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Timestamp: 2017-03-26 17:17:29+00:00

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BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinSantiago, treinta de agosto de dos mil trece.Vistos y teniendo presente: 1° Que don Fernando Santelices Aristía, abogado, por la parte querellante de don Jaime Mulet Martínez, deduce recurso de apelación en contra de la resolución dictada en audiencia de preparación de juicio oral por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 08 de julio de 2013, en virtud de la cual este tribunal resolvió aprobar la solicitud de suspensión condicional del procedimiento acordada entre el Ministerio Público y los acusados, y en contra la voluntad de la parte apelante, no dando inicio a la resolución de preparación y posterior juicio oral; recurso de apelación que se interpone por la recurrente para ante esta Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando que este tribunal superior, conociendo del recurso de apelación, en virtud de sus fundamentos y peticiones concretas que hace, niegue lugar a la solicitud de suspensión condicional del procedimiento y ordene seguir adelante con la audiencia de preparación de juicio oral. Los fundamentos hecho y de derecho en que se fundamenta el recurso de apelación son los siguientes: El Ministerio Público solicitó en autos, previo acuerdo con los acusados, al inicio de la audiencia de preparación del juicio oral, de 08 de julio de 2013, sin anuencia de la recurrente, la suspensión condicional del procedimiento. Que los hechos, por los cuales se acusó por el Ministerio Público, dicen relación con delitos reiterados de alteración fraudulenta de precios, previstos en los artículos 285 y 286 del Código Penal, caso conocido como “colusión de las farmacias”. Que la suspensión condicional del procedimiento no se encuentra ajustada a derecho, primero, porque no se cumple con lo dispuesto en la letra a), del artículo 237 del Código Procesal Penal, en segundo lugar, porque la suspensión aprobada por el tribunal no se ajusta al espíritu y fundamento de la institución procesal utilizada, y, además, porque la suspensión no se condice con la naturaleza y gravedad de los hechos. Enseña el recurso que, en la audiencia referida señaló que a su juicio, el marco penal de una eventual sentencia condenatoria excederá de los tres años, atendida la reiteración de delitos y la sola existencia de una circunstancia atenuante de responsabilidad penal que favorecería a los imputados, tal como antes lo había expresado el Ministerio Público en su acusación. Por otro lado,
añade, la medida de suspensión propuesta y aceptada por el tribunal, no se condice con los objetivos de ser ésta una solución pronta y eficaz al problema jurídico penal que hay de trasfondo y, además, porque no constituye una salida que, mirada en esta oportunidad, tienda a la racionalización de recursos que ella pretende. Afirma el recurso que, por el mismo aspecto, como lo ha exigido la Corte, la suspensión condicional del procedimiento acordada y decretada, así como las condiciones impuestas, no guardan relación a la naturaleza y gravedad de estos hechos. Agrega el recurso que, la resolución recurrida causa agravio a su parte y a la comunidad entera, por cuanto, el tribunal de garantía ha decretado la suspensión condicional del procedimiento, privando de esa forma del derecho a la tutela judicial efectiva a esta parte. Expresa el apelante que los antecedentes de hecho, la gravedad de los mismos, las diversas actuaciones y-audiencias efectuadas, el estado procesal de la causa y los motivos que subyacen a la institución de la suspensión condicional del procedimiento, en concreto, hacen improcedente decretarlo. Afirma que, la institución de la suspensión condicional del procedimiento, en este caso concreto, priva y expropia a su parte del ejercicio (entendido en sentido amplio) de la acción penal pública que, de conformidad al inciso segundo, del artículo 83 de la Constitución Política de la República, corresponde "igualmente" a su parte y al Ministerio Público. Pide concretamente el recurso de apelación que, por los fundamentos expuestos, se tenga éste por interpuesto en contra de la resolución ya singularizada, para ante esta Corte de Apelaciones de Santiago, a fin que, en consecuencia, conociéndolo este tribunal superior revoque la resolución apelada y, en su lugar, declare que se rechaza la solicitud y aprobación de la suspensión condicional del procedimiento, efectuada en audiencia de preparación de juicio oral, debiendo dar curso el tribunal a la realización de la preparación y posterior juicio oral. 2°Que, para dar sustento a los razonamientos que conducirán a la decisión, han de quedar primeramente sentados los antecedentes de hecho y de derecho, obtenidos del sistema computacional de causas que apoyan este sistema procesal penal oral y lo expuesto por las partes en la audiencia correspondiente del pasado lunes 26 de agosto de 2013; lo que se pasa a hacer en el motivo siguiente.
