Source: https://justiciayprehistoria.blogspot.com/2011/09/
Timestamp: 2017-06-23 20:43:13+00:00

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No atendemos después de las dos: septiembre 2011
Defendí hace unos días que el llamado Arancel de los Procuradores (Real Decreto 1373/2003) no tiene ningún soporte legal o, el que parece tener en la LEC, es completamente insuficiente para saltarse la prohibición impuesta por la legislación sobre la libre competencia. No vuelvo sobre el asunto porque lo ha hecho la Sala 3ª del Tribunal Supremo (Sección 3ª) en un Auto de 19 de julio de 2011 (ROJ: ATS 7800/2011), en el que aprovecha el tope máximo de derechos que puede cobrar un Procurador fijado en el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo y lo establecido en el artículo 139.3 Ley Jurisdicción Contenciosa- Administrativa, para considerar manifiestamente desproporcionada la carga que resultaría para el deudor de la condena en costas (la Administración del Estado) de abonar al Procurador de la otra parte unos derechos arancelarios por importe de 106.769,27€, cuando los honorarios del Letrado por su actuación profesional en el mismo recurso habían quedado reducidos a 25.000 euros. El Procurador y el Consejo General de Procuradores de España mantuvieron que la regulación por arancel de los derechos de éstos no debe modularse en función del principio de proporcionalidad, siendo como es aquél una disposición de carácter general, o norma reglamentaria estatal, que ha de aplicarse en sus propios términos, y cuyo contenido presenta notables diferencias con los criterios orientativos de honorarios que aprueban los Colegios de Abogados. El arancel es una norma de observancia obligatoria que determina las retribuciones profesionales de los procuradores. Como ya comenté la chapucería legislativa que disfrutamos – y que últimamente tiene una colección de pret a porter en sucesivos Reales Decretos Leyes que se van atropellando- ha llevado, a mi entender, a que el Real Decreto-ley 5/2010 no se pare en el proceso concursal y como un tren sin frenos haya entrado en el proceso contencioso-administrativo y quizá lo termine haciendo en el proceso civil. El Consejo General de los Procuradores alegó, en último lugar, que la aplicación del principio de proporcionalidad en sus cuentas de derechos elevaría la conflictividad e inseguridad jurídica, sin que este efecto quedara atenuado por la circunstancia de que fuera utilizado tan sólo como límite al supuesto de vencimiento en costas y no para determinar los derechos del profesional frente al cliente que le contrata. Dejando al margen la singularidad procesal del artículo 139.3 Ley Jurisdicción Contenciosa- Administrativa, el Tribunal Supremo rechazó las alegaciones de los Procuradores y se sirvió para ello del tantas veces citado Real Decreto Ley 5/2010, abriendo la puerta a una inaplicación automática del Arancel 2003. Y con esa puerta abierta dijo el Tribunal Supremo: Cita:
que, tras la aprobación del Real Decreto Ley 5/2010, sería conveniente un desarrollo normativo en esta materia que dotase de mayor seguridad jurídica a todas las partes concernidas. A partir de aquí se fundamenta la poda de los derechos del Procurador de la siguiente forma: Cita:
En segundo lugar, la eventual adecuación de los derechos arancelarios de los Procuradores a criterios de proporcionalidad ha sido establecida en el Real Decreto Ley 5/2010. Ello ha determinado que, a tenor de su Disposición adicional única, apartado primero, se fije un máximo absoluto de 300.000 euros y se modifique la base reguladora en los procesos concursales. En virtud del apartado tercero de aquella disposición, la nueva regla es aplicable a las cantidades devengadas por actuaciones anteriores que no se hayan liquidado con carácter firme, como es el caso de autos. La Disposición adicional única del Real