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Timestamp: 2020-01-28 00:57:20+00:00

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Radicación número: 41396-31-03-000-2003-00032-01
Actor: OLGA RUBY VALENCIA
Demandado: HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DEL CAUSANTE ANTONIO JOSE OBANDO MONTOYA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL / ACTIVIDAD PELIGROSA / ACCIDENTE DE TRANSITO
Así, se determina que transitaba el automotor de gran volumen, cargado con material inflamable de alto riesgo (petróleo) de propiedad de la demandada, en un tramo de la vía, igualmente de alto de alto riesgo, como quiera que además de ser un descenso, contaba con curvas, conforme se advierte en los planos de levantamiento planimétrico y altimmétrico, las fotografías del lugar, integrantes del dictamen pericial, circunstancias que exigían el mayor cuidado y destreza en la conducción, a partir de velocidades menores que permitieran reaccionar con el mínimo de dificultad ante cualquier imprevisto, la que se dictamina como apropiada entre 20 y 34 kilómetros por hora, pero que fue superior, porque una vez enterados del fatal suceso y dirigirse al sitio, según se expuso líneas atrás, se arriba en media hora, cuando el accidente acaeció diez minutos luego de ser despachado el automotor, hecho que permite concluir que se trató de un factor que generó el accidente, el que es totalmente ajeno a la actividad riesgosa ejercida por las demandadas que impide la imputación causal a estas, pues su conducta objetiva, la una propietaria de la sustancia peligrosa y la otra encargada del transporte de la misma, no intervinieron en la secuencia causal que culmina con el fatal accidente, por cuanto bien se expone en el precedente jurisprudencial cuyo extracto se trascribe, la responsabilidad por actividades peligrosas opera por el riesgo o grave peligro que el ejercicio de esta comporta, por lo que su fundamento jurídico es objetivo, y se remite precisamente al riesgo o peligro, sin que para el caso la causa del daño cuya indemnización se implora, fuera la conducta o actividad de las demandadas, pues no se trato de efectos propios del crudo de petróleo, sustancia inflamable de propiedad de una de las sociedades demandadas, que hubiera generado la explosión del automotor, o fallas en el vehículo dispuesto por la empresa transportadora demandada, que hubiere precipitado el accidente, y por tanto, como bien se concluye en la sentencia de primer grado, no existe vínculo de causalidad, ya que su actividad peligrosa, no intervino para nada en las consecuencias fatales, debiéndose confirmar la anotada sentencia, que precisamente concluye la inexistencia de nexo causal y niega las pretensiones de la demanda, porque aún de haberse presentado un atentado terrorista, que se busca acreditar con el experticio arrimado, emitido por el Comandante Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Neiva, esta circunstancia constituiría un elemento extraño, que exonera de responsabilidad al sujeto que ejerza la actividad peligrosa, ya que no sería esta la causa del daño, y por lo demás el dictamen pericial recaudado al interior del proceso, excluye esta causa, como generadora del accidente.
Neiva, dieciséis (16) de julio de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-03-005-2005-00052-01
Actor: ERNESTO CRUZ y OTROS
Demandado: EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA y OTRO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL / PRETENSIÓN DECLARATIVA / DENUNCIA PENAL
De esta forma, en conjunto del escrito impulsor se extracta que la pretensión declarativa es de responsabilidad civil, con fundamento fáctico en la tan referida denuncia contra la demandante, que dio inicio a investigación de carácter penal, medida de aseguramiento, y que culminó con su preclusión, génesis del daño que le ocasionó los pretendidos perjuicios, que se peticionan sean indemnizados, es totalmente ajeno a vinculación contractual preexistente, por lo que, por esta razón, no existe error en la declaración de INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, excepción formulada por algunos de los demandados.
