Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=681456
Timestamp: 2019-05-26 22:40:35+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°90
PETICIÓN DE OFICIO : Alejandra Amalia Sepulveda Orbenes
PETICIÓN DE OFICIO : Roberto Eduardo Leon Ramirez
Gabriel Moises Silber Romo
David Sergio Sandoval Plaza
TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS JUSTIFICATORIAS O NEGACIONISTAS DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y OTROS DELITOS ASOCIADOS COMETIDOS EN CHILE ENTRE 1973 Y 1990 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8049-17) [CONTINUACIÓN]
INTERVENCIÓN : Guillermo Teillier Del Valle
INTERVENCIÓN : Lautaro Cesar Carmona Soto
Sesión 90ª, en jueves 23 de noviembre de 2017
(Ordinaria, de 10.31 a 12.35 horas)
I.- ASISTENCIA 10
V. -ORDEN DEL DÍA 14
TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS JUSTIFICATORIAS O NEGACIONISTAS DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y OTROS DELITOS ASOCIADOS COMETIDOS EN CHILE ENTRE 1973 Y 1990 (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8049-17) [CONTINUACIÓN] 14
Mensajes de S.E. la Presidenta de la República por los cuales da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos:
1. que “Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre el Estatus Legal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la República de Chile, suscrito en Santiago, Chile, el 30 de noviembre de 2016”. Boletín N° 11509-10. (169-365);
2. que “Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Indonesia sobre Exención de Visas para Portadores de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio, suscrito en Yakarta, el 12 de mayo de 2017”. Boletín N° 11510-10. (190-365);
3. que “Aprueba el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y Grados Académicos de Educación Superior Universitaria entre la República de Chile y el Reino de España y su Anexo 1, suscrito en Santiago, República de Chile, el 23 de junio de 2017”. Boletín N° 11511-10. (189-365), y
4. que “Aprueba el Acuerdo sobre el Estatus y las Funciones de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, suscrito en Bruselas, el 15 de diciembre de 2014”. Boletín N° 11512-10. (191-365).
5. “Otorga nuevas atribuciones al Ministerio de Desarrollo Social en materia de niñez y crea la Subsecretaría de la Niñez, dependiente del mismo.”. Boletín N° 10314-06 (SEN). (899-365);
6. “Crea una sociedad anónima del Estado denominada `Fondo de Infraestructura S.A.`.”. Boletín N° 10647-09 (SEN). (900-365);
7. “Modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de Chile.”. Boletín N° 619119. (901-365);
8. “Moderniza la legislación sobre transporte remunerado de pasajeros”. Boletín N° 10937-15. (902-365);
9. “Crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones”. Boletín N° 11175-01. (903-365);
10. “Crea un seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades que indica, y modifica el Código del Trabajo para estos efectos.”. Boletín N° 11281-13 (SEN). (904-365);
11. “Sobre Universidades del Estado”. Boletín N° 11329-04. (905-365), y
12. “Crea el Nuevo Ahorro Colectivo, aumenta la cobertura del Sistema de Pensiones y Fortalece el Pilar Solidario”. Boletín N° 11372-13. (906-365).
13.Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en los mismos términos, el proyecto, iniciado en moción, que “Declara como feriado los días 17 y 18 de enero de 2018 en la Región de La Araucanía y en la de Tarapacá, respectivamente, con motivo de la visita del Papa Francisco”. Boletín N° 11350-06. (231/SEC/17).
14.Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, con urgencia “suma”, que “Crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones”. Boletín N° 11175-01.
15. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Sabat y de los diputados señores Berger ; Fuenzalida ; Kast, don Felipe ; Monckeberg, don Nicolás ; Pérez, don Leopoldo ; Rathgeb y Verdugo que “Modifica la ley N° 18.101, que Fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, en el sentido de establecer un límite para el cobro de rentas de subarriendo”. Boletín N° 11513-07.
16. Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Sabat y de los diputados señores Berger ; Fuenzalida ; Kast, don Felipe ; Monckeberg, don Nicolás ; Rathgeb y Verdugo que “Modifica las leyes N° s 18.101, que Fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, y 18.695, orgánica constitucional de Municipaidades, para sancionar el hacinamiento en las habitaciones arrendadas o subarrendadas en virtud de un contrato”. Boletín N° 11514-06.
17. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida ; Berger ; Kast, don Felipe ; Monckeberg, don Nicolás ; Rathgeb y Verdugo , y de las diputadas señoras Núñez , doña Paulina , y Sabat , que “Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, en materia de delitos de daños o lesiones causados con ocasión de la conducción de vehículos motorizados, durante la fuga posterior a la comisión de otro delito”. Boletín N° 11515-15.
18. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pérez, don Leopoldo ; Berger ; Fuenzalida ; Monckeberg , don Cristián ; Rathgeb y Verdugo , y de las diputadas señoras Núñez , doña Paulina , y Sabat , que “Modifica el Código Penal con el objeto de aumentar la pena aplicable a los delitos de homicidio y lesiones cometidos en contra de choferes de transporte público de pasajeros, en el ejercicio de sus labores”. Boletín N° 11516-07.
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 22 de diciembre de 2017 en curso, para dirigirse a Paraguay.
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 23 de noviembre de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión que se celebrará en esa fecha.
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día 23 de noviembre de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.
Del diputado señor Kast, don Felipe , quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, hoy, 23 de noviembre de 2017, por medio día.
De la diputada señora Hernando
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a la sesión de hoy, 23 de noviembre de 2017.
Del diputado señor Aguiló quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a la sesión de hoy, 23 de noviembre de 2017.
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta para ausentarse, por razones personales, a las sesión de hoy, 23 de noviembre de 2017.
De S. E la Presidenta de la República, por el cual remite información sobre la participación de Chile en la segunda Misión de Naciones Unidas en Colombia. (1753).
Del Secretario General de la Corporación por el cual informa que el diputado señor Gahona integrará la delegación que concurrirá al XLIX período ordinario de sesiones del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que se llevará a cabo desde el 4 al 6 de diciembre de 2017, en la ciudad de Bogotá, Colombia (353).
Diputada Hernando , doña Marcela . Adopte las medidas pertinentes en relación a las presuntas irregularidades en la licitación del proyecto Cierre deslinde sur, Hospital Geriátrico la Paz de la Tarde, en la comuna de Limache, efectuada por el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (40537 al 2947).
Diputada Núñez , doña Paulina . Situación del inmueble fiscal ubicado en las esquinas de las calles San Martín y Bolívar de la ciudad de Antofagasta y si existe algún proyecto en desarrollo en dicho lugar, en los términos que requiere. (797 al 35232).
Proyecto de Resolución N° 885, Solicita a S.E. la Presidenta de la República instruir a los Ministerios de Educación y Salud en orden a adoptar a la brevedad, medidas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. (3945). 3945.
Proyecto de Resolución N° 927, Solicita a S.E. la Presidenta de la República, se sirva tener a bien, otorgar incentivos a fin de garantizar un mayor número de becas de especialidades médicas, para que médicos opten por la especialidad de geriatría. (4368).
Diputado Saldívar, don Raúl . Solicita informar las medidas que se adoptarán para dar celeridad al proceso de obtención de permisos sanitarios que requieren para su funcionamiento las nuevas Salas de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) y de Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA), ambas del Hospital San Juan de Dios de la comuna de Vicuña. (1480 al 34087).
Diputado Carmona, don Lautaro . Solicita informar las medidas que se adoptarán para solucionar el problema que aqueja a los vecinos de la calle Lautaro N° 690 de la comuna de Vallenar, quienes están expuestos al derrumbe de un muro que se encuentra en malas condiciones, careciendo de los recursos económicos para refaccionarlo. (1500 al 35241).
Diputado Ward, don Felipe . Listado de empresas o proveedores para el suministro de uniformes de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, División Chuquicamata, desde 2012, indicando las licitaciones públicas realizadas, montos asociados a las compras y plazos asignados. Asimismo, informe sobre la entrega de uniformes a las personas que han trabajado o trabajan en la misma repartición desde 2012, precisando las prendas entregadas a cada uno. (056/17 al 31991).
Diputado Ward, don Felipe . Solicita informe sobre el listado de empresas que suministran uniformes para los trabajadores de la repartición Codelco Chuquicamata , desde el año 2012 a la fecha, señalando las licitaciones públicas realizadas, los montos asociados a las compras, los plazos asignados y las prendas entregadas. (056/17 al 35508).
Diputado Soto, don Leonardo . Acciones concretas que se han adoptado para la mantención del puente ferroviario Talagante y su respectiva área de seguridad, remitiendo los estudios, informes técnicos y proyectos ejecutados y/o en curso, disponiendo el cierre completo de la faja férrea, la instalación de nueva señalética de seguridad, la reparación o reemplazo de barandas, rieles y durmientes en mal estado. (717 al 33515).
Diputado Rocafull, don Luis . Solicita informar los protocolos que aplicará el Servicio Electoral de Chile con el objeto que las personas privadas de libertad de la Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá , Antofagasta , Los Lagos y Magallanes puedan ejercer su derecho a sufragio en el próximo proceso electoral, indicando si esta posibilidad se extenderá al resto del país. (10094 al 36370).
Diputada Rubilar , doña Karla . Solicita informe del oficio de esa Dirección N° 1658 de fecha 8 de septiembre de 2017, que da respuesta al oficio N° 33.050 de esta Corporación, complementando los antecedentes solicitados y que no fueron entregados, esto es, el número de denuncias presentadas al Ministerio Público relativas a Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores desde el año 2003 hasta la fecha así como los informes y auditorías emanados de la Contraloría General de la República respecto al funcionamiento de estos establecimientos, realizados en el período señalado. (2022 al 35149).
Diputado Ward, don Felipe . Convenio suscrito entre el Servicio de Impuestos Internos y la señora Rosa María Torres Contreras . (303 al 30637).
Proyecto de Resolución N° 938, Solicita al señor Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile con el objeto de implementar recintos de votación en las localidades aisladas del país, particularmente, en el sector de Paipote en la comuna de Copiapó. (10083).
Diputado Kort, don Issa , Diputado Ward, don Felipe , Diputada Núñez , doña Paulina . Listado de tratos o contrataciones directas realizadas por esa empresa entre los años 2014 y 2017, señalando las razones que fundaron cada una de dichas operaciones, las empresas y montos involucrados. Asimismo, se sirva enviar el listado de todas las licitaciones adjudicadas entre los años 2014 a 2017, indicando los montos y funciones de cada una. (0154 al 32878).
Diputado Venegas, don Mario . Solicita informar la gestión del Centro de Formación Técnica Andrés Bello, con sede en Angol, efectuando una fiscalización al efecto para investigar los hechos descritos en documento anexo y remitiendo sus resultados. (2218 al 35445).
Diputado Robles, don Alberto . Requiere informe del estado de avance del proyecto de pavimentación de las calles Amadeo Delard y Pelentauro de la Población Colonias Extranjeras, en la comuna de Copiapó. (3325 al 36191).
Diputado Alvarado, don Miguel Ángel . Solicita informar las medidas que se adoptarán para retirar la basura que existe en la Villa Charlesbourg, de la comuna de Ovalle, indicando la fecha en que se realizará dicho trabajo. (381 al 36284).
Diputado Robles, don Alberto . Se sirva disponer una investigación por eventuales irregularidades cometidas por el Instituto de Desarrollo Agropecuario en la provincia de Huasco, conforme a la denuncia que formula el señor Paulo Herrera Vallejos Pequeño , campesino de la localidad de Los Perales Sur, Río El Tránsito, comuna de Alto del Carmen, cuya copia se acompaña. (40476 al 34524).
Diputado Chahin, don Fuad . Remite los antecedentes solicitados en su oficio N° 47.519, por el que responde a la solicitud formulada en la Sesión 10a. de fecha 5 de abril del presente año, mediante oficio 27.183, teniéndolos como parte integrante de la referida petición. (50546 al 35641).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Solicita informar las medidas que se dispondrán para refaccionar la ruta que une a la ciudad de Temuco con el sector Cajón de la comuna de Vilcún, indicando los plazos en que se ejecutarán las respectivas obras. (5323 al 35181).
Diputado Chahin, don Fuad . Etapa en que se encuentra la postulación al subsidio habitacional rural del señor Honorindo Cañumil Cañumil , del sector de Huallen Mapu, en la comuna de Lonquimay. (5345 al 35640).
Diputada Hernando , doña Marcela . Factibilidad de gestionar la entrega del medicamento Abiraterona al señor Manuel Pizarro Solar , pues es fundamental para poder contrarrestar la enfermedad que actualmente le aqueja. (7074 al 35663).
Diputada Álvarez , doña Jenny . Antecedentes acerca del hurto de aproximadamente 600 hectáreas de madera nativa en la zona precordillerana del volcán Calbuco , a unos 20 kilómetros al este de Puerto Montt, en los fundos Entre Ríos y El Cabrito. (780 al 34686).
Diputado Barros, don Ramón . Requiere informe de los fundamentos de la decisión de no brindar asesoría legal institucional al funcionario de la Corporación Nacional Forestal Emelino Valdivia Cáceres, imputado por el cuasidelito de homicidio de cuatro integrantes del grupo Maqui 10, en el incendio de Las Cardillas en la comuna de Vichuquén. (782 al 36204).
Diputado Bellolio, don Jaime . Número de licencias de conducir entregadas por su municipio en los últimos cuatro años, distinguiendo según su clase. (809 al 28642).
