Source: http://www.cencos.org/defensores-de-derechos-humanos
Timestamp: 2017-02-23 20:47:12+00:00

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La decisión judicial es inapelable, por lo que PGR está obligada a cumplir la sentencia Están pendientes las reparaciones de las mujeres indígenas ñhäñhús Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio
Ciudad de México, 24 de mayo 2016.- Después de casi 10 años de que Jacinta Francisco Marcial fuera condenada injustamente en prisión por un delito
que no cometió, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó que la Procuraduría General de la República
(PGR) debe reparar el daño.
Cabe recordar que Jacinta Francisco permaneció más de tres años privada ilegalmente de su libertad, de agosto de 2006 a septiembre de 2009, acusada por el presunto secuestro de seis
miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), quienes realizaban un operativo para decomisar mercancía en el tianguis de Amealco, Querétaro.
La indígena fue liberada tras la decisión de la PGR de no presentar conclusiones acusatorias en su contra, sin embargo, ésta misma instancia se
negó a reconocer su inocencia.
Amnistía Internacional nombró presa de conciencia a Jacinta Francisco Marcial el 18 de agosto de 2009, pues había sido condenada injustamente a 21 años de prisión. La organización manifestó que
a Jacinta se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia.
A una década, la justicia administrativa le ordena a la PGR la realización de una disculpa pública por haberla detenido, procesado y condenado ilegalmente
por el delito de secuestro que no cometió, ya que una indemnización no resarcía por sí sola el daño ocasionado.
La sentencia emitida por el Tribunal Colegiado abre paso formalmente a las víctimas de la actuación irregular de Ministerios Públicos Federales por la
via de responsabilidad administrativa al reconocer la obligación de resarcir los daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, incluyendo
el daño moral ocasionado en su reputación, vida privada y dignidad al haberse hecho de forma pública ante los medios de comunicación la supuesta responsabilidad
de los delitos. De esta manera, en casos similares se puedan demandar a la PGR la reparación integral por violar sus derechos humanos.
Esta decisión judicial es inapelable por lo que la PGR está jurídicamente obligada a cumplir lo ordenado. En ese sentido, exhortamos a qué través de las
instancias competentes, gire las instrucciones necesarias para que una vez que reciba la notificación oficial de la sentencia proceda a cumplirla.
Finalmente, es importante recordar que aún están pendientes de resolución los casos de las mujeres indígenas ñhäñhús Alberta Alcántara Juan y Teresa
González Cornelio; también encarceladas injustamente por los mismos hechos, por lo que confiamos que tal como sucedió en el caso de la señora Jacinta
Francisco, el Poder Judicial de la Federación, confirme la decisión previa y ordene a la PGR la reparación integral del daño incluyendo garantías
de satisfacción como el ofrecimiento de disculpas públicas.
"Tlatlaya hacia la consumación de la impunidad": OSC
Ciudad de México, a 17 de mayo de 2016. El Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los
tres soldados que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, en la modalidad de alteración y modificación
ilícita de vestigios del hecho delictivo, entre otros. Después de esta decisión, la totalidad de los elementos militares que participaron en los hechos
del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya están libres.
Lo anterior, a pesar de que otro órgano de Estado como lo es la CNDH determinó en su Recomendación 51/2014 la existencia de la ejecución arbitraria de
por lo menos de 12 a 15 personas, a lo que se suma las propias declaraciones de las tres mujeres sobrevivientes de la masacre, que coinciden contundentemente:
si bien existió un enfrentamiento, la mayoría de los civiles se encontraban ya rendidos a disposición del Ejército para después ser privados de la
vida. En la resolución del 13 de mayo de 2016 dictada dentro del expediente 247/2015, el Magistrado Ambriz sostiene que alguien privó ilegalmente de la vida
a los civiles; sin embargo, consideró que no podía determinar la probable responsabilidad de los militares procesados, pues se requerían de mayores
Dicha decisión judicial evidencia un Poder Judicial de la Federación poco efectivo para el juzgamiento de los casos de graves violaciones a derechos humanos,
pero también muestra la responsabilidad de la PGR en la realización de una acusación deficiente y la falta de investigación por su parte; prueba de
ello es que la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”
sigue sin ser investigada.
La resolución del Magistrado no es definitiva y puede ser impugnada por las víctimas reconocidas en el expediente, en tal sentido la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV), apersonada en el juicio, debe asesorar a las familias sobre la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.
En el mismo sentido, la resolución del Magistrado Ambriz, no se pronuncia por la inocencia o culpabilidad de los elementos militares, sino que su libertad
es por insuficiencia probatoria. Esto abre la posibilidad de que la PGR perfeccione su investigación y se evite que el caso permanezca en impunidad.
Para Clara Gómez González, sobreviviente y testigo, la resolución evidencia la falta de acceso a la justicia y abre su preocupación en torno a su seguridad
y la de su familia, por lo que exigimos garantías en su proceso de búsqueda de verdad. Preocupa a las organizaciones firmantes, la intencionalidad de algunos articulistas que han pretendido poner en duda la existencia de los hechos de
Tlatlaya e incluso la legitimidad de quienes hemos solicitado justicia en el caso. Reiteramos que la CNDH reconoce la ejecución sumaria, por lo
que refrendamos que los hechos deben ser investigados y sancionados. Todo lo anterior nos confirma que en México la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares
está muy lejos de ser una realidad, asimismo es un indicador de la impunidad que prevalece en nuestro país.
