Source: https://www.scribd.com/doc/34132658/Leyes-de-Semillas-colombia
Timestamp: 2017-07-23 08:04:54+00:00

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Leyes de Semillas.colombiaUploaded by Asamblea Unidad Cantonal MontúfarRelated InterestsGenetically Modified OrganismAgricultureSeedCultivarBiodiversityRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentLas leyes de semillas, aniquilan la soberanía y autonomía alimentaria de los pueblosGrupo Semillas1
La semilla fundamento de la cultura y soberanía alimentaria de los pueblos
Desde cuando las primeras poblaciones humanas crearon la agricultura, las semillas se han constituido en un componente fundamental de la cultura, de los sistemas productivos, de la soberanía y la autonomía alimentaria de los pueblos, y son en un eje de conexión e interacción entre los agricultores y agricultoras con la biodiversidad y sus territorios ancestrales. Las semillas, son un patrimonio colectivo de los pueblos, consideradas como un don o un bien sagrado, que es el resultado del trabajo colectivo y acumulado de cientos de generaciones de agricultores, que las han domesticado, conservado, mejorado, criado, intercambiado y utilizado desde épocas ancestrales; y las actuales generaciones las hemos recibido en préstamo de nuestros antepasados, para que se las entreguemos a nuestros hijos. En este proceso múltiples grupos humanos en diferentes regiones han mejorado y adaptado variedades a un amplio rango de ambientes, condiciones de suelos, climáticas, sanitarias y requerimientos culturales, productivas y socioculturales. Los agricultores han seleccionado las características de las variedades criollas de forma integral en la especie y en el sistema productivo tradicional; es decir las numerosas variedades nativas y criollas que hoy día tenemos, son el resultado de procesos de selección orientados hacia la ampliación de la base genética de la especie; lo que en realidad se ha constituido en un seguro, que les permite a las semillas la adaptabilidad a las condiciones adversas en un seguro para los agricultores que les permite que sus cosechas sean diversificadas y no dependan de unas pocas semillas. La característica fundamental de estas semillas es que son de todos, caminan libremente acompañado de los pueblos que las han protegido y no tienen un dueño definido, porque son patrimonio de los pueblos. Las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas siempre han ejercido los derechos colectivos sobre las semillas para su uso, manejo, intercambio y control local; derechos que son de carácter inalienable, inajenable, e imprescriptible; es por ello que para estas comunidades es inaceptable que cualquier forma de vida y específicamente las semillas, pueda ser controlada monopólicamente mediante la aplicación de patentes o protección de obtentores vegetales. Por el contrario, las semillas producidas en los centros de fitomejoramiento convencional, se basan en el estrechamiento de su base genética de la especie, a partir de la selección de variedades que expresan de unas características específicas, ya sean obtenidas por métodos de convencionales para obtener híbridos o variedades certificadas o mediante la manipulación genética para obtener semillas transgénicas. El resultado de esta forma de manipulación, se ha denominado “semillas mejoradas”, pero en realidad estas se deberían llamar “semillas de alta respuesta” a insumos, porque funcionan en condiciones optimas y dependientes de un modelo tecnológico para los cuales fueron desarrolladas. Es por ello que los agricultores campesinos las consideran “semillas desmejoradas”, que no se adoptan para sus condiciones ambientales, productivas y culturales.
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Este sistema de mejoramiento genético y protección de semillas, se basa en el desarrollo de semillas que sean nuevas, estables, homogéneas y distinguibles, pero el mejoramiento que hacen los agricultores locales se basa en fundamentos diferentes, puesto que no consideran que sus semillas sean nuevas, homogéneas y claramente distinguibles; razón por la cual no caben en el sistema de protección institucional; esto no significa que no tengan que ser reconocidas, valoradas, protegidas por parte del Estado y por las entidades gubernamentales; por el contrario se debe garantizar el derecho de las comunidades locales para su libre uso, manejo y control de sus semillas.
Semillas como instrumento de control y dominación.
