Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDD201105030564.CODI.%29
Timestamp: 2020-08-08 00:34:25+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 564, de 03/05/2011
161/002225 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de la publicación del algoritmo o fórmula matemática utilizada en las estimaciones electorales de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas . ... (Página5)
161/002217 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a explicar su posicionamiento sobre la situación en los países del norte de África y promover las iniciativas necesarias en nuestra política exterior que apoyen los procesos de democratización en el área ... (Página5)
161/002221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al mal estado de los cuarteles de la Guardia Civil de la Comunitat Valenciana ... (Página6)
161/002224 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reprobación del Director General de Tráfico ... (Página7)
161/002228 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la participación del Parlamento en el diseño y formulación de la Estrategia Española de Seguridad ... (Página7)
161/002216 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el pago del Fondo de Competitividad del 2011 ... (Página8)
161/002218 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a la creación de la figura del mediador del crédito ... (Página9)
161/002220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa al pago del Fondo de Competitividad a la Generalitat de Catalunya y al cumplimiento de los compromisos de financiación autonómica ... (Página10)
161/002222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la convocatoria de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y la convocatoria de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat ... (Página11)
161/002230 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Telefónica ante los masivos despidos anunciados ... (Página12)
161/002214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre prioridad del Corredor Central Ferroviario Sines/Algeciras-Madrid-París en el marco de la Red Transeuropea de Transportes (TENT-T) ... (Página13)
161/002223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la regulación de las distintas profesiones del deporte ... (Página14)
161/002232 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la renovación de la enseñanza de las ciencias ... (Página14)
161/002215 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para el establecimiento de un sistema público de indemnizaciones para las víctimas del amianto ... (Página15)
161/002219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa al impulso de un Pacto de Estado de Energía y la revisión de la seguridad de las centrales nucleares ... (Página16)
161/002229 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones en televisión terrestre con tecnología analógica ... (Página18)
161/002226 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cambio en la denominación de la categoría profesional de auxiliares de enfermería ... (Página18)
161/002227 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la colegiación obligatoria para los profesionales sanitarios ... (Página19)
161/002233 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la puesta en marcha de un Plan Nacional de Seguridad de los Profesionales Sanitarios del Sistema Nacional de Salud ... (Página20)
161/002234 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para luchar contra trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia ... (Página21)
161/002231 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los teatros y espacios escénicos ... (Página23)
181/003443 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre gestiones realizadas ante las autoridades del Reino de Marruecos sobre la situación procesal y de paradero del ciudadano comunitario de origen melillense y nacionalidad belga Ali Arras ... (Página24)
181/003444 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP), sobre medidas adoptadas por el Ministerio del Interior acerca de la denuncia hecha por el Inspector de Policía Nacional de Canarias sobre la existencia de una camarilla policial que actuaba en Canarias con una finalidad política ... (Página24)
181/003449 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre volumen del tráfico portuario del puerto de Gijón (Asturias) desde el punto de vista económico y toneladas entre los años 2004 y 2010 ... (Página24)
181/003450 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre volumen del tráfico portuario del puerto de Vigo (Pontevedra) desde el punto de vista económico y toneladas entre los años 2004 y 2010 ... (Página25)
181/003451 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre volumen del tráfico portuario del puerto de Marín (Pontevedra) desde el punto de vista económico y toneladas entre los años 2004 y 2010 ... (Página25)
181/003445 Pregunta formulada por la Diputada doña Montserrat Palma i Muñoz (GS), sobre valoración del convenio firmado con la Fundación ONCE para la mejora de la accesibilidad en los campus universitarios ... (Página25)
181/003446 Pregunta formulada por la Diputada doña Montserrat Palma i Muñoz (GS), sobre impacto previsto del programa de alojamientos universitarios impulsado con la convocatoria 2010 del Programa Campus de Excelencia Internacional ... (Página25)
181/003447 Pregunta formulada por la Diputada doña Montserrat Palma i Muñoz (GS), sobre cambios y mejoras para las universidades con la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ... (Página25)
181/003448 Pregunta formulada por la Diputada doña Montserrat Palma i Muñoz (GS), sobre valoración de las modificaciones incorporadas al Programa Erasmus en las últimas convocatorias ... (Página25)
181/003452 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre ofertas de empleo público en las que fueron convocadas las más de mil plazas de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que el Sr. Ministro de Trabajo e Inmigración afirmó se habían convocado en el período 2005-2009 ... (Página26)
181/003453 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre incidencia de la reducción en el número de plazas ofertadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la lucha contra el fraude laboral y de la Seguridad Social ... (Página26)
181/003454 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre motivos por los que no se asumen las reivindicaciones principales del sector lácteo ... (Página26)
181/003455 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre disposición del Gobierno a mejorar el Real Decreto por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo, para que se incorporen las demandas de dicho sector ... (Página26)
233/000175 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 3899/1999, planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo, respecto del artículo 31.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, en la redacción dada por el artículo 19 de la Ley 19/1989, de 25 de julio, y posterior redacción por la Disposición adicional 13.ª del Real Decreto-ley 7/1989, de 29 de diciembre, confirmado por la Disposición adicional 10.ª de la Ley 5/1990, de 29 de junio ... (Página27)
093/000034 Convenio de colaboración entre el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia y el Servicio Gallego de Salud para la cesión de la aplicación SAGA (Sistema de Gestión de Información del Sistema Acreditador de Formación Continuada de la Comunidad Autónoma de Galicia) ... (Página27)
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2011.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
161/002225
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a promover la publicación del algoritmo o fórmula matemática utilizada en las estimaciones electorales de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, para su debate en la Comisión Constitucional.
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) entre los múltiples estudios sociológicos que realiza, elabora, con carácter trimestral, y con ocasión de los procesos electorales, encuestas con el fin de "investigar las características del comportamiento electoral de los ciudadanos", según reza su propia página web.
Estas encuestas, elaboradas por los profesionales del CIS, sociólogos e investigadores de reconocido prestigio, han errado, sin embargo, de forma considerable, en las estimaciones electorales de los cuatro últimos procesos electorales: las elecciones al Parlamento de Galicia, al Parlamento Vasco, al Parlamento Europeo y al Parlament de Cataluña. Los pronósticos no sólo no se cumplieron, sino que quedaron muy alejados del resultado final.
Por otro lado, se viene observando en el recuerdo de voto de entrevistados una excesiva sobrerrepresentación de entrevistados que dicen ser antiguos votantes de una determinada tendencia política, por lo que, a nuestro juicio la muestra no es representativa del resultado producido en las anteriores elecciones. Además, ese sesgo se traslada al resultado final del resto de conclusiones de las encuestas sin ponderarlo, es decir, sin corregirlo, lo que puede dar lugar a interpretaciones erróneas, carentes de criterio objetivo.
Estos errores, muy graves, no son en puridad directamente atribuibles a los encuestadores, sino más bien al procedimiento de elaboración de los resultados, cuya responsabilidad se atribuye al personal directivo del Centro.
Por ello, y en aras de contribuir a una mayor transparencia, y con objeto de alejar cualquier posible duda acerca de la calidad e independencia de criterio en los trabajos del CIS, urge la publicación del método matemático o algoritmo utilizado para procesar los datos que conforman las encuestas electorales.
Con esta publicación se lograría un doble objetivo. En primer lugar, que dicha ponderación se pudiese trasladar al conjunto de las conclusiones de las encuestas, y en segundo lugar, que el algoritmo o fórmula matemática empleada en las estimaciones electorales quede sometida al examen, estudio y análisis general.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a "publicar, en las encuestas que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas con estimación de voto y otras cuestiones políticas, el algoritmo o fórmula matemática utilizada, al objeto de garantizar la transparencia de los resultados de las encuestas electorales"."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2011.-José Antonio Bermúdez de Castro, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de doña Rosa María Díez González, Diputada de Unión Progreso
y Democracia, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en el Pleno, instando al Gobierno a explicar su posicionamiento sobre la situación en los países del norte de África y promover las iniciativas necesarias en nuestra política exterior que apoyen los procesos de democratización en el área, para su debate en Comisión.
Los vientos de cambio en el mundo árabe son, en última instancia, el resultado de décadas de falta de democracia, de corrupción generalizada, de atenta- dos constantes contra los Derechos Humanos (contra las libertades públicas, contra la seguridad jurídica, contra la equidad social), y de gobernantes democráticos que han patrimonializado la riqueza de sus naciones.
Hasta ahora, Occidente había mirado para otro lado ante esta situación y durante años ha avalado, protegido, apoyado y justificado a regímenes autoritarios de todo tipo, sin hacerle ascos a repúblicas pseudo-panarabistas o a monarcas teocráticos, apoyando a cualquiera que se postulara como gendarme de sus intereses, y, para colmo, se ha dejado chantajear por líderes que decían proteger a Occidente (contra el desabastecimiento energético, la inmigración ilegal, el tráfico de drogas, o el islamismo radical).
Ante la situación actual, la disyuntiva de Occidente es clara: o repite los errores del pasado y asume el riesgo de que los procesos culminados en Túnez y Egipto, en marcha en Yemen, Libia y Siria, y larvados en Argelia, Marruecos, Mauritania, las monarquías del Golfo o Jordania desemboquen en regímenes radicales que incendien la región, o se pone del lado de las clases medias que aspiran a la misma libertad, a la misma democracia y al mismo desarrollo económico que nosotros ya disfrutamos en la orilla norte del Mediterráneo, y que hasta ahora en esos países sólo pueden ver por televisión.
"Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que defina sus estrategias en política exterior en la zona referida, mostrando:
- Su apoyo inequívoco a los movimientos populares y democratizadores en la región.
- Su rechazo a cualquier solución política que no pase por unas elecciones libres y democráticas y que aseguren el cumplimiento estricto de los Derechos Humanos.
- Su apuesta por desarrollar un papel proactivo en la democratización del área.
- Promover en el seno de la Unión Europea una revisión de la Política Europea de Vecindad y nuevos proyectos de desarrollo regional en los países árabes a través de la unión por el Mediterráneo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2011.-Rosa María Díez González, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002221
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al mal estado de los cuarteles de la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana, para su debate en la Comisión de Interior.
En estos momentos hay constancia que unos veinte cuarteles de la Benemérita en la Comunidad Valenciana corren el serio riesgo de desplomarse y otros muchos sufren goteras y grietas.
Esta situación se viene denunciando de forma reiterada por las propias asociaciones de la Guardia Civil, los medios de comunicación e instituciones públicas, haciendo caso omiso tanto el Delegado del Gobierno como el propio Ministerio del Interior.
Por tercer año consecutivo, el Ministerio ha reducido en más del cincuenta por ciento las inversiones en estas infraestructuras, siendo evidente que hay cuarteles que por mucho que lo intenten los guardias civiles es imposible desarrollar el trabajo en las mejores condiciones.
Prueba de lo que se dice es que los ayuntamientos de Gata de Gorgos, Benissa y Teulada, se han visto obligados a reubicar a la Guardia Civil en locales municipales por el mal estado de los cuarteles.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que los cuarteles de la Guardia Civil de la Comunidad Valenciana que se encuentran en estado ruinoso puedan continuar prestando
servicio en las localidades y zonas respectivas, de forma digna, tanto para los ciudadanos como para los propios guardias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2011.-Vicente Ferrer Roselló, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002224
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la reprobación del Director General de Tráfico en la Comisión de Interior.
