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Timestamp: 2019-05-19 17:00:37+00:00

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﻿ SENTENCIA 13971 DE NOVIEMBRE 4 DE 2004
SENTENCIA 13971 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2004
CONTENIDO:DECLARACIÓN DE RENTA DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES. LA FIRMA DEL REVISOR FISCAL EN LA DECLARACIÓN DE RENTA DE UNA SOCIEDAD CERTIFICA QUE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD SON LLEVADOS EN DEBIDA FORMA Y REFLEJAN RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA.
TEMAS ESPECÍFICOS:LIBROS DE CONTABILIDAD, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SOCIEDAD COMERCIAL, RENTA DE LA SOCIEDAD, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Sentencia 13971 de noviembre 4 de 2004
Rad.: 25000-23-27-000-2002-00345-01-13971 de 2004
Actor: Malterías de Colombia S.A.
Bonos de seguridad del año de renta gravable de 1996.
Bogotá, D.C., noviembre cuatro de dos mil cuatro.
De acuerdo con los términos del recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, debe la Sala determinar la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada reliquidó la inversión en bonos de seguridad de la sociedad actora correspondiente al impuesto sobre la renta del año gravable de 1996.
Según los antecedentes del presente proceso se observa que la administración de impuestos determinó una diferencia de $ 74.931.000 por concepto de inversión en bonos para la seguridad previsto por la Ley 345 de 1996, a cargo de la sociedad actora con fundamento en que para la depuración del patrimonio líquido base para realizar la mencionada inversión se debe descontar la proporción que tengan las acciones o aportes en sociedades, aclarando que solo es posible descontar el valor declarado en el renglón 8 PB “Acciones y aportes” y no como lo hizo el contribuyente que descontó además el valor registrado en el renglón 2 PJ “efectivo, bancos, cuentas de ahorro, inversiones mobiliarias, moneda extranjera”.
Al resolver el recurso de reposición interpuesto por la vía gubernativa la administración manifiesta que se comparte en primer lugar la apreciación del recurrente cuando afirma que el artículo 3º de la Ley 345 de 1996 no hace diferencia alguna entre acciones de sociedades nacionales o extranjeras, sino que toma el concepto de manera general, sin embargo mantiene la glosa al considerar que la sociedad no había aportado los documentos que probaran la existencia real de las acciones.
Sobre este particular, dice la Resolución 643-900004 que agotó la vía gubernativa:
“Si por conducentes se entienden aquellas pruebas que sirven para demostrar un hecho y por pertinente la que se adecuan (sic) a los hechos que se pretenden probar dentro del proceso, se concluye fácilmente que la certificación expedida por el revisor fiscal, en la que establece que el monto consignado en el renglón 2 (PJ) de la declaración de renta del año gravable de 1996 ($ 17.786.729.000) corresponde a 250.000 acciones poseídas por la compañía en la Sociedad Latin Development Corporation “Ladco” no es conducente ni pertinente, comoquiera, que lo que se pretendía probar era la propiedad de las acciones en cabeza del declarante, y no la forma que se contabilizaban dichas acciones” (resalta la Sala) (pág. 5 de la Res. 643-900004, nov. 19/2001, fl. 22 del cdno. ppal.).
Finalmente la entidad oficial en el mismo acto administrativo descarta como prueba el oficio 20382 del 19 de noviembre de 2001, en el cual se anexan fotocopias autenticadas de los títulos CA 7146197 por 500.000 acciones y CA 7221409 por 67 acciones, por cuanto no fue allegado dentro de la oportunidad legal, sino con posterioridad a la presentación del recurso de reposición y que además la certificación fue expedida el 29 de diciembre de 1997, lo que no permite asegurar que para el 31 de diciembre de 1996, estas acciones estuvieran en cabeza de la sociedad actora.
Pues bien, para resolver precisa la Sala que por medio de la Ley 345 de 1996 se autorizó al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda interna denominados bonos para la seguridad. El artículo 3º obligaba a las personas jurídicas, entre otros, a realizar la inversión forzosa en los siguientes términos:
De acuerdo a lo anterior, en el caso de las personas jurídicas la base para determinar la inversión forzosa en bonos de seguridad era el patrimonio líquido determinado a 31 de diciembre de 1996, que podía disminuirse con aquella proporción que dentro del patrimonio bruto correspondiera a acciones o aportes en sociedades.
En el caso de autos, la Sociedad Malterías Colombia S.A. registró en el renglón 2 PJ “Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, inversiones mobiliarias, moneda extranjera” la suma de $ 17.786.729.000, cifra que según aduce corresponde a acciones que poseía en la sociedad extranjera Latin Development Corporation a 31 de diciembre de 1996, mientras que en el renglón 8 PB “Acciones y aportes (sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)” registró la suma de 458.043.966.000.
Ambas sumas, según consta en la respuesta que dio la actora al oficio de octubre 3 de 2000 enviado por la DIAN, fueron tenidas en cuenta para efectos de establecer la base del patrimonio sobre el cual debía liquidarse la inversión forzosa.
Como se mencionó al inicio de estas consideraciones, la administración liquida la diferencia de esta inversión como resultado de no aceptar la operación efectuada por la actora, toda vez que a su juicio solo podían descontarse los valores declarados en el renglón 8 y no en el renglón 2.
El tribunal de primera instancia, consideró que además de estar plenamente probada la propiedad y existencia de las acciones, su ubicación dentro de la declaración de renta no era motivo para que la administración no aceptara ese valor de las acciones en la sociedad extranjera para efectos de determinar la base de la inversión forzosa.
