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Declaraciones de testigos y peritos ofrecidos por los representantes y el Estado
C. Solicitud de la Comisión para formular preguntas a uno de los peritos ofrecidos por los representantes
D. Modalidad de las declaraciones y dictámenes periciales
POR TANTO: EL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A) Presunta víctima convocada de oficio por el Presidente
B) Testigos propuestos por el representante
C) Peritos propuestos por el representante
Testigo propuesto por el representante
Perita propuesta por la Comisión
de 20 DICIEMBRE de 2012
El escrito de 26 de enero de 2012, mediante el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) un caso en contra de la República del Ecuador (en adelante “Ecuador” o “el Estado”), mediante el cual ofreció un dictamen pericial e indicó su objeto, pero no individualizó a la persona que lo rendiría. Asimismo, solicitó el traslado, en lo pertinente, de dos peritajes brindados en el caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador.
La comunicación de 8 de febrero de 2012, mediante la cual la Comisión indicó el nombre del perito ofrecido en su escrito de sometimiento del caso y presentó su hoja de vida.
El escrito de 28 de abril de 2012, mediante el cual el representante de las presuntas víctimas (en adelante “el representante”) presentó su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas en relación con el presente caso (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), mediante el cual ofreció como prueba testimonial la declaración de seis personas y el dictamen pericial de tres más. Asimismo, el representante solicitó apoyo del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Fondo de Asistencia de la Corte” o el “Fondo”) para solventar los gastos de la participación en audiencia pública a celebrarse en el presente caso de dos presuntas víctimas, cuatro familiares y dos representantes, además de los declarantes ya mencionados.
El escrito de 22 de agosto de 2012, mediante el cual el Estado remitió su escrito de excepciones preliminares, contestación a los escritos de sometimiento del caso y al de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”), en el que ofreció tres peritajes.
La nota de Secretaría de 11 de septiembre de 2012, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte y de conformidad con el artículo 42.4 del Reglamento de este Tribunal, otorgó un plazo de 30 días a la Comisión y los representantes para presentar sus observaciones escritas a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado en su escrito de contestación.
La Resolución del Presidente de la Corte de 14 de septiembre de 2012 (en adelante “Resolución del Presidente”), en la cual declaró procedente la solicitud de las víctimas de acogerse al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte (en adelante “Fondo de Asistencia Legal”), otorgando la asistencia económica para la presentación de un máximo de cuatro declaraciones, ya sea por affidávit o en audiencia pública.
Los escritos de 11 y 13 de octubre de 2012, mediante los cuales la Comisión y los representantes presentaron, respectivamente, sus observaciones a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado de Ecuador.
Las notas de Secretaría de 19 de octubre de 2012, mediante las cuales, de conformidad con el artículo 46.1 del Reglamento del Tribunal, solicitó al Estado, a los representantes y a la Comisión Interamericana que remetieran sus respectivas listas definitivas de declarantes (en adelante “listas definitivas”) y que por razones de economía procesal indicaran quiénes podrían rendir sus declaraciones ante fedatario público (affidávit) y quiénes deberían ser llamadas a declarar en audiencia pública.
Los escritos de 1 y 5 de noviembre de 2012, mediante los cuales el Estado y la Comisión remitieron, respectivamente, sus listas definitivas. El Estado señaló que los tres peritajes propuestos en su contestación deberían ser llamados a audiencia. Asimismo, sustituyó a uno de los peritos propuestos, sin alterar el objeto de la pericia. Por su parte, la Comisión confirmó el ofrecimiento de un solo perito. El representante no remitió su lista definitiva.
Las notas de Secretaría de 9 de noviembre de 2012, mediante las cuales, de acuerdo a los términos del artículo 46 del Reglamento del Tribunal y siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, indicó que las partes y la Comisión contaban con un plazo hasta el 20 de noviembre de 2012 para presentar observaciones a las respectivas listas.
El escrito de 20 de noviembre de 2012, mediante el cual la Comisión manifestó no tener observaciones respecto a la lista de declarantes ofrecida por los representantes. Por otra parte, indicó que el Estado no justificó la sustitución de perito solicitada.
El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de presuntas víctimas y peritos se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 46, 50, 57 y 58 del Reglamento del Tribunal.
La Corte garantizó a las partes el derecho de defensa respecto de los ofrecimientos probatorios realizados por cada uno de ellos en sus escritos de sometimiento del caso, de solicitudes y argumentos y del escrito de contestación, así como en sus listas definitivas (supra Visto 10).
En la presente Resolución el Presidente abordará los siguientes aspectos: a) la declaración pericial ofrecida por la Comisión Interamericana; b) la declaraciones de testigos y peritos ofrecidos por los representantes y el Estado; c) la solicitud de la Comisión para formular preguntas a uno de los peritos ofrecido por los representantes; d) la modalidad de las declaraciones y dictámenes periciales; e) la aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, y f) los alegatos y observaciones finales orales y escritos.
