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Timestamp: 2019-10-20 03:57:17+00:00

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﻿ Sentencia C-287 de abril 18 de 2012
SENTENCIA C-287 DE 18 DE ABRIL DE 2012
CONTENIDO:DEPORTE PROFESIONAL. FORMAS ASOCIATIVAS Y LA PROPIEDAD DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE CARÁCTER PROFESIONAL. LA TRANSFORMACIÓN DE LOS CLUBES ORGANIZADOS COMO CORPORACIONES O ASOCIACIONES DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO EN SOCIEDADES ANÓNIMAS NO VULNERAN EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y NI MODIFICA EL DESTINO DE LAS DONACIONES INTERVIVOS PARA FINES DE INTERÉS SOCIAL ARTÍCULO 62 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. SE DECLARAN EXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY 1445 DE 2011.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEPORTE, REGULACIÓN DEL DEPORTE, ORGANIZACIÓN DEPORTIVA, CLUB DEPORTIVO
Sentencia C-287 de abril 18 de 2012
Ref.: expediente D-8642
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4º y 5º de la Ley 1445 de 2011, “por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional”.
“LEY 1445 DE 2011(2)
Diario Oficial 48.067 de 12 de mayo de 2011
1. <Numeral corregido por el artículo 1º del Decreto 2322 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Previo al proceso de conversión, los clubes con deportistas profesionales verificarán que todos y cada uno de los aportes de quienes conforman el club deportivo, y que van a ser objeto de conversión en acciones no provengan o faciliten operaciones de lavado de activos y/o dineros que provengan de actividades ilícitas. Esta declaración juramentada será remitida por el representante legal a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que deberá verificar cada uno de los aportes antes del inicio de la conversión. La devolución de los aportes solo se podrá realizar una vez se cuente con dicha verificación.
PAR. 2º—No se permitirá que la administración de un club con deportistas profesionales se delegue en otra persona jurídica o natural distinta del club con deportistas profesionales”.
La Sala no comparte la opinión del interviniente y considera que la demanda es apta porque cumple con las condiciones mínimas exigidas por la jurisprudencia constitucional: (i) el actor señaló las normas acusadas como inconstitucionales, los artículos 4º y 5º de la Ley 1445 de 2011, procediendo a su transcripción; (ii) identificó las disposiciones constitucionales infringidas, al efecto los artículos 58 y 62 de la Constitución; y (iii) expuso las razones que en su criterio sustentan la violación de los textos constitucionales. Para dar cumplimiento a esta última exigencia, el actor expuso que los artículos demandados que autorizan y regulan la conversión de los clubes con deportistas profesionales organizados como corporaciones o asociaciones deportivas en sociedades anónimas, al prever la devolución de los aportes a los socios que lo soliciten por no compartir la transformación, así como la conversión en acciones de los aportes realizados, vulneran, tanto el derecho a la propiedad de los clubes como la prohibición de variar el destino de las donaciones intervivos, en la medida en que tales aportes constituyen donaciones que ingresan al patrimonio de los clubes y salen del dominio particular de los aportantes.
La Sala estima, además, que las razones expuestas por el demandante se basan en una censura o reproche de carácter constitucional, es decir, parten del contenido de normas constitucionales enfrentadas a los preceptos demandados, de los cuales deriva su inconstitucionalidad. En el presente caso el actor fundamenta la demanda en el desconocimiento del derecho a la propiedad privada (C.P., art. 58) de los clubes con deportistas profesionales, y de la prohibición constitucional de cambiar el destino de las donaciones intervivos (C.P., art. 62), con argumentos que no son simplemente doctrinarios o de conveniencia, sino que logran generar la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido demandado de la ley y el texto de la Constitución Política. Por lo cual concluye que es posible un pronunciamiento de fondo.
¿En ejercicio del margen de configuración que le confiere la Carta, vulnera el legislador el derecho a la propiedad privada (C.P., art. 58) y la prohibición de modificar el destino de las donaciones intervivos, realizadas conforme a la ley para fines de interés social (C.P., art. 62), al prever la transformación de los clubes organizados como corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro a sociedades anónimas, y como resultado de ello, autorizar (i) la devolución de los aportes efectuados a los asociados que así lo soliciten, y (ii) la conversión en acciones de los aportes realizados?
4. La potestad de configuración del legislador para regular las formas asociativas y la propiedad de las organizaciones deportivas de carácter profesional.
