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Timestamp: 2018-12-15 23:23:03+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00335 de junio 26 de 2013
SENTENCIA 2008-00335 DE 26 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:ACCIÓN DE NULIDAD. SE DECLARÓ NULA LA NORMA QUE IMPEDÍA A LOS TALLERES ADELANTAR REVISIONES TÉCNICO-MECÁNICAS Y DE CONTROL DE GASES Y AQUELLA QUE EXIGÍA A LAS MOTOCICLETAS SOMETERSE A ESTE TIPO DE CONTROLES POR CUANTO EXCEDE LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS ATRIBUIBLES A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. SE DECLARÓ LA NULIDAD DE LOS ARTÍCULOS 4°, 11, 12 Y 30 DE LA RESOLUCIÓN 3500 DE 2005 PROFERIDA CONJUNTAMENTE POR LOS MINISTERIOS DE TRANSPORTE Y DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, MINISTERIO DE TRANSPORTE, VEHÍCULO AUTOMOTOR, IMPOSICIÓN DE MULTA, FACULTAD REGLAMENTARIA
Sentencia 2008-00335 de junio 26 de 2013
Rad.: 11001 0324 000 2008 00335 00
Actor: Carlos Eduardo Ossa Hernández
Demandado: Ministerio de Transporte y Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial
Observa la Sala que el problema jurídico gira en torno a dilucidar si el Ministerio de Transporte y el de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio del Ambiente) eran competentes para proferir las Resoluciones acusadas, y si siendo competentes, estas decisiones se excedieron en la potestad reglamentaria.
6.1. Falta de competencia
Para la Sala es evidente que el cargo de falta de competencia debe ser despachado desfavorablemente, habida cuenta de que el artículo 53 de la Ley 769 de 2002 es claro al atribuirle competencia tanto al Ministerio de Transporte como al Ministerio del Medio Ambiente para fijar las condiciones mínimas de la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica y de gases a cargo de los centros de diagnóstico automotor (en adelante CDA):
“ART. 53.—Centros de diagnóstico automotor. La revisión técnico-mecánica y de gases se realizará en centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones mínimas que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus competencias. Los resultados de la revisión técnico-mecánica y de gases serán consignados en un formato uniforme cuyas características determinarán los ministerios anotados. Para la revisión del vehículo automotor, se requerirá únicamente la presentación de su licencia de tránsito y el correspondiente seguro obligatorio.
PAR. 1º—Quien no porte el certificado incurrirá en las sanciones previstas en este código” (resaltado fuera de texto).
En tal orden, como los citados ministerios sí se encontraban facultados legalmente para expedir los actos enjuiciados, debe ahora la Sala estudiar el cargo de exceso en la potestad reglamentaria.
6.2. Exceso en la potestad reglamentaria
6.2.1. Exclusividad. La norma reglamentaria que establece la destinación específica de los CDA se encuentra contenida en el artículo 4º de la Resolución 3500 de 2005, modificado por el artículo 1º de la Resolución 15 de 2007:
“ART. 4º—Prohibición y destinación específica. Modificado por el art. 1º, Resolución Conjunta del Min. Transporte 15 de 2007. Los centros de diagnóstico automotor estarán destinados exclusivamente a la revisión técnico-mecánica y de gases. Los centros de diagnóstico automotor no podrán realizar actividades afines o similares con dicha revisión como labores de reparación, mantenimiento y/o venta de repuestos.
PAR.—Para efectos de lo previsto en el último inciso del presente artículo, el Ministerio de Transporte-Subdirección de Transporte, certificará el cumplimiento de la condición allí establecida”.
A efectos de definir si la anterior disposición vulnera el ordenamiento jurídico superior es menester remitirse a lo expuesto en la Ley 769 de 2002 en sus artículos 2º y 53:
Centro de diagnóstico automotor: Ente estatal o privado destinado al examen técnico-mecánico de vehículos automotores y a la revisión del control ecológico conforme a las normas ambientales” (resaltado fuera de texto).
“ART. 53.—Centros de diagnóstico automotor. La revisión técnico-mecánica y de gases se realizará en centros de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones mínimas que determinen los reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus competencias. Los resultados de la revisión técnico -mecánica y de gases serán consignados en un formato uniforme cuyas características determinarán los ministerios anotados. Para la revisión del vehículo automotor, se requerirá únicamente la presentación de su licencia de tránsito y el correspondiente seguro obligatorio.
Pues bien, de la lectura de los anteriores preceptos se desprende que, tal y como lo afirmó el actor, en ninguno de ellos se prevé la obligación restrictiva de que un taller de mecánica, por ejemplo, preste el servicio de las revisiones técnico-mecánica y de gases; sino que, siempre que se cumpla con las condiciones mínimas establecidas en los reglamentos, pueda el interesado habilitarse para esos efectos.