3°Que, en primer término, don Luis Guillermo Inostroza Zapata, Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en investigación seguida en contra de don Roberto Belloni Pechini y otros, por el delito de alteración fraudulenta de precios, RUC N° 0900281513-0, RIT 7483-2009, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 248 y 259 del Código Procesal Penal y habiéndose cerrado investigación el día 10 de julio de 2012, formula acusación, que determina la existencia provisional de los hechos de la causa, en virtud de los antecedentes que señala, en contra de las siguientes personas: Roberto Belloni Pechini, chileno, cédula nacional de identidad N° 9155452-6, Ingeniero Comercial, domiciliado en Avenida General Velásquez N° 9981, San Bernardo, representado por su abogado defensor don Luis Ortiz Quiroga. Ramón Avila Silva, chileno, cédula de identidad N° 9140504-0, Ingeniero Civil Industrial, domiciliado en Avenida General Velásquez N° 9981, San Bernardo, representado por su defensor don Leonardo Battaglia Castro. Mehilin Velázquez Chau, chilena, cédula nacional de identidad N° 12236967-6, Químico Farmacéutico, domiciliada Avenida General Velásquez N° 9981, San Bernardo, representada por su defensor don Leonardo Battaglia Castro. Claudia Carmona Zuñiga, chilena, cédula nacional de identidad N° 9963448-0, Químico Farmaceutico, domiciliada en Avenida General Velásquez N° 9981, San Bernardo, representada por su abogado defensor don Luis Ortiz Quiroga. Judith Carreño Oteiza, chilena, cédula nacional de identidad N° 14496213-3, ignora oficio, domiciliada en Avenida General Velásquez N° 9981, San Bernardo, representada por su abogado defensor don Cristian Muga Aitken. Sergio Purcell Robinson, chileno, cédula nacional de identidad N° 7033767-3, Ingeniero Comercial, domiciliado en Los Refugios 17590, Lo Barnechea, representado por su abogado defensor don Alejandro Laura Teitelboim. Ricardo Ewertz Munchmeyer, chileno, cédula nacional de identidad N° 7714152-9, Ingeniero Comercial, domiciliado en Nueva Sucre 2544-B oficina 41, Ñuñoa, representado por su abogado defensor don Alejandro Laura Teitelboim.
Ricardo Valdivia Kloques, chileno, cédula nacional de identidad N° 8722538-0, Ingeniero Comercial, domiciliado Lord Cochrane 326 Santiago, representado por su abogado defensor don Juan Domingo Acosta Sánchez. Cristian Catalán López, chileno, cédula nacional de identidad N° 12514627-9, químico farmacéutico, domiciliado Lord Cochrane 326 Santiago, representado por su abogado defensor don Juan Domingo Acosta Sánchez. Mario Zemelman Riveros, chileno, cédula de identidad N° 46771230, empleado, domiciliado en San Eugenio N° 820, Ñuñoa, representado por su abogado defensor don Leonardo Battaglia Castro. En cuanto a los hechos, la acusación del Ministerio Público señala que la venta minorista de productos farmacéuticos en Chile, a lo menos durante los últimos cinco años, se ha concentrado en tres cadenas de farmacias; a saber, Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand, empresas que cubren en un 90% el mercado farmacéutico. Dentro de los productos que ofertan estas cadenas de farmacias se encuentran los productos de la categoría Farma, consistentes en medicamentos para consumo humano. Dentro de esta categoría se encuentran aquellos productos denominados "éticos", consistentes en medicamentos cuya venta requiere la presentación de una receta médica por parte del cliente, a los que la industria denomina RX, para diferenciarlos de los medicamentos que se venden sin receta médica (denominados OTC). Por su parte, los medicamentos de la categoría Farma pueden ser "notorios", esto es, medicamentos generadores de percepción de precios, dado que constantemente son cotizados por los consumidores finales y además, cuentan con un alto volumen de rotación. Por otro lado, como proveedores de las cadenas de farmacias y en particular de los medicamentos hecho mención, se encuentran los laboratorios. Desde a lo menos el año 2006, las tres aludidas cadenas de farmacias, que cubren el 90% del mercado, realizaron, en un contexto de competencia real, diversas promociones que significaron bajas considerables en los precios de medicamentos Eticos de la categoría Farma y que a su vez eran Notorios. Lo anterior significó, en muchos casos, ventas de
estos medicamentos a precios bajo el costo, lo que perjudicó los márgenes de utilidades de estas tres cadenas farmacéuticas, en particular respecto a esta categoría de fármacos. Esta baja en los precios de los medicamentos — que llevó a la llamada "guerra de precios" entre las tres cadenas de Farmacias — , se monitoreaba por ellas mediante las cotizaciones que se efectuaban en locales de la competencia, ya sea por la vía de compra de medicamentos en mesón, mediante llamados telefónicos o a través de empresas externas. Esta baja de precios iba acompañada de la respectiva publicidad, en la que cada cadena de farmacias se atribuía tener los precios más bajos que los de sus competidores. A partir de noviembre del año 2007, ejecutivos de las cadenas de farmacias toman contacto con sus contrapartes en los laboratorios, prestándose estos últimos como intermediarios en un proceso de coordinación de alza de precios programadas, respecto de aquellos medicamentos que estaban siendo comercializados con peores márgenes y en base a un mismo precio de venta a público que para cada se sugeriría. Para estos efectos, desde el mes de diciembre del año 2007 hasta el mes de abril del año 2008, ejecutivos de laboratorios hicieron llegar a las tres cadenas de farmacias los nuevos precios asociados a las alzas concertadas, así como el orden en que dichas alzas debían ser implementadas, manteniendo constantes comunicaciones con los ejecutivos de las cadenas con el objeto de poder coordinarlas. Esta dinámica de comunicaciones se realizó aprovechando los canales ya existentes entre los laboratorios y las cadenas de farmacias que se utilizaban por los primeros para comunicar las modificaciones en los costos de los medicamentos o bien cuando se lanzaba un nuevo producto al mercado. Los ejecutivos de las farmacias, por su parte, quienes recibieron estas comunicaciones o listas, así como los miembros de las planas gerenciales de las cadenas, quienes fueron informados y/o consultados sobre el mecanismo de alza de precios, facilitaron en el primer caso la coordinación de estas alzas con las demás cadenas a través de los Laboratorios, y autorizaron u ordenaron, en el segundo, la implementación de las mismas mediante el ingreso de las alzas a los sistemas informáticos de los respectivos locales.
