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Timestamp: 2019-12-11 22:40:02+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 119, de 15/02/2017
cve: DSCD-12-CO-119
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 119
- Relativa a reclamar los impuestos no pagados por Apple a raíz de la investigación realizada por la Comisión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000222) ... (Página2)
- Relativa al cumplimiento de la jurisprudencia europea en materia de derechos laborales del personal interino de la Administración Pública. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000862) ... (Página6)
- Relativa a la reinversión del superávit municipal. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001058) ... (Página12)
- Sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referente a devolución de las ayudas fiscales a empresas españolas para la compra de empresas extranjeras. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/001131) ... (Página18)
- Relativa a la financiación de la Iglesia católica. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001186) ... (Página23)
- Relativa a la modificación de la Ley General de Subvenciones para impedir que personas o entidades condenadas por delitos castigados con penas graves o por
responsabilidad civil por dolo o negligencia grave puedan obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de subvenciones. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001189) ... (Página28)
- Sobre la armonización y coordinación fiscal europea e internacional y lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 158/000005) ... (Página31)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a empezar la sesión.
Ha habido propuestas, incluso alguna pregunta, respecto de si aplazábamos un poco la Comisión hasta después de comer, pero creo que precisamente debemos aprovechar este tiempo y si alguno de los miembros tiene que salir en algún momento, puede jugar con los tiempos que tenemos entre un punto y otro.
- RELATIVA A RECLAMAR LOS IMPUESTOS NO PAGADOS POR APPLE A RAÍZ DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LA COMISIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000222).
El señor PRESIDENTE: Empezamos el debate y votación de los puntos del orden del día. En primer lugar, la proposición no de ley relativa a reclamar los impuestos no pagados por Apple a raíz de la investigación realizada por la Comisión Europea. La presenta el Grupo Parlamentario Mixto y en nombre del mismo tiene la palabra el señor Candela.
El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, señor presidente.
Lo que venimos a plantear es una cuestión que podría calificarse de sentido común -haciendo la gracia a una serie de partidos- pero creemos que tiene una gran profundidad dado el actual estado de nuestro sistema fiscal y las amenazas que se ciernen sobre él. A nadie se le escapa que actualmente estamos viviendo una realidad donde existen amenazas que se materializan en una suerte de crisis fiscal del Estado que debemos acometer. En este sentido creemos que el anuncio que hizo la Comisión Europea el 30 de agosto pone de relieve esta amenaza. Simplemente pedimos algo que ya están pidiendo otros Estados, que es reclamar a Apple que pague lo que realmente debería haber pagado. Y espero que esto pueda aprobarse por unanimidad porque no se entendería que el Gobierno hubiera pedido, por calificarlo de una manera suave, un esfuerzo fiscal a miles y miles de ciudadanos y no hiciésemos lo mismo con aquellas empresas que tienen la capacidad para, con esta suerte de ingeniería fiscal, salirse de rositas y no pagar impuestos. Nadie entendería que como mínimo no hubiese un pronunciamiento de toda esta Comisión para pedir lo que, por otra parte, es simplemente una cuestión de justicia fiscal y de justicia social.
Anuncio ya que aceptamos las enmiendas que han planteado el Grupo Ciudadanos y el Grupo Socialista en aras de que haya un acuerdo unánime de esta Comisión.
El orden -no lo he dicho al principio- va a ser el habitual; es decir, intervendrán primero, por orden de menor a mayor, los grupos que hayan presentado enmiendas y después, de menor a mayor, el resto de los grupos para fijar posición.
En nombre del grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor De la Torre.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos.
Hemos presentado la enmienda por una cuestión técnica, pero estamos muy de acuerdo con el planteamiento; es decir, Apple debe pagar los impuestos, como todos los demás, donde se generan los beneficios, y no muy poco y solamente en Irlanda. En primer lugar, la cuestión técnica. La recuperación de ayudas del Estado le corresponde al país donde tributó originariamente Apple, que es Irlanda. La
Comisión Europea ha hecho una oferta para que los diversos Estados miembros hagan tributar a esta compañía por los impuestos no pagados, y esto lo tienen que hacer antes del plazo de prescripción. Italia ya lo ha hecho. El 1 de septiembre pregunté al señor Montoro, al Gobierno, si esto estaba hecho, y tengo que agradecer al señor Candela su iniciativa porque ha conseguido que ayer me llegase la respuesta del Gobierno. En la repuesta del Gobierno parece que se dice que no se ha hecho. Me contesta en este punto el ministro solo que tiene contactos regulares con las instituciones comunitarias, mientras que hay países como Italia que han afirmado públicamente que han pedido esta información a la Comisión y han empezado a inspeccionar. El segundo punto, aparte de la cuestión particular de Apple, es la inspección de otras empresas, varias de ellas multinacionales tecnológicas, que están en situación parecida. Yo pregunté si la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional estaba inspeccionando a estas empresas y cuántas de ellas eran multinacionales tecnológicas, y tampoco me dice cuántas empresas se han inspeccionado. Es decir, el Gobierno parece que se está llenando la boca diciendo que va a perseguir a las grandes multinacionales, a las grandes fortunas, y a la hora de la verdad cuando esta Cámara pide al ministro que recupere el dinero perdonado ilegalmente con la amnistía fiscal no lo hace o cuando se pide que se investiguen casos claros y evidentes de no haber tributado grandes multinacionales que han pagado menos del 0,1 % tampoco se acude a los instrumentos que se tienen de cooperación multilateral. En este sentido, más allá del aspecto técnico que compartimos plenamente, desde el día 1 de septiembre estuvimos preguntando por esta cuestión al Gobierno, incluso publiqué un artículo en El Economista, titulado De manzanas, impuestos y democracia. Hay que recordar que los parlamentos nacieron precisamente para utilizar los impuestos, que no existe nada más injusto que los que tienen más capacidad económica, y Apple es la compañía que más dinero gana del mundo, no paguen los impuestos, y que no los paguen donde se generan. Es una cuestión fundamental, y no solo desde el punto de vista fiscal sino para volver a creer en el proyecto europeo, que las grandes multinacionales que operan en Europa paguen impuestos, porque pagar menos del 0,1 % no es pagar impuestos. Repito que Apple es la compañía que más dinero gana en el mundo. Nos parece muy positiva la iniciativa y agradecemos al grupo proponente que nos acepte la enmienda y especialmente la presentación de la iniciativa. Votaremos a favor.
Por el Grupo Socialista, el señor López Milla.
El señor LÓPEZ MILLA: Gracias, presidente.
Señorías, la iniciativa de Compromís viene a poner sobre la mesa de nuevo una cuestión que ya se abordó en esta Comisión, creo recordar que el pasado mes de octubre cuando se aprobó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en la que, entre otros puntos, se instaba al Gobierno de España a calcular los impuestos que Apple pudiera haber dejado de pagar en España en 2003 y a iniciar las acciones oportunas para recuperarlos en cuanto fuera legalmente posible. También a analizar los casos en los que se puedan haber producido circunstancias similares y se instaba también al Gobierno a recurrir a la Unión Europea para que abra las diligencias pertinentes. Son peticiones parecidas a las que recoge la propuesta de Compromís y, en consecuencia, el Grupo Socialista va a apoyar esta propuesta. Es más, pensamos que el debate de esta iniciativa puede servir para recordar al Gobierno la necesidad de actuar, pues parece no haber hecho nada desde entonces, como se ve por la respuesta que ha recibido el portavoz de Ciudadanos y que pone de manifiesto.
Por este motivo, mi grupo presenta dos enmiendas, en una de ellas que espero que el señor Candela acepte, como parece que va a ser, por la que se requiere al Gobierno a que dé cuenta a esta Cámara de las actuaciones realizadas al respecto, en el plazo máximo de dos meses desde la previsible aprobación de esta iniciativa. Como ya se ha explicado, a finales del mes de agosto la Comisión Europea concluyó que el Gobierno de la República de Irlanda debía reclamar 13.000 millones de euros más intereses a la compañía Apple por el impuesto de sociedades de los ejercicios 2003 a 2014. La exigencia de esta reclamación se fundamenta en que Apple habría disfrutado durante el citado periodo de unos beneficios fiscales indebidos, que constituirían una ayuda del Estado ilegal, según la normativa europea de la competencia. Estos beneficios fiscales indebidos permitían que solo una parte de los beneficios que la empresa obtenía en Irlanda quedasen localizados en este país. El resto se localizaba en unas oficinas centrales sin sede, empleados o domicilio en país alguno. La Comisaría de la Competencia ha dictaminado que esta fórmula de localización de beneficios no tiene ninguna justificación económica. De modo que esos beneficios fiscales, derivados de los acuerdos citados, han producido una ventaja comparativa
asimétrica, porque otras empresas que operan en Irlanda no se han podido beneficiar de ellos. Esto es lo que ha llevado a concluir que los beneficios fiscales disfrutados por Apple constituyen una ayuda de Estado que las autoridades de Irlanda deben reclamar.
Además, añade la Comisión Europea que como Apple factura todas las ventas del mercado único europeo en Irlanda y no donde los productos se venden, si otros Estados miembros quieren reclamar a Apple que pague los impuestos debidos en cada uno de ellos por las ventas que se han producido en los mismos, están en su derecho de hacerlo por ese mismo período y teniendo en cuenta sus normativas fiscales nacionales. Es decir, que de acuerdo con la Comisión Europea, esos 13.000 millones de euros, en realidad son ingresos fiscales que han perdido todos los Estados europeos en los que Apple comercializa sus productos desde Irlanda. Es verdad que la decisión de la que hablamos ha sido recurrida por el Gobierno de Irlanda, ha sido recurrida por Apple, pero es una decisión que está alimentando algunos debates que ya son muy antiguos. Por ejemplo, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de armonizar las normas fiscales europeas, con el objetivo de impedir que haya Estados miembros, en este caso Irlanda, que puedan jugar a rebajar impuestos a las grandes corporaciones para orientar sus decisiones de localización, conformándose con las migajas que obtiene estableciendo tipos bajos, mientras privan de ingresos tributarios a otros Estados y favorecen una competencia a la baja que solo beneficia, en último término, a las grandes multinacionales.
La actuación de la Comisaría de la Competencia, aunque pueda servir para atenuar el daño causado, no resuelve el problema de fondo, que es la falta de armonización del impuesto de sociedades. Este objetivo no debe lograrse, como ha ocurrido ahora, a base de recurrir a las reglas de la competencia, que no son el instrumento adecuado, sino a través de una adecuada coordinación de políticas fiscales en el seno de la Unión Europea, que minimice esa competencia fiscal desleal estableciendo un marco legal que evite la inseguridad jurídica en los planes de inversión a largo plazo de esas mismas multinacionales. De hecho, el pasado mes de octubre la Comisión Europea presentó una propuesta de directiva para armonizar la base imponible del impuesto sobre sociedades, un intento que ya se ha hecho en dos ocasiones, en 2001 y 2011, y que hasta ahora ha fracasado. Si Bruselas logra, como parece, armonizar el cálculo de la base imponible, el segundo paso será todavía más complicado porque habría que aprobar una directiva para que las grandes empresas consolidasen todos sus resultados.
Por eso y concluyo, señor presidente, el Grupo Socialista considera que el Gobierno de España tiene que adoptar una actitud mucho más activa en los foros internacionales, especialmente en el ámbito europeo, que tiene que liderar un proceso del que solo podemos salir beneficiados como españoles y como europeos. Este es el sentido de la segunda de nuestras enmiendas y me alegro de que, como el señor Candela ha anunciado, vaya a ser aceptada.
En nombre del Grupo Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal. (Pausa). Como no se encuentra en la sala, saltamos su turno y si se incorpora después intervendrá.
En nombre del Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Esquerra Republicana votará favorablemente la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, en este caso por parte de Compromís. Para nosotros resulta indecente que una empresa como Apple, que tiene unos beneficios superiores a 50.000 millones de euros anuales, pague un escaso 1%. Esto es indigno y produce vergüenza, por no decir otras cosas. No es la única empresa que se beneficia de bonificaciones fiscales, que obtiene los beneficios en unos Estados y tiene radicada su sede para la obtención de beneficios fiscales en otro Estado. Es una práctica habitual que tiene que ver con legislaciones distintas que buscan que determinadas empresas multinacionales radiquen sus empresas en los territorios de distintos Estados. Este hecho ha sido denunciado también en el Parlamento Europeo por Esquerra Republicana a través del Grupo de Los Verdes, que es donde estamos nosotros ubicados en el Parlamento Europeo. Es también revelador que empresas como Inditex se sirvan de esta misma ingeniería fiscal para evitar pagar impuestos donde le tocaría. En todo caso, bienvenida la proposición no de ley, que apuesta por la transparencia fiscal. La tendencia -entendemos que por ahí va la proposición no de ley- debe ir a la armonización fiscal a nivel europeo porque si no, nos iremos encontrando de forma sucesiva con situaciones como las que se denuncian con respecto a la empresa Apple.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Garzón.
Seré breve, porque los anteriores portavoces han hecho una descripción del fenómeno que todos compartimos. Más allá de determinados matices, consideramos, como mínimo, inmoral, si no directamente ilegítimo, este tipo de actuaciones. A nuestro juicio, nos encontramos ante un fenómeno, el de la competencia fiscal, que a la hora de abordarlo parece revelar cierta hipocresía por parte de quienes construyeron y constituyeron las instituciones europeas. Dado que la competencia fiscal es intrínseca a un sistema económico como el capitalismo, ahí no hay queja. Cuando sí hay queja es cuando se construyen entidades supranacionales, como la Unión Europea, permitiendo que se globalicen las finanzas y no se globalicen la política ni los mecanismos de regulación, lo que es un absoluto sinsentido. Eso lleva, en última instancia, a competir a países como España con Irlanda, a países como España con Francia o incluso, dentro de nuestro propio país, a las diferentes comunidades autónomas. Es una falta de planificación, una falta de construcción de un modelo coherente y más bien parece reflejar el objetivo original por el que se construyó la Unión Europea, que no era otro que facilitar el tablero de juego para maximizar los beneficios de las grandes multinacionales. Por ello, hoy estamos aquí lamentando algo que fue previsto -no es que fuera un imprevisto- y se decidió no hacer absolutamente nada. Por eso, cuando la Unión Europea hace aguas y hace estragos, como está haciendo, desgraciadamente, a lo largo de toda Europa con el crecimiento de la extrema derecha, hablamos también de fallas, de errores de la arquitectura europea. ¿Cómo corregirlos? Es evidente que este fenómeno y este caso concreto de Apple debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de regular desde el Estado y también desde las entidades supranacionales. Por ejemplo, la Unión Europea tendría que tener una mayor información fiscal y financiera de las grandes multinacionales a efectos de poder detectar este tipo de prácticas y de poder sancionarlas con el tiempo y la velocidad adecuada, y no esperar que se acumulen los miles de millones de beneficios en las grandes empresas para que después los procesos se dilaten. Este dinero no ingresado -tenemos que recordarlo- podría haberse destinado a la financiación del sistema social, de la sanidad, de la educación, de las pensiones y no puede hacerse por estas fallas.
No obstante, esos acuerdos globales necesitan de una voluntad política ante la que de momento nosotros nos mantenemos escépticos, porque no hemos encontrado voluntad política por parte de los dirigentes internacionales ni de los Gobiernos nacionales para afrontar problemas como estos. A veces lo hemos citado, al igual que otros grupos parlamentarios. Nuestro propio país dispone de mecanismos e instituciones que operan como paraísos fiscales contra otros países. Es el caso de las ETVE, de las entidades de tenencia de valores extranjeros, que es un producto que hace que España sea, en términos relativos, un paraíso fiscal con respecto a otros países. Es decir, España es para otros países lo que Irlanda es para España en el caso de Apple. Esto es muy grave y es, sencillamente, el efecto de una suerte de ley de la selva que nosotros denunciamos. Por eso, vamos a estar siempre a favor de penalizar este tipo de prácticas, de intentar recuperar el dinero, naturalmente, y sobre todo de generar un marco en el que no vuelvan a ocurrir. Hemos hablado del caso de Apple -es un caso concreto-, pero también -lo hemos dicho- se trata de otras muchas otras grandes multinacionales a las que hay que ponerles nombre.
Por terminar, y suscribiendo la mayoría de las intervenciones anteriores, quizá deberíamos también hacer reflexionar al propio Congreso para que, por ejemplo, con algunas medidas que son quizá más simbólicas que otra cosa pero que tienen efecto, pudiera retirar la concesión que hace a Apple en relación con los productos informáticos que da al Congreso de los Diputados, como ejemplo de no tolerancia de las prácticas que hoy aquí estamos denunciando. Si no, entraríamos en una contradicción que entiendo que no sería extraordinariamente grave, aunque es un poco extraño que estemos en este Congreso denunciando las prácticas de Apple al mismo tiempo que tenemos dispositivos de Apple pagados por lo público.
Lo primero que queremos decir desde el Grupo Popular es que, en cuanto al fondo, estamos de acuerdo. Evidentemente, las grandes empresas, las pequeñas empresas y todo el mundo deben pagar
impuestos y si alguien ha demostrado estar en esta línea ha sido el Partido Popular por el que, recordemos, en los últimos cuatro años la Agencia Tributaria ha sacado los mayores resultados de la historia en la lucha contra el fraude, más de 50.000 millones de euros. No solamente eso, sino que vamos a votar en el último punto una subcomisión para la lucha contra el fraude, la armonización y coordinación fiscal europea, con lo cual creo que estamos todos de acuerdo en que este asunto hay que trabajarlo.
