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Timestamp: 2020-05-31 06:17:25+00:00

Document:
STS 187/2014, 10 de Marzo de 2014 - Jurisprudencia - VLEX 508627422
Número de Recurso: 1425/2013
Número de Resolución: 187/2014
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. INTERVENCIONES TELEFÓNICAS. El hecho de no haberse acreditado el destino de la droga a la venta, no excluye por sí misma la tipicidad de la conducta, ya que la posesión para facilitar o favorecer el consumo ilícito de estupefacientes que causen grave daño a la salud también constituye una conducta típica, aunque no concurran contraprestaciones económicas, y ésta es precisamente la conducta que se declara probada. Esta Sala ha excluido excepcionalmente de la tipicidad de la conducta los supuestos denominados de consumo compartido, por estimar que si el consumo propio no se encuentra penado tampoco debe estarlo el hecho de compartir entre varios consumidores una limitada cantidad de sustancia estupefaciente en un acto privado, o su agrupación para adquirir la droga destinada a ese ulterior consumo compartido privado. Se condena a los acusados. Se desestima la casación.
En los recursos de casación que ante Nos penden interpuestos por infracción de precepto constitucional e infracción de ley por Urbano , Agapito y Donato contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Tercera, de fecha 27 de marzo de 2013 , en causa seguida a los mismos por delito contra la salud pública, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan, se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Candido Conde-Pumpido Touron, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando representados los recurrentes primero y tercero por la Procuradora Dª Mª Luisa Bermejo García, y el segundo por la Procuradora Dª Blanca Murillo de la Cuadra.
PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción num. 5 de Marbella, instruyó Procedimiento Abreviado con el número 1006/2012, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Tercera, que con fecha 27 de marzo de 2013, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS :
"Primero.- Queda probado y así se declara que en virtud de las interceptaciones telefónicas que venían siendo acordadas por la autoridad Judicial, se tuvo conocimiento de que Urbano , a través de su teléfono NUM002 (que estaba intervenido), mantuvo en fechas 10 y 11 se septiembre de 2008 varias conversaciones telefónicas con Agapito , que era usuario del teléfono NUM000 , de las que podía deducirse que se iba a producir una venta de droga (se hablada en la primera de ellas, de "100 euros"), por lo que montó el correspondiente dispositivo policial en el lugar en donde se había concertado la cita, que era el Centro Comercial Carrefour de la Avenida de España de Estepona.
Efectivamente, el 11 de Septiembre de 2008, a una hora que no consta, Urbano , en compañía de su hijo menor de 11 años, llegó al Centro Comercial mencionado a bordo de su vehículo marca SEAT, modelo León, matrícula ....-HLM , que dejó aparcado el parking, introduciéndose ambos en el Centro Comercial, en donde estuvo realizando compras y sobre las 16:00 horas salieron ambos del Centro comercial, dirigiéndose hacia su vehículo, en donde introdujeron la compra que llevaban y se quedó el menor; minutos mas tarde llegó al mismo lugar el vehículo SEAT, modelo León matrícula ....-HLM , que era conducido por propietario, Donato , en el que viajaba como piloto el antes referido Agapito , bajándose del vehículo el último mencionado, Agapito , manteniendo éste una breve conversación con Urbano , para a continuación, introducirse éste último en su vehículo, en donde, teniendo la puerta abierta, siguió hablando unos segundos con Agapito , al que hizo entrega de una bolsa de plástico transparente, marchándose a continuación de aquel lugar cada uno de ellos en los vehículos previamente utilizados para llegar al Centro Comercial, habiendo procedido los Agentes de la Autoridad a interceptar en las inmediaciones del Centro Comercial al vehículo SEAT, modelo León, matrícula ....-HLM , interviniéndose en la guantera del coche la bolsa de plástico transparente previamente recibida, que contenía 1 00'02 gramos de cocaína con una pureza del 30'49 %, y con un valor en el mercado ilícito de 3.691,78 Euros; sustancia que, finalmente, iba a ser destinada por Donato para ser vendida por terceros. Al conductor y propietario del vehículo, Donato , se le intervino un teléfono con número NUM001 y al copiloto, Agapito , 1.255 Euros, cantidad ésta procedente del tráfico ilícito de estupefacientes, y el teléfono móvil marca IPHONE con número NUM000 , antes referido, usado para contactar con Urbano .
Al acusado Urbano se le detuvo al llegar a su domicilio, sito en URBANIZACIÓN000 , CALLE000 de Estepona, cuando salía del vehículo, portando el acusado 3 teléfonos móviles, siendo uno de ellos de la marca LG, con número de teléfono NUM002 y otro de la marca Nokia NUM003 , teléfonos ambos que estaban intervenidos judicialmente, habiendo sido utilizado el primero de ellos para contactar con Agapito , interviniéndose también en el asiento del copiloto una bolsa de plástico en cuyo interior había 12.290 euros, cantidad ésta procedente del tráfico ilícito de estupefacientes.
En virtud de sendos autos de fecha de 11 de Septiembre de 2008, se autorizaron las entradas y registros en el inmueble sito en URBANIZACIÓN000 , CALLE000 de Estepona y en el inmueble sito en CALLE001 , nº NUM005 . NUM004 . NUM004 de Nueva Andalucía, domicilios en los que moraba el acusado Urbano .
En el primero de ellos, el de la CALLE000 , se intervinieron una balanza de precisión marca Tanita, 2 sacos de plástico conteniendo un total de 49.700 gramos de fenacetina, 13 plantas de marihuana que contenía, una vez secas las hojas y sin tallo, un peso neto de 1.080 gramos de marihuana y 1.250 euros, cantidad ésta procedente del tráfico ilícito de estupefacientes.
En el segundo de ellos, el de la CALLE001 , se intervinieron 2 trozos de hachís con un peso de 8'48 gramos, 2 envoltorios que contenían 0.46 gramos de cocaína con una pureza del 24,31 %, 0'64 gramos de hachís, 1 envoltorio de plástico que contenía 0'11gramos de cocaína revuelto de cocaína del 4,13 %, un bote de cristal que contenía 24'll gramos de marihuana, así como 1.300 euros, cantidad ésta procedente del tráfico ilícito de estupefacientes.
Segundo.- El acusado Donato al tiempo de cometer los hechos relatados padecía toxicomanía derivada del consumo de sustancias estupefacientes, tales como cocaína, de las que era consumidor habitual, no constando la gravedad de la dependencia en la fecha de dichos hechos, siendo dicha toxicomanía motivadora de limitaciones en la libre determinación de su voluntad que influyeron negativamente en el mismo con ocasión de su realización, si bien, no consta tuvieran la entidad suficiente para provocar alteraciones en su consciencia determinantes de la anulación o grave alteración de su libre albedrío, impidiéndole o imposibilitándole gravemente para comprender la ilicitud de sus actos o actuar conforme a esa comprensión.
Tercero.- Urbano , ha estado privado de libertad por esta causa desde el 11 de septiembre de 2008 hasta el 8 de octubre de 2008.
Agapito ha estado privado de libertad por esta causa desde el 11 de septiembre de 2008 hasta el 18 de septiembre de 2008.
Donato ha estado privado de libertad por esta causa desde el 11 de septiembre de 2008 hasta el 18 de septiembre de 2008".
FALLO: "Debemos condenar y condenamos a Urbano , Agapito y Donato , ya referenciados, como autores responsables de un delito contra la salud publica de sustancia que causa grave daño a la salud, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad en relación a los dos primeros mencionados, y con la concurrencia de la atenuante analógica de drogadicción en el tercero, a las penas, a Urbano , de 4 años y 6 meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 7000 euros con 7 días de responsabilidad personal subsidiaria, y a los otros dos acusados, Agapito y Donato , a las penas de 4 años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 5.000 euros con 5 días de responsabilidad personal subsidiaria, condenando a todos ellos al abono de las costas.
Se acuerda el comiso y destrucción de la muestra de la droga que se reservó para posibles contrastes, al haberse ya procedido a destruir el resto (folio 878); se acuerda el comiso del dinero, de los efectos y de los vehículos intervenidos, a los que se alude en los hechos declarados probados, a los que se les dará el destino legal correspondiente.
Para el cumplimiento de las penas privativas de libertad que se imponen, se abonarán a los condenados el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa, (que se indican en el hecho declarado aprobado tercero) de no haberle servido para extinguir otras responsabilidades, lo cual se acreditará en fase de ejecución de sentencia.
Notifiquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de Casación, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por infracción de Ley o quebramiento de forma, en el piazo de cinco días, a contar desde la última notificación".
TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes, se prepararon contra la misma recursos de casación por infracción de precepto constitucional e infracción de ley por Urbano , Agapito y Donato que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las pertinentes certificaciones para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.