Las actuaciones de la CRAC-PC se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las
leyes y los tratados internacionales.
Las autoridades que los mantuvieron en cautiverio violaron las reglas del debido proceso en perjuicio de las autoridades comunitarias y se extrajeron
pruebas ilícitas para inculparlos. Ayutla de los Libres, Guerrero a 12 de mayo de 2016.- El día de hoy salieron en libertad del Penal de Ayutla de los Libres, Bernardino García Francisco,
Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo, autoridades comunitarias
de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso perteneciente a este
Municipio de la Costa Chica, luego de haber sido injustamente privados de su libertad por casi tres años.
El Juez Mixto de Ayutla de los Libres y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa ordenaron su libertad por no existir elementos que acrediten el
cuerpo de delito de secuestro del que habían sido injustamente acusados. El primero resolvió favorablemente un incidente de libertad por desvanecimiento
de datos el día 22 de abril de 2016 y la segunda reclasificó el delito de secuestro a privación de la libertad personal en acatamiento a la resolución
del amparo 133/2014, de fecha 10 de noviembre de 2015, mediante el cual el Juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido
proceso en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC; que el juez local omitió hacer un análisis del derecho que tienen los pueblos indígenas
para tener sus propias formas de organización social y política; así como que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia legítimo reconocido
por la Constitución, las leyes de nuestro país.
Cabe recordar, los indígenas Na Savi fueron detenidos el día 21 de agosto del año 2013, en un operativo conjunto llevado a cabo por la Policía Federal,
la Marina y el Ejército Mexicano, en el poblado del Paraíso. Posteriormente fueron llevados a la Fiscalía de Acapulco que los sometió a un arraigo
ilegal y se les negó el derecho a una defensa adecuada y de su elección. Al término del arraigo fueron consignados ante el Juez Cuarto en Materia
Penal de Acapulco ante quien se radicó la causa penal 191/2013 por el delito de secuestro en contra de dos personas. Meses después les notificaron
otra orden de aprehensión dentro de la causa penal 196/2013-I radicada en el Juzgado Segundo en Materia Penal de Tlapa, Guerrero, por el delito
de secuestro en agravio de 43 personas más. De igual forma, durante los subsecuentes días fueron notificados de otros delitos en su contra por
portación de armas, delincuencia organizada. En el año 2015 las seis autoridades comunitarias fueron trasladadas al Penal de Ayutla desde donde
siguieron enfrentando su proceso.
Ante la cerrazón de las autoridades Estatales para liberarlos y de reconocer que los procesos eran habían sido parte de una acción de criminalización
al Sistema de Justica indígena. Las autoridades comunitarias centraron su lucha en el plano jurídico. Así, Jueces Federales emitieron tres resoluciones
que reconocen a la CRAC-PC como parte de los sistemas normativos de los pueblos indígenas:
1) El 28 de diciembre de 2013 el Juez Tercero de Distrito de Acapulco dictó auto de libertad a los seis integrantes de la CRAC-PC, al resolver el plazo
constitucional en la causa penal 73/2013 por el delito de portación de armas.
2) El 24 de marzo de 2014, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario de Circuito les concedió la libertad en la apelación contra el auto de formal
prisión que emitió el Juez Séptimo de Distrito por el delito de delincuencia organizada.
3) Finalmente, el 10 de noviembre de 2015 el Juez Sexto de Distrito de Acapulco, resolvió el amparo 133/2014 interpuesto contra el auto de formal prisión
por el delito de secuestro en la causa penal 196/2013-I.
Las tres resoluciones de los Jueces Federales reconocen que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia que tienen los pueblos indígenas de la
Montaña y Costa Chica de Guerrero, y que es la expresión del ejercicio de sus derechos a tener sus propios sistemas normativos para solucionar
sus conflictos dentro de su territorio, por lo tanto, sus actuaciones se asemejan a actos de autoridad y no constituyen delitos.
El Juez Sexto de Distrito en Acapulco, al resolver el amparo 133/2014 incluso fue más allá, pues resolvió que durante la investigación se dieron varias
irregularidades a saber: a) que a las autoridades comunitarias no se les proveyó de un traductor ni abogado que conozca la cultura de ellos, b)
que el arraigo al que fueron sujetos fue ilegal, dado que de acuerdo a la reforma del año 2008 el arraigo es materia de las autoridades federales;
mientras que los indígenas de la CRAC-PC fueron privados de su libertad por una orden de arraigo solicitada y decretada por el Ministerio Público
y Juez local respectivamente, que no estaban facultados para realizar tal acto de autoridad. Ante ello, en acatamiento a esta resolución, la Jueza
de Tlapa reclasificó el delito de secuestro al de privación de la libertad personal en la causa penal 196/2014-I.
Con el mismo criterio de las resoluciones descritas, el 22 de abril de este año el Licenciado Julio Obregón Flores, Juez Mixto de Primera Instancia
de Ayutla, resolvió el incidente de libertad por desvanecimiento de datos que promovieron las autoridades de la CRAC-PC dentro de la causa penal
59-I/2015 por el delito de secuestro, decretando su libertad inmediata.
