Source: http://www.cnv.gov.ar/ResDisciplinarias/ResIniciales/Resolucion16386.htm
Timestamp: 2018-01-22 16:30:23+00:00

Document:
RESOLUCIÓN Nº 16.386
VISTO el Expediente N° 1126/2010 rotulado: “PAPEL PRENSA s/ PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACION DEL CONSEJO DE VIGILANCIA”, lo dictaminado por la Subgerencia de Fiscalización Jurídica en fs. 161/168 y fs.171/175, por la Gerencia de Investigaciones y Prevención del Lavado de Dinero en fs. 215/223 y por el Señor Coordinador Jurídico General en fs. 224,
Que en fs. 1 formularon denuncia los síndicos de PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y M. [en adelante PAPEL PRENSA] del ESTADO NACIONAL, señores Daniel Gustavo REPOSO y Agustín Carlos Alberto TARELLI, con fundamento en que los miembros del Consejo de Vigilancia actuales representantes del capital privado no son accionistas.
Que en razón de ello, se abrió una investigación, y se efectuaron una serie de medidas probatorias tendientes a corroborar los dichos invocados en la presentación que motivó el origen de este expediente.
Que en su consecuencia, se requirió a los Señores Eduardo Lohidoy, Gustavo Schlossberg, Hernan Verdaguer, Diego Sigal, Juan Pueyrredon y Sebastián Bardengo, que acrediten su calidad de accionistas (ver constancias de fs. 1).
Que en respuesta de ello, contestaron, Gustavo Schlossberg en fs. 29/30, Diego Sigal en fs. 33/35, Sebastián Bardengo en fs. 55/57, Hernán Verdaguer en fs. 66/68, Eduardo Lohidoy en fs. 81/84, y Juan Pueyrredón en fs. 135/138.
Que también se efectuaron otras medidas las que obran cumplimentadas en fs. 16/17 y en los VI cuerpos del Anexo de este expediente.
Que según surge de la AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 85 de fecha 20 de mayo de 2010, se designó como integrantes del Consejo de Vigilancia, “titulares”, a los Sres. Eduardo Lohidoy, Gustavo Mirko Schlossberg y Hernán Pablo Verdaguer y como “suplentes” a los Sres. Diego Gabriel Sigal, Juan Marcos Pueyrredón y Sebastián Bardengo; designándose por el Estado Nacional a los Sres. Alberto Ricardo González Arzac (Titular) y Beatriz Inés Montoya (Suplente) [ver ID 4-136717-D].
Que allí se expuso; “….El doctor Zamenfeld propone designar como integrantes del consejo de vigilancia en representación del capital privado, dejando constancia que es hasta el 3 de junio, a los doctores Eduardo Lohidoy, Gustavo Mirko Schlossberg y Hérnan Pablo Verdaguer, como titulares, y a los señores Diego Gabriel Sigal, Juan Marcos Pueyrredón y Sebastián Bardengo como miembros suplentes, además propone para cubrir los cargos de presidente y vice-presidente del consejo de vigilancia a los doctores Eduardo Lohidoy y Gustavo Mirko Schlossberg respectivamente, y (….) por el Estado Nacional como consejero titular al doctor Alberto Ricardo Gonzalez Arzac en los términos de la resolución ministerial 258/09. (…)” (sic, texto del Acta de Asamblea General Ordinaria del 20 de mayo de 2010), moción que fue aprobada.
Que la Ley de Sociedades establece que quienes formen parte del Consejo de Vigilancia deben ser accionistas (cfr. Artículo 280 de la Ley N° 19.550).
Que lo mismo establece el estatuto social de PAPEL PRENSA en su artículo 15 bis: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15° funcionará un Consejo de Vigilancia integrado por cuatro miembros titulares y cuatro suplentes. El Estado Nacional, en tanto mantenga su condición de accionista, elegirá un miembro titular y otro suplente. Los demás miembros o todos ellos cuando el Estado deje de ser accionista, serán elegidos por los restantes accionistas por mayoría de votos, aplicándose en su caso el artículo 263 de la Ley 19.550…”
Que tal requisito resulta ser sine qua non e insoslayable para conformar el órgano, órgano plural y colegiado que se encargará de fiscalizar el control de merito de la gestión del directorio, esto es la prudencia de sus actos, la orientación comercial de su gestión, su política de precios, adquisiciones, etc., en síntesis: su función es la de fiscalizar la gestión del directorio.
Que para conformar dicho órgano es necesario, como ya se refirió, revestir la calidad de accionista al tiempo de la elección por la asamblea y conservarlo por todo el plazo que permanezcan en sus funciones; dado que la pérdida de esta calidad produce la cesación en el cargo (cfr. Halperin Isaac – Otaegui Julio “Sociedades Anónimas” 2da. Edición, Ed. Depalma, octubre de 1998, pág. 647 y sig.; Verón Alberto, “Manual de Sociedades Comerciales” T.III Ed Errepar, Bs As. Octubre de 1998, pág. 1743 y sig.).
