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RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SU SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS. LIC. HÉCTOR SAMUEL TORRES ULLOA, SlideSearchEngine.com
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SU SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS. LIC. HÉCTOR SAMUEL TORRES ULLOA
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41 RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SU SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS. LIC. HÉCTOR SAMUEL TORRES ULLOA* n efecto, dentro del marco justificativo, el servicio público exige una permanente transformación que responda a una sociedad cada vez mejor informada, misma que demanda excelentes ser- vicios con la debida eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos; sin menoscabo de la rendición de cuentas a cargo de los servidores públicos. El régimen jurídico de los servidores públicos reclama el desa- rrollo de actividades no sólo con eficacia y eficiencia, sino con estric- to apego al conjunto de normas jurídicas federales, estatales y muni- cipales que deben cumplirse, por lo que resulta de gran importancia se tome conciencia y comprensión de las obligaciones que se tienen frente a la sociedad, así como de los derechos que dicho régimen establece. LIC. HÉCTOR SAMUEL REVISTA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS 55 TORRES ULLOA SEGUNDA ÉPOCA AÑO IV NÚMERO E * Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Entre otros aspectos, la ligereza del conocimiento de la normativa aplicable y su errónea interpretación, contribuyen indirectamente al desarrollo del sistema impositivo sancionador; sin soslayar en igual sen- tido la confusión que provocan los textos vigentes de la Legislación Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y las de índole local en con- traste con el marco constitucional, sin demérito de los criterios jurisdic- cionales dictados al respecto. II. En el rubro de los conceptos generales, vale la pena recordar que la actividad del Estado es el conjunto de actos materiales y jurídicos, operaciones y tareas que realiza en virtud de las atribuciones que la legis- lación positiva le otorga, siendo las atribuciones medios para alcanzar determinados fines. La Doctrina Francesa introduce la noción de "ser- vicio público" como fundamento, justificación y límite de la existencia del Derecho Administrativo. Se deja de lado la idea de derechos de soberanía y de poder público y se afirma que lo único que existe en el Estado son individuos gobernantes con deberes de servir la causa de la solidaridad social. El concepto de función se refiere a la forma de la actividad del Estado; que tiene que ver con las atribuciones del Estado pues las funciones pueden servir para realizar una misma atribución. La forma en que el Estado realiza sus actividades es a través de las funciones administrati- vas, que pueden ser de diversa índole; en cuanto a la Función Jurisdiccional, esta se da en las relaciones entre particulares, en donde el Estado interviene para hacer respetar una reglamentación entre conflic- tos de particulares. En tanto que la Función Administrativa se define como la actividad que el Estado realiza por medio del Poder Ejecutivo. André Hariou define el Derecho Administrativo como "la rama del derecho público que regula: 1.- la organización de la empresa de la administración pública y de las diversas personas administrativas en las cuales ha encarnado; 2.- los poderes y los derechos que poseen estas per- RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SU SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 56 ENERO-ABRIL 2007
41 sonas administrativas para manejar los servicios públicos; 3.- El ejercicio de estos poderes y de estos derechos por la prerrogativa especial, por el procedimiento de acción de oficio y las consecuencias contenciosas que se siguen". En esta definición, además de la consideración formal, se agrega un elemento: el de reputar a dichas autoridades como personas, y a las facultades que les están atribuidas como derechos. En suma, el Derecho Administrativo regula estructura y organización del Poder encargado normalmente de realizar la Función Administrativa; los medios patrimoniales y financieros que la Administración necesita para su sostenimiento y para garantizar la regularidad de su actuación; el ejer- cicio de las facultades que el Poder Público debe realizar bajo la forma de la función administrativa; la situación de los particulares con respecto a la Administración. III. En cuanto a los aspectos básicos de la responsabilidad, podemos destacar que el actual sistema de responsabilidades previsto por el Título Cuarto de la Constitución Federal, se integra por cuatro tipos: Política, Penal, Administrativa y Civil, sin dejar de soslayo el aspecto laboral que entraña la relación o desempeño como empleado. Originalmente, el enfoque de la responsabilidad del servidor público se encaminaba a la actividad de los altos funcionarios y en gran medida, de tipo penal. Sin embargo, a partir del año de 1982 se amplió el panorama para todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, garantizándose con ello los valores de Lealtad, Honradez, Imparcialidad, Legalidad y Eficiencia, cuya regulación y competencia quedó a cargo de las autoridades correspondientes, es decir, la Civil y Penal a los jueces de las materias; la Política al Congreso y la Administrativa a los órganos internos de control. En efecto, el Estado ha buscado promover la modernización de los sis- temas, instrumentos y mecanismos de control y evaluación que interac- túen con el aparato gubernamental, y a prevenir y combatir el inadecuado REVISTA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS 57SEGUNDA ÉPOCA AÑO IV NÚMERO LIC. HÉCTOR SAMUEL TORRES ULLOA
