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Timestamp: 2019-09-23 05:03:32+00:00

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Por Sergio	 Ultima actualización Nov 7, 2018
A continuación 5 mitos legales sobre la garantía y el servicio técnico de un producto, que vale desde un electrodoméstico, teléfono celular hasta un auto que compramos. A quién reclamar por incumplimiento de la garantía, y como ejercer el derecho ante un producto fallado.
Si el producto es reparado varias veces e igual funciona mal, entonces el vendedor debe reemplazarlo. Por otro lado, en forma reciente, los jueces le ordenaron a la empresa de electrodomésticos que haga entrega a la actora de una computadora nueva de iguales o similares características a la oportunamente adquirida, con más la suma de $ 28.000 en concepto de daños y perjuicios. Según los jueces, la falta de reparación, a relación normal de consumo. Cabe presumir que dicho hecho, del mismo modo que pudiera haber afectado a cualquier persona común y normal, tuvo repercusiones y afectó a la actora en su faz espiritual, causando sentimientos de mortificación, angustia, desamparo, impotencia, desprotección, etc., circunstancias que son relevantes y tornan
admisible la indemnización de daño moral.
Anexo con sentencia completa – provisión de producto nuevo por sucesivas reparaciones
Santa Rosa (LP), 11 de Septiembre de 2018.-
El expediente: “E., J. A. contra FRAVEGA S.A.C.I e I S/ cumplimiento de contrato”
Expte. Nº 118415, que tramita por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Laboral y de Minería nº 3 (J-3), traído a despacho para dictar
sentencia, sin prórroga, atento avocarme a su resolución habiendo asumido como
Juez Sustituto de este Juzgado (el día 25.08.2016, Resol. 365/16 y 381/16 STJ,
Decreto Provincial nº 4616/17, Res. nº 501/17, Dec. 581/18 y Res. N° 73/18).
A fs. 13/20 se presenta la señora J. A. E. con el patrocinio letrado del Dr. Horacio A.
TANUS MAFUD, promoviendo demanda contra la empresa Frávega S.A.C.I.eI. y/o
quien resulte responsable, para que proceda a cumplir su obligación de entregar la
computadora marca Admiral PNT 46/500 en excelente estado de uso y
funcionamiento y/o una nueva con iguales características, y a pagar la suma de
$50.000,00.
Expone que su mandante el día 19/08/2014 compró en el comercio que la firma
demandada posee en la ciudad de Santa Rosa una computadora marca Admiral
PNT 46/500, Nro. de serie BL416968 con su correspondiente monitor, por una
suma de $ 7.778,00 cuya factura ofrece como prueba documental. Que después de
transcurridos 12 o 13 días desde la fecha de adquisición la misma dejó de
funcionar, por lo que inmediatamente concurrió al comercio con el fin de hacerle
saber lo ocurrido, informándosele que debía acudir al servicio técnico “TOTAL
SERVICE”, quienes se harían cargo de las reparaciones pertinentes.
Dice que el día 06/09/2014 dejo la computadora en ” Total Service “, extendiendo
una orden de servicio el titular del negocio referido. Manifiesta que el tiempo fue
transcurriendo y no podía recuperar la computadora, por lo que cansada de
efectuar reclamos verbales, procedió a constituirse personalmente por ante
Que a raíz de ese reclamo se tramitó el expte. administrativo 13006/14, pero ni
Fravega S.A.C.I.E.I. ni Total Service ni Admiral acudieron a las audiencias fijadas.
Adjuntan acta labrada por parte de Defensa del Consumidor. Manifiesta que el
organismo citado le aplicó a Frávega una sanción económica de $30.000 por haber
incurrido en conductas ilícitas por incumplimientos de la Ley de Defensa del
Consumidor y modificatorias, agregando copia de la disposición dictada por dicha
Agrega que previo al inicio de las presentes actuaciones envió carta documento a la
demandada y a Total Service con el fin de reclamar en forma fehaciente la
restitución de la máquina y el pago de $10.000 en concepto de reparación de
daños y perjuicios, acompañando una copia fiel de la misma como prueba
documental. Declara que la firma accionada nunca respondió a la misma.
Manifiesta que el principal perjuicio deviene del supuesto proceder delictivo de la
firma ya que su conducta y accionar implicó una estafa hacia sus derechos y a la
buena fe que debe imperar en toda transacción contractual, que la accionada
jamás brindó una solución a los problemas causados mostrando un desinterés
manifiesto e injustificado. Agrega en segundo lugar que la máquina fue adquirida
como herramienta de trabajo como así también para uso escolar de sus hijos. En
tercer lugar dice que tal circunstancia le genera una privación del uso de la misma y
la desvalorización de la misma por el proceso inflacionario del país. Solicita una
reparación económica de $50.000, más intereses devengados, costos y costas
quedando sujeto a las pruebas que se produzcan en los presentes actuados.