Diputada Sepúlveda , doña Alejandra . Situación de la señora María Verónica Toledo Maturana , señalando si tiene derecho a optar a una pensión de sobrevivencia a causa del fallecimiento de su cónyuge. (36746 de 22/11/2017). A Superintendencia de Pensiones.
Diputado León, don Roberto , Diputado Silber, don Gabriel , Diputado Cornejo, don Aldo , Diputado Torres, don Víctor , Diputado Lorenzini, don Pablo , Diputado Chávez, don Marcelo , Diputado Sabag, don Jorge , Diputado Ortiz, don José Miguel , Diputado Chahin, don Fuad , Diputado Venegas, don Mario , Diputado Flores, don Iván , Diputado Walker, don Matías , Diputado Fuentes, don Iván , Diputado Arriagada, don Claudio , Diputado Morano, don Juan Enrique , Diputado Ojeda, don Sergio , Diputada Provoste , doña Yasna . Requieren informe de los medios técnicos y humanos que se encuentran considerados para combatir los incendios forestales que eventualmente se produzcan en el período que va entre el mes de noviembre del año 2017 y el mes de marzo del año 2018, particularmente en cuanto a las aeronaves disponibles, dando respuesta al total de las consultas contenidas en documento anexo. (36747 de 22/11/2017). A Ministerio del Interior y Seguridad PúblicaDiputada Sepúlveda , doña Alejandra . Efecto que ha tenido la aplicación de la ley N° 21.023, que elimina beneficio de las administradoras de fondos de pensiones en materia de intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas, en los términos que requiere. (36748 de 22/11/2017). A Superintendencia de Pensiones.
-Asistieron 99 señores diputados, de los 119 en ejercicio.
NOMBRE (Partido*
-Edwards Silva, Rojo José Manuel Rojo
-En misión oficial: Los diputados señores Germán Becker Alvear, Gonzalo Fuenzalida Figueroa, Ricardo Rincón González, Jorge Ulloa Aguillón, Ignacio Urrutia Bonilla y Patricio Vallespín López.
-Con licencia médica: El diputado señor Gabriel Boric Font.
-Con impedimento grave: El diputado señor David Sandoval Plaza.-
El acta de la sesión 80ª se declara aprobada. El acta de la sesión 81ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Hago presente a la Sala que la Comisión de Deportes y Recreación sesionará de forma simultánea con la Sala, de 10.45 a 12.00 horas.
En el Orden del Día, corresponde continuar la discusión del proyecto de ley, iniciado en moción, que sanciona con cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile entre 1973 y 1990.
Hago presente a la Sala que los informes de las comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento fueron rendidos en la sesión 83ª de la legislatura 365ª, de 25 de octubre del año en curso.
-La discusión del proyecto se inició en la sesión 83ª, de la presente legislatura, en 25 de octubre de 2017, oportunidad en que se rindieron los informes de las comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Continuó en la sesión 86ª de la misma legislatura, en 8 de noviembre de 2017
Señor Presidente, el sentido de esta moción es evitar que se nieguen y se justifiquen los hechos ocurridos.
Pueden existir opiniones políticas respecto de los acontecimientos políticos e históricos, lo cual no está en discusión; incluso, se puede debatir y tener planteamientos distintos respecto de hechos que pueden ser muy luctuosos para la historia de una sociedad o de un país. Sin embargo, lo que no se puede hacer es negar lo ocurrido, aun cuando ciertos hechos podrán tener muchas explicaciones y muchas razones, en uno u otro sentido.
Para hablar en particular del caso chileno, hay quienes podrán justificar el golpe de Estado y entregar buenos argumentos para respaldarlo, y debemos estar dispuestos a escucharlos; otros dirán lo contrario. Sin embargo, lo que no pueden hacer, ni unos ni otros, es negar la ocurrencia de hechos constitutivos de delitos. Eso no es posible.
Podemos entrar en la discusión de un acontecimiento histórico y habrá distintas opiniones y percepciones al respecto, lo cual es perfectamente lícito y razonable. Lo que no es lícito, es que se nieguen los hechos ocurridos a propósito de dicho acontecimiento.
En mi intervención en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, durante el debate del proyecto, dije que lo más doloroso para las víctimas de esas situaciones es que se niegue lo que se hizo con ellas. Uno puede estar en disposición de discutir respecto de las razones e, incluso, tener la mejor disposición para escuchar opiniones distintas y debatir al respecto -en eso no hay inconveniente, y por eso el proyecto no afecta la libertad de opinión-, pero lo que no es tolerable, menos aún para aquellos que fueron víctimas de esos hechos, es que se niegue lo que ocurrió.
Por ejemplo, uno podrá o no justificar la Segunda Guerra Mundial y discutir respecto de sus elementos, pero no se puede negar el holocausto del pueblo judío y las terribles aberraciones que se cometieron contra este. Ese es el punto en discusión.
Por esa razón, creo que el proyecto de ley es una muy buena iniciativa.
El señor POBLETE .-
Señor Presidente, Chile ha aprendido de su experiencia y lo ha demostrado. Ha sido un camino largo, pedregoso, difícil y a veces casi intransitable, pero con
diálogo, esfuerzo, comprensión profunda de los problemas y con la perspectiva que da el paso del tiempo se ha llegado al convencimiento moral más profundo en nuestra sociedad chilena de que los crímenes y quebrantamientos en materia de derechos humanos cometidos en el período comprendido entre 1973 y 1989 no pueden volver a repetirse nunca más en nuestra historia.
En 2009 se promulgó la ley N° 20.357, que Tipifica Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y Crímenes y Delitos de Guerra, norma que, haciendo eco de las convenciones y tratados internacionales que Chile ha suscrito y ratificado, penalizó, en el orden interno, los más abyectos crímenes que los agentes del Estado pueden cometer en contra de ciudadanos chilenos o extranjeros, delitos que tienen como característica clave el ser cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, ataque que, en sí, responde a una política del Estado o de sus agentes, pero también de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares. En ese contexto y características, un delito cometido por agentes del Estado es hoy un delito de lesa humanidad y debe ser castigado severamente. En tal sentido, Chile tiene herramientas para hacer frente jurídicamente a conductas de la máxima gravedad.
Sin embargo, aún existe un flanco del cual se debe cuidar a las víctimas y a la ciudadanía, y es aquel que dice relación con la protección de la memoria histórica. Este es un tema cultural, ya que, como bien dijo el diputado Andrade , estamos hablando de datos fidedignos y de cómo hacemos el reconocimiento de miles de víctimas, muertos y torturados en los períodos oscuros del país.
Hechos como los sucedidos en décadas pasadas no pueden ser materia de olvido ni de deshonor a las personas que los sufrieron.
No debemos olvidar que, entre 1973 y 1990, se cometieron, de forma reiterada, graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, que fueron denunciadas en todos los foros internacionales.
Asimismo, luego de recuperada la democracia, el entonces Presidente Aylwin recibió el informe de la comisión presidida por el jurista Raúl Rettig , y luego, en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, se recibió el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, presidida por monseñor Sergio Valech , más conocida como “Comisión Valech”. Ambas comisiones atestiguaron, cada una dentro de sus competencias, una realidad que muchos negaron en su momento, como el verdadero asesinato de más de 3.000 personas y la tortura, desaparición forzada y otras vejaciones a los derechos fundamentales de más de 28.000 seres humanos de nuestro país.
Afortunadamente hoy vivimos nuevas épocas y estamos completamente conscientes de los graves hechos de los que miles de compatriotas fueron víctimas.
Además, la legislación internacional que existe y que sigue avanzando hacia nuevos y mejores derroteros en la protección de la dignidad humana protege y no permite la impunidad ni la negación o justificación de los delitos de lesa humanidad. Vemos esa lucha por el derecho, por ejemplo, en la constante disputa y perseverancia de algunos Estados de la comunidad internacional para que realmente se ponga en marcha el funcionamiento para todos los Estados del mundo de la Corte Internacional de Roma -Estatuto de Roma para crímenes contra la humanidad-.
Pero, como decíamos, la ley de nuestro país no puede amparar ni permitir conductas tendientes a cuestionar, minimizar o justificar los crímenes cometidos en dictadura. La proliferación en la prensa escrita o en entrevistas dadas por personeros a distintos medios audiovisuales, de insultos y humillaciones derivados de la negación de los hechos ocurridos, no puede seguir permitiéndose.
Es responsabilidad del Estado y de todos nosotros condenar esas actitudes negacionistas. Actuar por omisión es conceder, legitimar y aceptar el daño a la dignidad de las personas y de nuestro propio país.
Así como lo han hecho Alemania, Suiza , Francia, Argentina y otros países, debemos castigar las burlas y negaciones de los delitos cometidos contra la dignidad de aquellos grupos o personas que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad, de torturas, de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas. Delitos como esos, al ser negados o justificados, producen un doble daño, generan nuevas víctimas y resquebrajan la convivencia democrática que, entre todos, tanto nos ha costado construir.
Señor Presidente, este proyecto de ley tiene por objeto sancionar el negacionismo o revisionismo histórico, como se le conoce por la doctrina y la jurisprudencia de los derechos humanos.
El negacionismo consiste en negar, justificar o minimizar los delitos de lesa humanidad, lo que se constituye como un ilícito internacional en el entendido de que las violaciones a los derechos humanos son una ofensa a la humanidad en su conjunto. Por lo tanto, a través de la sanción, lo que se pretende resguardar es la dignidad de las personas que fueron afectadas.
No es aceptable para quienes fueron víctimas o para sus descendientes tener que lidiar constantemente con aquellos que priorizan en torno a factores como la economía, como ocurre en nuestro país, para justificar las atrocidades cometidas en dictadura. Es el caso de aquellos que siguen diciendo, en contra de toda la evidencia, que en nuestro país nunca hubo tortura ni desaparición forzada de personas, lo que constituye un verdadero insulto y una humillación que no se puede permitir.
Tampoco es aceptable que aquellos que justifican o minimizan los crímenes, eduquen y difundan estas ideas a la población más joven, intentando borrar la memoria de un país que sufrió las vejaciones de la dictadura.
Así lo han entendido otros Estados que vivieron delitos de lesa humanidad. En la legislación comparada encontramos leyes que tipifican como delito negar, ocultar o minimizar los crímenes contra la humanidad. La propia Unión Europea acordó en 2007 penar con cárcel a quienes púbicamente condonen, nieguen o trivialicen genocidios, crímenes contra la humanidad y de guerra, definidos por la justicia internacional. Asimismo, obliga a los distintos países miembros a adecuar su marco jurídico en ese sentido y a penar en sus códigos penales a quien incite en público a la violencia o al odio en contra de grupos definidos por su raza, color, religión, descendencia, nacionalidad, orientación sexual, origen étnico o color político. Por ejemplo, Alemania ha penado la negación del holocausto. El código penal alemán en su sección 130 establece: “Quien publicite o en una reunión, apruebe, deniegue o plantee como inofensivo un acto cometido bajo las reglas del Nacional Socialismo del tipo indicado en la Sección 220a, subsección, de una forma capaz de alterar la paz social, deberá ser penado con prisión por hasta 5 años o una multa.”.
Francia, mediante la llamada Ley Gayssot, estableció en su artículo 24 bis lo siguiente: “Se castigará con las penas previstas en el apartado sexto del artículo 24 a quienes nieguen, por los medios enunciados en el artículo 23, la existencia de uno o varios crímenes contra la humanidad tal como los define el artículo 6 del estatuto del Tribunal Militar Internacional, anexo al acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945, y que hayan sido cometidos bien por miembros de una organización declarada criminal, en aplicación del artículo 9 del citado estatuto, bien por una persona declarada culpable de tales crímenes por una jurisdicción francesa o internacional...”.
Suiza, mediante el artículo 261 bis de su código penal, considera ofensa criminal e impone una pena de hasta un año de prisión o el pago de una multa a quien “... públicamente, verbalmente, por escrito, a través de imágenes, gestos, con agresiones o de cualquier otro modo, desprecie o discrimine de un modo que afecte la dignidad humana de una persona o un grupo de personas debido a su raza, su pertinencia étnica o su religión o quien, por la misma razón, niega, minimiza extremadamente o trata de justificar un genocidio u otro crimen contra la humanidad.”.
Este es el momento de legislar sobre la materia. Hemos escuchado constantemente que se dice: “No pasó nada”. “Fuimos otros los que instamos a que pasara”, y se ignora por completo la tesis o el trabajo negacionista.
No se trata de impedir la libertad de expresión, como algunos han planteado. Por el contrario, el artículo único del proyecto dispone: “El que públicamente negare hechos comprobados por sentencia judicial firme, referidas a delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, substracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y que las personas condenadas hubiesen actuado como agentes del Estado en calidad de funcionario público o, tratándose de un particular, que hubiese actuado en el ejercicio de funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación de un funcionario público serán castigados con una pena de presidio menor en su grado medio.”.
Reitero: esta norma no lleva a la falta de libertad. Por el contrario, también se propone que el que públicamente niegue, minimice o justifique los crímenes de lesa humanidad o de genocidio cometidos bajo el régimen militar, recibirá la pena aumentada en un grado si es un funcionario público. Por lo tanto, la libertad de expresión está dada. Pero negar u olvidar la situación que se vivió en esos años lleva a borrar la memoria histórica de nuestro país, necesaria para que nunca más esa situación vuelva a ocurrir.
El proyecto lleva realmente a que el respeto a los derechos humanos esté y siga estando por encima de cualquier otro derecho individual, incluido el de la libertad de expresión.
