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Timestamp: 2019-10-17 06:56:35+00:00

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Trabajo Siaf | Comisión Europea | Organización no gubernamental
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REGLAMENTO TRABAJANDO
Iachr Panel Report Esp 20150611
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SU RELACION CON EL SIAF
La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal del
Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y
contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las
distintas entidades públicas.
(Trimestral y Mensual), que es otro Sistema. Pero, Sí toma como referencia estricta el Marco
Presupuestal y sus Tablas; diseñado como una herramienta muy ligada a la Gestión Financiera del
Tesoro Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras El registro, al nivel de las
UE, está organizado en 2 partes: Registro Administrativo (Fases Compromiso, Devengado,
Girado) y Registro Contable (contabilización de las Fases así como Notas Contables).
La Contraloría General de la República es el ente técnico rector del Sistema Nacional de
Control, dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, cuya misión es
dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar a la
transparencia de la gestión de las entidades. Base legal: Artículo 16° de la Ley N° 27785 “Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República” y sus
La Contraloría General de la República tiene como principales funciones: supervisar la legalidad
de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos
de las instituciones sujetas a control. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley N° 27785
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus
modificatorias, mediante el control gubernamental, se previene y verifica la correcta, eficiente y
transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto de las
funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento
de metas obtenidas por las instituciones sujetas a control. El artículo 22° de la Ley N° 27785, antes
mencionada, detalla las atribuciones de la Contraloría General de la República. Base legal:
Artículo 82° de la Constitución Política del Perú y artículo 16° de la Ley N° 27785 “Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República” y sus modificatorias.
El Congreso de la República fiscaliza la gestión de la Contraloría General. Base legal: Artículo
25° de la de la Ley N° 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República” y sus modificatorias.
Para fines del control gubernamental, se entiende por Gestión Pública al conjunto de
acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que
están enmarcados por las Políticas Gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. Está
orientada a resultados en favor del ciudadano. Base legal: Novena Disposición Final de la Ley Nº
27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República” y sus modificatorias, y Anexo N° 01 de la Directiva N° 006-2014-CG/APROD
“Ejercicio del Control Simultáneo“, aprobada por Resolución de Contraloría N° 454-2014-CG;
las regule. Base legal: Artículo 12° de la Ley N° 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República” y sus modificatorias. El Sistema Nacional de
Control está conformado por la Contraloría General de la República como Ente Técnico Rector
del Sistema, los Órganos de Control Institucional y las Sociedades de Auditoría Externa
designadas por la CGR. Base legal: Artículo 13° de la Ley N° 27785 “Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República” y sus modificatorias.
Las principales funciones del Sistema Nacional de Control son las siguientes: - Efectuar la
supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes
del Estado. - Supervisar la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control - Formular
oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades. -
Impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública, a través de la optimización de
los sistemas de gestión y ejerciendo el control gubernamental con especial énfasis en las áreas
críticas sensibles a actos de corrupción administrativa. - Emitir, como resultado de las acciones de
control efectuadas, los Informes respectivos con el debido sustento técnico y legal, constituyendo
prueba pre constituida para el inicio de las acciones administrativas y/o legales que sean
recomendadas en dichos informes. Base legal: Artículo 15° de la Ley N° 27785, “Ley Orgánica
El control Gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos
y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y
economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de
las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de
acciones preventivas y correctivas pertinentes. El control gubernamental se clasifica de la siguiente
manera: a) en función de quién lo ejerce, en control interno y externo, y b) En función del momento
de su ejercicio, en control previo, simultáneo y posterior. Asimismo, constituye un proceso integral
y permanente, que tiene como finalidad contribuir a la mejora continua en la gestión de las
entidades; así como en el uso de los bienes y recursos del Estado. Base legal: Artículo 6° de la Ley
N° 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República” y sus modificatorias y Normas Generales de Control Gubernamental, aprobada por
R.C. 273-2014-CG y modificatoria. 5.
Son principios que rigen el ejercicio del control gubernamental: a) La universalidad. b) El
carácter integral. c) La autonomía funcional. d) El carácter permanente. e) El carácter técnico y
especializado del control. f) La legalidad. g) El debido proceso de control. h) La eficiencia, eficacia
y economía. i) La oportunidad. j) La objetividad. k) La materialidad. l) El carácter selectivo del
control. m) La presunción de licitud. n) El acceso a la información. o) La reserva. p) La continuidad
de las actividades o funcionamiento de la entidad al efectuar una acción de control. q) La
publicidad. r) La participación ciudadana. s) La flexibilidad. Base legal: Artículo 9° de la Ley N°
República” y sus modificatorias. 6.
Están sujetos al control gubernamental: - El Gobierno Central, sus entidades y órganos que,
bajo cualquier denominación, formen parte del Poder Ejecutivo, incluyendo las Fuerzas Armadas
y la Policía Nacional, y sus respectivas instituciones. - Los Gobiernos Regionales y Locales e
instituciones y empresas pertenecientes a los mismos, por los recursos y bienes materia de su
participación accionaria. - Las unidades administrativas del Poder Legislativo, del Poder Judicial
y del Ministerio Público. - Los Organismos Autónomos creados por la Constitución Política del
Estado y por ley, e instituciones y personas de derecho público. - Los organismos reguladores de
los servicios públicos y las entidades a cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos
de inversión provenientes de contratos de privatización. - Las empresas del Estado, así como
aquellas empresas en las que éste participe en el accionariado, cualquiera sea la forma societaria
que adopten, por los recursos y bienes materia de dicha participación. - Las entidades privadas, las
entidades no gubernamentales y las entidades internacionales, exclusivamente por los recursos y
bienes del Estado que perciban o administren. Base legal: Artículo 3° de la Ley N° 27785, “Ley
Para efectos del control gubernamental, se considera servidor o funcionario público a todo
aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentra, mantiene vínculo laboral,
contractual o relación de cualquier naturaleza con alguna de las entidades, y que en virtud de ello
ejerce funciones en tales entidades. Base legal: Novena Disposición Final de la Ley N° 27785,
“Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República” y sus
El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación
posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos,
bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente, cautelando los sistemas administrativos
y operativos contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y
transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales. El control gubernamental interno
a su vez puede ser previo, simultáneo y posterior; el control interno previo y simultáneo lo ejercen
las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades; mientras que el control interno
posterior lo ejercen los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor. El control
interno simultáneo y posterior también es ejercido por los Órganos de Control Institucional,
conforme a las disposiciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental.
Base legal: Artículo 7° de la Ley N° 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República” y sus modificatorias, artículo 1º de la Ley Nº 28716 – Ley
de Control Interno de las Entidades del Estado y numeral 1.12 de las Normas Generales de Control
Gubernamental, aprobada por R.C. 273-2014-CG.
Es responsable de la implementación del Control Interno en las entidades, son los titulares
y funcionarios de las Entidades del Estado se encuentran obligados a implementar los sistemas de
control interno, debiendo emitir para ello la normativa correspondiente dentro de los lineamientos
establecidos en las Normas de Control Interno, aprobados por este Organismo Superior de Control,
con Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG; así como se encuentran obligados a documentar
y divulgar internamente, las políticas, normas y procedimientos de gestión y control interno. La
omisión por parte de dichos funcionarios genera responsabilidad administrativa funcional, así
como responsabilidad civil o penal, de ser el caso, siendo susceptible de la imposición de sanción
de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso en particular. Base legal: Artículos 6º y 8º de la
Ley Nº 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, numeral 4 “Roles y
responsabilidades” del rubro II de las Normas de Control Interno, aprobadas por Resolución de
Contraloría N° 320-2006-CG. 11. Las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría
Las Normas de Control Interno constituyen lineamientos, criterios, métodos y
disposiciones para la aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de la
actividad administrativa u operativa de las entidades; esto es, sirven de marco de referencia en
materia de control interno para la emisión de la respectiva normativa institucional, así como para
la regulación de los procedimientos administrativos y operativos derivados de la misma, siendo de
obligación de los titulares y funcionarios responsables su implementación, a través de la emisión
de normas específicas aplicables a cada entidad, de acuerdo con su naturaleza, estructura,
funciones y procesos, en armonía con los lineamientos establecidos por la Contraloría General de
la República. Base legal: Numeral 3 del Rubro I de las Normas de Control Interno, aprobadas por
Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG. 12. De acuerdo con la Ley de Control Interno.