El artículo 52 de la Constitución Política reconoce al ejercicio de la actividad deportiva un papel central en la formación integral de las personas y en la preservación y desarrollo de su salud(3). Dentro de este contexto, la Constitución eleva la recreación, la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre a la categoría de derechos, los incluye como parte esencial del derecho a la educación, y determina que constituyen gasto público social. En consecuencia, prevé en cabeza del Estado, la obligación de fomentar estas actividades e inspeccionar, vigilar y controlar a las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas, “sin exigir que sean de origen público ni forzosamente creadas o dirigidas por el Estado”(4).
En la Sentencia C-758 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), al analizarse la constitucionalidad del numeral 5º del artículo 39 del Decreto-Ley 1228 de 1995, “por el cual se revisa la legislación deportiva y la estructura de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995”, la Corte explicó el alcance y contenido del artículo 52 de la Constitución, en los siguientes términos:
Así las cosas, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre constituyen derechos para que el individuo desarrolle su vida dignamente de acuerdo con sus expectativas y decisiones y le abren espacios vitales al ser humano frente al Estado y a los particulares(5).
Así mismo, en la medida en que las actividades deportivas y recreativas comportan usualmente derechos y deberes comunitarios que implica la observancia de normas mínimas de conducta deben ser objeto de intervención del Estado por cuanto el Estado no solo debe fomentar su ejercicio, sino porque la sociedad tiene un legítimo interés en que tal práctica se lleve a cabo de conformidad con los principios legales, de manera que con ella se alcancen objetivos educadores y socializadores(6).
Entonces, la relación Estado-persona, en el ámbito de las actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, tiene como eje central la consideración de ser su ejercicio “un derecho de todas las personas”, que al propio tiempo ostenta la función de formarlas integralmente y preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano(7). Y la relación Estado-organizaciones deportivas y recreativas, se desenvuelve en torno de, por una parte, las acciones de fomento y, por otra, de la inspección vigilancia y control, habida cuenta del papel que estas organizaciones están llamadas a cumplir en la sociedad como medios eficaces para la realización de los fines sociales y de los derechos constitucionales de las personas”.
Sobre los límites a los que está sometido el ejercicio de esta potestad de configuración del legislador, esta corporación señaló de manera general que “en principio la sujeción y subordinación de la ley a la Constitución debe permitir cierto margen de acción en la labor de desarrollo de las normas superiores, de manera tal que las diversas alternativas se adopten dentro del marco del principio democrático y pluralista que orienta nuestro sistema constitucional. Las distintas corrientes de pensamiento y opinión representadas en el órgano legislativo, deben participar en el desarrollo e implementación de la Constitución, optando por las diferentes posibilidades dentro del principio de las mayorías”(8).
Según lo ha reconocido esta corporación de manera reiterada(9), la potestad de configuración legislativa está instituida para “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes creencias y demás derechos y libertades,”(10) y en esa medida, no se trata de una potestad absoluta, “ya que tiene como límites el respeto y protección de los derechos fundamentales, y demás mandatos y prohibiciones constitucionales”(11). No obstante, el mandato de respetar y proteger los derechos fundamentales, no puede interpretarse como una prohibición categórica de incidir en ellos(12). En esa medida, tal como lo ha expresado la Corte en ocasiones anteriores, el ejercicio de la potestad de configuración legislativa a través de la cual se regulan derechos constitucionales debe ser también razonable y proporcionada, pues al legislador le está vedada la incidencia arbitraria en los derechos constitucionales(13).
Así lo sostuvo la Corte, por ejemplo, al analizar la constitucionalidad de normas que regulaban aspectos relativos a la propiedad de las organizaciones deportivas, específicamente al avalar la constitucionalidad de normas que exigían para la conformación de los clubes profesionales de fútbol un número determinado de accionistas o socios, o que restringían el número de títulos de afiliación, acciones o aportes de estos clubes que las personas podían adquirir(14).
En este mismo sentido se pronunció la corporación al estudiar el artículo 7º del Decreto-Ley 1228 de 1995(15), en el que se definen las ligas deportivas como organismos de derecho privado constituidas como asociaciones o corporaciones por un número mínimo de clubes deportivos o promotores o de ambas clases, con el objeto de fomentar, patrocinar y organizar la práctica de un deporte con sus modalidades deportivas, dentro del respectivo ámbito territorial del departamento o del Distrito Capital, según el caso, e impulsar programas de interés público y social. La actora basó su demanda en el argumento, según el cual, la norma limitaba la creación de ligas deportivas para la práctica del deporte sólo al ámbito territorial del departamento respectivo o del Distrito Capital, excluyendo a otras entidades territoriales previstas en el artículo 286 de la Constitución, esto es, a los municipios, a los territorios indígenas, a las regiones y a las provincias.
