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Timestamp: 2017-11-19 04:04:08+00:00

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Los Derechos de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)
1. DENEGACIÓN DE JUSTICIA Y PROCESO PENALLos Derechos de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)
2. Denegación De Justicia y Proceso PenalLos derechos de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) Bogotá, marzo de 2011
3. © 2011 Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” Ed. Avianca: Calle 16 No. 6-66 Piso 25 Bogotá D.C. Tels.: (571) 2846120 - 2846040 - 2812285 - 2849614 Fax: (571) 2824270 Apartado Aéreo: 33035 www.colectivodeabogados.org© Comisión Colombiana de Juristas Calle 72 n.º 12-65 piso 7 A.A. 58533 Bogotá, Colombia Teléfonos: (571) 744 9333 Fax: (571) 743 2643 ccj@coljuristas.org www.coljuristas.org® Denegación de justicia y proceso penal. Los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)Coordinación EditorialCorporación Colectivo de Abogados “José Alvear RestrepoComisión Colombiana de JuristasFotografías:Adriana H. Cuellar R.Oficina de Prensa Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”ISBN: 978-958-9348-49-9Primera edición: 900 ejemplaresMarzo de 2011Bogotá D.C., ColombiaProducción gráfica:Opciones Gráficas Editores Ltda.Carrera 73A- No. 64A-42Teléfonos: (571) 2241823 – (571) 4827071Bogotá, ColombiaEsta publicación hace parte de la campaña Víctimas y Derechos, propuesta de diversasorganizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos que tiene como fin hacer visiblesante la sociedad colombiana los impactos de la violencia en la vida cotidiana de las personas.Las organizaciones que integran la campaña para efectos de esta publicación son: Centro deInvestigación y Educación Popular – CINEP, Corporación Colectivo de Abogados José AlvearRestrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos,Intermón Oxfam, Oxfam Novib y Bröederlijk Delen.Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Comunidad Europea en el marcodel proyecto CRIS Nº: ONG-PVD/2007/134-405 Protección y Promoción de los DerechosHumanos, Democracia y Estado de Derecho en Colombia. El contenido de este documento esresponsabilidad exclusiva de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y laComisión Colombiana de Juristas y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición dela Unión Europea.»
4. Tabla de ContenidoPresentación ........................................................................................ 7CAPÍTULO I:Marco Jurídico Internacional Relativo a los Derechosde las Víctimas y los Procedimientos Penales ................................. 91. Las víctimas y el proceso penal: de objeto de derecho a sujeto de derecho ....................................................................... 112. De las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes bajo el derecho internacional .................................. 133. De la cuestión los derechos y estatus jurídico de las víctimas en los procesos penales ............................................ 214. Fundamento jurídico de los derechos de las víctimas en el proceso penal ...................................................................... 25 a) Derecho a un juicio justo ante tribunal independiente, imparcial y competente .......................................................... 25 b) Derecho a un recurso efectivo ................................................ 28 c) Derecho a la reparación .......................................................... 34 d) Derecho a la verdad ................................................................ 375. De la parte civil ............................................................................ 406. Conclusiones ................................................................................ 42
5. CAPÍTULO II:Los Derechos de las Víctimas Frente al SistemaPenal Acusatorio en Colombia ...................................................... 45Introducción ..................................................................................... 471. Marco Jurídico ............................................................................ 482. Fundamentos Constitucionales ................................................... 503. Breve descripción del marco legal anterior (del Decreto Ley 181 de 1981, a la Ley 600 de 2000) ............... 60 a) Código Penal de 1980 (Decreto 100 de 1980) ...................... 61 b) Código de Procedimiento Penal de 1981 (Decreto 181 de 1981) ........................................................... 61 c) Código de Procedimiento Penal de 1987 (Decreto 050 de 1987) ........................................................... 62 d) Primeros desarrollos normativos a partir de la Constitución de 1991 .................................................... 62 e) Código de Procedimiento Penal de 1991 (Decreto 2700 de 1991) ......................................................... 65 f) Código de Procedimiento Penal de 2000 (Ley 600 de 2000) ............ 664. La víctima en el Código de Procedimiento Penal de 2004 (Ley 906 de 2004) ......................................................... 68 a) Estatus Jurídico de la víctima en la Ley 906 de 2004 ........... 70 b) La intervención procesal de la víctima en la Ley 906 de 2004 .................................................................... 72 i) Aspectos Generales ......................................................... 74 ii) Aspectos Específicos ....................................................... 795. Conclusiones ............................................................................... 89
6. Presentación La expedición del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004),que desarrolló el sistema penal con tendencia acusatoria, cercenó la figura dela parte civil en el proceso penal. La nueva figura – “interviniente especial”-restringe la participación de las víctimas en los procedimientos penales: tanto enmateria de facultades y derechos procesales como en materia de pretensiones1.En la práctica, el efectivo acceso a la justicia y la posibilidad de una verdaderay activa participación de las víctimas y familiares, han quedado subordinadasa la buena voluntad de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.Así por ejemplo, invocando la nueva legislación procesal, frecuentemente losfiscales niegan el acceso –incluyendo la reproducción- a las carpetas de loscasos y la evidencia recaudada. La legislación procesal penal, establecida con la Ley 906 de 2004,ha significado una tremenda regresión en materia de derechos y garantíasprocesales de las víctimas en los procesos penales. En efecto, el sistemaprocesal penal colombiano conoce desde hace más de un siglo y medio(desde el Código Penal de Santander de 1837) esta figura procesal. Conla Constitución Política de 1991 y la legislación del año 2000, se produjouna jurisprudencia constitucional y penal con la cual se dio un amplioreconocimiento de las víctimas en el proceso penal, como verdaderos sujetosprocesales. En efecto, la Corte Constitucional a través de varias de susdecisiones, puso de presente el protagonismo de las víctimas y destacó queellas son titulares de derechos constitucionales, tales como el derecho a la1 Otras fallas estructurales que presenta el Sistema Penal de Tendencia Acusatoria no serán objeto del presente documento, sin embargo su ineficacia es evidente. Según una investigación realizada por el exvicefiscal Francisco Sintura, entre enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2009 a la Fiscalía llegaron 2’129.990 noticias criminales, incluyendo querellas no conciliadas. A este elevado número de casos hubo que sumarle los asuntos pendientes del viejo sistema judicial, para lo cual la estadística oficial llegó a 3’007.541 procesos por decidir. De este alto número de expedientes, está documentado que sólo fueron decididos 705.146 asuntos, es decir, menos del 22% de los casos. Ver. Diario El Espectador, 1 de febrero de 2011, p. 2 y 4
7. 8 verdad, a la justicia y la reparación, cuyo ejercicio debe ser garantizado en el procedimiento penal.Denegación de Justicia y Proceso Penal Adicionalmente, el nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), no sólo cercenó severamente los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a un recurso efectivo, a la verdad y a la reparación. Al restringir los derechos procesales de las víctimas y limitar su campo de actuación en el proceso penal, ha propiciado nuevos mecanismos que permiten la impunidad. La experiencia ha demostrado que, bajo el imperio de las normas procedimentales anteriores, en la gran mayoría de casos de violaciones de derechos humanos, ha sido la actividad procesal de las víctimas, de sus familiares y de sus representantes judiciales el motor de los procesos penales. Con el presente estudio, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y la Comisión Colombiana de Juristas quieren poner de manifiesto las limitaciones y obstáculos que enfrentan las víctimas para la realización de sus derechos a la justicia, verdad y reparación en el procedimiento penal establecido por la Ley 906 de 2004 y los problemas de compatibilidad de esta legislación procesal con las obligaciones internacionales el Estado colombiano. Es imperiosa la necesidad de garantizar la efectividad de los derechos a un recurso efectivo, a la verdad y a la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares, en el marco del procedimiento penal. Para ello, Fiscales y Jueces, amparados en el derecho internacional y el bloque de constitucionalidad, pueden adoptar las medidas y providencias necesarias para garantizar los derechos procesales de las víctimas y sus familiares en los procesos penales. Abogados y representantes judiciales de las víctimas podrían utilizar los recursos legales que brinda el sistema jurídico colombiano, en particular la acción de tutela, para amparar los derechos procesales de las víctimas en los procesos penales. Finalmente, se impone una reforma del Código de Procedimiento Penal que garantice que las víctimas y sus familiares tengan pleno acceso y capacidad de actuar en el procedimiento penal; dispongan de amplias oportunidades procesales para formular sus pretensiones y presentar, requerir y controvertir pruebas, testigos y peritajes; y puedan impugnar y recurrir las decisiones judiciales. Esto es, una reforma que garantice que las víctimas y sus familiares gocen de un genuino y efectivo estatus de sujeto procesal dentro del proceso penal. Colectivo de Abogados Comisión Colombiana de Juristas “José Alvear Restrepo”
8. Marco JurídicoCAPÍTULO I Internacional Relativo a Los Derechos de Las Víctimas y los Procedimientos Penales“El corazón de un pueblo clama justicia”. TribunalPermanente de los Pueblos. Medellín Noviembre de 2006.
