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BOE.es - Documento BOE-A-1994-9365
Documento BOE-A-1994-9365
Ley 3/1994, de 29 de marzo, de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 99, de 26 de abril de 1994, páginas 12818 a 12830 (13 págs.)
https://www.boe.es/eli/es-cl/l/1994/03/29/3
a) La ordenación general, en el marco de las competencias que estatutariamente corresponden a la Comunidad de Castilla y León, y dentro de su ámbito territorial, del conjungo de actuacioines y actividades de las entidades públicas y privadas destinadas a la prevención de las drogodependencias y a la asistencia e integración social de las personas drogodependientes.
b) La regulación general de las funciones y competencias en la materia de las Administraciones Públicas, entidades privadas e instituciones, como marco de referencia para la necesaria cooperación y coordinación en la prevención, asistencia e integración social de drogodependientes.
c) La configuración del Plan Regional sobre Drogas como el instrumento estratégico para la planificación y ordenación de las actuaciones que en materia de drogas se lleven a cabo en Castilla y León.
2. Las prescripciones contenidas en la presente Ley serán de aplicación a las diferentes actuaciones, tanto individuales como colectivas, de titularidad pública o privada, que en materia de drogas se realicen dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.
1. A los efectos de esta Ley, se consideran drogas aquellas sustancias que, administradas al organismo, son capaces de generar dependencia, provocan cambios en el comportamiento y efectos nocivos para la salud y el bienestar de las personas. Tienen tal consideración:
d) Otras sustancias de uso industrial o vario capaces de producir los efectos y consecuencias antes descritos.
2. En el marco de esta Ley, se consideran las bebidas alcohólicas y el tabaco como las principales drogas institucionalizadas.
3. Se entiende por drogodependencia aquella alteración del comportamiento que afecta al estado físico, psicológico y social del individuo y que se caracteriza por una tendencia al consumo compulsivo y continuado de drogas.
4. A los efectos de esta Ley, se entiende por consumo de drogas el uso no terapéutico, inadecuado o perjudicial de las mismas.
2. La promoción activa de hábitos de vida saludables y de una cultura de la salud que incluya el rechazo del consumo de drogas, así como la solidaridad social con las personas con problemas de drogodependencia.
3. La consideración integral e interdisciplinar del proceso continuado de la prevención de las drogodependencias, asistencia e integración social del drogodependiente, mediante la coordinación de diferentes actuaciones sectoriales.
4. La coordinación de las actuaciones de las Administraciones Públicas, entidades privadas e instituciones, sobre el principio de descentralización, responsabilidad y autonomía en la gestión de los programas y servicios.
5. La participación activa de la comunidad en el diseño, ejecución y control de las intervenciones destinadas a abordar los problemas relacionados con el consumo de drogas.
6. La consideración de las drogodependencias como una enfermedad con repercusiones en las esferas biológica, psicológica y social del individuo, mediante la integración de las actuaciones de asistencia e integración social del drogodependiente en los Sistemas Sanitario y de Acción Social.
7. La selección e implantación de las actuaciones y programas en materia de drogas en el marco de la ordenación sanitaria y de acción social de la Comunidad de Castilla y León, con sujeción a criterios de eficiencia y evaluación continua de resultados.
8. La consideración prioritaria de las políticas y actuaciones preventivas en materia de drogodependencias.
1. La atención dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se extenderá a todos los residentes en cualquiera de los municipios de la región. Los ciudadanos no residentes en Castilla y León tendrán derecho a la atención en la forma y condiciones previstas en la legislación y en los convenios nacionales e internacionales de aplicación.
2. En la Comunidad de Castilla y León tendrán derecho preferente a la prestación de servicios públicos en materia de drogodependencias los residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma.
2. Aumentar los conocimientos y la responsabilidad de los ciudadanos en materia de prevención de drogodependencias.
3. Modificar las actitudes y comportamientos de la población en general respecto a las drogodependencias, generando una conciencia social solidaria y participativa frente a este problema.
5. Potenciar en el ámbito comunitario en general y en sectores específicos de la población en particular una cultura de la salud, repudiadora del consumo de drogas.
1. Las actuaciones desarrolladas en materia de prevención de las drogodependencias por las Administraciones Públicas de Castilla y León, en colaboración con las entidades privadas e instituciones, deberán enmarcar la prevención de las drogodependencias en un ámbito general de promoción y educación para la salud.
