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Timestamp: 2017-03-29 17:40:07+00:00

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LEY 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
LEY 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias	LEY 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias Mis Leyes
LEY 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias Estado	:
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	PREÁMBULOArtículo 1.Artículo 3.Disposición transitoria primera.Disposición transitoria segunda.Disposición derogatoria única.Disposición final única.
LEY [Comunidad Autónoma de Canarias] 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la Ley[Comunidad de Canarias] 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
La Ley[Comunidad de Canarias] 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, modificada por la Ley[Comunidad de Canarias] 4/1996, de 5 de noviembre, en el marco de lo previsto en el artículo 23.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias, estableció la habilitación al Gobierno para la delegación del ejercicio de determinadas competencias en los cabildos insulares (disposición adicional segunda), regulándose, asimismo, en dicha Ley, modificada por Ley [Comunidad de Canarias]4/1996, de 5 de noviembre, el régimen jurídico aplicable alas competencias delegadas.
La plasmación práctica de las referidas delegaciones, operada hasta la fecha en tres decretos de delegación, ha permitido constatar determinadas disfunciones técnicas y operativas, y que han determinado que su ejercicio por los cabildos insulares, lejos de coadyuvar a mejorarla eficacia, racionalidad V agilidad de la actuación administrativa, haya supuesto un notable incremento de la carga burocrática y complejidad en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, lo cual se constata, entre otros, en: a) la duplicación de procedimientos, al intervenir instancias autonómicas e insulares en relación a una misma línea o área de actuación, obligando
al administrado a dirigirse, simultánea o sucesivamente, a distintas Administraciones para obtener una única resolución definitiva; b) la duplicación de instancias administrativas, al establecerse la carga de recurrir las resoluciones de los cabildos insulares ante la Administración autonómica a fin de agotar la vía administrativa; c) la complejidad en la gestión del personal delegado, al operarse una doble adscripción, orgánica y funcional, del mismo y una yuxtaposición de potestades y funciones de la Administración autonómica e insular sobre dicho personal; y, finalmente, d) la colisión de intereses entre ambas Administraciones, al imputarse a la Administración autonómica los actos y responsabilidades de los cabildos insulares, asumiendo aquélla la representación y defensa judicial de éstos.
Ante tales disfunciones específicas del régimen de delegación operado hasta la fecha, cabe barajar, a su vez, dos posibles opciones de modificación de la Ley [Comunidad de Canarias]14/1990.
Una primera, consistiría en modificar el régimen de delegación, subsanando aquellos medios personales y materiales afectos. Sin embargo, ante la inexistencia de medios propios de los cabildos para asumir el efectivo ejercicio de tales funciones delegadas y ser preciso la utilización de los medios de la Administración autonómica, la operatividad de la técnica de la delegación sólo pasaría bien por mantener el régimen de adscripción vigente, con lo que las disfunciones persistirían, bien por aplicar a dichos medios personales y materiales el régimen propio de los traspasos inherentes a las transferencias, en cuyo caso carecería de lógica mantener la dualidad entre la delegación y la transferencia, al no existir criterios objetivos que justifiquen la no generalización de esta última, y persistir, con ello, fórmulas "sui generis" de delegación carentes de justificación, máxime cuando ésta se proyecta sobre competencias que, en sí mismas, tienen su sede natural de gestión y ejecución a nivel insular o infrainsular. Por otra parte, tal modificación obligará a abrir un largo debate de reforma general del sistema que se dilatará inevitablemente en el tiempo e impedirá la pronta y urgente resolución de los problemas que se vienen advirtiendo.
Tales medidas constituyen la finalidad de la presente Ley, la cual procede a atribuir a las islas la titularidad de las competencias respecto a la cual la legislación autonómica vigente habilita su delegación a los cabildos insulares, atribución ésta que requiere la adopción de una regulación específica en orden a establecer, de un lado, el régimen de reasignación competencia¡ de aquellas competencias y funciones ya delegadas que se convierten en transferidas con la presente Ley, y, de otro lado, la delimitación de las competencias y funciones a transferir inherentes a las materias calificadas como delegables y que aún no han sido delegadas efectivamente a los cabildos.
Al mismo tiempo, y en un segundo plano, se acomete por la presente Ley clarificar el régimen de asunción efectiva de aquellas competencias y funciones de carácter jurídico (v. gr. emisión de informes, autorizaciones), atribuidas a los cabildos insulares por la legislación sectorial. Respecto a dichas competencias y funciones se han producido determinadas situaciones conflictuales en orden a considerar si la efectividad de la asunción de tales competencias requería seguir el procedimiento de traspaso de medios contenido en la disposición transitoria tercera de la Ley [Comunidad de Canarias]14/1990, o si, por el contrario, había de entenderse asumido automáticamente tras la entrada en vigor de la respectiva ley sectorial, optándose en el texto normativo que se presenta por esta segunda opción, sin perjuicio de que tal asunción efectiva de competencias venga seguida, en su caso, de la ulterior dotación de medios personales y materiales que fueran para su ejercicio por los cabildos.
