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México, DF, a 3 de septiembre de Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión Presente - PDF
México, DF, a 3 de septiembre de Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión Presente
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Álvaro Carrasco Espejo
1 DEL EJECUTIVO FEDERAL, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión Presente México, DF, a 3 de septiembre de Por instrucciones del presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de ese órgano legislativo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copia del oficio número 353. A de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales envía el dictamen de impacto presupuestario. Sin otro particular, reciban un cordial saludo. Atentamente Licenciado Julián Hernández Santillán (rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión Presente En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, y para los efecto del artículo 72, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos El Plan Nacional de Desarrollo señala en el Objetivo 8, la importancia de recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado, mediante el mejoramiento normativo y la adopción de nuevos estándares que permitan la desarticulación de cadenas delictivas, atendiendo a la naturaleza económica de sus actividades, mediante la destrucción de los elementos que les permiten generar riquezas ilícitas y afianzarse en el territorio mexicano. La extinción de dominio es una herramienta constitucional que tiene como objeto ventilar en un procedimiento jurisdiccional distinto e independiente al de naturaleza penal, si un bien que no esté excluido del comercio ha sido adquirido a través de actos acordes al ordenamiento jurídico y, por ende, su dominio es contrario al sistema jurídico, a la moral pública y a los valores de la sociedad.
2 El 29 de mayo de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expidió la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Federal de Extinción de Dominio), cuyo objeto es regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el procedimiento correspondiente, la actuación de las autoridades competentes, los efectos de la resolución que se emita y los medios para la intervención de terceros que se consideren afectados por ésta. La extinción de dominio no implica la imposición de una pena a un delincuente por la comisión de un delito, sino que se trata de una acción real, autónoma y de carácter patrimonial, que se inicia y desarrolla en relación con bienes concretos y determinados con observancia de las garantías del debido proceso. Derivado de lo anterior, se ha observado que la Ley Federal de Extinción de Dominio, ha presentado diversos inconvenientes en su aplicación que impiden hacer de ella una herramienta eficaz y eficiente para el combate a la estructura financiera de la delincuencia, por lo que se estima pertinente su modificación para darle operatividad y funcionalidad. Con las adecuaciones propuestas se logrará disminuir los recursos con que cuenta la delincuencia, desalentando con ello su capacidad operativa, paralelamente se beneficiará a la sociedad y, específicamente, al sector vulnerado por la comisión de delitos, al ser canalizados los recursos a un fondo para la reparación del daño a las víctimas u ofendidos. Los puntos principales de la presente propuesta son los siguientes: a) Se cambia y amplia el concepto de bienes objeto de la extinción de dominio al desligarlo de la comisión de un delito previo y se establece que se trata de aquellos que provienen directa o indirectamente de un hecho ilícito, entendiéndose por tal el acto contrario a las leyes de orden público, respecto del cual se cuente con elementos suficientes para presumir su existencia con base en los elementos objetivos o externos y, en su caso, normativos de la descripción típica en los casos de los delitos a que se refiere la fracción II del artículo 22 constitucional; b) Se excluye la vinculación de la acción de extinción de dominio a la existencia de una averiguación previa de forma que en la preparación de la acción el Ministerio Publico podrá emplear cualquier fuente de información. En efecto, un procedimiento eminentemente penal estudia y valora la existencia del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado, mientras que el procedimiento de extinción de dominio debe referirse a los bienes que se relacionan con ciertos ilícitos. En otras palabras, el primero dilucida si se cometió el delito y las penas aplicables, el segundo, si los bienes relacionados con ilícitos son merecedores de extinción de dominio, por ende, el de naturaleza penal debe desvincularse del de naturaleza real; c) Se sustituye el concepto de cuerpo del delito por el de hecho ilícito; d) Se desvinculan los efectos de la resolución de la extinción de dominio de la sentencia que recaiga en un proceso penal; e) Se amplían los supuestos de las medidas precautorias; así, en el ejercicio de la acción de extinción de dominio el Ministerio Público, podrá solicitar la implantación de más, y diversas, medidas cautelares sobre los bienes materia de la acción, lo que dará mayor eficacia al procedimiento; f) Se establece una presunción de bienes relacionados con hechos ilícitos cuando no se acredite su procedencia lícita o exista incremento patrimonial injustificado, y g) Se suprimen referencias a instituciones penales.