3.2.1.- Para el caso, como bien analiza el juzgador de primer grado, no se evidencia temeridad en la formulación de denuncia por parte del señor JUAN DE JESUS CABRERA, dirigida a perjudicar a su denunciada, ya que simplemente en ejercicio de su deber de denunciar, en cumplimiento de los mandatos del artículo 25 del Decreto 2700 de 1991, modificado por la ley 81 de 1993, vigente para la época, puso en conocimiento de la Fiscalía, unos hechos que en su sentir configuraban tipo penal, y si bien, profirió la Fiscalía Resolución de preclusión de la investigación, no lo fue porque los hechos esenciales de la denuncia no hubiesen acaecido, en tanto el denunciante en calidad de acreedor ejerció acción ejecutiva para la satisfacción de un crédito a su favor, sin resultado positivo, presentándose créditos privilegiados de talante laboral (Art.2495), hechos estos constitutivos, para el denunciante, de FRAUDE PROCESAL y FALSEDAD PERSONAL, determinándose en la investigación adelantada, que surgía duda razonable en cuanto no se demostró que las acreencias laborales se hubieran pagado anteriormente, la que no hubo manera de eliminar, puntualiza la decisión de segunda instancia, que confirmó la decisión de preclusión (folios 28 – 61 cuaderno 1), no configurándose en consecuencia la responsabilidad civil extracontractual que genere daño indemnizable, como pretendía la parte actora, y que fuera denegada por él a quo, decisión que debe ser confirmada.
Neiva, seis (6) de agosto de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-03-005-2005-00007-01
Actor: MARIA LUZ CHAVEZ DE BASTIDAS
Demandado: HERNAN CABRERA MONJE y OTROS
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA / SUMA DE POSESIONES / JUSTO TITULO
En palabras de la propia vendedora, no transfiere por venta la posesión total del inmueble, no atribuyéndose la posesión del mismo, para que se predique su conversión de titular del 50% de derechos sobre el bien, a poseedora del 100% del mismo (interversión del título), porque en primer término afirma vender los derechos radicados en el mismo equivalentes al 50%, reconociendo que el titular del restante 50% era su cónyuge fallecido, y en segundo término con relación a las mejoras, afirma que las levantó con sus propios recursos, los que de un lado, frente a la existencia de sociedad conyugal, hacen parte de la misma al tenor del citado artículo 1781 del C.C., y de otro, las mejoras por el modo de la accesión (Art.739 C.C.), pertenecen al propietario del terreno (la sociedad conyugal), por lo que el título base para solicitar el encadenamiento de las trasferencias de posesiones que sumadas permitan cumplir con el requisito de término mínimo de posesión pretendido, no se predica, ya que no se puede adquirir más de lo que se transfiere, como bien lo entendió el a quo en la sentencia recurrida, sin desconocer que la prueba testimonial da cuenta de la residencia en el inmueble de las indicadas vendedora y compradora de derechos sobre el inmueble objeto de debate, desarrollando actos propios de propietario, inicialmente la vendedora, y al fallecimiento de esta la compradora, ya que no estuvo nunca en el ánimo de la vendedora señora MARIA SAGRARIO ROMERO DE ESCOBAR desconocer el dominio del bien en cabeza de la sociedad conyugal conformada con su cónyuge, respetando a su fallecimiento, los derechos de este, para vender solamente los que estimaban eran de su propiedad, estando llamada a ser confirmada la sentencia de primer grado.
Radicación número: 41298-31-03-002-2007-00055-01
Actor: ALICIA RAMON CADENA
Demandado: LEONOR FERNANDEZ y OTROS
PROCESO DIVISORIO / COSA JUZGADA / ACTA DE CONCILIACIÓN
Es claro entonces que no obra prueba alguna que acredite que las partes tramitaron un proceso donde se debatieran los hechos objeto de la demanda ni figura acta de conciliación, la cual, como se explicó, hace tránsito a cosa juzgada y constituye el medio idóneo para probar el acuerdo al que presumiblemente llegaron las partes respecto de la división material realizada con anterioridad a este trámite, no siendo posible hacerlo a través de la prueba testimonial como alega el recurrente, pues es claro que las negociaciones relacionadas con bienes inmuebles, en este caso, la transferencia de la propiedad de la cuota que aduce el demandado, no se verifica en modo alguno a partir de la prueba testimonial sino con el registro del acto jurídico en la escritura pública respectiva.