Así, si el legislador no previó que el servicio se prestara de manera exclusiva, no puede entonces el ejecutivo restringir la actividad económica de los centros de diagnóstico automotor, pues es necesario que todo tipo de limitación al desempeño de este tipo de actividad sea producto del trámite legislativo, como quiera que sólo en esa sede pueden definirse los instrumentos de intervención en la economía y la forma cómo las autoridades públicas pueden participar en su regulación.
En ese sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, cuando ha determinado que:
“La intervención del Estado en la economía se lleva a cabo con la concurrencia de las ramas del poder público. En primer lugar, la definición de los elementos básicos de las limitaciones de las libertades económicas corresponde exclusivamente al legislador, es decir, es una materia sujeta a reserva de ley, lo que significa que es deber del legislador definir los instrumentos de intervención en la economía, sus límites y la forma cómo las demás autoridades públicas pueden participar en la regulación de las actividades económicas; y en segundo lugar, el Ejecutivo interviene en la regulación de la economía en ejercicio de su potestad reglamentaria y de inspección, vigilancia y control, pero, su participación debe sujetarse a la ley, ya que el ejecutivo solamente puede llevar a cabo una concreción administrativa de los elementos centrales definidos previamente por la ley”(2) (resaltado fuera de texto).
En tal orden, la justificación que traen a colación los demandados no resulta del todo suficiente para imponer una restricción no prevista en la ley, pues parte de la hipótesis de que los particulares actuarán de mala fe cuando quienes eventualmente posean una serviteca y además ejecuten la revisión enunciada, pretendan de manera fraudulenta emitir un dictamen que no se ajusta a los lineamientos del ordenamiento jurídico con el fin de que las reparaciones que deban efectuarse puedan ser contratadas en la misma serviteca, obteniendo un beneficio adicional que no corresponde con la finalidad de la exigencia de la revisión a cargo de los CDA.
En tal escenario, lo que a claras se desconoce es el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual, quien puede limitar la actividad económica y la iniciativa privada es el legislador, y no mediante acto reglamentario como acontece en el caso que se examina:
“ART. 333.—ؙLa actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación” (resaltado fuera de texto).
En tal orden, es menester declarar la nulidad del artículo 4º de la Resolución 3500 de 2005.
6.2.2. Certificación, acreditación o habilitación de los CDA.
El artículo 5º de la Resolución 3500 de 2005 que regula el tema es el siguiente:
“ART. 5°—De la acreditación Modificado por el artículo 2º Resolución del Ministerio de Transporte y Ministerio del Medio Ambiente 2200 de 2006. Los centros de diagnóstico automotor deberán obtener reconocimiento en el sistema nacional de normalización, certificación y metrología, acreditándose como organismos de inspección con alcance a lo estipulado en la presente disposición y de acuerdo con el tipo y número de líneas instaladas, el cual incluirá la capacidad de revisión por línea.
PAR. 1°—Los requisitos, instalaciones, personal, equipos, pruebas, hardware y sistemas de información mínimos que debe acreditar el centros de diagnóstico automotor para obtener la mencionada Acreditación, serán los estipulados por la Superintendencia de Industria y Comercio, con alcance a lo establecido en la presente resolución y a lo estipulado en las normas técnicas colombianas NTC 5385-centros de diagnóstico automotor-, NTC 5375 revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos automotores y en la NTC 5365-Calidad del aire. Evaluación de gases de escape de motocicletas, motociclos y mototriciclos accionados tanto con gasolina (cuatro tiempos) como con mezcla gasolina aceite (dos tiempos). Método de ensayo en marcha mínima (ralenti) y especificaciones para los equipos empleados en esta evaluación-, o las que las modifiquen o sustituyan.
PAR. 3º—Vigencia. La acreditación del centros de diagnóstico automotor como organismo de Inspección con alcance a lo determinado en la presente disposición, estará sujeta a las auditorías anuales de seguimiento y a una reevaluación sobre cumplimiento de las condiciones establecidas de conformidad con lo señalado en la “Circular Única, Título V de la Superintendencia de Industria y Comercio”. Resolución 3500 de 2005.
A su vez, el artículo 5º de la Resolución 2200 del 30 de mayo de 2005 dispone lo siguiente:
PAR.—El acto administrativo que inscriba a una persona como organismo de certificación o de inspección, ordenará la inserción del nombre de la persona inscrita en el listado de organismos que para tales fines llevará el Ministerio de Transporte a través de su página web y contra el mismo proceden los recursos de reposición ante el titular de la dependencia que lo expidió y de apelación ante el Director de Tránsito y Transporte del Ministerio de Transporte”.
