Source: http://www.eumed.net/rev/turydes/22/comunidad-wichi-argentina.html
Timestamp: 2018-01-17 18:13:00+00:00

Document:
El turismo como vidriera de la vulneración de los derechos indígenas
EL TURISMO COMO VIDRIERA DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS: EL CASO DE LA COMUNIDAD WICHI EN ARGENTINA
Carlos García Palacios*
Miembro titular de FLACSO - España
No son pocas las comunidades indígenas que en los últimos años han incursionado en la actividad turística, algunas de ellas incentivadas por ONG que trabajan en el ámbito latinoamericano y otras por iniciativa propia. Todas tienen en común haber llegado al turismo para tratar de paliar su extrema pobreza. En el caso de los wichís, unas 80 000 personas que, junto con los chulupíes y los chorotes, forman la familia de los mataco- paraguayos, quizás lo han hecho también como una última oportunidad de hacerse visibles antes de su desaparición, en un país como la República Argentina que modificó en 1995 su Constitución, reconociendo y respetando la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, y que ha ratificado la mayoría de los convenios y acuerdos internacionales en defensa de sus derechos. Como metodología para esta investigación se ha aplicado el estudio de situación, elaborado a partir de la información obtenida in situ y de la consulta a la bibliografía más actualizada sobre el tema.
Palabras Clave: Indígenas, Pobreza, Turismo, Derechos.
More than a few indigenous communities have recently ventured themselves into the tourist industry, either on self-initiative or encouraged by ONGs working in the Latin American region. The vast majority of these communities share the common need of using tourism as a means of alleviating their extreme poverty. Still communities such as that of the Wichís, an 80,000 population which together with the Chulupíes and the Chorotes form the Mataco-Paraguayan family, might have conducted this incursion as a cry for help with regard to their imminent disappearance. These facts take place in a country such as the Republic of Argentina, where not only was the Constitution reformed with a view to recognizing and respecting the ethnic and cultural preexistence of indigenous peoples in 1995, but where most international conventions and agreements in defense of their rights have been ratified as well. The methodology applied for developing this research is based on a study of situation, for which we relayed on both information obtained in situ and the consultation of the latest literature on the given subject.
Keywords: Indigenous Peoples, Poverty, Tourism, Rights
Carlos García Palacios (2017): “El turismo como vidriera de la vulneración de los derechos indígenas: El caso de la comunidad Wichi en Argentina”, Revista Turydes: Turismo y Desarrollo, n. 22 (junio 2017). En línea:
http://www.eumed.net/rev/turydes/22/comunidad-wichi-argentina.html
http://hdl.handle.net/20.500.11763/turydes22comunidad-wichi-argentina
La relación entre el turismo y los pueblos indígenas latinoamericanos se inició en la década de los setenta, un período en el que varios gobiernos de la región, a través de nuevas reformas agrarias, asfixiarían aún más las paupérrimas economías campesinas. Fue así como varias ONG que trabajaban en la zona otorgaron a estas comunidades sus primeras herramientas de gestión para la venta de sus artesanías. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este proceso ha reflejado graves síntomas de inequidad y anulación. De hecho, la inversión turística efectuada en territorios indígenas en el ámbito latinoamericano rara vez ha tenido en cuenta en la planificación la presencia de comunidades indígenas, empleando únicamente sus tradiciones y costumbres como bienes transables, proceso que se repite en relación a las distintas etnias que habitan la región.
Por su parte, la industria de viajes, operadores turísticos y quienes prestan facilidades para la estadía local solo las consideran como fuente de mano de obra barata para la atención de los visitantes, o para explotar lo típico o exótico de sus costumbres. A cambio solo existe una exigua retribución económica, haciendo caso omiso a la devastadora asimilación cultural. Castro Paillalef y Llancaleo Palomera (2002b) indican que este premeditado proceso de desvincular a las comunidades indígenas del desarrollo turístico ocurre también en la elaboración de las políticas turísticas que les afectan directamente, no teniendo la probabilidad o el derecho de cuestionar estos lineamientos, y lo que es más grave, el pueblo indígena no cuenta con los instrumentos para controlar el creciente flujo de turistas hacia sus territorios y evitar los impactos asociados a ello.
Aun así, y más allá de la autenticidad o no que presente el turismo comunitario, es indudable que a través de esta actividad se promueve la práctica de los derechos colectivos, se demuestra que no son pueblos subdesarrollados, sino en vías de desarrollo, y se conciencia a los turistas sobre la importancia de la defensa de sus territorios (Farfán Pacheco y Serrano, 2011).Por otra parte, en el plano político, el turismo comunitario puede colaborar para que las comunidades sean escuchadas como grupo y no como personas individuales, lográndose lentamente el empoderamiento de las nacionalidades y pueblos, y una identidad frente a la defensa del territorio (Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, 2007). Asentado esto, resulta novedoso que los wichís utilicen el turismo como un escaparate de su marginación y miseria absoluta, poniendo así en evidencia a las autoridades locales y nacionales de Argentina.
2.- Turismo en el ámbito indígena: Delimitación conceptual
En la actualidad no existe unidad de criterio para referirse a la actividad turística que se realiza en el ámbito indígena. Lo que sí está claro es su forma organizativa, la cual debe ser participativa y comunitaria. Dos términos que se utilizan frecuentemente en América son etnoturismo y turismo indígena. Para Morales González (2008) estos dos conceptos, que parecieran decir lo mismo, expresan dos modalidades distintas: el etnoturismo se refiere a «las diversas actividades que pueden realizar los turistas y sus alcances por medio del encuentro con pueblos indígenas», haciendo hincapié en las actividades y beneficios de los usuarios o turistas, mientras que el turismo indígena hace referencia a la «construcción participativa de las etnias para ofrecer servicios turísticos consensuados mediante encuentros, acuerdos y cumbres locales, nacionales e internacionales, buscando interactuar con los visitantes de una manera crítica y responsable, solidaria con la naturaleza y con su identidad cultural». Por su parte, Moscardo y Pearce (1986) definen el etnoturismo como «aquellos viajes de contacto que tienen tres finalidades: la observación de las expresiones y formas de vida culturales de grupos humanos exóticos; las costumbres pintorescas de indígenas y la búsqueda de la autenticidad de una forma primitiva étnica exótica». Para la Red Indígena de Turismo de México (RITA 2012)1,«el Turismo Indígena es aquel que se práctica en los territorios indígenas y en el cual las tradiciones, la cultura, los usos y las costumbres, o parte de ellas se encuentran presentes». Debe ser, asimismo, «manejado, monitoreado y administrado por hombres y mujeres pertenecientes a un pueblo indígena[que] comparten con el visitante la riqueza natural y cultural, a través de actividades de recreación, esparcimiento y descanso».