CUARTO.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación de Donato formalizó su recurso alegando los siguientes motivos: PRIMERO: Infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 de la L.E.Crim ., derecho a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva y al secreto de las comunicaciones telefónicas, de los artículos 24.2 , 24.1 y 18.3 de la Constitución Española . SEGUNDO: Infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 de la L.E.Crim ., derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, ambos del art. 24.2 de la Constitución Española . TERCERO: Infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 de la L.E.Crim ., e infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la L.E.Crim ., derecho del acusado a un proceso sin dilaciones indebidas del art. 24.2 de la Constitución , e infracción del art. 21.6, en relación con el art. 66 del Código Penal , dado que en el primero se tipifica, expresamente, la atenuante de dilaciones indebidas. CUARTO: Infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la L.E.Crim ., por indebida inaplicación de los artículos 21.2 º y 66 del Código Penal . QUINTO: Infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la L.E.Crim ., por aplicación indebida del art. 368 del Código Penal e inaplicación del párrafo segundo de dicho precepto penal. SEXTO: Infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 de la L.E.Crim . y 5.4 de la L.O.P.J ., por infracción a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Constitución española .
La representación de Urbano , formalizó su recurso alegando los siguientes motivos: PRIMERO: Infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 de la L.E.Crim ., derecho a la presunción de inocencia, a un proceso con las debidas garantías, a la tutela judicial efectiva, al secreto de las comunicaciones telefónicas, y a la inviolabilidad del domicilio de los artículos 24.2 , 24.1 y 18.2 y 3 de la Constitución Española . SEGUNDO: Infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 de la L.E.Crim ., por infracción del derecho a la asistencia letrada desde la detención del art. 17.3 y a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la Constitución Española . TERCERO: Infracción de precepto constitucional al amparo del art. 852 de la L.E.Crim ., por infracción de ley con arreglo a lo dispuesto en el art. 849.1º de la L.E.Crim ., derecho a un proceso sin dilaciones indebidas; e infracción del art. 21.6º en relación con el 66 del Código Penal , dado que en el primero se tipifica, expresamente, la atenuante de dilaciones indebidas. CUARTO: Infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la L.E.Crim ., por aplicación indebida de los arts. 66 y 72 del Código Penal .
La representación de Agapito , formalizó su recurso alegando los siguientes motivos: PRIMERO: Al amparo del art. 5.4 de la L.O.P.J ., por vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones del art. 18.3 de la C.E ., por falta de motivación exigida por el art. 120 en relación con el art. 24 C .E. del auto de fecha 22 de abril de 2008. SEGUNDO: Al amparo del art. 5.4 de la L.O.P.J ., y 852 de la L.E.Crim ., en relación con el art. 11.1 de la L.O.P.J ., presunción de inocencia del art. 24.2 de la C.E . TERCERO: Infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la L.E.Crim ., por aplicación indebida del art. 29 en relación con los 368 y 369 del Código Penal . CUARTO: Infracción de ley al amparo del art. 849.1º de la L.E.Crim ., al no haberse apreciado la atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 del C. Penal .
QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos, expresó su conformidad con la resolución de los mismos sin celebración de vista y los impugnó por los razonamientos que adujo, quedando los autos conclusos pendientes de señalamiento de día para la votación y fallo cuando en turno correspondiera.
SEXTO.- Hecho el señalamiento han tenido lugar la votación y fallo prevenidos el veintisiete de febrero pasado.
La sentencia impugnada, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga con fecha 27 de marzo de 2013 , condena a los recurrentes como autores de un delito contra la salud pública. Frente a ella se alzan los tres presentes recursos fundados en un total de catorce motivos.
Los hechos declarados probados, en síntesis, establecen que en virtud de interceptaciones telefónicas acordadas por la autoridad judicial, se tuvo conocimiento de conversaciones telefónicas entre Urbano y Agapito , de las que podía deducirse que se iba a producir una venta de droga, por lo que se montó un dispositivo policial en el lugar en donde se había concertado la cita, que era el Centro Comercial Carrefour de Estepona.
El 11 de Septiembre de 2008, Urbano , en compañía de un hijo de 11 años, llegó al Centro Comercial, realizaron compras y sobre las 16:00 volvieron al lugar donde estaba aparcado el vehículo. Minutos más tarde llegó otro vehículo, conducido por su propietario, Donato , en el que viajaba también Agapito , que mantuvo una breve conversación con Urbano y recibió de éste una bolsa de plástico transparente que contenía cien gramos de cocaína, con una pureza del 30'49 %, y un valor en el mercado ilícito de 3.691 euros, como se comprobó cuando los agentes de la autoridad interceptaron el vehículo poco después.
Al conductor y propietario del vehículo, Donato , se le intervino un teléfono y a Agapito 1.255 euros, procedentes del tráfico ilícito de estupefacientes, y el teléfono móvil que había usado para contactar con Urbano . A éste se le detuvo al llegar a su domicilio, portando 3 teléfonos móviles, dos intervenidos judicialmente, uno de ellos utilizado para contactar con Agapito , así como 12.290 euros, procedentes del tráfico de estupefacientes.
Autorizada la entrada y registro de dos viviendas del acusado Urbano , se intervino en uno de ellos una balanza de precisión marca Tanita, 2 sacos de plástico conteniendo un total de 49.700 gramos de fenacetina, un peso neto de 1.080 gramos de marihuana y 1.250 euros, procedentes del tráfico de estupefacientes. En el segundo se intervinieron 2 trozos de hachís con un peso de 8'48 gramos, 2 envoltorios que contenían 0.46 gramos de cocaína con una pureza del 24,31 %, 0'64 gramos de hachís, 1 envoltorio de plástico que contenía 0'11 gramos de revuelto de cocaína al 4,13 %, un bote que contenía 24'11 gramos de marihuana, así como 1.300 euros, procedentes del tráfico de estupefacientes.
El acusado Donato al tiempo de cometer los hechos padecía toxicomanía derivada del consumo de sustancias estupefacientes, como la cocaína, de la que era consumidor habitual, no constando la gravedad de la dependencia, siendo dicha toxicomanía motivadora de limitaciones en la libre determinación de su voluntad que influyeron negativamente con ocasión de la realización de los hechos, si bien no consta tuvieran la entidad suficiente para provocar alteraciones en su consciencia determinantes de la anulación o grave alteración de su libre albedrío, impidiéndole o imposibilitándole gravemente para comprender la ilicitud de sus actos o actuar conforme a esa comprensión.
El primer motivo del recurso interpuesto por la representación del condenado Urbano , por infracción de preceptos constitucionales al amparo del art 852 Lecrim , denuncia la vulneración de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva, secreto de las comunicaciones e inviolabilidad del domicilio. En realidad la denuncia se concreta en la solicitud de nulidad de las intervenciones telefónicas por falta de motivación de las prórrogas e infracción del principio de especialidad.
El desarrollo del motivo se dedica a realizar un minucioso análisis de los oficios policiales que sirvieron de fundamento a la resolución judicial cuestionando su suficiencia para acordar las intervenciones telefónicas, y discrepando de la valoración de indicios como la exteriorización de abundantes medios económicos sin medios de vida aparentes o la adopción de medidas de precaución en sus encuentros. Se cuestiona además el respeto del principio de especialidad porque se menciona en una de las resoluciones judiciales el delito de blanqueo de capitales cuando solo consta que el recurrente estaba siendo investigado por delito contra la salud pública. Se añade que la solicitud policial da cuenta de informaciones confidenciales que no son suficientes para una intervención telefónica, conforme a una reiterada doctrina jurisprudencial.
El motivo reproduce la impugnación ya formulada en la instancia, y que fue adecuadamente respondida en la sentencia impugnada, desestimación a la que nos remitimos y que hacemos nuestra, para evitar innecesarias reiteraciones, con independencia de las razones que se expondrán seguidamente.
La solicitud de nulidad de las escuchas telefónicas constituye una cuestión muy habitual en los recursos de casación contra sentencias dictadas por delitos de tráfico de estupefacientes, por lo que no se estima necesario reproducir una vez más la doctrina de esta Sala en esta materia, remitiéndonos a nuestras STS 301/2013, de 18 de abril , STS 550/2013, de 26 de junio , STS 719/2013, de 9 de octubre , y STS 855/2013, de 11 de noviembre, caso Fresh Flower International , entre las más recientes.
Por lo que se refiere a la motivación de la resolución judicial que acuerda las intervenciones, es doctrina reiterada de esta Sala y del Tribunal Constitucional que constituye una exigencia inexcusable por la necesidad de justificar el presupuesto legal habilitante de la intervención ( STC 253/2006, de 11 de septiembre ).
