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Timestamp: 2018-12-14 11:14:13+00:00

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Reflexiones Sobre las Medidas de Coerción - Ilustrados!
Reflexiones Sobre las Medidas de Coerción
Resumen: Dentro de las medidas cautelares que organiza el código procesal penal, algunas solo pueden ser ejecutadas con una orden judicial, y mediante una resolución o una sentencia. Sin embargo, existen otras, que se pueden poner en prácticas sin la necesaria orden judicial. De de acuerdo a la doctrina, y a la jurisprudencia local las medidas de coerción tienen como finalidad agotar una fase del proceso, evitar que el procesado se pueda sustraer a la acción de la justicia y a una posible condena.
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- Reflexiones Sobre las Medidas de Coerción
- Principios Rectores de las Medidas de Coerción Personales
- Medidas de coerción que se ejecutan por orden de un juez
- Medidas de Coerción que se Ejecutan sin Orden de un Juez
- Otras medidas de coerción
Dentro de las medidas cautelares que organiza el código procesal penal, algunas solo pueden ser ejecutadas con una orden judicial, y mediante una resolución o una sentencia. Sin embargo, existen otras, que se pueden poner en prácticas sin la necesaria orden judicial. De de acuerdo a la doctrina, y a la jurisprudencia local las medidas de coerción tienen como finalidad agotar una fase del proceso, evitar que el procesado se pueda sustraer a la acción de la justicia y a una posible condena. Para la jurisprudencia dominicana mas reciente las medidas de coerción tiene un carácter preventivo.
Las medidas en que se hace necesaria una resolución o una sentencia emanada por una autoridad judicial competente para su imposición son aquellas impuestas mediante una audiencia en la que obligatoriamente tendrá que estar presente el encartado. La presencia del imputado se hace necesaria y obligatoria cuando se le solicita dichas medidas al juez de la instrucción. No siendo así para las medidas de coerción solicitadas al juez de juicio en ocasión de un proceso abierto y que el imputado se encuentre en libertad. Las audiencias sobre medidas de coerción pedidas al juez de la instrucción no son públicas para terceros y el procesado se hará acompañar de su abogado defensor. El carácter de no publicidad de estas audiencias es porque como se esta en la fase preparatoria, la investigación no puede ser entorpecida por terceros y con ello se protege el principio de inocencia. Las mismas se pueden imponer por una solicitud del querellante o el ministerio publico al juez de la instrucción. Lo que significa que aun cuando el ministerio publico no solicite algunas de las medidas de coerción o solicite una diferente, la victima a través de su abogado puede hacerlo.
Principios Rectores de las Medidas de Coerción Personales
A la hora de imponer una medida de coerción el tribunal tendrá que cuidarse de que dichas figuras procesales no entren en contradicción con los principios que la regulan. Pero no solo el juez deberá atenderse de no afectar los principios que las rigen, entiendo que es una labor también del ministerio público en virtud del principio de objetividad, de no permitir la violación de los principios que informan a las medidas cautelares. El primer principio que gobiernan a las medidas cautelares es el principio de legalidad, ordena este principio que toda medida cautelar que afecte la libertad de un individuo sea restringiéndola o privándola, debe estar expresada por ley. Para el principio de excepcionalidad, el cual señala que una medida cautelar personal solo se impondría cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la realización de los fines del procedimiento, lo que significa que las medidas de coerción solo se utilizaran cuando no haya posibilidad de resolver la realización de lo que se quiere por otra vía.
Otra de las regulaciones de la medida de coerción lo es el principio de provisionalidad, para este principio la medida de coerción son provisorias porque deben ser fijadas por un periodo máximo de tiempo y subsisten mientras no haya cambiado las circunstancias que le dieron origen, de tal modo que si cambian, entonces se modifica dicha medidas. Finalmente esta el principio de proporcionalidad, indicando este, que las medidas cautelares deben ser fijadas en una relación proporcional, atendiendo siempre a dos aspectos: a la finalidad del procedimiento que se persigue cautelar y a la gravedad del hecho que se investiga. De tal modo que no es posible imponer una medida de coerción que sea desproporcionada con relación a un hecho que no tenga una gravedad suficiente al bien jurídico tutelado.