También resulta común relacionar el turismo comunitario con las comunidades indígenas, sin embargo, no son pocos los emprendimientos de este tipo gestados y gestionados por comunidades campesinas. Su rasgo distintivo es su dimensión humana y cultural orientada a fomentar encuentros interculturales de calidad con los visitantes. Se trata de una determinada forma de organización empresarial en el destino turístico, basada en pautas de autogestión de los recursos patrimoniales comunitarios, con arreglo a prácticas democráticas y solidarias en el trabajo y en la distribución de los beneficios generados para el bienestar de sus miembros (Maldonado, 2006). En este modelo, las comunidades rurales indígenas o mestizas se encargan de al menos una parte del control de esta actividad, recibiendo también una parte de los beneficios económicos (Ruiz Ballesteros, Hernández, Coca y Cantero, 2008), y se entendería mejor desde la economía social y las economías populares que desde el sector turístico tradicional, ya que su elemento definitorio es su organización comunitaria.
3.- Antecedentes y situación actual
Uno de los países pioneros en el turismo de tipo comunitario fue Ecuador. La descomposición del régimen de hacienda a raíz de los procesos de reformas agrarias de los años 60 y 70 provocó dramáticas modificaciones a los modos de vida de los campesinos e indígenas. Aun así, buena parte de las instituciones comunitarias se mantuvieron, y algunas comunidades incluso cobraron una nueva vitalidad, (Ruiz Ballesteros y Vintimilla, 2009) por iniciativa de ONG que trabajaban en la zona. Incursionaron en la elaboración y venta de artesanías y no pocas se insertaron en nuevas e innovadoras soluciones de desarrollo sostenible a través del denominado turismo comunitario. Fue así como, debido al auge y a la falta de conocimiento en el desarrollo y la planificación del turismo, en 1990 inició sus actividades la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE), una organización sin ánimo de lucro que reúne diversas iniciativas comunitarias de turismo en las tres regiones continentales del Ecuador. Por su parte, el Ministerio de Turismo, con sede en la ciudad de Quito, impulsó en 1992 la Ley N.º 97 de Turismo, la cual, entre otros puntos, promueve la iniciativa y participación indígena y campesina, con su cultura y sus tradiciones, preservando su identidad y protegiendo su ecosistema. Sin embargo, después de más de tres décadas, esta actividad presenta hoy pocas comunidades con potencialidad de desarrollo y muchas experiencias marcadas por la incertidumbre (Ruiz y Fedriani,2009, p. 450).
Otro país que incursionó en el turismo comunitario fue Costa Rica, que a partir de mediados de la década de los ochenta inició un ascenso a escala mundial como destino ecoturístico. Sin embargo, las comunidades cercanas al desarrollo de lugares turísticos y sus organizaciones se mantuvieron como espectadores de un proceso que ya se había iniciado, preguntándose cuál sería su beneficio directo, más allá de la obtención de algunos empleos y la venta esporádica de algunos productos agrícolas o artesanales. Fue a partir de 1994 cuando un grupo importante de cooperativas y organizaciones sociales decidieron apostar por un desarrollo turístico alternativo, basado en conceptos ambientales, sociales y económicos con un enfoque netamente comunitario, e iniciaron la trayectoria de lo que hoy se conoce en Costa Rica como turismo comunitario. Aun así, pasarían treinta años hasta la aprobación de la Ley N.º 8724 para el Fomento del Turismo Rural Comunitario, que tiene como objeto fomentar la actividad turística por medio del impulso de empresas de base familiar y comunitaria, permitiendo a las comunidades indígenas una participación activa en la planificación y el aprovechamiento de los recursos naturales.
En Chile, tal y como explican Castro Paillalef y Llancaleo Palomera (2002a), «a medida que el turismo comenzaría a diversificarse […] a través del desarrollo de actividades realizadas en un marco natural, surge en la demanda el interés por aprender de la cultura y costumbres locales». De este modo, los conocimientos de las culturas indígenas, aplicados en su entorno, son valorados e incorporados al espectro de posibilidades que ofrece el turismo rural. Así comienzan las primeras capacitaciones de turismo dirigido a las comunidades indígenas, las cuales se remontan a principios de la década de los 90, con el financiamiento de fundaciones y corporaciones. Myriam Hernández (2001) señala que «estas iniciativas apuntaban básicamente al descubrimiento de la actividad turística, pues las comunidades beneficiadas nada sabían del turismo». Al poco tiempo, los primeros emprendimientos aparecían en escena. Aun así, un aspecto importante a destacar es que la comercialización del producto turístico indígena no se está llevando a cabo en la actualidad, lo cual responde —según las agencias de viajes— a la baja calidad de los servicios ofrecidos, que no permite extender la visita a una comunidad indígena por más de un día. Sin embargo, se aprecia interés por parte de algunas agencias de viajes por incluir dentro de su oferta, programas en los cuales se contempla la visita a una comunidad indígena y que son solicitados principalmente por extranjeros.
En el caso de Bolivia, en virtud de la alta tasa de población indígena que habita el territorio (49%) y de la amplia diversidad cultural que presenta, el turismo ha sido empleado como un instrumento de las estrategias y políticas nacionales para el desarrollo económico y social de los pueblos indígenas y originarios. La explotación forestal en la Amazonía boliviana, que ha utilizado irracionalmente los recursos naturales presentes en territorio indígena, ha motivado en el gobierno boliviano la búsqueda de actividades económicas amigables con el entorno natural y cultural. Por esta razón, el Viceministerio de Turismo ha situado esta actividad entre las principales alternativas de desarrollo en esta área, adoptando en 1994 el término etnoecoturismo, modalidad que se define como «un tipo de turismo ecológico con participación indígena y originaria, donde las culturas diferenciales pueden mostrarse como atractivo turístico, pero guardando las proporciones de lo que éticamente puede ser exhibido» (Peredo Videa, 2007).
En el ámbito argentino, podríamos establecer el año 1969 como inicio de las primeras actividades relacionadas con el turismo y los pueblos indígenas, año en el cual se empieza a aplicar en este país el Régimen de Ayuda a los Artesanos y Estímulo de las Artesanías, mediante un convenio suscrito entre las provincias y el Fondo Nacional de las Artes2. Pero no sería hasta el año 2004, con ocasión del Segundo Foro de Turismo Comunitario en la provincia de Salta3, ámbito de esta investigación, cuando quedarían asentadas las bases a través de talleres de debate y reflexión constituidos por miembros de las comunidades aborígenes, profesionales de la antropología, de la arqueología, del turismo, docentes, historiadores, investigadores, asistentes sociales, estudiantes de turismo y de carreras humanísticas e interesados en la cultura.
