Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1152030
Timestamp: 2019-08-19 13:11:25+00:00

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Subvenciones para la realización de proyectos de I+D+i
Orden EYH/252/2016, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para la realización de proyectos de I+D+i en Castilla y León (BOCYL de 7 de abril de 2016). Texto completo.
La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE) es un ente público de derecho privado, adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, y conforme a su Reglamento aprobado en virtud del Decreto 67/2011, de 15 de diciembre , tiene como finalidad promover la competitividad del sistema productivo en Castilla y León, así como favorecer y dar apoyo financiero a la estrategia empresarial de innovación siendo un instrumento dinamizador y de apoyo a las empresas de la Región.
La estrategia de la nueva programación con Fondos de la Unión Europea para el período 2014-2020 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, exige un mayor impacto de las actuaciones que se programen y una mayor eficacia de las mismas. Para ello, se hace necesario concentrar los recursos en una serie de prioridades temáticas, identificadas en la Estrategia Regional de Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León, lo que condiciona directamente el apoyo selectivo de actuaciones vinculadas a la I+D+i en estas prioridades temáticas.
Con esta finalidad, la ADE ha diseñado en su plan estratégico los programas fundamentales de apoyo y entre ellos están el programa de potenciación de la investigación, el desarrollo tecnológico y la Innovación, con el objetivo de mantener el apoyo a las empresas en la realización de actividades de I+D+i, en el contexto de la nueva Estrategia Regional de Especialización Inteligente (RIS3). El objetivo será mejorar la competitividad de las empresas, a través de la creación de productos, procesos, o servicios nuevos, o sustancialmente mejorados y realizados principalmente en un centro de trabajo ubicado en Castilla y León.
Por otro lado, esta orden será el marco regulatorio para todas las subvenciones a la I+D+i empresarial en el período 2014-2020, por lo que en la misma se establecen las bases para toda la tipología posible de apoyo a la I+D+i, que de modo resumido podrá ser:
A)	Proyectos de I+D+i individuales de empresas.
B)	Proyectos estratégicos de I+D+i, considerando como tales a los que así se definan en la convocatoria específica (por ejemplo proyectos que se desarrollen en el marco de convocatorias internacionales de I+D+i, proyectos de gran impacto en la región, etc.).
C)	Proyectos de I+D+i en colaboración entre empresas.
D)	Proyectos de I+D+i en colaboración entre empresas y organismos de investigación.
Asimismo, en el marco de las categorías anteriores, y respetando la estrategia de complementariedad de los apoyos de la ADE con los existentes a nivel nacional y europeo, y considerando la existencia de otras iniciativas de apoyo a la I+D+i empresarial en los ámbitos nacional y europeo, las convocatorias específicas de subvenciones podrán establecer límites de presupuesto máximo de los proyectos financiables, con el objetivo de favorecer iniciativas interesantes que de otro modo no tendrían respaldo, y evitar al mismo tiempo duplicidad en los apoyos así como facilitar que PYME con poca o ninguna experiencia en el desarrollo de proyectos de I+D+i accedan a los apoyos públicos para este tipo de proyectos.
Por otro lado, debido a que los potenciales beneficiarios del apoyo a la I+D+i regulados en esta orden son emprendedores y PYMES dotadas de la capacidad económica y técnica necesaria para garantizar su acceso y disponibilidad a los medios tecnológicos precisos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44.3 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.1 del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la administración de la Comunidad de Castilla y León, la tramitación electrónica de los citados apoyos será obligatoria en todas las fases del procedimiento.
Aprobar las bases reguladoras por las que se regirán las convocatorias de subvenciones para proyectos de I+D+i en Castilla y León, que se incorporan como Anexo I a la presente orden.
Los procedimientos iniciados con anterioridad de la entrada en vigor de esta orden se regirán por las disposiciones y normas a las que se acogieron en el momento de su iniciación.
Queda derogada la Orden EYE/391/2010, de 23 de marzo de 2010, modificada por la Orden EYE/968/2011, por la que se aprueban las Bases Reguladoras de las Subvenciones que establezca y convoque en concurrencia no competitiva la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, dentro de los Programas de Creación de empresas, Inversiones, I+D+i y Competitividad, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en lo que se refiere a las actuaciones de Proyectos de I+D, Estudios de viabilidad y Empresas jóvenes e innovadoras.
BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i EN CASTILLA Y LEÓN
1. Las subvenciones reguladas en estas bases tienen por objeto la concesión de subvenciones para financiar proyectos de I+D+i realizados en centros de trabajo de Castilla y León.
2. Estas bases no serán de aplicación en los ámbitos excluidos en el artículo 1 del Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
d)	Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) N.º 1083/2006 del Consejo.
e)	Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento general de exención por categorías).
2. Los proyectos susceptibles de ser elegibles por el Fondo FEDER se podrán cofinanciar con un 50%, dentro del Programa Operativo 2014-2020 de Castilla y León.
3. Las subvenciones financiadas con cargo a Fondos FEDER se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por normas nacionales de desarrollo o trasposición de aquellas, teniendo la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , carácter supletorio en los procedimientos de concesión y de control de las mismas.
4. Las subvenciones concedidas y cofinanciadas con cargo al FEDER, una vez aceptada la propuesta, aparecerán en la lista pública prevista en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
5. Las convocatorias de las subvenciones incluirán el código de identificación asignado por el Registro central de ayudas.
16.	Beneficio de explotación: Diferencia entre los ingresos actualizados y los costes de explotación actualizados mientras dure la inversión de que se trate, si esta diferencia es positiva; los costes de explotación comprenden, entre otros, los costes de personal, materiales, servicios contratados, comunicaciones, energía, mantenimiento, alquileres o administración, pero excluyen, los gastos de amortización y los costes de financiación si se han cubierto mediante ayudas a la inversión.
17.	Plazo de vigencia: Plazo establecido para la ejecución del proyecto o la actividad o la adopción del comportamiento objeto de la ayuda.
18.	Plazo de justificación: Plazo para la acreditación del cumplimiento de las condiciones establecidas en la orden de bases, en la convocatoria y en la resolución de concesión.
19.	Empresa innovadora: Toda empresa que pueda demostrar, mediante una evaluación realizada por un experto externo, que desarrollará, en un futuro previsible, productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica en su sector y que lleven implícito un riesgo de fracaso tecnológico o industrial, o empresas cuyos costes de investigación y desarrollo representen un mínimo del 10% del total de sus costes de explotación durante al menos uno de los tres años previos a la concesión de la ayuda o, si se trata de una empresa nueva sin historial financiero, según la auditoría del ejercicio fiscal en curso, de conformidad con la certificación de un auditor externo.
20.	Servicios de asesoramiento en materia de innovación: Consultoría, asistencia y formación en los ámbitos de la transferencia de conocimientos, la adquisición, protección y explotación de activos inmateriales, y el uso de normas y reglamentos que las incorporen.
21.	Organismo de investigación y difusión de conocimientos: Toda entidad (por ejemplo, universidades o centros de investigación, organismos de transferencia de tecnología, intermediarios de innovación o entidades colaborativas reales o virtuales orientadas a la investigación), independientemente de su personalidad jurídica (de Derecho público o privado) o su forma de financiación, cuyo principal objetivo sea realizar de manera independiente investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental o difundir ampliamente los resultados de estas actividades mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimientos; cuando una entidad de este tipo lleve a cabo también actividades económicas, la financiación, los costes y los ingresos de dichas actividades deberán contabilizarse por separado; las empresas que puedan ejercer una influencia decisiva en dichas entidades, por ejemplo, en calidad de accionistas o miembros, podrán no gozar de acceso preferente a los resultados que genere.
22.	Investigación industrial: La investigación planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar considerablemente los ya existentes; comprende la creación de componentes de sistemas complejos y puede incluir la construcción de prototipos en un entorno de laboratorio o en un entorno con interfaces simuladas con los sistemas existentes, así como líneas piloto, cuando sea necesario para la investigación industrial y, en particular, para la validación de tecnología genérica.
23.	Desarrollo experimental: La adquisición, combinación, configuración y empleo de conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados; puede incluir también, por ejemplo, actividades de definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos o servicios.
