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Timestamp: 2018-09-22 00:12:47+00:00

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﻿ Sentencia 2005-00131 de mayo 16 de 2013
SENTENCIA 2005-00131 DE 16 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:LOS TESTIMONIOS NO PERMITEN PREDICAR EL EJERCICIO DE ACTOS CONSTITUTIVOS DE POSESIÓN EN UN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DOMINIO POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA. PUES ESTOS NO SON SUFICIENTES SI SOLO INFORMAN ACERCA “DEL HECHO QUE UNO DE LOS DEMANDANTES, POR MÁS DE 20 AÑOS, HA PERMANECIDO EN EL INMUEBLE EN VIRTUD DE LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA QUE ALLÍ DESARROLLA”. EN ESTE SENTIDO, ES OSTENSIBLE LA INOBSERVANCIA DE LA TÉCNICA CASACIONAL (ARTÍCULO 375 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL), AUNQUE SE CUESTIONE AL SENTENCIADOR QUE CATALOGÓ AL ACTOR DE TENEDOR CON BASE EN UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADQUISICIÓN DE BIEN INMUEBLE, PRUEBA TESTIMONIAL, TESTIMONIO, LIMITACIONES A LA EFICACIA DEL TESTIMONIO
Sentencia 2005-00131 de mayo 16 de 2013
Ref.: Expediente 11001-3103-006-2005-00131-01
(Aprobado en sesión de seis de marzo de dos mil trece).
1. Con apoyo en uno de los supuestos del motivo consagrado en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se cuestiona el fallo al considerar que infringe los preceptos 174, 175, 176, 187, 213, 226, 228, 233, 241 y 407 ibídem, así como los cánones 762, 764, 770, 981, 2512, 2518, 2527, 2531 modificado por la Ley 791 de 2002 y 2532 del estatuto civil, por aplicación indebida derivada de “error de hecho” en la valoración de las pruebas.
2. Con el propósito de acreditar el desatino fáctico, la censura básicamente se ocupa de los siguientes aspectos:
a) Sostiene que los testimonios de Diego Raúl Velásquez Uribe, Dagoberto Martínez, Jesús Sibato Argüello, José Roberto Fula y Gregorio Niño Rodríguez, contrario a lo señalado por el sentenciador, “sí demuestran actos de señor y dueño por parte de Mario Betancourt Franco” e incluye la transcripción de las respuestas que estima pertinente, relativas al conocimiento por ellos del recurrente y su esposa, del señalamiento del primero como la persona que ha ocupado el inmueble objeto del proceso, a quien consideran dueño, al igual que sobre la ejecución de reparaciones y mejoras.
b) Al ocuparse de resaltar los supuestos errores hallados en la actividad valorativa del tribunal, le reprocha que “no da por demostrado estándolo que hace más de 20 años posee el bien inmueble, en forma quieta, pacífica e ininterrumpida, como pavimentar el corredor y zona de patios, el cubrimiento de lo que llaman enramada, no pagar canon de arrendamiento, no reconocer otra persona como dueña”, lo cual hubiese podido inferir apoyándose en la sana crítica, “teniendo en cuenta las reglas de la lógica y de la experiencia”.
c) Remata pidiendo casar el fallo impugnado y en sede de instancia, revocar el de primer grado y acceder a la “declaración de prescripción extraordinaria del dominio a favor de Mario Betancourt Franco”.
1. Se rememora que en el escrito contentivo de la demanda principal el impugnante Mario Betancourt Franco y Graciela Pinzón de Betancourt, solicitaron la declaración de haber adquirido por prescripción extraordinaria el dominio del inmueble a que se ha hecho mención, apoyados en el supuesto de que entraron en posesión hace treinta y siete años.