1. Declaración Pericial
De acuerdo a lo establecido en el artículo 35.1.f del Reglamento, la “eventual designación de peritos” podrá ser efectuada por la Comisión Interamericana “cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos”, cuyo fundamento y objeto tienen que ser adecuadamente sustentados. El sentido de esta disposición hace de la designación de peritos por parte de la Comisión un hecho excepcional, sujeta a ese requisito que no se cumple por el sólo hecho de que la prueba que se procura producir tenga relación con una alegada violación de derechos humanos, correspondiéndole a la Comisión sustentar la afectación de “manera relevante del orden público interamericano de los derechos humanos”1.
En el presente caso la Comisión ofreció el dictamen pericial de Laura Cecilia Pautassi, sobre “el contenido de las obligaciones estatales de garantizar el acceso a la justicia y su relación con el derecho a la salud, así como de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en estos casos”. En su lista definitiva, la Comisión señaló que la prueba pericial ofrecida contribuirá al análisis de los estándares de debida diligencia y eficacia de las investigaciones y procesos internos correspondientes en casos de mala práctica médica, en el marco de las obligaciones de protección y promoción de derechos humanos, frente a situaciones de secuelas permanentes y deterioro de salud constante. Asimismo, el peritaje contribuirá a que la Corte pueda profundizar su jurisprudencia en relación con la obligación de los Estados de sancionar la vulneración de derechos fundamentales y prevenir situaciones de impunidad, respecto de las responsabilidades derivadas de la actividad de los profesionales de la salud.
El Estado, en su escrito de contestación, consideró que la Comisión no designó al perito en su escrito de sometimiento del caso, de conformidad al artículo 35.1.f del Reglamento, y que tampoco motivó suficientemente la afectación relevante al orden público interamericano, lo cual es un requisito indispensable en el Reglamento de la Corte. Al respecto, en el escrito de observaciones a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, la Comisión explicó que el objeto de la declaración pericial fue debidamente expresado en la nota de remisión del caso a la Corte y que la individualización de la perito Laura Pautassi y su currículum vitae fueron oportunamente remitidos a la Corte junto con los originales del caso, dentro del plazo establecido en el artículo 28.1 del Reglamento de la Corte. Además, señaló que el peritaje ofrecido cumple con el requisito reglamentario de relacionarse con aspectos de orden público interamericano, ya que trasciende a las víctimas del caso.
El representante no presentó observaciones al ofrecimiento de la Comisión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.f del Reglamento de la Corte, el momento procesal oportuno para la presentación de prueba pericial por parte de la Comisión es al momento del sometimiento del caso, contando con 21 días adicionales para la remisión de los anexos correspondientes, de acuerdo con el artículo 28 del Reglamento. Tal extremo fue observado por la Comisión. No obstante, la presentación de los alegatos sustentatorios del mencionado “interés público interamericano” en el presente caso fueron remitidos por la Comisión recién junto con sus observaciones a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado y en su lista definitiva de declarantes. Lo anterior no afecta de manera relevante el principio de igualdad entre las partes ni el derecho a la defensa del Estado, que tuvo oportunidad de presentar las observaciones que estimara pertinentes respecto a dichos alegatos en sus observaciones a las listas definitivas de declarantes, el cual por demás, representa el momento procesal oportuno e idóneo para presentar observaciones u objeciones a los declarantes ofrecidos por cualquiera de los demás intervinientes en el caso, de conformidad con el artículo 46.2 del Reglamento. Por tanto, como ha sucedido en otros casos2, el Presidente admite los referidos alegatos presentados por la Comisión Interamericana en su escrito de observaciones a las excepciones preliminares y en su lista definitiva, con posterioridad al sometimiento del caso, y los tomará en cuenta al momento de evaluar la procedencia de la declaración pericial respectiva.
Por otra parte, con respecto a la vinculación del objeto de la declaración pericial de Laura Cecilia Pautassi con el orden público interamericano, el Presidente toma nota de lo señalado por la Comisión en cuanto a que dicho peritaje se refiere “a las obligaciones de protección y promoción de derechos humanos frente a situaciones de secuelas permanentes y deterioro de salud constante”, lo cual trasciende a las víctimas del caso. En este sentido, esta Presidencia observa que el objeto de dicho peritaje permitiría el análisis de estándares internacionales sobre “el acceso a la justicia y su relación con el derecho a la salud [y la] debida diligencia en […] casos de este tipo”. En vista de lo anterior, el Presidente estima que el análisis de las obligaciones estatales en relación con la debida diligencia y la eficacia de investigaciones y procesos judiciales correspondientes, específicamente en casos que afectan el derecho a la salud de manera permanente, puede tener impacto sobre situaciones que se presentan en otros Estados Partes de la Convención. De tal modo que el objeto de este peritaje es una cuestión relacionada con el orden público interamericano y transciende este caso y el interés específico de las partes en el litigio.
