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Timestamp: 2020-07-04 02:51:40+00:00

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El Derecho en Cuba Socialista. Reflexiones desde perspectivas crítico-dialécticas | Derechos Izquierdos
Para realizar este estudio concebimos al derecho como fenómeno sociopolítico normativo que existe en una sociedad determinada, donde su naturaleza, instrumentaciones, funciones y fines se determinarán teniendo en cuenta el contexto histórico social en donde se desenvuelve. Desde la crítica dialéctica no se podría invocar al derecho solamente como dogmática jurídica, aunque ésta tenga un papel relevante, sino como un fenómeno social más dentro de la totalidad social[2], interactuando entre relaciones políticas, económicas y sociales. El derecho así se comportará como regulador social pero también como instrumento de transformación para la sociedad, lo mismo siendo un elemento de refundación y dinamización dialéctico del proceso social, o manifestándose como un instrumento de hegemonía del poder político fetichizado[3].
A partir del uso de la razón crítica se realizará un ejercicio hermenéutico sistémico, histórico y dialéctico desde los significados del derecho en la realidad social cubana revolucionaria, es decir, partiendo de las contradicciones sociales de la isla ubicada dentro de la matriz Latinoamericana. Con el fin de aportar algunas perspectivas del decursar de esas relaciones en tensión y, otras prospectivas de soluciones que siempre nacerán de ese vivir en constante transformación buscando claves de emancipación individual y colectiva.
Es así que este artículo construido sobre la base crítica-dialéctica lleva en sí pretensión de verdad, pretensión en cuanto que será un conocimiento científico falible desde el mismo momento en que se construye. La condición de falibilidad de estas reflexiones está dada inevitablemente por su propio carácter crítico-dialéctico, sustentado en la realidad social y para ella. Además, esta investigación también presenta pretensión de objetividad. Pretensión en cuanto una investigación crítica reconoce, explicíta y trata de ver que el condicionamiento histórico comienza en el propio investigador y en su objeto de investigación, siendo el sujeto parte del objeto pues también participa en su construcción[4].
II. El derecho en el proceso revolucionario: de la participación al centralismo, del centralismo a la participación.
Para analizar el derecho en Cuba debemos partir de que nuestra tradición jurídica tiene asiento en raíces romanas francesas debido a la dominación colonial española. Incluso, el sistema romano francés en la isla ha sido históricamente resistente a las penetraciones del common law, sobre todo en el período de la República que comienza en 1901, y que hasta 1959 fue dominada por Estados Unidos en el ámbito político y económico[5].
El triunfo de la Revolución en 1959 llega a la isla como un proceso de ruptura político-económico que indudablemente abarcó lo jurídico. El derecho cubano como fenómeno político social desde entonces se ha expresado de manera zigzagueante, en forma dialéctica, contradictoria. Sus manifestaciones han sido complejas, bien como mecanismo de participación social, bien como mero instrumento de legalización de políticas centralistas. Pero estas manifestaciones no siempre han sido excluyentes, en momentos la participación y la centralización se han mostrado entrelazadas legitimadas y legitimándose la una a la otra en función de cometidos políticos.
2.1 La década corta de los años 60s (1959-1968). Ruptura y construcción del poder político-jurídico.
El poder revolucionario desde el inicio se apoyó en mecanismos jurídicos para llevar a cabo los cambios prometidos y básicos reflejados en el Programa del Moncada[6]. El aparato estatal y el sistema normativo vigente no los permitían, por tanto, las primeras medidas fueron acompañadas primordialmente de cambios legales respecto al funcionamiento del sistema como tal. En ese sentido se tomó a la propia Revolución como fuente de derecho y los procesos jurídicos se ejecutaron como refrendo y legalización de los cambios políticos que se estaban realizando, donde en muchas ocasiones se dieron interesantes procesos participativos y populares. El derecho era usado como mediación política de los mandatos de la población que en su mayoría, se identificaban con las medidas adoptadas hacia y por el nuevo orden político que iba surgiendo, por lo que constaba de alta legitimidad mediante consenso popular.
La primera transformación relevante en la legislación cubana, ahora revolucionaria, fue la aprobación de la Ley Fundamental de 7 de Febrero de 1959 que se plantea es una copia de la famosa Constitución de 1940[7] con algunos cambios en su parte orgánica, no así en su parte dogmática. Las modificaciones necesarias se dieron en las funciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y con respecto a la propiedad, en cuanto a la regulación de expropiaciones sin previa indemnización, elemento esencial para poder llevar a cabo las medidas sociales invocadas por el Programa del Moncada ya mencionado. Las reformas agrarias, y la resolución de los problemas de la salud, la vivienda, la educación, el empleo y la industrialización, pasaban inevitablemente por esta modificación legal. Se podría decir que adoptar los postulados de la Constitución liberal que había sido aprobada hacía dos décadas no fue ni reposición ni renovación de la misma, sino sólo el punto de partida, no jurídico sino sobre todo político, de los cambios necesarios y reclamados por una gran mayoría de la población cubana en aquellos momentos[8].
Entre los años de 1959 y 1961 se produce un gran número de documentos legales de diferentes rangos jerárquicos que tienen como objetivo fundamental realizar las primeras transformaciones de la isla debido al nuevo proceso político. En este sentido, se dictan Leyes y Proclamas, con apego a las normativas constitucionales vigentes e incluso teniendo en cuenta medidas de cierto rigor jurídico para llevar a cabo los cambios con apego a derecho. Un ejemplo muy claro al respecto es la elevación a rango constitucional de algunas Leyes, entre ellas, la Ley de Reforma Agraria de 17 de mayo de 1959. Los motivos de tales rigores técnicos estaban dados por las interpretaciones de irretroactividad de la ley según la teoría de los derechos adquiridos[9], y al dotar a la normativa de jerarquía constitucional podría tener carácter retroactivo y no incurrir en controversia constitucional. Evidentemente, una Ley de Reforma Agraria, que pretendía otorgarles las tierras a los campesinos y proscribir el latifundio no tenía objeto de ser si no tenía carácter retroactivo, siendo además esta medida la respuesta a uno de los problemas fundamentales desde el punto de vista social de un país agrícola, -la tierra como sustento-. El latifundio existente y la falta de tierra en manos de campesinos que pudieran producirla para su sustento era uno de los conflictos sociales básicos por el cual había detonado la lucha revolucionaria contra la dictadura y la dominación imperialista de EUA en la isla.
En este sentido, un proceso revolucionario, de rupturas políticas y económicas, donde no se había definido un sistema político y jurídico a construir, y sólo se tenían claros los cambios sociales básicos a realizar hace que estas reformas legales se constituyan legítimas en cuanto a consenso popular y legales, al ser adoptadas por las autoridades competentes según la propia Ley Fundamental. Los hechos no se justifican por el proceso revolucionario per se sino por la legitimidad popular y la legalidad respetada que fundamentan los cambios que se estaban acometiendo.
Otro paso legal importante en este período fueron las acciones de nacionalización de las empresas propiedad de personas jurídicas estadounidenses ubicadas en el territorio nacional junto a los derechos y acciones emergentes de la explotación de las mismas[10]. Las acciones jurídicas se llevaron a cabo mediante el recurso de expropiación forzosa y a favor del Estado Cubano. Estas ejecuciones tuvieron vida jurídica a partir de la resolución del 6 de agosto de 1960 dictada facultativamente por el Presidente y/o el Primer Ministro con fundamento legal en la Ley 851 del 6 de julio de 1960. También es de destacar que existió un argumento político-económico para realizar tales acciones como fue la eliminación de la cuota azucarera de EUA a Cuba, -cuota que implicaba la mayor cantidad de exportaciones de la isla en ese rubro-; el boicot de las empresas petroleras contra la refinación del petróleo que era traído desde la URSS hacia la isla; entre otras acciones económicas específicas relacionadas con la producción nacional cubana dependiente totalmente de la infraestructura material y financiera estadounidense.
Estas medidas son las primeras que marcan indicios de independencia económica que hasta ese momento Cuba no había experimentado en su historia moderna[11], junto a un marcado carácter antiimperialista y de liberación-soberanía nacional del proceso político que se estaba llevando a cabo. Pero es la Ley de Nacionalizaciones aplicada a empresas privadas cubanas del 15 de octubre del mismo año la que marca un giro en este proceso hacia un proyecto que empieza a poner el bien público y colectivo por encima del individual en aras del desarrollo económico del país[12].
Podemos agregar que en esta etapa inicial del proceso revolucionario el derecho tuvo un uso eficaz como mecanismo de transformación para con el sistema político anterior, sentando pautas para comenzar a construir lo que se perfilaba como nuevo. Por ejemplo, entre 1959 y 1961 se suscitaron desde reformas constitucionales de gran importancia como: la suspensión de la vigencia de los preceptos constitucionales que establecían edades mínimas y tiempo mínimo de ejercicio profesional para el desempeño de cargos públicos; suspensión de la inamovilidad de funcionarios judiciales y fiscales; el establecimiento de la retroactividad de la ley penal cuando se tratare de crímenes cometidos por personas que trabajaron para la tiranía o, suspendiendo la vigencia del recurso de habeas corpus por el término de 90 días y solo en relación con personas sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Revolucionarios, por delitos cometidos durante la guerra; hasta reformas de carácter meramente administrativo con mayores o menores incidencias como son: la vigencia de los pasaportes; la legislación de Seguros y Reaseguros; formalidades en la firma de leyes y decretos; suspensión del curso académico en los centros de enseñanza secundaria de la nación; anulación de títulos académicos otorgados por universidades privadas y extinción de éstas; normas para los registradores de la propiedad; abolición de la cuota sindical obligatoria; u otras cuestiones relevantes como el nuevo presupuesto de la nación y; modificaciones de las leyes orgánicas del poder judicial y del poder ejecutivo.
Lo relevante de esta etapa, -como ya mencionamos-, es que los procesos jurídicos llevaron en sí un proceso participativo intenso[13], propio de la euforia del triunfo revolucionario y las expectativas de cambio, -ya no sólo por el fin de la dictadura de Fulgencio Batista-, sino por la construcción de una sociedad con mayor bienestar para muchos grupos mayoritarios excluidos de bienes de consumo básicos.
Algunos invocarán la ilicitud y la falta de seguridad jurídica de todas estas reformas jurídicas. Por supuesto, si concebimos al derecho como norma jurídica dogmática, inamovible, basado en los principios liberales de seguridad jurídica para la propiedad privada y respeto de este derecho patrimonial por encima de los derechos humanos de las personas, pues estaríamos de acuerdo que todas las medidas tomadas son ilegales y quebrantan los principios del derecho moderno y capitalista.
Pero ya hemos comentado que nuestra concepción del derecho es la de un fenómeno sociopolítico normativo que emerge, se desarrolla y se transforma en tensión desde la realidad social, en relación con los ámbitos políticos, económicos y sociales. El derecho así se constituye como una de las mediaciones políticas-institucionales existentes donde se ejercita el poder delegado por la comunidad política. Los mandatos del poder delegado han sido determinados por la comunidad mediante consenso con el objetivo primordial de reproducir la vida, que a su vez, es la esencia de la política[14]. En este sentido, la legalidad se fundamenta en la legitimidad del pueblo que por consenso construye y clama sus derechos, pero el respeto de los derechos todos y para todos, no de los pocos que detentan propiedad privada. Si ponemos la vida digna del ser humano como principio material de existencia, nos damos cuenta que esta no puede existir sin la alimentación, vivienda, salud adecuadas, junto al proceso espiritual de la educación, la cultura, la información, en conjunto con el derecho a participar de las decisiones del conglomerado sociopolítico en el cual se desarrolla la persona. Todas estas son necesidades básicas del ser humano individual y colectivamente que se han trasformado históricamente en derechos para que sean protegidos, respetados y cumplidos. Por tanto, concebimos a los derechos y su cumplimiento sin jerarquías, de manera interdependiente y con la características de universalidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e indivisibilidad, distinguiendo que el derecho a la propiedad privada no las tiene, porque es particular, excluyente, alienable, prescriptible, por tanto, no es un derecho humano que no debe tener el mismo tratamiento, sino ser limitado por el propio derecho en aras de que se protejan los mecanismos de satisfacción de las necesidades básicas de las personas por encima de los intereses individuales patrimoniales[15].
Entonces, si un proceso revolucionario como el cubano realizó mediante derecho cambios encaminados a las satisfacciones de las necesidades básicas de las colectividades, es decir a la reproducción de la vida de la comunidad política en su conjunto, yendo contra intereses individuales que incluso no eran mayoritarios en la población cubana, no hay mejor argumento que la aceptación, ya no sólo legal por sustento en normativas jurídicas, sino legítima por consenso popular, por tener fundamento material en la vida de las personas que vivían en Cuba en esos años convulsos y sobre todo, revolucionarios.
Después de todos estos argumentos podríamos valorar que en la década de los años 60 el derecho en Cuba estuvo marcado en su desenvolvimiento creativo y aplicativo con un gran un espíritu participativo porque constituyó un mecanismo de transformación muy ligado al proceso de ruptura político que se estaba viviendo. No obstante, si bien hay un proceso de construcción sociojurídica entre la comunidad política y las instituciones, la esencia de estos cambios manifestaron que las relaciones jurídicas del Estado frente a los particulares constituían el centro y casi la única dimensión del derecho obviando que el fenómeno jurídico en tanto, social, es una constante en el proceso social y lleva en sí las complejidades del mismo abarcando no sólo la esfera pública sino también la privada de las personas.
Por otro lado, para finales de la década, comenzaron a percibirse contradicciones bastante evidentes dentro del sistema jurídico en su totalidad producto que se había desmontado lo fundamental de la legalidad del régimen anterior, pero todavía perduraban muchas normativas de contenido y fundamentación ética vinculado al sistema moderno liberal y al funcionamiento sistémico romano francés. Al mismo tiempo, intentaba nacer un nuevo sistema jurídico que contenía ya abundante legislación, inorgánica y sin articulación sistémica pero que tampoco se sabía como debía ser.
Estas contradicciones del sistema jurídico son atravesadas por concepciones sobre el derecho que son hijas del nuevo contexto nacional ya declarado socialista[16] con influencias desde la Unión Soviética[17] y de la propia tradición jurídica de raíz hispánica de la isla. Se pueden resumir en dos posiciones:
a) Concepción nihilista hacia el derecho: Fundamentada en interpretaciones dogmáticas e idealistas del marxismo acerca del desarrollo de la sociedad y del fenómeno jurídico dentro de este proceso. Pensar que el derecho socialista se produciría espontáneamente una vez transformadas las relaciones sociales de producción donde incluso se eliminarían las conductas antisociales y por ende los delitos. Esto incluso provocó que entre los finales de la década de los 60 e inicios de los 70 se redujera considerablemente la matrícula y la currícula de estudios de la Escuela de Ciencias Jurídicas en las universidades cubanas[18].
b) Concepción normativista formalista del derecho fundamentadas en las teorías kelsenianas que evidentemente marcaron el funcionamiento del sistema jurídico desde antes del triunfo de la Revolución y que nunca fueron desterradas completamente del pensamiento jurídico cubano[19].
En este sentido, culmina esta etapa con un sistema jurídico incoherente, no articulado, entre tradiciones romano francesas desdibujadas y un sistema socialista en composición pero indefinido en muchos aspectos. Hay que destacar que el sistema jurídico socialista siempre ha sido un sistema construido sobre bases empíricas, en el decursar de procesos políticos revolucionarios, históricamente aún se considera joven, incluso más en aquella época que aún estaba en proceso de configuración y completamiento. Además, la matriz de su construcción, -los países socialistas existentes de Europa y Asia en esos momentos-, presentaban diferencias entre los ordenamientos jurídicos producto de sus disímiles tradiciones jurídicas percibiéndose al sistema soviético como la matriz para esta edificación. Y aquí radicaba lo peculiar, el sistema jurídico soviético, los sistema de Europa del Este y Cuba teníamos en común la marca romano francesa por lo que se hacía difícil también una reconstrucción diferente, sobre todo desde el punto de vista técnico jurídico.
