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Timestamp: 2019-10-20 12:09:32+00:00

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Juicio Penal Oral
El juicio oral es aquel período o fase que se desarrolla en todos los procedi­mientos penales en el que, una vez con­cluida la instrucción o investigación y la fase de acusación provisional, se practican las pruebas y efectúan las alegaciones en presencia del juez o
Índice de Contenidos en juicio penal ordinario
1 Juicio Penal Oral
2 EL JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO POR DELITOS GRAVES
3 Piezas de convicción en el juicio oral penal
3.1 Suspensión del juicio oral penal
4 Conclusiones definitivas en el juicio oral penal
4.1 PLANTEAMIENTO DE LA TESIS
5 Informes de las partes
6 Derecho a la última palabra del acusado
7 Conclusión del juicio oral penal
tribunal competente para dictar la sentencia.
En esta fase del procedimiento ordinario penal se practicarán las pruebas, se concretará la acusación y se apoyarán por medio de los informes las pretensiones de las partes.
Rige en el juicio oral el principio de inmediación y de contradicción, supo­niendo este último la igualdad de las partes en el proceso, tanto en igualdad de condiciones para actuar como igualdad de armas, bien para atacar o bien para defen­derse.
La inmediación va a suponer que todas aquellas diligencias que se han rea­lizado en la fase de instrucción e incluso otras no efectuadas, se deban practicar an­te el tribunal, que tras ser sometidas a contradicción por las partes, las valorarán.
La oralidad para exponer de viva voz las alegaciones de las partes, la publicidad pa­ra que sin secretismo alguno se conozcan los vericuetos por los que la tutela judicial efectiva se hace realidad y la inmediación para que el Tribunal de la instancia percibí por sus sentidos lo que ya otros ojos y oí­dos no van a ver ni oír, son pilares básicos a tener en cuenta respecto de la actividad probatoria que en el juicio oral tiene lugar, juicio en el cual también se acogen las pruebas de la instrucción, sean anticipa­das, sean preconstituidas, sean de las que previene el artículo 730 de la Ley Procesal Penal (Sentencia del Tribunal Supremo. Sala 2ª, de 14 marzo de 1997).
Constituye igualmente uno de los principios básicos del juicio oral el de la publicidad de los debates que se desarro­llan en el mismo. Con carácter general, el artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que:
Los debates del jui­cio oral serán públicos bajo pena de nu­lidad”,
y el artículo 120 de la Constitución Española, en referencia a los procesos pe­nales, se refiere también a la publicidad de los mismos al decir que:
Las actuacio­nes judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes del Tribunal Constitucional.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, faculta al presidente del tribunal para “mandar que las sesiones se celebren a puerta cerrada cuando así lo exijan razones de moralidad o de orden público, o el respeto debido a la persona ofen­dida por el delito o a su familia”
EL JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO POR DELITOS GRAVES
En el procedimiento ordinario, el acto del juicio oral siempre se va a celebrar ante un Tribunal, en el que habrá un Presidente y dos Magistrados, siendo designado unos de ellos ponente de la causa. Son facultades del presidente del tribunal (artículos 683 a 687 Ley de En­juiciamiento Criminal), entre otras:
a) Dirigir los debates cuidando de impe­dir discusiones impertinentes y que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por esto a los de­fensores la libertad necesaria para la defensa.
b) Tendrá todas las facultades necesarias para conservar o restablecer el orden en las sesiones y mantener el respeto debido al tribunal; podrá llamar al or­den a todas las personas que lo alte­ren, y hacerles salir de la sala si lo considerase oportuno.
c) Podrá acordar que se detenga en el acto a cualquiera que delinquiere du­rante la sesión.
d) En el supuesto de que el acusado al­tere el orden con una conducta in­conveniente y persista en ella a pesar de las advertencias del presidente y del apercibimiento de hacerle aban­donar el local, el tribunal podrá deci­dir que sea expulsado por cieno tiempo o por toda la duración de las sesiones, continuando éstas en su au­sencia.
e) Tiene el presidente del tribunal la ju­risdicción disciplinaria dentro del ac­to del juicio oral; toda persona que se dirija al mismo deberá hablar de pie, con excepción del Ministerio Fiscal y demás letrados, pudiendo dispensar de esta obligación a determinadas personas por razones especiales. En todo caso, durante el acto de juicio oral, los letrados y el Ministerio Fiscal, no podrán dirigirse unos a otros, sino que deberán dirigirse al Presidente, con solicitud de su venia para hablar.