De las problemáticas surgidas del intercambio grupal en este encuentro, que fueron varias y de diferente tenor, la prioridad del debate se centró en la cuestión de la identidad, y a partir de esta se fueron constituyendo múltiples temas de reflexión. Al respecto de la actividad turística en sus territorios, todas las comunidades participantes aclararon que «esta no era más que otra de las cuestiones que hoy los pueblos indígenas enfrentan, pero que lo primordial en estos momentos para ellos es trabajar y reclamar sus derechos esenciales, que todavía no fueron escuchados» (Cóceres, 2004). Aun así, desde el año 2009 el Ministerio de Turismo impulsa un proyecto que en teoría apoya y acompaña el desarrollo de la actividad turística por parte de las comunidades de pueblos originarios y campesinos en los ámbitos rurales: la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario (RATuRC). En palabras de su ministro de turismo, Carlos Meyer (2012), el turismo rural comunitario es gestionado en el marco de la cosmovisión y procesos propios de las comunidades indígenas y campesinas bajo los principios de respeto, participación, equidad, autodeterminación y conservación del patrimonio, y según el paradigma del comercio justo y el turismo responsable. Ello exige una fuerte presencia y acompañamiento del Estado en su rol de facilitador y coordinador, tanto en los procesos endógenos de desarrollo turístico de las comunidades, como también en las actividades estratégicas que garanticen mejoras en las condiciones de vida locales. Ahora bien, de los veintiséis emprendimientos actuales relacionados con esta red, no todos reciben el mismo trato por parte del Estado. En el caso del emprendimiento wichí denominado Convivencias, al cual hace referencia el presente artículo, este ni siquiera es tenido en cuenta.
4.- La situación del pueblo wichí
Los wichís viven en las provincias argentinas de Salta, Formosa y Chaco. También en Bolivia y Paraguay. Son un pueblo de monte, aunque ocupan las periferias de pueblos como Ingeniero Juárez y Las Lomitas en Formosa, o Los Blancos y Embarcación en Salta. Hoy en día, como explica Teodora Zamudio (2010), ocupan tierras marginales, montes deteriorados debido a la tala indiscriminada de árboles y a la instalación de petroleras que ocasionan la pérdida de la fauna autóctona. Viven en comunidades situadas en las cercanías de poblados blancos, en medio del monte o sobre la ribera del Pilcomayo y Bermejo, con líderes tradicionales y elegidos por la comunidad. Comparten con otras etnias el resurgimiento de la organización de la lucha por la tierra. Muchos aún practican la recolección de frutos y miel en el monte, así como la caza y la pesca. Las enfermedades que diezman a estas comunidades son la tuberculosis, la desnutrición, el mal de Chagas y la brucelosis, que se ven incrementadas por una descompensada dieta alimenticia basada en el maíz, el zapallo, carne de cabrío y pescado, además de fruta y casi nada de verdura. Se estima que sobre un total de 17 800 habitantes de origen mataco-mataguayo el analfabetismo asciende al 40%, señalándose como causas de deserción escolar la carencia de establecimientos escolares, los traslados de grupos familiares por razones laborales y las situaciones conflictivas con los docentes, entre otras.
La mayoría tienen arraigadas costumbres de vida con dependencia plena de la naturaleza y aún conservan elementos de su rica cosmovisión, su lengua y curaciones naturales, entre otras cosas. La organización social de la comunidad gira en torno a la familia integrada por el padre, los hijos y los yernos, que viven en una misma vivienda (lahup). El conjunto de todas estas familias constituye la aldea (lahuet), de características precarias por su nomadismo o semi nomadismo (Pueblos originarios del Chaco, 2008). A escala individual existe una relativa desvalorización de su condición actual, debido a un sentimiento de inferioridad frente al criollo y el blanco, hacia quienes muestra sumisión y desconfianza. Al sentirse marginado, el aborigen reacciona con resignación ante su situación, aceptando la vida sacrificada que le ha tocado vivir. Por otra parte, el contacto con la cultura criolla ha producido una pérdida creciente de identidad cultural, moral, religiosa y comunitaria. El hombre actúa hacia fuera, la mujer hacia dentro; en ella se da un mayor mantenimiento de la identidad.
En la comunidad wichí, solo el 24 % de las casas son de adobe. La vivienda más característica es de palo a pique o quincho y está formada por cuatro horcones de palo santo en general, revestidas las paredes con ramas. El techo es de ramas y tierra, durmiendo en una sola habitación toda la familia. La vida de los wichís transcurre bajo un frondoso algarrobo siempre situado al lado de la vivienda. El fuego se hace fuera en verano y dentro en invierno, pero se cocina principalmente fuera. En otras palabras, la vivienda no es un elemento importante en la cultura de este pueblo (Sánchez Alegre, 2007).
Los wichísse han quedado prácticamente sin tierra y sin sustento. Las autoridades locales de Salta han prometido en repetidas ocasiones, desde 1966, que se reconocería el territorio indígena en su provincia, pero ni una sola de estas promesas ha sido cumplida. Al contrario, han colaborado con los terratenientes para seguir negando a los wichís su tierra, entregándola a los colonos y permitiendo su deforestación (Survival International, 2010). Una muestra de la situación extrema de las comunidades wichís quedó reflejada durante el mes de marzo de 2011, cuando en solo doce días varios niños de entre seis meses y tres años murieron en el departamento de General San Martín, al norte de la provincia de Salta. Todos pertenecían a la etnia wichí y todos fallecieron a causa del estado de desnutrición en el que se encontraban. El gobierno afirmó que se trataba de un problema cultural. Sin embargo, como apunta Diego Long (2011),«los caciques repiten que el problema es el desempleo, y que ello está directamente ligado con la expulsión de los pobladores originarios, la ocupación de sus tierras y la instalación de varias industrias que lamentablemente generan muy poco empleo. Además, afirman que permanentemente aviones realizan tareas de fumigación arrojando veneno sobre estas tierras, y al oeste de la provincia están las petroleras, que envenenan todo, los ríos, la tierra, y matan a los animales».
Octorina Zamora también es salteña, es wichí y en el periódico Miradas al Sur (2011) manifestó: «Los pobres, los indígenas, no tenemos acceso al trabajo digno, no podemos contar con los medios económicos para dar de comer a nuestros hijos. Les dan prioridad a la soja y nos despojan de nuestro territorio, de nuestro hábitat. Uno de los mayores culpables de todo esto es el tema de los despojos, el desmonte, hay muchos pueblos acorralados por vastos territorios de gente que ni siquiera son del lugar. Hay muchos patrones que nosotros ni conocemos […]Si nosotros tuviéramos todas las tierras, el río, el pescado, las frutas, las plantas, no se le pide a nadie nada. ¿Cómo va a hacer una madre con sus hijos, si no les puede dar la fruta, ni el pescado? Acá en el norte hay mucha riqueza en la tierra, ¿pero cómo llegar si está todo alambrado y no puedes pasar porque irremediablemente te meten tiro o te mandan a la policía?».Para Soruco Wynne(2011), lo indignante de esta situación es que en el mismo sitio donde los bebés se mueren de hambre están los campos de Alfredo Olmedo, un terrateniente, diputado que en poco tiempo acumuló unas 160 000 hectáreas.
