Source: http://www.redaccion24.com.ar/nota/42272/diputados-gils-carbo-y-la-compra-del-edificio.html
Timestamp: 2017-10-20 12:38:32+00:00

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Redacción 24 - Diputados: Gils Carbó y la compra del edificio
27 de Junio de 2017 | 15:53 hs.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó apareció sorpresivamente por la Cámara de Diputados de la Nación, 24 horas después de que el bloque de Cambiemos solicitara la convocatoria de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal para que cite a la funcionaria y pueda explicar todos los temas que ya tienen intervención de la Justicia.
Gils Carbó, en esta oportunidad se mostró, en el 2° Piso del Anexo de la Cámara baja, para presentar un cuadernillo ilustrado dónde informa sobre las Experiencias de Abordaje Comunitario del Ministerio Público Fiscal realizadas. Pero, simultáneamente, ingresaba por Mesa de Entradas del Palacio Legislativo un descargo, por escrito, sobre cómo se habría producido la compra del edificio para la Procuraduría, causa que está en el juzgado de Julián Ercolini. En esta oportunidad, Carbó habló exclusivamente sobre el material que motivó su aparición, pero nada dijo a cerca de los temas que se tramitan en los juzgados federales.
Presentación de Gils Carbó sobre la compra de edificio
Procuración General de la Nación Buenos Aires, 21 de abril de 2017.
A la señora Presidenta de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación
Doctora Graciela Camaño
Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de las funciones que la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y el Decreto Presidencial del Senado n° S1/16 confieren a la Comisión que usted preside. En ese sentido, con motivo de que en los últimos días se han dífundido públicamente presuntas irregularidades en torno a la adquisición, por parte de la Procuración General de la Nación, del inmueble ubicado en la calle Perón 667 de esta ciudad, remito un informe sobre la cuestión para conocimiento de las/os señoras/ es integrantes de esa Comisión.
El informe va acompañado de tres anexos documentales y de copia de todas las actuaciones en las que se formalizó la adquisición de la propiedad en cuestión. El expediente adjunto está conformado por 5 cuerpos con
un total de 1031 fojas.
Por lo demás, quedo a disposición de la Comisión Bicameral para evacuar toda consulta.
Saludo a la señora Diputada atentamente.
INFORME PARA LA COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MINISTERIO PÚBLICO
ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE DE LA CALLE TTE. GRAL.JUAN DOMINGO PERÓN 667
En virtud de las funciones que la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y el Decreto Presidencial del Senado n° 51/16 confieren a esa Comisión Bicameral y con motivo de que en los últimos días se difundieron presuntas irregularidades en torno a la adquisición, por parte de la Procuración General de la Nación, del inmueble de la calle Tte. Gral. Perón 667 de esta ciudad, se realiza el presente informe para conocimiento de las/os señoras/es integrantes de la Comisión.
A efectos de lograr la mayor claridad expositiva, este documento cuenta con una primera parte referida a las razones institucionales que motivaron la compra del inmueble en cuestión y a su funcionalidad en la actualidad (punto U). Luego se recorren detalladamente los pasos administrativos que culminaron con la incorporación de la propiedad al patrimonio del Ministerio Público Fiscal (punto III), se describen las medidas tomadas por esta Procuración General una vez conocida la existencia de eventuales irregularidades (punto IV) y posteriormente se desarrollan consideraciones sobre el funcionario presumiblemente involucrado en la cuestión (punto V). En la parte final se extraen conclusiones (punto VI).
LA SEDE CENTRAL DEL MPF SE AJUSTA A SU MISIÓN INSTITUCIONAL
Tiempo antes de la llegada al cargo de la Procuradora General de la Nación, sus antecesores en la función ya habían expresado la necesidad institucional de cambiar la sede central de este organismo y, para ello, habían dado inicio a procesos administrativos encaminados al fortalecimiento edilicio del Ministerio Público FiscaL Tal como se verá en el punto siguiente, se esbozaban -entre otros motivos­ razones de modernización en materia de administración y gestión.