Observa la Sala que las citadas disposiciones lo que hicieron fue ajustarse al sistema de acreditación que establece la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto a la necesidad de obtener el reconocimiento como organismos de inspección.
Para el efecto, es preciso traer a colación el artículo 2º de la Ley 170 de 1994, que se refiere a elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones del gobierno central y en el que se determina que “Cuando sean necesarios reglamentos técnicos y existan normas internacionales pertinentes o sea inminente su formulación definitiva, los miembros utilizarán esas normas internacionales, o sus elementos pertinentes, como base de sus reglamentos…”.
Ahora, como el Decreto 2269 de 2003, “Por el cual se organiza el sistema nacional de normalización, certificación y metrología”, dispuso que el Organismo de Normalización en Colombia continuaría siendo el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Icontec, y en su artículo 7º determinó que “Los productos o servicios sometidos al cumplimiento de una norma técnica colombiana obligatoria o un reglamento técnico, deben cumplir con estos independientemente que se produzcan en Colombia o se importen…”, por eso las NTC-5385, 5375 y 5365 proferidas por tal ente se adoptaron como obligatorias en la Resolución 3500 de 2005, no infringiendo con ello ninguna norma superior, dado que ergo acogió las directrices trazadas por el ordenamiento jurídico en esta materia.
Como consecuencia, no se excedió en manera alguna la potestad reglamentaria radicada en los ministerios de Transporte y del Ambiente, pues lo que se regula en la norma impugnada es precisamente el desarrollo de los condicionamientos técnicos a los que deben estar sometidos los CDA cuando presten sus servicios, facultad esta que le fue otorgada por el legislador en el artículo 53 de la Ley 769 de 2002.
6.2.3. Régimen sancionatorio
Sostiene el señor Ossa Hernández que el Gobierno Nacional a través de sus ministerios creó un régimen policivo sancionatorio cuando esa atribución es exclusiva del legislador. La disposición acusada está contenida en la Resolución 3500 de 2005 en sus artículos 11 y 12, éste último modificado por el artículo 8º de la Resolución 2200 de 2006, y modificado por el artículo 2º de la Resolución 4062 de 2007:
“ART. 11.—Suspensión de la habilitación. Serán causales de suspensión de la habilitación por un término de tres (3) meses del centro de diagnóstico automotor por parte del Ministerio de Transporte, cuando este incumpla con una de las obligaciones previstas en los numerales 2º, 5º, 6º, 8º y 9º del artículo 9° de esta resolución.
ART. 12.—Cancelación de la habilitación. Modificado por el art. 8º, resolución del Min. Transporte y Min. Ambiente 2200 de 2006, Modificado por el art. 2º, Resolución Min. Transporte y Min. Ambiente 4062 de 2007.Serán causales de cancelación de la habilitación de un centro de diagnóstico automotor por parte del Ministerio de Transporte –Subdirección de Tránsito–, las siguientes:
c) Por incumplimiento de las obligaciones previstas en los numerales 1º, 3º, 4º y 7º del artículo 9° de la presente resolución.
Pues bien, de la lectura de la norma se infiere claramente que el CDA que incumpla con las obligaciones que se le imponen en el artículo 9º de la Resolución 3500 de 2005, es acreedor a una sanción, cual es, la suspensión de la habilitación siempre que se constate el desconocimiento de las obligaciones previstas en los numerales 2º, 5º, 6º, 8º y 9º del mentado artículo, o en su caso, la cancelación de su habilitación, cuando quiera que acontezcan los presupuestos previstos en los numerales 1º, 3º, 4º y 7º ibídem.
En tal escenario, es evidente que la cancelación de la habilitación o su suspensión, implica para el propietario del CDA una sanción, pues se vería avocado a interrumpir de manera provisional o indefinida la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica y de gases. Siendo ello así, es claro que se trata de una consecuencia jurídica de orden sancionatorio frente a la comisión de supuestos de hecho que los mismos actos censurados crean.
Así las cosas, no coincide la Sala con los argumentos de las apoderadas de los ministerios cuando afirman que al no constituirse en multas las consecuencias del incumplimiento de los deberes de parte de los CDA, por ello no tienen la entidad de sanción, dado que estas pueden no contener de manera directa un resultado pecuniario, pero pueden, como en este caso, redundar en castigos que impiden el desarrollo del ejercicio de su actividad, lo que puede tornarse más grave.
En tal contexto, como se tiene entonces claro el que los artículos 11 y 12 de la Resolución 3500 de 2005, están imponiendo sanciones, es menester referirnos ahora a la competencia que para esos efectos tiene la Administración, dado que el demandante alude al exceso en su potestad reglamentaria arguyendo que tal facultad radica en el Congreso de la República.