En virtud de las anteriores consideraciones, el Presidente estima procedente admitir la declaración pericial de Laura Cecilia Pautassi, propuesta por la Comisión Interamericana, y recuerda que el valor de tal dictamen pericial será apreciado en la debida oportunidad, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica. El objeto y la modalidad de dicho peritaje se determinan en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 5).
2. Traslado de peritajes rendidos en el caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador
En su escrito de sometimiento del caso, la Comisión solicitó que se incorporara al expediente, en lo pertinente, los peritajes de los expertos Ernesto Albán Gómez y Raúl Moscoso Álvarez, rendidos en el caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador (supra Visto 1).
En su escrito de contestación, el Estado se opuso a dicha incorporación al señalar que la posibilidad reglamentaria que tiene la Comisión es la eventual designación de peritos, y en el caso puntual la solicitud de traslado de peritajes para este caso debe interpretarse como nueva prueba documental. Asimismo, el traslado de “peritajes utilizados en otros procesos desvirtúa la naturaleza excepcional de presentación de peritos y su conformidad reglamentaria en atención a que tal operación jurídica de la [Comisión] no podría ser considerada un peritaje sino una prueba documental, y eso no le está permitido”.
A este respecto, la Comisión, en su escrito de observaciones a las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, respondió que “la solicitud de traslado de los peritajes es de naturaleza pericial y no documental, como erróneamente pretende caracterizarlo el Estado”. Asimismo, observó que la formulación de los peritajes cuyo traslado se solicitó, corresponde al Reglamento vigente y a la práctica de la época en que fueron rendidos, y consideró que tanto el peritaje de Ernesto Albán Gómez vinculado con los aspectos de la legislación ecuatoriana en cuanto al alcance de las normas penales en materia de mala práctica médica y los deberes de los jueces, como el peritaje de Raúl Moscoso Álvarez, relacionado con los aspectos procesales de los juicios relativos a la mala práctica médica y al cumplimiento de las garantías del debido proceso en la legislación ecuatoriana y en la práctica forense, se vinculan directamente con las cuestiones debatidas en el caso y los temas de orden público anteriormente señalados, y brindarán a la Corte elementos importantes para el análisis del caso.
La Corte ha señalado anteriormente, en cuanto a la recepción y valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites que impone el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes3. En relación con la solicitud de la Comisión, el Presidente observa que el peritaje del señor Raúl Moscoso Álvarez, rendido en el caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador, fue presentado mediante affidávit, mientras que la declaración pericial del señor Ernesto Albán Gómez fue rendida oralmente durante la audiencia pública del referido caso. De manera que, en atención al principio de economía y celeridad procesales, esta Presidencia considera oportuno incorporar al acervo probatorio del presente caso, en lo que resulte pertinente, el peritaje escrito rendido por el señor Raúl Moscoso Álvarez, así como la grabación del peritaje del señor Ernesto Albán Gómez rendido en audiencia pública, ya que podrían resultar útiles para la resolución del presente caso4. En tanto son prueba documental a efectos del presente caso, y no así pericial como alegó la Comisión Interamericana, las partes podrán referirse a dichos dictámenes en sus alegatos finales.
Declaraciones ofrecidas por los representantes
En cuanto a las declaraciones y dictámenes periciales ofrecidos por los representantes y el Estado que no han sido objetados, esta Presidencia considera conveniente recabar dicha prueba, a efectos de que el Tribunal pueda apreciar su valor en la debida oportunidad procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica.
Los representantes ofrecieron tres dictámenes periciales: a) Iván Castro Patiño, ex Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago Guayaquil, sobre “las garantías del debido proceso, el impulso procesal del Estado en la investigación del delito y las consecuencias para el Estado en la impunidad de una causa”; b) Ignacio Hanna Musse, médico de la Clínica Alchivar y médico personal de la señora Suárez, sobre “el tratamiento que ha seguido la [señora Suárez Peralta en] los últimos años y el tratamiento futuro a seguir […]”, y c) Hugo Morán Sánchez, perito contable, sobre “el cálculo de los gastos por daño material que ha experimentado la [presunta] víctima”. Asimismo, los representantes también ofrecieron seis declaraciones testimoniales: a) Luis Aranza Aranza, sobre “el deterioro económico que sufrió la víctima durante el tratamiento médico”; b) Stalin Xavier Intriago Burgos, sobre las “condiciones económicas en las que se encontraba la familia Cerezo Suárez durante el desarrollo del problema de la señora Suárez Peralta”; c) Luis Humberto Córdova Ramos, sobre “la manera como la Comisión de Tránsito del Ecuador ofertaba las operaciones a través de médicos cubanos en el año 2000”; d) Dennis Cerezo Cervantes, sobre “los padecimientos de su esposa desde que se le practicó la operación quirúrgica que resultó en mala práctica médica”; e) Rodolfo Sánchez Jiménez, sobre “la situación actual que atraviesa la señora Suárez Peralta y las secuelas que puede dejarle en el futuro la mala práctica médica ocurrida en el pasado”, y f) Eduardo Tigua Castro, sobre “los padecimientos psicológicos de la señora Suárez Peralta, así como el deterioro de su núcleo familiar”.