Las empresas semilleras y biotecnológicas en las últimas décadas han identificado el rol y el enorme valor que tienen las semillas en el control de la agricultura mundial. Son consientes que quién controle las semillas y los paquetes tecnológicos asociados, va a controlar los sectores productivos y en sistema alimentario. Se calcula que el posible valor de mercado de todos los alimentos que consume la humanidad, ese mercado que se podría crear, es más grande que cualquiera que conozcamos en la actualidad, es muchísimo mayor que el petróleo, es mayor que la industria automotora, incluso si estos dos aspectos se juntaran. Pero gran parte de ese mercado potencial no está aún en manos del capital y hoy el objetivo del capital es primero, forzarnos a comprar los alimentos y luego, por supuesto, controlar ese mercado de alimentos cuando todos estemos forzados a comprarlos. Las empresas para poder controlar el sistema productivo y el mercado global alimentario necesita terminar con esa capacidad de los campesinos y los indígenas de ser independientes y, en ese proceso, terminar con la producción independiente de alimentos es un paso fundamental. Es necesario también terminar con las semillas independientes, con las semillas no controladas por las grandes corporaciones (GRAIN, 2010)2. Actualmente el mercado de semillas comerciales está controlado por un puñado de empresas transnacionales, El ETC Group, 20083, calcula que diez empresas controlan el 77% del mercado de semillas; de estas solo tres; Monsanto, Dupont y Syngenta, controlan el 47% del mercado. Señala además, que el 82% de estas semillas están patentadas, de las cuales el 79% corresponde a cultivos agrícolas, el 17% a vegetales y flores y el 4% a pastos y leguminosas forrajeras. Hoy más que nunca las empresas biotecnológicas de Estados Unidos y Europa, están presionando a sus gobiernos, para que impongan en todo el mundo leyes que permitan ampliar el control global de estos mercados Para lograr este objetivo, actualmente en el mundo se están imponiendo políticas y marcos legislativos que están cambiando estructuralmente las relaciones de poder y definen quienes controlan los territorios, los recursos naturales los sistemas productivos. Uno de estos cambios fundamentales es en los sistemas de propiedad intelectual aplicados sobre todas las formas de vida, y sobre los conocimientos asociados a su uso y manejo; a través de la adopción de tratados, acuerdos y leyes sobre propiedad intelectual y de patentes que desconocen los derechos de los países de origen de la biodiversidad y desconocen especialmente los derechos de los pueblos sobre estos patrimonios colectivos. En muchos países del Sur se están modificando las leyes de semillas, adecuándolas a las necesidades de la industria y del comercio, que buscan entregar a un puñado de empresas el
GRAIN, 2010. Leyes para acabar con la agricultura independiente, Biodiversidad, sustento y culturas (64): abr.,
2010. 3 ETC Group, 2008. De quién es la naturaleza. el poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la naturaleza. Communique Nº 100. Nov. 2008, 48 p.
control de toda la cadena de la agricultura y la alimentación. Incluyen además de las normas de protección de variedades vegetales y patentes; también normas de control y certificación de la agricultura orgánica, que incluyen el registro y certificación obligatoria de semillas y normas de bioseguridad que facilitan comercio semillas transgénicas. Estas leyes buscan regular la comercialización de semillas, y definen que semillas se pueden vender y cuáles no. Pero en el fondo lo que pretenden es romper el sistema de semillas criollas conservadas por milenios y que han generado la autonomía de los pueblos, buscan que las variedades tradicionales no puedan circular libremente, aniquilan la diversidad genética en el mercado y generan pérdida del poder de los agricultores (GRAIN, 2005)4. Este cometido ya se ha logrado en gran parte en los países industrializados, en donde solo es legal el uso de semillas protegidas y certificadas, y los agricultores han perdido el control de sus semillas criollas; es así como en estos países actualmente es ilegal que los agricultores conserven y comercialicen sus semillas. El dolor de cabeza para las empresas semilleras, es que aún no controlan todo el mercado de semillas; y sueñan con que en el mundo solo se utilicen unas pocas semillas propiedad de estos monopolios; pero el obstáculo que aun ven, es la complejidad ecosistémica y cultural de nuestros países, expresada en una enorme biodiversidad que ancestralmente esta incrustada en nuestros sistemas tradicionales de agricultura, y que hace muy difícil homogenizar y controlar totalmente el sistema de semillas y alimentario en nuestros países. Durante varias décadas las empresas semilleras han logrado imponer sus semillas híbridas y han generado la pérdida de gran parte de las semillas nativas y criollas en los países del Sur, pero no han logrado aniquilarlas y tampoco uniformizar la complejidad cultural y productiva de los millones de agricultores, quienes se resisten a dejar que les arrebaten sus semillas. Hoy más que nunca la mayoría de agricultores y agricultoras son consientes que la única opción que tienen para poder permanecer en sus territorios y poder seguir produciendo en el campo, es mediante el control local de sus territorios, de sus semillas y de sus medios productivos; de tal forma que les permita fortalecer su autonomía y soberanía alimentaria. Los agricultores actualmente saben que el día que dejen perder sus semillas, quedaran esclavizados de las empresas que decidirán a nombre de las poblaciones rurales y urbanas, que se produce y que se consume. Es evidente la profunda crisis por la que atraviesan los sectores productivos agropecuarios en Colombia, en donde en los últimos veinte años hemos pasado de ser un país autosuficiente en la producción de alimentos a ser un importador de la mayor parte de la alimentación básica, es una vergüenza que un país con el potencial productivo como Colombia para el año 2009 se importo 9,5 millones de toneladas de alimentos, de estos por ejemplo 3.300.000 toneladas de maíz5. Pero a pesar de esta crisis, la mayor parte de lo que queda de la producción nacional de la alimentación básica, todavía está en manos de los pequeños agricultores. Es así como ellos siembran el 70% del área cultivada de maíz, el 89% de la caña panelera, el 80% del Fríjol, el 75.5% de las hortalizas y 85% de la yuca, entre muchos otros productos, que garantizan lo que queda de la soberanía y la autonomía alimentaria.