2. El ámbito prioritario de la prevención de las drogodependencias será el comunitario. Dicha prevención se realizará mediante el desarrollo de programas, en cuya elaboración deberá participar activamente la comunidad a través de sus grupos organizados y en los que se asignarán funciones concretas a los distintos sistemas comunitarios.
3. Los programas preventivos combinarán su carácter educativo, orientado a la modificación de actitudes y hábitos, con la promoción de comportamientos incompatibles con el consumo de drogas. Dichos programas deberán, asimismo, ser sistemáticos en sus actuaciones, permanentes en el tiempo y susceptibles de ser evaluados.
4. Los programas preventivos se dirigirán preferentemente a sectores concretos de la población y contarán en su diseño, ejecución y evaluación con la participación de personas y grupos organizados con capacidad de liderazgo reconocida, que pueda favorecer el cumplimiento de los objetivos del programa. En la comunicación de mensajes deberán escogerse los emisores con mayor credibilidad y los medios que permitan llegar con mayor precisión a los destinatarios.
1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León, dentro de su ámbito de competencia y en colaboración con otras Administraciones Públicas, entidades privadas e instituciones, promoverá las siguientes actuaciones:
a) La acreditación de los programas de prevención que se realicen en Castilla y León.
b) La realización de una política global preventiva que, mediante diferentes actuaciones sectoriales coordinadas, incida sobre los factores sociales, educativos, culturales, sanitarios y económicos que favorecen el consumo de drogas en la comunidad.
c) La inclusión de la educación para la salud a lo largo de todo el proceso educativo, con un enfoque común a todas las materias y prestando particular atención, dentro de ella, a la prevención de las drogodependencias.
d) La promoción del asociacionismo juvenil y de alternativas saludables de ocio y tiempo libre, especialmente dirigidas a colectivos de jóvenes sometidos a condiciones favorecedoras del consumo de drogas.
e) La realización de programas de prevención de las drogodependencias en el ámbito laboral, especialmente dirigidos a las principales drogas institucionalizadas y a sectores de producción con alta prevalencia de consumo de drogas, así como a otros en los que su uso pueda poner en peligro la vida de terceras personas.
f) La realización de programas comunitarios de prevención de las drogodependencias dirigidos a aquellas zonas urbanas y rurales con mayor incidencia y prevalencia, bajo el impulso, coordinación, ejecución y evaluación de las corporaciones locales, preferentemente a través de los centros de Acción Social en coordinación con los equipos de atención primaria. Los programas comunitarios que con participación de distintas corporaciones municipales abarquen un ámbito comarcal, serán considerados prioritarios y contarán con una coordinación específica.
2. Como soporte a todas estas actuaciones prioritarias, las Administraciones Públicas competentes solicitarán la colaboración de los medios de comunicación social, especialmente mediante la difusión de mensajes preventivos. Las Administraciones Públicas invitarán a los profesionales de la información a los cursos, encuentros o sesiones informativas que celebren.
3. Los programas preventivos contarán en su diseño, ejecución y evaluación con la participación de los sectores implicados a través de sus asociaciones, entidades y profesionales. Asimismo, se promoverá la adecuada formación de los interlocutores sociales.
5. Mejorar los niveles de salud de las personas drogodependientes.
7. Potenciar las fórmulas de integración social del drogodependiente en un entorno social normalizado a lo largo de todo el proceso asistencial.
1. La oferta terapéutica para la atención a las personas drogodependientes deberá ser accesible y diversificada, profesionalizada y de carácter interdisciplinar. Dicha oferta estará basada en programas asistenciales individualizados, flexibles en sus objetivos terpéuticos y planteamientos de intervención y desarrollados con un enfoque activo que estimule la demanda asistencial.
2. La asistencia a las personas drogodependientes se prestará preferentemente en el ámbito comunitario, y siempre en la mayor proximidad posible a su entorno sociofamiliar, por lo que se potenciarán los dispositivos y programas asistenciales en régimen ambulatorio e intermedio.
3. La atención al drogodependiente y sus familiares se realizará a través del Sistema Sanitario Público y del Sistema de Acción Social de Castilla y León, incrementando sus recursos en función de las necesidades de la población e incorporando, cuando sea necesario, los recursos privados, convenientemente acreditados, para completar y diversificar los programas terapéuticos.
