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Timestamp: 2017-05-01 05:00:00+00:00

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Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. TÍTULO VIII. Régimen sancionador (Vigente hasta el 20 de Marzo de 2012).
Infracciones 1.- Sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, establezca la legislación sectorial, constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas en la presente Ley, las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes.
2.- La exigencia de la responsabilidad derivada de la comisión de infracciones administrativas lo será sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que tales hechos pudieran dar lugar.
3.- Las infracciones a la presente Ley se clasifican en muy graves, graves y leves.
a) Ejercer una actividad sujeta a autorización ambiental integrada o a licencia ambiental de actividades clasificadas, o llevar a cabo una modificación sustancial de la misma, sin el preceptivo instrumento de intervención ambiental o con él caducado o suspendido, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
b) Incumplir las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada o en la licencia ambiental de actividades clasificadas, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
c) Iniciar la ejecución de un proyecto que debe someterse a evaluación de impacto ambiental sin haber obtenido declaración de impacto ambiental favorable.
d) El inicio de la ejecución de un proyecto que deba someterse al procedimiento de evaluación ambiental de zonas ambientalmente sensibles previsto en el Título III de la presente Ley, sin el preceptivo instrumento de intervención ambiental, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
e) Incumplir las condiciones establecidas en la declaración de impacto ambiental o en el informe o en la autorización de evaluación ambiental en zonas ambientalmente sensibles, así como las correspondientes medidas protectoras o correctoras, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
f) Ejercer la actividad incumpliendo las obligaciones fijadas en las disposiciones que hayan establecido la exigencia de notificación y registro, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
g) Incumplir las resoluciones de cierre o clausura de establecimientos, siempre que se haya producido un deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
h) Incumplir las obligaciones derivadas de las medidas provisionales previstas en el artículo 98 de la presente Ley.
i) Incumplir las obligaciones de restauración o lo dispuesto en el plan de restauración minera, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
j) Cualquier acción u omisión tipificada como infracción grave cuando se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
k) La comisión de tres o más faltas graves en un periodo de dos años.
a) Ejercer una actividad sujeta a autorización ambiental integrada o a licencia ambiental de actividades clasificadas, o llevar a cabo una modificación sustancial de la misma, sin el preceptivo instrumento de intervención ambiental o con él caducado o suspendido, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
b) Incumplir las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada o en la licencia ambiental de actividades clasificadas, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
c) Incumplir las condiciones ambientales en que debe realizarse el proyecto de acuerdo con la declaración de impacto ambiental o con el informe o la autorización de evaluación ambiental en zonas ambientalmente sensibles, así como las correspondientes medidas protectoras y correctoras, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
d) Incumplir la obligación de recabar el pronunciamiento del órgano ambiental que se impone en los apartados 2 y 3 del artículo 24.
e) El inicio de la ejecución de un proyecto que deba someterse a evaluación ambiental en zonas ambientalmente sensibles previsto en Título III de la presente Ley, sin el preceptivo instrumento de intervención ambiental, siempre que no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
f) Ocultar los datos, su falseamiento, manipulación o alteración maliciosa de la información exigida en los procedimientos regulados en esta Ley.
g) El incumplimiento, por parte de los promotores de los proyectos del Anexo III, de la obligación de suministrar la documentación a que se refiere el artículo 26 de la presente Ley.
h) Impedir, retrasar u obstruir la actividad de inspección y vigilancia de la Administración.
i) Ejercer la actividad incumpliendo las obligaciones fijadas en las disposiciones que hayan establecido la exigencia de notificación y registro, siempre que no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
j) No someter la actividad incluida en el régimen de autorización ambiental integrada o licencia ambiental de actividades clasificadas a los controles periódicos que resulten preceptivos.
k) Incumplir las órdenes de suspensión de la ejecución del proyecto o actividad.
l) No comunicar al órgano competente las modificaciones realizadas en las instalaciones o actividades que no revistan carácter de sustanciales.
m) No informar inmediatamente al órgano competente de cualquier circunstancia, incidente o accidente que pudiera afectar de forma significativa al medio ambiente.
n) Transmitir la titularidad de la autorización ambiental integrada o de la licencia ambiental de actividades clasificadas sin comunicarlo al órgano competente para otorgar la misma.
o) Incumplir las obligaciones de restauración o lo dispuesto en el plan de restauración minera, siempre que no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o no se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas.
p) La comisión de tres o más faltas leves en un periodo de dos años.
a) No aportar los documentos solicitados por la Administración.
b) Ejercer la actividad incumpliendo las obligaciones fijadas en las disposiciones que hayan establecido la exigencia de notificación, sin que se haya producido ningún tipo de daño o deterioro para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro la seguridad o salud de las personas.
c) Incumplir las prescripciones establecidas en la presente Ley, o la omisión de actos que fueran obligatorios, cuando no estén tipificadas como infracciones graves o muy graves.
d) El impago de la actualización de la fianza exigida para la ejecución del plan de restauración minera.
