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Timestamp: 2019-01-20 11:24:42+00:00

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Respeto a la privacidad (CDPD, artículo 22) - Elaboracion de informe sombra sobre la convencion de los derechos de las pcds
Respeto del hogar y la familia (CDPD, artículo 23)
2.21 Derecho a la salud (CDPD, artículo 25)
MINISTERIO DE SALUD INVERSION DEL MINSA EN LA REHABILITACION – 2010
La lista anterior incluye a establecimientos del MINSA y EsSALUD
PERSONAL DEL MINISTERIO DE SALUD POR GRUPOS OCUPACIONALES
Respeto a la privacidad (CDPD, artículo 22)
El numeral 7 del artículo 2 de la Constitución peruana reconoce el derecho de toda persona al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. La Convención, por su parte, reconoce en su artículo 22 el derecho de todas las personas con discapacidad a la protección de su vida privada, honor y reputación. Con arreglo a esta disposición, los Estados deben adoptar medidas para proteger la confidencialidad de la información personal, médica y relacionada con la rehabilitación de las personas con discapacidad, así como para que las personas con discapacidad no sean ocultadas so pretexto de estar defendiendo su privacidad. No obstante este derecho confronta múltiples limitaciones como da cuenta de ello, por ejemplo, la amplia información contenida en el Informe Defensorial 140 sobre Salud Mental elaborado por la Defensoría del Pueblo120.
El artículo 23 de la Convención reconoce el derecho de las personas con discapacidad a casarse y fundar una familia, a decidir libremente el número de hijos que quieren tener y a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás. Para garantizar este derecho, los Estados deben adoptar medidas para asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a casarse y a fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno; para que las personas con discapacidad tengan acceso a la planificación familiar, la reproducción asistida y a programas de adopción o de acogida de niños en guarda; para que los padres con discapacidad que lo requieran dispongan de la asistencia apropiada para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos, asegurando así la relación padre-hijo; para asegurar que ningún niño sea separado de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos; para apoyar a los padres y madres, y a las familias de niños y niñas con discapacidad, a fin de evitar el ocultamiento, el abandono, el descuido o la segregación del niño o la niña con discapacidad; para evitar la institucionalización de los niños y niñas con discapacidad cuyos padres no puedan cuidarlos y para asegurar que se les proporcione atención alternativa dentro de la familia extensa o, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar; y para evitar la esterilización forzada de personas con discapacidad, especialmente de mujeres y niñas.
La Constitución peruana señala en su artículo 4 que “La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad”. No obstante, son muchas las personas con discapacidad que encaran severas dificultades para hacer efectivo un derecho tan básico como es el de conformar una familia.
El Código Civil peruano en vigor, por ejemplo, limita el ejercicio de los derechos civiles de las PCDs cuando señala que son absolutamente incapaces (art.43)121 o relativamente incapaces (art. 44)122, los que se encuentren privados de discernimiento: los sordomudos, ciegosordos y ciegomudos que no puedan expresar su voluntad en el primer caso, o los retardados mentales y los que adolecen de deterioro mental, en el segundo caso. Tipificación que, por vía de interpretaciones legales restrictivas, acarrea, por ejemplo, la negativa del derecho de estas personas a formalizar un matrimonio. Con referencia a ello, debería tenerse en cuenta, no obstante, que dichas personas tienen otras formas de manifestar su voluntad. Por ejemplo a través del braille (los ciegos) o mediante el lenguaje de señas (los sordomudos).
De igual forma, al referirse a los Impedimentos Absolutos que constriñen la posibilidad de consumar la unión del vinculo matrimonial, el artículo 241 del Código Civil dispone que “No pueden contraer matrimonio: […] 3. Los que padecieren crónicamente de enfermedad mental, aunque tengan intervalos lúcidos y 4. Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no supieren expresar su voluntad de manera indubitable”.
La Defensoría del Pueblo ha documentado, por su parte, casos de esterilización y separación de hijos de madres con trastornos mentales en su Informe Defensorial 102123.
