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Timestamp: 2020-07-11 09:01:37+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 347/19 de Corte Constitucional, 31 de Julio de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 828087893
REVISION OFICIOSA DE LA LEY 1898 DE 2018 RevisiÃ³n oficiosa de la Ley 1898 de 2018, por medio de la cual se aprueba el primer protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza pacÃ­fico, firmado en Paracas, Ica, RepÃºblica del PerÃº, el 3 de julio de 2015 y el segundo protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marzo de la alianza del pacÃ­fico, firmado en Puerto Varas, RepÃºblica de Chile, el 1 de julio de 2016. La Corte determinÃ³ que los dos protocolos examinados, modificatorios del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza pacÃ­fico, los cuales buscan profundizar en la integraciÃ³n econÃ³mica de los paÃ­ses miembros, se ajustan a los postulados de la ConstituciÃ³n. Con base en la anterior consideraciÃ³n, la Sala declarÃ³ la EXEQUIBILIDAD de los instrumentos internacionales revisados y de su Ley aprobatoria. Recibo Relatoria:
IV. CONCEPTO DEL PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Sentencia C-347/19
Referencia: Expediente LAT-452
Revisión oficiosa de la Ley 1898 de 2018 “Por medio de la cual se aprueba el primer protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza pacífico, firmado en Paracas, Ica, República del Perú, el 3 de julio de 2015 y el segundo protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza del pacífico, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 01 de julio de 2016”.
Bogotá D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019).
En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió copia auténtica del Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico, firmado en Paracas, Ica, República del Perú, el 3 de julio de 2015 y el Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 01 de julio de 2016” y la Ley aprobatoria número 1898 de 2018.
En desarrollo de dicho mandato superior, el despacho de la magistrada sustanciadora, mediante providencia del 6 de julio de 2018, dispuso: i) avocar el conocimiento de los protocolos adicionales y la ley aprobatoria; ii) decretar la práctica de algunas pruebas; iii) comunicar la iniciación del asunto al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Superintendencia de Industria y Comercio, al Departamento Nacional de Planeación, a la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia – DIAN-, a la Asociación Nacional de Comercio Exterior- ANALDEX-, al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA-, a la Cámara de Comercio de Bogotá, a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, a las Facultades de Derecho de la Universidad del Rosario, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Sergio Arboleda, de la Universidad Nacional de Colombia y a la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
Cumplido el trámite propio de este asunto, previo concepto del Ministerio Público, la Corte Constitucional procede a proferir la decisión que corresponda.
Por medio de la cual se aprueba el “Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional República de Chile al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Puerto Varas, el 1o de julio de 2016.
Visto el texto por medio de la cual se aprueba el “Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y del “Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1o de julio de 2016.
Han acordado modificar el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (en lo sucesivo, denominado “Protocolo Adicional”), suscrito en Cartagena de Indias, D.T. y C., República de Colombia, el 10 de febrero del 2014 en los siguientes términos:
Incorporar el Anexo 7.11 Cosméticos (Eliminación de Obstáculos Técnicos al Comercio de Productos Cosméticos) al Capítulo 7 (Obstáculos Técnicos al Comercio) del Protocolo Adicional, cuyo texto se adjunta al presente Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (en lo sucesivo, denominado “P.M.”) como Anexo 1, y forma parte integrante del Protocolo Adicional.
Se enmiendan los siguientes Artículos:
Las modificaciones a las que se refiere este Artículo se incorporan al Capítulo 13 (Comercio Electrónico) del Protocolo Adicional, el cual se adjunta al presente P.M. como Anexo 2, y forma parte integrante del Protocolo Adicional.
Las modificaciones a las que se refiere este Artículo se incorporan al Capítulo 14 (Telecomunicaciones) del Protocolo Adicional, el cual se adjunta al presente P.M. como Anexo 3, y forma parte integrante del Protocolo Adicional.
Incorporar el Capítulo 15 bis (Mejora Regulatoria), cuyo texto se adjunta al presente P.M. como Anexo 4, y forma parte integrante del Protocolo Adicional.
Modificación al Anexo 16.2 (Comités, S. y Grupos de Trabajo) Incorporar al párrafo 1 del Anexo 16.2 (Comités, S. y Grupos de Trabajo) del Protocolo Adicional, el siguiente subpárrafo:
El presente P.M. y sus Anexos entrarán en vigor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19.4 (Enmiendas) del Protocolo Adicional.
Suscrito en Paracas, Ica, República del Perú, el 3 de julio del 2015, en un ejemplar en original, en idioma castellano, que quedará bajo custodia del Depositario, el cual proporcionará a cada Parte copias debidamente autenticadas del presente P.M..
El primer protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza pacífico fue aprobado por la Ley 1898 de 2018.
Las Partes adoptarán o fortalecerán un modelo basado en la vigilancia en el mercado de los productos cosméticos, de conformidad con las buenas prácticas regulatorias internacionales e incluirá, entre otros, la eliminación de la autorización sanitaria previa o su sustitución por un esquema de notificación automática, con requisitos mínimos indispensables para garantizar la seguridad sanitaria de dichos productos, de manera que no representen un obstáculo técnico innecesario al comercio.
Las Partes eliminarán el Certificado de Libre Venta.[1]
Las Partes tomarán como referencia en sus sistemas de revisión, los listados de ingredientes reconocidos y/o prohibidos en la Unión Europea y en los Estados Unidos de América.
Asimismo, las Partes adoptarán mecanismos expeditos para incluir, prohibir o restringir ingredientes en sus listados, incluyendo los ingredientes autóctonos.
Las Partes armonizarán, con base en normas internacionales, sus requisitos de etiquetado para productos cosméticos, con el objetivo de contar con un etiquetado único que contenga los requisitos mínimos para la protección al consumidor.
Las Partes incluirán la fórmula cualitativa completa en los rótulos de los productos cosméticos, con excepción de productos pequeños en los que no sea posible su inclusión.
Ninguna Parte requerirá el número de registro sanitario o el número de notificación sanitaria en los rótulos de los productos cosméticos. Para Chile y Perú, esta obligación se limitará a considerar la eliminación del número de registro sanitario o el número de notificación sanitaria en los rótulos, en un plazo que no excederá los 3 años a partir de la entrada en vigor del Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Chile y Perú reportarán al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio el estado de sus avances a solicitud de cualquiera de las Partes.
Las Partes armonizarán los requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura, así como su aplicación, con base en normas internacionales.
Productos digitales significa programas de cómputo, texto, video, imágenes, grabaciones de sonido y otros productos que estén codificados digitalmente, que son producidos para la venta o distribución comercial, y que pueden ser transmitidos electrónicamente.[2]
1 El presente Capítulo aplica a las medidas que afectan las transacciones electrónicas de mercancías y servicios, incluidos los productos digitales, sin perjuicio de las disposiciones sobre servicios e inversiones que sean aplicables en virtud del presente Protocolo Adicional.
El presente Capítulo no se aplica a:
Las Partes reconocen el crecimiento económico y las oportunidades proporcionadas por el comercio electrónico.
Considerando el potencial del comercio electrónico como un instrumento de desarrollo social y económico, las Partes reconocen la importancia de:
Cada Parte procurará adoptar medidas para facilitar el comercio realizado por medios electrónicos abordando las cuestiones pertinentes al entorno electrónico.
Las Partes reconocen la importancia de evitar barreras innecesarias para el comercio realizado por medios electrónicos. Teniendo en cuenta sus objetivos de política nacional, cada Parte procurará evitar medidas que:
Para mayor certeza, el presente Capítulo no impide que una Parte imponga impuestos internos u otras cargas internas sobre productos digitales transmitidos electrónicamente, siempre que dichos impuestos o cargas no se impongan de una manera que sea incompatible con el presente Protocolo Adicional.
Ninguna Parte otorgará un trato menos favorable a los productos digitales creados, producidos, publicados, contratados, comisionados o puestos a disposición por primera vez en condiciones comerciales en el territorio de otra Parte o de un país no Parte, o a los productos digitales cuyo autor, intérprete, productor, gestor o propietario es una persona de otra Parte o de un país no Parte, que el que otorga a otros productos digitales similares.
Para mayor certeza, este Artículo no aplica a los subsidios o donaciones otorgados por una Parte, incluyendo los préstamos, garantías y seguros que cuenten con apoyo gubernamental.
Las Partes reconocen la importancia de mantener y adoptar medidas transparentes y efectivas para proteger a los consumidores de prácticas comerciales fraudulentas y engañosas en el comercio electrónico.
Para los propósitos del párrafo 1, las Partes deberán intercambiar información y experiencias sobre los sistemas nacionales relativas a la protección de los consumidores que participan en el comercio electrónico.
Las Partes evaluarán mecanismos alternativos de solución de controversias transfronterizas que se desarrollen a través de medios electrónicos y relativos a la protección del consumidor en las transacciones electrónicas transfronterizas.
Asimismo, las Partes se comprometen a:
(b) intercambiar información sobre proveedores que hayan sido sancionados por infracción a los derechos de los consumidores en el comercio electrónico, tales como, prácticas comerciales fraudulentas y engañosas;[3]
Cada Parte evaluará la adopción de políticas que incentiven a los proveedores que realicen su actividad mediante el comercio electrónico, a cumplir las normas de protección del consumidor en el territorio de la Parte en que se encuentre el consumidor.
Cada Parte se esforzará por poner a disposición del público en forma electrónica todos los documentos de administración del comercio.
Cada Parte se esforzará por aceptar los documentos de administración del comercio presentados electrónicamente de acuerdo a su legislación, como el equivalente legal de la versión en papel de dichos documentos.
Las Partes deberán adoptar o mantener leyes, regulaciones o medidas administrativas para la protección de la información personal de los usuarios que participen en el comercio electrónico. Las Partes tomaran en consideración los estándares internacionales que existen en esta materia.
Las Partes deberán intercambiar información y experiencias en cuanto a su legislación de protección de la información personal.
Ninguna Parte podrá adoptar o mantener legislación sobre autenticación electrónica, que impida a las partes de una transacción realizada por medios electrónicos, tener la oportunidad de probar ante las instancias judiciales o administrativas correspondientes, que dicha transacción electrónica cumple los requerimientos de autenticación establecidos por su legislación.
Las Partes establecerán mecanismos y criterios de homologación que fomenten la interoperabilidad de la autenticación electrónica entre ellas de acuerdo a estándares internacionales. Con este propósito, podrán considerar el reconocimiento de certificados de firma electrónica avanzada o digital según corresponda, emitidos por prestadores de servicios de certificación, que operen en el territorio de cualquier Parte de acuerdo con el procedimiento que determine su legislación, con el fin de resguardar los estándares de seguridad e integridad.
Las Partes reconocen que pueden tener sus propios requisitos regulatorios para la transferencia de información por medios electrónicos.
Cada Parte permitirá la transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos, incluyendo la transferencia de información personal, para el ejercicio de la actividad de negocios de una persona cubierta.
Ninguna disposición del presente Artículo impedirá a una Parte adoptar o mantener medidas incompatibles con el párrafo 2 para alcanzar un objetivo legítimo de política pública, siempre que dichas medidas no se apliquen en forma que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable, o una restricción encubierta al comercio.
Ninguna Parte podrá exigir a una persona cubierta usar o localizar instalaciones informáticas en el territorio de esa Parte, como condición para el ejercicio de su actividad de negocios.[4]
Ninguna disposición del presente Artículo impedirá a una Parte adoptar o mantener medidas incompatibles con el párrafo 1 para alcanzar un objetivo legítimo de política pública, siempre que dichas medidas no se apliquen en forma que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable, o una restricción encubierta al comercio.
P. numérica significa la facultad de los usuarios finales de servicios públicos de telecomunicaciones de mantener, en la misma zona geográfica,[5] los mismos números de teléfono, sin menoscabar la calidad y confiabilidad cuando cambie a un proveedor similar de servicios públicos de telecomunicaciones;
El presente Capítulo no se aplica a medidas relacionadas con la radiodifusión y la distribución por cable de programación de radio o televisión, salvo para garantizar que las empresas que proveen dichos servicios tengan acceso y uso continuo a las redes y a los servicios públicos de telecomunicaciones de conformidad con el Artículo 14.3.
Ninguna disposición del presente Capítulo se interpretará en el sentido de:
Artículo 14.3: Acceso y Uso de Redes y Servicios Públicos de Telecomunicaciones[6]
Cada Parte garantizará que las empresas de las otras Partes tengan acceso a, y puedan hacer uso de cualquier servicio público de telecomunicaciones ofrecido en su territorio o de manera transfronteriza, en términos y condiciones razonables y no discriminatorias. Esta obligación deberá ser aplicada, incluyendo, entre otros, lo especificado en los párrafos 2 al 6.
Cada Parte garantizará que a dichas empresas se les permita:
Cada Parte garantizará que las empresas de las otras Partes puedan usar las redes y servicios públicos de telecomunicaciones para transmitir información en su territorio o a través de sus fronteras y para tener acceso a la información contenida en bases de datos o almacenada de forma que sea legible por una máquina en el territorio de cualquiera de las Partes.
No obstante lo dispuesto en el párrafo 3, una Parte podrá tomar medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los mensajes, o para proteger la privacidad de los datos personales de los usuarios finales, siempre que tales medidas no se apliquen de tal manera que pudieran constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable, o una restricción encubierta al comercio de servicios.