desempeño y la corrupción de los servidores públicos para incrementar la eficiencia en el desarrollo de las acciones y en los resultados. En México, desde 1824 existe un Órgano Técnico que en un inicio fue llamado Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, hoy denominado Auditoría Superior de la Federación, que tiene a su cargo esta tarea, fortaleciendo con ello la división de poderes y vigorizando la Democracia al propiciar mayor equilibrio. Sin duda, el paso importante fue la creación de una dependencia especializada en la vigilancia e imposi- ción sancionadora de carácter administrativo: en primer término, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) -mediante la reforma de 1994 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal-, y actualmente la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esta últi- ma se ha convertido en un instrumento que vigila, controla, supervisa y evalúa, tanto los ingresos, gastos y recursos, como la gestión guberna- mental en su conjunto, promoviendo un leal, transparente, eficiente, eficaz e integral desempeño del servicio público. No obstante, estamos observando un cambio sustancial con la reforma a la fracción XXIX-H del artículo 73 Constitucional en la incorporación de un órgano jurisdiccional en materia procesal, con el objeto de dotar al poder sancionador de mayor autonomía, independencia e imparcialidad. III.I Por lo que se refiere al tipo de responsabilidad política, conviene señalar que el Juicio Político es un término utilizado para designar el procedimiento para fincar responsabilidad política u oficial a un servi- dor público; implica el ejercicio material de una Función Jurisdiccional llevada a cabo por un órgano de funciones políticas, pero respetando las formalidades esenciales de un procedimiento jurisdiccional. Para Hamilton, el Juicio Político es la separación del servidor indigno del cargo público y no la sanción penal o patrimonial de un acto indebido. Hamilton destacó la importancia de separar la responsabilidad debido a que el daño ocasionado que un funcionario inflige a la comunidad políti- RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SU SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 58 ENERO-ABRIL 2007
41 ca, debe ser resarcida mediante la remoción del funcionario previo pro- cedimiento seguido ante un órgano político. El Juicio Político tiene una jurisdicción especial. Se caracteriza por la naturaleza de los actos u omisiones en que incurren los altos fun- cionarios en el desempeño de sus labores, lo cual obliga a la integración de un cuerpo político, momentáneamente investido del poder de juzgar, quien podrá decidir separarlos de su encargo e inhabilitarlos para desempeñar otro dentro del lapso que fije la Ley, en virtud de haber per- dido la confianza, y para que si el hecho tuviera señalada otra pena en la Ley, queden a disposición de las autoridades comunes para que lo juzguen y consignen con arreglo a ella. La Declaración de Procedencia se aplica para dar curso al procedimien- to de responsabilidad penal en que posiblemente incurran los servidores federales, así como contra los gobernadores, diputados y magistrados de las entidades federativas, cuando cometan delitos federales. La Declaración de Procedencia se refiere a la manifestación y examen que hace el Congreso de la Unión de los hechos presumiblemente delictivos cometidos por alguno de los servidores públicos enumerados, con el objeto de que las acusaciones temerarias o sin fundamento no procedan contra el servidor durante el periodo de su encargo y pueda así desem- peñarse libremente en el ejercicio de su función sin presiones por parte de acusaciones falsas. El procedimiento de Juicio Político sólo podrá ini- ciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un lapso no mayor de un año a partir de iniciado el pro- cedimiento. III.II En el ámbito de la Responsabilidad Civil, basta indicar que en las demandas de orden civil que se entablen contra cualquier servidor públi- co no se requiere Declaración de Procedencia (Art. 111, Octavo Párrafo); es decir, como consecuencia de una acción u omisión ilícita, que derivan una obligación de satisfacer el daño o la pérdida causada y por la cual se LIC. HÉCTOR SAMUEL REVISTA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS 59 TORRES ULLOA SEGUNDA ÉPOCA AÑO IV NÚMERO