El Estado peruano no ha previsto medios en el Perú para que las personas con discapacidad tengan acceso a la planificación familiar, la reproducción asistida y/o a programas de adopción o de acogida de niños en guarda. Tampoco existen medidas para que los padres con discapacidad que lo requieran puedan disponer de una asistencia apropiada para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de sus hijos, asegurando así la relación padre-hijo; ni medidas para asegurar que ningún niño sea separado de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos, entre otras.
Los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad consultados sobre este aspecto pusieron de relieve que el respeto del hogar y la familia de las personas con discapacidad es relativo en la medida en que, aunque cuentan con autonomía formal para formar una familia, esta capacidad se ve limitada de hecho en la medida en que es insuficiente la asesoría de que disponen para su planificación y el cuidado/crianza de sus hijos, así como por la casi inexistentes medidas de protección contra la separación padre-hijo.
El artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad reconoce que estas tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud y dispone que se asegurará el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con la salud, en su comunidad y en forma gratuita. Para hacer efectivo este derecho, los Estados tienen el deber de adoptar medidas legislativas y de otra índole que protegen a las personas con discapacidad contra la discriminación, asegurando que accedan en condiciones de igualdad a servicios de salud de calidad, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Deben adoptar medidas para que las personas con discapacidad tengan acceso a la rehabilitación relacionada con la salud en su comunidad, libremente y en forma gratuita; y contar con servicios de salud y programas de detección temprana e intervención, según el caso, que contribuyan a evitar y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, prestando atención a los niños, las mujeres y los ancianos, especialmente en zonas rurales.
Están obligados, asimismo, a adoptar medidas legislativas y de otra índole velando porque las campañas de salud pública sean accesibles a las personas con discapacidad; a informar a los médicos y otros profesionales de la salud sobre los derechos de las personas con discapacidad, inclusive en las zonas rurales; asegurar el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad durante la administración de cualquier tratamiento; asegurar protección a las personas con discapacidad contra la discriminación en el acceso al seguro médico y otros tipos de seguro, cuando estos sean obligatorios por ley; garantizar que los servicios sanitarios no sólo existan sino que sean plenamente accesibles; y mejorar la sensibilización y la información en diversos formatos accesibles, incluido el Braille, respecto de la prevención del VIH/SIDA y la malaria.
El artículo 7º de la Constitución Política del Perú establece que “todos tienen derecho a la protección de su salud, del medio familiar y la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa”, y agrega que “La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad”. Por su parte, los artículos 9 y 11 indican que el Estado determina la política nacional de salud y garantiza el libre acceso a las prestaciones de salud.
De acuerdo con lo señalado en el artículo VII del Título Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, el Estado tiene el deber de promover el aseguramiento universal y progresivo de la población, incluyendo la población con discapacidad, para la protección de las contingencias que pueden afectar su salud y garantiza la libre elección de sistemas previsionales, sin perjuicio de un sistema obligatoriamente impuesto por el Estado para que nadie quede desprotegido.
El estudio de dotación de profesionales de salud hecho por el Ministerio de Salud (MINSA) el año 2007 mostró que existía una brecha en este ámbito que oscilaba entre los 8,446 y los 15,363 médicos según los estándares clásicos.124 Asimismo, mostró que persiste un centralismo duro en la distribución de profesionales de salud, concentrándose la mayor parte de éstos en Lima y en la costa urbana del país, dejando desguarnecida la salud de la población del resto del país.
En el caso de los médicos, Lima tenía hasta hace poco una tasa de médicos por 10,000 habitantes 5.4 veces mayor que Huancavelica (17.7 versus 3.3), y casi el doble que el promedio nacional, que era 11,5. Además de Lima, sólo Arequipa, Tacna e Ica alcanzaban o superaban la tasa de 10 médicos por 10,000 habitantes.
Del total de médicos existentes en el Perú, Lima concentra el 53.19 % de estos. En lo que concierne a enfermeras, ocho departamentos tienen una tasa por 10,000 habitantes superior al promedio nacional, evidenciándose una mayor concentración de éstas en la costa urbana, aunque con presencia importante en algunos departamentos de mayor pobreza. Del total de enfermeras existentes en el país, el 40.23% se encuentra en Lima.