Con respecto a la provincia de Salta, hábitat de los wichís, esta posee una gran variedad de ambientes ecológicos y muchas de estas áreas se caracterizan por la presencia de comunidades indígenas que solo en contados casos tienen los títulos de propiedad de la tierra. En estas condiciones no es de extrañar que se generen conflictos entre las sociedades indígenas y el gobierno provincial, asociados a la propiedad de la tierra y a las políticas impuestas desde la gobernación provincial, que conducen a la degradación del medio ambiente salteño. En el año 2004 la Legislatura de Salta aprobó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo provincial con el fin de desafectar 25 327 hectáreas de los lotes fiscales 32 y 33, que desde el año 1995 constituían una reserva natural (Reserva de Pizarro) donde habitaban criollos e indígenas. Esta reserva provincial comprende una franja de selva o de transición situada junto a la ruta 34, desde Salvador Maza (norte) hasta Pichanal, y es un ambiente de interfase entre la región del Chaco y las Yungas. La reserva se encuentra actualmente en el umbral de la extinción.
El Gobernador de Salta, en aquel entonces Juan Carlos Romero, desafectó la reserva con la intención de lotearla y rematarla entre los inversores privados, conservando únicamente 4000 hectáreas de bosque. El gobierno provincial dividió el territorio en siete lotes y el 24 de junio de 2004 entregó las tierras a tres empresas diferentes dedicadas a la explotación agrícola ganadera. La gobernación justificó este proyecto afirmando que las tierras constituían un ambiente absolutamente degradado y que las empresas compradoras podrían destinar las tierras a la agricultura (especialmente al cultivo de soja) con el fin de expandir la frontera agrícola ganadera, y se apoyó en la necesidad de la provincia de obtener recursos para pavimentar rutas provinciales. Pero en verdad, en estas tierras vivían comunidades wichís, kollas y campesinos que sumaban aproximadamente 3000 habitantes. En el marco de este proyecto, las treinta familias de la comunidad wichí Eben Ezer serían desalojadas. Así, la Reserva de Pizarro perdió su categoría de área protegida y fue rematada por el gobierno provincial de Salta el 23 de junio de 2004.
También la provincia de Salta fue el escenario donde se produjo otro conflicto que puso en evidencia los intereses contrapuestos y las diferencias en cuanto a las políticas indigenistas entre el gobierno provincial, presidido en ese momento por el gobernador Juan Carlos Romero, y el ex presidente Néstor Kirchner. El gobierno de Salta quiso convocar un referéndum junto a las elecciones legislativas del 23 de octubre de 2005 para resolver un conflicto por el que se reclamaban 647 000 hectáreas en los lotes 55 y 14 del departamento de Rivadavia. Este territorio en disputa constituye un monte degradado y poco productivo donde habitan aproximadamente 6000 indígenas de las etnias wichí, chorote, chulupí, toba y tapiete, la mayoría nucleados en la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, la cual reúne a cuarenta y dos comunidades indígenas4.Estaba claro que el plebiscito constituía una flagrante violación del marco jurídico nacional y que además era improcedente que en la consulta emitiera opinión gente que no se encontraba involucrada en el litigio ni en el área, como los habitantes de Rivadavia Banda Sur, cuando el Lote fiscal N.º 55 se sitúa en Rivadavia Banda Norte (Trinchero y Leguizamón, 2004). La estrategia del gobierno provincial fue intentar dividir a los caciques wichís de los lotes 55 y 14. Estos denunciaron que el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) entrega personerías jurídicas y nombra caciques unilateralmente para dividir las comunidades de los lotes 55 y 14.
Por lo expuesto anteriormente, queda claro que la gobernación de la provincia de Salta mantiene una política indigenista que viola notoriamente los derechos de los pueblos indígenas y que resulta absolutamente contradictoria con los principios que emanan del derecho internacional y de la Constitución Nacional. Sin embargo, los litigios entre las comunidades indígenas y los gobiernos provinciales y nacionales se extienden por todo el país (Rodríguez Mir,2006).
Otro acto indignante se produjo el 31 de mayo de 2010, un día antes de que la empresa Víctor Contreras y Cía. entrara en las tierras de la Comunidad Misión Wichí Mataco de General Mosconi con sus maquinarias y trece caciques más el director del IPPIS firmaran con esta empresa un «Contrato de Donación con cargo». La escribana Carina Ángel dejó constancia de que ella solo certificaba las firmas, no dando fe de su contenido, y también de que uno de los caciques «no trajo documento», pero que la instrumentación del mismo ya venía confeccionada. Este Contrato de Donación, calificado de «galimatías jurídico» por el Dr. Juan Carlos Nallín, abogado de la Comunidad, establece que el «Donante» repartió entre los trece caciques (los «Donatarios») un total de 98 000 $ (noventa y ocho mil pesos), 7000 $ para cada «comunidad» (en realidad para cada cacique), 5000$ entregados en este acto y el saldo de 2000 $ a entregar una vez concluida la obra. En este acto, los caciques renuncian a todos los derechos que les fueron otorgados por las leyes provincial y nacional y por la Constitución Nacional.
En 1998, la Asociación de Comunidades Aborígenes LhakaHonhat4 presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino. Las comunidades de la provincia de Salta denunciaron violaciones de sus derechos a la tierra ancestral, a la integridad cultural y a un ambiente sano ante la decisión del Estado de construir un puente internacional y ejecutar un plan de urbanización en su territorio, hechos que modificarían sensiblemente su forma de vida. Las comunidades reclamaban la realización previa de un informe de impacto socio ambiental y de una consulta a quienes históricamente han ocupado, usado y poseído las tierras. Además, reclamaban el título de propiedad del territorio que habitan. En noviembre de 2000 se inició un proceso de solución amistosa en el marco de la CIDH, durante el cual el Estado se comprometió a suspender el proyecto de infraestructura y durante el que se conformó un grupo de trabajo con el objetivo de elaborar una propuesta para la entrega de las tierras. A pesar de los acuerdos parciales alcanzados, a finales de 2004 el gobierno resolvió interrumpir el diálogo y retirarse de la mesa de negociación.
