Source: https://catalinapordios.com/2015/02/28/el-ica-y-sus-criterios-cinematograficos/
Timestamp: 2017-06-23 10:22:40+00:00

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Artículo publicado el 1 de marzo de 2015 en El Espectador.
Aunque el documental 970, de la colombiana Victoria Solano acaba de ganar el premio Simón Bolívar y ha sido aclamado en festivales de todo el mundo (quedó seleccionado para el Good Pitch de Buenos Aires -un encuentro organizado por Sundance y Britodoc-, ganó el premio al mejor documental en el Festival De La Terre en Italia y quedó en la selección oficial del Festival de Toulouse), es posible que no tenga la misma suerte en los premios India Catalina, para los cuales también está nominado. La razón en este caso no es la competencia (aunque hay que reconocer que sus contendores son piezas excelentes y muy meritorias), es una carta del Instituto Colombiano Agropecuario que llegó a los Premios, en donde sugieren, amablemente, “reconsiderar la postulación del documental”.
La carta va dirigida a María Mercedes Vásquez de RCN Televisión, que hace parte del comité técnico encargado de seleccionar a los nominados a los premios, y a Lina Rodríguez, gerente del Festival de Cine de Cartagena, y va firmada por Luis Humberto Martínez Lacouture, gerente general del ICA. Dice que la entidad (el ICA) “recibe con extrañeza” que el documental haya sido nominado “no solo por las mentiras que rodean el contenido plasmado en el documental, sino por el daño que le ocasionó el mismo a la imagen institucional del ICA y a su misión sanitaria y fitosanitaria”. La carta también insinúa que Solano está siendo judicializada “se le ha solicitado a la productora del Documental 970 rectificación de lo enunciado en este, proceso que en la actualidad cursa en las autoridades competentes” algo que es falso, (pues Solano no tiene conocimiento de ningún proceso en su contra y la encargada de comunicaciones del ICA confirma que la entidad no ha iniciado ningún proceso al respecto), y además va en detrimento de su honra y buen nombre y credibilidad como documentalista. No es la primera vez que pasa algo así: Solano cuenta que cuando el documental iba a ser presentado en Canal Capital, el entonces director, Hollman Morris, recibió una comunicación pidiendo que no se divulgara. Lo mismo ha sucedido con otros canales que han querido divulgar el documental de Solano, lo que la documentalista interpreta como una persecusión del ICA para minimizar la divulgación de su trabajo.
En una primera instancia el ICA, con el respaldo del gobierno, contestó que el documental mentía, y envió cartas a Solano y a todas las fuentes del documental pidiendo que rectificaran. Sin embargo, ni Solano, que publicó una serie de videos en Youtube para contestar al ICA (El ICA pide rectificación señalando que cualquier agricultor puede reproducir la semilla y esto es lo que contestamos, Con respecto a la destrucción del arroz, el ICA dice que no eran apta para consumo humano, Y esto es lo que contestamos, El ICA pide rectificación porque dice que el TLC no tiene que ver con la 9.70. Y esto es lo que contestamos,); ni los campesinos de Campoalegre, que organizaron varias marchas en apoyo al documental, han aceptado retractarse.
Según el documental, la norma pone en práctica los conceptos de propiedad intelectual sobre recursos genéticos que fueron requisito para la aprobación del TLC entre Colombia y Estados Unidos. La resolución fue aprobada tras una “consulta pública” que realizó el ICA por internet, en la que, por razones evidentes, no participaron la mayoría de los campesinos. Según la investigación de Solano, la resolución 970 calca los términos de la convención UPOV de 1991 (y afirma que así lo admitía en ICA en conferencias públicas antes de que se diera a conocer el documental), un tratado que limita los derechos de los campesinos, indígenas y comunidades locales favoreciendo los derechos de propiedad intelectual de las semillas a compañías trasnacionales. En Colombia existen dos tipos de semillas, las criollas o nativas, de uso ancestral; y las diseñadas genéticamente por multinacionales como Monsanto, Dupont y Syngenta. La principal crítica a la resolución es que protege a semillas producidas en laboratorios fuera del país mientras desconoce la tradición del campo colombiano y no le ofrece a los campesinos herramientas para capacitarlos. Así, la resolución tiene un impacto biopolítico y afecta severamente la soberanía alimentaria colombiana y el derecho al trabajo y una vida digna de los campesinos y el patrimonio inmaterial cultural y biológico de la nación.