En el caso de la medicina de rehabilitación, la situación es peor, porque son pocos los profesionales especializados en rehabilitación y en las especialidades afines a las discapacidades, y su distribución es más centralizada aún. Del total de 243 neurólogos registrados en el Colegio Médico, 160 se ubican en Lima; de los 468 psiquiatras, 381 están en Lima; de los 223 especialistas en medicina física y rehabilitación, 150 están en Lima. Hay 8 regiones del Colegio Médico sin médicos especializados en medicina física y rehabilitación y en neurología, 7 regiones sin psiquiatras y 19 sin geriatras.125
El siguiente cuadro es ilustrativo de las condiciones de atención en salud para las personas con discapacidad en el Perú:
INVERSION DEL MINSA EN LA REHABILITACION – 2010
TOTAL Presupuesto MINSA
3,672,534,167
76,776,906
26,092,882
HOSPITAL DE SALUD MENTAL LARCO HERRERA
39,001,416
Fuente: Cuadro elaborado en base al Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas126
Sólo el 5% de las personas con discapacidad recibe atención especializada. El Ministerio de Salud la brinda a través del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ubicado en El Callao, y el Seguro Social en Salud (ESSALUD) a través de los Centros de Rehabilitación Profesional; según los cuadros de atención del INR y ESSALUD.
Lo más grave es que la rehabilitación – de por si hoy escaza - podría reducirse a cero, como consecuencia de dos normas emitidas por los mencionados Ministerio de Salud y ESSALUD. Se trata de la Resolución Ministerial 616-2003-SA/DM127, que omitió consignar como órgano de línea a la medicina de rehabilitación dentro de la estructura orgánica de los establecimientos de salud; y de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 258-PE-ESSALUD-2003128, que suprimió la Subgerencia de Rehabilitación Profesional del Reglamento de Organización y Funciones de la División de Prestaciones de ESSALUD.
Se suma a lo anterior el hecho de que tampoco se desarrollan en el país programas preventivos. Por ejemplo, en una entrevista llevada a cabo en la Comisión de Estudios sobre Discapacidad del Congreso de la República, el Presidente Ejecutivo de ESSALUD, indico que “(…) Actualmente tenemos identificados 25 mil empresas, obligadas a pagar el Seguro Complementario de Trabajo a Riesgo (…) que es un seguro que lo puede dar ESSALUD y (…) las Empresas Prestadoras de Salud (EPS). En conjunto, entre ESSALUD y EPS, solamente pagan 6 mil empresas y habiendo 25 mil inscritos, significa que hay 19 mil que no pagan; y eso es simplemente el incumplimiento de una obligación legal (…). Se trata de empresas constructoras (…) sobre todo constructoras del sector electricidad donde hay alta probabilidad de accidentes, eso principalmente.” 129
Existe una notoria insuficiencia en materia de infraestructura y equipamiento en los servicios de rehabilitación. La red nacional de servicios de rehabilitación comprende apenas a 75 establecimientos con servicios especializados, de los cuales 38 corresponden al MINSA, 26 pertenecen a ESSALUD y 7 a las dependencias de sanidad de las Fuerzas Armadas y policiales.
Como se puede observar en el siguiente cuadro, la mayor carencia de estos servicios se concentra en los hospitales del Sector Salud y ESSALUD. De 485 hospitales existentes, apenas 75 cuenta con servicios de rehabilitación130.
En el cuadro que se incluye a continuación se muestra el número de médicos y especialidad distribuidos por regiones. Lamentablemente no se pudo acceder a la información relativa al número existente de médicos rehabilitadores.
PERU - AÑO 2007
QUIMICO FARMAC
En lo referente a la atención a través del Seguro Integral de Salud (SIS), que es un seguro estatal destinado a personas de bajos recursos, mediante el Decreto Supremo N° 004-2007-SA se dispuso que la cobertura brindada por el servicio abarcara solamente la detección y recuperación de trastornos de la agudeza visual y ceguera en niños (solamente relacionados estrabismo y cataratas); y atención quirúrgica e intervenciones de rehabilitación exclusivamente en las instalaciones de salud de primer nivel. El tope máximo de inversión anual por persona es de S/12,000.00.