Estas contradicciones sistémicas y de nociones del derecho descritas anteriormente provocaron afectaciones en una técnica jurídica cada vez más popular y progresista. El balance final es que en el proceso de creación de las normativas jurídicas se concebían como fundamentales las fuentes del derecho estatales, es decir, con gran rigidez monista, sin tener en cuenta fuentes populares como la costumbre que por esencia es autóctona y siempre se encuentra vinculada a la realidad social. Por estos motivos, a las regulaciones jurídicas cubanas le faltaron contenidos culturales importantes y necesarios para una concepción propia del fenómeno jurídico en el nuevo proceso político. Todo lo planteado no quita que dentro de cada una de las normativas aprobadas y suscritas, amén de tendencias pragmáticas y utilitaristas ya emergía la característica principal que denotaría el nuevo sistema jurídico socialista, un sistema ético con una nueva axiología jurídica fundamentada en las nuevas condiciones políticas en que se desarrollaba la sociedad cubana.
2.2 La década larga de los años 70s (1968-1986). De la legalidad burguesa a la socialista.
Ya desde finales de la primera década revolucionaria la isla está inmersa en un proyecto político nacional socialista y con la consolidación suficiente para dar pasos certeros hacia la institucionalización del proceso revolucionario. El punto clímax del proceso de institucionalización en Cuba revolucionaria siempre se ha planteado con la aprobación de la Constitución de la República de Cuba en 1976, pero realmente fue un proceso mucho más largo que tuvo antecedentes desde el propio inicio de la Revolución[20], pero para este trabajo nos interesa concretamente el año 1968. A partir de este año, se llevaron a cabo estudios, experimentaciones y articulaciones acerca de las estructuras políticas y jurídicas que se querían implementar ya con una visión más enfocada a un sistema político-jurídico socialista. El ejemplo más claro desde el punto de vista jurídico es la creación de la Comisión de Estudios Jurídicos por el Comité Central del Partido Comunista en abril de 1968, que comenzó a laborar en 1969 y fue presidida por Blas Roca Calderío. En esta comisión se agruparon juristas de todos los sectores incluyendo académicos que realizaron un análisis profundo del sistema jurídico haciendo propuestas legislativas muy importantes que marcaron, una vez aprobadas, la labor normativa de toda esta larga década en estudio. Por supuesto, la comisión centró su trabajo en la elaboración de lo que sería la Carta Magna, pero realizó un sinnúmero de propuestas legislativas que se aprobaron y denotaron una producción jurídica con la impronta de lo que se quería como sistema jurídico socialista. Es válido aclarar que toda la legislación aprobada en los años 70s tuvo dos momentos, uno con la comisión mencionada, otro, la comisión siendo ya parte del órgano supremo del poder estatal, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) dentro de sus comisiones de trabajo, en específico, la de Asuntos Jurídicos y Constitucionales que existe hasta la fecha.
En este sentido, para realizar el análisis de cómo se expresó el derecho en Cuba en este período, lo dividiremos en dos etapas concebidas como; antes de la Constitución y la instauración de los órganos estatales del poder popular (1970-1976) y posterior a este suceso (1976-1986).
La primera etapa está marcada por la construcción y consumación del proceso de institucionalización y se caracterizó por su realización mediante profundos procesos participativos que no sólo abarcaron la aprobación directa de la legislación -en algunos casos-, sino la discusión de muchas de las propuestas de sus textos mediante las organizaciones sociales y de masas en todo el país[21]. Esto provocó que estas primeras legislaciones fueran de alta calidad en su contenido marcado sobre todo por una axiología sustancialmente popular y muy ligada al proceso revolucionario[22]. Es decir, el proceso de creación del derecho fue esencialmente popular, con propuestas bastante elaboradas jurídicamente y su discusión masiva consensual nos delimita al derecho como un instrumento de transformación social y como una mediación esencial para la articulación de la política.
El ejemplo más claro de lo anteriormente expresado fue la aprobación de la Constitución vigente el 24 de febrero de 1976 por referéndum popular. Después de un debate profundo en todos los sectores sociales, el 15 de febrero de 1976, por sufragio universal, único, libre, igual y secreto, votó el 97.7% de la población -aproximadamente 6 millones de personas-, en edad electoral -más de 16 años-, otorgando el si a la Constitución, que fue promulgada el 24 de febrero de ese año. Es interesante resaltar como la consulta plesbicitaria que se llevó a cabo se plasmó por propuestas de ciudadanos (participaron en los debates 6 216 981 de personas con capacidad jurídica), con 12 883 enmiendas y 2343 adiciones al proyecto original, apoyadas por 91 861 votos, además de que hubo 64 020 votos a otras propuestas. Los votos a favor del proyecto constitucional fueron de 5 602 973 a favor, en contra 54 070 (1%), anularon sus boletas 31 148 personas, y manifestaron su voto en blanco 44 221 personas.[23]
Del texto constitucional en sí nos interesa remarcar que en el se consagraron todos los logros políticos, económicos y sociales que se habían llevado a cabo en la práctica desde el triunfo revolucionario. Y desde el punto de vista institucional se plasmó orgánicamente como sería todo el sistema estatal cubano, el cual comenzaría a funcionar a partir de este momento como se aprobó legalmente. En este caso, la Constitución fue el documento que explicita la modelación de la trasformación que se había estado dando en la sociedad cubana, articulando sus principios y postulados en formas organizativas. Se podría plantear que los principios y postulados allí expresados concebían en sí la ética revolucionaria, de contenido altamente humanista[24]. Si los enunciamos encontramos la igualdad, la justicia social, la dignificación de la vida del ser humano, la preservación de la independencia y soberanía nacional, los valores antiimperialistas y de solidaridad en el internacionalismo proletario –que se enfocaba hacia los denominados países del “tercer mundo” o periféricos principalmente-, y la legitimación del trabajo como mérito y valor principal para el ejercicio social de las personas. En este sentido, partiendo desde la forma de discusión y aprobación, pasando por su contenido, el sistema jurídico socialista cubano se había conformado con el derrotero de cumplir a cabalidad la Constitución cubana, velar por su plena realización, y cambiarla si era necesario producto de la realidad social, en función de que fuera siempre el reducto ético del deber ser de la sociedad cubana.
Es pertinente comentar que el proceso de institucionalización no sólo se percibió como la estructuración del aparato estatal y del sistema político sino también como la articulación adecuada de un sistema jurídico propio, los dos, enmarcados dentro de lo que se concebía como sistema socialista[25]. El sistema normativo hasta aquí conformado, -Constitución y leyes aprobadas y vigentes-, aunque producto de todo el devenir del proceso revolucionario, llevaba en sí una propuesta alternativa a los valores promulgados por el sistema político liberal capitalista. El sistema jurídico cubano, traía consigo un nuevo núcleo ético de base humanista que propugnaba ante todo alternatividad al egoísmo, al individualismo, al patrimonialismo que defiende el estado de derecho liberal.
En la segunda etapa (1976 a 1986) el proceso de producción legislativa tuvo continuidad en un sinnúmero de leyes, decretos-leyes, decretos y reglamentos que se aprobaron sistemáticamente[26]. Esta legislación y el proceso jurídico en sí tuvo otros decursares. Primero, estuvo marcada por ser una producción institucionalizada, no participativa, pero que a la vez pretendía ser proletaria, utilizando un lenguaje radical, popular, desenfadado, despojado de todo tipo de artificialismos y formalismos. Aparentemente esta tendencia iconoclasta podría parecernos relevante de lo que el sistema quería construir como nuevo pero realmente el resultado fue una legislación poco orgánica, sin estructuración científica y vertebración coherente, temas inmanentes al derecho como sistema normativo[27]. Las normativas tuvieron un carácter operativo, pragmático, con un lenguaje vulgarizado y adulterado en cuanto a concepciones específicas de instituciones jurídicas. Podría decirse que esta actitud fue lo mismo fruto de cierta ignorancia, ligada a espontaneísmos, y lo que es peor, a la copia simple de documentos jurídicos completos establecidos en los países del denominado socialismo real[28]. Con esta actitud los juristas cubanos habían abandonado las técnicas jurídicas del sistema romano francés –que si bien hemos descrito anteriormente constituyó un freno del nuevo sistema en construcción no se puede negar el rigor de algunas técnicas jurídicas con más de 2000 años de desarrollo-; además dejaron atrás estudios doctrinales de siglos con respecto al lenguaje, contenido, organicidad y sistematicidad de algunas instituciones jurídicas. No se puede perder de vista que la cientificidad del derecho como ciencia social va a tener un pilar fundamental en la realidad social pero también en el devenir histórico mediante el cual se ha desarrollado y trasformado continuamente desde la propia realidad. El ejemplo más importante de estos fenómenos fue el Código Civil Cubano de 1987 que obvió toda la tradición jurídica romano francesa para adentrarnos en una simplicidad que nada tiene que ver con las relaciones jurídicas de una sociedad compleja y en constante transformación.
Otros fenómenos que se sumaron a los anteriores y se manifestaron en el devenir de la construcción sistémica jurídica en los años 80 fueron el aumento ostensible de regulaciones que provocaron dispersión jurídica, yuxtaposición de las normas, desarticulación entre las distintas ramas del derecho y entre las normas sustantivas y adjetivas, falta de organicidad en la promulgación de nuevas disposiciones, sobre todo de nivel menor, todo, provocando evidentes contradicciones e incoherencias sistémicas[29]. Aunque todas estas acciones se realizaron en aras de articular mejor el sistema normativo con el funcionamiento económico-social, también influyeron criterios burocráticos e inmovilistas, contrarios a posiciones dialécticas que se debían propugnar en la construcción social.
Antes de continuar el análisis quisiéramos realizar un impasse y enfatizar en el tema del copismo que se realizó de la legislación de los países de Europa del Este, su importancia y afectación al sistema jurídico cubano socialista en formación.
Primero, habría que plantear que fue hasta cierto punto natural que Cuba, aliada con la Unión Soviética y todo el campo socialista buscara referencias en las instituciones políticas y jurídicas de aquellos países que se suponían tenían muchos más años construyendo dentro de aquel interminable período de transición socialista hacia la sociedad emancipada. Algo debían conocer mejor del proceso, más aún, cuando teóricamente los precursores de la Filosofía Marxista en el siglo XIX, Carlos Marx y Federico Engels, no realizaron un análisis del fenómeno jurídico en el sistema liberal con la profundidad que realizaron el estudio del funcionamiento económico del sistema capitalista. Mucho menos se abocaron a describir-prescribir como debía ser el derecho en el sistema socialista y comunista, más aún, cuando apenas esbozaron lo que ellos concebían como la sociedad que debía superar indefectiblemente al capitalismo, el comunismo, planteando que pasaría por una transición, la socialista. Por otro lado, no es menos cierto que los escritos de Marx y Engels se pueden clasificar en teóricos y de propaganda política, como intelectuales orgánicos que no escribían desde una confortable biblioteca sino que participaban activamente en la lucha política-social que llevaban los obreros en la Alemania capitalista industrial del siglo XIX. En este sentido, hay escritos como la famosa Crítica al Programa de Gotha donde plantean que el derecho en el socialismo seguiría siendo burgués y por tanto desigual, instrumento de dominación de las clases dominantes, por tanto, sólo dejaría de serlo en la sociedad comunista donde desaparecería junto al Estado por no tener razón de ser las instituciones de dominación en una sociedad emancipada[30]. Este escrito, como toda la obra de los marxistas clásicos, no debe analizarse de manera aislada. Analizar exegética y dogmáticamente la obra Marx y Engels fue lo que hicieron muchos intelectuales y dirigentes de los países que se declaraban socialista en el siglo XX. No profundizar en las concepciones que los marxistas clásicos nos expusieron basándonos en su propia metodología histórica-dialéctica y en el análisis de los fenómenos en la totalidad social, -entre ellos el derecho como fenómeno sociopolítico normativo-, dio como resultado interpretaciones desvirtuadas de las concepciones marxistas de la sociedad. Hoy podemos decir, que esas disquisiciones permearon las concepciones teóricas y filosóficas del derecho pero también muchas de sus expresiones prácticas[31], y parte de todo este fenómeno también fue copiado en Cuba.
Podemos resumir que todos los fenómenos descritos en el sistema jurídico cubano en esta segunda etapa de la larga década de los años 70s, -posiciones doctrinales y técnicas totalmente rezagadas, burocratismo e inmovilismo, fetichización de las concepciones marxistas del derecho producto del copismo soviético, falta de pensamiento iusfilósofico e histórico en la construcción de concepciones del fenómeno jurídico, etc.-, provocaron una tendencia instrumentalista del derecho, sobre todo, desde el punto de vista político. El derecho cubano era percibido únicamente como el instrumento de dominación de la clase dominante, ubicado en la superestructura política y determinado por las relaciones económicas. Es decir, se instrumentalizó el derecho como un fenómeno político que implementaba las decisiones del Estado, y que concebido así, se manifestó operativamente en la aplicación, enseñanza e investigación jurídica con un sentido completamente normativista formalista; sus formas de interpretación fueron completamente exegéticas, su enseñanza meramente ubicada en el derecho positivo y su investigación sin análisis crítico, pura retórica sin creatividad ni aportación teórica ni filosófica para el funcionamiento del fenómeno jurídico en la realidad social[32]. El derecho cubano a finales de la década de los 70s y principios de los 80s se volvió una institución de poder fetichizada, instrumento de dominación y no de emancipación.
En este sentido, el derecho dejó de ser concebido y practicado como el mecanismo de transformación social, como la mediación política necesaria para que la comunidad política articulara sus intereses consensuados. Recordemos que el derecho interpretado como fenómeno sociopolítico normativo y como mecanismo de transformación social, es una de las mediaciones adecuadas para la expresión de los valores que la sociedad pretende encarnar y es uno de los medios que tiene la comunidad política para su propia construcción emancipadora. Eliminar la potenciabilidad del instrumento es también coartar la potencia de la comunidad misma.
Concluyendo el análisis crítico realizado de este período y de acuerdo a todos los elementos aportados, podemos perfilar que no obstante errores, copismos y malos funcionamientos, se ha constituido un sistema jurídico socialista cubano con ciertas características en su naturaleza jurídica que marcan diferencias fundamentales con respecto a otro tipo de sistema jurídico. Analizaremos las más relevantes, las que se encuentran en el denominado derecho político y con respecto al contenido mismo del derecho.
Existen grandes desacuerdos en cuanto a los principios rectores para el funcionamiento de la política, la forma de estado –visto como todas las instituciones-, sus fundamentos políticos, económicos y sociales, sus principios de organización y funcionamiento, abarcando las esferas ejecutiva, legislativa y judicial, los derechos que reconoce, protege y garantiza, etc., todos, objetos de análisis del derecho político.[33] En esencia, todo lo relacionado a lo regulado en el orden constitucional principalmente. Por ejemplo, para mayor ilustración se pueden analizar elementos particulares del sistema jurídico socialista. Éste se encuentra fundamento en el principio de la legalidad socialista que no es otra cosa que el respeto a la Constitución, las leyes, como elemento básico de desarrollo y control de la vida social con la participación de la población en la construcción de las normativas que regulan el funcionamiento social. Por tanto, el derecho construido por consenso implicaría una legitimidad de origen que puede convertirse en legitimidad de rendimiento si el mismo responde siempre a la realidad social cambiante del conglomerado social. Un elemento muy importante es que el denominado poder judicial no lo es como tal, sino son órganos estatales con la función judicial que internamente tienen estructuras y funcionabilidades de manera vertical (unidad de poder), que toman las decisiones en función del principio de centralismo democrático (mayoría sobre minoría, es decir colegiadamente, los órganos inferiores como Tribunales Municipales se subordinan a las decisiones de los superiores como los Tribunales Provinciales y Supremo, todos del Poder Popular), y que son controlados en cuanto a la designación y ejecución de sus funciones por los representantes populares –delegados municipales, provinciales y diputados-, a todos los niveles de la división política administrativa (sistema de representación popular). Como percibimos, estamos hablando de conceptos, estructuras y funciones que nada tienen que ver con el denominado sistema político liberal por tanto, autóctono, diferente, y muy respetable, sobre todo si las personas han decidido que sus instituciones políticas-jurídicas funcionen así y las legitiman con su consenso aprobatorio originalmente, y después con su uso y respeto cotidianamente, es decir, enmarcada en la denominada legitimidad de rendimiento.