La Corte concluyó que el artículo 7º del decreto se ajustaba a la Constitución, pues estaba dentro del margen de configuración del legislador la consagración de reglas a través de las cuales se definen las autoridades encargadas de fomentar, patrocinar y dirigir la actividad deportiva en sus diferentes modalidades, de manera que no resultaba inconstitucional que el legislador estructurara la organización del deporte a través de ligas deportivas que se constituyeran como asociaciones o corporaciones de derecho privado; que las ubicara solamente en los departamentos y el Distrito Capital; que permitiera la existencia de una sola liga por deporte en la respectiva jurisdicción territorial; y que las constituyera como organismos de derecho privado en la forma de asociaciones o corporaciones por un número mínimo de clubes deportivos o promotores, o de ambas clases, con el fin de fomentar, patrocinar y organizar la práctica de un deporte.
Ahora bien en relación con la propiedad privada, se debe destacar que ha sido reconocida por la Corte Constitucional como un “derecho subjetivo al que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas, dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los cuales, se destacan la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como manifestaciones fundamentales del Estado social de derecho (C.P., arts. 1º y 95, nums. 1º y 8º)(16). De manera que el mismo ordenamiento jurídico a la vez que se encuentra comprometido con el respeto a su núcleo esencial, debe adoptar medidas que permitan asegurar el logro de las citadas funciones, lo que conduce —en últimas— a consolidar los derechos del propietario con las necesidades de la colectividad, debidamente fundamentadas en el Texto Superior”(17).
No obstante, si bien la propiedad privada puede ser objeto de limitación o restricción, en aras de cumplir con las funciones sociales y ecológicas que le reconoce el Estatuto Superior, la Corte ha precisado que no por ello puede llegarse al extremo de lesionar su núcleo esencial que se manifiesta en el nivel mínimo de ejercicio de los atributos de goce y disposición, que produzcan utilidad económica en su titular(18).
“De conformidad con los artículos 1º, 2º, 58 y 150 de la Carta, la potestad del legislador es amplia para regular y establecer los mecanismos que definan la manera de acceder al derecho a la propiedad privada, así como sus contenidos, transferencia y límites.
El artículo 58 constitucional establece, en consecuencia, algunos parámetros concretos para determinar la garantía y configuración normativa de este derecho, como son el reconocimiento a la propiedad privada “con arreglo a las leyes civiles”, la afirmación de la protección de los derechos adquiridos en relación con ella, —en el tránsito legislativo—, y el reconocimiento a la función social y ecológica que tiene la propiedad, como características establecidas por el constituyente al uso, goce y disposición de este derecho.
De allí que se pueda asegurar que la Carta reconoce y protege el derecho a la propiedad privada y sólo condiciona su ejercicio y disposición, principalmente, a motivos de utilidad pública(19) o de interés social, asegurando en todo caso, ante la existencia de conflictos entre el interés general de la colectividad y el interés particular, la prevalencia del primero (C.P., art. 58). Con todo, aunque la ley pueda invocar el bienestar general para limitar los derechos de contenido patrimonial, cuando la limitación o extinción del derecho pueda ser valorada económicamente, el afectado deberá ser indemnizado(20) conforme a la Carta, salvo en los eventos en que el acceso a la propiedad responda a las contravenciones señaladas en el artículo 34 constitucional, esto es, que el bien haya sido adquirido mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social(21).
Bajo estos supuestos, al legislador le compete, atendiendo a estas disposiciones superiores, definir las características y modalidades de la propiedad, —intelectual, compartida, inmueble, etc.— y las “facultades, obligaciones, cargas y deberes que los propietarios y terceros pueden desarrollar y están, obligados a cumplir”(22) con respecto a los bienes que ostentan y al tipo de propiedad que poseen, en cada caso específico. Puede decirse en consecuencia que la propiedad privada conlleva para el Estado un deber de regulación que atienda los intereses privados sin desconocer el interés social, y para los particulares un ejercicio que satisfaga o propenda por satisfacer el interés general(23)”(24).
