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Timestamp: 2019-05-24 21:31:49+00:00

Document:
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN PARA PRONUNCIAMIENTO SOBRE MATERIAS RELATIVAS A DEBIDO PROCESO
MODERNIZACIÓN DE LEGISLACIÓN BANCARIA
DESIGNACIÓN DE SEÑOR MARIO BERTOLINO RENDIC COMO INTEGRANTE DE CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS
INDICACIÓN DE ORIGEN Y TIPO DE LECHE EN ENVASES DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Sesión 53ª, en martes 25 de septiembre de 2018
(De 16:19 a 19:4)
Concurrieron, además, los Ministros de Hacienda, señor Felipe Larraín Bascuñán; de la Secretaría General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver, y de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández.
Asimismo, se encontraban presentes el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y la asesora del Ministerio de Hacienda, señora Catherine Tornel León.
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 14 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 51ª y 52ª, ordinarias, en 11 y 12 de septiembre de 2018, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Diecinueve de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero inicia un proyecto de ley que modifica disposiciones sobre subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros (boletín N° 12.097-15).
--Pasa a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo da inicio a un proyecto de ley que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica (boletín N° 12.107-04).
--Pasa a la Comisión de Educación y Cultura, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el siguiente hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que modifica disposiciones sobre subsidio nacional al transporte público remunerado de pasajeros (boletín N° 12.097-15).
Con el subsiguiente hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación del proyecto de ley que fortalece las facultades del director de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica (boletín N° 12.107-04).
Con los diez siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de los siguientes proyectos:
1) El que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores (boletín N° 6.956-07).
2) El que establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional (boletín Nº 7.678-02).
3) El que modifica la ley N° 20.571 con el objeto de incentivar el desarrollo de generadoras residenciales y hacer aplicables sus disposiciones a todos los sistemas eléctricos del país (boletín N° 8.999-08).
4) El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines Nos 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).
5) El que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de fortalecer su institucionalidad (boletines Nos 5.254-02, 5.401-02, 5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25, refundidos).
6) El que modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica (boletín N° 10.739-07).
7) El que modifica la ley N° 20.416, que fija normas especiales para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y pequeñas empresas (boletín N° 10.785-03).
8) El que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica (boletín N° 11.174-07).
9) El que sanciona conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad en la población (boletín N° 11.913-25).
10) El que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social (boletín N° 12.002-13).
Con los cuatro siguientes hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1) La que otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública (boletín N° 8.805-07).
2) La que modifica el Código del Trabajo para hacer aplicable el fuero maternal a las funcionarias de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, en las condiciones que indica (boletín N° 11.406-13).
3) La que modifica la Carta Fundamental para establecer el deber del Estado de promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres (boletín N° 11.758-07).
4) La que establece medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento (boletín N° 12.025-03).
Con el último retira y hace presente la urgencia, calificándola de "simple", para la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de aumentar la protección a los fiscales del Ministerio Público (boletín Nº 11.473-07).
Con el primero informa que ha dado su aprobación a las proposiciones formuladas por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género (boletín N° 8.924-07), con excepción de las que indica.
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política de la República.
Con el segundo señala que ha aprobado, en los mismos términos en que lo hiciera el Senado, el proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria del ex Diputado señor Héctor Luis Olivares Solís en la comuna de Rancagua (boletín N° 11.487-04).
Con el siguiente informa que ha dado su aprobación al proyecto de acuerdo que aprueba el "Protocolo de Modificación del Tratado de Libre Comercio y del Acuerdo Complementario sobre Comercio de Servicios entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Popular China", suscrito en Da Nang, República Socialista de Vietnam, el 11 de noviembre de 2017 (boletín N° 11.749-10).
--Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el cuarto comunica que ha aprobado el proyecto de acuerdo que aprueba el "Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la República de Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea y sus Anexos", suscrito en Bruselas, Bélgica, el 29 de junio de 2017 (boletín N° 11.972-10).
Con el siguiente señala que ha aprobado el proyecto que modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para eximir a los vehículos de los Cuerpos de Bomberos y otros vehículos de emergencia del cumplimiento de las condiciones técnicas que indica (boletín N° 11.787-22).
Con el último señala que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de hacer aplicable la facultad y garantía que indica, al trabajador dependiente que se desempeña como voluntario del Cuerpo de Botes Salvavidas (boletín N° 11.702-13).
Expide copia de la sentencia pronunciada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley N° 18.216.
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y se manda archivar el documento.
-Artículo 17 B), inciso segundo, de la ley N° 17.798.
-Artículo 1°, inciso segundo, de la ley N° 18.216.
-Artículo 12, numerales 14 y 16, del Código Penal.
-Artículos 429, inciso primero, y 162, incisos quinto, sexto, séptimo y octavo, del Código Penal.
De la señora Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados:
Responde consulta del Senador señor Bianchi, relativa a la tramitación del proyecto de ley que declara feriado el 21 de septiembre de cada año para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y la Provincia de Chiloé (boletines Nos 11.426-06 y 11.438-06).
Del señor Ministro de Desarrollo Social:
Contesta requerimiento, formulado por el Senador señor Castro, relativo a la cartera de iniciativas y proyectos para la Región del Maule.
Del señor Ministro de Salud:
Adjunta datos sobre los siguientes asuntos:
-Estado de salud de persona que se individualiza, solicitado en nombre del Senador señor Chahuán.
-Situación sanitaria y de relocalización del barrio de emergencia de Nantoco, Región de Atacama; inquietud planteada por la Senadora señora Provoste.
-Estado de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR), y recursos que recibirá el Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente, de Concepción, destinados al pago de honorarios médicos para especialistas; requeridos en sendos oficios por el Senador señor Navarro.
-Entrega de medicamentos para usuario que se individualiza, consulta generada por el Senador señor García-Huidobro.
Del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo:
Expone acerca del acuerdo del Senado, por el que se solicita asignar recursos para la construcción de un buque de investigación científica y oceanográfica que reemplace al B/C Abate Molina (boletín N° S 1.997-12).
Explica el funcionamiento de la ley N° 20.797, que crea un registro voluntario de contratos agrícolas; a requerimiento del Senador señor García.
Da respuesta a consulta del Senador señor Durana, referente al aumento de la superficie bajo riego en el distrito de La Yarada-Los Palos en Tacna, Perú, que afectaría al proyecto Pampa Concordia al generar la salinización de terrenos.
Remite antecedentes sobre el estudio de extensión del Biotrén a ciertas comunas de la Región del Biobío; consulta realizada por el Senador señor Navarro.
Atiende solicitud, expresada en nombre del Senador señor De Urresti, para reportar sobre el porcentaje de fondos transferidos a cada región mediante la ley N° 20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros.
De la señora Ministra de Energía:
Relativo al requerimiento de la Senadora señora Órdenes, sobre la diversificación de la matriz energética en la Región de Aisén.
Se refiere a la diversificación de la matriz energética y el fomento de energías renovables no convencionales en el Plan de Descontaminación Atmosférica para Coihaique; materia solicitada por el Senador señor Sandoval.
Aporta información sobre el traslado marítimo de salmones en descomposición en la zona que señala; consulta generada en nombre del Senador señor Navarro.
De la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (S):
Atiende inquietud, relativa a los costos del servicio de aseo domiciliario y mecanismos de cobro en los municipios del país; planteamiento realizado por el Senador señor Navarro.
Del señor Subsecretario de Hacienda:
Responde acuerdo del Senado por el que se solicita recursos para la construcción de un buque de investigación pesquera y oceanográfica en reemplazo del B/C Abate Molina (boletín N° S 1.997-12).
Referido a la solicitud del Senador señor Durana, para informar acerca del incremento de las contribuciones por reavalúo de bienes raíces no agrícolas.
Del señor Subsecretario del Patrimonio Cultural:
Envía respuesta relativa a la declaratoria de monumento nacional del ramal Valdivia-Antilhue, de Valdivia; solicitud formulada en nombre del Senador señor De Urresti.
Del señor Secretario General de Carabineros:
Atiende preocupación del Senador señor Chahuán, referente a la reconsideración del motivo de la baja institucional de funcionario que se señala, por parte de la Comisión Médica Central.
Del señor Superintendente de Educación:
Contesta consulta del Senador señor Navarro, en cuanto a las fiscalizaciones efectuadas al Liceo Comercial Presidente Frei Montalva, de la comuna de Lota.
De la señora Intendenta de la Región de Aisén:
Da respuesta a petición del Senador señor Sandoval, para informar sobre el proyecto de restauración del monumento nacional construcciones de la sociedad industrial de Aisén, para el museo regional de la zona.
Explica pormenores del estado de los puentes de la región; solicitud generada por el Senador señor De Urresti.
De la señora Intendenta de la Región de Arica y Parinacota:
Reporta sobre la solicitud de elaboración de un informe social para un ciudadano de la comuna de Arica, atendida su condición socioeconómica; consulta efectuada por el Senador señor Durana.
De la señora Seremi de Obras Públicas de Los Ríos:
Anexa respuesta sobre diversos temas planteados por los habitantes de la localidad de La Plata, comuna de Paillaco, consultados por el Senador señor De Urresti.
De la señora Seremi de Vivienda y Urbanización de Los Ríos:
Informa sobre el proceso de expropiación de la casona Lopetegui-Mena para la ejecución del plan de puentes y conectividad de la comuna de Valdivia; requerimiento realizado por el Senador señor De Urresti.
De la señora Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Aisén:
Contesta petición sobre el proceso de avance e instalación del museo regional, formulada en nombre del Senador señor Sandoval.
De la señora Directora Regional de Gendarmería:
Menciona la cantidad de condenados de sistema abierto, derivados a tratamientos de rehabilitación de drogas; inquietud planteada en nombre del Senador señor Durana.
Del señor Director (S) del Servicio de Salud de Valdivia:
Da respuesta referida a la reposición de una estación médico rural en la localidad de La Plata, comuna de Paillaco, solicitud realizada por el Senador señor De Urresti.
Del señor Director del SERVIU de La Araucanía:
Alude a la aprobación del proyecto de acceso al nuevo Liceo Industrial de Temuco; materia planteada por el Senador señor García.
Del señor Director (S) del Servicio de Salud de Arica:
Consigna pormenores del estado del equipamiento, reposición e inversión del Hospital Doctor Juan Noé Crevaci, y número de migrantes atendidos en dicha localidad, en respuesta a petición del Senador señor Durana.
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula la explotación de máquinas de azar con fines de diversión y esparcimiento (boletines N°s 8.820-06 y 10.811-06, refundidos).
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, para tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hoja (boletín N° 11.168-12).
De los Senadores señoras Goic y Muñoz y señor Letelier, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de salas cunas en caso de enfermedad del menor (boletín N° 12.098-13).
De los Senadores señor Kast, señoras Aravena y Goic y señor Montes, con la que inician un proyecto de ley para establecer zonas de inclusión urbana (boletín N° 12.105-14).
De los Senadores señoras Rincón y Provoste y señores Harboe y Pizarro, con la que inician un proyecto de ley que modifica el Código Civil para determinar la identidad de niños y niñas nacidos en gestación subrogada (boletín N° 12.106-07).
Del Senador señor Lagos, para ausentarse del país a contar de mañana, miércoles 26 de septiembre.
En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social (boletín N° 12.002-13) (Con urgencia calificada de "suma").
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, hemos escuchado durante la Cuenta que se ha enviado a la Comisión de Educación el proyecto que fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica.
Creo que es muy importante abordar, pero abordar en serio, los problemas de violencia que se suscitan en dichos recintos, porque no cuesta nada caer en simplismos, en soluciones fáciles, como plantear única y exclusivamente la expulsión de los alumnos.
Hemos tenido la oportunidad de revisar en estas horas ese proyecto de ley, que es de artículo único, y es importante señalar, a quienes siguen esta sesión, que la ley N° 20.536, sobre violencia escolar, ya se hace cargo del tema desde el año 2011, estableciendo, dentro de las medidas contempladas en el reglamento interno, algunas de orden pedagógico y hasta la cancelación de la matrícula. En consecuencia, no es efectivo que actualmente no existan facultades para expulsar a los estudiantes.
Sin embargo, lo que hace esa iniciativa es eliminar el debido proceso, mecanismo consagrado en la ley del año 2011 y que, por tanto, contempla nuestro marco jurídico.
Además, al revisar el proyecto -que, insisto, es de artículo único-, se observa que no contiene medidas pedagógicas. Porque expulsando a un estudiante se traspasa el problema a la sociedad, pero ¿qué pasa con ese alumno?
Por eso, señor Presidente, quisiera que nuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se pronunciara, precisamente, sobre lo relativo al debido proceso, antes de que el proyecto iniciara su tramitación en la Comisión de Educación.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acoger la solicitud de la Senadora Provoste en cuanto a que dicha iniciativa, antes de que comience a tramitarse en la Comisión de Educación, fuera analizada por la de Constitución, Legislación y Justicia en relación con el debido proceso?
El señor PÉREZ VARELA.- Pido la palabra.
El señor MONTES (Presidente).- Puede hacer uso de ella, señor Senador.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, no quisiera entrar, como lo hizo la colega Provoste, en un análisis de fondo del proyecto.
Ha ingresado una iniciativa al Senado y la Mesa ha decidido mandarla a la Comisión de Educación, tal como indica nuestro procedimiento. Ahora, si alguien tiene dudas acerca de su constitucionalidad, tiene todo el derecho de hacer las presentaciones que correspondan.
Nosotros estamos absolutamente convencidos de que el proyecto les entrega buenas atribuciones a los directores y de que ellas son del todo necesarias.
Si la iniciativa se remitiera a la Comisión de Constitución por un plazo determinado y acotado, yo no tendría obstáculo, pero -vuelvo a repetir-, si a un parlamentario le merece objeciones de constitucionalidad algún texto, tiene mecanismos para así representarlo. Lo que no quiero es que ello se preste para dilatar más allá de lo razonable la tramitación de un proyecto de esa naturaleza, salvo que usted, señor Presidente, en uso de sus atribuciones, establezca, como digo, un plazo acotado para que la Comisión de Constitución se pronuncie sobre la materia y, si no lo hace, la iniciativa vuelva a la Comisión de Educación.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acoger la propuesta del Senador Pérez Varela en orden a que el proyecto vaya a la Comisión de Constitución por una o dos semanas?
La señora RINCÓN.- ¡Por dos semanas, señor Presidente!
El señor HUENCHUMILLA.- ¡Diez días!
El señor MONTES (Presidente).- Diez días o dos semanas son lapsos bien parecidos para estos efectos.
El señor PÉREZ VARELA.- Tal vez podríamos fijar una fecha en la que el proyecto debiese estar, nuevamente, en la Comisión de Educación.
El señor MONTES (Presidente).- O sea, iría desde ya, desde esta sesión, a la Comisión de Constitución, y a la semana subsiguiente volvería a la de Educación.
El señor PÉREZ VARELA.- Debería volver a la subsiguiente, de todas maneras. Que quede absolutamente nítida esa fecha, señor Presidente.
Así queda acordado, entonces.
Me ha pedido la palabra el Senador señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Estamos de acuerdo con la modalidad que la Sala ha adoptado, señor Presidente: que la iniciativa vaya quince días, en forma previa, a la Comisión de Constitución, que efectivamente tiene competencia. En esto queremos ser bien coherentes. Así como hace algún tiempo sostuvimos que la Comisión de Trabajo era competente para analizar el proyecto relativo a la sala cuna universal, debo manifestar que en este caso también tenemos competencia, pero no en forma exclusiva. Es más, uno podría pensar que incluso tiene competencia en el proyecto la Comisión de Seguridad Ciudadana, dado que contiene asuntos penales, aspectos delictivos, más allá de que las situaciones ocurran en un establecimiento educacional.
Por lo tanto, nos parece bien la fórmula aprobada por la Sala y que primero vaya a Constitución.
La señora PROVOSTE.- Solo deseo hacer una aclaración, señor Presidente.
A nosotros nos parece inaceptable cualquier situación de violencia en contra de un integrante de la comunidad escolar. Y por lo tanto consideramos importante abordar estos temas y legislar sobre la materia, pero legislar en serio. Dado que el proyecto es de artículo único y lo único que cambia es el debido proceso (reitero: ya la legislación del año 2011, sobre violencia escolar, entrega estas atribuciones, que van desde medidas técnicas pedagógicas hasta la cancelación de la matrícula; por consiguiente, no es efectivo que no se pueda expulsar a estudiantes), creo que es importante que la Comisión de Constitución se pronuncie al respecto.
