Source: http://foroporlavida.blogspot.com/
Timestamp: 2014-09-01 20:58:00+00:00

Document:
Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello Mercosur surgió como un bloque económico subregional, pero progresivamente...
Comunicados, Derecho a la Información, Derechos Humanos en Venezuela, Libertad de Expresión, Tal Cual
El Foro por la Vida condena las recurrentes violaciones a la
libertad de expresión ocurridas en el último mes así como la presión por parte
de agentes del Estado en contra de periodistas y medios de comunicación, las
cuales procuran naturalizar el miedo a informar, invisibilizar las violaciones
a los derechos humanos y fortalecer la autocensura. El Foro por la Vida
considera un hecho grave el proceso judicial iniciado contra el Diario Tal
Cual, que pretende penalizar las opiniones y además inculpar a los editores y
propietarios de lo que expresan otras personas.
Espacio Público documentó desde el día 12 de febrero hasta
el 12 de marzo de 2014, 87 casos que suman 162 violaciones a la libertad de
expresión, las cuales incluyen 35 denuncias de intimidación, 30 agresiones, y
27 amenazas. En estos casos hay 127 personas afectadas que incluyen
infociudadanos, locutores, periodistas, reporteros gráficos y fotógrafos que
fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión en ejercicio de su
labor. La denuncias procesadas suman 22 detenciones, 30 agresiones, 18 robos o
hurtos, un herido de bala y una persona fallecida.
Un hecho recurrente es la persecución a las personas que
registran con equipos telefónicos celulares, cámaras fotográficas y de video, la actuación de la
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otras
fuerzas del orden público. En este contexto se arrebatan sin justificación
alguna los equipos, se borran imágenes o videos y se hurtan los instrumentos de
trabajo sin garantía alguna para las víctimas. Estos hechos procuran la
impunidad de los funcionarios militares y policiales que no quieren que se
documenten sus actuaciones y atropellos.
Los periodistas y personas que documentan potenciales
violaciones de derechos humanos cumplen un papel imprescindible para fortalecer
el escrutinio y control social de la actuación de los funcionarios y su apego o
no a las obligaciones constitucionales de respeto y protección. El atropello y
la tolerancia ante estos hechos convierte al conjunto de la institucionalidad
pública en cómplices de las violaciones a los derechos humanos que ocurren, y
de las que aplican a quienes pretenden documentarlas.
Aunado al clima de hostigamiento y violencia contra los
periodistas que implicó un aumento de las dificultades para informar sobre los
hechos, continúan las declaraciones de altos funcionarios contra los medios,
periodistas y su trabajo. Ello contribuye al clima hostil para el ejercicio de
la libertad de expresión y alienta la violencia de militares y policías contra
Se mantienen mecanismos de censura, sin garantía judicial
alguna, contra portales de noticias, plataformas de comunicación basadas en
Internet y canales de televisión que se distribuyen mediante servicios de
suscripción. Las restricciones alcanzan también a las inexplicables
suspensiones en el servicio de Internet en zonas de las ciudades donde se
realizan movilizaciones de calle o en localidades enteras.
Un caso grave de judicialización criminal de la libertad de
expresión es el proceso iniciado contra el articulista Carlos Genatios por la
publicación, el 17 de enero de 2014, del articulo “Patria, socialismo o
muerte”. Esta demanda la realiza el presidente de la Asamblea Nacional y
capitán del ejército bolivariano, Diosdado Cabello, por una frase que el
artículo le atribuye: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”.
La acusación penal privada por una presunta difamación
agravada fue introducida el 24 de enero de 2014, contra Carlos Genatios y la
directiva de Tal Cual: Juan Golia, Teodoro Petkoff, Francisco Layrisse, y
Manuel Puyana. El 6 de marzo de 2014, el Juzgado Vigésimo Noveno de Primera
Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas admitió el caso e impuso medidas cautelares contra los
acusados, que consisten en la presentación periódica en el tribunal cada 8 días
y la prohibición de salir del país sin autorización.