Prescripción de las infracciones 1.- Las infracciones previstas en esta Ley prescribirán en los siguientes plazos:
2.- El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contar desde el día en que la infracción se hubiese cometido.
Responsabilidad 1.- Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracciones administrativas tipificadas en esta Ley, las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos, aun a título de mera inobservancia.
2.- Cuando en la infracción hubieren participado varias personas conjuntamente y no sea posible determinar el grado de intervención de las mismas en la infracción, la responsabilidad de todas ellas será solidaria.
3.- Será responsable subsidiario por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Ley que conlleven el deber de prevenir la infracción administrativa cometida por otros, el titular de la actividad o instalación sometida al instrumento de intervención ambiental que corresponda.
Sanciones 1.- Por la comisión de infracciones muy graves podrán imponerse alguna o algunas de las siguientes sanciones:
a) Multa de 250.001 a 2.500.000 euros.
c) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo no superior a cinco años.
d) Inhabilitación para el desarrollo de la actividad por un periodo no superior a dos años.
e) Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un periodo no superior a cinco años.
2.- Por la comisión de infracciones graves podrán imponerse alguna o algunas de las siguientes sanciones:
a) Multa de 25.001 a 250.000 euros.
b) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo no superior a dos años.
c) Inhabilitación para el desarrollo de la actividad por un periodo no superior a un año.
d) Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un periodo no superior a un año.
3.- Por la comisión de infracciones leves podrán imponerse alguna o algunas de las siguientes sanciones:
a) Multa de hasta 25.000 euros.
b) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un periodo no superior a seis meses.
4.- Cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por la comisión de la infracción, la sanción será aumentada, como mínimo, hasta el doble y, como máximo, hasta el triple del importe en que se haya beneficiado el infractor.
a) La importancia del daño o deterioro causado al medio ambiente o a la salud de las personas o el peligro creado para la seguridad de las mismas.
c) La existencia de intencionalidad o reiteración en la comisión de la infracción.
d) La reincidencia por la comisión de más de una infracción tipificada en la presente Ley cuando así se haya declarado por resolución firme, en el plazo de los cinco años siguientes a la notificación de esta.
e) La adopción, con antelación a la incoación de un expediente sancionador, de medidas correctoras que minimicen o resuelvan los efectos negativos sobre el medio ambiente
Otros efectos de las sanciones La imposición de sanciones graves podrá conllevar la pérdida del derecho a obtener subvenciones, así como la adjudicación de contratos por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, durante un plazo de dos años; en el caso de infracciones muy graves, el plazo se aumentará a tres años.
Concurrencia de sanciones 1.- Cuando, por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos, el infractor pudiese ser sancionado con arreglo a esta Ley y a otra u otras leyes que fueran de aplicación, de las posibles sanciones se le impondrá la de mayor gravedad.
2.- Cuando el órgano competente estime que los hechos pudieran ser constitutivos de ilícito penal, lo comunicará al órgano jurisdiccional penal competente o al Ministerio Fiscal. El órgano instructor del procedimiento administrativo sancionador deberá suspender su tramitación hasta que recaiga resolución judicial en los supuestos en que existiere identidad de hechos, sujetos y fundamento entre el ilícito administrativo y el ilícito penal.
Medidas restauradoras de la legalidad 1.- Sin perjuicio de las sanciones que procedan, el infractor deberá restaurar o reponer la situación alterada al estado anterior a la infracción cometida, así como, en su caso, abonar la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios causados. La valoración de los daños se hará por la Administración competente previa tasación contradictoria cuando el titular de la instalación o actividad no prestara su conformidad a aquella.
2.- Cuando el infractor no cumpliera la obligación de reposición o restauración establecida en el apartado anterior, la Administración podrá proceder a su ejecución subsidiaria a costa de los responsables.
