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Timestamp: 2020-08-14 11:25:48+00:00

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Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Ley 1/1998 de 10 de marzo) - Normativa de Baleares - Legislación - VLEX 73767836
TÍTULO II. De los derechos de los consumidores y usuarios
CAPÍTULO I. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad de los consumidores y usuarios - arts. 4 a 9
CAPÍTULO II. Derecho a la protección de los intereses económicos y sociales - arts. 10 y 11
CAPÍTULO III. Derecho a la protección jurídica y a la reparación de daños y perjuicios sufridos - art. 12
CAPÍTULO IV. Derecho a la información del consumidor y usuario - arts. 13 a 20
CAPÍTULO V. Derecho a la educación y formación de los consumidores y usuarios - art. 21
CAPÍTULO VI. Participación, representación y consulta de las asociaciones de consumidores y usuarios - arts. 22 a 25
CAPÍTULO VII. Consejo Balear de Consumo - art. 26
TÍTULO III. De la actuación administrativa para la protección de los consumidores y usuarios
CAPÍTULO I. Actuaciones generales - arts. 27 y 28
CAPÍTULO II. Resolución de conflictos - arts. 29 a 31
CAPÍTULO III. Actuaciones administrativas en materia de información a los consumidores y usuarios - arts. 32 a 34
CAPÍTULO IV. Actuaciones administrativas para la educación y formación de los consumidores y usuarios - art. 35
CAPÍTULO V. Control e inspección de los productos, bienes y servicios - arts. 36 a 42
CAPÍTULO VI. De las medidas cautelares y preventivas - arts. 43 a 46
TÍTULO IV. De la potestad sancionadora - arts. 47 a 57
TÍTULO V. De las competencias de las administraciones públicas - arts. 58 a 61
Norma citada en: 127 sentencias, 26 artículos doctrinales, una resolución administrativa, 2 noticias
Ley del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Destacamos como novedades la protección prioritaria de determinados colectivos; el establecimiento de un único modelo de hoja de reclamación para todos los sectores económicos y profesionales; la protección de la normalización lingüística en el etiquetado y las relaciones comerciales y del fomento de la educación del consumidor en el sistema ordinario de enseñanza; la protección del diálogo y de la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las organizaciones empresariales, así como también de las administraciones públicas; la consolidación del Consejo Balear de Consumo; la obtención del apoyo institucional en el Sistema Arbitral de Consumo y en la resolución de reclamaciones; la creación de una red de oficinas de información al consumidor; y el establecimiento de procedimientos de inspección eficaces, con especial referencia a la adopción de medidas cautelares y preventivas, y de un procedimiento de vigilancia y amonestación para las infracciones menores, en un marco de coordinación y colaboración de las administraciones públicas.
1 . A los efectos de esta ley se consideran consumidores y usuarios todas aquellas personas físicas o jurídicas que, como destinatarios finales, adquieren, disfrutan o utilizan productos, bienes o servicios para su consumo o uso personal, familiar o colectivo, siempre que el proveedor sea una empresa, un profesional o la propia Administración pública.
A los efectos del apartado anterior será considerada proveedora la Administración pública cuando preste un servicio o suministre un bien respecto del cual se exige un precio.
TÍTULO II De los derechos de los consumidores y usuarios Artículos 4 a 26
CAPÍTULO I Derecho a la protección de la salud y a la seguridad de los consumidores y usuarios Artículos 4 a 9
El derecho a ser protegidos frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad.
El derecho a la protección jurídica y a la reparación o indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
El derecho a recibir una información veraz, correcta y suficiente sobre los diferentes productos y servicios.
El derecho a la educación y formación en relación con todas las materias que puedan afectarles como consumidores y usuarios, concebida de modo integral, incluyendo, al mismo tiempo, el respeto al medio ambiente.
El derecho a asociarse para la representación y defensa de sus legítimos intereses, y a la participación y audiencia en consulta en las materias cuya regulación les afecte.
El derecho a ser protegidos jurídica, administrativa y técnicamente en las situaciones de inferioridad, subordinación, indefensión o discriminación.
Cuando afecten a los siguientes colectivos: los niños y menores de edad, las gestantes, los ancianos, los enfermos, las personas con capacidades disminuidas, y los turistas o personas desplazadas temporalmente de su residencia habitual.
