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Timestamp: 2020-07-11 13:50:21+00:00

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AUD. NACIONAL – SALA DE LO SOCIAL -AUTO 20-20 – 06-04-20 (fechas oficiales del conocimiento de la epidemia)
HECHOS (Tercer Auto)
TERCERO.- En relación con la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el Servicio de Suministros de la Dirección General de la Policía ha realizado, entre otras, las siguientes actuaciones (descripciones 13 y 19 de autos):
-25-01-2020: Contactos con empresas suministradoras mascarillas y gel hidroalcohólico.
-28-01-2020: Recepción de los primeros presupuestos
-30-01-2020: Primeras compras de mascarillas
-25-02-2020: Devolución de 94 cajas de mascarillas compradas el 30-01-2020 por estar caducadas.
-27-02-2020: Inicio del Expediente de Emergencia por importe de 300.000 euros.
-03-03-2020: Reparto de gel hidroalcohólico a los edificios del Complejo Policial de Canillas.
-03-03-2020: Suministro a la Escuela Nacional de Ávila de mascarillas, guantes de nitrilo y gel hidroalcohólico.
-05-03-2020: Compras de gel hidroalcohólico.
-05-03-2020: Inicio de reparto centralizado de gel hidroalcohólico y guantes de nitrilo a todas las dependencias.
(Siguen otras fechas)
CUARTO.- El 5 de marzo de 2020, el Ministerio de Sanidad publicó el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)”.
Participaron en su redacción el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Centro Nacional de Medios de Protección, la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo, la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, la Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario, la Sociedad Española de Salud Laboral en la Administración Pública, la Federación Española de Enfermería del Trabajo, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, la Asociación Nacional de Servicios de Prevención Ajenos y Servicios de Prevención Ajenos ASPA-ANEPA.
En este documento, la Policía se identifica como un colectivo con baja probabilidad de exposición al riesgo en el entorno laboral si trabajan sin atención directa al público, o a más de 2 metro de distancia, o con medidas de protección colectiva que evitan el contacto. No se entiende necesario el uso de EPI, salvo en caso de falta de cooperación de una persona sintomática (protección respiratoria, guantes de protección).
N. B. Según este auto nº. 20-20 de la Audiencia Nacional, es evidente, que el Gobierno conocía a fecha 25-01-2020 la existencia de la pandemia. Es un hecho reconocido como se detalla la fecha de 24-01-20 en el anterior auto 19-20 de la propia A. N. de igual fecha.
Córdoba, a 12 de abril de 2020
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AUD.NACIONAL – SALA DE LO SOCIAL -AUTO 19-20 – 06-04-20 (fechas oficiales del conocimiento de la epidemia)
HECHOS (Segundo Auto)
2º.-El día 24-1-2020 por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía se emitió y se produjo un comunicado del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía, de fecha 24-01-2020, alertando sobre los riesgos de contagio en España.
Desde ese momento, por la por la División ECONÓMICA Y TÉCNICA de la Secretaría General de Logística de dicha Dirección General se iniciaron una serie de actuaciones encaminadas a conseguir los medios de protección necesarios para hacer frente a la epidemia.
Dichos EPI, (equipos individuales de protección) consisten, fundamentalmente, en lo siguiente:
- Mascarillas de protección, de todo tipo (quirúrgicas o FFP1, FFP2, FFP3, KN-5)
- Buzos de protección.
- Gel hidro-alcohólico desinfectante.
Las primeras medidas fueron atender las demandas que iban llegando procedentes de los órganos centrales y territoriales, de material E.P.I.; para lo que se utilizaron las reservas de dicho material que se encontraban en los almacenes de la División.
Ante la insuficiencia del estocaje existente, se iniciaron ya desde el día 25-01-2020 los primeros contactos con empresas suministradoras de dichos materiales, pidiéndoles presupuestos para adquisiciones masivas de EPIs. El 28-01-2020 se recibieron los primeros presupuestos, y el día 30-01-2020 se tramitaron las primeras compras, conforme a las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público.
Sin embargo, inmediatamente se empezaron a recibir indicaciones de proveedores y suministradoras en el sentido de que no había material disponible, y el que existía, sólo podía adquirirse a precios que llegaban a doblar el inicialmente presupuestado. Hubo incluso que llegar a devolver un lote de 94 cajas de mascarillas recepcionadas el 30-01-2020, por encontrarse caducadas.