La eficiencia de este mecanismo, en cuanto ocultó al público consumidor, y su concreta implementación, permitió que durante el período señalado (diciembre de 2007 a abril de 2008), las referidas cadenas de farmacias alzaran concertadamente el precio de los medicamentos y de esta forma alteraran los precios que aquéllos habrían tenido en caso de que hubiera seguido operado entre ellas una competencia real, tal como venía ocurriendo con anterioridad a estos acuerdos. Por cierto, la implementación de estas alzas era desconocida para el mercado y público consumidor en general, ocultándoseles que la referida competencia era inexistente. Por parte, de las cadenas de farmacias intervinieron en este acuerdo, ya sea autorizando, ordenando, informando o implementando las alzas de precios, los siguientes imputados quienes ostentaban a esa época los cargos que en cada caso se indican, nueve de los cuales tienen el carácter de acusados en la investigación: Roberto Leopoldo Belloni Pechini, gerente general de Farmacias Salcobrand. Ramón Avila Silva, gerente comercial de Farmacias Salcobrand. Mehilin Velazquez Chau, jefa de departamento de precios de Salcobrand. Claudia Fanny Salcobrand. Judith Margarita Salcobrand. Carmona Zuñiga, category manager de
Sergio Purcell Robinson, gerente general de Farmacias Ahumada Ricardo Ewertz Munchmeyer, gerente comercial área Farma de Farmacias Ahumada. Paula Mazzachiodi Armijo, subgerente de Farma RX Farmacias Ahumada. Lissette Carrasco López, category manager área Farma de Farmacias Ahumada.
Alejandra Araya Donoso, category manager de Farmacias Ahumada. Ricardo Ivan Valdivia Kloques, gerente area Farma de Farmacias Cruz Verde. Cristian Marcelo Catalán López, category manager de Cruz Verde. Por parte de los laboratorios farmacéuticos intervinieron en la forma antes señalada las siguientes personas, de las cuales una de ellas tiene el carácter de acusado: Marcelo Flores Recalcine. Clavijo, gerente comercial de Laboratorio
Gonzalo Izquierdo Rivera, jefe de ventas de laboratorio Grúnenthal. Fernando Solovera Galdames, Kam Laboratorio Chile. Cecilia Alicia Rojas Mazuelos, Gerente ventas mercado privado Pharmatrade S.A., Laboratorio Chile. Mario Zemelman Riveros, Gerente Gral. Laboratorio Medipharm. Luego, la acusación se refiere a las alzas coordinadas de los precios de los medicamentos pertenecientes a los laboratorios antes mencionados, y detalla lo siguiente: Respecto al Laboratorio Recalcine, el alza se verificó en a lo menos 25 medicamentos, según expone el Ministerio Público conforme a precios promedios en las tres cadenas de farmacias:
PRECIO A 112007
PRECIO A 04-VARIACION 2007 PORCENTUAL
Atemperator 200 mg 30 comp Atemperator 250 Atemperator 500 Femelle Femelle 20 caja
4050 5903 5985 6130 8822
6359 10408 8523 8781 14896
57 76 42 43 69
lpran 10 mg caja
lpran 20 mg caja
24792 7007 23456 4811 5105 5112 5061 5358 6742 5931 8189 6768
38 13 14 31 103 107 100 96 32 82 22 60
Neuractin 500 mg caja 20 comp 6199 Neuractin Sr 500 mg caja 20 comp Plexus jbe. Ciclidon-20 Fco. caja 20585 3665 2514 2465 2533 2728 5099 3259 6704 4242
Ciclomex-15 caja Ciclomex-20 caja 21 grageas Ciclomex caja 21 comp rec Corodin-D caja 30 comp Dal caja 28 comp Dixi-35 caja Flemex 21 J.A.T.