24.	Estudio de viabilidad: La evaluación y análisis del potencial de un proyecto, con el objetivo de apoyar el proceso de toma de decisiones de forma objetiva y racional descubriendo sus puntos fuertes y débiles, y sus oportunidades y amenazas, así como de determinar los recursos necesarios para llevarlo a cabo y, en última instancia, sus perspectivas de éxito.
25.	Costes de personal: Los costes relacionados con los investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto o actividad pertinente.
26.	Condiciones de plena competencia: Las condiciones de una operación entre las partes contratantes que no difieren de las que se darían entre empresas independientes y que no contienen ningún elemento de colusión; toda operación que resulte de un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio se considerará conforme con el principio de plena competencia.
27.	Colaboración efectiva: Colaboración entre al menos dos partes independientes para el intercambio de conocimientos o tecnología, o para alcanzar un objetivo común sobre la base de la división del trabajo, en la que las partes implicadas definen conjuntamente el ámbito del proyecto en colaboración, contribuyen a su aplicación y comparten sus riesgos y sus resultados; una o varias de las partes pueden soportar la totalidad de los costes del proyecto y liberar así a otras partes de sus riesgos financieros; la investigación bajo contrato y la prestación de servicios de investigación no se consideran formas de colaboración.
28.	Infraestructura de investigación: Las instalaciones, los recursos y los servicios afines utilizados por la comunidad científica para llevar a cabo investigaciones en su sector respectivo; esta definición abarca los bienes de equipo o instrumental científicos, los recursos basados en el conocimiento, como colecciones, archivos o información científica estructurada, infraestructuras de carácter instrumental basadas en tecnologías de la información y la comunicación, como red, computación, programas informáticos y comunicaciones, o cualquier otra entidad de carácter único necesaria para llevar a cabo la investigación; estas infraestructuras pueden encontrarse en un solo lugar o estar descentralizadas (una red organizada de recursos), de conformidad con el artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) N.º 723/2009 del Consejo, de 25 de junio de 2009, relativo al marco jurídico comunitario aplicable a los Consorcios de Infraestructuras de investigación europeas (ERIC).
1.- Podrán tener la condición de beneficiarios en las correspondientes convocatorias efectuadas al amparo de esta orden, en los términos que las mismas establezcan, y siempre que cumplan los requisitos exigidos en cada caso, las siguientes personas jurídicas que estén válidamente constituidas, y tengan domicilio fiscal en España:
a)	Empresas de cualquier tamaño con domicilio social o, al menos, un centro de trabajo en Castilla y León.
b)	Universidades públicas y privadas de Castilla y León.
c)	Centros tecnológicos de Castilla y León que estén inscritos en la Red de Centros Tecnológicos de Castilla y León.
d)	Otras entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades de I+D+i, generen conocimiento científico o tecnológico, faciliten su aplicación y transferencia o proporcionen servicios de apoyo a la innovación a las empresas, con domicilio social en Castilla y León.
2.- No podrán ser beneficiarios las empresas o entidades en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
c)	Las que tengan la consideración de empresas en crisis con arreglo a la definición recogida en la base tercera de esta orden, o en su caso normativa comunitaria que la sustituya.
d)	Las que no cumplan lo dispuesto en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre , por el que se regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencias en la concesión de subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
3.- Asimismo, no se podrán subvencionar las actividades del sector del acero, el sector del carbón, el sector de la construcción naval, el sector de las fibras sintéticas, el sector de los transportes, así como su infraestructura relacionada, la producción y distribución de energía y las infraestructuras energéticas.
1.	Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
3.	Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la ADE, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes como la Intervención General de la Administración de Castilla y León, Consejo de Cuentas y órganos comunitarios del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Igualmente facilitar todas las actuaciones necesarias para el anterior fin, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
4.	Comunicar a la ADE la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
5.	Acreditar con anterioridad a dictarse la resolución de concesión y acreditar previo al pago de la subvención que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el Decreto 27/2008 de 3 de abril , por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de subvenciones.
7.	Colaborar con la ADE y demás Administraciones Públicas en las obligaciones derivadas de la utilización de fondos estructurales de la Unión Europea en las ayudas cofinanciadas.