Al respecto no puede pretender el recurrente probar la realización de la división material que alega como constitutiva de cosa juzgada, a través de la recepción de los testimonios de la Juez de la época -del municipio de Gigante-, Doctora MARTHA CHAVARRO y del señor EMILIO ROJAS, quienes según afirma estuvieron presentes durante el acuerdo suscrito por las partes frente a los predios rurales ya descritos, pues se repite, no es la prueba conducente para acreditar tal hecho, pues el acuerdo logrado mediante una conciliación judicial o extrajudicial realizada ante un Despacho judicial se demuestra con la respectiva acta suscrita por las partes.
Neiva, treinta y uno (31) de mayo de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41298-31-03-002-2006-00131-01
Actor: HERMES ROMERO SALAZAR
Demandado: ESTANISLAO ROMERO SALAZAR
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA / SUMA DE POSESIONES / LITISCONSORCIO NECESARIO
Significa entonces, que el hecho de encontrarse inscritos las aducidas poseedoras anteriores al demandante en el folio de matrícula inmobiliaria, no conlleva su vinculación al proceso en calidad de litisconsortes necesarios, al no tratarse de titulares actuales de derechos reales principales sobre el inmueble pedido en pertenencia, y al tenor del artículo 83 del C.P.C., la integración del litisconsorcio debe verificarse cuando la controversia verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, y para el evento de suma de posesiones, no se regula en el artículo 407 del C.P.C. la alegada, ausente citación de los antecesores de la posesión.
En suma, la citación de que trata el artículo 71 del Decreto 1250 de 1970, se relaciona con el fin propio del registro a tono con el artículo 44 ejusdem, donde por regla general ningún título o instrumento surtirá efecto respecto de terceros, sino desde la fecha del registro, efecto que no se predica en ausencia de la citación en los anotados procesos, en donde prospera la declaración de pertenencia sobre la base de la suma de posesiones, y por tanto se debe confirmar la sentencia objeto de alzada sin lugar a fulminar condena en costas peso a la resolución desfavorable del recurso, porque estas no aparecen causadas (numerales 1 y 9 Art. 392 C.P.C.).
Radicación número: 41551-31-03-001-2008-00086-01
Actor: DIDIMO RAUL ORDOÑEZ PEREZ
Demandado: LIGIA MUÑOZ SOTELO y OTRO
PROCESO EJECUTIVO / LEGITIMACIÓN CAMBIARIA / DESGLOSE DEL TÍTULO NO SUSTITUYE EL ENDOSO EN RETORNO
En el caso bajo examen no existió ningún endoso porque el juez no está legitimado cambiariamente, simplemente ordenó la entrega del título, luego no resulta cierto lo afirmado por la ejecutante en el sentido de que el simple desglose del título le confiere legitimación cambiaria. Adicionalmente se requiere que la cadena de endosos sea ininterrumpida y, no cabe duda que en el título base del recaudo, se interrumpió la cadena de endosos, pues, siendo que la beneficiaria del título lo endosó en propiedad a MARÍA MERCEDES FLÓREZ, para que la cadena del endosos permaneciera inalterada se requería que ésta última, estando legitimada lo endosara de regreso, pues, se aclara, el desglose del título no sustituye el endoso en retorno.
La ley comercial claramente establece en su artículo 653 que “quien justifique que se le ha transferido un título a la orden por medio distinto del endoso (desglose ordenado por un juez), podrá exigir que el juez en vía de jurisdicción voluntaria haga constar la transferencia en el título o en una hoja adherida a él. La constancia que ponga el juez en el título se tendrá como endoso”. Lo mismo ocurre cuando se ha adquirido el título en una sucesión ilíquida y, en fin, por cualquiera otra forma distinta al endoso.
