Source: https://www.scribd.com/document/56382712/DenunciaBonadioFinal
Timestamp: 2017-04-28 03:19:32+00:00

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ScribdBrowseInterestsCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinDenunciaBonadioFinalUploaded by Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentFORMULA DENUNCIA Señor Presidente Del Consejo de la Magistratura Del Poder Judicial de la Nación S__________/___________D Ezequiel Nino, presidente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) –conforme copia del Estatuto que se acompaña- y Pedro Biscay, T.88, F.117, CPACF, en calidad de Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), con el patrocinio letrado de Luis Francisco Villanueva (CPACF T° 87–F° 762; CUIT N° 20-25495450-1, inscripto en el régimen de monotributo) y Cecilia Fernanda Vazquez (CPACF T°106 F°534) con domicilio real en Avenida de Mayo 1161 5° of. “9” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Zona 55), constituyendo domicilio procesal en el mismo, al Señor Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación nos presentamos y decimos:
I. OBJETO De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114, inc. 5, y 115, de la Constitución Nacional —en adelante, CN—, en los artículos 7, inc. 7; 15, y 21 y ss. de la ley 24.937, y del art. 1 del Reglamento de la Comisión de Acusación, en nuestro carácter de justiciable y de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, venimos a formular denuncia contra el juez Claudio Bonadio, a quien consideramos pasible de enjuiciamiento por haber incurrido, claramente, en la causal de “mal
desempeño” de su función, prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Por los motivos de hecho y de derecho que expondremos, solicitamos a la Comisión de Acusación de este Consejo de la Magistratura que disponga la apertura del procedimiento de remoción del juez denunciado, ordene su suspensión y, en su caso, formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento, todo en los términos previstos por los artículos 53, 114, inc. 5, y 115 de la Constitución Nacional, y artículos 21, siguientes y concordantes de la ley 24.937. Tal como lo exige el artículo 2 del Reglamento de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, adjunto copia certificada de mi documento de identidad, y copia simple de esta presentación, así como también copias simples de prueba documental relevante para la decisión de este caso concreto.
II. Personería La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) es una organización apartidaria, sin fines de lucro, comprometida con la misión institucional de contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas y la defensa de los derechos y garantías
constitucionales. Entre sus programas de trabajo, realiza iniciativas tendientes a promover la implementación de los mejores estándares y prácticas institucionales en relación con la investigación judicial de hechos de corrupción, de acuerdo con los compromisos
constitucionales e internacionales de la República Argentina.
El CIPCE es una organización de la sociedad civil dedicada al desarrollo de políticas públicas contra el delito económico y la corrupción, conformada en el año 2003, mediante la firma de un convenio de colaboración entre las siguientes cuatro organizaciones: a. el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); b. el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS); c. el Instituto de Formación y Capacitación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y, d. el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Se acompaña copia simple del mismo). El principal objetivo del CIPCE consiste en desarrollar políticas públicas y acciones orientadas hacia el mejoramiento de las investigaciones judiciales y la recuperación de activos de origen ilícito. Con dichos fines hemos intervenido en las más importantes causas judiciales que tramitan en el fuero federal con el propósito de colaborar con los fiscales y jueces en el impulso de la investigación de los casos de corrupción más emblemáticos del país.
III. SÍNTESIS DEL CASO Para poder dar comprensión y sentido a los diversos actos llevados a cabo por el Juez Claudio Bonadio que han configurado la causal de “mal desempeño”, es necesario tener una idea sintética de los procedimientos sucedidos en el marco de las causas “Boffil Alejandro y otros s/ Defraudación contra el Estado Nacional” y “Yoma, Alfredo Carim y otros s/desfraudación”. De hecho, algunas manifestaciones de esta actividad son las que permiten arribar a la única conclusión
posible de que en este caso ha habido mal desempeño de manera inequívoca y manifiesta. En las sentencias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº5, dictada en la causa “Boffil Alejandro y otros s/ Defraudación contra el Estado Nacional” y en la causa “Yoma, Alfredo Carim y otros s/defraudación” encontramos parte de los fundamentos que le dan origen a esta presentación. III.1.a. Causa “Boffil Alejandro y otros s/ Defraudación contra el Estado Nacional”. Hechos. El Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 1957/90 en el marco de la ley de reforma del Estado mediante el cual se convocó a una licitación internacional para transferir el paquete accionario de la sociedad Tandanor. Esto se concretó en diciembre de 1991 cuando el consorcio “Marítimos S.A.” (integrado por Compañía Argentina de Transportes Marítimos S.A., Sud Marine Enterprises S.A. y el Banco Holandés Unido S.A.) recibió el 90% de las acciones de Tandanor,
