Source: http://www.aliadosporlademocracia.org.sv/index.php/Propuestas?doc=4
Timestamp: 2018-12-16 17:02:25+00:00

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Desde 1998, cuando entraron en vigencia los Códigos Penal y Procesal Penal, la FGR materializó la función de investigar los delitos y la persecución penal, que le corresponde por Constitución . Desde entonces, las responsabilidades y obligaciones han venido en aumento, con un orden legal cambiante, actualizado y novedoso. Sin embargo, este traslado de funciones, que antes correspondía a los jueces de lo penal, no vino acompañado de su respectivo incremento presupuestario.
Contrario a ello, las responsabilidades y obligaciones han venido en aumento. En otras palabras, no ha existido equilibrio entre las crecientes ocupaciones y el presupuesto asignado, generando sobrecarga de trabajo, limitando la investigación y la judicialización de los procesos, provocando con ello, entre otras consecuencias, impunidad y ausencia de justicia para las víctimas.
La asignación presupuestaria está supeditada a las decisiones políticas que toman año con año, el Órgano Ejecutivo y el Legislativo. Por ello es fundamental impulsar una reforma que otorgue autonomía financiera a la Fiscalía, a efectos de cumpla con los resultados que le corresponden como entidad responsable de garantizar los derechos de las víctimas.
Por otra parte, en sentencia reciente, la Sala de lo Constitucional se pronunció respecto del monopolio de la acción penal de parte de la FGR, expresando: “En este sentido, el ordenamiento jurídico procesal penal vigente no estipula mecanismo alguno para acceder a la jurisdicción, ante el desinterés o negativa de investigar que pueda mostrar el fiscal del caso o su superior, lo cual supone una clara desventaja y desprotección para la víctima; quien una vez vea imposibilitado su acceso a la justicia penal”.
La sentencia concluye que la acción penal no es competencia exclusiva de la FGR y en consecuencia, deben establecerse las disposiciones legales que regulen y hagan cumplir el mandato de la Sala de lo Constitucional.
Finalmente, en la actualidad el Fiscal General de la República es electo cada tres años por la Asamblea Legislativa. En consecuencia, no sólo existe dependencia del Fiscal hacia los partidos políticos, sino que cuenta con un período corto de tiempo para conocer, diseñar e implementar planes para el fortalecimiento de la Fiscalía.
Fortalecer la independencia de la Fiscalía General de la República
Consolidar el ejercicio legítimo de preservar efectivamente los intereses de la sociedad
Proteger los derechos de las víctimas.
En tal sentido, se propone las siguientes reformas constitucionales y legales que fortalezcan el trabajo de la Fiscalía General de la República:
El Fiscal General de la República será elegido para un período de seis años, con derecho a una única reelección. Mismo período se propone para el Procurador General de la República y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Serán electos por dos tercios de los votos de los diputados electos.
Seis años con posibilidad de reelección, dota de estabilidad e independencia en los cargos, y facilita que los funcionarios puedan desarrollar sus planes de trabajo, contando con tiempo suficiente y medible en cuanto a resultados.
Los candidatos a Fiscal General de la República deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de cuarenta años, de moralidad y capacidad legal notoria, conocimiento de las más altas corrientes de pensamiento jurídico en la materia a desempeñar, no tener afiliación política partidaria, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los cinco años anteriores a su elección, no tener contratos con el Estado ni haberlos tenido los cinco años anteriores a la elección, no tener cuentas pendientes con el Estado, ni juicios administrativos ni judiciales en el mismo y no haber sido condenados por delito.
Elevar a rango constitucional una asignación no inferior al dos por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado para la FGR. Con ello, se otorga independencia presupuestaria a una entidad que es clave en el combate del delito. Sin embargo, esta reforma debe acompañarse de un plan de profesionalización de la investigación del delito, transitando hacia la utilización de mecanismos científicos y personal especializado para tal efecto.
Reformar el Código Procesal Penal de manera que las acciones públicas podrán ser transformadas en acciones privadas a petición de la víctima o su apoderado especial, cuando el fiscal decida archivar el expediente de investigación o no cumpla con los plazos establecidos para presentar el requerimiento fiscal conforme a este código, en los casos donde exista afectación en bienes jurídicos individuales.
En estos casos, la víctima por medio de su apoderado especial, acudirá de forma directa al Juez de Paz competente a presentar la querella, y todo acto de investigación será conforme el procedimiento común a fin de obtener y proponer cualquier medio de prueba para establecer la existencia del delito y la participación del presunto responsable.
Una vez iniciada la querella, el Juez de Paz competente deberá librar oficio al Fiscal General de República, a fin que presente todos los medios de prueba que el fiscal del caso haya recabado dentro de las diligencias iniciales de investigación, con el objeto de ser utilizadas como pruebas de cargo o descargo, según sea el caso.
En las reuniones de los Aliados por la Democracia fueron planteadas otras áreas que requieren reformas, tales como rendición de cuentas de los fiscales, de acuerdo a indicadores de desempeño, cumplimiento de metas y objetivos medibles; la creación de una entidad independiente para realizar la investigación científica, el fortalecimiento de la figura del fiscal electoral, entre otras, las cuales se acordó serán discutidas en el futuro próximo.
Que el artículo 193 de la Constitución de la República establece que corresponde al Fiscal General de la República entre otras facultades, defender los intereses del Estado y de la sociedad.