Tal y como fue denunciado en agosto del 2013, con el macro operativo en el que se detuvieron al menos a una decena de autoridades comunitaria, el gobierno
estatal y federal, al encarcelar a las autoridades de la CRAC-PC pisotearon los derechos de los pueblos indígenas y vulneraron gravemente los derechos
que a su favor establecen los tratados internacionales de Derechos Humanos, la Constitución Federal y la Ley 701. Así, desplegaron todo el aparato
de justicia violando los principios del debido proceso en perjuicio de las autoridades de la CRAC-PC; los sometieron a un arraigo ilegal y construyeron
un proceso basado en pruebas ilícitas.
Por lo tanto, concluimos que el proceso histórico de la CRAC-PC es una lucha legítima y constante por el ejercicio y reconocimiento de sus derechos,
que realizan desde el año de 1990 y que la misma se inserta en los procesos que en todo el mundo sostienen los pueblos indígenas y tribales por
defender sus sistemas normativos. Los resultados de esas luchas están reflejados en el reconocimiento de sus derechos en varios tratados internacionales
de derechos humanos y nuestra Constitución.
Por lo anterior Tlachinollan y la CRAC-PC exigimos al gobierno Federal y Estatal: a) El reconocimiento pleno del proceso histórico de la CRAC-PC y
su sistema de seguridad y justicia, tal y como lo ha hecho el Poder Judicial Federal; b) Poner en libertad a los dirigentes y autoridades de la
CRAC-PC que permanecen en prisión bajos las mismas acusaciones y señalamientos infundados, pues el reconocimiento al proceso histórico del Sistema
de Justicia de la CRAC-PC, obliga a las autoridades a abstenerse de seguir criminalizando a los pueblos indígenas por ejercer sus derechos; c)
Que se abra un proceso de investigación y sanción para aquellos Ministerios Públicos, Policías y Jueces que incurrieron en graves violaciones al
derecho de defensa adecuada y el debido proceso de las autoridades de la CRAC-PC y d) Que no se siga criminalizando a los dirigentes y autoridades
de la CRAC-PC que procuran e imparten justicia de acuerdo a sus sistemas normativos.
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria - Casa de Justicia San Luis Acatlán.
Esta investigación de Aristegui Noticias, realizada como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalists (ICFJ) y de la Iniciativa
para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas, exhibe el papel de las autoridades estatales y federales
antes, durante y después del ataque a un grupo de defensores de derechos humanos, en un estado que arrastraba las consecuencias de una insurrección
social de maestros que pedían la renuncia del gobernador de Oaxaca.
La administración del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, permitió que operaran con plena libertad los atacantes que emboscaron a una caravana de
ayuda humanitaria que se dirigía a la región indígena Triqui, y de la que resultaron muertos dos defensores de derechos humanos, la mexicana Bety
Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola.
El día del crimen, el 27 de abril de 2010, tres comandantes de la Policía Estatal estaban en posibilidades de auxiliar a la caravana atacada, uno de
ellos recibió la orden de regresar a su comandancia cuando ya estaba en camino y los otros dos no llegaron sino hasta un día después del crimen,
aunque ya sabían que había personas lesionadas, según el expediente de investigación del caso.
A seis años de los homicidios, de los 13 acusados sólo cuatro están detenidos, el más reciente, fue capturado en abril de 2016. A pesar de la presión
de los familiares de las víctimas, del gobierno de Finlandia y de eurodiputados, el juicio ni siquiera ha comenzado.
El centro ceremonial Triqui de San Juan Copala pertenece al municipio de Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca. Desde 2014 su agente municipal es Antonio
Cruz Merino, hijo de Antonio Cruz Martínez, apodado “Pájaro”, ambos están acusados y tienen orden de aprehensión por los asesinatos. Padre e hijo
siguen libres.
La Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla inició el día de ayer un proceso de diálogo con el Gobierno del Estado de México y
con la Unidad de Derechos Humanos del Gobierno Federal, con presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones civiles que han
venido acompañando nuestro proceso. Solicitamos este diálogo en continuidad de las acciones pacíficas con las que hemos defendiendo nuestros territorios.
Confiamos en que llegaremos a acuerdos justos que respetarán la dignidad y los derechos de nosotros como pueblos indígenas. En este sentido, también
confiamos en que no se volverá a traicionar a las comunidades afectadas por el trazo de la carretera Toluca – Naucalpan.
Exigimos que no se vuelvan a repetir los acontecimientos del lunes y martes pasados en donde incursionaron las fuerzas estatales para permitir que la maquinaria
de la empresa del grupo Higa, ilegalmente, demoliera una casa y rompiera la tubería que proporciona agua a 200 familias de la comunidad.
Nos preocupa que en estos momentos, la policía estatal está dentro de la comunidad, pues sentimos que no abona al proceso de diálogo iniciado. La comunidad de Xochicuautla agradece a la CNDH y OACNUDH su presencia en la comunidad en estos momentos y sus buenos oficios para que ocurriera el diálogo
Finalmente, reiteramos que nosotros seguimos caminando como lo hemos hecho hasta ahora, resistiendo pacíficamente con nuestros diferentes medios y con
toda la dignidad. Para mayor información, contactar a: José Luis Fernández, en el correo indigenasxochi@gmail.com al tel 7223496467 o bien Mariana Gurrola, 55642582
en el correo: comunicación 1@cmdpdh.org
Los 179 pueblos, comunidades, barrios y organizaciones que integramos la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, alzamos la
voz ante las hechos ocurridos el día de hoy en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.