comprometiéndose a pagar más de U$S 59 millones, de los cuales el 12% (aproximadamente) fue pagado en efectivo, previo a la firma de contrato. En tanto, por los casi U$S 52 millones restantes, el consorcio ofreció una póliza de caución de la Aseguradora del Litoral S.A. como garantía de pago. Llegada la fecha para comenzar a saldar las cuotas y así cancelar la deuda que el consorcio mantenía con el Estado, aquél incurrió en diversas moras que habilitaron el inicio de ejecuciones judiciales. En el marco de estos expedientes iniciados por el acreedor público el consorcio privado comenzó a articular maniobras tendientes a frustrar el pago. Pronto se evidenciaría la incapacidad de pago de varias de las empresas integrantes del consorcio y se daría inicio a la
causa judicial por el delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública contemplado en el artículo 174 inciso 5º del Código Penal. Estos hechos encuadran en los instrumentos internacionales anticorrupción -como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que Argentina suscribió en el año 2006como prácticas corruptas. III.1.b. La actuación del juez Claudio Bonadío. La denuncia se realizó en agosto de 1999 y el primer llamado a prestar declaración indagatoria fue en septiembre del 2000, esto mientras el asunto estaba a cargo del titular del Juzgado Federal nº 2. El 5 de diciembre del año 2002 se remite el asunto al Juzgado Nº 11 a cargo del juez Claudio Bonadío, y comienza la demora inexplicable. A tal punto que recién en diciembre del año 2006 tuvo por concluida parcialmente la etapa preparatoria y en el mismo mes se requirió la elevación a juicio por la titular del Ministerio de Defensa, la Oficina Anticorrupción y el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, demostrando un claro interés en la prosecución de la causa. Sin embargo, el dictado de auto de elevación a juicio recién fue a fines del año 2009. Con respecto a la etapa instructoria, en la sentencia sobre la prescripción de la acción penal en este proceso, quedó claro el impacto que produjo en el Tribunal la inidoneidad del juez Bonadio, causante de la demora inexplicable:
“(…) el trámite que se le imprimió al proceso en la etapa instructoria demoró aproximadamente nueve años desde la última fecha indicada (la causa se radicó ante este Tribunal el último día de septiembre de 2009). ¡Sólo entre la presentación del requerimiento de elevación a
juicio y el dictado del auto de elevación el juez instructor demoró casi tres años!”1
En distintas partes de la sentencia se destaca el mal desempeño del juez Bonadío en cuanto a esta inexplicable demora:
“(…) adviértase que en este caso el juez de grado resolvió elevar a juicio el proceso casi tres años después de que los acusadores formularan la acusación en los términos del artículo 347 inciso 2º del Código Procesal Penal.”2
Incluso en el voto de minoría, el doctor Oscar Alberto Hergott coincidió en darle énfasis a la insólita demora en que incurrió el juez Claudio Bonadio, votando incluso la remisión de una copia de la sentencia al Consejo de la Magistratura ante la indebida demora, señalando:
“Frente a todo lo antedicho, mi voto es que se rechace el planteo de prescripción de la acción penal articulado por las distintas defensas, se ordene inmediatamente la vista que prevé el artículo 354 del Código Procesal Penal y se remita copia del presente al Consejo de la Magistratura por la indebida extensión del plazo procesal para la elevación a juicio de los imputados.”3
III.2.a. Causa “Yoma, Alfredo Carim y otros s/defraudación”. Hechos. En la causa se le atribuye a directivos y representantes de la firma Yoma SA el haber cedido al Banco de la Nación Argentina (BNA) -en
Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5, sentencia en la causa nº 1.338 “Boffil Alejandro y otros s/ Defraudación contra el Estado Nacional”, voto del juez Ricardo Luis Farías 2 Ibidem. 3 Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5, sentencia en la causa nº 1.338 “Boffil Alejandro y otros s/ Defraudación contra el Estado Nacional”, voto minoritario del juez Oscar Alberto Hergott.
distintas operaciones celebradas entre el 9 de marzo y el 5 de junio de 1998 y como garantía de pago de ellas- derechos crediticios correspondientes al recupero del Impuesto al Valor Agregado, que habría de percibir la firma en virtud de la realización de futuras operaciones de exportación (a desarrollar entre abril y agosto de 1998)4, los cuales ya habían sido cedidos previamente, también en garantía, al Banco Macro SA. Los operaciones consistieron en tres contratos de mutuo, que produjeron disposiciones patrimoniales en perjuicio del BNA por las sumas de U$S 1.192.740, U$S 795.160 y U$S 944.252,
respectivamente; y uno de descubierto de una cuenta corriente a nombre de la sociedad que, al no generar disposiciones de esa índole, quedó en grado de tentativa. Estos hechos se denuncian en diciembre del año 2000 con la calificación de delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública contemplado en el artículo 174 inciso 5º, en relación con el artículo 172 del Código Penal. Estos hechos encuadran en los instrumentos internacionales anticorrupción -como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que Argentina suscribió en el año 2006- como prácticas corruptas. III.2.b. La actuación del juez Claudio Bonadio. El juez Claudio Bonadio tiene a cargo el asunto desde un primer momento. Podemos observar como la causa sufre su mal desempeño desde el principio.
De acuerdo a lo establecido en el Régimen de Promoción Industrial, regulado por los decretos 804/96 y 1125/96 y resoluciones AFIP 4209 y 4260.