Con la finalidad de proteger adecuadamente los derechos de los colectivos anteriores, los poderes públicos atenderán especialmente:
Serán objeto de una especial vigilancia y control los bienes y productos de primera necesidad y los servicios esenciales para la Comunidad, entendiéndose por tales aquéllos que, por sus especiales características, resulten básicos para los consumidores.
La renuncia previa al ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley y normas complementarias, los actos en fraude de ley y los pactos que tengan por objeto la exclusión de su aplicación son nulos de pleno derecho, de acuerdo con la legislación civil.
En caso de condiciones mas favorables para el consumidor en las normas estatales, se aplicarán éstas.
Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores deberán ser respetados en los términos establecidos en esta ley y en la legislación general sobre la defensa de los consumidores y usuarios.
Los casos de concurrencia entre esta normativa y las disposiciones civiles, mercantiles y aquéllas que regulan el comercio interior y otras que puedan afectarles, se resolverán de acuerdo con el principio de condición más beneficiosa para el consumidor.
Los productos, bienes y servicios puestos en el mercado a disposición de los consumidores no implicarán riesgos para la salud o la seguridad.
Los riesgos que puedan provenir de un uso previsible de los bienes y servicios, teniendo en cuenta su naturaleza y las personas a quienes van destinados, se deberán poner en conocimiento de los consumidores a través de los medios adecuados.
Las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, ejercerán la adecuada vigilancia y control en la elaboración, utilización y circulación en su territorio de sustancias, bienes, productos y servicios a fin de que cumplan las condiciones reglamentariamente exigidas para garantizar la salud de acuerdo con la legislación vigente.
CAPÍTULO II Derecho a la protección de los intereses económicos y sociales Artículos 10 y 11
Todos los comercios, servicios y actividades profesionales de las Islas Baleares deberán tener un mismo modelo de hoja de reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios.
Reglamentariamente se establecerán las características del modelo único de hoja de reclamaciones, la forma en que se deberá informar de su existencia y, el procedimiento de tramitación de dichas reclamaciones.
CAPÍTULO III Derecho a la protección jurídica y a la reparación de daños y perjuicios sufridos Artículo 12
Los consumidores tienen derecho, de conformidad con la legislación vigente, a la reparación de los daños y perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de la adquisición o utilización de bienes, productos y servicios.
Sin perjuicio del derecho a acudir directamente a la vía judicial, los consumidores y las asociaciones de consumidores podrán dirigirse a las administraciones públicas, a fin de ser atendidos y obtener la información necesaria sobre las formas de protección de sus derechos e intereses.
CAPÍTULO IV Derecho a la información del consumidor y usuario Artículos 13 a 20
La información facilitada al consumidor, a que se refiere el artículo anterior, deberá figurar al menos en alguna de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma.
No se exigirá lo establecido en el apartado anterior cuando los datos expresados en la lengua propia de la Comunidad Autónoma sean fácilmente inteligibles.
Los productos y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios cumplirán las exigencias determinadas en los reglamentos de etiquetaje, presentación y publicidad , y deben ofrecer la siguiente información mínima:
El origen, la naturaleza, la composición y la finalidad.
La calidad, la cantidad, su categoría y la denominación usual o comercial si la tienen.
El precio completo o presupuesto, en su caso; y las condiciones jurídicas o económicas de adquisición y utilización, indicando con claridad y de manera diferenciada el precio del producto o servicio y el importe de los incrementos o descuentos, en su caso, y de los costes adicionales por servicios, accesorios, financiación, aplazamiento del pago o similares.
La fecha de producción o suministro, el plazo recomendado para el uso o consumo, o fecha de caducidad.
Las instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles.
En las viviendas de nueva construcción, se facilitará al comprador una documentación completa suscrita por el vendedor, en la que se detalle, en planta a escala, la vivienda y el trazado de todas las instalaciones, en especial las de los suministros y fluidos, los materiales empleados en su construcción, en especial aquéllos a los que el comprador no tenga acceso directo.
- En los suministros en que sea preceptivo, los boletines del instalador autorizado, en especial los de energía eléctrica y gas.
- El manual de uso y mantenimiento de la vivienda y sus elementos.
- Las garantías e instrucciones de los aparatos de uso doméstico instalados por el constructor y que forman parte de la vivienda como elementos accesorios a la misma.
- Y todos los demás documentos que sean de obligatoria entrega por aplicación de la normativa estatal y autonómica en materia de vivienda.
La Administración pública adoptará las medidas oportunas para que la oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades o servicios, se ajusten a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones de publicidad.
