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Timestamp: 2018-09-19 22:42:36+00:00

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Acuerdo y Sentencia 0147/2017 Tribunal de Cuentas 1ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 1ª SALA Nº 147/17
JUICIO: "MOCIPAR PROPIEDADES S.A. C/ RESOLUCION N° 212 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2015, DICTADA POR LA SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (SEDECO)". (EXPTE. N°679, FOLIO 199, AÑO 2016).
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los once días del mes de octubre del año dos mil diez y siete, estando presentes los Excelentísimos Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, MARTIN AVALOS VALDEZ, RODRIGO A. ESCOBAR E. Y AMADO VERON DUARTE, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la Presidencia del Primero de los Nombrados, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba a objeto de resolver el juicio contencioso administrativo caratulado: "MOCIPAR PROPIEDADES S.A. C/ RESOLUCION N° 212 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2015, DICTADA POR LA SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (SEDECO)".
Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Cuentas Primera Sala, resolvió plantear y votar la siguiente
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: RODRIGO A. ESCOBAR E., AMADO VERON DUARTE Y A. MARTÍN ÁVALOS VALDEZ.
Y EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, RODRIGO A. ESCOBAR E., DIJO: QUE, en fecha 26 de Octubre del 2.015 (fs. 40/43), el Abogado JOSE FABRICE TURBAUX en nombre y representación de la Empresa MOCIPAR PROPIEDADES S.A. viene a accionar contra la Resolución N° 212 del 31 de Julio del 2.015 dictada por la SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (SEDECO).
QUE, en dicha presentación, el accionante expuso que, en ocasión de una denuncia presentada ante la SEDECO por la Sra. ALCIDA RAMONA GONZALEZ, contra la firma; se llevó a cabo una audiencia conciliatoria en fecha 14 de Noviembre del 2.014, donde la citada persona reclamó a la empresa MOCIPAR S.A. devoluciones de cuotas abonadas en el marco contractual del sistema "Plan Casa", sin llegarse a un acuerdo entre la firma y la consumidora denunciante. Y, tras los trámites de rigor, la SEDECO dictó la Resolución N° 124, impugnada en autos, por la que ordenó a la Empresa la devolución de la suma de GUARANIES SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL a la denunciante y consumidora, Sra. ALCINA RAMONA GONZALEZ con base en el Art. 28. inc. e) del Decreto N° 21.004/03, a más de un apercibimiento escrito.
QUE, afirma el recurrente que el contrato fue indebidamente calificado como abusivo y violatorio de la Ley por la SEDECO, cuando que el mismo documento ya fue puesto a disposición de SEDECO con anterioridad, a fin de adecuarlo a lo normado en la Ley N° 1334/98 De Defensa del Consumidor. Explica que en ese entonces la SEDECO actuaba como una OFICINA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR dependiente del MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (MIC), momento aquel en que se recomendó a MOCIPAR S.A. la modificación de una cláusula, lo que: "...fue acatada por la firma. Este hecho -no sugerir la modificación de las demás clausulas- nos creó la convicción de que el contrato no violaba de ninguna manera la ley 1334/98...La firma tiene toda la apertura del mundo para modificar -o incluso suprimir- si fuera necesario, la redacción de dicha cláusula a sugerencia de la SEDECO. Por esos motivos nos sorprende el tenor de la resolución, en la cual concluye que una de las clausulas, en particular a la cláusula novena, es abusiva y por tanto, se viola la Ley que protege al consumidor..." (fs. 41).
QUE, invoca el representante legal de la ACTORA al Art. 50, inciso 2, de la Ley N° 1.334/98 puesto que el mismo: "...legítima la postura de la empresa de negarse a devolver los aportes. La denunciante deberá, si pretende salir, vender sus derechos a un tercero o, en caso que prefiera cumplir el contrato, suscribirse al plan consorcio...las salidas propuestas no infringen derechos del consumidor porque el objeto del contrato -la formación de un fondo de anticipos para la compra de una vivienda- es licito y porque la cesión de los contratos es un derecho del consumidor..." (fs. 42) a más de que la misma Ley no obliga a MOCIPAR S.A. a devolver el dinero, sino a aceptar la cesión del contrato a un tercero propuesto por el cliente.