En efecto, hasta la adquisición del edificio sito en Perón 667, la sede central de la Procuración General de la Nación funcionó en Guido 1577. Allí trabajaron los sucesivos titulares de la Procuración General junto al personal técnico que realizaba dictámenes en expedientes radicados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una sede central de tales características resultaba acorde a una concepción del rol del Ministerio Público Fiscal caracterizada por su actuación refleja al Poder Judicial de la Nación.
En este contexto, la adquisición del inmueble ubicado en la calle Perón -junto con otras medidas fundacionales que se adoptaron durante la actual gestión-respondió a una visión estratégica del rol del Ministerio Público Fiscal en el sistema de administración de justicia nacional y federal, que ajustó la fisonomía de su sede central a una noción más aggiornada de las funciones de este organismo.
La perspectiva a la que se hace referencia obliga a concebir a esta institución desarrollando labores protagónicas en un régimen procesal de corte acusatorio, con un activo rol en la determinación de políticas de persecución penal dirigidas a combatir focos de criminalidad organizada y, a su vez, erigida como garante de los derechos de las víctimas, del efectivo acceso a la justicia de los sectores de la sociedad en condición de vulnerabilidad y del cumplimiento de derechos fundamentales en general.
La sede central de un Ministerio Público Fiscal enderezado a cumplir esos objetivos que, en definitiva, son los que le encomienda la Constitución Nacional y las leyes orgánicas que reglamentan su actuación-debió ajustarse a la necesidades materiales y logisticas que demandan esos cometidos institucionales.
Así es que, en efecto, funcionan en el edifico de Perón 667 las Procuradurías de Narco-criminalidad (PROCUNAR), de Criminalidad Económica (PROCELAC), de Violencia Institucional (PROCUVIN), así como las Direcciones Generales de Acompañamiento a Víctimas (DOVIC), de Acceso a la Justicia (ATAJO), de Políticas de Género, de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC), de Desempeño Institucional (DGDI), de Cooperación Regional e Internacional, de Relaciones Institucionales y de Comunicación. También se desempeñan en el lugar las distintas áreas de la Secretaría General y la Secretaría General de Coordinación Institucional.
La dinámica de trabajo generada a partir de esas características estructurales y funcionales explica el hecho que, por ejemplo, en la sede central de la Procuración General de la Nación se gestionan al mes alrededor de un millar de conflictos vinculados con derechos de víctimas de delitos -muchos de los cuales se abordan a través de entrevistas pautadas y espontáneas en el lugar-.
Además de todas estas cuestiones, el edificio de Perón tiene las condiciones adecuadas para oficiar como sede de reuniones de alta relevancia institucional. En efecto, allí tuvo lugar la Jornada de Procuradores y Fiscales Generales de Iberoamérica sobre Narcocriminalidad (2016), la XVII Reunión Especializada de los Ministerios Públicos del Mercosur (2015), así como trimestrales encuentros con Fiscales Coordinadores de Distrito de distintos lugares de nuestro país. En el lugar también se celebran jornadas con organismos de derechos humanos, con víctimas y familiares de víctimas, abogados y abogadas.
El edificio de Perón es también la sede de la reunión anual de fiscales, a la que concurren más de trescientos magistrados/as y funcionarios/as.
En este mismo sentido, en junio próximo tendrá lugar en esa misma sede un nuevo encuentro de los Ministerios Públicos de Mercosur y en octubre se realizará el Encuentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Alfu1P).
Con anterioridad a la adquisición de la actual sede central del organismo no se contaba con espacios propios que permitieran la realización de reuniones y encuentros de estas características, situación que importaba un menoscabo en términos presupuestarios y de imagen institucional.
Vale aclarar, por último, que en virtud de su valor arquitectónico, estilístico e histórico el edificio de la calle Tte. Gral Perón 667 fue incluido en el Catálogo de inmuebles protegidos de esta ciudad -con nivel de protección cautelar-, mediante ley 5095 del 2 de octubre de 2014 (publicada en el Boletín Oficial n° 4576, del9/2/2015).