Se genera responsabilidad administrativa, civil o penal para el funcionario o titular de la
entidad, en las acciones u omisiones imputables a los auditados (funcionarios o servidores
públicos), que en ejercicio de sus funciones, infringen algún precepto que guía su gestión. En este
sentido, genera responsabilidad administrativa funcional quienes han contravenido el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, así
como por el desempeño de una gestión deficiente o negligente. Generan responsabilidad civil,
quienes en el ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado un daño económico a la Entidad o al
Estado. Genera responsabilidad penal, quienes en ejercicio de sus funciones han efectuado un acto
u omisión tipificado como delito por las leyes en materia penal. De acuerdo con lo anteriormente
señalado, y con la finalidad de evaluar la responsabilidad, es necesario efectuar la revisión de la
participación directa o indirecta del auditado en cada ciclo de la actividad u operación durante la
cual se produce la observación. Como consecuencia de ello, se procederá a la imputación y
exigencia concreta de las responsabilidades incurridas (administrativa, civil o penal), previo
análisis razonado de los hechos constitutivos del daño o riesgo expuesto, deber incumplido y
relación de causalidad con el auditado. Por consiguiente, en el supuesto que el Titular y los
funcionarios encargados omitan cumplir con la obligación de desarrollar normas específicas para
la implantación y funcionamiento del control interno, conforme a la obligación dispuesta en el
artículo 4° de la Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, dicha omisión podría acarrear
una presunta responsabilidad administrativa funcional, sin perjuicio de la responsabilidad civil o
penal a que hubiere lugar, siempre que objetivamente se verifique negligencia, daño económico
producido a la entidad, o la intención dolosa que conlleve a la tipicidad de algún delito. Base legal:
Artículo 8° de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y Novena
Disposición Final de la Ley Nº 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República” y sus modificatorias. 13.
Se entiende por Sistema de Control Interno al conjunto de acciones, actividades, planes,
políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, para promover y optimizar
la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad y resguardar los
recursos y bienes del Estado. En ese sentido, los titulares de las Municipalidades son los
responsables de la implantación y funcionamiento del Sistema de Control Interno. Base legal:
Artículo 7° de la Ley Nº 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República” y sus modificatorias, y artículos 3°, 4° y 6° de la Ley Nº 28716 Ley de
Control Interno de las Entidades del Estado. 14. ¿Cuáles son los componentes del Sistema de
Control Interno? Son sus componentes: a) El ambiente de control; entendido como el entorno
organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el
funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa; b) La evaluación de riesgos; en cuya
virtud deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar
adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones
institucionales; c) Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos de control
que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos competentes, en relación con las
funciones asignadas al personal, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad;
d) Las actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones que deben ser adoptadas en
el desempeño de las funciones asignadas, a fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad
y calidad para la consecución de los objetivos del control interno; e) Los sistemas de información
y comunicación; a través de los cuales el registro, procesamiento, integración y divulgación de la
información, con bases de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva
efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los procesos de gestión y
control interno institucional; f) El seguimiento de resultados; consistente en la revisión y
verificación actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control interno implantadas,
incluyendo la implementación de las recomendaciones formuladas en sus informes por los órganos
del Sistema Nacional de Control. g) Los compromisos de mejoramiento; por cuyo mérito los
órganos y personal de la administración institucional efectúan autoevaluaciones conducentes al
mejor desarrollo del control interno e informan sobre cualquier desviación o deficiencia
susceptible de corrección, obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones
que se formulen para la mejora u optimización de sus labores. Base legal: Artículo 3° de la Ley
N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. http://www.contraloria.gob.pe 10
15. ¿Cuáles son las obligaciones y responsabilidades del Titular y funcionarios relativas a la
implantación y funcionamiento del control interno? Son obligaciones del titular y funcionarios de
la entidad, relativas a la implantación y funcionamiento del control interno: a) Velar por el
adecuado cumplimiento de las funciones y actividades de la entidad y del órgano a su cargo, con
sujeción a la normativa legal y técnicas aplicables. b) Organizar, mantener y perfeccionar el
sistema y las medidas de control interno, verificando la efectividad y oportunidad de la aplicación,
en armonía con sus objetivos, así como efectuar la auto-evaluación del control interno, a fin de
propender al mantenimiento y mejora continua del control interno. c) Demostrar y mantener
probidad y valores éticos en el desempeño de sus cargos, promoviéndolos en toda la organización.
d) Documentar y divulgar internamente las políticas, normas y procedimientos de gestión y control
funcionales encargados de la autorización y aprobación de los actos y operaciones de la entidad.
II. La protección y conservación de los bienes y recursos institucionales. III. La ejecución y
sustentación de gastos, inversiones, contrataciones y todo tipo de egreso económico en general.
IV. El establecimiento de los registros correspondientes respecto a las transacciones y operaciones
de la entidad, así como a su conciliación. V. Los sistemas de procesamiento, uso y control de la
información, documentación y comunicaciones institucionales. e) Disponer inmediatamente las
acciones correctivas pertinentes, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. f)
Implementar oportunamente las recomendaciones y disposiciones emitidas por la propia entidad
(informe de autoevaluación), los Órganos del Sistema Nacional de Control y otros entes de
fiscalización que correspondan. g) Emitir normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a
su naturaleza, estructura y funciones, para la aplicación y/o regulación del control interno en las
principales áreas de su actividad administrativa u operativa, propiciando los recursos y apoyo
necesarios para su eficaz funcionamiento. Base legal: Artículo 6° de la Ley N° 28716, Ley de
Control Interno de las Entidades del Estado. 16. ¿Qué es el control externo? El control
gubernamental externo es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos,
que compete aplicar a la Contraloría General de la República u otro órgano del Sistema por encargo
o designación de ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el
uso de los recursos y bienes del Estado. Se realiza fundamentalmente mediante acciones de control
con carácter selectivo y posterior. El control gubernamental externo puede ser previo, simultáneo
y posterior; y lo ejerce la Contraloría u otro órgano del Sistema por encargo o designación de esta.
En el caso del control externo posterior, puede ser ejecutado además por las Sociedades de
Auditoría que sean designadas por la Contraloría. El control gubernamental externo posterior se
realiza fundamentalmente mediante acciones de control. Base legal: Artículo 8° de la Ley Nº
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”
y sus modificatorias y numeral 1.12 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobada
por R.C. N° 273-2014-CG y modificatoria.
III. LA COMISIÓN AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS
La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos es el principal órgano de promoción
y protección de los derechos humanos en el continente africano. Debe resaltarse que se trata del
único órgano contemplado por la Carta para llevar a cabo esas funciones. Formalmente fue
establecida el 21 de octubre de 1986, fecha en que entró en vigor la Carta, aunque inició sus
actividades en 1987, cuando celebró su primera sesión ordinaria en Addis Abeba, Etiopía. Su sede
se encuentra en Banjul, Gambia. Se compone de once miembros, actualmente nacionales de
Nigeria, Ruanda, Mali, Mozambique, Mauricio, Botswana, Tanzania, Benin, Gambia, Zambia y
Sudáfrica. Los comisionados realizan sus funciones por un periodo de seis años al término de los
cuales pueden ser reelectos. Los candidatos son propuestos por los Estados partes de la Carta y
elegidos por la Asamblea General de la Unión Africana. Al frente de la Comisión se encuentran
un presidente y un vicepresidente elegidos por los comisionados de entre sus miembros por un
periodo de dos años que puede ser renovado sucesivamente.