La denuncia es presentada en el año 2000 y la convocatoria de los acusados en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal demoró nada menos que cinco años. Como si esto fuera poco, para que la causa al fin se radicara ante un tribunal oral, tardó 5 años más. Al respecto se refieren los jueces del Tribunal Oral Nº 5 en un numeral especial de la sentencia, donde señalan en conjunto, luego de declarar la acción penal prescrita, que:
“Más allá de lo resuelto entendemos que corresponde dejar a salvo nuestra opinión respecto de ciertos aspectos relativos al trámite que ha tenido la presente causa”.5
Señalando a continuación la demora antes descrita entre la denuncia, la convocatoria de los acusados y la radicación en el Tribunal Oral. III.3. Consideraciones comunes a ambas causas Basándonos en estas causas y las observaciones que el tribunal superior emitió al momento de dictar las sentencias exigimos se aplique la más drástica medida a este juez que inexplicablemente no sólo incurrió en mal desempeño, sino que con su negligente actuar (o no actuar) contribuyó a la impunidad que hoy caracteriza a las causas de corrupción en el país. Es necesario recalcar que en ambas sentencias el Tribunal Oral Nº 5 citó a los integrantes de la Sala I de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que incluso intervinieron en la causa ““Yoma, Alfredo Carim y otros s/defraudación”, para decir que:
Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5, sentencia en la causa “Yoma, Alfredo Carim y otros s/defraudación”, causa nro. 1379.
“No pasa desapercibido a este Tribunal que la extinción de la acción penal es concebida como una solución desalentadora, sobre todo frente a hechos de la importancia del de autos. Tampoco, que los tribunales somos vistos como garantes de una expectativa comunitaria frente a la cual la figura del imputado en algún punto se ensombrece. Sin embargo, la duración indefinida del proceso penal, en pos de la cual se echa mano de calificaciones [e interpretaciones] infundadas y arbitrarias, no es una alternativa que recoja esas expectativas sin más bien –en el mejor de los casos- tan sólo un analgésico que oculta el verdadero problema: la mora procesal. Frente a esto, la única vía sincera, para alcanzar una sentencia de fondo y no fracasar por el paso del tiempo, es la eficiencia que supone de parte del juez instructor y de los órganos a cargo de la persecución un actuar rápido, tanto en interés de la sociedad, de las víctimas particulares, como también de los imputados”.6
IV. CAUSAL DE DESTITUCIÓN: EL “MAL DESEMPEÑO” IV. 1. Generalidades La Constitución Nacional prevé tres causales de destitución —mal desempeño, delito en el ejercicio de la función, crímenes comunes— que engloban dos aspectos diferentes: el “mal desempeño” y la comisión de delitos, ya sea en el ejercicio de funciones o por delitos comunes. De modo general, se afirma que existe mal desempeño cuando la conducta de un magistrado, luego de su nombramiento, pone de
C.C.C.Fed., Sala I, causa nº 44.083 “D`Elía, Luis Ángel y otros s/incidente de prescripción”, reg. nº 613, rta. El 26/6/10.
manifiesto que carece o ha perdido las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo. Sobre la base de su actuación previa se juzga la idoneidad actual o futura para continuar desempeñándose en el cargo público que le ha sido confiado. Las condiciones de idoneidad que se le exigen al juez son muchas y diversas: buena conducta personal, salud física, equilibrio psicológico, independencia e imparcialidad, buen desempeño jurisdiccional, capacidad organizativa y gerencial7. Acreditada una falta grave de estas condiciones de idoneidad en un magistrado, corresponde dejar de lado la garantía de inamovilidad de la que goza y proceder a su remoción. El mal desempeño del artículo 53 de la Constitución Nacional es la contracara de la buena conducta que el artículo 110 exige al magistrado para continuar ejerciendo su cargo. Señala QUIROGA LAVIÉ que:
“el estándar constitucional de ‘mal desempeño’ es un concepto jurídico indeterminado que debe ser determinado, caso por caso, a partir del juicio de responsabilidad que sobre el desempeño de vida, dentro y fuera del tribunal, haga el Jurado… Llenar un concepto jurídico indeterminado es una función donde el Jurado actuará con amplia discrecionalidad, por tratarse el mal desempeño de una cuestión no sujeta a reglas típicas ni precisas”8.
El mal desempeño, en cualquiera de sus formas, mina la base misma de la autoridad y potestad de los jueces que es la honradez y
ALFONSO, Santiago (h), Grandezas y miserias en la vida judicial. El mal desempeño como causal de remoción de los magistrados judiciales, Ed. El Derecho, Buenos
Aires, 2003, p. 38. 8 QUIROGA LAVIÉ, Naturaleza institucional del Jurado de Enjuiciamiento, LL, t. 2000-B1008.
credibilidad que inspiren los miembros de la comunidad. El Tribunal de Enjuiciamiento en el considerando 30 del caso “Brusa”, ha intentado definir y describir lo que entiende por mal desempeño:
“… la causal de mal desempeño, en el preciso enfoque efectuado por Carlos Sánchez Viamonte, es ‘cualquier irregularidad de cualquier naturaleza que sea, si afecta gravemente el desempeño de las funciones aun en los casos de enfermedad o incapacidad sobreviniente, aunque no aparezca la responsabilidad, falta o culpa intencional’”.
