Source: http://www.memoriaviva.com/criminales/criminales_m/mackay_barriga_juan.htm
Timestamp: 2017-11-23 20:36:25+00:00

Document:
Mackay Barriga Juan
Juan Guillermo Mackay Barriga
Vicealmirante de la Armada Nacional
C.I.:3.428.372-9
Domicilio: Republica 72, Cerro Castillo, Viña del mar
Benedictino 60, Viña del mar
El Almirante Juan Mackay es Vicepresidente del Consejo de Almirantes y Generales en Retiro de Valparaíso. En 1973 asistió a las sesiones de tortura en las instalaciones navales de Valparaíso acompañado por un joven sobrino suyo, Rafael Mackay Backle
El Mercurio, 16 de Diciembre de 2009
Emol.com, 2 de Diciembre de 2009
La ceremonia se iba a realizar ayer a las 22 horas en el buque escuela "Esmeralda" y estaban invitados los embajadores de los 13 países que participarán en la competencia náutica.
SANTIAGO.- La Armada suspendió ayer el acto oficial del lanzamiento de la Regata Bicentenario "Velas Sudamérica 2010", por el arresto de varios oficiales en retiro que han sido procesados por torturas cometidas en 1973, informó hoy la agencia de noticias EFE.
La ceremonia, que iba a estar encabezada por el ministro de Defensa, Francisco Vidal, y a la que estaban invitados los embajadores de los 13 países que participarán en la competencia náutica, se iba a celebrar a bordo del buque escuela "Esmeralda".
Horas antes del acto, programado para las 22:00 horas de ayer en Valparaíso, la jueza Eliana Quezada notificó su procesamiento a los imputados y ordenó su prisión preventiva, lo que fue cumplido de inmediato por detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.
Entre los procesados hay dos vicealmirantes en retiro, un capitán de navío y siete suboficiales de la Armada, además de un ex coronel y un ex suboficial de Carabineros.
A bordo de la Esmeralda murió el 21 de septiembre de 1973 el sacerdote de origen británico Miguel Woodward, causa que también instruye la jueza Quezada y en la que ya han sido procesados cerca de una veintena de oficiales y suboficiales retirados.
Entre los marinos encausados figuran los vicealmirantes Sergio Barra von Kretschmann y Juan Mackay Barriga y el capitán de navío Ricardo Riesco Cornejo.
La jueza Quezada investiga además otras querellas por torturas a bordo de la Esmeralda y en la Academia de Guerra Naval, como también en el Cuartel de "Silva Palma" y el "Fuerte Miller", de la Infantería de Marina.
La Regata Bicentenario "Velas Sudamérica 2010" es organizada por las Armadas de Chile y Argentina y recorrerá, entre febrero y junio del próximo año, diversos puertos de países latinoamericanos, conmemorando los 200 años del inicio del proceso de Independencia de ambos países.
La flota, con veleros de trece países de América y Europa, zarpará desde Río de Janeiro el 7 de febrero de 2010 y recalará aproximadamente el 23 de junio en el puerto mexicano de Veracruz, tras recorrer más de 11.000 millas náuticas, con escalas en Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y República Dominicana.
Punto Final, edición Nº 661, 2 de mayo, 2008
La peor tormenta de que se tenga memoria en Valparaíso se formó un martes de tardío invierno en las profundidades del mar. Ni siquiera la estupefacta luna alcanzó a derramar una lágrima de plata por el temporal de terror que se avecinaba. Tal vez porque nunca imaginó la ferocidad de los que salieron a matar en una guerra inventada. Cuando se sacudió su asombro y quiso gritar para que la gente del puerto escapara por los cerros hacia el cielo, le perforaron el pecho, le destrozaron la mirada y le enturbiaron para siempre su luz de faro eterno. Y en medio del miedo cayó Miguel, irremediablemente y para siempre: la Armada lo hizo desaparecer, como a muchos. Porque los ricos no perdonan, simplemente matan cuando tienen que matar, y los marinos torturan cuando tienen que torturar para luego ocultarse en las sombras del olvido.