Cada Parte garantizará que no se impongan condiciones al acceso a y uso de las redes y los servicios públicos de telecomunicaciones distintas a las necesarias para:
Siempre que se cumpla con los criterios establecidos en el párrafo 5, las condiciones para el acceso a y uso de las redes y servicios públicos de telecomunicaciones podrán incluir:
Cada Parte procurará adoptar las medidas necesarias para que las empresas de telecomunicaciones transmitan, sin costo para los usuarios, los mensajes de alerta que defina su autoridad competente en situaciones de emergencia.[7]
Cada Parte alentará a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a proteger sus redes ante fallas graves producidas por situaciones de emergencia, con el objeto de asegurar el acceso de la ciudadanía a los servicios de telecomunicaciones en dichas situaciones.
Las Partes procurarán gestionar, de manera conjunta y coordinada, acciones en materia de telecomunicaciones ante situaciones de emergencia.
Cada Parte evaluará la adopción de medidas necesarias para que los proveedores de servicios de telefonía móvil otorguen la posibilidad de realizar llamadas a los números de emergencia gratuitos de esa Parte a los usuarios de roaming internacional de las otras Partes, de acuerdo con su cobertura nacional.
Cada Parte garantizará que los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones en su territorio suministren, directa o indirectamente, interconexión a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de las otras Partes.
Cada Parte otorgará a su organismo regulador de telecomunicaciones la facultad para requerir interconexión a tarifas orientadas a costo.
Al llevar a cabo lo dispuesto en el párrafo 1, cada Parte garantizará que los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones en su territorio tomen acciones razonables para proteger la confidencialidad de la información comercialmente sensible de, o relacionada con, proveedores y usuarios finales de servicios públicos de telecomunicaciones, y que solamente usen tal información para proveer esos servicios.
Artículo 14.5: P. Numérica
Cada Parte garantizará que los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones en su territorio, proporcionen portabilidad numérica,[8][9] de manera oportuna, y en términos y condiciones razonables y no discriminatorias.
Cada Parte establecerá procedimientos que permitan a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones, establecidos en su territorio, intercambiar y bloquear en sus redes los códigos IMEI (International Mobile Equipment Identity) de los equipos terminales móviles reportados en el territorio de otra Parte como hurtados, robados o extraviados.
Los procedimientos señalados en el párrafo 1 deberán incluir la utilización de las bases de datos que las Partes acuerden para tal efecto.
(b) adoptar o mantener medidas para que los proyectos de obras públicas[10] contemplen mecanismos que faciliten el despliegue de redes de fibra óptica u otras redes de telecomunicaciones;
Cada Parte adoptará o mantendrá medidas para asegurar el cumplimiento de la neutralidad de la red.[11]
Cada Parte mantendrá medidas adecuadas con el objeto de impedir que los proveedores que, en forma individual o conjunta, sean proveedores importantes en su territorio, empleen o sigan empleando prácticas anticompetitivas.
Las prácticas anticompetitivas referidas en el párrafo 1 incluyen en particular:
Cada Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio suministren interconexión a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de las otras Partes:
Cada Parte garantizará que los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de las otras Partes, puedan interconectar sus instalaciones y equipos con los de los proveedores importantes en su territorio, de acuerdo con al menos una de las siguientes opciones:
Cada Parte pondrá a disposición del público los procedimientos aplicables para las negociaciones de interconexión con los proveedores importantes de su territorio.
Cada Parte proporcionará los medios para que los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de las otras Partes puedan obtener las tarifas, términos y condiciones necesarios para la interconexión ofrecida por un proveedor importante. Tales medios incluyen, como mínimo, asegurar:
(a) ofrezcan para reventa, a tarifas razonables,[12] a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de las otras Partes, servicios públicos de telecomunicaciones que tales proveedores dominantes suministren al por menor a los usuarios finales, y
(b) no impongan condiciones o limitaciones discriminatorias o injustificadas en la reventa de tales servicios.[13]
Cada Parte otorgará a su organismo regulador de telecomunicaciones, la facultad de exigir que los proveedores importantes en su territorio suministren a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de las otras Partes, acceso a los elementos de la red de manera desagregada en términos, condiciones y tarifas orientadas a costo que sean razonables, no discriminatorias y transparentes.
Cada Parte podrá determinar los elementos de red que se requiera estén disponibles en su territorio y los proveedores que pueden obtener tales elementos, de conformidad con sus leyes y regulaciones.
Cada Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio suministren a empresas de las otras Partes circuitos arrendados, que son servicios públicos de telecomunicaciones, en términos, condiciones y tarifas que sean razonables y no discriminatorias.
Para cumplir con el párrafo 1, cada Parte otorgará a su organismo regulador de telecomunicaciones la facultad de exigir a los proveedores importantes en su territorio, ofrecer a las empresas de las otras Partes circuitos arrendados, a precios basados en capacidad y orientados a costo.
Cada Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio suministren a los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones de las otras Partes, la co-ubicación física de los equipos necesarios para interconectarse o acceder a los elementos de red desagregados, en términos, condiciones y tarifas orientadas a costo, que sean razonables, no discriminatorias y basadas en una oferta generalmente disponible.
Cuando la co-ubicación física no sea practicable por razones técnicas o debido a limitaciones de espacio, cada Parte garantizará que los proveedores importantes en su territorio proporcionen una solución alternativa, como facilitar la co-ubicación virtual, en términos, condiciones y tarifas orientadas a costo, que sean razonables, no discriminatorias y basadas en una oferta generalmente disponible.
Cada parte podrá determinar, de acuerdo a sus leyes y regulaciones, las instalaciones sujetas a los párrafos 1 y 2.
Artículo 14.14: Acceso a P., D., Conductos y Derechos de Paso[14],[15]
Cada Parte garantizará que su organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente y esté separado de todo proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones y no sea responsable ante ninguno de ellos. Para este fin, cada Parte garantizará que su organismo regulador de telecomunicaciones no tenga intereses financieros ni funciones operativas en cualquier proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones.
Cada Parte garantizará que las decisiones y procedimientos de su organismo regulador de telecomunicaciones sean imparciales con respecto a todos los participantes del mercado. Para este fin, cada Parte garantizará que cualquier interés financiero que ésta tenga en un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones, no influencie las decisiones y procedimientos de su organismo regulador de telecomunicaciones.
Ninguna Parte otorgará a un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones un trato más favorable que aquél otorgado a un proveedor similar de las otras Partes, justificando que el proveedor que recibe el trato más favorable es de propiedad total o parcial del gobierno nacional de cualquiera de las Partes.
Cuando una Parte exija una autorización a un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones, ésta pondrá a disposición del público:
Cada Parte garantizará que, previa solicitud, un solicitante reciba las razones por las que se le deniega una autorización.
Cada Parte administrará sus procedimientos para la atribución, asignación y uso de recursos escasos de telecomunicaciones incluyendo frecuencias, números y los derechos de paso de una manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria, salvo aquellos relacionados con usos gubernamentales.
Cada Parte pondrá a disposición del público el estado actual de las bandas de frecuencias atribuidas pero no estará obligada a proporcionar la identificación detallada de las frecuencias atribuidas para usos gubernamentales específicos.
Las medidas de una Parte relativas a la atribución y asignación del espectro y a la administración de las frecuencias, no constituyen per se medidas incompatibles con el Artículo 9.6 (Acceso a los Mercados), el cual se aplica al comercio transfronterizo de servicios y al Capítulo 10 conforme a lo dispuesto en el Artículo 9.2 (Ámbito de Aplicación). En consecuencia, cada Parte conserva el derecho de establecer y aplicar sus políticas de administración del espectro y de las frecuencias, que puedan tener como efecto limitar el número de proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones, siempre que se haga de una manera que sea consistente con el presente Protocolo Adicional. Cada Parte también conserva el derecho de atribuir y asignar las bandas de frecuencia tomando en cuenta las necesidades presentes y futuras y la disponibilidad del espectro.
Cuando se atribuya el espectro para servicios de telecomunicaciones no gubernamentales, cada Parte procurará basarse en un proceso público de comentarios, abierto y transparente, que considere el interés público. Cada Parte procurará basarse, en general, en enfoques de mercado en la asignación del espectro para servicios de telecomunicaciones terrestres no gubernamentales.
Artículo 14.19 Calidad de Servicio
Cada Parte establecerá medidas para regular, monitorear y vigilar la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones con los indicadores, parámetros y procedimientos que al efecto establezca su organismo regulador de telecomunicaciones.
(b) su organismo regulador de telecomunicaciones, publiquen los indicadores de calidad de servicio provisto a los usuarios finales de servicios públicos de telecomunicaciones.
Cada Parte facilitará, a solicitud de otra Parte, la metodología utilizada para el cálculo o medición de los indicadores de calidad del servicio, así como las metas que se hubieran definido para su cumplimiento, de conformidad con su legislación.
Las Partes procurarán cooperar en la promoción de tarifas transparentes y razonables para los servicios móviles de roaming internacional.
Cada Parte deberá adoptar o mantener medidas para:
En cumplimiento de lo establecido en el párrafo 2 (a), cada Parte asegurará que:
Las Partes evaluarán la adopción de acciones conjuntas tendientes a la reducción de tarifas de roaming internacional entre las Partes.
Las Partes evaluarán conjuntamente la posibilidad de establecer mecanismos para regular el servicio de roaming internacional mayorista ofrecidos entre las Partes para los servicios de voz, datos y mensajería.
(c) toda empresa que sea perjudicada o cuyos intereses sean afectados adversamente por una resolución o decisión del organismo regulador de telecomunicaciones de una Parte, pueda pedir a dicho organismo que reconsidere[16],[17] tal resolución o decisión. Ninguna Parte permitirá que tal petición sea fundamento para el no cumplimiento de la resolución o decisión del organismo regulador de telecomunicaciones, a menos que una autoridad competente suspenda tal resolución o decisión[18]. Una Parte puede limitar las circunstancias en las que la reconsideración está disponible, de conformidad con sus leyes y regulaciones;
Para efectos del presente Anexo:
Para los efectos del presente Capítulo, mejora regulatoria se refiere a la utilización de buenas prácticas regulatorias internacionales en el proceso de planificación, elaboración, promulgación, implementación y revisión de las medidas regulatorias a fin de facilitar el logro de objetivos de política pública nacional, y a los esfuerzos de los gobiernos para mejorar la cooperación regulatoria con el propósito de lograr dichos objetivos, así como para promover el comercio internacional, la inversión, el crecimiento económico y el empleo.
Las Partes afirman la importancia de:
Cada Parte deberá, a más tardar tres años después de la entrada en vigor del Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (en lo sucesivo denominado “Primer P.M.”), determinar y poner a disposición del público las medidas regulatorias cubiertas a las que les aplicarán las disposiciones de este Capítulo, de conformidad con su legislación. En dicha determinación, cada Parte considerará alcanzar una cobertura significativa.
Las Partes reconocen que la mejora regulatoria puede fomentarse a través del establecimiento de mecanismos internos que faciliten la coordinación interinstitucional asociada a los procesos para la elaboración y revisión de las medidas regulatorias cubiertas. En consecuencia, cada Parte procurará garantizar la existencia de mecanismos o procesos que faciliten una efectiva coordinación interinstitucional y la revisión de proyectos o propuestas de medidas regulatorias cubiertas. Para tal fin, cada Parte procurará considerar el establecimiento y mantenimiento de un órgano o mecanismo de coordinación a nivel nacional o central.
Las Partes reconocen que si bien los mecanismos o procesos a los que se refiere el párrafo 1 pueden variar en función de sus respectivas circunstancias, incluyendo las diferencias en los niveles de desarrollo y en las estructuras políticas e institucionales, estos deberían, por lo general, constar en documentos que incluyan una descripción de éstos y que puedan ser puestos a disposición del público. Estos mecanismos o procesos deberían tener características tales como la capacidad de:
Cada Parte debería alentar a sus autoridades regulatorias competentes para que, de acuerdo con su legislación, lleven a cabo evaluaciones de impacto regulatorio cuando se elaboren proyectos o propuestas de medidas regulatorias cubiertas que superen el umbral de impacto económico o, cuando sea apropiado, otro criterio establecido por esa Parte, para asistirles en el diseño de medidas regulatorias que cumplan de la mejor manera con el objetivo perseguido por esa Parte. Las evaluaciones de impacto regulatorio podrán comprender una variedad de procedimientos para determinar los impactos posibles.
Reconociendo que las diferencias en las circunstancias institucionales, sociales, culturales, jurídicas y de desarrollo de las Partes pueden resultar en enfoques regulatorios específicos, las evaluaciones de impacto regulatorio deberían, entre otros aspectos:
Cuando se realicen las evaluaciones de impacto regulatorio, las autoridades regulatorias podrán tener en cuenta el posible impacto de la propuesta regulatoria en las micro, pequeñas y medianas empresas.
Cada Parte debería alentar a sus autoridades regulatorias competentes, cuando elaboren medidas regulatorias cubiertas, a que consideren las medidas regulatorias de las otras Partes, así como los desarrollos relevantes en foros regionales, internacionales y otros, en la medida que sea apropiado y conforme a su legislación.
