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Abandono del procedimiento y cargas procesales mixtas
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CAPITULO PRIMERO ALGUNAS NOCIONES EN TORNO ALABANDONO DEL PROCEDIMIENTO
CAPITULO SEGUNDO ABANDONO DE PROCEDIMIENTO Y CARGAS PROCESALES MIXTAS
Consuelo Fernanda San Martín Ibacache
María Ignacia Romero Arrau
Sofía Helena Álvarez Troncoso
Miroslav Phillip Guillermo Smol Stirka
Benjamín Alberto Valdivieso Varas
Flavia Andrea Cilveti Medina
Juan Pablo Morales Costa
“¿SANCIÓN A LA PARTE NEGLIGENTE O JUSTIFICACIÓN DE LA PASIVIDAD DEL TRIBUNAL?”
La estructuración del procedimiento civil en nuestro ordenamiento ha permitido que la prosecución del juicio, específicamente, cuando el tribunal es quien tiene el impulso procesal, ya sea para recibir la causa a prueba o para citar a las partes a oír sentencia, permita la procedencia de la institución que conocemos como abandono del procedimiento. Así, los resultados al momento de declarar abandonado el procedimiento difieren respecto si se adopta que las partes debieron instar al tribunal a dar curso progresivo -en virtud de las cargas procesales mixtas- o, por el contrario, deben actuar como meros observadores y esperar la respuesta del tribunal.
The structure of the civil procedure in our legal system has allowed the continuation of the trial, specially, when the court is the institution in charge of the expedition of the procedure, either for the case to go trial or to summon the parties to hear sentence. When the results of the declaration of an abandoned procedure, comes the dilemma of if the parts should urge the court to give progressive course in virtue of mixtas-procedural burdens or, on the contrary, if they must act as mere observers and wait for the response court.
Abandono del procedimiento, cargas procesales mixtas, impulso procesal, principio de pasividad.
Abandoned procedure, mixtas-procedural burdens, principle of partie disposition, passiveness principle.
Como sabemos, para que exista un juicio es necesario que haya un conflicto de relevancia jurídica, el que se lleva a cabo por las partes ante un juez que debe conocer de la causa.
La dualidad de partes es un elemento esencial dentro del proceso, por lo que varios autores han tratado de precisar qué se entiende por este concepto, como dice la Corte Suprema, “el concepto de parte (…) corresponde a la única o a cada una de las distintas personas que entablan la demanda o gestión judicial o que tienen el carácter de demandados; y por consiguiente, partes son los sujetos de la relación jurídico procesal que se va a desenvolver en el pleito, o dicho en otros términos, los que son sujetos activos o pasivos de la demanda”1.
Si bien son las partes las que tienen el deber de dar impulso al proceso, esto no excluye el rol que debe cumplir el juez dentro del mismo. Se entiende que el impulso procesal consiste “en la actividad que es menester cumplir para que, una vez puesto en marcha el proceso mediante la interposición de la demanda, aquel pueda superar los distintos períodos de que se compone y que lo conducen hasta la decisión final.
La doctrina suele referirse a los principios de impulso de parte y de impulso oficial, según que, respectivamente, la actividad proceda de las partes o del tribunal, aunque sin dejar de reconocer la estrecha vinculación que el primero guarda con el principio dispositivo. A nuestro juicio, el principio de impulso de parte es una consecuencia del mencionado principio dispositivo”2.
Acorde a lo dicho anteriormente, nos atrevemos a afirmar que el impulso procesal tiene un carácter mixto, ya que tanto las partes como el tribunal en forma independiente, tienen la obligación de continuar con el juicio hasta resolver la contienda, tal como lo expresa el artículo 10 inc.2 Código Orgánico de Tribunales: “reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión”3.
Por lo tanto, aun cuando se establezca que determinadas etapas dentro del proceso puedan tener un carácter mixto, en virtud de que éste radica tanto en el impulso procesal de las partes como del tribunal, se niega la posibilidad de que las partes puedan solicitar el abandono en virtud de la inactividad del tribunal, y es así como el artículo 687 del Código de Procedimiento Civil dispone que una vez vencido el término probatorio, el juez tiene el deber de citar a las partes a oír sentencia, y eso no significa que las partes queden liberadas de realizar todas las gestiones que estimen convenientes para llegar a dicha instancia.
Dentro de los principios básicos en que se establece nuestro sistema y relacionado con lo anterior encontramos el principio de cooperación que es “el que dirige las conductas en el proceso, aunque excede el clásico principio de buena fe. Se aplica a lo largo de todo el proceso a las partes, al juez y a los terceros ajenos al mismo, en un grado que dependerá de los derechos en conflicto y las desigualdades que las partes presenten”4.
Por otro lado encontramos el principio dispositivo, en el que se basa nuestro sistema y que cobra especial relevancia en el proceso, ya que a través de él, las partes son las encargadas de dar curso progresivo a los autos.
Tal como se señala: “… la actividad jurisdiccional sólo puede iniciarse ante la petición del interesado, es decir, todo órgano jurisdiccional debe actuar rogadamente ("nemo iudex sine actore")…
En segundo lugar, la determinación concreta del interés cuya satisfacción se solicita del órgano jurisdiccional es exclusiva facultad de las partes; el actor por medio de la pretensión y el demandado a través de la resistencia, marcan los límites del objeto del juicio y el juez carece de potestades para modificar algunos de sus elementos: las partes, la causa de pedir o el objeto pedido…
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional debe ser congruente con los límites impuestos por la pretensión y resistencia (ne eat iudex ultra vel extra petita partium)…”5.