QUE, expresa también que, en el supuesto de que fuera anulada la cláusula objetada por la SEDECO, por el PRINCIPIO GENERAL DE CONSERVACIÓN DE LOS CONTRATOS, consagrado en el Art. 28 de la misma Ley N° 1334/98, el resto del contrato sigue vigente y que: "...En ese entendimiento -aplicabilidad de las demás clausulas-, lo que debemos hacer es buscar la solución en las demás clausulas insertas, tal como se explica en los artículos 708 al 714 del código civil, y en particular el articulo 709... que reza: Las cláusulas del contrato se interpretaran las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del contexto general..." (fs. 43), reclamando, en tal sentido, la eficacia de la Cláusula octava del contrato en virtud de la que pretenden se resuelva el conflicto pues la misma autorizaría a la consumidora; Sra. ALCINA RAMONA GONZALEZ, a ceder y transferir sus derechos a terceros.
QUE, destaca que la SEDECO argumentó la escasez de recursos económicos de la consumidora, ALCINA RAMONA GONZALEZ, como justificativo de su incapacidad para continuar cumpliendo con las premisas contractuales, cuando que ello no puede determinar la legalidad del contrato y, además, en todo acto de esta naturaleza se presume que las partes han sopesado los riesgos que se comprometen a asumir por lo que deben de hacerse cargo de esas decisiones y finaliza peticionando se revoque el Acto Administrativo impugnado ya que su representada MOCIPAR S.A. no ha incurrido en ninguna infracción a la Ley, y solo pretende se dé cumplimiento cabal a lo pactado puesto que las cláusulas del contrato se encuentran en concordancia y armonía con la Ley.
QUE, por providencia de fecha 26 de Abril de 2016 (fs. 48, vuelto), se dio traslado de la presente Demanda y, a fs. 57/60 se presentó el Abg. JUAN GERARDO ALMIRON OJEDA, en representación de la SEDECO a contestarla en tiempo oportuno en estos términos: "...La accionante se agravia de la resolución N° 212...a razón de que esta Autoridad de Aplicación ha resuelto ordenar la devolución de lo aportado por la Sra. Alcira...consistente en la suma de Gs. 6.600.000...resultado del Sumario Administrativo...donde se demuestra que el contrato celebrado...contiene efectivamente cláusulas abusivas, lo cual ha motivado el dictamiento de dicha resolución" (fs. 57/58).
QUE, subraya que pese a que la empresa manifestó que se adviene a modificar o incluso suprimir la cláusula cuestionada por la SEDECO: "...sin embargo se niega al cumplimiento de una Resolución emitida por dicha Autoridad de Aplicación, en uso de sus atribuciones legales y de conformidad a lo establecido en la Ley 1.334/98..." (fs. 58) y expone que tras una valoración jurídica respecto de la cláusula novena del contrato mencionado, donde se insertan las condiciones de "Culminación de la Promoción Especial", es abusiva, a la luz del Art. 28, incisos g) y h) de la Ley N° 1334/98 puesto que la misma condiciona a la denunciante a que: "...si en el caso de no salir adjudicada, después de haber pagado las 60 cuotas del aporte pactado en la cláusula primera, tiene 30 días a partir de la disolución para hacer valer sus derechos, conforme a la cláusula sexta, caso contrario, la firma Mocipar Propiedades S.A. queda liberada de toda obligación perdiendo el consumidor todos sus derechos sobre lo aportado..."(fs. 59), restando a la consumidora la única opción de adherirse a otro plan para la compra de una vivienda de un dormitorio y perdiendo el capital invertido.