Somos los más interesados en legislar sobre esta materia, pues consideramos inaceptables situaciones de violencia en contra de cualquier miembro de la comunidad escolar.
El señor COLOMA.- ¡Se está haciendo un debate de contenido, señor Presidente!
Hasta aquí llegamos con este tema.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, dentro de un ratito más analizaremos el proyecto que moderniza la legislación bancaria, por lo que pido a la Sala que acepte la indicación que sugerimos presentar al Ejecutivo respecto del artículo 62 de la Ley General de Bancos, relacionado con el cumplimiento de la normativa sobre infraestructura crítica de la información. Tiene que ver con temas de ciberseguridad. La pedimos varios Senadores que habíamos presentado una propuesta que el Ejecutivo aceptó, pero necesitamos autorización para que pueda ser conocida ahora.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría unanimidad para tratar dicha indicación en el marco del debate de la ley que moderniza la legislación bancaria?
El señor COLOMA.- ¿Está autorizada y firmada por el Gobierno?
El señor PIZARRO.- Sí.
El señor MONTES (Presidente).- Fue el Gobierno el que solicitó la unanimidad para tratarla ahora, aunque igual debe debatirse cuando corresponda.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, aun cuando entiendo que ya se zanjó el tema de que el proyecto que otorga facultades a los directores de establecimientos educacionales vaya a la Comisión de Constitución, quiero decir, al respecto, que uno puede estar a favor o en contra de una iniciativa, lo cual se reflejará en la votación, que en este caso es votación particular. Pero creo que si el problema de la violencia en los colegios estuviese solucionado no se estaría viviendo en algunos la situación que hoy día les aqueja. Por lo tanto, nos tenemos que hacer cargo de aquello.
En la revisión del proyecto se verá si uno está a favor o en contra. Pero si alguno de nosotros considera que hay un problema de constitucionalidad en una iniciativa, lo establece durante su discusión.
Por lo tanto, señor Presidente, está bien el plazo de dos semanas que se fijó, pero hay que considerar que todas las iniciativas podrían pasar por la Comisión de Constitución de considerar nosotros que existe un problema de constitucionalidad en su texto.
El señor MONTES (Presidente).- Senadora señora Rincón, le ofrezco la palabra.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, primero, quiero señalar que este proyecto es de artículo único, entonces es bien difícil hacer una votación en particular.
Segundo, quiero relevar que todos queremos abordar el tema de la violencia, que nos preocupa. Nadie puede estar a favor de aquella, y debemos abocarnos a este problema, porque tenemos que resguardar a la comunidad escolar, a los padres, a los profesores, a los mismos alumnos y compañeros. No podemos vendarnos los ojos frente a este punto.
Pero también tenemos que preguntarnos cómo resguardamos los procesos, cómo resguardamos a los directores de los establecimientos educacionales, a quienes les estamos trasladando una tremenda responsabilidad.
El señor COLOMA.- ¡Eso es parte del proyecto!
La señora RINCÓN.- Cuando se discutió este punto en el pasado, los directores no querían asumir esa responsabilidad. Tenemos que recordar ese debate, señor Presidente.
Yo entiendo que la inquietud de la Presidenta de la Comisión de Educación es velar por que el debido proceso exista, no por que no se legisle.
Y respecto de la pregunta referida a qué hacemos con esos niños, es algo de lo que debemos hacernos cargo; porque los vamos a sacar del ámbito educacional y esta iniciativa no lo contempla, es de artículo único. Supongo que el Gobierno y nosotros abordaremos esta materia en otra iniciativa, pero hay que hacerlo.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra al Senador señor Insulza, y con esto cerraríamos el punto.
El señor INSULZA.- Es lo que iba a pedir, señor Presidente. A estas alturas, en realidad estamos discutiendo el proyecto.
Ya se tomó la decisión de enviarlo a la Comisión de Constitución. Dejémoslo hasta ahí no más, porque si no vamos a pronunciarnos todos sobre su texto.
El señor MONTES (Presidente).- Senador señor Pérez Varela, tiene la palabra para un punto de Reglamento.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, no voy a entrar a discutir este tema. Me llama la atención que se utilice esta técnica reglamentaria para discutir los temas de fondo de un proyecto. No me parece adecuado y yo llamaría a la Mesa a hacer respetar el Reglamento.
Ahora bien, la Mesa ha de tener presente que esta iniciativa ingresó con "suma" urgencia; es decir, tenemos quince días para despacharla en el Senado. Hay que tener conciencia de que debemos cumplir con las urgencias determinadas en nuestra ley orgánica.
El señor LETELIER.- ¡El Gobierno siempre quiere dialogar...!
El señor PÉREZ VARELA.- ¡Efectivamente!
El señor MONTES (Presidente).- Eso se verá en el proceso. Tenemos que respetar las urgencias.
El señor MONTES (Presidente).- Quiero saludar a la delegación del Colegio Juan Ignacio Molina, de la comuna de Licantén, Región del Maule.
¡Bienvenidos al Congreso Nacional!
El señor MONTES (Presidente).- Asimismo, saludo a la delegación del Colegio Alonso de Ercilla, de San Felipe, de la Región de Valparaíso.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para dar a conocer los acuerdos de Comités.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En sesión del día de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Tratar, en la sesión ordinaria de mañana miércoles 26 del presente, el asunto signado con el número 2 de la tabla, esto es, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta al Estado para crear plantas desalinizadoras.
2.- Remitir a las Comisiones que correspondan una nómina de los proyectos de ley en tramitación relacionados con la mujer y la igualdad de género que podrían ser conocidos por la Comisión Especial encargada de conocer y tramitar tales iniciativas, para que manifiesten su acuerdo de traspasarlas a esa Comisión.
Por otra parte, quiero hacer presente que ha llegado a la Mesa el documento de la Comisión de Hacienda en que solicita fijar un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el 19 de octubre de 2018, respecto del proyecto que modifica las leyes Nos 18.045 y 18.046, a fin de establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala respecto del plazo para presentar indicaciones que se ha propuesto?
--Se fija plazo para presentar indicaciones al proyecto hasta el 19 de octubre de 2018.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Continúe, señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Además, se debe hacer presente que en la última sesión quedó pendiente fijar plazo para formular indicaciones al proyecto sobre el uso de agua de mar para la desalinización, iniciado en moción de las Senadoras señoras Muñoz y Allende y de los Senadores señores Guillier, Harboe y Pizarro, en primer trámite constitucional, que se aprobó en general.
Se ha propuesto que ese plazo sea hasta el lunes 22 de octubre próximo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
Boletín N° 11269-05
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la legislación bancaria, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.269-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 79ª, en 10 de enero de 2018 (se da cuenta).
Hacienda: sesión 87ª, en 6 de marzo de 2018.
Hacienda (segundo): sesión 40ª, en 14 de agosto de 2018.
Sesión 2ª, en 14 de marzo de 2018 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 14 de marzo de 2018 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Hacienda, que deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 13, permanentes, y los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, decimoprimero, decimosegundo y decimotercero, transitorios, no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, y deben darse por aprobados, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.
Cabe consignar, en todo caso, que algunas de estas disposiciones son de quorum especial. Se trata de los artículos 4; 5; 6, número 2, y 7, número 1, letra a), permanentes; y de los artículos primero, inciso cuarto; sexto y séptimo, transitorios, todos los cuales son de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación 25 votos favorables.
Habría que dejar constancia del quorum.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Faltan dos señores Senadores para reunir el quorum requerido.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se puede dejar la aprobación para más adelante, toda vez que con el mismo quorum de 25 votos debe ser aprobado en particular un sinnúmero de disposiciones, que pasaré a leer.
-Del artículo 1: los números 3; 5 (en cuanto a la derogación de los artículos 3 y 5); 18; 21; 23 (en cuanto a la derogación del artículo 24); 24; 33 (en lo que respecta a los incisos segundo y final del artículo 35 bis); 59 (en lo relativo a los artículos 66 ter y 66 quáter); 60 (en lo referente a los artículos 67 y 68); 61 (en lo que dice relación con el párrafo cuarto del numeral 2) reemplazado por la letra a) y la letra h)); 68 (respecto del artículo 76); 70 (en lo relativo a su letra f)); 72 (en cuanto al ordinal i de la letra b) y la letra c)); 74 (en lo relativo a la letra b)); 76 (en lo referente a la letra b)); 80 (respecto de la letra b)); 84 (en lo que se refiere a los incisos segundo, séptimo y décimo primero del artículo 117); 85 (respecto de los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 118); 89 (derogación de los artículos 123, 128 y 129); 90 (inciso primero y letra d) del inciso segundo del artículo 130); 91 (letra b)); 92 (letra a) del artículo 133), y 115 (artículo 162).
-Del artículo 2: los números 2; 4 (letra i)); 8 (numeral 10 de la letra c)), y 13 (letra b)).
Todas estas disposiciones son también de rango orgánico constitucional y no sufrieron modificaciones en el segundo informe.
Por otra parte, tampoco fueron objeto de modificaciones en el segundo informe las siguientes normas de quorum calificado, que requieren 22 votos favorables para su aprobación en particular:
-Del artículo 1: los números 5, que deroga el artículo 7, y 84 (artículos 113 y 117, inciso décimo).
-Del artículo 2: los números 13 (ordinal iii de la letra a), letras b) y c)) y 15.
De consiguiente, señores Senadores, si hubiera quorum, se podrían dar por aprobadas las normas que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones en el segundo informe, así como las que, pese a recibir indicaciones, no sufrieron modificaciones. Se requieren 25 votos favorables.
--Quedan aprobadas reglamentariamente, dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora bien, la Comisión de Hacienda efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, algunas de las cuales aprobó por unanimidad, y otras, que serán puestas en discusión y votación oportunamente, solo por mayoría de votos.
Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.
De las enmiendas unánimes, la recaída en la letra j) del número 4 del artículo 2 requiere para su aprobación 22 votos favorables, por incidir en una norma de quorum calificado. Y las modificaciones recaídas en los números 44 y 50 (inciso segundo del artículo 55 bis) del artículo 1; en los números 4, letra j), 19 y 21 del artículo 2; en el inciso segundo del artículo 87 bis del artículo 8, y en el número 1 del artículo 10, inciden en normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para ser aprobadas 25 votos favorables.
Cabe hacer presente que habría que dejar pendiente, en todo caso, el número 44, porque el Senador señor Guillier ha pedido votación separada a su respecto. Corresponde al artículo 49 bis, que está en la página 69 del boletín comparado.
Esas son las normas que habría que dar por aprobadas, con la excepción que señalé.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán.
--Se aprueban, dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Por último, cabe señalar que Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado que transcribe el proyecto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Hacienda y el texto como quedaría de aprobarse estas últimas.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En discusión particular el proyecto.
Tiene la palabra el Honorable señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, no veo en la Sala al Senador que pidió la votación separada, pero a mí me llama la atención que se haya eliminado la expresión "de parlamentario" en el artículo 49 bis.
Entiendo que se hará porque hay otra norma que la incluye, pues me parece obvio que el cargo de director de un banco debe ser incompatible con el de parlamentario.
Yo pienso que no hay ninguna razón para suprimir esas palabras, como ha hecho la Comisión de Hacienda...
El señor COLOMA.- Eso está en la Constitución, señor Senador.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Así es.
El señor INSULZA.- Okay. Entonces no lo cuestiono. Está bien.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero pedir votación separada de la letra b) del numeral 108 del artículo 1, que sustituye el inciso segundo del artículo 154 de la Ley General de Bancos.
¿De cuánto tiempo dispongo, señor Presidente?
El señor COLOMA.- ¡De cinco minutos...!
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene alrededor de diez minutos o los que sean necesarios...
El señor LETELIER.- Diez minutos son lo reglamentario.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Continúe, señor Senador.
El señor MONTES.- Gracias, señor Presidente.
Uno de los temas que nunca discutimos en el Senado es el del capital financiero. Este juega un doble papel: por un lado, mueve la economía real, y por otro, busca rentas especulativas, que provocan ineficiencia, concentración, desigualdad.
Esta reforma a la Ley General de Bancos es muy importante, pero bastante puntual. Parte por reconocer que Chile tiene hoy una legislación bancaria atrasada, que no está a la altura de las exigencias nacionales e internacionales. Y existe un amplio acuerdo nacional en el sentido de que es urgente modernizar la legislación bancaria, llevándola al estándar de Basilea III.
A diez años de Lehman Brothers, legislamos para minimizar los riesgos, que son un peligro serio.
Este proyecto podría haberse aprobado en el Gobierno de Michelle Bachelet, pero hubo fuertes discrepancias con la UDI, fundamentalmente. El punto de debate fue el acceso del Servicio de Impuestos Internos, de la Unidad de Análisis Financiero y de la justicia a la reserva bancaria.
Los países en el mundo entero tienden a avanzar en mayor transparencia y acceso a la información. Chile, en cambio, ha mantenido un régimen bancario rígido, donde prima el secretismo.
La Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, e incluso la justicia y la Contraloría, tienen un acceso muy limitado a la información que manejan bancos e instituciones financieras, y, por lo tanto, adolecen de severas limitaciones en su facultad de prevención y fiscalización.
Esto atenta contra los esfuerzos internacionales, liderados por la OCDE, tendientes a que los países vayan levantando y flexibilizando la información para luchar contra el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero y la evasión tributaria.
El Gobierno de Chile, respaldado por el Congreso Nacional, aprobó el año pasado la ley N° 21.047, en que se permite al Servicio de Impuestos Internos acceder a información sobre saldos de cuentas corrientes que extranjeros tienen en Chile, a fin de obtener a cambio la misma información respecto de todos los chilenos en el exterior, sin necesidad de solicitar la autorización ante los tribunales de justicia.
Ese es el resultado de un acuerdo multilateral con más de 140 países y, entre otras cosas, representará el fin de los paraísos fiscales.
Esta ley se enmarca en el respeto a nuestra Constitución, en el reconocimiento de que la información a la que tendrá acceso el Servicio de Impuestos Internos no vulnera la garantía de privacidad del individuo, ya que no se entromete en sus gastos o captaciones, ni en su vida privada, sino que solo se refiere a la reserva bancaria.
La distinción entre "reserva" y "secreto" es muy importante en esta legislación.
La información sujeta a secreto son los depósitos y captaciones; es decir, los movimientos del día a día de una cuenta corriente, el detalle de las transacciones.
En la actualidad, los bancos deben contar con la autorización del titular o de la justicia para entregar la información, lo que es muy complejo y largo.
Por otro lado, la información sujeta a reserva consiste fundamentalmente en los saldos de dichas cuentas. En la actualidad, los bancos pueden darla a conocer a quien demuestre un interés legítimo y siempre que sea previsible que la divulgación no genere un daño patrimonial al cliente.
¿Cuál fue la propuesta del Gobierno de Michelle Bachelet, aprobada por la Cámara de Diputados y, en primer trámite, aquí en el Senado?
Es un avance -todavía muy limitado respecto de lo que está ocurriendo en la OCDE- en cuanto al acceso a la información.
Se parte de la premisa de que obtener la información sujeta a reserva por la Unidad de Análisis Financiero y el Servicio de Impuestos Internos no afecta la intimidad, por lo que no tiene sentido la obligación de ir a tribunales a justificar un interés legítimo. Y se presenta una modificación a la Ley General de Bancos en el sentido de presumir el interés legítimo de esas instituciones fiscalizadoras.
Reitero que se establece un procedimiento distinto para la información sujeta a reserva. En definitiva, se presume el interés legítimo tanto de la Unidad de Análisis Financiero como del Servicio de Impuestos Internos, y se los habilita para pedir ese tipo de información. Para tales efectos, se introducen las modificaciones necesarias en la Ley General de Bancos, en el Código Tributario y en la Ley de Cuentas Corrientes.
Cabe hacer presente que, entre otras cosas, esta última normativa actualmente confunde secreto y reserva.
El Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución N° 120 de 2004, solicitaba información sobre pagos al exterior superiores a 10 mil dólares. Los bancos cuestionaron esto, acudieron a la Corte Suprema y se le quitó esta facultad, que era bien básica, a Impuestos Internos.
¿Cuál es la propuesta del proyecto que hoy se encuentra en discusión?
Deseo reiterar que la UDI ha estado en contra. Tiene otra visión. Incluso, en la comisión negociadora que se estableció en la Cámara de Diputados inicialmente pidió sacar la atribución al Ministerio Público y la aceptó respecto a la UAF y al Servicio de Impuestos Internos. Pero después desconoció su opinión. Se opuso a la ley relativa a saldo de las cuentas, que ya aprobamos. Y quiso trasladar estas normas de secreto y reserva a otra iniciativa.
