Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/doctrina_distrital_tema.jsp?cd=0&idtema=487
Timestamp: 2018-02-18 22:19:51+00:00

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00058 de 2017 ZONAS DE AMENAZA Y ALTO RIESGO - Licencias de Urbanismo y Construcción
Se solicita dar respuesta a la siguiente consulta: “Cuando un predio cuenta con un Estudio Fase II con concepto técnico favorable de IDIGER, y por razones de cambios en las condiciones físicas del terreno, y/o del proyecto urbanístico y/o arquitectónico, realizan actualización del Estudio Fase II: ¿El IDIGER debe o no debe conceptuar sobre esta actuación?”. Se concluye que el IDIGER como autoridad competente, sí debe conceptuar nuevamente cuando existan actualizaciones en las condiciones físicas del terreno, y/o del proyecto urbanístico y/o arquitectónico del Estudio Fase II, de acuerdo con la normatividad citada en la parte considerativa.
00058 de 2017 INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - IDIGER - Funciones
86991 de 2016 LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN - Devolución de pagos
Se analiza el impacto que a nivel judicial generaría al interior del IDRD frente a un eventual daño antijurídico por la no devolución de los pagos realizados por los titulares de las licencias de construcción que no realizan las obras, determinando finalmente que esto no tendría lugar ya que el parágrafo 2o del artículo 14 del Decreto Distrital 343 de 2004, goza de la presunción de legalidad y como operadores se debe dar estricto cumplimiento.
9190 de 2005 URBANISMO - Suspensión de Obras
Respecto del ámbito de aplicación del inciso 4 del artículo 1 de la Ley 810 de 2003, teniendo en cuenta la consulta, relacionada con las construcciones de gran magnitud, se observa que este tipo de construcciones suele autorizarse por etapas o áreas, así las cosas, podría interpretarse por vía de excepción que la medida de suspensión recaiga únicamente sobre aquellas etapas o áreas en las que se realicen obras que no se ajustan a la licencia y que no afectan la totalidad del desarrollo urbanístico. La imposición de la medida a una o algunas de las etapas de la construcción no se justificaría en el hecho del incumplimiento parcial, sino en el hecho de que dichas obras no comprometen o afectan la totalidad del desarrollo urbanístico. Para efectos de una suspensión de obras específicas el Alcalde debe contar con los suficientes juicios de valor para determinar técnicamente que con el incumplimiento sólo se afecta alguna de las etapas de la construcción o del desarrollo urbanístico, de lo contrario es recomendable que la medida se imponga de manera integral. Cuando se determine que el incumplimiento de las obras afecta la estructura sismorresistente, las redes de servicios públicos, la infraestructura vial, las áreas de cesiones y áreas para obras de espacio público y equipamiento, aprovechamientos y volumetrías básicas, el uso del suelo, metros de construcción, altura total de las edificaciones, número de unidades habitacionales, comerciales o de otros usos, es necesario suspender la totalidad de la construcción respectiva.
29926 de 2005 RESERVAS NATURALES - Reserva Forestal Protectora - Cerros Orientales de Bogotá D.C.
Pese a las medidas de índole ambiental que dispone la Resolución 463 de 2005 a las que deben someterse adicionalmente los propietarios de dichas construcciones, sigue siendo requisito indispensable la obtención de la licencia de construcción para el desarrollo de obras en cualquiera de sus modalidades, pues de lo contrario continúan incursos en la infracción urbanística y sigue siendo viable la ejecución de las sanciones impuestas. En consecuencia, con la expedición de la Resolución 463 no pierden fuerza ejecutoria los actos administrativos expedidos por los Alcaldes Locales imponiendo sanciones urbanísticas a los propietarios de las edificaciones ubicadas en la zona de recuperación ambiental, pues no se les ha creado una nueva situación jurídica particular y concreta que "legalice" las construcciones, por el contrario los somete a la implementación de un plan de manejo ambiental para mitigar el impacto y deterioro irreparable del los recursos forestales. Por lo anterior, no se les exime de obtener la licencia de construcción, documento que si haría eventualmente perder la fuerza ejecutoria de las sanciones de demolición impuestas por la autoridad local. De otra parte, frente a las actuaciones administrativas que se encuentra en curso, los propietarios igualmente continúan con la obligación de obtener la licencia de construcción correspondiente, so pena de estar incursos en infracción urbanística. Pero igualmente, mientras no sea declarada la nulidad de la Resolución 463 de 2005, se les condiciona a la formulación de un plan de manejo ambiental para armonizar dichas construcciones al tratamiento forestal de la zona.