Acorde a esto, el tribunal tendría un rol más pasivo en el procedimiento, por lo tanto no estaría facultado por ejemplo para solicitar prueba o realizar ciertas diligencias, salvo que la ley lo faculte expresamente para ello.
El hecho de que el juez actúe de oficio, no afecta su imparcialidad. Lo anterior se ve reflejado en algunas de las normas que establecen los códigos como por ejemplo los artículos 10 inc.1Código Orgánico de Tribunales, artículo 159 Código de Procedimiento Civil, artículo 432 Código de Procedimiento Civil, artículo 91 Código de Procedimiento Civil y artículo 84 Código de Procedimiento Civil.
Como la carga radica principalmente en las partes, el legislador ha establecido distintas sanciones a la parte negligente dentro del proceso, con el fin de hacer prevalecer la certeza jurídica, evitar que el proceso sea dilatorio y se paralice por la inactividad de las mismas. Una de estas sanciones es la que contempla el artículo 152Código de Procedimiento Civil relativa al incidente del abandono del procedimiento, el cual dispone que las partes serán sancionadas una vez que hayan transcurrido seis meses desde la última gestión útil que haya dado curso progresivo a los autos.
ALGUNAS NOCIONES EN TORNO ALABANDONO DEL PROCEDIMIENTO
I.- Historia del abandono del procedimiento
El Código de Procedimiento Civil de 1902, contempló el incidente en análisis bajo el Título XVI, denominado “Del abandono de la instancia”, en su artículo 159.
Dicho artículo era del tenor siguiente:
“Art. 159: La instancia se entiende abandonada cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante tres años consecutivos, contados desde la última providencia”.
Podemos apreciar que en lugar de tratarse del abandono del procedimiento propiamente tal, originalmente el legislador se refirió al abandono de la “instancia” y el plazo para solicitarlo comprendía el cese en la prosecución durante tres años en lugar de los seis meses actuales6.
La Real Academia Española define instancia como “cada uno de los grados jurisdiccionales que la ley tiene establecidos para ventilar y sentenciar, en jurisdicción expedita, lo mismo sobre el hecho que sobre el derecho, en los juicios y demás negocios de justicia”.
Couture, por su parte, distingue entre distintas acepciones del vocablo “instancia”: acepción común, restringida y la acepción técnica aún más restringida7.
La acepción común del vocablo dice relación con las partes del proceso, en el sentido que “los actos procesales se realizan de oficio o a instancia de partes, según los realice el juez por iniciativa propia o a requerimiento de alguno de los interesados”8.
La acepción restringida dice relación con “el ejercicio de la acción procesal ante el mismo juez”. Esta acepción se refiere a la instancia como impulso, en el sentido de seguir adelante con la su prosecución o, por el contrario, de su caducidad9.
En su acepción técnica aún más restringida, el vocablo instancia se refiere “a cada una las etapas o grados del proceso”10, debiendo distinguir entre primera o segunda instancia y las etapas que se desenvuelven en cada una, desde sus inicios hasta su término.
El concepto de “instancia” también se encuentra contemplado en el artículo 188 del Código Orgánico de Tribunales, estableciendo los grados en que será ventilado un asunto ante los Tribunales, en el sentido en que se puede fallar en única instancia o primera instancia, respecto de aquellos casos en que la sentencia puede estar sujeta al recurso de apelación.
El procedimiento, por otro lado, corresponde a “‘la manera ordenada de dirigir la conducta o marcha que requieren los asuntos judiciales’ y, también, las formalidades a que deben someterse las partes y el tribunal en la tramitación de un asunto…”11.
Couture, por su parte, entiende el procedimiento como un método de debate en forma de proceso, entendiendo este último como “la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el conflicto sometido a su decisión”12.
Podemos apreciar la estrecha relación que existe entre los conceptos “instancia”, “proceso” y “procedimiento”, conceptos cuya aplicación otorgan un alcance completamente distinto respecto de la aplicación del abandono, distinguiendo resultados completamente distintos respecto del “abandono de la instancia” y del “abandono del procedimiento”.
Posteriormente, con la dictación de la Ley Nº 6.162 de 1938, el plazo para solicitar el abandono de la instancia se redujo a un año y manteniendo intacto el vocablo “instancia”, pasando a ser el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil. Dicho vocablo se mantuvo incólume en nuestro Código de Procedimiento Civil hasta la dictación de la Ley 18.705 de 1988, modificándolo por el de “procedimiento”13.
La primitiva redacción del artículo 160 permitía que el abandono de la instancia pudiera alegarse hasta la dictación de la “sentencia de término”, generando el problema de limitar la oportunidad procesal en que el abandono de la instancia podía solicitarse y, específicamente, qué actuaciones se entendían comprendidas en el abandono.
En este sentido, una sentencia de primera instancia no puede ser considerada de término si se ha interpuesto un recurso contra ella, el cuál será conocido por el superior jerárquico, continuando la tramitación ya no en primera instancia, sino que en segunda.
Por lo tanto, hablar de “abandono de la instancia” resulta impropio en virtud de la estrecha relación que existe entre el concepto de “proceso” e “instancia”. El proceso puede desenvolverse en primera o segunda instancia, sin perjuicio que una instancia puede constituir todo el proceso, por lo tanto, se genera la confusión respecto de que ocurriría si se interpone el abandono de la instancia, mientras un cuaderno del expediente se encuentra en primera instancia y otro en segunda14.
La modificación del vocablo “instancia” por “procedimiento” en virtud de la Ley 18.705 vino en clarificar que al solicitar el abandono del “procedimiento”, se encuentran comprendidas tanto la primera como la segunda instancia, comprendiendo todas las actuaciones realizadas tanto ante el tribunal a quo como ante el tribunal ad quem.