La juez Bárbara Gabriela César Siero admitió la demanda y
accedió a todas las peticiones del demandante. Si el proceso judicial favorece
a Diosdado Cabello, podría incluir penas de prisión de 2 a cuatro años y
sanciones económicas que pueden alcanzar hasta los 635.000 bolívares que
equivalen a US$ 100.793. La opinión de un articulista sobre una persona que desempeña
una función pública goza de la mayor protección en el ámbito de la libertad de
expresión. Si el funcionario se considera afectado el mecanismo que aplica para
resarcir el supuesto daño es una réplica, que este caso el demandante desestimó
porque su objeto era criminalizar deliberadamente a un diario crítico e
En este caso Carlos Genatios no cometió delito alguno y si
lo hubiera hecho no puede sancionarse a editores y directivos porque ello
favorece la autocensura contra periodistas y articulistas; es decir, procura
que los medios realicen actos claramente inconstitucionales al censurar los
contenidos de sus periodistas y colaboradores.
En este sentido, los estándares internacionales de libertad
de expresión han sostenido que las figuras públicas están obligadas a someterse
a una crítica más intensa que los ciudadanos privados . De igual manera se
promueve la réplica como un mecanismo que favorece la libre circulación de las
ideas y que permite que las personas puedan seguir el debate y formarse una
opinión propia de los temas.
Por los hechos anteriormente señalados, exhortamos al Estado
Venezolano a que:
1. Respete
el derecho a la libertad de expresión, y en este sentido se abstenga de causar
agresiones, amenazas, intimidación, hostigamiento, censura, ataques o
restricciones indebidas alguna contra periodistas, reporteros, infociudadanos o
y sancione de forma expedita y adecuada las violaciones a la libertad de
expresión ocurridas.
3. Revoque
las medidas cautelares impuestas contra Carlos Genatios y los integrantes de
Tal Cual, así como también Declare Sin Lugar la acusación penal privada
iniciada en contra de estos ciudadanos.
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información plenamente,
asegurando que no se tomen represalias ni sanciones contra las personas y los
medios de comunicación en razón de sus expresiones críticas.
(PROVEA)
(Caracas, 15.02.14) Las organizaciones no- gubernamentales de
derechos humanos que suscribimos el presente pronunciamiento, integrantes de la
coalición “Foro por la Vida”, expresamos nuestra profunda preocupación ante diversas acciones represivas del Estado
venezolano en el contexto de las manifestaciones estudiantiles que se han
realizado en los últimos días en diversas regiones de Venezuela.
El Estado está en el deber de prevenir las violaciones a
los derechos humanos, de investigar con los medios a su alcance las violaciones
que se hayan cometido a fin de identificar a los responsables, imponer las
sanciones pertinentes y asegurar a las víctimas una adecuada reparación. El
ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los
derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en
consecuencia, superiores al poder del Estado. Si bien las organizaciones
que suscribimos este comunicado reconocemos la obligación del Estado de
mantener el orden público, debemos recordar firmemente que esta
responsabilidad debe realizarse en
estricto cumplimiento de nuestra
Constitución y de los estándares internacionales
en esta materia, tal y como se ha
establecido en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas
de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por
la Organización de Naciones Unidas. Todas
las medidas de restablecimiento del orden deben ser compatibles con los
derechos humanos y los principios de una sociedad democrática. Tal y como lo
establece el artículo 332 de nuestra
Constitución: “Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán
la dignidad y los derechos humanos, sin discriminación alguna”.
Estado venezolano está en la obligación constitucional de adecuar sus planes
operativos de control del orden público al establecimiento del orden,
disponiendo de diversos medios para el uso diferenciado de la fuerza,
manteniendo el funcionamiento independiente del Poder Judicial,respetando y
garantizando el debido proceso y la garantías judiciales de todas las personas,
elaborando técnicas de control de multitudes que reduzcan al mínimo la necesidad
de recurrir a la fuerza, empleando técnicas de persuasión, mediación y
negociación; así como cumpliendo la prohibición constitucional del uso de armas de fuego y sustancias
tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, tal y como está consagrado
en el artículo 68 de nuestra Constitución.