9. 1. Las víctimas y el proceso penal: de objeto de 11 derecho a sujeto de derecho Marco Jurídico Internacional: Relativo a los derechos de las víctimas y los procedimientos penales Tradicionalmente, el Derecho internacional (tanto de derechos humanoscomo penal) enfocaba la cuestión de los procesos penales desde unaperspectiva centrada en sus funciones represivas y disuasivas así como desdela perspectiva de los derechos y garantías judiciales de los procesados. Así,históricamente la noción del derecho al debido proceso (o a un juicio justo)fue construyéndose y desarrollándose sobre las garantías judiciales de losprocesados. La cuestión de las víctimas de delitos y de graves violaciones delos derechos humanos, constitutivas de delitos bajo el derecho internacional,estaba fundamentalmente enfocada hacia sus necesidades de protección, derecibir información sobre los procedimientos y, de manera limitada, de exponersus puntos de vista y preocupaciones ante el sistema de justicia. Esta visióntradicional conllevaba implícitamente una visión “paternalista” de las víctimasy, por ende, restrictiva de su papel en los procedimientos penales. No estababasada en una concepción anclada en derechos de las víctimas ni considerabael escenario judicial penal como foro para realización y satisfacción de estosderechos. La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia paralas víctimas de delitos y del abuso de poder, de las Naciones Unidas, reflejaeste enfoque tradicional2. Sin embargo, desde finales de la década de 1980, se fue desarrollandouna fuerte tendencia en el Derecho internacional sobre el reconocimiento dela condición jurídica y los derechos de las víctimas de graves violaciones delos derechos humanos, constitutivas de delitos bajo el derecho internacional,en los procesos penales. Esta tendencia es en gran parte el fruto del desarrollode la jurisprudencia y la doctrina internacionales de tribunales y órganosinternacionales y regionales de derechos humanos sobre el derecho a unrecurso efectivo (o el derecho a la justicia), a obtener reparación y a la verdadque le asiste a las víctimas y sus familiares, y sobre la cuestión de la impunidady así como de la evolución del Derecho penal internacional. Asimismo, esta tendencia se ha cristalizado en varios instrumentosinternacionales, tanto de derechos humanos como de derecho penal, los cuales2 La Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985).
10. 12 han incorporado cláusulas expresas sobre la participación de las víctimas en los procedimientos penales. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,3 el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del NiñoDenegación de Justicia y Proceso Penal relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía,4 el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional5 y, en particular, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones6 así como el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad7 reflejan y cristalizan esta tendencia en el ámbito universal. Ello también ha tenido expresión en el marco de las jurisdicciones penales internacionales.8 En los ámbitos regionales, se han adoptado varios instrumentos que se ocupan de la cuestión de los derechos de las víctimas de delitos, los que incluyen graves violaciones de derechos humanos constitutivas de delitos, en procedimientos penales9. Así, progresivamente, el Derecho internacional fue elaborando un marco jurídico relativo a las graves violaciones de derechos humanos y los procesos penales, en el cual las víctimas pasaron de ser objeto de derecho a ser sujetos de derecho. 3 Los artículos 68 (3) y 75 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional reconocen un cierto nivel de participación de la víctima en los procedimientos. Las reglas de procedimiento y prueba permiten la participación de la víctima en los procedimientos ante la Corte. 4 Ver en particular el artículo 8. 5 Ver en particular Artículo 6 (2). 6 Estos principios fueron adoptados por consenso por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005. 7 Resolución 2005/81 y Resolución 2003/72 de la ex Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 8 Ver inter alia: las Reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal de Internacional; el Reglamento Interno de las Salas Extraordinarias en las Cortes de Camboya para el Procesamiento de Delitos Cometidos durante el Régimen de la Kampuchea Democrática (Regla 23); y el Estatuto del Tribunal Especial para el Líbano (artículos 17 y 28). 9 Ver, inter alia, la Recomendación (85) 11 E, del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre la posición de la víctima en el marco del derecho penal y del proceso penal (28 junio 1985); los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a la Asistencia Legal en África de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (2003); Decisión marco relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal del Consejo de la Unión Europea (2001).
11. 2. De las graves violaciones de derechos humanos 13 y los crímenes bajo el derecho internacional Marco Jurídico Internacional: Relativo a los derechos de las víctimas y los procedimientos penales Toda víctima de violaciones de derechos humanos y/o sus familiares tienenderecho a un recurso efectivo. Este derecho está consagrado en la mayoría delos instrumentos de derechos humanos universales y regionales y es reconocidocomo un principio de derecho internacional consuetudinario.10 Aunque losEstados tienen un margen de discrecionalidad en cuanto la implementación enel ámbito interno del derecho a un recurso efectivo, la naturaleza del recursovaría de acuerdo a la naturaleza y gravedad de la violación. No obstante, el derecho a un recurso efectivo de naturaleza judicialante los tribunales penales sólo se predica respecto de las víctimas de gravesviolaciones de derechos humanos. En este contexto resulta útil precisarqué entiende el Derecho internacional por graves violaciones de derechoshumanos. Frecuentemente, tanto las normas y estándares internacionalesasí como la jurisprudencia y la doctrina, emplean las locuciones “graves”,“serias”, “flagrantes” o “manifiestas” violaciones de derechos humanos.No obstante, hay que señalar que la jurisprudencia y la doctrina concuerdan10 Véanse: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (artículo 2.3); Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículo 13); Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 6); Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (artículos 12, 17.2 (f) y 20); Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (artículo 6.2); Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 6.2); Declaración para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (artículos 9 y 13); Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (Principios 4 y 16); Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (Principios 4-7); Declaración y Programa de Acción de Viena (párrafo 27); Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (párrafos 13, 160-162 y 165); Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos) (artículo 9); Convención Europea de Derechos Humanos (artículo 13); Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 47); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 7.1(a) y 25); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XVIII); Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (artículo III (1)); Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículo 8.1); Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (artículo 7(a)); y Carta Árabe de Derechos Humanos (artículo 9).