Cada Parte procurará que las nuevas medidas regulatorias cubiertas estén claramente escritas, sean concisas, organizadas y fáciles de entender, reconociendo que algunas medidas involucran asuntos técnicos, respecto de los cuales se podría requerir conocimiento especializado para entenderlos y aplicarlos.
Cada Parte procurará garantizar que sus autoridades regulatorias competentes, conforme a su legislación, faciliten el acceso público a la información sobre las nuevas medidas regulatorias cubiertas y, cuando sea posible, hagan que esa información esté disponible en una página de Internet.
Cada Parte procurará revisar sus medidas regulatorias cubiertas, con la periodicidad que considere apropiada, a fin de determinar si éstas deben ser modificadas, ampliadas, simplificadas o derogadas, con el objeto de lograr que el régimen regulatorio de dicha Parte sea más efectivo en la consecución de sus objetivos de política pública.
Cada Parte debería publicar anualmente un aviso, de la manera que considere apropiado y conforme a su legislación, sobre cualquier medida regulatoria cubierta que prevea que sus autoridades regulatorias puedan emitir o modificar durante los 12 meses siguientes.
Las Partes establecen un Comité de Mejora Regulatoria (en lo sucesivo, denominado el “Comité”), el cual estará integrado por representantes de las Partes.
El Comité se reunirá dentro del primer año de la entrada en vigor del Primer P.M. y, posteriormente, cuando las Partes lo consideren necesario. Las reuniones del Comité podrán llevarse a cabo de manera presencial o a través de cualquier medio tecnológico que las Partes acuerden. El Comité podrá llevar a cabo su trabajo a través de cualquier medio acordado por las Partes, incluyendo reuniones en el margen de otros foros regionales o internacionales.
El Comité deberá considerar los temas relativos a la implementación del presente Capítulo, También considerará la identificación de futuras prioridades, incluyendo posibles iniciativas sectoriales y actividades de cooperación, que involucren temas relativos a este Capítulo y a asuntos relacionados con la mejora regulatoria cubiertos por otros Capítulos del presente Protocolo Adicional.
El Comité evaluará la pertinencia de incorporar trabajos futuros respecto de prácticas y herramientas adicionales en materia de mejora regulatoria, tales como la capacitación en habilidades de reforma regulatoria; la transparencia y acceso a las regulaciones; los procesos de consulta pública formales; los sistemas electrónicos para facilitar la interacción de las autoridades regulatorias con los emprendedores, empresarios y público en general; la racionalización del inventario regulatorio y la medición de cargas administrativas, entre otras que considere relevantes.
En el proceso de identificación de futuras prioridades, el Comité deberá tener en cuenta las actividades de otros comités y demás órganos establecidos en el Protocolo Adicional y deberá coordinarse con ellos a fin de evitar la duplicación de actividades.
El Comité se asegurará de que el trabajo que desempeñe en materia de cooperación regulatoria ofrezca un valor adicional a las iniciativas en curso en otros foros relevantes, a fin de evitar afectar o duplicar tales esfuerzos.
Al menos una vez cada tres años después de la fecha de entrada en vigor del Primer P.M., el Comité deberá considerar los acontecimientos en las áreas de buenas prácticas regulatorias internacionales, así como las experiencias de las Partes en la aplicación de este Capítulo, con el fin de considerar la posibilidad de formular recomendaciones a la Comisión de Libre Comercio para la mejora de las disposiciones del presente Capítulo, y de potenciar los beneficios del presente Protocolo Adicional.
Cada Parte notificará a las otras Partes, a la entrada en vigor del Primer P.M., un punto de contacto. Dicho punto de contacto deberá proporcionar información relativa a la implementación de este Capítulo, a petición de otra Parte.
Las Partes cooperarán a fin de implementar adecuadamente el presente Capítulo y maximizar los beneficios derivados del mismo. Las actividades de cooperación deberán tomar en cuenta las necesidades de cada Parte, y podrán incluir:
Las Partes reconocen que la cooperación entre ellas, en materia regulatoria, podrá ser mejorada, entre otras, mediante el aseguramiento de que las medidas regulatorias de cada Parte estén disponibles de manera centralizada.
Para efectos de transparencia, y para que sirva como base para la cooperación y las actividades enfocadas en la creación de capacidades, cada Parte deberá notificar un informe de implementación del presente Capítulo al Comité dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigor del Primer P.M. y, en lo sucesivo, al menos una vez cada tres años. Para tal fin, cada Parte distribuirá a las otras Partes dicho informe, a través de los puntos de contacto designados de conformidad con el Artículo 15 bis.6.9. Dicho informe podrá ser revisado por el Comité en su reunión más próxima.
En su primer informe, cada Parte deberá describir las acciones que ha tomado desde la fecha de entrada en vigor del Primer P.M. y aquéllas que planea tomar para implementar el presente Capítulo, incluyendo aquellas para:
En sus informes sucesivos, cada Parte deberá describir las acciones que ha tomado desde el informe anterior y las que planea adoptar para la implementación del presente C..
Al considerar las cuestiones relacionadas con la implementación del presente Capítulo, de conformidad con el Artículo 15 bis. 6.4, el Comité podrá efectuar la revisión de los informes de implementación. Durante esta revisión, las Partes podrán dialogar o formular preguntas sobre aspectos específicos del informe de cualquiera de las Partes. Asimismo, el Comité con base en dicha revisión podrá identificar oportunidades de asistencia o actividades de cooperación.
Han acordado modificar el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Cartagena de Indias, D.T. Y c., República de Colombia, el de febrero de 2014 en los siguientes términos:
Modificación del Artículo 16.2. (Funciones de la Comisión de Libre Comercio) Incorporar al subpárrafo 2(a) del Artículo 16.2 (Funciones de la Comisión de Libre Comercio), el siguiente subpárrafo:
(v) aprobar los anexos de implementación referidos en el Artículo 7.11 (Anexos de Implementación). "
El presente P.M. entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19.4 (Enmiendas) del Protocolo Adicional.
Suscrito en Puerto Varas, Chile, el 1 de julio del 2016, en un ejemplar original, en idioma castellano, que quedará bajo custodia del Depositario, el cual proporcionará a cada Parte copias debidamente autenticadas del presente P.M..
El Ministerio de Relaciones exteriores mediante escrito de intervención solicita se declare la exequibilidad de la Ley 1898 de 2018 “Por medio de la cual se aprueba el primer protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza pacífico, firmado en Paracas, Ica, República del Perú, el 3 de julio de 2015 y el segundo protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza del pacífico, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 01 de julio de 2016”.
Manifiesta que en la revisión previa que hizo la Corte Constitucional del Acuerdo Marco y de la Ley 1721 de 2014 y del Protocolo Adicional aprobado mediante la Ley 1746 de 2014 (sentencias C-163 de 2015 y C-620 de 2015) la Corte ya había reconocido que las enmiendas que se estimaran necesarias debían surtir el tramite prescrito en el artículo 19.4 del tratado, bajo el entendido según el cual ese procedimiento se ajusta a los términos constitucionales.
Considera que en la práctica los Estados acuden a la celebración de protocolos mediante los cuales se modifican las cláusulas y el alcance de los acuerdos comerciales que han sido suscritos con anterioridad, con el objeto de profundizar la integración económica y social, así como estimular la expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios en sus territorios.
Sobre el particular reitera que tal como ha sido explicado en la jurisprudencia precedente, la naturaleza jurídica de un protocolo modificatorio en materia comercial corresponde a una reforma de un tratado de libre comercio que ya ha surtido la correspondiente revisión constitucional.
La Cancillería destaca que en virtud del Protocolo Adicional se establece el objetivo general de eliminar los obstáculos al comercio entre los países miembros de la alianza, generando un mayor dinamismo en los flujos de mercancías, servicios e inversión, promoviendo así servicios aduaneros eficientes, transparentes y previsibles para los importadores y exportadores adicionalmente se establecen reglas claras y de beneficio mutuo para atraer inversiones a las economías de sus Estados Parte.
Explica que el Primer P.M. del Protocolo Adicional al acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico consta de seis artículos y cuatro anexos: (i) eliminación de obstáculos técnicos al comercio de productos cosméticos, (ii) comercio electrónico, (iii) telecomunicaciones (iv) mejora regulatoria (v) comités, (vi) entrada en vigor). Mientras que el Segundo Protocolo modificatorio del tratado bajo estudio abarca: (i) las funciones de la Comisión de Libre Comercio (ii) entrada en vigor.
En relación con la entrada en vigor de los protocolos anota que la República de Chile comunicó el cumplimiento de los procedimientos internos y los Estados Unidos Mexicanos el depósito de los instrumentos de ratificación. Una vez la república de Colombia y la República del Perú depositen los respectivos instrumentos de ratificación, los Protocolos Modificatorios entraran en vigor según lo previsto en el artículo 6º del Primer Protocolo y el artículo 2º del segundo Protocolo.
Resalta que la importancia de la ratificación por parte del Estado colombiano profundiza el cumplimiento de los objetivos del Protocolo Adicional en las áreas de cooperación regulatoria, mejora regulatoria, comercio electrónico y las telecomunicaciones.
En relación con la constitucionalidad del trámite de los protocolos considera que se ha llevado a cabo de conformidad con lo previsto en el artículo 189, numeral 2º de la Constitución Política. Al respecto indica lo siguiente:
“Mejora regulatoria: la mejora regulatoria permite una mejor administración de la economía, la implementación de políticas y la corrección o estímulo de comportamientos de los miembros en una sociedad. Sobre esta materia, la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE- ha establecido que existe evidencia de que las economías con una mejor regulación se recuperan más rápido de situaciones de crisis y registran pérdidas acumulativas menores ante choques externos.
Cooperación regulatoria: en cuanto a este punto, se destacan medidas no arancelarias para competir con otras economías, representadas en medidas no arancelarias y de requisitos técnicos y de calidad, avanzando hacia la mejora de procesos enfocados a la transparencia y al incremento del comercio en sectores de interés común.
Para el caso de los productos cosméticos colombianos, se resalta que los Estados Miembros de la Alianza del Pacífico constituyen cerca del 44% del mercado de exportación de este tipo de productos. En ese sentido, en atención a que el Protocolo Adicional incluye un capítulo de obstáculos técnicos al comercio, OTC, resultaría conveniente armonizar los requisitos regulatorios en este y en diversos sectores para dinamizar el comercio intra- Alianza.
Comercio electrónico: según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el comercio electrónico viene creciendo en Colombia a una tasa superior al 40% anual. En este mismo sentido, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico ha estimado que, para el año 2021, la cantidad de dinero generado por el comercio en línea igualaría las transacciones en efectivo en el país.
En tal virtud, el Primer P.M. establece compromisos para garantizar la protección de los consumidores y facilitar las transacciones electrónicas, beneficiando a sectores con gran potencial en soluciones de tecnologías de la información, tales como BigData, computación en la nube y data centers, para los cuales se prevén incrementos anuales de participación en la economía colombiana en los próximos años.”
Manifestó la importancia de la ratificación por parte del Estado Colombiano de los protocolos modificatorios, aduciendo que la Alianza del Pacífico es un proceso dinámico de integración que tiene entre sus objetivos incrementar y facilitar el comercio, así como asegurar que las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación, no creen obstáculos técnicos innecesarios al comercio; estos protocolos modificatorios al Protocolo adicional profundizan dichos objetivos en las siguientes áreas: cooperación regulatoria, mejora regulatoria, comercio electrónico y telecomunicaciones.
Así mismo resaltó la relevancia de los dos protocolos para el desarrollo económico y comercial del país, pues advierte que estos establecen compromisos para garantizar la protección de los consumidores y facilitar las transacciones electrónicas, beneficiando a sectores con gran potencial en soluciones de tecnologías de la información, tales como el big data, computaciones en la nube y data centers, para los cuales prevén incrementos anuales de participación en la economía Colombiana en los próximos años.
J.M.R.A. en su calidad de Ministro de Comercio, Industria y Turismo, solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la ley 1898 de 2018, con fundamento en los siguientes argumentos:
Advirtió que la Ley 1898 de 2018, aprobatoria del Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco De La Alianza Del Pacífico y el Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, cumplió con las exigencias constitucionales formales para su aprobación. De igual manera, resaltó que el contenido material de la ley está ajustado a la Constitución y las obligaciones adquiridas por Colombia, en la medida de sus disposiciones contribuyen al desarrollo de los mandatos de la Constitución Política.
Refirió que el desarrollo de estos instrumentos estuvo precedido de una serie de mandatos presidenciales, en los cuales instruyó a los grupos técnicos a avanzar en disposiciones sobre cooperación regulatoria, normativa en materia de cosméticos que refleje los estándares internacionales y continuar con desarrollos en materia de telecomunicaciones y comercio electrónico.
Así mismo manifestó que estos instrumentos no resulta un asunto nuevo o incipiente en materia de relaciones económicas entre los países suscriptores del Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico, sino que por el contrario resulta ser un mecanismo para profundizar, ampliar y facilitar el comercio de bienes y servicios, entre otros, encaminado a remover barreras arancelarias y no arancelarias que todavía persisten, diversificar los destinos de exportación (desarrollo de una estrategia Asia-Pacífico) y preparar las economías de los estados parte para enfrentar y dar apertura respecto a los nuevos retos que plantea el comercio internacional.