Las leyes de semillas, acaban con la agricultura local y la soberanía alimentaria.
El gobierno de Colombia en su afán de cumplir con los requisitos impuestos por Estados Unidos y la Unión Europea en el marco de los Tratados de Libre Comercio, que desesperadamente quiere suscribir, esta adecuando la legislación nacional en todos los ámbitos del comercio, para
GRAIN, 2005. Las leyes de Semillas: Imponiendo un apartheid agrícola. Biodiversidad, sustento y culturas, (45):1-4, Oct.,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2010, AGRONET, www.agronet.gov.co
crear las condiciones que requieren los inversionistas para ampliar el control global de los sectores productivos estratégicos. Uno de los ejes fundamentales que son prioritarios en estas negociaciones, es la adecuación y homologación de las normas de propiedad intelectual que se aplican en los países del Norte. Es de especial interés las leyes sobre biodiversidad y conocimientos asociados, por el gran potencial que representan los recursos genéticos presentes en países megadiversos como Colombia. También las transnacionales biotecnológicas y semilleras les interesa poder ampliar el control monopólico de las semillas, como un instrumento para dominar toda la cadena productiva agrícola. En el país desde hace varios años viene adecuando estas normas de propiedad intelectual y también implementando normas de certificación semillas, sanitarias y para el control de la producción agroecológica, y normas de bioseguridad para cultivos transgénicos. Adicionalmente en el marco de los tratados de libre Comercio, que esta suscribiendo Colombia con Estados Unidos y la Unión Europea, se compromete el gobierno a adecuar las leyes en estas materias, acorde a los estándares implementados en estos países. El objetivo es acabar con la agricultura independiente, acabar sobre todo con la producción de alimentos independiente y llegar a que sólo haya agricultura de contrato. Todas ellas en su conjunto buscan cumplir con los requerimientos y la presión de las empresas, que pretenden controlar las cadenas productivas agrícolas y alimentarias. Entre estas normas se destacan: • La Decisión 345/93 de la CAN, sobre el Régimen Común de Derechos de Obtentores Vegetales: Esta fue la primera reglamentación sobre semillas adoptada por los países andinos, en donde Estados Unidos y la Unión Europea, obligaron a estos países a adherirse a la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV) y a tener una norma que protegiera los derechos de los obtentores vegetales o de los fitomejoradores. Se establece como requisitos para la protección de variedades vegetales, que sean nuevas, estables, distinguibles y homogéneas, y también se protege las variedades esencialmente derivadas; es decir que quien obtenga un registro de una variedad, todas las variedades obtenidas a partir de esta, queda protegida por la primera variedad desarrollada. La Ley 1032/2006, que modifica el artículo 306 del Código Penal; que se refiere a la usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales; dice: El que, fraudulentamente, usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 26.6 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta norma que ha pasado casi desapercibida en el país, es extremadamente lesiva, puesto que hace efectiva la criminalización por el uso de semillas protegidas, sin el permiso de las empresas dueñas de estas semillas, pero que lo que pretende es llevar a que todos los agricultores solo utilicen semillas registradas y certificadas y finalmente lleva a considerar que las semillas criollas puedan declararse ilegales, porque considera que las semillas similarmente confundibles, también puede ser penalizado su uso. La Resolución 187/2006 (ICA). Reglamenta la producción, procesamiento, certificación, comercialización y control de la producción agropecuaria ecológica. Esta norma pretende controlar y establecer restricciones para que los agricultores que basan su producción en la agricultura limpia sin agroquímicos y basada en la soberanía y autonomía alimentaria, puedan seguir controlando toda la cadena productiva, desde sus semillas, y animales utilizados, el manejo de las parcelas productivas, el procesamiento y comercialización de sus productos. Se establecen condiciones irrealizables e inaceptables que obliga a que los productores agroecológicos a que se registren en el ICA y obtengan un aval y certificación por una entidad autorizada. Se pretende con esta norma quitarle el control a los pequeños agricultores del mercado creciente de la producción agroecológica y orgánica en el mundo, u entregarle el control 4