QUE, así también considera que: "...la Ley 1334/98, De Defensa del Consumidor y del Usuario, es de Orden Público, irrenunciable y de carácter obligatorio, constituye un sistema protector, que corrige el modo de contratar y de usar los bienes y servicios, evitando la vulnerabilidad del consumidor. Es así que nos encontramos con una parte fuerte, constituida por el proveedor y una parte débil llamada consumidor, esta discapacidad de fuerza es la que pone de manifiesto la necesidad de la función tuitiva del Estado, a efectos de restituir, de algún modo, el equilibrio..." (fs. 59). Y que al resolver la SEDECO que la cláusula NOVENA del contrato resulta: "...abiertamente abusiva, atendiendo a que establece condicionamientos a la consumidora que en caso de imposibilidad de llevarlas a cabo, conllevan la perdida de todo lo aportado en concepto de anticipos, liberando a la empresa de toda obligación de reembolso, acrecentando directamente su patrimonio en detrimento de los derechos de la consumidora..." (fs. 59), y tomando en cuenta lo dispuesto en el Art. 2 y el Art. 28 de la Ley N° 1334/98. que hacen prevalecer los derechos reconocidos en dicha disposición sobre toda convención, norma legal e inclusive uso, costumbre o práctica como también establecen las condiciones que hacen abusiva la citada clausula; los argumentos del ACTOR resultan inconducentes por haberse probado con certeza que el contrato contiene disposiciones injustas y abusivas del consumidor.
QUE, cierra su contestación expresando que: "...De todas las constancias obrantes en autos y la valoración de las mismas, nos permiten concluir en forma certera que no existe argumento alguno para revocar la Resolución Administrativa hoy impugnada..." (fs. 60). Y, peticiona a ésta instancia que, previo procedimiento de rigor, se dicte resolución rechazando las pretensiones de la Empresa accionante, con costas.
QUE, por AI N° 966 del 19 de Septiembre del 2.016 (fs. 69) el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, declaró su competencia para entender en éste Juicio y recibir la causa a prueba. A fs. 69 de autos obra el Informe del Actuario de fecha 15 de Diciembre del 2.016 que en lo pertinente da noticia del vencimiento del Periodo de Prueba. En base a dicho informe y por proveído de la misma fecha (fs. 69), éste Tribunal, tuvo por cerrado el mismo y llamó "AUTOS PARA SENTENCIA".
QUE, el MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, DR. RODRIGO A. ESCOBAR E., continuó diciendo:
QUE, corresponde pasar al estudio de la cuestión debatida, en relación a la arbitrariedad imputada por la PARTE ACTORA sobre el Acto Administrativo impugnado, que es la Resolución N° 212 del 31 de Julio del 2.015 (fs. 44/50, Antecedentes Administrativos) dictada por la SEDECO , por la que se dispone: "Declarar a la Empresa MOCIPAR...ha incurrido en infracción del Art. 28 inc g) y h) de la Ley N° 1.334/98 de Defensa del Consumidor y el Usuario...Ordenar a la Empresa MOCIPAR...la devolución de la suma de Guaraníes Seis Millones Seiscientos Mil (Gs. 6.600.000), a la Señora Alcida Ramona González...Apercibir a la Empresa MOCIPAR..." (fs. 51, Antecedentes).
QUE, del examen pormenorizado de autos se desprende que en este caso, una consumidora; ALCIDA RAMONA GONZÁLEZ, quien se encontró agraviada en sus derechos en base a que consideró que la Empresa MOCIPAR S.A. debía devolverle sus aportes dados en el marco de adhesión a uno de los sistemas promocionados por la firma: el "Plan Casa" acudió ante la SEDECO que llevo adelante el procedimiento en base al Contrato de Adhesión obrante a fs. 10 y vito. (Antecedentes), y de la lectura del citado Instrumento firmado por la ACTORA y la CONSUMIDORA, se colige que la SEDECO en el contexto del SUMARIO ADMINISTRATIVO instruido a MOCIPAR S.A. basamento su criterio en lo establecido en los incisos g) y h) del Art. 28. de la Ley N° 1334/98, De Defensa del Consumidor normas de Ley que en lo pertinente disponen sobre las cláusulas o estipulaciones abusivas que conllevan la nulidad de pleno derecho y en este caso son oponibles al instrumento contractual agregado en autos, habida cuenta que la SEDECO es la AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE DICHA LEY.
