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Timestamp: 2018-04-19 23:03:02+00:00

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Acusaciones contra la British Petroleum
Transnacional British Petroleum BP.
Una caracterización negativa transita la historia de Colombia y toma lugar en la extensa literatura académica y periodística sobre el país. Se trata de una suerte de sino de tragedia y muerte, un halo de dolor y odio que rodea nuestro conflicto armado prolongado y nuestras múltiples violencias, dotadas de expresiones crueles y diversas.1 A su vez, y en el fondo de esas violencias, la impotencia se constituye en el sentimiento común ante un conflicto social que hierve en los resquicios de la sociedad con dimensiones inimaginadas de inequidad, desigualdad y exclusión social.2
Los procesos de construcción estatal también cuentan con su propio estigma. Una nación a pesar de sí misma3, un Estado débil, una sociedad fragmentada y dividida4, y finalmente una democracia5 que es sólo promesa, número, y que expresa con singular intensidad la violencia de sus tensiones y sus aporías constitutivas. Estos son los lugares comunes de nuestra nación y nuestro Estado.
Más no se trata de una particularidad intrínseca a la raza o un influjo del trópico. Colombia, a diferencia de lo que muchos opinan, no “es el más violento”, ni “el más corrupto”, ni el “más degradado” país del mundo. Una mirada que venciera las distancias del tiempo y de la geografía nos recordaría el rostro común de la conquista arrasadora del cono sur por allá, a mediados del 1400, nos traería una imagen de la Francia del terror en el siglo XIX o de la Norteamérica racista. Un ejercicio juicioso de memoria recrearía la pauperización y muerte que trajo el capitalismo industrial a Inglaterra y Europa, o la sevicia de las guerras mundiales en el siglo XX y el horror del nazismo. Y para acercarnos más en el tiempo, la historia podría recordar la brutalidad de los conflictos africanos o los de oriente medio, la impunidad y atrocidad de las dictaduras latinoamericanas, o el Irak y el Afganistán de hoy.
Una constatación surge de inmediato: existe un denominador común en las sociedades que ha ocasionado la destrucción del hombre, las guerras y las violencias, la desigualdad, el malestar general de la democracia y la frustración del Estado. El sistema capitalista. Pese a sus cambios, el ánimo de destrucción que rodea a este modelo de producción y consumo es el mismo que describiera Marx hace más de un siglo y el mismo que vivimos nosotros. En el caso colombiano esta realidad no es más que un modo en que se expresa el sistema capitalista en el nivel nacional, no obstante, este mismo modelo se experimenta de otras formas en diversas partes. De manera que las guerras recientes de oriente medio, o las protestas violentas de los jóvenes parisinos no son más que síntomas de un capitalismo que se mueve en el mundo con intensidades diferentes.
Para el caso del tercer mundo y de nuestro país, estas intensidades son mayores, pues el sistema se acompaña de imperialismo y afecta el núcleo mismo de la estructuración de la sociedad así como las trayectorias de construcción del Estado-nación. El resultado de esta combinación es una realidad sobrecogedora que a la vista de cualquiera parece la peor, pero que en el fondo comparte el mismo problema de otras naciones.
Hoy este modelo cuenta con nuevos rostros, nuevas estrategias, nuevos nombres y personajes, instituciones y estados, que mantienen vivo el mismo viejo objetivo, acumular capital a costa de la enajenación, de la represión, de la explotación. El neoliberalismo, esta fase reciente del capital que recobra sus fundamentos del pensamiento neoclásico, es el rostro nuevo de un viejo objetivo. En él ocupan un lugar central las Empresas transnacionales, como expresión de una nueva distribución del trabajo en el mundo, pero también como una nueva imagen del imperialismo, al estilo de Hardt y Negri6, y como una nueva disposición de las relaciones Estado mercado, con el debilitamiento del primero y el fortalecimiento del segundo.
Cuando nos sugirieron presentar el caso de la British Petroleum para juzgarla por sus delitos contra el pueblo colombiano en la Audiencia Petrolera del Tribunal Permanente de los Pueblos TPP, de inmediato supimos que lo que sucedía en el departamento del Casanare, Colombia, sucedía con la misma empresa en otras partes del mundo, y eso nos llevó a un asunto central: ¿Cuál es la raíz del problema? ¿De que se trata todo esto? Intentando responder a estas cuestiones, resulto evidente el carácter estructural de lo que en apariencia era el problema de una sola empresa en un contexto específico. Así entendimos que cualquier acusación contra la BP se debería hacer no tanto en clave nacional, sino en términos de una reivindicación de lo humano, de lo popular, de los pueblos. Al investigar a la BP reconocimos tras su imagen “verde” el rostro del capitalismo destruyendo a los hombres y sus lazos sociales y a la naturaleza, vimos al imperialismo violentando los pueblos y supimos de los poderes nacionales, de los Estados y sus aparatos militares apoyando este modelo de muerte y destrucción. Al investigar a BP comenzamos también a dar cuenta de las atrocidades de otras transnacionales como las del sector de los alimentos, de la salud, del carbón… vivimos en una sociedad asediada por transnacionales.
De manera que si fuera posible hacer un juicio definitivo y un tanto idealista contra BP la declararíamos culpable del desarrollo y mantenimiento de un capitalismo que atenta contra la humanidad. No obstante, los marcos estatales y del derecho internacional vigentes, ambos construidos en el seno del desarrollo capitalista, no nos permiten iniciar un proceso así. Mucho menos ofrecerían una pena o una condena suficiente. Por ello, en un esfuerzo de realismo, volvimos sobre lo nacional y lo local, sabiendo que desde allí, con juicios populares a empresas específicas en contextos inmediatos, es posible aportar pequeños avances en esta tarea mayor de condenar al capitalismo y a los estados, a las clases sociales y ejércitos que lo apoyan.
De este modo presentamos a continuación un conjunto de 4 casos -de muchos más-sucedidos en el Departamento de Casanare Colombia, entre 1995 y el 2007, en los cuales la culpabilidad de la BP nos parece incuestionable en materia de derechos humanos y de medio ambiente. Una advertencia se hace necesaria. La fuerza de estos casos y de nuestras acusaciones no esta solamente en pruebas jurídicamente válidas, en técnicas periciales impecables o en la constatación de hechos individuales y aislados. En primer lugar, creemos correcto pensar estos casos en ese contexto general del capitalismo transnacional, por ello insistimos reiterativamente en el papel de la BP en otros países, financiando golpes de estado, comprando armas, apoyando regimenes ilegítimos, destruyendo el medio ambiente.7 También pensamos en la responsabilidad de los gobiernos (como el británico o el colombiano), de los organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI y en el de las ONG. Es obvio, las transnacionales no actúan en el vacío.
Lo mismo aplica para las realidades nacionales y locales. Por ello consideramos que estos casos deben ser vistos a la vez en estos contextos y en el marco de las realidades sociopolíticas y las experiencias colectivas propias de estos niveles. Así, el asesinato de Carlos Arrigí (nuestro primer caso), importante per se, comporta un crimen más en la larga lista de violaciones a los derechos humanos contra dirigentes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC en Colombia, y particularmente, de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ADUC en el Casanare. Lo mismo sucede con el caso de Oswaldo Vargas (Segundo caso) miembro de ACDAINSO en el Corregimiento de El Morro. Allí fueron asesinados y amenazados gran parte de los líderes de esta asociación creada precisamente para exigir a la BP inversión social, respeto al medio ambiente, reparación de daños sobre el mismo y condiciones de trabajo.
En efecto, al revisar actas de las organizaciones, documentos y archivos, encontramos que estas muertes constituyeron parte de una estrategia de exterminio de organizaciones sociales opositoras a BP que en diversas ocasiones se movilizaron para exigir a la empresa múltiples reivindicaciones. Refuerza este hecho, el que la empresa, durante el 6 exterminio de los líderes de las organizaciones sociales mencionadas, creara una ONG propia para tener relación directa con las comunidades.
Sin organizaciones sociales opositoras, con un clima de terror y corrupción creado por un paramilitarismo que creció en paralelo al trabajo de explotación petrolera en el departamento, con una militarización creciente de la vida social y con su propia ONG para intervenir en la comunidad, la explotación de la BP se hizo más segura y sus ganancias mayores en Casanare.
Nuestro tercer caso evidencia a su turno la necesidad de juzgar a la BP por sus relaciones con un Estado y unas fuerzas militares y paramilitares bastante cuestionadas en materia de derechos humanos. La ejecución extrajudicial a manos del ejército colombiano de Daniel y Roque Julio Torres en el presente año, constituye, junto a cientos de casos ocurridos en la región (más de 10 en lo que va corrido de 2007), un ejemplo fehaciente de la responsabilidad de la BP directa o indirectamente, en lo que sucede “más allá de la malla perimetral”8 de sus instalaciones. El hecho de que la Brigada XVI; creada para proteger la infraestructura petrolera en torno a los pozos de BP en el Casanare y a quien esta empresa ha pagado y paga en el presente para garantizar la seguridad de los pozos; asesine campesinos en los anillos de seguridad de los campos petroleros sindica como culpables de violaciones a los derechos humanos tanto al Estado colombiano como a la transnacional.
Pero la responsabilidad de BP en este sentido va más allá. Como lo han evidenciado las actuales investigaciones judiciales y las pesquisas de los organismos de control frente a los nexos entre paramilitares-narcotráfico- políticos y funcionarios públicos (congresistas, gobernadores, alcaldes, DAS), en Casanare las instituciones estaban totalmente permeadas por el paramilitarismo. Es así como 6 alcaldes del departamento están hoy detenidos por esa causa. Entre ellos se incluyen los de Aguazul y Tauramena en donde la BP explota los dos pozos más grandes de producción de petróleo en el país (Cupiagua y Cusiana respectivamente).9 En acuerdos firmados entre alcaldes y paramilitares, los primeros debían entregar el 50% del presupuesto y asignar el 10% de la contratación del municipio a los segundos. A esto se suma la infiltración de estos grupos de ultraderecha en las personerías, el DAS, la SIJIN y el sistema judicial. En este contexto la pregunta es: ¿no supo nunca la BP que las instituciones con las que trabajaba de la mano eran parte del paramilitarismo? O tal vez, como se denunció en los años 90, la pregunta debería ser otra: ¿participó la BP en la creación, financiamiento y/o apoyo a grupos paramilitares? De ser afirmativa la respuesta esta poderosa transnacional se convertiría en cómplice de muchos crímenes de lesa humanidad y delitos cometidos en la región.
El caso de Carlos Hernando Vargas, director de Corpoorinoquia (cuarto caso) se instala en el terreno la responsabilidad de la BP en los daños ambientales ocasionados por la extracción de crudo. La negligencia de BP ante las normas ambientales y su guerra sucia en este sentido son elementos que precisan ser abordados en un contexto más amplio. El caso del oleoducto de OCENSA en el nordeste antioqueño (en el que la BP se vio juzgada en su país de origen y tuvo que pagar a la comunidad afectada) y las diversas acciones populares y demandas de la población por daños ambientales ocasionados por la BP, sirven de contexto al caso de Vargas, insistiendo en que BP no respeta el medio ambiente –tema universal hoy, a propósito del cambio climático-. Carlos Vargas colocó multas a la BP por daños al medio ambiente y cuestionó la expedición de licencias ambientales a la empresa desde corpoorinoquia (institución designada para el control medio ambiental) pues no cumplía con lo requisitos establecidos. Luego fue asesinado. Este caso reafirma la culpabilidad de BP en el daño del medio ambiente, el irrespeto de las normas e instituciones colombianas en esta materia y de nuevo, su total desapego al respeto de los derechos humanos.
Por último, hay que decir que hemos redactado las acusaciones contra la empresa menos en clave jurídica y más en términos políticos, atendiendo a las limitaciones que tiene el ámbito legal. Creemos que la responsabilidad de la empresa no termina en una sentencia o en acuerdo económico sino en un juicio político en el cual los pueblos tienen la legitimidad absoluta para inculparla y hacer que ella reconozca públicamente sus crímenes. Sólo sobre esa base podría tener sentido una restitución económica aunque no se resuelvan interrogantes como: ¿Cómo restituir la destrucción del tejido social y de formas organizativas de los campesinos, como ADUC o ACDAINSO? ¿Tienen un valor económico estas formas de organización de lo social?, ¿cual es el costo social y político de la destrucción de estas experiencias de empoderamiento local, de esos modos de “estar juntos”, sobre todo en una sociedad en guerra y con una democracia asediada y en riesgo como la nuestra? ¿A quien se le debe pagar por la destrucción de ACDAINSO y ADUC?, ¿Cuánto cuesta la vida de líderes como Arrigí, o Vargas? ¿Cómo restituirlos a sus familias, a sus amigos o a sus compañeros?, ¿cuanto le cuesta al movimiento social colombiano, tan fragmentado y debilitado este tipo de golpes?
Manteniendo la centralidad de lo político esperamos que resulten evidentes los hilos conductores que recorren los cuatro casos: la responsabilidad global de la empresa en términos ambientales y de derechos humanos; su papel en la destrucción de lo humano como parte del modelo capitalista; su vulneración de la soberanía de las pueblos a causa de la exfoliación de los recursos; las serias consecuencias que ocasiona al ser participe de un modelo energético petrolero capitalista; y finalmente, su papel en la destrucción de los lazos sociales, la cultura de los pueblos y los proyectos de vida de campesinos y comunidades.
Este énfasis político de las acusaciones responde además a la necesidad de legitimar las reivindicaciones populares en tanto constituyen discursos sentidos, sinceros y verídicos 8 que, si bien podrían no constituirse como pruebas suficientes en una corte normal, son más que definitivos en un escenario popular como lo es el TPP, que le cree a la gente. Creemos en el campesino, en sus tragedias y en sus acusaciones, por eso las traemos a este Tribunal, y esperamos que ustedes les crean.
La BP. Su historia y su lugar en el mundo11
BP nace en 1901 fundada por William Knox D’Arcy un hombre adinerado de Inglaterra con negocios mineros en Australia. Él es el mitológico aventurero a que se suele hacer referencia en las historias oficiales de empresas como la BP. Aunque, es innegable su papel como fundador, la historia de esta transnacional no es la de un hombre sino la de los intereses estratégicos del Imperio Británico.
En los primeros años del siglo XX Knox firma un acuerdo de concesión con el Sha de Irán para explorar y explotar los recursos de hidrocarburos, entre otros, por un término de 60 años. Inicialmente, su único país de operaciones era lo que hoy se constituye como Irán y de ahí el nombre Anglo Persian. Dos factores influyeron en el éxito de la empresa. De una parte la creciente conversión por parte de las armadas a buques que utilizaban petróleo y no carbón, y de otra, la competencia inter-imperialista por el control de dicho recurso.
En el caso británico los campos petroleros de Irán eran un botín sin precedentes. Greenway funcionario de Anglo Persian informó a sus superiores que “El Almirantazgo evidamente esta muy ansioso de preservar a Persia para siempre como fuente de suministro de petróleo para la Armada Británica.”12 En otra reunión con Lor Fisher de la Comsión Real sobre el suministro de petróleo, Greenway reportó que Fisher le había dicho “que hay que hacer algo inmediatamente, tanto para asegurar el control británico de Mesopotamia como el control sobre Anlgo Persian.”13
Y así fue. En aras de procurar control sobre la región y sobre la Empresa el gobierno británico acordó invertir dos millones de libras esterlinas en Anglo Persian, salvándola de la bancarrota a cambio de la mayoría de las acciones y poder para nombrar a dos miembros en la junta directiva. También se firmó un acuerdo entre Anglo Persian y la armada para suministrar 40 millones de barriles durante un lapso de 20 años. La primera guerra mundial cimentó esta relación entre la empresa y las necesidades del Imperio Británico.