Es por ello por lo que, tanto el Tribunal Constitucional como esta misma Sala (SSTC 123/1997, de 1 de julio , 165/2005, de 20 de junio , 261/2005, de 24 de octubre , 26/2006, de 30 de enero , 146/2006, de 8 de mayo y 72/2010, de 18 de octubre , entre otras, y SSTS de 6 de mayo de 1997 , 14 de abril y 27 de noviembre de 1998 , 19 de mayo del 2000 , 11 de mayo de 2001 , 3 de febrero y 16 de diciembre de 2004 , 13 y 20 de junio de 2006 , 9 de abril de 2007 , 248/2012, de 12 de abril y 492/2012 , de 14 de junio, entre otras), han estimado suficiente que la motivación fáctica de este tipo de resoluciones se fundamente en la remisión a los correspondientes antecedentes obrantes en las actuaciones y concretamente a los elementos fácticos que consten en la correspondiente solicitud policial, o en el informe o dictamen del Ministerio Fiscal, cuando se ha solicitado y emitido ( STS 248/2012, de 12 de abril ).
La motivación por remisión no es una técnica jurisdiccional modélica, pues la autorización judicial debería ser autosuficiente ( STS núm. 636/2012, de 13 de julio y STS 301/2013, de 18 de abril ). Pero la doctrina constitucional admite que la resolución judicial pueda considerarse suficientemente motivada sí, integrada con la solicitud policial, a la que se remite, o con el informe o dictamen del Ministerio Fiscal en el que solicita la intervención ( STS núm. 248/2012, de 12 de abril ), contiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo el juicio de proporcionalidad (doctrina jurisprudencial ya citada, por todas STC 72/2010, de 18 de octubre ).
Resultando, además, redundante, que el Juzgado se dedique a copiar y reproducir literalmente la totalidad de lo narrado extensamente en el oficio o dictamen policial que obra unido a las mismas actuaciones, siendo más coherente que extraiga del mismo los indicios especialmente relevantes ( STS núm. 722/2012, de 2 de octubre ).
Esto es lo que sucede en el caso actual, en el que el auto de intervención telefónica dictado el 22 de abril de 2008 se fundamenta de modo expreso en el extenso informe policial de la UDYCO de Marbella de 22 de abril de 2008 en el que la fuerza actuante solicitó al Instructor la intervención de las comunicaciones del recurrente.
Como recuerda la Sentencia impugnada "En el oficio del Inspector Jefe de Grupo de la Comisaría Local de Marbella- UDYCO- Costa del Sol, con núm. de carnet profesional ... de fecha 22 de abril de 2008 (folios 2 y ss), se hace una detallada exposición del modus operandi en relación a las informaciones sobre la actividad de distribución de grandes cantidades de cocaína que se estaba detectando por la zona de Marbella, Nueva Andalucía y San Pedro de Alcántara, facilitando datos concretos sobre una posible importación de droga vía marítima, que vendría realizándose en camiones frigoríficos de pescado congelado desde Mauritania, existiendo indicios de que en ello pudiera estar participando Urbano , usuario de los números de teléfono ... y ... , sobre el que se consultaron sus antecedentes policiales, los cuales se mencionan en el oficio, habiéndosele realizado al mismo vigilancias y seguimientos,detectándose que usaba dos domicilios , uno en Nueva Andalucía y otro en la salida de Benahavis, en donde disponía de barca semirrígida de unos 5 metros a motor , facilitando en el oficio la matrícula, sin que de los seguimientos se dedujera que el investigado desempeñara trabajo alguno,siendo propietario de dos vehículos , un vehículo Seat León y un Seat Ibiza, cuyas matrículas concretas se facilitan, usando, no obstante, una Furgoneta Ford TRANSIT, a nombre de una inmobiliaria, con matrícula que se indica, que tiene una caja frigorífica en su parte trasera, de lo que resultaba que el investigado tenía un tren de vida que no se correspondía con su situación laboral, frecuentando a menudo lugares de ocio de alto nivel, habiendo detectado igualmente en los seguimientos que el mismo a veces usaba otro vehículo, cuya matrícula y titular se indican, teniendo éste antecedentes por delitos de tráfico de estupefacientes, habiendo sido reconocido el investigado, de forma fotográfica, por personas que colaboraban con la UDYCO como la persona que suministraba droga a terceros,adoptando el investigado medidas de seguridad, que se indican en el oficio,aludiendo a la inexistencia de otros medios para continuar con la investigación , por lo que se solicitaba la intervención de los teléfonos móviles .... y .... usados por el referido Urbano , accediéndose a ello por tiempo de un mes en auto de fecha 22 de abril de 2008 (folio 9 y ss)".
La decisión judicial, en consecuencia, se apoya en un informe policial detallado , del cual el Instructor pudo deducir, aplicando reglas de experiencia, la concurrencia de un conjunto indiciario suficiente para estimar muy probable la dedicación al tráfico del recurrente, como efectivamente se comprobó con posterioridad, por lo que el motivo carece de fundamento, como ya ha razonado el Tribunal de Instancia.
Debe descartarse asimismo la impugnación fundada en que la policía recibió información de confidentes, información confidencial que no puede servir de fundamento a una intervención de comunicaciones, pues una cosa es que una información confidencial no pueda constituir el fundamento de la intervención telefónica como indicio directo y único, y otra que no pueda complementar otros indicios relevantes.
Como recuerda la sentencia núm. 248 /2012, de 12 de abril, esta Sala se pronunció ya en una inicial sentencia de 26 de septiembre de 1997 (núm. 1149/97 ), acerca de la prohibición de utilización de informaciones procedentes de confidentes anónimos como prueba de cargo o como indicio directo y único para adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales, estableciendo una doctrina que ha sido muy reiterada a partir de aquella fecha (por ejemplo, entre las resoluciones más recientes, STS 210/2012, de 8 de marzo ).
Decía dicha resolución de 1997 en su formulación original, que " la aceptación y valoración como prueba de cargo de las declaraciones de confidentes policiales anónimos, traídos al proceso a través del testimonio referencial de la policía, vulnera el derecho constitucional a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 Constitución Española ) y, de modo concreto, el derecho a interrogar y hacer interrogar a los testigos de cargo, que garantiza el art. 6.3.d) del Convenio de Roma . Yerra, sin embargo, el recurrente al afirmar que esta práctica "debió ser proscrita hace tiempo en nuestro país", pues ya lo está legalmente desde que se publicó la Lecrim en 1882.
Una segunda cuestión se plantea por lo que se refiere a la recogida previa de información, efectuada por la policía en su labor preventiva,.... En esta fase preliminar, efectivamente, la policía utiliza múltiples fuentes de información: la colaboración ciudadana, sus propias investigaciones e, incluso, datos suministrados por colaboradores o confidentes policiales. La doctrina jurisprudencial del TEDH ha admitido la legalidad de la utilización de estas fuentes confidenciales de información, siempre que se utilicen exclusivamente como medios de investigación y no tengan acceso al proceso como prueba de cargo ( Sentencia Kostovski, de 20 de Noviembre de 1989 , Sentencia Windisch, de 27 de Septiembre de 1990 ).
Habría, sin embargo, que establecer una limitación adicional. En efecto no basta con excluir la utilización de la "confidencia" como prueba de cargo, para garantizar una adecuada tutela de los derechos fundamentales. Es necesario excluirla también como indicio directo y único para la adopción de medidas restrictivas de los derechos fundamentales. Ha de recordarse que la confidencia puede ocultar un ánimo de venganza, auto exculpación, beneficio personal, etc., así como el antiguo brocardo de que "quien oculta su rostro para acusar, también es capaz de ocultar la verdad en lo que acusa". Es por ello por lo que la mera referencia a informaciones "confidenciales" no puede servir de fundamento único a una solicitud de medidas limitadoras de derechos fundamentales (entradas y registros, intervenciones telefónicas, detenciones, etc.), y, en consecuencia, a decisiones judiciales que adoptan dichas medidas, salvo supuestos excepcionalísimos de estado de necesidad, (peligro inminente y grave para la vida de una persona secuestrada, por ejemplo). La supuesta información debe dar lugar a gestiones policiales para comprobar su veracidad, y sólo si se confirma por otros medios menos dudosos, pueden entonces solicitarse las referidas medidas " ( Sentencia de 26 de septiembre de 1997, núm. 1149/97 ).
En el caso actual, sin embargo, la decisión judicial autorizando la intervención telefónica se apoya en una solicitud policial minuciosa y detallada que no se fundamenta solo en confidencias de colaboradores policiales que han reconocido al imputado como la persona que suministra la droga, sino que, siguiendo el "modus operandi" que se indica en la sentencia anteriormente citada y que se ha cumplido correctamente por la fuerza policial, se apoya en las diligencias de investigación practicadas y adicionales a las confidencias, que no son por lo tanto un indicio único.
Se han realizado vigilancias y seguimientos,detectándose que el recurrente usaba dos domicilios , disponía de una barca semirrígida de unos 5 metros a motor , sin desempeñar trabajo alguno,y era propietario de dos vehículos , de lo que podía deducirse que el investigado tenía un tren de vida que no se correspondía con su situación laboral,frecuentando a menudo lugares de ocio de alto nivel , habiéndose detectado igualmente en los seguimientos que también utilizaba otro vehículo, que consta que había sido utilizado en operaciones anteriores de tráfico de estupefacientes, habiéndose reconocido al investigado, de forma fotográfica, por personas que colaboraban con la UDYCO, como la persona que suministraba droga a terceros,comprobándose además el investigado diversas medidas de seguridad, que se indican en el oficio.