Por esa razón, y porque además la demanda de EPIs se incrementaba exponencialmente cada día que pasaba, y los mecanismos ordinarios de la Ley de Contratos del Sector Público no permitían atender dicha demanda con la agilidad y eficiencia necesarias, el 27-02-2020 se adoptaron las siguientes medidas:
- Se ordenó a las Cajas Pagadoras provinciales de todo el territorio nacional, qué con cargo a su anticipo de caja fija, gestionaran las compras de material EPI para atender las demandas de sus respectivas plantillas.
- Se inició la tramitación por parte de la Dirección General de la Policía de un expediente para declarar de Emergencia la contratación de la compra de suministros de Equipos de Protección Individual dedicados a combatir el CoVid-19, por un importe inicial de 300.000 €.
- Se ordenó a todas las plantillas que facilitaran una relación de todo el material EPI del que dispusieran a nivel territorial.
Con cargo al primer libramiento a justificar se iniciaron nuevos contactos con distribuidores y fabricantes, nacionales e internacionales, para la adquisición de EPIs., muchos de los cuales resultaron fallidos por la imposibilidad de conseguir los productos demandados.
El día 03-03-2020 se publicó la actualización de las medidas de prevención frente al CoVid-19, por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
3º.- La cronología de las actuaciones llevadas a cabo por la División Económica y Técnica desde el 24-1-2.020 hasta el 1-4-2.020 a que se refiere el anterior apartado obra en el descriptor 17.
N. B. Según este auto nº. 19-20 de la Audiencia Nacional , es evidente, que el Gobierno conocía a fecha 24-1-2020 la existencia de la pandemia. Es un hecho reconocido en esta resolución judicial, tal y como, se detalla la fecha de 24-01-20.
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Tarjetas Caja Madrid y Bankia (la lectura de los movimientos de las tarjetas produce vergüenza ajena y resulta incalificable)
Hoy se ha conocido el auto de imputación de los consejeros y administradores de Caja Madrid y Bankia:
** AUDIENCIA NACIONAL. Juzgado Central de Instrucción Número Cuatro. Diligencias Previas nº. 59/2012. P.S. Tarjetas de Crédito. AUTO de IMPUTACIÓN del Juez D. Fernando Andreu contra 78 titulares de tarjetas opacas de Caja Madrid, Madrid, a veintiocho de enero del año dos mil quince:
El auto citado entre otras muchas cosas dice:
En base a todo ello, y respecto de los Consejeros y Administradores de CA¡A MADRID y de BANKIA, su conducta podría estar incardinada en el tipo establecido en el artículo 295 del Código Penal, que tipifica la administración desleal:
“Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económico evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren“
0 bien en la conducta castigada como delito de apropiación indebida en el artículo 252 del Código Penal, que impone la correspondiente pena “a los que, en perjuicio de otro, se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido“
** EL PAIS. (28 ENERO 2015 ACTUALIZADO 12:58 CEST).
Facturación de las tarjetas opacas de Cajamadrid
(Pulsa sobre los nombres para ver todos los movimientos de las tarjetas)
N.B. Conclusión: Después de leer el auto del Juez Sr. Andreu y el desglose de los movimientos de las tarjetas opacas publicado por el diario “El País” (que cualquiera ha podido examinar), entiendo que los españoles nos hemos quedado sin palabras. “Que vergüenza y que desvergüenza”.
Córdoba, 28 de enero de 2015.
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Auto de Apertura de Juicio Oral de la Infanta Cristina (comentario crítico y breve)
He leído con detenimiento el auto de apertura del juicio oral contra la Infanta Cristina y, francamente, me parece cuando menos, una resolución de apertura de juicio oral atípica y entiendo fuera de las normas habituales en el contenido de un auto de esa finalidad.
Quiero dejar sentado, desde el principio, que no opino sobre si la Infanta es culpable, inocente o simplemente pasaba por allí, ya que lo que pretendo es hablar de una resolución, se mire como se mire, atípica y fuera de la normalidad en su contenido.
Primero.- El auto tiene argumentos peregrinos y fuera de lugar, pero es que, además, se adentra en terreno que le está vetado, como la legitimación y otros puntos.
Segundo.- El Juez Sr. Castro, ha dejado de hablar a través de sus resoluciones, pues ayer delante de un numeroso grupo de periodistas (han salido sus palabras en todas las televisiones) dijo: “que recurrir el auto se puede recurrir, pero que otra cosa sería que prosperara el recurso”.