El artículo 45 de la Carta Africana otorga un mandato muy amplio a la Comisión. Pueden
distinguirse cuatro funciones principales: de promoción, de protección, de interpretación y "otras"
que le encomiende la Asamblea General. A continuación nos referiremos a los aspectos más
relevantes de cada una de ellas.
1. Funciones de promoción
Esta parte de su mandato se encuentra señalada en detalle en el párrafo 1o. del artículo 45 de la
Carta Africana. Estas funciones incluyen actividades comunes como recolectar documentos; llevar
a cabo estudios e investigaciones sobre los problemas en materia de derechos humanos en el
continente africano; organizar conferencias, seminarios y simposios; diseminar información; y
estimular a las instituciones locales y nacionales de derechos humanos. La Comisión también está
facultada para formular principios y reglas que tengan como objetivo la resolución de
problemáticas relativas a la situación de los derechos humanos y de los pueblos en África, sobre
los cuales los Estados puedan elaborar e implementar su legislación, y cooperar con otras
instituciones u organismos internacionales en la materia.
La promoción quizá no sea tan controversial en tanto que las acciones que lleva a cabo la Comisión
no necesariamente ponen al descubierto o cuestionan la actitud de los Estados respecto a la
situación de los derechos humanos en sus territorios. No obstante, las actividades promocionales
han tenido un impacto importante en el continente africano, llegando, incluso, a constituirse como
prioridades. Precisamente, el propósito fundamental de esta faceta es concientizar a la sociedad
africana como un esfuerzo para afianzar la protección de los derechos humanos y de los pueblos.
Durante el tiempo en que la Comisión Africana no celebra sesiones, sus comisionados visitan
organizaciones de derechos humanos, universidades y otras instituciones, y ofrecen conferencias
acerca de la Carta Africana, temas de derechos humanos y sobre el trabajo de la propia Comisión.
Posteriormente, en cada periodo de sesiones los comisionados presentan un informe sobre las
actividades promocionales que hubieren realizado. Además, como una manera de involucrar a los
Estados africanos en la promoción de los derechos humanos, la Comisión proclamó el 21 de
octubre como el "Día de los Derechos Humanos en África", y realizó un llamado a los Estados
partes para que celebraran esta fecha, en la cual, además, se conmemora la entrada en vigor de la
Carta Africana. Otras acciones que pueden considerarse como un esfuerzo de la Comisión para
promocionar los derechos humanos y de los pueblos es la práctica de celebrar sus sesiones tanto
ordinarias como extraordinarias en diferentes países del continente africano.
Por otro lado, la jurisprudencia de la Comisión Africana también forma parte del derecho
internacional y, como tal, contribuye al establecimiento de los estándares sobre derechos humanos;
en este sentido, a través de sus decisiones, la Comisión también realiza funciones de
promoción, aunque el defecto más importante en este sentido lo constituye la falta de información
disponible al respecto.
Sin embargo, las visitas de promoción tienden a enfocarse a zonas urbanas e instituciones de un
relativo alto nivel intelectual cuando precisamente la educación acerca de los derechos humanos
se necesita sobre todo en zonas rurales, donde la tasa poblacional es mayor y el índice de educación
suele ser menor. Por otro lado, es complicado que la Comisión lleve a cabo sus actividades de
promoción en áreas rurales sin que tome en cuenta el idioma o dialectos particulares. Precisamente
por ello, resulta valioso el trabajo que han desarrollado las organizaciones no gubernamentales
(ONG) como complemento a la labor promocional de la Comisión. Sin embargo, por otro lado, es
por la falta tanto de recursos humanos como materiales que la Comisión ha tenido que alentar el
involucramiento de las ONG para llevar a cabo este tipo de actividades, lo cual ha dado lugar a
que sea criticada por su aparente incapacidad para desarrollar por sí misma las funciones. No
obstante, no debe dejarse de reconocer el papel que desempeñan las ONG en la promoción de los
derechos humanos. Comúnmente son éstas las que se encuentran en contacto directo con la
población, de tal manera que identifican con mayor facilidad los temas prioritarios que deben ser
abordados por la Comisión. A manera de ejemplo, varios de los seminarios son organizados con
ONG y éstas preferentemente escogen los contenidos que necesitan ser desarrollados con mayor
urgencia. Cabe mencionar que, incluso, muchas veces son las ONG y no la Comisión las que
elaboran y distribuyen los informes sobre estas actividades. Las ONG realizan labores importantes
de promoción de los derechos humanos, complementando las tareas de la Comisión a través de la
difusión de la Carta Africana e informando acerca de los derechos humanos.
Los artículos 46 a 59 de la Carta, así como los artículos 88 a 120 del Reglamento de la
Comisión establecen los procedimientos para el trámite de casos o comunicaciones, según el
lenguaje empleado por la Carta en los que se aleguen violaciones a los derechos humanos y de los
pueblos garantizados por la Carta Africana. El artículo 46 de la Carta faculta a la Comisión para
emplear cualquier método apropiado de investigación al abocarse al estudio de los casos, pudiendo
recibir información del secretario general de la Unión Africana o de cualquier otra persona que
pueda ilustrarla. En este sentido, cualquier individuo, ONG o institución puede presentar
información a la Comisión, vía las comunicaciones individuales, aunque el requisito de
confidencialidad que la Carta establece limita la intervención formal de estos actores en la labor
A. Comunicaciones interestatales
Son aquellos casos sobre violaciones a los derechos humanos, presentados entre Estados, cuyo
trámite tiene como propósito principal la conciliación de las partes. El trámite de las
comunicaciones interestatales se encuentra establecido en los artículos 47 a 54 de la Carta
Africana. Al respecto, el Reglamento de la Comisión distingue entre una comunicación
negociación negotiation communication y entre la comunicación queja complaint communication,
aunque, en realidad, quizá no tenga mucho mérito desarrollar este punto en detalle, puesto que
hasta el momento solamente se ha presentado una comunicación interestatal. No obstante, aunque
se trata de un procedimiento que prácticamente no ha sido usado, se tiene una gran expectativa
A la comunicación negociación se refiere el artículo 47 de la Carta, el cual señala que si un Estado
parte tiene "buenas razones" o motivos razonables para considerar que otro Estado ha violado la
Carta, puede hacérselo saber vía escrita al Estado que se considera responsable. Además, también
puede enviarse a la Secretaría General de la Unión Africana y al presidente de la Comisión
Africana una copia de la correspondencia sostenida entre ambos Estados durante esta primera
etapa, pues hasta aquí el procedimiento constituye un intento para solucionar el asunto mediante
el diálogo en lugar de propiciar una confrontación. En una segunda etapa, si en el término de tres
meses, el asunto no ha sido resuelto satisfactoriamente por los Estados involucrados, cualquiera
de ellos puede remitir el caso a la Comisión Africana.
Sin embargo, si un Estado considera que la otra parte no ha cumplido con los principios y derechos
de la Carta Africana, puede presentar directamente el caso a la Comisión. Con mayor precisión, es
ésta la comunicación queja a que hemos hecho referencia. Aún así, la Comisión debe usar los
recursos necesarios y apropiados para resolver la controversia amigablemente, por lo que las
negociaciones bilaterales entre los Estados involucrados son los métodos más adecuados de
solución en estas controversias. Si los Estados no logran un acuerdo satisfactorio, la Comisión
puede elaborar un informe con los hechos y sus recomendaciones inclusive, puede agregar
información proveniente de otras fuentes, el cual es transmitido a los Estados y a la Asamblea
dentro de un periodo razonable a partir del momento en que la Comisión se abocó al caso. El
informe, así como cualquier otra medida adoptada con relación a la comunicación interestatal en
cuestión, debe permanecer confidencial a menos que la Asamblea General decida en otro sentido.
