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Timestamp: 2020-08-06 16:02:03+00:00

Document:
Registro Oficial. 16 de ENERO del 2001
Martes\n 16 de Enero del 2001 - No. 245
\n 1065-D Autorizase la importación\n de 27 motocicletas usadas marca BMW R 80, modelo 1998, donadas\n por el Gobierno de España, a favor de la Policia Nacional\n del Ecuador
\n FUNCION JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA\n SALA ESPECIALIZADA DE LO FISCAL:
\n 75-97 Jorge\n Sánchez Vega en contra del Director General de Rentas
79-97 José Gustavo Herráez\n Orellana en contra del Director General de Rentas
81-97 Angel Adalberto Alarcón Rojas en contra del\n Director General de Rentas
48-98 Alfonso Heredia H. en contra del Subsecretario General\n de Finanzas y Crédito Público
53-98 Mercedes Chávez Lascano en\n contra del Subsecretario General de Finanzas y Crédito\n Público ..
56-98 Gasolinera El Atomo en contra del Subsecretario General\n de Finanzas y Crédito Público .
71-98 Juan Pérez Ríos en contra del Subsecretario\n General de Finanzas y Crédito Público ..
73-98 Carlos Suasnavas Bermúdez en contra del Subsecretario\n General de Finanzas y Crédito Público .
75-98 Iván Peñaherrera Peñaherrera\n en contra del Subsecretario General de Finanzas y Crédito\n Público .
102-98 Mirtha Muñoz O. en contra\n del Subsecretario General de Finanzas y Crédito\n Público .
104-98 Gasolinera\n Serviauto Sur en contra del Subsecretario General de Finanzas\n y Crédito Público .
138-98 Contrachapados de Esmeraldas S.A.\n (CODESA) en contra del Director General dc Rentas .
\n ORDENANZAS METROPOLITANAS:
\n 047 Cantón\n Quito: Que reforma la Sección III, del Capitulo II,\n Título II, Libro IV del Código Municipal, relacionado\n a la cuantía de los premios .
048 Cantón\n Quito: Que reforma\n el Capitulo I, Titulo I, Libro IV del Código Municipal,\n relacionado con los cupos para establecimientos municipales
\n ORDENANZAS MUNICIPALES
\n - CANTON MERA:\n Para eL pago de viáticos,\n subsistencias, transporte y movilización del señor\n alcalde, concejales, funcionarios y empleados
\n - CANTON\n GUALACEO: Que reglamenta los viáticos,\n subsistencias, transporte y movilización y transporte\n de los servidores públicos.
\n - CANTON GUALACEO: Constitutiva del Patronato de Acciòn Social.
\n - CANTON GUALACEO: Que reglamenta el manejo del fondo rotativo para el\n Dpto. de Obras Pùblicas.
N°\n 1065 - D
Que, mediante Resolución N0 073 del Consejo de Comercio\n Exterior e Inversiones (COMEXI) de 14 de noviembre del 2000,\n se emitió dictamen favorable para la importación\n de 27 motocicletas usadas; y, la exoneración de la Tarifa\n por Cláusula de Salvaguardia;
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo\n N0 15 de la Ley Orgánica de Aduanas,
Artículo N° 1. Autorizar la importación\n de 27 motocicletas usadas marca BMW R 80, modelo 1998, donadas\n por el Gobierno de España, a favor de la Policía\n Nacional del Ecuador, de conformidad con los siguientes números\n de bastidor:
6485385, 6485386, 6485388, 6485389, 6485391, 6485393,
\n 6485403, 6485644, 6485648, 6485685, 6485722, 6485740,
\n 6485785, 6485792, 6485910, 6485917, 6485924, 6485925,
\n 6485927, 6486580, 6486581, 6488225, 6488418, 6488419,
\n 6488430, 6488455, 6488496.
Artículo N° 2. Se elimina la Tarifa por Cláusula\n de Salvaguardia, a la importación de las 27 motocicletas\n referidas en el artículo N° 1 de este decreto.
Artículo N° 3. De la ejecución del presente\n decreto, que entrará en vigencia a partir de 14 de noviembre\n del 2000, independientemente de la publicación en el Registro\n Oficial, encárguese al señor Ministro de Economía\n y Finanzas, y al señor Ministro de Comercio Exterior,\n Industrialización y Pesca.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 14 de diciembre de\n 2000.
f) Roberto Peña Durini, Ministro de Comercio Exterior\n Industrialización y Pesca.
Lo certifico: f) Marcelo Santos Vera, Secretario General de\n la Administración Pública.
N0 75\n - 97
JUICIO DE IMPUGNACION QUE SIGUE JORGE\n SANCHEZ VEGA EN CONTRA DE LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE\n RENTAS INTERNAS.
