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Timestamp: 2020-04-05 04:41:59+00:00

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Breve referencia al recurso contencioso-administrativo – El blog del abogado blog
02/10/2019 02/10/2019 Alberto Infante Caballero
La jurisdicción contencioso-administrativa la integran un conjunto de tribunales del Poder Judicial que disponen de competencias especializadas en materia contencioso-administrativa. Estos tribunales tienen por objeto conocer del llamado recurso contencioso-administrativo que se interpone por los particulares o las Administraciones Públicas contra resoluciones de la Administración Pública (estatal, autonómica, provincial, local o institucional).
Par que puedan entrar a conocer los tribunales de lo Contencioso-Administrativo del recurso que lleva el mismo nombre, es preciso que previamente haya existido un acto administrativo dictado por la Administración, en la vía administrativa. Obtenida esta primera resolución administrativa, el particular o ciudadano que no esté conforme con el contenido de la misma, interpondrá los recursos administrativos existentes en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas. Finalizado este trámite, y agotada la vía administrativa, podrá entonces el ciudadano acudir a los tribunales ordinarios de justicia, en solicitud de revocación de la resolución dictada por la Administración.
El acceso a uno u otro Tribunal de Justicia con competencias contencioso-administrativas se verifica en función de la autoridad que dictó el acto administrativo recurrido. Asimismo, resuelto el recurso contencioso-administrativo, contra la resolución que dicte el Tribunal contencioso-administrativo competente podrá interponerse el correspondiente recurso de reposición, apelación, casación o revisión.
La regulación normativa de la materia se encuentra recogida en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Debe afirmarse que, de conformidad con la Disposición Adicional primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, “en lo no previsto por esta ley, regirá como supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
La jurisdicción contencioso-administrativa constituye un proceso judicial de control de la legalidad de la actuación administrativa. La Administración Pública, en sus diversas actuaciones, está sometida a la legalidad y control que de esta legalidad vienen efectuados por los Tribunales ordinarios de Justicia.
Según el artículo 9.4 de la LOPJ, la jurisdicción contencioso-administrativa será la encargad de fiscalizar si la actuación de la Administración pública es correcta conforme al Derecho Administrativo.
Todo ello aparece coherentemente enunciado en el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Del enunciado anterior y del análisis de la LOPJ y de la LJCA podemos extraer los siguientes caracteres en relación a este conjunto de tribunales.
3.1.- Es un sistema de control judicial.
Las labores de control de la actuación de la Administración Pública podían haber sido atribuidas a órganos jurisdiccionales o a órganos no jurisdiccionales. El sistema español ha optado por la primera opción, de conformidad al artículo 8 de la LOPJ.
3.2.- Es un sistema de control judicial especializado.
Al realizar la atribución de competencias de control de la legalidad e la actuación administrativa a los tribunales de justicia, algunos países han optado por crear unos «tribunales especiales». En España, en virtud de del principio general de unidad de la jurisdicción del artículo 117.5 CE, ello no es posible, y la atribución de competencias en este ámbito debe ser en favor de los ordinarios.
3.3.- Plenitud de la garantía de la jurisdicción.
A tenor de lo previsto en los artículos 1 de la LJCA y 24 de la CE, los ciudadanos tienen plena garantía de acceso a los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar todos los actos de la Administración pública sujetos al Derecho Administrativo y a las disposiciones de categoría inferior a la ley. Existe plenitud de garantía jurisdiccional, al amparo del artículo 24 de la CE, referente a la tutela judicial efectiva.
3.4.- Antiformalismo y principio pro actione.
Rige en la tramitación del recurso contencioso-administrativo el principio antiformalista, y en favor de la acción (pro actione), de forma que la configuración de los requisitos formales previstos en la LJCA no debe entenderse como un obstáculo a superar para conseguir el reconocimiento de un derecho.
4.- Régimen jurídico.