Sin embargo, la Carta Africana no contiene disposición que establezca que ésta debe tomar acción
alguna ulteriormente, tampoco existe un mecanismo de supervisión de las recomendaciones
elaboradas por la Comisión, aunque cualquier Estado miembro de la Unión Africana podría
proponer el tema para discusión durante las sesiones de la Asamblea.
Las facultades de la Comisión Africana durante el trámite de las comunicaciones interestatales son
menores a las de un órgano jurisdiccional, pues no puede imponer sus decisiones a los Estados. A
pesar de ello, sus resoluciones pueden guiar o determinar el derecho y la práctica de los derechos
humanos en África, aunque el cumplimiento de sus resoluciones dependerá en gran medida de su
influencia política y credibilidad. De hecho, la Carta Africana no establece disposición alguna para
darle seguimiento a las recomendaciones de la Comisión. En este sentido, la responsabilidad
parece recaer en la Asamblea General, no obstante, consideramos que una interpretación más
liberal del mandato de la Comisión conduciría a suponer que ella misma tiene facultades para
supervisar el cumplimiento de sus propias recomendaciones. De cualquier manera, hacemos notar
que una actividad así rompe en gran medida con el principio de la no interferencia ampliamente
defendido por los Estados africanos, pues éstos sí deben intervenir si se trata de violaciones a los
B. "Otras" comunicaciones (individuales)
La expresión "otras comunicaciones" a que se refieren los artículos 55 a 59 de la Carta Africana,
y 102 a 120 del Reglamento de la Comisión, son aquellas presentadas por sujetos distintos a los
Estados, por ejemplo, las personas individual o colectivamente, organizaciones no
gubernamentales, etcétera. Es importante resaltar que la Carta no se refiere a comunicaciones o
peticiones "individuales" como sucede en otros instrumentos internacionales en la materia sino
que simplemente hace una distinción entre aquellas estatales y "otras". Ello podría sugerir una
aparente preferencia en la Carta por las comunicaciones interestatales cuyo trámite, sólo por
mencionar, se encuentra detalladamente establecido, a diferencia de las "otras".
Las comunicaciones individuales se presentan en la Secretaría de la Comisión en Banjul, Gambia,
la cual a su vez las remite a la Comisión Africana. El artículo 56 de la Carta señala cuidadosamente
los criterios de admisibilidad de las comunicaciones. No obstante, de la práctica de la Comisión se
desprende que casi cualquier persona podría presentar casi cualquier comunicación.
Los requisitos formales de admisibilidad son casi los mismos que aquellos establecidos por otros
instrumentos internacionales, aunque si se les compara son más numerosos que los necesarios para
analizar la admisibilidad de las comunicaciones interestatales en el sistema africano. Básicamente,
la comunicación individual debe indiciar quién es el autor incluso si se solicita mantener el
anonimato es necesario y ser compatible con la Carta de la Organización de la Unidad Africana
ahora Unión Africana y la Carta Africana por lo tanto, se trata de un requisito de contenido bastante
indeterminado. Las comunicaciones presentadas a la Comisión no deben estar escritas en un
lenguaje "insultante" en contra del Estado responsable y sus instituciones, o contra la Unión
Africana; y no deben estar basadas únicamente en información proporcionada por los medios de
comunicación aunque, evidentemente, este tipo de información puede servir de soporte si se trata
de hechos notorios y públicos. Asimismo, las comunicaciones serán admitidas una vez que los
recursos de jurisdicción interna hayan sido agotados a menos que sea manifiesto que dichos
procedimientos han sido prolongados indebidamente y si son interpuestas dentro de un plazo
razonable a partir de que los recursos de jurisdicción interna hayan sido agotados o desde la fecha
en que la Comisión tuvo conocimiento del caso. Un último requisito establece que las
comunicaciones no deben referirse a asuntos solucionados por los Estados involucrados de
conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la Organización
de la Unidad Africana Unión Africana o de la Carta Africana. Sin embargo, respecto a éste último,
conforme a una interpretación literal, nada impediría a la Comisión Africana conocer de una
comunicación que se encontrara también en trámite ante otro órgano internacional, en tanto que el
requerimiento se refiere no a su tramitación sino a su decisión. No obstante, la propia Comisión
Africana se ha pronunciado por desechar aquellas comunicaciones en trámite ante otra instancia
internacional con la finalidad de evitar que un Estado se vea sometido a dos procedimientos
distintos que pudieran tener resultados contradictorios, o simplemente para que la responsabilidad
internacional no sea declarada ante dos o más instancias por las mismas violaciones, e incluso por
los mismos hechos, y que una comunicación que ha sido resuelta de fondo no sea reabierta.
Cada comunicación es asignada a un comisionado quien hace las veces de un relator, o a un grupo
de trabajo compuesto hasta por tres comisionados. El relator o el grupo de trabajo pueden solicitar
información adicional al autor o al Estado respectivo antes de elaborar cualquier recomendación a
la Comisión respecto a la admisibilidad de la comunicación. Debe señalarse que aunque la Carta
Africana no distingue claramente entre la admisibilidad y el estudio de los méritos, sí establece
que la comunicación debe ser transmitida al Estado antes de cualquier pronunciamiento de
fondo. Si la Comisión considera que la comunicación es inadmisible, lo notifica tanto al autor y al
Estado, si a éste ya le hubiera sido transmitida la comunicación. Cuando la comunicación es
admisible, se le informa al Estado y se le otorga un plazo de tres meses para presentar cualquier
declaración con relación a los hechos del caso y a las medidas que haya adoptado para remediar la
situación. Posteriormente, el autor de la comunicación también podrá elaborar sus propias
observaciones. Al Estado puede notificársele hasta por tres veces, y en caso de que no responda a
los hechos de la comunicación, la Comisión procederá al estudio de los méritos con base en la
evidencia y pruebas de que disponga.
Previamente al estudio del fondo de la comunicación, la Comisión puede solicitar al Estado la
adopción de medidas provisionales a fin de evitar daños irreparables a la víctima de las violaciones
alegadas. La adopción de estas medidas no implica un prejuzgamiento sobre el fondo del
caso. Debe hacerse notar que la Carta Africana no faculta expresamente a la Comisión para sugerir
a los Estados partes la adopción de medidas provisionales, sin embargo, a través de una
interpretación amplia del artículo 46 de la Carta Africana, la Comisión ha logrado enfrentar
situaciones de urgencia a través de la aplicación de este tipo de medidas. Dicho artículo faculta a
la Comisión a recurrir a cualquier método de investigación durante el trámite de los casos.
Asimismo, la Comisión puede llevar a cabo investigaciones in situ en el territorio del Estado en
contra del cual se hubiere presentado la comunicación. En realidad, este método de investigación
no se encuentra previsto por la Carta. No obstante, a través de una interpretación pro homine, la
Comisión se ha fundado en el artículo 46 de la Carta ya señalado para solicitar a los Estados que
le permitan hacer investigaciones en sus territorios, sobre todo si se trata de una situación de
emergencia o urgencia. Por otro lado, aunque en la Carta Africana no se encuentra expresamente
estipulado, la Comisión puede procurar la solución amistosa de la controversia basada en el respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta. Aunque,
evidentemente, un prerrequisito para lograr este objetivo es la buena fe de las partes involucradas
y su voluntad para participar en el diálogo.
