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Timestamp: 2019-12-15 02:21:40+00:00

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PROBLEMA JURÍDICO - Jorge ignacio pretelt chaljub
ALCANCE E INTERPRETACIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL.
El ciudadano considera que la expresión “inmoral o” contenida en el numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, es indeterminada y, por tanto, deja a la libre interpretación y valoración del empleador la aplicación de esta causal como justa para terminar un contrato laboral, la cual puede ser utilizada por el empleador aplicando su concepción particular para calificar un acto como “inmoral” sin que el trabajador conozca de manera previa qué tipo de comportamiento puede dar lugar a la aplicación de dicha norma.
En relación con lo anterior, asegura que si bien la Corte constitucional ha admitido el uso de conceptos jurídicos indeterminados, también lo es, que ha restringido su empleo en contextos específicos como el de los procesos disciplinarios, de allí concluye que, en este caso particular, la expresión es de tal modo indeterminada que vulnera el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral.
El Ministerio de Trabajo, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-, la Universidad Externado, la Universidad de Ibagué, la Fundación Universidad del Norte y la ciudadana Karina Margarita de la Rosa Torralvo, solicitaron la declaratoria de exequibilidad del aparte acusado, manifestando que (i) la referencia al término moral debe entenderse como la moral social o colectiva y, el hecho de que la norma no contemple qué actos deben considerarse inmorales no significa que la norma sea inconstitucional; (ii) el término inmoral consagrado en la norma objeto de reproche no es un concepto indeterminado como lo expone el actor sino que es un parámetro válido utilizado con frecuencia por el legislador y aceptado por la jurisprudencia constitucional; (iii) durante el desarrollo de la relación laboral las partes tienen el deber de propender por la armonía y respeto mutuo, lo cual impide que ciertos derechos fundamentales se ejerzan de forma ilimitada, como la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. Estas restricciones además, se encuentran justificadas en el marco del elemento de subordinación presente en los contratos laborales; (iv) la norma acusada restringe el acto inmoral a que este tenga lugar en el lugar de trabajo del empleado o en ejercicio de sus labores, lo cual es proporcional porque excluye los actos que realice el trabajador fuera del ámbito laboral; (v) interpretar que la expresión “inmoral o” es contraria a postulados constitucionales porque deja un amplio margen de valoración al empleador en la adecuación típica, es desconocer la interpretación sistemática otorgada por la Corte Constitucional a la misma, en el sentido de que ha aceptado tipos abiertos o en blanco ante la imposibilidad de que el legislador consagre una lista precisa de comportamientos. Es decir, el principio de tipicidad en materia laboral no implica una descripción clara, detallada y precisa de la conducta reprochada; (vi) existen otros elementos para fijar el alcance de la moral social, por ejemplo, acudiendo a la remisión de conductas inmorales señaladas en el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa y respetando el derecho de defensa; (vii) la estabilidad laboral del trabajador no es absoluta, y el despido por justa causa, se vincula como una forma de reproche de una conducta que imposibilite una relación laboral basada en el respeto mutuo y la lealtad; (viii) a pesar de lo anterior, consideran que el despido realizado por el empleador debe respetar el derecho a la defensa que tiene el trabajador; (ix) la norma no establece una libertad absoluta para que el empleador efectúe un despido por acto inmoral con base en su visión particular, pues, en todo caso, el Código Sustantivo del Trabajo consagra un procedimiento previo al despido que incluye la norma acusada.
De otro lado, la Universidad Libre, solicita la declaratoria de inexequibilidad del aparte acusado aduciendo que al igual que el análisis desarrollado por la Corte frente al término moral en procesos de carácter sancionatorio, debe considerarse que en este evento la expresión acusada es tan indeterminada que no puede mantenerse en el orden jurídico, pues, en caso contrario, puede conllevar la vulneración de los derechos fundamentales como la autonomía y la dignidad humana por terminación del contrato por justa causa cuando el trabajador incurre en un acto “inmoral”.
Por su parte, el Ministerio Público solicitó a esta Corporación la aplicación del principio pro actione frente a los cargos formulados por desconocimiento de los artículos 25 y 53 Superiores, para analizar si la expresión “inmoral o” consagrada en el numeral 5 del artículo 62 sobre la terminación unilateral del contrato de trabajo por justa causa, es tan amplia e indeterminada que desconoce el principio de legalidad y tipicidad.