El relevo forzado del Jefe Provincial de Tráfico de Palencia, obligado por el Director General de Tráfico, Pere Navarro, por atreverse a contestar a la grosera felicitación navideña de una subdirectora adjunta, ha causado una gran indignación y perplejidad entre todos los funcionarios de la DGT y de la opinión pública.
El Jefe Provincial de Palencia llevaba cincuenta años trabajando en la DGT, treinta años como jefe provincial, ejerciendo sus funciones de forma eficiente y siendo valorada su actuación profesional durante estos años, tanto por sus compañeros como por sus conciudadanos.
El correo con esta la singular felicitación de Año Nuevo fue enviado por la subdirectora general de Formación de la DGT el pasado 29 de diciembre a través de su correo oficial. El Jefe Provincial de Palencia contestó el 5 de enero invitándola a reservarse este tipo de felicitaciones para su círculo más íntimo, "pero no para un colectivo de compañeros, miembros de un organismo al que queremos". La carta fue contestada por la subdirectora el mismo día pidiéndole disculpas.
Sin embargo, el Director General de Tráfico consideró la correcta contestación del Jefe de Tráfico de Palencia como una inaceptable indisciplina, y el 14 de enero le inquirió a dimitir, amenazándolo, el propio Director, con cesarlo fulminantemente si no accedía a presentar su cese. El argumento era que la respuesta a la subdirectora se había hecho de una manera pública, lo cual no es cierto.
Después intentaron que pidiera su jubilación, ya que sólo le quedaban dos meses, y que renunciara voluntariamente, admitiendo su error. El 31 de enero, el Jefe Provincial de Tráfico de Palencia dejó constancia por escrito de que su renuncia no era voluntaria.
Los funcionarios públicos deben cumplir con su deber, pero no tienen que aguantar gracias que resultan soeces, ofensivas y de pésimo gusto de sus superiores. Grave es que la responsable de formación de la Dirección General de Tráfico demuestre tal falta de educación y respeto en sus comunicaciones oficiales, con unos correos electrónicos que han causado una mezcla de perplejidad e indignación en toda España, pero lo que sobrepasa todos los límites de lo admisible es que se castigue a un funcionario por atreverse a recomendar a esta subdirectora que reserve ese lenguaje para sus círculos íntimos.
El Grupo Popular solicitó una explicación al Gobierno a través de una comparecencia del Subsecretario del Ministerio del Interior, superior inmediato del Director General de Tráfico, que fue registrada en la Comisión de Interior del Congreso el pasado 9 de febrero. Sin embargo, el Gobierno no ha querido dar ninguna explicación sobre este asunto ni en sede parlamentaria ni fuera de ella.
1. Que informe a la Cámara de las razones por las que el Director General de Tráfico forzó el relevo del Jefe Provincial de Tráfico de Palencia.
2. Que proceda a reparar el daño causado al Jefe Provincial de Tráfico de Palencia por el perjuicio ocasionado por un relevo injusto, cuando menos con una disculpa pública por parte del Director General de Tráfico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2011.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002228
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la participación del Parlamento en el diseño y formulación de la Estrategia Española de Seguridad, para su debate en Comisión de Defensa.
El Presidente del Gobierno anunció, en su discurso de investidura del 8 de abril de 2008, su compromiso de que el Gobierno propondría una Estrategia Nacional de Seguridad para definir objetivos, señalar prioridades, cuantificar dotaciones, asegurar la colaboración y planificar los esfuerzos organizativos y presupuestarios. A su vez, la Directiva de Defensa Nacional 1/2008, presentada por la Ministra de Defensa el 25 de noviembre de 2008 ante la Comisión de Defensa, pretendía, como expone en su introducción, enmarcarse en una Estrategia de Seguridad Nacional, "cuya necesidad resulta evidente". Y remarcaba, como primera directriz de la política de Defensa, el "Colaborar en la elaboración de la Estrategia de Seguridad nacional y en la consecución de los objetivos que en la misma se establezcan". La propia Ministra, en dicha comparecencia, afirmaba: "Y esta es la señal inequívoca del Gobierno de que se debe actuar eficazmente para dotar a España, octava potencia industrial del mundo, de una Estrategia de Seguridad Nacional que nos sitúe en el grupo de países más avanzados en este ámbito".
Dos años después, de este "actuar eficazmente" el Congreso de los Diputados sólo conoce el nombramiento por el Consejo de Ministros, el pasado 23 de diciembre de 2009, de Javier Solana Madariaga como director de la Estrategia Española de Seguridad, y lógicamente encargado de su realización. La entonces Vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, señalaba en la rueda de prensa posterior al Consejo que "dicha estrategia deberá estará lista antes del 30 de noviembre del próximo año". También se conoce, a través de diversas informaciones publicadas en medios de relevancia y notas de prensa de asociaciones, institutos y think tanks, la participación de éstos o aquellos en la realización de la misma. Incluso se ha llegado a "filtrar" un texto que parece ser mucho más que un mero borrador de la Estrategia Española de Seguridad, que parece ser el nombre definitivo de la misma.
El problema, sin embargo, no tiene que ver con la cuestión de fechas y retrasos, que también, si no en que el Parlamento, la sede de la soberanía nacional, y el encargado de legislar y controlar al Gobierno, no sólo de refrendar las políticas a aplicar por el ejecutivo, ha permanecido sorprendentemente ajeno a todo el proceso de elaboración de tan importante documento, nada menos que la primera directriz de la política de defensa. El Congreso debería tener algo que decir en su definición, control y desarrollo legislativo, por no insistir en la que debiera ser una lógica y necesaria participación, si consideramos que el texto, todavía oficialmente incógnito, nos situará "en el grupo de países más avanzados".
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar ante el Congreso de los Diputados, en el plazo de dos meses, el Proyecto de Estrategia Española de Seguridad, para su debate y aprobación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2011.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el pago del Fondo de Competitividad del 2011, para su debate en la Comisión de Economía.
Los Presupuestos Generales del Estado para el 2011 son los primeros que se rigen por el nuevo modelo de financiación autonómica fruto del acuerdo 6/2009, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se incorporó al ordenamiento jurídico mediante dos normas de rango legal: La Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
Sin embargo, no se incorporó en la ley de presupuestos generales el pago del Fondo de Competitividad correspondiente al 2011. Ante esta situación, las Comunidades Autónomas han optado por diferentes vías para enfocar el conflicto: desde continuar con la negociación para pactar el anticipo acordado, a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional.
El Fondo de Competitividad se creó con el fin de reforzar la equidad y la eficiencia en la financiación de las necesidades de los ciudadanos y reducir las diferencias en financiación homogénea per cápita entre Comunidades Autónomas, al mismo tiempo que se incentiva la autonomía y la capacidad fiscal y se desincentiva la competencia fiscal a la baja.
En el contexto de crisis están siendo las Comunidades Autónomas las que más esfuerzos presupuestarios están haciendo por la naturaleza social de sus competencias en áreas como la salud, educación o acción social. El Gobierno del Estado no puede incumplir la ley dejando en dificultades financieras a las CCAA, poniendo en grave peligro servicios públicos básicos y contradiciendo el espíritu del pacto al que se llegó el pasado 15 de julio de 2009 en el Consejo Política Fiscal y Financiera.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para que las Comunidades Autónomas puedan recibir el anticipo correspondiente al Fondo de Competitividad antes de que finalice el año 2011, de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, y la Ley 22/2009, de 18 de diciembre."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2011.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-María Nuria Buenaventura Puig, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia de su Portavoz, don Joan Ridao Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de la figura del mediador del Crédito, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
Una de las actuaciones que se han llevado a cabo tanto por la Comisión Europea como por el Banco Central Europeo para hacer frente a la grave crisis internacional ha sido la de salir al rescate de las entidades financieras con un plan de financiación destinado a proporcionar liquidez al sistema.
Estas medidas han tenido su traducción en el Estado español mediante la creación en junio de 2009 del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Un fondo pensado para dar apoyo al sector financiero y garantizar su viabilidad.
No obstante, ni el FROB, ni posteriormente la utilización del ICO como medida para facilitar el acceso al crédito a empresas y autónomos han servido para que el crédito llegue definitivamente a la economía productiva, teniendo un impacto muy reducido sobre las necesidades de financiación de empresas y autónomos y gran parte de los fondos canalizados por el ICO son sustitutivos de los fondos que venían dejando las entidades financieras. Es decir, el ICO sólo ha servido para que las entidades de crédito se financiaren, abortando de esta forma su principal finalidad de dotar de crédito a la economía productiva.
La experiencia de otros Estados nos demuestra que existen otras medidas para garantizar que el crédito alcance a empresas y autónomos. Así, por ejemplo, en Francia se ha puesto en marcha, entre un amplio abanico de medidas, la mediación de crédito.
Este es un instrumento que el gobierno francés ha impulsado, en paralelo a la programación de ayudas al sector financiero para garantizar que las empresas francesas no sufran una crisis crediticia que cuestionara su viabilidad y la de miles de puestos de trabajo, y así ha condicionado desde el primer momento las ayudas al sector bancario a su compromiso con el sector empresarial. De esta manera, utiliza la mediación como instrumento de presión sobre las entidades financieras para revertir a las Pymes y a la economía real los créditos que el Estado ha otorgado a los bancos en forma de garantías o de fondo.
Los bancos, a cambio de esta inyección, deben comprometerse entre otras a realizar un acompañamiento más estrecho en el desarrollo de un proyecto de crédito empresarial y valorar de forma preferente la viabilidad del proyecto y del equipo emprendedor por encima de los avales.
La voluntad de garantizar el buen funcionamiento de este nuevo instrumento ha supuesto que ya haya tenido varias revisiones para ajustar su funcionamiento y garantizar su utilidad. La mediación del crédito publica mensualmente y por territorios el crédito concedido por las entidades financieras. De esta manera se consiguen dos objetivos claros: primero, no dejar ninguna empresa sola ante los problemas de tesorería o de financiación; y segundo, velar porque se cumplan los compromisos firmados por las entidades financieras y el Ministerio de Economía dentro del Plan de Sostenibilidad Económica.
Siguiendo el modelo francés y extrapolando sus datos, en Cataluña por ejemplo el impacto que tendría la puesta en marcha de este instrumento supondría contribuir a consolidar 2.500 empresas, desbloquear 550 millones de euros y a preservar 40.000 puestos de trabajo. En Francia, el 82% de los expedientes de las empresas solicitantes de mediación han sido aceptados y el 55% han tenido una resolución favorable.
Estas medidas que tan buenos resultados están dando en el Estado francés podrían también implantarse en el Estado español, como así propone la patronal catalana CECOT. En este sentido, el Gobierno debiera liderar un entendimiento con las entidades financieras que quieran adherirse a este mecanismo y facilitar la creación de un órgano de mediación de crédito que funcione de forma similar al existente en el Estado francés.