Quito, 23 de noviembre del 2000; las\n 14h45
VISTOS: Jorge Sánchez Vega, el 28 de julio de 1997,\n propone recurso de casación en contra de la sentencia\n de 7 de julio del propio año, dictada por la Sala Unica\n del Tribunal Distrital de lo Fiscal N0 2, con sede en la ciudad\n de Guayaquil, dentro del juicio de impugnación 825 - 405\n - 95, propuesto en contra del Director General de Rentas. Tramitado\n el recurso y corrido traslado, la Autoridad Tributaria lo contesta.\n Habiéndose pedido los autos para resolver, se considera:\n PRIMERO. - La Sala es competente para conocer el recurso en conformidad\n con el Art. 1 de la Ley de Casación. - SEGUNDO. - El recurrente\n fundamenta su recurso en las causales 1a, 2a y 5a, del Art. 3\n de la ley de la materia, argumentando que se ha producido en\n la sentencia errónea interpretación de normas de\n derecho y errónea interpretación de normas procesales,\n que han influido de manera decisiva en el fallo, además\n que se omite resolver el asunto principal de la litis. Señala\n que al expedirse la sentencia, se han infringido las siguientes\n normas: artículos 38 y 66 de la Ley de Modernización\n del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios\n Públicos por parte de la Iniciativa Privada; la regla\n vigésima del Art. 7 del Código Civil y las reglas\n 1ª, 4ª, 5ª y 6ª, del Art. 18 del Código\n Civil; y, los artículos 21 y 117 de la Constitución\n Política. Alega que el Art. 2 del Código Tributario\n referente a la supremacía de las normas tributarias es\n parte del Libro Primero de dicho código que trata de lo\n Sustantivo Tributario, debe interpretarse con relación\n al Art. 68 de la Constitución Política, que da\n al Poder Legislativo la capacidad privativa para establecer,\n modificar o extinguir tributos. Sostiene que el Art. 2 de la\n Ley de Modernización extiende sus disposiciones a todas\n las entidades y dependencias del Estado; que el Art. 117 de la\n Carta Política establece como principio básico\n que el sistema procesal será un medio para la realización\n de la justicia y que no se sacrificará esta por la sola\n omisión de formalidades. Expresa que el inciso segundo\n del artículo 38 de la Ley de Modernización del\n Estado, en cumplimiento de los objetivos fijados en el Art. 1\n de la propia ley como son la racionalización, la eficiencia,\n la descentralización, la desconcentración y la\n simplificación, aborda un aspecto estrictamente procedimental,\n que de acuerdo a la regla veinte del Art. 7 del Código\n Civil, prevalece sobre las normas de anterior vigencia, y que\n aún más, la regla décima octava del propio\n Art. 7 considera incorporadas a los contratos las leyes concernientes\n a los mismos, menos las atinentes al modo de reclamar los derechos.\n Sostiene en abono de su tesis, que el Art. 66 de la Ley de Modernización\n contiene una derogación expresa cuando dice que las disposiciones\n del Código Tributario y otras leyes se entenderán\n modificadas con esa ley. En resumen afirma el recurrente, que\n no cabe sostener que el Tribunal Distrital de lo Fiscal sólo\n es competente para conocer causas contra resoluciones definitivas\n de la administración tributaria, según aparece\n en el fallo que impugna. Finamente señala que el Tribunal\n Distrital de lo Fiscal N0 2, al calificar la demanda declaró\n ser competente para conocer de la demanda, y luego en el fallo,\n la declara improcedente, lo cual resulta manifiestamente incongruente.\n - TERCERO. - El texto del Art. 38 de la Ley de Modernización\n decía: "Art. 38. - PROCESOS. - Los tribunales distritales\n de lo Contencioso Administrativo y Fiscal, dentro de la esfera\n de su competencia, conocerán y resolverán de todas\n las demandas y recursos derivados de actos, contratos y hechos\n que hayan sido expedidos, suscritos o producidos por el Estado\n y por otras entidades del sector público. El administrado\n afectado por tales actividades, presentará su denuncia\n o recurso ante el Tribunal que ejerce jurisdicción en\n el lugar de su domicilio. No se exigirá como requisito\n previo para iniciar cualquier acción judicial contra el\n Estado y demás entidades del sector público el\n agotamiento o reclamo en la vía administrativa. Este derecho\n será facultativo del administrado". La Ley de Modernización\n fue publicada en el Registro Oficial N0 349 de 31 de diciembre\n de 1993, es decir con posterioridad al Código Tributario\n que, contenido en el Decreto Supremo 1016 - A fue publicado en\n el Registro Oficial N0 958 del 23 de diciembre de 1975. El Art.\n 2 del código trata de la supremacía de las normas\n tributarias y prevé que las mismas prevalecerán\n sobre otras de carácter general y especial. Dispone al\n propio tiempo que solo podrán ser derogadas o modificadas\n por disposición de otra ley destinada al efecto. El Legislador\n con posterioridad a la publicación del Código Tributario\n ha estado y estará en plena capacidad de aprobar leyes\n tributarias, sin que al intento sea imprescindible la expedición\n de una ley particular destinada a esa finalidad. De lo expuesto\n y particularmente de lo que al respecto expresamente determina\n la Ley de Modernización, se concluye que en lo que fuere\n pertinente, el Art. 38 referido, prevalece sobre el Código\n Tributario y sobre otras leyes de ese ámbito. - CUARTO.\n - El Art. 38 de la Ley de Modernización confiere competencia\n a los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo\n y Fiscal para conocer y resolver las demandas y recursos derivados\n de actos, contratos y hechos que hayan sido expedidos, suscritos\n o producidos por el Estado y otras entidades del sector público,\n no exigiéndose como requisito previo para iniciar cualquier\n acción judicial en contra del Estado y más organismos\n del sector público, el agotamiento de la vía administrativa.\n Esta disposición se explica dentro del proceso de privatización\n propiciado por la Ley de Modernización. -QUINTO. - Para\n la devolución de lo indebidamente pagado, el Código\n Tributario ha previsto dos situaciones, la contenida en la disposición\n séptima del Art. 234 y la que obra en la disposición\n quinta del Art. 235. En el primer caso la acción de impugnación\n se propone en contra de la resolución que niega la devolución\n de lo indebidamente pagado, resolución que ha de expedirse\n previa la reclamación del particular. En el segundo caso,\n la acción directa se propone con posterioridad al pago\n que se considera indebido, el mismo que se realiza luego de la\n ejecutoria de la resolución administrativa que niegue\n la reclamación propuesta en contra de un acto de liquidación\n o determinación de obligación tributaria. El Art.