3 Se establece que la acción de extinción de dominio puede prepararse con información derivada de la investigación para la prevención de los delitos, así como la posibilidad de presentar ante el juez, para su valoración, el contenido de entrevistas con particulares que expresen la vinculación de bienes con hechos ilícitos, así como que podrá utilizarse, para estos fines, la información con que se cuente en el sistema único de información criminal previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por otra parte, se propone la posibilidad de que el Ministerio Público pueda realizar la intervención de comunicaciones privadas entre particulares, únicamente cuando uno de los intervinientes en ella así se lo soliciten. Finalmente, con la presente iniciativa se pretende dejar a salvo la aplicación de la figura de abandono de bienes a favor del Estado derivada de una averiguación previa. Por lo expuesto y, con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, y para los efectos del artículo 72, ambos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Único. Se reforman los artículos 2, fracciones I y II, 6, 7, párrafos segundo y tercero, 8, 11, fracción II, 12, 15, 16, 18, párrafo primero, 20, fracciones IV y VI; 28, párrafo primero, 32, 33, letra c del párrafo tercero; 36; 43, párrafo tercero, 44, 45, 49, 53, párrafo último, 54, fracción I; se adiciona un último párrafo al artículo 54; y se derogan el párrafo segundo del artículo 10, la fracción III del artículo 20 y el artículo 50, todos la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por: I. Bienes. Todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos que no estén excluidos del comercio. II. Hecho ilícito. Hecho contrario a las leyes de orden público, respecto del cual se cuente con elementos suficientes para presumir su existencia con base en los elementos objetivos o externos y, en su caso, normativos de la descripción típica en los casos de los delitos a que se refiere la fracción II del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. a IV. Artículo 6. Para la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público podrá emplear la información que se genere: I. En las investigaciones para la prevención de los delitos que realicen las autoridades competentes de cualquier fuero; II. En las averiguaciones previas que inicie en términos del Código Federal de Procedimientos Penales y, en su caso, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; III. En las averiguaciones previas que se inicien en el fuero común cuando se pueda ejercer la facultad de atracción o exista concurrencia, siempre que no exista un procedimiento de extinción de dominio iniciado por la autoridad competente local, o
4 Artículo IV. En el sistema único de información criminal previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará con base en cualquier información a que se refiere el artículo 6 de esta ley, cuando de ella se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos del artículo siguiente. La muerte del o los propietarios de los bienes o de quienes se ostenten o comporten como tales no cancela la acción de extinción de dominio. Artículo 8. La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con los hechos ilícitos: I. II. III. Aquellos que estén siendo utilizados por un tercero para la comisión de hechos ilícitos o de actos preparativos o previos relacionados con éstos, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo. Se presume que tuvo conocimiento si permitió el uso de sus bienes en contravención de las disposiciones legales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Será responsabilidad del Ministerio Público acreditarlo, lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del inculpado del delito o de quien cometió o participó en la realización de los actos preparativos o previos; IV. Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes son producto o están relacionados con la comisión de los delitos a que se refiere la fracción II del artículo 22 constitucional o de actos preparativos o previos relacionados con éstos y el acusado por estos delitos o actos se ostente o comporte como dueño; y V. Aquellos que presumiblemente estén relacionados con hechos ilícitos. Habrá esta presunción en el caso de los bienes de una persona respecto de los que no pueda demostrar su procedencia lícita o ingresos legítimos correspondientes al valor de los bienes de su propiedad o titularidad o de los que se ostente o comporte como dueño. Artículo 10. (Se deroga)... Artículo I. II. El demandado, que será el dueño o titular de los derechos reales o personales o quien se ostente o se comporte como tal, y; III.
