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Timestamp: 2017-11-21 21:16:15+00:00

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CONDENA EN COSTAS AL DEMANDANTE EN ACCION POPULAR – Solo procede por temeridad o mala fe / TEMERIDAD O MALA FE » Ricardo Cifuentes Abogados.com
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Derecho Constitucional. Derechos Humanos. Expropiación. Juicios de Pertenencia.
CÓDIGO PENAL. LEY 599 de 2000.
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. LEY 906 de 2004.
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. LEY 600 de 2000.
FORMATO CONTRATO ACCIÓN DE GRUPO PARQUEADEROS
FORMATO PODER ACCION DE GRUPO PARQUEADEROS
JURISPRUDENCIA ACCION DE GRUPO
CONCEPTO ACCION DE GRUPO
CONDENA EN COSTAS AL DEMANDANTE EN ACCION POPULAR – Solo procede por temeridad o mala fe / TEMERIDAD O MALA FE
HECHO SUPERADO O CARENCIA DE OBJETO – Procede reconocimiento de incentivo si se prueba la amenaza o vulneración de Derechos Colectivos
INCENTIVO ECONOMICO – Reconocimiento frente a hecho superado, carencia de objeto o sustracción de materia
INCENTIVO ECONOMICO – Pacto de cumplimiento. Tesis
HECHO SUPERADO O CARENCIA DE OBJETO – Procedencia del incentivo si hay prueba de amenaza o vulneración / INCENTIVO – Procede en caso de hecho superado
INCIDENTE DE DESACATO EN ACCION POPULAR – Naturaleza y características
DESACATO ACCIÓN POPULAR
INDICE DE ACCIONES POPULARES
JURISPRUDENCIA ACCION POPULAR
AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO – Inasistencia injustificada: sanción de destitución o pecuniaria
INCENTIVO – Carencia de objeto o hecho superado durante el trámite: reconocimiento si se prueba la amenaza o vulneración
INCENTIVO ECONOMICO – Naturaleza jurídica
PERENCION EN ACCION POPULAR – No procede ante impulsión oficiosa / PUBLICACION DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA EN ACCION POPULAR – Ante omisión del actor debe decretarse de oficio a costo del fondo para la defensa de los Derechos de Intereses Colectivos
PERENCION EN ACCION POPULAR – Improcedencia ante deber de impulso oficioso y naturaleza pública de la sanción
DEMANDAS CONTRA LEY 1425
Decreto 2067 de 1991
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD LEY 1425 DEMANDANTE RICARDO CIFUENTES
LEY 5 DE 1992. REGLAMENTO DEL CONGRESO
Recusacion Corte Constitucional
Corrección y adición recusación
SENTENCIAS FAVORABLES.IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY
SENTENCIA A FAVOR DE LA CORPORACION FORO CIUDADANO TRIBUNAL DE BOGOTA
SU 881 de 2005
VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO. CONSEJO DE ESTADO
ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY
NORMATIVIDAD TRAMITE DE LAS LEYES
PRINCIPIOS EN DERECHO
JURISPRUDENCIA INTERNA DDHH
LEGISLACIÓN INTERNA SOBRE DDHH
LEY 16 DE 1972
LEY 288 DE 1996.
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CONSEJO DE ESTADO. Revoca. Con salvamentos
Consejo de Estado. tercera linea jurisprudencial
Consejo de Estado. NIEGA
Consejo de estado. Revoca
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Concepto favorable PROCURADURIA
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CONDENA EN COSTAS AL DEMANDANTE EN ACCION POPULAR – Solo procede por temeridad o mala fe / TEMERIDAD O MALA FE – Casos en que se configura / TEMERIDAD – Definición / MALA FE – Definición / TEMERIDAD O MALA FE – No lo constituye el presentar diversas acciones populares
El artículo 38 de la Ley 472 de 1998, dispone: (…). Es claro, entonces, que en materia de acción popular la condena en costas al demandante solo procede cuando la demanda presentada sea temeraria o de mala fe. Según el artículo 74 del C. de P.C. se considera que existe temeridad o mala fe, en los siguientes casos: (…). La temeridad se define como “Una reprochable conducta mediante la cual una persona independientemente de su posición activa o pasiva dentro del proceso, hace uso indebido de los instrumentos legales de orden sustancial o proceso, -desvirtuándolos-, en busca de efectos favorables a sus pretensiones.”. En síntesis, la temeridad se configura por el ejercicio arbitrario y sin fundamento de la acción popular, por la formulación de pretensiones sin respaldo alguno, así como también cuando de los hechos y del material probatorio se infiere la absoluta improcedencia de la acción, o cuando se interponen recursos carentes de respaldo, en aras de favorecer únicamente los propios intereses y no los derechos colectivos cuya protección se invoca. Por su parte, la mala fe se define como “el conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, del carácter delictuoso o cuasidelictuoso de su acto.”. En el caso bajo estudio está establecido lo siguiente: no se alegan hechos contrarios a la realidad, y si la acción no prosperó fue porque la autoridad competente no se ha mantenido ajena a dicha problemática. En el expediente no figura prueba de que se haya ejercido con fines claramente ilegales, dolosos o fraudulentos. Tampoco está acreditada la obstrucción de la práctica de pruebas por parte de la actora, el entorpecimiento del desarrollo normal del proceso, ni mucho menos mala fe alguna. Ahora bien, el argumento del apoderado del Teatro Nacional, quien fundamenta su solicitud en el hecho de que la actora ha presentado diversas acciones populares, de lo cual deduce que lo tiene como negocio, no se erige en sí mismo en causal de temeridad o mala fe, menos aún si se tiene en cuenta que el ejercicio de dichas acciones no está limitado en cuanto a su frecuencia. Por tanto, no se accederá a adicionar la sentencia en el sentido solicitado.
Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., siete (7) de junio de dos mil siete (2007)
Radicación número: 25000-23-24-000-2004-90185-01(AP)
Actor: PATRICIA ENCISO REVELO
Demandado: ALCALDIA LOCAL BARRIOS UNIDOS
Referencia: ACCION POPULAR. ADICION SENTENCIA
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por el apoderado especial de la FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL, para que se adicione la sentencia proferida en segunda instancia el 18 de abril de 2007, condenando al pago de costas y gastos del proceso a la parte demandante porque ha tomado como un negocio personal la interposición de acciones populares. Como prueba de su afirmación pide oficiar a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que certifique la existencia de las incoadas por PATRICIA ENCISO REVELO y que se encuentran en trámite.
La Ley 472 de 1998[1] no regula lo relacionado con la adición de la sentencia que se profiera al decidir una acción popular. Empero, por remisión expresa del artículo 44, ibídem, debe darse aplicación al artículo 311 del C. de P.C., en virtud del cual, quien es parte puede formular una solicitud en tal sentido dentro del término de ejecutoria de dicha sentencia. En el presente caso la providencia de segunda instancia fue notificada por edicto fijado el 11 de mayo de 2007 y desfijado el 15 de ese mismo mes y año, razón por la cual la petición de adición presentada el 17 de mayo de 2007 se hizo oportunamente, siendo procedente su estudio.
El artículo 38 de la Ley 472 de 1998, dispone:
“Costas.- El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.” (Negrilla y subrayas fuera del texto).
Es claro, entonces, que en materia de acción popular la condena en costas al demandante solo procede cuando la demanda presentada sea temeraria o de mala fe.
Según el artículo 74 del C. de P.C. se considera que existe temeridad o mala fe, en los siguientes casos:
“1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a éste.
3. Cuando se utilice el proceso, incidente, trámite especial que haya sustituido a éste o recursos, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos.
Cuando se obstruya la práctica de pruebas.
Cuando por cualquier otro medio se entorpezca reiteradamente el desarrollo del proceso.”
La temeridad se define como “Una reprochable conducta mediante la cual una persona independientemente de su posición activa o pasiva dentro del proceso, hace uso indebido de los instrumentos legales de orden sustancial o proceso, -desvirtuándolos-, en busca de efectos favorables a sus pretensiones.”[2]
En síntesis, la temeridad se configura por el ejercicio arbitrario y sin fundamento de la acción popular, por la formulación de pretensiones sin respaldo alguno, así como también cuando de los hechos y del material probatorio se infiere la absoluta improcedencia de la acción, o cuando se interponen recursos carentes de respaldo, en aras de favorecer únicamente los propios intereses y no los derechos colectivos cuya protección se invoca.
Por su parte, la mala fe se define como “el conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, del carácter delictuoso o cuasidelictuoso de su acto.”[3]
En el caso bajo estudio está establecido lo siguiente:
A) La demanda presentada por la actora con miras a lograr el restablecimiento del derecho colectivo al goce del espacio público que estima vulnerado, se encuentra fundamentada en el artículo 88 de la Constitución Política y las Leyes 472 de 1998, 388 de 1997, 478 de 1994 y 9ª de 1989, normativa relacionada con los hechos y pretensiones, razón por la cual cuenta con sustento legal.
B) En la demanda se alega la ocupación que hacen los vehículos de los andenes y bahías aledañas al Teatro Nacional La Castellana, lo cual se corrobora con las pruebas recaudadas según las cuales los andenes son invadidos ilegalmente como lo advierte la sentencia (folio 324), razón por la cual no se alegan hechos contrarios a la realidad, y si la acción no prosperó fue porque la autoridad competente no se ha mantenido ajena a dicha problemática.
C) La acción popular se intentó con el propósito de restablecer un derecho colectivo que se consideró vulnerado y en el expediente no figura prueba de que se haya ejercido con fines claramente ilegales, dolosos o fraudulentos. Tampoco está acreditada la obstrucción de la práctica de pruebas por parte de la actora, el entorpecimiento del desarrollo normal del proceso, ni mucho menos mala fe alguna.
Ahora bien, el argumento del apoderado del Teatro Nacional, quien fundamenta su solicitud en el hecho de que la actora ha presentado diversas acciones populares, de lo cual deduce que lo tiene como negocio, no se erige en sí mismo en causal de temeridad o mala fe, menos aún si se tiene en cuenta que el ejercicio de dichas acciones no está limitado en cuanto a su frecuencia. Por tanto, no se accederá a adicionar la sentencia en el sentido solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
DENIÉGASE la adición en el sentido solicitado por el apoderado del Teatro Nacional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de junio de 2007.
MARTHA SOFÍA SANZ TOBÓN CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
[1] Ley 472 del 15 de agosto de 1998, “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política”.
[2] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-253 del 27 de mayo de 1998. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
[3] CORTE CONSTITUCIONAL. Senetencia C-544 de 1994.
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References: artículo 38
 artículo 74
 artículo 44
 artículo 311
 artículo 38
 artículo 74
 artículo 88
 artículo 88