El artículo 152 de nuestro Código de Procedimiento Civil, agrupado en el Título Décimo Sexto, comprendido dentro de las “Disposiciones comunes a todo procedimiento”, establece que el procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante seis meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos.
La Real Academia Española define el abandono como “dejación o renuncia”, entendiéndose a su vez “dejación” como “desistimiento”. De esta manera, el abandono del procedimiento importa un “desistimiento” o “renuncia” tácita de una de las partes, específicamente del demandante, quien descuida la prosecución del juicio ya emprendido.
Correa define el abandono del procedimiento como “la extinción de las actuaciones realizadas dentro de un procedimiento cuando todas las partes que figuran en él no han instado por su prosecución dentro del plazo que señala la ley y que impide seguir con la substanciación”15.
Ramírez, por su parte, lo define como “una sanción de carácter procesal al demandante, que encontrándose en la obligación del impulso procesal a fin de que el juicio prosiga, no realiza gestiones en el sentido indicado”16.
Antes que nuestra legislación comprendiera el abandono del procedimiento con la dictación del Código de Procedimiento Civil, nuestro Código Civil de 1855 contempló como “sanción” la figura de la “interrupción civil de la prescripción”.
En aquél entonces, las causas podían paralizarse por tiempo indefinido y las partes podían reactivarlas en el estado que tenían al momento de quedar paralizadas y la única restricción existente correspondía a la interrupción civil de la prescripción, dejando de producir sus efectos si el demandante cesa en la prosecución de la demanda por más de tres años17.
De esta manera, queda de manifiesto el fundamento de esta institución: evitar la paralización de los juicios por un período de tiempo indeterminado, considerando el menoscabo a los intereses de las partes y la consiguiente incertidumbre e inseguridad jurídica que acarrea su dejación y negligencia en la prosecución del juicio.
La naturaleza del abandono del procedimiento, por su parte, quedaría determinada por la introducción de este incidente a nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que resultó necesario determinar si el plazo del abandono correspondía a un plazo de prescripción o a uno meramente procesal, en relación con la aplicación de la ley sobre el efecto retroactivo de las leyes y la distinta manera de computar uno u otro.
De esta manera, podemos distinguir dos tesis que buscan explicar la naturaleza jurídica de la institución en estudio: es un plazo de prescripción o de creación meramente procesal.
Al afirmar que el abandono del procedimiento es un plazo de prescripción, nos referimos al carácter extintivo de la misma, contemplado en el artículo 1567 Nº 10 del Código Civil, como medio de extinguir las obligaciones.
De acuerdo al artículo 2492 del Código Civil, la prescripción extintiva es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales.
Si consideramos el abandono de procedimiento como una sanción de carácter procesal, no es correcto confundirlo o tratar de explicarlo -asemejando sus efectos- con la prescripción extintiva, atendida las diferencias insostenibles entre ambas.
Concordamos con la postura de Ramírez, quien señala que “el derecho procesal en cuanto ciencia jurídica del proceso es una disciplina autónoma, en lo que a conceptos y principios reguladores se refiere, por ende, existen muchas instituciones del derecho común que no es necesario forzar en su entendimiento para hacerlas aplicables al terreno procesal”18.
Como regla general, dentro del proceso no existen derechos u obligaciones recíprocas entre las partes. En su lugar existen “cargas”, institución procesal distinta de los “deberes”, toda vez que el demandante tiene la “carga” de fundamentar su demanda al igual que el demandado tendrá la “carga” de contestar19. En este sentido, como la carga vela por el interés propio de las partes, no hay frente a ella un derecho del adversario que sirva de base para alegar el abandono como un plazo de prescripción extintiva.
De esta manera, el abandono del procedimiento adquiere el carácter de institución procesal y, a pesar de su considerable semejanza en algunos aspectos esenciales con la prescripción, deja de ser enteramente asimilable a ella y bastándose a sí mismo para su adecuada interpretación sin la necesidad de buscar explicarlo por medio del derecho privado.
Contrastando estos requisitos con nuestra institución, podemos apreciar una serie de semejanzas y convergencias, a saber:
Ambas pueden alegarse por vía de la acción, cuando su primera actuación luego de la inactividad consiste en alegar el abandono, o de excepción, cuando el demandante busca reactivar el procedimiento dando curso progresivo a los autos; y pueden renunciarse una vez cumplidos los plazos y condiciones legales. Destaca el requisito de la inactividad de las partes, toda vez que el abandono supone la paralización del juicio al cesar las partes en su prosecución.
Como primera diferencia, podemos destacar que si bien la prescripción es un modo de extinguir las obligaciones, lo que realmente extingue sólo es la acción y no el derecho ni la obligación correlativa, convirtiéndose las obligaciones extinguidas por prescripción en obligaciones naturales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1470 Nº2 del Código Civil20.
En este punto, la prescripción se contradice insosteniblemente con el abandono del procedimiento, en conformidad a lo establecido en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, disponiendo que “no se entenderán extinguidas por el abandono las acciones o excepciones de las partes…”.
Por un lado, la prescripción extingue sólo la acción y no el derecho, mientras que el abandono no extingue la acción sino el derecho de continuar el juicio de las partes; por lo tanto ¿cómo podría tratarse el abandono del procedimiento de un plazo de prescripción si no extingue la acción?
Otra diferencia radica en que la prescripción extintiva lo es de las acciones y derechos ajenos, mientras que en el abandono son ambas partes quienes pierden el derecho de continuar la tramitación del juicio producto de su misma negligencia.
Compartimos la postura de Ramírez al considerar que, si bien ambas instituciones comparten aspectos esenciales, “…ya en mayor profundidad encontramos que sus diferencias impiden considerar como válido el primer acercamiento y en consecuencia se contradicen”21.
