Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-39357-de-febrero-13-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_d88b0a597aa5019ce0430a010151019c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-24 00:36:50+00:00

Document:
CONTENIDO:CONFESIÓN FICTA EN MATERIA LABORAL. NO ES POSIBLE DAR EL VALOR DE CONFESIÓN A UN ACTO PROCESAL NO IMPUTABLE A TODOS LOS DEMANDADOS Y QUE NO CUMPLIÓ LOS REQUISITOS SUBJETIVOS Y OBJETIVOS EXIGIDOS POR LA JURISPRUDENCIA. LA CONFESIÓN QUE NO PROVIENE DE TODOS LOS LITISCONSORTES NECESARIOS TIENE EL VALOR DE TESTIMONIO DE TERCERO.
TEMAS ESPECÍFICOS:COPROPIEDAD, INTERROGATORIO DE PARTE, CONFESIÓN FICTA, PASIVOS LABORALES
Rad. 39.357
Previo al estudio de las pruebas que la recurrente indica como erróneamente apreciadas y dejadas de apreciar, como al tener que resolver el cuestionamiento jurídico que hace al fallo del tribunal, es del caso recordar que en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal Laboral, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, tal y como expresamente lo establece la primera de las citadas normas.
‘La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho’”.
La recurrente ni menciona ese medular medio de prueba que sirvió de estribo al tribunal para concluir su sujeción a los términos estatutarios de la copropiedad de los demandados, y de cuya lectura fácil es concluir que le competía, como tal, además de lo ordenado por la asamblea general y lo propio a la representación de la copropiedad, velar por la conservación, reparación, limpieza, estética, uso adecuado, orden y moral del edificio y sus usuarios, especialmente en cuanto se refiere a los bienes de uso común (fl. 219 vto.), lo que de suyo implica, entiende la Corte, atender con celo, prontitud y suma responsabilidad los requerimientos y necesidades que en esos aspectos demandara la copropiedad o cualquiera de sus moradores y los cuales, alega infructuosamente la recurrente respecto de otros medios de prueba, expresan subordinación laboral. De consiguiente, en cuanto a las funciones propias a la administración de la copropiedad que desempeñó la ahora recurrente, las conclusiones del jugador, por no ser atacadas, quedan incólumes, lo que por sí solo podría dar lugar a la estabilidad del fallo, dado que nada más allá de lo allí comprendido fue que alegó como su actividad para esta la recurrente en casación.
Las confesiones que cree ver la recurrente no lo son (CPC art. 195), pues en modo alguno las expresiones allí contenidas son expresas sobre los hechos que sugiere la recurrente, por lo que objetivamente solo pueden tenerse como meras apreciaciones subjetivas de parte, verdaderas alegaciones. Ni siquiera en lo que tiene que ver con la persona que contrató a la actora, pues si bien se menciona a Olga Buenaventura, lo es para señalar que no tenía facultades para comprometer en tal sentido a la copropiedad, como también, para aducir que la vinculación de la demandante lo fue para administrar la copropiedad, de acuerdo a lo estatuido por el correspondiente reglamento.
En los interrogatorios de parte no confesaron sus absolventes las premisas que sostiene la recurrente. Olga Cecilia Buenaventura Acevedo (fls. 347-349) desconoció tajantemente la condición que de subordinada laboral tuviera la demandante, que fuera ella quien la contrató, lo que devengaba como remuneración, y sostuvo el trato de administradora de la copropiedad que siempre se le dio. Piedad Pérez Herrera apenas comentó sobre el rol de administradora de la demandante en la copropiedad, sin que de esa actividad se advierta lo pretendido por esta como confesión (fls. 357-359). Lía Cecilia Jaramillo de García igualmente desconoció a la demandante como trabajadora (fls. 363-364) y Diana Patricia Covaleda Salas resaltó la autonomía de horarios que manejaba aquélla como administradora de la copropiedad que era (fls. 368-370). y Fernando Alfonso Tenorio Gnecco reiteró su vinculación a la copropiedad como ‘administradora’, pero no como trabajadora subordinada, y, por supuesto, las diferentes actividades cumplidas en ejecución de ese mandato (fls. 375-376).
