Source: https://es.scribd.com/doc/117162214/Modulo-5-Sistema-normativo-en-el-Peru-y-la-administracion-de-la-justicia-laboral
Timestamp: 2016-07-30 11:40:31+00:00

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Sistema normativo en el Perú y la administración de la justicia laboral
PROYECTO EMPODERAMIENTO LEGAL DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS
Esta serie de módulos forman parte del material educativo del programa formativo “Organizando y fortaleciendo a los trabajadores y trabajadoras autoempleados y de la economía informal”
MÓDULO 5: SISTEMA NORMATIVO EN EL PERÚ Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL TRATAMIENTO DIDÁCTICO DEL MÓDULO Guisella Infantes Bracamonte EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO: ISCOD Ángel González Bascuñana. Joseba Villa Gonzales Patricia Balda Valenzuela Paola Reyes Parra RESPONSABLE TÉCNICO DE CONTRAPARTES Carmen Roca Miok Coordinadora regional WIEGO para América Latina PUBLICADO POR ISCOD Perú y WIEGO
ÍNDICE INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO Unidad de Aprendizaje N° 1 Tema 1: Estado del Perú y su estructura Tema 2: La norma jurídica dentro del Sistema Peruano Unidad de Aprendizaje N° 2 Tema 3: Proceso Laboral en el Perú Tema 4: Seguridad Social y salud en el trabajo Tema 5: Marco legal de los trabajadores informales
Al finalizar el estudio del módulo usted será capaz de reconocer el régimen jurídico relacionado al trabajador y trabajadora autoempleado y de la economía informal. Capacidades esperadas Capacidades esperadas Conoce las leyes y normas laborales que lo protegen a nivel nacional e internacional.
UNIDADES DE APRENDIZAJE Tema 1: El Estado Peruano y su estructura. Tema 2: La norma jurídica dentro del Sistema Peruano. Tema 3: Proceso laboral en el Perú. Tema 4: Seguridad y salud en trabajo.
UNIDAD DE APRENDIZAJEPeruano y su estructura Tema 1: El Estado 1:
El Estado Peruano es la nación jurídicamente organizada y es la entidad que ejerce el gobierno en la República del Perú. Su estructura está definida en la Constitución Política del Perú aprobada mediante el referéndum y promulgada a finales de 1993 y vigente desde el 1 de enero de 1994. Artículo 43 de la Constitución Política del Perú indica: La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes.
1.1. ESTRUCTURA DEL ESTADO DEL PERÚ:
a) Gobierno Central o Nacional Está conformado por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los organismos constitucionales autónomos.
 Poder Ejecutivo: Se encarga de impulsar
las políticas de Estado en las áreas de macroeconomía, políticas sociales, de seguridad nacional y de reforma del Estado. Lo conforman la Presidencia de la República, los Ministerios y las Entidades Públicas. La Presidencia del Perú se compone por el Presidente, quien es el Jefe del Estado y de Gobierno, el Despacho Presidencial y los vicepresidentes. Los Ministros de Estado liderados por el Presidente del Consejo de Ministros, el Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros y las Comisiones Intersectoriales. Los Ministerios son de: Agricultura, Comercio Exterior y Turismo, Defensa, Economía y Finanzas, Educación, Energía y Minas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Promoción Social, Producción, Relaciones Exteriores, Salud,
Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Saneamiento y Construcción, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social. Este poder tiene las facultades para iniciar y desarrollar reformas: el Ejecutivo presenta una propuesta de ley al Congreso, pero si este no lo aprueba el proyecto se convierte en ley. Además, puede dictar decretos de urgencia en temas económicos y financieros que tienen fuerza de ley.
El Ejecutivo tiene también la capacidad de vetar ciertas leyes, aunque el Congreso puede superar ese veto - algo que el Congreso raramente hace. Además, para que las leyes del Congreso tengan efectos, deben de tener su respectivo reglamento hecho por el Ejecutivo.
 Poder Legislativo
Este Poder reside en el Congreso de la República del Perú y forma una sola cámara de 130 miembros elegidos por sufragio directo y en distrito múltiple proporcionalmente a la población de cada Región. Por ejemplo, Lima tiene 32 congresistas, Madre de Dios tiene uno). El Congreso de la República se renueva en su integridad cada cinco años. Las fechas de inicio y término de un periodo constitucional son las mismas que rigen para el periodo constitucional presidencial. El Poder Legislativo es el encargado de crear las leyes y normas.
mixtos. Investigan y sentencian en procesos ordinarios, sumarios y especiales. Resuelven las apelaciones sobre sentencias de Juzgados de Paz. El cuarto nivel es conformado por los Juzgados de Paz, con competencia distrital. Resuelven apelaciones realizadas sobre las sentencias de los juzgados de Paz No Letrados. El quinto nivel es conformado por los Juzgados de Paz No Letrados, encargados de resolver los asuntos judiciales sencillos (faltas menores).