"Respecto del interrogante de las implicaciones jurídicas y legales de la ubicación de un desarrollo urbanístico en una zona de reserva vial; se tiene que en los cuadros de áreas de las Urbanizaciones Veracruz y Altamira, se evidencia que las zonas que corresponden al área de la reserva vial están demarcadas como “ÁREA DE AFECTACION PLAN VIAL NEGOCIABLE CON EL IDU”, con lo que se puede concluir que las mismas no corresponden a áreas de cesión al Distrito Capital, sino a“(…) zona de reserva por la malla vial arterial, para el desarrollo de la avenida de la Conejera (KR 99), vía tipo V3 de 30.00 metros (…)” tal y como se conceptúo por parte de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos mediante el memorando 2-2015-40179 del 18 de agosto de 2015."
Sobre la interpretación del artículo 179 del Decreto Distrital 190 de 2004, la Subsecretaría Jurídica de la SDP señala que "(...) es necesario aclarar que las zonas de reserva corresponden a una demarcación cartográfica de las zonas que a futuro podrán ser afectadas o adquiridas para la ejecución de obras o programas públicos. En este orden de ideas, las zonas de reserva no constituyen una limitación a la propiedad, por consiguiente, está permitida la expedición de licencias de urbanismo y/o construcción y de construcción de usos de comercio y servicios temporales sobre los predios incluidos dentro de la delimitación de la reserva. Con respecto a las normas sobre usos, escala y edificabilidad que le son aplicables a los predios ubicados en zonas demarcadas de reserva, el artículo 179 del Decreto Distrital 190 de 2004 y las Circulares 003 y 008 de 2005 señalan que tanto las licencias de urbanismo y/o construcción como las de construcción para usos de comercio y servicios temporales se deberán expedir con base en las normas vigentes (v gr Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ). De su parte, si los predios ubicados en zonas de reserva se encuentran en suelos de desarrollo sujetos a plan parcial, las zonas de reserva quedarán sometidas a las disposiciones normativas para el manejo e intervención que se indiquen en el respectivo decreto."
Se pronuncia sobre la aplicación del artículo 344 del POT relacionada con la permanencia de los institucionales vendibles " a. Solo será aplicable lo dispuesto en el artículo 101 del Decreto Distrital 736 de 1993 (posibilidad de desarrollar usos diferentes al institucional vendible), para aquellas zonas en las que no se han reglamentado específicamente el Plan de Ordenamiento Territorial a través de Unidad de Planeamiento Zonal- UPZ y otros instrumentos de planeamiento, en donde se puede concluir que continúan vigentes dichas disposiciones, y para ello los propietarios deben ceder a título gratuito al Distrito Capital el 30% del área útil del predio siempre y cuando los proyectos cumplieran con las normas urbanísticas y arquitectónicas establecidas para las diferentes subzonas, subáreas o ejes de tratamiento en que se localicen. b. Para aquellos predios que ya cuentan con reglamentación urbanística sobre usos y/o tratamientos a través de Unidades de Planeamiento Zonal – UPZ u otros instrumentos de planeamiento, deben mantener su uso dotacional, en el entendido que le es aplicable la condición de permanencia dispuesta en el artículo 333 del Decreto 619 de 2000, compilado por el artículo 344 del Decreto Distrital 190 de 2004. Esto implica que a los mismos se tendrían que regir por las disposiciones que reglamentan el tratamiento de consolidación para sectores urbanos especiales, tal como se explicó anteriormente", "en lo que respecta al traslado de las cargas urbanísticas dispuestas en el Decreto Distrital 327 de 2004 "Por el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito Capital", en el mismo se plantea un esquema de cargas y beneficios para los predios en tratamiento de desarrollo, con alternativas de cumplimiento de las cargas urbanísticas mediante el traslado a otros predios, las cuales deben de manera general realizarse bajo las condiciones de equivalencia que establece el artículo 45 del citado decreto. No obstante, literal c) del artículo 13 del referido Decreto prohíbe expresamente hacer traslados de las cargas urbanísticas cuando las mismas correspondan a las cesiones para proyectos dotacionales"