3.- No será necesario requerimiento previo, pudiendo procederse de modo inmediato a la ejecución, cuando de la persistencia de la situación pudiera derivarse un peligro inminente para la salud humana o el medio ambiente.
Medidas provisionales 1.- El órgano competente para iniciar o resolver el procedimiento sancionador podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, para evitar los efectos de la infracción y para atender las exigencias de los intereses generales; en particular, las siguientes:
a) La suspensión total o parcial de la actividad o proyecto en ejecución.
2.- Las medidas señaladas en el apartado anterior podrán ser adoptadas por el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, antes de la iniciación del procedimiento en casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, si bien deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción y que podrá ser objeto de recurso.
Competencia sancionadora 1.- Corresponden a la Administración de la Comunidad Autónoma y a los ayuntamientos, según su respectiva competencia, la incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores con relación a las infracciones tipificadas en la presente Ley.
2.- La competencia para la resolución de los expedientes sancionadores instruidos por la Administración de la Comunidad Autónoma corresponderá al departamento competente en materia de medio ambiente, a través de los siguientes órganos:
a) Al Director del Servicio Provincial respectivo, para las sanciones por la comisión de infracciones leves.
b) Al Director General correspondiente, para las sanciones por la comisión de infracciones graves.
c) Al Consejero, para las sanciones por la comisión de infracciones muy graves.
3.- La competencia para la resolución de los expedientes sancionadores instruidos por los ayuntamientos corresponderá a los órganos municipales que tengan atribuida esta competencia según lo dispuesto en la legislación de régimen local.
Prescripción de las sanciones Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años; por la comisión de infracciones graves, a los tres años, y por la comisión de las infracciones leves, al año, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Multas coercitivas 1.- Cuando los órganos competentes impongan sanciones o la obligación de adoptar medidas encaminadas a la restauración de las cosas al estado anterior a una infracción cometida, medidas para la corrección de deficiencias en el funcionamiento o características de la instalación o la actividad, así como actuaciones que en cualquier forma afecten a la misma y deban ser ejecutadas por sus titulares, podrán imponer multas coercitivas, con periodicidad mensual, y por una cuantía, cada una de ellas, que no supere el tercio de la sanción o del coste de la actuación impuesta.
2.- Las multas coercitivas serán independientes y compatibles con las sanciones que, en su caso, se impongan por la infracción cometida.
Vía de apremio Tanto el importe de las sanciones como el de las indemnizaciones pertinentes serán exigibles mediante el procedimiento administrativo de apremio.
Registro de infractores 1.- El departamento competente en materia de medio ambiente creará un registro de infractores de normas ambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el cual se inscribirá a las personas físicas o jurídicas sancionadas en virtud de resolución firme.
2.- Reglamentariamente se desarrollará este registro de infractores.
Prestación ambiental sustitutoria El órgano sancionador competente, a solicitud de la persona sancionada, podrá autorizar la sustitución de las multas, una vez que adquieran firmeza, por una actuación de restauración, conservación o mejora ambiental de valor equivalente a la cuantía de la multa.
Creación de las comisiones técnicas de calificación 1.- Se crean las comisiones técnicas de calificación, como órganos colegiados dependientes del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, que asumen las competencias en materia de medio ambiente que tienen atribuidas las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio.
2.- En el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor de la presente Ley se regularán reglamentariamente su composición, competencias y régimen de funcionamiento, haciendo efectiva su constitución.
Véase el D [ARAGÓN] 213/2007, 4 septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las Comisiones Técnicas de Calificación («B.O.A.» 12 septiembre).
Sustitución del procedimiento especial de autorización de construcciones en suelo no urbanizable por el procedimiento de autorización ambiental integrada Para las instalaciones que se relacionan en el Anexo VI de esta Ley se sustituye el procedimiento especial de autorización de construcciones en suelo no urbanizable genérico previsto en la legislación urbanística por el procedimiento previsto en la presente Ley para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada.
Tasas 1.- La realización de actividades y la prestación de los servicios administrativos relativos a los procedimientos previstos en la presente Ley devengarán las correspondientes tasas, que serán aprobadas por la Comunidad Autónoma de Aragón o los entes locales según proceda.
2.- Las tasas correspondientes a las actividades realizadas o a los servicios prestados por los entes locales, incluidos los desarrollados en el marco del procedimiento de autorización ambiental integrada, serán reguladas por las correspondientes ordenanzas fiscales.
