Source: https://vlexvenezuela.com/vid/josa-arista-bulo-bonzignore-esbelia-439505954
Timestamp: 2020-07-14 04:10:23+00:00

Document:
Sentencia nº 41 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 29 de Mayo de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 439505954
Mediante sentencia N° 226 de fecha 11 de diciembre de 2012, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, expuso lo siguiente:
…PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar por el abogado J.D.C.B., actuando como apoderado de los ciudadanos M.B.E.L., J.A.P.D., Gaetano Bonzignore Marino y C.E.S.d.P., contra '…la Resolución N° 120919-0543 de fecha 19 de septiembre de 2012 y publicada en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela N° 651 de fecha jueves 18 de octubre de 2012 y que [les fue] notificada por la Comisión Electoral Nacional de la Federación de Trabajadores de Enseñanza y Afines de Venezuela (FETRAENSEÑANZA) en fecha 25 de octubre de 2012, mediante la cual el C.N.E. decidió declarar: PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso jerárquico interpuesto por el ciudadano L.M.M.F., venezolano, titular de la cédula de identidad 8.787.781, actuando en su carácter de afiliado al Sindicato de Trabajadas de La Enseñanza del Estado Guárico (SINTEG), afiliado a la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA Y AFINES DE VENEZUELA (FETRAENSEÑANZA), contra la postulación de varios ciudadanos miembros de las autoridades de dicha Federación, por razones de inelegibilidad. SEGUNDO: INELEGIBLES los ciudadanos J.R., R.J., F.R., A.P., C.J. (sic), M.E., J.P., Gaetano Bonzignore, Y.B., C.P., X.P., F.A., F.M., R.D. y R.C., titulares de las cédulas de identidad números 584.970, 2.666.087, 5.224.434, 3.502.388, 3.323.044, 1.374.194, 3.503.054, 4.114.157, 3.691.578, 2.775.555, 5.825.338, 4.963.687, 2.105.292, 3.367.505 y 7.236.940…'.
TERCERO: SIN LUGAR la solicitud de amparo cautelar.
CUARTO: ADMITE el recurso contencioso electoral por lo que respecta a la causal de inadmisibilidad relativa a la caducidad.
QUINTO: SIN LUGAR la solicitud subsidiaria de suspensión de efectos…
Por auto de fecha 23 de enero de 2013, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, acordó lo siguiente:
…notificar la parte recurrente y al C.N.E. del referido fallo (…).
Igualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 186 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se [ordenó] notificar al Ministerio Público (…).
Asimismo, se [acordó] notificar del referido fallo al ciudadano L.M.M.F. y a la Comisión Electoral Nacional de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza y Afines de Venezuela (…).
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, se [acordó] comisionar al Juzgado del Municipio Roscio de la Circunscripción Judicial del Guárico (Distribuidor), a los fines de notificar al ciudadano L.M.M.F. (…). En tal sentido, se le [informó] a ese Juzgado que dispone de un lapso de dos (02) días de despacho para la práctica de la aludida notificación, contando éste desde el día siguiente que reciba la comisión la cual devolverá a la brevedad posible (…).
Finalmente, este Juzgado de Sustanciación [indicó] que una vez que conste en autos las notificaciones de Ley, procederá a librar el cartel de emplazamiento a los interesados, el cual deberá ser publicado en el diario 'Últimas Noticias', y para ello dispondrá la parte recurrente de un plazo de siete (07) días de despacho a fin de retirar, publicar y consignar el mismo, con la advertencia de que si incumpliera con esta carga, se declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente…
Por auto de la misma fecha, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, dejó constancia que libró comisión al Juzgado del Municipio Roscio de la Circunscripción Judicial del Guárico (Distribuidor), a fin de notificar al ciudadano L.M.M.F.d. la sentencia N° 226 dictada por esta Sala Electoral en fecha 11 de diciembre de 2012.
En fecha 05 de abril de 2013, se recibió en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el Oficio N° 2600-6017 de fecha 21 de marzo de 2013, emanado del Juzgado Primero de los Municipios J.G.R. y Ortíz de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, anexo al cual remitió las resultas de la comisión librada en fecha 23 de enero de 2013.
Mediante auto de fecha 9 de abril de 2013, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo previsto en los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, acordó librar cartel de emplazamiento a los interesados.
