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Timestamp: 2017-04-24 03:34:34+00:00

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ScribdNavegarInteresesPolitics & Current AffairsCareer & MoneyPersonal GrowthFictionHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryScience & TechNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL.docxCargado por Tania Jimenez0.0 (0)DescargaInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENALEl análisis del fundamento del derecho a castigar del Estado, para que sirve y él por qué de su existencia, ha tenido a través de siglos explicación distinta en las diferentes escuelas, donde exponentes como: Beccaría, Carrara, Howard, Baratta, Zaffaroni, y Luigi Ferrajoli; en sus obras destacan el fundamento filosófico, axiológico, del derecho a castigar, los valores fundamentales del moderno Estado de Derecho. Actualmente se ha retomado la discusión de reformar el Código penal, se ha propiciado un ambiente de discusión en todas las esferas de la sociedad Venezolana. Se espera que desde la academia, se plantee la discusión de un proyecto de reforma al Código Penal, donde deberían participar todas las organizaciones e instituciones públicas, privadas y inclusive donde la comunidad participe en un sistema abierto, que puedan discutir, disentir, y buscar el consenso para la reforma de Código penal, que lleve el esfuerzo de todos los actores que hacen vida en la sociedad en general, para plantearles al poder legislativo, un proyecto de Código Penal, basado en la consulta y participación de todos los actores de la sociedad Venezolana, que tiene interés en conocer y aportar, en la reforma al Código Penal, que tiene como fin la pena, es decir, la privación judicial de la libertad de persona como sanción al delito, y no otra forma de sanción. PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL. Los principios que deben regir el derecho penal deben estar en unas normas rectoras, que sean reconocidas como principios rectores de nuestra legislación penal, por su fundamental sentido del derecho penal, el cual debe esta guiado por normas rectoras y donde se encuentra preceptos orientados en la legalidad, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, que poseen el doble carácter de principios del derecho penal venezolano y elementos del concepto general e institucional de delito. Según el estudio de la teoría del delito, en Venezuela, se comienza con los principios rectores y solos puede moverse dentro de ellos. Los principios establecidos en la Constitución de 1999, por primera vez, los derechos humanos no solo son reconocidos sino llamados a garantizarlo, y donde el Estado se responsabiliza como garante para hacer cumplir su plena vigencia, y sancionar al responsable de delitos contra los derechos humanos, estableciendo la imprescriptibilidad de las referidas acciones penales derivadas de esta clase de delito, que son reconocidos en la referida constitución más los establecidos en los tratados internacionales, que tienen como base mínima la justicia social y seguridad jurídica tanto formal y material para la legitimación de un Estado Social de Derecho. Los principios del derecho penal, actualmente se encuentran en la Constitución con incidencias en el derecho penal, en este sentido la doctrina Constitucional y la ciencia del derecho, establece que la constitución, es el instrumento legal fundamental del ordenamiento Jurídico, el cual debe contener en su articulado un marco para la organización política y la estructura del Estado. Así la inclusión de preceptos o normas constitucionales con relevancia en el derecho penal se debe a que el Estado tiene que garantizar al ciudadano, por una parte, su libertad y otros bienes jurídicos frente al ius puniendi estatal y a los eventuales excesos o extralimitaciones, que son evitados a través de ese marco constitucional es decir, la auto limitación de la potestad punitiva; y por otra parte, se ha de garantizar la efectiva concreción o aplicación de la misma y de la precitada potestad puniendi o potestad punitiva estatal, para proteger ciertos intereses frente a intereses ilícitos y para que el ciudadano no tenga que recurrir a hacerse justicia por si mismo contra el delincuente, lo que es contraproducente e inadecuado conduciendo esta práctica únicamente a una especie de guerra civil, dejándose de tal manera la función de administrar justicia penal al Estado, lo que supone una mayor efectividad, y mejor organización.
la formación de las leyes. La ley. un poder punitivo del Estado. la creación de normas de carácter penal a la Asamblea Nacional. lo que le da el carácter de principio de reserva. Prohíbe las penas sin ley y sin ley previa escrita y estricta. excluye. las penas retroactivas o sea las creadas ad hoc y. cuyo efecto es la prohibición de leyes penales imprecisas o vagas. Por otra parte. en todo caso. con lo que se señala que solo el legislador. que ejercer por medio de legisladores y jueces. En los últimos años. prohíbe por tanto declara ilícitas. está dado. descrito con contornos precisos de manera de garantizar la seguridad del ciudadano. "a una garantía de liberad y seguridad para el ciudadano y del otro. Según el autor. previo. se consideran dos facetas: el nacimiento y la muerte.
Sin embargo la personalidad humana existe y produce sus efectos desde el mismo momento de la concepción. por supuesto el recurso de la analogía en orden a la creación de delitos y penas o de cualquier forma de incriminación penalística. El principio de Nullum crimen. las que pudieran dimanar de la costumbre y las que se pudieran aplicar por una integración analógica de la Ley. En el Principio de Legalidad. de los tipos indeterminados. y en este sentido. no el gobierno. siguiendo la teoría de las substituciones permitidas y
. por medio de la democracia representativa y de los legisladores una cierta participación en tan delicada y trascendental materia. "lo ideal y correcto es que tal competencia privativa para señalar las conductas punibles y precisas las penas que les son aplicables. cuáles son las consecuencias de la trasgresión o las penalidades que siguen a su conducta lesiva a los bienes protegidos por la norma penal. en el derecho penal moderno. que tanta incertidumbre siembra. quien debe saber exactamente cuál es la conducta prohibida. es necesario establecer la perentoriedad de la exigencia de que tanto los delitos como las penas estén determinados en la ley. ni los jueces pueden asumir esa tarea. y es precisamente uno de los cambios que debe orientar el proceso de transformación de nuestro Código penal. ilegítimas las penas de hecho impuestas por cualquier autoridad. se exige que el delito se encuentre expresamente previsto en una Ley Formal. esto es. (1989) ha inferido que este principio de legalidad. así mismo. sine lege. cuando se hace referencia a la vida humana. después de la realización del hecho. de allí que solo.Fernando C. enunciado anteriormente. es decir. PRINCIPIO DE PERSONALIDAD Clasificación de los derechos de la personalidad El derecho de la personalidad se divide según Bonnecase en tres partes: Existencia e individualización de las personas físicas: en este punto están comprendidas dos ideas:
La existencia y la duración de la personalidad física: En materia doctrinaria este punto genera cierta dificultades. que consecuencialmente se traduce en interpretaciones que van en perjuicios del imputado. retroactividad y analogía prohibidas son solo las que obran contra el reo. ofrece importantes rasgos. y. y en algunos casos. Costumbre. así por ejemplo. a cada uno de los cuales apunta. la cual es una competencia consagrada a la Asamblea Nacional a quien le corresponde legislar en las materias de la competencia nacional. la formulación con la exigencia de una ley cierta. así como. los estudiosos y expertos en las materias deber tener suficientemente claro. el desarrollo de una norma de garantía cuyo único objeto es la protección de los derechos del individuo contra las arremetidas del poder punitivo estatal. El principio de la legalidad. se refiera a la ley en sentido formal. nulla poena. cuáles son esas imprecisiones en la ley penal. pues esto da al pueblo. es el acto sancionado por la asamblea Nacional como cuerpo legislador. por cuanto no en todos los casos hay coincidencia de la personalidad con la existencia real del hombre.
y en algunos casos.. como corresponde a la patria potestad. Las iglesias. Se afirma que el feto adquiere derechos desde el momento de su concepción. El estudio de los organismos destinados a suplir la incapacidad de las personas físicas. Enumeración y distinción de las instituciones que se basan en la asistencia de los incapaces. todos los seres o cuerpos morales de carácter público. corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado. El artículo 17 del código en comento. Los lineamientos de la organización de la capacidad de las personas físicas y de sus variaciones. basta que haya nacido vivo. c) Existencia. Con respecto a las personas jurídicas determinadas en el artículo 19 eiusdem se establece en el ordinal 3ro. lo cual comprende el estudio de los organismos de representación y de asistencia que suplen la incapacidad de las personas físicas y el funcionamiento de los mismos. La extensión de las diversas especies de incapacidad. 3. Son dos los puntos a resaltar:
b.de la institución contractual. capaces de obligaciones y derechos: 1. como la curatela. 2. la aptitud para ser titular de derechos o deberes jurídicos. la personalidad humana existe y produce sus efectos desde el mismo momento de la concepción. individualización y capacidad de las personas morales o jurídicas. fisiológicas. corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado
. de cualquier credo que sean. Capacidad de las personas físicas. o sea. El Código Civil Venezolano en su artículo15 establece que las personas son naturales o jurídicas. Que las asociaciones. tutela. La representación del incapaz y su asistencia.
Individualización de las personas físicas: Comprende los signos que hacen distinción de una personalidad a otra. entre otros. El artículo 16 eiusdem determina que "todos los individuos de la especie humana son personas naturales".. Y el artículo 19 eiusdem establece que "son personas jurídicas y por lo tanto. Las asociaciones. el estado de la persona y por las actas del estado civil. el domicilio. legales. Los límites de la capacidad de ejercicio y lo referente a las causas de incapacidad. en general. y para que sea reputado como persona. ya sea general o especial.. lo cual comprende:
La noción de capacidad en sus dos formas: capacidad de goce y de ejercicio y sus relaciones con la noción de personalidad.2. Enumeración y distinción de las instituciones que se basan de representación del incapaz. las universidades y. La Nación y las entidades políticas que la componen. reza que el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien.
b. Persona: ente apto para ser titular de deberes o derechos jurídicos. siguiendo la teoría de las substituciones permitidas y de la institución contractual. se puede decir que el Derecho Civiltoma en cuenta la personalidad humana antes de la concepción de los seres que la tendrán. se puede decir que el Derecho Civil toma en cuenta la personalidad humana antes de la concepción de los seres que la tendrán. que logra que el incapaz franquee los límites de su incapacidad y puedan participar en la vida jurídica." Personalidad: Cualidad de ser persona. ya sean causas físicas. y cuyas diferencias y distinciones están determinadas por el nombre.1.
Estas excepciones están englobadas en las causales de incapacidad. sin hacer referencia a ningún derecho o deber en concreto. carecían de personalidad porque no tenían el status familiae. sino que dependía del estado o status. En este sentido.. por cuanto se tiene o no se tiene personalidad. Así por ejemplo. el extranjero a los efectos del ius civiles tampoco tenía personalidad porque carecían del status civitatis. que la personalidad del individuo está vinculada con la existencia de éste. para integrar ambos la consecuencia jurídica. Por ejemplo. el artículo 18 del Código Civil: "Es mayor de edad quien haya cumplido dieciocho (18) años. y los alienijuris. que están sujetos a la potestad de otro. Sujeto de Derecho Aquel que actualmente tiene un derecho o deber. y b) como la vinculación establecida por la norma jurídica entre el deber y la obligación de un sujeto y la facultad o derecho subjetivo de otro. por lo que el conocimiento de la consecuencia imputa a la condición. el esclavo no tenía personalidad porque no poseía el status libertatis. En este orden de ideas.. Para Savigny la relación jurídica consiste en una vinculación entre dos o más personas que es determinada por una norma jurídica. Con respecto a la persona y sujeto de derecho. es decir. ésta se puede entender en dos sentidos: a) como la vinculación establecida por una norma jurídica entre la condición y la consecuencia. que el sujeto de derecho se relaciona jurídicamente por ser titular de un derecho o deber pautado o regido por una norma jurídica. aunque actualmente no lo tenga. la idea de este autor es de vital importancia porque plantea las relaciones jurídicas entre sujetos de derechos. Capacidad: es la medida de esa aptitud para ser titular de derechos o deberes jurídicos. con las excepciones establecidas por disposiciones especiales". Es decir.
. la doctrina plantea distinciones por cuanto el contenido del concepto de persona es más amplio debido a que comprende también a quien puede llegar a tener un derecho o un deber. Sin embargo los autores coinciden en la idea de que si se toma la expresión sujeto de derecho en sentido abstracto. se puede abstraer que la personalidad no admite grados. Para tales efectos.
Distinción entre Sujeto de Derecho.
Sin embargo. en el derecho romano no se consideraba a la personalidad y capacidad jurídica por el hecho de ser una persona humana. Concepto El sujeto de Derecho en la Relación Jurídica
Para el desarrollo de este punto es necesario dejar claro qué es una relación jurídica. El mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil. y no a su conciencia o a su voluntad.adquirirán la personalidad con la protocolización de su acta constitutiva en la Oficina Subalterna de Registro. Capacidad Jurídica y Personalidad. Sujeto de Derecho: aquel que actualmente tiene un derecho o deber. Pero la capacidad jurídica si puede variar dependiendo de la persona. coincide como sinónimo de persona. como lo afirman Ripert y Boulanger.