de la agricultura orgánica y agroecológica a las empresas certificadoras y comercializadoras, quienes se quedan con la mayor parte del sobreprecio obtenido en el mercado, y finalmente los agricultores no reciben los beneficios reales esperados. • El decreto 4525/2005. Reglamenta la implementación en Colombia del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. Es una norma muy perversa que crea las condiciones para facilitar la entrada de OGM de uso agrícola, pecuario, forestal, ambiental y alimentario y está hecha a la medida de las empresas biotecnológicas que necesita agilizar los trámites para la aprobación de sus semillas y alimentos transgénicos en el país, con el total aval del gobierno nacional. Entre los aspectos más críticos de este decreto se destacan: 1. Crea tres CTNBio, responsables de la tramitación de forma independiente, para la autorización de usos y comercialización de OGM, asignados a cada uno de los tres Ministerios: Ministerio de Agricultura (OGM de uso agrícola, pecuario y forestales); Ministerio de Ambiente (OGM de uso ambiental) y Ministerio Protección Social (OGM de uso para la salud y para alimentación humana). 2. Las evaluaciones de riesgo que debería hacer las autoridades, son realizadas por el solicitante, convirtiendo al interesado en “en juez y parte”; por lo que se pierde objetividad, independencia y rigor científico. 3. Desconoce la obligación de tramitar licencia ambiental, ratificada por el fallo de la Acción Popular, en el Consejo de Estado, de mayo de 2005. Y 4. En el proceso de aprobación de esta norma no fueron consultadas las comunidades indígenas, y afrocolombianas, razón por la cual el Grupo Semillas se estableció una Acción de nulidad en el Consejo de Estado, proceso que actualmente está en curso.
La Resolución 970/2010, del ICA. Una estocada mortal a las semillas criollas
El ICA recientemente expidió esta norma sobre semillas , la cual ha pasado bastante desapercibida en el país y especialmente en las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, que aun no han dimensionado el impacto de esta resolución y de otras normas que se relacionan con el control de las semillas. El gerente del ICA ha dicho en su comunicado oficial, (ver recuadro anexo), que la Resolución 970 fue sometida a “consulta pública”, lo cual es totalmente falso, puesto que el ICA no tiene como sustentar que se haya realizado consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades negras, a quienes la Constitución y las leyes vigentes en el país, obliga que actos legislativos y administrativos que puedan afectar los territorios y la cultura de estas comunidades, debe realizarse consulta previa. Este hecho es extremadamente grave, puesto que es evidente que cualquier norma que se refiera a las semillas, afecta irremediablemente los patrimonios culturales, los sistemas productivos y la soberanía alimentaria de estas comunidades. Esta argumentación se sustenta en la jurisprudencia existente en el país, en donde la Corte Constitucional declaro inexequible la ley Forestal y la ley del Estatuto de Desarrollo Rural, porque el gobierno en el proceso de aprobación de estas leyes no realizó la consulta con los pueblos indígenas y comunidades negras. Aspectos críticos de la Resolución sobre semillas A primera vista esta norma no genera una preocupación y en una lectura rápida queda la impresión que solo se refiere a una reglamentación mas que se aplica para la producción de semillas de las empresas que producen y comercializan semillas certificadas en el país, porque extrañamente a pesar que en todo el texto no menciona las semillas nativas y criollas, lo que
RESOLUCIÓN 970 DE 2010, (marzo 10). Diario Oficial No. 47.648 de 11 de marzo de 2010. Instituto Colombiano Agropecuario. Por medio de la cual se establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas para siembra en el país, su control y se dictan otras disposiciones.
