Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-29-setiembre-2005-ministerio-de-justicia-111968
Timestamp: 2016-12-09 00:47:47+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Cártama don Antonio Jesús Láinez Casado de Amezúa, contra la negativa del registrador de la propiedad de Alora, a inscribir una escritura de compraventa
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Cártama don Antonio Jesús Láinez Casado de Amezúa, contra la negativa del registrador de la propiedad de Alora, a inscribir una escritura de compraventa Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Cártama don Antonio Jesús Láinez Casado de Amezúa, contra la negativa del registrador de la propiedad de Alora, a inscribir una escritura de compraventa Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Cártama don Antonio Jesús Láinez Casado de Amezúa, contra la negativa del registrador de la propiedad de Alora, a inscribir una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por el Notario de Cártama don Antonio Jesús Láinez Casado de Amezúa contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Alora, don Antonio Gallardo Piqueras, a inscribir una escritura de compraventa.
El día 7 de junio de 2002 don Antonio Jesús Láinez Casado de Amezúa, Notario de Cártama, autorizó una escritura de compraventa por virtud de la cual, don C. M. P. B., interviniendo en su propio nombre y, además, en nombre y representación de su esposa doña J. C. de la F., vendía a los cónyuges doña L. A. C. F y don V. J. F. una finca rústica en término de Pizarra, finca registral 7857 del Registro de la Propiedad de Alora.
En dicha escritura de compraventa se expresa, respecto de la representación alegada, que don C. M. P. B. interviene en virtud de «escritura de poder autorizada en Málaga ante el Notario don Cayetano Utrera Ravassa, el día tres de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, con el número dos mil setecientos setenta y tres de protocolo». Asimismo se añade por el Notario lo siguiente: «Copia autorizada de dicho poder tengo a la vista y juzgo, bajo mi responsabilidad, con facultades representativas suficientes para la compraventa que por el presente instrumento se formaliza públicamente. Me asegura don C. M. P. B. la plena vigencia de sus facultades y que no ha variado el estado ni la capacidad de su representada ...». «... juzgo suficientes las facultades representativas acreditadas para otorgar la presente escritura de compraventa ...».
La citada escritura fue presentada en el Registro de la Propiedad de Cártama el día 7 de junio de 2002, causó el asiento de presentación, número 306 del Diario 92, y fue calificada negativamente con base en los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
«Registro de la Propiedad. Alora.
Visto por don Antonio Gallardo Piqueras, Registrador de la Propiedad de Alora, y su distrito hipotecario, el procedimiento registral identificado con el número de entrada 53.792/2002, iniciado como consecuencia de presentación en el mismo Registro, por Doña..., de los documentos que obran en dicho procedimiento, en virtud de solicitud de inscripción.
En el ejercicio de la calificación registral sobre la legalidad de los documentos presentados, obrantes en el procedimiento de referencia resultan los siguientes
Primero.El documento objeto de la presente calificación, escritura otorgada ante el Notario don Antonio Jesús Láinez Casado de Amescua, protocolo 959/2002, fue presentado por Doña..., a las 13.25 horas del día 7 de junio de 2002, asiento 306 del Diario de Presentación número 92.
Segundo.Falta en el título la expresión del alcance y la extensión de las facultades concedidas al representante don C.M.P.B.
II. Conforme a la regla del artículo 1259 del Código Civil, ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por ley su representación legal. Por lo cual el acto celebrado no podrá ser objeto de inscripción, mientras no se acredite plenamente la existencia del título del que derivan las facultades representativas del representante, el contenido de esas mismas facultades, con la extensión suficiente para la realización del acto o contrato que se pretende inscribir, y la suficiencia de las mismas. Una prueba para la que el artículo 98 de laLey 13/1996, de 30 de Diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, según la interpretación dada al mismo por la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de abril de 2002 exige la constancia en el propio título inscribible de la reseña somera, pero suficiente, del alcance y extensión de las facultades representativas objeto del poder que haya servido de base a los actos contenidos en dicho título.
En su virtud, resuelvo suspender la inscripción solicitada ...
... Alora a 1 de julio de 2002.(Firma ilegible).»