12. 14 en que, aún cuando se emplean indistintamente estas nociones, todas apuntan a calificar y caracterizar el mismo tipo de fenómeno: las graves violaciones de derechos humanos.Denegación de Justicia y Proceso Penal Los elementos que caracterizan de “grave” las violaciones son el carácter inderogable de los derechos humanos afectados y/o la vulneración de normas imperativas del derecho internacional (jus cogens). La inderogabilidad de ciertos derechos humanos, o su carácter intangible, refiere a la prohibición absoluta, tanto en tiempos de paz como de excepción y de conflicto armado, de afectar estos derechos o de cometer actos que impliquen su vulneración. La inderogabilidad de ciertos derechos humanos está consagrada tanto por tratados internacionales como por normas de jus cogens. Así, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagran la inderogabilidad, entre otros, de los derechos a no ser privado arbitrariamente de la vida; a no ser sometido a la esclavitud y servidumbre; y a no ser sometido a la tortura o tratos inhumanos. La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas reafirma el carácter inderogable del derecho a no ser sometido a desaparición forzada. Entre las normas de jus cogens figuran, entre otras, las prohibiciones relativas a la tortura y actos inhumanos11, la desaparición forzada12, las ejecuciones 11 Ver entre otros: Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, El Fiscal c. Anto Furundzija, Sentencia No. IT-95-17/1-T, párrafo 154, El Fiscal c. Delalic y otros, IT-96-21-T, párrafo 454 y El Fiscal c. Kunarac, It-96-23-T y IT-96-23/1-T (de 22 de febrero de 2001); Resolución A/RES/59/183 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; Resolución E/ CN.4/RES/2005/39 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Comité contra la Tortura, Observación General No. 2 “Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes”, CAT/C/GC/2 de 24 de enero de 2008, párrafo 1; Informe del Relator Especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, documento de Naciones Unidas E/CN.4/1986/15, de 19 de febrero de 1986, párrafo 3; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 8 de Julio de 2004, Caso Hermanos Gómez Paquiyauri c. Perú, párrafo 111, Sentencia de 27 de noviembre de 2003, Caso Maritza Urrutia c Guatemala, párrafo 89 y Sentencia de 18 de agosto de 2000, Caso Cantoral Benavides c. Perú, párrafo 95; y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre terrorismo y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/ll.116, Doc. 5 rev. 1 corr., de 22 de octubre de 2002, párrafo 155. 12 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, Serie C Nº 153, párrafos 82 y 84; Caso Gómez Palomino vs. Perú, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C Nº 136, párrafo 92; Caso Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Excepciones preliminares, Sentencia de 23 de noviembre de 2004, Serie C Nº 118, párrafos 100 a 106; Caso 19 Comerciantes vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C Nº 109, párrafo 142; Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C Nº 5, párrafos 163 a 167; y Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C Nº 4, párrafo 153. Ver igualmente Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Caso El Procurador c. Zoran Kpreskic et al., Sentencia de 14 de enero de 2000, IT-95-16-A, párrafo 566
13. extrajudiciales13, la toma de rehenes14 y a los castigos colectivos15. 15 La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha caracterizado como Marco Jurídico Internacional: Relativo a los derechos de las víctimas y los procedimientos penalesgraves violaciones a los derechos humanos aquellas “como la tortura, lasejecuciones sumarias, extra legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas,todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por elDerecho Internacional de los Derechos Humanos”16. Como lo ha destacado elComité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: “[l]os Estados Partes nopueden en ningún caso invocar el artículo 4 del Pacto [Internacional de DerechosCiviles y Políticos] como justificación de actos que violan el derecho humanitarioo normas imperativas de Derecho Internacional, por ejemplo, la toma de rehenes,la imposición de castigos colectivos, la privación arbitraria de la libertad […]”17.El Comité igualmente señaló que, bajo ninguna circunstancia se pueden cometeractos tales como secuestros, detención no reconocida, deportación o trasladoforzoso de población sin motivos autorizados por el Derecho Internacionaly apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a ladiscriminación, la hostilidad o la violencia18. El Comité de Derechos Humanoscalificado reiteradamente como graves violaciones de derechos humanos lasejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura19. El Comitécontra la Tortura ha señalado que “[l]a obligación de impedir los malos tratoscoincide en la práctica con la obligación de impedir la tortura […] En la práctica,no suele estar claro el límite conceptual entre los malos tratos y la tortura. Laexperiencia demuestra que las condiciones que dan lugar a malos tratos suelen13 Ver entre otros: Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (1980), Resolución No. 5 relativa a las Ejecuciones extrajudiciales, párrafos 2 y 5, Documento de Naciones Unidas A/CONF.87/14/Rev.1 (1981); Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C No. 75; y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Recomendación El Asilo y relación con Crímenes Internacionales de 20 de octubre de 2000, OEA/Ser./L/V/II.111, doc. 20 rev. 16.14 Ver entre otros: Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 29, Estados de emergencia (artículo 4), adoptada el 24 de julio de 2001, Documento de Naciones Unidas CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, párrafo 11.15 Ibíd., párrafo 11, y Regla 103, “los castigos colectivos están prohibidos”, en Comité Internacional de la Cruz Roja, Customary International Humanitarian Law, Volume I, Rules, Cambridge Press University, 2005, p.374.16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 14 de marzo de 2001, Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú), párrafo 41.17 Observación general Nº 29, “Estados de emergencia (artículo 4)”, adoptada el 24 de julio de 2001 durante la 1950ª reunión, párrafo 11.18 Ibíd., párrafo 13 (b) (d) y (e).19 Ver por ejemplo, la decisión de 29 de marzo de 1982, Comunicación N° 30/1978, Caso Bleier Lewhoff y Valiño de Bleier c. Uruguay; la decisión de 31 de marzo de 1982, Comunicación N° 45/1979, Caso Pedro Pablo Carmargo c. Colombia; y Observaciones finales - Burundi, de 3 de agosto 1994, en documento de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add.41, párrafo 9.