En síntesis, fuera de aceptar que la demandante prestó sus servicios a la copropiedad como ‘administradora’, y que por eso les fueron visibles las actividades ejecutadas por esta en razón del cargo desempeñado, no es dable concluir de los dichos de los absolventes la proclamada subordinación laboral predicada en el recurso.
A lo anterior se agregan otros documentos en el cargo que dan cuenta de las actividades de la demandante como administradora del edificio de la copropiedad, entre ellas la de representación en audiencias conciliatorias con trabajadores de la copropiedad (fls. 50, 54-58), de reclamaciones de dichos trabajadores (fl. 11, 12, 13, 14 y 15,), y de la solidaridad acordada respecto de esta en el pago de dichos débitos por no cumplir cabalmente con sus obligaciones como administradora, lo que es más que sabido resulta ajeno a una relación laboral subordinada.
La carta de terminación del contrato de administración (fl. 70), contiene, además de dicha decisión, lo propio a la entrega de los documentos y archivos a su disposición, la solución de situaciones laborales de personal a su cargo y la negativa al aumento de los honorarios acordados. Nada distinto a lo anotado se observa y, por tanto, objetivamente ningún dato probatorio que dé cuenta de un contrato de trabajo entre copropietarios y administradora, como esta lo alega conforme a su particular interés.
El acta de la inspección judicial practicada en el proceso (fl. 406), nada diferente a lo hasta ahora visto acredita, pues las fechas del contrato y las instrucciones para el ejercicio del cargo no lo hacen per se de naturaleza laboral, y la pregunta 17 absuelta por la demandada Olga Cecilia Buenaventura Acevedo (fl. 349), a la que remite la observación del juzgado para establecer el último ‘salario’ devengado, no puede tenerse como confesión del pago de tal concepto, pues ello no es más que resultado de la observación de la absolvente sobre documentos directamente elaborados por la demandante, no por aquella, es decir, no refirió un hecho personal o de los que tuviera o debiera tener conocimiento (CPC art. 195), ni es un hecho que se puede ver aislado o descontextualizado de lo adicionalmente dicho al absolver el mismo interrogante, como de lo restante de su declaración, en donde fue enfática en señalar que no fue ella quien la contrató y que desconoció saber sobre la remuneración que esta recibía.
A pesar de no haberse demostrado que el tribunal incurrió en yerros de valoración probatoria con las características de mayúsculos, evidentes y protuberantes respecto de los medios de prueba ya anunciados, que no fueron todos los que como se dejó dicho en los antecedentes tuvo en cuenta el juzgador para adoptar su decisión, lo cual impediría a la Corte el estudio de los llamados medios de prueba no calificados en la casación del trabajo (L. 16/69, art. 7º), lo cierto es que los testimonios que cita el cargo, de Ligia Inés Henao Serna, Pompeyo Sanabria Arias y José María Díaz González, tampoco arrojan luces por sí mismos para concluir que entre las partes pudo haber un contrato de naturaleza laboral como el reclamado. Y ello es así, por cuanto la primera (fls. 393-395) apenas dio cuenta de la condición de administradora de la demandante y de la ejecución de sus tareas como tal, pero en relación con los demás aspectos nada dijo, fuera de que el horario en que regularmente esta cumplía sus actividades era de las 9 de las mañana a las 2 de la tarde, entendiendo que descansaba los días miércoles, sábados y domingos, hechos totalmente distintos a ese afecto a los afirmados en la demanda; el segundo (fls. 396-399) refirió un horario de labores distinto (de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, ‘por lo normal todos los días’), y que él estaba afiliado a la seguridad social, pero de quien fungió como su jefe (la administradora) nada sabía; y el tercero (fls. 401-404) dijo no saber nada directamente sobre los hechos discutidos, pero que asistía al edificio de la copropiedad permanentemente y en distintos horarios, pero que “nunca jamás la vi”.