Medidas de coerción que se ejecutan por orden de un juez
El abanico de medidas cautelares que señala el articulo 226 se encuentran:
1) la prestación de una garantía económica suficiente, esta puede efectuarse a través de una suma de dinero, valores, prendas, hipotecas, póliza o la fianza solidaria o por cualquiera de las modalidades que el juez ordene y según lo prescrito por el articulo 235. Un aspecto importante sobre esta medida es que la misma se puede ordenar estando libre el imputado, al efecto, se puede afirmar y según mi criterio es que la garantía no es equivalente a la fianza en sentido de que esta se imponía para que el imputado recobrara su libertad, contrario a la garantía que se aplica para que no se sustraiga a la acción de la justicia.
2) La prohibición de salir del país, o de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, el juez en esta medida tiene la oportunidad de escoger una de las tres, decide que el acusado no salga hacia el exterior (impedimento de salida del país) o que no se ausente de la comunidad donde reside o de una zona territorial mas amplia.
3) la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución, esta medida se le aplica a aquella personas que padecen de una enfermedad o ameritan atención medica.
4) la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que el designe, como existe el principio de que los jueces no investigan, sino que es una facultad del fiscal, la obligación de el acusado presentarse periódicamente debiera ser siempre ante el ministerio publico.
5) la colocación de localizadores electrónicos, esta medida conlleva un monitoreo del acusado mediante mecanismos de alta tecnología los cuales hasta la fecha el estado no dispone de ellos.
6) el arresto domiciliario, en su propio domicilio, o en custodia de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga, esta modalidad de arresto deberá ir acompañado de vigilancia policial porque de lo contrario el procesado podría con facilidad violarla y sustraerse de ella; todas esta medidas son las menos gravosas y se comportan como alternativas a la prisión preventiva. Por ultimo esta la prisión preventiva, esta es la medida de mayor gravedad y su aplicación tiene como presupuesto básicamente el peligro de fuga, a parte de las exigencias indicadas por el 227 del CPP. Se impone para aquellos delitos que aparentemente han provocado mucho daño al bien jurídico protegido.
A la hora del juez imponer esta medida deberá observar si el medio que se busca con ella se puede resolver estableciendo o imponiendo otras de las medidas alternativas. La aplicación de la prisión preventiva tendrá que ser la última respuesta que el estado impone en virtud del principio de última ratio o de la doctrina que habla de un derecho penal mínimo. Nos es extraño que se oigan voces tanto de la sociedad y con mucha fuerza de la clase política que debe aplicarse mas prisión preventiva, en apoyo a enfrentar la delincuencia y a mas mano dura, desconociendo con ello que la prisión preventiva no se le puede asignar funciones del derecho penal, su función es procesal, para asegurar que el procesado no se sustraiga a la acción de la justicia o a la ejecución de la sentencia. Todas estas medidas tienen como características generales los numerales que señala el artículo 227.
Sin embargo existen otras medidas coercitivas no señaladas por el 226 y que ameritan que un juez la ordene, como son aquellas medidas que perturban la inviolabilidad de la esfera intima. Entre estas están los allanamientos de moradas y lugares privados, en estas medidas el legislador ha querido que sea un tribunal que la ordene en razón de que esta en juego la privacidad y la esfera intima del individuo. El derecho a la privacidad y a la intimidad constituye ambos, derechos sagrados del que puede gozar una persona sin intromisión. Imaginarse que un ciudadano no esta seguro en su casa u otros lugares donde se practique la intimidad es prohijar una vida en la incertidumbre. Cuándo el código habla de lugares privados entiéndase casa, la habitación de un motel u hotel.
Para la jurisprudencia centroamericana lugares privados puede ser el interior de un vehículo y hasta un furgón, en cambio, registro de moradas se refiere a la vivienda o casa de una persona, es el lugar donde habita un individuo, al cual nadie puede penetrar sino por una orden llamada allanamiento que la otorga un tribunal de manera fundamentada y motivada. Este tipo de registro tiene su exención, el cual puede practicarse sin orden judicial cundo es necesario evitar la comisión de una infracción, en repuesta a u pedido de auxilio o en caso de que un sospechoso se introdujo en una vivienda ajena. Otras medidas, son las que afectan el derecho de propiedad que también requieren de la orden de un tribunal, como es el caso del secuestro, esta medida se aplica para secuestrar objetos relacionados con el delito, un aspecto importante es que el secuestro se ordena después de haber solicitado la entrega de las cosas y documentos.