Decían que era un problema de España. Me gustaría hacerles ver y recordar que será un problema de todos los países porque este fraude, tal como ha descubierto la Comisión, afecta al conjunto de los Estados, no solamente a España. Además, observo en los últimos tiempos aquí, en las comisiones, que todos jugamos a inspectores y liquidadores porque todos sabemos y queremos liquidar a Apple, liquidar a un organismo o a cualquier otro. Me resulta sorprendente porque tenemos un cuerpo de inspectores y creo que es bastante bueno. Es más, ¿ustedes saben ya lo que ha hecho la Agencia Tributaria con Apple? Me gustaría que alguno me lo contase porque nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque los datos de la Agencia Tributaria -así lo recoge el artículo 25-, por el bien de todos nosotros, son secretos, tienen carácter reservado. Entonces, si alguno de ustedes conoce lo que ha hecho la Agencia Tributaria con Apple, le aconsejaría que fuera al juzgado a denunciar a aquella persona que le ha comunicado esos datos, porque ha vulnerado su deber de secreto que recoge el Estatuto básico del empleado público en la agencia.
Además, hagamos un pequeño análisis, vamos a ver lo que hace la Agencia Tributaria. En el plan anual de control tributario hay un apartado específico para esta cuestión: Prácticas en la elusión fiscal de multinacionales y empresas con actividad transfronteriza. Específico. Ha dicho que no hemos hecho nada, seños Garzón; usted hacía referencia a la Unión Europea. Hay acuerdos en el ámbito de la OCDE firmados en el año 2015; grupo de trabajo de la OCDE en el año 2016; la tax ruling en el ámbito de la Unión Europea en 2016; tenemos también los inicios de intercambio de acuerdos previos; la Agencia Tributaria ha creado la ONFI, la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, en el año 2013; además, tenemos el ataque a la planificación fiscal con ánimo elusorio y los precios de transferencia. Y no solamente eso, sino que en eso que ustedes defienden que es la cooperación internacional, dentro del propio plan de control tributario que viene publicado en el Boletín Oficial del Estado -que todos podemos leer- viene recogido: Asimismo, en el marco de la cooperación internacional se impulsará la realización de actuaciones simultáneas de control. Es decir, entre países, para que esto no se vuelva a producir, si se ha producido, que veo que ustedes tienen más información. Desde aquí yo no les animo a ser inspectores de Hacienda, no les animo a que liquidemos a ninguna empresa, no les animo a que pongamos vetos a ninguna empresa en cuanto a la contratación de iPad o con Apple por parte del Congreso, aunque el que lo está diciendo a lo mejor tiene ese mismo aparato, con lo cual es un poco contradictorio.
Por último, le animo a usted, señor Garzón, que es economista -y nos brindamos a trabajar con usted-, y a los compañeros de Ciudadanos y del PSOE a que, como nuestro trabajo es legislar, si usted tiene claro que hay un agujero, como parece que hay, intentemos tapar todos aquellos agujeros que la legislación tiene y que ha permitido esta planificación fiscal que, evidentemente, no tiene un fin bueno para España porque dejamos de recaudar y, como usted bien dice, dejamos de utilizar esos recursos para otra cosa.
Entiendo, por la intervención del señor Candela, que se aceptan las tres enmiendas. Pasaría a adoptar la forma de una transaccional porque se altera el orden de los puntos pero, en cualquier caso, se acepta todo el contenido. Así la votaremos al final.
- RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA JURISPRUDENCIA EUROPEA EN MATERIA DE DERECHOS LABORALES DEL PERSONAL INTERINO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000862).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, al segundo punto: proposición no de ley relativa al cumplimiento de la jurisprudencia europea en materia de derechos laborales del personal interino de la Administración pública, presentada por Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra la señora Honorato.
La señora HONORATO CHULÍAN: Buenas tardes.
Con esta proposición no de ley queríamos llamar la atención respecto a una cuestión sobre la que las organizaciones sindicales ya han estado llamando la atención desde hace bastantes años. La sentencia del tribunal del pasado mes de septiembre pone en evidencia que la Administración pública abusa del empleo temporal, no cumple además las directivas que deberíamos cumplir en la normativa interna y precariza, a la postre, dentro del empleo público, el ejercicio del servicio público. Las cifras evidencian esta situación: por ejemplo, las cifras de la Seguridad Social del mes de octubre hablaban de variaciones de hasta 90.000 puestos en sectores de la Administración pública durante este mes de septiembre. Además, esto afecta a ámbitos nucleares del Estado del bienestar como serían la educación o la sanidad, que son, como digo, ámbitos básicos dentro de nuestro Estado y que no pueden estar sometidos a esta variación que en muchos casos se acerca de forma peligrosa a otros sectores de la actividad con este defecto estructural, como puede ser la propia hostelería. Algunos sindicatos hablan de hasta 300.000 empleados y empleadas públicas que se encuentran en situación de interinidad.
El Tribunal de Justicia europeo ha venido a decir claramente tres cosas: en primer lugar, como decía antes, que se está abusando de la contratación temporal; en segundo lugar, que la ley debe incluir elementos disuasorios de esta temporalidad para evitarla y, en tercer lugar, que las funcionarias o los funcionarios interinos que encadenen fraudulentamente este tipo de contratos deben ser considerados como trabajadores indefinidos no fijos. Es necesario, por tanto, en primer lugar, cumplir la sentencia y esta decía que el mero hecho de que un trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la indemnización por fin de contrato. Nos parece que es necesario que incluyamos estas indemnizaciones -lo están diciendo también varias organizaciones sindicales- en las normativas que regulan el régimen de los empleados públicos, específicamente en el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, y que se refiera a todos los empleados públicos que realizan funciones con este carácter temporal. Pero también nos preocupa, y cuando tengamos en nuestras manos el presupuesto del Estado estaremos vigilantes, saber si se han consignado las partidas presupuestarias correspondientes a estas indemnizaciones, porque hasta ahora las administraciones públicas no preveían este derecho a indemnización, Nos parece que, a partir de ahora, en el siguiente presupuesto deberían consignarse estas indemnizaciones. Lo preguntaremos y estaremos, como digo, pendientes de ello.
Junto con esta necesidad de adaptar la normativa estatal existente a la necesidad del derecho de indemnización que reconocen las directivas europeas y que ha puesto de manifiesto la propia sentencia del tribunal europeo, nos parece que hay que plantear una medida urgente, complementaria, porque no es suficiente con la modificación anterior. Es necesario que se haga un estudio de cuáles son las necesidades reales de personal, sobre todo teniendo en cuenta la limitación de la tasa de reposición de efectivos que hemos sufrido en los sucesivos presupuestos hace ya no pocos años; es necesario que se revierta esta pérdida de empleo público que, además, es una de las causas principales por las que se sufre una fuerte interinidad, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de esta exposición. Por tanto, es necesaria una oferta de empleo público extraordinaria que acabe con la situación de interinidad que además es objeto de llamada de atención por parte de Europa y que acabe con la precariedad en la prestación de los servicios públicos. Recordemos que lo que hay detrás de cada servicio y de cada empleado público es la calidad de los servicios que reciben nuestros niños y nuestras niñas, los mayores, es decir, toda la ciudadanía. Por tanto, es imprescindible, como digo, revertir esta situación de precariedad que conlleva un empeoramiento en la prestación de los servicios y cubrir todos aquellos puestos que se han perdido a lo largo de la crisis. Asimismo, nos parece que hay un problema añadido de envejecimiento de la plantilla pública. Según datos de los sindicatos, el 63% de la plantilla tiene más de cincuenta años, con lo cual nos parece urgente abordar la necesaria oferta de empleo público extraordinaria y revisar la limitación de la tasa de reposición de efectivos. Eso es lo que planteamos en la proposición no de ley. Estamos pendientes de revisar las enmiendas que hemos recibido, tanto del Grupo Socialista como de Ciudadanos, para comentarlas con el resto de compañeros.
Se han presentado tres enmiendas, una por parte de Ciudadanos y dos por parte del Grupo Socialista. En nombre de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán.
En primer lugar, quisiera dar las gracias al Grupo Podemos por traer a debate una cuestión para nosotros absolutamente central, como es la cuestión de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la contratación. En España tenemos un problema -yo diría que es el elefante en la habitación de nuestros problema laborales-, que es la dualidad laboral. Tenemos entre 6 y 7 millones de personas que, a pesar de estar trabajando, a final de año no logran llegar al salario mínimo interprofesional, porque se pasan el día entrando y saliendo del mercado laboral. Es la hiperrotación de nuestro mercado de trabajo. Existe, por tanto, un problema enorme de pobreza laboral que en gran parte se debe a la pésima regulación que tenemos. Después de Polonia, somos el país con la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea y creemos que eso requiere una respuesta global, una respuesta que transforme profundamente nuestro sistema de relaciones laborales. Como digo, en este sistema hay una serie de trabajadores que viven en permanente injusticia -en su mayoría jóvenes, aunque también hay muchos mayores de cincuenta años-, personas incapaces de acceder a la estabilidad laboral porque se encuentran con un muro que les impide hacerlo.
Como digo, celebro que Podemos traiga esta iniciativa a la Cámara. De hecho, las sentencias abren una gigantesca ventana de oportunidad para implementar una de nuestras propuestas centrales, como es el contrato único. En esencia la sentencia viene a decir que dos personas con el mismo trabajo no pueden tener derechos distintos simplemente por el tipo de contrato que tengan. El caso más evidente es el una trabajadora pública del Ministerio de Defensa que se pasó doce años en el ministerio y se fue con una mano delante y otra detrás porque tenía un contrato de interinidad para cubrir una sustitución y por tanto no recibió ninguna indemnización. Se trata de una situación profundamente injusta que creemos que tiene que cambiar.
Por tanto, estamos de acuerdo con los puntos 1 y 2 que propone la ponente y creemos que está bien que se estudie cómo cumplir estas sentencias. De hecho, la ministra Báñez puso en marcha un grupo de expertos que, desgraciadamente, ha fracasado hasta ahora en encontrar una solución, y sabemos que las soluciones que se han implementado hasta ahora para reducir la dualidad y los problemas de pobreza laboral que tenemos en España también han fracasado. Seguimos aumentando cada vez más la diferencia entre temporales e indefinidos y, en este sentido, nosotros proponemos acabar con la discriminación de los temporales. Me parece que está bien estudiar las irregularidades que existen en el ámbito del sistema público de empleo. Desde luego, tenemos que acabar con la discriminación y con la injusticia que sufren muchísimos interinos, particularmente en la sanidad y en la educación, donde más del 10 o del 15% del personal es interino y vive en situación de permanente precariedad. Por tanto, tenemos que hablar de cómo mejorar esta situación, pero creemos que es una cuestión más global y que se tiene que abordar no solamente para el sector público sino como una reforma realmente ambiciosa de un sistema fracasado de relaciones laborales que tenemos en este país. Y ya puedo anunciar que en las próximas semanas Ciudadanos traerá a esta Cámara una propuesta integral -ya que el Ministerio de Empleo ha sido incapaz de ofrecer una respuesta, a pesar de que montaron este grupo de expertos- de contrato único, basándose en las sentencias y en la jurisprudencia que ha resultado de esas sentencias, para ofrecer una respuesta a largo plazo al problema que tenemos de dualidad en España.
El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos trae una iniciativa para instar al Gobierno a que dé cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de derechos laborales del personal interino de las administraciones públicas. Podemos estar de acuerdo con buena parte de la exposición de motivos de la iniciativa y con los objetivos que se solicitan. No obstante, nuestro grupo parlamentario considera necesario hacer algunas precisiones y ampliaciones. Hemos conocido, a través de los medios de comunicación, unas primeras conclusiones del grupo de expertos creado por el Gobierno y los agentes sociales para valorar la traslación a la legislación española de la sentencia del Tribunal Europeo de 14 de septiembre de 2016, sobre los contratos interinos en España. Señorías, la mayor parte del grupo de expertos deja abierta la formulación de su propuesta definitiva para más adelante, hasta que se vuelvan a pronunciar el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esta materia. Este último debe responder a una aclaración planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que entiende que la sentencia del Tribunal Europeo de 14 de septiembre contiene -y cito
textualmente- ambigüedades, no refleja correctamente la realidad del ordenamiento jurídico español y no ha dado una respuesta suficientemente precisa y segura al tema debatido. Actuar de otro modo, anticipando una propuesta incluso basada en el diálogo social cuando la cuestión aún está sub iudice -se asegura-, correría el riesgo de provocar decisiones normativas que más tarde podrían entrar en contradicción con lo decidido en las citadas instancias jurisdiccionales.
Señorías, teniendo estas consideraciones mayoritarias del grupo de expertos y la certeza de nuevas resoluciones judiciales, resulta cuando menos precipitado -tal y como pretende la proposición no de ley presentada- instar ya a una modificación de la legislación para dar cumplimiento a una sentencia de las que los propios órganos jurisdiccionales españoles piden aclaraciones. Señorías, ¿esto supone que no debemos hacer nada al respecto? No, todo lo contrario, debemos aprovechar esta ocasión para ser ambiciosos e instar a un debate en esta Cámara sobre el modelo de administración pública y el tipo de empleo público que necesitamos. Seguramente todos coincidimos en que queremos una administración pública más moderna y en que es necesario recuperar el prestigio de la Función pública.
Señorías, en los años de mayoría absoluta, el Gobierno del Partido Popular ha maltratado a los empleados públicos, ha empeorado sus condiciones laborales, retributivas y de protección social, e incluso les han descalificado públicamente. La congelación de las ofertas de empleo público y la reducción de las plantillas han provocado que las administraciones tengan hoy 300.000 trabajadores menos, muchos de ellos en servicios públicos esenciales. La obsesión por la austeridad ha reducido la eficacia de las políticas públicas al tiempo que los supuestos ahorros no se han visto por ningún lado. Señorías, con esta gestión no es de extrañar que, según los datos del propio Gobierno, la satisfacción de la ciudadanía con los servicios públicos haya caído 20 puntos desde el año 2011. En la Administración descansa la garantía de los derechos de la ciudadanía, el impulso de la actividad económica, la promoción de la igualdad de oportunidades y el mantenimiento de la cohesión social. No hay política con resultados sin una buena Administración. Es la Administración la que convierte los compromisos en realidades, la que transforma proclamaciones en derechos efectivos, la que empodera a la ciudadanía frente a todos los poderes sociales, económicos o culturales que comprometen sus derechos. Por tanto, señorías, conviene establecer una estrategia y un compromiso con políticas innovadoras de recursos humanos que permitan poner de nuevo en valor el trabajo de las personas que trabajan en la Función pública con el fortalecimiento de los servicios públicos frente a la externalización desaforada de los servicios esenciales, con nuevos modelos organizativos adaptados a la realidad del Estado autonómico, con políticas de simplificación e innovación tecnológica, con una apuesta decidida por la transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas. Señorías, la piedra angular de esta estrategia la constituyen los empleados públicos sin ninguna duda. Por eso, debemos obligar al Gobierno a que recuperen progresivamente los derechos que han perdido en los últimos años quienes trabajan en la Función pública. No debemos limitarnos a pedir solo ofertas de empleo público suficientes y adecuadas a las necesidades de un Estado social reforzado, asegurando que las tasas de reposición no menoscaban la calidad de los servicios públicos.
Voy terminando. Señorías, debemos tener un debate sobre cuánto y qué tipo de empleo público debemos tener y cómo lo seleccionamos. Debemos debatir sobre qué servicios públicos queremos para garantizar el Estado del bienestar y cuántos empleados públicos necesitamos. Desde luego, hay que resolver la situación de los interinos y el empleo temporal de las administraciones públicas, pero esta solo es una parte de los muchos problemas que hay que solucionar. Es imprescindible que el Gobierno recupere de manera permanente el diálogo social en la mesa general de negociación de las administraciones públicas. Eso no es incompatible con la labor de este Parlamento; todo lo contrario, debemos ser complementarios de la negociación colectiva. Por todo ello, proponemos crear en el seno de la Comisión un grupo para el estudio de la estrategia en materia de servicios públicos e instar al Gobierno a que elabore, en el plazo de tres meses, un informe sobre los recursos humanos de las administraciones públicas, las estructuras administrativas y el modelo de prestación de servicios públicos. Señorías, no consideramos necesario instar al Gobierno al cumplimiento de las resoluciones judiciales que hoy todavía requieren aclaraciones por parte de los órganos que las dictaron y que desde luego, cuando se produzcan, deben ser cumplidas en toda su literalidad y de la manera más rápida posible. Aprovechemos la oportunidad para establecer la estrategia para los próximos años que nos permita superar y solucionar los problemas del presente, fruto de políticas del pasado contra los servicios públicos y los empleados públicos. En ese sentido han ido las enmiendas que hemos propuesto y si no son aceptadas, este Grupo Parlamentario Socialista también traerá una iniciativa que vaya en el sentido expuesto en mi intervención.
Hasta ahora no había recordado el tiempo que tenemos porque no había hecho falta. Ahora sí lo voy a recordar. Son siete minutos para la exposición de la iniciativa por parte del ponente y cinco -estoy siendo flexible, lógicamente- para las intervenciones. Ha sobrado siempre tiempo, pero menciono esto ahora para que no nos desviemos.
