Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=686559
Timestamp: 2019-05-26 22:26:48+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°84
Alejandro Garcia-huidobro Sanfuentes
INFORMANTE : Jose Miguel Insulza Salinas
INTERVENCIÓN : Alejandro Guillier Alvarez
INTERVENCIÓN : Felipe Jose Kast Sommerhoff
INTERVENCIÓN : Jose Miguel Durana Semir
INTERVENCIÓN : Pedro Araya Guerrero
INTERVENCIÓN : Carmen Gloria Aravena Acuna
INTERVENCIÓN : Ximena Cecilia Rincon Gonzalez
INTERVENCIÓN : Juan Ignacio Latorre Riveros
INTERVENCIÓN : Alvaro Antonio Elizalde Soto
INTERVENCIÓN : Luz Eliana Ebensperger Orrego
PETICIÓN DE OFICIO : Jose Gilberto Garcia Ruminot
PETICIÓN DE OFICIO : Ximena Loreto Ordenes Neira
PETICIÓN DE OFICIO : David Sergio Sandoval Plaza
MOCIÓN DE LOS SENADORES SEÑORA GOIC Y SEÑORES CHAHUÁN, GIRARDI, HUENCHUMILLA Y QUINTEROS CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE AMPLÍA LA POSIBILIDAD DE DONACIÓN DE ÓRGANOS ENTRE VIVOS, INCLUYENDO A LOS PARIENTES POR AFINIDAD (12.362-11)
Sesión 84ª, en martes 8 de enero de 2019
(De 16:20 a 19:5)
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (12.250-25) (queda pendiente la discusión en general).................................................................................
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera; Secretario General de la Presidencia , señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; Secretaria General de Gobierno , señora Cecilia Pérez Jara, y de Educación, señora Marcela Cubillos Sigall
--Se abrió la sesión a las 16:20, en presencia de 22 señores Senadores.
Las actas de las sesiones 78ª y 79ª, ordinarias, y 80ª, 81ª y 82ª, especiales, empalmadas, en 18, 19 y 21 de diciembre de 2018, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Asimismo el acta de la sesión 83ª, ordinaria, en 2 de enero de 2019, se encuentra en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Doce de Su Excelencia el Presidente de la República:
2.- El que crea el Consejo Fiscal Autónomo (boletín N° 11.777-05).
Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.- La que modifica la ley N° 20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras (boletín N° 12.324-08).
2.- La que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento (boletín N° 12.025-03).
Con los ocho subsiguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1.- El que crea un nuevo sistema de financiamiento solidario para estudiantes de la educación superior (boletín N° 11.822-04).
2.- Proyecto de reforma constitucional que establece el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres (boletín N° 11.758-07).
3.- El relativo al fomento de las artes escénicas (boletín N° 11.408-24).
4.- El que modifica la ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo (boletín N° 9.170-23).
5.- El que amplía el procedimiento de relocalización a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de semillas (boletín N° 11.317-21).
6.- El que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (boletín N° 11.175-01).
7.- El que establece un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez (boletín N° 10.315-18).
8.- El que tipifica el delito de acoso sexual en público (boletines números 7.606-07 y 9.936-07, refundidos).
Con el primero propone integrar al Consejo Nacional de Educación a la señora Jacqueline Alicia Gysling Caselli y al señor Carlos Pablo Guillermo Vio Lagos (boletín N° S 2.039-05) (con la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
Con el segundo solicita el acuerdo del Senado para nombrar como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al señor Mauricio Alonso Silva Cancino (boletín N° S 2.040-05) (con la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
Con el primero comunica que ha aprobado, con las modificaciones que indica, el proyecto de ley que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio (boletín N° 9.303-11) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Con el segundo informa que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de ley que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social (boletín N° 12.002-13).
--Se toma conocimiento y se mandó comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República , para los efectos de lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política.
Expide copia de la sentencia dictada sobre el requerimiento de inconstitucionalidad presentado respecto del "artículo 3 bis, contenido en el artículo primero cinco)", del proyecto de ley que sustituye el decreto ley N° 321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados (boletín N° 10.696-07).
Acompaña copia de las resoluciones dictadas sobre requerimiento de inconstitucionalidad respecto de la Glosa 13, asociada a la Asignación 036, Ítem 03, Subtítulo 33, Programa 29, Capítulo 01, Partida 09 Ministerio de Educación; Glosa 19, asociada a la Asignación 036, Ítem 03, Subtítulo 33, Programa 30, Capítulo 01, Partida 09 Ministerio de Educación; y Glosa 02, asociada al Subtítulo 22, Programa 01, Capítulo 31, Partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público (boletín N° 10.696-07).
-Artículo transitorio, inciso primero, de la ley N° 20.791.
-Artículo 238 del Código de Procedimiento Civil y artículo 32, inciso segundo, acápite final, de la ley N° 18.695.
Informa sobre inquietud, planteada por el Senador señor Bianchi, relativa al pago de cotizaciones previsionales del personal de la Corporación Municipal que indica.
Responde las siguientes consultas del Senador señor Navarro:
-La que versa sobre destinatarios y montos de recursos involucrados en los planes y programas de prevención, rehabilitación y centros de tratamiento de drogas de la Región del Biobío.
-La relativa a las medidas de seguridad que adopta Carabineros de Chile en los partidos de fútbol profesional y amateur.
Hace llegar antecedentes pedidos por el Senador señor De Urresti respecto de la Comisión Asesora de Agilización de Normativa.
Atiende una consulta del Senador señor Navarro sobre políticas de prevención y combate de incendios forestales.
Remite información solicitada por el Senador señor Navarro sobre siniestros de tránsito ocurridos en los últimos cinco años.
Da respuesta a la petición del Senador señor De Urresti en el sentido de incorporar al sistema de transporte subsidiado la ruta que indica.
Contesta una solicitud del Senador señor Quinteros sobre homologación de asignación de zona para funcionarios públicos que indica.
Se refiere a una consulta del Senador señor Harboe relativa a proyectos asociados a iniciativas de inversión de dicha Cartera de Estado en trámite ante la Contraloría General de la República.
Responde consulta del Senador señor Latorre acerca de medidas cautelares en el marco del conflicto territorial mapuche.
Del señor Superintendente de Salud:
Señala la entidad responsable de financiar los gastos de extracción de un órgano objeto de donación para un trasplante, cuestión planteada por la Senadora señora Goic.
Del señor Superintendente (S) del Medio Ambiente:
A solicitud de la Senadora señora Goic, informa medidas de control implementadas para prevenir futuros incidentes ambientales en el sector de Cullen, Tierra del Fuego.
Del señor Director (S) del Servicio Nacional de Geología y Minería:
Remite información solicitada por la Senadora señora Órdenes respecto de las concesiones mineras vigentes en la Región de Aisén.
De la señora Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de Valparaíso:
Explica actividades realizadas por diversos organismos públicos competentes en torno a la contaminación que afecta al río Aconcagua, inquietud formulada por la Senadora señora Allende.
Del señor Director Regional de Los Ríos de la CONAF:
Adjunta copia del convenio de colaboración suscrito con la empresa agrícola Cran Chile Ltda., pedido por el Senador señor De Urresti.
Del señor Alcalde de Arica:
Remite el decreto alcaldicio que crea reserva natural municipal, pedido por el Senador señor De Urresti.
Envía antecedentes, pedidos por el Senador señor De Urresti, sobre el levantamiento de una reja en el predio público que indica.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República , con el que solicita el acuerdo del Senado para designar como Ministros Suplentes del Tribunal Constitucional, por un período de tres años, a los señores Rodrigo Delaveau Swett y Armando Jaramillo Lira (boletín N° S 2.033-05) (con la urgencia del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República , con el que solicita la ratificación del Senado para nombrar como integrantes del Consejo Consultivo Previsional a la señora María Cecilia Cifuentes Hurtado y al señor Andras Uthoff Botka, por un período de seis años (boletín N° S 2.036-05) (con la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
De la Comisión de Salud, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que deroga la tabla de factores para la fijación de precios de las isapres (boletín N° 12.146-11).
Informe y nuevo primer informe de la Comisión de Defensa Nacional e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional (boletín Nº 7.678-02) (con urgencia calificada de "suma").
De los Senadores señora Goic y señores Chahuán, Girardi, Huenchumilla y Quinteros, con la que inician un proyecto de ley que amplía la posibilidad de donación de órganos entre vivos, incluyendo a los parientes por afinidad (boletín N° 12.362-11).
Moción de los Senadores señores Navarro, Chahuán y García-Huidobro
, que modifica el artículo cuarto transitorio de la ley N° 20.969, que crea Fondo de Apoyo Regional. --Se declara inadmisible por corresponder a materias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , en conformidad con lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto, número 2°, del artículo 65 de la Constitución Política.
Del Senador señor De Urresti, por la que informa acerca de su participación en la Segunda Conferencia de la Asociación de Parlamentarios por Palestina, celebrada los días 14 y 15 de diciembre recién pasado, en la ciudad de Estambul, Turquía.
Solicitud del Senador señor Navarro, para ausentarse del país a contar del 8 de enero de 2019.
Cuatro oficios de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado el proyecto de ley que sanciona a quienes impidan el acceso a playas de mar, ríos y lagos (boletín N° 12.333-20) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Con el segundo informa que tomó conocimiento de que el Senado desechó algunas de las enmiendas propuestas por esa Corporación al proyecto de ley que establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles en los establecimientos y recintos que indica (boletín N° 9.014-03) (con urgencia calificada de "simple"), y comunica la nómina de Diputados que concurrirán a la formación de la Comisión Mixta que debe formarse al efecto.
Con el tercero señala que ha aprobado las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de regular la captura de la jibia (boletín N° 9.489-21)
Con el cuarto hace presente que ha prestado su aprobación a las enmiendas del Senado al proyecto de ley que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (boletín N° 11.245-17).
1.- Citar a sesión especial el día de mañana, miércoles 9 de enero de 2019, de 15 a 16 horas, con el objeto de conocer el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República por el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política, solicita el acuerdo del Senado para nombrar como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema a don Mauricio Alonso Silva Cancino (boletín N° S 2.040-05), previamente informado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
2.- Citar a sesión especial el día miércoles 9 de enero de 2019, de 16 a 16:30 horas, con el objeto de conocer el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como suplentes de Ministros del Tribunal Constitucional , por un período de tres años, a los señores Rodrigo Delaveau Swett y Armando Jaramillo Lira (boletín N° S 2.033-05), postergándose, por consiguiente, el inicio de la sesión ordinaria del día de mañana hasta el término de la señalada sesión especial.
3.- Tratar en el Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana miércoles 9 de enero, los siguientes asuntos:
a) El proyecto de ley que crea el Consejo Fiscal Autónomo (boletín N° 11.777-05), con urgencia calificada de "discusión inmediata", si hubiere llegado desde la Honorable Cámara de Diputados.
b) El proyecto de acuerdo que aprueba el Sexagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, celebrado entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Chile, en Montevideo, el 4 de enero de 2018, que contiene el Acuerdo Comercial entre la República de Chile y la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, Argentina, el 2 de noviembre de 2017 (boletín N° 11.730-10).
4.- Tratar en la sesión ordinaria del día martes 15 de enero de 2019 el proyecto de ley que establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional (boletín N° 7.678-02).
Ha solicitado autorización para ingresar a la Sala el Subsecretario del Interior, don Rodrigo Ubilla.
También ha solicitado autorización en el mismo sentido el Subsecretario de la SEGPRES, don Claudio Alvarado, ¡quien tiene un abono para todos estos efectos...!
Tampoco hay acuerdo.
Señor Presidente , quisiera solicitar la autorización de la Sala para que el boletín N° 11.224-18, que se encuentra en la Comisión de Gobierno, se traslade a la Comisión Especial del Adulto Mayor.
Su Señoría, por qué no explica bien qué iniciativa quiere que pase a la Comisión Especial del Adulto Mayor.
Señor Presidente , se trata del proyecto que cuenta con urgencia calificada de "simple" y que modifica la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para establecer el concepto de la "cuarta edad", esto es, los mayores de 80 años.
Como todos saben, en Chile los adultos mayores son todas aquellas personas que tienen más de 60 años. Esta nueva denominación se crea a través de una moción que se encuentra en la Comisión de Gobierno. La idea es que pase a la del Adulto Mayor.
¡Aquí no pueden votar los incumbentes...!
La señora EBENSPERGER.-
Entrando en el Orden del Día, corresponde analizar el proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en primer trámite constitucional, que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, con informe de la Comisión de Seguridad Pública.
El principal objetivo de la iniciativa es propender a la modernización de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y al fortalecimiento de sus estándares de transparencia y probidad, mediante la incorporación de sistemas y protocolos de estrategia y gestión operativa que garanticen el control institucional, gubernamental y ciudadano de las instituciones policiales.
La Comisión de Seguridad Pública discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Allamand, Harboe, Huenchumilla, Insulza y Kast.
Cabe tener presente que los nuevos artículos 3° bis, 3° ter y 3° quáter contenidos en el numeral 1); el nuevo artículo 4° bis contenido en el numeral 2); los nuevos artículos 7° bis y 7° ter contenidos en el numeral 3), el artículo 89 (93), sustitutivo, contenido en el numeral 4); los nuevos artículos 90 bis y 90 ter contenidos en el numeral 5), todos del artículo 1°; el nuevo artículo 5° quáter, contenido en el numeral 1), y el nuevo artículo 25 bis, que se consulta en el numeral 4), ambos del artículo 2°, así como las nuevas letras j) y k) contenidas en la letra b) del numeral 1) del artículo 3° tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que necesitan para su aprobación 24 votos favorables.
Cabe consignar, asimismo, que son de quorum calificado tanto el inciso segundo del artículo 4° ter, contenido en el artículo 1°, N° 2), cuanto el inciso segundo del artículo 5° sexies, contenido en el artículo 2°, N° 1) del proyecto, por lo que requieren 22 votos favorables para su aprobación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 16 a 27 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
En la reunión de Comités se planteó la necesidad de que nos diéramos todo el tiempo necesario para expresarnos sobre un tema de esta importancia y significación para el país. Por eso, de haber muchos inscritos, continuaremos el debate el día de mañana.
Queremos realizar un análisis a fondo.
Hubo varios parlamentarios que quedaron incómodos, molestos por lo que ocurrió a propósito de la solicitud de renuncia del anterior General Director de Carabineros que el Presidente de la República informó a esta Corporación.
Tiene la palabra el Senador señor Insulza, en su calidad de Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
El señor INSULZA.-
Señor Presidente , la crítica situación actual de nuestras instituciones de seguridad pública requiere de manera urgente un acuerdo nacional sobre el tema. Este Congreso tiene, en virtud de la urgencia que asigna a este asunto la opinión pública y de la declarada disposición del Ejecutivo de buscar concordar aquí las principales decisiones sobre la materia, la posibilidad inédita de participar de manera decisiva en la formulación de una Política Nacional de Seguridad Pública. Para ello es importante consolidar una agenda sistémica y sistemática, en el entendido de que, aunque algunos asuntos tengan como Cámara de origen a este Senado y otros a la Cámara de Diputados, siempre hablamos de una política integral que exige la participación de todos.
En este marco, hoy nos corresponde tratar un proyecto específico, cual es el que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Sin embargo, siendo esta la primera oportunidad para que el Senado discuta a fondo los grandes temas de la reforma de las policías, espero que el debate general no se oriente solo a algunas disposiciones propias de la discusión en particular, ni a un simple diagnóstico crítico que repita recriminaciones que hemos intercambiado hasta el cansancio en los últimos meses. Lo que queremos trazar aquí es una hoja de ruta que nos permita decidir sobre reformas concretas que cambien efectivamente la organización, formación, tareas y gestión de nuestras policías.
Algunas de las temáticas claves y urgentes que este Congreso debe decidir, en diálogo con el Ejecutivo, son las siguientes:
Primero, dependencia y mando civil. Se trata de la reforma de la orgánica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, incluso revisando la oportunidad de crear un Ministerio de Seguridad Pública.
Segundo, la necesaria revisión de la vinculación entre el Ministerio, las Fiscalías y las policías. Corresponde al Ministerio encargado de la Seguridad Pública asegurar que las policías trabajen coordinadamente, evitar conflictos de competencia y duplicación y garantizar además el intercambio de información. Ahí está uno de los principales vacíos de efectividad en la persecución penal. Debería haber acción conjunta de alto nivel entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública, de manera de definir un equipo conjunto de mediano y largo plazo que vaya avanzando efectivamente con los problemas.
Tercero, la especialización. La reforma del sistema de formación policial requiere una revisión inicial de las funciones policiales que defina un esquema de traspaso en etapas de las tareas investigativas a la PDI. Esto implica cambios en la estructura de ambas policías, las adquisiciones tecnológicas y los presupuestos generales institucionales.
Cuarto, consolidación de funciones. Debemos asegurar que las policías se dediquen de manera exclusiva a las funciones para las cuales han sido creadas: la prevención, la protección, el orden público y la investigación del delito; eliminando o reduciendo al mínimo tareas como las administrativas, las notificaciones, la atención de fiestas y eventos culturales, actividades protocolares, entre otras.
Quinto, formación. Revisar sistemas de formación policial de ambas policías, comenzando por el proceso de admisión, donde los cupos sean llenados por mérito y no por capacidad de pago.
El proceso de definición de los contenidos, la evaluación y el seguimiento de las mallas de formación, entrenamiento e, incluso, academia deberían estar en manos de un equipo civil preparado para la temática, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Limitar la autonomía en el área de formación es clave para el mando civil y para la formación profesional.
Sexto, carrera policial. Hay que revisar los mecanismos de ascensos y desarrollo de la carrera, y proponer criterios meritocráticos que limiten el desarrollo por antigüedad y permitan potenciar el mérito. Ello incluye revisar la división de escalafones en Carabineros de Chile, lo que no se aplica a la PDI, porque tiene un solo escalafón.