La citada calificación negativa, de fecha 1 de julio de 2002, fue notificada vía fax al Notario autorizante de la escritura el mismo día según reconoce éste. Mediante escrito con fecha 15 de julio de 2002, que causó entrada en el Referido Registro el día 18 del mismo mes, dicho Notario interpuso recurso gubernativo contra tal calificación, el que alegó: Primero.Que la calificación del Registrador se sustenta en unos criterios de interpretación de la Ley 24/2001 rechazados por las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23, 26 de abril y de 21 de mayo de 2002. Segundo.Que se remite al contenido de las resoluciones, recogiendo las argumentaciones defendidas por parte de los Notarios recurrentes entre ellas: 1. Que el artículo 98 ha venido a recoger lo dispuesto en el artículo 84 del Decreto 853/1959, modificando el sistema previsto en el artículo 166 del Reglamento Notarial. 2. Que la reforma se enmarca en el conjunto de medidas que le legislador ha introducido para agilizar el tráfico documental, simplificarlo y favorecer la confección y envío electrónico de las escrituras notariales. 3. Que la reforma en nada contradice lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria puesto que la calificación registral debe atenerse a lo que resulte de la propia escritura. 4. Que todo ello está en armonía entre el control de legalidad que el Notario está obligado a realizar en el momento de la firma del contrato y la calificación registral del documento, si este tuviera cláusulas inscribibles, calificación que realiza posteriormente el Registrador a los solos efectos de determinar la inscribilidad de tales cláusulas. 5. Que esta distinción fundamental ha sido explícitamente reconocida por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 207/1999.
El Registrador de la Propiedad emitió su informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escrito con fecha de 29 de julio de 2002. En tal informe añadió determinados fundamentos de derecho no expresados en la calificación impugnada.
Vistos los artículos 103 de la Constitución, 1259, del Código Civil; 18, 19 bis, 259, 274, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 17 bis de la Ley del Notariado; 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988, 30 de diciembre de 1989, 27 de febrero y 23 de abril de 1990, 2 de marzo de 1991, 13 de junio de 1997, 20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; y las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo,
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/ 2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas de los apoderados e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es una compraventa.
Igualmente, y en lógica coherencia con lo expuesto, el Tribunal Supremo no ha admitido como medio de motivación la utilización de fórmulas convencionales, o la simple invocación al interés público o general o, mucho menos, la simple cita de unos preceptos legales sin el acompañamiento de la interpretación exposición del razonamiento lógico que de ellos hace el órgano que dicta el acto; pues, en tal caso, existiría una motivación formal o aparente, mas no una motivación material que es la
exigida por el ordenamiento jurídico (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 marzo 1982, 9 junio de 1986 y de 25 de mayo de 1998).
Aplicada la precedente jurisprudencia a la calificación recurrida se aprecia, sin más, que la misma no se encuentra debidamente motivada, ya que el funcionario calificador se ha limitado a citar determinados preceptos legales y reglamentarios así como y una resolución de esta Dirección General; y no llega a proporcionarse al interesado razón lógica suficiente por la cual considera dicho funcionario que el Notario debe reseñar las concretas facultades representativas de quien actúa en nombre de la entidad de crédito o consignar el contenido del poder en que conste la facultad con que actúan, sin que sea suficiente con expresar que considera suficientes las facultades representativas acreditadas para la escritura de compraventa que se otorga.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente los documentos de los que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que se trata de un poder conferido mediante escritura pública autorizada por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha de dicha escritura de poder y el número de protocolo; así mismo, se expresa que el apoderado asevera la vigencia de la representación que ejercita (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa, en relación con la escritura de poder cuya copia autorizada se exhibe, que juzga, bajo su responsabilidad, «con facultades representativas suficientes para la compraventa que por el presente instrumento se formaliza públicamente». Resulta evidente que el juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de compraventa.
Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria. Madrid, 29 de septiembre de 2005.La Directora General, Pilar BlancoMorales Limones.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 artículo 1259
 artículo 98
 resolución 
 artículo 98
 artículo 84
 artículo 166
 artículo 18
 artículo 98
 resolución 
 Resolución 
 resolución