llevaría a un lector desprevenido a pensar que esta norma no pretende regular este tipo de semillas; pero si se aplica a estas semillas y en realidad se convierte en un claro instrumento para criminalizar el uso de las semillas de los agricultores. Veamos con detalle el trasfondo de esta perversa norma. El Objetivo de esta resolución es reglamentar y controlar la producción, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y transferencia a título gratuito y/o uso de la semilla sexual, asexual, plántulas o material micropropagado de todos los géneros y especies botánicos para siembras de cultivares obtenidos por medio de técnicas y métodos de mejoramiento convencional, incluyendo los OGM, con el fin de velar por la calidad de las semillas y la sanidad de las cosechas. El campo de aplicación son todas las personas naturales o jurídicas que investiguen en mejoramiento genético, evalúen cultivares, produzcan, acondicionen, importen, exporten, almacenen, comercialicen, transfieran a título gratuito y/o usen semillas, plántulas o material micropropagado de todos los géneros y especies botánicos para siembra. Esta norma se presenta como una reglamentación orientada a mejorar la calidad y sanidad de las semillas utilizadas en el país; mediante procesos de fitomejoramiento convencional, cuyo resultado es protegido por derechos de obtentores vegetales, patentes y semillas certificadas y registradas. Pero en realidad su alcance e impacto va mas allá del control de los problemas sanitarios y la calidad de las semillas, puesto que lo que se pretende es entregarle el control de todo el sistema de semillas a las grandes empresas, y especialmente se constituye en un instrumento para ilegalizar el uso, manejo, intercambio y comercialización de semillas nativas y criollas. Claramente la norma en su ámbito de aplicación dice que la regulación es sobre todo el sistema de producción y comercialización de semillas, que realicen todas las personas naturales o jurídicas, y no hace la excepción respecto a la enorme cantidad de semillas criollas que poseen las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombiana, quienes producen y manejan sus propias semillas. El ICA considera que las únicas “semillas legales” son las registradas y certificadas; es decir, por deducción todas las demás semillas son ilegales. En el fondo lo que busca esta norma y otras relacionadas es crear el escenario para criminalizar el uso, manejo, conservación, intercambio y comercialización de las semillas que aun poseen los agricultores. Para el ICA, las semillas nativas y criollas no existen La norma define siete tipos de semillas, todas ellas obtenidas a partir de programas de fitomejoramiento realizado en los centros de investigación, de tal forma que mantenga la pureza e identidad genética. Pero se desconoce la existencia de semillas obtenida por métodos de mejoramiento genético no convencional, realizado por los agricultores; es decir a pesar que regula todas las semillas, no considera que existen semillas nativas y criollas y no se re conoce el papel que han desempeñado las numerosas generaciones de agricultores y agricultoras en el desarrollo de la agrobiodiversidad. El ICA está desconociendo el “derecho del agricultor”, reconocido por la FAO, mediante la Resolución 5/89/FAO, e incluidos en el Tratado Internacional de recursos fitogenéticos, del año 2001, que dice claramente que son los “Derechos provenientes del pasado, contribuciones presentes y futuras de los agricultores en la conservación, mejora y posibilitar el acceso a los recursos genéticos, particularmente aquellos en los centros de origen/diversidad, de manera que: ... permita a los agricultores, sus comunidades y países en todas las regiones, participar por completo de los beneficios derivados, en el presente y en el futuro”. Registro Nacional de cultivares Nacionales
Se crea el “Sistema de información de cultivos”; manejado por el ICA; en el cual debe registrarse toda persona natural o jurídica que se dedique a la producción, importación, exportación, almacenamiento de semillas, investigación en fitomejoramiento y/o evaluación agronómica, y/o transferencia a título gratuito y/o uso de semillas, del producto de su cosecha y sus transformaciones. Esto significa que el gobierno quiere tener regular todas las semillas en el país, no solo las que producen y comercializan las empresas semilleras, sino también las semillas nativas y criollas que están por fuera del mercado formal. Todos las personas naturales o jurídicas que realicen producción y comercialización de de los cultivares de especies o grupos de especies, tienen la obligación de inscribirse ante el ICA por medio de un Sistema de Registro de Cultivares, que se realiza a través de un acto administrativo de Resolución motivada de carácter indefinido. Este registro contiene la información básica del creador, responsable del registro, uso y manejo del cultivar, como también las características y atributos agronómicos, industriales y/o de calidad culinaria de los cultivares que se pretendan producir, importar y/o comercializar. El productor debe inscribir los cultivares comerciales, los lotes de producción y reportar semestralmente a esta entidad la información sobre el material a sembrar, número de hectáreas, ubicación, fecha de siembra, categoría de la semilla, producción y venta de semillas y deben seguir las recomendaciones técnicas para la siembra y manejo de las semillas para cada subregión agroecológica. Adicionalmente debe cumplir con la reglamentación sobre bioseguridad, en el caso de ser cultivares modificados genéticamente y deben mantener las características del cultivar registrado. La norma dice que todo productor, y comercializador que desee utilizar un cultivar que se encuentre bajo el régimen de protección de los derechos de obtentores de variedades vegetales, debe presentar ante el ICA la autorización del obtentor para realizar la actividad deseada. Solo son legales las semillas certificadas La norma claramente dice que únicamente pueden utilizarse semillas “legales”, que sean certificadas. Entonces se deduce que el ICA considera ilegal que los pequeños agricultores campesinos e indígenas, produzcan utilicen, intercambien, compartan y comercialicen sus propias semillas, porque no cumplen con estos requisitos. Se pretende quitarles el control ancestral que han tenido sobre sus semillas; lo que es una evidente violación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y comunidades negras y campesinas. El ICA considera que solo existen dos sistemas para la producción y comercialización de semillas: Certificada: semilla de origen sexual y asexual destinada a comercialización; y Seleccionada: Corresponde a un sistema de producción sin supervisión del ICA durante el procedimiento de producción, para lo cual deberá cumplir con las normas establecidas para cada especie y esta será supervisada por el ICA en el proceso de comercialización. Las personas naturales o jurídicas que sean productores de semillas están obligadas a cumplir con los requisitos de calidad de las semillas, en todo el proceso desde la producción hasta la comercialización, estableciendo su propio control interno de calidad, considerando parámetros genéticos, fisiológicos, sanitarios, industriales, culinarios. Solo puede comercializarse semillas en los empaques originales de las empresas productoras, debidamente rotuladas o etiquetas. La ley también impone el concepto de que la semilla de buena calidad debe ser uniforme, es decir igual e invariable y además estable, es decir que no cambia en el tiempo. La calificación de semilla de buena calidad incluso para ser certificada, no incluye para nada el comportamiento agronómico. Sabemos que solamente la semilla producida por las grandes empresas semilleras es toda igual, y que sea toda igualita no significa que sea mejor. Las semillas además tienen que ser estables y para mantener un nombre no deben cambiar (GRAIN, 2010).