En este orden de ideas, la Corte ha advertido que si bien la regulación del derecho de propiedad tiene reserva de ley, eso no implica que la potestad reguladora del Congreso sea absoluta, puesto que le compete asegurar que el ejercicio del derecho a la propiedad privada sea posible y sus límites o exigencias sean razonables y respetuosas del núcleo esencial de este derecho(25).
5. El deporte profesional a la luz de la Constitución y la jurisprudencia constitucional.
“El deporte profesional ocupa un lugar complejo en el ordenamiento constitucional puesto que, tal y como lo ha señalado esta Corporación, es una actividad que tiene diversas dimensiones, ya que es un espectáculo, una forma de realización personal, una actividad laboral y una empresa(26). De un lado, es un espectáculo público, por lo cual se relaciona con el derecho a la recreación de los miembros de la comunidad (C.P., art. 52). De otro lado, los jugadores profesionales no sólo ejercitan el deporte como un medio de realización individual sino que son personas para quienes la práctica del deporte es una ocupación laboral, por lo cual esta actividad es una expresión del derecho a escoger profesión u oficio (C.P., art. 26) y cae en el ámbito del derecho del trabajo y de la especial protección al mismo prevista por la Constitución (C.P., arts. 25 y 53). Finalmente, las asociaciones deportivas, si bien no tienen ánimo de lucro, y no son por ende sociedades comerciales, sí ejercen una actividad económica, puesto que contratan jugadores, reciben ingresos por conceptos de ventas de entradas a los espectáculos y derechos de transmisión, promocionan marcas, etc., pues son “titulares de los derechos de explotación comercial de transmisión o publicidad en los eventos del deporte competitivo” (L. 181/95, art. 28). Son entonces verdaderas empresas, en el sentido constitucional del término, por lo cual su actividad recae bajo las regulaciones de la llamada Constitución económica (C.P., arts. 58, 333 y 334). Así, en relación con el fútbol, esta corporación ya había señalado:
El fútbol es un deporte que cumple simultáneamente varias funciones: recrea a los espectadores, genera una actividad económica y hace posible la realización personal del jugador. Como juego de competición, el fútbol es un medio de esparcimiento de multitudes, que gracias a los avances tecnológicos en el área de las comunicaciones, tiende a universalizarse y a estrechar los vínculos entre los diferentes países. Su internacionalización, por otra parte, ha llevado a que sea también un negocio atractivo para los inversionistas. El fútbol, concebido como empresa, al igual que otros deportes, es un negocio en el que se invierten grandes cantidades de dinero, en parte debido a las altas sumas en que se cotizan los jugadores”(27).
La Corte ha evidenciado también que la dimensión empresarial que caracteriza a las organizaciones del deporte, particularmente a las que tienen naturaleza profesional, obliga al legislador a ser cauteloso en lo relacionado con el manejo de sus recursos, el desenvolvimiento regular de las transacciones y la conservación de las organizaciones deportivas para que la confianza que han depositado en ellas los aficionados no sea defraudada mediante actos que atenten con la adecuada administración de los intereses que manejan(28).
Además, ha destacado la organización del deporte profesional en formas asociativas complejas: (i) clubes deportivos, definidos como organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social, constituidos por un número plural de socios con el objeto de fomentar la práctica de un deporte con deportistas aficionados o profesionales; (ii) ligas, constituidas por clubes con la misma naturaleza jurídica e intereses sociales de estos, pero con un objeto distinto, la organización técnica y administrativa del respectivo deporte en su jurisdicción; y (iii) federaciones que comparten las características de los clubes y de las ligas, con la misión de organizar a nivel nacional, los deportistas aficionados o profesionales y la práctica del deporte(29).
Con el fin de examinar si en el ejercicio de la potestad de configuración el legislador ha excedido los límites constitucionales, esta Corte ha empleado como método de análisis el juicio de razonabilidad, entendido como “un criterio de interpretación constitucional que pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales”(30).
Esta metodología desarrollada por la Corte, permite examinar si una medida limitativa de los derechos fundamentales cumple o no una finalidad acorde con la Constitución Política y si los medios utilizados por el legislador para alcanzarla son o no idóneos(31). Los criterios de análisis al aplicar un juicio de razonabilidad son distintos en razón de los derechos en juego y de la facultad con que cuente el legislador para establecer la limitación a los derechos afectados(32), criterios que determinan la intensidad del examen constitucional y los estándares que deben cumplir las medidas adoptadas por el legislador para ser halladas conforme a la Carta.