Pero ante tanta desgracia, miseria y corrupción, la Cámara Federal de Salta reconoció en el mes de marzo de 2011 los derechos de al menos tres comunidades wichís de Tartagal sobre los territorios que ocupan. Se puso freno así a los desmontes en la zona; por lo cual, cinco años después de acudir a la Justicia salteña para defender sus derechos sobre las tierras que ocupan desde siempre, las comunidades wichís de El Traslado, El Escrito y Zopota lograron un reconocimiento parcial a partir de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia. La resolución judicial, que revocó otra en primera instancia, ordenó al Estado iniciar «de inmediato la demarcación y delimitación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades» mencionadas, «conforme a los usos y pautas culturales reconocidos» por la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio N.º169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El recurso de amparo había sido presentado en 2006 por más de sesenta familias que estaban siendo virtualmente expulsadas de sus dominios, a partir del desmonte compulsivo que sufrían sus tierras, a manos de los productores sojeros. La Cámara salteña estableció un plazo de noventa días hábiles desde la notificación para que se ejecutara la tarea de delimitación territorial. Sin embargo, los jueces eludieron pronunciarse sobre la pretensión de las comunidades de obtener al mismo tiempo la titularidad definitiva de las tierras en las que viven. Los camaristas consideraron sobre ese punto que «siendo posible que puedan existir derechos contrapuestos a los invocados» por los wichís en cuanto «a la propiedad que invocan sobre las tierras que ocupan», resulta necesario «un marco procesal que garantice un mayor debate a fin de determinar» si existen colonos que reclaman derechos de propiedad en sectores de esos territorios.
Después de resaltar que el fallo de la cámara de Salta supone un importante reconocimiento de sus derechos sobre la tierra y el territorio, los wichís recalcaron que insistirían para que se cumpliera la sentencia y para que se ordenara al Estado poner las tierras a nombre de las comunidades. «Por pedir perdón se comienza, por entregar los territorios se sigue, por hacer silencio, escuchar, conocer y querer es por donde quizá se continúa» (Rodríguez, 2011).
Aun así, las iniquidades continúan en el presente. La más reciente se refiere a Formosa. Las víctimas también pertenecen a la etnia wichí y los victimarios son comerciantes que, con la complicidad de políticos locales, policías y funcionarios del Programa de Atención Médica Integral, se apropian de los importes del Plan Jefes y Jefas de Hogar, pensiones y jubilaciones de personas de cuyos documentos de identidad se han apropiado por la fuerza. Son los mismos comerciantes que suministran a chicos wichí de trece años no ya cerveza, sino alcohol puro, en lo que constituye «la mayor causa de deserción escolar en la zona» (Lipcovich, 2004).
5.- El pueblo wichí y su relación con el turismo
La localidad de Misión Chaqueña está en medio del Impenetrable Monte Chaqueño, el cual da su nombre a la comunidad aborigen colonizada por un grupo de misioneros anglicanos en 1914. Se encuentra hacia el nordeste de Salta, muy cerca del límite con Formosa, a cinco kilómetros de la orilla este del río Bermejo, hasta donde llega su jurisdicción. El camino de tierra que lleva a la comunidad es señal de que el asfalto, el agua corriente, las cloacas y el gas natural quedaron atrás. Tras las huellas de viejos ómnibus que circulan tres veces al día se accede al pueblo, que si es de noche puede distinguirse por un escaso tendido eléctrico que zigzaguea entre el conjunto central de las casas (Piña, 2013).
En este escenario de desidia y olvido por parte de las autoridades de Salta, los habitantes de esta comunidad se embarcaron, en el año 2001, en un proyecto de Turismo Cultural e intercambio con la sociedad blanca, totalmente autogestionado, resultando muy esclarecedor que en la charla que ofrecieron para su presentación en la Subsecretaría de Turismo de la Nación, uno de los representantes bilingües de la comunidad, Roberto Díaz, explicara que en realidad esta iniciativa nacía con la esperanza de ser reconocidos y de que tal vez así algunas organizaciones se acercaran para ayudarles: Básicamente solicitamos asesoramiento para poder ser entendidos. Lo que más necesitamos no es ayuda de tipo caritativa, de ropa y comida, que no soluciona el problema estructural de fondo: necesitamos capacitación, generar fuentes de trabajo y comunicarnos con la población no indígena (Enríquez, 2000).
Este proyecto de visita ecoturística que ofrecen los wichís de Misión Chaqueña consiste en dar a conocer su comunidad mediante viajes organizados, pudiendo vender sus artesanías directamente a los visitantes, evitando así intermediarios e imitaciones de sus productos. Estos viajes se presentan en dos tipos: el primero consiste en una visita de una semana, en ómnibus, en la que se incluyen los pasajes y pensión completa. En estos siete días, los visitantes comparten la vida cotidiana de la comunidad, conociendo a los artesanos, escuchando las narraciones de la tradición oral y escuchando sus reclamaciones, que están relacionadas sobre todo con las tierras.
El segundo viaje es más corto, pero más intenso. Dura cinco días y su objetivo es profundizar en la cosmovisión indígena, con visitas al monte e incluso viajes de caza por el Impenetrable y el río Bermejo. Este viaje se realiza en avión e incluye pasajes y pensión. El tope de visitantes es de dieciocho personas, con un mínimo de cinco. Hay que llevar saco de dormir o carpa, linternas y platos y cubiertos, porque la vajilla de la comunidad todavía no alcanza para todos.
Ahora bien, teniendo en cuenta que dicho emprendimiento turístico en territorio wichí lleva más de doce años sin poder despegar, esta situación debería llevar a una seria reflexión por parte de las instituciones públicas, privadas y de cooperación. La improvisación explica en buena medida la ausencia de planificación y el déficit de competencia técnica del personal, principalmente en materia de conocimiento del mercado, gestión turística y conducción empresarial, y aunque se han tomado iniciativas y realizado algunas inversiones en folletos, catálogos o páginas web, esta función estratégica no ha superado el ámbito local, los métodos rudimentarios y los contactos interpersonales.
Las autoridades gubernamentales tampoco parecen dispuestas a resolver problemas de servicios públicos, como vías de acceso, electricidad, agua potable y salubridad, indispensables para el funcionamiento de las operaciones turísticas. Por otra parte, la falta de visión empresarial de algunos líderes ha privado a sus comunidades de los beneficios de entablar alianzas con instituciones y agencias de viajes. En otros casos se han evidenciado situaciones de subordinación, aceptando la imposición de bajas tarifas y otras concesiones. Esta situación permite concluir que cuanto más vulnerables son las asociaciones de comuneros, más propensas son a adoptar actitudes sumisas y hasta mendicantes.
También se advierte una tendencia al deterioro y a la adulteración de las expresiones culturales genuinas como consecuencia de las presiones de algunos operadores turísticos, motivados únicamente por razones comerciales. La mercantilización de la cultura ha dado como resultado simulacros que han vaciado dichas manifestaciones de su sustancia y significación original. Como punto fuerte en la comercialización turística en territorio wichí encontramos la venta de artesanías, las cuales son exclusivas de Misión Chaqueña, ya que es el único lugar del país donde se elaboran sobre la base de madera natural tallada, encastrada y con incrustaciones, algunas de estas de hueso. Se lijan a mano y de igual manera se lustran con cera especialmente recogida de panales del monte abandonados. También se adquieren en Salta, pero en su mayor parte son producto de la reventa, a través de la cual se comercializan a precios muy superiores a los que originalmente se pagaron al artesano, el cual, generalmente, termina cambiando su obra por algo de comida o ropa.