Manifiesta que el proceder de las autoridades de la firma mencionada ha
constituido un delito hacia sus derechos con lo que solicita vista al agente fiscal de
turno en lo penal para que promueva la investigación penal correspondiente.
Funda el derecho y ofrece prueba, ampliando a fs. 34 el ofrecimiento de prueba.
A fs. 41/42 contesta demanda el Dr. Jorge Martín LORDA como apoderado de
FRAVEGA S.A.C.I.E.I, con patrocinio letrado de la Dra. Romina PACCI.
Reconoce como cierto el hecho que la actora adquirió en el local comercial una
computadora por el valor de $7.778 y que el servicio técnico lo realiza TOTAL
SERVICE, negando los demás hechos y afirmaciones que manifiesta la actora.
Advierte que en la carta documento se le reclamó a Frávega la restitución de la
computadora que ella misma entregó a TOTAL SERVICE y el pago de $10.000 en
concepto de reparación de daños y perjuicios, y que ahora le reclama $50.000.
Sostiene que la actora entregó la computadora que supuestamente no andaba a
una empresa que se dedica a reparar este tipo de artefactos y que la demandada
de autos nada tendría que ver, por tanto como no tiene en su poder la máquina no
puede cumplir con la devolución de la misma.
A fs. 45 fija audiencia preliminar, obrando a fs. 52 acta de audiencia respectiva. Se
provee la prueba ofrecida dejando supeditado su diligenciamiento a los resultados
de las negociaciones que las partes dicen estar llevando a cabo.
A fs. 55 se reservan pliegos interrogatorios y de parte.
A fs. 59 obra audiencia testimonial de Soraya Bibiana FLORES y a a Fs. 60 de Andrea
Soledad URQUIZA.
A fs. 64 obra acta de incomparecencia del representante legal de Frávega a la
audiencia de declaración de parte.
A fs. 74 obra informe de “Pixel Informática”, a fs. 113 de la Dirección de Comercio
adjuntando copia certificada (obrante de fs. 75 a 111) del expte. Nº 13006/14 y a
fs. 118 del Correo Argentino.
A fs. 123 se ordena el cierre del periodo probatorio y autos para alegar, obrando a
fs. 128/131 alegato de la parte actora.
A fs. 133 pasan los autos a Despacho para el dictado de sentencia. Y
I.- En autos no está controvertido que la actora adquirió el día 19/08/2014 en la
sucursal local de la firma demandada (Frávega S.A.C.I.E.I.) una computadora marca
Admiral PNT 46/500, nro. de serie BL416968 con su correspondiente monitor por
una suma de $7.778,00 -v. fs. 41 vta y ticket factura de fs. 8.-
Sí se encuentra controvertido el supuesto incumplimiento contractual, la existencia
de los daños y perjuicios alegados y su quantum -Fs. 52-, ya que la accionada niega
al contestar demanda que la computadora adquirida haya dejado de funcionar a
los doce o trece días de su adquisición, que haya incumplido contrato alguno, y que
por tanto adeude sumas a la actora.
II.- Analizadas las posturas de las partes, vale señalar que la defensa esgrimida por
la accionada adolece de serias contradicciones lógicas en sus argumentaciones.
Así, reconoce que “es cierto que el servicio técnico de varios productos que vende
mi mandante, lo realiza una empresa llamada Total Service” y que “no le consta, y
por tanto niega, que el día… la actora dejó la máquina en el servicio técnico antes
mencionado”; señalando posteriormente que “… la actora entregó la computadora
que supuestamente no funcionaba , a una empresa que se dedica a reparar este
tipo de artefactos, y de la cual mi mandante no tiene nada que ver” … ” Por lo
expuesto Frávega SACIEI, por más que quisiera, no puede cumplir con el reclamo
de la actora, por cuanto no tiene en su poder la computadora que ella misma
entregó a Total Service..”
Es decir, la demandada reconoce y niega simultáneamente su relación con Total
Service; asimismo desconoce y luego sostiene que la actora entregó la
computadora en dicha empresa para su reparación.
Por otra parte, se advierte que más allá de las negativas expresas a las
aseveraciones de la contraria, la empresa no explícita claramente la secuencia
fáctica en que funda su defensa -carga establecida por el art. 313 inc. 4, aplicable
por remisión del art. 339 inc. 3 del CPCC.-, ni tampoco niega puntualmente que el
producto vendido estuviera dentro del período legal de garantía establecido por el
art. 11 de la ley 24240, ni en su caso refiere las acciones concretas llevadas a cabo
para cumplir con el deber de garantía previsto en la normativa citada.
Del mismo modo, la accionada desconoce la existencia de actuaciones
administrativas en las que hubiese sido parte, pese a que a fs. 75/112 obra copia
del expediente N°13006/14, remitida por la Dirección de Comercio provincial, de
las que surge la imposición de una multa a la accionada originada en los mismos
hechos denunciados en la demanda, y que la misma fue debidamente notificada de
las mismas, presentándose con mandatario.