Cuando la denuncia del documental llegó a los medios de comunicación, que empezaron a hacer investigaciones independientes al respecto, se supo también del caso de los cultivadores de de algodón en Córdoba, que no saben qué hacer con las pérdidas en las cosechas de las semillas supuestamente mejoradas que compran a Monsanto. Es decir, si los campesinos usan semillas propias o “piratas” estas son decomisadas y destruidas pero nadie indemniza a quienes compren las semillas certificadas que no funcionen.
Después vino el Paro Agrario. Cuando el gobierno por fin reconoció su existencia y se sentó con los campesinos, prometió congelar la aplicación de la resolución 970, pero sigue siendo ilegal el uso de semillas locales o criollas. El acuerdo y la manera en que fue reportado a los medios, dio la sensación de que esta era una de esas raras ocasiones en que David le gana a Goliat: ¡los campesinos y un documental independiente que se hizo viral en redes sociales habían “torcido el brazo del gobierno neoliberal”!.
Sin embargo, hoy la realidad es otra. Ahora los campesinos pueden guardar parte de su propia cosecha para usarla como semilla siempre y cuando se trate de un agricultor con extensión máxima de 5 hectáreas, que la semilla provenga de una cosecha que haya usado semilla legal y que se use solo para el consumo propio y no para comercializar. A esto se suman una serie de requisitos como usar tecnología de punta, que la gran mayoría de campesinos no puede cumplir.
Por otro lado, Solano, cuyo trabajo es el de documentalista independiente, se encuentra con cartas como la que acaba de llegar a los Premios India Catalina cada vez que quiere mostrar su trabajo. En este contexto resulta sorprendente que una entidad pública que se ocupa de temas de agronomía pretenda influir en un premio que reconoce un mérito audiovisual y/o periodístico. Para Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa Flip, opina que “la mera existencia de la carta es ridícula y muestra una actitud censora que desprecia la deliberación democrática atribuyéndose facultades de castigo a una producción en favor de la imagen de la entidad”. “El ICA sólo presentó una solicitud de rectificación (hace más de dos años) y no activó los recursos judiciales de tutela para controvertir el documental” dice Vaca y añade “las instituciones públicas deben ser tolerantes de la crítica, por lo visto el ICA no lo es, la carta reafirma que el documental tuvo un impacto sobre la gestión pública del ICA, lo cual reafirma su valor periodístico y de interés público. Una entidad pública no puede tomarle la temperatura al impacto de las críticas que se le hacen, debe debatir en democracia y responder a esas críticas antes de emprender acciones asimilables a los tiempos inquisidores donde se quemaban libros. Presionar al jurado de un premio para que los reconocimientos se ajusten a los intereses del ICA es renunciar el rol de garante de todos los funcionarios públicos frente a la libertad de expresión y asumir una actitud abiertamente censora.”
Al respecto, el gerente general del ICA, Humberto Martínez Lacouture, dijo, a través de su encargada de comunicaciones, Ana Victoria Santamaría, dijo que más allá de lo que dice la carta enviada a los Premios India Catalina no está dispuesto a dar ninguna declaración adicional. Sin embargo, su oficina de comunicaciones remitió a la solicitud de rectificación entregada a Solano en el 2013, en donde la entidad afirma que se ha visto directamente afectada por el documental que “pone en entredicho el ejercicio de su gestión, su buen, nombre, pulcritud y reconocimiento institucional como autoridad nacional” y a un comunicado de prensa de agosto del 2013 en donde la entidad afirma que “Desde el pasado jueves 29 de agosto, las sedes del ICA y algunos funcionarios han venido siendo objeto de amenazas y agresiones, lo que pone en riesgo el ejercicio de sus funciones como autoridad sanitaria nacional.” Sin embargo, más allá de la coincidencia temporal, el comunicado no caracteriza las amenazas ni explicita un vínculo causa-efecto entre las amenazas y la publicación del documental.
La documentalista Victoria Solano ha publicado en Youtube una respuesta pública a la carta del ICA y en estos momentos el comité de los Premios India Catalina se encuentra validando el caso con el área jurídica para dar una respuesta oficial. Su respuesta determinará la potestad del Instituto Colombiano Agropecuario como autoridad estética en materia de cine y documental y qué tanto control alcanzan a tener las entidades públicas sobre los discursos críticos al Estado y sobre la libertad expresiva y creativa de los documentalistas, periodistas, y creadores colombianos. Mientras tanto, en el debate público conviven dos versiones sobre la resolución 970, la institucional y la independiente, como es natural y deseable en un Estado de derecho.
Posted in Activismo, protesta y sociedad civil, Español, Libertad de expresión, Medio ambiente, Otras publicaciones on febrero 28, 2015 by Catalinapordiós.
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