Proposición no del Ley
Impulsar el desarrollo del mediador de crédito entre todos los agentes implicados (entidades financieras, y entidades profesionales y empresariales, agentes sociales y administraciones públicas), aprovechando todos los recursos que las partes ya disponen para poner en marcha su funcionamiento antes de finalizar el tercer trimestre del año."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2011.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del Portavoz don Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al pago del Fondo de Competitividad a la Generalitat de Catalunya y al cumplimiento de los compromisos de financiación autonómica, para su debate en la Comisión de Economía.
El Presidente del Gobierno español regresó de la pasada cumbre en Bruselas con nuevas exigencias de recorte de la deuda pública, para evitar que la economía del Estado sea rescatada.
La mayor parte del endeudamiento del Estado, corresponde a la Administración General del Estado, siendo cinco veces superior al de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Sin embargo, para las nuevas exigencias de reducción del déficit público, el Estado quiere poner a las Comunidades en el punto de mira.
A nuestro entender, está creando un estado de opinión que alienta las tesis recentralizadoras y de déficit cero y de la necesidad de un pacto de racionalización del Estado de las Autonomías, con la recentralización de competencias por parte del Estado.
No obstante, es la Administración estatal la que tiene margen todavía para adelgazar, puesto que, actualmente, viene ejerciendo competencias que no le son propias, duplicando de forma innecesaria servicios con las Comunidades Autónomas. En este sentido, esta Cámara ya ha exigido al Gobierno que aplique medidas de racionalización del gasto mediante la Moción consecuencia de interpelación urgente, presentada por Esquerra Republicana sobre la racionalización y reducción de la estructura de la Administración General del Estado, mediante la austeridad, la eficiencia, la moderación del gasto y el cumplimiento del principio de lealtad institucional, con el objetivo de mejorar la eficacia y permitir la adecuada financiación autonómica (173/000077).
Por lo que se refiere a Catalunya, en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2001, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y de lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2010 y en el Consejo de Ministros de 3 de septiembre de 2010, se ha presentado el Plan de Reequilibrio Económico-Financiero para el período 2011-2013, que fija los objetivos de estabilidad presupuestaria en el 1,3% para los años 2011 y 2012 y el 1,1% para 2013.
Alcanzar dichos objetivos puede poner en peligro la prestación de los servicios básicos, como la salud y la educación, ya que la Generalitat tiene comprometido de manera finalista el 80% de su gasto con políticas sociales, y, a su vez, de este 80%, el 70% se aplica a pagar la nómina de los médicos y los maestros.
Estas severas exigencias del Gobierno llueven sobre mojado, pues el elevado déficit de Catalunya, del 3,86% según liquidación de la Intervención General del Estado correspondiente al ejercicio 2010, nada tiene que ver con una mala gestión del Gobierno catalán.
La mala situación financiera de la Generalitat de Catalunya viene dada por varios factores, entre los que destacamos la bajada de los ingresos fiscales debida al freno de la actividad económica provocado por la grave crisis económica, por incumplimientos del principio de lealtad institucional en las políticas estatales con incidencia en el presupuesto de la Generalitat, por las cantidades pendientes de la DA tercera del EAC y por el injusto saldo fiscal negativo del 10% del PIB, que arrojan las balanzas fiscales y que equivalen en cifras a aproximadamente 20.000 millones de euros cada año.
En este marco, es necesario que Catalunya reciba en 2011 todos los recursos comprometidos en el vigente acuerdo de financiación autonómico, incluidos los fondos y recursos adicionales, como el fondo de competitividad.
1. Cumplir todos los compromisos derivados del vigente acuerdo de financiación autonómico.
2. Iniciar de forma inmediata los trámites necesarios para autorizar la concesión del anticipo correspondiente a los fondos y recursos adicionales de 2011, en forma de anticipo de tesorería, según lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
3. Convocar la Comisión Mixta Estado-Generalitat para determinar la liquidación de la DA tercera del EAC de los años ya vencidos de acuerdo con la metodología y procedimientos acordados en el marco del grupo de trabajo establecido entre el Ministerio de Economía y Hacienda y el Departamento de Economía de la Generalitat de Catalunya, y para determinar lo previsto en la DT segunda de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre."
161/002222
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la convocatoria de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y la convocatoria de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, para su debate en la Comisión de Economía.
Según el artículo 183 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, de acuerdo con los principios establecidos por los artículos 3.1 y 174, constituye el marco general y permanente de relación entre los Gobiernos de la Generalitat y el Estado para el intercambio de información y el establecimiento, cuando proceda, de mecanismos de colaboración en las respectivas políticas públicas y los asuntos de interés común.
Las funciones de la Comisión Bilateral Generalitat- Estado son deliberar, hacer propuestas y, si procede, adoptar acuerdos en los casos establecidos por el presente Estatuto y, en ámbitos como:
- La programación de la política económica general del Gobierno del Estado en todo aquello que afecte singularmente a los intereses y las competencias de la Generalitat y sobre la aplicación y el desarrollo de esta política.
- El seguimiento de la política europea para garantizar la efectividad de la participación de la Generalitat en los asuntos de la Unión Europea.
- El seguimiento de la acción exterior del Estado que afecte a las competencias propias de la Generalitat.
Por otro lado, el artículo 186 del Estatuto de Autonomía de Catalunya que determina la participación en la formación de las posiciones del Estado, establece en su apartado primero que: "La Generalitat participa en la formación de las posiciones del Estado ante la Unión Europea, especialmente ante el Consejo de Ministros, en los asuntos relativos a las competencias o a los intereses de Cataluña, en los términos que establecen el presente Estatuto y la legislación sobre esta materia." En el tercer punto se determina que: "La posición expresada por la Generalitat es determinante para la formación de la posición estatal si afecta a sus competencias exclusivas y si de la propuesta o iniciativa europeas se pueden derivar consecuencias financieras o administrativas de especial relevancia para Cataluña."
De acuerdo con lo establecido en el artículo 183, el llamado "Pacto por el euro" aprobado por los países de la zona euro por el Consejo Europeo en su reunión del 11 de marzo, así como el "Pacto por el Euro plus" y el "Plan de gobernanza económica", aprobados en la Cumbre de Primavera del Consejo Europeo, que se celebró el 24 y 25 del pasado marzo, deberían haber sido motivo para la celebración de una Comisión Bilateral Generalitat-Estado.
En el contenido del "Pacto por el Euro Plus", hay acuerdos que afectan a las competencias propias de la Generalitat y de ellos se derivan evidentes consecuencias para las finanzas autonómicas. Por ejemplo, se establecen unos indicadores de sostenibilidad que se utilizarán, entre otras cosas, para determinar la necesidad de limitar la inversión en sanidad, siendo esta competencia autonómica, así como la fijación de objetivos de moderación presupuestaria que afectarán a la educación, competencia también autonómica. Se acuerdan medidas a desarrollar en el sector financiero que afectarán a las cajas de ahorro, que hasta el momento estaban reguladas y controladas desde la administración autonómica. También se acordó el refuerzo, mediante las reformar legales necesarias en la legislación estatal, de las garantías para el cumplimento de los objetivos de reducción del déficit público; cuestión que, evidentemente, es una iniciativa que tiene consecuencias financieras de especial relevancia para Cataluña.
El Estatuto de Autonomía de Catalunya también establece en su artículo 210 la naturaleza y funciones de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, órgano bilateral de relación entre la Administración del Estado y la Generalitat en el ámbito de la financiación autonómica al que "le corresponden la concreción, la aplicación, la actualización y el seguimiento del sistema de financiación, así como la canalización del conjunto de relaciones fiscales y financieras de la Generalitat y el Estado".
Según la letra b) del apartado segundo del citado artículo corresponde a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat "acordar la contribución a la solidaridad y a los mecanismos de nivelación prevista en el artículo 206".
Es decir, que los recursos que las CC.AA. deben recibir del Fondo de Competitividad debería definirse en una Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat. El Fondo de Competitividad tiene como fin "reforzar la equidad y la eficiencia en la financiación de las necesidades de los ciudadanos y reducir las diferencias en financiación homogénea per cápita entre Comunidades Autónomas", según la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias; y, por tanto, es un mecanismo de nivelación. En cumplimiento de ambas leyes, Estatuto de Autonomía y Ley 22/2009, el Gobierno debería proceder a la inmediata convocatoria de dicha Comisión.
1. Convocar la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, de acuerdo con la Generalitat, para formular conjuntamente el desarrollo del "Pacto por el Euro Plus" y el posicionamiento del Estado en cualquiera de las iniciativas o propuestas que puedan derivar en recortes presupuestarios de áreas gestionadas por la Generalitat, o bien en la limitación de sus finanzas, como las modificaciones de sus objetivos de déficit.
2. Convocar la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, de acuerdo con la Generalitat, para establecer la concreción y aplicación de los recursos del Fondo de Competitividad del 2011."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2011.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-María Nuria Buenaventura Puig, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/002230
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Telefónica ante los masivos despidos anunciados, para su debate en la Comisión de Economía.
El pasado 14 de abril, durante la convención de inversores que celebró Telefónica España en Londres, la compañía anunció entre 5.000 y 6.400 despidos, un 20% del total de su plantilla, a ejecutar en tres años. Cabe recordar que la plantilla ya se redujo en 13.800 puestos entre 2003 y 2007. Ahora se abrirá una negociación con los sindicatos que abordará también temas salariales, con la negociación del convenio que puede desligarse del IPC y externalizaciones.
En febrero conocíamos que la operadora ganó 10.167 millones de euros en 2010, el mayor beneficio reportado por una empresa española, con un incremento del 30,8% respecto a 2009. Cerca de 1.900 dirigentes recibirían un máximo de 450 millones de euros en tres ciclos que comenzarían a ejecutarse el próximo 1 de julio, con la entrega de las acciones que correspondan a partir del 1 de julio de 2014.
Esta política empresarial de despidos masivos injustificados supondrá un incremento del gasto público inadmisible. En primer lugar, el personal de Telefónica afectado pasará a recibir la prestación por desempleo. En segundo lugar, el FOGASA pagará ocho días de indemnización por año trabajado a cada una de las personas despedidas.
Además, estas decisiones empresariales perjudican gravemente al sistema de pensiones. Trabajadores plenamente capacitados para realizar su trabajo se verán abocados a acogerse a una prejubilación, pasando a ser perceptores cuando perfectamente podrían seguir siendo cotizantes.
1. Apoyar durante la negociación laboral a los sindicatos y trabajadores y trabajadoras de Telefónica España para evitar que se produzcan despidos.
2. A no admitir en ningún caso que los despidos se realicen mediante un expediente de regulación de empleo, ya que los beneficios récord de la empresa demuestran la total viabilidad de la empresa con los puestos de trabajo actuales.
3. Apoyar durante la negociación laboral a los sindicatos y trabajadores y trabajadoras de Telefónica España para evitar que sus incrementos salariales se desvinculen del IPC.
4. Llevar a cabo todas las medidas oportunas para que los despidos de empresas con beneficios no sean cubiertos parcialmente con fondos públicos con el pago de 8 días por trabajador y por año trabajado por el FOGASA.
5. Llevar a cabo todas las modificaciones legales necesarias para lograr mayor grado de transparencia en relación a las remuneraciones de los miembros de los consejos de administración y los altos ejecutivos de las empresas; limitar la retribución variable o "bonus" ligando las retribuciones variables también a objetivos ambientales y sociales y condicionar estos pagos al mantenimiento de los puestos de empleo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2011.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-María Nuria Buenaventura Puig, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario ER-IU-ICV presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre prioridad del Corredor Central Ferroviario Sines/Algeciras-Madrid-París en el marco de la Red Transeuropea de Transportes (TENT-T), para su debate en la Comisión de Fomento.
