Source: http://www.adayo-pbo.es/via-legal/
Timestamp: 2017-09-24 08:27:41+00:00

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Vía legal - ADAYO PBO
Los papás desde un inicio nos preguntamos si podemos denunciar o demandar a las personas que intervinieron en el parto, o al hospital o clínica donde tuvimos al bebé. La respuesta, sin más análisis, sin entrar en el caso por caso, es afirmativa.
Para ello, deben conocerse las tres vías posibles que existen, puesto que el conocer las mismas hará que se pueda optar y buscar un letrado especializado en dicha vía procesal.
La vía judicial se hace necesaria para muchas familias para reparar ese daño que se ha ocasionado, se necesita que se haga justicia, y se necesita obtener una respuesta a qué ocurrió ese día en el paritorio, con la pertinente asunción de responsabilidades. No es una vía sencilla, ni fácil. Conlleva, siempre, obtener una respuesta a largo plazo, dada la demora en los Juzgados, con dispensa económica importante, y con el coste emocional que implica tener que repasar, informar, y enfrentarte a un juicio, con la incertidumbre de qué resolución obtendremos, porque nadie puede garantizarnos el éxito de nuestra acción.
Existen tres vías para plantear el tema legal: la vía penal, la vía civil y la vía contencioso-administrativo, y para enfocarlas de manera correcta es indispensable ponernos en manos de un abogado que sea experimentado en aquella vía por la que los papás optemos. Entre el abogado y los papás debería existir un diálogo fluido, manteniendo siempre una puesta en conocimiento de la tramitación del proceso. Los papás podemos estar alejados del planteamiento pero a la vez informados de la tramitación, que en ocasiones, es larga y complicada de entender. Antes de interponer la pertinente demanda/denuncia debemos tener plena constancia de todos los costes del proceso y solicitar que se incluyan en la indemnización solicitada para que sea la parte contraria quien los asuma en el caso que dicha parte pierda el pleito. El letrado debe informarnos de todos los recursos existentes para el caso de que se pierda el caso, o en caso de archivo, es decir, de que el juez considere antes de ir a juicio, que no hay indicios de delito en el proceso penal, y debe ser claro con las posibilidades de éxito en el proceso judicial tras el examen de la documentación que le entreguemos y tras la explicación del relato del parto. Es evidente que no puede garantizarnos nunca el éxito en el proceso, pero un abogado experimentado conoce si existen posibilidades reales por las que litigar en base a lo se pueda demostrar y nos aconsejará sobre la cuantía indemnizatoria a reclamar.
Para optar por cualquiera de las tres vías es necesario, como ya hemos apuntado, tener unas nociones sobre las mismas. En primer término debemos partir de que la vía penal puede iniciarse por todos los papás con independencia de si el nacimiento del bebé se ha producido en hospital público o en clínica privada, sin embargo la vía civil la utilizaremos, cuando litiguemos contra clínica privada, y la contencioso-administrativa contra la Administración Pública.
Podemos, mientras decidimos demandar o denunciar, solicitar al Hospital o Clínica los informes que nos pertenecen como pacientes, tantos los relativos a la madre como al bebé. Entre ellos el informe de la visita preparto, informe del parto, documento de ingreso, informe del servicio urgencias, hoja operatoria, análisis de sangre, hoja de anestesia, partograma, qué personal sanitario que actuó, hoja del test de Apgar del bebé, y demás pruebas realizadas al bebé, etc…En definitiva, todos aquellos que se hayan realizado. Dicho historial, para conocer si está completo y las posibles incongruencias debería ser analizado por un perito ginecológico experto en la materia.
La responsabilidad patrimonial de la Administración implica la indemnización de las lesiones que los particulares suframos en nuestros bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, siempre que la valoración del daño y la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento normal o anormal del servicio público sean inequívocos.
Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas se iniciarán de oficio o por reclamación de los interesados, lo habitual es que se inicien a instancia de los interesados (artículo 142.5 L30/92). El reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige la tramitación de un expediente administrativo antes de acudir a la vía judicial. Hay que presentar un escrito en el departamento de sanidad, donde debes especificar las lesiones producidas, la relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público y la evaluación económica de los daños si es posible. En estos casos debemos aportar todos los elementos de prueba que permitan demostrar el origen del daño y sus consecuencias. No olvidando nunca que no se puede solicitar en vía judicial más de lo que se haya solicitado en vía administrativa.
La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, pone fin a la vía administrativa. Es decir que tras ello, lo que cabe es iniciar la judicial si no se ha conseguido indemnización. Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de indemnización (silencio negativo) e iniciarse la pertinente vía judicial.
