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Timestamp: 2018-08-21 09:33:15+00:00

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Administraciones Públicas y su personal | Empleados públicos en el laberinto
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La posibilidad de que cada Administración Pública determinara jornadas diferenciadas para sus empleados o que éstas se acordaran con los sindicatos más representativos en cada ámbito de negociación quedó interrumpida con la aprobación de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, que señaló en su disposición adicional septuagésimo primera que:
“A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal del Sector Público, incluido el personal estatutario, no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”.
El Tribunal Constitucional (TC), en Sentencia 158/2016, de 22 de septiembre (y posteriores), sostuvo que la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012 era constitucional y que el ejercicio por parte de las comunidades autónomas de sus competencias exclusivas no podía desconocer las normas que el Estado hubiera podido aprobar en virtud de los títulos competenciales estatales. Con ello quedó establecido de forma inequívoca que las diferentes administraciones públicas no podían regular con plena libertad la cuantificación de la jornada laboral de los empleados públicos a su servicio (vid. las entradas del blog Jornada de trabajo de 35 horas semanales, no es posible sin cambiar la ley, y Jornada de trabajo de 35 horas semanales, no es posible sin cambiar la ley -2-).
Las distintas comunidades autónomas que habían implantado jornadas semanales de 35 horas (Castilla-La Mancha, País Vasco…) suspendieron su aplicación, menos la Junta de Andalucía, que decidió mantener de facto la jornada semanal de 35 horas y eludir el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (que indicaba que había invadido la competencia del Estado para establecer las bases del régimen jurídico del personal del sector público), mediante el Acuerdo de 26 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 18 de diciembre de 2017, sobre medidas transitorias para ordenar la jornada de trabajo y horarios del personal empleado público de la Junta de Andalucía (vid. las entradas del blog Jornada de trabajo de 35 horas semanales, no es posible sin cambiar la ley (3) o “se acata pero no se cumple” y Jornada de trabajo de 35 horas semanales, no es posible sin cambiar la ley o “se acata pero no se cumple” (2)
Finalmente, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en su Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta, incorpora las medidas en materia de jornada de trabajo y de conciliación del personal al servicio de las Administraciones Públicas del II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, y permite establecer en el Sector Público, en sus calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de trabajo distintas de la establecida con carácter general (treinta y siete horas y media). Eso sí, para ello cada Administración Pública ha de cumplir un requisito, que en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto, y sin que la medida afecte al objetivo de temporalidad del empleo público (que no superen el 8 % las plazas de naturaleza estructural).
La disposición adicional, que tiene carácter básico, incorporando igualmente medidas incluidas en el acuerdo Gobierno y sindicatos de marzo de 2018, incluye como novedad la posibilidad de que cada Administración Pública, previa negociación colectiva, pueda regular una bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un 5 % de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine y dirigida de forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de mayores, discapacitados, e hijos menores, en los términos que en cada caso se determinen. La Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el que se generará la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones de acumulación de la misma, así como el plazo en el que deberán recuperarse. Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados, podrá establecerse un sistema específico de jornada continua.
Dado que estas medidas exigen para su puesta el acuerdo de los sindicatos más representativos y cada Administración Pública, es de desear que la negociación colectiva llegue pronto a buen término en beneficio de unas mejores condiciones de trabajo de los empleados públicos.
El legislador, siguiendo las propuestas cicateras de distintos gobiernos, fue posponiendo de año en año la ampliación de la duración del permiso de paternidad de quince días a cuatro semanas, prevista inicialmente para el 1 de enero de 2011. La última vez con la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de PGE para el año 2016, dando una nueva redacción a la disposición final segunda de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida: la presente ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2017 (vid las entradas anteriores del blog Permiso de paternidad, por fin de cuatro semanas…, Permiso de paternidad, otro año más la ley no se cumple (y 2) y Permiso de paternidad, otro año más la ley no se cumple).
Casi un año y medio después de esta ampliación, la Disposición final trigésima octava de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, ha modificado el artículo 49c del Estatuto Básico del Empleado Público:
– Aumenta la duración del permiso de paternidad de los funcionarios por el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo a cinco semanas.