5 Artículo I. El aseguramiento de bienes o embargo precautorio a que se refiere esta ley; II. La vigilancia policial sobre bienes, como medida previa a la ejecución de un embargo, aseguramiento o cateo, y III. Las demás medidas cautelares previstas en la legislación supletoria de esta ley. El juez podrá, a petición del Ministerio Público, emitir una orden de cateo para realizar el aseguramiento de los bienes. Artículo 15. En su caso, toda medida cautelar quedará anotada en el registro público que corresponda y sólo será cancelada por quien ordenó el registro. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá ser notificado del otorgamiento de toda medida cautelar o levantamiento de cualquiera de éstas. Artículo 16. El juez podrá autorizar u ordenar la medida cautelar que resulte procedente desde la fase de preparación de la acción de extinción de dominio a solicitud del Ministerio Público, en el auto admisorio de la demanda o en cualquier etapa del procedimiento y, en su caso, ordenará el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública para su ejecución. Los bienes asegurados o embargados no serán transmisibles por herencia o legado durante la vigencia de esta medida. Durante la sustanciación del procedimiento, el Ministerio Público podrá solicitar al juez la ampliación de medidas cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya ejercido acción. También se podrán solicitar medidas cautelares con relación a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado en un principio, pero que formen parte del procedimiento o sean parte de la masa patrimonial del demandado o se incorporen a ésta durante el procedimiento. Artículo 18. Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan sido previamente intervenidos, secuestrados, embargados o asegurados, en procedimientos judiciales o administrativos distintos de la averiguación previa que haya motivado la acción de extinción de dominio, se notificará la nueva medida a las autoridades que hayan ordenado dichos actos, así como al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes si fuese éste quien tuviere transferidos los bienes. Los bienes podrán continuar en custodia de quien se hubiere designado para ese fin y a disposición de la autoridad competente. En estos casos, se podrá aplicar el aseguramiento o embargo de bienes por valor equivalente. Artículo I. y II. III. (Se deroga.)
6 IV. En su caso, el acuerdo de aseguramiento de los bienes, ordenado por el Ministerio Público; el acta en la que conste el inventario y su estado físico, la constancia de inscripción en el registro público correspondiente y el certificado de gravámenes de los inmuebles, así como la estimación del valor de los bienes y la documentación relativa a la notificación del procedimiento para la declaratoria de abandono y, en el supuesto de existir, la manifestación que al respecto haya hecho el interesado o su representante legal. V. VI. Las actuaciones conducentes, derivadas de las investigaciones para la prevención de los delitos, de averiguaciones previas, de procesos penales en curso o de procesos concluidos; VII. a IX. Artículo 28. En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar al trámite de excepciones ni de incidentes de previo y especial pronunciamiento, salvo el incidente preferente de buena fe, que tendrá por finalidad que los bienes, motivo de la acción de extinción de dominio, se excluyan del proceso, siempre que se acredite la titularidad de los bienes y su legítima procedencia. No será procedente este incidente si se demuestra que el promovente conocía de los hechos ilícitos que dieron origen al juicio y, a pesar de ello, no lo denunció a la autoridad o tampoco hizo algo para impedido, ni en el caso de que incumpla las disposiciones legales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Artículo I. El hecho ilícito; II. a IV.... La comunicación que haya sido obtenida por alguno de los participantes en la misma, directamente o con ayuda de alguna autoridad, también