Había dicho antes que había una enmienda de Ciudadanos y dos del Partido Socialista. Hay una de cada uno, pero me había confundido porque me había referido a la número 2.º
El señor CANDELA SERNA: Adelanto que apoyaremos esta PNL que ha traído el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, pero quería aprovechar este momento para comentar una cuestión al señor Bravo, si se me permite, porque se ha tomado la licencia de decirnos qué es lo que no debemos ser. Yo agradezco que no haya este formalismo disfuncional y podamos hablar de tu a tú, porque también yo le voy a aconsejar lo que podría ser. Yo creo que se debería dedicar a la novela fantástica porque la argumentación que ha hecho para no apoyar la PNL que hemos presentado se encuadra en ese tipo de novela. Lo grave no es que el señor Garzón tenga un Apple o un iPad, lo más grave de todo esto es que el partido del Gobierno no quiera contribuir a la justicia fiscal y a un sistema fiscal justo. Esto es lo grave. Debe quedar muy clara esta cuestión.
Nos preguntaba si teníamos información. La Comisión ha instado a Irlanda a cobrar los 13.000 millones de euros que se ha ahorrado Apple y ha animado a los Estados miembros a estudiar si pueden reclamar su parte de impuestos. Lo demás, fantasía, excusas y los mundos de Yupi.
En nombre del Grupo Vasco, la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Voy a ser muy breve en este tema. Es verdad que hay una sentencia pero nosotros estamos analizando cómo se va a desarrollar, qué impacto va a tener en los diferentes sectores de la administración pública. Por eso, en estos momentos no vamos a apoyar esta iniciativa hasta ver el alcance que pueda tener en los diferentes sectores de la Administración.
En nombre de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.
Nosotros vamos a dar apoyo a la proposición no de ley. Esquerra Republicana votará favorablemente, entre otras cosas, porque demasiado a menudo está ocurriendo -y no es de ahora sino que es de hace tiempo- que hay una divergencia absoluta entre directivas y trasposición de directivas y luego sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que enmienda la plana al Gobierno del Estado español, sea del color que sea. No es nuevo lo que está pasando en estos momentos. Lo cierto es que existe una directiva que debería ser traspuesta, existe un acuerdo marco firmado por el Estado español desde 1999 sobre trabajo de duración determinada y existe -como así lo ha manifestado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por tanto ha resuelto en este sentido- un artículo en el Estatuto de los Trabajadores que contradice lo que establece la directiva y el acuerdo marco firmado por España. Por tanto, en definitiva debería ser modificado este artículo del Estatuto de los Trabajadores o en todo caso debería adecuarse a la normativa europea. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que el Estado español en relación a determinado tipo de contratos -contratos temporales y contratos de interinidad- no se ajusta a la normativa europea, ni más ni menos. En todo caso, la PNL dice que la normativa del Estado español debe estar adecuada a estos principios y en consecuencia tiene que hacerlo. Por eso, le vamos a dar apoyo.
Existe un elemento de la proposición no de ley que establece la necesidad de elaborar un estudio para saber y determinar las necesidades de personal y las situaciones de regularidad en las administraciones públicas. Nosotros también consideramos procedente la elaboración de este estudio, entre otras cosas -permitan que lo diga así- es cierto que esto afecta a todas las administraciones públicas a todos los niveles, la Administración local, la Administración autonómica y la Administración del Estado. Así, es bueno que sepamos las necesidades de personal, las situaciones irregulares y, entre otras cosas, se pondrá de
manifiesto la necesidad o no de determinados ministerios de la Administración del Estado en atención a que muchas de sus competencias se encuentran plenamente transferidas a las comunidades autónomas. Por estos motivos, vamos a dar apoyo a la proposición no de ley presentada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En primer lugar, quiero centrar el asunto. Nos estamos refiriendo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-596/1, y la sentencia solo habla de que no puede rescindirse el contrato con un trabajador interino sin indemnización. Todo lo demás que se ha hablado no está reflejado en esa sentencia. Coincidimos con el Grupo Socialista en que no es el momento ahora mismo de acometer una actualización de la normativa en función de esta sentencia. ¿Por qué? Por una serie de razones que voy a exponer pero, evidentemente, cuando estén resueltos los recursos judiciales pendientes será el momento y el Grupo Popular no se va a oponer a que haya una actualización normativa en función de unas sentencias que ya sean firmes.
En primer lugar, lo he dicho, contra la sentencia de referencia -que no es firme- se ha interpuesto por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo un recurso de casación para unificación de doctrina. Habrá que esperar a esa sentencia. En segundo lugar, en la Administración General del Estado a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social el 17 de octubre se constituyó un grupo de expertos con participación del Gobierno y los interlocutores sociales. Este grupo de expertos propone aplazar la formulación de conclusiones definitivas hasta que finalicen las causas y recursos abiertos y se tengan los pronunciamientos jurisdiccionales finales, así que no pongan en boca de los sindicatos palabras que no han dicho porque los sindicatos han manifestado que se espere a las resoluciones judiciales.
En el Ministerio de Sanidad se ha creado un grupo de trabajo para analizar otro problema que no está reflejado en esa sentencia: el encadenamiento de contratos interinos en la sanidad. Podría hacerse lo mismo en la educación, pues estudiar la problemática del trabajo interino es importante, pero hay que esperar a que el grupo de trabajo haga un análisis de la situación, por cierto con participación sindical.
Por último, la última Conferencia de presidentes autonómicos ha acordado que se haga un análisis de las especiales necesidades de los sectores prioritarios de las comunidades autónomas y ciudades autónomas. ¿Para qué? Para estudiar la problemática que suscitan los trabajos que los empleados públicos interinos desempeñan en la Administración pública, la repercusión que pueden tener las ofertas públicas de empleo en el futuro y el coste que puede suponer para las administraciones. Ese análisis es muy importante.
Para finalizar, quiero decir que me ha sorprendido -se ha marchado- el representante de Compromís. Parece que no le importa tanto la función pública porque nos habla del punto anterior, de Apple. Aquí se puede hablar de cualquier cosa. Al representante de Esquerra Republicana quiero decirle que, efectivamente, hay un problema de empleados públicos interinos, pero no solo en las administraciones estatales; en la Administración General del Estado, en todas las administraciones, incluida la catalana, hay problemas de empleados públicos que enlazan contratos. Es un problema que nos afecta a todos y todos tenemos que trabajar para resolverlo. Y en último lugar, quiero manifestar que, aun estando básicamente de acuerdo con lo que ha dicho el Grupo Socialista en su enmienda, ha aprovechado para sacudir un golpe al Gobierno. Muchos trabajos interinos, muchos indefinidos lo son por unas prácticas abusivas de gobiernos socialistas durante muchos años en las administraciones locales, en las diputaciones y en las comunidades autónomas, donde se contrataba de aquella manera, en fraude de ley. Esos trabajadores han terminado convirtiéndose en indefinidos porque no había una oferta pública de empleo; se cogía el teléfono y se decía: venga usted a trabajar mañana. Hay que acabar con ese sistema, regularizarlo.
Tiene que haber un reconocimiento de la importancia de la función pública, de la independencia y desde luego hay que respetar al empleado público. El mejor respeto es no presionarle en la manera en que entra a trabajar y no dejarle en una situación ilegal. Podemos y debemos trabajar en la solución de esta problemática. Les recuerdo que el mayor palo que se han llevado los empleados públicos ha sido el Real Decreto de 2010, donde de media se les bajó el salario un 5%. (Aplausos).
Hemos dicho que se habían presentado dos enmiendas. Señora Honorato, ¿las aceptan? Por lo que veo hay una contradicción entre ambas, así que lo veo difícil.
La señora HONORATO CHULIÁN: Voy a hablar ahora con ellos y lo comunicaré al final.
El señor PRESIDENTE: O hágalo llegar a la Mesa en el momento en que lo sepa.
- RELATIVA A LA REINVERSIÓN DEL SUPERÁVIT MUNICIPAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001058).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día: Proposición no de ley relativa a la reinversión del superávit municipal, del Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Serrano.
Señorías, desde la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos a partir de las elecciones del 3 de abril de 1979, el municipio ha sido un pilar significativo de nuestra democracia y uno de los motores que ha sabido canalizar y posibilitar los anhelos de libertad de los ciudadanos y ciudadanas. Los ayuntamientos desde entonces se han convertido en muchas ciudades y pueblos en laboratorios de ideas y proyectos que están sirviendo para implantar políticas de bienestar para la ciudadanía, fórmulas de gestión de servicios de calidad y políticas de proximidad y transparencia.
Señorías, el Partido Popular siempre ha actuado de espaldas al mundo local. El Gobierno de Rajoy perfiló una ley, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que acaba de cumplir ya tres años y que consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mínimas del Estado, en especial de las entidades locales, al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las administraciones públicas en vez de situar la atención en los ciudadanos y la calidad en la prestación de los servicios en el centro de la reforma. Además, dicha ley suponía y supone un ataque frontal a la autonomía municipal y una injerencia en las competencias locales, pretendiendo vaciar de contenido a los ayuntamientos. Este era el verdadero objetivo de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la ley del señor Montoro.
Los socialistas hemos liderado la lucha del municipalismo contra la reforma local del Partido Popular desde el minuto cero. Creemos en el municipalismo, en la política de cercanía que se presta en la Administración local y en los ayuntamientos. Señorías, estamos convencidos de que el Gobierno del Partido Popular ha perpetrado un golpe grave y demoledor contra los ayuntamientos españoles tomando como excusa y justificación la crisis, frente a una realidad que nos enseña que los ayuntamientos llevaban desde el año 2011 en déficit cero y, en muchos casos, cerrando los presupuestos municipales con superávit. Sin embargo, señorías, a lo largo de estos años de Gobierno del Partido Popular esta situación ha traído consigo una paradoja. Los ayuntamientos son la única Administración en superávit, están saneados y cumplen con sus objetivos, pero no pueden invertir el ahorro. Está claro que el Partido Popular ha apostado por seguir mirando a las entidades bancarias antes que a las personas y a los numerosos ciudadanos que día a día se acercan a los ayuntamientos para demandar ayuda ante la situación que están viviendo. Paradójicamente los alcaldes se ven impotentes, atados de pies y manos, porque la ley impide invertir en las personas el dinero que tienen guardado en sus cuentas bancarias por su buena gestión en sus ayuntamientos y que debería repercutir en sus ciudadanos.
Señorías, las excepciones establecidas por la ley en ningún caso han dado satisfacción a las demandas municipales, puesto que las condiciones para poder acogerse a ellas eran importantes y, sobre todo, de difícil cumplimiento: haber registrado superávit presupuestario y remanente de tesorería, haber pagado antes las deudas pendientes con proveedores para cumplir con la Ley de Morosidad y destinar el sobrante a amortizar deuda. Son condiciones imposibles de cumplir en la mayoría de los casos. Al final, señorías, en estos momentos los gobiernos locales se han convertido en la Administración más cumplidora con los objetivos marcados. La deuda local llegó en el año 2016 a los objetivos del 3% fijados para el año 2020 con cuatro años de adelanto. El superávit de las entidades locales aporta al cómputo estatal de España medio punto del producto interior bruto y también cumple con el techo de gasto y paga en plazo a sus proveedores.
Señorías, por estas razones es necesario que el Gobierno atienda a las demandas planteadas por el conjunto de los entes locales y por los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias, por los alcaldes y las alcaldesas y los presidentes y las presidentas de diputaciones de varios
partidos políticos que participaron recientemente en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local junto al ministro Montoro y su equipo celebrada el pasado día 30 de noviembre, en la que plantearon que se permitiera a los ayuntamientos utilizar el superávit que para este año ronda los 4.500 millones de euros.
Señorías, el Gobierno de España tiene que ser sensible al mundo local y debe escuchar las reivindicaciones de los ayuntamientos, de las federaciones territoriales de municipios, de la FEMP, y, por cierto, de alcaldes y alcaldesas del Partido Popular que también reclaman al Gobierno las mismas propuestas que todos los demás alcaldes y alcaldesas. Estas demandas son justas, razonables y necesarias, y se requiere invertir el superávit municipal en dotaciones y equipamientos cívicos y sociales, se pretende mejorar y dar calidad a los servicios que prestan los ayuntamientos y se pretende desarrollar planes de empleo y necesidades que demandan los ciudadanos y ciudadanas de los municipios, de los pueblos, que son una demanda social. En definitiva, se trata de tener ayuntamientos competentes que sirvan para fortalecer la proximidad del Estado del bienestar, y que presten los servicios necesarios y de calidad a nuestra ciudadanía.
Señorías, los ayuntamientos son la Administración más cercana al ciudadano. Cuando un vecino o una vecina tiene un problema acude a su ayuntamiento en busca de su alcalde o alcaldesa para que le auxilie, para que le ayude. Los que hemos pasado por el mundo local, los que hemos sido concejales o concejalas y alcaldes o alcaldesas esto lo sabemos bien, en estos años de crisis brutal van desesperados a los ayuntamientos para que les den una solución, porque no tienen trabajo, porque no pueden pagar la luz, porque no pueden pagar el agua, porque no pueden pagar la hipoteca y están ante la inminencia de un desahucio, y por causa de todo eso acuden a su alcalde, a su alcaldesa, porque no entienden de competencias municipales ni de competencias de otras administraciones. Por eso los alcaldes necesitan poder destinar ese dinero que tienen en sus cuentas a ayudar a todos estos vecinos y vecinas que peor lo están pasando. ¿Qué problema tiene el Partido Popular en poder invertir el superávit en inversiones que generen empleo y que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, en definitiva, de nuestros ayuntamientos, de nuestros municipios y del mundo municipal, que es el mundo más cercano a la problemática y a la realidad de las personas? ¿Qué problema tiene el Partido Popular? Que lo explique. Si ahora estamos superando la crisis económica según ellos, deberían ser más flexibles con el mundo municipal porque es la Administración más cercana al ciudadano.
Por todo ello es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista plantea esta iniciativa en esta Comisión, para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que permita que las entidades locales reinviertan su superávit en el año 2017 sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe a través de una autorización legal para esa reinversión que surja de la prórroga presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado. Eso es lo que pedimos, esa es nuestra demanda.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular, y en su nombre tiene la palabra el señor Marí.
Señora Serrano, el Partido Popular tiene un problema con las políticas que perjudican a los ciudadanos en nuestro país, tiene un problema en concreto con las políticas que ustedes practicaron que perjudicaron tanto y a tanta gente en este país. Nadie duda, señoría, de que su grupo parlamentario tiene toda la legitimidad para plantear las cuestiones que considere convenientes, proponer su debate y hacerlo cuantas veces lo considere interesante; sin embargo y con todo el respeto, al leer la proposición no de ley que su grupo propone debatir en esta Comisión me vino a la cabeza una expresión castellana que le oí el otro día a un amigo salmantino: vuelve la mula al trigo. Yo creo que se entiende bastante bien, pero viene a significar la insistencia en volver una y otra vez sobre la misma cuestión sin que enmiende un ápice su discurso; incluso cuando la cuestión ya está zanjada.
Esta cuestión la debatimos en el Pleno el pasado día 1 de febrero, en prácticamente los mismos términos. Como señalábamos, la cuestión está zanjada desde el pasado día 30 de noviembre, cuando llegamos a un acuerdo en la Comisión Nacional de Administraciones Locales con la Federación Española de Municipios y Provincias, que preside un compañero de su propio grupo político, para crear un grupo de trabajo que en el plazo de seis meses estudie la revisión y modificación de la regla de gasto, no solo de las entidades locales sino de todas las administraciones públicas, que dicho estudio se analice
por la AIReF y que finalmente las conclusiones sean traspuestas por el Gobierno a un real decreto que entre en vigor en este ejercicio.
Este es el acuerdo que alcanzamos, señoría, incluidos los representantes de su propio partido político. Es muy saludable repetir lo bueno, pero no resulta muy edificante ni habla muy bien de la fiabilidad de sus propuestas ni de sus planteamientos que, tras haber alcanzado un acuerdo con ustedes mismos, desde el minuto siguiente ustedes empiecen a presentar mociones y PNL totalmente diversas al acuerdo que acabamos de alcanzar. Coincidimos con ustedes en lo que acordamos, y eso es bueno, pero si ustedes reinciden en el error nosotros tendremos que reincidir en lo que coincidimos, y por ello les hemos presentado la misma enmienda transaccional.
Señora Serrano, no sé si le vendrá bien que le diga esto, pero conviene aclarar que coincidir no es un acto vergonzante, no hace de menos al que coincide ni le inhabilita para nada; coincidir es llegar a acuerdos en lo posible para avanzar en los objetivos, aunque los objetivos sean distintos. ¿Cómo se construye un país, señorías, si las fuerzas políticas que representan a la inmensa mayoría de los españoles y que han ayudado con decisión a progresar a nuestra gente a través de los sucesivos Gobiernos en nuestra etapa democrática no son capaces de coincidir en alguna cosas? ¿Cómo se hace? Las reglas de supervisión fiscal, la regla de gasto, el límite de déficit público y de deuda tienen relación directa con la posibilidad que tienen, que ya la tienen, las administraciones locales de reinvertir su superávit si están saneadas financieramente; por cierto, las únicas administraciones que pueden hacer eso sin que les cuente como gasto en la regla de gasto. La disposición del Grupo Popular a estudiar y corregir la regla de gasto y la mejor forma de reinvertir los superávits presupuestarios de las administraciones locales es absoluta y palmaria, y en esa misma disposición está el Gobierno de la nación. Pero nuestra disposición en esa materia en beneficio de unas mejores administraciones públicas, señora Serrano, necesita igualmente de esa misma disposición de su grupo del resto de grupos parlamentarios, y por ello le solicitamos que acepten la enmienda que hemos presentado.