Es, por tanto, obligación del beneficiario llevar una contabilidad separada o código contable adecuado conforme a la Orden HAC/328/2011, de 28 de marzo, por la que se dictan instrucciones dirigidas a garantizar la gestión correcta y eficaz de los Fondos Europeos, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. Se entenderá que se cumple con esta obligación cuando cada uno de los gastos y de sus correspondientes transacciones esté perfectamente identificados en la contabilidad del beneficiario.
10.	Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las inversiones, en los términos establecidos en el Anexo XII del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y en el Reglamento de Ejecución (UE) N.º 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014.
Base sexta.- Proyectos subvencionables y requisitos de los proyectos objeto de ayuda.
2.- Los proyectos deberán iniciarse con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda, al objeto de garantizar el efecto incentivador de la ayuda.
3.- Las actuaciones de los proyectos deberán poderse encuadrar en alguna de las siguientes tipologías, conforme a las definiciones establecidas en la base tercera de esta orden:
c)	Estudio de viabilidad.
El proyecto se calificará en su conjunto en una de estas tres categorías, según el peso económico de las actividades que presupuestariamente predominen en el proyecto.
4.- Los proyectos deberán ser realizados por la entidad beneficiaria en la sede social o centro de trabajo en Castilla y León, y los resultados de los trabajos deberán permanecer o tener impacto tangible en Castilla y León.
5.- Todo el personal de la que la entidad beneficiaria impute al proyecto de I+D+i deberá estar dado de alta en la Seguridad Social en el centro de trabajo de Castilla y León.
6.- Los proyectos deberán alcanzar la valoración mínima establecida en la convocatoria, de acuerdo a los criterios de valoración.
1.- Se considerarán costes o gastos subvencionables, aquellos que se especifiquen en cada convocatoria, que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad financiada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en los plazos que se establezcan en la misma.
2.- Con carácter general, se consideran costes o gastos subvencionables los siguientes:
-	El coste horario subvencionable, en función de las categorías profesionales y grupos de cotización.
-	Por la naturaleza de las actividades subvencionadas, las categorías profesionales y/o grupos de cotización, así como el grado de participación en el proyecto.
b)	Costes de instrumental y material, en la medida y durante el período en que se utilice para el proyecto de investigación. En caso de que el instrumental y el material no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto de investigación, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto de investigación, calculados según buenas prácticas de contabilidad.
c)	Colaboraciones externas: Costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva a la actividad de investigación.
Se limita el presupuesto correspondiente a las colaboraciones externas a un máximo del 50% del presupuesto total elegible del proyecto, salvo que por las especiales características del proyecto que se trate se autorice expresamente un límite superior.
e)	Costes de materias primas, suministros y productos similares, de naturaleza consumible, que se deriven directamente de la actividad de investigación y desarrollo.
Estos conceptos, para que sean considerados subvencionables, se deberán facturar y contabilizar separadamente con respecto al resto de materias primas o suministros utilizados para las actividades productivas habituales en la empresa.
f)	Gastos generales suplementarios directamente derivados del proyecto.
g)	En los estudios de viabilidad, serán subvencionables exclusivamente los costes del estudio.
3.- En ningún caso se consideran costes subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
4.- En todo caso, se consideran costes o gastos subvencionables los realizados dentro del plazo de vigencia y que han sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del plazo de justificación. Si realizado el proyecto y finalizado el plazo para justificar, se hubiera pagado sólo una parte de los gastos en que se hubiera incurrido, a efectos de pérdida del derecho al cobro, se aplicará el principio de proporcionalidad.
Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad financiada.
Las subcontrataciones no serán consideradas como colaboraciones efectivas, a los efectos de los suplementos previstos en la base novena.2 en las intensidades de la ayuda.
No serán subvencionables las subcontrataciones con empresas vinculadas, salvo autorización expresa de la ADE. En el caso de que estas subcontrataciones se autoricen deberá acreditarse la realización de las mismas a los precios que serían acordados en condiciones normales de mercado entre sociedades independientes, no suponiendo la autorización previa de la ADE pronunciamiento alguno sobre la valoración a precios de mercado. Para la definición de vinculación se aplicará el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre .
En el caso de la colaboración con centros tecnológicos, se considerarán empresas vinculadas aquellas que pertenezcan al patronato de dicho centro en el momento de llevar a cabo la asistencia técnica objeto de ayuda, conforme al artículo 68.2.f) del citado Reglamento.
