Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00039-de-enero-31-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_da2a1e22a3ac012ce0430a010151012c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-20 20:09:06+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2011-00039 de enero 31 de 2013
SENTENCIA 2011-00039 DE 31 DE ENERO DE 2013
CONTENIDO:RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL. SE PRESENTA UN MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL. QUIENES PERTENECÍAN AL NIVEL DE AGENTES Y SUBOFICIALES DE LA POLICÍA NACIONAL TENÍAN LA POSIBILIDAD DE ACCEDER, VOLUNTARIAMENTE, A LA CARRERA DEL NIVEL EJECUTIVOY, QUE QUIENES ASÍ LO HICIERAN DEBÍAN SOMETERSE AL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL QUE ESTABLECIERA EL GOBIERNO NACIONAL, NO PODÍAN SER DESMEJORADOS O DISCRIMINADOS EN SU SITUACIÓN LABORAL. LA ASIGNACIÓN DE RETIRO PARA UNIFORMADOS DE LA POLICÍA NACIONAL QUE SURGIÓ CON LA CONCRECIÓN DEL NIVEL EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD NO VIOLA EL PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD QUE DEBEN RESPETAR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUECES EN MATERIA PENSIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:POLICÍA NACIONAL, PRESTACIONES SOCIALES, FUERZA PÚBLICA, SUBSIDIO FAMILIAR, RETIRO DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL
Sentencia 2011-00039 de enero 31 de 2013
Ref.: Expediente 730012331000-2011-00039-01
Número interno: 07682012
Actor: William Zapata Ramírez
El problema jurídico se contrae a determinar si el señor William Zapata Ramírez tiene derecho a las prestaciones sociales que percibía en su calidad de agente, esto es, las previstas en el Decreto 1213 de 1990, pese a haberse homologado voluntariamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional desde el año 1994.
Previo a resolver el asunto que se debate, es se debe precisar que la Policía Nacional, en el escrito de apelación, señaló que la llamada a responder por el reconocimiento de prestaciones sociales, así como por la asignación de retiro, es la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
Por lo anterior, es necesario aclarar, que las pretensiones de la demanda no están encaminadas a cuestionar la asignación de retiro, sino el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que tenía derecho el demandante al momento de su retiro, y por ello, en el escrito de la demanda, solicitó la aplicación del régimen prestacional del cual era beneficiario en la época en que se desempeñaba como agente, es decir, antes de acogerse al régimen del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. En tal sentido, al tratarse de un asunto en el que se debaten las prestaciones sociales de un miembro de la institución, la Policía Nacional, tiene la potestad legal para acudir al debate en el que se discuten las mismas, toda vez que esta, es la entidad en la que el actor prestó sus servicios.
La Sala abordará el análisis del presente asunto en el siguiente orden i) Lo probado en el proceso; ii) Marco normativo y jurisprudencial aplicable iii) caso concreto.
i) Lo probado en el proceso
• A través de petición de 29 de octubre de 2009, elevada ante el director general de la Policía Nacional, el actor, mediante apoderado, solicitó (fls. 2 a 7):
“1. (...) abstenerse de aplicar en mi caso concreto el numeral 23.2 del artículo 23 y el parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004.
2. En su lugar, proceder a modificar la hoja de servicios de mi representado, en sus numerales V (factores salariales) y VI (factores prestacionales), con base en el artículo 23, numeral 23,1 y el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004; o en su defectos con las partidas establecidas en el artículo 140 del Decreto 1212 de 1990, norma que regulaba mi situación antes del ingreso al nivel ejecutivo y referente obligado para que no se me desmejore laboralmente en ningún aspecto.
3. Una vez realizado lo solicitado en el numeral anterior, sean reliquidadas y pagadas mis cesantías, conforme a las partidas establecidas con base en el artículo 23, numeral 23.1 y el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004; o en su defecto, con las partidas establecidas en el artículo 140 del Decreto 1212 de 1990, norma que regulaba mi situación antes del ingreso al nivel ejecutivo y referente obligado para que no se me desmejore laboralmente en ningún aspecto (...)”.
• Por medio de oficio 0830 Ditah - Asjur - 22 de 30 de noviembre de 2009, el director de talento humano de la Policía Nacional, negó la citada petición y señaló que al accionante le son aplicables las disposiciones del Decreto 1091 de 27 de junio de 1995, en cuanto al subsidio familiar y del Decreto 4433 de 2004, frente a la asignación de retiro (fl. 16).
• El 11 de diciembre de 2009, el accionante, a través de su representante, formuló recurso de reposición contra el oficio 0830 Ditah - Asjur - 22 de 30 de noviembre de 2009 (fls. 19 a 24).
• Mediante oficio 0063 Ditah - Asjur de 17 de febrero de 2010, el director de talento humano de la Policía Nacional, confirmó la decisión de 30 de noviembre de 2009 (fls. 31-32).
• A través de la Resolución 1613 de 26 de mayo de 2010, el director general de la Policía Nacional, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el oficio 0830 de 30 de noviembre de 2009, y resolvió confirmarlo. Dicho acto administrativo le fue notificado al demandante el 1º de junio de 2010 (fls. 33 a 37).
• A folio 38 del expediente reposa hoja de servicios, en la que se señaló que el señor William Zapata Ramírez, laboró durante 21 años, 5 meses y 2 días. Además, que se desempeñó como agente, desde el 1º de diciembre de 1990 hasta el 14 de abril de 1994 y en el nivel ejecutivo, desde 16 de abril de 1994 hasta 10 de agosto de 2009.