Para este autor, “mal desempeño” comprende incluso los actos en que no intervienen ni la voluntad ni la intención del funcionario9. Ésta es la perspectiva más adecuada a fin de que este instituto cumpla acabadamente su objetivo, que no es el de sancionar al magistrado, sino el de determinar si ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de una función de tan alta responsabilidad, como es la de decir el derecho. En efecto, la garantía de inamovilidad de los magistrados judiciales, presupuesto necesario de la independencia e imparcialidad en la función de administrar justicia, exige que los jueces no se vean expuestos al riesgo de ser enjuiciados sino por causas realmente graves, que impliquen serio desmedro de su conducta o de su idoneidad en el cargo, pero en modo alguno puede ser interpretado como un privilegio que contemple a las personas, sino a las instituciones y al libre ejercicio de sus poderes10.
SÁNCHEZ VIAMONTE, Manual de Derecho Constitucional, Ed. Kapelusz, Buenos Aires, 1958, p. 280. 10 CSJN, “Irurzun, Ricardo Ernesto el Estado Nacional (Secretaría de Justicia) y otro s/ daños y perjuicios”, 12/04/1994.
Así, la expresión “mal desempeño” revela el designio constitucional de otorgar al órgano que interviene como jurado de enjuiciamiento la apreciación razonable y conveniente de las circunstancias que pueden caracterizar dicha conducta11. Se ha sostenido que “mal desempeño” es un obrar perjudicial a los intereses de la comunidad, incompetencia, descuido del deber o atención no suficiente; en esencia, un desempeño contrario al interés y beneficio público; actuación al margen de la razón, prudencia, discernimiento y buen juicio. Todo esto también se adecua a la idea de que el mal desempeño no puede tipificarse pese al intento de algunas Constituciones y leyes provinciales en tal sentido. Vistas las dificultades que encontramos para definir o tipificar el “mal desempeño, la regla de la razonabilidad se erige como el patrón para medir la concurrencia de este concepto que exige una muy prudente apreciación de las circunstancias del caso12. Debemos destacar que una de las notas centrales del mal desempeño es que no exige, necesariamente, la comisión de delitos, sino que es suficiente para separar del cargo a un magistrado la demostración de que no se encuentra habilitado para desempeñar la función, conforme las pautas que los poderes públicos exigen; no es necesaria una conducta criminal, es suficiente que el imputado sea un mal juez. A continuación desarrollaremos como el “mal desempeño” se puede encontrar en la deficiente tramitación de los casos.
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, Causas Brusa y Murature. Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de Mendoza, 21/6/1990, Higginson, Ricardo H., LL 1990-E, 252 - DJ 1991-1, 837.
IV. 2. En la tramitación de casos La ocurrencia de “mal desempeño” judicial se produce, generalmente, en las causas bajo la jurisdicción del magistrado sospechado. En este punto, parece que resulta posible acotar un poco más la apertura del concepto de “mal desempeño”, y reducir la causal a supuestos de inidoneidad psicológica o técnica del juez, incumplimiento de sus deberes funcionales, comisión de abusos de poder, entre otras circunstancias. Si la facultad de someter a jueces inamovibles a un jurado de enjuiciamiento deriva de la responsabilidad que se exige a quienes ocupan cargos públicos en una República —art. 1, CN—, debe existir cierto contenido para el concepto de “mal desempeño”. A nuestro juicio, incurre en “mal desempeño” todo juez que no cumple con sus deberes normativos, es decir, todo juez que no actúe conforme a derecho, dentro de los límites de la buena fe, sin abusar de sus poderes funcionales, esto es, utilizando su poder jurídico
exclusivamente para aplicarlo en los supuestos para los cuales le ha sido confiado. Así, para ayudarnos a saber quién se desempeña mal, podemos preguntarnos quién se desempeña bien —que no es lo mismo que la “buena conducta” del art. 110. CN—: a) quien tiene apego al trabajo; b) quien aplica correctamente el derecho positivo; c) quien siempre considera las particulares circunstancias del caso antes de resolver; d) quien estudia los casos para resolver de acuerdo con los hechos probados y el derecho aplicable; y e) quien protege los derechos fundamentales de las personas. Por lo demás, en el caso “Marquevich” se ha dicho:
“También se ha dicho que la expresión mal desempeño del cargo conlleva ‘... una falta de idoneidad, no sólo profesional o técnica, sino también moral, como la ineptitud, la insolvencia moral, todo lo que determina un daño a la función, o sea a la gestión de los intereses generales de la Nación. La función pública, su eficacia, su decoro, su autoridad integral es lo esencial; ante ella cede toda consideración personal’.13”.