Se requiere una estrategia en etapas con el fin de que la brecha de beneficios disminuya y se potencie el reconocimiento del trabajo de los suboficiales, evaluando mecanismos de cambio de escalafón por mérito, lo que permitirá un avance sustantivo hacia la consolidación de una fuerza con menores diferencias.
Séptimo, información. Se precisa dar autonomía y fortalecer las oficinas de transparencia de ambas policías, bajo responsabilidad directa del Ministerio, a fin de asegurar el control y cumplimiento de la ley en la entrega de información en tiempo y forma.
Octavo, comunicación externa. Debemos intervenir las oficinas comunicaciones de ambas policías y generar una agenda comunicacional del Ministerio de Seguridad Pública que permita una cobertura ordenada y rigurosa hacia la opinión pública. En el marco de los procedimientos donde hay presencia del Ministerio Público, la comunicación pasaría a ser responsabilidad de este organismo.
Noveno, gestión administrativa y financiera. No entendemos por qué, señor Presidente , la gestión de administración y finanzas tiene que estar entregada a personas formadas para otro tipo de disciplinas -¡por esta área comenzaron, por lo demás, los escándalos hace más de un año!- y no a expertos en materias de contabilidad o administración pública, pertenezcan o no a la oficialidad de Carabineros.
Y décimo, integración tecnológica. Hay que definir un equipo del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Hacienda que permita comparar los procesos de adquisición de ambas policías, para ver de forma coordinada y colaborativa las compras, especialmente aquellas vinculadas a la adopción tecnológica para aumentar capacidades de colaboración en bases de datos integrados (armas, detenidos, órdenes de investigar, huellas, entre otros).
Señor Presidente , todos esos temas no se encuentran en el proyecto de ley que analizamos hoy. Entendemos -porque así nos lo ha asegurado el Gobierno- que están en preparación otras iniciativas que los cubren.
La propuesta legislativa en discusión se relaciona con la gestión institucional y el fortalecimiento de la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, materias que se hallan entre los puntos que hemos tratado aquí.
Creo que es importante recalcar algunos aspectos muy fundamentales de este proyecto.
Primero, se exige aquí la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo Policial para un período de ejecución de ocho años, que tiene que ser aprobado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y puesto a disposición del Congreso Nacional. Por medio de estos planes, que serán públicos, se persigue definir los objetivos institucionales durante su vigencia y determinar la distribución de los recursos humanos y materiales para su consecución.
En segundo lugar, contiene un mandato al Director General o General Director de la institución policial, según sea el caso, para elaborar un Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, que también deberá ser aprobado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, facultándolos para la ejecución de dichos planes. Por cierto, la supervisión y evaluación cotidiana queda entregada al Alto Mando Policial , siendo fundamental el reporte de los resultados a la referida Cartera.
Asimismo, se crea un sistema de evaluación de los protocolos y procedimientos del resultado de la gestión policial.
Además, se le impone al Director General o General Director de la institución policial respectiva la obligación de rendir cuenta sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos. Ello se efectuará anualmente a nivel nacional, regional y local, según corresponda a la institución policial, y los antecedentes deberán ser puestos a disposición de la sociedad civil. En esa misma línea, se dispone la producción y publicación de la información necesaria para evaluar el ejercicio de las facultades de las instituciones policiales.
Al mismo tiempo, se crean mecanismos de control externo e interno para supervigilar a las instituciones ante excesos y abusos en el ejercicio de sus funciones y prevenir las faltas a la probidad funcionaria y las infracciones y los incumplimientos a los reglamentos de conductas o disciplinarios. Estos mecanismos deben elaborarse de acuerdo a un reglamento y con respeto a las garantías de un procedimiento racional y justo. Los resultados deben ser puestos a disposición del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público.
Por otro lado -¡muy importante!-, se encomienda a la Subsecretaría del Interior -o al Ministerio de Seguridad Pública, según lo sostenido en el primer punto de mi intervención- el control del presupuesto de las instituciones policiales, las que deberán rendir cuenta del uso y disposición de su presupuesto con una periodicidad al menos semestral. La rendición de gastos reservados que deben hacer las instituciones policiales queda sometida a la ley respectiva.
Se ordena la creación de un Comité de Auditoría Policial en cada una de las instituciones policiales. Esta entidad contratará anualmente a un auditor externo con la finalidad de evaluar el cumplimiento de la normativa legal vigente y será responsable de informar de los resultados de la auditoría a los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda, a las Direcciones Generales de cada institución y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional.
También se dispone en ambas policías la creación de una unidad encargada de la función de auditoría interna, dependiente del General Director o Director General, según corresponda, para controlar las operaciones financieras y contables.
Se establece el registro y la publicación de la normativa interna de las instituciones policiales.
Asimismo, se enmienda la ley Nº 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y otros cuerpos legales relacionados, y se plantean modificaciones a la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses en lo relativo a la obligación de efectuar la declaración de intereses y patrimonio de determinados oficiales de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Señor Presidente , para terminar, hago presente un aspecto que, si bien es específico, nos ha llamado mucho la atención. En esto agradezco al Senador Alejandro Guillier , quien nos hizo ver el punto no hace mucho. Se trata de la modificación, a través del proyecto de ley respectivo, de un elemento que para nosotros es muy fundamental. Se propone la posibilidad de establecer vía decreto supremo la participación de las Fuerzas Armadas en acciones de control del narcotráfico, cuestión que en este país no está permitida. Desde ya anuncio que en la discusión particular ciertamente nos vamos a oponer a esa disposición, porque nos parece que en esa materia no debiera ser cambiado el régimen existente.
Saludo al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública , don Andrés Chadwick, y a la señora Ministra de Educación , doña Marcela Cubillos.
Gracias por su presencia en esta Sala.
Señor Presidente , primero, quiero aprovechar la presencia del señor Ministro del Interior para expresar mi molestia por la forma en que tuvimos que asumir, con gran confianza y en un gesto de reconocimiento al Gobierno, la exoneración del General Director de Carabineros. Fue sobre la base de las versiones de prensa, por cuanto en el oficio pertinente no hubo en rigor una explicación "fundada", como dice la ley. Todos hicimos caso omiso de eso y miramos para el lado.
Y ahora se pagan las consecuencias, porque están surgiendo nuevos antecedentes -según información que manejo, aparecerán aún más- que revelan que el General Director destituido no habría sido quien negara información al Gobierno para tener una apreciación de lo ocurrido con el joven Catrillanca meses atrás. Por el contrario, se nos dio a entender que la autoridad policial había perdido la confianza y el liderazgo, ante lo cual nosotros, obviamente, supusimos que había evidencia de ocultamiento de información, lo que no fue así.
Este es el Senado de la República y yo, como uno de sus miembros, exijo respeto hacia esta Corporación.
Me parece que todos deberíamos aprender la lección, y nunca más dar fe de cosas que deben probarse y evidenciarse de conformidad con el rigor que la ley establece.
Estos decretos de exoneración suponen una razón fundada, que no se dio, y por permitirlo ahora no solo el Gobierno tiene que dar explicaciones al país; también el Senado.
En segundo lugar, quiero señalar que la crisis que sufre Carabineros no se va a resolver por un par de normas que establezcan instrumentos de gestión, como el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa y los planes por ocho años revisables cada cuatro, o auditorías. Eso es obvio; ya debería existir. Yo suponía -reconozco mi ignorancia en esta materia- que la institución contaba con elementos de gestión y auditorías internas y externas.
Por lo tanto, este proyecto no está aportando nada relevante como para pensar que con sus propuestas podremos enfrentar la crisis de Carabineros en forma exitosa.
En tercer lugar, manifiesto mi preocupación por el hecho de que en una serie de disposiciones relativas al Plan Estratégico de Desarrollo Policial y al Plan Anual no se integra -y debería hacerse-, por lo menos en la rendición de cuentas, a las Comisiones de Seguridad tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, sobre todo considerando que la primera es una cámara fiscalizadora. Ello permitiría hacer exigencias de más información con relación al funcionamiento y al cumplimiento de las metas de la policía.
También quiero señalar que el sistema de recepción de denuncias y reclamos no puede estar limitado a un reglamento. Todos en Chile sabemos que hecha la ley, hecha la trampa. Y los reglamentos suelen ser la manera usada -¡reiteradamente usada!- por distintos gobiernos en esta materia para distorsionar el proyecto original. Además, interfieren otros poderes, que se han constituido en nuestro país en entidades supra Estado que modifican el espíritu de las leyes aprobadas en este Congreso.
Por esas razones, dicho aspecto debería quedar establecido por ley y no simplemente por disposición reglamentaria.
Asimismo, quiero plantear algo más de fondo, que ya fue mencionado por el Senador Insulza.
El proyecto propone en su artículo 3º, Nº 1), letra b), una nueva facultad a la Cartera del Interior: "Coordinar, ejecutar y liderar acciones conjuntas con otros órganos de la Administración del Estado", como ministerios, intendencias, gobernaciones, Contraloría General de la República, Banco Central y Fuerzas Armadas.
¿Para qué? Eso debería despejarse, porque, eventualmente, mediante un simple decreto del Presidente de la República , se establecería la coordinación con esos organismos y las funciones y tareas a cumplir. Ello significa que perfectamente por esa vía -aunque creo que sería inconstitucional, pero está en el proyecto- se podría disponer que las Fuerzas Armadas sean partícipes en el control de fronteras -supongo que en lo relativo a migraciones-, en el combate al crimen organizado y en la lucha contra las drogas.
Por cierto, hay información residual que se puede entregar -y entiendo que se hace-, pero la función de las Fuerzas Armadas no es el orden interno.
El fantasma de imaginar militarizada La Araucanía, ahora ya no solo con una policía militarizada, sino con las Fuerzas Armadas, me parece que a todos nos sobrecoge.
Los verdaderos problemas de Carabineros no se resolverán solo por este camino. La verdad es que no basta con crear mecanismos de control. Necesitamos realmente una nueva concepción de Carabineros de Chile, que no está presente en esta propuesta legislativa. Supongo que a futuro se va a hacer.
El gran debate que existe en nuestro país tiene que ver fundamentalmente con la propia concepción de la institución de Carabineros, que actualmente es una policía militarizada. De hecho, ha sido enviado contingente a Colombia a prepararse para poner orden en La Araucanía, lo que no sucede en otras regiones, aunque podría extenderse finalmente a otras zonas del territorio en caso de ocurrir ciertos hechos que la autoridad estime que deben enfrentarse de ese modo.
Por lo mismo, creo que existe un problema respecto de la formación de los carabineros, del nivel de profesionalización que se les exige y de la necesidad de contar con un solo escalafón. Hoy día no hay ninguna opción para que un joven carabinero que puede obtener becas para estudiar en la universidad se ponga como meta ser más que suboficial, cuando podría perfectamente llegar a ser oficial de la institución.
Pero también debemos analizar los mecanismos de formación. Los planes curriculares, la enseñanza de carabineros a carabineros -ahí se repiten las mismas prácticas, las mismas costumbres, la misma cultura sin oxigenar- deben avanzar a un mundo más académico, en el que exista participación de profesionales con experiencias en temas de seguridad, de orden público, de manejo de crisis, de solución de problemas de pareja y de familia, pues en todas partes se convoca a la autoridad policial para resolver situaciones de diversa índole.
En nuestro país, desgraciadamente, sigue siendo Carabineros una fuerza militarizada, y yo creo que, a esta altura, existen demasiadas evidencias de que ese no es un modelo que esté funcionando adecuadamente.
Por lo mismo, se echa de menos un trabajo con inteligencia policial. Para actuar en las calles esta fuerza debe no solo ser preventiva, sino también estudiar las amenazas y ser capaz de anticipar y descubrir las redes de delincuencia para operar con eficiencia.
Algunos han dicho que este proyecto es un avance, que va en la dirección correcta, que por primera vez estamos discutiendo una reforma a Carabineros desde que volvimos a la democracia; pero la verdad es que a mí me parece una partida pobre.
La magnitud de la crisis en dicha institución es muy profunda; por lo tanto, señor Presidente, me permito invitar al Gobierno a que trabajemos de verdad en un proyecto de reforma a Carabineros que esté a la altura de lo que Chile se merece.
Señores Senadores y señoras Senadoras, en este momento ha llegado a la Mesa un documento mediante el cual la Comisión de Educación y Cultura solicita el acuerdo de la Sala para que el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado en Establecimientos Educacionales, en el sentido de prohibir que se condicione la permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta, pueda ser discutido en general y en particular por dicha instancia en el trámite de primer informe.
Señor Presidente , iniciamos este debate probablemente en medio de la mayor crisis de Carabineros de Chile. Una de las instituciones permanentes de la república pasa por el peor momento desde su creación.
Un conjunto de sucesos ha logrado lo que hace algunos años parecía prácticamente imposible: mermar su credibilidad ante la ciudadanía y también ante otras instituciones del Estado.
Es cierto que podríamos decir que la gravedad de los hechos que se han conocido en esta última época justifica tal desconfianza, pero ese juicio también sería injusto con la gran mayoría de los carabineros y las carabineras que, con pleno apego a la ley, cumplen a diario su función, velando por la seguridad o por hacer soberanía donde nadie más está dispuesto a servir.
Hay quienes han aprovechado tal coyuntura para atacar, para denostar, para desprestigiar e incluso para intentar destruir a Carabineros de Chile con discursos simples o populistas.
En momentos en que la estridencia es más popular que la prudencia, quienes estamos llamados a gobernar desde cualquier función debemos enfrentar este proceso con estatura, con altura de miras y con la conciencia de que debemos intentar ayudar a levantarse a una institución centenaria de nuestro país.
No se trata aquí de evitar la crítica ni las reformas necesarias y urgentes, sino, por el contrario, de dejar el debate estridente e iniciar un trabajo transformador de esta importante institución para la mantención del Estado de Derecho. Debemos ver esta crisis como una oportunidad y comenzar la gran transición de Carabineros de Chile del siglo XX hacia una policía democrática y comunitaria para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
Un punto de partida para esta discusión lo constituye la necesidad de definir nuestra visión sobre la seguridad, sea ciudadana, pública o humana. Hoy por hoy, la seguridad es también un derecho. ¡Sí, así es! La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra como fundamental el derecho a la seguridad de todos los seres humanos.
Todo ciudadano tiene derecho a vivir seguro, y eso resulta fundamental para quienes creemos en la libertad. Sin seguridad no hay libertad. Así de simple. Sin seguridad no hay progreso, y sin progreso no hay bienestar social.
La inseguridad ataca desigualmente a los más pobres.
Esas familias, las más vulnerables, son aquellas que no pueden gozar de la libertad de transitar por miedo a la delincuencia. Así las cosas, constituye un elemento fundamental de igualdad mejorar las condiciones de seguridad.
En ese escenario, el rol de las policías en las políticas de seguridad resulta gravitante, mas no único. La prevención social, la prevención situacional y la superación de desigualdades constituyen elementos fundamentales, pero el rol de las policías también es muy relevante.
Se trata de las instituciones a las cuales la sociedad les encomienda la difícil misión de lidiar con el delito y la violencia y a las que les entregamos ni más ni menos que potestades para poder afectar derechos básicos como la libertad y la integridad física, en ciertos casos calificados y siempre apegadas a Derecho. ¡De eso estamos hablando: de instituciones que tienen potestades que el resto de los ciudadanos no posee! He ahí la diferencia con un delito común.
En consecuencia, la forma que adopten nuestras policías resulta clave, ya que son el brazo operativo de una parte de las políticas de seguridad.
Llegamos atrasados a una reforma que debimos haber enfrentado hace al menos una década. Sin embargo, una mirada al contexto de entonces nos permite advertir que resultaba imposible llevarla adelante tras la férrea oposición de quienes decían que no se debía "politizar" a las instituciones policiales. Lejos de esa intención, quienes pregonábamos en aquella época la necesidad de transformaciones lo que pretendíamos era avanzar hacia una policía en un Estado democrático de Derecho, toda vez que la norma que las regía y que las rige hasta el día de hoy fue publicada en el Diario Oficial el 7 de marzo de 1990, cuatro días antes de que asumiera el Presidente Patricio Aylwin , creando un mecanismo de autonomía inusitado en la región y en las democracias occidentales.
En aquella oportunidad dijimos que debíamos avanzar para que el Presidente o Presidenta de la República , cualquiera que fuera, de cualquier credo o color político, tuviese la potestad soberana de remover a comandantes en jefe, generales directores o directores generales, según corresponda, sin ningún tipo de contrapeso, porque entendíamos y entendemos que, si la ciudadanía ha elegido a un Presidente o una Presidenta, este o esta están dotados de la sabiduría necesaria para ejercer dicha importante facultad prudentemente.
Pero, como reza el dicho, "más vale tarde que nunca". Por eso, me sumé al llamado del Presidente de la República para aportar mi visión sobre lo que debe incluirse en una reforma al sistema de seguridad, y no me arrepiento de ello. Este proyecto es uno de los que acordamos en la Mesa Nacional de Seguridad Pública.
En ese marco, la iniciativa que hoy discutimos avanza en la línea correcta. Contempla normas que permiten crear la figura del Plan Estratégico de Desarrollo Policial, que va a permitir, por primera vez, que el Ministro del Interior deba aprobarlo con una duración de ocho años, con posibilidades de modificación, siempre que sea coherente con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que fije a estos efectos el Jefe de Estado .
Asimismo, existirá un Plan Anual de Gestión Operativa; obligaciones de rendición de cuentas; mecanismos de control externo e interno para supervigilar y prevenir faltas a la probidad; un control presupuestario desde la Subsecretaría del Interior; un comité de auditoría policial con integrantes de los Ministerios de Hacienda y del Interior (algo inédito en las cuentas policiales); la figura de la FECU (ficha estadística codificada uniforme), que permitirá tener un control de la ejecución presupuestaria, y una ampliación de las facultades del Ministerio del Interior.