Forte jarabe fco. 120 ml Flemex Lerogin Prozac 20 Recamicina Zyprexa Zyprexa J.A.T. caja mg 500 10 5 mg mg 30 4431 3285 14564 6007 72086 16889 22446 10852 4829 6858 18862 10656 93013 26054 25502 13308 54 109 30 77 29 54 12 23
Zyprexa Zydis 10 mg 7 comp Zyprexa Zydis 5
Respecto al Laboratorio Grünenthal, esta situación se dio respecto al medicamento Belara caja 21 comprimidos que a noviembre de 2007 tenía un precio promedio en las tres cadenas de farmacias de $5.454 llegando a abril de 2008 a la suma de $8998 con un alza del 65%. Respecto al Laboratorio Chile, expresó el Ministerio Público, el alza se verificó en a lo menos 14 medicamentos, según pasa a exponer, conforme a precios promedios en las tres cadenas de farmacias:
11- PRECIO 2007
04- VARIACION PORCENTUAL
Cortiprex 20 mg x 20 comp Darsof Fco. 5 ml Feminol comp recub Frenaler-d 100 ml Grifoparkin Comp Ginostat comp Lady-ten comp Rec Uf Marathon caps blandas Morelin comp recub Posivyl 20 mg x 30 comp Simperten 50 mg x 30 comp Simperten D 100 mg caja 30 comp Tensoliv x 30 x 30 x 30 x 21 20 x 21 x 30 jarabe x 21 T Col.
comp. Recub Tobe 2,5 mg x 30 comp 4929 10237 108
Respecto al Laboratorio Medipharm, el alza se verificó en a lo menos 7 medicamentos, según se pasa a exponer conforme a precios promedios en las tres cadenas de farmacias:
Findaler Mg caja 30 comp
Losopil 7,5 Mgcaja 30 comp recub
Numosol 50 Mg/5 MI jbe. 100 MI
Rinoven Comp
Aerogastrol 20 cap
Anisimol Mg caja 20 comp
Dolofar T.0 200 Mg caja 10 comp
El Ministerio Público señala, en cuanto a la calificación jurídica, participación y grado de desarrollo, lo siguiente: En cuanto al derecho, los hechos descritos configuran a juicio del Ministerio Público delitos reiterados de alteración fraudulenta de precios de medicamentos, figura prevista y sancionada en los artículos 285 y 286 del Código Penal Se atribuye a los nueve acusados que a la fecha de los hechos prestaban servicios en las cadenas de farmacias, la calidad de autores del art. 15 N. 1 del Código Penal, mientras que al acusado Sr. Zemelman Riveros se le atribuye la calidad de autor del artículo 15 N. 3 Los referidos delitos se encuentran en grado de desarrollo consumado. En cuanto a las circunstancias modificatorias de la responsabilidad Penal: A juicio de la Fiscalía, concurre respecto a todos los acusados la circunstancia atenuante de responsabilidad penal del artículo 11 N° 6, del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior.
En cuanto a la pena solicitada: El Ministerio Público solicita se condene a cada uno de los acusados a la pena de 5 años de reclusión menor en su grado máximo, en atención al aumento de dos grados, procedente en conformidad a lo dispuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal, además de multa de 10 unidades tributarias mensuales, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena del artículo 29 del Código Penal y demás accesorias legales, con costas. En cuanto a las penas y las disposiciones legales aplicables, el Ministerio Público señala: Que resulta aplicable a su respecto, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 11 N° 6, 14, 15, 22, 24, 29, 32, 50, 68, 69, 74, 285 y 286 del Código Penal y artículo 351 del Código Procesal Penal, respectivamente. Asimismo el Ministerio Público indica en la acusación los medios de prueba de los que se valdrá en el juicio oral. 4°Que, sin embargo, no obstante la solicitud de pena privativa de libertad superior a tres años en contra de los acusados, efectuada en la acusación, posteriormente, en la audiencia de preparación de juicio oral el Ministerio Público solicita: la suspensión condicional del procedimiento respecto de los siguientes imputados: Roberto Belloni Pechini, Ramón Silva Avila, Mario Zemelman Riveros Mehilin Velásquez Chau, Claudia Carmona Zúñiga, Judith Carreño Oteiza,Sergio Purcell Robinson, Ricardo Ewertz Munchmeyer, Ricardo Valdivia Kloquez, y Cristian Catalán López. Se solicita la suspensión condicional del procedimiento con las siguientes condiciones: Ricardo Valdivia, Cristian Catalán, Sergio Purcell, Robinson Ricardo Ewertz Munchmeyer: Asistir a programa de capacitación, específicamente inscribirse y asistir un curso presencial de una duración mínima de 30 horas lectivas, sobre ética empresarial, buenas prácticas de gobierno corporativo o responsabilidad social de la empresa, que sea impartido por una Universidad que a la fecha cuente con una acreditación concedida por un periodo de 4 años o más.