Los principales agentes económicos y sociales de la comarca del Campo de Gibraltar ha constatado en un manifiesto conjunto la necesidad de priorizar el Corredor Central Ferroviario Sines/Algeciras-Madrid-París, como motor del futuro desarrollo económico e industrial de la comarca a corto y medio plazo.
Las razones que exponen los firmantes del manifiesto para apoyar la priorización del corredor central son las siguientes:
- El corredor central ferroviario es la única conexión ferroviaria viable a corto y medio plazo para las mercancías con origen o destino en la Bahía de Algeciras.
- Es la conexión más directa e inmediata de la Bahía con Madrid, cuestión ampliamente demandada por los operadores del puerto de Algeciras y las grandes industrias de la comarca.
- Se apoya en vías ya existentes por lo que su coste de ejecución es muy inferior a cualquier otra opción planteada. Y esto es debido a tres razonamientos:
? Desde Algeciras hasta Madrid sólo hay que finalizar la mejora y electrificación del tramo Algeciras-Bobadilla, de tan sólo 176 km de longitud, y en el que actualmente ya se están ejecutando mejoras.
? Desde Antequera hasta Madrid, el trazado del AVE ha liberado ya la antigua vía férrea, posibilitando así el uso exclusivo de ésta para mercancías.
? Desde Zaragoza hasta París, y mientras se concluye la construcción del túnel por los Pirineos, el tráfico puede ir por la Junquera o por Irún.
Por todo lo anterior, los principales agentes económicos y sociales de Algeciras y de la comarca, Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Universidad de Cádiz, Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, Comunidad Portuaria COMPORT, Federación de Empresarios del Campo de Gibraltar, CC.OO. y UGT; consideran urgente para solventar el desempleo y garantizar el desarrollo económico del Campo de Gibraltar, la inclusión del corredor central en la Red Básica de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T).
La inclusión del corredor central en la Red Básica de la Red Transeuropea de Transportes es actualmente fundamental debido al proceso de revisión de la Red que está llevando a cabo la Comisión Europea, a la hora de establecer prioridades.
Ante esta situación, y considerando la actual situación de desempleo y crisis económica y de desempleo del Campo de Gibraltar, y considerando que la conexión con Madrid y Europa puede paliar en gran medida estos problemas, se presenta la siguiente
Promover la inclusión del Corredor Central Ferroviario en la "red básica" de la Red Transeuropea de Transportes (TEN-T), realizando cuantas actuaciones sean necesarias ante la Unión Europea para garantizar su ejecución en las fechas previstas inicialmente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2011.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-María Nuria Buenaventura Puig, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/002223
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG) y el Diputado don Francisco Xesús Jorquera Casetas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la regulación de las distintas profesiones del deporte, para su debate en la Comisión de Educación.
La actividad físico-deportiva se ha convertido en un indicador del estado del bienestar. El número de personas que hoy se dedican a esta actividad se ha incrementado sensiblemente. Sea practicando deporte por diversión, sea participando en deportes federados y de competición en sus distintos niveles, sea por motivos de salud, lo cierto es que la actividad físico-deportiva está cada vez más presente en la sociedad.
Paralelamente a esta expansión de la actividad físico-deportiva, en el Estado español han surgido en los últimos años no menos de ocho tipos de titulaciones relacionadas con el deporte, tanto desde el sistema educativo como del federativo.
Así, por un lado, hay maestro especialista en educación física, licenciados, máster y doctores, y, por otro, técnicos superiores en animación de actividades físicas y deportivas o técnicos en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural. También las federaciones deportivas desarrollan titulaciones de técnicos deportivos que en su mayoría ejercen su labor en el deporte escolar o deporte base.
La implantación de estas titulaciones ha provocado problemas de solapamiento entre unas y otras que hace necesaria una nueva regulación de las profesiones del deporte que contemple las competencias profesionales de cada una de ellas y evite la confusión y el "intrusismo" profesional.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Bloque Nacionalista Galego, presenta la siguiente
Que proceda, desde el más estricto respeto a las competencias autonómicas, a regular las distintas profesiones del deporte, de tal forma que se determinen las competencias profesionales de cada una de ellas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2011.-Francisco Xesús Jorquera Caselas, Diputado.-M.ª Olaia Fernández Davila, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002232
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la renovación de la enseñanza de las ciencias, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
El 27 de marzo de 2007 se debatió en el Pleno del Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley firmada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara sobre el Año de la Ciencia.
En su exposición de motivos se manifestaba que la celebración del Año de la Ciencia en España representaba una oportunidad única para promover la cultura científica de la ciudadanía, realizando un esfuerzo por dignificar el papel del investigador, mejorar la comunicación entre los investigadores y la población en general y propiciar en la sociedad un mejor conocimiento sobre el rol de la ciencia y la tecnología en el desarrollo socioeconómico y del bienestar. Se constataba que nuestro Sistema de Ciencia y Tecnología carecía de procesos de comunicación y divulgación capaces de transmitir al conjunto de la sociedad las realidades de los avances alcanzados en I+D+i.
También se resaltaban las carencias que la enseñanza de la ciencia en escuelas y universidades presentaba, como la poca presencia de contenidos científico-técnicos en la educación primaria, la necesidad de mejoras didácticas y curriculares en todos los niveles educativos y la falta de vocación por carreras de ciencias e ingenierías. Estas limitaciones en el sistema educativo contrastan -se decía- con la alta valoración que los ciudadanos otorgan en las encuestas al conocimiento científico en distintos aspectos de la vida cotidiana.
En la resolución que aprobó por unanimidad el Congreso hace cuatro años se manifestaba el apoyo de la Cámara a la celebración del Año de la Ciencia 2007. Entre otros puntos se reconocía que era una oportunidad para mejorar la enseñanza y la educación científica y tecnológica de nuestros estudiantes, para fomentar la vocación de futuros científicos/as y para facilitar la divulgación del verdadero alcance de la ciencia y
sus repercusiones tecnológicas entre la población en general, los profesores de los diferentes niveles de enseñanza y los investigadores.
En 2010 se ha impulsado el proyecto ENCIENDE (Enseñanza de las Ciencias en la Didáctica Escolar) elaborado por la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) con la participación del Ministerio de Ciencia e Innovación, que responde a la necesidad de incluir las ciencias como un elemento fundamental en la cultura y que pretende afianzar su papel de puente entre la comunidad educativa y la comunidad científica. En definitiva, un proyecto capaz de involucrar a toda la sociedad y trabajar en pro de una ciudadanía sensibilizada, educada y formada en la ciencia.
El Informe Enciende recoge propuestas y recomendaciones planteadas desde tres ámbitos de análisis sobre la enseñanza de las ciencias en edades tempranas y las integra en cinco propuestas transversales con el objetivo que ya en su día declaró la Cámara del Congreso.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que el Ministerio de Educación, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y las personas o entidades públicas o privadas de la comunidad científica y educativa, adopte las medidas necesarias para:
1. Apoyar y potenciar una renovación de la enseñanza de las ciencias, no sólo de los contenidos o metodologías de aula, sino también del enfoque de la evaluación interna y externa, que ponga el acento en la aplicación de los contenidos en contextos diversos y relevantes.
2. Replantear la formación del profesorado de ciencias tanto inicial como continuada, en consonancia con la renovación de la enseñanza de las ciencias que se persigue, aumentando la formación científica y, sobre todo, de didáctica de las ciencias del profesorado de primaria, y consolidando la formación a nivel de máster del profesorado de secundaria.
3. Fomentar la cultura científica en España a través de la potenciación de acciones que impliquen el acercamiento de la ciencia a la sociedad, en particular en el ámbito familiar y del ocio, así como de la comunicación científica.
4. Promover la apertura de la comunidad científica a la sociedad en general y a los niños en edades tempranas en particular.
5. Mantener y dinamizar un punto de encuentro entre los diversos agentes implicados en la educación y cultura científica, en particular de los niños en edades tempranas, que centralice, difunda y cohesione las diferentes iniciativas en el ámbito científico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2011.-Adolfo Luis González Rodríguez, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente Proposición no de Ley para el establecimiento de un sistema público de indemnizaciones para las víctimas del amianto, para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
España fue en el siglo xx la principal productora europea de productos con amianto, destacadas fábricas como Uralita, S.A., en Cerdanyola del Vallés; Rocalla, S.A., en Castelldefels; Honeywell, en El Prat del Llobregat, o Alstom, S.A., en Barcelona, expusieron a sus trabajadores/as al polvo del amianto provocando enfermedades respiratorias graves, como la asbestosis o el cáncer de pulmón.
Según estimaciones realizadas por AVIDA (Asociación de Víctimas del Amianto), hasta el 2010 se producirán unas 1.500 muertes anuales de personas expuestas al amianto entre 1960-1975. Del 2010 al 2025 esta tasa aumentará hasta 2.300 muertes por año entre la población expuesta hasta 1990. Del 2025 al 2040 empezará a decrecer, situándose en 700 muertes por año entre población expuesta a partir de los 90, sobre todo en los procesos de demolición y reparación de estructuras y edificios.
Añadiendo a estas estimaciones las de otros estudios epidemiológicos, podemos afirmar que en los próximos treinta años se producirán en España unas 50.000 muertes por cáncer de pleura y pulmón directamente relacionados con la exposición al amianto.
Desde el año 2002 está prohibido en España la utilización, producción y comercialización del amianto, pero el problema continúa, pues las personas afectadas siguen sin reconocimiento y sin compensación económica, teniéndose que enfrentar a largos procesos judiciales para determinar como profesionales sus patologías y ser indemnizados por las empresas que durante décadas no cumplieron con la normativa de prevención de riegos.
Tal y como destaca el Col·lectiu Ronda, mientras en otros países europeos, como Francia o Bélgica, se han creado fondos para indemnizar económicamente a las víctimas de esta peligrosa sustancia, en el Estado español
los/las trabajadores/as se ven obligados a largos procesos judiciales para obtener cuantías muy inferiores.
El Fondo de Indemnización Francés fue aprobado por el Gobierno en el año 2001, tiene una financiación básica de 410 millones de euros y se nutre a partir de las aportaciones del Gobierno francés, la Seguridad Social y las sanciones impuestas por la justicia a las empresas infractoras en materia de prevención de riesgos referentes a la exposición a esta sustancia. Las cuantías que reciben los afectados por exposición al amianto y sus familiares directos oscilan entre 146.000 y 22.000 euros.
La historia de la exposición laboral al amianto en el Estado español es la historia de un verdadero genocidio laboral. Miles de trabajadores han visto afectada su salud por una sustancia que ya constaba como causante de asbestosis en el Cuadro de Enfermedades Profesionales de 1974.