organizaciones de derechos humanos queremos ratificar el derecho que tienen
todas las personas de ejercer su derecho a la manifestación de manera pacífica,
tal como se encuentra consagrado en el artículo 68 de la CRBV. Rechazamos las
pretensiones del primer mandatario de condicionar su ejercicio a la obtención
de un "permiso" gubernamental, requisito que contradice la
Constitución y las normativas vigentes, como la Ley de Partidos Políticos,
reuniones y manifestaciones públicas, así como la interpretación de la
normativa internacional realizada por la Organización de Naciones Unidas. En
consecuencia, rechazamos la política de criminalización de la protesta
profundizada tras los acontecimientos del 12 de febrero de 2014, los cuales
incluyen la presencia de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) armados en las manifestaciones,
el uso de cuerpos parapoliciales para disuadir o disolver las manifestaciones
con armas de fuego, el uso de sustancias tóxicas prohibidas en la
manifestación, la detención arbitraria de centenares de personas, las
humillaciones y maltratos recibidas por las personas privadas de libertad, la
no información a sus familiares sobre el sitio y las condiciones de su
retención, la incomunicación de manifestantes detenidos y la aplicación para un
sector de los detenidos de regímenes de presentación en tribunales. El Ejecutivo
Nacional tiene la responsabilidad de garantizar la vida e integridad de todas
las personas que deseen manifestar tanto su apoyo como cuestionamientos a las
políticas oficiales. Asimismo, debe investigar y sancionar a los responsables
de los tres asesinatos ocurridos en el contexto de las manifestaciones del
pasado 12 de febrero. La
ausencia de información en los contextos de manifestaciones masivas contribuye
a generar incertidumbre y afecta sustantivamente el derecho a la información.
La política sistemática de restricciones a la libertad de expresión contribuye
al efecto de silenciar y censurar las
informaciones y a sostener la autocensura y el miedo. Especialmente grave es la
práctica de los funcionarios policiales y militares de censurar imágenes
obtenidas por reporteros y ciudadanos o decomisar ilegalmente equipos de
fotografía y video. Muchas veces estos hechos ocurren en el contexto de la
represión a manifestantes o ciudadanos.
progresiva descalificación, represión y criminalización de las manifestaciones
es signo inequívoco de la desinstitucionalización del Estado venezolano que
violenta las garantías de este derecho. Las personas se movilizan ante la
ausencia de respuestas en las instituciones y son obligadas a reivindicar
derechos en las calles. Pretender acallar y castigar las manifestaciones es una
práctica que castiga doblemente a quienes se siente marginalizados por el
ONGs recordamos a las autoridades que tienen el deber de investigar de oficio y de manera inmediata
la posible comisión del delito de tortura, el cual es un crimen de lesa
humanidad de carácter imprescriptible. Asimismo,
instamos al Estado al estricto cumplimiento del deber de identificar, ubicar
plenamente a las personas detenidas y darles a acceso inmediato a sus abogados
y familiares y mantener a los detenidos en sitios legales de detención. El
incumplimiento de estos preceptos y principios configura el crimen de
desaparición forzada de personas, expresamente prohibido por nuestra
Constitución y el cual, también, constituye un crimen de lesa humanidad de
carácter imprescriptible.
ONGs expresamos públicamente nuestro
firme rechazo al manejo totalmente inadecuado por parte de altos voceros del
Poder Ejecutivo sobre las evidencias que se han recabado en los procesos de
investigación que deberían estar conducidos únicamente por el Ministerio Público y los
órganos jurisdiccionales competentes. Con la presentación de esta información
ante los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, se han
violado los estándares mínimos de investigación a que obligan el debido proceso
y las garantías judiciales. Al mostrarse públicamente, tal y como lo hicieron
el día jueves 13 de febrero, el Gobernador del Estado Aragua y el Sr.