La intensidad de la ayuda, expresada en términos de equivalente subvención bruta, no podrá superar los máximos que se fijan y las limitaciones específicas que se indican en el punto 2 de esta base en relación con la base incentivable. Se entenderá base incentivable la suma de los conceptos de inversión o gastos subvencionables.
3.- Cada convocatoria fijará el límite máximo y mínimo del presupuesto subvencionable. Para su cálculo, debe considerarse la suma del importe de los costes elegibles asociados al proyecto.
Base décima.- Los criterios de valoración.
1. Los criterios de valoración para determinar si el proyecto es subvencionable, y en su caso la cuantía de la subvención a otorgar, será alguno o algunos de los siguientes:
b)	Tipología del Proyecto: se valorará la viabilidad y calidad técnica, grado de innovación tecnológica, empleo de las Tecnologías Facilitadoras Esenciales identificadas en la RIS3 en su ámbito, grado de innovación regional, nacional e internacional.
c)	Repercusión económica y social prevista por la aplicación del resultado del proyecto: Plan de aprovechamiento e industrialización de los resultados e impacto económico en Castilla y León, valorando especialmente las previsiones de internacionalización, crecimiento económico y creación de empleo tanto en la empresa solicitante como la que pueda esta inducir en proveedores o empresas auxiliares.
f)	Criterios que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación y el desarrollo sostenible (artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013).
2. La aplicación de los criterios de valoración establecidos en cada convocatoria dará lugar a una valoración del proyecto de I+D+i en forma de puntuación.
3. Para poder acceder a las subvenciones reguladas en esta orden, el proyecto solicitado deberá alcanzar la puntuación mínima que se fije en la convocatoria.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas para el mismo objeto y la misma finalidad, superen, en términos de equivalente de subvención bruta, la intensidad máxima de ayuda calculada con arreglo a la base novena.2 de la presente orden.
No obstante las convocatorias podrán establecer incompatibilidades con otras ayudas dirigidas a los mismos costes subvencionados.
1.- Las subvenciones se tramitaran y resolverán en concurrencia no competitiva, atendiendo a su orden de presentación conforme el artículo 35.2 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, en función de que la documentación esté completa y teniendo en cuenta las disponibilidades económicas.
El modelo de instancia, así como los anexos y los modelos de memorias técnicas válidos para cada convocatoria se encontrarán disponibles en https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es y en http://www.ade.jcyl.es
5.- Plazo de presentación. Las solicitudes se presentarán en el plazo indicado en la convocatoria.
6.- Comunicación a los interesados: Conforme el artículo 22 del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, el registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un resguardo acreditativo de la presentación, en la cual se hará constar, la fecha del plazo máximo establecido normativamente para la resolución del procedimiento y notificación de la resolución, así como los efectos que pueda producir el silencio.
2.- En aplicación del artículo 35 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, para facilitar la presentación de cualquier documentación complementaria a la solicitud, así como cualquier documentación complementaria, los interesados podrán aportar copia digitalizada de la misma, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de la firma electrónica avanzada. El órgano instructor, en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio , podrá requerir al particular la exhibición de la documentación original en cualquier momento.
6.- Subsanación de defectos. Si la solicitud aportada no reúne los requisitos, fuera incompleta o presentara errores subsanables, se requerirá al interesado para que en el plazo máximo improrrogable de diez días hábiles, desde el siguiente al de recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2.- La Comisión de Análisis, Evaluación y Operaciones evaluará las solicitudes de subvención, a fin de comprobar si alcanza la puntuación mínima y en su caso la cuantía de la subvención aplicando los criterios de valoración fijados en la convocatoria.
3.- Antes de formular la propuesta de resolución se comprobarán las subvenciones y ayudas solicitadas y/o concedidas para el mismo proyecto de lo que quedará constancia en el expediente.
En todo caso, las subvenciones se otorgarán a aquellos solicitantes, que cumplan con los requisitos exigidos, fijados en estas bases y en la convocatoria, con el límite de los créditos presupuestarios asignados a la convocatoria.