Señor Presidente, se ha fundamentado largamente sobre este proyecto. Todos somos testigos de lo sucedido en nuestro país y todos deberíamos aprender la lección, porque lo que queremos es que nunca más en Chile ocurran cosas que fueron penosas.
Felizmente, la comunidad internacional fue testigo de todo lo que sucedió y colaboró solidariamente con el pueblo de Chile cuando estaba siendo duramente reprimido.
Hubo hechos que ocurrieron y que nunca debemos olvidar. Me refiero, entre otros, a los asesinatos de Nattino, Parada y Guerrero , a quienes tuvimos el honor de conocer en vida.
Nadie puede justificar crueles asesinatos como aquellos, pero todavía hay fanáticos que los justifican. Incluso, más de alguna vez hemos escuchado decir que faltaron algunos más por asesinar, maltratar y torturar. Todavía lo repiten algunos sectores. Recientemente hubo candidaturas con un ideologismo extremo y un discurso muy parecido a los de Mussolini, Hitler, Stroessner o Pinochet, por lo que no podemos decir que no los hay; existen.
Ahí radica la importancia del proyecto en estudio. Su propósito no es hacer una cacería de brujas ni atentar contra la libertad de expresión, sino terminar con sarcasmos y burlas que no le hacen bien a la sociedad, y menos a las futuras generaciones. La idea es que no se siga diciendo que estuvo bien lo que se hizo y que faltaron más personas por aniquilar.
Obviamente, debemos eliminar ese tipo de lenguaje, que es hacia donde apunta el proyecto. “El que públicamente negare hechos comprobados por sentencia judicial firme, referidas a delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, substracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990,”, de acuerdo con lo que establece el artículo único de la iniciativa, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio. En consecuencia, quienes han llevado adelante esa clase de conducta deberán tener claro que de ahora en adelante no les será fácil su reiteraración.
Huelga fundamentar más, porque, aunque tengamos distintos pensamientos, quienes pertenecemos a esta Corporación y tenemos conciencia coincidimos en que este proyecto le hace bien a la sociedad. Están equivocados aquellos que lo toman como una falta de libertad o como un atentado contra la libertad de expresión. Uno puede decir muchas cosas en la vida, pero lo que no puede ocurrir es que algunos se burlen de aquellos que fuimos víctimas de violaciones a los derechos humanos, ni menos aplaudan la existencia de crímenes de lesa humanidad.
El proyecto apunta en el sentido indicado y debemos mirarlo con altura de miras, no como una revancha ni nada que se le parezca.
Por las razones expuestas, vamos a apoyar este proyecto. Espero que también lo hagan las demás bancadas, más allá del fanatismo ideológico, de manera que todos concurramos con nuestro voto favorable.
Señor Presidente, la pregunta que cabe hacerse con ocasión de la tramitación de este proyecto de ley no es si alguien puede justificar o no violaciones a los derechos humanos, sino más bien si existe un delito de opinión, es decir, si se debe sancionar de manera penal a aquel que dice algo que no es acorde a esa “verdad” jurídica, a esa “verdad” histórica. Ese es el problema.
Nadie puede justificar violaciones a los derechos humanos. Eso, obviamente, repugna a aquellos que creemos que existe una dignidad del ser humano que es intrínseca y desde la cual se derivan todos sus derechos.
Por tanto, salta a la vista la inconsecuencia de algunos que dicen defender los derechos humanos, quienes con justa razón reclaman a causa de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile en el pasado, en dictadura, pero no trepidan en aplaudir, felicitar y promover las violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en el mundo.
Por ello, uno se pregunta lo siguiente: ¿Por qué esos mismos que dicen defender los derechos humanos a causa de las violaciones a esos derechos ocurridas en dictadura, aplauden las que hoy ocurren en otras partes del mundo? Simplemente, porque no creen en los derechos humanos; los utilizan como pantalla, como un instrumento político, pero no creen en su esencia.
Yo veo que la inmensa mayoría de los diputados no justificamos ni minimizamos las violaciones a los derechos humanos, sino más bien respetamos tales derechos.
Lo he dicho muchas veces y quiero insistir en ello: para mí, uno de los mayores valores que tuvo integrar la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados fue ver la diferencia que existe dentro de la izquierda en el tratamiento de ese tema; por ejemplo, el tratamiento en profundidad que hace Tucapel Jiménez versus el que realizan otros diputados de esa misma comisión, que no entregan ningún argumento de fondo. Eso es lo que nos tiene con problemas en materia de derechos humanos.
Pero vamos por parte. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el proyecto? Algunos establecen que es no afectar nuevamente a las víctimas y a las familias de quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990. No obstante, eso implica generar una verdad histórica, y el problema es que no existe tal cosa.
En una sociedad democrática siempre debe existir la posibilidad de revisar; nunca hay que burlarse ni faltar a la dignidad del otro, porque nuestra libertad tiene un límite en la dignidad del otro.
Entonces, cabe preguntarse: ¿Cómo alcanzamos un equilibrio en esto para que una opinión no lesione la dignidad de otro, de una víctima objetiva? ¿Debe regirse esta materia por la legislación penal? En mi opinión, la respuesta es no. Por de pronto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo que no corresponde al ámbito penal, porque los delitos de opinión no son parte del estándar internacional de derechos humanos, en virtud de que ello lesiona una cuestión básica en democracia.
Por tanto, cuidado con decir que el proyecto en estudio es inocuo. Entiendo qué buscan proteger, sobre la base de la buena fe, algunos colegas que se encuentran presentes. Sin embargo, me parece que el mecanismo que escogieron para hacerlo es equivocado. Un delito de opinión no se condice con el estándar democrático que debe tener una sociedad libre.
Los conceptos que se han invocado para decir que en otras partes del mundo también existe un delito de negacionismo tienen que ver con corrientes de historiadores y pensadores que pusieron en duda y trivializaron el holocausto judío; pero, perdón: en este mismo Congreso hay personas que trivializan y ponen en duda las violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en el mundo -no hace cuarenta años, sino hoy-, y le echan la culpa a quienes son sometidos por esas dictaduras.
Estamos hablando de un estándar de protección de los derechos humanos. En ese sentido, reitero que existe una inconsecuencia muy grande en quienes dicen que quieren protegerlos, pero finalmente actúan de otra forma.
El proyecto de ley en discusión pugna con el concepto de libertad de expresión recogido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice: “El concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia”. Por tanto, establecer un delito de opinión es ir en contra de esa esencia de la democracia.
Cuando se quiere establecer que si una persona emite una opinión, el mecanismo para actuar es el penal, es decir, la cárcel, las descripciones de lo que se quiere proteger y del delito deben ser muy claras.
El proyecto de ley que se pretende aprobar es inconstitucional, toda vez que equivale al establecimiento de una norma penal en blanco, porque, de acuerdo con nuestra Constitución, ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. En relación con lo preceptuado en la Carta Fundamental, algo se mejoró al final de la tramitación de esta iniciativa.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia rol N° 479, ha sostenido que ese principio exige que la conducta a la que se ha atribuido una sanción se encuentre sustantivamente descrita en una norma de rango legal, de manera que los sujetos imperados por ella tengan una suficiente noticia previa acerca de la conducta que les resultará exigible.
Y si la descripción contenida en la ley penal resulta genérica, imprecisa o parcial, aun cumpliendo con el presupuesto relativo al rango de la norma, vulnera el principio de legalidad de la ley penal, con todas las consecuencias que ello acarrea.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en relación con esta iniciativa, consideró que no superaba el estándar de la libertad de expresión. Tal cual.
El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos expresó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone, en su artículo 19, la libertad de expresión y opinión y la libertad de búsqueda de información. En tal sentido, si este proyecto avanza en la tipificación, es probable que entre en tensión con la libertad de expresión. Añadió que el éxito de la iniciativa implica tener en cuenta la compatibilidad con ese Pacto.
Respecto de dicha compatibilidad, en mi opinión el proyecto en discusión no la tiene, porque, primero, quiere establecer una verdad histórica y, a continuación, quiere protegerla con cárcel, lo que no es adecuado.
Entiendo que algunos quieran ocupar esto como un instrumento político y decir que tienen superioridad moral. ¡De una vez por todas, dejémonos de estas cosas! Aquellos que más reclaman superioridad moral en esta materia son los primeros que corren a abrazar a los dictadores que actualmente gobiernan en el mundo. Por lo tanto, no tienen superioridad moral.
En esta materia, el estándar debe ser claro para todos: protección de los derechos humanos siempre. Nunca se deben justificar las violaciones a los derechos humanos ni las dictaduras. Se deben condenar las que existieron en Chile y las que se existen en el mundo, pero eso no es lo mismo que tipificar con cárcel a aquel que emite una opinión que no está de acuerdo políticamente con la mía o a aquel que hace una investigación que no está de acuerdo con mi lógica. Ese es el inconveniente.
El problema es que este texto legal establece, so pena de cárcel, un delito de opinión, y eso no está acorde con el estándar internacional de los derechos humanos, de acuerdo con lo señalado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y por diversas convenciones.
Por lo tanto, solicito a los señores parlamentarios que reflexionemos sobre este punto.
¡En Chile nadie debe justificar la violación a los derechos humanos! ¡Nunca! No hay que justificar las que se cometieron en dictadura ni las que se cometen hoy en países como Cuba, Venezuela y Corea del Norte. No corresponde mandar cartas que digan: “Bienvenido al poder, Kim Jong-un”. No quiero que eso ocurra.
¡Reflexionemos de verdad! Cuando hablemos de derechos humanos, que sea sobre la protección que queremos para todas las personas, y no ocupemos este tema como una triquiñuela en cada elección. El pueblo chileno no se lo merece.
¡Respeto a la dignidad humana siempre!
Tiene la palabra el diputado Guillermo Teillier .
Señor Presidente, ojalá alguno de los colegas del diputado Bellolio hubiera tenido una opinión tan casta y pura sobre el tema de los derechos humanos como las tiene él, al parecer, de lo cual me alegro mucho. Sin embargo, no es así.
En Chile existieron violaciones a los derechos humanos, porque hubo un golpe de Estado, y en la preparación de ese golpe hubo un contubernio internacional. Quienes dieron ese golpe de Estado cometieron, incluso, traición a la patria ante una intervención extranjera que no trepidó en comprar generales, políticos y medios de comunicación, lo cual está absolutamente comprobado. Incluso, asesinaron al general Schneider poco antes de la asunción del Presidente Salvador Allende . Es decir, la derecha chilena venía preparando desde hace mucho tiempo el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende.
Se ha tratado de justificar de muchas maneras el golpe de Estado, pero no hay nada que lo justifique ni que justifique los crímenes que se cometieron contra el pueblo de Chile. Al pueblo de Chile, que estaba desarmado, se le declaró la guerra. Dieron un golpe de Estado sangriento e instalaron un Estado terrorista, el cual llevó adelante las violaciones a los derechos humanos.
Ojalá nunca hubieran existido torturados en Chile ni se hubieran cometido crímenes tan atroces como el de los profesionales degollados; ojalá nunca hubieran existido los detenidos desaparecidos, de los cuales todavía hay mil desaparecidos sin que se sepa la verdad de lo que les ocurrió y respecto de quienes nunca he escuchado a algún diputado de derecha reclamar por su vida o para que se sepa la verdad sobre su destino. ¡Jamás! Lo más terrible es que hicieron desaparecer los cadáveres de quienes fueron asesinados: los pulverizaron, los retiraron de los lugares en que estaban sepultados o los lanzaron al mar.
Sin embargo, dicen que defienden los derechos humanos en otros países, pero nunca lo hacen respecto de los crímenes que se cometieron en nuestro país.
Ojalá nunca se hubieran cometido crímenes contra tantos dirigentes sociales, jóvenes y mujeres en nuestro país; ojalá nunca hubieran desaparecido dos direcciones completas de nuestro partido, a cuyos integrantes torturaron y asesinaron de manera aberrante. Esos hechos sucedieron y nadie puede decir que no fue así.
Además, cientos de miles de chilenos fueron expulsados del país.
Se cometieron crímenes terribles, como el de los degollados, el de los jóvenes quemados y los de muchas mujeres violadas o mancilladas. Se inventaron portadas de diarios para tratar de convencer a la ciudadanía de que muchos de los que murieron lo hicieron en enfrentamientos entre ellos. Esos también son crímenes, muchos de los cuales están en la impunidad.
Un presidente de Chile se inmoló en el palacio de La Moneda a raíz del golpe de Estado, otro fue asesinado por la dictadura y un grupo de científicos internacionales determinó que el certificado de defunción del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda es falso. Estos hechos están en nuestra historia; es la realidad de lo que ocurrió. No es ficción, ni es una interpretación de la historia ni de la conducta respecto de quienes cometieron los crímenes o de quienes fueron las víctimas.
La negación de esos hechos es lo que consideramos constitutivo de delito. Que alguien niegue que en Chile hubo tortura o que se cometieron crímenes es lo que se considera delito, y no la opinión; nadie quiere restringir las opiniones.
Además, fueron asesinados un comandante en jefe del Ejército, varios generales y un canciller de la república. Todo eso se hizo en nombre de la libertad, de la democracia y también de la libertad de expresión, porque se decía que Allende atentaba contra la libertad de expresión y contra la democracia y, por lo tanto, había que salvarla de los malignos marxistas, comunistas, etcétera.
Señor Presidente, nosotros no justificamos la violación a los derechos humanos en ninguna parte. No la hemos justificado nunca. ¡Jamás! Tampoco queremos usar los derechos humanos como un instrumento político de injerencia en algún otro país del mundo.