Cabe recordar que “los jueces se encuentran habilitados para valorar la conducta
de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 155 inciso 5º, tercer párrafo, del
Código Procesal Civil y Comercial que establece que la conducta observada por las
partes durante la sustanciación del proceso puede constituir un elemento de
convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las
respectivas pretensiones.” SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 1462/14: SAVIOLI,
Juan Héctor sobre Sucesión Ab Intestato Fecha: 16/10/2015
III.- Por el contrario, considero que tanto la documental acompañada -factura de
Frávega y orden de servicio de Total Service-, como la instrumental adjuntada a fs.
75/112 y las testimoniales prestadas en autos, corroboran la versión actoral.
Así a fs. 59 la testigo FLORES, si bien su declaración debe ser merituada
estrictamente por su relación con la actora -igualmente manifiesta que no se
encuentra impedida de responder- afirma que la señora E. compró una
computadora en la firma Frávega; que la sra. E. no pudo hacer uso de la
computadora y que el motivo por el cuál misma no pudo hacerlo es porque no
funcionaba -resp. a la 6, 7 y 8 pregunta del pliego- Asimismo sostiene que la
computadora mencionada fue llevada a un servicio técnico de Frávega para su
reparación y que el tiempo transcurrió desde la fecha en que la Sra. E.compró la
computadora hasta la fecha en que fue llevada la misma al servicio técnico fue de
una semana más o menos. Esto es coincidente con lo declarado por la testigo
URQUIZA a fs. 60.-
Estando debidamente citado a prestar declaración de parte el representante legal
de la accionada no concurrió a la misma -fs. 64- lo que según el art. 398 último
párrafo del ritual también permite tener por ciertos los hechos articulados en la
demanda y sobre los que versa el pliego interrogatorio adjuntado por la actora, que
agrego en forma anterior a la sentencia, recordando el antiguo adagio “al confeso
se le tiene por juzgado” (confessus pro judicato habetur).
Al respecto se ha sostenido que la confesión ficta tiene pleno valor probatorio si no
se le oponen otras pruebas idóneas capaces de llevar al ánimo del juez a
conclusiones contrarias a las que resulten de aquellas. (Enrique M. Falcón. Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación. T V, pág. 228).
Tampoco puede soslayarse la falta de ofrecimiento de prueba de la accionada que
avalara su posición defensiva, y que conforme la relación de consumo que
vinculara a las partes era carga de su propio interés en virtud de la carga dinámica
que le resulta aplicable (cfme. art. 360 del CPCC); frente a pruebas concretas
respaldadas por normas jurídicas protectoras del derechos del consumidor y que
gozan de raigambre constitucional.-
“En el proceso de consumo la prueba no puede quedar como un deber u obligación
individual, porque el esclarecimiento de la cuestión debatida sigue muchas veces
un camino complejo. El proveedor demandado tiene como obligación legal aportar
al proceso todos los elementos que obren en su poder (art. 53 LDC), toda vez que
los consumidores no siempre conocen con exactitud todas y cada una de las
características de los productos que contratan, ni de sus defectos técnicos lo cual
supone un mayor conocimiento. No se trata del cumplimiento de ritos caprichosos,
sino del desarrollo de procedimientos razonables destinados al establecimiento de
la verdad jurídica objetiva…”. (Zaldarriaga c/ Fuentes s/ Daños y Perjuicos Expte.
17680/13 r.C.A.).
A esta altura del análisis considero probado que el producto vendido por la
accionada falló, que la actora llevó el mismo al servicio técnico que le indicara la
vendedora accionada y que, pese al tiempo transcurrido, no existe constancia que
la actora haya recuperado el bien en condiciones óptimas de funcionamiento.
IV.- Ahora bien, corresponde analizar si la accionada ha incumplido sus deberes
contractuales, teniendo en cuenta las disposiciones de la ley 24240, ya que nos
encontramos claramente ante una relación de consumo, consistiendo el vínculo
entre las partes consistió en la adquisición de una computadora nueva, para utilizar
en el domicilio particular del accionante, para su uso doméstico y familiar, sin que
existan constancias en la causa de que la adquisición de la unidad tuviera por
objeto su integración a un proceso de producción de bienes o prestación de
Señala el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti en su obra “CONSUMIDORES” que la
constitucionalización de los derechos de los consumidores importó la existencia de
un principio protectorio de rango constitucional a partir del momento en que ese
derecho pasa a formar parte de los “derechos civiles constitucionalizados”, sin
necesitar ley alguna que lo reglamente por ser plenamente operativo, “…la norma
del artículo 42 de la Constitución Nacional pone en cabeza de los consumidores y
usuarios derechos plenos, los cuales son operativos sin necesidad de que se dicte
una ley que los instrumente, que significa que el juez puede aplicarlo en el caso
concreto y que su eficacia no está condicionada” -Ob. Cit. pág. 44-.