Alrededor de las diez de la mañana, hoy 11 de abril, mas de 800 elementos de las fuerzas estatales sitiaron la comunidad, evitando la entrada y salida
de cualquier persona.Posteriormente comenzaron a agredir a las y los pobladores de la comunidad al desalojar el campamento instalado desde el 2015
para resguardar y defender su bosque, una vez desmantelado, las fuerzas estatales se dirigieron a las casas ubicadas dentro del trazo del proyecto
carretero Toluca – Naucalpan impulsado por el grupo Higa.
Sin presentar una documentación bien integrada el Lic. Luis Enrique García jefe del departamento del sistema de autopistas del Estado de México informó
al doctor Armando García y a su familia que haría el avalúo de su vivienda. El doctor Armando García argumentó la existencia de un amparo que da
la suspensión provisional del proyecto y que invalida el desalojo y la destrucción de su hogar.
Compañeros y compañeras que se resguardaron en el interior de la vivienda para evitar su destrucción, fueron desalojados y golpeados, entre ellos Isabel
Hernández de 64 años, quien junto con su bisnieta fue arrojada al suelo, para después ser pateada y golpeada por policías; cabe destacar que es
miembro del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla. Todas las pertenencias de la familia fueron extraídas por los elementos estatales e inmediatamente
una máquina comenzó la destrucción de la vivienda.
Estas acciones por parte del gobierno del Estado de México son muestra de la política de despojo que se realiza a nivel nacional contra los pueblos,
comunidades y barrios, donde se pretende implementar una serie de megaproyectos sin consultar a los habitantes de los diferentes territorios, proyectos
que violan sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y son, a todas luces, proyectos de destrucción y ecocidio.
Las acciones emprendidas esta mañana por el gobierno del Estado de Mexico no sólo atentan contra la voluntad del pueblo de San Francisco Xochicuautla,
sino que también viola sus propias leyes, ya que no están respetando el amparo con número 1123/2015- V emitido por el Juez Segundo de Distrito y Juicios
Federales en el Estado de México que da la suspensión provisional del proyecto carretero. Con estas acciones se evidencia también la falta de acceso
a la justicia, la política de terror y criminalización hacia los pueblos indígenas del Estado de México.
A pesar de que la comunidad tiene un respaldo legal para impedir el avance de la carretera, así como medidas cautelares emitidas por la CNDH para proteger
a la población, el gobierno del Estado de México, haciendo uso de la fuerza pública, busca imponer el proyecto carretero, destruyendo viviendas y la
inminente devastación del bosque ancestral.
Los pueblos, comunidades, barrios y organizaciones que conformamos la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, rechazamos enérgicamente
el atropello y la violencia ejercida contra San Francisco Xochicuautla que viola sus derechos colectivos como pueblo indígena otomí y las garantías
individuales de las mujeres y hombres, con el despojo de su bosque y viviendas.
Responsabilizamos al gobierno federal de Enrique Peña Nieto y al gobierno estatal de Eruviel Ávila Villegas de los daños a la integridad física y psicológica
de las y los compañeros de la comunidad de San Francisco Xochicuautla. Condenamos la criminalización y la represión de la defensa legítima del bosque
de San Francisco Xochicuautla.
Centro [Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala]: Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (Defensa del río Cuautla), Asamblea Permanente
en Defensa de los Pueblos Unidos de Morelos, Comité Ciudadano Xinantécatl, Comunidad Agraria Indígena Tezontepec, Comunicadores Populares e Indígenas,
Consejo de Defensa del Territorio Tiyat Tlalli, Cholula Viva y Digna, Defensa del Patrimonio de San Andrés Cholula; Fuego de la Digna Resistencia:
(Administración Autónoma de Agua Potable de Coyotepec, Alianza Única del Valle, Apaxco Comunidades por la Vida, Centro de Derechos Humanos Zeferino
Ladrillero, Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, Comités de Usuarios de Energía Eléctrica En Resistencia Civil de
Nezahualcóyotl, Delegación Indígena Otomí San Francisco Magú, Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales, Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra, (San Salvador Atenco), Frente de los Pueblos en Defensa de la Madre Tierra. [San Lorenzo Huitzizilapan, Santa Cruz Ayotuxco,
San Francisco Xochicuautla-Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra. Lucha contra la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan.]
Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa, Sistema de Agua Potable de Tecámac, Temascalapa, Vecinos Unidos del Poniente). Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra y el Agua. Puebla, Morelos y Tlaxcala, Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán, Lucha por la recategorización del Xinantécatl,Makxtum
Kalaw Chuchutsipi-Organización de los Pueblos Totonacos para la Defensa del Territorio, Movimiento Juvenil Huitzizilapan; Ciudad de México: Centro
Cultural La Calaca, Centro de Estudios Ecuménicos, Colectivos Ajusco Medio (Tlalpan, Magdalena Contreras), Comité Estudiantil Metropolitano, Comunidad
Pedregales por Ayotzinapa, Habitat International Coalition América Latina (HIC AL), Frente de Pueblos del Anáhuac (Tláhuac), GeoComunes, jóvenes
en resistencia alternativa-comunidad, autonomía y libertad (COMUNAL), Laboratorio Multimedia para la Investigación UNAM, Lucha por el hábitat y
la cultura (Álvaro Obregón), Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES),Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur,Observatorio
Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente, Perspectivas Críticas, Tejiendo Organización
Revolucionaria (TOR), Unión Popular José María Morelos y Pavón (Edo.mex.), Vecinos y Vecinas de las Colonias Carrasco (Isidro Favela, Cantera Puente
de Piedra y Pueblo Quieto y Periódico Cacomixtle (Tlalpan), Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C., Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
Todos los Derechos para Todas y todos, Servicios y Asesoría para la Paz, Telar de Raíces; Chiapas: Asociación Rural de Interés Colectivo A.C ARIC,
Asociación Rural de Interés Colectivo de la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo, Asociación Rural de Interés Colectivo Histórica,
Barrios y sectores de los Altos de San Cristóbal, Bienes Comunales de la Zona Lacandona (Palestina Frontera corozal Mayas), Casa dela Mujer Ixim,
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Comités Eclesiales de Base, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas. Cedemech, Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas, Colectivo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH), Comité Ciudadano para Defensa Popular (Cocidep),
Comité de derechos Humanos “Fray Pedro Lorenzo de la Nada” AC, Comunidad 20 de junio, Comunidad Banavil, Comunidad Barrio Agua Azul, Comunidad
Barrio Guadalupe, Comunidad Barrio San Jacinto, Comunidad Candelaria, Comunidad Carranza, Comunidad Colonia Virginia, Comunidad Chicosen, Comunidad
Ejido Naranjo 2, Comunidad Jerusalén, Comunidad Poblado Victoria, Comunidad Quiniches, Comunidad San Rafael, Comunidad Sibacá, Consejo Autónomo
Regional de la Zona Costa de Chiapas, Coordinación Diocesana de Mujeres Codimuj AC, Defensores de los Humedales de los Altos, Desarrollo Económico
Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi), Ejido patiwits, Enlace Comunicación y Capacitación AC, Frente Campesino y Popular 10 de Abril
(FCP-10Abril), Frente Cívico Ejido Nicolás Popular y las anexo Emiliano Zapata, Tonalteco y Ciudadanos de Tonalá, Juventudes indígenas de Jitotol,
Tenejapa, Margaritas, Coco Sur, La Voz del Pueblo, Movimiento de la Vida Tierra y Territorio, Movite., Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio,
Otra campaña de Ocosingo, Pastoral de la Tierra, Pastoral JRFP Tuxtla Gtz. Diócesis de Tuxtla/Construcción de la Paz, Pastoral Penitenciaria de
Ocosingo, Pastoral Región San Pedro Toniná, Proyecto de vida, hermandad y solidaridad, Pueblo Creyente, Representantes de Pueblos y comunidades
de chimalapas Oaxaca, Representantes Parroquiales de Ocosingo, San Caralampio, Unión de Campesinos de la Sierra, Unión de Campesinos y Pescadores
de la Sierra y Costa de Chiapas, Guerrero: Casa de Justicia de San Luis Acatlán Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria,
Comité en Defensa del Río San Luis Acatlán, Consejo de Autoridades Agrarias Tlapanecas, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La
Parota (CECOP); Norte: Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui, Bienes Comunales Isla Tiburón, Comité De Defensa por Los Derechos Indígenas
de Sinaloa, Consejo de Ancianos de Hant Comcáac, Desemboque Del Rio San Ignacio,Sonora /Grupo Defensores del Territorio Comcáac, Gobierno Tradicional
Mayos/Yoreme de Sinaloa, Mayos/Yoreme de Sinaloa y Sonora, No a la minería en Hant Comcáac/No A Los Megaproyectos, Pueblo Guarijio Proyecto Presa
Bicentenario Los Pilares, Tohono O'odham; Oaxaca: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh A.C., Centro de Derechos Humanos
Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C., Cerro de las Huertas, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios,
Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI),Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA), Coordinadora de Pueblos Unidos
del Valle de Ocotlán (CPUVO), Espacio Alternativo Yunhiz, Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, Jaltepec de Candayoc, Magdalena
Teitipac, Monte del Toro, Movimiento Agrario Indígena Zapatista-Mixteca, Ojo de Agua, Comunicación y Capacitación A.C., Organizaciones Indias por
los Derechos Humanos (OIDHO), Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca, San José del Progreso, San Juan Cacahuatec,
San Miguel Panixtlahuaca, Santa María Magdalena Tiltepec, Santiago Xanica, Santo Domingo Teojomulco, Servicios del Pueblo Mixe, Ser Mixe A.C.,
Servicios para una Educación Alternativa A.C., Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca (SURCO) A.C., Tequio Jurídico A.C., Unión
Campesina Indígena de Oaxaca “Emiliano Zapata” (UCIO-EZ), Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca S.C. (UNOSJO), Universidad de la
Tierra Oaxaca, Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL),; Occidente: Asociación un Salto de Vida, Bios Iguana, A.C., Central
Unitaria de Trabajadores (CUT), Colectivo de Abogadxs, Colectivo de Organizaciones Ciudadanas por el Agua (COLOCA), Comité de Mujeres Ecologistas
de La Huizachera – Río Santiago, Comité Salvemos Temacapulín Acasico y Palmarejo – Presa El Zapotillo, Comunidad Acasico, Comunidad de Zacualpan,
Comunidad El Salto, Comunidad Indígena Purépecha Cherán Keri, Comunidad La Huizachera, Comunidad Mesa del Nayar, Comunidad Palmarejo, Comunidad
Rosarito, Comunidad Santa Teresa, Comunidad Saycota, Comunidad Temacapulín, Consejo Indígena Nayheri, Consejo Indígena por la Defensa del Territorio
de Zacualpan, Frente en Defensa del Agua y contra su Privatización (FADAP), Grupo Ecológico Manglar, Instituto Mexicano para el desarrollo Comunitario
AC, Salvemos Temacapulin y Palmarejo, Tómala un golpe a la conciencia; Península: Colectivo Apícola de los Chenes., Educación Cultura y Ecología
A.C (Quintana Roo), Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C, Unión de Pobladores y Pobladoras
de Chablekal; Veracruz: Amatlán ya despierta, Colectivo Defensa Verde Naturaleza para siempre, Comité Ciudadano por un Veracruz Limpio A.C.