La Comisión puede decidir celebrar audiencias durante el estudio de los méritos de la
comunicación, aunque debe hacerse notar que ni la Carta ni el Reglamento lo prevén. No obstante,
sería contrario al derecho de audiencia que las partes no pudieran ser oídas por la Comisión, sobre
todo si se trata de las víctimas. A las audiencias asisten tanto los representantes de los Estados
como de las víctimas, incluso éstas personalmente.
En la interpretación y aplicación de la Carta Africana, la Comisión debe "inspirarse" en los
instrumentos, principios y estándares internacionales y regionales sobre la materia. En este sentido,
una vez que ha estudiado el fondo del asunto, en su decisión de mérito la Comisión debe elaborar
recomendaciones dirigidas al Estado responsable en las que señale las medidas apropiadas que
deben adoptarse para remediar las violaciones cometidas. En tanto que la Comisión Africana no
es un órgano jurisdiccional, sus recomendaciones no son vinculatorias, por lo tanto, el
cumplimiento de sus recomendaciones depende en gran medida de la buena disposición del Estado
En cuanto a las reparaciones, debe mencionarse que ni la Carta Africana ni el Reglamento señalan
específicamente que la Comisión puede ordenar este tipo de medidas como resultado del trámite
de las comunicaciones individuales. De hecho, en la Carta Africana existe una laguna y las
reparaciones solamente están previstas para "casos especiales" que revelen la existencia de
violaciones graves y masivas a los derechos humanos y de los pueblos. Sin embargo, como el
artículo 45 de la Carta señala que la Comisión tiene facultad para formular y establecer principios
y normas con el objetivo de resolver problemas jurídicos concernientes a los derechos, entonces
puede interpretarse que sí tiene facultad para adoptar medidas efectivas y relevantes para remediar
las violaciones. Consecuentemente, la Comisión ha considerado que puede darle seguimiento a
sus recomendaciones para asegurarse de que los Estados cumplan con ellas.
En sus primeros años, en la mayoría de los casos la Comisión simplemente declaraba violados los
artículos de la Carta Africana, sin hacer mención alguna a las reparaciones. Actualmente, la
Comisión Africana ha empezado a señalar recomendaciones que incluyen reparaciones, aunque
esta práctica no ha sido constante. Además, sólo la menor parte de las reparaciones ordenadas han
sido de carácter económico, aunque últimamente la Comisión ha mostrado cierta voluntad de
tomar medidas más activas e insistentes. Sin embargo, de los casos decididos hasta el momento,
es difícil deducir una práctica uniforme en cuanto al tema, por ejemplo, en algunos casos ha
elaborado recomendaciones que parecen ser órdenes directas, en otros, incluso se ha rehusado a
considerar las solicitudes por daños presentadas por los peticionarios; además, en otras
comunicaciones se conforma con información extraoficial sobre el aparente cumplimiento de las
recomendaciones, para dar por terminado el procedimiento.
Las resoluciones sobre las comunicaciones son incluidas en cada informe anual de actividades de
la Comisión, el cual se presenta a la Asamblea General. Si el informe es aprobado por ésta, las
recomendaciones se vuelven obligatorias para los Estados. Esta práctica se encuentra establecida
en el artículo 59 de la Carta, el cual señala que todas las "medidas" tomadas dentro del marco del
capítulo relativo a "Otras comunicaciones" serán confidenciales hasta el momento en que la
Asamblea General decida lo contrario; asimismo, que el informe anual que haga referencia a ellas
será publicado por el presidente de la Comisión cuando lo apruebe la Asamblea. Durante mucho
tiempo, la Comisión interpretó restrictivamente lo que debía entenderse como "medidas", en este
sentido, no podían revelarse los nombres de los Estados involucrados, describirse la naturaleza de
los casos ni hacer mención de la etapa del trámite en el que se encontraban. Ello generó
restricciones al efecto disuasorio necesario para la prevención y sanción de las violaciones a
derechos humanos. Además, la propia Comisión estableció un obstáculo para informar sobre sus
actividades, lo que a su vez protegió indirectamente a los Estados responsables de tales
violaciones. Lo anterior en parte propició que se forjara una cierta percepción de inefectividad y
la incertidumbre de los resultados de su trabajo. Esto, además, no nos permite proporcionar datos
precisos sobre, por ejemplo, el número de casos estudiados por la Comisión, el tipo de violaciones
más frecuentes que se alegan, el registro de Estados en contra de los cuales se han presentado, las
medidas provisionales ordenadas, etcétera.
No obstante lo mencionado, ha habido importantes avances sobre el tema. Es interesante notar el
giro dado por la Comisión Africana en la interpretación sobre lo que la confidencialidad implica.
Por ejemplo, en su segundo informe anual de actividades, la Comisión hubo señalado que los casos
decididos durante el periodo comprendido por el informe "permanecen en confidencialidad de
conformidad con el artículo 59 de la Carta Africana". Sin embargo, en su séptimo informe de
actividades, con fundamento en el mismo artículo, la Comisión mencionó que "los detalles de las
comunicaciones... se encuentran contenidas en el anexo IX", de tal manera que a partir de ese
informe incluye las decisiones completas sobre los casos analizados durante los periodos de
sesiones. Inclusive, la Comisión ha empezado a hacer públicas las observaciones de los Estados a
sus recomendaciones. No obstante, los informes en las que se encuentran pueden hacerse públicos
sólo cuando hayan sido aprobados por la Asamblea. Es notable la cantidad y la calidad de
información que al respecto contienen los últimos informes anuales. Empero, subsiste la
percepción de que la Comisión Africana es temerosa de dar a conocer sus decisiones, sobre todo
tratándose de peticiones individuales, pues se expone a la crítica y condena de los gobiernos
africanos y de la sociedad civil. No obstante el importante desarrollo logrado respecto a la
publicidad, el concepto de la confidencialidad seguirá siendo problemático, siempre y cuando la
Asamblea General ejerza el monopolio de la autorización de las decisiones de la Comisión. La
interpretación restrictiva del concepto priva a la Carta de gran parte de su intención. La práctica
de otros organismos internacionales ha demostrado que la publicidad y la sanción moral de la
opinión pública gozan de un mayor efecto persuasivo en la prevención de violaciones futuras y
obligan a los Estados a respetar los derechos humanos.
C. Informes periódicos
El artículo 62 de la Carta Africana establece que los Estados partes deben presentar cada dos años
un informe sobre las medidas legislativas o de otro tipo que hayan adoptado a fin de dar efecto a
los derechos y libertades reconocidos y garantizados por la Carta. Sin embargo, este artículo no es
muy preciso y, curiosamente, no señala a qué instancia deben remitirse tales informes. El mandato
de la Comisión Africana, determinado por el artículo 45 de la Carta, no incluye la facultad para
revisar los informes periódicos, sin embargo, siendo el órgano encargado de supervisar la
implementación de la Carta Africana, parecería que sí forma parte de sus funciones. Para colmar
la laguna, haciendo una interpretación conjunta de los artículos 45 y 46 de la Carta, la Comisión
tuvo que recomendar a la Asamblea General de la entonces Organización de la Unidad Africana
que la facultara para recibir y analizar los informes. A fin de que los Estados cumplan de forma
más satisfactoria con esta obligación, la Comisión emitió una Guía para la Presentación de
Informes Periódicos Nacionales que pretende que estos documentos sean claros, organizados y
precisos, y al mismo tiempo, ayudar a los funcionarios del gobierno a elaborar informes que sean
adecuados tanto en su alcance como en su contenido. No obstante, esta guía ha sido muy criticada
por ser muy larga, demasiado detallada en algunos aspectos y ambigua en otras
áreas. Adicionalmente, carece de uniformidad en algunos temas y tiende a ser repetitiva, en cierta
forma, es más confusa que útil.