• Por medio de oficio 155593 de 29 de octubre de 2010, el jefe de grupo de novedades de nómina, contestó la petición formulada por el actor, relativa al subsidio familiar de su esposa e hijos, y señaló que esta fue reconocida a cada uno de sus beneficiarios con base en lo señalado en el Decreto 1213 de 1990, hecho que se materializó en las Resoluciones 1954 y 1382 de 24 de febrero de 1993 (fls. 44 a 48).
• De folios 1 a 3 del cuaderno anexo, reposan comprobantes de pago de los meses de octubre a diciembre de 1993, en los que se hizo una descripción de los factores salariales devengados por el accionante en los referidos meses.
ii) Marco normativo y jurisprudencial aplicable
(i) Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 62 de 12 de agosto de 1993(1), por la cual se expiden disposiciones sobre la Policía Nacional y, entre otras, se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República, el Gobierno Nacional profirió los decretos 41 de 10 de enero de 1994, “por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”(2), y 262 de 31 de enero de 1994(3), “por el cual se modifica las normas de carrera del personal de agentes de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”.
El primero de los referidos Decretos fue objeto de pronunciamiento de inexequibilidad parcial por parte de la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-417 de 1994, en tanto hizo referencia al “nivel ejecutivo” de la Policía Nacional; en la medida en que la Ley habilitante, esto es la 62 de 1993, no se pronunció frente al referido nivel(4), por lo que se evidenció un exceso del límite material fijado por aquella.
Por su parte, en el artículo 7º del segundo de los citados decretos se dispuso que los agentes, previo cumplimiento de los requisitos allí establecidos, podían ingresar al primer grado del nivel ejecutivo. Y, en el artículo 8º ibídem, se estableció que:
“Régimen salarial y prestacional personal del nivel ejecutivo. Los agentes a que se refiere el artículo anterior, que ingresen al nivel ejecutivo, se someterán al régimen salarial y prestacional, determinado en las disposiciones que sobre salarios y prestaciones dicte el Gobierno Nacional”.
(ii) Posteriormente, mediante el artículo 1º de la Ley 180 de 13 de enero de 1995(5) se modificó el artículo 6º de la Ley 62 de 1993(6), consagrándose, por primera vez de manera ajustada al ordenamiento jurídico, el nivel ejecutivo de la Policía Nacional como parte de la estructura de dicha institución(7). Adicionalmente, en el artículo 7º ibídem se concedieron facultades extraordinarias al Presidente de la República con el objeto de regular, entre otros aspectos, las asignaciones salariales, primas y prestaciones sociales del referido nivel ejecutivo; disponiendo en el parágrafo ídem que:
“La creación del nivel ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al nivel ejecutivo”.
En virtud de las señaladas facultades se expidió el Decreto 132 de 13 de enero de 1995(8), “por el cual se desarrolla la carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía nacional”, consagrando: (a) en el artículo 13, la posibilidad de que los agentes en servicio activo ingresaran al nivel ejecutivo; (b) en el artículo 15, la sujeción del personal que ingresara al citado nivel al régimen salarial y prestacional determinado por el Gobierno Nacional; y, (c) en el artículo 82, lo siguiente:
Finalmente, en el artículo transitorio 1º del Decreto 132 de 1995, se dispuso:
“El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que se encontraba incorporado a la Policía Nacional, en el momento en que se declaró inexequible parcialmente el Decreto 41 de 1994, quedará automáticamente incorporado a la carrera que regula el presente decreto, en el mismo grado, con la misma antigüedad que ostentaba, sin que para ello sea necesario ningún otro requisito y sin que se produzca solución de continuidad en la prestación del servicio policial para todos los efectos legales”.
Por su parte, el Decreto 1091 de 27 de junio de 1995, el Presidente de la República expidió el régimen de asignaciones y prestaciones del nivel ejecutivo de la Policía Nacional(9)(10), contemplando, entre otros, los siguientes conceptos: prima de servicio, del nivel ejecutivo, de retorno a la experiencia, de vacaciones y de navidad, así como el subsidio de alimentación y el familiar(11).
(iii) Más adelante, mediante el Decreto 1791 de 14 de septiembre de 2000(12), “por el cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional”, se dispuso en el artículo 10 la posibilidad de los agentes de ingresar al nivel ejecutivo, considerándose en el parágrafo ídem que: “El personal de suboficiales y de agentes de que tratan los artículos 9º y 10 del presente decreto, se someterán al régimen salarial y prestacional establecido para la carrera del nivel ejecutivo”.
El aparte transcrito, debe advertirse, fue objeto de pronunciamiento de exequibilidad por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-691 de 2003, providencia en la que se resaltó que: (i) el traslado de agentes y suboficiales al nivel ejecutivo era voluntario; (ii) la sujeción a un régimen especial con el cambio de nivel era completamente válido; y, (iii) en todo caso, la normativa contenida en la Ley 180 de 1995, y concordantes, impedía el desmejoramiento de las condiciones salariales y prestacionales de quienes venían ya vinculados con la Policía y procedían a optar por el traslado al nivel ejecutivo. Al respecto, se precisó:
“La Corte estima que dicho cuestionamiento corresponde a una indebida interpretación de la norma, pues ella no está diseñada para desconocer situaciones ya consolidadas sino para regular las condiciones de aquellos agentes y suboficiales que con posterioridad a su entrada en vigencia decidan ingresar al nivel ejecutivo de la Policía, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos por la institución. Así mismo, del contenido del parágrafo no se desprende que se autorice despojar a los agentes y suboficiales de sus honores o pensiones como equivocadamente lo sugiere el demandante.