3.- La Comunidad Autónoma de Aragón establecerá una tasa por la realización de las actividades y servicios previstos para la calificación ambiental regulada en la presente Ley, cuyos elementos esenciales serán fijados en la ley autonómica correspondiente.
Documentación en soporte papel y en soporte digital La documentación a que se refieren los arts. 13.2, 15.1, 17.1, 26.1, 28.1, 29.1 y 46.1 de la presente Ley, deberá ser presentada por el promotor tanto en soporte papel como en soporte digital. Las características técnicas y especificaciones del soporte digital se determinarán por el órgano ambiental competente.
Planes integrales específicos ...
Disposición Adicional 5.ª derogada por la disposición derogatoria única.2 de la Ley [ARAGÓN] 1/2008, 4 abril, por la que se establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón («B.O.A.» 7 abril).Vigencia: 8 abril 2008
Inaplicabilidad del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en la Comunidad Autónoma de Aragón No es de aplicación en Aragón el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, en los aspectos regulados en la presente Ley.
Medios materiales y personales El Gobierno de Aragón dotará al departamento competente en materia de medio ambiente de los medios materiales y personales suficientes para la correcta aplicación de la presente Ley.
Delegación de las funciones de inspección Los ayuntamientos competentes para llevar a cabo actuaciones de control e inspección de las actividades incluidas en esta Ley, en el caso de que no dispongan de los medios técnicos suficientes para valorar la incidencia ambiental, podrán delegar el ejercicio de estas funciones en otras administraciones, de acuerdo con la normativa local.
Atribución de competencias a las comarcas 1.- La atribución efectiva a las comarcas de la competencia de calificación ambiental prevista en la presente Ley exigirá su previa transferencia por parte de la Comunidad Autónoma y su aceptación expresa por aquellas, con arreglo a lo establecido en la legislación reguladora de las comarcas.
2.- Hasta que las comarcas no asuman la competencia de calificación ambiental, corresponderá su ejercicio a las comisiones técnicas de calificación a que se refiere la disposición adicional primera.
3.- Hasta la efectiva constitución de las comisiones técnicas de calificación, las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio continuarán ejerciendo las competencias de medio ambiente que les atribuye la legislación.
Régimen de adaptación aplicable a las instalaciones existentes 1.- Los titulares de las instalaciones existentes, definidas en el artículo 4 s) de esta Ley, deberán adaptarse a la misma antes del 30 de octubre de 2007, fecha en la que deberán contar con la pertinente autorización ambiental integrada.
2.- En el caso de modificaciones sustanciales de instalaciones existentes que tengan lugar antes del 30 de octubre de 2007, la solicitud de autorización ambiental integrada deberá ir referida solo a los aspectos afectados por la modificación siempre que sea posible una evaluación integrada independiente del resto de las instalaciones. En caso contrario, deberá someterse a autorización ambiental integrada la instalación en su conjunto.
Régimen de las actividades clasificadas sin licencia 1.- Quienes a la entrada en vigor de esta Ley vinieren ejerciendo actividades de las consideradas clasificadas con arreglo a la presente Ley sin la correspondiente licencia, deberán solicitar la licencia ambiental de actividades clasificadas en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor.
2.- Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a aquellas actividades incluidas en el Anexo VI.
3.- El plazo de un año previsto en el apartado primero no será de aplicación a los expedientes de regularización de las actividades e instalaciones ganaderas regulados en el Decreto 200/1997, de 9 de diciembre.
Procedimiento de evaluación ambiental de actividades clasificadas sin licencia 1.- Las actividades a que se refiere la anterior disposición que estén sometidas a evaluación de impacto ambiental con arreglo a lo previsto en la presente Ley, deberán ser objeto de evaluación por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental con carácter previo a la solicitud para la obtención de la licencia ambiental de actividad clasificada.
2.- Dicha evaluación se llevará a cabo con arreglo al siguiente procedimiento:
a) El promotor deberá presentar ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental un diagnóstico ambiental verificado por un organismo de control autorizado o un técnico competente que contendrá, al menos, la siguiente información:
- Descripción de la actividad, que deberá incluir, entre otros datos, localización y dimensiones; instalaciones anexas; características de los procesos productivos, con indicación de la naturaleza y cantidad de los materiales utilizados; balance de materia y de energía y ocupación de suelo.
- Descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos generados, vertidos y emisiones contaminantes en todas sus formas, y de la gestión de los mismos, así como cualquier otro elemento derivado tanto de la actividad como de la fase de clausura o cese de la actividad.
- En su caso, estudio y propuesta de medidas preventivas, correctoras y compensatorias, e indicación de impactos residuales, así como la estimación económica del coste de ejecución de las mismas.
- Programa de vigilancia ambiental, en el que se establecerán los controles necesarios para el seguimiento de la ejecución y efectividad de las medidas propuestas, indicando la metodología y el cronograma de las mismas. Asimismo deberá incluirse un conjunto de indicadores tanto del grado de ejecución de las medidas correctoras y preventivas como del seguimiento de su efectividad.
- Cumplimiento de la normativa ambiental aplicable.
b) El diagnóstico ambiental presentado será sometido a información pública por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por un plazo de veinte días mediante anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón».
c) El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, a partir de la documentación presentada, procederá a evaluar la actividad y a emitir un informe en el que determinará, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no de la continuidad de la misma y, en caso favorable, las condiciones que, en su caso, deban adoptarse para lograr una adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
d) Dicho informe deberá emitirse en el plazo máximo de cinco meses, contados a partir de la recepción por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental del mencionado diagnóstico ambiental. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el mencionado informe, se entenderá que el mismo es desfavorable.
3.- El informe del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental condicionará el otorgamiento ulterior de la licencia ambiental de actividad clasificada, debiéndose acompañar a la solicitud del titular.
4.- El procedimiento previsto en la presente disposición no será de aplicación a los expedientes de regularización de las actividades e instalaciones ganaderas regulados en el Decreto 200/1997, de 9 de diciembre.
Evaluación ambiental de los proyectos supramunicipales El procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos supramunicipales se llevará a cabo de conformidad con lo que establezca en cada caso la legislación urbanística.
Procedimientos en curso Los procedimientos que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de esta Ley continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento en que se iniciaron.
Eficacia de las licencias otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Las licencias de actividades clasificadas otorgadas a la entrada en vigor de esta Ley, de conformidad con el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, se entenderán, a los efectos de la presente Ley, como licencias ambientales de actividades clasificadas.
1.- Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo establecido en la presente Ley.
2.- Queda derogado el artículo 42 de la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de espacios naturales protegidos de Aragón.
3.- En tanto no se desarrolle reglamentariamente la presente Ley continúan en vigor, en lo que no se opongan a la misma, las siguientes normas:
Decreto 109/1986, de 14 de noviembre, de intervención de la Diputación General en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
- Orden de 28 de noviembre de 1986, del Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes, por la que se regula la exención del trámite de calificación o informe de determinadas actividades por las Comisiones Provinciales de Medio Ambiente.
- Orden de 28 de noviembre de 1986, del Departamento de Urbanismo, Obras Públicas y Transportes, sobre documentación que acompaña a la solicitud de licencia para ejercicio de actividades sometidas al Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y regulación del trámite de visita de comprobación para el ejercicio de tales actividades.
Decreto 216/1993, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo y de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio.
Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Modificación de la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de ordenación y participación en la gestión del agua de Aragón 1.- Se da una nueva denominación al título del artículo 13 de la Ley, que pasa a ser el siguiente:
Evaluación ambiental de planes y programas y evaluación de impacto ambiental de proyectos 2.- Se da una nueva redacción al apartado primero del artículo 13 de la Ley, que queda redactado del siguiente modo:
«1.- Los planes y programas regulados en esta Ley estarán sujetos al procedimiento de evaluación ambiental en los términos establecidos en la normativa reguladora de dicha técnica. Asimismo, los proyectos parciales o cualquier actuación a realizar en su ejecución, incluso aquellos que se ejecuten en ausencia de planeamiento, estarán sujetos a evaluación de impacto ambiental en los términos establecidos en la normativa reguladora de dicha técnica.»
Modificación de Anexos Se faculta al Gobierno de Aragón para que, mediante Decreto, pueda modificar los Anexos de esta Ley con la finalidad de adaptarlos a la normativa aplicable y a los requerimientos medioambientales o de carácter técnico.
Actualización de la cuantía de las multas Se faculta al Gobierno de Aragón para actualizar, mediante Decreto, la cuantía de las multas previstas en la presente Ley.
Habilitación Se faculta al Gobierno de Aragón para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.
Entrada en vigor La presente Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».

References: artículo 98
 artículo 24
 artículo 26
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 42
 artículo 13
 artículo 13