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Timestamp: 2018-11-13 01:14:53+00:00

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﻿ Sentencia 2004-00205 de febrero 25 de 2010
SENTENCIA 2004-00205 DE 25 DE FEBRERO DE 2010
CONTENIDO:LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA. EN EL CASO DE LIQUIDACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL, EL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE EMANAN DEL FUERO SINDICAL EMPIEZA A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DEL ACTO QUE ORDENA LA SUPRESIÓN DEL EMPLEO.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL, PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA
Sentencia 2004-00205 de febrero 25 de 2010
Ref.: Radicación 11001032500020040020501 (4132-04)
Actor: Dora Prieto Rojas
Se demanda en esta litis la nulidad del artículo 17 del Decreto 1615 de 2003, por el cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, y se ordena su liquidación.
La norma cuestionada dispuso:
“ART. 17.—Levantamiento de fuero sindical. Para efectos de la desvinculación del personal que goza de la garantía de fuero sindical, el liquidador adelantará los procesos de levantamiento del fuero sindical. Será responsabilidad del liquidador iniciar dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de este decreto los respectivos procesos de levantamiento del fuero sindical. Una vez obtenidos los pronunciamientos correspondientes en los mencionados procesos, se terminará la relación laboral”.
El decreto citado dispuso la liquidación de Telecom en un término de dos años, prorrogables hasta por un plazo igual, vencido el cual terminaría para todos los efectos la existencia jurídica de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Tal ordenamiento fue proferido en desarrollo de las facultades constitucionales previstas en el numeral 15 del artículo 189 superior y las enunciadas en el Decreto 254 de 2000, por el cual se establece el régimen de liquidación de las entidades públicas nacionales.
Como órganos de dirección y control de la liquidación constituyó el artículo 10 a la Junta Liquidadora y al liquidador de la empresa, designando en este último a la Fiduciaria La Previsora S.A., cuyas funciones fueron estipuladas en el artículo 12, entre las que se leen la terminación de los contratos laborales de los trabajadores oficiales cuyos cargos fueran suprimidos y la presentación a la Junta Liquidadora, de un programa de supresión de cargos dentro de los 30 días siguientes a la fecha de asumir sus funciones.
El artículo 16, dentro del capítulo IV de las “Disposiciones laborales y pensionales” dispuso la supresión de empleos y terminación de la vinculación como consecuencia de la supresión de la Empresa, para lo cual facultó a la Junta Directiva, dejando establecido que ellos darían por terminados los contratos laborales con los trabajadores oficiales y el vínculo legal y reglamentario de los empleados públicos.
Como consecuencia de las disposiciones anteriormente reseñadas, el artículo 17 se encargó de asignar al liquidador la responsabilidad de adelantar dentro de los 6 meses siguientes a la expedición del Decreto 1615, los procesos de levantamiento de fuero sindical, cuyos pronunciamientos una vez obtenidos, darían lugar a la terminación de la relación laboral. Esta es la norma que es objeto de análisis dentro de esta litis.
De manera que, dentro del contexto descrito en párrafos precedentes habrá de hacerse el estudio de las normas que consagran el tema del fuero sindical.
El artículo 410 del Código Sustantivo del Trabajo prescribe:
“Son justas causas para que el juez autorice el despido de un trabajador amparado por fuero:
Por su parte, el Código Procesal del Trabajo en sus artículos 113 y 118 establece:
“ART. 113.—Modificado. L. 712/2001, art. 44. La demanda del empleador tendiente a obtener permiso para despedir a un trabajador amparado por fuero sindical, para desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, o para trasladarlo a otro establecimiento de la misma empresa o a un municipio distinto, deberá expresar la justa causa invocada.
“ART. 118.—Modificado. L. 712/2001, art. 48. La demanda del trabajador amparado por el fuero sindical, que hubiere sido despedido o desmejorado en sus condiciones de trabajo o trasladado sin justa causa previamente calificada por el juez laboral, se tramitará conforme al procedimiento señalado en los artículos 113 y siguientes.
Con la certificación de inscripción en el registro sindical o la comunicación al empleador de la elección, se presume la existencia del fuero del demandante”.
Con la expedición de la Ley 712 de 2001 se adicionó una disposición relacionada con el tema, contenida en el artículo 118 A, que por ser esencial en el examen sobre el que versa este fallo, será objeto de transcripción y análisis.
“ART. 118 A.—Adicionado. L. 712/2001, art. 49. Las acciones que emanan del fuero sindical prescriben en dos (2) meses. Para el trabajador este término se contará desde la fecha de despido, traslado o desmejora. Para el empleador desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa causa o desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente, según el caso.
Con anterioridad a la expedición de la Ley 712, la Corte Constitucional se pronunció en relación con los artículos 113 y 118, declarando su exequibilidad. Mediante Sentencia C-381 de 2000 declaró exequibles las referidas disposiciones, la primera en el entendido de que en aplicación del artículo 13 - inciso 2º, 25 y 39 de la Constitución y del Convenio 98 de la OIT, el empleador deberá presentar la solicitud de levantamiento del fuero sindical, inmediatamente ocurra la justa causa requerida para solicitud de despido, traslado o desmejoramiento.
