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Timestamp: 2018-07-21 20:42:39+00:00

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Santiago Abeigón Vidal | Denegación de Justicia Gratuita y cese del Abogado designado de oficio.
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Denegación de Justicia Gratuita y cese del Abogado designado de oficio.
18 marzo 2015 General Santiago Abeigón Vidal
La denegación de justicia gratuita tiene como consecuencia el cese del abogado designado de oficio, en todas las jurisdicciones, incluida la penal. Y este cese se produce de forma automática, sin necesidad de ninguna comunicación o aprobación por la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de Abogados. Cosa distinta es que en la práctica judicial los abogados deciden voluntariamente, por el motivo que sea, continuar en la defensa.
En efecto, el artículo 18 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita establece que <<Si, por el contrario, la Comisión desestimara la pretensión, las designaciones que eventualmente se hubieran realizado quedarán sin efecto y el peticionario deberá, en su caso, abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados con carácter provisional, en los mismos términos previstos en el artículo 27 de esta Ley>>.
El artículo 16.3 del Reglamento de desarrollo de la LAG vuelve a insistir sobre ello al establecer que <<La resolución desestimatoria implicará que las eventuales designaciones de oficio realizadas previamente queden sin efecto y, por tanto, el solicitante habrá de designar abogado y procurador de libre elección. En tales casos, el peticionario deberá abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados por los profesionales designados de oficio con carácter provisional, pero el abogado no podrá reclamar al procurador el pago de sus honorarios>>.
Finalmente, la reglamentación colegial del turno de oficio -por poner el ejemplo que me resulta más próximo- el Estatuto del Servicio de Turno de Oficio del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra, aprobado por su Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 15 de noviembre de 2004, reitera en su artículo 14 que <<La resolución que deniegue el derecho a la asistencia jurídica gratuita implicará que las eventuales designaciones de oficio realizadas previamente queden sin efecto y, por tanto, el solicitante habrá de designar Abogado de libre elección>>.
Aún en la jurisdicción penal se produce igualmente el cese del abogado primeramente designado, por ser ésta la consecuencia legalmente prevista; el solicitante habrá de designar abogado de libre elección y habrá de ser requerido por el juzgado a tal efecto. Si no lo designa en el plazo que se le señale, naturalmente, en la jurisdicción penal, por obvias razones -sin abogado no puede haber sentencia-, habrá de procederse a una segunda designación (artículo 545.2 LOPJ). Esta segunda designación sí será irrenunciable para el abogado.
En este sentido se ha pronunciado el Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona de 20 de julio de 2004 al conocer de un recurso contra la resolución de un Juzgado de lo Penal que rechazó la renuncia planteada por la Letrada por entender que la defensa profesional de oficio solamente puede ser excusada por la concurrencia de una causa justificada apreciada por la Junta de Gobierno, alegándose únicamente por la Letrada la denegación del beneficio de justicia gratuita que es preceptiva en el orden jurisdiccional penal con independencia de que el imputado goce o no de recursos suficientes para litigar, por lo que el efecto de la denegación del reconocimiento es el abono de los honorarios pero no causa de renuncia o extinción de la designa de oficio.
Sin embargo, la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación interpuesto por la letrada con abundante motivación concluyendo del siguiente modo: <<Así pues, siendo revocado o denegado el beneficio de la asistencia jurídica gratuita, no solamente se prevé que el nombramiento quede sin efecto y deban de abonarse los honorarios correspondientes, sino que expresa con toda claridad que el solicitante deberá de nombrar profesionales de libre designación, por lo que la renuncia de la Letrada debe de admitirse desde el momento en que ha quedado sin efecto su nombramiento, renuncia que dado el tenor de la normativa, siquiera es preceptiva, sin perjuicio de que sea conveniente. En este momento, es cuando pueden entrar en juego los preceptos citados por la recurrente y por el Ministerio Fiscal en cuanto a las disposiciones del Estatuto General de la Abogacía, es decir, que no se deje al cliente en situación de indefensión. En consecuencia, el recurso se estima>>.
Quizá la terminología empleada por la sentencia no sea la más afortunada, por hablar de “renuncia” -tal vez por mor del efecto anclaje- pues parece más acertado en este caso hablar de “cese”, por ser precisamente esta la consecuencia legalmente establecida y no estar necesitada de ninguna comunicación o aprobación por parte del Colegio de Abogados, como sí lo está la renuncia.
Una solución contraria, que pretenda mantener en la defensa al letrado en contra de su voluntad, atentaría gravemente a su dignidad profesional y resultaría contraria al principio de libertad que preside su actuación, conforme al art. 542.2 LOPJ y al Estatuto General de la Abogacía Española aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, y al mismo tiempo vulneraría el derecho fundamental de defensa reconocido por el artículo 24 de la Constitución y la doctrina constitucional que lo interpreta, al no garantizarse el derecho del acusado a la libre elección de abogado para su defensa (art. 546.1 LOPJ), cuando la designación provisional del letrado del servicio de guardia quedó sin efecto y éste presenta su cese.
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References: artículo 18
 artículo 27
 artículo 16
 resolución 
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 24