En nuestra opinión, el abandono del procedimiento corresponde a una sanción de carácter procesal, que pone término en forma anormal el procedimiento y corresponde a una discusión accesoria a la cuestión principal22.
Analizaremos cada uno de esos aspectos:
1.- Corresponde a una sanción de carácter procesal
El propósito de esta institución es sancionar la inactividad. Existe discusión respecto a si ha de sancionarse la inactividad procesal en general, es decir, sin distinguir si éstas provienen de las partes o del propio tribunal o, por otro lado, por la exclusiva inactividad de las partes23.
2.- Es una forma anormal de terminar los procedimientos
El abandono del procedimiento corresponde a una forma anormal de terminar los procedimientos, toda vez que impide que el juez dicte sentencia definitiva en la presente causa sometida a su conocimiento.
De esta forma, el juicio en lugar de terminar con una sentencia definitiva, termina con una sentencia interlocutoria que declara la concurrencia de los requisitos del abandono del procedimiento, sancionando al demandante -el principal llamado por la ley a activar el procedimiento- con la pérdida de todo lo obrado en el juicio, retrotrayéndose al estado anterior a la iniciación del procedimiento24.
3.- Es una cuestión accesoria a la cuestión principal
Su procedencia o improcedencia se tramitará mediante un incidente, con la característica de que será un incidente de previo y especial pronunciamiento, en virtud del cual el procedimiento principal se suspenderá mientras no se resuelva dicho incidente, según lo establecido en el artículo 87 del Código de Procedimiento Civil25.
III.- Requisitos para que el procedimiento se entienda abandonado
La jurisprudencia26 ha señalado los siguientes requisitos necesarios para declarar el abandono del procedimiento:
Que todas las partes que figuran en el juicio hayan cesado en su prosecución.
Que el estado de inactividad dure, a lo menos, seis meses.
Que el plazo se cuente desde la última resolución.
Que dicha resolución recaiga en alguna gestión útil.
Que tal gestión esté destinada a dar curso progresivo a los autos.
Que el demandado no renuncie al abandono.
A continuación pasamos a exponer el análisis de dichos requisitos:
Carnelutti27-en un sentido más filosófico- entiende que “la parte es el resultado de una división: el prius de la parte es un todo que se divide”, vinculando el autor la noción de parte a la de “discordia”, toda vez que -en palabras de Carnelutti- “los litigantes [i.e. actor y demandado] son partes porque están divididos; [ya que] si viviesen en paz formarían una unidad…”.
Por su parte, Correa define el concepto de parte como “aquellas personas que ventilan ante un tribunal una contienda jurídica actual sobre sus derechos”28. El autor distingue entre el actor, quien inicia la contienda por su voluntad; demandado, quien comparece contra su voluntad; y terceros, quienes intervienen voluntariamente en el juicio una vez iniciado éste.
Con la noción de parte ya definida, cabe realizarnos la siguiente pregunta ¿puede el juez ser considerado como parte del proceso?
En palabras de Romero29, “… el juicio siempre ha sido definido como un acto entre tres personas. Hay siempre dos partes que comparecen ante un tercero imparcial para la resolución de sus conflictos”. De esta manera, el referido autor concibe la figura del juez como “un tercero imparcial que decide un conflicto”30.
De acuerdo a la postura de Carnelutti, si el concepto de parte acarrea necesariamente una “discordia” entre ellas, resulta imposible comprender la figura del juez dentro de ella, toda vez que su participación en el proceso se limita a la de un tercero imparcial que decide el conflicto.
A mayor profundidad, la imparcialidad del juzgador está elevada como una garantía esencial del debido proceso, siendo a la vez un presupuesto procesal. La relación anterior se explica con el aforismo “nemo iudex in causa propia” (nadie puede ser juez y parte), ya que si un juez no está en condiciones de juzgar imparcialmente, debe abstenerse de hacerlo, ya sea por iniciativa propia o a solicitud de parte31.
Podemos concluir, por tanto, que serán partes en el proceso el actor y el demandado, mientras que el juez será un tercero imparcial, quien resolverá la controversia puesta ante la esfera de su conocimiento.
En este sentido, la inactividad de las partes como requisito del abandono del procedimiento sólo se refiere al actor y demandado, excluyéndose el juez por no detentar dicha calidad dentro del proceso.
La Real Academia Española define “prosecución” como la “acción y efecto de proseguir”, entendiendo por “proseguir” como “seguir, continuar, llevar adelante lo que se tenía empezado”32.
En este mismo orden de ideas, las partes tienen la obligación de estar permanentemente preocupados continuar con la tramitación del juicio, incluso deben estar dispuestos a requerir a los tribunales por todos los medios que estén disponibles para “llevarlo adelante”, tanto jurisdiccionales como disciplinarios, para que éstos cumplan con las obligaciones que el Código de Procedimiento Civil establece como imperativas.
Dicha obligación se denomina como “obligación de prosecución” de las partes, ya que a ellas les corresponde la carga procesal de substanciación, por lo que son ellas las que deben siempre promover la continuación del juicio aunque no lo haga el juez, debiendo las partes instarlo a resolver, en conformidad al principio dispositivo que rige nuestro sistema procesal civil.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, la cesación de la prosecución del juicio debe producirse durante seis meses contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos.
2. Que la última resolución recaiga en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos.
El concepto de “resolución” comprende, de acuerdo a lo establecido en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias definitivas, sentencias interlocutorias, autos y decretos.