La reglamentación jurídica de la Jurisdicción contencioso-administrativa se encuentra contenida en la Ley 29/1998, de 13 de julio, que en su Disposición Derogatoria segunda declara derogada, la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa de 1956.
También encontramos referencias a dicha jurisdicción en los siguientes textos legales:
Artículo 117.3 CE.
Artículo 117.5 CE.
Artículo 106 CE.
Artículo 103 CE.
Artículo 3.1 de la LOPJ.
Artículo 4 de la LOPJ.
Artículo 8 de la LOPJ.
Artículo 9.4 de la LOPJ.
La Ley de Enjuiciamiento civil, que, conforme a la disposición final primera de la LJCA, es supletoria para lo no regulado en la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
5.- Ámbito de aplicación de la jurisdicción contencioso-administrativa.
En este epígrafe debemos precisar qué resoluciones de la Administración pública son o no susceptibles de impugnación ante dicha jurisdicción, en tanto existen resoluciones cuya impugnación debe hacerse la jurisdicción civil o laboral o a través de mecanismos de control político.
5.1.- Atribución de competencias plenas a favor de los tribunales del Estado.
Ante todo, debemos dejar claro que, de conformidad al artículo 24 de la LOPJ, son los tribunales del Estado los únicos competentes par conocer de este tipo de impugnaciones, con plena exclusión de los fueros internacionales.
5.2.- Asuntos incluidos en el ámbito de la competencia de los tribunales de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
Del análisis de los artículos 1 y 2 de la LJCA podemos precisar como incluidos en el ámbito de su conocimiento los siguientes aspectos.
5.2.1.- Las pretensiones que se deduzcan en relación a los actos de la Administración Pública.
Dispone al efecto el artículo 1.1 de la LJCA que «los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior al a ley y con los Decretos Legislativos cuando excedan los límites de la delegación».
El apartado segundo del artículo 1 de la LJCA indica que «se entenderá, a estos efectos, por Administraciones Públicas:
Las entidades de Derecho Público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales.»
5.2.2.- Revisión de los actos administrativos de órganos constitucionales del Estado.
Aun cuando hemos admitido que en el recurso contencioso-administrativo debe figurar siempre como sujeto pasivo la Administración pública, también pueden darse determinados recursos en los que, en vez de la Administración Pública, el sujeto pasivo sean los órganos constitucionales del mismo (Congreso de los Diputados, Senado, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, etc.).
En todos estos casos, ha de tratarse de actos administrativos de los mismos no vinculados al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales o legislativas, sino de tratarse de impugnación de actos de potestad doméstica relacionados con materia de personal o estructuración interna de dichos órganos. El art. 1.3.a) y b) de la LJCA precisa el ámbito de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa en este ámbito.
5.2.3.- El control de la Administración Electoral.
De conformidad con el artículo 1.3.c) de la LJCA corresponde al conocimiento de los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa “la actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la LOREG”.
5.2.4.- El control de los actos políticos del Gobierno.
De conformidad con el artículo 2.a), el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación a: “a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos”.
Pese a que el Gobierno esté integrado en la Administración del Estado, sus actos políticos (discrecionales) no estaban tradicionalmente sujetos al control de los tribunales de lo contencioso-administrativo, sino a mecanismo de control político previstos en el Congreso de los diputados.
5.2.5.- Contratos administrativos.
El artículo 2.b) de la LJCA atribuye al ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa la impugnación de las resoluciones de la Administración en el ámbito de los contratos administrativos. Introduce la LJCA una novedad respecto a la jurisdicción anterior, ya que atribuye a favor de la jurisdicción contencioso-administrativa las plenas competencias en materia de impugnación de los contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas, sin remitir al control de la jurisdicción civil los aspectos separables de los referidos contratos.
Como indica la Exposición de Motivos de la LJCA, la ley precisa la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que se susciten en relación no sólo con los contratos administrativos, sino también con los actos separables de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
5.2.6.- Actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público.