Coincido con la observación o la advertencia que se nos señaló respecto a lo establecido en la letra k), en cuanto a incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Creo que esa es una discusión en sí misma, que requiere una reflexión mucho más profunda y con la participación de las propias instituciones.
Faltan temas, sin duda. Vendrán en otros proyectos, como la carrera funcionaria y el rol que debe jugar el mérito para el ascenso, como forma de incentivar la buena gestión policial; las mallas curriculares; los procesos de formación y selección; la actualización de conocimientos durante el desarrollo de la carrera; el control operativo, en fin. Hay muchas cosas que deben seguir avanzando.
Con este proyecto se inicia una etapa de cambios. Este no es el techo: es el piso. Aquí comienza un proceso de transición y de modernización hacia una policía democrática, comunitaria, eficiente y respetada, que es la que Chile requiere y reclama. Necesitamos orientarla hacia los resultados, ya que los ciudadanos le piden hoy día mayor eficacia y eficiencia en lo que le cabe en la prevención y control del delito. Tenemos que establecer de manera más categórica la diferencia entre policía preventiva y policía investigativa.
Espero que el Senado pueda aportar a ese proceso y, en lo personal, manifiesto mi disposición a ello.
Finalmente, señor Presidente , quisiera señalar que esta discusión está cruzada por la coyuntura policial, judicial y política, pero, más allá de las legítimas recriminaciones que puedan existir por actuaciones positivas o negativas, mi llamado a esta Corporación y a la Centroizquierda democrática es a aprobar este proyecto y a entender que debemos estar a la altura de las circunstancias. Chile nos demanda responsabilidad, seriedad y trabajo intenso para volver a tener una institución fortalecida, con pleno respeto de los derechos y garantías fundamentales, que nos permita alcanzar mejores condiciones de paz y tranquilidad.
Apruebo la idea de legislar, anunciando que haré mis aportes e indicaciones durante la discusión particular.
Ofrezco la palabra al Senador señor Quinteros.
Señor Presidente , saludo en primer lugar al señor Ministro del Interior y a la señora Ministra de Educación .
En días pasados el Presidente Lagos habló de la crisis que atraviesan diversas instituciones del Estado, sin precedentes desde el retorno de la democracia. Se refirió a las causas internas y externas de este fenómeno, y llamó a cuidar la democracia y sus instituciones.
Yo me pregunto, entonces: ¿cuál es la mejor forma de cuidar nuestras instituciones? ¿Cómo rescatamos a Carabineros de esta crisis, resguardando los valores que forjaron el reconocimiento que llegó a tener en nuestra sociedad y depurándolo, al mismo tiempo, de los vicios que lo han afectado?
A mi modo de ver, el primer paso para su cuidado es promover una discusión abierta sobre los problemas que lo afectan, con plena verdad y transparencia, de cara a la ciudadanía, anteponiendo el interés general, que debe ser el desarrollo de las instituciones, y no las posiciones de poder de cada actor.
No favorece a este proceso el clima actual, de acusaciones cruzadas, en que cada cual parece intentar salvarse de la avalancha de cuestionamientos de la opinión pública.
No ayuda a este debate de fondo contar con autoridades cuestionadas. El Gobierno es el primer responsable de abrir paso y despejar cualquier obstáculo al camino de la necesaria reforma que debe emprender Carabineros, como lo confirmó el propio señor Presidente de la República en días pasados, cuando dio curso al retiro de la máxima autoridad de la policía uniformada.
¡Así se protegen las instituciones!
El país necesita una democracia que se relacione sanamente con sus fuerzas de orden. Eso se logra con un control y dependencia completa y total de las instituciones policiales por parte de las autoridades políticas. Como correlato de ello, la responsabilidad plena y total también debe ser de esas autoridades políticas respecto del accionar de dichas instituciones.
Este es, para mí, el nudo central.
Los problemas de falta de probidad, de procedimientos ilegales, de abusos a los derechos humanos, de eficacia y eficiencia en sus operaciones, no pueden ser resueltos en forma corporativa, desde la propia institución, con medidas internas que afecten a las unidades respectivas.
El problema es político. Y es, en primer lugar, del Gobierno.
Por supuesto, su origen no es imputable a la actual Administración. Su génesis viene desde hace décadas: desde la propia participación de Carabineros en el Gobierno militar. Pero lo relevante es que le toca a este Gobierno hacerse cargo de la crisis que vivimos, buscar los acuerdos y proyectar las soluciones, no para obtener, seguramente, resultados inmediatos, sino para el mediano y largo plazo.
He dicho que el actual Gobierno no es causante de la crisis, pero no puedo dejar de recordar la responsabilidad de los partidos y los dirigentes que lo sostienen, quienes durante muchos años se negaron a modificar, en lo más mínimo, a Carabineros y las Fuerzas Armadas. Cualquier anuncio de reforma era denunciado como un ataque a su autonomía o como un intento de politizarlas. Durante años levantaron el discurso de la puerta giratoria de los delincuentes, acusando a gobiernos, jueces y fiscales y nunca a las policías, pese a que había varios indicadores que mostraban la ineficiencia operativa de estas.
Mientras tanto, las policías, fundamentalmente Carabineros, giraban a cuenta de la buena imagen pública de que gozaban, forjándose y extendiéndose, en su interior, malas prácticas, delitos y hasta asociaciones ilícitas, y cundiendo el acomodamiento y la obediencia ciega a los mandos. Se implantó la cultura de la defensa corporativa, protegiendo a sus miembros aun cuando ello implicara mentir y faltar a sus deberes más elementales.
Los gobiernos de la Centroizquierda, aunque con complejos, intentaron hacer cambios, pero siempre con una Derecha lista para poner el pie en el freno. Su escudo eran la Constitución y las respectivas leyes orgánicas constitucionales.
Ahora, esa misma Derecha está a cargo de una crisis larvada durante mucho tiempo. Sinceramente, espero que la experiencia le haya ayudado a superar sus prejuicios y pueda impulsar las respuestas que el momento exige. En ese camino, por cierto, apoyaré todas las iniciativas dirigidas a ese fin.
Sin embargo, para ello se requiere apuntar a los temas de fondo, reconociendo que no se trata de hechos aislados, sino de un problema sistémico.
En tal sentido, el presente proyecto es un esfuerzo parcial, como lo reconoce el propio Ejecutivo, y no estoy seguro de que ha debido ser el primero. No creo que la gestión financiera o el refuerzo de las auditorías sean la primera prioridad para la crisis que se vive hoy. Falta una visión integral de los cambios.
El ex General Villalobos anunció una reestructuración de Carabineros, con 27 medidas. Otro tanto alcanzó a proponer el ex General Soto . Luego se anunció un acuerdo nacional. No podemos caer en una cadena de acciones sin un concepto integral que las explique y les dé sentido.
Sé que a las bancadas de enfrente no les gusta hablar de reforma constitucional, pero es innegable que debemos hablar de ella. La Carta de 1925 no incluía ningún capítulo para las Fuerzas Armadas y de Orden. Se eliminó el rol tutelar que tenían estas instituciones en la Constitución del 80, pero aún subsiste una buena dosis de autonomía y ha quedado claro que se requiere modificar el sistema de remoción, y no solo de sus máximas autoridades, sino también de la oficialidad superior.
En la Ley Orgánica Constitucional se requiere revisar diversos preceptos que consagran esa especie de autonomía, dentro de la cual está la autonomía financiera y administrativa que permitió los desfalcos que hoy día se conocen.
Por otro lado, si nos enfocamos solo en el mérito del presente proyecto, veremos que, al parecer, sus medidas no son concordantes con los objetivos que propone.
El propósito del mensaje es propender a la modernización de Carabineros. ¿Cómo se modernizará una institución de 50 o 60 mil funcionarios con la incorporación de solo ocho nuevos el primer año, y cuatro el segundo, que formarán una unidad de auditoría? ¿Cómo se puede hacer una auditoría externa, acuciosa, con 150 millones de pesos anuales, para una institución con un presupuesto de miles de millones? ¡La Defensoría Penal Pública dispone de 400 millones para un presupuesto casi veinte veces menor! Otro tanto pasa con el Ministerio del Interior. No es coherente que, frente a la magnitud de los desafíos que va a enfrentar para asumir plenamente el control de las instituciones policiales, solo se fortalezca con tres funcionarios de grado intermedio.
¿Así superaremos las carencias que se han detectado?
Por otra parte, me preocupa, como ya se ha dicho acá, la nueva facultad del Ministerio del Interior para coordinar, ejecutar y liderar acciones conjuntas con otros organismos del Estado en materia de control de fronteras y de combate al crimen organizado. Es decir, ¿Interior ejecutará acciones contra el crimen organizado? Creo que esto debe revisarse o al menos explicarse. No podemos pasar de un Ministerio ausente, sin facultades, a uno operativo.
Estas reformas, insisto, necesitan un marco y una hoja de ruta que no se encuentran en el presente proyecto.
Se requiere abordar temas operativos, la inteligencia, la especialización de las policías y la carrera funcionaria, incluyendo el sistema de admisión, formación y de ascensos.
¿Se necesita que toda la institución tenga carácter uniformado? Me parece que no se justifica que las direcciones de personal, compras, justicia o sanidad, por ejemplo, revistan tal naturaleza.
Hay que enfrentar todos estos problemas. No podemos lamentarnos, al paso de pocos años, de haber realizado reformas insuficientes.
Por cierto, no se trata de partir de cero. Carabineros tiene páginas gloriosas en su historia, y una tradición de entrega y sacrificio que la ciudadanía, en su gran mayoría, reconoce y no ha olvidado. Yo mismo, en los diversos cargos públicos que he desempeñado, siempre he contado con su colaboración.
Por lo tanto, mi propósito no puede ser otro que el de cuidar nuestras instituciones, aunque para ello haya que desnudar sus falencias.
Chile merece instituciones fuertes, que cuenten con la confianza de sus ciudadanos. Y nadie puede restarse de un acuerdo para tal fin.
Por eso, señor Presidente, con las aprensiones indicadas, voto a favor.
Le ofrezco la palabra al Senador señor Kast.
El señor KAST.-
Señor Presidente , lo primero que quiero hacer, más allá de encontrarnos en la discusión general, es agradecer a cada uno de los Senadores que trabajaron en las distintas sesiones en que analizamos el proyecto, el cual, sin lugar a dudas, viene a cumplir un rol no solo técnico, sino profundamente político.
Como sabemos que Carabineros está viviendo una crisis grave -no únicamente ahora, con el asesinato de Camilo Catrillanca , sino desde antes, por situaciones que se venían arrastrando-, espero que podamos asumir, como Sala -pues como Comisión ya lo hicimos-, el compromiso de realizar una reforma profunda.
También agradezco al Ministro Chadwick y, particularmente, al Presidente de la República , quien ayer nos invitó a trabajar en una reforma estructural, porque si hay algo que necesita nuestra democracia es justamente volver a confiar en Carabineros.
Ese es un elemento central.
Como bien decía el Senador Harboe, no debemos caer en el populismo de subirse a la ola de críticas generalizadas, sabiendo que tenemos más de 60 mil carabineros que arriesgan su vida por nosotros, y sabiendo que muchas de las precariedades que hoy día presenta la institución se relacionan con la responsabilidad política de todos nosotros.
El aumento de 20 mil a 60 mil carabineros generó igualmente tensión en la misma institución. Muchos pedían más y más uniformados, sin preocuparse de cómo se vivía ese proceso internamente.
Otro de los elementos centrales, señor Presidente , es cómo logramos que efectivamente la unidad policial, la comisaría, tenga objetivos concretos, saber cuáles son los criterios técnicos que determinen dónde deben estar los carabineros. Es la autoridad civil la que debe influenciar en esa materia y, de esa forma, hacerse responsable. No puede ser que en una unidad con dimensión territorial, como la comisaría y su respectivo personal, no haya, como muchas veces ocurre, contabilidad, ni cumplimiento de metas, y no exista un sentimiento de responsabilidades compartidas.
Ahora, aunque no pertenezca a este proyecto de ley, otro elemento fundamental tiene que ver con la coordinación entre la Fiscalía y Carabineros. Así como debemos lograr que la policía uniformada sea más transparente, sea capaz de cumplir metas y su personal tenga la formación que corresponde, sin que, además, cada persona que quiera entrar a la institución necesite cierto monto de recursos para ingresar a uno u otro escalafón, resulta indispensable que la Fiscalía se coordine en mejor forma con Carabineros y entienda que es ella la que debe trabajar para que los procesos investigativos sean profundos, en momentos en que buena parte de los delitos se relacionan con el crimen organizado. Todos los días nos enfrentamos a bandas que cometen ilícitos cada vez más sofisticados.
Por lo tanto, la solución fácil de decir que se necesitan más y más carabineros claramente no funciona. Y por eso, más allá de la discusión sobre una agencia nacional de inteligencia, que es importante, como lo conversamos ayer en la mencionada reunión, y de la necesidad de que cada Presidente cuenta con una entidad de esa naturaleza que le permita tomar decisiones estratégicas, la inteligencia debe estar puesta en la persecución penal, para así poder llegar a la Justicia con pruebas contundentes.
La Fiscalía debe ser la entidad mandante, y Carabineros, el órgano auxiliar, y esta división, que es fundamental, tiene que acentuarse cada vez más.
Quiero terminar, señor Presidente , agradeciendo el espíritu republicano que advertí en la Comisión de Seguridad Pública; a su Presidente , el Senador José Miguel Insulza , y a todos sus miembros, pues de verdad siento que en lugar de tomar este debate con un oportunismo pequeño, lo han hecho con bastante altura de miras.
Así que agradezco al Ministro Chadwick porque, en lugar de simplemente evitar tratar este tema en este momento, ante una situación tan dolorosa para él y para todo Chile, como la ocurrida en las últimas semanas, esté aquí enfrentando una reforma estructural.
Creo que esto es finalmente lo que Chile espera de nosotros: que trabajemos seriamente frente a las crisis y que no impere el populismo y una mirada cortoplacista ante una dificultad. Y eso me genera optimismo.
Ojalá que este primer semestre podamos sacarlo de buena manera, que trabajemos con los mejores técnicos, con la mejor mirada, sabiendo que todos queremos mucho a Carabineros. Pero, al mismo tiempo, somos conscientes de que si no somos capaces de corregir sus falencias oportunamente va a ser muy difícil que nuestra democracia, que entrega el monopolio de la fuerza a la policía uniformada, efectivamente recupere la confianza en ella.
Tiene la palabra la Senador señor Pérez Varela.
Señor Presidente, sin duda, este es un debate relevante.
Este es un debate sobre una de las instituciones más querida y necesaria para los chilenos. Y hoy día, considerando que en el mundo en que vivimos la seguridad ciudadana, la seguridad pública es un tema significativo, Carabineros es uno de los instrumentos que el Estado, la sociedad tienen para enfrentar a la delincuencia, al crimen organizado, a fin de otorgarle tranquilidad a los ciudadanos.
Por lo tanto, su organización, su estructura, su esquema de trabajo es fundamental. Pero hoy se nos presenta la paradoja de que el Gobierno, el Ministro, que se hacen cargo de esta larga crisis que vive esta institución, son los que reciben las mayores críticas.
Durante mucho tiempo Carabineros tuvo falencias, tuvo dificultades. Conocimos el caso del fraude a los recursos de la institución; conocimos el tema de la Operación Huracán, ¡y no pasó absolutamente nada!
Ahora tenemos un Gobierno; un Ministro del Interior , el señor Chadwick , que asumen y se hacen cargo desde el primer día de una situación que, sin duda, es compleja y que ha tenido su mayor expresión durante el último tiempo con la muerte de Camilo Catrillanca.
No cabe duda de que aquello nos compromete en este desafío con gran fuerza.
Me alegro de que el Presidente Piñera y el Ministro Chadwick hayan abordado esto con una voluntad política de primer orden, y lo valoro.
El día de ayer, la Comisión de Seguridad Pública del Senado fue convocada por el Presidente de la República . ¿Para qué? Para comprometernos durante el año 2019 a la tarea relevante de modernizar y perfeccionar a Carabineros de Chile.
Ahora bien, no solamente está el compromiso del Presidente , del Ministro Chadwick de generar una legislación como aquella cuyo debate se está iniciando aquí, en el Senado, sino que también hay otros proyectos de ley que han sido anunciados por el Presidente . Y, además, existe el compromiso del Gobierno para tratar materias de carácter administrativo, porque se manifestaron otra serie de elementos a los cuales nos vamos a tener que abocar. Son temas que requieren resoluciones de carácter administrativo.
En tal sentido, el Presidente de la República y el Ministro del Interior fueron explícitos en la reunión de ayer en cuanto a que en eso, aunque no es materia de ley, también vamos a tener un rol fundamental para analizarlo, discutirlo y compartir las decisiones gubernamentales.
Sin duda, Carabineros de Chile -como decía- es una institución señera.
Carabineros de Chile es parte de la solución.
Y, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, aquello está basado en el afecto, en el cariño y en la confianza que la ciudadanía tiene a la policía uniformada, a pesar de todas las vicisitudes a que nos hemos visto enfrentados y de las dificultades con las cuales hemos debido convivir en los últimos años.
Por consiguiente, me parece que necesariamente debemos tratar todo esto con gran altura de miras.
Cualquier decisión, cualquier información, cualquier opinión tiene un efecto en una institución conformada por 60 mil personas, muchas de las cuales prestan servicio en la calle, y que hoy día están protegiendo poblaciones; están protegiendo barrios; están protegiendo parques. La ciudadanía se siente tranquila al constatar su presencia y camina con mucho mayor tranquilidad que si así no fuera.
