Source: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/Paginas/2019/rpcm08112019.aspx?qfr=17
Timestamp: 2020-07-07 04:17:02+00:00

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La Moncloa. 08/11/2019. Conferencia de prensa de la ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones; del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; y de [Consejo de Ministros/Transcripción rueda de prensa]
Conferencia de prensa de la ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del Gobierno en funciones; del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación; y de la ministra para la Transición Ecológica después de la reunión del Consejo de Ministros
La Moncloa, viernes 8 de noviembre de 2019
Portavoz.- Buenos días a todas y a todos. Gracias, un día más, por acompañarnos en esta rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros. Hoy, como ven, me acompaña el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, que les dará cuenta del acuerdo del Consejo por el que se aprueba el 41º Plan de Seguros Agrarios Combinados para 2020. Estos seguros son un pilar fundamental de la política agraria española.
Así mismo, nos acompaña la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera. Como saben, tras el anuncio del presidente de Chile de suspender la celebración de la Cumbre del Clima, conocida como COP25, el Gobierno de España ofreció a Naciones Unidas la disposición de nuestro país de acoger esa gran cita.
El ofrecimiento fue muy bien recibido y fue confirmado por la convención de Cambio Climático de la ONU en apenas 24 horas. Desde ese momento el Gobierno de España está trabajando para asegurar que la COP25 sea un éxito y, en esa línea, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy mismo un Decreto ley por el que se adoptan medidas urgentes para su organización. De todo esto dará cuenta enseguida la ministra Ribera.
Quiero comenzar esta comparecencia con una cita: "la próxima frontera del conocimiento es saber cómo se generan los sentimientos". La frase -como probablemente ustedes hayan podido reconocer- pertenece a Margarita Salas, la científica más importante en la historia de España, y la pronunció en una entrevista radiofónica el pasado mes de mayo. Hoy lamentamos su muerte, ocurrida ayer, y esperamos que nuevas generaciones de científicas y científicos españoles recojan el testigo de su magisterio para superar las fronteras que ella vislumbró y dibujó.
Por su papel pionero y por sus aportaciones sustanciales al funcionamiento del ADN, hoy el Consejo de Ministros ha decidido, hemos decidido, iniciar el expediente para la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en la Investigación y la Educación Universitaria a Margarita Salas.
Hace más de 40 años, millones de españolas y españoles comenzamos a superar otra frontera, la de la dictadura, e iniciar juntos el camino de la democracia y de la convivencia. Desde entonces, desde las primeras elecciones generales a Cortes Constituyentes de 1977, se han celebrado en nuestro país 14 elecciones generales. Las del próximo domingo, 10 de noviembre, serán las decimoquintas. Una nueva oportunidad, sin duda, para que la política cumpla con su obligación, que es la de dar respuestas a toda la ciudadanía española. Por eso, lo que más deseamos y para lo que el Gobierno está preparado es que la jornada del domingo sea una jornada llena de normalidad democrática en todo el país, en cada provincia, en cada ciudad.
A día de hoy todo el dispositivo está preparado. Como en ocasiones anteriores, las instalaciones de IFEMA, en Madrid, acogerán el Centro Nacional de Difusión de Datos. Mañana, sábado, está previsto que visite las instalaciones el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y que se produzca la habitual rueda de prensa de la Secretaría de Estado de Comunicación y la Subsecretaría de Interior en la que se faciliten las cifras y otros detalles de esta convocatoria.
Les adelanto que el presupuesto es de casi 136 millones de euros, que son 3 menos que en las elecciones generales de abril. Se eligen 350 diputados y diputadas y 208 senadores y senadoras. De acuerdo con el censo electoral, la población con derecho a voto es de algo más de 37 millones de personas, de los cuales más de 226.000 son nuevos electores. Las mesas electorales serán 59.535. Para garantizar el normal desarrollo de la jornada trabajarán ese día 45.000 guardias civiles, 29.000 policías nacionales, 13.000 policías locales y 5.000 agentes autonómicos. Este es el dispositivo propio de un dispositivo electoral y es prácticamente igual al de las pasadas elecciones de abril.
En conclusión, el edificio de la democracia que nos acoge a todos se ha construido elección tras elección, voto a voto a lo largo de los años, y dentro de menos de 48 horas tendremos la oportunidad de demostrar que seguimos cuidando de ese edificio democrático para que todos tengamos acogida y respuesta a las necesidades, inquietudes y esperanzas de nuestros conciudadanos y conciudadanas.
Tal y como recoge nuestra Constitución -ya desde su Título Preliminar- en su artículo 6, los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Y en el artículo 23 de la Constitución encontramos, asimismo, la garantía del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
Así pues, estamos todos preparados para conseguir que la ciudadanía pueda expresarse con totales garantías de normalidad y así podamos recoger la voluntad de millones de españoles y españolas.
En relación al contenido del Consejo de Ministros de hoy les comunico lo siguiente. En primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes plantear dos incidentes de ejecución de resoluciones ante el Tribunal Constitucional contra dos Acuerdos de la Mesa del Parlament de Cataluña. El primer Acuerdo, el 29 de octubre, admitió a trámite la moción sobre el autogobierno y, el segundo, el pasado martes 5 de noviembre, rechazó las solicitudes de reconsideración que presentaron algunos grupos frente a esa primera decisión.