\n 38 de la Ley de Modernización establece que para ejercitar\n la acción judicial, es decir la de impugnación\n no será necesario el agotamiento de la vía administrativa,\n mas, de ninguna manera exonera de que exista previamente un acto,\n contrato o hecho administrativo aludidos, en su orden en los\n artículos 64, 75 y 78 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,\n publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial número\n 411 del 31 de marzo de 1994. De fs. 21 a 26 de los autos obran\n fotocopias de los oficios 1475 de 26 de octubre de 1992, dirigido\n a la Gerente del Banco Central por el Subsecretario de Rentas;\n y, 4717 de 6 de agosto de 1992, dirigido al Presidente de la\n Junta Monetaria por el Director General de Rentas, en los cuales\n la administración tributaria emite su criterio respecto\n del régimen impositivo de la sumas pagadas por compra\n de renuncias, criterio que no constituye acto administrativo\n de determinación de obligación tributaria referido\n a un contribuyente en particular, respecto del cual se habría\n podido, en ejercicio de las opciones que consigna el Art. 38\n de la Ley de Modernización, agotar la vía administrativa\n o proponer directamente la acción judicial. -SEXTO. -\n En el informe en Derecho que obra a fs. 37 a 40 y 40 vta, del\n proceso, el actor reconoce que lo que ejerce es la acción\n directa de devolución de lo indebidamente pagado o retenido.\n Según queda consignado en el considerando quinto de esta\n sentencia, para que esta acción proceda, es requisito\n que el pago se haya hecho con posterioridad a la ejecutoría\n de una resolución administrativa, lo que no ocurre en\n el caso, presente; no siendo pertinente a este juicio la jurisprudencia\n citada por el recurrente en el manifiesto en Derecho que obra\n a fs. 43 a 43 vta, del proceso. Como se ha expresado, el Art.\n 38 tantas veces mencionado, no subsana esa falencia, pues, es\n imperiosa la existencia de un acto administrativo inicial de\n determinación de obligación tributaria, lo que\n igualmente no sucede en este juicio. - SEPTIMO. - No se ha establecido\n la violación en la sentencia de las disposiciones del\n Código Civil señaladas por el recurrente, como\n tampoco se han infringido las normas constitucionales mencionadas\n por ella. Finamente, es de señalar que el hecho de calificar\n una demanda, no supone pronunciarse sobre su procedencia, por\n lo que no existe incongruencia en la sentencia en los términos\n previstos en la causal quinta del Art. 3 de la Ley de Casación.\n - En mérito de las consideraciones expuestas, que ratifican\n el criterio sentado por esta Sala de Casación respecto\n a la devolución de lo indebidamente pagado. ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n la Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia,\n desecha el recurso de casación interpuesto por Jorge Sánchez\n Vega, en contra de la sentencia de 7 de julio de 1997, dictado\n por la Sala Unica del Tribunal Distrital de lo Fiscal N0 2 de\n Guayaquil, dentro del juicio de acción directa N0 825\n - 405 - 95. Sin costas. Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.
Certifico.- f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario.
Es conforme con el original. - Quito, 11 de diciembre del\n 2000.
f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Sala de lo Fiscal, Secretario.
N0 79\n - 97
JUICIO DE IMPUGNACION QUE SIGUE EL SEÑOR\n JOSE HERRAEZ ORELLANA EN CONTRA DE LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO\n DE RENTAS INTERNAS.
Quito, 23 de noviembre del 2000; las\n 09h30.
VISTOS: José Gustavo Herráez Orellana, el 28\n de julio de 1997, propone recurso de casación en contra\n de la sentencia de 7 de julio del propio año, dictada\n por la Sala Unica del Tribunal Distrital de lo Fiscal N°\n 2, con sede en la ciudad de Guayaquil, dentro del juicio de impugnación\n 837 - 414 - 95, propuesto en contra del Director General de Rentas.\n Tramitado el recurso y corrido traslado, la Autoridad Tributaria\n lo contesta. Habiéndose pedido los autos para resolver,\n se considera: PRIMERO. - La Sala es competente para conocer el\n recurso en conformidad con el Art. 1 de la Ley de Casación.\n - SEGUNDO. - El recurrente fundamenta su recurso en las causales\n 1a, 2a y 5a, del Art. 3 de la ley de la materia, argumentando\n que se ha producido en la sentencia errónea interpretación\n de normas de derecho y errónea interpretación de\n normas procesales, que han influido de manera decisiva en el\n fallo, además que se omite resolver el asunto principal\n de la litis. Señala que al expedirse la sentencia, se\n han infringido las siguientes normas: artículos 38 y 66\n de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones\n y Prestación de Servicios Públicos por parte de\n la Iniciativa Privada; la regla vigésima del Art. 7 del\n Código Civil y las reglas 1ª, 4ª, 5ª y\n 6ª, del Art. 18 del Código Civil; y, los artículos\n 21 y 117 de la Constitución Política. Alega que\n el Art. 2 del Código Tributario referente a la supremacía\n de las normas tributarias es parte del Libro Primero de dicho\n código que trata de lo Sustantivo Tributario, debe interpretarse\n con relación al Art. 68 de la Constitución Política,\n que da al Poder Legislativo la capacidad privativa para establecer,\n modificar o extinguir tributos. Sostiene que el Art. 2 de la\n Ley de Modernización extiende sus disposiciones a todas\n las entidades y dependencias del Estado; que el Art. 117 de la\n Carta Política establece como principio básico\n que el sistema procesal será un medio para la realización\n de la justicia y que no se sacrificará esta por la sola\n omisión de formalidades. Expresa que el inciso segundo\n del artículo 38 de la Ley de Modernización del\n Estado, en cumplimiento de los objetivos fijados en el Art. 1\n de la propia ley como son la racionalización, la eficiencia,\n la descentralización, la desconcentración y la\n simplificación, aborda un aspecto estrictamente procedimental,\n que de acuerdo a la regla veinte del Art. 7 del Código\n Civil, prevalece sobre las normas de anterior vigencia, y que\n aún más, la regla décima octava del propio\n Art. 7 considera incorporadas a los contratos las leyes concernientes\n a los mismos, menos las atinentes al modo de reclamar los derechos.\n Sostiene en abono de su tesis, que el Art. 66 de la Ley de Modernización\n contiene una derogación expresa, cuando dice que las disposiciones\n del Código Tributario y otras leyes se entenderán\n modificadas con esa ley. En resumen afirma el recurrente, que\n no cabe sostener que el Tribunal Distrital de lo Fiscal sólo\n es competente para conocer causas contra resoluciones definitivas\n de la administración tributaria, según aparece\n en el fallo que impugna. Finamente señala que el Tribunal\n Distrital de lo Fiscal N0 2, al calificar la demanda declaró\n ser competente para conocer de la demanda, y luego en el fallo,\n la declara improcedente, lo cual resulta manifiestamente incongruente.