Por lo demás, el Decreto 1791 de 2000 establece que para el ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional debe mediar la solicitud del interesado, lo cual deja en manos del aspirante la decisión de postular o no su nombre para el cambio jerárquico dentro de la institución. Pero si por alguna razón el aspirante no es favorecido con el ingreso, permanecerá en el nivel en el que se encontraba y conservará el régimen salarial y prestacional previsto para esa categoría. Tal circunstancia implica entonces el respeto de sus derechos, honores y pensiones y lo deja en libertad de quedarse, si lo considera más favorable de acuerdo con sus intereses, en el nivel en el que se encuentre”.
(iv) Dentro de este marco también resulta oportuno referir que, claramente, en dos oportunidades esta corporación, en sede de control abstracto de legalidad, ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la protección a que hace referencia el parágrafo del artículo 7º de la Ley 180 de 1995 y el artículo 82 del Decreto 182 de 1995.
Así, en la sentencia de 14 de febrero de 2007, proferida por la Sección Segunda, con ponencia del consejero Alberto Arango Mantilla, se declaró la nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 27 de junio de 1995, por el cual se reguló la asignación de retiro para el nivel ejecutivo, al considerar que esta materia no podía ser definida en sus líneas generales y fundamentales por el ejecutivo, sino por el legislador a través de una ley marco(13). En dicha oportunidad, además, se precisó que:
“Adicionalmente, dirá esta Sala que al regularse nuevas disposiciones en materia prestacional, sin entrar a diferenciar entre quienes ingresaron al nivel ejecutivo desde el momento de su creación respecto de los que se vincularon con posterioridad y de quienes permanecieron como suboficiales o agentes en la Institución Policial, esto es, sin consagrarse un régimen de transición, se estarían desconociendo, asimismo, unos postulados constitucionales (arts. 13, 48 y 53) y legales (L. 180/95, art. 7º, par.), que amparan y protegen de manera especial los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, los que, de no tenerse en cuenta, violarían el principio de la buena fe y de la confianza legítima”.
Por su parte, en la providencia de la Sección Segunda, de 12 de abril de 2012, con ponencia del consejero Alfonso Vargas Rincón, se efectuó un pronunciamiento de fondo en relación con la legalidad del parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, por el cual se reguló nuevamente la asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo. En dicha oportunidad, se declaró la nulidad de la norma demandada(14).
Con tal objeto, se precisó que uno de los cargos en que se fundó la demanda consistió en afirmar que con dicha disposición se vulneraron los derechos de los agentes y suboficiales que se incorporaron al nivel ejecutivo al haber incrementado el tiempo requerido para acceder a la asignación de retiro (en comparación con los decretos 1213 y 1212 de 1990, respectivamente).
A continuación, para determinar la prosperidad del cargo, se expresó lo siguiente: (i) el Decreto 4433 de 2004 debía someterse a las reglas establecidas en la Ley Marco 923 de 2004; (ii) con la declaratoria de nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 y la inexequibilidad del Decreto-Ley 2070 de 2003, la asignación de retiro aplicable para quienes se incorporaron en el nivel ejecutivo es el establecido en los Decretos 1212 y 1213 de 1990; (iii) analizadas las referidas disposiciones se evidencia que la norma demandada no se atiene a lo dispuesto en el numeral 3.1 artículo 3º de la ley marco y tampoco contiene un régimen de transición como lo exigió esta última. Al respecto, puntualizó:
“En consecuencia, la norma acusada, parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, excedió lo dispuesto por la ley marco e invadió competencias legislativas, pues modificó lo referente al tiempo mínimo para obtener la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo que a la fecha de entrada en vigencia de la norma se encontraba en servicio activo al no establecer un régimen de transición que respetara sus expectativas legítimas.
Es cierto que la Ley marco establece en su artículo 3º, numeral 3.1 un tiempo mínimo de servicio de 18 años y un límite máximo de 25 años para obtener dicha asignación, sin embargo, en el presente asunto no se trata de establecer si el requisito del tiempo de servicio para la generalidad de los beneficiarios se estableció dentro de ese límite mínimo y máximo, sino de la garantía que la Ley 923 de 2004 estableció en favor del personal en servicio activo vinculado a la Policía Nacional y concretamente del personal perteneciente al nivel ejecutivo, que es la inconformidad planteada en la demanda”.
(v) De la anterior normativa y jurisprudencia, entonces, queda claro que quienes pertenecían al nivel de agentes y suboficiales de la Policía Nacional tenían la posibilidad de acceder, voluntariamente, a la carrera del nivel ejecutivo; y, que quienes así lo hicieran debían someterse al régimen salarial y prestacional que estableciera el Gobierno Nacional, no podían ser desmejorados o discriminados en su situación laboral.
En relación con este último aspecto, debe advertirse que se convierte en una regulación expresa de la prohibición de retroceso o de regresividad derivada del principio de progresividad al que están sometidas las facetas prestacionales de los derechos constitucionales.