La norma antes mencionada sindica en su capítulo denominado “Exclusiones Específicas” de atención a varios de los daños propios de las personas con discapacidad, como es el caso de la parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos, las secuelas de traumatismo, los envenenamientos y otras consecuencias de causas externas, así como las lesiones auto-infligidas (muy propias y consecuentes de discapacidad psicosocial
Cabe destacar, en este contexto, el significativo peso del centralismo en cuanto a la distribución de establecimientos de mayor complejidad en las ciudades de Lima y El Callao y en algunas capitales de departamento, lo que hace que en cuatro departamentos se concentren el 50% del total de hospitales disponibles (Lima, Lambayeque, Junín y La Libertad).
Lima concentra el 35.3% de los hospitales y el 34.9% de los centros de salud. Pero cuando se trata de los servicios especializados de rehabilitación, esta cifra, expresiva del centralismo, aumenta: Lima concentra el 50,6% de los mismos y sólo 18 regiones tienen estos servicios, mientras que el resto del país no los tiene.
Por otra parte, el Estado peruano aún no asume el enfoque comunitario para la rehabilitación de las personas con discapacidad. Dispone de un proyecto así denominado desde el INR, pero este carece de las características básicas comunitarias, consistentes en la participación de las propias personas con discapacidad en la gestión y ejecución de estos proyectos; la capacitación en atención de los promotores comunales y voluntarios; y, el enfoque de atención social e integral, con reconocimiento de los derechos de la población con discapacidad, lo que significa apoyar su empoderamiento social, económico, organizativo y social de modo que los visibilice frente a los elaboradores de políticas de modo que se produzcan reales avances hacia su efectiva y real inclusión social.
Como el enfoque de atención integral no se plasma adecuadamente, los pocos servicios de salud, educación, accesibilidad que existen se ofrecen de manera compartimentada y sin una coordinación intersectorial que permita, a través de la optimización de los recursos disponibles, concretar el ejercicio del derecho de las PCDs a participar y gozar del desarrollo económico y social del país, y de sus propias localidades.
En lo que a Salud Mental se refiere, las personas con enfermedades mentales hospitalizadas en establecimientos de salud mental, afrontan una situación de mayor indefensión por estar especialmente expuestas a la vulneración de sus derechos. Esto es así, debido a su elevado grado de dependencia respecto a quienes les brindan tratamiento y cuidados; a la falta de valoración que se da a su palabra; y a sus escasas posibilidades de acceder a los mecanismos regulares de protección de derechos.
El año 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una recomendación general sobre la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad Mental131. En la misma se recomienda a los Estados que, como el Perú, son parte del sistema interamericano:
Reformar las leyes existentes en materia de salud mental o discapacidad en general.
Adoptar medidas de carácter legislativo, judicial, administrativo, educativo y de otra índole para diseminar por medios apropiados y dinámicos los estándares internacionales y normas convencionales de derechos humanos que protegen las libertades fundamentales y los derechos de las personas con discapacidad mental.
Promover e implementar a través de legislación y planes nacionales de salud mental la organización de servicios comunitarios de salud mental cuyos objetivos sean la plena integración y participación de las personas con discapacidad mental en la sociedad.
Promover a nivel de sus Defensorías de los Habitantes u Ombudsman la creación de iniciativas específicas para la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad mental.
La recomendación de la CIDH hizo énfasis en la protección de los derechos de las personas que tienen un tipo especial de discapacidad, como es la discapacidad mental, porque son un grupo especialmente vulnerable dada las continuas violaciones a sus derechos humanos en los hospitales psiquiátricos y en los centros de reclusión. Es el motivo por el cual se recuerda enfáticamente a los Estados la necesidad de que adopten medidas con el fin de alcanzar un adecuado respeto de los derechos de las personas con discapacidad mental y lograr su integración a la sociedad.
Haciendo eco de esta recomendación, la Defensoría del Pueblo del Perú realizó una supervisión de establecimientos de salud mental el año 2004 que estuvo orientada a determinar la situación de las personas con discapacidad psicosocial, internadas en los establecimientos de salud mental. Supervisión que se llevo a cabo en seis establecimientos de salud del Ministerio de Salud y en dos establecimientos del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y produjo el Informe Defensorial Nº 102.132 Ese mismo año, además, el Ministerio de Salud (MINSA) aprobó los Lineamientos para la Acción en Salud Mental133.