 Poder Judicial
La función judicial es realizada por el Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema de la República que tiene competencia en todo el territorio. La sede de la Corte Suprema es el Palacio de Justicia de Lima. Es la última instancia ante la cual se pueden apelar todos los procesos judiciales que provienen de cualquier Corte Superior de justicia. El segundo nivel jerárquico lo forman las Cortes Superiores con competencia en todo un Distrito Judicial. Realizan el juzgamiento en procesos ordinarios y resuelven apelaciones realizadas sobre sentencias de los juzgados especializados o mixtos. El tercer nivel es formado por los Juzgados de Primera Instancia cuya competencia es, aproximadamente, provincial. Pueden ser especializados o
b) Gobierno Regional Los gobiernos regionales están compuestos de un presidente y un consejo, los cuales sirven por un periodo de cuatro años; adicionalmente, existe un consejo de coordinación integrado por los alcaldes provinciales y representantes de la sociedad civil.
El Presidente Regional es el jefe de gobierno. Funciones: proponer y ejecutar el presupuesto, designar a oficiales de gobierno, promulgar decretos y resoluciones, ejecutar planes y programas regionales y administrar las propiedades y rentas regionales. El Consejo Regional debate y vota sobre el presupuesto sugerido por el presidente regional, también supervisa a todos los oficiales de gobierno y puede deponer de su cargo al presidente, su vicepresidente y a cualquier miembro del consejo. El Consejo de Coordinación Regional tiene un papel consultivo en los asuntos de planeamiento y presupuesto, no tiene poderes ejecutivos ni legislativos. De acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las responsabilidades de los gobiernos regionales incluyen el desarrollo de la planificación regional, ejecución de proyectos de inversión pública, promoción de las actividades económicas y administración de la propiedad pública, y elaboración y aprobación de normas de alcance regional y regulando los servicios de su competencia. Por otro lado, son bienes y tributos de los gobiernos regionales: Las asignaciones y transferencias específicas para su funcionamiento,
que se establezcan en la Ley Anual de Presupuesto. Los tributos creados por Ley a su favor. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones y concesiones que otorguen, y aquellos que perciban del gobierno nacional por el mismo concepto. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional. Los recursos asignados por concepto de canon. El producto de sus operaciones financieras y las de crédito interno concertadas con cargo a su patrimonio propio. Las operaciones de crédito externo requieren el aval o garantía del Estado, y se sujetan a la ley de endeudamiento público. Sus ingresos propios y otros que determine la ley. c) Gobierno Local El nivel local corresponde a las provincias, los distritos y los centros poblados. Estas circunscripciones son administradas por municipalidades, compuestas de un Concejo Municipal y una Alcaldía.
Tema 2: La norma jurídica dentro del Sistema Peruano
1.1. Norma Jurídica dentro del Ordenamiento Teniendo en cuenta la estructura lógico formal de la norma jurídica, se puede observar que está constituida por tres elementos, estos son: el supuesto de hecho, el efecto jurídico y el vínculo de deber ser. La norma jurídica, sin embargo, no es sólo un juicio hipotético que encierra una concepción lógico formal sino que es, funcionalmente hablando, un esquema o programa de conducta que disciplina la convivencia social en un lugar y momento determinados mediante la prescripción de derechos y deberes cuya observancia puede ser impuesta coactivamente
Entonces la norma jurídica puede ser definida no sólo en base a su estructura interna si no también, en base la finalidad que persigue, esto es su funcionalidad de acuerdo al objetivo que persigue, que es justamente el de establecer directa o indirectamente reglas de conducta; reglas que son tuteladas por el ius imperium del estado. El sistema o ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas, de alcance general o particular, escritas o no escritas, emanadas de autoridad estatal o de la autonomía privada, vigentes en un Estado. La legislación o sistema legislativo son únicamente las normas jurídicas escritas de alcance general que tienen vigencia en un Estado.
La jerarquía normativa se encuentra en el artículo 51 de la Constitución Política del Perú, norma que establece que “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del estado”. a) Constitución Dentro del sistema legislativo la Constitución Política es la norma jurídica de mayor jerarquía; la misma que se sostiene en sí misma a diferencia de las otras normas que se sustentan en la constitución Para garantizar dicha supremacía, existen mecanismos de defensa como el control difuso ejercido por los jueces y las garantías constitucionales, tales como los procesos de hábeas corpus para la defensa de los derechos fundamentales asociados a la libertad individual; de hábeas data, para la defensa de los derechos fundamentales asociados a la libertad de información; de amparo, para la defensa de los demás derechos fundamentales; de inconstitucionalidad, para verificar la constitucionalidad de las leyes; y popular, para supervisar la constitucionalidad y legalidad de los reglamentos administrativos. b) Leyes Subordinadas a la Constitución, se encuentran las leyes, normas jurídicas de alcance general y cuya validez está sujeta a condiciones temporales y espaciales. Entre las leyes cabe distinguir tres tipos: las leyes
orgánicas, las leyes ordinarias y las normas con rango de ley. Leyes Orgánicas: Conforme lo prescribe el artículo 106 de nuestra Constitución, mediante las leyes orgánicas se regula la estructura y funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución así como aquellas otras materias cuya regulación por ley orgánica está establecida también en la constitución. Para su aprobación o modificación se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Las leyes orgánicas sólo pueden ser derogadas, total o parcialmente, con mayoría calificada, esto es, el mismo procedimiento para su aprobación; de lo que se puede afirmar que las leyes orgánicas están por encima de las leyes ordinarias. Una ley ordinaria no debe derogar una ley orgánica, pero una ley orgánica si puede derogar una ley ordinaria.