A lo largo de este apartado se detallan los distintos procedimientos administrativos llevados adelante en el ámbito de la Procuración General con miras a la adquisición de un inmueble para su sede central.
Mediante Resolución Administrativa n° 297/11, el ex Procurador Esteban Righi solicitó créditos adicionales para la adquisición de inmuebles por parte de este Ministerio Público Fiscal. Concretamente, y entre otros aspectos, fundó su pedido en la necesidad de fortalecer la planta edilicia y en "una planificación estratégica con miras a la reestructuración del Organismo, conforme surge de las necesidades actuales y los desafíos venideros".
A raiz de ello, fue otorgada en el presupuesto correspondiente al año 2012, la pertinente asignación y así comenzaron a realizarse los primeros actos administrativos orientados a la adquisición de un inmueble.
La instrucción en ese expediente administrativo para el inicio de una licitación pública "a la mayor brevedad posible" fue dada por el ex Procurador Luis Santiago González Warcalde, quien ya se encontraba interinamente a cargo del organismo (cfr. fs. 4 del expte. A 4047/2012, de fecha 28/5/2012). Se estableció en la ocasión como radio posible del inmueble a adquirir el delimitado por las siguientes calles: Callao, Av. del Libertador, Juncal y Cerrito (fs. 8 y 17 del expte. mencionado), con un valor estimado por metro cuadrado de dólares estadounidenses tres mil seiscientos -U$S 3.600- (fs. 7), previéndose asimismo el pago de comisión inmobiliaria por parte de este Ministerio Público del cinco por ciento (5%) del valor del inmueble (fs. 20).
Por instrucciones del Procurador interino, el 31 de julio de 2012, se dejó sin efecto tal convocatoria (fs. 33 del mismo expediente).
También durante la gestión del doctor González Warcalde se inició, con fecha 7 de agosto de 2012, el e::-.-pte. A 6525/2012, con el objeto de adquirir uno o dos inmuebles, a idénticos fines, pero en un radio urbano más amplio que el anterior (conformado por las calles Lima-Cerrito, Córdoba, Leandro N. Alero-Paseo Colón y Av. Belgrano -fs. 1). El valor estimado por metro cuadrado también difirió del precedente, en tanto fue de dólares estadounidenses un mil ochocientos catorce - U$S 1.814-- (cfr. fs. 10). En estas actuaciones se destacó la necesidad de encarar la compra de un inmueble con una superficie total mínima de 3.500 metros cuadrados (fs. 4 y 14), y de ese modo cubrir el déficit espacial de entonces y centralizar dependencias que se encontraban dispersas en inmuebles locadas.
Este procedimiento también fracasó (cfr. Resolución ADM 438/2012, de fs. 265/265 vta.) por poseer sólo dos ofertas, una de las cuales era técnicamente inconveniente y la otra, de valor muy elevado.
Frustrado el procedimiento referido, el 31 de octubre de 2012 y en el marco del Expediente Administrativo A 8798/2012, la Procuradora Gils Carbó convocó a la Licitación Pública n° 17/2012 (fs. 61/68). A través de ésta se perseguía el mismo objetivo inmobiliario que en los procedimientos anteriores, pero se justipreció el estimativo del metro cuadrado en la suma de pesos ocho mil cuatrocientos -$ 8.400- (cfr fojas 4), equivalente entonces a mil setecientos dólares estadounidenses -u$s 1.700-.
Este expediente avanzó administrativamente hasta la etapa de preadjudicación -sin llegar a instancias generadoras de derechos subjetivos a favor de terceros1, en tanto ésta no había sido notificada-y, dado lo avanzado del ejercicio anual presupuestario y la imposibilidad de concluir el procedimiento licitatorio antes del agotamiento de aquél, se dejó sin efecto esta licitación pública (cfr. Resolución ADM 1022/2012 del día 28 de diciembre de ese año a fs. 2210).
