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Timestamp: 2018-06-21 10:29:05+00:00

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Administración y representación -directorio- - Sociedades Anónimas
Administrador y directorio.
De la administración y de la representación
El administrador o el directorio, según la forma de organización, constituye un órgano necesario y permanente, sin el cual la sociedad no puede subsistir. La falta de administradores pone a la sociedad en la imposibilidad de conseguir el propio objeto.
La administración supone funciones de decisión y ejecución internas, que cuando contacta con el mundo exterior toma la forma de representación.
Conforme al art. 375, la administración de las sociedades anónimas estará a cargo de un administrador, tipo de administración que sucede con frecuencia en las sociedades de menores dimensiones, o de un Directorio (no se habla de varios administradores actuando conjunta o indistintamente). El contrato podrá delegar en la asamblea de accionistas la determinación de una u otra forma de administración y el número de miembros del directorio.
El art. 9 del decreto 335/90 declara válida la constitución de directorios de un solo miembro recogiendo una práctica habitual. La diferencia entre un estatuto que prevé un administrador y no faculta a la asamblea de accionistas de elegir una forma u otra de administración respecto del directorio unipersonal es que, en el segundo caso la adopción de un sistema verdaderamente plural no requiere reforma del estatuto. En las sociedades anónimas cerradas o de familia es generalizado el directorio monocrático, dice Verón, por ser realidad de la vida cotidiana que las funciones de gestión, administración y representación estén a cargo de una sola persona.
Las sociedades anónimas que recurren al ahorro público para la integración de su capital, aumento, cotizan en bolsa o emiten obligaciones negociables en emisión pública, necesariamente deben constituir un directorio.
(Administración). La administración de las sociedades anónimas estará cargo de un administrador o de un directorio. El contrato podrá delegar en la asamblea de accionistas la determinación de una u otra forma de administración y del número de miembros del directorio. Tratándose de sociedades anónimas abiertas el órgano de administración será necesariamente un directorio. (*)
Los directores o el administrador son designados en principio, salvo razones de urgencia, por asamblea ordinaria que ha de ser convocada por lo menos una vez al año. Dice Wonsiak que puede llegarse al nombramiento de administradores o directores por simple mayoría de presentes, como es el caso que la designación se efectúe por una asamblea ordinaria en segunda convocatoria.
El nombramiento ha de ser aceptado. Su efecto tiene lugar en el momento de la aceptación o, mejor dicho, queda condicionado suspensívamente a ésta. La aceptación puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se produce inmediatamente en la asamblea y queda consignada en el acta o bien mediante comunicación escrita. Es tácita cuando se asume efectivamente el cargo.
(Designación). El administrador o los directores serán designados en la asamblea de accionistas. Cuando existan series de acciones, el estatuto podrá prever que cada una de ellas elija uno o más directores, reglamentando su elección. La elección por los tenedores de acciones preferidas con derecho a elegir uno o más directores, también será reglamentada en el estatuto.
El contrato social podrá establecer el régimen de suplencias del administrador o de los directores para el caso de vacancia temporal o definitiva. Si no hubiera previsiones estatutarias se aplicará el régimen siguiente:
Si se produjera la vacante del cargo de administrador el órgano de control interno nombrará un sustitutivo provisorio, si no existiera órgano de control, cualquier accionista podrá pedir al órgano estatal de control que designe un administrador provisorio entre los accionistas mayoritarios. El administrador provisorio deberá convocar, dentro del plazo de sesenta días, la asamblea extraordinaria que nombrará el definitivo.
Si la vacancia se produce en el cargo de director, el sustituto será nombrado por los directores restantes (cooptación) y actuará hasta la próxima asamblea. Ferri citado por Verón explica que la cooptación importa así una delegación del poder eleccionario de la asamblea, que la ley consiente excepcionalmente frente al hecho imprevisible de la vacancia administrativa que afecta la función normal del órgano de administración que debe restituirse urgentemente. La doctrina italiana mas autorizada, continua diciendo el argentino, entiende que se trata de un deber y no de una facultad del órgano de administración, fundada en la necesidad de que éste permanezca totalmente integrado ininterrumpidamente dada la naturaleza colegiada del mismo.
Si no hay acuerdo o se produce la vacancia de todos, se aplicaran las normas que rige para el caso de la vacancia de un administrador.
(Suplencias. Vacancias). El contrato social podrá establecer el régimen de suplencias del administrador o de los directores para el caso de vacancia temporal o definitiva. Si no hubiera previsiones estatutarias, se aplicarán las disposiciones siguientes. Si se produjera la vacante del cargo de administrador el órgano de control interno nombrará un sustituto provisorio. Si no existiera órgano de control, cualquier accionista podrá pedir al órgano estatal de control que designe un administrador provisorio entre los accionistas mayoritarios. El administrador provisorio deberá convocar, dentro del plazo de sesenta días, la asamblea extraordinaria que nombrará el definitivo. Los administradores provisorios sólo podrán realizar actos de gestión urgentes. En el caso de vacancia en el cargo de director, el sustituto será nombrado por los directores restantes y actuará hasta la próxima asamblea. Si no se lograra acuerdo entre éstos o se hubiera producido la vacancia de todos o de la mayoría de los cargos, se aplicará lo dispuesto en el inciso segundo de este artículo. Respecto a los suplentes será de aplicación lo dispuesto por el artículo 86. (*)
España. Artículo 244. Cooptación. En la sociedad anónima si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen vacantes sin que existieran suplentes, el consejo podrá designar entre los accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera junta general.
Condiciones para ser director.
El art. 378, expresa que podrán ser designados como directores, personas físicas o jurídicas, accionistas o no. La ley de sociedades permite que sea director una persona no accionista, en la inteligencia de que la capacidad técnica no depende de la titularidad del capital (Verón).
Deben ser capaces para el ejercicio del comercio de acuerdo a lo establecido por el Código para todos los comerciantes y que no lo tengan prohibido o estén inhabilitados para ello. Debe recordarse que de acuerdo al art. 28 del Código de Comercio los incompatibles por cuestiones de estado pueden tener acciones de cualquier compañía mercantil, pero no formar parte de la administración de las mismas.
No pueden integrar un directorio o ser administrador los miembros del órgano de control interno.