– Amplia su duración en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo, a disfrutar por el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción (en los mismos términos que establece el Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas y los trabajadores del sector privado). Con ello se pone fin a la reglamentación anterior que establecía diferencias injustificables entre los permisos de paternidad del personal funcionario respecto al del resto de los trabajadores.
– Establece que el disfrute del permiso será ininterrumpido salvo la última semana, que podrá disfrutarse de forma independiente en otro momento dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa a las que se refiere este párrafo, cuando así lo solicite, al inicio del permiso, el progenitor que vaya a disfrutar del mismo, y se le autorice, en los términos previstos en su normativa, por la Administración en la que preste servicios.
– Dispone que la normativa podrá prever que se autorice, cuando así se solicite previamente, que el inicio del permiso tenga lugar en una fecha posterior a la del nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa antes indicadas, siempre que sea antes de la finalización del correspondiente permiso o de la suspensión del contrato por parto, adopción o acogimiento del otro progenitor, o inmediatamente después de su finalización.
Esta nueva ampliación de la duración del permiso de paternidad debería ser considerada un paso en la buena dirección, sin olvidar que aún queda un largo camino por recorrer hacia nuevas normas que permitan una crianza igualitaria entre padres y madres, en la línea de lo propugnado por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA).
Publicado el 27 abril, 2018	por jval01
Hace unas semanas, se publicó en el diario EL PAÍS un artículo de Carles Ramió, catedrático de Ciencia política y de la Administración en la Universitat Pompeu Fabra, (Las imposturas de la Administración, 12 marzo de 2018), que proporciona un diagnóstico acertado sobre la actual situación de las Administraciones en España, con el que coincido casi plenamente. Como entiendo que pasó bastante desapercibido, me permito compartir un resumen de su contenido, que incorpora también las principales ideas de un artículo anterior que puede considerarse complementario, publicado igualmente en EL PAÍS (Una Administración pública obsoleta, 11 de julio de 2017):
– Las Administraciones públicas españolas han logrado durante los 40 años de singladura democrática prestar unos servicios públicos de una gran calidad y de forma bastante eficiente, pero no se han preocupado en exceso por modernizar las anticuadas arquitecturas organizativas.
– Durante los próximos 50 años se experimentarán cambios vertiginosos de la mano de las tecnologías de la información, de la robótica y de la biomedicina. El papel de la Administración pública será distinto en el marco de una sociedad del aprendizaje y sus modelos organizativos deberán ser mucho más contingentes y, por tanto, adaptables a los cambios. Pero estamos dormidos y las Administraciones siguen con sus inercias, con sus tradiciones y sin ninguna expectativa de romper unas pautas culturales, institucionales y organizativas de carácter mineral.
– Su sistema de gestión de sus recursos humanos es totalmente obsoleto. Los desafíos del siglo XXI no pueden enfrentarse con un modelo conceptual propio del siglo XIX.
– Es incomprensible que los nuevos empleados públicos entren en un modelo organizativo y de gestión de recursos humanos con una falta clara de definición de competencias, de aptitudes y de actitudes.
– Caos absoluto en los vínculos contractuales: funcionarios, laborales e interinos que ocupan idénticos puestos, pero que poseen derechos distintos. Una ordenación en cuerpos y en grupos que ya solo responden a una lógica corporativa sin la menor complicidad con la modernidad. Unos sistemas retributivos desfasados, irracionales e injustos, a años luz del mercado privado. Un régimen disciplinario draconiano, pero que jamás se aplica. La falta de diseño de una carrera profesional (horizontal) y de una carrera directiva. La evaluación del desempeño es un talismán que no se practica.
– Es insensato que los empleados del futuro sean seleccionados por pretéritos sistemas memorísticos con temarios que van a perder su consistencia y vigencia en muy pocos años.
– Las Administraciones públicas adolecen de importantes problemas que generan una baja calidad institucional. Y es muy fácil localizar a los culpables: en primer lugar, los partidos políticos en los Gobiernos de los distintos niveles de administración, luego los sindicatos y, finalmente, algunas lógicas corporativas de determinados grupos de funcionarios.
