Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/4660
Timestamp: 2020-02-26 23:54:39+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 124/2002
SENTENCIA 124/2002, de 20 de mayo
ECLI:ES:TC:2002:124
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 8 de septiembre de 2000 doña María Rodríguez Puyol, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don Juan S. M. y doña Josefa R. G., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales a las que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
a) Por Resolución de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía de 12 de noviembre de 1996 se declaró en situación de desamparo a dos menores hermanos, quienes hasta entonces se encontraban viviendo con su madre biológica, doña Carmen F. F., y se acordó su ingreso en un centro de acogida.
b) Por Resolución de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía de 2 de junio de 1997 se ratificó la situación de desamparo de los menores, y se acordó la constitución de un acogimiento familiar preadoptivo, siendo designados a tales efectos como acogedores los ahora demandantes de amparo, a quienes se les hizo entrega de los menores en esas mismas fechas.
c) El Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Sevilla dictó Sentencia, de fecha 8 de septiembre de 1998, en los autos acumulados de oposición al desamparo núm. 408/97 y de acogimiento familiar núm. 878/97, en la que declaró no haber lugar a la oposición al desamparo, formulada por la madre biológica de los dos menores, ratificando la situación legal de desamparo, y acordó la constitución del acogimiento familiar preadoptivo en las personas de los ahora demandantes de amparo.
d) En el mes de marzo del año 2000 los demandantes de amparo tuvieron conocimiento de que el procedimiento de oposición al desamparo no había aún concluido, pues se estaba tramitando un recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia, circunstancia que hasta entonces ignoraban.
e) Los demandantes de amparo en fecha 10 de abril de 2000 presentaron escrito de personación en los autos acumulados de oposición al desamparo y de acogimiento, para ser parte en el procedimiento y defender los intereses de los menores, que, en definitiva, eran los suyos propios desde que les fueron entregados el día 2 de junio de 1997.
f) La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla por Auto de 5 de junio de 2000 desestimó la pretensión de los demandantes de amparo de ser parte en el expediente.
g) Los demandantes de amparo interpusieron recurso de súplica contra el anterior Auto, que fue inadmitido a trámite por Auto de 11 de julio de 2000, al entender la Sección que no procedía su tramitación, puesto que anteriormente no había sido admitida su personación en el expediente.
h) La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó Sentencia en fecha 12 de junio de 2000, en la que estimó el recurso de apelación interpuesto por doña Carmen F. F., y en consecuencia declaró la inexistencia de la situación legal de desamparo, dejó sin efecto el acogimiento familiar preadoptivo constituido a favor de los demandantes de amparo, y ordenó que los menores fueran devueltos y colocados bajo la guardia y custodia de su madre biológica, recuperando ésta así su patria potestad, lo que se debería de llevar a cabo de inmediato.
3. En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo se invoca en ésta, frente a las resoluciones judiciales impugnadas, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
a) Al Auto de 5 de junio de 2000 se le imputa la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción, al haber denegado a los recurrentes en amparo su personación en el proceso a quo, analizándose en la demanda cada uno de los tres motivos en los que la Audiencia Provincial basó su decisión.
b) A continuación se argumenta en la demanda de amparo sobre la legitimación de los padres acogedores preadoptivos para ser parte en un procedimiento, en el que se tramitan conjuntamente un expediente de oposición al desamparo de unos menores y un expediente de acogimiento preadoptivo de los mismos.
c) Finalmente los demandantes de amparo imputan al Auto de 11 de julio de 2000 la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente previstos, al haber inadmitido, por no ser parte en el expediente, el recurso de súplica que interpusieron contra el Auto de 5 de junio de 2000, que denegó su personación en el proceso a quo.
4. La Sección Tercera del Tribunal Constitucional por providencia de 22 de marzo de 2001 acordó dirigir atentas comunicaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla y al Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de dicha ciudad, a fin de que, a la mayor brevedad posible, remitieran, respectivamente, certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al rollo de apelación núm. 3044/99 y a los autos acumulados núms. 408/97 y 878/97.
5. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional por providencia de 29 de octubre de 2001 acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, para que alegasen lo que tuvieran por conveniente sobre la suspensión solicitada.
6. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional por providencia de 13 de diciembre de 2001 acordó, visto el contenido del escrito y documentos presentados por doña Carmen F. F., concederle un plazo de diez días, para que acreditase haber gozado de asistencia gratuita en instancia, o haber solicitado la concesión de tal beneficio ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Madrid, debiendo aportar copia de la solicitud ante este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del Acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 18 de junio de 1996.
7. La representación procesal de doña Carmen F. F. evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 14 de marzo de 2002, que, en lo sustancial, a continuación se extracta:
8. La representación procesal de los demandantes de amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia el día 14 de marzo de 2002, registrado en este Tribunal al día siguiente, en el que de forma sucinta reproduce las efectuadas en el escrito de demanda.
9. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones en fecha 15 de marzo de 2002, interesando del Tribunal Constitucional que dicte Sentencia otorgando el amparo solicitado.
a) Tras reproducir la doctrina recogida en la STC 311/2000, de 18 de diciembre, sobre la legitimación para comparecer en el proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva (FJ 3), el Ministerio Fiscal manifiesta que la legitimación que los demandantes de amparo pretenden en el procedimiento a quo depende de la relación que tengan con el objeto del proceso, de modo que la respuesta a la cuestión planteada no puede ser unívoca para todos los casos de acogimiento, sino que habrá que atender, caso por caso, a la clase de acogimiento y a la posición de los acogedores, tanto en dicho negocio jurídico, como en el proceso para su constitución.
b) En el caso ahora enjuiciado se decidió en primera instancia acumular los procesos en los que se ventilaban, respectivamente, la oposición de la madre biológica a la declaración de desamparo y la formalización judicial del acogimiento preadoptivo, sin que las personas propuestas como acogedores tuvieran la posibilidad de intervenir en el proceso, ya que no consta que tuvieran noticia de la tramitación, pues, aunque el Juzgado que inicialmente conoció de la pretensión de constituir judicialmente el acogimiento preadoptivo acordó su citación para ser oídos y señaló fecha para la práctica de esta diligencia, fue suspendida el mismo día que estaba prevista su realización, pudiendo afirmarse, incluso, que no se llegaron a librar las cédulas de citación correspondientes, ya que sus copias no aparecen unidas a las actuaciones.
c) Sentado cuanto antecede, el Ministerio Fiscal entiende que las razones esgrimidas en el Auto de la Audiencia Provincial en el que se denegó la personación de los demandantes de amparo no cumple los cánones establecidos por una reiterada doctrina de este Tribunal respecto a las decisiones judiciales que impiden el acceso al proceso. En este sentido señala que, ni el hecho de que cuando se pretendieron personar el proceso se encontrase en fase de apelación, ni el hecho de que los acogidos contasen con representación legal en el proceso, ni, en fin, la confidencialidad con la que deben tramitarse tales procesos respecto a los acogedores, son razones suficientes para impedir que los demandantes de amparo intervengan en el proceso.
10. La Letrada de la Junta de Andalucía evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado el día 27 de marzo de 2002, que, en lo sustancial, a continuación se extracta:
En conclusión, existe un interés propio de los acogedores íntimamente ligado con el de los menores, que no está directamente representado por el Ministerio Fiscal, máxime si, como es el caso, en la fase de ejecución ha sido admitida su personación, hasta el punto de que resultan imprescindibles para ejecutar la decisión de la Audiencia Provincial, por lo que, si existe una obligación -los acogedores deben colaborar inexorablemente en la ejecución de la resolución judicial-, también debe existir un derecho, y éste no es otro que el derecho a ser tenidos por parte, y ser oídos en el proceso, de indudable eficacia en su esfera personal y familiar.
11. La representación procesal de los demandantes de amparo mediante escrito registrado en fecha 3 de mayo de 2002 interesó, de acuerdo con lo previsto en el art. 57 LOTC, la revocación del ATC 21/2002, de 25 de febrero, por el que se denegó la solicitud de suspensión de las resoluciones judiciales impugnadas, al haber dictado la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla Auto de fecha 25 de abril de 2002, en el que se acordó el cumplimiento efectivo y sin dilaciones de la Sentencia de 12 de junio de 2000, reintegrando a los menores a su madre biológica.
12. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 16 de mayo de 2002, en el que se remite a las formuladas con ocasión del trámite del art. 56 LOTC y se pronuncia, dada la situación de riesgo que se configura para los menores, a favor de la suspensión de las resoluciones judiciales impugnadas, que debe de extenderse también al Auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, de 25 de abril de 2002.
13. La representación procesal de doña Carmen F. F. evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 17 de mayo de 2002, en el que se opone a la suspensión interesada.
14. La Letrada de la Junta de Andalucía evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 17 de mayo de 2002, en el que interesa que se acuerde la suspensión solicitada por los recurrentes en amparo.
15. Por providencia de 16 de mayo de 2002 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 20 de mayo siguiente.
1. En la presente demanda de amparo se impugna el Auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla de 5 de junio de 2000, que denegó la personación de los demandantes de amparo, acogedores en régimen de preadopción de dos menores, en el rollo de apelación núm. 3044/99, dimanante de los autos acumulados de oposición al desamparo núm. 408/97 y de acogimiento familiar núm. 878/97, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Sevilla, así como la del posterior Auto de 11 de julio de 2000, que inadmitió a trámite, al no haber sido admitida su personación en el proceso, el recurso de súplica que aquéllos interpusieron contra el anterior Auto de 5 de junio de 2000.
2. Delimitadas en los términos expuestos las posiciones de quienes han comparecido en este proceso de amparo, con carácter previo a examinar la cuestión de fondo suscitada, resulta necesario realizar algunas precisiones en orden a delimitar el objeto y alcance de nuestra labor enjuiciadora.
3. Puesto que lo que se cuestiona en este recurso de amparo es la decisión judicial de denegar la personación de los demandantes de amparo en el procedimiento a quo en su condición de acogedores preadoptivos de los dos menores, hemos de comenzar recordando de modo sumario y en lo pertinente la doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y, dentro de ella, de modo más concreto, la alusiva a su vertiente de derecho de acceso al proceso.
4. La situación de supuesta indefensión que denuncian los demandantes de amparo habría acontecido en este caso en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que regula el Libro III de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881, en concreto, sus arts. 1825 y ss. En relación con tal tipo de procedimiento este Tribunal ha tenido ocasión de advertir, al resolver recursos de amparo que presentan cierta analogía con el presente, que el art. 24 CE "no impone cauces procesales determinados, siempre que se respeten las garantías esenciales para proteger judicialmente los derechos e intereses legítimos de los justiciables (SSTC 11/1982, 1/1987, 43/1987 y 160/1991). Lo fundamental desde la óptica constitucional es apreciar si en las circunstancias del concreto proceso seguido el titular del derecho fundamental ha disfrutado de una posibilidad real de defender sus derechos e intereses legítimos mediante los medios de alegación y de prueba suficientes, cuando se actúa con la diligencia procesal razonable (SSTC 4/1982, FJ 5, y 14/1992, FJ 2)" (STC 114/1997, de 16 de junio, FJ 3, que reitera doctrina recogida en las SSTC 76/1990, de 26 de abril, FJ 6; 298/1993, de 18 de octubre, FJ 6; 187/1996, de 25 de noviembre, FJ 2). De modo que, añade el Tribunal, "al encauzar el conocimiento judicial de estas controversias sobre la situación familiar de los menores a través de procedimientos tan flexibles, sean o no caracterizables en sentido estricto como ejercicio de la jurisdicción voluntaria, la Ley de enjuiciamiento civil transparenta su intención de servir importantes fines. Uno, asegurar que todas las actuaciones serán llevadas a cabo 'con la conveniente reserva', evitando en particular que se quiebre la muralla de discreción que la ley establece entre la familia de origen y la familia adoptiva (art. 173.4 CC y art. 1826 LEC). Otro fin al que sirve el carácter informal e incisivo del procedimiento consiste en procurar que el Juzgado obtenga y verifique toda la información que resulte precisa para asegurarse que la medida a acordar resultará beneficiosa para el menor, cuyos intereses son prevalentes (arts. 172.4, 173.2 in fine, 174 y 176.1 CC y art. 1826 LEC)" (STC 114/1997, de 16 de junio, FJ 3).
5. Así pues, a la luz de la doctrina constitucional expuesta, hemos de examinar la queja de los demandantes de amparo.