En el derecho vigente se considera que todos los individuos de la especie humana tienen personalidad jurídica. Persona.
Esta doctrina nace elaborada y distinguida en la etapa Bizantina del Derecho Romano bajo Teodosio II. la capacidad jurídica. en el Código Civil Chileno de 1855. que constituye la medida de la aptitud de ser titular de derechos o deberes. sino que constituyen normas que son dictadas en protección de intereses humanos. disfrute o de obrar. No debe confundirse este hecho con las disposiciones protectoras de los animales y vegetales que existen en el derecho vigente. dando origen a una reparación en dinero. su desarrollo se dio en la etapa medioeval.Adicionalmente el derecho vigente reconoce personalidad jurídica a entes diferentes de la especie humana. es decir. al estado y a las sociedades mercantiles. modificados. La reglamentación legislativa expresa de las personas jurídicas tuvo su origen en el siglo pasado. por ejemplo. Tampoco puede considerarse que el derecho vigente imponga a los animales el cumplimiento de deberes civiles o penales. como por ejemplo. La doctrina ha clasificado a la capacidad en derecho distinguiendo entre la capacidad de ejercicio. renunciados. privacidad e intimidad. pero no se pudo crear una doctrina coherente. Son extrapatrimoniales.
. que se adquieren al nacer. Capacidad. legal o de goce. Por otra parte. si fuere el caso. transmitidos ni extinguidos por la voluntad de una persona. pero los emperadores romanos concedieron honores a ciertos animales y los juristas medioevales a exigir responsabilidades penales. Son en principio indisponibles. Germánico y Canónico. Por ejemplo: el derecho a la vida. como es el caso del derechos de autor sobre una obra intelectual. las cuales reconocían personalidad jurídica a ciertos entes. porque no son susceptibles de valoración económica. porque se considera que éstos buscan fines humanos. existen ciertos derechos que presuponen la creación previa de una obra o la redacción de un escrito. erga omnes. lo que no quiere decir que un hecho que lesione un derecho de la personalidad y un derecho patrimonial. donde se mezclaron elementos del Derecho Romano. porque no pueden ser creados. Sin embargo. motivo por el cual el Código de Napoleón no las regula. Es importante destacar que el derecho vigente ha corregido las desviaciones antiguas y medioevales.
Determinación de las personas Caracteres de los derechos de la personalidad. sino en la medida que la ley lo autorice.
En principio constituyen derechos originarios e innatos.
Sin embargo. que consiste en la medida de la aptitud para producir plenos efectos jurídicos mediante actos de la propia voluntad. el derecho vigente no reconoce a los animales personalidad. aun cuando los dueños de éstos puedan llegar a tener algún tipo de responsabilidad con motivo de hechos realizados por sus animales. porque son oponibles a todos. lo que presupone la creación de dicha obra y la creación de un escrito podría originar también el derecho de confidencialidad de dichos escritos. y luego le siguieron otros códigos como el Código Civil Portugués. por lo cual no son innatos.
Son derechos absolutos. integridad física. porque esto ni significa la concesión de derechos a tales seres.
por ejemplo los condenados a presidio. ciertas personas afectadas de incapacidad natural no están afectadas de incapacidad civil. pero si existen incapacidades generales de obrar. Es en este sentido que la incapacidad de obrar se podría clasificar en incapacidad natural e incapacidad civil. La Capacidad de goce no presupone la capacidad de obrar. aunque residan o tengan su domicilio en país extranjero". Las personas afectadas por incapacidades de obrar son mucho más que el número de personas afectadas por incapacidades especiales de goce. porque no existen individuos de la especie humana que carezcan totalmente de capacidad de goce. quienes no tienen incapacidad natural. Quien alega la incapacidad tiene la carga de probarla. como es el caso de la incapacidad del enajenado mental. Las normas que rigen la capacidad jurídica y la capacidad de obrar son diferentes: No puede haber incapacidades generales de goce. Por ejemplo. tanto la incapacidad civil como la natural coinciden. Las normas que establecen incapacidades son de interpretación restrictiva. a pesar de que la ley dicta normas generales. porque para tener capacidad de obrar es necesario que la persona sea titular de los derechos o deberes que ese acto está llamado a producir. por lo que debe ser reconocida por la ley. la incapacidad civil es la que establece la misma ley. que es la medida de la aptitud para la realización de negocios jurídicos válidos en nombre propio. entre otras. Como lo afirma José Luis Aguilar Gorrondona. porque su nacimiento puede provenir de otra fuente. Otro artículo que ayudaría a la comprensión de este punto sería el 26 del código antes citado: "Las personas extranjeras gozan en Venezuela de los mismos derechos civiles que los venezolanos. La primera deriva de la propia naturaleza. que es la medida de esa aptitud para realizar actos procesales válidos. Esto no impide la aplicación de las leyes extranjeras relativas al estado y capacidad de las personas en los casos autorizados por el Derecho Internacional Privado". que se refiere a la medida de la aptitud para quedar obligado por haber cometido un hecho ilícito. como por ejemplo los enajenados no entredichos. Principios que rigen la Capacidad Una persona natural siempre tendrá capacidad jurídica. la sucesión hereditaria. porque una persona puede ser titular de derechos o deberes que pueden nacer no por voluntad propia. Estas normas de la legislación
. con las excepciones establecidas o que se establezcan. Ámbito de la Capacidad
Para desarrollar este punto es necesario citar el artículo 9 del Código Civil: "Las leyes concernientes al estado y capacidad de las personas obligan a los venezolanos. legal o de goce. como es el caso de la minoría de edad. La capacidad de obrar presupone la capacidad de goce.La capacidad de obrar se subdivide.
Grados de la Capacidad: Capacidad Jurídica y Capacidad de Obrar. y la capacidad de ejercicio. en capacidad delictual o de imputación. es importante mencionar que la ley establece una incapacidad civil para determinada clase de personas. Además. capacidad procesal. Por otro lado. entre otras cosas. La capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción: La incapacidad existe porque está establecida en un texto legal.
Por tanto. para ser elegidos como diputados de la Asamblea Nacional es necesario ser venezolano por nacimiento o por naturalización… (art. y la bigamia es un delito. Por ejemplo. según el cual "son capaces para obrar en juicio. un extranjero. que según su ley nacional adquiera el libre ejercicio de sus derechos a los 17 años de edad. porque en este caso se violarían los preceptos constitucionales. salvo las limitaciones establecidas en la ley". la sordomudez. donde se requiere ser venezolano por nacimiento y no poseer otra nacionalidad (art. no puede venir a Venezuela y contraer varias veces matrimonio. este requisito de la nacionalidad también es requerido para ejercer otras funciones públicas como para ser Presidente de la República.928. Y entre
. que permiten derechos y aún ciertas obligaciones".
Limitaciones a la Capacidad en el Derecho Venezolano. así como para decidir si la menor de edad. 188). 30: Cada Estado aplica su propia legislación para declarar extinguida la personalidad civil por la muerte natural de las personas individuales y la desaparición o disolución oficial de las personas jurídicas. El autor Rengel Romberg plantea un caso interesante que ayudará a ilustrar este punto: "El nuevo código regula la capacidad procesal de las partes en juicio en el artículo 136. las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. un extranjero cuya nacionalidad le permita contraer varios matrimonios al mismo tiempo. si esa acta de matrimonio es pasada por el consulado venezolano en ese país. Es por estas razones que el estado y capacidad de las personas son arrastradas por la misma persona aunque no se encuentren en el país.venezolana concuerdan con los principios pautados al respecto en el Código de Bustamante de 1. según las leyes que regulen su estado o capacidad". aunque según la ley venezolana. las cuales pueden gestionar por sí mismas o por medio de apoderados. un extranjero que según su ley nacional adquiera la capacidad a los 25 años no puede ser admitido a obrar o contradecir en juicio.999. de lo que se sigue que la capacidad procesal de los extranjeros en Venezuela. Al respecto el mencionado Código Internacional determina: "Art. el cual es derecho positivo y vigente en nuestro país y al cual debe recurrirse cuando se presente un problema de Derecho Internacional Privado entre los países que han igualmente ratificado este convenio. Pero como la capacidad de las personas la determina su estatuto personal o ley nacional. deberán ser representadas o asistidas. la demencia o imbecibilidad. el artículo 137 C. 227). 27: La capacidad de las personas individuales se rige por su ley personal. Y viceversa. y luego traída a Venezuela y traducida por un traductor público. 244). salvo las restricciones establecidas para su ejercicio por este Código o por el derecho local". en Venezuela. y se casa nuevamente. El requisito de la nacionalidad entre otras se requiere para ser Ministro o Ministra (art. por sí mismo. Como lo establece nuestra Carta Magna de 1. Igualmente si un venezolano casado viaja a un país donde se permite contraer varias veces matrimonio. la mayoría de edad se adquiere a los 18 años cumplidos. del orden público y las buenas costumbres. del orden público y las buenas costumbres. Es importante destacar que las normas del estado y la capacidad de un extranjero se aplicarán en Venezuela siempre y cuando no se opongan a los preceptos constitucionales venezolanos. aunque en este país la capacidad procesal se adquiera a los 18 años".P. se determina por su ley nacional. tiene capacidad procesal para obrar o contradecir en juicio en Venezuela.C. prodigalidad y la interdicción civil son únicamente restricciones de la personalidad. establece que "las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos. "Art. resulta que entonces se puede probar en Venezuela que esa persona está casada dos veces y sería según la ley venezolana bígamo.
813 C. finanzas.). el estado de una persona puede limitar la capacidad jurídica. por personas interpuestas o en representación de otro. Un ejemplo sencillo sería el artículo 50 del Código Civil.
La capacidad jurídica se podría ver limitada por la perpetuación de hechos ilícitos.227 C. Es el caso de el artículo 810 del Código Civil. se crea limitación. Vicepresidente ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva.
En razón de medidas punitivas: En razón de las características de la personas:
Esta limitación se basa en las características que puede presentar la persona para el momento de ser titular de un derecho o deber.
. por ejemplo. Municipios y demás personas jurídicas de derecho público. 249). cuando entre otras cosas. Contralor o Contralora General de la República. En este sentido.N. para los todavía no concebidos para el momento de la apertura de la sucesión. Ministros o Ministras de los despachos relacionados con la seguridad de la Nación. 263) y Procurador General de la República(art. cuando determina que son incapaces de suceder los indignos.). educación: Gobernadores y Gobernadora y Alcaldes y Alcaldesas de los Estados y Municipios Fronterizos y aquellos contemplados en la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional". Otro ejemplo sería el establecido en el artículo 1. Procurador General de la República. Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional. aquellos institutos que no pueden enajenar bienes inmuebles de acuerdo a las leyes y reglamentos de su constitución.144. es decir. para ser Presidente de la República se exige ser de estado seglar (art. 811 C. ni el de un ministro de cualquier culto a quien le sea prohibido el matrimonio por su respectiva religión. a menos que hayan sido rehabilitados en forma legal (art. De manera que algunos cargos públicos están reservados a los venezolanos por nacimiento sin otra nacionalidad. podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República. energía y minas. así lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional: "Solo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad.C.). Fiscal o Fiscala General de la República. de la madre o de los ascendientes para recibir la herencia de una persona. entendido que la indignidad del padre. los Estados. Defensor o Defensora del Pueblo. Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia.
En este caso.otros ejemplos se puede mencionar como requisito de la nacionalidad venezolana por nacimiento para ser Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (art. declarándoles incapaces según el artículo 809 del Código Civil.C.
Un ejemplo claro de estas limitaciones se encuentran plasmadas en el artículo 29 de la Ley de Carrera Administrativa. de suceder. se prohíbe a los funcionarios públicos celebrar contratos por sí. cuando reza que no se permite ni es válido el matrimonio contraído por una persona ligada por otro anterior. con la República. Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral. y sin perjuicio de lo dispuesto en leyes y reglamentos especiales. no perjudica a los hijos o a los descendientes para recibir la mencionada herencia (art. Igualmente. salvo las excepciones que establezcan las leyes. cuando el legislador establece que no tienen capacidad para adquirir bienes muebles los institutos de manos muertas.
porque mientras existan personas con los caracteres de minoridad e interdicción no podrán realizar negocios jurídicos válidos. sin embargo no todos los incapaces sometidos a régimen de representación están sometidos a dicha potestad.