En virtud de lo expuesto, corresponde a la Sala determinar, si la expresión “inmoral o” contenida en el numeral 5 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, es tan indeterminada que desconoce lo dispuesto en los artículos 25 y 53 Superiores, acerca de la protección del derecho al trabajo, la estabilidad laboral y la prohibición de que la ley y los contratos, acuerdos o convenios de trabajo vulneren la libertad, la dignidad y los derechos de los trabajadores.
2.3.6. Para resolver este problema, la Sala analizará (i) el alcance e interpretación de conceptos jurídicos indeterminados en la jurisprudencia constitucional; (ii) el concepto de moralidad pública en instrumentos internacionales de derechos humanos. A la luz de lo anterior, se examinará (iii) la constitucionalidad de la expresión censurada.
El concepto jurídico de moral social en la jurisprudencia constitucional
Desde sus inicios, esta Corporación ha abordado el análisis de conceptos indeterminados consagrados en el ordenamiento jurídico, entre ellos el de moral, estableciendo como regla general su consonancia con los principios, valores y reglas constitucionales.
En este respecto, en el primer pronunciamiento de la Corte sobre la consagración de este tipo de conceptos indeterminados en la legislación, -sentencia C- 224 de 199419-, se señaló que no puede negarse la relación que existe entre el derecho y la moral, cuyo punto de encuentro, en cuanto al objeto de análisis, es la regulación del comportamiento del ser humano20. Para ilustrar dicha relación, hizo alusión a varios conceptos indeterminados como “orden y las buenas costumbres”, “fin moral”, “mala conducta notoria”, “conducta inmoral”, “buenas costumbres o al orden público” y “hechos inmorales” contenidos en los artículos 1621, 47222, 58623, 62724, 152425 y 153726 del Código Civil – los que en la actualidad aún se encuentran vigentes-.
Además, destacó que el artículo 34 Superior establece en el inciso segundo que “…se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.” (Se resalta fuera de texto) En igual sentido, indicó que el artículo 209 de la Constitución consagra como un principio de la función administrativa la `moralidad`.
Lo anterior, con la finalidad de evidenciar (i) la imposibilidad de negar la relación entre un concepto indeterminado como la moral con el derecho, y que las normas “en algunos casos tienen en cuenta la moral vigente, para deducir consecuencias sobre la validez de un acto jurídico”27.
En la sentencia T-503 de 199428, se hizo referencia a la moral como bien jurídico protegido definiéndola como “aquellos principios, valores y virtudes fundamentales, aceptados por la generalidad de los individuos que constituyen el soporte de una convivencia libre, digna y respetuosa”.
De igual manera, en el fallo C- 224 de 199429, la Corte explicó que cuando se apelaba al término moral no debía entenderse como la moral individual sino como la moral social o general:
“La aparente contradicción no existe si se acepta la distinción entre la moral general y la moral positiva, entendiendo la primera como aquella aceptada por todos los hombres en todas las épocas, y la segunda como la de cada pueblo en el momento particular de su devenir histórico. Dicho en otros términos: la moral es una, pero sus manifestaciones cambian en razón de la diversidad de las sociedades en el espacio y en el tiempo”.
Acerca de lo que debe entenderse por moral social, es importante hacer referencia a la sentencia C-427 de 199430, en la cual, al hacer un análisis sobre el alcance del concepto `moralidad` como principio rector de la función administrativa, expuso que “no responde a ninguna particular exigencia confesional o subjetiva, sino, se repite, al marco ético conceptual, propio de la moral media o social, que contiene la Constitución”.
Además, en este mismo pronunciamiento la Corte enfatizó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia también se había ocupado del tema al analizar otros conceptos indeterminados como “mal comportamiento social” contenido en el artículo 94 del Decreto 250 de 1970, del que extrajo lo siguiente:
“"No estimó indispensable el legislador extraordinario, por razonable cautela, detallar de manera exhaustiva y casuística todo comportamiento social que atente contra la dignidad de la justicia, sino que buscó resguardar con su espectro normativo la imagen social de la justicia, según los valores de nuestra comunidad. Claro que la regulación genérica de la conducta indebida del funcionario no comporta la facultad de su catalogación arbitraria o caprichosa, ni releva a la autoridad de la obligación de ceñir sus mandatos o decisiones a los precisos cometidos propuestos. Advierte la Corte que al respecto se deben dejar nítidos algunos parámetros esenciales de interpretación de aquella parte del precepto: en primer lugar, anótese que cualquier mal comportamiento supone un modo de actuar más o menos habitual y no excepcional, ni inusitado, ni esporádico, una conducta relativamente frecuente o reiterada; en segundo, que por malo o indebido debe suscitar necesario y ostensible reproche general y no simple rechazo subjetivo crítico, o intolerante actitud mojigata; en tercero, que por ser ´social´, debe provocar una objetiva actitud de desaprobación aproximada a los patrones axiológicos que rigen el medio social; y en cuarto, que esa conducta pueda ocasionar un perjuicio a la dignidad de la justicia. A eso se contrae el alcance de la parte final del precepto y dentro de ese cauce la entiende la Corte como ajustada a la Constitución´”.