14. 16 facilitar la tortura y, por consiguiente, las medidas necesarias para impedir la tortura han de aplicarse para impedir los malos tratos. Por consiguiente, el Comité considera que la prohibición de los malos tratos tiene tambiénDenegación de Justicia y Proceso Penal carácter absoluto en la Convención, y que su prevención debe ser efectiva e imperativa“20. Así, en tanto afectan derechos humanos inderogables y/o prohibiciones de jus cogens, estos actos constituyen graves violaciones a los derechos humanos y, en consecuencia, deben ser castigados penalmente. Las graves violaciones de derechos humanos constituyen crímenes bajo el Derecho internacional. De conformidad, en lo que concierne la tortura, el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia ha destacado que la prohibición absoluta de cometer estos actos se traduce en el carácter de crimen bajo el Derecho internacional de estos y, por tanto, en la obligación de los Estados de juzgar y castigar a los autores de este ilícito y de no conceder amnistías o medidas similares21. Además de las normas de jus cogens, varios instrumentos internacionales consagran o reiteran el carácter de crimen bajo el Derecho Internacional de varios comportamientos que vulneran derechos inderogables. Por ejemplo, cabe destacar en lo que atañe a la tortura, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Naciones Unidas) y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, en lo que se refiere a la desaparición forzada, cabe destacar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Declaración para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Finalmente, en lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales (individuales o colectivas) cabe destacar los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Como crímenes internacionales, su régimen jurídico está prescrito por el Derecho Internacional, tanto convencional como consuetudinario. Así, entre otros aspectos de ese régimen jurídico, el Estado tiene la obligación internacional de juzgar y castigar a los responsables de estos crímenes y no puede invocarse la obediencia debida o el cumplimiento de órdenes 20 Comité contra la Tortura, Observación General No. 2 Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, CAT/C/GC/2 de 24 de enero de 2008, párrafo 3. 21 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, El Fiscal c. Anto Furundzija, Sentencia No. IT-95-17/1-T, párrafo 154.
15. superiores o la calidad oficial del autor para exonerarse de responsabilidad 17penal22. Marco Jurídico Internacional: Relativo a los derechos de las víctimas y los procedimientos penales Cuando estas graves violaciones a los derechos humanos son cometidasen el marco de una práctica masiva o sistemática o como parte de un ataquea gran escala o sistemático contra la población civil, constituyen crímenes delesa humanidad23. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia hacaracterizado los crímenes de lesa humanidad como “actos de violencia quedañan a los seres humanos al golpear lo más esencial para ellos: su vida, sulibertad, su bienestar físico, su salud y/o su dignidad. Son actos inhumanos quepor su extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para lacomunidad internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo. Pero loscrímenes de lesa humanidad también trascienden al individuo, porque cuandoel individuo es agredido, se ataca y se niega a la humanidad toda. Por eso, loque caracteriza esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto dela humanidad como víctima.”24 El Secretario General de las Naciones Unidasha igualmente caracterizado los crímenes contra la humanidad como “actosinhumanos de carácter gravísimo”25.22 Ver, inter alia: Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, artículos 2, 4 y 5; Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, artículos 1, 3, 4, 6, 7 y 9; Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, artículos 4, 5, 6 y 7; Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, artículo 5; Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, Principios 1, 18 y 19; Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, Principios 19 y siguientes; Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Principio 4; y Comité de Derechos Humanos, Observación general No. 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, párrafo 18, CCPR/C/21/ Rev.1/Add.13 de 26 de mayo de 2004. Ver igualmente: Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículos 1, 3,4 5 y 6; y Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, artículos I, III, IV y VIII.23 Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg (artículo 6); el Proyecto de Código de Delitos contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad (1996) de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (artículo 18); los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg, adoptados por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en 1950, (principio VI); el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (Artículo 5) ; el Estatuto del Tribunal Penal Internacional Ruanda (artículo 3); el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 7); y el Estatuto del Tribunal Penal Especial para Sierra Leona (artículo 5).24 Sentencia de 29 de noviembre de 1996, Prosecutor v. Endemovic, Causa IT-96-22-T, (original en inglés, traducción libre).25 Informe presentado por el Secretario General de conformidad con el párrafo 2 de la resolución 808 (1993) del Consejo de Seguridad, de 20 de mayo de 1993, Documento de Naciones Unidas S/25704, párrafo 48.
16. 18 A la luz del desarrollo actual del Derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional, constituye crimen contra la humanidad además de los actos de genocidio y de Apartheid, los siguientes actos cuandoDenegación de Justicia y Proceso Penal son cometidos en el marco de una práctica masiva o sistemática o como parte de un ataque a gran escala o sistemático contra la población civil: • El asesinato; • El exterminio; • La tortura; • Los actos inhumanos; • La desaparición forzada; • La detención arbitraria; • La esclavitud y la reducción en estado de servidumbre o trabajo forzoso; • Las persecuciones por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos; • Las violaciones y otras formas de abusos sexuales; y • La deportación o traslado forzoso de poblaciones con carácter arbitrario. Numerosos de estos crímenes contra la humanidad han sido objeto de Convenciones internacionales. Así, entre otras, la Convención Internacional sobre la represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. A diferencia de la definición del Genocidio y del crimen de Apartheid, la definición de los crímenes de lesa humanidad aparece en diversos instrumentos y ha ido sufriendo modificaciones con fines aclaratorios. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha señalado que “la mayoría de normas de Derecho Internacional Humanitario, en particular las que prohíben los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, son también normas perentorias de Derecho Internacional o jus cogens, es decir, de carácter imperativo e inderogable”26. La naturaleza de jus cogens de la prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad ha sido ampliamente reiterada.27 26 Sentencia de 14 de enero de 2000, Prosecutor v Kupreskic et al., “Lasva Valley” Case, Causa IT-95-16, párrafo 520 (original en inglés, traducción libre). 27 Ver entre otros: Resolución 95 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 11 de diciembre de 1946; Informe del Secretario General de conformidad con el párrafo 2 de la resolución 808 (1993) del Consejo de Seguridad y Anexos, Documento de Naciones Unidas S/25704, párrafo 47; y la Sentencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia de 29 de noviembre de 1996, El Fiscal c. Erdemovic, Caso No. IT-96-22-T.