Consta, en consecuencia, indicios suficientes en el oficio policial, que no se limitan al reconocimiento del investigado, de forma fotográfica, por personas que colaboraban con la UDYCO como la persona que suministraba droga a terceros, sino que incluyen vigilancias, seguimientos, apreciación de un nivel de vida muy por encima de sus ingresos, utilización de medidas de seguridad en sus desplazamientos, etc.
En definitiva, y como conclusión doctrinal, la mera referencia a informaciones "confidenciales" no puede servir de fundamento único a una solicitud de medidas limitadoras de derechos fundamentales (entradas y registros, intervenciones telefónicas, detenciones, etc.), y, en consecuencia, a decisiones judiciales que adoptan dichas medidas. Pero si puede servir si está combinada con otros indicios derivados de investigaciones directas de los agentes policiales, como seguimientos o vigilancias del imputado que pongan de relieve la disponibilidad de medios abundantes en quien carece de ingresos conocidos, la adopción de medidas de vigilancia en sus desplazamientos, la relación con personas o ambientes relacionados con el tráfico de estupefacientes, etc.
Alega también la parte recurrente insuficiencia de motivación en las prórrogas.
Como señalan las recientes Sentencias núm. 446/2012, de 5 de junio , núm. 635/2012, de 17 de julio y núm1008/2013, de 14 de enero de 2014 , entre otras, la ampliación temporal o instrumental de una intervención, es decir la prórroga temporal de una intervención telefónica que inicialmente ha sido autorizada por concurrir motivos justificados, o su extensión a un nuevo teléfono del mismo titular, ya tiene una justificación material en la resolución inicial, por lo que la motivación que se exige en estos casos no necesita extenderse de forma redundante a lo que ya se justificó, ponderó y valoró en el Auto originario habilitante, sino que puede limitarse a ponderar la vigencia en el tiempo de la misma necesidad o la información proporcionada por la policía judicial acerca de la utilización por el sospechoso de otros terminales telefónicos.
En el caso actual consta que los sucesivos informes policiales a los que se remiten las solicitudes de prórroga, proporcionan una información adicional suficiente, que permite una completa fundamentación.
Refiriéndose a los informes policiales que sirvieron de fundamento a las sucesivas prórrogas señala la sentencia impugnada que " En el oficio del Inspector Jefe de Grupo de la Comisaría Local de Marbella- UDYCO- Costa del Sol, con núm. de carnet profesional ... de fecha 5 de mayo de 2008 (folios 15 y ss) se hace constar que se había constatado que el investigado Urbano tenía relación con una empresa de importación de pescado, lo cual concordaba con lo expuesto en el anterior oficio en cuanto a que podría estar trayéndose droga en camiones con pescado congelado, relacionando la empresa de pescado con otra persona, usuario del teléfono ..., detectando que el investigado entraba y salía de una nave del Polígono Industrial de Manilva, dedicada a la actividad referida (en el acto del juicio oral, el Inspector Jefe aludió a que tales entradas y salidas de la nave no se habían producido o detectado en los seguimientos realizados con anterioridad a presentar el anterior oficio de fecha 22 de abril de 2008); aludiéndose en el oficio policial a que de algunas conversaciones interceptadas en el anterior auto del teléfono núm... , que era usado por Urbano , cuya trascripción se realiza, se deduce que los dos mencionados eran socios del negocio de importación de camiones de pescado procedente de Mauritania, en donde podría ir escondida la droga, como ya venía expresado en el primer oficio policial; deduciéndose de las conversaciones telefónicas que se trascriben literalmente, que el investigado Urbano contacta continuamente con una tal Dolores , colombiana, y con un individuo español, ambos intermediarios en el negocio de distribución de sustancia estupefaciente, usuarios del teléfono ... , contactando también el investigado con su tío, que era usuario de los teléfonos ...y .... , el cual haría las labores de distribuir directamente al consumidor, por lo que tras solicitar el cese de la intervención del teléfono.... realizada en el anterior auto, por las causas que indica (lo utilizaba la hermana de Urbano , no éste), se solicitaba la intervención de los teléfonos en el oficio aludidos, ( ... utilizado por Gabino ; ... y ... , utilizados por el "tío" de Urbano , que más tarde se averiguó que se llamaba Oscar ; y ... , utilizado por Dolores ) accediéndose a ello por tiempo de un mes en auto de fecha 5 de mayo de 2008 (folio 24 y ss)"
Añade la sentencia impugnada que "En el oficio del Inspector Jefe de Grupo de la Comisaría Local de Marbella- UDYCO- Costa del Sol, con núm. de carnet profesional ..... de la misma fecha del anterior, 5 de mayo de 2008 (folios 32 y ss) se reiteran todas las circunstancias expresadas en el anterior oficio, añadiéndose a partir del folio 8 del oficio (folio 39 de la causa) trascripciones de conversaciones habidas con la pareja de Dolores , usuario del teléfono ... de las que pudiera deducirse la intervención de ésta en el delito investigado, solicitándose la intervención de tal teléfono, accediéndose a ello por tiempo de un mes en auto de fecha 6 de mayo de 2008 (folio 43 y ss).
En el oficio del Inspector Jefe de Grupo de la Comisaría Local de Marbella- UDYCO- Costa del Sol, en este caso firmado, por orden, por el Oficial con carnet profesional ..., de fecha 14 de mayo de 2008 (folios 48 y ss) se hace constar que de algunas de las conversaciones interceptadas, cuya trascripción se realiza literalmente en el oficio, se deduce la relación que Urbano y Gabino tienen con una magrebí de nombre " Carlos ", implicada en el mismo delito, usuaria del teléfono ... , planeando un viaje a Las Palmas de G.C. para gestionar la adquisición de una gran partida de cocaína; haciéndose constar la identificación realizada de la tal Dolores y de su pareja, siendo estos Carlos Ramón y Luis , resultando de las intervenciones realizadas que un tal " Nota ", usuario del teléfono .... y con un tal " Ganso " , que mas tarde se averiguó que se llamaba Adrian , usuario del teléfono ..., pudieran ser los suministradores de la droga, aludiendo a la existencia de otro número de teléfono usado por Urbano , que era el ...., indicando la fuente de tal conocimiento, siendo por ello por lo que se solicitaba la intervención de los teléfonos en el oficio aludidos ..., usado por " Carlos ; .... usado por Nota ; .... usado por " Ganso "; y .... usado por Marcos ) accediéndose a ello por tiempo de un mes en auto de fecha 14 de mayo de 2008 (folio 58 y ss).
En el oficio del Inspector Jefe de Grupo de la Comisaría Local de Marbella- UDYCO- Costa del Sol, en este caso también firmado, por orden, por el Oficial con carnet profesional..., de fecha 21 de mayo de 2008 (folios 65 y ss) se pone de manifiesto que de la observación telefónica ya realizada se detectaba, haciendo trascripciones concretas de conversaciones telefónicas, la existencia de contactos de Urbano con su padre Hilario , usuario de los teléfonos .... y ...., también implicado en el mismo delito por las conversaciones que se mencionan y trascriben, detectándose otro número de teléfono usado por " Nota ", que era el ......, solicitándose la intervención del teléfono de la referida magrebí de nombre " Carlos ", a la que se aludía en el anterior oficio, cuyo teléfono correcto era .... y no ... , solicitando el cese de este y la prórroga del ... usado por Urbano , indicando las causas de ello, siendo por ello por lo que se solicitaba el cese, intervenciones y prórroga en el oficio aludidos (nuevas intervenciones de los números ... y ... , usados por Hilario , del ... usado por " Nota ", del .... usado por " Carlos ", el cese del erróneo de ésta ... y la prórroga del .... usado por Urbano ) accediéndose a ello por tiempo de un mes en auto de fecha 21 de mayo de 2008 (folio 73 y ss), resolución en la que además se acordó requerir a la fuerza actuante para que en el plazo de diez días presentara informe compendio sobre el delito investigado, identificación de las personas y dando cuenta de los avances de la investigación desde el inicio.
A dicho requerimiento se respondió por oficio del Inspector Jefe de Grupo de la Comisaría Local de Marbella- UDYCO- Costa del Sol, en este caso también firmado, por orden , por el Oficial con carnet profesional ...., de fecha 22 de mayo de 2008 (folios 82 y ss) en el que se daba cuenta del desarrollo de la investigación, trascribiendo distintas conversaciones telefónicas de interés para la causa, indicando un nuevo teléfono usado por " Ganso " , que más tarde se averiguó que se llamaba Adrian , siendo este el ..., interesando la intervención del mismo, accediéndose a ello por tiempo de un mes en auto de fecha 22 de mayo de 2008 (folio 86 y ss).