Por lo tanto, lo primero que quiero destacar, señor Presidente -como decía también el Senador Felipe Kast -, es la existencia de un clima de debate y de discusión con altura de miras. Porque, además, todas y cada una de estas medidas, sus efectos los vamos a constatar, a lo mejor, en cuatro o cinco años más porque todas son de mediano y largo plazo.
Cuando se analice el tema de la formación y preparación policial: lo que estudian los oficiales en la Escuela de Carabineros; lo que estudian los suboficiales de la Escuela de Suboficiales; lo que estudian los oficiales superiores en la Academia de Ciencias Policiales, el debate deberá centrarse esencialmente en cómo perfeccionar a Carabineros de Chile hacia el futuro.
Por lo tanto, sus efectos se verán en un tiempo más. Sin embargo, el espíritu, la conducta que tengamos en este debate tendrán a lo mejor efectos inmediatos.
La recuperación de la confianza de la ciudadanía en la institución como también de Carabineros en la sociedad es fundamental. Si la policía uniformada no es eficaz, tenemos una sociedad que se resiente, que se siente abandonada, que se siente a merced de los delincuentes.
Por consiguiente, retomar la eficacia por parte de Carabineros de Chile es fundamental. Y también lo es que esta institución sienta que el Estado, que el Gobierno, que el Senado, que el Congreso Nacional los está respaldando en su acción insustituible y esencial: dar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía.
¡Este es el primer proyecto!
Es verdaderamente complejo avizorar qué Gobierno ha tomado la iniciativa de señalarle a Carabineros que va a tener que establecer planes estratégicos, planes anuales, que serán sometidos a consideración de la ciudadanía, de las autoridades, y que deberá hacer rendición de cuentas.
¿Cuándo alguien podría haber pensado que se establecerían unidades de auditorías, incluso externas, que obliguen a rendir cuenta detallada de los gastos no solo a la institución y al Ministerio del Interior, sino también a la ciudadanía y al Congreso Nacional?
Por lo tanto, creo que esos pasos que se empiezan a dar van, a mi juicio, en el camino correcto y fundamental.
He revisado los programas de distintos Gobiernos y su ejecución, ¿y qué he encontrado en ellos y en su implementación? En los Gobiernos de la Concertación -debo reconocerlo-: lo referido al traspaso de Carabineros al Ministerio del Interior y a la remoción de los mandos, y en lo demás, lo que se está haciendo ahora: destinar más Carabineros a las calles; construir más retenes, más prefecturas; aumentar la dotación.
Pero en términos de preparación, en términos de formación, en términos de transparencia en la administración, ¡no hay nada! Y hoy día lo que estamos haciendo es avanzar en eso, como un elemento central.
¡Este es un Gobierno que se ha hecho cargo! Y, a mi juicio, no solo ante la crisis coyuntural, sino que ¡desde el primer día! Todos aquí somos testigos de cómo el Ejecutivo asumió desde un comienzo las falencias, la crisis que Carabineros venía arrastrando en el tiempo, respecto a lo cual nadie había tomado alguna decisión ante la incredulidad, incluso, de los propios partidarios de la anterior Administración.
Entonces, creo que es muy injusto que quien se hace cargo, que quien asume el desafío, que quien toma la decisión de proteger a Carabineros y modernizar la institución sufra hoy día ataques, muchas veces absolutamente ajenos a la realidad. Eso, a mi juicio, debemos tenerlo muy presente.
Carabineros de Chile es, por lo tanto, una institución que debemos cuidar, perfeccionar, mejorar, y que ha de transformarse en un orgullo.
Con esto hoy día damos un primer paso. Pero tendremos que dar otros más, sin duda.
¿Cuál es la respuesta que le entregamos al país por el hecho de que, por ejemplo, Carabineros cuente con una planta de cuarenta generales? ¿Está bien, para un efectivo combate a la delincuencia y resguardo del orden público, que en cada región haya un general? ¿Cuáles son los planes de estudio en la Escuela de Carabineros?
Esos son elementos que deberemos trabajar desde ya para demostrar verdaderamente que estamos a la altura de las circunstancias.
Pero, sin duda, hemos empezado ese camino, señor Presidente. Y quien se ha hecho cargo de ese camino debe en realidad contar con todo nuestro respaldo.
Votaré a favor del proyecto.
Le ofrezco la palabra al Senador señor Durana.
El señor DURANA.-
Señor Presidente , Carabineros de Chile constituye una institución que todos debemos cuidar, no solo porque, como tantos lo han señalado, nos pertenece a todos, sino porque forma parte de la esencia de Chile y es uno de los máximos orgullos de nuestra Patria.
El contexto de este proyecto de ley está marcado por los últimos acontecimientos ocurridos en La Araucanía, los cuales debemos lamentar. Pero no hay que perder de vista que los ciudadanos de allá votaron, clara y decididamente, por el Programa de Gobierno del Presidente Piñera, que contenía una propuesta inequívoca sobre la imperiosa necesidad de reestablecer la paz y el orden en dicha Región.
Es por ello que todas las acciones destinadas a erradicar hechos violentistas que generen temor y angustia en la población de la Región de La Araucanía, en especial en sus áreas rurales, cuentan con un decidido apoyo de la ciudadanía y significan el fiel cumplimiento del mandato democráticamente obtenido.
Lo señalado implica que debemos ser extremadamente responsables en valorar la actuación del Gobierno en los últimos acontecimientos. Y, obviamente, nos sentimos orgullosos de que en este Senado nadie trate de obtener dividendos políticos en relación con hechos que signifiquen una problemática que afecta a todos los chilenos y que no debemos dejar que contamine el proyecto de ley que hoy discutimos.
No se concibe Chile sin sus carabineros. Ellos han sido, a lo largo de su historia, un ejemplo del que nos hemos llenado de orgullo tantas veces. La entrega y convicción de los hombres y mujeres que componen la institución, su presencia, no solo cuidando el orden en situaciones de emergencia y haciendo soberanía en los rincones más alejados de nuestra patria, son un legado que se va transmitiendo de generación en generación.
Constituye un patrimonio de Chile el que nuestros hijos sientan que el orden, cuando se altere, será repuesto; que la ley, cuando se transgreda, será restituida, y que cuando alguien se sienta vulnerable tendrá a quien recurrir.
Forman parte de la riqueza de Chile las incontables historias de estos héroes anónimos, a quienes todos tenemos la obligación de cuidar.
Nuestro país les debe mucho a sus carabineros, y es hora de llamar a la responsabilidad con esta valiosa fuerza policial.
Como toda obra o institución humana, admite errores puntuales y personales, y no es posible que, a raíz de ellos, algunos pretendan enlodar lo que Carabineros representa para cada uno de nosotros y nuestras familias.
Es por eso que en este debate hoy vemos que el Senado hace un llamado a valorar a nuestros carabineros, a cuidar el orgullo que significan para Chile y a promover todas las medidas que sean pertinentes para fortalecerlos.
De la misma forma, es preciso señalar que la Policía de Investigaciones constituye uno de los pilares de la seguridad ciudadana, y en su trabajo técnico y profesional descansa la eficacia de la lucha contra el delito y el crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de nuestra sociedad.
El proyecto de ley sometido hoy día al conocimiento de este Senado tiene por objeto modernizar y fortalecer las instituciones de seguridad pública. Por ello, se establece la necesidad de que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones presenten un Plan Estratégico de Desarrollo Policial por periodos de ocho años, el que deberá ser evaluado cada cuatro, bajo la aprobación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Si bien es cierto existe la necesidad de un Plan Estratégico de Desarrollo Policial, sugiero que se revise el periodo de su realización y los tiempos contemplados para ese efecto, puesto que estos planes deben fijar objetivos a largo, mediano y corto plazo, los cuales habrán de ser determinados periódicamente y revisados sobre la base de las necesidades de la institución y no en función de los cambios de Gobierno que se sucedan durante la ejecución de aquellos. En definitiva, los planes estratégicos de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones tienen que estar sujetos a los requerimientos institucionales y del país y no a los cambios políticos.
La independencia de Carabineros y la PDI debe ser cuidada en todo momento.
Modernizar significa contribuir al fortalecimiento de ambas fuerzas policiales y en ningún caso puede implicar su debilitamiento.
El proyecto de ley menciona que el Plan Estratégico de Carabineros y de la Policía de Investigaciones debe ser remitido a ambas Cámaras del Congreso, pero no se menciona el "para qué".
Hace pocos días cuestionábamos las facultades del Senado al conocer la solicitud de renuncia del General Soto. Hoy, esta iniciativa nos hace acreedores de ser informados del Plan Estratégico de cada una de ellas. Es evidente que no nos corresponde objetarlos ni aprobarlos. Se trata de planes en los que el Congreso no debe estar llamado a emitir opinión. Nuestra función será legislar sobre los parámetros de aquellos, porque correr el riesgo de que las fuerzas políticas puedan llegar a observarlos u objetarlos es un inicio para la politización de esas instituciones.
Valoro lo propuesto en cuanto a generar espacios e instancias de transparencia en cada una de estas instituciones, debiendo ser especialmente delicados en la protección y cuidado de la información que tenga connotaciones para la seguridad nacional.
Por todo lo anterior, señor Presidente , manifiesto mi aprobación en general a este proyecto de ley, con la esperanza de que concite un verdadero consenso social, y que de manera transversal podamos fortalecer políticamente a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, sobre la base de sus valores y objetivos, y no generar espacios para su debilitamiento institucional.
Le ofrezco la palabra al Senador señor Araya.
El señor ARAYA.-
Señor Presidente , antes de entrar al análisis de esta iniciativa, pido que solicite autorización de la Sala para que mañana la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización pueda tratar en general y en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social (boletín N° 11.951-31).
La idea es poder despachar mañana mismo dicha iniciativa, que fue aprobada ampliamente en la Cámara de Diputados.
El señor ARAYA .-
Señor Presidente , en cuanto al proyecto en debate, lo primero que corresponde, como efectivamente se ha dicho en esta Sala, es hacer un reconocimiento a los miles de hombres y mujeres que integran a Carabineros de Chile. Nosotros día a día vemos en nuestras distintas comunas -así lo observo en Antofagasta, Calama , Tocopilla , en zonas de frontera, como el paso de Jama o el paso de Sico, entre otros- a miles de funcionarios policiales que cumplen notablemente su labor, que llevan adelante las tareas encomendadas por la Constitución y la ley y que visten con orgullo el uniforme policial.
En ese sentido, debo expresar que no hay una crítica a esos miles de hombres que cumplen honestamente día a día su función.
Dicho lo anterior, me da la impresión de que este debate necesariamente está cruzado por lo que ha ocurrido en los últimos días. Y hay que señalarlo claramente. Tengo la convicción personal de que, a raíz de la muerte del comunero Camilo Catrillanca , las autoridades policiales y políticas no han estado a la altura de las circunstancias, por cuanto cada día estamos conociendo un hecho distinto que va desdibujando las primeras reacciones o los primeros anuncios que hizo el Gobierno, para terminar ayer -con todo el cariño que le tengo al Ministro del Interior - con explicaciones realmente absurdas, a mi juicio: que no se escuchó lo que transmitió un general cuando le daba a conocer lo ocurrido en la muerte del comunero Camilo Catrillanca .
Eso da cuenta de que aquí también debe asumirse una responsabilidad política por lo acontecido.
Cuando uno lee con detención este proyecto de ley, se observa que, si bien es cierto que pareciera traer aparejada una gran reforma a Carabineros, se trata meramente de una reforma de carácter formal que no da cuenta de la modificación real que necesita esta institución para modernizarse y estar acorde con el siglo XXI.
A mi juicio, esta iniciativa contiene un pecado de origen que seguirá trayendo una serie de problemas respecto de los temas de seguridad pública, porque acá se continúa pensando en la seguridad pública como un estanco, ya que se habla de que existirá lo que se denomina "un plan operacional de Carabineros", en el que un general director va a fijar o trazar cuáles son los objetivos de la policía -según la lectura que se hace de la norma pertinente- por sí y ante sí, sin señalar claramente que debiera haber una mirada mucho más integral sobre la seguridad pública.
¿Qué tiene que ver un enfoque integral de seguridad que determine el General Director en su plan operativo? Necesariamente debe conversar con otras instituciones. Pero esto no se recoge en la ley en proyecto.
Por ejemplo, estoy pensando seriamente acerca del parecer del Ministerio Público sobre el particular. Porque, perfectamente, la persecución policial que quiera llevar adelante un General Director de Carabineros como parte de su plan operativo estratégico puede ir en contra de lo que establezca el Fiscal Nacional en materia de planes estratégicos para la Fiscalía.
Esa es una cuestión a resolver.
¿Por qué abordo este tema? Porque creo que la gran modificación que necesita Carabineros de Chile, más allá de que, por cierto, vamos a apoyar todas las normas vinculadas con control, auditoría interna a fin de evitar que se produzcan fraudes como los que ocurrieron en algún minuto, se relaciona con una definición clara acerca de lo queremos para las policías del siglo XXI.
¿Vamos a seguir con esta dualidad de tener, por un lado, una policía uniformada como Carabineros, que se ocupa en gran parte del control del orden público, pero que también actúa como auxiliar de la administración de justicia al llevar adelante distintos tipos de investigaciones, y, por el otro, una policía de investigaciones que hemos ido profesionalizando en paralelo como el gran organismo de investigación policial?
Todos hemos visto las disputas que se producen entre Carabineros y la Policía de Investigaciones cuando un fiscal o un juez del crimen en el procedimiento antiguo les asigna a ambas instituciones una misma investigación, lo cual muchas veces lleva a resultados contradictorios.
Mi impresión es que un gran acuerdo en cuanto a cómo modernizamos las policías pasa por una definición estratégica que este proyecto no considera, que es determinar con claridad qué queremos: que Carabineros siga con el control del orden público y la investigación policial, o que, derechamente, separemos esas dos tareas y tengamos una policía dedicada solo al control del orden público y otra consagrada exclusivamente a la investigación judicial.
Yo siento que esa es la discusión que no se halla presente en esta iniciativa, la cual -insisto- se ocupa más bien de darle respuesta a la ciudadanía sobre la manera de enfrentar la situación que hoy vive Carabineros de Chile. Porque la ley en proyecto apunta solo a resolver uno de los problemas que tiene y que se vincula con los fraudes cometidos por dicha Institución y que hoy son investigados por la justicia, ya que efectivamente incorpora unidades de control.
Hay que señalar aquello, pues cuando en su minuto se intentó establecerles a las policías algunas cortapisas o ciertas normas de control fue imposible ponernos de acuerdo sobre la forma como había que controlarlas.
Siempre se pensó que en la medida en que ellas fueran autónomas en su gestión, que tuvieran los controles pertinentes por parte de la Contraloría General de la República no se iban a cometer fraudes y podrían funcionar de manera independiente del poder político.
A la vuelta de vivir sus buenos años en democracia, nos hemos dado cuenta de que el modelo de gestión policial que generamos no es eficiente para el principal objetivo que tienen las policías: de un lado, el control del orden público; y del otro, esclarecer los hechos delictuales.
Espero que en aras del referido acuerdo, entendiendo todos que el actual modelo policial se encuentra agotado, que no responde a la realidad chilena del siglo XXI ni tampoco al sistema de persecución penal que establecimos con la reforma procesal penal, podamos avanzar en definiciones concretas y abordar temas tan variados como si seguimos con Carabineros dedicado solo al control del orden público, o continuamos con esta mixtura en que se ocupa del orden público y, también, de la investigación policial.
Otra cuestión que claramente no se toca en esta iniciativa y que algunos colegas ya han señalado tiene que ver con la estructura jerárquica de Carabineros.
¿Se justifica en la actualidad el número de generales que tiene la Institución? ¿Se necesitan más? ¿Se precisan menos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la doctrina institucional? ¿Sigue siendo necesaria la división entre oficiales y suboficiales, o podemos avanzar hacia una policía con un escalafón único?
Creo que esas son las definiciones de fondo que debiéramos determinar en este espíritu de generar un gran acuerdo nacional para la modernización de Carabineros.
Tengo la impresión de que este proyecto resolverá cuestiones muy menores, como el control de los recursos, lo cual ciertamente es importante; pero, a mi juicio, no ayudará a llevar adelante la modernización que la Institución necesita y que la ciudadanía nos demanda.
La gente cada vez más nos pide mayor número de carabineros para que vigilen las calles; sin embargo, también nos dice que deben ayudar a esclarecer los distintos tipos de delitos que se cometen. Y ello no está recogido en esta iniciativa.
Creo que lo ocurrido con el comunero mapuche Camilo Catrillanca nos da la oportunidad de generar un acuerdo real y concreto respecto del modelo policial que queremos en nuestro país.
Aquello va de la mano también con establecer claramente la responsabilidad política en el manejo de la Institución de Carabineros de Chile; con fijar las líneas de responsabilidad que tienen, por ejemplo, el Ministro y el Subsecretario del Interior; con señalar qué pasa cuando un fiscal realiza una mala investigación, o cuando le echa la culpa a Carabineros de no entregarle los medios de prueba necesarios para llevar a determinada persona ante la justicia.
Esas son, en mi concepto, las cuestiones de fondo que debemos debatir. Porque si bien este proyecto resolverá un problema puntual, que tiene que ver con el control de los recursos, no aborda lo relativo a la policía del siglo XXI que precisamos.
Es cierto: todos hemos sido responsables, en mayor o menor medida, de lo que está pasando con Carabineros.
Porque como parlamentarios sabemos que la mayor demanda que nos hace la gente cuando sostenemos alguna reunión en la zona que representamos es más presencia policial, más control en las calles. Y eso nos ha llevado a todos a impulsar aumentos en su dotación y a apoyar a los distintos gobiernos que han planteado incrementos de personal en sus plantas.
Muchos nos alegramos de ello, e incluso hemos asistido a las graduaciones que se han realizado en sus distintas escuelas. Pero esto no ha ido de la mano con la modernización de Carabineros de Chile.
