Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-38325-de-marzo-14-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_be60316621d0014ce0430a010151014c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-18 21:39:56+00:00

Document:
﻿ Auto 38325 de marzo 14 de 2012
AUTO 38325 DE 14 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:CARENCIA DE DEFENSA TÉCNICA EN EL PROCESO PENAL. CUANDO SE INVOCA LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA, BAJO LA NOMENCLATURA DE LA INACTIVIDAD DEL DEFENSOR, AL DEMANDANTE CORRESPONDE INDICAR CÓMO EL PROFESIONAL DEL DERECHO DE HABER SOLICITADO PRUEBAS, ALEGADO DE CONCLUSIÓN Y RECURRIDO LAS PLURALES DECISIONES ADOPTADAS A LO LARGO DEL PROCESO, LA SITUACIÓN PROCESAL DE LA ACUSADA HABRÍA SIDO OPUESTA A LA ESGRIMIDA EN EL FALLO DE CONDENA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEFENSA TÉCNICA DEL ACUSADO, DERECHO DE DEFENSA
Auto 38325 de marzo 14 de 2012
Proceso 38325
Aprobado acta 093
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 205 de la Ley 600 de 2000, que rige esta actuación, al recurso de casación se accede de dos maneras, a saber:
a) La ordinaria, que procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los tribunales superiores de distrito judicial y el tribunal penal militar, por delitos sancionados con pena privativa de la libertad superior a 8 años; y
b) La excepcional, que procede contra los fallos de segunda instancia dictados por las mismas corporaciones por conductas punibles castigadas con pena privativa de la libertad igual o inferior a 8 años, y por los jueces penales del circuito por cualquier delito, evento en el cual la Sala podrá admitir la demanda cuando lo considere preciso para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna las demás formalidades.
2. En el supuesto que ocupa la atención de la Corte, es claro que el delito por el que fue condenada Ligia María Roldán Arango, no supera los 8 años de prisión, conforme lo previsto en el artículo 454 de la Ley 599 de 2000, razón por la cual en este evento solo procedía el recurso por la vía excepcional.
Como también lo tiene dicho la jurisprudencia de la Sala, cuando de la casación discrecional se trata, el demandante debe exponer así sea de manera sucinta pero clara, qué es lo que pretende con el recurso, teniendo como norte que solamente procede para el desarrollo de la jurisprudencia o para garantizar los derechos fundamentales.
En tratándose del primer punto, esto es, el desarrollo de la jurisprudencia, el actor debe mencionar en la demanda si con la impugnación de la sentencia de segunda instancia persigue unificar posturas conceptuales o actualizar la doctrina, ora para abordar un tópico aún no desarrollado, precisando la manera en que la decisión solicitada tiene la utilidad simultánea de brindar solución al asunto y a la par, servir de guía a la actividad judicial.
Y, respecto de la protección de los derechos fundamentales, el recurrente está obligado a desarrollar una argumentación lógica dirigida a evidenciar el desacierto, siendo imperioso que demuestre el desconocimiento de una garantía por quebrantamiento de la estructura básica del proceso o por violación de un derecho fundamental, e indicar las normas constitucionales que lo protegen y su concreto conculcamiento con la sentencia.
Además, las razones que debe aducir el demandante para persuadir a la Corte sobre la necesidad de admitir la demanda, deben guardar correspondencia con los cargos que formule contra el fallo.
En otras palabras, ha de existir perfecta conformidad entre el fundamento de la casación excepcional (desarrollo de la jurisprudencia y/o protección de garantías fundamentales), el cargo o los cargos que se presenten contra el fallo y por consiguiente, la postulación de los mismos.
3. En lo que atañe a la demanda presentada a nombre de la señora Roldán Arango, se advierte que la libelista al confeccionar la demanda omitió dar las razones por la cuales acudió a esta impugnación, en tanto que no dedicó capítulo alguno, en orden a cumplir con ese cometido.
Sin embargo, la Sala advierte que de los tres cargos de nulidad que postula contra la sentencia de segunda instancia, se puede inferir cuál es la inconformidad de la recurrente y los motivos por la cuales considera que en este asunto se avasallaron los postulados del debido proceso, investigación integral y de defensa técnica.