De manera general ha sostenido la Corte que “una medida legislativa en la que se confiere un trato diferencial o se restringe el ejercicio de un derecho es razonable cuando dicho trato es legítimo a la luz de las disposiciones constitucionales, cuando persigue un fin auspiciado por la Carta y, además, cuando es proporcionado a la consecución de dicho fin, lo cual significa que dicho trato debe garantizar un beneficio mayor al perjuicio irrogado”(33).
Así, la Corte ha dicho que cuando la aplicación del juicio es leve es suficiente con establecer que el fin propuesto y el medio establecido por la norma se ajustan a la Constitución (son legítimos) y que el medio escogido por el legislador es apto para lograr el fin propuesto. También ha indicado que el juicio intermedio es más exigente, por cuanto en este caso debe corroborarse que la medida, además de ser legítima y apta, es efectivamente conducente para lograr el fin propuesto. Finalmente, la jurisprudencia ha determinado que cuando el juicio es estricto, también se debe estudiar si la norma es necesaria, esto es, que no existe otra medida menos lesiva, y que además es estrictamente proporcional. De tal manera que, aunque no se exige un equilibrio perfecto, si la balanza se inclina de manera excesiva del lado del impacto negativo, aquélla no es proporcionada(34).
6.1. La finalidad de la Ley 1445 de 2011 es legítima.
El 31 de agosto de agosto de 2010 fue presentado en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, por el Ministro del Interior y de Justicia, el Proyecto de Ley 072 de 2010 Cámara, 201 de 2010 Senado “por medio del cual se modifica la Ley 181 de 1995 y se dictan otras disposiciones, en relación con el deporte profesional”(35).
En la respectiva exposición de motivos,(36) el ministro expresó la preocupación del Gobierno Nacional por el fortalecimiento del engranaje institucional y la dotación de formas jurídicas de organización que hicieran viable, principalmente, la actividad del fútbol profesional colombiano en el marco del deporte y la recreación.
Consideró el gobierno, que un mecanismo de esta naturaleza brinda dos beneficios importantes. Por un lado, “seguridad jurídica y transparencia, no sólo desde el desarrollo mismo de la actividad social sino de la confianza de terceros que establecen cualquier relación jurídica e inclusive desde un plano de supervisión estatal, pues es evidente que la vigilancia que hoy ejerce el Estado a través de sus distintas entidades a las empresas organizadas como sociedades anónimas, en cuanto a la procedencia de los capitales de las mismas y la transparencia de las operaciones financieras que se efectúan, es la vigilancia que debe operar respecto de los clubes profesionales de fútbol, los cuales se han convertido en la actualidad en verdaderas empresas y células para el desarrollo económico en sus respectivas ciudades y regiones y como tales deben generar la confianza del caso al inversionista privado”(37).
El gobierno sostuvo que el esquema propuesto resultaba atractivo para los inversionistas, pues el previsto en la Ley 181 de 1995(38), organizado bajo la forma de asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro, resultaba poco razonable, en la medida en que los clubes están organizados bajo una estructura societaria que no permitía la distribución de utilidades o algún tipo de retorno e impedía la transformación de esas entidades en sociedades anónimas.
Desde muy temprano, en la ponencia para primer debate ante la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes(39), los ponentes explicaron que la propuesta estaba dirigida a que los clubes pudiesen convertirse, por autorización de la ley, en sociedades anónimas, entre otras formas asociativas como las cooperativas y demás organismos cooperativos, y las asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro, con el fin de corregir varias dificultades que se habían detectado en la regulación de los clubes con deportistas profesionales de fútbol bajo la Ley 181 de 1995.
Un quinto reparo está relacionado con la necesidad de garantizar la viabilidad económica de las organizaciones deportivas, especialmente las del fútbol profesional. En este sentido, el gobierno afirmó que “la actividad deportiva y particularmente el fútbol constituye un importante factor de inversión nacional e internacional el cual queda restringido mientras se conserven modelos de asociacionismo tradicional, situación que puede obviarse mediante la constitución de sociedades de capitales que sirvan de plataforma para su crecimiento empresarial”.