Lo que nos interesa, por sobre todo, es que en Chile aprendamos la lección, como lo han hecho numerosos países que experimentaron el horror de tener criminales de lesa humanidad como líderes políticos, pero que supieron sentarse a la mesa y desarrollar una discusión como la que hoy nos convoca. Hoy, esos países cuentan con legislaciones que, en parte, ayudan a saldar deudas con sus pueblos, con el pasado y con la comunidad internacional. En otras palabras, pueden decir con orgullo que reconocen sus errores, los asumen, los superan y, a la vez, educan a las nuevas generaciones en armonía con la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho moderno.
Eso es lo que pretendemos y a eso queremos contribuir con la aprobación de este proyecto de ley.
Para terminar, quiero decir que en esta Sala se han emitido opiniones bastante livianas en contra de mi persona, a las cuales no quiero responder. Pero a aquellos que me quieren denostar y ofender o que quieren denostar y ofender a las víctimas, o que quieren ignorar que hubo víctimas, les digo en mi nombre y en el de todos los que lucharon contra la dictadura, incluidos los que perdieron la vida, que estamos orgullosos de haber luchado como lo hicimos y de haber contribuido a echar abajo la tiranía de Pinochet.
Espero que, en homenaje a todas esas víctimas, este proyecto sea aprobado por la Cámara de Diputados.
Señor Presidente, cito a Ortega y Gasset: “He aquí, señores, por qué hay historia, por qué hay variación continua de las vidas humanas. Si seccionamos por cualquier fecha el pasado humano, hallamos siempre al hombre instalado en un mundo, como en una casa que se ha hecho para abrigarse. Ese mundo le asegura frente a ciertos problemas que le plantea la circunstancia, pero deja muchas aberturas problemáticas, muchos peligros sin resolver ni evitar. Su vida, el drama de su vida, tendrá un perfil distinto según sea la perspectiva de problemas, según sea la ecuación de seguridades e inquietudes que ese mundo represente.”.
Las vidas son distintas en cada período, y cada período tiene que supeditarla a las circunstancias y creencias del momento. Sin lugar a dudas, hay que evolucionar.
En un discurso en el Parlamento chileno, pronunciado el 9 de agosto de 1868, se llamaba a aniquilar, a extirpar la barbarie, para, en su lugar, imponer la civilización. Eso lo dijo un destacado hombre, cuyo nombre está escrito con letras de oro en la historia de Chile: don Benjamín Vicuña Mackenna . ¿Estaríamos hoy dispuestos a apoyar esa frase para el exterminio de los mapuches, tal como se hizo en su momento? ¡Por supuesto que no!
El mundo ha cambiado, y aquellos que quizá en silencio quieren plantear opciones distintas o negar los hechos, se encuentran de golpe con la realidad. Hay diputados que plantean teorías más cercanas al oxímoron, como si atribuir a sus adversarios -no enemigos en el Parlamento determinadas conductas ante otros regímenes los desautorizara para denunciar hechos históricos ocurridos en Chile.
Las generaciones van cambiando y son generadoras de universos. Por eso muestran un permanente anhelo de revisar, una y otra vez, los supuestos bajo los cuales está cimentado el mundo que han heredado de sus antecesores. En ese sentido, el mundo que se ha heredado en Chile es de dolor, de drama, como una herida abierta producida en una época gris, oscura y turbia, cuando escribir un poema, soñar o pasear por un parque eran actividades sospechosas.
Esa realidad está inscrita, pero hoy no se está pidiendo encarcelar o sojuzgar a aquellos que nieguen esa realidad; no se está cuestionando que se niegue, por ejemplo, que en esos tiempos era imposible generar un taller de literatura en la Universidad de Chile, ni se condena a alguien por negar que, en aquel momento, estaba prohibido soñar como jóvenes. Esto es distinto, porque no se condena una opinión política, sino justificar la barbarie, que se va modificando a la luz de los tiempos. ¡Y que bueno que sean así las civilizaciones!
En su momento, Alemania, gran potencia antes de la guerra, era un gran país y hasta podría haber tenido hasta estatuas de Hitler, por el desarrollo económico que alcanzó. ¿Pero alguien podría mantener esas estatuas después del holocausto que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial? Por cierto que no.
En Chile ocurre lo mismo, y estos tiempos y las nuevas generaciones deben responder a esa realidad, incluso en este mismo parlamento. En pocos meses más jurarán dos parlamentarios que son hijos de la democracia, que no vivieron ese período turbio y oscuro de la historia de Chile. Ellos piden este replanteamiento y que se evolucione.
Hoy, nadie en el mundo, de ningún color, de ningún aspecto, de ninguna mirada política, sería capaz de proponer la eugenesia. Eso no se hace, porque hay una evolución natural en sentido contrario.
Este artículo único alude solo a la negación de hechos comprobados por sentencias judiciales firmes, referidos a delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, sustracción de menores, etcétera. Es, por tanto, una especie de limpieza interior de cada uno de nosotros.
Los que se equivocaron quizá se van a retirar en silencio; quizá sienten vergüenza interna o pueden justificar lo que ocurrió por el contexto, como le pasa a algunos defensores de Barros Arana o de Vicuña Mackenna, que durante el siglo XIX justificaban la barbarie ejercida en contra de personas que consideraban inferiores.
Chile lo ha vivido en distintos períodos. Es cosa de revisar la historia, de imbuirse un poco más de lo que es el país, que ha sufrido muchos dolores. Por lo mismo, por esas circunstancias y por esa sangre derramada, debe haber respeto, una mirada distinta, una perspectiva de diálogo, soñar y construir un país en que se encuentre algo positivo en el otro, en el adversario, y no la destrucción de nuestro Parlamento, que es una de las cosas más sagradas que podemos tener en el país, porque es una instancia de convivencia, de unión y de diálogo.
Por lo expuesto, no podemos sino estar más que de acuerdo con este proyecto.
Cito nuevamente a Ortega y Gasset: “Una generación no es un puñado de hombres egregios, ni simplemente una masa: es como un nuevo cuerpo social íntegro, con su minoría selecta y su muchedumbre, que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada. La generación, compromiso dinámico entre masa e individuo, es el concepto más importante de la historia, y, por decirlo así, el gozne sobre que el ésta ejecuta sus movimientos.”.
Por cierto, debemos aprovechar estas circunstancias. No se trata de una disputa política, ni mucho menos, y sería mezquino que esto se planteara en esos términos. Lo que propone este proyecto de ley se viene discutiendo desde hace media década, por lo que mal se hace al intentar descalificarlo a través de argumentos tan banales y simples.
Es importante que las nuevas generaciones, que tienen una mirada ideológica distinta, se sumen a esto. Hagamos un racconto de lo que ocurrió y una limpieza interior; persistamos en el diálogo y en la mirada. Construyamos un Chile a través de su historia, lo que no es simple ni fácil, y, finalmente, saquemos enseñanzas de ese proceso y permitamos el diálogo profundo, sincero, abierto y transparente.
En pocos meses ya no estaré en este hemiciclo, pero ha sido una enseñanza gratificante, porque aquí se ejerce el diálogo efectivo, como en el trabajo en las comisiones, y se alcanza una mirada de país. Pero todo eso se debe construir sobre los cimientos que nos han dejado nuestros antepasados, sus luchas ideológicas, legítimas, sin que importe el sector político, con la mirada de país con que cada uno ha contribuido.
Llamo a apoyar la iniciativa, porque constituye una mínima suerte de sanación. Se trata de un proyecto de pocas letras, pero que da cuenta de un consenso-país, de un consenso respecto de que nunca más pueden ocurrir estas atrocidades en Chile.
Como diputado de esta bancada, voy a apoyar firmemente el proyecto.
También llamo desde una mirada sincera, fecunda, abierta y amplia, a construir una nueva actitud, para que las nuevas generaciones llenen este hemiciclo en los próximos años con hijos de la democracia y no con quienes arrastramos en nuestra vida épocas grises de nuestra historia.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Espejo .
Señor Presidente, estamos discutiendo el proyecto de ley que, como se ha dicho, sanciona con pena de cárcel a quienes nieguen, justifiquen o minimicen los delitos de lesa humanidad cometidos en Chile.
Debo reconocer que al intervenir tengo en mi corazón y en mi mente el nombre y el recuerdo de personas asesinadas durante la dictadura de Pinochet, en particular de muchos hijos, hijas, esposas, esposos, familiares y parientes de quienes, por mi edad, tuve la oportunidad de conocer incluso más que a las víctimas directas de esas violaciones.
Mi gran amigo el diputado Jaime Bellolio ha planteado una argumentación para oponerse al proyecto de ley, la que me parece profundamente equivocada y de la cual quiero hacerme cargo.
El diputado Jaime Bellolio sostuvo que quienes defienden el proyecto están planteándolo desde un sitial que les otorgaría una suerte de superioridad moral, por lo que solo quienes lo plantean o defienden podrían justificar esa posición, y que solo desde esa óptica resultaría posible condenar a alguien por las prácticas que se sancionan en la iniciativa. Y agrega que quienes plantean el proyecto o lo defienden no actúan de igual manera frente a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet que en el caso de las violaciones de derechos humanos que se cometen hoy en otros lugares del mundo.
El diputado Víctor Torres ha planteado con mucha razón que muchos en esta Sala no hemos dudado, hoy ni ayer, en luchar contra el doble estándar en materia de violaciones a los derechos humanos. Junto con una actitud de vida que da testimonio de haber luchado contra la dictadura de Pinochet para restablecer los derechos humanos en Chile, hemos tenido la misma convicción para cuestionar las violaciones a los derechos humanos que, por ejemplo, se registran hoy en Venezuela.
Toda esta primera línea de argumentación contra el proyecto de ley solo representa un esfuerzo por empatar, por justificar que la posición mayoritaria de la derecha chilena mantenida por años fue que no se habían producido violaciones a los derechos humanos en nuestro país.
Hoy día, en vez de señalar que aquello marca una de las páginas más tristes de nuestra historia, vuelven a la tesis del empate, amparados, lamentablemente, en la actitud de muchos que, desde mi lado del mundo político, probablemente sí han sido parte de ese doble estándar.
Esta primera línea argumentativa no tiene ningún piso, no se sostiene; pero tampoco se sostiene el hecho de que el proyecto de ley penalice o establezca delitos de opinión.
Señor Presidente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sido particularmente celoso en la defensa de la libertad de expresión, ha señalado que esta debe respetarse no solo en relación con informaciones o expresiones. Dice ese tribunal: “acogidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también con aquellas que resultan opuestas, lastiman o inquietan. Así lo requieren el pluralismo, la tolerancia, el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática.”.
Sin embargo, esta defensa de la libertad de expresión jamás ha podido implicar una protección ilimitada o absoluta de esta libertad. La libertad de expresión supone el respeto equivalente a la dignidad fundamental de las personas. Y lo que ha ocurrido en el caso que estamos discutiendo es que cientos de chilenas y chilenos, miles, para ser exactos, fueron víctimas de violaciones brutales a sus derechos humanos, y que la dignidad de ellos y de sus parientes, de sus seres queridos, merece tanta protección, tanta defensa como la de la libertad de expresión que se invoca.
Lo que hace el proyecto de ley es señalar con claridad ese límite. No vamos a decir que las violaciones a los derechos humanos fueron sancionadas en Chile, que los violadores de los derechos humanos están todos en la cárcel, porque eso no ha ocurrido.
Lo que hace el proyecto de ley es establecer que cuando uno de esos hechos ha sido comprobado por sentencia judicial firme -estamos hablando de un homicidio simple o calificado, de un secuestro simple o calificado, de la sustracción de menores y de torturas-, la negación pública de esos casos es un delito. Y lo es, señor Presidente, porque viola, denigra y menoscaba la dignidad fundamental de quienes ya sufrieron el delito, de quienes ya vivieron la violación de sus derechos humanos o de sus seres queridos. Esa negación pública es una revictimización. La negación pública constituye una nueva violación de derechos humanos.
Las democracias tienen el derecho a plantear con absoluta claridad que la libertad de expresión, que debemos defender de manera permanente y vigorosa, encuentra un límite allí donde ella supone dañar de manera probablemente irremediable y una vez más la dignidad de otra persona.
Señor Presidente, votaré favorablemente la iniciatica, y espero que la Cámara de Diputados, en un acto de civilidad y de civilización, haga otro tanto.
Señor Presidente, el proyecto de ley, como todo lenguaje, puede tener distintas interpretaciones. De hecho, la ley es una interpretación que hacemos como comunidad respecto de determinadas cosas.
El diputado Jaime Bellolio dijo que un proyecto similar a este surgió en Alemania, porque muchas personas negaron el holocausto que afectó al pueblo judío a causa del nazismo, régimen que negó la posibilidad de existir a otros seres humanos simplemente porque los consideraba inferiores, peligrosos y porque sentía que amenazaban su propia existencia. Eso es el nazismo, una ideología que le dijo a determinados seres humanos que no tenían derecho a existir, y los eliminó.
¿Qué ocurre cuando algunos justifican esos hechos, los niegan o los señalan como falsos? Negar la posibilidad de existencia de seres humanos y avalar su eliminación masiva genera un dolor que lo sufre toda la sociedad. Eso pasó aquí, en Chile, durante la dictadura.
A un sector de nuestra sociedad le ha costado entender que lo que aquí ocurrió es igual a lo que se vivió en la Alemania nazi o en otras partes del mundo. Cuando se compara la dictadura de Pinochet con el nazismo, nos dicen que no es lo mismo. ¡Cómo no va a ser lo mismo si por pensar distinto, por tener una opinión distinta, esa dictadura le negó la existencia a otros seres humanos!
