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CONCURSOS. Acción de responsabilidad (arts. 173 y 174 Ley 24522).
“Del Piave SRL s/ quiebra c/ Fontebasso Luis Alberto y otros s/ordinario” – CNCOM – SALA A – 30/08/2007 CONCURSOS. Acción de responsabilidad (arts. 173 y 174 Ley 24522). Autorización previa. Art. 119 Párrafo 3º LCQ. Notificación a los acreedores. Silencio. Expresión de voluntad. Consignación expresa en la notificación de que el silencio sería interpretado como asentimiento
“La exigencia de autorización previa contemplada por los arts. 119, Párr. 3° y 174 LCQ, requiere que los acreedores sean notificados por un medio que garantice el real conocimiento de la presentación del síndico sea por cédula, edictos o por convocación de una audiencia a tal efecto; por lo tanto, el silencio observado por aquellos sólo podrá ser interpretado como consentimiento o autorización cuando -como ocurre en el sub lite, v. fs.5- el tribunal de grado hubiera consignado expresamente en el auto que ordenó la notificación el apercibimiento de que tal conducta será interpretada como asentimiento (Sala D, 03.07.97, “Eledar S.A s. quiebra s. inc. de responsabilidad; Sala E, 27.12.02, “Francisco Bolado e hijos S.A c. Alkanos s. ordinario”, Sala C, 23.4.04, “Estación de Transferencia el Tajo S.A s. quiebra c. Estéves Alberto s. ordinario”, entre otros).”
“Resulta evidente que no se está disponiendo de los derechos de los acreedores, sino simplemente encauzando la forma de oponerlos de manera favorable a los intereses del concurso.”
“En modo alguno puede entenderse que tal criterio resulte contrario a lo previsto por el art. 919 del Código Civil, puesto que no se ha interpretado el silencio como asentimiento sino que previo a realizarse tal interpretación por la juzgadora ello se hizo saber a los acreedores involucrados a fin de que considerasen lo que fuere de menester a su respecto.”
“En tal contexto, estímase otorgadas las conformidades exigidas por el art. 119 LCQ, con el silencio de los acreedores, por lo que la pretensión recursiva en este aspecto no habrá de prosperar.”
Del Piave SRL s/ quiebra c/ Fontebasso Luis Alberto y otros s/ordinarioâ€ â€“ CNCOM â€“ SALA A â€“ 30/08/2007
Buenos Aires, 30 de agosto de 2007.//-
1.)) Apelaron los codemandados, Pronto Frío S.R.L y Luis Alberto Fontebasso, la decisión de fs. 219/222, mediante la cual se rechazó tanto la defensa fundada en la ausencia de conformidades necesarias para la promoción de esta acción de responsabilidad -arts. 173, y 174, LCQ-, como así también la excepción de prescripción y la solicitud de rechazo in limine por falta de autorización expresa, imponiéndose las costas de la incidencia a su cargo.-
Los fundamentos de la apelación de los recurrentes obran desarrollados a fs. 233/236, siendo respondidos por la sindicatura en fs. 238/240.-
La Sra. Fiscal General actuante ante esta Cámara emitió opinión a fs. 248/249, proponiendo la confirmación de la decisión de que se trata. -
Se agraviaron los recurrentes del fallo cuestionado porque: i) no se habrían reunido las conformidades previstas por el art. 119, párr.3°,LCQ, ya que sólo deberían computarse las conformidades expresas brindadas por los acreedores concursales;; ii) la acción de responsabilidad estaría prescripta al momento en que esta Cámara tomó nota del cambio de carátula de estos autos iniciados como incidente por la sindicatura ante el juzgado concursal (véase fs 1/4). Ello por cuanto la demanda debió, en realidad, ser presentada ante la Oficina de Sorteos, requiriéndose allí su conexidad con el proceso universal; iii) la imposición de las costas ha sido errónea por los fundamentos que han expuesto.-
2.) En primer lugar, cabe tratar el planteo de los coaccionados respecto al incumplimiento del recaudo previsto por el art. 119, párr.3°,LCQ.-
Liminarmente señálase que la exigencia de autorización previa contemplada por los arts. 119, párr. 3° y 174 LCQ, requiere que los acreedores sean notificados por un medio que garantice el real conocimiento de la presentación del síndico sea por cédula, edictos o por convocación de una audiencia a tal efecto; por lo tanto, el silencio observado por aquéllos sólo podrá ser interpretado como consentimiento o autorización cuando -como ocurre en el sub lite, v. fs.5- el tribunal de grado hubiera consignado expresamente en el auto que ordenó la notificación el apercibimiento de que tal conducta será interpretada como asentimiento (Sala D, 03.07.97, “Eledar S.A s. quiebra s. inc. de responsabilidad; Sala E, 27.12.02, “Francisco Bolado e hijos S.A c. Alkanos s. ordinario”, Sala C, 23.4.04, “Estación de Transferencia el Tajo S.A s. quiebra c. Estéves Alberto s. ordinario”, entre otros).-