se podrá presentar, con el consentimiento de aquél, como prueba ante el juez. Se mantendrá en absoluta reserva la identidad del participante de la comunicación antes referido. De igual forma se podrá ofrecer como prueba la entrevista realizada por el Ministerio Público destinada a acreditar algún elemento del hecho ilícito y que resulta imposible desahogar en la audiencia, cuando el testigo: a) Fallezca con posterioridad a la entrevista; b) Padezca una enfermedad grave que le impida declarar; c) Sufra una enfermedad mental que le impida recordarlo, corroborado pericialmente, con posterioridad a la entrevista; d) No acepte comparecer por considerar que se pone en riesgo su vida e integridad física;
7 e) Sea víctima de un delito que por su propia naturaleza le impida comparecer, o f) Sea imposible su localización después de haber declarado o manifestado su dicho. Artículo a. y b.... c. Las declaraciones de oídas sólo podrán ser utilizadas para el contexto, pero el juez no podrá otorgarles valor probatorio, salvo que se trate de la entrevista realizada por el Ministerio Público, destinada a probar algún elemento del hecho ilícito y que resulta imposible desahogar en la audiencia, cuando se presenten los supuestos previstos en los incisos a) a f) del tercer párrafo del artículo 32. d. Artículo 36. La prueba testimonial se desahogará en la audiencia, siendo responsabilidad del oferente de la misma la presentación del testigo, salvo lo dispuesto en los artículos 33 de esta ley y 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 43. Las sentencias por las que se resuelva la improcedencia de la acción de extinción de dominio no prejuzgan respecto de las medidas cautelares de aseguramiento con fines de decomiso, embargo precautorio para efectos de reparación del daño u otras que la autoridad ministerial o judicial acuerden en una investigación o proceso penal. Artículo 44. El no ejercicio, desistimiento o extinción de la acción penal, así como la absolución del afectado en un proceso penal por no haberse establecido su responsabilidad, o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien. Artículo 45. I. Acredite plenamente el hecho ilícito por el que se ejerció la acción, de los señalados en el artículo 7 de esta ley, y II.
8 a) En los casos a que se refiere el artículo 8, fracción III, de esta ley, pruebe la actuación de mala fe del tercero, o b) Artículo 49. En caso de que el juez declare improcedente la acción de extinción de dominio, de todos o de alguno de los bienes, ordenará la devolución de los bienes no extintos o, cuando no sea posible la devolución del bien, ordenará la entrega de su valor a su legítimo propietario o poseedor, junto con los intereses, rendimientos y accesorios en cantidad líquida que efectivamente se hayan producido durante el tiempo en que hayan sido administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en ambos casos, en un plazo no mayor de seis meses. Lo establecido en el párrafo anterior, no afecta el procedimiento de abandono que se decrete o se pueda decretar en averiguación previa. Artículo 50. (Se deroga.) Artículo 53. Para efectos de la actuación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en su carácter de mandatario, cuando haya contradicción entre dos o más sentencias, prevalecerá la sentencia que se dicte en el procedimiento de extinción de dominio. Artículo I. Reparación del daño causado a la víctima u ofendido de hechos ilícitos, cuando los hubiere por los que se siguió la acción de extinción de dominio, determinada en la sentencia ejecutoriada del proceso correspondiente; o bien, en los casos a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, en los que el interesado presente la resolución favorable del incidente respectivo, y II. Los gastos de administración y enajenación serán cubiertos preferentemente conforme lo disponga la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, o con cargo a la subcuenta específica del fondo a que se refiere el artículo 61 de esta ley.