4. La integración social del drogodependiente es el objetivo final del proceso asistencial, por lo que se potenciarán las estructuras de paso en los programas asistenciales, así como la coordinación entre éstos y los de reinserción social, y en todo caso los aspectos relacionales, educativos y laborales del proceso de recuperación.
5. La integración social de las personas drogodependientes se apoyará en las redes generales y en su familia y entorno afectivo, adoptando, cuando sea necesario, medidas especiales destinadas a conseguir la igualdad de oportunidades.
1. La atención a los drogodependientes desde las redes generales de los sistemas sanitario y de acción social, especialmente en el nivel primario.
2. La ampliación de la red de centros específicos de atención ambulatoria a drogodependientes, estableciéndose, al menos, un centro de estas características en cada área de salud.
3. La potenciación de los programas asistenciales en régimen intermedio, así como la ampliación de la cobertura asistencial de los tratamientos en régimen residencial.
4. La potenciación de programas de integración social de personas drogopendientes y de asesoramiento a sus familiares.
5. La realización de programas encaminados a la reducción de daños y la mejora de las condiciones generales de salud del drogodependiente, incluyendo de manera prioritaria actividades de educación sanitaria, consejo y apoyo psicológico a usuarios de drogas infectados por el VIH o enfermos del SIDA y a sus familiares.
6. La creación y extensión regional de programas específicos dirigidos a la población drogodependiente de alta cronicidad y máximo riesgo sanitario. Estos programas incluirán la accesibilidad a tratamientos con sustitutivos y opiáceos, al control sanitario y a la atención social, personalizada y familiar.
7. La potenciación de programas de formación ocupacional y profesional del drogodependiente, con objeto de conseguir su progresiva incorporación social y laboral.
8. La sensibilización de la sociedad en general, con el fin de promover la participación activa y solidaria de la comunidad en el proceso de asistencia e integración social del drogodependiente y de modificar las actitudes negativas hacia el mismo.
1. Promoverá y proporcionará soporte para la realización de programas de educación sanitaria y atención a reclusos drogodependientes, en colaboración con el sistema penitenciario.
2. Proporcionará a través de centros y servicios públicos o privados acreditados alternativas suficientes en cantidad y calidad para las demandas de cumplimiento de medidas de seguridad, remisión condicionada de la pena o cumplimiento de la pena en centro terapéutico formuladas por la Administración de Justicia. En todos estos casos, la competencia en la adopción de decisiones teapéuticas residierá en los equipos del sistema de asistencia e integración social del drogodependiente de la Comunidad de Castilla y León.
1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León impulsará programas de motivación de la demanda de atención de trabajadores con problemas de consumo de drogas en el ámbito laboral.
2. Se fomentarán los acuerdos entre organizaciones empresariales y sindicales tendentes a la reserva del puesto de trabajo de las personas drogodependientes durante su proceso de recuperación, y al desestimiento del ejercicio de las potestades disciplinarias que reconoce la legislación laboral en casos de problemas derivados del abuso de drogas. La Administración de la Comunidad de Castilla y León facilitará en el marco de dichos acuerdos la atención a los trabajadores afectados.
3. La Administración de la Comunidad de Castilla y León, en sus centros, establecimientos y servicios, reservará el puesto de trabajo de la persona drogodependiente durante el proceso de tratamiento.
Artículo 13. Derechos.
a) A la información sobre los servicios a los que puede acceder y requisitos y exigencias que plantea su tratamiento.
b) A la gratuidad de la asistencia, dentro del sistema sanitario público y de los centros privados concertados, con las excepciones que se pudieran determinar reglamentariamente.
e) A la voluntariedad para iniciar y cesar el tratamiento, excepto en los casos señalados en la legislación vigente.
f) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y estancia en cualquier dispositivo asistencial de Castilla y León.
h) A que se le extienda certificación gratuita acreditativa sobre su situación, así como sobre el tratramiento que haya seguido o esté siguiendo.
1. La Junta de Castilla y León establecerá reglamentariamente el contenido y alcance específico de dichos derechos y las garantías de reparación que procedan por su incumplimiento.
3. Los centros y servicios sanitarios, sociosanitarios y sociales públicos y privados de atención al drogodependiente dispondrán de información accesible de los derechos de los pacientes y hojas de reclamaciones y sugerencias, así como de medios para la atención de la información, reclamaciones y sugerencias del público.