Con respecto a la visión de los pocos turistas que visitan la zona, no existe unidad de criterios. Así por ejemplo, Pablo Riveira, de 28 años, gerente de operaciones de Rochester Hotels en Búzios, Brasil, manifiesta:
Llegamos a la comunidad wichí gracias a mi mujer, que siempre tuvo curiosidad por conocer otras costumbres. Escuchó de una compañera que se podía viajar allí y buscó más información por Internet. Conocimos a Roberto Díaz y se fue armando el grupo. Resultó una experiencia muy significativa. Sumergirte en una realidad tan distinta requiere una capacidad empática muy fuerte. Y llegar a entender sus miradas es algo que te abre la cabeza. Es difícil para ellos, porque tienen que lidiar con una realidad muy adversa. Pero son muy abiertos y solidarios. Nos hicieron sentir realmente cómodos(La Nación, 2013).
Mientras que Carlos Evasio Maggi, escritor y contador público, desde su blog Nexo Cultural (2011),en una entrada titulada «Un viaje a los indios wichis», deja en claro una posición radicalmente opuesta a la de Riveira:
No pude prescindir de observar detalladamente el entorno. Y les aseguro que nunca imaginé tanta pobreza o, con mayor realismo, tanta miseria. Por eso y previendo la connotación, traté de endulzar aunque fuere un instante la vida de los niños. Entonces tomé en la camioneta dos bolsas de caramelos masticables y una de mandarinas; ellos captaron enseguida mi intención y definieron una vorágine cerca de mí; hice formar una cola, eran más de 50 niños, desnudos, semidesnudos o con harapos. Y a cada uno entregué 2 mandarinas y 5 caramelos. Una niña de 12 años que formó la fila, tenía en sus brazos un bebé; pregunté entones ¿Para tu hermanito también? No, respondió tímidamente, es mi hijo.
En materia de turismo, en el ámbito nacional argentino la Ley N.º 25997, en su artículo 2.º, dispone que «el turismo es un derecho social y económico de las personas dada su contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la identidad cultural de las comunidades», y que este«se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones». Por su parte, la Ley Provincial de Turismo N.º 7045, en su artículo 1.º reconoce que «el ejercicio de la actividad turística en cualquiera de sus formas asegura la protección del patrimonio cultural, histórico, arqueológico y del medio ambiente de la Provincia de Salta», y en su artículo 8.º sostiene que la Secretaría de la Gobernación de Turismo (hoy Ministerio de Cultura y Turismo) tiene el deber de«promover y reglamentar el Turismo convencional y alternativo en todas sus formas» y que es su atribución «organizar y/o administrar el funcionamiento del Registro Provincial de Prestadores e Intermediarios de servicios turísticos, para cada subsector, o bien establecer uno sectorial, controlando la actividad y determinando estándares de calidad para los mismos».
Por su parte, en materia de turismo comunitario, el cual ha sido definido como «la relación de la comunidad con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las Nacionalidades y Pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados» (Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador, 2005), la provincia de Salta dispone de la Resolución Provincial N.º 109,que reglamenta el turismo rural comunitario y crea el registro provincial para los emprendimientos turísticos comunitarios. Dicha resolución remarca que «el Turismo Rural Comunitario es una forma de gestión del turismo que aúna tres perspectivas: sensibilidad con el entorno natural y las particularidades culturales, búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural), y control efectivo del negocio turístico por parte de las comunidades», que «esta particular forma de gestionar el turismo constituye una herramienta de crecimiento y desarrollo, protagonizada por las comunidades campesinas y de pueblos originarios, en un marco de respeto mutuo con el visitante, que permita a este comprender la organización de las comunidades que visite», y que «por medio de [esta]ley se busca garantizar la inclusión institucional de este tipo de gestión asociativa, respetando su misión como organizaciones formales de la economía social y solidaria, donde la multiplicidad y diversidad de productos y servicios forma parte de su identidad cultural y formas de vida, y entendiendo que, para este caso, el turismo se insertará en las comunidades ampliando sus actividades tradicionales de trabajo»(Boletín Oficial de Salta, 2013).
En el campo de los derechos de los Pueblos Indígenas, en el año 1994 Argentina reformó su Constitución Nacional, incorporando el siguiente mandato: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten(Constitución Argentina, Art. 75, 1974). Como ejemplo de este último punto podríamos citar las actividades turísticas en sus territorios. Por otra parte, el 8 de noviembre de 1985 se promulgó la Ley N.º 23302sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes, por la que se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), entidad descentralizada que actúa como organismo de aplicación de la política indigenista del Estado argentino. Organismos semejantes fueron creados por leyes provinciales. Aun así, «la situación actual del INAI sigue siendo ambigua; formalmente no tiene estructura ni autoridades y carece por completo de participación indígena, a pesar de lo cual en la práctica funciona como un organismo con capacidad para resolver todos y cualquier asunto relativo a los pueblos indígenas. Así, ejerce su representatividad en eventos y foros internacionales, media en conflictos entre aquellos y los Estados provinciales» Zamudio, 2005).
Con respecto a la provincia de Salta, núcleo geográfico de esta investigación, en el año 1986 reformó su constitución reconociendo la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas que residen en su territorio y en 2001 aprobó la Ley N.º7121 de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Para el caso de la actividad turística que se desarrolle en territorio indígena podríamos citar el apartado b del artículo 1.º de esta ley: «Desterrar la postración y el marginamiento de sus comunidades, anulando toda forma de explotación, uso de la fuerza y coerción como forma de integración compulsiva, en aras de obtener la plena vigencia de la justicia social con el desempeño protagónico de sus integrantes»; o el apartado del mismo artículo: «Promover el desarrollo económico- social y cultural, superando la miseria mediante su incorporación en el mercado productivo y de consumo, tomando en consideración sus propios anhelos y necesidades».
En el plano internacional, Argentina es firmante del Convenio N.º169 de la Organización Internacional del Trabajo, un instrumento de carácter vinculante que tiene como preceptos básicos «el respeto y la participación». El presente convenio ha incorporado muchas demandas y reclamos indígenas y los ha convertido en derechos internacionales reconocidos (Organización Internacional del Trabajo, 1989). Además, Argentina votó a favor de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 23 establece que «los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo [y en particular]a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernan[así como], en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias instituciones» (Organización de las Naciones Unidas,2007).
7.- Instrumentos de regulación y vigilancia en el ámbito internacional
Por lo que respecta al turismo en el ámbito de las comunidades indígenas, los primeros instrumentos de regulación y vigilancia relacionados con esta actividad aparecen en el momento en que se reúne por primera vez, en octubre de 1984 y a petición urgente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) con los siguientes propósitos: Reexaminar las cuestiones críticas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo y formular unas propuestas de acción innovadoras, concretas y realistas para afrontarlas; reforzar la cooperación internacional sobre el medio ambiente y el desarrollo, y evaluar y proponer nuevas formas de cooperación que puedan romper con las modalidades existentes e inﬂuir así en las políticas y acontecimientos en la dirección del cambio necesario; incrementar el nivel de comprensión y compromiso respecto de la acción por parte de los individuos, las organizaciones voluntarias, el mundo de los negocios, las instituciones y los gobiernos.