En el marco de la legislación estatal, los datos, las características y condiciones que se incluyan en la oferta, promoción o publicidad serán exigibles por los consumidores a pesar de que no figuren expresamente en el contrato celebrado.
Las administraciones públicas que actúen en el ámbito territorial de las Islas Baleares, llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
Impulsar la difusión de la información a los consumidores y usuarios, y concertar con sus asociaciones y con las organizaciones empresariales, fórmulas de participación activa en las campañas informativas.
Fomentar, en colaboración con las organizaciones empresariales, la existencia de distintivos de calidad para los productos, bienes y servicios de las Islas Baleares.
Informar a los consumidores y usuarios sobre los productos peligrosos detectados en el mercado, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
Promover la utilización de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, en el etiquetado de los productos y en la información de los servicios.
CAPÍTULO V Derecho a la educación y formación de los consumidores y usuarios Artículo 21
Las administraciones públicas en las Islas Baleares velarán para que los ciudadanos puedan recibir formación y educación en materia de consumo, conocer sus derechos como consumidores y la manera de ejercerlos con responsabilidad, como una contribución a la formación integral de la persona.
La educación del consumidor y usuario estará orientada al conocimiento de sus derechos y a la adecuación de las pautas de consumo hacia la utilización racional de los recursos, a la incorporación de valores ecológicos en las decisiones individuales de compra, uso y disfrute y a la corresponsabilidad del consumidor en la conservación del medio ambiente.
CAPÍTULO VI Participación, representación y consulta de las asociaciones de consumidores y usuarios Artículos 22 a 25
A los efectos de esta ley, tienen la consideración de asociaciones de consumidores y usuarios, las entidades sin finalidad de lucro constituidas legalmente que tengan como objetivo la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
También se considerarán asociaciones de consumidores y usuarios las entidades constituidas por consumidores con arreglo a la legislación de cooperativas, entre cuyos fines figure, necesariamente, la educación y formación de sus socios y estén obligados a constituir un fondo con tal objeto, según su legislación específica.
Se reconocen las asociaciones de consumidores y usuarios como cauce de representación y participación de los consumidores y usuarios. Los poderes públicos de las Islas Baleares fomentarán, en sus ámbitos respectivos, el asociacionismo de los consumidores y usuarios, y promoverán el diálogo de sus asociaciones con las organizaciones empresariales y profesionales a través del Consejo Balear de Consumo y otros consejos territoriales y sectoriales.
La Administración autonómica concertará con las asociaciones de consumidores y usuarios fórmulas de participación activa en programas conjuntos de protección a los consumidores.
Estar presentes en los órganos colegiados de participación y representadas en los consejos de carácter general y sectorial en los que se traten asuntos que puedan interesar a los consumidores y usuarios, incluido el Consejo Balear de Consumo, en el modo en que reglamentariamente se determine.
La legitimación, en el marco de la legislación de procedimiento administrativo, para promover como interesadas procedimientos administrativos para la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios en todo el ámbito territorial de las Islas Baleares, y para personarse en los procedimientos iniciados por terceros.
Disfrutar del beneficio de justicia gratuita de conformidad con las leyes que lo regulan.
Acceder a las ayudas y subvenciones que convoquen y concedan las administraciones públicas de las Islas Baleares para la de defensa de los consumidores y usuarios, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Acceder a los beneficios establecidos en la legislación específica sobre el voluntariado, siendo la protección del consumidor una de sus áreas de intervención.
Exigir la rectificación pública de las comunicaciones e informaciones publicitarias engañosas o ilícitas y ejercer en estos casos el correspondiente derecho de réplica, de acuerdo con la normativa vigente.
En general, colaborar con la Administración y concertar con ella las actuaciones de interés común especialmente orientadas a la satisfacción de los intereses generales.
Para poder gozar de los derechos enumerados en los apartados a), c), y e), de los reconocidos en el punto anterior, deberán figurar inscritas en el registro de asociaciones de consumidores que se lleva en la Dirección General de Consumo de la Conselleria de Sanidad y Consumo, del Gobierno de las Islas Baleares, y reunir las condiciones y requisitos que reglamentariamente se establezcan para cada tipo de beneficio. En la determinación reglamentaria de las condiciones y requisitos, se tendrán en cuenta, entre otros, criterios de implantación territorial, número de asociados y programas de actividades a desarrollar.
Las asociaciones de consumidores y usuarios quedan obligadas a aplicar los medios de ayuda y colaboración que reciban con esta finalidad, exclusivamente a la defensa de los consumidores o a la obtención de los medios instrumentales y personales para conseguir dicho fin.