debe pagar una indemnización. En el entendido de que las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causales. III.III La Responsabilidad Penal se aplica de acuerdo con lo dispuesto en la Legislación Penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daño por perjuicios patrimo- niales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesi- dad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita, esto es, como consecuencia de una acción u omisión que configura un deli- to, por haber lesionado un bien jurídico tutelado por normas penales cuyas conductas son: ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. III.IV Particularmente, la Responsabilidad Administrativa es aquella en que incurren los servidores públicos por el incumplimiento de las obliga- ciones establecidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. IV. En el rubro del Derecho Comparado, la responsabilidad de los servidores públicos, prevista en nuestra Constitución, encuentra grandes similitudes en cuanto a la responsabilidad política de países como Argentina, el cual se encuentra a cargo del Congreso de la Nación; en Brasil por ejemplo, la acusación se formula por la Cámara de Diputados al Senado Federal con la definición de plazos y acciones determinadas; en la República de Chile existe la Contraloría de la República, en el entendido que en este país hacen énfasis en la responsabilidad de las instituciones de las fuerzas de la Defensa Nacional; en Estados Unidos la Cámara de Representantes es la única facultada para declarar que tiene lugar pro- ceder en los casos de responsabilidades oficiales; en Perú existe una regla que establece la responsabilidad de los funcionarios y los servidores públi- RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SU SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 60 ENERO-ABRIL 2007
41 cos, la cual prevé plazos de inhabilitación y un mecanismo sancionador parecido al nuestro y, en Colombia, la Cámara de Representantes for- mula acusación ante el Senado de conformidad con los parámetros establecidos para ese efecto, es decir, existen aspectos comunes con los imperantes en el Sistema de Responsabilidad Política de México. V. El Contencioso Fiscal y Administrativo adquiere carta de naturalización en México, con sus propias particularidades, al crearse el Tribunal Fiscal de la Federación, por Ley de Justicia Fiscal de 27 de agosto de 1936, publi- cada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de agosto del mismo año, para entrar en vigor a partir del 1° de enero de 1937, con atribuciones para resolver las controversias fiscales federales. Para los efectos de la presente exposición, es pertinente señalar que este organismo también conoció de los juicios fiscales que se intentaban en contra de las autori- dades del Distrito Federal, durante el periodo de enero de 1947 a diciem- bre de 1979, que después pasaron al ámbito del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. No obstante, el aumen- to considerable de su área de competencia que incluye algunas contien- das administrativas, en la actualidad el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sigue siendo, preponderantemente, una instan- cia jurisdiccional en Materia Fiscal Federal, pero prácticamente rebasa- dos por el grueso número de asuntos de índole administrativa. Tomando en cuenta que el texto original de la Constitución de 1917 no hacía referencia a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, en diciembre de 1946 se llevó a cabo una primera modificación a la fracción I del artículo 104 de la propia Carta Federal, para contemplar la posibilidad de que se establecieran recursos en contra de sentencias de tribunales administrativos. Más adelante, en octubre de 1967, se realizó una diferente reforma a la Fracción I del numeral 104 de la Constitución Mexicana, con el propósito de incluir dentro de las facultades del Congreso de la Unión, ahora en forma clara, el establecimiento de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de la Federación en el Distrito Federal. Finalmente, por LIC. HÉCTOR SAMUEL REVISTA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS 61 TORRES ULLOA SEGUNDA ÉPOCA AÑO IV NÚMERO
lo que hace a la Federación, dicha potestad se incorporó en la fracción XXIX-H del precepto 73 de la misma Ley Fundamental, mediante modi- ficación divulgada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de octubre de 1993, y por lo que concierne al Distrito Federal, tal facultad corresponde a su Asamblea Legislativa, en términos del Inciso N de la fracción V de la base primera del Apartado C del artículo 122 de la indicada Carta Magna, según reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de agosto de 1996. Por otro lado, reviste gran importancia la adecuación del artículo 116 de la Constitución General de la República, plasmada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de marzo de 1987, cuya Fracción IV precisó la com- petencia de las legislaturas locales para crear Tribunales de lo Contencioso Administrativo en los Estados. En virtud de la reforma publi- cada