El Sr. Castro, es evidente, que sabía lo que quería decir. El Juez Sr. Castro partía de su opinión (claramente subjetiva en este caso), de que la Ley de E. Crim. le garantiza la invulnerabilidad absoluta del contenido de su muy discutible auto a apertura de juicio oral. El Sr. Castro estaba convencido que contra su auto no cabía recurso alguno y esa falsa seguridad le proporcionaba un atrevimiento, a todas luces improcedente, cuando hablaba de su auto, fuera del ámbito donde debía de hablar.
Destaco, a los efectos oportunos, que:
** DILIGENCIAS PREVIAS Nº 2677/08. PIEZA SEPARADA Nº VEINTICINCO. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO TRES PALMA DE MALLORCA. AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL: En la Ciudad de Palma de Mallorca a veintidós de diciembre de dos mil catorce.
Establece dicho auto, como es normal, que: “Contra esta resolución no cabe recurso alguno pudiendo los interesados reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas”. (pág. 150. del auto de apertura del juicio oral)I
Asimismo, el artículo 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su número 3, dice: “Contra el auto que acuerde la apertura del juicio oral no se dará recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal, pudiendo el acusado reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas”.
** El Tribunal Constitucional tiene consagrado que el derecho a recurrir en el orden penal forma parte necesariamente del derecho a la tutela judicial efectiva. (STC. 58/1987, de 19 de mayo (BJC. Núm. 74. 1987).
En España, sin embargo, ocurre que en muchos casos no existe “el derecho a un recurso efectivo en el orden penal”, porque tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal desfasada, antigua y contraria a nuestra Constitución y a muchos Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestra Nación. El auto de apertura del juicio oral contra la Infanta Cristina es un claro ejemplo de ello.
Ahondando en el tema, resulta curioso, que el propio Tribunal Supremo en reciente sentencia ha dicho: “Que la Sala de Casación Penal, tiene, entre sus cometidos, uno de naturaleza nomofiláctica, que está constituido por ser el último intérprete de la legalidad penal ordinaria, facilitando el principio de seguridad jurídica e igualdad ante la Ley sin los que no puede concebirse un sistema jurídico digno de tal nombre.
Este cometido es cumplido de forma deficiente por dos razones:
a). Porque la casación penal solo alcanza poco más de la mitad, aproximadamente, de los delitos previstos en el C. Penal. En relación a los delitos competencia del Juzgado Penal, hoy por hoy quedan extramuros del control casacional de esta Sala, y
b). Respecto de los delitos competencia de las Audiencias Provinciales, porque al no haberse instaurado todavía el recurso de apelación creado –virtualmente– en la L.O. 19/2003, pero no desarrollado por la pereza cuando no el desinterés del Poder Legislativo, el actual recurso de casación para responder a las exigencias del art. 14-5 º del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, debe ser un recurso efectivo, lo que exige un estudio que excede el del mero control de legalidad”.
Queda claro, que el derecho a un recurso efectivo en el orden penal (la llamada segunda instancia penal), no existe con carácter general en España, dañándose derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y sin que jueces y tribunales, se salgan un ápice de la aplicación literal de la Ley. Lo único cierto, es que al día de hoy, sólo el Tribunal Constitucional puede poner coto a semejante vulneración de la Constitución y a los mandatos de obligado cumplimiento contenidos en Convenios y Acuerdo internacionales, como, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho a un recurso efectivo en el orden penal es un derecho fundamental en España, que los jueces y tribunales no pueden ignorar ni dejar de aplicar, ya que existe base legal suficiente para que dicho derecho sea una realidad en las resoluciones de los mismos.
** Hoy día, a pesar de las resoluciones continuas de las Audiencias y del Tribunal Supremo que deniegan recursos de apelación y de casación en base a una Ley procesal obsoleta y anticonstitucional, que contradice Pactos y Convenios Internacionales de obligada aplicación en España, parece que solo ahora, se va abordar este y otros temas por el poder legislativo con una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, es de justicia elemental, que nuestros jueces y tribunales se dejen de miramientos formalistas y de respeto a unas leyes restrictivas de derechos fundamentales, aplicando desde ya, las normas de obligado cumplimiento contenidas en Pactos y Convenios Internaciones firmados y ratificados por el Reino de España (como los que hemos citado), que son derecho aplicable directamente en nuestra Nación, se mire como se mire.