– Es una tradición política en España que los cargos políticos pueden hacer lo que les venga en gana, ya que pueden cesar discrecionalmente a todos los directivos profesionales y nombrar a otros funcionarios más afectos y sumisos. En este sentido, el mandato legal, de hace casi once años, de que las Administraciones regulen una dirección pública profesional no ha sido atendida.
– No todos los empleados públicos acceden bajo los principios de igualdad, capacidad y mérito. Un sistema rústico de contrataciones genera que a nivel agregado exista clientelismo social y político. Por más que se quiera, con estos métodos no es posible gozar de una Administración profesional y neutral.
– Cuando se aprueba en España la ley de transparencia hace muchos años que casi todos los países la poseían. Para ser de los últimos optamos por un modelo retrógrado y conservador. Hemos pasado de la opacidad a la transparencia traslucida.
– Es ahora el momento de poner manos a la obra en la tarea de modernizar la Administración pública. Para implantar este cambio hace falta una gran valentía política para enfrentarse a inercias conservadoras de carácter corporativo y sindical.
– El actual modelo de función pública ya no se puede reformar y hay, literalmente, que dinamitarlo para construir uno totalmente nuevo que abrace, de una vez por todas, la racionalidad y la modernidad.
A quien esté interesado en profundizar en los puntos de vistas expuestos, podéis consultar estas publicaciones recientes de Carles Ramió:
– Los nuevos principios de un modelo de gestión del empleo público en España para una administración pública sostenible y contingente, publicado en la revista GIGAPP Estudios Working Papers. Año (2018), núm. 79, págs. 1‐32 (artículo disponible a texto completo).
– La nueva gestión del empleo público: recursos humanos e innovación de la Administración, Tibidabo Edicions, 2018 (coautor junto a Miquel Salvador), del que hay un resumen en la página web de la Asociación Profesional de Cuerpos Superiores de Sistemas y Tecnologías de la Información de las Administraciones Públicas
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Uno de los temas recurrentes de la obra gráfica de Antonio Fraguas de Pablo, Forges, ha sido el de los funcionarios, descritos como vagos, indolentes, reticentes a las nuevas tecnologías, ineficaces, prepotentes… Y si bien sus viñetas han sido utilizadas en muchas ocasiones para descalificar ‘ad hominem’ a los empleados públicos, debo reconocer haber sonreído (y reído) con su humor gráfico, que reflejaba una realidad parcial de la Administración pública española, afortunadamente en declive, pero que aún estaba dando sus últimos coletazos.
Cada vez que descubríamos una viñeta de Forges en la que los funcionarios éramos nuevamente objeto de sus dardos, tras sentir una fugaz sensación de agravio, acabábamos compartiéndola con nuestros amigos y compañeros, e incluso la colgábamos en un lugar destacado de nuestros despachos en señal de identificación con el guiño humorístico.
De análisis de sus viñetas era fácil concluir que estábamos ante una persona ingeniosa, incluso mordaz, pero siempre bienintencionada, comprensiva, sensible a los infortunios ajenos y reivindicativa, que entendía el humor como “un bálsamo indudable para ese viaje sin retorno, siempre doloroso, que es para los humanos la vida”.
