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Timestamp: 2019-09-17 04:56:53+00:00

Document:
STC 126/1984, 26 de Diciembre de 1984 - Jurisprudencia - VLEX 15034572
STC 126/1984, 26 de Diciembre de 1984
Número de Recurso: Recursos de Amparo nº 656/1983 y 10/1984 (acumulados)
1. El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener una resolución fundada en Derecho, que podrá ser de inadmisión cuando concurra alguna causa legal y así lo acuerde el Juez o Tribunal en aplicación razonada de la misma. 2. El contenido normal del derecho a la tutela judicial es el de obtener una resolución de fondo, salvo cuando exista alguna causa impeditiva prevista por la Ley que no vaya en contra del contenido esencial del derecho que ha de respetar el legislador. 3. El derecho a la tutela judicial se satisface también cuando la resolución es de inadmisión, siempre que se dicte en aplicación razonada de una causa legal, debiendo responder el razonamiento a una interpretación de las normas de conformidad con la Constitución y en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental. 4. El Tribunal, dado que el recurso de amparo no es una tercera instancia, no revisa, en general, la legalidad aplicada: pero teniendo en cuenta que la inadmisión arbitraria o irrazonable, o irrazonada, o basada en una interpretación distinta de la expuesta, afecta al contenido normal del derecho fundamental, entiende que en estos supuestos la resolución judicial puede incurrir en inconstitucionalidad que dé lugar a la estimación del amparo como sucede en los casos en que se declara la inadmisión por estimar inaplicable un procedimiento que sí era aplicable o en que se ha padecido un error patente o en que la normativa no se ha interpretado en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental y ello ha impedido entrar en el fondo. 5. Cuando se plantea la derogación por la Constitución de una Ley anterior es necesario apurar en primer lugar todas las posibilidades de interpretarla de conformidad con la Constitución, y tan sólo debe declararse la derogación de aquellos preceptos cuya incompatibilidad con ella resulte indudable por ser imposible llevar a cabo tal interpretación. 6. Esta valoración debe hacerse desde la perspectiva que ofrece el caso planteado, sin excluir, cuando no se observa tal incompatibilidad, que en el futuro puedan plantearse otros que pongan de relieve la oposición del precepto con la Constitución. 7. Las Leyes preconstitucionales han de interpretarse de conformidad con la Constitución y en el sentido más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales. 8. Las causas de inadmisión, en cuanto vienen a excluir el contenido normal del derecho a la tutela judicial, han de interpretarse en sentido restrictivo después de la Constitución.
Sentencia citada en: 1106 sentencias, 15 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa, una noticia
En los recursos de amparo acumulados núms. 656/1983 y 10/1984, formulados por el Procurador de los Tribunales don Juan L. P. M. y S., en nombre y representación de doña Ana M. J. E. A., doña María J. F. G., doña Elisa R. G., doña Ana M. C. P., don Juan M. G., doña Amparo C. S., don Rafael L. T. B., don Salvador V. R., doña María S. V. M., don Julián O. P., doña María A. R. P., don Gerardo F. B., don Andrés M. R., don José M. M. C., don Ricardo M. G., don Santiago I. S., doña Carmen P. H., doña María A. B. R., doña María A. M. M., doña Estrella J. M. C., doña María L. A. C., don Sixto S. C., doña María D. A. A., don Dionisio P. M., doña María C. A. B., doña María A. M. M., don Octavio A. M., don Francisco I. L. C., doña Constanza H. G., don Luis R. R., don Luis D. A., doña María I. T. T., doña María T. F. M. y doña Mercedes G. C., bajo la dirección del Letrado don Eduardo G. E., contra Sentencias de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, respectivamente, de 11 de julio de 1983 (recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 512.704) y de 25 de noviembre de 1983 (recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 513.816). En el recurso han comparecido el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, y ha sido Ponente el Magistrado don Rafael G. F. M., quien expresa el parecer de la Sala.