Aunque la guía provee cierta orientación concreta a los Estados y al mismo tiempo facilita la labor
de la Comisión en el análisis de los informes, lo criticable es su imprecisión y al mismo tiempo
excesivo detalle en ciertos aspectos, lo cual es poco favorable para el mecanismo en la práctica.
Por eso, a instancia de varios Estados africanos y a solicitud de diversas ONG, se inició la discusión
sobre una probable enmienda a la Guía, la cual tuvo lugar en 1997. En contraste notable con la
guía original, la enmienda consiste en once puntos que los Estados deben tomar en cuenta al
elaborar los informes. No obstante, el patrón de presentación de los informes ha seguido
careciendo de uniformidad. Estos documentos siempre variaron notablemente en su calidad, estilo
y longitud, y lo mismo continua aún con la enmienda. La guía ahora es vaga en su totalidad y falla
en su intento de requerir información que, aunque es práctica, carece de sustancia. La adopción de
la enmienda solamente ha servido para resaltar lo que ha sido la práctica de los Estados y, en cierta
forma, para legitimarla. Por lo tanto, el factor principal no es la guía en sí sino la voluntad de los
Estados para comprometerse con el sistema.
Los informes son examinados públicamente por la Comisión, y en caso de realizarse mediante
audiencia, cualquier comisionado puede formular preguntas u observaciones al representante o
agente del Estado que se encuentre presente para tal efecto. Las ONG o particulares pueden,
asimismo, presentar información adicional no oficial a la Comisión para ser utilizada durante el
estudio del informe respectivo. Al final de este procedimiento, la Comisión Africana elabora
observaciones a los Estados a manera más precisa, se trata de sugerencias para mejorar el
cumplimiento de los derechos humanos y de los pueblos garantizados por la Carta. Una vez que
han sido enviadas las observaciones a los Estados, éstos deben presentar información adicional, y
sus comentarios a las observaciones finales de la Comisión. Además, ésta puede transmitir a la
Asamblea General sus observaciones y copias de los informes periódicos así como los comentarios
de los Estados, es decir, ésta no es una obligación y se encuentra sujeta a la discrecionalidad de la
Comisión poner tal información en conocimiento de la Asamblea General.
Sin embargo, el mayor problema del mecanismo de informes es que ni la Carta ni el Reglamento
hacen referencia alguna a las consecuencias jurídicas que eventualmente puede conllevar el que
los Estados ignoren las observaciones de la Comisión. Como no se trata de un procedimiento
contradictorio, las sugerencias y comentarios de este órgano no son obligatorios en sentido estricto
y, por lo tanto, no conllevan responsabilidad internacional.
La Comisión Africana tiene facultades para interpretar las disposiciones de la Carta a solicitud de
cualquier Estado parte, de algún órgano de la Unión Africana o cualquier organización africana
legalmente reconocida por ésta. Debe resaltarse que esta función le haya sido asignada a la
Comisión, pues normalmente se deposita en un órgano judicial. No obstante, al momento de
adoptarse la Carta no se encontraba contemplada ninguna institución judicial, por lo cual esta
facultad corresponde a la Comisión. Sin embargo, hasta el momento no ha sido emitida opinión
consultiva alguna.
Por otro lado, la Comisión puede llevar a cabo cualquier otra función que le asigne la Asamblea
General de la Unión Africana. Sobre este punto en particular, no se encuentra específicamente
establecido qué otro tipo de actividades, sin embargo, en varias ocasiones les ha sido solicitado a
los comisionados que participen, por ejemplo, como observadores electorales en distintos países
africanos, particularmente en las misiones desplegadas por la entonces Organización de la Unidad
Africana De cualquier manera, el amplio mandato de la Comisión hace prácticamente innecesario
buscar la aprobación de la Asamblea sobre otras iniciativas de gran trascendencia.
IV. LA CORTE AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS
Este órgano judicial representa el último de los esfuerzos institucionales de la Unión Africana en
su compromiso con los derechos humanos. Como ya habíamos señalado, la Carta solamente
contempla como órgano promotor y protector de los derechos humanos a la Comisión, un órgano
de naturaleza evidentemente no judicial y con restringidas facultades para influir eficazmente a los
Estados. Aunque ello por sí mismo no ha tenido resultados negativos en la efectividad del sistema
africano, durante mucho tiempo se presionó y se insistió para que se contara además con un órgano
similar a las cortes Europea e Interamericana con la idea de que una instancia judicial
supranacional por su propia naturaleza causara un mayor impacto sobre la conducta de los Estados,
al menos por lo que se refiere a la fuerza vinculante de sus decisiones.
La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Corte o Corte Africana) fue creada
mediante el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para el
Establecimiento de una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (en adelante, sólo
"Protocolo"), adoptado en 1998 y en vigor desde el 25 de enero de 2004. Sus primeros once jueces
fueron elegidos en enero de 2006 y aunque la Corte ya se encuentra en funciones, su
establecimiento total ha demorado por casi tres años, principalmente debido a los problemas
financieros de la Unión Africana. La Corte inicialmente celebró sus primeras sesiones en las sede
de la Comisión Africana y de la Unión Africana Banjul y Addis Abeba, respectivamente.
Debe mencionarse un aspecto muy relevante respecto a su funcionamiento. La Unión Africana
decidió llevar a cabo la fusión de la Corte Africana de Justicia y de la Corte Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos. Aunque este proceso todavía se encuentra en discusión con relación a
la forma en que habrá de realizarse, destaca una propuesta conforme a la cual la Corte Africana
será una especie de sala especializada de la Corte Africana de Justicia, aunque conservando
plenamente sus facultades, competencia, jurisdicción y conformación. Como sea que tenga lugar
la integración, la Corte tendrá su sede en Arusha, Tanzania.
Por el momento, el Protocolo representa solamente un avance institucional, y no sustantivo,
respecto a la Carta Africana, no obstante, su mandato en sí mismo tendrá un impacto importante
sobre los Estados africanos.Algunos de sus puntos más revelantes se refieren a la adjudicación
efectiva de la Corte, a la posibilidad de ordenar reparaciones y dictar sentencias plenamente
obligatorias, y a la facultad para responsabilizar a los Estados que violen derechos humanos. La
propia Unión Africana ha expresado que este tribunal representa un órgano clave en el sistema
africano, en tanto que complementa el mandato de protección de la Comisión y refuerza su
compromiso de respeto de los derechos humanos y los valores fundamentales de tolerancia,
solidaridad, equidad de género y acción humanitaria en el continente africano.
En el contexto africano, la Corte se establece como un mecanismo a través del cual se pretende
hacer los derechos humanos plenamente exigibles. En este sentido, este tribunal toma algunas de
las características más relevantes de las cortes Europea e Interamericana de Derechos Humanos,
aunque también posee rasgos originales. Sin embargo, existe un gran escepticismo sobre su futuro
éxito, por ejemplo, no es muy convincente la afirmación de que los Estados africanos cumplirán
sus sentencias más que las decisiones de la Comisión por el sólo hecho de tratarse de una instancia
judicial. Incluso, hay quienes consideran que el Protocolo no refleja compromisos honestos y que
los Estados africanos solamente buscaron protegerse ellos mismos del escrutinio público. No
obstante, es remarcable la gran convocatoria que se generó al entrar en vigor el Protocolo. Fueron
varios los países que se ofrecieron como sede de la Corte y más los que se apresuraron a nominar
a sus candidatos para jueces. En este sentido, hay quienes estiman que este proceso fue una señal
de la determinación de los Estados partes del Protocolo para asegurar el pronto establecimiento de
la Corte. Actualmente, este instrumento ha sido firmado por cuarenta y nueve de los cincuenta y
tres Estados miembros de la Unión Africana, de los cuales veintitrés ya lo han ratificado.
