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Timestamp: 2017-06-23 10:19:43+00:00

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Gabinete de Cultura de "El Informal Segorbino": 8 de marzo, aniversario de la concesión parcial del voto a la mujer española por D. Miguel Primo de Rivera
En cambio, la posición de los partidos socialistas era contradictoria. De esta forma, por un lado aquéllos impulsaban el asociacionismo sindical de las mujeres, pero descalificaban y motejaban a los movimientos feministas como burgueses. Algunos partidos socialistas europeos tuvieron esta actitud discordante. No es de extrañar que estas divergencias se hicieran patentes en los debates de las Cortes Constituyentes de la República entre Victoria Kent que estaba en contra y Clara Campoamor que estaba a favor. Margarita Nelken, Diputada socialista en las Cortes Constituyentes de la República, expuso en su obra La mujer ante las Cortes Constituyentes (Madrid, 1931) su posición: «Hacia 1900, aproximadamente, en Bélgica, los diputados del Partido Católico-Conservador presentaron un proyecto de ley autorizando el voto de las mujeres, y fueron los jefes del Partido Socialista quienes más violentamente se opusieron a ello [...] El mismo peligro advertido en Bélgica en 1900 por los partidos progresistas, habría de ser hoy advertido en España, caso de plantearse en la Cámara [las Cortes Constituyentes de 1931] el problema feminista: Es indudablemente que, de intervenir nuestras mujeres en nuestra vida política, ésta se inclinaría hacia el espíritu reaccionario, ya que aquí la mujer en su inmensa mayoría, es, antes que cristiana, y hasta antes que religiosa, discípula sumisa de su confesor, que es, no olvidemos, su director [sic]».
En el artículo 84 del Estatuto Municipal se establecían las condiciones que debían reunir los ediles para ser electos: «Para ser Concejal es preciso: 1º. Figurar en el censo electoral del respectivo municipio. 2º. Saber leer y escribir, excepto en los municipios de menos de 1.000 habitantes. 3º Tener veinticinco años de edad. Son elegibles las mujeres cabeza de familia, mientras no pierdan esta condición, si reúnen los requisitos enumerados en el párrafo anterior». A diferencia con la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877, el Estatuto Municipal dejaba bien claro el sistema de elección y las personas poseedoras de este Derecho. Así la Ley de 1877 tenía que complementarse con las disposiciones establecidas en la Ley Electoral Además, el órgano representativo de los ayuntamientos -el pleno- estaría compuesto de dos tipos de concejales. Esta distinción daba la nota característica de las nuevas fórmulas políticas predominantes en los ideólogos de la Dictadura. De esta manera, se hacía una clara distinción entre los ediles «de elección popular» (Sección III del Capítulo I del Título IV del Estatuto Municipal) y «de los concejales de representación corporativa» (Sección IV). Antes de entrar en otras cuestiones, hay que citar brevemente el fundamento jurídico de esta nueva regulación, que aparece en la exposición de motivos del Estatuto Municipal:
Teniendo en cuenta esta graduación, se designaba proporcionalmente a una serie de ediles «de elección corporativa», según disponía el artículo 46 del Estatuto Municipal: «Si hay 8 o 10 directos, habrá 3 corporativos; si 12 de los primeros, 4 de los segundos; si 16, 5; si 18 ó 20, 6; si 22, 7; si 24 o 26, 8; si 28, 9; si 30 ó 32, 10; si 34, 11; si 36, 12; si 42, 14; si 48, 16». Los concejales corporativos oscilaban entre la tercera y cuarta parte de los de elección popular. Según el Art. 71 del Estatuto Municipal «es obligatoria la representación corporativa en el municipio donde existan asociaciones o corporaciones con derecho a ella». Si alguna de éstas se resistía a participar podían ser sancionadas. Más concretamente, el Art. 72 indicaba que era una «corporación»: «Figurarán en el censo las corporaciones, asociaciones, sindicatos, comunidades, agremiaciones, pósitos, hermandades y demás entidades, sean oficiales o privadas, matrices o filiales o no de otras, que al solicitar su inscripción cuenten con seis años de vida legal no interrumpida, en la localidad, y no sean establecimientos únicamente de enseñanza, círculos políticos, casinos o centros recreativos, asociaciones exclusivamente para fines religiosos, ni sociedades mercantiles o entidades dedicadas privativamente al lucro».