Entonces, tenemos hoy día a una Institución que cuenta con 60 mil hombres y que posee un diseño de fines de los años 80, el cual se halla absolutamente agotado. De ahí que se necesitan definiciones claras sobre la materia.
Por último, señor Presidente , quiero anunciar que voy a votar a favor de esta iniciativa; sin embargo, la sigo viendo como una reforma muy menor. Por lo tanto, quiero hacerle un llamado al Ejecutivo , en este buen ánimo que exhiben hoy parlamentarios de Gobierno y de Oposición de avanzar en una modernización policial, para que discutamos de una vez por todas la policía que deseamos para el siglo XXI. Porque este proyecto probablemente nos permitirá salir del paso frente al problema que tenemos en la actualidad; pero a la vuelta de cuatro a cinco años más habrá otras dificultades con las actuaciones policiales.
En esta materia -insisto-, el cuestionamiento que hoy pesa sobre Carabineros no solo pone en tela de juicio la credibilidad de la Institución: también daña en su conjunto el sistema de persecución penal y lo coloca en duda.
Debo señalar que lo ocurrido en el caso de la Operación Huracán puso en tela de juicio la efectividad de la prueba que se presenta en determinado juicio. Claro, uno puede pensar que quizás ello solo tiene que ver con las causas vinculadas al tema mapuche. Pero, sin duda, también cuestiona los métodos de investigación policial en causas tan complejas como las relativas al lavado de activos, al tráfico de drogas; o en delitos tan simples como el robo.
En consecuencia, no podemos permitir que aquello en que descansa buena parte del sistema procesal penal hoy día esté cuestionado.
Espero que todo lo que ha sucedido nos sirva de lección y que, en verdad, podamos alcanzar un gran acuerdo nacional en materia de modernización de las policías, y no como veo que se presenta en este proyecto, que plantea un arreglo más bien cosmético, que apunta a algo puntual relacionado con el control de los recursos en Carabineros.
Tiene la palabra la Senadora señora Aravena.
La señora ARAVENA.-
Señor Presidente , yo más bien quiero hacer una reflexión.
Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones, son instituciones muy queridas y valoradas por la ciudadanía en general.
Sin embargo, la sociedad chilena es muy reactiva. Quienes hemos trabajado en institucionalidad pública lo sabemos.
Ahora, es importante aclararle a quien me antecedió que esta es una de tres iniciativas que va a presentar el Ejecutivo . En tal sentido, debo agradecer que la primera se relacione con el fortalecimiento y el desarrollo organizacional. Pero -según entiendo, y estoy segura de que así será- también se les puso urgencia a los otros dos proyectos, de modo que pronto estaremos discutiendo las demás materias que el Senador Araya mencionó.
La planificación estratégica, el control de gestión, las auditorías internas y externas, así como también el sistema de control interno vinculado con las conductas de los funcionarios son ámbitos que para los municipios y el sector público están resguardados desde hace casi veinte años.
Si bien en estos últimos meses Carabineros ha tenido dificultades -principalmente, en la Región de La Araucanía hemos visto hechos que no queremos que se repitan-, creo que el Estado también está en deuda con las referidas entidades.
No puede ser que la misma institución se autoimponga normativas. Entonces, así como en su momento se le exigió a la institucionalidad pública la existencia de sistemas de control, de planificación y desarrollo organizacional, lo que hoy día se traduce en que contemos con un Estado mucho más eficiente, hace muchos años, cuando la ciudadanía planteaba que la seguridad era un asunto importante y no bajaban los indicadores sobre victimización en las encuestas, nosotros debimos habernos dado cuenta de que una normativa como la que ahora nos ocupa no tenía que haberse postergado.
Por lo tanto, ojalá que a partir de esta experiencia tan dolorosa, fundamentalmente para la Región de La Araucanía, nos demos la oportunidad, como Senado, de anticiparnos a los problemas de la ciudadanía. Debemos escuchar la sabiduría de la población respecto a temáticas que hoy día reclama con urgencia y no esperar que ocurran las tragedias que se produjeron en nuestra Región para darnos cuenta de que el Estado se encontraba al debe en prácticamente veinte años en la modernización de dos instituciones tan importantes como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
Agradecemos al Ministerio del Interior, que representa al Presidente de la República en estos temas.
Esperamos, pues, todos los aportes que contribuyan a mejorar tanto este como los dos proyectos que luego deberemos discutir.
Pero, en lo principal, deseo con sinceridad que aprendamos esta lección y nos anticipemos con las políticas públicas y la legislación que permitan que los ciudadanos de Chile vivan más seguros y más felices en nuestro querido país.
Apoyo absolutamente este proyecto.
Señor Presidente , sin lugar a dudas, actualmente tenemos una crisis no solo en Carabineros, sino también en otras instituciones, en la política, en la Iglesia, en la empresa, en fin.
Pero hoy nos convoca la modernización, la probidad y la transparencia en Carabineros de Chile.
En primer lugar, es preciso señalar que la necesidad de dictar esta legislación, así como la que tendrá que elaborarse en el mismo sentido para las Fuerzas Armadas, no es sino la consecuencia de haber dotado y mantenido por décadas una autonomía que no es debida en las Fuerzas Armadas y en las de Orden y Seguridad respecto de las autoridades civiles y de los Poderes del Estado.
En un Estado de Derecho, ninguna fuerza policial ni armada debe manejarse con grados de autonomía tal que mine las bases mismas de un Estado democrático y de Derecho.
Todo poder no regulado ni debidamente controlado se corrompe.
Toda corrupción mina la estabilidad de la democracia y la seguridad de las personas.
En segundo lugar, debo decir que este proyecto de ley no satisface las expectativas creadas. Y las razones son varias.
1. no establezca cuáles son los estándares de transparencia y de probidad que regirán a las instituciones que nos ocupan.
No se entiende que una normativa destinada a fortalecer la transparencia y la probidad
2. Tampoco es aceptable que los mecanismos de control internos y externos a los que serán sometidos los sujetos de control no estén definidos en la ley.
3. se cumplen los objetivos esperados si todo ello .
No queda entregado a la definición de los mismos sujetos que serán controlados
4. No se puede pasar por alto que en una materia tan relevante no sea la ley la que fije los estándares mínimos de respeto de los derechos esenciales de las personas, que no establezca las garantías mínimas que deben contener los protocolos de acción. No existe norma alguna que se haga cargo de este punto.
Señor Presidente , en dos oportunidades solicité a los Generales Directores de Carabineros correspondientes que me entregasen los protocolos de acción respecto de niños, niñas y adolescentes, pero nunca, hasta la fecha, los recibí.
Tampoco existen esos protocolos -o al menos se desconocen- para el trato con mujeres víctimas de violencia.
Paso ahora a analizar los contenidos de la ley en proyecto.
1. Establece la misma normativa tanto para Carabineros como para la Policía de Investigaciones.
2. Dispone que los mandos institucionales elaboren un Plan Estratégico de Desarrollo Policial para un período de ejecución de ocho años, el cual se actualizará cada cuatro y deberá ser aprobado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública y puesto a disposición del Congreso Nacional.
Nada se dice.
¿Cuáles serían las facultades que tendrá el Parlamento con relación a esos Planes Estratégicos?
Creo que aquello debe estar presente en este debate.
3. Se mandata al Director General o al General Director de la institución policial, según sea el caso, para elaborar un Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa a fin de ejecutar el Plan Estratégico de Desarrollo Policial. El Plan Anual Gestión igualmente deberá ser aprobado por el Ministro del Interior y Seguridad Pública.
4. La supervisión y evaluación de estos Planes de Desarrollo y de Gestión queda entregada al Alto Mando Policial, .
el que solo debe reportar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre los resultados de dicha supervisión y evaluación
5. Lo mismo sucede respecto de un "sistema de evaluación de los protocolos y procedimientos del resultado de la gestión policial".
¿No deberíamos primero asegurar que tales protocolos existan; que se ajusten a los estándares debidos en materia de gestión, probidad y respeto de los derechos humanos, y crear por ley mecanismos básicos de evaluación, y luego decidir quién los evaluará?
Muy poco o nada se avanza con esas supuestas medidas para fortalecer la eficiencia, la transparencia, la probidad, el respeto de los derechos humanos de la ciudadanía y de los mismos miembros de las policías que quieran colaborar en la cultura de la eficacia y la probidad institucional mediante la presentación de quejas o reclamos internos, si los encargados de definir todas estas reglas son los propios incumbentes y si la ley en proyecto no fija al menos los requisitos mínimos que las autorregulaciones deben incluir.
6. También se le impone al Director General o al General Director de la institución policial pertinente la obligación de rendir cuenta anualmente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los planes mencionados y en la Política Nacional de Seguridad Pública, a nivel nacional, regional y local, según corresponda a la institución policial. Y sus antecedentes deberán ser puestos a disposición de la comunidad civil.
Señor Presidente, ¿de qué servirá que den cuenta pública de una gestión que estará sujeta a los parámetros que ellos han definido libremente, sin sujeción a mínimos estándares fijados por ley?
7. En esa línea, tampoco resulta sustantiva la obligación que se les impone en cuanto a la producción y publicación de la información necesaria para evaluar el ejercicio de las facultades de las instituciones policiales de forma pública y transparente, más aún si no se establece ningún mecanismo que permita esa evaluación pública.
8. A su vez, la creación de mecanismos y sistemas de control externo e interno.
deberá efectuarse conforme a un reglamento "que se dictará para estos efectos", en el que el único estándar legal que se fija es el "respeto a las garantías de un procedimiento racional y justo", lo que está muy bien, pues ninguna persona puede ser sometida a investigación fuera de este marco, pero es totalmente insuficiente como mínimo legal a partir del cual deba dictarse una normativa reglamentaria
9. Los mecanismos y sistemas de control externo e interno son una parte esencial que no puede quedar entregada a una simple regulación reglamentaria.
10. En materia presupuestaria, los controles se ajustan más a lo esperado y debido.
-La Subsecretaría del Interior , del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, queda con el control del presupuesto de las instituciones policiales, quienes le deberán rendir cuenta del uso y disposición de su presupuesto, con una periodicidad al menos semestral, y de los gastos reservados, que deben hacer en la forma prevista en la ley N° 19.863, sobre remuneraciones de autoridades de gobierno y cargos críticos de la Administración Pública.
-Se crea un Comité de Auditoría Policial en cada institución policial, que será integrado por respectiva.
miembros de los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda y de la institución policial
-Se establece la obligación de informar el resultado de la correspondiente auditoría a los Ministerios del Interior y Seguridad Pública y de Hacienda, a las Direcciones Generales de cada institución y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional.
Señor Presidente, la ley en proyecto no da la talla esperada. Es apenas un inicio débil para la normativa necesaria.
Anuncio mi voto a favor en general. Pero, sin lugar a dudas, creo que deberemos realizar un largo debate al objeto de mejorar esta iniciativa.
Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa propende a la modernización de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y al fortalecimiento de sus estándares de transparencia y probidad, mediante la incorporación de sistemas y protocolos de estrategias y gestión operativa que garanticen el control institucional, gubernamental y ciudadano de las instituciones policiales. Un cambio que valoramos, un cambio democrático en el siglo XXI.
Con miras a la modernización de las instituciones policiales y particularmente al fortalecimiento de sus estándares de transparencia y probidad, se hace indispensable que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública incorporen sistemas y protocolos modernos de estrategia y gestión operativa debidamente transparentados, para un control institucional, gubernamental (del Ministerio del Interior), ciudadano e interno.
Cualquiera que sea la naturaleza de los órganos públicos, estos se fortalecen y se alejan los riesgos de corrupción cuando se implementan mecanismos destinados a transparentar su gestión operativa y financiera.
Parece esencial entregar a la ciudadanía información accesible y veraz, así como disponer de mecanismos de rendición de cuentas institucionales a nivel nacional, regional y local, sobre todo si existe desde hace muchos años un aumento en el gasto, un incremento en el Presupuesto aprobado por este Parlamento y que le entrega más dinero a Carabineros.
Es fundamental dotar a las instituciones policiales de controles internos y externos con miras a perseguir y sancionar excesos en la función policial, así como cualquier otra conducta alejada de los estándares de probidad, transparencia y respeto de los derechos humanos. En una sociedad democrática es esencial adecuar los protocolos internos, la formación de las más de 60 mil personas que componen la institución, para que su actuar no transgreda los derechos humanos.
Por eso, también es importante lo que aprobamos la semana pasada: el proyecto que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al que dio su aprobación hoy la Cámara de Diputados.
Es necesario implementar, tanto por la vía legal como por la administrativa, medidas que permitan tener un control efectivo de la gestión financiera de nuestras policías. La modernización y las enmiendas que se introducen a su trabajo no solo tienen que referirse a esta materia, sino que también deben alcanzar otros aspectos igualmente relevantes del obrar policial, para ir recuperando la confianza ciudadana en quienes deben, por mandato legal y constitucional, garantizar el orden y la seguridad pública interior.
Por todos los argumentos señalados, estoy a favor de la aprobación general del proyecto. Habrá algunos aspectos en los que luego, en la discusión particular y en el trabajo de la Comisión misma, podremos tener distintas opiniones y presentar indicaciones, propuestas para mejorarlos, pero me parece que, dada la gravedad de la crisis institucional, es muy importante aprobar la idea de legislar.
Sin embargo, deseo reiterar algo que ya he mencionado anteriormente -se lo expresé al propio Ministro Chadwick y al Subsecretario Ubilla en la sesión que tuvimos en el Senado cuando se le pidió la renuncia al General Soto-: para llevar adelante esta reforma, para que tenga éxito en el actual Gobierno, en este período, se necesitan interlocutores políticos que sean validados y legitimados por la misma institución. Y considero, señor Ministro -acá está el problema-, que dados los antecedentes que día a día y semana a semana se van conociendo, y que seguramente seguirán saliendo a la luz a través del proceso judicial en Fiscalía y en los medios de comunicación, la institución de Carabineros no está en paz con el hecho de que usted siga encabezando la Cartera del Interior.
Ese es el problema político que enfrentamos.
Me parece que acá todos vamos a estar de acuerdo en aprobar el proyecto de ley, en llevar adelante una agenda de transformaciones y de modernización de la policía, porque lo necesitamos y porque se han cometido muchos errores y delitos de corrupción, de asesinatos, de violencia policial, de montajes, de mentiras, etcétera. El problema es la responsabilidad política. Y parece que el mensaje que transmiten los propios carabineros que están yendo a declarar a la Fiscalía es que no se hallan conformes. En la institución está generando ruido y no paz el hecho de que usted, señor Ministro , y el Subsecretario Ubilla sigan en sus cargos. De alguna manera, están expresando que ustedes también son responsables políticos de la crisis actual, de lo que ocurrió con el asesinato de Camilo Catrillanca y de todo lo que le siguió.
Y seguramente seguirán apareciendo nuevas informaciones y declaraciones. Por algo el General Soto no quiso aceptar inmediatamente la renuncia que le solicitó el Presidente Piñera .
Entonces, estamos frente a un problema de responsabilidad política.
Sé que la seguridad ciudadana ha sido mal usada por muchos políticos, de manera transversal, al tratar de ponerla en primer lugar en las encuestas como una prioridad difundida por los medios de comunicación.
Se ha gastado mucho dinero y se ha enviado a Carabineros a intentar resolver conflictos que son sociales.
Hay que entender que Carabineros no va a resolver los conflictos que tienen este carácter. Carabineros no va a resolver el conflicto de La Araucanía con el pueblo mapuche. Eso requiere diálogo político.
Muchas veces Carabineros ha abusado del uso de la fuerza en las manifestaciones, frente a legítimas demandas del mundo estudiantil, del mundo ambiental, del mundo de los trabajadores por acabar con las AFP, etcétera.
Carabineros no va a resolver los problemas sociales; eso es responsabilidad de la política. Carabineros debe resguardar el orden público, sí. Pero acá, en democracia, ha habido una responsabilidad política por parte de los distintos Ministerios del Interior , al exigirle a la institución que cumpla metas para las cuales no está preparada.
En consecuencia, eso es lo que me preocupa. Y yo, incluso, se lo he expresado personalmente al Ministro : al seguir en su cargo, él le está generando un problema político a su propio Gobierno para llevar adelante esta reforma.
Señor Presidente , deseo comenzar -y lo digo como una autocrítica- con una frase muy conocida: "La pasión a veces nubla la razón". ¿Por qué? Porque en algunas oportunidades uno defiende posturas y se pasa de la raya.
Por el momento, veo que, aunque tenemos diferencias muy sólidas, hay un buen tono en la discusión que se está dando en el Senado. Lo señalo pese a no estar de acuerdo con muchas de las cosas que se han planteado.
Quisiera expresarle al Honorable señor Latorre -por su intermedio, señor Presidente- que para problemas serios se requieren soluciones serias. Un buen gobierno no esconde los problemas, sino que los enfrenta y procura resolverlos. Y eso es lo que han hecho este Gobierno y el Ministro del Interior.
Coincido en que estamos ante un problema político. Pero ha habido un aprovechamiento de él con la finalidad de desestabilizar al Gobierno a través de una figura líder, de un hombre reconocido transversalmente como don Andrés Chadwick.
Ahora, considero que estos gustitos que nos podemos dar -y muchas veces nosotros nos los hemos dado- terminan perjudicando esa misma democracia que todos queremos defender.
En seguida, señor Presidente -quiero que usted escuche esto-, deseo expresar algo que conversé con usted y que en varias oportunidades he dicho públicamente.
¿Por qué es importante la conversación que tuve con el señor Presidente del Senado ? Porque, según ha sostenido, a él le preocupa la situación que enfrentamos ante la debilidad de las instituciones, de los poderes del Estado y, por supuesto, de la propia democracia.