Luego, Anglo Persian se expandió por la región en un intento de diversificar sus fuentes y operaciones hacia países como Irak, Bahrein, Kuwait etc., pero los pozos de Irán continuaban siendo los más importantes. La segunda guerra mundial resaltó más la importancia de BP para el Imperio Británico. “El Petróleo era aún más esencial para los ejércitos, marinas y fuerzas aéreas que chocaron en la segunda guerra mundial de lo que había sido en la primera guerra. Mientras el conflicto se extendía por el planeta, no hubo una fase o teatro de operaciones de la guerra que no tocara a la empresa.”14
BP salió de esta gran conflagración bien librada pero no sin problemas. La situación política pos guerra en las colonias inglesas y en otras regiones generó ciertas inestabilidades para sus negocios. Un ejemplo de ello lo constituyeron las guerras de liberación nacional en África y Asia. Estos movimientos de independencia no sólo exigían la retirada de las fuerzas coloniales de ocupación sino el control sobre su territorio y sus recursos. Las reivindicaciones de estos movimientos tocaban a la BP. En efecto, la empresa no sólo era una multinacional sino que figuraba como dependiente del gobierno británico. Como bien lo describe el historiador oficial Ritchie “...porque el gobierno británico era accionista mayoritario en Anglo-Iranian se seguía viendo a la empresa como un brazo del gobierno británico. Esto conllevaba inconvenientes en una época en que el poder imperial británico menguaba y el nacionalismo en el Oriente Medio y otros lados aumentaba.”15
Para BP uno de los casos más preocupantes fue el de Irán. En 1951 el Dr Mossadeqh llegó al poder en el país en medio de un creciente tensión nacionalista. Mossadeqh nacionalizó el petróleo de Irán y BP fue el gran perdedor pues era la principal empresa en el país. Aunque la historia oficial hace referencia al golpe de estado como una acción organizada por la CIA, la empresa y su accionista principal, el gobierno británico, no fueron inocentes. No sólo habían perdido uno de los mayores pozos petroleros del mundo sino que el ejemplo de Mossadeqh para el resto del imperialismo mundial era un desafío mayor. El ministro británico de defensa Emmanuel Shipwell lo expresó de manera sucinta y casi profética: “Si se permitiera a Persia salir impune animaría a Egipto y otros países de pensar que ellos también lo podrían intentar. El siguiente caso podría ser un intento de nacionalizar el canal de Suez.”16
Los poderes imperiales bloquearon la exportación de crudo de Irán durante dos años con el fin de doblegar su gobierno, presionar la desnacionalización del petróleo y acelerar la devolución del crudo a su “dueño legítimo” BP. El gobierno británico no estaba sólo a la hora de propiciar un ambiente hostil contra Mossadeqh. En un comité formado por el gobierno británico para monitorear la situación en Irán Neville Gass de la BP comentó que si se le permite a Mossadeqh “salir impune con su actuación monstruosa tendrá una incidencia desastrosa en otros países... Surgirán otros Mossedeqhs y ¿qué quedará del tejido de industria petrolera? a la cual los americanos (sic) declaran otorgar tanta importancia”. Valga recordar que los EE.UU inicialmente temían actuar contra el gobierno de Irán. En ese contexto, la declaración de Neville Gass resultaba una clara incitación a un golpe de estado.
Pero cuando finalmente se produjo el golpe, éste no fue totalmente favorable a los intereses ni de BP ni del gobierno británico. Los EE.UU. después de haber patrocinado el derrocamiento de Mossadeqh, no iba a devolver todo a su rival Gran Bretaña. El nuevo gobierno, repartió el botín con injerencia norteamericana y se acordó que “Anglo-Iranian tendría 40 por ciento, Royal Dutch Shell 14 por ciento, las cinco empresas de EE.UU. tendrían 8 por ciento cada uno y la empresa francesa 6 por ciento...”17 Además BP recibió £25 millones en compensación de Irán y £32 millones de las nuevas empresas que participaban en la explotación de los campos petroleros de Irán. BP puede negar haber tenido un papel en el golpe de estado pero de ningún modo puede afirmar que no fue beneficiario directo de ello. Sin embargo, a pesar del golpe los temores del Imperio Británico se materializaron y el canal de Suez fue nacionalizado por el gobierno egipcio de Nasser. Luego Irak y Libia entre otros nacionalizaron la industria petrolera.
La empresa sobrevivió la ola nacionalista, como lo hicieron muchas más empresas, pues los países imperialistas supieron contener las demandas nacionalistas mediante la violencia salvaje, el soborno y la corrupción, todo ello de la mano con las debilidades de los mandatarios locales. BP por su parte, se expandió por todo el planeta desde los países del golfo hasta Alaska en EE.UU. Aunque después de Irán el mundo cambió y otros países nacionalizaron sus recursos de hidrocarburos y obligaron a las multinacionales a renegociar sus contratos, siempre se les dejó a estas empresas cierto grado de control y acceso sobre el crudo. En efecto, ningún país montó una industria propia que hiciera competencia con las multinacionales, con la posible excepción de Venezuela.
En 1979 Margaret Thatcher llegó al poder en Gran Bretaña. Thatcher emprendió una cruzada neo-liberal recortando servicios sociales, mientras libraba una guerra feroz contra el movimiento sindical, al cual logró derrotar a costa de billones de libras esterlinas y la destrucción del tejido social en muchas zonas industriales. Esta derrota del sindicalismo incluyó a los bastiones del partido laborista. Parte de su campaña ideológica consistía en privatizar toda empresa estatal y aunque BP no era de este tipo sino una empresa privada cuya accionista principal era el gobierno, Thatcher vendió las acciones que el Estado tenía en la empresa en 1987, sin que por ello BP dejara de ser una empresa estratégica para el país. Una simple mirada a la situación actual nos muestra que la empresa tiene un peso importante en la economía británica y sigue siendo una de las principales fuentes de petróleo. (Ver Cuadro 1)
País Desarrollados No desarrollados Total
Reino Unido 458 146 604
Resto de Europa 189 97 286
EE.UU. 1.916 1.292 3.208
Resto de las Americas 130 237 367
Asia Pacifica 67 86 153
África 193 512 705
Otros 88 482 570
El Grupo (total) 3.041 2.852 5.893
Cuadro 1. Estimación de reservas netas de líquidos diciembre 31 2006 en millones de barriles18
Como se puede ver en la tabla, las reservas en el Reino Unido son más que las del resto de Europa y superan con creces todas las reservas de las Americas, excluyendo a EE.UU. Las reservas de EE.UU son la suma de las de BP, las adquiridas con la fusión entre BP y Amoco y las que son fruto de la compra de otras empresas. Aún así las reservas británicas son significativas, superando a todas las reservas de la empresa en África. Ellas representan poco más de 22% de sus reservas mundiales, una vez que se excluye la cifra distorsionadora de EE.UU.
De la misma manera, Reino Unido sigue siendo significativo en términos de producción. Como demuestra la siguiente tabla produce poco menos de la mitad que en EE.UU. (la mitad de cuya producción corresponde a Alaska). Los porcentajes para la producción de líquidos son parecidos para el Reino Unido. (Ver Cuadro 2)
Total EE.UU. 547
Total Reino Unido 253
Total Resto de Europa 61
Total Resto del Mundo 490
Total Mundo 1.351
Cuadro 2. Producción de líquidos 2006 en miles de barriles por día19
En 1987 se fortaleció su posición en el mundo con la adquisición de la empresa norteamericana Standard Oil y la compra de 15% de Britoil y en 1998 se convirtió en la tercera empresa petrolera más grande del planeta con la fusión con Amoco. Sus ganancias para el 2006 fueron del orden de más de 22 mil millones de dólares según su informe anual.
Ahora bien, el golpe de estado en Irán no ha sido el único ejemplo cuestionable de la actuación de BP a nivel internacional. En los años 60 BP en contravención de un embargo comercial suministraba petróleo al régimen racista blanco de Ian Smith en Rodesia (hoy conocido como Zimbabwe), algo que hasta los historiadores oficiales han tenido que reconocer. En 1977 David Owens, Ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Harold Wilson nombró al abogado Thomas Bingham para investigar el asunto. Bingham calculó que se ha suministrado 13 millones de barriles de crudo a Rodesia de Shell y BP en Sud África desde 1966.20
No obstante la revelación embarazosa de su nexos con el régimen de Ian Smith, BP mantuvo intacto sus relaciones comerciales con el régimen racista de Sur África argumentando como lo hicieron otras multinacionales que ellos daban empleo a los negros. BP fue demandada en los EE.UU. por violaciones de derechos humanos en Sur África pero pudo salir impune debido a un fallo de la corte suprema que limitó tales demandas únicamente a casos más graves.21
Más recientemente han surgido alegaciones contra la empresa en países tan distintos, como Angola, Indonesia y Tazakistan.22 En Indonesia las alegaciones se centran en Papua Occidental, un país ocupado brutalmente por las dictaduras de turno en Jakarta. Papua Occidental fue una colonia holandesa hasta 1962 cuando el gobierno norteamericano intervino para convencer a Holanda entregar el país a Indonesia evitando así que Indonesia cayera en manos de comunistas. Valga recordar que el dictador Suharto luego asesinaría a un millón de personas con ese fin de salvar el país del comunismo.
La ocupación de Papua Occidental fue brutal. Diversos informes de organismos de derechos humanos dan fe de los asesinatos perpetrados por la Fuerza Pública y la tortura y supresión de disidentes.23 Sin embargo BP no tiene mayores dificultades de hacer negocios con un régimen responsable de la masacre de un millón de izquierdistas en los 60 y la masacre de más de 100.000 personas en Timor Oriental en 1975 (la tercera parte de la población). Valga señalar que ahora que Timor Oriental ya no forma parte de Indonesia, el gobierno central en Jakarta ha transferido sus matones preferidos de Timor a Papua,
Al principio del 2004, Indonesia estableció su agenda para el futuro instalando a Timbil Silaen, ex jefe de policía en Timor Oriental, como nuevo jefe policial en Papua. A la vez se permitió que Eurico Guterres, el infame jefe de las milicias en Timor Oriental, desarrollara operaciones en el pueblo montañero de Wamena donde se recluta abiertamente a sus milicias pro Indonesia. Ambas personas están implicadas en las masacres en Timor Oriental en 1999 después de declararse independiente de Indonesia.24
Para BP no hubo problema alguno negociar con semejante régimen derechos sobre los recursos de un país ocupado, recursos robados por los asesinos que han gobernado a Indonesia por medio siglo. Con la misma ligereza, BP es el principal socio en un proyecto de explotación del campo de gas de Tangguh en Papua con reservas probadas de más de 14 trillones de pies cúbicos de gas liquido natural donde se espera abrir 15 pozos. Es cierto que nadie acusa a la empresa de estar directamente involucrada en las masacres y la violencia estatal. Pero como afirma George Monbiot: “Todo eso evade la cuestión principal: el consentimiento. BP ha llevado a cabo consultaciones y discusiones con la gente local. Pero no hay una asamblea representativa papuana con el poder de decidir si el proyecto procede o no y bajo que condiciones. BP deriva su permiso para actuar de un poder de ocupación en medio de un intento de genocidio. ¿Cuán creíbles son sus afirmaciones que sus manos están limpias?”25
En la república asiatica de Kazakistan la oposición acusó al Presidente Narvarbaev de tener una cuenta en un banco suizo con fondos recibidos por las empresas petroleras que operan en el país. Luego en el 2003 un tribunal norteamericano acusó a dos hombres de negocios de corrupción en sus transacciones energéticas en Kazakistan, entre las empresas nombradas en el caso se encontraba Amoco (hoy fusionada con la BP).26 El caso más grave de una falta de transparencia por parte de las transnacionales petroleras es el de Angola. Allí hay menos dudas sobre el papel de las petroleras en la corrupción en el país.
Según Global Witness en el 2001 casi la tercera parte de los ingresos petroleros del país desaparecieron. Las empresas se niegan a entregar información sobre los pagos que realizaron al estado de Angola alegando que no pueden interferir en la política interna de un país. Pero como HRW señala, en los países industrializados se suele entregar este tipo de información y su renuencia de hacerlo en Angola es una declaración política.27
BP entre otros pagó un total de US $ 870 millones en 1999 en lo que llaman Signature Bonus (una especia de prima que se paga como parte del proceso de licitación para que haya una decisión favorable para explotar un campo de petróleo). “Aunque estos son pagos únicos, en años recientes ha habido una bonanza de subastas de bloques petroleros que ha resultado en pagos regulares en efectivo al estado de Angola”28 Algunos de estos pagos se usaron para la compra de armas. Como afirma Global Witness “Esto es como pagar a unos gansters por un servicio particular. Los gobernadores de Angola participan en “robo legal”. Por el solo hecho de que las regalías petroleras se ingresan a estructuras montadas por los dirigentes, que técnicamente son legales, no lo hace defendible moralmente.”29
BP, en un ejercicio de relaciones públicas declaró que haría públicos todos los pagos que ha hecho al gobierno de Angola no obstante luego afirmó que no lo haría por la fuerte reacción de este gobierno. Puede que esto sea cierto, son embargo eso sólo muestra que lo que importa a BP es el dinero, no la ética, ni los derechos humanos, ni la compra de armas con su dinero, sólo le importan sus ganancias.
No todas las críticas que se hacen a BP se limitan al tema de los derechos humanos en el sentido estricto. Hay muchos cuestionamientos a su record ambiental inclusive en los países desarrollados. A pesar de sus campañas de relaciones públicas donde afirman que ellos ya son verdes y cuidan el medio ambiente, la realidad es diferente. Si tomamos el caso de Alaska en los EE.UU veremos como actúa la empresa en un país desarrollado con entidades de control y legislación ambiental. No es Angola ni ningún otro estado al borde del colapso.
“BP ha derramado mucho petróleo sobre la tundra en Alaska”. Después de que se filtró esta noticia a los periodistas, BP reconoció a sus inversionistas que enfrenta cargos penales por permitir que 270.000 galones de crudo se extendieran por uno de los hábitats más sensibles del mundo. El incidente fue tan grave que algunos de sus empleados podrían ir a la cárcel.30
Pero este no fue el primer derrame en Alaska, en el 2005 hubo otro que la empresa no reportó, a pesar de obligación legal de hacerlo.31 Como dice Monbiot empresas como BP y Shell han cambiado el lenguaje pero no sus prácticas, y eso las hace más peligrosas aún. La misma empresa ha tenido que reconocer que su record no es nada bueno. En su informe anual del 2006 explican que la empresa es sujeto de 200 demandas por el derrame del Exxon Valdez en 1989 en la cual la empresa tenía una participación de 50%. No obstante no se registran allí casos más recientes. Queda por ver si incluirá en su informe anual el acuerdo que se hizo con las comunidades del Nordeste de Antioquia en Colombia, en donde ocasionó graves daños ambientales durante la construcción del oleoducto de OCENSA.
La misma pregunta habría que formular sobre el derrame de Texas al terminar el 2005. en 2006 Euro press informa que “La Agencia estadounidense de Seguridad Química (Chemical Safety Board, CSB), dependiente del Gobierno de Estados Unidos, ha concluido en su informe final sobre el accidente de 2005 en una planta de British Petroleum (BP) en Texas, en la que murieron quince personas, que la compañía británica incurrió en deficiencias de seguridad.”32
Junto a esto, CSB arremete en su informe de más de trescientas páginas contra una agencia de seguridad estadounidense, Occupational Safety, de carácter federal, por haber sido laxa en el seguimiento de las condiciones de seguridad de la planta. El accidente se produjo hace dos años, el 23 de marzo de 2005, y en él murieron quince personas y otras 170 resultaron heridas. BP se enfrenta a decenas de demandas civiles por la explosión, la más grave de carácter industrial desde 1990.
Un recorrido por la historia de la BP y su actuación en el mundo arroja importantes evidencias sobre su comportamiento en términos ambientales, así como sobre sus estrategias de implantación en los países. De este modo, la asociación BP-violaciones a los derechos humanos-gobiernos ilegítimos-daños al medio ambiente-complicidad con actores armados legales e ilegales, no es simplemente un tema colombiano, y ello debe ser tenido en cuentan la hora de emitir valoraciones y juicios sobre esta transnacional.
Casanare y las realidades locales
Casanare es el nombre de uno de los departamentos colombianos más grandes en extensión (44.490 km²), que representa el 3.9% del territorio nacional y el 17.55% de la Orinoquía colombiana. El territorio del departamento se extiende en el piedemonte oriental de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos. Pertenece a la región denominada Llanos Orientales con todas las características que la identifican. La altura promedio sobre el nivel del mar es de 350 metros, con una temperatura promedio de 26 °C. La distancia entra la capital del departamento, Yopal, y la capital de Colombia, Bogotá, es de 387 km.
La construcción histórica de esta región esta marcada por sucesivos procesos de migración relacionados habitualmente con la violencia. En efecto, durante el periodo colonial se produjeron las primeras migraciones y conflictos entre colonos e indígenas.
Luego durante la Independencia, ya en el siglo XIX, la región vivió el fragor de algunas luchas por la emancipación de la República. Posteriormente, en la época de la violencia bipartidista (años 40 y 50 del siglo XX), un grupo importante de campesinos de Boyacá migraron hacia la región encontrando territorios aún despoblados. En los años setenta del siglo XX, Casanare era una intendencia dependiente del municipio de Boyacá con un número reducido de pobladores y con una cultura llanera concentrada en las actividades ganaderas en el Hato, y la siembra de arroz, caña y cultivos de pancoger.
Durante los años ochenta la dinámica del conflicto rodea a la región, sin embargo es la presencia del petróleo anunciada desde finales de esta década la que atrae definitivamente a los actores armados FARC, ELN, M-19, paramilitares, Ejército, a fuerzas de izquierda como la UP y a nuevos pobladores en una tercera fase de migración y poblamiento.
