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Timestamp: 2019-04-23 12:28:18+00:00

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A continuación tratamos de proporcionar de forma simplificada las novedades más relevantes que introduce la Ley 39/2015.
En cuanto a los interesados en el procedimiento, el Título I introduce:
-Se hace extensiva la capacidad de obrar a los “grupos de afectado”, etc.
-Se regula el apoderamiento “apud acta” presencial o electrónico, además se crea el “Registro de apoderamientos”, electrónico.
-Se implanta la separación entre “identificación” y “firma electrónica”. En principio, solo se exigirá la “identificación”.
El Título II relativo a la actividad de las Administraciones Públicas se constituye en dos capítulos. En el primero destacan las novedades relativas a las reglas sobre sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas; el Registro de habilitados y el Archivo electrónico único, etc. El segundo capítulo hace alusión a términos y plazos, estableciéndose el cómputo por horas y el carácter de inhábil de los sábados.
El Título III introduce novedades en materia de notificaciones electrónicas de los actos administrativos, manteniendo en líneas generales las reglas de eficacia, nulidad y anulabilidad.
La regulación del procedimiento está recogida en el Título IV. Lo más relevante es la introducción del “procedimiento simplificado”, cuyas particularidades estan descritas en el siguiente enlace http://www.quieroabogado.es/derecho-noticias/item/12123-el-procedimiento-simplificado-de-la-nueva-ley-39/2015-de-1-de-octubre-del-procedimiento-administrativo-com%C3%BAn-de-las-administraciones-p%C3%BAblicas
En lo relativo a la revisión de los actos en vía administrativa, se mantienen las reglas sobre revisión de oficio y la regulación de los recursos administrativos (Título V).
La novedad más relevante es la supresión de las reclamaciones previas en vía civil y laboral.
Por último, el Título VI introduce principios y técnicas de la buena regulación relativas a la iniciativa legislativa y ejercicio de la potestad reglamentaria.
Las Leyes 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público introducen novedades relativas a la potestad sancionadora.
Hasta ahora esta regulación estaba recogida en los artículos 127 a 138 de la Ley 30/92 y en el Reglamento del Procedimiento, aprobado por R.D 1398/93, de 4 de agosto, que queda derogado por la Ley 39/2015.
A partir de ahora toda la regulación será regulada íntegramente por ley y no reglamento.
En síntesis, los principios de la potestad sancionadora serán regulados por la Ley 40/2015 y las especialidades que presenta el procedimiento están recogidas en el la Ley 39/2015.
Novedades relativas a los Principios de la potestad sancionadora (Ley 40/2015, artículos 25 a 31).
- Los principios de la potestad sancionadora se extenderán al ejercicio de la potestad disciplinaria sobre el personal al servicio de las Administraciones Públicas, pero se mantiene la exclusión de su aplicación en materia de sanciones contractuales.
- Paralelamente a la capacidad de obrar, se prevé la posibilidad de que resulten responsables de las infracciones los grupos de afectados, las uniones sin personalidad, etc.
- Se amplía la consideración en cuanto a la posibilidad de que las leyes establezcan la responsabilidad por infracción de otro. Los dos supuestos que se prevén son:
Tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación; y prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones impuestas a quienes de ellos dependen. Este último precepto es relevante en tanto en cuanto las infracciones sean cometidas por menores.
- En cuanto a la reincidencia, se sustituyen el concepto de “reiteración” por el de “continuidad o persistencia en la conducta”.
Como criterio de graduación se añade “el grado de culpabilidad”.
Las especialidades del procedimiento sancionador en el procedimiento administrativo común (Ley 39/2015) se pueden sintetizar de la siguiente manera:
- Aparte de los derechos inherentes a todos los interesados, los presuntos responsables tienen derecho a:
o La notificación de los hechos que se les imputen, de las infracciones que puedan constituir, de las posibles sanciones, de la identidad del instructor, de las posibles sanciones, de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que le atribuye tal competencia
o La presunción de no existencia de responsabilidad
- En los supuestos en los que una denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará la denuncia a los denunciantes.
- El acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador debe contener:
o Los hechos que motivan la incoación
o Su posible calificación
o Las sanciones que pudieran corresponderles
- El artículo 62.4 regula el procedimiento de clemencia. Cuando el denunciante sea participe en la comisión de la infracción y existan otros infractores:
o Si es el primero en aportar pruebas y cesa en la actividad, se le eximirá del pago de la multa.
o Si aporta pruebas y cesa la actividad, se le reducirá la multa
- Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución implicará la terminación del procedimiento. Las excepciones a esta regla general se dan en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
Las reducciones a aplicar en estos casos serán al menos del 20% de la sanción.
- Se regula la incoación de procedimiento complementario, cuya resolución es de inmediata ejecución, cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones, y la cuantía destinada a indemnización no hubiera quedado determinada en el expediente.
Una de las novedades que prevé la Ley 39/2015 es la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. El objetivo del mismo radica en conseguir una administración más ágil y eficiente. Está regulado en el artículo 96 y establece lo siguiente:
“1.- Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud de interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.
En cualquier momento del procedimiento, anterior a su resolución, el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con arreglo a la tramitación ordinaria.
2.- Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento, deberá notificarlo a los interesados, si alguno de ellos manifiesta su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.
3.- Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre razón alguna de las previstas en el apartado 1, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por parte del interesado.