Que requeridos que fueron los nombrados a fin de que acrediten su calidad de accionistas, estos invocaron la designación en representación de S.A. LA NACIÓN, ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. y CIMECO S.A..
Que del acta de asamblea del 20 de mayo de 2010 no surge esa designación, en tal caso y de revistar éstos calidad de representantes de los accionistas, así debió ser consignado y aclarado en el momento del nombramiento, tal como se hizo con los representantes del ESTADO NACIONAL (ver texto del Acta General Ordinaria del 20 de mayo de 2010).
Que, la representación debió ser consecuencia de la designación del accionista y no viceversa.
Que siguiendo la tesitura propugnada por los requeridos, esto es representar al accionista, debió designarse en la asamblea a los accionistas y en su caso, si estos así lo consideraran decidir quienes efectuaran y/o ocuparan ese cargo y función, y esto es, sin emitir opinión alguna respecto de la procedencia de otorgar mandato con representación (C.Com.: 222) o comisión (C.Com.: 222 segundo párrafo) para el ejercicio del cargo, ni emitir juicio alguno vinculado a la documentación por éstos aportada para sustentar esa representación.
Que en función de lo expuesto, dado el control de formalidad y legalidad que efectúa este Organismo en los términos de la Ley N° 17.811 y considerando que los Sres. Eduardo Lohidoy, Gustavo Mirko Schlossberg, Hernán Pablo Verdaguer, Diego Gabriel Sigal, Juan Marcos Pueyrredón y Sebastián Bardengo, reconocieron al contestar las notas en fs. 29/32, en fs. 33/54, en fs. 55/ 65, en fs. 66/80, en fs. 81/122 y en fs. 135/140 que no eran accionistas de PAPEL PRENSA, es que en el caso no se encontraría cumplido el requisito establecido por ley e indicado precedentemente (cfr. artículo 280 de la Ley N° 19.550).
Que se reitera, que de existir la representación al tiempo de la designación como se alega, debió asentarse de ese modo en el acta, pues lo contrario genera confusión en la difusión de información al público inversor, impropio del principio de información completa, veraz y eficaz y de transparencia que rige en el mercado de capitales.
Que, con significado afín, en el ámbito de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES se establece “que la transparencia y la información plena, son principios que deben regir la conducta de los participantes en la oferta pública, en aras a la protección del consumidor financiero y para garantizar el buen funcionamiento del régimen” (artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL).
Que en atención a lo expuesto, se impone evaluar la conducta de los administradores de la sociedad en los términos del artículo 59 de la Ley N° 19.550.
Que la pauta de conducta referida por dicha normativa vinculada a la diligencia del “buen hombre de negocios”, en la actualidad, no se conforma con que el administrador de la sociedad actúe como un buen hombre común, sino que le exige una especial aptitud profesional. El buen hombre de negocios no es ya un ciudadano medio, sino que es una persona con aptitud profesional específica para el tipo de negocios que tiene a su cargo, medida que es común encontrar en personas que administran negocios de igual o parecida naturaleza (ZALDIVAR, Enrique y otros “Cuadernos de Derecho Societario” T. I Macchi Bs. As. 1973 Página 305).
Que este criterio de apreciación constituye un cartabón o estándar jurídico para apreciar la debida diligencia del director en el desempeño de sus funciones, precisando la obligación que el artículo 902 del Código Civil impone al obrar, que establece “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”.
Que asimismo dicha conducta, también se exige al órgano de fiscalización, el cual debe obrar de igual modo en el ejercicio de sus funciones conformando un verdadero “órgano de control” en atención a las especiales funciones que la ley le asigna, como la de fiscalizar la administración de la sociedad, pudiendo examinar los libros y documentos, siempre que lo juzgue conveniente, y sobre todo “vigilar” que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias (artículo 294 inciso 1° e la Ley N° 19.550).
Que, en el caso se observa que tanto el órgano de administración como el de fiscalización, no habrían reparado en lo detectado como consecuencia de ésta investigación, esto es que las personas que fueron designadas para ocupar el cargo de consejeros no revistaban la calidad de accionistas.
Que, en cuanto a la fiscalización, cabe destacar, que “vigilar”, de acuerdo a la acepción utilizada por el artículo 294 inciso 9° de la la Ley N° 19.550 no es una función estática, sino dinámica que impone a los síndicos el deber de recabar las medidas necesarias para verificar la existencia de irregularidades o bien que los órganos sociales den efectivo cumplimiento a las obligaciones que tienen a su cargo.