Se analiza la aplicabilidad del Decreto Distrital 080 de 2016 frente a las notas específicas de las UPZ, señalando que "no hay lugar a dudas que al establecer los artículos 1º y 34º del Decreto Distrital 080 de 2016 que sus disposiciones constituyen “normas urbanísticas comunes para la aplicación de sus fichas reglamentarias de las UPZ” y que “de existir contradicción entre las disposiciones contenidas en los decretos o fichas reglamentarias de las Unidades de Planeamiento Zonal y las disposiciones contenidas en el presente decreto, se aplica este último”, se buscaba que de presentarse contradicciones entre dichos cuerpos normativos, se aplicará lo establecido en el Decreto Distrital mencionado, tanto en lo que respecta al articulado, como los aspectos relacionados con la aplicación de la ficha reglamentaria que contiene la Unidad de Planeamiento Zonal, dentro de las cuales se incluyen las notas específicas y/o generales. En todo caso, se recomienda que, de presentarse contradicciones o incongruencias en los textos normativos, se adelante el proceso de actualización o precisión de las notas de las fichas reglamentarias de las Unidades de Planeamiento Zonal, buscando con ello dar claridad a los operadores de la norma urbanística en lo que respecta a su aplicación".
Se solicitó concepto jurídico respecto de la exigencia del número de estacionamientos exigibles al Plan Parcial de Renovación Urbana “Ciudad CAN”, preguntando además, si le son aplicables las normas de compensación; respondiendo que dado que el Plan Parcial de Renovación Urbana es el instrumento en el que se articulan de manera específica los objetivos de ordenamiento territorial, y se concretan las condiciones técnicas, jurídicas, económico - financieras y de diseño urbanístico, del cual hace parte para el caso en concreto el Estudio de Tránsito SDM-DSVCT-1660027-16 del 12 de diciembre de 2016 expedido por la Secretaría Distrital de Movilidad, en dicho instrumento es posible acogerse a los cupos señalados, que tienen sustento en la demanda para el sector teniendo en cuenta las condiciones del proyecto.
Se solicita concepto jurídico con el fin de determinar los lineamientos a seguir en relación con la articulación entre los planes parciales de desarrollo que se encuentran predelimitados en áreas que fueron objeto de actividad minera y que por lo tanto requieren adelantar un plan de manejo recuperación y restauración ambiental -PMRRA-, tal como es el caso del plan parcial San Cristóbal 54, concluyendo que en los términos del artículo 358 del Decreto Distrital 190 de 2004, es jurídicamente posible presentar conjuntamente los planes de recuperación morfológica y ambiental –PMRRA junto con el plan parcial, independientemente que puedan existir inconvenientes procedimentales en la formulación y adopción de dichos instrumentos, situación que deberá ser analizada conjuntamente entre las Secretarías Distritales de Planeación y Ambiente en cada caso particular.
1201707980 de 2017 LICENCIAS URBANÍSTICAS - Definición
Aclara si las obras de adecuación correspondería ejecutarlas al titular de la licencia de urbanización, que en este caso sería el Distrito Capital el responsable de ejecutar dichas obras por tratarse de un Desarrollo legalizado bajo la normativa del Acuerdo 6 de 1990, mencionando que no podría entenderse que tal carga le corresponde al Distrito Capital, toda vez que la obligación para su ejecución no nace como consecuencia de la legalización, sino del acto del licenciamiento urbanístico y del cumplimiento de las condiciones de las condiciones establecidas en el Decreto Distrital 562 de 2014.
1201721703 de 2017 URBANISMO - Vivienda Turística
Aclara una norma urbana refente a la aplicación del uso de vivienda turística de que trata el Decreto Nacional 2590 de 2009, en el sentido de determinar si este uso corresponde a un uso diferente al uso de Vivienda (Unifamiliar, Bifamiliar; Multifamiliar) regulado por el POT., o si por el contrario corresponde a otra caracterización del uso de vivienda que puede ser implementado en las mismas edificaciones desarrolladas con el uso de vivienda, concluyendo que en la legislación urbanística vigente no se encuentra contemplado el uso de vivienda turística.