En esta oportunidad, la Corte Constitucional declaró -además de la exequibilidad condicionada del artículo 113 del Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991- la constitucionalidad simple del aparte acusado del artículo 115 de este mismo decreto que se refería a “b) Ejecutar en el lugar de trabajo o en sitio público, cualquier acto contra la moral o las buenas costumbres”, aduciendo que los conceptos de probidad, imparcialidad, decoro y dignidad a los que hacía referencia la sentencia de la Corte Suprema de Justicia citada en precedencia, justificaban la existencia de causales disciplinarias como las que les correspondió analizar en este caso particular “pues sus referencias a la moral ajustadas estrictamente a los predicados expresos que sobre la misma realiza la Carta, son ingredientes que, en consecuencia, pueden conformar las características de los tipos disciplinarios aplicables a los funcionarios públicos”31
Con respecto a la posible vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad frente a la aplicación del criterio de moralidad pública, este Tribunal explicó que la alusión al concepto de moral social o general no puede anular la construcción individual de modelos de realización personal. Por esta razón, indicó, cualquier decisión con base en este criterio que afecte la esfera privada, la que sólo es de interés particular, se encuentra proscrita y debe ser retirada del ordenamiento jurídico32. No obstante, es importante referir que en consonancia con los postulados constitucionales, el derecho al libre desarrollo de la personalidad no puede ejercerse sin restricción alguna, pues encuentra sus límites en el respeto de los derechos de los demás, la no afectación del orden jurídico y del interés general33.
No obstante, en este mismo fallo - C-404 de 199834- se destacó la importancia de que el juez constitucional, por ejemplo, acuda a las razones morales que justifican la existencia de una norma legal:
“La adecuación del orden jurídico a los mandatos constitucionales no es verdaderamente posible sin atender a las condiciones sociales - dentro de las que ocupa un lugar destacado la moral positiva - en las que pretende operar el ordenamiento. Suponer que no existe ninguna relación jurídicamente relevante entre las convicciones morales imperantes en la comunidad y las disposiciones jurídicas - legales o constitucionales - es incurrir en la falacia teórica que originó una de las más agudas crisis del modelo liberal clásico y que desembocó en el nuevo concepto del constitucionalismo social. Justamente, como respuesta a dicha crisis, nadie en la actualidad exige al juez constitucional que actúe bajo el supuesto del individualismo abstracto y que aparte de su reflexión toda referencia al sistema cultural, social, económico o moral que impera en la comunidad a la cual se dirige. En este sentido, puede afirmarse que el reconocimiento de los principios de moral pública vigentes en la sociedad, no sólo no perturba sino que enriquece la reflexión judicial. En efecto, indagar por el substrato moral de una determinada norma jurídica puede resultar útil y a veces imprescindible para formular una adecuada motivación judicial”.
Específicamente, acerca de la importancia de la naturaleza de la `moralidad pública` manifestó que aunque “puede ser fuente de restricciones a la libertad, es aquella que racionalmente resulta necesario mantener para armonizar proyectos individuales de vida que, pese a ser absolutamente contradictorios, resultan compatibles con una democracia constitucional y que, adicionalmente, es indispensable para conjugar la libertad individual con la responsabilidad y la solidaridad que hacen posible este modelo constitucional. En este sentido, la moralidad pública articula en el plano secular un modo de ser y de actuar que no puede soslayar la persona, portadora de derechos, que es, al mismo tiempo, sujeto individual y miembro de una comunidad…
El juez constitucional debe confrontar los criterios de moralidad pública contenidos en la ley, con el conjunto de normas y principios constitucionales. No obstante que la ley se apoye en un criterio de moral pública, si éste desconoce los principios superiores sobre los que se edifica la democracia constitucional, fundada en el respeto de los derechos fundamentales, la Corte no tiene alternativa diferente a declarar su inexequibilidad”35.