Este un problema serio de institucionalidad, que hoy día involucra a Carabineros, ayer afectó al sector Justicia y antes, también a nosotros.
Ustedes ven lo que pasa actualmente con los diarios. ¡Basta leer lo que dicen sobre nosotros! Si hasta cuando un parlamentario hace un click en una página que no corresponde, al otro día aparece en los medios de comunicación. Y ustedes han sufrido, al igual que yo, con razón o sin razón, verdaderas persecuciones.
Así está sucediendo con todas las instituciones.
Y estimo que o nos ponemos de acuerdo en cuanto a lo que queremos como nación para el futuro o definitivamente nos damos el gusto de generar esta verdadera inestabilidad.
Cuando conversábamos con el señor Presidente del Senado a propósito de las últimas elecciones presidenciales, él me decía: "Me preocupa que por esta debilidad de la democracia y de las instituciones terminen gobernando los extremos". Y lo estoy indicando yo, que fui extremo, pero a quien la política contingente ha llevado a ser centro. Actualmente, me considero centro político. ¡Esa es la verdad! ¡Me siento centro! Y aquello me ha convenido.
Pero, yendo al grano, aquí todos los gobiernos tienen su cuota de responsabilidad. ¡Todos! Porque digamos las cosas como son: yo no vi en los programas de gobierno de la primera Administración del Presidente Piñera o de la última de la Presidenta Bachelet que trataran el tema de Carabineros, institucionalmente.
Y respecto a mi querido amigo Alejandro Guillier , quien se pegó un muy buen speech acá sobre lo que deberíamos hacer, debo decir que en su programa de gobierno esta materia no existió. ¡Hay que decir las cosas como son!
En definitiva, resulta imprescindible tener a la vista el contexto en el cual se tramita esta iniciativa, en el entendido de que los últimos acontecimientos han cuestionado la probidad -como se ha indicado acá- y el trabajo realizado por Carabineros de Chile.
Esto comenzó -y nadie está culpando a la Administración de la Presidenta Bachelet , porque muchas veces son situaciones inmanejables- y se "cortó el elástico" en la Operación Huracán.
La confianza de la opinión pública en la institución se vio gravemente afectada, a lo cual posteriormente se sumaron los casos de corrupción y, finalmente, la muerte de Camilo Catrillanca .
¿Qué responsabilidad puede tener un Ministro del Interior cuando algunas autoridades superiores o subalternos de una institución tan importante como Carabineros mienten?
Si el Ministro del Interior hubiese dado órdenes expresas en aquel operativo, obviamente tendría una responsabilidad.
Entonces, nos vamos por el camino de la responsabilidad pública, de la responsabilidad política.
Pero quiero decirles que cuando más se pide la renuncia de un Ministro , más difícil resulta que dicha autoridad deje su Cartera. ¡Muy simple!
En Chile Vamos hemos demostrado unidad y lealtad con nuestro Gobierno, pues vemos demasiada injusticia en lo que se ha dicho.
Sabemos que hay cosas confusas. Pero esas cosas confusas las aclarará la justicia, un poder totalmente independiente, y hemos visto que se ha designado un fiscal de dedicación exclusiva.
Este Gobierno asumió y desde el primer momento dio la cara frente a algo vergonzoso, diciendo: "Mis subalternos mintieron; la institución mintió".
Pero no nos escapemos de lo que significa este paso.
Se ha dicho que a este proyecto de ley le falta mucho. Puede ser. Sin embargo, son tres las iniciativas que van en esta dirección.
Cuando los proyectos vienen al Congreso se pueden mejorar y perfeccionar. Y hay voluntad para ello en el Gobierno y en todos los sectores. Por supuesto que todas las materias a que se han referido los distinguidos parlamentarios se pueden mejorar, corregir, modificar.
¡Ese es el trámite! ¡Aquí se enriquece la discusión!
La situación que recién hemos descrito importa un desafío que corresponde tanto al Gobierno como a todos nosotros, cual es recuperar la confianza de la opinión pública depositada históricamente en Carabineros de Chile.
No obstante, si en noviembre de 2016 un 54 por ciento decía confiar en la institución, dicha cifra disminuyó a un 37 por ciento en mayo de 2017, de acuerdo a la encuesta CEP.
¡Miren qué curioso!
Hoy día la situación por la que atraviesa Carabineros es muy conflictiva, muy difícil. Pero a ustedes les puede tocar. Y, ¡por favor!, si estoy equivocado, que levante la mano alguien: cuando vamos a terreno lo primero que nos dice la gente es "Necesitamos más carabineros en nuestro sector". O sea, existe -¡existe!- un aprecio y un reconocimiento a la labor que hace la institución.
Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cincuenta que pudieron haber cometido delitos o errores no representan a una institución que tiene más de 60 mil hombres.
Por eso, señor Presidente, hay que situar la discusión de este proyecto en el entendido de que es necesario corregir las falencias relativas al control de los actos de Carabineros como una herramienta fundamental en el ejercicio de cualquier potestad pública.
Los hechos de corrupción no solo responden a una mala gestión y a un abuso de autoridades específicas, sino también a la falta de un sistema de control y supervigilancia, del cual se carecía legalmente.
He ahí la urgencia de legislar sobre esta materia.
Si hay que legislar sobre protocolos y procedimientos, por cierto que vamos a estar comprometidos, pues ese es el camino correcto.
Yo le recuerdo al Gobierno anterior cuántas dificultades tuvo a raíz de las situaciones derivadas del manejo de la seguridad, especialmente en La Araucanía.
Es difícil gobernar, sobre todo en este tipo de materias.
Por lo tanto, frente a este tema debemos tener mayor responsabilidad.
Precisamente, ese es el gran foco del proyecto: establecer los medios de control adecuados para la correcta fiscalización del trabajo de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.
Por lo anterior, en términos concretos el proyecto de ley propone incorporar medidas desde el punto de vista de la gestión del control interno y de una rendición tanto al Ministerio del Interior como al de Hacienda.
Ello representa una oportunidad para el renacimiento de las confianzas ciudadanas.
¡Sí! Este es un tema político. Pero los temas políticos no pasan solo por renuncias, sobre todo cuando este Gobierno ha dado la cara y tiene un Ministro con coraje para enfrentar a una prensa muy dura, que ha mostrado actitudes de mucha aspereza, como nunca vi antes. Me refiero a la forma en que se ha tocado este tema.
Por cierto, señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor del proyecto y estamos disponibles para buscar todas las modificaciones que sean necesarias.
Sin embargo, termino recordando que el país en crisis no comenzó el 11 de marzo de 2018; viene desde hace muchos años. Lamentablemente, el elástico se cortó con un acontecimiento tan triste como el ocurrido en La Araucanía. Y esperamos que no vuelvan a suceder hechos de esa naturaleza.
Por tanto, votaremos que sí y vamos a comprometernos como sector político a buscar los mecanismos para volver a encontrar la confianza necesaria en la ciudadanía.
El señor ELIZALDE .-
Señor Presidente , debemos pronunciarnos esta tarde acerca del proyecto que moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
A mí me parece que este proyecto es imprescindible, necesario. Tengo, sí, diferencias con su texto específico.
Sin embargo, en primer lugar, quiero valorar el cambio de actitud del sector político gobernante, el cual, como todos sabemos, se ha opuesto sistemáticamente, desde la recuperación de la democracia, a aquellas transformaciones que consagran un control externo respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. El Ministro del Interior , hoy presente en esta Sala, ha sido uno de los paladines de la oposición sistemática a esas iniciativas.
Asimismo, valoro que hoy podamos discutir, en un Gobierno de signo político distinto, cuyo sector -reitero- se ha opuesto sistemáticamente a estos cambios, acerca de la formación de Carabineros; la relación de subordinación que debe existir de las policías a las autoridades civiles; el establecimiento de mecanismos de control y fiscalización externa; la forma de relacionarse con la sociedad. Y celebro que este debate se lleve a cabo en paralelo con las iniciativas tendientes a modernizar, conforme a los estándares democráticos, nuestro sistema de inteligencia, que es otro de los proyectos que se han presentado.
Por lo tanto, votaré a favor de la idea de legislar, aun cuando -reitero- tengo diferencias respecto del contenido específico del proyecto en algunas materias, como aquellas a las cuales hicieron referencia los Senadores Insulza y Guillier en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno, que a mi juicio no debieran ser aprobadas.
No obstante, pienso que el debate sobre esta iniciativa de ley no puede estar ajeno a lo que ha sido la política impulsada por el Gobierno del Presidente Piñera en materia de seguridad.
Lamentablemente, el sector que hoy gobierna ha usado y abusado de la seguridad como un mecanismo fácil para obtener votos a través de propuestas populistas y de corto plazo.
El Presidente de la República anunció, con bombos y platillos, el Comando Jungla. Y no solo debemos lamentar la muerte de Camilo Catrillanca. Hoy se ha publicado en un matutino de circulación nacional el resultado de la política de seguridad del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y del Ministro Andrés Chadwick en La Araucanía (fuente, el Ministerio Público): "Fiscalía: delitos por violencia rural en La Araucanía subieron en un 28 %".
¡Ese es el resultado de una política errada, Ministro!
Es la consecuencia de pensar que se puede hacer populismo de corto plazo con el orden público; de tener propuestas para sacar votos sin pensar en soluciones de fondo.
Es un déjá vu, un viaje al pasado a la primera Administración del Presidente Piñera , quien en esa época señaló con fuerza que le iba a poner fin a la fiesta de los delincuentes. No le puso fin, ¡empezó al carnaval!, pues aumentó la tasa de delitos y, por cierto, la percepción negativa de seguridad ciudadana.
Por tanto, no es posible avanzar si no tenemos una visión crítica respecto de una política que ha usado el orden público como una forma de obtener respaldo electoral, pero que en los hechos no ha conseguido resultados. Y eso se expresa hoy en la situación que vive La Araucanía.
Ello se ha visto especialmente agravado por el tema que el país lleva debatiendo durante más de dos meses: la muerte de Camilo Catrillanca.
Ministro -disculpe que se lo diga con toda claridad-, cuando usted vino a justificar el llamado a retiro del Presidente de la República al General Soto , yo busqué declaraciones suyas respecto de la subordinación de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad al Primer Mandatario.
¿Y sabe qué? ¡Me demoré treinta segundos en encontrar la cita textual que usé ese día! En verdad, Ministro , después viendo en detalle, usted tiene un prontuario...
¡Presidente, que el Senador se dirija a la Mesa!
Señor Presidente , por su intermedio, decía que el Ministro tiene un prontuario de declaraciones y votaciones sistemáticas en contra de todas las reformas democratizadoras tendientes a establecer precisamente la subordinación de los poderes militar y policial al poder civil.
¡Me demoré treinta segundos!
¿Qué hemos sabido ahora último?
Ayer se publicó el antecedente de que el General Victoriano le informó al Ministro que Camilo Catrillanca no se encontraba armado. Y usted, Ministro -por su intermedio, señor Presidente -, señala que hubo una interferencia en la comunicación.
Yo creo que el actuar fue negligente -lo digo con toda claridad, en un marco de respeto-, ya que si hubo interferencia, ¿por qué no se llamó de nuevo?
¿Qué ocurrió una vez que el General Victoriano informó que efectivamente Camilo Catrillanca no estaba armado? Las declaraciones del Gobierno se mantuvieron en el mismo tenor de las entregadas durante las primeras horas.
La Ministra vocera, que hoy nos acompaña, habló de un enfrentamiento. Dijo que Carabineros podía responder a balazos, no refiriéndose a situaciones abstractas ni al uso legítimo de la fuerza en el marco del Estado de Derecho, bajo el principio de proporcionalidad que tienen las fuerzas policiales.
¡Para qué hablar del Intendente Mayol, subordinado del Ministro del Interior!
¿Y quién era la máxima autoridad del Estado de Chile esos días, porque el Presidente Piñera se encontraba a miles de kilómetros de distancia?
¿Quién era el Vicepresidente ? ¡El Ministro Chadwick!
¿Qué se hizo al respecto?
Por tanto, señor Presidente -si me presta atención-, considero que la posición del Ministro se encuentra tremendamente debilitada.
Hace poco vi un punto de prensa donde el Ministro estaba acompañado de los Senadores del oficialismo, y ahí señaló que ¡el Gobierno jamás avaló las versiones falsas que se habían proporcionado!
¡Eso no es efectivo! ¡Eso es falso!
¡Muchas autoridades de Gobierno las avalaron!
¿Y quién era la máxima autoridad de Gobierno en el territorio nacional?
En consecuencia, creo que efectivamente la situación del Ministro del Interior se torna muy compleja, en términos del debilitamiento de su posición para liderar una reforma tan importante como la que hoy se vota en general en el Senado.
Por eso el día de ayer el Partido Socialista ha resuelto en forma unánime solicitar su renuncia.
El Presidente de la República podrá resolverlo; usted tendrá que evaluarlo, Ministro . Pero no termine transformándose en una carga para su propio Gobierno y para el Primer Mandatario producto de esta situación.
Los resultados están a la vista. Lo reitero: ¡la violencia en La Araucanía ha aumentado!
Aquí se ha aplicado una política de seguridad que ha sido errónea.
Discutamos en serio todos los sectores políticos de manera constructiva cómo enfrentar los fenómenos de violencia y de delincuencia. Hagámoslo con altura de miras y sin pretender sacar pequeños dividendos electorales, como ha sido la actitud de algunos en el pasado. Y, por cierto, actuemos siempre sobre la base de la verdad.
¿Para qué? Para contar con policías legitimadas socialmente que puedan actuar con niveles de eficiencia que garanticen la sanción de aquellos que delinquen y, sobre todo, para prevenir los delitos y mejorar los estándares de seguridad, que, sin duda, es un desafío que tenemos como país.
Voy a votar a favor de la idea de legislar, pero ello no obsta a que tenga una visión muy crítica de lo que ha sido la política de seguridad del Presidente Piñera en su primer mandato, que lamentablemente se repite en su segundo período.
Ofrezco la palabra al Senador señor De Urresti.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero saludar a los Ministros y las Ministras presentes y entrar al fondo de la discusión de esta iniciativa, para lo cual hemos sido convocados.
El proyecto en análisis busca modernizar la gestión institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Hemos revisado su texto y hemos sido informados, principalmente por los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, de que vamos avanzando en la materia mediante una propuesta legislativa con la que obviamente nadie puede estar en contra, aunque no aborda el tema de fondo: la institucionalidad y el carácter de las Fuerzas Armadas y, particularmente, de Carabineros.
En su artículo 1º, la iniciativa propone elaborar un Plan Estratégico de Desarrollo Policial a ocho años. Conozco varias instituciones que tienen planes estratégicos ¡y no los cumplen! En este caso, son los propios carabineros, la propia institución, los que están a cargo de llevarlo a cabo. Creo que esta medida es insuficiente.
En la misma norma, se plantea el diseño de un Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, con los mismos integrantes, con las mismas autoridades a cargo.
Después, en el numeral 5) del mismo artículo, se establece algo que me preocupa tremendamente. En el artículo 90 bis, que se propone incorporar, se señala lo siguiente: "Existirá una Alta Repartición encargada de la función de auditoría interna, dependiente directamente del General Director y a cargo de un General, cuya finalidad será controlar las operaciones financieras y contables".
En definitiva, considero que aquí existe un atisbo para comenzar a abordar en profundidad un aspecto que es en extremo preocupante: se plantea claramente un gatopardismo que busca dar cuenta de una situación, pero sin abordarla a fondo.
En el artículo 90 ter propuesto, se crea "un Comité de Auditoría Policial, integrado por un representante de la Subsecretaría del Interior, un representante del Ministerio de Hacienda, y un General Inspector de Carabineros de Chile.". Y se agrega: "El Comité contratará anualmente a un auditor externo".
Señor Presidente , por su intermedio, le digo al Ministro Chadwick -si me escucha-: ¡Por favor!, en esta institución se robaron 28 mil millones de pesos, ¡28 mil millones! Y nadie se dio cuenta, ¡nadie!
En Punta Arenas alguien avisó que le aparecía una transferencia de 300 millones, y ahí recién saltó una alarma. Antes, nadie se percató de nada.
No es responsabilidad suya, Ministro, ni de este Gobierno. En ese caso, es de la institución.
Carabineros estableció un para esquilmar las arcas públicas. Y lo peor de todo, con la anuencia de las autoridades o, al menos, con ignorancia de ello, porque esto debimos saberlo.
¡Esos 28 mil millones de pesos es una cifra enorme!
Se utilizaron planillas paralelas: un desfalco de tomo y lomo.
¡Esto no resiste más!
En Carabineros -lo digo con todas sus letras, señor Presidente , y con respeto a una institución donde hay miles y miles de funcionarios que se sacan la mugre en el día a día- existe una élite que se ha beneficiado. Los carabineros en las calles nos dicen: "Los jefes se están arreglando"; "El Alto Mando tiene privilegios".
En este país tenemos una academia de formación policial, la Escuela de Carabineros, donde ingresan quienes poseen recursos. Y existen grupos de instrucción con un año de formación para el resto de los efectivos policiales.
¡No hay posibilidad de ascenso, salvo situaciones extremas!
En definitiva, en la institución se establece una élite, una clase privilegiada, en la que ya se marca quiénes van a ser los generales y los futuros generales directores, y quiénes estarán cerca del poder en La Moneda, en las escoltas o en las agregadurías.
Y al carabinero que hace la pega, al que está en la calle, al que pone el pecho a las balas, al que se mama el procedimiento, al que tiene que ir a hacerle el traslado al general o a la señora del general, ¡a ese lo destituyen!
Aquí hay un sistema que ha fallado.
Yo valoro, Ministro, que se haya destituido a los generales y que haya corrido la lista. Eso lo respeto. Pero quiero señalarle, Ministro -Vicepresidente, para los hechos que voy a referir-, que no es suficiente, porque usted perdió autoridad respecto de lo que está haciendo este Gobierno.