17. Si bien el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, 19primer instrumento internacional que tipificó los crímenes de lesa humanidad,ató la noción de este ilícito a la existencia de un conflicto armado, desde hace Marco Jurídico Internacional: Relativo a los derechos de las víctimas y los procedimientos penalesvarias décadas el Derecho internacional establece que los crímenes contra lahumanidad pueden ser cometidos tanto en tiempos de paz y de excepción,como en tiempos de guerra internacional o de conflicto armado interno. Elloha sido ampliamente reiterado por instrumentos normativos del Derechointernacional28 así como por la jurisprudencia de los Tribunales penalesinternacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia.29 El Secretario General delas Naciones Unidas ha igualmente precisado que “los crímenes contra lahumanidad […] están prohibidos así hayan sido cometidos en el curso de unconflicto armado de carácter internacional o de carácter interno”.30 Cabe precisar que aun cuando algunos instrumentos internacionales quetipifican el crimen de lesa humanidad se refieren a su comisión como “parte deun ataque a la población civil”, ello no significa que sólo personas civiles puedenser víctimas de este tipo de crimen bajo el derecho internacional. En efecto, elTribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia ha precisado que un crimende lesa humanidad puede cometerse tanto contra una población civil, cualquieraque sea, como contra miembros de los partes en un conflicto armado.31 Las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los autores de crímenesbajo el Derecho internacional (como las graves violaciones de derechoshumanos y los crímenes de lesa humanidad) están consagradas explícitamenteen numerosos tratados de derechos humanos.32 Varios instrumentos declaratorios28 Ver entre otros: la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad (artículo I, b); la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (artículo I); el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 7); el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (artículo 5); Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (artículo 3); y Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (artículo 2).29 Sentencia sobre excepciones preliminares (competencia) de 2 de octubre de 1995, Caso Prosecutor c. Tadiç, N° Tadic IT-94-1 “Prijedor”, párrafos 78 y 141. Texto de la decisión en página Web: http://www.un.org/icty/tadic/appeal/decision-f/51002JN3.htm.30 Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité et ses annexes, documento de las Naciones Unidas S/25704, párrafo 47 (original en francés, traducción libre).31 Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Sentencia de 7 de mayo de 1997, Caso Prosecutor c. Tadiç, N° Tadic IT-94-1 «Prijedor», párrafos 640 y siguientes; Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, Sentencia de 13 de abril de 1996, Caso Prosecutor c Mile Mskic, Miroslav Radic et Veselin Slivjancanin, («Décision hôpital de Vukovar»), N° IT-95-13-R61, párrafos 20 y 32.32 Así, cabe destacar en el sistema universal: artículos 4, 5 y 7 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Convención International para la protección de todas las personas contra las desapariciones
18. 20 también establecen estas obligaciones.33 Otros tratados no contienen cláusulas expresas sobre las obligaciones de juzgar y sancionar a los autores de graves violaciones de derechos humanos.34 No obstante, la jurisprudencia de derechosDenegación de Justicia y Proceso Penal humanos ha concluido que, en virtud del deber de garantía consagrado en los tratados de derechos humanos, como así también los principios generales del derecho, estos tratados imponen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los autores de graves violaciones de derechos humanos.35 Estas obligaciones forzadas; artículos 3 y 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer; artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados; artículos 3, 4 y 5 del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía; artículo 5 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y artículos IV, V y VI de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. En el ámbito regional, cabe mencionar: la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículos 1 y 6), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (artículo 7) y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (artículos I y IV). 33 Ver inter alia: la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad. 34 Este es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Árabe de Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 35 Ver inter alia, Comité de Derechos Humanos: Observación General No. 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto; Dictamen de 27 de octubre de 1995, Comunicación No. 563/1993, Caso Nydia Erika Bautista c. Colombia; Dictamen de 29 de julio de 1997, Comunicación No. 612/1995, Caso José Vicente y Amado Villafañe Chaparro, Luis Napoleón Torres Crespo, Angel María Torres Arroyo y Antonio Hugues Chaparro Torres c. Colombia. Comité contra la Tortura: Observación General No. 2, Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes, y la Decisión relativa a las comunicaciones Nos. 1/1988, 2/1988 y 3/1988 (Argentina), de 23 de noviembre de 1989, párrafo 7. Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, Sentencia de 21 de Julio de 1989, Serie C No. 7; Caso Godínez Cruz c. Honduras, Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8; Caso Caballero Delgado y Santana c. Colombia, Sentencia de 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22; Caso El Amparo c. Venezuela, Sentencia de 14 de septiembre de 1996, Serie C No. 28; Caso Castillo Páez c. Perú, Sentencia de 3de noviembre de 1997, Serie C No. 34; Caso Suárez Rosero c. Ecuador, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35; y Caso Nicholas Blake c. Guatemala, Sentencia de 24 de enero de 1998, Serie C No. 36. Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Caso Osman c. Reino Unido, Sentencia de 28 de octubre de 1998, Aplicación 23452/94; Caso Aksoy c. Turquía, Sentencia de 18 de diciembre 1996, Aplicación No. 21987/93; Caso A. c. Reino Unido, Sentencia de 23 de septiembre de 1998, Aplicación No. 25599/94; Caso Kurt c. Turquía, Sentencia de 25 de mayo de 1998, Aplicación No. 24276/94; Caso Mahmut Kaya c. Turquía, Sentencia de 28 de marzo de 2000, Aplicación No. 22535/93; Caso Kiliç c. Turquía, Sentencia de 28 de marzo de 2000, Aplicación No. 22492/93. Comisión Africana de Derechos Humanos y de
19. también existen para el Estado respecto de actos delictivos cometidos por 21particulares o grupos de personas, en particular cuando esas infraccionespenales impiden el goce efectivo de derechos humanos y/o cuando constituyen Marco Jurídico Internacional: Relativo a los derechos de las víctimas y los procedimientos penalescrímenes bajo el derecho internacional.363. De la cuestión los derechos y estatus jurídico de las víctimas en los procesos penales El marco jurídico que regula la participación de las víctimas de gravesviolaciones de los derechos humanos, constitutivas de delitos bajo el Derechointernacional, y de otros crímenes de carácter internacional en los procesospenales, ha ido emergiendo de la doctrina y de la jurisprudencia de los tribunalesy órganos internacionales de protección de derechos humanos y se ha venidocristalizando paulatinamente en diversas normas internacionales. No obstanteeste corpus iuris ha sido sistematizado y cristalizado en algunos instrumentosinternacionales específicos en la materia y de trascendental importancia, a saber: i) Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones37, de las Naciones Unidas [en adelante “Principios de reparación”]; ii) El Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra los Pueblos: Caso Asociación Africana Malawi y otros c. Mauritania, Comunicaciones Nos. 54/91, 61/91, 98/93, 164/97, 196/97, 210/98 (mayo 2000) y Caso Centro de Acción sobre Derechos Económicos y Sociales y el Centro de Derechos Económicos y Sociales c. Nigeria, Comunicación No. 155/96 (octubre 2001).36 Ver inter alia, Comité de Derechos Humanos: Observación General No. 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, párrafo 8 ; Comité contra la Tortura: Comentario General No. 2, Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes; Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4; Caso de la Masacre de Mapiripán c. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C No. 134; Caso de la Masacre de Pueblo Bello c. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso L.C.B. c. Reino Unido, Sentencia de 9 de junio de 1998, Aplicación No. 23413/94; Caso Osman c. Reino Unido, Sentencia de 28 de octubre de 1998, Aplicación No. 23452/94; Caso E y otros c. Reino Unido, Sentencia de 26 de noviembre de 2002, Aplicación No. 33218/96; Comisión Africana de Derechos humanos y de los Pueblos, Decisión relativa a la Comunicación No. 155/96, Caso Centro de Acción sobre Derechos Económicos y Sociales y el Centro de Derechos Económicos y Sociales c. Nigeria, doc. cit.37 Adoptados por resolución No. 60/147 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 2005. Estos Principios están disponibles en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm .
20. 22 la impunidad38, de las Naciones Unidas [en adelante “Principios contra la impunidad”]; iii) Los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a laDenegación de Justicia y Proceso Penal Asistencia Legal en África, de la Unión Africana; y iv) La Decisión Marco relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, de la Unión Europea39. Los Principios de reparación, adoptados por consenso por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cristalizan los estándares internacionales, tanto normativos como jurisprudenciales, existentes sobre este tema. Como expresamente lo señala su preámbulo, estos Principios: “no entrañan nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, sino que indican mecanismos, modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas existentes conforme a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que son complementarios, aunque diferentes en su contenido”. En ese contexto, resultan de primerísima importancia los siguientes principios: • Principio 3: “La obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos comprende, entre otros, el deber de: […] c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia […] con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación; y d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación […].” 38 La aplicación de este Conjunto de principios ha sido reiteradamente recomendada por la ex Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ver inter alia: Resolución 2005/81 y Resolución 2003/72 de la ex Comisión de Derechos Humanos). El Conjunto de principios ha sido ampliamente empleado como referente jurídico tanto por las cortes y órganos internacionales de derechos humanos como por órganos estatales y tribunales nacionales, en particular : la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia C-426/06 de 31 de mayo de 2006, expediente D-5935) y la Corte Suprema de Justicia (Sala penal) de Colombia (Decisión sobre recurso de apelación, de 11 de julio de 2007, caso Orlando César Caballero Montalvo / Tribunal Superior de Antioquia). El Conjunto de principios ha sido reproducido en el documento de Naciones Unidas E/CN.4/2005/102/ Add.1 de 8 de febrero de 2005 y están disponble en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s. aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1 . 39 Adoptada por el Consejo de la Unión Europea el 15 de marzo de 2001. Esta Decisión marco esta disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX:32001F0220:ES:NOT y http://www.poder-judicial.go.cr/salatercera/tratados/ V%C3%ADctima1.htm
21. • Principio 11: “Entre los recursos contra las violaciones manifiestas 23 de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario figuran los siguientes Marco Jurídico Internacional: Relativo a los derechos de las víctimas y los procedimientos penales derechos de la víctima, conforme a lo previsto en el derecho internacional: a) Acceso igual y efectivo a la justicia”. • Principio 12: “La víctima de una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o de una violación grave del derecho internacional humanitario tendrá un acceso igual a un recurso judicial efectivo, conforme a lo previsto en el derecho internacional. […] Las obligaciones resultantes del derecho internacional para asegurar el derecho al acceso a la justicia y a un procedimiento justo e imparcial deberán reflejarse en el derecho interno.” • Principio 13: “Además del acceso individual a la justicia, los Estados han de procurar establecer procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de reparación y obtener reparación, según proceda “. Los Principios contra la impunidad reflejan el desarrollo del Derechointernacional en este campo. Antes de que los Principios contra la impunidadfueran adoptados, la Comisión y la Corte interamericanas los utilizaron comofuente jurídica y como referencia normativa en este campo.40 Tanto los Principioscontra la impunidad, como su versión previa han sido empleados igualmentecomo referentes jurídicos por órganos estatales y tribunales nacionales, enparticular la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de Colombia.41En este marco jurídico, resulta de la mayor importancia el principio 19 queestipula que:40 Corte Interamericana de Derechos humanos: Sentencia de 22 de febrero de 2002, Caso Bámaca Velásquez c. Guatemala, párrafo 75; Sentencia de 27 de noviembre de 1998, Castillo Páez c. Perú, párrafo 48; y Sentencia de 27 de Febrero de 2002, Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia, párrafo 114. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe N°136/99, Caso 10.488 Ignacio Ellacuría S.J. y otros (El Salvador), 22 de diciembre de 1999; Informe N° 37/00, Caso 11.481 (El Salvador), Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez; Informe Nº 45/00, Caso 10.826 Manuel Mónago Carhuaricra y Eeleazar Mónago Laura (Perú), 13 de abril de 2000; Informe Nº 44/00, Caso 10.820, Américo Zavala Martínez (Perú)13 de abril de 2000; Informe Nº 43/00, Caso 10.670, Alcides Sandoval y otros (Perú)13 de abril de 2000; Informe Nº 130/99, Caso 11.740, Víctor Manuel Oropeza (México),19 de noviembre de 1999; Informe Nº 133/99, Caso 11.725, Carmelo Soria Espinoza (Chile), 19 de noviembre de 1999; e Informe Nº 46/00, Caso 10.904, Manuel Meneses Sotacuro y Félix Inga Cuya (Perú),13 de abril de 2000.41 Ver por ejemplo: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-426/06 de 31 de mayo de 2006, expediente D-5935; y Corte Suprema de Justicia (Sala penal) de Colombia, Decisión sobre recurso de apelación, de 11 de julio de 2007, caso Orlando César Caballero Montalvo / Tribunal Superior de Antioquia.
22. 24 “Aunque la iniciativa del enjuiciamiento es en primer lugar una de las misiones del Estado, deberán adoptarse normas procesales complementarias para que las propias víctimas, sus familiares o herederos puedan tomar esaDenegación de Justicia y Proceso Penal iniciativa, individual o colectivamente, en particular como partes civiles o como personas que inician un juicio en los Estados cuyo derecho procesal penal contemple esos procedimientos. Los Estados deberán garantizar la amplia participación jurídica en el proceso judicial a todas las partes perjudicadas y a toda persona u organización no gubernamental que tenga un interés legítimo en el proceso.”42 Los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a la Asistencia Legal en África, adoptados por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 2003 y validados por la Asamblea General de la Unión Africana, desarrollan ampliamente la condición jurídica y los derechos de las víctimas en los procesos penales. Estos principios estipulan expresamente que los Jueces y Fiscales deben: informar a las víctimas acerca de su papel en los procedimientos, recursos disponibles y fechas para las actuaciones; garantizar que los puntos de vista de las víctimas sean presentadas y examinadas durante las distintas fases del proceso penal; y garantizar que las víctimas reciban la debida asistencia durante los procedimientos penales. Cabe destacar que el Principio “C”, “Derecho a un recurso efectivo”, estipula que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante la justicia por violación de sus derechos fundamentales y que tal recuso implica el acceso a la justicia, obtener la reparación de los daños sufridos y el acceso a la información concreta relativa a esas violaciones de derechos. La Decisión Marco relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal, adoptada por el Consejo de la Unión Europea, prevé que las víctimas deben ser parte en los procesos penales. Son de particular relevancia los siguientes artículos de la Decisión Marco: • Artículo 2: “Los Estados miembros reservarán a las víctimas un papel efectivo y adecuado en su sistema judicial penal. Seguirán esforzándose porque las víctimas sean tratadas durante las actuaciones con el debido respeto a su dignidad personal, y reconocerán sus derechos e intereses legítimos en particular en el marco del proceso penal.” • Artículo 3 “Audición y presentación de pruebas”: “Los Estados miembros garantizarán a la víctima la posibilidad de ser oída durante las actuaciones y de facilitar elementos de prueba.” 42 Principio 19, párrafo 2.