Adicionalmente, respecto a los testimonios de los señores Luis Aranza Aranza y Stalin Xavier Intriago Burgos, los representantes adjuntaron copia de sus declaraciones rendidas ante fedatario público el 5 de abril de 2012, cuyos objetos testimoniales coinciden en lo substancial con los ofrecimientos ante la Corte. En consecuencia, siendo que las mismas consisten en prueba documental, la cual será valorada en su debida oportunidad dentro del contexto del acervo probatorio existente, esta Presidencia estima que no es necesario repetirlas.
Al respecto, el Estado no presentó objeción a dichos ofrecimientos, pero observó que la declaración testimonial del señor Dennis Cerezo Cervantes podría ser remitida ante fedatario público.
Por otra parte, los representantes solicitaron apoyo del Fondo de Asistencia Legal para cubrir los costos de hotel, pasajes y estadía durante la audiencia pública ante el Tribunal de víctimas, peritos, testigos y representantes5.
Al respecto, en la Resolución de 14 de septiembre de 2012, el Presidente dejó constancia que existían inconsistencias en cuanto a la calidad y número de personas que necesitarían apoyo del Fondo de Asistencia Legal para participar en la audiencia pública, en relación con las pruebas testimoniales y periciales indicadas en el ofrecimiento de prueba del escrito de solicitudes y pruebas, lo cual debería ser aclarado en la lista definitiva de declarantes6. No obstante lo anterior, el Presidente nota que los representantes no remitieron su lista definitiva de declarantes, de manera que será considerada como la lista final la remitida en el escrito de solicitudes y argumentos y solamente respecto de aquellas personas indicadas correctamente de acuerdo con el artículo 40.2.c del Reglamento, es decir, los declarantes individualizados con el objeto de su declaración y, en caso de los peritos, los que incluyan la hoja de vida y sus datos de contacto.
Por consiguiente, el Presidente dispone que se reciban las declaraciones de Dennis Cerezo Cervantes, Eduardo Tigua Castro, Rodolfo Sández Jiménez, Luis Humberto Córdova Ramos, así como los dictámenes periciales de Iván Castro Patiño, Hugo Miguel Morán Sánchez e Ignacio Hanna Musse. El objeto de estas declaraciones y la forma en que serán recibidas se determinarán en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra puntos resolutivos 1 y 5).
2. Presunta víctima convocada de oficio por el Presidente
Esta Presidencia observa que el representante no ha ofrecido a la presunta víctima Melba Suárez Peralta como declarante en el presente caso, aunque la incluyó en la solicitud de apoyo del Fondo de Asistencia Legal (supra Considerando 19) para que pudieran participar en la audiencia pública. Sin perjuicio de ello, el Presidente observa que la declaración de la presunta víctima Melba Suárez Peralta resulta útil a efectos de ilustrar al Tribunal sobre las alegadas violaciones a sus derechos humanos y las consecuencias de ello en su condición de salud. Asimismo, la presunta víctima podrá ilustrar al Tribunal respecto de las medidas de reparación que eventualmente deberá adoptar la Corte en relación con su situación específica.
En virtud de la relevancia que esta declaración tendría en el análisis del eventual fondo y reparaciones del presente caso y con base en las facultades que otorga el artículo 58.a del Reglamento del Tribunal, el Presidente dispone que la Corte recoja la declaración de la presunta víctima Melba Suárez Peralta. El objeto y la modalidad de la declaración se determina en la presente Resolución (infra punto resolutivo 1).
3. Declaraciones periciales ofrecidas por el Estado
En su escrito de contestación el Estado ofreció tres grupos de dictámenes periciales: a) Verónica Valencia e Iván Ríofrio, sobre modelos de intervención psiquiátrica en procesos pre-operatorios, peri-operatorios y post-operatorios; b) Margarita Mencía y Jaysoon Abarca, sobre procesos de diagnóstico, emergencia y cirugía en gastroenterología en Ecuador, y c) Manuel Jácome, Nelly Valladares y Luis Alfonso Pazmiño, sobre contabilidad judicial para el análisis de reparación material.