Toda opinión es una interpretación; toda ley es una interpretación de lo que queremos; el lenguaje es interpretación. La cosmovisión o la visión que tenemos del mundo también es una interpretación, no es la realidad. Los seres humanos estamos constantemente interpretando; pero esa es nuestra realidad, es nuestra cosmovisión.
Las interpretaciones varían según la cultura, pero incluso dentro de una misma cultura esas interpretaciones pueden variar de un ser humano a otro. Y aun así, aceptando que, según su propia visión, las comunidades pueden entender de manera distinta la realidad, a pesar de las diferencias, establecen ciertos acuerdos.
¿Qué ocurre con la violencia psicológica que se ejerce contra las mujeres, contra los niños o contra quienes están en situación de debilidad dada una relación asimétrica de poder?
Ese hombre que le dice a su mujer que no vale nada; que le dice que es basura, que debería morirse, que no debería existir, está expresando una opinión. La pregunta que surge es si por el hecho de tratase de una opinión deberíamos avalarla, deberíamos permitirla.
En Chile se sanciona todo tipo de violencia intrafamiliar: la física y la psicológica; pero también aquella que le niega al otro el derecho a existir y a tener dignidad.
Si pudimos castigar la violencia intrafamiliar, cuando un hombre establece que otro u otra no tienen derecho a existir y le quita su dignidad, ¿por qué no hacemos lo mismo para los crímenes de lesa humanidad, sobre todo si además de la opinión de eliminar al otro, se justifica o se niega la ocurrencia de ese crimen?
Tuvimos dos comisiones investigadoras sobre la violación de derechos en el Sename.
¿Qué pensaríamos de aquel que negara o justificara esos hechos?
Aquí hay un problema de valoración. Cuando le niego a otro ser humano su derecho a existir, cuando declaro que tengo derecho a negar la existencia de un ser humano porque piensa distinto a mí, en ese momento le pongo valor cero a esa vida y la elimino.
La opinión mayoritaria es que el Estado de Chile ha vulnerado los derechos de los niños del Sename, y nadie se atrevería a negarlo. ¡Nadie! Quien lo hiciera sería duramente sancionado. De la misma forma debiéramos reaccionar ante los crímenes de lesa humanidad. No podemos permitir que se justifique la eliminación de seres humanos. Dignidad también supone respetar y proteger la existencia del otro.
En Chile se eliminó la pena de muerte, en la convicción de que nadie tiene el derecho a decidir sobre la vida del otro. Para resolver los conflictos entre seres humanos existen otros canales.
Con este proyecto le estamos dando valor a la dignidad y a la existencia de todos los seres humanos. Quien niegue, pervierta o no proteja esa dignidad debe recibir una dura sanción, tal como lo hicieron en Alemania, donde sancionaron con pena de cárcel a quienes nieguen o justifiquen la eliminación de seres humanos ocurrida durante la Alemania nazi.
Espero que nuestra historia nunca minimice o justifique los crímenes que aquí se cometieron en aras de un contexto. La Alemania nazi surge en un contexto. Es más, todos los procesos históricos tienen un contexto, pero no por ello vamos a avalar y a justificar crímenes en aras de ese contexto.
Independientemente de nuestra posición política, espero que como sociedad logremos ciertos acuerdos básicos y entendamos que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser negados, justificados o avalados por el contexto.
Informo a la Sala que quedan cinco diputados inscritos para el debate.
En la sesión de hoy expondrán su posición la diputada Karol Cariola y el diputado Víctor Torres . El resto de las intervenciones sobre este proyecto se realizarán en la sesión del próximo jueves, en la que se debatirán, además, los tres proyectos que restan de la Tabla de hoy y el informe de la comisión investigadora sobre Exalmar .
Señor Presidente, felicito a los autores y coautores de un proyecto que inspira a la reflexión.
La iniciativa, de artículo único, establece lo siguiente: “El que públicamente negare hechos comprobados por sentencia judicial firme, referidas a delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, secuestro calificado, substracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y que las personas condenadas hubiesen actuado como agentes del Estado en calidad de funcionario público o, tratándose de un particular, que hubiese actuado en el ejercicio de funciones públicas o con la aquiescencia, consentimiento o por instigación de un funcionario público serán castigados con la pena de presidio menor en su grado medio.”
A partir de estos elementos, que resumen el contenido del proyecto de ley, quiero hacer algunas reflexiones.
Hace algún tiempo, junto con otros diputados, apoyados por miembros de distintas organizaciones de derechos humanos, presentamos un proyecto de ley denominado “Ninguna calle llevará tu nombre”, que se encuentra radicado en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y que considero complementario al que estamos discutiendo hoy.
Me parece correcto que se sancione a quienes pretendan negar, justificar o minimizar los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Chile durante un período tan duro de nuestra historia, pero también me parece inaceptable, contradictorio y una verdadera bofetada a las víctimas que existan calles, monumentos o se realicen exaltaciones y homenajes a quienes fueron responsables o cómplices de violaciones a los derechos humanos durante “la negra noche de la dictadura”, como llamó a ese periodo tan negro de nuestra historia nuestra compañera Gladys Marín , quien luchó incansablemente por recuperar la democracia.
Hoy, somos miles los jóvenes que tenemos la posibilidad de agradecerles a aquellos héroes que derramaron su sangre, que fueron torturados, perseguidos y que murieron luchando por recuperar la democracia.
Aprovecho la oportunidad para saludar a los jóvenes que están en las tribunas y que pertenecen a una generación que, afortunadamente, nació y vive en democracia.
Muchos hombres y mujeres nacieron, vivieron y se desarrollaron en una dictadura brutal, que persiguió a todo aquel que pensaba distinto o que creía en otro tipo de sociedad, una dictadura que persiguió a todos aquellos que no creían que un dictador podía tomar todas las decisiones en nuestro país, imponer a las autoridades y decir cómo tenía que pensar el pueblo. Eso fue lo que ocurrió en Chile durante ese periodo.
En nuestro país no solo hubo violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, sino que también se cometieron atrocidades en la vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a pensar. Un ejemplo es el caso de Víctor Jara , quien fue asesinado durante la dictadura militar por creer en una sociedad diferente.
Este proyecto, como muchos otros que hemos discutido, complementa un proceso largo, donde todavía hay mucho camino por recorrer para lograr hacer justicia, para terminar, de una vez por todas, con la impunidad y con la desfachatez de algunos parlamentarios que cada cierto tiempo solicitan rendir homenaje a Augusto Pinochet. Es lamentable que ese tipo de situaciones todavía sea aceptada; es lamentable que existan placas conmemorativas con su nombre y también es lamentable que aún haya personas que sigan negando que existieron crímenes de lesa humanidad, en circunstancias de que todavía hay miles de personas que todos los días buscan a sus familiares desaparecidos. Ellos no tienen dónde ir a dejarle una flor o rendir un homenaje a sus familiares, porque sus cuerpos desaparecieron, los tiraron al mar, los ejecutaron como ratas, como publicó un diario que aún sigue vigente y que fue cómplice fundamental de la dictadura militar.
En tiempos de democracia y de reconocimiento internacional de los derechos humanos, no podemos avalar, tolerar o respaldar aquellas conductas que tiendan a justificar o a negar hechos que marcaron un momento tan sensible y oscuro de la historia de nuestro país. Si queremos avanzar en materia de reparación y de justicia a las víctimas, no podemos permitir que se nieguen o justifiquen las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar en Chile.
Es bueno que hablemos de lo que sucede en el país, porque a algunos les gusta “sacarse las balas” y opinan de lo que sucede en otros países, de otras experiencias, pero cuando hay que hablar de Chile esconden la cabeza y se ponen detrás de sus aliados, que son precisamente quienes siguen justificando y negando los crímenes de lesa humanidad. Es responsabilidad del Estado condenar esas conductas, más aún cuando existe una sentencia firme que condena a los autores de delitos de lesa humanidad.
Algunos dirán que este proyecto atenta contra la libertad de expresión e, incluso, contra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esa es una buena forma de justificarse, porque es evidente que hay un sector político que sigue siendo cómplice activo de este proceso. El proyecto que discutimos armoniza perfectamente con el pacto antes mencionado, puesto que la limitación a la libertad de expresión, en este caso particular, pretende promover un objetivo legítimo: el respeto a los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Así lo ha establecido el propio pacto como requisito.
El Estado de Chile asume ciertas responsabilidades, ciertos deberes que a veces se olvidan, como, por ejemplo, investigar las violaciones a los derechos humanos y hacer justicia. Pero hay otro deber que a veces se olvida: la garantía de la no repetición, en que se deben adoptar todas las medidas para que nunca más se vuelvan a cometer estos crímenes en el país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se refirió a la garantía de no repetición, por lo que no es una novedad. Es un deber del Estado y si este proyecto se transforma en ley el objetivo es el mismo: que no vuelva a ocurrir esta situación.
Durante la tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, el diputado Juan Antonio Coloma hizo reserva de constitucionalidad del proyecto, por considerar que infringe el derecho constitucional a emitir opinión. Esa actitud amenazante deja en evidencia la defensa de la dictadura que algunos actores de la derecha continúan practicando, y se resguardan en la falsa protección de derechos constitucionales, con la pretensión de que se continúen justificando todos los actos que se cometieron de vulneración de derechos humanos, actos que su partido, sus coroneles y muchos de sus militantes siguen justificando.
Si queremos reparación, si queremos justicia y si queremos terminar con la impunidad, debemos adoptar las medidas que he mencionado.
Hoy la Cámara de Diputados está integrada por personas elegidas democráticamente, cuestión que no se podía hacer en dictadura. Por ello, emplazo a todos los diputados a respaldar este proyecto de ley y tramitar rápidamente aquel que prohíbe la exaltación y homenaje a los responsables y a los cómplices de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, a través de la colocación de sus nombres a calles o la construcción de estatuas, esculturas o monumentos.
La bancada del Partido Comunista e Independiente, de la cual forman parte parlamentarios que fueron víctimas de la dictadura militar, respalda gustosamente este proyecto de ley. Cabe mencionar que no solo hemos sido parte de la elaboración de esta iniciativa, sino que la hemos apoyado durante toda su tramitación, porque creemos que debe ser ley de la república.
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Torres .
Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a don Sergio Ojeda , uno de los autores de este proyecto de ley, quien es miembro de nuestra bancada y que antes de asumir como diputado fue abogado de derechos humanos.
Las víctimas de violaciones a los derechos humanos del régimen dictatorial de Pinochet no solo fueron miembros de los partidos políticos de izquierda; también hay muchos democratacristianos que forman parte de la lista de ejecutados y detenidos desaparecidos durante la dictadura. Hace algunas semanas, el partido reivindicó con una placa conmemorativa el nombre de algunos de esos militantes. Hablo de Guillermo Álvarez, José Balboa , Sonia Bustos , Hernán Castillo , Gustavo Domínguez , Tomás Domínguez , Mario Fernández , Mario Martínez , Juan Navarrete , Juan Palma , Roberto Romero , Sergio Verdugo , Juan Villaseñor , Sergio Rodríguez , Fernando Becerra y, por cierto, el ex-Presidente Eduardo Frei Montalva , caso en proceso investigativo por posible magnicidio.
Sin lugar a dudas, la tolerancia es un valor fundamental en nuestro país, que debemos ser capaces de implementar y hacer parte en la construcción de una sociedad que lo pide a gritos. Sin embargo, la tolerancia no implica ni significa que vamos a permitir que todo pueda ocurrir, ya que siempre existe un límite, convenido a partir de los valores universales, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos.
Lo mismo ocurre con la libertad de expresión. Si revisamos nuestra legislación, comprobaremos que se encuentra limitada, porque cuando uno opina respecto de alguien y con ella genera un daño, también puede ser sancionado por el daño ocasionado.
¿Realmente este proyecto limita la libertad de expresión respecto de una opinión que alguien pueda tener sobre la dictadura? No es así. Por lo tanto, se desestima ese argumento.
Hay que ser bien claros: lo único que sanciona este proyecto de ley es la negación respecto de hechos comprobados por sentencia judicial firme. Si bien es cierto nuestra legislación no consideraba como crímenes de lesa humanidad los cometidos en otras épocas, estos sí calzan con la legislación vigente respecto de esa figura legal.
La legislación chilena no puede desatender el sentimiento que provoca a quienes sufrieron en carne viva los delitos cometidos ni a sus descendientes. Así las cosas, oír cuestionamientos, minimizaciones o justificaciones de crímenes cometidos en dictadura -aún hoy existen quienes señalan que fue un mal necesario, que los crímenes se justificaron porque estábamos en una supuesta guerra civil y que finalmente Chile logró el desarrollo económico, o derechamente se burlan de esos crímenes parece un despropósito. Cuando esto sigue ocurriendo en nuestra sociedad, tenemos que ser capaces de hacernos cargo.
Recién el diputado Sergio Espejo -agradezco que mencionara parte de nuestras conversaciones decía muy bien que es necesario ser capaces de cerrar el proceso de revictimización que ocurre cada vez que hay negación de hechos, más aún cuando estos se encuentran comprobados a través de sentencia judicial firme.
De una vez por todas nuestro país tiene que ser capaz de entregar a las futuras generaciones la certeza de que aquello que ocurrió en el pasado no volverá a suceder en el futuro y que habrá responsabilidad en cuanto a que nunca más en Chile volverán a ocurrir crímenes de esta envergadura, independientemente de la posición política que los inspiren. Estas son responsabilidades colectivas, de toda la sociedad.