23. 4. Fundamento jurídico de los derechos de las 25 víctimas en el proceso penal Marco Jurídico Internacional: Relativo a los derechos de las víctimas y los procedimientos penales Desde la perspectiva del Derecho internacional de derechos humanos,los derechos de las víctimas en relación con los procedimientos penales estánbasados legalmente en cuatro derechos centrales y esenciales, protegidos porel Derecho internacional: a) El derecho de toda persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, para la determinación de sus derechos; b) El derecho a un recurso efectivo, que incluye, inter alia, el derecho a una investigación; c) El derecho a obtener reparación; y d) El derecho a la verdad.a) Derecho a un juicio justo ante tribunal independiente, imparcial y competente Bajo el derecho internacional, toda persona tiene derecho ser oídapúblicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente,independiente e imparcial, establecido por la ley, para la determinación de susderechos43. Para la determinación de sus derechos a la reparación y a la verdad,las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de otros crímenesbajo el derecho internacional, tienen derecho a un juicio justo ante un tribunalcompetente, independiente e imparcial. Este derecho está íntimamente ligado a la obligación internacional delEstado de juzgar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechoshumanos, como lo ha recordado la Corte Interamericana de DerechosHumanos.44 Así, ha precisado que:43 Ver: la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1); el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (artículo 6.1); la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 47); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XXVI); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8.1); la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (artículos 7 y 26); y la Carta Árabe de Derechos Humanos (artículo 13).44 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C: No. 7, párrafos. 32 y 34; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras, Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C: No. 8, párrafos 30 y 3; Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C: No. 22, párrafo 69 y Resolutivo 5; Caso El Amparo Vs. Venezuela, Sentencia del 14 de septiembre de
24. 26 “La Convención Americana garantiza a toda persona el acceso a la justicia para hacer valer sus derechos, recayendo sobre los Estados Partes los deberes de prevenir, investigar identificar y sancionar a los autoresDenegación de Justicia y Proceso Penal intelectuales y encubridores de violaciones a los derechos humanos. […] El artículo 8.1 de la Convención Americana guarda relación directa con el artículo 25 en relación con el artículo 1.1, ambos de la misma, que asegura a toda persona un recurso rápido y sencillo para lograr, entre otros resultados, que los responsables de las violaciones a los derechos humanos sean juzgados”45 Dada la naturaleza de ilícitos penales de las graves violaciones de derechos humanos y otros crímenes bajo el derecho internacional, es obvio que el escenario judicial en el cual puede realizarse el derecho a la verdad – que implica conocer la identidad y responsabilidad de los autores y participes del crimen - es el proceso penal, toda vez que sólo un tribunal penal puede declarar la culpabilidad de los individuos. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares, a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables”46. El derecho a ser oído por un tribunal competente remite al principio del juez natural para conocer de graves violaciones de derechos humanos y plantea la cuestión del ámbito de competencia de los tribunales militares. El Derecho internacional de Derechos Humanos ha desarrollado varios principios y criterios relativos al ámbito de competencia de los tribunales militares. Estos principios y criterios sido han codificados en el Proyecto de Principios sobre la Administración de justicia por Tribunales Militares, adoptado por la antigua Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.47 Aunque todavía se trata de un Proyecto de Principios, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha considerado que reflejan la evolución del Derecho Internacional en el campo de los tribunales militares y lo ha empleado como fuente jurídica en varias de 1996, Serie C: No. 28, párrafo 61 y Resolutivo 4; Caso Castillo Páez Vs. Perú, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, párr. 90; Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C: No. 35, párrafo 107 y Resolutivo 6; y Caso Nicholas Blake Vs. Guatemala, Sentencia de 24 de enero de 1998, Serie C: No. 36, párrafo 97. 45 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Nicholas Blake Vs. Guatemala, Sentencia de 22 de enero de 1999, Serie C: 28 párrafos 61 y 63. 46 Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, Sentencia de 11 de de mayo de 2007, Serie C No. 163, párrafo 146. 47 Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/2006/58 de 13 de enero de 2006.
25. sus sentencias48. Estos principios, desarrollados por la jurisprudencia y varios 27instrumentos internacionales, estipulan que: a) la jurisdicción de los tribunalesmilitares debe estar limitada a los delitos estrictamente militares cometidos por Marco Jurídico Internacional: Relativo a los derechos de las víctimas y los procedimientos penalespersonal militar49; y b) los tribunales militares no son competentes para juzgarpersonal militar por graves violaciones de derechos humanos, toda vez queéstas constituyen delitos ordinarios que deben ser juzgados por la jurisdicciónordinaria y que no pueden ser considerados como delitos militares o delitos deservicio50.48 Sentencia del 4 de mayo de 2006, Caso Ergin c. Turquía (Comunicación No. 47533/99), y Sentencia de 21 de septiembre de 2006, Caso Maszni c. Rumania (Comunicación No. 59892/00).49 Principio 29 del Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra de impunidad; Principio 8 del Proyecto de Principios sobre la Administración de justicia por Tribunales Militares; Principio L de los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a la Asistencia Legal en África. Ver, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Durand y Ugarte c. Perú, Sentencia de 16 de agosto de 2000, párrafo 117; Caso Palamara Iribarne c. Chile, Sentencia de 22 de noviembre de 2005; Caso de la “Masacre de Mapiripán” c. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005; Caso Lori Berenson Mejía c. Perú, Sentencia de 25 de noviembre de 2005; Caso de los 19 Comerciantes c. Colombia , Sentencia de 5 de julio de 2004; Caso Las Palmeras c. Colombia, Sentencia de 6 de diciembre de 2001; y Caso Cantoral Benavides c. Perú , Sentencia de 18 de agosto de 2000. Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Sentencia del 4 de mayo de 2006, Caso Ergin c. Turquía; Sentencia de 10 de mayo de 2001, Caso Chipre c. Turquía; y Sentencia de 21 de septiembre 2006 (59892/00), Caso Maszni c. Rumania. Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: Decisión del 6 noviembre 2000, Comunicación No. 223/98 (Sierra Leone), párrafo 60; Decisión abril 1997, Comunicación No. 39/90 (Camerún); Decisión del 31 octubre de 1998, Comunicación N° 137/94, 139/94, 154/96 y 161/97 (Nigeria); Decisión del 15 noviembre 1999, Comunicación No. 151/96; Decisión 15 noviembre 1999, Comunicación No. 206/97 (Nigeria); Decisión de 1995, Comunicación No. 60/91 (Nigeria); y Decisión 1995, Comunicación No. 87/93 (Nigeria).50 Artículo 16 (2) de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; Principio 29 de los Principios actualizados para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad; Principios 8 y 9 del Proyecto de Principios sobre la Administración de justicia por Tribunales Militares ; Artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y Principio L de los Principios y Directrices sobre el Derechos a un Juicio Justo y a a la Asistencia Legal en África. Ver también, Comité de Derechos Humanos: Observaciones finales sobre: Bolivia (CCPR/C/79/Add.74, párrafo 11), Brasil (CCPR/C/79/Add.66, 24 julio 1996, párrafo 10), Chile (CCPR/C/79/Add.104, 30 marzo 1999, párrafo 9), Colombia (CCPR/C/79/ Add.2, 25 septiembre 1992, párrafo 393; CCPR/C/79/Add.76, 5 mayo 1997, párrafo 18), Croacia (CCPR/C/79/Add.15 - A/48/40, 28 diciembre 1992, párrafo 369), República Dominicana (CCPR/CO/71/DOM, 26 abril 2001, párrafo 10), El Salvador (CCPR/C/79/ Add.34, 18 Abril 1994, párrafo 5), Ecuador (CCPR/C/79/Add.92, 18 agosto 1998, párrafo 7), Guatemala (CCPR/CO/72/GTM, 27 agosto 2001, párrafos 10 y 20), Líbano (CCPR/C/79/ Add.78, 1 Abril 1997, párrafo 14) Perú (CCPR/C/79/Add.8, 25 septiembre 1992, párrafo 8), Venezuela (CCPR/C/79/Add.13, 28 diciembre 1992, párrafo 7). Ver Observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre: Perú (A/55/44, 16 noviembre 1999, párrafos 61 y 62), Colombia (A/51/44, 9 julio 1996, párrafos 76 y 80), Jordania (A/50/44, 26 julio 1997, párrafo 175), Venezuela (A/54/44, 5 mayo 1999, párrafo 142) y Guatemala (A/53/44, 27 mayo 1998, párrafo 162 (e)). Ver, Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Durand y Ugarte