Radicación número: 41551-31-03-001-2008-00123-01
Actor: EDNA CONSTANZA CASTAÑO MUÑOZ
Demandado: JOSE WILLIAM ARBOLEDA CLAVIJO
Salvamento de voto: Magistrado Darío Fernando Mejía González
ACCIÓN POSESORIA / CARGA DE LA PRUEBA / ANÁLISIS PRUEBA TESTIMONIAL
3.2.2.- Ninguno de los medios probatorios recaudados logran el mentado cometido, ya que si bien la reseñada documental acredita la titularidad del dominio del inmueble objeto de debate, en cabeza del demandante, adquirido por compraventa inicialmente por escritura pública No. 1271 de 1994 al señor NORBERTO TRUJILLO (anotación No.2 folio de matrícula inmobiliaria No.202-28622), readquirido también por compraventa contenida en la escritura No.1705 de 2005, dominio que permite inferir posesión, por ser su efecto propio el de usar y disponer de la cosa corporal, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno (Art.669 C.C.), la restante prueba no ilustra acto posesorio alguno del señor JORGE ELIECER GAITAN QUINTERO en el requerido señalado lapso, ni directamente, ni por interpuesta persona, en los términos del citado artículo 762 del C.C., enseñando la prueba testimonial ser el demandado GUUIDO MOSQUERA GUZMAN, quien por un término superior a seis años anterior al momento de recibirse las declaraciones por comisionado, en julio y agosto de 2007, quien ha ejercido actos propios de posesión.
Neiva, once (11) de octubre de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41298-31-05-001-2006-00109-01
Actor: JORGE ELIECER GAITAN QUINTERO
Demandado: GUILLERMO ESCOBAR CUELLAR y OTRO
ACCIÓN EJECUTIVA SINGULAR / CLÁUSULA PENAL
Así, comoquiera que el entendimiento del articulo 882 del Código de Comercio es que la entrega de títulos valores es pago, un pago sometido a la condición de que los mismos se conviertan en la especie que representan, es decir, en dinero, que es la especie liberatoria de la prestación, es forzoso concluir que comoquiera que en este asunto el deudor optó por perseguir la conversión de los títulos valores, logrando el pago de la obligación originaria, siendo independiente la acción, no hay lugar para hablar de mora, a cuyo título reclama el demandante el pago de la cláusula penal, pues la específica calidad de deudor moroso supone un incumplimiento que aquí no se verifica, dada la satisfacción del crédito y si la obligación antecedente, tanto causal como cambiaria, se han extinguido, mal pueden subsistir sus predicados, entiéndase la pena solicitada.
De otra parte, ha sostenido la doctrina que existe incompatibilidad entre cláusula penal e intereses moratorios pues la finalidad de ambos es idéntica por cuanto las dos buscan sancionar al deudor que incumple en el pago, de donde deviene que no es dable su aplicación simultánea, pues se estaría cobrando al deudor dos veces la misma obligación, como es la de pagara por su retardo o incumplimiento.
Radicación número: 41298-31-03-002-2006-00090-01
Actor: PEDRO JOSE VARGAS PEÑA
Demandado: HERNAN DIAZ MACIAS
ACCIÓN REIVINDICATORIA / PRUEBA DEL DERECHO DE DOMINIO / EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO / COPOSESIÓN / BUENA FE / FRUTOS PERCIBIDOS DESPUÉS DE CONTESTADA LA DEMANDA / MEJORAS ÚTILES HECHAS ANTES DE CONTESTARSE LA DEMANDA
Se concluye entonces que a los demandantes por el modo de la sucesión por causa de muerte (Art.673 C.C.), les fue transferido el derecho de cuota de dominio sobre el inmueble debatido, como quiera que el registro del dominio del inmueble de quienes les antecedieron, anotaciones 3 a 7, no han sido cancelados y por tanto no han perdido efecto (Art. 39 Decreto 1250/70), cumpliendo en consecuencia la parte actora con la carga de probar la anotada titularidad requerida, aportando el título o causa del mismo, o sea la escritura de liquidación de la herencia intestada del señor LUIS ANTONIO GUZMÁN MORA (Art. 12 Decreto 960/70), e igualmente la prueba de la inscripción del título en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (anotación 8 Folio No204-0013727), pruebas que precisamente acredita la titularidad del mentado derecho sobre el inmueble, del que pretenden reivindicar dos lotes que hacen parte del mismo, requisito indicado en el artículo 946 del C.C., para la prosperidad de las pretensiones propuesta.