El artículo 2.c) de la LJCA atribuye el conocimiento de las cuestiones suscitadas den relación con los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, cuando hayan sido adoptadas en el ejercicio de sus funciones.
5.2.7.- Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos.
El artículo 2.d) de la LJCA prevé al respecto que “los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente”.
5.2.8.- Cuestiones derivadas de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administración Común de las Administraciones Públicas, vigente a partir del 2 de octubre de 2016, establece en su artículo 1.1 como objeto de dicha ley regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, reglando la posibilidad de iniciar de oficio por la propia administración el procedimiento de responsabilidad patrimonial, y regulando en el artículo 67 la solicitud de iniciación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
5.2.9.- Cuestiones que una ley le atribuya expresamente.
Las leyes pueden ir atribuyendo competencias específicas en favor de la jurisdicción contencioso-administrativa para el conocimiento de determinados procesos, según el apartado f) del artículo 2 de la LJCA.
5.3.- Asuntos no incluidos en el ámbito de la competencia de los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa.
De conformidad al artículo 3 de la LJCA no corresponde al ámbito de conocimiento de esta jurisdicción en las siguientes materias:
5.3.1.- Cuestiones de índole civil, penal o social atribuidas a la jurisdicción ordinaria.
De conformidad con el artículo 3 de la LJCA, “no corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública”.
La actividad de la Administración pública es muy variada y existen multitud de actos no sometidos al derecho administrativo, sino a la legislación civil o social, en cuyo caso, la impugnación de los mismos corresponde a los respectivos tribunales.
5.3.2.- El recurso contencioso-disciplinario militar.
De conformidad, con el artículo 3.b) de la LJCA, el recurso contencioso-disciplinario militar está excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa.
5.3.3.- Cuestiones de competencia entre la Administración y las jurisdicciones ordinarias o especiales y las de conflictos de atribuciones.
De conformidad con el artículo 3.c) de la LJCA, “no corresponde al orden contencioso administrativo: c) los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma jurisdicción”. Existe creado al efecto un órgano especial de resolución de los referidos conflictos, no siendo la jurisdicción contencioso-administrativa la competente para ello.
5.3.4.- Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las normas fiscales de las Juntas generales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Los recursos directos o indirectos contra las normas forales fiscales de las Juntas Generales de estos territorios corresponderán en exclusiva al Tribunal constitucional.
6.- Tribunales con competencias contencioso-administrativa.
La regulación de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa está contenida en la LOPJ, en la ley de Demarcación y Planta judicial, y en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En la actualidad, el artículo 6 de la LJCA establece los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa:
Así determinados, hay que acudir al artículo 5 de la misma ley.
7.- La Competencia.
Es el criterio que sirve para distribuir el conocimiento de los asuntos contencioso-administrativos entre la diversidad de órganos que tiene atribuida la función jurisdiccional. Sirve para determinar el número de asuntos o materias sobre las que puede entrar a conocer cada tribunal.
7.2.- Extensión de la competencia.
De conformidad con el artículo 7.1 de la LJCA, “los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que fueren competentes para conocer de un asunto lo serán también para todas sus incidencias y para hacer ejecutar las sentencias que dictaren en los términos señalados en el artículo 103.1 de la LJCA”.
7.3.- Improrrogabilidad de la competencia de los Juzgados y Salas de lo contencioso-administrativo.
De conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 7 de la LJCA, “la competencia de los Juzgados y Salas de lo Contencioso-administrativo no será prorrogable y deberá ser apreciada por los mismos, incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días. La declaración de incompetencia adoptará la forma de auto y deberá efectuarse antes de la sentencia, remitiéndose las actuaciones al órgano de la Jurisdicción que se estime competente para que ante él siga el curso del proceso. Si la competencia pudiera corresponder a un Tribunal superior en grado, se acompañará una exposición razonada, estándose a lo que resuelva éste.”
7.4.- Clases de competencia.