Así, tenemos que “mal desempeño” significa un apartamiento de los deberes propios del juez que representan un daño al ejercicio de la función jurisdiccional. A continuación nos referiremos al mal
desempeño en que incurrió el juez Bonadio en la tramitación de las causas que nos convocan. IV. 3. Demoras injustificadas Si algo puede demostrarse en los dos casos que justifican esta presentación es que el juez Bonadio ha incurrido en demoras injustificadas que han perjudicado gravemente el desarrollo de las causas, a tal punto que en ambas se declaró la prescripción de la acción penal, constituyéndose en cómplice de la impunidad existente en el país. En ambos casos podemos observar que el tiempo en que el trámite de la causa estuvo estancado no encuentra sustento en la complejidad del asunto o la actividad procesal del interesado, sino, antes bien, aparece exclusivamente explicado por la conducta de las autoridades
Rafael Bielsa, ‘Derecho Constitucional’, ed. Depalma, Buenos Aires, 1954, p. 483/4
judiciales14. Específicamente en estos casos en la conducta del juez que tenía a su cargo las dos causas, Claudio Bonadio. Como los casos demuestran por si solos, en ambos existieron lapsos de tiempo en que la causa no se movió, periodos de tiempo que están normados y que, aun cuando deban ser considerados únicamente como ordenatorios, “deben constituir, por lo menos, un canon de razonabilidad sobre la duración del trámite que no puede ser soslayado sin más ni más por el juzgador”.15 Encontramos en el juez Bonadio una clara inidoneidad o incapacidad técnica para tener a cargo las causas que se le asignan, sin tomar en cuanta el claro perjuicio que esto trae a todos los involucrados, sobre todo cuando se trata de causas en que se deben investigar posibles delitos de corrupción, donde toda la sociedad es también parte interesada. Este perjuicio que se infringe a través de la ineficiencia de quien tiene a cargo el buen cauce de la investigación se ha apuntado en distintos fallos:
“En tal sentido, cabe añadir que la ineficiencia de la investigación imputable al órgano encargado de administrar justicia, tampoco puede menoscabar 300:1102)”16 los derechos de las partes interesadas (Fallos
cfr. Parámetros relevantes de análisis sentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso “López Álvarez vs. Honduras, Sentencia del 1 de febrero de 2006, parág. 132 15 Voto de los ministros doctores Enrique Santiago Petracchi y Antonio Boggiano en el precedente de Fallos: 322:360, considerando 16º 16 CCC, Sala V, “Méndez, Hernán Daniel s/asociación ilícita” (causa n°32.358), rta 16/8/2007
En cuanto al menoscabo a los derechos de las partes y el claro perjuicio que trae en sí la ineficiencia en las investigaciones de delitos de corrupción, hay que distinguir: el perjuicio a los derechos del imputado, el perjuicio al Estado y el perjuicio a la sociedad toda. IV.3.a. Las demoras injustificadas y el perjuicio al imputado Con respecto al imputado, éste tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable ya que su situación jurídica se determine lo antes posible, a fin de salir de la incertidumbre que produce una investigación en su contra. El señor juez Gustavo M. Hornos17, de la Cámara Nacional de Casación Penal, se ha pronunciado respecto del tema en sus fallos señalando:
“Ya he tenido oportunidad de recordar18 que en diversas oportunidades nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que el instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas19, y que dicha excepción constituye el instrumento jurídico adecuado para salvaguardar el derecho en cuestión.
Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal. "MOLFESA, Marcelo Gustavo s/recurso de casación". Causa Nro. 8893. “in re”: causa Nro.5552: “RAUCH, Federico y otro s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 7565, rta. el 20/6/06; y la causa Nro. 7291: “MITAR, Raúl s/ recurso de casación”, Reg. Nro. 10.593, rta. el 24/6/08; entre muchas otras. Fallos: 322:360, esp. disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano, y 323: 982; recientemente, P. 762. XXXVII. "Podestá, Arturo Jorge y López de Belva, Carlos A. y otros s/ defraudación en grado de tentativa y prevaricato", resuelta el 7 de marzo de 2006; A. 2554. XL. "Recurso de hecho deducido por Néstor Horacio Acerbo en la causa Acerbo, Néstor Horacio s/ contrabando -causa N° 51.221-", resuelta el 21 de agosto de 2007
En igual sentido, el Alto Tribunal sostuvo20 que la propia naturaleza de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable impide determinar con precisión a partir de qué momento o bajo qué circunstancias comenzaría a lesionarse, pues la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un número de días, meses o años. No obstante, la Corte identificó entonces, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algunos criterios con que debe ser apreciada la duración del proceso: la complejidad del caso, la conducta del imputado y la manera en que el asunto fue llevado por las autoridades administrativas y judiciales21. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales22 consideró que el concepto de plazo razonable al que se hace referencia en el artículo 8 º, inc. 1º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "debe medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso"23.(El resaltado es nuestro).
