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Timestamp: 2018-08-21 06:44:15+00:00

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﻿ SENTENCIA 2006-02497/2485-13 DE ABRIL 27 DE 2017
SENTENCIA 2006-02497 DE 27 DE ABRIL DE 2017
CONTENIDO:APLICACIÓN DE CONVENCIONES COLECTIVAS PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. CABE SEÑALAR QUE CONFORME EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA SE GARANTIZA EL DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES, CON LAS EXCEPCIONES QUE SEÑALE LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA. ES DEBER DEL ESTADO PROMOVER LA CONCENTRACIÓN Y LOS DEMÁS MEDIOS PARA LA SOLUCIÓN PACIFICA DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO. UNA DE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA LEY PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA SE ENCUENTRA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 416 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, EN EL SENTIDO QUE LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS NO PUEDEN PRESENTAR PLIEGOS DE PETICIONES NI CELEBRAR CONVENCIONES COLECTIVAS, PERO LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS NO PUEDEN PRESENTAR PLIEGOS DE PETICIONES DEBEN TRAMITARSE EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE LOS DEMÁS, AUN CUANDO NO PUEDEN DECLARAR O HACER HUELGA EN TRATÁNDOSE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES. ASÍ LAS COSAS, SE DETERMINA QUE DE ACUERDO A LOS CONVENIOS INTERNACIONALES DE TRABAJO, ESTABLECEN QUE LA IMPOSIBILIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE PRESENTAR PLIEGOS DE PETICIONES Y CELEBRAR CONVENCIONES COLECTIVAS NO RIÑE CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, EN LA MEDIDA QUE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NO SE IDENTIFICA CON DICHOS INSTITUTOS, SINO QUE COMPRENDE UN MAYOR CAMPO DE ACCIÓN A TRAVÉS DE DIVERSAS FIGURAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO, NEGOCIACIÓN COLECTIVA, CONVENCIÓN COLECTIVA, PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL, CONFLICTO DE INTERESES, FINALIDAD DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA
Rad.: 08001233100020060249702
Número interno: 2485-13
Apelación sentencia. Reconocimiento pensión de jubilación
Consiste en determinar si la situación pensional del señor Víctor Manuel Montes Pedroza, se encuentra amparada por lo dispuesto en artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en su condición de ex empleado público de la Universidad del Atlántico, al habérsele reconocido su derecho con fundamento en lo dispuesto en la convención colectiva de trabajo de 1976.
La Constitución Política de 1886 consagró en el artículo 62 la competencia del legislador para fijar, entre otros asuntos, las condiciones de jubilación en todos los órdenes y la clase de servicios que darían derecho a la pensión del tesoro público, en los siguientes términos:
“ART. 62.—La ley determinará los casos particulares de incompatibilidad de funciones; los de responsabilidad de los funcionarios y modo de hacerla efectiva; las calidades y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, en los casos no previstos por la Constitución; las condiciones de ascenso y de jubilación; y la serie o clase de servicios civiles o militares que dan derecho a pensión del tesoro público.
9. Determinar la estructura de la administración nacional mediante la creación de ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales.
Por su parte, el numeral 2.1 del artículo 120 ibidem autorizó al Presidente de la República para fijar la asignación salarial de los empleos del orden nacional central, dentro de las escalas de remuneración fijadas por el Congreso de la República de conformidad con el numeral 9 del artículo 76 previamente transcrito.
Con la expedición de la Constitución Política de 1991, le corresponde al Congreso mediante la expedición de leyes marco, señalar las normas generales, objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos y el régimen de los trabajadores oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19 literales e) y f). Igualmente, de acuerdo con el artículo 48 ibidem, la seguridad social, a la cual pertenece la materia pensional, es un servicio público que se presta con sujeción a los principios allí enunciados, en los términos que establezca la ley.
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales;
“ART. 10.—Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos, adquiridos.
En materia salarial y prestacional los docentes vinculados a las universidades públicas de orden nacional se rigen por el Decreto 1444 de 1992 y los vinculados a universidades públicas del orden territorial por el Decreto 055 de 1994, que adoptó el régimen salarial y prestacional determinado en el primero, disposiciones éstas expedidas con base en las facultades otorgadas por la Ley 4ª de 1992:
Dado que las personas que prestan sus servicios tanto en el área docente como administrativa de las universidades del Estado son servidores públicos, que el presupuesto de estas entidades proviene casi en su totalidad del Estado, que por expresa disposición legal corresponde al Gobierno Nacional regular el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y que la Ley 30 de 1992 consagró en el artículo 77 que el régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades estatales se regirá por la Ley 4ª de 1992 y demás normas complementarias, la Sala considera que compete al Presidente de la República fijar el régimen salarial y prestacional del personal docente y administrativo de las universidades oficiales [...](1).