En el caso, como fuera dicho, la magistrada de grado a cargo del tribunal concursal mandó citar a los acreedores por cédulas para que expresasen su conformidad o disconformidad con la interposición de esta demanda, previniéndolos asimismo, que en caso de silencio se los tendrá como autorizando su inicio (v. fs. 5). Con base en ello, y más allá de los cuestionamientos de los recurrentes, resulta evidente que no () se está disponiendo de los derechos de los acreedores, sino simplemente encauzando la forma de oponerlos de manera favorable a los intereses del concurso.-
En modo alguno, entonces puede entenderse que tal criterio resulte contrario a lo previsto por el art. 919 del Cód. Civil, puesto que no se ha interpretado el silencio como asentimiento sino que previo a realizarse tal interpretación por la juzgadora ello se hizo saber a los acreedores involucrados a fin de que considerasen lo que fuere de menester a su respecto.-
Desde tal perspectiva, visto que la ley concursal no establece el procedimiento para obtener la autorización previa de los acreedores, cabe sostener en la especie que se han cumplido los recaudos de rigor, de modo que el silencio guardado por éstos ante la obligación de expedirse, en atención a lo provisto en fs. 5 y la forma en que se los anotició -por cédula-, debe ser interpretado con una válida expresión de voluntad por cuanto, se reitera, existió una resolución del tribunal concursal que así lo determinó.-
En tal contexto, estímase otorgadas las conformidades exigidas por el art. 119 LCQ, con el silencio de los acreedores, por lo que la pretensión recursiva en este aspecto no habrá de prosperar.-
3.) Seguidamente debe abocarse ahora a la excepción de prescripción opuesta por los recurrentes oportunamente. Sobre el particular, apúntase que el art. 174 LCQ dispone en su parte pertinente: que la acción tramitará por las reglas del juicio ordinario, y prescribe a los dos (2) años contados desde la fecha de sentencia de quiebra.-
De las constancias de autos, surge que la quiebra de Del Piave S.R.L fue decretada el 30.05.03, que esta demanda de responsabilidad fue iniciada por la sindicatura como incidente concursal el 31.05.05 (dentro del plazo de gracia del art. 124 CPCC, v. fs. 4 vta-), que la magistrada de grado subsanó el trámite a aplicar, estableciendo el procedimiento ordinario, y ordenando acto seguido la comunicación de rigor a la Oficina de Sorteos de esta Cámara (véase fs. 66, in fine). Sentado todo lo anterior, se aprecia que esta acción concursal de responsabilidad -fundada en los términos de los arts. 173 y 174 LCQ- fue interpuesta dentro del plazo legal de dos (2) años contado a partir del decreto falencial, exteriorizando inequívocamente la voluntad de demandar, acto interruptivo de la prescripción de la acción en los términos del art. 3986, ler. párrafo, C. Civ., razón por la cual no se operó la prescripción aludida por los codemandados.-
Desde tal perspectiva, compartiendo esta Sala la opinión de la Sra. Fiscal General en su dictamen, no resulta óbice sustancial que esta acción fuese presentada directamente ante la Juez de la quiebra y no ante la Oficina de Sorteos de esta Cámara, ya que su radicación no se resuelve por conexidad sino por un imperativo propio de la normativa falimentaria y ello no enerva su eficacia interruptiva (arg. art. 3986 C. Civ. ya citado).-
Por todo lo aquí expuesto, no habiendo transcurrido el plazo de prescripción del art. 174 LCQ en el subexamine, se impone el rechazo del recurso en este ítem.-
4.) Costas.-
Los recurrentes se quejaron de que las costas irrogadas en la incidencia fueran impuestas a su cargo.-
Ahora bien, en nuestro sistema procesal, los gastos del juicio deben ser satisfechos -como regla- por la parte que ha resultado vencida en aquél.-
