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Timestamp: 2019-04-26 06:21:25+00:00

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INCONSTITUCIONALIDAD del Artículo 6º apartados 1 y 2 de la ley 24.557.-
INCONSTITUCIONALIDAD DEL Art 8º apartado 3º Ley 24.557
INCONSTITUCIONALIDAD DEL Art 46 inc 1º DE LA LEY 24.557
VI.- PLANTEA RESERVA DE CASO FEDERAL
El Artículo 6º apartados 1 y 2 de la ley 24.557 resultan inconstitucionales y violatorios de los Artículos 31, 75 inc. 12 y 22, 76, 99 y 116 de la C.N. y violatorio de pactos y tratados Internacionales incluidos por nuestra Carta Magna, citados precedentemente.-
Por cuanto en tal sentido se solicita se declare la inconstitucionalidad del referido artículo.
Así esta disposición de la ley 24.557, crea un sistema hermético de reparaciones que deja sin cobertura a enfermedades causadas por el trabajo y no admitidas por el listado y a accidentes de trabajo que no resulten de acontecimientos súbitos y violentos. La ley pretende liberar al empleador y la A.R.T., que lo tiene por afiliado de responder frente al trabajador por infortunios que la teoría general de la responsabilidad, les obliga.
Así el solo hecho de determinar la no resarcibilidad de enfermedades, por no estar incluidas en el baremo, no obstante que se acredite la relación causal de las mismas con el trabajo, produce en el actor una violación en el carácter protectorio al que obliga el Artículo 14 bis de la nuestra C.N., a las leyes que regulen aspectos del derecho laboral, siendo igualmente violatorio del derecho a la vida.
Es decir que tal disposición crea en tales infortunios un riesgo no cubierto por la L.R.T, por cuanto priva de su reparación por parte del dañante, hecho que contradice el resto de la normativa positiva Argentina, que rige para el resto de los habitantes del país, produciéndose una discriminación negativa para el actor, violatoria del principio de igualdad que establece nuestra carta magna y que lo ampara – (Art 16 C.N.).
Además si consideramos que para cualquier trabajador su cuerpo es la herramienta fundamental para su desarrollo laboral, puesto que su parte en el sinalagma laboral resulta poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo, no reparar el daño simplemente por no integrar la afección padecida la tabla de enfermedades contempladas por la ley, es una franca violación a la protección del derecho de propiedad que contempla el Art 17 de nuestra Constitución Nacional, estableciendo además un claro desequilibrio en su perjuicio, ya que le quita al actor en forma injusta a favor de la aseguradora de riesgos demandada, la protección que construye en el principio “alterum non laedere”, contenido en el Art 19 de la C.N.
Así al determinar el inciso 2º del Artículo 6º de la ley, la falta de protección del actor frente a incapacidades provenientes de enfermedades del trabajo "no reconocidas o aprobadas por el laudo", esta norma se convierte en transgresora del convenio nº 42 de la O.I.T. que ha sido ratificado conforme el procedimiento legal, por nuestro país en el año 1950. (aun vigente).
No se ajusta a las disposiciones constitucionales plasmadas por los Artículos 16 y 17, lo dispuesto por el último párrafo del artículo 6º cuando declara que las enfermedades no incluidas en el listado en ningún caso serán consideradas resarcibles. Resulta incongruente con la norma superior, la disposición de la ley 24.557, que niega al trabajador – aquí actor -, frente a determinados daños producidos en su salud, como consecuencia de la tarea desarrollada para su empleador, o del ambiente de trabajo, y que por aplicación de los sistemas de responsabilidad del derecho común, le atribuye la misma al empleador.
