Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/075/005.html
Timestamp: 2019-06-18 16:55:59+00:00

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BOC - 2013/075. Viernes 19 de Abril de 2013 - Anuncio 1881
BOC Nº 75. Viernes 19 de Abril de 2013 - 1881
1881 ORDEN de 18 de abril de 2013, por la que se establecen los servicios mínimos del personal funcionario y laboral docente de los centros públicos de la enseñanza no universitaria adscritos a esta Consejería, como consecuencia de la huelga convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Intersindical Canaria (STEC- IC) del día 19 de abril de 2013.
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BOC-A-2013-075-1881. Firma electrónica - Descargar
Visto el preaviso de huelga presentado en fecha 9 de abril de 2013, para el personal funcionario y laboral docente de los centros públicos de la enseñanza no universitaria de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, extensible a todos los docentes que estén adscritos en comisión de servicio a centros directivos de la administración autonómica o de otras administraciones, así como al personal integrante de los Cuerpos de Inspección Educativa, por Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza-Intersindical Canaria (STEC-IC), desde las 0:00 horas del día 19 de abril de 2013 hasta las 24:00 horas del mismo día, y en el mismo ámbito específico de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Primero.- El Comité de huelga, integrado por la citada Central Sindical, presentó preaviso de huelga el día 9 de abril de 2013 para el 19 de abril de 2013 desde las 0:00 horas hasta las 24:00 horas del mismo día, que afectan al personal funcionario y laboral docente de los centros públicos de la enseñanza no universitaria de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, extensible a todos los docentes que estén adscritos en comisión de servicio a centros directivos de la administración autonómica o de otras administraciones, así como al personal integrante de los Cuerpos de Inspección Educativa.
Segundo.- La Administración Canaria presta una serie de servicios públicos que deben ser considerados como esenciales para la comunidad encontrándose entre ellos el servicio público educativo, los que presta este Departamento en el ámbito de la Educación, en sus Servicios Centrales porque no pueden quedar paralizados en su funcionamiento por el ejercicio del derecho de huelga.
Primero.- Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE nº 89, de 13.4.07), en su artículo 15.c), por el que se reconoce a las Empleados Públicos "Derecho al ejercicio de la huelga con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad".
Segundo.- Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 32, de 16 de marzo), por el que se establece que el derecho de huelga del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se entenderá condicionada a que se mantengan los servicios esenciales en los distintos centros y dependencias de la misma, facultando a los titulares de las diversas Consejerías del Gobierno de Canarias para que oído el Comité de Huelga, en su caso, los representantes del personal determinan los servicios mínimos necesarios y el personal preciso para asegurar la prestación de los mismos en el ámbito de sus respectivos Departamentos.
Sexto.- La Sentencia nº 166/2003, de 27 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dispone que en relación a la exigencia de motivación, "ya esta Sala se ha pronunciado en un asunto semejante al aquí enjuiciado en su Sentencia de 15 de septiembre del año 2000 donde se recogía la doctrina jurisprudencial recogida en la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 8/1992, de 16 de enero, que estableció que en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, deberá ponderarse la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, teniendo en cuenta las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes protegidos constitucionalmente sobre los que repercute aquélla" (Sentencia del Tribunal Constitucional 26/1981).
De conformidad con la citada Sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se recoge la más amplia jurisprudencia constitucional, otro de los criterios a tener en cuenta en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, en el ámbito de la educación, tanto en los centros educativos como en los servicios centrales, es el que obliga a ponderar la extensión -territorial y personal- de la misma (en el presente caso, la totalidad del personal docente, con sus más de 926 centros educativos públicos y más de 320.300 alumnos que ven satisfecho su derecho fundamental a la educación en los mismos y la totalidad del Personal de Administración y Servicios tanto de los Centros Educativos como de los Servicios Centrales de este Departamento), debiendo existir una razonable proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que padezcan los usuarios de aquéllos, por cuanto se entiende que el interés de la comunidad debe ser perturbado por la huelga sólo hasta extremos razonables, sin que el ejercicio del derecho a la huelga ocasione o pueda ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas sufren, y que deba afrontar la comunidad entera, como destinataria de tales servicios esenciales.
Por ello, se estima que esa lesión al interés general subsume la convocatoria antedicha en el supuesto consagrado en el artículo 3 del Decreto 89/1988 mencionado, convirtiendo en esencial la actividad docente necesaria para garantizar, en ese período, el derecho, la formación y evaluación de los alumnos, de conformidad con el artículo 2.a) del mismo Decreto.
Noveno.- Añadido a lo anterior cabe resaltar que los Institutos de Enseñanza Secundaria, los Centros de Enseñanza Obligatoria, Educación Infantil, Primaria y Colectivo de Escuelas Rurales, afectados por la convocatoria de huelga citada, escolarizan a alumnos de 3 a 5 años en Educación Infantil y de 6 a 12 años en Primaria, y a partir de 12 años en Enseñanza Secundaria así como a alumnos con necesidades educativas especiales, que varían desde aquéllos con necesidades casi normalizadas, pasando por los que necesitan adaptaciones poco significativas, hasta los que están escolarizados en aulas enclave en centros ordinarios o específicos de educación especial. Por ello, el servicio esencial de la educación no puede ser reducido exclusivamente a la actividad docente, ya que, junto a esta actividad docente, se realizan otras funciones como son la vigilancia y cuidado de los niños y niñas, menores de edad, que acuden a los centros docentes públicos y que tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad. Por lo tanto, la custodia de los menores de edad que se encuentren en un centro docente público es responsabilidad ineludible de esta Administración educativa y parte indivisible del derecho esencial a la educación.
De acuerdo con todo lo anterior y en virtud de las competencias conferidas en los artículos 29.b) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el artículo 4 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (BOC nº 148, de 1.8.06), que continua vigente en tanto no se derogue expresamente, en concordancia con la previsión contenida en la Disposición Transitoria Primera del Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias (BOC nº 138, de 14.7.11) y el artículo 2 del citado Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Primero.- Determinar los servicios mínimos a cumplir por el personal funcionario y laboral docente de los centros públicos de la enseñanza no universitaria de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, por todos los docentes que estén adscritos en comisión de servicio a centros directivos de la administración autonómica o de otras administraciones, así como por el personal integrante de los Cuerpos de Inspección Educativa, que deberán atender los mismos, durante la huelga convocada, para el día 19 de abril de 2013 en las horas determinadas en el preaviso de huelga según se establece en el anexo I Personal Docente.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días, si se acudiera al procedimiento previsto en los artículo 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Potestativamente, para el supuesto de que se acudiera al procedimiento ordinario, podrá interponerse recurso de reposición ante este Consejero, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de abril de 2013.
Ver anexo en las páginas 8267-8267 del documento Descargar

References: artículo 15
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 114