La norma claramente dice que únicamente pueden utilizarse semillas “legales”, que sean certificadas. Entonces se deduce que el ICA considera ilegal que los pequeños agricultores campesinos e indígenas, produzcan utilicen, intercambien, compartan y comercialicen sus propias semillas, porque no cumplen con estos requisitos. Se pretende quitarles el control ancestral que han tenido sobre sus semillas; lo que es una evidente violación de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y comunidades negras y campesinas. Se prohíbe producir semillas sin autorización del ICA Esta resolución establece prohibiciones, señalando claramente que las personas naturales o jurídicas, se abstendrán de registrar cultivares, cuyos nombres induzcan a error o a confusión sobre su lugar de origen; Induzcan a confusión por las características o con otros materiales que ya se encuentren en el mercado; o presenten similitud o induzcan a confusión respecto variedades protegidas y/o registradas. Igualmente se prohíbe almacenar, realizar tratamiento semillas con insumos no aprobados. Estas prohibiciones son inaceptables para los agricultores, puesto que muchas de las semillas criollas y nativas pueden presentar características fenotípicas similares a las semillas protegidas, puesto que las semillas registradas pueden haber surgido de cruzamientos entre variedades criollas, y en algunos casos se podrían confundir con las variedades protegidas. Esto podría tener implicaciones legales, y los agricultores ser penalizados con multas exorbitantes o incluso con la cárcel, como lo determina la ley 1032/2006, que dice que la sanción se aplica al uso de “variedades protegidos legalmente o similarmente confundibles con una protegida legalmente”. El hecho que una semilla criolla tenga una apariencia o nombres similares a una variedad protegida, no es argumento para prohibirles a los agricultores su utilización. El ICA establece que el agricultor interesado en reservar semillas de su propia cosecha para sembrarlas en su misma explotación, debe solicitar autorización al ICA. Esta reserva de semillas sólo podrá ejercerse por una sola vez en el ciclo agrícola; indicando la ubicación y el área del predio, la cual debe tener máximo de cinco hectáreas; debe tener en el predio una distancia mayor a mil metros respecto del predio donde otro agricultor esté usando el mismo género o especie vegetal; y utilizarla para su propio uso y no puede entregarla a terceros bajo ningún título; debe demostrar que en la explotación en su último cultivo solo ha usado solo semilla legal, certificada o seleccionada; y que ha habido agotamiento del derecho del obtentor respecto a la primera siembra, cuando se trate de material perteneciente a una variedad vegetal protegida. Esta autorización para reservar semillas no procede para cultivares pertenecientes a especies o géneros frutícolas, ornamentales, forestales y semillas modificadas genéticamente por ingeniería genética u obtenidas por mutaciones espontáneas o inducidas artificialmente. Estas restricciones hacen imposible que los agricultores puedan guardar las semillas, lo que es una clara violación del derecho del agricultor, consagrado por la FAO, y rompe con el derecho consuetudinario que ancestralmente han ejercido los agricultores, para conservar, mejorar, usar, intercambiar y comercializar sus semillas. Si los agricultores desde épocas ancestrales no hubieran guardado sus semillas para ser utilizadas en la próxima cosecha y no hubieran permitido que estas fluyeran libremente, actualmente no tendríamos esa enorme biodiversidad agrícola y habría desaparecido ese extraordinario patrimonio genético de la nación y de los pueblos que orgullosamente las han protegido. Incluso si estas semillas nativas desaparecen, por obstaculizar el proceso de evolución natural de las semillas, el sistema de mejoramiento convencional no tendría de donde obtener sus nuevos desarrollos tecnológicos. ¡Escondan las semillas que llego la policía! La resolución establece que toda persona natural o jurídica estará en la obligación de permitir la inspección o el ingreso a cualquier inmueble de los funcionarios del ICA o a aquellos