Por manera que, el equivocado direccionamiento en los dos cargos de la demanda de casación sobre ese particular tópico de la sentencia del juez de la alzada, daría lugar a su desestimación in limine, esto es, de entrada. Pero, atendido el carácter jurisprudencial que compete a los fallos de la Corte, conviene rescatar el tema propuesto para, sencillamente, recordar: 1º) que de acuerdo con lo previsto por el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil aplicable a los procesos del trabajo por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la confesión que no proviene de todos los litisconsortes necesarios tiene escasamente el valor de testimonio de tercero; 2º) igualmente, que de acuerdo con lo señalado por el artículo 201 del citado código procesal (nuevo CPC, art. 197), toda confesión puede ser infirmada, por supuesto, también la obtenida de las sanciones procesales de carácter probatorio como la ya anunciada, y eso fue lo que concluyó el juzgador que, con razón o sin razón, permanece incólume por ser inatacada; y 3º) que en tratándose de confesiones fictas, como es la que entiende de la Corte se deriva del mentado precepto del artículo 77-2 del Código Procesal del Trabajo y de Seguridad social, la jurisprudencia ha sostenido el criterio, que aquí se reitera, de que la dicha sanción probatoria no puede entenderse como de carácter genérico o indeterminado, sino que, para que se preserve el derecho de defensa y contradicción, esta requiere que verse sobre expresiones concretas, claras y precisas, por tanto, corresponde al juez indicar, al momento de su imposición, los específicos hechos sobre los cuales recae, los cuales, obviamente, deben ser susceptibles de ser confesados, es decir, deben reunir las exigencias subjetivas y objetivas de las normas que atrás se han mencionado.
‘Esa alusión general e imprecisa a los hechos susceptibles de confesión que pretendía demostrar la parte demandante, impide determinar con claridad a cuáles hechos en concreto se refirió el juez de la causa, con lo que se omitieron los requisitos que en torno a la sanción jurídica consagrada en el artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social ha fijado la jurisprudencia de esta Sala, que en sentencias del 23 de agosto de 2006, Radicación 27060, en la que se reiteró las del 23 de julio de 1992 Radicado 5159 y del 7 de abril de 2005, Radicado 24292, sobre este asunto, en lo que es pertinente al caso aquí debatido, precisó:
En efecto, la sanción prevista por el numeral segundo del inciso 7º del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, consistente en presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión de la demanda cuando el demandado no comparece a la audiencia de conciliación, se halla concebida en términos similares a las consagradas en los artículos 56 del Código Procesal del Trabajo y 210 del Código de Procedimiento Civil, de tal modo que le resultan aplicables los mismos requerimientos que a estas para que pueda conducir a una confesión presunta. En relación con esas consecuencias ha precisado esta Sala de la Corte que es necesario que el juez deje constancia puntual de los hechos que habrán de presumirse como ciertos, de tal manera que no es válida una alusión general e imprecisa a ellos, como la efectuada en este caso, en que el que el juez de la causa se limitó a consignar en la audiencia celebrada el 8 de marzo de 2004 (fl. 67) que “... Se presumirán como ciertos todos aquellos hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito propuestas en la misma, pues de no admitir esa prueba, se tendrán entonces como un indicio grave en su contra”, pero sin precisar, como era su deber, cuáles de esos hechos se tendrían como ciertos, ni, por la misma razón, cuáles constituirían indicio grave, prueba que, como es sabido, no es hábil en la casación del trabajo”.
“Y esa irregularidad no puede entenderse subsanada con las manifestaciones efectuadas por el apoderado del actor sobre lo que pretendía probar con la diligencia, pues era deber del juez identificar con precisión si los hechos a los que aludió eran o no los mismos expresados por ese profesional del derecho, a fin de no dejar dudas sobre el particular. Por lo tanto, no puede la Corte en sede de instancia considerar confesado que el actor tenía derecho a devengar un salario de $ 15.000.000”.

References: artículo 61
 artículo 60
 artículo 196
 artículo 145
 artículo 201
 artículo 77
 artículo 56
 artículo 39