\n - TERCERO. - El texto del Art. 38 de la Ley de Modernización\n decía: "Art. 38. - PROCESOS. - Los tribunales distritales\n de lo Contencioso Administrativo y Fiscal, dentro de la esfera\n de su competencia, conocerán y resolverán de todas\n las demandas y recursos derivados de actos, contratos y hechos\n que hayan sido expedidos, suscritos o producidos por el Estado\n y por otras entidades del sector público. El administrado\n afectado por tales actividades, presentará su denuncia\n o recurso ante el Tribunal que ejerce jurisdicción en\n el lugar de su domicilio. No se exigirá como requisito\n previo para iniciar cualquier acción judicial contra el\n Estado y demás entidades del sector público el\n agotamiento o reclamo en la vía administrativa. Este derecho\n será facultativo del administrado". La Ley de Modernización\n fue publicada en el Registro Oficial N0 349 de 31 de diciembre\n de 1993, es decir con posterioridad al Código Tributario\n que, contenido en el Decreto Supremo 1016 - A fue publicado en\n el Registro Oficial N0 958 del 23 de diciembre de 1975. El Art.\n 2 del código trata de la supremacía de las normas\n tributarias y prevé que las mismas prevalecerán\n sobre otras de carácter general y especial. Dispone al\n propio tiempo que solo podrán ser derogadas o modificadas\n por disposición de otra ley destinada al efecto. El Legislador\n con posterioridad a la publicación del Código Tributario\n ha estado y estará en plena capacidad de aprobar leyes\n tributarias, sin que al intento sea imprescindible la expedición\n de una ley particular destinada a esa finalidad. De lo expuesto\n y particularmente de lo que al respecto expresamente determina\n la Ley de Modernización, se concluye que en lo que fuere\n pertinente, el Art. 38 referido, prevalece sobre el Código\n Tributario y sobre otras leyes de ese ámbito. - CUARTO.\n - El Art. 38 de la Ley de Modernización confiere competencia\n a los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo\n y Fiscal para conocer y resolver las demandas y recursos derivados\n de actos, contratos y hechos que hayan sido expedidos, suscritos\n o producidos por el Estado y otras entidades del sector público,\n no exigiéndose como requisito previo para iniciar cualquier\n acción judicial en contra del Estado y más organismos\n del sector público, el agotamiento de la vía administrativa.\n Esta disposición se explica dentro del proceso de privatización\n propiciado por la Ley de Modernización. -QUINTO. - Para\n la devolución de lo indebidamente pagado, el Código\n Tributario ha previsto dos situaciones, la contenida en la disposición\n séptima del Art. 234 y la que obra en la disposición\n quinta del Art. 235. En el primer caso la acción de impugnación\n se propone en contra de la resolución que niega la devolución\n de lo indebidamente pagado, resolución que ha de expedirse\n previa la reclamación del particular. En el segundo caso,\n la acción directa se propone con posterioridad al pago\n que se considera indebido, el mismo que se realiza luego de la\n ejecutoria de la resolución administrativa que niegue\n la reclamación propuesta en contra de un acto de liquidación\n o determinación de obligación tributaria. El Art.\n 38 de la Ley de Modernización establece que para ejercitar\n la acción judicial, es decir la de impugnación\n no será necesario el agotamiento de la vía administrativa,\n mas, de ninguna manera exonera de que exista previamente un acto,\n contrato o hecho administrativo aludidos, en su orden en los\n artículos 64, 75 y 78 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,\n publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial número\n 411 del 31 de marzo de 1994. De fs. 21 a 26 de los autos obran\n fotocopias de los oficios 1475 de 26 de octubre de 1992, dirigido\n a la Gerente del Banco Central por el Subsecretario de Rentas;\n y, 4717 de 6 de agosto de 1992, dirigido al Presidente de la\n Junta Monetaria por el Director General de Rentas, en los cuales\n la administración tributaria emite su criterio respecto\n del régimen impositivo de la sumas pagadas por compra\n de renuncias, criterio que no constituye acto administrativo\n de determinación de obligación tributaria referido\n a un contribuyente en particular, respecto del cual se habría\n podido, en ejercicio de las opciones que consigna el Art. 38\n de la Ley de Modernización, agotar la vía administrativa\n o proponer directamente la acción judicial. -SEXTO. -\n En el informe en Derecho que obra a fs. 37 a 40 y 40 vta, del\n proceso, el actor reconoce que lo que ejerce es la acción\n directa de devolución de lo indebidamente pagado o retenido.\n Según queda consignado en el considerando quinto de esta\n sentencia, para que esta acción proceda, es requisito\n que el pago se haya hecho con posterioridad a la ejecutoría\n de una resolución administrativa, lo que no ocurre en\n el caso, presente; no siendo pertinente a este juicio la jurisprudencia\n citada por el recurrente en el manifiesto en Derecho que obra\n a fs. 43 a 43 vta, del proceso. Como se ha expresado, el Art.\n 38 tantas veces mencionado, no subsana esa falencia, pues, es\n imperiosa la existencia de un acto administrativo inicial de\n determinación de obligación tributaria, lo que\n igualmente no sucede en este juicio. - SEPTIMO. - No se ha establecido\n la violación en la sentencia de las disposiciones del\n Código Civil señaladas por el recurrente, como\n tampoco se han infringido las normas constitucionales mencionadas\n por ella. Finamente, es de señalar que el hecho de calificar\n una demanda, no supone pronunciarse sobre su procedencia, por\n lo que no existe incongruencia en la sentencia en los términos\n previstos en la causal quinta del Art. 3 de la Ley de Casación.\n - En mérito de las consideraciones expuestas, que ratifican\n el criterio sentado por esta Sala de Casación respecto\n a la devolución de lo indebidamente pagado. ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n la Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia,\n desecha el recurso de casación interpuesto por Jorge Sánchez\n Vega, en contra de la sentencia de 7 de julio de 1997, dictado\n por la Sala Unica del Tribunal Distrital de lo Fiscal N0 2 de\n Guayaquil, dentro del juicio de acción directa N0 837\n - 414 - 95. Sin costas. Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.