2.2.2. Aplicación de convenciones colectivas para los empleados públicos
Según lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución Política “Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo”.
Una de las excepciones previstas en la ley para la negociación colectiva está establecida en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, en el sentido de que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones deben tramitarse en los mismos términos que los demás, aun cuando no pueden declarar o hacer huelga en tratándose de los servicios públicos esenciales(2).
No obstante el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial con la entrada en vigencia de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo - OIT 151 “sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública”, y 154 “sobre el fomento de la negociación colectiva”, adoptados por la legislación nacional mediante las leyes 411 de 1997(3) y 524 de 12 de agosto de 1999.
En efecto, en Sentencia C-1235 de 2005 la Corte Constitucional analizó la viabilidad de hacer un estudio de constitucionalidad concordado con los instrumentos internacionales concluyendo respecto de la negociación colectiva frente a los empleados públicos que “...Surge con claridad, entonces, que se está ante un panorama legal distinto al que existía cuando la Corte, en el año de 1994, en la Sentencia C-110 de 1994, examinó el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, por un lado, no habían sido incorporados por medio de la ley, los convenios 151 y 154 de la OIT, tantas veces citados, y del otro, los cambios introducidos son sustanciales y acordes con la Constitución, por las razones expuestas en las sentencias que aprobaron dichos tratados...”
En su decisión la Corte instó al legislador a regular claramente los mecanismos de concertación de los empleados públicos, con el objeto de garantizar su derecho a la negociación colectiva, dentro de los límites que imponen su papel dentro del Estado(4).
Con tal propósito el Gobierno Nacional mediante el Decreto 160 del 5 de febrero de 2014 reguló el procedimiento de negociación entre las organizaciones sindicales .de empleados públicos y las entidades públicas y estableció en su artículo 5º lo siguiente:
2.2.3. Situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
“ART. 146.—Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la presente ley, con base en disposiciones municipales departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido (o cumplan dentro de los dos años siguientes)(5) los requisitos exigidos en dichas normas.
El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, según el cual “se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de 1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones municipales y departamentales, deben continuar vigentes...
Por lo demás, valga señalar que la jurisprudencia ha considerado que los reconocimientos pensionales individuales sustentados en convenciones colectivas también están comprendidos dentro de los supuestos establecidos en el aludido artículo. Particularmente, esta corporación en sentencia de unificación de 29 de septiembre de 2011, consejero ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente 2434-10, señaló:
Es importante destacar que sobre la vigencia de la Ley 100 de 1993 en materia pensional en el nivel territorial, el artículo 151 ibidem estableció que entraría a regir a partir del 30 de junio de 1995, en esas condiciones, solamente las situaciones particulares que se definieron con antelación a esa fecha deben ser respetadas, sin embargo el artículo 146, permitía la consolidación del derecho dentro de los dos años siguientes a la vigencia del sistema general de seguridad social, aparte que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la misma Sentencia C-410 de 1997 antes mencionada.
No obstante lo anterior, esta corporación consideró que dicho aparte sí surtió efectos respecto de aquellas situaciones pensionales que se consolidaron entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, con fundamento en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, de acuerdo con el cual las sentencias de inexequibilidad tienen efectos hacia futuro, y como quiera que la sentencia de constitucionalidad no moduló los efectos de su decisión, quedaron amparadas las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron con base en disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997 o antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el sistema general en cada entidad territorial: Así lo concluyó la sentencia del 7 de octubre de 2010(6):
[...] Por lo expuesto, resulta válido afirmar que no sólo las situaciones que se consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con fundamento en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su ilegalidad, quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo146 de la Ley 100 de 1993; sino también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997, pues, se reitera, estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de inexequibilidad efectuada con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, dados los efectos de la misma. [...]
2.3.1. El señor Víctor Manuel Montes Pedroza nació el 24 de abril de 1942 en la ciudad de Bogotá, según consta en la copia de la cédula de ciudadanía que obra a folio 18 del cuaderno 2.
