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Timestamp: 2019-10-22 16:44:42+00:00

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STC 23/2002, 28 de Enero de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 142610
STC 23/2002, 28 de Enero de 2002
Ponente: Don Pablo Cachón Villa
Número de Recurso: 581/2001
RA 581-2001. Promovido por don Sergio H. F. respecto de resoluciones de la Audiencia Provincial, y de un Juzgado de Instrucción, de Santa Cruz de Tenerife que acordaron su prisión provisional, en una causa seguida por delitos de robo con violencia e intimidación y contra la salud pública. Vulneración del derecho a la libertad personal: prisión provisional insuficientemente motivada (STC 128/1995).
Sentencia citada en: 2569 sentencias, 6 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 581-2001, promovido por don Sergio H. F., representado por la Procuradora doña María Lourdes Amasio Díaz y asistido del Letrado don Sergio Arbelo Ledesma, contra el Auto de fecha 27 de noviembre de 2000, dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Arona en las diligencias previas núm. 5527-2000, en el que se acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del ahora recurrente, contra el Auto de 7 de diciembre de 2000, dictado por dicho Juzgado en las mismas diligencias previas, que desestimó el recurso de reforma formulado frente a dicho Auto, y contra el Auto de 11 de enero de 2001 dictado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Segunda, que desestimó el recurso de queja interpuesto contra los anteriores. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Cachón Villar, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito presentado en el Registro de este Tribunal el día 2 de febrero de 2001, la Procuradora de los Tribunales doña María Lourdes Amasio Díaz, en nombre y representación de don Sergio H. F., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales mencionadas en el encabezamiento
Los hechos en los que se fundamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los que a continuación se relacionan:
El Juzgado de Instrucción núm. 2 de Arona dictó Auto en fecha 27 de noviembre de 2000, en el curso del proceso seguido contra el actual demandante de amparo y otros, por supuestos delitos de robo con violencia e intimidación y contra la salud pública, por el que acordó su prisión provisional comunicada y sin fianza.
La fundamentación jurídica de dicho Auto era del tenor literal siguiente: "Primero.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 503 y 504.bis.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que proceda la prisión provisional se requiere: 1)- Que conste en la causa la existencia de un hecho que tenga caracteres de delito.- 2)- Que éste tenga señalada pena superior a prisión menor (hoy superior a tres años, conforme al nuevo Código Penal) o que, teniéndola igual o inferior, se considere procedente en atención a las circunstancias del hecho o antecedentes del inculpado.- 3)- Que existan motivos bastantes para estimar responsable criminalmente a la persona contra la que se haya de dictar el auto de prisión.- 4)- Que se haya celebrado la ‘audiencia’ prevista en el artículo 504.bis.2, con asistencia del imputado y del Ministerio Fiscal.- 5)- Que la prisión haya sido solicitada por el Fiscal o parte acusadora.- Segundo.- En el presente caso concurren todos los requisitos mencionados, por cuanto de las actuaciones practicadas se desprende la existencia de un delito de robo con violencia e intimidación y contra la salud pública, previsto y penado en el vigente Código Penal en sus artículos 242 y 363, respectivamente, existen en la causa méritos bastantes para estimar responsable criminalmente de dicho delito a Sergio H. F., se ha celebrado la audiencia que exige la Ley y por último la prisión provisional ha sido solicitada por el Ministerio Fiscal.- Tercero.- Por lo expuesto procede decretar la prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa de Sergio H. F.".
Contra dicho Auto interpuso el ahora demandante de amparo recurso de reforma en el que, amén de entender que no había datos bastantes para que pudiera presumirse su participación en los supuestos delitos de robo y contra la salud pública, alegaba, con invocación del art. 17 CE, la falta de motivación de la resolución judicial por no haber considerado las circunstancias personales del interesado, entre ellas su arraigo familiar, profesional, económico y social, que fundamentaban la ausencia de riesgo de fuga para el caso de quedar en libertad.
