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Timestamp: 2019-10-22 01:04:55+00:00

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Orden de 30 de marzo 2001, por la que se establecen normas para la realización por las Juntas Arbitrales del Transporte de funciones de depósito y enajenación de mercancías
Vigencia desde 15 de Abril de 2001. Revisión vigente desde 15 de Abril de 2001
Artículo 2 Supuestos en los que procede el depósito de las mercancías
Artículo 3 Supuestos en los que procede la enajenación de las mercancías
Artículo 6 Acuerdos y actos
Artículo 7 Actuaciones previas
Artículo 8 Locales y medios auxiliares
Artículo 9 Audiencia y alegaciones
Artículo 10 Acta de depósito
Artículo 11 Pago de los gastos del depósito
Artículo 12 Peritaciones
Artículo 13 Subasta
Artículo 14 Venta directa
Artículo 15 Pago de los gastos y portes
Artículo 16 Enajenación por persona o entidad especializada
Artículo 17 Plazos y recursos
OM FOM/3386/2010 de 20 Dic. (normas para la realización por las Juntas Arbitrales del Transporte de funciones de depósito y enajenación de mercancías)
O.M. 30 marzo 2001, derogada por la disposición derogatoria única de la Orden FOM/3386/2010, de 20 de diciembre, por la que se establecen normas para la realización por las Juntas Arbitrales del Transporte de funciones de depósito y enajenación de mercancías («B.O.E.» 31 diciembre), el 1 de enero de 2011.
El Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, establece que las Juntas Arbitrales del Transporte, además de la función arbitral dirigida a resolver controversias de carácter mercantil, han de actuar como depositarias y, en algunos casos, enajenar las mercancías no retiradas, que corrieran riesgo de perderse o cuyos portes no hubieran sido pagados.
Las normas que regulan la realización de estas funciones están recogidas en los artículos 10, 11 y 12 del propio Reglamento, que también en su artículo 9.11 habilita al Ministro de Fomento para dictar las reglas procedimentales que sean necesarias.
La experiencia acumulada durante el tiempo transcurrido desde la creación de las distintas Juntas Arbitrales ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer algunas reglas mínimas y flexibles que sirvan de orientación a las Juntas en el ejercicio de estas funciones.
Así, se ha considerado conveniente enumerar los supuestos en que procede la adopción de estas medidas, regular los trámites que han de realizarse, la peritación, el pago de los gastos y la subasta y la venta directa.
a) Cuando, habiéndose contratado el transporte a portes debidos, hayan transcurrido veinticuatro horas desde que las mercancías se entregaron al destinatario sin que ésta haya pagado el precio del transporte y los demás gastos y derechos generados por la prestación del servicio. En este caso, la solicitud de depósito deberá presentarse ante la Junta antes de que transcurran ocho días naturales desde que se entregó la mercancía.
b) Cuando el destinatario se niegue a pagar los portes debidos, no se halle en el domicilio indicado para realizar la entrega, rehúse recibir las mercancías o no las retire correspondiéndole hacerlo. La negativa a realizar la descarga, cuando le corresponda al cargador o al destinatario, se equiparará a la rehúsa de las mercancías.
c) Cuando las mercancías transportadas corrieran el riesgo de perderse por su naturaleza o por accidente inevitable, sin que hubiera tiempo para realizar la entrega ni para que sus dueños dispusieran de ellas o dieran instrucciones al respecto.
d) Previamente al eventual planteamiento de una controversia ante la Junta Arbitral, cuando se produjeran dudas o contestaciones entre el consignatario y el porteador sobre el estado de los efectos transportados y no llegaran a un acuerdo ni quedaran conformes con los dictámenes periciales.