26. 28 b) Derecho a un recurso efectivo De conformidad con el Derecho internacional, toda persona tiene derechoDenegación de Justicia y Proceso Penal a un recurso efectivo ante una autoridad independiente e imparcial en el caso de que sus derechos humanos hayan sido violados, de forma que pueda obtener reparación y conocer la verdad sobre las circunstancias, motivos y los autores de la violación. El derecho a un recurso efectivo51 garantiza, ante todo, el derecho de toda persona a reivindicar sus derechos ante un órgano independiente e imparcial, con el fin de obtener el reconocimiento de la violación, la cesación de la violación si ésta continúa y una reparación adecuada. El derecho a un recurso está estrechamente relacionado los derechos a obtener una reparación y a conocer la verdad. Aunque el derecho a un recurso no se menciona específicamente en los tratados internacionales como un derecho no derogable52, es uno de los derechos fundamentales y esenciales para la protección efectiva de los demás derechos humanos y debe garantizarse incluso en tiempos de emergencia.53 El Comité de Derechos Humanos estipuló que el deber jurídico de proporcionar recursos para cualquier violación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos “constituye una obligación inherente del Pacto en su conjunto”54 y, por ende, es inderogable. Por su su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “el derecho a un c. Perú, Sentencia de 16 de agosto de 2000, párrafo 118; Caso Palamara Iribarne c. Chile, Sentencia de 22 de noviembre de 2005; Caso de la “Masacre de Mapiripán” c. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005; Caso de los 19 Comerciantes c. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004; Caso Las Palmeras c. Colombia, Sentencia de 6 de diciembre de 2001. 51 Artículo 2 (3) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 7 (1) (a) de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; artículo 9 de la Carta Árabe de Derechos Humanos; artículo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos; y artículo 47 de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 52 No obstante, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la suspensión de garantías judiciales que son esenciales para la protección de derechos no derogables (artículo 27.1). De igual forma, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas prescribe que el recurso de habeas corpus no es derogable. 53 Véase: Comité de Derechos Humanos: Observación general No. 29, Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, de 31 de agosto de 2001, párrafo 14; Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Resolución sobre el habeas corpus, E/CN.4/RES/1992/35, de 28 de febrero de 1992, párrafo 2; Corte Europea de Derechos Humanos, Aksoy c. Turquía, Sentencia de 18 de diciembre de 1996, Informes 1996-VI, párrafo 83; y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC- 8/87, El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos), de 30 de enero de 1987, Series A No. 8, párrafo 42, y Opinión consultiva OC-9/87, Garantías judiciales en Estados de Emergencia, de 6 de octubre de 1987 (párrafos operativos 2 y 3). 54 Comité de Derechos Humanos: Observación general No. 29, Suspensión de obligaciones durante un estado de excepción, op. cit. 4, párrafo 14.
27. recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, constituye 29uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino delpropio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Marco Jurídico Internacional: Relativo a los derechos de las víctimas y los procedimientos penalesConvención”.55 Adicionalmente, los recursos se deben garantizar de forma nodiscriminatoria, incluso a los no ciudadanos.56 Los recursos adquieren formas diferentes en cada jurisdicción, porejemplo, el recurso de amparo, recurso por exceso de poder, habeas corpus,acción de tutela, recursos ante tribunales administrativos o civiles, parte civil enlos procesos penales. Los recursos pueden ser de carácter administrativo, penalo civil. Aunque los Estados tienen un margen de discrecionalidad en cuantola implementación en el ámbito interno del derecho a un recurso efectivo, lanaturaleza del recurso varía de acuerdo con la gravedad de la violación. Pese a que la naturaleza de los recursos puede variar en función de lanaturaleza del derecho conculcado o la gravedad de la violación, en casosde graves violaciones de derechos humanos o de delitos bajo el derechointernacional, el recurso efectivo debe ser un recurso judicial ante un tribunalindependiente, imparcial, establecido por ley. La jurisprudencia internacionalha considerado reiteradamente que en el caso de graves violaciones de losderechos humanos - como la tortura, los actos inhumanos, la desapariciónforzada, la violencia sexual o la ejecución extrajudicial-, y que son constitutivosde delitos bajo el derecho internacional; el recurso debe ser de carácter judicialpenal57. Adicionalmente, el recurso efectivo debe ser sustanciado de acuerdocon las reglas del debido proceso legal y los requerimientos del juicio justo.5855 Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Caso de Castillo Páez c. Perú, párrafo 82.56 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Bélgica, de 12 de agosto de 2004, CCPR/CO/81/BEL, párrafos 9 y 11; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Recomendación general No. XXX Discriminación contra los no ciudadanos, de 1 de octubre de 2004, párrafo 18; y la Cámara de los Lores, Caso A (FC) y Otros (FC) (Apelantes) c. Secretario de Estado por el Departamento del Interior (Demandado), [2004] UKHL 56, Sentencia de 16 de diciembre de 2004.57 Ver, inter alia: Comité de Derechos Humanos, Dictamen de 29 noviembre 1989, Caso F. Birindwa ci Bithashwiwa y E. Tshisekedi wa Mulumba C. Zaire, Comunicación No. 241/198, párrafo 14; Dictamen de 13 noviembre de 1995, Comunicación No. 563/1993, Caso Nydia Erika Bautista c. Colombia, párrafo 8.2; Dictamen de 29 de julio de 1997, Comunicación No. 612/1995, Caso José Vicente y Amado Villafañe Chaparro, Luis Napoleón Torres Crespo, Angel María Torres Arroyo y Antonio Hugues Chaparro Torres c. Colombia, párrafo 8.2. Ver igualmente: Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, Recomendación General No. 19 sobre violencia contra la mujer, 29 enero de 1992, A/47/38, para 24 (t); Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Principios y directrices sobre el derecho a un juicio justo y a la asistencia legal en África, Principio C (a).58 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Bámaca Velásquez c. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C No. 70, párrafos 184-196; Caso Juan Humberto Sánchez
Small Claim Courts / Justicia para las Pequeñas Causas
Analisis tipo penal. carmen
carmenpacheco14

References: resolución 
 artículo 8
 Artículo 6
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 Resolución 
 artículo 2
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 5
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 artículo 5
 artículo 2
 artículo 2
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 Artículo 2
 Artículo 3
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 1
 Artículo 16
 Artículo 2
 artículo 25
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 47
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