Decreto Ley 5/2010, según su preámbulo, pretende "evitar, en la actual situación económica, situaciones disfuncionales derivadas de la aplicación de la normativa reguladora de los aranceles de los Procuradores de los Tribunales"'. Para el legislador, esta normativa "no se acomoda en sus tramos más elevados a la realidad de la situación económica de nuestro país, por lo que es urgente modificarla para evitar efectos no deseados, estableciendo un tope máximo que impida liquidaciones manifiestamente desproporcionadas". A nuestro juicio, el Real Decreto Ley tiene como doble efecto inmediato que la normativa reguladora de los aranceles de los Procuradores no deba ya ser objeto de aplicación automática en todos los supuestos y que, en este mismo sentido, hayan de evitarse liquidaciones manifiestamente desproporcionadas aun cuando resulten de la aplicación literal de aquélla. La implantación del tope absoluto (cifra máxima de retribución profesional por asunto, actuación o proceso) no agota las posibilidades de ajustar los derechos devengados por un Procurador de los Tribunales, en concepto de costas sufragadas por la parte vencida, cuando éstos revistan un carácter manifiestamente desproporcionado. La introducción del principio de proporcionalidad como límite al régimen arancelario de los Procuradores de los Tribunales abre, pues, la vía a la aplicación no necesariamente automática de las escalas o "tablas" para la fijación de sus derechos que contiene el Real Decreto 1373/2003. En concreto, la vía queda abierta cuando se trata de hacer efectiva la condena en costas, de modo que la aplicación literal de las escalas y tipos arancelarios puede -en casos que pongan de manifiesto cantidades exorbitantes en relación con en trabajo profesional realizado- considerarse desproporcionada. A partir de esta premisa el condenado en costas no tendría por qué sufragar en su integridad la correspondiente partida, y ello incluso cuando se respetase el tope máximo "universal" fijado en el apartado primero de la Disposición adicional del Real Decreto Ley citado. Siendo cierto que la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor de los gastos originados directa e inmediatamente en el pleito, entre los que se incluyen los derechos económicos de los Procuradores, también lo es que el trabajo de éstos se remunera en principio por la parte a quien representan y a la que prestan sus servicios profesionales en régimen de competencia. La carga de aquellos derechos que se impone al condenado en costas queda, en virtud del criterio inspirador del Real Decreto Ley 5/2010, sujeta al principio de proporcionalidad lo que significa, entre otras consecuencias, que no puede prescindir de la comparación con los honorarios devengados por el Letrado defensor de la misma parte acreedora y cuya intervención procesal es, como ya hemos afirmado, más relevante para el éxito de las pretensiones. En el preámbulo, antes citado, del Real Decreto Ley 5/2010se justifica la necesidad de éste, en la parte que se refiere al arancel, de modo que se logre, además de "una reducción de los costes en la Administración de Justicia", una "retribución justa y equitativa de los servicios prestados por los procuradores de los tribunales". Por ello se aplican "[...] medidas que ya son efectivas para otros operadores jurídicos lo que genera desigualdad y falta de equidad en estas cuestiones". Aun cuando no con la suficiente claridad, la apelación al principio de igualdad entre profesionales permite inferir que el tratamiento dispensado a la impugnación de los honorarios devengados por los abogados e incluidos en la tasación de costas puede extenderse, bajo la guía del principio rector de evitar liquidaciones manifiestamente desproporcionadas, también a la impugnación de los derechos de los procuradores cuando se incluyan en las tasaciones de costas.