Podrán ser designadas las personas físicas o jurídicas, accionistas o no, capaces para el ejercicio del comercio y que no lo tengan prohibido o estén inhabilitadas para ello (artículo 80). Los funcionarios del órgano estatal de control no podrán ser administradores ni integrar directorios de sociedades anónimas. Los administradores o directores cesarán en sus cargos cuando sobrevenga cualquier causal de incapacidad, prohibición o inhabilitación. (*)
De acuerdo al artículo 201 de la Ley 18.387 de Concursos y Reorganización Empresarial, la sentencia que declare culpable al concurso tendrá entre otros contenidos la inhabilitación del deudor o de los administradores o liquidadores, aun de hecho, y miembros del órgano de control interno de la persona jurídica deudora para administrar los bienes propios o ajenos por un período de cinco a veinte años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período. Las inhabilitaciones se inscribirán en el Registro Nacional de Actos Personales.
El contrato social o la asamblea podrán establecer que el administrador o los directores otorguen garantía del correcto desempeño de su cargo. Esta se presta para reparar los eventuales daños producidos en la gestión. Podrá consistir en la prenda de acciones de la sociedad.
​Las garantías se liberarán cuando la asamblea apruebe la gestión de quien las prestó.
(Garantía). El contrato social o la asamblea podrán establecer que el administrador o los directores otorguen garantía del correcto desempeño de su cargo. La garantía podrá consistir en la prenda de acciones de la sociedad. Las garantías se liberarán cuando la asamblea apruebe la gestión de quien las prestó.
De acuerdo al art. 385 el estatuto podrá establecer la remuneración del administrador o de los directores. En su defecto, la fijará la asamblea anualmente. Unicamente los propios directores pueden, si lo desean, renunciar libre y voluntariamente al derecho a ser retribuidos (Verón).
En ningún caso el monto máximo de las retribuciones que como tales podrán recibir el administrador o los directores en conjunto, excluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, podrá exceder el 10% (diez por ciento) de las ganancias en el primer caso y el 25% (veinticinco por ciento) en el segundo.
Tales montos se limitarán al 5% (cinco por ciento) cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas, incrementándose proporcionalmente a la distribución, hasta alcanzar aquellos limites, cuando se reparta el total de las ganancias. A los fines de la aplicación de esta disposición no se tendrán en cuenta la reducción de la distribución de dividendos resultante de deducir las retribuciones del administrador o del directorio.
Dice Nissen, que se busca evitar con esta norma la existencia de administradores ricos y accionistas pobres.
(Remuneración). El estatuto podrá establecer la remuneración del administrador o de los directores. En su defecto, lo fijará la asamblea anualmente. En ningún caso el monto máximo de las retribuciones que como tales podrán recibir el administrador o los directores en conjunto, excluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico- administrativas de carácter permanente, podrá exceder el 10% (diez por ciento) de las ganancias en el primer caso y el 25% (veinticinco por ciento) en el segundo. Tales montos se limitarán al 5% (cinco por ciento) cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas, incrementándose proporcionalmente a la distribución, hasta alcanzar aquellos límites, cuando se reparta el total de las ganancias. A los fines de la aplicación de esta disposición no se tendrá en cuenta la reducción en la distribución de dividendos resultante de deducir las retribuciones del administrador o del directorio. (*)
España: Artículo 217. Remuneración de los administradores.
Duración del director en su cargo.
Dice el art. 380 que si nada se hubiese previsto, durarán un año desde su designación y podrán ser reelectos. Permanecerán en su cargo hasta su reemplazo. La renuncia de un director será presentada al directorio, la que deberá aceptarla si no afectara su funcionamiento regular, Art. 384.
(Duración. Reelección. Posesión del cargo). El estatuto fijará la duración del administrador o de los directores en sus cargos. Si nada se hubiese previsto durarán un año desde su designación. Permanecerán en sus cargos hasta su reemplazo, salvo los casos establecidos en el inciso tercero del artículo 378. Podrán ser reelectos. El administrador o los directores cesantes deberán recabar la aceptación del cargo a quien o quienes resulten designados, dentro del plazo de quince días de celebrada la asamblea respectiva. En los casos previstos en los incisos segundo y cuarto del artículo 379 deberá hacerlo quien presidió la asamblea. El o los electos deberán manifestar su aceptación o no, dentro de los cinco días hábiles siguientes. Todo ello, salvo pacto en contrario. La omisión de estos deberes será causa de responsabilidad.
Son varias las circunstancias que pueden implicar el cese tempestivo o intempestivo de su actuación. Las causales son:
Remoción. Son esencialmente revocables por el órgano del cual emana su autoridad: la asamblea, aun cuando hayan sido designados en el estatuto.
Renuncia. La renuncia de un director será presentada al directorio, que deberá aceptarla si no afectara su funcionamiento regular. Si no es aceptada el renunciante continuará en funciones hasta tanto la próxima asamblea se pronuncie (art. 384). Dicha norma se aplica también al administrador. Debe tenerse presente que conforme al artículo 204 los administradores y representantes, aunque fueran socios, podrán renunciar en cualquier tiempo, salvo pacto en contrario, pero responderán de los daños y perjuicios si la renuncia fuera dolosa o intempestiva.
Incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.
Disolución de la sociedad. En este caso los directores pueden seguir siendo liquidadores si así lo dispone el estatuto social o la asamblea.
Intervención judicial. Si se designase un mero veedor, el director o administrador seguiría en sus funciones. En los otros casos el Juez fijará sus cometidos y atribuciones.
Fin del término por el cual fue designado.
Art. 384-
(Renuncia). La renuncia de un director será presentada al directorio,
que deberá aceptarla si no afectara su funcionamiento regular. Si no es aceptada el renunciante continuará en funciones hasta tanto la próxima asamblea se pronuncie. Tratándose de un administrador se aplicará lo dispuesto en el artículo 205. (*)
Para Brunetti, un directorio es un órgano colegiado y permanente, cuyos miembros, socios o no, son periódicamente nombrados por la asamblea ordinaria de la sociedad y cuya función es realizar todos los actos de administración, ordinaria y extraordinaria, representando a la sociedad ante terceros y asumiendo responsabilidad solidaria e ilimitada por las infracciones a los deberes que le imponen la ley y el acto administrativo.
Dicen Sánchez Calero y otro, Tomo I, pág. 512, que nos hallamos ante un órgano colegiado, al que es consustancial el principio de la formación de la voluntad del órgano mediante acuerdos mayoritarios. De ese carácter colegiado deriva que no es válida la cláusula que exija la unanimidad para la adopción de acuerdos. La LSC española (ob. cit. pág. 516) dicta normas sobre el funcionamiento del Directorio, cuyo contenido se ha de completar por los estatutos, ya que en ellos ha de constar necesariamente el modo de deliberar y adoptar sus acuerdos. Si los estatutos no disponen otra cosa, el Directorio podrá regular su propio funcionamiento dictando un reglamento. El cargo de secretario del Directorio tiene singular importancia, ya que levanta el acta de la reunión del órgano, certifica los acuerdos. Para estos autores, en base a la legislación y la jurisprudencia española, a diferencia de lo que acontece con la Asamblea de accionistas, no es preciso que en la convocatoria conste la fijación de un orden del día, dada la celeridad que puede imponer la gestión social, de forma que, aun cuando se haya convocado al Directorio para tratar determinados acuerdos, podrá adoptar válidamente resoluciones sobre otros diferentes. Incluso podrá entenderse, dicen los españoles, válida la convocatoria oral, cuando a pesar de lo previsto en los estatutos, sea práctica habitual, siempre que conste que la convocatoria se ha efectuado a todos los directores.