Ahora bien, con la expedición de la Ley 712 de 2001, la situación varió sustancialmente, pues el artículo 118 A, adicionado, estableció un término también de dos meses para el empleador, a partir de que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa causa o desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente, según el caso.
De esta manera, el nuevo precepto introdujo una forma novedosa de establecer el término para el empleador, pues no sólo se limita a la asignación de igual plazo para uno y otro extremo. Lo que varía es el momento a partir del cual se cuenta el término de dos meses que estableció. Para el trabajador se cuentan desde la fecha del despido, traslado o desmejora; en cambio, para el empleador establece dos presupuestos que pueden tener lugar en el cómputo del tiempo otorgado por la premisa general de la norma: en primer lugar, el momento en que tiene ocurrencia el hecho invocado, en segundo, el agotamiento del procedimiento convencional o reglamentario, según el caso.
Como quedó establecido, la previsión contenida en la disposición acusada tiene como hechos determinantes la decisión de suprimir y liquidar Telecom, procedimientos que conllevan el trámite y resolución de todo lo relacionado con la actividad que hasta el momento ha desarrollado el ente y el proceso de liquidación y finalización de la función, así como la destinación de los bienes que hacían parte del mismo. Como es apenas lógico y se desprende del texto integral del Decreto 1615 de 2003, ello obedece a un proceso complejo, que no es posible concluir en plazos breves ni de prever en un día cierto y preciso. Por tal razón, la norma del citado ordenamiento que se encargó del término, otorgó un plazo de dos años, prorrogable por tiempo igual en especiales circunstancias, norma que, valga la pena anotar, repite los lineamientos dados por la Ley 573 de 2000, que revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para dictar el régimen de liquidación y disolución de entidades públicas del orden nacional.
Así, la previsión contenida en el artículo 17 cuestionado es apenas la medida lógica y consecuente de todo ese proceso, pues al establecer que es responsable el liquidador de iniciar dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo decreto, los respectivos procesos de levantamiento de fuero sindical, otorga un término prudencial en el cual pueda enterarse aquel, acerca de la situación de los empleados de la entidad que se ha de liquidar y cómo habrá de llevarse a cabo el proceso de supresión de los empleos, lo que no depende solamente del liquidador, pues es la junta liquidadora la encargada, en virtud del artículo 16, de suprimir los cargos.
Por ello es apenas obvia la previsión censurada, pues no podría haber sido compelido el liquidador a iniciar en el término de dos meses un proceso que requiere conocimiento integral que le permita decidir con responsabilidad y acierto cada acto propio del proceso liquidatorio.
Luego es claro que los dos meses, en este caso, quedan inmersos dentro de la segunda posibilidad que estableció el artículo 118 A, es decir, desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario, si se tiene en cuenta que Telecom, en su mayor parte, estaba compuesto por trabajadores oficiales y, excepcionalmente, por empleados públicos. De manera que el procedimiento de supresión y liquidación bien se halla dentro de la referida opción y por ello los dos meses con que cuenta el empleador parten es desde la culminación del procedimiento correspondiente, en este caso, la supresión del cargo de los empleados aforados.
Sobre la constitucionalidad del artículo 118 A del Código Procesal del Trabajo. se pronunció la Corte Constitucional por medio de Sentencia 1232/05 en la que señaló que para los trabajadores se interrumpe el término de dos meses mientras se agota el trámite, luego tal interpretación es con mayor razón aplicable al caso del empleador que, dadas las circunstancias de supresión y liquidación del ente, requiere agotar un procedimiento previo y determinar en qué momento es pertinente empezar el trámite de la supresión de los empleos, que en el caso de los aforados requiere adicionalmente de la autorización judicial.
Esta Sala tuvo oportunidad de pronunciarse en asuntos en los que se alegó la vulneración del término de prescripción establecido en el artículo 118 A del Código de Procedimiento Laboral, mediante sentencias de 17 de agosto de 2006 —Exp. 0144-05— M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado y de 21 de agosto de 2008 —Exp. 4276-05— M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Se concluyó en los referidos fallos que no se trató de modificación alguna del término procesal establecido en el artículo 118 A del Código de Procedimiento Laboral. y que las normas entonces cuestionadas habrían de aplicarse en forma armónica con el proceso de liquidación previsto en el Decreto-Ley 254 de 2000; además fue clara la primera providencia citada, en determinar que en el caso de liquidación de entidades públicas del orden nacional, el término empieza a correr a partir del día siguiente al de la publicación del acto que ordena la supresión del empleo.
Concluye la Sala, que de acuerdo con los planteamientos precedentes, tampoco se configura la vulneración de las normas constitucionales enunciadas ni de la OIT, cuya censura fue sustentada en los argumentos analizados anteriormente.
En consecuencia, se denegará la solicitud de nulidad formulada por la parte actora.
RECONÓCESE personería al abogado Ramón González González para actuar dentro del presente proceso en representación de la Nación – Departamento Administrativo de la Función Pública, en los términos y para los efectos otorgados mediante poder obrante a folio 107 del cuaderno principal.

References: artículo 17
 artículo 189
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 410
 artículo 118
 artículo 13
 artículo 118
 resolución 
 artículo 17
 artículo 16
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 118