Retomando, el juez constitucional debe confrontar la categoría de moral social o general frente a los postulados legales y constitucionales para determinar si dicho concepto, consagrado en un texto legal, desconoce principios y garantías superiores.
Ahora bien, acerca de la conformidad o no de algunos conceptos indeterminados contenidos en las causales que pueden dar origen a la terminación unilateral por justa causa del contrato laboral, por parte del empleador, esta Corporación ya se ha referido con anterioridad, en particular, a la establecida en el numeral 3 del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, atinente a “3. Todo acto de grave violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera de servicio, en contra del patrono, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores”. Al respecto, esta Corporación mediante sentencia C-299 de 199836, señaló:
“Cierto es que la ley laboral garantiza la estabilidad del trabajador y, por ende, la vigencia del contrato, pero cuando ocurren ciertos hechos que dificultan el desarrollo normal de las relaciones de trabajo, se puede terminar legítimamente el vínculo, pues el trabajador puede poner fin a la relación laboral si el patrono, sus familiares o sus representantes, ejercen algún "acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves" contra él o los miembros de su familia. Del mismo modo, -según la norma que se estudia- el empleador tiene la facultad de dar por terminado el contrato de trabajo, si él, su familia o sus representantes sufren una agresión grave, injuria o maltrato por parte del trabajador. La facultad de dar por terminado el contrato de trabajo no es entonces exclusiva del empleador, sino también un derecho del empleado, que no tiene la obligación de trabajar con personas que sean agresivas con él o con su familia, dentro o fuera de su ambiente laboral…
La subordinación a la que está sujeto el trabajador en el contrato de trabajo rige solamente para los efectos propios que se derivan de la relación laboral, es decir, para el cumplimiento de la actividad, servicio, o labor contratada y otra es la prohibición contenida en la norma citada, que pretende simplemente, evitar que el trabajador observe algunos comportamientos que lesionen moral o físicamente al patrono, su familia, sus representantes y algunos empleados, fuera del lugar de trabajo, pero que pueden afectar el cumplimiento armónico y pacífico del contrato de trabajo. Cuando ocurra una de las situaciones descritas en la norma, y una vez se haya oido al empleado, el empleador puede recurrir a la terminación del contrato a manera de sanción para el comportamiento reprochable del trabajador; así como en la conducta socialmente reprochable existe la sanción penal por parte del Estado, la ley ha querido otorgar al empleador la posibilidad de sancionar una conducta que va en contra del comportamiento deseado dentro de una relación laboral, sin que con esto se pretenda "esclavizar" al trabajador. Simplemente se propende a conservar una situación de respeto mutuo y lealtad con ocasión de la relación laboral, y cuando ella se hace imposible por una conducta del empleado, su empleador pueda terminar el vínculo…
Si bien las personas son libres para actuar y expresarse, la ejecución de una agresión, mal trato o injuria en contra de otra persona, evidentemente configuran un hecho ilícito, un abuso o desbordamiento de los derechos de quien es agresor y la vulneración de los ajenos y, por tanto, traspasan los límites impuestos por la Constitución. Por tanto, la limitación a la libertad que tiende a frenar su mal uso y pretende la defensa de los derechos de los afectados por estas conductas, encuentra su soporte en la Carta Política. No se puede considerar que al cometer un delito o una actuación reprochable en contra de la honra o la integridad física de una persona se está ejerciendo un derecho. Cuanto se presenta este tipo de situaciones en el marco de una relación laboral, la norma pretende sancionar con la terminación del contrato a quienes puedan agredir o lesionar a las personas allí indicadas y, esto se ajusta a la Carta Política, pues la Constitución no protege las conductas o comportamientos ilícitos…
Se debe determinar en cada caso particular y concreto si los ultrajes, insultos, ofensas, injurias, improperios o actos de violencia, en que incurre el trabajador son realmente graves y ameritan que el empleador tome la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo. Por tanto, los hechos que dan lugar a la configuración de la causal referida deben ser analizados por el empleador en forma razonable, objetiva e imparcial y estar plenamente demostrados para evitar decisiones injustificadas que puedan perjudicar al trabajador. El acto de violencia, la injuria o el mal tratamiento debe ser de tal entidad que haga imposible la prosecución del contrato de trabajo. Por tanto, el empleador está en la obligación de apreciar las circunstancias en que se presentaron los hechos o comportamientos anómalos del trabajador y las consecuencias que se derivan de esas conductas, para tomar la medida que más se ajuste a los intereses de la organización empresarial…”