Por tanto, la fecha de la presentación de la solicitud de la parte interesada en reactivar el procedimiento no interrumpe el plazo de inactividad, reafirmándose la obligación de prosecución que tienen las partes sobre el proceso instando al juez a resolver y así continuar con la prosecución del juicio.
La jurisprudencia se ha encargado de interpretar qué tipo de actuación corresponde o no a una gestión útil.
Así, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago ha establecido en un muy clarificador fallo, que la gestión útil es “aquella actividad procesal idónea para interrumpir el plazo del abandono,…revestida de utilidad o trascendencia en orden a la marcha o prosecución del juicio”. Al respecto, continúa, y señala que “es evidente que las peticiones de los litigantes deberán ser eficaces para dar curso progresivo al procedimiento, siendo insuficientes para tal efecto las presentaciones que no reúnan tal calidad, esto es, que no conduzcan efectivamente al desarrollo o avance del litigio”33.
Entonces no toda actuación que realicen las partes en juicio, podrá ser considerada útil, sino que independientemente de que las partes actúen, igualmente se podría dar lugar al incidente de abandono del procedimiento.
Un caso que refleja lo anterior, es la causa Rol C-8289-200334, en donde el Consejo de Defensa del Estado en representación de la Comisión Nacional de Riego solicita que se declare el abandono del procedimiento en dicha causa, ya que desde la última resolución en que recae el proceso hasta el momento de promover el incidente, ha transcurrido en exceso el plazo de seis meses sin que las partes en juicio hayan efectuado gestiones útiles para dar continuidad al proceso.
Esto, a pesar de que el demandante había solicitado el desarchivo del procedimiento, una vez que éste se había reconstituido, y en virtud de lo anterior, es que la misma Corte Suprema establece que esta solicitud por sí sola no es considerada gestión útil porque requiere de una gestión posterior para que el procedimiento pueda seguir avanzando.
Es así como esta institución procesal tiende a sancionar principalmente la conducta omisiva de las partes, lo que trae como consecuencia que éstas pierdan la posibilidad de poder continuar con el procedimiento en que se decreta el abandono y a la vez con la posibilidad de poder iniciar un nuevo juicio relativo a la misma materia.
3. Que el demandado no renuncie al abandono
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, el abandono puede alegarse tanto por vía de la acción como de excepción.
En este sentido, será el demandado quien podrá alegar el abandono, como también podrá renunciar a él, ya sea en forma expresa o tácita.
Podrá el demandado alegar el abandono por la vía de acción solicitando directamente al juez que declare abandonado el procedimiento, una vez cumplidos los requisitos que lo hacen procedente.
Mientras que podrá alegarlo como excepción si el demandante pretende continuar con la prosecución del juicio una vez cumplidos los requisitos que lo hacen procedente, alegando el demandado el abandono como primera gestión35.
La renuncia al abandono del procedimiento, de acuerdo al artículo 155 del Código de Procedimiento Civil, se produce con cualquier gestión hecha por el demandado que no tenga por objeto alegarlo, una vez cumplidos los requisitos que lo hacen procedente.
ABANDONO DE PROCEDIMIENTO Y CARGAS PROCESALES MIXTAS
I.- Cargas procesales e impulso procesal
Explica Couture que la carga procesal es “una situación jurídica instituida [sic] en la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él (el énfasis es nuestro)”36.
Por tanto, las cargas se entienden en base a “facultades” de las partes, es decir, el demandado tiene la facultad de contestar, bajo el riesgo de que se falle el juicio sin escuchar sus defensas en caso de optar por la rebeldía.
Si la carga corresponde a un imperativo del interés propio de cada parte, el opuesto procesal correspondería a las obligaciones, toda vez que las obligaciones tienen una naturaleza impositiva, es decir, no existe una libertad jurídica para cumplirla o no37.
Podemos apreciar dos diferencias entre las obligaciones y las cargas.
En primer lugar, el interés que se ve afectado por su incumplimiento: un interés ajeno en el caso del incumplimiento de una obligación y el interés propio respecto de las cargas38.
La segunda diferencia consiste en que el incumplimiento de las cargas no genera derechos a favor del adversario -toda vez que el interés afectado es el de la propia parte que incumple, siendo esta la razón del por qué la naturaleza del abandono del procedimiento es meramente procesal y no de prescripción extintiva.
Existe una estrecha relación entre las cargas procesales con el denominado impulso procesal, definido según Ramírez como “un fenómeno jurídico que implica actividad, la cual deberá necesariamente llevarse a cabo dentro del proceso ya iniciado…”39.
La jurisprudencia ha definido el impulso procesal como “la actividad mediante la cual se hace posible el desarrollo de etapa en etapa -sujeto a una vertebración racional y orgánica- del proceso hacia la consecución de la finalidad que le es propia, desarrollo gradual y progresivo para que el trámite avance del estadio en que se encuentra al consecutivo, de forma que marche y siga su curso en forma gradual y progresiva”40.
En la estructura del procedimiento, generalmente, se combina la actividad de las partes con la del juez, en lo que respecta a la tarea de promover el avance del proceso.
Al respecto, la regla general es que el impulso procesal radique exclusivamente en las partes, “siendo ellas quienes deben desplegar la actividad necesaria para que el proceso avance hacia la consecución de la finalidad que le es propia”41.
Sin perjuicio de lo anterior, también existen etapas procesales en que el impulso procesal se encuentra exclusivamente radicado en el tribunal, “siendo el juez quien debe velar para que éste llegue prontamente a su término”42.
En este punto es donde se genera discusión y la jurisprudencia se encuentra dividida. Un amplio sector considera que al estar radicado el impulso procesal en el tribunal, se les resta a las partes de un modo absoluto la carga de tener que impulsar el proceso, atendido principalmente a que las actuaciones que puedan impulsarlo se encuentran agotadas. En estos casos el abandono del procedimiento resultaría improcedente43.