Piezas de convicción en el juicio oral penal
Deberán estar en la Sala el día del juicio las piezas de convicción existentes (artículo 688.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal) siendo la ra­zón de esta exigencia la utilidad que puede reportar su examen tanto al tribunal como a las partes o a los testigos.
Debe conside­rarse jurídicamente relevante la omisión cuestionada cuando la parte que denuncia tal circunstancia hubiera exigido en su es­crito de conclusiones provisionales, como medio de prueba, la presencia de dichas piezas, pudiéndose producir la nulidad de las actuaciones si la carencia de piezas de convicción en el local a disposición del tri­bunal produjera indefensión (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 26 sep­tiembre de 1995).
El desarrollo del juicio oral puede sis­tematizarse del siguiente modo:
Práctica de la prueba Los artículos 688.11 a 731 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ocupan de la regulación de diversos medios de prueba y de su práctica en el acto del juicio oral.
Puede ser rechazada la prueba no pertinente, e incluso no practicarse la admitió- cuando haya razones para ello y se funda­mente por el tribunal, no vulnerándose por ello el principio de tutela judicial efectiva salvo en el caso de que se generan indefensión (Sentencia del Tribunal Su­premo, Sala 2a, de 11 de marzo de 1999 El momento de proposición de las prue­bas es el de realizar los respectivos escritos de calificación por las partes (artículo 65: de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), que una vez presentados y examinados por el tribunal, será el encargado de dictar (659 Ley de Enjuiciamiento Criminal). admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás.
No cabe, a diferen­cia del procedimiento abreviado, la proposición de pruebas al inicio del juicio oral y así el artículo 728 Ley de Enjuiciamiento Criminal, referente al sumario or­dinario, dispone
No podrán practicarse otras diligencias de prueba que las pro­puestas por las partes, ni ser examinados otros testigos que los comprendidos en la listas presentadas”.
Pero el artículo 2 la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece una serie de excepciones, como son:
1) Los careos de los testigos entre sí ; con los procesados o entre éstos, que el presidente acuerde de oficio, u propuesta de cualquiera de las partes.
2) Las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes, que el tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de calificación o para acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de la declaración de un testigo, si el tribunal las considera admisibles.
Cabe también la lectura a instancia de cual­quiera de las partes de las diligencias practicadas en el sumario, que por causas independientes de la voluntad de aquéllas, no puedan ser reprodu­cidas en el juicio oral.
1) El interrogatorio del acusado. El pre­sidente comenzará interrogando al acusado sobre sus datos personales y, a continuación, le requerirá para que manifieste si se declara culpable o ino­cente del delito imputado según la calificación más grave, y civilmente responsable por la cantidad mayor fi­jada.
Según la respuesta dada por el procesado, distinto será el seguimien­to o no del juicio oral;
a) Que el único procesado o todos ellos cuando fueren varios, con­fiesen su culpabilidad respecto a la comisión del delito o delitos y también la responsabilidad civil, lo que conllevará su conformidad (artículo 694 y 697.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), en cu­yo supuesto habrá que tener en cuenta que es requisito necesario para realizar esta conformidad que la pena más grave solicitada sea correccional (artículo 33 del Código Penal, penas menos gra­ves) –
Si la pena fuera aflictiva (pe­na grave) en ningún caso se puede prestar la conformidad-, por lo que después de asentir los procesados, se le preguntará a su letrado si considera necesaria la continuación del juicio oral y si contestare negativamente, el tri­bunal dictará sentencia según la calificación aceptada y sin que pueda imponer pena mayor que la solicitada;
b) Que el único procesado que con­fiesa su culpabilidad respecto de la comisión del delito, pero no respecto de la responsabilidad ci­vil, en cuyo caso la discusión y la producción de pruebas se con­cretarán al extremo relativo a la responsabilidad civil (artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Cri­minal);
c) Que el único procesado no se confiese culpable y su letrado considere necesaria la celebra­ción del juicio, por lo que se pro­cederá a la celebración de éste (artículo 696 de la Ley de Enjui­ciamiento Criminal);
d) Que sean varios los procesados y alguno de ellos no preste su con­formidad, en cuyo caso necesa­riamente el juicio continuará para todos (artículo 697.11 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal);
e) Cuando el tercero responsable ci­vil es distinto del responsable cri­minal, comparecerá ante el tribu­nal y, declarará si se conforma con la responsabilidad civil más gra­vemente solicitada, en caso afir­mativo se dictará sentencia de conformidad, salvo que el proce­sado no se hubiera conformado con la responsabilidad criminal, continuando entonces el juicio; pero si los procesados se confor­maran con su responsabilidad cri­minal y el tercero responsable civil no hubiera comparecido, o no se conformara, continuará el juicio concretándose al extremo relativo a la responsabilidad civil (artículo 700 de la Ley de Enjui­ciamiento Criminal)
f) En el supuesto de que los proce­sados no quisieran contestar a es­ta preguntas, el juicio continuará, y si el que se negase fuera el ter­cero responsable civil, el Presi­dente le apercibirá con declararle confeso, dictando sentencia de conformidad, ocurriendo lo mis­mo en el caso de que el procesado hubiera confesado su responsabi­lidad criminal y se negare a con­testar sobre la civil.