Hacia finales del siglo XX, y más exactamente en la década de 1990, Casanare se convierte Departamento tras la constitución de 1991 y a su vez adopta, por la vía de una contratación fraudulenta entre el Estado y la Tritton, el papel de centro vital de la explotación petrolífera en el país.36 Así, al terminar esta década existían, en exploración y programados para explotar, aproximadamente 30 pozos petrolíferos situados sobre todo en el piedemonte (12 en Tauramena, 9 en Aguazul, 1 en Nunchía , 4 en Paz de Ariporo y 7 en Trinidad), por lo que se denominó a la región el “corredor petrolero”.
Aunque en principio se pensó que esta nueva realidad atraería un desarrollo integral en términos económicos y sociales, la introducción de la economía petrolera a cargo de empresas multinacionales se tradujo rápidamente en una amenaza al medio ambiente, él cual sufrió serias alteraciones de los ecosistemas por perdida de hábitat y dispersión de la fauna, además del descapote de los suelos con secuelas de erosión. Junto a estos efectos, se produjo una transformación demográfica importante debido al aumento de la colonización, la consecuente elevación de la demanda de recursos naturales y la contaminación atmosférica y de los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas.37 Los problemas sociales aumentaron, siendo de particular importancia el desbordado crecimiento demográfico38, la violencia intrafamiliar, la prostitución y el alcoholismo y la delincuencia común.
Como si estos fenómenos no fueran suficientes, la geografía del conflicto interno y de la globalización económica amplió rápidamente sus fronteras hasta el Casanare, asignándole un lugar fundamental en la disputa transnacional por los recursos energéticos. De ser un territorio considerado como marginal hoy Casanare se ha convertido en uno de los laboratorios más evidentes en los que se reproduce la compleja realidad económica de esta fase actual del capitalismo mundial, por cuenta de la economía petrolera39. En este contexto sus habitantes se enfrentan, además del conflicto interno, las amenazas propias de la globalización de la economía y los fenómenos sociales y de violencia que la acompañan.
Para la primera mitad de la década de los noventa, la British Petroleum Company comenzó su actividad de extracción del “oro negro” del complejo Cusiana y Cupiagua40 en el Casanare. Como afirma la misma empresa: “El desarrollo completo de Cusiana y de Cupiagua implicó perforar en terreno rugoso, con una geología compleja y a profundidades superiores a los 15.000 pies”41 La producción de la empresa creció durante 1999, alcanzando un índice medio de 434.000 barriles por día. La producción media del año de estos campos a finales de 2003 era de 200.000 barriles, comprendiendo el 40% del total nacional. En el 2000, se confirmó la extensión a Cupiagua por medio de una licencia del municipio de Recetor. La segunda parte del desarrollo de esta área está actualmente en curso.
En una nueva fase de su actividad financiera en el país, la BP comenzó a trabajar en la monetización del gas en los campos en los cuales opera. Con una capacidad actual de producción de 72 millones de pies cúbicos por día, la BP aspiraba a producir para el 2005 200 millones de pies cúbicos de gas por día. Como se ha constatado por diversas fuentes, esta empresa tiene derechos sobre el campo de Cupiagua, cuyas reservas se estiman en más de 1.5 billones de barriles de petróleo de alta calidad. El hidrocarburo es sacado del país a través del Oleoducto Central S.A., Ocensa, de propiedad compartida por la BP, la franco canadiense TPL, La Francesa TOTAL y la estatal petrolera ECOPETROL.
Pero pese al “boom” en la producción petrolífera, la presencia de la BP y el dinero que comenzó a circular en Casanare no lograron un avance en el desarrollo de la región.42 Por el contrario, las regalías, la actividad económica de este negocio y el problema de dar seguridad a la infraestructura petrolera ante la “amenaza” insurgente, atrajo al fenómeno paramilitar de nuevo relacionado con la fuerza pública, así como a la formación de grupos de seguridad privada. De este modo las violaciones a los derechos humanos, la militarización y paramilitarización del departamento comenzaron a hacerse evidentes en el marco de ese paisaje omnipresente de pobreza y abandono estatal.
La llegada de la BP al Casanare
En 1980 el pozo Cusiana-143 ofreció pruebas de la existencia de volúmenes significativos de condensado y gas en la Formación Mirador y dio señales de grandes reservas de hidrocarburos. Posteriormente, en 1991, el pozo Cusiana-2A penetró profundamente los intervalos de Mirador, Barco y Guadalupe y la exploración del pozo Buenos Aires confirmó las dimensiones del descubrimiento.
Durante el año siguiente, se anunció la viabilidad del yacimiento Cupiagua, en el Municipio de Aguazul, al noroccidente del campo Cusiana. En adelante todo el Casanare, y estos dos municipios en particular (Tauramena y Aguazul), iniciarían una vertiginosa transformación en su vida social, política, económica y cultural. Ahora bien, este proceso de cambio rápido se encuentra determinado de manera importante por la relación entre empresas transnacionales y un Estado que poco o nada se interesó en la defensa de la soberanía nacional. Así, aunque algunos vieron en Casanare la emergencia de una sociedad opulenta, el desarrollo de infraestructura y el crecimiento demográfico, en el fondo comenzaba a producirse un complejo fenómeno de conflicto social, de imposición económica y permisividad estatal, que hasta hoy no valoramos en toda su dimensión.
Pese a que la empresa British Petroleum Exploration hizo presencia en el país desde la década de los veinte, y luego en los sesenta con pequeños negocios, sólo hasta 1986 estableció una presencia significativa a través de la adquisición de terrenos en el piedemonte de la cordillera oriental, por medio de contratos “Farm In”44. El pozo de Cusiana comenzó a ser explotado en el marco del contrato de Asociación Santiago de las Atalayas conformado por las empresas British Petroleum Exploration, Triton, Total y ECOPETROL.
Los negocios de la BP en Colombia crecieron en la década de los noventa. En 1991, con la transformación constitucional que vivió el país, la intendencia del Casanare se convertiría en Departamento y la BP encontraría un ambiente propicio para sus intereses. En efecto, para 1993, año en que se formaliza la explotación y producción de petróleo en Cusiana y Cupiagua, BP contaba con el 19% del SDLA de Tauramena, mientras ECOPETROL tenía el 50% y el 19 y 12% se lo repartían respectivamente Total y Triton. La extensión total del terreno que comprometía el contrato era de 50.000 hectáreas.
De otra parte, la empresa británica era dueña del 100% de los intereses privados del piedemonte en un área localizada al norte de los campos Cusiana y Cupiagua y mantenía claros intereses en el Río Chitamena, Monterralo, Recetor y Upía. El área de estas licencias comprendía 600.000 hectáreas.
Pero en esos primeros años, la BP no solo se hizo a la operación petrolera en estas tierras usurpando nuestros recursos y generando impactos ambientales negativos como la destrucción de fuentes de agua, alteraciones del ecosistema asociadas a la quema de gas, daños en el suelo ocasionados por la sísmica, construcción de carreteras sin planificación. Su estrategia para enfrentar la realidad sociopolítica de una región signada por la presencia de actores armados de izquierda y derecha, y comunidades organizadas, fue bastante cuestionada.
En efecto, BP llegaría al Casanare apalancada por una economía mundial que le abrió las puertas a Colombia y una vez allí se benefició de políticas petroleras débiles que iban cediendo a las exigencias neoliberales con el beneplácito de gobiernos como los de Barco y Cesar Gaviria. Una vez instalada en la región BP encontró unas instituciones locales y departamentales jóvenes, desorganizadas, con poca experiencia administrativa, y un tejido social frágil, pues como anotamos, la región contaba con profundas desigualdades y atrasos en materia social y económica y se había construido sobre la base de procesos migratorios y de violencia.
Un ambiente perfecto para explotar recursos, no obstante BP tropezó con las guerrillas, particularmente con el ELN y las FARC y se enfrentó con otras realidades organizativas como el movimiento campesino de la ANUC y el paramilitarismo. De unos u otros supo sacar ventajas. Con la presión de las guerrillas logró influenciar al Estado quien rápidamente, y atendiendo a la significación nacional de los dos pozos más grandes de crudo en el país, creó la Brigada XVI, con la exclusiva tarea de proteger la infraestructura petrolera de la región. Ejército y paramilitares sirvieron muy bien para enfrentar no sólo a la insurgencia, sino también a las ambigüedades de los gobiernos locales y a las organizaciones sociales que como ANUC, se presentaban abiertamente opositores de la empresa. Todo ello configuró una suerte de estrategia que al ser descubierta por la opinión pública nacional e internacional generó un gran escándalo el cual afectó la imagen de BP.
Las violaciones a los derechos humanos, una estrategia de la BP
Como dijimos antes, el escenario político que encontró la BP fue rápidamente acoplado a sus intereses. Aprendiendo de la experiencia de la OXY en Arauca, donde por cuenta de los actores armados la empresa pagó un alto costo económico debido a una política de negociación, la BP en Casanare adoptó una estrategia más agresiva, no ceder ante las guerrillas ni ante los grupos de presión. Y la forma de lograrlo fue echando mano de las fuerzas militares y de seguridad del Estado y el paramilitarismo con el propósito de atacar y contener tanto a las guerrillas como a las organizaciones sociales.45
Así, en Casanare la BP dispuso y patrocinó la presencia de mercenarios extranjeros para entrenar a los policías y soldados colombianos que cuidaban las operaciones extractivas de la empresa. Aunque todo esto se dio a conocer en su momento por parte de organizaciones de derechos humanos, ninguna acción efectiva se tomo al respecto, por el contrario, muchas ong asumieron una posición condescendiente con BP.
En el otro extremo, algunas organizaciones nacionales e internacionales iniciaron un importante trabajo de denuncia en el que se dieron a conocer detalles del compromiso de la BP en violaciones de derechos humanos en Colombia. Por ejemplo se supo que durante el desarrollo de la construcción del oleoducto OCENSA, Roger Browm, coronel retirado del Special Army Services (SAS) de Inglaterra, figuró como presidente en los contratos de seguridad. La investigación de un grupo de periodistas colombo británico descubrió que, Brown intentó contratar a un grupo de oficiales retirados del Ejército israelí, para entrenar paramilitares y disponer para ellos de equipo de guerra (helicópteros, armas, uniformes y munición), negociaciones que se vieron interrumpidas a raíz de la publicación de los hallazgos de la investigación periodística, en el diario The Guardian, en Londres.
Estos modelos de seguridad privada son el correlato de las iniciativas que en materia de recursos energéticos se han trazando los Estados Unidos y otras potencias en otros lugares del mundo: "…en entornos inestables, las sociedades de seguridad privada pueden tener que ocuparse de temas de seguridad, tales como ocuparse del control de protestas y muchedumbres, coordinando con las fuerzas estatales, ó suministrar una seguridad armada a las instalaciones y al personal". Dicha política es evidente hoy en Casanare, en donde las protestas de los trabajadores y cualquier manifestación de la población contra la empresa durante los años 90 y en el presente han sido violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad mixta.
Por su parte, Amnistía Internacional afirmó, en su documento AI: AMR 23/044/199746, que: “se elevaron varias denuncias a la compañía petrolífera, entre ellas, las formuladas a través del programa televisivo World in Action emitido en el Reino Unido. En este programa se afirmó que la BP había firmado un contrato con Defence Systems Limited (empresa privada de seguridad británica) para impartir cursos de formación en técnicas contrainsurgentes que, según los informes, incluían manejo de armas letales, fuego de francotirador y lucha cuerpo a cuerpo, a una unidad policial encargada de proteger al personal de BP y sus instalaciones de la región de Casanare.”
La formación contrainsurgente se acompañaba de fuertes sumas con las cuales BP contrató fuerza pública colombiana para proteger sus negocios. Soberanía a cambio de dólares. Por su parte, el New York Times, publicó un informe donde se señalo que BP contrató a 500 soldados y 150 oficiales del ejército colombiano para intensificar y asegurar las instalaciones petroleras a lo largo del país. Se estima que BP pago en esos años al rededor de 54 y 60 millones de dólares para protección privada.
Esta situación no ha cambiado en el presente. El ejército colombiano, a través de la Brigada XVI, sigue recibiendo dineros de la BP, y según nos han informado diversas fuentes, además de los contratos formales, la empresa da un bono de entre 700.000 y 800.000 pesos a oficiales y suboficiales por su papel en la protección de la infraestructura petrolera. En los años 90 también se denunció el apoyo bélico directo por parte de esta empresa al ejército. Como afirmó Amnistía Internacional, es alarmante que DSC/OCENSA haya comprado material militar para la XIV Brigada del ejército colombiano, que tiene un historial atroz de violaciones de derechos humanos. Precisamente cuando DSC/OCENSA compró material militar en 1997, un grupo importante de militares pertenecientes a la XIV Brigada estaban siendo investigados por complicidad en una matanza de 15 civiles desarmados en la localidad de Segovia en abril de 1996 y por vínculos con organizaciones paramilitares responsables de violaciones de derechos humanos generalizadas.
Las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército colombiano y la BP en esos años son claras y provienen de varios sectores. Por ejemplo, en 1998 el Parlamento Europeo condenó al gobierno colombiano por su permisividad ante la situación ocasionada por la petrolera. Desde allí se: “Pide al Presidente de Colombia que publique íntegramente el informe de su Comisión de Derechos Humanos sobre las actividades de British Petroleum en Casanare y pide a las compañías petroleras europeas que observen las normas más estrictas de respeto de los derechos humanos y de protección del medio ambiente, en especial considerando las condiciones de conflicto en las que trabajan”47
Ahora bien, esta estrategia de seguridad coincidió con la aparición y fortalecimiento de grupos paramilitares en el departamento del Casanare. El grupo de Martín Llanos y las Autodefensas Unidas del Casanare crecieron durante los años noventa gracias a las regalías del petróleo y a un apoyo evidente de las fuerzas armadas de Colombia (sin mencionar el papel que jugo en ello la clase política, y dentro de ellos el hoy presidente del país, Álvaro Uribe Vélez).
Justamente a través de operaciones conjuntas entre ejército y grupos paramilitares fueron exterminados los dirigentes de las principales organizaciones sociales del departamento de Casanare que aglutinaban a campesinos, trabajadores y activistas sociales. Estos líderes y su trabajo comunitario, según palabras de los mismos funcionarios de la BP y de la fuerza pública, eran obstáculos para el normal desarrollo de la actividad de explotación petrolera en la región. Como era de esperarse, una vez asesinados los dirigentes sociales, las organizaciones desaparecieron.
Sin oposición de sectores civiles, con un paramilitarismo que penetró hasta las instituciones públicas y con una militarización de la vida diaria por cuenta de la estrategia de Seguridad democrática de los últimos 5 años, la BP ha logrado un entorno tranquilo para la explotación del petróleo colombiano. Este ambiente no es fruto de una buena política de responsabilidad empresarial, sino de una estrategia de guerra sucia que coincide con la actuación ilegitima del Estado colombiano y el paramilitarismo. No es exagerado decir que gracias a esta estrategia se “pacificó” la sociedad casanareña a punta de sangre, muertes, violencia, miedo y horror.
BP y la responsabilidad empresarial.
Pese a diversas constataciones y evidencias que señala las relaciones entre BP y la violación de los derechos humanos, en los últimos años, diversos organismos de derechos humanos han insistido sobre el “exitoso” modelo de responsabilidad empresarial que adoptó la empresa en Colombia tras algunos “impases” ocurridos en la década de los noventa. En efecto, instituciones como Global Compact, la Fundación Ideas para la Paz, el Banco Mundial, entre otros, han manifestado su complacencia con la actuación de la empresa con comentarios como el siguiente: “En Colombia la empresa petrolera BP ha revisado profundamente sus convenios de seguridad y ha desarrollado reglas de compromiso con las fuerzas de seguridad bajo la asesoría de ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Actualmente la empresa también implementa los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos en Colombia, Algeria, los países del Sur del Cáucaso y Papua en Indonesia. A principios del 2006, la BP nombró a un especialista en derechos humanos y seguridad de tiempo completo para que examinara el uso de estos principios en la compañía con base en mejores prácticas, y con el objetivo de estándares de procedimiento.”
Estas apreciaciones coinciden con las observaciones hechas por investigadores como Jenny Pearce, en su trabajo “Mas allá de la malla perimetral” publicado en español en el 2005 por el Centro de Investigaciones en Educación Popular CINEP. Allí Pearce elogia el cambio de actitud en materia de responsabilidad empresarial de la BP en el departamento de Casanare, así como las bondades de su nuevo enfoque. De este modo, Pearce sugería que las acusaciones contra la BP por violaciones a los derechos humanos en la década de los noventa eran improbables, y que el único error de la empresa había consistido en ignorar el entorno sociopolítico de la región, no atendiendo a las complejidades del conflicto armado, a las necesidades sociales de la población ni al papel de las instituciones gubernamentales.
