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Timestamp: 2020-06-05 23:50:37+00:00

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El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, en su artículo 22, que se garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de la Constitución Española a la protección de la salud. El artículo 36 establece la obligación de todas las personas de colaborar en situaciones de emergencia. Por último, su artículo 55, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en la ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos.
La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece, en su artículo 54, que con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado y las de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley. Igualmente determina que, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, entre otras las siguientes medidas el cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias o la suspensión del ejercicio de actividades.
El artículo 21 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, establece que las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas, sean exigibles en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos, siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo. Por otra parte, en su artículo 62, se establece que corresponderán a la Consejería competente en materia de salud, entre otras, la competencia de adopción de medidas preventivas de protección de la salud cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud.
La Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, en su artículo 4.2, establece que las oficinas de farmacia podrán disponer de protocolos de dispensación a domicilio de medicamentos y productos sanitarios, cuyos requisitos y excepciones serán establecidos por la Consejería competente en materia de salud. Asimismo, su artículo 16, dispone que con el objeto de detectar, prevenir y resolver problemas relacionados con los medicamentos y fomentar un uso adecuado de los mismos, así como el correcto cumplimiento del tratamiento indicado, la Consejería competente en materia de salud podrá establecer los criterios y condiciones para un seguimiento eficaz por parte del farmacéutico de las terapias medicamentosas de un paciente o grupo de pacientes.
Con fecha 20 de marzo de 2020, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento de las medidas adoptadas por los grupos creados en la Consejería de Salud y Familias para el seguimiento y evaluación del coronavirus COVID-19 que, entre otros aspectos, dispone que se deben establecer circuitos, a través del Servicio Salud Responde, para minimizar la presencia de los pacientes en los Centros de Salud (renovación de recetas y otros trámites en estudio) y que se potenciará en Atención Primaria la teleconsulta y la telemedicina, estableciendo que estas medidas asistenciales relacionadas anteriormente y que se implementen para el SSPA, serán de idéntica aplicación para la actividad sanitaria privada.
Valorada la situación actual, teniendo en cuenta la situación de aumento de la propagación del virus en toda la nación y siguiendo las recomendaciones propuestas tanto por el Consejo General como por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, resulta necesario adoptar nuevas medidas específicas y excepcionales en materia de ordenación farmacéutica en orden a evitar el desplazamiento de las personas en situación de riesgo a las oficinas de farmacia con el fin de obtener medicamentos y productos sanitarios en esta situación excepcional.
En virtud de ello, el Sr. Consejero de Salud y Familias ha dictado la Orden de 26 de marzo de 2020, por la que se establece el de dispensación a domicilio de medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de farmacia de Andalucía durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que a modo de resumen, expone lo siguiente:
1. Podrá beneficiarse de la dispensación a domicilio cualquier persona sin posibilidad de apoyo de otras personas de su entorno, que no pueda salir de su domicilio por:
b) Enfermedad aguda (COVID-19 u otros procesos que cursen con fiebre o con síntomas de enfermedad infecciosa).
c) Procesos crónicos complejos incluidos en los grupos de mayor riesgo de infección por COVID-19.
e) Situación de cuarentena domiciliaria por COVID-19.
2. La dispensación a domicilio incluirá medicamentos, estén sometidos o no a prescripción médica, así como productos sanitarios.
3. Se establecen una serie de consideraciones para las oficinas de farmacia:
a) La dispensación a domicilio es un acto profesional que será siempre supervisado por una persona titulada en farmacia quien debe velar porque se cumplan las pautas establecidas por el facultativo prescriptor y realizar un seguimiento de los tratamientos farmacoterapéuticos a través de los procedimientos de atención farmacéutica. El personal de la oficina de farmacia que actúe en cualquier momento de esta modalidad de dispensación lo hará bajo la supervisión de la persona titular de la oficina de farmacia.
b) No se realizará publicidad de esta modalidad de dispensación por las oficinas de farmacia, si bien se podrá hacer público la información sobre las mismas en el portal de la Junta de Andalucía y el de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de las provincias.
c) Deberá respetarse la normativa de protección de datos y las medidas preventivas de salud pública en todo lo relativo a este proceso, por parte de las personas que intervengan en él.
d) Desde la oficina de farmacia se informará a las autoridades de cualquier incidencia relacionada con la salud pública que pudiera ocurrir en este tipo de dispensaciones, así como de aquellas cuestiones que pudieran afectar a la salud pública.
e) Esta modalidad de dispensación no exime a las oficinas de farmacia del cumplimiento del deber de información recogidos en los artículos 14.1 y 15 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, así como la obligación de entrega de recibo establecida en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios aprobado por Real Decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio.
4. Se establecen una serie de pautas para la dispensación en esta modalidad:
a) La dispensación a domicilio será solicitada por la persona interesada a la oficina de farmacia que determine, preferentemente ubicada en su municipio o la cercanía si en el suyo no hay oficina de farmacia que preste esta modalidad de dispensación.
b) La oficina de farmacia deberá cumplimentar una hoja de pedido con una serie de información mínima, que se establece en la orden.
c) En caso de medicamentos o productos sanitarios no sujetos a prescripción: tras anotar el pedido, el personal de la oficina de farmacia lo prepara y se desplaza al domicilio de la persona interesada donde se hace la entrega junto al ticket de compra.
d) En caso de medicamentos o productos sanitarios prescritos en receta en papel o en receta electrónica:
i) En un primer momento, el personal de la oficina de farmacia se desplazará al domicilio de la persona para recoger la receta en papel o en su caso la Tarjeta Sanitaria Individual, en adelante TSI.
ii) El personal de la oficina de farmacia preparará el pedido, y en un segundo desplazamiento al domicilio de la persona interesada, se le hace la entrega junto al ticket de compra, la TSI en su caso, y la copia para el paciente de la receta.
e) Cada paquete contendrá los medicamentos o productos solicitados por la persona y llevará un justificante de la entrega con una serie de datos que se establecen en la orden.
f) La dispensación a domicilio no podrá suponer coste añadido alguno en relación a la aportación económica que corresponda a la persona destinataria en relación con los medicamentos y productos sanitarios que se le dispensen. En el momento de atender al pedido, desde la oficina de farmacia se informará de los mecanismos de pago disponibles.
Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que el protocolo aprobado por parte de la Consejería de Salud y Familias tienen en la ciudadanía andaluza y muy especialmente, en aquellos colectivos de riesgo por la pandemia del coronavirus COVID-19, se considera oportuno y conveniente que la orden referida mediante la que se aprueba el protocolo referido sea conocida por parte del Consejo de Gobierno.
Tomar en consideración la Orden del Consejero de Salud y Familias, de 26 de marzo de 2020, por la que se establece el protocolo para la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de farmacia de Andalucía durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19.

References: artículo 22
 artículo 43
 artículo 36
 artículo 55
 artículo 54
 resolución 
 artículo 21
 artículo 62
 artículo 4
 artículo 16
 artículo 15
 Real Decreto