Al igual que ocurría al analizar la competencia en los órdenes jurisdiccionales civil y penal, en el contencioso-administrativo debemos efectuar la división de la misma en tres tipos.
7.4.1.- Competencia objetiva.
A) Concepto: es aquella determinada por razón de la materia o de la persona. Tiene, básicamente, su razón de ser en el principio de la división del trabajo y la especialización, y sirve para determinar qué juzgado o tribunal debe conocer en primera o única instancia de la tramitación del recurso contencioso-administrativo.
B) Clases: la determinación de la competencia objetiva en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa exige una diferenciación o clasificación de la misma en función de los distintos órganos jurisdiccionales.
Competencia objetiva de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. El artículo 91 de la LOPJ dispone que “conocerán, en primera o única instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos que expresamente les atribuya la ley”. El artículo 8 de la LJCA precisa sus competencias:
Control de la actividad administrativa de las Entidades locales. Los juzgados de lo Contencioso-Administrativo conocerán en primera o única instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos de entidades locales o de entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas.
Control de la actividad administrativa de la Administración de las Comunidades Autónomas (a excepción de los actos del Consejo de Gobierno de éstas). Conocerán en primera o única instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las Comunidades Autónomas cuando tengan por objeto:
Cuestiones de personal, salvo lo relativo al nacimiento o extinción de la relación de servicio.
Sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 Euros y en ceses de actividades o privación del ejercicio de derechos no superior a 6 meses.
Reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.000 euros.
Control de la actividad administrativa de la Administración periférica del Estado y de las Comunidades Autónomas. Conocerán en primera o única instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administración periférica del Estado y frente a disposiciones de las Comunidades Autónomas, contra actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho público, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra resoluciones de los órganos superiores cuando confirme íntegramente lo dictado por aquéllos en vía de recurso. Se exceptúan los actos de cuantía superior a 60.000 euros dictados por la Administración periférica del Estado y organismos públicos con competencia en todo el territorio nacional. También conocerán de todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por organismos competentes de las Comunidades Autónomas.
Control de la actividad de la Administración electoral. Corresponde conocer a los JCA de las impugnaciones contra actos de las Juntas electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidatos y candidaturas.
Autorizaciones de entrada en domicilios. Conocerán de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración Pública.
Autorización o ratificación de medidas sanitarias urgentes. corresponderá a los JCA la autorización o ratificación de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad u otro derecho fundamental.
Autorización para la entrada en domicilios acordadas por la Comisión Nacional de la Competencia.
Competencias objetivas de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. De conformidad al artículo 9 de la LJCA, estos Juzgados conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto:
En primera o única instancia, las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros o Secretarios de Estado, salvo que confirmen en vía de fiscalización o tutela actos dictados por órganos inferiores o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio.
En única o primera instancia contra los actos de los órganos centrales de la Administración General del Estado en los supuestos previstos en el apartado 2.b) del artículo 8.
En primera o única instancia de los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencias en todo el territorio nacional.
En primera o única instancia, de los recursos contra resoluciones dictadas por los Ministros o Secretarios de Estado en materia de responsabilidad patrimonial cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros.
En primera instancia de las resoluciones que acuerden la inadmisión de las peticiones de asilo político.
En única o primera instancia, de las resoluciones que, en vía de fiscalización, sean dictadas por el Comité Español de disciplina deportiva en materia de disciplina deportiva.
El citado artículo atribuye también a estos órganos jurisdiccionales la autorización a que se refiere el artículo 8.2 de la Ley 34/2002, así como autorizar la ejecución de los actos adoptados por la Sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual para que se interrumpa la prestación de servicios de la sociedad de la información o para que se retiren contenidos que vulneren la propiedad intelectual. Igualmente conocerán del procedimiento previsto en el artículo 12 bis la LO 6/2002.
El apartado 7 del artículo 90 de la LOPJ dispone asimismo que corresponde a estos juzgados autorizar, mediante auto, el requerimiento de información por parte de la Agencia española de Protección de Datos.