La moción fue presentada por el subgrupo parlamentario de la CUP. En su apartado 1 vuelve a incidir en la voluntad de ejercer de forma concreta el derecho de autodeterminación, aspecto que ya ha sido -como ustedes bien saben- declarado inconstitucional y nulo por las Sentencias del Tribunal Constitucional 259/2015 de 2 de diciembre y 136/2018 de 13 de diciembre.
Además de incumplir esas dos sentencias con estos dos acuerdos, la Mesa desoye dos Providencias del Tribunal Constitucional dictadas el 10 y el 16 de octubre, en las que el Tribunal ya suspendió resoluciones que insistían en el derecho de autodeterminación y la soberanía del pueblo catalán. En esas Providencias se instó, además, a la Mesa del Parlament a paralizar las iniciativas que supongan ignorar esa suspensión y a paralizar las iniciativas que supongan eludir o ignorar las mencionadas Sentencias. Por ello, el Gobierno acude al Tribunal Constitucional para pedir la nulidad de esos dos Acuerdos del Parlament en relación con el apartado 1de la citada moción.
El Gobierno considera que el president del Parlament, el secretario general y los demás miembros de la Mesa tenían pleno conocimiento de que con su acuerdo de admisión a trámite y con su acuerdo de rechazo de las consideraciones estaban incumpliendo resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional.
Considera el Gobierno, además, que con su admisión a trámite el Parlament pretende manifestar la clara intención de continuar con el proceso, continuando así en su pretensión de lograr la independencia de Cataluña. Hemos de preservar la eficacia de las resoluciones del Tribunal Constitucional.
En segundo lugar, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha aprobado hoy un acuerdo para incrementar en 586,7 millones de euros la aportación de España a la Agencia Espacial Europea, ESA, en el periodo 2020-2026. Es decir, cubrimos un periodo de 6 años, dos años más que el anterior periodo, habida cuenta de que la aportación de España a la Agencia Espacial Europea se inició en 1981. Este compromiso de gasto va a permitir a España el desarrollo de un importante tejido industrial, ganar competitividad y especialización tecnológica, pues la ESA garantiza el retorno de estas contribuciones mediante contratos a las empresas de cada país --en este caso, a España. Y, en consecuencia, España y las empresas españolas, la industria española, podría entrar así en nuevos programas como la exploración lunar y ser líderes en nuevas misiones científicas.
Por tanto, el retorno en forma de contratos a empresas españolas de lo que nosotros incorporamos, de los recursos económicos que incorporamos a la ESA, se obtienen con una multiplicación de 1 al 2,1. Los días 27 y 28 de noviembre tendrá lugar bajo la presidencia de España el próximo Consejo Ministerial de la ESA en Sevilla, donde se aprobarán los nuevos compromisos de gasto de los Estados miembros.
En tercer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un acuerdo para modificar el convenio en vigor entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Universidad de Córdoba para el proyecto olivar, cofinanciado con fondos FEDER.
Y aquí me quedo para pasarle la palabra, en primer lugar, al ministro Planas en relación a los contenidos de las cuestiones que ha traído a Consejo de Ministros y han sido aprobadas. Ministro Planas.
Sr. Planas.- Muchas gracias, ministra portavoz. Buenas tardes a todos ustedes. Comparezco para presentarles el 41º Plan de Seguros Agrarios Combinados para el año 2020. El sistema de seguros agrarios combinados es un pilar fundamental de la política agraria de España y una prioridad para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que me honro en dirigir. Es la herramienta más eficaz para la gestión de los riesgos en las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y forestales permitiendo garantizar su viabilidad económica.
Además, España es un referente; un referente en la Unión Europea y un referente a nivel mundial. Pocos países tienen un sistema tan desarrollado en materia de seguros agrarios. Es una ley del año 1978, aprobada el día siguiente de la publicación de nuestra Constitución en el Boletín Oficial del Estado --forma parte de esa magnífica añada de 1978-- y se aplica a todas las producciones agrícolas, ganaderas, acuícolas y forestales bajo un principio de gestión profesionalizada y contratación voluntaria. Incluye 44 líneas de seguros, la práctica totalidad de las producciones agrarias son asegurables bajo diferentes modalidades de contratación que ofrecen coberturas y riesgos distintos para adoptar mayor flexibilidad al sistema y para permitir a cada asegurado que contrate la póliza que le sea más interesante. Es uno de los ejes de nuestra política agraria nacional.
Y desde el punto de vista territorial hay una gran colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, también con el sector privado a través de las entidades aseguradoras y las organizaciones profesionales agrarias.
En relación con este plan, el 41º, decirles que la aportación presupuestaria es de 211,2 millones de euros para subvenciones. Si me permiten un paréntesis: las primas del seguro agrario están constituidas por la parte que paga el agricultor o el ganadero más la subvención de la Administración General del Estado y así mismo numerosas comunidades autónomas tienen también apoyos públicos a estos seguros, de tal forma que la aportación pública media es del 42% de la prima y el 58% a cargo del asegurado.