La propuesta de la actual Administración retrocede fuertemente respecto a lo planteado por Michelle Bachelet, aunque existen pequeños avances en relación con la ley vigente.
Es cierto que fue fruto de un acuerdo, donde no participó el Partido Socialista. Queremos aclararlo. Incluso, nuestro representante votó en contra.
Respecto a la UAF, se elimina (por 3 votos a uno) la presunción de interés legítimo y no previsibilidad del daño patrimonial aprobada por la Cámara de Diputados.
Ello se reemplaza por una facultad a la Comisión para el Mercado Financiero para que evalúe y determine si comparte con la UAF la información sujeta a reserva -reitero- cuando detecte irregularidades en los controles de los bancos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Además, habilita a la Comisión para el Mercado Financiero para evaluar la efectividad de los procedimientos de los bancos.
Todo esto, en el plano preventivo, porque una vez iniciada investigación, la UAF tiene acceso pleno a la información.
¡Extraña solución a esta controversia!
La Comisión para el Mercado Financiero es la que determinará si procede o no que la UAF tenga acceso a la información en el ámbito preventivo.
¿Por qué la Comisión para el Mercado Financiero?
¡Esto no es parte de sus facultades!
¿Por qué la UAF no puede tener facultades más directas y necesita intermediarios?
Sin duda, esto es un poquito más que lo actual, porque lo hace por este lado, pero su alcance es muy limitado.
Respecto al Servicio de Impuestos Internos, también se elimina la presunción de interés legítimo y no previsibilidad del daño patrimonial.
Pero se le faculta para solicitar al tribunal tributario y aduanero competente que autorice omitir la notificación al investigado, cuando lo haga en el ejercicio de sus facultades de fiscalización o a requerimiento de autoridad internacional, siempre que la información sea pedida con urgencia o la notificación al titular pueda dañar el curso de una investigación.
Por lo tanto, se omite la notificación bajo ciertas condiciones que son bastante fuertes.
Además, se le repone la facultad para pedir información acerca de los movimientos de más de 10 mil dólares.
Esta es una discusión muy importante, que lleva veinte años tratándose en el Congreso. Es un debate sobre la prioridad que se les da a diversos principios y valores.
Por una parte, a la acción preventiva y represiva de delitos de especial gravedad: lavado de activos, corrupción, narcotráfico, delitos tributarios. Y por otra, a los intereses y derechos de los particulares.
En los diversos países hay distintas combinaciones entre ambos elementos.
La situación mundial ha llevado a la OCDE a darles cada vez más acceso y transparencia a los organismos públicos responsables, a romper el secretismo.
Estoy convencido de que la fórmula del Gobierno de Michelle Bachelet y de la Cámara de Diputados es mucho mejor que la que estamos aprobando ahora, si bien esta última es un poquito mejor que lo que hay, ¡pero muy poquito!
El planteamiento de la anterior Administración otorgaba mayores atribuciones a la Unidad de Análisis Financiero y al Servicio de Impuestos Internos, porque no debían intermediar sus facultades al establecer la presunción de interés legítimo. Y respetaba la intimidad de las personas no dando acceso al secreto, pero sí a la reserva de las transacciones.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la recomendación 29, es clarísimo. Plantea que instituciones como el Servicio de Impuestos Internos y la UAF deben disponer de autonomía suficiente y de la mayor celeridad en la obtención de la información.
Por otra parte, en relación con la Contraloría, en el debate de la última Ley de Presupuestos llegamos a la conclusión de que este órgano no podía entrar a las cuentas corrientes de una serie de reparticiones públicas, particularmente de las Fuerzas Armadas, de las llamadas "cuentas reservadas internas".
Tuvimos conversaciones con el Contralor y presentamos hace unos dos meses una indicación para darle ciertas facultades a la Contraloría para entrar a las cuentas públicas -no a las cuentas privadas- de todos los organismos públicos de manera directa y expedita.
Es importante destacar que no existen los argumentos vinculados a la privacidad de movimientos y saldos que pueden señalarse respecto a los particulares.
La Contraloría es un organismo del Estado y su objetivo es controlar al Estado y no a privados.
Por lo tanto, le solicitamos al Ministro y a la Comisión que lo incorporaran. Esta última pidió el patrocinio del Gobierno. Lamentablemente, este dijo que no en la Comisión. Pero menos de diez días después afirmó que esto mismo lo iba a presentar en otra iniciativa.
En verdad -y se lo he dicho al Ministro de Hacienda-, el mínimo fair play entre nosotros indica que por lo menos acojamos, en la discusión de la Ley de Bancos, las facultades de la Contraloría respecto a esta materia.
Finalmente, deseo exponer mi voluntad de inhabilitarme en la votación del artículo 2, que modifica la ley N° 21.000, que creó la Comisión para el Mercado Financiero, en atención a que mi hijo ha asumido, a través de concurso público, como fiscal de dicha institución. Si bien no hay normas que me interesen o me involucren directa o personalmente, sino que son genéricas para el organismo, considero aconsejable mi abstención.
Sé que aquí hay una mayoría para restringir mucho la posibilidad de que la UAF y el Servicio de Impuestos Internos tengan acceso más directo a la información.
Yo les digo: "¡cuidado!".
El narcotráfico y la corrupción son muy ágiles y rápidos. Y si no contamos con la capacidad de entrar a las cuentas a través de organismos de fiscalización (Servicio de Impuestos Internos, UAF), la verdad es que tenemos mucho más riesgo de que nuestros sistemas sean pasados a llevar o violentados.
Sé que esto está aprobado, porque hay una mayoría en esa línea. Pero considero que esto es un retroceso con relación a lo aprobado en la Cámara de Diputados, aunque es mejor que lo que existe actualmente, pero muy poquito mejor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Solicito autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de la SEGPRES, don Claudio Alvarado, y la asesora del Ministro de Hacienda señora Catherine Tornel.
--Se autoriza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, solo quiero decir que nosotros nos estábamos oponiendo a esto. Pero, dado que estamos en un momento de especial unidad nacional, esta vez daremos el visto bueno, sin que esto signifique sentar un precedente para las próximas sesiones.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se dejará constancia de ello, con toda seguridad.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, en esta discusión particular me quiero hacer cargo de las cosas buenas -son hartas- que tiene el proyecto. A diferencia de quien me antecedió en el uso de la palabra, yo lo valoro bastante más.
El colega plantea que se trata de un pequeño paso. Yo lo considero un gran paso, en términos de generar una legislación bancaria mucho más moderna para Chile.
En primer lugar, porque se establece una nueva institucionalidad regulatoria y un nuevo modelo de supervisión.
Lo anterior lo vimos cuando creamos la Comisión para el Mercado Financiero.
Es importante -y no me cabe duda de que el Senador que me antecedió concuerda con eso- que toda la información proveniente del mundo bancario, financiero, de seguros (el día de mañana), todo lo que tenga que ver con recursos, cuente con una supervisión única.
De esa manera, se termina con la situación en que se quedó con el proyecto anterior, en que la función mencionada se hacía a través de superintendencias, y lo que sabía una superintendencia no lo conocía la otra. Al final, por esta falta de comunicación, se producían problemas serios dentro del mercado financiero de nuestro país. Por eso se creó -hago presente que fue en el Gobierno anterior- la Comisión para el Mercado Financiero. Y por ello se le agregan en la ley en proyecto las facultades que anteriormente tenía la Superintendencia.
Es decir, con la propuesta en análisis la forma de fiscalizar al mundo bancario es mucho más robusta que en la legislación que existía. Básicamente, por esta vinculación con otras áreas del mercado financiero que hoy sí aparecen visualizadas bajo una institución que tiene gobierno corporativo. Es decir, se trata de una entidad que no depende de una persona, sino que hay un gobierno corporativo que ha funcionado muy bien, que está actualmente a cargo del señor Joaquín Cortez. Y, obviamente, nos da muchas más garantías de que esto pueda funcionar de buena manera.
En segundo lugar, se establecen nuevas exigencias de capital, adecuándose a los estándares de Basilea III. Este no es un tema menor o anecdótico. Se trata de un cambio casi copernicano respecto de la forma de entender el mercado financiero. Hoy día -me puedo equivocar en algunos pequeños datos-, creo que una institución se puede endeudar hasta un 10,5 por ciento de su capital.
En virtud de estas normas, eso va cambiando, porque se modifican los requerimientos de capital mínimo, estableciéndose dos pilares.
Uno es el llamado "Pilar I".
Aquí se considera un capital Tier 1 adicional, que podrá estar constituido por acciones preferentes o bonos sin plazo de vencimiento. Se trata de instrumentos cuyas características permiten otorgarles un tratamiento equivalente al de los recursos propios, como parte del capital.
En segundo lugar, un colchón de conservación, que incorpora un porcentaje de los activos ponderados por riesgo, asunto que el mercado financiero tendrá que evaluar de buena manera respecto de cada institución, pues mientras más riesgoso pueda ser el actuar de un banco, más exigencias tendrá en materia de capital.
Y, además, se agrega la exigencia de un capital básico adicional de carácter contracíclico, que es algo relacionado con la modernidad. Obviamente, hace veinte o treinta años no se pensaba que iban a ocurrir estas cosas en el mundo.
Aquí se aprenden las lecciones en cuanto a la existencia de momentos cíclicos, contracíclicos, que los bancos en materia de capital también deben enfrentar.
Eso es parte de la modernidad.
Esto representa un elemento muy importante del acuerdo logrado. Obviamente, esto no estuvo exento de discusión. Este es un proyecto de difícil tramitación.
Yo, personalmente, tuve bastantes dudas en cuanto a que el capital estuviera tan vinculado con el tema de la reserva -se me acaba el tiempo, señor Presidente, y supongo que se me darán los mismos diez minutos utilizados por usted-, porque es obvio que hay cierto riesgo. Por ejemplo, si un banco se dedica a materias del mundo agrícola, que por naturaleza suele ser más riesgoso que el ámbito inmobiliario, podría requerírsele un capital mayor.
Sobre el particular, espero que haya un criterio adecuado por parte de los nuevos reguladores en términos de no generar un incentivo perverso en un tema tan importante.
Por otro lado, se encuentra el Pilar II, relativo al requerimiento de capital básico o patrimonio efectivo adicional por hasta 4 por ciento de los activos ponderados por riesgo, dependiendo de la opinión de la Comisión para el Mercado Financiero, y que puede llegar al 20,5 por ciento. O sea, se puede prácticamente duplicar el nivel de capital que hoy día corresponde a los bancos.
Obviamente, es una materia compleja, porque hay cierto encarecimiento del crédito. A mí no me cabe duda de que va a ser un poco más caro, pero mucho más seguro, y ¡por Dios que es importante que un país tenga un mercado financiero seguro! Si no, miremos lo que pasa en Sudamérica o Latinoamérica y nos daremos cuenta de que tenemos un activo en nuestro país que debemos cuidar en gran medida.
También hay un rol distinto respecto de cómo ponderar los activos.
Se trata de una larga discusión, que no repetiremos nuevamente.
La normativa hace mucho más exigente el factor de ponderación.
Al respecto, había dos alternativas: hacer un poquito más laxos o más duros estos factores de ponderación. Se optó por esta última, para que el mercado bancario tuviera una solidez muy importante y así pudiera enfrentar cualquier situación diferente.
Además, se disponen mecanismos de intervención para bancos en problemas y de manejo de crisis, que representan toda una novedad en la marcha del mercado financiero.
Esa es básicamente la esencia de este proyecto, que a mi juicio está bien planteado, por lo que resulta oportuna y útil su aprobación.
Por otro lado, quien me antecedió en el uso de la palabra se refirió a un tema en el que tenemos una discrepancia -concuerdo con él en esa opinión- y que es discutible. Pero le quiero decir que no estamos solos quienes aspiramos a que el ciudadano posea derechos.
Ese es el asunto de fondo.
¿El ciudadano tiene derechos o aquí hay un "gran hermano", que podrá tener la forma de institución pública o de una persona equis, que va a ser el dueño de sus actividades?
Hoy día la reserva ciudadana la cuidamos en muchas leyes, como en la relativa a la protección de datos personales. Y aquí estamos todos de acuerdo en que las personas deben tener derecho a la defensa de sus datos.
Pero, curiosamente, justo respecto de esto decimos: "¡No! El Servicio de Impuestos Internos o la UAF serán dueños de los datos de los ciudadanos".
Francamente, no me parece que eso apunte en el sentido correcto. Y con todo respeto, señor Presidente -se lo hago notar porque usted fue quien me antecedió en el uso de la palabra, por lo que no sé cómo referirme a su persona en términos de la dualidad que se presenta-, eso es exactamente lo mismo que dice la Corte Suprema.
El Máximo Tribunal, en el considerando Séptimo del informe que remitió, opina: "Que en relación al carácter autónomo de tal herramienta, esta Corte estima pertinente manifestar su opinión respecto de la inconveniencia" -en cuanto a lo que había antes- "de sustraer una medida como la propuesta del control jurisdiccional, atendido su carácter intrusivo, lo que queda aún más en evidencia si se considera que ella ha de ser dispuesta sin notificación obligatoria del afectado.".
¿Qué es lo que nos manifiesta la Corte Suprema?
Algo superrazonable: que es perfectamente posible, si hay una información importante para una investigación, solicitar a un juez que levante el secreto bancario. Se hace todos los días en ¡cientos de casos! A propósito de cualquier duda o señal, se va ante un juez para que disponga tal medida y el banco está obligado a entregar los antecedentes requeridos.
No se trata de una institución perversa, decimonónica o contraria a lo que plantea la OCDE, sino de una figura perfectamente posible, relacionada con las garantías ciudadanas existentes en muchas partes del mundo.
Eso es lo que uno intenta defender: los derechos de las personas, porque para mí las personas y sus derechos importan. No significa que haya secretismo. Cualquier funcionario del Servicio de Impuestos Internos -he conversado el tema con personeros de dicho organismo y también lo hicimos en la Comisión con distintos invitados- lo puede solicitar.
Y más aún, señor Presidente, aquí se llegó a un acuerdo para tratar de resolver la situación. Es verdad lo que dice usted en el sentido de que el Partido Socialista se sustrajo no solo de dicho acuerdo, sino también de la discusión del punto, el cual se aprobó por los representantes del Partido Por la Democracia, de la Democracia Cristiana, de Renovación Nacional y de la UDI, que estaban presentes.
Se buscó una fórmula. Y si me pregunta si ella me deja feliz, la respuesta es no. Pero es una solución razonable para un tema difícil, que tiene que ver con diferenciar distintas situaciones.
En cuanto al secreto mismo, se faculta a la Comisión para el Mercado Financiero a compartir con la UAF información sujeta a reserva, cuando en los controles a los bancos detecte alguna irregularidad en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Por tanto, la primera inquietud del señor Presidente está resuelta en la propia norma, porque se establece dicha facultad de la Comisión cuando ve cualquier cosa vinculada al terrorismo o al lavado de activos, para que pueda operar sin más.
Asimismo, se faculta al Servicio de Impuestos Internos, dentro del estándar de la OCDE -es muy importante recalcarlo-, para solicitar al tribunal competente el levantamiento del secreto bancario sin ni siquiera notificar al ciudadano -yo hubiese preferido la notificación, pero está bien, eso es parte de los acuerdos que uno debe aceptar-, cuando lo estima necesario para el cumplimiento de cualquier acción fiscalizadora.
Y en tercer lugar, se faculta adicionalmente al Servicio de Impuestos Internos para requerir a los bancos, agencias o representaciones de bancos extranjeros, casas de cambio, información sobre cualquier remesa desde y hacia el exterior por un monto igual o superior a 10 mil dólares.
Entonces, aquí estamos hablando de una forma de resolver un problema que, objetivamente, nadie puede encontrar maravillosa, pero que claramente armoniza de manera mucho más adecuada los legítimos derechos ciudadanos, que son importantes -yo reivindico el derecho de los ciudadanos a la protección de sus datos personales-, con la entrega de herramientas a la autoridad para combatir el lavado de activos o el terrorismo o algún incumplimiento o delito que pueda darse en el mundo bancario.
Por consiguiente, si se trata de remesas de más de 10 mil dólares, el Servicio ya puede acceder a tal información, así que ni siquiera necesita autorización para pedirla. Y si hablamos de menos de 10 mil dólares, que es una cantidad bastante menor para entender que existe un megafraude, lo único que tiene que hacer es pedir la autorización judicial.
Hablamos de un mecanismo existente en muchas partes del mundo. Entonces, no sé dónde está el inconveniente que deja a todos atónitos. Es algo perfectamente normal, armónico y se acordó de esa manera.