La disposición adicional primera de la Ley [Comunidad de Canarias]14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, queda redactada en los siguientes términos:
"Quedan transferidas alas islas, en su ámbito
territorial respectivo, las competencias administrativas sobre las siguientes materias:
La disposición adicional segunda de la Ley [Comunidad de Canarias]14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, queda redactada en los siguientes términos:
3. Asimismo, podrán delegarse las potestades que permitan completar las competencias transferidas, generando sectores compactos de actuación administrativa."
Se modifica el apartado 1 de la disposición transitoria tercera de la Ley [Comunidad de Canarias]14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, que queda redactado así:
"1. Una vez producida la entrada en vigor de cualquier ley que transfiera competencias a los cabildos insulares, se constituirá una Comisión que, formada por los siete Presidente de los cabildos insulares y siete representantes del Gobierno de Canarias, uno de los cuales será el Vicepresidente del Gobierno, quien la presidirá, determinará las funciones que comporte la competencia transferida, las que sigan correspondiendo a la Administración Pública de la Comunidad, aquellas que deban compartir esta Administración y los cabildos insulares y el método para el cálculo y determinación de los servicios, medios personales y materiales y recursos que deban ser traspasados a los cabildos insulares para el ejercicio de esas funciones transferidas.
2. La efectiva asunción de las competencias transferidas a las islas, previstas en la disposición adicional primera, apartado 2, de la Ley 14/1990, de 26 de julio, en su redacción operada por la presente Ley, que, con anterioridad a la entrada en vigor de esta última, hayan sido objeto de delegación efectiva a los cabildos a través de los correspondientes decretos de delegación, se producirá con arreglo al procedimiento previsto en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley[Comunidad de Canarias] 14/1990, de 26 de julio, con las siguientes singularidades:
a) En los decretos de traspasos se determinarán como funciones que comporte la competencia transferida aquellas que, en la respectiva materia, hayan sido objeto de delegación expresa a los cabildos insulares por los correspondientes decretos de delegación ya aprobados, a excepción de las funciones delegadas en materia de personal a que hace referencia el artículo 53 de la Ley 14/1990, de 26 de julio. Tales funciones podrán ser objeto de ampliación en el mismo decreto de traspasos o con ocasión del proceso de traspasos general previsto en el apartado 1 de la presente disposición.
2) Las dotaciones presupuestarias de las plazas afectas al traspaso y el número y categoría del personal traspasado se ajustará, como mínimo, al correspondiente a las unidades administrativas que hubieran sido adscritas a cada cabildo en los correspondientes decretos de delegación ya aprobados para la prestación de los servicios y competencias delegados.
c) Los decretos de traspasos y los correspondientes anexos, en cuanto se refiere alas funciones y medios reseñados en el presente apartado, deberán aprobarse en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de lo establecido en el artículo 47 de la Ley[Comunidad de Canarias] 14/1990, de 26 de julio.
c) La responsabilidad patrimonial derivada del ejercicio de las funciones y competencias por los cabildos insulares así como su representación y defensa en juicio se ajustará al régimen propio del ejercicio de competencias delegadas o transferidas establecido en la Ley [Comunidad de Canarias]14/1990, de 26 de julio, en función a que el hecho o acto causante de la responsabilidad se produzca, respectivamente, con anterioridad o con posterioridad ala asunción efectiva de la competencia.
a) Los procedimientos en curso al tiempo de la suscripión de la correspondiente acta de recepción de medios serán resueltos por la Administración autonómica, correspondiéndole asimismo emitir, en su caso, los actos de trámite cuya evacuación fue delegada a los cabildos y que a dicha fecha no hubieran sido emitidos expresamente o por silencio por los mismos.
6. No obstante lo dispuesto en los dos apartados anteriores, por el Gobierno de Canarias, previo acuerdo, por mayoría absoluta, de la Comisión que hace referencia la disposición transitoria tercera.1 de la Ley [Comunidad de Canarias]14/1990, de 26 de julio, se podrán establecer normas específicas complementarias para regular el régimen transitorio de los procedimientos en trámite afectantes a competencias
Hasta tanto no se asuma, en los términos previstos en la disposición transitoria primera de la presente Ley, el ejercito efectivo de las competencias transferidas a los cabildos insulares que hubieran sido previamente objeto de delegación, las mismas continuarán ejerciéndose como competencias delegadas y conforme al régimen jurídico establecido en la Ley[Comunidad de Canarias] 14/1990, de 26 de julio, y en los decretos de delegación ya aprobados.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el "Boletín Oficial de Canarias".
Santa Cruz de Tenerife, 3 de diciembre de 2001.
LEY 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias	Trámites

References: artículo 23
 resolución 
sui generis
 resolución 
 artículo 53
 artículo 47