No podrán disfrutar de los beneficios a los que aluden las letras a, c y e del apartado primero, las asociaciones que incluyan como asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro, o que perciban ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas suministradoras de bienes o servicios a los consumidores y usuarios, o que efectúen publicidad no exclusivamente informativa de dichos bienes o servicios.
Será preceptiva la audiencia en consulta de las asociaciones de consumidores y usuarios, las organizaciones empresariales y las asociaciones y colegios profesionales legalmente constituidos, radicados en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en el procedimiento de elaboración de losreglamentos y disposiciones administrativas de carácter general que afecten directamente a los derechos y intereses que representen.
También será preceptiva la audiencia en consulta de las asociaciones de consumidores y usuarios en:
El procedimiento de aprobación de los precios y de tarifas de los servicios cuando afecten directamente a los consumidores o usuarios y se encuentren legalmente sometidos al control de las administraciones públicas de las Islas Baleares.
CAPÍTULO VII Consejo Balear de Consumo Artículo 26
El Consejo Balear de Consumo, adscrito a la Conselleria de Sanidad y Consumo, se configura como el órgano consultivo, de colaboración y participación en materia de consumo de las asociaciones de consumidores y organizaciones empresariales.
Serán funciones del Consejo informar sobre proyectos de disposiciones generales que afecten a los consumidores y usuarios, promover iniciativas en relación con el consumo y uso de bienes, fomentar el diálogo entre asociaciones de consumidores y organizaciones empresariales, y otras que, reglamentariamente, se establezcan.
TÍTULO III De la actuación administrativa para la protección de los consumidores y usuarios Artículos 27 a 46
CAPÍTULO I Actuaciones generales Artículos 27 y 28
Colaborar y cooperar en la protección a los consumidores y usuarios, coordinando sus actuaciones a fin de hacer efectivo el principio de eficacia en la actividad administrativa.
Intervenir como mediadoras en la resolución de los conflictos entre los consumidores y empresarios.
Proporcionar a los consumidores y usuarios toda clase de información sobre sus derechos y otras cuestiones que les afecten como tales.
Promover la educación y formación de los consumidores y usuarios.
Fomentar el asociacionismo de los consumidores y usuarios.
Colaborar con las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales en campañas de información y sensibilización de consumidores y empresarios en materia de consumo.
Programar y realizar actuaciones de control e inspección de los productos, bienes y servicios.
Citación de los ciudadanos para su comparecencia en las oficinas públicas cuando sea necesario para esclarecer las actuaciones de control e inspección o las reclamaciones, siempre que se hubiere intentado por los medios habituales, y éstos no hubieran resultado suficientes.
Adoptar las medidas cautelares y preventivas oportunas para la protección de los consumidores y usuarios frente a cada clase de riesgo, y otras circunstancias que puedan afectar o perjudicar a la generalidad de aquéllos.
Sancionar las conductas que constituyan infracción a las normas de consumo.
Que de conformidad con la legislación aplicable, el consumidor disponga de la garantía y del servicio correspondiente postventa para los bienes de consumo duradero. La garantía formalizada por escrito necesariamente expresará:
El objeto o contenido de la garantía.
La exactitud en el peso y medida de los productos y el correcto suministro de los servicios.
La correcta y transparente información sobre los precios de los productos y servicios adquiridos al contado o a plazos.
Legalidad de los precios de los recambios de los bienes al aplicarlos en las reparaciones y mano de obra, traslados y visitas.
Las A.P. fomentarán y procurarán:
La obtención individual de una mejor relación de calidad para los bienes y servicios suministrados.
La prevención del despilfarro, en particular en lo referente a:
CAPÍTULO II Resolución de conflictos Artículos 29 a 31
La Conselleria de Sanidad y Consumo promoverá, en el marco de la legislación vigente, el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo y la adhesión al mismo de las empresas, los profesionales y sus organizaciones, así como de las asociaciones de consumidores y usuarios de toda la Comunidad Autónoma.
CAPÍTULO III Actuaciones administrativas en materia de información a los consumidores y usuarios Artículos 32 a 34
Se promoverá la existencia de oficinas y departamentos de titularidad pública, como órganos de información y asesoramiento a los consumidores y usuarios, cuyo ámbito podrá ser autonómico, insular, municipal o supramunicipal, atendiendo a los criterios de eficacia y eficiencia.