Podremos darle muchas vueltas al debate, pero lo único cierto es que un Arancel que puede privarse de efectos por comparación con la norma que regula los honorarios de los Administradores Concursales o, por aplicación de una norma posterior que ni tan siquiera lo cita (Real Decreto Ley 5/2010), no parece tener un sólido soporte normativo que lo justifique y como bien señala el Colegio de Procuradores, nos garantiza unos próximos tiempos de no poca inseguridad jurídica. Publicado por
Remito la respuesta que a continuación transcribo a la llamada Plataforma cívica por la independencia judicial. He leído con detenimiento la carta que publica en la página de la Plataforma cívica por la independencia judicial y pasa usted por alto un pequeño detalle que termina provocando la bola de nieve, que luego pretenden parar con manifiestos, firmas de documentos y propuestas de variada naturaleza que no entiendo bien. La política no es una ciencia infusa, ni puede separarse de la persona y la politización de la justicia arranca con la politización del Juez. Esto es, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, porque durante años los Jueces (personas) han atendido al canto de las respectivas sirenas y no han resistido dos minutos al embrujo de la pérdida de independencia. No hablemos ya de las Consejerías de Justicia de la España plural, repletas de Jueces y Magistrados o de los múltiples puestos de asesor, que trufan el escalafón de otros Cuerpos de funcionarios de la Administración con personas ajenas a esa carrera. Porque, en otros Cuerpos hay también Carrera y pérdida de independencia. De hecho, los Secretarios Judiciales hemos batido record en este asunto, porque en un par de años nos hemos puesto al nivel de los Jueces y eso es correr mucho. ¿Cómo se despolitiza la Justicia?. En España es muy sencillo: prohibiendo en la Ley Orgánica al Juez o Magistrado de “ida y vuelta”. El Juez o Magistrado que sale de la carrera y pasa a la política no vuelve a la primera y asunto arreglado, el de la independencia. No hacen falta planes, ni regeneraciones, ni manifiestos, ni plataformas, basta una simple modificación de dos párrafos en un par de artículos. Y luego todo lo demás: retribución (hoy insuficiente), motivación (hoy inexistente) e inspección. Todos sabemos cuáles son los males que aquejan a la casa y todos sabemos que el interés por resolverlos es ciertamente escaso, pero los Jueces son ahora uno más de los actores en ese teatro que llevamos construyendo desde la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985 y, no el más importante. Es el problema de quererlo todo, que al final nos quedamos sin nada. Atentamente. Alberto Martínez de Santos. Secretario Judicial. Publicado por
Creo que ayer los Abogados publicaban uno de esos estudios en el que somos todos muy malos (Jueces, Secretarios Judiciales, demás funcionarios y el CGPJ) y todos los demás muy buenos (la famosa Ley del Péndulo) y hoy, el diario Expansión, una entrevista a un Abogado en la que reprocha la competencia desleal que se ha instalado en el sector (precios tirados para quedarse con los clientes). Reconoce excesos y la necesidad de adaptarse al mercado. Y aprovecho la introducción para reclamar lo que el hoy inexistente Tribunal de Defensa de la Competencia dijo sobre los Procuradores en el año 2000: precio libre para abogados y procuradores y tasaciones de costas para peritos y testigos. Verán las razones. El día 27 de julio de 2009 el Juzgado de lo Mercantil número 7 de los de MADRID dictó una sentencia en la que redujo los derechos de un Procurador en un concurso, fijados con arreglo al Arancel, de 2.581.393€ a 535.735,25€. Han leído bien. Pero no contento con eso, el Juez reclamó en la sentencia una reforma legal, estimando que la aplicación del arancel de los procuradores originaba resultados desproporcionados y excesivos. Y se le hizo caso, porque en el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, se limitó a 300.000 euros la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los Tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso (tope que, por cierto, es aplicable a cualquier proceso). ¿Y por qué razón no se cita el Real Decreto 1373/2003 en ese Real Decreto Ley del año 2010?. Porque el primero es