No prosperaron en el Congreso de la República, sin embargo, varios proyectos de ley presentados a favor de modificaciones a la Ley General de Salud; especialmente para producir la incorporación de diversos artículos referentes a la atención de la salud mental. Tal es el caso de los Proyectos de Ley Nº 12669 del 30 de marzo de 2005, y el Proyecto de Ley Nº 11885/2004-CR del 8 de noviembre de 2004. Del mismo modo, se encuentra paralizada la aprobación de un Proyecto de Ley referido específicamente al ámbito de la Salud Mental: el proyecto de ley 2465/2007.
En el informe de la Defensoría del Pueblo, se señala respecto a los hospitales generales, que son pocos los que ofrecen la posibilidad de internamiento para el tratamiento de una enfermedad mental. Incluso, hospitales generales que cuentan con médicos psiquiatras, con frecuencia derivan a los/las pacientes que requieren ser hospitalizados/as a establecimientos especializados o de cuarto nivel. Además, la mayor parte de las camas registradas para psiquiatría se ubican en los hospitales especializados en salud mental de Lima.
El 8 de mayo del 2002 se dicto la Ley Nº 27751 para eliminar la discriminación por límite de edad para las personas con discapacidad física y mental en los programas de salud y alimentación del Estado. Asimismo, el 27 de julio del 2004, por Resolución del Ministerio de Salud Nº 771-2004/MINSA se estableció la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz, junto a otras nueve estrategias, para lograr objetivos funcionales como son la cultura de salud para el desarrollo físico, mental y social de la población; el entorno saludable para toda la población; la protección y recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de las personas en condiciones de equidad y plena accesibilidad. Un año después, se implementó el Plan Operativo Estratégico Nacional de Salud Mental, considerando como líneas de acción: (i) el fortalecimiento de la capacidad rectora del Ministerio de Salud; (ii) la integración de la salud mental en la atención integral de salud; (iii) la reorientación de los servicios de salud mental garantizando el acceso a la atención y priorizando la intervención comunitaria; así como (iv) el impulso a las medidas de promoción y prevención de la salud mental fomentando la participación ciudadana y la concertación intersectorial.
A pesar de este esfuerzo, la oferta de servicios del MINSA sigue siendo manifiestamente inadecuada para cubrir la demanda de atención en salud mental a nivel nacional. Tampoco permite garantizar los derechos de las personas con enfermedades mentales a recibir la atención sanitaria y social que corresponde a sus necesidades de salud y a ser tratados en un ambiente lo menos restrictivo posible y, en la medida de lo posible, en la comunidad en la que viven.
El Ministerio de Salud cuenta con 472 hospitales, de los cuales sólo 10 brindan atención en materia de salud mental. Ver el cuadro siguiente.
De los 10 establecimientos del MINSA que brindan atención psiquiátrica, tres se encuentran en Lima, dos en Iquitos (Loreto) y los demás en las ciudades de Arequipa,Ica, Jauja (Junín), Tacna y Trujillo (La Libertad). De las 1,019 personas con enfermedades mentales internadas en establecimientos del MINSA, 863 (85%) se encuentran en hospitales ubicados en Lima.
Debido al insuficiente número de establecimientos que brindan servicios por motivos de salud mental, es frecuente que éstos atiendan a pacientes provenientes de regiones distintas de donde se encuentran ubicados. Así, por ejemplo, el Hospital Hermilio Valdizán (Lima) tiene pacientes de los departamentos de Apurímac, de Ayacucho, de Huánuco, de Huancavelica, de Pasco y de la sierra de Lima. En el Hospital Hipólito Unanue de Tacna se atiende a pacientes de Moquegua y de Puno; y en el Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental de Iquitos (CREMI) se encuentran pacientes procedentes de Arequipa, Lima, Piura, San Martín y Ucayali. La población internada en estos hospitales no recibe visitas familiares, ni amicales, por lo alejado que se encuentran de sus lugares de origen, ahondando así su situación de soledad, desarraigo y falta de calor familiar.