GINEBRA (6 de abril de 2016) – Tres expertos de derechos humanos de Naciones Unidas* exhortaron hoy al Gobierno de México a expresar su completo respaldo
al trabajo de los defensores y las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil, y a que contrarreste activamente la actual campaña
de estigmatización que busca socavar su trabajo como promotores de las libertades fundamentales en el país.
“Las autoridades mexicanas deberían reconocer públicamente que la defensa de los derechos humanos y de las víctimas de violaciones de derechos humanos
no es sólo una actividad legítima, sino fundamental para fortalecer el estado de derecho, la rendición de cuentas ante la justicia y la democracia
en el país”, dijo el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst.
El llamado de los expertos se da en el contexto de una ola de críticas en diversos medios mexicanos contra defensores de derechos humanos, organizaciones
no gubernamentales y miembros de organismos internacionales de derechos humanos que está empeorando el clima para la promoción y protección de
En el último mes, a través de una campaña mediática, varios defensores y organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil han sido acusados
de fraude y corrupción, de defender presuntos delincuentes y de promover la impunidad realizando falsas denuncias de tortura.
“El trabajo que llevan a cabo los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil en México ha contribuido activamente a la promoción del
acceso de las víctimas a la justicia y a la verdad, y es especialmente importante en un contexto en el que ocurren graves violaciones de derechos
humanos que en gran parte permanecen en la impunidad”, declaró el Sr. Forst
Los relatores de la ONU también indicaron que varias organizaciones nacionales e internacionales y expertos involucrados en la investigación del
caso de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, incluido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, han sido objeto de campañas para desacreditar su trabajo y los resultados de sus investigaciones.
“Cualquier atentado contra el trabajo que llevan a cabo los defensores de derechos humanos crea un efecto disuasivo, silenciando otros puntos de vista
y expresiones de disenso por parte de quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica y de asociación,”
dijo el Relator Especial de la ONU sobre libertad de opinión y de expresión, David Kaye.
“El Gobierno debe contrarrestar tales ataques y tomar las medidas necesarias para garantizar un ambiente seguro para las personas y la sociedad
civil, libre de cualquier tipo de acoso”, añadió el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación,
Los tres expertos en derechos humanos expresaron su grave preocupación en relación con los atentados personales contra los defensores de derechos
humanos en México, mismos que incrementan el peligro, el riesgo y la vulnerabilidad para ellos y su trabajo, y han expresado su preocupación al
Gobierno de México. FIN
(*) El Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de defensores de derechos humanos, el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre libertad
de opinión y de expresión y el Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, son parte de
lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los ‘Procedimientos Especiales’ son el mayor órgano de expertos
independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo
de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos
Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno
u organización y actúan a título individual. Derechos Humanos de la ONU, Página del País - México:http://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/MXIndex.aspx
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sociales de ONU Derechos Humanos. Por favor, etiquétennos utilizando las direcciones apropiadas.
En la foto: Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor
Ciudad de México, a 29 de marzo de 2016.- Asociaciones civiles, académicos, productores y comercializadores de bebidas de agave
y ciudadanos entregaron una carta urgiendo a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) a detener el proyecto de Norma
Oficial Mexicana 199 por representar un acto de discriminación contra miles los productores campesinos e indígenas de destilados de agave en
gran parte del país. El proyecto de norma prohíbe a los productores de destilados de agave que se encuentran fuera de la arbitraria Denominación de Origen de Mezcal
(DOM) usar el término agave, señalar que su producto ha sido elaborado con agave y les prohíbe también llamarlos “Destilados de Agave”. La propia DOM representó una violación a los derechos de las comunidades que ancestralmente han producido mezcal, al prohibirles usar ese término;
ésta se elaboró de manera totalmente arbitraria. Por esta razón, decenas de miles de productores de mezcal ya no pueden usar este término y
deben llamar a su producto “Destilado de Agave”. Ahora se les quiere prohibir usar el término agave y obligarlos a referirse a su bebida como
“Komil”. De esta forma ni el productor podría informar al consumidor, ni el consumidor recibir información, sobre la materia prima utilizada
para elaborar esta bebida.
En la carta dirigida a Alexandra Haas Paciuc, presidenta de CONAPRED, se señala: “de aprobarse la NOM 199, el Estado violentaría el derecho a la
igualdad real de oportunidades, y limitaría la plena participación de sectores vulnerables de la población, incluidos pueblos indígenas, en
la vida económica, social y cultural del país. Además, debido a que el mezcal como bien comercial descansa en los conocimientos, innovaciones
y prácticas de las comunidades indígenas y locales, así como en su trabajo de conservación y manejo de la biodiversidad; impediría el pleno
ejercicio de los derechos de propiedad, administración y disposición de los bienes de propiedad intelectual de estos actores, por lo que se
violarían las disposiciones presentes en los Artículos 1, 2 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”.