Debe entonces esta Sala expresar que coincide totalmente con el cargo de nulidad que puso a consideración el demandante, toda vez que ya han sido múltiples los pronunciamientos en los que se ha establecido que el principio de legalidad debe verse reflejado no sólo en cuanto a la imposición de las sanciones sino en cuanto a la conducta sancionable. Y ello es así, atendiendo a que sólo el Legislador puede crear conductas merecedoras de sanción y por supuesto, establecer el contenido de éstas últimas. En ese sentido, la Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente:
“10. Uno de los principios esenciales en el derecho sancionador es el de la legalidad, según el cual las conductas sancionables no sólo deben estar descritas en norma previa (tipicidad) sino que, además, deben tener un fundamento legal, por lo cual su definición no puede ser delegada en la autoridad administrativa(3). Además, es claro que el principio de legalidad implica también que la sanción debe estar predeterminada ya que debe haber certidumbre normativa previa sobre la sanción a ser impuesta pues, como esta corporación ya lo había señalado, las normas que consagran las faltas deben estatuir “también con carácter previo, los correctivos y sanciones aplicables a quienes incurran en aquéllas(4)”.
11. Las sanciones administrativas deben entonces estar fundamentadas en la ley, por lo cual, no puede transferírsele al gobierno una facultad abierta en esta materia…(5)”.
La Sala, mediante providencia de fecha 17 de julio de 2008, proferida dentro del expediente 11001 0324 000 2004 00092 01, consejero ponente: Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, al referirse al tema señaló:
“En ese orden, la misma ley tiene ya tipificadas las faltas y señaladas sus respectivas sanciones para todos los modos, de tal forma que a la luz de la norma en comento, lo que le corresponde a las autoridades competentes es verificar si una determinada conducta o situación generada por cualquiera de los referidos sujetos, constituye o no violación de alguna norma de transporte, y si la Ley 336 de 1996 o cualquiera otra norma de rango legal no le asigna una sanción específica y distinta a multa, esa conducta será sancionable con ésta, es decir, pecuniariamente, dentro de los rangos precisados en el parágrafo atrás transcrito del comentado artículo 46 de la Ley 336. “(…) tal artículo 46 tipifica las conductas que constituyen faltas que deben ser sancionadas con multa, dentro del rango que él señala, pues eleva a falta toda violación de normas del transporte, y dicha sanción la hace extensiva o la circunscribe a todas esas faltas que no tengan señalada una sanción distinta o específica. Por eso, además, es una norma que ha de integrarse con otras, según lo precisó la Sala en sentencia de 3 de mayo de 2007”. Así las cosas y como quiera que en el ordenamiento jurídico colombiano el régimen sancionatorio en materia de tránsito es del resorte exclusivo del legislador, ha de concluirse que al no encontrarse tipificada en el capítulo IX de la Ley 336 de 1996 la conducta de que trata el artículo 6º de la Resolución 3666 del 9 de mayo de 2001, habrá de decretarse su nulidad, no sin antes señalar que ninguna de las disposiciones del Código Nacional de Tránsito Terrestre ni de la Ley 336 de 1996 le atribuyen facultades al ejecutivo para tipificar infracciones y menos aún para determinar las sanciones respectivas(6)”.
Así, también en sentencia del 26 de noviembre de 2009, esta Sección, con ponencia de la Magistrada María Claudia Rojas Lasso, reiteró el anterior criterio exponiendo lo que a continuación se enuncia:
“El municipio demandado remitió al proceso, en copias auténticas, los antecedentes administrativos de las resoluciones acusadas (fls. 55 a 69, cdno. ppal.) (...) Los documentos anteriores permiten concluir que para cancelar las rutas 1 y 2 que había otorgado a la empresa demandante, la Alcaldía Municipal de San Vicente de Chucurí se limitó a establecer, mediante la práctica de una visita, que aquella no tenía sede en la dirección registrada en el certificado de existencia y representación legal, conclusión que confirma plenamente la declaración jurada de la directora de tránsito de la época Elizabeth Mora González que obra a folios 108 a 110, testimonio que merece la credibilidad de la Sala en vista del conocimiento directo de los hechos que le proporcionó el ejercicio de su cargo y su participación en el procedimiento señalado. (...) Los medios de prueba examinados demuestran de modo fehaciente que el municipio demandado no siguió las etapas del procedimiento administrativo reglado por los artículos 51 y 52 de la Ley 336 de 1996 porque no dictó auto de apertura de investigación motivado con los fundamentos fácticos y jurídicos del caso; no relacionó las pruebas aportadas o allegadas que demostraran la existencia de los hechos; no dio traslado entre diez y treinta días al presunto infractor para que por escrito respondiera los cargos formulados y solicitara pruebas y no le permitió por tanto solicitarlas oportunamente y participar en su práctica. Aunque el municipio demandado le dio a la demandante la oportunidad de interponer un recurso de reposición contra la decisión de primera instancia, no le permitió ejercer oportunamente su defensa, por lo cual violó los artículos 50 y 51 de la Ley 336 de 1996 y el derecho al debido proceso administrativo garantizado por el artículo 29 constitucional. Las circunstancias anotadas constituyen razón suficiente para declarar la nulidad de las resoluciones acusadas(7).