. Por esta razón. es decir de la persona que lo asiste. menoridad. la ley ha creado el sometimiento de determinadas personas naturales al gobierno y dirección de su persona por otra. en los cuales el incapaz conserva la iniciativa y voluntad de realización del negocio jurídico y no es sustituido. además de la incapacidad y regímenes de incapacidad. Toda persona en la legislación venezolana que no haya llegado a la edad de dieciocho años se llama menor y por lo tanto incapaz. Consiste en el estado de las personas que no han alcanzado la mayoría de edad. no pudiendo realizar actos jurídicos por si mismo o en todo caso. sino que se habla de autorización.
Los regímenes de representación. No todos los incapaces están sometidos a la potestad de otro. como es el caso de los entredichos por condena penal. que no es otra cosa que el sometimiento a la potestad de otro. La minoría de edad presupone que el niño o niña no tienen una conciencia o voluntad suficiente para participar en actos jurídicos o comprometer su responsabilidad civil o penalmente.
La minoridad se refiere a la minoría o menoría de edad. cuando el sujeto podría requerir que también se provea al gobierno de su persona. menor de edad. y por lo tanto es capaz para todos los actos de la vida civil. Porque según el artículo 18 del Código Civil. es decir. por lo que está colocado bajo la autoridad de una persona de su familia. sin la debida autorización.
En determinadas ocasiones la incapacidad y los regímenes de incapacidad no bastan para la protección de una persona. Son menores de edad los que no hayan cumplido 18 años de edad. Es importante destacar que todos los incapaces sometidos a potestad de otra persona están sometidos a régimen de representación. en los que el incapaz es sustituido por otra persona quien realiza el negocio jurídico. sino que para la validez de un acto se requiere la actuación conjunta del incapaz y de la persona que lo está protegiendo. si la persona capaz tiene la función de aprobar o improbar los negocios jurídicos. solamente lo están los menores no emancipados y los entredichos por defecto intelectual. Ahora bien. con las excepciones que establecen las disposiciones especiales. a no ser que tengan un régimen de representación o de potestad. entonces se dice que ya no es asistente. y en ocasiones las funciones de potestad y representación se encuentran en manos diferentes. es decir la edad que la ley confiere al ser humano a partir de la cual éste tendrá plena capacidad para la generalidad de los efectos jurídicos. porque sólo protegen a los incapaces en la esfera de los negocios jurídicos. Los regímenes de asistencia y autorización. es mayor de edad el que haya cumplido 18 años. que el incapaz no interviene en dicha realización del negocio jurídico.
Restricciones a la capacidad de ejercicio en las personas naturales Restricciones Genéricas de carácter total
Este tipo de restricciones se llaman genéricas de carácter total.
aunque tengan intervalos lúcidos. individuales. celebrar transacciones. comprende:
A las personas naturales. es decir.
Con respecto a la emancipación. de lo contrario requerirá autorización del juez competente. sin la asistencia de un curador que nombrará dicho juez de la misma manera que da tutor a los menores. La prohibición podrá extenderse hasta no permitir actos de simple administración sin la intervención del curador. El artículo 409 del Código Civil determina que "el débil de entendimiento cuyo estado no sea tan grave que dé lugar a la interdicción. llegados a la mayoría de edad. podrán ser declarados por el Juez de Primera Instancia inhábiles para estar en juicio. o para ejecutar cualquiera otro acto que exceda de la simple administración. es decir. Las personas jurídicas en sentido amplio (lato sensu).
La interdicción Civil consiste en el estado de una persona que ha sido judicialmente declarada entredicha. porque no presenta un estado tan grave que de lugar a la interdicción y como consecuencia se le priva de ciertos derechos. el ciego de nacimiento o el que hubiere segado durante la infancia. y el pródigo. dar ni tomar bienes.
Las personas jurídicas se pueden clasificar de la siguiente manera. y en general
. se encuentran aquellas de derecho público y de derecho privado.
En este renglón de las personas jurídicas stricto sensu. físicas. morales.
Restricciones Genéricas de carácter parcial La Inhabilitación
La Inhabilitación consiste en el estado de una persona débil de entendimiento que ha sido judicialmente declarada como inhábil. Es decir que una vez autorizados los menores. se encuentran según el contenido del artículo 19. ya sea por razón de delito o por otra causa establecida en la ley. que el mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses. cuando sea necesaria esta medida…". las universidades. Agrega el legislador en el artículo 410 que el sordomudo. el Código Civil establece en el artículo 382 que el matrimonio produce de derecho la emancipación. estos quedan emancipados con el matrimonio. confiriéndole al menor la capacidad de realizar actos que no excedan de la simple administración. A las personas jurídicas en sentido estricto (stricto sensu). Éstas no son personas o individuos de la especie humana. por lo cual se le priva de ciertos derechos. incapaz. Con respecto a la interdicción civil el legislador establece en el artículo 393 eiusdem. ordinales 1 y 2 del Código Civil: la Nación y las entidades políticas que la componen. Entre los personas jurídicas (stricto sensu) de carácter público. quedarán sometidos de derecho a esta incapacidad de la inhabilitación. que son todos los individuos de la especie humana. y las iglesias de cualquier credo que sean. serán sometidos a interdicción. llamadas también colectivas. a no ser que el Juez Competente los haya declarado hábiles para manejar sus propios negocios. simples o concretas. complejas o abstractas.
la cual debe ser apreciada por el juez. y por tanto debe ser efectivamente necesario. Las asociaciones en sentido estricto (stricto sensu). culturales. Por tanto. se encuentran (art. sostenimiento o desarrollo de un servicio determinado. 3): De tipo fundacional: fundaciones y de tipo asociativo (asociaciones en sentido lato sensu). en las cuales sus miembros no persiguen un fin de lucro. Todo el Derecho Penal se orienta hacia la protección de los bienes o valores jurídicos y la determinación de estos ilumina y constituye la razón de ser de las normas incriminatorias. Precisamente. religiosos. son valores legalizados: la salud. Las personas jurídicas de carácter privado son un conjunto de personas que persiguen un fin común para lo cual destinan bienes de manera exclusiva y permanente.19. BIEN JURÍDICO Y BIEN JURÍDICO PENAL COMO LÍMITES DEL IUS PUNIENDI. carácter que condiciona la materialidad misma del hecho. El interés social no se convierte en bien jurídico hasta que es protegido por el Derecho. no siendo suficiente para incriminar un comportamiento que este aparezca como la simple expresión de una voluntad torcida o rebelde. Las asociaciones lato sensu comprenden:
Las corporaciones: las cuales son mandadas a crear y son recogidas por una ley. Ejemplo: agrupaciones deinvestigación científica. Ahora bien. todo delito supone. donde los miembros buscan como fin el lucro para ellos mismos. El Derecho penal solamente es admisible partiendo de la premisa de que se recurrirá a sus normas sólo cuando no existan sistemas punitivos menos lesivos. en lo cual radica la esencia del hecho punible. bajo la base de la voluntad fundacional. etc. tanto materiales como inmateriales. como podría ser el caso de un asilo. PRINCIPIO DEL BIEN JURÍDICO
Todo delito supone la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. el Derecho Penal está destinado a proteger bienes y valores cuya protección se considera imprescindible para a existencia de la sociedad. como por ejemplo los institutos autónomos.todos los seres o cuerpos morales de carácter público. consisten en una masa de bienes adscrita al cumplimiento de unas funciones o fines de carácter caritativo. El Bien Jurídico hace referencia a los bienes. exigiéndose como requisito esencial para que una conducta pueda ser considerada como delito. por lo menos un peligro para un bien jurídico. Este principio constituye otro de los principios básicos del Derecho Penal moderno y garantista. ord. En el campo del Derecho penal. la vida. Las fundaciones según Luis Recasens Siches. Von Liszt considera que su origen reside en el interés de la vida existente antes del Derecho y surgido de las relaciones sociales. una institución de investigación científica. Esta necesidad la determina la protección de bienes jurídico-
. utilizando un fondo productivo de rentas para la realización. en lo que respecta a las personas jurídicas stricto sensu de carácter privado. a los fines de determinar la condición para que el hecho tenga importancia penal. que son efectivamente protegidos por el Derecho. como por ejemplo los colegios profesionales. Las sociedades. es decir. que serían las normas por las cuales se regirá el ente.
Pero como ya hemos mencionado hay bienes jurídicos que no son amparados por el Derecho penal por ser intereses sólo morales y por ello sabemos que no todos los bienes jurídicos son bienes jurídico-penales y debemos distinguirlos. o sea trata de plasmar la escisión entre Moral y Derecho. aunque este criterio es limitado dado que. Esta concepción es demasiado abstracta y por ello no cumple con la función delimitadora del Ius puniendi que pretendemos revelar en el presente estudio. El Derecho penal tiene su razón de ser en un Estado social porque es el sistema que garantiza la protección de la sociedad a través de la tutela de sus bienes jurídicos en su calidad de intereses muy importantes para el sistema social y por ello protegibles por el Derecho penal. El concepto político criminal del bien jurídico trata de distinguir el bien jurídico de los valores morales. y por tanto en la medida que repercutan a cada persona afectada en concreto.penales. y dada su vertiente social. Por tanto los bienes jurídicos serán jurídico-penales sólo si revisten una importancia fundamental. Requisitos para que un bien jurídico sea también penal en sentido político-criminal. se refiere a los bienes que son efectivamente protegidos por el Derecho.). el reconocimiento de los bienes y derechos recogidos en la Constitución está dirigido principalmente a controlar la actuación de los poderes públicos (y no de los demás ciudadanos a excepción de algunos derechos fundamentales como "al honor". etc. requiere una ulterior concreción de la esfera de actuación del Derecho penal a la hora de tutelar intereses difusos. Bien jurídico: A lo largo de la evolución de la disciplina se han ido distinguiendo diversos conceptos de lo que representa el bien-jurídico. o sea cuando las condiciones sociales a proteger sirvan de base a la posibilidad de participación de los individuos en la sociedad. Debemos por ello tener bien presente y analizar qué bienes jurídicos merecen la denominación de penales y son consiguientemente susceptibles de amparo por parte del Derecho penal. Hay criterios que sirven para determinar la importancia social del bien objeto a examen como son su reconocimiento constitucional. El Derecho penal no debe ser visto (ni ser) por tanto como mero instrumento sancionador ya que se exige que el bien jurídico merecedor de tutela jurídico penal sea fundamental para la vida social. entre otras razones. Esta concepción del bien jurídico es obviamente fruto de un Estado Social y Democrático de Derecho. Ante todo es necesario que el bien jurídico a amparar revista la suficiente importancia social determinada por la proporcionalidad directa respecto a la gravedad de las consecuencias del Derecho penal. acuñado por Birnbaum a mediados del S. Para ello debemos primero detenernos en lo que define el término de bien jurídico. Bienes jurídico-penales: Un Estado social y democrático de Derecho debe amparar sólo las condiciones de la vida social en la medida en que éstas perturben las posibilidades de participación de los individuos en el sistema social. los intereses colectivos son importantes en función del daño que causaría su lesión a los individuos. Es un signo distintivo de que vivimos en un Estado democrático y no en un Estado autoritario donde la importancia de los intereses colectivos residiría en el impacto que su lesión provocaría para el sistema social en su
. En un Estado democrático cabe destacar la importancia de la participación de los individuos de vivir en sociedad confiando en el respeto de la propia esfera de libertad individual por parte de los demás. no deben ser confundidas en ningún caso. que si bien a veces pueden coincidir en determinados aspectos. Otro criterio que nos sirve para determinar el impacto social del bien que podría ser jurídico penal se basa en la comparación con los bienes jurídico-penales que representan el núcleo del Derecho Penal (suelen ser los que afectan al individuo). El concepto dogmático de bien jurídico. Como ya hemos mencionado anteriormente. XIX.