En su lista definitiva de declarantes, el Estado indicó que el peritaje sobre modelos de intervención psiquiátrica en procesos pre-operatorios, peri-operatorios y post-operatorios sería rendido únicamente por la señora Verónica Valencia, jefa del servicio de psiquiatría del Hospital Eugenio Espejo y que el peritaje sobre procesos de diagnóstico, emergencia y cirugía en gastroenterología en Ecuador sería rendido únicamente por el señor Jaysoon Abarca, Jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Eugenio Espejo. Asimismo, indicó que el perito Luis Alfonso Pazmiño sería sustituido por el señor Carlos Delgado Bolaños, académico y consultor, sin embargo no explicó el motivo por el cual realizaba dicho cambio.
Al respecto, la Comisión manifestó que la sustitución de declarantes ofrecidos sólo procede “excepcionalmente” y “frente a solicitud fundada”, cuestión que el Estado no presentó información respecto del motivo que justificarían la procedencia de la solicitud.
El Presidente toma nota de los peritos confirmados en la lista definitiva del Estado y considera procedente recibir los peritajes de los señores Verónica Valencia y Jaysoon Abarca. El valor de los dictámenes propuestos por el Estado será apreciado en la debida oportunidad, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana crítica. El objeto y la modalidad de los mismos será determinada en la parte resolutiva de la presente Resolución (infra punto resolutivo 1).
En cuanto a la solicitud de sustitución de un perito, el Presidente nota que el momento procesal oportuno para la presentación de prueba pericial por parte del Estado es el escrito de contestación. Asimismo, esta Presidencia advierte que la solicitud de presentación de listas definitivas de declarantes no representa una nueva oportunidad procesal para ofrecer prueba7, salvo las excepciones establecidas en el artículo 57.2 del Reglamento, esto es: fuerza mayor, impedimento grave o hechos supervinientes8. El objetivo principal de las listas definitivas es que la Comisión, las presuntas víctimas o sus representantes y el Estado confirmen o desistan del ofrecimiento de las declaraciones oportunamente propuestas, así como que, atendiendo al principio de economía procesal, indiquen quiénes de los declarantes propuestos consideran que deben rendir su declaración en audiencia pública y quiénes pueden hacerlo mediante affidávit, a efectos de que se programe la audiencia pública en la forma más idónea posible. En el presente caso, el Estado no ofreció ninguna justificación para la solicitud de sustitución, además de indicar el nombre del nuevo perito y remitir su hoja de vida. Al respecto, es pertinente recordar que la parte que ofrece una prueba debe asegurar que su presentación cumpla con los requisitos reglamentarios y que la falta de remisión de la prueba en el tiempo oportuno y en la forma debida lleva a que la misma sea declarada inadmisible. Así, teniendo en consideración la excepcionalidad prevista en el Reglamento para la sustitución de declarantes y la falta de un fundamento para tal solicitud, el Tribunal no puede admitir la sustitución propuesta por Ecuador y, por tanto, no admitirá el peritaje contable judicial sobre la reparación material.
En sus observaciones a la lista definitiva, la Comisión solicitó “la oportunidad verbal o escrita de formular preguntas al perito Iván Castro Patiño, propuesto por los representantes, cuya declaración se relaciona[ría] tanto con el orden público interamericano como con la materia sobre la cual versa el peritaje ofrecido por la Comisión”. Al respecto, indicó que dicha solicitud “se basa en la importancia de permitir que las declaraciones periciales que se relacionan entre sí ofrezcan una variedad de perspectivas – distintas o complementarias – sobre los temas que pretenden desarrollar”. Además, señaló que ambos peritajes se refieren a temas de orden público interamericano como son el análisis de las garantías de accesibilidad, debida diligencia, debido proceso y efectividad de los mecanismos de justicia.
Respecto a la presente solicitud, el Presidente recuerda que existen limitaciones establecidas en el Reglamento vigente, en cuanto a la recepción de declaraciones propuestas por la Comisión, así como en relación con la facultad de la misma para interrogar a los declarantes ofrecidos por las demás partes.
En este sentido el Presidente recuerda que, de conformidad con el artículo 52.3 del Reglamento, la Comisión Interamericana puede interrogar en la audiencia a peritos propuestos por otra parte cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos y su declaración verse sobre alguna materia contenida en un peritaje ofrecido por la Comisión. Al respecto, si bien el dictamen del perito Castro Patiño versa sobre el acceso a la justicia, materia conexa al peritaje de la perito Pautassi, el objeto del peritaje del primero se refiere específicamente a las garantías del debido proceso y el impulso procesal estatal en la investigación del delito y las consecuencias para el Estado en la impunidad de la causa, por lo que no está vinculado a cuestiones de orden público interamericano. Por ello, no procede admitir la solicitud de la Comisión Interamericana.