Prosigue señalando24 que:
Fallos: 322:360, votos de los jueces Fayt y Bossert y 327:327 Sentencias en el caso "König" del 28 de junio de 1978 y del caso "Neumeister" del 27 de junio de 1968, publicadas en "Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jurisprudencia 1959-1983", B.J.C, Madrid, págs. 450/ 466, párrafo 99, y 68/87, párrafo 20, respectivamente; en el mismo sentido, más recientemente “Calleja v. Malta, del 7 de abril de 2005, párrafo 123 22 Fallos: 318:514; 319:1840; 323:4130 23 Caso 11.245, resuelto el 1º de marzo de 1996, párrafo 111º y caso “López Álvarez v. Honduras”, del 1º de febrero de 2006 24 Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal. "MOLFESA, Marcelo Gustavo s/recurso de casación". Causa Nro. 8893.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado claramente establecido, a partir del precedente publicado en Fallos 272:188, el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que defina su posición frente a la ley y a la sociedad, sin que se admitan dilaciones que prolonguen la situación de incertidumbre y de innegable restricción a la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, fuera de aquéllos plazos ineludibles contemplados expresamente en la ley procesal.25”
IV.3.b. Las demoras injustificadas y el perjuicio al Estado En cuanto al perjuicio que trae para el Estado este mal desempeño del juez Bonadio caracterizado por la duración irrazonable de las causas, al punto que llegan a prescribir, podemos señalar no sólo la gran pérdida de recursos económicos y humanos que significa mantener causas en nuestros tribunales por periodos tan extensos, sino la distorsión de todos los fines de la pena, además de que estos casos en los que vemos sobrepasados los plazos legales fuera de toda razonabilidad, como veremos a continuación, importa de parte del juez Bonadio el auto asignarse la facultad de prorrogar, implícita e indirectamente, los plazos de extinción de la acción penal, lo que constituiría una delegación inconstitucional del legislador, por violación al principio de legalidad y la división de poderes, en razón de corresponderle al Congreso de la Nación el dictado del Código Penal. IV.3.c. Las demoras injustificadas y el perjuicio a la sociedad Finalmente, en cuanto al perjuicio a la sociedad toda, este viene dado no sólo por la vulneración al derecho a conocer la verdad en este tipo de casos de claro interés público, al extenderse tanto las
investigaciones para supuestamente conocerla, sino que además se
cfr. de esta Sala IV, causa Nro. 3202, Reg. Nro. 4267
pierde el fin de éstas por completo mediante la prescripción, que encierra la incertidumbre con respecto a los hechos y asienta la impunidad total. La impunidad en casos de corrupción trae aparejada una falta de confianza total de la población en sus gobernantes, afecta a la democracia y al Estado de Derecho. En Argentina la impunidad en materia de corrupción es la regla general. Como denunció ACIJ en su informe titulado “La Parálisis de la Justicia frente a los Casos de Corrupción”26, la mala evaluación que tiene el país en los índices de corrupción internacionales se debe en gran parte a la ineficacia del Poder Judicial en la investigación de los grandes hechos de corrupción. Conocido es ya el estudio realizado por el Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica (CIPCE) que arrojó como estimación que el tiempo medio de duración del proceso de las causas de corrupción es de catorce años, contados desde la fecha en que se radica la denuncia hasta su finalización. Esto fundamenta la marcada desesperanza existente en la población con respecto al rol en estos procesos.27 Esta situación de impunidad implica, para la sociedad civil, una situación de completa incertidumbre en lo que respecta al perjuicio realmente provocado por estos hechos. También impide contar con la información necesaria para dimensionar realmente el problema, participar de manera informada en la lucha contra la corrupción y en la construcción de una cultura de transparencia. Todo esto provoca una sensación de escepticismo respecto de las instituciones involucradas
Disponible en http://www.acij.org.ar/ Disponible en http://www.dbcorrupcion.org/
en la investigación de estos hechos, que así resultan fuertemente deslegitimadas por este fenómeno. Asimismo, aún está pendiente la reparación del enorme daño social sufrido por la sociedad civil argentina a causa de la corrupción. Sobre todo aquella sufrida por los sectores más vulnerables económicamente. La recuperación de fondos extraídos a la sociedad en los casos de corrupción es también uno de los fines de los procesos que hoy en día se encuentran en tribunales. Lamentablemente, en los casos que traemos al Consejo en esta oportunidad, jamás se reparará el daño social ni se contribuirá a fortalecer la confianza que la sociedad necesita en sus instituciones.
V. EL PEDIDO DE ENJUICIAMIENTO V. 1. Antecedentes En el año 2006 la prensa28 ya alertaba sobre la prescripción de la acción penal en por lo menos 14 causas que trataban sobre millonarios fraudes en bancos y en compañías financieras cometidos en los años 80. La nota causó revuelo en la opinión pública, que vio a través de la investigación como causas, donde la suma del perjuicio si bien incierta era a todas luces millonaria, quedaban en la más completa impunidad. La entonces Consejera Marcela V. Rodríguez, realizó una presentación ante el Consejo de la Magistratura en la que solicitó se instruyera al Cuerpo de Auditores Judiciales la elaboración de un informe exhaustivo donde se analicen las distintas causales normativas y fácticas que confluyeron para declarar la prescripción en estas causas.
Ver http://www.lanacion.com.ar/811762-prescriben-14-causas-por-fraudesbancarios
En marco de esta investigación la Consejera denunció29 al juez Bonadio por la causa que comprendía al Banco Mercantil Argentino, caratulada “Prieto Gerardo y otros s/delito de acción pública”. Sin embargo, esta denuncia fue desestimada ya que, si bien se comprobaron demoras injustificadas, estas se terminaron atribuyendo a los integrantes ya renunciados de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, por lo que se declaró abstracta la denuncia respecto de ellos. Impunidad doblemente declarada. Hoy, aquella publicación que causaba estupor en la sociedad al presentar la prescripción de las causas por millonarios fraudes de los años 80, alerta a la población sobre la impunidad cada vez mayor en las causas de corrupción30, fruto de la duración excesiva de los procesos y la consiguiente prescripción de casos que no llegan a juicio. Nos encontramos frente a las grandes causas de corrupción de los años 90, las que desfinanciaron al Estado y sumergieron a la población nacional en un escepticismo total con respecto a las instituciones democráticas. Nos encontramos también frente a la posibilidad de que estas causas comiencen a prescribir quedando en la más completa impunidad. Las causas por delitos de corrupción que motivan esta presentación se encuentran dentro de estos grandes procedimientos que involucran millonarias cifras y, esta vez, es claramente comprobable a la luz de los expedientes que la demora excesiva tuvo como responsable al juez Bonadio.