Una vez efectuada la acumulación acordada el procedimiento concluyó en primera instancia por Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Sevilla de 8 de septiembre de 1998, en la que se desestimaron las pretensiones de la madre biológica de que se dejara sin efecto la declaración de desamparo y, subsidiariamente, se estableciera un régimen de visitas y comunicaciones con sus hijos, a la vez que se estimó la pretensión de la entidad pública de Andalucía de protección de menores de constituir el acogimiento familiar preadoptivo de los menores en las personas de los demandantes de amparo.
De otra parte, según resulta del examen de las actuaciones, los ahora demandantes de amparo en ningún momento fueron emplazados para comparecer en el procedimiento, bien en los autos tramitados ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Sevilla núm.
878/97 sobre la constitución judicial del acogimiento familiar preadoptivo, bien con posterioridad a la acumulación de dichos autos a los autos núm. 408/97 sobre oposición a la declaración administrativa de desamparo. Asimismo no existe en las actuaciones constancia alguna de que tuvieran conocimiento del procedimiento tramitado hasta que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla acordó como diligencia para mejor proveer citar a los menores para su exploración, la cual se celebró el día 22 de marzo de 2000 en solitario ante la Sala, al prohibir el órgano judicial la asistencia de las partes y del Ministerio Fiscal.
6. Ateniéndonos a las concretas circunstancias concurrentes en el presente caso, ha de resaltarse la condición de los demandantes de amparo de acogedores preadoptivos de los dos menores. La figura del acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de familia, e impone a los acogedores las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral (art. 173.1 CC). Entre las diversas modalidades de acogimiento familiar que se prevén en nuestra legislación de menores el acogimiento familiar preadoptivo se formaliza por la entidad pública competente, cuando ésta eleve la propuesta de adopción del menor ante la autoridad judicial, siempre que los acogedores reúnan los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados, y hayan prestado ante la entidad pública su consentimiento a la adopción, y se encuentre el menor en situación jurídica adecuada para la adopción, pudiéndose también formalizar, cuando la entidad pública considere, con anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, que fuera necesario establecer un período de adaptación del menor a la familia (arts. 173 bis 3 CC). Asimismo se podrá acordar por la entidad pública en interés del menor con carácter provisional, como ha acontecido en el supuesto que nos ocupa, cuando los padres o tutores no consientan o se opongan al acogimiento, que subsistirá hasta tanto se produzca resolución judicial (art. 173.3 CC). En este sentido ha de compartirse la afirmación del Ministerio Fiscal de que los acogedores preadoptivos gozan de un status jurídico reforzado respecto a los demás acogedores en general, ya que, además de ser, al menos, guardadores del acogido, tienen una expectativa de convertirse en adoptantes del mismo.
7. Una vez determinado que los demandantes de amparo, en su condición de acogedores preadoptivos de los dos menores, son titulares de un interés legítimo, que les permitía, ex art. 24.1 CE, comparecer y ser oídos en el procedimiento a quo, queda únicamente por examinar si los motivos, en los que la Audiencia Provincial fundó su decisión de denegarles la personación solicitada, pueden obedecer a razonables finalidades de protección de otros bienes o intereses constitucionalmente protegidos, que pudieran justificar, en este caso, una restricción en su derecho a la tutela judicial efectiva.
8. Los anteriores razonamientos han de conducir a la estimación del presente recurso de amparo. A los efectos de restablecer a los demandantes de amparo en la integridad del derecho fundamental vulnerado (art. 55 LOTC), ha de declararse la nulidad de los Autos de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, de 5 de junio y 11 de julio de 2000, y de todas las actuaciones posteriores al primero de los Autos, incluida la Sentencia de 12 de junio de 2000, debiendo retrotraerse las actuaciones judiciales al momento inmediatamente anterior al de dictarse el citado Auto de 5 de junio de 2000, al objeto de que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla dicte una nueva resolución en relación con la solicitud de personación de los demandantes de amparo respetuosa con su derecho a la tutela judicial efectiva, manteniéndose respecto a los menores la situación en la que éstos se encontraban, para evitarles el perjuicio derivado de los posibles cambios no definitivos en ella, cuando los demandantes de amparo presentaron su escrito de solicitud de personación en el procedimiento.
9. El éxito de la demanda priva de objeto a la petición de suspensión de las resoluciones recurridas, actualmente en trámite en la correspondiente pieza separada, que deberá ser archivada.
1º Declarar que se ha vulnerado a los demandantes de amparo su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