Leyes Ordinarias: Estas son las leyes que siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución y en el respectivo reglamento del congreso (proyecto de ley, aprobación por la respectiva Comisión dictaminadora, aprobación por el pleno del Congreso, promulgación del Presidente de la República y publicación) son expedidas por el Congreso La ley se deroga sólo por otra ley. La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta
es íntegramente regulada por aquélla. Por la derogación de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado. La ley especial prima sobre la ley general. Decretos Legislativos: Conforme al artículo 104 de la Constitución el Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad legislativa, mediante decretos legislativos, sobre materia específica y por plazo determinado, materia y plazo que son establecidos en la ley autoritativa. Los decretos legislativos son equiparables a las leyes ordinarias, por lo que están sometidos, a las mismas condiciones que rigen para la ley. No puede delegarse al Poder Ejecutivo las materias que son indelegables a la Comisión Permanente, tales como la reforma constitucional, la aprobación de tratados internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y la Ley de la Cuenta General de la República; ello conforme lo establece el Artículo 101 inciso 4 de la Constitución. Decretos de Urgencia: Conforme al inciso 19 del artículo 118 de la Constitución, el Presidente de la República está facultado para dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso; por lo
que están sometidos, a las condiciones que rigen para la ley.
Reglamento Del Congreso: Conforme a lo preceptuado por el artículo 94 de la Constitución Política, el Reglamento del Congreso precisa las funciones del Congreso y de la Comisión Permanente, define su organización y funcionamiento, establece los derechos y deberes de los congresistas y regula los procedimientos parlamentarios y tiene fuerza de ley. Resoluciones Legislativas: Mediante las Resoluciones Legislativas el Congreso, de manera excepcional, regula temas específicos o materializan decisiones de efectos particulares, como la aprobación y modificación de su reglamento o la aprobación de tratados, el otorgamiento de pensiones de gracia o la autorización para que el Presidente pueda salir del país, etc. Decretos Leyes: Los decretos leyes son las leyes expedidas por los gobiernos de facto (gobiernos civilistas, gobiernos militares o cualquier otra forma de gobierno distinta al constitucionalmente reconocido). En este punto se debe tener en cuenta que en función a la teoría de la continuidad, una vez terminado el gobierno de facto y su retorno a un régimen democrático, los decretos leyes siguen vigentes. Según esta teoría, las normas dadas por los gobiernos de facto continúan teniendo validez con la restauración de un gobierno constitucional y que serán, por lo tanto, modificadas o derogadas por el procedimiento legislativo constitucionalmente establecido, manteniendo entre tanto su validez.
Sentencias del Tribunal Constitucional: Conforme al artículo 204 de la constitución la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalida d de una ley se publica en el diario oficial y al día siguiente de su publicación dicha ley queda sin efecto. Al respecto cabe precisar que el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre proceso competencial recaída en el Expediente N° 004-2004-CC/TC, publicada el 12 de febrero de 2005, ha explicado que una de las formas de pronunciarse es a través de sentencias interpretativas – manipulativas (normativas), las cuales reducen los alcances normativos de la ley impugnada “eliminando” del proceso interpretativo alguna frase o hasta una norma cuya significación colisiona con la Constitución, o consignan el alcance normativo de la ley impugnada “agregándole” un contenido y un sentido de interpretación que no aparece en el texto por sí mismo. Asimismo, en la referida sentencia, el Tribunal Constitucional, clasifica a su vez a las sentencias interpretativas – manipulativas en sentencias reductoras (la sentencia ordena una restricción o acortamiento de la “extensión” del contenido normativo de la ley), aditivas (se procede a “añadir” al texto incompleto aquello exigido por el texto constitucional), sustitutivas (se incorpora un reemplazo o relevo del contenido normativo expulsado del ordenamiento jurídico por ser inconstitucional, disponiendo una modificación o alteración de una parte literal de la ley, precisando la referida sentencia que la parte sustituyente no es otra que una
norma ya vigente en el ordenamiento jurídico) y exhortativas (se recomienda al Congreso que en un plazo razonable expida en reemplazo de la ley declarada inconstitucional (aunque no expulsada del ordenamiento jurídico) una ley sustitutoria con un contenido acorde a las normas, principios o valores constitucionales). Ordenanzas Municipales y Regionales: Conforme a la Sentencia del 15 de diciembre de 2002, recaída en el Expediente N° 689-00AC/TC el Tribunal Constitucional señaló que: “dado que la (…) ley y la ordenanza tienen rango de ley, no puede aplicarse entre las mismas el principio de jerarquía; es en virtud del principio de competencia, por el contrario, en base al cual deben articularse sus relaciones.” Y a ello se suma el hecho de que el inciso 4 del artículo 200 de la Constitución establece literalmente lo siguiente: “4. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales…”