El recurso de reforma fue desestimado por el citado Juzgado de Instrucción mediante Auto de 7 de diciembre de 2000, cuya fundamentación jurídica es del tenor literal siguiente: "Único.- Las alegaciones formuladas por el Letrado Sr. Arbelo Ledesma no desvirtúan las consideraciones en su día tenidas en cuenta para acordar la prisión provisional del Sr. H..- En efecto, de las diligencias hasta ahora practicadas existen suficientes indicios en la causa como para considerar al Sr. H. presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y de un delito contra la salud pública, los cuales conllevan una pena suficientemente grave, lo que, unido a la indudable alarma social que produce la comisión de este tipo de delitos, nos hacen pensar que son motivos bastantes para mantener la situación de prisión provisional inicialmente acordada.- Los requisitos que han de reunirse para que proceda acordar la prisión provisional o su mantenimiento, que cabe analizar si concurren en el presente caso, son: -Que conste en la causa la existencia de un hecho que presente caracteres de delito. De las actuaciones practicadas existen indicios racionales de que los hechos que han dado origen a las mismas pueden ser constitutivos de un delito previsto y penado en el art. 242 del Código Penal, como es el de robo con violencia e intimidación, al haber sido reconocido por L.T.como la persona que le golpeó en la cabeza cuando lo perseguía y le dio alcance a la altura del centro comercial y por P. C. como una de las personas que formaban el grupo de cuatro, y por encontrarse en el coche que el mismo conducía la cartera incluyendo la tarjeta de crédito del Sr. T.. Igualmente los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra la salud pública previsto y penado en el art. 368 y siguientes del Código Penal, ya que el propio Sr. H. reconoce en su declaración presentada en sede judicial que los franceses le preguntaron por pastillas y ellos se ofrecieron a conseguírselas. Preguntado que conseguía con ofrecerse a conseguir pastillas, manifiesta que algo de dinero.- Que éste tenga señalada pena superior a la de prisión menor o, no siendo superior, concurran determinados elementos que habrán de ser atendidos por el Juez y que aparecen recogidos en el art. 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El delito de robo con violencia e intimidación y el delito contra la salud pública tienen prevista pena superior a la prisión menor, por lo que en este caso también concurre este requisito, y además se trata de delitos que crean una enorme alarma social.- Que aparezcan en la causa motivos bastantes para considerar criminalmente responsable del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión. El hecho de ser reconocido, como se señaló anteriormente, por las víctimas del delito y su propia declaración en sede judicial, reconociendo haberse ofrecido para conseguir droga a las víctimas, son motivos bastantes para considerar al imputado responsable criminal de estos delitos.- Por todo ello procede, como se ha expuesto, desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución recurrida".
Contra el anterior Auto se formuló recurso de queja, en el que nuevamente se alegaba la insuficiente fundamentación de las resoluciones judiciales, con la consiguiente lesión de los derechos reconocidos en los arts. 17.1 y 24.1 CE. Dicha falta de motivación se evidencia en el hecho de que la medida de privación de libertad se pretende justificar por la gravedad de la pena correspondiente a los delitos imputados y por la alarma social que produce la comisión de éstos, pero sin fundamentar la misma en consideración a las concretas circunstancias personales del encausado. En este sentido, se alude en el recurso a que "ni se mencione siquiera el riesgo de fuga, ni se atienda a las circunstancias personales y de arraigo familiar alegadas", señalando, al efecto, "las referentes a la ausencia de antecedentes penales, a la ausencia de riesgo de fuga, pues se trata de un joven de 18 años, estudiante de COU, con domicilio conocido que vive con sus padres, funcionarios del Estado de profesión, y que tiene un entorno familiar y social sano y estable", excluyendo además la existencia de peligro de ocultación de pruebas.
Con base en los anteriores hechos, formula el actor su demanda de amparo que dirige contra las mencionadas resoluciones judiciales por entender que todas ellas han lesionado su derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE). Esta vulneración constitucional dimana de que las resoluciones judiciales no expresan ningún fin constitucionalmente legítimo que justifique la privación de libertad. Concretamente, el Auto de la Audiencia Provincial no hace ninguna mención a las circunstancias personales del recurrente que fueron alegadas en el recurso de queja, fundamentando la decisión únicamente en la gravedad de la pena y la alarma social que produce el delito de robo, circunstancias éstas que son insuficientes —alega el actor— para justificar la prisión provisional desde una perspectiva constitucional, de cuya doctrina se citan, entre otras, las SSTC 128/1995, 62/1996, 158/1996 y 44/1997.
Mediante providencia de 30 de marzo de 2001 la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo presentada y que se requiriese atentamente, conforme a lo establecido en el art. 51 LOTC, a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y al Juzgado de Instrucción núm. 2 de Arona a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiesen, respectivamente, testimonio de las actuaciones correspondientes al rollo núm. 485-2000 (recurso de aqueja) y a las diligencias previas núm. 5527-2000 y pieza de situación personal del recurrente, interesando al propio tiempo el emplazamiento de quienes fueran parte en el procedimiento, con excepción del demandante de amparo, ya personado, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo desearan, en el recurso de amparo.