Por otro lado, debe remarcarse que se desconoce en gran medida el trabajo que se encuentra
realizando la Corte. Hasta el momento, este tribunal solamente ha emitido un informe anual de
actividades en el cual se limita a describir actividades mayormente de tipo administrativo. Entre
otros, destacan sus evaluaciones y recomendaciones para realizar efectivamente su mandato. La
Corte hace referencia a la excesiva dependencia de la Comisión de la Unión Africana para la toma
de algunas decisiones, a obstáculos burocráticos y a la falta de una sede permanente. Además de
estos elementos, no existe otro tipo de información oficial que permita hacer un análisis más
completo. Por lo anterior, a continuación solamente haremos mención a sus rasgos orgánicos y
procesales más relevantes, principalmente conforme al Protocolo y, cuando resulte pertinente, se
comparará con otros órganos judiciales internacionales en la materia.
Este tribunal se integra con once jueces propuestos y elegidos por los Estados miembros de la
Unión Africana. Actualmente sus jueces son nacionales de Burundi, Mali, Ghana, Libia, Senegal,
Uganda, Lesotho, Ruanda, Sudáfrica, Argelia y Burkina Faso. Éstos tienen un mandato de seis
años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez.
La Corte puede decretar medidas provisionales, y sus fallos son definitivos, aunque existe la
posibilidad de revisión si se dan las circunstancias necesarias para ello. Sus decisiones son
obligatorias y los Estados partes están comprometidos a ejecutar las sentencias que emita. En
cuanto a su mandato, la Corte Africana tiene dos funciones: una contenciosa y una consultiva.
1. Comunicaciones individuales e interestatales
Con relación a su función contenciosa, la Corte conoce de casos presentados por la Comisión, los
Estados partes y las organizaciones gubernamentales e individuos cuando el Estado presuntamente
responsable haya aceptado previa y expresamente la competencia de la Corte para recibir este tipo
de comunicaciones que versen sobre la interpretación y aplicación de la Carta Africana, el
Protocolo y cualquier otro instrumento relativo a los derechos humanos. Destaca, entonces, la
amplia jurisdicción que le permite resolver casos con base en cualquier tratado de derechos
humanos, haya sido o no adoptado en el ámbito de la Unión Africana, pero siempre y cuando sea
vinculante para el Estado respectivo. Por lo tanto, independientemente de que ello sea positivo o
negativo, si esta facultad se interpreta de una forma liberal, no habrá tema o área alguna de
derechos humanos que se encuentre fuera del ámbito de control de la Corte. Lo anterior
corresponderá absolutamente a este tribunal establecerlo, pues el mismo Protocolo le permite
determinar el ámbito de su propia jurisdicción.
Las comunicaciones deben cumplir con ciertos requisitos de admisibilidad. El Protocolo no hace
una mención precisa a ellos sino que simplemente se remite a la Carta Africana, específicamente
a las condiciones ya señaladas para la admisión de comunicaciones ante la Comisión. En este
sentido, corresponde a la Corte elaborar reglas más específicas para el trámite de las
comunicaciones a través de la adopción de su Reglamento. No obstante, el Protocolo señala
algunas disposiciones generales aplicables al respecto.
Si la comunicación es presentada directamente por un particular, la Corte puede solicitar la opinión
de la Comisión respecto a su admisibilidad. Además, si así lo considera, puede remitir directamente
la comunicación a la Comisión. Si el caso es admisible, la Corte puede recibir promociones escritas
de las partes y celebrar audiencias. Además, durante cualquier etapa del proceso puede proponer
a las partes una solución amistosa de acuerdo a lo establecido por la Carta Africana.
Por regla general, los procesos deben ser públicos, sin embargo, si existen razones que así lo
justifiquen, la Corte puede celebrar audiencias in camera. Durante el proceso, las partes tienen
derecho a ser representadas y, en casos donde el "interés de la justicia" así lo requiera, podrán
contar con representación legal gratuita. Esta última posibilidad es más probable que llegue a tener
lugar, tratándose de víctimas que presenten directamente su caso a la Corte. Debe resaltarse que
se trata de un rasgo original del Protocolo que no está previsto para las cortes Europea e
Interamericana de Derechos Humanos, particularmente tratándose de la primera, puesto que las
víctimas tienen jus standi. Lo importante, por lo tanto, sería la interpretación que la Corte debe
darle al "interés de la justicia" para conceder la representación legal gratuita.
Como sucede en otros tribunales internacionales de su tipo, la Corte Africana puede ordenar a los
Estados la adopción de medidas provisionales para evitar daños irreparables a las víctimas en casos
de extrema gravedad y urgencia. Sin embargo, aunque las sentencias de la Corte son obligatorias,
el Protocolo no menciona expresamente que también las decisiones relativas a las medidas
provisionales tengan la misma naturaleza, por lo que su carácter vinculante no es muy obvio.
Las sentencias de la Corte deben ser dictadas dentro de los noventa días siguientes a las
deliberaciones finales. Estas decisiones son definitivas, obligatorias y no están sujetas a apelación.
No obstante, las sentencias pueden ser revisadas, aunque sólo a la luz de pruebas supervenientes.
La Corte también puede interpretar sus sentencias, si alguna de las partes lo solicita. Cuando estime
que el Estado demandado cometió violaciones a los derechos humanos, la Corte deberá ordenar
reparaciones en favor de las víctimas, entre otras, el pago de una justa compensación. Aquí
sobresalen sus amplias facultades para determinar las reparaciones, pues mientras la Corte Europea
de Derechos Humanos solamente puede ordenar una justa satisfacción, y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha sido criticada por extralimitar sus facultades conforme a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en el ámbito africano es claro que la Corte puede ordenar no
solamente el pago de indemnizaciones económicas sino cualquier otro tipo de reparación que
estime pertinente según el caso.
El Protocolo establece que la Corte debe notificar las sentencias no sólo a las partes sino también
a la Comisión y a todos los Estados miembros de la Unión Africana no todos ellos son parte del
Protocolo, aunque es el Consejo Ejecutivo de esta organización el encargado de supervisar su
ejecución. Finalmente, en sus informes anuales de actividades presentados a la Asamblea General
la Corte debe hacer mención de aquellos Estados que no hayan dado cumplimiento a las sentencias
Un punto importante que debe destacarse es el relativo al eventual incumplimiento de las
sentencias. Como sus homólogas Europea e Interamericana, la Corte Africana no tiene facultades
para imponer sus sentencias. Es decir, su función se limita a determinar si un Estado ha violado o
no los derechos garantizados por la Carta Africana y si, por lo tanto, como ha incurrido en
responsabilidad internacional, debe efectuar las reparaciones que correspondan. Aunque el
Consejo Ejecutivo de la Unión Africana es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de
sus sentencias, a diferencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa, aquél no tiene
facultades para imponer sanciones a los Estados. Esta facultad corresponde a la Asamblea General
de la Unión Africana, aunque su Acta Constitutiva sólo prevé esta posibilidad para situaciones
donde se hayan cometido genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Evidentemente,
éste no es el tipo de violaciones constantes en África, por lo que la posibilidad de aplicación de
sanciones se encuentra muy limitada. Las sanciones pueden ser de tipo político y económico. Sin
embargo, lo cierto es que a casi seis años de existencia, la Asamblea General de la Unión Africana
nunca ha adoptado medidas coercitivas. Por lo tanto, la sanción mínima que se puede hacer es la
condena pública para presionar a los Estados a cumplir con las sentencias de la Corte.