Es preciso ahora remitirse al argumento expuesto por el Ministerio de Transporte cuando afirmó que de conformidad con lo que expone el numeral 13 del artículo 14 del Decreto 1016 de 2000 modificado por el Decreto 2741 de 2001, los dos expedidos por el Presidente de la República, la Superintendencia de Puertos y Transporte tenía competencia para sancionar a los CDA, y por ello los cargos de exceso en la reglamentación de la Ley 769 de 2002 en cuanto a la potestad sancionatoria, carecen de fundamento.
Pues bien, de cara a lo aludido por el citado Ministerio debe la Sala aclararle a dicho ente que la potestad para aplicar las sanciones puede radicar en cabeza del ejecutivo, como aparece dispuesto no sólo en el numeral 13 del artículo 14 del Decreto 1016 de 2000, sino en sus artículos 4º numeral 3º, y 7º numeral 3º, pero que en modo alguno puede invocar la facultad sancionadora para crear conductas objeto de sanción o crear la sanción respectiva, toda vez que como se dijo, esta es una competencia exclusiva del Congreso de la República dado el carácter restrictivo que implica la creación de este tipo de normas:
“Decreto 2741 de 2001:
ART. 4º—Funciones. La Superintendencia de Puertos y Transporte, en consonancia con la Ley 1 de 1991 y de conformidad con los artículos 41 y 44 del Decreto 101 de 2000 ejercerá las siguientes funciones:
3. Sancionar y aplicar las sanciones correspondientes por violación a las normas nacionales, internacionales, leyes, decretos, regulaciones, reglamentos y actos administrativos que regulen los modos de transporte, en lo referente a la adecuada prestación del servicio y preservación de la infraestructura de transporte de conformidad con las normas sobre la materia”.
Bajo tales premisas, debe la Sala declarar la nulidad de los artículos 11 y 12 de la Resolución 3500 de 2005 modificado el último por el artículo 2º de la Resolución 4062 de 2007, sin que pueda aplicarse la llamada purga de ilegalidad en este caso invocando que la conducta puede resultar sancionable con respaldo en el artículo 20 de la Ley 1383 de 2010(8), pues las normas que se censuran deben estudiarse conforme a la normativa vigente al momento de su expedición, es decir, de la Ley 769 de 2002.
6.2.4. Competencia de la Superintendencia de Puertos y Transporte
Indicó el actor que tal Superintendencia no tenía competencia para adelantar las investigaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los CDA, frente a lo cual la Sala deberá declarar la no prosperidad de tal cargo, como quiera que los artículos 3º y 7º de la Ley 769 de 2002 determinan claramente que es una autoridad de tránsito y, que además de estar investida de facultades de carácter regulatorio tiene también potestades de carácter sancionatorio:
PAR. 5º—Las Fuerzas Militares podrán ejecutar la labor de regulación del tránsito, en aquellas áreas donde no haya presencia de autoridad de tránsito” (resaltado fuera de texto).
Los artículos 3º y 4º del Decreto 1016 de 2000, desarrollan el anterior criterio, veamos:
“ART. 3º—Objeto de la entidad. Corresponde a la Superintendencia de Puestos y Transporte, ejercer las funciones de inspección, control y vigilancia que le corresponden al Presidente de la República como Suprema Autoridad Administrativa, en materia de puertos de conformidad con la Ley 1ª de 1991 y en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de conformidad con la delegación prevista en el Decreto 101 del 2 de febrero de 2000.
1. Inspeccionar, vigilar y controlar la aplicación y el cumplimiento de las normas que rigen e sistema de tránsito y transporte.
ART. 4º—Funciones. La superintendencia de Puertos y Transporte, en consonancia con la Ley 1ª de 1991 y de conformidad con los artículos 41 y 44 del Decreto 101 de 2000, ejercerá las siguientes funciones:
1. Velar por el desarrollo delos principios de libre acceso, calidad y seguridad, en la prestación del servicio de transporte y de la infraestructura de transporte.