2. En 1 de octubre de 1983, el Procurador de los Tribunales don Juan L. P. M. y S., en nombre y representación de doña Ana M. J. E. A. y 33 más, formula recurso de amparo (núm. 656/1983) contra la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 11 de julio de 1983, que declaró inadmisible el recurso contencioso-administrativo número 512.704, con la súplica de que se dicte Sentencia por la que se declare haber lugar al otorgamiento del amparo y se restablezca a los recurrentes en la integridad de su derecho a una total defensa, declarando improcedente e inexistente la inadmisibilidad declarada y ordenando lo necesario para que con revocación de la Sentencia impugnada se dicte otra por la Sala mencionada en el propio recurso contencioso-administrativo, con la expresa indicación de que deberá en la misma entrar a conocer de las cuestiones de fondo de las resoluciones recurridas (coeficiente atribuido a los recurrentes) y deberá decidir la regularidad o no a derecho a toda cuestión de legalidad que se plantee en relación con los Decretos y actos objeto de aquel recurso, esto es, con el coeficiente multiplicador de los recurrentes y con todo lo demás que se estime necesario para la efectividad del amparo que se otorgue.
6. Por providencia de 25 de enero de 1984, la Sección acordó tener por recibidas las actuaciones y por personado y parte al Abogado del Estado, concediendo un plazo de veinte días al mismo, al Procurador señor P. M. y al Ministerio Fiscal, para que dentro de dicho término pudieran formular alegaciones.
10. En 4 de enero de 1984, el Procurador de los Tribunales don Juan L. P. M. y S., en nombre de doña Ana M. J. E. A. y 33 más, formula recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 1983 recaída en el recurso contencioso núm. 513.816 interpuesto por los solicitantes del amparo, por entender que viola los arts. 24.1 y 14 de la Constitución. En la demanda se suplica se dicte Sentencia por la que se declare que ha lugar al otorgamiento del amparo y se restablezca a los recurrentes en la integridad de su derecho a una total defensa y a un trato igualitario con los demás funcionarios públicos que están en idéntico caso, declarando improcedente e inexistente la admisibilidad declarada y ordenando lo necesario para que, con revocación de la Sentencia impugnada, dicha Sala vuelva a dictar Sentencia con la expresa indicación de que deberá en la misma entrar a conocer de las cuestiones de fondo de las resoluciones recurridas (coeficiente atribuido a los recurrentes) y deberá decidir la regularidad o no a derecho de toda cuestión de legalidad en relación con los Decretos y actos recurridos en aquel recurso, esto es, con el coeficiente multiplicador de los recurrentes que deberá ser idéntico al de Cuerpos y Escalas que están su mismo caso, y con todo lo demás que se estime necesario para la efectividad del derecho que se otorgue.
Por otrosí, solicita la acumulación de este recurso al que con el núm. 656/ 1983 se sigue ante esta Sala por los mismos recurrentes y sobre idénticos problemas.
CONSIDERANDO que respecto a la pretensión con carácter subsidiario formulada en otrosí ya desde el recurso de reposición interpuesto el 6 de julio de 1981 ante el Consejo de Ministros, consistente en que la Administración debe y está obligada a declarar la nulidad de los Decretos impugnados en aplicación de los arts. 109 y 110, en relación con el 47, todos ellos de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Sala ahora tiene que reiterar como dijo en su Sentencia de 11 de julio del corriente año, que dicha cuestión, aunque presentada como subsidiaria, es tema autónomo y principal formulado en vía de petición, por lo que, si bien es cierto que la resolución dictada por el Ministerio de Hacienda en 17 de diciembre de 1981, se limita a resolver los recursos de reposición interpuestos por doña Ana M. J. E. A. y 52 más, contra nóminas de los haberes, guardando un «significativo» silencio, así lo califican los recurrentes, sobre esa petición subsidiaria a la que ni siquiera se menciona, ello es debido a que tal cuestión no entraba en el ámbito de la competencia del órgano que decidía el recurso de reposición como cuestión principal suscitada, por lo que no puede decirse ni que la misma haya sido expresamente desestimada, ni que sea recurrible en esta vía jurisdiccional, por lo que a tenor de lo establecido en el art. 82 c), en relación con el 37, ambos de la Ley reguladora de la jurisdicción, procede que también en este particular declaremos la inadmisibilidad del recurso.»
Sentencia de TSJ Cataluña (Barcelona), Sala de lo Contencioso, 18 de Septiembre de 2002
SAP Murcia 255/2012, 12 de Abril de 2012
SAP Madrid 14/2017, 6 de Febrero de 2017
STSJ Comunidad de Madrid , 17 de Mayo de 2000

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