En este sentido, entendemos que la ley insta a las partes a realizar estas actuaciones estableciendo cargas procesales, para que sean ellas quienes, por medio de su actividad, impulsen el proceso hasta su terminación con la decisión judicial, lograda -en palabras de Ramírez- “… por el impulso progresivo dado al proceso por los legalmente llamados a instar por su prosecución”44.
Por tanto, para que las partes no vean afectados sus intereses por las cargas procesales que la ley les impone, deben “impulsar el procedimiento” progresivamente hacia su culminación con la sentencia definitiva. Lo anterior se debe a la connotación dinámica del proceso, la que exige -según la Corte Suprema- “el avance inexorable de los actos del procedimiento hacia la sentencia, sin que ello pueda verse afectado por retrocesos o retardos injustificados”45.
Entendiendo el proceso como una serie de “etapas” en que cada una de dichas etapas acarrea cargas procesales para las partes, quienes mediante el impulso procesal de sus actuaciones logran dar curso progresivo, culminando hasta la que el juez resuelva la controversia mediante la dictación de sentencia. Así, estaríamos ante un régimen ecléctico, “donde se combinan la actividad de las partes -a nivel preeminente- con la que le corresponde al juez en determinados estadios de los mismos [procesos]”46.
II.- Cargas procesales mixtas
Las cargas procesales implican un menoscabo al interés de la parte que opta por no realizar la actuación que de curso progresivo al procedimiento, ya que se entiende que dicha parte tenía la carga procesal de impulsar el procedimiento.
Las cargas procesales mixtas podemos entenderlas como aquellas que corresponden a la vez, tanto a la parte demandante como a la parte demandada, en el sentido que se percibe que la ley insta a la parte a realizar actos, bajo la conminación de seguir adelante en caso de omisión.
Como ya hemos dicho, el abandono del procedimiento corresponde a una sanción de carácter procesal que afecta a ambas partes, puesto que puede declararse una vez que el procedimiento se encuentra paralizado producto de su inactividad, tanto del demandante como del demandado.
Así, si el abandono del procedimiento corresponde a una sanción que afecta el interés de ambas partes, hemos de concluir que recae sobre ambas la carga procesal de dar curso progresivo al procedimiento hasta la terminación del mismo, de lo contrario sólo se exigiría la inactividad y negligencia de la parte demandante, en lugar de ambas.
Es en virtud del carácter mixto que recae sobre las partes para proseguir con la tramitación, exigiéndose a ambas impulsar el procedimiento hasta su conclusión, que es posible declarar abandonado el procedimiento incluso respecto de aquellos casos en que el impulso procesal recaiga en el tribunal.
La jurisprudencia ha fundamentado la postura anterior relacionando -no expresamente47- las cargas procesales mixtas con el principio de pasividad, toda vez que la gran discusión que se genera al momento de acoger o rechazar la solicitud de abandono radica en si las partes comparten la carga procesal de continuar con la prosecución del juicio -cargas procesales mixtas- cuando el impulso procesal recae en el tribunal.
El principio de pasividad se encuentra contemplado en el inciso 1º del artículo 10 de nuestro Código Orgánico de Tribunales, estableciendo que “Los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo los casos en que la ley los faculte para proceder de oficio”.
Sin perjuicio de lo anterior, y entendiendo que las partes son quienes tienen la carga de dar curso progresivo al procedimiento en virtud de actuaciones ante el tribunal48, la jurisprudencia ha entendido que el principio de pasividad no puede justificar la falta de actividad de las partes en aquellas etapas en que el procedimiento se encuentre radicado en el tribunal.
La postura anterior se ve fundamentada al relacionar las cargas mixtas con el principio de pasividad, toda vez que al recaer el impulso procesal sobre el tribunal las partes mantienen la carga de seguir con la prosecución del juicio, ya que -de acuerdo a la Corte Suprema- “ello no implica que en dicho estadio procesal [recibir la causa a prueba] las partes queden eximidas de realizar las gestiones pertinentes para instar por la prosecución del juicio”49.
Así, la Corte Suprema ha entendido respecto de aquellos casos en que el impulso procesal recae en el tribunal, que “la falta de actividad del órgano jurisdiccional no puede servir de justificación a la inactividad de las partes, más aún si se considera que la inestabilidad de las relaciones jurídicas que produce la existencia de un juicio no puede extenderse indefinidamente”50.
En este mismo orden de ideas, entendemos que ante estas situaciones las partes deben instar al tribunal a dar curso progresivo a los autos, para que así no se cumplan los requisitos respecto a la inactividad de las partes durante el plazo contemplado en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que ya no estaríamos ante una parte negligente que merezca ser sancionada con la declaración de abandono.
Al respecto, la Corte Suprema ha reconocido esta teoría tanto como confirmar la declaración de abandono del procedimiento como para revocarla, atendido a que si una de las partes ha instado al tribunal para proseguir con la tramitación del juicio, el abandono del procedimiento resulta improcedente. En el caso contrario, es decir, ante la inactividad de las partes, el abandono del procedimiento procederá siempre, aún en aquellos casos en que el impulso procesal se encuentre radicado en el tribunal.