En el caso de convocatorias referidas a proyectos estratégicos, cuya concreción y definición se establecerá en la convocatoria, se solicitará a la Junta de Castilla y León, a través de la consejería a la que esté adscrita la ADE, que declare el proyecto presentado por el solicitante de especial interés para la Comunidad de Castilla y León, en base a su carácter estratégico derivado del impacto que pueda tener el tejido industrial de la Comunidad.
2.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de seis meses contados desde el día en que la solicitud haya tenido entrada en el órgano competente para su tramitación.
3.- Las resoluciones estarán motivadas y fundamentadas en el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios previstos en esta orden de bases, así como en aquellas disposiciones específicas establecidas en cada convocatoria y expresarán, en su caso, el importe de la subvención que se concede en relación con el presupuesto de inversión o gasto representativo de la actividad objeto de la misma, así como las condiciones generales y particulares a que queda sujeta y sus plazos.
2.- Una vez notificada la resolución de concesión, el beneficiario podrá plantear las modificaciones de su contenido en las siguientes circunstancias, y siempre que estén debidamente justificadas, no alteren el objeto ni la finalidad de los proyectos, ni perjudique derechos de terceros:
e)	Cambios de las entidades participantes como colaboradores externos (subcontrataciones).
3.- Las modificaciones diferentes de las mencionadas, o que rebasen los límites señalados en el apartado 2, se someterán a los mismos trámites que la solicitud inicial, siempre y cuando no se hubieren agotado los créditos de la convocatoria.
4.- Todas las modificaciones a las que se refieren los apartados 2 y 3 deben ser presentadas antes de 2 meses de finalizar el plazo de vigencia establecido en la resolución, excepto las modificaciones incluidas en el punto 2 a) que se presentaran en cuanto se produzcan y, en todo caso, en el plazo de 2 meses contados desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.
5.- El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de modificación es de seis meses desde la recepción de la solicitud en el registro de la ADE, debiéndose resolver en todo caso antes de la finalización del plazo que corresponda.
3.- Cuando sea necesario para percibir el anticipo constituir un aval, éste será de entidades financieras autorizadas para operar en España que cubra la totalidad del anticipo más lo intereses que pudieran devengarse en los siguientes términos.
5.- La solicitud de anticipo y pagos a cuenta se realizará conforme al modelo normalizado, plazos, y la documentación que se especifique en la convocatoria. Si transcurrido un mes, no ha sido notificada la resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada.
c)	Declaración responsable con la relación detallada de otras ayudas que hayan financiado el proyecto con indicación del importe y su procedencia.
e)	La justificación de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en el apartado 2 de la base cuarta de la presente orden, mediante declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.
g)	Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el beneficiario deberá aportar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten, o suministren, y así se haga constar en un informe firmado por el representante legal que deberá contener al menos:
-	Aclaración sobre las características de los gastos o el objeto del contrato que hicieron imposible la localización de un mínimo de tres ofertas.
-	Justificación de haber realizado la búsqueda de proveedores.
Este informe deberá estar basado en criterios científicos y técnicos. En ningún caso tendrá validez la justificación basada en meras declaraciones o en razones comerciales o genéricas (proveedor habitual, política de compras).
La no presentación de los informes a que hacen referencia los párrafos anteriores, o la insuficiencia de los mismos, dará lugar a la no consideración del coste subvencionable, con la consiguiente minoración o revocación de la subvención concedida, sin perjuicio de la facultad de la ADE de recabar, a cargo de la empresa beneficiaria, una tasación pericial del bien subvencionado y recalcular en función de esta la subvención concedida.
k)	Copia de los contratos de asistencia técnica, cuando estos se hayan suscrito por un importe superior a 60.000 euros o supongan más de 20% de la subvención.
4.	De acuerdo con lo que se establece en el artículo 35 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, los interesados deberán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La presentación telemática no exime a los beneficiarios de las obligaciones de conservar los originales de los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, etc., por si les fueran requeridos posteriormente por el órgano gestor de las subvenciones o al realizar las actividades de control legalmente previstas.
5.	Conforme el artículo 140 del Reglamento (EU) N.º 1303/2013 los documentos justificativos de los gastos se conservaran durante un plazo de 3 años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación a la Comisión Europea y los documentos se conservaran o bien en forma de originales o de copias compulsadas, o bien en soporte de datos comúnmente aceptados o documentos existentes únicamente en versión electrónica.