España, artículo 242. Composición.
Artículo 386. (Directorio. Constitución, reuniones, resoluciones).- El directorio se reunirá de conformidad al régimen que fije el estatuto o al que en su defecto acuerden sus integrantes, y toda vez que lo requiera cualquier director. En este último caso el presidente hará la convocatoria para reunirse dentro del quinto día de recibido el pedido. Si no lo hiciera podrá convocarlo cualquiera de los directores. Sesionará con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes.
​ En las sociedades anónimas abiertas el directorio se reunirá por lo menos una vez por mes. Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos de presente, salvo cuando la ley o el estatuto exijan una mayoría más elevada. En caso de empate, el presidente tendrá doble voto. Quien vote en blanco o se abstenga de votar se reputará como habiendo votado en contra, salvo que la abstención resulte de obligación legal.
Sesionará con la mitad más uno de sus integrantes (Quórum de presencia). Para Sánchez Calero y otro, Tomo I, pág.518, la exigencia de la Ley de la concurrencia de la mitad más uno de los componentes del Directorio, para que éste quede válidamente constituido, presenta el problema de su cómputo cuando el número sea impar ( v.gr. cinco miembros, la mitad más uno sería la cifra imposible de tres y medio) por lo que ha de interpretarse esa exigencia redondeando la cifra por defecto ( será suficiente la asistencia de tres consejeros) y no por exceso ( que serían cuatro).
Para los españoles, no será válida la cláusula estatutaria que pretenda otorgar un derecho de veto a uno de los directores con relación a los acuerdos adoptados por el Directorio, pues tal cláusula iría abiertamente contra el principio básico y fundamental de la adopción de acuerdos por mayoría. Principio que no queda desvirtuado si se refuerza la mayoría precisa para adoptar los acuerdos, siempre que se mantenga el principio mayoritario. Pero la posibilidad de reforzar la mayoría, no hace admisible que pueda establecerse la necesidad de unanimidad, pues va contra el carácter colegiado del Directorio.
Para Verón, como regla general no puede exigirse que la convocatoria contenga el orden del día, pues la normativa no lo requiere. Salvo pacto en contrario en el estatuto, las resoluciones se adoptarán por votación de mayoría simple de presentes o de personas, previa deliberación. En caso de empate el presidente tendrá doble voto. Los miembros del órgano de control interno deberían asistir. Obviamente, dice Verón, la mayoría en el directorio se calcula por personas y no por tenencia de capital o número de acciones, máxime que puede ser director un no accionista.
El presidente, salvo pacto en contrario, solo tiene facultades para declarar y ejecutar las decisiones de ese órgano, y si bien frente a terceros la deliberación del directorio es intrascendente, quedando obligada la sociedad por la actuación de su representante legal, la falta de decisión del directorio sobre tal operación es suficiente argumento para apartarlo del cargo y proceder a su remoción del órgano de administración (Nissen).
El acta es una relación escrita de las deliberaciones, acuerdos y resoluciones de cualquier cuerpo u órgano colegiado, que como el directorio tiene por objeto dejar instrumentado, a los efectos probatorios, los actos del mismo, de manera que los órganos competentes (síndicos, comisión fiscal, asambleas, Auditoría Interna de la Nación) puedan ejercer el debido control de legalidad, de atribuciones y de diligente administración.
Los directores deben desempeñar personalmente su cargo.
Los directores no podrán votar por correspondencia, podrán designar gerentes y otorgar mandatos. Art. 383. En caso de ausencia podrán autorizar a otro director a hacerlo en su nombre.
Para Verón no es lo mismo la delegación del cargo pues éste será indelegable. No obstante sus funciones pueden ser delegadas en un comité ejecutivo, gerente, mediante apoderamiento. El directorio está autorizado a : a- otorgar poderes generales o especiales, a sus integrantes o a terceros, revocables en todo tiempo y para las funciones ejecutivas a la administración ( gerentes generales o especiales, directores o no). b- Designar de entre sus miembros a un comité ejecutivo para la gestión de los negocios ordinarios de la sociedad.
Art. 383- (Delegación). Los administradores y directores desempañarán
personalmente sus cargos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 82. Los directores no podrán votar por correspondencia, pero en caso de ausencia podrán autorizar a otra persona a hacerlo en su nombre. Su responsabilidad será la de los directores presentes.
Comentando esta norma, dice Alejandro Miller (ADC, tomo 13, pág. 83) que nuestra ley se aparta deliberadamente del texto argentino tanto en las condiciones para ser director como en la delegación del voto. Y esto trae como consecuencia que el director ausente pero representado tanto conforma quórum como vota. Sin embargo esa no es la posición de la Auditoría Interna de la Nación al año 2010. Dice Miller que el órgano estatal de control mantiene una interpretación restrictiva sobre la aplicación del art. 383. Para dicho organismo el 383 faculta al director ausente a apoderar a otra persona a votar en su nombre, pero el apoderado no conforma el quórum.
El art. 383 autoriza al directorio o administrador a designar gerentes, sean o no directores, revocables libremente. Las facultades de estos son de administración ordinaria, nunca extraordinaria (disponer de los bienes o gravarlos en garantía de obligaciones contraídas), careciendo de toda atribución para contratar en nombre de la sociedad.
El gerente, señala Wonsiak , es un ejecutivo de alto nivel que tiene a su cargo una función determinada, ventas, compras, producción, de una empresa, agencia o sucursal, cuyas facultades pueden ser más o menos amplias según los casos. Si se le encarga la administración de un establecimiento, entonces es un factor, pero no siempre el gerente es un factor.
Para Verón los gerentes son también órganos. Los órganos delegados, dice son facultativos. Permanentes en su función, porque la actividad que necesitan realizar va dirigida al desarrollo de la gestión social que por naturaleza es permanente. Con autonomía relativa en su ejercicio, es decir que no supone una subordinación de los órganos delegados al delegante respecto del ejercicio de los poderes.