A Miguel Woodward, sacerdote del pueblo, lo torturaron en la Academia de Guerra Naval, lo asesinaron en la Esmeralda y lo hicieron desaparecer en la bruma porteña, hasta que su hermana, Patricia Woodward, y el esposo de ésta, Fred Bennetts, comenzaron el sinuoso periplo para desentrañar la verdad y hacer justicia en un país sin justicia. La resultante de sus esfuerzos -34 años después del golpe y 6 años después de haber presentado una querella ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso- ha sido la resolución de la ministra Eliana Quezada, quien declaró reos a los vicealmirantes (r) Adolfo Walbaum Wieber; Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga; a los capitanes de navío (r) Sergio Barra Von Kretschmann y Ricardo Riesco Cornejo, así como al médico Carlos Costa Canessa.
Walbaum era jefe de la I Zona Naval y, además, intendente designado de la dictadura; por su parte, Aldoney era jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval. El vicealmirante Juan Mackay es vicepresidente del Consejo de Almirantes y Generales en Retiro de Valparaíso, el capitán Barra era jefe de Inteligencia Naval en 1973 y el doctor Costa firmó el certificado de defunción de Woodward sin jamás haber examinado o visto el cadáver del sacerdote. Lo hizo en el antiguo Hospital Naval de Playa Ancha, donde se habilitó una sala, en el último piso del recinto, para albergar a los prisioneros políticos torturados en la Academia de Guerra Naval que requerían atención médica para, posteriormente, continuar siendo interrogados y torturados por el Servicio de Inteligencia de la Armada. Médicos, enfermeras, sacerdotes y marinos colaboraban con los servicios de seguridad intentando obtener información de los detenidos.
La utilización de diversos recintos navales, la participación del alto mando en la planificación e implementación de la represión implican responsabilidad institucional en la represión. Para Patricia Woodward, “la Armada debería hacerse responsable, como institución, de todas las violaciones de derechos humanos infligidas bajo su mando en todas sus dependencias en Chile”. Más aún, señala categóricamente Bennetts, la Armada “debe reconocer que no tiene sentido alguno -y nunca lo tuvo- insistir en la tesis articulada por el actual comandante en jefe de la Armada, almirante Rodolfo Codina, sobre que las responsabilidades podrían llegar hasta el nivel de ‘mandos operacionales’, pero nunca hasta los altos mandos”.
La resolución de la jueza Quezada “ya ha llegado a este último nivel y los altos mandos, por definición, sí tienen autoridad, y por lo tanto responsabilidad institucional en el sentido político y moral, y en todos los demás sentidos, salvo, evidentemente, en lo puramente judicial, puesto que la ley penal sólo es aplicable a personas”. Además, sostiene Fred Bennetts, “el almirante Codina ha dicho que él es el único alto mando de la Armada que estaba en servicio en septiembre de 1973. No es así. Y puesto que la Armada tiene plenos poderes para investigar a sus funcionarios en servicio activo para garantizar que ninguno de los oficiales del actual alto mando participaron en las acciones represivas después del 11 de septiembre de 1973”, debería investigar “a nivel del Consejo de Almirantes a los vicealmirantes Mariano Sarratea Saint-Lawrence, director general de Finanzas; Cristián Gantes Young, director general de los Servicios y, Sergio Robinson Prieto, jefe del Estado Mayor General de la Armada”. Quizás se desentrañaría el misterio y el secreto que circunda a la acción represiva de la Armada, y se ensancharía el horizonte de justicia.
UN POCO DE JUSTICIA EN MEDIO DE LA IMPUNIDAD
De repente son sólo ramalazos de luz en la neblina porteña de esos días, minúsculos fragmentos de verdad, retazos de memoria y atisbos de justicia. Sin embargo, para Patricia Woodward, el fallo de la ministra Quezada constituye un paso adelante, un paso esperanzador, no sólo porque identifica y procesa a oficiales del alto mando, sino porque “es significativo que la base de los cargos sea secuestro, no asesinato”. Efectivamente, el fallo judicial somete a proceso y declara reos por secuestro calificado y torturas a varios prisioneros políticos lo cual, para Jaime Contreras, integrante del Grupo de Amigos de Miguel Woodward y amigo personal del sacerdote, significa “un paso de primera importancia hacia la verdad y la justicia, no sólo respecto al caso de Miguel, sino de todos los torturados y muertos por la Armada. Es claro que este paso debería seguir con declarar reos y procesar a los mandos medios, ejecutores y encubridores del ‘secuestro calificado’ -entiéndase asesinato- de Miguel y por resoluciones similares en otras querellas”.
