Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Chile.12337.htm
Timestamp: 2017-05-24 00:33:30+00:00

Document:
MARCELA ANDREA VALDÉS DÍAZ CHILE[1]
II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 4. La petición fue recibida en la Comisión el 4 de octubre de 2000 y transmitida al Gobierno el 1º de noviembre de 2000, con un plazo de 90 días para proporcionar la información que considerase oportuna en relación con los hechos denunciados y el agotamiento de los recursos a nivel de la jurisdicción interna. El 17 de enero de 2001 el Estado solicitó una prórroga del plazo para presentar la información correspondiente. Por nota del 2 de febrero de 2001 se le concedió una prórroga de 30 días a partir de esa fecha. El 26 de abril de 2001 la Comisión se dirigió al Estado reiterando la solicitud de información y otorgando plazo hasta el 1º de mayo de 2001, de conformidad con el plazo máximo establecido por el artículo 34(6) del Reglamento. 5. El 13 de julio de 2001 el Gobierno remitió sus observaciones, que fueron transmitidas a la peticionaria, otorgándosele el plazo de un mes para responder. En su comunicación de fecha 5 de marzo de 2002, la peticionaria presentó sus observaciones a la respuesta del Estado.
A. Posición del peticionario 9. La peticionaria manifiesta que la presunta víctima pertenecía al cuerpo de Carabineros de Chile desde 1991. Señala que en el año 1999 prestaba servicios en la Primera Comisaría de la Prefectura de Valdivia N° 23, con el rango de Teniente de Carabineros (E.F.). En 1994 había contraído matrimonio con Claudio Vázquez Cardinalli, Capitán de carabineros de Chile. La denuncia señala que la presunta víctima era objeto de maltrato físico y psicológico por parte de su esposo, desde el comienzo de su matrimonio. 10. Según lo señala la Resolución N° 15 de la Prefectura de Valdivia N° 23 (ver infra) el 29 de marzo de 1999 el Comisario de la 1er. Comisaría de Valdivia informó de una presentación realizada por Marcela Valdés Días respecto de los problemas matrimoniales de la pareja, situación que fue derivada al Servicio de Asistencia Social.[2] La misma resolución señala que el 23 de abril de 1999 la repartición en la cual se desempeñaba la señora Valdés fue informada que el 11 de abril de 1999, el mismo Comisario se presentó en el domicilio de la pareja debido a un problema conyugal suscitado a raíz de una conversación telefónica de la señora Valdez con otro carabinero amigo suyo.
11. Asimismo, relata que estos malos tratos constan en el parte de Carabineros N° 801 del 19 de mayo de 1999 y originaron una denuncia judicial por maltrato, presentada el 19 de mayo de 1999, radicada ante el 1er. Juzgado de Letra de la Ciudad de Valdivia. Este proceso concluyó, el 25 de mayo de 1999, mediante un avenimiento judicial logrado en una audiencia de conciliación obligatoria que establece la ley de violencia intrafamiliar. Como consecuencia, la presunta víctima obtuvo una orden judicial de protección permanente que la autorizaba a salir de la ciudad con sus hijos para evitar “futuras molestias o agresiones tanto físicas como sicológicas”. 12. Con posterioridad al acuerdo logrado en sede judicial, durante el año 1999, la presunta víctima y su esposo solicitaron a sus superiores autorización para vivir en forma separada, la que fue otorgada el 4 de junio de 1999 mediante Resolución N° 14 de la Prefectura de Valdivia N° 23. Al mismo tiempo, y a raíz de ese pedido, la Prefectura de Valdivia dispuso iniciar una investigación sumarial. El sumario concluyó con el dictado de la Resolución N° 15 del 7 de junio de 1999. 13. Esta última resolución impuso una sanción de diez días de arresto para la presunta víctima por haber incurrido en “una conducta privada impropia” al mantener una amistad profunda con el Teniente (I) Manuel Andrés Suazo Erba con quien la peticionaria ‘inició una ‘relación de amistad’ que ‘aún cuando no se pudo determinar que haya derivado en una relación de tipo sentimental, permite presumir fundadamente que dio margen a comentarios en tal sentido y, también, provocó el quiebre definitivo del matrimonio’ con el Capitán Sr. Claudio Aurelio Vásquez Cardinalli, situación que trascendió a Oficiales y algunos civiles, trastornando las labores profesionales de la Unidad y dañando el prestigio de la Institución.[3] Asimismo, se impusieron sanciones de cuatro días de arresto para su esposo por haber “provocado violencia intrafamiliar en su hogar al golpear a su esposa” y de diez días de arresto para el Teniente Manuel Andrés Suazo Erba por haber “evidenciado una serie de actitudes inadecuadas... perjudicando el prestigio de la Institución, y de las labores profesionales en la 1era. Comisaría Valdivia, siendo responsable con su actitud que las relaciones del matrimonio se deterioraran irreversiblemente”.[4]