Pero lo que no saben estas organizaciones, lo que no alcanzaron a ver en su momento los investigadores que estudiaron el caso de BP en Colombia, es que la responsabilidad de la empresa en la crítica situación humanitaria que vivió la región fue total. Su error no consistió simplemente en una falla de las estrategias de implantación, de relacionamiento con el entorno social y de seguridad. Su participación en el exterminio de las organizaciones sociales y los sectores sociales que eran un obstáculo para los intereses de la transnacional, así como su actuación en materia ambiental y social, fue coherente con su propósito de maximizar las ganancias.
Y lo que puede resultar mas sorprendente para aquellos que hoy ven en la BP un modelo ejemplar de responsabilidad empresarial, es que la estrategia de guerra sucia por la cual esta empresa ha sido cuestionada en países como Irán o el Tibet, ha continuado hasta hoy, adaptándose muy bien a las condiciones políticas y sociales y al conflicto armado en Colombia.
Con las incongruencias entre el discurso de las ONG´s y las evidencias en contra de BP (en los 90 y en el presente), es preciso poner en tela de juicio el discurso relativo a la responsabilidad empresarial. Estas elaboraciones muchas veces constituyen más una estrategia de las mismas empresas, quienes financian a las ONG’s que se especializan en el tema, por medio de la cual se soslaya el tema de la soberanía de los recursos, se acepta implícita y naturalmente la presencia de las transnacionales y sus actuaciones en los países; y, ante los posibles daños ocasionados por la actividad extractiva, se proponen remedios en el corto plazo, con arreglos ridículos y pequeñas indemnizaciones que poco hacen frente a impactos sociales, económicos, políticos y culturales estructurales y de largo plazo.
Contexto de los casos.
Carlos Arrigí y la ADUC
El caso de las Asociaciones Departamental (ADUC) y Municipal (AMUC) de Usuarios Campesinos (Miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) ANUC, es un claro ejemplo de la estrategia de guerra sucia de la BP aplicada en el Casanare durante los años 90.
La ANUC fue creada en 1969 por medio del Decreto 755 de 1967, del Ministerio de Agricultura, en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y durante el periodo de arreglo consociacionalista denominado Frente Nacional. El objetivo del gobierno era canalizar el descontento del campesinado ante los frustrados intentos de reforma agraria -como el de 1961- por medio de “un esquema organizacional que le permitiera al Estado controlar directamente las actividades y la orientación política de las organizaciones”49, evitando con ello un influjo del comunismo internacional y un desbordamiento de este amplio sector social.
Luego de un momento de desorganización, en 1989 se reactiva el proceso de la ANUC, ya no bajo la tutela del gobierno si no desde la autonomía del movimiento campesino. Casanare haría parte de los departamentos en los que este proceso social cobró fuerza. Como consta en uno de los informes de la Junta directiva de la ADUC de Casanare fechada el 14 de Junio de 1993, “…hoy Casanare cuenta con 9 asociaciones municipales –de usuarios campesinos- todas con sus respectivas personerías jurídicas que son: AMUC Villanueva, Maní, Chámeza, Aguazul, Yopal, Paz de Ariporo, Hato Corozal, Sacama y Salinas. Con éstas AMUC se promueve el PRIMER CONGRESO DEPARTAMENTAL, los días 18, 19 de agosto/91 en Yopal con participación de 8 AMUC y se crea la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Casanare “ADUC” la cual también tiene su respectiva personería jurídica.”50
El 12 de Marzo de 1992 el Ministerio De Agricultura en uso de sus atribuciones legales, y en especial las conferidas en el artículo 3º literales k) y l) del Decreto 501 de 1989 reconoce, mediante Resolución 00201 la Personería Jurídica a la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Casanare ADUC, con domicilio en el municipio de Yopal, Casanare, ante la solicitud del señor CARLOS MESISAS ARRIGUI obrando en calidad de presidente de la misma.51 Posteriormente, el 6 de abril del mismo año el Jefe de la Sección de Vigilancia y Control de Asociaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura certifica que se trata de una Asociación sin ánimo de lucro y con personería jurídica vigente.52
Desde sus primeros meses de funcionamiento legal, la ADUC de Casanare emprende un trabajo de denuncia de los problemas que ha traído el petróleo a la región. Así, en el primer Foro Petrolero de Casanare, convocado por la ADUC y realizado en el mes de Diciembre de 1991 se condenan las siguientes situaciones:
“Ante la opinión pública, ante el gobierno nacional y sus organismos ejecutivos, ante las ONGs de Derechos Humanos y ante los organismos nacionales e internacionales qu velan por el impacto ambiental, el atropello atroz que las empresas petroleras vinculadas a la región de Casanare están llevando a cabo y que se concretan en los siguientes actos:
1. AGRESIONES AL MEDIO AMBIENTE, mediante la destrucción de la flora nativa, desvío y ramificación de las fuentes de agua, contaminación de ríos y quebradas con desechos de petróleo y destrucción de la tierra laborable y ganadera por efecto de las excavaciones.
2. ATROPELLO A LAS PROPIEDADES, ingresando sin permiso para realizar trabajos de exploración causando perdidas irreparables.
3. AGRESIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA CELULA FAMILIAR por parte de la población flotante que, para no dar empleo a la población nativa, traen las empresas petroleras con su secuela de vicios, droga, desmoralización y prostitución, cuyos efectos se han visto por los primeros brotes de sida, según denuncias recibidas en el Foro.”53
Las conclusiones de este evento y las apreciaciones de otros documentos de la ADUC de 1992 reflejan claramente el conflicto que se comienza a desarrollar entre los campesinos y las multinacionales del petróleo que operan en la región, así como el carácter político de las demandas que presentan los sectores sociales. Las propuestas de la ADUC entre 1992 y 1993 consistieron entre otras, en
“que se hagan nuevas refinerías petroleras en los principales centros de producción de crudo en el país; luchar por que los recursos naturales de Casanare sean para las comunidades y no para particulares, como es el caso de quienes pretenden robarse el 45% de la producción del pozo Cusiana 2; impulsar un referendum nacional y regional en Casanare acerca de la reversión del petróleo; integrar comités de veeduría para vigilar la producción petrolera en Casanare y Colombia… …que en los lugares donde halla petróleo no se desaloje a sus habitantes ni se les persiga ni asesine; que se racionalice la extracción del crudo con medidas severas, imponiendo sanciones quienes violen lo pactado…”54
La respuesta a estos pronunciamientos es el asedio a la ADUC y a las diferentes AMUC del departamento. Así, una parte importante de los líderes de esta asociación, fue exterminada, con lo que el campesinado comenzó a perder toda posibilidad organizativa en la región. En efecto, en 1991 es asesinado por grupos paramilitares, Hostilio Salamanca, dirigente campesino que se desempeñaba como presidente de la AMUC. De acuerdo con la denuncia, un número aproximado de 50 hombres irrumpió en el pueblo y después de someter a la población, se llevó al dirigente campesino, atándolo a un poste y ocasionándole posteriormente la muerte.55 El mismo año, exactamente el 10 de agosto, fue asesinado Luis Maria Jiménez “El Patón” quien ocupaba el cargo de presidente de la AMUC en el municipio de Aguazul (donde se ubica el campo de Cupiagua, uno de los dos mas grandes pozos petroleros del país operado por la BP). Jiménez había sido el primer alcalde elegido popularmente en el municipio de Aguazul, cargo que desempeñaba en el momento de su homicidio.56
El 15 de Junio de 1992 Pablo Antonio Buitrago, presidente de la AMUC en el municipio de Tauramena, es asesinado por miembros del Batallón Guías del Casanare del Ejercito Nacional en la vereda Visinaca del Municipio de Tauramena y luego es presentado como guerrillero “dado de baja en combate”. Justamente en Tauramena se encuentra el otro pozo importante del país también operado por BP, el pozo Cusiana. Buitrago había sido objeto de amenazas de muerte en Noviembre de 1990 y de dos atentados contra su vida, el primero el 26 de Julio de 1991 y el segundo el 8 de Octubre de 1991, el cuál le dejó heridas graves.57 El mismo año, en el mes de Julio de 1992, es asesinado Pablo Barrera en la Vereda Visinaca del Municipio de Tauramena, al parecer a manos de un grupo paramilitar que incursionó en la región. Barrera se desempeñaba como fiscal de la AMUC en Tauramena y había sido víctima, al igual que Buitrago, de constantes amenazas de muerte por su actividad gremial.58
El 9 de febrero de 2004, es asesinado Pantaleón Gómez, un anciano de 84 años de edad con una afección severa en una de sus manos quien fue reportado como “guerrillero dado de baja en combate”, por el grupo Héroes de Pava del Ejército Nacional en la vereda de Monterralo, Municipio de Aguazul. El cuerpo de Gómez fue encontrado con un arma de fuego en la mano y una granada. Dicho caso fue investigado disciplinariamente en la procuraduría provincial de Yopal, encontrándose implicado un soldado voluntario, y penalmente por el juzgado 120 de Instrucción Penal Militar, preeliminar 072, sumario 618.59
Pese a los asesinatos de algunos de sus dirigentes, la ADUC continuaba resistiendo. Así, en 1994 el Comité pro-pavimentación de el Morro, Municipio de Yopal, recibió el acompañamiento de la ADUC, en cabeza de su presidente, Carlos Arrigí, durante una movilización contra la BP. Como fruto de ello se produjo un paro en el que se denunciaban los daños ocasionados por la transnacional y se reclamaba la pavimentación de la carretera entre Puente cabuya y Marroquín. Esta reclamación se acompañaba de demandas de inversión social, empleo y compromiso del gobierno local y departamental.
Tras un bloqueo de la vía por la que transitaba BP su maquinaria, se logró un proceso de negociación entre la empresa, el gobierno local y a las comunidades el cual quedó plasmado en una serie de compromisos adquiridos por la transnacional, la gobernación y la alcaldía. En un documento identificado como Acta No. 001 se registran estos acuerdos llevados acabo el día 7 de Febrero de 1994 a las 11:00 a.m. en del despacho de la gobernación. Ellos incluyen estudios de factibilidad para la pavimentación de la vía Puente la Cabuya Marroquín, obras de infraestructura, un aporte de la BPX Colombia por 35.000.000 de pesos para el proyecto del Colegio Técnico Agropecuario en materiales “y el cual abarca inicialmente 3 aulas, unidad sanitaria y parte administrativa” y contratación de mano de obra de entre los campesinos.60
El acuerdo se complementa con el compromiso de la BPX de reunirse mensualmente con la comunidad, mientras el campesinado se compromete a “dejar tránsito libre a los vehículos de la compañía para que sigan en el ejercicio normal de sus labores.”61 Firman por la BP Phil Mead, Said Sanabria y Alejandro Rodríguez, representantes de BPX Colombia. Por el gobierno departamental firma el entonces gobernador OscarWilches62
El 17 de Septiembre de 1994 se realiza otra reunión en la que participan el comité pro-pavimentación del Morro y miembros de la ADUC. En el punto 2 del acta 003, se informa que: “…la compañía BP no ha cumplido ni en un 20% de lo pactado con las comunidades, la carretera esta deteriorada, no tiene ni siquiera mantenimiento, no se ha comenzado a trabajar en los resultados del estudio de factibilidad y menos en las sugerencias que le hizo el comité de estudio técnico. Se hace necesario que tanto las comunidades como el Comité conozcamos el impacto social que trae la apertura de nuevos pozos para poder exigir a las compañías el menos daño posible como también la indemnización de los daños causados.”63
Como lo revela el acta, el gobierno tampoco había cumplido su parte con las obras públicas y la escuela y las empresas contratistas no obedecían el control social que intentaba ejercer la comunidad. En esta reunión los campesinos ven la necesidad de configurar una entidad con personería jurídica para seguir presionando a la BP en el cumplimiento de los acuerdos pactados un año atrás. El comité pro pavimentación decide afiliarse a la AMUC de Yopal, quedando en su Junta directiva Humberto Castañeda como presidente, Hernando Cáceres como Vicepresidente, Orlando Camargo como Tesorero, Fanny Nuñez como suplente del Secretario, Epimenio Pérez como Fiscal y Carlos Arrigui como suplente del fiscal, entre otros.64
Pero a pesar de las múltiples estrategias de la comunidad, un año después la BP seguía sin cumplir. Así lo revela el acta número 002 de la reunión realizada el 12 de Febrero de 1995 entre el comité pro-pavimentación, Concejales municipales, Pablo Hernando Rodríguez de la Asamblea Departamental, representantes de la AMUC y Carlos Arrigui en representación de la ADUC. El documento comienza del siguiente modo: “La comunidad en general manifiesta su estado de inconformidad con la no presencia de los representantes de la compañía BP en Casanare como es el caso del señor Alejandro.”65, luego Arriguí afirma que la compañía ha irrespetado a los campesinos y que su inasistencia a la reunión obedece a “un sistema más de salirle a la problemática”.
Sus declaraciones le serían muy costosas. El 13 de Abril de 1995, tan sólo dos meses después, Arrigí es asesinado junto a Gabriel Federico Ascencio. Los dos eran líderes sociales reconocidos por la comunidad. Arriguí además de ser legalmente el presidente de la ADUC había participado en el paro que organizaron los campesinos del Morro en 1994. Según informó la comunidad, la presencia de Arrigui en esa actividad fue la razón de su muerte. Al respecto el Brigadier General Álvaro Velandia Hurtado afirmó en un comunicado de prensa emitido el 6 de Abril de 1994 que Arrigui había dirigido dicho paro “bajo intimidación armada”. Tras su muerte, la respuesta de los militares consistió en afirmar que Arriguí era un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional - ELN.
Junto a estos asesinatos se realizaron amenazas, atentados, allanamientos y persecuciones contra varios dirigentes de la ANUC y sus filiales departamental y local. El 4 de Mayo de 1994 Alicia Merchán recibió una llamada de amenaza en la cual le dijeron a su hija: “Dígale a su mamá que por pertenecer a ese comité le va a costar la vida”.66 Luego, en mayo de 1995 su casa finca ubicada en la localidad de La Vega fue objeto de disparos efectuados por dos personas que transitaban en moto. Luego de colocar la denuncia por estos hechos, funcionarios del CTI le interrogaron recomendándole que no asistiera más al comité de la ANUC.
En 1994 Álvaro Montañés Puentes, un campesino del municipio de Aguazul recibió amenazas y hostigamientos por parte de la fuerza pública, mientras en 1995 Fanny Núñez, dirigente campesina de la AMUC y del Comité pro pavimentación del Morro fue víctima de un allanamiento a su casa sin orden judicial y fue perseguida por un miembro de la SIJIN el cual aparece en una fotografía del entierro de Carlos Arrigui. Hernando Cáceres y Humberto Castañeada fueron perseguidos y detenidos de manera arbitraria, siendo dejados luego en libertad al no encontrar la justicia meritos suficientes para procesarlos. Así las cosas, con los dirigentes de la ANUC Departamental y Municipal asesinados, desplazados o atemorizados, esta organización desapareció. Igual destino correrían organizaciones sociales críticas de la BP como ASOCOCHARTE, el Comité Intergremial Unidos por el Casanare y ACDAINSO.
Oswaldo Vargas y ACDAINSO.
En el sector del Morro, donde la BP comenzó la exploración y posterior explotación del Campo Floreña y Pauto, el trabajo de las comunidades y las nocivas transformaciones de la economía petrolera dieron origen a una fuerte organización social denominada ACDAINSO, la cual puso en aprietos a la BP al exigir a la empresa la pavimentación de la Carretera y otro conjunto de obras, bien para mejorar la calidad de vida de las comunidades, bien para arreglar o mitigar los daños ambientales ocasionados por la explotación petrolera. ACDAINSO fue creada el 10 de Agosto de 1995 para representar a los campesinos de 17 veredas que comprendían el corregimiento de El Morro en el municipio de Yopal Casanare y contaba con más de 100 delegados de este sector. En el marco de su protesta contra la BP, la comunidad del Morro realizó un paro de 45 días en 2002 (mas largo que el realizado por el comité pro pavimentación en 1994). Allí no solo se insistió en la defensa de los acuerdos y compromisos hasta entonces incumplidos por la empresa, sino también, en aspectos relativos a las condiciones laborales de trabajadores de BP.
Pero el resultado de esta labor de denuncia no fue muy alentador, por cuenta de ello fueron amenazados Javier Fonseca presidente de la asociación en el 2002 y Ramiro Sánchez Fiscal de la misma. Dos años después, en el mes de septiembre de Fassio Olguín, tesorero de ACDAINSO, sufrió un atentado en su casa del cual salio ileso. Solo 10 días separaron los hechos.
Como una extraña coincidencia, en Febrero de 2003 Jorge Guzmán representante de la sección de relaciones con la comunidad de B.P.X en Yopal había expresado estar cansado con el accionar de ACDAINSO agregando que esta organización no los dejaba trabajar en el Morro. A esto se sumaron las declaraciones de lugareños de este corregimiento según las cuales la BP, la alcaldía Municipal de Yopal y la gobernación de Casanare habían decidido acabar con ACDAINSO y crear una asociación que respondiera a sus intereses.