QUE, sobre el punto, cabe rememorar que en ésta instancia se debe comprobar la regularidad y validez del Acto Administrativo impugnado y sometido a cuestionamiento, de lo que no puede surgir la obligación de verificar cada una de las Reglas del contrato, materia propia del Derecho Civil. Y, efectivamente, del examen del procedimiento se constata que no fue vulnerado ningún derecho del ACTOR, sino que se obro dentro del DEBIDO PROCESO, gozando el mismo de todos los privilegios y prorrogativas para articular sus argumentaciones.
QUE, así también, como lo enseña la doctrina: "...una resultante de la juridicidad con que se mueve la actividad estatal. La legalidad justifica y avala la validez de los actos administrativos; por eso crea la presunción de que son legales, es decir, se los presume válidos y que respetan las normas que regulan su producción..." (ROBERTO DROMI. Derecho Administrativo. Ed. Ciudad Argentina, Bs. As. Argentina, Año 1995. Pp 222) por lo mismo, se presume la legitimidad de la Resolución N° 212, y; no cabe duda que el Acto Administrativo impugnado, además de gozar del presupuesto de legalidad, legitimidad y ejecutoriedad -ya que fue dictado por el órgano competente, dentro de las facultades legales que le eran inherentes- está ajustado a Derecho al declarar la existencia de una infracción meritoria de sanción y al especificar sobre quienes recae la responsabilidad por este tipo de infracciones, pues las normas transcriptas son claras y deviene en un desacierto lo sustentado por MOCIPAR S.A.
QUE, por los argumentos esgrimidos ut supra, esta Magistratura no tiene otro camino que concluir que la firma MOCIPAR PROPIEDADES S.A., fue sancionada de manera justa por la SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (SEDECO), Autoridad de Aplicación de la Ley, la cual actuó dentro de sus facultades regladas, por tanto es procedente no hacer lugar a la presente Demanda y disponer la confirmación de la Resolución impugnada por la Recurrente con expresa imposición de COSTAS, a la parte actora.
QUE, por otra parte, según a los preceptos establecidos en el Art. 9 de la "Ley 1.376/88, de Arancel de Honorarios de Abogados y Procuradores'', se debe efectuar el justiprecio de los trabajos de los Profesionales intervinientes al momento de dictar Resolución en esta
DEMANDADA y
Ab. Juan Gerardo Almirón Ojeda (Mat. CSJ 14.939)
ACTORA y Vencida
MOCIPAR PROPIEDADES S.A.
Ab. Fabrice Turbaux (Mat. CSJ 4920)
QUE, conforme la disposición citada, surge palmaria la obligación de justipreciar los honorarios de los Profesionales citados, tomando en cuenta lo establecido en los Artículos 63, 32 y concordantes de dicha Ley Arancelaria, valorando la labor desempeñada en cada una de la Etapas del Juicio, el monto, complejidad y provecho obtenidos, así como la naturaleza y duración del litigio, que se inició el 26 de Octubre del 2.016 ante esta Instancia.
QUE, al efecto, debemos cuantificar el MONTO BASE, según lo establecido en la Ley de Honorarios que deberá estimarse en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA JORNALES (240 jornales) que la Ley Arancelaria permite para las regulaciones en nuestra materia por los trabajos de Patrocinio y en la mitad, es decir CIENTO VEINTE JORNALES (120 jornales) por los trabajos de Procuración. Dichos montos deben reducirse a la mitad, conforme lo manda Art. 29 de la Ley 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo Y De Adecuación Fiscal" y finalmente, al quantum así obtenido se debe aplicar el porcentual del 10% en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) como lo dispone la Ley 125/95 "De Régimen Tributario", en correspondencia a la Acordada N° 337/04 De La Excelentísima Corte Suprema De Justicia.
QUE, conforme lo dispuso el DECRETO N° 7351 de fecha 27 de junio del 2.017 del PODER EJECUTIVO el valor de cada JORNAL queda establecido en la suma de GUARANÍES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO (Gs. 78.505.-).