2. El tribunal ratificó la decisión del a quo que denegó las súplicas de la “declaración de pertenencia” y en lo que concierne a la labor de valoración probatoria, que es la que interesa en el ámbito del reproche examinado, básicamente aseveró que los testimonios no permiten “predicar el ejercicio de actos constitutivos de posesión”, al estimar que no son suficientes, en virtud de que los deponentes solo informaron acerca “del hecho referente a que uno de los demandantes es quien por más de 20 años, ha permanecido en el inmueble en virtud de la explotación económica que allí desarrolla respecto de un taller que funciona en ese lugar”.
Luego de referirse individualmente a lo dicho por Diego Raúl Velásquez Uribe, Jesús Sibato Argüello, Gregorio Niño Rodríguez, deduce que “si bien refieren de la percepción que el círculo social en donde está ubicado el inmueble tiene respecto de la aprehensión material, cierto es que no son contundentes al momento de informar sobre los actos de señor y dueño que se hubieran ejercido sobre el mismo por parte de los actores”, pues a pesar de mencionar el negocio de propiedad del usucapiente Betancourt Franco que funciona en el predio, no precisan “cuando empezaron a desconocer a la titular del derecho de dominio como su legítima propietaria, al punto que algunos de los deponentes afirmaron que el taller lo adquirió el mencionado demandante de Gabriel Vanegas, persona que pese a dicha enajenación continuó en ese lugar desarrollando una actividad comercial consistente en la venta de vehículos, y ocupándose de asuntos propios del propietario”.
Además, el juzgador refuerza las reseñadas inferencias con lo expresado en el interrogatorio por la señora Pinzón de Betancourt, quien resaltó que su esposo le compró a Gabriel Vanegas y Juan Biraglia los enseres y la estructura del inmueble, precisando que no recibió este, sino el “taller” y, de lo dicho por el actor resalta que lo por él adquirido fue ese negocio y conforme a convenio verbal que ajustaron, el vendedor “(...) ‘quedó con el derecho a una oficina que funcionaba en el mismo inmueble’ y ‘cuatro sitios de parqueo’ con la finalidad de continuar con su negocio, quien adicionalmente continuó haciéndose cargo de todo lo relacionado con los impuestos que pudieran afectar el bien”, situación que interpreta como insólita frente a ese tipo de acuerdo, en consideración al objeto del mismo y su precio, agregando que lo más diciente es la manifestación de Gabriel Venegas al indicar que el establecimiento de comercio lo había adquirido de Eduardo Fonseca, personas a quienes el testigo José Oliverio Moreno les endilga la calidad de inquilinos y Gregorio Niño, hizo saber que “Mario Betancourt y Gabriel Venegas” hacían un cruce de cuentas, en lo tocante a “costos de reparación vehículos, y alistamiento, versus canon de arrendamiento”.
Basado en las aludidas apreciaciones el tribunal sienta la conclusión de que el accionante-recurrente es un mero tenedor y que por lo tanto “debió probar el momento a partir del cual intervirtió su condición de tenedor a poseedor, carga que no cumplió” y, respecto de la señora Pinzón de Betancourt sostiene que “no existe elemento de juicio alguno que permita inferir a su favor el ejercicio de acto alguno que traduzca el animus domini sobre el bien que pretende usucapir”.
3. Teniendo en cuenta la orientación jurídica de la causal invocada, ha de reiterarse como lo tiene precisado la Corte, que en ese ámbito los jueces gozan de discreta autonomía para adoptar sus decisiones, por lo que las providencias con las que resuelven los litigios sometidos a su conocimiento llegan precedidas de la presunción de verdad y acierto, de ahí que la tarea de quien impugna en casación, necesariamente tendrá que estar dirigida a demostrar el error atribuido al sentenciador de segundo grado, además de evidenciar que el desacierto tiene la connotación de ser notorio, es decir, que es manifiesta la contrariedad de lo deducido, con la realidad que surge del proceso, específicamente de los elementos de convicción y, también que es trascendente, circunstancia esta que denota su total idoneidad para aniquilar el fallo(1).