g) En cuanto al informe pericial debe re­cordarse que en el procedimiento or­dinario han de ser dos los peritos que realicen la prueba, y debe tenerse en cuenta que, para interponer recurso de casación por error de hecho en la valoración de la prueba, es constate y numerosa la doctrina jurisprudencial en el sentido de que para considerar documento a los informes periciales, éstos deben ser unánimes.
Suspensión del juicio oral penal
La Ley de Enjuiciamiento Criminal no prevé para el procedimiento ordinario un plazo máximo concreto de suspensión, cuyo alcance supondría la nulidad de la parte del juicio celebrada, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento abre­viado en donde se prevé un plazo de 30 días.
Únicamente se refiere al tiempo de suspensión el artículo 749 de la Ley de En­juiciamiento Criminal, de modo que cuan­do la suspensión lo sea por las causas previstas en los puntos 4, 5 y 6 del artículo 746 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y haya de prolongarse indefinidamente la suspensión o por un tiempo demasiado largo, se dejará sin efecto la parte del juicio celebrada.
Los motivos de suspensión del juicio oral son, con carácter general, que las partes no tuviesen preparadas las prue­bas ofrecidas en sus respectivos escritos por causas ajenas a su voluntad y, específicamente, procederá la suspen­sión del juicio oral cuando tenga que re­solverse durante los debates alguna cues­tión incidental, tenga que practicarse alguna diligencia fuera del lugar de las se­siones, no comparezcan los testigos de cargo y descargo y se considere necesaria la declaración de los mismos, la enferme­dad repentina de algún miembro del Tri­bunal, del Fiscal, del abogado de alguna de las partes o alguno de los procesados, y finalmente, cuando se haga necesaria practicar una sumaria instrucción comple­mentaria (artículo 746 de la Ley de Enjui­ciamiento Criminal).
Conclusiones definitivas en el juicio oral penal
En el acto del juicio oral se van a prac­ticar las pruebas y el resultado de las mis­mas puede llevar a las partes bien a ratificar y mantener bien a modificar las conclusiones provisionales presentadas tras la fase de instrucción. Constituyen, pues, las conclusiones definitivas el verda­dero escrito de acusación, pues de otro modo se haría inútil la actividad probato­ria practicada en el juicio oral.
De este modo, una vez practicada la prueba en el juicio oral, el Presidente de la Sala exhor­tará a las defensas de las partes sobre si las calificaciones realizadas con anterioridad a este acto y con carácter de provisionalidad son elevadas o no a definitivas.
Las posibilidades pueden ser diferentes;
a) Que ninguna de las partes modifique sus conclusiones, en cuyo caso, pri­mero el Ministerio Fiscal y acusacio­nes, y después las defensas de los procesados, mediante la fórmula “a definitivas”, mantendrán y ratificarán las pretensiones que como provisionales fueron planteadas en su día;
b) Que se realicen conclusiones alterna­tivas, permitiéndose las mismas en el acto del juicio oral para el caso de que aunque no se estimara una pretensión, pueda estimarse cualquiera de las demás;
c) Que alguna de las partes modifique sus conclusiones, que deberá realizar­se por escrito y entregarse al presi­dente, aunque si no es muy extensa, por razones de economía procesal, se permite realizarla verbalmente, to­mando cuenta detallada de la misma el secretario (artículo 732 Ley de En­juiciamiento Criminal).