20 de 2007 CÓDIGOS - Código de la Construcción de Bogotá D.C.
Concepto sobre la vigencia del Código de la Construcción ¿ Acuerdo 20 de 1995. El Plan de Ordenamiento Territorial Decreto 619 de 2000 no derogo expresamente el citado Acuerdo y ¿realizó una apreciación técnica y legal más apropiada a las definiciones de norma urbanística contenidas en la Ley 388 de 1997; sin que dentro del mismo se comprendieran los aspectos constitutivos de que trata el Acuerdo 20 de 1995 o se incorporaran disposiciones que pudieran ir en contra de tales disposiciones o plantearan principios generales que descartaran tales disposiciones. En consecuencia, se debe concluir necesariamente que tampoco obro una derogatoria tácita o (SIC) orgánica del Acuerdo 20 de 1995, razón por la cual éste se encuentra vigente en la actualidad¿.
43 de 2007 LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN - Expedición
En la licencia de urbanización se indican las obligaciones del urbanizador, y en tratándose de terrenos con fenómenos de remoción en masa mitigables, uno de los deberes es la realización de las obras necesarias para que el terreno sea viable para adelantar posteriormente procesos de construcción, cualquiera sea la modalidad. Es necesario revisar integralmente la normatividad, pues si la Ley 388 de 1997 ordena que uno de los contenidos de los planes de ordenamiento es la definición de las áreas de amenaza para asentamientos humanos, el artículo 71 de la Ley 962 determina como requisito la presentación de la licencia urbanística, y en dicha licencia se estipulan las obras que el urbanizador debe realizar tratándose de terrenos con fenómenos de remoción en masa mitigables, se concluye que el POT sencillamente desarrolla el literal a) de la misma Ley 962 de 2005, al ordenar que para la misma radicación deba demostrarse la realización de las obras de mitigación. El Distrito Capital debe coordinar su actuación hacia la minimización de riesgos en cuanto a la estabilidad y calidad de las obras, especialmente en lo relativo a las ubicadas en zonas de riesgo mitigable por lo cual el cumplimiento de lo ordenado en el artículo 141 del POT se hace absolutamente necesario y exigible jurídicamente.
62 de 2007 MONUMENTOS NACIONALES - Intervención y Tratamiento de Conservación
La aprobación, para intervenir monumento públicos declarados como bienes de interés cultural, se encuentra en cabeza del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, de conformidad con lo estipulado en el decreto 048 de 2007 y el Acuerdo 01 de 2007. Por otra parte, como quiera que los monumentos públicos se encuentran clasificados en la categoría de zonas de espacio público destinadas a la movilidad, corresponde al IDU su mantenimiento, en virtud de las funciones señaladas a ésta entidad en el Acuerdo 19 de 1972, decreto Distrital 759 de 1998 y la resolución 13 de 2005 expedida por el Instituto de Desarrollo Urbano, indistintamente de que estos monumentos se encuentren afectados como bienes de interés cultural, en cuyo caso deben ser sometidos a un tratamiento especial de conformidad con lo establecido en la ley, y demás normas reglamentarias expedidas para tal fin; por lo tanto la labor del Instituto de Desarrollo Urbano (I. D. U), frente a estos bienes, es decir monumentos públicos no afectados en la modalidad de Bienes de Interés cultural, debe ser ejercida en coordinación con las entidades del orden distrital asignadas para garantizar la protección de este patrimonio.
48 de 2008 LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN - Revocatoria por Ilegalidad o Error y/o Revocatoria Directa
El Decreto Distrital 191 de 2006 asignó al Departamento Administrativo de Planeación Distrital hoy Secretaría Distrital de Planeación, la función de conocer, tramitar y resolver las solicitudes de revocatoria directa de los actos administrativos mediante los cuales los curadores urbanos de Bogotá D.C. otorguen o nieguen licencias urbanísticas¿ mediante el Decreto Distrital 423 de 2007, se designó como Secretario Distrital de Planeación Ad ¿ hoc, para efectos de resolver una solicitud de revocatoria directa, al Director del DADEP¿ la designación de un funcionario Ad- hoc es excepcional y dicha circunstancia cede ante la competencia del servidor titular de la misma. En el actual Secretario Distrital de Planeación, no concurre impedimento alguno, como quiera que la separación del conocimiento del Secretario Distrital de Planeación, de la solicitud de revocatoria directa a que hace referencia el Decreto Distrital 423 de 2007, recaía expresamente en quien ya no desempeña el cargo de Secretario Distrital de Planeación, por lo cual se hace necesario indicar que la resolución del recurso de reposición que se encuentra pendiente, deberá ser realizada por la autoridad pública que tiene la función propia y no por el servidor Ad ¿hoc, devolviendo entonces el conocimiento del asunto a quien corresponde de conformidad con el Decreto 191 citado, esto es, al Secretario Distrital de Planeación.