resocialización y proporcionalidad. cuando se demuestre que el resto de mecanismos del ordenamiento. pero este último se encuentra recogido dentro del primero. al juez solo en la medida en que tiene que individualizar) a. Responde a la idea de evitar una utilización desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción de la libertad. 2. b La exigencia de fragmentariedad: lo que significa que al legislador penal no le compete castigar todos los delitos sino sólo aquellos que vayan contra bienes jurídicos susceptibles de protección penal y que solo se recurre al DP frente a los ataques más graves e intolerables. En 1ª instancia nunca debe intervenir el Derecho Penal. 3. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD El principio de proporcionalidad constituye hoy en día quizá el más conocido y el más recurrente "límite de los límites" a los derechos fundamentales. Pero. Otra característica esencial de los bienes jurídico-penales es la necesidad de proteccion de los mismos. el amplio y el estricto. la proporcionalidad en sentido amplio engloba tres exigencias: 1. Es requisito importante para determinar el grado de afectación del bien el concretar los daños y perjuicios y no mantenerse en la abstracción. para que la pena sea necesaria tiene que darse 3 requisitos: (los últimos dos dirigidas sobre todo al legislador. La exigencia de adecuación a fin: implica que bien el juez o el legislador tiene que elegir la medida o sanción que sea adecuada para alcanzar el fin que la justifica. la sanción que se imponga ha de ser la menos grave posible de las que tengamos a disposición. sólo en (última ratio). La exigencia de menor injerencia posible o de intervención mínima: es decir.conjunto y no respecto a cada individuo. Por tanto. para ello se limita su uso a lo imprescindible que no es otra cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes jurídicos valiosos. c. Significado y contenido: el principio de proporcionalidad suele estudiarse desde dos sentidos. Para ello han de tener en cuenta el bien jurídico que se tutele. La exigencia de necesidad de pena: si se impone una pena innecesaria se comete una injusticia grave. La proporcionalidad en sentido estricto: se exige básicamente al juez para que este realice un juicio de ponderación o valoración donde valore la carga o gravedad de la pena (la cual
. ¿es realmente necesario que los ataques sancionables produzcan resultados lesivos al bien jurídico penal o basta con el mero hecho de que lo pongan en peligro? Debido a las dudas razonables que quedan tras analizar el principio de exclusiva protección de bienes jurídico penales como límite del Ius puniendi debemos reconocer que en un Estado Democrático de Derecho también se recurrirá a los principios de humanidad. Jurídico han fracasado en la tutela de un bien jurídico agredido. La exigencia de subsidiariedad: quiere decir que el Derecho Penal solo ha de intervenir de manera residual. o sea que a través de otros medios de defensa que requirieran menos intervención y por tanto fueran menos lesivos no se logre amparar satisfactoriamente el bien. Este requisito ha de exigirse tanto en el momento de la culminación de la pena abstracta (o determinación en abstracto de la pena: 10 a 15 años) como en la fijación de la pena en concreto (11 años). La pena optima ha de ser cualitativa y cuantitativamente adecuada al fin. y en esa medida supone una barrera frente a intromisiones indebidas en el ámbito de los propios derechos.
tiene que venir dada por determinados indicios: gravedad conducta. bien a proteger. que aun con imperfecciones. en su caso. en cuanto objetos ideales. El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas. es la que hay que observar por encontrarse vigente. Además. tanto española como extranjera.) y el fin que persigue con esa pena. «El legislador. la ley no debería prever que en estos casos el autor quede impune y nos plantearemos también las diversas posibilidades que posee de lege lata y de lege ferenda (LEGE FERENDA es el laticismo usado para indicar "cosas a legislar en el futuro" y de LEGE LATA. los problemas con relevancia constitucional que plantean. Como señalan algunos autores. no se acaban en la compatibilidad de los delitos de peligro abstracto con el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y de ofensividad. la importancia de este problema se debe a que no sólo posee dimensiones dogmáticas. a la amplitud con la que son redactados por el legislador. como ya hemos visto. Esta realidad y los problemas que de ella se derivan ha sido ampliamente discutida por la doctrina. sino que también adquiere dimensiones constitucionales. es decir aquella norma legal. en el tipo se incluyen aquellas acciones que pese a ser subsumibles formalmente en el comportamiento descrito por la norma. etc. dándose ambos requisitos. debido a la imposibilidad de su comprobación. o en los que. Se dirige a la ley tal como es. ni la lesión ni la puesta en peligro concreto del bien jurídico en cuestión. falta la necesaria proporción entre la entidad del delito y la entidad de la pena. desde nuestro punto de vista. puede también renunciar a la sanción penal de una conducta que objetivamente pudiera representar una carga insoportable. aquéllos. pues. en el caso concreto no son idóneas para menoscabar el bien jurídico protegido. no exigiéndose. fundamentalmente.) el legislador penal para solventar el problema de la proporcionalidad en sentido estricto en relación con estas conductas delictivas. tendientes a asegurar un resultado
. Se debe a que los delitos contra bienes jurídicos supraindividuales se suelen configurar como delitos de peligro abstracto. siga subsistiendo el deber de protección del Estado respecto del bien jurídico en otros ámbitos» PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO. Sin embargo. consistiría en los delitos de peligro abstracto 1. Por una parte. el medio para una protección jurídico-penal eficaz de los bienes jurídicos supraindividuales y los objetos de ataque. con el «peligro» que ello conlleva de ampliar demasiado el ámbito del Derecho penal a comportamientos en los que falta el merecimiento o la necesidad de pena. forman parte del principio de proporcionalidad en sentido amplio. en tanto se refiere a una ley en vigencia. los cuales. siempre que se pongan en relación estos delitos con el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos y con el principio de ofensividad. sin perjuicio de que. y se han buscado distintas soluciones dogmáticas. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO AMPLIO Y DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO El principal problema que plantean los denominados delitos de peligro abstracto se debe. En las páginas que siguen nos plantearemos si desde el punto de vista constitucional. que ha de tener siempre presente la razonable exigibilidad de una conducta y la proporcionalidad de la pena en caso de incumplimiento. Los supuestos en los que se pone en peligro el bien jurídico de manera insignificante pueden plantear problemas puestos en relación con el principio constitucional de proporcionalidad en sentido estricto.
Ermo.justo y equitativo dentro del proceso. Así. pronto y transparente (QUISBERT. Pero ya veremos que en dicho Artículo no se encierra de manera única el referido Derecho Humano. sino que le importa más ser entendido como un Estado de Justicia. ¿Que es el Debido Proceso Penal?). texto sancionado en Londres el 15 de junio de 1215 por el rey Juan I de Inglaterra. obviamente. para diferenciarlo del adjetivo del propio legislador. por el contrario. más conocido como Juan sin Tierra. En Venezuela. dicha norma no es más que el punto de partida de una más global concepción de la garantía: el proceso. dentro de las limitaciones de extensión impuestas para este tipo de trabajo que versa sobre una novedad constitucional que amerita. Su nacimiento tiene origen en la "Magna Carta Libertatum" (Carta Magna). ANTECEDENTES Los antecedentes históricos del derecho al debido proceso se encuentran en:
La Carta Magna Inglesa del Siglo XIII. Este principio procura tanto el bien de las personas. el error o a la arbitrariedad. y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo. tiene su antecedente tanto a nivel nacional como a nivel mundial. el debido proceso. eventualmente. La noción del "Debido Proceso" como ha sido asumida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela comporta el categorizar a dicho Derecho como uno de los Derechos Humanos. como de la sociedad en su conjunto: a) Las personas tienen interés en defender adecuadamente sus pretensiones dentro del proceso. Dicha garantía así concebida. obviamente. sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos. sino también bajo las pautas de lo que se ha llamado el debido proceso sustantivo o sustancial. debe ser justo. b) La sociedad tiene interés en que el proceso sea llevado de la manera más adecuada posible. y a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. o simplemente. o el law of the land…
. el debido proceso constitucional. sino que. El Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada. conforma una serie de derechos y principios tendentes a proteger a la persona humana frente al silencio. en el cual precisamente trabajamos en procura de nuestra tesis doctoral. como atribución inherente de un concepto de Estado al que no le basta ser catalogado como de Derecho.
En un primer momento se atribuyó valor y efecto constitucionales al principio del debido proceso legal como aún se conoce en la tradición británica y norteamericana: due process of law (1215). y no solo de los aplicadores del derecho. para ser debido. vinculado éste a todo proceso jurisdiccional o administrativo y con miras a posibilitar tanto el requerimiento como el reconocimiento judicial a un "juicio justo". imputada. la garantía no es nueva: lo novedoso es la sistematicidad en su concepción integradora tal como está descrito en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. un desarrollo más extenso. Ahondemos el asunto entonces. en el cual se usa la expresión "due process of law" (traducible aproximadamente como "debido proceso legal"). acusada. para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan mantener el orden social. El término procede del derecho anglosajón. procesada y.
. Este derecho va de mano con lo que es la predictibilidad que debe garantizar un sistema jurídico ya que los particulares deben estar en la concreta posibilidad saber y conocer cuáles son las leyes que los rigen y cuáles los organismos jurisdiccionales que juzgaran los hechos y conductas sin que esa determinación quede sujeta a la arbitrariedad de algún otro órgano estatal. Esto es especialmente importante en el área penal. etc. de 1776.) con la parte contraria en juicio. Esta constitución debe ser anterior al hecho que motiva el proceso y debe contar con los requisitos mínimos que garanticen su autonomía e independencia. y no iremos en su busca. pueden considerarse las siguientes como las más importantes: Derecho al juez predeterminado por ley El contenido esencial del derecho señala la prohibición de establecer un órgano jurisdiccional ad-hoc para el enjuiciamiento de un determinado tema. la que los inviste de jurisdicción y competencia. lo que se concreta en la llamada "bilateralidad de la audiencia". ni enviaremos por él. lo que la doctrina denomina"Tribunales de excepción". o detenido en prisión. Derecho a un juez imparcial No puede haber debido proceso si el juez es tendencioso o está cargado hacia una de las partes. o desprovisto de su propiedad. Como consecuencias adicionales se establece el requisito que todos los órganos jurisdiccionales sean creados y constituidos por ley."Ningún hombre libre deberá ser arrestado. salvo por el juzgamiento legal de sus pares y por la ley de la nación"
La Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia. Quedan prohibidas. toda sentencia judicial debe basarse en un proceso previo legalmente tramitado. con ocasión a la Revolución Francesa de fines del Siglo XVIII. El efecto retroactivo dado a la ley es un crimen"
Las diferentes constituciones nacionales promulgadas en el Siglo XIX y XX[1] Derecho al debido proceso
En un Estado de derecho. Sin embargo. las sentencias dictadas sin un proceso previo. sino después de haber sido oído legalmente. por tanto. por estar relacionado de alguna manera (vínculo de parentesco. amistad. Para evitar estas situaciones hay varios mecanismos jurídicos:
La mayor parte de las legislaciones contemplan la posibilidad de recusar al juez que no aparezca dotado de la suficiente imparcialidad. o de ninguna forma molestado. negocios. El juez debe ser equidistante respecto de las mismas. en general. Ninguno debe ser juzgado ni castigado. La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano. en ocasión de la declaración de independencia de 1811. a raíz de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. con los cuales pudiera crear un juicio amañado que en definitiva sea una farsa judicial. y en virtud de una ley promulgada anterior al delito.
"Artículo 16. sin poder inventar trámites a su gusto. La ley que castigue delitos cometidos antes que ella exista será tiránica. No existe un catálogo estricto de garantías que se consideren como pertenecientes al debido proceso. La exigencia de legalidad del proceso también es una garantía de que el juez deberá ceñirse a un determinado esquema de juicio. en la propia… Declaración de los Derechos del Pueblo de Venezuela.
la sentencia judicial sólo puede establecer penas establecidas por la ley. Sin embargo. en el caso que una persona comparezca ante un tribunal cuya lengua oficial no es la del particular. la sentencia judicial debe ceñirse a lo pedido por las partes en el proceso. por delitos también contemplados por la misma. designado por el Estado. que le procura ayuda jurídica gratuita. concretado en el derecho de los particulares a ser representadas por profesionales libremente designados por ellas. Este derecho adquiere peculiar significado en zonas geográficas donde la variedad lingüística es amplia (principalmente Europa donde es recogido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). se podría identificar dos caracteres:
El derecho a la defensa de carácter privado. lo que se concreta en la proscripción de la institución de laultra petita.
. se contempla la institución del defensor o abogado de oficio. es que el tribunal se encuentre establecido con anterioridad a los hechos que motivan el juicio.