El plazo es de un año desde que se produjo el hecho. Si estos daños tienen carácter físico o psíquico, el plazo comienza a computarse desde que se produce la curación o desde el momento en el que se determine el alcance de las secuelas (es lo que pasa en PBO). Cuando las partes ya han iniciado la reclamación patrimonial previa ante la Administración, transcurridos los seis meses siguientes sin la obtención de respuesta, se puede iniciar demanda judicial, y siempre antes de que transcurra un año desde el inicio de dicha reclamación.
La intervención de Abogado y Procurador
En la reclamación previa no es necesario abogado ni procurador, pero debe tenerse en cuenta que no se puede pedir en vía judicial aquello que no se pidió en vía administrativa por tanto es importante que dicha reclamación previa esté bien presentada bajo un buen asesoramiento.
En la vía judicial, las partes deben intervenir obligatoriamente asistidas por un abogado, siendo opcional la representación mediante procurador. Sin embargo, cuando el recurso se tramite ante un órgano colegiado o tribunal (Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo), las partes deben contar obligatoriamente tanto con un procurador como con un abogado.
Se puede solicitar un abogado de oficio siempre y cuando sea obligatoria su intervención judicial (es decir nunca para los actos donde no sea obligatoria su asistencia), para ello debe acudirse a los Colegios de Abogados más próximos donde se informará al respecto.
Especial hincapié al consentimiento informado
Se puede incurrir en responsabilidades aunque la actuación sanitaria se realice con adecuación a la lex artis técnica, si se causa un daño, siempre que el paciente no haya sido informado de esa eventualidad.
Destacar por ello, el artículo 4 de la L41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que dice “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado (…). La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias”.
Es decir debe informarse al paciente de las posibles consecuencias de obrar de una determinada manera si no se vulnera la lex artis y se incurre en responsabilidad.
Los letrados la fijan en función de la consecución de la reparación integral del daño. STS de 17 de abril de 1998, sala 3º, sección 6º, FJ 1º.
En principio se imponen a la parte que pierde el pleito excepto que se presenten dudas de hecho o derecho y así sea apreciado por el juzgador. Debe saberse que las costas pueden ser elevadas, de hecho son procedimientos donde lo son. Se fijan en función de los intervinientes en el proceso (y hay varios, letrados de la clínica, del ginecólogo, de la aseguradora…), en base a la cuantía indemnizatoria solicitada (a mayor cuantía mayores las costas) y por existir periciales médicas (y suelen presentarse varias). La cuantía de las costas se limita mucho (siendo pequeña) en caso de letrados de oficio pero cuando se obtiene el beneficio de justicia gratuita.
Jurisprudencia contencioso-administrativa en relación a supuestos de PBO
1.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Quinta de fecha 24 de enero de 2001. La actuación ginecológica fue incorrecta por utilizar tracciones vigorosas, agresivas, inadecuadas en este tipo de partos. Maniobra de kristeller y episiotomía media lateral incorrecta. No realización de la maniobra de Roberts. Origen de las lesiones en el niño son consecuencia de la defectuosa extracción del mismo en el canal del parto. Leer más
2.-Sentencia del TSJ de Galicia, Sección 1ª Sala de lo Contencioso Administrativo de fecha 21 de abril de 2004.Utilización de maniobras desaconsejadas a la hora de proceder a la extracción del feto inmediatamente después de la expulsión de la cabeza fetal. Maniobra de kristeller totalmente desaconsejada. Descripción de las maniobras en caso de distocia. Leer más
3.- Sentencia del TSJ de Navarra, Sala de lo Contencioso Administrativo de fecha 5 de diciembre de 2006.La lesión del plexo braquial es una lesión típica y frecuente de la distocia de hombros. La relación causal de la lesión con las maniobras obstétricas realizadas para la desimpactación del hombro anterior en la distocia presentada en el expulsivo del parto vaginal. Descripción de las maniobras aconsejadas. Leer más