La prevalencia de dichos Pactos y Convenios Internaciones sobre el derecho interno es evidente, de manera que no vale a jueces y tribunales parapetarse y esconderse bajo el paraguas protector de unas leyes claramente restrictivas de derechos fundamentales e inconstitucionales, con ignorancia, desprecio y justificación arbitraria de una inaplicación injusta, además, de normas internaciones de observancia obligatoria, prevalente e ineludible, en perjuicio de los ciudadanos españoles que necesitan de una tutela judicial efectiva. En España la Constitución y el Código Civil permiten una interpretación favorable, razonable, lógica y justa de las normas procesales restrictivas del derecho efectivo a recurrir ante un tribunal superior, de forma, que el derecho a una segunda instancia sea algo de aplicación inmediata y ordinaria, se apruebe antes o después la reforma de la C.E.Cr.
La doctrina del Tribunal Constitucional es clara, como se verá a continuación, pero no es suficiente, deben ser los jueces y tribunales ordinarios los que garanticen el derecho efectivo a recurrir con todas las garantías ante un tribunal superior, sobre todo, en el orden penal, sencillamente, por una razón, porque pueden y deben hacerlo.
De esta manera, el derecho a los recursos, dotado de la doble finalidad de servir de garantía al ciudadano e instrumento de control interno de la organización judicial, tiene en nuestro ordenamiento jurídico, en términos absolutos, un origen constitucional claro en el orden penal. (STC. 93/1993, de 22 de marzo-BJC. Núm. 144. 1993-; y, STC. 18/de 20 de junio-BJC. núm. 159. 1994).
Precisamente, el Tribunal Constitucional en la sentencia 110/1985, de 8 de octubre, reconoce explícitamente, “que el art. 24.1 CE ampara en su amplio contenido a la formulación de los recursos ordinarios y extraordinarios concebidos por las leyes y, entre ellos, el recurso de casación penal”.
El derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24. 1. de la Constitución implica no sólo el derecho al proceso, sino también a los recursos establecidos. Por ello, ya el Tribunal Constitucional en uno de sus primeros autos (auto de 24 de abril de 1981, 43/1981, fundamento tercero), declaró que: “la denegación de un recuro legalmente establecido, hecha de forma arbitraria, puede constituir una violación de las garantías procesales constitucionalizadas”.
Además, este derecho comprende no sólo los recursos previstos y regulados por la ley procesal básica de cada orden jurisdiccional, sino también los que resulten aplicables por remisión a la norma supletoria en lo no previsto o regulado por la ley procesal básica (Valencia Mirón, A. J. El Derecho, op.cit. pág. 389).
** Los abogados de la Infanta Cristina, en uso de su derecho y de su obligación, han anunciado la interposición de un recurso de apelación contra el auto de apertura de juicio oral contra su cliente y, en mi opinión, entiendo que aciertan de lleno al plantear su recurso:
1º.- Porque el contenido del auto de apertura de juicio oral citado es claramente apelable por su manifiesta extralimitación de su propia esencia de auto de apertura, al abordar temas como la legitimación y por su contenido lleno de argumentos, claramente, antijurídicos y plagados de subjetivismo y de falta de razonabilidad.
2º.- Porque el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, exige que una segunda instancia superior examine el auto de apertura del juicio oral, con la finalidad de hacer realidad “el derecho a un recurso efectivo” y tener la seguridad de que en el auto de apertura de juicio no existe ni un ápice de “arbitrariedad”, cuya existencia es la máxima negación del derecho.
Córdoba, a 23 de diciembre de 2014
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Paro, corrupción y aforamiento (privilegios exorbitantes y vulneración del principio de igualdad ante la ley)
Según la EPA del 2T el número de parados en España alcanza la cifra de 5.977.500. La tasa de paro se sitúa en el 26,26%.
El número de activos desciende en 76.100 y deja el total de activos en 22.761.300 y la tasa de actividad se coloca en el 59,54%.
Andalucía, según la EPA 2T, registra las siguientes cifras: Ocupados: 2.584,6 millones; parados: 1.440,4 millones; tasa de actividad: 59,20% y tasa de paro: 35,79%.