QUE, en relación y, atento a los parámetros citados; se fijan los honorarios profesionales de la PARTE VICTORIOSA en TODAS las ETAPAS en 120 Jornales equivalentes a: GUARANÍES NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL, SEISCIENTOS(Gs. 9.420.600.-) por los trabajos de patrocinio y en la suma de: GUARANÍES CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS (Gs. 4.710.300.-) por los de Procuración, correspondiendo una tercera parte por las intervenciones en cada Etapa, y en la mitad de dichos montos en iguales condiciones para la PARTE VENCIDA, debiendo adicionarse el importe correspondiente al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
QUE, en consecuencia; corresponde justipreciar ésta regulación acorde la liquidación que se detalla a continuación:
Parte y Valoración
Cálculo en Guaraníes
Demandada y Victoriosa
120 J. en Patrocinio 60 J. en Procuración Total: 180 Jornales
Ab. Juan Gerardo Almirón Ojeda
DOBLE CARÁCTER Todas las Etapas 180 Jornales
14.130.900
1.413.090
Actora y Vencida 60 J. en Patrocinio 30 J. en Procuración Total: 90 Jornales
Ab. Fabrice Turbaux
DOBLE CARÁCTER Todas las Etapas 90 Jornales
7.065.450
706.545.
QUE, por lo tanto, corresponde disponer la Regulación de Honorarios profesionales del Abg. JUAN GERARDO ALMIRÓN OJEDA por sus actuaciones en doble carácter por la Parte Demandada y Victoriosa en las integras etapas de este Juicio en la suma de Gs. 14.130.900.- y, más la suma de Gs. 1.413.090.- como pago del IVA. Así mismo, corresponde regular las actuaciones del Abg. FABRICE TURBAUX en representación de doble carácter por la Parte vencida en la suma de Gs 7.065.450- debiendo adicionarse a dicho monto el quantum de Gs. 706.545.- en concepto de pago del IVA.
QUE, en consecuencia, conforme lo pergeñado y en virtud a las claras disposiciones de Ley invocadas; VOTO POR LA POSITIVA DE LA CUESTIÓN, por lo que corresponde NO HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa, CONFIRMAR la Resolución N° 212 de fecha 31 de julio del 2.015 dictada por LA SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (SEDECO) de conformidad con los fundamentos desarrollados en el exordio. En cuanto a las costas de la instancia, y en virtud a la TEORÍA OBJETIVA DEL RIESGO asumido contenida en el Art. 192 del Código Procesal Civil, las mismas deberán ser soportadas por la parte perdidosa y se debe REGULAR de Oficio los honorarios profesionales de los Letrados intervinientes conforme la Liquidación detallada en el exordio. ASÍ VOTO.
A SU TURNO LOS EXCELENTÍSIMOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, PRIMERA SALA, AMADO VERON Y A. MARTIN AVALOS, manifiestan que se adhieren al voto del colega, preopinante, por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo, firman los Miembros del Tribunal de Cuentas. Primera Sala, por ante el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue.
Asunción, 11 de octubre de 2017.
1) NO HACER LUGAR, a la presente acción contencioso- administrativa planteada por MOCIPAR PROPIEDADES S.A. C/ LA SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (SEDECO)" (Expte. N° 679, Folio 199, Año 2.015) y en consecuencia CONFIRMAR, la RESOLUCION N° 212 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2.015 DICTADA POR la DEMANDADA.
2) COSTAS, a la perdidosa.
3) REGULAR, los HONORARIOS PROFESIONALES del Abg. JUAN GERARDO ALMIRÓN OJEDA de Matrícula CSJ N° 14.939 por sus actuaciones en doble carácter por la Parte Demandada en éste Juicio en la suma de GUARANIES CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS (Gs. 14.130.900.-) y más la suma de GUARANIES UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVENTA (Gs. Gs. 1.413.090.-) en concepto de pago del IVA.
4) REGULAR, los HONORARIOS PROFESIONALES del Abog. Fabrice Turbaux con Matrícula CSJ N° 4.920 por sus actuaciones en doble carácter en las integras etapas de este Juicio por la Parte Actora en la suma de GUARANIES SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA (Gs. 7.065.450.-) y más la suma de GUARANIES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO (Gs. 706.545.) en concepto de pago del IVA.
5) NOTIFICAR, anotar, registrar y remitir cop¡a a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.
Abog. Esteban D. González. Actuario

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