El refranero español es tan amplio que creo que deberíamos afinar un poquito más, sobre todo cuando se utilizan animales para calificar. No es un reproche, solo un consejo para el buen tono que siempre rige en esta Comisión. Seguimos con el orden del día. En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Candela.
El señor CANDELA SERNA: Coincido con la reflexión que ha hecho usted sobre las mulas.
Estoy totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho la representante del Partido Socialista, con toda la proposición no de ley. Pero la única duda, quizá existencial, es por qué, cuando se tuvo la oportunidad de cambiar la Ley de Estabilidad en este Parlamento, el Partido Socialista hizo lo contrario de lo que plantea aquí. Esa es la duda. Nosotros planteamos una serie de enmiendas y otros grupos, como el Grupo Confederal, otra serie de enmiendas en este sentido, y se dijo que no. Me gustaría saber qué es lo que ha cambiado, porque igual ha cambiado algo y me lo he perdido. Vamos a votar a favor, pero nos gustaría saber qué es lo que ocurre siempre que hay que decidir, más allá de pronunciamientos.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Nosotros, ya en varias ocasiones hemos comentado y nos hemos posicionado a favor de la flexibilización de la regla de gasto y, por tanto, en la reinversión del superávit. Es verdad que los que estamos en los ayuntamientos conocemos bien las consecuencias de la aplicación de la regla de gasto cuando existe superávit, con lo que disminuye la capacidad de decisión de los ayuntamientos, si hay una tutela por parte de niveles superiores y ajustes o recortes. En muchos casos ha sido imposible utilizar el reglamento de tesorería derivado del superávit y, por tanto, no se puede destinar ese dinero para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Además, los ayuntamientos tenemos poco margen para aumentar los ingresos, por lo que hay poca capacidad normativa para regular impuestos y para aumentar el gasto. Además, hay que añadir que en el caso del superávit, como he dicho, se suele utilizar normalmente para devolver deuda en algunos casos.
Los ayuntamientos, además, han demostrado que cumplen, que están saneados, que no contribuyen al problema del déficit y que, al ser las instituciones más cercanas a la ciudadanía, deberían poder destinar
el ahorro generado a la mejora de los servicios públicos. Entendemos, también, que todas aquellas administraciones locales que han cumplido los objetivos establecidos en materia de déficit público y de deuda pública pudieran destinar el ahorro que generan a inyectarlo en los servicios públicos, es decir, inversiones, empleo, políticas sociales, pero también entendiendo que nunca a gasto corriente.
Desde Esquerra Republicana, también nos hemos posicionado en relación a la reversión de lo que significaba la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera con respecto a la limitación, en este caso, de las administraciones locales. Es de una claridad meridiana lo que propone esta proposición no de ley. Luego, se podrá discutir si uno es o no es coherente, pero cada uno lleva la carga que lleva con lo que hace y con lo que dice. En definitiva, lo que es cierto es que la proposición no de ley es perfectamente coherente. Es una petición que efectuamos prácticamente todos los grupos parlamentarios, porque castiga doblemente a la Administración más próxima al ciudadano, y la castigado durante todos estos años. En definitiva, lo que limita y lo que ha limitado es la capacidad de los ayuntamientos de decidir por sí mismos qué quieren hacer con los recursos que tienen, porque algunos tenían superávit y continúan teniéndolo, como por ejemplo el ayuntamiento de Barcelona. Las limitaciones establecidas han impedido que pudiesen dar cobertura a las necesidades de la ciudadanía y, por tanto, no cumplir con los objetivos y finalidades que se presuponen y que, por ley, tienen las administraciones locales.
Esto tiene que ver no únicamente con la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que debía cumplir los requisitos y las tres reglas fiscales de estabilidad presupuestaria, la contención de la deuda pública y la regla de gasto, sino que también tiene que ver con las modificaciones legislativas que se hicieron o se han hecho durante la X Legislatura: la Ley de reforma y sostenibilidad de la Administración local que, ya lo hemos dicho muchas veces pero lo voy a repetir, tiene esa voluntad recentralizadora, burocratizadora, de limitación de la capacidad política de las administraciones locales... (El señor Marí Bosó hace gestos negativos). No diga que no, porque sabe que es así. El Partido Popular sabe que es así, por esa alergia que tienen ustedes al poder municipal; es alergia al poder municipal. Es más, insistiré en un aspecto que ya dije cuando se aprobó la Ley de reforma y sostenibilidad de la Administración local: muchos de los derechos que en estos momentos son derechos reconocidos y, por tanto, servicios públicos y servicios sociales, quienes iniciaron la prestación de los mismos, sin tener ni la competencia ni la financiación suficiente, fueron las administraciones locales. Por cierto, esto no va en consonancia con lo que dice la Comisión Europea ni con lo que dice Europa. Alergia, por tanto, también a la diversidad, por no entender que las situaciones de las administraciones son distintas, las competencias son distintas y cubren necesidades diversas y distintas.
En definitiva, la proposición no de ley es procedente. Luego se discutirá si somos desleales los unos con los otros o más leales o menos, pero la proposición no de ley tiene sentido. Esquerra Republicana seguramente criticaría algunos aspectos de los que se han dicho aquí por parte de la representante del Partido Socialista, pero al final compartimos la esencia de la proposición no de ley.
Yo tengo la impresión -no voy a utilizar el refranero español- de estar un poco en el día de la marmota. Lo digo porque este es un debate recurrente.
El señor PRESIDENTE: Estamos familiarizados con la marmota, pero lo de la mula... No compare una mula con una marmota. (Risas).
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Está siendo un invierno frío y estamos aquí en el día de la marmota y repetimos el mismo debate que hemos tenido en el Pleno en varios formatos. Primero en el formato de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, donde, como ya dije en su día en el Pleno, el Grupo de
Unidos Podemos ha sido coherente y está en contra de la estabilidad presupuestaria, de la estabilidad fiscal, y por tanto votó por eliminar el artículo 12 de la citada ley. Nosotros sí creemos que tiene que haber una regla de gasto, pero lo que resulta realmente sorprendente es que el 15 de diciembre -y también esta era una norma obligatoria- el Partido Socialista, nosotros y el Partido Popular votamos una regla de gasto, además de unos objetivos de déficit público y un techo de gasto. Esa regla de gasto decía que el incremento de gasto no pudiese superar en este ejercicio el 2,1%. Al cabo de poco tiempo nos encontramos con el Partido Socialista diciendo que esto hay que flexibilizarlo. Llegan a un acuerdo en la Comisión Nacional de Administración Local para estudiarlo, porque es posible que se deba flexibilizar, pero no parece ni medio razonable, en nuestra opinión, que directamente se elimine para 2017 cualquier tipo de límite, entre otras cuestiones porque si ningún ayuntamiento tiene superávit porque se permite reinvertirlo todo, España no va a cumplir los objetivos de déficit y tenemos el riesgo, para empezar, de ser sancionados con 6.000 millones de euros.
Nosotros no podemos apoyar una eliminación en la práctica para todos los ayuntamientos de la regla de gasto. Tengamos en cuenta que la regla de gasto solamente opera cuando se tiene superávit. Si se tiene déficit, lo que hay que hacer es corregirlo. Hay que pensar que en la medida en que los ayuntamientos vayan amortizando deuda tendrán mayor capacidad de gasto en el futuro. Es decir, que las cosas no son gratis. Podría estar muy bien que se invirtiese ese dinero, pero recordemos que algunas inversiones de las que han hecho los ayuntamientos, las diputaciones u otras entidades locales no han sido precisamente grandes ideas. Podemos pensar en aeropuertos peatonales, una de las cosas que han ocurrido en Castellón, uno de los grandes avances que algunas entidades locales españolas han hecho en la inversión pública. O pensemos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, un caso reciente, que compró un edificio a un precio sobrevalorado en la calle Alcalá, 45, como única forma de cumplir las inversiones. Es decir, las inversiones se pueden hacer bien o mal. Teniendo en cuenta los niveles de deuda pública que hay en España, no parece razonable la eliminación sin más de cualquier tipo de regla de gasto.
Se puede flexibilizar, pero no entendemos -sigo sin entenderlo después de varios debates sobre esta misma cuestión en el día de la marmota- que primero se ratifique la regla de gasto en un debate en esta Cámara de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, posteriormente se apruebe un endurecimiento de la regla de gasto que en la práctica solamente afecta a las entidades locales y a continuación se pase sin solución de continuidad, primero, a decir que esta regla de gasto hay que flexibilizarla -el debate de Pleno del otro día todavía tenía algunos puntos razonables- y después a una situación donde no haya regla de gasto en 2017 para las entidades locales.
En consecuencia, por todo lo anterior, nosotros no podemos apoyar esta proposición no de ley, por lo menos en los términos en los que se ha presentado; es decir, que si no se aceptan enmiendas, nos abstendremos.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Garzón.
Yo creo que todos somos conscientes en esta sala de que este es un debate repetido y debemos solucionar de alguna forma la contradicción que subyace, porque es evidente que subyace una contradicción. En nuestro grupo, Unidos Podemos, somos contrarios, primero, a la criminalización del déficit como tal, porque creemos que es constitucionalizar una ideología el criminalizar ese déficit, como ha ocurrido con cualquier política de consolidación fiscal inserta en la normativa jurídica, caso de la reforma del artículo 135 de la Constitución. Creemos que criminalizar el déficit es un sinsentido económico porque no es lo mismo, efectivamente, utilizar los recursos públicos para un aeropuerto sin aviones -en eso estoy de acuerdo con el portavoz de Ciudadanos- que utilizarlos para la educación pública o para la inversión en infraestructuras que puede permitir mejorar la red de transporte de mercancías, con el consiguiente incremento de productividad en el medio y largo plazo. Por tanto, criminalizar el déficit público per se es matar moscas a cañonazos, aprovechando que llevamos un día bueno de refranes. (Risas).
Como somos contrarios a esa concepción, lógicamente también lo somos a la segunda parte, que es criminalizar el superávit. El absurdo económico es todavía más evidente porque nos encontramos ante circunstancias en las que el superávit puede servir para generar puestos de trabajo, para generar actividad económica y también en esa cadena puede generar una reducción de la deuda. Sin embargo, si aplicamos
el dogmatismo neoliberal llevado al extremo que es criminalizar el superávit, podemos encontrarnos con lo que se está encontrando gran parte de Europa, que con esta política lo único que se hace es seguir incrementando la deuda pública. Para más abundamiento, creo que la propia contabilidad nacional de España es bastante paradigmática, pues es un país que insiste en reducir el déficit y lo que consigue es aumentar la deuda pública por la forma en la que lo está haciendo.
La contradicción no es esa, porque yo leo la PNL y me parece muy buena. Por eso, en coherencia con la PNL que presenta hoy el Partido Socialista, propusimos derogar aquellos artículos de la ley de Estabilidad Presupuestaria que iban en consonancia con lo que aparece en el redactado de esta proposición no de ley. La sorpresa es que la contradicción la tiene el Partido Socialista, una contradicción que hemos reflejado desde el Partido Popular hasta Ciudadanos y nosotros. En consecuencia, creo que ya tenemos focalizado el problema de por qué repetimos tantos debates, y por ahí ya podemos avanzar en la solución. La solución es decirle al Partido Socialista que a veces me gusta lo que dice, pero no me gusta lo que hace y que esa contradicción es la que nos está llevando a repetir este debate. Aquella vez nosotros sabíamos que necesitábamos al Partido Socialista para aprobar determinadas enmiendas en este sentido que estamos defendiendo, y por eso negociamos con muchos ayuntamientos del Partido Socialista que se iban a ver beneficiados. Sin embargo, el Partido Socialista, o al menos la dirección de su grupo parlamentario, prefirió no modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y dejarla tal y como el Partido Popular la había propuesto. Es decir, hubo un pacto entre Partido Popular y Partido Socialista para no admitir ninguna enmienda, cuestión que hubiera resuelto este problema, con lo que hubiéramos dejado de debatir del mismo al menos en los términos actuales. No lo hizo y, sin embargo, tenemos PNL y debates puramente declarativos en los que volvemos a repetir esta cuestión.
¿Por qué el Partido Socialista, cuando es un debate declarativo, es decir, que puede ignorar el Gobierno, trae una posición y cuando se trata de una ley que puede cambiar la realidad de forma inmediata trae otra posición diferente? Nosotros esto lo vemos con enorme preocupación. No nos engañemos, cualquier PNL puede ser ignorada por el Gobierno, lo sabe el Gobierno del Partido Popular y lo sabe el Gobierno del Partido Socialista, por ejemplo, en la Junta de Andalucía. Es un juego que tiene más que ver con la escenificación y lo comunicativo. Pero la hora de la verdad es cuando hay que aprobar los decretos, es cuando hay que aprobar las modificaciones de las leyes y es ahí donde el Partido Socialista nunca mantiene la coherencia con la posición de hoy que, por cierto, es la que nosotros defendemos. En consecuencia, vamos a votar a favor.
Solo un apunte añadido con respecto a la intervención del portavoz de Ciudadanos. Efectivamente, el Ayuntamiento de Madrid compró un edificio. Ese edificio había sido propiedad pública, propiedad del Ayuntamiento de Madrid durante los tiempos de gestión del Partido Popular. Esa Administración municipal lo vendió a una empresa privada y se lo volvió a alquilar. Es decir, el ayuntamiento vende un edificio público a una empresa privada y la empresa privada se lo alquila al ayuntamiento al módico precio de 18.000 euros al día, con un contrato blindado hasta 2020. Lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid no ha sido malgastar el dinero, sino revertir una estafa hecha por el anterior ayuntamiento. Evidentemente, esto no tiene las repercusiones que creemos que puede tener un plan de empleo público y por eso creemos que se puede hacer, pero no quedaba otra cosa salvo mantener el agujero y esa es la razón por la que la mayoría de nuestra corporación -de Ahora Madrid, como saben ustedes, a la que pertenecemos los grupos de Unidos Podemos- aprobó esa política. Lo digo para que no haya equívocos porque es la segunda vez que sale a colación en el mismo marco de este debate.
Como decía, había una enmienda presentada a esta proposición. Tiene la palabra la portavoz socialista en relación con la aceptación o no de esta enmienda.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: No vamos a aceptar la enmienda que ha presentado el Partido Popular en los términos en los que lo ha hecho. Estamos hablando de si hay alguna posibilidad de hacer alguna transaccional, pero todavía no hay nada cerrado. Cuando lo tengamos se lo diré, señor presidente.
Solamente quiero apuntar que el Partido Socialista no ha llegado a ningún acuerdo en relación con la regla de gasto sobre los ayuntamientos.
El señor PRESIDENTE: No, señoría, solamente puede intervenir para explicar la aceptación o no de la enmienda.
- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA REFERENTE A DEVOLUCIÓN DE LAS AYUDAS FISCALES A EMPRESAS ESPAÑOLAS PARA LA COMPRA DE EMPRESAS EXTRANJERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/001131).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º, proposición no de ley sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referente a la devolución de las ayudas fiscales a empresas españolas para la compra de empresas extranjeras. En nombre de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella. Quiero adelantar que hay tres enmiendas presentadas: una del Grupo Ciudadanos, otra de Unidos Podemos y una última del Grupo Socialista.
De nuevo hablamos de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como explicamos en la extensa exposición de motivos de nuestra proposición no de ley, la justicia europea anula las ayudas fiscales que España dio a multinacionales para hacer adquisiciones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera ilegales los incentivos que el Gobierno dio a las empresas españolas para que comprasen empresas extranjeras, anulando estas ayudas fiscales que el Gobierno dio a esas multinacionales. Yo diría que es otro golpe judicial europeo contra el Estado español, y ya llevamos, como decía, unos cuantos porque hoy mismo nos hemos ido refiriendo a alguna sentencia y en un Pleno anterior también el real decreto que se sometió a aprobación traía causa de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con las cláusulas abusivas, las cláusulas suelo. De hecho, la Comisión Europea ya había declarado ilegales estas ayudas que desde 2002 permitían a las empresas españolas dejar de pagar impuestos, es decir, subvencionaban cuando compraban compañías en otro país. En primera instancia, sin embargo, es verdad que la Comisión Europea primero declaró ilegales estas ayudas, si bien, al ser recurridas luego las bonificaciones, la justicia europea anuló las decisiones de la Comisión Europea. Esto fue en el año 2014, cuando una sentencia dio la razón a Banco de Santander, Santusa y Autogrill, que habían presentado recurso. Los perjudicados recurrieron y el Tribunal de Justicia europeo les dio la razón, la Comisión Europea recurrió esta sentencia y ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha revocado aquella primera sentencia al considerar que fue un error. Recuerda la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, para considerar que ha habido un tratamiento fiscal irregular, se debe evaluar si las normas discriminan a empresas que se encuentren en una situación comparable; y esto es lo que ha pasado. En consecuencia, en este caso la Comisión Europea ha celebrado la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y recuerda que sus decisiones de 2009 y de 2011 han sido rehabilitadas y que por tanto el Gobierno del Estado español tiene la obligación de recuperar las ayudas fiscales que concedió a las empresas afectadas. Sin embargo -y aquí viene el pero de siempre-, Bruselas no ha querido determinar la cuantía total de las cantidades a recuperar.