Empero, la corporación igualmente colige que las censuras presentadas, no reúnen los presupuestos de lógica y debida fundamentación, en orden a su admisibilidad. Veamos:
La casación en la Ley 600 de 2000
Recuérdese que dado el carácter extraordinario de esta impugnación, al libelista compete elaborar la demanda bajo los estrictos parámetros contemplados en la ley y decantados por la jurisprudencia.
Por tanto, no basta con afirmar que en la sentencia o al interior del proceso se cometió un error de derecho o de actividad, dado que debe demostrar la existencia del vicio y su trascendencia frente a las plurales decisiones adoptadas en el fallo.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, es bien sabido que el recurso de casación constituye el medio por el cual la corporación revisa la legalidad de la sentencia. De ahí que la demanda cumpla las formalidades estatuidas en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000, toda vez que en ella se debe señalar, de manera clara y precisa, la causal con la cual se pretende la información del fallo, argumentando cómo el vicio de derecho o de actividad, según el caso, condujo a resquebrajar la providencia.
Así, no resulta atinado denunciar solo la existencia del vicio que se invoca, sino que al libelista incumbe demostrar cómo el mismo tiene la trascendencia suficiente para romper la sentencia de segunda instancia y por lo mismo, la Corte intervenir como tribunal de casación en procura de reparar, entre otros fines, los agravios sufridos a los intervinientes en el proceso objeto de censura.
Presupuestos de lógica y debida fundamentación de la causal tercera de casación
Con relación a la acreditación de la causal de nulidad, si bien la Sala ha dicho que es menos exigente que la demostración de las otras, lo cierto es que impone al demandante proceder con precisión, claridad y nitidez a identificar la clase de irregularidad sustancial que determina la invalidación, plantear sus fundamentos fácticos, indicar los preceptos que considera conculcados y expresar la razón de su quebranto, especificar el límite de la actuación a partir de la cual se produjo el vicio.
De igual forma, compete informar la cobertura de la invalidez, evidenciar que procesalmente no existe manera diversa de restablecer el derecho afectado y lo más importante, comprobar que la anomalía denunciada tuvo injerencia perjudicial y decisiva en la declaración de justicia contenida en el fallo impugnado (principio de trascendencia), dado que este recurso extraordinario no puede fundarse en especulaciones, conjeturas, afirmaciones carentes de demostración o en situaciones ausentes de quebranto.
Con relación al primer cargo, que se presentó bajo la égida de la causal tercera de casación, alegándose que la sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad, en la medida en que cuando se calificó el mérito del sumario, ya había operado el fenómeno de la extinción de la acción penal por razón de la prescripción, no se encuentra debidamente fundamentado.
Si bien es cierto, la demandante escogió correctamente la causal en la que se debe denunciar el fenómeno prescriptivo en sede de casación, también los es que su desarrollo ha debido realizarse a través de la vía de la infracción directa o indirecta de la ley, según el caso, obviamente respetándose los presupuestos de lógica y debida fundamentación decantados por la jurisprudencia, respecto de cualquiera de las modalidades de violación de la norma de contenido sustancial.
De acuerdo con el discurso consignado en el libelo, es claro inferir que el debate se centra en establecer cuándo comienza a contarse el término de extinción de la acción penal por razón de la prescripción, teniendo como punto de partida el día en que ocurrió el último acto ejecutivo del punible de fraude a resolución judicial.
Si lo anterior es así, surge inevitable concluir que el reproche presentado en la demanda, no respeta el acontecer fáctico plasmado en el fallo en cuanto al día en que la acusada se sustrajo al cumplimiento de la obligación contenida en la decisión emitida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, consistente en suspenderla del ejercicio de la profesión de abogada entre el 10 de marzo y el 9 de septiembre de 2004.
En efecto, para la recurrente los términos que deben contabilizarse para establecer la vigencia del fenómeno prescriptivo en la etapa de instrucción, comienzan a contarse a partir del mencionado 10 de marzo de 2004, situación que no consulta con la realidad, en la medida en que de acuerdo con las constancias procesales, la acusada presentó los poderes al interior del proceso que cursaba en la fiscalía 51 especializada destacada ante el CEAT de Medellín el 18 de marzo, 19 de abril y el 10 mayo de 2004.