Roberto Belloni Pechini, Ramón Avila Silva, Mario Zemelman Riveros, Mehilin Velásquez Chau, Claudia Carmona Zuñiga, Judith Carreño Oteiza: Otra condición que resultare adecuada de acuerdo a lo siguiente: Contribuir a que las empresas farmacéuticas para las cuales trabajaban a la fecha de los hechos materia de la acusación lo siguiente; Elaboren e implementen un "Programa de cumplimiento de la normativa de la libre competencia" que permita prevenir la comisión al interior de estas empresas de atentados contra la libre competencia y que cumpla con los requisitos esenciales establecidos en la Guía que para fomentar la adopción de tales programas por parte de los agentes económicos, fue elaborada y publicada en Junio de 2012 por a Fiscalía Nacional económica. Corresponderá a la FRCN verificar el cumplimiento de esta condición para lo cual se examinará desde un punto de vista objetivo, que el programa elaborado e implementado reúna los requisitos establecidos por la mencionada Guía. Elaboren e implementen, o bien certifiquen, según sea el caso, un modelo de prevención de delitos en los términos establecidos en el artículo 4 de la ley 20393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Corresponderá de igual forma a la FRCN, verificar el cumplimiento de esta condición, para lo cual examinará desde un punto de vista objetivo, que el monto elaborado e implementado reúna los requisitos establecidos en la ley 20.393, o que la certificación haya sido otorgada por una entidad inscrita para tales efectos en la SVS. Donación por parte de los 10 imputados a fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, vinculadas al área de la salud y que posean banco de medicamentos. Se considera por el Ministerio Público esta condición en la letra h y no en la letra e), del artículo 238 del Código Procesal Penal, por cuanto, aquella letra sólo corresponde en caso de delitos con víctima. Y en el caso del delito del artículo 285 y 286, se trata de delitos con bienes jurídicos supra individuales. Se indica que las donaciones serán en dinero o medicamentos de acuerdo al siguiente detalle y considerando el cargo gerencial o no que ocupaban los imputados en la respectiva farmacia o laboratorio:
Roberto Leopoldo Belloni Pechini, gerente general de Farmacias Salcobrand: Gerente General; $45 millones; Liga Chilena Contra La Epilesia $ 5 millones; Conac $ 20 millones; Cruz Roja $ 20 millones; Ramon Avila Silva, gerente comercial de Farmacias Salcobrand: Gerente General; $30 millones; Liga Chilena Contra La Epilesia $ 5 millones; Conac $ 15 millones; Cruz Roja $ 10 millones; Mario Zemelman Riveros, Gerente Gral. Laboratorio Medipharm. Gerente General; $30 millones en dinero en efectivo. Liga Chilena Contra La Epilesia $ 5 millones; Conac $ 10 millones; Cruz Roja $ 15 millones; Mehilin Velazquez Chau, jefa de departamento de precios de Salcobrand. Gerente Área; $ 15 M dinero en efectivo; Liga Chilena Contra La Epilesia $ 5 millones; Conac $ 5 millones; Cruz Roja $ 5 millones. Claudia Fanny Carmona Zuniga, category manager de Salcobrand y otros cargos no gerenciales; $15 millones, para la Liga Chilena Contra La Epilesia;
Judith Margarita Carreño Oteiza, category manager de Salcobrand y otros cargos no gerenciales; $15 millones dinero en efectivo, a la Liga Chilena Contra La Epilesia. Sergio Purcell Robinson, gerente general de Farmacias Ahumada. Gerente General; $45 millones en dinero en efectivo. Liga Chilena Contra La Epilesia $20 millones; Conac $20 millones; Coaniquem $5 millones; Ricardo Ewertz Munchmeyer, gerente comercial área Farma de Farmacias Ahumada; imputado con solicitud de salida condicional del procedimiento; 15 $, millones, dinero en efectivo a favor de Coaniquem; Ricardo Ivan Valdivia Kloques, gerente área Farma de Farmacias Cruz Verde, gerente área; $ 30 millones en productos farmacéuticos a Coaniquem Cristian Marcelo Catalán López, category manager de Cruz Verde, y otros cargos no gerenciales; $15 millones en productos farmacéuticos. Coaniquem. Se precisa que los diez imputados deben cofinanciar en partes iguales y gestionar lo siguiente: Publicación de las condiciones de la suspensión condicional, específicamente de la parte resolutiva de la resolución, mediante una inserción en el diario El Mercurio, sección economía y negocios, cuerpo B o diario La Tercera, sección Negocios. Esta publicación debe realizarse un sábado o domingo en dimensiones no inferiores a mitad de página. La publicación debe incluir además la mención del tribunal, tipo penal formalizado y fecha de resolución.