Es aquí donde nuestra proposición no de ley entra a considerar esta cuestión, y creemos que nuestras peticiones, y en este caso la parte dispositiva de la proposición no de ley, son adecuadas. Primero, iniciar el procedimiento para recuperar las ayudas fiscales otorgadas por el Estado español a empresas españolas para la compra de empresas extranjeras. En caso de aprobarse, también tenemos nuestras dudas sobre si el procedimiento será el adecuado en atención a cómo luego el Gobierno del Estado español regula los procedimientos, pero en todo caso esperamos que se apruebe y que el procedimiento sea el adecuado.
Hacer públicas las ayudas otorgadas y la cuantía correspondiente. Este es un ejercicio de transparencia. ¿Quién puede oponerse a que el Estado muestre a qué empresas ha subvencionado fiscalmente y qué cantidades comportan las bonificaciones fiscales? Otra pregunta que también nos tenemos que hacer es por qué el Gobierno del Estado español puede tener interés en no mostrar qué empresas han sido las beneficiarias y las cantidades con las que han sido beneficiadas. Esto es lo que les preocupa a los ciudadanos, la transparencia en cuestiones importantes como esta.
El tercer punto de la proposición no de ley es realizar las adecuaciones legislativas y reglamentarias correspondientes para poderse adaptar a lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Me permitirán que lógicamente Esquerra Republicana sea escéptica con relación a estas cuestiones, y en este caso utilizaré un refrán que habla de animales y que dice: Ja pots xiular si el ruc no vol beure. Ya puedes silbar si el burro no quiere beber. (Risas). Viene a ser lo mismo; he hecho una traducción literal que igual no tiene significado, pero en catalán sí que lo tiene. Digo esto porque España es el Estado más incumplidor de las directivas europeas, porque cuando tiene que cumplir una sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace lo posible para no cumplirla al cien por cien, y lo reconoció hace unos días el propio comisario Arias Cañete. En definitiva, por estos motivos he presentado esta proposición no de ley que esperamos que cuente con el apoyo de los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Veo que he sido un ingenuo con lo del refrán porque me van a llover refranes y, además, todos con animales; muy curioso.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente. Intentaré no usar refranes.
Nosotros hemos presentado una enmienda porque estamos de acuerdo, como no podía ser de otra forma, con que se inicie el procedimiento solicitado por la Comisión Europea respecto a la recuperación de las ayudas de Estado. En segundo término, también estamos de acuerdo con que estas ayudas deberían ser públicas; se debería conocer quiénes son los que se han beneficiado de uno de los incentivos fiscales más importantes de la historia de España, la deducción del artículo 12.5. Pero, a día de hoy, el artículo 95 de la Ley General Tributaria impide conocer qué empresas se han beneficiado.
No obstante, como solución alternativa hemos propuesto que la Agencia Tributaria centralice en una página esta información porque las diversas empresas que se han beneficiado deben comunicarlo en el registro mercantil a través de la publicación de sus cuentas anuales, donde se debe especificar en la memoria el importe de este beneficio fiscal cuando es relevante, y que la Agencia Tributaria nos lo diga. Esta es una cuestión relevante por dos cuestiones, y nos parece bien que se haya traído a debate. En primer término, porque en particular el Ministerio de Hacienda del Partido Popular tiene una facilidad asombrosa para que nos condene el Tribunal de Justicia y para que luego esto genere un lío bastante importante. Esto ocurrió, por ejemplo, con el impuesto sobre sucesiones y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos condenó -ahora tenemos un sistema todavía más complicado que antes, con veinte impuestos sobre sucesiones distintos- por discriminar a los no residentes, ha ocurrido con el céntimo sanitario y está al caer -que sirva esto de adelanto- que nos condene por la declaración de bienes en el extranjero dado que nuestra legislación tampoco se adapta al derecho europeo. Este es un punto importante.
El segundo punto importante es que es bastante habitual que todos los grupos políticos nos quejemos de la escasa recaudación que se obtiene del impuesto de sociedades y en particular de la reducida tributación de las grandes empresas. No es que las grandes empresas hagan actuaciones ilegales sino que, si se les conceden beneficios fiscales de un carácter muy relevante, luego obviamente la recaudación se resiente, y si encima esto da lugar a que posteriormente haya que hacer un esfuerzo administrativo tremendo para tener que volver a recuperar estas ayudas, nos debería hacer reflexionar a todos sobre la necesidad de cambiar la política tributaria.
Me ha comunicado la señora Capella que aceptan nuestra enmienda sencillamente para salvar la legalidad de un punto que creemos que es importante. Nuestro grupo va a apoyar esta cuestión, que nos parece relevante, para que se recuperen las ayudas de Estado ilegalmente concedidas a algunas grandes empresas y que pretende también que los contribuyentes sepan quiénes se han beneficiado de esta bonificación fiscal, que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha acabado diciendo que no se adecua a la legislación comunitaria.
En nombre de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell.
Vamos a apoyar esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo de Esquerra Republicana. De hecho, tenemos presentada una PNL en términos parecidos y voy a hacer solo tres o cuatro consideraciones al respecto.
La primera es que nos encontramos ante dos situaciones recurrentes. La primera situación recurrente se refiere a este tipo de beneficios, bonificaciones o regalos fiscales a las grandes empresas, en este caso a las empresas que compraban otras empresas en países de la Unión Europea o en países terceros. Nos refuerza en la idea de que a veces se ha legislado a favor de determinados grupos empresariales, grupos que salían beneficiados de esta normativa, como el Santander, el BBVA, Telefónica, Ferrovial, Iberdrola o Abertis. Y es muy grave porque, según la Comisión Europea, el monto
total podría haber sido de unos 8.000 millones de euros. Nos parece extremadamente grave y que esas disposiciones no van a favor del interés general sino que benefician a determinadas empresas, es decir, son en interés de parte.
La segunda situación recurrente con la que nos encontramos es nuevamente una sentencia desfavorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Reino de España. No es la primera vez que se dice que el Gobierno no gana ni una en el Tribunal de Luxemburgo; lo hemos visto con las cláusulas suelo y se decía ahora, por el portavoz de Ciudadanos, que también ha ocurrido en determinadas cuestiones del ámbito fiscal. La sentencia es muy clara. Cierto es que el proceso judicial no se ha terminado del todo, pero la sentencia ahí es muy clara, determina que este tipo de bonificaciones son ilegales e incompatibles con el mercado interior, que suponen una discriminación entre empresas y que no se han aplicado correctamente los criterios o el requisito de carácter selectivo. Además, la Comisión ha manifestado también con toda claridad que el Gobierno debe recuperar estas ayudas.
La tercera consideración es que cuando se producía esta batalla legal, que ha tenido diferentes escenarios -la Comisión primero, el Tribunal General de la Unión Europea, luego el Tribunal de Luxemburgo o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea-, esa batalla se producía en medio de una gravísima crisis económica, en medio de recortes sociales, de caídas de la recaudación. Nos parece extremadamente grave que se hayan defendido este tipo de medidas que no solo son ilegales, como se ha demostrado, sino que además son contrarias al interés de la Hacienda pública del Estado, y eso nos parece lo más sangrante.
Hemos presentado una enmienda que viene a precisar uno de los puntos de la PNL simplemente -ya he dicho que estamos de acuerdo con los puntos que se plantean-, en el sentido de instar al Gobierno a impulsar la modificación de la legislación del impuesto de sociedades para eliminar este tipo de deducciones fiscales sobre la adquisición de participaciones en empresas extranjeras. Es simplemente eso. En cualquier caso, nosotros votaremos a favor de esta PNL. Nos parece muy pertinente, muy adecuada y también creo que tiene que ser una forma de denunciar determinadas prácticas que se han venido produciendo que, como decía al principio, han favorecido a las grandes empresas y no se han hecho en función del interés general.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Lasarte.
El señor LASARTE IRIBARREN: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya presenta una PNL cuya parte expositiva es la copia literal del comunicado de prensa de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo que, como ya se ha dicho, ha anulado con fecha 21 de diciembre de 2016 el fallo del Tribunal General de la Unión Europea que en 2014 avaló las ayudas fiscales a compañías españolas por comprar empresas extranjeras al considerar que esa sentencia incurrió en error de derecho por no aplicar correctamente el requisito de carácter selectivo. El tribunal ha recordado que el único parámetro pertinente para demostrar el carácter selectivo de una medida fiscal nacional consiste en comprobar si esta puede favorecer a alguna empresa determinada en relación con otras que se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable y, en consecuencia, reenvía los asuntos al Tribunal de primera instancia. Esto es muy relevante, en opinión de nuestro grupo. La Comisión también ha recordado al Gobierno español la obligación de iniciar la recuperación de las ayudas fiscales concedidas a través de esas bonificaciones, tanto las correspondientes a las decisiones de los años 2009 y 2011, objeto de la sentencia, como a la nueva decisión del año 2014.
Esta PNL afecta conceptualmente a varias cuestiones complejas y espinosas, en nuestra opinión. En primer lugar, al proceloso mundo de las ayudas públicas de Estado en el marco de la Unión Europea: su concepción, su comunicación, su utilización con mayor o menor intensidad, eficacia y lealtad normativa, el uso por parte de los diferentes países y la influencia de cada uno de ellos e incluso la nacionalidad y capacidad política de los responsables sectoriales en la Comisión -esto daría para mucho-, y, por otro lado, los complejos procedimientos legales y judiciales en el marco europeo a los que hay que dejar que sigan su curso y cuyas decisiones y sentencias hay que respetar y, por supuesto, cumplir cuando acabe todo el proceso.
El asunto que nos atañe hoy es un ejemplo de ello. En primer lugar, parece claro que hay que dejar a la justicia seguir con su camino y al enviar el Tribunal de Luxemburgo el expediente al Tribunal de primera
instancia, el Tribunal General de la Unión Europea, hay que reconocer que el asunto no está aún cerrado en términos judiciales, por lo cual hay que respetar los procedimientos y los plazos y esperar hasta la resolución definitiva de los mismos para exigir la devolución de las ayudas percibidas por las empresas. Es una cuestión de seguridad legal o jurídica. Por esa razón, no por otra, no podemos estar a favor del punto 1 de la PNL de Esquerra Republicana de Catalunya, que pide que se inicie ya el procedimiento de recuperación de las ayudas concedidas. Entendemos que aún no procede pedir ese reintegro de las ayudas concedidas si al final es esa la decisión de los tribunales de justicia. Sin embargo, el Grupo Socialista entiende que, dada la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y la reiteración de la posición de la Comisión respecto al incumplimiento de la normativa fiscal en materia de ayudas de Estado por la aplicación del apartado del impuesto sobre sociedades relativo a las ayudas fiscales por compras de participaciones en empresas extranjeras, sería conveniente proceder desde ya a su adaptación. Ese es el sentido de la enmienda que hemos presentado, que de alguna forma coincide con el punto 3 de la iniciativa de Esquerra.
También conviene recordar que, ante las decisiones de la Comisión de 2009 y 2011, el Gobierno socialista de la época hizo caso de las mismas y adaptó la normativa fiscal. Sin embargo, en el mes de marzo del año 2012, el Gobierno del Partido Popular, con su ministro Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, volvió a retar a la Comisión y, de forma irresponsable y posiblemente gravosa para las compañías españolas, aplicó una nueva interpretación administrativa vinculante que permitía deducciones fiscales con un carácter retroactivo no solo por las adquisiciones directas sino también por las indirectas; además, no comunicó a Bruselas ese nuevo régimen fiscal, a pesar de que estaba obligado a hacerlo, y, claro, la reacción de Bruselas fue una nueva decisión en el año 2014 en el sentido de que esas deducciones tributarias eran incompatibles con las reglas de la Unión Europea y que las empresas deberán devolver las ayudas. Pedimos al Gobierno del Partido Popular que deje de jugar con la seguridad jurídica del marco tributario español porque perjudica la credibilidad de España y el tejido productivo de este país y haga ya las adaptaciones legales necesarias para eliminar el régimen de deducciones fiscales objeto de esta controversia. En segundo lugar, la petición de Esquerra Republicana de Cataluña de hacer públicas las ayudas otorgadas, tal y como está redactada su PNL, y entendiendo que se refiere al monto total de las ayudas fiscales concedidas, podría contar con nuestro apoyo. Por último nuestra idea inicial era pedir una votación separada por puntos de la PNL con la idea de votar favorablemente los puntos 2 y 3, pero con la aceptación de enmiendas de diferentes grupos no es posible, con lo cual vamos a optar por la abstención ante esta iniciativa.
Señor Candela, del Grupo Mixto. (Renuncia). Pasamos al Grupo Vasco, señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: En principio no solemos entrar en estos temas mucho, porque estamos hablando del impuesto de sociedades y tenemos nuestra propia normativa, en la que tengo que decir que no caben este tipo de actuaciones, ya que en nuestro impuesto de sociedades no diferenciamos entre las empresas residentes y las no residentes, cosa que no ocurría en el Estado español. Hemos visto que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referente a la devolución de las ayudas fiscales a empresas españolas, y que de confirmarse se tendría que empezar a devolver este tipo de ayudas, veremos a ver qué dicen aquí los tribunales, como ha dicho el representante del Grupo Socialista. Por eso en este caso nos vamos a abstener.
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Ruano.
El Grupo Popular va a rechazar esta proposición no de ley por considerarla entre otras cosas extemporánea y desfasada, en el sentido de que todo lo que se solicita en ella ya ha sido aplicado por el Gobierno del Partido Popular. Sí me gustaría hacer algunas reflexiones sobre el fondo, porque se han dicho algunas cosas que no se ajustan exactamente a la realidad. Se ha tratado de decir que este tipo de ayudas estaban dirigidas exclusivamente a grandes empresas, y no se trata nada más y nada menos que de un instrumento de política de incentivo fiscal que en un momento determinado el Gobierno decide activar para las inversiones en el extranjero, sin que hubiese limitación alguna a que cualquier tipo de empresa, siempre y cuando comprase más del 5% del capital social de una empresa que estuviese en el extranjero, se pudiera acoger a este tipo de deducciones. En este sentido esto no es nada extraordinario,
y no sería la medida tan mala o tan equívoca ya que en el seno jurisdiccional de la Unión Europea no ha estado claro, ya que esta última resolución del Tribunal Europeo tuvo lugar como resultado de un recurso de casación. También quiero comentar que espero que todos los grupos aquí presentes sean rigurosos y exigentes a la hora de reclamar el cumplimiento de las resoluciones y de las sentencias de los tribunales internacionales, con independencia de a qué materia hagan referencia.
Paso a contestar punto por punto a la proposición no de ley que han presentado los compañeros de Esquerra. Respecto al punto primero, sobre iniciar el procedimiento para recuperar las ayudas fiscales otorgadas por el Estado español a las empresas españolas para la compra de empresas extranjeras, quiero puntualizar que cabe recordar que estas sentencias afectan a decisiones del procedimiento 45/2007 y 46/2007 de la Comisión Europea -con fecha 28 de octubre de 2009 y de enero de 2011-, las cuales ya fueron aplicadas por el Reino de España. En este sentido el Estado español ya procedió a la íntegra recuperación de las ayudas afectadas por dichas decisiones. Por lo tanto este primer punto -como digo- lo vamos a rechazar, porque entendemos que este procedimiento ya ha concluido y está desfasada este solicitud.
En relación con el punto segundo, hacer públicas las ayudas otorgadas y las cuantías correspondientes, quiero recalcar que estas cuantías, al haber sido objeto de recuperación y derivar de la aplicación de una normativa fiscal general -como es la Ley General Tributaria- y no una concesión individual, se desconocen las razones por las que deben hacerse públicas estas ayudas. Y en este sentido, haciendo mías las palabras de mi compañero de Ciudadanos, está prohibido por la propia Ley General Tributaria. Aquí todos somos competentes y es precisamente en este órgano donde se tendrá que decidir si se quiere presentar una iniciativa legislativa para que se pueda acceder de forma pública a esta información, no solamente las empresas con independencia del tamaño, sino también cualquier individuo. Yo lanzo el guante por si alguien quiere presentarla, pero a fecha de hoy, por tratarse de una normativa fiscal general y de unas ayudas generales, iría en contra de la ley.
En relación con el último punto, relativo a las adecuaciones legislativas y reglamentarias correspondientes para adaptarnos a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia, el cual ha sido redactado de otra manera, aunque de forma similar, quiero decir, como he manifestado en mi introducción, que ya está hecho y que precisamente con el objeto de dar cumplimiento a estas decisiones que se han mencionado, dictadas por la Comisión en el marco del asunto al que hemos hecho referencia, el 45/2007, relativo como saben todos a la deducibilidad del Fondo de comercio financiero, el legislador español modificó en el Congreso la redacción del artículo 12.5 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, mediante leyes posteriores incluidas en la Ley General de Presupuestos del Estado. Este punto como decía ya está modificado y no existe esta disposición legislativa actualmente. Asimismo en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, vigente en la actualidad, no se recoge absolutamente ningún incentivo fiscal que permita la deducibilidad del denominado Fondo de comercio financiero al que hacemos referencia en esta enmienda, derivado de la adquisición de participaciones en empresas extranjeras. Están ustedes pues, reclamando un asunto que fue resuelto hace ya tres años.
En conclusión, como ya he mencionado, el Reino de España ha realizado las modificaciones legislativas pertinentes para el cumplimiento de esta sentencia, como ha hecho con cualquier otro asunto parecido, y estos son los motivos por los que el Grupo Popular va a rechazar la enmienda presentada por Esquerra.
