Source: http://economiazero.com/la-audiencia-provincial-palencia-declara-nulo-prestamo-revolving-cofidis-2084-tae/
Timestamp: 2018-09-24 04:36:39+00:00

Document:
Declarado nulo un préstamo revolving de COFIDIS con 20,84 % TAE
« La Audiencia Provincial de Asturias condena a CETELEM a devolver a un consumidor las cantidades cobradas que excedan del capital prestado
Banco Santander condenado a devolver 1.225,65 € cobrados ilegalmente en un préstamo revolving con TAE de usura (21,57 %) »
La Audiencia Provincial de Palencia declara la nulidad de un préstamo revolving “Direct Cash” de COFIDIS, contratado en 2001 por dos consumidores.
El préstamo rápido, cuyo capital inicial fue de 3.000,05 €, fue pactado con un interés remuneratorio del 20,84 % TAE.
La sentencia, aplicado la doctrina fijada por el Tribunal Supremo el 21 de noviembre de 2015, califica ese interés como usurario por ser notablemente superior al normal del dinero, debido a la gran diferencia existente entre el TAE fijado en el préstamo y el interés medio que tenían los préstamos al consumo en la fecha en que fue contratado el crédito.
COFIDIS, que reclamaba 6.316,13 € a los consumidores, deberá aceptar el fallo de la resolución y los consumidores solamente deberán devolver los 3.000,05 € que le prestó inicialmente la entidad.
AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN Nº 1 PALENCIA
SENTENCIA: 00221/2015
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION 0000304 /2015
Juzgado de procedencia: JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 4 de PALENCIA
Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000147 /2015
Recurrente: XXXXXX, XXXXXX.
Procurador: XXXXXX Abogado: XXXXXX
Ilmo. Sr. Presidente Don XXXXXX
En la ciudad de Palencia, a veintinueve de diciembre de dos mil quince.
Vistos, en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio de ordinario provenientes del Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Palencia, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia recaída en el mismo de fecha 24 de septiembre de 2015, entre partes, como apelantes D. XXXXXX y Dª XXXXXX, representados por el Procurador Sr. XXXXXX y defendido por el Letrado Sr. XXXXXX y como parte apelada Cofidis SA, representada por el Procurador Sr. XXXXXX y defendido por el Letrado Sra. XXXXXX y Ponente Ilmo. Sr. XXXXXX.
1º.- Que el Fallo de dicha sentencia, literalmente dice: “Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por el Procurador, D. XXXXXX, en nombre y representación la entidad COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA contra D. XXXXXX y Dª XXXXXX representados por el Procurador, D. XXXXXX, DEBO CONDENAR y CONDENO a los referidos demandados a satisfacer a la actora la cantidad de 6.316,13 euros, más los intereses legales devengados desde la fecha de presentación del escrito inicial de demanda? todo ello, sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas procesales.”
2º.- Contra dicha sentencia ambas partes demandada y demandante interpusieron el presente recurso de apelación, exponiendo las alegaciones en las que se basaba su impugnación, que fue admitido en ambos efectos, y previo traslado a las demás partes para que presentaran escritos de impugnación u oposición fueron elevados los autos ante esta Audiencia y no habiendo sido propuesta prueba en segunda instancia es procedente dictar sentencia.
PRIMERO.- Cofidis SA, Sucursal en España, interpuso demanda de juicio ordinario contra D. XXXXXX y Dª XXXXXX, en reclamación de 6.316,13 euros más intereses legales, costas y demás gastos judiciales que pudieran devengarse. Exponía la demandante que el 14 de marzo de 2001 la entidad financiera y los demandados suscribieron un contrato de crédito al consumo o línea de crédito denominado “Direct Cash”, que les posibilitaba hacer disposiciones mediante llamadas telefónicas, por un importe inicial financiado de 3.000,05 euros, a pagar en mensualidades fijas para amortizar el capital e intereses a razón de 130,12 euros, pagaderos el día 5 de cada mes, y con posibilidad de modificar de mutuo acuerdo por ambas parte la línea de crédito inicial, pactando un interés remuneratorio del 20,84 %, tal como quedó reflejado en la Condición General 4 Coste de Crédito del contrato.