1. El sistema de asistencia e integración social del drogodependiente se configura como una red asistencial de utilización pública diversificada. En este sistema se integran de forma coordinada centros y servicios generales, especializados y específicos del sistema sanitario público y del sistema de acción social, complementados con recursos privados debidamente acreditados. En ningún caso los recursos del sistema de asistencia e integracio social del drogodependiente formarán una red propia separada de las redes de asistencia generales.
2. La Junta de Castilla y León establecerá reglamentariamente los requisitos y procedimientos para la autorización administrativa y acreditación de los centros y servicios de atención al drogodependiente.
b) Los centros de acción social, distribuidos en zonas básicas de acción social.
a) Centros específicos acreditados de atención ambulatoria a drogodependientes, de los que existirán, al menos, uno por área de salud que se constituirán en dispositivo de referencia para este nivel.
b) Equipos de Salud Mental de Distrito.
b) El apoyo a los procesos de integración social.
b) En los medios de comunicación social editados en la Comunidad Autónoma se prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco en los programas, páginas o secciones dirigidas preferentemente al público infantil y juvenil.
d) No estará permitido que los mensajes publicitarios de las bebidas alcohólicas y tabaco se asocien a una mejora del rendimiento físico o psíquico, al éxito social, a efectos terpéuticos, a la conducción de vehículos y al manejo de armas. Asimismo, queda prohibido ofrecer una imagen negativa de la abstinencia o de la sobriedad.
2. La Administración de la Comunidad de Castilla y León impulsará la formalización de acuerdos con empresas fabricantes y distribuidoras de bebidas alcohólicas y tabaco, destinados a la autolimitación de la publicidad de estas sustancias.
3. La Administración de la Comunidad de Castilla y León no utilizará como soportes informativos o publicitarios objetos relacionados con el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas.
1. Los centros y dependencias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
7. Otros centros y lugares similares a los mencionados que se determinen reglamentariamente.
1. Las actividades de promoción de bebidas alcohólicas y tabaco en ferias, certámenes, exposiciones y actividades similares se situarán en espacios diferenciados cuando tengan lugar dentro de otras manifestaciones públicas. En estas actividades no estará permitido ni el ofrecimiento ni la degustación gratuita a menores de dieciocho años. Tampoco estará permitido el acceso a menores de dieciocho años no acompañados de personas mayores de edad.
2. Estará prohibida la promoción de bebidas alcohólicas y tabaco mediante la distribución de información por buzones, correo, teléfono y en general mediante cualquier mensaje que se envíe a un domicilio, salvo que éste vaya dirigido nominalmente a mayores de dieciocho años.
3. En las visitas a los centros de producción, elaboración y distribución de bebidas alcohólicas no podrá ofrecerse los productos a los menores de edad.
1. Para contribuir a la reducción del abuso de bebidas alcohólicas, las Corporaciones Locales establecerán los criterios que regulen la localización, distancia y características que deberán reunir los establecimientos de suministro y venta de este tipo de bebidas, así como la venta y consumo de las mismas en la vía pública.
2. En las localidades de población superior a 20.000 habitantes que no cuenten con ordenanza reguladora de la distancia y localización de establecimientos de venta de bebidas alcohólicas, y en tanto no cuenten con la misma, la distancia mínima entre las puertas de acceso de los establecimientos será de 25 metros. Esta normativa sólo será de aplicación a los establecimientos que tramiten su licencia de apertura con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.
3. No se permitirá la venta ni el suministro de bebidas alcohólicas a los menores de dieciséis años en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, y en el caso de bebidas alcohólicas de más de 18 grados centesimales, a los menores de dieciocho años.
4. La venta o el suministro de bebidas alcohólicas a través de máquinas automáticas sólo podrá realizarse en establecimientos cerrados, haciéndose constar en su superficie frontal la prohibición que tienen los menores de consumir bebidas alcohólicas, y a la vista de una persona encargada de que se cumpla la citada prohibición.
5. No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en:
a) Los centros y dependencias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, salvo en los lugares expresamente habilitados al efecto.
c) Los centros educativos de enseñanza primaria, secundaria y especial.
6. No se permitirá la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas de más de 18 grados centesimales en:
a) Los centros de enseñanza superior y universitaria.
b) Las áreas de servicio y descanso de las autopistas y autovías.
c) Las gasolineras.
d) Las instalaciones deportivas.
e) Los locales de trabajo de las empresas de transportes públicos.
f) Los centros de enseñanza distintos de los anteriormente mencionados.
g) Los locales habilitados para la venta de bebidas en centros y dependencias de la Administración, centros sanitarios, sociosanitarios y sociales.