Hoy día es portada en los medios nacionales y también internacionales. Lo señalan comentaristas, politólogos de su propio sector: "El desgaste es fuerte; es un mérito que haya sobrevivido". Son las palabras de Gonzalo Cordero, analista político de su coalición. ¿Estará con "casa" ahora...? No sé. Pero es de su sector.
Eso genera una situación compleja para encabezar este proceso de modernización, de reestructuración y profundo análisis de Carabineros. Se lo digo con todo respeto, Ministro -por su intermedio, señor Presidente -: usted está debilitado; usted está liderando un Ministerio que es como la orquesta del Titanic. Hoy día lo estamos viendo acá, pero no sé si en marzo seguirá en su cargo o si llegará a finales de este mes.
Usted lideró una política -y la anunció al país- de combate frontal al conflicto en La Araucanía con el Comando Jungla. Ahí estaba el Presidente Piñera , su Gobierno. ¡Y eso no resultó!
Y no solo eso: ¡hubo un asesinato por la espalda de un comunero mapuche!
Además, se produjo un conjunto de otras actuaciones, las cuales no vamos a determinar nosotros, aunque tenemos una opinión política al respecto.
Yo sé por qué usted -por su intermedio, señor Presidente - ha señalado lo de la interferencia.
Hay una investigación del Ministerio Público en curso, de la cual habrá más respuestas. Carabineros perdió su línea de mando institucional, y por eso ustedes presentaron el viernes 22 de diciembre la propuesta para destituir al General Director .
Pero no sabemos, señor Ministro , qué otra información le van a filtrar a usted. Un General de Carabineros declaró en el Ministerio Público, con las consecuencias que ello trae -usted tendrá que señalar lo propio, al igual que los Ministros y las Ministras que correspondan-, que le informó directamente el día de los hechos que Catrillanca no estaba armado.
Sin embargo, las declaraciones posteriores de ustedes indicaban que hubo un enfrentamiento. ¡Hay gente que dice haber visto videos del enfrentamiento, de los autos destrozados! ¡Eso consta!
Ello le costó el puesto político al Intendente de La Araucanía. Imagino que él no salió por una buena actuación, sino porque el Gobierno evaluó que fue malo su proceder.
Usted declaró en un medio: "Le señalé al fiscal todas las conversaciones" que se dieron ese día miércoles. Y una de ellas fue con el General Victoriano, quien estaba en el sector. Dijo que, lamentablemente, había interferencia y agregó: "me pudo haber dicho lo que señala, pero no fue recibido adecuadamente". Eso indicó el Ministro , consultado sobre las declaraciones entregadas por el uniformado.
¡La orquesta del Titanic!
La orquesta del Titanic seguirá tocando, pero usted quedó debilitado, y eso está debilitando a su Gobierno.
Nosotros estamos llamados aquí a realizar una profunda reforma en Carabineros. ¿De qué manera tramitamos el proyecto? ¿De qué forma si usted -lo dijo muy bien el Senador Elizalde- ha hecho un conjunto de declaraciones contradictorias en la materia?
Usted, Ministro, mientras fue Senador se opuso tenazmente a lo que hoy día está impulsando. Yo entiendo y valoro que cambien las circunstancias. Otra cosa es con guitarra; otra cosa es estar al mando del Ministerio.
Pero usted, Ministro , y otras autoridades de Gobierno el viernes 22 de diciembre no dijeron toda la verdad a este Parlamento. En un primer momento nos señalaron que no había video, que se habían roto las tarjetas de memoria. Y nos enteramos a cuentagotas de que sí estaban las imágenes. ¡Se filtraron! Y, además, hoy día se sabe que a usted lo llamaron.
Nosotros, como socialistas, estamos disponibles, obviamente, para abordar la reforma a Carabineros. A mi juicio, debe efectuarse una profunda reestructuración.
Aprovechando la presencia en la Sala de dos Ministros y de la Ministra vocera de Gobierno, quiero plantear que debemos avanzar para tener un escalafón único que acabe con el clasismo dentro de esta institución: unos van a la Escuela de Suboficiales y otros a la Escuela de Carabineros, con lo cual se establece una diferencia absolutamente arbitraria que no se justifica.
Avancemos también hacia una formación paritaria. Estamos con una agenda de género. ¿Por qué las generalas no pueden llegar a ser generalas directoras, y simplemente son promovidas a funciones anexas?
Hagamos una reforma de fondo: auditoría, control democrático, policía democrática. Se requiere una policía que dependa y esté subordinada al poder civil.
Pero -insisto- eso requiere liderazgo. Y a usted, Ministro , hoy día todas las fuerzas de la Oposición -pese a que cuesta ponerse de acuerdo-le han pedido la renuncia. Está debilitado. Está como la orquesta del Titanic, que sigue tocando mientras el barco se va hundiendo.
Uno no le desea mal al Gobierno ni se resta para abordar temas relativos a La Araucanía, porque la solución a ese conflicto es responsabilidad de muchos. Pondremos nuestra autocrítica en lo que se necesite. Los Senadores Huenchumilla , Quintana , entre otros parlamentarios, y las autoridades de la zona han planteado convocatorias a diálogos, a encuentros. Ahí estaremos disponibles. Y para modernizar a Carabineros, ¡con mayor razón!
Pero me parece, Ministro -y lo digo con la convicción de verlo aquí, en la Sala-, que su renuncia es indeclinable, es inevitable. El Presidente de la República se la pedirá.
Sin embargo, tendremos a cuentagotas la entrega de más información. No quiero ser pitoniso, pero le aseguro que habrá más filtraciones y más comunicaciones, porque se perdió la dirección de mando y ese control democrático que debe existir por parte de la autoridad política hacia los subordinados, como es el caso de Carabineros.
¿Cuándo habíamos visto que el Presidente de la República tuviera que hacer un decreto prácticamente de insistencia para pedir la renuncia de un General Director? ¿Por qué el General Hermes Soto no renunció ante tal requerimiento?
¡Algo debe haber, pues!
Y en esa cadena de información de lo que ocurrió en el caso Catrillanca, ¿qué más vamos a saber?
Hay carabineros que señalan que los instaron a mentir. Esa cadena y línea de investigación la tendrá que seguir la Fiscalía.
Pero aquí estamos ante un tema profundo.
Desgraciadamente, Ministro , creo que con usted al mando...
¡Señor Presidente, que se dirija a la Mesa el Senador!
Diríjase a la testera, Su Señoría, por favor.
Por su intermedio, señor Presidente , decía que con el Ministro vamos encaminados simplemente a un callejón sin salida, a que siga tocando la orquesta del Titanic.
¡Renuncie, señor Ministro !
Discutamos el tema de fondo respecto de Carabineros y abordemos una política nacional pública para hacer frente a la situación de La Araucanía.
Le ofrezco la palabra al Senador señor Pizarro.
Señor Presidente , pienso que el tenor de las intervenciones de los compañeros socialistas amerita que efectuemos una reflexión sobre lo que aquí se ha planteado.
Por un lado, está la necesidad urgente de reestructurar la institucionalidad de las policías de Chile; en este caso, de Carabineros y, por otro, lo que es natural, se requiere una evaluación de la gestión política en esta materia de quien tiene la responsabilidad de conducir el país; o sea, del Presidente de la República y su equipo de Gobierno.
Lo primero que deseo señalar es que, sin duda, la dificultad mayor que existe hoy con relación a Carabineros es la crisis y pérdida de confianza y credibilidad por parte de la opinión pública respecto de cómo ha actuado dicha institución.
No ha habido transparencia en el uso de los recursos. Pero debemos entender que la causa de esa falta de transparencia es que no hay control de la utilización de esos fondos.
Además, claramente no existe dependencia al poder civil por parte de Carabineros. Y eso es evidente. Un colega recién dijo: "Bueno, se perdió el control democrático por parte del Gobierno respecto de Carabineros". Y la pregunta obvia que uno se hace es: ¿qué control se pierde si en realidad este no existe?
Lo que tiene Carabineros hoy día es autonomía. Y para ser claro y justo, no hay Gobierno alguno, del año 90 en adelante, que haya tenido alguna posibilidad de control democrático. ¡No lo tiene!
Nuestro Gobierno sufrió las mismas dificultades y aun problemas más graves, porque incluso quienes tenían la responsabilidad de estar a cargo de la institución fueron claramente engañados, claramente inoperantes, claramente manipulados y claramente parte de los montajes y de sus malas actuaciones.
Digo esto pues me parece que no hay que confundir el propósito de este proyecto, que es la modernización de la gestión institucional y el fortalecimiento de la probidad y la transparencia en el Cuerpo de Carabineros, con lo que es la legítima crítica a la gestión política de quien está a cargo del Gobierno. Esto último es parte de nuestro papel como Oposición y cada uno sabrá cómo lo ejerce.
No hay que molestarse por eso. Pero es evidente también que no podemos perder el objetivo que tiene el Senado en este momento, cuando por primera vez, de manera más rigurosa e institucional, estamos en condiciones de discutir el tema de fondo, que dice relación con la forma en que las policías quedan supeditadas al poder civil y cómo ellas cumplen con el mandato que les otorga la ley para garantizar el orden público, la seguridad de las personas y el cumplimiento de las leyes. Hoy día ninguno de estos tres elementos, ninguna de estas responsabilidades básicas la está cumpliendo Carabineros.
Una cosa es la urgencia de la gente por contar con seguridad ciudadana, orden público, tranquilidad, confianza, y otra distinta es que, producto de que no hay seguridad, ni confianza, ni tranquilidad en la vida diaria de las personas, en todas partes a nosotros nos piden más efectivos. Como aquí se ha dicho, ¿qué manifiestan los ciudadanos cuando uno va a las poblaciones? No requieren carabineros solo por tener más carabineros; lo que requieren es seguridad, tranquilidad para su vida diaria, para sus niños, para el barrio, para la convivencia, para ir al trabajo, y ellos entienden que quien debería garantizar eso es precisamente Carabineros y no lo está haciendo.
Claro, las fórmulas que vimos en la década de los noventa y en la primera década de los dos mil fue la de mayor dotación de funcionarios policiales. Y ahí se produjo una importantísima fuente de corrupción. Cuando nuestros Gobiernos y este Congreso autorizamos los recursos para la formación de nuevos policías, aquellos fueron después mal usados o, lisa y llanamente, usados para cometer delitos respecto de los cuales ni el gobierno de turno, independiente de cuál fuera, ni nosotros tuvimos capacidad alguna de controlar.
Este Senado no puede confundirse, no puede quedarse en la coyuntura político-comunicacional cuando enfrenta un desafío tan grande para con la sociedad y la democracia chilena.
Nosotros debemos responder a los requerimientos y necesidades de las personas. Y en este caso, en materia de seguridad pública, ello pasa por aprovechar la oportunidad de hacer transformaciones profundas, reestructurando y logrando el control en el uso de los recursos y modificando la formación de los carabineros, tal como acá se ha dicho por varios colegas. ¡Los jóvenes deben recibir una formación distinta!
Y quiero plantear otro tema, señor Presidente, a propósito de la oportunidad que tenemos hoy día en democracia.
Está claro que en Chile existe como necesidad urgente y como desafío mayor la posibilidad de obtener información de inteligencia autónoma y distinta de la que proviene de las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas, asunto que debemos discutir y analizar como país. Una democracia moderna sin capacidad de generar información fidedigna que le permita al poder civil tomar decisiones como corresponde está en una situación de debilidad o de indefensión.
Esto que estoy diciendo no es nuevo, y lo hago como una autocrítica, porque ni hablar de la poca institucionalidad que poseemos actualmente, que es la ANI, para generar información seria y de verdad que permita tomar decisiones en materia de orden público, seguridad interior o seguridad exterior. ¡Eso no existe! Nuestras autoridades están supeditadas a lo que les informa Carabineros. ¡Y ya sabemos los resultados!
Y ello no ha ocurrido solamente durante este Gobierno. ¡Si el Ministro del Interior debe estar sufriendo lo mismo que el Subsecretario del Interior de la Administración pasada, que se las sabía todas...! Al final, uno llega a la conclusión de que no sabía nada. Y nos pedía respaldar, respaldar y respaldar, porque había que confiar.
Es evidente que cuando a una autoridad se le entrega información que no es correcta, o que está manipulada, o que es mentirosa, o que forma parte de un complot, las decisiones que tome esa autoridad serán erradas. Y todos, como país, estamos pagando los platos rotos de esa situación.
Yo creo, señor Presidente , que debemos preocuparnos y aprovechar la oportunidad, en los otros proyectos que vengan y se analicen en la Comisión del Senado, para tratar el tema de crear una agencia autónoma, que pueda reportar directamente al jefe de gobierno, como se hace en las democracias modernas (España, por ejemplo). Hay varios modelos que podemos seguir y que tal vez serían positivos para nosotros.
Y una última cosa, señor Presidente.
Los partidos políticos tienen la posibilidad de tomar las decisiones y de hacer las afirmaciones que quieran. Pero si hay algo que uno aprende con los años es que, mientras más se pide la renuncia de un ministro , este más se afirma en su cargo. Entonces, para decirlo francamente, no sé cuál es el objetivo político de exigir la renuncia del Ministro del Interior , porque a mí me importa mucho más, como Senado, que seamos capaces de abordar en serio y de manera sistemática, coherente y consecuente los actuales desafíos, que debemos enfrentar con el Gobierno que hay y con quien determine el Presidente . Esa es una responsabilidad que él asumirá.
Les pregunté al Senador Insulza y a los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la Corporación cómo les fue ayer en la reunión que sostuvieron con el Primer Mandatario. Y la respuesta fue positiva, en términos de que es posible abrir un diálogo que nos lleve a un acuerdo país que permita que a futuro las policías cumplan lo que les mandata la ley: garantizar la seguridad de las personas y el orden público y hacer cumplir las leyes, fuera de estar sujetas al poder civil. Eso requiere de reestructuraciones mucho más profundas que las que plantea este proyecto, pero por algo hay que empezar y, como se señaló anteriormente, esta iniciativa va en la línea correcta, y es la razón por la cual la voto a favor.
Tiene la palabra la Senadora señora Ebensperger.
Señor Presidente, esta propuesta de ley sin duda tiene la virtud de convertir un momento caracterizado por la desconfianza en las Fuerzas de Orden y Seguridad, especialmente en Carabineros de Chile, en una oportunidad.
En efecto, a quienes como ciudadanos y autoridades nos ha tocado conocer de cerca el trabajo abnegado de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, sabemos del compromiso de miles de sus funcionarios, directamente en contacto con la gente, del afecto que nuestro país siente por sus instituciones, y abrigamos la esperanza de ver superada la mala situación que hemos observado en el último tiempo.
El proyecto que hoy estudiamos permitirá, además, dotar a ambas policías de un Plan Estratégico de Desarrollo Policial, adoptado para un horizonte de ocho años, y un Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, a cargo del General Director o del Director General , respectivamente, el que, en consonancia con la Política Nacional de Seguridad Pública Interior, permitirá el combate sistémico contra la delincuencia, así como el control público y estadístico de aquel.
En ese mismo sentido apuntan las obligaciones de rendición de cuentas anuales por las más altas autoridades de ambas instituciones de las fuerzas de orden y seguridad pública a nivel nacional y local, y la publicación de estadísticas e información institucional, territorialmente desagregada, que permitan identificar los aspectos indispensables para evaluar el ejercicio de sus facultades de manera pública y transparente y que en lo sucesivo encontraremos en las páginas web de cada entidad.
En lo que dice relación al control de la ciudadanía con las policías, estas deberán mantener un sistema habilitado para la interposición de denuncias, reclamos y el seguimiento de estos, y desarrollar también un modelo de control interno para la prevención y control de conductas indebidas, de manera que les permita verificar el cumplimiento, entre su personal, de sus códigos de conducta y reglamentos disciplinarios.
Haciéndose cargo propiamente de las conductas que tanto daño les han hecho a estas instituciones, se crea una repartición interna, de auditoría, subordinada en su actuar a la rendición de cuentas que realizará, gastos reservados incluidos, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a través de la Subsecretaría respectiva.
Aparte del plan de auditoría fijada por esta repartición y el seguimiento y revisión de sus metas y observaciones de auditoría, el control externo de sus cuentas correrá por parte de un Comité de Auditoría Policial integrado por un representante de la Subsecretaría del Interior, uno del Ministerio de Hacienda y uno del General Director o del Director General , según el caso, que contratará anualmente a un auditor externo con la finalidad de evaluar tanto el cumplimiento de la normativa legal vigente en las operaciones financieras de la institución como la eficiente asignación de recursos destinados al ejercicio de la función policial.
Estoy segura de que estas medidas y modificaciones legales contribuirán a restablecer las confianzas en la administración interna de nuestras policías, de cara a la ciudadanía y al interior de ellas, a la vez que permitirán conocer mejor el trabajo permanente y exitoso que realizan al incorporar mayor transparencia y contraste de los siempre buenos resultados de su quehacer.
Eso, en cuanto al proyecto de ley, que votaré a favor.
En lo que respecta a la actuación del Ministro del Interior , señor Presidente , no puedo sino destacar su trayectoria y conducción política. Quienes lo conocimos como parlamentario, como Ministro del anterior Gobierno del Presidente Piñera , y como persona, sabemos de su capacidad, liderazgo y habilidades para enfrentar situaciones complejas.
La lamentable muerte de Camilo Catrillanca en la Región de La Araucanía no puede servir de pretexto para buscar inexistentes responsabilidades políticas de un Ministro que siempre -repito, señor Presidente : siempre- que el Congreso o el país se lo han requerido, ha dado explicaciones sobre este y otros casos, estando a la altura que merece el cargo que ejerce.