Competencia objetiva de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Están reguladas en el artículo 10 de la LJCA: “Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:
Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa.
Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.
Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamación de electos y elección y proclamación de Presidentes de Corporaciones locales, en los términos de la legislación electoral.
Los convenios entre Administraciones públicas cuyas competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.
Los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiación forzosa.
Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia.
Las resoluciones dictadas por el órgano competente para la resolución de recursos en materia de contratación previsto en el artículo 311 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos incluidos en el ámbito competencial de las Comunidades Autónomas o de las Corporaciones locales.
Las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales.
Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.
Conocerán de la solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter (este artículo regula el procedimiento a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter personal.
Competencia objetiva de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. La competencia objetiva en única instancia se prevé en el artículo de la LJCA en los siguientes términos: “la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia:
De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y Secretarios de Estado, en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento y extinción de la relación de servicio de los funcionarios de carrera, así como de cualesquiera órganos centrales del Ministerio de Defensa en materia de ascensos, antigüedad y orden en el escalonamiento.
De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en vía de recurso o de tutela los dictados por órganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.
De los recursos en relación con los convenios entre Administraciones Públicas no atribuidas a los Tribunales Superiores de Justicia.
De los actos de naturaleza económico-administrativa dictados por el Ministro competente en materia de Hacienda y Economía y por el Tribunal Económico-Administrativo Central, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.c).
De los recursos contra los actos dictados por la Comisión de Vigilancia de Actividades y de la autorización de prórroga de los plazos de las medidas de dicha comisión.
Las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.k.
De los recursos contra los actos del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del FROB adoptados conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, de 18 de junio.
Conocerán de la Solicitud de autorización al amparo del artículo 122 ter, cuando sea formulada por el CGPJ.
La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, atribuye a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional las siguientes competencias:
Los actos administrativos no susceptibles de recursos ordinario dictados por el Banco de España y las resoluciones del Ministro competente en materia de Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por el Banco de España, así como las disposiciones dictadas por la citada entidad en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia nacional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1994.
Los actos no susceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y las resoluciones del Ministro competente en materia de Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como las disposiciones dictadas por la citada entidad en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Las resoluciones de la Junta Arbitral regulada por la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre, directamente, en única instancia, ante la Sala de lo C-A de la Audiencia Nacional.
Los actos y disposiciones dictados por la Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, Consejo Económico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo de Universidades y Sección Segunda de la Comisión de Propiedad intelectual ante la Sala de lo C-A de la Audiencia Nacional.
Las resoluciones del Ministro de Economía y Competitividad que resuelvan recursos de alzada contra actos dictados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, así como las resoluciones de carácter normativo dictados por este último organismo.
Competencia objetiva de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. De conformidad al artículo 12.1 y 3 LJCA, la Sala Tercera del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan:
Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial.
Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.
Los recursos deducidos contra actos de las Juntas Electorales adoptadas en el procedimiento para elección de miembros de las Salas de gobierno de los Tribunales.
La Sala de Revisión del Tribunal Supremo. La Sala del artículo 61 de la LOPJ es competente para conocer en competencia objetiva:
Los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidente de Sala, o de dos o más Magistrados de una Sala.
El conocimiento de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute a una Sala del Tribunal Supremo.
7.4.2.- Competencia Funcional.
A) Concepto: es consecuencia de la posibilidad impugnatoria de las resoluciones interlocutorias y de las sentencias definitivas que pueden dictarse en el recurso contencioso-administrativo. Determinado el órgano competente para conocer de la primera o única instancia de un recurso contencioso-administrativo, es necesario precisar el órgano llamado a conocer de los recursos que contra la sentencia u otra resolución puedan interponerse.