Una de las garantías básicas en el estado de derecho. éste tiene el derecho a ser asistido por un intérprete calificado. Legalidad de la sentencia judicial
En el área civil. se señala que toda persona tiene el derecho de ser escuchada por un Tribunal mediante el uso de su propia lengua materna. Con la finalidad de garantizar que cualquier particular inmerso en un proceso judicial pueda contar con las mejoras formas de defender su derecho (y de estar realmente informado del verdadero alcance del mismo) es que se consolida dentro del derecho al debido proceso el derecho de toda persona a contar con el asesoramiento de un letrado (abogado). Derecho a usar la propia lengua y a ser auxiliado por un intérprete
Basado en el reconocimiento al derecho fundamental de la identidad cultural. Sin embargo existen también sistemas jurídicos que liberalizaron el principio estableciendo la obligación sólo en determinadas materias (Derecho penal). Derecho a asistencia letrada Toda persona tiene derecho a ser asesorado por un especialista que entienda de cuestiones jurídicas (típicamente. un abogado). creado especialmente para resolver una situación jurídica puntual. debiendo los particulares contar siempre con la asesoría de un abogado. y no sea por tanto un tribunal ad hoc. En caso de que la persona no pueda procurarse defensa jurídica por sí misma. Existen algunos sistemas jurídicos donde esta garantía es irrenunciable. El derecho a la defensa de carácter público. y además. una persona versada en Derecho. su contenido no sólo se entiende a nivel internacional sino incluso nacional en el caso de que dentro de un país exista más de una lengua oficial o la Constitución del mismo reconozca del derecho de las personas de usar su lengua materna. Asimismo. Dentro de este derecho. De esa forma se busca garantizar el cumplimiento del principio de igualdad y el uso efectivo del derecho de contradicción. atienda genéricamente una clase particular de casos. El derecho se consideraría vulnerado si a algún particular no se le permitiera asesorarse mediante un abogado aunque también se señala que se causaría una vulneración al mismo cuando la asesoría brindada (principalmente en el caso de abogados de oficio brindados por el estado) no ha sido la idónea. o derecho del justiciable a que le sea proporcionado letrado de oficio cuando fuera necesario y se encontrase en uno de los supuestos que señala la ley respectiva. En el área penal.
por tanto. PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD Respecto al principio de retroactividad. dentro del moderno estado de derecho. se entiende que todas las personas tienen igual derecho al acceso a la justicia. pero hasta la fecha. lleno de términos incomprensibles para el profano. de forma que la disposición novedosa resulta ineficaz para regular situaciones fácticas consolidadas en el pasado. consolidaron y causaron efectos jurídicos con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma. mientras que los litigantes de menores recursos dependerán muchas veces de defensores de oficio ofrecidos por el Estado. en decisión N° 00276 de fecha 23 de marzo de 2004. entendida como la confianza y predictibilidad que los administrados pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación del Ordenamiento Jurídico vigente. en la interdicción de la arbitrariedad en que pudieran incurrir los entes u órganos encargados de la aplicación de aquella". el cual está estrechamente vinculado con el de seguridad jurídica y el de legalidad. Por otra parte. conforme a tal principio. al final. En ese sentido. el acceso del ciudadano común y corriente a la justicia se ve dificultado por el hecho de que el quehacer jurídico genera su propia jerga o argot. está consagrado en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. como el de la seguridad jurídica. aquellas situaciones que se originaron. porque la promoción en sus cargos hacia judicaturas superiores depende de esos contactos sociales que puedan conseguir. Sin embargo. que por tanto no siempre entiende con claridad qué es lo que sucede dentro del proceso. de modo tal que la previsión del principio de irretroactividad de la ley se traduce. El principio de la irretroactividad se asienta en «los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos y a las situaciones jurídicas beneficiosas con la consecuencia de que la interpretación de las normas de derecho transitorio ha de realizarse en sentido restrictivo y. expresó que "está referido a la prohibición de aplicar una normativa nueva a situaciones de hecho nacidas con anterioridad a su vigencia. Esta concepción permite conectar el aludido principio con otros de similar jerarquía. Todas estas situaciones son atentatorias contra el debido proceso. no siempre las partes están en equivalencia de condiciones. en contra de los jueces venales y corruptos que aplicaban no la justicia más estricta. Es evidente que los jueces tenderán a juzgar con mayor benevolencia a aquellas personas mejor contactadas socialmente. sin extender los términos legales a situaciones no contempladas. Este principio. ello no se condice con las condiciones del mundo actual.El problema de asegurar el debido proceso a las personas La institución del debido proceso fue una conquista de la Revolución francesa. permitiéndose la retroactividad de la norma sólo como defensa o garantía de la libertad del ciudadano. debido a que el litigante con mayores recursos tendrá la oportunidad de contratar mejores abogados. la ley debe aplicarse hacia el futuro y no hacia el pasado.
. encontrándose fuera del ámbito temporal de aplicación de una nueva ley. no se ha conseguido encontrar una solución satisfactoria que las resuelva por completo. Por otra parte. PRINCIPIO DE IRRECTROACTIVIDAD Y SU EXCEPCION EN EL DERECHO PENAL El principio de irretroactividad de la ley es uno de los principios informadores del ordenamiento jurídico. sino la voluntad del rey.
LA LEY NO TIENE RETROACTIVO
Concepto "retroactivo" es "lo que obra o tiene efecto sobre tiempo anterior". a normas que limiten derechos de libertad o las facultades del titular del derecho de propiedad. esto es. 8. Al igual que muchas otras Constituciones. En elejemplo base. Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo. Veamos el ejemplo siguiente: La ley dictada en mayo de 2006 resuelve aumentar el sueldo a los funcionarios públicos y autoriza el pago de la diferencia. La garantía de irretroactividad de la ley. Con ello el legislador procura beneficiar a un determinado sector de la población en un momento específico. aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena". La Importancia de este principio de irretroactividad de las leyes se declara en el plano de la ley formal. El Código Orgánico Tributario admite otra excepción de aplicación retroactiva de la ley: "Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por períodos. el artículo 24 de la Constitución venezolana de 1999 dispone que: "Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo. En el Código Civil el legislador consideró que se trataba de una prohibición absoluta:"Artículo 3.La Ley no tiene efecto retroactivo". Ámbito de aplicación El ámbito de aplicación de la garantía de irretroactividad queda en consecuencia reducido a aquellas normas que tengan por objeto establecer una consecuencia desfavorable a una situación fáctica nacida con anterioridad a su vigencia. la interpretación gramatical de la norma puede conducirnos a situaciones absurdas. el principio de irretroactividad tiene rango constitucional en el artículo 24 de nuestra Constitución. además. Por el contrario. pero ha dado lugar a varias interpretaciones por parte del propio legislador. excepto cuando imponga menor pena" En primer lugar debemos constatar que tal redacción se ha mantenido invariable en las Constituciones venezolanas desde 1874.. Decir que la ley no tiene efecto retroactivo significa que solo ejerce influencia para lo futuro. al utilizar el concepto de leyes gravosas: "como ley más gravosa se consideran no sólo las normas tributarias y otras leyes que contemplan prohibiciones. sino toda norma que desmejore una posición jurídica existente" Debemos advertir que la definición que aquí se propone es distinta de una interpretación literal de la Constitución venezolana. el servicio prestado en los cuatro meses anteriores. Tal es el caso del ejemplo base. las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del período respectivo del contribuyente que se inicie a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley. la previsión constitucional puede inducir al error en el tratamiento del llamado principio de irretroactividad. en forma retroactiva desde enero de 2006. Podemos definir la garantía de irretroactividad como la prohibición de efectos retroactivos. La regulación no tendría el impacto esperado si el legislador decidiera que la norma sólo se aplicara hacia el futuro. la norma regula un supuesto de hecho anterior a su vigencia. pueden tener efectos retroactivos. El Código Penal admite la existencia de excepciones: "Artículo 2. IV)" Ahora bien. En efecto. normas que sólo tienen por objeto establecer consecuencias favorables y que en ningún caso suponen limitación de derechos de sus destinatarios. La jurisprudencia alemana es más amplia en este sentido. Consideramos que la idea de limitación de derechos de libertad y propiedad se corresponde con la evolución histórica y el fundamento teleológico de la garantía de irretroactividad. Así lo establece el artículo 3º de nuestro Código Civil. Pero en Venezuela. el Legislador toma en
. conforme al encabezamiento de este artículo (art. En el ejemplo base. respecto de lo pasado no puede producir derechos ni obligaciones de ninguna especie.
la pena es definida como "la última reacción institucional. tanto en la medida sustitutiva de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena como en las medidas de cumplimiento de pena. para poder adecuar su comportamiento a ellas. Distinta sería la situación. ante la comisión de un hecho penalmente punible por
. un costo humano de la justicia.consideración el impacto social de la norma. Desde este punto de vista. tales como el impacto en las finanzas públicas o en la economía. se aumentó el tiempo de privación de libertad de los reclusos para la solicitud de formas de cumplimiento de pena y se implementó un régimen desigual para los beneficiarios de acuerdo al tipo de delito por el que fueron condenados. el cual. Un beneficio a los empleados del Estado no estaría dentro de su ámbito de aplicación. de carácter judicial o administrativo. y por esta razón se hace hincapié en su carácter de última ratio (que deviene de la ideología penal liberal del siglo XVIII). Asimismo. el mejoramiento del problema del retardo procesal y principalmente. según el cual el principio de necesidad. la implementación del nuevo proceso acusatorio se vio afectada por las reacciones negativas tanto de la opinión pública como de las agencias involucradas en la administración de justicia penal. es el primer supuesto para considerar la posibilidad de restringir bienes o derechos individuales como la vida. el otorgamiento de medidas alternativas y fórmulas de cumplimiento de pena. es absurda. se aumentaron los requisitos para su procedencia en función de condiciones personales del posible beneficiario y se ampliaron las atribuciones de los funcionarios administrativos del régimen de prueba. induciendo a la reformulación de las institucionesprocesales que en lo sustancial erosionó el sentido garantista del recién implementado modelo de justicia penal. En efecto. así como otros factores. tuvo su mayor énfasis en las instituciones sobre la ejecución de la pena. los criterios específicos que delimitan la ejecución de la pena en el marco de esta corriente jurídica. El objetivo principal de la reforma consistió en el endurecimiento de los criterios para optar a los beneficios. la reforma al Código Orgánico Procesal Penal (2001). el ciudadano debe encontrarse en condiciones de establecer lo más claramente posible cuáles son los presupuestos de la norma que establece prohibiciones o limitaciones. PRINCIPIO DE LA PENA HUMANITARIA La reforma de la normativa procesal penal en Venezuela (1998) significó el cambio de un sistema mixto (escrito y oral) de corte inquisitivo por un sistema acusatorio (oral y público) que en un primer momento permitió la profundización de las garantías procesales. la pena es también considerada un mal. tendríamos que concluir que la previsión de pago a un servicio prestado en el pasado es contraria a tal disposición. Se redujeron los delitos sobre los que puede decretarse la medida de suspensión condicional. por tanto debe regirse por la garantía de irretroactividad de la ley. Por su parte. Pero tal consecuencia. por ejemplo del aumento de salarios en el ámbito del derecho laboral. Pues bien. si utilizáramos una interpretación literal del artículo 24 de la Constitución (Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo). Según tal principio. Con ello obtenemos una delimitación precisa de su ámbito de aplicación: aquellas normas que tengan por objeto establecer una consecuencia desfavorable a una situación fáctica nacida con anterioridad a su vigencia. la libertad y la propiedad a través del castigo público. Dentro de la concepción garantista. en particular. Por tales razones este artículo analiza diversos aspectos: el primero referido al marco teórico donde se exponen los lineamientos del garantismo penal. posterior a su puesta en vigencia en julio de 1999. la interpretación teleológica nos indica que la regla del artículo 24 tiene por objeto la protección del principio de seguridad jurídica. No obstante. una cierta restauración de la seguridad jurídica de los reclusos. Se trataría de una limitación de un derecho de libertad del patrono y.
En este sentido se observa que existen formas más o menos abiertas o visibles de este problema.