N0 81\n - 97
JUICIO DE IMPUGNACION QUE SIGUE ANGEL\n ALARCON ROJAS, EN CONTRA DE LA DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO\n DE RENTAS INTERNAS.
Quito, 23 de noviembre del 2000; las\n 11h35.
VISTOS: Angel Adalberto Alarcón Rojas, el 15 de agosto\n de 1997, propone recurso de casación en contra de la sentencia\n de 12 de agosto del propio año, dictada por la Sala Unica\n del Tribunal Distrital de lo Fiscal N0 2, con sede en la ciudad\n de Guayaquil, dentro del juicio de impugnación 861 - 428\n - 95, propuesto en contra del Director General de Rentas. Tramitado\n el recurso y corrido traslado, la Autoridad Tributaria lo contesta.\n Habiéndose pedido los autos para resolver, se considera:\n PRIMERO. - La Sala es competente para conocer el recurso en conformidad\n con el Art. 1 de la Ley de Casación. - SEGUNDO. - El recurrente\n fundamenta su recurso en las causales 1a, 2a y 5a, del Art. 3\n de la ley de la materia, argumentando que se ha producido en\n la sentencia errónea interpretación de normas de\n derecho y errónea interpretación de normas procesales,\n que han influido de manera decisiva en el fallo, además\n que se omite resolver el asunto principal de la litis. Señala\n que al expedirse la sentencia, se han infringido las siguientes\n normas: artículos 38 y 66 de la Ley de Modernización\n del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios\n Públicos por parte de la Iniciativa Privada; la regla\n vigésima del Art. 7 del Código Civil y las reglas\n 1ª, 4ª, 5ª y 6ª, del Art. 18 del Código\n Civil; y, los artículos 21 y 117 de la Constitución\n Política. Alega que el Art. 2 del Código Tributario\n referente a la supremacía de las normas tributarias es\n parte del Libro Primero de dicho código que trata de lo\n Sustantivo Tributario, debe interpretarse con relación\n al Art. 68 de la Constitución Política, que da\n al Poder Legislativo la capacidad privativa para establecer,\n modificar o extinguir tributos. Sostiene que el Art. 2 de la\n Ley de Modernización extiende sus disposiciones a todas\n las entidades y dependencias del Estado; que el Art. 117 de la\n Carta Política establece como principio básico\n que el sistema procesal será un medio para la realización\n de la justicia y que no se sacrificará esta por la sola\n omisión de formalidades. Expresa que el inciso segundo\n del artículo 38 de la Ley de Modernización del\n Estado, en cumplimiento de los objetivos fijados en el Art. 1\n de la propia ley como son la racionalización, la eficiencia,\n la descentralización, la desconcentración y la\n simplificación, aborda un aspecto estrictamente procedimental,\n que de acuerdo a la regla veinte del Art. 7 del Código\n Civil, prevalece sobre las normas de anterior vigencia, y que\n aún más, la regla décima octava del propio\n Art. 7 considera incorporadas a los contratos las leyes concernientes\n a los mismos, menos las atinentes al modo de reclamar los derechos.\n Sostiene en abono de su tesis, que el Art. 66 de la Ley de Modernización\n contiene una derogación expresa, cuando dice que las disposiciones\n del Código Tributario y otras leyes se entenderán\n modificadas con esa ley. En resumen afirma el recurrente, que\n no cabe sostener que el Tribunal Distrital de lo Fiscal sólo\n es competente para conocer causas contra resoluciones definitivas\n de la administración tributaria, según aparece\n en el fallo que impugna. Finamente señala que el Tribunal\n Distrital de lo Fiscal N0 2, al calificar la demanda declaró\n ser competente para conocer de la demanda, y luego en el fallo,\n la declara improcedente, lo cual resulta manifiestamente incongruente.\n - TERCERO. - El texto del Art. 38 de la Ley de Modernización\n decía: "Art. 38. - PROCESOS. - Los tribunales distritales\n de lo Contencioso Administrativo y Fiscal, dentro de la esfera\n de su competencia, conocerán y resolverán de todas\n las demandas y recursos derivados de actos, contratos y hechos\n que hayan sido expedidos, suscritos o producidos por el Estado\n y por otras entidades del sector público. El administrado\n afectado por tales actividades, presentará su denuncia\n o recurso ante el Tribunal que ejerce jurisdicción en\n el lugar de su domicilio. No se exigirá como requisito\n previo para iniciar cualquier acción judicial contra el\n Estado y demás entidades del sector público el\n agotamiento o reclamo en la vía administrativa. Este derecho\n será facultativo del administrado". La Ley de Modernización\n fue publicada en el Registro Oficial N0 349 de 31 de diciembre\n de 1993, es decir con posterioridad al Código Tributario\n que, contenido en el Decreto Supremo 1016 - A fue publicado en\n el Registro Oficial N0 958 del 23 de diciembre de 1975. El Art.