Los demandados realizaron disposiciones a cargo de dicho crédito, hasta que desatendieron las mensualidades, dejando un saldo deudor que superó ampliamente el límite inicialmente fijado por lo que COFIDIS conforme a lo dispuesto en la cláusula novena del contrato denunció el vencimiento anticipado del mismo reclamando a los demandados el reembolso inmediato del capital pendiente de amortizar, incrementado por los intereses vencidos y no pagados, mas los gastos que le supuso a la entidad financiera las gestiones realizadas para el cobro de la deuda (comisión por devolución), en total 6.316,13 euros.
Don. XXXXXX y Dª XXXXXX se opusieron a la demanda alegando que el contrato celebrado con Cofidis era de adhesión con lo que las condiciones generales no fueron negociadas por ellos? que en la demanda no se detallan los conceptos de las cuantías por las que se reclaman todo para terminar alegando que los intereses remuneratorios pactados al 20,84%, son claramente usurarios por desproporcionados al rebasar el doble del interés habitual del mercado para las financiaciones a particulares y además que COFIDIS no justificó el porqué de tal desproporción, ni reveló el criterio seguido para evaluar el riesgo de la operación, considerando por ello que son abusivos.
La Juez de primera instancia descartó que los intereses remuneratorios pactados al 20,84 % anual o 1,74 % mensual fueran usurarios, desproporcionados o abusivos y estimó íntegramente la demanda condenando a los demandados a satisfacer a la actora la cantidad de 6.316,13 euros, mas intereses legales devengados desde la fecha de la demanda, si bien a pesar de la estimación no les condenó a pagar las costas procesales por las dudas de hecho y de derecho que el asunto presentaba y la existencia de doctrina contradictoria sobre la materia.
No conformes con la estimación de la demanda recurren los demandados para que en alzada se revoque la de instancia con desestimación integra de la demanda e imposición de costas a la actora.
SEGUNDO.- Conviene traer a colación que la modalidad de contrato usurario propiamente dicho, distinto del contrato leonino que seria el préstamo aceptado por el prestatario a causa “de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales, se caracteriza porque contiene la estipulación de “un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso”, como resulta del primer párrafo del artículo 1 de la Ley la Usura de 23 de julio de 1908.
La ya muy lejana sentencia del TS de 19 de febrero de 1912, se expresaba en los siguientes términos “la usura sólo existirá cuando haya una evidente y sensible falta de equivalencia entre el interés que percibe el prestamista y el riesgo que corre su capital”, y como en el caso enjuiciado el prestatario, médico de profesión y perceptor de un salario mensual entorno a 2.500 euros, en principio nada sugería que el riesgo de insolvencia fuese tan acusado que exigiera un interés remuneratorio a favor del concedente del crédito superior al doble del interés de mercado en las financiaciones a particulares.
Esta Audiencia Provincial tiene declarado en sentencia 10/10/2013 “si bien en este precepto (art. 1 Ley de Represión de Usura), se habla de “intereses” sin distinción, la opinión doctrinal y jurisprudencial mayoritaria entiende que debe distinguirse, por su distinta naturaleza, lo que son intereses de carácter remuneratorio u ordinarios de aquellos que persiguen sancionar la mora o retraso en el cumplimiento de la obligación, es decir, los intereses moratorios.
Los primeros sirven para retribuir al prestamista por el desembolso que hace del dinero prestado durante el tiempo que media entre dicha entrega y su devolución por parte del prestatario, mientras que los segundos no persiguen sino la indemnización del perjuicio irrogado al prestamista que no recupera el capital prestado en la época y el modo convenido, de manera que presuponen un incumplimiento por parte del prestatario y tienen un carácter de alguna manera sancionadora.
Pues bien, una doctrina bastante unánime (seguida por esta Audiencia Provincial, Sentencia 10 de junio de 2005), ha venido sosteniendo la aplicación de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908) solo a los primeros y no a los segundos.