En este marco, de una lectura armónica v.gr. del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(15), con especial cuidado del artículo 2.1(16), se deriva que los Estados deben lograr la satisfacción plena de los derechos que allí se consagran (entre los cuales se hace referencia al trabajo y a su adecuada remuneración) de manera gradual y en progreso(17). Bajo esta línea, aunque no se desconocen los esfuerzos económicos que se deben adelantar para la consecución de máximos niveles de satisfacción de este tipo de bienes, tampoco es dable, en principio(18), que el Estado, so pena de vulnerar el mandato de “progreso”, disminuya el nivel de protección que ha alcanzado por la vía de gradualidad, por lo que, tanto a nivel internacional como nacional, se ha considerado que uno de los propósitos derivados del referido principio de progresividad es la prohibición de retroceso o regresividad, la cual se ha entendido por la Corte Constitucional, en la Sentencia T-428 de 2012, en los siguientes términos:
2.4. El último aspecto, denominado prohibición de regresividad o prohibición de retroceso, se desprende de forma inmediata del mandato de progresividad y, de manera más amplia, del principio de interdicción de arbitrariedad, propio del Estado de derecho: si un Estado se compromete en el orden internacional y constitucional a ampliar gradualmente la eficacia de algunas facetas prestacionales de los derechos constitucionales, resulta arbitrario que decida retroceder en ese esfuerzo de manera deliberada”(19).
También debe advertirse que, tal como lo establece el inciso 10 del artículo 48 (en materia pensional) y el artículo 58 de la Constitución Política, dentro de nuestro régimen normativo existe una protección especial a los derechos adquiridos, entendidos como aquellos que ingresaron al patrimonio de un particular y que, por tanto, son inmodificables. Al respecto, en la Sentencia C-038 de 2004, reiterada por la Sentencia T-662 de 2011 se consideró sobre los derechos adquiridos, que:
“Bien, el derecho adquirido es aquel que se entiende incorporado al patrimonio de la persona, por cuanto se ha perfeccionado durante la vigencia de una ley. Esto significa que la ley anterior en cierta medida ha proyectado sus efectos en relación con la situación concreta de quien alega el derecho. Y como las leyes se estructuran en general como una relación entre un supuesto fáctico al cual se atribuyen unos efectos jurídicos, para que el derecho se perfeccione resulta necesario que se hayan verificado todas las circunstancias idóneas para adquirir el derecho, según la ley que lo confiere. En ese orden de ideas, un criterio esencial para determinar si estamos o no en presencia de un derecho adquirido consiste en analizar si al entrar en vigencia la nueva regulación, ya se habían cumplido o no todos los supuestos fácticos previstos por la norma anterior para conferir el derecho, aun cuando su titular no hubiera todavía ejercido ese derecho al entrar en vigor la nueva regulación”.
Finalmente conviene advertir que en relación con el mandato de no regresividad y con la protección de derechos adquiridos, el literal a) del artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 (normativa a la que se sujetó el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 1091 de 1995), dispuso:
El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;
Previo al estudio del asunto, se aclara, que en las peticiones de la demanda, en ningún momento se cuestionó un acto administrativo en el que se haya realizado la liquidación o el pago de la asignación de retiro, por tanto, dicho tema no será objeto de estudio en el presente asunto. Además, la entidad demandada, en su calidad de empleador, no es la encargada de pagar dicha asignación, por cuanto tal facultad está en cabeza de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, tal como quedó establecido en el artículo 28 y siguientes del Decreto 1091 de 1995.
El accionante pretende el reconocimiento, pago o compensación de las prestaciones sociales, así como de la base de liquidación o factores computables para la liquidación de las prestaciones unitarias y periódicas, conforme al salario que devengaba al momento del retiro, y solicitó para el efecto, la aplicación del Decreto 1213 de 1990, y además, del artículo 23, numeral 23.1 del Decreto 4433 de 2004.
Ahora bien, referido el anterior marco normativo y jurisprudencial, se insiste, debe determinar la Sala si es dable ordenar el reconocimiento incoado por el interesado, teniendo en cuenta que para el efecto, debe analizarse, si en virtud de la protección otorgada por la ley a los agentes que se homologaron en el nivel ejecutivo, se debe aplicar el Decreto 1213 de 1990 respecto al reconocimiento de las primas y los beneficios salariales y prestacionales reclamados.
En dicho contexto, lo primero que debe advertirse es que está plenamente demostrado dentro del expediente que el señor William Zapata Ramírez i) se desempeñó como Agente de la Policía Nacional, desde el 1 de diciembre de 1990 hasta el 14 de abril de 1994 ii) ingresó a prestar sus servicios en el nivel ejecutivo de la entidad demandada el 15 de abril de 1994, y iii) se desvinculó de la entidad el 10 de agosto de 2009(20).
También está acreditado, porque así se consideró en el acto administrativo demandado, que mientras el accionante laboró al servicio de la Policía Nacional como agente, se le aplicaron las disposiciones salariales y prestacionales establecidas en el Decreto 1213 de 1990; y, por su parte, que durante el tiempo en que laboró en el nivel ejecutivo, su situación se reguló por el Decreto 1091 de 1995.
Por la fecha a partir de la cual el señor Zapata Ramírez ingresó al nivel ejecutivo, se infiere que su homologación la adelantó en vigencia de los decretos 41 y 262 de 1994, el primero de los cuales fue declarado inexequible en cuanto se relacionó al nivel ejecutivo.
Bajo los referidos presupuestos de la relación laboral del demandante en la Policía Nacional, entonces, es válido afirmar que la homologación a la que se sometió le permite estar amparado por la prohibición de discriminar o desmejorar sus condiciones salariales y prestacionales, regla que deriva, se reitera, de instrumentos internacionales suscritos por el país, de la Constitución Política, de la Ley 4ª de 1992 y de las propias normas que crearon e implementaron el nivel ejecutivo en la Policía Nacional.