En homenaje al ilustre humorista, recientemente fallecido, incluyo en esta entrada del blog diez de sus viñetas más incisivas relativas a la Función Pública:
Absentismo laboral generalizado como característica de las Administraciones Públicas españolas…
Absentismo laboral y falta de productividad de los empleados públicos…
Funcionarios, únicamente preocupados por sus vacaciones, que desprecian sin disimulos a los ciudadanos, tratados como súbditos…
Administración burocratizada que, desde una posición de poder, desprecia a los ciudadanos, tratado como súbditos. Situación que transcurre “no necesariamente en España”…
Indolencia como característica generalizada de los funcionarios, ya sean fijos o interinos (quizá, por establecer una diferencia, el funcionario interino lee el periódico y toma café como el funcionario de carrera, pero no se permite poner las piernas encima de la mesa)…
Indolencia y falta de productividad de los empleados públicos (no necesariamente funcionarios)…
Indolencia y falta de productividad de los empleados públicos (por muchos seminarios en los que participen)…
Los permisos por asuntos particulares, conocidos popularmente como “moscosos”, definidos de forma ingeniosa como “nocurring”…
Nepotismo y enchufismo, mecanismos ilegales de acceso a empleos públicos que algunos desaprensivos utilizan en favor de parientes y compañeros de partido…
Los aspirantes a funcionarios (en esta ocasión en Italia, pues como dice el refrán, “en todas partes cuecen habas”) deben de prepararse para las futuras tareas que tendrán que realizar si aprueban la oposición…
Finalmente, merece la pena recordar que Forges participó de forma relevante en una campaña institucional del Ministerio de Administraciones Públicas en 2006-2007 para difundir el Plan de Formación Continua dirigido a Empleados Públicos. Lamentablemente el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ha eliminado de su página web cualquier vestigio de dicha campaña. Por fortuna, he podido recuperar dos de sus viñetas, que comparto en esta entrada del blog a modo de homenaje póstumo:
Maestro, gracias por, además de “fustigarnos”, haber utilizado el humor contra el machismo, la precariedad laboral, el maltrato a los animales, los conflictos bélicos… Y como se incluía en algunos epitafios de los antiguos romanos, «que la tierra te sea ligera» (sit tibi terra levis).
En la Memoria de Actividades de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, relativa a 2016, se incluyen datos relativos a las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Del total de pensiones de jubilación concedidas (22.536), 15.470 son de carácter voluntario (68,64%), 5.152 de carácter forzoso (22,86%) y 1.914 por incapacidad (8,49%). El elevado porcentaje de las jubilaciones voluntarias anticipadas, en líneas generales, se viene manteniéndose en los últimos años como puede apreciarse en el gráfico.
Es innegable que esta situación es consecuencia de la elevada desmotivación de los funcionarios de las distintas Administraciones Públicas, provocada en gran parte por el deterioro de sus condiciones de trabajo y la ausencia de carrera profesional, produciéndose una coyuntura preocupante, descrita en la entrada anterior Empleo público en España. Una foto fija a enero de 2017.
Pero en esta ocasión, quiero partir de los datos procedentes de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas para abordar la dualidad de modalidades de jubilación de los funcionarios, en función de su inclusión en el Régimen de Clases Pasivas del Estado o en el Régimen General de la Seguridad Social.
A efectos de pensiones de jubilación, el régimen especial de la Seguridad Social de Funcionarios (Clases Pasivas) ha quedado, de facto, a extinguir, ya que los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado que ingresen a partir del 1 de enero de 2011, quedan integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (modificado por la disposición final 10 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014). Del análisis de dicha medida cabe colegir, que dado que la integración a efectos de pensiones de todos los funcionarios en el Régimen General de la Seguridad Social (permanece la opción de mantener la prestación de asistencia sanitaria a través de entidades privadas) conllevaba una oposición frontal y reticencias por parte de los afectados, su consecución se ha planteado por el legislador como una meta a largo plazo, a lograr con el mero transcurso del tiempo.
Con anterioridad al 1 de enero de 2011, la inclusión en una u otra modalidad de jubilación no era de libre elección por el funcionario de carrera, sino que dependía del cuerpo o escala en la que ingresaba. Así, por ejemplo, si un funcionario pertenecía a los Cuerpos Superior de Administradores Civiles del Estado, de Gestión de la Administración Civil del Estado, General Administrativo de la Administración del Estado, o General Auxiliar de la Administración del Estado le correspondía el régimen de Clases Pasivas, y si pertenecía a la Administración de la Seguridad Social o a Organismos Autónomos del Estado le correspondía el Régimen General de la Seguridad Social (Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social, Gestion de la Administración de la Seguridad Social…). Régimen General en el estarían integrados igualmente las restantes clases de empleados públicos: funcionarios interinos, el personal laboral, ya sea fijo, indefinido o temporal y el personal eventual.