Asimismo, por auto de fecha 24 de abril de 2013, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, indicó lo siguiente: “…Vencido como se encuentra el lapso para retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento a los interesados librado en fecha 09 de abril de 2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia…”.
En el mismo auto, se designó ponente al Magistrado M.G.R., a fin del pronunciamiento correspondiente.
En fecha 2 de mayo de 2013, se recibió en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el escrito contentivo de la opinión del Ministerio Público representado en esta causa por la abogada E.M.T.C., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 39.288, en el carácter de Fiscal Provisorio de la Fiscalía Primera del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena y ante sus Salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral, afirmó lo siguiente:
…advierte el Ministerio Público que los ciudadanos M.B.E.L., J.A.P.D., GAETANO BONZIGNORE MARINO Y C.E.S.D.P., parte recurrente en el caso de autos, no cumplieron con la referida carga procesal dentro del lapso legalmente establecido, en virtud de lo cual, procede la declaratoria de la perención de la instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, visto que no existen razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa…
Mis representados: M.B.E.L., con cédula de identidad N° V- 1.374.194, es el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del Estado Barinas (SINTRAENBA) y a la vez, Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza y Afines de Venezuela (FETRAENSEÑANZA), J.A.P.D., con cédula de identidad N° V- 3.503.054, es afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de los Municipios Autónomos A.E.B., Bolívar, Mejías, Montes, Rivero y Sucre del Estado Sucre (STE-Sucre-Cumaná), y a la vez, Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza y Afines de Venezuela (FETRAENSEÑANZA), C.E.S.d.P., con cédula de identidad N° 2.775.555, la cual es Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del Estado Monagas (SITRAENSEÑANZA-Monagas) y Gaetano Bonzignore Marino, con cédula de identidad N° V- 4.114.157, es el Secretario de Asuntos Académicos del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del Estado Vargas (SINTRAENSEÑANZA- Vargas).
En cuanto a lo indicado por el C.N.E., en la página (sic) nueve (9), sexto párrafo del lado derecho que textualmente señala: 'Lo anteriormente implica que, aun cuando los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de FETRAENSEÑANZA PRESENTARON AL C.C. de la Federación, los informes de finanzas correspondientes a los años 2005, 2006, 2007 y 2008; no demostraron el cumplimiento, al menos respecto al informe del año 2008, de la formalidad relativa a su publicación previa, con quince (15) días de antelación, en la cartelera informativa de la federación, de acuerdo a lo previsto en el entonces vigente artículo 441 de la Ley Orgánica del Trabajo (ahora 415 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las trabajadoras), así como el artículo 20 de los Estatutos de FETRAENSEÑANZA.'
EL INFORME SOBRE LOS ASPECTOS DE HECHO Y DE DERECHO DEL
C.N.E. (C.N.E.)
En cuanto a los alegatos de los recurrentes, referidos a que fueron juzgados en ausencia, en razón de que no fueron notificados y que '...no tuvieron acceso a la pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa...' con lo cual presuntamente se les violentó el debido proceso y el derecho a la defensa, establecidos del (sic) artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también denuncian que la Administración Electoral, no fue diligente en su actuación y no se fundamentó en los principios de honestidad, participación, eficacia, eficiencia, tal como lo prevé el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto a juicio de los recurrentes, el proceso administrativo fue llevado en lugar distinto a sus respectivos domicilios.
(…) [S]e estableció que en fecha 25 de febrero de 2008 los recurrentes presentaron una Inspección Judicial realizada por el Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en las instalaciones de FETRAENSENANZA, donde se constató que no habían sido publicadas las cuentas detalladas y completas de la administración de FETRAENSEÑANZA, con antelación a la realización de la Asamblea General de Asociados a ser realizada en fecha 28 de febrero de 2008. Sin embargo, de los documentos que cursan en el expediente, se evidencia que la presentación del informe de finanzas no se llevó a cabo en fecha 28 de febrero de 2208 (sic), como estaba previsto, sino en fecha 26 de marzo de 2008, tras nueva convocatoria. Por tal motivo, la referida inspección judicial, al (sic) no demostró el cumplimiento de la obligación de publicar previamente los informes financieros.