En posición contraria se señala que no debe suponerse que la ordenanza sea una ley, o que la Constitución le otorgue indirectamente el rango de tal. Lo contrario, sería hacer una interpretación contrario sensu que llegaría a un panorama absurdo. En este escenario se considerarían con rango de ley no sólo las ordenanzas provinciales sino también las distritales. Las leyes, por
principio, sólo pueden ser dadas por el Poder Legislativo. La independencia de los gobiernos locales no debe suponer de ninguna manera la creación de un pequeño Estado dentro del Estado peruano. No puede un gobierno local dictar, mediante ordenanzas, imperativos legales de carácter general que transgredan aquellos determinados por las leyes en sentido estricto. No obstante ello, el hecho de que una ordenanza no sea equivalente en sentido estricto a una ley, no supone que ésta la pueda derogar o desconocer, pues está beneficiada por la “reserva de ley”, que implica que dentro de los ámbitos de su competencia, ninguna norma legal, por mayor rango normativo que tenga, puede ingresar a su ámbito de competencia que, por mandato de la Constitución, se halla reservada para la ordenanza. No obstante lo precisado, para determinar si la ordenanza municipal tiene o no tiene rango de ley, debe considerarse todo el conjunto normativo contenido en la Constitución Política. La Constitución no es una norma particular, sino un ordenamiento en sí mismo compuesto por una pluralidad de disposiciones que deben formar una unidad indivisible de sentido. Así tenemos la Sentencia del Tribunal Constitucional Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 008-2003-AI/TC, publicada el 14 de noviembre de 2003. “En efecto, las normas constitucionales no pueden ser comprendidas como átomos desprovistos de interrelación, pues ello comportaría conclusiones incongruentes. Por
el contrario, su sistemática interna obliga a apreciar a la Norma Fundamental como un todo unitario, como una suma de instituciones poseedoras de una lógica integradora uniforme…” Así tenemos, entonces el artículo 32 de la Constitución “Pueden ser sometidas referéndum Las ordenanzas municipales…”; de lo que se colige que las ordenanzas no tienen rango de ley; siendo que las municipalidades pueden expedir ordenanzas municipales dentro de las materias de su competencia y no para regular materias que están fuera de su competencia funcional, debiendo incluso tener presente el contenido de las leyes cuando expida ordenanzas dentro de su competencia funcional. En cuanto a las ordenanzas regionales, se debe tener en cuenta el artículo 36 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el cual, establece que las normas y disposiciones del gobierno regional se adecuan al ordenamiento jurídico nacional, no pueden invalidar ni dejar sin efecto normas de otro gobierno regional ni de los otros niveles de gobierno. Las normas y disposiciones de los gobiernos regionales se rigen, entre otros, por el principio de legalidad, es decir, que deben ser dictadas respetando la Constitución y las leyes. c) Normas subordinadas a las Leyes A este respecto se debe tener en cuenta que según su ámbito de aplicación, estas se pueden clasificar en normas de alcance nacional, regional y local.
Normas del Poder Ejecutivo
AMBITO NACIONAL  Decreto Supremo. Norma de mayor jerarquía que expide el Poder Ejecutivo; va firmado por el Presidente de la República y de uno o más ministros.  Resolución Suprema, Emitida por uno o más ministros con la visación aprobatoria del Presidente de la República.  Resolución Ministerial, expedida por un Ministro.  Resolución ViceMinisterial, emitida por un Vice-Ministro.  Resolución Directoral, aprobada por un Director Nacional.  AMBITO REGIONAL Ordenanzas Regionales: Emitida por el Consejo Regional. Norman asuntos de carácter general, la organización y administración del gobierno regional y reglamentan materias de su competencia. Acuerdos del Consejo Regional: Emitida por el Consejo Regional. Expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos, de interés público, ciudadano o institucional, o declaran su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. Estos acuerdos son aprobados por mayoría simple de sus miembros. Decretos Regionales: Emitida por la Presidencia Regional. Establecen normas reglamentarias. Resoluciones Regionales: Emitida por la Presidencia Regional. Norman asuntos de carácter administrativo. Se expiden en segunda y última instancia administrativa. Los niveles de estas resoluciones son: Resolución Ejecutiva Regional, emitida por el Presidente Regional; Resolución Gerencial General Regional, emitida por el Gerente General Regional; Resolución Gerencial Regional, emitida por los Gerentes Regionales. AMBITO LOCAL  Ordenanzas Municipales: Emitidas por el Concejo Municipal. Conforme al artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa.  Acuerdos del Concejo Municipal: Emitidas por el Concejo Municipal. Conforme al artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades son decisiones sobre asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.  Decretos de Alcaldía, Emitidas por la Alcaldía. Conforme a los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades son normas por medio de las cuales ejerce las funciones ejecutivas de gobierno, los asuntos administrativos a su cargo, reglamenta y aplica las ordenanzas municipales, sanciona los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y resuelve o regula asuntos de interés general y de interés para el vecindario que no sean de competencia del Concejo Municipal.