Señora Capella, tiene la palabra en relación con las tres enmiendas presentadas.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Acepto la enmienda del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea porque detalla el punto 3 y precisa la petición, y aceptamos también la de Ciudadanos porque técnicamente tienen razón en relación con las limitaciones que impone la Ley General Tributaria. En todo caso -acabo- la mayoría de los grupos parlamentarios no nos hemos enterado de que el procedimiento ha concluido y de que el Estado español ha cumplido a rajatabla la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.
El señor PRESIDENTE: Solamente tiene la palabra en orden a aceptar o no las enmiendas.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Sí, ya he concluido.
El señor PRESIDENTE: Se entiende entonces que rechaza la del Grupo Socialista y que votaremos la proposición no de ley con las enmiendas de Ciudadanos y de Podemos.
- RELATIVA A LA FINANCIACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001186).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 5.º punto del orden del día: Proposición no de ley relativa a la financiación de la Iglesia católica, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra el señor Vendrell. (Rumores). Por favor, disminuyan los murmullos. Ya sé que está siendo larga la sesión, pero hasta ahora hemos ido muy bien. Gracias.
Señor Vendrell, tiene la palabra.
Si me permite, supongo que para no desentonar hoy, tendría que decir que con la Iglesia hemos topado. En fin, el tema que planteamos en esta proposición no de ley es antiguo, una supervivencia del pasado, de cuando España era un Estado confesional, declarado jurídicamente católico. Se trata de una anomalía democrática que nos viene de la transición y que no se ha resuelto. ¿Por qué decimos que es una cuestión anómala? Porque crea una situación de privilegio hacia una determinada confesión, en este caso hacia la Iglesia católica, que es contradictoria con un Estado aconfesional, definido como tal en el artículo 16, apartado 3, de la Constitución española. El Estado no debe privilegiar -cuestión distinta a tener en cuenta las creencias religiosas, como dice la Constitución- a ninguna confesión religiosa, no debe discriminar en ningún caso entre confesiones religiosas, y no puede discriminar ni establecer privilegios de carácter fiscal ni de ningún otro tipo entre ciudadanos y ciudadanas con creencias religiosas y ciudadanos y ciudadanas sin creencias religiosas. El Estado debe ser absolutamente neutral ante la cuestión religiosa. (Rumores).
Más intolerable nos parece la falta de transparencia y de fiscalización de los fondos que recibe la iglesia a través del IRPF, por ejemplo, mediante el Tribunal de Cuentas. (Rumores). No se aprobó desgraciadamente una proposición en este sentido en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. En el propio tribunal la mayoría que tiene el Partido Popular tumbó esa iniciativa, pero nos parece que en tiempos en los que la ciudadanía...
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento.
Por favor, guarden silencio. Sé que están trabajando en las enmiendas, pero hablen un poco más bajo o salgan fuera para negociarlas.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Decía que en tiempos en que la ciudadanía exige transparencia en las cuentas públicas y en el uso del dinero público, el Tribunal de Cuentas por supuesto debe fiscalizar lo que se hace con el dinero público, con los más de 250 millones de euros que van a parar de la casilla del IRPF del 0,7% a las arcas de la Iglesia católica. En ese sentido va el punto tercero de nuestra proposición no de ley. Nos parece una cuestión absolutamente fundamental.
La situación de privilegio y discriminación de la que hablaba en materia de financiación es amplia y extensa, y nace de los propios acuerdos del Estado con la Iglesia católica. Les decía que recibe más de 250 millones de la casilla del 0,7% del IRPF, 700 millones de las exenciones -luego me referiré a ellas- del IBI, y también en patrimonio o en el impuesto de sucesiones y donaciones, las aportaciones directas por profesores de religión -600 millones de euros- o por los capellanes castrenses, 50 millones de euros, lo que me parece absolutamente anacrónico. Son situaciones de privilegio no solo en el ámbito de la financiación. Hemos visto la absoluta desvergüenza de la Iglesia católica en lo referente a la inmatriculación de iglesias, cementerios o fincas. Hay 4.900 fincas, edificios, casas, etcétera, que la Iglesia católica se ha apropiado o ha inmatriculado de forma ilegal en nuestra opinión. Y hablando de la financiación de la iglesia hay que dejar claro que se incumple lo que decía el propio acuerdo del año 1979, que en el apartado 5 del artículo 2 decía literalmente que la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención a sus necesidades. De eso han pasado ya muchísimos años, y es evidente que no debe ser el Estado el que sufrague o financie una determinada creencia religiosa, sino que deben ser los propios fieles de esa creencia religiosa. Me adelanto seguramente al debate, pero aquí no estamos hablando de Cáritas, sino de la Conferencia Episcopal. Nuestro grupo valora mucho la labor social de Cáritas, como la de otras instituciones de la iglesia, pero la financiación que recibe de la Conferencia Episcopal solo es el 2%; la mayor parte de la financiación, el 65%, es de donaciones privadas. Otro ejemplo es el caso del IBI. Parece lógico que, como pasa en otros países, no
tributen los centros de culto, pero no tiene ningún sentido que los acuerdos IglesiaEstado incluyan que no deben pagar el IBI por los domicilios de los obispos, de los sacerdotes y por las casas parroquiales o de las congregaciones. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. La Iglesia católica tiene un privilegio en relación con las exenciones de otras religiones, que no tienen la casilla del 0,7% ni este tipo de exenciones, solo por los templos, o con otras entidades sin ánimo de lucro. Podríamos hablar de espacios como los templos, pero no tiene ningún sentido que el domicilio del obispo no tenga que pagar el IBI. Y traía a colación el IRPF, que en 2006 pasó del 0,52% al 0,7%, cuando la Iglesia católica tuvo que pagar el IVA, porque lo mandaba así la Comisión Europea bajo amenaza de llevarnos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto es una situación anómala, es una situación irregular, es una vieja historia que viene de un Estado de carácter aconfesional que hay que resolver, y es una cuestión de calidad democrática resolverla. Por todo ello presentamos esta PNL que plantea la denuncia de los acuerdos de la Santa Sede, que nacen del Concordato de 1953, y que tuvieron su elemento fundamental después en los acuerdos del año 1979, revisar el conjunto de los beneficios fiscales de la iglesia y el tema del IBI, eliminar el privilegio que supone el 0,7 de la iglesia y que además los dineros que recibe la iglesia sean transparentes y fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.
Miren, lo que deja de pagar la iglesia, esos 2.000 millones que algún estudio dice que deja de pagar la iglesia, los terminamos pagando el resto de ciudadanos y ciudadanas, fieles o no fieles. Creemos que es hora de que se comience a poner fin a ese trato de privilegio y a ese trato discriminatorio.
Señorías, señor Vendrell, la financiación de la Iglesia católica es una cuestión que ya se ha discutido aquí en el Congreso de los Diputados en proposiciones de ley similares a esta PNL, en concreto aquella que fue debatida y rechazada en 2012 presentada por Izquierda Unida. Esta proposición no de ley adolece de los mismos defectos que la anteriormente citada, y es que, so pretexto de defender la aconfesionalidad del Estado que contempla el artículo 16.3 de la Constitución, plantea dejar en peor situación a la Iglesia católica y a las restantes confesiones religiosas. Solo quiero citarles tres datos, señorías: según el CIS, los españoles se definen a sí mismos como católicos en un 74%, un 4% son creyentes de otras religiones y un 22% no son creyentes. En segundo lugar, según los datos de la Agencia Tributaria, la iglesia percibe algo menos de 250 millones por la asignación voluntaria en la mencionada casilla del IRPF; y en tercer lugar, por su parte la Conferencia Episcopal dice que la aportación de la iglesia a la sociedad a través de escuelas, hospitales, orfanatos y residencias de ancianos es de más de 30.000 millones de euros, lo que supondría realmente un ahorro para la Administración de 2,73 euros por cada euro realmente transferido.
Señorías, respecto a la proposición que nos plantean ustedes, que además nos han trasladado la transaccional, Ciudadanos quiere hacer hincapié en dos aspectos fundamentales que son de gran interés: por un lado, estamos de acuerdo en revisar los beneficios de las exenciones en el impuesto de bienes inmuebles con el objetivo de eliminar dicha exención a la Iglesia católica, las asociaciones confesionales legalmente reconocidas, con excepción de los lugares de culto, dependencias, edificios y locales destinados a la educación y a la formación o cualquier uso no lucrativo de asistencia social. Por otro lado, y aquí hemos hecho hincapié y así lo hicimos en la pasada Comisión del Tribunal de Cuentas, hay que establecer mecanismos que prescriban que las distintas subvenciones que reciban las confesiones religiosas, incluida en este caso la Iglesia católica, se doten de nitidez y transparencia en el gasto, tal y como se exige a todos aquellos que reciben un dinero del Estado, incluida esta intervención del Tribunal de Cuentas. No entendemos ese trato desigual -que nos está exponiendo el señor Vendrell- a otras entidades sin ánimo de lucro que disfrutan de exenciones del IBI tal cual establece la Ley 49/2002 de régimen fiscal de entidades de fines lucrativos, incentivos fiscales del mecenazgo. Y en segundo lugar, los contribuyentes del IRPF pueden optar en su declaración por destinar un porcentaje de esa cuota íntegra a colaborar al sostenimiento económico de la Iglesia católica y a otros fines de interés social, es más, también pueden no ejercer esa opción. En todo caso, sea cual sea su decisión, que es voluntaria, respecto a la asignación tributaria a la Iglesia católica, no se modifica la cuantía final del impuesto que los contribuyentes pagan, o en el caso de que tengan una devolución por su derecho.
Además, según los datos del ministerio -voy terminando-, 6,8 millones de personas, es decir el 35 % de los contribuyentes, marcaron esta casilla. En cambio 6,6 millones de contribuyentes no marcaron esta casilla y sí la de fines sociales. Es más, 5,8 millones de contribuyentes no marcaron ni una ni otra. Por tanto no entendemos la necesidad de anular este concordato, lo que sí que entendemos es la necesidad de revisar los acuerdos del Estado con entidades religiosas.
Por todo lo explicado nuestro grupo parlamentario, ya que esta enmienda transaccional no se puede votar por puntos, va a rechazar la proposición no de ley.
Quiero empezar mi intervención diciendo que considero que es una legislatura apropiada para revisar ese acuerdo. El Grupo Parlamentario Socialista ya lo intentó en el año 2013. Presentamos una proposición más amplia que la que hoy vamos a debatir, porque incluíamos tres puntos. En primer lugar, la denuncia del acuerdo de 1979, en el que se regula un sistema de financiación, para conseguir como objetivo la autofinanciación de la Iglesia católica. Incluíamos también la necesidad de la aprobación de una ley de libertad religiosa y de conciencia para garantizar un trato igualitario a todas las confesiones religiosas en este país, pero también para garantizar los derechos de los creyentes, independientemente de su confesión. Además incluíamos un acuerdo de protocolo civil específico para que en los actos solemnes del Estado en todos los niveles de las instituciones públicas se diese un trato igualitario a todas las confesiones, sin que existiesen los privilegios, incluso a nivel protocolario, que se dan en estos momentos.
La proposición que se trae aquí hoy es específica del sistema de financiación del acuerdo de 1979, que se acoge al Concordato de la Santa Sede de 1958, y que pretende en definitiva poner en cuestión ese sistema. Nosotros estamos de acuerdo. Ya le he dicho que en 2013 creíamos que era el momento oportuno de su denuncia, y lo creemos necesario por lo siguiente. Ese acuerdo partía del propósito de que la Iglesia católica alcanzara la autofinanciación, y del establecimiento -por venir de un Estado confesional, de un Estado que fue eminentemente católico con el franquismo- de un periodo de tránsito en el que, con el objeto de conseguir la autofinanciación la Iglesia católica, fuese teniendo complementos de financiación por parte del Estado. Esos complementos iban a ser transitorios y evidentemente a la transitoriedad había que ponerle tarde o temprano punto final. En ese sentido se establecía un sistema de financiación donde se definía una asignación tributaria a la Iglesia católica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La aportación media de la asignación tributaria para la Iglesia católica está cuantificada en 250 millones de euros al año. Por otra parte, también se definían un conjunto de beneficios fiscales a través de exenciones. Quiero poner de manifiesto que las exenciones están establecidas en todos los impuestos, independientemente de quién los gestione, en los impuestos del Estado, en lo concerniente al IVA, al impuesto de sociedades, pero también en los impuestos gestionados por las comunidades autónomas, como transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados o sucesiones y donaciones, al igual que en los impuestos locales, como el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas o el impuesto de plusvalía. Esa exención es genérica, y esa exención no está cuantificada en estos momentos. El Grupo Parlamentario Socialista ha requerido al Gobierno una valoración de esa exención de todos los impuestos para poder valorar el nivel de autofinanciación de la iglesia en estos momentos. En ese sentido, si no es el Gobierno quien pueda facilitar esa estimación, tendrá que ser el Tribunal de Cuentas quien valore la estimación y quien considere si se está cumpliendo de forma adecuada con ese acuerdo de 1979.
No obstante consideramos que es el momento de esa revisión, partiendo de la denuncia del acuerdo, y hemos llegado a una transaccional con el Grupo Podemos, en el sentido de que el punto de partida no sea solo denunciar, sino garantizar un trato igualitario a todas las confesiones religiosas y colaborar en la autofinanciación, tanto de la Iglesia católica como del resto de confesiones. En ese sentido somos partidarios de ir eliminando progresivamente la asignación tributaria establecida específicamente para la Iglesia católica, y por otra parte, nuestro cometido es garantizar la transparencia en esos recursos públicos que recibe la iglesia. No comprendemos cómo en este caso en la Comisión mixta del Tribunal de Cuentas hubo grupos parlamentarios, principalmente los que apoyan al Gobierno, que se negaron a esa obligación de fiscalizar los recursos públicos. Estamos hablando de 250 millones de euros al año que recibe la iglesia
en concepto de asignación, y la fiscalización no solamente tiene que ser ver si el ingreso es el adecuado, si la asignación es adecuada, sino también la aplicación que se hace de esos recursos públicos.
Creemos que esta transaccional es un punto de partida muy importante, y esperemos que cuente con el apoyo del resto de los grupos.
Tiene la palabra el señor Candela, por el Grupo Mixto (Renuncia). Renuncia a su turno, por lo que pasamos al Grupo Vasco. Tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Nosotros sí pensamos que el problema es más complejo, porque la exención, pese a ser legal, puede ser un privilegio. Pero no es solamente la Iglesia católica la que goza de él. Hay fundaciones y ONG que, en función de su utilidad pública o social, también lo disfrutan. Por lo tanto tendríamos que hablar no solamente de la Iglesia católica, sino de todos los demás. En cualquier caso sería bueno o recomendable que, tanto en un caso como en el otro, hubiera más transparencia en sus cuentas, porque además de estar exentos de algunos impuestos reciben subvenciones y ayudas públicas que deberían gastarse en fines sociales, por lo que entendemos que estaría bien fiscalizar esa parte.
Se dice que hablamos de privilegios de la Iglesia católica, pero tampoco son exclusivos de ella. La normativa que regula la tributación de la iglesia se concreta en los acuerdos de la Santa Sede, norma de derecho internacional, en la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales de mecenazgo, las normas de cada tributo y las leyes de presupuestos. Desde el año 2007 el Estado destina al sostenimiento de la Iglesia católica un 0,7 de la cuota íntegra del IRPF, que corresponde a los contribuyentes que manifiestan su voluntad en este sentido marcando esa casilla. También recibe subvenciones afectadas al cumplimiento de los objetivos de interés general en concurrencia con otros agentes que también lo perciben en condiciones de igualdad: entidades, fundaciones y ONG, como he dicho.
Con respecto a la tributación del impuesto de sociedades tributa todo lo que no sean donaciones de sus fieles: en el IRPF se tributa; el IVA paga por renuncia; el impuesto de trasmisiones patrimoniales está sujeto, pero exento, igual que las demás confesiones y fundaciones declaradas de utilidad pública. En conclusión lo que se denomina privilegios de la Iglesia católica son beneficios otorgados en su condición de institución declarada de utilidad pública, como otros. Es verdad que en algunos casos que nos plantea la proposición tendríamos algunos puntos en los que estaríamos de acuerdo, pero en algunos otros no, porque creemos que tendría que ir más allá que simplemente de la Iglesia católica.
En nombre de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella, que tampoco quiere mucho con la iglesia hoy. (Risas). Quiero decir que no intervendrá en este tema de la iglesia. (La señora Capella i Farré: No, no tengo ningún problema. Siempre hemos sido coherentes en este tema). Perfectamente.
El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Presidente, como refleja nuestra Constitución, el Estado debe garantizar el derecho fundamental de libertad religiosa, y señala a los poderes públicos la función promocional que deben adoptar en relación con el ejercicio de dicho derecho. Además señala a los poderes públicos la función promocional que deben adoptar, y la Carta Magna reconoce la neutralidad del Estado y su posición frente a lo religioso, que según ha determinado nuestro Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, debe ser entendida como una actitud de laicidad positiva puesta en relación con el principio de cooperación de los poderes públicos con las confesiones religiosas. Como consecuencia de ello, el Estado español firmó el 3 de enero de 1979 cuatro acuerdos con la Santa Sede, uno de ellos sobre asuntos económicos. Posteriormente, en 1992, pactó unos acuerdos con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Comisión Islámica de España y la Federación de Comunidades Judías de nuestro país respectivamente, los cuales entraron en vigor mediante las leyes 24, 25 y 26 de 1992.