Proposición no de Ley relativa al impulso de un Pacto de Estado de Energía y la revisión de la seguridad de las centrales nucleares.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la eventual presentación de propuestas de resolución a los informes a los que se alude en los puntos 4 y 6, se tramitaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia de su Portavoz, don Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de un Pacto de Estado de Energía y la revisión de la seguridad de las centrales nucleares, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
La energía nuclear supone aproximadamente el 20% del consumo de electricidad del Estado español, o, lo que es lo mismo, el 5% de la energía final consumida. Atendiendo a la problemática de costes, seguridad, residuos y proliferación militar que presenta esta tecnología energética, ejemplificada en los últimos acontecimientos en Japón y en los retrasos y extracostes que están sufriendo las nuevas construcciones en Finlandia y en Francia, el Comisario Europeo de Energía Günther Oettinger manifestó recientemente la necesidad de que Europa se plantee cómo podría cubrir sus necesidades energéticas de futuro si no pudiera contar con la energía nuclear.
Incluso antes de estos acontecimientos, el Gobierno había manifestado su intención de reducir progresivamente la participación de la energía nuclear en nuestro suministro energético, procediendo al cierre progresivo de las centrales al final de su vida útil y sustituyéndolas por otras fuentes energéticas que aseguren el suministro al tiempo que nos permitan cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones.
El terremoto y el tsunami que han afectado a las instalaciones nucleares japonesas, y las graves consecuencias que para la salud de las personas y del medioambiente muy probablemente tenga el desenlace final de este grave accidente, aconsejan la adopción de medidas estructurales en relación al futuro previsible de la energía nuclear en nuestro país.
Estas medidas tienen que ir en dos direcciones:
En primer lugar, hay que analizar en profundidad las condiciones de seguridad con que operan las centrales actuales, y el grado de efectividad de los planes de emergencia previstos en caso de accidente en una de estas centrales, o en centrales nucleares de países vecinos, incluyendo un análisis de los riesgos que se asumirían en caso de prolongar la vida de nuestras centrales más allá de su vida de diseño. El objetivo de estos análisis, y de la implementación de los requisitos que en su caso se deriven, ha de ser el de asegurar el máximo nivel de seguridad, en tanto se considere que por motivos de planificación energética sigue resultando imprescindible mantener estas centrales en operación. En este sentido, es necesario que el Consejo de Seguridad Nuclear, en colaboración con los organismos competentes de los demás Estados miembro de la UE, y con la Agencia Internacional de la Energía Atómica, haga una exhaustiva reevaluación de los criterios de diseño que en su momento se consideraron suficientes para las centrales actuales a la luz de lo ocurrido en Japón, en especial en todo lo relativo a su comportamiento frente a catástrofes naturales como terremotos, inundaciones, etétera., y también frente a la posible pérdida total de suministro exterior por un determinado período de tiempo. De esta reevaluación podrían derivarse nuevas exigencias para las empresas propietarias de estas centrales.
En segundo lugar, hay que abordar la planificación energética de futuro previendo la posibilidad de que no sea aconsejable extender la vida útil de estas centrales y que tampoco sea viable su sustitución por otras de nueva generación, y por tanto esta eventualidad debería formar parte de los planes energéticos a futuro como uno de los escenarios posibles y frente al que deberíamos prepararnos en el horizonte 2020-2030.
"El Congreso de los Diputados manifiesta su compromiso con la sustitución progresiva de energía nuclear por renovable, e insta al Gobierno español a:
1. Impulsar un Pacto de Estado por la Energía, que sirva para fijar una mix energético donde se determinen las perspectivas de generación energética y las fuentes de las que procederán.
2. Planificar la sustitución gradual de la energía nuclear por otras energías seguras, limpias y menos costosas, clausurando las centrales nucleares de forma ordenada en el tiempo al final de su vida útil, asegurando el suministro y el máximo consenso social, potenciando el ahorro, la eficiencia energética y la gestión de la demanda, las energías renovables, la generación distribuida y la modernización de las redes de transporte y distribución. Incorporar este escenario energético en las planificaciones a 2035.
3. Impulsar con las administraciones locales y autonómicas, en función de la planificación anteriormente referida, un plan de desarrollo económico y social que garantice un modelo de desarrollo social y territorial perdurable en el territorio, y especialmente en las zonas de concentración de centrales nucleares como la comarca de la Ribera d'Ebre, que suponga una alternativa para las personas afectadas por el cierre de las nucleares.
4. Remitir un informe anual al Congreso de los Diputados, en el primer semestre del año, sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER), dando lugar a las propuestas de resolución que se estimen oportunas por los grupos parlamentarios.
5. Realizar, mediante el Consejo de Seguridad Nuclear, una exhaustiva revisión de la seguridad de todas las centrales nucleares del Estado, contemplando nuevas casuísticas o de mayor potencial, después del riesgo experimentado en Japón. En particular, revisar detalladamente la central de Garoña y avanzar su cierre a finales de 2011 si del resultado del análisis del CSN se detectaran riesgos significativos al tratarse de una central de la misma edad y del mismo diseño de la que ha sufrido el accidente en Japón.
6. Enviar el informe del CSN citado en el punto anterior al Congreso de los Diputados, dando lugar a las propuestas de resolución que se estimen oportunas por los grupos parlamentarios.
7. Revisar, en colaboración con las administraciones locales y autonómicas afectadas, los planes de emergencia y evacuación previstos en caso de accidentes graves, así como realizar periódicamente simulacros de estos planes para comprobar la efectividad de los mismos, asegurando que existen los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para afrontar una situación de emergencia nuclear.
8. Revisar las categorías y la extensión de las áreas de afectación nuclear y la participación en las reuniones de seguridad definidas por los Planes de Seguridad Nuclear.
9. Impulsar las actualizaciones oportunas de las medidas de seguridad y los mecanismos para una mayor transparencia, rigor y fluidez de la información sobre la seguridad y los incidentes en las centrales nucleares.
10. Revisar si las cantidades fijadas en concepto de responsabilidad civil a los operadores de centrales nucleares son proporcionadas a los costes personales y medioambientales que pueden derivarse de un accidente nuclear, a la vista del impacto económico que tendrá
el accidente de Fukushima y ampliar, en su caso, estas cantidades, incluyendo la posibilidad de una responsabilidad total ilimitada en caso de negligencia o mala actuación por parte del operador de la central."
161/002229
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones en televisión terrestre con tecnología analógica, para su debate en la Comisión de Industria.
El Gobierno, a través del Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, aprobó el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre. En este Plan se establece el esquema de transición de la televisión analógica a la digital y el escenario resultante tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica.
La transición de la televisión analógica a la digital culminó con éxito en marzo del pasado año, gracias, en gran parte, a la colaboración y coordinación de todas las administraciones.
Ahora, estamos inmersos en esa segunda fase del proceso, presente en la disposición adicional tercera del Real Decreto 944/2005, como es el escenario tras el cese de la emisión de televisión con tecnología analógica. Para el desarrollo de este escenario, el Gobierno aprobó el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo.
Este Real Decreto 365/2010 regula la asignación de múltiples de la televisión digital terrestre tras el cese de las emisiones de televisión digital con tecnología analógica. En esta regulación se van a tener en cuenta las decisiones regulatorias que los organismos internacionales especializados en telecomunicaciones y las instituciones comunitarias están adoptando.
Esta reasignación, realizada de acuerdo con los criterios citados, de seguirse con el esquema con el que se operó en la transición de la televisión analógica a la digital y pretender alcanzar idéntica cobertura a la alcanzada en dicha transición, va a requerir actividades y gastos tanto por parte de las televisiones adjudicatarias como de los televidentes particulares y, en su caso, de las Administraciones Públicas. Esta es la previsión que se contempla en el artículo 51 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
El Ministro de Industria ha declarado que el coste de la reorganización del espectro se sufragará con los ingresos que se obtengan con el dividendo digital resultante de la reasignación.
Sin embargo, se constata en algunas Comunidades Autónomas una incertidumbre y una preocupación por lo que finalmente pueda resultar de costo para ellas derivado de esta reasignación.
Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
"Hacer frente al cien por cien de los gastos que se puedan derivar, bien para la Administración en su conjunto, bien para los ciudadanos particulares, de la regulación de la asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre establecida en el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, y de la consiguiente extensión de la Televisión Digital Terrestre a la totalidad del territorio del Estado en términos al menos comparables a los que se alcanzaron a raíz del apagón analógico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2011.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/002226
El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al cambio en la denominación de la categoría profesional de auxiliares de enfermería, para su debate en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo.
Desde su nacimiento en 1960 hasta nuestros días, la profesión de auxiliares de enfermería ha avanzado en su profesionalización, adaptándose a la evolución de la práctica clínica y, muy especialmente, a las nuevas tecnologías. Esta evolución se ha recogido en las distintas regulaciones que se han hecho de esta profesión sanitaria, si bien se ha conservado su denominación como auxiliares de enfermería.
En 1975 el Ministerio de Educación y Ciencia reguló la formación académica del auxiliar de clínica y la incluyó en los planes de estudios de Formación Profesional, con el título de Formación Profesional de Primer Grado (FP1), rama sanitaria.
Posteriormente, con la aparición de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), se modificó la Formación Profesional, y se regularon las enseñanzas mínimas, las características más esenciales y el diseño curricular. Para ello se aprobaron dos Reales Decretos, el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas, y el Real Decreto 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al titulo de técnico en cuidados auxiliares de enfermería.
Pese a que ambos Reales Decretos hacen referencia al título de Técnico en cuidados auxiliares de enfermería, se mantuvo la denominación de esta categoría como "auxiliares de enfermería", a la espera de la aprobación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.
Sin embargo, dicho Estatuto, aunque en su artículo 6 incluía, dentro de la categoría de "personal de formación profesional" a técnicos y técnicos superiores, en su disposición transitoria sexta, mantenía vigentes las "categorías profesionales del personal estatutario y a las funciones de las mismas", entre las que se incluye los auxiliares de enfermería, en tanto no se procediera a una regulación específica por parte de las Comunidades Autónomas.
A la luz de la denominación que desde 1995 se viene haciendo de esta categoría profesional en determinadas normas, resulta incomprensible que se siga denominando a estos profesionales como "auxiliares de enfermería". Así lo han entendido ya algunas comunidades autónomas, como Castilla y León o la Comunidad Valenciana, que ya han procedido a la modificación de dicha denominación, sustituyéndola por la de Técnico en cuidados de enfermería.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para modificar la denominación de la categoría profesional de Auxiliar en Enfermería, sustituyéndola por la de Técnico en Cuidados de Enfermería, ajustándose la denominación al título de Formación Profesional recogido en los Reales Decretos 546/1995 y 558/1995."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2011.-Ana Pastor Julián y Mario Mingo Zapatero, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002227
El Grupo Parlamentario Popular, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la importancia de una colegiación obligatoria para los profesionales sanitarios, para su debate en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo.
La transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2000/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, tiene por objetivo un proceso de desregulación y la eliminación de barreras legales y administrativas que dificultan alcanzar un mercado único en el ejercicio de las profesiones en la Unión Europea. En nuestro país, esta adaptación se ha concretado en parte con la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Una reciente Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europea y al Comité de las Regiones, realiza una primera evaluación de la implementación de la Directiva de Servicios, estableciendo la necesidad de adoptar medidas para homogeneizar los criterios de aquellas profesiones que por su naturaleza deben considerarse como "profesión regulada" en los Estados miembros de la Unión Europea.