El citado desmejoramiento, no obstante, no puede mirarse aisladamente o, dicho de otra forma, factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de crear, sin competencia para el efecto, un tercer régimen, compuesto por aquellos elementos más favorables de cada uno de los regímenes en estudio (en este caso, el de agentes, Decreto 1213 de 1990, por un lado; y, el del nivel ejecutivo, Decreto 1091 de 1995, por el otro). Por el contrario, y en virtud del principio de inescindibilidad (ampliamente delineado por la jurisprudencia laboral contenciosa), la favorabilidad del nivel ejecutivo al que se acogió libremente el interesado debe observarse en su integridad, pues es posible que en la nueva normativa aplicable (la contenida en el Decreto 1091 de 1995) existan ventajas no estipuladas mientras ostentó la condición de Agente y que, a su turno, se hayan eliminado otras, pese a lo cual, en su conjunto, su condición de integrante de nivel ejecutivo le haya permitido, incluso, mejorar sus condiciones salariales y prestacionales.
En este contexto, en un asunto que permite ilustrar a la Sala sobre la situación expuesta por el interesado, es oportuno referir que el Consejo de Estado - Sección Segunda ya ha tenido la oportunidad de analizar, bajo los principios de favorabilidad e inescindibilidad y la protección de los derechos adquiridos, eventos en los que un cambio de régimen salarial y prestacional implica la pérdida de una prima específica o de unos beneficios laborales pero, al mismo tiempo, la ganancia de otros.
Así, v.gr., con la entrada en vigencia de los decretos 51 y 54 de 1993 la Procuraduría General de la Nación contó con dos regímenes, el primero de los cuales conservaba, entre otras, la prima de antigüedad y la retroactividad en las cesantías, mientras que el segundo, eliminaba la referida prima y establecía el régimen anualizado de las mismas. Con ocasión de dicha situación, la Sección Segunda analizó si un funcionario que se venía favoreciendo por el salario y prestaciones del Decreto 54 de 1993 podía acceder, al mismo tiempo, al régimen retroactivo de cesantías, concluyéndose que ello no era posible, en los términos que, a continuación, se transcriben
“Si bien es cierto el nuevo régimen salarial y prestacional eliminó algunos beneficios, como la prima de antigüedad y la retroactividad de cesantías, que aún se conservan en el antiguo, es de anotar que introdujo ventajas a nivel salarial que no se compensan con el anterior; las que, de acuerdo con lo dicho, fueron percibidas por el actor a partir del 4 de febrero de 1997.
Concluir que el acceso a un cargo cuya denominación y remuneración se encuentra establecida solo en el régimen nuevo aplicable a los trabajadores de la Procuraduría General de la Nación implica someterse al régimen anualizado de cesantías, no vulnera los derechos adquiridos del actor, por cuanto, al haberse modificado la situación existente al momento de selección del Decreto 51 de 1993 y haber accedido a beneficios salariales contemplados en otra normatividad, él se ubicó en una situación salarial y prestacional diferente, que obedece a otro sistema de remuneración, dentro del cual, se reitera, no se garantiza la posibilidad de acceder a las cesantías de manera retroactiva”(21).
Bajo esta óptica, entonces, aunque no se desconoce la protección dada a los agentes y suboficiales que se incorporaron voluntariamente al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, tampoco puede adelantarse un estudio de la situación ventilada al margen del principio de inescindibilidad y, por supuesto, del principio de favorabilidad, por lo que, a continuación, se procederá a determinar si, mirado en su conjunto, el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 1091 de 1995 desmejoró sus condiciones laborales.
(i) Análisis comparativo de los factores reconocidos en los dos regímenes
Concepto Nivel ejecutivo Definición legal Concepto Nivel agente Definición legal
Subsidio familiar Decreto 1091 de 1995, artículos 15 y siguientes El subsidio familiar se pagará al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo. El Gobierno Nacional determinará la cuantía del subsidio por persona a cargo (hijos, hermanos y padres) Subsidio familiar Decreto 1213 de 1990 (46) A partir de la vigencia del presente decreto, los agentes de la Policía Nacional en servicio activo, tendrán derecho al pago de un subsidio familiar que se liquidará mensualmente sobre el sueldo básico, así: a. Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentajes a que se tenga derecho conforme al literal c. de este artículo. b. Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el derecho a devengarlo, el treinta por ciento (30%), más los porcentajes de que trata el literal c. del presente artículo. c. Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por cada uno de los demás sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento (17%).
Prima de servicio Decreto 1091 de 1995 (4) El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, tendrá derecho al pago de una prima de servicio equivalente a quince (15) días de remuneración, que se pagará en los primeros quince (15) días del mes de julio de cada año, conforme a los factores establecidos en el artículo 13 de este decreto. Prima de servicio Decreto 1213 de 1990 (31) Los agentes de la Policía en servicio activo tendrán derecho al pago de una prima equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la totalidad de los haberes devengados en el mes de junio del respectivo año, la cual se pagará dentro de los quince (15) primeros días del mes de julio de cada año.
Prima de Navidad Decreto 1091 de 1995 (5) ART. 5º—Prima de Navidad. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, tendrá derecho al pago anual de una prima de navidad equivalente a un mes de salario que corresponda al grado, a treinta (30) de noviembre y se pagará dentro de los primeros quince (15) días del mes de diciembre de cada año, conforme a los factores establecidos en el artículo 13 de este decreto. Prima de Navidad Decreto 1213 de 1990 (32) Los agentes de la Policía Nacional en servicio activo, tendrán derecho a recibir anualmente del tesoro público una prima de Navidad, equivalente a la totalidad de los haberes devengados en el mes de noviembre del respectivo año.