La misiva agrega: “Además de esto, se violentarían otros compromisos internacionales que el Estado mexicano ha adquirido relacionados al respeto
a la equidad de derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y otras poblaciones vulnerables. Particularmente, el artículo
8 del Convenio de Diversidad Biológica, por el cual México se compromete a fomentar “que los beneficios derivados de la utilización de [los]
conocimientos, innovaciones y prácticas [sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica] se compartan equitativamente”.
Dada la gravedad y urgencia del asunto y con base en la Ley vigente, consideramos que la Presidencia de este Consejo debería iniciar esta investigación
y pronunciarse a la brevedad al respecto”.
La alianza de organizaciones, académicos, productores y comercializadores de destilados de agave y ciudadanos que firmaron la carta dirigida a
la presidenta de CONAPRED, expusieron: “La consulta pública que forma parte del proceso de discusión del proyecto de norma culmina el 29 de
abril de 2016. Por ello, una de las principales preocupaciones de las organizaciones firmantes es apelar a la CONAPRED para que se inicie de
oficio una queja en relación al proyecto de norma y emita un comentario ante la COFEMER, y cualquier otra instancia correspondiente, antes
del fin de este plazo, toda vez que está dentro de sus facultades eliminar los obstáculos que limiten el ejercicio de derechos e impidan el
pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país; recordamos
que se ha facultado a este Consejo para involucrar en estas tareas de erradicación de la discriminación a las autoridades de todos los órdenes
y niveles de Gobierno así como a grupos particulares.
Asimismo, esperamos que este proceso dé como resultado el establecimiento de garantías de no repetición y con apego a los más altos estándares
internacionales en materia de derechos humanos. Sabemos que el tema de la plena inclusión de los sectores vulnerables en la vida económica
es una agenda pendiente en este país; por ello, solicitamos informe a la sociedad sobre las medidas que el Consejo está realizando o realizará
Denise Rojas cel. 55-1298-992855-1298-9928
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza categóricamente la campaña de desprestigio que tiene lugar en México contra
el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y contra el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria. La CIDH rechaza en forma
contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Alvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en prejuicio del Estado mexicano
en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación.
La Comisión desea destacar que Emilio Alvarez Icaza Longoria, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la CIDH, al firmar el acuerdo de cooperación con México actuó en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura de “delegación de firma”. Conforme
a las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del
acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH
no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo.
La CIDH expresa su consternación y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa sobre la base de esta denuncia, que por no contener
ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada.
La denuncia señala: "Con el argumento de incorporar a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, con la promesa de que cumplirían
los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes, el mexicano Emilio Álvarez
Icaza engañó al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos pues en lugar de ello, convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes de
cada uno de ellos, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad
legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos."
El acuerdo de asistencia técnica fue firmado en 2014 por la CIDH, los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y el Estado mexicano,
representado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR). Fueron
estas mismas partes las que expresaron su acuerdo con la selección de los y las cinco expertos y expertas que constituyen el GIEI.
La propuesta de dicho acuerdo surgió a solicitud del Estado y de los representantes de los estudiantes, y se suscribió en cumplimiento de los objetivos
de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz de los hechos que tuvieron lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero.
Las partes acordaron “la incorporación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes en materia de derechos humanos, para realizar una
verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano” tras la desaparición de los 43 estudiantes beneficiarios de las medidas cautelares.
La CIDH designó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en acuerdo con el Estado y con los representantes de los estudiantes,
por un periodo de seis meses y con las siguientes atribuciones: el análisis de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y en su
caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente; un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades
penales; y un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. En el transcurso de su mandato,
el GIEI ha emitido cuatro informes. El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI fue presentado el 6 de septiembre de 2015. Posteriormente,
a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, el mandato fue renovado por un periodo adicional de 6 meses.
El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015, señala irregularidades, inconsistencias y/o ausencias
en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales. En particular, el GIEI cuestiona “la versión histórica” de los hechos dada
a conocer meses atrás por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados en
el basurero de Cocula. Como consecuencia del trabajo y las recomendaciones emitidas por GIEI, el Estado mexicano ha señalado que se han abierto nuevas
líneas de investigación, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia en este caso.
La Comisión reitera su respaldo al trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones presentadas por
Asimismo, la CIDH respalda en forma categórica el accionar de su Secretario Ejecutivo, que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones
de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión expresa además su confianza absoluta en la probidad de su Secretario
Ejecutivo, opinión fundada en el conocimiento de su accionar, tanto en relación al tema específico de esta infundada denuncia como en toda su gestión
a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa
como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de
LLAMADO A EPN Y A OSORIO CHONG PARA QUE CESEN LAS CAMPAÑAS CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Tocar a uno de nosotros es tocarnos a todos y contribuir a perpetrar un estado de descomposición, advirtió Javier Sicilia, líder del MPJD.
Un buen gobierno tiene la obligación ética, política y legal de garantizar la seguridad para que quienes defienden derechos humanos puedan ejercer su trabajo
libremente, enfatizó.