Por providencia de esa misma fecha, 30 de marzo de 2000, la Sala acordó la formación de la pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión, conforme determina el art. 56 LOTC, y la concesión de un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y al recurrente para que alegaran cuanto tuviesen por conveniente sobre dicha medida cautelar.
Por diligencia de ordenación de 18 de octubre de 2001 de la Secretaría de la Sala Segunda se abrió el trámite de alegaciones, que prevé el art. 52 LOTC, por plazo común de veinte días.
En fecha 16 de noviembre de 2001 se recibió el escrito de alegaciones del recurrente, ratificando íntegramente su demanda de amparo.
En la misma fecha de 16 de noviembre de 2001 se recibió el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal. En él, tras reseñar, en síntesis, los hechos que fundamentan la petición de amparo, analiza el Ministerio público la queja constitucional del recurrente, afirmando que el eje central de la presente demanda de amparo radica en la invocada falta de motivación de los Autos de prisión provisional que acordaron la imposición de una medida limitativa del derecho fundamental a la libertad personal.
A la luz de la anterior doctrina constitucional —continúa el Ministerio público— se impone el análisis de las tres resoluciones que son objeto de la presente demanda de amparo. Así, puede advertirse que en el inicial Auto de prisión provisional que fue dictado en el mismo día que el Sr. H. F. fue detenido, el Juzgado de Instrucción sustentó su decisión de acordar la prisión provisional en la apreciación de indicios racionales de criminalidad imputables al referido como presunto autor de dos delitos graves como eran los de robo con violencia y tráfico de drogas. Es evidente que en este caso y en dicho momento, dada la premura de tiempo que medió entre la apertura de las diligencias penales, la detención y la adopción de la medida cautelar ningún reproche constitucional habría podido hacerse a este inicial Auto si el mismo hubiere justificado la concurrencia de un fin constitucionalmente legítimo como era el del aseguramiento de la investigación o de la persona del imputado a las resultas del proceso fundamentándolo en la gravedad de los delitos que eran imputados al actor, pues se ignoraban cuáles podrían ser las particulares circunstancias del hecho y las personales que concurrían en aquél. Sin embargo, en el Auto se limita el órgano judicial a constatar, como si de una resolución inculpatoria se tratare, la concurrencia de indicios racionales de criminalidad de dos delitos graves en la persona del imputado sin expresar ninguna conexión con los fines constitucionalmente legítimos que justificarían la adopción de dicha medida, lo que se traduce, en definitiva y de conformidad con la doctrina constitucionalmente expuesta, en una carencia absoluta de motivación de esta resolución, pues aunque apoyada en la gravedad de los delitos imputados la resolución no efectuó ponderación alguna de los intereses legítimos y del derecho fundamental sacrificado.
El Ministerio Fiscal concluye que el amparo debe ser otorgado, si bien su alcance habrá de ser meramente formal y limitado a los Autos impugnados, pues el Sr. H. F. alcanzó posteriormente la libertad provisional por esta causa y fue condenado más tarde por uno de los dos delitos de que había sido acusado además de por dos faltas. El derecho a la libertad personal del recurrente quedará pues plenamente respetado con la anulación de los Autos de 27 de noviembre y 7 de diciembre de 2000 y de 11 de enero de 2001, dictados, respectivamente, por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Arona y por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Por providencia de fecha 24 de enero de 2002 se acordó señalar para la deliberación y votación de esta Sentencia el día 28 del mismo mes y año.
El presente recurso de amparo se dirige contra los Autos de 27 de noviembre y 7 de diciembre de 2000, dictados por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Arona en las diligencias previas núm. 5527-2000, seguidas por supuestos delitos de robo con violencia e intimidación y contra la salud pública, y contra el Auto de 11 de enero de 2001, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El primero de dichos Autos acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza del ahora recurrente en amparo, el segundo desestimó el recurso de reforma interpuesto contra el anterior y el tercero desestimó el recurso de queja formulado ante la Audiencia Provincial. Se hace referencia con más detalle a dichos Autos en el antecedente segundo de esta Sentencia.
Antes de analizar lo que constituye el propio objeto del recurso —si la motivación de las mencionadas resoluciones judiciales es constitucionalmente suficiente— debe examinarse si se ha producido la pérdida sobrevenida de dicho objeto, como consecuencia de haberse producido la puesta en libertad del recurrente en amparo con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo y antes de su admisión a trámite.
Pasando al análisis de fondo de la queja planteada, preciso es referirse a la reiterada doctrina de este Tribunal acerca de los requisitos exigibles, en el ámbito constitucional, respecto de la medida cautelar de prisión provisional. Esta doctrina se recoge en la citada STC 61/2000, FJ 3, según la cual la constitucionalidad de la medida de prisión exige el cumplimiento de los requisitos que a continuación se indican:
Su configuración y aplicación han de tener como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión del delito y su objetivo ha de ser la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida. Se ha señalado, al respecto, que los riesgos a prevenir son la sustracción a la acción de la Administración de justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva (así, entre otras, la STC 207/2000, de 24 de julio, FJ 6).
Las decisiones relativas a la adopción y al mantenimiento de la prisión provisional deben expresarse en una resolución judicial motivada. Para que la motivación se considere suficiente y razonable es preciso que la misma sea el resultado de la ponderación de los intereses en juego (la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado; la realización de la Administración de justicia penal y la evitación de hechos delictivos, por otro) y que esta ponderación no sea arbitraria, en el sentido de que resulte acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y especialmente con los fines que justifican la prisión provisional [SSTC 128/1995, de 26 de julio, FJ 4 b), y 47/2000, FJ 2].
Es obligado, además, indicar que el control que este Tribunal debe ejercer ha de limitarse a verificar que la decisión ha sido adoptada de forma fundada, razonada y acorde con los fines de esta institución, ya que no corresponde a este Tribunal determinar en cada caso si concurren o no las circunstancias que permiten la adopción o el mantenimiento de la prisión provisional sino únicamente el control externo de esa decisión (entre otras, SSTC 19/1999, de 22 de febrero, FJ 6, 71/2000, de 13 de marzo, FJ 8, y 231/2000, de 2 de octubre, FJ 7).
La aplicación de la anterior doctrina al presente supuesto determina la estimación del amparo, pues los órganos judiciales no han motivado suficientemente sus decisiones al acordar y mantener, en sus respectivos casos, la prisión provisional del recurrente.
El Auto de 7 de diciembre de 2000, como mantiene el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, añade solamente el argumento de "la indudable alarma social que produce la comisión de este tipo de delitos", aunque sin desarrollar esta afirmación. Mas la genérica alarma social, así invocada, no justifica adecuadamente la adopción o mantenimiento de la medida cautelar que se contempla. En efecto, como dijimos en la STC 66/1997, de 7 de abril, FJ 6, y reiteramos en las SSTC 98/1997, de 20 de mayo, FJ 9, y 47/2000, de 17 de febrero, FJ 5, "con independencia del correspondiente juicio que pueda merecer la finalidad de mitigación de otras alarmas sociales que posean otros contenidos —la alarma social que se concreta en disturbios sociales, por ejemplo— y otros orígenes —la fuga del imputado o su libertad provisional—, juicio en el que ahora no es pertinente entrar, lo cierto es que la genérica alarma social presuntamente ocasionada por un delito constituye el contenido de un fin exclusivo de la pena —la prevención general— y (so pena de que su apaciguamiento corra el riesgo de ser precisamente alarmante por la quiebra de principios y garantías jurídicas fundamentales), presupone un juicio previo de antijuridicidad y de culpabilidad del correspondiente órgano judicial tras un procedimiento rodeado de plenas garantías de imparcialidad y defensa". Por otra parte, dicho Auto no contiene consideración alguna sobre las circunstancias personales de quien recurría en reforma, circunstancias a las que explícitamente se aludía en el escrito de recurso, constituyendo uno de los puntos centrales del mismo, alegando su condición de estudiante, con domicilio conocido en La Laguna en un entorno familiar y social sano y estable, y sin antecedentes penales. Por último, aunque este Auto contiene una especial concreción y fundamentación de los hechos por los que se inculpaba provisionalmente al interesado (lo que no sucedía en la resolución entonces recurrida), sin embargo tampoco se expresan en él los fines constitucionalmente legítimos que hubieran justificado el mantenimiento de la medida cautelar de privación de libertad.
Otorgar el amparo solicitado por don Sergio H. F. y, en consecuencia:
Declarar que se ha vulnerado el derecho del recurrente a la libertad (art. 17.1 CE).
Restablecerle en su derecho y, a tal fin, anular los Autos del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Arona de 27 de noviembre y 7 de diciembre de 2000, y de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 11 de enero de 2001.
SAP Barcelona, 2 de Junio de 2004
SAP A Coruña 393/2012, 27 de Julio de 2012

References: resolución 
 artículo 504
 resolución 
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