Pasarían tres años hasta que la ONU publicara su informe originalmente denominado Nuestro Futuro Común y conocido actualmente como Informe Brundtland5, que plantea la posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en acciones y políticas que permitan la adecuada utilización de los recursos ambientales para garantizar el progreso humano y la supervivencia del hombre en el planeta.
Por su parte, la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en la Declaración de Sofía de 1985 adoptó dos textos complementarios: la Carta del Turismo y el Código Ético Mundial para el Turismo. En el primero se especificaban los deberes de los Estados para con los turistas y los derechos de las comunidades receptoras, a las que los Estados deben proteger, y se establecía el acceso a los recursos turísticos por parte de las comunidades y el derecho a que se respeten sus costumbres, religiones y culturas El Código Ético Mundial para el Turismo recogía, de forma muy sucinta, los deberes y derechos por los que se debe regir el comportamiento del turista, basándose en el principio de que este debe «favorecer la comprensión y las relaciones amistosas entre los hombres», y solicitándole «comprensión ante las costumbres, creencias y comportamientos de la comunidad de acogida»6.
En 1992 se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocida como Cumbre de la Tierra. En dicha ocasión, los pueblos indígenas de todo el mundo expresaron su preocupación ante el deterioro de sus tierras y del medio ambiente, así como las condiciones actuales de sus pueblos originarios y los esfuerzos que era necesario hacer para captar la atención internacional y lograr una mejor vida para las poblaciones indígenas de todo el mundo. El capítulo 26 del Programa 21, que comprende el plan de acción adoptado por la Conferencia, se dedicó al reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades. En él se señala la relevancia de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas con relación al medio ambiente y el indispensable reconocimiento y respeto que estos merecen por parte de los Estados7.
Uno de los resultados de la Cumbre de la Tierra fue la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica, titulado Preparación de Métodos y Prácticas de Utilización Sostenible de los Recursos Biológicos, incluido el Turismo, que incluye disposiciones que atañen específicamente a los pueblos indígenas respecto de su participación en este tema. De esta manera, la convención reconoció, por primera vez en el derecho internacional, que la conservación de la diversidad biológica es «una preocupación común de la humanidad» y una parte integral del proceso de desarrollo. El acuerdo abarca todos los ecosistemas, especies y recursos genéticos y vincula los esfuerzos tradicionales de conservación con la meta económica de la utilización de los recursos biológicos de manera sostenible.8
En su resolución 38/161, de 19 de diciembre de 1983, la Asamblea General acogió con beneplácito el establecimiento de una comisión especial que informara sobre «el medio ambiente y la problemática mundial hasta el año 2000 y más adelante». El informe, basado en un estudio de cuatro años, expuso el tema del desarrollo sostenible, el tipo de desarrollo que «satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades».
Las poblaciones indígenas y sus comunidades han establecido una relación histórica con sus tierras y suelen ser, en general, descendientes de los habitantes originales de esas tierras. En el contexto del presente capítulo se sobreentiende que el término «tierras» abarca el medio ambiente de las zonas que esas poblaciones ocupan tradicionalmente. Las poblaciones indígenas y sus comunidades representan un porcentaje importante de la población mundial. Durante muchas generaciones han acumulado conocimientos científicos tradicionales holísticos de sus tierras, sus recursos naturales y el medio ambiente. Las poblaciones indígenas y sus comunidades habrán de disfrutar a plenitud de los derechos humanos y de las libertades fundamentales sin trabas ni discriminación.
La Declaración de Otavalo del año 2001 tuvo como objetivo avanzar en la incorporación y en el reconocimiento de las potencialidades indígenas en el desarrollo turístico, por medio de una planificación que integrase la identidad cultural de cada uno de los pueblos indígenas presentes en estos países. Por otra parte, sirvió para sentar las bases para la institucionalización de una Red de Turismo Comunitario.De esta forma la OIT, en el marco del Convenio N.º 169, diseñó un programa de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) para el turismo comunitario denominado Red de Turismo Sostenible (REDTURS).Este trabajo involucró los esfuerzos de Ecuador, Perú y Bolivia y su objetivo preliminar fue proteger el ejercicio de la empresa de tipo comunitario de cada uno de estos países mediante la promoción y la difusión de sus servicios. El programa elaborado por REDTURS, denominado Etnoturismo Comunitario, hace referencia a actividades que permiten a los turistas compartir y aprender costumbres y tradiciones de comunidades indígenas inmersas en su hábitat natural mediante experiencias vivenciales.
En mayo de 2002, en virtud de la declaración del Año Internacional del Ecoturismo por la OMT, se celebró en la ciudad de Quebec (Canadá) la Cumbre Mundial del Ecoturismo, auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la OMT. En dicha cumbre, los participantes formularon una serie de recomendaciones, resumidas en la Declaración de Quebec sobre el Ecoturismo, cuyo objetivo principal era establecer un programa preliminar y una serie de recomendaciones para el desarrollo de actividades de ecoturismo en el contexto del desarrollo sostenible, dirigidas a diversas instituciones públicas y privadas, así como a las comunidades locales e indígenas.
Con relación a estas últimas se sugirió: Garantizar la participación y la coordinación entre los diversos agentes interesados en la planificación ecoturística; asegurar la conservación natural y cultural de los espacios utilizados; desarrollar mecanismos financieros que promuevan la formación y la capacitación de las comunidades indígenas y locales; definir, por parte de la comunidad indígena, una estrategia para mejorar los beneficios colectivos derivados del ecoturismo; fortalecer y promover en la comunidad indígena su capacidad para mantener y desarrollar sus técnicas tradicionales (artesanía, construcción tradicional, etc.), entre otros aspectos (OMT, 2002).
Finalmente, la Declaración de San José sobre Turismo Rural Comunitario del año 2003, firmada por representantes de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales de. América Latina (Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú), ratificó los principios y recomendaciones de la Declaración de Otavalo sobre Turismo Comunitario sostenible, competitivo y con identidad(Cañada y Gascón, 2005, p. 159),afirmando que «el desarrollo del turismo se sustenta en los valores de solidaridad, cooperación, respeto por la vida, conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y de la diversidad biológica», reclamando «una justa distribución de los beneficios entre todos los actores [participantes]» y propiciando «la autogestión del turismo» como una actividad que debe «complementar adecuadamente[la] economía comunitaria y familiar», aplicar «Códigos Éticos» y reafirmar«el derecho de propiedad y control de[…] tierras y territorios».