Expediente 376/06 “Rodríguez Marcela s/prescripción en la causa Banco Mercantil Argentino” 30 Ver http://www.lanacion.com.ar/1371400-quedan-impunes-cada-vez-mas-causassobre-corrupcion
V. 2. Las demoras injustificadas como mal desempeño y la sanción requerida Llama la atención en la causa “Boffil Alejandro y otros s/ Defraudación contra el Estado Nacional” entre el primer llamado a prestar indagatoria y el momento en que se tiene por parcialmente concluida la etapa preparatoria pasan 6 años, luego, desde el requerimiento de elevación a juicio hasta el dictado del auto de elevación a juicio pasaron casi 3 años más, o sea casi 9 años de incertidumbre procesal, además de la violación de cualquier noción de plazo razonable y casi 27 veces el plazo procesal establecido. En la causa “Yoma, Alfredo Carim y otros s/defraudación” que la citación a prestar la declaración indagatoria demoró 5 años, y 5 años más en radicarse en un Tribunal Oral. En la remisión al Consejo de la Magistratura efectuada por la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I de la causa “Mastrángelo Ana Cristina s/ delito de acción pública” por una demora entre la indagatoria y la resolución de la situación procesal de una imputada, se señaló que la jueza había obrado:
“(…) en claro incumplimiento, no sólo del plazo establecido por el art. 306 del C.P.P.N., sino hasta de los fijados por el art. 207 del C.P.P..N., que si bien resultan ordenatorios, deben ser tenidos como pautas de las que el titular de un juzgado no puede apartarse de modo injustificado (fs. 138 vta.).”
En dicho expediente, el Consejo de la Magistratura31 señaló:
“Remite copia de expte. 3491 ‘Actuaciones por la sala I vinculadas c/desempeño de la Dra. Lanz M.” Expediente 453/07.
“Si bien, como señala la jueza, el plazo del art. 207 es ordenatorio y no acarrea nulidades que puedan ser alegadas por las partes, ello no obsta que el destinatario de dicha disposición es el juez, y que el establecimiento de dicho término tiene por finalidad que los procesos no se eternicen con el consiguiente descrédito de la justicia tanto para el imputado, como para las víctimas y la sociedad toda, que requiere de instituciones ágiles que den respuesta certera y adecuada, pero también pronta por parte del servicio de justicia.(…) Que si bien las notificaciones, elevaciones de los expedientes, diligenciamientos de oficios, y demás certificaciones no son tareas que, en principio pesen sobre los jueces, son los magistrados los directores del proceso y como titulares de la jurisdicción deben controlar la labor de sus dependientes, toda vez que los justiciables deben obtener decisiones por parte del sistema judicial en un tiempo razonable. ” (El resaltado es nuestro).
En esa oportunidad, se consideró que las demoras de la jueza constituían una falta disciplinaria al tenor del art. 14, apartado A), inc. 5 y 7 de la ley 24.937 y sus modificatorias, es decir, por incumplimiento reiterado de las normas procesales y reglamentarias y por falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, así como de las obligaciones establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional, derivando tal circunstancia en una “afectación grave del servicio de justicia”. La pregunta sería, si incurrir en estas demoras se considera una afectación grave del servicio de justicia y constituye una falta disciplinaria ¿Qué constituye entonces la actuación del juez Bonadio en las dos causas que dan origen a esta presentación? Años perdidos, no sólo constituyen negligencia, sino directamente falta de
cumplimiento de sus deberes, abandono total: prescripción.
En las declaraciones de los jueces en las sentencias de los casos se denota la decepción, en ambos casos, al citar32 que:
“No pasa desapercibido a este Tribunal que la extinción de la acción penal es concebida como una solución desalentadora, sobre todo frente a hechos de la importancia del de autos.”33
Esto es claro y endurece la sanción que se podría aplicar al juez Bonadio, si ya es gravísima de por sí una demora imputable al juez de una causa, la prescripción en dos causas es la confirmación de la inidoneidad total del juez Bonadio, de su falta de cumplimiento de deberes como juez: de su falta de apego al trabajo y/o de la no aplicación correcta del derecho positivo al incumplir los plazos procesales sin un mínimo de razonabilidad, y/o de la falta de protección de los derechos fundamentales de las personas imputadas en la causa al vulnerar su derecho a ser juzgados en un plazo razonable, y/o de la falta de respeto para con la sociedad, mediante el perjuicio claro a su derecho a conocer la verdad en estos casos de interés público y a la reparación que se le debe luego del grave daño que produjeron estos delitos. Tal como señaláramos al inicio de esta presentación, el juez Bonadio, a través de su actuación en esta causa, ha puesto de manifiesto que ha perdido las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo. Ello pues su inidoneidad técnica constituye una falta grave que exige dejar de lado la garantía de inamovilidad.