La otra diferencia que marcó el sistema jurídico socialista con respecto a otros fue en el contenido del derecho, sobre todo con el surgimiento de nuevas ramas y la desaparición de otras. La importancia de este rubro es que indicó un desarrollo legislativo y doctrinal diferente con respecto a determinadas relaciones sociales nuevas o que se volvieron obsoletas en estas sociedades. Por ejemplo, surge el derecho económico –que estudia principalmente las relaciones entre personas jurídicas estatales económicamente-, y subsecuentemente, propio de las nuevas relaciones económicas absorbidas por el ámbito público, desaparecen ramas como el derecho mercantil, comercial, financiero, fiscal, hipotecario, etc. Por otro lado, es bueno mencionar otras ramas del derecho que destacaron por sus nuevas concepciones y reconstrucciones jurídicas sobre los bienes jurídicos que protegían. Este es el caso, por ejemplo, del derecho agrario que se desarrolló motivado por la importancia que siempre tuvo la tierra en estos procesos sociales; primero, por ser sociedades donde la agricultura era uno de los medios fundamentales de producción para la vida de las personas; segundo, por ser elemento en discordia entre los grupos sociales que dominaban grandes cantidades de tierras y los que apenas las podían ocupar para laborar; tercero, por ser reclamo de los pueblos que activamente llevaron a cabo los procesos revolucionarios, elemento este último consecuencia de los dos primeros. Otro caso es el derecho laboral, el cual se fue desarrollando en gran medida y complejidad intentando regular uno de los principios fundamentales de este tipo de sociedad, que el trabajo sea mérito y valor, compensación y armonía, goce y disfrute, sin explotación, con fines de desarrollo individual y colectivo.
Hechas las valoraciones críticas de todo el período y los análisis muy generales de lo que consideramos se modeló hasta ahora como un sistema jurídico socialista podríamos analizar todo el período que da inicio con el proceso de rectificación de errores en 1986 y la caída del campo socialista en los años 90s, etapa larga y compleja, donde ocurrieron reformas constitucionales, crisis económicas, descentralizaciones, centralizaciones y reestructuraciones de facto del sistema político-jurídico.
2.3 Errores y rectificaciones, crisis y rupturas, nuevas realidades y nuevos actores. Impactos en el sistema jurídico. (1986-2002)
Los fenómenos descritos en el apartado anterior nos indican como el sistema cubano y en el, el derecho, transcurrió dialécticamente entre la participación y la fetichización. El derecho como institución política mediadora de la comunidad política se comportó sin armonización, incoherente, invertebrado y hasta desnaturalizado dentro del propio sistema jurídico socialista que ya había nacido y se consolidaba.
Por supuesto, las interpretaciones pueden ser varias, pero depende desde que posición epistemológica y paradigmática desde el punto de vista político se analice el fenómeno. Desde el paradigma político liberal y la epistemología positivista podemos ver los que argumentan que es natural la consolidación, centralización y ambición del poder de las personas que dirigen en las instituciones, lo cuales ejercen el mismo cada vez más y sin límites, con un solo objetivo, seguir consolidado en el poder mismo para sí, –poder negativo-. Desde nuestras concepciones de poder y política fundamentadas en perspectivas crítico dialécticas podemos decir que un sistema que pretende construir emancipación funciona ante todo dialécticamente, entre contradicciones, complejidades y soluciones. Por tanto, sus instituciones políticas son mediaciones del ejercicio de decisiones tomadas por la suma de voluntades consensuadas de la comunidad política. Este ejercicio se puede fetichizar, es decir, perder la naturalización de sus funciones y en vez de ejercer el poder delegado como potestas, lo ejercen como poder autoreferenciado por ellos mismos. El reto de las sociedades es saber rectificar este funcionamiento, redimensionar el aparato institucional en sus funciones y estructuras si es necesario y dialécticamente hacer que la personas responsables en las instituciones regresen al “mandar obedeciendo” de los mandatos de la comunidad política para la reproducción de la vida[34].
En este sentido, la sociedad cubana, y en especial su propia dirigencia política supo ver el marcado carácter fetichizador de sus instituciones. Dicho en otras palabras, percibieron la necesidad de la reconsideración del papel de las organizaciones políticas, del redimensionamiento de las organizaciones sociales y de masas y, la redefinición del funcionamiento de los órganos estatales, todo en conjunto, dándole un papel preponderante en todas estas acciones a la población como ente fundamental en la toma de decisiones. De ahí que en el marco del III Congreso del Partido Comunista de Cuba en Febrero de 1986 comience el debate que tuvo como eje fundamental estas necesidades, transversalizadas por el objetivo principal de valorar las condiciones de vida de la población, sus demandas, y su participación activa en las soluciones, es decir, la profundización y perfeccionamiento de los niveles democráticos del sistema[35].
Los debates generados tuvieron un punto importante en la sesión diferida del Congreso de diciembre del propio año donde se aprobó el conocido Primer Programa del Partido Comunista de Cuba, documento que nuevamente había sido discutido participativamente en la sociedad mediante las organizaciones políticas, sociales y de masas. A todo este proceso se le denominó de “rectificación de errores y tendencias negativas” y marcó la pauta del inicio de una reestructuración política-estatal-económica que tuvo su clímax jurídico con la reforma constitucional de 1992. Los cambios que se discutían no tenían un objetivo jurídico como núcleo, pero en el decursar de los análisis y las medidas que se comenzaron a tomar enseguida generaron impactos en el sistema jurídico y emergió la necesidad de que hacía falta su reorganización por su falta de organicidad y sistematicidad.
En medio de los debates y las medidas reorganizativas de la sociedad cubana ocurren una serie de sucesos desde el año 1989 hasta 1991 que se conoce como el derrumbe del modelo socialista europeo o la caída del campo socialista.
Las consecuencias de estos sucesos para Cuba han sido muy estudiadas[36]. De manera muy general podemos decir que la afectación mayor fue a la economía en cuanto a sus importaciones con una pérdida de cerca del 80 %, afectando no sólo la producción mediante materias primas sino toda la infraestructura del país que estaba montada sobre la base de tecnología soviética o de otros países de Europa del Este. La nota final de la crisis económica la da el PIB que llegó a una cifra record de un -36% en el año 1993. Por estos motivos los procesos económicos de reestructuración que se estaban llevando a cabo quedaron truncos.
Otro elemento contextual importante que no se puede dejar de mencionar es que las respuestas dentro del contexto internacional hacia la isla no fueron muy favorables. El bloqueo económico y comercial impuesto a Cuba desde el año 1962, ya referido con anterioridad, se comenzó a tornar mucho más recrudecido con nuevas medidas tomadas por las administraciones del gobierno de los EEUU. A partir de 1992 el Congreso norteamericano aprobó nuevas sanciones contra Cuba, estas se suscribieron mediante la Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli, -que con el mismo objetivo de las regulaciones anteriores-, declaraba pretender el aislamiento político y económico de Cuba. Los argumentos para sustentar tal política ya no eran de seguridad nacional, pues evidentemente se había acabado la llamada “guerra fría”, ahora eran la “violación de los derechos humanos y la falta de democracia” en la isla. “Cuatro años más tarde, en 1996, quedó promulgada la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Helms-Burton. Esta ley codificó todas las normas, regulaciones, leyes y órdenes presidenciales adoptadas desde 1962 con relación al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto a Cuba, sin importar su jerarquía normativa. De esta forma toda la legislación en materia de bloqueo era elevada a rango de ley y las facultades que le habían sido encomendadas al Presidente de los EE.UU. en la Ley de Ayuda Exterior para enmendar o dejar sin efecto todas las disposiciones legislativas referidas al bloqueo, pasaban ahora al Congreso” [37].
Paralelo a todas estas problemáticas de rupturas, crisis y enfrentamientos, la isla no había dejado de poner atención a la necesidad del proceso de reestructuración interna de la política y el funcionamiento de las instituciones estatales en aras de mayor democratización de la sociedad. Ahora se le unían los nuevos cambios en la economía que se venían venir por su ineludible reinserción en el mundo capitalista globalizado, con quien no había tenido casi contacto desde los años 60s con su alianza con los países del campo socialista.
Es así como con la convocatoria al IV Congreso del Partido Comunista de Cuba conocida como Llamamiento al IV Congreso, se hace una invitación al debate intenso de las nuevas condiciones del país, de los problemas de la institucionalidad cubana, de su perfeccionamiento, de la participación popular como eje fundamental en las soluciones, y de las nuevas y necesarias articulaciones económicas para asegurar un desarrollo económico y social para el país en los próximo años[38]. Este proceso de discusión comenzó en 1990 y recorrió toda la isla en todas sus instancias organizativas. Su culminación fue con el Congreso político y la aprobación de seis Resoluciones que sistematizaron el debate público y el interno de la organización partidista que comprendía problemas, medidas propuestas y a tomar para la resolución de las problemáticas presentadas[39].
A partir de los debates y las resoluciones partidistas la Asamblea Nacional asumió la responsabilidad de los cambios legislativos que se tenían que llevar a cabo generando impactos profundos al sistema jurídico existente, ya no por el inicial interés de generar mayor coherencia y sistematización, sino por la adaptación a las nuevas condiciones socio económicas en las cuales se sumergía el país.
La más relevante modificación jurídica fue la reforma constitucional de 1992. La misma fue amplia y en ella se determinaron cambios importantes en diferentes rubros. De manera general podríamos señalar que se adicionaron tres capítulos: Extranjería, División Político-Administrativa y Estado de Excepción y se modificaron 77 artículos de un total de 141, se redujeron de éstos, 4 artículos, es decir, la Constitución presenta ahora 137 disposiciones constitucionales. En cuanto a contenido, la normativa constitucional contiene definiciones de principios, sus desarrollos y procedimientos se encomiendan a la legislación secundaria, por tanto, sus normativas son normas-principios que se desarrollan en disposiciones infraconstitucionales[40].
Los cambios que consideramos más importantes para el análisis de este trabajo podríamos calificarlos como políticos y económicos.
Dentro de los políticos lo fundamental fue el perfeccionamiento del funcionamiento de los órganos estatales a todos los niveles. Su expresión se puede resumir en:
– Elección directa de los representantes populares a nivel Provincial y Nacional, antes se realizaba de manera indirecta. Esto provocó que se habilitaran los mecanismos de control popular para los mismos como fue la rendición periódica de cuentas y la revocación de mandatos. Se constituyó así en el cambio más significativo en cuestiones participativas desde el punto de vista del actuar social;
– En los órganos estatales a nivel municipal y provincial se reorganizaron las estructuras en aras de que fueran funcionales y eficientes abarcando la diferenciación de funciones del eslabón municipal y el provincial, se delimitaron con mayor claridad las instancias de la división político-administrativa, se perfilaron las funciones de las Comisiones de Trabajo como órganos de coordinación de la labor de las asambleas locales, se crearon los Consejos de Administración como ente ejecutivo para realizar las tareas en las localidades y, se suscribió una nueva estructura denominada Consejos Populares -que ya existía experimentalmente en la capital del país-, y que su función fundamental es fiscalizar y controlar el trabajo del ente administrativo local por los representantes populares;
– La concepción del Estado se transformó a una noción más amplia de sujeto popular cubano, pasó de ser un Estado de obreros, campesinos y trabajadores manuales a intelectuales a un Estado de trabajadores de manera general;
– Se eliminó la referencia del Estado ateo declarándose al ente público como laico, lo cual explicita el reconocimiento y respeto a la libertad religiosa por parte de esta institución política;
Las reformas de contenido económico fueron:
– Se modificó el sistema de propiedad generando nuevas estructuras y relaciones, además de los principios que incidieron en la distribución igualitaria del producto social global y por ende, de la estructura social. En este sentido, se admite la propiedad estatal sobre medios fundamentales de producción y no sobre todos los bienes; se regulan nuevas formas de propiedad como la de las empresas mixtas –las cuales tienen capital privado foráneo-, y nuevas formas de propiedad estatal vinculadas a la agricultura por la creación de formas organizativas como las Unidades Básicas de Producción Agropecuaria; además que se amplían las formas de propiedad cooperativa como es la de créditos y servicios.
– Se descentralizan las funciones de Comercio Exterior, es decir, la función pasa de ser centralizada por los órganos estatales superiores a una operación más dentro del sistema económico donde puede ejercerse por actores económicos autorizados como Ministerios y Empresas.
Estas modificaciones constitucionales, -más todas las situaciones coyunturales- impactaron al sistema jurídico en varios sentidos; cambios en la legislación secundaria –nuevas leyes y/o reformas a las legislaciones existentes[41]-, reapertura de ramas del derecho eliminadas en el devenir histórico del sistema jurídico, que consecuentemente incidieron en nuevas materias en el programa de estudios de la carrera de derecho en las universidades y en nuevas investigaciones doctrinales al respecto.
Podríamos realizar una clasificación relacionando la legislación con mayor incidencia política, es decir, en el ámbito de las instituciones estatales y sus representantes y, la de corte más económico producto de las nuevas realidades internas y externas a las cuales estaba siendo sometida la isla.
Evidentemente en el ámbito político fueron necesarias modificaciones legales o nuevas leyes como: la Ley Electoral de 1992, regulando las nuevas formas de elección de los representantes populares a todos los niveles; la Ley de Defensa Nacional regulando las situaciones de emergencia y de excepción previstas en la nueva reforma constitucional; y, la reorganización y delimitación clara de funciones de los órganos de justicia –Fiscalía y Tribunales- mediante sendas leyes en 1997. Posteriormente, pasados algunos años se han dictado normativas referentes al procedimiento de revocación de mandatos de los representantes populares (1999), -legislación secundaria que siempre quedó pendiente desde la reforma constitucional e imprescindible para este mecanismo fundamental de control popular de la comunidad política a sus representantes-, y la de los Consejos Populares (2000), regulación específica del eslabón fundamental de control y fiscalización en el funcionamiento estatal local municipal.
En el ámbito económico surgen nuevas leyes y se realizan modificaciones relevantes que delimitarán nuevas ramas del derecho que se tuvieron que incorporar a los estudios universitarios realizando trabajos doctrinales a marchas forzadas. Incluso, varias generaciones tuvieron un aprendizaje de las materias por las normas positivas nacionales con una consulta doctrinal de origen español que poco o nada tenía que ver con la realidad social de la isla ni con sus leyes, aunque si con la ya mencionada tradición jurídica hispánica. Por supuesto, aquí se desarrolló el derecho financiero y fiscal con la respectiva legislación tributaria de 1994; el derecho comercial, mercantil y marítimo con su respectiva y famosa legislación para la inversión extranjera de 1995 que sustituía el Decreto-Ley No. 50 «Sobre asociación económica entre entidades cubanas y extranjeras» de 1982; y por último, la referente al funcionamiento de las Cooperativas de Producción Agropecuaria y de Créditos y Servicios que representan nuevas formas organizativas de producción y requirieron de organización desde un inicio, pero sólo dictaron normativas generales hasta el 2002. Algo interesante a comentar aquí es que se han habilitado preceptos de la vieja Ley hipotecaria del siglo XIX por los retos que representa el tema de las propiedades y los nuevos actores económicos de la sociedad cubana.