Esta publicación debe realizarse inmediatamente después que la resolución que decrete eventualmente la suspensión condicional quede ejecutoriada. Acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas. 5°Que en la audiencia respectiva ante el Juzgado de Garantía competente, se precisa además que los querellantes Saavedra Canales, Labbé Caniulao y Carlos Garrao Álvarez, no se oponen a la suspensión condicional del procedimiento; a excepción del querellante Santelices Ariztía, quien sí se opone a la suspensión condicional del procedimiento. Asimismo, las defensas realizan sus alegaciones en cuanto a la suspensión condicional del procedimiento ofrecida por el Ministerio Público; así como también a la oposición interpuesta por el querellante Santelices Ariztía. 6°Que el Tribunal de Garantía, en la misma audiencia, resolvió que, de acuerdo a las consideraciones que realiza, las dos cuestiones que ha sostenido la parte querellante que se opone a las condiciones de suspensión condicional del procedimiento, como imposibles de salvar, no son tales; y, el mismo tribunal, teniendo en consideración que los imputados han aceptado los términos de la propuesta del Ministerio Público, y que se encuentran presentes con sus defensas resuelve: “Primero: Que se rechaza la oposición de la querellante, señor Fernando Santelices Ariztía, en cuanto a la negativa del tribunal en cuanto a imponer en los términos descritos por el fiscal señor Morales; y, Segundo: Que el tribunal suspende condicionalmente a todos los imputados ya individualizados en esta audiencia, para que cumplan todas y cada una de las condiciones que doy íntegramente por reproducidas en la solicitud que realizó el fiscal señor José Morales. Se deja constancia que el Ministerio Público renuncia a los plazos legales. Además, los querellantes renuncian a los plazos legales a excepción del señor Santelices Ariztía; Las defensas renuncian a los plazos legales; El tribunal tiene presente lo solicitado por las partes; y, agrega, que en su oportunidad se harán exigibles las condiciones y, desde luego,
el tribunal alza las medidas cautelares que pudieren existir respecto de los imputados, por cuanto estima que no son éstas ya necesarias para su comparecencia a los actos del proceso y de ser pertinente ofíciese a las unidades encargadas de su vigilancia.
7°Que, esta Corte para resolver el recurso de apelación propuesto, tiene en primer lugar presente que la suspensión condicional del procedimiento - contemplada desde el artículo 237 al 240 del Código Procesal Penal y artículo 245 del mismo Código, en cuanto a la oportunidad para pedir y decretar la suspensión condicional del procedimiento - es una medida de carácter procesal penal por medio de la cual provisionalmente se suspende el curso de la acción penal seguida en contra del imputado, el que queda sometido dentro de un plazo determinado al cumplimiento de condiciones impuestas por el juez de garantía, al término del cual se sobresee definitivamente, quedando de ese modo extinguida la acción penal, pudiendo ser revocada la medida si el imputado quebranta las condiciones impuestas o es objeto de una nueva formulación de la investigación por hechos delictivos distintos. 8°Que, además, la suspensión condicional del procedimiento está concebida por el legislador para delitos que resulten con pena privativa de libertad que no excedieren de tres años, respecto a imputados sin antecedentes penales y con posibilidad de recuperarse del actuar delictivo. Además, se requiere para que proceda la suspensión condicional del procedimiento acuerdo del fiscal y del imputado, quienes solicitarán al juez de garantía la suspensión condicional del procedimiento; el juez podrá requerir al Ministerio Público los antecedentes que estimare necesarios para resolver. Por último, se requiere la aprobación del juez de garantía. 9°Que, en cuanto al recurso de apelación, como primer fundamento de éste, se alega por el recurrente que no se cumple en la especie con el requisito para que proceda la suspensión condicional del procedimiento de que la pena privativa de libertad eventual a imponer no exceda de tres años, atendida la reiteración de delitos y la sola existencia de una circunstancia atenuante de responsabilidad penal, tal como lo señaló el Ministerio Público al acusar. 10°Que por este capítulo de la apelación, se les atribuye a los imputados haber cometido el delito de alteración fraudulenta del precio de bienes de primera necesidad, previsto en los artículos 285
y 286 del Código Penal, en el que el bien protegido por el mismo es la economía pública. 11°Que, luego, el citado delito está sancionado con la pena privativa de libertad de reclusión menor en sus grados mínimos a medio. 12°Que, de este modo, en el instituto en cuestión el Ministerio Público propone la salida de la suspensión condicional del procedimiento al imputado, lo que es presupuesto indispensable que éste acepte porque el juicio es un derecho para él, y solicita al juez de garantía que lo decrete, debiéndose oír también al querellante si lo hay. Es decir, la ley confiere al tribunal la atribución de verificar si se cumplen los requisitos que ella establece. En este caso el punto central es la pena posible para considerar o desechar la concurrencia del requisito de la letra a), del artículo 237 del Código Procesal Penal, y junto con ello lo concerniente al juez y a la conducta del fiscal. Lo primero, porque el papel del juez en esta materia es de control jurisdiccional, en tanto que lo segundo interesa en cuanto a las facultades que le asisten para estos efectos. En la especie, la proposición y solicitud del Ministerio Público pasa por considerar casi la totalidad de los imputados la circunstancia atenuante de responsabilidad del artículo 11 N °9 del Código Penal, obviando el posible carácter de reiterado de los delitos materia de la acusación (los artículos 285 y 286 del Código Penal). Empero, esta solicitud, siguiendo lo dispuesto en el artículo 245 del Código Procesal Penal, en lo que dice con la oportunidad, se formula en la audiencia de preparación de juicio oral, es decir, cuando el Ministerio Público ya había acusado a los imputados. Y en qué términos lo hizo: habla de un acuerdo con fines delictivos que se traduce en actos diversos que se despliegan por los acusados en distintos momentos sucesivos y que tiene lugar en un período de varios meses. Si estos actos importan delito reiterado o constituyen un delito plural o un delito continuado incluso, es una cuestión de fondo que, en el caso de autos, el juez de garantía dijo que expresamente que no abordaría. Sin embargo, en una prognosis de pena –que es lo que corresponde hacer en el caso de la letra a) del artículo 237 citado- esto es, en el análisis de la pena probable, debe tomarse en cuenta estas posibilidades porque así como las circunstancias modificatorias de responsabilidad influyen en la determinación de la pena, estas circunstancias también. En este punto, todos los alegatos coinciden en que la prognosis se refiere a una pena posible, real, no a aquella que la ley considera en abstracto. Pues bien. Justamente todas estas circunstancias influyen en dicha determinación. Y no puede, en consecuencia, omitirse.