Destaca en la jurisprudencia una causa en que la Corte Suprema ha desestimado el abandono del procedimiento considerando las cargas mixtas51 -no de forma expresa- al instar al actor para dar curso progresivo a los autos, determinando que “la parte demandante cumplió con la carga procesal que le compete de instar por el avance del procedimiento”, ya que del análisis del tenor literal de la expresión “cesación de las partes en la prosecución del juicio” del artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, refleja un desinterés de las partes en obtener una decisión del conflicto y alude a una pasividad imputable a las partes en continuar con la tramitación del procedimiento. Por lo tanto, “se exige que en tales circunstancias [aquellas en que el impulso procesal recae en el tribunal] el litigante esté en situación de interrumpir efectivamente esta suspensión en la tramitación del procedimiento o comprobar que ya se ha realizado todo lo que la ley requiere para dejarlo en estado de ser decidido por el órgano jurisdiccional.
1) La institución del abandono del procedimiento, desde sus orígenes, ha tenido por objeto la sanción de las partes que, por descuido o negligencia, han paralizado la prosecución del procedimiento. Podemos apreciar que a lo largo de su historia, el abandono del procedimiento ha ido precisando conceptos, tales como la modificación del vocablo “instancia” por “procedimiento” y disminuido notablemente los plazos para solicitarlo, de tres años a seis meses.
2) Consideramos que la institución en estudio aún puede perfeccionarse, precisamente contemplando expresamente su procedencia ante aquellos casos en que el impulso procesal radique en el tribunal, toda vez que su objetivo es poner fin a una situación anómala en que un procedimiento en el que existe interés de las partes en resolver la controversia se encuentra paralizado indefinidamente.
3) En virtud de lo anterior, la figura de las cargas procesales mixtas -figura escuetamente tratada tanto en nuestra doctrina como en la jurisprudencia- viene en resolver el conflicto que se genera ante la inactividad del tribunal, ya que entiende que las partes siempre tienen la obligación de instar por la prosecución del juicio, hasta que el juez dicte sentencia definitiva.
4) Las consecuencias entre reconocer la existencia de las cargas procesales mixtas de las partes al momento de declarar o rechazar el abandono del procedimiento cuando el impulso procesal recae en el tribunal resulta determinante, toda vez que en aquellos casos en que dicho principio no ha sido reconocido, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema han entendido que las partes se encuentran excusadas de instar al tribunal por una pronta respuesta ante su inactividad que ha servido de base para el planteamiento de este incidente.
5) Es en estos casos que encontramos la situación problemática que aqueja el abandono del procedimiento, ya que se está abriendo una puerta para que los procedimientos se mantengan paralizados indefinidamente y lo que es peor, por la inactividad del mismo órgano que supuestamente ha de concluirlo.
Obras de autores y Códigos
Carnelutti, Francesco (1994). Cómo se hace un proceso. (trad.) Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis S.A.
Código Orgánico de Tribunales (edición 2012).
Couture, Eduardo J. (2010). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires: Editorial B de F.
Correa Selamé, Jorge D. (2000). El abandono del procedimiento. Santiago: Editorial Jurídica Conosur Ltda.,
Ramírez Herrera, Rodrigo E. (2000). El abandono del procedimiento, Tomo I. Santiago: Editorial Congreso Ltda.,
Romero Seguel, Alejando (2007). Curso de derecho procesal civil, Tomo II. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
Alfredo Morgado Travenzan con Comisión Chilena de Energía Nuclear (2015): Corte Suprema, 18 de agosto de 2015 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 3000-2015.
Arriagada Ríos Alejandro con West Store S.A. (2015): Corte Suprema, 19 de marzo de 2015 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 22991-2014.
Banco de Chile con Vásquez Muñoz, Cristián Patricio y otra (2010): Corte de Apelaciones de Santiago, 25 de mayo de 2010 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 1592-2009.
Instituto de Previsión Social con Municipalidades de San Bernardo y otros (2014): Corte Suprema, 21 de octubre de 2014 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 23754-2014.
Navea Fuentes Moisés Bernabé y otra con Banco Santander Chile y otro: Corte Suprema, 8 de octubre de 2014 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 16918-2013.
Olmos con Fisco de Chile (2001): Corte de Apelaciones de Santiago, 2 de mayo de 2001 (apelación), Rol Ingreso Corte 971-2009.
Rodrigo Guarda Barrientos y otros con I. Municipalidad de Fresia (2016): Corte Suprema, 25 de abril de 2016 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 3537-2014.
Sodimac con Fisco de Chile (2014): Corte Suprema, 11 de febrero de 2014 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 3537-2014.
Scotiabank Chile con Marcelo Nocetti Cifuentes (2015): Corte Suprema, 26 de octubre de 2015 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 6978-2015;
Toloza Vargas, Juan Orlando con Servicio de Salud Osorno (2014): Corte Suprema, 31 de julio de 2014 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 22085-2014.
Ugarte y Lorenzo Ingenieros Civiles con Comisión Nacional de Riego, Rol C-8289-2003.
Artículos en medios electrónicos
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http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio-dispositivo/principio- dispositivo.htm. (Fecha de consulta: 28 de agosto)
P. Sevilla Villa, El principio de cooperación en el proceso civil actual, visto en:
http://www.academia.edu/15353215/El_principio_de_cooperaci%C3%B3n_en_el_p roceso_civil_actual. (Fecha de consulta: 28 de agosto)
Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nº 35 Valparaíso, diciembre 2010, visto en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071868512010000200005. (Fecha de consulta: 28 de agosto).
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Curso: Egresado 2015
1 Romero Seguel, Alejandro (2011). Curso de Derecho Procesal Civil, Tomo 3.
2 Visto en http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio-dispositivo/principio-dispositivo.htm.
3 Código Orgánico de Tribunales (2012). Artículo 10 inciso 2.
4 Visto en http://www.academia.edu/15353215/El_principio_de_cooperaci%C3%B3n_en_el_proceso_civil_actual.
5 Visto en http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512010000200005.
6 Con la dictación de la Ley 6.162 de 1938 se rebajó el plazo de tres a un año. Posteriormente, el artículo 159 pasó a ser el artículo 152 luego de la reordenación de la numeración del Código de Procedimiento Civil con la Ley 7.760 de 1944.