Estas oficinas podrán tener un carácter específico, cuando estén especializadas en una materia concreta que pueda afectar a los ciudadanos como consumidores o usuarios.
Son funciones de las oficinas de información al consumidor y usuario:
Informar y orientar a los consumidores y usuarios para el adecuado ejercicio de sus derechos.
La recepción y registro de denuncias y reclamaciones de los consumidores y usuarios, y su remisión a las entidades y organismos correspondientes.
Mediar en la resolución de conflictos y fomentar el Sistema Arbitral de Consumo, como cauce de resolución de los mismos; sirviendo, en su caso, de sede de los arbitrajes de consumo.
Suministrar la información requerida por las administraciones públicas a efectos estadísticos y de colaboración en la actuación de defensa de los consumidores y usuarios.
Realizar campañas informativas y actividades de formación y educación de los consumidores y usuarios.
CAPÍTULO IV Actuaciones administrativas para la educación y formación de los consumidores y usuarios Artículo 35
Establecer la colaboración precisa con los órganos competentes, a fin de incluir la educación del consumidor dentro del currículum ordinario de los centros de enseñanza, en todos los ciclos y niveles de la educación obligatoria.
Promover la edición y difusión de vocabularios especializados y otros materiales que faciliten el uso de la lengua propia de las Islas Baleares en los contratos y, en general, en las actividades comerciales y profesionales.
CAPÍTULO V Control e inspección de los productos, bienes y servicios Artículos 36 a 42
Las administraciones públicas de las Islas Baleares en sus respectivos ámbitos competenciales desarrollarán actuaciones de control e inspección de modo coordinado sobre los bienes, productos y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios, a fin de comprobar su adecuación a las normas vigentes en materia de protección del consumidor y usuario.
En especial, se adoptarán las medidas de vigilancia prioritaria y continuada para asegurar el cumplimiento de la normativa reguladora sobre:
La calidad de los alimentos y bebidas y la idoneidad de los establecimientos donde se elaboren, manipulen, envasen, almacenen o expendan.
El origen, distribución y utilización de los productos tóxicos; sustancias, preparados y productos peligrosos.
La calidad y seguridad de las viviendas y las instalaciones de los servicios comunitarios, tales como fluido eléctrico, gas, agua, saneamiento y aparatos elevadores, así como la idoneidad de los sistemas de prevención y extinción de incendios.
La calidad en los medios de transporte público o colectivo y, en particular, la seguridad de los menores en el transporte escolar.
La seguridad en establecimientos de hostelería y restauración, establecimientos públicos y demás lugares de uso o disfrute comunitario, de recreo o de prácticas deportivas.
La composición, grado de inflamabilidad, toxicidad y normas de uso de los productos, así como la seguridad, salubridad y calidad de los juguetes y otros productos destinados a la infancia y a las gestantes.
La Administración autonómica actuará coordinadamente con las administraciones locales en la realización de las actividades de inspección y control.
Las actuaciones de inspección tendrán por objeto, preferentemente el control de aquellos bienes, productos y servicios considerados como de uso o consumo común, ordinario y generalizado.
La actuación inspectora se ajustará a las prescripciones establecidas legalmente en leyes y reglamentos.
Las personas físicas y jurídicas titulares de los establecimientos, sus representantes o personas a cargo del establecimiento en el momento de la inspección están obligadas a:
Consentir y facilitar las visitas de inspección, y acceso a las dependencias del establecimiento, incluso fuera del horario de apertura, cuando sea necesario para el control de la actividad desarrollada.
Suministrar toda clase de información sobre instalaciones, productos o servicios, así como las autorizaciones, permisos y licencias necesarios para el ejercicio de la actividad, permitiendo que el personal inspector compruebe directamente los datos aportados.
Tener a disposición de la Inspección la documentación que sirva de justificación de las transacciones efectuadas, tales como los contratos, facturas, albaranes y demás documentos exigidos legalmente, así como aquéllos que sean necesarios para determinar las responsabilidades pertinentes.
Las personas físicas o jurídicas y, en su caso, sus representantes, titulares de empresas intervinientes en la fabricación, comercialización y venta de bienes o prestación de servicios, están obligadas a informar o presentar la documentación que les sea requerida por los órganos competentes en materia de consumo, a efectos del control de productos y servicios.
Será obligatoria la comparecencia de los ciudadanos en lasoficinas públicas en los términos previstos en el artículo 27i).