Adujo que el objetivo principal de estos instrumentos es modernizar los acuerdos comerciales existentes entre los países de la Alianza del Pacífico, introduciendo algunos asuntos nuevos, bajo el principio de coexistencia de los acuerdos internacionales coexistentes. Anotó que si bien es cierto existen asimetrías en el grado de desarrollo económico de los países suscriptores, el protocolo adicional previó mecanismos de resolución para alcanzar grandes equilibrios entre las partes del acuerdo.
De igual manera resaltó la importancia de estos, y sostuvo que el sector de los cosméticos y aseo personal en Colombia tiene una gran trascendencia pues constituye una de las áreas en las cuales la producción nacional ha verificado gran crecimiento en su internacionalización, pasando de exportaciones por US$448 millones en 2008 a US$559 millones en 2018. En esa misma línea, según la Encuesta integrada de hogares del DANE, el sector empleó 52 mil personas en el 2016. En el año 2018 Colombia exportó USD$559 millones al mundo en productos cosméticos, verificándose que un 48% de tales exportaciones estuvieron dirigidas a los mercados de la Alianza del Pacífico (23% a Perú, 19% a México y 7% a Chile).
Finalizó su intervención reiterando que tanto el primer protocolo como el segundo están creados para facilitar el comercio y evitar que existan normas y obstáculos técnicos que dificulten el comercio de bienes. Finalmente solicita la exequibilidad del Protocolo Adicional y su ley aprobatoria.
En cuanto al examen formal de la Ley 1898 del 07 de junio de 2018, que aprueba el primer protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza pacífico, firmado en Paracas, Ica, República del Perú, el 3 de julio de 2015 y el segundo protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza del pacífico, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 01 de julio de 2016”, el Ministerio Público estima que se respetaron los parámetros constitucionales y reglamentarios pertinentes, toda vez que:
El proyecto de Ley fue publicado en la Gaceta del Congreso, previo al inicio del trámite legislativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley 5 de 1992 y 157, numeral 1, de la Constitución.
El proyecto de ley aprobatoria de tratado internacional inició su trámite en la Comisión Segunda del Senado de la República, por lo que se respetó la competencia temática determinada en el artículo 2º de la Ley 3 de 1992, y se dio cumplimiento al artículo 154 constitucional que señala el deber de que las leyes referentes a relaciones internacionales inicien su trámite en el Senado.
En todas las sesiones se respetó tanto el quórum deliberatorio como el decisorio, y la aprobación del proyecto se hizo según la mayoría requerida (artículos 145 y 146 de la Constitución Política, y 118 de la Ley 5ª de 1992).
El deber de anuncio previo, establecido en el artículo 160 de la Constitución Política, también se respetó. De esta forma, se cumplió con el requisito constitucional toda vez que: i) el proyecto fue discutido y votado en la sesión previamente anunciada, y ii) el anuncio se hizo en sesión distinta a la que se realizó la votación.
La aprobación del proyecto de ley se dio dentro del término de dos legislaturas, según lo previsto en el artículo 162 constitucional.
El Congreso de la República actúo dentro de sus competencias respecto de la aprobación de leyes que incorporan tratados internacionales al ordenamiento interno, puesto que no modificó el contenido del Acuerdo.
Luego de la aprobación por parte del órgano legislativo, el 7 de junio de 2018, el P. de la República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de exámen, convirtiéndose en la Ley 1898 de 2018 y la remitió a la Corte Constitucional, para lo de su competencia, el día 14 de junio de 2018, esto es, al quinto día siguiente a la sanción, de manera que se hizo la remisión dentro del término de seis (6) días señalados por el artículo 241, numeral 10 de la Constitución.
En relación con el contenido material del instrumento internacional el Ministerio Público indicó lo siguiente:
“Para el Ministerio Público el Primer P.M. del Protocolo Adicional del Acuerdo marco de la Alianza del Pacífico es respetuoso del ordenamiento constitucional, en tanto es un instrumento de aplicación del Acuerdo Marco. Adicionalmente, las disposiciones descritas son herramientas para la consecución de fines del Estado y de deberes constitucionales en materia de integración e internacionalización, así como en materia económica, social y política.
Pues bien, el acceso a bienes de calidad supone un desarrollo del artículo 78 de la Constitución, puesto que el control de calidad de los bienes, servicios y la correlativa obligación de proveer información sobre el impacto de los bienes en la seguridad y la salud. En el mismo sentido, la eliminación de barreras en el marco de la provisión de bienes y servicios en el comercio electrónico no solo se deriva de los mandatos de integración, como se dijo sino además supone una aplicación concreta de la libertad económica y la iniciativa privada (Art. 333 C.P.). Lo propio ocurre con la regulación de las telecomunicaciones, dado que la eliminación progresiva de barreras para el acceso a este tipo de servicios, tiene sustento en la prestación y regulación de los servicios públicos (Art. 365 C.P.), de cara a materializar el principio de universalidad y cumplir con los fines del Estado (Art. 2 C.P.).
En conclusión las medidas adoptadas en el Primer Protocolo, son coherentes con el principio de soberanía y la igualdad de los Estados Parte, propende a la consecución de los fines del Estado, son respetuosas de los derechos y garantías constitucionales y se enmarcan en las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia desde la entrada en vigor del Acuerdo Marco.”
La Corte Constitucional es competente para efectuar el control de constitucionalidad del “Primer protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza pacífico, firmado en Paracas, Ica, República del Perú, el 3 de julio de 2015 y el segundo protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la alianza del pacífico, firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 01 de julio de 2016”. y la Ley aprobatoria número 1898 de 2018, de conformidad con lo previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, toda vez que le corresponde decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban, antes de la ratificación del instrumento internacional.
Según lo ha establecido reiterada jurisprudencia de esta Corporación,[19] el control que ejerce la Corte Constitucional sobre los tratados públicos y sus leyes aprobatorias, se caracteriza por ser:
“(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el P. de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.”
Según lo ha manifestado esta Corporación,[20] el control formal de constitucionalidad de los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias incluye el examen de las facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo.
Si presenta los adecuados plenos poderes, o
Si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados han sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes.
Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano.” (Subrayado fuera de texto original).
De la información enviada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República[21] se observa que el Primer P.M. fue suscrito en Paracas, Ica en la República del Perú el 3 de julio de 2015, por la Ministra de Comercio Industria y Turismo; y el segundo P.M. fue suscrito en Puerto Varas, Chile, el 1º de julio de 2016, también por la Ministra de la misma cartera.
De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra válida la representación del Estado durante el trámite del tratado que se revisa en tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores informó lo siguiente:
“El primer P.M. fue suscrito en la ciudad de Paracas, Ica, República del Perú, a los tres (3) días del mes de julio del año 2015, por parte de la señora Ministra de Comercio, Industria y Turismo, C.Á.–.C.G.. Para tales efectos, el P. de la República le otorgó Plenos Poderes el día 1º de julio de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” del 23 de mayo de 1969.
Por su parte, el Segundo P.M. fue suscrito el 1º de julio de 2016 en Puerto Varas, República de Chile, por parte de la señora Ministra de Comercio, Industria y Turismo, M.C.L.P., en ejercicio de los Plenos Poderes otorgados por el P. de la República el 27 de junio de 2016”.[22]
De igual manera, con sujeción a lo previsto en el artículo 189 numeral 2º de la Constitución, se adjuntó copia autentica de aprobación ejecutiva del 15 de septiembre de 2016, en la que el señor P. de la República de entonces, J.M.S.C., autorizó y ordenó someter a aprobación del Congreso de la República los protocolos objeto de control.
De conformidad con lo anterior, el Gobierno Nacional por intermedio de la señora Ministra de Relaciones Exteriores, M.Á.H.C. y la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, doctora M.C.L., y en consonancia con los artículos 150 numeral 16º, 189 numeral 2º y 224 de la Constitución Política, presentó el día 10 de noviembre de 2016, ante la Secretaría General del Senado de la República el proyecto de ley por medio del cual se aprobaron los referidos Protocolos.
De tales precisiones se concluye que la adopción del instrumento internacional satisface el requisito de forma, respecto a la calidad de la persona que debió suscribirlo, pues quien lo hizo fue la Ministra de Comercio, Industria y Turismo a quien el P. de la República le otorgó plenos poderes.
En relación con la verificación de si el instrumento internacional y su ley aprobatoria deben someterse a consulta previa, cabe recordar que la jurisprudencia ha señalado los casos en los cuales es indispensable dicha verificación durante el proceso de control de constitucionalidad. En ese sentido ha establecido que es necesario someter a consulta previa (i) los tratados internacionales que impliquen una afectación directa a las comunidades indígenas, tribales, rom, afro-descendientes y raizales[23] y (ii) las medidas de orden legislativo y administrativo que se adopten en desarrollo del tratado y que impliquen afectación directa para los mismos sujetos[24].En el primer caso, será obligatorio adelantar el procedimiento de consulta “antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de la República”[25].Por el contrario, la Corte ha resaltado que no es necesario agotar la consulta previa cuando el tratado o las medidas que lo desarrollen (i) no impliquen una afectación directa sobre el territorio o sobre aspectos definitorios de la identidad cultural de las comunidades titulares de este derecho[26]; (ii) carezca de disposiciones que regulen de manera favorable o desfavorable a tales sujetos, impongan limitaciones, gravámenes o beneficios particulares a los mismos[27], y (iii) solo contenga disposiciones generales que no alteren el estatus de tales comunidades[28], como aquellas que se refieren a las condiciones de libre comercio[29].
Con base en lo anterior, la Corte constata que el tratado internacional y la ley aprobatoria objetos de control no han debido someterse a consulta previa. Esto es así por tres razones. Primera, tales instrumentos normativos no contienen medida alguna que implique una afectación directa al territorio o a la identidad cultural de las comunidades titulares del derecho a la consulta previa. Segunda, el contenido del tratado y de su ley aprobatoria no surte ningún efecto diferenciado o específico en relación con tales comunidades, sino que despliega sus efectos generales sobre el Estado y, por contera, sobre la sociedad en general. Los derechos y beneficios previstos en dicho tratado se reconocen sin distinción de sujetos de especial protección constitucional como las comunidades indígenas tribales, rom, afro-descendientes y raizales, titulares del derecho a la consulta previa.
La Constitución Política no señaló trámite especial para las leyes aprobatorias de los tratados internacionales y su incorporación a la legislación interna, por lo que a éstas les corresponde el trámite previsto para las leyes ordinarias, contemplado en los artículos 157, 158, 160 y 165 de la Carta Política. Sin embargo, este trámite tiene dos particularidades, a saber: (i) por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales, en virtud de lo previsto en el artículo 154 Superior,[30] el debate debe iniciarse en el Senado de la República, y (ii) una vez ha sido sancionada la ley por el P., deberá remitirla a la Corte Constitucional dentro de los 6 días siguientes, para efectos de la revisión de constitucionalidad, según lo establecido en el numeral 10 del artículo 241 Superior.[31]
De conformidad con la documentación que obra en el expediente legislativo, se logró establecer que el proyecto de ley radicado bajo los números 179 de 2016 Senado y 122 de 2017 Cámara, agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:
El proyecto de ley 179 fue radicado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional, el 10 de noviembre de 2016, a través de los Ministros de Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo.
El texto original con la respectiva exposición de motivos radicados en el Senado, aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 1003 del 16 de noviembre de 2016,[32] cumpliéndose así, con los requisitos referentes a la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado de la República (artículo 154 Constitucional), y la publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la comisión respectiva (numeral 1° del artículo 157 de la Carta Política)[33].
Advertida la publicación oficial del proyecto de ley se tiene por cumplido el requisito formal de publicidad previsto en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.[34]
La ponencia para primer debate fue repartida en la Comisión Segunda del Senado de la República y presentada en forma favorable por el Senador designado J.C.C.. La ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 150 del 16 de marzo de 2017,[35] en cumplimiento del artículo 157 de la Ley 5ª de 1992.[36]
El Proyecto de Ley 179 de 2016 Senado fue anunciado para primer debate en el Senado de la República el 22 de marzo de 2017, tal como consta en el Acta No. 15 de ese año, publicada en la Gaceta del Congreso No. 447 del 07 de junio de 2017,[37] en los siguientes términos:
El señor S., doctor D.A.G.G., informa:
Por instrucciones del señor P. me permito anunciar los proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado (artículo 8° del Acto Legislativo número 1 de 2003).
Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores doctora M.Á.H.C.. Ministra de Comercio, Industria y Turismo, doctora M.C.L..
El proyecto fue discutido y aprobado en la sesión del día 28 de marzo de 2017, según consta en el Acta No. 16 de esta fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 447 del 07 de junio de 2017,[38] conforme al siguiente texto:
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores doctora M.Á.O.C.. Ministra de Comercio, Industria y Turismo, doctora M.C.L..
Ponente: honorable S.J.C.C..
El señor P., honorable senador J.E.D.B.:
Le concede el uso de la palabra al Senador ponente J.C..
S. entonces señor P. que se ponga a consideración la proposición con la cual termina el informe.
Solicita al S. leer el informe con el cual termina la ponencia del Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado.