. que eventualmente llegan a convertirse en normas punitivas. pedagógicas. advierte sobre la imposibilidad de establecer un concepto jurídico de pena en torno a los principios demo liberales del derecho penal. las leyes constituyen la primera expresión latente o encubierta de perversiones de la intervención punitiva (Zaffaroni. en virtud de una limitación.) en cualquier ejercicio de poder político institucionalizado en forma de estado. porque parece ser inherente a la dinámica del poder la competencia y el estímulo para eludir las reglas establecidas" (Ibíd. el uso abusivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad y el ejercicio subterráneo del poder punitivo (como ajusticiamientos. Sin embargo.. sanitarias y otras reglamentaciones que posibilitan la participación coactiva policial o administrativa. pero que es insuficiente en relación a las funciones latentes o reales del mismo. que se encuentran fuera de los controles jurídicos formales propios de la legislación penal (por ejemplo los principios de legalidad y judicialidad). Se entiende en tal caso. tanto ideológica como material. la detención policial sin control judicial o detención preventiva ilegal. 2000) Tomando en cuenta que. que para delimitar jurídicamente un concepto de pena es preciso atender a los principios del derecho penal: necesidad. las múltiples regresiones a sistemas políticos manifiestamente autoritarios y genocidas y la convivencia en los Estados Constitucionales de Derecho con formas de ejercicio punitivo al margen de la ley. el estado de derecho y el estado de policía3 coexisten y pugnan. adoptada en cualquier orden legal positivo o por el discurso jurídico. por cuanto es a partir de éstos que se legitima la reacción estatal o institucional frente a los delitos o las infracciones penales. existen numerosos actos de coacción que originan otras formas de control punitivo. Por tanto. El estado de policía nunca desaparece del todo.. igualdad. la constante lucha social por abrir espacios a sectores desfavorecidos. tales como. de forma tal que sea posible anteponer un criterio legítimo y jurídico a las formas de castigo encubiertas por la acción de las distintas agencias de control social. en tanto su carácter penal depende de la modulación del ejercicio del poder coactivo de las agencias encargadas de aplicarlas. comenzando por la perversión de sus instituciones en la propia Francia revolucionaria. produciéndose una serie de espacios abiertos a formas de criminalización. paralelamente a las leyes penales propiamente dichas. Zaffaroni (2000: 41-53) tras afirmar que la pena es una coerción que priva de derechos o infiere un dolor. sólo puede ser efectiva en relación a los fines y funciones manifiestas de ese sistema que es legitimado por un determinado discurso. debido a que cada agencia pretende extender su poder hasta el arbitrio. que deriva en una participación caótica de las distintas agencias penales y extra penales dentro de la sociedad en la que se ejercen el control punitivo. en especial al principio de legalidad. Las razones invocadas por este autor están dadas por la complejidad en la que se desenvuelven los sistemas penales. se encuentran leyes de tipo asistencial. para estructurar una definición de la pena5 dentro de parámetros racionales. Desde esta perspectiva. 1982: 27). cuyos límites e intenciones no son siempre los declarados por el orden jurídico penal: "(. Así. culpabilidad y judicialidad. tutelar. como ingredientes que se combinan en diferente medida y de modo inestable y dinámico.parte de un sujeto imputable" (Sandoval. dentro de las cuales.: 40). del alcance de las leyes penales como única fuente creadora de penas. se hace necesario considerar el ámbito funcional del sistema punitivo. se discriminan como indicadores de este fenómeno una serie de hechos históricos y sociales que constituyen parte de la dinámica política que acompaña la evolución del Estado de Derecho4. la definición de la pena como núcleo central del modelo de justicia penal. Además de estas leyes latentes o eventualmente penales. legalidad.
Implica la posibilidad de graduación y medición. El principio de la certeza de las penas. llevan a cuestionar tanto la legitimidad de los sistemas penales como el discurso que los justifica y fundamenta. basado en un criterio moral6. en cuanto éste se construye sin tomar en cuenta los datos susceptibles de dotar. el valor de la persona se impone como la limitación fundamental para la proscripción de penas crueles e infamantes.) que no son consideradas jurídicamente penas.El respeto a la persona o principio de humanidad de las penas. la llamada readaptación y reinserción del delincuente "son conceptos que pretenden demostrar que los conflictos penales son un producto individual y no el resultado de una problemática social. retributividad (nulla poena sine crimine) y culpabilidad (nulla actio sine culpa). forman parte de una política criminal "de hecho" lo cual es necesario considerar en la construcciónteórica sobre los límites del Derecho Penal. 2002). Al justificar la pena en la defensa de la sociedad. de dominio regulador del sistema de punición.
. y el cómo castigar. Así. se ajustan a dos niveles del problema sancionador: el cuándo castigar. sin lograr establecer verdaderos límites entre la libertad y la dignidad humana y el ejercicio programado de la violencia del Estado (Leal y García. Los límites difusos de la ley penal que dan cuenta de la realidad social y política del ejercicio del poder punitivo. Es importante también destacar que por cuanto en las teorías sobre la función resocializadora de la pena no se cuestionan los procesos de criminalización (primarios y secundarios) en ellas se admite una racionalidad del castigo que reproduce las desigualdades del sistema social. este principio es un corolario del principio de legalidad que implica la no aplicación de penas que no están previa y expresamente establecidas en la norma penal como consecuencia de la comisión de un delito y por tanto. a los principios de legalidad (nullum crime nulla poena sine lege). la pena responde a una serie de principios que. Tratamiento y readaptación social subrayan y legitiman los mecanismos disciplinarios insertos en el espacio cárcel" (Neuman. En este sentido. según el esquema propuesto por Ferrajoli (1997). que se constituye en un nivel de principios convencionales establecidos para la minimización del arbitrio penal en cuanto a la calidad y cantidad de la sanción y en relación a los criterios utilitaristas y humanistas de la pena: . 2001: 191). etc. PRINCIPIOS JURÍDICOS DE LA PENA SEGÚN EL GARANTISMO De acuerdo con el modelo garantista de derecho penal.desaparición forzada de personas. Implica que la pena debe ser la mínima de las posibles con respecto a la utilidad que el castigo representa. ya que se trata básicamente de un ejercicio de poder. según el presupuesto técnico de la cuantificación de la pena de acuerdo al daño ocasionado por el hecho punible y el grado de culpabilidad de su autor. no es casual que el estudio sobre los sistemas penales esté íntimamente ligado con el estudio del Estado. que encuentra su asidero axiológico en las teorías basadas en el modelo político del consenso bajo la idea de la defensa social sin atender a la compleja realidad del conflicto político y considerando sólo una mínima parte del espectro jurídico que como ser humano rodea a los posibles o concretos infractores de la norma penal. principalmente.El principio de necesidad. tanto al discurso teórico como a la norma positiva. que corresponde al sistema de principios propios de la teoría del delito y. -El principio de proporcionalidad. la no modificación del término de la pena mediante mecanismos posteriores a la sentencia judicial. . Ligado al principio de proporcionalidad de la pena. pero que en razón de la sistematicidad con la que se originan.
) éste descubrimiento es el secreto mágico que cambia los ciudadanos en animales de servicio. El modelo procurado pretende prima facie una efectiva judicialización de la pena desde el servicio de defensa pública pretendiendo un seguimiento continuo de las prácticas penitenciarias excediendo postular dicha judicialización sólo sobre los cambios cualitativos de la pena. a fin de no trabajar sobre puras ficciones y de recrear el sistema de garantías sobre las reglas del funcionamiento real de la institución penitenciaria la intención que procuro es que por intermedio de un discurso autónomo de la Defensa Pública trascendamos el habitus judicial para permitir quebrantar su dependencia externa que la mayoría de los magistrados tiene con la administración judicial y de ésta forma concientizar la violencia de las prácticas judiciales y de la anomia social que plasma su discurso.no hay libertad cuando algunas veces permiten las leyes que en ciertos acontecimientos el hombre deje de ser persona y se repute como cosa (. El pretendido juicio de validez de la norma de reinserción requiere concebir la norma como práctica con finalidades políticas transcurridas en el marco de interacciones institucionales (ámbito judicial y penitenciario) dentro de un mismo campo de acción (violencia estatal). Entonces.679. De los delitos y las penas. que en mano del fuerte es la cadena que liga las acciones de los incautos y los desvalidos. titular de la cédula de identidad N° 12. De la revisión efectuada a la presente causa se pudo observar que este Tribunal recibió en esta fecha: 14 de Febrero de 2007. Este es la razón por la que en algunos gobiernos que tienen toda la apariencia de libertad está la tiranía escondida o se introduce en cualquier ángulo desde el legislador ." CESARE BECCARIA. Capítulo 20. de Profesión Indefinida. de la Junta Rehabilitadora del Recluso del Estado Falcón Constancia de Trabajo y Estudio del penado: ELI SAUL COLINA.
. Respecto a la resocialización de la pena y su manera de ser interpretada en Venezuela podemos citar una jurisprudencia emanada del TSJ: REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN EXTENSIÓN CORO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Coro...182. 26 de Febrero de 2007 196º y 148º ASUNTO PRINCIPAL: IP01-S-2003-002105 ASUNTO: IP01-P-2003-000151 RESOLUCION DE REDENCION JUDICIAL DE LA PENA POR EL TRABAJO Y EL ESTUDIO. PRINCIPIO DE LA RESOCIALIZACION DE LA PENA ". Soltero. Entendemos que respecto a los mecanismos críticos a la resocialización no ha reparado en el juicio de validez de la norma como modo de salvaguardar su vigencia acorde a una coherencia sistemática de principios jushumanistas que modelan la pena acorde al principio de mínima afectación.Los anteriores principios serán tomados como directrices generales para el análisis de las normas previstas en el ordenamiento jurídico venezolano en el ámbito del subsistema de ejecución penal. De ésta forma la validez de la norma rompiendo con el modelo kelseniano se constituye como categoría distinta de las de vigencia y efectividad (normatividad y realidad) con el objeto de remover dichas antinomias.. mayor de edad. Venezolano.
se modifica el artículo 508. así como la consideración a la Doctrina Penal Vinculante y como punto de referencia la Jurisprudencia del más alto Tribunal de la República. perdida de la identidad. La Junta de Custodia y Rehabilitación del Internado Judicial solicitó la Redención Judicial y consigna constancia del trabajo Intramuros desempeñado por el Penado de autos.536 d fecha 04 de Octubre de 2006. libertad. Del estudio concienzudo y minucioso de la disposición contenida en el artículo 507 de la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal y la ley especial de Redención Judicial de la Pena por el trabajo y el estudio. en su artículo 1° suprime el artículo 493. los valores fundamentales que consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 2° y siguientes relativas a la igualdad. antes identificado. esta Juzgadora. librar. Ahora bien. así como los Pactos y Tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y Derechos del Hombre. cancelar. faltándole por cumplir: Cinco (05) Años y Ocho (08) Meses de Presidio. efectuada por la Dirección de Custodia y Rehabilitación del recluso del internado Judicial de C en la cual consignan Constancia de Trabajo del penado: Eli Saúl Colina. suscritos y ratificados por la República de Bolivariana de Venezuela. rescate de la vergüenza. se puede observar que el pre citado penado fue condenado a cumplir la Pena de Diez (10) Años y Dos (02) Meses de Presidio más las accesorias de ley y de acuerdo al cómputo inicial efectuado en esa fecha. Seis (06) Meses y Tres (03) Días de Presidio. ahora 507. se observa que el penado fue condenado por el delito de HURTO Y ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR Y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO. entra a emitir pronunciamiento de ley bajo las siguientes consideraciones: Vista la solicitud de esta fecha 14 de Febrero de 2007. la justicia. Diez (10) Meses y Tres (03) días y para la presente fecha (27-02-2007) tiene pena cumplida de: Cuatro (04) Años. es menester para esta juzgadora. la libertad. Casa N°: 4 Coro Estado Falcón. el penado de autos tenía pena cumplida de: Dos (02) Años. tenemos que la LEY DE REFORMA PARCIAL DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL publicada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. del último cómputo efectuado por este Tribunal se puede observar que el penado de autos hasta presente fecha tiene pena cumplida de: tiene pena cumplida de: Cuatro (04) Años. Calle Hernández. Seis (06) Meses y Tres (03) Días de Presidio. en Gaceta Oficial N° 38. los principios de proporcionalidad de la pena y de Rehabilitación y reinserción Social del penado. pagar. de la soledad y de la angustia.residenciado en Sector la Cañada. Libertad de la opresión de los enemigos. en su artículo 3. Una vez descrito pedagógicamente el término Redención. la preeminencia de los derechos humanos. faltándole por cumplir: Cinco (05) Años y Ocho (08) Meses de Presidio. De la revisión de las actuaciones que conforman el presente asunto. señalar como preámbulo de cualquier decisión lo siguiente: TERMINO REDENCION:: Término que está relacionado con el rescate. Del cómputo de pena practicado por este Tribunal en fecha 13 de Abril de 2005 que corre inserto a los folios del asunto. Ahora bien. a cumplir la pena de: Diez (10) Años y Dos (02) Meses de Presidio. y quien actualmente cumple condena en el Internado Judicial del Estado Falcón y se encuentra cumpliendo el beneficio de Destacamento de Trabajo. actuando como Juez Constitucional pasa de seguidas a formular las siguientes consideraciones: Corresponde a este Tribunal antes de entrar a resolver sobre el fondo de petición impetrada en este asunto. en la forma siguiente:
. Una vez analizada la presente solicitud este Tribunal observa que el mencionado penado cumple condena en el Internado Judicial de Coro de este Estado desde la fecha 22/09/2003. la solidaridad.
realizados dentro del centro de reclusión" Sobre esta misma materia la Ley de Redención Judicial de la pena por el Trabajo y el estudio establece en su artículo Tercero lo siguiente: Artículo 3. que recibieron excarcelaciones inconcebibles. verdaderamente comprometidos con la naturaleza y la esencia de la relación entre crimen y castigo. De las normas antes transcritas se puede inferir que la Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal vino a resolver el conflicto de leyes existente. También establece el artículo 509 del citado código establece lo siguiente: Artículo 509. como lo es la Ley de Redención Judicial del 3 de Septiembre de 1993. Artículo 5. Las actividades que se reconocerán. el artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal del 14 de Noviembre de 2001 y por otro lado una ley especial. ¿Dónde han estado todos estos años aquellos que impugnan está muy racional conformación de la Ejecución? ¡Acaso no conocieron de casos alucinantes de delincuentes impíos y dura piel condenados a largas penas por homicidio y robo. la Reforma acota a ocho horas diarias lo que puede redimirse de la pena privativa de libertad por motivo del trabajo. para salir de nuevo a matar y robar? Eso puede ser muy bueno para el penado que recibe en horabuena y para quienes lo postulan o decretan. La de educación. en cualquiera de sus niveles y modalidades. hasta el punto de disipar todo resquicio de impunidad. Sólo podrán ser considerados a los efectos de la Redención de la pena de que se trata la ley. La de producción en cualquier rama de la actividad económica. Cómputo del tiempo redimido. Podrán redimir su pena con el trabajo y el estudio. el tiempo redimido se computará a partir del momento en que el penado comenzare a cumplir la condena que le hubiere sido impuesta". se podía observar de la exposición de motivos que los reformadores decidieron regular aquí directamente el contenido sustantivo y los requisitos de los principales beneficios. Preceptúa lo siguiente: Artículo 507. en las cuales una por un lado. siempre que se desarrolló de acuerdo con los programas autorizados por el Ministerio de Educación o aprobados por instituciones con competencia para ello. siempre que la asignación del recluso a esta actividad haya sido hecha por la Junta de Rehabilitación Laboral y Educativa. b.