Con la sentencia anteriormente transcrita [sentencia N° 00015 del 18 de enero de 2012, caso: Agropecuaria Kambu C.A., contra Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social], se [evidenció] la vigente aplicación del criterio según el cual lo relevante de las pruebas producidas en el marco del procedimiento administrativo es su capacidad de comprobar hechos que guarden relación con el asunto debatido.
La parte demandante pretende que se acuerde un amparo cautelar señalando como fumus boni iuris, 'una grave violación y amenaza válida' por parte de la Administración Electoral de los preceptos constitucionales establecidos en los artículos 23, 87, 26, 49, 62 y 95. Aduciendo como prueba del buen derecho el acta del Comité Ejecutivo de fecha 25 de marzo de 2008, cursante a los folios 480 al 482, del expediente administrativo, alegando al respecto que '...de allí se evidencia, que la Directiva actual actuando apegada a derecho, publicó en la cartelera informativa de la Federación, en fecha 05 de marzo de 2008, el Informe Financiero correspondiente al año 2007 y la Asamblea General se celebró en fecha 26 de marzo de 2008, publicándose con suficiente antelación...'.
El artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece lo siguiente respecto de la carga de la parte recurrente de publicar el cartel de emplazamiento a los interesados:
Artículo 189.- El cartel deberá ser retirado, publicado en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, y consignado por la parte demandante dentro de los siete días de despacho siguientes a su expedición. Si la parte demandante incumpliere con esta carga, el Juzgado de Sustanciación declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente; sin embargo, podrá remitir el expediente a la Sala, cuando estimare que existen razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Juzgado de Sustanciación. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del plazo para retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento, los interesados o interesadas podrán comparecer y presentar sus alegatos
La referida norma establece el emplazamiento de los interesados mediante un cartel que se publicará en un diario de circulación nacional, recayendo la carga para su retiro, publicación y consignación, en la parte recurrente, la cual deberá cumplir con este deber en un lapso de siete días de despacho.
En el presente caso, el cartel de emplazamiento se libro el 09 de abril de 2013, por lo que el recurrente debía retirar, publicar y consignar el referido cartel en el lapso de siete (7) días de despacho siguientes, los cuales transcurrieron en la siguiente forma: 10, 11, 15, 16, 17, 18 y 22 de abril de 2013. De modo que hasta el 22 de abril de 2013, la parte recurrente tenía oportunidad para cumplir con la carga procesal antes señalada.
Sin embargo, según se evidencia de la revisión del expediente, la parte recurrente no procedió ni siquiera a retirar el cartel de emplazamiento, y por ende a su posterior publicación y consignación dentro del plazo, por lo que vencido como se halla el lapso legal que tenía para cumplir con su carga procesal, esta Sala Electoral debe considerar que operó la perención de la instancia, por no mediar razones de orden público que justifiquen la continuación del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
Visto el anterior pronunciamiento, se declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, respecto del recurso contencioso electoral ejercido conjuntamente con solicitud de amparo cautelar en fecha 13 de noviembre de 2012, ante esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
En mérito de las razones expuestas, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrado justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, respecto del recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar en fecha 13 de noviembre de 2012, por el abogado J.D.C.B., actuando como apoderado de los ciudadanos M.B.E.L., J.A.P.D., Gaetano Bonzignore Marino y C.E.S.d.P., contra “…la Resolución N° 120919-0543 de fecha 19 de septiembre de 2012 y publicada en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela N° 651 de fecha jueves 18 de octubre de 2012 y que [les fue] notificada por la Comisión Electoral Nacional de la Federación de Trabajadores de Enseñanza y Afines de Venezuela (FETRAENSEÑANZA) en fecha 25 de octubre de 2012, mediante la cual el C.N.E. decidió declarar: PRIMERO: CON LUGAR, el Recurso jerárquico interpuesto por el ciudadano L.M.M.F., venezolano, titular de la cédula de identidad 8.787.781, actuando en su carácter de afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del Estado Guárico (SINTEG), contra la postulación de varios ciudadanos miembros de las autoridades de dicha Federación, por razones de inelegibilidad. SEGUNDO: INELEGIBLES los ciudadanos J.R., R.J., F.R., A.P., C.J. (sic), M.E., J.P., Gaetano Bonzignore, Y.B., C.P., X.P., F.A., F.M., R.D. y R.C., titulares de las cédulas de identidad números 584.970, 2.666.087, 5.224.434, 3.502.388, 3.323.044, 1.374.194, 3.503.054, 4.114.157, 3.691.578, 2.775.555, 5.825.338, 4.963.687, 2.105.292, 3.367.505 y 7.236.940…”.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
En el presente caso, correspondió a esta Sala pronunciarse acerca de la falta de retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento a los interesados librado en el recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar, por el abogado J.D.C.B., antes identificado, actuando en representación de M.F.E.L., J.A.P.D., Gaetano Bonzignore Marino y C.E.S.d.P., identificados anteriormente.