Las modifica­ciones en las conclusiones han de respetar la identidad del hecho puni­ble (Sentencia del Tribunal Constitu­cional número 104/1986, entre otras), exigiéndose que haya homogeneidad, de tal manera que todos los elemen­tos del segundo tipo delictivo estén contenidos en el tipo delictivo objeto de acusación.
Quebraría el derecho de defensa el hecho de que después de practicada toda la prueba se diri­giera la acusación por un nuevo hecho punible, que no ha sido objeto de de­bate y del que el acusado no pudo defenderse.
Cabría asimismo, en el su­puesto de modificación de conclusio­nes provisionales, que la parte solicite al Presidente la suspensión del juicio para una adecuada preparación.
Otra de las posibilidades existentes es la prevista en el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se trata del lla­mado “planteamiento de las tesis” y que permite al Tribunal poner de manifiesto a las partes que el hecho justiciable ha sido calificado con manifiesto error y la posibi­lidad de ser calificado de distinta manera por las partes.
Esta facultad la ha de usar el tribunal excepcionalmente y con mode­ración, no extendiéndose a delitos perseguibles solamente a instancia de parte ni es aplicable a errores que hayan cometido las partes en sus escritos de calificación, tampoco respecto a circunstancias atenuantes o agravantes, ni a participación de cada uno de los procesados.
Si las partes manifestaran no estar suficientemente preparados para discutir la cuestión pro­puesta podrán solicitar del presidente la suspensión de la sesión hasta el día si­guiente.
Una vez evacuadas las conclusiones definitivas, el Presidente concederá la pa­labra al Fiscal y después, si las hubiera, a los abogados de las demás acusaciones para que procedan a informar, exponien­do los hechos que consideren probados en el juicio oral, su calificación legal, la participación que en ellos hayan tenido los procesados y la responsabilidad civil (artí­culo 734 de la Ley de Enjuiciamiento Cri­minal).
Si hubiere actor civil, será el último en hablar de las partes acusadoras, limi­tándose su informe a los puntos concer­nientes a la responsabilidad civil (artículo 735 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Seguidamente se concederá la palabra a los defensores, acomodándose en su in­forme a las conclusiones que hubieren formulado, hablando en último lugar, si lo hubiere, el responsable civil (artículos 736 y 737 de la Ley de Enjuiciamiento Crimi­nal).
Es importante que el informe sea claro y conciso, así como dotar al mismo de una estructura organizada en su narra­ción que permita mayor claridad en su comprensión, así como mayor convicción. Después de realizar los informes única­mente se permitirá a las partes la rectifica­ción de hechos y conceptos (artículo 738 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Derecho a la última palabra del acusado
El Presidente del Tribunal deberá, una vez finalizados los informes, preguntar al procesado si tiene algo mas que manifes­tar, y en el caso de que éste conteste afirmativamente, le será concedida la pa­labra (artículo 739 de la Ley de Enjuicia-miento Criminal).
Se trata del derecho que tiene cualquier acusado a decir “la úl­tima palabra” en el acto del juicio oral, que no es un mero formalismo, sino que el derecho a la defensa comprende ade­más de la asistencia de letrado, el derecho a defenderse personalmente [artículo 6.3 a) del Convenio Europeo de Derechos Humanos y artículo 14.3 d) del Pacto In­ternacional de Derechos Civiles y Políti­cos], no tratándose de una mera formali­dad, siendo la raíz profunda de este derecho el principio de que nadie puede ser condenado sin ser oído, resultando la viva voz del condenado un elemento personalísimo y esencial para su defensa en el juicio (Sentencia del Tribunal Constitucio­nal número 161/1994 y Sentencia del Tri­bunal Supremo, Sala 2ª, de 26 de diciem­bre de 1996).
Conclusión del juicio oral penal
Después de hablar o no los procesa­dos, el Presidente declarará el juicio con­cluso, y visto para dictar sentencia. De cada sesión del juicio se habrá extendido acta por el Secretario del Tribunal, salvo de lo manifestado por las partes en los in­formes, y las partes leerán la referida acta que será firmada por todos (artículo 743 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

References: artículo 730
 artículo 680
 artículo 120
 artículo 728
 artículo 2
 artículo 749
 artículo 746
 artículo 733
 artículo 14