Hay que destacar que todas estas reformas han incidido de manera importante en las relaciones laborales del país, donde también se han llevado a cabo modificaciones legales dispersas, sectoriales, no integrales ni sistémicas, las cuales han determinado incoherencias y desarmonización en un rubro tan importante como el laboral para el desarrollo social nacional. Esto está motivado por la permanente búsqueda de soluciones económicas a la constante crisis que todavía vive el país en mayor o menor medida desde los 90s.
Por la importancia es necesario analizar un momento las temáticas laborales. Recordemos que el trabajo siempre ha sido defendido sistémica y constitucionalmente como un valor fundamental del desarrollo de la sociedad cubana. A partir de estas nuevas realidades, centrada en una crisis económica que produjo insatisfacciones en los bienes y servicios estatales ofertados a la población, más el aumento considerable del desempleo producto de la recesión de actividades productivas anteriormente rentables, se dieron nuevas situaciones laborales. Por un lado, han surgido nuevas relaciones laborales con carácter mercantil relacionadas con la inversión extranjera y el desarrollo de nuevas formas de trabajo privadas como el denominado cuentapropismo[42]. Por otro lado, intentando dinamizar determinados sectores productivos se generó el denominado sistema de perfeccionamiento empresarial, el cual también tiene otro tipo de relaciones y regulaciones entre el trabajador y la empresa condicionado a la eficiencia y la productividad de los mismos. Todas estas situaciones han generado desigualdades y por supuesto, grandes retos éticos en cuanto a la actividad cotidiana social de reproducción de la vida individual y colectiva en la sociedad isleña. Las normativas establecidas son muchas, de diferentes jerarquías y se han caracterizado por solucionar problemas contingenciales y no por articular sistémica y coherentemente las relaciones jurídicas laborales en todas sus manifestaciones actuales.
Una reforma relevante y ligada también al tema económico es la reforma penal de 1999. Después de que en 1989 Cuba se sumara a la gran ola doctrinal de despenalización reflejada en su normativa de ese propio año, diez años después la reforma tuvo un tono en sentido contrario. Las nuevas realidades económicas trajeron además de las mencionadas desigualdades, nuevas actividades y nuevas situaciones criminógenas. Por ejemplo, la apertura del turismo trajo consigo prostitución, proxenetismo, tráfico y consumo de drogas; la ineficiente relación de oferta y demanda de bienes y servicios hizo aumentar la existencia de mercados informales que nadan en un mar de ilegalidades soportados por una cultura de ilegalidad respetada por todos y muy preocupante para el devenir ético no sólo del derecho, sino del propio proyecto social socialista. El resultado ha sido la tipificación de nuevas figuras delictivas y/o el aumento del marco sancionador de otras que ya estaban reguladas, además de la modificación del procedimiento penal para hacerlo más expedito en los delitos menores de los Tribunales Municipales.[43]
Otras reformas muy interesantes son las referentes al medio ambiente y los recursos forestales en sendas leyes de 1997 y 1998 respectivamente. Estas no están enmarcadas dentro de los cambios políticos ni económicos de ésta década sino en la gran tendencia mundial a la preocupación por regular este bien jurídicamente, por la destrucción que hemos provocado como especie de nuestro entorno, y por tanto, de nuestra propia vida[44].
Por último, no quisiera dejar de mencionar un fenómeno característico del sistema jurídico cubano, manifestado en estos años con mucha claridad y que delimita una realidad muy específica de la isla en su relación de conflictividad permanente con el gobierno de los EEUU desde el inicio del triunfo revolucionario. El fenómeno a que me refiero es el uso político del derecho, con la distinción de no se ha quedado en el discurso, sino que se han regulado jurídicamente protecciones referentes a la independencia y la soberanía política y económica de los cubanos, además de cuestiones muy específicas con respecto a acciones terroristas, elevando a rango jurídico sustantivo con todas sus consecuencias tres leyes entre los años 1996, 1999 y 2001[45]. Los motivos no han sido infundados, la primera y la segunda ley son respuestas a las regulaciones sobre el bloqueo económico y comercial ya referidas en notas anteriores, conocidas como la Ley Helms- Burton, la tercera, es una especificación de los delitos de actos de terrorismo, que si bien tiene toda una trascendencia penal, su motivos están dados por las propias actividades terroristas que ha sufrido la isla, incluso desde el propio EEUU a partir del 1 de enero de 1959[46].
Al realizar un balance crítico del funcionamiento del sistema jurídico socialista cubano entre 1986 y el 2002 hay que reconocer que todas las nuevas leyes y reformas que experimentó el sistema normativo tuvieron dos causas: a) el proceso de debate participativo que se llevó a cabo en el país desde 1986 buscando el perfeccionamiento y la democratización del sistema político; y b) la nueva coyuntura económica en la cual se vio inmersa la isla a la caída del modelo socialista de Europa del Este y la URSS. En este sentido, el sistema jurídico estuvo inmerso en un movimiento contradictorio entre la transformación emancipadora desde abajo, y la transformación necesaria pero dominante desde arriba. Es decir, el derecho cubano fue debatido, propuesto y transformado desde la realidad sociopolítica de un sistema que se rearticulaba mediante consensos de la comunidad política; a la vez que fue usado para realizar cambios contingenciales necesarios frente a una realidad cambiante internacional que incidió de manera profunda en la vida nacional. Estos dos procesos pueden enmarcarse muy claramente en el contenido de las reformas, el primero para las modificaciones que clasificamos como políticas, el segundo, para las reformas denominadas como de contenido económico.
Este segundo proceso, -sin menospreciar la necesidad de las regulaciones adoptadas en el ámbito económico-, ha estado marcado por un devenir completamente disperso, en muchas ocasiones sin la debida doctrina necesaria que debe acompañar las instituciones reguladas, con un sentido pragmático y utilitarista generalizado, y entonces, con las consecuentes faltas de organicidad, coherencia y sistematicidad necesarias para cualquier sistema jurídico. Si bien puede rescatarse mucho debate intelectual al respecto en esa década, la comunidad política más bien tuvo un papel expectante en todas las medidas que se fueron tomando, sujetos a los vaivenes de una economía que no se sabía bien hacia donde podía moverse, -no se sabe aún hacía donde se mueve-. Se puede afirmar que el sistema jurídico cubano se trastornó completamente ante una realidad económica, social, política y hasta ideológica completamente diferente. En alguna medida muchas de sus normativas quedaron inaplicables y obsoletas abriéndose un diapasón de lagunas y contradicciones jurídicas tales que nadie podía prever con anterioridad. Pero lo más preocupante es que las nuevas condiciones económicas generaron un cambio sustancial en la escala de valores sociales de la comunidad política, sobre todo en los parámetros éticos que habían sido desterrados y que ahora conviven entre las prácticas capitalistas introducidas por las necesidades económicas, han regresado el egoísmo, el patrimonialismo y el individualismo.
2.4. El sistema jurídico entre la instrumentalización y la necesaria profundización participativa. (2002-2009)
En el devenir actual del sistema jurídico cubano se puede hacer referencia a una serie de hechos vinculados al derecho que comienzan con la reforma constitucional del 2002 y terminan con los recientes cambios legales que se han estado llevando a cabo desde la asunción oficial como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros por Raúl Castro Ruz[47].
En esta etapa el funcionamiento sistémico jurídico no ha variado sustancialmente. Se sigue percibiendo un uso político instrumentalizado del derecho, lo mismo para dar respuestas políticas a situaciones internas o externas, que para administrar las relaciones socioeconómicas. También, se han manifestado algunos procesos participativos, algunos con mayores o menores resultados, otros coartados, pero sin la necesaria profundización que requiere la concepción de un sistema que construye emancipación, donde el sujeto popular es un ente activo dentro del proceso de construcción de la política en todos sus ámbitos incluido, el derecho.
Para comentar lo antes señalado se abordarán primero las reformas legales que han sido meras instrumentalizaciones políticas. El primer ejemplo es la reforma constitucional que se realizó en el 2002 en respuesta al denominado Proyecto Varela presentado por un grupo de disidentes en 1998[48] al utilizar el recurso que prevé la Constitución en su artículo 88 iniciso g, acerca de que los ciudadanos en la cantidad de 10 000 pueden presentar iniciativa legislativa ante el órgano legislativo en funciones. La respuesta, ante la ciudadanía nacional y desde el Estado fue promover la reforma a la normativa constitucional antes mencionada donde se prevé el carácter irrevocable del sistema político socialista y la defensa incluso, mediante las armas si es necesario[49]. Hay que aclarar que la reforma también tuvo fundamento –declarado en los Por Cuantos de la propia ley-, en todas las actividades beligerantes realizadas por el gobierno de los EEUU en ese período, aún más, por cumplirse 100 años de haberse fundado la República en 1902. Lo que es cierto es que la misma refleja una instrumentalización política del derecho ante amenazas internas o externas al sistema político, como en otras ocasiones, pero ahora con una reiteración, en mi criterio innecesaria porque la propia Constitución prevé protecciones al sistema desde su propio aparato normativo. El Proyecto Varela, -como muchos otros que podrían seguir emergiendo-, primero, podía haber tenido una respuesta negativa a los pedidos realizados con fundamentación legal, es decir, teniendo en cuenta la propia normativa constitucional; segundo, tiene una cuestionable legitimidad ante la mayoría de la población cubana producto de que son proyectos construidos desde la llamada disidencia cubana, reconocida por su naturaleza mercenaria al recibir fondos para su funcionamiento desde gobiernos extranjeros como el propio EEUU. Además, teniendo en cuenta la cultura política nacional, después de más de 40 años de construcción popular y sistémica de un sustrato ético, social y político -que pervive en la sociedad cubana hoy a pesar de las innumerables dificultades que existen-, no se le puede tener temor a la discusión y la polémica de temas que llevan en sí cambios en el sistema político por el que y mediante el cual, la mayoría de los cubanos han luchado y vivido en la isla durante el proceso revolucionario. La articulación de consensos, teniendo en cuenta todas las opiniones, es decir, una democracia participativa incluyente, es un reto constante para un sistema socialista o emancipador como teleología esencial. Reflexionar, argumentar, teniendo como principio la vida del ser humano como contenido material y espiritual, la socialización económica y productiva, y no las relaciones individualistas, egoístas, mercantilistas, propias de muchas de estas propuestas es el argumento principal a debatir en las mismas. Hecho evidente son las manifestaciones de este tipo de valores en la economía cubana hoy, -por necesidades coyunturales-, que sí han puesto en vilo los rubros éticos fundamentales construidos y buscados en un proyecto emancipador. La libertad no consiste en tener sino en liberarse de los poderes dominantes, fetichizados, incluso el de la mercancía y el consumo. En este sentido, las propuestas a analizar tanto legal como popularmente podrían haber sido rechazadas en la discusión popular legitimando más aún el carácter participativo del proyecto político cubano.
Otra de las reformas importantes de este período y que marcó una tendencia en el sistema financiero del país, al igual que marcó una diferencia sustancial con las medidas tomadas en la década anterior fue la Resolución 80 del 2004 del Banco Central de Cuba sobre la tenencia y uso de divisas convertibles dentro del país.[50] La reforma legal tiene fundamento en medidas prácticas tomadas por EEUU acerca de las prohibiciones de uso del dólar estadounidense en operaciones comerciales donde se encuentre el Estado Cubano como parte[51]. El hecho es que la divisa estadounidense hoy tiene un uso marginal dentro de la isla, debido a los gravámenes que se le impusieron por su uso en efectivo en el territorio nacional, provocando afectación a los cubanos residentes en la isla que reciben remesas desde el exterior donde prima el cambio en divisas con la moneda estadounidense[52].
Ejemplo relevante en cuanto a la instrumentalización del derecho para la administración de la economía en la sociedad cubana actual estuvo determinado por la nueva política económica de centralización que constituyó la creación de la “Cuenta única de ingresos en divisas al Estado”[53]. Esta recentralización económica que se gestó en el área financiera ha constituido el parteaguas a la descentralización que se había llevado a cabo en el país en la década de los noventa y que ya llevaba poco más de diez años. Las explicaciones han sido muchas y las ofrecieron detalladamente a la población. Desde el descontrol con el uso de la divisa convertible al generarse un ambiente competitivo entre las empresas que provocó cadenas innumerables de impagos desde los niveles centrales del Estado hacia empresas extranjeras y entre las propias empresas radicadas nacionalmente; hasta procesos de corrupción por la apropiación del recurso monetario o la mala inversión del mismo en bienes de consumo superfluos o innecesarios. Se manifestó un fenómeno de desorden financiero con repercusiones económicas y sociales que el Estado centralmente no podía controlar y que además tampoco provocaba esas articulaciones descentralizadas mejoras en la economía nacional en cuanto a mayor eficiencia, productividad y por ende, mejor economía familiar para los cubanos.
Las medidas legales de carácter político económico enunciadas anteriormente marcan distancias de las políticas de la década anterior, incidiendo de manera concreta en la economía familiar del sujeto popular cubano. Las mismas se tomaron realizando un proceso de participación bastante coartado que es la fundamentación por los dirigentes ante la población de las razones de las mismas, pero sin un proceso más completo de interacción y retroalimentación con la comunidad política acerca de las medidas ya tomadas. El derecho se constituye así en un instrumento de políticas necesarias ante determinadas coyunturas nacionales e internacionales que rebasan el proceso político transformador y se torna parte de un proceso político de contingencias por las propias necesidades económicas.
Dentro de estas políticas de centralización se generaron decisiones del Estado que mucho afectaron al proceso institucional cubano. Nos referimos a la doble institucionalidad que se fue creando, al margen de la construida en todo el proceso revolucionario, con recursos económicos y financieros para llevar a cabo los programas de la denominada Batalla de Ideas[54]. En aras de llevar a cabo medidas rápidas y nuevamente contingentes para mejorar la vida de la población cubana en crisis constante desde el principio de los años 90, la dirección política del país creó está doble estructura que se encargó de programas para la reparación de escuelas, instalaciones de salud pública, programas políticos culturales, la denominada revolución energética con incidencia en la economía familiar y, de ayuda solidaria a países latinoamericanos fundamentalmente, naciones que incluso, tienen mejores recursos económicos y financieros no cuentan con los recursos humanos como los formados durante todo el período revolucionario en áreas como la salud, la educación y el deporte[55].
Estos procesos han tenido y tienen las buenas intenciones de mejorar la vida cotidiana de los cubanos y de mantener el espíritu de solidaridad internacional con los países dominados, periféricos, de este mundo. Pero sobre todo los proyectos internos han hecho que casi colapsara y se inmovilizara el aparato institucional cubano por unos pocos años, por la realización de todo tipo de actividad al margen del derecho, de manera experimental, improvisada y que todavía se perciben resultados positivos y negativos. La crítica no va dirigida al contenido de los programas, sino a la funcionalidad centralizada por un lado, y anárquica por otro, que provocó un shock caótico para el actuar de las estructuras institucionales del país. Por otro lado, sus resultados materiales concretos han sido positivos por su propia dinámica desburocratizadora ya que se eliminaron los cortes de energías eléctricas (apagones), se arreglaron las escuelas y las instalaciones de salud pública de base, en fin, mejoraron las condiciones de vida de la población pero con un costo institucional innecesario. El reto no era crear doble institucionalidad sino dinamizar los propios aparatos institucionales, hacerlos más eficientes, menos burocratizados, pero sobre todo, más participativos, mediante mecanismos que permitan a la comunidad política no sólo saber cómo se hacen las cosas, sino incidir en el qué se hace y para qué se hace, esencia del actuar democrático que se ha querido ir exponiendo en este estudio. Por supuesto, esto también es derecho, que la población construya consensuadamente las políticas desde sus necesidades, criterios y valores haciendo accionar a las instituciones para que los ejecuten.