De tal manera, resulta evidente que la procesada se sustrajo a la obligación impuesta en la resolución en las fechas anteriormente indicadas, motivo por el cual resulta válido concluir que son en estas datas sobre las que se debe realizar el cómputo para verificar si la acción penal se extinguió por razón de la prescripción en la etapa de instrucción.
De otro lado, en el presente asunto se tuvo como un solo comportamiento ilícito el desplegado por la procesada, en la medida en que a esta se le acusó y condenó por una conducta de fraude a resolución judicial, la que comenzó a ejecutarse el 18 de marzo cuando presentó ante la autoridad judicial citada el poder de Gabriel Arcángel Barrera Pulgarín y culminó el 10 de mayo de 2004, cuando hizo presentación del último escrito contentivo del mandato otorgado por Elier Rentería Córdoba.
En tales condiciones, si el último acto se produjo el 10 de mayo de 2004 y la resolución de acusación adquirió firmeza el 30 de marzo de 2009, es evidente que el término extintivo de la acción penal por razón de la prescripción no alcanzó a cumplirse, según lo preceptuado en el artículo 83 inciso 5º, del Código Penal, que lo establece en 5 años.
Por tanto, ante la falta de razón, la censura se indamitirá.
Igual situación acontece respecto al segundo cargo, en torno a la petición de una infracción al postulado de investigación integral, por cuanto al trámite penal no se allegaron unos testimonios que corroboraban las explicaciones dadas por la procesada, en tanto no se demostró, cómo de haber rendido declaración las personas ausentes al acto público, necesariamente el fallo habría sido favorable a la procesada.
Al respecto vale reiterar que cuando el reproche se intenta por esta vía, al actor además de citar el elemento de juicio omitido en la actividad probatoria, compete enseñar la fuente de pertinencia, conducencia y utilidad frente al objeto del proceso y el convencimiento del funcionario judicial, así como también su particular trascendencia, en orden a desquiciar la sentencia.
Además, también se colige que la labor de la deponente fue la de criticar al instructor por haberse conformado para adelantar la averiguación, con las copias que remitieron los funcionarios que daban cuenta del hecho irregular, hipótesis que resulta extraña a la enunciada violación del citado postulado.
En fin, esta censura igualmente fue construida sin respeto a los presupuestos de lógica y debida fundamentación, razón por la cual deviene su inadmisión.
Por último, en lo que atañe al tercer cargo, según el cual, la acusada careció de defensa técnica en la etapa de instrucción, se quedó en el simple enunciado, habida cuenta que no demuestra que efectivamente esa inactividad que se le atribuye al defensor, obedeció a una desidia y abandono de la labor encomendada y no a una estrategia defensiva.
Recuérdese que cuando se invoca la violación del derecho de defensa, bajo la nomenclatura de la inactividad del defensor, al demandante corresponde indicar cómo el profesional del derecho de haber solicitado pruebas, alegado de conclusión y recurrido las plurales decisiones adoptadas a lo largo del proceso, la situación procesal de la acusada habría sido opuesta a la esgrimida en el fallo de condena.
En el supuesto que ocupa la atención de la Corte, la libelista se queja de que el defensor de oficio no desplegó ninguna actividad a favor de los derechos de la procesada, pero no enseña una personal visión de la suya que lleve a la Sala a confirmar en la evidente transgresión de esa garantía.
Así las cosas, se impone la inadmisión del libelo.
Resta señalar que no se observa que con ocasión del fallo impugnado o dentro de la actuación, se hayan violado derechos o garantías de los intervinientes, como para que tal circunstancia imponga superar los defectos de la demanda, en orden a decidir de fondo, según lo dispone el artículo 216 de la Ley 600 de 2000.
INADMITIR la demanda de casación presentada por la defensora de Ligia María Roldán Arango.

References: artículo 205
 artículo 454
 artículo 212
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 83
 artículo 216