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Timestamp: 2017-09-21 03:59:20+00:00

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Publicado en BOC núm. 246 de 24 de Diciembre de 2009 y BOE núm. 18 de 21 de Enero de 2010
Vigencia desde 25 de Diciembre de 2009. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2013
Artículo 1 Objeto de regulación
CAPÍTULO II. CONTENIDO DE LA PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL, COMPETENCIAS Y FACULTADES
Artículo 4 Funciones atribuidas a los órganos de participación
Artículo 7 Compensaciones económicas. Financiación
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA Adaptación normativa y régimen transitorio
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA Modificación de la Ley de Cantabria 6/1992, de 26 de junio, de Creación del Consejo Económico y Social
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA Modificación de la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración de Cantabria
Número 3 del artículo 7 suprimido por artículo 20 de la Ley [CANTABRIA] 10/2012, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 29 diciembre).
LEY DE CANTABRIA 4/2009, DE 1 DE DICIEMBRE, DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS AGENTES SOCIALES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
I De la participación institucional
Tanto las normas de la Unión Europea, como la propia Constitución española, contemplan la necesidad de participación de los individuos y los grupos en la actividad pública, de forma que los agentes económicos y sociales representados por sus organizaciones respectivas puedan estar presentes en la toma de decisiones respecto de los asuntos públicos a través del diálogo social. Como resulta de la propia norma constitucional, debe promoverse la participación ciudadana en la vida pública, política, económica y social (artículo 9.2) y la participación de los interesados en la actividad de los organismos públicos, en forma de participación institucional (artículo 129.1). Debe tenerse en cuenta, además, la mención constitucional a la promoción de los intereses económicos y sociales respecto de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales que se contiene en el artículo 7 del texto constitucional. Las normas internacionales, como el Convenio nº 150 OIT, de 26 de junio de 1978, reflejan, asimismo, la relevancia de las organizaciones sociales presentes en el mundo laboral; y en el ámbito comunitario, la Comunicación de la Comisión sobre el Diálogo Social Europeo, de 12 de agosto de 2004, pone de manifiesto la importancia de este diálogo en materia económica y social.
La denominada participación institucional comprende, en primer término, aquella acción que se desarrolla en espacios públicos en diferentes niveles de negociaciones tripartitas según el convenio de la OIT nº 144, de 21 de junio de 1976, sobre consultas tripartitas, reuniendo tanto al Gobierno y la Administración como a organizaciones de empresarios y trabajadores. La elección de un sistema de cooperación tripartito se funda en una determinada concepción, opción y forma de participación, de manera que sus principios están asentados en el reconocimiento de la legitimidad, representatividad, autonomía y preservación de la identidad de todos los actores que confluyen en el diálogo.
Conviene además indicar que, dentro de lo que se entiende por «participación institucional», se dan fenómenos diferentes al sistema de cooperación tripartita directa, pues existen organismos consultivos y de participación en los cuales la Administración no tiene una presencia directa en los mismos y otros en los que la legitimación en la participación se extiende a otros colectivos. El primer caso -no presencia directa de la Administración-, no supone que la participación sea meramente bipartita, sino que además de la presencia de representantes de las organizaciones empresariales y sindicales, también cuentan con otros representantes de organizaciones, instituciones o colectivos de procedencia y significación muy diversa, designados por la Administración. En el segundo caso, la diversidad ha de tener una justificación y responder a criterios jurídicos y también, si se quiere, de índole política, pues es eminentemente territorial la decisión de, respetando los límites legales, fijar unos baremos autonómicos en función de su capacidad de autoorganización. En todo caso, lo que debe destacarse es que dichos baremos han de ser transparentes, objetivos e imparciales.
II De los sujetos representativos
III De la norma reguladora
Número 3 del artículo 7 suprimido por artículo 20 de la Ley [CANTABRIA] 10/2012, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.» 29 diciembre).Vigencia: 1 enero 2013
«En todo lo no previsto en esta Ley y en las reglas de organización y funcionamiento internos aprobadas por el Pleno, se aplicarán las normas contenidas en la Ley de Cantabria de participación institucional de los agentes sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la regulación que para los órganos colegiados establece la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria».
d) El desempeño de la presidencia de entidades integradas en el sector público empresarial, cuando la naturaleza de los fines de la entidad guarde conexión con las competencias legalmente atribuidas al alto cargo, así como la representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria en los órganos colegiados, directivos o consejos de administración de organismos o empresas del sector público administrativo o empresarial, así como en empresas privadas participadas por la Comunidad Autónoma.No se podrá pertenecer a más de dos consejos de administración de dichos organismos o entidades, salvo que lo autorice motivadamente el Gobierno de Cantabria.
El ejercicio de actividades docentes o de investigación con carácter regular precisará autorización del Consejero de Presidencia y Justicia o, si se trata de algún Consejero, del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Asimismo, la cuantía de las compensaciones percibidas por la actividad docente o de investigación no podrá en ningún supuesto exceder del treinta por ciento de la correspondiente a su alto cargo».

References: Artículo 1

Artículo 4

Artículo 7
 artículo 7
 artículo 20
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 20