Todo lo descrito hasta ahora en esta etapa, tuvo un impasse, más bien una rearticulación desde que en el 2006 cambiara la dirección del país. Primero comenzó a cambiar el discurso oficial anunciando que había que realizar cambios, incluso conceptuales y estructurales, mencionando todos los problemas internos de ineficiencia económica y burocrática, que generaban en última instancia, falta de satisfacción de las necesidades de la población. Por este motivo se convocó a un debate participativo con toda la población para que se discutieran y salieran a la luz todas las dificultades más acuciantes de los cubanos de manera pública, abierta y crítica[56]. También se pidió que se aportaran soluciones. Se realizaron 215 687 reuniones entre los meses de septiembre y octubre de 2007, donde más de 5 millones de ciudadanos realizaron 1 301 203 planteamientos recogidos a partir de 3 255 344 intervenciones realizadas, de los cuales el 48.8% fueron críticos. Según informaciones oficiales las principales dificultades que habían expresado los cubanos en las reuniones de debate y reflexión versaban sobre la alimentación, el transporte, la vivienda, los salarios, la doble moneda, el uso de la tierra vinculado a la producción alimenticia y algunos problemas en la educación y la salud[57]. Curiosamente uno de los pedidos de la población fue eliminar las medidas legales prohibitivas excesivas e incoherentes que más que control social, generaban insatisfacciones en la reproducción y adquisición de bienes y servicios en la comunidad política, además de una articulación continua y consensuada de ilegalidades. La dirección del país respondió positivamente a estas cuestiones y comenzó a tomar medidas no sin antes remarcar las ideas de que la resolución de los problemas debía ser racionalmente, según los recursos disponibles del país, con ahorro, mayor productividad, eficiencia, y articulando el consenso entre todos[58].
En este sentido, se comenzaron a acometer acciones en aras de fortalecer la institucionalidad cubana actual, rearticularla, hacerla más eficiente, organizada y en función de las necesidades del país[59]. El espíritu ha estado encaminado a que la economía nacional produzca, tenga mayor eficiencia, organicidad, autoabastecimiento de las necesidades nacionales posibles, un mayor fortaleciendo de controles económicos y financieros para evitar despilfarros y corrupciones, con un eje central de revitalización del trabajo como valor fundamental de la sociedad, que las personas trabajen y vean el fruto del mismo en la cotidianeidad de su vida. Para realizar estos cometidos se han tomado algunas medidas, no suficientes, demoradas y sin los resultados que la población requiere. Las medidas han implicado modificaciones jurídicas interesantes que son parte de la articulación del derecho como instrumento de cambios socioeconómicos necesarios, aunque han tenido inmersas algunos procesos de participación peculiares que serán explicados más adelante. El sistema jurídico de manera general sigue siendo el mismo pero está siendo incidido de manera específica por estas políticas rearticuladoras.
Las modificaciones legales han sido de carácter administrativo, laboral y agraria. Las de carácter administrativo versan sobre dos campos: la eliminación de las excesivas prohibiciones ya mencionadas y regulaciones en materia de salud pública. Las primeras tienen que ver con la venta de servicios y artículos de consumo que estaban prohibidos para el mercado nacional como celulares, equipos de reproducción de video, servicios turísticos en hoteles y en establecimientos de renta de autos, etc. Aunque no son de gran relevancia estas medidas si tienen gran incidencia en el imaginario social popular por considerarse ya desde hace tiempo prohibiciones innecesarias y arbitrarias en función de la vida social del país. Las segundas son de mayor relevancia, tienen que ver con la autorización de operaciones para cambio de sexo para personas transexuales en el sistema de salud pública nacional, junto a algunas desregulaciones sobre la venta de medicamentos. Por Resolución del Ministerio de Salud Pública en el 2008 se autorizaron las operaciones de cambio de sexo en el sistema de salud pública nacional para las personas que, previos estudios psicológicos y de sexualidad, fueran determinados como transexuales. Esto es el producto de un arduo trabajo que comenzó la Federación de Mujeres Cubanas desde 1979 creando un grupo multidisciplinario para la ayuda y estudio a personas de sexualidad diferente. En este sentido, hoy existe el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), que desde el 2005, convierte este grupo en una Comisión Nacional de Atención Integral a Personas Transexuales. El Centro, su Comisión y las personas que se sienten sexualmente diferentes, todos juntos, han generado un movimiento social realizando campañas sociales con incidencia mediática, familiar y estatal, en aras de los derechos de estas personas[60]. Estas acciones son demostraciones de reconstrucciones de la realidad desde el accionar popular, colectivo, exigiendo derechos y usando el fenómeno jurídico como un elemento final de cambio social. No obstante, apenas son pequeños avances dentro de los muchos reclamos que podría tener el cubano en su cotidianeidad[61].
En cuanto a materia agraria, se considera que se realizó un paso de gran importancia para la renovación del sector y sobre todo de la producción alimenticia nacional y la sustitución de importaciones[62]. Por el Decreto-Ley no. 259 de 2008 emitido por el Consejo de Estado[63], se autorizó la entrega en usufructo de las tierras estatales ociosas a personas que demuestren que son campesinos, es decir, que pueden trabajarla, que se dedican a esta profesión. En ellas tendrán la posibilidad de construir una vivienda e instalaciones de trabajo. Hasta ese momento, de las 3.5 millones de hectáreas cultivables en el país, más de la mitad eran tierras ociosas o subexplotadas[64]. Los retos de tal medida para el derecho son muchísimos por ejemplo: en lo laboral en cuanto a la contratación de personal, -es ilusorio pensar que estas tierras serán trabajadas sólo en el ámbito familiar-, por lo que hay que pensar en temas de seguridad social y relación salarial[65]; también en cuanto al derecho de propiedad y el derecho sucesorio ya que se están autorizando las construcciones de inmuebles dentro de la tierra usufructuada, por sólo mencionar algunas relevantes. Es de destacar que junto con estas disposiciones se han adoptado otras de carácter administrativo pero relevantes para la dinamización del sector agrario. La primera es la descentralización del sector agropecuario estatal en cuanto a su administración. Se crearon direcciones municipales con facultad para tomar decisiones y asumir responsabilidades, poner en explotación la tierra y perfeccionar la comercialización de los productos agropecuarios. Con esto, se concretan ideas de localización mediante la municipalización de soluciones. La segunda medida es el aumento de precio por el Estado a la compra a los campesinos de su producción agraria relacionada como la papa, hortalizas, café, coco, carne de cerdo y leche.
La otra regulación de importancia tomada en este período es la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Social[66] y su Reglamento[67]. Esta ley modificó en esencia temas muy sensibles para la población como fue la prolongación de la vida laboral activa debido a la baja natalidad poblacional y el envejecimiento de la población económicamente activa, además, amplió derechos y los actualizó en función de las nuevas realidades, teniendo en cuenta nuevas medidas salariales, de empleo y actores laborales que no tenían protección alguna de seguridad social como eran los trabajadores por cuenta propia[68]. Lo relevante de esta modificación legal, además de su contenido fue su carácter participativo. Se llevaron a cabo 85 301 asambleas de trabajadores para discutir el Anteproyecto de Ley, en ellas participaron más de tres millones de personas con 900 000 intervenciones aproximadamente, el 93,8% de los convocados aprobó el documento, según cifras oficiales[69]. A pesar del proceso participativo, hubo respuestas interesantes desde la población trabajadora de que no estaban de acuerdo con la medida de aumentar la vida laboralmente activa, pero sobre todo reclamaban que no se tenían en cuenta sus opiniones a la hora del debate, bajo la propia reflexión que participar no es opinar, sino también decidir[70]. Este es uno de los grandes retos en la democracia socialista, emancipadora, liberadora, o como se le quiera denominar. Tener en cuenta minorías existentes en la comunidad política, -o mayorías dependiendo del tema-, que quieren profundizar el sistema socialista democráticamente, participativamente, solidariamente, es algo que el sistema cubano debe revisar a fondo. Dentro del proyecto socialista pueden existir y existen opiniones diversas que deberían implicar diálogo, debate, rearticulación de consensos y no silencio y menos invisibilidad. Si se tienen en cuenta todas estas opiniones, se estará fortaleciendo, pero incluso experimentando una verdadera articulación política democrática, republicana y socialista que desean muchas personas en la isla.
Por último, mencionar que en este devenir se han tomado medidas administrativas de importancia para la organización del Estado como la fusión de Ministerios y reubicación de funciones. Por otro lado, aunque no en consecuencia de lo que se desea para la vida cotidiana de la población, se han subido salarios a sectores como la educación y el sector de justicia (Fiscalía y Tribunales), ámbitos sociales que han venido teniendo desde la década de los 90s disminuciones paulatinas en su personal profesional producto de la poca retribución monetaria, entre otros aspectos. Además, ha habido modificaciones para aumentar el monto de las pensiones por retiro en varias ocasiones y, finalmente, la que es consideraba más importante, la aceptación del pluriempleo y por consiguiente de la eliminación de topes salariales[71]. Este paso, además de las implicaciones jurídicas que tiene en el ámbito fiscal (impuestos por ingresos en labores que los impliquen) y laboral (con respecto a la implementación de horarios laborales flexibles, formas de contratación parciales, aportes y beneficios para la seguridad social según ganancias, etc.), si podrían incidir con mayor fuerza en el ingreso salarial de la población en los sectores autorizados[72].
III. El derecho socialista en el proyecto de la Revolución Cubana.
3.1. Lo que el derecho socialista ha sido en el proyecto de la Revolución Cubana.
Realizado el análisis crítico dialéctico de cómo se ha comportado el derecho en Cuba desde el triunfo revolucionario hasta hoy, -sobre todo su ámbito constitutivo-, se pueden determinar diferentes situaciones en el devenir histórico de este fenómeno político-social-normativo.
El sistema jurídico cubano ha sido construido como parte de la institucionalidad del proceso revolucionario con influencias neorrománicas, de los sistemas jurídicos-políticos del socialismo real pero con un sustrato ético propio, producto de las tradiciones históricas de la isla, con un espíritu nacionalista, antiimperialista y solidario, propio de la ruptura revolucionaria en el que se ha venido construyendo.
Este derecho se ha expresado dialécticamente, como un fenómeno socio político que se ha manifestado en su fase constitutiva entre la participación y la centralización, es decir, entre la creación democrática y la instauración mediante la instrumentalización política contingencial.
Los procesos participativos han tenido grados, desde amplias discusiones masivas, con retroalimentación entre la comunidad política y la dirigencia estatal junto a la aprobación plebiscitaria de las normativas jurídicas en cuestión, hasta; debates de menor grado, donde no ha existido proceso de interacción consensuado entre la comunidad política y sus representantes, sino que la participación de la población ha devenido foro de opinión y no de decisión de las regulaciones a aprobar.
La implementación del derecho como un instrumento de decisiones políticas centralizadas ha estado marcada por un actuar político fetichizado, y en muchas ocasiones por situaciones coyunturales socioeconómicas que han determinado este proceder. Estas manifestaciones demuestran concepciones normativistas formales del fenómeno jurídico que se expresan desde diferentes aristas:
a) La aprobación de normativas como meros trámites formales para legalizar una política central ya decidida o ya establecida.
b) Existencia de hiperregulación que infiere la noción fetichizada de que la disposición jurídica por ser solamente vigente es resolutora de problemas sociales o, debe establecerse todo tipo de regulación para tener la capacidad de hacer –sobre todo desde el ámbito institucional administrativo- sobre la base del axioma de que “lo que no está reglado está prohibido”. Estas últimas acciones siempre han suscitado incoherencias, inorganicidad e incongruencias sistémicas, provocando fenómenos de inconstitucionalidad y de irrespeto a todo el conjunto legal, lo mismo desde los órganos estatales que desde la comunidad política. Los primeros, convirtiendo al sistema en un ente burocratizado y utilitario en aras del poder fetichizado; la segunda, determinando desprecio, futilidad y consecuente irreverencia a tanta normatividad sin sentido.
c) Se manifiestan amplios márgenes de discrecionalidad para la autoridad en parte de la legislación mencionada lo que determina situaciones sin la debida transparencia, información y garantía de los derechos para los sujetos. Es decir, la existencia de lagunas jurídicas, -sobre todo referente a derechos-, está motivada también por la concepción normativista del derecho al no importar sus funciones teleológicas ideológicas y sociológicas para con el proyecto social estudiado.
Todas estas situaciones se vinculan de una manera u otra a ese fenómeno que parte del derecho, pero que es la vinculación socio-política de realización más importante que emerge del propio sistema jurídico para con el ámbito sociopolítico, la cultura jurídica. Los fenómenos negativos descritos demuestran la inexistencia o depauperación de una cultura jurídica profunda en el sujeto popular cubano, dígase representante o miembro de la comunidad política en cuestión. Lo que trae como consecuencia, la disminución de la participación activa de este sujeto en las construcciones jurídicas, que es a su vez, la coartación de la participación popular en lo político y en la construcción-reconstrucción dialéctica de una sociedad emancipada o al menos en camino hacia postulados liberadores.
3.2. Lo que el derecho socialista debe ser en un proyecto emancipatorio.
El derecho es un fenómeno sociopolítico con contenido ideológico, político y socioeconómico. Es decir, es un sistema normativo pero no sólo normativo, donde se expresan tres ámbitos a deducir: el normativo ya mencionado, el ideológico, y el de regularidades y causalidades de relaciones económico-sociales y políticas. En este sentido, el sistema jurídico presenta un componente volitivo-político, desde y hacia la comunidad política y sus representantes institucionales, en relación dialéctica, capaz de impulsar a la sociedad hacia los rumbos que se desea debido a su profundo contenido ético. El contenido ético del derecho socialista tiene que ser un contenido ético alternativo al del sistema capitalista.
El derecho capitalista liberal-neoliberal-, es individualista, fragmentario, cosificado y falazmente liberalizado dentro de los cánones de libertades (económicas y políticas con consecuencias sociales) que no existen para muchos, -sino sólo para pocos-. Es un derecho aparencial, regula derechos pero no deja garantizarlos, regula pluralidad política para un voto exiguo que deja al margen la participación popular real, masiva, efectiva sobre la construcción de lo político, -la reproducción de la vida-, regula control al poder que per se es fetichizado, negativo, para que sea ejercido por élites económicas que a la vez son políticas.
El derecho socialista no puede repetir estos fenómenos; regular derechos y no garantizarlos, basarse en la participación popular y coartarla, cosificarla, no puede convertirse en un instrumento de dominación sino de construcción de emancipación. Para esto, debe ante todo, contener al ser humano, a las personas en su totalidad social, en su relación con el otro, incluidos todos, iguales-no igualitarios, diferenciados, dinámicos, cambiantes, construidos-reconstruidos, desde la particularidad hacia la colectividad. Su contenido ético alterno debe normar el deber ser de una sociedad liberadora.
El derecho es un fenómeno deontológico y teleológico, por lo que en el socialismo debe estar integrado en torno a un aparato ético que sirva de alternativa radical al egoísmo, al individualismo y al patrimonialismo del derecho capitalista, es decir, solidario, socializado, colectivista sin perder los niveles de particularidad y diversidad que comprenden los seres humanos. Si se impone una normativa jurídica sin este fundamento ético, el derecho deja de ser revolucionario, aunque se crea justo. En Cuba no se requieren construir principios artificiales, ni imponerlos, sino buscarlos, reconstruirlos desde sus raíces, desde su tradición histórica, donde ha primado un sentido de humanidad y de donde es hijo el proceso revolucionario.