Esta situación contraria las atingencias que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas incluyó en su Observación General Nº 14 (relativa a los derechos de las personas con discapacidad), mediante la cual se señaló que “los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como (...) las personas con discapacidad”134; lo que implica que el tratamiento de una discapacidad debe ser proporcionado preferiblemente en el nivel comunitario y sin discriminación alguna.
Los Estados tienen la obligación de garantizar la plena efectividad del derecho a la salud creando condiciones para que todas las personas reciban asistencia médica y cuidados en caso de presentar algún trastorno mental. Sin embargo, la atención de la salud mental en el Perú no suele estar cubierta suficientemente por los seguros de salud, no obstante la significativa carga económica que puede representar el costo de los tratamientos para la mayoría de la población135
Mediante el Informe Defensorial 140, la Defensoría del Pueblo denunció que las estrategias de salud mental en nuestro país se encontraban ubicadas marginalmente en la jerarquía organizativa del MINSA y relegadas en sus planes y programas. Como consecuencia de lo anterior, no existen políticas que regulen el funcionamiento y desarrollo del sistema; y ni siquiera se cuenta con la información necesaria para ello.
Así, los Análisis de la Situación de Salud (ASIS) en el país, tanto nacional como regionalmente, no consideran el acopio y análisis de información relacionada con la salud mental. Más aún, no existe sistema alguno que centralice, analice y genere información epidemiológica (tales como las tasas de prevalencia o incidencia) de estas enfermedades.
Por otra parte, el tratamiento de la problemática de la salud mental por parte del ESSALUD no es muy distinto. Esta institución tampoco cuenta con un órgano que dirija y articule sus diversos servicios de salud mental; ni tiene una instancia que centralice su información. Adicionalmente, los temas de salud mental también tienen una ubicación marginal en los planes y programas de esta institución.
Existe asimismo un severo problema en el acceso a los medicamentos para tratamiento de trastornos psiquiátricos por sus costos altos y por la cronicidad del tratamiento; factores que se suman a la situación de pobreza en la que con frecuencia viven las personas afectadas por esta dolencia, debido a su condición de discapacidad y de marginación social y laboral.
El costo promedio de los neurolépticos atípicos es mayor al doble o al triple del salario básico en el Perú; mientras que los costos de los medicamentos genéricos son de aproximadamente doce dólares estadounidenses al mes.
La diferencia de precios entre los medicamentos atípicos y los genéricos también se debe a un impuesto de importación del 18%, además de las tarifas gubernamentales, lo cual comprende un 20-30% del costo global de los medicamentos en el momento en que llegan al usuario.136
La calidad de los medicamentos psicotrópicos también varía ampliamente. Un destacado psiquiatra que labora en uno de los hospitales de la Seguridad Social, el Dr. José Cabrejos, comentó que existen varias marcas de Fluoxetina, pero que éstas variaban drásticamente en cuanto al costo y a su efectividad137. El Dr. Cabrejos explicó, asimismo, que él debía prescribir de tres a cuatro veces la cantidad de la medicina menos costosa para lograr el mismo grado de efectividad que las marcas más caras. Los medicamentos más económicos tienen también efectos secundarios más pronunciados que debilitaban al paciente y para los cuales tenían que prescribirse otras medicinas. Como resultado de esto, existe solamente una pequeña distancia entre el costo final de los medicamentos atípicos y de los medicamentos genéricos menos costosos138.
El MINSA no ha incluido los trastornos mentales dentro de la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS)139, y aunque el Congreso de la República aprobó el 21 de julio del 2005 la Ley Nº 28588 declarando “prioritaria” la implementación del componente de salud mental en el SIS140 los avances en este orden son apenas incipientes. Un ejemplo de ello es el Decreto Supremo N° 004-2007-SA del 17 de marzo del 2007, que estableció el Listado Priorizado de Intervenciones Sanitarias de Aplicación Obligatoria para todos los establecimientos que reciban financiamiento del SIS, que en lo referente a salud mental indicó que en este sistema solamente se atenderá la “Detección de problemas en salud mental”.
Los servicios de salud mental en el país responden prevalentemente a un modelo de atención intramural o ultra institucionalizado. Este modelo restringe la atención de los problemas psíquicos de modo aislado del entorno socio ambiental. Es un modelo médico, no social, por lo que resulta un modelo contrario al enfoque de derechos de las personas con discapacidad psicosocial ya que pretende rehabilitar aislando a las personas de su propio entorno familiar y comunal.