En este mismo sentido, en la disposición transitoria cuarta de la citada Ley 25/2009 está previsto desarrollar un Proyecto de Ley de Servicios Profesionales que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación porque "puedan verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas".
La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, aprobada por unanimidad, estableció la regulación específica de las profesiones sanitarias, acabando con el vacío legal existente hasta entonces en materia de regulación de la actividad de los profesionales sanitarios.
Como consecuencia, las profesiones sanitarias forman parte de las "profesiones tituladas y reguladas" para las que, desde siempre, se ha exigido la colegiación obligatoria como instrumento para el control de que la actividad profesional sanitaria, por su interés público y elevada complejidad y regulación, sea ejercida
con las máximas garantías de seguridad, eficacia y eficiencia, en aquellos aspectos que no son regulables por Ley, como son las actitudes y los comportamientos éticos y deontológicos.
El artículo 36 de la Constitución de 1978 establece "La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas". El máximo intérprete de la Constitución (TC), ha ligado siempre estas peculiaridades con la potestad de control propio y exclusivo de los colegios, en relación con el ejercicio y la deontología profesional, de todos sin excepción, con independencia de si el profesional ejercía en el ámbito de una Administración pública, dado que la Constitución en momento alguno otorgó tal función o potestad a la Administración, sino a los colegios profesionales, precisamente por respetar entonces el constituyente la situación que estaba instaurada en el concepto del Estado social y de derecho que adoptó la Constitución.
En este sentido, la posibilidad de no considerar obligatoria la colegiación para profesionales que ejercen su actividad en el sector sanitario público supone privar a los pacientes del valor añadido de principios de buenas prácticas y códigos deontológicos que deben inspirar y guiar la conducta de los respectivos profesionales sanitarios.
La colegiación obligatoria también es un elemento clave para preservar los pilares del profesionalismo, como son el conocimiento especializado, la toma de decisiones con autonomía y responsabilidad, el compromiso de servicio a la sociedad con sentido de la equidad, la integridad, la honestidad y la excelencia. La promoción y preservación de estos principios está muy vinculada a la actualización del papel institucional de los colegios de profesionales sanitarios, reforzando así su responsabilidad social.
Además, los colegios profesionales, dada su condición de corporación de derecho público y con funcionamiento autónomo, pueden asumir algunas funciones en beneficio de la autoridad sanitaria y la sociedad.
1. Impulsar la obligatoriedad de la colegiación universal para los profesionales sanitarios en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
2. Promover cuantas medidas sean necesarias para que los colegios de profesionales sanitarios puedan asumir cuanto antes funciones como el desarrollo del registro de profesionales del Sistema Nacional de Salud, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2 de Ley 44/2003, la competencia relativa al registro de la objeción de conciencia en el ejercicio profesional, así como las acciones de formación continuada."
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2011.-Ana Pastor Julián y Mario Mingo Zapatero, Diputados.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002233
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la puesta en marcha de un Plan Nacional de Seguridad de los Profesionales Sanitarios del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo.
El 11 de marzo de 2009, una médico residente de un centro de salud de Murcia perdió la vida como resultado de los disparos efectuados por un paciente, quien también hirió de consideración a un conductor de ambulancia.
Este es, sin duda, el episodio más grave de una tendencia ascendente de violencia física o verbal contra los profesionales sanitarios, que, lamentablemente, se consolida cada año. Así, en una encuesta realizada en el mes de octubre sobre 2.843 facultativos del Sistema Nacional de Salud, el 68% de los médicos aseguraba haber sido víctima de agresiones, amenazas o coacción por parte de sus pacientes, de las que el 3% fueron episodios de violencia física. Las comunidades autónomas de Madrid y Canarias destacan como aquellas en las que se han producido más casos de amenazas.
En el plano jurídico se han realizado en los últimos años algunos avances en la protección de los profesionales sanitarios, fundamentalmente orientados a la seguridad de los médicos, colectivo que registra un mayor número de casos de agresión por parte de los pacientes o sus familiares.
La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia 1030/2007, de 4 de diciembre de 2007, estimó el recurso presentado contra la sentencia
de la Audiencia Provincial de Girona, que condenaba al agresor de un médico de un centro de atención primaria de Girona, como autor de un delito de lesiones agravadas por uso de un medio peligroso, pero que le absolvía del delito de atentado, por considerar que la víctima no se encontraba en el ejercicio de funciones públicas.
A este respecto, el Tribunal Supremo dictaminó que la Ley General de Sanidad o el artículo 43 de la Constitución avalan considerar que sí hubo delito de atentado "dada la existencia de toda una serie de actuaciones relacionadas con la protección de la salud pública que son encomendadas a los poderes públicos, quienes actuarán a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios". La sentencia considera que la agresión "no sólo alcanzaba al particular, sino también a intereses públicos consistentes en la protección de la corrección de la función pública". Por ello, insta a aplicar los artículos 550, 551.1 y 552.1 del Código Penal y condena al acusado a seis años de prisión.
Por otro lado, el Fiscal General del Estado envió, a finales de 2009, un comunicado a todas las Fiscalías del país en el que definía las premisas bajo las que una agresión en el ámbito sanitario -y también en el educativo- podría ser tipificada como delito de atentado contra funcionario público, de acuerdo con el artículo 550 del Código Penal.
Como consecuencia de dicha circular, las Consejerías de Sanidad de las distintas comunidades autónomas han ido cerrando acuerdos con sus respectivas Fiscalías. En los últimos meses se han producido numerosas sentencias que tratan la agresión como delito, y no como falta, lo que conlleva penas de prisión de hasta tres años. Sin embargo, la resolución judicial de estos casos es lenta, y mientras se resuelven, los profesionales tienen que seguir asistiendo a su trabajo con el riesgo consiguiente de tener que atender a sus agresores.
Reducir las agresiones a los profesionales sanitarios exige, además de acciones en el ámbito jurídico, que el Sistema Nacional de Salud tome conciencia de la dimensión de este problema y ponga en marcha las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus profesionales. Algunas comunidades, como Andalucía, Madrid o Murcia, han puesto en marcha planes en este sentido, con medidas orientadas a dotar a los profesionales de la seguridad y formación necesaria para minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo, proporcionando el apoyo psicológico o asesoramiento jurídico necesario, y aumentando los efectivos de seguridad en los centros.
Los datos, sin embargo, ponen de manifiesto que aún queda un largo camino por recorrer y, para ello, debe existir un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y las Consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un Plan Nacional de Seguridad de los Profesionales Sanitarios en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2011.-Mario Mingo Zapatero, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002234
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta para su discusión en la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, una Proposición no de Ley para luchar contra trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia.
Tal y como recoge el "Informe de la Ponencia encargada de estudiar los condicionantes extrasanitarios que concurren en el incremento de la incidencia de la anorexia y la bulimia y proponer las medidas políticas y legislativas oportunas", aprobado por la Comisión de Educación y Cultura del Senado, en sus sesión del día 25 de noviembre de 1999, la Anorexia y la Bulimia son enfermedades multicausales en cuya génesis confluyen condicionantes socioculturales que actúan como factores predisponentes, precipitantes y perpetuadores.
Los valores sociales establecidos por la cultura de masas y el consumismo suponen entre otros, la exaltación del cuerpo vinculada a la cultura unisex, creando un estereotipo de extrema delgadez asociada a la belleza y al éxito.
La importancia creciente de enfermedades como la anorexia y la bulimia, u otros trastornos alimentarios no específicos, tanto en mujeres como en hombres, debería hacernos reflexionar sobre los citados valores. La profusión de mensajes sobre dietas engañosas, clínicas y sistemas de adelgazamiento, invitando a adelgazar y a rendir culto al cuerpo, inundan las portadas y secciones de un elevado número de revistas, especialmente juveniles, incitándoles a practicarlas y, por tanto, poniendo en grave riesgo su salud. A ello se añade el bombardeo
de las cuñas publicitarias de radio y televisión, y ahora también en Internet y a través de las redes sociales.
Frente a la normalidad, nos encontramos con un prototipo de mujer idealizada, cuya delgadez se identifica erróneamente como mujer activa, suficiente y exitosa.
Algunos creadores de moda utilizan modelos con un peso claramente inferior a los límites saludables, de acuerdo con el patrón andrógeno anteriormente aludido. Además, determinadas firmas comerciales proporcionan prendas de vestir que de alguna manera crean confusión en las tallas, para introducir modelos restrictivos. Asimismo, algunas de estas firmas utilizan empleados y empleadas extremadamente delgados, condicionando incluso su contrato a poseer determinadas medidas o tallas.
Se ejerce en todo caso una fuerte presión por estar delgado y adelgazar. Entre las tallas reales y las que se ven en las pasarelas de moda existe un abismo que en ocasiones resulta trágico. Los trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia pueden incluso llevar a la muerte a las personas que los padecen.
A la situación descrita cabe añadir la proliferación de contenidos de apología de la anorexia y la bulimia, y de otros trastornos alimentarios no específicos, en la red. De acuerdo con el Informe presentado el pasado 15 de febrero, por la Agencia de Calidad de Internet (IQUA) y la Asociación contra la Bulimia y la Anorexia (ACAB), las páginas web con contenidos que incitan a la anorexia y a la bulimia han crecido un 470% desde el año 2006. Las redes sociales se han convertido en auténticas plataformas de este tipo de contendidos nocivos y altamente perjudiciales para la salud, especialmente de los menores, pero también de otros colectivos como por ejemplo la población femenina adulta entre los 40 y los 55 años.
Es necesario y urgente adoptar medidas para hacer frente a esta situación desde puntos distintos del puramente sanitario, se deben hallar soluciones que forzosamente afectan a diversos ámbitos.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, respetando en todo caso las competencias de las Comunidades Autónomas, a:
- Impulsar las medidas necesarias para poner en marcha y desarrollar las recomendaciones propuestas por la Ponencia encargada de estudiar los condicionantes extrasanitarios que concurren en el incremento de la incidencia de la anorexia y la bulimia, que se creó en el Senado en la VI Legislatura.
- Presentar al final de la legislatura, un informe sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para luchar contra trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia y en concreto, para implementar las citadas recomendaciones.
- Reforzar las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se ocupan de los delitos informáticos, con formación especializada en materia de trastornos alimentarios para una parte de sus efectivos. Facilitar el citado refuerzo a las CC.AA. con unidades especiales similares de policía autonómica.
- Articular, en colaboración con las CC.AA., un sistema coordinado entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas que pueden detectar contenidos nocivos en la red y el Sistema Sanitario para atender a las personas que padecen trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia.
- Facilitar la adopción de acuerdos con las plataformas y servidores de contenidos de la red para permitir una navegación segura y saludable. En concreto, en este sentido, promover que las citadas plataformas y servidores cuenten con servicios de atención y contacto publicitados, a los que dirigirse cuando se detecten contenidos nocivos como los que incitan a la anorexia y la bulimia, con el objetivo de que estos puedan ser retirados y eliminados.
- Estudiar la posibilidad de articular un marco legislativo que persiga y sancione la apología de trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, y que limite la venta de laxantes y diuréticos a menores de edad.