En septiembre de 2004 es asesinado Oswaldo Vargas, tesorero de ACDAINSO, y el 10 de mayo de 2005 es asesinado Parmenio Parra presidente de ASOCOMUNAL67 junto a un acompañante. Luego, el 6 de junio, se hizo pública la detención de Héctor Orlando Camargo, miembro de ACDAINSO, junto con dos de sus hijos y 5 campesinos más del Morro.68 Las muertes continuaban, no obstante la justicia desviaba su atención de los victimarios a las victimas. Así, la fiscalía inicio proceso de investigación contra ACDAINSO lo que significó su fin.69
Ahora bien, el caso de Oswaldo Vargas, tesorero de ACDAINSO es un claro ejemplo de la estrategia de guerra sucia del Estado y la BP contra dirigentes sociales. El 2 de Septiembre de 2004 Oswaldo es asesinado por presuntos paramilitares luego de que varios de sus compañeros de ACDAINSO recibieran amenazas en las que se decían cosas como “dejen de joder a la BP o los vamos a matar”.
El 10 de mayo de 2005 ocurrió también el homicidio del señor Dumar Rodríguez, integrante de la comunidad de El Morro y numerosas y repetidas amenazas de muerte tanto telefónicas como escritas a varios lideres de la comunidad, entre otros, al señor Facundo Otalora, Ramiro Sánchez, Javier Silva, Faustino Acevedo, Bernardo Niño, etc. Mientras desaparecían organizaciones sociales que reclamaban a BP como la ANUC, esta empresa fortalecía su propia organización social, La Fundación Amanecer. Por medio de ella se canaliza hasta hoy gran parte de la ayuda social a las comunidades. Sin duda, Amanecer es más fácil de manejar, pues ha sido creada y es manejada por BP, pero además, constituye una ONG y no una organización social ni comunitaria que recibe dinero y reconocimiento del Plan Colombia, como ellos mismos lo anuncian.70
Ahora bien, la estrategia de limpieza y pacificación del Estado colombiano y BP no se quedo en Aguazul y Tauramena. En otro lugar de Casanare donde la BP desarrollaba exploraciones, el Municipio de Recetor, grupos paramilitares, actuando conjuntamente con el ejercito nacional, llevaron a cabo múltiples desapariciones, asesinatos y torturas a miembros de la comunidad. Esto ocurrió durante diciembre de 2002 y los primeros meses del 2003.
Según informa la comunidad y como lo relatan las denuncias interpuestas ante la fiscalía, los paramilitares de Martín Llanos, al mando de los alias de “Coronel”, “escorpión”, y “Júnior” entraron al municipio y se instalaron en la Vereda el Vegon para rodear, con el apoyo del ejército, a la guerrilla que estaba en el municipio. De allí expandieron su influencia a las Veredas Villa Rica y Comogo. Una vez instalados allí, citaron a toda la comunidad de la cabecera municipal y le dijeron que su propósito era combatir a la guerrilla, que “ellos no eran malos como decía la gente”. Días después comenzaron a llamar a varios miembros de la comunidad a la vereda el Vegon con la excusa de “investigarlos” para saber si eran guerrilleros. 33 personas fueron desaparecidas en tan solo tres meses sumándose a miles de Casanareños que hasta hoy no se sabe en donde están. Entre ellos se encontraba Nicolás Cepeda quien fue secuestrado primero y luego desaparecido.
El 26 de febrero el médico del pueblo, doctor Heiner Munevar, y el conductor de la ambulancia fueron desaparecidos en una clara violación a la misión médica. Meses después se supo que Munevar había denunciado los abusos del paramilitarismo contra Nicolás Cepeda y otros campesinos en un consejo de seguridad en el que participaron el alcalde, la personera y los mandos militares. Como afirman miembros de la comunidad, esa fue la razón de su muerte. De igual modo, el 28 de febrero fue desaparecido el hijo de la señora Inés Pedraza. Inés, al averiguar por la suerte de su hijo solo recibió burlas de los paramilitares además de ser amenazada para que no denunciara estos hechos ante las autoridades.71
Tras dejar una comunidad totalmente destruida por la desaparición de muchos de sus miembros, los paramilitares se retiraron y entró completamente el ejército para asegurar la zona. Siguiendo los pasos del paramilitarismo y con una región “pacificada” por el horror paramilitar, entra la empresa Petrobras, y BP, justamente a la vereda El Vegon para continuar el trabajo de exploración petrolera hasta hoy. El miedo que generó el accionar paramilitar y militar en la comunidad se expresa en un silencio total y una gran permisividad de los campesinos ante las decisiones y la forma en que opera Petrobras en el Vegon. Muchos lideres sociales de allí hoy se encuentran desaparecidos, un numero importante de familias han sufrido desplazamiento, hay varios niños huérfanos a causa de la desaparición de sus padres, entre tanto algunos lideres del Vegon disfrutan de todos los beneficios del petróleo. En Recetor resulta evidente la estrategia de las petroleras, la destrucción del tejido social por cuenta de este rentable negocio y la descomposición de los sectores organizados de la comunidad. El gran resultado es entonces un territorio libre de obstáculos para una operación segura de las empresas petroleras BP y Petrobras.72
La impunidad en estos casos es absoluta, como lo demuestra el caso de Oswaldo Vargas en el 2004.73 Hasta hoy son miles los desaparecidos, asesinados y descuartizados por el paramilitarismo, que descansan en fosas comunes, en lagunas y ríos y que hasta la fecha no han sido encontrados. Contrario a lo que se esperaría en un Estado de derecho, el gobierno ha sido indulgente con muchos de estos asesinos gracias al proceso de desmovilización que inicio Álvaro Uribe en el 2002, a la ley de justicia y paz y a la intención del primer mandatario de sacar de la cárcel a varios congresistas amigos suyos y miembros de la coalición de partidos que lo llevo a la presidencia. Estos congresistas se encuentran detenidos en la actualidad por sus nexos y su participación en el paramilitarismo.
Daniel y Roque Julio Torres.
Hoy en día en Casanare siguen siendo asesinados campesinos muy cerca de los lugares en los que opera BP, justo en los anillos de seguridad que mantiene el ejército colombiano para proteger la infraestructura petrolera. En efecto, tras la desmovilización de algunos paramilitares de la región74, la Brigada XVI del ejército (creada en 1992 para la protección del petróleo en Casanare y Boyacá y dirigida por muchos militares que recibieron formación en la escuela de las Américas75), ha tenido que asumir el “trabajo sucio”, implantando una nueva estrategia: ejecuciones extrajudiciales. Hoy, los militares asesinan con total impunidad y cobardía a dirigentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal, las últimas formas organizativas legales de tipo campesino y comunitario que sobreviven. Luego de ser desaparecidos, torturados y acribillados muchos de ellos son presentados como guerrilleros dados de baja en enfrentamientos.
Según la misma vicepresidencia de la Republica76, en Casanare las tasas de homicidios han superado el promedio nacional. Estas tasas, desde el año 1992, han tendido al alza. Desde 1996 la tasa se ha mantenido elevada, sobresaliendo los años 1998 con 119 homicidios por cada cien mil habitantes y 2001 con una tasa de 113. A junio de 2003, la tasa de homicidios de Casanare era de 8777
En Casanare, desde 1996 hasta la fecha, todos los municipios están registrados como expulsores de población desplazada. Sin embargo, los principales son: Yopal, que registra 561 hogares, y 2.257 personas expulsadas y Chámeza, que registra 386 hogares y 1.843 personas expulsados. En esos años llegó a desplazarse el 60 % de la población del casco urbano a otras regiones del departamento.78
Tan sólo en lo que va corrido de este año han muerto a manos de la fuerza pública en el Municipio de Aguazul -justo en el anillo de seguridad del ejército que protege la explotación petrolera de BP-: Ángel Camacho (1 de Enero de 2007), Daniel Torres y su hijo Roque Julio de tan sólo 15 años (16 de Marzo), Carlos Guevara (15 de Marzo), William Martínez Suárez (30 de Marzo), Clodomiro Cova León (4 de abril), Yolmar Barbosa (4 de abril), Beyer Pérez (4 de abril), Edilberto Ladino (20 de marzo), Jaime Palacios (10 de Febrero), Yefer Mora (30 de marzo), Gustavo Mora (30 de marzo), Alcidez Castillo (2 de mayo).
Estos campesinos han sido asesinados bajo la política de Seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, a nombre de la lucha contrainsurgente. No obstante, pocas veces se escucha de combates directos entre el ejército y la guerrilla. ¿Por qué si la guerrilla continua operando en la región, el gobierno afirma que la política de seguridad democrática es efectiva?.79
Si la seguridad democrática no ha mostrado golpes definitivos contra las guerrillas, pero si campesinos inocentes muertos ¿Entonces son ineficientes las fuerzas militares? ¿Quien se beneficia de las muertes de campesinos y del desplazamiento? El principal beneficiario de estas muertes es la BP quien mantiene acallados, pacificados, atemorizados y resignados a los campesinos de la región, los cuales se conforman con obtener trabajos en las petroleras y ridículos beneficios en comparación con las ganancias de una de las multinacionales más grandes del mundo. ¿Para que ha servido la estrategia de seguridad democrática de Uribe? Ha servido fundamentalmente para sostener el modelo neoliberal en el país, y en este caso, los intereses transnacionales de las petroleras en Colombia y en el Casanare.
En efecto el interés del Estado en las operaciones de BP es muy grande. Las cifras muestran el importante lugar que ocupa BP en la producción de petróleo en Colombia y la significación de Casanare. En 2005 este departamento produjo 63.404.605 millones de barriles, en 2006, 55.849.883 y en lo que va corrido de 2007, 12.687.417, superando a todas las otras regiones del país.80 La BP fue la empresa que mas barriles produjo en estos años en Colombia: 50.077.842 en 2005; 42.811.033 en 2006 y 9.621.262 en 2007 (Ver cuadros 3 y 4). Pero las cifras también ilustran la efectividad de la seguridad democrática de Uribe no tanto como política de pacificación sino como herramienta para incentivar el desarrollo del capital privado, el aumento de la inversión extranjera y en la entrada de transnacionales petroleras. Por ejemplo, la sísmica aumentó de 1355 Km. cuadrados en 2000 a 3470 en 2003 y 2328 en lo que va corrido de 2007, con aumento consecuente de los daños ambientales. También aumento la inversión extranjera directa en el sector del petróleo de 0 en el 2000 cerca de 2000 millones en el 2007 y entraron nuevas transnacionales con 60 contactos, 10 visitas a Colombia y 4 nuevas firmas de contratos en 2006 y 2007.
Carlos Hernando Vargas y CORPORINOQUIA
Como lo demuestra el caso adelantado por una firma de abogados Ingleses BP causó serios daños ambientales en la construcción del oleoducto de OCENSA en el nordeste antioqueño, donde además algunos campesinos recibieron amenazas de grupos paramilitares y sufrieron desplazamiento por cuenta de ello. En Casanare los casos también han sido documentados. El secamiento de fuentes de agua como el Caño veranero El Tigre en Plan Brisas, o la contaminación de las Teas en las que se quema el gas en Tauramena, comprometen directamente a BP.
Estos casos, así como las presiones indebidas de BP para la aprobación de licencias ambientales y modificación de contratos como sucedió en 1997 y 98 durante el gobierno Samper expresan que el negocio transnacional no respeta los límites legales del Estado, y menos la vida de aquellos que se interponen a sus intereses. Ese es el caso de Carlos Hernando Vargas, director de Corpoorinoquia, una entidad dispuesta a la conservación y control del medio ambiente en la orinoquía colombiana. Vargas se opuso en varias oportunidades a expedir licencias ambientales a BP y como lo demuestran algunos testimonios y pruebas llegó a poner multas a la empresa. Por cuenta de ello fue asesinado.
1. Se acusa a la BP por emplear una estrategia de desvertebramiento de las organizaciones sociales ANUC y ACDAINSO entre 1991 y el 2005, las cuales desaparecieron tras el asesinato, intimidación y amenaza de gran parte de sus líderes quienes adelantaban acciones de protesta y reclamación de inversión social y protección a los derechos humanos por parte de la BP.
2. Se acusa a la BP y al Estado colombiano por su participación en el asesinato de los líderes sociales Carlos Arrigí de la ADUC el 13 de Abril de 1995, de Oswaldo Vargas de ACDAINSO el 2 de Septiembre de 2004 y el director de Corpoorinoquia Carlos Vargas el 2 de Diciembre de 1998.
3. Se acusa a la BP por financiar grupos de mercenarios para el entrenamiento del Ejército y la policía colombianos en tácticas contrainsurgentes empleadas contra la población civil durante los años 90.
4. Se acusa a la BP de participación, por la vía de la financiación, en las actuales violaciones de derechos humanos por parte de la Brigada XVI del Ejército y otros organismos de seguridad del estado, contra campesinos de la región, so pretexto de garantizar la seguridad de su complejo petrolífero. Del mismo modo se acusa al Estado por estas violaciones.
5. Se acusa a la BP y al Estado colombiano por su responsabilidad en asesinato de Daniel Torres y Roque Julio Torres, el 16 de marzo del año en curso, por parte de la Brigada XVI, la cual presta seguridad a la empresa en cercanías a la infraestructura petrolera de la BP.
6. Se acusa a la BP por nexos con el paramilitarismo en institucionales (alcaldías, personerías y gobernación) y con los sectores armados de estos grupos.
7. Se acusa al Estado Colombiano por su participación en la formación de grupos paramilitares en el Casanare y en su financiamiento a nivel municipal, por su anuencia con los mismos y su participación en acciones conjuntas con la fuerza pública, en las cuales se cometieron serias violaciones a los derechos humanos.
8. Se acusa a la BP por la destrucción del la legislación ambiental y por la no reparación de los daños ocasionados en este sentido.
9. Se acusa a la BP por la exfoliación de los recursos naturales del país atentando contra la soberanía nacional.
ASESINATO DE CARLOS MESIAS ARRIGÍ CERQUERA
El día 13 de Abril de 1995
En el municipio de Yopal.
(Para las acusaciones 1, 2, 3, 6 y 7)
CARLO MESIAS ARRIGUI SERQUERA nació el 22 de mayo en Belén de los Andaquíes, departamento del Caquetá, y en 1984 se traslado a la capital del Casanare, que fue su último domicilio. ARRIGUI derivaba su sustento y el de su familia de un negocio particular de comercialización de víveres y abarrotes, dedicándose además a la actividad gremial en la conformación de la “Asociación Departamental de Usuarios Campesinos” ADUC-Casanare, de la que fue presidente desde su fundación; igualmente centró sus esfuerzos en la construcción de la Urbanización Popular “San Carlos” en Yopal, gestionada a través de autoconstrucción por el “Comité pro-vivienda de los sectores populares del Casanare”, que también lideró.
El 12 de marzo de 1992 el MINISTERIO DE AGRICULTURA en uso de sus atribuciones legales, y en especial las conferidas en el artículo 3º literales k) y l) del Decreto 501 de 1989 reconoce, mediante Resolución 00201 la Personería Jurídica a la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Casanare ADUC, con domicilio en el municipio de Yopal, Casanare, ante la solicitud del señor CARLOS MESISAS ARRIGUI obrando en calidad de presidente de la misma. Posteriormente, el 6 de abril del mismo año el Jefe de la Sección de Vigilancia y Control de Asociaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura certifica que se trata de una Asociación sin ánimo de lucro y con personería jurídica vigente.
El señor Arriguí residia con su esposa EDITA GUENIS DE ARRIGUI y sus hijos MIGUEL ANGEL, NANCY, YANIA y VLADIMIR en la Cra. 16 No. 34-55, Barrio 20 de Julio de Yopal. A raíz del Paro realizado por los campesinos del Corregimiento del Morro, Jurisdicción de Yopal- Casanare, el día 10 de Enero de 1994, actividad popular realizada para exigir a la transnacional BP el cumplimiento de algunos compromisos previos suscritos con las comunidades de ese sector; y de los que dan cuenta las Actas 001 y 003 de 1994 y la 002 de 1995 de las reuniones realizadas entre el Comité Pro Pavimentación, AMUC, ADUC Casanare, BP, Asambla Departamental y Gobiernos locales y departamentales; el General ALVARO VELANDIA HURTADO, en ese entonces comandante de la Brigada XVI del Ejército Nacional, públicamente aseveró, mediante comunicado de prensa 0017 calendado Abril 6 de 1994, que el señor MESIAS ARRIGUI, a la sazón de miembro del Comité negociador de los campesinos, era un individuo que había dirigido el paro “bajo intimidación armada” de un grupo guerrillero; aseveración temeraria por la cual el señor ARRIGUI CERQUERA elevó derecho de petición al comandante de la Décima Sexta Brigada, demandando rectificación de esa información -con base en el artículo 23 de la Carta Política- derecho que fue recibido en esa dependencia el 24 de mayo de 1994.