“El derecho del consumidor guarda relación íntima con el mercado y con sus
“fallas”, cuanto mayor e importantes sean estos, mayor será el rol que debe
desempeñar como ordenamiento tuitivo (Mosset Iturraspe, “Introducción al
Derecho del Consumidor”, en revista del derecho privado y comunitario, editorial
Rubinzal-Culzoni, 1996, Santa Fe, págs. 14 y 55)
La ley 24.240, de Defensa del Consumidor, en su artículo 11, expresa: “cuando se
comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo establece el artículo
2.325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de
garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido
ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre
lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. La garantía legal tendrá
vigencia por tres meses cuando se trate de bienes muebles usados y por seis meses
en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo
mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado, el
transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los
gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del
Por su parte, el art. 13 de la ley 24.240 -modif. mediante ley nº 24.449- establece
que “son solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la
garantía legal, los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las
cosas comprendidas en el art.11”.
El Decreto 1798/ 94, reglamentario de la Ley de Defensa del Consumidor, en su art.
10 apartado b señala “…Cuando la venta pueda documentarse mediante “ticket”,
será suficiente la entrega del certificado de garantía. Cuando la cosa o servicio no
tengan garantía, deberá constar de manera clara y expresa tal circunstancia en el
documento de venta…” mientras que el art. 12 establece: “los proveedores de
suministro de partes y repuestos durante el tiempo que indiquen las
reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación. Deberá asegurarse el
suministro de partes y repuestos nuevos durante la vigencia de la garantía…”
En cuanto a la amplitud o extensión de esta obligación, se ha señalado con
acertado criterio que “la garantía legal prevista en la ley 24240:11, rige por los
defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos
al tiempo del contrato, lo que implica una mayor tutela para el adquirente que la
otorgada por el Código Civil en cuanto a los vicios redhibitorios (CCIV 2164 y 2170)
(véase: Farina, “Defensa del Consumidor y del usuario”, ed. Astrea, Buenos Aires,
2009, pág. 251).
La norma ampara pues, aún al consumidor más distraído, toda vez que abarca el
defecto o vicio ostensible al tiempo de la adquisición del bien, hallándose
protegido aquel que descubre los vicios luego de adquirido el producto.” CNCom,
Sala A, 1/10/15, GIANORIO GUSTAVO D. C/ SERRA LIMA SA S/ ORDINARIO.
Cabe recordar, a todo evento, que si eventualmente el bien no poseía garantía, o
no se podía reparar adecuadamente, dicha circunstancia debió ser informada
oportunamente al consumidor, conforme lo establece la LDC -art. 4-, ya que es una
característica que el consumidor medio considera fundamental de un bien, dado
que esa circunstancia define literalmente al adquirido como un bien desechable,
sin posibilidad de poder contar con los partes accesorias y repuestos del mismo
ante cualquier eventualidad, mal funcionamiento o desperfecto que pudiera existir.
No existe ninguna constancia que ello haya sido así.
En consecuencia estimo que la accionada no cumplió con el deber contractual de
garantía ínsito en la relación de consumo que la unió con la actora, que surge
claramente de la normativa transcripta, pese a que transcurrió un tiempo más que
prudencial, y existieron distintas oportunidades extrajudiciales y judiciales para que
dicha obligación fuera cumplimentada.
V.- Precisamente ante el excesivo tiempo transcurrido desde que el bien fue
entregado para su reparación, considero de aplicación las previsiones de la ley
24240 para el caso de “reparación no satisfactoria” -art. 17 LDC-, ya que en
definitiva es esa la situación que enfrenta la actora.