No obstante este alentador paso, y el coraje de la ministra Eliana Quezada -subrayado por los querellantes toda vez que ha sido amenazada de muerte y además sometida a presiones por parte de la Armada-, todo puede quedar en nada debido al clima general de impunidad que se ha entronizado en el país y, en particular, por la conspiración de silencio en torno al caso de Woodward. Conspiración, según Patricia, “difícil aún ahora de descifrar, pero ciertamente la Armada no actuó sola. Yo diría que los vínculos entre distintos estamentos de la sociedad chilena todavía siguen vigentes”. Por lo demás, afirma Bennetts, esta “conspiración de silencio tiene muchas ramificaciones. Por ejemplo, el Ministerio del Interior es pieza clave en el supuesto apoyo del gobierno en al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos, pero el caso de Miguel ha dejado claro que este Ministerio ni siquiera está permitiendo que toda la información que custodia el Archivo de la Comisión Rettig sea facilitada a los tribunales cuando éstos la requieren”.
Asimismo se ha sabido que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) estaría por hacerse parte del proceso, lo cual es rechazado por los familiares del asesinado sacerdote toda vez que “el papel de este organismo ha sido muy cuestionable en materia de derechos humanos. Es motivo de escándalo entre la propia gente del CDE que su procurador fiscal en Valparaíso, Enrique Vicente, es imputado en el caso Miguel Woodward y ha hecho grandes esfuerzos para informarse sobre el contenido del expediente. El teniente (r) Vicente, ex-fiscal naval, se encuentra bien acompañado en el CDE por otro ex-fiscal naval, Luis Winter, nombrado por el actual gobierno como consejero abogado a pesar de las quejas de las organizaciones de derechos humanos. En años anteriores, entre los consejeros abogados nombrados por el gobierno de Lagos estaba Gonzalo Vial -falsificador del “Plan Z” y manipulador del Informe Rettig- tal como fue denunciado en Punto Final. Por si fuera poco, el CDE cuenta como gerente con un ex-oficial de la Armada, quien, hace pocos años cuando comandaba la Esmeralda, en un crucero a Halifax dijo de Patricia Woodward, por sus declaraciones a la prensa canadiense: ‘La dama miente’”.
El manto de silencio y encubrimiento de las atrocidades cometidas por la Armada no se circunscribe a la institución o a órganos del Estado, sino que se extiende también a la Iglesia a la cual pertenecía Miguel. En este contexto, Patricia asevera que “en 1986 intentamos conseguir información sobre Miguel en el Obispado de Valparaíso. No conseguimos nada. En una conversación con el ya entonces anciano y enfermo ex obispo Tagle, me dijo que no recordaba si lo habían muerto o fusilado. Y ahora, aunque pueda parecer que los tiempos cambian, la Conferencia Episcopal no ha emitido ninguna declaración para restituir la dignidad al trabajo entre los pobres de mi hermano. En este país muchos católicos todavía creen las historias que contaban de los curas ‘comunistas’, puras falsedades y mentiras”. Fred, por su parte, indica haberse “enterado recientemente que un sacerdote amigo de Miguel, preocupado por su detención, contactó al obispo Emilio Tagle y fue informado por éste que estaba bien. Por lo demás, el entonces vicario general de la diócesis, Jorge Bosagna -que tenía una oficina en el buque Lebu, centro de detención y tortura de la Armada, y que hoy es director del Hogar de Cristo- es imputado por encubrimiento en el sumario de Miguel”.