3. Sancionar y aplicar las sanciones correspondientes por violación a las normas nacionales, internacionales, leyes, decretos, regulaciones, reglamentos y actos administrativos que regulen los modos de transporte, en lo referente a la adecuada prestación del servicio y preservación de la infraestructura de transporte de conformidad con las normas sobre la materia…”.
A su turno, de la lectura del artículo 42 de la Ley 101 de 2000, modificado por el artículo 4º del Decreto 2741 de 2001, se desprende que los CDA, concebidos como empresas que ejercen su actividad en el ramo de tránsito y transporte, y además, como organismo de apoyo para la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica, son sujetos de vigilancia por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
“ART. 42.—Sujetos de la inspección, vigilancia y control, delegada. Estarán sometidas a inspección, vigilancia y control de la Supertransporte, las siguientes personas naturales o jurídicas:
5. Las demás que determinen las normas legales”.
6.2.5. Inclusión de motocicletas, motociclos y mototriciclos.
6.2.5.1. Sostuvo el demandante que la ley no previó el que las motocicletas, los motociclos y los mototriciclos deban someterse a la revisión técnico-mecánica, y que cuando el artículo 30 de la Resolución 3500 de 2005(9) regula el tema de la cobertura de la revisión técnico-mecánica y de gases incluyó a las motocicletas en la tabla 2 dentro de la programación para efectuar dicha revisión, desconociendo el mandato legal.
Pues bien, la enunciada disposición reglamentaria que se acusa es la siguiente:
Para los Ministerios de Transporte y del Ambiente el concepto de “vehículo” involucra las motocicletas, y por ello los actos censurados las incluyeron dentro de la obligación de someterse a la revisión técnica-mecánica. De igual forma, el Ministerio Público se mostró partidario de tal tesis al traer a colación los conceptos de los motocarros, motocicletas y mototriciclos dispuestos en el artículo 2º de la Ley 769 de 2002, de lo que coligió que por ser vehículos automotores todos, están sujetos a la revisión técnico-mecánica:
“Motocarro: Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia con componentes mecánicos de motocicleta, para el transporte de personas o mercancías con capacidad útil hasta 770 kilogramos.
Mototriciclo: Vehículo automotor de tres ruedas con estabilidad propia y capacidad para el conductor y un acompañante del tipo SideCar y recreativo”.
Visto lo anterior, es menester cotejar la disposición acusada con las normas que le sirvieron de fundamento, esto es, los artículos 51 y 52 de la Ley 769 de 2002:
“ART. 51.—Revisión vehículos de servicio público. Los vehículos automotores de servicio público, servicio escolar y de turismo, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica, y los de servicio diferente al servicio público cada dos años. Está revisión estará destinada a verificar:
PAR. 2º—La revisión técnico-mecánica estará orientada a garantizar el buen funcionamiento del vehículo en su labor de trabajo, especialmente en el caso de vehículos de uso dedicado a la prestación de servicio público y especial”.
“ART. 52.—Periodicidad y cobertura de la revisión de gases. La revisión de gases de vehículos automotores de servicio público se realizará anualmente y los de servicio diferente a éste, cada dos años. Los vehículos nuevos se someterán a la primera revisión de gases al cumplir dos (2) años contados a partir de su año de matrícula.
PAR. 2º—Las motocicletas, motociclos y mototriciclos estarán sujetas a lo previsto en el presente artículo” (subrayado fuera de texto).
De la lectura de los citados apartes se desprende que la revisión de gases prevista en el artículo 52 es obligatoria para todos los vehículos automotores, pero también lo es para las motocicletas, motociclos y mototriciclos, según disposición expresa del parágrafo segundo, que se subrayó.
Ahora, el artículo 51 regula lo pertinente a la revisión técnico-mecánica de los vehículos automotores previendo igualmente aspectos como la periodicidad, y la diferencia de tal revisión entre vehículos de transporte público y particular, entre otros.
No obstante, en este último artículo el Congreso de la República no determinó ninguna disposición especial dirigida a las motocicletas, motociclos y mototriciclos, lo que quiere decir, que al no disponerse nada al respecto, es decir, al no incluir a estos vehículos dentro de los sometidos a la revisión técnico-mecánica, se entiende que sólo están sujetos a la revisión de gases, porque, se reitera, existe una disposición expresa a ese respecto.
En tal escenario, tanto la Resolución 3500 de 2005 como la 4062 de 2007 excedieron su potestad reglamentaria, puesto que fueron más allá de lo previsto por el legislador, y si éste previó especificación respecto de los gases y no respecto de la técnico-mecánica, entonces no le es dado al gobierno hacerlo vía reglamento.
