Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1139673
Timestamp: 2019-08-19 02:46:42+00:00

Document:
El Decreto 21/2015 tiene por objeto desarrollar la Ley 11/2002, de 18 de diciembre , de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid
La Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de ordenación de la actividad de los centros y servicios de acción social y de mejora de la calidad en la prestación de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid puede consultarse en el Repertorio de Legislación Vigente de Iustel.
La Ley 11/2002, de 18 de diciembre , de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, regula, entre otras materias, los centros de servicios sociales, los servicios de acción social, las entidades de servicios sociales y los sectores de atención social.
Esta Ley 11/2002, de 18 de diciembre , ha sido objeto de una profunda modificación a través de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre , de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, que se dictó para dar cumplimiento a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (comúnmente conocida como Directiva de Servicios).
Además, la Ley 11/2002, de 18 de diciembre , se ha visto también afectada por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. Conforme a la Ley estatal, el acceso a las actividades económicas y su ejercicio será libre en todo el territorio nacional, correspondiendo a la autoridad competente asegurarse de que cualquier medida, límite o requisito que adopte o mantenga en vigor, no tenga como efecto la creación o el mantenimiento de un obstáculo o barrera a la unidad de mercado.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la aplicación de esta Ley ha planteado la necesidad de acometer la revisión de todos los supuestos de autorización administrativa previstos en la Ley 11/2002, de 18 de diciembre , así como la supresión de todos los procedimientos, registros y demás requisitos que supusieran una limitación al libre establecimiento y la libre circulación, con el fin de simplificar y eliminar las barreras burocráticas que dificultan el ejercicio de las actividades económicas.
La adaptación a estos cambios y la simplificación referida se ha llevado a cabo a través de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que ha dado una nueva redacción a los artículos 8 , 9 , 12 y 18.1 de la Ley 11/2002, de 18 de diciembre.
Mediante esta modificación se aclaran los supuestos sometidos a autorización administrativa y los que se rigen por comunicación previa, se ajustan los supuestos de revocación a la nueva regulación, se amplía la caducidad a los supuestos de comunicación previa y se introduce la declaración de imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada conforme se regula en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, a tenor de la habilitación prevista en la disposición final primera de la Ley 11/2002, de 18 de diciembre , y de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.g) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, según el cual corresponde al Consejo de Gobierno aprobar mediante Decreto los Reglamentos para el desarrollo y ejecución de las Leyes emanadas de la Asamblea, se aprueba el presente Decreto.
Se aprueba el Reglamento Regulador de los Procedimientos de Autorización Administrativa y Comunicación Previa para los Centros y Servicios de Acción Social en la Comunidad de Madrid, y la inscripción en el Registro de Entidades, Centros y Servicios.
Quedan derogadas las normas que a continuación se enumeran:
a) Decreto 6/1990, de 26 de enero , por el que se crea el Registro de Entidades que desarrollan actividades en el campo de la acción social y los servicios sociales de la Comunidad de Madrid.
b) Decreto 91/1990, de 26 de octubre , relativo al régimen de autorización de servicios y centros de acción social y servicios sociales.
c) Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, así como las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y final primera de la Orden 613/1990, de 6 de noviembre, de la Consejería de Integración Social, por la que se desarrolla el Decreto 6/1990, de 26 de enero , creador del Registro de Entidades que desarrollan actividades en el campo de la acción social y servicios sociales en la Comunidad de Madrid.
d) Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 y 19 de la Orden 612/1990, de 6 de noviembre, de la Consejería de Integración Social, por la que se desarrolla el Decreto 91/1990, de 26 de octubre , relativo al régimen de autorización de servicios y centros de acción social y servicios sociales.
Se habilita al titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales para aprobar los modelos normalizados de solicitud de autorización administrativa, de comunicaciones previas y los documentos esenciales relacionados con estos procedimientos, así corno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en el ámbito de sus competencias para el desarrollo del Reglamento que aprueba el presente Decreto.