Finalmente, en el marco del Expediente n° 1011/2013 se convocó a Licitación Pública n° 1/2013, para la compra de uno o más inmuebles --en caso de ser más de uno, contiguos-, para ser destinados al funcionamiento de dependencias del Ministerio Público Fiscal (fs. 50/ 58).
El Pliego de Bases y Condiciones establecía, entre sus requisitos más relevantes que el o los inmuebles a comprar debían: i) estar ubicados dentro del límite establecido por las calles Lima- Cerrito, Av. Córdoba, Av. L. N. Alem -Av. Paseo Colón v Av. Belgrano, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 51), ii) tener una superficie cubierta total mínima de 2.400 m2 (fs. 51 vta), y iii) tener un normal estado de conservación, consecuencia del buen uso y del transcurso del tiempo (fs. 51 vta.). Asimismo, y como exigencia trascendente, la Procuración General no reconoció comisión inmobiliaria alguna, ni comisión de ningún otro tipo (fs. 52 vta.) 3.
A la compulsa se presentaron cinco (S) oferentes, a saber: ARFINSA S.A., con el inmueble de calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón n° 641/643/645/649/655/659/667/671 (Oferta W 1, fojas 137 /298); COLLIERS INTERNATIONAL, ofertando el inmueble de la calle Sarmiento n° 669 (Oferta N° 2, fs. 300/304 Expte 1011/2013 y fs. 261/302 Expte 8798/2012); SUIPACHA INMOBILIARIA FINANCIERA, COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., inmueble de la calle Suipacha n° 58 (Oferta N° 3 - fs. 306/ 470); ]ALEDA S.A., ofreciendo el inmueble de la calle San Martín n° 390/394 (Oferta N° 4 - fs. 472/606) y CHACABUCO 175 S.R.L., quien ofreció en venta el inmueble de la calle Chacabuco n° 151/155 (Oferta N° S- fs. 608/655).
1- Tal como surge de la opinión de la Asesoría Jurídica en dictamen previo al dictado del pertinente acto administrativo. (Dictamen N° 11010 de fecha 28/12/2010- fs. 2207/2209
2- Debe aclararse, en este punto, que resultaba imposible trasladar al ejercicio financiero anual sub siguiente un monto de la magnitud del inmueble preadjudicado.
3- Al respecto cabe acotar que el pliego de este último llamado a licitación coincide, en punto a la comisión inmobiliaria, con los de las licitaciones anteriores y no se trata de la "prohibición" del pago de comisión inmobiliaria o de intervención de este tipo de intermediarios, sino que se propone dejar en claro, tal como sucedió, que dicho costo, de existir eventualmente, seria soportado por el respectivo comitente, resultando por ende, de suyo ajeno a toda transacción con la PGN.
Según consta a fs. 656 del expediente 1011/13, la oferta económica de los distintos postulantes fue la siguiente: Oferta N° 1 $ 43.850.000; Oferta N° 2 $ 55.000.000; Oferta W 3 $ 38.590.000; Oferta N° 4 $104.000.000 y Oferta W S $ 84.000.000.
En el anexo I adjunto al presente informe obra un cuadro comparativo de estas ofertas.
El inmueble de la oferta N° 1, además de resultar técnicamente el más conveniente, era el de menor precio por metro cuadrado entre todas las propiedades ofertadas y por ello fue el adjudicado.
Por otra parte, a lo largo de todo este procedimiento licitatorio, incluidos sus actos preparatorios, intervinieron activamente instancias de control internas y externas que validaron cada uno de sus actos.
Las áreas internas de la Procuración General tomaron intervención con el sentido transcripto a continuación:
• La Secretaria General de Administración elevó el proyecto de resolución que aprueba el llamado a licitación y su respectivo Pliego de Bases y Condiciones (fs. 49), intervino en el procedimiento de apertura de ofertas (fs. 134), comunicó a la Oficina Nacional de Presupuesto la resolución que modificó la distribución de los créditos presupuestarios asignados a esta contratación (fs. 878/880) y acompañó el Certificado Fiscal para Contratar del propietario del inmueble preadjudicado (fs. 882). En el anexo II del presente informe obra copia del certificado fiscal aludido.