6.2.5.2. Ello es realmente cierto si se acude a lo expuesto en el artículo 11 de la Ley 1383 de 2010, en el que se reformó el artículo 51 de la Ley 769 de 2002, unificando la periodicidad y los destinatarios de la obligación de revisión de las condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad de los vehículos, exponiendo de manera expresa y clara que las motocicletas deberán someterse a la revisión no sólo de emisiones contaminantes o de gases, sino a la revisión técnico-mecánica cada año.
“ART. 51.—Revisión periódica de los vehículos. Todos los vehículos automotores, deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Los vehículos de servicio particular, se someterán a dicha revisión cada dos (2) años durante sus primeros seis (6) años contados a partir de la fecha de su matrícula; las motocicletas lo harán anualmente.
Lo dicho no puede entenderse como una purga de ilegalidad, pues ya en materia contenciosa administrativa esta Sección ha expuesto que el juicio que pesa sobre los actos administrativos se efectúa con la normativa vigente al momento de su expedición y no respecto de lo que en el futuro incierto pueda regularse sobre el tema(10). Así lo ha considerado la jurisprudencia:
“Ahora, también plantea el impugnante la “purga de ilegalidad” por cuanto el tema a que se contraen los actos acusados fue elevado a la categoría de norma legal en el artículo 4º de la Ley 822 de 2003. Al respecto, debe la Sala advertir que conforme a los principios que gobiernan la materia objeto de estudio por la Jurisdicción Contencioso Administrativa no se considera de recibo la aplicación de la llamada “purga de ilegalidad” por cuanto los actos administrativos acusados se juzgan a la luz de la normativa vigente al momento de su expedición, lo cual implica que el aludido fenómeno no proceda frente a la actividad de control que a esta jurisdicción incumbe(11)”.
6.2.6. Periodicidad
El artículo 21 de la Resolución 3500 de 2005 modificado por el artículo 3º de la Resolución 4062 de 2007 dispuso lo siguiente:
“ART. 21.—Vehículos nuevos.Modificado por el artículo 3º, Resolución Min. Transporte y Min. Ambiente 4062 de 2007. Los vehículos de servicio público y los de servicio diferente al servicio público nuevos se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de gases al cumplir dos (2) años contados a partir de su año de matrícula o registro inicial. La certificación expedida por el centro de diagnóstico automotor tendrá la misma vigencia estipulada según el servicio.
La certificación expedida por el centro de diagnóstico automotor tendrá la misma vigencia estipulada según el servicio” (resaltado fuera de texto).
6.2.6.1. Según se observa, los ministerios demandados dispusieron en la mentada norma un periodo de dos (2) años para efectuar tanto la revisión técnico-mecánica y como la de gases de los vehículos nuevos, contados a partir de su matrícula o registro inicial.
Por su parte, las normas legales establecen para cada caso un periodo diferente: Así, para el caso de la revisión técnico-mecánica (L. 769/2002, art. 51) los vehículos de transporte público deberán hacerla anualmente y los particulares cada dos (2) años (sin especificar que sean nuevos); para la revisión de gases, el artículo 52 de la misma ley, previene que los vehículos de transporte público deberán someterse a la revisión cada año y los particulares cada dos (2) años, y además dispone que los vehículos nuevos deben hacer la primera revisión de gases al cumplir los dos (2) años contados a partir de su año de matrícula.
En tal orden, la disposición reglamentaria crea una nueva regla para efectos de la revisión técnico-mecánica, pues en la norma legal no se alude a ninguna diferencia en la periodicidad de tal revisión cuando se trate de vehículos nuevos, creando una nueva situación jurídica que no estaba prevista en la ley, excediendo así su potestad reglamentaria.
Tan cierto es lo anterior, que cuando el legislador reformó la Ley 769 de 2002 se ocupó del tema de los centros de diagnóstico automotor mediante la Ley 1383 de 2010, y en su artículo 12 previó expresamente que los vehículos nuevos deberían someterse a la revisión técnica, mecánica y de gases o emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula:
ART. 52. Primera revisión de los vehículos automotores. Los vehículos nuevos se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula.
PAR.—Los vehículos automotores de placas extranjeras, que ingresen temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes” (subrayado fuera de texto).
6.2.6.2. Lo mismo debe expresarse aquí en relación con la purga de ilegalidad que aparentemente podría aplicarse, pues, se reitera, en materia contencioso administrativa invocarla no procedería por las razones ya expuestas en el anterior acápite.
Siendo ello así, es evidente que el Gobierno Nacional invadió competencias propias del legislador, pues, desbordó la potestad reglamentaria, otorgada en el artículo 52 de la Ley 769 de 2002.
Bajo tales premisas, esta Sala declarará la nulidad de las siguientes disposiciones y negará las demás pretensiones:
Artículo 4º de la Resolución 3500 de 2005, modificado por el artículo 1º de la Resolución 15 de 2007.