Una de las diferencias más evidentes (junto a las cotizaciones, dado que los funcionarios de Clases Pasivas pagan una cuota asociada al Cuerpo, Escala a la que figure adscrito el funcionario, por lo tanto independiente de las percepciones totales que reciba mensualmente por trienios, complementos de destino, complemento específico, o de productividad o gratificaciones por servicios extraordinarios) es la relativa la jubilación anticipada.
La jubilación voluntaria de los funcionarios de Clases Pasivas está regulada por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, en cuyo artículo 28 se indica, en relación al hecho causante de las pensiones, que “se declarará a instancia de parte, siempre que el interesado tenga cumplidos los sesenta años de edad y reconocidos treinta años de servicios efectivos al Estado” (junto al requisito, común con la jubilación forzosa, de haber completado un periodo mínimo de 15 años de servicios efectivos al Estado).
En el caso de que para completar los treinta años exigibles hubieran de computarse cotizaciones a otros regímenes de protección social por aplicación de las normas sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social (situación regulada en el Real Decreto 691/1991, de 12 de abril), se requerirá que los últimos cinco años de servicios computables para la determinación de la pensión de jubilación estén cubiertos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, de acuerdo con la disposición adicional decimosexta del Real Decreto Legislativo 670/1987).
El procedimiento se inicia por el funcionario interesado, mediante escrito en el que deberá indicar necesariamente la fecha en la que desea jubilarse y habrá de presentar ante el órgano de jubilación, al menos, tres meses antes de la fecha de jubilación solicitada (Resolución de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se modifican los procedimientos de jubilación del personal civil incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado).
Por lo que respecta a la cuantía de la pensión de los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas, a esta modalidad de jubilación no se le aplica coeficiente reductor, como sí ocurre en el caso del régimen general de la Seguridad Social. La cuantía de la pensión se determina aplicando al haber regulador que corresponda, según el Cuerpo/Escala o categoría del funcionario, el porcentaje establecido en función del número de años completos de servicios efectivos al Estado.
En 2018, los haberes reguladores utilizados para el cálculo de las pensiones de Clases Pasivas son los siguientes:
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP) 16.496,42
Al haber regulador que corresponda se aplicará el porcentaje que proceda de acuerdo con la siguiente escala:
servicio Porcentaje
del regulador Años de
La jubilación anticipada por voluntad del trabajador en el caso de los funcionarios pertenecientes al régimen general de la seguridad Social está la regulada por el artículo 208 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en las mismas condiciones que el personal laboral y los trabajadores del sector privado. En este caso, las condiciones son más exigentes y mucho menos favorables dado que se requiere tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad exigida que resulte de aplicación en cada caso, acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años, y se aplica un coeficiente reductor -entre el 1,625 % y el 2 % por trimestre en función de los años cotizados- (requisitos de los beneficiarios y cuantía).
Además, merece la pena recordar que las importantes diferencias en la jubilación anticipada existentes entre ambos regímenes llevaron al legislador a incluir la disposición adicional quinta en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en los mismos términos de la disposición adicional sexta de la redacción inicial del EBEP -Ley 7/2007-) en la que se indicaba que “el Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios que contenga, entre otros aspectos, recomendaciones para asegurar la no discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados colectivos”.
A pesar del transcurso de más de 10 años, el mandato del legislador sigue desatendido por el gobierno y recientemente el Defensor del Pueblo ha trasladado al Ministerio de Hacienda y Función Pública una recomendación para que se dé cumplimiento a la disposición adicional quinta de Real Decreto Legislativo 5/2015.
Por otra parte, el gobierno, en consonancia con la pasividad descrita, no ha manifestado en los últimos años intención de abordar un cambio en los requisitos exigidos a los funcionarios de Clases Pasivas para jubilarse de forma voluntaria.
Finalmente, si os interesa profundizar en el tema, os recomiendo la consulta del documento “Normas generales jubilación clases pasivas“, elaborado por el sector de Administración del Estado de Comisiones Obreras en marzo de 2018.

References: artículo 49
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 28
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 208
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto