Source: https://tc.vlex.es/vid/1-24-c-2-15033804
Timestamp: 2019-07-16 14:09:51+00:00

Document:
STC 159/1987, 26 de Octubre de 1987 - Jurisprudencia - VLEX 15033804
Fecha de Resolución: 26 de Octubre de 1987
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1/1987
1. El derecho enunciado en el art. 24.1 C.E. garantiza, en una de sus diversas proyecciones, el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia propia que el ordenamiento les reconoce, pues si así no fuera, el derecho mismo a la jurisdicción, en todo su complejo contenido, quedaría, sin más, privado de sentido. Manifestaciones de esta exigencia constitucional son, de acuerdo con una constante doctrina de este Tribunal, el derecho a que las resoluciones judiciales se ejecuten en sus propios términos y también el respeto a la firmeza de esas resoluciones y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas, pues también si la cosa juzgada («material», según la más arraigada expresión doctrinal) fuese desconocida vendría a privarse de eficacia a lo que se decidió con firmeza al cabo del proceso. En el ámbito, pues, de lo definitivamente resuelto por un órgano judicial no cabe iniciar -a salvo el remedio extraordinario de la revisión y el subsidiario del amparo constitucional- un nuevo procedimiento, y si así se hiciera se menoscabaría, sin duda, la tutela judicial dispensada por la anterior decisión firme. 2. Resulta inaceptable desde la perspectiva constitucional que, anulada por el Tribunal Constitucional una Sentencia penal condenatoria por los defectos intrínsecos del razonamiento en ella expuesto, se llegue a dictar por el mismo órgano judicial nueva resolución de fondo, reiterando así el ejercicio del «ius puniendi» del Estado y arrojando, con ello, sobre el justiciable la carga y la gravosidad de un nuevo enjuiciamiento que no está destinado a corregir una vulneración en su contra de normas procesales con relevancia constitucional.
Sentencia citada en: 1085 sentencias, 34 artículos doctrinales, un tema práctico, 5 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo seguido con el núm. 1/87, a instancia del Procurador don Eduardo M. P., en nombre y representación de don Antonio H. G., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción de Soria, en 5 de diciembre de 1986, revocatoria de la dictada por el Juzgado de Distrito de dicha ciudad, en juicio de faltas núm. 437/84.
1. Con fecha 2 de enero de 1987 tuvo entrada en este Tribunal la demanda de amparo interpuesta por don Antonio H. G., representado por el Procurador don Eduardo M. P., contra la Sentencia del Juzgado de Instrucción de Soria de 5 de diciembre de 1986 (juicio de faltas núm. 437/84). El recurrente en amparo fue condenado por la Sentencia del Juzgado de Instrucción de Soria de 29 de marzo de 1985, como autor de una falta del art. 570.5 del Código Penal. Recurrida esta Sentencia en amparo ante el Tribunal Constitucional, éste otorgó el amparo solicitado mediante la STC 104/1986, de 17 de julio («BOE» núm. 193, de 13 de agosto, págs. 2 y siguientes). Dicha Sentencia dispuso en su fallo «otorgar el amparo al demandante don Antonio H. G. y en consecuencia anular la Sentencia del Juzgado de Instrucción de Soria de 29 de marzo de 1985». El Juzgado de Instrucción, una vez recibidas las actuaciones y tomado conocimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional, entendió que debía dictar nueva Sentencia y así lo hizo el 5 de diciembre de 1986, reiterando el fallo anulado por la STC 104/1986, y condenando al recurrente como autor de una falta prevista en el art. 570.5 del Código Penal a la pena de 7.500 pesetas, con arresto sustitutorio de cuatro días.
Ahora bien, cabe sostener que el Juzgado no ha tenido suficientemente en cuenta la posición preferencial de los derechos reconocidos en los arts. 20.1 a) y d) de la Constitución, en régimen de concurrencia normativa con el límite derivado del interés público que subyace en las Leyes penales, límite que no tiene carácter absoluto y que ha de ser interpretado con criterio restrictivo y en el sentido más favorable a la libertad de expresión y de comunicación, que garantizan no sólo un derecho fundamental sino un interés constitucional, según se dijo en las SSTC 6/1981, de 16 de marzo, y 159/1986, de 12 de diciembre. El bien jurídico protegido en la falta tipificada en el art. 570.5 del Código Penal, a diferencia de lo que ocurre con la del art. 586.1 del mismo Código, no protege directamente el honor, sino el orden público, como se sigue de la propia rúbrica del Capítulo Segundo I del Libro III del Código Penal. El orden público puede ser un limite a derechos fundamentales (arts. 16.1 de la Constitución y 10.2 de la Convención para la Protección de los Derechos del Hombre y de las Libertades Públicas, de 1950), pero, si se tienen en cuenta las dos frases que el Juzgado acota y valora más vejatorias para la autoridad, en el contexto del artículo publicado en la sección de humor de un semanario, se advierte que la Sentencia impugnada no profundiza en la rigurosa ponderación de la norma contenida en el art. 570.5 del Código Penal, en cuanto limita y coarta el derecho fundamental que se cuestiona ni, sobre todo, tiene en cuenta, de manera suficientemente razonada, que la libertad de expresar y de comunicar constituye una garantía esencial, en una sociedad democrática, de la fundamental institución de la opinión pública. Se ha de concluir, pues, en que la resolución judicial impugnada infringió el art. 20.1 a) y d) de la Constitución, al introducir el Juzgado unas limitaciones del mismo incompatibles con su contenido constitucional. Por ello se interesa del Tribunal dicte Sentencia estimando el amparo solicitado y anulando la Sentencia de 5 de diciembre de 1986, del Juzgado de Instrucción de Soria.
1. Según resulta claro a la vista de los antecedentes, nuestro examen se ha de iniciar con el análisis de las violaciones de derechos que se habrían producido, a decir del actor, no ya por el contenido de la resolución judicial de condena, sino, antes aún, por la misma adopción de una nueva Sentencia en el juicio de faltas de cuya apelación conoció dicho órgano judicial, es decir, por el hecho mismo de haberse dictado una nueva Sentencia, la de 5 de diciembre de 1986, para sustituir a la de 29 de marzo de 1985, anulada por nosotros en la STC 104/1986, de 17 de julio, que puso término, concediendo el amparo entonces solicitado, al recurso núm. 909/1985, iniciado a instancia del recurrente actual. Como queda dicho, la representación del señor H. G. considera que, tras la resolución de aquel recurso de amparo constitucional, no procedía que el Juzgado de Instrucción de Soria dictase una nueva decisión sobre el fondo del asunto y entiende que al haberlo hecho se ha desconocido la cosa juzgada propia a nuestra STC 104/1986, con la consiguiente vulneración del derecho declarado en el art. 24.1 de la Constitución. Añade a ello que el procedimiento seguido para la adopción de esta segunda resolución de condena ha vulnerado los derechos a ser informado de la acusación y a ser presumido inocente; que la Sentencia misma ha conculcado, igualmente, el principio constitucional que se expresa en la tradicional fórmula non bis in idem (arts. 24.2 y 25.1 de la Norma fundamental). Aunque es claro que todos estos reproches guardan relación entre sí, igualmente claro es que el análisis de los últimamente mencionados sólo procede si el del expuesto en primer lugar no arrojase un resultado concluyente. Comenzaremos, pues, por determinar si es efectivamente reconocible en la Sentencia impugnada una quiebra del principio de cosa juzgada que haya deparado la lesión del derecho que se enuncia en el art. 24.1 de la Constitución.
Con todo, la cosa juzgada que, de ser cierto lo alegado por el demandante, habría resultado contrariada por la Sentencia impugnada, no sería tanto la que sin duda ostenta nuestra STC 104/1986 (art. 164.1 de la Constitución), que el Juez de Instrucción de Soria ha creído ejecutar, como la que corresponde, en virtud de lo decidido en dicha Sentencia constitucional, a la resolución absolutoria recaída en la primera instancia del juicio de faltas que estuvo en el origen de aquel recurso de amparo y del presente, esto es, a la Sentencia de 11 de febrero de 1985, dictada por el Juzgado de Distrito de Soria. Esta rectificación de matiz sobre lo que en la demanda de amparo se arguye es aquí, como primera consideración, inexcusable, porque, en efecto, las condiciones de identidad entre objetos procesales a partir de la que nace la exigencia de respetar la cosa juzgada no se dan si se compara el proceso constitucional al que puso término la citada STC 104/1986 y el proceso penal que estuvo en su origen y que de nuevo se ha querido concluir con la Sentencia ahora impugnada, ya que en el primero -en el proceso constitucional- no se conoció, como es obvio y según en la misma Sentencia se advirtió (fundamento jurídico 7.°, de la culpabilidad o inocencia de quien fuera acusado y sí sólo, en correspondencia con el ámbito legal de este recurso [arts. 41.3 y 44.1 b) de la LOTC], de la posible violación -efectivamente entonces constatada de derechos amparados en este cauce. Distinta es, sin embargo, la conclusión a que cabría llegar -moviéndonos aún en el terreno de la hipótesis- si, como se ha dicho, se ponen en relación la Sentencia ahora impugnada y la en su día dictada por el Juzgado de Distrito, pues se podría considerar -y tal es el sentido objetivo de la queja del actor por quiebra de la cosa juzgada- que esta última resolución absolutoria alcanzó plena firmeza una vez que resultó anulada por la repetida STC 104/1986 la dictada en apelación por el Juzgado de Instrucción, con la consecuencia, si así fuera, de que, habiéndose pronunciado de nuevo el Juzgador de apelación sobre el objeto de un proceso penal ya cerrado mediante resolución firme, se habría menoscabado el principio de respeto a cosa juzgada que aquí se considera y a su través el derecho del señor H. G. a la efectividad de la tutela judicial obtenida. Ciertamente la violación de la fuerza de cosa juzgada material de la Sentencia dictada por el Juez de Distrito no se habría producido, sin embargo, si dicha Sentencia no hubiese adquirido firmeza en razón de la dictada por nosotros en el recurso de amparo 909/85, cuyo desconocimiento o errado entendimiento por parte del Juez de Instrucción es así la condición de posibilidad de la vulneración producida.