Así lo ha entendido el Tribunal Supremo, (SS. TS. 19 de mayo de 1995, 18 de febrero de 1998, 15 de noviembre de 2000, 2 de octubre de 2.001) al señalar que cuando se habla de “intereses” en la indicada Ley “se hace referencia a los retributivos, ya que hay que contar con el carácter bilateral de la obligación y la equitativa equivalencia de las prestaciones de los sujetos de una relación jurídica que es bilateral, onerosa y conmutativa, y cuando los intereses son moratorios no debe olvidarse que su devengo se produce por una previa conducta del deudor jurídicamente censurable, y que su aplicación sirve tanto para reparar, sin la complicación de una prueba exhaustiva y completa, el daño que el acreedor ha recibido, como para constituir un estímulo que impulse al obligado cumplimiento voluntario ante la gravedad del perjuicio que le produciría el impago o mora”.
En definitiva, concluye el Alto Tribunal, los intereses de demora no tienen naturaleza jurídica de intereses reales, sino que se califican como de sanción pecuniaria con el objetivo de indemnizar los perjuicios causados por el retraso del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que hace que no se considere si exceden o no del interés normal del dinero, ni cabe configurarlos como leoninos, ni encuadran en la Ley de 23 de Julio de 1.908.
Ciertamente, esta doctrina aparece en cierta manera contradicha por la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2.002 a cuyo tenor se afirma que “por el hecho de que los pactos sobre intereses de demora, sean permitidos por el Código Civil no escapan a la aplicación de la Ley de 23 de Julio de 1.908 que se refiere en el artículo 1º a la estipulación de un interés, sin distinguir su clase o naturaleza”, si bien se trata de una doctrina que no parece haber tenido continuidad como para sustituir la doctrina tradicional.
Excluida la aplicación de la Ley la Usura de 1908 a intereses moratorios debe examinarse si, en el caso concreto pueden considerarse usurarios los intereses remuneratorios.
A tal fin ha de tenerse en cuenta que “para calificar de usurario el préstamo ha de atenderse al momento de la perfección del contrato, por ser el en que otorgándose el consentimiento puede estimarse si éste estaba o no viciado, siendo la de ese momento la realidad social que ha de contemplarse y no la vigente cuando se pretende que el contrato tenga efectividad, pues otra cosa implica infracción de los artículos 2.3 (LA LEY 1/1889) y 3.1 CC (LA LEY 1/1889)”, (STS. 7 de marzo de 1998).
Por otra parte, también ha de tenerse en cuenta que el citado art. 1 de la Ley sobre represión de la Usura de 1.908, requiere para que pueda reputarse usurario un préstamo no solo que se haya estipulado “un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulten leoninos”, sino que, además, es preciso que existan motivos para estimar que “ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.
TERCERO.- Partiendo de que la juez de primera instancia realizó un pormenorizado estudio tanto del contrato litigioso como de la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo y menor de las Audiencias Provinciales, en el caso presente, llega a la conclusión que los intereses remuneratorios reclamados por importe de 6.316,13 euros, no son usurarios, pues pactados en la Condición General 4 del contrato al 1,74 % mensual o 20,84 % anual, aún siendo muy superiores al normal del dinero (para el año 2001 fecha en que se firmó el que examinamos, el tipo legal para créditos personales era del 5,50 %), no podían calificarse de usurarios al no acreditarse la concurrencia de alguno de los presupuestos fácticos exigibles conforme a lo establecido por el artículo 1 de la Ley de 1 de julio de 1908 sobre préstamos usurarios, razonamiento acorde con el criterio seguido por esta Audiencia Provincial para casos similares, lo que en principio debería conducir a mantener la apreciación realizada por la Juez de Instancia al no constar acreditado que en la contratación del préstamo concurriese alguna de esas circunstancias que exige el precepto, y aunque se alega por los apelantes una cierta situación angustiosa como base de la aceptación de un interés remuneratorio elevado, lo cierto es que en modo alguno se aportan datos que permitan estimar probada tal situación.