Que conforme a las reformas realizadas en el año 1991 y 1996, la entidad ha sido reforzada en las funciones de coordinación y colaboración con otras entidades, a fin que sea esta, el ente especializado en la dirección de investigación del delito.
Que no obstante los esfuerzos que la Fiscalía realiza en el combate a la delincuencia, es necesario dotar a la misma de las herramientas constitucionales necesarias que den continuidad a los planes de mediano y largo plazo, así como las medidas presupuestarias necesarias para el fortalecimiento de la misma.
Que para el cumplimiento del considerando señalado anteriormente, se vuelve indispensable hacer las reformas constitucionales necesarias que conlleven a un combate efectivo contra la delincuencia.
Artículo. 1.-
Reformase el artículo 192 de la Constitución de la manera siguiente:
“Artículo 192.-
El Fiscal General de la República, el Procurador General de la República y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, serán elegidos por la Asamblea Legislativa por mayoría calificada de los dos tercios de los Diputados electos.
Durarán seis años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelegidos una vez. La destitución solamente procederá por causas legales, con el voto de los dos tercios de los Diputados electos.
Los candidatos a Fiscal General de la República deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de cuarenta años, de moralidad y capacidad legal notoria, conocer de las más altas corrientes de pensamiento jurídico en la materia a desempeñar, no tener afiliación política partidaria, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los cinco años anteriores a su elección, no tener contratos con el Estado ni haberlos tenido los cinco años anteriores a la elección, no tener cuentas pendientes con el Estado, ni juicios administrativos ni judiciales en el mismo y no haber sido condenados por delito.
Adiciónese un inciso final al artículo 193 de la Constitución de la República, de la manera siguiente:
Incorpórese a la Constitución de la República, en su artículo 193, un inciso 3º de la manera siguiente:
“La Fiscalía General de la República dispondrá anualmente de una asignación no inferior al dos por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado.”
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los _________________días del mes de __ del año dos mil doce.
Que uno de los derechos consagrados en el artículo 182 numeral 5º de la Constitución de la República, es la pronta y cumplida justicia, lo que implica que para que no existan dilaciones en el proceso que obedecen a la inactividad de la Fiscalía General de la República, se deben adoptar medidas legislativas adecuadas para conceder la satisfacción real y práctica de los derechos de las víctimas.
Que la Constitución de la república en el Art 11 reconoce que ninguna persona puede ser privada de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes, considerando que el acceso a la justicia como la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y reivindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular.
Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en el Art. 8.1 dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable, por un juez o autoridad competente, así como el Art. 25 del mismo cuerpo normativo, regula el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención.
Que según el Decreto Legislativo 733 que contiene el Código Procesal Penal vigente, establece que en nuestro sistema penal, los delitos de acción pública y los delitos de acción pública, que requieren previa instancia particular, le corresponde el ejercicio de la acción penal exclusivamente a la Fiscalía General de la República, y, excepcionalmente y de forma limitada para algunos delitos se puede convertir en acciones privadas, únicamente cuando el Fiscal decida archivar la investigación y a discreción del referido funcionario declarar la procedencia.
Que en sentencia 5-2001 emitida por la Sala de lo Constitucional de la CSJ, se estableció que el artículo 193 de la Constitución de la República, no estable el ejercicio de la acción penal como un monopolio ni competencia exclusiva de la Fiscalía General de la República; ya que, entenderlo así, implicaría un desconocimiento o anulación del derecho de acceso a la justicia de las víctimas de delitos. En razón de ello, el Art. 193 ordinal 4° de la Constitución, conforme al Principio de unidad de la Constitución, debe ser interpretado armónicamente con el Art. 2 inciso 2° de la norma suprema.
Que por lo expresado en los considerandos anteriores, se hace indispensable garantizar y proteger el acceso a la justicia de las víctimas y ampliar los bienes jurídicos en los cuales pueda acceder de forma directa a la justicia.
Sustituyese el artículo 29, de la manera siguiente:
“Artículo 29. Las acciones públicas podrán ser transformadas en acciones privadas a petición de la víctima o su apoderado especial, cuando el fiscal decida archivar el expediente de investigación o no cumpla con los plazos establecidos para presentar el requerimiento fiscal conforme a este código, en los casos donde exista afectación en bienes jurídicos individuales.
En estos casos, la víctima por medio de su apoderado especial, acudirá de forma directa al Juez de Paz competente a presentar la querella. Todo acto de investigación se realizará conforme al procedimiento común a fin de obtener y proponer cualquier medio de prueba para establecer la existencia del delito y la participación del presunto responsable.
Una vez iniciada la querella, el Juez de Paz competente deberá librar oficio a la Fiscal General de República, a fin que presente todos los medios de prueba que el fiscal del caso haya recabado dentro de las diligencias iniciales de investigación, con el objeto de ser utilizadas como pruebas de cargo o descargo, según sea el caso.”
El presente decreto entrara en vigencia ocho días después de su publicación.
DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO; San Salvador, a los --- días del mes de --------- del año dos mil doce
Antes de 1998 eran los Jueces de Paz y de lo Penal los que se dirigían la investigación.
Sentencia 5-2001 acumulada del 23 de diciembre de 2010, emitida por la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
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References: artículo 193
 artículo 192
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 182
 resolución 
 artículo 193
 artículo 29