• La Sección Arquitectura intervino en la confección del Pliego de Especificaciones Técnicas para la adquisición del inmueble y estimó el precio unitario de compra por metro cuadrado en $ 12.500. (fs. 6)
• El Área de Planificación Edilicia efectuó el informe técnico de cada una de las ofertas (fs. 682/791) y realizó la verificación in situ de las instalaciones del inmueble adjudicado (fs. 884).
• El Departamento de Logística proyectó el acto administrativo que autorizó la convocatoria y aprobó el Pliego de Bases y Condiciones (fs. 11). También fijó fecha de apertura de ofertas y ordenó la difusión de la convocatoria (fs. 59).
• La Sección Contrataciones intervino en el procedimiento de apertura de ofertas (fs. 134), realizó el cuadro comparativo de precios de las ofertas (fs. 656), elevó las ofertas recibidas, el cuadro comparativo de precios y efectuó comentarios referidos a dichas ofertas (fs. 662). A la vez, confeccionó un informe sobre la documentación presentada por cada uno de los oferentes (fs. 863/867).
• La Sección Presupuesto certificó la disponibilidad presupuestaria del ejercicio 2013 para afrontar el gasto (fs. 65).
• El Departamento de Informática y Comunicaciones formuló el informe técnico de infraestructura de redes, datos y telefonía de cada uno de los inmuebles ofertados (fs. 666/680).
• La Sección Tesorería extendió los cheques con los que se abonó el precio del inmueble adquirido y los honorarios de la Escribanía General de Gobierno de la Nación (fs. 937). Posteriormente informó el débito correspondiente (fs.946).
• La Asesoría Jurídica tuvo intervención tanto en la convocatoria a la licitación pública de que se trata, como en la resolución que puso fin al procedimiento. Ambos actos contaron con opinión favorable de ese cuerpo de asesoramiento del organismo (fs. 28/32 y 900/905) y las sugerencias realizadas por la Dirección fueron receptadas en las resoluciones respectivas.
. La Comisión de Pre-adjudicación emitió dictamen n° 6/2013 con fecha 13 de mayo de 2013, mediante el cual resolvió por unanimidad pre-adjudicar al oferente del inmueble sito en la calle Perón 667, por resultar su oferta "económica, arquitectónica y funcionalmente superior a sus competidoras, siendo la única que satisface integralmente los objetivos plasmados al dar inicio a este expediente...".
Las características que tuvo en cuenta la Comisión de Pre-adjudicación fueron las siguientes:
Precio por metro cuadrado: $ 8.254,89/m2
Ubicación: Inmueble sito en la calle Teniente General Juan Domingo Perón
N° 641/3/5/9/655/9,667 y 671. Superficie cubierta total: 5.312 m2. Precio total ofrecido: $ 43.850.000.
Tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación:$ 45.050.000.
Como anexo III del presente informe se acompaña copia del dictamen completo de la Comisión de Pre-adjudicación.
. La Unidad de Auditoría Interna (UAI) controló ex post todos los actos de relevancia del procedimiento administrativo.
Como órganos ajenos a la Procuración General de la Nación tomaron intervención en el trámite:
• La Escribanía General de la Nación, que intervino en la confección del acta de apertura de las ofertas del procedimiento licitatorio (fs. 134/135) y en la escritura traslativa de dominio del inmueble adquirido.
• El Tribunal de Tasaciones de la Nación, que procedió a tasar los distintos inmuebles ofertados (fs. 793, 796, 797 y 913). Específicamente, justipreció el inmueble sito en Perón 667 en $ 45.050.000 -es decir, un millón doscientos mil pesos ($ 1.200.000 más de lo ofertado y efectivamente abonado (v. fs. 797)-.