El artículo en cuestión establece que el consumidor tiene opción a: a) Pedir la
sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. En tal caso el
plazo de la garantía legal se computa a partir de la fecha de la entrega de la nueva
cosa; b) Devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el
importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la
cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional, si hubiere
efectuado pagos parciales; c) Obtener una quita proporcional del precio. En todos
los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los
eventuales daños y perjuicios que pudieren corresponder. -art. 17 ley 24240-
Respecto a esta normativa, la Suprema Corte bonaerense ha tenido oportunidad de
expedirse in re “Capaccioni, Roberto L. c/Patagonia Motor SA y BMW de Argentina
SA Infracción a la Ley del Consumidor”, señalando el Alto Cuerpo de la vecina
provincia, al analizar la procedencia de la sustitución de un bien que no había sido
satisfactoriamente reparado -en el caso puntual, un automotor- por otro nuevo,
que “no obsta a lo expuesto que el decreto reglamentario dispusiera que deba
tomarse en consideración el período de uso, el estado general de lo reemplazo, así
como la cantidad y calidad de reparaciones efectuadas” y, con cita de
jurisprudencia de la CSJN, concluyó que el Decreto Nº 1798/94 “contraría y altera la
sustancia del ejercicio de la opción dispuesta a favor del consumidor prevista en el
art. 17º de la Ley de Defensa del Consumidor” toda vez que “posiciona al
proveedor de la garantía desde un lugar ajeno a su competencia, sin que haya
tenido algo que ver con la aparición de algún desperfecto en el producto vendido”
y “una interpretación en este sentido no es razonable jerárquico de las
disposiciones constitucionales, ya que las empresas deberían tener un mayor
conocimiento que los consumidores del producto que venden y, en base a ese
conocimiento (…) y calidad de lo que ofrecen, asegurar al consumidor un nivel de
calidad del producto para que no tenga que transitar un recorrido sesgado de
obstáculos (acudir a la concesionaria varias veces, privarse de tener el auto cuando
se repara, acudir a un abogado para la defensa) para obtener una cosa en óptimas
En este orden de ideas, la SCBA acabó argumentando que “el ofrecimiento de una
determinada marca en un auto 0 kilómetro llena ínsito una promesa de calidad” y
que “las restricciones previstas en el decreto -sustituir el auto comprado por un
auto usado- distorsionan el sentido de la norma que no es otro sino que el
consumidor reciba un nuevo producto en reemplazo del defectuoso” por lo cual “es
dable abstenerse de aplicar dicho decreto reglamentario para que cobre plena
virtualidad la opción legal”.
Conforme señalan Caren Kalafatich y Adrián Bengole “Comentario al fallo
Capaccioni, Roberto L. c/Patagonia Motor SA y BMW de Argentina SA Infracción a
Consumidor, http://www.ijeditores.com.ar/pop.php?option=articulo&Hash=de482
6094367bf3372f877b1b247d7ec: “el art. 17º LDC es amplio y no sujeta el derecho
del consumidor a mayores requisitos que la existencia de reparación no
satisfactoria. Sin perjuicio de ello, el decreto reglamentario 1798/94 en materia de
sustitución de productos introdujo dos cuestiones, por un lado, la supuesta
necesidad de considerar “la cantidad y calidad de las reparaciones amparadas por
la garantía que debieron efectuársele” al bien y por otro, que sustitución de la cosa
por otra de “idénticas características” deberá realizarse considerando “el período
de uso y el estado general de la que se reemplaza. La primera parte genera algunos
interrogantes como por ejemplo ¿tiene más derecho a la sustitución de la cosa
aquel que más veces llevó el producto al servicio técnico?; ¿hay una cantidad
“razonable” de visitas al servicio técnico? ¿cómo mide el usuario inexperto la
“calidad” de las reparaciones? ¿no se supone que si la reparación no es
satisfactoria ello se debe a la falta de calidad en la misma?, entre otros. Sin
perjuicio de que coincidimos plenamente con la postura adoptada por la SCBA en el
fallo comentado -en relación a que el decreto contraviene el espíritu del propio art.
17 LDC y colisiona con el art. 42 CN- se debe adicionar a ello la grave situación que
se plantea ante la ya señalada falta de reglamentación de un plazo para la
reparación y/o la obligación de reemplazo provisorio. Siempre que los derechos
derivados de la garantía legal se ejerzan sin abuso, el art. 17 debe primar por sobre
cualquier reglamentación y las facultades que dispone en favor del consumidor
mantenerse incólumes”
Este principio ha sido también receptado por nuestra Alzada, quien con prudente
criterio ha sostenido que “(…) Esta Cámara de Apelaciones en causa FERNANDEZ
c/MILENARIA S.A. nº 14.539/07 r.C.A. (…) dijo que la “finalidad perseguida por la
ley al brindar al consumidor las distintas opciones que prevé el artículo 17 de la
LDC, es resguardar el equilibrio patrimonial afectado por la compra de la cosa
defectuosa o viciosa no reparada satisfactoriamente. En consecuencia, en casos (…)
en que el comprador optó por solicitar la sustitución de la cosa adquirida por otra
de idénticas características (art. 17 inc. a de la LDC), aquél equilibrio patrimonial no
se restablece si se le entrega una cosa de igual calidad cronológica que la sustituida
(sin uso o con algún grado de él), pues la sola antigüedad del bien importa -sobre
todo en el caso de los automotores- una disminución de su valor en el mercado en
relación con el valor de los vehículos 0 km recién fabricados.” I CIRC. – CAMARA DE
APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA 17511/12: TUEROS
Arnaldo Pablo C/ PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. y Otros S/ Ordinario Fecha:
Por lo expuesto, haciendo propios los principios jurisprudenciales y doctrinarios
transcriptos, los cuales mutatis mutandi resultan aplicables a cualquier tipo de
bien, adelanto que la demanda procederá en lo pertinente, debiendo la
demandada entregar a la actora dentro del plazo fijado en la parte resolutiva una
computadora nueva (CPU) de iguales características a la adquirida en fecha
19/08/2014 -conf. Fs. 8-. Así lo resuelvo.