Tema 3: Proceso laboral en el Perú
En Perú, el proceso laboral se regula desde 1996 por la Ley No. 26636 Ley Procesal del Trabajo. Dicha ley asigna competencia de primera instancia al juez de paz letrado o al juez especializado laboral en función a la cuantía de la pretensión: si el monto de la demanda no excede de 10 Unidades de Referencia Procesal (S/. 3,600.00 Nuevos Soles) el proceso es tramitado por el juez de paz letrado en la vía del proceso sumarísimo; si el monto es superior a dicho monto el proceso es tramitado por el juez especializado laboral en la vía del proceso laboral ordinario. En el proceso laboral peruano el trabajador puede demandar el pago de sus créditos laborales o beneficios sociales dentro de un plazo de prescripción igual a 4 años contados desde su cese (Ley No. 27321) y puede impugnar su despido dentro de un plazo de caducidad igual a 30 días contados desde la extinción del vinculo laboral (Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo: Decreto Supremo Nº 003-97-TR). Contrariamente a lo que ocurre con el proceso civil peruano, la prescripción laboral no se interrumpe con la notificación de la demanda al deudor sino con la sola presentación de la demanda. Igualmente, la caducidad de la acción por despido se
computa en días laborables para el Poder Judicial y no en días calendario. El proceso ordinario laboral está estructurado en una primera etapa postulatoria (demanda y contestación), una segunda etapa de saneamiento, conciliacíón y pruebas, y una tercera etapa resolutoria. Una vez sentenciado las partes pueden acceder a una segunda instancia a través de la apelación, y es posible el acceso a una instancia extraordinaria vía recurso de casación sólo para ciertas causales fijadas en la ley. El proceso sumarísimo se regula por las reglas del Código Procesal Civil y consta de dos etapas: la postulatoria (demanda y contestación) y la etapa de saneamiento, conciliación, pruebas resolutoria. La sentencia se dicta en la Audiencia Única. Los procesos laborales tienen una duración promedio de 4 años debido a la elevada carga procesal del Poder Judicial y a los actos dilatorios de las partes. Ello ha ocasionado la expedición de la Ley No. 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo que privilegia las actuaciones orales con el objetivo de reducir la duración de los procesos a 6 meses.
Tema 4: Seguridad y Salud en el trabajo
Sea cual fuere su ocupación, el trabajador puede verse enfrentado a múltiples riesgos en su lugar de trabajo. En este contexto, la salud y la seguridad en el trabajo (SST) buscan fomentar y mantener el bienestar físico, mental y social del trabajador; prevenir consecuencias negativas que las condiciones de trabajo pueden tener en su salud; protegerlo en su lugar de empleo frente a riesgos que surjan; y, colocar y mantener al trabajador en un entorno laboral adaptado a sus necesidades. I. NOCIONES DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO La salud y la seguridad laborales “abarcan el bienestar social, mental y físico de los trabajadores, es decir, ‘toda la persona’”1. Cuando se aborda la cuestión de la salud, también se aborda la de la seguridad, porque, por definición, un lugar de trabajo saludable es también un lugar de trabajo seguro. En cambio, puede que no sea cierto a la inversa, pues un lugar de trabajo considerado seguro no es forzosamente también un lugar de trabajo saludable. pérdida de ingresos, pérdida de un empleo y pago de los altos costos que acarrea la atención médica. RIESGOS LABORALES RIESGO QUÍMICO RIESGO FÍSICO RIESGO BIOLÓGICO RIESGO PSICOLÓGICO RIESGO QUE PRODUCE LA NO ERGONOMÍA Líquidos, sólidos, polvos, humos, vapores y gases; Ruidos, vibraciones, insuficiente iluminación, radiaciones y temperaturas extremadas. Bacterias, virus, desechos infecciosos e infestaciones. Provocados por la tensión y la presión. Mal diseño de máquinas, instrumentos y herramientas, mal diseño de asientos y lugar de trabajo o malas prácticas laborales.
En casi todos los lugares de trabajo se puede hallar un número ilimitado de riesgos. Existen las condiciones de trabajo inseguras patentes2 y las distintas categorías de riesgos insidiosos (es decir, los riesgos que son peligrosos pero que no son evidentes), entre otras: II. NORMATIVA INTERNACIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO La normativa internacional sobre derechos humanos reconoce el derecho a la integridad física y psicológica y a la salud como bienes jurídicos fundamentales de toda persona sin importar el ámbito en el cual se desenvuelvan, incluido el centro de trabajo.
Sin duda, el trabajo desempeña una función esencial en las vidas de las personas por lo que los entornos laborales deben ser seguros y sanos. Sin embargo, esto no sucede en muchos casos acarreando, entre otras cosas, consecuencias negativas como el dolor y padecimiento de la lesión o la enfermedad,
Organización Internacional del Trabajo, La Salud y la Seguridad en el Trabajo: Colección de Módulos. Disponible en: http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/intro/introduc. htm (Consultado el 16 de junio de 2012).
Por ejemplo, máquinas no protegidas, suelos deslizantes o insuficientes precauciones contra incendios, etc.