Cuando el Estado se pone detrás de la persecución, del secuestro y del asesinato de las personas porque piensan de manera distinta, ¡por Dios que debe dolernos en el alma! ¡Por Dios que debe llamarnos no solo a la reflexión, sino también a la acción!
Este proyecto permite rayar la cancha respecto de cuál es el futuro que debe ser capaz de construir nuestro país, nuestra patria, para tener una real reconciliación. Esa reconciliación profunda tiene que ser capaz de envolvernos el alma, pero no a partir de olvidarnos de aquello que ha ocurrido; no a partir de decir que aquí no pasó nada o que hubo justificaciones para que ello ocurriera, pues ello no genera aprendizaje y tampoco nos permite tener la certeza de que no vaya a ocurrir en el futuro.
Por las razones anteriormente expuestas y en homenaje a muchos hombres y mujeres que han sufrido y siguen sufriendo en esta patria, respaldaré plenamente este proyecto de ley y espero que se apruebe mayoritariamente.
Señor Presidente, sin duda, este es un proyecto muy controversial, pues tiene que ver con el hecho de si aprendimos o no la lección que nos dio la historia en los 17 años de dictadura militar, en que se cometieron los más horrendos delitos de lesa humanidad y de genocidio.
Este es un capítulo negro en la historia de nuestro país y se han planteado diversas iniciativas para entender que los pueblos que olvidan o que no conocen su historia están condenados a repetir sus tragedias.
Esta tragedia dejó millares de víctimas en nuestro país: miles de detenidos desaparecidos, centenares de miles de torturados y exiliados. En fin, el daño que se causó a la convivencia nacional en esos 17 años, sin duda, va a ser recordado por muchas generaciones, y esos hechos no siempre fueron reconocidos por todos.
En los primeros años después del regreso a la democracia, hubo una fuerte resistencia de lo que quedaba de dictadura, la que intentó desconocer lo que ocurrió. Por ello, el primer gobierno de nuestra democracia estableció como uno de sus pilares lo que se llamó la memoria y la verdad histórica. El informe Rettig fue señalando uno a uno todos los casos de violaciones a los derechos humanos que, en su conjunto, generaron uno de los genocidios más grandes que ha vivido nuestro país. Eso en cuanto a la verdad histórica, a la memoria y su rescate.
De ahí en más, como sociedad, hemos ido aprendiendo que esos hechos no pueden ser olvidados. Han surgido iniciativas, como levantamiento de monumentos, memoriales en los lugares donde hubo asesinados o torturados, recuerdos y conmemoraciones, un conjunto de actividades que nos llevan a decirle a la sociedad lo que ocurrió, con la finalidad de no estar abriendo la herida permanentemente, sino, más bien, apuntando a las futuras generaciones y adiestrándolas en el respeto a la democracia y a los derechos humanos, para que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir hechos tan repudiables como los conocidos.
Actualmente, existe otro proyecto de ley que va en la misma línea de castigar a quienes nieguen hechos comprobados por sentencia judicial que constituyen delitos de lesa humanidad. ¡Son violaciones a los derechos humanos!
Algunos han querido ver en esto una restricción o limitación a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, y han levantado, con escándalo, su grito de que aquí se está penalizando la opinión. De hecho, se dice que es un delito contra la opinión. Bueno, las opiniones en Chile son castigadas. Si bien la Constitución asegura a todo el mundo la libertad de expresión, la misma Carta Fundamental señala que, sin perjuicio de que se debe responder por todos los delitos y faltas que se cometan en uso de aquella, la libertad de expresión es una facultad y una libertad que no es absoluta.
Todos conocemos una de las grandes limitaciones que existen a la libertad de expresión u opinión, cuales son los delitos de injurias y calumnias. Aquel que en uso de la libertad de expresión cometa el delito de injurias, es decir, insulte, agreda verbalmente u ofenda a otro, es objeto de cárcel. Los tribunales están repletos de juicios donde se tramita este tipo de delitos. Ello habla de que la libertad de expresión tiene límites y que debe respetar el derecho de otros. Todas las personas tienen derechos de rango constitucional tan importantes como la libertad de expresión, como el derecho a la honra, de manera que nadie puede pasar a llevar a otro, menospreciarlo u ofenderlo.
Este proyecto tiene un objetivo bien definido: un bien jurídico protegido, que se relaciona con la protección de la dignidad de las personas que fueron víctimas de la dictadura cívicomilitar y de sus familias, hechos que afectaron a nuestro país durante 17 años. Negar los hechos ocurridos, pese a que fueron establecidos por una sentencia judicial, sin duda produce una ofensa, un grave daño y, por supuesto, dolor a las víctimas de esos atroces y horrendos delitos.
Esto no tiene que ver con un debate general respecto de la dictadura, sino con cuestiones bien concretas. Si esos actos de genocidio, de homicidio, de tortura, están establecidos en una sentencia judicial, resolución que tiene valor de ley para esos casos particulares, sin duda tienen que ser reconocidos y no pueden ser negados por persona alguna.
Se quiere castigar conductas que tengan impacto en la realidad; no basta con que alguien piense de manera diferente en relación con esta materia, sino que tiene que expresarlo como un hecho público, con publicidad. Cuando esa negación de los hechos se divulga con publicidad, ahí, precisamente, se configura el daño para las víctimas o sus familiares.
Alguien podrá preguntarse de qué manera se puede producir. Se produce a cada rato; incluso más, durante la pasada campaña parlamentaria una candidata a diputada de la derecha, Loreto Seguel , se permitió hacer campaña política denostando y ofendiendo a víctimas de violaciones a los derechos humanos respecto de situaciones bien concretas. En efecto, por todos los medios de comunicación dijo que Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana , quienes en plena dictadura fueron víctimas de una patrulla militar que los roció con bencina y les encendió fuego, se habían quemado a sí mismos, en una especie de autoatentado; que se habían autoinfligido las lesiones que causaron la muerte a Rodrigo Rojas y las lesiones que lleva, de por vida, Carmen Gloria Quintana .
Reitero: lo dijo por todos los medios de comunicación social, con lo cual ofendió y dañó, con una actitud de maldad increíble, a la madre de Rodrigo Rojas, Verónica de Negri , y a todos los familiares y víctimas de ese caso terrible.
Precisamente de eso estamos hablando: de si esa ofensa, que causa tanto dolor a personas; de si esa ofensa gratuita que se hace a esas víctimas, considerando que se trata de hechos comprobados por sentencia judicial, tiene que quedar impune porque debe ser considerada como algo inocuo, permitido. En esta Sala muchos creemos que no; que la libertad de expresión tiene límites concretos en estos casos específicos, porque en este caso estamos hablando de la memoria histórica de nuestro país y de proteger a las víctimas y a sus familias.
Hoy, en buena hora, se están dictando sentencias después de más de cuarenta años de tramitación, las que han establecido que se realizaron actos concretos de violaciones deleznables a los derechos humanos. Así, por ejemplo, en Paine, comuna que integra mi distrito, acaba de dictarse una que condena a veinte años de cárcel a un asesino. Se trata de uno de los primeros civiles en ser condenado por formar parte de una caravana que causó daño y muerte por donde pasó en dicha comuna.
Quiero que estos hechos sean establecidos y confirmados completamente por sentencia judicial, y nunca negados por nadie por dos razones: primero, porque si son negados, se desvirtúa la memoria de lo que ocurrió -se trata de borrar esos hechos para banalizarlos y trivializarlos, como si nunca hubieran ocurrido-; y segundo, porque de aceptarse que eso se pudiera hacer, se estaría sancionando e infligiendo un dolor inmenso a todas las víctimas de Paine y a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo que sería la constatación de que no hemos aprendido nada e, incluso más, de que en el futuro podríamos repetir esas tragedias.
Por eso, en recuerdo de todas las víctimas, de sus familiares y de la lucha tremenda que estos han dado por años para establecer la verdad y sancionar a los responsables -en otras palabras, para hacer justicia respecto de esos casos-, por supuesto apoyaremos el proyecto de ley.
En su segundo discurso, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Andrade .
Señor Presidente, intervine al comienzo de la discusión del proyecto fundamentalmente en función de lo que se plantea en el texto final, no de lo que establecía la iniciativa original, que era relativamente más fácil de entender. Sin embargo, después de escuchar algunas intervenciones, creí importante hacer algunos hincapiés.
El texto del proyecto sometido a consideración de la Cámara establece que la conducta a sancionar dice relación con “El que públicamente negare”, punto. Esa es la conducta que se sanciona. Estamos hablando de quien negare hechos comprobados judicialmente; no se refiere a una discusión sobre verdades históricas -¡no!-, sino a negar hechos que judicialmente han sido tipificados como delitos de esa naturaleza. Incluso más, el proyecto pormenoriza de qué delitos de trata -homicidio, homicidio calificado, etcétera-, y establece que deben haber ocurrido dentro de un determinado período histórico y haber sido cometidos por personas que hubiesen actuado como agentes del Estado.
En suma, lo que se está planteando al Congreso Nacional es un proyecto de ley que tiene bastante razonabilidad desde el punto de vista de lo que fue y ha sido la discusión en cuestión.
Siempre entendí que esto era más fácil de asumir por quienes lo entienden como una eventual transgresión al principio de libertad de expresión; pero veo que necesariamente hay que precisar un poco más.
Entonces, haré algunas prevenciones o precisiones.
En primer lugar, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no se pronunció respecto de este proyecto. Tanto es así, que en su momento su director señaló que no podía expresar opinión sobre el articulado, precisamente porque se requería un pronunciamiento colectivo, lo que no había ocurrido. Sin embargo, hizo algunas observaciones.
El proyecto plantea evitar que se niegue lo que ocurrió, no otra cosa; asegurar, por esa vía, la no repetición de esos hechos, de manera que nunca más vuelvan a ocurrir. Esto no tiene que ver con las conductas más amplias, sino con una cosa superprecisa.
El informe Rettig hizo que no se hablara más de algunas cosas que eran claramente tergiversadoras de la verdad. Acuérdense de que antes de dicho informe se hablaba de “presuntos desaparecidos” o de que eran “hechos aislados”. Todas estas cuestiones se derrumbaron con el informe Rettig , a partir del cual todos conocimos que había sido una conducta sistemática, concebida, y que además había detenidos desaparecidos. Toda la sociedad chilena lo reconoció. El informe Rettig tuvo esa virtud: constituyó una verdad consensuada en la sociedad chilena.
Entonces, no entiendo por qué esto genera tanta dificultad.
Los actos de las dictaduras -voy a ser preciso en esto, para evitar que se diga que hablo respecto de unas y no de otrasson reprochables: dañan a la sociedad en su conjunto; son una verdad innegable cuando ocurren.
El punto es si esos mensajes perversos, eso de negar, daña o no a las víctimas de esos hechos.
En Europa esto se resolvió por la vía de la tipificación del delito de incitación al odio, que, por cierto, ha llegado al derecho penal.
El Estado de derecho progresa y las sociedades también lo hacen cuando se avanza en la no repetición. Lo que importa a este proyecto es que no haya una repetición; y para que no haya repetición, evidentemente no se puede negar lo que ocurrió, porque si se hace, es perfectamente posible que vuelva a ocurrir. Ese es el punto en discusión.
Reitero: no se trata de hacer una discusión política respecto de las razones de una u otra cosa, sino de la negación de actos que judicialmente han sido categorizados como tales; o sea, están judicialmente comprobados.
Quiero hacer un comentario final respecto de lo planteado por mi amigo Jaime Bellolio : no hay nada que afecte más a una víctima que pasar por el oprobio de que se niegue lo que le hicieron.
Permítanme, en esta Sala algunos vivimos ese proceso en carne propia.
Puedo discutir si esto se justificó; lo que ustedes quieran. ¡Pero lo que no estoy dispuesto a aceptar es que se niegue que tengo los testículos quemados por cigarrillos! ¡Eso no se lo voy a aceptar a nadie! ¡No tengo por qué mostrárselo, entonces! ¡Eso es inaceptable!
¡No voy a aceptar que se niegue que a Guillermo Teillier lo tuvieron más de treinta días colgado, o que a Sergio Aguiló lo torturaron por más de treinta días! ¡Eso no lo voy a aceptar porque es negar un hecho, y eso es inaceptable!
Yo le quiero pedir a Bellolio, que expresa una opinión novedosa de la derecha en este país, que respecto de las víctimas tenga la consideración de no negar lo que efectivamente ocurrió.
Tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona .
El señor CARMONA .-
Señor Presidente, convivir en una sociedad con respeto a la diversidad de pensamiento constituye un factor esencialmente democrático.
Por consiguiente, son antidemocráticos tanto aquellos que sostienen que las personas que piensan distinto y postulan una sociedad diferente son enemigos del país, como aquellos que asumen tareas de Estado y utilizan todos los recursos estatales, incluidos los recursos armados, para terminar con esa corriente de pensamiento distinto. Eso es absolutamente antidemocrático y se transformó en una práctica habitual en la sociedad chilena entre septiembre del 73 y marzo del 90.
Lo ocurrido fue la peor tragedia que ha vivido nuestro país desde que es república, y tiene sus responsables. Los responsables son quienes desde una posición de ultraderecha no aceptaron la posibilidad de que una fuerza mayoritaria, desde el punto de vista político y social, avanzara en correr el cerco de los beneficios democráticos en favor de las mayorías, pues les pareció un atentado. Para impedirlo recurrieron, incluso, a una relación incestuosa con un país extranjero, Estados Unidos de América, que operó interviniendo directamente en las tareas de desestabilización de la democracia chilena.