El llamado que hago es a la seriedad y responsabilidad de todos los sectores. La Araucanía y, en general, el orden y seguridad de nuestro país, son un tema de Estado, que no puede estar sujeto al escándalo o a la polémica de turno.
Si algo ha caracterizado a este Gobierno es la preocupación por los problemas de los chilenos, a los que intenta dar soluciones eficaces en el menor tiempo posible, haciéndose cargo de lo que realmente importa: la seguridad, la creación de puestos de trabajo, la educación, el acceso a la salud y a la vivienda. Ese fue el principal mandato que recibimos de la ciudadanía en las elecciones del 2017.
A la Oposición le pido nobleza: nobleza para avanzar y trabajar por el bien de Chile y de su gente, y no querer sacar, por algunos, beneficios políticos mezquinos.
Estoy segura de que el país necesita al Ministro Chadwick como cabeza de un gabinete comprometido a trabajar permanentemente por Chile. Y lo hará, no por las glorias pasadas o porque se lo pida o no este Parlamento, sino por lo mucho que él continuará aportando a la nación, guiando a un equipo humano que ya ha demostrado que está dando lo mejor que tiene y sabe hacer y siendo siempre protagonista en la búsqueda de soluciones para los problemas que deben enfrentarse como país.
Por ello, señor Presidente, es precisamente el Ministro Andrés Chadwick quien tiene la capacidad, el manejo y la experiencia para liderar los cambios que requiere Carabineros de Chile.
Quedan diez inscritos para intervenir.
Una posibilidad es que le demos la palabra al Senador Allamand y posteriormente levantemos la sesión para continuar el debate mañana.
Entonces, para finalizar hoy, tiene la palabra el Senador señor Allamand.
Señor Presidente , como miembro de la Comisión de Seguridad, me interesa formular algunos comentarios, no solo respecto del proyecto que estamos viendo ahora, sino particularmente acerca de algunas aseveraciones que han formulado Honorables colegas del Partido Socialista.
Esto escapa un poco del contenido y el tenor de lo que corresponde a este debate, pero no pueden dejarse pasar aspectos que son extraordinariamente importantes.
En primer lugar, se aludió a los éxitos y fracasos obtenidos en el combate contra la delincuencia con cifras absolutamente ajenas a la realidad. Durante esta Administración, la victimización ha disminuido; en el Gobierno inmediatamente anterior, ella aumentó del 22 al 27 por ciento. Por lo tanto, a la hora de señalar quién fracasa y quién exhibe éxitos relativos en esta materia hay que ser particularmente cuidadoso.
Pero además, señor Presidente , hemos escuchado una diatriba en contra del Ministro del Interior . Y si uno reflexiona respecto de su contenido, se da cuenta de que, en definitiva, está completamente vacía.
Para empezar, se señala el tema de si Camilo Catrillanca iba armado o desarmado.
La verdad, señor Presidente, es que el Ministro del Interior jamás se refirió a esa materia. Y,...
¡El Intendente, sí!
... por lo tanto, no corresponde formularle un cargo del cual resulta absolutamente inocente.
Enseguida, en cuanto al enfrentamiento mismo, ¿qué fue lo que allí ocurrió? Algo muy simple: Carabineros le informó de manera oficial al señor Ministro del Interior que efectivamente había ocurrido un enfrentamiento.
¿Qué hizo el Ministro Chadwick ? Con total cautela, hizo presente que quienes debían resolver en definitiva si había habido o no un enfrentamiento eran los tribunales de justicia.
En consecuencia, jamás avaló la tesis que formuló Carabineros, que, por lo demás, se demostró que era falsa.
Del mismo modo, cuando empezaron a aparecer las falsedades en relación con las versiones iniciales de la institución, ¿qué fue lo que hizo? Inmediatamente hizo efectiva la responsabilidad del mando, llamando a retiro a los diversos personeros que se encontraban involucrados en una versión definitivamente falsa.
En consecuencia, señor Presidente , uno podría preguntarse, con estos antecedentes objetivos, cuál es la crítica, dónde está la omisión, dónde está la inacción, especialmente cuando podemos advertir que aquí el contraste con el Gobierno anterior es completo.
Alguien empleó, señor Presidente , la palabra "prontuario", que es una expresión verdaderamente dura. Pero, si hubiera que utilizarla, sería para hablar del "prontuario del silencio". ¿Qué pasó con el caso Huracán y con el desfalco a Carabineros que se descubrió en el Gobierno anterior? ¿Alguien asumió la responsabilidad del mando? ¿Se llamó a retiro a alguno de los implicados? ¿Se hizo responsable a alguna persona? ¿Qué fue lo que se hizo? ¡Absolutamente nada! ¡La inacción completa!
En consecuencia, no se puede tener un doble estándar tan grande a la hora de juzgar las actuaciones ajenas y, simplemente, ponerse una venda en los ojos a la hora de las actuaciones propias.
Además, señor Presidente, aquí hay una cosa que simplemente no se entiende en la estrategia opositora.
Tal como se ha recordado -y así lo señaló el Senador Insulza- existe plena disposición a alcanzar un acuerdo en estas materias. Y ayer tuvimos una reunión con el Presidente de la República , en que precisamente se trató este asunto, donde quedó claro que la persona designada por el Primer Mandatario para buscar tal acuerdo con nosotros era el Ministro Chadwick .
¿Queremos alcanzar un acuerdo o queremos que renuncie la persona que, en definitiva, fue designada por el Primer Mandatario para lograr ese fin?
Señor Presidente , es necesario un mínimo de coherencia. O estamos por buscar dicho acuerdo o por desnaturalizar esa posibilidad.
Por otro lado, acá se ha hablado del debilitamiento del Ministro Chadwick.
A mi juicio, el verdadero debilitamiento se produce cuando un sector político formula acusaciones carentes de fundamento.
Ese es el debilitamiento, y surge cuando se hacen peticiones que no tienen justificación; o cuando, en vez de entrar a la política seria, ingresamos a la política de la estridencia sin sentido.
Dicho lo anterior, y refiriéndome a la iniciativa en debate, considero muy importante retomar el concepto señalado al inicio de la sesión por el Senador Insulza: aquí no solo hay que alcanzar un acuerdo, sino también tener una hoja de ruta para conseguirlo.
El proyecto que estamos revisando ahora es uno de los que van a servir para la política global que necesitamos implantar, pero otros vienen en camino.
Es necesario hacer efectiva aún más concretamente la dependencia de las policías a la autoridad civil; es preciso establecer un principio de especialización entre Carabineros e Investigaciones; es necesario avanzar en una modernización y reingeniería de la institución; es ineludible modernizar la carrera profesional; es preciso adecuar la formación del personal, y, en sexto lugar -tal como manifestó el Senador Pizarro-, es absolutamente relevante y necesario entrar en los temas de inteligencia tanto a nivel general como en lo que dice relación con la inteligencia policial.
Por lo tanto, la batería de medidas puestas arriba de la mesa para avanzar en esta modernización global y recuperación de Carabineros no solo es muy completa, sino que abarca -yo diría- a la mayoría de las materias que deben incorporarse en definitiva.
Quiero hacer un comentario adicional referido específicamente al proyecto.
Aquí se ha hablado de manera muy somera de la exigencia que se formula en esta iniciativa a Carabineros en el sentido de que debe existir un proyecto de planificación estratégica y, al mismo tiempo, un plan anual de gestión operativa.
La verdad, señor Presidente, es que esos dos aspectos representan concretamente la forma de someter la acción de Carabineros al control de la autoridad civil.
En consecuencia, no se trata de cuestiones menores, sino de aquellas que apuntan a uno de los aspectos que más se echan de menos en la actual situación de Carabineros.
Lo mismo puede decirse en relación con la obligación de rendir cuenta. Porque esta obligación es la que permite acotar las autonomías indebidas que puedan existir en el quehacer institucional.
El hecho de que la Subsecretaría del Interior pueda tener un control presupuestario eficaz y directo apunta exactamente a lo mismo. E igual cosa sucede con que exista la obligación de registrar todo lo que tenga que ver con la normativa interna de Carabineros; con que haya mecanismos de control ciudadano y también mecanismos internos de control, y con que simultáneamente existan auditorías externas e internas.
Señor Presidente , el corazón de este proyecto apunta precisamente a disminuir los márgenes de autonomía de Carabineros con relación a la autoridad civil.
Por lo tanto, estamos hablando de, quizás, el aspecto más importante que ha surgido en este debate.
Quiero terminar haciendo notar la importancia que reviste la tarea que hoy tenemos por delante.
En verdad podemos avanzar mucho en correcciones o en temas administrativos, pero hay dos elementos que son intangibles y fundamentales para el éxito de cualquier gestión policial: recuperar la confianza de la ciudadanía en una institución tan apreciada como lo es Carabineros y lograr que la acción policial tenga respaldo de las autoridades políticas.
Y el primer paso para contar con ese respaldo es que seamos capaces -tal como aquí se señaló- de generar un acuerdo para un conjunto de modificaciones legales y administrativas que permitan reponer esa confianza y avanzar en una necesaria modernización, en la cual, justo es decirlo, estamos al debe.
Continuaremos mañana el análisis de esta iniciativa, manteniendo los tiempos y el orden de los inscritos.
--Queda pendiente la discusión general del proyecto.
Al señor Ministro de Obras Públicas, pidiéndole informar sobre FACTIBILIDAD DE HABILITAR ANTIGUO CAMINO FREIRE-VILLARRICA DESDE SECTOR BALSA COIPÚE HASTA SECTOR LAS ROSAS.
Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicitándole dar a conocer, con todo detalle, CIRCUNSTANCIAS DE ASESINATO DE CAMILO CATRILLANCA MARÍN; INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS ENTREGADA POR AUTORIDADES POLICIALES, Y EXPLICACIONES DE REACCIÓN DEL GOBIERNO A PARTIR DE DICHA INFORMACIÓN.
Al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, pidiéndole adoptar medidas necesarias para CREACIÓN DE NUEVOS JUZGADOS DE POLICÍA LOCAL EN ANTOFAGASTA Y CALAMA.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole enviar diversos antecedentes sobre LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE DISEÑO DE TRAMO UNO DE AUTOPISTA CONCEPCIÓN-TALCAHUANO.
Al señor Ministro de Vivienda y Urbanismo y al señor Alcalde de Chonchi, solicitándoles remitir COPIA DE RED DE ALCANTARILLADOS DE COMUNA DE CHONCHI Y EVALUACIÓN DE DÉFICITS A ESTE RESPECTO.
Al señor Ministro de Agricultura, para que informe acerca de PLANTACIONES DE EUCALIPTO Y PINO EN ISLA DE CHILOÉ: CANTIDAD DE HECTÁREAS, UBICACIÓN POR COMUNAS, DUEÑOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO HÍDRICO, y para solicitarle diversa información relativa a ESTADO ACTUAL DE EXPLOTACIÓN DE TEPUALES EN ISLA DE CHILOÉ.
Al señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura, pidiéndole múltiples antecedentes relacionados con FUGA DE SALMONES DE "PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A." EN CHILOÉ, REPORTADA EL JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE 2018 EN COMUNA DE QUEMCHI.
Al señor Alcalde de Castro, requiriendo diversa información respecto a RESPONSABILIDADES EN ASEO Y ORNATO COMUNAL.
Al señor Alcalde de Concepción, pidiéndole antecedentes acerca de SITIO ERIAZO UBICADO EN LOMAS DE SAN ANDRÉS: NOMBRE DE PROPIETARIO Y PLANES DE MANTENCIÓN E HIGIENE CONTEMPLADOS POR ESA MUNICIPALIDAD.
Al señor Alcalde de Lota, solicitándole información sobre PERSONAL DE PISCINA MUNICIPAL DE LOTA: NÚMERO DE SALVAVIDAS Y SU CAPACITACIÓN.
A los señores Comandante en Jefe de la Armada y Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante Nacional, y a la señora Directora del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, con el objeto de requerirles información relacionada con PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN, DENUNCIA Y SANCIÓN APLICADOS A TITULARES DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DE ACUICULTURA EN CENTROS DE CULTIVO EN PROVINCIA DE PALENA Y REGIONES DE AISÉN Y DE MAGALLANES.
Al señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura, para solicitarle antecedentes pormenorizados vinculados con BROTE DE VIRUS ISA EN PROVINCIA DE PALENA Y REGIONES DE AISÉN Y DE MAGALLANES.
Al señor Ministro de Minería, pidiéndole información sobre PROBLEMAS QUE AFECTAN A SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL TOQUI EN LOCALIDAD DE ALTO MAÑIHUALES, CONSECUENCIAS DE PARALIZACIÓN DE SUS FAENAS Y GESTIONES QUE SE LLEVAN A CABO PARA RESOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO.
--Se levantó a las 19:5.
La evolución demográfica del país, así como las características del estilo de vida urbano están provocando nuevas proyecciones epidemiológicas y de morbilidad, plantea como una de sus consecuencias el incremento cada vez mayor de pacientes que requerirían en el futuro próximo el trasplante de órganos como alternativa de sobrevida o como una opción para quienes anhelen mejorar su calidad de vida y recuperar la autonomía necesaria para reinsertarse en la sociedad.
Al respecto, nuestro país ha implementado diversas políticas públicas destinadas a potenciar la actividad de obtención de órganos con fines de trasplante. Uno de las normas significativas en esta materia fue la Ley N° 20.413, publicada el 15 de enero del año 2010, que consagró el principio de donante universal mediante la incorporación de un artículo 2° bis nuevo a la ley sobre donación y trasplante de órganos, estableciendo que "toda persona mayor de dieciocho años será considerada, por el solo ministerio de la ley, donante de sus órganos una vez fallecida, a menos que en vida haya manifestado su voluntad de no serlo en alguna de las formas establecidas en esta ley.". De esta manera, nuestro sistema adoptó un sistema de consentimiento presunto de donación de órganos estableciendo que ante el silencio en vida del donante, nuestro sistema presume su condición de donante.
A pesar de los avances que ha experimentado nuestra legislación en esta materia, aún la disponibilidad de órganos para trasplante es insuficiente en consideración a la demanda que existe de ellos, lo cual se ve reflejado en la extensa lista de espera nacional de receptores, la que en la actualidad asciende 2.700 personas que requieren algún órgano.
Este desequilibrio oferta-demanda requiere de la adopción de medidas tendientes a aumentar el número de donantes, tanto fallecidos como vivos, resguardando la posibilidad de que medie algún tipo de contraprestación económica o de otro tipo que pueda suponer un comercio de órganos.
Si bien en nuestro país es posible el trasplante de órganos entre personas vivas relacionadas, aquél no es posible realizarlo entre personas que tienen un parentesco de afinidad. De acuerdo al artículo 31 de Código Civil, el parentesco por afinidad "es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer". Es decir, aquél parentesco es el que une, por ejemplo, a suegro/yerno, suegra/nuera o cuñados.
La posibilidad de que dichos parientes puedan realizar una extracción de órganos para fines de trasplante entre sí, considerando el vínculo no solo de parentesco, sino también de afecto y confianza que comúnmente los une, permitiría ampliar la posibilidad de donación entre vivos, conservando la vida o mejorando la salud de las personas.
Mediante la Ley N° 20.988, publicada el 11 de febrero de 2017, se modificaron las normas sobre donación de órganos entre personas vivas, incorporando la donación cruzada de órganos y la donación altruista en ciego a la lista de espera de órganos para fines de trasplante.
En el caso de la donación cruzada de órganos, de acuerdo al artículo 4° ter de la Ley N° 19.451, es aquella que se realiza entre parejas donante-receptor constituidas por parientes consanguíneos, cónyuges o convivientes, que no tienen las condiciones médicas favorables para el trasplante de órganos entre sí. Para que se realice esta donación cruzada de órganos, se requiere que las parejas estén inscritas en un registro nacional de parejas donante-receptor, en el Instituto de Salud Pública, como responsable del listado nacional de potenciales receptores de órganos.
En cuanto a la donación altruista en ciego, incorporado en el artículo 4° bis de la Ley N° 19.451, consiste en la extracción de órganos en vida con fines de trasplante cuando el donante se ofrezca voluntariamente y en forma altruista a donarlos, teniendo como destino a una persona indeterminada que esté incorporada en el registro nacional de potenciales receptores de órganos a cargo del Instituto de Salud Pública. De esta manera, mediante este mecanismo, el donante desconoce la persona receptora de sus órganos, con el objeto de resguardar el altruismo en la donación.
A pesar de dichas recientes modificaciones a la ley de donación de órganos, subsiste la imposibilidad de que el trasplante de órganos entre personas vivas determinadas se realice entre parientes por afinidad. En el caso de la donación cruzada de órganos no es posible debido a que se requiere que las parejas donante-receptor estén constituidas personas que sean parientes consanguíneos entre sí - excluyendo el parentesco por afinidad-, mientras que respecto de la donación altruista en ciego, el receptor es una persona indeterminada que está inscrita en el registro de nacional de potenciales receptores de órganos.
De esta manera, mediante el presente proyecto de ley se busca ampliar la posibilidad de donación entre personas vivas, incluyendo a los parientes por afinidad hasta el segundo grado inclusive.
En consideración a los antecedentes y fundamentos anteriormente expuestos, vengo en presentar el siguiente
Artículo único.- Intercálase, en el inciso primero del artículo 4° bis de la Ley N° 19.451 sobre trasplante y donación de órganos, entre la palabra "grado" y la coma que la precede, la frase ", o su pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive".
(Fdo.): Carolina Goic Boroevic, Senadora.- Francisco Chahuán Chahuán, Senador.- Guido Girardi Lavín, Senador.- Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador.- Rabindranath Quinteros Lara, Senador.

References: artículo 53
 artículo 53
 artículo 73
 artículo 32
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 65
 artículo 78
 artículo 4
 artículo 89
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 90
 artículo 90
 RESOLUCIÓN 
 artículo 2
 artículo 31
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4