Que respecto de la Comisión Fiscalizadora no se exige un control sobre la gestión de la administración, ni se requiere la emisión de un juicio sobre la pericia demostrada por el órgano de administración, sino únicamente la fiscalización del cumplimiento debido y oportuno de las normas (vgr. Resolución CNV N° 15.111 “Plusdiner S.A”, y “Resolución CNV N° 15.039 CINBA”, entre otras).
Que en conclusión, habida cuenta que de la investigación llevada a cabo surgiría en principio una conducta contraria a los lineamientos básicos que emanan del artículo 59 de la Ley N° 19.550 respecto de los administradores societarios, y el eventual incumplimiento de obligaciones asignadas a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora en orden a lo previsto en el artículo 294 incisos 1° y 9° del mismo cuerpo normativo, y lo estatuído por el artículo 8° inciso a) apartados IV) y V) del Decreto 677/01 para ambos órganos, es que se dispone la apertura de una investigación sumarial a su respecto.
Que esto es, sin incurrir en prejuzgamiento alguno, dado que la investigación sumarial tiene por objeto precisar las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la eventual comisión de irregularidades individualizando a sus responsables (conf. Carlos A. Apesteguía “Sumarios Administrativos” pag. 34 ed. 2000) y ejercer el derecho de defensa (artículo 18 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL).
Que la presente se dicta en atención a las facultades atribuidas por los artículos 10 y 12 de la Ley N° 17.811 y Ley N° 22.169 y las que de ellos deriven:
ARTICULO 1°.- Instruir sumario a los Sres. Eduardo Alberto LOHIDOY, CUIT 20-20513097-8, Gustavo Mirko SCHLOSSBERG, DNI 12.600.129; Hernán Pablo VERDAGUER, DNI 20.360.029; Diego Gabriel SIGAL, DNI 20.362.304; Sebastián BARDENGO, DNI 18.091.211; y Juan Marcos PUEYRREDON, DNI 10.140.757, en orden a la presunta infracción al artículo 280 de la Ley N° 19.550.
ARTICULO 2°.- Instruir sumario a PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M. y a su Directorio vigente a la época de los hechos detectados, Sres. Alberto G. MAQUIEIRA, L.E. 04.513.964; Jorge Carlos RENDO, DNI 10.360.723; Julio César SAGUIER, DNI 14.310.337; Alejandro Alberto URRICELQUI DNI 13.481.883; Héctor Mario ARANDA, DNI 10.419.846; Jorge Alberto BAZAN, DNI 10.202.393; Guillermo GONZALEZ ROSAS, L.E. 04.445.906; Martín Gonzalo ETCHEVERS CUIT 23-20561164-9; Raúl Daniel AGUIRRE SARAVIA CUIT 20-12548198-2; Beatriz PAGLIERI DNI 06.401.651; Pablo Aldo CERIOLI, DNI 14.758.726 y Eduardo Omar GALLO, DNI 11.182.713, en orden a la presunta infracción a los artículos 59 y 280 de la Ley N° 19.550 y artículo 8° inciso a) apartados IV) y V) del Decreto 677/01.
ARTICULO 3°.- Instruir sumario a los miembros de la Comisión Fiscalizadora de PAPEL PRENSA S.A. I.C.F. y M. al momento de los hechos, Sres. Alberto Jorge GOWLAND MITRE L.E. 04.430.002; Ana María GONZALEZ, DNI 11.383.031; y Viviana Emilia OGANDO, DNI
14.547.752 en orden a la presunta infracción al artículo 294 incisos 1° y 9° de la Ley N° 19.550 y 8° inciso a) apartados IV) y V) del Decreto N° 677/01.
ARTICULO 4°.- A los fines previstos por el artículo 12 de la Ley 17.811 (texto modificado por el Decreto 677/01) y artículo 8° del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T.2001 y mod.) se fija audiencia preliminar para el 24 de Noviembre de 2010 a las 11:00 hs.
ARTICULO 5°.- Designar conductor del sumario al Dr. Héctor O. HELMAN, Director.
ARTICULO 6°.- Encomendar a la Subgerencia de Sumarios la designación del profesional de apoyo dentro de los TRES (3) días de la presente Resolución (conforme Artículo 1° inciso d) del Capítulo XXIX de las NORMAS (N.T.2001 y mod.).
ARTICULO 8°.- Regístrese, notifíquese a la BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES a los efectos de la publicación en su Boletín Diario e incorpórese en el sitio web del Organismo www.cnv.gov.ar

References: resolución 
 Artículo 280
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 263
 artículo 280
 artículo 59
 artículo 902
 artículo 294
 Resolución 
 artículo 59
 artículo 294
 artículo 8
 artículo 280
 artículo 8
 artículo 294
 artículo 12
 artículo 8
 Resolución 
 Artículo 1