Si bien esa es la regla general, la ley también faculta al Juez a eximirla, en todo o en parte, siempre que encuentre mérito para ello (arts. 68 y ss). Siguese de lo expuesto que la imposición de las costas en el orden causado o su eximición -en su caso- procede en los casos en que por la naturaleza de la acción deducida, la forma como se trabó la litis, su resultado o en atención a la conducta de las partes su regulación requiere un apartamiento de la regla general (cfr. Colombo, Carlos - Kiper, Claudio, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación “, T° I, p. 491).-
Ahora bien, no surge del esfuerzo argumental de los apelantes fundamento alguno que se aprecie suficiente para desvirtuar lo decidido en la anterior instancia, pues al no haber prosperado ninguna de sus pretensiones no es atendible atenuar el principio objetivo de la derrota. Por lo tanto, tampoco en este aspecto el recurso será admitido.-
5.) Por todo ello, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Fiscal General, esta Sala RESUELVE;
a) Rechazar el recurso interpuesto por los apelantes y confirmar la decisión recurrida en lo que fue materia de agravio.-
b) Imponer las costas de la Alzada a los recurrentes dada su condición de vencidos en esta instancia (arts. 68 y 69 CPCC).-
Notifíquese a la Sra. Fiscal General en su despacho, y oportunamente devuélvanse las actuaciones a la anterior instancia, encomendándose a la magistrada de grado practicar las notificaciones del caso.-
Fdo.: Alfredo Arturo Kölliker Frers, Isabel Míguez, María Elsa Uzal
Ante mi: Jorge Ariel Cardama
“Del Piave SRL s/ quiebra c/ Fontebasso Luis Alberto y otros s/ ordinario” (FG n° 95.756)
1. En la resolución apelada la jueza a quo rechazó la defensa fundada en la ausencia de conformidades necesarias para la promoción de esta acción, como así también la excepción de prescripción y la solicitud de rechazo in limine por falta de autorización expresa.-
2. Apeló Pronto Frió SRL, que expresó agravios a fs. 233/236.-
En primer término, se agravió de que el a quo haya considerado reunidas las conformidades exigidas por el art. 119 LC.-
Al respecto, consideró improcedente la aplicación del art. 919 CC ya que sólo cabe asignarle al silencio el alcance de una manifestación de voluntad cuando el requerido deba dar una respuesta expresa a la requisitoria. En esa línea de razonamiento, adujo que el art. 119 LC no impone a los acreedores la obligación de expresar su voluntad.-
Concluyó, pues, que no deben computarse más que las conformidades expresas, con lo que debe descartarse que en autos se haya reunido la autorización que exige la norma del art. 119 LC.-
Además, se agravió de que el a quo rechazara su defensa de excepción de prescripción. Afirmó que ha fenecido la acción porque había transcurrido el plazo de dos años establecido por el art. 174 LC al momento en que la cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial tomó nota del cambio de carátula de estos autos que fueron iniciados por la sindicatura por vía incidental.-
Criticó, en ese sentido que el sentenciante haya considerado irrelevante que esta acción se hubiese promovido como incidente en el proceso falencial, cuando el art. 174 LC establece claramente que la acción tramitará por las reglas del juicio ordinario. Asimismo, señaló que el art. 60 del Reglamento para la Justicia en lo Comercial establece en su artículo 60 que “Las actuaciones de índole societaria … en situación de … quiebra estarán sujetas al régimen general de asignación”.-
Por último, cuestionó la imposición de costas.-
3. Considero que el recurso no debe ser admitido.-
En primer término, estimo que corresponde rechazar las defensas relativas a que los acreedores no han prestado su conformidad en forma expresa.-
En situaciones similares, esta Fiscalía ha afirmado que a los efectos de lograr las conformidades en los términos del art. 119 de la ley concursal -atenta la falta de especificación legal- es imprescindible que los acreedores sean notificados por un medio tal que garantice que han tomado real y efectivo conocimiento de la pretensión del funcionario concursal. Así, estimé que, según sea el caso, podría utilizarse, por ejemplo, la notificación por cédula o mediante audiencia convocada a tal efecto (Dictamen 77.302, 26-6-97, “Eledar SA s/ quiebra s/ incidente de responsabilidad”, con fallo concordante de CNCom. Sala D, 3-7-97). En el presente caso, la notificación se realizó por cédula.-