en el Diario Oficial de la Federación del 22 de agosto de 1996, la alu- dida norma corresponde actualmente a la fracción V del mismo manda- to constitucional, que dice: Las Constituciones y Leyes de los Estados podrán instituir Tribu- nales de lo Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particula- res, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. Como puede observarse, con el establecimiento del Tribunal Fiscal de la Federación se enraizó el Contencioso Administrativo en las tierras mexicanas, ya que siguiendo y perfeccionando su modelo, se han instala- do Tribunales de lo Contencioso Administrativo en el Distrito Federal a través de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de marzo de 1971, que entró en vigor el 17 de julio del mismo año, sin menoscabo de RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SU SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 62 ENERO-ABRIL 2007
41 su abrogación, mediante la actual Ley vigente a partir del 1° de enero de 1996, y en el estado de Sinaloa, creándose el Tribunal Fiscal del estado de Sinaloa, mediante la Ley de Administración de Justicia Fiscal de dicha enti- dad, consultable en el periódico oficial del 30 de abril de 1976, quedando finalmente constituido el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, según publicación del periódico oficial local del 26 de marzo de 1963; en el estado de Sonora, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Sonora, publicada en el boletín oficial de la enti- dad del 26 de enero de 1977, vigente desde el 1° de febrero del citado año; en el estado de Hidalgo, se cuenta con el Tribunal Fiscal Administrativo cuya Ley Orgánica de dicho Tribunal, fue difundida en el periódico oficial de la referida entidad el 31 de diciembre de 1981y obligatoria a partir del 1° de enero de 1982; Jalisco, también sustenta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo acorde con la Ley Orgánica y la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicadas en el periódico oficial del estado de Jalisco, de 24 de diciembre de 1983, para entrar en vigor el 1° de enero de 1984; en Querétaro, se crea originalmente como Tribunal de Anulación, según publicación de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el estado de Querétaro, del 26 de diciembre de 1985 (sin embargo, la plena jurisdicción quedó confirmada según se aprecia del periódico local con fecha 27 de octubre de 1988); Guanajuato cuenta con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por Ley de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, de 24 de septiembre de 1985 que entró en vigor el 2 de enero del año 1986; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de México se fundó por Ley de Justicia Administrativa de la propia entidad federativa, plasmada en la gaceta del gobierno local del 31 de diciembre de 1986, entrando en vigencia a partir del 1° de enero de 1987 (empero, tal ordenamiento quedo abrogado por el Código de Procedimientos Administrativos del Estado, publicado en la gaceta del gobierno estatal del 7 de febrero de 1997, en vigor desde el 9 de marzo del mismo año); en Guerrero, se origina el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con la LIC. HÉCTOR SAMUEL REVISTA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS 63 TORRES ULLOA SEGUNDA ÉPOCA AÑO IV NÚMERO
expedición de la Ley de Justicia Administrativa, divulgada en el periódi- co oficial de la entidad, de fecha 7 de julio de 1987, obligatoria desde el siguiente día de su publicación, mediante promulgación de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Yucatán y Ley de lo Contencioso Administrativo de la misma entidad, se da a cono- cer mediante Diario Oficial del gobierno local del 1° de octubre de 1987; se instaura el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado de Baja California, por Ley difundida en el periódico oficial de la entidad del 31 de enero de 1989; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz, se establece con la promulgación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, publicada en la gaceta oficial del 14 de febrero de 1989, sin demérito de las reformas y adiciones del 20 de marzo de 1997, a través del cual queda adscrito el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local del poder judicial de la Entidad; en cuanto al estado de Morelos, mediante Ley de Justicia Administrativa divulgada en el periódico oficial Tierra y Libertad del 14 de febrero de 1990, para entrar en vigor 60 días posteriores a su publicación; en Nuevo León, el organismo jurisdiccional se creó por Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y el Código Procesal del propio Tribunal, dados a conocer en el periódico oficial estatal del 5 de julio de 1991, aclarando que los referidos requerimientos fueron abrogados por la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, divulgada en el periódico oficial de la entidad el 21 de febrero de 1997, con vigen- cia a los 60 días hábiles después de su publicación; en San Luis Potosí quedó instituido el Tribunal por medio de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, publicada en el Diario Oficial de esa localidad el 14 de abril de 1993, y pese a su abrogación, por la diversa Ley de Justicia Administrativa, se difundió en el propio periódico oficial del 30 de abril de 1997 la plena jurisdicción del mencionado Tribunal; en Tabasco, con amplias atribuciones en materia fiscal y administrativa se crea el Tribunal mediante la Ley de Justicia Administrativa del Estado, dada a conocer RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SU SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 64 ENERO-ABRIL 2007