En tal sentido, el artículo 1º de la Ley 1445 de 2011, modifica el artículo 29 de la Ley 181 de 1995, para señalar que los clubes con deportistas profesionales deberán organizarse como corporaciones o asociaciones deportivas de las previstas en el Código Civil, o como sociedades anónimas de las previstas en el Código de Comercio, conforme a los requisitos que en ella se establecen.
El artículo 2º de la misma ley, modifica el artículo 30 de la Ley 181 de 1995, para disponer que los clubes con deportistas profesionales organizados como sociedades anónimas, deberán tener como mínimo cinco (5) accionistas; que los clubes con deportistas profesionales de disciplinas diferentes al fútbol, organizados como sociedades anónimas, sin perjuicio del monto del capital autorizado, en ningún caso podrán tener un capital suscrito y pagado a la fecha de la constitución o de la conversión inferior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (par. 2º); y que los clubes con deportistas profesionales de fútbol organizados como sociedades anónimas, en ningún caso podrán tener un capital suscrito y pagado a la fecha de la constitución o de la conversión inferior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (par. 3º).
Sin importar su forma de organización, la ley determina que los clubes con deportistas profesionales, deberán mantener durante todo su funcionamiento el monto mínimo exigido como fondo social o capital suscrito y pagado, obligación que de ser desconocida generará la suspensión del reconocimiento deportivo, y la reincidencia en tal conducta dará lugar a su revocatoria (par. 4º).
El artículo 3º, que modifica el artículo 31 de la Ley 181 de 1995 con el fin de determinar la procedencia de capitales, prevé en cabeza de los particulares y las personas jurídicas que adquieran acciones en los clubes con deportistas profesionales, la obligación de acreditar la procedencia de sus capitales ante el respectivo club, el cual a su vez deberá remitirla al Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes), quien podrá requerir de las entidades públicas y privadas la información necesaria para verificar la procedencia de los mismos y celebrar los convenios interadministrativos a que haya lugar para tal fin. Lo anterior, sin perjuicio de que esta misma información pueda ser solicitada a los clubes con deportistas profesionales por la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia Financiera en desarrollo de sus funciones de supervisión. No obstante, el parágrafo 1º, establece que la información será reservada y que el Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes) y cualquier otra entidad del Estado, deberán preservar tal reserva.
Los clubes con deportistas profesionales tienen además la obligación de remitir a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la información correspondiente a los reportes de operaciones sospechosas, de transferencia y derechos deportivos de jugadores, de accionistas o asociados, y los demás que requiera de acuerdo con su competencia, bajo las condiciones que la UIAF establezca (par. 2º).
Los artículos 4º y 5º de la ley demandados, determinan respectivamente, los parámetros dentro de los cuales se realizará la conversión de los clubes profesionales, y el procedimiento de conversión, como más adelante se verá en detalle.
Finalmente, el artículo 6º introduce la obligación de los clubes con deportistas profesionales constituidos como sociedades anónimas, de remitir dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de la resolución que otorga el reconocimiento deportivo, copia auténtica de dicho acto a la respectiva Cámara de Comercio para efectos de su correspondiente anotación en el registro mercantil, so pena de la imposición de sanciones por parte del Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes).
6.2. El medio escogido es legítimo.
Los artículos 4º y 5º cuestionados en la demanda, hacen parte del título II denominado de la conversión de los clubes con deportistas profesionales organizados como corporaciones o asociaciones deportivas a sociedades anónimas.
El artículo 4º determina los parámetros dentro de los cuales se realizará la conversión de los clubes profesionales, en materia de competencia, alcances, monto y procedimiento, en los siguientes términos: (i) la conversión no conlleva la liquidación de la persona jurídica, de manera que la nueva sociedad continúa siendo titular de los derechos y de todas las obligaciones del club convertido; (ii) el órgano competente para realizar la conversión es la asamblea general del organismo deportivo, cuerpo que deberá aprobar el método de intercambio de aportes por acciones, en proporción al capital y respetando los derechos de los asociados minoritarios; (iii) los aportes efectuados por los asociados de los clubes, les serán devueltos, si así lo solicitan dentro de los dos (2) meses siguientes da la realización de la conversión; (iv) la asamblea general deberá además aprobar la colocación de acciones de la sociedad anónima en forma inmediata entre el público en general, sin que haya lugar a derecho de preferencia ni límite máximo de adquisición por parte de asociados, aportantes o nuevos inversionistas; (v) el monto de la colocación no podrá ser inferior al doble del capital que resulte del método de intercambio de aportes por acciones; y (vi) la suscripción y pago de acciones deberá hacerse en las condiciones, proporciones y plazos previstos para las sociedades anónimas en el Código de Comercio(40), sin que el valor nominal de cada acción pueda ser superior a una unidad de valor tributario (UTV).