En el derecho de petición el señor ARRIGUI insistía en que “Se indica equívocamente en éste –el comunicado- que el suscrito peticionante fue el líder del paro cívico. (Protesta social justa generada por el abandono estatal para con los habitantes del corregimiento del Morro y veredas aledañas) Sin embargo, ello no corresponde a la verdad pues tanto su convocatoria como su organización siempre estuvo a cargo de una comisión integrada por 23 delegados de la comunidad.”. Frente a las acusaciones sobre intimidación armada el señor ARRIGUI más adelante anota: “De sobra se sabe, que en nuestra región afirmaciones como la consignada en el pluricitado comunicado bien pueden llevar a que las personas a quienes infundadamente se señalan desaparezcan o sean asesinadas; razón más que válida para solicitar de usted se aclare la información erradamente contemplada en el escrito que se cita. Lo anterior, me lleva a pensar razonadamente que mi vida se encuentra en peligro dada la gravedad y magnitud de sus aseveraciones.”
Ante la evidente situación de riesgo que vivía el señor ARRIGUI, el 14 de diciembre de 1994 la ANUC envía al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos una “SOLICITUD DE CAUTELACIÓN DE DERECHOS GREMIALES Y PROTECCIÓN DE LA VIDA PARA NUESTROS DIRIGENTES CAMPESINOS JOAQUIN ZABALETA, CARLOS ARRIGUI, ALIRIO RAMIREZ Y LUIS COBOS.” El texto contiene el siguiente argumento: “Hondamente preocupados por la vida de nuestros activistas y ante la agudización de la violencia, nos dirigimos a su Despacho para solicitar acciones urgentes de protección para los dirigentes más amenazados y vulnerables, así como para invocar su mandato en torno a garantías para la labor gremial de esta organización.” Más adelante se hace un pedido de protección para el señor ARRIGUI y otros dirigentes de la ANUC: “pedimos protección para nuestros dirigentes:… Carlos Arrigui (Directivo Nacional desde 1990 por el Departamento de Casanare, quien soporta señalamientos del ejército)… …Invocando su competencia nos permitimos sugerir las siguientes medidas de atención y prevención:… …g. Gestionar ante el gobierno medidas de protección para Joaquín Zabaleta, Alirio Ramírez, Carlos Arrigui y Luís Cobos”.
El 25 de mayo de 1994, un día después de la recepción den la Brigada del Derecho de petición antes mencionado, la casa de residencia del señor ARRIGUI fue allanada por miembros del Ejército, la SIJIN y la Fiscalía, buscando infructuosamente material que lo comprometiera con actividades subversivas. Ese allanamiento se realizó a petición de la fuerza pública. Por ese y otros hostigamientos y hostilidades el señor ARRIGUI formuló
En el primer trimestre de 1995 circuló profusamente en el municipio de Yopal un escrito firmado por un presunto ex guerrillero Humberto Díaz alias “power” en el que se relacionaban los nombres de 49 personas como supuestos auxiliadores de la subversión, entre los que se encontraba el de CARLOS MESIAS ARRIGUI.
El 13 de abril de 1995, aproximadamente a las 9:15 de la noche, cuando el señor MESIAS ARRIGUI se encontraba departiendo en su casa de habitación con el dirigente de la ANUC, FEDERICO ASCENCIO, dos sicarios ingresaron a este inmueble y les propinaron varios impactos de bala, causándoles la muerte e hiriendo al yerno de ARRIGUI, Josué David Laverde. Inmediatamente después de los homicidios agotados en las personas de MESIAS ARRIGUI y GABRIEL FEDERICO ASCENCIO, personal de la SIJIN sin intervención de ninguna otra autoridad judicial o de policía judicial, realizaron un apresurado levantamiento de cadáveres, proceder irregular que mereció el cuestionamiento de la personería municipal.
En la notaría segunda de Yopal se registró el 17 de abril de 1995 la defunción del señor MESIAS ARRIGUI CERQUERA con el indicativo serial No 1607512. en la fiscalía seccional 31 de Yopal se inició la investigación preliminar No. 1900, para intentar establecer la identidad de los autores del múltiple homicidio, indagación previa donde aparece como imputado el cabo primero del Ejército Nacional, LUIS ALFREDO SOLER GÓMEZ, adscrito al batallón de inteligencia técnica de la Brigada XX.
El 20 de abril de 1995 el mayor de la policía ERNESTO CHAVARRO SILVA, comandante (e) en el departamento de policía de Casanare, dirige un oficio al Dr. ALBERTO CRUZ SEPULVEDA MENDOZA, personero delegado en lo penal de Yopal, en el que le informa que por actividades de inteligencia se pudo establecer que el señor ARRIGUI había sido eliminado porque “…para la organización subversiva ELN, más exactamente, la cuadrilla JOSE DAVID SUAREZ… el Sr. MESIAS ARRIGUI CERQUERA se estaba constituyendo en un “problema”…”.
Los días 10, 11 y 12 de julio de 1995 miembros de la Comisión interinstitucional para evaluar la crítica situación de Derechos Humanos en el Casanare, en la que participaron delegados de la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC-UR, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos se entrevistaron con el responsable de inteligencia de la Brigada XVI del Ejército Nacional, mayor GARCES, quien les manifestó, según relata el informe producido por la comisión, que el señor ARRIGUI tenía “…fachada de líder campesino, pero realmente era un enlace entre la cuadrilla y la comunidad” y que “…el general ALVARO VELANDIA, anterior comandante de la Brigada XVI, se había atrevido a decir lo que todo el mundo sabía pero que nadie había asumido el riesgo de decir públicamente, y era que CARLOS MESIAS ARRIGUI era un guerrillero.”
1. Acta de compromiso 001 del 7 de febrero de 1994 entre el comité pro pavimentación del Morro, la ADUC, BP, Gobernador de Casanare.
2. Acta 003 del 17 de septiembre de 1994 entre el comité pro pavimentación del Mooro, la ADUC.
3. Acta 002 de la reunión realizada el 12 de Febrero de 1995 .
4. Resolución número 00201 de 1992 del Ministerio de Agricultura por medio de la cual se reconoce una personería jurídica a la ADUC
5. Certificado de 1992 de la División de Vigilancia y Control de asociaciones del Ministerio de Agricultura.
6. Memorias del Primer Foro Petrolero de Casanare en 1991. Yopal, noviembre 5 y 6de 1991. ANUC, Mecanografiado.
7. Informe de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Casanare “ADUC” a la Asamblea Departamental. Junio 12 al 14 de 1993. Presentado por la Junta Directiva.
8. Comunicado de prensa 0017 calendado Abril 6 de 1994, de la Brigada XVI del Ejército Nacional.
9. Derecho de petición al comandante de la Décimo Sexta Brigada por Carlos Arrigui. 24 de mayo de 1994
10. Queja ante la procuraduría departamental del Casanare elevada por Carlos Arrigui
11. Solicitud de cautelación de derechos gremiales y protección de la vida para los dirigentes campesinos Joaquin ZAbaleta, Carlos Arrigui, Alirio Ramírez y Luís Cobos, elevada al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Diciembre de 1994.
12. Certificado de defunción del señor MESIAS ARRIGUI CERQUERA, con el indicativo serial No. 1607512.
13. Copia de la Cedula de Ciudadanía del señor Carlos Arrigui
14. Oficio del Mayor ERNESTO CAHVARRO SILVA, dirigido al Dr. ALBERTO CRUZ SEPULVEDA MENDOZA, fechado, 20 de abril de 1995.
15. Documentos de la Investigación de la Procuraduría General de la Nación por el asesinato de Carlos Arrigí.
16. Documentos del Procesos penal y administrativo por el caso de Carlos Arrigui Referencia 0387. 1997.
17. Entrevistas a Epimenio Pérez.
18. Entrevista a Martín Ayala.
19. Artículos de Prensa nacionales e internacionales.
20. 2 videos relativos a la actividades de denuncia contra la BP y con declaraciones de la empresa:
• “BP´s Secret Soldiers.” Programa: World in action. 1997.
• “Oil and Terror.” BBC de Londres. 1997.
ESTADO DEL PROCESO: el procurador General de la nación abrió una investigación sobre el caso de Arrigui a partir de la cual se inculpo al cabo primero del Ejército Nacional, LUIS ALFREDO SOLER GÓMEZ, adscrito al batallón de inteligencia técnica de la Brigada XX. La investigación disciplinaria radicada en 1999 y con número de proceso número 58403, adelantada en la procuraduría regional de Casanare contra SOLER GOMEZ, tuvo auto de archivo el 15de Agosto de 2002.
El día 2 de septiembre de 20004
En el corregimiento del MORRO
(Para las acusaciones 1, 2,3, 6 Y 7)
OSWALDO AREVALO VARGAS PINTO, nació el 9 de julio de 1972, en la ciudad de Yopal, hijo de Don RAFAEL AREVALO VARGAS, su padre (q.e.p.d) y doña RAQUEL PINTO, su madre (q.e.p.d). El señor OSWALDO VARGAS comenzó su trabajo comunitario relacionado con el tema petrolero. En 1991 asiste a un congreso sobre hidrocarburos en la ciudad de Barrancabermeja. Luego de graduarse como Bachiller en el año de 1991; el señor Vargas fue seleccionado para realizar el curso de OPERADORES DE PETROLEO.
OSWALDO VARGAS se desempeño como cajero de una entidad bancaria, conductor y mensajero. Luego se vinculó al proyecto del Morro (Floreña) en la perforación y explotación de pozos petroleros, cumpliendo funciones de bodeguero y Auxiliar de ingeniería química en el tratamiento de aguas y Lodos por cerca de 3 años. Posteriormente la empresa BP patrocinó sus estudios en el SENA de Bogota en donde terminó el curso de TECNICO EN TORNO Y MECANICA, en tres años. Luego volvió a Yopal a trabajar en la empresa Weatherford Enterra donde laboró durante siete años. En ese tiempo el señor VARGAS alternaba su trabajo con la presidencia de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA VEGA, corregimiento del Morro, durante 8 años consecutivos.
El señor OSWALDO VARGAS tuvo un hijo llamado JAVIER ANDRES, con su esposa MIRIAM DE VARGAS, con quien convivió. Al terminar su trabajo en la firma Weatherford Enterra, adquirió un local comercial ubicado en la vereda La Vega, e instalo el CENTRO RECREACIONAL LAS VEGAS. Al tiempo que administraba su negocio, el señor VARGAS asumió el cargo de Tesorero de ACDAINSO, la Asociación Comunitaria para el desarrollo Agroindustrial y social del Morro, organización que cubría diecisiete VEREDAS. Allí Vargas trabajo en proyectos sociales con la empresa B.P que desarrollaba trabajos de explotación petrolera. ACDAINSO era una organización legal registrada ante la DIAN y la Cámara de Comercio el 30 de agosto de 1996 y dirigida por reconocidos líderes y campesinos de la región.
El 14 de Noviembre 2004 las comunidades del Morro realizaron un paro que contó con la participación central de ACDAINSO y otras organizaciones sociales del sector. Esta actividad pacifica de movilización, como lo demuestran los videos y las fotografías registradas por canales de televisión como CARACOL y grabaciones particulares, tenía como propósito reclamar a BP por los daños ambientales ocasionados en la explotación del campo Floreña, por la no contratación de personal de la región para trabajos calificados y por el incumplimiento reiterado de acuerdos hechos con la comunidad en materia de inversión social.
Después del paro varios líderes de ACDAINSO son amenazados. Los primeros son los señores JAVIER FONSECA, FACUNDO OTALORA y JAVIER SILVA quienes reciben amenazas de muerte por escrito, por lo cual interponen una denuncia en las oficinas del DAS DE Yopal, sin que la institución haya dado respuesta alguna.
Posteriormente, el jueves 2 de septiembre de 2004, en horas de la tarde entraron 2 hombres al CENTRO RECREACIONAL LAS VEGAS de la Vereda LA VEGA, quienes pidieron unas cervezas y alquilaron la mesa de billar. Luego de unos minutos se acercaron al refrigerador desde donde se atendía a los clientes y le propinaron varios disparos al señor OSWALDO VARGAS en frente de su hijo y de varias personas que se encontraban en el lugar, ocasionándole la muerte. Por estos hechos la fiscalía 16 de Yopal adelanta el proceso 73023 el cual a la fecha no registra autores materiales ni intelectuales del hecho.
5 días después, el 7 de Septiembre de 2004 a las 4:15 de la mañana, se produce un atentado contra el señor FACIO HOLGUIN en su residencia ubicada en el sector del Pozuelo, vereda LA VEGA, a 4 kilómetros de Yopal. El señor Holguín se desempeñaba entonces como fiscal de ACDAINSO. Pese a que el señor HOLGUÍN colocó la denuncia pública número 801 ante el CTI, recibida el mismo 7 de Septiembre no se dio ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. En esa denuncia se relata el señor FACIO relata: “siendo las 4.15 de la madrugada, yo estaba junto con mi familia durmiendo, escuché cuando un vehículo paso frente a la casa, y metros más adelante se devolvió, seguidamente llegaron unas personas a la casa golpeando las puertas y las ventanas bruscamente, diciendo que eran del GAULA y que venían a hacer un allanamiento, además utilizaron términos soeces… …los sujetos que estaban en mi casa al ver la luz del teléfono, empezaron a disparar al interior de la casa, yo escuche como cuatro disparos…”. Posteriormente, el 20 de agosto de 2005, el señor HOLGÍN sufre un allanamiento por parte de efectivos de la Brigada XVI el cual fue denunciado por HOLGUÍN de manera verbal ante el comandante del B2.
El día 10 de Mayo de 2005 se produce el homicidio de los señores PARMENIO PARRA PONGUTA, presidente electo de ASOCOMUNAL y DUMAR RODRÍGUEZ, en el kilómetro 3 vía Yopal El Morro. Por este caso se adelanta un proceso ante la fiscalía 16 URI y SIJIN, mediante actas 083 y 084 respectivamente, denuncia a la cual no han dado respuesta las autoridades competentes.
El 24 de Febrero de 2006 a las 10.16 de la mañana el señor JAVIR RODRÍGUEZ, dirigente de la Vereda ARACAL, recibe una amenaza telefónica del número 9719110305, donde le advierten que tienen que avisarles a los señores Javier Fonseca, Faustino Acevedo, Bernardo Niño, María Antonia Parra y Ramiro Sánchez, que tienen 24 horas para que se vayan de Casanare o de lo contrario pagarían con sus vidas. La denuncia por estos hechos fue instaurada el mismo día en las oficinas de la SIJIN de la policía sin ninguna respuesta positiva.
Del mismo número telefónico 9719110305 se realizaron tres amenazas al señor PABLO CASTAÑEDA presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Guamalera los días 24, 28 de marzo y 22 de abril. En estas amenazas le dicen que tiene 24 horas para que se vaya o de lo contrario corre peligro su vida. La denuncia por estos hechos fue instaurada ante la SIJIN de la policía y el CTI de Yopal. En el proceso de consultas desarrollados por miembros de la comunidad para aclarar estos casos ante las autoridades se encontró una incongruencia en la versión de las autoridades. Como da constancia una carta dirigida al Ministro de Defensa CAMILO OSPINA MEDINA, el DAS informó a los líderes de la comunidad que se trataba de un número de ETB con tarjeta ubicado en Bogotá. Luego el Coronel FRANCO y otros miembros de la policía les informaron que el teléfono de las amenazas era de la empresa COMCEL y que la celda estaba ubicada por los lados del aeropuerto de Yopal.
En el caso de las amenazas contra JAVIER FONSECA, la misma carta dirigida al Ministro de Defensa CAMILO OSPINA MEDINA revela como el día 23 de mayo de 2006 a las 4 pm FONSECA fue visitado por el Coronel TORRES de la Brigada XVI y por el coronel VACA –comandante del grupo guías del Casanare- en su casa residencia ubicada en el casco urbano del corregimiento de El Morro, Municipio de Yopal. Los militares le dijeron verbalmente que “se la pasaba en reuniones en la vereda El Perico y otros sectores hablando mal del Ejército y diciendo que la muerte de los señores PARMENIO PARRA y OSWALDO VARGAS habían sido por parte del GAULA del Ejército y que eso no se iba a quedar así…”
El día 8 de mayo de 2005 se lleva a cabo una asamblea de las 18 veredas, en conjunto con los promotores de acción comunal de la Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario de Casanare, en la cual, acogiéndose a la ley 743, se conforma la asociación de juntas ASOCOMUNAL y por lo tanto se toma la decisión de liquidar la asociación de juntas ACDAINSO, debido a la persecución y muerte de los dirigentes. 2 meses después de conformada ASOCOMUNAL suceden los asesinatos de PARMENIO PARRA y DUMAR RODRÍGUEZ. Tres meses después, aparecen amenazas contra la junta directiva de ASOCOMUNAL. Como afirman líderes de la comunidad en carta enviada al Alto comisionado para la Paz, LUIS CARLOS RESTREPO RAMÍREZ, Estos hechos se presentan “cuando precisamente se avecinan trabajos por parte de la compañía BP Exploration y sus contratistas, trabajos de sísmica, construcción de líneas de gasoducto y oleoducto y generación eléctrica.