V- Daños y perjuicios: Reclama la accionante también los daños y perjuicios
sufridos, fundando los mismos en tres aspectos principales: a) la falta de trato
digno y equitativo como consumidor; b) la carencia de dicho elemento para la
educación de sus hijos en edad escolar; c) la desvalorización de la compra atento el
proceso inflacionario de nuestro país.
Si bien el artículo 17 de la LDC in fine señala que la opción que efectúe el
consumidor no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que
pudieren corresponder, lo cierto es que la actora no ha efectuado una clasificación
ortodoxa de los rubros reclamados.
Sin perjuicio de ello, entiendo que los mismos son lo suficientemente precisos
como para no afectar el derecho de defensa de la demandada, lo cual por otra
parte no ha sido planteado de ningún modo por la misma.
Iura novit curia, entiendo que el planteo de falta de trato digno encuadra en un
reclamo de tipo extrapatrimonial subsumible en daño moral, mientras que los dos
restantes reclamos tendrían una raíz de orden patrimonial, basada genéricamente
en la privación de uso. Pasaré a analizar los mismos.
a) En cuanto al primer planteo, de las actuaciones administrativas incorporadas a la
causa surge precisamente que la empresa accionada ha sido sancionada en esa
sede por no cumplir con el deber de trato digno previsto en el art. 8° bis de la ley
24240 -normativizando el principio constitucional que fuera también claramente
receptado en el nuevo CCyC-.
Reitero que dentro de las garantías constitucionales por las que se protege a los
consumidores y usuarios de bienes y servicios, se reconocen entre otros el de
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
Al usuario o consumidor le asiste el derecho a reclamar, por el daño físico sufrido,
por los perjuicios patrimoniales y por el daño moral. La circunstancia que las
prestaciones objeto de los contratos -en este caso derivadas de una relación de
consumo- sean susceptibles de apreciación pecuniaria, no obsta a la producción de
un daño moral o extrapatrimonial; puesto que, en efecto, la índole económica de la
prestación de ningún modo excluye que concurra un interés extrapatrimonial en su
cumplimiento -conf. VERMEULEN, María Etel y Otro c/ VOLKSWAGEN ARGENTINA
S.A. y Otro S/ Ordinario” (Expte. Nº 19398/16 r.C.A.)-, debiendo ensamblarse el
régimen especial de la Ley de Defensa al Consumidor, con las normas generales
que rigen la responsabilidad civil.-
Desde la doctrina se aclara que “se puede sufrir un daño moral (afectación de los
sentimientos) por causas contempladas en la L.D.C. específicamente, omisión de
información; trato indigno; mera inclusión de cláusulas abusivas, etc. y en segundo
lugar, estas causas sólo pueden constituir una afectación de los sentimientos, es
decir, daño moral autónomo del derecho económico.” (Ghersi, Carlos A., “Los
daños en el derecho de consumo”, en comentario a fallo LA LEY 07/07/2011, 5; LA
LEY 2011-D, 160, LA LEY ONLINE AR/JUR/4981/2011)
A partir de resaltar la importancia que tiene para el juez conocer el alcance de sus
facultades, y para valorar en abstracto el daño moral que reconoce su origen en un
incumplimiento contractual, la doctrina distingue, entre: a) las inquietudes propias
y corrientes del mundo de los negocios y demás molestias que se originan en el
cumplimiento contractual y, b) la lesión de sentimientos, de afecciones o de
tranquilidad anímica (conf. Alferillo Pascual Eduardo en: “Reparación de Daños a la
Persona. Rubros Indemnizatorios. Responsabilidades Especiales”, Trigo Represas –
Benavente (directores) – Fognini (coordinador), Tomo I, p. 508; edit. La Ley 2014).
(citado por Dr. Perez Ballester en autos HAEUBLEIN, Andrea Ivone C/ EL CONDOR
E.T.S.A. S/ SUMARÍSIMO, II CIRC. – CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL,
COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA 5640/15 Fecha: 10/11/2015)
No escapa al suscripto que la noción de daño moral no es equiparable a las simples
molestias o perturbaciones que puede llegar a producir el incumplimiento
contractual, toda vez, que esas contrariedades son propias de cualquier
contingencia contractual, lo contrario importaría que cualquier incumplimiento
sería viable para producir un daño moral resarcible.