El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar la Ley 11/2002, de 18 de diciembre , de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en los siguientes ámbitos:
1. El presente Reglamento será de aplicación a todas las entidades prestadoras de servicios sociales, públicas o privadas, que desarrollen su actividad dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
1. Las entidades prestadoras de servicios sociales en la Comunidad de Madrid deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. El titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería con atribuciones en materia de servicios sociales será el órgano competente para:
a) Resolver el procedimiento de autorización administrativa, así como para acordar la revocación, salvo que sea consecuencia de la imposición de una sanción administrativa por infracción muy grave.
1. Están sometidos a régimen de autorización administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 11/2002, de 18 de diciembre, los siguientes actos:
1. El procedimiento de autorización administrativa tiene por objeto verificar que la entidad cumple con los requisitos para desarrollar actividades de carácter social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del presente Reglamento, así como las condiciones materiales y funcionales establecidos en la normativa de aplicación en materia de servicios sociales.
1. El procedimiento de revocación de la autorización administrativa solo se iniciará de oficio, cuando se incumplan las condiciones o desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento o cuando se constate fehacientemente la interrupción definitiva de la actividad.
4. La revocación de la autorización administrativa como consecuencia de la imposición de una sanción administrativa por infracción muy grave se regirá por lo dispuesto en el capítulo IV de la Ley 11/2002, de 18 de diciembre .
1. El procedimiento de caducidad de la autorización administrativa se iniciará de oficio, cuando concurran indicios de que no se hubiese iniciado la actividad en el plazo de un año desde la concesión de la autorización administrativa.
Están sujetos a comunicación previa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 11/2002, de 18 de diciembre:
b) La modificación de las condiciones funcionales o materiales autorizadas en los centros, salvo que las mismas supongan alteraciones sustanciales en la infraestructura material o cambios en la identificación inicial que impliquen la creación de un nuevo centro, en cuyo caso se regirá por lo dispuesto en el artículo 6 del presente Reglamento.
1. La comunicación previa se realizará por la entidad titular, como mínimo con un mes de antelación al inicio de la actividad a través de un servicio de acción social, o al cambio de titularidad, traslado, modificación o cese de actividad, en los términos señalados en el artículo anterior, mediante el modelo normalizado aprobado por la Consejería competente en materia de servicios sociales, bien presencialmente o telemáticamente de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. A dicha comunicación se acompañará la necesaria documentación esencial acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable en materia de servicios sociales, que se especifique en el referido modelo de solicitud y, en todo caso, la declaración responsable a que hace referencia el artículo 8.5 de la Ley 11/2002, de 18 de diciembre.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o a una comunicación previa, la constatación fehaciente de la interrupción definitiva de la actividad cuando se trate de un servicio de acción social o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, tendrán los efectos que prevé el apartado 4 del artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. El procedimiento de caducidad de la comunicación previa se iniciará de oficio, cuando concurran indicios de que no se hubiese iniciado la actividad en el plazo de un año desde su presentación.
1. El Registro constituye un instrumento para la planificación y ordenación de los servicios sociales existentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid y tiene por objeto permitir la publicidad y el conocimiento actualizado de los recursos sociales existentes en la misma.
El Registro se adscribe, orgánica y funcionalmente, a la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en materia de servicios sociales.
1. Se inscribirán de oficio en el Registro las entidades, centros y servicios que presten servicios sociales, tras la resolución administrativa de autorización o tras la comunicación previa, de conformidad con lo establecido en la Ley 11/2002, de 18 de diciembre .
d) Sanción administrativa con carácter firme que conlleve la prohibición del ejercicio de las actividades contempladas en la Ley 11/2002, de 18 de diciembre , y/o el cierre del centro o servicio, en los términos establecidos en el artículo 30.1c-3) de la precitada Ley.

References: artículo 26
 artículo 21
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 71
 resolución 
 artículo 30