- Incrementar los recursos destinados a las Comunidades Autónomas, ante el aumento de la incidencia de los trastornos alimentarios, para que en el ejercicio de sus competencias, puedan prestar la atención necesaria a las personas afectadas por los citados trastornos y sus familias, y puedan también impulsar programas psicoeducativos sobre la imagen corporal, la autoestima, el sentido crítico y los hábitos alimentarios en la educación primaria y secundaria.
- Impulsar en coordinación con las Comunidades Autónomas, medidas que mejoren la información de la población en general sobre los citados trastornos y sobre la importancia de una alimentación saludable, y que mejoren la información de los padres sobre la existencia y configuración de programas para el control parental y sobre los beneficios y riesgos de las redes sociales.
- Velar porque las imágenes que se ofrecen en las distintas pasarelas o certámenes de moda correspondan a modelos que se alejan de la delgadez extrema, condicionando si fuera necesario, la aportación de recursos económicos públicos para estos actos al cumplimento de este requisito. Promover también, la adopción de la misma actitud por parte de las administraciones autonómicas.
- Avanzar en el cumplimiento del acuerdo firmado por el Gobierno y la industria textil sobre el sistema de tallas en el año 2007, con el objetivo de desarrollar un sistema de patronaje homogéneo y más preciso,
adaptado a las medidas de la población, que puedan utilizar los diseñadores y fabricantes.
- Impulsar la creación de una Mesa de Diálogo que de continuidad y realice el seguimiento de la situación y de las actividades destinadas a luchar contra los trastornos alimentarios, en la que estén representados expertos independientes, sectores profesionales más directamente implicados y administraciones.
- Promover el autocontrol en todos los medios de comunicación y en todos sus contenidos (publicidad, informativos, programas y series televisivas), y promover los mensajes y valores que se alejen de primar el aspecto externo y la extrema delgadez, en los medios de comunicación públicos.
- Estimular en este sentido, concretamente, la implantación del Decálogo sobre la Imagen Corporal y la Autoestima promovido por la Academia de las Televisiones Españolas y la Fundación IMA sobre buenas prácticas de los medios en el tratamiento de la imagen corporal, y la eliminación de la publicidad orientada al adelgazamiento durante la franja horaria de protección infantil en televisión."
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2011.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002231
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de la accesibilidad de las personas con discapacidad a los teatros y espacios escénicos, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
El pasado día 27 de marzo se celebró el Día Mundial del Teatro. Esta conmemoración fue instaurada en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (IIT), y se celebra anualmente en toda la comunidad teatral internacional.
Uno de los eventos de mayor trascendencia de esta conmemoración consiste en la distribución del Mensaje Internacional, tradicionalmente escrito por una personalidad del teatro de talla mundial, por invitación del Instituto Internacional del Teatro.
Parece por tanto oportuno, que esta Comisión se una a esta celebración, abogando por la accesibilidad de las personas con discapacidad a esta importante manifestación cultural.
Así lo ha expresado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en fechas recientes, coincidiendo con esta celebración mundial. Y no es la primera vez que el CERMI plantea esta reivindicación, ya que lo hizo también en el mismo sentido en el año 2009, coincidiendo igualmente con la celebración del Día Mundial del Teatro.
Desde el sector de la discapacidad se ha denunciado la inaccesibilidad generalizada de los teatros y espacios escénicos españoles, que dificultan o impiden el acceso regular y normalizado de las personas con discapacidad a este tipo de manifestaciones culturales.
Como decía en el manifiesto de este año la dramaturga, actriz, directora y profesora de teatro ugandesa, Dra. Jessica A. Kaahwa, el teatro posee un inmenso potencial para movilizar comunidades y tender puentes, siendo además una "herramienta universal de diálogo, transformación y reforma social". Por tanto, no podemos seguir excluyendo de ese enorme potencial a una parte de la sociedad por el único motivo de la discapacidad.
Desde el sector de la discapacidad se ha puesto de manifiesto que, aunque no existen datos fiables del estado de situación de las salas teatrales españolas desde el punto de vista de la accesibilidad, son muy numerosas las quejas y reclamaciones de personas con discapacidad que no pueden acudir al teatro por las barreras de los espacios escénicos.
No sólo existen problemas de accesibilidad arquitectónicos, sino que también existen barreras de comunicación. Muchas salas son inaccesibles para personas con dificultades de movilidad, detectándose también la ausencia de lugares reservados en los patios de butacas, y obstáculos en los sistemas de ventas de entradas en taquilla o telemáticos.
Respecto a las personas con discapacidad sensorial, las dificultades no son menores, ya que en muy pocos teatros españoles se dispone de forma regular y permanente de sistemas de subtitulado o audio descripción de los espectáculos. Como consecuencia, las personas con discapacidades auditivas y visuales no pueden acceder plenamente a estas manifestaciones artísticas.
La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, en la sesión celebrada el pasado 22 de marzo de 2011, aprobó una Proposición no de Ley sobre medidas de garantía de la igualdad de oportunidades, accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito de la cultura, en coherencia con la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que en su disposición final sexta, establece las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. Consecuentemente
con dicha Proposición, atendiendo a lo manifestado en varias ocasiones por el sector de la discapacidad, y con la finalidad de que podamos avanzar en hacer de los espacios escénicos lugares o ámbitos inclusivos y sin restricciones para una parte importante de la ciudadanía, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
1. A la puesta en marcha de un Plan de Accesibilidad a los Espacios Teatrales, que venga precedido de una auditoría integral del estado de situación de los teatros españoles desde el punto de vista de la accesibilidad universal.
2. Que todos los teatros nacionales gestionados por el Ministerio, adopten con urgencia planes específicos de accesibilidad que solucionen los problemas de barreras que se siguen presentando.
3. Que todas las ayudas que se destinan a la promoción de las actividades teatrales estén condicionadas a que los perceptores impulsen actuaciones de accesibilidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2011.-Inmaculada Bañuls Ros, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
181/003443
Diputado don Antonio Gutiérrez Molina
¿Ha efectuado el Gobierno alguna gestión ante las autoridades del Reino de Marruecos sobre la situación procesal y de paradero del ciudadano comunitario de origen melillense y nacionalidad belga Ali Arras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2011.-Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.
181/003444
¿Qué medidas ha adoptado el Ministerio del Interior respecto de la denuncia hecha por El Inspector de Policía Nacional de Canarias sobre la existencia de una camarilla policial que actuaba en Canarias con una finalidad política?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2011.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
181/003449
En relación con la actividad portuaria del Puerto de Gijón entre los años 2004 y 2010, hacemos la siguiente pregunta al Gobierno.
¿Cuál ha sido el volumen del tráfico portuario, desde el punto de vista económico y toneladas, en cada uno de los años que se indican?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2011.-M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
181/003450
En relación con la actividad portuaria del Puerto de Vigo entre los años 2004 y 2010, hacemos la siguiente pregunta al Gobierno.
181/003451
En relación con la actividad portuaria del Puerto de Marín entre los años 2004 y 2010, hacemos la siguiente pregunta al Gobierno.
181/003445
Valoración del convenio firmado con la Fundación ONCE para la mejora de la accesibilidad en los campus universitarios.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2011.-Montserrat Palma i Muñoz, Diputada.
181/003446
Impacto previsto del programa de alojamientos universitarios impulsado con la convocatoria 2010 del Programa Campus de Excelencia internacional.
181/003447
Cambios y mejoras para las Universidades con la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
181/003448
Valoración de las modificaciones incorporadas al Programa Erasmus en las últimas convocatorias.
181/003452
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo e Inmigración
¿En qué ofertas de empleo público fueron convocadas las más de mil plazas de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que el Sr. Ministro de Trabajo e Inmigración afirmó, el pasado 31 de marzo, se habían convocado en el periodo 2005-2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2011.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.
181/003453
¿Cómo va a afectar a la lucha contra el fraude laboral y de la Seguridad Social la reducción en el número de plazas ofertadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?
181/003454
¿A qué se debe la falta de compromiso a la hora de asumir las reivindicaciones principales del sector lácteo, unas demandas que quedan diluidas en una declaración de intenciones en la disposición adicional del real decreto por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo y se explicitan las decisiones de España sobre la contratación en relación a la normativa europea que modificará para el sector lácteo el reglamento comunitario?
181/003455
¿Cuál es la disposición del Gobierno a mejorar el real decreto por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las organizaciones interprofesionales en el sector lácteo, para que se incorporen las demandas del sector lácteo?
233/000175
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 3899/1999, planteada por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo, respecto del artículo 31.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, en la redacción dada por el artículo 19 de la Ley 19/1989, de 25 de julio, y posterior redacción por la disposición adicional 13.ª del Real Decreto-ley 7/1989, de 29 de diciembre, confirmado por la disposición adicional 10.ª de la Ley 5/1990, de 29 de junio.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3899/1999, planteada por el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Oviedo en el Auto de 31 de julio de 1999, sobre el artículo 31.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, de 24 de diciembre, según la redacción dada por el artículo 19 de la Ley 19/1989, de 25 de julio, y la posterior redacción derivada de la disposición adicional 13.ª del Real Decreto-Ley 7/1989, de 29 de diciembre, y confirmada por la disposición adicional 10.ª de la Ley 5/1990, de 29 de junio. Han intervenido el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio quien expresa el parecer del Tribunal.
Dada en Madrid, a 14 de abril de 2011.
093/000034
Autor: Comunidad Autónoma de Galicia-Junta.
Convenio de colaboración entre el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia y el Servicio Gallego de Salud para la cesión de la aplicación SAGA (Sistema de Gestión de Información del Sistema Acreditador de Formación Continuada de la Comunidad Autónoma de Galicia).
Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, LA CONSELLERÍA DE SANIDAD DE LA XUNTA DE GALICIA Y EL SERVICIO GALLEGO DE SALUD PARA LA CESIÓN DE LA APLICACIÓN SAGA (SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA ACREDITADOR DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA)
Zaragoza, a ......... de ......................... de 2010
La Sra. Dña. Luisa María Noeno Ceamanos, en su condición de Consejera de Salud y Consumo, en virtud del Decreto de 6 de julio de 2007, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se dispone su nombramiento y autorizada expresamente para este acto por el Gobierno de Aragón, según Acuerdo de su Consejo, celebrado el día..................
La Sra. doña María Pilar Farjas Abadía, Conselleira de Sanidad y Presidenta del Servicio Gallego de Salud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, Reguladora de la Xunta y de su Presidencia, modificada por la Ley 11/1998, de 20 de octubre, y de conformidad con los Decretos 310/2009 y 311/2009, de 28 de mayo, por los que se establecen las estructuras orgánicas de la Consellería de Sanidade y del Servicio Gallego de Salud, y con lo establecido en la Ley 4/2006, de 30 de junio, de Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega, así como en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las partes, en el concepto en que intervienen, aseguran la vigencia de las representaciones con las que actúan y se reconocen recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para suscribir el presente Convenio, y a tal efecto,
Primero. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de salud, regula en su artículo 38, sobre formación continuada, que las administraciones públicas establecerán criterios comunes para ordenar las actividades de formación continuada, con la finalidad de garantizar la calidad en el conjunto de Sistema Nacional de Salud.