Insisto en que a mí no me representa cien por ciento el referido acuerdo. Lo sostengo porque el sistema chileno no ha tenido problemas en esa materia, pues cada vez que una autoridad ha requerido información la ha obtenido. Lo que pasa es que hay que solicitarla.
Claro, alguien me podría citar casos como el de Carabineros. Allí la UAF tuvo mucho tiempo para darse cuenta de cualquier problema al respecto y, al final, fue un agente de un banco el que informó, específicamente en Punta Arenas, lo que estaba ocurriendo.
Pero eso no tiene que ver con la carencia de herramientas, sino con una falta de acción.
Por tanto, me parece que se trata de un buen proyecto sobre una materia difícil, que está bien resuelta, producto de un acuerdo. Y es muy importante tener rápidamente una legislación bancaria completa para nuestro país y para los ciudadanos.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero manifestar que este proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional, donde sufrió efectivamente varias modificaciones.
Nosotros en el Senado aprobamos en general el proyecto que venía de la Cámara de Diputados. Y luego, en la discusión en particular -tal como manifestaron los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra-, se planteó una diferencia sustancial -diría yo- en la materia que ha estado siendo objeto del debate de esta tarde, fundamentalmente en lo referente a la reserva y al acceso a la información.
El actual Gobierno, después de que la Sala aprobó la idea de legislar, presentó en la Comisión de Hacienda, durante el plazo fijado para el efecto -hasta el 3 de mayo de 2018-, varias indicaciones sobre la regulación del secreto y la reserva bancaria que tenían por objeto eliminar todas las modificaciones, contenidas en su mensaje y acogidas en la Cámara de Diputados, vinculadas principalmente con la presunción de interés legítimo y la imprevisibilidad del daño patrimonial que recae sobre el Servicio de Impuestos Internos y la UAF en cuanto a la información sujeta a reserva bancaria, referida en puntos anteriores.
Con ello, la regulación del secreto y la reserva bancaria quedarían igual como está actualmente en el artículo 154 de la Ley General de Bancos, es decir sin la presunción de interés legítimo ni la imprevisibilidad del daño patrimonial que se proponía en favor del Servicio de Impuestos Internos y de la UAF.
Señor Presidente, aquello se conversó y se planteó como duda, como inquietud por varios miembros de la Comisión durante la discusión general y se dejó para el debate particular.
En lo personal, manifesté que me parecía necesario buscar un ajuste, cierto equilibrio entre ambos objetivos por conseguir: de una parte, la posibilidad de que las instituciones encargadas de fiscalizar (como se ha dicho acá) el lavado de dinero, el narcotráfico, etcétera, accedan a información cuando sea menester; y de otra, el legítimo derecho que le asiste a cada ciudadano a que se mantenga reserva respecto de sus cuentas.
A raíz de eso, resolvimos buscar un punto de acuerdo que conciliara las dos posiciones.
En tal virtud, se armó una mesa técnica, en la cual participaron dos asesores que los miembros de la Comisión de Hacienda propusimos para trabajar con el Ejecutivo.
Solo hubo una salvedad, del Presidente de la Comisión, Senador Letelier, quien manifestó que no iba a participar en tal instancia, por cuanto no estaba de acuerdo con ninguna de las indicaciones.
Producto de la labor realizada, y con el ánimo de cumplir los requerimientos explícitos hechos por organismos internacionales en materia de acceso a la información sujeta a reserva bancaria, se plantearon varias propuestas, de común acuerdo, tras un trabajo en el que, por parte de quien habla y del Senador Ricardo Lagos, participó gente que había colaborado en el proyecto presentado por la Presidenta Bachelet.
Tocante a la propuesta sobre la UAF, en el artículo 154 del proyecto que moderniza la Ley General de Bancos se eliminan la presunción de interés legítimo y la no previsibilidad del daño patrimonial y se obliga a la Comisión para el Mercado Financiero a compartir con la UAF información sujeta a reserva cuando detecte alguna irregularidad en los controles de los bancos en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Y en cuanto al artículo 5o de la ley N° 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, se le otorga a esta la facultad de evaluar la efectividad de los controles de los bancos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y se le impone el deber de informar a la UAF la ocurrencia de cualquier acción u omisión que pudiere indicar la existencia de dichas conductas y entregarle los antecedentes correspondientes, incluida la información sujeta a reserva.
En lo concerniente a la propuesta sobre el Servicio de Impuestos Internos, cabe señalar, a modo de antecedente, que en la actualidad Chile no cuenta con excepciones que permitan omitir la notificación al titular de la cuenta para casos en los cuales la información se requiera con urgencia o en que la notificación pueda dañar el curso de la investigación.
Por eso, como consecuencia de un requerimiento internacional (para ajustar la legislación nacional a los estándares OCDE), y en el marco de que sea necesario compartir información con organismos internacionales, se propone efectuar la siguiente modificación: en el artículo 154 del proyecto que moderniza la Ley General de Bancos, eliminar la presunción de interés legítimo y no previsibilidad de daño patrimonial, y a cambio, en el artículo 62 del Código Tributario, crear una excepción respecto del procedimiento general y disponer que el Servicio de Impuestos Internos podrá solicitar en forma directa al tribunal tributario y aduanero competente que autorice omitir la notificación cuando el referido Servicio pida información en ejercicio de sus funciones de fiscalización o para dar cumplimiento a un requerimiento efectuado por una autoridad competente de otra jurisdicción, y la información se requiera con urgencia o la notificación al titular pueda dañar el curso de la investigación.
Si el tribunal tributario y aduanero rechaza la solicitud, se aplicará la regla general establecida en el artículo 62 del Código Tributario.
Además, se faculta al Servicio de Impuestos Internos para requerir a determinadas entidades (tal como se ha dicho acá, bancos, agencias o representaciones de bancos extranjeros, casas de cambio, entre otras) información sobre remesas desde y hacia el exterior por un monto igual o superior a los 10 mil dólares americanos.
Tales indicaciones -como dije- fueron aprobadas, producto del acuerdo, por mayoría de votos, con una abstención, del Senador Juan Pablo Letelier.
Señor Presidente, nosotros queríamos plantear que la aprobación en la Comisión de Hacienda de las indicaciones a que he hecho referencia significa un cambio sustancial de las normas que regulan el acceso a la información sujeta a reserva bancaria aprobadas por la Cámara de Diputados, por lo que es probable que tales disposiciones vayan a Comisión Mixta.
A nuestro entender, ante un proyecto altamente significativo, sensible, necesario para Chile, que permita la modernización de la Ley General de Bancos y que se halla en el contexto de posibilitar que nuestro sistema financiero esté internacionalmente a la altura de los mejores, la regulación del secreto y la reserva bancaria, planteada como eventual punto de discrepancias, fue tratada de manera equilibrada y justa, velando por los dos objetivos que todos perseguimos.
Por un lado, que nuestras instituciones y nuestro sistema financiero tengan capacidad de prevención, de fiscalización y de reacción frente a delitos altamente sensibles, como el lavado de activos, el narcotráfico, las operaciones que afecten la credibilidad y el funcionamiento de nuestro sistema.
Y, por otro lado -como decía al inicio-, es importante también que los ciudadanos entiendan que aquí no habrá arbitrariedades y se dispondrá de dos mecanismos claros que les permitirá a las instituciones adecuadas acceder a la información pertinente, por supuesto resguardando los derechos mínimos que cada uno de nuestros compatriotas tiene a la privacidad.
Después de un largo trabajo, con participación activa de gente que, en nuestro caso, formó parte del equipo que planteó el primer proyecto, el de la Presidenta Bachelet, nos pareció razonable disponer de atribuciones alternativas, como las aquí planteadas.
Señor Presidente, esas son las razones por las cuales tanto quien habla cuanto los Senadores Lagos, García y Coloma aprobamos las propuestas acordadas con el Ejecutivo. Y el Senador Letelier, en la fase final, se abstuvo en la mayoría de las indicaciones pertinentes.
Es cuanto puedo informar, Su Señoría.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, este proyecto tiene a lo menos tres temas de gran trascendencia, aunque no necesariamente todos traigan al debate la misma pasión.
Lo primero es que cambiamos la institucionalidad en cuanto a cómo el Estado va a supervisar tanto a los entes que participan en el mercado de valores y seguros cuanto a aquellos que lo hacen en los bancos y las instituciones financieras.
Ponemos bajo un mismo techo el proceso de regulación y supervisión, que hasta ahora ha estado bajo dos techos distintos.
La Comisión para el Mercado Financiero tiene hoy la responsabilidad de una parte de la fiscalización: valores y seguros. Con la ley en proyecto va a asumir también la responsabilidad de la fiscalización y regulación de las instituciones bancarias y financieras.
Eso, señor Presidente, no constituye una cuestión menor: se trata de grandes transformaciones institucionales en Chile.
No en todos los países hay un solo ente que cumple las referidas funciones. Existen diferentes modelos.
Nosotros, a partir de nuestra experiencia, estamos poniendo bajo un mismo ente supervisor algo muy importante: tanto el mercado de capitales cuanto el sector bancario y financiero, que en Chile han madurado.
Yo quiero subrayar que aquí hay un cambio institucional significativo.
De otro lado, a propósito de este proyecto, existe preocupación en cuanto a qué sucede con los funcionarios que hoy están en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, respecto de quienes no solo se acordó que no iban a perder derechos adquiridos, sino que además hubo un reconocimiento en cuanto al mantenimiento de regímenes propios, incluidos el derecho a sistema de bienestar y a otros beneficios.
Ese es un primer tema de la iniciativa, el que, a mi juicio, fue muy bien resuelto.
El segundo tema, señor Presidente, se relaciona, por un lado, con la forma como ponemos al día nuestra legislación bancaria en un mundo que ha cambiado muy aceleradamente, para colocarla en los estándares de Basilea III; y por otro, con el reconocimiento de que no todas las instituciones hacen lo mismo en nuestro sistema bancario y financiero.
Se establece un aumento en el piso de exigencia en materia de encaje y se colocan requisitos de capital. Y a las instituciones bancarias, dependiendo de cómo sean evaluadas por la Comisión para el Mercado Financiero, se les podrán exigir otros tipos de garantías, para lo cual hay diferentes instrumentos, como indicó el Senador Coloma.
Señor Presidente, las exigencias que se establecen no hacen sino reflejar que tenemos un sistema bancario bastante más maduro que los de otros países de América Latina.
En verdad, nos debemos sentir agradecidos -es paradójico- de la crisis del 82, pues aprendimos de los enormes errores que se cometieron. De modo que hoy podemos ver con tranquilidad, mas no sin precauciones, que la profundidad de nuestro sistema bancario es absolutamente distinta de la de los sistemas de países cercanos.
Lo que la ley en proyecto hace es algo que el mismo equipo del Banco Central nos ha señalado con insistencia como una tremenda necesidad. En forma reiterada, Mario Marcel, en su condición de Presidente del Instituto Emisor, nos ha venido a plantear la urgencia que ello reviste.
Tratándose del sistema financiero mundial, en una economía abierta, como la nuestra, hay riesgos que no se pueden eliminar, que no van a desaparecer. Es más: cambian en el tiempo.
En el marco de la nueva Ley de Bancos discutimos acerca de la ciberseguridad. Por ejemplo, planteamos que la Comisión para el Mercado Financiero debe establecer parámetros al objeto de asegurar que las diferentes instituciones aborden ciertas acciones conducentes a generar los resguardos necesarios ante una práctica cotidiana. ¡Los ciberataques al sistema financiero de nuestro país se producen todos los santos días! Y tenemos, hasta ahora, un sistema que tiende a defenderse relativamente bien del crimen organizado existente en el orbe.
En tal sentido, considero que aquí hay un avance muy importante.
Señor Presidente, en cuanto a la transparencia, como se ha dicho acá, tuvimos una discrepancia. Y, por intermedio de la Mesa, quiero agradecer la forma gráfica como la expuso el Senador Coloma. Quizás Su Señoría le tiene miedo -como dice- al "Hermano Grande".
El señor COLOMA.- A Orwell.
El señor LETELIER.- ¡A Orwell encarnado...!
Quiero expresarle a mi estimado colega, a quien le pido disculparme, que esa pelea ya la perdió: ¡los datos personales, la vida privada, en fin, han sido brutalmente invadidos por la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo!
Entonces, se trata de un debate en el que estamos bastante rezagados.
En efecto, cada vez que Su Señoría ocupa su celular y envía un mensaje está siendo controlado potencialmente, en forma remota. Y los cambios de comportamiento nuestros y de nuestras sociedades están siendo afectados por ese Hermano Mayor.
Sin embargo, el debate desarrollado aquí en materia de transparencia es otro: se trata del equilibrio entre los derechos de las personas y el bien público; de cómo la sociedad se defiende del crimen organizado, del narcotráfico, del terrorismo, de las diferentes expresiones del lavado de dinero, y de cómo entregamos al Estado, a los órganos públicos, a la UAF o a Impuestos Internos atribuciones para ejercer acciones intrusivas cuando hay una amenaza contra el bien público.
Yo creo, señor Presidente, que la discusión acerca del equilibrio es del último siglo -y no solo en Chile-, particularmente en lo relativo a los saldos de las cuentas bancarias.
Es cierto: aquí hay una norma sobre transferencias por hasta diez mil dólares respecto de las cuales a uno lo pueden rastrear u obligar a identificarlas.
En tal línea, señor Presidente, quiero recordar que, en el proyecto de la reforma tributaria -hemos tenido esta conversación en tiempos pretéritos; quizás el actual Ministro de Hacienda lo recuerde-, el debate acerca de la norma antielusión tenía mucho que ver con los paraísos financieros, por donde pasaban platas de potenciales empresarios chilenos; con la forma de hacer el seguimiento de recursos en el mundo, y con cuáles eran las normas del Estado para defenderse de los movimientos ilícitos.
Al respecto, la gran diferencia que tengo con el Senador Coloma -y lo pongo a él como ejemplo por el debate que se generó; no se trata de algo personal-...
El señor COLOMA.- No hay problema.
El señor LETELIER.- ... radica en que "ciudadanos" es una categoría demasiado amplia, pues dentro de ella hay ciudadanos honestos y ciudadanos que son parte del crimen organizado.
Por consiguiente, el Estado necesita tener instrumentos para combatir el crimen organizado en general: el lavado de dinero, el terrorismo, en fin. Y de ahí la atribución que algunos queríamos darle a Impuestos Internos al objeto de que, cuando hubiera indicios de situaciones de aquella índole, tuviera capacidad intrusiva para actuar sin necesidad de pedir la autorización de un juez.
Esa es la discusión: con qué prontitud, con qué celeridad se puede actuar.
Señor Presidente, en el seno de la Comisión se generó un acuerdo entre miembros de ella y el Ejecutivo.
Se trata de un avance con respecto a lo que existe hoy.
Uno podrá ponderar si es un paso pequeño o un paso grande.
En el ámbito de la transparencia, la bancada del Partido Socialista era partidaria de un paso mayor que el que estamos logrando. Y me parece bueno dejar constancia de que tenemos una diferencia en dicha materia.
De la misma forma, no nos explicamos que en el marco de este debate no haya existido la posibilidad -no digo "la voluntad", pues eso todavía está por verse- de asegurar que otros órganos del Estado, como la Contraloría General de la República, tuvieran acceso a todas las cuentas de los entes no solo privados sino también del Estado.
Sobre el particular hay un debate. Algunos decían: "No es en este proyecto donde él debe realizarse. Quizás hay que hacerlo en otro marco".
En este tema, señor Presidente, para algunos es duro de asumir -lo experimentamos el año pasado en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos- la constatación de que el Órgano Contralor no tiene acceso a las cuentas de todos los entes fiscales de nuestro país.
Eso sin duda no es bueno. No es correcto
que ello ocurra con relación a todas las cuentas de Carabineros de Chile. No me estoy refiriendo a la cuarta cuenta de la Ley Reservada del Cobre, sino a las cotidianas anuales de instituciones del Estado.
Termino indicando que la nueva ley de bancos es un paso muy importante. Al país le hace muy bien la posibilidad de modernizar su institucionalidad. La Comisión para el Mercado Financiero enfrentará un tremendo desafío en la transición para asumir la supervisión de todo el sector del mercado de capitales, bancario y financiero, y abrigamos la esperanza de que eso se pueda realizar en forma adecuada.
Quedará pendiente, para algunos de nosotros, lo relativo a la transparencia, respecto de la cual podamos dar nuevos pasos en el futuro.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, parto por expresar que este es un buen proyecto de ley. Así lo reconocieron todos quienes vinieron a la Comisión de Hacienda y nos entregaron su parecer.