Me parece tremendo que con ciertos aires doctorales algunos representantes de la derecha utilicen la frivolidad, traten de relativizar los hechos y usen la demagogia para, al fin y al cabo, esconder la responsabilidad política directa de civiles de derecha y de quienes, abusando del uniforme, usaron el poder de las armas contra el pueblo. Eso hay que decirlo con todas sus letras.
Aquí no puede haber dos lecturas. Aun cuando convenimos en que efectivamente existió un clima de terror, los documentos oficiales y nuestro propio Poder Judicial no han logrado sistematizar y hacer una síntesis completa de cuánto fue el daño provocado por el terrorismo de Estado.
Estoy pensando en los niños que sacaban descalzos a las dos de la madrugada para ubicarlos en las canchas de fútbol de La Legua. Eso es parte de la verdad. ¿Y qué dicen hoy los preocupados por los niños desde la mirada de la derecha? ¿Quieren que aceptemos eso? Eso no puede ser civilización, señor Presidente.
Asimismo, no hay ninguna razón para haber perseguido a religiosos -se lo digo a los que van a misa: ¡religiosos!porque tenían una mirada más social o distinta de la que se creía que debía ser el oficio religioso.
Lo sucedido fue monstruoso, y me llama la atención que con todo lo que ha pasado, todavía haya gente que reivindica esos hechos. Estoy seguro de que entre algunos puede quedar todavía la convicción de que el gran error de la dictadura fue no haber matado más comunistas, no haber matado más marxistas, no haber matado y exterminado de forma más atroz.
Uno se pregunta: ¿Era necesaria la tortura que se ejerció contra Marta Ugarte ? ¿Era necesario amarrarla a un riel de ferrocarril y lanzarla al mar, para que cayera en las playas de la Cuarta Región? ¿Era necesario? ¿Era un escarmiento? ¿Para quién? Era la cobardía llevada a su máxima expresión. Era una forma sádica. Ni siquiera era para escarmentar, porque esa persona ya no iba a existir. Tampoco era un mensaje para decir: “A todos los que se porten así les va a pasar esto”, porque eso no lo sabía nadie más que el torturador y la persona torturada.
¿Era necesario hacer desaparecer, como se hizo, a Carlos Contreras Maluje ? ¿Vamos a rendirle un homenaje a la cobardía de los aparatos de la FACh, institución a la que pertenecía el vehículo en que fue detenido Carlos Contreras ? La patente del vehículo fue identificada gracias al valor heroico de Carlos Contreras para denunciar la situación de su detención, lanzándose debajo de una micro, lo que hizo obligatorio tomar nota de ese accidente. ¿Se puede reivindicar eso?
Señor Presidente, quiero decirles a quienes todavía tienen la mirada absolutamente comprometida con ese exterminio, que no olviden que tienen hijos -si no tienen hijos o hijas, seguramente tienen sobrinosa los cuales deberán mirar a los ojos con franqueza y transparencia. No creo que quieran asumir que son cómplices de criminales, de asesinos, de la barbarie misma.
Ni la arrogancia que da la juventud ni la arrogancia de la supuesta intelectualidad justifican la tremenda barbaridad que pretenden proteger.
Cómo no voy a hablar de Carlos Contreras, de Julián Peña Maltés , de Rodrigo Rojas de Negri, de Carmen Gloria Quintana, de Manuel Guerrero, de José Manuel Parada , de Santiago Nattino o de Cristina Carreño, contemporáneos con quienes vivimos día a día, con dignidad e intensidad, la lucha por la libertad y por la democracia, a riesgo de todo.
El problema no es la mirada del partido político A respecto del partido político B, sino del valor absoluto que no se puede relativizar en la convivencia o en la diferencia dentro de una sociedad democrática.
De ser así, vamos a convenir en que reivindicar regularmente cada uno de los hechos o de las personas que fueron capaces de llevar adelante tamaña monstruosidad significa reiterar la tortura psicológica a la que fue sometido el pueblo de Chile, por la vía de las reivindicaciones de dichas atrocidades.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la convivencia, me parece democrático y civilizado impedir que se reivindique todo lo que tenga relación con la peor barbarie que ha afectado a la historia de nuestro país.
En este momento, pienso en la gente más desamparada, en la gente humilde que, por el solo hecho de tener esa condición, se la asoció a una situación de clase y, por pertenecer a un hogar pobre, fue víctima de allanamientos, torturas y traslados a campos de concentración, aun cuando ni siquiera tenían conciencia de militancia política alguna.
Por lo tanto, en nombre de cada una de las compañeras y de cada uno de los compañeros que entregaron su vida, víctimas del ejercicio terrorífico de parte del Estado, nuestra bancada va a promover hoy y va a reiterar mañana la causa por el respeto de los derechos humanos, porque en la lucha por la verdad y la justicia nunca vamos a tener ni un minuto de vacilación.
Por las razones expuestas, aprobaremos el proyecto con absoluta convicción.
La discusión del proyecto queda pendiente para una próxima sesión, porque todavía hay diputadas y diputados inscritos para intervenir.
El señor MONCKEBERG (don Cristián).-
Señor Presidente, para nuestro Tribunal Constitucional, un caso de ejercicio abusivo de la libertad de expresión es el denominado “discurso o apología del odio“, esto es, aquel desarrollado en términos que supongan una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular.
Sin embargo, el proyecto en discusión pretende incorporar a nuestro derecho el denominado “negacionismo'', esto es, comportamientos y discursos que tienen en común la negación, al menos parcial, de la realidad de los hechos históricos percibidos por la mayor parte de la gente como hechos de máxima injusticia y, por tanto, objeto de procesos de elaboración científica y/o judicial de las responsabilidades que se derivan de ellos.
Es efectivo que en Europa algunos países han incorporado figuras de esta naturaleza a sus ordenamientos jurídicos, no sin dificultades y con diferencias evidentes respecto de lo que nosotros pretendemos legislar. Dificultades, porque no son pocas las ocasiones en las que estas normas se han declarado inconstitucionales, y diferencias porque en los casos más relevantes se refieren efectivamente a genocidios y a crímenes de lesa humanidad con condenados en dicha calidad. Debemos recordar que en Chile los crímenes de lesa humanidad y genocidio se incorporaron recién a nuestro ordenamiento jurídico interno mediante la ley N° 20.357.
Por otra parte, no basta la simple negación, pues en otros ordenamientos jurídicos relevantes, como el alemán, se sanciona esta conducta cuando tenga la capacidad de “alterar la paz social“.
Ahora bien, cuatro jurisdicciones constitucionales relevantes han cuestionado la constitucionalidad de estas normas:
El Consejo Constitucional de Francia ha declarado que es inconstitucional la norma que sanciona la negación de crímenes genocidas, por atentar contra el principio de proporcionalidad en relación con la regulación de la libertad de expresión y opinión.
Por su parte, en 2007 el Tribunal Constitucional español decidió que castigar la difusión de ideas o doctrinas que nieguen el genocidio supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión. Para el Tribunal, la libertad de expresión comprende la libertad de crítica, “aún cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe 'sociedad democrática “. Considera que “es evidente que al resguardo de la libertad de opinión cabe cualquiera, por equivocada o peligrosa que pueda parecer al lector, incluso las que ataquen al propio sistema democrático”.
A su vez, la ley alemana, tan citada en este tema, dispone la penalización de quien, en una reunión, apruebe, niegue o minimice un hecho del nacionalsocialismo, pero exige que la conducta sea de una entidad tal que sea “capaz de alterar la paz social“. En efecto, el propio Tribunal Constitucional alemán ha señalado que esta figura no reduce el contenido material del derecho de libertad de opinión; la ideología nacionalsocialista por sí está protegida por el derecho de libertad de opinión.
Finalmente, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado, en relación con la negación del genocidio armenio, que “Las declaraciones no pueden considerarse que infringen la dignidad de los miembros de la comunidad armenia hasta el punto de exigir una respuesta del derecho penal en Suiza. No había obligación de derecho internacional de Suiza para criminalizar tales declaraciones. Los tribunales suizos parecen haber censurado al demandante, simplemente por expresar una opinión que difiere de las que se ha optado en Suiza.”.
Este tipo de criminalización busca poner término al debate, a la discusión, y supone una censura previa de sujetos que buscan proponer una verdad histórica distinta. Por ejemplo, el abogado Adolfo Paul ha escrito diversas cartas al director, y el libro denominado Procesos sobre violación de derechos humanos: inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades, en el que realiza, por ejemplo, afirmaciones como las siguientes: “Por otra parte, los hechos que se les imputan a los militares no cumplen con el requisito del tipo penal para ser calificados como de lesa humanidad, que exige que los actos constitutivos de delito sean cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil“. Los delitos de lesa humanidad se cometen únicamente contra una población civil. Los terroristas y guerrilleros urbanos o rurales -que llevaban a cabo una cruenta guerra subversiva o lucha armada revolucionariano eran “población civil”, sino que combatientes de un “ejército irregular “ vestidos de civil, lo que es muy diferente.”
Con esto lo que se pretende demostrar es que en un ejercicio científico y de debate, que, por cierto, puede ser controvertido, un sujeto podría ser sancionado penalmente y merecer la cárcel, algo que me parece inconstitucional y desproporcionado.
Quiero se claro también en reafirmar el apoyo que hemos dado como Renovación Nacional a las distintas iniciativas, además de las reformas constitucionales y legales para aprobar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
El derecho penal no es la forma de zanjar las diferencias políticas o ideológicas, ni menos para imponer una visión de la historia. El derecho penal es la última frontera, y que en lo particular para delitos de odio, exige conductas exteriorizadas y al menos potencialmente peligrosas, y no una mera opinión.
Votaremos en contra porque los derechos humanos no se protegen a costa de los mismos, y porque creemos que esta iniciativa vulnera en su esencia la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución y en los principales tratados internacionales suscritos por nuestro país.
Señor Presidente, ¿definitivamente seremos citados para el próximo lunes 27 de noviembre, a las 15.30 horas, para discutir el proyecto de ley de presupuestos en su tercer trámite constitucional?
Así es, señor diputado. Pronto les llegará la citación correspondiente.
Señor Presidente, lo consulto porque es muy probable que tengamos que ir a comisión mixta y estamos contra el tiempo, pues el proyecto de ley de presupuestos debe estar despachado, a más tardar, el 30 de noviembre.
Por lo tanto, si hay comisión mixta, la Mesa tiene todas las atribuciones para hacer las citaciones respectivas con cuatro horas de anticipación.
Así es, señor diputado.
La sesión para discutir el proyecto de ley de presupuestos será el lunes 27 de noviembre, a las 15.30 horas, y el plazo constitucional vence el 29 de noviembre.
Por lo tanto, disponemos del tiempo suficiente para despachar el proyecto. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 12.35 horas.
Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Sabat y de los diputados señores Berger; Fuenzalida; Kast, don Felipe; Monckeberg, don Nicolás; Pérez, don Leopoldo; Rathgeb y Verdugo que Modifica la ley N° 18.101, que Fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, en el sentido de establecer un límite para el cobro de rentas de subarriendo. Boletín N°11513-07
•	De acuerdo a la última encuesta Casen [1] , un 72% de la población migrante en todo el país vive en base al arriendo de inmuebles; particularmente de habitaciones o unidades habitables de que forman parte de un bien raíz residencial. La Región Metropolitana lidera estas cifras con 76% de la población migrante en calidad de arrendatarios.
•	En los últimos meses, y particularmente a propósito del boom migratorio que ha experimentado nuestro país, hemos tomado conocimiento en el marco de nuestras funciones de representación y por medios de prensa, del abuso del cual son objeto los migrantes a través de rentas de subarriendo que son establecidas unilateralmente por arrendatarios que han hecho del sufrimiento y la necesidad ajena un negocio.
•	Por lo general, se cobran por habitaciones o unidades habitables, rentas d arrendamiento o subarrendamiento que corresponderían al arriendo o subarriendo total del inmueble, lo que deja a la vista el carácter abusivo de estas practicas, y el escaso margen de negociación que tienen sujetos que deben darle un techo a sus familias, y que en muchos casos se encuentran en situación irregular en nuestro país o deben sortear barreras idiomáticas.
•	Atentan contra las posibilidades de los grupos migrantes las exigencias que se han ido estableciendo por los dueños de inmuebles a los arrendatarios, e incluso que en ocasiones los estándares y los requisitos se endurezcan especialmente a propósito de estos. Esta situación ha sido persistentemente denunciada por el Alcalde de Santiago, que ve en ella una fuente de abusos y hacinamiento que resulta incompatible con las condiciones mínimas de una vivienda digna. Más aun, en el afán de optimizar las utilidades, son muchos los inescrupulosos que practican subdivisiones irregulares para aumentar la cantidad de unidades arrendables.
•	Es evidente que esta iniciativa es tan solo una medida, de una serie que deberíamos adoptar como Estado, para acoger a los grupos vulnerables, y asegurar condiciones de dignidad en la vivienda. Esta propuesta que busca sancionar las rentas abusivas de subarrendamiento, no persigue limitar la iniciativa privada ni desconocer la legítima posibilidad de lucro. Tan solo es un aporte para detener situaciones abusivas que afectan a los más vulnerables. Es evidente que lo anterior debería ir de la mano de programas de vivienda y de una legislación que se haga cargo de la situación de la población migrante de manera integra.