Segundo. La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, define la formación continuada como el proceso de enseñanza y aprendizaje activo y permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades tanto sociales como del propio sistema sanitario. Asimismo prevé la constitución de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
Tercero. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón, señala en el artículo 62 que el Sistema de Salud de Aragón deberá colaborar con la docencia pregraduada y continuada a los colectivos de profesionales de la Comunidad Autónoma y en el desarrollo de un sistema de aprendizaje permanente.
Cuarto. En el ámbito de a Comunidad Autónoma de Galicia, la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia, establece en su artículo 125 que corresponde a la Consellería de Sanidade promover la formación continuada de los profesionales del Sistema Público de Salud de Galicia, con el objetivo de adecuar sus conocimientos y habilidades a sus necesidades y que el Sistema Público de Salud de Galicia estará en disposición de ser aprovechado para la docencia de pregrado y de posgrado, conforme a lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y normativa reguladora de las profesiones sanitarias; a este efecto se establecerán los convenios de colaboración oportunos.
Quinto. El artículo 85.1 de la mencionada Ley 8/2008 señala que la Xunta de Galicia podrá establecer relaciones de cooperación con otras comunidades autónomas para la consecución de objetivos comunes en las materias objeto de la prresente ley mediante cualquiera de las fórmulas admitidas en derecho y, en su caso, mediante la celebración de los oportunos convenios de
colaboración y acuerdos de cooperación, que se tramitarán con arreglo a lo establecido en los artículos 145.2 de la Constitución, 35 del Estatuto de autonomía de Galicia y 4.8 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia.
Sexto. Por Decreto 310/2002, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, se crea y estructura la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias de la Comunidad Autónoma de Aragón con la finalidad de asegurar la calidad de las actividades formativas que se oferten a los profesionales de la salud.
Por su parte, la Orden de 24 de mayo de 2006, del Departamento de Salud y Consumo, regula el procedimiento de acreditación de actividades de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Séptimo. La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia es consciente de que la formación y el desarrollo de los profesionales es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de un sistema sanitario de calidad y eficacia, habiendo creado a estos efectos el Sistema de Gestión SAGA, de aplicación en su comunidad. En esta línea, se destaca la conveniencia de profundizar en el aprovechamiento compartido que generan las experiencias adquiridas en el ámbito de la formación continuada.
Octavo. Conscientes de la importancia de crear un sistema uniforme de acreditación basado en la coordinación y en la colaboración eficaz entre las administraciones públicas, la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, el Servicio Gallego de Salud y el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón estiman de sumo interés establecer un acuerdo que permita a la Dirección General de Planificación y Aseguramiento del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón el uso y disfrute de la aplicación informática del Sistema de Gestión de Información del Sistema Acreditador de formación continuada de la Comunidad Autónoma de Galicia (SAGA) mediante la cesión de una copia de dicha aplicación a fin de que puedan estudiar sus funcionalidades y se valore su posible adecuación a las necesidades propias de Aragón.
Por las razones apuntadas en los apartados anteriores, las partes intervinientes acuerdan suscribir el presente Convenio sujeto a las siguientes
Constituye el objeto del presente Convenio la cesión del uso por parte de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y del Servicio Gallego de Salud al Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, del aplicativo denominado SAGA, relativo a la Acreditación de Actividades de Formación Continuada dirigidas a los Profesionales Sanitarios. La cesión de la aplicación se realizará sin perjuicio de que la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y el Servicio Gallego de Salud conserven todos los derechos que le reconoce la normativa vigente en materia de propiedad intelectual.
"El Software de SAGA": todo el contenido de los archivos, disco(s), disco(s) de CD-ROM u otro medio con el cual este convenio se adjunta, incluyéndose la (i) información técnica informática o del Software de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia o de terceros; (ii) imágenes digitales, fotografías incorporadas, galería de imágenes, sonidos, u otros trabajos artísticos ("Archivos de Contenido"), el (iii) material escrito o archivos con información relacionada, manual de instalación o instrucciones de uso (la "Documentación") y (iv) las actualizaciones, parches, modificaciones o mejoras que correspondan a la misma versión del presente Convenio.
"Uso" o "Utilización": acceder, instalar, descargar, copiar o de cualquier otra forma autorizada obtener beneficios de la utilización de las funciones del Software, de conformidad con la Documentación, y con estricta sujeción a las condiciones y límites establecidos en el presente Convenio.
Segunda. Cesión de uso.
La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y el Servicio Gallego de Salud otorgan al Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón la cesión no exclusiva e intransferible para el uso del Software SAGA, con sujeción a los términos y condiciones previstos en este Convenio.
El Usuario podrá instalar y utilizar una copia del Software de SAGA en cualquier Ordenador perteneciente a la red interna del Departamento de Salud y Consumo, y para su uso exclusivo en los centros del mismo.
El Usuario podrá hacer una copia de seguridad del Software en su Ordenador o en su servidor de red, siempre que ello sea necesario para la utilización del Software SAGA en las condiciones y con los límites previstos en el presente Convenio.
La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y el Servicio Gallego de Salud se reservan todos los derechos no concedidos al Usuario de forma expresa.
Este Convenio no supone la venta al Usuario ni del Software SAGA ni de la Documentación. La propiedad y titularidad tanto del Software, de la Documentación, del know-how, de las patentes y secretos comerciales y de cualesquiera derechos relativos a los mismos corresponden exclusivamente a la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia y al Servicio Gallego de Salud.
Tercera. Partes firmantes del Convenio.
- El Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Planificación y Aseguramiento, como órgano al que compete la coordinación de la formación de postgrado y continuada de las profesiones sanitarias, tal y como se establece en el artículo 8.1.e) del Decreto 6/2008, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Salud y Consumo y del Servicio Aragonés de Salud.
- La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y el Servicio Gallego de Salud a través de la Subdirección general de Investigación, Docencia e Innovación, como órgano al que compete la planificación, promoción y evaluación de las acciones de formación sustentadas en las necesidades del sistema sanitario de la Comunidad Autónoma de Galicia en coordinación con la Subdirección General de Planificación, Selección y Desarrollo Profesional de la Dirección de Recursos Humanos, tal y como se establece en el artículo 8.1.a) del Decreto 311/2009, de 28 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de los servicios centrales del Servicio Gallego de Salud.
Cuarta. Reserva de derechos de propiedad intelectual e industrial.
El Software SAGA y las copias del mismo que la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y el Servicio Gallego de Salud le autorizan a realizar de conformidad con los términos establecidos en la cláusula quinta. 2. a) del presente convenio, son propiedad intelectual de la Consellería de Sanidade y del Servicio Gallego de Salud. La estructura, organización y código del Software constituyen secretos industriales e información confidencial valiosa de la Consellería de Sanidade de Galicia y del Servicio Gallego de Salud.
El Software SAGA está protegido por la legislación de derechos de autor y demás legislación aplicable en el país en el que se va a utilizar, así como por las disposiciones de los tratados internacionales.
Las marcas se utilizarán de conformidad con la práctica aceptada de marcas, incluyendo la identificación de los nombres de sus propietarios. Sólo se podrán utilizar para identificar los trabajos de impresión generados por el Software SAGA y su uso no otorga derechos de propiedad con respecto a dicha marca.
A excepción de lo expresamente indicado en el presente documento, este Convenio no otorga a la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón ningún derecho de propiedad intelectual y/o industrial en relación con el Software SAGA y/o con alguno o todos los derechos no expresamente otorgados, que son derechos reservados de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia y al Servicio Gallego de Salud.
1. Obligaciones de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y del Servicio Gallego de Salud:
- Colaborar con el Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón en la mejora del proceso de acreditación de actividades de formación continuada, centros y profesionales.
2. Obligaciones del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón:
- Tomar todas las medidas razonables para proteger el Software SAGA frente al robo o a usos no autorizados en virtud de los términos de este Convenio.
- Informar a la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y al Servicio Gallego de Salud de todas las mejoras desarrolladas sobre el producto objeto de esta cesión, de forma que si fueran de su interés, la Consellería estaría capacitada para la incorporación de las mismas, sin contraprestación alguna.
- El Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón se obliga ano realizar ninguno de los siguientes actos:
a) Copiar o reproducir el Software SAGA salvo para hacer las copias del Software que sean precisas a los adecuados fines de ejecución del Software SAGA y copia de seguridad, siempre y cuando éstas contengan toda la información relativa a los derechos de autor y Copyright, u otros datos relativos a la propiedad de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y Servicio Gallego de Salud contenida en el original.
b) Ceder, alquilar, arrendar o de cualquier otro modo distribuir todo o parte alguna del Software SAGA a ninguna persona o entidad, ya sea de manera permanente o temporal.
c) Revelar el Software SAGA o la documentación relacionada, o cualquier parte o componente de los mismos, a terceros, reconociendo el Usuario que el Software SAGA contiene y constituye información confidencial propia de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y del Servicio Gallego de Salud, ni a usar en cualquier otro modo no previsto por este Convenio el Software de referencia.
Para la ejecución y seguimiento del presente Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de cada una de las entidades firmantes, que desarrollará las siguientes funciones:
- Velar por el cumplimiento del presente Convenio.
- Evaluar la ejecución de lo acordado, controlar las actividades y los trabajos efectivamente realizados.
- Resolver las incidencias que se produzcan como consecuencia de la interpretación, aplicación y desarrollo de este Convenio.
- Coordinar la actuación de las partes firmantes en orden a la consecución del fin perseguido por este Convenio.
- Cualesquiera otras que le sean encomendadas, expresamente por las partes firmantes.
La Comisión de Seguimiento estará compuesta de forma proporcional por representantes de los órganos firmantes, estando integrada por dos miembros de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia y el Servicio Gallego de Salud y otros dos del Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón. La Presidencia de la Comisión corresponderá a los titulares de los respectivos órganos por periodos rotativos de un año de duración.
El presente convenio tendrá una vigencia de un año desde el día siguiente al de su firma, siendo prorrogable por periodos anuales salvo denuncia expresa de alguna de las partes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 c) de la Ley 30/2007, de 20 de octubre, de Contratos del sector público, este convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la mencionada ley.
El presente Convenio obliga a su fiel cumplimiento por ambas partes, y las dudas y controversias que surjan con motivo de su interpretación y aplicación y no puedan ser resueltas por éstas, se resolverán de conformidad con las normas reconocidas en Derecho y ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
- El incumplimiento de las cláusulas por alguna de las partes.
- El mutuo acuerdo entre las partes.
- La imposibilidad manifiesta, legal o material, de cumplir su objeto.
- La denuncia por alguna de las partes con un preaviso de dos meses.
Décima. Compromiso de gasto.
El presente Convenio de Colaboración no supone compromiso de gasto alguno para las partes intervinientes.
Y en prueba de conformidad y para la debida constatación de todo lo acordado, ambas partes firman el presente acuerdo de colaboración, en triplicado ejemplar y en todas sus hojas, en el lugar y fecha de encabezamiento.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 31
 artículo 19
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 artículo 193
 artículo 183
 artículo 186
 artículo 183
 artículo 210
 artículo 206
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 resolución 
 artículo 194
 artículo 193
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 51
 Real Decreto 
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 193
 artículo 36
 artículo 5
 artículo 193
 artículo 43
 artículo 550
 resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 31
 artículo 19
 artículo 31
 artículo 19
 artículo 166
 artículo 34
 artículo 38
 artículo 62
 artículo 125
 artículo 85
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 4