La doctrina jurisprudencial de esta corporación acerca del “error de hecho”, en sentencia de 9 de marzo de 2012, Expediente 2006-0038, memoró que “(...) ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ (LXXVIII, pág. 313), es decir, acontece ‘a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento’ (Cas. Civil, Sent. 034, ago. 10/99, Exp. 4979); siendo tal su notoriedad y gravedad, ‘cuando su solo planteamiento haga brotar que el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo cual ocurre en aquellos casos en que ‘el fallador está convicto de contraevidencia’ (Cas. Civil, Sents. jul. 11/90 y ene. 24/92), ‘cuando el sentenciador se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ (CCXXXI, pág. 644), o en otros términos, ‘que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso (...)’ (G.J. Tomo LXXVII, pág. 972) (Cas. Civil, Sents. 006, feb. 12/98, Exp. 4730; 080, sep. 18/98, Exp. 5058) (...)”.
Cabe agregar, así mismo que en el fallo de 2 de julio de 2010, Expediente 1998-05275, iteró: “(...) ‘el error de hecho se estructura cuando el juicio probatorio del sentenciador es arbitrario o cuando la única ponderación y conclusión que tolera y acepta la apreciación de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente’, ya que si la inferencia a la que hubiera llegado, ‘(...) luego de examinar críticamente el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la lógica y lo razonable, en oposición a la que del mismo estudio extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de facto con las características de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situación no hay absoluta certeza del desatino cometido’(Cas., mayo 27/2005, Exp. 2005-00472)”.
4. Los parámetros reseñados permiten verificar que el embate no satisface los requisitos formales que habiliten su examen de fondo.
En ese sentido se constata la ausencia de demostración del desacierto fáctico denunciado, puesto que el recurrente se limita a exponer su propia versión a partir de reseñar algunos de los medios de convicción incorporados, como si se tratara de un alegato de instancia, omitiendo la técnica exigida para el presente mecanismo de impugnación extraordinario, que impone confrontar lo expresado por el tribunal, con el contenido de las probanzas apreciadas erróneamente y, valiéndose de una argumentación coherente y suficiente, evidenciar en qué consistió el desatino, a la vez fijar el entendimiento que a la luz de las reglas de la sana crítica, corresponda a su sentido verdadero.
Obsérvese que el ad quem acepta de lo narrado por los testigos, la circunstancia de que al menos uno de los actores es quien por más de veinte años ha permanecido en el predio e inclusive que lo explota económicamente con un taller automotriz que ahí funciona, empero les resta credibilidad porque “no son contundentes al momento de informar sobre los actos de señor y dueño que se hubieren ejercido”, ya que omitieron precisar los factores temporales bajo las cuales los “prescribientes afirman poseer el inmueble”, de donde se tiene que para probar el desacierto, la censura debía indicar las manifestaciones que sobre esa situación hubieren plasmado los declarantes, lo que pretirió, pues solo en sentido general aseveró que cada uno de ellos “brinda circunstancias de modo tiempo y lugar como entró en posesión del bien Mario Betancourt”, tampoco realiza el ejercicio dialéctico de comparación para mostrar el equívoco en el análisis de tales elementos de juicio.
Adicionalmente, el impugnante tampoco plantea crítica en torno al razonamiento del sentenciador relativo a que no obstante informar los deponentes el tiempo en que llevan de conocer, especialmente al señor Betancourt ocupando el inmueble, no expresan desde qué época comenzó a comportarse con ánimo de señor y dueño, al igual que a desconocer a la titular del derecho de dominio, lo cual estima que debieron precisar porque algunos de los testigos “afirmaron que el taller lo adquirió el mencionado demandante de Gabriel Venegas, persona que pese a dicha enajenación continuó en ese lugar desarrollando una actividad comercial consistente en la venta de vehículos, y ocupándose de asuntos propios del propietario”.