2º Restablecerles en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de los Autos de 5 de junio y de 11 de julio de 2000, dictados por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla en el rollo de apelación núm. 3044/99, dimanante de los autos acumulados de oposición al desamparo núm. 408/97 y de acogimiento familiar núm. 878/97 procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Sevilla, y de todas las actuaciones posteriores al primero de los Autos, incluida la Sentencia de 12 de junio de 2000, retrotrayendo las actuaciones judiciales al momento procesal y con los efectos señalados en el fundamento jurídico octavo de esta Sentencia.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 4834-2000
Promovido por don Juan S. M. y doña Josefa R. G. frente al Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla que denegó su personación en un litigio entre la madre biológica de unos menores y la Junta de Andalucía.
En atención a la condición de los demandantes de amparo de acogedores preadoptivos de los menores, y en atención también al objeto del procedimiento, no cabe negar a éstos un evidente interés legítimo en el objeto del procedimiento [FJ 6].
Incluso desde la perspectiva del prevalente interés superior del menor, no cabe negar la condición de parte interesada a los acogedores preadoptivos de los menores [FJ 6].
Los acogedores preadoptivos gozan de un status jurídico reforzado, ya que, además de ser, al menos, guardadores del acogido, tienen una expectativa de convertirse en adoptantes del mismo [FJ 6].
Los demandantes de amparo presentaron el escrito de solicitud de personación dos meses antes de que se dictase la Sentencia de apelación, por lo que nada se oponía a que se aceptase, y a que formularan sus alegaciones [FJ 6].
No cabe vincular la legitimación para ser parte en el proceso con el momento procesal en el que éste se encuentre [FJ 6].
El hecho de que los intereses de los menores estén representados por el Ministerio Fiscal y la Administración autónoma competente no reviste carácter excluyente de la intervención de otros posibles interesados en el procedimiento, en atención al interés superior de los menores [FJ 7].
El principio de obligada reserva que debe presidir todas las actuaciones de formalización y cesación del acogimiento no resultaba incompatible con la intervención de los acogedores en el procedimiento, siendo factible que la misma se produjera, reservando u ocultando su identidad [FJ 7].
En el desarrollo de procedimientos de oposición a la declaración de desamparo, de acogimiento y de adopción, se encuentran en juego derechos e intereses legítimos de extraordinaria importancia. Es lógico que se ofrezca en ellos una amplia ocasión de alegaciones a quienes ostentan intereses legítimos en la decisión a tomar (STC 187/1996) [FJ 4].
El art. 24.1 CE habilita a quienes ostenten algún derecho o interés legítimo, que pueda verse afectado, para comparecer y actuar en el procedimiento (STC 56/2001) [FJ 3].
Doctrina sobre el derecho de acceso al proceso (SSTC 220/1993, 301/2000) [FJ 3].
Deben retrotraerse las actuaciones judiciales al objeto de que la Audiencia Provincial dicte una nueva resolución en relación con la solicitud de personación de los demandantes de amparo respetuosa con su derecho a la tutela judicial efectiva [FJ 8].
Deben mantenerse respecto a los menores la situación en la que éstos se encontraban, para evitarles el perjuicio derivado de los posibles cambios no definitivos en ella [FJ 8].
El éxito de la demanda priva de objeto a la petición de suspensión de las resoluciones recurridas, actualmente en trámite en la correspondiente pieza separada, que deberá ser archivada [FJ 9].
Libro III, f. 4
Artículo 1825, f. 4
Artículo 1826, ff. 4, 7
Artículo 1827, f. 4
Artículo 1828, f. 6
Artículo 172.4, f. 4
Artículo 173 bis, f. 4
Artículo 173 bis 3, f. 6
Artículo 173.1, f. 6
Artículo 173.3, ff. 4, 6
Artículo 173.4, f. 4
Artículo 173.5, f. 7
Artículo 174, f. 4
Artículo 176.1, f. 4
Artículo 117.4, f. 4
Artículo 11.2, ff. 4, 6
Derecho de acceso al procesoDerecho de acceso al proceso, Doctrina constitucional, f. 3
Derecho de acceso al procesoDerecho de acceso al proceso, Vulnerado, f. 7
Derecho de acceso al procesoDerecho de acceso al proceso, f. 6
Pérdida sobrevenida de objeto del incidente de suspensión cautelarPérdida sobrevenida de objeto del incidente de suspensión cautelar, f. 9
Garantías en los procedimientos sobre situación familiar de menoresGarantías en los procedimientos sobre situación familiar de menores, f. 4
Interés superior del menorInterés superior del menor, ff. 4, 6
Medidas cautelaresMedidas cautelares, f. 8
Procedimiento de acogimiento familiarProcedimiento de acogimiento familiar, ff. 4, 6

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 1825

Artículo 1826

Artículo 1827

Artículo 1828

Artículo 172

Artículo 173

Artículo 173

Artículo 173

Artículo 173

Artículo 173

Artículo 173

Artículo 174

Artículo 176

Artículo 117

Artículo 11