debidamente acreditados, para ejercer el control de todas las actividades realizadas con las semillas en el país. El ICA podrá cancelar o suspender el registro cuando se compruebe que el cultivar ha perdido su estabilidad, homogeneidad y/o valor agronómico, o cuando sus características y su comportamiento agronómico, constituyan riesgos en el equilibrio ambiental, sanitario y económico. En estos casos se impondrán medidas de control y sanciones, de conformidad con lo establecido en el Capítulo X del Decreto 1840 de 1994, sin derecho a indemnización alguna. Estas medidas control policiva sobre los predios y sobre las semillas que poseen los agricultores, evidentemente esta violando los derechos especiales que la Constitución de Colombia, los tratados internacionales y las leyes nacionales le conceden a los pueblos indígenas y comunidades negras sobre sus territorios, sus recursos y sus bienes culturales. Es inaceptable que el ICA no considere que las semillas nativas bienes patrimoniales fundamentales de estas comunidades y que determine que solo se pueden comercializar las semillas registradas y certificadas, por lo que guardar, conservar, producir y utilizar las semillas por los agricultores es un acto ilegal que debe ser sancionado. Las semillas nativas y criollas que aún controlan los millones de agricultores y agricultoras en el mundo y la soberanía alimentaria de los pueblos; hoy más que nunca están amenazadas, por la codicia de las transnacionales semilleras, que pretenden apropiarse, controlar y destruir el maravilloso y complejo sistema tradicional de manejo de las semillas. Es inaceptable ver como el ICA, no está protegiendo las semillas criollas, que son un valioso patrimonio genético de la nación, y por el contrario se está convirtiendo en el vehículo para entregar el control de las semillas a un puñado de empresas; mediante la imposición de normas perversas, que van en contravía del libre uso, mejoramiento, e intercambio y comercialización de las semillas que realizan los agricultores desde épocas ancestrales. ¿Qué podemos hacer frente a estas perversas normas de semillas? Respecto a cómo podemos enfrentar estas leyes de semillas, GRAIN, 2010, señala “No es fácil para los Estados implementar estas leyes porque es mucha la gente a la que tienen que controlar: gente que lleva siglos resistiendo, batallando y produciendo comida. Por lo tanto estas leyes, a pesar de lo terribles que son, son aún sólo papel y letra y seguirán siéndolo en la medida que sigamos produciendo comida de manera independiente. En la medida que soltemos la producción de alimentos y dejemos que esa producción sea controlada por las trasnacionales, estas leyes van a ser sumamente reales. La pelea va a ser dura, pero por otro lado no hay que olvidar que el ataque es así de feroz e implacable, porque la capacidad que hoy día tienen los pueblos campesinos e indígenas del mundo de seguir produciendo comida es sumamente importante. Si la comida que producen los pueblos campesinos e indígenas fuese marginal, no se necesitarían estas leyes, dejarían que las comunidades campesinas e indígenas murieran por sí solas. La intensidad del ataque tiene que ver con la importancia de lo que todavía mantienen en sus manos las comunidades indígenas y campesinas. Por eso hoy en día es más importante que nunca mantener las semillas propias y todos los sistemas colectivos que permiten que esa semilla se mantenga viva y se mantenga caminando”. Para enfrentar estas normas regresivas, debemos fortalecerlos procesos de recuperación y usos de las semillas criollas y los sistemas tradicionales basados en el manejo de la biodiversidad, como estrategia para valorar y defender nuestras semillas, porque el día que dejemos perder las semillas que están en manos de los agricultores, quedaremos en manos de las transnacionales que nos dirán que podemos sembrar y comer. No podemos aceptar que las semillas se privaticen y que sean controladas por unas pocas empresas y mucho menos permitir que se criminalice el uso y la producción de semillas. Los agricultores y agricultoras de todo el país debemos hacer 9
todo lo contrario de lo que imponen las leyes de semillas; frente a la privatización y monopolización, tenemos que garantizar que las semillas no tengan un solo dueño y que caminen con los agricultores en todas las direcciones; frente a las semillas homogéneas, mantendremos toda la diversidad de semillas en nuestras parcelas y dejaremos que ellas convivan y fortalezcan sus múltiples características adaptativas y productivas como siempre ha ocurrido. No permitiremos la certificación y el registro de nuestras semillas criollas, porque ellas son un patrimonio colectivo, que afortunadamente no podrían ser registradas por una comunidad específica y tampoco cumplen con los requisitos para aplicar a los derechos de obtentores vegetales y mucho menos un pequeño productor de semillas no lograría cumplir con los requisitos de esta norma. Es evidente que esta norma viola los derechos de los agricultores y de las comunidades indígenas y afrocolombianas, por la no realización de la consulta previa antes de su aprobación, lo hace que sea una norma inconstitucional, y perfectamente cabria una acción judicial para derogarla. No podemos dejar que se impida el flujo horizontal de las semillas entre los agricultores y que se rompa la relación de interdependencia entre los pueblos con sus semillas; puesto que ellas son fundamentales como el aire que respiramos, es así como las consideran los pueblos ancestrales andinos que sabiamente dicen: “las semillas nos crían a nosotros y nosotros criamos a las semillas”.