El nombramiento puede recaer en quien tenga o no la calidad de director. Debe diferenciarse la figura del gerente general de la del directorio. El primero dirige, el último tiene a su cargo la gestión de los negocios sociales, de los cuales la dirección es un aspecto. El gerente es un subordinado de la empresa, el Directorio es un órgano de la sociedad y si bien es funcionario, no es dependiente ( Wonsiak).
No existe limitaciones normativas a la duración del cargo de gerente, por lo que deberá estarse a lo que en cada caso resuelva el directorio al designarlo. Si nada se dispuso durará en el cargo hasta que éste resuelva removerlo.
De acuerdo al art. 390, el estatuto podrá organizar un comité ejecutivo integrado por directores.
Su fundamento lo constituye la necesidad de agilizar la toma de decisiones no sólo en las operaciones cotidianas con terceros, sino en las relaciones internas, ya sea el gobierno del personal, contabilidad de la empresa, situación impositiva , relaciones con las entidades bancarias o crediticias o autoridades administrativas, etc.
El directorio de la sociedad, que es el órgano que designa de entre ellos a los integrantes del comité ejecutivo, debe vigilar y controlar su actuación, sin perjuicio de ejercer las demás atribuciones legales y estatutarias que le correspondan.
La organización del comité ejecutivo no modifica las obligaciones y responsabilidades de los directores.
Para Sánchez Calero y otro, Tomo I, pág. 517, si bien el Directorio, en cuanto órgano colegiado, ha de funcionar mediante la adopción de acuerdos, para un desarrollo mejor de su actividad administrativa, normalmente delega en un órgano reducido, llamado Comité Ejecutivo, buena parte de sus facultades de gestión y representación (pág. 520).
El Comité ejecutivo tal cual fue concebido por la Ley de sociedades semeja a un órgano de administración adecuado a la gran empresa. Su composición, generalmente de cuerpo colegiado, demanda pluralidad de directores que ingresarán a un órgano de segundo nivel para ejercer la gestión de los negocios ordinarios de la sociedad (Verón).
Para Verón, esta estructura supone un mecanismo legal conductivo a la especialización y jerarquía de la actividad de gestión, que consta de un acto de delegación en el momento de la creación de un comité ejecutivo delegando en ellos determinadas funciones y un acto de designación (nombramiento de las personas que han de ejercer los cargos en el comité ejecutivo).
Este acto no implica sustitución de personas pues los delegados son miembros del directorio.
La legitimación para el ejercicio de la facultad de delegar nace de la propia ley generalmente reservando al estatuto social la atribución de crear un órgano delegado. En este sentido, la previsión de los órganos delegados en los estatutos de la sociedad debe considerarse constitutiva de los mismos, en cuanto es creadora en abstracto de dichos órganos.
Si el estatuto no prevé la creación de un comité ejecutivo es obvio que ni la asamblea, ni menos el directorio, se encuentran facultados para hacerlo. Los supuestos del artículo 390 plantean la interrogante de si se trata de dos órganos de administración, o uno solo. La doctrina argentina, dice Wonsiak está dividida. Para algunos autores son dos órganos con funciones propias. Para otros autores hay un solo órgano: el directorio, desde que el comité ejecutivo no es un órgano independiente sino una emanación de aquél.
Mientras que al directorio le corresponde el poder de decisión que caracteriza al empresario y que se concreta en la aprobación de la programación de la gestión ( fundamentalmente en la fijación de la política general de la sociedad y de los planes de trabajo), entonces pueden ser delegadas el resto de las tareas como la puesta en marcha de la política general y la aplicación de los planes trazados, en la forma que se considere más adecuada para satisfacer las exigencias concretas de cada sociedad ( Verón).
El artículo 390 obliga a los directores (o directorio en pleno) a vigilar la actuación del comité ejecutivo ejerciendo las demás atribuciones legales y estatutarias que le correspondan, añadiendo que la organización del comité ejecutivo no modifica las obligaciones y responsabilidades de los directores.
Los directores que no componen el órgano delegado no pueden liberarse de las obligaciones y responsabilidades inherentes a su cargo aduciendo que los actos y omisiones que provoca la responsabilidad del comité ejecutivo son de exclusiva cuenta de éste.
Relación del comité ejecutivo con los otros órganos.
Para Verón no existe una relación de subordinación entre el Directorio y el Comité Ejecutivo, sino que se trata de funciones adjudicadas tanto a uno como a otro órgano social de acuerdo al alcance fijado en el estatuto social, configurando una división o distribución de áreas de competencia.
El Comité Ejecutivo no se independiza del directorio, sino que entre ambos órganos se genera una relación de confianza que se incrementa por el hecho de que los miembros del comité son a la vez y necesariamente miembros del directorio, sus más significativos.
Para Sánchez Calero y otro, Tomo I, pág. 520, la delegación no implica que el Directorio pierda las facultades delegadas, sino que surge un órgano que tiene unas facultades en parte paralelas y en parte concurrentes. Ahora bien, el Directorio tiene, además de las facultades propias, la de vigiliar la actuación de los miembros del comité ejecutivo. Por otro lado, el ámbito del poder de representación de los órganos delegados será siempre el que determina la Ley en relación a los administradores. Pero, también, los estatutos sociales, al diseñar la estructura del órgano al que se confía la administración, pueden prever que exista un Directorio y un Comité Ejecutivo, cuyas funciones no sean totalmente coincidentes. Puede surgir así, de hecho, un sistema dualista de administración- distinto del conocido como tal al modo germánico, en el que los dos órganos están compuestos por personas diversas y tienen funciones también diversas- en el que los dos órganos, aun cuando sus miembros sean coincidentes – los miembros del Comité Ejecutivo han de ser al propio tiempo miembros del Directorio-, no tengan unas facultades necesariamente paralelas y en gran medida concurrentes, sino en parte diversas ( v.gr., si en los estatutos se indica que la gestión diaria y corriente será competencia exclusiva del Comité Ejecutivo, correspondiendo al Directorio simplemente la vigilancia de la misma), si bien, como se ha dicho, el Directorio conserva conforme a la Ley, todos sus poderes, ya que el delegante- aun cuando delegue ciertas facultades al delegado- mantiene necesariamente esas facultades.
Comité ejecutivo. Directores delegados). El estatuto podrá organizar un comité ejecutivo integrado por directores o autorizar al directorio a designar uno o más directores delegados, quienes tendrán a su cargo la gestión de los negocios ordinarios. El directorio vigilará su actuación y ejercerá las demás atribuciones legales y estatutarias que le correspondan. Esta organización no modificará las obligaciones y responsabilidades de los directores.
España, Artículo 249 bis. Facultades indelegables.
Responsabilidad de los directores o el administrador.