4 Para mayor detalle, el 5 de marzo de 2013, la Asesoría Jurídica emite opinión y realiza una serie de sugerencias técnicas al proyecto, sin perjuicio de las cuales considera que no existen reparos de índole legal que formular. En este sentido, e),:presamente señala que "habiéndose acreditado la necesidad de la contratación y llevado a cabo los procedimientos reglamentarios pertinentes( ...) nada obsta para que (la PGJ:J) proceda a emitir el acto administrativo proyectado...". (fs. 28/32).
Como consecuencia de ese dictamen, la PGN dictó la Res. Adm. 317/2013 que receptó la mayoría de las modificaciones sugeridas por la Asesoría Jurídica (cfr. fs. 48/49). En dicha resolución se dispuso autorizar la convocatoria a licitación pública para la compra de un inmueble y aprobar el correspondiente pliego de bases y condiciones (Licitación Pública n° 1/2013). Expresamente quedó consignado en las cláusulas particulares del mencionado pliego que la PGN "no reconocerá comisión inmobiliaria alguna, ni comisión de ningún otro tipo" (fs. 52 vta).
LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA PROCURACIÓN GENERAL TRAS LA PRIMERA NOTICIA SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES
La Procuración General de la Nación se anotició por información periodística de la presunta existencia de irregularidades en la adquisición del inmueble de la calle Perón y cuatro días después --el 23 de marzo pasado-- recibió una orden de presentación del titular del Juzgado Federal n° 1O de esta ciudad, doctor Julián Ercolini, mediante la cual se requirió a este organismo la documentación relacionada con la compra del inmueble de Perón 667.
Esos hechos fundaron la decisión de la Procuradora General de la Nación de iniciar actuaciones administrativas con miras a esclarecer cualquier irregularidad que haya podido suscitarse en el marco de la adquisición inmobiliaria aludida (cfr. expediente CUDAP 1178/2017). La primera medida ordenada en ese contexto fue la urgente solicitud al titular de la Secretaría General de Administración de amplios informes respecto del tema -los que fueron presentados por el funcionario requerido en 72 horas-.
Pocos días después del inicio de esa investigación interna --concretamente, el 8 de abril pasado-, el portal de noticias Infobae publicó información periodística de la que surgía que una persona identificada como Juan Carlos Thill, mediante la utilización de información privilegiada suministrada por un funcionario de esta Procuración General, se habría beneficiado con el cobro de un alta suma de dinero por tareas de asesoramiento brindadas a la inmobiliaria que realizó la oferta del inmueble finalmente adquirido. El funcionario señalado en la nota periodística es el licenciado Guillermo Bellingi, quien a su vez resultaba indicado por el periodista como hermano de Juan Carlos Thill. El artículo periodístico también mostraba la imagen de una factura que Thill le habría emitido a la inmobiliaria intermediaria, en la que se consignaba información que evidenciaba el conocimiento que este último trata sobre aspectos del procedimiento administrativo que no eran públicos.
La verosimilitud de algunos aspectos de la información periodística pudo ser verificada en pocas horas mediante un informe solicitado de manera urgente por la Procuradora General de la Nación a la Dirección Disciplinaria. En efecto, pudo establecerse que Guillermo Bellingi había tenido participación en el proceso administrativo que culminó con la adquisición del inmueble de la calle Perón y que resultaba altamente probable un -vínculo familiar entre éste y Thill. Esos extremos, conjugados con la información que surgía de la factura publicada, terminaron de conformar el esquema de presunciones en función del cual la Procuradora General dispuso la suspensión preventiva de Bellingi y el inicio de un sumario administrativo orientado a dilucidar la responsabilidad del nombrado y a estudiar integralmente ese proceso licitatorio a fin de determinar cualquier otra responsabilidad que por esos hechos pudiera corresponder (cfr. Resolución PER 782/2017, del 10 de abril de 2017).
El doctor Sergio Rodríguez, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, fue el magistrado designado por la Procuradora General para que en el plazo de 60 días sustancie el sumario en cuestión y produzca un informe final.