4.- Sentencia del TSJ Castilla y León; Sala de lo contencioso Administrativo de fecha 1 de octubre de 2010. Responsabilidad sanitaria: mala praxis en parto. Consentimiento informado. Se aduce por la recurrente que no se informó a la paciente de los riesgos que el parto vaginal podía producir en el feto, en orden a una posible parálisis braquial, pese a los riesgos que concurrían en la madre, por su obesidad y diabetes, dándole la posibilidad de optar por una cesárea. Tal falta de información efectivamente se ha producido, y constituye una infracción de la lex artis, por lo que procede indemnizar los daños morales derivados de la misma. Leer más
5.- Sentencia del TS Contencioso sección 6º de 30 de octubre de 1999.Sobre lesiones múltiples y relación de causalidad. Leer más
6.-Sentencia del TS Contencioso Sala Tercera sección 6º de 27 de octubre de 2004.Sobre relación de causalidad y estabilización de secuelas. Leer más
7.- Sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta. 24 de noviembre de 2009. La Sala estima la casación y parcialmente el recurso contencioso administrativo. La sentencia recurrida debe ser casada porque realizó una defectuosa apreciación en derecho del modo en que se produjo la asistencia sanitaria, puesto que no hubo una pérdida de la oportunidad para el paciente sino una evidente mala praxis del servicio y, por consiguiente, una infracción de la lex artis que le era exigible, al realizarse un parto de esas características sin la presencia de un médico especialista en ginecología y obstetricia. Dicha falta de presencia del médico especialista en ginecología y obstetricia en el parto no es que privara a la parturienta de una oportunidad adecuada de diagnóstico de lo que se debería hacer, sino que impidió que fuera adecuadamente tratada, produciéndose por tanto infracción a la lex artis exigible en la prestación del servicio asistencial que le era debido. Leer más
8.- Sentencia del Juzgado Contencioso-administrativo 1 de Pamplona de fecha 8 de noviembre de 2012, sentencia número 446/2012. Se reclama por la actora los daños causados al producirse en el periodo expulsivo, una distocia de hombros, le fueron realizadas a la Sra. Amalia maniobras intempestivas e incorrectas, por parte de la matrona, para liberar el hombro anterior de la niña, por lo que se le causó a ésta una avulsión del plexo braquial con aparición de una parálisis braquial obstétrica. Añade que la matrona no puede realizar partos distócicos, sino que estos competen al obstetra y que no se informó a la gestante de la posibilidad de la aparición de una parálisis braquial obstétrica en el transcurso del parto vaginal. Considera, así mismo, que resulta aplicable la teoría del daño desproporcionado. Se condena al SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA, a abonar a los recurrentes la cantidad de 204.344,56 euros en concepto de responsabilidad patrimonial, así como el interés legal de la citada cantidad desde la fecha de reclamación en vía administrativa.- Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona Nº de Recurso: 309/2011,Nº de Resolución: 446/2012 de fecha 8 de noviembre de 2012
Procedimiento que dimana de los arts. 1902 y siguientes del Código Civil. Nos encontramos en el ámbito de la asistencia sanitaria pero privada prestada por profesionales sanitarios en el ejercicio de su profesión en centros o establecimientos no públicos. En estos procedimientos a diferencia de la responsabilidad de la Administración donde tiene un carácter objetivo, en el procedimiento civil dicha responsabilidad requiere culpa, es decir, para condenar a una persona se requiere haber constatado una actuación al menos negligente de la misma. Estos casos suele ser más complejos que aquellos en los que se demanda a la Administración pública, pues aquí hay que concretar de manera individual la responsabilidad y ello lleva más dificultad de prueba.
Se iniciará el procedimiento mediante demanda de juicio ordinario (en función de la cuantía), dentro del plazo de un año si entendemos que la responsabilidad es extracontractual (como mayoritariamente se entiende) a contar desde que se produjo el hecho. Debe litigarse mediante abogado y procurador, pudiendo solicitarse los mismos de oficio, como se ha relatado anteriormente. Junto a ello, se busca la responsabilidad de aquellos intervinientes en el acto (médicos, matronas, clínica, mutuas, aseguradoras respectivas). Puede existir condena en costas que va en función de la cuantía solicitada y las personas demandadas y que se imponen a la parte que pierda el procedimiento (en el proceso civil es el proceso donde las costas, de imponerse, por perder, son las más elevadas). En el caso de estimación parcial cada parte abonará las suyas, Artículo 394 del LEC.