Las principales novedades de este año en cuanto a su contenido son la revisión y el perfeccionamiento de las líneas de seguro existentes. De hecho, este mismo año, año 2019, a esta misma cantidad que teníamos por el seguro prorrogado pretendimos en su día en el presupuesto que no nació del mes de febrero añadir 30 millones de euros. No ha sido posible pero hemos cubierto las necesidades suplementarias a través de una ampliación de crédito por importe de 33,5 millones para que hiciera posible, en un total de 244,7, la cobertura de todos estos apoyos públicos a los seguros agrarios.
En la nota de prensa que se les distribuirá a continuación está todo el contenido técnico del 41º primer plan pero me gustaría subrayar las nuevas coberturas para ovino y caprino de actitud láctea o el perfeccionamiento de determinadas garantías en las líneas avícolas y, en cuanto a los estudios que estamos desarrollando para los años posteriores, para las campañas posteriores, vamos a trabajar particularmente en el seguro de plantación para explotaciones olivareras, en la cobertura de daños por sequía, por ejemplo, en sectores concretos como la alfalfa, o bien en el cultivo del aguacate en las Islas Canarias.
En definitiva, todo ello vinculado a la realidad del cambio climático que constituye un elemento fundamental para el desarrollo, evidentemente, de la actividad agrícola y ganadera, muy sometida a las intemperies y, evidentemente, a las modificaciones.
Simplemente darles un dato que me parece muy interesante. En los años 2017 y 2018 las indemnizaciones han sido superiores a los 700 millones de euros, cubriendo los daños en diversos sectores. Para el año 2019, el que estamos en este momento, solo hasta la mitad del mes de octubre ya se habían pagado indemnizaciones por importe de 550 millones de euros, básicamente derivadas de la sequía --por ejemplo, los cereales, más de 100 millones de euros, o en los pastos o en el girasol y en relación con la Dana cuyo importe ha sido superior a los 90 millones de euros.
En definitiva, en el año último, en 2018, 380.000 agricultores, ganaderos y acuicultores suscribieron 420.000 pólizas con un capital asegurado de más de 14.000 millones de euros. Es una cantidad muy importante. Han decrecido el número de pólizas pero ha aumentado el capital asegurado, es decir, que el tamaño de las explotaciones agrarias y ganaderas ha aumentado de forma muy significativa.
En el periodo comprendido entre los años 2012 y 2018 el conjunto de las indemnizaciones se situó en 3.995 millones de euros. Yo creo que la satisfacción de los asegurados se muestra claramente en que más de un 70% renuevan de año en año. Nos encontramos ante un periodo de una elevada siniestralidad debida, ciertamente, al cambio climático y a las intemperies cada vez más recurrentes y extremas. Tenemos un firme compromiso con el desarrollo de esta política nacional de seguros agrarios. Vamos a profundizar en relación con todos los temas relativos a cómo mejorar esta cobertura en años sucesivos y ante esta situación y, evidentemente, divulgando y concienciando sobre la necesidad del mismo.
Es un seguro -y concluyo con estas palabras-- voluntario pero es un seguro necesario para la actividad profesional agraria moderna y, evidentemente, tiene un principio básico que viene en la ley de 1978: lo que es asegurable no es indemnizable. Por tanto, es clara la invitación a todos los profesionales agrarios y ganaderos, también, acuícolas y a los silvicultores a la suscripción de estos seguros en condiciones tan ventajosas para la campaña del año 2020. Muchas gracias.
Portavoz.- Muchas gracias, ministro. Paso la palabra ahora a la ministra Ribera.
Sra. Ribera.- Muchas gracias, ministra portavoz. Buenos días, buenas tardes, en realidad ya. Vengo en este rato a compartir con ustedes los temas relacionados con la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático que hemos abordado esta mañana en el Consejo de Ministros. Un informe sobre la preparación de esta conferencia y la adopción de un Decreto ley y de un Real Decreto.
Saben que, como consecuencia del anuncio del presidente Piñera, se produjo una reacción rápida en línea con las prioridades de la acción exterior de España proponiendo nuestra colaboración para poder facilitar que Chile mantuviera la presidencia de esta conferencia respetando las fechas acordadas por Naciones Unidas. En línea, como digo, de poder facilitar la celebración con normalidad de citas previamente programadas en torno a hitos capitales del multilateralismo reciente --como son el acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la agenda 2030-- y en un momento en el que es particularmente significativo el hecho de que la presidencia le correspondiera ejercerla a un país de américa latina que venía, precisamente, de abordar la sucesión de otro país de américa latina que renunció a la celebración de esta Conferencia cuando su presidente cambia y pasa a ser Bolsonaro.
España se siente, por tanto, honrada de haber merecido la confianza por parte de Naciones Unidas y de la presidencia chilena en este trabajo. Nuestra función, nuestra tarea, es asegurar que se pueda celebrar con normalidad esta conferencia, y en ello estamos trabajando desde el mismo jueves 30 cuando el presidente Piñera anuncia esta propuesta de cambio de sede y, muy en particular y de forma efectiva, desde que el sábado 2 el bureau de la conferencia de las partes acuerda que, en efecto, se pueda celebrar la conferencia en Madrid en lugar de Santiago de Chile.