Es decir, son derechos humanos y entre estos resaltan: Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Art. 22.- Toda persona (...) tiene derecho a seguridad social, y a obtener el esfuerzo nacional y la Declaración cooperación internacional, universal de habida cuenta de la los derechos organización y recursos de cada Estado, la satisfacción humanos3 de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad (…). Art. 23.- 1.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (…). Art. 7.- Los Estados Partes (…) reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo Pacto equitativas y satisfactorias Internacional que le aseguren en especial: de Derechos (…) Económicos, b) La seguridad y la higiene Sociales y en el trabajo; Culturales4 Art. 12.- 1. Los Estados Partes (…) reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar (…) a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán (…): (…) b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante su Constitución, reconoce la existencia de condiciones injustas que afectan a muchos trabajadores, las mismas que afectan la “paz y armonía universales, por lo que se busca mejorar esas condiciones, buscando entre otros, (…) protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo”. Así, reconoce su obligación de fomentar programas que permitan, entre otros, “g) proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones”. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS), autoridad en materia de salud dentro del sistema de las Naciones Unidas, ha emitido diversas Resoluciones Mandatarias para sus Estados Miembros, entre ellos el Perú, los que sirven de referencia para el Ministerio de Salud, como son la WHA 49.12
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 e incorporada al ordenamiento peruano en 1959 mediante Resolución Legislativa No. 13282. 4 Aprobado por el Decreto Ley No. 22129 del 28 de marzo de 1978 y ratificada el 12 de abril de 1978. Entró en vigencia el 28 de julio de 1978.
referida a la Estrategia Mundial de Salud Ocupacional para Todos, y la WHA 60.26 Plan de Acción Mundial sobre la Salud de los Trabajadores. Finalmente, el Sistema Andino de Integración (SAI), en materia de mejoramiento de la salud, cuenta con el Organismo Andino de Salud “Convenio Hipólito Unánue” y para la promoción de la integración socio-laboral cuenta con el Convenio Simón Rodríguez que es el Foro de debate, participación y coordinación para los temas sociolaborales de la Comunidad Andina que tiene como objetivo, entre otros, el “definir y coordinar las políticas comunitarias referentes al (…)la seguridad y salud en el trabajo (…)5. Los instrumentos normativos expedidos por la Comunidad Andina son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros en todas sus instancias y, en materia de seguridad y salud en el trabajo, se cuenta con la Decisión No. 584 denominada “Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo” la que ha sido reglamentado por la Resolución No. 957 “Reglamento de la Decisión No. 584”. III. NORMATIVA PERUANA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO La Constitución Política del Perú regula el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, y al respeto de los derechos
fundamentales dentro de la relación laboral6. Sin embargo, no existe un artículo que consagre específicamente el derecho a la seguridad y salud en el trabajo o a la prevención de riesgos laborales, como sí existía en la Constitución de 1979. Asimismo, existe la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2011 y su Reglamento, Decreto Supremo No. 0052012-TR del 20127 que tiene por objetivo: [P]romover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia8. Mediante esta Ley se implementa una Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo requiriendo por parte del empleador y trabajador un mayor compromiso a fin de prevenir los accidentes y los daños en la salud que sean consecuencia del trabajo9. IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA En el texto de la Ley se aprecia, en relación con el Decreto Supremo No. 009-2005-TR, la creación del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo10 a fin de garantizar la
Guido Mendoza Fantinato, “El Convenio Simón Rodríguez: Importancia del Foro Social Laboral de la Comunidad Andina”, Biblioteca digital andina, p. 2. (Consultado el 16 de julio de 2012). Disponible en: http://www.comunidadandina.org/BDA/docs/CAN-INT0042.pdf . También, vid., Convenio Simón Rodríguez. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/sai/estructura_21.html
Vid., Artículos 1º, 2º inciso 1) y 2), 7º, 9º, 10º, 11º, 22º y 23º de la Constitución Política del Perú de 1993. 7 Vid., Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley No. 29783, Decreto Supremo No. 005-2012-TR, publicada el 25 de abril de 2012. Disponible en: http://www.hseperu.com/normas/DS005-2012-TR-29783.pdf (Consultada el 18 de junio de 2012). 8 Artículo 1 de la Ley No. 29783. 9 Vid., Título II “Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo” de la Ley No. 29783, Artículos 4, 5, 6 y 7. 10 Vid., Título III “Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo” de la Ley No. 29783, Artículos 8 – 16.