Presidente de la República, posibles
armas utilizadas por los presuntos responsables de los crímenes, resultados
balísticos o planimétricos, expresamente
se ha roto la cadena de custodia de pruebas fundamentales en casos de
investigaciones de graves violaciones de los derechos humanos.[1]
las ONGs vemos con especial preocupación la postura claramente prejuiciada a
muy poco tiempo de haber ocurrido los hechos frente a la sede del Ministerio
Público, que ha manifestado públicamente la Fiscal General de la República,
acompañada del Ministro del Interior, Justicia y Paz y el Alcalde del Municipio
Libertador. En los actuales momentos, el país vive una acentuada polarización y
violencia, y por ello la legitimidad y credibilidad sobre las decisiones que se
produzcan y que las mismas correspondan a la aplicación objetiva de la justicia
es un elemento enormemente pacificador y conciliador. Por
ello, creemos que dado que la Fiscal General se ha considerado víctima por las
presuntas agresiones cometidas en contra de su Despacho, ha calificado los
hechos antes de producirse las investigaciones y se ha inclinado a una
parcialidad, casi automáticamente, al determinar algunas responsabilidades en
los mismos, abandonando la obligación que por principios se deriva de su
mandato de actuar de manera independiente del Poder Ejecutivo y de otros
poderes del Estado y de ser garante del debido proceso y de las garantías
judiciales. El Estado venezolano debe dar plena garantía de una investigación
independiente, objetiva y transparente de los graves hechos acaecidos el pasado
consideramos inaceptable el silencio de la Defensoría del Pueblo ante los graves
hechos descritos y exigimos el cumplimiento de sus obligaciones de “velar por
el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos”, tal como lo establece
el artículo 281 de la Constitución Nacional. Por
la Vocería del Foro por la Vida:
Centro para la Paz y los Derechos
Humanos de la UCV
https://www.youtube.com/watch?v=ME5gHbAnDdk,
http://informe21.com/tareck-el-aissami/patricia-janiot-deja-fuera-de-base-a-tareck-el-aissami-en-cnn-video Read More
Comunicados, DDHH, Derecho a la protesta, Derechos Humanos en Venezuela, foro por la vida, Plan Patria Segura
(Caracas, 11.02.14) Las organizaciones que suscribimos el
presente pronunciamiento, integrantes de la coalición “Foro por la Vida”,
expresamos con preocupación la manera como se viene generando progresivamente
un cerco a la protesta pacífica en Venezuela. Una política de Estado que, a
través de un marco jurídico cada vez más restrictivo, transforma en delito el
ejercicio de los derechos constitucionales a la manifestación y a la huelga. Se
suma a ello actuaciones para controlar
el orden público reñidas con la Constitución y los derechos humanos.
En el marco de esa
política existe una instrumentalización de los Poderes Públicos, principalmente
el Poder Judicial, para iniciar procesos judiciales contra luchadores sociales.
Actualmente más de 3000 personas se encuentran sometidos a procesos penales
algunos de ellos incluso procesados en la justicia militar en violación al
derecho al juez natural. Además de criminalizar el ejercicio de derechos, los
tribunales están siendo utilizados para castigar incluso la opinión disidente
dentro del sector oficialista, como lo demuestran los casos denunciados de
retaliación política contra Huma Rosario y Benito Flores (Trujillo), Fidel
Palma (El Tocuyo), Numa Rojas (Maturín) y Robert Ramos (Mérida), a quienes no
se les garantizó su derecho a la defensa, violando el debido proceso.
De ese conjunto de personas criminalizadas por ejercer
derechos más de 40 han sido encarceladas en los últimos cinco años, algunos de
ellos como el sindicalista Rubén González Secretario General de Sintraferrominera
quien estuvo preso 17 meses, cinco sindicalistas procesados en la justicia
militar encarcelados cuatro meses en 2013 y en los últimos 15 días se impuso pena de prisión a 13 manifestantes.