Fruto de ese trabajo es la actualización del logo de la conferencia que es el que tienen ustedes en la pantalla, donde aparece ya la referencia a Madrid 2019 junto con el hecho de que sea Chile quien presida esta sesión.
¿En qué se diferencia o cuál es el valor añadido o la característica más importante de esta conferencia con respecto a las anteriores? Probablemente, en que inicia un cambio de ciclo importante en el ciclo de trabajo de Naciones Unidas en materia de clima. Tras haberse adoptado la práctica totalidad de las reglas de desarrollo del Acuerdo de París el año pasado, el énfasis más importante se inicia en la gobernanza de una acción que supera la del contexto regulatorio que implica a las instituciones públicas pero, también, a la sociedad civil; un espacio para el que el secretario general de Naciones Unidas ha pedido particular apoyo, particular interés, presencia, demanda y respuesta a las cuestiones que plantea la sociedad civil en materia de clima.
Eso explica que, desde el punto de vista logístico, la conferencia de las partes se celebre en dos espacios netamente diferenciados, amplios: la zona azul, o zona de actividades oficiales, tanto de los negociadores como de los eventos que se celebran en paralelo en la Agenda y que acompaña la negociación; y la zona verde, zona mucho más abierta, mucho más pensada en esa participación de la sociedad civil.
La conferencia ocupará un total de 7 pabellones del IFEMA, más de 100.000 metros, y un espacio adicional de unos 13.000 metros cuadrados de los centros de convenciones y salas de reuniones. El montaje de las instalaciones se iniciará el 17 de noviembre y -como digo- la zona verde se caracterizará por ser ese espacio de participación social dispuesto para recibir a la sociedad civil como parte fundamental de la nueva gobernanza que impulsa Naciones Unidas. Un espacio ciudadano de encuentro y sensibilización, abierto durante toda la conferencia, en la que esperamos que haya nuevas solicitudes de participación y queremos gestionar a través de un buzón específico para poder escuchar o para poder prestar atención a todo el mundo.
Una iniciativa que, de algún modo, quedará reflejada en la vocación de que no solamente en la zona de IFEMA sino más allá de IFEMA, distintas instituciones públicas y aquellos interesados privados puedan desarrollar actividades orientadas a incentivar, a facilitar, la plena participación, implicación, contraste de la sociedad civil y que tendrá, sin duda, uno de los espacios más llamativos en lo que podremos llamar espacio Castellana, el eje de la Castellana.
Para fomentar en la mayor medida posible esta participación por parte del sector privado acompañando y facilitando la celebración de los eventos se adopta un Decreto ley en el que se recogen incentivos fiscales al mecenazgo, declarando que esta Cumbre del Clima es un acontecimiento de excepcional interés público y estableciendo una duración, de aquí, del 1 de noviembre, por tanto, con una antelación, con un efecto retroactivo de hace unas semanas, al 31 de marzo del año 2020 como ese tiempo en el que habrá un programa de apoyo específico y, luego, vigilancia, fiscalización y cierre de todos los acontecimientos.
Durante este tiempo los beneficios fiscales del programa serán los máximos establecidos en la ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, incentivos fiscales al mecenazgo. Pero, como pueden ustedes imaginarse, dado el escaso margen de tiempo del que disponemos para poder completar todas las tareas que nos permitan estar plenamente efectivos el día en el que se celebre la sesión inaugural de la conferencia de las partes, es importante aplicar la normativa en materia de contratación pública tomando en consideración esta excepcionalidad.
Esto explica por qué la preparación de este acontecimiento en el plazo disponible nos obliga a arbitrar medidas urgentes en materia de contratación, y que la aplicación del procedimiento de urgencia prevista en la ley de contratos del sector público consideramos que es insuficiente y obliga a aplicar la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público.
En este sentido, me gustaría destacar que este Real Decreto ley no crea ningún mecanismo nuevo de contratación ni modifica los preexistentes pero sí declara esa excepcionalidad que corresponde a la tramitación por la vía de emergencia y la ley de contratos del sector público. Y, junto a esto, la habilitación a los ministerios de Hacienda y de Política Territorial y de Función Pública para adoptar todas las medidas en materia de personal y de crédito que resulten necesarias para fortalecer, para disponer de los medios humanos y presupuestarios para poder cumplir con nuestras obligaciones.
Subrayaría, además, el hecho de que esta Conferencia de las Partes se celebre en Madrid, además de estar orientada al impulso o facilitar la mejor integración de la relación y las demandas de la sociedad civil en la actuación de los gobiernos en el contexto de Naciones Unidas, exige, evidentemente, también, la máxima cooperación entre instituciones --como ya viene ocurriendo entre los distintos departamentos ministeriales y con las distintas administraciones públicas implicadas, en este caso, la comunidad autónoma de Madrid y el ayuntamiento de Madrid.
Algunos aspectos logísticos que hemos ido resolviendo, también, es el facilitar un sistema centralizado de reserva y selección de hoteles, el trabajar en la búsqueda de soluciones de movilidad en la capacidad de acogida de los participantes o en la garantía de las prestaciones sanitarias en el supuesto de que pudiera ocurrir cualquier otro incidente que nos permita en todo momento poder ofrecer a cualquier participante las máximas garantías de normalidad, seguridad, comodidad, para que las negociaciones se puedan celebrar sin ningún problema y que esa participación que nos pide el secretario general garanticemos pueda desarrollarse con total normalidad convirtiéndose, Madrid, por unos días, en capital del Clima, en capital de Chile. Muchas gracias.