— Artículos 11 y 12 de la Resolución 3500 de 2005. El artículo 12 modificado por el artículo 8º de la Resolución 2200 de 2006, y modificado por el artículo 2º de la Resolución 4062 de 2007
— Artículo30 de la Resolución 3500 de 2005, modificado por el artículo 12, Resolución del Min. Transporte y Min. Ambiente 2200 de 2006, Modificado por el art. 2º, Resolución del Min. Transporte y Min. Ambiente 5975 de 2006, Modificado por el art. 5º, Resolución Conjunta del Min. Transporte 15 de 2007 , Modificado por el art. 4º, Resolución Min. Transporte y Min. Ambiente 4062 de 2007, Modificado por la Resolución del Min. Transporte y Min. Ambiente 4606 de 2007.
1. DECLARAR LA NULIDAD de las siguientes disposiciones:
— Artículo 4º de la Resolución 3500 de 2005, modificado por el artículo 1º de la Resolución 15 de 2007
— Artículo 30 de la Resolución 3500 de 2005, modificado por el art. 12, Resolución del Min. Transporte y Min. Ambiente 2200 de 2006, Modificado por el art. 2º, Resolución del Min. Transporte y Min. Ambiente 5975 de 2006, Modificado por el art. 5º, Resolución Conjunta del Min. Transporte 15 de 2007, Modificado por el art. 4º, Resolución Min. Transporte y Min. Ambiente 4062 de 2007, Modificado por la Resolución del Min. Transporte y Min. Ambiente 4606 de 2007.
3. Se reconoce a la abogada Liliana María Vásquez Sánchez como apoderada del Ministerio de Transporte, en los términos y para los fines conferidos en el poder visible a folios 233 a 250 de este cuaderno.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 26 de junio de 2013».
(2) Sentencia C-263 del 6 de abril de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(3) Ver, entre otras, las sentencia C-597 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 12.
(4) Sentencia C-417/93. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Consideración de la Corte 3. En el mismo sentido, ver Sentencia C-280 de 1996.
(5) Corte constitucional. Sentencia C-1161 de 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(6) Consejo de Estado. Sección Primera. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Sentencia del 29 de julio de 2010. Proceso Número 2002-00249.
(7) Proceso número: 1999-00342.
(8) “Artículo20. El artículo 122 de la Ley 769 de 2002, quedará así:
PAR. 2º—Para efectos del presente código, y salvo disposición contraria, la multa debe entenderse establecida en salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv).”
(9) ART. 30.—Cobertura de las revisiones técnico-mecánicas y de gases. Modificado por el art. 12, Resolución del Min. Transporte y Min. Ambiente 2200 de 2006, Modificado por el art. 2º, Resolución del Min. Transporte y Min. Ambiente 5975 de 2006, Modificado por el art. 5º, Resolución Conjunta del Min. Transporte 15 de 2007 , Modificado por el art. 4º, Resolución Min. Transporte y Min. Ambiente 4062 de 2007, Modificado por la Resolución del Min. Transporte y Min. Ambiente 4606 de 2007.
(10) Distinto es que de manera expresa el legislador disponga que con una nueva norma se purgue la ilegalidad de decisiones administrativas ilegales anteriores a su expedición, tal y como sucedió con aquellas prestaciones sociales creadas por los entes territoriales de manera irregular y que convalida posteriormente el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 (declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-410 de 1997. Esta discusión ya fue zanjada en materia laboral administrativa por la Sección Segunda de esta corporación en sentencias del 2 de octubre de 1996, expediente 11687 con ponencia del Magistrado Carlos Orjuela Góngora, reiterada en providencias del 19 de abril de 2007 con ponencia del Magistrado Alberto Arango Mantilla, reiterada en sentencia del 17 de abril de 2008 dentro del proceso número 2006-02309.
(11) Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 19 de diciembre de 2005. Proceso Núm. 2001-00342-01. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 53
 artículo 4
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 artículo 1
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 Resolución 
 artículo 333
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 2
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 Resolución 
 artículo 5
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 artículo 2
 artículo 7
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 artículo 53
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 artículo 8
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 9
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 Resolución 
 artículo 9
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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 46
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 artículo 6
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 artículo 29
 artículo 14
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 artículo 2
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 artículo 20
 artículo 42
 artículo 4
 artículo 30
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 52
 artículo 51
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 artículo 11
 artículo 51
 artículo 4
 artículo 21
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 artículo 3
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 Resolución 
 artículo 52
 artículo 12
 artículo 52

Artículo 4
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 artículo 1
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 artículo 12
 artículo 8
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 artículo 2
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 Artículo30
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 artículo 12
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 artículo 1
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 Artículo 30
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 artículo 122
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 artículo 146