Los beneficios fiscales a favor de la Iglesia católica son similares a los recogidos en los acuerdos de colaboración que tiene suscritos el Estado español con otras iglesias o confesiones religiosas. A ellas se les aplica la Ley 49/2002, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. En relación con la exención del IBI a la Iglesia católica, el acuerdo de 1979 señala que las entidades de la Iglesia católica previstas en el acuerdo tienen ese derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico tributario del Estado español prevé para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, los que se conceden a las entidades benéficas privadas, siendo uno de ellas la exención del IBI. En el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales se establece qué inmuebles están exentos de IBI, y hay una importante relación de exenciones a inmuebles de distintas entidades, aunque parezca que algunos grupos solo tengan un obstinado empecinamiento con respecto a la Iglesia católica. Asimismo, el acuerdo de 1979 prevé que el Estado puede asignar a la Iglesia católica un rendimiento de la imposición sobre la renta siempre que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración correspondiente su voluntad acerca del destino de la parte afectada. El 22 de diciembre de 2006, cuando gobernaba el Partido Socialista, se produjo un canje, un intercambio de notas entre la Nunciatura Apostólica en España y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación referido a los acuerdos sobre asignación tributaria a favor de la Iglesia católica, expresando ambas partes su conformidad sobre la interpretación. El Tribunal Constitucional ha venido señalando que el acuerdo firmado con la Santa Sede tiene el carácter de tratado internacional. Así, hay sentencias del año 1982 o del año 1991. A partir de esta consideración y como consecuencia del principio de bilateralidad que informa el acuerdo, sus preceptos no pueden ser interpretados unilateralmente por ninguna de las partes, de tal forma que su contenido solo podrá ser derogado, modificado o suspendido en la forma prevista en el propio acuerdo o conforme al artículo 96 de nuestra Constitución, que habla de las normas generales del derecho internacional.
Trasladado este principio al ámbito de las subvenciones, cabe concluir que las potestades o facultades atribuidas por la Ley General de Subvenciones al Estado no pueden ser trasladadas unilateralmente a la asignación tributaria. Es más, en el intercambio de notas del año 2006 se señaló el cambio de modelo, en el que desde el 1 de enero de 2007 la Iglesia percibe para su sostenimiento únicamente la cantidad que resulte de la asignación tributaria. No se puede atraer esta figura a la consideración de subvención. De hecho, la asignación tributaria aparece consignada en los Presupuestos Generales del Estado no como partida de gasto, sino en el presupuesto de ingresos del Estado, minorando el importe del IRPF. A los efectos de determinación de su régimen jurídico, la asignación tributaria puede ser asimilada a los beneficios fiscales, a los que sí se refiere la Ley General de Subvenciones, estableciendo claramente que no tienen carácter de subvenciones. Por los mismos motivos, cabría extender esta consideración a la asignación tributaria, que, como aquello, supone una minoración de los ingresos tributarios. Estamos, en definitiva, dentro de la órbita del derecho tributario, en el que rige su propia normativa.
Por último, el concordato suscrito entre el Estado español y la Santa Sede de agosto de 1953 se revisó íntegramente en los acuerdos del año 1979, conforme a los principios proclamados por el artículo 16 de nuestra Constitución, y se desarrolló en el intercambio de notas de 2006. Dichos acuerdos fueron suscritos el 3 de enero de 1979 y ulteriormente ratificados por el Congreso de los Diputados y por el Senado, y por amplia mayoría de votos en ambas Cámaras, siendo posteriores a la entrada en vigor de la Constitución, y cumplen con lo establecido en el texto constitucional acerca de su entrada en vigor. A mayor abundamiento -termino, presidente-, desde entonces el Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo en todos sus pronunciamientos sobre la materia la plena conformidad de los acuerdos con los principios y normas constitucionales.
Por todo lo expresado, no originemos problemas de legalidad y respetemos la independencia de los órganos de relevancia constitucional, como es el Tribunal de Cuentas. Nuestro voto, por tanto, será negativo a la proposición no de ley. (Aplausos).
Señor Vendrell, nos han hecho llegar una transaccional con el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Perfecto. Se votará entonces con la transaccional.
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES PARA IMPEDIR QUE PERSONAS O ENTIDADES CONDENADAS POR DELITOS CASTIGADOS CON PENAS GRAVES O POR RESPONSABILIDAD CIVIL POR DOLO O NEGLIGENCIA GRAVE PUEDAN OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO O ENTIDAD COLABORADORA DE SUBVENCIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001189).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º, que es la PNL relativa a la modificación de la Ley General de Subvenciones para impedir que personas o entidades condenadas por delitos castigados con penas graves o por responsabilidad civil por dolo o negligencia grave puedan obtener la condición de beneficio o entidad colaboradora de subvención. Es una iniciativa del Grupo Ciudadanos.
Tiene la palabra el señor Ten.
Señorías, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las administraciones públicas, con sujeción a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia, eficiencia, igualdad y no discriminación. En particular, dicha ley dispone en su artículo 13 los requisitos que deben cumplir estas personas o entidades para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de subvenciones, estableciendo determinados supuestos que inhabilitan para la obtención de dicha condición. Entre ellos, les voy a referenciar unos cuantos en los que se tipifica específicamente: haber sido condenados, por ejemplo, mediante sentencia firme a la pena de pérdida de posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas; haber solicitado la declaración de concurso voluntario; haber dado lugar por causa de la que hubiesen sido declarados culpables a una resolución firme de cualquier contrato público; no hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias; tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal; o haber sido sancionados mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. Pues bien, señorías, estos supuestos no contemplan la exclusión de aquellas personas que hubiesen sido condenadas por sentencia firme por la comisión de delitos castigados con penas graves o por incurrir en la responsabilidad civil contractual o extracontractual derivada del dolo o de negligencia grave, con independencia de que la sentencia conlleve o no la pérdida de posibilidad de obtener subvenciones.
Señorías, lo que plantea mi grupo parlamentario en esta Comisión es que esta circunstancia ha permitido que se produzcan casos tan desagradables y lamentables como el de la empresa responsable del transporte del Yak-42, que sufrió un grave accidente y que se saldó con la muerte de sesenta y dos compatriotas, sesenta y dos soldados españoles, el día 26 de mayo de 2003, y que resultó condenada por su responsabilidad en el accidente por negligencia grave el pasado 10 de febrero de 2006. Señorías, pese a esta sentencia, solo dos años después, esta misma empresa pudo acceder a una subvención pública del Ministerio del Interior, circunstancia que en otros supuestos menores de responsabilidad le habría inhabilitado para acceder en el futuro a cualquier tipo de ayuda o subvención pública. Lo que planteamos desde el Grupo Ciudadanos es de sentido común, no es una cuestión de colores políticos, no es una cuestión de derechas o de izquierdas; es una cuestión de dignidad humana, transparencia y gestión eficiente. Realmente pensamos que a quien genera el mal se le debe de castigar.
Teniendo presente todo lo anterior, presentamos esta proposición no de ley instando al Gobierno a impulsar una reforma de la Ley General de Subvenciones con el objetivo de impedir la posibilidad de que se vuelva a obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, como sucedió con el Yak42. Presentamos esta proposición no de ley para impedir que aquellas personas o entidades que hubieran sido condenadas mediante sentencia firme -repetimos- por la comisión de delitos, y con el alcance que se determine en conformidad con esa normativa aplicable en cada caso, se impida que esas personas vuelvan a contratar u obtener subvenciones de la Administración pública.
A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. Por tanto, vamos a seguir el orden habitual, de menor a mayor. En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Candela (Denegación), que no hace uso de ella. Pasamos al Grupo Vasco, PNV, señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Nos vamos a abstener en esta PNL porque no vemos mucho sentido a que una ley ordinaria incremente el castigo a conductas que han sido ya castigadas por el Código Penal y se limite a hablar de delitos graves sin vincular esa conducta con la causa por la que se pide una subvención. Entendemos que tendríamos que ajustarlo mucho más o ser mucho más concretos en esta propuesta.
En nombre de Esquerra Republicana ¿va a intervenir algún diputado? (Denegaciones). En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Honorato.
La señora HONORATO CHULÍAN: Entendemos el sentido que motiva la iniciativa, pero el texto genera algunas incertidumbres que nos parecen un poco arriesgadas. Estamos de acuerdo en aumentar los controles sobre la gestión del dinero público en general y creemos que quizá la Ley de Subvenciones podría ser objeto de modificaciones en ciertos aspectos que podría ser interesante tratar, pero es verdad que la modificación que se propone ahora mismo del artículo 13 contempla dos cuestiones que nos generan incertidumbre y por las que nos vamos a abstener. La primera es en relación con el tiempo. Nos parece raro, igual que ha dicho la compañera del PNV, que se establezca finalmente en vía administrativa la fijación de la cuantía de esta inhabilitación, estando la Ley Orgánica del Código Penal con un tiempo de quince años. Como digo, nos parece que es una disfunción esas capacidades de establecer diferentes fórmulas de tiempo a la del artículo 33.7.f) del Código Penal. La segunda es en relación con la calificación de delitos graves, porque podríamos llegar al absurdo de que una persona condenada por delito de lesiones en su juventud no pudiera tener después ninguna subvención en su vida. Creemos que esa responsabilidad civil contractual, derivada de dolo o negligencia grave, debería estar aplicada en el caso de sentencia firme y relacionada con la ejecución de la subvención. Por tanto, pensamos que puede tener sentido la idea que se pone encima de la mesa, pero esas dos indefiniciones nos generan dudas y nos abstendremos.
El señor GALEANO GRACIA: Señor presidente, gracias.
Ciudadanos nos presenta aquí una iniciativa que, quiero entender, tiene también, como han dicho otros compañeros, una buena intención de fondo, la cual por cierto compartimos, y que nos lleva a preguntarnos eso mismo que se preguntan otros muchos millones de ciudadanos: ¿cómo se puede justificar que determinadas entidades o personas que hayan actuado de manera delictiva, que hayan cometido infracciones graves, se vean luego beneficiadas por la concesión de algún tipo de ayudas o de subvenciones? Está claro, señorías, que hasta aquí somos convergentes con el fin de su iniciativa. Los socialistas queremos profundizar en ese tipo de regulación de las subvenciones, queremos contar con un marco sólido, pero también eficaz, para evitar las ayudas carentes de sentido y que no pasen ese filtro moral de nuestra sociedad. Durante los últimos años hemos podido apreciar cómo se han ido conociendo diversos casos en los cuales cuando menos ha sido polémica y poco comprendida la percepción de determinadas subvenciones; no podemos obviar que el componente económico es un elemento central y estructural de dicho instrumento público y que exige de alguna manera una gran rigurosidad en su concesión y un control exhaustivo en su desarrollo. Quiero destacar en ese sentido que nuestro partido político está firmemente comprometido con todo lo que implique una mayor transparencia en el conjunto de las administraciones públicas, que se aprecie desde la ciudadanía que los poderes públicos desarrollan la labor de contratación siguiendo sus principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación. Prueba de ello son los objetivos que nos hemos planteado en la actual tramitación de la Ley de Contratos del Sector Público, en la que presentaremos diferentes enmiendas que redundan en la mayor transparencia posible en este ámbito de la Administración. Se trata, en definitiva, señorías, de construir una cultura de la ejemplaridad en la Administración que permita restablecer la confianza, tan dañada en la actualidad, de la ciudadanía en nuestras instituciones públicas, recuperar el prestigio de la política y combatir los recelos que actualmente puedan existir sobre la fuerza de las leyes y la equidad del sistema judicial. Creo, por cierto, que se trata de planteamientos que no son los que han marcado ni mucho menos la hoja de ruta
del Gobierno en los últimos años, y el afloramiento de determinadas prácticas así lo atestigua. Pero como bien ha dicho alguna señoría anteriormente, se nos plantean algunas dudas en cuanto a la iniciativa que ha presentado Ciudadanos por la manera en que han redactado su propuesta y que quizás nos deja una cierta sensación de zozobra jurídica. Como muestra de buena disposición, y para un debate posterior en todo caso más sosegado y más profundo desde el punto de vista técnico y jurídico, vamos a votar a favor de esta iniciativa, como digo, con cierto respecto hacia nuestro ordenamiento jurídico procesal.
Señorías, trae esta proposición no de ley una propuesta de modificación de la Ley General de Subvenciones, y antes de entrar en el sentido común, como decían los anteriores intervinientes, voy a concretar lo que recoge la propia Ley General de Subvenciones y a analizar el alcance y competencias que trata el propio texto de la proposición no de ley.
La Ley General de Subvenciones dice en su exposición de motivos que una parte importante de la actividad financiera del sector público se canaliza a través de subvenciones; de ahí, la importancia de determinar el alcance y competencia de lo propuesto en esta PNL. Dice también que la Ley de Estabilidad Presupuestaria vino a otorgar seguridad jurídica, además de introducir cambios que han mejorado sustancialmente la transparencia aquí mencionada en la elaboración, ejecución y control de la gestión de estos recursos presupuestarios en un horizonte plurianual orientado por los principios de eficacia, eficiencia y calidad de las finanzas públicas. Sigue diciendo la Ley General de Subvenciones que supone un paso más en el proceso de perfección y racionalización de nuestro sistema económico. La mejora de la gestión y el seguimiento de las subvenciones, la corrección de las insuficiencias normativas y sobre todo el control de las conductas fraudulentas son esenciales para conseguir asignaciones eficaces y eficientes y hacer compatible la creciente importancia de las políticas de subvenciones y la actual orientación de la política presupuestaria. Recoge la Ley General de Subvenciones de una forma extensa y concreta el ámbito de aplicación, principios inspiradores, requisitos de otorgamiento, obligaciones de beneficiarios y entidades colaboradoras, comportamientos singulares de las mismas, medidas de control y seguimiento, pérdida de la condición de beneficiarios y entidades colaboradoras, así como el reintegro de las subvenciones, infracciones y régimen sancionador.
Como se expone en la proposición no de ley, la Ley General de Subvenciones ya refleja en su artículo 13 los requisitos por los que se puede perder o conseguir la condición de beneficiario y entidad colaboradora, quedando casi recogido el espíritu de esta PNL en la propia redacción de la Ley General de Subvenciones, aludiendo también y coincidiendo con el sentido común que siempre hay que hacer encajar en la legislación y en el Estado de derecho. Aun estando de acuerdo con dicho espíritu y basándonos en que la realidad de las nuevas situaciones puede obligar a cambios y mejoras en las leyes, parece que el grupo que presenta la proposición -y debemos centrarnos en estos puntos- no tiene claro el alcance y, sobre todo, quién tiene la competencia para llevar a cabo las propuestas que nos plantean. Así, tendremos que hacer dos consideraciones para explicar por qué no vemos ahora mismo pertinente modificar la Ley General de Subvenciones.
Una primera consideración sobre técnica normativa. El Código Penal califica la inhabilitación...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, por favor.
El señor FOLE DÍAZ: Sí, señor presidente.
... como una pena grave y requiere a los tribunales como competentes para definir la responsabilidad y las penas, con lo cual, deberían ser -como se ha dicho aquí- los tribunales quienes determinen la cuantía de la indemnización, y no hacerse, digamos, desde un punto de vista administrativo. Sobre la responsabilidad contractual y extracontractual, habría que diferenciar entre si son particulares o si interviene la Administración pública, centrándose en esta última la responsabilidad contractual, que debería estar previamente imputada al contratista, y en el ámbito de las subvenciones aparece ya contemplada, tal y como se recoge en el artículo 13, donde se prevé que se pueda imponer la sanción de prohibición de acceso a las subvenciones en caso de acordarse la resolución del contrato por culpa del
contratista. Otro caso sería debatir reintegro, plazos de inhabilitación, etcétera. Por todo ello, no estimamos conveniente actualmente la modificación de la ley general en los términos que establece la propuesta.
Muchas gracias y perdón por alargarme en el tiempo. (Aplausos).
- SOBRE LA ARMONIZACIÓN Y COORDINACIÓN FISCAL EUROPEA E INTERNACIONAL Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y LOS PARAÍSOS FISCALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 158/000005).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es el debate y votación de una solicitud de creación de subcomisión. Acordamos en la Mesa que se podían incluir tanto PNL como cualquier otra iniciativa y por parte del Grupo Socialista se presentó esta sobre la armonización y coordinación fiscal europea e internacional y lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales. A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo de Unidos Podemos. Antes de dar la palabra quiero decirles que como el tema es un poco especial, voy a ser flexible y daré unos tres o cuatro minutos por portavoz.
Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra el señor Saura, en representación del Grupo Socialista.
El título de la PNL lo ha expresado ya el presidente de la Comisión y la idea es muy sencilla. La globalización económica, la movilidad de capitales, de circulación de capitales en el mundo, la existencia de paraísos fiscales -se habla de 6 billones de dólares residenciados en los paraísos fiscales-, todo ello conlleva una competencia fiscal e impositiva a la baja. Por consiguiente, para conseguir una fiscalidad justa y suficiente es necesaria, como mínimo, una coordinación fiscal internacional. Si de verdad queremos una fiscalidad suficientemente justa y adecuada para las necesidades que tiene el mundo, es necesaria una coordinación fiscal internacional. Es un ejemplo más de que la renacionalización de las políticas económicas no lleva a ningún sitio, que las políticas económicas que terminan en la autarquía no son la vía más adecuada para resolver los problemas que tiene el mundo y para luchar contra la desigualdad. Es más, ahora tenemos nuevos elementos encima de la mesa, por ejemplo la nueva Administración americana de Trump lo que está planteando es una renacionalización de las políticas tributarias y además competir a la baja. Por consiguiente, es muy necesario que se trabaje en un nuevo paradigma internacional fiscal. Dicho de otra manera, necesitamos una revolución fiscal internacional para poder abordar retos como, por ejemplo, que tengamos recursos suficientes para financiar una política fiscal más expansiva en el mundo, en Europa y en España, o para poder compensar a los perdedores de la globalización, o también para que las empresas puedan competir de manera justa en el mundo, es decir, que todas las empresas tengan las mismas condiciones. Por muchas razones necesitamos esa nueva revolución fiscal y España tiene que jugar un papel importante, el Gobierno español y el Parlamento español.