Tras haberse producido la detención de Luis , de Carlos Ramón y de Adrian (" Ganso ") en fecha 27 de mayo de 2008 y haberse practicado diligencias de entrada y registro en su domicilio, se presentaron nuevos oficios por Inspector Jefe de Grupo de la Comisaría Local de Marbella- UDYCO- Costa del Sol, con núm. de carnet profesional... , uno de ellos de fecha 1 de junio de 2008 (folio 151 y ss) en el que se daba cuenta del estado de la investigación y otro de fecha 9 de junio de 2008 (folios 155 y ss) en el que también daba cuenta del resultado de la investigación, haciendo referencia a conversaciones telefónicas variadas que se trascriben literalmente de las que resulta que el inicialmente investigado Urbano pudiera estar participando en un delito de tráfico, esta vez de hachís, relacionándosele con dos personas, Porfirio , usuario del teléfono ... y Oscar , usuario del teléfono ..., poniéndose de manifiesto que de la observación del teléfono número ... usado por Oscar se había podido determinar la existencia de contactos con personas implicadas en los hechos, por lo que solicitaba la prórroga de la intervención de dicho teléfono, interesándose igualmente el cese de los teléfonos .... y .... usados por el ya detenido Adrian (" Ganso ") y el cese de los números ... y .... usados por " Nota " al estar inactivos; igualmente, se menciona que de la conversación telefónica que se trascribe se deduce que Luis se pone en contacto desde una cabina con Urbano avisándole que su teléfono puede estar "dañado", por lo que ante la probabilidad de Luis y de Carlos Ramón sigan desarrollando su ilícita actividad, se solicitó la prorroga de las intervenciones de sus teléfonos ... y .... , interesándose los ceses, prórrogas y nuevas intervenciones antes referidas, accediéndose a ello por tiempo de un mes en auto de fecha 9 de junio de 2008 (folios 164, 165, 163, 166 y 167)".
Puede comprobarse, en consecuencia, que las sucesivas prórrogas se concedieron en función de informes policiales que iban dando cuenta del avance de la investigación, y proporcionando indicios adicionales, y que dichos informes han sido debidamente examinados en la sentencia impugnada.
.- Señala la sentencia impugnada que : " Analizando el concreto contenido del primero de los oficios reseñados de fecha 22 de abril de 2008 , en su texto se hace una detallada exposición del modus operandi, y de las investigaciones realizadas de los seguimientos llevados a cabo, que fueron ratificados en el acto del juicio por los Agentes ... , ... , ... y por el propio instructor del atestado, el tantas veces nombrado ... , que declaró por videoconferencia y que ratificó, en lo esencial, el contenido de los oficios por él firmados y el atestado (obrante a los folios 272 y ss), sustentándose las afirmaciones puestas de manifiesto a la Autoridad Judicial en la investigación sobre distintas personas, que en dicho oficio concreta, haciendo alusión a la existencia de previas investigaciones, por lo que dicha solicitud no tiene su origen en informaciones anónimas no investigadas por la Policía, ni en fuentes o noticias confidenciales igualmente carentes de una previa investigación, ni tampoco en meras sospechas, sino que el origen de los hechos que se participan se circunscribe, reiterando lo dicho, a previas investigaciones policiales, a raíz de las cuales y en sustento de su solicitud, ponen de manifiesto a la Autoridad Judicial sus conclusiones relativas a indicios que han logrado averiguar, atinentes a las personas hasta dicho momento identificadas, que consideran partícipes en la actividad señalada, no mereciendo reproche alguno a juicio de este Tribunal la solución de considerar bastantes para justificar el sacrificio del derecho fundamental consistente en el secreto de las comunicaciones dichos datos concretos puestos de manifiesto en el oficio aludido y, en su consecuencia, no merece tampoco reproche alguno la decisión de acceder a la intervención telefónica solicitada, habiéndose dictado a tal fin el auto de fecha 2 de abril de 2008, que a la a la vista de sus razonamientos jurídicos reúne los requisitos de legalidad constitucional anteriormente expuestos, todo lo cual puede asimismo predicarse de las intervenciones telefónicas acordadas en los autos de fechas posteriores, anteriormente enumerados, así como de las sucesivas prórrogas, igualmente reseñadas con anterioridad, puesto todas ellas no tienen su origen en informaciones anónimas no investigadas por la Policía, ni en fuentes o noticias confidenciales igualmente carentes de una previa investigación, sino que precisamente son fruto de la misma, como así resulta de los oficios determinantes de dichas resoluciones, antes reseñados.
En relación con la alegación de vulneración del principio de especialidad añade la sentencia impugnada que : "El hecho de que en varios autos acordando intervenciones telefónicas (en concreto en los de fechas 22 de abril, 5, 6, 14, 21 y 22 de mayo de 2008) se hiciere constar en la parte dispositiva que se trataba de recopilar, allegar datos por un presunto delito de "blanqueo de capitales" ha de calificarse como un mero error, seguramente provocado por la utilización de anteriores autos existentes en los archivos del Juez, que se utilizaron como modelo para trabajar sobre ellos en esta causa y en los que se cambió lo preciso para realizar una motivación adaptada al caso, pero en los que se omitió sustituir el delito de "blanqueo de capitales" por el "delito contra la salud pública", sin que dicho error cause indefensión alguna a los acusados ni vicie la legalidad de los mismos, pues en todos y cada uno de los autos mencionados se alude en el Hecho Primero a que el delito que se investiga es un delito "contra la salud pública " siendo la motivación expuesta en la fundamentación jurídica la propia de tal delito contra la salud pública, sin que en ninguna otra parte de las resoluciones judiciales se haga mención a algún aspecto relacionado con el delito de blanqueo de capitales. No se infringió, por lo expuesto, el principio de especialidad .
Asimismo concurren en el supuesto examinado los requisitos de legalidad ordinaria exigibles cuando los intervenciones telefónicas deban ser valoradas por si mismas y, en consecuencia, poder así ser estimadas como medio de prueba, toda vez que los CD conteniendo las grabaciones efectuadas correspondientes a los números de teléfono intervenidos, anteriormente reseñados, y las trascripciones fueron remitidas al Juzgado (folios 474 y ss), constando al folio 1.000 la adveración realizada por el Señor Secretario, a presencia de la Letrada de Urbano .
De otro lado, ha de ponerse de relieve que no consta que hayan existido intervenciones telefónicas prorrogadas por más tiempo del debido o autorizado judicialmente, pues ha de tenerse en cuenta que tal y como consta en los distintos oficios policiales, el tiempo de las intervenciones se computa desde la efectiva conexión. La falta de control judicial alegada, por ello, también ha de ser desestimada. Es más, el juez a quo, sin perjuicio del examen de cada oficio policial presentado y de su resultado, que dio lugar al dictado de los correspondientes autos motivados, adoptó un control más, ya que en el auto de 21 de mayo de 2008 (folio 73 y ss), además de acordar las intervenciones, prórrogas y ceses antes mencionados, acordó requerir a la fuerza actuante para que en el plazo de diez días presentara informe compendio sobre el delito investigado, identificación de las personas y dando cuenta de los avances de la investigación desde el inicio, a lo que se contestó en el posterior oficio antes también referido.
Es por todo cuanto antecede, que procede desestimar lo pretendido por el proponente de la cuestión, por haber quedado acreditado que las intervenciones telefónicas reseñadas reunieron los requisitos de legalidad constitucional y ordinaria anteriormente señalados, con el consiguiente rechazo de la pretendida ilegalidad de las pruebas obtenidas con ocasión de las referidas intervenciones telefónicas".
Reiterando esta misma fundamentación, perfectamente correcta, procede desestimar íntegramente el motivo de recurso interpuesto que se limita a reiterar alegaciones que ya fueron formuladas, y correctamente desestimadas, en el juicio de instancia.
El segundo motivo de recurso, también por infracción de derechos constitucionales, al amparo del art 852 de la Lecrim , denuncia como infringido el derecho a la asistencia letrada desde la detención, garantizado por el art 17 3º de la CE , así como el derecho a la presunción de inocencia. Alega el recurrente que asistió a los registros domiciliarios sin estar asistido de letrado, lo que debe determinar la anulación de la diligencia y su falta de virtualidad como prueba de cargo.
El motivo no puede ser estimado. Esta Sala ha dictado una doctrina muy clara sobre los supuestos de nulidad de las diligencias de entrada y registro en supuestos en que el afectado por el registro se encuentre detenido. En primer lugar concurre una causa de nulidad en el supuesto de que la diligencia de entrada y registro se practique sin la presencia del interesado, encontrándose este detenido y por tanto a disposición policial. En segundo lugar concurre otra causa de nulidad si la diligencia se practica sin autorización judicial, legitimada únicamente por la autorización del interesado detenido, y dicha autorización no se ha prestado con asistencia de letrado. Pero no concurre causa de nulidad si la diligencia se practica con autorización judicial, siempre que esté presente el interesado, aun cuando no asista a la misma el letrado del detenido.