protección de los trabajadores en la seguridad y salud en el trabajo, siendo sus instancias el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, los mismos que son de naturaleza tripartita con participación del Estado, Empleadores y Trabajadores. En cuanto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo11, la Ley mantiene la estructura anterior, con la diferencia de que incorpora como actores a las organizaciones sindicales. Así, se incorpora la convocatoria a elecciones y la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En relación a medidas de prevención y protección se agrega la sustitución de procedimientos, técnicas y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo. Respecto al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, un cambio es la reducción del número de 25 a 20 trabajadores para la constitución del Comité. Así, los empleadores con 20 o más trabajadores constituyen un Comité de seguridad y salud en el trabajo, el que estará formado por igual número de representantes de empleadores y 12 trabajadores . Asimismo, los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios podrán incorporar un miembro del mismo en calidad de observador. Además en los centros de trabajo con menos de 20
trabajadores son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor13. La Ley precisa que las empresas con 20 o más trabajadores elaboran su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que el empleador debe adoptar acciones para mejorar su conocimiento. Así deberá hacer no menos de 4 capacitaciones al año, adjuntar al contrato de trabajo las recomendaciones en la materia y brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación del trabajador en cursos de formación relacionados14. Otra novedad es que el empleador debe organizar un servicio de seguridad y salud en el trabajo para la prevención, garantizar que las elecciones de representantes de los trabajadores se realicen mediante organizaciones sindicales y garantizar el trabajo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, asignando recursos15. De otro lado se introduce la indemnización por daños a la salud en el trabajo. En cuanto a los derechos del trabajador, éste puede comunicarse con los inspectores de trabajo, aún sin la presencia del empleador, situación no vista antes. Asimismo, cuando se produzca la transferencia de un trabajador por razones de seguridad y salud en el trabajo, esta debe producirse sin mermar sus derechos remunerativos ni derechos a las utilidades porque será considerado como hábil para el cómputo al momento de la repartición.
Vid., Título IV “Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” de la Ley No. 29783, Artículos 17 – 47.
Vid., Artículo 29.
Vid., Artículos 30 y 31. Vid., Artículos 35. 15 Vid., Título V “Derechos y obligaciones”, Capítulo I “Derechos y obligaciones de los empleadores”, Artículos 48 – 71.
Además, se incluye como deber el informar con veracidad a instancias públicas que se lo requieran, caso contrario sería falta grave, sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente16. En cuanto a las Políticas en el plano de las empresas y centros médicos asistenciales, el empleador debe informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de todo accidente de trabajo, incidente peligroso que ponga en peligro la salud e integridad del trabajador u cualquier tipo de situación que altere o ponga en riesgo su vida o integridad en el ámbito laboral. Además, los centros médicos asistenciales que atiendan accidentes de trabajo y enfermedades también están obligados a informar al Ministerio de Trabajo. Finalmente, se ha incorporado el artículo 168-A al Código Penal por el cual se tipifica la figura del “Delito de atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industriales”, el mismo que dispone una pena privativa de la libertad de no menor de dos años ni mayor de cinco, a quienes no adopten las medidas preventivas para que los trabajadores desempeñen su sus labores, poniendo en riesgo su vida, pero si se como consecuencia de un accidente se ocasiona la muerte y/o lesiones graves las penas serian no menor de cinco ni mayor de diez años. CAMBIOS MÁS RESALTANTES DE LA LEY NO. 2978317
Capacitaciones sobre seguridad y salud: En número no menor de 4 capacitaciones al año, que deberán ser programadas dentro de jornada laboral, además de adjuntar al contrato de trabajo las recomendaciones sobre seguridad y salud (Art. 35). Indemnización por daños a la salud en el trabajo: El incumplimiento del empleador del deber de prevención genera la obligación de pagar indemnización. De comprobarse el daño por la Autoridad Administrativa de Trabajo, el MTPE determinará el pago de la cuantía (Art. 53) Obligaciones con contratistas, subcontratistas, modalidades formativas o terceros: La empresa principal es la responsable solidaria frente a daños e indemnizaciones que puedan surgir, de comprobarse el incumplimiento de las obligaciones de preservación. (Art. 68). Además se le asigna la responsabilidad de notificar al MTPE los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades profesionales que pudieran ocurrir en sus instalaciones (Art. 103). Adecuación del trabajador al puesto de trabajo: Derecho del trabajador a ser transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su seguridad, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría (Art. 76). Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes
Vid., Título V “Derechos y obligaciones”, Capítulo I “Derechos y obligaciones de los trabajadores”, Artículos 72 – 79.
Carmen Ortega Chico, “¿Qué novedades nos trar la reciente promulgada Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo?,
Disponible en: http://www.infocapitalhumano.pe/alertalegal.php?id=43&t=que-novedades-nos-trae-la-recientepromulgada-ley-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo (Consultado el 18 de junio de 2012).
peligrosos: Obligatoriedad de tener registros por periodo de 5-10 años (Art. 87 y 88). Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST): Los empleadores con 20 o más trabajadores a su cargo deberán constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporaron un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. (Art. 29). Cuando se cuente con menos de 20 trabajadores, son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de seguridad. Los miembros del Comité de SST y supervisores, gozan de licencia con goce de haber para realizar funciones, de protección contra el despido incausado, y de facilidades para realizar sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo, seis meses antes y hasta seis meses después del término de su labor (Art. 32). Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST): Obligatorio para todas las empresas que cuenten con más de 20 trabajadores (Art. 34 Y 35). Incorporación de tipo penal: Se impondrán penas entre 5 y 10 años, para quienes omitan adoptar medidas de SST, que pongan en riesgo vida, salud o integridad del trabajador o acarreen muerte/lesiones graves (4ta. Disposición Complementaria.
debiendo ser derivado de otros derechos como el derecho a la vida y la salud. Asimismo, el Perú no ha ratificado los convenios principales de OIT sobre Seguridad y Salud en el Trabajo como el Convenio 155, Convenio sobre Seguridad y salud de los trabajadores, el Convenio 161 Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, y el Convenio 187 Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, lo que pone en cuestionamiento el compromiso de Perú es este tema. Si bien, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo considera como ámbito de aplicación a todos los sectores económicos y de servicios, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia, es de considerarse que esta declaración de amplia cobertura es tan solo declarativa, ya que la norma en su conjunto está concebida en función de la clásica relación laboral: empleador y trabajador, no considerando las formas atípicas que presenta la figura del trabajador independiente.