.Artículo 507. a razón de un día de reclusión por cada (2) de trabajo o estudio. y: c. pero no para la sociedad que contempla indignada el desaguisado. A los fines de la redención de que trata la Ley de Redención Judicial de la Pena por el trabajo y el Estudio. y de la pena misma. el trabajo y el estudio. Sin embargo. "Cómputo del tiempo redimido. a pesar de que. conjunta o alternativamente. por ejemplo. La de servicios. siempre que haya sido autorizada por el instituto a cargo del trabajo penitenciario. no solo como instrumento corrector. las personas condenadas a penas o medidas correccionales restrictivas de la libertad. De la interpretación gramatical y lógica a la disposición contenida en el reformado artículo 508 del Código Orgánico procesal Penal. se tomará en cuenta el tiempo destinado al trabajo o al estudio mientras el recluso se encontraba en detención preventiva". llevándolos a límites serios. Tomado textualmente de la exposición de motivos formulada por el autor: Eric Lorenzo Pérez Sarmiento. (año 2001). a los efectos de la redención de la pena. serán las siguientes: a. sino también de seguridad pública. es una norma orgánica. "Redención Efectiva. A los efectos de la liquidación de la condena. para desempeñar los puestos auxiliares que requieran las necesidades del establecimiento penitenciario o de instituciones públicas o privadas. El tiempo así redimido se les contará también para la suspensión condicional de la pena y para las fórmulas de cumplimiento de ésta.
por cuanto establecía taxativamente que ésta debe computarse a partir del momento en que el penado hubiere cumplido efectivamente. dividida en dos. Perfeccionamiento. no prevé ninguna limitante acerca del momento en el cual se comenzará a computar la Redención de la Pena. redenciones a razón de veinticinco y treinta horas diarias (¡!) Amanecerá y veremos. establecía una limitante para el cálculo de la Redención. una diversidad de reclusos. la justicia. a criterio de esta juzgadora la norma contenida en el reformado artículo 508 adjetiva. cuando hace referencia especial a los servicios prestados en las instituciones públicas y privadas. Continuando con el análisis y en uso de la labor interpretativa del derecho. Norma orgánica ésta que entra en vigencia a partir del 14 de Noviembre de 2001. Acreciento. a los hechos punibles cometidos antes del 14 de Noviembre de 2001. Avance. el cual establece textualmente: Artículo 2. la libertad. frente a otro grupo que ve cercenado su derecho a la igualdad. un grupo a los que le es aplicable el principio de Extra-actividad de la ley. que resulta ser más favorable al reo. Según lo argumenta la teoría de la Pirámide de Kelsen conocida por todos los estudiosos del Derecho Penal. Adelante. unos. en su ordinal c. sino que debe en todo caso aplicar la que considere más favorable. consagrados en nuestra carta magna y en Tratados Internacionales que han sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. con hechos punibles cometidos antes y después de la reforma procesal y promulgación del 508 del COPP. visualizamos también en esa pirámide las normas especiales por encima de las normas generales ordinarias en este caso (el COPP). a quienes les era aplicable la disposición contenida en susodicho 508 de la norma adjetiva que felizmente fue reformado por nuestros legisladores . es el de ser "Progresivo" que literalmente significa: Mejoría. que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación. Considera pues quien aquí suscribe que era el reformado 508 del COPP. la democracia. existe en los penales del País. Ascender. Próspero. Evidentemente nos encontrábamos con una población penal dividida por el principio de la DESIGUALDAD. ve más lejos su posibilidad de Reinserción y vuelta a la vida. Siguiendo este mismo orden debe esta juzgadora atender en este caso al contenido de la disposición contenida en el artículo 2 ° de la Constitución de 1999.seguiremos viendo aún. tendíamos entonces una población de penados. creando así una tercera ley. la solidaridad. Entonces pudiéramos decir que el deber ser del Derecho Penal. por encontrase su conducta circunscrita a los hechos acontecidos antes del 14 de Noviembre de 2001. contradictorio con el principio de Progresividad de los derechos humanos. como es obvio. Desde el punto de vista de la doctrina y en la jurisprudencia. "Venezuela se constituye en un Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia. conforme a lo preceptuado en el artículo 2 del Código Penal. por cuanto su texto legal en las disposiciones contenidas en especial atención a los artículos 3° y 5° relativas a la Redención de la Pena. Consecución. y bien específico el artículo 5° cuando nos señala que actividades se reconocerán a los efectos de la redención. Vanguardia. la mitad de la pena impuesta privado de su libertad. Escalada. Progreso. unos a quienes les es aplicable la Ley Especial de Redención y son más favorecidos. la vida. la cual es perfectamente aplicable. la Ley de Redención Judicial de la Pena por el trabajo y el estudio del 3 de Septiembre de 1993. entonces debe tener preeminencia en la aplicación del derecho penal las normas concretas especiales que regulan la materia de Redención de la Pena y por supuesto la ley Suprema Constitucional. es decir aplicable en el tiempo y el espacio desde su entrada en vigencia y para aquellos hechos punibles cometidos a partir de la citada fecha. estoy seguro. las normas tienen una jerarquía y en la cúspide de esa pirámide en un orden sistemático y lógico encontramos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nuestra carta magna al mismo nivel de los Tratados y Convenios internacionales suscrito por Venezuela.
. que no podrá el juez combinar varias leyes y aplicarlas simultáneamente. la igualdad.
Estado de Derecho: Es aquel que está sometido al imperio de la ley. lo cual se enlaza con el principio de supremacía constitucional del artículo 7° con el sometimiento de los órganos del Poder Público a la Constitución y a las leyes.
. se iguala a la simplicidad del conocimiento de la ley y aplicado al derecho penal es más crítico porque se trata del Derecho que tiene que ver con la libertad. es el Estado que tiende a garantizar la justicia por encima de la legalidad formal. pero no se tiene que ocupar de la realización de una decisión que se ajuste a la equidad y a la justicia. Entonces cabe preguntarnos: ¿Cómo hemos podido pasar de un Estado que busca la realización de la ley (que es el estado formal de derecho) a un Estado Democrático. es decir a la legalidad. no es un silogismo judicial lo que debe importar de las ciencias exactas (2+2= sigue siendo 4). es decir que al encontrar permanentemente vacíos de la ley debe el juez satisfacerlos o solucionar a través de la tesis garantista. son las circunstancias sociales las que deben importar al juez y poder ajustar la norma adjetiva a lo que me está pidiendo el nuevo sistema social de derecho y de justicia. en contra de lo que establece el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que no habla de la realización de la legalidad sino que habla de la REALIZACION DE LA JUSTICIA. la ética y el pluralismo político". un estado que además pretenda ser democrático tiene que llenar el derecho penal de un contenido respetuoso de una imagen del ciudadano. el principio de proporcionalidad. Esa es la función finalista del derecho penal. La disposición antes transcrita estable un límite al Ius Puniendo de un Estado Democrático y nos lleva al convencimiento de que si el Estado de Derecho exige el sometimiento de la potestad punitiva al principio de la legalidad y en el Estado Social dicha potestad sólo se legitima si sirve de eficaz y necesaria protección de la sociedad. que lo lleva a intervenir en la actividad económica como Estado prestacional. el principio de culpabilidad.la responsabilidad social y en general. en vez de las medidas alternativas. la preeminencia de los derechos humanos. poco le importa conocer la realidad social. es decir cuando pensamos en penas enseguida pensamos en cárcel. lo que lleva a regular expresamente el principio de la tutela efectiva y de acceso a la justicia. porque su función es conocer solo la norma. Entonces mi función como juez debe ser revisar esas lagunas e ignominias dentro del sistema y solucionarlos. que estas contradicciones entre normas se deben satisfacer o solucionar a través de la tesis garantista. Social de Justicia? Autores como Hidegard Rondón de Sans. de la igualdad real de los hombres y de su facultad de participación en la vida social. el principio de resocialización. amo dotado de una serie de derechos derivados de su dignidad humana. él tiene que ocuparse de la realización de la legislación. debe enjuiciarse el derecho como un objeto final susceptible de valoración porque la realidad es construida sobre el hombre "SER HUMANO" y sobre ella se construye el derecho. Entendemos pues que el Principio Resocializador de la pena peor sin violar la libertad personal. Puede así fundamentarse ciertos principios políticos criminales como el principio de la humanidad de la pena. expresa en su obra: El Estado social: Es aquel que tiene como objetivo la búsqueda de la justicia social. Por último un ESTADO DE JUSTICIA. pensamos en pena pero de una manera diferente de castigar. Finalmente el Estado de Justicia: Es el que tiende a garantizar la justicia por encima de la legalidad formal. resuelve lacrisis fundamental del Derecho Penal y del Derecho en General es que la ciencia del Derecho Palio-Positivista (término acuñado por (Ferrajoli para designar a Kelsen) propio de la edad de piedra. Entonces vemos como se da la incongruencia de que el juez tiene que ocuparse de la ley pero no de la justicia. Entonces pudiéramos afirmar en la Ley de Reforma Parcial de la Legislación Procesal referida a la aplicación del contenido del artículo 507. es decir la simplicidad del conocimiento meramente normativo de la ley y la finalidad mía como juez. es decir. contenido en el artículo 137 a los sistemas de control de la constitucionalidad que mencionan los artículos 334 y 336 y de control contencioso administrativo como lo prevé el artículo 259.
que este artículo 507 de la Ley de reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal.V. en razón de los principios de Igualdad. al estudio y principalmente a la reinserción. De que se les otorgue los respectivos Beneficios como fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. de manera que si los mismos fines pueden lograrse por otros medios sancionatorios. se alargan las esperanzas para los penados que viven día a día esas consecuencias ajenas a su voluntad. Para ello. desde su inicio y no a la mitad del cumplimiento de la pena como lo preceptuaba la citada norma. Precisamente esa es la realidad social a que se debe el juez de Ejecución al aplicar el fin último del Derecho La JUSTICIA SOCIAL tan anhelada por todos. funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias. es decir. Debe procurarse que el sujeto no empeore sus condiciones sociales. se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. "El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. De igual manera considera esta Juzgadora que el derecho que tienen los condenados según nuestra Carta Magna a que se le respeten sus Derechos Humanos suscritos en tratados y ratificados por la República (Artículo 19 y 23 de la C. debe atenderse entonces a la solución pronta del problema y optar por la aplicación de la Redención de la Pena por el trabajo. Progresividad.) donde no se hacen excepciones en cuanto a los derechos fundamentales que corresponden a todos los venezolanos y que. es una norma de política criminal que devuelve el derecho efectivo que tiene todo penado. la cárcel debe dar al sujeto condiciones mejores a aquellos por los cuales delinquió. debe pensarse en pena sin violar la libertad personal.R. y se regirán por una administración descentralizada. Considera quién aquí decide. En general. en principio la libertad de conciencia y la autonomía de la razón. pues la pena en un Estado Social de Derecho y Justicia como el nuestro. racional y útil y proporcionada. es decir.B. Mal podemos socializar una persona sustrayéndolo del medio donde ella se realiza. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia post-penitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y proporcionará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico" Ahora bien las Medidas alternativas del cumplimiento de la pena obedecen a una política criminal orientada a la humanización de la sanción punitiva del Estado. debe Por todas las motivaciones antes explanadas. por lo tanto se extiende a los condenados por sentencia firme. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusorio. porque sabemos que las cargas de la desidia y desatención de políticas carcelarias por parte del Estado data de muchos años atrás. el estudio. los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo.pensamos en pena y en la utilidad del derecho penal sin la necesidad de la cárcel. una vez cumplidos los requisitos exigidos por la ley. debe cumplir el importante fin de la resocialización. a que se le redima su pena como estímulo al trabajo. a cargo de los gobiernos estatales o municipales. mientras esperamos esa positiva solución del Estado a mediano plazo. Considera igualmente esta Juzgadora que debe considerarse también el Artículo 272 de nuestra Carta Magna que estatuye lo que a continuación se transcribe: Artículo 272. debe ser necesaria. resocialización. quien aquí
. humanización de las penas y en especial de los Derechos Humanos del hombre consagrados universalmente por los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Venezuela. el deporte y la recreación. pese a los grandes y valiosos esfuerzos y a la voluntad política del hoy Gobierno Bolivariano de crear una nueva cárcel con el cumplimiento de las condiciones óptimas para la convivencia intramuros. de la reinserción del penado en la sociedad y además de cumplir con la función de prevención por la vía de la disuasión general.