Nueva era para la agroindustria de semilla y las siembras agrícolas en Colombia
Bogotá D.C., marzo 17 de 2010. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) acaba de emitir una Resolución que define todos los requisitos relacionados con la producción, importación, exportación, comercialización y uso de semillas en el país. Se trata de la Resolución 970 del 10 de marzo de 2010, que deroga la Resolución 148 de 2005. La norma es aplicable a todos los agricultores independientemente de las semillas, de los géneros y especies agrícolas que cultiven. A partir de ahora, los agricultores del país están en la obligación de hacer buen uso de las semillas que utilizan para sus cultivos, gracias a que el gobierno acaba de modificar la normatividad que busca ponerle un “tatequieto” a la llamada semilla de costal y a la semilla de contrabando, cuyo uso puede traer problemas sanitarios de gravedad para el país, afectar económicamente la producción y ocasionar el cierre de oportunidades comerciales en el exterior. La Resolución 970 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que fue sometida a Consulta Pública, establece los requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de usar semillas y señala, entre otros aspectos, que los agricultores deben inscribir los lotes que se van a utilizar para cada siembra. Al referirse a la importancia de la nueva Resolución, el gerente general del ICA, Luis Fernando Caicedo Lince, manifestó que “esta norma es aplicable para todos los miembros de la cadena productiva de todos los géneros y especies, incluido el agricultor, quien a partir de ahora asume un papel y un compromiso contundente para el desarrollo de la cadena”. En efecto, los agricultores están obligados a inscribir los lotes que utilizarán para siembra en la oficina del ICA más cercana, indicando el material vegetal a sembrar, número de hectáreas a sembrar, ubicación y tamaño del predio, fecha de siembra y categoría de la semilla, adjuntando la respectiva factura.
También deben utilizar semilla legal y acoger las recomendaciones técnicas para la siembra y manejo de las semillas dispuestas por el productor, importador, exportador o comercializador, realizando la siembra siempre bajo las recomendaciones establecidas por el ICA. Adicionalmente se mantiene, entre otras cosas, que toda persona natural o jurídica que se dedique a la producción, importación, exportación, almacenamiento de semillas, investigación en fitomejoramiento y/o evaluación agronómica, debe registrarse en el ICA, ante la Dirección Técnica de Semillas, previa solicitud y cumpliendo varios requisitos. En términos generales, lo que se busca es la trazabilidad desde la siembra hasta la transformación, para lo cual se establece el Sistema de Información de Cultivos que deberá implementarse por parte de la entidad a partir de marzo de 2011. De acuerdo con el Artículo 18 de la mencionada Resolución, para cumplir con este trámite se debe registrar la cantidad de semilla o de material vegetal autorizada para ser comercializada, producida o importada, y a su vez el agricultor tendrá que hacer lo propio con respecto a la compra, adquisición o autorización de uso de semilla. El documento reza que “las partes suministrarán toda la información solicitada por el sistema para completar el registro”, e igualmente señala que cuando se trate de autorización de uso y/o transferencia a título gratuito de semilla, el ICA reportará la autorización en el Sistema de Información de Cultivos. Igualmente, se tendrá que registrar la comercialización y/o transferencia a título gratuito de la cosecha y sus transformaciones en el sistema. “La resolución es muy importante porque pone a tono al país con la evolución mundial de la agroindustria de semillas, ya que contempla todos los aspectos alrededor de este insumo fundamental para la consolidación agropecuaria, teniendo en cuenta que contempla todos los aspectos relacionados con producción de semilla. Importación, biotecnología moderna, cultivares y propiedad intelectual en variedades vegetales”, subrayó Caicedo Lince. ICA. Comunicado, 17/03/2010
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References: artículo 306
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RESOLUCIÓN 
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 Artículo 18
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