El Senador señor Letelier tuvo mucha razón en su intervención. En distintos informes de política monetaria, el Presidente del Banco Central nos ha llamado a adecuar la legislación bancaria a las normas de Basilea III, disposiciones internacionales que rigen a las instituciones financieras. Eso estamos haciendo hoy día. Es el proceso que culminamos esta tarde. Por lo tanto, debiéramos sentirnos contentos de que nuestras exigencias se hallen a la par de las aplicables en ese ámbito.
Quizás uno de los aspectos más relevantes es que obligamos a que los bancos cuenten con mayor capital. En muchos casos -lo dijeron los especialistas en la Comisión-, nuestras entidades ya han ido adecuando sus propios capitales y les será mucho más fácil cumplir con la nueva legislación. Eso igualmente es preciso consignarlo, porque, al final, se trata de patrimonios del país. Cuando nuestras instituciones financieras son más solventes, significa que Chile goza de mayor prestigio y dispone de mayores activos, y ello debe alegrarnos realmente a todos.
Dicho lo anterior, también quiero hacerme cargo principalmente de sus palabras, señor Presidente. Porque, ¿sabe?, me siento molesto, dolido, francamente, cuando se ponen en duda nuestros esfuerzos por ser transparentes en nuestras decisiones legislativas, por tender a la compatibilidad -como asimismo lo manifestó mi Honorable colega Letelier- entre las exigencias del bien público y los derechos de los ciudadanos.
El secreto y la reserva bancarios en el texto que recibimos de la Cámara de Diputados no es algo que se nos haya ocurrido solo a nosotros. Deseo leer una parte del oficio N° 106-2018 de la Excelentísima Corte Suprema, que nos entrega su opinión acerca de la materia en un informe fechado el 29 de agosto de 2018.
Señor Presidente, solicito silencio en la Sala, porque ello tiene que ver con nuestro trabajo legislativo y con la transparencia con que actuamos.
¿Qué dice el considerando tercero de dicho documento? Expresa:
"Que el primer informe de la Corte realizó amplios cuestionamientos a las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados sobre el artículo 62 del Código Tributario, y en concreto, al hecho de que según ellas se presumiera (i) el "interés legítimo" del Servicio de Impuestos y la Unidad de Análisis Financiero y (ii) el hecho de que no resultara "previsible el daño patrimonial al cliente", en los términos del artículo 154 de la Ley General de Bancos. Según el informe del pleno "...parece cuestionable la iniciativa en cuanto presume el interés legítimo del Servicio de Impuestos Internos y de la Unidad de Análisis Financiero para intervenir en la esfera de reserva, del mismo modo que lo hace en relación a no resultar previsible el daño patrimonial al cliente. Ambas circunstancias necesariamente debieran ser materia de prueba y de la resolución de la judicatura competente. De otra manera se dejaría a la institucionalidad constituida por el Servicio de Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero en una situación de privilegio absoluto y, como contrapartida de ello, en una situación de indefensión al ciudadano".
Lo anterior fue expuesto por el Máximo Tribunal -repito- en el oficio enviado a la Comisión de Hacienda el 28 de agosto recién pasado.
Entonces, ¿la Corte Suprema no quiere que se investigue? ¿No desea hacer justicia frente a los delitos económicos?
Creo que nadie podría aseverar algo semejante.
Simplemente, estamos compatibilizando de la mejor forma posible las garantías ciudadanas y, por supuesto, los necesarios instrumentos con que debe contar el Estado para impedir la comisión de delitos, y, cuando se cometan, investigarlos simplemente recurriendo a la autorización judicial.
Por lo demás, ello se encuentra "avalado", si uno pudiera llamarlo así, por el conocimiento, por la experiencia, por la trayectoria de los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema.
Por eso, termino repitiendo que este es un buen proyecto.
En materia de secreto y de reserva bancarios, asimismo está bien resuelto. En la Comisión llegamos con el Ejecutivo a un buen acuerdo, que le permite al Estado contar con instrumentos para investigar y poder sancionar, a través de la judicatura, a quienes cometen delitos económicos, pero también sobre la base del principio de la buena fe y del respeto a las garantías constitucionales que nosotros mismos hemos creado a través de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestro ordenamiento institucional.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, quiero hacer una intervención bastante breve para ratificar, primero, lo ya dicho por otros colegas en el sentido de que se trata de una buena iniciativa.
La adecuación de las disposiciones bancarias a Basilea III parece ser de toda lógica. Toda la internacionalización de la banca, las normas de la OCDE, en fin, se ven reflejadas en el articulado, y ya era momento de que también las asumiera nuestra banca. Eso permitirá contar con un sistema aún mejor que el actual, más robusto, más preparado para eventuales crisis y contingencias.
Pero igualmente quería hacerme cargo de su preocupación personal y queja, señor Presidente, en relación con la reserva o el secreto bancarios.
Por supuesto que puede haber varios criterios al respecto. Me parece que tanto usted como varios Senadores son de la idea de que nada teme quien nada malo hace, y, por lo tanto, "Miren todo lo que quieran en mi vida". Mas no creo que ese sea un punto de vista válido en la materia.
Así como nadie aceptaría que entrara a su casa un carabinero o cualquier policía sin una orden judicial, estimo que la parte personal de las cuentas corrientes bancarias sigue más o menos la misma línea.
Hay dos posibilidades: o se quiere evitar, por la vía de la prevención, el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, categorías básicas que es preciso precaver, o todo apunta al secreto bancario.
Quiero decirle, señor Presidente -también al Honorable señor Letelier-, que este último se encuentra muy lejos de ser la única medida para tal efecto. Los tratados de libre comercio que hemos suscrito incluyen habitualmente disposiciones que tienen que ver exactamente con eso. Y, como contraprestación, existen obligaciones de nuestro sistema bancario, de cada banco que opera en Chile, en el sentido de seguir las mismas normas de las instituciones extranjeras en Estados Unidos y Europa. Es decir, instrumentos internacionales nos obligan en cuanto a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
Tal es el grado de ello hoy día que si usted tiene que hacer transferencias de más de diez mil dólares al extranjero o traer más de esa cantidad desde fuera del país, lo más probable es que sean bloqueadas, a menos que se cumpla con una serie de condiciones y requisitos comunes a todas las instituciones de Estados Unidos y de Chile, por dar un ejemplo.
De hecho, existe un manual sobre la materia emitido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras -todo eso pasará a la Unidad de Análisis Financiero-, y mencionaré, básicamente, las acciones obligatorias vigentes para evitar todos estos problemas que tanto a usted, señor Presidente, como al Senador que habla nos provocan una gran preocupación.
Los directorios de las instituciones tienen que tomar medidas para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Todos sabemos que los directores son personalmente responsables si no se aplica la normativa.
Sobre los bancos recae la obligación de conocer al cliente. ¿Ello qué significa? Que, trátese de una persona natural o de una persona jurídica, es preciso saber cuál es el origen de los fondos.
Las entidades necesitan contar con manuales de políticas y procedimientos respecto del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
En cada institución se requiere un Oficial de Cumplimiento en lo relativo a estas acciones.
A ello se agrega un Comité de Prevención.
Es preciso contar con herramientas de detección, monitoreo y reportamiento de todas las operaciones inusuales. Es obligación de un banco informar a la UAF de cualquier antecedente sospechoso.
Se necesita una especial selección del personal que se dedique a estas labores.
Y, finalmente, tiene que haber una auditoría anual y permanente de todos los procedimientos.
Es por eso que hoy día simplemente se bloquea -repito- cualquier operación sospechosa.
A mí me parece sumamente sensato lo acordado en relación con el proyecto. No es razonable que ni el Servicio de Impuestos Internos ni la Unidad de Análisis Financiero accedan, sin pasar por un tribunal de justicia, a la información de un cliente.
Deseo recordar que además existen las herramientas provenientes de tratados internacionales, las cuales obligan a todos los bancos que operan en Chile a contemplar medidas sumamente estrictas para prevenir los actos que a usted, señor Presidente, y a mí nos preocupan, como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Es decir, creo que nos hallamos razonablemente cubiertos.
Por supuesto, es preciso estar siempre vigilantes, pero las normas chilenas cumplen razonablemente hoy día, sumadas a esta modernización del sistema, con el propósito de librarnos del flagelo de los delincuentes que usan a nuestra banca.
Dicho lo anterior, voto a favor, naturalmente.
El señor MONTES (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Pugh.
El señor PUGH.- Señor Presidente, precisamente en 2018 se cumplen treinta años del primer acuerdo, en Basilea, Suiza, que permitió a los bancos disponer de una forma de garantizar un capital mínimo con que deben contar para enfrentar crisis financieras.
De ahí viene el por qué es tan relevante comprender qué significa estar en Basilea III. Ya no se trata de Basilea I, de treinta años atrás; pero registramos un atraso de diez años en que nuestro sistema financiero sufrió una serie de situaciones que vemos hoy día tal vez representadas por lo que el Foro Económico Mundial determinó como riesgos globales del año en curso.
Por primera vez, y después de 18 informes, cabe consignar que, entre las primeras cuatro contingencias que enfrenta el mundo, las dos iniciales son de origen natural: los eventos climáticos extremos y los desastres naturales, a las que se agregan los ciberataques, donde la banca quizás es la más afectada, y el fraude o el robo de identidad, que también repercute en ella.
En consecuencia, lo que hace Basilea III es precisamente señalar a los bancos que los riesgos, cuando están presentes y no se hallan provisionados, van a requerir una cantidad necesaria de recursos para poder enfrentar las amenazas. Eso es lo que no teníamos este año. Por tal razón, es muy conveniente adecuarnos a las prácticas mundiales.
Basilea III nos da la base, entonces, para saber por qué es tan importante adecuar la Ley de Bancos. Pero igualmente lo es entender por qué el lavado de activos constituye quizás el peligro más importante para las democracias, pues genera corrupción. Esa es la forma en que se comienza a destruir una sociedad.
La norma internacional de los diez mil dólares se halla presente en todo. Incluso, cuando uno viaja en avión debe declarar que no porta más de esa suma en efectivo. No es solo un asunto de los bancos. El lavado de activos es, sin lugar a duras, el inicio de cuanto viene después, porque sobre la corrupción se instalan el crimen organizado, el narcotráfico o el terrorismo.
En este sentido, el Ministerio de Hacienda -como se encuentra presente su titular, lo saludo por su intermedio, señor Presidente- tal vez ostenta una de las organizaciones de inteligencia más significativas con que cuenta el país: la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que nació a finales de 2003, dándole la oportunidad de poder detectar operaciones sospechosas. El reporte respectivo (ROS) permite precisamente identificar de forma temprana actividades que comienzan a llamar la atención.
Es interesante, entonces, analizar cómo nuestra estructura se empieza a perfeccionar. Unos meses después, en 2004, se dictó la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia, que exhibe una característica especial: nadie puede interferir una comunicación privada sin la autorización expresa de un Ministro de Corte de Apelaciones. Para tal efecto, dos de ellos se encuentran disponibles en estos tribunales, donde hay algunas de las autoridades definidas por dicho cuerpo legal.
La separación de los poderes Ejecutivo y Legislativo es fundamental para el control, de tal manera de garantizar a la ciudadanía la protección de sus datos personales. El Congreso ha decidido en el presente año una modificación constitucional con este último objetivo. Y estamos discutiendo un proyecto tendiente a crear una agencia que lo garantice.
En tal sentido, es importante tener eso en la mente.
El secreto bancario existe. Ello es bueno. ¿Hasta dónde? Hasta que se pueda demostrar una presunción cierta de que está ocurriendo un ilícito. Y se requiere la autorización de una autoridad judicial.
La comunidad de inteligencia, entonces, se está transformando. El Ejecutivo, para poder integrar en ese ámbito más actores que los que actualmente contribuyen, está preparando también una nueva forma. Uno de ellos es precisamente la UAF.
El articulado en examen está adelantando trabajo, de tal manera de generar mecanismos de control que les garanticen a todos que en Chile no se efectuará lavado de activos y se evitarán la corrupción y la instalación sobre ello del narcotráfico, del terrorismo y del espionaje.
Pero lo anterior es imposible sin el acceso a la información. Tiene que existir, por lo tanto, un balance adecuado, y el proyecto lo proporciona. Por eso, encuentro que el texto se halla muy bien equilibrado, estructurado, y que coloca a Chile en la vanguardia de cómo se deben ejercer estas relaciones.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, la iniciativa es un avance en el sentido de adaptar nuestra legislación a estándares internacionales acordados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en su tercera versión y cuyas propuestas fueron publicadas en el año 2010.
El objetivo del articulado es la prevención de los episodios de inestabilidad y crisis, aumentándose las exigencias de existencia de capital de los bancos. La idea es que estas eventualidades sean absorbidas en mayor proporción por fondos propios en vez de los recursos del Estado y de las personas. De esta manera, se distribuye el riesgo hacia los accionistas o dueños, y no hacia los contribuyentes y depositantes.
Las grandes crisis financieras, como la reciente del 2008, han demostrado que las pérdidas se socializan (las asume el Estado y la gente al recortar el gasto social) y las ganancias se privatizan. Así se da un efecto chantaje de los grandes bancos, que muchas veces se comportan irresponsablemente generando condiciones de crisis, ante lo cual el Estado debe ir en su rescate para evitar la inestabilidad del sistema financiero.
"Demasiado grandes para dejarlos caer", dice la literatura económica.
Por otra parte, la tendencia mundial es ir levantando el secreto bancario.
El proyecto original era tímido en ello, pero al menos establecía mayores atribuciones al Servicio de Impuestos Internos y a la Unidad de Análisis Financiero para solicitar información a los bancos respecto a sus clientes sobre materias sujetas a reserva (aquellas que no constituyen ni depósitos ni captaciones), mediante una presunción de acuerdo que se entendía de interés legítimo y con la cual no era previsible un daño patrimonial al cliente respecto a ciertas operaciones. Para obtener esa información hoy día es necesario solicitar una autorización judicial, por lo que el artículo original permitía procedimientos más expeditos.
Sin embargo, en la Comisión de Hacienda del Senado eso se modificó mediante una indicación del Ejecutivo, sujetándose la solicitud de información siempre a autorización judicial y cambiando las atribuciones de la Comisión para el Mercado Financiero.
Nos parece que era más adecuado lo aprobado previamente por la Cámara de Diputados.
Por otra parte, el Grupo de Acción Financiera Internacional ha recomendado que las unidades de análisis financiero cuenten con las herramientas suficientes para llevar adelante su trabajo, incluyendo la autonomía para analizar, solicitar, comunicar y revelar información específica. El objetivo es entregar herramientas al Estado para detectar eventuales delitos tributarios y otros, como el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.
Por tal razón, votaré en contra de la modificación propuesta por la Comisión de Hacienda contenida en el número 108 del artículo 1.
En todo lo demás me parece que la iniciativa es positiva y favorable.
Queda pendiente una discusión de fondo no en esta materia de ley, sino sobre la necesaria democratización del sistema financiero y la diversidad de entidades (debidamente reguladas) que tengan una lógica distinta a la de la especulación financiera, poniendo el sistema en este ámbito al servicio del desarrollo económico real, productivo y local.
En el mundo que llamamos "desarrollado" existen muchas entidades denominadas "de finanzas éticas", "solidarias", que privilegian las inversiones con criterios de sostenibilidad ecológica, social y también económica, donde las personas saben lo que el banco hace con su dinero de manera transparente.
Tales instituciones mantienen criterios internos éticos, por lo que no invierten el dinero de sus contribuyentes, de los que ahorran, en empresas que sean altamente contaminantes, con malas prácticas laborales, o que han sido sancionadas por faltar a normas tributarias o por no respetar a los consumidores. Prefieren invertir en entidades y empresas responsables, con criterios éticos y sostenibles.
Ese modelo existe en el mundo -en Chile todavía no-: la legislación lo permite, el Estado lo regula y la sociedad posee una mayor diversidad de opciones para ahorrar e invertir su dinero, de tal manera que pueda contribuir al bien común, y no solo desde una lógica de especulación financiera.
Esa es una materia pendiente, que queda para un debate posterior.
Respecto de la iniciativa en análisis, estamos avanzando en la adecuación de nuestros estándares a la tendencia internacional en cuanto a la regulación del sistema financiero.
El señor MONTES (Presidente).- Señor Ministro, le ofrezco la palabra.
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero valorar el trabajo que se hizo en la Comisión de Hacienda del Senado, que se reunió durante un par de meses para conciliar las distintas posiciones existentes, logrando avanzar a un acuerdo en materias importantes, lo que por mucho tiempo había sido difícil.