Por lo anteriormente expuesto y por cumplir el proyecto de ley con los requisitos constitucionales y legales me permito proponer a los honorables senadores de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, aprobar en P.D. sin modificaciones, el Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Primer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú,el3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016. Cordialmente,
Le informo señor presidente, está leída la proposición final con que termina el Informe de Ponencia del proyecto de ley número 179 Senado.
El señor P., honorable Senador J.E.D.B. manifiesta:
Vamos a votar el informe con que termina la ponencia, el Senador Cepeda ha pedido que sea nominal; señor secretario sírvase llamar a lista.
Procede el llamado de lista de los honorables Senadores para la votación nominal del informe de Ponencia del Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado.
Avirama Avirama Marco Aníbal Vota Si
C.C.I.V. No.
C.C.W.J.V.S..
D.B.J.E.V.S..
G.P.C.F.V.S..
Name Cardozo José David Vota Si
V.C.L.F.V.S..
Le informo al P., han votado por el Sí ocho (8) honorables senadores, por el No, un (1) honorable Senador, en consecuencia, se ha aprobado la proposición final con que termina el Informe de Ponencia del Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado.
El P., S.J.C.C., solicita al S. proceder con el articulado del proyecto; el Senador Iván Name ha solicitado la omisión de la lectura del articulado. Aprueban los Senadores la omisión de lectura del articulado.
El S. de la Comisión, doctor D.A.G.G.:
Procede con el llamado a lista para la votación de la omisión de la lectura del articulado y el articulado del Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado.
C.C.I.. Vota No
Le informo al P., han votado ocho (08) honorables Senadores por el Sí; por el No, un (1) honorable Senador, en consecuencia, se aprueba la omisión de lectura del articulado y el articulado del Proyecto de ley número 179 de 2016.
El P., solicita al S. se sirva dar lectura al título del proyecto de ley.
El S. de la Comisión, doctor D.A.G.G., procede con el título del proyecto:
Está leído el título señor P..
El señor P., honorable Senador J.E.D.B. informa a los Senadores:
Está en consideración el título del proyecto de ley leído y el querer de los Senadores, para que este proyecto tenga segundo debate, lo aprueban los honorables se senadores.
Procede con el llamado a lista de los honorables Senadores, para la votación y aprobación del título del Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado y el querer de los honorables senadores que este tenga un segundo debate
C.C.I.. Vota No.
Le informo al P., han votado ocho (08) honorables Senadores por el Sí; por el No, un (1) honorable Senador, en consecuencia han aprobado título del Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado; y el querer de los honorables Senadores que este proyecto tenga segundo debate en la Plenaria del Senado.
Designa como Ponente para el segundo debate al S.J.C.C.. Continúe con el siguiente punto del Orden del Día.”
El S. General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, mediante certificación del 12 de julio de 2018,[39] señaló que la proposición final, la omisión de la lectura del articulado, discusión y votación del articulado propuesto, el título del proyecto y el querer de que éste tenga segundo debate y se convierta en ley de la República, fueron aprobados conforme al Acto Legislativo No. 01 de 2009, con votación nominal y pública, registrándose un (1) voto en contra.
Con el fin de corregir algunos errores de transcripción del proyecto ocasionados durante la publicación, fue necesario publicarlo nuevamente a través de la Gaceta del Congreso número 55 de 2017, en donde se encuentra debidamente corregidas y revisadas las inconsistencias presentadas en la Gaceta del Congreso número 1003 de 2016.
La ponencia positiva para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fue presentada por el Senador J.C.C. y publicada en la Gaceta del Congreso No. 294 del 3 de mayo de 2017.[40]
El proyecto de ley fue anunciado para segundo debate en el Senado de la República el 15 de agosto de 2017, como consta en el Acta 08 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 963 del 24 de octubre de 2017. El anuncio se realizó así:
Con ponencia para segundo debate, dentro del trámite legislativo ordinario:
Proyecto de ley número 179 Senado por medio del cual se aprueba el “Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
El proyecto fue discutido y aprobado en la sesión del día 16 de agosto de 2017 según consta en el Acta No. 09 de esta fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 1171 del 11 de diciembre de 2017, conforme al siguiente texto:
“La Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición positiva con que termina el Informe de Ponencia del Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado y cerrada su discusión, abre la votación e índica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.
Por el No: 03
Votación nominal a la proposición positiva con que termina la ponencia del Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado por medio del cual se aprueba el “Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
En consecuencia ha sido aprobada la proposición positiva con que termina el Informe de Ponencias del Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado.
Por solicitud del honorable S.W.J.C.C., la Presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado y cierra su discusión.
La Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado en bloque del proyecto y cerrada su discusión pregunta ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto?
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley 179 de 2016 Senado por medio del cual se aprueba el “Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentario, la Presidencia pregunta ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado surta trámite en la Honorable Cámara de Representantes?
La Presidencia abre la votación de la omisión de la lectura del articulado, el articulado en bloque, el título y que surta su trámite en la Honorable Cámara de Representantes del Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado e indica a la Secretaría abrir el registro electrónico para proceder en forma nominal.
Votación nominal a la omisión de la lectura del articulado, bloque del articulado, título y tránsito a la otra Cámara del Proyecto de ley número 179 de 2016 Senado.
En consecuencia ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado, el articulado en bloque, el título y que surta su trámite en la Honorable Cámara de Representantes del Proyecto de ley bloque del articulado, título y que haga tránsito a la otra Cámara del Proyecto de ley número 139 de 2016 Senado.
La Presidencia indica a la Secretaría continuar con el siguiente punto del orden del día”.
El texto definitivo aprobado en segundo debate en la Plenaria del Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 730 del 24 de agosto de 2017.
Radicado el proyecto de ley de la referencia en la Cámara de Representantes con el número 122 de 2017, fue repartido a la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, y se designó como ponente a la H.R.A.P.A.. La ponencia favorable para primer debate se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso No. 890 del 5 de octubre de 2017.
De conformidad con el texto del Acta No. 17 del 05 de diciembre de 2017, publicada en la Gaceta del Congreso No. 108 del 05 de abril de 2018, el anuncio de la aprobación del proyecto de ley se realizó en los siguientes términos:
Hace uso de la palabra el S. de la Comisión Segunda, doctor B.N.F.:
Quinto punto: anuncio de proyectos de ley para discusión y votación en primer debate, de conformidad con el artículo 8º del Acto Legislativo número 01 de 2003, P., con su venia, me permito anunciar proyectos de ley para la próxima sesión de Comisión donde se sometan a discusión y votación este tipo de iniciativas legislativas.
Proyecto de ley número 122 de 2017 Cámara, 179 Senado.
Han sido anunciados los proyectos de ley, señor P..”
En efecto, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el proyecto de ley de la referencia en la siguiente sesión del 12 de diciembre de 2017, según consta en el Acta No. 18 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 109 del 5 de abril de 2018, conforme al siguiente texto:
“Hace uso de la palabra la P. (e) de la Comisión Segunda, honorable R.A.P.A.G.:
S.S., solicito permiso para pasar a discutir el proyecto de ley como ponente, si den pronto el doctor U. me puede reemplazar acá en la Presidencia y yo exponer el proyecto de ley para su votación.
Hace uso de la palabra el P. (e) de la Comisión Segunda, H.R.L.F.U.C.:
Buenos días y respetuoso saludo a todos los colegas. Leemos por favor el informe de ponencia.
Sí P.. Informe de ponencia, proposición final. Por las anteriores consideraciones solicitamos a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes aprobar en primer debate el Proyecto de ley número 122 de 2017 Cámara, 179 Senado, por medio del cual se aprueba el “Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
Firma el informe de ponencia la doctora A.P.A., P., puede usted someter a consideración el informe de ponencia.
Sí, Señor presidente. Informe de Ponencia Votando SÍ, se aprueba, votando NO, se niega.
Agudelo García A.P.
Mendoza Bustos Vanessa Alexandra
Rincón Vergara Nevardo Eneiro
U. Carvajal Luis Fernando
Señora P. han votado once (11) honorables Representantes, ocho (8) han votado por el SÍ, tres (3) por el NO, en consecuencia ha sido aprobado el informe de ponencia.
Hace uso de la palabra el P. (e) de la Comisión Segunda honorable R.L.F.U.C.:
Vamos a votar el articulado.
P. son tres artículos. Me permito dar lectura.
Artículo 1°: Apruébese el primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
Artículo 2°: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016, que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
P. puede someter en bloque los artículos ya que no hay proposición que modifique el articulado.
El articulado a consideración, anuncio que vamos a cerrar, queda cerrado. Votan los honorables Representantes vamos a llamar a lista señor S..
Señora P. han votado doce (12) honorables Representantes, nueve (9) han votado por el Sí, tres (3) por el No. En consecuencia ha sido aprobado el articulado.
Ratificado que con mayoría simple ha sido aprobado el articulado. Título y pregunta señor secretario.
Título. Por medio del cual se aprueba el Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
Señor P. ha sido leído el título, puede usted someter a consideración el título y la pregunta si esta Comisión quiere que este proyecto de ley pase a segundo debate y se convierta en ley de la República.
Honorables Representantes a consideración título y pregunta, anuncio que se va a cerrar. Llamamos a lista S..
Sí señora P., votando SÍ se aprueba el título y la pregunta del proyecto en discusión, votando NO se niega.
Señor P. han votado doce (12) honorables Representantes, nueve (9) han votado por el Sí, tres (3) por el No, en consecuencia ha sido aprobado el título y pregunta.
Continúa el mismo ponente con el proyecto, la doctora A.P..
Se le notificará por secretaría al señor P..
Continuemos con el orden del día.”
De acuerdo con certificación expedida por la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes del 12 de julio de 2018, la aprobación del informe de ponencia, el articulado, el título del proyecto y el deseo de que el proyecto pase a segundo de debate y sea ley de la República se dio por votación nominal y pública.
La ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la referencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 065 del viernes 02 de marzo de 2018, con ponencia favorable de la H.R.A.P.A..
El anuncio de votación del proyecto de ley que ordena el Acto Legislativo 01 de 2003 se hizo en la sesión del 11 de abril de 2018, según consta en el Acta de Plenaria No. 280 de esa fecha y que se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso No. 569 del 02 de agosto de 2018. La trascripción del anuncio es la siguiente:
“Dirección de Presidencia, L.M.B. Rueda:
Señor S. sírvase suspender la votación y anunciar proyectos para el próximo martes próximo martes 17 a las 2:00 de la tarde, anunciar proyectos.
Subsecretaria General, Y.D.N.:
Señores de cabina favor cerrar el registro, suspender la votación, perdón y se anuncian los siguientes proyectos, para la sesión plenaria del día martes 17 de abril o para la siguiente sesión plenaria en cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, se convoca para las 2:00 de la tarde.
Proyecto de ley número 122 de 2017 Cámara,
179 de 2016 Senado.
Han sido anunciados señora P. los proyectos de ley para la sesión plenaria del día martes 17 de abril a las 2:00 de la tarde o para la siguiente sesión plenaria en cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos.
Dirección de Presidencia, L.M.B. Rueda:
Se levanta la sesión y se cita para el próximo martes 17 de abril a las 2:00 p. m.
Se levanta la sesión siendo las 6:02 p. m., una buena noche para todos y un feliz fin de semana.”
En efecto, tal como consta en el Acta de Plenaria No. 281 de la sesión del 17 de abril de 2018, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la ley a través de votación nominal y pública, como consta en la Gaceta del Congreso No. 520 del martes 10 de julio de 2018.
La aprobación se realizó de la siguiente manera:[41]
“Proyecto de ley número 122 de 2017 Cámara, 178 de 2016 Senado, de 2017 Cámara, 139 de 2016 Senado, por medio del cual se aprueba el Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora M.Á.H.C., y Ministra de Comercio, Industria y Turismo, doctora M.C.L.P..
Ponente: A.P.A.G..
La proposición que termina la ponencia dice lo siguiente:
Jefe de Relatoría, R.E.Á.H.:
Por las anteriores consideraciones solicitamos a la plenaria de la cámara de Representantes aprobar en segundo debate el Proyecto de ley número 122 Cámara, 179 Senado, por medio del cual se aprueba el Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016. Firma A.P.A., ponente.
Está leída la proposición con la que termina el informe de ponencia.
En consideración el informe de ponencia leído, tiene el uso de la palabra el representante A.U.
Dirección de la Presidencia, R.L.R.:
Bueno, muy bien, no hay más solicitudes de intervención, por consiguiente se cierra la discusión de la proposición con que termina el informe de la ponencia. Esta proposición debe votarse nominalmente, supongo yo, muy bien, me lo confirma aquí la Secretaría General. Entonces abra el registro, señor S. para votar la proposición con que termina el informe de la ponencia por favor.
Señores de cabina, por favor abrir el registro para votar la proposición con que termina el informe de ponencia. El R.E.R. vota sí.
Auxiliar Secretaría:
La doctor a D.L.B. vota sí; el R.N.C. vota sí.
L.B. vota sí.
S. General, J.H.M.S.:
T.P. vota sí.
S.S., yo creo que ya tenemos, ¿ya tenemos decisión? El R.C. no ha votado por favor, tenga en cuenta su voto, el doctor H.G..
H.G. vota sí.