\n 2 del código trata de la supremacía de las normas\n tributarias y prevé que las mismas prevalecerán\n sobre otras de carácter general y especial. Dispone al\n propio tiempo que solo podrán ser derogadas o modificadas\n por disposición de otra ley destinada al efecto. El Legislador\n con posterioridad a la publicación del Código Tributario\n ha estado y estará en plena capacidad de aprobar leyes\n tributarias, sin que al intento sea imprescindible la expedición\n de una ley particular destinada a esa finalidad. De lo expuesto\n y particularmente de lo que al respecto expresamente determina\n la Ley de Modernización, se concluye que en lo que fuere\n pertinente, el Art. 38 referido, prevalece sobre el Código\n Tributario y sobre otras leyes de ese ámbito. - CUARTO.\n - El Art. 38 de la Ley de Modernización confiere competencia\n a los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo\n y Fiscal para conocer y resolver las demandas y recursos derivados\n de actos, contratos y hechos que hayan sido expedidos, suscritos\n o producidos por el Estado y otras entidades del sector público,\n no exigiéndose como requisito previo para iniciar cualquier\n acción judicial en contra del Estado y más organismos\n del sector público, el agotamiento de la vía administrativa.\n Esta disposición se explica dentro del proceso de privatización\n propiciado por la Ley de Modernización. -QUINTO. - Para\n la devolución de lo indebidamente pagado, el Código\n Tributario ha previsto dos situaciones, la contenida en la disposición\n séptima del Art. 234 y la que obra en la disposición\n quinta del Art. 235. En el primer caso la acción de impugnación\n se propone en contra de la resolución que niega la devolución\n de lo indebidamente pagado, resolución que ha de expedirse\n previa la reclamación del particular. En el segundo caso,\n la acción directa se propone con posterioridad al pago\n que se considera indebido, el mismo que se realiza luego de la\n ejecutoria de la resolución administrativa que niegue\n la reclamación propuesta en contra de un acto de liquidación\n o determinación de obligación tributaria. El Art.\n 38 de la Ley de Modernización establece que para ejercitar\n la acción judicial, es decir la de impugnación\n no será necesario el agotamiento de la vía administrativa,\n mas, de ninguna manera exonera de que exista previamente un acto,\n contrato o hecho administrativo aludidos, en su orden en los\n artículos 64, 75 y 78 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,\n publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial número\n 411 del 31 de marzo de 1994. De fs. 21 a 26 de los autos obran\n fotocopias de los oficios 1475 de 26 de octubre de 1992, dirigido\n a la Gerente del Banco Central por el Subsecretario de Rentas;\n y, 4717 de 6 de agosto de 1992, dirigido al Presidente de la\n Junta Monetaria por el Director General de Rentas, en los cuales\n la administración tributaria emite su criterio respecto\n del régimen impositivo de la sumas pagadas por compra\n de renuncias, criterio que no constituye acto administrativo\n de determinación de obligación tributaria referido\n a un contribuyente en particular, respecto del cual se habría\n podido, en ejercicio de las opciones que consigna el Art. 38\n de la Ley de Modernización, agotar la vía administrativa\n o proponer directamente la acción judicial. -SEXTO. -\n En el informe en Derecho que obra a fs. 37 a 40 y 40 vta, del\n proceso, el actor reconoce que lo que ejerce es la acción\n directa de devolución de lo indebidamente pagado o retenido.\n Según queda consignado en el considerando quinto de esta\n sentencia, para que esta acción proceda, es requisito\n que el pago se haya hecho con posterioridad a la ejecutoría\n de una resolución administrativa, lo que no ocurre en\n el caso, presente; no siendo pertinente a este juicio la jurisprudencia\n citada por el recurrente en el manifiesto en Derecho que obra\n a fs. 43 a 43 vta, del proceso. Como se ha expresado, el Art.\n 38 tantas veces mencionado, no subsana esa falencia, pues, es\n imperiosa la existencia de un acto administrativo inicial de\n determinación de obligación tributaria, lo que\n igualmente no sucede en este juicio. - SEPTIMO. - No se ha establecido\n la violación en la sentencia de las disposiciones del\n Código Civil señaladas por el recurrente, como\n tampoco se han infringido las normas constitucionales mencionadas\n por ella. Finamente, es de señalar que el hecho de calificar\n una demanda, no supone pronunciarse sobre su procedencia, por\n lo que no existe incongruencia en la sentencia en los términos\n previstos en la causal quinta del Art. 3 de la Ley de Casación.\n - En mérito de las consideraciones expuestas, que ratifican\n el criterio sentado por esta Sala de Casación respecto\n a la devolución de lo indebidamente pagado. ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n la Sala Especializada de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia,\n desecha el recurso de casación interpuesto por Jorge Sánchez\n Vega, en contra de la sentencia de 7 de julio de 1997, dictado\n por la Sala Unica del Tribunal Distrital de lo Fiscal N0 2 de\n Guayaquil, dentro del juicio de acción directa N0 861\n - 428 - 95. Sin costas. Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.
No. 48\n - 98
EN EL JUICIO DE IMPUGNACION QUE SIGUE\n EL SEÑOR ALFONSO HEREDIA CONTRA EL MINISTRO DE FINANZAS\n Y CREDITO PUBLICO
Quito, noviembre 1 del 2000; las 15h00.