V. Problemas identificados Un tema importante a considerar es que la prevención de riesgos laborales o, simplemente, el derecho a la Seguridad y Salud en el Trabajo no cuenta con un reconocimiento constitucional expreso,
Tema 5: Marco legal de los trabajadores informales
Finalmente, es menester mencionar otros problemas que deben ser considerados, como por ejemplo: la falta de coordinación, la insuficiencia de recursos disponibles, la inadecuada asignación de recursos, la nula o equivocada planificación de prioridades, estrategias, acciones y gestión. Una de las causas de la extensión de las actividades del empleo informal en el Perú es la relacionada a la cuestión normativa. En primer lugar, Perú carece de un código del trabajo que sistematice la norma laboral. Las más esenciales leyes y reglamentos laborales fueron expedidos en los noventa, durante el gobierno de Fujimori, y expresaron una lógica de “flexibilización” de las relaciones laborales considerada como una de las reformas más extremas de América Latina. Estas reformas se orientaron al repotenciamiento de los poderes del empleador de contratar y al debilitamiento de la acción colectiva. Se amplió las modalidades de contratación temporal, se admitió el despido arbitrario sujeto al pago de indemnización, se introdujo la intermediación laboral y se revisaron las negociaciones colectivas.
En segundo lugar, para el tema específico de trabajadores del empleo informal, se debe verificar la existencia o ausencia de normas, los derechos que consideran y sus carencias; y el cumplimiento, o la falta de cumplimiento, de las mismas respecto de las relaciones laborales. Si bien, el trabajador informal es titular de “derechos laborales” según la Constitución Política del Perú, son escasos los casos en los que estos derechos son efectivos. Estos trabajadores perciben menor salario, están fuera de los alcances del salario mínimo vital, y de las demás compensaciones o prestaciones; no gozan de una jornada máxima de trabajo ni de descanso diario, semanal ni vacacional. Además, carecen de la protección a sus derechos colectivos y de toda forma de protección social. Así, tienen acceso limitado al seguro de salud, desempleo y accidentes de trabajo; y el no acceso a la protección de sistemas de pensiones impide que estos se jubilen obligándose a trabajar durante más tiempo. En cuanto a la observancia de Principios y Derechos en el trabajo en la informalidad, se tienen bajos estándares laborales en materia normativa laboral en Perú, así como los bajos niveles en su cumplimiento son preocupantes. Se carece de un marco jurídico que regule los derechos de los trabajadores en empleo informal de manera suficiente e integral, no solo para dotar de un manto de legalidad a lo que se va a
regular, si no por el esfuerzo jurídico de entender un fenómeno social real y encauzarlo. Las escasas normas existentes están altamente dispersas por la heterogeneidad de los sectores con empleo informal existentes (trabajador reciclador, de la estiba, del hogar, de la venta ambulante, etc.); la fuente normativa o el sujeto que la produce (leyes, reglamentos, ordenanzas, jurisprudencia, etc.). Asimismo, las normas están desconectadas unas de otras, muchas con carácter contradictorio. El Estado tiene una capacidad muy limitada de hacer cumplir lo escasamente regulado. Así, su sistema de fiscalización no es eficiente en los casos de fraude por empresas que no declaran a sus trabajadores; no tiene facultades para intervenir en los casos de los trabajadores autoempleados; no ejecuta acciones de prevención mediante la capacitación de sus agentes públicos; y los escasos mecanismos implementados para permitir la inserción del trabajadores a la formalidad es deficiente. En cuanto a la protección social y el derecho a la seguridad social en la informalidad, la diferencia entre el trabajador en empleo informal y el formal respecto al acceso a la protección social es amplia. Si bien las tasas de afiliación a sistemas de salud y pensiones han mejorado, estas
siguen estando por debajo del promedio en América y su calidad no se ajusta a los estándares requeridos por la OIT. Como lo indica la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT tanto el Seguro Integral en Salud y el sistema Privado de pensiones no califican como seguridad social de acuerdo al Convenio Internacional del Trabajo 102, ratificado por Perú. Así, la afiliación en el sector informal en el área urbana solo alcanza al 19,6% en el seguro de salud y el 37,8% en el sistema de pensiones. Sin duda, los elevados porcentajes de empleo informal y el escaso acceso al trabajo decente que ello implica suponen serias dificultades para el trabajador peruano y una desventaja en materia de crecimiento económico para el país.
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 artículo 104
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 artículo 118
 artículo 94
 artículo 204
 artículo 200
 artículo 32
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 artículo 40
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 Artículo 1
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 artículo 168