Algunas personas sometidas a régimen de presentación llevan
más de siete años con libertad restringida como es el caso de 11 sindicalistas de la empresa
transporte Camila en el estado Bolívar o estudiantes de las manifestaciones
contra el cierre de radio Caracas. Otros, como los 5 capitanes pemones del
municipio Gran Sabana, están siendo juzgados inconstitucionalmente por la
Resulta igualmente preocupante la creciente imputación de
manifestantes por supuestos delitos asociados con terrorismo, pues constituye
un etiquetamiento inaceptable que pretende amedrentar mediante el incremento
desproporcionado de posibles sanciones penales. Toda esta política de Estado
que criminaliza el derecho a exigir derechos viene acompañada, en algunas oportunidades,
con prácticas policiales y militares de controlar el orden público de manera
contraria al mandato constitucional produciendo variadas violaciones a los
Aún cuando la Constitución en el artículo 68 establece la prohibición del uso de armas de
fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, cuerpos
armados del Estado continúan usando armas de fuego y gases lacrimógenos para
controlar manifestaciones. En consecuencia en los últimos cinco años cinco
manifestantes fueron asesinados por policías o militares en el contexto de manifestaciones. En este
sentido, de violación de las garantías presentes en la Carta Magna, se
encuentra la iniciativa aprobada por el gobernador del estado Carabobo,
Franciso Ameliach, de prohibir las manifestaciones en el centro de Valencia,
argumentando protección del patrimonio histórico.
A pesar de la retórica sobre la sanción a los delitos contra
los derechos humanos cometidos en el pasado, queremos recordar que luego de
casi 25 años de los hechos del Caracazo, en los tribunales venezolanos no hay
ninguna sentencia condenatoria de carácter definitivo que haya determinado
responsabilidades penales por las gravísimas violaciones de los derechos
humanos cometidas en esos días. Tampoco, las autoridades han realizado los
procedimientos técnicos de carácter independiente para identificar plenamente
los restos de las víctimas aún no entregados a sus familiares, ni se han
cumplido la mayoría de las garantías de no repetición establecidas en este caso
por la Corte Interamericana en su
sentencia de reparaciones dictada hace doce años. Por ello, cuando se aproxima
un nuevo aniversario de aquellos lamentables sucesos, exhortamos al Estado
venezolano a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que expresamente indicó:
“No se pueden invocar pretextos de mantenimiento de
seguridad pública para violar el derecho
a la vida. Debe, asimismo, el Estado, ajustar los planes operativos tendientes
a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y
protección de tales derechos, adoptando, al efecto, entre otras medidas, las
orientadas a controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de
seguridad en el terreno mismo de los hechos para evitar que se produzcan
excesos. Y debe finalmente, el Estado garantizar que, de ser necesario emplear
medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden
público, los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad
utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas
situaciones de manera racional y proporcionada196, y con respeto a los derechos
a la vida y a la integridad personal”[1]
- Exhortamos al Ejecutivo Nacional y demás Poderes Públicos
a respetar el derecho de las personas a manifestar y ejercer el derecho a la
huelga a no continuar con la política de
criminalizar la manifestación pacífica y la huelga.
- Recordamos a los y las manifestantes que el ejercicio del
derecho a la manifestación y la huelga deben realizarse de manera pacífica
- Exigimos una vez más que se cumpla con el mandato de la
Constitución de no usar armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de
las manifestaciones y que se investigue y sancionen a los y las funcionarias
autores materiales e intelectuales que incumplan con la obligación de actuar en
el marco de la Constitución.
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad
ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic)
Comunicados, DDHH, Derechos Humanos en Venezuela, Plan Nacional en Derechos Humanos
(Caracas, 10.12.13) En el marco de la celebración del Día
Internacional de los Derechos Humanos, el Foro por la vida, coalición de
organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, desea expresar a la opinión
- A pesar de haber asumido diferentes compromisos en materia
de derechos humanos, Venezuela celebra en el 2013 esta fecha con una decisión
inconstitucional, como la es el haberse retirado de las competencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) afectando la protección
ante situaciones de atropellos a las garantías fundamentales de los sectores
más vulnerables. “Esta decisión del actual Ejecutivo nacional sienta un grave
precedente regional y demuestra que carece de la voluntad política en cumplir y
hacer valer las garantías establecidas en la Constitución” (Comunicado del Foro
por la Vida ante la salida de Venezuela de la CIDH).