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[1] Licenciada en Derecho por la Universidad de la Habana, Maestra en Derecho por la UNAM, Doctoranda en Estudios Latinoamericanos-FFyL, UNAM. Profesora en la carrera de Derecho de la UNAM y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
[2] Sobre el tema de análisis de los fenómenos sociales como parte de la totalidad social ver en: Mardones, J. M., Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Materiales para una fundamentación científica, Anthropos, Barcelona, 2001; Habermas, Jürgen, Ciencia y técnica como ideología, trad. Manuel Jiménez Redondo y Manuel Garrido, Tecnos, Madrid, 2001; Adorno, Theodor, Epistemología y ciencias sociales, trad. Vicente Gómez, Edic. Cátedra Frónesis, Valencia, 2001; Horkheimer, M y Adorno. T, La Sociedad. Lecciones de Sociología, trad. Floreal Mazía e Irene Cusien, Proteo, Buenos Aires, 1969. El mismo tema pero visto para estudios latinoamericanos; Concheiro, Elvira, Modonesi, Massimo y Crespo, Horacio, (coord.), El comunismo: otras miradas desde América Latina, UNAM-CEIICH, México, 2007; Cerutti Guldberg, Horacio y Magallón Anaya, Mario, Historia de las ideas latinoamericanas: ¿disciplina fenecida?, México, Casa Juan Pablos, Universidad de la Ciudad de México, 2003. Con respecto al Derecho como fenómeno social analizado dentro de la totalidad social se puede consultar a De Sousa Santos, Boaventura, Crítica de la razón indolente: Contra el desperdicio de la experiencia. Para un nuevo sentido común: La ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática, vol. I, trad. Joaquín Herrera Flores et al., Descleé de Brouwer, España, 2003.
[3] Concebimos que el poder se expresa empíricamente positiva y negativamente, donde el poder positivo consiste en el poder delegado a las instituciones, como potestas, por el pueblo, en el cual radica el verdadero poder como potencia. Con respecto al poder político fetichizado nos referimos al poder político que funciona con carácter autoreferencial, porque ha perdido su condición de mediador de la comunidad política –el pueblo-, para convertirse en su propio referente, el poder detentador del poder, poder caracterizado entonces como negativo. Para abundar sobre estos temas ver en Dussel A., Enrique, Veinte tesis de política, Siglo XXI, México, 2005, 15 y ss.
[4] De Sousa Santos, Boaventura, ob. cit., pp. 23 y ss.
[5] El tema de la dominación de Estados Unidos sobre los países de América Latina posterior a sus procesos de independencia colonial se puede analizar desde la teoría de la dependencia. La dominación referida se manifiesta entre países centrales (EUA) y periféricos (América Latina) y tiene una base económica fundamental que abarca los sectores políticos, con evidentes repercusiones sociales. Ver por ejemplo en: Cueva, Agustín, El desarrollo del capitalismo en América Latina, México, Siglo XXI, 1977; Bambirra, Vania, El capitalismo dependiente latinoamericano, Siglo XXI. México, 1974.
[6] El Programa del Moncada fue escrito y proclamado a partir del alegato que realizara Fidel Castro Ruz ante el juicio que se le realizó por comandar el asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. El programa reflejaba en su contenido un carácter plenamente social, donde se destacaban seis problemas básicos de la sociedad cubana como eran: el problema de la tierra en la contradicción de grandes latifundios y pobreza extrema en los campesinos; el problema de la vivienda, el problema de la educación, el problema de la salud pública, el problema del desempleo, estos cuatros como necesidades básicas no cubiertas para la mayoría de la población; y el problema de la industrialización como lo más rezagado de la economía nacional. Todos estos problemas diagnosticados se planteaban a su vez como las cuestiones básicas a resolver inicialmente con el triunfo revolucionario y por las cuales se luchaban en ese momento.
[7]La Constitución de 1940 fue en su momento, uno de los documentos jurídicos más avanzados en materia liberal social. La misma fue aprobada en un contexto internacional peculiar, junto a la movilización popular nacional, lo que provocó la existencia correlativa de fuerzas políticas internas, al punto que llegaron a participar en las discusiones representantes del Partido Unión Revolucionaria Comunista. Pero recordemos que la misma se constituyó en letra muerta porque muchas de sus implementaciones debían realizarse por leyes complementarias que nunca llegaron a aprobarse y, por su completa inoperancia a partir del golpe de estado propugnado por Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952.
[8] Fernández Bulté, Julio, “Tras las pistas de la Revolución en 40 años de Derecho”, Revista Temas. Cultura, Ideología y Sociedad, No. 16-17 octubre 1998-junio 1999, La Habana, p. 2.
[9] La teoría de los derechos adquiridos implica interpretaciones acerca del carácter irretroactivo de una nueva legislación sobre las propiedades adquiridas con anterioridad a la promulgación de la nueva ley, a no ser que esté previsto alguna excepción en normativas del más alto nivel jerárquico como son las constitucionales. Cito: “El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario”, ver en: Lobo, Teresa, “Retroactividad del Artículo 289 bis del Código Civil Del Distrito Federal y Jurisprudencia”, Revista de Derecho Privado, No 4, Nueva Época, Año II, Número 4 Enero-Abril, 2003, http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/4/jur/jur10.htm. Consultado: Marzo 2009.
[10] Las empresas de EUA nacionalizadas mediante expropiación forzosa fueron 26.
[11] Al hablar de modernidad en este artículo nos acogemos a la periodización de la historia moderna a partir del surgimiento, desarrollo y evolución del sistema-mundo capitalista como una totalidad, es decir como una unidad de análisis. Esto implica el estudio del desarrollo socioeconómico del sistema capitalista de manera universal donde existen países y territorios centrales y periféricos, teniendo en cuenta las arenas exteriores en algunos períodos históricos. La modernidad comienza así como período histórico-político-económico-cultural en los inicios del largo siglo XVI con la conquista de América a partir de 1492, la reforma protestante desde 1517 aproximadamente, el surgimiento y la madurez del renacimiento italiano entre el siglo XV y XVI y, el comienzo de un largo proceso de descubrimientos científicos que conllevaron a la conocida Revolución Científica a partir del siglo XVI. Sobre estos temas se pueden consultar diferentes autores. Desde el punto de vista histórico; Dussel A., Enrique, Política de la Liberación. Historia mundial y crítica. Trotta, Madrid, 2007. Desde el punto de vista socioeconómico: Wallerstein, Immanuel, El moderno sistema mundial, I. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI, Siglo XXI, Madrid, 1979; El moderno sistema mundial, II. El mercantilismo y la consolidación de la economía-mundo europea, 1600-1750, Siglo XXI, Madrid, 1984; El moderno sistema mundial, III. La segunda era de gran expansión de la economía-mundo capitalista, 1730-1850, Siglo XXI, México, 1988; Madrid, 1999; Análisis del Sistema-Mundo, Siglo XXI, México, 2005. Aguirre Rojas, Carlos Antonio, Immanuel Wallerstein. Crítica del Sistema-mundo capitalista, Era, México, 2003. Desde el punto de vista económico pero con perspectivas latinoamericanistas; Bagú, Sergio, Economía de la sociedad colonial. Ensayo de historia comparada de América Latina, Conaculta, México, 1992.
[12] Es válido aclarar que la existencia de empresas privadas cubanas comenzaron a chocar con los intereses del propio devenir del proceso revolucionario al requerirse más recursos para satisfacer las necesidades de la población por lo que se percibe la necesidad de la intervención y planificación de la economía por el Estado. Por otro lado, algunas de estas empresas comenzaron a realizar acciones que frenaban el propio decursar económico del país, bien creando confusiones en su proceso económico y/o participando en el financiamiento de grupos en contra del proyecto revolucionario.
[13] Un ejemplo claro de participación popular que no debemos dejar de mencionar son las Declaraciones de la Habana (Primera-2 de septiembre de 1960 y Segunda-4 de febrero de 1962) en donde en Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, con la asistencia de más de un millón de personas en cada una se aprobaron sendas declaraciones que llevaban suscritos principios esenciales políticos hacia donde se dirigía el país nacional e internacionalmente. Ver los documentos en: http://www.pcc.cu/documentos/otros_doc/primera_declaracion_habana.pdf
http://www.pcc.cu/documentos/otros_doc/segunda_declaracion_habana.pdf Consulta: marzo 2009.
[14] Asumimos la política como la actividad que organiza y promueve la producción y reproducción de la vida de los miembros de una comunidad en cuanto a creación de satisfactores para cubrir sus necesidades. Para ejercer la actividad política la comunidad debe tener poder, que es la capacidad de poder-hacer de los seres humanos, como conjunto comunitario que es, en cuanto a empuñar o inventar medios de sobrevivencia para la satisfacción de sus necesidades. Esas necesidades son negatividades como el hambre, la sed, el frío, la ignorancia, que deben ser cubiertas por satisfactores como el alimento, el agua, el vestido, la educación. Por lo tanto, el poder-hacer se fundamenta en el querer vivir de los seres humanos, el querer no morir, denominada voluntad de vida que nos lleva a buscar los mecanismos necesarios para reproducir la misma individual y socialmente. Entonces, el poder político consistirá en la forma en que se articularán las voluntades de los miembros de la comunidad política para poder llevar a cabo la vida, como principio básico material de existencia. El poder político por tanto, reside en la comunidad política, no se toma, no se alcanza, es poder positivo, no es negativo (que es el poder que existe limitando el actuar institucional porque por esencia es dominador y hegemónico), como ya referimos en la nota no. 3. El poder político de la comunidad política es potencia y debe articularse buscando la unión de los objetivos, propósitos, fines estratégicos en aras de la vida. Si los miembros de la comunidad buscan satisfacer sus intereses privados, múltiples, contrapuestos, la potencia o voluntad de uno anularía la del otro, por tanto ocurre la impotencia. Todas estas articulaciones se rigen por principios normativos de materialidad (vida-necesidades-satisfactores del ser humano), legitimidad democrática (instituciones o mediaciones políticas con poder delegado que ejercitan las decisiones de las voluntades articuladas-consensuadas de la comunidad como por ejemplo, el derecho) y de factibilidad (reproducciones fácticas necesarias para la reproducción de la vida como por ejemplo, la economía) Ver en Dussel A., Enrique, (2005), ob. cit., p. 13-84.
[15] Cuando hablamos de propiedad privada nos referimos a la propiedad y explotación de medios de producción, -que incluyen bienes y servicios-, y trae como consecuencia la apropiación y acumulación de recursos generando estatus sociales desiguales, asimétricos, pero sobre todo, de dominación entre las personas de una comunidad política; entre los que detentan los bienes y servicios vs los que no las tienen. Esta relación de hegemonía está dada por la relación de explotación que se da entre poseedores (con propiedades y posesiones) y desposeídos (sin propiedades ni posesiones), donde los primeros extraerán in crescendo plusvalor a lo que producen los segundos sin realmente retribuirle por lo que trabajan. Por supuesto, no estamos hablando de la propiedad personal que puede tener una persona en cuanto a sus bienes de uso cotidiano, desde una casa, un auto, su ropa, etc. Para profundizar en el concepto de propiedad personal se pueden remitir a la teoría marxista del derecho que distingue entre propiedad privada de medios de producción y propiedad personal.
[16] El 16 de abril de 1961, en una manifestación pública multitudinaria en la Habana que acompañaba el sepelio de los combatientes que habían sido asesinados en los bombardeos a las bases aéreas cubanas como preludio de la invasión mercenaria a Playa Girón, Fidel Castro Ruz, en discurso de despedida a las víctimas, denuncia a Estados Unidos (EEUU) como artífice del ataque y declara el carácter socialista de la Revolución.
[17] Para comentar el tema de la relación con la Unión Soviética es necesario realizar un rápido repaso del siempre complejo contexto internacional en el cual estuvo inmerso Cuba en estos primeros años de Revolución. Los hechos fundamentales son harto conocidos pero vale la pena enunciarlos porque incidieron en gran medida en los rumbos en los que la isla seguirá navegando para su reproducción política, económica, con influencia en lo social y también en lo jurídico. En primer lugar tenemos la invasión militar por Playa Girón de mercenarios cubanos apoyados por el gobierno de los EEUU en abril de 1961. En enero de 1962 el Estado Cubano fue expulsado de la OEA a propuesta de EEUU. Los argumentos se basaron en que el “marxismo-leninismo es incompatible con el Sistema Interamericano” además de que “el alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y solidaridad del hemisferio.” La aprobación de la resolución tuvo 14 votos a favor, uno en contra -el de México-, y 6 abstenciones, con el nombre de “Exclusión del actual gobierno de Cuba de su participación en el Sistema Interamericano” en virtud de los argumentos expuestos: Ver en Labastida, Horacio, “La Sinrazón del rompimiento con Cuba”, La Jornada, 5/may/2004, http://www.jornada.unam.mx/2004/05/05/017a1pol.php?origen=index.html&fly=2 Consulta: marzo 2009. En consonancia, se instaura el bloqueo económico y comercial desde el propio EEUU hacia la isla con respecto a cualquier actividad de carácter importador y exportador entre ambos países. Esto ocurrió el 3 de febrero del propio 1962 por decisión presidencial a través de la Proclama 3447, amparada en las facultades que la sección 620 (a) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961: Ver en Álvarez Guerra, Aynel y Pino Rivero, Anet, Análisis jurídico sobre la ilegalidad del bloqueo impuesto a Cuba por los Estados Unidos, http://www.cubavsbloqueo.cu/Default.aspx?tabid=63. Recordemos que EEUU era el principal socio comercial de la isla con una economía dependiente en gran magnitud: Ver nota no. 5. Dentro de todo este escenario internacional, Cuba con una economía dependiente, cerrada en su funcionamiento y desarrollo por el bloqueo económico y comercial, más la solidaridad que brindaron los países del socialismo real por las luchas del pueblo cubano, comienzan y se profundizan relaciones con estos países, sobre todo con la Unión Soviética. Las relaciones con el campo socialista estuvieron marcadas al principio por algunas diferencias y bastante autonomía, pero para finales de los años 60 ya tenían el sello de una alianza con influencias en todos los sentidos, político, económico, militar, técnico, y también en lo jurídico. En la práctica un ejemplo relevante es la entrada al Consejo de Ayuda Mutua Económica CAME en 1972, sistema de cooperación económica y comercial entre todos los países del campo socialista.
[18] Fernández Bulté, Julio, ob. cit., p. 5. Como bien señala Bulté, no obstante las posiciones nihilistas académicas en cuanto al Derecho no perduraron más allá del año 1976 con la creación del Ministerio de Educación Superior por el proceso de institucionalización. Allí se estudió con profundidad y habilitó el programa de estudio para la carrera de Derecho retomando la importancia del jurista y del fenómeno jurídico para cualquier sociedad.
[19] Las teorías de Hans Kelsen (normativismo formalista) han sido de las tradiciones iusfilosóficas más influyentes en los países de sistema románico francés en el siglo XX. Cuba no estuvo exenta de esta influencia, más aún por la comodidad sistémica de concebir al derecho sólo como norma jurídica vigente sin el condicionamiento determinante político, social y axiológico, lo cual permite desde la construcción y la interpretación dogmática, exegética y coartada de la realidad social no cuestionarse las injusticias sociales, económicas y la realidad política de un sistema, de un lugar determinado.