Así mismo, se queda sin confutar por la censura lo deducido por el ad quem del interrogatorio contestado por la actora Graciela Pinzón, del que extracta que ella informó acerca de la compra por su esposo a Gabriel Venegas y Juan Biraglia, de unos enseres y estructura en el citado bien, habiendo precisado que no recibió el inmueble, sino un taller y, también lo que dedujo de la versión del recurrente vertida en su declaración de parte, en cuanto a que “en virtud de un acuerdo verbal celebrado con (Gabriel Venegas), este último ‘quedó con el derecho a una oficina que funcionaba en el mismo inmueble’ y ‘cuatro sitios de parqueo’ con la finalidad de continuar con su negocio, quien adicionalmente continuó haciéndose cargo de todo lo relacionado con los impuestos que pudieran afectar el bien; situación que resulta insólita respecto de quien se cree adquirente de un bien”.
Igualmente, el casacionista deja de controvertir el discernimiento del ad quem acerca de las manifestaciones que este le atribuye a José Oliverio Moreno y Gregorio Niño, concernientes a que Eduardo Fonseca y Gabriel Venegas, tenían la calidad de inquilinos del predio objeto del proceso y que “este último con Betancourt ‘hacían un cruce de cuentas’ (...)”, por concepto de “costos de reparación de vehículos, y alistamiento, versus canon de arrendamiento”.
Similar actitud adopta el impugnante, con relación a la reflexión del sentenciador atinente a que “si lo transferido por Eduardo Fonseca a Gabriel Vanegas en relación con el inmueble fue su condición de arrendatario, es esta calidad la única que le es dable transferir por este a sus adquirentes (a Mario Betancourt) (...), lo que en últimas tornaría al actor en causahabiente de Eduardo Fonseca y para reclamar en su favor la declaración de pertenencia sobre el bien donde funciona el establecimiento de comercio de su propiedad, debió probar el momento a partir del cual intervirtió su condición de tenedor a poseedor, carga que no cumplió”.
Refulge de las precedentes circunstancias, que además de lucir incompleto el cargo, no se demostró el error de hecho denunciado, motivos que se erigen como suficientes para desestimar el embate.
1. Se funda el presente reproche en la causal primera de casación consagrada en el precepto 368 del Código de Procedimiento Civil y se acusa la sentencia de violar directamente la ley sustancial, por “falta de aplicación” de los artículos 762, 764, 770, 981, 2512, 2518, 2527, 2531 modificado este por la Ley 791 de 2002 y 2532 del Código Civil, de igual manera por “aplicación indebida” de los cánones 777, 946, 947, 950, 952, 953, 957, 1969, 1973 del mismo ordenamiento, Ley 820 de 2003, como también el 516 y 523 del estatuto mercantil.
2. Alude en la sustentación el impugnante, que el fallador le atribuyó a él ser un simple tenedor del inmueble, debido a los efectos del contrato de arrendamiento celebrado el 1º de febrero de 1964 entre Eduardo Fonseca Neira (arrendatario) y Cecilia Montenegro de Afanador (arrendadora), de donde interpreta que el tribunal estimó que ese convenio se opone a la posesión ejercida durante más de veinte años, con lo cual infringe los requisitos exigidos para la prescripción extraordinaria, ya que “deja de aplicar directamente el artículo 2535 del Código Civil modificado por la Ley 791 de 2012 (sic), artículo 5º, y donde se presenta una interversión del título, es decir, de la transformación de la mera tenencia en posesión, es decir, que es una excepción artículo 777 del Código Civil y que fueron demostrados en el cargo anterior mediante la prueba testimonial, inspección judicial y peritazgo”.
Sostiene igualmente, que es evidente el error cometido, el cual tiene incidencia en la decisión, por lo que pide casar la sentencia atacada, revocar la de primer grado y acceder a las pretensiones.