- El estancamiento y retroceso de las diferentes políticas
públicas en materia de derechos humanos mantienen los problemas estructurales
que condenan a amplios sectores de la población a condiciones de pobreza y
exclusión. El Ejecutivo Nacional no garantiza los diferentes derechos
establecidos en la Constitución. Se refieren al respeto al derecho a la vida y
la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección
judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y del
derecho a la libertad de expresión, así como la situación de los defensores y las defensoras de derechos
humanos, los pueblos indígenas, las mujeres, las personas privadas de libertad,
- La criminalización de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil que acuden a los
organismos internacionales de protección de Derechos Humanos en la búsqueda de
respuesta que haga prevalecer el respeto y garantía a sus derechos humanos, por
cuanto ha agotado los recursos internos y no han logrado justicia en la
jurisdicción nacional. Al acudir a las instancias internacionales son
criminalizados y, en algunos casos, reciben amenazas, represalias y acciones de
descrédito de que son objeto algunas de las personas, tanto por parte de
particulares como, en algunos casos, de autoridades del Estado.
- Asimismo la criminalización de la protesta social mediante
el uso excesivo de la fuerza, la utilización de leyes que obstaculizan el
ejercicio de la manifestación pacífica y coartan otros derechos, como la
denominada “Ley Antoterrorista”; los argumentos basados en la doctrina de la
“seguridad nacional” que afirma la necesidad de neutralizar a un “enemigo
interno” así como presuntas represalias y uso excesivo de la fuerza en
manifestaciones, así como la impunidad en los casos de asesinatos de líderes
sociales, indígenas, campesinos y sindicales. Esto incluye la utilización de la
Fuerza Armada Nacional con el objetivo de controlar los actos de violencia que
puedan ocurrir en el contexto de protestas sociales. En tal sentido recordamos
lo señalado por la Comisión
Interamericana de Derechos humanos “la protesta social pacífica forma parte del
derecho de reunión y es una herramienta fundamental para la labor de defensa de
los derechos humanos, por lo cual los Estados están obligados a asegurar que
ningún defensor o defensora sea impedido de reunirse, liderar o participar en
una manifestación. Adicionalmente, la Comisión reitera que el control de actos
de violencia que puedan ocurrir en el marco de manifestaciones de protesta
social debe corresponder a la policía, y no a fuerzas militares.” (Comunicado
08 -11-2013)
- Las irregularidades presentes en el Sistema de
Administración de Justicia, que incluyen la falta de independencia judicial así
como la gran impunidad existente, donde la mayoría de los jueces son suplentes,
el proceso de postulación y selección de jueces no es transparente ni apegado a
la normativa vigente, lo cual impide la independencia e imparcialidad en los
operadores de justicia. - El no disfrute de los derechos establecidos en el Capítulo
VIII de la Carta Magna para las comunidades indígenas del país, las cuales
siguen sin ser respetados en su cultura y forma de gobierno, y en algunos casos se ha criminalizado de
autoridades indígenas por motivos vinculados a la defensa de sus territorios. - El impacto que
tienen las políticas económicas, la crisis económica y los problemas de abastecimiento
de alimentos en la población. - La grave situación de violencia contra la mujer que existe
en el país, evidenciado en el alto
porcentaje de feminicidios que se registran por los problemas de seguridad
ciudadana. - El preocupante menoscabo que atraviesa la salud en
Venezuela evidenciado en el deterioro generalizado de los servicios sanitarios,
de la infraestructura hospitalaria y su insuficiencia para atender las
necesidades de la población; asimismo los servicios prestados en los centros de
salud públicos son deficitarios en cuanto a camas, personal médico y
abastecimiento de insumos y equipos. Todas las garantías del derecho a la salud
señaladas en la Constitución Nacional están siendo sistemáticamente incumplidas
por el Ejecutivo, profundizando las desigualdades sociales y la destrucción del
sistema público de salud en Venezuela.