Portavoz.- Muchas gracias. Empezamos con sus preguntas.
P.- Iñaki Aguado, de Telecinco. Hola, buenas tardes, ministros. Ministra portavoz, le quiero preguntar si el Gobierno va a llevar al Tribunal Constitucional la iniciativa de la Asamblea de Madrid impulsada por Vox, el Partido Popular y Ciudadanos para ilegalizar partidos independentistas que atenten contra la unidad de España. ¿Ven base legal para hacerlo? Y, en cualquier caso, ¿consideran que la iniciativa excede a las competencias de un Parlamento autonómico?
Portavoz.- El Gobierno de España ha decidido hoy estudiar la resolución de la Asamblea de Madrid en profundidad por ver si es susceptible de ser impugnada. Los servicios jurídicos del Gobierno lo estudiarán, es decir, que hemos decidido estudiar esa resolución de la Asamblea de Madrid en profundidad para ver si es susceptible de ser impugnada.
P.- Javier Gregori, de la Cadena ser. Gracias. Mi pregunta es para la ministra de Transición Ecológica. Me gustaría hacerle algunas muy rápidas. Sobre la Cumbre del Clima de Chile en Madrid, si se sabe ya la inversión del Gobierno o de las diferentes Administraciones, y digo inversión, cuánto va a costar esta Cumbre.
Después, si tiene ya alguna lista de jefes de Estado que hayan comunicado que vayan a asistir. Como supongo que Trump no lo ha hecho todavía, si el Gobierno español le va a hacer algún tipo de comunicación, invitación especial a Donald Trump para que asista a esta Cumbre --porque es la última del Acuerdo de París, porque ha solicitado su retirada-- como manera de convencerlo.
Y Cristina Figueras ha estado esta mañana en Madrid, le han dado un premio. Ha dicho que espera que, al menos, en la Cumbre del Clima de Chile en Madrid se llegue a un acuerdo para aumentar el coste de las toneladas de CO2, que ahora está en 1 o 2 dólares, nos decía, que llegue a 20 o 25 dólares. ¿Usted cree que realmente va a haber acuerdos prácticos en esta Cumbre o que va a ser una cumbre de transición de cara a la de Glasgow? Gracias.
Sra. Ribera.- Muchas gracias. Estamos acabando de perfilar el presupuesto con algunas incógnitas que intentaremos despejar lo antes posible de la mano de la secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y del equipo chileno. El coste, la inversión, asociada a la celebración de estas cumbres a lo largo de los últimos 24 años oscila entre los 35 millones de euros y los 178 que fue la más cara, excepcional y muy aislada, que fue la que se celebró en París en el año 2015.
Nuestro cálculo, a priori, es que no será el más bajo y estará muy lejos de acercarse a esos 178 millones. Probablemente esté más cerca del primero que del segundo aunque por encima, claramente.
En paralelo, sabemos que hay una buena parte de los anuncios de patrocinio y las contribuciones que se habían hecho a Chile que están invertidas ya --porque las instalaciones estaban construidas en Chile--, pero otra buena parte, o muchos de los gastos de acompañamiento de algunos representantes de la sociedad civil, son recuperables para poder ser invertidos en la conferencia en Madrid. Y, de hecho, la ministra chilena, la propia secretaria de la convención y yo hemos firmado una carta pidiéndoles a aquellos que estaban dispuestos a patrocinar la conferencia en Chile que lo hagan también en Madrid para facilitar todas las tareas. Por tanto, tendremos que acabar de ultimar todas estas estimaciones para poder dar una respuesta lo antes posible o lo más concreta posible a su pregunta.
Con respecto a los jefes de Estado, lo que sabemos -esto es un asunto que, evidentemente gestionará directamente la Presidencia del Gobierno- es que en Chile había anunciados alrededor de entre 15 y 20 jefes de Estado. Es probable que en Madrid se produzca una cifra, al menos, equivalente, pero hay que ir confirmando en estos días. Por ahora hemos trasladado a Naciones Unidas la decisión de que la sesión inaugural haya un tramo de Alto Nivel de jefes de Estado y de Gobierno.
Con respecto a la cuestión de si vendrá o no el presidente Trump, no estaba anunciada su presencia en Santiago de Chile. No pensamos que sea probable que venga a Madrid pero, en todo caso, sí quisiera destacar que esta conferencia reúne tres tratados internacionales a la vez: la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, de los que Estados Unidos sigue siendo parte y no ha denunciado por ahora, no ha iniciado el procedimiento de denuncia, y el Acuerdo de París que ha sido recientemente denunciado por parte de Estados Unidos.
El lunes 4 de noviembre --por tanto, esta misma semana-- era el primer día hábil en el que la Administración Trump podía iniciar ese procedimiento; como ustedes saben, Trump inició el procedimiento que no se culminará hasta el 4 de noviembre de 2020, es decir, hasta el día inmediatamente después de la celebración de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por tanto, no hay que adelantar acontecimientos, hay un año por delante. Lo que sí es cierto es que a priori será una sorpresa pero no consideramos que sea probable que Estados Unidos pueda enviar a su presidente a encabezar la Delegación de la Conferencia en Madrid.