Prima de vacaciones Decreto 1091 de 1995 (11) El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, tendrá derecho al pago de una prima de vacaciones por cada año de servicio equivalente a quince (15) días de remuneración, conforme a los factores que se señalan en el artículo 13 de este decreto. Prima de vacaciones Decreto 1213 de 1990 (42) Los agentes de la Policía Nacional en servicio activo, con la excepción consagrada en el artículo 80 del Decreto 183 de 1975, tendrán derecho al pago de una prima vacacional equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los haberes mensuales por cada año de servicio, la cual se reconocerá para las vacaciones causadas a partir del lo de febrero de 1975 y solamente por un período dentro de cada año fiscal.
Subsidio de alimentación El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, tendrá derecho a un subsidio mensual de alimentación, en la cuantía que en todo tiempo determine el Gobierno Nacional. Subsidio de alimentación Decreto 1213 de 1990 (45) Los agentes de la Policía Nacional en servicio activo, tendrán derecho a un subsidio mensual de alimentación en cuantía que en todo tiempo determinan las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Prima del nivel ejecutivo Decreto 1091 de 1995 (7) El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, tendrá derecho a una prima del nivel ejecutivo equivalente al veinte por ciento (20%) de la asignación básica mensual. Esta prima no tiene carácter salarial para ningún efecto, con excepción de la prima de Navidad. Prima de actividad Decreto 1213 de 1990 (30) Los agentes de la Policía Nacional en servicio activo, tendrán derecho a una prima mensual de actividad, que será equivalente al treinta por ciento (30%) del sueldo básico y se aumentará en un cinco por ciento (5%) por cada cinco (5) años de servicio cumplido.
Prima de retorno a la experiencia Decreto 1091 de 1995 (8) El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho a una prima mensual de retorno a la experiencia, que se liquidará de la siguiente forma: a) El uno por ciento (1%) del sueldo básico durante el primer año de servicio en el grado de intendente y el uno por ciento (1%) más por cada año que permanezca en el mismo grado, sin sobrepasar el siete por ciento (7%); b) Un medio por ciento (1/2%) más por el primer año en el grado de subcomisario y medio por ciento (1/2%) más por cada año que permanezca en el mismo grado sin sobrepasar el nueve punto cinco por ciento (9.5%); c) Un medio por ciento (1/2%) más por el primer año en el grado de comisario y medio por ciento (1/2%) más por cada año que permanezca en el mismo grado, sin sobrepasar el doce por ciento (12). Prima de antigüedad Decreto 1213 de 1990 (33) Los agentes de la Policía Nacional, a partir de la fecha en que cumplan diez (10) años de servicio tendrán derecho a una prima mensual de antigüedad que se liquidará sobre el sueldo básico, así: a los diez (10) años, el diez por ciento (10%) y por cada año que exceda de los diez (10), el uno por ciento (1%) más.
Auxilio de transporte Decreto 1213 de 1990 (44) Los agentes de la Policía Nacional tendrán derecho a un auxilio de transporte en la cuantía que en todo tiempo determine el Gobierno (...).
Recompensa quinquenal Decreto 1213 de 1990 (43) Los agentes de la Policía Nacional en servicio activo que completen períodos quinquenales continuos de servicio y observen buena conducta durante los mismos, tendrán derecho a una recompensa por cada cinco (5) años de servicio, equivalente a la totalidad de los haberes en actividad, devengados en el último mes en que cumplan el quinquenio.
Adicionalmente, es de resaltar que mientras en el Decreto 1213 de 1990 se consagró el régimen retroactivo de cesantías (art. 103); en el nivel ejecutivo, Decreto 1091 de 1995, se estableció el régimen anualizado, consagrándose que a la fecha del traslado se reconocería el beneficio causado hasta ese momento al interesado, si se acreditaban los requisitos para ello (art. 50 y transitorio).
(ii) De conformidad con los decretos anuales proferidos por el Gobierno para la regulación, entre otros, de los sueldos básicos del nivel ejecutivo de la Policía Nacional y de los Agentes, se evidencia que:
Decreto 737 de 2009: (i) Agente con antigüedad de 10 o más años de servicios: 18.8179%; y, (ii) Intendente: 40.5007%, en relación con la asignación básica del grado general.
(iii) Teniendo en cuenta que el régimen cuya aplicación se solicita es el contenido en el Decreto 1213 de 1990, pertinente para los agentes de la Policía Nacional, a continuación se procede a determinar, para adelantar un análisis integral de los regímenes, la cuantificación de la asignación básica de un agente con antigüedad superior a 10 años para la fecha del retiro del accionante, vigencia 2009. Veamos:
Decreto 708 de 2009 (art. 3º) Asignación básica $ 3.214.497
Gastos de representación $ 5.714.661
Prima dirección $ 2.819.733
Norma Asignación mensual de general (en relación con ministro de despacho)
Decreto 737 de 2009 (art. 2º) Asignación básica $ 3.214.497
Total $ 8.929.158
Sueldo básico (45%) $ 4.018.121,1
Prima de alto mando (55%) $ 4.911.036,9
Decreto 737 de 2009 (art. 1º) 18,8179% de la asignación básica del general $ 756.126
De conformidad con lo anterior, la asignación básica de un agente para el 2009 ascendió a la suma de $ 756.126,00; mientras que para un intendente, de conformidad con la hoja de servicios visible a folio 38 del expediente, correspondió a $ 1´627.368,00.