Para la Sala la decisión de primera instancia debe ser confirmada en atención a lo siguiente:
Si bien al parecer la cuestión controvertida por la DIAN sobre la forma en que la actora se liquidó la inversión forzosa por el año discutido, versaba sobre la improcedencia de descontar el valor registrado en el renglón 2 del formulario de la declaración de renta por el año de 1996, lo cierto es que el debate se centró en la prueba de la existencia y propiedad de esas acciones y no en la ubicación de este rubro en el denuncio tributario, como se ha observado a lo largo del debate.
Tampoco fue cuestión de debate si las acciones que poseía la sociedad actora, lo eran en sociedad extranjera o nacional para efectos de su deducción en la liquidación de los bonos para la seguridad.
Precisado lo anterior, observa la Sala que la propiedad y existencia de las acciones en la Sociedad Latin Development Corporation Ladco para el 31 de diciembre de 1996 se encuentra acreditada con los elementos probatorios que obran dentro del expediente y en tal sentido no había lugar a reliquidar la diferencia de la mencionada inversión a cargo de la sociedad actora, como acertadamente lo consideró el tribunal y conceptuó el Ministerio Público.
En efecto, no comparte la Sala el argumento de la administración en el sentido de considerar que la certificación del revisor fiscal de la actora no era conducente ni pertinente para probar la propiedad de las acciones en cabeza del declarante, bajo el argumento de que se trataba de una prueba contable y en el presente caso no se discutía la forma de la contabilización de esas acciones.
Para la Sala y como lo señaló en sentencia de fecha junio 17 de 2004 (1) la idoneidad de los medios de prueba depende, como lo dice el artículo 743 del estatuto tributario, en primer término de las exigencias que para establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse y a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse y del valor de convencimiento que pueda atribuírseles de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
En el presente caso, el valor de las inversiones en moneda extranjera poseídas por la sociedad y consignado en el renglón 2 de la declaración, estaba amparado por la presunción de veracidad consagrada en el artículo 746 ibídem, presunción que cede cuando sobre los hechos consignados en ella se ha solicitado una comprobación especial o la ley la ha exigido.
La presunción de veracidad de los hechos denunciados por el contribuyente en la declaración deriva del solo cumplimiento de requisitos formales que en la ley se exijan acerca de los factores declarados, a menos que la misma ley exija una comprobación especial, en cuyo caso la solicitud oficial así debe indicarlo.
Sin embargo, observa la Sala que la administración controvirtió la propiedad y existencia de las acciones en sociedades extranjeras, que es un hecho que para su comprobación no exige la ley que se haga mediante una determinada prueba, pudiéndose acreditar el hecho con diferentes elementos probatorios que guarden conexión con el mismo, como es el caso de la contabilidad de la sociedad que llevada en debida forma refleja completamente la situación de la entidad, según lo dispuesto en el artículo 774 del estatuto tributario.
En el caso de autos, la firma del revisor fiscal en la declaración de renta de la sociedad visible a folio 2 del cuaderno de antecedentes, sin perjuicio de la facultad de fiscalización de la administración de impuestos, certifica, en los términos del artículo 581 del estatuto tributario, que los libros de contabilidad son llevados en debida forma y que reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa. Lo anterior, en concordancia con el artículo 50 del Código de Comercio, significa que la contabilidad se lleva en libros registrados y suministra una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante; además de conformidad con el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil se presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma.
De otra parte, es función del revisor fiscal, en términos del artículo 207 del Código de Comercio, numeral 5º: “Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título”, por lo tanto, una certificación del revisor fiscal sobre la existencia de unas acciones de una sociedad para un determinado período y por su valor, al igual que su forma de contabilizarlas, da fe de que ello es así, pues de conformidad con el artículo 10 de la Ley 43 de 1990: “La atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personería jurídica. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos refieren en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha de balance”.
En el anterior orden de ideas, comparte la Sala el concepto del Ministerio Público en el sentido de considerar idónea la prueba del revisor fiscal para acreditar la existencia y propiedad de las 250.000 acciones poseídas por la sociedad actora en la sociedad panameña cuando certifica:
“Que el valor total de la inversión de Malterías de Colombia S.A. en Latin Development Corporation “Ladco” a 31 de diciembre de 1996, resultante de la aplicación del método de participación fue de $ 17.786.729.312 y el mismo fue declarado como valor patrimonial en la declaración de renta y complementarios de la sociedad por el año gravable de 1996, de acuerdo con lo establecido en el artículo 271 del estatuto tributario” (fl. 18 del cdno. de antecedentes).
Y siendo así las cosas, no existe entonces, de acuerdo a la posición asumida por la administración a lo largo del debate, motivo para no tener en cuenta este valor en la depuración de la base para liquidar la inversión forzosa a cargo de la sociedad; y por lo mismo se encuentra ajustada a derecho, de conformidad con el artículo 3º de la Ley 345 de 1996, la liquidación que de la inversión efectuó la sociedad por el impuesto de renta del año gravable de 1996.
Por lo precedente, la Sala no da prosperidad al recurso de apelación de la parte demandada y se procederá a confirmar la sentencia de primera instancia.
RECONÓCESE personería al doctor Antonio Granados Cardona como apoderado judicial de la entidad demandada.
(1) Expediente 13721. Actor: Soc. Rey Moreno S.A. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.

References: artículo 3
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 743
 artículo 746
 artículo 774
 artículo 581
 artículo 50
 artículo 252
 artículo 207
 artículo 10
 artículo 271
 artículo 3