Por último, con respecto al precio de la tonelada de CO2 o equivalente, que es una medida recomendada por la inmensa mayoría de los economistas ambientales y no ambientales para poder dar una señal clara del coste social que supone la emisión de gases de efecto invernadero, hay que decir que hay un punto que todavía está abierto y si se establecen mecanismos globales de mercados de carbono de CO2 es un tema complicado porque hay países que pretenden hacerlo con un criterio muy laxo --por tanto, sería difícil que mantuviera un precio alto-- y hay países que son poco partidarios de que este precio esté regulado a nivel de Naciones Unidas.
He de decir al respecto que la Unión Europea va por delante en este tema. Como saben ustedes, la Unión Europea reformó su sistema de fijación de precio de CO2 garantizando una especie de mercado, de Banco Central, de corredor de precios estable entre 25 y 30 euros la tonelada siempre, cosa que está explicando muchas de las decisiones y de la evolución de los sistemas energéticos en nuestros países.
P.- David Portabella, de Avui. A la ministra portavoz. Si se contempló ayer reunir el Consejo de Ministros de forma extraordinaria para impugnar ante el Constitucional el orden del día de la Asamblea de Madrid, si no puede haber una discriminación respecto al Parlament.
Y, luego, si con esta censura de propuestas declarativas, tanto si es previa como a posteriori, si no temen colapsar el Constitucional. Gracias.
Portavoz.- El Consejo de Ministros hoy a la mañana. Tanto en lo relativo a la Cámara catalana como a la Asamblea de Madrid el Consejo de Ministros estudia previamente la toma de decisiones. Por eso, esta mañana habida cuenta de que la resolución de la Asamblea de Madrid se produjo ayer, lo que procede es --y eso es lo que está haciendo el Consejo de Ministros y lo que va a hacer-estudiar los aspectos jurídicos de esa resolución para proceder, si cabe, a su impugnación. Es decir, el trato es el mismo y, en relación a lo que usted dice del Tribunal Constitucional, no consideramos que esto agote la capacidad del Tribunal Constitucional porque se corresponde siempre con sentencias que ya ha emitido el Tribunal Constitucional en relación a la Cámara catalana.
P.- Yolanda Mármol, del Periódico de Catalunya. Buenas tardes, portavoz. Decía el presidente en funciones esta mañana que el Gobierno quiere garantizar la seguridad en Cataluña a lo largo del fin de semana para que el proceso electoral se realice con total normalidad, y decía él que Torra debería adoptar una actitud más responsable. Yo quería preguntarle, ¿qué le parece al Gobierno? ¿Cuál es esta actitud de Torra, si considera que realmente está siendo irresponsable o que no muestra una actitud capaz de garantizar ese orden en Cataluña este fin de semana? Gracias.
Portavoz.- Siento mucho no poder responderle cualitativamente a la pregunta que me formula desde esta mesa hoy, habida cuenta de que el presidente ha hecho esas declaraciones en su condición de candidato en una radio con toda propiedad, pero no puedo hacer valoraciones sobre la responsabilidad o no del señor Torra.
P.- María Antonia López, de Telemadrid. Será también para la ministra Portavoz. Nos ha dicho que el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para el próximo domingo es igual que el del pasado mes de abril. ¿También en Cataluña se mantienen las mismas fuerzas para garantizar la seguridad o se ha reforzado, se han desplazado?
Portavoz.- El despliegue en Cataluña se ha estudiado, lo han estudiado las instituciones competentes; en este caso, el Ministerio del Interior. Obviamente, sigue con la coordinación de los Mossos que no dejan de ser más que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y será el adecuado para que el ejercicio del voto sea haga con total garantía.
P.- Nicolás Tomás, del Nacional.cat. Buenas tardes. En caso de que decidan llevar al Tribunal Constitucional la iniciativa de la Asamblea de Madrid, ¿también pedirán al Constitucional que advierta al presidente de la Asamblea de Madrid y a los miembros de la Mesa de su deber de paralizar?
Y, después, ¿por qué el Gobierno no hizo lo mismo con la moción del Parlamento de Extremadura que reclamaba la aplicación del 155 y que aprobó el Partido Socialista? Gracias.
Portavoz.- Tampoco puedo contestarle a eso porque estamos hablando de contenidos, de resoluciones adoptadas por Cámaras o Asambleas legislativas. Estamos hablando de un hecho concreto y de la toma de decisión del Consejo de Ministros de esta mañana, que no ha sido otra sino estudiar la resolución de la Asamblea de Madrid que se produjo ayer, ayer fue adoptada esa resolución, y que se va a estudiar con profundidad desde los servicios jurídicos para conocer finalmente si es susceptible o no de impugnación.
Si el ministro Planas que tiene Política Territorial quiere añadir alguna cosa, le invito.
Sr. Planas.- El Gobierno aplica el artículo 9 de la Constitución, que significa que todos los ciudadanos y las instituciones están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley. Como Gobierno analizamos el conjunto de las decisiones de todos los órganos del Estado para ver si así lo hacen y en el supuesto caso de que no se produzca tal situación, lógicamente, llevaremos a cabo las acciones legales pertinentes, como indicaba la ministra Portavoz.