Es necesario asegurar el conocimiento de la verdad y la más amplia presentación de hechos y argumentos por las partes, en todo lo que sea pertinente para la solución de las cuestiones controvertidas, garantizando a éstas tanto el derecho a la defensa de sus respectivas posiciones como la posibilidad de atender adecuadamente los casos sujetos a consideración de la Corte, teniendo en cuenta que su número ha crecido considerablemente y se incrementa de manera constante. Asimismo, es necesario que se garantice un plazo razonable en la duración del proceso, como lo requiere el efectivo acceso a la justicia. En razón de lo anterior, es preciso recibir por declaración rendida ante fedatario público (affidávit) el mayor número posible de declaraciones y escuchar en audiencia pública a las presuntas víctimas y peritos cuya declaración directa resulte verdaderamente indispensable tomando en cuenta las circunstancias del caso y el objeto de las declaraciones y dictámenes.
1. Declaraciones a ser rendidas ante fedatario público (affidávit)
Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 50.1 del Reglamento, lo indicado por las partes en sus listas definitivas de declarantes, el objeto de las declaraciones ofrecidas y su relación con los hechos del caso, así como el principio de economía procesal, el Presidente estima conveniente recibir por medio de declaración rendida ante fedatario público, las siguientes declaraciones y peritajes: Melba Suárez Peralta, presunta víctima convocada de ofício por el Presidente; Eduardo Tigua Castro, Rodolfo Sández Jiménez, y Luis Humberto Córdova Ramos, testigos propuestos por el representante; y los dictámenes periciales de Iván Castro Patiño, Hugo Miguel Morán Sanchez e Ignacio Hanna Musse, propuestos por el representante; y de Verónica Valencia y Jaysoon Abarca, propuestos por el Estado.
El Presidente resalta que el artículo 50.5 del Reglamento de la Corte aplicable al presente caso contempla la posibilidad de que las presuntas víctimas o sus representantes y el Estado demandando aporten un listado de preguntas por realizar a aquellas personas citadas a rendir declaraciones ante fedatario público. En aplicación de lo dispuesto en la norma reglamentaria mencionada, el Presidente procede a otorgar una oportunidad para que las partes presenten, si así lo desean, las preguntas que estimen pertinentes a los declarantes y peritos referidos en el párrafo anterior. Al rendir su declaración ante fedatario público, los declarantes deberán responder a dichas preguntas, salvo que el Presidente disponga lo contrario. Los plazos correspondientes serán precisados infra, en el punto resolutivo 2 de la presente Resolución. Las declaraciones y peritajes antes mencionados serán trasmitidos a la Comisión y a las partes, en lo pertinente. A su vez, la Comisión y las partes podrán presentar las observaciones que estimen oportunas en el plazo indicado infra en el punto resolutivo 4 de la presente Resolución. El valor probatorio de dichas declaraciones será determinado en su oportunidad por el Tribunal, el cual tomará en cuenta los puntos de vista, en su caso, expresados por las partes.
2. Declaraciones y dictámenes periciales a ser rendidos en audiencia pública
Los autos en el presente caso se encuentran listos para la apertura del procedimiento oral en cuanto a las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, por lo que el Presidente estima pertinente convocar a una audiencia pública para recibir las declaraciones de Dennis Cerezo Cervantes, testigo propuesto por el representante, y de Laura Pautassi, perita propuesta por la Comisión.
En la resolución adoptada por el Presidente el 14 de septiembre de 2012 (supra Visto 6), se resolvió declarar procedente la solicitud interpuesta por las presuntas víctimas, a través de su representante, para acogerse al Fondo de Asistencia de la Corte, de modo que se otorgaría la asistencia económica necesaria para la presentación de un máximo de cuatro declaraciones, fuera por affidávit o en la audiencia pública.
Habiéndose determinado que las declaraciones ofrecidas por los representantes serán recibidas por el Tribunal y el medio por el cual se realizarán, corresponde en este momento precisar el monto, destino y objeto específicos de dicha asistencia.
Al respeto, el Presidente dispone que la asistencia económica estará asignada para cubrir los gastos de viaje y estadía necesarios para que el testigo Dennis Cerezo Cervantes comparezca al Tribunal y pueda rendir su declaración durante la audiencia pública a realizarse en la ciudad de San José, Costa Rica, y para cubrir los costos de rendición y envío del affidávit de la señora Melba Suárez Peralta, y de otros dos declarantes a criterio del representante.
En cuanto a la persona que comparecerá en audiencia pública, el Tribunal realizará las gestiones pertinentes y necesarias para cubrir los costos de traslado, alojamiento y manutención de dicho declarante con recursos provenientes del Fondo de Asistencia Legal.
Según lo requerido por el artículo 4 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia (en adelante el “Reglamento del Fondo de Asistencia), se dispone que la Secretaría de la Corte abra un expediente de gastos con el fin de llevar la contabilidad y en el cual se documentará cada una de las erogaciones que se realice con el referido fondo.
Finalmente, el Presidente recuerda que, según el artículo 5 del Reglamento del Fondo, se informará oportunamente al Estado demandado las erogaciones realizadas en aplicación del Fondo de Asistencia, para que presente sus observaciones, si así lo desea, dentro del plazo que se establezca al efecto.