Por las razones anteriores, decidió declarar la exequibilidad del numeral 3 del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, bajo el entendido de que el empleador, al aplicar esta causal, debe oír previamente al trabajador en ejercicio del derecho de defensa. Sin embargo, en aclaración de voto37, se formuló que era importante diferenciar la posibilidad que se le debe dar al trabajador de ser escuchado en ejercicio de su derecho de defensa al ser despedido y el establecimiento de un procedimiento previo al empleador para hacer uso de la facultad otorgada por el legislador para dar por terminado el vínculo laboral por justa causa, como sería el caso de estar en la obligación de escuchar al trabajador de manera previa antes de que proceda a aplicar la causal de terminación del contrato laboral por justa causa, pues dicho `procedimiento previo` no se encuentra contemplado en la ley y quizás tampoco en los reglamentos internos de las respectivas empresas. Por eso, recordó que la norma consagra el deber del empleador de expresar al trabajador el motivo de la terminación unilateral del contrato de trabajo.
Otro caso en donde la Corte Constitucional abordó el análisis de la conformidad de conceptos indeterminados como el de moral, fue en la sentencia C-814 de 200138. Allí, este Tribunal declaró exequible la palabra `moral` contenida en el artículo 89 del Decreto 2737 de 1989, por la cual se expide el Código del Menor, por encontrarla conforme con los postulados constitucionales:
“Visto lo anterior, la norma cuya constitucionalidad se examina resulta útil en cuanto garantiza que todos los derechos y deberes a que se acaba de aludir se ejerzan y cumplan dentro de la axiología que defiende la Constitución. En especial, asegura que la educación de los menores adoptados se lleve a cabo de conformidad con los criterios éticos que emanan de la noción de moral social o moral pública (objetivo que como se vio, es constitucional al tenor de lo dispuesto por el artículo 67 superior). Además, la norma es necesaria para garantizar dicha educación, que en el supuesto contrario se vería seriamente dificultada. Desde este punto de vista, asegura la prevalencia del derecho a la educación moral (entiéndase según la moral social) del menor, frente al derecho de quien pretende adoptar a desarrollar su proyecto de vida de conformidad con su propio juicio moral. Las norma cumple así con el mandato superior de prevalencia de los derechos de los niños”.
En igual sentido, la sentencia C-371 de 200239, al analizar si el concepto `buena conducta` contenido en la norma demandada vulneraba la Constitución, manifestó que:
Por regla general, cuando el legislador emplea conceptos como el de `buena conducta` o `buen comportamiento`, hace referencia a lo que la doctrina ha denominado conceptos jurídicos indeterminados, es decir “aquellos conceptos de valor o de experiencia utilizados por las leyes y por virtud de los cuales éstas refieren `... una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado. ` 40”41.
La indeterminación del concepto jurídico no significa que no pueda ser precisado al momento de aplicarse en concreto ni tampoco que dicha concreción pueda responder al criterio individual de la autoridad competente para realizar dicha interpretación; pues, existen parámetros de valor o de experiencia que delimitan y guían la actuación del juez42.
En particular, cuando la autoridad judicial debe interpretar conceptos jurídicos indeterminados en un caso de limitación de derechos fundamentales, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en que dicho análisis debe realizarse tomando en consideración los postulados constitucionales y legales, lo cual, en ningún caso puede entenderse como la posibilidad de restringir de manera injustificada garantías superiores, por tanto, implica una carga argumentativa suficiente. Específicamente sobre el estudio del concepto `buena conducta` explicó que “no obstante su indeterminación, cuando está contenido en una ley, es un concepto jurídico, y que por consiguiente su aplicación no refiere al operador a ámbitos meta-jurídicos como el de la moral, o extra-jurídicos como el propio de ordenamientos religiosos o privados, cualquiera que sea su naturaleza, sino que debe hacerse a la luz de los valores, los principios y las reglas de derecho contenidas en el ordenamiento y que sirven de fundamento a la institución jurídica en cuya regulación está incorporado el concepto jurídico indeterminado”.