Sin embargo, a falta de mención específica en el texto legal, no es adecuado que se exija, para casos como el de autos, que los acreedores presten su consentimiento en forma inexorablemente expresa. Por el contrario, atentos los términos del art. 119 de la ley concursal (rem. art. 174), lo que sí es razonable exigir es que las aludidas manifestaciones de voluntad sean claras e inequívocas y tales extremos pueden cumplirse, en mi parecer, no sólo cuando existan manifestaciones expresas de voluntad afirmativa, sino también, cuando tuvieren lugar omisiones de manifestarse por parte de los acreedores y tales silencios puedan ser entendidos expresiones de consentimiento o autorización (cfr. 917 y ees. Cód. Civ.).-
En efecto, la ley no establece el procedimiento para obtener la referida autorización, por lo que no cabe exigir el cumplimiento de recaudos rigurosos que no se hayan expresamente impuestos ( Dictamen 77.405, ” Frigorífico La Perla SCA c/ Kloosterboer, Pedro s/ acción de responsabilidad s/ inc. de nulidad”, con fallo concordante de CNCom., Sala C, 13-8-97).-
Esta posibilidad de interpretar el silencio como manifestación de voluntad afirmativa se configura cuando la notificación realizada a cada acreedor respecto del propósito de iniciar la referida acción contuviese el apercibimiento de que, en caso de silencio, se entenderá que existe autorización de ellos para llevarla adelante (Dictamen emitido en el expte. 66.931, Cám. 99.837/00, “Banco Extrader SA s/ quiebra c/ Fortunatto Borelli si ordinario s/ acción de revocatoria concursal”, octubre de 2000; dictamen 77.302, 26-6-97, “Eledar SA s/ quiebra s/ incidente de responsabilidad”, conf. sala D, 3-7-97). Tal es el caso de marras, donde se aclaró que “en caso de optar por no contestar la presente, se considerará que el acreedor presta conformidad para la promoción de la acción de responsabilidad por la quiebra Del Piave SRL”.-
En este contexto, deben reputarse obtenidas las conformidades requeridas por el art. 119 LC.-
Por lo demás, tampoco es atendible la excepción de prescripción que introdujo el demandante. La demanda debe considerarse interpuesta el 31 de mayo de 2005, tal la fecha en que la sindicatura promovió la acción de responsabilidad fundada en los arts, 173 y 174 LC. Es a partir de la interposición de esta presentación que se interrumpió el plazo prescriptito que surge del art. 174 LC. Es irrelevante a esos fines si la acción se presentó directamente ante el juez de la quiebra o ante la Oficina de Sorteos, ya que ello no tiene consecuencias prácticas en el proceso que siempre tramitó como un juicio ordinario, siendo estas circunstancias traídas a colación por la demandada únicamente para tener por prescripta la acción, lo cual es inadmisible.-
Cabe recordar que de acuerdo con los términos del art. 3986 CC la prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor o deudor, incluso cuando esta fuese interpuesta ante juez incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en juicio.-
Por último, respecto de la imposición de costas, toda vez que tales tópicos no implican afectación del interés general cuyo resguardo me compete (art. 120 Constitución Nacional);; no me expediré al respecto.-
Por los motivos expuestos, concluyo que corresponde confirmar la resolución apelada con los alcances expuestos.-
Buenos Aires, agosto 14 de 2007.//-
carlos sebastian girotto dijo 14 Julio 2008 at 5:13 pm
Estimo que la Fiscal y la Sala de la Excma.Càmara Nacional Comercial, han elaborado una incorrecta doctrina al respecto.
Los jueces no pueden arrogarse funciones legislativas, y en el caso lo han hecho. En efecto, la ley es clara sòlo debe considerarse la manifestaciòn tàcita de la voluntad cuando por imposiciòn legal, no judicial, un sujeto deba manifestarse. Los acreedores no tienen un deber legal de manifestarse en el caso. Si bien no existe un procedimiento para otorgar las autorizaciones eso no habilita a los Magistrados a forzar la norma y mucho menos a integrarla. Tampoco puede aplicarse la analogìa, dado que no existe una laguna respecto de la autorizaciòn, esto es, los acreedores deben autorizar al Sìndico a ejercer la acciòn y sino el Sìndico tiene el camino de iniciarla per se y a su costa.
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References: e contrario
e contrario
 resolución 
in fine
 resolución 
 artículo 60
 resolución