41 en el periódico oficial de la entidad con fecha 19 de febrero de 1997 y el Tribunal del Estado de Tamaulipas se creó por Ley de Justicia Fiscal de la Entidad, divulgada en el periódico oficial estatal de fecha 29 de diciembre de 1951, habiendo dejado de funcionar en algunos periodos. En la actuali- dad se rige por los títulos tercero y cuarto del Código Fiscal del Estado, publicado en el periódico local estatal del 21 de diciembre de 1976. Sin embargo, en la actualidad subsisten entidades federativas cuyas controversias fiscales y administrativas se tramitan ante el Poder Judicial de cada localidad, y en otros casos luego de agotar los recursos adminis- trativos, el gobernado solo tiene expedita la posibilidad de acudir al juicio de amparo ante los Tribunales Judiciales de la Federación. VI. En lo que concierne a la situación actual y perspectivas, podemos agregar que la reforma al artículo 73, fracción XXIX, inciso H, surge como repuesta al problema existente con respecto a la eficacia de la regulación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públi- cos, dado que es la misma autoridad la que conoce, resuelve y en su caso, revisa las determinaciones tomadas en el asunto en concreto, lo cual con- lleva un problema de concentración de funciones en los órganos internos de control, situación que de ninguna forma coadyuva con una correcta administración de justicia. En tal virtud, con la finalidad de aminorar ese problema, es que se propuso otorgar competencia al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, a fin de que sea un órgano dotado de plena autonomía, el encargado de imponer las sanciones que en derecho correspondan. En realidad, hemos atestiguado avances notables en materia de responsabilidades de los servidores públicos; sin embargo, aún contiene severas limitaciones que han motivado la ineficacia en la aplicación de las leyes que regulan las responsabilidades de los servidores públicos de la Federación; tan es así, que en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de LIC. HÉCTOR SAMUEL REVISTA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS 65 TORRES ULLOA SEGUNDA ÉPOCA AÑO IV NÚMERO
laFederaciónel13demarzode2002,sesobrepasaronloslimitesconstitucionalesal no respetar las garantías de certeza y seguridad jurídica, lo que resulta violatorio del artículo 14, párrafo segundo, de nuestro Máximo Ordenamiento, ya que en virtud de lo establecido por el artículo 4° de la citada Legislación, se otorga a los contralores internos y a los titulares de las áreas de Auditoria, de Quejas y Responsabilidades de los órganos internos de control de las dependencias y enti- dades de la Administración Pública, la facultad para investigar, tramitar, sustan- ciar y resolver en el orden de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, situación que impulsó la emisión de la reforma de fecha 4 de diciembre de 2006, por virtud de la cual se modifica el siguiente texto Constitucional: Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso- administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la admi- nistración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos con tra sus resoluciones. Para quedar como sigue: Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: XXIX-H. Para expedir leyes que instruyan tribunales de lo contencioso admi- nistrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pú- blica federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servi- dores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones. RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. SU SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 66 ENERO-ABRIL 2007
41 Con dicha modificación se busca dar remedio a la violación al artícu- lo 14 constitucional, misma que estriba en el monopolio que ostentan los titulares de los órganos internos de control y las áreas de quejas y respon- sabilidades, de las instancias de investigación, acusación y sanción; toda vez que se trata de organismos de naturaleza eminentemente adminis- trativa y no jurisdiccional, por lo cual su función debe limitarse a inves- tigar y evaluar el servicio público, mas no así a sancionar esas conductas; sin embargo, no podemos soslayar lo que implica una reforma de esta naturaleza frente a la situación actual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. LIC. HÉCTOR SAMUEL REVISTA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS 67 TORRES ULLOA SEGUNDA ÉPOCA AÑO IV NÚMERO
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