7 Couture, Eduardo J. (2010). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Buenos Aires: Editorial B de F, p. 139 y 140.
11 Correa Selamé, Jorge D. (2000). El abandono del procedimiento. Santiago: Editorial Jurídica Conosur Ltda., pp.12 y 13.
12 Couture (2010), pp. 29 y 99.
13 Ramírez Herrera, Rodrigo E. (2000). El abandono del procedimiento (Tomo I). Santiago: Editorial Congreso Ltda., p. 34.
14Ibid., p. 140.
15 Correa (2000), p. 1.
16 Ramírez (2000), p. 22.
17Ibid., pp. 52 – 54.
18Ibid., 67.
19 Por su parte, Couture considera que dichas actuaciones corresponden a derechos, toda vez que la ley lo faculta a realizar dichas actuaciones en su beneficio. Cfr. Couture (2010), p. 173.
20Ibid. p. 210.
21 Ramírez (2000), p. 57.
22Ibid. pp. 22.
23Ibid, pp. 23. Cfr. Correa (2000), pp. 3.
24 Tratándose de acciones imprescriptibles, una vez se ha declarado el abandono del procedimiento, nada impide al demandante a deducir nuevamente la acción ante los tribunales.
25 Ya que se puede dejar sin efecto parte de lo obrado en el juicio, evitándose así actuaciones innecesarias que puedan ser contrarias a lo que resuelva el juez durante la tramitación del procedimiento.
26 Olmos con Fisco de Chile (2001): Corte de Apelaciones de Santiago, 2 de mayo de 2001 (apelación), Rol Ingreso Corte 971-2009.
27 Carnelutti, Francesco (1994). Cómo se hace un proceso. (trad.) Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra Redín. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis S.A.
28 Correa (2000), p. 46.
29 Romero Seguel, Alejando (2007). Curso de derecho procesal civil (Tomo II). Santiago: Editorial Jurídica de Chile.
30Ibidem.
32 Durante la vigencia del “abandono de la instancia”, en virtud de la aplicación del vocablo “instancia” existía la discusión respecto si procedía el abandono antes de la notificación de la demanda. Cfr. Ramírez (2000), pp. 31 – 39.
33 Banco de Chile con Vásquez Muñoz, Cristián Patricio y otra (2010): Corte de Apelaciones de Santiago, 25 de mayo de 2010 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 1592-2009.
34Ugarte y Lorenzo Ingenieros Civiles con Comisión Nacional de Riego, Rol C-8289-2003.
35 Correa (2000), p. 70.
36 Couture (2010), p. 173.
37Así, y en palabras del citado autor, la carga “se configura como una amenaza, como una situación embarazosa que grava el derecho del titular”.
38 Ibid, p. 174.
39 Ramírez (2000), p. 114.
40 Sodimac con Fisco de Chile (2014): Corte Suprema, 11 de febrero de 2014 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 3537-2014.
41 Rodrigo Guarda Barrientos y otros con I. Municipalidad de Fresia (2016): Corte Suprema, 25 de abril de 2016 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 3537-2014.
42 Ibidem.
43 Scotiabank Chile con Marcelo Nocetti Cifuentes (2015): Corte Suprema, 26 de octubre de 2015 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 6978-2015; Navea Fuentes Moisés Bernabé y otra con Banco Santander Chile y otro: Corte Suprema, 8 de octubre de 2014 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 16918-2013.
44 Rodrigo Guarda Barrientos y otros con I. Municipalidad de Fresia (2016)
45 Ibidem.
46 Sodimac con Fisco de Chile (2014).
47 La jurisprudencia generalmente alude al “impulso procesal de carácter mixto”, siendo las cargas procesales mixtas aquellas que realmente permite que se declare abandonado el procedimiento sancionándose a las partes en aquellos casos en que el impulso procesal radique en el tribunal. Cfr. Toloza Vargas, Juan Orlando con Servicio de Salud Osorno (2014): Corte Suprema, 31 de julio de 2014 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 22085-2014.
48 Toloza Vargas, Juan Orlando con Servicio de Salud Osorno (2014); Cancino Galle, Juan Guillermo con I. Municipalidad de Frutillar (2014): Corte Suprema, 10 de noviembre de 2014 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 15323-2014; Alejandro Arriagada Ríos con West Store S.A. (2015): Corte Suprema, 19 de marzo de 2015 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 22991-2014, entre otros.
49 Rodrigo Guarda Barrientos y otros con I. Municipalidad de Fresia (2016).
50 I Rodrigo Guarda Barrientos y otros con I. Municipalidad de Fresia (2016). nstituto de Previsión Social con Municipalidades de San Bernardo y otros (2014): Corte Suprema, 21 de octubre de 2014 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 23754-2014.
51 Alfredo Morgado Travenzan con Comisión Chilena de Energía Nuclear (2015): Corte Suprema, 18 de agosto de 2015 (casación en el fondo), Rol Ingreso Corte Nº 3000-2015.

References: artículo 10
 artículo 687
 artículo 159
 artículo 432
 artículo 91
 artículo 84
 artículo 152
 artículo 159
 artículo 188
 artículo 152
 artículo 160
 artículo 152
 resolución 
 artículo 1567
 artículo 2492
 artículo 1470
 artículo 156
 artículo 87
 resolución 
 resolución 
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 artículo 158
 resolución 
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 artículo 155
 artículo 10
 artículo 152
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 Artículo 10
 artículo 159
 artículo 152