Transcurrido el mencionado plazo de cinco días, se entenderá desestimada la solicitud
Por tanto, las razones en las que puede motivarse la tramitación simplificada son:
Razones de interés público – Estamos ante un concepto abierto, no taxativo. Por lo que, es suficiente que este bien motivado. El interés público puede radicar en la propia agilidad y simplificación como elementos de calidad, y en beneficio de la ciudadanía.
Falta de complejidad del procedimiento - Es más concreta, pero también discutible. Cuando el artículo 96.6 nos dice, como veremos, que el procedimiento simplificado tiene que constar únicamente de determinados trámites tasados, nos ofrece una interpretación clara: si son precisos otros trámites, se entenderá “complejo”. Por ejemplo, cuando sean exigibles informes técnicos, o algún tipo de prueba, ya no será posible la aplicación simplificada.
En cualquier caso, el procedimiento sólo podrá usarse de mutuo acuerdo al respecto entre Administración o interesado. Por tanto, si la Administración lo insta, pero el interesado se opone, no prosperará la tramitación a través de vía simplificada. Por el contrario, si es el interesado quien lo pide, pero la administración no encuentra razones, o simplemente deja pasar 5 días, no podrá usarse la vía simplificada, ya que la petición se entenderá desestimada y no existe recurso.
Además ha de existir consenso entre las parte, o al menos una no oposición expresa.
En el caso de expedientes sancionadores, si la administración considera que se trata de una falta leve puede decidir sin más, que el procedimiento sea simplificado, tal y como lo anuncia el art. 96.5 de la Ley 39/2015:
“5. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado prevista en el apartado 2. “
En lo referente a los supuestos especiales de responsabilidad patrimonial, el art. 96.4 regula que:
“4. En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.”
El procedimiento simplificado debe resolverse en el plazo de 30 días a partir de la notificación al interesado del acuerdo de tramitación simplificada. El artículo 96.6 refleja los siguientes trámites:
“a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.
b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.
c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días.
d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado.
e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.
f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo.
g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.
El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente.
En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.
h) Resolución.”
No tienen por qué darse todos los trámites. Pero no puede haber otros trámites. Si el caso exige un trámite no previsto en la relación anterior, deberá ser tramitado de manera ordinaria.
Actualmente la Ley, la 30/92, reguladora del Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, quedará sin efecto desde el próximo 2 de octubre de 2016, siendo de aplicación a partir de ese momentos la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Estamos ante dos leyes generales cuyo contenido es diferente, pero existen tantas conexiones que, en numerosas materias se tienen que tomar en consideración paralelamente.
La Ley 40/2015 regula las relaciones internas de las Administraciones Públicas, esto es, las relaciones interadministrativas, el régimen jurídico administrativo y la organización.
En cambio, La Ley 39/2015 regula las relaciones de las Administraciones Públicas con los administrados o ciudadanos, en lo que respecta al ejercicio de la potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, así como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria.
LA LEY 40/2015 DEROGA
• Ley 6/1997, de 14 de abril – LOFAGE
• LEY 28/2006, DE 18 DE JULIO, DE Agencias Estatales para la mejora de los servicios públicos.
• Normativa de régimen local referida a los consorcios:
- Artículos 37 al 40 del Decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
- Artículo 87 de la LRBRL.
- Artículo 110 del TRRL.
LA LEY 39/2015 DEROGA
• Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo: Reglamento de Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial.
• Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto: Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
• Ley 11/2007, de 28 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Una gran parte del contenido de la Ley 40/2015 alude a la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y, por ello, no resulta de aplicación directa a las Entidades Locales. Por el contrario, el contenido de la Ley 39/2015 es de aplicación directa a todas las Administraciones Públicas, con carácter general.
Al aprobar dos leyes, se retorna a la tradición anterior a 1992, cuando la Ley 30/92 marcó la etapa unificada.
La Ley 39/2015, unifica los contenidos del procedimiento administrativo común (Ley 30/92) y electrónico (Ley 11/2007). Por un lado, se separa y, por otro, se unifica. Más allá de ese afán codificador o dispersor, lo realmente importante es lo siguiente:
Las dos leyes responden en paralelo a un propósito común.
El mayor interés para la Administración Local se centra en la 39/2015.
En diversas materias y a partir del 2 de octubre, será precisa la consulta simultánea de las dos leyes concatenadas.
El propósito común y general es “una reforma integral y estructural, que permita ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones Públicas, tanto externamente, con los ciudadanos y empresas, como internamente, con el resto de Administraciones e Instituciones del Estado”, de tal forma que se consiga una Administración eficiente y de calidad, respetuosa con los derechos del ciudadano y que les facilite su desarrollo y bienestar, en lugar de entorpecer y crear obstáculos.
En resumidas cuentas, para conseguirlo, se pretende eliminar duplicidades y hacer unos procedimientos más ágiles, permeables y seguros, confiando en las nuevas tecnologías y con expectativas de lograr de una vez una Administración sin papeles.
La entrada en vigor de las nuevas leyes de reforma administrativa pretende marcar un cambio de época en la forma de actuar de la Administración. Básicamente todo deberá resolverse en soporte electrónico y “desparecerá el papel”.
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References: artículo 62
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 artículo 96
 artículo 96
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 Artículo 87
 Artículo 110
 Real Decreto 
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