9 Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Reitero a usted ciudadano presidente, las seguridades de mi consideración más distinguida. Palácio Nacional, a primero de septiembre de dos mil diez. Sufragio Efectivo. No Reelección. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (rúbrica) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos México, DF, a 25 de agosto de Licenciado Max Alberto Diener Sala Subprocurador Fiscal Federal de Legislación y Consulta Procuraduría Fiscal de la Federación Presente Me refiero al oficio 529-II-DAT-050/10, por el que la Procuraduría Fiscal remite a esta subsecretaría el anteproyecto de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (anteproyecto), así como la evaluación de impacto presupuestario correspondiente. Sobre el particular, con fundamento en los artículos 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 18 a 20 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 65 y 65- B, fracciones III y VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con base en lo dispuesto en el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2003), para los efectos del dictamen de impacto presupuestario a que se refieren las disposiciones de la ley anteriormente citada y de su reglamento, le informo lo siguiente: 1) Esta área, con bases en lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no tiene observaciones en el ámbito jurídico presupuestario sobre las disposiciones contenidas en el anteproyecto señalado anteriormente. 2) Se anexa copia del oficio 315-A-04063, de fecha 25 de agosto del año en curso, emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto A. Lo anterior, se hace de su conocimiento para los efectos de lo dispuesto en el artículo 20, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que la evaluación de impacto presupuestario y su dictamen se anexarán a la iniciativa de ley o decreto que se presente al Congreso de la Unión.
10 La presente opinión se emite sobre la versión del anteproyecto antes citado, recibida el día 25 de agosto de 2010, por lo que nos reservamos la emisión de los comentarios respecto de las modificaciones que en su caso, se realicen a dicha versión. Atentamente Doctor Francisco Leopoldo de Rosenzweig Mendialdua (rúbrica) Director General México, DF, a 25 de agosto de Licenciado Rafael Fernández de Lara y Olivares Director General Adjunto de Análisis Jurídico de la Dirección General Jurídica de Egresos Presente Hago referencia al oficio número 353.A , recibido en esta Dirección General de Programación y Presupuesto A el día de hoy, mediante el cual esa Dirección General Adjunta a su digno cargo remitió copia simple del anteproyecto de "Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", así como la evaluación de impacto presupuestario elaborada por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR), con el objeto de recabar el dictamen de impacto presupuestario correspondiente. Sobre el particular, le informo que la iniciativa de Decreto mencionada tiene por objeto ventilar en un procedimiento jurisdiccional si un bien de cualquier naturaleza ha sido adquirido a través de actos acordes al ordenamiento jurídico, o si su dominio es contrario al sistema jurídico, a la moral pública y a los valores de la sociedad. Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 65 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 18, 19 y 20 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como con los señalado en el oficio número DGPOP/3025/10, de fecha 25 de agosto de 2010, emitido por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la PGR, y derivado del análisis a la información proporcionada se considera que no tendrá impacto presupuestario para la PGR, con base en lo establecido en los siguientes aspectos: No tendrá impacto en el gasto para la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o en su caso, creación de nuevas instituciones, ni arrendar o comprar un bien inmueble, ni adquirir bienes muebles. No implica un impacto presupuestario en los programas aprobados para la PGR. No prevé el establecimiento de destinos específicos de gasto público. No implica el establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que requieran de mayores asignaciones presupuestarias para llevarlas a cabo. No contiene la inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria, organizacional o del servicio profesional de carrera.
11 Cabe señalar, que dicha iniciativa ha sido analizada en el ámbito de competencia de esta Dirección General Adjunta, por lo que nuestra opinión no prejuzga ni valida la información los alcances de las acciones que propone el contenido, ni constituye opinión jurídica alguna con respecto a otras disposiciones. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Atentamente María Elena Reyna (rúbrica) Directora General Adjunta

References: ARTÍCULO 22
 artículo 71
 artículo 27
 Artículo 22
 artículo 18
 artículo 71
 artículo 72
 Artículo 22
 Artículo 22
 resolución 
 artículo 22
 resolución 
 artículo 71
 artículo 72
 Artículo 22
 artículo 54
 artículo 10
 artículo 20
 artículo 50
 Artículo 22
 Artículo 2
 artículo 22
 Artículo 6
 artículo 6
 Artículo 8
 artículo 22
 Artículo 10
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 18
 Artículo 28
 artículo 32
 Artículo 36
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 45
 artículo 7
 artículo 8
 Artículo 49
 Artículo 50
 Artículo 53
 resolución 
 artículo 61
 Artículo 22
 artículo 20
 artículo 20
 Artículo 22