1. Actas de compromiso entre BP y Comité pro pavimentación del Morro.
2. Denuncias de amenazas contra ACDAINSO.
3. Denuncias en la fiscalía por la muerte de Oswaldo Vargas.
4. Denuncia Penal No. 801 interpuesta por Facio Holguín.
5. Documentos del Proceso legal por la muerte de Oswaldo Vargas.
6. Entrevistas a Rubiel Vargas, doña Raquel (Madre de Oswaldo).
7. Fotografías de paros de ACDAINSO de 2002.
8. Carta al Alto Comisionado para la Paz, Luís Carlos Restrepo Ramírez. Fechada el 2 de mayo de 2006 y firmada por líderes del sector El Morro.
9. Denuncia Penal No. 0149 por Javier Rodríguez ante la seccional de Policía Judicial-Unidad Investigativa de la Policía Nacional. Fechada en 24de Febrero de 2006.
10. Certificado que expide la Fiscalía del homicidio de José Parmenio Parra y Dumar Rodríguez. Fechado el 25 de Julio de 2005
11. Acuerdos firmados entre grupos paramilitares y alcaldes del Casanare.
12. 3 videos relativos a la actividad de denuncia de ACDAINSO contra BP:
• “Video del paro organizado por la comunidad del Morro, ACDAINSO”. 2002.
ESTADO ACTUAL DEL PROCESO: Por estos hechos la fiscalía 16 de Yopal adelanta el proceso 73023 el cual a la fecha no registra autores materiales ni intelectuales del hecho
EJECUCIÓN EXTRAJUDICAL DE
DANIEL TORRES ARCINIEGAS Y ROQUE JULIO TORRES TORRES.
El día 16 de marzo de 2007
En la vereda el Triunfo jurisdicción del municipio de Aguazul
(Para las acusaciones 4 y 5)
ROQUE JULIO TORRES TORRES nació el 24 de noviembre de 1990 en San Gil Santander, era hijo de DANIEL TORRES ARCINIEGAS y ÁNGELA TORRES VALBUENA. A sus quince años y con sexto grado de instrucción escolar se dedicaba a oficios varios en la vereda el Triunfo jurisdicción del municipio de Aguazul departamento de Casanare. Valga anotar que en este Municipio la British Petroleum B.P. explota el pozo Cupiagua y en el sector en cuestión, EL Triunfo, adelanta exploraciones con el apoyo en materia de seguridad de varias unidades de la Brigada XVI.
Roque Julio había denunciado dos ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejercito nacional de las cuales fue testigo, una ocurrida el día 13 de agosto de 2006 contra el joven FREDY ALEXANDER CÁRDENAS (por la cual se adelanta en el juzgado 45 de instrucción penal militar la investigación preliminar No. 256) y otra ocurrida el día 12 de septiembre del mismo año contra el joven HUGO EDGAR ARAQUE RODRÍGUEZ (juzgado 45 de instrucción penal militar Rad: 234). Estas denuncias fueron presentadas a la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COS-PACC, y se canalizaron ante la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos políticos FCSPP organización que a su vez las presentó ante los organismos estatales competentes.
Hay que anotar que Daniel Torres, quien llegó a la región con su familia hace varios años desplazado del Departamento de Santander, trabajo para la Empresa BP en oficios menores, y en los últimos años se había dedicado a la actividad agropecuaria en una finca que con mucho esfuerzo logró comprar y en la cual fue asesinado. Torres era un campesino dedicado a estas actividades y reconocido entre la comunidad del sector por su “disposición para el trabajo en el campo”.
El día 12 de noviembre de 2006 aproximadamente a las 11:00 am, en la vereda el Triunfo en momentos en que DANIEL TORRES ARCINIEGAS se encontraba en la finca “el mango” de su propiedad en compañía de su familia, llegaron aproximadamente 15 soldados del ejercito nacional del grupo guías de Casanare adscritos a la décimo sexta brigada con sede en la ciudad de Yopal, quienes sin ninguna autorización de su parte o de cualquier otro miembro de su familia procedieron a ingresar. Después de esto se dirigieron a Daniel Torres manifestándole que estaban realizando un censo y pedían que les suministraran los nombres de las personas que habitaban allí, Daniel procedió a darles los nombres de sus familiares, pero cuando suministro su nombre y su número de identificación le dijeron: “ a ti te estábamos buscando y tienes que acompañarnos”, Daniel les preguntó por qué razón lo iban a capturar, el delito del que se lo acusaba y que autoridad judicial lo requería, ante lo cual le replicaron que ellos no sabían pero que tenían orden de un teniente del ejercito para capturarlo y que tenían que llamarlo.
Los militares, quienes habían encerrado en una de las habitaciones de la casa a sus dos hijos menores de edad, su esposa, su señora madre y a un sobrino que estaba de visita, los custodiaban y les decían que si se movían les daban plomo y que ellos no respondían.
Viendo que el teniente al que estaban esperando no llegaba al lugar donde se encontraban privados de la libertad Daniel Torres y su familia y en vista que este último se negaba a acompañarlos, los soldados decidieron irse aproximadamente a las tres de la tarde no sin antes advertirle que: “no pudimos hacer nada, eso usted cae por hay solito, haber si es que no sale”.
Esta situación fue denunciada por Daniel Torres ante la Fiscalia General de la Nacción y, además, dejaba constancia ante este organismo que en el momento en que le llegara a suceder un percance criminal a él o a cualquier miembro de su grupo familiar responsabilizaba a los integrantes del ejército nacional de la decimosexta brigada con sede en Yopal Casanare.
Un poco más de cuatro meses después, el día 16 de marzo de 2007 siendo aproximadamente las 6:00 a.m. los vecinos de la vereda el Triunfo escucharon disparos, por lo que dieron aviso y manifestaron su preocupación a algunas organizaciones defensoras de Derechos Humanos en la ciudad de Bogotá. En ellas se informaba que las acciones del ejercito nacional podían estar dirigidas en contra de DANIEL TORRES ARCINIEGAS Y ROQUE JULIO TORRES, porque en la zona no se habían presentado combates y porque estas personas en varias oportunidades habían manifestado temor por sus vidas debido a las estigmatizaciones y señalamientos por parte de miembros de la brigada 16.
Los campesinos del sector una vez consideraron prudente intentaron ingresar a la zona de los hechos pero esta se encontraba acordonada por militares que les dijeron que solo hasta después de las dos de la tarde se permitiría el paso a la zona.
Cumplida la hora que los militares habían dado para permitir el ingreso a la finca, la esposa de Daniel Torres, Ángela Torres Valbuena madre de Roque Julio quiso indagar por la suerte de sus familiares, cuando se encontraba en ello pasó una camioneta en la que transportaban dos cuerpos sin vida sin permitir que nadie pudiera verlos. Tan solo un soldado le dijo que parecía que si se trataba de las personas por las que ella preguntaba, los otros entre tanto se burlaron de ella y hacían movimientos con sus manos con señas de V de victoria.
La información recibida de la comunidad indica que miembros de la brigada XVI, con sede en Yopal Casanare asesinaron extrajudicialmente y posteriormente presentaron como subversivos dados de baja en combate a los campesinos DANIEL TORRES ARCINIEGAS de 38 años de edad y su hijo ROQUE JULIO TORRES TORRES, de 15 años de edad, habitantes de esa vereda.
Los militares adscritos a esta brigada han estado indagando a la comunidad en general, comentando frases como: “quién fue el sapo que se comunicó con las Ong`s en Bogotá” razón por la cual sigue existiendo preocupación en la comunidad por posibles reacciones similares en su contra.
1. Acta de reconocimiento de cadáver dada en Yopal a los 17 días del mes de marzo de 2007. Compareció ÁNGELA TORRE VALBUENA.
2. Copia de la queja disciplinaria interpuesta ante la Procuraduría General contra el comandante del batallón Ramón Nonato Pérez del ejército con sede en el municipio de Tauramena y contra el militar que comandaba los soldados el 13 de agosto de 2006, en los hechos en los que fue victima de homicidio FREDY ALEXANDER CÁRDENAS.
3. Copia de la queja disciplinaria interpuesta ante la Procuraduría General contra el comandante del batallón Ramón Nonato Pérez del ejército con sede en el municipio de Tauramena y contra el militar que comandaba los soldados el 10 de octubre de 2006, en los hechos en los que fue victima de homicidio el campesino HUGO EDGAR ARAQUE RODRÍGUEZ.
4. Denuncia penal interpuesta por el ciudadano DANIEL TORRES por la intimidación de la que fue victima él y su familia por parte del ejercito nacional de Colombia ante la Fiscalía General de la Nación con copia a la Procuraduría General y a la Defensoría del pueblo.
5. Copia de la queja disciplinaria interpuesta ante la Procuraduría General por la ejecución extrajudicial de DANIEL TORRES ARCINIEGAS Y ROQUE JULIO TORRES TORRES.
6. Denuncia penal por la ejecución extrajudicial de DANIEL TORRES ARCINIEGAS y ROQUE JULIO TORRES TORRES, con copia a la Defensoría del Pueblo.
7. Copia de un artículo periodístico del periódico Llano 7 Días de fecha mayo 29 de 2007 donde según declaraciones del coronel William Torres Escalante, comandante de la brigada XVI en ese entonces afirmaba que todo es una campaña jurídica de los grupos terroristas.
8. Documento de Índice AI: AMR 23/79/98/s 13 DE OCTUBRE DE 1998 de Amnistía Internacional donde se advierte de las violaciones a los Derechos Humanos por parte de la estrategia de seguridad manejada en la región.
9. Documento de Índice AI: AMR 23/44/97/s 30 de junio de 1997 de Amnistía Internacional donde también se alerta por la eminente violación de Derechos Humanos por parte de la estrategia de seguridad de la COMPAÑÍA PETROLÍFERA BRITISH PETROLEUM (BP)
10. Copia de la cédula de ciudadanía del señor DANIEL TORRES ARCINIEGAS
11. copia del registro civil de nacimiento de ROQUE JULIO TORRES TORRES
12. Copia de la Tarjeta de identidad de ROQUE JULIO TORRES TORRES
ESTADO ACTUAL DEL PROCESO: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
HOMICIDIO DE CARLOS HERNANDO VARGAS SUÁREZ
El día 2 de diciembre de 1998
Ocurrido en la ciudad de Yopal, departamento de Casanare.
(Para la acusación 8)
En Yopal departamento de Casanare, el día 5 de diciembre de 1997, mediante acta No. 019 (anexo 1) era elegido por el Consejo Directivo de Corporinoquia el señor CARLOS HERNANDO VARGAS SUÁREZ como Director General de dicha corporación. La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA, estaba integrada por los departamentos de Arauca, Meta, Vichada, Boyacá, Cundinamarca y Casanare siendo en Yopal su sede principal. Bajo su tutela se encontraba el control ambiental en estas regiones, para lo cual se encargaba de otorgar licencias, contratos, manejaba personal e investigación entre otras.
Pasados uno o dos meses de su elección, Carlos Hernando Vargas empezó a sentir temor por su vida, ya que como le decía a sus allegados la función de proteger los recursos naturales estorbaba la actividad petrolera y las demás actividades empresariales de la región. Posteriormente, él empezó a estudiar el tema petrolero con profundidad, comprendió que era un tema especialmente conflictivo por que él creía que la industria petrolera tenía una deuda con la región, puesto que los costos ambientales de dicha actividad no habían sido compensados por las compañías.
Le preocupaba entre otras cosas el tema relacionado con la solicitud de la licencia ambiental única presentada por la empresa B.P. EXPLORATION COMPANY COLOMBIAN LIMITED ante el Ministerio del Medio Ambiente, porque dentro de dicho trámite a solicitud de varios alcaldes de la región se había celebrado una audiencia pública ambiental el día 31 de julio de 1998, dentro de la cual el doctor Vargas como Director General de Corporinoquia participó y expresamente se opuso a la expedición de dicha licencia ambiental única, el hecho de haberse opuesto constituía un precedente que le inquietaba.
En el periódico El Tiempo del día 22 de octubre de 1998, apareció un artículo donde se informaba del conflicto entre los campesinos de Tauramena con la empresa B.P. EXPLORATION COMPANY COLOMBIAN LIMITED por la quema de gas natural dentro del C.P.F. TAURAMENA y por el cual se instauró una acción popular en contra de la mencionada empresa (anexo 2). Esta situación animó a Carlos H. Suárez a empezar a buscar contactos con la prensa para hacer más denuncias contra las petroleras.
Estas denuncias, cabe aclarar, eran en contra del sector petrolero en general específicamente por el tema de las compensaciones y de los costos ambientales. Cuando Carlos H. Vargas empezó a estudiar la ley 99 de 1993 empezó a centrar su interés en el tema de las compensaciones ambientales, en virtud del cual las empresas que utilicen agua directamente de una fuente natural deben destinar según el artículo 43 de la mencionada ley el 1% de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica. Es decir, que el propietario del proyecto debe invertir este 1% en las obras y acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la licencia ambiental del proyecto, que para el sector era entregada por el Ministerio de Medio Ambiente. Corporinoquia dentro de las funciones y facultades otorgadas por la ley debía vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la licencia ambiental entre las cuales se encuentran las compensaciones ambientales.
Carlos H. Vargas había llegado a la conclusión que al rededor de las compensaciones podría existir un posible caso de corrupción, ya que cada empresa petrolera que estaba obligada a la compensación, formalmente desarrollaba grandes proyectos de reforestación sobre determinada cuenca y sobre el papel dichos proyectos de reforestación se habían llevado a cabo. Pero en realidad las reforestaciones eran mucho menores de lo que aparecía en los documentos.
En relación con el tema de las reforestaciones y otra vez enlazado con el de las compensaciones, Carlos H. Vargas Suárez consideraba que se había creado un negocio ilegal en virtud del cual algunos funcionarios de la Corporación pudieron recibir dinero a cambio de certificar reforestaciones que nunca se habían realizado e incluso se habrían construido varios viveros y toda una industria al rededor de la reforestación para defraudar a la entidad o para obtener favores económicos de parte de las empresas petroleras.
Otro tema que hacía que Carlos H. Vargas temiera por su vida era el relacionado con la explotación petrolera en el Estepo de Lipa en Arauca, debido a que sobre dicho estero que es un ecosistema bastante frágil, la empresa OCCIDENTAL DE COLOMBIA había desarrollado su explotación petrolera y él se interesó mucho en el análisis de la situación ambiental. Posteriormente hacía los últimos días de vida de Carlos H. Vargas la Corporación estaba tramitando la expedición de un acto administrativo a través del cual se multaría a la empresa PERENCO S.A. por el derrame petrolero que se presentó sobre el río Cravo Sur en agosto de 1998 situación esta que también le había traído inconvenientes.
Hacia el medio día del 2 de diciembre del año 1998, después de haber asistido a una reunión en las instalaciones de la compañía PERENCO COLOMBIA S.A. donde había estado discutiendo con los representantes de dicha empresa, aspectos relacionados con el resarcimiento de los daños ocasionados al medio ambiente por el derramamiento de aproximadamente 4000 barriles de crudo sobre el río Cravo Sur, la camioneta en que se transportaba CARLOS HERNANDO VARGAS SUÁREZ es interceptada por una moto conducida por dos paramilitares cuando se dirigía a casa de su hermana. Carlos Hernando y el conductor que lo acompañaba fueron victimas de un ataque con disparos de arma de fuego por parte de los sicarios que se movilizaban en la motocicleta causándole la muerte.
1. Anexo 1. Copia del Acta No. 19 del día 5 de diciembre de 1997, mediante la cual se elige por el Consejo Directivo de Corporinoquia al señor CARLOS HERNANDO VARGAS SUÁREZ como Director General.
2. Anexo 2. Copia de la Acción popular instaurada por Maria Ninfa Díaz contra B.P. EXPLORATION COMPANY COLOMBIAN LIMITED por la quema de gas natural dentro del C.P.F. TAURAMENA.