De esta forma, el alegado hecho de haber iniciado la actora la posesión en unión de su esposo, y continuar con la misma al fallecimiento de este, para el caso, solamente adquiere la calidad de poseedora a partir del momento que lo hace directamente, es decir al deceso del señor LUIS ALBERTO GUZMAN SERRANO, el que se afirma acaeció el 21 de junio de 2004, hito inicial que permite excluir la estructuración de la excepción de prescripción extintiva, porque la demanda que interrumpe la prescripción de acuerdo con el artículo 90 del C.P.C., fue presentada el 21 de abril de 2006, notificándose el auto admisorio el 20 de septiembre siguiente, superados dos años de posesión, estando llamada a fracasar la excepción, como bien se dispuso en la sentencia recurrida.
3.3.- De acuerdo con lo expuesto, probados los requisitos para la prosperidad de la acción reivindicatoria, proceden la pretensión declarativa, y en cuanto a las consecuenciales pretensiones de condena, es dable catalogar a la demandada como poseedora de buena fe, la que en palabras del artículo 768 del C.C. “…es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo otro vicio”,
Neiva, dos (2) de noviembre de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41298-31-03-001-2006-00061-01
Actor: MIGUEL ANGEL GUZMAN SERRANO y OTROS
Demandado: SARA MARIA GOMEZ DE GUZMAN
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO / POSEEDOR DE MALA FE / FRUTOS, EXPENSAS Y MEJORAS
No se acredita entonces con el relacionado medio probatorio el hecho de haber iniciado el demandado la posesión en forma clandestina y violenta, pues como bien lo argumenta el señor apoderado de la parte recurrente, las testigos sobre este hecho, son de oídas, no dando cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar por las cuales les fueron referidos los mismos, acorde con las exigencias del artículo 228 del C.P.C., no brindando consecuentemente certeza su acaecimiento, y no hay que olvidar que el objeto de la prueba judicial es precisamente producir certeza en el juez sobre la existencia de determinados hechos o sobre su inexistencia, con la aspiración de tener como sustento la verdad, como se infiere de lo preceptuado en los artículos 174 y 177 del C.P.C.
El aducido hecho de violencia y clandestinidad, no probado, constituye una clase de posesión y no un vicio de la posesión, generando posesión irregular, aquella que no alcanza a ser regular por faltarle buena fe o justo título, por su iniciación violenta o clandestina, eventos en los cuales sin embargo se protege al poseedor, quien de conformidad con el artículo 984 del Código Civil tiene acción de restablecimiento al estado anterior del que violentamente fue despojado, sin que se le pueda objetar clandestinidad o despojo antecedente, y de igual modo al tenor del artículo 976 ídem., aunque la posesión se haya iniciado por un acto violento o clandestino, puede llegar a tener acciones posesorias y generar prescripción adquisitiva.
4.3.- El carácter de poseedor de mala fe de la parte pasiva tiene como consecuencia, respecto de frutos, expensas y mejoras, que se deba restituir los frutos naturales y civiles, percibidos y que se hubieren podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder, con abono de los gastos ordinarios que ha invertido en producirlos (Art.964 C.C.); se le deben abonar las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa (Art.965 C.C.); no tiene derecho al abono de las mejoras útiles, pudiendo llevarse los materiales de las mejoras, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada y que el propietario rehúse pagarle el precio de dicho materiales después de separados (Art.966 C.C.).