CAPÍTULO VI De las medidas cautelares y preventivas Artículos 43 a 46
Cuando existan claros indicios de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios.
Cuando se vulneren de forma generalizada los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios.
Cuando se comercialicen productos carentes de etiquetado obligatorio o éste figure en una lengua no oficial en la Comunidad Autónoma.
La retirada del mercado de productos.
La suspensión de funcionamiento de un elemento del establecimiento o servicio.
El cierre de un establecimiento o la paralización de una actividad.
La información pública en la forma reglamentariamente establecida.
Las medidas cautelares y preventivas deberán ser proporcionadas a la irregularidad detectada y mantenerse el tiempo estrictamente necesario para la realización de los oportunos controles y verificaciones en los centros cualificados para ello, o el tiempo que los interesados inviertan en la subsanación del problema o completa eliminación del riesgo, lo que habrá de ser convenientemente verificado por la autoridad que ordenó la medida.
TÍTULO IV De la potestad sancionadora Artículos 47 a 57
Corresponde a las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma la potestad sancionadora en materia de consumo, ejerciéndose por los órganos administrativos de la misma que la tengan atribuida.
Las infracciones en materia de consumo cometidas en el ámbito territorial de las Islas Baleares serán sancionadas, previa tramitación del correspondiente procedimiento sancionador.
El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones de carácter sanitario.
Las acciones u omisiones que produzcan o puedan producir riesgo o daño efectivo para la salud de los consumidores o usuarios, ya sea de forma consciente o deliberada, ya por incurrir en negligencia o abandono de las precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalaciones de que se trate.
La inclusión en los contratos de adhesión o en documentos anexos, de cláusulas que excluyan los derechos reconocidos a los consumidores en las leyes o que resulten manifiestamente abusivas para éstos o contrarias a la buena fe.
La utilización de cualquier método de venta que limite la libertad de elección de los consumidores o que condicione la decisión de compra de éstos mediante técnicas de venta agresivas.
El fraude en la calidad o cantidad de bienes, servicios o suministros, por adición, sustracción o sustitución de cualquier sustancia o elemento; y la adulteración de éstos por alteración de su composición o calidad, ya sea de modo negligente o intencionado.
El fraude, engaño o incumplimiento en la oferta, promoción y publicidad de productos, servicios o actividades destinados a los consumidores y usuarios.
El incumplimiento de las condiciones que corresponden a la naturaleza, garantía, acuerdo o reparación de los bienes de consumo duradero; y, en general, cualquier situación que induzca a engaño o confusión al consumidor o usuario o que enmascare la verdadera naturaleza del bien, servicio o suministro ofertados, así como la exigencia del pago de mercancías o servicios no solicitados.
La negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor o usuario producidas de buena fe o conforme al uso establecido, así como cualquier situación de discriminación respecto de las referidas demandas.
El incumplimiento de las normas reguladoras de precios; la imposición injustificada de condiciones o prestaciones accesorias no solicitadas o de cantidades mínimas; y, en general, cualquier tipo de actuación que suponga un incremento abusivo de los precios o márgenes comerciales o un desequilibrio entre las contraprestaciones del contrato.
El incumplimiento de las normas que exigen el registro de establecimientos, productos o servicios, la normalización o tipificación de éstos, el etiquetado, envasado y la publicidad de bienes, servicios y suministros, y sus precios.
El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad de bienes, productos, servicios y suministros, en cuanto afecten o puedan suponer un riesgo para el consumidor o usuario.
La represalia, coacción, presión o desconsideración ejercida sobre los funcionarios para influir en la actuación inspectora.
La obstrucción o negativa a facilitar las funciones de inspección, vigilancia o información, así como a suministrar datos a los inspectores, y, en especial la negativa encaminada a evitar las tomas de muestras o a hacer ineficaz la inspección.
El incumplimiento de los requerimientos efectuados por los órganos administrativos, encaminados al esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades susceptibles de sanción.
El incumplimiento de las medidas cautelares y preventivas adoptadas por la autoridad competente y cualquier conducta tendente a ocultar, hacer desaparecer o manipular las mercancías intervenidas.
El incumplimiento de las condiciones establecidas para la defensa de los consumidores y usuarios en las normas reguladoras de las ventas fuera del establecimiento comercial, ventas ambulantes y domiciliarias y ventas a distancia, y el incumplimiento de los requisitos, obligaciones y prohibiciones regulados en la normativa de ventas en general, para la protección de los consumidores y usuarios.