3. El Juzgado de Instrucción de Soria venía obligado, como primera consideración, al cumplimiento de lo resuelto por la STC 104/1986 de este Tribunal (art. 87.1 de la LOTC), en cuyo fallo no se incluyó mandato alguno en orden a la retroacción del procedimiento penal o a la adopción de una nueva resolución sobre el fondo, disponiéndose sólo entonces «otorgar el amparo al demandante don Antonio H. G. y, en consecuencia, anular la Sentencia del Juzgado de Instrucción de Soria de 29 de marzo de 1985, en el recurso de apelación 18/1985». Cierto es que los órganos judiciales -los del orden penal, en un caso como el presente- deben atender a lo declarado y resuelto por el Tribunal Constitucional en las Sentencias por las que un amparo se conceda y que tal consideración del fallo y de los fundamentos que a él llevaron puede requerir una interpretación por los Juzgadores a quo del alcance de la Sentencia constitucional a fin de dar un cabal cumplimiento a lo resuelto en ella y adoptar, en consecuencia, las medidas que fuesen pertinentes para hacer efectivo el derecho fundamental reconocido, frente a la violación de la que fue objeto. Semejante consideración y aplicación por el órgano judicial de la Sentencia constitucional no puede llevar, sin embargo, como es claro, ni a contrariar lo establecido en ella ni a dictar resoluciones que menoscaben la eficacia de la situación jurídica subjetiva allí declarada. Esto último fue, sin embargo, lo que se provocó al adoptarse la Sentencia que aquí se impugna.
4. Dijimos en la STC 104/1986 (fundamento jurídico 7.°), y ahora hemos de reiterar, que el Juzgado de Instrucción pudo, en su primera Sentencia, haber considerado culpable del ilícito al entonces denunciado, luego de ponderar debidamente los bienes penalmente protegidos y los derechos fundamentales comprometidos en aquel supuesto para interpretar de conformidad con la Constitución el precepto penal que aplicaba. Pudo haberlo hecho así y, en tal hipótesis, ninguna objeción de trascendencia constitucional hubiera cabido oponer, ni en aquella Sentencia constitucional ni en ésta, al resultado condenatorio del juicio penal. Dictada, sin embargo, la condena en menoscabo de un derecho fundamental, el respeto al derecho mismo que así se reconoció violado por este Tribunal imponía tener por concluso el procedimiento y por firme la Sentencia absolutoria en su día dictada en la primera instancia cuya existencia permite sin más desechar el argumento con el que se ha pretendido sostener la necesidad de una nueva Sentencia de apelación, pues es claro que aquella Sentencia había fallado ya en una causa penal que en modo alguno puede calificarse de «imprejuzgada». Al no hacerse así por el Juzgado de Instrucción, al conculcarse la firmeza de aquella Sentencia de instancia, se vulneró el derecho del señor H. G. a la tutela judicial efectiva, con la clara consecuencia de que el amparo que hoy se solicita tiene que ser concedido ya por esta causa, sin necesidad de entrar en el análisis de los restantes argumentos en los que el recurrente funda su petición.
Voto particular que formula el Magistrado don Eugenio D. E. en el recurso de amparo núm. 1/87
ATC 371/2004, 5 de Octubre de 2004
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STS 471/2005, 14 de Junio de 2005

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