- La situación que viven las personas privadas de libertad ,
donde persisten los graves problemas de insuficiencia de la infraestructura
carcelaria, corrupción, hacinamiento, enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, la existencia de mafias que hacen de las sedes del sistema penitenciario auténticos negocios
de armas, drogas, secuestros y otros lucros delictivos, las pugnas de poder y el retardo procesal. Todos
ellos se convierten en detonantes de actos violentos que generan muertes en los
recintos penitenciarios. - Las diferentes amenazas al derecho a la libertad de
expresión y el acceso a la información,
evidenciado entre otras situaciones en las dificultades y hostilidades que
enfrentan los periodistas para cubrir eventos electorales; y el aumento de
procedimientos judiciales contra medios de comunicación y periodistas que
difunden temas de interés público. Ante todo lo anterior, las organizaciones de derechos
humanos reiteramos nuestro llamado al Ejecutivo Nacional para establecer
mecanismos de diálogo que permitan consensuar un Plan Nacional de Derechos
Humanos con metas y compromisos establecidos en el corto, mediano y largo
plazo. Creemos que los resultados de las recientes elecciones municipales son
una oportunidad para la inclusión de todos los sectores en el diseño de
políticas públicas que redunden en un aumento de la calidad de vida para todos
y todas las venezolanas, sin distinciones de ningún tipo. Las organizaciones
integrantes del Foro por la Vida, algunas de ellas con más de 20 años de
trabajo, estamos dispuestas a realizar nuestro aporte para el bienestar de toda
la población, especialmente de los sectores más vulnerables. Por la vocería del Foro por la Vida
Justicia y Paz Nacional Programa Venezolano de Educación-Acción por los Derechos
Mujeres mas allá del 2015. Venezuela no cumplirá las Metas del Milenio 6:16
Artículos, Derechos de la mujer, Derechos Humanos en Venezuela, Metas del Milenio, OVDDHHmujeres, violencia de género
(O.V.D.H.M.) constituido por 45 ONGS en toda
Venezuela y coordinado por el Centro de Investigación Social, Formación y
Estudios de la Mujer (CISFEM), realizó una consulta vivencial y online sobre la
situación de los Objetivos del Milenio en el país
.Los Resultados: · La Mortalidad Materna es igual a la de 1990.
cantidad de mujeres en cargos de elección popular está por debajo del promedio
de América Latina y el Caribe. • Persisten
diferencias salariales entre hombres y mujeres y son mayores entre los que
estudian menos. • Son
más los hogares con jefes de hogar mujeres y siguen siendo los más pobres entre
los pobres. • Tenemos
el mayor número de madres adolescentes de América Latina. OBJETIVOS ANALIZADOS POR EL
No. 3: Promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía de las mujeres. • Objetivo
No. 4: Reducir la mortalidad de los niños.
No. 5: Mejorar la Salud Materna.
No. 6: Combatir el VIH-Sida, la Malaria y otras
enfermedades. • Objetivo
No. 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre.
¿CÓMO LO VEMOS
NOSOTRAS LAS MUJERES ORGANIZADAS EN EL OBSERVATORIO (O.V.D.H.M.)? Objetivo No. 3:
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la
falta de un indicador o variable referida a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
inseguridad es la principal preocupación de quienes vivimos en Venezuela
cifras de homicidios no están desagregadas por sexo • Cada
día aumenta el número de mujeres muertas por violencia (feminicidios), según
fuentes no oficiales procedentes de la Medicatura Forense de Caracas, en la
Ciudad Capital han muerto 106 mujeres hasta mediados de agosto de 2013.
traumático o victimización secundaria de las mujeres y niñas, debido a los
de impunidad (92% de los crímenes quedan sin ninguna sanción legal) El estándar
internacional indica que un país que supere el 35% de impunidad está en
emergencia, y en Venezuela el 92% de los delitos no se resuelve.
· Ejercicio continuo de la Violencia
simbólica dirigida a través del discurso político desde las más altas
posiciones del poder, cargado de expresiones de violencia y agresión.
· Aumento de la acción represiva del
Estado para controlar la conflictividad social.