Es más, el importe del préstamo 3.000,05 euros, el hecho de que se contratase sin otra garantía más que la personal, la profesión de médico del prestatario y su salario mensual, parece contradecir esa situación de angustia que se alega pero que no se prueba y estaría en consonancia, en relación a la posibilidad de considerar usurarios o leoninos lo intereses pactados, con lo declarado por la STS, de 22 de febrero de 2013 en el sentido que la previsión del artículo 2 de la Ley de usura (LA LEY 3/1908), está derogada y sustituida por el art. 319.3 LEC (LA LEY 58/2000) que dispone que “en materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo”, lo que determina que ha de respetarse el arbitrio judicial (SSTS. 31 de marzo de 1997 y 10 de mayo de 2000), basándose en criterios más prácticos que jurídicos (STS. 29 de septiembre de 1992), valorando caso por caso (STS. 13 de mayo de 1991), con libertad de apreciación (STS. 10 de mayo de 2000), formando libremente su convicción (STS. 1 de febrero de 2002), pero ocurre que para un caso similar al enjuiciado, la sentencia de Pleno de la Sala de 25 de noviembre de 2015, RC 2341/2013 (LA LEY 72714/2015), estima el recurso de casación interpuesto por el demandado casa la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, dejándola sin efecto adopta un criterio distinto al seguido hasta el momento con la siguiente argumentación .
Para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso“.
En el análisis de los dos requisitos, la Sala alcanza las siguientes conclusiones: Que el interés fijado del 24.6% TAE, dada la diferencia entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado el crédito, se considera como «notablemente superior al normal del dinero», y que no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto la concesión irresponsable de préstamos al consumo al tipo de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.
Así, las consecuencias de la declaración del carácter usurario del crédito “revolving ” concedido por el Banco al demandado, conlleva su nulidad, que ha sido calificada por esta Sala como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva» STS 14 de julio de 2009, y las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura (LA LEY 3/1908), esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida, lo que aplicado al caso enjuiciado, en el que el interés remuneratorio pactado como ya recoge la sentencia de instancia era 20,84 % anual, notablemente superior al norma del dinero debe conducir a declarar, previa estimación del recurso, declarar el carácter usurario del contrato de crédito al consumo o línea de crédito denominado “Direct Cash”, suscrito el dia 14 de marzo de 2001, por la entidad financiera con los demandados, y en consecuencia declaramos su nulidad con lo que los demandados deberán reintegrar a Cofidis SA, Sucursal de España, únicamente el importe adeudado de la suma recibida.
CUARTO.- La estimación del recurso conlleva que no se haga pronunciamiento en costas en ninguna de las instancias. (art. 398 LEC (LA LEY 58/2000)).
Que, ESTIMANDO el recurso de apelación formulado por la representación procesal de D. XXXXXX y Dª XXXXXX contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Palencia en fecha 24 de septiembre de dos mil quince, en autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 304/2015 debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la resolución recurrida, sin hacer pronunciamiento en costas en ninguna de las instancias.
diciembre 19th, 2017 | Etiquetas: COFIDIS, Reclamar a bancos, Sentencias COFIDIS, Sentencias COFIDIS Revolving, Sentencias Revolving, Tarjetas revolving | Categorías: Bancos
2 comentarios para La Audiencia Provincial de Palencia declara nulo un préstamo revolving de COFIDIS con un 20,84 % TAE
05/06/2018 at 13:47 · Responder
Buenos dias , soy Juan XXXXX XXXXX, tengo una reclamacion judicial por un prestamo de cofidis del año 2005 de 12.000€ y me reclaman la misma cantidad , no se lo que he pagado he perdido los recibos y la cuenta donde estaba domiciliado ya no existe.
Puedo hacer alguna cosa?
11/06/2018 at 17:03 · Responder
Entendemos que te han interpuesto un procedimiento monitorio por esa supuesta deuda de 12.000 €, si es así, lo primero que hay que saber es si aun estamos en plazo, y en ese caso, presentar escrito de oposición. No obstante, este asunto lo tiene que supervisar un abogado, por lo que si quieres, podemos enviar tu caso de urgencia a uno de nuestros abogados expertos en materia financiera, por estudiar el caso no te cobrará nada, y sus honorarios son muy ajustados, aunque esto te lo detallará él mismo llegado el momento.
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 artículo 2
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