El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones expresamente establecidos en la normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios, y disposiciones complementarias.
El fabricante, importador, vendedor o suministrador de productos o servicios a los consumidores o usuarios, responde del origen, identidad e idoneidad de los mismos, y de las infracciones comprobadas en ellos.
En el supuesto de productos envasados, etiquetados o cerrados con cierre íntegro, responde la firma o razón social que figure en la etiqueta, presentación o publicidad. Podrá eximirse de esa responsabilidad probando su falsificación o incorrecta manipulación por terceros, que serán los responsables.
Cuando una infracción sea imputada a una persona jurídica podrán ser consideradas responsables también las personas físicas que integren sus órganos rectores o de dirección, así como los técnicos responsables de la elaboración y control.
Las infracciones en materia de consumo se calificarán de leves, graves o muy graves en función de la concurrencia de los siguientes criterios:
- Daño o riesgo considerable en la salud o seguridad de los consumidores o usuarios.
- Lesión considerable de los intereses económicos de los consumidores y usuarios.
- Cuantía desproporcionada del beneficio ilícito obtenido, en relación con el valor del bien, servicio o suministro.
- Gravedad de la alteración sanitaria producida.
- Posición de predominio del infractor en el mercado o en cualquier otro ámbito que sea de su aplicación.
Se calificarán de leves las infracciones que incumplan los tipos contemplados en el artículo 48, cuando no concurra ninguno de los criterios agravantes mencionados.
Serán calificadas graves las conductas tipificadas en artículo 48, en las que concurra al menos uno de los criterios agravantes anteriores.
Serán infracciones muy graves las conductas tipificadas en el artículo 48, en las que se den dos o más criterios agravantes.
Multa comprendida entre los 300 y los 4.500 euros para las infracciones leves.
Multa comprendida entre los 4.500,01 y los 24.000 euros para las infracciones graves, y puede sobrepasar esta cuantía hasta llegar al quíntuple del valor de los productos o servicios objeto de la infracción.
Multa comprendida entre los 24.000,01 y los 660.000 euros para las infracciones muy graves, y puede sobrepasar esta cuantía hasta llegar al quíntuple del valor de los productos o servicios objeto de la infracción.
Artículo 51, modificado por el Decreto Ley 7/2011, de 23 de diciembre, por el que se establece el régimen sancionador en diversas materias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y se fijan medidas administrativas urgentes en materia de juego, publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 29 de Diciembre de 2011.
Artículo 51, modificado por la Ley 4/2012, de 30 de abril, por la que se establece el régimen sancionador en diversas materias en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears y se fijan medidas administrativas urgentes en materia de juego, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 12 de Mayo de 2012.
Artículo 51, modificado por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 29 de Diciembre de 2012.
La naturaleza de los perjuicios causados a los consumidores yusuarios.
Reincidencia, por comisión en el plazo de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
Amonestación previa.
Volumen de ventas o de prestación de servicios.
Que afecte a bienes de uso común o de primera necesidad.
La reparación efectiva del daño causado al usuario o consumidor.
La autoridad a la que corresponda resolver el expediente podrá acordar, previa propuesta del instructor y como sanción, el decomiso de la mercancía adulterada, falsificada, fraudulenta o no identificada y de aquélla que pueda suponer un riesgo para el consumidor, siendo el infractor quien pague los gastos que originen las operaciones de intervención, depósito, comiso y destrucción de la mercancía.
Por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna de las circunstancias de riesgo o daño efectivo para la salud o seguridad de los consumidores y usuarios o menoscabo en sus intereses económicos, reincidencia en infracciones graves o muy graves, o acreditada intencionalidad en la comisión de las infracciones, la autoridad que adopte la resolución del procedimiento sancio-nador podrá acordar que se dé publicidad de las sanciones impuestas, acompañadas del nombre de la empresa y personas naturales o jurídicas responsables, con expresa indicación de las infracciones cometidas. Dichos datos se publicarán en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears y en el Boletín Oficial del Estado, si la empresa infractora es de ámbito estatal o internacional, y en los medios de comunicación que se consideren oportunos.
También se podrá imponer como sanción el pago de los análisis necesarios para comprobar la infracción investigada, a la empresa responsable de la misma.
Además podrá procederse al cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio donde se cometió la infracción, por el plazo máximo de cinco años, en aquellos casos en los que se cometa una falta muy grave.