Cabe señalar que el disponer si una determinada enfermedad debe ser considerada profesional o no, es materia inherente en forma exclusiva al Poder Judicial a través de los jueces naturales, por cuanto resulta inadmisible que el poder ejecutivo o cuerpos creados especialmente y extraños al poder judicial, (ver Art 40 de la ley 24.557), pueden asumir funciones jurisdiccionales, por cuanto ante cualquier disenso, el debate al respecto, debe plantearse en los estrados judiciales, únicos con tal facultad otorgada tanto por la Constitución Nacional, y no por organismos administrativo carentes de tales facultades, si admitiéramos lo contrario, violentaríamos la teoría de la división del estado receptada por nuestro estado de derecho, y plasmado en nuestro ordenamiento jurídico, en especial la Constitución de la Nación Argentina.
Finalmente la determinación de la anualidad que establece la ley 24.557 en el párrafo 2º del artículo 6º, para las enfermedades profesionales, es igualmente inadmisible, en especial en cuanto determina que las mismas pueden ser incluidas y excluidas a "capricho o antojo" de un acto administrativo, desde ya este otorgamiento de emitir disposiciones de carácter legislativos, que hace la ley, hacia el poder ejecutivo está en franca oposición a lo dispuesto por el Artículo 99 inc 3º, 2º párrafo. de la C.N.
El planteo de inconstitucionalidad aquí planteado encuentra su fundamento atento la enfermedad padecida por el actor, producto del accidente del trabajo sufrido, no se halla contemplada entre las determinadas por el acarado Art 6º de la ley 24.557.-
La tacha de constitucionalidad del presente artículo de la ley 24.557, es un argumento más para sostener la inconstitucionalidad de los Art 21, 22 de la ley 24.557 y los artículos 1º y 2º de la ley 27.348, dado que solo el órgano jurisdiccional está constitucionalmente facultado para llevar adelante el control constitucional de las normas, y no una comisión médica administrativa
El ya mencionado Artículo 8º, en especial su apartado 3º, es a toda luz violatorio de la Norma Constitucional Nacional, en sus disposiciones de los Artículos 75 inc 12, 31, 116 y 121.-
También viola Tratados de rango constitucional como el Pacto de San José de Costa Rica, en sus artículos 2,8,25,29,44,61 y 57, La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y con los artículos 8 y 30 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos. Así como está en desacuerdo con la ley 23.313, que ratifica el "Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos", en lo que hace a los artículos 2º inc 3 apartados a y b y art 14º del mismo.
Por todo ello es que le solicito a V:S, que lo declare inconstitucional y no aplicable al caso de autos.
Esta norma y el Dec 717/96 (mod por el Dec 1475/2015), que también se ataca importan la intervención de los organismos administrativos -las Comisiones Médicas- a los fines de la determinación del grado de incapacidad que sufriere el actor, cuando no consintiere el informe de la ART actuante. Téngase presente que ni el artículo, ni el decreto aquí cuestionado han sido derogados por la Ley 27.348, - encontrándose ambos aun vigentes -, la cual ahora y sin perjuicio que por acuerdos de partes pudiera existir la posibilidad del ofrecimiento previo efectuado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, reglamenta – como se cito en el acápite anterior -, la intervención directa de la Comisión Médica para el establecimiento de la incapacidad en un proceso – reglado por la Res 298/17 de la S.R.T. -, que le arroga facultades jurisdiccionales en violación al orden constitucional.