vencer la carne. "Todo hombre puede ser rescatado. de la economía.. entonces corresponde entonces a este Tribunal. ser salvado de sus pecados".. entonces se aplicar la disposición contenida en el 507 de la ley de Reforma del COPP. En consecuencia.suscribe considera que lo ajustado a derecho es la aplicación de la Ley de Reforma Parcial del COPP y practicar la Redención Judicial de la Pena por el Trabajo. espiritual. revisada y analizada como ha sido la solicitud antes mencionada se observa que la misma cumple con las exigencias legales contenidas con las normas y jurisprudencias supra citadas. por lo tanto el tiempo especificado a los folios del asunto determinado específicamente por la Junta Rehabilitadota y al efectuarse la operación matemática de dos días de trabajo por uno de reclusión. UN (01) MES y VEINTITRES (23) DIAS de Presidio y según señala la constancia de estudio emanada por la Junta Rehabilitadora del Internado Judicial ha cursado estudios por el lapso de Diez (10) meses aprobando el Quinto grado de primaria. fundado sobre la fuerza del amor y del perdón sobre la lucha contra la injusticia y toda miseria física. Pero ¡Cómo podréis afirmar que creéis en Dios Hecho hombre si no os pronunciáis contra todo lo que degrada la persona humana y la Familia? No podéis eludir el esfuerzo para contribuir a la construcción de un mundo nuevo. criterio este que si es vinculante y que sirve de referencia a todos los jueces de la República. condenado a cumplir pena de: Diez (10) Años y Dos (02) Meses de Presidio por la comisión del delito de: HURTO y ROBO de VEHICULO. ser reconciliado con Dios. UN (01) MES y VEINTITRES (23) DIAS de Presidio. Y así se declara. obtiene esta Juzgadora que efectivamente. en este sentido este Tribunal.. emitir formal pronunciamiento a la solicitud de Redención de la Pena por el Trabajo y el Estudio remitida por la Junta de Rehabilitación Laboral y Educativa del Internado Judicial del Estado Falcón a favor del penado: Eli Saúl Colina Colina. Para finalizar no puedo dejar pasar por alto las hermosas palabras dejadas por el muy recordado Papa. sobre la orientación de la política. conforme a lo previsto en el artículo 3° de la cita Ley de redención. antes identificado. aunado al hecho que fue suspendida la disposición adjetiva del 493 del COPP. redimido. este Tribunal Primero de Ejecución de Penas y de Medidas de Seguridad del Circuito Judicial
. en base al criterio doctrinal y jurisprudencial abundantemente motivado por esta Juzgadora. en su Sala Constitucional. La solicitud interpuesta una vez consignadas las constancias correspondientes al tiempo de Trabajo y el Estudio. SEGUNDO: Señala el artículo 3 de la Ley de Redención Judicial por el Trabajo y el Estudio "Se podrá redimir su pena con el Trabajo y el Estudio a razón de UN (01) día de Reclusión por cada dos (02) de estudio o de trabajo. en el presente caso y para decidir hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: Señala la solicitud presentada que el penado de autos antes identificado ha laborado Intramuros como Artesano en lapso continuo. porque entonces no se puede REDIMIR antes también. cuando ya el penado se ha estimulado a trabajar dentro del Centro de Reclusión. que garantiza todo derecho constitucional del hombre concebido como ser Humano provisto de su dignidad humana.( Juan Pablo II). Juan Pablo Segundo que con tanta humildad nos dijo: "El señor os quiere apóstoles intrépidos de su Evangelio y constructores de la nueva Humanidad. con actividades laborales Intramuros con una jornada de Un (01) Año. con la esperanza de hacer más llevadera su vida allí. la redención posible es de: UN (01) AÑO. moral. soy fiel creyente de la Redención y Rehabilitación del hombre y que todavía quedan esperanzas. Todos los argumentos de derecho antes explanados. De la cultura de la tecnología al servicio del hombre y de su desarrollo integral. criterio emitido por el más alto Tribunal de la República. si se puede otorgar un beneficio antes del cumplimiento de la mitad de la Pena.". Cinco (05) Meses y Nueve (09) días y computando un tiempo efectivo en el desempeño de sus actividades de: UN (01) AÑO.
a la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario y a la Dirección del Internado Judicial del Estado Falcón.179. se REDIME LA PENA por efectos del trabajo al penado: ELI SAUL COLINA. mayor de edad.Penal del Estado Falcón REDIME la Pena por efectos del Trabajo en: UN (01) AÑO. UN (01) MES y VEINTITRES (23) DIAS de Presidio solicitada por la Junta Rehabilitadora del Recluso y se practica nuevo cómputo de pena conforme alo previsto en el artículo 482 del COPP. Todo de conformidad con lo establecido en el artículo 3° y 5 de la Ley de Redención Judicial de la Pena. y actualmente recluido en el internado judicial de este Estado. a la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario y a la Dirección del Internado Judicial del Estado Falcón. previstos en el artículo 272 del Texto Constitucional. Regístrese. LA JUEZ PRIMERA DE EJECUCION Mag. en respeto a todos los principios constitucionales de Derechos Humanos relativos a la Progresividad de las normas.679. LA SECRETARIA.. Y así se decide. a la Defensa Pública de este Circuito Judicial Penal y al Penado antes plenamente identificado. Certifíquese copia del presente auto y con oficio remítase. residenciado en Sector la Cañada. Cs. Titular de cédula V-12. Venezolano. Abg.DISPOSITIVA En consecuencia expuestos los argumentos de derecho y de hecho en esta materia sometida al conocimiento de esta juzgadora. el cual se encuentra recluido en el Internado Judicial de este Estado cumpliendo condena de: Diez (10) Años y Dos (02) Meses de Presidio más las accesorias de ley en UN (01) AÑO. natural de Coro. Calle Hernández. de Profesión Indefinida. 61 y 64 de la Ley de Régimen Penitenciario y los artículos 3 y siguientes de la Ley de Redención judicial de la Pena del Trabajo y el Estudio y atendiendo al contenido de la Doctrina Penal Vinculante. este Tribunal Primero de Primera Instancia en la Penal en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal con sede en Coro del Estado Falcón Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley. A tal efecto se ordena efectuar nuevo Cómputo de Conformidad con el Artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal. Cúmplase. DECLARA: De conformidad con el artículo 507 de La Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal y el contenido de los Artículos 2.26 y 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. a la jurisprudencia supra mencionada y el artículo 507 de la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal. MATHEUS SUAREZ. de aplicabilidad inmediata conforme a lo preceptuado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional. Venezolano. de profesión u oficio indefinida. Notifíquese a la Fiscalía Décima Séptima del Ministerio Publico. 19. YANYS C. los artículos 2 y 7 del Pacto de San José de Costa Rica. cumpliendo condena de: Diez (10) Años y Dos (02) Meses de Presidio. Certifíquese copia del presente auto y con oficio remítase. el artículo 26 del Pacto Internacional Sobre Derechos Civiles y Políticos. Juanita Sánchez Rodríguez. titular de la cédula de identidad N° 12. las normas constitucionales. UN (01) MES y VEINTITRES (23) DIAS de Presidio al penado: ELI SAUL COLINA COLINA. Y así se decide. Casa N°: 4 Coro Estado Falcón. 21. Soltero.831. y los artículos 07. Publíquese y Notifíquese.
. de 32 años de edad.182.
no significa renunciar a la posibilidad de fijar tipos penales que se resisten a las formulas tradicionales y que exigen la necesidad de fijar de complementación. ni pena. y la responsabilidad penal no pude descansar en la simple causación de un daño sin referencia alguna a la voluntad culpable del autor. Precisamente. pudiendo y debiendo ajustarse a las exigencias del Derecho. al cual debe pertenecer el hecho. el Derecho Penal está destinado a proteger bienes y valores cuya protección se considera imprescindible para a existencia de la sociedad. equívocos. por la realización de un hecho típico dañoso. optó por rebelarse contra ellas. cuyo funcionamiento. Según el principio del bien jurídico. por sus tendencias o por su modo de ser. la cual debe ser apreciada por el juez. no solo materialmente. en lo cual radica la esencia del hecho punible. lo cual supone la determinación de los tipos penales. Por tanto. como lo anotaremos más adelante. a los fines de determinar la condición para que el hecho tenga importancia penal. del bien jurídico. entonces. o librados a la libre apreciación del juzgador. se exige que el delito se encuentre expresamente previsto en una ley formal. la reducción al mínimo de su contenido de elementos genéricos. Solo se puede responder temporalmente a la medida en que. en todo caso. de la responsabilidad por el hecho. debe garantizar la exigencia de certeza del ciudadano ante la ley penal. Ello. de manera de garantizar la seguridad del ciudadano. Todo el Derecho Penal se orienta hacia la protección de los bienes o valores jurídicos y la determinación de estos ilumina y constituye la razón de ser de las normas incriminadoras. por el hecho realizado debe ser posible la formulación de un juicio de reproche a su autor. entendida como retribución y con fines preventivos. Este principio.CONCLUSIONES
Los principios que rigen el Derecho Penal: Inspirado en un sistema democrático que ha sido transformado lentamente la estructura jurídico penal. va mucho más allá de la exigencia de una ley formal previa que establezca las conductas delictivas y sus penas. como lo explicaremos después. Según el principio de culpabilidad. del hecho al autor. para exigir la certeza o precisión de la ley penal. no hay delito. se puede dirigir un reproche personal a su autor por la actitud de su voluntad contraria al deber impuesto por la norma o por la expresión de una voluntad que. cuales son las consecuencias de la trasgresión o las penalidades que siguen a su conducta lesiva a los bienes protegidos por la norma penal. quien debe saber exactamente cuál es la conducta prohibida y. sino por lo que ha hecho concretamente. previa. todo delito supone. descrito con contornos precisos. de manera que conozca de forma precisa los contornos de ilicitud penal. El Derecho Penal no castiga a un sujeto por su personalidad. por el cual se sanciona a su autor. gira en torno a los principios penalísticos de la legalidad de los delitos y de las penas. Este principio constituye otro de los principios básicos del Derecho Penal moderno y garantista. por lo menos un peligro para un bien jurídico. de la exigencia culpabilista y de la pena humanitaria. sin embargo. todo delito supone la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. no siendo suficiente para incriminar un comportamiento que este aparezca como la simple expresión de una voluntad torcida o rebelde. Según el principio de legalidad. asimismo.
. De acuerdo con el principio del hecho. con evidente amenaza a las exigencias garantistas del Derecho Penal y Estado de Derecho. Aunque es parte de ciertas tendencias ignora este principio y se ha querido desplazar la normativa penal. como en el caso de las normas penales en blanco. carácter que condiciona la materialidad misma del hecho. exigiéndose como requisito esencial para que una conducta pueda ser considerada como delito. el delito debe consistir en un comportamiento externo concreto o individualizado. sino espiritualmente. Sin culpabilidad.
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 artículo 410
 artículo 382
 artículo 393
de lege lata
de lege ferenda
de LEGE LATA
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 artículo 24
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 artículo 507
 artículo 1
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 artículo 2
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 artículo 509
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 Artículo 5
 artículo 508
 Artículo 507
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 Artículo 2
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 artículo 7
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 artículo 137
 artículo 259
 artículo 507
 Artículo 272
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 artículo 3
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 artículo 482
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