3. Croquis del lugar de los hechos y posible ruta de huida de los homicidas de CARLOS HERNANDO VARGAS SUÁREZ que obra en el proceso ante la Fiscalia General de la Nación. Unidad de Derechos Humanos. Radicado 437. (C1 FL 54)
4. Copia del Registro de defunción del señor CARLOS HERNANDO VARGAS SUÁREZ.
5. Acta de inspección de cadáver No. 140 perteneciente al señor CARLOS HERNANDO VARGAS SUÁREZ.
6. Informe No. 0596/DAS.CAS sobre la muerte de CARLOS HERNANDO VARGAS SUÁREZ. Departamento Administrativo de Seugridad.
7. Diligencia de declaración rendida por la señora Claudia San Pedro Torres dentro del proceso Radicado No 437-A UDH y DIH Fiscalia General de la Nación.
8. Diligencia de declaración rendida por el señor Héctor Alfredo Suárez Mejía dentro del proceso Radicado No 437 UDH y DIH Fiscalia General de la Nación.
9. Imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación en contra de Jorge Eugenio Reinoso García. Dentro del procesoRadicado No. 437 UDH y DIH Fiscalia General de la Nación.
10. Las demás allegadas en el transcurso del Tribunal.
11. Documentación del caso OCENSA.
12. Documentación de la Acción popular ganada en Tauramena por el caso de las Teas.
En la decisión proferida por la UDH y DIH de la Fiscalia General de la Nación el día 27 de julio de 2005, se Impone medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación en contra de Jorge Eugenio Reinoso García. Dentro del proceso Radicado No. 437. En la valoración probatoria tenida en cuenta para proferir la decisión se toman en cuenta los testimonios que obran en el expediente en los que se identifica a Jorge Eugenio Reinoso García -quién perteneció al segundo contingente de 1996 del Batallón de Artillería Palacé de Buga Valle- conocido miembro paramilitar de la región, como autor material del homicidio de CARLOS HERNANDO VARGAS SUÁREZ.
1 Basta recorrer nuestra extensa historiografía de la violencia, o de las violencias, desde el pionero libro de Eduardo Umaña, Fals Borda y el padre Guzmán, sobre la Violencia en Colombia en los años 50 hasta los sofisticados trabajos del presente de Eduardo Pizarro, Fernando Cubides, Carlos Miguel Ortiz, Ingrid Bolivar, etc. Por ejemplo: Gonzalo SÁNCHEZ, y Donny MEERTENS, Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la Violencia en Colombia, Bogotá, El Áncora editores, 1983; Carlos Miguel ORTIZ, Estado y subversión en Colombia: La violencia en el Quindio años 50, Bogotá, Cerec, Cider, 1985; Daniel PÉCAUT, Orden y violencia, Bogotá, Siglo XXI, CEREC, 1987; Maria Victoria URIBE, Matar, rematar y contramatar: Las masacres de la Violencia en el Tolima 1948-1964, Bogotá, Cinep, 1987; Fernán GONZÁLEZ, Ingrid BOLIVAR y Teófilo VÁSQUEZ, Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, Bogotá, CINEP, 2002; Mary ROLDÁN, A sangre y fuego. La Violencia en Antioquia, Colombia 1946-1953, Bogotá, ICANH-Fundación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología, 2002 y Mauricio ROMERO, Paramilitares y autodefensas 1982-2003, Bogotá, IEPRI, 2002.
3 Titulo del primer libro tipo Manual de Historia publicado en ingles por David Bushnell: David BUSHNELL, The Making of modern Colombia: a nation in spite of itself, Berkeley, University of California Press, 1993.
4 Titulo del texto: Marco PALACIOS, y Frank SAFFORD, Colombia: Fragmented Land, Divided Society, New York/Oxford, Oxford University Press, 2002
5 Entre otros autores que han reiterado el malestarde la democracia colombiana vale la pena citar a Gonzalo SÁNCHEZ, con “Ciudadanía sin democracia o con democracia virtual”.
6 Michael HARDT, Tony NEGRI, Imperio, Bogotá, Ediciones Desde abajo. 2005
7 Ver en la sección del contexto el papel de BP en otros países.
8 Usamos esta frase refiriéndonos al trabajo que hace Jenny Pearce sobre el caso de la BP en el Casanare, publicado por el CINEP. En este estudio, que adolece de serias fallas metodológicas y cuenta con una clara posición política en favor de la empresa, Pearce intenta mostrar como BP, tras aplicar una estrategia errada al no leer su entorno sociopolítico y luego del escándalo por violaciones a los derechos humanos fruto de su estrategia de seguridad, cambia su modelo y aplica una estrategia de reconocimiento de la realidad sociopolítica creando una relación más fuerte con las comunidades y las instituciones. Con los casos que exponemos, tanto los de la década de los noventa como los del 2007, intentamos mostrar que la BP no ha cambiado de estrategia y que los asesinatos de dirigentes sociales que Pearce vió como casualidades o hechos aislados constituyeron una estrategia siniestra de la empresa con responsabilidad del Estado y el parmailitarismo. En: Jenny Pearce (2005) Más allá de la malla perimetral. El petróleo y el conflicto armado en Casanare, Colombia, Bogotá, CINEP.
9 De igual modo un actual congresista, exgobernador del departamento esta siendo investigado por la misma causa.
10 Elaborado por el Equipo de Investigación. Para datos adicionales sobre BP y el marco de la economía petrolera mundial ver: Yeomans M (2004) A concise guide to the most importante product on the earth, London, New Press; Shah S (2004) Crude, the store of oil, New York, Seven Stories Press; Kleveman L (2002) The new great game, blood and oil in Central Asia, London, Atlantic Books.
11 Por: Gearoid O´Loingsigh
12 Citado en Ritchie, B. (1995) Portrait in Oil: An Ilustrated History of BP, James & James Ltd, Londres pág 28.
15 Ibíd. 67
16 Ibíd. 75
17 Ibíd. 79
18 BP (2007) Annual Report and Accounts 2006 pág 19
19 Ibíd pág 20
20 Ritchie, B. (1995) op. cit. pág 113
21 The Observer (04/07/2004) British firms escape abuse lawsuits.
22 Un caso intersante es también el de Azerbaijan. En: Plataform (s.f.) Some common concerns, imagining BP´s. Azerbaijan-Georgia, Turkey pipelines System. London.
23 Veáse HRW (2001) Violence and politica impasse in Papua, y HRW (2007) Protest and punishment, political prisoners in Papua ambos disponibles en www.hrw.org
24 About West Papua tomada de la página web www.freewestpapua.org
25 En el original: But all this skirts around the major question: that of consent. BP has conducted consultations and discussions with local people. But there is no representative Papuan assembly with the power to decide whether or not the project should go ahead, and on what terms. BP derives its authority to act from an occupying power in the midst of an attempted genocide. How credible, then, are its claims that its hands are clean?. En: Monbiot, G (2005) In Bed With Killers www.monbiot.com
26 HRW (2004) Political Freedoms in Kazakhstan www.hrw.org
27 Global Witness (2002) All the Presidents Men.
28 Ibíd pág 38
29 Global Witness (1999) A Crude Awakening pág 2.
30 Monbiot, G (2006) Still Drilling www.monbiot.com
31 Leopold, J. (2005) BP Faces Huge Fines Related to Unreported Oil Spills in Alaska; Is ANWR Next? www.zmag.org
32 In a 335-page final report released today, federal investigators from the U.S. Chemical Safety Board (CSB) conclude that “organizational and safety deficiencies at all levels of the BP Corporation” caused the March 23, 2005, explosion at the BP Texas City refinery, the worst industrial accident in the United States since 1990. The report calls on the U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) to increase inspection and enforcement at U.S. oil refineries and chemical plants, and to require these corporations to evaluate the safety impact of mergers, reorganizations, downsizing, and budget cuts. —Please bear in mind that the Shrub has cut OSHA’S budget yearly and oversight abilities every chance he gets since he took office.
36 Para documentar el polémico y fraudulento proceso de contratación de Santiago de las Atalayas que entregó a la Triton el pozo Cusiana, y que luego fue compartido con al TOTAL, con la BP como operador (1986) y con ECOPETROL ver: Guzmán G (1994) Cusiana, o la bonanza al revés. Bogotá, Promover editores.
37 Avellaneda A (1998) Petróleo colonización y medio ambiente en Colombia. De la Tora a Cusiana, Bogotá, ECOE ediciones.
38 Dureau, F; Flórez C (2000) Aguaitacaminos. Las transformaciones de las ciudades de Yopal, Aguazul y Tauramena durante la explotación petrolera de Cusiana-Cupiagua, Bogotá, TM Editores/ Ediciones UNIANDES/ CEDE-IRD/UMR REGARDS/COLCIENCIAS/MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.
39 Esta complejidad implica que si bien hay un aumento del presupuesto departamental por cuenta de las regalías y una serie de beneficios económicos por la generación de empleo y el impulso de iniciativas sociales a cargo de las multinacionales,
40 Descubiertos en 1991 y 1993 respectivamente, por la misma empresa. Para 1995 se descubrieron los campos de Pauto y Floreña, y en 2004 el de Niscota
41 En www.BP.org.
42 Para un análisis económico general y de época sobre el boom de Cusiana ver: DNP, Banco Mundial (1994) Cusiana, un reto de política petrolera. Bogotá, Tercer Mundo Editores.
43 Municipio de Tauramena.
44 En el país han existido contratos de concesión, asociación y explotación directa por ECOPETROL. Las dos primeras modalidades componen la mayoría de contratos y por ende, suponen un enriquecimiento significativo de las empresas transnacionales en comparación a lo que le queda al Estado Colombiano. Claro, es preciso decir que los contratos de concesión fueron suspendidos en 1974 por medio del Decreto 2310 de ese año y sólo se mantienen en el presente aquellos que se firmaron antes de dicha fecha.
45 Peñate Andrés (1991) Política y petróleo en un departamento colombiano. Inédito. Tesis de postgrado en Filosofía.
46 Amnistía Internacional, “Colombia: La compañía petrolífera British Petroleum (BP) se expone a alimentar la crisis de derechos humanos mediante formación militar.”, AI: AMR 23/044/ del 30 de Junio de 1997.
47 Madrid, 3 de noviembre de 1996
48 Otros discursos al respecto: Since 1987, when BPX first established its presence in Casanare, its approach to managing social risk has envolved considerably (Cavy et al, 1999, p.21).
49 Silva G, “Carlos Lleras y Misael Pastrana: Reforma del Estado y crisis del Frente Nacional.” En: Tirado A (1989) Nueva Historia de Colombia, Bogotá, Ediciones Planeta, p. 246.
50 ANUC (1993) Informe de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Casanare “ADUC” a la Asamblea Departamental. Junio 12 al 14 de 1993. Presentado por la Junta Directiva.
51 Colombia, Ministerio de Agricultura (1992) Resolución número 00201 por medio de la cual se reconoce una Personería Jurídica. En: Archivo de COS-PACC.
52 Colombia, Ministerio de Agricultura, División de Vigilancia y Control de Asociaciones (1992) Certificado. En: Archivo de COS-PACC.
53 ANUC (1991) Memorias del Primer Foro Petrolero de Casanare. Yopal, Noviembre 5 y 6 de 1991. Mecanografiado. En: Archivo de COS-PACC.
55 En: Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC-UR, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (1995) “Informe de la Comisión Interinstitucional sobre la Situación de Derechos Humanos en los Departamentos de Casanare y Arauca.” Julio de 1995. Impreso. En: Archivo de COS-PACC. P.19.
60 Acta 001 (1994) Comité Por Pavimentación. En Archivo de COS-PACC.
62 Luego de ser gobernador de Casanare, Wilches se lanzó al congreso por este departamento. En indagatoria, el exparamilitar alias Salomón, mano derecha de Martín Llanos reconocido paramilitar del Casanare, afirmó que: el congresista Oscar Wilches es la ficha política de los paramilitares en Casanare. En: La w Radio, Revista Semana, 3 de Abril de 2007. Además: “La vorágine. El escándalo por el control paramilitar llega al oriente del país. Las investigaciones en Casanare involucran inicialmente a un congresista, seis alcaldes y varios comandantes de Policía.” En Semana: 02/24/2007 Edición 1295
63 Acta 003 (1994) Comité Pro pavimentación. En Archivo de COS-PACC.
65 Acta 002 (1995) Comité Por Pavimentación. En: Archivo de COS-PACC.
66 Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC-UR, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (1995) “Informe de la Comisión Interinstitucional sobre la Situación de Derechos Humanos en los Departamentos de Casanare y Arauca.” Julio de 1995. Impreso. En: Archivo de COS-PACC. P. 21
67 Parra fue también miembro de ACDAINSO. ASOCOMUNAL participó en el paro de 2004 en protesta contra BP.
68 Cabe anotar que Orlando Camargo fue miembro de la junta directiva del comité pro-pavientación del Morro en 1994
69 Entrevista a ex-dirigente de ACDAINSO. En: Archivo de COSPACC
70 Entidad no lucrativa, constituida el 14 octubre de 1994 por La Empresa Colombiana de Petróeos -ECOPETROL-, Total Exploratie en Produktie Maatschappij B.V. - TEPMA (Colombia)-Triton Colombia Inc. y B.P. Exploration Company - Colombia Limited, con el propósito de contribuir al desarrollo humano y económico del Departamento de Casanare. Durante estos 10 años se ha consolidado como un modelo de gestión y la primera organización no gubernamental de la Orinoquia. En el ámbito regional y local tiene vínculos con 34 instituciones y 3 a nivel internacional (FUPAD, PNUD, IAF)A nivel nacional ocupó el puesto 21 en la evaluación que hiciera la confederación de ONG’S para la ejecución de proyectos del plan Colombia, igualmente se ubica 10° entre las entidades microfinancieras y cuarta en las de actividad mixta en la red de Instituciones de la Cooperativa Emprender. Desde el año anterior ocupa un escaño en el Consejo Superior de la Microempresa. (Fundación Amanecer, informe social, 2004)
71 Entrevista con la comunidad. En: Archivo de COSPACC.
72 Segun informaron algunas personas que fueron autoridades del Municipio de Mani en el Casanare, en el 2004 el tristemente celebre paramilitar HK , culpable de multiples crimenes de lesa humanidad, entro a la planta de operaciones de la empresa PETROBRAS, y extorsiono a la empresa por varios miles de millones de pesos. La empresa accedio y mantuvo en silencio el hecho. Entrevista con exfuncionarios públicos del Municipio de Maní. En : Archivo de COSPACC.
73 Comunicaciones entre la familia Vargas y organismos nacionales e internacionales. En: Archivo COSPACC.
74 Es bien sabido que muchos de ellos no se han desmovilizado, por el contrario, han copado todas las esferas del poder publico o se han reorganizado en grupos llamados «aguilas negras »
75 Como relatan los militares, el 8 de diciembre de 1992, mediante resolución no.00010 del 6 de Octubre del mismo año, fue activada la decimosexta brigada con sede jurisdiccional en la ciudad de El Yopal (Casanare). La creación de la decimosexta brigada se efectúo teniendo en cuenta diferentes aspectos entre otros:El incremento del accionar subversivo en los departamentos de Arauca y Casanare. La seguridad de los complejos petroleros de caño limón y cusiana, los cuales se perfilaban en ese momento como eje de desarrollo para las poblaciones casanareñas y araucanas.
76 En: Colombia, Vicepresidencia de la República (2006) Los derechos humanos en el departamento de Casanare. Bogotá.
77 . En Casanare son muchos los municipios críticos. Sobresale Aguazul, que desde 1995 ha registrado casos que han estado cerca de los 200 pero que en ocasiones se han situado por encima de 300 por cada cien mil habitantes; Hato Corozal, Tauramena, Trinidad y Sabanalarga han registrado frecuentemente tasas muy encima del promedio nacional. En 2000 y 2001 los municipios de Tauramena, Hato Corozal, Chámeza y Aguazul presentaron aumentos significativos, situación sin duda asociada a la intensificación del conflicto y al ejercicio de violencia por parte de los actores armados contra la población civil.
78 Le siguen a estos dos municipios, Aguazul, con un registro total de 254 hogares, 1.843 personas expulsadas; Paz de Ariporo con 196 hogares, 840 personas; Tauramena con 173 hogares. En: Colombia, Vicepresidencia de la República (2006) Los derechos humanos en el departamento de Casanare. Bogotá
79 Archivo Programa de Derechos Humanos de COSPACC. Archivo Fundación Comité de Solidaridad con los presos Políticos FCSPP, Colombia.
80 Datos suministrados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, a través de su página gubernamental: www.anh.gov.co
81 Datos de ANH y ECOPETROL
82 Vale la pena prestar atención a la ingerencia abusiva de BP en la política energética del país como ocurrió durante 1997 y 1998 durante el gobierno Samper; o la relación de la BP con gobiernos cuestionados por narcotráfico como el del mismo presidente Samper o los gobiernos locales, como los seis alcaldes de Casanare y un exgobernador del departamento del Casanare vinculados y procesados por paramilitarismo.
Acusaciones preparadas y presentadas por COSPACC y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

References: artículo 3
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 23
 Resolución 
 artículo 43
 Resolución 
 resolución