nulo. Y lo es porque el sistema arancelario no viene recogido en norma de rango legal y, por tanto, infringe el artículo 1 Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. No se puede modificar lo que no existe. Que los Juzgados y Tribunales sigamos aplicando el Arancel no tiene otro fundamento que la “práctica forense” o, si lo prefieren, la comodidad. Pese a ello, tanto el RD 1162/1991 como el 1473/2003 carecen de cobertura legal y las referencias que a los aranceles que se hacen desde otros textos positivos como la Ley 1/1996, de Asistencia Gratuita o la LEC, no pueden considerarse en modo alguno el requisito legal contemplado en el artículo 4 Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia pues, una cosa es la referencia normativa a una institución y otra muy distinta, el rango normativo necesario para la habilitación y regulación concreta de ésta. En el año 2000 el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia, elevó informe al Gobierno con la sugerencia de la supresión expresa de los aranceles de los procuradores, con las rectificaciones necesarias en la Ley procesal, por considerar a los mismos perturbadores del régimen de libre competencia establecido en la Ley en la misma medida que para las otras profesiones contempladas en ella y sin que existieran razones que justificaran un trato distinto entre ellas o, en todo caso, la fijación de dichos aranceles. Con los ABOGADOS la cosa tiene su hispana peculiaridad. Se liberaron los precios y los Colegios fijaron normas orientativas, que han terminado convirtiéndose, con los años, en Aranceles y así todo el mundo – los abogados- tiene más o menos claro qué puede cobrar. El Tribunal Supremo en una línea jurisprudencial que no tiene indicios de variar, le da a esas normas orientativas el valor que tienen o, sea, ninguno y rebaja los honorarios – cuando se impugnan- del 60% al 80%. Esta última nota nunca aparece en los barómetros de los Abogados, como tampoco se preguntan, verbigracia, porque un monitorio en el que se reclaman 500,00€ puede alcanzar 510,00€ por intereses y costas: ¿no son acaso las costas una parte del gasto del proceso?. Pues bien, si el Arancel de los Procuradores es nulo y los Abogados pueden cobrar lo que quieran ¿qué hacemos tasando costas en los Juzgados?. Es verdad, lo dice el artículo 241 LEC, se me había pasado. O, mejor, no estaría de más que si vuelve a tocarse la ley, se supriman las tasaciones de costas o, en caso contrario, permitan una libertad completa del Secretario Judicial en su confección.
Después de casi ochos años se ha publicado bien poco sobre las famosas relaciones de puestos de trabajo (RPT) en las que se supone deben integrarse los Secretarios Judiciales (SJ). Circularon hace tiempo (muchísimo), unos listados por alguna Comunidad Autónoma (CA) llenos de acrónimos y de números que no tenían ningún sentido. El asunto tiene mala pinta por tres razones de diferente peso: la primera es que nadie quiere un cuerpo independiente y visible. Basta la lectura de los escritos que redactan catedráticos y magistrados para comprobar la validez del aforismo. No se critica ya la necesidad de una nueva oficina judicial sino que la dirijan los Secretarios Judiciales. La segunda razón es que como cuerpo de funcionarios no sabemos a lo que nos enfrentamos. Es la sanción por la invisibilidad. La tercera es que el desconocimiento facilita que grupos de escasa o nula representación dentro del cuerpo terminen vinculando a la mayoría; mayoría que dicho sea, tampoco muestra ningún espíritu de resistencia. No estamos ante nada nuevo. Lo explica el catedrático Alejandro Nieto en “EL DESGOBIERNO DE LO PUBLICO” (páginas 184 y 185), un ensayo publicado recientemente y que aprovecho para ilustrar determinadas ideas. Hasta 1964 la vida de los funcionarios estaba programada. El funcionario ingresaba en el escalón inferior y con el transcurso de los años iba ascendiendo de peldaño en peldaño, adquiriendo experiencia en cada uno de ellos y viendo aumentadas correlativamente sus retribuciones. Hoy la carrera ha desaparecido. Cada funcionario ocupa un determinado puesto de trabajo y, desde él puede saltar a cualquier parte. Por decirlo con otras palabras: hoy - en los escalafones funcionariales civiles- el