Los representantes y el Estado podrán presentar ante el Tribunal sus alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares, y eventuales fondo, reparaciones y costas en este caso, respectivamente, al término de las declaraciones y peritajes. Como se establece en el artículo 51.8 del Reglamento, concluidos los alegatos la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales orales.
De acuerdo con el artículo 56 del Reglamento, las presuntas víctimas o sus representantes, el Estado y la Comisión podrán presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con las excepciones preliminares, fondo reparaciones y costas, en el plazo fijado en el punto resolutivo 12 de esta Resolución.
De conformidad con los artículos 24.1 y 25.2 del Estatuto de la Corte y con los artículos 4, 15.1, 26, 31.2, 35.1, 40.2, 41.1, 45, 46, 50 a 58 y 60 del Reglamento del Tribunal y en ejercicio de sus atribuciones con relación al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte,
Requerir, por las razones expuestas en la presente Resolución (Considerandos 32 a 34), de conformidad con el principio de economía procesal y en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 50.1 del Reglamento de la Corte, que las siguientes personas presenten sus declaraciones ante fedatario público:
Melba Suárez Peralta, quien declarará sobre las alegadas violaciones a sus derechos humanos, las supuestas consecuencias de ello en su estado de salud, y las eventuales medidas de reparación que considere necesarias en su caso.
Eduardo Tigua Castro médico psicólogo, quien declarará sobre los padecimientos psicológicos de la señora Suárez Peralta, así como el deterioro de su núcleo familiar;
Rodolfo Sánchez Jiménez, docente universitario en la Facultad de Ciencias Psicológicas, quien declarará sobre la situación actual que atraviesa la señora Suárez Peralta y la secuelas que puede dejarle en el futuro la mala práctica médica ocurrida en el pasado, y
Luis Humberto Córdova Ramos, teniente de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quien declarará sobre el alegado hecho que la Comisión de Tránsito ofreció las operaciones a través de médicos cubanos en el año 2000.
Ignacio Hanna Musse, profesor universitario y médico personal de la señora Suárez, quien declarará sobre el tratamiento que ha seguido la víctima en los últimos años y el tratamiento futuro que debe seguir;
Iván Castro Patiño, ex Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la universidad Católica de Santiago Guayaquil, quien declarará sobre las garantías del debido proceso, el impulso procesal del Estado en la investigación del delito y las consecuencias para el Estado en la impunidad de una causa, y
Hugo Miguel Morán Sánchez, perito contable, quien declarará sobre el cálculo de los gastos por daño material que la víctima ha tenido hasta el momento actual.
1. Verónica Valencia, Jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Eugenio Espejo, quien declarará sobre modelos de intervención psiquiátrica en procesos pre-operatorios, peri-operatorios y post-operatorios, y
2. Jaysoon Abarca, Jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Eugenio Espejo, quien declarará sobre procesos de diagnóstico, emergencia y cirugía en gastroenterología en Ecuador.
Requerir al representante y el Estado que remitan, de considerarlo pertinente y en el plazo improrrogable que vence el 11 de enero de 2013, las preguntas que estimen oportunas formular a través de la Corte Interamericana a la presunta víctima, los testigos y peritos mencionados en el punto resolutivo primero de la presente Resolución. Las declaraciones y peritajes requeridos en el punto resolutivo primero deberán ser presentados a más tardar el 1 de febrero de 2013.
Requerir al representante, al Estado, la Comisión y la Secretaría del Tribunal que coordinen y realicen las diligencias necesarias para que, una vez recibidas las respectivas preguntas de las partes, los declarantes y peritos incluyan las respuestas respectivas en sus declaraciones rendidas ante fedatario público, de conformidad con los considerandos 32 y 33 de la presente Resolución.
Disponer que, una vez recibidas las declaraciones y peritajes requeridos en el punto resolutivo primero, la Secretaría de la Corte los trasmita a las partes y a la Comisión, junto con los peritajes incorporados al presente caso (supra Considerando 14), para que presenten sus observaciones a dichas declaraciones y peritajes, respectivamente, a más tardar con sus alegatos finales.
Convocar a los representantes, al Estado y a la Comisión Interamericana a una audiencia pública que se celebrará durante el 98 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte, que se realizará en la ciudad de San José, Costa Rica, el 11 de febrero de 2013 a partir de las 9:00 horas y hasta las 13:00 horas, para recibir sus alegatos finales orales y observaciones orales, respectivamente, sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como para recibir las declaraciones y dictámenes periciales de las siguientes personas:
1. Dennis Cerezo Cervantes, esposo de la presunta víctima, quien declarará sobre el padecimiento de la señora Suárez Peralta desde que se le practicó la operación quirúrgica que resultó en mala práctica médica y las consecuencias de la misma.