2. Opiniones consultivas
En su función consultiva, la Corte puede emitir opiniones a solicitud de cualquiera de los órganos
de la Unión Africana, sus Estados miembros y organizaciones legalmente reconocidas por ésta,
sobre cualquier disposición de la Carta Africana o cualquier otro instrumento sobre derechos
humanos, siempre y cuando no verse sobre algún asunto que se encuentre en trámite ante la
Comisión Destaca la amplitud de la jurisdicción consultiva en términos sustantivos, pues abarca a
cualquier instrumento de derechos humanos. Asimismo, es notable que las ONG legalmente
reconocidas ante la Unión Africana puedan solicitar opiniones consultivas a diferencia del
mecanismo existente en los sistemas europeo e interamericano. Sin embargo, existe un problema
de concurrencia, pues la Comisión Africana también está facultada para emitir opiniones
consultivas. De hecho, quizá por ello el Protocolo no señala que la Comisión pueda solicitar una
opinión consultiva a la Corte, pues ella misma tiene esta facultad.
El Protocolo no establece un procedimiento específico para la solicitud y estudio de las opiniones
consultivas, sólo señala que la Corte debe fundar sus opiniones, y que los jueces tienen derecho a
agregar su opinión disidente o individual.
a. El sistema africano de derechos humanos todavía se encuentra en evolución. El problema no
está en los compromisos colectivos que han adquirido los Estados africanos respecto a los derechos
humanos sino su actitud individual cuando se trata de demandarlos.
No cabe duda que en el aspecto sustantivo la Carta Africana es un parteaguas en el derecho
internacional de los derechos humanos. Sin embargo, no puede decirse lo mismo con relación a la
esfera institucional y adjetiva.
Las dificultades que enfrenta la Comisión, además de los de naturaleza presupuestal, se relacionan
preponderantemente con la falta de fuerza vinculante de sus decisiones. Aquí, definitivamente,
mucho depende de la buena voluntad de los Estados para cumplir con las obligaciones que la
propia Carta Africana les impone. Precisamente por ello se pensó que un órgano de tipo judicial
podría llegar a suplir muchas de las deficiencias del sistema. No obstante, consideramos que esta
fe ciega en los tribunales internacionales de derechos humanos poco ayuda si no existen otras vías
institucionales adecuadas que hagan que los Estados garanticen y respeten efectivamente los
derechos humanos. El sistema europeo de derechos humanos y su Comité de Ministros pueden ser
Por su parte, el sistema africano se encuentra en una etapa de prueba en donde la Corte debe
demostrar su capacidad para persuadir a los Estados a que cumplan con sus sentencias. Sólo así se
justificarían no sólo la Corte sino los Estados africanos mismos en su afán por crear instancias
nuevas antes que evitar la violación a los derechos humanos ya desde el ámbito nacional.
Por otro lado, quizá el aspecto más interesante es el estrecho vínculo existente entre los órganos
de derechos humanos, reflejado principalmente en el preámbulo del Protocolo, según el cual el
objetivo principal de la Corte es completar y reforzar la misión de la Comisión Africana, además
de que este instrumento también dispone que para el análisis de la admisibilidad de casos, la Corte
debe consultar a la Comisión y tomar en cuenta su complementariedad con ésta. Sin embargo,
precisamente este es un punto que en nuestra opinión resulta problemático. Cuando se redactó la
Carta Africana se estableció la creación solamente de la Comisión y no de la Corte, en este sentido,
la culminación de los procedimientos, tratándose de las comunicaciones individuales e
interestatales, son los informes que eventualmente prepara la Comisión y en los cuales emite sus
observaciones y recomendaciones para posteriormente presentarlos a la Asamblea. Ahora bien, ni
la Carta ni el Protocolo señalan el momento ni el procedimiento para que la Comisión remita casos
a la Corte. Sin duda se trata de un tema que deberá ser resuelto conjuntamente por ambos órganos
a través de sus Reglamentos, pues las condiciones de envío y admisión de casos deben ser
establecidas de manera armónica y no unilateralmente para asegurar la eficacia del sistema.
En términos generales, la idea de establecer un órgano judicial para complementar el sistema
africano de derechos humanos se propuso justamente en un momento de gran expectación en torno
al proceso de democratización en África. Con ello parecen dejarse de lado los temores de los
Estados africanos hacia la creación de una instancia judicial africana especializada en la materia
lo cual, además, colma una laguna y conlleva un avance significativo de la protección de los
derechos humanos que aminora de alguna manera las deficiencias del procedimiento ante la
Comisión, al menos por lo que respecta a la carencia de fuerza vinculatoria de sus decisiones.
Sin embargo, ni en su momento la Organización de la Unidad Africana ni ahora la Unión Africana
han cumplido satisfactoriamente con el financiamiento de la Comisión. En la actualidad, parece
que éste seguirá siendo uno de los principales obstáculos que no solamente este órgano sino
también la Corte tendrán que afrontar. La Unión Africana representa un proyecto de integración
muy ambicioso en comparación con la débil economía que prevalece en ese continente. Es
interesante resaltar que su Acta Constitutiva no hace mención alguna al tema, lo cual sorprende
precisamente porque la falta de recursos económicos fue una de las principales razones del fracaso
de la Organización de la Unidad Africana. Entonces, como el sostenimiento de la Comisión
representa ya una gran carga para la Unión Africana, la Corte enfrenta el riesgo de tener que
depender económicamente del apoyo externo. Lo anterior, en una situación extrema, puede llegar
a comprometer su independencia. Por lo tanto, el compromiso de los Estados africanos debe pasar
de la retórica a los hechos, y deben procurar que en la medida de sus limitadas posibilidades se
cumpla cabalmente con el pago de cuotas y se ejerza la presión suficiente para que la Unión
Africana otorgue a los órganos de derechos humanos el presupuesto necesario para su
funcionamiento, en el entendido de que ni la mejor legislación ni la más elegantemente formulada
puede por sí misma ser exitosa sin el cumplimiento debido por parte de los órganos a quienes ello
Por lo tanto, consideramos que no debieran tenerse demasiadas expectativas de la Corte. Sería
necesario reforzar y mejorar el funcionamiento de la Comisión, pues el éxito de aquélla dependerá
en gran parte de la capacidad operativa de ésta. Si los esfuerzos tendentes a consolidar el sistema
africano solamente traen como resultado la burocratización de los derechos humanos derivada de
la proliferación de órganos, es muy probable que siga siendo el menos desarrollado y efectivo de
los sistemas regionales en la materia.
VI. LINKGRAFIA
1.- http://www.africa–union.org/root/au/AboutAU/Constitutive_Act_en.htm
http://www.africa.union.org/root/au/Documents/Treaties/Text/A.%20C.%20ON%20THE%20
RIGHT%20AND%20WELF%20OF%20CHILD.pdf.
3.- http://www.africa.union.org/root/au/Documents/Treaties/Text/Protocol%20on%20the%20Ri
ghts%20of%20Women.pdf
http://www.achpr.org/Recommendations_Resolutions–_ACHPR_88–02.pdf.
5.- http://www.achpr.org/english/other/achpr_Commissioner%27s–eng.pdf .
6.- http://www.africa.union.org/root/au/Conferences/2007/june/summit/Press/ELECTION_CAD
HP.doc.
7.http://www.achpr.org/Recommendations_Resolutions–_ACHPR_88–02.pdf.
http://www.africancourtcoalition.org/content_files/fles/ACCNewsletterEdition5.pdf .
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 Artículo 2
 artículo 22

Artículo 82
 artículo 16
 Artículo
25
 Resolución 
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 15
 Artículo 6
 Artículo 9
 Artículo 3
 Artículo 7
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 

artículo 4

Artículo 8

Artículo 7
 Artículo 3
 Artículo 6
 Artículo 8
 artículo 45
 artículo 45
 resolución 
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 56
 artículo 46
 artículo 46

artículo 45
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 62
 artículo 45