La presencia del interesado en el registro es una exigencia del principio de contradicción, que solo puede excluirse cuando no resulte posible hacer efectiva su asistencia. Dado que estando el interesado detenido, y por tanto a disposición policial, no concurre razón alguna que, en principio, imposibilite su asistencia, esta Sala considera que en estos casos la diligencia es nula por no haberse garantizado en su práctica la efectiva contradicción ( STS1241/2000, de 6 de julio ).
Cuando el registro se realice exclusivamente con el consentimiento del interesado detenido , sin autorización judicial, dicho consentimiento tiene que haberse prestado con asistencia del Letrado, por exigencia del derecho de defensa. " El consentimiento a la realización de la diligencia, uno de los supuestos que permiten la injerencia en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, requiere que ha de ser prestado ante un letrado que le asista y ello porque esa manifestación de carácter personal que realiza el detenido puede afectar, indudablemente, a su derecho a la inviolabilidad del domicilio y también a su derecho de defensa, a la articulación de su defensa en el proceso penal, para lo que ha de estar asesorado sobre el contenido y alcance del acto de naturaleza procesal que realiza" ( STS 2 de diciembre de 1998 ). "Si la asistencia de letrado es necesaria para que éste preste declaración estando detenido, también le es necesaria para asesorarle si se encuentra en la misma situación para la prestación de dicho consentimiento, justificándose esta doctrina en que no puede considerarse plenamente libre el consentimiento así prestado en atención a lo que se ha venido denominándose "la intimidación ambiental" o "la reacción que la presencia de los agentes de la autoridad representan" ( STS. 831/2000 de 16 de mayo ).
Pero, como recuerda la reciente STS 432/2012, de 1 de junio , citando a su vez la STS 1047/2007, de 17 de diciembre , son innumerables las resoluciones de esta Sala que afirman la innecesariedad de que la diligencia procesal de entrada y registro judicialmente autorizada se lleve a cabo con asistencia de Letrado, a tenor de lo dispuesto en el art. 520 Lecrim , que únicamente exige esta asistencia letrada del detenido para las diligencias de identificación y de declaración, no para los registros domiciliarios.
La reciente STS1078 /2011, de 24 de octubre , reitera que la presencia del Letrado del detenido en el registro no es exigible por no existir obligación legal para tal presencia, citando como precedente las SSTS 697/2003 y 1134/2009 .
La STS de 17 de abril de 2.002 razona que la presencia de un Letrado en la entrada y registro no es una exigencia derivada de la Ley Procesal Penal, que no regula ese derecho pues no hay norma alguna que establezca esta asistencia en los registros domiciliarios (SSTS. 1133/2001, 314/2002, 697/2003, 429/2004, 922/2005), ni es una exigencia constitucional en la medida que los derechos fundamentales en juego aparecen protegidos con la disciplina de garantía que para la diligencia previene la Ley Procesal Penal. El art. 520 Lecrim que regula la asistencia letrada al detenido, exige la asistencia de Letrado en las diligencias de carácter personal, como reconocimiento de identidad y declaraciones de aquél, pero sin referencia alguna a la entrada y registro.
La justificación última de esta doctrina jurisprudencial se encuentra en la urgencia de la medida, dado que la eficacia de una entrada y registro descansa en que el sujeto de la misma la ignore hasta el mismo momento de su práctica, y por ello el art. 566 Lecrim previene la notificación del auto al interesado en dicho momento. La urgencia puede impedir la designación y comparecencia del letrado con tiempo suficiente para asistir a la diligencia, debiéndose evitar la posible desaparición de las pruebas, vestigios y efectos del delito por parte de personas afines al detenido, que es factible que se produzca desde que conozcan su detención. Por ello se estima que la autorización judicial tutela suficientemente el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, el carácter judicial de la diligencia y la presencia del secretario judicial tutelan la legalidad de su práctica y garantizan la fiabilidad del contenido del acta y la presencia del interesado asegura la contradicción, sin que resulte imprescindible la presencia letrada en la diligencia para garantizar los derechos fundamentales del detenido, y concretamente el derecho a un proceso con todas las garantías.
Esta doctrina jurisprudencial se reitera, entre otras, en las SSTS 1116/98 de 30 de septiembre , 697/2003, de 16 de mayo , 1134/09, de 17 de noviembre , 590/2010, de 2 de junio , 953/2010, de 27 de octubre y STS1078 /2011, de 24 de octubre .
El tercer motivo de recurso, por infracción de ley al amparo del art 849 1º de la Lecrim , alega vulneración del art 21 6º CP por no haberse apreciado la atenuante de dilaciones indebidas. Alega la parte recurrente que la duración del proceso, más de cuatro años, es excesiva y que se produjeron paralizaciones en la fase de instrucción, por demoras en la emisión del dictamen pericial derivado del análisis del cabello de los coimputados para determinar su toxicomanía y en la de celebración de juicio, por incomparecencia de uno de los policías testigo de los hechos. Dilaciones que a su juicio justifican suficientemente la apreciación de esta atenuante.
En la STS de 26 de abril de 2012, núm. 291/2012 , y en la más reciente núm. 833/2013, de 28 de octubre, recordábamos que la reforma del Código Penal operada mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, introdujo las dilaciones indebidas como atenuante genérica en el art. 21.6 ª, en unos términos que coinciden sustancialmente con las pautas que venía aplicando la jurisprudencia para operar con la atenuante analógica.
Constituye circunstancia atenuante: "La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa". La atenuante exige, por tanto, cuatro requisitos: 1) que la dilación sea indebida, es decir injustificada; 2) que sea extraordinaria; 3) que no sea atribuible al propio inculpado; y 4) que no guarde proporción con la complejidad de la causa, requisito muy vinculado a que sea indebida.
El preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010 establece que "se ha considerado conveniente otorgar carta de naturaleza legal a la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, recogiendo los elementos fundamentales de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha construido esta circunstancia como atenuante por analogía", por lo que la jurisprudencia anterior de esta Sala debe ser tenida en cuenta para la interpretación de la nueva circunstancia.
Dicha doctrina jurisprudencial sostiene que el fundamento de la atenuación consiste en que la pérdida de derechos, es decir el menoscabo del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas, es considerada una pena natural, que debe computarse en la pena judicialmente impuesta por el delito para mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la pena (la pérdida de bienes o derechos derivada del proceso penal) y el mal causado por el autor ( SSTS. 27 de diciembre de 2004 , 12 de mayo de 2005 , 10 de diciembre de 2008 25 de enero , 30 de marzo y 25 de mayo de 2010 ).
El concepto de dilación indebida es un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca de si ha existido efectivo retraso (elemento temporal) y junto a la injustificación del retraso y la no atribución a la conducta del imputado, debe de determinarse que del mismo se han derivado consecuencias gravosas ya que aquel retraso no tiene que implicar éstas de forma inexorable y sin daño no cabe reparación ( SSTS. 654/2007 de 3 de julio , 890/2007 de 31 de octubre , entre otras), debiendo apreciarse un especifico perjuicio más allá del inherente al propio retraso.
Como dice la STS de 1 de julio de 2009 debe constatarse una efectiva lesión bien por causa de las circunstancias personales del autor del hecho, bien por reducción del interés social de la condena que haga que la pena a imponer resulte desproporcionada, pues si los hechos concretos perseguidos revisten especial gravedad, se reduce la relevancia del tiempo transcurrido en relación con la necesidad de pena, subsistente en su integridad ( STS de 3 de febrero de 2009 ).
En el caso actual nos encontramos ante un motivo que reproduce la alegación ya formulada en la instancia, y que fue adecuadamente resuelta por la sentencia impugnada. El tiempo que ha durado la tramitación de la causa es elevado, superior a cuatro años, pero ha de tenerse en cuenta que la existencia de una pluralidad de acusados, la dificultad de practicar todos los dictámenes periciales efectuados, la multiplicidad de recursos formulados por los propios acusados, que hasta en seis ocasiones acudieron a la Audiencia Provincial de Málaga en apelación, y la dificultad de convocar a los agentes policiales ya desplazados para la celebración del juicio, explican la dilación, que no puede ser calificada de extraordinaria ni indebida.
El cuarto motivo, por infracción de ley, denuncia la vulneración de los art 66 y 72 CP 95 por estimarse que la pena impuesta es desproporcionada, al carecer el recurrente de antecedentes por hechos similares, estimando que se le debió imponer una pena similar a la de los demás acusados.