Laura Cecilia Pautassi, Doctora en Derecho, investigadora permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, quien rendirá peritaje sobre el contenido de las obligaciones estatales de garantizar el acceso a la justicia y su relación con el derecho a la salud, así como estándares internacionales en materia de debida diligencia de estos casos.
Requerir a la República de Ecuador que facilite la salida y entrada de su territorio de los declarantes y peritos, si residen o se encuentran en él, quienes han sido citados en la presente Resolución a rendir declaración y dictamen pericial en la audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 del Reglamento de la Corte.
Requerir a la Comisión Interamericana, al representante y al Estado que comuniquen la presente Resolución a las personas por ellas propuestas y que han sido convocadas a rendir declaración y/o dictamen pericial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.2 y 50.4 del Reglamento
Informar a la Comisión Interamericana, al representante y al Estado que deben cubrir los gastos que ocasione la aportación o rendición de la prueba propuesta por ellos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos considerativos 22 y 23 de la presente Resolución.
Requerir al representante que informe a las personas convocadas por la Corte a declarar y rendir dictamen pericial que, según lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento, el Tribunal pondrá en conocimiento del Estado los casos en que las personas requeridas para comparecer o declarar no comparecieren o rehusaren deponer sin motivo legítimo o que, en el parecer de la misma Corte, hayan violado el juramento o la declaración solemne, para los fines previstos en la legislación nacional correspondiente.
Informar al representante, al Estado y a la Comisión Interamericana que, al término de la declaración y del dictamen pericial rendidos durante la audiencia pública, podrán presentar ante el Tribunal sus alegatos finales orales y observaciones finales orales, respectivamente, sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso.
Disponer que la Secretaría de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.3 del Reglamento, con posterioridad a la audiencia pública indique a la Comisión Interamericana, al representante y al Estado, a la brevedad posible, el enlace en el que se encontrará disponible la grabación de la audiencia pública del presente caso.
Informar a la Comisión Interamericana, al representante y al Estado que cuentan con un plazo hasta 11 de marzo de 2013 para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales escritas, respectivamente, en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en el presente caso. Este plazo es improrrogable.
Disponer, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, que la Secretaría del Tribunal abra un expediente de gastos, donde se documentará cada una de las erogaciones que se realicen en aplicación de dicho Fondo.
Disponer que la Secretaría de la Corte Interamericana notifique la presente Resolución a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al representante de las presuntas víctimas y a la República del Ecuador.
1 Caso Pedro Miguel Vera Vera y otros vs Ecuador. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de diciembre de 2010, Considerando noveno y Caso Artavia Murillo y otros (“Fertilización invitro”) vs Costa Rica. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de agosto de 2012, Considerando vigésimo cuarto.
2 Cfr. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador, Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de abril de 2011, Considerando décimo, y Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de enero de 2012, Considerando décimo tercero.
3 Cfr. Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C. 117, párr. 55; Caso Tiu Tojin Vs. Guatemala. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de marzo de 2008, Considerando noveno, y Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de enero de 2012, Considerando vigésimo sexto.
4 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de marzo de 2005, Considerandos 7 a 10, y Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras, supra, Considerando vigésimo sexto.
5 A saber: las presuntas víctimas Melba Del Carmen Suarez Peralta y Melba Gardenia Peralta Mendoza; sus familiares, Miguel Marcelo Suarez Robinson, Dennis Edgar Cerezo Cervantes, Gandy Alberto Cerezo Suarez, Katherine Madeline Cerezo Suarez y Marilyn Melba Cerezo Suarez; los peritos Iván Castro Patiño, Ignacio Hanna Musse, Hugo Miguel Morán y Rodolfo Sánchez Jiménez; los testigos Eduardo Tigua Castro, Luis Alberto Azanza Azanza, Luis Humberto Córdova Ramos y Stalin Xavier Intriago Burgos y al representante legal de las presuntas víctimas, el señor Jorge Sosa Meza y su coadyuvante José Peralta Rendón.
6 Resolución del Presidente de la Corte de 14 de septiembre de 2012, supra, Considerando séptimo.
7 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Resolución de la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de febrero de 2009, Considerando decimocuarto, y Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay. Resolución del Presidente de la Corte de 31 de enero de 2011, Considerando vigésimo segundo.
8 Cfr. Caso de la “Masacre de la Rochela” Vs. Colombia. Resolución del Presidente de la Corte de 22 de septiembre de 2006, Considerandos vigésimo al vigésimo cuarto, y Caso Barbani Duarte y otros Vs. Uruguay, supra, Considerando vigésimo segundo.

References: artículo 42
 Resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 Resolución 
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 28
 artículo 35
 artículo 28
 artículo 46
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 artículo 40
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 artículo 58
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 artículo 57
 artículo 52
 artículo 50
 artículo 50
 resolución 
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 51
 artículo 56
 Resolución 
 artículo 50
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 artículo 26
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 artículo 50
 artículo 60
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 4
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