Atendiendo a dichos conceptos, a continuación, se procede a adelantar una liquidación de lo que al 2009 y por los factores reclamados devengaría el accionante como agente de la Policía, con una antigüedad superior a 10 años(22); y, a su turno, se comparará con lo que, de conformidad con la hoja de servicios, devengó como intendente. Así:
Factores salariales (remuneración mensual) agentes Factores salariales (remuneración mensual) intendente jefe
Sueldo básico Decreto 737 de 2009 $ 756.126 Sueldo básico $ 1.627.368
Prima de actividad Decreto 1213/1990 (50%) $ 378.063 Prima de retorno a la experiencia $ 48.821,00
Prima de antigüedad Decreto 1213/1990 (21%) $ 158.786 Subsidio de alimentación $ 92.140
Subsidio de alimentación Decreto 737 de 2009 $ 38.140 Prima nivel ejecutivo $ 325.475
Subsidio de transporte Decreto 4869 de 2008 $ 59.300
Bonificación dragoneante Decreto 737 de 2009 $ 29.500
Subsidio familiar Decreto 1213/1990 (39%) $ 294.889
Total $ 1.714.894 Total $ 2.093.804
Prestacionalmente, y atendiendo para el efecto los factores establecidos en el artículo 100 del Decreto 1213 de 1990, así como la hoja de servicios allegada al expediente, se encuentra el siguiente comparativo:
Factores prestacionales agente Factores prestacionales intendente
Factor Norma Valor Descripción Valor
Sueldo básico Decreto 1213/1990 $ 756.126 Sueldo básico $ 1.627.368
Prima actividad Decreto 1213/1990 $ 378.063 Prima de servicio 1/12 $ 71.430
Prima antigüedad Decreto 1213/1990 $ 158.786 Prima de Navidad 1/12 $ 182.136,00
Prima Navidad 1/12 Decreto 1213/1990 $ 142.907 Prima vacacional 1/12 $ 74.406,04
Subsidio familiar Decreto 1213/1990 $ 294.889 Prima de retorno a la experiencia $ 48.821,00
Subsidio de alimentación $ 38.140
Total $ 1.730.771 Total $ 2.042.303
También debe advertirse que en el Decreto 1213 de 1990, se consagra una bonificación a los agentes del cuerpo profesional especial, bonificación que no fue solicitada en este caso y frente a la cual no se acreditó tener derecho. No obstante, no puede pasarse por inadvertido que ella solo tiene efectos prestacionales una vez se superen 30 años de servicios.
Debe advertirse, finalmente, que en la norma citada se dispuso una recompensa quinquenal, concepto que podría incrementar en, aproximadamente, $ 28.846,00 la remuneración mensual.
(iv) Atendiendo a lo anterior, es evidente que en el régimen salarial y prestacional del Nivel ejecutivo no se contemplaron las primas de actividad y antigüedad, entre otras, sin embargo, se crearon unas nuevas primas y se consagró una asignación básica mensual muy superior en relación con el grado de agente, por lo que, en consecuencia, en principio, lo que se advierte es que en vigencia de un nuevo régimen se superaron las condiciones salariales y prestaciones que el interesado ostentaba antes de marzo de 1994.
Con el material probatorio obrante dentro del expediente, entonces, contrario a lo afirmado por el interesado, lo que se observa es que el ejecutivo no lesionó el mandato de no regresividad, pues mirado en su conjunto, se insiste, el régimen del Decreto 1091 de 1995 le reporta mayores beneficios; y, tampoco se allegó prueba dentro del expediente por parte del actor.
También cabe precisar que en materia de subsidio familiar el régimen del nivel ejecutivo consagró unas nuevas condiciones que posiblemente no le favorecieron al interesado, pero que, por otros aspectos parece más benéfico, pues permite la inclusión de los hermanos y padres como beneficiarios del mismo. Sumado a ello, dentro del plenario no se probó que el demandante tuviera hijos menores de 12 años, a los cuales le fueran aplicables los beneficios allí contemplados.
Debe advertirse, adicionalmente, que la aplicación que se ha venido dando al régimen de asignación de retiro contemplado en el Decreto 1213 de 1990 ha sido el resultado de la declaratoria de nulidad del artículo 51 de Decreto 1091 de 1995 y, posteriormente, del aparte pertinente del Decreto 4433 de 2004, por lo que el precedente allí contenido no puede extenderse sin adelantar un análisis integral, se reitera, del régimen salarial y prestacional.
Finalmente, es de resaltar que: (i) los conceptos citados por el accionante de la Sala de Consulta y Servicio Civil no conceden en forma alguna los derechos aquí reclamados, y, (ii) la conclusión a la que aquí se llega es particular para el caso relatado, atendiendo a la carga argumentativa que asumió el interesado y a lo probado dentro del proceso, debiendo adelantarse una liquidación aproximada que permitiera ilustrar aproximadamente los beneficios de uno y otro régimen.
Por las razones expuestas, esta Sala procederá a revocar la sentencia del a quo y denegará las pretensiones de la demanda.
REVÓCASE la Sentencia de 25 de noviembre de 2011, por la cual el Tribunal Administrativo del Tolima accedió a las pretensiones de la demanda formulada por William Zapata Ramírez contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
(1) Diario Oficial 40987 de 12 de agosto de 1993.
(2) Diario Oficial 41168 de 11 de enero de 1994.
(3) Diario Oficial 41201 de 31 de enero de 1994.
(4) Al respecto, en el artículo 6º puntualizó: “La Policía Nacional está integrada por oficiales, suboficiales, agentes, alumnos y por quienes presten el servicio militar obligatorio en la Institución, así como por los servidores públicos no uniformados pertenecientes a ella, unos y otros sujetos a normas propias de carrera y disciplina en la forma que en todo tiempo establezca la ley”.