(Responsabilidades). El administrador o los directores responderán solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por los daños y perjuicios resultantes, directa o indirectamente de la violación de la ley, el estatuto o el reglamento, por el mal desempeño de su cargo según el criterio del artículo 83 y por aquellos producidos por abuso de facultades, dolo o culpa grave. Estarán exentos de responsabilidad quienes no hayan votado la resolución y hayan dejado constancia en actas de su oposición o comunicado fehacientemente la misma a la sociedad dentro de un plazo no mayor a diez días, contados a partir de la reunión en que se haya adoptado la resolución o de la fecha en que se haya tomado conocimiento de ella.
La abstención o la ausencia injustificada no constituirán por sí solas causales de exención de responsabilidad. Si el opositor no hubiera asistido a la reunión que haya aprobado la resolución deberá solicitar su reconsideración procediéndose luego como se dispone en el inciso anterior. Cuando se trate de actos o hechos no resueltos en sesiones del directorio, el director que no haya participado en los mismos no será responsable (inciso segundo del artículo 83), pero deberá proceder en la forma dispuesta en el inciso precedente en cuanto lleguen a su conocimiento. (*)
Para Richard, Escuti y Romero, se ha acumulado en los administradores y representantes la obligación: a- de ajustar su actuación a las disposiciones contractuales, a la ley y a lo que disponga el órgano de gobierno de la sociedad; b- de desempeñarse con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. Como sanción, cuando faltando a sus obligaciones los administradores y representantes causaren daños a la sociedad, por su acción o por su omisión, la ley los hace solidariamente e ilimitadamente responsables, responsabilidad que no es válida sólo ante la sociedad misma, sino también frente a terceros, creándose un esquema de garantías que permite incluso llegar a que se deje de lado la barrera que significa la personalidad societaria para permitir que el tercero perjudicado actúe contra el administrador a título personal.
Sánchez Calero y otro, Tomo I, pág. 506, expresan que la responsabilidad de los administradores nace cuando habiendo infrigido sus deberes han causado daño, bien directamente a la sociedad, e indirectamente a los socios o a los terceros, o bien cuando lesionan directamente los intereses de los socios o los terceros. Puede surgir así una acción social de responsabilidad en el primer caso, esto es, cuando se ha producido un daño a la sociedad, o una acción individual de responsabilidad cuando se han lesionado directamente los intereses de los socios o de los terceros.
El régimen de la responsabilidad civil de los administradores tiene como función esencial el cuidar que éstos cumplan, con la diligencia debida, las obligaciones y deberes que se les impone por el Ordenamiento jurídico, de forma que si mediante un acto ilícito causan un daño están obligado a resarcirlo. Para que tal responsabilidad surja es necesario que además del daño concurran otros presupuestos, cual es que se produzca un acto ilícito de los administradores ( contrario a la Ley, a los estatutos o sin la diligencia debida) y que exista una relación de causalidad entre el acto de los administradores y el daño, como lo ha sostenido reiteradamente la Jurisprudencia de la Sala del Supremo Tribunal Superior de España.
El primero de los presupuestos que se exigen para que se produzca la responsabilidad de los administradores es, como queda dicho, que éstos causen un daño y que éste, en el caso de que se quiera ejercitar la acción social de responsabilidad sea sufrido precisamente por la sociedad.
El segundo presupuesto es que los administradores hayan incumplido sus obligaciones por acto u omisiones. El tercero es la relación de causalidad.
España, Artículo 236. Presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad.
Artículo 237- España, Carácter solidario de la responsabilidad.
Rippe señala que es una responsabilidad amplísima, incluso más severa que la establecida por la legislación anterior ( Código de Comercio, art. 408, ley 2.230, art. 11) que no incluía la responsabilidad por abuso de facultades, dolo o culpa grave. El hecho de que la sola violación de la ley, el estatuto o reglamento determina una responsabilidad prácticamente objetiva que no admitiría excepción legal o convencional alguna, a diferencia de los otros presupuestos de responsabilidad fundados en la falta de lealtad o diligencia, en el abuso de facultades, el dolo o la culpa grave. No se incluye la culpa leve o mera negligencia- que suponen justamente la prueba en sentido amplio y la exoneración de responsabilidad en caso de falta de culpa.
En el Anuario de Derecho Comercial número 12 (pág. 25) cuando comenta sobre un tema de seguros explica Rippe que la culpa tiene su propia graduación, pudiéndose distinguir entre culpa grave, leve y levísima. Ambas se distinguen en el artículo 1344 del Código Civil pero no en el Código de Comercio. En el Código Civil, culpa es la falta de debido cuidado o diligencia ( art. 1344). En el Código de Comercio, todo hecho u omisión que causa un perjuicio a otro ( Art. 221).
Del dolo se habla en los artículos 1338 del Código Civil y 215 del Código de Comercio. La culpa grave, no está claramente definida en nuestra legislación sino que se conceptualiza en el contexto de la normativa general y se desarrolla en la marco del la doctrina y la jurisprudencia.
En el dolo lo que se presenta es una conducta intencional, un acto específicamente orientado a provocar un daño. Existe conciencia y voluntad de la persona de cometer el acto, o conciencia y voluntad sobre el resultado dañoso del acto.
En la culpa grave, lo que se produce o se plantea, en lo fundamental, son graves, groseros, explícitos hechos u omisiones, no necesariamente un acto querido o buscado. Lo que se produce es una grave negligencia u omisión que produce un determinado resultado y que se configuró porque se produjo una falta de razonable prudencia, de particular cuidado, de diligente actuación en el manejo de cosas y situaciones que generaron daños y perjuicios. Naturalmente, dice el autor, no es lo mismo ( pág. 26) culpa grave que negligencia. Ella son omisiones de menor nivel de gravedad, aquellas en que podría incurrir el buen padre de familia. Negligencia sería el no cumplimiento de precauciones mínimas, habituales y sencillas aconsejadas por la prudencia y cuidados básicos.
Por otra parte ( pág. 27) también existe la culpa levísima, una categoría que incluye aquellas conductas que son contrarias a las que sólo un muy prudente padre de familia hubiera tenido que adoptar para prevenir el daño.
La ley al describir los hechos generadores de responsabilidad de los directores de las sociedades anónimas ha incluido la culpa grave, en el entendimiento de que el riesgo empresario que caracteriza el tráfico mercantil impone adoptar con celeridad determinados criterios que pueden resultar posteriormente desafortunados ( Nissen).
​Conflicto de intereses.
(Conflicto de intereses). Los directores que en negocios determinados tengan interés contrario al de la sociedad, sea por cuenta propia o de terceros, deberán hacerlo saber al directorio y al órgano interno de control en su caso, absteniéndose de intervenir cuando se traten y resuelvan esos asuntos. Si así no lo hicieran, responderán por los perjuicios que se ocasionen a la sociedad por la ejecución de la operación. Si se tratara de un administrador deberá abstenerse de realizar tales negocios, salvo autorización de la asamblea de accionistas.