Cuando viva separada de su marido a virtud de sentencia firme de divorcio que declare culpable al esposo
Cuando judicialmente se haya declarado la ausencia del marido con arreglo a los artículos 184 y 185 del Código Civil.
Cuando el marido sufra pena de interdicción civil, impuesta por sentencia firme.
Cuando ejerza la tutela del marido loco o sordomudo.
Para poder materializar la confección del Censo Electoral, estas instrucciones eran insuficientes, pues se necesitaban unos cauces de información que pesquisara la situación jurídica de la mujer. El Real Decreto 516 de 23 de marzo de 23 de marzo de 1927 intentó subsanar estas carencias, como así se disponía en su exposición de motivos. De esta forma, una serie de autoridades debían remitir a los Jefes Provinciales de Estadísticas cierta información como así disponía el artículo Los Jueces Municipales debían entregar un listado certificado sobre las mujeres que tuviesen conferido la tutela del marido loco o sordomudo, o condenado a la pena de interdicción civil. Además, otra lista certificada con referencia al Registro Civil, de las solteras o viudas mayores de veintitrés años que hubieran contraído matrimonio y de las casadas que hubiesen enviudado.
Caído Primo de Rivera, su sucesor, Dámaso Berenguer, promovió una reforma de este reglamento. Lo hizo en el Real Decreto 794 de 10 de marzo de 1930 (Gaceta de Madrid de 11 de marzo). Esta novedad tenía como misión perfeccionar el método de inclusión de las mujeres en el Censo, así como depurar inclusiones erróneas. El Gobierno estaba haciendo los preparativos para elecciones municipales conforme al Estatuto Municipal. Así, en la exposición se decía afirmaba que «el presente Decreto aspira, pues, a procurar listas de un censo cuya pureza constituye garantía de que la consulta a los electores será fiel expresión de la voluntad del país».
A la altura de los años 1926 y 1927 se habían cumplido los objetivos propuestos al comienzo de la Dictadura. No obstante, vulnerando la promesa de la transitoriedad, el Dictador decidió crear un auténtico régimen. Para esta cuestión, por Real Decreto-Ley de 12 de septiembre, Primo de Rivera creó la Asamblea Nacional, con sede en el Congreso de los Diputados. Estaba concebido no como un órgano de representación de la soberanía popular, sino como órgano consultivo, y de dirección contraria a lo que se había conocido en el Estado liberal. Es decir, era el Gobierno el que designaba a los asambleístas, y no éstos al Gobierno («su designación se hará nominalmente y de Real Orden de la Presidencia, acordada en Consejo de Ministros»). A pesar de ello, en su composición podían participar las mujeres. Así lo disponía el artículo quince:
Sin embargo, las continuas crisis políticas de año 1930, la caída sucesiva de gobiernos, el agotamiento del proyecto dictatorial o las conspiraciones políticas llevaron a principios de 1931 a volver al sistema antiguo de los comicios locales. De esta forma, el Gobierno del Almirante Juan Bautista Aznar decidió convocar elecciones municipales. Lo hizo a través del Real Decreto de 13 de marzo de 1931 (Gaceta de Madrid de 16 de marzo). En la exposición de motivos se justificó que no se podía mantener la obra legislativa de la Dictadura, pues el Gobierno se había comprometido ante la opinión pública el «sometimiento a las leyes que se votaron en Cortes». Por esta razón, las elecciones locales convocadas para el 12 de abril de 1931 se regularon conforme a lo establecido en la Ley Municipal de 1877 y en la Ley Electoral de 1907. Así, el artículo primero de este Real Decreto de 13 de marzo dispuso que «las elecciones generales de Ayuntamientos se celebrarán, para la renovación total de sus componentes, el día doce del próximo mes de abril, con arreglo al Censo Electoral vigente de mil novecientos treinta y procedimiento señalado en la Ley Electoral de ocho de agosto de mil novecientos siete en toda su pureza. No se tendrán por ello en cuenta las modificaciones introducidas en dicho procedimiento por el Estatuto Municipal».
Fuente: plataforma2003.org Publicado por

References: artículo 84
 artículo 46
 Real Decreto 
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