La mayoría sentenciadora, de conformidad con la letra del artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia declaró la perención de la instancia, toda vez que el referido cartel de emplazamiento no fue retirado.
Quien suscribe, observa que el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, vigente desde el 29 de julio de 2010, establece lo siguiente:
Artículo 189: El cartel deberá ser retirado, publicado en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, y consignado por la parte demandante dentro de los siete días de despacho siguientes a su expedición. Si la parte demandante incumpliere con esta carga, el Juzgado de Sustanciación declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente…
Como se aprecia del texto del artículo transcrito, el legislador estableció que la falta de retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento en el procedimiento contencioso electoral da lugar a declarar la perención de la causa.
Al respecto cabe señalar que la perención es una de las formas de terminación anormal del proceso, respecto a la cual A.R.R. expresó lo siguiente: “…es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…” (Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, pág. 349). Asimismo F.Z. refiriéndose a la misma figura jurídica destacó que “…es la extinción de la instancia por el abandono del proceso por la falta de impulso procesal por el tiempo establecido en la ley” (La Perención, pág. 62).
Ambos tratadistas formulan sus tesis partiendo del análisis del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual la instancia se extingue cuando transcurre un año ininterrumpido sin que se hayan realizado actos de procedimiento en la causa, salvo que la causa esté en fase de decisión.
En ese mismo orden, la Sala Constitucional ha sostenido de manera reiterada que “…la institución procesal de la perención de la instancia, como forma de extinción del proceso, ocurre por la circunstancia de que la causa haya permanecido paralizada más de un año…” (decisión número 1645, de fecha 26 de noviembre de 2009).
Igualmente, la Sala Político Administrativa en lo que respecta a la perención de la instancia, señaló lo siguiente:
Erígese entonces, el instituto procesal en referencia, como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.
Así pues, de lo sostenido por la doctrina y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, puede colegirse que la perención de la instancia: 1) extingue el proceso; 2) opera ante la paralización de la causa por más de un año; y 3) persigue evitar que los procesos donde no hay interés se perpetúen.
Ahora bien, el desistimiento del procedimiento, no es otra cosa que la manifestación de voluntad expresa o tácita de la parte actora de abandonar el proceso.
El desistimiento tácito se configura en casos expresamente previstos por el legislador, en los que la parte actora incumple con alguna carga procesal, que hace presumir la falta de interés y abandono del proceso.
Con respecto a esta figura del desistimiento tácito la Sala Constitucional bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004, reiteró lo siguiente:
De la norma parcialmente transcrita se desprende que el legislador previó la figura del desistimiento tácito, para aquellos casos en que el recurrente no consignara en autos, dentro del lapso de tres (3) días de despacho siguientes a su publicación, un ejemplar del periódico donde apareciere el cartel de emplazamiento a los terceros interesados. Resulta necesario acotar, que como el legislador no previó un lapso para la publicación del cartel al que hace mención la citada norma, ‘esta Sala en sentencia N° 1645 del 19 de agosto de 2004, estableció, que el referido lapso sería de quince (15) días hábiles contados a partir de la expedición del cartel.
Tal consecuencia jurídica (la terminación anormal del proceso), se impone a consecuencia del incumplimiento de una carga procesal cuya omisión, delata una ausencia de interés en la sustanciación de la causa y, por tanto, una violación del principio de racionalización en el ejercicio de los recursos adjetivos.
En efecto, el referido principio postula que la utilización de los órganos jurisdiccionales debe responder a una finalidad practica concreta y de allí, que esta Sala ha desarrollado que el interés jurídico actual es un elemento constitutivo de la acción (decisión N° 445 del 23 de mayo del 2000, caso: nulidad del Estatuto Electoral del Poder Público), y en tal virtud, una vez constatada esa falta de interés, debe procederse a la terminación del proceso por extinción de la acción’.