Ahora bien, el Ministerio Público, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento abreviado, no está facultado para ajustar la pena a un cierto marco concediendo atenuantes –específicamente la del artículo 11 N ° 9 del Código Punitivo- u ofrecer el reconocimiento futuro de atenuantes con tal objeto. El asunto de la facultad mira a la decisión del ente persecutor de suspender la persecución penal, pero ello, a condición de que se reúnan los requisitos legales del instituto de la suspensión condicional del procedimiento, donde en lo que atañe al juez, éste debe estarse a los elementos de determinación los que debe considerar a la luz de los antecedentes con que se cuenta. En otras palabras, este asunto es un asunto de prognosis y de mérito. En este caso, dichos antecedentes dan cuenta de la existencia de una circunstancia atenuante de responsabilidad: la de irreprochable conducta anterior de todos los imputados; y ella es la única reconocida por el Ministerio Público en la acusación, sobre la base de elementos ciertos. Ciertamente se advierte en todo ello, una contradicción en el actuar del Ministerio Público, lo que no significa –como ya se ha dicho- que no esté legitimado para solicitar la susodicha suspensión del procedimiento, siendo otro el punto, el relativo al cumplimiento o no de los requisitos para decretarla, para los cual debe hacerse la prognosis sobre la base de los elementos existentes. Es aquí donde se advierte una apreciación diversa de la situación que enfrentan los imputados, tanto en lo que hace a las circunstancias modificatorias, como en lo que dice con el carácter de reiterado del o los delitos. Esto no significa la aplicación de la doctrina de los actos propios – como ha alegado el abogado del querellante apelante-, sino un enfoque desde la perspectiva del proceso penal. En éste se contemplan salidas alternativas y cierto es que el legislador no busca solamente la sanción penal, sino conseguir en forma adelantada, al menos, uno de los fines de la pena; empero, en forma excepcional, si se dan los requisitos legales, lo que no es un problema de mera voluntariedad; 13°Que, así las cosas, la eventual pena puede llegar a superar el límite de este instituto, dada la posibilidad de aumentar la pena hasta en dos grados, aun habiendo una atenuante. Y aunque esta posibilidad como tal no puede descartar la posibilidad contraria, al menos viene a significar que la concurrencia de la letra a), del artículo 237 del Código Procesal Penal, no representa una mayor probabilidad que la hipótesis o prognosis de su inconcurrencia;
14°Que, por tales razones, no se han reunido los requisitos del artículo en mención para haber en este caso decretado la suspensión condicional del procedimiento. Por otro aspecto, no está de más observar que, en cuanto a las condiciones fijadas, las hay que no especifican ninguna conducta de los imputados, sino que entregan el fin que se persigue a la actuación y voluntad de terceros, como son las cadenas farmacéuticas que se mencionan en lo que sería aplicación de la letra h), del artículo 238 del Código. A este respecto, es claro que no se trata de si la estipulación por otro es válida en el derecho, como se alegó, sino que las condiciones para ser exigibles al imputado deben ser determinadas en cuanto a su conducta, lo que es cosa diversa. 15°Que, en cuanto al segundo capítulo de la apelación, esto es, “…porque la suspensión aprobada por el tribunal no se ajusta a su espíritu y fundamento de la institución procesal…”, “…y, además, porque no se condice con la naturaleza y gravedad de los hechos…”, debe razonarse que la suspensión condicional del procedimiento constituye una excepción al principio de legalidad procesal penal, el que obliga a promover y proseguir la acción penal pública; persecución que no se puede suspender en caso alguno, salvo las excepciones legales, esto es, la suspensión condicional del procedimiento, las salidas alternativas, el principio de oportunidad y el archivo provisional de los antecedentes. 16° Que en lo que dice relación con los acuerdos en el proceso penal, sin duda están éstos contemplados en nuestro nuevo proceso penal acusatorio, tomando de la doctrina de los autores que el principio de investigación en el derecho comparado había entrado en crisis, debido a que, por la sobrecarga de trabajo de las autoridades de la persecución penal, “praeter legem”, se desarrolló la práctica de terminar cada vez más procedimientos penales en la etapa de investigación o, inclusive, sólo en el juicio oral, a través de un acuerdo (negocio procesal, “deal”) porque, por ejemplo, ante una confesión se sobresee, se renuncia a la persecución penal de hechos punibles accesorios o se atenúa la pena; así, en la legislación extranjera se declaró admisible como práctica la suspensión en virtud a la normativa legal y del principio del Estado de Derecho, siempre que de ese modo no sean menoscabados el principio de investigación, el principio de culpabilidad, el principio de igualdad, así como la libertad de la voluntad de decisión; así, en el derecho penal y procesal penal alemán, se parte del presupuesto de que tales acuerdos no son admisibles en general, por atentar contra principios rectores del procedimiento penal, y excepcionalmente se les acepta, como se ha dicho, si no se menoscaban los principios
