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Timestamp: 2019-12-15 02:58:22+00:00

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【⚖️ 】▷▷ SCJN: Tesis ▷【⚖️ 】 ▼ | LOS JURISTAS ETERNOS
La co-mediación tiene como característica esencial la presencia de un equipo de dos o más mediadores trabajando simultáneamente y de forma coordinada en un procedimiento de mediación, que si bien no es siempre necesaria, lo cierto es que ofrece variadas prerrogativas, pues es una oportunidad para mejorar y enriquecer la mediación, ya que se aportan opciones en la utilización de habilidades, estrategias y recursos, con el fin de aumentar las acciones que pueden llevarse a cabo en la solución de conflictos. Se busca favorecer la creatividad y la reflexión de los mediados y ayuda a la integración de diferentes puntos de vista.
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Tesis: I.3o.C.396 C (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020985 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 08 de noviembre de 2019 10:19 h Tesis Aislada (Civil) Ocultar datos de localización JUSTICIA ALTERNATIVA
Así, éste debe considerarse un presupuesto procesal absoluto e insubsanable, es decir, no susceptible de ratificarse por el consentimiento de las partes, sea por comisión u omisión, pues la conducta de los postulantes no sustituye o hace las veces de esa condición necesaria para la regularidad del proceso y, por ende, no aporta validez a un procedimiento viciado por falta de llamamiento a juicio de un interesado, ni sirve para dotar de efectos a una sentencia de suyo incapaz de producirlos, por falta de ese elemento imprescindible para dictar válidamente resolución de fondo sobre la pretensión litigiosa.
Litisconsorcio pasivo necesario, por las graves consecuencias susceptibles de ser generadas por un error respecto a ese presupuesto procesal, no puede ser ratificada o consentida, ni siquiera por falta de impugnación del recurrente en los agravios de la apelación mercantil, pues la conducta procesal de los litigantes no sustituye esa condición indispensable para la regularidad del procedimiento y necesaria para que la sentencia eventualmente dictada pueda surtir efectos, cuya ausencia perjudicaría a las partes por igual y, de paso, afectaría la legitimidad de la función judicial, al tramitarse y resolverse controversias no susceptibles de ejecución. Consecuentemente, el litisconsorcio pasivo necesario, al ser un presupuesto procesal, su análisis puede ser retomado por el tribunal de alzada en el recurso de apelación mercantil, aun cuando haya sido objeto.
Este último requisito no debe exigirse bajo una lectura literal de la norma procesal, por el contrario, la expresión «el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado», debe interpretarse sistemáticamente con el párrafo primero del artículo 168 citado, que refiere que el Juez de control «tomará en cuenta, especialmente», lo que implica que aquéllo no es un requisito sine qua non, sino sólo un aspecto a considerar para la toma de la decisión y lo relevante será advertir si el imputado tiene o no un arraigo domiciliario determinado por su residencia habitual, asiento de familia y la facilidad de abandonarlo o permanecer oculto, al margen de si dicho arraigo coincida o no con el lugar en el que debe ser juzgado, pues esto último podría ser un factor meramente contingente.
Tesis: III.1o.A.47 A (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020990 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 08 de noviembre de 2019 10:19 h Tesis Aislada (Constitucional) Ocultar datos de localización MILITARES PROCESADOS Y SENTENCIADOS. EL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO DE LOS GRUPOS RELATIVOS, AL NO GARANTIZAR QUE A QUIENES SE DICTE AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE SUJECIÓN A PROCESO RECIBAN EL EQUIVALENTE AL TREINTA POR CIENTO DE SU INGRESO REAL DURANTE EL PROCESO PENAL, VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL. En el artículo 20 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados está inmerso el derecho al mínimo vital, al disponer que los integrantes de las fuerzas armadas a quienes se dicte auto de formal prisión o de sujeción a proceso en los fueros militar, común o federal, tendrán derecho a recibir durante el proceso penal, el cincuenta por ciento de sus haberes y ninguna asignación adicional. Por su parte, al resolver la contradicción de tesis 311/2015, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó el parámetro del derecho mencionado –tratándose de la suspensión temporal en el empleo y la retención de percepciones en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos– y señaló que para la subsistencia del presunto responsable, el ingreso mínimo que debe garantizarse para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, deberá ser el equivalente al treinta por ciento de su ingreso real, el cual no podrá ser inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución de que se trate al ocurrir la suspensión de los salarios. En estas condiciones, el artículo 20 citado viola el derecho al mínimo vital, en cuanto que, para respetar esa prerrogativa, ordena pagar a los militares sujetos a proceso penal, solamente el cincuenta por ciento de sus haberes, sin tomar en cuenta alguna prestación adicional, esto es, ese cincuenta por ciento no es en relación con el salario integrado, pues únicamente considera un concepto (haber), no todos los que componen el ingreso real, lo que conlleva que el militar en proceso no reciba cuando menos el treinta por ciento de sus ingresos reales.