En este sentido se pronuncia Arazi (La Legitimación como Elemento de la Acción’ (publicado dentro de la obra ‘La Legitimación’. Libro Homenaje al profesor L.E.P.. Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1996) al señalar, que el interés procesal debe ser actual y si éste cesa, se extingue la actividad jurisdiccional.
La citada doctrina, fue ratificada en la sentencia N° 956 del 1 de junio de 2001 (caso: F.V.G. y M.P.M.d.V.), donde se estableció que ‘la pérdida del interés puede ocurrir durante el proceso y una vez que se evidencia, corresponde al juez analizar la utilidad del proceso en concreto.’
En el caso bajo examen, se advierte que el 23 de noviembre de 2006, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados, el cual si bien fue retirado de forma tempestiva (el 20 de diciembre del mismo año), no fue consignada su publicación en el lapso correspondiente, evidenciándose así que los accionantes perdieron el interés jurídico actual en la presente demanda y en consecuencia, debe la Sala declarar el desistimiento de la pretensión postulada; y así se decide
(véanse decisiones número 139 de fecha 9 de marzo de 2010, y número 1.982 del 4 de noviembre de 2008).
Por su parte, la Sala Político Administrativa en sentencia número 00456 de fecha 11 de mayo de 2004, señaló lo siguiente:
…esta Sala ha sostenido reiteradamente que cuando el recurrente no cumple con la carga procesal de retirar el > , publicarlo y consignar un ejemplar del mismo, está denotando poco o ningún interés en la demanda y por ello ha entendido la declaratoria de desistimiento como una sanción para la parte actora en virtud del manifiesto desinterés de ésta en el procedimiento.
Según la sentencia antes citada, ha sido criterio de la Sala Político Administrativa de este Alto Tribunal que el incumplimiento de la carga procesal referente al retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento a los interesados, es una expresión tácita de falta de interés procesal por parte del recurrente, que acarrea como sanción la declaratoria del desistimiento.
En el contencioso administrativo tal situación está actualmente regulada por lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual establece lo siguiente:
Artículo 81: El demandante deberá retirar el cartel de emplazamiento dentro de los tres días de despacho siguientes a su emisión, lo publicará y consignará la publicación, dentro de los ocho días de despacho siguientes a su retiro.
En ese mismo sentido el artículo 21, aparte 8, de la derogada Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establecía que “…En el auto de admisión se ordenará la citación del representante del organismo o del funcionario que haya dictado el acto; al Fiscal General de la República, si éste no hubiere iniciado el juicio, el cual deberá consignar un informe hasta el vencimiento del plazo para presentar los informes; al Procurador General de la República en el caso de que la intervención de éste en el procedimiento fuere requerida por estar en juego los intereses patrimoniales de la República. Asimismo, cuando fuere procedente, en esa misma oportunidad, se podrá ordenar la citación de los interesados, por medio de carteles que se publicarán en un (1) diario de circulación nacional, para que se den por citados, en un lapso de diez (10) días hábiles siguientes: contados a partir de la publicación del cartel o de la notificación del último de los interesados. El recurrente deberá consignar un (1) ejemplar del periódico donde fue publicado el cartel, dentro de los tres (3) días siguientes a su publicación; el incumplimiento de esta obligación se entenderá que desiste del recurso, y se ordenará el archivo del expediente.” (destacado de la Sala)
Igualmente, el artículo 125 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia señalaba que “…En el auto de admisión el Tribunal ordenará notificar al Fiscal General de la República y también al Procurador General de la República, caso de que la intervención de éste en el procedimiento fuere requerida teniendo en cuenta la naturaleza del acto. Cuando lo juzgue procedente, el Tribunal podrá disponer también que se emplace a los interesados mediante un cartel que será publicado en uno de los periódicos de mayor circulación de la ciudad de Caracas, para que concurran a darse por citados dentro de las diez audiencias siguientes a la fecha de publicación de aquél. Un ejemplar del periódico donde fuere publicado el cartel será consignado por el recurrente dentro de los quince días consecutivos siguientes a la fecha en la que aquél hubiere sido expedido y de no hacerlo dentro de dicho término, la Corte declarará desistido el recurso y ordenará archivar el expediente, a menos que alguno de los interesados se diere por citado y consignare el ejemplar del periódico donde hubiere sido publicado el cartel.”