W.C. vota sí.
Dirección de la Presidencia, R.L.R.
El doctor A.M.. Muy bien, cierre el registro, señor S., y certifique el resultado por favor.
Se cierra el registro la votación es como sigue: por el sí, 92 votos electrónicos y 7 manuales, para un total por el sí de 99 votos. Por el no, 8 votos electrónicos, ninguno manual, para un total por el no de 8.
Ha sido aprobado el informe de ponencia que busca que se le dé segundo debate a este proyecto de ley Articulado, consta, señor P., este proyecto de tres artículos sin ninguna proposición.
Bueno, se abre la discusión del articulado, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión del articulado, señor S. abra el registro por favor para votar el mismo.
Se abre el registro para votar el articulado de este proyecto, señores de cabina habilitar el sistema, señores Representantes pueden votar.
E.R. vota sí, L.B. vota sí, D.L.B..
La doctora N.D.C. vota si, A.P.A. vota sí.
Se retira el voto manual de la R.A.P.A.G. ya que lo hizo electrónicamente.
S.S. ya tenemos decisión.
P. hay decisión de la plenaria.
Si hay decisión de la plenaria.
Muy bien, ya votaron todos.
A.V. vota sí.
Perfecto. Señor S., cierre el registro, por favor.
Por el SÍ 96 votos electrónicos y 5 manuales, para un total por el SÍ de 101 votos.
Por el NO 8 votos electrónicos, ninguno manual, para un total por el NO de 8 votos.
Ha sido aprobado el articulado de este proyecto de ley sobre protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico.
Título y pregunta señor P., si ordena entonces leemos.
Título y pregunta señor S. por favor.
Entonces, señor P., para hacer una aclaración para que quede en el acta, se retira el voto manual de la doctora A. que voto por el sí porque lo pudo hacer electrónicamente, entonces la votación es así.
Por el SÍ 96 votos electrónicos y 4 manuales, para un total por el SÍ de 100 votos.
Por el NO 8 votos electrónicos, ninguno manual, para un total por el NO de 8 voto.
Como se dijo fue votado nominalmente el proyecto anterior, el título y la pregunta entonces dice lo siguiente.
Publicación registro de votación
Por medio del cual se aprueba el primer protocolo modificatorio del protocolo adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado en Paracas ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el segundo protocolo modificatorio del protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, firmado en Puerto Varas, república de Chile, el primero de julio de 2016.
Abra el registro, señor S., por favor.
Se abre el registro para votar el título y la pregunta, señores de cabina habilitar el sistema, Representantes, señores pueden votar.
H.O.B. vota sí, W.C. vota sí.
¿Señor S. ya tenemos los votos para tomar decisión?
Muy bien, cierre el registro y anuncie el resultado por favor.
B.Z. vota sí.
Se cierra el registro, votación es como sigue:
Por el SÍ 88 votos electrónicos y 3 manuales, para un total por el SÍ de 91 votos.
Por el NO 5 votos electrónicos, ninguno manual, para un total por el NO de 5.
Ha sido aprobado el título y la pregunta sobre este proyecto que aprueba el protocolo modificatorio de la Alianza del Pacífico.
El Texto definitivo proyecto de ley NÚMERO 122 DE 2017 CÁMARA, 179 DE 2016 SENADO aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes se encuentra en la Gaceta del Congreso número 267 del 16 de mayo de 2018
El 07 de junio de 2018, el P. de la República de Colombia mediante auto, sancionó la Ley 1898 de 2018, por medio de la cual se aprueba el instrumento internacional que es objeto de estudio.[42]
Posteriormente, el 15 de junio de 2018, fue remitido el texto de la ley por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la Corte Constitucional, dando cumplimiento al término de seis días otorgado por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.
La Corte observa que la Aprobación Ejecutiva del Acuerdo fue suscrita por el P. de la República el día 19 de julio de 2016.[43] Por otro lado, se verifica que la radicación del proyecto de ley en el Senado de la República por parte de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo se realizó el 10 de noviembre de 2016, según consta en la Gaceta del Congreso No. 1003 de 2016.
El artículo 157, numeral 1, de la Constitución Política establece que ningún proyecto será ley sin “haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva”. Sobre el particular, esta Corte constata el cumplimiento de este requisito, pues el proyecto de ley fue publicado el 16 de noviembre de 2016 y se inició el trámite en la Comisión Segunda del Senado el 16 de marzo de 2017.
Además, fue aprobado en primer debate en las correspondientes comisiones de cada cámara,[44] aprobado en segundo debate en las plenarias de cada cámara[45] y recibió la debida sanción presidencial.[46]
Entre el primer y segundo debate en cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no inferior a ocho días, tal como lo ordena el artículo 160 Constitucional: la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 28 de marzo de 2017,[47] mientras que la aprobación en la plenaria ocurrió el 16 de agosto de 2017;[48] del mismo modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara ocurrió el 12 de diciembre de 2017,[49] y el segundo debate tuvo lugar el 17 de abril de 2018.[50]
De otro lado, entre la aprobación del proyecto en el Senado (16 de agosto de 2017) y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes (02 de octubre de 2017[51]) transcurrió un lapso no inferior a quince días, en cumplimiento del artículo 160 de la Carta Política.
En cuanto al cumplimiento del requisito del anuncio de que trata el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003,[52] que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política, encuentra la Corte que dicho requisito también se cumplió.
Según lo establece la jurisprudencia pertinente, esta disposición busca evitar la votación sorpresiva de los proyectos de ley y actos legislativos, en aras de permitir que los congresistas se enteren de los proyectos que van a ser discutidos y votados en las sesiones siguientes.[53] Según la Corte, la finalidad del anuncio es la de“permitir a los Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas”.[54]
Ahora bien, del texto de la disposición constitucional se desprende que el anuncio debe cumplir los siguientes requisitos:[55]
El anuncio debe estar presente en la votación de todo proyecto de ley.
El anuncio debe darlo la presidencia de la cámara o de la comisión en una sesión distinta y previa a aquella en que debe realizarse la votación del proyecto.
La fecha de la votación debe ser cierta, es decir, determinada o, por lo menos, determinable.
Un proyecto de ley no puede votarse en una sesión distinta a aquella para la cual ha sido anunciado”.
En el caso concreto de la aprobación del proyecto de la Ley 1898 de 2018, esta Corporación encuentra lo siguiente:
En el curso del proyecto durante su primer debate en la Comisión Segunda del Senado, el 22 de marzo de 2017 (Acta No. 15, publicada en la Gaceta del Congreso No. 447 del 07 de junio de 2017), se anunció el proyecto de ley para la próxima sesión y al finalizar la sesión se convocó para el día 28 de marzo (“Se cierra la sesión y se cita la Comisión para el próximo martes a las 10:00 A.M.”), sesión en la que efectivamente se llevó a cabo la aprobación (Acta No. 16, publicada en la Gaceta del Congreso No. 447 del 07 de junio de 2017).
Igualmente, en el trámite del proyecto en el segundo debate en la plenaria del Senado, el proyecto se anunció el 15 de agosto de 2017 (Acta No. 08 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 1963 del 24 de octubre de 2017).
En efecto, el proyecto se aprobó en la siguiente sesión, es decir, en la sesión del 16 de agosto de 2017 (Acta No. 09 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 1171 del 11 de diciembre de 2017).
Por su parte, en cuanto a lo ocurrido en la Cámara de Representantes, se encontró que el anuncio para primer debate se realizó el 5 de diciembre de 2017 (Acta No. 17 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 108 del 05 de abril de 2018) para la próxima sesión de la Comisión, la que se realizó el 12 de diciembre de 2017, donde se discutió y aprobó el proyecto (Acta No. 18, publicada en la Gaceta del Congreso No. 109 del 05 de abril de 2018).
Finalmente, en el segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley se anunció el 11 de abril de 2018 (Acta No. 280 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 569 del 02 de agosto de 2018) para el martes 17 de abril de 2018, fecha en la que el proyecto fue aprobado (Acta No. 281 de esa fecha), publicada en la Gaceta del Congreso No. 520 del 10 de julio de 2018).
Observa la Corte que se le dio cabal cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 162 Superior. Lo anterior, se verifica al observar la fecha en que el proyecto fue radicado en el Senado de la República y la fecha en que fue aprobado en cuarto debate. Así, el proyecto fue radicado en el Senado de la República el 10 de noviembre de 2016, es decir, en la legislatura que empezó el 20 de julio de 2016 y que terminó el 20 de junio de 2017. Por su parte, el proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes el 17 de abril de 2018, es decir, se dio dentro de la siguiente legislatura que inició el 20 de julio de 2017 y finalizó el 20 de junio de 2018.
En consecuencia, colige la Corte Constitucional que desde el punto de vista formal, la Ley 1844 de 2017 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 5 de 1992.[56]
El contenido material de la Ley 1898 de 2018 y la constitucionalidad de los protocolos.
3.1. El Control Constitucional sobre tratados internacionales en materia de libre comercio. Reiteración de Jurisprudencia
La Corte Constitucional ha establecido unos parámetros acerca del alcance del examen de validez constitucional sobre acuerdos de libre comercio, que vendrán a supeditar el control de los protocolos modificatorios que se revisan en esta oportunidad.[57].
Al respecto ha señalado que los convenios internacionales suscritos por Colombia en materia económica y comercial, así como del derecho comunitario no implican una jerarquía normativa superior a la prevista para las leyes ordinarias aplicables con base en un criterio de especialidad, sin desconocer la fuerza normativa que revisten en virtud del principio del pacta sunt servanda (art. 26, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1969)[58].
El control de constitucionalidad material se orienta a evaluar el contenido del instrumento internacional y su ley aprobatoria a la luz del contenido integral de la Constitución. Además, ha dicho esta Corporación, han de fungir como parámetro de constitucionalidad los tratados internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción (art. 93 superior). Esto es, incluye el denominado bloque de constitucionalidad stricto sensu[59].
Ahora bien, a la Corte le corresponde hacer un exámen de carácter jurídico que garantice la supremacía de la Constitución, excluyendo los análisis sobre la oportunidad y utilidad de las cláusulas que regulan el intercambio comercial, pues la atribución de dirigir las relaciones internacionales corresponde al P. de la República y la de disponer la aprobación e improbación de los tratados al Congreso de la República, tal y como está establecido en los artículos 150.16 y 189.2 de la Constitución.[60]
En relación con los acuerdos de liberación comercial, la Corte ha señalado que los aspectos técnicos y operativos no generan en principio infracción de disposición constitucional, a menos que tuvieran claras implicaciones o consecuencias constitucionales[61].
La Corte ha dicho que el juicio de constitucionalidad no puede realizarse al margen de las actuales dimensiones de los intercambios comerciales, las expectativas válidas de incremento o profundización del comercio y el grado de desarrollo de las economías[62]. Esta Corporación al resolver sobre tratados comerciales complejos, ha sostenido que en el proceso de negociación y celebración cada Estado debe ceder parte de sus intereses en aras de alcanzar la apertura de mercados para sus productos[63], lo que implica un sistema de concesiones y beneficios mutuos (aranceles, servicios, inversiones)[64].
Sobre la intensidad del control la Corte ha manifestado que deben observarse criterios de razonabilidad y proporcionalidad y en cierta medida debe apreciar las razones que llevaron al Gobierno a negociar el instrumento internacional. Al respecto ha dicho lo siguiente:
“(…) la intensidad del control de constitucionalidad sobre acuerdos de libre comercio adopta mayores niveles cuando la materia regulada incide decisivamente sobre valores, principios, derechos o bienes jurídicos de relevancia constitucional, caso en el cual deben observarse los criterios de razonabilidad y proporcionalidad[65].
A pesar de la conveniencia y tecnicidad en que se mueve la celebración de acuerdos de liberación comercial, el estudio de constitucionalidad que efectúa la Corte no puede limitarse a una función notarial, sino que debe partir de apreciar las razones que llevaron al Gobierno a su negociación, los estudios empíricos que soportan su necesidad, los beneficios que representa para el país una vez efectuado el balance integral de las ventajas y desventajas, cómo se encuentra preparado el Estado para asumir los nuevos retos (v. gratia, infraestructura), las medidas de prevención, salvaguardia y excepciones acogidas para los sectores de la economía doméstica sensibles, los intereses de los exportadores e importadores, el diseño de un plan de ejecución, entre otros, que permitan al Gobierno advertir que no se ha celebrado un tratado comercial improvisado sino oportuna y debidamente diseñado.[66]
3.2. Sentencia C-163 de 2015, que declaró la exequibilidad del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y su ley aprobatoria 1721 de 2014 y Sentencia C- 620 de 2015 que declaró la constitucionalidad del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico.
En el presente asunto la Corte debe empezar por señalar que se está ante un instrumento internacional que modifica el Protocolo Adicional al “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico” firmado en la ciudad de Paranal, A., Chile, el seis (06) de junio de dos mil doce (2012) y de la Ley 1721 de 2014 que lo aprueba.
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional creada en abril de 2011 encaminada a:
Constituir de manera participativa y consensuada, un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes y servicios, capitales y personas.
Impulsar crecimiento y competitividad de las economías de las Partes, con miras a superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes.
Convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia – Pacífico.