Conforme los registros existentes, la designación de Guillermo Bellingi en la Procuración General de la Nación tuvo lugar el 26 de septiembre de 2012 tras una serie de entrevistas laborales. Su incorporación estuvo motivada en la necesidad de contar con un/a profesional con conocimientos técnicos en regímenes de compras y contrataciones en el ámbito de la administración pública. Ello, fundamentalmente, para modernizar y elevar los índices de transparencia de las normas reglamentarias que regían por entonces en el organismo sobre este aspecto --objetivo institucional que, como se verá a continuación, se alcanzó a mediados de 2014--
Según surge de su legajo personal, su contratación obedeció a sus antecedentes profesionales y académicos en el tema. Puede verse, en este sentido, que Bellingi fue Director Nacional de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete de .Ministros de la Nación, Director General de Administración del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y, previamente, Gerente General de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. Por otra parte, fue Coordinador General y Consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD ARG/97 /035 y PNUD 98/023).
Bellingi, por lo demás, es Licenciado en Economía, cursó la Maestría en Gobierno y Desarrollo Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martin, es miembro del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación (CIEPYC), y docente de grado y post grado de la Universidad Nacional de La Plata. Realizó numerosas publicaciones y participaciones como expositor en talleres, conferencias, cursos, seminarios y congresos nacionales e internacionales con eje en la temática de compras y contrataciones gubernamentales, administración y políticas públicas.
El cargo con el que Bellingi ingresó a esta institución -y que mantuvo hasta su reciente suspensión preventiva-fue el de Subdirector General, cargo del escalafón administrativo, equivalente al de secretario/a de fiscalía general.
Desde el principio Bellingi estuvo trabajando, principalmente, en la elaboración del Reglamento de Compras y Contrataciones del .Ministerio Público Fiscal de la Nación -instrumento que fue finalmente aprobado el 2 de junio de 2014, mediante Resolución PGN 1107/14--.
Además de ello, en los primeros tiempos de su desempeño en la institución, Bellingi intervino, sin capacidad decisoria, en trámites propios de la Secretaría General de Administración -una de cuyas intervenciones es la que ahora se cuestiona- y cumplió funciones de asesoramiento en la confección del Plan de Transparencia Institucional (aprobado mediante Resolución PGN 914/13, del 17 de mayo 2013).
Finalmente, el último lugar de desempeño de Bellingi fue la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), lugar al que pasó en diciembre de 2013 dado que allí se necesitaban expertos para el área Técnica. En ese ámbito trabajó bajo dependencia orgánica de los/as titulares de la Procuraduría y bajo la dirección funcional de ellos/as y de los/as fiscales a cargo de los casos en los que se pidió colaboración.
En el inmueble de la calle Tte. Gral. Perón 667 de esta ciudad funciona la sede central del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Ese edificio constituye en la actualidad el espacio físico donde se desempeñan integradamente los equipos de trabajo que asisten a todos/as los/as fiscales nacionales y federales del país, y que atienden víctimas y público en general
La necesidad institucional de adquirir un inmueble de esas características ya había sido expresada por los titulares de este organismo desde, al menos, el año 2011. Fueron cuatro los procesos administrativos iniciados con miras a lograr tal adquisición.
Como pudo verse previamente, los primeros tres procedimientos fracasaron por distintas razones. Fue el cuarto trámite el que satisfizo ese cometido institucional, en tanto, mediante un procedimiento que contó con la intervención de todos los órganos de control internos y externos competentes, se alcanzó la adquisición de un inmueble con las características técnicas buscadas y a un valor inferior al precio de mercado.
Si bien esas instancias de control y el riguroso cumplimiento de los pasos administrativos impidieron todo perjuicio patrimonial al erario público, las investigaciones en curso demostrarán si un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia generó un beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo.
Es así que, tras el primer indicio acerca de la existencia de tal irregularidad, esta Procuración General tomó todas las medidas a su alcance para un pronto y eficaz esclarecimiento de los hechos.

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