P.- Alba Galán, de TVE. A la ministra portavoz, buenas tardes. Quería preguntarle, también, incidir un poco en esa línea: de cara a mañana y pasado, si se han aumentado los dispositivos para Cataluña; y la plataforma Tsunami Democratic ha anunciado actos de protesta, más de 200 o 300 localidades. ¿Hasta qué punto está el Gobierno preocupado por la jornada de mañana y pasado mañana? Y si cree que puede influir en el resultado del domingo.
Portavoz.- El Gobierno es responsable, igual que el Gobierno de la Generalitat también es responsable y, por tanto, tiene que acudir al cumplimiento de su deber que no es otro sino garantizar el normal ejercicio en la contienda electoral, el día electoral, el normal ejercicio del voto de todos los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, para ello, ha previsto --ese dispositivo, obviamente, es el que propone o que dispone el Ministerio del Interior- todos los dispositivos necesarios para garantizar ese ejercicio adecuado del voto.
La preocupación es una categoría subjetiva, quiero decir que la preocupación es lo que se corresponde siempre con las instituciones responsables, pero pensamos que la jornada transcurrirá como debe en una jornada electoral, como debe ser.
P.- José Luis Martín, de Castilla-La Mancha TV. Una pregunta para el ministro Planas. Se ha anunciado un acuerdo entre la Unión Europea y China para proteger las denominaciones de origen. Me gustaría saber, en principio, denominaciones como el queso manchego, algunos vinos Valdepeñas, si ese acuerdo podría ser ampliable en el futuro y si me podría comentar, en el caso de Castilla-La Mancha, qué tipo de denominaciones pueden verse beneficiadas. Muchas gracias.
Sr. Planas.- Lo han sido. El acuerdo alcanzado por la Comisión Europea en Beijing anteayer supone un importante paso adelante en la defensa de las denominaciones de calidad y las indicaciones geográficas protegidas de un cierto número, importante, de productos europeos. Entre ellos, encontramos un centenar de productos españoles cuya lista se contiene en la publicada por la nota del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del día de ayer. Y ahí se contienen, efectivamente, varias denominaciones de origen e indicaciones geográficas que conciernen a Castilla-La Mancha, recuerdo, particularmente, en materia de vino y en materia de quesos.
Dentro de cuatro años se podrán ampliar 36 más de estas denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Creo que es un paso adelante muy significativo y creo que es un mecanismo, no solo para mostrar el incremento del intercambio comercial agroalimentario que llevamos a cabo con aquel país por parte de España sino, también, la voluntad de que esas relaciones comerciales lo sean bajo las normas estándar de los países, digamos, más desarrollados. Por tanto, yo creo que es un paso adelante muy positivo y así lo califiqué ayer.
P.- Carlos Cué, de El País. A la ministra portavoz le quería preguntar, teniendo en cuenta que hoy es el último Consejo antes de las elecciones, si cuestiones como estas de las ejecuciones del tema catalán, si no se podían haber dejado para la próxima semana. La semana pasada le preguntamos, también, a la vicepresidenta si el tema de la república digital no se podía haber dejado para un poquito más adelante, si realmente era tan urgente este tipo de cuestiones de incidencias de ejecución para hacerlos esta semana y, en concreto, qué efectos -porque nos dijo que había mucha urgencia la semana pasada la vicepresidenta-- ¿qué efectos ha tenido la publicación del decreto del martes? ¿Por qué esa urgencia?
Y a la ministra Ribera le quería preguntar: el hecho de que no venga Estados Unidos y que se haya salido del Acuerdo de París, ¿se puede avanzar sin la principal economía del mundo? ¿Se puede hacer una Cumbre como esta con la principal economía del mundo fuera? Y, en concreto, lo que le preguntaba el compañero, el detalle del dinero no lo da pero, el reparto ¿quién lo paga? Porque una parte lo asumirá Chile, entiendo. ¿Eso está ya claro, quién asume qué? Gracias.
Portavoz.- Le voy a pasar al ministro del ramo, al de Política Territorial, la primera pregunta.
Sr. Planas.- El ministro del ramo está siempre encantado de asumir los temas que corresponden a su competencia, no hay ningún problema.
Hay un procedimiento legal -como ha indicado la ministra portavoz al principio-en relación con incidentes de ejecución ya producidos. Estos incidentes de ejecución produjeron que por parte del Tribunal Constitucional en los días 10 y 16 de octubre se dictaran determinadas Providencias que son muy importantes porque aquí no estamos hablando del papel interpretativo del Tribunal Constitucional sino del respeto a esa capacidad que tiene el Tribunal Constitucional de interpretar; es, como dice la propia Constitución, el intérprete de la Constitución.