Lamentablemente no existe en la actualidad voluntad política para disponer de recursos alternativos extra hospitalarios que se encuentren insertos en la comunidad, de modo que sirvan de base para implementar el modelo de rehabilitación comunitaria.
Las organizaciones de derechos humanos Mental Disability Rights International (MDRI) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) llevaron a cabo entre los meses de octubre del 2002 y febrero del 2003 una investigación sobre la situación de la salud mental141 que reportó varias violaciones graves a los derechos humanos de las personas con discapacidades mentales; entre ellas, un trato inhumano y degradante al interior de las instituciones; discriminación en la provisión de los servicios sociales y de salud; incumplimiento del consentimiento informado y violaciones al derecho a la integración comunitaria.
La investigación mencionada indicó que las familias pueden jugar un rol importante en lograr la integración comunitaria; sin embargo, sin los servicios y el apoyo apropiados, serán incapaces de facilitar la integración comunitaria real de sus familiares con discapacidad.
La Ley General de la Persona con Discapacidad compromete una serie de apoyos para las familias de las personas con discapacidades. Así, por ejemplo, el artículo 4 de la ley reconoce que la familia juega un rol esencial para lograr los objetivos de la ley, y establece que el Estado debe ofrecer, a los miembros de la familia, un entrenamiento integrado en educación, deportes, salud y en la incorporación de los miembros familiares que tengan discapacidades a la fuerza de trabajo. A pesar de ello las familias de las personas con discapacidades reciben poco o ningún apoyo estatal. Si este existiera, no sólo las familias podrían beneficiarse de un entrenamiento que facilite la rehabilitación y el cuidado de los miembros de sus familias con discapacidades, sino que se tomarían provisiones para habilitar el “cuidado sustituto” que permita que los familiares pudieran descansar de su rol en este y dedicarse a otras actividades y servicios, tal como establece la Convención.
Con ocasión de su revisión acerca de la situación de este derecho en el Perú, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de la Salud, Dr. Paul Hunt, el Relator Especial recomendó lo siguiente:
a) Que la sociedad civil, y en particular los impedidos mentales y sus familias, participen en todas las fases de la elaboración y aplicación de las estrategias, programas, leyes y políticas de salud mental;
b) Que el Gobierno adopte las medidas correspondientes para aplicar las nuevas políticas de salud mental del Ministerio de Salud, velando por que se disponga de suficientes recursos;
c) Que el Gobierno procure dispensar una atención adecuada de la salud mental, como la prestada por los servicios sanitarios generales o en la propia comunidad, servicios de rehabilitación y apoyo a la familia y que sea accesible a las personas con discapacidades mentales y problemas psicosociales en todo el país, incluidas las zonas rurales;
d) Que se pongan a disposición de los reclusos servicios adecuados de salud mental;
e) Que se respeten a cabalidad los derechos humanos de los impedidos mentales en los servicios y centros sanitarios; para lo cual se debería capacitar en materia de derechos humanos a todos los profesionales que trabajan de forma habitual con el sistema de salud mental. También, poner en marcha mecanismos independientes de supervisión y responsabilidad en los servicios de salud mental, como mecanismos de denuncia accesibles, transparentes y efectivos para los pacientes. Una junta de examen debería inspeccionar regularmente los servicios de salud mental, así como entrevistar a los pacientes. De igual forma y como mecanismo adicional de supervisión debería establecerse una revisión independiente, periódica y sistemática de la admisión o el tratamiento no deseados que se deberían someter, asimismo, a estrictas salvaguardias procedimentales y, finalmente,
f) Que los donantes financien la aplicación del Plan Integral de Reparaciones (PIR) recomendado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en el área de salud mental inclusive, y presten asistencia técnica para ello.