La aprobación muy mayoritaria -en algunos puntos, unánime- refleja el esfuerzo que se hizo a través de los equipos técnicos de una buena parte de los parlamentarios que participan en dicha instancia.
Mencionaré algunos temas que han surgido en esta discusión.
El presente proyecto viene a actualizar la normativa vigente en Chile desde 1997. O sea, hace 21 años que no hemos introducido cambios en nuestra legislación bancaria. En esa época transitábamos hacia los principios de Basilea I. Hoy día toda la Unión Europea y diversos países -incluso de Latinoamérica- adhieren a Basilea III.
Esta propuesta legislativa mejorará en forma significativa la competitividad de nuestra industria financiera, de los bancos chilenos; va a facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento, más diversificadas, de menor costo y mayor plazo, y ayudará al crecimiento económico del país.
También contribuirá al proceso de internacionalización de la banca nacional al elevar los estándares de capital, pues para competir fuera de nuestro país se requieren estándares que los competidores extranjeros ya han adoptado.
Asimismo, creo que es importante mencionar que diversos organismos, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han insistido en la urgencia de realizar una modernización a nuestra legislación bancaria. También, como lo han mencionado varios Senadores, el propio Banco Central de Chile ha relevado la importancia de avanzar en este ámbito.
Hay grandes ítems en esta agenda.
Lo primero, mejorar la institucionalidad del regulador bancario. No me voy a extender al respecto. Basta señalar que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras se incorporará a la Comisión para el Mercado Financiero. Habrá un período de transición para que ello ocurra, pues resulta importante.
Existen nuevos requerimientos de capital en Basilea III: pasan de 8 a 10,5 por ciento los activos ponderados por riesgo en la base, y se establecen requisitos adicionales para aquellos bancos que pueden significar un riesgo sistémico en caso de fallar.
Este es un segundo elemento muy relevante.
Además, se dispondrán herramientas de regularización temprana de capital para los bancos que presenten problemas.
Esas son las cosas más importantes para consolidar un sector financiero que esté de acuerdo a los últimos avances en materia regulatoria a nivel mundial.
Señor Presidente, quiero referirme a dos situaciones que se han planteado en este debate.
La primera, que se ha conversado bastante y ha generado gran discusión, es cómo abordar lo relativo a la reserva bancaria.
En Chile se hace lo mismo que en muchos países: la entidad especializada regulatoria (en este caso, la Comisión para el Mercado Financiero) realiza también el control preventivo. Es decir, la prevención recae en el órgano que regula al sector.
¿Por qué opera así? Porque el regulador es justamente el que tiene el mayor conocimiento de las instituciones que están a su cargo.
Pero si esa entidad detecta alguna irregularidad -por ejemplo, lavado de dinero-, está obligada a informar a la Unidad de Análisis Financiero y compartir información sujeta a reserva. ¡Está obligada a compartir información sujeta a reserva!
En ese caso, la UAF inicia una investigación y, a partir de entonces, tiene acceso total a dicha información.
Entonces, el sistema de control preventivo en manos del regulador sectorial y el posterior acceso a la información de la entidad equivalente a nuestra Unidad de Análisis Financiero es algo que ocurre en muchos lugares, incluso en Estados Unidos.
Por lo tanto, aquí no se están menoscabando las posibilidades de la UAF de detectar el lavado de activos, sino que, de alguna manera, se está estableciendo un sistema que permite conjugar la protección de la información y los datos financieros con nuestras obligaciones internacionales.
En la realización de este trabajo nos ayudaron el Servicio de Impuestos Internos y la Unidad de Análisis Financiero. Lo hicimos con ellos y también, por supuesto, con la Comisión para el Mercado Financiero, entidad que está en condiciones de aceptar y tomar las responsabilidades que le entrega esta nueva ley, en caso de ser aprobada.
Señor Presidente, hay algo que, por lo que escuché, no se comentó. Me refiero a la excepción de no notificación al titular cuando se desarrolle una investigación. Esto significa que, cuando se juzgue que tal acción pudiera entorpecer las pericias o fuera algo urgente, no se notifique al titular de la cuenta que está siendo investigado.
A mi juicio, la iniciativa que nos ocupa, tal como está, resguarda adecuadamente las preocupaciones que se han manifestado en esas dos vertientes.
Finalmente, hay un tema que usted mismo planteó, señor Presidente, en su intervención.
El proyecto de ley sobre transparencia incorpora la cláusula de acceso de la Controlaría a las cuentas de los organismos de la Administración del Estado. Ese asunto se planteó en el marco de esta discusión. Por razones de premura para que esta iniciativa se convierta en ley lo antes posible, el Ejecutivo juzgó más adecuado incluir tal cláusula en aquella propuesta legislativa. Sin embargo, no tenemos ninguna diferencia respecto del punto. Este tema queda contenido en el proyecto que ya ha iniciado su tramitación en la Cámara de Diputados.
El señor MONTES (Presidente).- A usted, señor Ministro.
Pasaremos a votar ahora distintas normas en particular.
En primer lugar, tenemos la votación separada que pidió el Senador señor Guillier.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, tal solicitud se refiere al número 44 del artículo 1 (página 69 del boletín comparado), para suprimir, en la primera oración del inciso tercero del artículo 49 bis de la ley, la expresión "de parlamentario,".
Se trata sobre la incompatibilidad para ser director de un banco.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La norma individualizada es de quorum orgánico constitucional. Por tanto, requiere para su aprobación 25 votos favorables.
Quienes estén a favor de la modificación introducida por la Comisión de Hacienda votan que sí.
Esto lo explicó en su minuto el Senador señor Coloma, en el sentido de que la norma ya está contemplada en la Constitución Política.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Han votado todas las señoras y señores Senadores?
--Se aprueba la supresión propuesta por la Comisión de Hacienda en el número 44 del artículo 1 del proyecto (29 votos a favor, 2 abstenciones y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Galilea, García, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvieron las señoras Provoste y Rincón.
No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto a favor del Senador señor Chahuán.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente votación, de acuerdo con el orden del proyecto, tiene que ver con la indicación que presentó el Ejecutivo y que la Sala aceptó incluir por unanimidad.
Es de quorum simple y busca sustituir el literal b) del numeral 54 del artículo 1 del proyecto, con el fin de modificar el inciso segundo del artículo 62 de la ley por el siguiente: "La Comisión, mediante norma de carácter general, establecerá las condiciones y modalidades necesarias para la implementación de esta clasificación. Tales normas deberán tratar en igual forma a los bancos que se encuentren en situaciones de características y naturaleza equivalentes. Del mismo modo, deberán considerar el cumplimiento de la normativa sobre infraestructura crítica de la información que, en materia de ciberseguridad, establezca la Comisión, con sujeción a la normativa legal vigente.".
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría unanimidad para aprobar esta indicación del Gobierno, solicitada por los propios parlamentarios?
El señor LETELIER.- Sí.
La señora EBENSPERGER.- De acuerdo.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora, señores Senadores, habría que ocuparse de las modificaciones que fueron aprobadas por mayoría en la Comisión de Hacienda.
En primer lugar, cabe señalar que la petición de votación separada del Senador señor Montes coincide con la norma de la letra b) del numeral 108 (página 207 del comparado), que fue aprobada por mayoría en la Comisión: 3 votos a favor (Senadores señores Coloma, García y Pizarro) y 1 en contra (Senador señor Letelier).
--Se aprueba la letra b) del numeral 108 del artículo 1 del proyecto (17 votos a favor, 12 en contra y 1 pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Provoste y Von Baer y los señores Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, Girardi, Huenchumilla, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval.
Votaron por la negativa las señoras Allende, Muñoz y Órdenes y los señores Bianchi, De Urresti, Insulza, Latorre, Letelier, Montes, Quintana, Quinteros y Soria.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto a favor de las Senadoras señoras Goic, Rincón y Van Rysselberghe y del Senador señor Chahuán.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, en la página 225 del boletín comparado, la Comisión de Hacienda propuso eliminar el ordinal iv -figura en la segunda columna- de la letra b) del numeral 4 del artículo 2 del proyecto.
Tal supresión se aprobó con los votos de los Senadores señores Coloma, Lagos y Pizarro. Se abstuvo el Honorable señor Letelier.
El señor MONTES (Presidente).- En votación la enmienda.
¿Quiere hablar, Senador Letelier?
El señor MOREIRA.- ¡No es necesario...!
El señor LETELIER.- No, señor Presidente.
--Se aprueba la supresión del ordinal iv de la letra b) del numeral 4 del artículo 2 del proyecto (26 votos a favor y 1 abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Letelier.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Chahuán.
Sigamos, señor Secretario.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente enmienda aprobada por mayoría está en la página 357 del comparado. La Comisión de Hacienda propone suprimir el artículo 10 por 4 votos a favor y una abstención.
Votaron por la supresión los Senadores señores Coloma, García, Lagos y Pizarro. Se abstuvo el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, sugiero que todas las votaciones que quedan se hagan de una sola vez.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acoger lo que plantea el señor Senador?
Es algo que también había propuesto el Honorable señor Coloma.
El señor LETELIER.- Mi abstención tiene que ver con el hecho de que no fui parte del acuerdo que se adoptó.
Todas esas normas guardan relación con elementos vinculados. La que se acaba de enunciar se refiere a la UAF.
El señor MONTES (Presidente).- Entonces, ¿habría acuerdo para que todas las enmiendas que restan se votaran en un solo acto?
El señor LETELIER.- Propondría que se acogieran de acuerdo con la votación anterior.
En el fondo, esto tiene que ver con las normas de transparencia.
El señor MONTES (Presidente).- En votación el conjunto de las otras normas.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se está votando la supresión del artículo 10 (página 357); la eliminación del artículo 12 (página 375), y el artículo decimosexto transitorio (página 396).
--Se aprueban las modificaciones propuestas por la Comisión de Hacienda ya individualizadas (25 votos a favor, 3 abstenciones y un pareo), y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvieron los señores De Urresti, Elizalde y Letelier.
El señor MONTES (Presidente).- Además, se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Chahuán, Girardi, Latorre y Soria.
El señor MONTES (Presidente).- A continuación figura en la tabla el Acuerdo de la Comisión Bicameral establecida en el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, relativo a la designación del integrante del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias correspondiente al cargo de ex Diputado.
--Los antecedentes sobre la proposición de la Comisión Bicameral figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 51ª, en 11 de septiembre de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión Bicameral deja constancia de que en enero de 2018 se aprobó el nombramiento de don Alfonso Vargas como integrante del referido Consejo, quien posteriormente fue designado Subsecretario de Agricultura, razón por la cual no asumió dicha función.
En atención a lo expuesto, el referido órgano, creado en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, acordó someter a la consideración de ambas Cámaras la propuesta para designar como integrante del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, en el cargo correspondiente a un ex Diputado, al señor Mario Bertolino Rendic, quien desempeñó la función parlamentaria entre los años 1998 y 2014.
Concurrieron con su voto favorable a este acuerdo los Senadores señores Bianchi, Girardi y Ossandón y los Diputados señores Jarpa, Lorenzini y Saldívar.
Cabe tener presente que la proposición de la Comisión Bicameral requiere 26 votos favorables para su aprobación.
El señor MONTES (Presidente).- Corresponde a los tres quintos de los Senadores y Diputados en ejercicio, aunque existe bastante acuerdo sobre el nombre planteado.
¿Les parece que abramos la votación inmediatamente?
La señora EBENSPERGER.- Sí, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Entonces, en votación.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Ha pedido la palabra el Senador señor Ossandón.
El señor OSSANDÓN.- Señor Presidente, solamente para aclarar un punto.
En la Comisión Bicameral aprobamos inicialmente la designación del ex Diputado Alfonso Vargas, pero, como este ingresó después a formar parte del Gobierno, quedó inhabilitado. Por eso se acordó reemplazarlo por el ex Diputado señor Mario Bertolino.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, me parece extraordinario el nombre que se ha propuesto. El ex Diputado Bertolino fue un gran representante de nuestra Región en la otra rama del Parlamento. Es una persona que posee un criterio que, sin duda, ayudará al complejo trabajo que realiza el Consejo de Asignaciones, tan poco querido y aceptado.
Quería dejar constancia de que la persona propuesta me parece excelente.
--Se aprueba la designación del señor Mario Bertolino Rendic como integrante del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, dejándose constancia de que se cumple el quorum legal exigido (28 votos a favor, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Letelier, Moreira, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Latorre.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Además, se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Chahuán, De Urresti e Insulza.
Boletín N° 11986-01
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En el cuarto y último lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Aravena y señor Ossandón, en primer trámite constitucional, que establece la obligación de etiquetar en los envases el origen y el tipo de leche y otros productos lácteos, con informe de la Comisión de Agricultura.
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.986-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señora Aravena y señor Ossandón):
En primer trámite: sesión 39ª, en 8 de agosto de 2018 (se da cuenta).
Agricultura: sesión 52ª, en 12 de septiembre de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es establecer la obligación legal de etiquetar, en los envases o botellas de leche o productos lácteos, el origen y tipo de leche que se va a consumir. Para ello, define qué se entiende por leche y la clasifica en natural, reconstituida y recombinada, utilizando la misma nomenclatura contemplada en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.
La Comisión de Agricultura discutió este proyecto solamente en general, a fin de otorgar a Sus Señorías la oportunidad de perfeccionar y enriquecer la iniciativa con ocasión del segundo informe. Y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señoras Aravena y Rincón y señores Castro y Elizalde.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 19 y 20 del informe de la Comisión.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En discusión general el proyecto.
Tiene la palabra la Senadora señora Aravena, una de las autoras de la moción.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Agricultura, vengo en presentar el proyecto de ley que establece la obligación de etiquetar en los envases el origen y el tipo de leche y otros productos lácteos.
Esta iniciativa legal, de la cual soy coautora, tiene por objeto entregar mayor información y transparencia a la población respecto de la calidad, el contenido y el tipo de leche que consume. Para ello, consagra la obligación legal de etiquetar en los envases o botellas de leche o productos lácteos el origen y tipo de leche que se va a consumir. Para tal efecto, define qué se entiende por leche y la clasifica en natural, reconstituida y recombinada, utilizando la misma nomenclatura establecida en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.
Al respecto, cabe tener presente:
-Que actualmente esta materia sí está regulada a nivel reglamentario. En particular, se rige por el Reglamento Sanitario de los Alimentos y por el Reglamento de Rotulación de Productos Alimenticios Envasados, contenidos, el primero, en el decreto N° 977, de 1966, del Ministerio de Salud, y el segundo, en el decreto N° 927, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
-Que no parece apropiado que las infracciones y las sanciones que regulan una determinada actividad económica sean establecidas por un reglamento, sino que deben serlo por ley. De esta forma, el proyecto pretende elevar la jerarquía de esta normativa, cumpliendo así con las disposiciones básicas del Orden Público Económico y del Derecho Público.
-Que en las dos sesiones que la Comisión dedicó al estudio de esta iniciativa se recibió en audiencia a diversas autoridades y representantes del sector, en particular al Director y al Jefe del Departamento Regulatorio de la Dirección General de Relaciones Económicas Internaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; al Asesor Jurídico del Ministerio de Agricultura; al Presidente de FEDELECHE; a la Asesora de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, CONADECUS, y a los representantes de NESTLÉ Chile S.A., SOPROLE S.A., COLÚN y el Consorcio Lechero.
-Que, en términos generales, los invitados estuvieron contestes en aprobar esta propuesta legislativa; no obstante, manifestaron algunas observaciones para mejorar su texto.
-Que el Jefe del Departamento Regulatorio de la Dirección General de Relaciones Económicas Internaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, del cual Chile es parte, genera la obligación internacional de notificar a la OMC y a sus Estados miembros de los proyectos de reglamento técnico que el país quiera aprobar, como sucede con esta iniciativa, disponiéndose un plazo prudencial de consulta pública no inferior a los sesenta días para que los socios comerciales puedan establecer observaciones o consultas. En sintonía con lo anterior, dio cuenta de que el pasado viernes 31 de agosto se cumplió con la obligación de consultar esta normativa al referido organismo internacional y de que ahora se está a la espera de que transcurra el plazo de sesenta días para el término de la gestión.
-Que el proyecto aprobado en general por la Comisión consta de un artículo permanente y de una disposición transitoria.