expuestos (Claus Roxin, Derecho Procesal Penal, Ediciones del Puerto, año 2000, página 100). Y visto, además, lo dispuesto en el penúltimo inciso del artículo 237 del Código Procesal Penal, se revoca la resolución decretada en audiencia por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 08 de julio de 2013, en virtud de la cual ese tribunal resolvió aprobar la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, acordada entre el Ministerio Público, los acusados e imputado, y en su lugar se declara que se rechaza la solicitud de suspensión condicional del procedimiento, debiendo decretarse una nueva audiencia de preparación de juicio oral.
Se previene que el Ministro señor Zepeda concurre a la revocación de la resolución apelada teniendo en cuenta asimismo los siguientes fundamentos: 1°Que el efecto de lo razonado en los considerandos 15° y 16° de esta sentencia, determina que, para que esta suspensión del procedimiento proceda debe tratarse, por regla general, de delitos de poca o de mediana gravedad, pues, de otra forma, equivaldría suprimir el principio de la obligación de la persecución penal pública de los delitos; calificación de poca o mediana gravedad del delito que se basa en un principio de proporcionalidad mínima, el que para establecerlo el juez de garantía tiene amplia facultad, concedida por el inciso primero, del artículo 237 del Código Procesal Penal, pues, esta disposición, además, del derecho que tiene el juez para aprobar la suspensión propuesta, le da el poder – deber jurisdiccional de resguardar el principio de legalidad, que comprende el de la persecución penal pública.
2°Que, para tal fin, la gravedad del delito en este caso no solo está determinada por la sanción penal de éste como criterio de valorización, pues, la suspensión condicional del procedimiento constituye una excepción al principio de legalidad procesal penal que obliga al Ministerio Público por regla general a promover y proseguir la acción penal pública, y, por lo tanto, por tal circunstancia, también son antecedentes a considerar, para determinar la cuantificación y gravedad del delito imputado, un juicio vinculado al análisis de los medios empleados para ejecutar las acciones imputadas, la peligrosidad de éstas y la extensión o magnitud efectiva de las lesiones a los bienes jurídicos resguardados en la norma penal tipo, ocasionadas precisamente con tales conductas; puesto que, no resulta admisible, conforme al principio de proporcionalidad mínima, de igualdad y de culpabilidad, que determinados sujetos se
beneficien con la suspensión condicional del procedimiento penal, dirigida a hacer una excepción al principio de legalidad de promover y perseguir la persecución penal, desde las perspectivas antes indicadas, respecto de un delito que, como el de la especie, conforme a los hechos provisional pero categóricamente establecidos en la acusación, no es de poca o mediana gravedad, por cuanto, habría provocado graves y efectivas lesiones al bien jurídico resguardado por la figura penal, según fácilmente puede leerse y entenderse en la expresión de fundamentos de la acusación del Ministerio Público y que esta sentencia de segunda instancia transcribe en su considerando 3°; 3° Que, por tal motivo es que, a juicio de quien previene, apareciendo desproporcionada la suspensión condicional del procedimiento decretada por el juez de garantía, en relación a la protección jurídica penal requerida frente a un delito como el de la formalización de autos, es que debe ser dejada sin efecto dicha medida por los fundamentos del segundo capítulo de la apelación. Regístrese y comuníquese. Redacción el Ministro señor Zepeda. N° Reforma Procesal Penal 1953 – 2013.-
Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Mauricio Silva Cancino, y conformada por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia y el abogado integrante señor David Peralta Anabalón. Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones. En Santiago, a treinta de agosto de dos mil trece, notifiqué en secretaría por el estado diario la sentencia precedente.
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