El motivo carece de fundamento. La pena se ha impuesto en la mitad inferior del marco legalmente establecido, que va de tres a seis años de prisión, y la Sala sentenciadora la motiva suficientemente, exponiendo las razones que justifican la imposición en el límite superior de dicha mitad inferior. Es la Sala sentenciadora la que tiene las facultades para la individualización punitiva, siempre que la motive razonablemente, por lo que en el caso actual al razonar el Tribunal de instancia que la acción del acusado se considera la más grave pues era el suministrador de la droga, y que su disponibilidad para aportar un alijo de cien gramos de cocaína en muy breve tiempo pone de relieve su condición de traficante el por mayor, ha de considerarse una motivación lógica y suficiente.
El primer motivo del recurso del condenado Donato , por vulneración constitucional, al amparo del art 852 Lecrim , denuncia la infracción de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y secreto de las comunicaciones, y coincide con el formulado por el anterior recurrente, por lo que para su desestimación nos remitimos a lo ya expresado al resolver el anterior recurso.
El segundo motivo, por vulneración constitucional, cuestiona la valoración como prueba de cargo en contra del acusado de sus declaraciones policiales.
Decíamos en la STS 1055/2011, de 18 de febrero que " 1. La cuestión relativa a la posibilidad de valorar como única prueba de cargo las declaraciones de acusados y testigos realizadas ante la policía y no ratificadas, o rectificadas, ante las autoridades judiciales, ha sido examinada en numerosas ocasiones tanto por esta Sala como por el Tribunal Constitucional con criterios no siempre coincidentes en su integridad en ambas sedes, aunque la evolución de la jurisprudencia de los dos Tribunales, permite considerar actualmente resuelta la cuestión en el sentido en que luego se dirá ( STC núm. 68/2010 y STS núm. 726/2011 ).
" a) No está de más recordar que, como regla general, sólo pueden considerarse pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal las practicadas en el juicio oral , pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que en forma oral se desarrolle ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar Sentencia; de manera que la convicción sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios de prueba aportados a tal fin por las partes (por todas, SSTC 182/1989, de 3 de noviembre , FJ 2 ;195/2002, de 28 de octubre , FJ 2 ;206/2003, de 1 de diciembre , FJ 2 ;1/2006, de 16 de enero , FJ 4 ;345/2006, de 11 de diciembre , FJ 3).
Pero esta doctrina no debe entenderse en un sentido tan radical que conduzca a negar toda eficacia probatoria a las diligencias instructoras, constituyendo también doctrina consolidada (S.S.T.C. 80/1986, 82/1988,201/1989,217/1989,217/1989,161/1990,80/1991, 282/1994 y 328/1994 y de esta Sala Segunda del Tribunal Supremo de 23 de Junio y 6 de Noviembre de 1.992 , o 3 de Marzo de 1.993 ), que puede otorgarse valor probatorio a dichas diligencias sumariales siempre que se hayan practicado con todas las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal establecen y que sean efectivamente reproducidas en el juicio oral en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción.
En consecuencia, en el caso actual no pueden tomarse en consideración las declaraciones del recurrente ante la policía en las que manifestó que con la reventa de la droga pensaba pagar un embargo que tiene pendiente sobre su vivienda. Dichas manifestaciones, no ratificadas ni en el juicio oral ni ante el Juez de Instrucción, deben ser excluidas del acervo probatorio.
Ahora bien esta exclusión no produce en realidad efectos relevantes. Posteriormente el recurrente declaró, esta vez ante el Juez, que los cien gramos de droga eran suyos y los quería para una despedida de soltero. Dada la importancia de la cantidad de droga adquirida, la intención de distribuirla indiscriminadamente a terceros en una despedida de soltero es suficiente para integrar la tipicidad de la acción, pues ésta solo exige la posesión de la droga con la finalidad de facilitar su consumo ilegal ( art 368 CP 95 ). Únicamente es preciso cambiar en el hecho probado la expresión "para ser vendida por terceros", por "para ser distribuida entre terceras personas".
El hecho de no haberse acreditado el destino de la droga a la venta, no excluye por sí misma la tipicidad de la conducta, ya que la posesión para facilitar o favorecer el consumo ilícito de estupefacientes que causen grave daño a la salud también constituye una conducta típica, aunque no concurran contraprestaciones económicas, y ésta es precisamente la conducta que se declara probada.
Esta Sala ha excluido excepcionalmente de la tipicidad de la conducta los supuestos denominados de consumo compartido, por estimar que si el consumo propio no se encuentra penado tampoco debe estarlo el hecho de compartir entre varios consumidores una limitada cantidad de sustancia estupefaciente en un acto privado, o su agrupación para adquirir la droga destinada a ese ulterior consumo compartido privado.
Pero esta atipicidad no alcanza a cualquier supuesto en que una persona adquiera cantidades relevantes de droga con el fin de repartirla posteriormente entre una pluralidad de consumidores, pues en estos casos, más que un acto compartido de autoconsumo, se realizan una serie de actos de adquisición, transporte y distribución de droga que evidentemente facilitan y favorecen el consumo indiscriminado de drogas que causan grave daño a la salud, y por ello tienen pleno encaje entre las conductas que se subsumen en el art 368 CP 95.
Como señalan las muy reciente SSTS 850/2013, de 4 de noviembre , y 1014/2013, de 12 de diciembre , citando la núm. 1102/2003, de 23 de julio , " constituye doctrina reiterada de esta Sala, que la adquisición de sustancias estupefacientes para entregarlas a terceros es un acto de favorecimiento del consumo ilegal de drogas y por lo tanto constituye una conducta típica, y solo excepcionalmente deja de serlo cuando se trata de un supuesto de autoconsumo plural entre consumidores, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 1. Que la droga sea facilitada por quién la posee, para su consumo inmediato. 2. Que la cantidad a consumir sea pequeña. 3. Que la acción se produzca en un lugar cerrado sin riesgo por tanto de acceso de terceros. 4. Que los consumidores sean ya adictos a la droga, y no personas a las que se introduce en ello.
En términos parecidos se pronuncian la Sentencia 1472/2002, de 18 de septiembre , o la STS 888/2012, de 22 de noviembre , en las que se señalan como condiciones para apreciar tal supuesto excepcional de atipicidad las siguientes: a) En primer lugar, los consumidores han de ser ya todos ellos adictos, para excluir la reprobable finalidad de divulgación del consumo de esas substancias nocivas para la salud ( STS de 27 de Enero de 1995 ). b) El consumo debe producirse en lugar cerrado o, al menos, oculto a la contemplación por terceros ajenos, para evitar, con ese ejemplo, la divulgación de tan perjudicial práctica ( STS de 2 de Noviembre de 1995 ). c) La cantidad ha de ser "insignificante" ( STS de 28 de Noviembre de 1995 ) o, cuando menos, mínima y adecuada para su consumo en una sola sesión o encuentro. d) La comunidad que participe en ese consumo ha de estar integrada por un número reducido de personas que permita considerar que estamos ante un acto íntimo sin trascendencia pública ( STS de 3 de Marzo de 1995 ). e) Las personas de los consumidores han de estar concretamente identificadas, para poder controlar debidamente tanto el número de las mismas, en relación con el anterior requisito, cuanto sus condiciones personales, a propósito del enunciado en primer lugar ( STS de 31 de Marzo de 1998 ). f) Debe tratarse de un consumo inmediato ( STS de 3 de Febrero de 1999 )".
Alguna de estas exigencias puede ser matizada, o incluso excluida en supuestos específicos, pues cuando un número reducido de adictos se agrupan para la adquisición y ulterior consumo compartido de alguna sustancia estupefaciente puede ser difícil constatar la concurrencia de alguno de dichos requisitos, que solo podrían concretarse en el futuro .
Pero lo cierto es que el caso actual no reviste los caracteres que definen, con carácter general, los supuestos excepcionales de atipicidad que integran la referida doctrina del consumo compartido, porque la cantidad de droga adquirida es muy relevante, CIEN gramos de cocaína , por lo que su conducta no puede tener encaje en una doctrina que se refiere a cantidades mínimas de droga, compartidas por un número reducido de consumidores.
El motivo, en consecuencia, debe ser estimado parcialmente, modificando el relato fáctico en los términos expuestos, y manteniendo la condena por delito contra la salud pública, pero con los efectos sobre la penalidad a los que nos referiremos en el motivo correspondiente.
El tercer motivo de recurso, por infracción de ley, reitera la alegación del anterior recurrente relativa a la atenuante de dilaciones indebidas, y debe ser desestimado por las razones ya expuestas.
El cuarto motivo, también por infracción de ley, interesa que la atenuante de drogadicción se valore como muy cualificada. El motivo carece de fundamento, pues el cauce casacional elegido exige el respeto del relato fáctico, y en éste no se describe una intensidad tal de la afectación de la drogadicción, muy superior a la normal, que justifique otorgar a la referida atenuante la cualificación interesada.