El daño no debe ser meramente conjetural, debe ser personal del accionante, y
derivar de la lesión a un interés suyo no ilegítimo y para ser indemnizable debe
mediar certidumbre en cuanto a su existencia misma. Esta exigencia de certeza del
daño debe ser adaptada al supuesto del daño moral, dado que no se trata de un
daño que pueda ser probado en base a pautas objetivas y materialmente
Sin embargo, en el caso concreto el incumplimiento deviene de concretas
obligaciones de “trato digno” impuestas por la Constitución y la ley, y que, en base
a las circunstancias fácticas referidas, fueron transgredidas por la demandada,
debiendo considerarse el daño extrapatrimonial debidamente acreditado, en el
sentido que la inejecución de la obligación o transgresión de lo normado son
susceptibles de ocasionar en el reclamante un daño en el interés de sus afecciones.
En lo puntual, la actora debió concurrir a varias audiencias en sede administrativa,
sin que la empresa concurriera a ninguna de ellas, debió requerir los servicios de un
abogado para realizar gestiones extrajudiciales, remitiendo una carta documento
que nunca fue contestada, debió enfrentar el trámite de mediación obligatoria sin
que la empresa se presentara en forma -fs. 6-, e iniciar posteriormente y llevar
adelante estas actuaciones a los fines de obtener la satisfacción de su reclamo. Han
transcurrido varios años y no consta en autos que haya tenido alguna propuesta
concreta de solución a su planteo.
Así, ponderando las probanzas arrimadas, consistentes en las actuaciones
administrativas, documental adjuntada, llego a la conclusión que el hecho ha
ocasionado una afección de las legítimas afecciones espirituales de la accionada
que exceden el marco de lo admisible en una relación normal de consumo.
Cabe presumir que dicho hecho, del mismo modo que pudiera haber afectado a
cualquier persona común y normal, tuvo repercusiones y afectó a la actora en su
faz espiritual, causando sentimientos de mortificación, angustia, desamparo,
impotencia, desprotección, etc., circunstancias que son relevantes y tornan
Por lo expuesto, y siendo un deber del Juzgador ponderar prudencialmente este
rubro, de carácter resarcitorio, sin excesos que sean susceptibles de generar un
enriquecimiento sin causa para el reclamante, estimo justo y equitativo fijar el
mismo en la suma de $ 15.000 a la fecha de este pronunciamiento.
“En cuanto a los parámetros para cuantificar la reparación conferida para el daño
moral no tiene porqué guardar proporción alguna con lo relativo al daño
patrimonial, el que inclusive no puede haberse configurado. La fijación de la
cuantía de la indemnización del daño moral es asunto actualmente librado a la
personal apreciación y decisión del magistrado, sin más guía que su intuición al
efecto de esclarecer la equidad de la suma indemnizatoria y cuando se expresa que
tratándose de un daño provocado en el espíritu del actor, no puede exigirse la
liquidación, ni las bases exactas sobre las cuales se fija la indemnización la que
queda librada al prudente arbitrio judicial.” Autos: Sosa, Rodolfo Jose C/ Arce, Elio
Sergio Y Otro S/ Daños Y Perjuicios – Nº Fallo: 05280066 – Tipo de fallo: Sentencia –
Mag. : MOYA, MOISES CABALLERO, HUMBERTO CUNEO DE GARCIA, CATALINA
CELIA – CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL COMERCIAL Y MINERIA – Trib.
Origen: Veno Juzgado Civil – Publicacion: Camara De Apelaciones En Lo Civil
Comercial Y – Fecha: 28/07/2005
b) En relación al daño derivado de la privación de uso, es de señalar que la misma
ha sido claramente acreditada en autos, conforme lo señalara en los apartados
precedentes. Cuando alguien adquiere un bien, es lógico y razonable que sea para
el uso para el cual se encuentra destinado, de manera inmediata tratándose de un
bien de las características del de autos.
La imposibilidad de hacerlo luego de unos pocos días de adquirido, es susceptible
de generar un perjuicio indemnizable entendiendo que la privación de uso del bien
constituye un menoscabo cuya configuración se presume “in re ipsa”, como
consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación de
la accionada, máxime teniendo en cuenta el tiempo transcurrido sin poder utilizar
el bien adquirido por la actora, sin que la accionada haya alegado ni probado
circunstancia alguna que obste a tal conclusión.-
Más allá de las declaraciones testimoniales que corroboran que la actora tiene
hijos en edad escolar, que incluso solicitaron a una de las testigos su propia
computadora para realizar alguna tarea -i. e.Fs. 59 testigoFLORES, resp. a la 11)-
considero que la sola invocación de la existencia de privación de uso,
razonablemente asentada en las circunstancias del caso, constituye per se, un daño
resarcible, no siendo necesario que el reclamante justifique el destino asignado a
aquél, dado que se presume, en principio, que el que lo tiene a su disposición lo
hace para cumplir una necesidad cuya razonabilidad no puede cuestionarse
«La presunción es un juicio lógico del legislador o del juez, en virtud del cual se
considera como cierto o probable un hecho (lo segundo es presunción judicial o de
hombre), con fundamento en las máximas generales de la experiencia, que le
indican cuál es el modo normal como se suceden las cosas y los hechos» -Devis
EchandíaDebiendo
mensurar prudencialmente este rubro, en base a las facultades
otorgadas al suscrito por el art. 157 del CPCC, establezco el mismo en la suma de $
13.000 a la fecha de este pronunciamiento.
c) Atento a lo arriba resuelto respecto a la condena a entregar un bien nuevo de
iguales o similares características al oportunamente adquirido, el planteo de
indemnización por desvalorización del bien adquirido no corresponde sea
considerado ni acogido.