C.C.C.Fed., Sala I, causa nº 44.083 “D`Elía, Luis Ángel y otros s/incidente de prescripción”, reg. nº 613, rta. El 26/6/10. 33 Citado en ambas causas de C.C.C.Fed., Sala I, causa nº 44.083 “D`Elía, Luis Ángel y otros s/incidente de prescripción”, reg. nº 613, rta. El 26/6/10.
Resulta evidente que el mal desempeño del juez ha minado la base misma de su autoridad y potestad jurisdiccional —a punto tal que otro tribunal consideró necesaria la remisión de una copia de su sentencia al Consejo de la Magistratura por la indebida extensión del plazo procesal para la elevación a juicio de los imputados34—. Tal desempeño representa una grave inconducta y falta de idoneidad que amerita el procedimiento de remoción que aquí propiciamos. Teniendo en cuenta cualquier juicio de razonabilidad, resulta manifiesta la falta de capacidad técnica del juez, que ha llegado al punto de demorar casi tres años entre que le es requerida una actuación y el dictado de la misma. Consideramos además que existe un peligro real de que las causas actualmente a cargo del juez Bonadio corran la misma suerte que las causas “Boffil Alejandro y otros s/ Defraudación contra el Estado Nacional” y “Yoma, Alfredo Carim y otros s/defraudación”. Finalmente, debemos recordar que más allá de lo que desee investigar el Consejo de la Magistratura, nosotros sólo le imputamos al juez Bonadio mal desempeño, por falta de idoneidad técnica en virtud de las incomprensibles demoras en los procesos citados.
VI. OFRECIMIENTO DE PRUEBA A los efectos de probar fehacientemente los extremos fácticos de esta denuncia, solicitamos los siguientes elementos de prueba:
Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 5, sentencia en la causa nº 1.338 “Boffil Alejandro y otros s/ Defraudación contra el Estado Nacional” , voto del juez Ricardo Luis Farías
VI.1. Documental Solicitamos se incorporen las causas “Boffil Alejandro y otros s/ Defraudación contra el Estado Nacional” y “Yoma, Alfredo Carim y otros s/defraudación”.
Solicitamos se libren sendos oficios a A la Exma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación aporte información sobre las causas prescriptas en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11. La Oficina Anticorrupción, para que informe sobre el modo en el que el juez Claudio Bonadio ha intervenido en las causas “Boffil Alejandro y otros s/ Defraudación contra el Estado Nacional” y “Yoma, Alfredo Carim y otros s/defraudación”. Al Ministerio de Defensa, que actúo como querellante en la causa “Boffil Alejandro y otros s/ Defraudación contra el Estado Nacional” para que informe sobre el modo en el que el juez Bonadio ha intervenido en dicha causa.
VI.2. Testimonial Solicitamos se cite a prestar declaración a: Los integrantes del Tribunal Oral Federal nro. 5, para que los doctores Ricardo Luis Farías, Daniel Horacio Obligado y Oscar
Alberto Hergott, domiciliados en Comodoro Py 2002, CABA, testimonien sobre el modo en el que el juez Claudio Bonadio ha intervenido en las causas “Boffil Alejandro y otros s/
Defraudación contra el Estado Nacional” y “Yoma, Alfredo Carim y otros s/defraudación” Jorge Felipe Di Lello, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nroº 1, para que testimonie sobre el modo en el que el juez Bonadio ha intervenido en la causa “Yoma, Alfredo Carim y otros s/defraudación” Oscar Fernando Arrigo, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nroº 4, para que testimonie sobre el modo en el que el juez Bonadio ha intervenido en la causa “Boffil Alejandro y otros s/ Defraudación contra el Estado Nacional”. Los integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, para que los doctores Eduardo Rodolfo Freiler, Jorge Luis Ballesteros y Eduardo Guillermo Farah, domiciliados en Comodoro Py 2002, CABA, testimonien sobre el modo en el que el juez Claudio Bonadio ha intervenido en la causa “Yoma, Alfredo Carim y otros s/defraudación”. Los integrantes de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, para que los doctores Horacio Rolando Cattani, Martin Irurzun y Eduardo Guillermo Farah, domiciliados en Comodoro Py 2002, CABA, testimonien sobre el modo en el que el juez Claudio Bonadio ha
intervenido en la causa “Boffil Alejandro y otros s/ Defraudación contra el Estado Nacional”. A la titular de la dirección de investigaciones de la Oficina Anticorrupción para que testimonie sobre el modo en el que el juez Claudio Bonadio ha intervenido en la causas ¡Boffil Alejandro y otros s/ Defraudación contra el Estado Nacional” y “Yoma, Alfredo Carim y otros s/defraudación”.
VI.3. Pericial
Solicitamos al Cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación, para que realice una auditoría en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11 a fin de aportar información sobre qué causas están en trámite en dicho juzgado, en qué estado se encuentran, estimación del tiempo que pasa hasta que es clausurada la instrucción en cada uno de ellos.
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