equivalente de un teniente novato puede saltar de un golpe – y así sucede todos los días- a general. El Estatuto de Empleo Público ha quebrado a los supervivientes la espina dorsal, que era cabalmente la carrera: un régimen tan singular que les permitía identificarse con el patrón – nada menos que la Administración del Estado-, participar con dignidad en el ejercicio de sus prerrogativas y, sobre todo, distanciarse de los políticos y estar en condiciones de resistir algunas de sus influencias más ilegitimas, puesto que la carrera suponía – tal era su verdadero sentido- una eficaz trinchera de protección. En estas condiciones los funcionarios eran ciertamente subordinados de los políticos, pero también sus colaboradores. Hasta aquí la historia. Ahora vamos con el futuro del que, por cierto, disfrutamos desde el año 2.003 y muy especialmente los Secretarios Judiciales destinados en los Juzgados de lo Penal desde finales del año 2.008. Desaparecido el corporativismo (queda el Cuerpo de Abogados del Estado y que dure muchos años) y ausente la cadena de mando (pese a que, en teoría, existe en cada provincia y en la Comunidad Autónoma) todos sabemos que no hay problemas de cuerpo, sino de Juzgado o de Servicio Común y que como la responsabilidad será única, las decisiones también. La mejor muestra la tenemos en el silencio rugiente con la que se recibió la sentencia del contencioso-administrativo sobre el mal llamado caso “Mari Luz”. Silencio que también sirve, de paso, para comprobar la inutilidad del paro del mes de octubre del año 2008 y que al Ministro Bermejo – con Real Orden de Carlos III a cuestas- se lo llevaron por delante los Jueces y las afortunadísimas declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno. Volvamos a lo nuestro. La alternativa que sustituye a la carrera es el sistema de puestos de trabajo. El problema – sigo nuevamente a Alejandro Nieto- es que es un sistema ventajoso desde el punto de vista operativo ya que no político, pero con la condición de que se implante realmente, algo que en España no se ha hecho, ni intentado seriamente hacer y, tardará gracias a la falta de dinero. El nuevo régimen (RPT) ofrece la ventaja que los ascensos dependen únicamente de las condiciones de los candidatos sin que los mejores tengan que soportar el purgatorio de años de servicio en puestos inferiores ni sea preciso acumular experiencias. Todo depende, de la agudeza y de la imparcialidad de juicio del superior, aunque a cualquiera se le alcanza – y su verificación casuística es sencilla- que el motor de los ascensos, más que los méritos funcionales del agraciado, es su color político. Este discurso tiene, en el caso de los Secretarios Judiciales, otros dos factores negativos añadidos: las Comunidades Autónomas y el Consejo General del Poder Judicial. Los funcionarios de un cuerpo único de la Administración del Estado sirven destinos en Comunidades Autónomas dónde a ese color político del Gobierno se suma un segundo, que puede ser distinto del primero (o, no) y el idioma propio del territorio (o, no). Idioma que, por cierto, se impone por el nacionalista de guardia y su interpretación de la legalidad. Configurada la estructura (Ministerio de Justicia, Secretarios de Gobierno, Secretarios Coordinadores Provinciales y Secretarios Judiciales) surge otra paralela del Consejo General del Poder Judicial que ataca al escalón inferior del Cuerpo de Secretarios Judiciales en materias propias de este. El Consejo no reconoce ninguna jerarquía en los Secretarios Judiciales ajena a la que marcan sus propias instrucciones y reglamentos y, no tiene reparo para pedir cuentas a los Secretarios Judiciales del último escalón (todos los de 2ª y 3ª categorías) cómo y cuando tiene a bien. Bonito escenario para una unidad de psiquiatría especializada, pero solo para eso, porque es imposible que en estas condiciones funcione el diseño de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2.003 y, lo que es peor, refuerzan las tesis de quienes piden la supresión del cuerpo o que permanezcamos en la invisibilidad. Publicado por

References: artículo 139
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 Real Decreto 
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 artículo 1
 artículo 4
 artículo 241