“Artículo único.- Incorpóranse a la Ley 18.101, Fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, el siguiente artículo 23 ter nuevo:
“Artículo 23 ter.- Tratándose de contratos de subarrendamiento de habitaciones o locales habitables en general, correspondientes a inmuebles con fines residenciales,las rentas de subarriendo no podrán ser iguales o superiores al doble de la suma que resulte de dividir la renta de arrendamiento que el subarrendador pague por la totalidad del inmueble, por el número de habitaciones o locales habitables del mismo.
El subarrendatario tendrá derecho a que se le restituya lo pagado en exceso, de acuerdo al procedimiento dispuesto en el Titulo III.”.”.
Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Sabat y de los diputados señores Berger; Fuenzalida; Kast, don Felipe; Monckeberg, don Nicolás; Rathgeb y Verdugo que Modifica las leyes N° 18.101, que Fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, y 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, para sancionar el hacinamiento en las habitaciones arrendadas o subarrendadas en virtud de un contrato. Boletín N°11514-06
De acuerdo a la Encuesta Casen, el hacinamiento, esto es la cantidad de personas por dormitorio o unidad habitable, puede calificarse en 4 categorías. Hasta 2,4 personas por dormitorio, no existe hacinamiento, mientras que si el número de moradores por habitación oscila entre los 2,5 y los 3,4 el hacinamiento se calificaría como medio, y entre 3,5 y 4,9 se estima alto. Por sobre las 5 personas por habitación, ya el hacinamiento es catalogado como crítico.
De acuerdo a la encuesta Casen del año 2015, la población con algún nivel de hacinamiento solo alcanzaba el 7,1% del total nacional. De esta 7,1%, un 5,4% corresponde a un hacinamiento medio; un 1,2% alto, y un 0,6% crítico.
De cualquier forma, si bien parecieran los números dar cuenta de una nación que aspira al Desarrollo, los crecientes fenómenos migratorios dan cuenta de realidades que se creían superadas; y que en algunos casos parecen relatos de un Chile que dejamos atrás hace décadas.
Según un estudio de la Fundación Techo [1] , un 5,2% de la población migrante se encontraría en situación de hacinamiento crítico, mientras que un 29,9% estaría en condiciones de hacinamiento medio. Y esto es fácilmente explicable si se tiene a la vista la gran cantidad de migrantes que han ingresado a nuestro país. En efecto, solo si tenemos a la vista la migración haitiana, podremos advertir que de acuerdo al Departamento de Extranjería las visas entregadas a estos aumentó en un 551% entre el 2014 y el 2016.
De la misma forma, el pasado censo dejó a la vista la situación de los grupos migrantes en nuestro país, y las condiciones en las que viven en nuestro país; víctimas del abuso y morando en habitaciones que arriendan en condiciones abusivas. En muchos casos, se junta lo inescrupuloso de los arrendadores o subarrendadores, con la necesidad de ahorrar recursos de los migrantes para enviarlos a sus familias en sus países de origen.
Por lo anterior, en el afán de asegurar condiciones de vivienda digna, particularmente de aquellos grupos más vulnerables que adoptan el sistema de arriendo porhabitación o unidad habitable; queremos establecer condiciones que combatan el hacinamiento. Esto no persigue bloquear la oferta de habitación, sino por el contrario, regular una práctica que degrada la dignidad de las personas y que genera condiciones que no son idóneas para la convivencia familiar. De cualquier forma, se deben establecer criterios más flexibles tratándose de grupos de moradores que estén unidos por vínculos de consanguinidad o afinidad. Esta es una de dos iniciativas legales –la otra se refiere a los precios abusivos de subarriendos-, que no quisimos presentar en el mismo proyecto, pues estimamos que difieren en sus ideas matrices; pero que sin duda complementariamente esperan terminar en alguna medida con los abusos antes denunciados.
“Artículo primero.- Incorpóranse a la Ley 18.101, Fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, el siguiente artículo 23 ter nuevo:
“Artículo 23 ter.- En los contratos de arrendamiento o subarrendamiento de habitaciones u otros locales habitables, correspondientes a inmuebles con fines residenciales, no se podrá superar una carga ocupacional de 3 personas por habitación o local habitable.
Esta cifra podrá alcanzar a 5 personas por habitación o unidad habitable tratándose de sujetos unidos entre ellos por vínculos de convivencia, afinidad o consaguinidad.
La infracción de lo dispuesto en los incisos precedentes se sancionará con multa a beneficio municipal de 5 a 100 unidades tributarias mensuales.
La municipalidad correspondiente o cualquier persona podrá denunciar ante el Juzgado de Policía Local competente, el incumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios probatorios de que se disponga.
Lo dispuesto en este artículo, no obsta al cumplimiento de lo señalado en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en su ordenanza general y en los instrumentos de planificación territorial.”.
Artículo segundo.- Incorpórase al articulo 4° de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, un literal m) nuevo del siguiente tenor:
“m) Fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 23 ter de la Ley 18.101.”.”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Fuenzalida; Berger; Kast, don Felipe; Monckeberg, don Nicolás; Rathgeb y Verdugo, y de las diputadas señoras Núñez, doña Paulina, y Sabat, que Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, en materia de delitos de daños o lesiones causados con ocasión de la conducción de vehículos motorizados, durante la fuga posterior a la comisión de otro delito. Boletín N°11515-15
En los últimos meses, particularmente a partir del delito de hurto o robo de vehículos motorizados o de nuevas formas robo con violencia denominadas “portonazos”; hemos presenciado peligrosas persecuciones policiales que, muchos casos, han derivado en daños a la propiedad o afectación de la integridad física de de terceros o incluso de los propios agentes policiales protagonistas de la persecución.
Es del caso reconocer que, si bien en muchas ocasiones los delincuentes no tiene la intención positiva de causar daños o proferir lesiones en terceras personas, estas pueden resultar una consecuencia necesaria de alcanzar altas velocidades y de transgredir las normas del tránsito.
Hace ya algunos años, como sociedad hemos decidido sancionar a título de delito de peligro, conductas como la conducción en estado de ebriedad, donde si bien pueden incluso no verificarse daños, lesiones o muerte de terceros, igualmente se sanciona dicho accionar en sede penal. Esto incluso ha sido reforzado por medio de la denominada “Ley Emilia”, que supone elevar la conducción en estado de ebriedad a estándares de reprochabilidad asimilables a conductas sancionadas con pena aflictiva.
La problemática surgió para el derecho penal desde la perspectiva de principio de lesividad. Particularmente, lo referido a los delitos de peligro en esta materia, es un tema que ha inquietado a la doctrina nacional. Cabe señalar que se ha desarrollado extensamente la diferencia existente entre los delitos de peligro concreto y los de peligro abstracto, prescindiendo estos últimos de cualquier tipo de afectación real de bienes jurídicos, con la consecuente complejidad desde el punto de vista de la justificación del derecho penal, en tanto se transforman prácticamente en delitos de desobediencia.
La propuesta que sometemos a discusión legislativa, pretende sancionar a quien huyendo de la presencia policial –luego de la comisión de un delito o para evitar la detención-, conduciendo vehículos motorizados, produzca daños, lesiones o la muerte de transeúntes o de los agentes policiales envueltos en la persecución.
Se trata de conductas sancionables con prescindencia de la pena que corresponda en razón de los delitos o cuasidelitos en que incurra el delincuente, antes o durante la persecución policial. Igualmente, se establece una regla en virtud de la cual, se califica la conducta cuando se produzca la muerte o las lesiones que señala el artículo 397, Nº 1, del Código Penal en agentes policiales que participaren de la persecución.
“Artículo único.-Agrégase a la Ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia; el siguiente artículo 196 quater nuevo:
“Artículo 196 quater.- El que, con posterioridad a la comisión de un delito y con el objeto de evitar la detención o evadir la acción de la justicia, huyere conduciendo vehiculo motorizado causando daños materiales o lesiones leves, será sancionado con una multa de una a cinco unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia de conducir por seis meses. Se reputarán leves, para estos efectos, todas las lesiones que produzcan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor a siete días.
Si se causaren lesiones menos graves, se impondrá la pena de prisión en su grado mínimo o multa de cuatro a diez unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia de conducir por nueve meses.
Si se causaren algunas de las lesiones indicadas en el artículo 397, Nº 1, del Código Penal o la muerte, se impondrá la pena de reclusión menor en su grado máximo, multa de veintiuno a treinta unidades tributarias mensuales y la suspensión de la licencia para conducir por el plazo que determine el juez, el que no podrá ser inferior a treinta y seis ni superior a sesenta meses. Cuando las lesiones a las que se refiere este inciso o la muerte se causaren a agentes policiales que participaren de la persecución, se aplicará la pena señalada en su máximum.
Las penas previstas en este artículo se impondrán al conductor conjuntamente con las que le correspondan por la responsabilidad que le pueda caber en el respectivo delito o cuasidelito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal.”.”.
Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pérez, don Leopoldo; Berger; Fuenzalida; Monckeberg, don Cristián; Rathgeb y Verdugo, y de las diputadas señoras Núñez, doña Paulina, y Sabat, que Modifica el Código Penal con el objeto de aumentar la pena aplicable a los delitos de homicidio y lesiones cometidos en contra de choferes de transporte público de pasajeros, en el ejercicio de sus labores. Boletín N°11516-07
De acuerdo a una encuesta realizada por el investigador de la Universidad de Chile, Diego Piñol, a conductores del Sistema de Transporte Público de Santiago, un 20% de ellos sufrió alguna agresión física o fue víctima de otros hechos delictuales. [1] Esto se condice con las noticias que dejan a la vista como diariamente, quienes se desempeñan como conductores en el transporte público de pasajeros, y particularmente como conductores de autobuses, sufren agresiones físicas, verbales, o maltrato psicológico.
Esta situación ha ido escalando, aumentando en frecuencia y niveles de violencia. Y si bien, particularmente en el Sistema de Transporte Público de Santiago –Transantiago-, se prescinde de medios de pago que supongan llevar dinero, las agresiones en muchos casos tienen su origen en causas multifactoriales, que exceden la perpetración de robos o la apropiación de dinero.
Sin ir más lejos, situaciones como el requerimiento de pago del servicio o la imposibilidad de detener el autobús en los lugares solicitados; han dado lugar a agresiones que han dejado en riesgo vital a conductores del transporte público. Este fue el caso del conductor José Cotrina, quien al no atender oportunamente la solicitud de detención de un pasajero, fue apuñalado en 11 oportunidades, lo que lo mantuvo en riesgo vital por días.
La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte o International Transport Workers Federation (ITF), ha sido enfática en rechazar las agresiones que, sin distinción de nacionalidad, sufren a diario los trabajadores del gremio. De esta manera, en su 43° Congreso en Bulgaria, la institución gremial, particularmente el Comité de Transporte Urbano, señaló:
“Con frecuencia, la seguridad es la primera víctima de las medidas de reducción de gastos. En el transporte de pasajeros, esto puede afectar no solo a los trabajadores y trabajadoras del transporte, sino también a usuarios/as y pasajeros/as. Por lo tanto, la seguridad en el trabajo debería ocupar un lugar más significativo en la labor del Comité.”[2]
Esta necesidad de asegurar condiciones de seguridad en el trabajo, no se limita al transporte público, y así lo dejan en evidencia publicaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al señalar que:
“La salud y la seguridad en el trabajo son un pilar de toda política social y un componente esencial de la estrategia de promoción del trabajo decente preconizada por la OIT. No se trata solamente de crear empleos, es necesario también que esos empleos respondan a los criterios de decencia y de dignidad. Será necesario entonces desarrollar un enfoque verdaderamente global e integrado de la salud y la seguridad en el trabajo, un enfoque que apunte en primer lugar a mejorar el bienestar en el entorno laboral, adaptándose a la evolución global de la economía, más orientada hacia los servicios”. [3]
El transporte público es de gran relevancia en los tiempos actuales, particularmente por sus beneficios que incluyen la descongestión vial, la reducción de los niveles de contaminación y la mejora en la calidad de vida de las personas. El transporte público favorece, entre otras cosas, la libre circulación de los bienes, la inclusión y la movilidad social, aumentando con ello el crecimiento económico.
El presente proyecto se hace cargo de la importancia estratégica que tiene el transporte público –en todas sus formas- desde el punto de vista social y económico; e incluso en la protección de otros bienes dignos de especial tutela, como el medio ambiente. Por lo anterior, esta moción le asigna un especial desvalor a la agresión de conductores que se encuentran en el ejercicio de sus labores, no solo por la importancia asignada a la función social que cumple el transporte público, sino también porque de la integridad del conductor depende, en muchos casos, la integridad y bienestar físico de los pasajeros.
Esta moción, si bien supone una señal importante de política criminal, debe ser complementada por medidas que tomen las propias empresas de transporte, en tanto empleadores, para prevenir esta clase de agresiones; algo en lo cual deben concurrir con sus esfuerzos, los órganos de la Administración del Estado.
“Artículo único.- Modifícase el párrafo V del título octavo del Libro Segundo del Código Penal, en el siguiente sentido:
1)	Agrégase un artículo 410 bis del siguiente tenor:
“Artículo 410 bis.- Si los hechos a que se refieren los párrafos I y III de este título se ejecutan en contra de chóferes o conductores de transporte público remunerado de pasajeros, en ejercicio de dichas labores, las penas se aumentarán en un grado.”.
2) Reemplázase en el artículo 411 la expresión “anterior” por el guarismo “410”.”.

References: artículo 34
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 261
 artículo 19
 resolución 
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 397
 artículo 196
 artículo 397
 artículo 74
 artículo 410
 artículo 411