Ello no autoriza, dice Verón, a excluirlo del computo del quórum.
Contratación con la sociedad.
No hay obstáculo legal para que el director pueda celebrar los contratos que sean de la actividad que ésta opere, siempre que se celebren en las condiciones de mercado o en las mismas condiciones que los terceros. La ley habla de actividad y no de objeto social, por cuanto las sociedades anónimas constituidas por estudios contables o jurídicos para la reventa tienen objetos sociales que van de la A (alimentación) a la V (vidrio).
El director que contrate en estas condiciones, de acuerdo al art. 84, debe comunicarlo a los socios y para las sociedades objeto de nuestro estudio, deberá ponerlo en conocimiento de la próxima asamblea.
Ahora si el contrato no esta comprendido dentro del giro habitual, la autorización debe ser previa.
El director que no ha cumplido con los requisitos de comunicación a que nos referimos incurrirá en responsabilidad, esto es, ha de considerarse que en tal caso, el director afectado no ha obrado con la lealtad ni con la diligencia de un buen hombre de negocios, cayendo en responsabilidad ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios resultantes de su acción u omisión (Verón).
Art. 84 Los administradores y los representantes podrán celebrar con la sociedad contratos que se relacionen con su actividad normal, en las mismas condiciones que los terceros, debiendo comunicarlo a los socios. Los contratos no comprendidos en el inciso anterior podrán ser celebrados con la autorización previa de los socios. Los otorgados en violación de esta norma serán absolutamente nulos. (*)
(Prohibición de contratar con la sociedad). Será de aplicación a los administradores y directores lo dispuesto en el artículo 84, con las siguientes salvedades: el administrador que celebre un contrato con la sociedad dentro de las condiciones del inciso primero del artículo referido, deberá ponerlo en conocimiento de la próxima asamblea; tratándose de un órgano colegiado, el director que lo celebre deberá comunicarlo al directorio. La autorización previa requerida por su inciso segundo deberá ser concedida por la asamblea de accionistas.
Concurrencia con la sociedad.
De acuerdo al art. 389, el administrador o los directores no podrán participar, por cuenta propia o de terceros, en actividades en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa de la asamblea, so pena de incurrir en responsabilidad ( art. 85).
Actividades en competencia, artículo 85. Los administradores y los representantes no podrán participar por cuenta propia o de terceros, en actividades en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa de los socios, bajo pena de incurrir individualmente en la responsabilidad prevista en el artículo 83.
Conflicto de intereses, artículo 387.
Los directores que en negocios determinados tengan interés contrario al de la sociedad, sea por cuenta propia o de terceros, deberán hacerlo saber al directorio y al órgano interno de control en su caso, absteniéndose de intervenir cuando se traten y resuelvan esos asuntos. Si así no lo hicieran, responderán por los perjuicios que se ocasionen a la sociedad por la ejecución de la operación. Si se tratara de un administrador deberá abstenerse de realizar tales negocios, salvo autorización de la asamblea de accionistas.
Concurrencia con la sociedad, artículo 389. El administrador o los directores no podrán participar, por cuenta propia o de terceros, en actividades en competencia con la sociedad, salvo autorización expresa de la asamblea, so pena de incurrir en responsabilidad (artículo 85).
Remoción, artículo 381.
El administrador o los directores serán esencialmente revocables por la asamblea de accionistas aún cuando hayan sido designados en el estatuto. Los directores designados por los titulares de una serie de acciones o de acciones preferidas sólo podrán ser revocados por ellos, salvo que la asamblea haya resuelto promoverles una acción de responsabilidad o que les haya sobrevenido una causal de incapacidad, prohibición o inhabilitación para ejercer el cargo.
Se estima que este deber tiene su antecedente en la fidelidad prescripta para el mandatario, aunque con mayor proyección, el interés de los terceros y accionistas. Este radica fundamentalmente en la prohibición de realizar actos por cuenta propia y/o ajena en competencia con la sociedad de la que es administrador o representante. Si la sociedad, a través de sus órganos, autoriza o contratos en esas condiciones, el deber de lealtad de los administradores o representantes está cumplido.
Obrar con lealtad también significa proceder en la función administradora a favor del interés social, de su objeto y de la actividad necesaria para cumplirlo.
La falta de lealtad resulta del simple conocimiento del carácter abusivo o fraudulento del hecho que se juzga, en la época en que éste se concreta, sin adoptar las medidas necesarias para impedirlo (denuncia al síndico, denuncia en la reunión del directorio e incluso en asambleas) y si constituyera delito la promoción de la acción en sede penal.
La obligación de sigilo sobre la información societaria con antecedentes en el deber de discreción del mandatario.
Para Sánchez Calero y otro, Tomo I, pág. 646, el artículo 230.1 de la Ley española, formula la prohibición de competencia como una obligación a cargo de los administradores, es decir como una obligación negativa que pesa sobre ellos ( obligación de no hacer). Por consiguiente, ha de entenderse que no será suficiente que la Asamblea en el momento del nombramiento conozca la actividad competidora del administrador, sino que será preciso que de forma expresa se indique que se le autoriza para proseguir con tal actividad. Si esta actividad competidora surge posteriormente al nombramiento, será necesario el acuerdo expreso de la Asamblea, pues en otro caso deberá dimitir el administrador. Cuando se infrinja la prohibición de competencia por el administrador, cualquier socio podrá solicitar la remoción.
La responsabilidad solidaria e ilimitada de los directores es consecuencia del carácter colegiado del órgano, que impone a cada uno de sus integrantes un deber de vigilancia o control de la totalidad de la gestión empresaria y la invocación de no haber tenido injerencia en la administración de los negocios sociales no entraña causal exculpatoria alguna.
La sociedad no podría tener en cuenta una división interna de cometidos que no está autorizada por el acto constitutivo o la asamblea ( Brunetti). Quien quiere librarse de la responsabilidad solidaria ha de probar las circunstancias que sirven para liberarlo, demostrando su ausencia en la reunión en que fue acordado el acto perjudicial o su oposición en el acuerdo de mayoría. De esta forma, la sentencia de responsabilidad, pronunciada contra los administradores, no tendrá efecto respecto de él.
Exención de la responsabilidad.
Existen algunos casos en que no es aplicable la solidaridad en la responsabilidad. Son los siguientes:
Administrador que voto en contra, siempre que…
De acuerdo al art. 391 estarán exentos los directores que no hayan votado la resolución y hayan dejado constancias en actas de su oposición. La abstención o la ausencia no exoneran de responsabilidad.