Por otro lado, está claro, que España entera lo sabe: los casos de corrupción se multiplican por todas partes. Los chorizos están incrustados en todas las instituciones del Estado, es increíble como dan explicaciones inimaginables sobre su nivel de vida, sus gastos y sus cuentas bancarias, pero nunca renuncian al aforamiento ni dimiten si son cargos electos, pues son elegidos por el pueblo.
Todos los chorizos nacionales deben salir todos de la vida pública, ya que no se puede permitir que mientras la mayoría de los ciudadanos se empobrecen realmente (ver comedores asistenciales de caritas y ONG, niños comiendo en colegios, empresas cerrando, bolsas de pobreza, parados sin prestaciones, etc.), una minoría cobre sueldos desproporcionados, complementos de todas clases y, además, cometan latrocinio mediante todo tipo de engaños, trapisondas o fraudes.
Sin embargo, los ciudadanos, impotentes y sin saber que hacer ante tanto abuso y despropósito, deben estar contentos y felices, pues suben los impuestos de cualquier clase o administración pública, porque, por ejemplo, si no sube la luz en agosto el sistema quiebra o el incremento de precios hubiera sido del 40% y, así, suma y sigue. Mientras tanto, solo se habla de reducir las pensiones para garantizar el sistema público de las mismas, los sueldos de los ciudadanos bajan, no hay crédito para las empresas y familias, el gasto de las administraciones públicas sigue creciendo y los españoles cada vez son más pobres.
Finalmente señalar, que el aforamiento de los políticos en la situación en que se encuentra España, es un privilegio exorbitante, que pone de manifiesto la vulneración del principio de igualdad de todos los españoles consagrado en la Constitución.
El último episodio sobre el tema, lo ha protagonizado el Sr. Chaves, que ha criticado que la Juez haya tratado “como sospechosos” tanto a él como a Jose Antonio Griñán ante la opinión pública sin estar imputados. El auto de la Juez Alaya de 10 de septiembre de de 2013 en su parte dispositiva dice literalmente lo siguiente: “De conformidad con los fundamentos expuestos en la presente resolución: procede comunicar la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados a tenor del artículo 118 bis de la L.E. Crim., a las siguiente personas:
1º.- A D. Manuel Chaves González: Presidente de la Junta de Andalucía desde el 25 de julio de 1990 hasta el 7 de abril de 2009 y actualmente diputado electo por la Provincia de Cádiz en el Congreso de los Diputados.
2º.- etc., así, hasta siete.
El maltratado e indefenso Sr. Chaves, a la vista de su calidad de imputado en el auto puede hacer lo siguiente:
a).- Renunciar al aforamiento, personarse en la causa y defenderse como cualquier ciudadano normal sin privilegios judiciales.
b).- Personarse en la causa sin renunciar al aforamiento, conocer todo lo actuado y pedir cualquier prueba que considere procedente a su defensa, situándose en espera de lo que dictamine el Tribunal Supremo, lo que ya supone un privilegio sin parangón con el resto de los ciudadanos.
c).- No hacer nada en el plano judicial y esperar, si el asunto llega al Tribunal Supremo, que este alto Tribunal lo llame como imputado a declarar, después de todos los trámites precisos en caso de un aforado.
El Sr. Chaves no es como él afirma “un sospechoso”, sino un privilegiado que antes de ser imputado formalmente puede conocer toda la causa en su integridad y solicitar todo tipo de pruebas en su defensa.
¿ que ciudadano de a pie se encuentra en semejante situación de privilegio ?
La situación de paro existente en España, la corrupción imperante a todos los niveles de nuestro País y los privilegios desmedidos de la clase política (aforamiento entre otros muchos) pone de relieve, que los principios de igualdad constitucional y de justicia, en su sentido más amplio, han pasado a un segundo plano, ya los mandatos constitucionales son vulnerados de manera flagrante, lo que lleva a la conclusión de que el sistema político establecido de privilegios, desigualdades y corrupción debe ser sustituido por otra forma de hacer política, que proteja al ciudadano y elimine la casta política establecida, acomodada y superprotegida (en todos los aspectos, véase solo el privilegio desproporcionado y exorbitante del aforamiento) fundada en partidos monolíticos, faltos de democracia interna, desprestigiados e instalados en una situación de supremacía permanente en todos los sentidos.
Córdoba, a 12 de septiembre de 2013
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References: resolución 
 artículo 295
 artículo 252
 resolución 
 resolución 
 artículo 783
 artículo 24
 artículo 118