En caso de no entregarse los mismos se dispone el secuestro. Sin embargo, en ocasión de un registro, en cualquiera de la modalidad de registro de vehiculo o de persona no se necesita orden, es decir, cuando se esta practicando uno de estos registro se puede secuestrar cualquier objeto relacionado con el delito. Esto por el carácter preventivo de los mismos. A si mismo, la clausura de locales y aseguramiento de cosas muebles son medidas que obligatoriamente para su ejecución tiene que emanar de un tribunal. Siguiendo las medidas que afectan el patrimonio personal y que se aplican con orden del tribunal, están, el embargo, la inscripción de hipoteca judicial y cualquier otra medidas conservatorias prevista por la ley civil, todas ellas se formulan ante el juez para garantizar el pago de las costas, la multa, la reparación del daño y los perjuicios provocados por el hecho punible. También están las medidas coercitivas que afectan el secreto postal y de comunicaciones como son el secuestro de correspondencia espitolar o telegráfica y la intercepción de telecomunicaciones. Ambas medidas la tienen que decretar un juez o tribunal.
Igual están las medidas de coerción que afectan el derecho de libertad personal, aplican para este grupo el arresto que demanda de una orden de un juez, con la exención de que el arresto se puede ejecutar sin la debida orden cuando una persona este en las condiciones exigidas por el articulo 224, o sea, se podrá prescindir de la orden del juez cuando un individuo se encuentra en estado de flagrancia. El código según el artículo 225 reserva la solicitud de esta medida solo al ministerio público, considera que el querellante no la puede solicitar. Sin embargo el articulo 306 parece que le dad oportunidad al querellante a solicitarla en juicio cuando el imputado se encuentra en libertad o sujeto a una medida de coerción distinta a la de la prisión preventiva.
La conducencia de testigo y perito, esta orden judicial aparece cuando en ocasión de la celebración de un juicio, el testigo o perito no comparecen al tribunal ante una citación, por efecto de una solicitud del ministerio público o del querellante hecha al tribunal, este ordena la conducencia por medio a la fuerza publica. Por ultimo esta la medida de coerción de internamiento, el juez la ordena en contra del imputado en un centro de salud mental cuando dicho imputado tiene alteración o insuficiencia de sus facultades mentales ya sea porque se torne peligrosos para terceros o para si mismo. Nada impide que esta medida sea solicitada por el imputado
Medidas de Coerción que se Ejecutan sin Orden de un Juez
Las medidas cautelares que pueden practicarse sin una orden de un funcionario judicial competente son aquellas en las cuales tiene que estar presente la circunstancia de la inmediatez o al calor de una emergencia, o sea, tienen un carácter auxiliar. Su ejecución sin orden de los jueces le proporciona a la policía judicial un ambiente de rapidez y agilidad en la persecución del delito y le evita la mora que produce la espera de una orden. Estas son ejecutadas tanto por el Ministerio Publico, como por los miembros de la policía judicial y en lo caso de la comisión de un delito en estado de flagrancia, la medida la puede poner en practica cualquier particular. Las medidas de coerción si orden judicial tienen un carácter preventivo.
Estas medidas son el registro en cualquiera de su modalidad con excepción de los allanamientos a que se refiere el artículo 180 del código procesal penal y que ya hemos hablado. El registro constituye una de las medidas de coerción mas abundante que presenta el nuevo código, la cual se expresa a través de distintas modalidades, y las mismas tienen como finalidad la recolección de pruebas, ante un hecho que acaba de cometerse o ante una investigación ya iniciada y tienen un carácter preventivo. Importante es indicar que la puesta en práctica de un registro tiene que cumplir con los requisitos que dispone el código, ya que de lo contrario el acta que se levanta, la cual sirviera como medio de prueba en un juicio, no tendría ningún valor jurídico ante el tribunal.