Es indudable que en los últimos años ha habido un gran avance en materia de Derechos Humanos en relación a los pueblos y comunidades indígenas, sobre todo gracias a la Carta de las Naciones Unidas, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Convenio 169 de la OIT, entre otros. Aun así, ya no es suficiente que los Estados reconozcan su existencia, su organización social, su política, su economía, su cultura, sus usos y costumbres. Lo imperativo es que los Estados cumplan las normativas existentes. También la legislación Argentina, a través de la reforma de su Constitución, más precisamente en su artículo 75, ha adoptado formalmente un nuevo enfoque de especificidad cultural y jurídica de los pueblos indígenas, pero lamentablemente carece de una política de Estado que lo haga efectivo en la práctica, por lo que en este país conviven contradictoriamente las políticas indigenistas estatales y provinciales de forma improvisada e inconsistente. Y es posiblemente por esta falta de política de Estado por lo que Argentina debe someterse, a través de informes periódicos, al análisis de los Comités de Vigilancia correspondientes, habiendo recibido en dos ocasiones fuertes recomendaciones del Comité de Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial (CERD) para adecuar su política interna con los pueblos indígenas a los estándares internacionales. Y para ello, la República Argentina no puede permitir que algunas comunidades, como es el caso de los wichís, estén al borde de la extinción.
Al respecto del emprendimiento turístico iniciado por esta comunidad, resulta evidente que los dos factores principales que incidieron en su decisión fueron «la ignorancia y la necesidad». O tal vez la ingenuidad. La ignorancia, porque su situación de miseria absoluta hace inviable un emprendimiento de turismo comunitario, sobre todo teniendo en cuenta que, al menos en la primera etapa, es imprescindible la capacitación externa, la cual puede llegar a través de ONG que trabajen en la zona o de instituciones educativas, aunque lo ideal sería la ayuda del Estado. Y en cuanto a la «necesidad», esta no está relacionada únicamente con la indigencia en la que viven, sino que tiene que ver también con una necesidad imperativa de hacerse visibles ante la sociedad, una sociedad que los margina desde hace más de quinientos años y que trata de analizar su culturadesde una visión occidental hermética. Por otra parte, emprender actividades nuevas para las comunidades indígenas supone grandes esfuerzos y cambios importantes en la forma de percibir y enfrentar el mercado, por lo que las experiencias no han estado ni están exentas de debilidades internas y amenazas externas, especialmente en las poblaciones más vulnerables, como es el caso de los wichís.
En este emprendimiento hay una ausencia total de programas de crédito para solventar necesidades de inversión (infraestructura, instalaciones y equipo). El producto turístico se vende y se paga mal (tarifas muy bajas) dado el nivel, muy elemental, de los servicios que se ofrecen al turista, persistiendo en la población altas tasas de analfabetismo y escasos servicios de salubridad pública. En otras palabras, cuando el turismo se aborda de manera improvisada, sin las debidas competencias técnicas y empresariales, como en este caso, se convierte en una fuente de frustraciones y desencantos. A esto debemos añadir que en la actualidad no hay por parte del Estado argentino ni de sus gobiernos provinciales ninguna voluntad política ni intención firme de considerar la participación de los pueblos indígenas en los proyectos previstos y que les afectan directamente, como pudiera ser el turismo, y menos aún de respetar sus derechos. Al respecto, esta total desidia o falta de interés por parte del gobierno está permitiendo que algunas agencias de turismo o pseudoasociaciones se lucren con la necesidad de estas personas, por lo cual la idea de los wichísde hacer visible su situación ante la sociedad y poner en evidencia la desidia del gobierno, a través del turismo, dejaría de ser una oportunidad para convertirseen un nuevo acto de vasallaje.
Finalmente, si bien es cierto que Argentina presenta, tanto en el plano estatal como provincial, ciertas normativas para la actividad turística en sus territorios indígenas, se debería profundizar más en los importantes instrumentos internacionales de control y vigilancia para el turismo comunitario en el ámbito de los pueblos indígenas, como son el Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del Turismo, la Declaración de San José sobre Turismo Rural Comunitario o la Declaración de Otavalo. Aun así, quedaría una duda: ¿Cómo van a respetarse dichos instrumentos si ni siquiera se cumplen las normas constitucionales ni las leyes nacionales o provinciales? Duda que existe y persiste sobre todo en el ámbito de los organismos internacionales, principales fuentes de financiación para la actividad turística en el ámbito de los pueblos indígenas.
1. La Red Indígena de Turismo de México (RITA) nació en el año 2002. En la actualidad agrupa a 32 microempresas indígenas dedicadas al sector turismo. Esta Red se expresa como un espacio colegiado, plural y propositivo para poder incidir en las políticas de uso y usufructo de la biodiversidad en los territorios, además de la difusión, razonamiento, entendimiento y apropiación de los derechos específicos de los pueblos indígenas
2. A través de este Régimen, el Fondo Nacional de las Artes asesoraba a los indígenas y como una forma de estímulo les compraba piezas realizadas por sus artesanos. El objetivo principal de este programa fue recuperar, desarrollar y promover la actividad artesanal tradicional de las provincias, revitalizando su significación cultural y garantizando una fuente de ingresos permanente y rentable para los artesanos, en su mayoría provenientes de comunidades indígenas.
3. El Primer Foro se realizó en el año 2002 en la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, pero tuvo muy poca trascendencia.
4. En 1998, la Asociación de Comunidades Aborígenes LhakaHonhat presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino. Las comunidades de la provincia de Salta denunciaron violaciones de sus derechos a la tierra ancestral, a la integridad cultural y a un ambiente sano ante la decisión del Estado de construir un puente internacional y ejecutar un plan de urbanización en su territorio, hechos que modificarían sensiblemente su forma de vida.
5 El Informe Brundtland (Dra. Gro Harlem Brundtland) es un informe socioeconómico y ambiental presentado luego de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Tokio, Japón, en 1987. Se destaca por abordar oficialmente, por primera vez, el concepto de desarrollo sostenible.
6 En su resolución 38/161, de 19 de diciembre de 1983, la Asamblea General acogió con beneplácito el establecimiento de una comisión especial que informara sobre «el medio ambiente y la problemática mundial hasta el año 2000 y más adelante». El informe, basado en un estudio de cuatro años, expuso el tema del desarrollo sostenible, el tipo de desarrollo que «satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades».
7 Las poblaciones indígenas y sus comunidades han establecido una relación histórica con sus tierras y suelen ser, en general, descendientes de los habitantes originales de esas tierras. En el contexto del presente texto se sobreentiende que el término «tierras» abarca el medio ambiente de las zonas que esas poblaciones ocupan tradicionalmente.
8 Los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) son «la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos».
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Recibido: 28/03/2016 Aceptado: Junio de 2017 Publicado: Julio de 2017

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 artículo 8
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 artículo 23
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