Pero, además, existe una especie de blanqueamiento sistemático de la imagen de la Armada y de su rol real en la represión post-golpe por parte del Estado y de sus principales autoridades políticas que se expresa, por ejemplo, en que la “presidenta Bachelet no contesta las cartas enviadas sobre el caso de Miguel Woodward. No sabemos qué relaciones puede tener el gobierno con el alto mando de la Armada, sólo los vemos a ambos en eventos públicos: en la llegada de nuevos barcos, en la despedida de la Esmeralda en cada crucero de instrucción, como si nada hubiera pasado en ese barco”. De hecho, parece haberse estructurado, desde el Estado, y particularmente desde el gobierno, un espeso manto de olvido sobre todo lo acaecido en Valparaíso, a pesar de las evidencias disponibles acerca de la violenta represión ejercida por la Marina.
Zonaimpacto.cl, 28 de mayo de 2008
En prisión seis responsables de torturas y muerte del padre Miguel Woodward
En escasos momentos, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó la libertad concedida por el juez Luis Alvarado a los seis oficiales en retiro de la Armada responsables de las torturas y secuestro del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward.
Así, finalmente la justicia mantuvo la prisión preventiva para los procesados por ser "un peligro para la seguridad de la sociedad", medida que afecta a los almirantes Guillermo Aldoney Hansen, Adolfo Walbaum Weber y Juan McKay, y los capitanes de navío Sergio Barros y Ricardo Riesco Cornejo; este último ex miembro de la DINA. Además fue enviado a prisión el teniente de Sanidad de la Armada Carlos Costa.
El juez Luis Alvarado reemplaza temporalmente a la ministra de la misma Corte Eliana Quezada, quien ha instruido la última parte del proceso por la muerte del padre Woodward, definiendo responsabilidades en su secuestro, torturas a bordo del buque escuela Esmeralda, su muerte en el Hospital Naval y la desaparición de su cadáver en septiembre de 1973.
El juez Alvarado había determinado la libertad de los seis imputados previo pago de una fianza de 100.000 pesos cada uno. Pero de inmediato, la Segunda Sala Penal del tribunal de alzada porteño, determinó por unanimidad que los seis procesados debían permanecer en prisión.
La determinación fue suscrita por los ministros Julio Miranda, Mónica González y el presidente del tribunal, Manuel Silva, quienes consideraron que los imputados son un peligro para la sociedad.
La abogada del Ministerio del Interior, Karina Fernández, explicó que "por la gravedad de los antecedentes de la causa, porque constituyen un delito de lesa humanidad y, tras recoger todos los argumentos dados por las partes, se les consideró un peligro para la sociedad y, considerando también los requerimientos de la investigación y de su éxito, se les mantuvo en prisión preventiva".
En tanto, el abogado defensor de cuatro de los oficiales, Carlos Portales, criticó la decisión de la Corte, calificando de "exagerada" la justificación de sus ministros y señalando que a partir de ahora se abocará a preparar la defensa de los altos mandos en retiro.
Inculpación y detención de responsables
Por Patricia Woodward
Estoy muy contenta con la noticia de que el caso de mi hermano Miguel Woodward ha dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le fueron infligidas en 1973. Espero que esto signifique que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para las víctimas de la Armada.
Treinta y cuatro años después del golpe de estado, y tras seis años de investigación judicial, se ha llegado a una resolución de la causa del Padre Miguel Woodward.
La Ministro Eliana Quezada ha declarado reos a: Vicealmirante (R) Adolfo Walbaum Wieber, Vicealmirante (R) Guillermo Aldoney Hansen, Vicealmirante (R) Juan Mackay Barriga, Capitán de Navío (R) Sergio Barra Von Kretschmann, Capitán de Navío (R) Ricardo Riesgo Cornejo y oficial de Sanidad Dr. Carlos Costa Canessa.
Se ha comprobado que fuerzas navales, siguiendo un plan y unos procedimientos preparados meses antes por la Armada, llevaron a Miguel desde su casa en Placeres a la Universidad Federico Santa María y de allí a la Academia de Guerra Naval, donde fue torturado sin piedad. Luego, en una furgoneta manchada con su propia sangre, le llevaron al molo, donde le obligaron a subir a bordo de la Esmeralda. Posteriormente fue llevado al Hospital Naval donde se pierde su rastro físicamente.