1. Acerca del entendimiento del aludido motivo de casación invocado como sustento de la acusación y en torno a la técnica para sustentarlo, insistentemente ha dicho la Corte Suprema que “(...) se trata de un reproche que se desarrolla en un campo estrictamente jurídico, cuya prosperidad depende de que el impugnador consiga demostrar la falta de aplicación de los preceptos llamados a gobernar el caso, la actuación de los que no resultan pertinentes, o la incorrecta interpretación de aquellos (...) la actividad dialéctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados; pero en todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relación con las pruebas (...)” (Sent. Cas., dic. 7/2012, Exp. 2006-00017).
También ha iterado que se caracteriza, porque “(...) el juez quebranta derechamente la ley, esto es, que realiza un juicio reglamentario completamente equivocado y alejado de lo que las normas reconocen, mandan o prohíben, por cuanto esta clase de violación del ordenamiento jurídico ‘se da independientemente de todo yerro en la estimación de los hechos, o sea, sin consideración de la convicción que haya tenido en cuenta el sentenciador en su juicio’ (CCXXXI, Sent., oct. 24/94).
“Ciertamente, el ataque por este camino presupone que la censura acepta de manera plena y en su integridad la valoración probatoria realizada por el ad quem, y de la cual no se puede separar ni un ápice; pues de lo contrario, en el caso de no compartirla, necesaria e ineludiblemente tiene que encauzar los cuestionamientos por el camino de la opugnación indirecta, para lo cual le corresponde hacer el señalamiento e individualización de los errores de hecho o de derecho cometidos, junto con la obligada demostración y la indicación de su incidencia en el pronunciamiento judicial que se pretende aniquilar con la impugnación extraordinaria propuesta” (Sent., jul. 28/2009, Exp. 2003-00199).
2. Al examinar los planteamientos de la censura, sin dificultad se constatan las deficiencias de que adolece la acusación, puesto que pretermitió ocuparse de contrastar las inferencias jurídicas soporte del fallo, con los supuestos normativos contenidos en las disposiciones sustanciales que gobiernan el litigio, para luego explicitar la manera como el tribunal llegó a infringirlas, esto es, si por interpretación errónea, o por utilización indebida, o por haberlas dejado de aplicar, en todo caso, con absoluto respeto por las inferencias probatorias plasmadas por el juzgador, de las que no se podía apartar.
Es ostensible la inobservancia de la técnica casacional, porque en esencia el cuestionamiento lo centra en el hecho de que el sentenciador catalogó al actor de “tenedor” con base en un contrato de arrendamiento no celebrado por él y, pasando por alto que lleva más de veinte años ocupando el inmueble, según lo acreditado con “la prueba testimonial, inspección judicial y peritazgo”, además por presentarse la “interversión del título”, de donde concluye que se cumplían los requisitos para adquirir el dominio por el modo alegado.
Lo anterior evidencia que la censura omite plantear o exponer los argumentos que revelan o exteriorizan la forma como se originó la violación de los preceptos sustanciales que estimaba aplicables al caso, o que fueron utilizados erróneamente, de donde se concluye que el cargo no está llamado a prosperar.
3. Ante el fracaso de la impugnación extraordinaria, de conformidad con el último inciso del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, se “condenará en costas al recurrente”, para lo cual se tendrá en cuenta que la opositora replicó la demanda de casación y, al tenor del canon 19 de la Ley 1395 de 2010, en esta misma providencia se hará la fijación de “agencias en derecho”.
En mérito de las anteriores consideraciones, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. NO CASAR la sentencia de 21 de octubre de 2011 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por Mario Betancourt Franco y Graciela Pinzón de Betancourt contra Cecilia Montenegro de Afanador, quien citó a aquellos en acción reivindicatoria y posteriormente cedió los derechos litigiosos a Tito Francisco Solano Roa.
2. Se condena en costas al recurrente en este trámite extraordinario e inclúyase en la liquidación la cantidad de $ 6.000.000, por concepto de agencias en derecho.
(1) Tesis reiterada, entre otras, en sentencia de 16 de junio de 2009, Exp. 2003-00003-01 de esta Sala.

References: artículo 368
e contrario
 artículo 2535
 artículo 5
 artículo 777
 artículo 375