El artículo 5º regula, en primer lugar, el procedimiento de conversión de los clubes con deportistas profesionales. Esta conversión no opera de manera automática. Según esta disposición, primero se deberá verificar que todos y cada uno de los aportes de quienes conforman el club deportivo, y que van a ser objeto de conversión en acciones, no provengan o faciliten operaciones de lavado de activos y/o dineros que provengan de actividades ilícitas, verificación sin la cual no es posible la devolución de los aportes. En segundo lugar, con el fin de garantizar una decisión democrática, se establece el quórum deliberativo y decisorio que deberá acreditar la asamblea general para tomar la decisión de conversión, la forma de comunicar tal decisión, el procedimiento que deberá surtirse para que las personas puedan hacer valer el monto de su aporte o derecho, el plazo para resolver, el procedimiento para formalizar el acuerdo de conversión en sociedad anónima y las limitaciones al mismo.
De conformidad con lo anterior, el medio escogido por el legislador para alcanzar los fines buscados no está prohibido por la Constitución Política, por el contrario, da cumplimiento al mandato previsto en el inciso 4º del artículo 58 de la Constitución Política que establece en cabeza del Estado la obligación de proteger y promover las formas asociativas y solidarias de propiedad. En efecto, la transformación constituye una medida concebida para preservar la viabilidad financiera de los clubes con deportistas profesionales, lograr una verdadera democratización de la propiedad, y mayor transparencia en el manejo de sus recursos, todo ello con el propósito de consolidar verdaderas empresas en torno al deporte profesional colombiano.
Esta corporación ya había analizado otro caso de conversión como medida de salvamento excepcional, previsto en el artículo 19, numeral 7º, de la Ley 510 de 1999, “por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades”, que autorizó la conversión de las instituciones financieras de naturaleza cooperativa en sociedades anónimas, en circunstancias excepcionales, con autorización previa del Superintendente Bancario y mediante reforma estatutaria adoptada por su asamblea general, caso en el cual los asociados recibirían acciones en proporción a sus aportes.
En la Sentencia C-948 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), la Sala Plena sostuvo que la conversión en sociedad anónima constituía una típica medida de salvamento de carácter preventivo y excepcional tendiente a sacar a la entidad cooperativa de la difícil situación en que se encuentre, para evitar que se acuda a la toma de posesión de la misma con las consecuencias negativas que para los terceros, los mismos asociados y el sistema financiero conlleva.
6.3. El medio escogido por el legislador es apto para alcanzar la finalidad buscada.
7. Los aportes efectuados por los miembros de los clubes con deportistas profesionales, organizados como asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro no constituyen donaciones.
Las corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro han sido definas por la doctrina como personas jurídicas que surgen de la voluntad de un grupo de individuos que vinculan un capital a la obtención de un fin de interés general o de bienestar común no lucrativo, de manera que tienen como finalidad propia la satisfacción de intereses públicos y sociales(41).
Se debe precisar, que el ánimo de lucro no se relaciona con las utilidades obtenidas, sino con la destinación que se les otorgue, de manera que lo que diferencia a una entidad sin ánimo de lucro de una que si lo tiene, es que las utilidades no pueden ser repartidas a sus miembros cuando se retiran, ni al final de cada ejercicio contable, ni cuando la entidad se liquida(42). Sobre este aspecto, esta Corte ha precisado que “la ausencia del ánimo de lucro se predica de las personas que son miembros de una asociación o corporación, pero no de ésta en sí misma considerada”(43). Por su parte el Consejo de Estado ha sostenido que “el criterio de lucro o las finalidades de lucro no se relacionan, no pueden relacionarse a las utilidades obtenidas, sino con la destinación que se les dé. La estipulación o norma que elimina los fines de lucro, es la que tiene como consecuencia, que los rendimientos o utilidades obtenidas no sean objeto de distribución o reparto entre socios o integrantes de la persona moral que los genera. Este criterio ha sido tradicionalmente concebido y respetado siempre”(44).