Neiva, veinticinco (25) de noviembre de dos mil diez (2010)
Radicación número: 41001-31-03-002-2007-00188-02
Actor: ALBA LUZ RAMIREZ RUIZ
Demandado: PEDRO NEL PASTRANA CAMACHO
DONACIÓN ENTRE VIVOS / NULIDAD ABSOLUTA Y REVOCATORIA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
3.2.- En el presente asunto, de entrada se establece que carecen los accionantes de interés para demandar la declaración de nulidad absoluta de las donaciones vertidas en las escrituras públicas números 551 y 626 de 2008, ya que en su calidad de terceros, como quiera que no intervinieron en las mismas, y por la finalidad que exponen en el acápite de introducción de la demanda de: “preservar y restablecer la integridad del Derecho de Propiedad de la titular”, el carácter de hijos de la donante (hecho primero de la demanda), acorde con el referente jurisprudencial en cita, no se presenta dicho interés, pues no se cumplen los tres anotados requisitos concurrentes de ser concreto, serio y actual, ya que este último precisamente no se predica de los demandantes, quienes si bien acreditan ser hijos de la donante con los respectivos registros civiles de nacimiento, significando la eventualidad de su vocación hereditaria en primer orden, a tono con los mandatos del artículo 1045 del Código Civil, esta vocación surge al fallecimiento de su progenitora, hecho este que no apoya la demanda, y al que simplemente se alude en la presente instancia al solicitar pruebas la señora apoderada de los actores, sin aportar la prueba pertinente, o sea el registro civil de defunción (Art. 106 Decreto 1260/70), indicando que sucedió el 11 de marzo de 2009, fecha en la que se presentó la demanda, en cuyo contenido se itera no se menciona, entendiéndose que al presentarla no había sucedido.
Se acredita entonces el estado de larga evolución de la enfermedad de la donante, enfermedad que significaba su atención permanente aún con posterioridad a la suscripción de los actos escriturarios que contienen las donaciones cuya revocatoria se implora, pues había que suministrarle medicamentos, atenderla en un todo en su cotidianidad, como el aseo personal, trasladarla a urgencias para recibir asistencia médico asistencial e inclusive hospitalización, sin que de otro lado obre prueba del socorro brindado en tal estado por parte del donatario, quien se ausentó del domicilio de su madre y donante, como claramente narran los testigos, y se evidencia en el plenario al que no ha acudido, designándosele curador previo emplazamiento.
3.2.3.- Nos encontramos consecuentemente frente a la prueba del estado de impedimento de la donante para incoar la presente acción, precisamente por su estado precario de salud, el que legitima a los demandantes en su calidad de hijos para demandar la revocatoria de la donación, en vida de la donante, acción que se ha ejercido dentro del exigido plazo de cuatro años, contados desde que la donante tuvo conocimiento del hecho ofensivo (Art.1487 C.C.), que no es otro que el alejamiento del donatario, con posterioridad a la suscripción de los actos escriturarios, fijado por la testigo CONSUELO HERRERA TORRES, en enero de 2009, presentándose la demanda el 11 de marzo siguiente, siendo su permanencia al lado de su madre, intermitente desde que se hizo presente después del fallecimiento del esposo, con un trato incluso al final grosero, quien no le prodigo atención o cuidado alguno, cuando necesitaba asistencia de otras personas y presupuesto para atender los requerimientos médicos asistenciales, evidenciándose la ingratitud base para la revocatoria que se demanda, a tono con los mandatos del artículo 1485 del C.C., que en concordancia con el artículo 1025 ídem, configuran causal de indignidad tratándose de consanguíneo dentro de sexto grado inclusive, que no brinda socorro, pudiendo, en el estado de demencia o destitución de cuya sucesión se trata, al caso, a su donante.

References: artículo 25
 Resolución 
 artículo 1781
 artículo 83
 artículo 407
 artículo 71
 artículo 44
 resolución 
 artículo 653
 artículo 762
 artículo 946
 artículo 90
 artículo 768
 artículo 228
 artículo 984
 artículo 976
 artículo 1045
 artículo 1485
 artículo 1025