El Almirante Walbaum, además de su cargo naval, era el primer Intendente de Valparaíso nombrado por la junta militar.
El Almirante (R) Guillermo Aldoney, tras retirarse de la Armada, empezó una exitosa carrera en el mundo empresarial. Es miembro del Directorio de la Mutual de Seguros de Chile, entidad fundada por la Armada de Chile, entre cuyos otros miembros consta el actual Comandante en Jefe de la Armada, Alm. Rodolfo Codina. En 1982, se hizo Presidente del poderoso holding Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), por entonces controlado por CORFO; unos años más tarde consiguió privatizarlo por medio de una curiosa operación financiera.
Estrechamente vinculado a la jerarquía católica - que nunca reclamó la muerte de Miguel Woodward- el Almirante Aldoney fue nombrado responsable de la seguridad del Papa durante su visita a Chile en 1986. Su primo Jaime desapareció tras ser detenido por las fuerzas navales que estaban bajo su mando.
Hostilidad contra Jueza
La Jueza Quezada, una mujer dedicada y valiente, seguirá sus investigaciones, con la ayuda de la Brigada de Derechos Humanos y Asuntos Especiales. Su fin será buscar los demás autores de la muerte de Miguel junto con los encubridores y cómplices de ese crimen.
Entre los testimonios específicos que serán investigadas están los entierros clandestinos por la Armada de varios detenidos desaparecidos en el Cuartel 14 del Cementerio Playa Ancha de Valparaíso.
A pesar que el Tribunal Supremo recomendó, además, que la Jueza diera prioridad a sus investigaciones, el Presidente de la Corte de Apelaciones determinó, acto seguido, que, por el contrario, debía dar prioridad a integrar Sala.
Esta persona, Manuel Silva Ibáñez, era muy conocido por sus resoluciones favorables a la dictadura durante los años ‘80, incluidas causas tales como el "Caso Pasaportes" y el caso de degollados que incluyó al periodista Paredes.
En cuanto a la Armada de hoy, lejos de colaborar con la justicia, la ha obstaculizado. El Almirante Cristián Millar, cuando ocupaba el cargo de Secretario General de la Armada, admitió descaradamente que un Almirante en servicio pudo haber visitado a la Ministra Gabriela Corti en el año 2004 "por su cuenta" para persuadirle que debía aplazar una prevista reconstitución de escena a bordo de la Esmeralda.
Por esos mismos años el Auditor General de la Armada, Alm. Juan Antonio Galván Bernabeu, con ocasión de la entrega de la bitácora de la Esmeralda a la jueza, informó a los marinos referidos en el mismo que serían el objeto de interrogatorios judiciales.
Anteriormente, un alto cargo de la Armada sin identificar había reunido a varios testigos que habían sido citados por la Ministra Corti: se pusieron de acuerdo sobre sus testimonios de antemano.
La Armada sigue igual.
El Código de Justicia Militar sigue obligando a los marinos obedecer las órdenes criminales de sus jefes.
Están en el primer ranking mundial en la compra de armamentos y sucesivos gobiernos han tolerado sus pretensiones "democráticas".
La Esmeralda debe navegar en libertad
El 4 de mayo el buque escuela "Esmeralda" zarpó nuevamente desde el puerto de Valparaíso. Amnistía Internacional considera que la "Esmeralda" no será una adecuada "embajadora" de Chile mientras las víctimas y sus familias continúen luchando por obtener verdad, justicia y reparación.
Amnistía Internacional saludó recientemente la decisión de la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Eliana Quezada quien encargó reos a seis oficiales en retiro de la Armada por el secuestro calificado y torturas del sacerdote Miguel Woodward inmediatamente después del golpe de 1973.
Debe señalarse que ha sido la acción de la justicia chilena y la persistencia de las víctimas y sus familiares lo que ha generado resultados. La cooperación de la Armada de Chile, distante, elusiva y renuente, ha prolongado innecesaria y dolorosamente durante muchos años el esclarecimiento de los casos de violaciones de Derechos Humanos en los cuáles el personal de la institución participó, tanto a bordo del buque-escuela como en otros buques e instalaciones.