Señorías, lo que estamos proponiendo desde el Grupo Parlamentario Socialista, que ya se propuso en la X Legislatura, no es nuevo en la mayoría de los parlamentos europeos. En la mayoría de los parlamentos nacionales europeos ya hay una comisión especial de este tipo, pero no solamente en los parlamentos nacionales de los distintos países de la Unión Europea, también en el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo se empezó con la Comisión TAXE 1, que tiene su origen en el escándalo LuxLeaks. Pero no se quedó solo en el escándalo LuxLeaks sino que hizo un conjunto de planteamientos que asumieron el Parlamento Europeo y también la Comisión, que ha llevado -como consecuencia de ese TAXE 1- a directivas europeas. Después de la TAXE 1 vino la TAXE 2, también con conclusiones muy interesantes que el Consejo y la Comisión Europea han aprobado. Y ahora está en marcha la PANA, que tiene su origen en los papeles de Panamá.
España tiene que impulsar en el seno de la comunidad internacional y también en la Unión Europea una agenda tributaria que busque ese nuevo paradigma internacional porque, insisto, la movilidad de capitales, la globalización conllevan una competencia a la baja que hace que sea muy difícil tener los ingresos suficientes. ¿Qué cuestiones se están debatiendo en este momento en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea y en el Consejo Europeo, en las que España tiene que opinar? Por ejemplo, en la propuesta estrella de la base imponible común consolidada del impuesto sobre sociedades; por supuesto
en la implementación de la Directiva Antielusión, ATAD, que ya ha aprobado la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo. A finales de este año, el Consejo Europeo tendrá que aprobar una lista de paraísos fiscales con las sanciones correspondientes. ¿Qué posición va a tener el Gobierno de España? Se está trabajando a iniciativa de la Comisión en esa lista de paraísos fiscales. Otro tema que se está debatiendo actualmente en las instituciones europeas es el papel de los intermediarios, de los despachos de abogados y de las constructoras, en el diseño de productos para la elusión fiscal. El Parlamento español tiene que opinar sobre esas cuestiones también; o el desarrollo de zonas libres de paraísos fiscales, es decir, cláusulas de contratación que impidan contratación de sociedades con la Administración que tengan filiales de manera injustificada en paraísos fiscales; o la creación de una Agencia Tributaria europea o una cumbre fiscal -termino ya- en el marco de Naciones Unidas. Podríamos seguir con este tipo de cuestiones que se están debatiendo en el Parlamento Europeo, pero el Parlamento español debería sentar las bases de una estrategia de lucha contra el fraude a nivel nacional para que el propio Parlamento español pueda evaluar esa estrategia de lucha contra el fraude en esa subcomisión o comisión especial, como quieran llamarla. Por lo tanto, para este tipo de cosas les pido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, su apoyo.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.
Como venimos diciendo, España sufre un déficit estructural de ingresos que se alza hasta los 8 puntos porcentuales de diferencia con respecto a la eurozona. Esto se manifiesta en una insuficiencia fiscal que se plasma en un aumento del endeudamiento público excesivo en periodos de recesión y recortes que serían innecesarios con un sistema tributario moderno y eficaz, unos recortes que, como se ha demostrado, llevan una espiral de déficit, destrucción de empleo, deuda y vuelta la burra al trigo, siguiendo con los refranes que venimos utilizando hace un rato. (Risas). El déficit estructural de ingresos públicos de España tiene dos fuentes: una estructura impositiva injusta, que carga todo el peso sobre los de abajo, y una elevada impunidad con el fraude y la elusión fiscal. En este país el fraude y la elusión fiscal se sitúan entre el 22 y el 30% del PIB. La elusión y la evasión de las multinacionales contribuye con más de 8.000 millones al año, según Gestha. Hoy se ha debatido una PNL para reclamar los impuestos no pagados de Apple que, según la Comisión Europea, entre 2013 y 2014 pagó una tasa efectiva de 0,005%. Esto no es una excepción sino que afecta a otra serie de multinacionales como Google, Starbucks, McDonald's, Fiat, Amazon y casi todas las grandes multinacionales que operan en España y también las españolas. Esto tampoco es una novedad, ya que las grandes corporaciones terminan abonando un 7%, mientras que un ciudadano medio paga entre el 20 y el 47% de impuestos sobre la renta y las pymes y autónomos terminan pagando entre un 20 y un 25%.
Cuando los rendimientos del capital exceden la tasa de crecimiento de la economía, el capitalismo automáticamente acaba generando desigualdades arbitrarias e insostenibles, socavando los valores de las sociedades democráticas. Esto es lo que está ocurriendo en Europa y Estados Unidos y, si nosotros no ponemos coto al fraude y a la elusión fiscal que permite que las multinacionales tengan estos beneficios desbocados, la alternativa para los ciudadanos va a ser la de Trump y Le Pen, y eso no lo podemos permitir. Por eso, aprovechando el camino abierto por la OCDE, tenemos que trabajar a nivel internacional para acabar con el fraude y la elusión. Necesitamos un acuerdo global sobre la tributación del beneficio mundial de las sociedades en función de las ventas, la masa salarial y el importe del capital utilizado en cada país. Además, hay que establecer sistemas normalizados de intercambio automático, información con otras administraciones públicas acerca de la existencia de mecanismos de elusión fiscal, entre otras medidas. Por eso, estamos de acuerdo con esta subcomisión que plantea hoy el Grupo Socialista, aunque hemos incluido alguna enmienda para no circunscribir únicamente el debate planteado por la OCDE; también para que de las tres representantes que se incluyan en la Comisión una al menos sea mujer, porque creemos que las políticas de igualdad tienen que ser transversales y tienen que atender también a la composición de las comisiones. Al mismo tiempo, instamos al Partido Socialista a que sea coherente porque mientras hoy aquí está proponiendo una subcomisión para atajar y eludir la evasión fiscal, sus diputados en el Parlamento Europeo estarán votando a favor del Tratado de libre comercio con Canadá, que incluye, entre otras medidas perjudiciales para los ciudadanos, medidas como el Investment Court
System, que sirve para que las empresas canadienses puedan pedir a cualquier país europeo compensaciones económicas si toman medidas que afecten a sus expectativas legítimas de beneficios. ¿Qué ocurre si estos tribunales de arbitraje consideran que acabar con la ocultación de beneficios sea afectar a sus expectativas legítimas? Hay que ser coherentes, señores, y tener claro que para acabar con el fraude y la elusión fiscal no pueden estar votando en Europa a favor del CETA y tampoco dándole aquí al Gobierno de las amnistías fiscales.
El señor CANDELA SERNA: Simplemente quiero anunciar que votaremos a favor de la creación de esta subcomisión.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Votaremos a favor.
Por parte del Grupo Ciudadanos, señor Roldán.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias.
Voy a hacer una intervención muy breve. Celebro que el Grupo Socialista traiga a esta Cámara la propuesta de subcomisión. El fraude es un tema que, como ha demostrado mi compañero Francisco de la Torre, en esta Cámara nos tomamos muy en serio. Entre otras cosas, está reflejado en los dos acuerdos que hemos firmado -el señor De la Torre y yo mismo- con el Partido Socialista y también con el Partido Popular, donde había capítulos específicos, con una batería de medidas completa, dedicados a este asunto que nos interesa particularmente.
En relación con lo que decía el señor Saura, es evidente que en un mundo con libre movimiento de capitales tenemos que mejorar y avanzar en la cooperación internacional como pasa en otras tantas áreas, desde las migraciones hasta el medio ambiente, ya que la fiscalidad es absolutamente clave y mucho más en una unión monetaria, con los desequilibrios que tenemos. Hoy hemos hablado de muchos de los casos pero no voy a extenderme en el tema de los desequilibrios que tenemos de fiscalidad y de falta de armonización fiscal, donde hay problemas serios, particularmente en un entorno en el que existe una insuficiencia evidente de recursos públicos, donde se está recortando en derechos sociales, donde se está recortando en educación y en sanidad, cuando en España se calcula -es evidente que los cálculos siempre son orientativos en este tema- que podría haber hasta 60.000 millones que se escapan a través del fraude al fisco. Con eso cubriríamos todo el coste que ha tenido para los españoles el rescate de las cajas del Partido Popular y del Partido Socialista, solo por poner un ejemplo de lo importante que es el tamaño de esta cuestión. Hemos defendido varias iniciativas sobre este asunto y también sobre la amnistía fiscal, donde se ha perdonado injustamente a defraudadores. Creemos que hay que cambiar la cultura en este aspecto y por tanto está bien esta iniciativa.
Respecto al acuerdo comercial del CETA que mencionaba el compañero de Podemos, el Parlamento Europeo acaba de votar a favor del CETA. Probablemente es el socio comercial más progresista que podemos tener jamás y probablemente será el acuerdo comercial con más garantías que se ha firmado nunca precisamente por los problemas que ha habido en la negociación. Tenía sentido que los hubiera para garantizar los derechos de los consumidores, como la cuestión de protección de datos y demás. Podemos, con Izquierda Unida, se han quedado votando en contra de este acuerdo con Syriza y también con la extrema derecha de Le Pen. Estoy seguro de que no están de acuerdo con ellos en muchas cosas, pero es verdad que en el mundo hay una división cada vez más clara entre los que defendemos las sociedades abiertas y los que prefieren poner muros y cotos a los intercambios, y este es un ejemplo más. En este caso, me alegro de que estén a favor de la cooperación a nivel europeo, siguiendo las propuestas que hace la OCDE en este aspecto y que son muy conocidas, la del BEPS y demás, para ir avanzando en este asunto.
La única duda que me queda es que hay un acuerdo en la mesa sobre el número de comisiones y subcomisiones que podemos tener y que el Grupo Socialista ha firmado. Yo estoy encantado de seguir trabajando y profundizando en este tema, pero para los grupos pequeños es un poco complicado cuando ahora mismo hay ocho acordadas. Entiendo que esto sería para acumular y que después habría una subcomisión sobre este tema que, evidentemente, apoyaríamos.
Yo también voy a hacer, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, mi aportación a la divulgación del refranero español al que hoy estamos dedicados: la unión hace la fuerza. En esta cuestión todos los grupos políticos que estamos aquí coincidimos absolutamente en los objetivos, porque el fraude fiscal es una lacra social que tenemos que combatir con absoluta contundencia entre todos. Por tanto, coincidencia absoluta en los objetivos. El Gobierno del Partido Popular ha demostrado que la lucha contra el fraude y la evasión fiscal internacional es y ha sido desde el principio una prioridad para la política económica, por eso, año tras año, incluye en sus planes anuales de control tributario estas operaciones transfronterizas como un área de atención preferente de las actuaciones de la Agencia tributaria. Esa planificación fiscal internacional, en particular la vinculada a grupos multinacionales, ha constituido y seguirá constituyendo una de sus principales líneas de actuación. Tanto es así, señorías, que, transcurrido poco más de un año desde que la OCDE hiciese públicos los informes definitivos de las acciones BEPS, el 30 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el modelo 231, en el que las grandes sociedades van a tener que declarar sus ventas y sus ingresos país por país, lo que se llama información país por país. En el caso de España, las autoridades españolas han reaccionado con agilidad y con anticipación en estos temas. Pero me gustaría también dejar claro que España no ha dejado de hacer sus deberes con el Gobierno del Partido Popular en esta materia, y les voy a poner algunos ejemplos. En relación con la lucha contra los paraísos fiscales, forma parte de la estrategia de la Administración tributaria defender ante los organismos internacionales el aislamiento y la progresiva desaparición de esos paraísos fiscales. España mantiene en su legislación tributaria, como saben, un tratamiento especialmente riguroso hacia los paraísos fiscales y establece cláusulas antiabuso tanto en la normativa del IRPF como en la del impuesto sobre sociedades y en la del impuesto sobre la renta de no residentes. Además, España tiene una lista cerrada de territorios considerados paraísos fiscales que está recogida en el Real Decreto 1080/1991. Por tanto, el Gobierno está absolutamente comprometido -la Administración tributaria, por supuesto, está en ello- en la lucha contra esos paraísos fiscales. España también ha firmado en los últimos años numerosos convenios para evitar la doble imposición internacional, con cláusulas de intercambio de información o simplemente acuerdos de intercambio de información siguiendo los estándares que se han marcado en organismos internacionales como la OCDE. Esto ha permitido que la Agencia tributaria tenga información de cuentas y de valores que anteriormente eran totalmente opacos para la Administración tributaria. Se han firmado acuerdos con Suiza, Andorra, Panamá y Luxemburgo, por citar algunos. Pero estamos haciendo más cosas de las que se han dicho aquí; muchas de las que han mencionado los intervinientes se están haciendo ya. Por ejemplo, España está participando activamente en organismos tales como el G-20 y la OCDE en materia de lucha contra el fraude y forma parte, cómo no, de esos grupos de trabajo técnicos. El Plan de acción de la Comisión Europea contiene más de treinta medidas y pretende, desde la Unión Europea, lógicamente mediante una acción coordinada porque estamos tratando problemas que van más allá de las fronteras españolas en un mundo cada vez más globalizado, dar una respuesta más efectiva a los problemas de evasión y de elusión fiscal.
El Gobierno de España ha hecho sus deberes y creemos que de esto no podemos hacer una cuestión partidista ni ideológica, porque es tarea de todos. Los defraudadores detraen recursos de las arcas públicas y, al final, detraen recursos de todos. Hay que destacar también que este Gobierno ha obtenido resultados históricos en la lucha contra el fraude -más de 50.000 millones- y ha aprobado la Ley 7/2012, que ha puesto a disposición de la Agencia tributaria unas herramientas legales mucho más eficaces para la lucha contra el fraude, como la declaración de bienes y derechos en el exterior, la limitación del uso de efectivo en determinadas transacciones económicas a partir de 2.500 euros o el endurecimiento de la figura del delito fiscal creando un tipo agravado para fraudes de especial gravedad, elevando la pena de prisión a seis años y aumentando el plazo de prescripción a diez años. En el Grupo Parlamentario Popular creemos que en la lucha contra el fraude -y más aún contra el fraude fiscal internacional, que trasciende las fronteras españolas y para el que es necesaria una acción coordinada y armonizada con el resto de los países, especialmente en la Unión Europea- no vale hacer ejercicios de demagogia, porque eso no conduce a resultados serios y realistas.
Concluyo ya. Estamos en la legislatura del acuerdo y del diálogo y la lucha contra el fraude es uno de los temas que suscita mayor acuerdo entre los grupos políticos, porque compartimos el objetivo de tolerancia cero con los defraudadores. Creemos que esta subcomisión puede ser útil para profundizar en ese objetivo y vamos a votar favorablemente, porque la unión hace la fuerza.
El señor PRESIDENTE: ¿Acepta el grupo proponente la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea?
Sí, la aceptamos, porque va en la idea de una coordinación internacional y de gobernar la globalización. Igual que el CETA, que va en contra de Trump, Podemos ha votado con Trump y a favor de Trump en la votación de hoy.
El señor PRESIDENTE: Eso ya ha quedado claro.
El señor SAURA GARCÍA: Termino dando las gracias al Grupo Parlamentario Popular, porque hace cinco años sobre este mismo asunto votó en contra.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones de forma inmediata, porque creo que todos tenemos claros los términos.
Votamos el punto 1.º, proposición no de ley relativa a reclamar los impuestos no pagados por Apple a raíz de la investigación realizada por la Comisión Europea. Esta iniciativa se vota con una enmienda transaccionada por parte del grupo proponente.
Votamos el punto 2.º, proposición no de ley relativa al cumplimiento de la jurisprudencia europea en materia de derechos laborales del personal interino de las administraciones públicas. Se vota con una transaccional, en este caso de Ciudadanos y del Grupo Socialista.
Votamos el punto 3º, proposición no de ley relativa a la reinversión del superávit municipal. Se vota en sus propios términos.
Votamos el punto 4.º, proposición no de ley sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referente a la devolución de las ayudas fiscales a empresas españolas para
la compra de empresas extranjeras. En este caso se somete a votación con las enmiendas del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 14; abstenciones, 10.
Votamos el punto 5.º, proposición no de ley relativa a la financiación de la Iglesia católica. Se somete a votación con la transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos el punto 6.º, proposición no de ley relativa a la modificación de la Ley General de Subvenciones para impedir que personas o entidades condenadas por delitos castigados con penas graves o por responsabilidad civil, por dolo o negligencia grave, puedan obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de subvenciones. Se vota en sus propios términos.
El último punto, relativo a la creación de una subcomisión sobre armonización y coordinación fiscal europea e internacional y lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, se somete a votación con la enmienda del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Les agradezco, como siempre, su colaboración.

References: artículo 25
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 12
 artículo 135
 real decreto 
 artículo 12
 artículo 95
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 16
in fine
in fine
 artículo 96
 artículo 16
 artículo 13
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 33
 artículo 13
 artículo 13
 resolución 
 Real Decreto