Con esta medida cautelar lo que el legislador busca es que se pueda recoger aquellos elementos probatorios frescos que resultan de la comisión de un hecho reciente. Las exigencias que hace el código es que tales practicas tengan como presupuestos la existencia de elementos de prueba útiles para la investigación y en el caso de que el imputado se quiera ocultar. Siendo estos dos presupuestos exigidos por ley, se puede afirmar entonces que en caso de que una persona indicada como imputada se oculte el ministerio publico esta autorizado a penetrar al domicilio para su apresamiento y sin la debida orden judicial.
Los demás registro a que esta acreditado el fiscal o la policía judicial son el registro de personas, el registro de vehículos y los registros colectivos, en este último se debe informal previamente al ministerio público y tiene un carácter preventivo. Si se realiza en ocasión a una investigación ya iniciada se debe hacer bajo la sombra del ministerio público, esto se hace para evitar contaminar la investigación y cualquier eventual atropello. Tan bien esta el registro de locales públicos, en estas dependencias se practica el registro sin orden judicial y en ocasión de ello se puede secuestrar objetos relacionados con el delito.
El secuestro es otra de la medida que puede hacer la policía y el ministerio publico sin orden judicial, pero en ocasión de un registro, me explico, cuando se esta frente a un registro de personas o de un vehículo, la persona que ejecuta dichas medidas puede secuestrar cosas muebles o documentos relacionado con el hecho investigado sin orden del juez, en lo demás casos requiere de la orden del tribunal. Es lógico y razonable que sea así, en razón de que como el registro de vehiculo o de persona tienen un carácter preventivo, por lo que es conveniente asegurar dichos cuerpos delictuales. El código no especifica si el investigador puede secuestrar cosa mueble, aunque tampoco lo prohíbe.
Otras medidas de coerción
Existen otras medidas de coerción que no están contenida en el código procesal penal, estas se encuentran en la ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar bajo el titulo de orden de protección. Estas se imponen al imputado como a la victima según corresponda la circunstancia, y las mismas se solicitan ante la instrucción y el juicio. En la práctica, con relación a estas medidas quien la esta imponiendo es el ministerio público, cosa que es un asunto jurisdiccional y no administrativo. Las medidas de coerción son de carácter jurisdiccional.
Las medidas cautelares o de coerción como se le llama también su situación en la administración de justicia penal dominicana se pude decir que se hace un abuso de de su uso, los actores procésales que tienen la facultad para solicitar estas medidas lo hacen sin ningún miramiento del caso. Entienden que todos los procesos abiertos contra un imputado necesariamente hay que imponerle una medida de coerción, concitando la de mayor uso las personales. Al parecer lo que se observa en estos actores del proceso es que tienen la creencia de que los casos penales entran al sistema por la vía de una audiencia cautelar, esta situación es una mala interpretación sobre estas figuras de carácter procesal, en razón de que no todos los casos ameritan una medida de coerción, habida cuenta de que se puede procesar a una persona sin medidas de coerción.
Cuando el fiscal o el querellante solicitan una medida de esta naturaleza la consecuencia inmediata es que se reduce el plazo para la investigación y por otro lado se le exige que presenten el requerimiento conclusivo en un plazo breve que regularmente se le imposibilita; también corren el riesgos tanto el querellante como el fiscal a que el tribunal lo intimen para que presenten su requerimiento. Precisamente esto ha conllevado a que por un lado se intimen a las partes y que el tribunal declare extinguida la acción penal. Una buena investigación se puede hacer sin medidas de coerción, en principio tienen las partes mayor tiempo para la misma y la posibilidad de recabar las pruebas es mas segura y precisa.
- Código procesal penal dominicano, 2004
- Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, 2 edición ampliada, San José Costa Rica.
- Manual del fiscal, 2 edición, Ministerio Público de Guatemala, 2001
- Litigación estratégica en el nuevo proceso penal, impreso en chile 2005, LexisNexis
e-mail:johngarrido@hotmail.com
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 227
 artículo 225
 artículo 180