En las infracciones en materia de publicidad, el órgano competente para sancionar exigirá al infractor, de oficio o a instancia de las organizaciones de consumidores y usuarios, la publicación a sus expensas de un comunicado en el que se rectifique la publicidad efectuada, que deberá realizarse en las mismas o similares condiciones en que se produjo la actuación sancionada.
Las infracciones en materia de defensa del consumidor prescriben a los cinco años. El plazo de prescripción comienza a contar desde el día de la comisión de la infracción, y se interrumpe en el momento en que el procedimiento se dirija contra el presunto infractor.
La acción para perseguir las infracciones caducará cuando, conocida por la administración competente para sancionar la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos o finalizados los análisis iniciales, transcurran seis meses sin que el órgano competente de aquélla ordene iniciar el procedimiento sancionador.
La documentación de los procedimientos de control, inspección y reclamaciones en materia de consumo podrá ser destruida transcurridos cinco años desde la fecha de su realización o inicio, en el supuesto de que se trate de procedimientos.
En el supuesto de los expedientes sancionadores y arbitrales, el plazo referido en el apartado anterior será de diez años.
TÍTULO V De las competencias de las administraciones públicas Artículos 58 a 61
ARTÍCULO 58 Coordinación de las competencias.
El Gobierno de las Islas Baleares dirige la política de defensa de los consumidores y usuarios, ejerce la potestad reglamentaria en la materia y coordina la actuación de los consejos insulares y de las demás entidades locales en la consecución de los objetivos fijados en esta ley.
A efectos de coordinación de la actuación de las diversas administraciones públicas se establecerán acuerdos entre las mismas, que permitan rentabilizar los recursos humanos y materiales de que dispongan y hacer efectivo y eficaz el control del cumplimiento de la normativa vigente.
La Dirección General de Consumo de la Conselleria de Sanidad y Consumo del Gobierno de las Islas Baleares, será la encargada de la coordinación de los distintos departamentos del Gobierno con competencias concurrentes, respecto de la política de defensa de los consumidores y usuarios que se establezca por éste.
Reglamentariamente se establecerá una comisión de coordinación en materia de consumo en la que estarán representadas todas las consellerias que puedan tener competencia en materia de consumo y defensa del consumidor y usuario.
Corresponde a las diversas consellerias del Gobierno de las Islas Baleares con competencia sectorial en materia de consumo, la ejecución de la presente ley y de las normas que la desarrollan, y la realización de las actuaciones con sujeción a los principios que la inspiran.
Las corporaciones locales podrán ejercer concurrentemente con las consellerias del Gobierno de las Islas Baleares competencias en materia de defensa del consumidor y usuario, en los términos establecidos en la presente ley, y la legislación general y específica en la materia. El ejercicio de las competencias tendrá que ser regulado mediante el correspondiente reglamento o ordenanza.
En todo caso, las corporaciones locales son competentes en materia de defensa del consumidor y usuario respecto de las ventas ambulantes y mercados permanentes o temporales que se realicen en el municipio.
Las administraciones públicas competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios ajustarán su actuación a los principios de colaboración, cooperación y lealtad institucional, de acuerdo con las reglas generales de las relaciones interadministrativas.
Los consejos insulares y los ayuntamientos proporcionarán a la Administración de la Comunidad Autónoma la información necesaria para el ejercicio de sus competencias.
El Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá establecer la colaboración de las corporaciones locales en campañas concretas de control de productos o servicios.
Cuando no resulte posible asumir el control establecido en los apartados anteriores, los ayuntamientos podrán solicitar el apoyo de los consejos insulares, en los términos establecidos en las normas que los regulan, y, en su defecto, el de los órganos del Gobierno de las Islas Baleares.
El Gobierno de las Islas Baleares, oídas las consellerias con competencias en materia de consumo, aprobará anualmente un plan de objetivos que establecerá las prioridades de la acción pública en la consecución de los objetivos fijados en esta ley.
Las determinaciones del plan tendrán carácter prioritario para las administraciones actuantes en relación a la concesión de subvenciones y la financiación de proyectos.
Anualmente el Gobierno de las Islas Baleares remitirá al Parlamento una memoria sobre la aplicación del plan.
La presente ley entrará en vigor al mes siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.
Palma, a cinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho
Fdo: Jaime Matas Palou
Fdo: Rosa Estarás Ferragut

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 12
 Artículo 21
 Artículo 26
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 35
 artículo 27
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48

Artículo 51

Artículo 51

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 resolución 
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ARTÍCULO 58