49 de 2008 EXPROPIACIÓN - Vía administrativa
La expropiación por vía administrativa se encuentra regulada en el Capítulo VIII de la Ley 388 de 1997. Existiendo solicitud escrita de entrega del bien objeto de expropiación por parte de la autoridad competente, ante las Inspecciones como consecuencia de la renuencia del propietario, poseedor o de la persona que ostenta la tenencia material del inmueble y la petición escrita del Inspector que tiene competencia para conocer del asunto, la actuación se limitará a la diligencia de entrega sin dar lugar a dilaciones ni oposición alguna, dada la calidad de propietario que ostenta la entidad expropiante, cuando el expropiado no lo entrega en los términos previstos y de conformidad con los artículos 63 a 72 de la Ley 388 de 1997¿ la efectividad de la decisión que ordena la medida de entrega como resultado de la expropiación por vía administrativa y del incumplimiento de la norma que exige la entrega del inmueble al nuevo propietario (entidad expropiante), en caso de renuencia del afectado, eventualmente conlleva desplegar la actividad de policía necesaria para hacer cumplir dicha orden, sin que se constituya en vía de hecho el aplicar el referido Instructivo expedido por la Secretaría de Gobierno y cuyo objeto es hacer cumplir el procedimiento previsto por la Ley 388 de 1997, para la ya tantas veces citada expropiación ordenada por autoridad competente.
51 de 2008 LICENCIA DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN - Inspección, Vigilancia y Control
De conformidad con el artículo 56 del Decreto Nacional 564 de 2006, corresponde a los alcaldes municipales o distritales directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y de las veedurías en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio y espacios públicos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en general. En el Distrito Capital en virtud del artículo 86 del Estatuto Orgánico de Bogotá -Decreto Ley 1421 de 1993, es función de los alcaldes locales vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo y reforma urbana. En conclusión, los alcaldes locales ejercen el control urbanístico, para que las obras que se adelanten se ejecuten de conformidad con la licencia expedida o para que no se ejecuten obras sin licencia. No existe otra autoridad distrital que ejerza control urbano en la Ciudad.
61 de 2009 ACTUACIONES Y ACTIVIDADES URBANÍSTICAS - Sanciones por Infracciones al Régimen Urbanístico
¿ las sanciones no son excluyentes, es decir, se puede tanto imponer la multa sucesiva, como ordenar la demolición, y es así por cuanto la multa busca lograr que el infractor se adecue a la norma, en tanto que a la demolición se acude cuando no hay posibilidad de adecuarse, o el infractor no lo hace¿ al igual que es deber del infractor adecuarse a la norma, y si no lo hace demoler lo que haya ejecutado, sin licencia, o con violación de la misma, también es deber de la Administración ejecutar los actos necesarios para lograr que estos objetivos se cumplan, y dentro de las actuaciones que pueden adelantarse se encuentra la realización de la demolición de las obras a costa del infractor. Sin embargo, en la práctica, no se recurre por regla general a la demolición dados los costos e infraestructura que se requeriría para ello, por lo cual se siguen generando las multas sucesivas, lo que implica que se siguen incrementando éstas y finalmente muchas de ellas devienen en montos de imposible cumplimiento, pues resultan mucho más onerosas que la obra misma.
