de la legalidad y de la ejecutividad del acto de la Administración, sino el Juez de la legalidad de la entrada en domicilio», añadiendo esta STC que el art. 87.2 L.O.P.J. «de ningún modo puede interferir la potestad exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que corresponde a los Tribunales Contencioso-Administrativos respecto de los actos administrativos y que
se extiende, no sólo a la revisión de la legalidad de estos actos sino también a su ejecutividad y, en su caso, a su suspensión»; y a continuación decía esta misma resolución: «de todo ello se desprende una importante consecuencia y es la de que quedan excluidos, por tanto, del ámbito del art. 87.2 L.O.P.J., como se deduce de dicho precepto, las entradas en domicilio y lugares a los que se refiere el artículo citado que sean consecuencia de la ejecución de Sentencias o resoluciones judiciales (STC 160/1991). De no ser así, se podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva que, según hemos dicho, comprende también el derecho a someter la ejecutividad del acto administrativo a la decisión de un Tribunal y que éste resuelva sobre la suspensión (STC 66/1984), así como la garantía de la potestad jurisdiccional del Juez o Tribunal que en ese momento esté juzgando la ejecutividad del acto administrativo (art. 117.3 C.E.), y que, como se ha visto, ha de ser un órgano del orden judicial contencioso-administrativo, pues sólo a éstos compete el control de la legalidad del acto y de su ejecución o suspensión».
1.o Declarar que se ha vulnerado a las recurrentes el derecho a la tutela judicial efectiva.
2.o Restablecer a las mismas en el citado derecho, para lo cual se anula el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 42 de Madrid, de 10 de julio de 1996, dictado en las diligencias indeterminadas 267/96; el Auto del mismo Juzgado de 26 de septiembre de 1996, que desestimó el recurso de reforma interpuesto contra el anterior; así como el Auto 16/97 de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, de 8 de enero de 1997, rollo 502/96, que resolvió el recurso de queja promovido contra el anterior.

References: resolución 
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