VIII.- Sigo a los fines de la imposición de costas en cabeza de la demandada
vencida, el criterio objetivo de la derrota (arts. 62, CPCC). Excepcionando la regla
del art. 65 del CPCC en lo relativo al vencimiento parcial y mutuo, en razón del
derecho judicial sentado e/a Balda v. Perez por la Cámara de Apelaciones del fuero
(Sentencia de fecha 04.06.2009 Expte. 14833/08 r.C.A.).
Corresponde finalmente regular los emolumentos de los abogados actuantes,
dejando constancia que lo haré en suma fija, teniendo en cuenta como parámetros
de graduación respectivo, dentro de los rangos porcentuales legales, las pautas que
brinda la norma contenida en el art. 6 de la ley de aranceles, y los mínimos de uso
habitual forense.
En razón de lo expuesto, motivación, normas jurídicas preindicadas, derecho
judicial citado y principios esenciales del derecho
1º) Hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por J. A.E. contra FRAVEGA
S.A.C.I. e I., condenando a esta última a que en el plazo de diez días de quedar
firme la presente, haga entrega a la actora de una computadora nueva de iguales o
similares características a la oportunamente adquirida, con más la suma de $
28.000 en concepto de daños y perjuicios, conforme lo establecido en los
considerandos. La entrega del bien referido se ordena bajo apercibimiento de
imposición de astreintes. Asimismo, en defecto de pago de la suma de condena, la
misma generará intereses a tasa mix desde el vencimiento del plazo acordado y
hasta su efectivo pago.
2°) Imponer las costas a la demandada vencida -art. 62 CPCC-, excepcionando en
su caso la regla del art. 65 del ritual por las razones y el derecho judicial indicados.
3°) Regular los honorarios de los Dres. Horacio A. TANUS MAFUD (patrocinante de
la actora), en la suma de $10.500; los de los Dres. Jorge Martín LORDA y Romina
PACCI (apoderado y patrocinante respectivamente de la demadandada)
conjuntamente en la suma de $ 7.500, en todos los casos más IVA de así
corresponder al tiempo de la percepción.
REGISTRESE y NOTIFIQUESE por Secretaría.
Esteban Pablo FORASTIERI Abel Arnaldo ARGÜELLO
Secretario Juez Sustituto
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Eliana Georgef dice 2 años hace
Hola! Ayer mi mamá se compro un celular en las oficinas de personal de Resistencia. Hoy lo encendió y como no funcionaba fue a la empresa donde le dijeron q puso mal el chip y no se hacían cargo. Al volver a casa, de la nada, empezó a salir humo y chispas del teléfono, ella lo dejo caer al piso y obviamente se rompió.
Por lo que quisiera saber si tengo algún derecho a reclamar que nos den un Tel nuevo o al dejarlo caer al piso (Por más que le pudiera producir algún tipo de quemadura en sus manos) perdió toda oportunidad de reclamo.
Desde ya les agradezco la ayuda que puedan brindarme
Hola. Llevé una tv a arreglar y no pude ir a buscarla y el local cerró. ¿Qué pasos debo seguir? Traté de contactarme y no me respondieron. Gracias
Hola! Compré un eReader en un local y tiene una falla de fábrica que es común a los aparatos según se puede verificar en internet, por lo que tengo que cambiarlo. El problema es que tengo solo la factura y no la garantía ¿Deberían cambiármelo igual?
Sí, abzo
Hola, tengo una duda, si al remover o encontrarse dañada la faja de seguridad (o sticker) en un equipo electronico ¿verdaderamente pierde la garantia ante el fabricante? o este debe afrontar la reparacion de todas formas sin incluir cargos extras al consumidor.
Hola! Quería saber en el caso de que el artefacto sea reemplazado por mal funcionamiento por uno nuevo en el término de validez de la garantía, el nuevo artefacto debe tener nueva garantía o queda sujeto al plazo de garantía del artefacto original?? Gracias!
Hola!El lapso durante el cual el consumidor estuvo privado del uso del producto -por cualquier causa relacionada con su reparación debe computarse como prolongación del plazo de garantía legal. Saludos!

References: resolución 
 artículo 155
 artículo 42
 artículo 11
 artículo
2
 artículo 17
 artículo 17
in fine