Jurisprudencia civil en relación a supuestos de PBO
1.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sección 2, número resolución 280/2009 de 24 de junio de 2009. Debió el médico agotar todos los recursos médicos y técnicos a su alcance, pues de ello dependía un nacimiento correcto y por lo tanto al no hacerlo no adoptó lo que podría ser una buena práctica médica apareciendo una vez iniciado el parto la realidad del feto y su dificultad de salida. El proceder del médico cuando conoció el ingreso de una paciente suya, con síntomas de parto, paciente que podía tener problemas, pues incluso estaba ya prevista la cesárea, limitado a una visita no cumple con lo mínimo exigible no adoptando esas medidas ya dichas, cuando era posible y recomendable efectuarlas, pues le prestó no una atención individualizada como le es obligado sino genérica sin ponderar las concretas circunstancias de la paciente. Leer más
2.- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil (Madrid) número resolución 465/2001 de fecha 14 de mayo de 2001. Cuando el resultado del acto médico es desproporcionado a lo que para el mismo suele ser usual, surge una presunción de haberse violado la “lex artis ad hoc” y la carga de la prueba se invierte para pasar a cargo el facultativo la demostración de su buen hacer en el caso. Leer más
3.- Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil (Madrid) número resolución 548/2003 de fecha 30 de enero de 2003. RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA. Resultado desproporcionado: reiteración de la doctrina jurisprudencial. Leer más
La responsabilidad penal se produce por la realización de acciones u omisiones contempladas en el Código Penal cuando una persona ha provocado de forma intencionada o imprudente lesiones a bienes protegidos por el Derecho penal. Pueden acudir tanto los que han optado por la sanidad privada para tener el bebé como los que optaron por la vía pública. Se inicia mediante denuncia o querella, y pudiendo iniciarse sin la necesidad ni de letrado ni de procurador. El plazo para interponerse sería adecuado dentro de los seis meses tras el nacimiento del bebé para evitar posibles prescripciones en el caso de que sea reputado falta ab initio o con posterioridad (según nueva jurisprudencia).
Para que obtengamos resarcimiento penal, se requiere que el hecho cometido esté expresamente previsto como infracción penal (delitos, en los casos más graves; y faltas, para los casos menos graves) en nuestro Código penal. La sanción que se obtiene en principio es una pena, pudiendo imponerse la pena privativa de libertad, inhabilitación, multas etc. tras el correspondiente juicio. A la par, se puede solicitar la pertinente responsabilidad civil. En estos casos, el juez además de imponer la pena correspondiente, determinará cuál es la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
La responsabilidad penal puede tener lugar por acción o por omisión. Y para su sanción se requiere o que medie intencionalidad (dolo) o falta de cuidado (imprudencia) por parte del profesional sanitario, pero, en nuestro caso no es normal que medie dolo, no se quiso causar el daño. Lo más normal es que la conducta sea imprudente, al no haberse adoptado las medidas adecuadas, no mediar el cuidado debido y por ello producir un resultado lesivo.
Ya se ha remarcado que junto con la responsabilidad penal se dará una responsabilidad civil, pero no se produce siempre a la inversa, es decir no siempre que haya responsabilidad civil va a haber igualmente responsabilidad penal por imprudencia, pues las reglas para establecer la responsabilidad penal son más estrictas que las seguidas para determinar la responsabilidad civil. Además, la responsabilidad penal requiere que se pueda individualizar a la persona concreta o personas que causaron el daño y en ocasiones es difícil.
Podemos encontrarnos que se estime que la imprudencia que se cometió fue grave y ello conllevará a la imputación de un delito, o leve y ello llevará a una falta. En las faltas no se imponen penas de prisión. Además, en materia sanitaria se habla de imprudencia profesional, y por ello se añade a la pena, la de inhabilitación para el ejercicio de la profesión por un tiempo determinado.
Jurisprudencia penal en relación a supuestos de PBO
1.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, sección 1 núm. 81/1999 de 15 de noviembre de 1999. En base a las características que presentaba el feto, tamaño grande y circular de cordón, tanto el doctor Donato como la comadrona, tenían pleno conocimiento de que se podía presentar “un parto complicado” y debemos preguntarnos si adoptaron las medidas adecuadas a tales circunstancias. Resulta incuestionable que dichas circunstancias adversas entrañaban un toque de alarma que exigía extremar todas las medidas precautorias y exigibles, más la medida de exigibilidad, que no es un deber abstracto, sino concreto y determinado, respecto al sujeto y a las circunstancias concurrentes cuando el hecho se produjo, todo ello para poder comparar la conducta de autos, con la que hubieran adoptado la generalidad de la clase médica en las mismas o similares circunstancias, deduciéndose de este modo, si el comportamiento de los acusados no se ajustó a tales prácticas usuales, y por ello deben ser tachadas de imprudentes. Leer más
2.- Auto de la Audiencia Provincial de Cádiz sección 7, número resolución 114/2001 de fecha 21/12/2001. Revoca el sobreseimiento de instrucción por existir indicios de delito… Leer más
Colegios de Abogados de toda España
Censo Abogados a través de Red de la Abogacía
Censo Abogados Cataluña
Listado peritos Cataluña

References: resolución 
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 resolución 
 artículo 4
 Artículo 394
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