La competencia funcional es el conjunto de reglas que dan respuesta a estas preguntas. Se caracteriza porque su fijación se fija se produce de modo automático. Determinada la competencia objetiva en favor de un juzgado o tribunal, automáticamente se determina la competencia funcional para conocer por parte del superior jerárquico de éste, de los recursos que contra las resoluciones del primero puedan interponerse, de los incidentes de recusación contra los jueces y magistrados que integran el órgano judicial o de las cuestiones de competencia que puedan sustanciarse.
B) Clases de competencia: vienen determinadas en función de los distintos tipos de recursos que pueden interponerse contra las resoluciones que dicten los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa al resolver o tramitar un recurso contencioso-administrativo. Veamos la competencia funcional de cada uno de los órganos competentes:
Competencia funcional de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo: no tiene atribuidas competencias funcionales, únicamente las indicadas anteriormente de carácter objetivo o en primera o única instancia.
Competencia funcional de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo: no tienen atribuidas competencias funcionales, únicamente las indicadas anteriormente de carácter objetivo o de primera instancia.
Competencia funcional de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia: las competencias funcionales de las mismas vienen recogidas en el art. 74 de la LOPJ y además en el artículo 10, apartados 2 a 6, de la LJCA.
Conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los JCA y de los correspondientes recursos de queja.
También les corresponde el conocimiento de los recursos de revisión contra sentencias firmes de los JCA.
Conocerán de las cuestiones de competencia entre los JCA con sede en la Comunidad Autónoma.
Una Sección de la Sala de lo C-A que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidirá, por el Presidente o presidentes de las demás Salas de lo Contencioso-Administrativo, y, en su caso, de las Secciones de la mismas, en número no superior a dos, y por los magistrados hasta completar un total de cinco miembros.
Competencia funcional de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. El artículo 11.2, 3 y 4 de la LJCA les otorga las siguientes competencias:
Conocerá, en segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.
Conocerá de los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
También conocerá de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
Competencia funcional de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. De conformidad con el artículo 12.2 de la LJCA, la Sala Tercera del Tribunal Supremo conocerá, dentro del ámbito de la competencia funcional, de los siguientes recursos:
Los recursos de casación de cualquier modalidad, en los términos establecidos por esta Ley, y los correspondientes recursos de queja.
Los recursos de casación y revisión contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas, con arreglo a lo establecido en su Ley de Funcionamiento.
Los recursos de revisión contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en el artículo 61.1.1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Competencia funcional de la Sala de revisión del Tribunal Supremo. De conformidad al artículo 61 de la LOPJ, esta sala conocerá en la competencia funcional de los recursos de revisión contra sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Forma de aplicar las reglas de competencia descritas. El artículo 13 de la LJCA dispone que, para aplicar las reglas de distribución de competencia, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Las referencias que se hacen a la Administración del Estado, CCAA, y Entidades Locales comprenden las Entidades y Corporaciones dependientes o vinculadas a ellas.
La competencia atribuida a los Juzgados y Tribunales para conocer de recursos contra actos administrativos incluye la inactividad y las actuaciones constitutivas de vía de hecho.
Salvo disposición expresa, la atribución de competencia por la materia prevalece sobre la efectuado en razón del órgano administrativo.
7.4.3.- Competencia territorial.
A) Concepto. Constituye el ámbito de territorio respecto del que cada órgano jurisdiccional tiene competencias para actuar. Su determinación está inducida de la competencia territorial del órgano administrativo que dictó el acto administrativo ahora recurrido. El artículo 14 de la LJCA ha establecido una serie de criterios o fueros de los que poder determinar esta competencia.
B) Clases de competencia territorial.
Fueros de competencia territorial del artículo 14 de la LJCA.
Fueros preferentes. La competencia territorial se determinará conforme a las siguientes reglas:
Con carácter general: será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la disposición o el acto originario impugnado.
En supuestos de impugnación de actos en materia de responsabilidad patrimonial, personal, propiedades especiales y sanciones. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las AAPP en las materias mencionadas, será competente, a elección del demandante, el juzgado o tribunal en cuya circunscripción tenga aquel su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones de las CCAA o de las entidades locales, la elección se entenderá limitada a la circunscripción del tribunal superior de justicia en que tenga su sede el tribunal.