1. Salvo lo establecido en el siguiente párrafo, queda prohibida la entrada de los menores de dieciséis años en discotecas, salas de fiesta y establecimientos similares en los que se venda o facilite el consumo de bebidas alcohólicas.
2. Estos locales podrán establecer sesiones especiales para los menores de dieciséis años, con horarios y señalización diferenciada y que no podrán tener continuidad ininterrumpida con la venta de bebidas alcohólicas, retirándose en estos períodos la exhibición y publicidad de bebidas alcohólicas.
1. No se permitirá la venta ni el suministro de tabaco ni de productos que le imiten o introduzcan al hábito de fumar y sean nocivos para la salud, a los menores de dieciséis años en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
2. La venta o el suministro de tabaco a través de máquinas automáticas sólo podrá realizarse en estable cimientos cerrados, haciéndose constar en su superficie frontal la prohibición que tienen los menores de dieciséis años de adquirir tabaco, y a la vista de una persona encargada de que se cumpla la citada prohibición.
a) Los centros y dependencias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
a) Cualquier medio de transporte colectivo, en trayectos que recorran exclusivamente el territorio de la Comunidad de Castilla y León, tanto urbanos como interurbanos, salvo que dispongan de departamentos específicos para fumadores.
g) Los locales donde se elaboren, transformen, manipulen, preparen o vendan alimentos, excepto aquellos que están destinados principalmente al consumo de alimentos.
i) Los vehículos de transporte escolar, en todos los vehículos destinados al transporte de menores de edad y en los vehículos destinados al transporte sanitario.
j) Los museos, bibliotecas y salas de exposiciones y conferencias.
2. Todos aquellos lugares, locales o zonas aludidos en los párrafos precedentes estarán convenientemente señalizados en la forma en que se determine reglamentariamente, habilitándose por la Dirección de cada centro las oportunas salas de fumadores en los locales y centros a que se refieren los puntos b), c), d), e), g), h), j), k) y l) en los rótulos señalizadores habrá de constar necesariamente la advertencia de que fumar perjudica seriamente la salud del fumador activo y pasivo.
Artículo 27. Estupefacientes y psicotrópicos.
1. La Junta de Castilla y León regulará las condiciones y presentación a la venta de sustancias químicas que puedan producir efectos nocivos para la salud y crear dependencia, a fin de evitar su uso como drogas.
2. La Consejería de Sanidad y Bienestar Social determinará reglamentariamente la relación de productos a que se refiere el apartado anterior.
1. El Plan Regional sobre Drogas es el instrumento estratégico para la planificación y ordenación de las actuaciones que en materia de drogas se lleven a cabo en Castilla y León.
2. El Plan Regional sobre Drogas sera vinculante para todas las Administraciones Públicas y entidades privadas e instituciones que desarrollen actuaciones en materia de drogas.
3. La vigencia temporal será fijada en el propio Plan.
a) Análisis de la problemática y aproximación epidemiológica al consumo de drogas en Castilla y León.
e) Responsabilidades y funciones de las Administraciones Públicas, entidades privadas e instituciones.
2. El Plan Regional sobre Drogas deberá precisar de forma cuantitativa, en la medida de las posibilidades técnicas y de la eficiencia, sus objetivos, prioridades y estrategias, de modo que pueda medirse su impacto y evaluar sus resultados.
1. La elaboración del Plan Regional sobre Drogas corresponde a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que procederá a su redacción de acuerdo con las directrices que hayan sido establecidas en esta materia por la Junta de Castilla y León.
3. El Plan Regional sobre Drogas será aprobado por la Junta de Castilla y León a propuesta del Consejero de Sanidad y Bienestar Social.
a) Comisión Interdepartamental.
c) Comisión Técnica de Evaluación y Seguimiento.
d) Comisiones Provinciales de Coordinación.
Artículo 33. Comisión Interdepartamental.
1. En el seno de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se constituirá una Comisión Interdepartamental en materia de drogas, presidida por el Consejero de Sanidad y Bienestar Social, y compuesta por representantes de los diferentes Departamentos relacionados con esta materia y por el Comisionado Regional para la Droga.
Artículo 34. Comisionado Regional para la Droga.