La mayor parte de estas recomendaciones, como se aprecia del contenido de este informe, se encuentran aún pendientes de implementación, tal como lo demuestran los permanentes pedidos de la Defensoría del Pueblo reiterando la necesidad de contar con una ley que garantice el derecho a la salud mental, así como el respeto de los derechos de las personas en las intervenciones médicas dirigidas a la atención de la salud mental, recomendando para ello al Congreso de la República que apruebe una ley en dicho sentido.142
Lo demuestra también la escandalosa prevalencia de accidentes de tránsito y otros eventos perfectamente prevenibles que cada año ocasionan aproximadamente 700 personas muertas por efecto de siniestros en la red vial nacional y más de 4,000 personas resulten heridas143. Cifras que se han convertido en un frío dato estadístico registrado diariamente por los medios de comunicación que no tiene mayores implicancias en la esfera gubernamental.
El lado dramático de esta situación reposa en que, tanto la muerte de una persona, su invalidez permanente o temporal, como la afectación de su salud, constituyen daños severos que no sólo hacen víctimas a los pasajeros afectados por la ausencia de medidas que eviten estos percances, sino también a sus familias y a la comunidad en general. En nuestro país, las lesiones sufridas por accidentes de tránsito conducen a severos problemas de inequidad y afectan de una manera desproporcionada a los más pobres. Lo que se pone en evidencia en la medida en que los accidentes de tránsito y el mayor número de víctimas por este motivo ocurre principalmente en las carreteras interprovinciales del interior del país. Inequidad que se traslada a la esfera de la atención de salud de las víctimas en la medida en que las poblaciones del interior del Perú, por su mayor exposición a la pobreza, tienen un menor acceso a la atención en el sector salud.
Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo se ha ocupado de esta problemática en varias oportunidades, como a través de la investigación cuyos resultados quedaron reflejados en el Informe Defensorial Nº 108 de octubre del 2006 y, posteriormente, la que llevó a cabo en noviembre del 2008 y dio lugar al Informe Nº 137.
Mediante sus investigaciones, la Defensoría del Pueblo ha seguido de cerca este fenómeno y ha podido constatar la profunda desatención de la seguridad en el transporte interprovincial por parte de todos los actores; en particular, y por lo relevante de sus obligaciones de cara a la garantía de los derechos humanos de la población, del Estado.
En su Informe Defensorial Nº 137, la Defensoría del Pueblo señaló la inexistencia en el Perú de un sistema de transporte público urbano que sea adecuadamente regulado, racional, ordenado y de calidad.
Durante el año 2007, de un total de 79,972 accidentes en todo el país, 47,941 tuvieron lugar en la ciudad de Lima, representando con ello el 59,9 % del total, con 653 muertos y 24,730 heridos, los que se convierten en personas con discapacidad. La cifra duplica a la registrada en el año 2003, cuando la cifra de heridos ascendió a 13,511 personas.
En general, con respecto al tema de salud, la mayoría de las organizaciones de personas con discapacidad coincide en señalar, tal como consta en la encuesta anexa, que no existen medidas de acceso igualitario para la salud. Asimismo, que las autoridades no intervienen en los problemas de trato inadecuado o mal trato que existe hacia las personas que tienen limitaciones en su salud mental. Por otra parte, la mayoría considera que las mujeres tienen dificultades en el ámbito de salud sexual y reproductiva, dentro de las cuales en mayor medida la constituye la falta de información/orientación.
Asimismo, se aprecia que la gran mayoría de las PCDs no goza de un acceso libre y gratuito a los espacios de rehabilitación en su propia comunidad; que no hay políticas de prevención ante nuevas discapacidades, lo que, a su vez, debe relacionarse con la política de no prevención del Estado en general. Y esta situación se agrava ante la atención centralizada en las zonas costeñas y la capital, en desmedro de las zonas rurales.
Por último, aunque las PCDs acceden a las campañas de salud, con frecuencia los profesionales de salud no conocen los derechos de las PCDs, lo que explica el mal trato hacia este tipo de pacientes; y esto se agudiza aún más debido a la ejecución de tales campañas sin el uso de los lenguajes especiales. Como consecuencia de ello, el derecho a la salud de las PCDs se ve gravemente minado en la medida en que se constatan serias deficiencias tanto a nivel de cobertura como de calidad; más allá de la implementación de campañas que muchas veces no se adecúan a la realidad de las PCDs.

References: artículo 22
 artículo 23
 artículo 25
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 4
 artículo 241
 artículo 25
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 4