31. El Estado considera que no hubo discriminación en perjuicio de la presunta víctima por el hecho de ser mujer. Alega que los agravios presentados por la peticionaria en este punto son meras conjeturas que no encuentran asidero en las constancias del sumario administrativo. Manifiesta que al Teniente Suazo se le aplicó la misma sanción que a la presunta víctima. Aduce que la presunta víctima fue sancionada y calificada de conformidad con los reglamentos internos y sus antecedentes como funcionaria. 32. El Estado sostiene que no correspondía a los tribunales judiciales realizar una revisión amplia de las decisiones impugnadas y que ello no implica una denegación de justicia ni una violación a las garantías del debido proceso. Explica que la imposición de sanciones y la calificación del personal son facultades discrecionales en las que se evalúan cuestiones de idoneidad y ética profesional. Considera que, en una institución policial militarizada, estas apreciaciones no pueden ser realizadas “por un tercero ajeno a Carabineros, sin los conocimientos para apreciar técnicamente la idoneidad y eficacia profesional e imposibilitado, además, de realizar la observación personal que lleva a cabo quien califica”.
33. Señala que la reglamentación interna establece varias instancias administrativas de apelación en las cuales la presunta víctima tuvo la oportunidad de ser oída con todas las garantías del debido proceso. Considera que, de todos modos, las decisiones fueron convalidadas por una sentencia judicial tanto en cuanto a los procedimientos como con relación a las apreciaciones de fondo “ya que estimó que la Institución actuó dentro de sus facultades privativas, sin que tampoco pudieran evaluarse como carentes de razón o ajenas al contexto de su accionar legal”. 34. Con relación al agotamiento de los recursos internos, el Estado se limita a afirmar que la presunta víctima no agotó los recursos de la jurisdicción interna. Concretamente, sostiene “que pudo haber recurrido a la Contraloría General de la República, como lo autoriza el Estatuto del Personal, pero no lo hizo[9]” sin señalar la pertinencia de ese recurso.
38. Finalmente la Comisión tiene competencia ratione materiae, porque en la petición se denuncian hechos que podrían caracterizar violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana y por la Convención de Belém do Pará. B. Requisitos de Admisibilidad 1. Agotamiento de los recursos internos
3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada 46. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46(1)(c) y 47(d) de la Convención. 4. Caracterización de los hechos alegados
50. En el presente caso, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 47(b) de la Convención Americana, la Comisión considera que los planteos de la peticionaria resultan fundados y conducentes para determinar, al estudiar el fondo del asunto, si los hechos constituyen violaciones a la Convención Americana y a la Convención de Belém do Pará. 51. En este sentido, en el análisis sobre el fondo del presente caso, la Comisión analizará los reclamos de la peticionaria relativos a la investigación del sumario administrativo en relación al alcance del derecho a la honra y la dignidad, así como el derecho a la integridad psíquica. Respecto de dicha investigación y sus resultados de sanción y retiro obligatorio, la Comisión analizará los planteos relativos al derecho de ser tratado de manera igual y sin discriminación por razones de género.
56. En función de los argumentos de hecho y de derecho expuestos anteriormente y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
1. Declarar admisible la petición bajo estudio, en relación con los artículos 1(1), 2, 5, 8, 11, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 7 de la de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 2. Notificar esta decisión al Estado y a la peticionaria.

References: artículo 34
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 47