Procederá la enajenación de las mercancías por las Juntas Arbitrales del Transporte en los siguientes casos a que se refiere el artículo anterior:
a) En el previsto en la letra a) siempre que la solicitud de enajenación se formalice en un plazo de ocho días naturales, desde el momento de la entrega.
b) En los de la letra b) cuando, habiéndose contratado el transporte a portes debidos, no se hubieran pagado éstos y la solicitud se formalice en el plazo de ocho días naturales, desde la constitución del depósito.
c) En el supuesto contemplado en la letra c) podrán enajenarse las mercancías en todos los casos.
d) En cualquier supuesto de depósito constituido ante la Junta Arbitral procederá la enajenación de las mercancías cuando hubieran transcurrido tres años desde que se constituyó sin que el obligado a ello se hubiera hecho cargo de los gastos de depósito o cuando el valor de las mercancías fuera inferior a los citados gastos.
Las actuaciones de las Juntas Arbitrales dirigidas al depósito y enajenación de mercancías, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y en esta Orden, no prejuzgarán la resolución de los posibles conflictos jurídicos que en relación con el cumplimiento del contrato de transporte o de cualquier otra naturaleza pudieran suscitarse. La reparación de los posibles daños indebidos que tales actuaciones pudieran causar será por cuenta de quien hubiera promovido la actuación de la Junta.
Asimismo, el que promueva la actuación de la Junta deberá responder de todos los gastos causados por el depósito y, en su caso, la enajenación de las mercancías, sin perjuicio de su derecho al reintegro.
e) Características principales del contrato de transporte concertado, fundamentalmente, lo convenido sobre lugar de entrega, pago, plazo del transporte y pacto sobre la descarga.
b) Acreditación de la ausencia del destinatario o de que rehusó las mercancías.
Las funciones atribuidas al Presidente de la Junta en los artículos 7, 8, 9.1, 10.1, 11.1, 14.2 y 15.1 de esta Orden podrá éste encomendarlas a alguno de los Vocales que pertenezcan a la Administración Pública o al Secretario.
2. Las notificaciones de los acuerdos y actos adoptados en relación con los procedimientos regulados en esta Orden se practicarán conforme a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Previamente a admitirse cualquier depósito, el Presidente o Secretario de la Junta deberá comprobar las mercancías, mediante examen de las mismas en el lugar en que se encuentren o bien disponiendo que sean trasladadas, para este trámite, al lugar donde vaya a constituirse el depósito o próximo a él.
La comprobación previa tendrá por objeto verificar el tipo y las características de las mercancías cuyo depósito se solicita, su estado de conservación y la concordancia de estos extremos con los que, en su caso, consten en la carta de porte u otro documento que se hubiera aportado.
El depósito se realizará en los locales de los que disponga la Junta de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; no obstante, cuando existan razones que lo justifiquen y especialmente cuando se trate de paquetería y equipajes, el Presidente de la Junta, con la conformidad del solicitante, podrá decidir que el depósito se lleve a cabo en el propio establecimiento o locales de los que éste disponga, responsabilizándole de su custodia y conservación, sin perjuicio de su derecho a percibir por esta labor de custodia y depósito el importe de los gastos ocasionados, de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes.
La Administración en la que se encuentre incardinada la Junta Arbitral podrá suscribir convenios o acuerdos con empresas o entidades colaboradoras, públicas o privadas, para utilizar los recintos, locales, naves o espacios adecuados de que sean titulares las mismas, así como los medios auxiliares de que dispongan y que sean necesarios para la mejor realización de las funciones de depósito, peritación y enajenación. El órgano competente podrá delegar en la Junta Arbitral la celebración de estos contratos, convenios o acuerdos.
La empresa o entidad colaboradora al hacerse cargo de las mercancías en depósito, manifestará las tarifas, que deberán ser conformes con los usos comerciales y aceptadas por el Presidente de la Junta, así como el coste diario del seguro que cubra los distintos riesgos de pérdida o deterioro de las mercancías depositadas.
1. El Presidente de la Junta, recibido el escrito solicitando la constitución del depósito, siempre que las circunstancias del caso lo permitan, se dirigirá simultáneamente al cargador y al destinatario notificándoles la solicitud, así como, en su caso, la cantidad reclamada remitiéndoles el escrito de solicitud de iniciación de las actuaciones. En dicha notificación se concretará el plazo para que manifiesten ante la Junta lo que a su derecho convenga, dicho plazo no excederá de diez días.