3164 de 2011 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - Reserva Legal de Documentos
Conceptúa sobre la reserva legal de documentos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, dando respuesta a las preguntas: (¿) ¿ Así las cosas, frente a los bienes de carácter privado declarados como patrimonio cultural, la solicitud de acceso a la información deberá elevarse ante la entidad pública donde repose el respectivo expediente.¿ (¿) ¿no existe reserva legal alguna para a un ciudadano que no sea el propietario o persona con interés directo en el trámite de intervención del inmueble declarado patrimonio cultural se le entregue copia de los planos arquitectónicos, más aun teniendo en cuenta que el artículo 3º y el literal f) del artículo 4º de la Ley 594 de 20008 indica que: "(¿) Es una obligación del Estado la administración de los archivos públicos y un derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos, salvo las excepciones que establezca la ley.¿ ¿Finalmente (¿) la expedición de las respectivas copias dará lugar al pago de las mismas cuando la cantidad solicitada lo justifique, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 24 del Código Contencioso Administrativo.¿
6938 de 2011 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP - Administración de Patrimonio Inmobiliario D.C.
Da respuesta a los interrogantes ¿¿El contenido de las actas de entrega de inmuebles realizadas entre el nivel central debe incluir las cláusulas actuales y por si solo convierte las mismas en un contrato de comodato?¿ y ¿¿Es competencia exclusiva de la Subdirección de Administración Inmobiliaria para suscribir las actas de entrega en la Defensoría del Espacio Público conforme el Decreto Distrital 138 de 2002?¿ (¿) ¿La figura jurídica de "Administración" que ejercen las entidades del nivel central sobre los inmuebles donde funcionan procede de un Acuerdo Distrital, es decir un acto administrativo de carácter general y no de un contrato de comodato, por lo que a pesar de que compartan características similares, las dos figuras jurídicas (comodato y administración) no son equiparables.¿ (¿), ¿(¿) según el numeral 4 del artículo 8 del Decreto Distrital 138 de 2002, corresponde a la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público "Recibir y entregar los bienes inmuebles que a cualquier titulo se entreguen a la Defensoría, así como proyectar y recomendar la suscripción de los actos administrativos correspondientes para su debida administración". (¿) ¿La norma anteriormente citada asigna a esa Subdirección la entrega de los bienes inmuebles y la proyección y suscripción de actos administrativos que sean necesarios para asegurar su debida administración. Por lo anterior, es claro que la Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público es la dependencia competente para proyectar y suscribir las respectivas actas de entrega, teniendo en cuenta al efecto que, tal y como lo indica el artículo 27 del Código Civil (¿)¿ ¿No obstante lo anterior, al interpretar armónicamente las facultades establecidas por los numerales 1 y 2) del artículo 3 y el numeral 4) del artículo 8 del Decreto Distrital 138 de 2002, la Oficina Asesora Jurídica debe prestar la asesoría jurídica para la definición de la proforma del acta de entrega, buscando establecer un contenido que determine con claridad la figura jurídica que se encuentra invocando, mientras que la Subdirección de Administración Inmobiliaria, debe proyectar y suscribir dichos documentos.¿
11486 de 2011 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - Patrimonio cultural
Responde a la pregunta si ¿Es posible modificar mediante la expedición de un decreto distrital ordinario la distribución de competencias en materia de patrimonio cultural, consagrada en los artículos 310 y 311 del Decreto 190 de 2004 -Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá? (¿) ¿No es viable modificar la distribución de competencias contenida en el POT, (artículo 310), mediante un decreto ordinario; tampoco el procedimiento previsto en el artículo 311 ídem.¿ ¿La distribución de competencias al interior del Distrito Capital en materia de patrimonio cultural está contenida en los artículos 94 y 95 del Acuerdo 257 de 2006, normativa que modificó en lo pertinente, tácitamente, las asignadas por el Decreto Distrital 190 de 2004.¿ ¿Es viable la redistribución funcional en esta materia, mediante un Decreto que introduzca las modificaciones a los decretos de estructura y funciones de las Secretarías Distritales de Planeación y de Cultura, Recreación y Deportes; así mismo, procederá el ajuste funcional en los Estatutos del IDPC (Acuerdo 01 de 2007) por parte de su Junta Directiva (¿)¿

References: artículo 14
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 179
 artículo 179
 artículo 344
 artículo 101
 artículo 333
 artículo 344
 artículo 45
 artículo 13
 artículo 358
 artículo 71
 artículo 141
 resolución 
 resolución 
 artículo 56
 artículo 86
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 24
 artículo 8
 artículo 27
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 311