El mentado artículo, al igual que lo hace la ley 27.348 en su Art. 1º distrae de la facultad jurisdiccional que debe ejercer el poder judicial, el determinar el grado de incapacidad, así como establecer si la misma es permanente o transitoria, por cuanto devienen ambos artículos contenidos en la L.R.T y la Ley 27.348 atacada como inconstitucionales en cuanto afecta la jurisdicción atribuida exclusivamente en el caso que nos ocupa a la Justicia Nacional del Trabajo.-
Sostener la constitucionalidad de la ley, en tal sentido importaría aceptar con naturalidad y concederle legitimidad a una nueva especie de jurisdicción: la jurisdicción médica, que está demás afirmar carece de raigambre constitucional y es fruto de la creación legislativa e impuesta a través de la sanción de la ley excediendo el legislador el marco natural y legal de las facultades acordadas por la C.N. y en una franca violación al principio de división de poderes consagrados por nuestra ley fundamental. (Sent 27/6/2006 - Camara 1º del Trabajo de Mendoza - CARDOSO ALEJANDRO FABIAN C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. P/ACC.") – Los fundamentos del fallo citado resultan plenamente aplicables al Art. 1º la ley 27.348
Por cuanto ningún organismo dependiente del Poder Ejecutivo (en este caso Nacional), mucho menos aun una Comisión Médica, puede tomar funciones y facultades jurisdiccionales, como pretenden las leyes 24.557 y 27.348, así como el decreto 717/1996, su modificatorio el dec. 1475/2015, y la reciente resolución de la S.R.T 298/2017 - tachados de inconstitucional -, sin que de esa manera no violente en forma flagrante el ordenamiento jurídico que garantiza y determina nuestra Ley Suprema.
Es decir dichos artículos atentan contra el principio de supremacía de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que la misma determina, comprendido en el artículo 31º de nuestra ley suprema.
Según el Art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, norma de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, C.N.), toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, y esa función en un estado de derecho y conforme nuestras normas es exclusiva y privativa del poder jurisdiccional.-
Así como también los artículos cuestionados atacan la forma federal de gobierno que establece el artículo 5º de la C.N.
Es decir que mediante el Artículo 8º apartado 3º de la L.R.T., y el Art 1º de la Ley 27.348, se pretende delegar indebidamente funciones judiciales en el Poder Ejecutivo, así como quitar funciones propias, en favor de las Comisiones Médicas, atentando de esta manera contra las disposiciones constitucionales del Art. 75 en su incisos 12 y 22, así como del Art. 116. Finalmente también violenta la teoría de los poderes no delegados por las provincias a la Nación, conforme lo recepta el Art 121 de la Carta Magna Nacional.
Por lo expuesto y porque, como se dijo, este Art 8º violenta los derechos y garantías constitucionales arriba mencionados del actor se solicita se dicte la inconstitucionalidad del Art 8º apartado 3º de la ley 24.557
El Art. 46º de la Ley 24.557.- originario fue sustituido por el Art 14 de la ley 27.348, el actual enunciado del Art 46 de la ley 24.557, se halla concatenado y es consecuencia del proceso obligatorio y excluyente que ordena el Art 1º de la ley 27.348 y el proceso instaurado por la reglamentación que provee la Res 298/17 SRT, en una técnica legislativa inexplicable el Art 46º de la ley 24.557, ahora posee la misma e idéntica disposición que el Art 2º de la ley 27.348.
Por cuanto dictada la inconstitucionalidad de los Art 1º y 2º de la ley 27.348 y de la Res 298/17, corresponderá por una cuestión de coherencia jurídica y con respaldo a los fundamentos que se expresaren para atacar la constitucionalidad de la normativa citada, dictar igualmente la inconstitucionalidad del Art 46 de la ley 24.557 – mod. por Art 14 ley 27.348, lo que así se solicita.
Sin perjuicio de lo expuesto no puedo dejar de señalar que el Art 46 de la ley 24.557 – texto conforme Art 14 ley 27.348 – resulta inconstitucional en cuanto afecta la garantía de mi mandante del debido proceso, el juez natural, así como violenta la norma procesal (ley 11.653).
El citado artículo determina la competencia judicial en contrario a las leyes procesales laborales vigentes en las diferentes jurisdicciones - Artículo 1º y 2º de la Ley 11.653, afectando el principio del juez natural, determinado por las leyes de forma, y entrometiéndose en las prerrogativas de las Provincias no delegadas a la Nación, sin justificación alguna. (art 5º, 121º C.N., Art 1º C.P.B.A.)