2.3.2. Por medio de la Resolución 543 de 22 de abril de 1999 el rector de la Universidad del Atlántico, le reconoció la pensión de jubilación con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9º literal c) de la convención colectiva de trabajo de 1976 (fls. 19-20 ib). En dicho acto, se señaló como tiempo de servicios el comprendido entre el 10 de junio de 1976 y el 31 de marzo de 1999.
Al señor Víctor Manuel Montes Pedroza le fue reconocida la pensión de jubilación, a través de la Resolución 543 de 22 de abril de 1999, en cuantía equivalente al 100% del promedio de salarios y primas devengados en el último año de servicios, en aplicación de lo dispuesto en el literal c) del artículo 9º de la convención colectiva de trabajo de 1976 que señalaba “la universidad pagará a los profesores y trabajadores la pensión según las siguientes reglas... “c) con veinte (20) años de servicio o más, cualquiera que sea la causa de la terminación del contrato y a cualquier edad”.
En razón de lo anterior, acatando las directrices señaladas por la Corte Constitucional, los presupuestos del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 y lo dispuesto por esta corporación en la sentencia del 7 de octubre de 2010 expediente 1484 de 2009(7), al demandado le asiste el reconocimiento de la pensión, en tanto consolidó su estatus pensional, de conformidad con los requisitos establecidos en la convención colectiva de 1976 desde el 10 de junio de 1996, en vista de que ingresó a prestar sus servicios en dicha institución el 10 de junio de 1976, según indica la propia resolución de reconocimiento pensional (fls.19-20, cdno. 2).
Ahora, debe advertirse que al legalizar las pensiones atípicamente reconocidas, no aclaró el legislador que algunos de los aspectos que involucran dichas pensiones quedaran al margen de los ordenamientos generales que eventualmente les resultaren aplicables, por el contrario, la convalidación se dio sin exclusión alguna respecto de los diferentes elementos de la pensión regulados también por las normas extralegales en comento, tales como la edad, el tiempo de servicios, el monto y los factores base de liquidación pensional, razón por la cual le asiste al señor Víctor Manuel Montes Pedroza la garantía del respeto a sus derechos adquiridos como situación jurídica consolidada, razón suficiente para denegar los argumentos que sustentan el recurso de apelación interpuesto por el ente universitario y confirmar la decisión de primera instancia.
CONFÍRMASE la sentencia de 25 de enero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso instaurado por la Universidad del Atlántico contra el señor Víctor Manuel Montes Pedroza.
1. Consejo de Estado, Sala de consulta y servicio civil, providencia del 15 de abril de 1998, Rad. 1076, C.P. Augusto Trejos Jaramillo.
2. Corte Constitucional Sentencia C-110 de 1994.
3. Con análisis de constitucionalidad en la Sentencia C-377 de 1998.
4. “(...) La Corte no desconoce que el problema del ejercicio del derecho de los sindicatos de empleados públicos a la negociación colectiva radica en que no existen mecanismos legales apropiados para hacer cumplir este derecho. Es más, el legislador no ha desarrollado el procedimiento para que estos sindicatos puedan iniciar la concertación, garantizar que las peticiones o los reclamos sean recibidos y atendidos por la administración pública. Ni se ha establecido cuál es la autoridad pública competente para pronunciarse cuando se desconoce, sin motivo el derecho de negociación colectiva. Tampoco existen los mecanismos legales que garanticen que las solicitudes de los sindicatos de empleados públicos, después de la etapa de concertación, se reflejen en los proyectos de ley de presupuesto o en las leyes de carrera administrativa”.
5. Expresión entre paréntesis declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-410 de 1997.
6. Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 7 de octubre de 2010, Rad. 1484-09, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
7. En dicha providencia se señala que “resulta válido afirmar que no sólo las situaciones que se consolidaron o adquirieron con anterioridad al 30 de junio de 1995 con fundamento en normas municipales o departamentales, se reitera, a pesar de su ilegalidad, quedan amparadas por lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993; sino también aquellas que se adquirieron antes del 30 de junio de 1997, pues, se reitera, estas últimas no se vieron afectadas por la declaratoria de inexequibilidad efectuada con la Sentencia C-410 de 28 de agosto de 1997, dados los efectos de la misma […].

References: ARTÍCULO 55
 ARTÍCULO 416
 artículo 146
 artículo 62
 artículo 120
 artículo 76
 artículo 150
 artículo 48
 artículo 77
 artículo 55
 artículo 416
 artículo 416
 artículo 416
 artículo 5
 artículo 58
 artículo 151
 artículo 146
 artículo 45
 artículo146
 Resolución 
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 146
 resolución 
 artículo 146