Tesis: I.4o.P.28 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020991 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 08 de noviembre de 2019 10:19 h Tesis Aislada (Penal) Ocultar datos de localización NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. AL EVALUAR SU LEGALIDAD EN LA AUDIENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL JUEZ DE CONTROL NO PUEDE VARIAR LA CAUSA EN QUE SE APOYÓ EL MINISTERIO PÚBLICO PARA DECRETARLO. Las facultades del Juez de control al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se limitan a validar o no las razones del fiscal emitidas en su resolución de no ejercicio de la acción penal, sin que ello implique una revisión oficiosa pues, por una parte, está limitado por los agravios que exponga la víctima u ofendido y, por otra, está impedido para revisar la carpeta de investigación e indagar si se actualiza una causa diversa para sustentar un no ejercicio de la acción penal, y variar aquella en que se apoyó el Ministerio Público. Esto último encuentra sentido, pues al Juez de control no le corresponde llevar ni dirigir la investigación, ya que esa facultad es propia de aquél; por eso, la resolución del órgano jurisdiccional está acotada por las razones de la representación social para decretar el no ejercicio de la acción y los agravios de la víctima u ofendido sin extenderse más allá, pues ello implicaría invadir las facultades procesales del Ministerio Público.
De los artículos 26, fracción I, incisos a) y c) y 27, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que si el juzgador de amparo ordena que una notificación se realice personalmente al quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, y éste señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, y designó autorizados para tal efecto, la actuación relativa deberá hacerse en dicho domicilio procesal; lo anterior porque es evidente que su voluntad es que las notificaciones, aun las de carácter personal, se entiendan con sus autorizados en el domicilio señalado por él, por así haberlo solicitado expresamente; sin que ello implique que se le deje en estado de indefensión, pues se entiende que serán estos últimos los que, en cumplimiento al cargo conferido, vigilarán las notificaciones dirigidas al quejoso.
Tesis: I.3o.C.376 C (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020993 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 08 de noviembre de 2019 10:19 h Tesis Aislada (Civil) Ocultar datos de localización PÓLIZA DE SEGURO Y CONDICIONES GENERALES. LA OBLIGACIÓN DE LA EMPRESA ASEGURADORA DE ENTREGARLA POR ESCRITO AL ASEGURADO SE CUMPLE SI LA ENVÍA AL CORREO ELECTRÓNICO QUE PROPORCIONÓ POR ESCRITO PARA QUE SE LE REMITIERA ESA INFORMACIÓN.
La empresa aseguradora estará obligada a entregar por escrito al contratante del seguro una póliza en la que consten los derechos y obligaciones de las partes. En diverso aspecto, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, se les reconoce como prueba, además de que su fuerza probatoria se estimará primordialmente conforme a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para ulterior consulta. De ahí que la prueba documental no sólo puede constar en papel, en virtud de que es factible que se incluyan también en ella los documentos multimedia, es decir, los soportes que permiten ver estos documentos en computadora, teléfono móvil, cámara fotográfica, tabletas, proyector, código QR (Quick Response Code) «código de respuesta rápida» que es la evolución del código de barras, entre otros, herramientas cibernéticas que aporta la tecnología hoy en día por mencionar algunas. Por tanto, si la empresa aseguradora envía al asegurado mediante correo electrónico la documental contractual –póliza y condiciones generales– en cualquier formato electrónico, a la dirección electrónica que le proporcionó por escrito para que se le remitiera esa información que él solicitó en un periodo determinado, ello implica un consentimiento por escrito para la entrega por ese medio de la referida documentación.

References: ARTÍCULO 64
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 168
 ARTÍCULO 20
 artículo 20
 artículo 20
 ARTÍCULO 258
 artículo 258
 resolución 
 resolución 
 artículo 210