Para que la solicitud de pago de la subvención pueda ser atendida habrá de referirse a conceptos gastos aprobados, que deberán haber sido adquiridos en propiedad en período de vigencia y pagados por el beneficiario dentro del plazo de justificación.
d)	En aquellos casos en que exista un contrato privado y los pagos se realicen aplazadamente, se aportará el contrato, en que constarán los plazos estipulados y su forma de pago, la factura definitiva (total o parcial) y los recibos de los pagos ya efectuados. En este caso, se considerará fecha de realización de la inversión o gasto, la de la entrega del bien o prestación del servicio. Para liquidar la subvención correspondiente a bienes adquiridos con pago aplazado que tengan reserva de dominio a favor del vendedor, se precisará previamente al final del plazo de justificación la cancelación de la misma. En todo caso, solo será considerado gasto subvencionable aquel que conforme a la base séptima.4 de esta orden, esté efectivamente pagado antes del fin del plazo de justificación.
e)	Cuando el importe de gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se comprobará la existencia de los tres presupuestos indicados en el mismo, en los términos establecidos en las base séptima de la presente orden.
f)	Cuando exista vinculación entre el beneficiario de la subvención y quien preste los servicios o entregue los bienes que constituyan el proyecto subvencionable conforme a lo dispuesto en el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , dichas operaciones se valorarán según los precios que serían acordados en condiciones de mercado entre empresas independientes.
En el momento de la liquidación, siempre que no haya variado el objeto y la finalidad en que se sustentó la concesión de la subvención, se podrán aceptar modificaciones de los diversos costes o gastos aprobados con la reducción proporcional del presupuesto total aprobado, siempre que la reducción no sea inferior al importe mínimo de presupuesto elegible que se establezca en cada convocatoria, y se podrá proceder a la liquidación directa proporcional sobre los gastos o inversiones efectivamente realizados, previa audiencia del beneficiario, sin perjuicio de lo dispuesto en la base vigesimocuarta 4.a).
En el supuesto de obtener subvenciones por una cuantía cuyo importe, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas públicas sobrepase los topes máximos, se estará a lo establecido en los artículos 33 y 34 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre .
1.- Los incumplimientos de requisitos establecidos en esta orden y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención o a la reducción de la cuantía de la misma y, en su caso, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver la subvención recibida más los intereses de demora correspondientes, conforme a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre , y la Ley 5/2008, de 25 de septiembre .
4.- Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, para determinar el grado de incumplimiento se tendrá en cuenta el grado de ejecución de la acción subvencionable y el grado de consecución de la finalidad de la convocatoria aplicándose en todo caso los criterios de proporcionalidad siguientes:
a)	Tratándose de condiciones referentes a la cuantía del gasto, el alcance del incumplimiento se determinará proporcionalmente al gasto dejado de practicar o realizado indebidamente y en todo caso será total si el gasto justificado se quedara por debajo del mínimo establecido en la convocatoria, o si dicho gasto no alcanzara el 50% del gasto aprobado.
b)	Si se hubiere incumplido las medidas de publicidad se aplicarán las reglas incluidas en el artículo 31. 3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre .
c) Cuando el beneficiario no haya acreditado con anterioridad al pago que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, con la Seguridad Social y el cumplimiento de la normativa para la integración laboral.
6.- En el supuesto de obtener subvenciones por una cuantía cuyo importe, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas públicas sobrepase los topes máximos de compatibilidad se minorará el importe de los subvenciones en el exceso obtenido, debiéndose proceder, conforme a lo establecido en el punto 6 de la base vigeismosegunda.
13.- Contra las resoluciones del Presidente de la ADE podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el Presidente de la ADE o bien, directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado Contencioso Administrativo, a contar en ambos casos desde el día siguiente a la recepción de la notificación, conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , y en la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa.

References: artículo 44
 artículo 26
 artículo 1
 artículo 115
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 35
 artículo 22
 resolución 
 artículo 35
 artículo 71
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 31
 artículo 35
 artículo 140
 artículo 31
 artículo 68
 resolución 
 artículo 31