Esto afecta en el actor el principio de igualdad – (art 16 C.N. y 11 C.P.B.A.), ya que a partir del dictado de este decreto existen dos tipos de trabajadores litigantes, los que tienen la competencia del juez natural, y los que se someten al competencia caprichosa del la ley 27.348, produciendo una discriminación que priva al trabajador accidentado del derecho de poder optar a demandar judicialmente también a los obligados del sistema en sus domicilios legales, tal el régimen vigente en la ley procesal citada.
Al igual que lo hace el Art. 2º de la ley 27.348, en su párrafo 1º y 2º , este artículo 46 ley 24.557 aquí atacado, violenta la garantía del actor del debido proceso, el juez natural, acceso a la justicia y doble instancia, sometiéndolo a una única instancia judicial, ya que – como se dijo - convierte a los juzgados de primera instancia en un órgano de revisión de las decisiones de la comisión médica jurisdiccional, y a los tribunales de alzadas o de instancia única donde estos no existen, en órganos de revisión de las decisiones de la comisión médica central, es decir los convierte en una instancia de apelación, y no de juicio, violando igualmente las garantías de la defensa en juicio y controversia judicial entre las partes, que protegen la Constitución Nacional y los tratados internacionales que conforman el llamado bloque normativo constitucional, tal como se desarrollase Ut Supra.-
Como se ha expresado en la critica a los Art 1º y 2º de la ley 27.348, también la disposición del Art 46º ley 24.557 produce una discriminación entre trabajadores registrados y no registrados, otorgándoles a estos últimos el acceso directo e irrestricto a la justicia con la posibilidad de poder elegir la competencia conforme el domicilio del demandado, mientras que los primeros no solo se les niega el acceso a la justicia, que conlleva – como ya se cito – la negación de todas las garantías constitucionales del debido proceso y la doble instancia, sino que además se los priva en casos idénticos – accidentes o enfermedades del trabajo – optar por la elección de la competencia respecto del domicilio del demandado, produciendo una exclusión reñida con el principio de igualdad – (Art 16 C.N.), e insalvable por cualquier otra vía que no sea la tacha de inconstitucionalidad del artículo cuestionado.-
Para no dejar dudas de esta violación del sistema republicano, la división de poderes, y como se ha dicho, el acceso libre a la justicia, el artículo aquí atacado en sus párrafos, cuarto y quinto dispone: “Los recursos interpuestos procederán en relación y con efecto suspensivo, a excepción […….]. El recurso interpuesto por el trabajador atraerá al que eventualmente interponga la aseguradora de riesgos del trabajo ante la Comisión Médica Central y la sentencia que se dicte en instancia laboral resultará vinculante para todas las partes[…]”
No hay ninguna duda que el Art 46 ley 24.557, mod por Art 14 de le ley 27.348, implica un giro regresivo en contra del trabajador, - el aquí actor - violentando el principio protectorio del Art 14 Bis de la C.N., nótese que aun en el inconstitucional procedimiento administrativo que determinaba la ley 24.557, todos los recursos tenían un efecto devolutivo, con lo cual el trabajador podía optar por cobrar la suma que fijaba la A.R.T o la CCMM y continuar con su recurso. Hoy esta modificación no solo afecta principios y garantías de rango constitucional, sino que significa una total y cabal desprotección al trabajador accidentado que lo priva de todo cobro hasta la resolución final del caso. Afecta sin duda al principio protectorio que protege al actor vulnerando la garantía que la Constitución Nacional le concede al mismo (art 14 bis). y la protección a la propiedad del actor garantida por el Art 17 de la C.N.
Por todo lo expuesto igualmente se solicita se declare la inconstitucionalidad del Art 46 de la ley 24.557
VI.- PLANTEA RESERVA DE CASO FEDERAL:
Para el caso que V.E. no declare la inconstitucionalidad peticionada, hago desde ya reserva de planteó de Caso Federal.

References: Artículo 6
 Artículo 6
 Artículo 14
 Artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 Artículo 99
 Artículo 8
 resolución 
 artículo 31
 artículo 5
 Artículo 8
 Artículo 1
 artículo 46
 resolución