En efecto, el artículo único agrega tres artículos al Código Sanitario, que en lo medular:
a) Define el término leche, siguiendo al Codex Alimentarius de la OMS y de la FAO y al Reglamento Sanitario de los Alimentos;
b) Incluye la clasificación de la leche y distingue entre leche natural, reconstituida y recombinada;
c) Establece la obligación de que las botellas o envases de leche líquida que se vendan al público contengan una etiqueta o rotulado en su parte frontal y cerca de la marca que señale en forma clara el tipo de leche, indicando además el origen, entendiéndose por tal el país en donde se ordeñó.
d) Prohíbe catalogar como leche a un producto que no sea de origen animal.
e) Sanciona las infracciones a la presente ley de acuerdo a lo establecido en el Libro X del Código Sanitario.
f) Incorpora la definición de "producto lácteo".
Por su parte, la disposición transitoria dispone que la presente ley entrará en vigencia transcurridos nueves meses desde su publicación en el Diario Oficial, con lo cual se cumple con el plazo de seis meses establecido por la OMC para su implementación.
Por todo lo anterior, la unanimidad de los miembros presentes en la Comisión (Senadores señora Rincón, señores Castro y Elizalde y quien habla) aprobó la idea de legislar del proyecto de ley en estudio con el fin de mejorar su texto legal y recoger algunas de las observaciones formuladas por los invitados durante su estudio en particular.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Los Senadores de las Regiones de Los Ríos y de Los Lagos han pedido la palabra.
El señor PÉREZ VARELA.- ¡Ahí está la leche!
¿Les parece abrir la votación?
El señor QUINTEROS.- Conservando el mismo tiempo de las intervenciones, no tendría problema, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Por supuesto.
Entonces, en votación general el proyecto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, este proyecto de ley, que establece la obligación de etiquetar en los envases el origen y el tipo de leche, constituye una iniciativa especialmente necesaria, pues permitirá transparentar el tipo de productos que al día de hoy se están comercializando bajo el rótulo de leche a lo largo de todo el país y que, al mismo tiempo, permite poner en valor la producción lechera nacional, asentada especialmente en el sur de Chile.
El país necesita contar con una normativa que estandarice el tipo de información que deben presentar los envases de productos lácteos y que garantice el derecho de los consumidores en cuanto a saber qué están comprando cuando llevan una caja de leche a sus hogares.
Esta moción, a cuyos autores felicito, se hace cargo de una demanda que por años ha estado presente en la agenda de los productores lecheros del sur de nuestro país.
Sabemos que la situación que ellos viven a diario no es siempre positiva; que han debido enfrentar históricamente dificultades en la fijación del precio de su producto; que compiten muchas veces en desigualdad de condiciones con los grandes conglomerados de la industria láctea, y que deben hacerse espacio entre productos importados a muy bajo costo.
En los últimos años se ha venido presentando un notorio incremento de las importaciones de leche extranjera, las que aumentaron de un 24,2 por ciento, el año 2015, a un 41,7 por ciento, el 2017. Tal como señaló el Presidente de la Federación Nacional de Productores de Leche (FEDELECHE), don Eduardo Schwerter, durante la discusión del proyecto en la Comisión de Agricultura, el 80 por ciento de la leche en polvo entera que se comercializa hoy en nuestro territorio es importada.
Adicionalmente, solo el año 2017 se importaron 830 millones de litros de leche. Esta cifra, que quizás sea difícil de dimensionar, equivale a 1,3 veces la producción láctea del mismo año de la Región de Los Ríos, al 87 por ciento de la producción anual de la Región de Los Lagos, y al 33 por ciento del consumo nacional de productos lácteos. Si todos esos litros de leche que se importan se quedan en Chile, podemos afirmar entonces que uno de cada tres productos lácteos que se venden en el país es elaborado con leche extranjera.
¿Saben los consumidores que la leche o los productos lácteos que están comprando no tienen origen nacional? Probablemente, la mayoría desconoce su procedencia porque, en mayor o menor medida, todas las empresas que comercializan lácteos en Chile usan y abusan de la imagen del sur de nuestro país para promocionar sus productos y asimilarlos a un estándar de reconocida calidad.
Eso no puede seguir ocurriendo. Hoy, más que nunca, es imprescindible que el consumidor sepa de dónde viene la leche que está comprando: si es chilena; si viene de Argentina o Brasil; si es natural, reconstituida o recombinada.
Detrás de todo esto hay un hecho de fondo que resulta insoslayable, que es la necesidad de proteger nuestros productos y de alentar a quienes, con trabajo y dedicación, empujan muchas veces contra la corriente a la industria láctea nacional.
Recientemente fuimos testigos de una dura pugna entre las empresas transnacionales y las cooperativas locales, a las que se acusa, injustamente, de aprovecharse de su condición en el mercado. Efectivamente, las cooperativas no se rigen por las mismas reglas que regulan el funcionamiento de una gran compañía, sencillamente porque desde su origen operan de modo distinto.
Sin embargo, lejos de constituir un privilegio, como lo han sostenido algunos grandes empresarios de la leche en los últimos días, se trata de una fórmula que garantiza equidad.
Emparejar la cancha no consiste en bajar las exigencias para los más poderosos, sino en garantizar que los más pequeños tengan oportunidades concretas de competir en determinados mercados.
El proyecto que analizamos hoy apunta también en esa dirección. Al establecer una norma clara de etiquetado, estamos contribuyendo a emparejar la cancha, toda vez que se genera el marco para una competencia más equitativa, en tanto los productores tendrán la obligación de detallar en sus envases las características de aquello que están vendiendo.
Ya no se podrá omitir en el envase información elemental, como suele ocurrir en la actualidad, ni será posible comercializar como lácteos productos que no son tales, como determinadas bebidas de coco, almendra o soya que hoy se venden bajo la etiqueta de leche.
La decisión de compra siempre estará en manos de los consumidores. El precio final, claro está, es importante, pero también lo es que a la hora de adquirir algo tan elemental como un litro de leche dispongamos de toda la información necesaria para que dicha decisión sea la más adecuada.
Es lo mínimo que les debemos a los consumidores, y a los productores, que empeñan sus mejores esfuerzos en generar productos de calidad y que muchas veces ven su trabajo frustrado por una competencia que aprovecha en su beneficio vacíos legales como el que ahora estamos trabajando por revertir.
Por todo lo anterior, señor Presidente, mi voto es favorable al proyecto.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra el Senador señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, la verdad es que la Región de Los Lagos, que represento, es importante productora de leche. Y en ella hemos tenido muchas dificultades, sobre todo con el denominado "caso del precio de la leche". De ahí que sea pertinente señalar que con las organizaciones gremiales hemos estado reuniendo los antecedentes y los requisitos para que el Gobierno, con el aporte del Ministerio de Agricultura, estudie la posibilidad de establecer una salvaguardia, porque verdaderamente el mundo de la agricultura, y especialmente el de la leche, han estado sufriendo bastante en el último tiempo.
El mayor número de plantas lecheras se concentra, precisamente, en la Región de Los Lagos y en la de Los Ríos. Y la producción de leche sirve de base de sustento a miles de habitantes de nuestra zona y del país. Más del 85 por ciento de la producción lechera se vende como leche líquida.
Como sector productor, nos interesa profundamente proteger nuestro producto y que el público sepa lo que está consumiendo.
¡Ese es el objetivo!
Efectivamente, hoy en día existen normas a nivel reglamentario que definen lo que debemos entender por leche y sus derivados. Pero esto no es suficiente. En los últimos meses hemos sido testigos de una polémica donde se mezclan y se confunden conceptos como leche reconstituida y leche recombinada, así como el origen de la leche que ciertas marcas nos ofrecen a diario.
Es comprensible, entonces, la preocupación, y por ello es preciso legislar. Efectivamente, existe la necesidad de legislar, y así lo han entendido los gremios de la leche, los agricultores de nuestra Región: FEDELECHE, APROLECHE, que son organizaciones activas, representativas del mundo lechero.
Y tal necesidad legislativa se plasma en esta buena iniciativa.
Entendemos que la Cámara de Diputados tramita un proyecto de similar tenor, que podemos considerar complementario a lo que contiene esta iniciativa que hoy votamos en general.
Es importante puntualizar que el sector lechero ha buscado desde hace más de 15 años que se regule de mejor manera el área y se mantenga informado al consumidor respecto de qué está comprando y las características del producto. La información es vital para el consumidor.
Hoy en día el 80 por ciento de la leche en polvo entera es importada. Y se ha producido un fuerte aumento en los últimos años: Chile pasó de ser un exportador de leche a importar 830 millones de litros al año, según una estadística de 2017.
El público consumidor desconoce esta realidad. De hecho, se ha sorprendido al saber que, en su mayoría, la leche que consume diariamente no es de origen nacional.
La denominación "leche" debe ser protegida y se ha de impedir su uso para otros productos como los derivados de plantas o frutas.
Así también, es importante informar a la ciudadanía, al público consumidor el origen de la leche que consumen los chilenos, como asimismo si la leche líquida que se vende ha sido sometida a algún tipo de procedimiento.
Es muy necesario legislar para proteger a nuestros productores regionales e informar a los consumidores a nivel nacional. La iniciativa busca, precisamente, ambos fines. Informar al consumidor es un deber del productor y un derecho del consumidor.
Será necesario precisar en la tramitación de este proyecto qué se entiende por "leche" y sus características; qué ocurre en los casos donde su origen corresponde a dos o más países, y qué se entiende por "leche reconstituida" o "combinada".
Estamos seguros de que el consumidor sabrá apreciar y preferir la industria nacional, como hasta ahora lo ha hecho. Pero esta es una tarea que requiere regulación, una ley consolidada con el aporte de otros proyectos -como el de la Cámara de Diputados-, que extraiga lo mejor de ellos, y, en la tramitación de esta iniciativa parlamentaria, incorporar indicaciones para que tenga los efectos necesarios que espera el mundo lechero y, especialmente, los agricultores, los lecheros de la Región de Los Lagos.
Por eso, señor Presidente, en este primer trámite de discusión general de esta iniciativa, voto favorablemente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, en el último tiempo hemos tenido varias polémicas en torno a la venta de productos que dicen "leche" de manera destacada en el envase, pero que no son leche, sino bebidas vegetales, lo cual conduce a confusión al consumidor.
Es la misma confusión que se produce cuando uno cree que está comprando leche fresca y no reconstituida, es decir, que viene de una leche en polvo. En el fondo, es leche en polvo con agua.
¿Quiere decir que estos productos son de mala calidad o negativos para la salud de las personas?
No, pero sí creemos que es muy relevante que la ciudadanía, el consumidor, sepa qué está comprando. Y, sobre todo, es muy importante que los productores de nuestro país puedan comercializar el producto natural y que el consumidor sepa que está comprando leche natural.
En ese sentido, señor Presidente, yo felicito a los autores de este proyecto porque se hacen cargo de una problemática que existe hoy día en el mercado de la leche y que está afectando especialmente a la producción nacional. Y lo hacen de mejor manera que el proyecto que se tramita en este minuto en la Cámara de Diputados, y voy a explicar por qué.
Repito que quiero felicitarlos porque, como decía la Senadora Carmen Gloria Aravena, la iniciativa eleva a rango de ley un aspecto que hoy día está fijado por reglamento y, de esta manera, incrementa la capacidad de penalizar su incumplimiento.
El proyecto dispone, primero, que la etiqueta de los productos lácteos debe decir qué tipo de leche es, reconstituida o natural, cosa muy relevante a la hora de la compra.
Segundo, se tiene que establecer el origen de la leche, entendiendo por "el origen" el país en donde se ordeñaron las respectivas vacas. Esto también me parece muy positivo, porque el consumidor tiene derecho a saber si esa leche se produjo en Chile o en otro país.
¿Esto quiere decir que la leche chilena es mejor que la leche extranjera?
Bueno, yo creo que sí, pero lo puede discernir el consumidor. Este va a tener la información necesaria para saber si esa leche fue producida en Chile, en el campo sureño, o en otro país.
En ese sentido, vamos a descartar el problema inicial que yo planteaba: que exista la confusión -considero que es uno de los temas más graves que se ha producido- entre la leche y una bebida vegetal cuyo envase dice en forma destacada "leche", pero que no es un producto lácteo.
Por último, el proyecto también establece que cuando se trate de una mezcla de distintos tipos de leche se tendrá que indicar qué tipos de leche componen el producto que uno está comprando, indicando el porcentaje de cada componente.
Este último punto fue probablemente uno de los más criticados en la Comisión, y la razón es que las empresas que reconstituyen leche y las que venden leche importada la traen de distintos países según la estacionalidad. Y ellos señalan: "Si yo hago una etiqueta en la que tengo que detallar el porcentaje de leche que viene de cada origen, tendré que cambiar permanentemente la etiqueta según vaya avanzando el año".
Creo que en la discusión en particular podemos solucionar el problema, pero yo seguiría manteniendo la exigencia de que la etiqueta diga cuál es el origen de la leche, nacional o extranjera, y de qué país viene, aunque la proporción vaya variando.
Ahora, yo quiero hacer una prevención respecto a un punto que tiene que ver con las ideas matrices, pues en el fundamento del proyecto se señala que tiene como objeto otorgar "transparencia a la población", lo que me parece perfecto. Pero se agrega: "respecto de la calidad".
Reitero que esto no figura así en la iniciativa; solo está en las ideas matrices. Mi interés es únicamente hacer una prevención.
En la iniciativa que viene de la Cámara de Diputados se utilizó también el concepto de "calidad", y se intentó definirlo. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la producción de queso, se puede establecer que uno de calidad es elaborado exclusivamente con leche fresca. Pero la verdad es que tenemos tantos tipos de quesos, que se producen con tantos tipos de leches distintas, que puede ser que un queso de muy buena calidad no sea producido con leche fresca.
¿Qué quiero decir con esto? Que me parece perfecta la transparencia; que se sepa si se trata de leche reconstituida o de leche fresca y que se conozca su origen, a fin de que el consumidor pueda realizar una compra de manera absolutamente informada. Sin embargo, si utilizamos el concepto de "calidad" estamos entrando en un terreno que puede ser muy complejo para nuestra propia industria láctea. Me refiero a la chilena, a la que se genera acá, no a la que se trae de afuera. Porque los distintos productos que elaboramos son muy diversos y la creatividad del ser humano es infinita.
Entonces, si nosotros utilizamos en una ley el concepto de "calidad" y lo amarramos a una cierta proporción de tipos de leche, puede que tengamos una leche que no sea fresca, pero que sea nacional, que esté en ese producto lácteo. Y hacia adelante no tengo idea de qué cosas vamos a inventar.
Por tanto, quiero hacer esa prevención, señor Presidente: no definamos por ley lo que es "calidad". En este proyecto, que está sumamente bien enfocado, debiera simplemente establecerse la obligación de decir de dónde viene la leche y qué tipo de leche es, para que la podamos diferenciar completamente de una bebida vegetal.
Un segundo punto en el que debemos tener cuidado también dice relación con que hoy día el Reglamento efectivamente establece que la leche tiene que venir de "vacas sanas". Pero ocurre que la definición de una vaca sana puede ser muy amplia o muy restrictiva. De hecho, se está buscando en la Contraloría cambiar el concepto de "vaca sana".
Yo estoy muy de acuerdo con el proyecto de ley. Lo voy a votar a favor. Creo que es una muy buena iniciativa, pero quería hacer esas dos prevenciones para la discusión en particular, señor Presidente, y espero no haberlos aburrido con un discurso sobre vacas y calidad de la leche...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Señora Senadora, usted representa a la región que probablemente es la que tiene mayor producción de leche.
Ahora, me queda una duda: ¿es solamente leche de vaca? Como han pedido la palabra representantes de la zona norte, me imagino que se referirán a la leche de cabra... ¿Por qué no?
El señor DURANA.- O de camélidos...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Claro, también.
Bueno, tiene la palabra el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, quiero destacar que esta iniciativa legal permitirá que Chile pueda cumplir plenamente con las directrices que han sido dadas en esta materia por la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entidad que conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud aprobó, en el año 1958, el Código de Principios referentes a la Leche y a los Productos Lácteos.
Ambas entidades establecieron en el año 1963 el denominado "Codex Alimentarius", que contiene directrices para todos los gobiernos, para la industria de alimentos, para los comerciantes y consumidores, destinadas a proteger la salud de estos últimos y precautelar las prácticas leales en la industria de alimentos.
Este proyecto de ley circunscribe el término "leche" al "producto de la ordeña completa e ininterrumpida de vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, exenta de calostro".
En seguida, menciona, con relación a las que denomina "leches de otros animales", que estas últimas deberán denominarse "según la especie de que proceden, como también los productos que de ellas se deriven".
En ese sentido, el proyecto restringe lo establecido por el Codex mencionado respecto de la denominación de leche cuando esta se origina en animales que no son vacas.