(5) “Por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del estatuto para la seguridad social y bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República para desarrollar la carrera policial denominada “nivel ejecutivo”, modificar normas sobre estructura orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y evaluación y clasificación y normas de la carrera profesional de oficinas, suboficiales y agentes”. Publicada en el Diario Oficia 41676 de 13 de enero de 1995.
(6) La norma en comento consagró: “La Policía Nacional está integrada por oficiales, personal del nivel ejecutivo, suboficiales, agentes, alumnos y por quienes presten el servicio militar obligatorio en la Institución, así como por los servidores públicos no uniformados, pertenecientes a ella, unos y otros sujetos a normas propias de carrera y disciplina en la forma que en todo tiempo establezca la ley”.
(7) En relación con la filosofía de profesionalización que inspiró la creación del referido nivel, en la sentencia del Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B, de 1º de noviembre de 2005, C.P. Tarsicio Cáceres Toro, radicado 2001-6432-01, expresó: “Se considera que el Legislador bien podía proceder, como lo hizo, otorgando una protección especial al personal en servicio activo de la Policía nacional que ingresara al nuevo nivel ejecutivo, ya que de no hacerlo sería difícil tal movimiento de personal. La protección señala que no puede discriminarse ni desmejorarse, en ningún aspecto, la situación actual de dicho personal, se entiende que en lo compatible”.
(8) Diario Oficia 41676 de 13 de enero de 1995.
(9) En desarrollo de lo dispuesto en el literal d) del artículo 1º de la Ley 4ª de 1992, que establece: “El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
(10) En relación con la posibilidad de que el Gobierno Nacional, con sujeción a la Ley Marco 4 de 1992, expidiera dicho régimen, la Corte Constitucional manifestó en la Sentencia C-1269 de 2000, que: “3. La presunta omisión en el ejercicio de las facultades extraordinarias, por no haber el ejecutivo ejercido la facultad de señalar el régimen salarial y prestacional del nivel ejecutivo. La corporación tampoco encuentra fundamento en este cargo, pues como bien lo anotan tanto la apoderada del Ministerio de Defensa, como el Procurador General de la Nación, el artículo 15 del Decreto 132 de 1995 contiene la regulación normativa concerniente al régimen salarial y prestacional para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, previsión conforme a la cual, el personal que ingrese a ese nivel se someterá al régimen salarial y prestacional determinado en las disposiciones que sobre salarios y prestaciones, dicte el Gobierno Nacional.
Así, pues, fue lo correcto que, en este aspecto, se limitara a hacer remisión al instrumento de concreción constitucionalmente válido de su competencia legislativa en esta materia, pues aun cuando el régimen salarial y prestacional del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional es elemento integrante del sistema de administración del referido personal, no puede perderse de vista que tiene su propia fuente de validez formal y material, por lo que debía desarrollado mediante decreto reglamentario de la Ley Marco de Salarios, 4ª de 1992, como en efecto ocurrió, al regularse mediante el Decreto 1091 de 1995”.
(11) Esta norma, vale la pena resaltar, fue la que aplicó la Policía Nacional al señor Zapata Ramírez para efectos de determinar los salarios y prestaciones a los que tenía derecho el accionante durante el tiempo en el que permaneció en el nivel ejecutivo.
(12) Diario Oficial 44161 de 14 de septiembre de 2000. Este cuerpo normativo fue declarado inexequible, en varias de sus disposiciones, a través de la Sentencia C-253 de 2003.
(13) Radicado interno 1240-2004, actor: Ferney Enrique Camacho González.
(14) Actualmente, mediante el Decreto 1858 2012 se reguló este régimen para el nivel ejecutivo.
(15) Incorporado a nuestro ordenamiento jurídico en los términos del artículo 93 de la Constitución Política.
(16) En similar sentido ver el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Adicionalmente, en materia del principio, derecho a la seguridad social, el artículo 48 inciso 3º de la Constitución Política consagra el principio de progresividad.
(17) Al respecto ver la Observación General 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
(18) “En principio” implica que en nuestra jurisprudencia constitucional se ha establecido una presunción de inconstitucional de las medidas que impliquen un retroceso, sin perjuicio de que, asumiendo una carga argumentativa, se justifiquen constitucional y legalmente las decisiones adoptadas en contravía de este mandato, por perseguir fines constitucionales imperiosos (ver la Sent. T-043/2007).
(19) Para una mayor comprensión del asunto se pueden ver, entre otras, las Sentencias C-251 de 1997, SU-624 de 1999, C-1165 de 2000, C-1098 de 2002, T-043 de 2007 y C-228 de 2011; y, consultar “Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales”, Christian Courtis (compilador), Cedal Centro de Asesoría Laboral y Centro de Estudios Legales y Sociales; Editores del Puerto s.r.l., Argentina, 2006.
(21) Sentencia de 9 de octubre de 2008; C.P. Jesús María Lemos Bustamante; actor: Álvaro Torres Alvear; demandado: Procuraduría General de la Nación; radicado interno 3021-2004.
(22) Liquidación que se adelanta con el objeto de ilustrar la favorabilidad de los dos regímenes y atendiendo a la normatividad aplicable, a las pretensiones adelantadas por el interesado y a los hechos acreditados.

References: artículo 23
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 140
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 140
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 82
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 82
 artículo 51
 artículo 25
 artículo 51
 artículo 3
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 48
 artículo 58
 artículo 2
 artículo 28
 artículo 23
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 80
 artículo 100
 artículo 51
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 93
 artículo 26
 artículo 48