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Timestamp: 2019-12-16 05:38:58+00:00

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Cambio de normativa con expediente administrativo en trámite | Iuris NOW
El proceso administrativo consta de todo un conjunto ordenado de trámites y actuaciones formales, bajo las cuales se dicta un acto administrativo. Entendiendo su trascendencia a nivel legal, cabe preguntarse qué hacer cuando ocurre un cambio de normativa con expediente administrativo en trámite.
La situación de cambio de normativa puede afectarnos cuando por ejemplo hemos presentado solicitudes de autorización, como sería el caso de una licencia de obra. En realidad, esta rama del derecho abarca espacios importantes de la administración pública. Como vemos, el problema surge cuando las modificaciones normativas generan cambios en los procedimientos aplicables y afectan a los trámites anteriores a la promulgación de la ley.
La Ley 30/1992 destinaba su artículo 70 a explicar el expediente administrativo. Según este precepto, se trata del conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa. Entender esta figura es fundamental para nuestras relaciones con la administración.
1 Nociones sobre la ordenación del procedimiento administrativo
2 ¿Qué norma se aplica si hay un cambio de ley durante la tramitación del procedimiento?
3 ¿Se puede elegir la norma más favorable para el interesado?
4 ¿Hay alguna excepción?
Nociones sobre la ordenación del procedimiento administrativo
Los procesos administrativos son ordenados y ese orden está claramente definido en la ley vigente. Se entiende además que el inicio del proceso forma parte del propio expediente administrativo. El objetivo del expediente sería documentar y fundamentar la futura resolución administrativa que llegará al final del proceso.
A partir de la Ley 39/2015, se estableció que los expedientes administrativos serían en formato electrónico. Estos se generan con índice numerado al remitirse, los documentos agregados y copia electrónica de la resolución emitida. En esa ley también se establecía que los documentos auxiliares, anexos y apoyos no formarán parte de esta compilación.
Los expedientes deben tener incorporada la condición de representante y la condición de poder que lo acredite (Art. 5). Así mismo, las administraciones públicas tienen la obligación de expedir copias electrónicas de documentos presentados por los interesados (Art. 27).
¿Qué norma se aplica si hay un cambio de ley durante la tramitación del procedimiento?
Cabe destacar que elcambio normativo con expediente administrativo en trámite no debería afectar su resolución. La normativa aplicable casi siempre debe ser la vigente en el momento en que se hace la solicitud. Esta es la regla general utilizada en este tipo de situaciones, que se ha mantenido desde Ley de Procedimiento Administrativo de 1958.
En la práctica, todo procedimiento administrativo debe terminar necesariamente con una resolución. Recordemos además que este es un recurso jurídico al servicio de la eficiencia de la administración pública. Sobre ello, cualquier ciudadano puede informarse y participar si en él se tratan asuntos de su interés.
¿Se puede elegir la norma más favorable para el interesado?
Los procedimientos administrativos son ejemplares para entender lo que ocurre con los expedientes administrativos. Aquí, se aplica la regla general de la transitoriedad. Bajo este principio, los expedientes iniciados antes de la entrada en vigor de un nuevo articulado, se tramitarán con las disposiciones de la ley anterior. Esto es lo que se considera en este tipo de expedientes, evitando situaciones injustas que podrían generarse por el cambio de ley.
Por otra parte, la Constitución Española garantiza en su artículo 9.3 la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables. Lo mismo ocurre con actos restrictivos de derechos individuales. La ley no es retroactiva como un mecanismo de seguridad jurídica, regulando únicamente hechos posteriores a su entrada en vigor.
Claro que esto no se debería entender como una posibilidad para elegir una norma más favorable para los interesados. En todo caso, se protege a los sujetos de los efectos que pueda acarrear el cambio normativo con expediente administrativo en trámite. Se vela por la seguridad jurídica de las personas y en ese sentido, se trata de que los ciudadanos no se vean desfavorecidos ante la modificación legal.
La irretroactividad de la ley tiene diversos grados. Lo que se prohíbe en el artículo 9.3 de la constitución es la incidencia de nuevas leyes en efectos jurídicos anteriores. No obstante, el artículo 39.3 de la Ley 39/2015 permite la retroactividad de la eficacia de los actos administrativos en algunas excepciones.
Por lo general, existen dos escenarios en los cuales esta retroactividad se aplica: cuando la misma produzca efectos favorables a los interesados y en la sustitución de actos anulados. Para que esto proceda, debe existir supuesto de hecho al retrotraer los efectos y siempre que no se lesionen intereses legítimos de terceros.
Incluso la regla general frente al cambio normativo con expediente administrativo en trámitetiene sus excepciones. En ocasiones, las nuevas normas establecen disposiciones especiales de derecho transitorio. Hay articulados que se anticipan a hechos ocurridos antes de su entrada en vigor; puede ocurrir que una nueva legislación prevea la resolución a procedimientos no resueltos.
Las realidades propias de los procedimientos administrativos pueden llegar a ser muy complejas. La buena noticia es que existen reglas generales, normativas actualizadas y jurisprudencia útil. Lo que procede será estudiar cada caso puntual a profundidad para saber lo que puede aplicar. Nunca estará de más la asesoría por parte de abogados expertos en esta rama del derecho.

References: artículo 70
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 39
 resolución