· Ejecuciones y uso excesivo de la fuerza por
parte de los cuerpos que se ocupan de la seguridad ciudadana
· Venezuela se apartó del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos a partir del 10 de septiembre de 2013
en la aplicación de la LOSDMVLV Falta un Reglamento con los procedimientos
de estadísticas que permitan conocer la situación de las mujeres y el respeto a
de sensibilización y capacitación sistemática a funcionarios de instituciones
que reciben y procesan las denuncias de VCM, generando la re-victimización de
la mujer o su muerte a manos del
de personal, provisionalidad y falta de autonomía para decidir de las y los
jueces (Caso Afiuni)
de las mujeres víctimas (y no de los agresores) a ser evaluadas
psicológicamente para continuar con los procedimientos legales, barrera
discriminatoria para el acceso a la justicia.
remunerado: · Tendencia
a la informalización del trabajo femenino, clasificada en las
siguientes categorías y respectivas desventajas:
de la actividad (la inactividad oculta el desempeño como ama
ocupacional (en la categoría ayudantes no remuneradas) • El
lugar en el que se desempeña el trabajo (la vivienda y puestos
callejeros)
salarial según sexo y años de estudio. Según cifras de CEPAL ,la participación en el
sistema educativo no disminuye la inequidad de género en el acceso al ingreso,
aun que la brecha aumenta cuando se tiene menos escolaridad.
amenazas a la libertad sindical
OBJETIVO DEBE EVOLUCIONAR HACIA UNO DE IGUALDAD DE GÉNERO BASADO EN LOS
DERECHOS HUMANOS Y ORIENTADO AL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER.
INCLUIR EXPLÍCITAMENTE EL DERECHO DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Resaltamos este Objetivo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la
el 25 de noviembre del 2013 y del Día
Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 2013, coincidiendo con el
planteamiento de ONUMUJERES, organismo de NNUU al cual le fue entregado este informe
en su sede de New York.
Ataques a defensores, Comunicados, Ecuador, Pachamama
06.12.13) El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos
de Venezuela, desea expresar su rechazo a la decisión del gobierno ecuatoriano
de clausurar mediante un acto administrativo la Fundación Pachamama, en clara
violación a los derechos a la libre asociación y la defensa de la dignidad
humana expresada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
ha sido un hecho público, el pasado 04.12.13 funcionarios gubernamentales y
policiales se presentaron en las oficinas de la Fundación Pachamama para
“clausurar” sus instalaciones, tras lo cual les informaban que la aplicación de
una resolución del Ministerio del Ambiente de ese país mediante el cual se
disolvía una organización que desde el año 1997 defiende los derechos humanos,
con énfasis en el derecho al ambiente sano.
ejemplo del trabajo de la Fundación Pachamama fue el haber formado parte del
equipo jurídico que desde el año 2003 llevó el caso de violación de los
derechos del pueblo indígena ecuatoriano Sarayacu al realizar exploraciones
petroleras en su territorio sin su consentimiento ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. En junio de 2012, luego de casi una década de litigio, la
Corte IDH declaró que el Estado ecuatoriano era responsable por la violación de
los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad
cultural y por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la
protección judicial. Además el Estado fue declarado responsable por haber
puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de
dicha comunidad originaria, lo cual se ha convertido en jurisprudencia para
defender los derechos de los pueblos indígenas de todo el continente.
Foro por la Vida desea expresar sus palabras de solidaridad tanto al equipo de
trabajo de la Fundación Pachamama como a sus múltiples beneficiarios,
especialmente a las víctimas y familiares de violación a derechos humanos que
han sido asesorados por el trabajo de esta organización no gubernamental. Las
organizaciones integrantes de nuestra coalición nos declaramos en solidaridad
activa, difundiendo todos los posicionamientos e información de contexto que
permitan comprender la gravedad de la decisión tomada por el gobierno de
Ecuador. Asimismo, solicitaremos por todas las vías a nuestro alcance que los
funcionarios gubernamentales ecuatorianos reviertan una medida que viola
diferentes principios y pactos internacionales en materia de protección a los
derechos humanos, y que se convierte en un preocupante precedente para toda la
para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV
y Paz Los Teques
Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) Read More

References: artículo 332
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 281
 artículo 68
 resolución