En su caso, al destinatario se le indicará que, en el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior, podrá satisfacer los portes y gastos de las mercancías recibidas o cuya entrega se pretende. Igualmente podrá manifestar que acepta y recibe las mercancías contra la constitución de un aval o garantía de los portes y gastos causados.
2. En el plazo a que se refiere el apartado anterior, el consignatario y el cargador podrán oponerse al depósito y, en su caso, a la enajenación de las mercancías cuando ésta tuviera por objeto el pago de los portes, alegando alguno de los siguientes motivos:
a) Que los portes han sido pagados con anterioridad.
b) Que la contratación se hizo bajo la modalidad de portes pagados, correspondiendo su abono al remitente.
c) Que se pactó el pago aplazado de los portes.
d) Que la carta de porte o el documento en el que consten los datos contractuales son falsos.
e) Que el consignatario ha ejercitado su derecho a dejar de cuenta del porteador las mercancías, bien por retraso en la entrega, concurriendo los requisitos y condiciones del artículo 371 del Código de Comercio, bien por daños o desperfectos en las mismas habiéndose realizado la oportuna reclamación en la forma y plazos que dispone el artículo 366 del citado Código, o bien porque el porteador sólo hiciese entrega de una parte de las mercancías que componen el envío cuando éstas no puedan ser utilizadas con independencia de las no entregadas.
f) Cualquier otro que legalmente pueda resultar admisible.
3. La alegación de cualquiera de dichas causas deberá ser acreditada documentalmente. La Junta valorará la documentación aportada y, en su caso, acordará la realización de cuantas otras pruebas estime pertinentes para resolver la petición.
5. Cuando el destinatario o el remitente presenten aval o garantía que cubra suficientemente los portes y los gastos causados se levantará el depósito y, en su caso, continuará la tramitación de la controversia sobre portes como procedimiento arbitral o el que resulte procedente.
1. El Presidente de la Junta, si considera necesaria su intervención, procurará que la designación de Perito recaiga en alguno de los técnicos que presten servicios en la Administración a la que se encuentra adscrita. En otro caso, dispondrá de una relación de técnicos o expertos que puedan actuar como Peritos según los distintos tipos de mercancías u objetos a analizar y valorar, acudiendo para ello a los correspondientes Colegios Profesionales y a cuantos medios sean oportunos para confeccionar dicha relación.
3. Si el Perito fuera un profesional, técnico o experto no vinculado a la Administración se designará, salvo que existan circunstancias extraordinarias que justifiquen la designación de una persona concreta, entre los que tengan su residencia en la localidad donde se encuentren las mercancías a peritar o en la más próxima, siguiéndose un riguroso turno de orden, según las relaciones de técnicos de que disponga la Junta.
El Perito, en su informe deberá detallar los siguientes extremos:
d) Cuando se trate de los supuestos contemplados en el artículo 3.a) y b), los portes debidos al transportista.
3. La Junta Arbitral levantará acta de la terminación de las actuaciones haciendo constar las cantidades entregadas por los diferentes conceptos.
A petición del solicitante de la enajenación o del propietario de las mercancías con el consentimiento del solicitante y cuando las características de éstas así lo aconsejen, la Junta podrá acordar que la enajenación se realice por medio de persona o entidad especializada, pública o privada. Cuando así se disponga, la enajenación se acomodará a las reglas y usos de la entidad que enajene siempre que no sean incompatibles con la adecuada protección de los intereses de las partes.
1. Las resoluciones sobre la procedencia de la constitución del depósito y de la enajenación de las mercancías deberán adoptarse en el plazo máximo de seis meses desde que se presentó la solicitud. El solicitante podrá entender desestimada su petición si no se resuelve en el plazo indicado.
2. Las resoluciones adoptadas por las Juntas Arbitrales en el ejercicio de las competencias reguladas en esta Orden pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas recurso contenciosoadministrativo.

References: Artículo 2

Artículo 3

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 Real Decreto 
 artículo 9
 resolución 
 artículo 371
 artículo 366
 artículo 3