En la sentencia C-163 de 2015 se estudió la constitucionalidad del Acuerdo del Pacífico. Allí la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del mismo.[67] Concluyó que en el caso sometido al control de la Corte, la conformidad del instrumento internacional con los principios constitucionales de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional no ofrece mayor dificultad, por su naturaleza general de Acuerdo Marco. Así, no se observa vulneración alguna a los principios superiores que orientan el manejo de las relaciones exteriores del Estado colombiano.
Posteriormente la sentencia C-620 de 2015 estudió la constitucionalidad del “Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, firmado en Cartagena de Indias, República de Colombia, el 10 de febrero de 2014” y la Ley aprobatoria número 1746 del 26 de diciembre de 2014. En esa ocasión la Sala Plena sostuvo que el Protocolo Adicional tenía por objeto profundizar y facilitar el comercio entre los cuatro Estados firmantes. Concretamente hizo consideraciones respecto de la sujeción de los objetivos del Protocolo a los mandatos constitucionales, así como la ausencia de una afectación directa a comunidades étnicas por las disposiciones contenidas en el tratado en los siguientes términos:
“Debe recordarse que el objetivo del Protocolo Adicional está dado en avanzar en el cumplimiento de una política integral sobre ampliación y facilitación del comercio de bienes y servicios, encaminada a remover barreras arancelarias y no arancelarias, para así enfrentar los nuevos retos que plantea el comercio internacional (algunas de sus disposiciones son de índole técnica). Está sentado sobre acuerdos comerciales anteriores con tales países, en la búsqueda de su profundización y consecución de mercados regionales y globales, por lo que continúan una senda de afianzamiento entre los países miembros de la AP. Como lo ha sostenido este Tribunal, respecto de aquellas normas legales que se han previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos, las comunidades étnicas cuentan también de tales espacios de participación u otros que se prevean con tal finalidad[68], y de ahí que en el proceso de negociación del Protocolo Adicional se haya previsto por el Gobierno espacios de participación de la sociedad civil en general.
Si bien el Protocolo Adicional atiende la suscripción de países pertenecientes al litoral pacífico y de ahí que lleve tal denominación (Alianza del Pacífico), como se ha podido vislumbrar de la exposición de motivos del proyecto de ley, ello obedece principalmente a lo contemplado en los planes nacionales de desarrollo, que compromete una política pública de interés general, consistente en diversificar los destinos de exportación comercial, en desarrollo de una estrategia del Estado colombiano (Plan Estratégico Sectorial PES 2011-2014) con destino hacia el mundo, y particular énfasis en el Asia Pacífico, partiendo del afianzamiento de las relaciones geográficas y temáticas para el bienestar de toda la población colombiana. De ahí que no le asista la razón a algunos de los planteamientos que de manera general se formularon por la ONIC y la Universidad Santo Tomás respecto a la necesidad de la consulta previa de los pueblos étnicos, sin que con ello este Tribunal desconozca la grave situación social, económica, política y cultural que exponen y padecen las comunidades asentadas en tales territorios de la geografía colombiana (también el campesinado), como más adelanta se desarrollará.
Por consiguiente, es posible señalar por la Corte que las disposiciones del Protocolo Adicional parten esencialmente de un marco abstracto (en materia de acceso a mercados, reglas de origen, facilitación del comercio y cooperación aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios financieros y marítimos, comercio electrónico, telecomunicaciones, contratación pública, inversión, etc.), que concierne al conjunto de la población, sin que sea posible avizorar la imposición de restricciones o gravámenes o la concesión de beneficios, encaminadas directa y específicamente a los grupos étnicos, o que comprometa puntualmente la explotación de los recursos naturales en sus territorios.”
Así las cosas, para la Sala tanto el Acuerdo del Pacífico como su P.M. constituyen un punto de partida sobre la cual debe realizarse la la actual revisión los Protocolos Modificatorios en esta oportunidad.
3.3. Primer y Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo marco de la Alianza Pacífico
El Primer Protocolo busca a través de sus disposiciones establecer la eliminación de obstáculos técnicos al comercio de cosméticos, comercio electrónico, telecomunicaciones y mejoras regulatorias. Así, mediante el desarrollo del Acuerdo Marco, promueve la armonización de definiciones técnicas, los requisitos para la comercialización, la eliminación de barreras y el fortalecimiento de los mercados específicos.
En relación con el comercio de productos cosméticos el Protocolo incluye un anexo en el que promueve una mayor protección al consumidor, mediante la garantía de altos estándares de calidad y acceso a la información suficiente por parte de los consumidores.
Respecto del comercio electrónico se incorporan modificaciones al capítulo 13 del Protocolo Adicional. Dichas modificaciones se tratan de enmiendas a los artículos sobre: i) definiciones de los ámbitos y la cobertura de las transacciones electrónicas y ii) la protección al consumidor.
Sobre el sector de telecomunicaciones se implementan mecanismos de solución de controversias, se regulan aspectos relativos a la utilización de redes de servicios de telecomunicaciones, sobre la calidad en los servicios, la interconexión entre proveedores, y en general otros aspectos de cooperación técnica reciproca dado el creciente crecimiento del sector.
De otra parte, el Protocolo hace alusión a las mejoras que se pueden hacer en materia de regulación, y la conformación de grupos de trabajo, comités y subcomités con el propósito de mejorar la cooperación y promover el comercio internacional, la inversión, el crecimiento económico y el empleo.
Por último se refiere a la entrada en vigor del Protocolo de acuerdo a las cláusulas establecidas por las partes en el protocolo adicional. Cláusulas que fueron declaradas exequibles en la sentencia C-620 de 2015.
El Segundo P.M. tuvo por objetivo incrementar y facilitar el comercio, profundizar la integración entre las Partes, y asegurar que las normas y reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación tengan obstáculos técnicos que son innecesarios para el comercio.
Este Segundo protocolo está integrado por dos artículos: i) sobre adición a las funciones de la Comisión de Libre Comercio como el órgano encargado de velar por la correcta aplicación de las disposiciones del Protocolo Adicional (incluida la aprobación de los anexos), y (ii) la vigencia de los acuerdos de acuerdo a lo establecido en el Protocolo Adicional.
3.3.1. Anexos
El Anexo 7.11 tiene como objetivo principal incrementar y facilitar el comercio entre la Partes y garantizar la efectiva circulación de cosméticos y el acceso a los mercados de los países de la Alianza. Con ese propósito el anexo armoniza la definición de producto cosmético con base en lo establecido por referentes internacionales como la Unión Europea, así como la adopción o el fortalecimiento del sistema de vigilancia en el mercado de los productos cosméticos de conformidad con las buenas prácticas internacionales.
El anexo propende porque los países de la Alianza armonicen los requisitos de etiquetado para productos cosméticos, con el objetivo de contar con un etiquetado único que contenga los requisitos para la protección del consumidor; que se incluya la formula cualitativa completa en los rótulos de los productos, con excepción de los productos pequeños, y que se deje de requerir el registro sanitario o el número de notificación sanitaria en los rótulos. Adicionalmente se promueve la armonización de las buenas prácticas de manufactura.
Otros aspectos en los que se enfoca el Anexo 1 son los siguientes:
- Prevé que las partes realizarán las gestiones necesarias para armonizar la definición de producto cosmético con base en la definición establecida en el reglamento del Parlamento Europeo y Consejo del 30 de noviembre de 2009 sobre Productos Cosméticos. Establece básicamente compromisos de las partes para armonizar las definiciones.
- Establece que las Partes adoptaran o fortalecerán un modelo basado en la vigilancia del mercado de los productos cosméticos, de conformidad con las buenas prácticas regulatorias internacionales e incluirá, entre otros, la eliminación de la autorización sanitaria previa o su sustitución por un esquema de notificación automática, con requisitos mínimos indispensables para garantizar la seguridad sanitaria de dichos productos, de manera que no representen un obstáculo técnico innecesario al comercio.
- Dispone que las partes eliminarán el certificado de libre venta debido a que no representa una garantía sanitaria en el modelo de vigilancia del mercado.
- Prevé que las Partes tomarán como referencia en sus sistemas de revisión, los listados de ingredientes reconocidos y/o prohibidos en la Unión Europea y los Estados Unidos de América, así como la adopción de mecanismos adecuados para incluir, prohibir o restringir ingredientes en sus listados.
- Consagra que las Partes armonizaran con base en normas internacionales, sus requisitos de etiquetado para productos cosméticos, con el objetivo de contar con un etiquetado único que contenga los requisitos mínimos para la protección al consumidor.
- Dispone que las Partes armonizaran los requisitos de buenas prácticas de manufactura con base en normas internacionales.
El artículo 13.2 sobre ámbito de cobertura, se incluye en el párrafo 2 para precisar que el Capítulo 13 no se aplica a: i) la información en posesión de una Parte, o en representación de ella, ni a medidas relacionadas con dicha información, ni ii) a la contratación pública.
En el artículo 13.6 sobre protección de los consumidores señala que las partes se comprometen a. i) promover la celebración de acuerdos de cooperación entre ellas, para la protección transfronteriza de los derechos de los consumidores en el comercio electrónico, ii) intercambiar información sobre proveedores que hayan sido sancionados por infracción a los derechos de los consumidores en el comercio electrónico, para lo cual se prevé que las Partes puedan acordar los mecanismos para el intercambio de información, iii) promover iniciativas de capacitación relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores en el comercio electrónico, iv) promover la estandarización de la información que se debe brindar a los consumidores del comercio electrónico, y las demás formas de cooperación conjunta para proteger los derechos de los consumidores del comercio electrónico.
El artículo 13.11 sobre flujo transfronterizo se reemplaza por un nuevo artículo sobre transferencia transfronteriza de información.
Se adiciona un artículo 13.4 bis sobre no discriminación de los productos digitales. Este artículo dispone que ninguna Parte otorgará un trato menos favorable a los productos digitales que el que otorgue el territorio de otra Parte o de un país no Parte. Sin embargo este artículo no se aplica a los subsidios o donaciones otorgados por una Parte, incluyendo los préstamos, garantías y seguros que cuenten con apoyo gubernamental.
Se adiciona el artículo 13.11 bis sobre uso y localización de instalaciones informáticas. Ninguna Parte puede exigir a una persona usar o localizar instalaciones informáticas en el territorio de esa Parte como condición para el ejercicio de su actividad de negocios.
El capítulo 14 sobre telecomunicaciones del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico, es objeto de algunas modificaciones y adiciones descritas en este Anexo.
En cuanto al artículo 14.3 sobre la utilización de las redes de telecomunicaciones en situaciones de emergencia además de la importancia que representa el uso de las comunicaciones en eventos catastróficos.
Incorporación del Capítulo 15 Bis sobre Mejora Regulatoria
Este capítulo incluye las disposiciones relevantes en materia de mejora regulatoria. Esta última se entiende como la utilización de buenas prácticas regulatorias internacionales en el proceso de planificación, elaboración, promulgación, implementación y revisión de las medidas regulatorias a fin de facilitar el logro de los objetivos de las políticas nacionales en la materia. La mejora regulatoria es un elemento clave para lograr una mejor administración de la economía y de los dineros púbicos, a través de procesos que resulten en una mayor eficacia y mayor utilización del capital humano. Además de permitir mejores niveles de competitividad.
En lo que se refiere al Segundo P.M. del Acuerdo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, este permite que las Partes profundicen algunas disciplinas definidas previamente para facilitar el comercio y evitar que haya normas que obstaculicen el comercio de bienes. En esa medida el capítulo 16 sobre Administración del Protocolo crea la Comisión de Libre Comercio como principal instancia de administración del instrumento internacional y señala los comités, subcomités y grupos de trabajo que conforman la institucionalidad del Acuerdo.
3.4. Control de constitucionalidad del articulado de la Ley 1898 de 2008
La Ley 1898 del 07 de junio de 2018 por medio de la cual se aprueba el “Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional República de Chile al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico”, firmado en Puerto Varas, el 1o de julio de 201, contiene 6 artículos. El primero incorpora el Anexo 7.11 sobre eliminación de obstáculos técnicos al comercio de productos cosméticos; el segundo incorpora modificaciones al Capítulo 13 sobre comercio electrónico; el tercero incorpora modificaciones al capítulo 14 sobre telecomunicaciones; el cuarto incorpora modificaciones al capítulo 15 sobre mejora regulatoria: el quinto incorpora modificaciones al anexo 16.2 sobre comités, subcomités y grupos de trabajo; y por último el sexto que establece que el P.M. y sus Anexos entraran en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.4 del Protocolo Adicional.
La Corte considera que los artículos mencionados son compatibles con la Constitución Política, en la medida que buscan dar cumplimiento a los compromisos internacionales del Estado colombiano en el marco de la Alianza del Pacífico relacionadas a adoptar y mejorar los estándares regulatorios, así como continuar los desarrollos en materia de telecomunicaciones y comercio electrónico con el fin de alcanzar mayores niveles de integración entre los países.
En tales términos, la Corte considera exequibles los seis artículos que integran la Ley 1898 de 2008.
El “Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016, se presentan como un instrumentos que impulsa un proceso de transformación hacía el desarrollo sostenible de todas las naciones. De esta manera, al establecer las condiciones para el desarrollo mundial compromete a los países a readecuar sus políticas económicas, sociales y ambientales para el cumplimiento de sus objetivos. Estos Protocolos encuentran justificación jurídica en el capítulo 19 del Protocolo Adicional sobre enmiendas.