1. El Comisionado Regional para la Droga de la Junta de Castilla y León es el órgano unipersonal de coordinación de las actuaciones que, en materia de drogas, se lleven a cabo en Castilla y León y de gestión de los recursos destinados específicamente a este fin por la Administración de esta Comunidad Autónoma.
2. El Comisionado Regional para la Droga quedará adscrito a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social con rango de Director general, y será designado y separado libremente por la Junta de Castilla y León a propuesta del Consejero de Sanidad y Bienestar Social.
3. Para el desempeño de sus funciones, el Comisionado Regional para la Droga estará dotado de una oficina de apoyo técnico y administrativo. El desarrollo de las funciones del Comisionado, así como los medios materiales y humanos de la oficina, se determinarán reglamentariamente.
4. El Comisionado elaborará una Memoria anual sobre el funcionamiento del Plan Regional, que será presentada a las Cortes de Castilla y León.
Artículo 35. Comisión Técnica de Evaluación y Seguimiento.
Artículo 36. Comisiones Provinciales de Coordinación.
1. En cada provincia existirá una Comisión Provincial de Coordinación presidida por el Comisionado Regional o persona en quien delegue, y de la que formarán parte representantes de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, Diputación Provincial, INSALUD, entidades privadas e instituciones con servicios o programas acreditados, y de la propia Junta de Castilla y León, con la finalidad de coordinar actuaciones y programas.
1. Se constituirá un Consejo Asesor como órgano colegiado de carácter consultivo a través del cual se promueva la participación de la Comunidad.
Dos en representacíon de las Organizaciones de Consumidores y Usuarios.
a) Asesorar a los distintos órganos de la Junta en materia de drogodependencias.
b) Informar el anteproyecto de Plan Regional sobre Drogas, sus revisiones y adaptaciones y conocer el estado de su ejecución.
c) Informar las propuestas de presupuesto de la Junta en esta materia.
d) Informar las normas que, sobre esta materia, y especialmente en desarollo de esta Ley, dicte la Junta de Castilla y León.
e) Conocer las decisiones en materia de autorización y acreditación de centros.
f) Informar sobre necesidades detectadas y proponer prioridades de actuación.
g) Verificar la adecuación del funcionamiento de todos los centros, servicios y programas del sistema.
h) Informar la Memoria Anual del Comisionado.
i) Elaborar su propio Reglamento de funcionamiento.
j) Cuantas otras funciones se le atribuyan legal o reglamentariamente.
1. Los centros, servicios, establecimientos y otros dispositivos de atención al drogodependiente de carácter privado podrán integrarse en la Red Asistencial de Utilización Pública mediante la celebración de convenios singulares de vinculación, en los términos que reglamentariamente se determinen.
3. Para la celebración de convenios y conciertos tendrán una consideración preferente las entidades u organizaciones sin ánimo de lucro.
Las Administraciones Públicas y las entidades privadas e instituciones fomentarán la participación del voluntariado social en las actuaciones de prevención, asistencia e integración social del drogodependiente. Esta participación no podrá ser retribuida económicamente.
Artículo 42. Investigación.
1. Con objeto de aumentar los conocimientos existentes sobre el fenómeno de las drogodependencias, la Administración de la Comunidad de Castilla y León promoverá la realización de estudios e investigaciones, considerándose áreas prioritarias las siguientes:
2. La Administración de la Comunidad de Castilla y León impulsará la formalización de convenios de colaboración para potenciar la investigación básica en el campo de las drogodependencias, para los cuales tendrán una consideración preferente las Universidades de Castilla y León.
3. Asimismo, la Administración de la Comunidad de Castilla y León promoverá acuerdos con empresas fabricantes y distribuidoras de bebidas alcohólicas y tabaco destinados a fomentar la investigación de sustancias sustitutivas de los elementos más nocivos presentes en las mencionadas drogas.
1. La Administración de la Comunidad de Castilla y León promoverá programas específicos de formación de aquellos colectivos relacionados con la prevención, asistencia e integración social de personas drogrodependientes.
Artículo 44. Competencias de la Junta de Castilla y León.