"La Armada de Chile así como la sociedad en su conjunto, deben comprometerse a avanzar decididamente hacia la resolución de las causas. Las naciones se ennoblecen y fortalecen cuando los actores responsables de violaciones de Derechos Humanos enfrentan la justicia y responden por sus actos. La obtención de verdad, justicia y reparación es un acto legítimo y merecido en el marco del derecho" dijo el director de Amnistía Internacional - Chile, Sergio Laurenti.
El Artículo 17.1 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 18 de diciembre de 1992, establece: "todo acto de desaparición será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se haya esclarecido los hechos"
"La desaparición forzada de personas es un delito permanente. La razón fundamental de los retrasos en los procesos judiciales es la clara falta de cooperación de los presuntos responsables.", dijo Amnistía Internacional.
Al despedir nuevamente a la "Esmeralda" las autoridades deben asegurar al mismo tiempo que la Justicia pueda realizar su labor con todos los recursos y personal necesario para que los magistrados puedan resolver "los asuntos que conozcan (...) sin influencias (...), presiones, amenazas o intromisiones indebidas (...) de cualesquiera sectores o por cualquier motivo"
La campaña "Liberando a la Esmeralda" de Amnistía Internacional, que busca llamar la atención sobre la historia oculta del buque-escuela y las responsabilidades de la Armada en violaciones de Derechos Humanos no esclarecidas permanecerá activa para educar y ayudar a promover -durante todo el tiempo que sea necesario- la preocupación de la comunidad internacional.
En poder de la justicia y detenidos se encuentran ya los oficiales (r) de la Armada sometidos este viernes a proceso como autores del secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward, en el marco de los crímenes cometidos a bordo de La Esmeralda
La víctima más emblemática del caso que indaga la magistrada es el sacerdote Miguel Woodward, de 42 años, quien trabajaba en la agrupación Cristianos por el Socialismo y fue detenido por una patrulla naval el 16 de septiembre de 1973 por su trabajo social en el cerro Los Placeres en Valparaíso. Desde allí fue conducido hasta la Universidad Federico Santa María, luego a la Academia de Guerra Naval para quedar finalmente prisionero en el buque escuela Esmeralda, utilizado para ese fin.
Tras conocer el procesamiento de los oficiales (r) de la Armada, la hermana del sacerdote víctima de la dictadura, Patricia Woodward, manifestó su satisfacción por la resolución de la magistrada y la calificó como "un paso adelante". "Estoy muy contenta con la noticia de que el caso de mi hermano Miguel Woodward ha dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le fueron infligidas en 1973. Espero que esto signifique que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para las víctimas de la Armada", expresó.
El procesamiento de los Almirantes Walbaum y Aldoney es particularmente significativo dado que, por entonces, eran Jefe de la I Zona Naval y Jefe del Estado
Mayor de la I Zona Naval.
La Nación, 31 de mayo de 2008
La Nación, 29 de septiembre de 2011
CASO WOODWARD: CONFIRMAN SOBRESEIMIENTO DE ALTOS OFICIALES (R) DE LA ARMADA
Corte Suprema rechazó recursos de queja que buscaban condenar a los vicealmirantes (R) Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga, junto con otros tres capitanes y 14 suboficiales en retiro, por el crimen del sacerdote Michael Woodward
La Corte Suprema confirmó este jueves el sobreseimiento de 19 personas que estaban acusadas de secuestro calificado en el caso Woodward. La medida beneficia a varios oficiales en retiro de la Armada.
Sin embargo, en la misma resolución, el ministro decretó el sobreseimiento temporal de 19 personas,entre ellas a los vicealmirantes (R) Guillermo Aldoney Hansen y Juan Mackay Barriga; los capitanes de la Armada (R) Ricardo Riesco Cornejo, Víctor Valverde Steienlen y José Yáñez Riveros; y el teniente (R) de Sanidad, Carlos Costa Canessa, quien como médico del Hospital Naval extendió un certificado de defunción en nombre de Michael Woodward sin ver cadáver alguno. Los restantes sobreseídos son suboficiales en retiro de la Armada.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 17
 resolución