Observa la Corte que lo que los objetivos de la modificación al Protocolo Adicional que presenta el instrumento que es objeto de estudio en esta ocasión se ajustan a la Constitución en la medida que buscan simplificar operaciones, incrementar la protección a los consumidores y promover mejoras regulatorias en las materias del tratado.
La Corte encuentra que el primer Anexo busca garantizar que la calidad de los bienes sean protegidos por las autoridades y que cumplan estándares técnicos expedidos por autoridades competentes. Se basa fundamentalmente en la idea de eliminar barreras al comercio mediante el establecimiento de reglas claras y transparentes, de acuerdo a los postulados que consagra la Constitución Política de Colombia en los artículos 226 y 227.
En relación con el Anexo 2 la Corte estima que se orienta a actualizar el marco normativo atendiendo principalmente a la protección de los consumidores, facilitando a la vez mecanismos de cooperación entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico, teniendo en cuenta la importancia del sector en el desarrollo de la economía colombiana.
Sobre el capítulo de telecomunicaciones es evidente que es un tema de primer orden en cualquier proceso de integración o de relación económica entre Estados. Tal como fue expresado por la Corporación en la sentencia C-620 de 2015 en donde justamente se reconoció que la prestación eficiente de este tipo de servicios es inherente a la finalidad del Estado Social de Derecho.
De la misma forma, los lineamientos incorporados en relación con la mejora regulatoria son acordes al artículo 2 de la Constitución, el cual consagra que uno de los fines esenciales del Estado es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes allí consagrados. En esa medida el artículo 15 Bis establece que a más tardar tres años después de la entrada en vigor del primer P.M., cada parte deberá determinar y poner a disposición del público las medidas regulatorias necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones del dicho capítulo.
Finalmente, en relación con las normas incluidas en el Segundo Protocolo, para la Sala están resultan armónicas con el texto constitucional pues conforman un conjunto de normas que buscan implementar de forma efectiva el tratado.
De conformidad con lo expuesto, La Corte Constitucional concluye que tanto Primer y Segundo Protocolos Modificatorios del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico, como su ley aprobatoria (Ley 1898 de 2018) son plenamente respetuosas de las disposiciones constitucionales colombianas.
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE el “Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1898 de 2018, “por medio de la cual se aprueba el “Primer P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico”, firmado en Paracas, ICA, República del Perú, el 3 de julio de 2015, y el “Segundo P.M. del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza Pacífico” firmado en Puerto Varas, República de Chile, el 1º de julio de 2016.
[1] Las partes eliminaran el Certificado de Libre Venta debido a que no representa una garantía sanitaria en el modelo de vigilancia del mercado.
[2] Para mayor certeza, los productos digitales no incluyen las representaciones digitalizadas de instrumentos financieros, incluido el dinero. La definición de productos digitales es sin perjuicio de las discusiones en curso en la OMC acerca de si el comercio de productos digitales transmitidos electrónicamente constituye una mercancía o un servicio.
[3] Las partes podrán acordar lineamientos para el intercambio de información.
[4] Para mayor certeza, nada en el presente párrafo impedirá a una parte condicionar la recepción de una ventaja, o que continúe recibiendo una ventaja, de conformidad con el Artículo 10.8.3 (Requisitos de Desempeño).
[5] Para mayor certeza, la “zona geográfica” será definida por la regulación o legislación de cada parte.
[6] Para mayor certeza, el presente Artículo no prohíbe a ninguna Parte requerir licencia, concesión u otro tipo de autorización para que una empresa suministre servicios públicos de telecomunicaciones en su territorio.
[7] Las situaciones de emergencia serán determinadas por la autoridad competente de cada Parte.
[8] En el caso de Colombia, el Artículo 14.5 aplicará únicamente a los servicios móviles, y aplicará a los servicios de telefonía fija en la medida que se determine que es técnica y económicamente factible.
[9] En el caso de Perú, el Artículo 14.5 aplicará únicamente a los servicios móviles. En el caso de telefonía fija, el Artículo 14.5 aplicará tres años después de la entrada en vigor del presente Protocolo Adicional.
[10] El término “obra pública” se entenderá de conformidad con la legislación de cada Parte. En el caso del Perú, “obras públicas” se entienden como los proyectos de infraestructura de redes de transmisión eléctrica, redes de transporte de hidrocarburos, carreteras de la red vial nacional y las vías férreas.
[11] El término “neutralidad de la red” se entenderá de conformidad de cada Parte.
[12] Una Parte podrá determinar tarifas razonables a través de cualquier metodología que considere apropiada.
[13] Una Parte podrá prohibir al revendedor que obtenga, a tarifas al por mayor, un servicio público de telecomunicaciones que esté disponible a nivel minorista únicamente para una categoría limitada de usuarios, que ofrezca dicho servicio a una categoría diferente de usuarios.
[14] Para mayor certeza, Chile podrá cumplir con esta obligación manteniendo medidas apropiadas con el propósito de prevenir que los proveedores importantes en su territorio nieguen el acceso a los postes, duetos, conductos y derechos de paso, propios o controlados por dichos proveedores importantes, de una manera que pueda constituir prácticas anticompetitivas.
[15] Para México, derechos de paso es equivalente a derechos de vía.
[16] Para Colombia y el Perú, las empresas no podrán solicitar reconsideración respecto de las resoluciones administrativas de aplicación general, como se definen en el artículo 15.1 (Definiciones), a menos que su respectiva legislación lo permita.
[17] Para México, las normas generales, actos u omisiones del organismo regulador de telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.
[18] En Colombia, la decisión o resolución del organismo regulador queda en firme cuando dicho organismo resuelve la petición.
[19] Ver entre otras, Corte Constitucional, Sentencias C–468 de 1997 (MP A.M.C., C-378 de 1996 (MP H.H.V., C-682 de 1996 (MP F.M.D., C-400 de 1998 (MP A.M.C., C-924 de 2000 (MP C.G.D., C–576 de 2006 (MP M.J.C.E.) y C-332 de 2014 (MP J.I.P.C..
[20] Corte Constitucional, Sentencias C–582 de 2002, C–933 de 2006, C–534 de 2008 (MP R.E.G., C–537 de 2008 (MP J.C.T., C–039 de 2009 y C–378 de 2009 (MP Humberto Sierra Porto), entre otras.
[21] Comunicaciones del 17 y 23 de febrero de 2015.
[22] Expediente LAT-452 Folio 102.
[23] Sentencia C-750 de 2008.
[24] Sentencia C-027 de 2011.
[25] Sentencia C-214 de 2017.
[26] Sentencias C-1051 de 2012 y C-217 de 2015. Cfr. Sentencia C-915 de 2010. “En esta oportunidad, la Corte concluyó que la consulta previa no era necesaria porque el acuerdo no estaba dirigido especialmente a las comunidades indígenas y su objeto tampoco se situaba mayormente sobre un territorio indígena”.
[27] Sentencias C-047 de 2017 y C-214 de 2017.
[28] Id. Cfr. Sentencia C-048 de 2018
[29] Sentencia C-214 de 2017.
[30] Constitución Política, inciso final del artículo 154“Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado”.(Subrayado fuera de texto)
[31] Constitución Política, artículo 241 “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el P. de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva”.
[32] Ver folios 3 – 18 cuaderno de pruebas No. 2.
[33] Constitución Política, artículo 157 “Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: 1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión respectiva. (…)”.
[34] Ley 5 de 1992, artículo 156. “Presentación y publicación de la ponencia. El informe será presentado por escrito, en original y dos copias, al secretario de la Comisión Permanente. Su publicación se hará en la Gaceta del Congreso dentro de los tres (3) días siguientes. // Sin embargo, y para agilizar el trámite del proyecto, el P. podrá autorizar la reproducción del documento por cualquier medio mecánico, para distribuirlo entre los miembros de la Comisión; ello, sin perjuicio de su posterior y oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso”.
[35] Ver folios 58 a 62 del cuaderno de pruebas No. 2.
[36] Ley 5 de 1992, artículo 157 “Iniciación del debate. La iniciación del primer debate no tendrá lugar antes de la publicación del informe respectivo.// No será necesario dar lectura a la ponencia, salvo que así lo disponga, por razones de conveniencia, la Comisión.// El ponente, en la correspondiente sesión, absolverá las preguntas y dudas que sobre aquélla se le formulen, luego de lo cual comenzará el debate.// Si el ponente propone debatir el proyecto, se procederá en consecuencia sin necesidad de votación del informe. Si se propone archivar o negar el proyecto, se debatirá esta propuesta y se pondrá en votación al cierre del debate.// Al debatirse un proyecto, el ponente podrá señalar los asuntos fundamentales acerca de los cuales conviene que la Comisión decida en primer término”.
[37] Ver folio 36 del cuaderno de pruebas No. 2.
[38] Ver folios 81 a 86 del cuaderno de pruebas No. 2.
[39] Ver folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas No. 2.
[40] Ver folios 72 a 76 del cuaderno de pruebas No. 2.
[41] Ver folios 80 y siguientes del cuaderno de pruebas No. 1.
[42] Ver Folio 53 expediente LAT 452.
[43] Folios 2 del cuaderno de pruebas No. 2
[44] Constitución Política, artículo 157, numeral 2 “Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras”.
[45] Constitución Política, artículo 157, numeral 3 “Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate”.
[46] Constitución Política, artículo 157, numeral 4 “Haber obtenido la sanción del Gobierno”.
[47] Acta No. 16 del 28 de marzo de 2017, publicada en la Gaceta del Congreso No. 447 del 07 de junio de 2017.
[48] Según consta en el Acta No. 09 de esta fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 1171 del 11 de diciembre de 2017Según consta en el Acta No. 75 del 17 de mayo de 2017, publicada en la Gaceta del Congreso No. 691 del 15 de agosto de 2017.
[49] Según consta en el Acta No. 18 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 109 del 5 de abril de 2018.
[50] Tal como consta en el Acta de Plenaria No. 281 de la sesión del 17 de abril de 2018, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la ley a través de votación nominal y pública, como consta en la Gaceta del Congreso No. 520 del martes 10 de julio de 2018.
[51] Gaceta 890 del 5 de octubre de 2017. Se publica informe de ponencia para primer debate.
[52]“Por el cual se adopta una Reforma Política constitucional y se dictan otras disposiciones”
[53] Cfr. Sentencia C-644 de 2004, M.R.E.G.
[54] Cfr. Auto 038 de 2004 M.M.J.C.E. y Sentencia C-533 de 2004 M.Á.T.G.
[55]Sentencia C-576 de 2006, M.M.J.C.E.
[56]“Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”
[57] Cfr. sentencia C-051 de 2012.
[58] Cfr. sentencias C-051 de 2012, C-941 de 2010, C-1647 de 2000, C-256 de 1998 y C-358 de 1997. De manera excepcional este Tribunal ha admitido que algunas normas comunitarias puedan integrarse al bloque de constitucionalidad, siempre que se trate de una preceptiva que reconozca de manera explícita y directa los derechos humanos, como la Decisión 351 de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a los derechos morales de autor (C-941 de 2010, C-750 de 2008. C-1118 de 2005 y C-988 de 2004).
[59] Cfr. sentencia C-941 de 2010, C-608 de 2010, C-031 de 2009, C-750 de 2008, C-291 de 2007, C-155 de 2007, C-047 de 2006, C-028 de 2006, C-1001 de 2005, C-067 de 2003, C-200 de 2002 y C-774 de 2001, entre otras.
[60] Corte Constitucional, sentencia C- 620 de 2015 (MP. J.I.P.P.).
[61] En la sentencia C-369 de 2002 se señaló: “entra la Corte a estudiar esas disposiciones, precisando que esta Corporación centrará su examen en el contenido general de las obligaciones asumidas por Colombia y sólo estudiará aspectos técnicos si ellos tienen una implicación constitucional clara”.
[62] Cfr. sentencia C-608 de 2010 que declaró exequible el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la República de Colombia, además de Ley 1363 de 2009 aprobatoria del mismo. Sentencia C-031 de 2009 que declaró exequible el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile, al igual que la Ley 1189 de 2008, aprobatoria del mismo.
[63] Sentencia C-864 de 2006 que declaró exequible el Acuerdo de Complementación Económica, suscrito por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, Estados Partes de MERCOSUR y Colombia, Ecuador y Venezuela, Países Miembros de la COMUNIDAD ANDINA. Igualmente, declaró la exequibilidad de la Ley 1000 de 2005, aprobatoria del mismo.
[64] Sentencia C-941 de 2010.
[65] Sentencia C-335 de 2014, que declaró exequible el Acuerdo Comercial entre Colombia y El Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra, firmado en Bruselas, el 26 de junio de 2012, junto con su ley aprobatoria 1669 de 2013. Cfr. sentencia C-051 de 2012.
[66] Corte Constitucional, sentencia C-620 de 2015. (MP. J.I.P.P.).
[67] Con aclaración de voto de la magistrada G.S.O.D..
[68] Cfr. sentencias C-540 de 2012, C-490 de 2011, entre otras.

References: artículo 241
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 Artículo 14

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 Artículo 9
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