Administrador no presente.
También cuando el administrador no estuviese presente en la reunión del colegio en que se ha tomado un acuerdo que implica responsabilidad. Es obvio, dice Brunetti, que aunque la ley no lo diga, que también en este caso la solidaridad no puede entrar en funciones. Esta afecta a los componentes del órgano únicamente por actos o hechos de culpa in committendo o in vigilando, pero no respecto de acuerdos determinados susceptibles de consecuencias perjudiciales para la sociedad, en lo que no hayan participado. Pero en este caso debe solicitar la reconsideración y en ese caso votar en contra, dejando constancia en actas.
Aprobación de la gestión o transacción.
La sociedad puede renunciar al ejercicio de la acción de responsabilidad y transigir sobre la misma con tal de que la renuncia o la transacción sean aprobadas por acuerdo de asamblea y no exista el voto en contra de una minoría de socios.
Si la gestión de los directores se aprueba en asamblea ordinaria, y no media oposición de accionistas que representen el 5 % del capital integrado, siempre y cuando el hecho ilícito no sea la violación de la ley, del estatuto o del reglamento, la sociedad no puede ejercer la acción de responsabilidad contra estos (art. 392) . Puede la sociedad llegar a un acuerdo económico con estos que suponga transacción en cuanto a la compensación de los daños.
(Extinción de la responsabilidad). La responsabilidad de los administradores y directores respecto de la sociedad, se extinguirá por la aprobación de su gestión, renuncia expresa o transacción, resueltas por la asamblea, si esa responsabilidad no es por violación de la ley, del estatuto o del reglamento y si no mediara oposición de accionistas que representen el 5% (cinco por ciento) del capital integrado, por lo menos y siempre que los actos o hechos que la generen hayan sido concretamente planteados y el asunto se hubiera incluido en el orden del día. La extinción será ineficaz en caso de liquidación forzosa o concursal.
La acción social contra los directores o el administrador de una Sociedad Anónima.
Antecedentes y concepto.
En el actual régimen societario, dice Verón deben distinguirse cuatro supuestos y cuatro categoría de acciones:
-Cuando el perjuicio causado es colectivo, afectando directamente a la sociedad, la acción es social, tiende a reconstituir el capital social o a reparar el perjuicio y su ejercicio corresponde a los representantes legales de la sociedad.
-Cuando el perjuicio es personal al accionista, la acción puede ser individual.
-Cuando un tercero acciona contra el administrador la acción es también individual.
- Si los representantes legales de la sociedad rehusaran intentar la acción social, ésta puede ser ejercida por los accionista a título individual ut singuli.
Acción social de responsabilidad contra directores y administrador de S.A.
La acción de responsabilidad de la sociedad, dice Brunetti citando a Vivante, es la que tiene por objeto reintegrar los activos perdidos por los abusos de los administradores y el órgano de control interno. Si los resultados correspondiesen perfectamente al ordenamiento jurídico, esta debería tener la virtud de recuperar cuanto se ha perdido por su culpa. La acción es, de naturaleza social, tendiendo a reintegrar el patrimonio de la sociedad, reducido por la mala gestión de los administradores. No existiendo vínculo contractual entre sociedad y los administradores, dice Brunetti, la acción encuentra su razón de ser en la relación orgánica.
(Acción social de responsabilidad). La acción social de responsabilidad será ejercida por la sociedad, previa resolución de la asamblea de accionistas, que podrá considerarla aun cuando el asunto no figure en el orden del día. La resolución aparejará la remoción del administrador o de los directores afectados, debiendo la misma asamblea designar sustitutos. El nuevo administrador o el nuevo directorio serán los encargados de promover la demanda. Si la sociedad estuviera en liquidación la acción será ejercida por el liquidador (*)
Por accionistas Art. 394.
En doctrina, dice Verón, suele reconocerse al accionista la titularidad de dos clases de acciones de responsabilidad dirigida contra los directores:
La acción social ejercida uti singuli, en virtud de que la sociedad no la ejerce por haber la asamblea desaprobado su ejercicio u otorgado una aprobación a la gestión. También cuando fueron afectados derechos individuales del accionista y los demás casos previstos por la ley. Esta acción social, puede ser ejercida bien por un accionista que actúe individualmente, por su propia iniciativa, o bien por accionistas que se agrupan para ejercerla, con el propósito de obtener reparación por todo el perjuicio sufrido por la sociedad.
La acción individual, tampoco se traba por la aprobación asamblearia. A diferencia de la antedicha, comprende la reparación de los daños sufridos en su interés personal.
La acción social de responsabilidad podrá ser ejercida por los accionistas que se hayan opuesto a la extinción de la responsabilidad. También si la acción aprobada por asamblea no fuera iniciada dentro del plazo de noventa días contados desde la fecha de acuerdo, cualquier accionista podrá promoverla, sin perjuicio de la responsabilidad que resulta del incumplimiento de la medida ordenada.
La acción compete a la sociedad y no a la mayoría de los accionistas, dice Brunetti, y es justo que sea así si la responsabilidad afecta al patrimonio social y la acción sólo tiende a su reintegración.
Art. 394-
(Ejercicio por accionistas de la acción social de responsabilidad). La acción social de responsabilidad podrá ser ejercida por los accionistas que se hayan opuesto a la extinción de la responsabilidad (artículo 392). Si la acción prevista en el primer inciso del artículo 393 no fuera iniciada dentro del plazo de noventa días contados desde la fecha del acuerdo, cualquier accionista podrá promoverla, sin perjuicio de la responsabilidad que resulte del incumplimiento de la medida ordenada.
Por acreedores.
Los acreedores de la sociedad sólo podrán iniciar la acción de responsabilidad cuando ésta tenga por finalidad la reconstrucción del patrimonio social, insuficiente para cubrir las deudas sociales a consecuencia de los actos u omisiones generadores de responsabilidad y siempre que la sociedad o los accionistas no la hayan promovido ( art. 395).
La renuncia de la acción por parte de la sociedad no impide el ejercicio de la acción por parte de los acreedores sociales.
Puede ser planteada por los acreedores de la sociedad sólo cuando el patrimonio de ésta resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos. La situación prevista, dice Brunetti, es triple. La sociedad no se encuentra en condiciones de hacer frente a sus deudas, pero no se halla en concurso. En tal caso, los acreedores, singularmente podrán actuar contra los administradores como órgano colegial o contra aquellos a los que se pueda imputar particularmente el daño. La ley no hace referencia a un estado de insolvencia que llevaría, de manera irreparable, al concurso, sino que, al hablar de insuficiencia, se presume que la sociedad haya sido previamente sometida a excusión sin resultado. Si la sociedad se haya concursada, la acción le corresponde al síndico.