1. El establecimiento de las directrices en materia de drogas para la Comunidad de Castilla y León.
3. La aprobación de la estructura orgánica de la Oficina del Comisionado Regional para la Droga.
4. El nombramiento y cese del Comisionado Regional para la Droga.
5. La aprobación del proyecto de presupuesto de la Oficina del Comisionado Regional para la Droga.
6. La aprobación de la estructura de los órganos de coordinación previstos en esta Ley.
7. La aprobación de la normativa de autorización de apertura y funcionamiento y de acreditación de centros de atención a drogodependientes.
8. La aprobación, modificación y revisión de las tarifas por la prestación y concertación de servicios que puedan establecerse con instituciones, entidades o particulares públicos o privados, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Artículo 45. Competencias de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social.
1. El control de los centros, servicios, establecimientos y actividades sanitarias, sociosanitarias y sociales relacionadas con la prevención, asistencia e integración social de personas drogodependientes, y, en particular:
2. La elaboración y propuesta para su aprobación por la Junta de Castilla y León del Plan Regional sobre Drogas.
3. La propuesta de nombramiento y cese del Comisionado Regional para la Droga.
4. La propuesta de la estructura orgánica de la Oficina del Comisionado Regional para la Droga.
5. La formulación del anteproyecto de presupuesto de la Oficina del Comisionado Regional para la Droga.
6. La regulación y el otorgamiento de subvenciones y la celebración de contratos, convenios y conciertos con entidades e instituciones en el campo de las drogodependencias.
7. La coordinación general con las Administraciones Públicas, entidades privadas e instituciones de las actuaciones en materia de drogas.
8. Las competencias señaladas en los puntos precedentes podrán delegarse en órganos inferiores de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social con el alcance que reglamentariamente se determine.
Artículo 46. Competencias de los Ayuntamientos.
1. Sin perjuicio de las demás competencias que el ordenamiento vigente les atribuye, corresponde a los Ayuntamientos de Castilla y León en su ámbito territorial:
2. Además de las señaladas en el punto anterior, los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de Castilla y León tienen las siguientes competencias y responsabilidades mínimas:
a) La aprobación de Planes Municipales sobre Drogas, elaborados en coordinación y de acuerdo con los criterios y directrices del Plan Regional sobre Drogas, que incluyan programas de prevención e integración social, así como de información, orientación y motivación de drogodependientes a través de los centros de acción social.
Artículo 47. Competencias de las Diputaciones Provinciales.
a) La aprobación de Planes Provinciales sobre Drogas, elaborados en coordinación y de acuerdo con los criterios y directrices del Plan Regional sobre Drogas, que incluyan programas de prevención e integración social, así como de información, orientación y motivación de drogodependientes a través de los centros de acción social.
b) El apoyo técnico y económico en materia de drogas a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión.
Artículo 48. Régimen sancionador.
1. Las infracciones a lo regulado en la presente Ley serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.
2. En ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en función, de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
a) Incumplir lo establecido en los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 28, sobre condiciones de la publicidad, promoción, venta y consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias químicas, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Administración del Estado.
b) Dificultar o impedir cualquiera de los derechos de las personas drogodependientes ante los sistemas sanitario y de acción social, así como los recogidos en el artículo 13 de esta Ley.
e) Aplicar las ayudas o subvenciones públicas a finalidades distintas de aquéllas para las que se otorgan, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 7/1986, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León, y demás normativas que resulten aplicables.
Artículo 50. Clasificación de las infracciones.
1. Las infracciones se clasifican como leves, graves y muy graves, de acuerdo con criterios de riesgo para la salud, gravedad de la alteración social producida por los hechos, cuantía del beneficio obtenido, grado de intencionalidad, generalización de la infracción y reincidencia.
2. Se calificarán como leves las infracciones tipificadas en el artículo 49 cuando se hayan cometido por simple negligencia y no comporten un perjuicio directo para la salud.
3. Se calificarán como infracciones graves las tipificadas en el artículo 49 cuando no concurran en su comisión las circunstancias y supuestos contemplados en los apartados 2 y 4 de este artículo. También tendrá la consideración de infracción grave la reincidencia en infracciones leves.
4. Se calificarán como infracciones muy graves la reincidencia en infracciones graves, y aquellas otras que por sus circunstancias concurrentes comporten cualquiera de los siguientes supuestos:
c) La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión ejercitada sobre las autoridades sanitarias o sus agentes.
2. La graduación de las sanciones será proporcionada a la infracción cometida y respetará los siguientes criterios:
c) Riesgo para la salud.
b) Por infracción grave, multa de 2.000.001 a 10.000.000 de pesetas, pudiéndose rebasar esta cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción.
c) Por infracción muy grave, multa de 10.000.001 a 100.000.000 de pesetas, pudiéndose rebasar esta cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción.