[20] Recordemos que en Cuba desde el inicio de la Revolución se realizaron cambios constantes que tenían como fin articular la sociedad política y administrativamente de acuerdo a las nuevas realidades. Por mencionar sólo los locales referiré que tan temprano como en 1961 se instauraron las Juntas de Coordinación, Ejecución e Inspección (JUCEI) a nivel municipal integradas por representantes de la organizaciones políticas y de masas y de las delegaciones de los organismos de la administración central del estado del territorio, posteriormente en 1962 se crea la Región como un eslabón intermedio entre la provincia y los municipios para coordinar mejor las tomas de decisiones a nivel de base y por último, las denominadas administraciones locales que sustituyeron a las JUCEI en el año de 1966 con el objetivo de lograr una participación más orgánica y sistemática de la población en la actividad estatal. Para el año 1974, en la provincia de Matanzas, se llevaron a cabo articulaciones que sentaron la base de lo que serían y como funcionarían los órganos locales del poder popular como entes estatales fundamentales para la administración del país. Ver en Burgos Matamoros, Mylai, La participación popular en los órganos estatales del municipio cubano, Tesis de Licenciatura en Derecho, Biblioteca Facultad de Derecho, Universidad de la Habana, 1998, p. 31 y ss.
[21] En Cuba desde los años 60s se crearon organizaciones sociales y de masas que abarcan a la mayoría de la población del país que voluntariamente se adhiere y participa como miembro de ellas. Los requisitos para ser miembros están determinados fundamentalmente por la edad (muchas requieren que las personas sean mayores de 14 años, y/o ser miembro del sector corporativo a donde pertenece la organización en sí). Estos mecanismos de participación y control social siempre ha sido los medios fundamentales de retroalimentación entre los grupos poblacionales y la dirección política institucional. Podemos mencionar las más relevantes como son: la Central de Trabajadores de Cuba (CTC que agrupa por Sindicatos a todos los trabajadores del país), los Comités de Defensa de la Revolución (organización de carácter barrial CDR-1960), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP-1960), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC-1960), la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM-1970), Federación de los Estudiantes Universitarios (FEU ya estaba creada desde 1922 siendo una de las organizaciones más viejas de América Latina y con gran tradición de lucha social), etc.
[22] Legislación creada y aprobada en los primeros cinco años de la década de los 70s: Creación del Registro de Población y de Identidad, (Ley no. 1234 de 1971); reestructuración del Consejo de Ministros y creación de su Comité Ejecutivo (1972); Ley de Organización del Sistema Judicial (Ley no. 1250 de 1973); Ley de Procedimiento Penal (Ley no. 1251 de 1973); Ley de los Bufetes Colectivos (eliminaba el ejercicio privado de la abogacía y creaba estos organismos autónomos en 1973); normativas para la preparación de la experiencia del Poder Popular en Matanzas (1973); Ley de Procedimiento Civil y Administrativo (Ley no. 1261 de 1974); Ley de la Maternidad de la Trabajadora (Ley no. 1263 de 1974); Código de Familia (Ley no. 1289 de 1975). Ver en http://www.gacetaoficial.cu/html/legislacion_cubana.html; Burgos Matamoros, Mylai, ob. cit. p. 52 y ss; Fernández Bulté, Julio, ob. cit. p. 9.
[23] Ídem, Burgos, p. 44; Fernández Bulté, p. 18.
[24] Cuando comentamos del sentido humanista dentro del proyecto revolucionario cubano y referido al derecho no podemos dejar de recordar que Cuba tiene una historia de ideas jurídicas de gran contenido humano, libertario y emancipador desde las guerras de independencia, demostrado en los varios documentos jurídicos aprobados en el medio de tales conflictos. Por tanto, el proceso jurídico en Cuba no es solamente el fruto del proceso revolucionario, sino de toda la historia emancipatoria en la que la isla ha estado sumergida desde que emergió como nación.
[25] No es objeto de este estudio explicar con detalle lo que implica un sistema político jurídico socialista pero para mayor esclarecimiento enunciaremos sus principios fundamentales enfatizando que si bien es una sistematización propia según lo establecido en la Constitución cubana y el funcionamiento del sistema, es válido destacar que la doctrina jurídica contemporánea ha reconocido este sistema como propio, autóctono o en formación. Por último quisiera referir que se han recogido aquí los principios que se encuentran en la actual Constitución aprobada en 1976 y modificada en 1992, lo cuales no han cambiado en su esencia fundamental aunque sí en algunas articulaciones. Los principios básicos del sistema podrían delimitarse como de democracia socialista desde el punto de vista político, con un sistema económico socialista y un sistema jurídico de control y trasformación social. Sus caracterizaciones serían las siguientes:
Democracia socialista: Consiste en unidad de poder con división de funciones, no división de poderes; sistema representativo con diputados y delegados elegidos por voto, directo, secreto, único, libre e igual, mediante representación comunitaria y no partidista por ley; control popular de los representantes de los órganos estatales mediante mecanismos de participación popular como son la rendición de cuentas y la revocación de mandato; funcionamiento bajo el principio de centralismo democrático donde las minorías se subordinan a las decisiones de la mayoría y las decisiones de los órganos estatales superiores son acatadas por los órganos inferiores; el Partido Comunista de Cuba es reconocido constitucionalmente como la fuerza política dirigente de la Sociedad y del Estado.
El sistema económico socialista está basado en la propiedad socialista de los medios fundamentales de producción, rige el principio de distribución socialista “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”, existen diferentes tipos de propiedad; estatal: de los recursos naturales y de los medios fundamentales de producción (centrales, fábricas, empresas, bancos, todo el sector de los servicios en cuanto a su distribución como la telefonía, la vivienda, etc.); privada y cooperativa con respecto a la tierra y algunos servicios y; personal con respecto a los medios fruto de tu trabajo. El sistema económico se rige por el sistema de planificación y centralización de la economía.
En cuanto al sistema jurídico mencionaremos solamente la regulación de los derechos fundamentales: Se encuentran recogidos como derechos con sus respectivos términos de obligación de respeto y protección de diferentes maneras en la Constitución, en los Fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado; en el capítulo de Educación y Cultura (V); Igualdad (VI) y; Derechos, Deberes y garantías fundamentales (VII). Se regulan derechos civiles, políticos, sociales. Los derechos consagrados en el capítulo VII son los siguientes: 1) al trabajo, 2) a la seguridad social; 3) a la salud, 4) a la educación, 5) a la educación física y la recreación; 6) a la libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista; 7) a la libertad de reunión, manifestación y asociación ejercidos mediante las organizaciones de masas y sociales; 8) libertad de religión; 9) la inviolabilidad de domicilio; 10) a las garantías penales. Deben considerarse otros derechos como los de ciudadanía, igualdad, familia (matrimonio), cultura, libertad de creación artística, a la investigación, a la propiedad privada sobre la tierra, a la propiedad cooperativa con fines de créditos y servicios o de producción agropecuaria, a la propiedad personal, a la herencia, a obtener reparación o indemnización en caso de daño o perjuicio por parte de funcionarios o agentes estatales, a intervenir en la dirección del Estado, al voto, a ser elegido, etc. Se imponen limitaciones en la regulación constitucional a derechos como el de la libertad de expresión conforme a los fines de la sociedad socialista; derechos de asociación, manifestación y reunión en función de los sectores que se organizan mediante las organizaciones de masas y sociales. Ver en Constitución de la República de Cuba, http://www.gacetaoficial.cu/html/constitucion_de_la_republica.html . Consultado: Marzo de 2009.
[26] Después de aprobada la Constitución y creados los órganos del Poder Popular se elaboraron y dictaron muchas disposiciones jurídicas producto de la actividad parlamentaria, las enunciamos: Ley de la División Político-Administrativa del país (Ley no. 1304 de 1976); la Ley sobre el Sistema Electoral (Ley no. 1305 de 1976); Ley de la Organización de la Administración Central del Estado (Ley no. 1323 de 1976) y sus Normas Reglamentarias Provisionales para el funcionamiento de las Asambleas del Poder Popular a todos los niveles; Principios Fundamentales del Sistema de Dirección Único de la Economía (SDUE en 1976); nueva Ley de Organización del Sistema Judicial (Ley no. 4 de 1977); nueva Ley de Procedimiento Penal (Ley no. 5 de 1977); Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral (Ley no. 7 de 1977); Ley de la protección del patrimonio nacional (1977); Ley del derecho de autor (Ley no. 14 de 1977); Código de la niñez y la juventud (1978); Código Penal (Ley no. 21 de 1979); Ley de Seguridad Social, (Ley no. 24 de 1979) y su Reglamento de la Ley de Seguridad Social (Decreto No. 59 de 1979). Con respecto a las normativas laborales tenemos un sinnúmero de normativas jurídicas: Leyes: no. 1225 de 1969 (expediente laboral); no. 1240 de 1972 (sobre los días de conmemoración nacional, oficial y feriados); no. 12 de 1977 (no creación de salarios históricos); no. 13 de 1977 (protección e higiene del trabajo); Decretos-leyes: no. 3 de 1977 (organización sindical); no. 11 de 1977 (violaciones de la disciplina laboral); no. 32 de 1980 (medidas disciplinarias); decreto-ley no. 36 de 1980 (disciplina de dirigentes y funcionarios); no. 40 de 1980 (contrato de trabajo); no. 41 de 1981 (sobre vacaciones anuales pagadas); Decretos: no. 13 de 1977 (sobre los disponibles); Reglamentos: Reglamento general de las empresas estatales (1979); no. 73 de 1980 (política de empleo); no. 81 de 1981 (vacaciones anuales pagadas). Toda esta legislación laboral se agrupó posteriormente en el Código del Trabajo (Ley no. 49 de 1984) aunque mucha quedó vigente como reglamentaria. Otra legislación que se puede considerar fruto de esta etapa legisferante pero que se dictó ya en los años 80 fue Ley General de la Vivienda (Ley no. 48 de 1984 modificada por Ley no. 65 de 1988), Código Civil Cubano, (Ley no. 59 de 1987), y un nuevo Código Penal (Ley no. 62 de 1987).Ver en Burgos Matamoros, Mylai, ob. cit. p. 52 y ss; Fernández Bulté, Julio, ob. cit. p. 9.
[27] Fernández Bulté, Julio, ob. cit. p. 10.
[28] Habría que mencionar que la tradición jurídica cubana en su formación histórico doctrinal era mucho más avanzada que la de Europa del Este.
[29] Ejemplo fehaciente de lo planteado está en la instauración del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía mediante el cual se dictaron cerca de 100 mil normas sobre consumo, igual cantidad en precios mayoristas y minoristas y miles con respecto al derecho laboral.
[30] Carlos Marx, Crítica al Programa de Gotha, Siglo XXI, México, 1999.
[31] Algunas concepciones del marxismo jurídico soviético tuvieron gran influencia en las nociones del derecho pero también en la práctica jurídica del socialismo real y desde allí llegaron a Cuba. La más influyente es la de Andrei Vichinsky por ser la que predominó sobre las otras. Estas son resumidamente:
– El condicionamiento económico del Derecho de Karl Kautsky y Rener, que sobre la década de los años 20 y 30, conciben al Derecho como un fenómeno condicionado de manera determinante a las relaciones económicas. Estos autores olvidan todas las mediaciones que hay entre los hechos económicos y la elaboración jurídica de estos.
– La reducción económica del Derecho de Petr Ivanovich Stucka y Evgeni B. Pashukanis, que en el mismo período desarrollaron una teoría negadora del papel del derecho planteando que éste es consustancial al capitalismo y sin importancia como fenómeno social en una sociedad socialista. Así comentaban que el derecho es la expresión normativa de relaciones mercantiles fundamentalmente, por lo que al ir eliminando estas relaciones económicas se elimina el derecho, por lo que no tiene sentido la existencia del derecho socialista. El derecho será superado cuando se niegue en la sociedad comunista. Aquí los autores obvian la importancia del derecho en cualquier sociedad y más la del tránsito interminable, la socialista.
– La reducción política del Derecho de Andrei Vichinsky, que en las décadas del 30 y del 40, comenta como el derecho no es un simple reflejo pasivo de las relaciones económicas sino que constituye una manifestación de la voluntad política de la clase dominante. El fenómeno jurídico es una expresión traducida de intereses económicos a intereses políticos y por ende, a valores jurídicos. Esta teoría condujo a reducir al derecho a la pura voluntad estatal simplificando el fenómeno jurídico, al igual que muchos de sus planteamientos porque nunca dio respuesta a qué era esa voluntad, cómo se expresa, como se traducen los intereses económicos en políticos, y como se desplazan estas dos esferas de la vida para con el derecho en sí.
Para un análisis más profundo del tema ver: Pashukanis, E. B., La teoría general del derecho y el marxismo, Grijalbo, México, 1976; Stucka, P. I. Pasukanis, E. B., Vysinskij, A. J., Strogovic, M., Teorie Sovietiche del Diritto, Siglo XXI, México, 1972; Stucka, P. I., La función revolucionaria del Derecho y del Estado, Siglo XXI, México, 1977; Cañizares, Diego Fernando, Teoría del Estado; Teoría del Derecho; Edit. Pueblo y Educación, La Habana, 1979; Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan, Marxismo y filosofía del derecho, Fontamara, México, 1993, 2004; Fernández Bulté, Julio, Teoría de Estado y el Derecho; Filosofía del Derecho, Félix Varela, La Habana, 2001 y 2005 respectivamente.
[32] Con respecto a la enseñanza y la investigación ya mencionamos anteriormente que había sido restablecida la matrícula y la currícula de la carrera de derecho en las universidades cubanas desde el año 1976, y que aunque siempre se realizaron estudios históricos, la investigación iusfilosófica estuvo completamente mermada desde el año 1963 -que desapareció la materia como parte del programa de estudios-, hasta 1997 que se volvió a incorporar de manera opcional y posteriormente obligatoria.
[33] Ver nota no. 24.
[34] Todo este aparato teórico categorial que hemos manejado en el artículo se puede consultar en la obra del filósofo Enrique Dussel, específicamente en su texto citado con anterioridad Veinte tesis sobre política. Ver notas 3 y 14.
[35] En Cuba ha habido mucho debate acerca de estos procesos y mucha producción intelectual en el ámbito de las Ciencias Sociales. En la década de los noventa, sobre todo, se pueden analizar las reflexiones que se dieron en lugares como el Centro de Estudios de América (CEA) y toda su producción editorial, la Revista Temas: Cultura, Política y Sociedad, Revista Contracorriente y Revista Cuba Socialista. Los autores básicos a referenciar que debatieron muchos de estos temas y algunos todavía continúan desde diferentes posiciones son: Fernando Martínez Heredia, Rafael Hernández, Miguel Limia, Jorge Luis Acanda, Haroldo Dilla, Luis Suárez Salazar, Tania García Lorenzo, María Isabel Domínguez García, Jesús García, Juan Valdés Paz, Aurelio Alonso, entre otros. No quisiera dejar de mencionar a Hugo Azcuy, jurista cubano ya fallecido, que estudió con profundidad todos estos procesos.
[36] Sobre estos temas también hay mucho escrito y se han generado foros de debates. Dentro de la isla tenemos el Centro para la Economía Cubana, la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, los Encuentros que ya datan de 11 años atrás (1998) de Globalización y problemas para el desarrollo, Revista El economista, y otras publicaciones que se han centrado en el tema. Autores ya destacados en esa época: Juan Triana Cordoví, Pedro Monreal y Julio Carranza, estos dos últimos coautores de libro Cuba, la reestructuración de la economía: una propuesta para el debate, La Habana, 1995 que fue de lo más debatido en esa época. Fuera de la isla lo más destacado podría señalarse a Carmelo Mesa Lago y su vasta obra sobre la economía isleña.
[37] Ver en Álvarez, Aynel, et al, ob. cit., nota 17.
[38] Llamamiento al IV Congreso, en Cuarto Congreso del Partido Comunista de Cuba, Edit. Política, La Habana, 1990.