Deja de ser procedente cuando la sociedad haya conseguido, por el procedimiento que sea, reintegrar el patrimonio (operación de bolsa o ganando la lotería). La renuncia de la acción por parte de los accionistas no impide el ejercicio de la acción por parte de los acreedores sociales. Queda entendido, dice el autor italiano, que se trata de una renuncia que se haya hecho sin compensación adecuada, dejando el patrimonio social en estado de insuficiencia. Los administradores no pueden oponer la excepción de transacción en este caso.
Si la obligación es del órgano, también la responsabilidad es suya y por consiguiente, dice Brunetti, la acción de la sociedad podrá ser ejercitada contra todos o contra uno solo. Bastará que la sociedad actora demuestre que el daño resarcible ha sido producido por acción del órgano, para que todos los componentes del colegio tengan que responder, quedando a salvo el derecho de cada uno de demostrar que se halla exento de responsabilidad.
Existe esta únicamente, si su comportamiento reduce el patrimonio social en medida tal que éste resulte insuficiente para satisfacer a los acreedores. Fuera de esta hipótesis, dice el autor, no se ve el interés que pueden tener estos últimos para el ejercicio de la acción de responsabilidad, y por ello se ha creído conveniente que únicamente cuando dicha hipótesis se realice, se reconozca a los acreedores el derecho de ejercitar la indicada acción.
La acción puede ser planteada contra los administradores aunque la sociedad no haya sido declarada en concurso. La ley pone como condición de procedibilidad que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos e insuficiencia no es sinónimo de aquella insolvencia que desemboca en la declaración de concurso. No basta que el acreedor demuestre la existencia de la actividad ilícita, sino que debe además demostrar que ésta ha perjudicado la integridad del patrimonio social que ha pasado a ser insuficiente para satisfacer sus derechos creditorios. Con la acción el acreedor trata de obtener del administrador la reparación del daño sufrido al no haber conseguido cobrar de la sociedad.
No existe en nuestro derecho, a diferencia del español el derecho de los accionistas de impugnar los acuerdos nulos o anulables adoptados por el órgano de administración o la suspensión del mismo, sin perjuicio de la posibilidad de solicitar una intervención judicial de la sociedad ( Broseta Pont- Martínez).
Art. 395-
(Ejercicio por acreedores de la acción social de responsabilidad). Los acreedores de la sociedad sólo podrán iniciar la acción de responsabilidad cuando ésta tenga por finalidad la reconstrucción del patrimonio social, insuficiente para cubrir las deudas sociales a consecuencia de los actos u omisiones generadores de responsabilidad y siempre que la sociedad o los accionistas no la hayan promovido
Condena a cubrir el déficit en caso de concurso.
En el caso de un concurso de una sociedad comercial ( Ley 18.738, art. 201) que hubiera sido calificado como culpable, la sentencia de calificación podrá contener, además, la condena a los administradores y liquidadores, de derecho o de hecho, e integrantes del órgano de control interno, o a algunos de ellos, a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva.
En caso de haberse alcanzado un convenio con quitas a favor del deudor de los créditos quirografarios, los importes que se obtengan en la ejecución de la condena a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial, se destinarán al pago de la parte condonada. Si solo se hubiera concedido espera las cantidades se destinarán al pago anticipado.
No existe en la Ley 16060 una norma igual al 279 de la Ley 19.550 argentina. Dice esta norma que los accionistas y terceros conservan siempre sus acciones individuales de responsabilidad contra los directores, que les competa por el daño sufrido personalmente.
El artículo 241 de la Ley española dice que quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos. Sánchez Calero y otro, Tomo I, pág. 510, expresan que esta acción presupone que se han lesionado directamente los intereses de los socios o de los terceros por actos de los administradores. En realidad, este artículo, en lugar de referise a la acción individual de responsabilidad en singular, no habla en plural de- las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios o a los terceros, lo que nos pone de manifiesto no simplemente que los titulares de la acción pueden ser varios ( a diferencia de lo que sucede con la acción social, cuyo titular es siempre la sociedad, aun en el caso de la ejecuten los socios o los acreedores sociales), sino que pueden existir acciones individuales con un régimen no del todo coincidente. Son presupuestos, de acuerdo a los autores españoles. a- el daño directo a los socios o a los terceros. b- que se trate de un acto de los administradores en el ejercicio del cargo. c- ilicitud de la acción u omisión de los administradores que se ha medido por la jurisprudencia española con los mismos cánones que en el caso de la acción social y d- relación de causalidad entre el acto ilícito del administrador y el daño sufrido por el socio o tercero, lo que comporta la carga probatoria que recae sobre éstos a la hora de acreditar que el daño ha sido motivado por hechos, actos u omisiones dolosas o culposas del administrador.
Estas acciones indemnizatorias pueden nacer en las relaciones entre los socios y los administradores y por consiguiente en tal caso habrán de encuadrarse en el campo contractual. Pero también podrán nacer- en especial si son ejercitadas por terceros- por los actos ilícitos de los administradores ( en el campo, así, de la responsabilidad extracontractual). No obstante, a pesar de esta eventual diversa naturaleza de la responsabilidad, la jurisprudencia se ha orientado en el sentido de entender que el plazo de prescripción de la acción de los administradores es de cuatro años a contar en que cesaron sus funciones.
En ese caso, dice Verón, se estima que el daño debe producirse por una violación dolosa o culpable del derecho individual del accionista, o sea a daños que reciba personalmente. Así por la conducta dolosa del director que le indujo a comprar o vender sus acciones ( balance falso, falsa información, etc.) o la dilación en inscribir la transferencia de acciones nominativas. Citando a Halperin aclara que no se trata de un daño mayor que suporta la sociedad y de la misma naturaleza que la de todos los demás accionistas. A diferencia de la acción social de responsabilidad, esta puede ser ejercida por un ex accionista, pues el derecho al resarcimiento de los daños sufridos nace de la calidad de perjudicado y no de la calidad de accionista.
España. Artículo 238. Acción social de responsabilidad.

References: artículo 86
 Artículo 244
 artículo 201
 Artículo 217
 artículo 378
 artículo 379
 artículo 204
 artículo 205
 artículo 242

Artículo 386
 artículo 82
 artículo 390
 artículo 390
 Artículo 249
 artículo 83
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 83
 Artículo 236

Artículo 237
 artículo 1344
 artículo 84
 artículo 85
 artículo 83
 artículo 387
 artículo 389
 artículo 381
 artículo 230
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 393
 artículo 241
 Artículo 238