4. En los casos de especial gravedad, contumacia en la repetición de la infracción y/o trascendencia notoria y grave para la salud, las infracciones muy graves se sancionarán con la suspensión temporal de la actividad por un máximo de cinco años o, en su caso, con el cierre de la empresa o la clausura del servicio o establecimiento.
5. En las infracciones tipificadas en el artículo 49 de la presente Ley podrá acordarse como sanción complementaria la supresión, cancelación o suspensión de cualquier tipo de ayudas o subvención de carácter financiero que el particular o la entidad infractora haya obtenido o solicitado de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 53. Competencias del régimen sancionador.
b) El Consejero de Sanidad y Bienestar Social, multas de hasta 10.000.000 de pesetas y suspensión temporal de la actividad por un máximo de cinco años.
c) La Junta de Castilla y León, multas desde 10.000.001 pesetas y el cierre de la empresa o la clausura del servicio o establecimiento.
2. No tendrá carácter de sanción la resolución de cierre de los establecimientos o de suspensión de las actividades que no cuenten con la autorización exigida o que no se ajusten a los términos de ésta, hasta que no se subsanen los defectos o se cumplan los requisitos. Simultáneamente a la resolución de cierre o suspensión podrá incoarse un expediente sancionador.
Artículo 54. De la financiación de la Junta de Castilla y León.
1. Al objeto de poder conseguir los objetivos perseguidos en esta Ley, cada año la dotación presupuestaria mínima a incluir en el estado de gastos de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo de acciones en materia de drogas será el 0,35 por 100 del presupuesto de ingresos de la Comunidad de Castilla y León, descontados los procedentes de subvenciones para fines específicos o de las Comunidades Europeas que financien o cofinancien acciones concretas, así como los recursos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial.
2. En el caso de producirse sanciones económicas de acuerdo con lo estipulado en el artículo 51 de esta Ley, la cuantía de las mismas aumentará la dotación presupuestaria mínima a incluir en el estado de gastos para el desarrollo de acciones en materia de drogas a que se refiere el apartado 1 de este artículo, quedando estos ingresos afectados a esta finalidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 7/1986, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 55. De la financiación de las Corporaciones Locales.
1. Las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que deseen obtener financiación de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el desarrollo de las actuaciones de su competencia en materia de drogas estarán obligados a disponer de un plan provincial o municipal sobre drogas convenientemente aprobado y a consignar en sus respectivos presupuestos, de forma claramente diferenciada y de acuerdo con la estructura y clasificaciones presupuestarias, los créditos específicos destinados a tal finalidad.
2. La financiación que la Junta de Castilla y León destine a cada Corporación Local será como máximo de la misma cuantía que la ejecutada el año anterior por ésta para desarrollar las acciones en materia de drogas.
3. La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá establecer con las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes convenios de colaboración que regulen la financiación y características que deban reunir los planes provinciales o municipales.
1. Las medidas limitativas de la publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco contempladas en los artículos 20 y 21 que afecten a la publicidad contratada con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley no serán de aplicación hasta transcurridos ocho meses desde la publicación de la presente Ley.
(Publicada en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 65, de 6 de abril de 1994)
Publicada en el BOCYL núm. 65, de 6 de abril de 1994.
SE DEROGA el art. 38 y lo indicado del art. 7.1 y SE MODIFICA el art. 37, por Ley 5/2014, de 11 de septiembre (Ref. BOE-A-2014-9959).
el art. 23.2, por Ley 1/2012, de 28 de febrero (Ref. BOE-A-2012-4385).
determinados preceptos, se añaden los arts. 23 bis, 23 ter, 45 bis y la disposición adicional 10, capítulos I y II al título VI y se suprime el art. 33 y la disposición adicional 4, por Ley 3/2007, de 7 de marzo (Ref. BOE-A-2007-7034).
SE DEROGA el art. 54, por Ley 2/2006, de 3 de mayo (Ref. BOE-A-2006-10085).

References: Artículo 13

Artículo 27

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 42

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48
 artículo 13

Artículo 50
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 49

Artículo 53
 resolución 
 resolución 

Artículo 54
 artículo 51
 artículo 34

Artículo 55