VISTOS: El Dr. René Palacios Aguirre, Procurador de\n la Autoridad Tributaria, con escrito de 24 de marzo de 1998 interpone\n recurso de casación de la sentencia No. 803 dictada por\n la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 1 el\n 1 de abril de 1998, dentro del juicio No. 17276 seguido por Alfonso\n Heredia H. en contra del Subsecretario General del Ministerio\n de Finanzas y Crédito Público que acepta la demanda\n de impugnación de la Resolución No. 138 de 20 de\n diciembre de 1996. Concedido el recurso y corrido traslado con\n el mismo a la contraparte, no ha comparecido para dar contestación\n al recurso. Pedidos los autos para resolver, se considera: PRIMERO.\n - La Sala es competente para conocer el presente recurso por\n lo establecido en el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.\n - El Procurador de la Autoridad Fiscal demandada fundamenta el\n recurso amparado en los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Ley\n de Casación; expresa que la causal que motiva el recurso\n es la primera del Art. 3 de la ley indicada así como señala\n que las normas legales que estima han sido violadas o que no\n han sido aplicadas por la sentencia son el Art. 19 de la Ley\n No. 051, reformatoria de la Ley de Régimen Tributario\n Interno, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre\n de 1993 que mandó agregar artículos luego del 26\n de esa ley; el Art. 63 del Reglamento de Aplicación de\n la Ley de Régimen Tributario Interno; los artículos\n 68, 76, 93, 139, 144 y 273 del Código Tributario, Art.\n 19 de la Ley de Régimen Administrativo; artículos\n 23 y 24 de la Ley Orgánica de Administración Financiera\n y Control; artículos 10 y 1731 del Código Civil.\n Afirma que por delegación del Ministro de Finanzas, el\n Subsecretario General de ese Ministerio ha dictado la Resolución\n No. 138 de 20 de diciembre de 1996, poniendo termino al recurso\n de revisión iniciado de oficio mediante nota No. 0252\n de 23 de mayo de 1996 suscrita por el Director General de Rentas\n que, fundado en el numeral 1 del Art. 139 del Código Tributario\n ha solicitado la revisión del convenio tributario, celebrado\n entre el actor y el Director General de Rentas el 29 diciembre\n de 1995 sin considerar las formalidades exigidas por el Art.\n 19 de la Ley No. 051 de diciembre de 1993, omisiones que han\n sido debidamente comprobadas por lo que el Subsecretario ha declarado\n la nulidad del convenio tributario que ha violado las disposiciones\n legales aplicables al caso en especial debido a que el actor\n no ha probado que el convenio ha sido legalmente celebrado y\n que ha entregado las pruebas del caso las que no aparecen ni\n del expediente del recurso de revisión ni del juicio principal\n del que no aparece que el convenio se haya ajustado a las premisas\n de ser una determinación tributaria y no un contrato administrativo\n como se han expresado en la sentencia recurrida ya que la Sala\n trata de desconocer el Art. 76 del Código Tributario referido\n a la componente administrativa para la determinación de\n obligaciones tributarias ya que la delegación realizada\n por el Ministro de Finanzas al Subsecretario General, es correcta\n al haberse aplicado el Art. 25 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control, actitud que la Segunda Sala del Tribunal\n Distrital de lo Fiscal No. 1 ha reconocido expresamente en varias\n sentencias que en número de once individualiza en el escrito\n de recurso por lo que no amerita que la Sala haya cambiado de\n criterio violando el Art. 10 del Código Civil según\n el cual el Juez no puede declarar válido lo que la ley\n ordena sea nulo. TERCERO. - Ante numerosos recursos de casación\n interpuestos por el Dr. René Palacios Aguirre en calidad\n de Procurador de la Autoridad Fiscal demandada, la Sala de lo\n Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, ha expresado los siguientes\n puntos de vista concordantes y uniformes: 1. - De acuerdo a la\n resolución que con carácter general dictara la\n Corte Suprema de Justicia en Pleno y en base a los, reiterados\n fallos expedidos por esta misma Sala, procede la interposición\n del recurso de casación con la sola firma del Procurador\n Fiscal que ha sido legalmente designado y que en esa calidad\n ha intervenido durante el juicio principal por lo tanto, en la\n especie; la actuación del Procurador Fiscal recurrente\n es legal. 2. - 1.a delegación de funciones que ha otorgado\n el Ministro de Finanzas y Crédito Público al Subsecretario\n General del Ministerio de Finanzas y Crédito Público\n es legal por lo establecido en el Art. 25 de la Ley Orgánica\n de Administración Financiera y Control, y en el Art. 35\n de la Ley de Modernización del Estado. De manera que la\n actuación del mencionado Subsecretario es legal y el acto\n administrativo expedido por él es procedente. 3. - De\n conformidad con el Art. 19 de la Ley de Casación, la existencia\n de tres fallos uniformes y concordantes sobre una misma materia\n es de aplicación obligatoria para los tribunales distritales\n y la Administración Tributaria en general. 4.. - Los convenios\n tributarios que en número indeterminado han sido suscritos\n por él Director General de Rentas, encargado y varios\n sujetos pasivos de los impuestos a la renta y al valor agregado,\n el 29 de diciembre de 1995 tienen como denominador común\n la evidencia de que no se aplicó la normativa legal que\n sobre convenios tributarios se hallaba señalada en los\n artículos innumerados agregados a continuación\n del Art. 26 de la Ley de Régimen Tributario Interno por\n el Art. 19 de la Ley No. 051, publicada en el Registro Oficial\n No. 349 de 31 de diciembre de 1993, evidencia que se detecta\n de la simple revisión de los procesos terminados con sentencia\n de las que se ha recurrido en casación, situación\n que se repite en el presente caso en el que el Subsecretario\n General del Ministerio de Finanzas y Crédito Público,\n actuando en forma legal y dando por terminado el recurso de revisión\n iniciado de oficio por la Administración Tributaria Central.\n 5. - El convenio tributario es un especie de determinación\n de obligaciones tributarias por lo que es un acto administrativo\n imputable a la Administración Tributaria activa en base\n a las normas de derecho público que se contienen tanto\n en la Ley de Régimen Tributario Interno, reformada por\n el Art. 19 de la Ley 051 de diciembre de 1993, como en el Código\n Tributario; no es por lo mismo un contrato de derecho privado\n cuyas disposiciones no son aplicables para los casos de la determinación\n de obligaciones tributarias ni siquiera en forma supletoria.\n Por lo que se deja indicado, la Sala Fiscal de la Corte Suprema\n de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta el recurso de casación\n interpuesto por el Dr. René Palacios Aguirre, Procurador\n de la Autoridad Fiscal y, por lo mismo, deja sin efecto la sentencia\n No. 803, dictada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de\n lo Fiscal No. 1 el 1 de abril de 1998 y ratifica el valor de\n la Resolución No. 138 de 20 de diciembre de 1996, expedida\n por el Subsecretario General del Ministerio de Finanzas y Crédito\n Público. Sin costas. Ejecutoriado este fallo devuélvase\n a la Sala y Tribunal de origen para que lo haga ejecutar. Notifíquese,\n publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Alfredo Contreras Villavicencio, José Vicente\n Troya Jaramillo, Ministros Jueces, José Ignacio Albuja\n Punina, Conjuez Permanente.
f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario.