El quinto motivo interesa se aplique el subtipo atenuado del art 368 2º CP 95, y su desestimación se impone pues es notorio que la tenencia para su distribución a terceros de una cantidad de droga tan relevante como son CIEN gramos de cocaína en ningún caso puede ser calificada de escasa entidad. Nos remitimos a una reiterada doctrina jurisprudencial sobre la materia, suficientemente conocida.
El sexto motivo, por infracción de preceptos constitucionales al amparo el art 852 de la Lecrim y 5 4º LOPJ , alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no estar adecuadamente motivada la pena impuesta. Estima el recurrente que no debió serle impuesta la misma pena que el coimputado Luis Guillén cuando el delito es el mismo y al recurrente se le ha apreciado una atenuante que no concurre en el otro acusado.
Esta Sala ha señalado desde hace tiempo la "conveniencia de una motivación sobre la individualización de la pena, explicitando las razones que hayan presidido la solución aceptada" ( SS 26 de abril 1.995 , 3 de octubre de 1.997 y 3 de junio de 1.999 , entre otras) dado que la facultad de individualizar la pena dentro del marco legalmente determinado no es totalmente discrecional sino que está jurídicamente vinculada por los criterios de gravedad del hecho y personalidad del delincuente ( art. 66.1º Código Penal de 1.995).
Asimismo ha destacado la concurrencia de determinados casos en los que la motivación sobre la determinación de la pena adquiere mayor relevancia, (como señalan, entre otras, las sentencias 1182/97, de 3 de octubre , 879/99, de 3 de junio y 558/2013, de 1 de julio ). Entre estos supuestos cabe señalar: a) cuando la pena se exaspera sin razón aparente ( Sentencias 4 de febrero de 1.992 , 26 de abril de 1.995 y 4 de noviembre de 1.996 ); b) cuando se hace uso de la facultad atribuida por la Ley para aplicar una pena de grado superior a la inicialmente predeterminada (último párrafo del art. 506 del Código Penal de 1.973 o párrafo segundo del art. 74 del Código Penal de 1.995, por ejemplo); c) cuando uno de los autores de los mismos hechos, en quien no concurren específicas circunstancias de agravación, es sancionado con una pena notoriamente superior a la de los demás, sin motivo aparente; d) cuando por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia ( Sentencia núm. 1182/97, de 3 de octubre ); e) cuando la norma legal permite reducir la penalidad bien en uno bien en dos grados ( art.66 tentativa- 66.4º- atenuantes plurales o muy cualificadas- y 68 -eximentes incompletas-, del Código Penal de 1.995 y art. 65 -menores de 18 años- del Código Penal 1.973), en cuyo caso dicha opción debe ser motivada con referencia a los criterios legales ( Sentencias de 27 de julio de 1.998 y de 3 de junio de 1.999 ).
Pues bien, éste es uno de los supuestos en los que nuestra jurisprudencia más tradicional ya apreciaba una especial necesidad de justificación. En el caso actual nos encontramos ante un supuesto de en el que por unos mismos hechos se impone a varios coautores una pena idéntica, siendo así que en uno de ellos concurre una circunstancia modificativa de la responsabilidad que no resulta aplicable a los demás, existiendo margen legal para valorar el efecto atenuatorio o agravatorio de la circunstancia.
La Sala sentenciadora justifica esta anomalía en la individualización de la pena estimando que de los dos adquirentes de la droga era el que iba a darle salida mediante la venta a terceros. Pero esta alegación ya no tiene sustento fáctico, pues al eliminar como prueba de cargo la declaración policial únicamente consta que el recurrente adquirió la droga para distribuirla a terceros en una despedida de soltero, sin que pueda apreciarse una mayor implicación en los hechos que la del otro acusado, pues fue éste último el que conectó telefónicamente con el vendedor para concertar la operación.
En consecuencia, la atenuante debe ser valorada en la individualización punitiva, debiendo imponer al recurrente una pena inferior a la de quien ha cometido los mismos hechos, la adquisición de cien gramos de cocaína con destino a favorecer el consumo ilícito de terceros, pero sin que concurra en él atenuante alguna.
Procede, por tanto, la estimación del motivo, dictando segunda sentencia e imponiendo al recurrente la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, al tomar en consideración la atenuante apreciada por el Tribunal de Instancia.
El primer motivo del recurso del condenado Agapito , por vulneración constitucional, al amparo del art 852 Lecrim , denuncia la infracción de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y secreto de las comunicaciones, interesando la nulidad de las intervenciones telefónicas y coincide con el formulado por los anteriores recurrentes, por lo que para su desestimación nos remitimos a lo ya expresado al resolver los anteriores recursos.
El segundo motivo, por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia es, en realidad, subsidiario del primero, pues se apoya en que la nulidad de las intervenciones telefónicas vicia el conjunto de la prueba practicada. Desestimado el motivo anterior queda éste sin contenido.
El tercer motivo, por inaplicación de la figura de complicidad, carece también de fundamento por las razones correctamente expuestas en la sentencia de instancia. El recurrente participó en la adquisición de una importante cantidad de cocaína destinada a su distribución a terceros, e incluso fue la persona que contactó telefónicamente con el vendedor para realizar la operación. En consecuencia, realizó actos determinantes dirigidos a promover o facilitar el consumo ilícito de estupefacientes. Conforme a una doctrina jurisprudencial reiterada su conducta debe ser calificada de autoría.
El cuarto motivo, también por infracción de ley, denuncia la falta de aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas. Su desestimación se impone por las razones ya expuestas al desestimar los correlativos motivos de recurso de los demás condenados.
Procede, en consecuencia, la integra desestimación de los recursos interpuestos por Urbano y Agapito , con imposición de costas por ser preceptivas, y la estimación parcial del interpuesto por Donato .
Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por infracción de precepto constitucional e infracción de ley por Urbano y Agapito , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Tercera, de fecha 27 de marzo de 2013 , en causa seguida a los mismos por delito contra la salud pública. Condenamos a dichos recurrentes al pago de las costas ocasionadas en sus respectivos recursos.
Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR, parcialmente al recurso de casación por infracción de precepto constitucional e infracción de ley interpuesto por Donato , contra la anterior sentencia; y en su virtud, casamos y anulamos dicha sentencia con declaración de oficio de las costas de este recurso.
En el Procedimiento Abreviado incoado por el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Marbella, y seguido ante la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Tercera, con el núm.1006/2012 , por delito contra la salud pública, contra Urbano , con DNI num. NUM006 , nacido en la Línea de la Concepción, Cádiz el NUM007 de 1978, hijo de Rosendo e Sonsoles ; contra Agapito , con DNI num. NUM008 , nacido en Estepona, Málaga, el NUM009 de 1977, hijo de Ceferino y de Diana ; y contra Donato con DNI NUM010 , nacido en Estepona, Málaga, el NUM011 de 1979, hijo de Dimas y de Piedad ; y en cuya causa se dictó sentencia por la mencionada Audiencia que ha sido casada y anulada por la pronunciada por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo en el día de la fecha, bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Candido Conde-Pumpido Touron, hace constar lo siguiente:
UNICO .- Se aceptan y dan por reproducidos los hechos declarados probados en la sentencia de instancia, así como el resto de sus antecedentes de hecho, sustituyendo en el párrafo segundo de los hechos probados la expresión "para ser vendida por terceros" por "para ser distribuida entre terceras personas".
UNICO .- Dando por reproducidos los fundamentos de derecho de la sentencia de instancia que no queden afectados por nuestra sentencia casacional, y por las razones expuestas en la misma, debemos condenar al recurrente Donato , como autor criminalmente responsable de un delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, referido a sustancias que causan grave daño a la salud del art 368 CP , con la concurrencia de la atenuante de drogadicción, a las penas de TRES AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE CINCO MIL EUROS con una responsabilidad personal subsidiaria de un día por MIL euros impagados, inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de duración de la pena privativa de libertad, y costas procesales, dejando subsistentes el resto de los pronunciamientos de la sentencia de instancia.
Debemos condenar y condenamos al acusado Donato , como autor criminalmente responsable de un delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, referido a sustancias que causan grave daño a la salud del art 368 CP , con la concurrencia de la atenuante de drogadicción, a las penas de TRES AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE CINCO MIL EUROS con una responsabilidad personal subsidiaria de un día por MIL euros impagados, inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de duración de la pena privativa de libertad, y costas procesales, DEJANDO SUBSISTENTES LOS DEMAS PRONUNCIAMIENTOS DE LA SENTENCIA, especialmente los relativos a los demás condenados, al comiso, a la responsabilidad civil y a las costas.
STS 768/2010, 15 de Septiembre de 2010 (Trafico de drogas, Allanamiento de domicilio)
STS 823/2013, 5 de Noviembre de 2013 (Delito contra la salud pública, Inviolabilidad de domicilio, Intervenciones telefónicas)
STS 59/2014, 5 de Febrero de 2014 (Delito contra la salud pública, Hachís, Secreto de las comunicaciones telefónicas)
ATS 44/2008, 17 de Enero de 2008

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