Representar a víctimas de la violación de derechos humanos y del abuso del poder, y trabajar por la justicia y la paz no pueden ser considerados nunca
actos antipatrióticos ni actividades que afectan u obstaculizan la gobernabilidad.
En mensaje al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, Javier Sicilia y decenas de organizaciones civiles
y defensores de derechos humanos advirtieron que no se aceptará nunca que se calumnie, se criminalice, se persiga, se torture o se asesine a nadie,
mucho menos a los defensores de derechos humanos ni a quienes han tomado el camino de la justicia, la paz y la no violencia.
“Tocar a uno de nosotros es tocarnos a todos y contribuir a perpetrar un estado de descomposición y de retorno a prácticas despreciables e indeseables
para la democracia y la vida de una nación”, advirtió el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Al conmemorarse el quinto aniversario del inicio del Movimiento, luego del asesinato de su hijo, Javier Sicilia encabezó un evento en el q ue se hizo un
enfático pronunciamiento de defensa de los defensores de derechos humanos, tras varias semanas de campañas de difamación y desprestigio en su contra.
Acompañado por defensores como el padre Alejandro Solalinde, Miguel Sarre, José Antonio Guevara, Clara Jusidman, Pilar Noriega, Jacobo Dayán, Omar
Rábago, Eliana García, Perla Gómez y Ernesto López Portillo, entre otros, y ante cientos de integrantes de diversas organizaciones de sociedad
civil, reunidos en el emblemático salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Javier Sicilia dijo que un buen gobierno
tiene la obligación ética, política y legal de garantizar la seguridad para que quienes defienden derechos humanos puedan ejercer su trabajo libremente.
“Representar a víctimas de la violación de derechos humanos y del abuso del poder, y trabajar por la justicia y la paz no pueden ser considerados nunca
– menos en las circunstancias de violencia que vive México – como actos antipatrióticos ni actividades que afectan u obstaculizan la gobernabilidad.
El sólo considerarlo es estar del lado del crimen y de formas dictatoriales y totalitarias inéditas y espeluznantes en sus consecuencias. Lejos
de intimidarnos, nos fortalecen y nos unen en esta larga lucha contra la violencia, el crimen, la violación de los derechos humanos y por la justicia,
la paz y la dignidad de México”.
Sicilia hizo referencia a los ataques contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos, el Centro de Justicia Internacional, contra personas como Juan Méndez, Mariclaire Acosta, Miguel Sarre, Fernando Coronado,
Pilar Noriega, Juan Carlos Gutiérrez, Alejandra Nuño, Sergio Méndez y Paulina Vega y la denuncia penal contra Emilio Álvarez Icaza, y dijo que
todo ello no tiene otro objetivo que calumniar y desprestigiar a quienes han puesto al desnudo ante la comunidad internacional y ante nuestra nación
las graves violaciones a los derechos humanos en México y se oponen a la política de seguridad militarizada que se puso en marcha desde la administración
Enfatizó que muchas de las organizaciones y personas ahí reunidas le dieron la voz el día de hoy para exigirle también al secretario de Gobernación
que haga no sólo un reconocimiento público de la importante contribución a México de las y los defensores de derechos humanos y de las aportaciones
que las organizaciones de la sociedad civil y las personas mencionadas e injustamente calumniadas y perseguidas, han hecho al Estado de Derecho
y a la sociedad mexicana, sino que también detenga estas graves y reprobables campañas de hostigamiento contra ellos. “De no hacerlo, su silencio, como máximo responsable de la política interna, constituirá una elocuente apología de las violaciones a los derechos humanos
y de la legalización de un estado de excepción que no estamos dispuestos ni a aceptar ni a tolerar nunca. Porque buscamos justicia, defendemos
a los defensores”, sentenció.
Al recordar el motivo por el cual se fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aseguró que el gobierno de entonces y los partidos no
limpiaron filas y traicionaron “como siempre”, los acuerdos. Afirmó que la misma Ley de Víctimas y su comisión, único logro legal del Movimiento,
ha sido como todas las instituciones democráticas mexicanas, cooptada por el gobierno y las partidocracias y ha resultado inútil para dar justicia
a las víctimas. Agregó que esta corrupción del Estado nos ha llevado a una descomposición casi exponencial del país y al retorno de viejas prácticas del priísmo en
las que los gobiernos, incapaces de enfrentar la realidad, no sólo la niegan, sino que asesinan o calumnian y criminalizan a quienes develan la
tragedia humanitaria que vivimos, protestan y proponen una salida al horror. Al hacer uso de la palabra, el padre Solalinde dijo que al ser tiempo de Pascua y si Cristo resucitó, también es posible que México resucite. Destacó
que es preciso hacer una convocatoria para pasar de los lamentos a la organización y trabajar por la justicia. Dijo que ello no se puede hacer
con un gobierno corrupto que está lleno de victimarios que navegan con bandera de los derechos humanos. “Es preciso una estrategia para que en
2018 no pase esta dictadura cínica y mafiosa”.
A su vez, Miguel Sarre quiso hacer una interpelación; “ante estos ataques ¿dónde está una mujer importante para México, dónde estás Margarita Zavala?”.
Al final del evento, el pronunciamiento de Javier Sicilia recibió el apoyo de más de 140 personas y organizaciones.
TEXTO LEÍDO POR JAVER SICILIA
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Archivo Mayo 2016 (4)Abril 2016 (3)Marzo 2016 (9) Medellín 33, Col. Roma

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