[39] Las seis Resoluciones fueron sobre los siguientes temas: Sobre los Estatutos del Partido Comunista de Cuba; sobre el Programa del Partido Comunista de Cuba, Sobre el perfeccionamiento de la organización y funcionamiento de los órganos del Poder Popular, Sobre el desarrollo económico del país, Sobre la política exterior, Resolución que faculta al Comité Central del Partido para tomar decisiones en correspondencia con la situación que vive el país. http://www.pcc.cu/congresos_asamblea/cong4_cont.php
[40]Prieto Valdés, Martha, “La reforma a la Constitución Cubana de 1976” en Prieto Valdés, Martha y Pérez Hernández, Lissette (comp.), Temas de Derecho Constitucional Cubano, Edit. Félix Varela, La Habana, 2000, p. 46. Para un análisis profundo de temas constitucionales cubanos recomendamos ver el libro completo.
[41] La legislación más importante aprobada y modificada en la década de los 90s es la que sigue: Ley Electoral (Ley no. 72 de 1992); Ley Defensa Nacional (Ley no. 75 de 1994); Ley de los Tribunales Populares (Ley no. 82 de 1997); Ley de la Fiscalía General de la República (Ley no. 83 de 1997); Ley de Revocación de Mandato de los elegidos a los Órganos del Poder Popular (Ley no. 89 de 1999); Ley de los Consejos populares (Ley No. 91 de 2000); Ley del Sistema Tributario (Ley no. 73 de 1994); Ley de Minas (Ley no. 76 de 1994); Ley para la inversión extranjera (Ley no. 77 de 1995); Ley modificativa del Código Penal (Ley No. 87 de 1999); Ley de Cooperativas de Producción Agropecuaria y de créditos y servicios (Ley No. 95 de 2002); Ley del Medio Ambiente (Ley no. 81 de 1997); Ley Forestal (Ley no. 85 de 1998). Ver en: http://www.asanac.gov.cu/espanol/leyes/LEYES%20PRINCIPALES.htm y http://www.gacetaoficial.cu/html/legislacion_cubana.html.
[42] El cuentapropismo es la denominación a la autorización de realización de servicios tipo oficios de manera privada, que aunque estaba autorizada en poca cuantía desde los años 80s, a partir de los 90s hubo un aumento considerable de las actividades permitidas resolviendo problemas de empleo y de servicios que el Estado ha sido incapaz económicamente de satisfacer. Su regulación básica está dada por el Decreto-Ley no. 141 de 1993, pero no es menos cierto que esta forma de trabajo no se considera un derecho ni es de interés a nivel sistémico fomentarla por las propias desigualdades, individualismos y patrimonialismos que genera. Lo cierto es que esto es todo un debate, ya no sólo porque el Estado no es capaz de garantizar estos servicios y por los valores individualista que engendra, sino porque no se sabe si el Estado debería ser el actor fundamental para realizarlos en cuanto que siempre demostró ineficiencia para con los mismos. Nos referimos desde servicios de transporte, expendio de alimentos elaborados, plomería, albañilería, carpintería, manufactura de objetos artesanales, renta de inmueble-habitación para el recreo, etc.
[43] Además de la modificación penal referida, con anterioridad se había aprobado el Decreto-Ley 175 de 1997 que llevaba en sí algunas de las modificaciones mencionadas.
[44] Artículo 27 de la Constitución vigente.
[45] Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas (Ley no. 80 de 1996); Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba (Ley no. 88 de 1999); Ley contra Actos de Terrorismo (Ley No. 93 de 2001). Ver en: http://www.asanac.gov.cu/espanol/leyes/LEYES%20PRINCIPALES.htm.
[46] Hay innumerable documentación sobre los actos terroristas contra Cuba, incluso reconocidos en documentos oficiales desclasificados de los propios EEUU, donde se reconoce la participación de sus órganos de seguridad nacional en muchos de estos actos. La literatura documental es vasta dentro y fuera de la isla. Remito algunos sitios donde ésta es referida: http://www.antiterroristas.cu/index.php, http://www.trabajadores.cu/materiales_especiales/coberturas/xvii-feria-internacional-del-libro/cuatro-libros-nuevos-sobre-terrorismo, es interesante destacar que la Editorial Capitán San Luis de la Habana ha publicado en los últimos 6 años, 22 títulos referentes al tema con documentación suficiente que acreditan su veracidad y reconocimiento. Por último, sería bueno remitirse a la propia literatura académica de EEUU, donde autores como Noan Chomsky han escrito también al respecto; ver sus últimos títulos de Hegemonía y Supervivencia. La estrategia imperialista de Estados Unidos, Ediciones B, Barcelona, 2004; Estados fallidos. El abuso del poder y el ataque a la democracia, Ediciones B, Barcelona, 2008.
[47] A partir del 31 de julio de 2006, Fidel Castro Ruz por razones de enfermedad, realizó la salida provisional y después definitiva (elecciones 2008), de los cargos de Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Ver la Proclama al Pueblo de Cuba del 31 de julio de 2006 donde se comunica la salida provisional de sus funciones, http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/siempre_con_fidel/art-021.html, y el Mensaje del Comandante en Jefe del 18 de febrero de 2008 cuando refiere que no asumirá ningún cargo en la dirección del país después del proceso electoral que se llevó a cabo y fue electo diputado nacional. http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/ref-fidel/art11.html.
[48] Ver el contenido del Proyecto Varela en la web de su creador fundamental. http://www.oswaldopaya.org/es/proyecto-varela/, Consultado marzo 2009.
[49] La reforma fue votada con firma pública y voluntaria por 8 198 237 electores. Ver la Ley de Reforma Constitucional de 26 de junio de 2002 en http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2525/53.pdf, Consultado marzo 2009. La reforma fue aprobada posteriormente de modo unánime por los diputados de la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria celebrada los días 24, 25 y 26 de junio de ese propio año.
[50] Resolución no. 80/ 2004 http://www.granma.cubasi.cu/2004/10/26/nacional/articulo06.html, consultado marzo de 2009.
[51] Ver el caso específico de la investigación judicial anunciada en julio de 2004 por Estados Unidos sobre la ruta que siguieron 3 mil 900 millones de dólares que Cuba cambió en billetes deteriorados a través de la Unión de Bancos Suizos (UBS), como parte de un mecanismo regular de reposición de efectivo, autorizado en el mundo por la Reserva Federal estadounidense. El órgano de la Reserva Federal de EEUU impuso una multa de 100 millones de dólares a la UBS por facilitar ese mecanismo a Cuba, bajo una norma que prohíbe el acceso a ese mecanismo a un país, como la isla, considerado “patrocinador del terrorismo”. En este sentido, si seguían realizando estas acciones Cuba corría el riesgo de quedarse en cualquier momento con montañas de dólares estadounidenses como simple papel por no poder usarlos en operaciones comerciales. Ver Arreola, Gerardo, Cuba elimina el dólar de todas sus operaciones comerciales internas, 20 de octubre de 2004, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=6736, consultado marzo de 2009.
[52] El cambio oficial de dólares estadounidenses en efectivo dentro de la isla está a 1 cuc=0.90 usd. Así el dólar devaluado incide en la capacidad adquisitiva de los cubanos que lo tienen como un ingreso importante desde las remesas familiares, teniendo en cuenta que lo deben cambiar a pesos convertibles cubanos, moneda usada para adquirir algunos bienes de consumo básicos en las denominadas tiendas de recaudación de divisas y que, al cambio en moneda nacional está representado por 1 cuc=24 pesos moneda nacional. En moneda nacional se paga la mayoría del salario de los ciudadanos cubanos.
[53] Resolución no. 92/2004 de 29 de diciembre de 2004 y comenzó a funcionar en el año entrante, 2005. Ver en; http://www.eleconomista.cubaweb.cu/2004/nro245/245_704.html, consultado marzo 2009.
[54] Esta doble institucionalidad tiene antecedentes desde el año 2000 con todo el movimiento político que se generó por el secuestro del niño Elián González en EEUU durante los siete meses que duró su estancia en ese país. Pero se acrecentó cada vez más generando este proceso de institucionalidad paralela con la denominada Revolución Energética.
[55] Estos programas de ayuda solidaria son de dos tipos: a) los referidos a la construcción y manutención de las Escuelas Latinoamericanas de Medicina y Deporte radicadas en la isla. En ellas asisten jóvenes con mínimos recursos, principalmente de países latinoamericanos y sin acceso a estos estudios en sus propios lugares de residencia; y b) los programas de ayuda que solidariamente presta Cuba con personal de la salud, la educación y el deporte en muchos lugares del planeta y que aunque pueden ser programas autosustentables son rectorados política y económicamente por la dirección del país.
[56] Discurso pronunciado por el compañero Raúl Castro Ruz, en el acto central con motivo del aniversario 54 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en la Plaza de la Revolución Mayor General Ignacio Agramonte Loynaz de la ciudad de Camagüey, el 26 de julio del 2007. http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/raul26/index.html
[57] Datos obtenidos de las intervenciones del compañero Raúl Castro Ruz, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el 28 de diciembre de 2007, http://www.granma.cubaweb.cu/2007/12/30/nacional/artic01.html y en el Tercer Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 1º de agosto de 2009, http://www.granma.cubaweb.cu/2009/08/01/nacional/artic19.html.
[58] Idém.
[59] A partir del 2007 principalmente, con pasos lentos, se ha venido rearticulando toda la institucionalidad cubana a sus cauces anteriores. Esto se ha reflejado no sólo en el ámbito discursivo oficial sino en acciones concretas, eliminándose todo una serie de oficinas administrativas de diferentes programas de la Batalla de Ideas y pasándolos a los ministerios correspondientes según la rama. Este proceso ha tenido culminación durante el año 2009. Desde el punto de vista del discurso el tema del fortalecimiento de la institucionalidad ha estado latente durante los últimos tres años en casi todas las intervenciones oficiales. Ver en discursos pronunciados por el compañero Raúl Castro Ruz en: las conclusiones de la sesión constitutiva de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 24 de febrero de 2008, http://www.granma.cubaweb.cu/2008/02/24/nacional/artic35.html; en las conclusiones del VI Pleno del Comité Central del PCC, el 28 de abril de 2008, http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/pleno-ccpcc/pleno01.html; en el Tercer Período Ordinario de Sesiones de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 1º de agosto de 2009, http://www.granma.cubaweb.cu/2009/08/01/nacional/artic19.html y en la clausura del IV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 20 de diciembre de 2009, http://www.granma.cubaweb.cu/2009/12/21/nacional/artic01.html
[60] Ver en http://www.cenesex.sld.cu/webs/la_atencion_integral_36.htm
[61] Es relevante destacar que el movimiento social que se agrupa alrededor del CENESEX de gays, lesbianas, transexuales, trasvestis, etc., también han propuesto otras reformas legales al Código de Familia respecto a las uniones consensuales, temas hereditarios y de seguridad social, entre otros, los cuales siguen sin aprobarse por el parlamento nacional.
[62] Al término del año 2008 Cuba importaba alimentos por un total de 2200 millones de dólares para el consumo nacional. Ver en http://www.one.cu/aec2008/esp/08_tabla_cuadro.htm 8.11. Importaciones de mercancías según secciones de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI).
[63] Decreto-Ley No. 259 sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo http://www.granma.cubaweb.cu/2008/07/18/nacional/artic05.html
[64] En el mes de Julio de 2009 se habían realizado 110 mil solicitudes de entrega de tierras ociosas en usufructo a campesinos y se habían aprobado cerca de 82 mil, abarcando unas 690 mil hectáreas que implican el 39 por ciento del área ociosa que se tenía en país. De la tierra ya entregada se ha declarado libre de marabú y otras plantas de este tipo cerca de la mitad y se han sembrado casi 225 mil hectáreas, es decir, la tercera parte. Ver en: Discurso pronunciado por el compañero Raúl Castro Ruz en el acto central en conmemoración del 56 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en la plaza Mayor General «Calixto García», Holguín, 26 de julio de 2009, http://www.granma.cubaweb.cu/2009/07/26/nacional/artic33.html; González, Ana Margarita, “Entrevista a Orlando Lugo Fonte, Presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)”, Periódico Trabajadores, 22 de junio de 2009, http://www.trabajadores.cu/news/2009/6/22/tenemos-que-dar-saltos-cualitativos/?searchterm=tierra%20usufructo%20campesinos.
[65] Es muy importante cuidar, regular y fortalecer las relaciones salariales entre los campesinos, debido a que si estás son acometidas mediante la relación oferta-demanda del mercado nacional sin una regulación y control coherente desde el estado, podrían generarse situaciones de explotación entre el campesino usufructuario y el campesino obrero que trabaja la tierra directamente.
[66] Ley No. 105 de 2008 de Seguridad Social, Gaceta Oficial No. 004, Extraordinaria, de 22 de enero de 2009.
[67] Lee, Susana, “En vigor Reglamento de la Ley de Seguridad Social”, Periódico Granma, 9 de mayo de 2009, http://www.granma.cubaweb.cu/2009/05/09/nacional/artic03.html
[68] La vida laboralmente activa se modificó a 30 años de edad laboral, teniendo 65 años los hombres y 60 años las mujeres para poder retirarse. La anterior regulación preveía la edad de retiro en 60 y 55 años respectivamente. Con respecto a los derechos “se modificó el cálculo de las pensiones para que su cuantía tenga mayor correspondencia con el aporte y la permanencia del trabajador. Se puede percibir más de una pensión de seguridad social a la que se tenga derecho, eliminándose la prohibición actual, lo cual beneficia a los menores huérfanos de ambos padres y a las viudas que se jubilaran como trabajadoras. En el caso del viudo se otorga un nuevo derecho, optar por la pensión que le sea más favorable. Se elimina el tiempo mínimo de servicios prestados, para que el trabajador tenga derecho a la pensión por invalidez total y parcial, con lo que aumenta la protección a este riesgo al sólo tener que acreditar el vínculo laboral. Se incorpora un régimen especial de la seguridad social para todos los trabajadores por cuenta propia, con lo cual la cobertura abarcará a todos los trabajadores del país. Los pensionados por vejez que cumplan los nuevos requisitos de edad y tiempo de servicios, pueden reincorporarse al trabajo y devengar la pensión y el salario íntegro del cargo que ocupen, si se incorporan a un cargo diferente al que desempeñaban al momento de obtener la pensión. Los pensionados por vejez reincorporados al trabajo cuando se enfermen o accidenten tienen derecho al cambio del subsidio, además de la pensión que reciben”. http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/seguridad-social/art-004.html y http://www.gacetaoficial.cu/ Para el tema de los trabajadores por cuenta propia ver nota 42.
[69] http://www.granma.cubaweb.cu/2009/05/09/nacional/artic03.html
[70] Pérez, Pepe, “Participar, además de opinar, es decidir. A propósito de las discusiones en Cuba sobre la nueva ley de seguridad social que debería someterse a referendo”, Kaos en la Red, 14-11-2008, www.kaosenlared.net/noticia/cuba-participar-ademas-opinar-decidir; Gracias, Manuel Ángel, “Cuba: entre la participación y la decisión de sus ciudadanos”, Kaos en la Red, 17-11-2008, www.kaosenlared.net/noticia/cuba-entre-participacion-decision-ciudadanos.
[71] Decreto Ley No. 268 «Modificativo del Régimen Laboral» del Consejo de Estado, Gaceta Oficial No. 022, Extraordinaria, de 29 de junio de 2009.http://www.gacetaoficial.cu/
[72] El pluriempleo no sería aplicable a los cuadros y funcionarios, técnicos y profesionales de la salud, investigadores, profesores, maestros y auditores, excepto para el ejercicio de cargos docentes, de investigación científica u otros que le sean aprobados por decisión expresa de la autoridad u órgano que los designó o eligió. http://www.trabajadores.cu/news/2009/6/29/dictan-decreto-ley-no-268-201cmodificativo-del-regimen-laboral201d/?searchterm=decreto%20ley%20268
Publicado en: Libro: “Cuba hoy: ¿Perspectivas de cambio?” Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Abril 2011, México. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2960 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2960/5.pdf
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References: resolución 
 resolución 
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 artículo 88
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 289

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 Artículo 289
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 Resolución 
 Artículo 27
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