Es conforme con el original. - Quito, 7 de diciembre del 2000.
f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Sala de lo Fiscal, Secretario.
No. 53\n - 98
JUICIO DE IMPUGNACION QUE SIGUE MERCEDES\n CHAVEZ LASCANO EN CONTRA DEL MINISTRO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO.
Quito, 25 de octubre del 2000; las 08h00.
VISTOS: El Dr. René Palacios Aguirre, Procurador de\n la Autoridad Tributaria, interpone recurso de casación\n de la sentencia pronunciada por la Primera Sala del Tribunal\n Distrital de lo Fiscal No. 1 del 11 de marzo de 1998, en el juicio\n de impugnación No. 17305 - 788 ­ IS deducido por Mercedes\n Chávez Lascano en contra del Subsecretario General de\n Finanzas y Crédito Público. Notificadas las partes\n con la recepción del proceso y la concesión del\n recurso, el actor en el juicio de impugnación, no lo contesta.\n Pedidos los autos para resolver se considera: PRIMERO. - Esta\n Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso,\n de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO - La autoridad tributaria, propone el recurso amparada\n en los Arts. 2, 3, 4 y 5 de la Ley de Casación. - Las\n causales que originan este recurso son la primera y la tercera\n del Art. 3 de la Ley de Casación. Expresa el recurrente\n que las disposiciones incumplidas en la expedición de\n la sentencia son las siguientes: 1) El Art. 19 de la Ley 051,\n reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada\n en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 1993, que\n creó los artículos innumerados a continuación\n del Art. 26 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 2)\n El Art. 63 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen\n Tributario Interno. 3) Los Arts. 9, 139, 144, 273, 277, 285 y\n 288 del Código Tributario. 4) Los Arts. 10 y 1731 del\n Código Civil. - Expresa que por delegación del\n Ministro de Finanzas y Crédito Público, el Subsecretario\n General expidió la Resolución No. 082 de 20 de\n diciembre de 1996, en el recurso de revisión propuesto\n por el Director General de Rentas mediante oficio No. 00179 de\n 20 de mayo de 1996. El Director General de Rentas como representante\n legal del órgano tributario en el orden nacional, pidió\n la revisión del convenio tributario de 29 de diciembre\n de 1995, suscrito entre el actor y el Director General de Rentas,\n encargado, fundado en el numeral 1 del Art. 139 del Código\n Tributario al considerar que no se había cumplido con\n las formalidades previstas en el Art. 19 de la Ley 051, publicada\n en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993 y en\n el Art. 63 de Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen\n Tributario Interno. Comprobada la veracidad de las afirmaciones\n del Director General de Rentas en la tramitación del recurso\n de revisión, el Subsecretario General declaró la\n nulidad del proceso por cuanto se violaron íntegramente\n las disposiciones legales aplicables a la determinación\n de las obligaciones tributarias a través de la forma de\n determinación mixta identificada como convenio tributario.\n - Mercedes Chávez Lascano, presentó demanda de\n impugnación a la Resolución 082 que reconoció\n la nulidad del convenio. A continuación se refiere a la\n obligación del actor de probar la validez del convenio\n que alega, conforme al Art. 273 del Código Tributario\n argumentando al efecto. Alude a los preceptos del primer articulo\n innumerado creado a continuación del Art. 26 de la Ley\n de Régimen Tributario Interno, por el Art. 19 de la Ley\n 051, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de diciembre\n de 1993 sobre los requisitos que debían cumplir los sujetos\n pasivos para firmar un convenio tributario conforme el Art. 26\n ibídem. - El Art. 63 del Reglamento de Aplicación,\n en concordancia con la ley y cita en detalle las normas acerca\n de plazos, procedimientos y documentos que deben presentarse\n para la celebración del convenio y anota que se han violado\n los plazos taxativamente establecidos en el Art. 63 del reglamento.\n Que al afirmar el actor que fue válidamente celebrado,\n el convenio debió probarlo pero no lo hizo, y la Sala\n dejó de aplicar las disposiciones aplicables de la Ley\n de Régimen Tributario Interno y el Art. 63 de su reglamento,\n dando lugar a la primera causal del Art. 3 de la Ley de Casación.\n Que la sentencia viola la disposición expresa del Art.\n 10 del Código Civil que transcribe. Cita el Art. 144 del\n Código Tributario respecto de que las resoluciones que\n se dicten en recurso de revisión gozarán de las\n presunciones de legalidad y ejecutoriedad, hasta que se demuestre\n lo contrario. - Que la resolución no era legítima\n ni ejecutable debió demostrar el actor y no lo hizo, por\n tanto subsiste la legitimidad y ejecutoriedad. - Que la presunta\n legitimidad y ejecutoriedad del convenio fue desvirtuada por\n resolución pronunciada en el recurso de revisión.\n Formula observaciones al considerando quinto de la sentencia\n que dice que contraviene lo dispuesto en el Art. 273 del Código\n Tributario Interno de que la carga de la prueba corresponde al\n actor, precepto que incumplió igualmente con puntos extraños\n al proceso, incumpliendo además las normas sobre la valoración\n de la prueba, lo que dice da lugar a las causales primera y tercera\n del Art. 3 de la Ley de Casación. - Alude al Art. 277\n del Código Tributario que faculta al Tribunal ordenar\n de oficio la práctica de pruebas lo que no aplicó\n la Sala. Que afirma debió negar la demanda por improcedente\n y al n0 hacerlo dio lugar a la causal primera del A

References: Resolución 
 artículo 38
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