En supuestos de impugnación de planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas. La competencia corresponderá al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas, expropiatorias y las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada.
Fueros subsidiarios. Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de actos y fueran diversos los Juzgados y tribunales competentes, la competencia vendrá atribuida al órgano en cuya circunscripción tenga sede el órgano que hubiere dictado la resolución impugnada.
Ámbito territorial al que se extiende la jurisdicción de cada juzgado o Tribunal. De conformidad a las disposiciones de la LOPJ, el ámbito de competencia territorial de los tribunales contencioso-administrativos serán:
Competencia territorial de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativos: estos juzgados tendrán su competencia en el ámbito de la respectiva provincia, pero se admite la posibilidad de jurisdicción pluriprovincial o de jurisdicción limitada a uno o varios partidos de la misma provincia.
Competencia territorial de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Estos órganos tienen competencia en todo el territorio del Estado.
Competencia territorial de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los TTSJ de las Comunidades Autónomas. Estas salas extienden su jurisdicción al ámbito de la respectiva Comunidad Autónoma, si ben el art. 78 de la LOPJ permite Salas con jurisdicción limitada a una o varias provincias de la misma comunidad Autónoma.
Competencia territorial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. La jurisdicción de esta sala se extiende a todo el territorio del Estado, teniendo su sede en Madrid.
Competencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. La Sala de Revisión está formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y más moderno de cada sala.
8.- Constitución y actuación de las Salas de lo Contencioso-Administrativo.
El artículo 15 de la LJCA, respecto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dispone que “la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo actuará dividida en Secciones, cuyo presidente será el que lo sea de la Sala o el Magistrado más antiguo de los que integren la Sección, salvo el supuesto previsto en el artículo 96.6, en el que la Sección a que se refiere será presidida por el Presidente del Tribunal Supremo.
Para la vista o deliberación o fallo será necesaria la asistencia del que presida y de los magistrados siguientes:
Todos los que componen la Sección para los recursos de casación y revisión.
El artículo 16 de la LJCA, regula la constitución y actuación de las salas respecto de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia, disponiendo que “la Sala de lo C-A de la Audiencia Nacional se compondrá de las Secciones que aconseje el número de asuntos, cuyo presidente será el que lo fuere de la Sala o el Magistrado más antiguo de los integrantes.
Las Salas de lo C-A de los TSJ´s, cuando el número de componentes exceda de 5, actuarán divididas en Secciones.
Para la vista o deliberación y fallo, y despacho ordinario, será suficiente la concurrencia del que presida y dos magistrados.
La resolución de los recursos de casación en interés de la ley, de casación para la unificación de doctrina y de revisión se encomendará a una Sección de la Sala de lo C-A que tenga sede en el TSJ.
Si la Sala o Salas tuviesen más de una sección, la Sala de Gobierno del TSJ establecerá para cada año el turno con arreglo al cual los presidentes de Sección ocuparán puestos de la regulada en este apartado.
9.- Distribución de Asuntos.
El artículo Breve de la LJCA regula la distribución de asuntos entre las diversas de un mismo Tribunal, o entre las diversas secciones de una misma sala, disponiendo que será acordada por la Sala de Gobierno del mismo.
Igual criterio se tendrá en cuenta para la distribución de asuntos entre los diversos órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
La aprobación corresponde a la Sala de Gobierno del TSJ.
Los acuerdos de distribución de asuntos se adoptarán cada dos años y se comunicarán al CGPJ.
En caso de resultar alterada la competencia de un juzgado c-a de un partido judicial, de las diversas salas de un mismo tribunal o diversas secciones de una sala, por la redistribución de asuntos, de los asuntos pendientes seguirá conociendo quien fuere competente cuando se repartieron los asuntos.
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 artículo 2
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