En definitiva, expuso, la indeterminación de un concepto jurídico como `buena conducta` no conlleva que el intérprete de la norma pueda aplicar un criterio subjetivo trasladando sus convicciones personales a lo que debe entenderse por el mismo sino que en cada caso debe demostrarse el desconocimiento del deber jurídico que implica la calificación de mala conducta con base en criterios objetivos y verificables43:
“No obstante que, como se ha dicho, por definición, el concepto de buena conducta contenido en una disposición legal, es un concepto jurídico y como tal su determinación no permite, ni mucho menos impone, la referencia directa a apreciaciones morales y éticas, en la medida en que el operador jurídico no puede apartarse de la manera como tales consideraciones de valor hayan sido plasmadas en el ordenamiento, ello exige, precisamente, que el propio ordenamiento suministre los parámetros para la determinación del concepto. Es claro que ello ocurre así en diversas manifestaciones de la expresión buena conducta o buen comportamiento, tales como la propia de las relaciones laborales, en las cuales la valoración de la misma se hace a la luz del respectivo reglamento de trabajo; o la buena conducta que resulta exigible de los servidores públicos, que se precisa a partir del respectivo régimen disciplinario; o la buena conducta en los establecimientos penitenciarios, determinada a partir de los reglamentos y del propósito de permitir la armónica convivencia de la comunidad carcelaria que ellos deben reflejar, etc.”44
En la sentencia C-942 de 200345, se retomaron algunos criterios que ha fijado esta Corporación sobre el ingreso a la carrera administrativa, del cual se destaca la prohibición de negar el ingreso de un aspirante a la misma con base en apreciaciones subjetivas o motivos ocultos.
Por último, es importante anotar que las anteriores reglas jurisprudenciales fueron reiteradas por este Tribunal en reciente fallo, C-435 de 201346. En esta oportunidad, la Sala Plena declaró la exequibilidad de la expresión “guardar la compostura y el decoro debidos”, contenida en el artículo 137 del Decreto 1355 de 1970, al considerar que dicha descripción legal no era de tal manera indeterminada que conllevara el desconocimiento del principio de reserva legal en materia de limitaciones al ejercicio de las libertades.
En particular, señaló que el hecho de que una cláusula sea indeterminada no implica necesariamente que las autoridades competentes al interpretarla puedan aplicarla de manera discrecional sin acudir a criterios objetivos contenidos en el mismo ordenamiento jurídico, por ejemplo. Al paso que recordó que los conceptos indeterminados como el de moral, en el marco de procesos de tipo sancionatorio se encuentran sometidos a un estricto desarrollo del principio de legalidad y proporcionalidad.
De manera más específica, señala sobre el particular reglas frente a estas cláusulas indeterminadas y la restricción de las libertades, sosteniendo, en primer término, que tales conceptos no suponen la discrecionalidad de las autoridades; en segundo lugar, si bien se admite cierto grado de indeterminación “el legislador debe evitar emplear palabras y conceptos que impliquen un grado de ambigüedad tal, que afecten la certeza del derecho y lleven a una interpretación absolutamente discrecional de la autoridad a quien corresponde aplicar determinada disposición”; en tercera medida, no es inconstitucional esta clase de conceptos cuando sea posible esclarecerlo por medio de herramientas hermenéuticas que ofrece el ordenamiento y; por último, cuando se trata de materias sancionatorias, la exigencia de tipicidad es mayor porque su aplicación puede conllevar una afectación más profunda de derechos y libertades.
Específicamente frente al concepto de “decoro” o “buena conducta”, estableció que estos conceptos deben entenderse en relación con la noción de “moral pública”, los cuales pueden interpretarse a la luz de parámetros objetivos.
En este sentido, determinó la Sala que aunque los conceptos objeto de estudio eran indeterminados podían ser determinables a partir del contexto en el que se insertaban, por tanto, constituyen criterios válidos de limitación de libertades en el contexto de los espectáculos públicos “atendiendo a la necesidad de mantener la tranquilidad y la seguridad ciudadana en estos escenarios, en el entendido que las autoridades competentes evalúen objetivamente cada situación y tomen las medidas preventivas adecuadas, proporcionales y razonables, acatando los límites establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales.”

References: artículo 62
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 34
 artículo 209
 artículo 94
 artículo 113
 artículo 115
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 89
 artículo 67
 artículo 137