Este hecho debiese ser enmendado en la tramitación de la ley, puesto que la leche producto de animales que no son vacas constituye en varias de las regiones del norte la principal, y a veces única, producción lechera.
En la Región de Arica y Parinacota, y especialmente en esta última provincia, la producción lechera, en escala muy pequeña comparada con la producción nacional, pero de gran significación para los pueblos del altiplano, es de origen caprino, principalmente.
Si hoy estamos trabajando en un plan especial en la provincia de Parinacota, en donde una de sus áreas de desarrollo es la protección de la ganadería camélida, es sumamente importante y conveniente que este proyecto de ley recoja las distintas realidades regionales en relación con el origen de la leche, para, de esa forma, proteger integralmente a los consumidores de nuestro país en las distintas variedades de la producción láctea.
Comparto lo señalado por otro señor Senador en cuanto a que es necesario que esta nueva norma contemple también la denominación que debe darse a las hoy mal llamadas "leches vegetales", las cuales constituyen derivados de diversos vegetales y tienen una importancia creciente en la nutrición mundial. Entre ellas, se cuentan productos que derivan de la soya, las almendras, el arroz, la avena, el coco.
Señor Presidente, concurro con mi voto favorable.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, deseo sumarme a las palabras de quienes celebran que, en buena hora, se esté discutiendo una iniciativa legal que permite precisar qué se denomina "leche" y, en definitiva, etiquetar los envases y señalar el origen de este producto.
Desgraciadamente, en la industria alimentaria en general, y particularmente en la láctea, existe un abuso enorme respecto del consumidor y también de los productores, porque aquí hay una cadena de valor que no se está respetando. Hoy en día tenemos en muchas de las regiones lecheras del sur -en La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y, por qué no decirlo, en Biobío y en Ñuble también- una enorme presión desde el punto de vista del precio que se le paga al productor.
Se suma a lo anterior una polémica que creo muy perjudicial y que surge al objetar la estructura organizacional especialmente de quienes se han constituido como cooperativas. Hace un par de semanas hicimos un importante seminario a propósito del sistema cooperado en Chile, no solo de industrias lácteas, sino de distinta naturaleza: de crédito, de consumo, productivas, agrícolas. Ellas nos demuestran que existe ahí un germen de asociatividad, de distribución de utilidades, de valorización del trabajo por sobre el capital, a través de una estructura absolutamente innovadora, moderna y, sobre todo, solidaria.
Es importante que este debate se dé ahora y creo que los autores de la iniciativa han apuntado en la dirección correcta, en primer lugar, al establecer claramente los tipos de leche.
El artículo 105 bis propuesto, señala: "La leche sin otra denominación, es el producto de la ordeña completa e ininterrumpida de vacas sanas, bien alimentadas y en reposo, exenta de calostro. Las leches de otros animales se denominarán según la especie de que proceden, como también los productos que de ellas se deriven.".
"La leche se clasifica en:
"a) Leche natural: es aquella que solamente ha sido sometida a enfriamiento y estandarización de su contenido de materia grasa antes del proceso de pasteurización o tratamiento a ultra alta temperatura (UHT) o esterilización;
"b) Leche reconstituida: es el producto obtenido por adición de agua potable a la leche concentrada o a la leche en polvo, en proporción tal, que cumpla los requisitos sanitarios y características establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, y su contenido de materia grasa corresponda a alguno de los tipos de leche señalados en el referido Reglamento. Deberá ser pasteurizada, sometida a tratamiento UHT o esterilizada, y
"c) Leche recombinada: es el producto obtenido de la mezcla de leche descremada, grasa de leche y agua potable en proporción tal que cumpla los requisitos sanitarios y características establecidas en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, y su contenido de materia grasa corresponda a alguno de los tipos de leche señalados en el referido Reglamento. Deberá ser pasteurizada, sometida a tratamiento UFIT o esterilizada.".
Considero que esta norma apunta a establecer una categoría, a poder saber qué estamos comprando. En definitiva, que cuando el ciudadano concurra a un supermercado o al negocio de la esquina y coja un envase este venga etiquetado para así poder saber de cuál de estas tres categorías es el producto. Y habrá diferenciación de precios y el consumidor podrá optar, pero no se generará la situación actual, que es absolutamente engañosa y tramposa cuando las marcas señalan que es leche natural y en realidad tiene alguna de las características mencionadas.
Además, hay que atender al origen. Hoy día, producto de la globalización, de la transparencia, necesitamos saber de dónde proviene la leche. Es importante tener una trazabilidad no solo desde el punto de vista sanitario, sino también respecto del origen, para saber qué se está consumiendo.
Eso es claridad.
En esa línea se avanzó en el etiquetado nutricional de los alimentos, que es una norma que ahora es estudiada a nivel internacional. Y uno sabe, y principalmente los niños, las personas diabéticas o quienes tienen determinadas enfermedades, qué se está consumiendo.
Eso es claridad; eso es transparencia.
Esto, en definitiva, es fomentar y premiar a aquellas empresas que producen leche natural. Y uno tiene ese convencimiento. La leche tendrá un precio adecuado y existirá una diferenciación que competirá de acuerdo con la calidad y la preferencia de cada uno.
Si bien estamos discutiendo en general el proyecto y vendrá la etapa de indicaciones, considero muy importante hacer referencia a lo que se consigna en la página 4 del comparado, principalmente en materia infraccional, en el último inciso del artículo 105 quáter: "Las infracciones al presente artículo serán sancionadas de acorde a lo establecido en el Libro X de este Código.". Se trata del Código Sanitario.
¿Qué se dispone en dicho Código?
Principalmente, en su artículo 174, que establece las sanciones y medidas sanitarias, indica: "La infracción de cualquiera de las disposiciones de este Código o de sus reglamentos y de las resoluciones que dicten los Directores de los Servicios de Salud o el Director del Instituto de Salud Pública de Chile, según sea el caso, salvo las disposiciones que tengan una sanción especial, será castigada con multa de un décimo de unidad tributaria mensual hasta mil unidades tributarias mensuales. Las reincidencias podrán ser sancionadas hasta con el doble de la multa original.".
Señor Presidente, lo vimos cuando legislamos...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se acabó su tiempo, señor Senador.
El señor DE URRESTI.- ¿Me concede un minuto adicional, señor Presidente?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Lo tiene, Su Señoría.
El señor DE URRESTI.- Como decía, lo vimos cuando legislamos en materia de colusión. Si no existen sanciones graves, que hagan desistir a quienes están detrás de esa conducta, estas no son efectivas.
Muchas veces las empresas dicen: "Prefiero pagar la multa, porque internalizo dicho costo en la ganancia que obtendré".
Al respecto, debe haber sanciones ejemplares, multas mayores y suspensión o clausura temporal del establecimiento.
Quienes están engañando a la población, principalmente en materia de leche -estamos trabajando para darle un rotulado y clasificarla-, deben recibir una sanción distinta.
Calculada la unidad tributaria mensual a 47.920 pesos, estamos hablando de multas de entre 4 mil 700 pesos y 47 millones de pesos. Claramente, me parece que -lo hablábamos con la Senadora Aravena y con varios otros colegas- debemos buscar una fórmula para modificar esta norma.
Voto a favor. Y hago la prevención de que, en el modelo sancionatorio, se pueda subir el piso y el techo de la multa. Mil unidades tributarias mensuales son 47 millones. Ustedes entenderán que vender una leche como si fuera natural cuando en realidad era reconstituida claramente reporta una ganancia que es tremendamente favorable, pues al tratarse de leche de origen internacional puede comprarse a bajo costo, agregársele agua y venderse como leche natural. Entonces, en dichos casos deben existir medidas más efectivas para disuadir este tipo de conductas.
Ojalá que esta sea una señal clara para el mercado de la leche, para los productores y para los consumidores de los miles de litros que se toman año a año.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, en Antofagasta tampoco producimos leche, pero consumimos mucha, ¡sobre todo derivados como el cola de mono...!
Para comenzar, queremos felicitar a los autores del proyecto, por varias razones.
En primer lugar, porque la iniciativa busca dar transparencia al consumidor y al mercado. En nuestro país es habitual que consumamos productos sin conocer exactamente qué son ni sus características.
Y, en segundo término, porque responde a una demanda del propio gremio lechero, que por lo menos tiene una década y media. Hace unos 15 o 16 años vienen planteando algo tan obvio como lo es transparentar en el mercado de la leche las características de este producto, que es básico en la alimentación.
Por lo tanto, el objetivo de la iniciativa es establecer la obligación legal de etiquetar en los envases o botellas de leche o productos lácteos el origen y el tipo de leche que se va a consumir.
Para ello, se define qué se entiende por "leche" y se elabora una clasificación para diferenciar entre la leche natural, la reconstituida y la recombinada, utilizando una nomenclatura establecida en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.
Lo anterior responde también a los criterios aplicados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que fijan la norma general sobre el uso de términos lecheros relacionados con los alimentos, directamente leche o sus derivados, destinados al consumo o a la elaboración ulterior.
Esto da cuenta de la necesidad de que Chile se ponga a la par con otros países, no solo con los desarrollados, sino también con algunos de nuestro propio continente que han avanzado en la materia.
La experiencia extranjera revela que en la mayoría de los países el mercado de la leche se regula y, en consecuencia, el consumidor sabe exactamente lo que está consumiendo. Por lo mismo, se establece un carácter obligatorio y se definen por ley las infracciones y sanciones, que, aunque sean bajísimas, tienen un carácter simbólico y comunicacional. Violar una norma reglamentaria es una cosa, pero violar una ley es otra.
En consecuencia, desde el punto de vista del acceso al mercado y a la publicidad, esta iniciativa viene a hacer justicia con los distintos tipos de leche que ofrecen los productores.
Esto ya se ha explicado aquí, por lo que no es necesario dar demasiados detalles. Pero la gente sabe que hay una diferencia entre la leche natural; la leche reconstituida, en que se adiciona agua potable a la leche concentrada o en polvo; y la leche recombinada, que mezcla distintos tipos de leche, leche descremada, grasa de leche y agua potable en distintas proporciones. En nuestro caso, se cumplen más o menos ciertos reglamentos sanitarios, pero no es lo mismo.
La iniciativa que estamos tratando ayudará a aclarar la situación. Y, por lo tanto, el proyecto hace justicia con las demandas del propio gremio lechero nacional.
Recuerdo que hace algunas semanas se aprobó en el Senado la idea de legislar en materia de la carne que se produce en nuestro país y su tipificación, respondiendo a una demanda que nos planteaban los productores de carne de Osorno, Valdivia y localidades cercanas. Ellos también enfrentaban el mismo problema: las tipificaciones de las carnes extranjeras son distintas a las nacionales. Y los consumidores no saben eso, por lo que no están comprando productos de similar calidad y están pagando precios muy diferentes en unos casos y en otros.
En consecuencia, esta es una iniciativa que responde a una necesidad sentida de los productores lecheros y los trabajadores del sector. Y también es una forma de apoyar a la industria nacional.
--Se aprueba en general el proyecto (30 votos a favor y un pareo).
Votaron a favor las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Guillier, Huenchumilla, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Corresponde establecer un plazo para presentar indicaciones.
¿Qué fecha le parece apropiada, Senadora señora Aravena?
La señora ARAVENA.- En una semana más, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se fijará plazo para formular indicaciones hasta el 8 de octubre.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Por haberse cumplido su objetivo, levantaré la sesión, sin perjuicio de dar curso reglamentario a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia, a los fines de solicitarle URGENCIA PARA PROYECTOS SOBRE DEBER DE REGISTRO DE DOMICILIO Y PROHIBICIÓN DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE JUEGOS DE DESTREZA.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, con el propósito de pedirle información en torno a RECIENTE LANZAMIENTO DE "ESTAMPILLA, MATASELLOS, VOLANTE FILATÉLICO Y SOBRE DEL DÍA DE EMISIÓN DE EL LÍMITE EXTERIOR DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA ".
Al señor Intendente Regional, al señor Presidente del Consejo Regional, a la señora Gobernadora Provincial y al señor Alcalde de Valparaíso, al objeto de requerirles antecedentes acerca de APORTE DE RECURSOS EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS A EVENTO ANUAL EN VALPARAÍSO DENOMINADO "MIL TAMBORES".
Al señor Director Nacional de Aduanas subrogante, para consultar por OMISIÓN DE NÚMERO ÚNICO DE IMPORTADOR Y EXPORTADOR EN ESTADÍSTICA DE JULIO DE 2018 Y MERMA DE INFORMACIÓN POR SOLICITUD DE ELIMINACIÓN DE IDENTIFICACIÓN EN OPERACIONES ADUANERAS.
Del señor GUILLIER:
A la señora Ministra de Educación, requiriéndole ANTECEDENTES PARA ESTUDIO DE PROYECTO DE LEY SOBRE AULA SEGURA.
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de consultar acerca de EVENTUALES MODIFICACIONES PARA ELIMINAR INCOMPATIBILIDAD DE BENEFICIOS DE EXONERADOS Y EX PRESOS POLÍTICOS CON OTROS BENEFICIOS PREVISIONALES.
Y al señor Superintendente de Educación, para que remita diversos antecedentes respecto de SANCIONES CURSADAS POR APLICACIÓN DE ARTÍCULO 16 DE LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2015.
Al señor General Director de Carabineros de Chile, pidiéndole informar sobre PLANES DE REPOSICIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA RETENES Y CUARTELES POLICIALES DE REGIÓN DE AISÉN.
Al señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura, consultándole por CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROGRAMA "TRANSFERENCIA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA PESCA ARTESANAL XI REGIÓN".
Al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, solicitándole antecedentes acerca de CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE "PROGRAMA ESTRATÉGICO GANADERO PARA REGIÓN DE AISÉN".
A la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, a fin de que informe sobre CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROGRAMA "TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO COMPETITIVO DE LA PESCA ARTESANAL DE AISÉN".
A la señora Directora Nacional del Servicio Nacional de Turismo, con el propósito de que remita antecedentes relativos a CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROGRAMAS "SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGIONAL", "TRANSFERENCIA PARA EL APOYO A LA OFERTA TURÍSTICA", "ZONAS DE INTERÉS TURÍSTICO" Y "PROMOCIÓN Y MARKETING DESTINO AISÉN".
Al señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, solicitándole información sobre CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROGRAMAS "TRANSFERENCIA DESARROLLO EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS ESTRATÉGICAS", "TRANSFERENCIA MANEJO BOSQUE NATIVO COMO EJE PRODUCTIVO DENDROENERGÍA" Y "MANEJO SUSTENTABLE BOSQUE NATIVO CAPITÁN PRAT".
Al señor Secretario Regional Ministerial de Agricultura de Aisén, pidiéndole antecedentes sobre CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROGRAMA "TRANSFERENCIA SILVOPASTORAL DE PLANTACIONES FORESTALES".
Al señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Aisén, solicitándole información referida a CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROGRAMA "TRANSFERENCIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD" y acerca de PETICIÓN DE SERVIDUMBRE DE PASO EN TERRENO PERTENECIENTE A BIENES NACIONALES POR PARTE DE POBLADORES DE COMITÉ CAMPESINO NACIMIENTO DE SECTOR EMPERADOR GUILLERMO.
A la señora Directora Regional del Servicio de Cooperación Técnica de Aisén, solicitándole información sobre CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROGRAMAS "TRANSFERENCIA CRECE EMPRESAS TURISMO DE LOS TERRITORIOS" Y "TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA EMPRENDE TURISMO DE LOS TERRITORIOS".
Al señor Director Regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Aisén, requiriéndole antecedentes acerca de CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE "PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA PESCA ARTESANAL DE LA REGIÓN DE AISÉN".
Al señor Director Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario de Aisén, pidiéndole información sobre CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROGRAMAS "TRANSFERENCIA PARA LA RECOMPOSICIÓN DE MASA GANADERA", "TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE OFERTA TURÍSTICA RURAL DE AISÉN", "TRANSFERENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO DE LEÑA Y PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS", "TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RIEGO EN PEQUEÑOS CAMPESINOS", "TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RIEGO EN PEQUEÑOS CAMPESINOS EN LA REGIÓN DE AISÉN", "TRANSFERENCIA OBRAS DE TECNIFICACIÓN DEL REGADÍO INTRAPREDIAL Y EXTRAPREDIAL" Y "HABILITACIÓN DE CAMINOS INTRAPREDIALES PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA".
Y al señor Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de Aisén, pidiéndole información sobre CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROGRAMA "TRANSFERENCIA PARA LA RECOMPOSICIÓN DE MASA GANADERA: SANIDAD".
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:4.

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