Por tanto, se refieren a ese cumplimiento efectivo, al cumplimiento efectivo por parte de la Mesa del Parlamento de Cataluña, de su presidente, de su secretario general y de sus miembros. Para ello habrá deducción de testimonio de particulares y es el propio Tribunal Constitucional el que debe decidir, en su caso y momento, el envío a la Fiscalía de lo que se deduzca de ese testimonio de particulares en una acción que en todo caso estaría comprendida jurisdiccionalmente bajo el amparo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero no quiero, ni debo, adelantar acontecimientos. Se refiere, exclusivamente, a una acción del Tribunal Constitucional. El Gobierno de España es muy respetuoso con el funcionamiento institucional y la competencia de cada institución; por lo tanto, corresponde al Tribunal Constitucional adoptar la medida que estime oportuno como consecuencia de la acción del Gobierno.
Y, en relación con el Decreto ley sobre los temas digitales, yo creo que el Gobierno adoptó, evidentemente, una decisión prudente cubriendo una serie de ámbitos, un tema que requería por razones, evidentemente, de desarrollo tecnológico y de seguridad nacional, determinadas cuestiones que yo creo que son muy importantes, que son perfectamente compatibles con la legislación europea y que suponen, en definitiva, evitar que, del mismo modo que hablamos de paraísos fiscales, puedan existir paraísos digitales donde acciones que pudieran ser contrarias a la ley y a la Constitución española puedan ampararse.
Por tanto, es una medida de prudencia pero una medida, también, de acción y en función de esa acción, lógicamente -eso lo veremos--, está ya en vigor en relación con el contenido de esto. Pero, en fin, no hay más que significar en este momento.
Sra. Ribera.- Contesto rápidamente las dos preguntas. La primera, es la estructura del presupuesto y como se contribuye, no es tan sencilla la respuesta. Le doy alguna pista. La mayor parte del dinero adelantado por Chile con cargo a su presupuesto está invertido en los pabellones allí que no se van a utilizar.
Hay una partida de gasto, que son los gastos de participación de los delegados de países en desarrollo, que gestiona la Secretaría de la Convención de Clima, y que en muchos casos ya habían emitido los billetes y todo y lo tienen que reorganizar; y lo va a seguir organizando, lo va a seguir gestionando la Secretaría de la Convención.
Les hemos pedido que de eso se encarguen ellos y no nosotros, como hubiera sido en una situación normal en la que hubiera sido Naciones Unidas junto con el país anfitrión y que, si es necesario que haya una mayor dotación de ese fondo de participación, que sean otros donantes los que aporten, no nosotros.
Nosotros nos hemos comprometido a cubrir todo aquello que resulte necesario para capacidad de acogida aquí y puede haber una cifra variable porque hay algunos patrocinios que todavía no se habían materializado en favor de Chile que pueden venir aquí y hay patrocinios nuevos que surgen a partir de un gesto que ha sido interpretado como un gesto valiente en un momento complicado porque el plazo de tiempo del que se disponía era pequeño y, sin embargo, era muy importante desde el punto de vista del funcionamiento con total normalidad de una agenda multilateral tan relevante como esta que no se retrasara, que se mantuvieran las fechas.
Con respecto a la participación de Estados Unidos, Estados Unidos sí va a participar. Como decía antes, seguirá habiendo una Delegación de Estados Unidos porque siguen siendo parte de la Convención y del Protocolo de Kioto. Y es verdad que no es nunca una buena noticia que un país, una economía del tamaño de la americana, tenga al frente a un presidente que decide denunciar un tratado económica y socialmente tan importante como es este tratado ambiental, porque lo es, también, económica y socialmente.
Pero también es verdad que es sorprendente ver cómo ocurren tres cosas: la primera es que la propia sociedad americana --grandes corporaciones, grandes inversores, alcaldes, gobernadores--, se rebela contra la decisión de su presidente federal y siguen manteniendo, y de hecho está previsto que haya, un pabellón de la sociedad americana como ya lo ha habido en las COPs anteriores que se llama We are still In, nosotros sí seguimos dentro. Lo que significa que el presidente -como por otra parte sabemos bien- no necesariamente representa la voluntad de toda la sociedad americana.
En segundo lugar, el hecho de que, con todo, es un hecho aislado. Hace pocas semanas que Rusia comunicó la ratificación del Acuerdo de París y la mayor parte de los países del mundo no solamente lo han ratificado -que entró en vigor en tiempo record--, sino que ninguno ha hecho un ademán parecido al que ha hecho Estados Unidos hasta la fecha. Yo creo que eso es una buena noticia.
Y la tercera es que, incluso, en una circunstancia tan inesperada como la que se ha producido con esta dificultad sobrevenida y, por tanto, este abandono de la presidencia chilena a un mes vista del inicio de las reuniones, ha habido una capacidad de superación por parte de la comunidad internacional. Así que, evidentemente, en procesos de transformación tan importantes a escala global como este se pueden vivir dientes de sierra pero yo diría que siendo, evidentemente, preferible que Estados Unidos y que todos los países cuenten con gobiernos comprometidos que faciliten en lugar de que dificulten el cambio. La parte buena de la noticia es que la comunidad internacional, las sociedades y los actores económicos siguen trabajando en esta dirección; que no es tan fácil, como sí vivimos en el pasado, el que se paralice la continuación de la concertación internacional en esta materia.
Portavoz.- Muchas gracias señores y señoras, muchas gracias.
Conferencia de prensa Consejo de Ministros 08.11.2019

References: artículo 6
 artículo 23
in fine
 artículo 120
 Real Decreto 
 resolución 
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 artículo 9