Se desprende del texto de los artículos antes citados, que en los procesos de naturaleza contencioso administrativa, el demandante debe retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento a los interesados, lo que constituye una carga procesal que de no cumplirse acarrea la imposición de la sanción procesal consistente en la declaratoria, aun de oficio, del desistimiento tácito del proceso.
Cabe destacar que en el caso del desistimiento tácito, a diferencia de la perención, la declaratoria procede en una causa que no se encuentra paralizada, sino en la que sencillamente el recurrente ha incumplido una carga procesal, como lo es el retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento a los interesados, tanto así que es posible que entre el día en que se libre el referido cartel y la fecha en que venció el lapso para retirarlo, publicarlo y consignarlo, la parte actora haya realizado alguna actuación en el juicio mas no haya cumplido con esa carga, y en ese supuesto igual se configura la causa que da lugar a la declaratoria de desistimiento, a diferencia de la perención, la cual se declara frente a la paralización ininterrumpida de la causa por más de un año, supuesto lejano al del incumplimiento de la carga de retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento.
Si bien la perención y el desistimiento son semejantes en cuanto a sus efectos, en vista de que ambas figuras ponen fin al proceso judicial, no operan frente al mismo supuesto, en la primera se pone fin al proceso por su paralización durante todo un año por la falta de actividad de las partes en el expediente en general, sin que tengan carga procesal alguna pendiente por cumplir, mientras que en el segundo caso el supuesto es que el recurrente haya incumplido una específica carga procesal, para que se declare la terminación del proceso, haya o no actuado de cualquier otra forma mientras tenía esa carga en la causa.
El supuesto de hecho contenido en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, es la falta de retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento a los interesados, por lo que no alude a la paralización de la causa como supuesto que da lugar a la terminación del proceso sino al incumplimiento de la referida carga procesal.
Siendo ello así, entiende quien disiente que del análisis histórico, lógico y sistemático de la norma contenida en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, debe concluirse que la declaratoria que procede frente al incumplimiento de la carga procesal de retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento a los interesados, es la del desistimiento tácito del proceso y no la perención como la ley señala.
En consecuencia, considera quien suscribe que la lectura del artículo 184 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, permite aseverar, sin lugar a dudas, que el legislador califica como perención de la instancia, a la consecuencia de la falta de retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento, siendo que en realidad dentro del proceso lo que produce esa omisión es el desistimiento tácito, en vista de que se termina el procedimiento en virtud de que el recurrente incumple con una carga procesal, y no porque se haya paralizado la causa. Tal situación que parece obedecer a un lapsus calamis del legislador no puede ser pasada por alto por este Tribunal, razón por la cual haciendo una interpretación correctiva de dicha norma, hubiese sido más apropiado que esta Juzgadora se refiriera a la figura consagrada en el referido artículo como “desistimiento tácito” y no como “perención”, el cual tendrá los efectos establecidos en la norma, valga recordar la extinción de la instancia.
En vista de lo anterior, considera quien disiente que en el presente caso ha debido hacerse una interpretación correctiva del artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tal como ya lo ha realizado este Tribunal Supremo de Justicia respecto a otros dispositivos legales (véanse verbi gratia decisión N° 1.466, de fecha 5 de agosto de 2004 de la Sala Constitucional, cuyo criterio fue acogido por la Sala Político Administrativa como se aprecia en sentencia número 1.328, de fecha 24 de septiembre de 2009, y decisión número 1.939 de fecha 27 de noviembre de 2007, de la Sala Político Administrativa) declarándose el desistimiento tácito del recurso incoado y no la perención de la instancia.
Exp. Nº AA70-E-2012-000109
En veintinueve (29) de mayo del año dos mil trece (2013), siendo la una y quince de la tarde (1:15 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° 41, con el voto salvado del Magistrado Fernando Ramón Vegas Torrealba.

References: Resolución 
 artículo 186
 artículo 234
 artículo 189
 artículo 189
 artículo 441
 artículo 20
 artículo 49
 artículo 141
 artículo 189

Artículo 189
 artículo 189
 Resolución 
 artículo 189
 artículo 189

Artículo 189
 artículo 267
 artículo 81

Artículo 81
 artículo 21
 artículo 125
 artículo 189
 artículo 189
 artículo 184
 artículo 189