En efecto, la donación es un contrato gratuito y definitivo, por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta(45). Así lo ha sostenido la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia al afirmar que “la donación entre vivos es contrato, porque exige el concurso de las voluntades de donante y donatario pues sin la aceptación de éste la sola voluntad liberal del primero constituye únicamente una oferta y no convenio de gratuidad”(46).
Como se trata de un contrato gratuito, sólo una de las partes, el donatario, recibe un beneficio por la celebración del contrato. El donante es consciente de que no recibirá contraprestación alguna, sin perjuicio de su prerrogativa de condicionar la donación a la imposición de ciertas cargas que quien recibe, el donatario, deberá cumplir(47). La esencia de la donación es el incremento o enriquecimiento del patrimonio del donatario y, por ende, la disminución o empobrecimiento del patrimonio del donante(48).
En consecuencia, con la expedición de los artículos 4º y 5º demandados de la Ley 1445 de 2011, que autorizan la transformación de los clubes en sociedades anónimas y el consecuente reintegro de los aportes cuando así lo soliciten los miembros que no quieren permanecer afiliados, no se desconoce el derecho a la propiedad de los clubes con deportistas profesionales, garantizado por el artículo 58 de la Constitución, como tampoco, modifican el destino de las donaciones intervivos, protegido por el artículo 62 Superior.
Por las razones expuestas la Corte procederá a declarar exequibles los artículos 4º y 5º de la Ley 1445 de 2011, “por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional”, con relación a los cargos analizados.
Declarar EXEQUIBLE los artículos 4º y 5º de la Ley 1445 de 2011, “por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional”, con relación a los cargos analizados en la presente sentencia.
(2) Modificada por el Decreto 2322 de 2011, publicado en el Diario Oficial 48.117 de 1º de julio de 2011, “Por el cual se corrige un yerro en el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 1445 de 2011”; y por la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial 48.110 de 24 de junio de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”.
(3) Constitución Política. “ART. 52.—Artículo modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2000. El nuevo texto es el siguiente: El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. // El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. // Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. // El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”.
(4) Sentencia C-802 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
(5) Como se enfatiza en la ponencia para primer debate al Proyecto de Acto Legislativo 158 de 1999 Cámara 16 de 1999, Senado “Por el cual se modifica el artículo 52 de la Constitución Política”. Gaceta del Congreso, miércoles 7 de junio de 2000, pág. 5.
(6) Ibídem, pág. 5. No solo en esta ponencia, sino en las ponencias elaboradas en la Cámara de Representantes, tanto en primera como en segunda vuelta, se hace énfasis en la necesidad de que en relación con las organizaciones deportivas y recreacionales, el Estado ostente no solo potestades de inspección sino también de vigilancia y control “en procura de desarrollar los postulados de interés común y las responsabilidades públicas llamadas a intervenir dentro de los parámetros constitucionales garantizando normas mínimas de convivencia” (Gaceta del Congreso 148, mayo 18/2000).
(7) Esta corporación aún antes de la expedición del Acto Legislativo 2 de 2000 ya había señalado en torno del derecho al deporte y a la recreación que “no obstante estar ubicado en el marco de los derechos sociales, económicos y culturales adquiere el carácter de fundamental por su estrecha conexidad con otros derechos que ostentan ese rango”. Sentencia T-410 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
(8) Sentencia C-404 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. SV. Jaime Araujo Rentería).
(9) Ver, entre muchas otras, las sentencias C-531 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-081 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-713 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); C-404 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, SV. Jaime Araujo Rentería); C-782 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
(10) Constitución Política, artículos 2º y 4º.
(11) Sentencia C-1186 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. AV. Jaime Araujo Rentería).
(12) Así, por ejemplo, en la Sentencia C-081 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), se dijo lo siguiente: “[…] Esta libertad de configuración del legislador, así como la propia naturaleza de ciertos conceptos constitucionales, permiten precisar los alcances del control constitucional de las definiciones legislativas de las categorías constitucionales. En efecto, el control material de la Corte de estas definiciones legislativas busca preservar al mismo tiempo la supremacía de la Carta y la libertad política del legislador. Por ello, el control constitucional en este campo es ante todo un control de límites, pues no puede la Corte aceptar definiciones legales que contraríen la estructura constitucional o vulneren principios y derechos reconocidos por la Carta. Pero tampoco puede la Corte interpretar la Constitución de manera tal que desconozca el pluralismo político y la alternancia de diferentes políticas, pues la Carta es un marco de coincidencias básico, dentro del cual coexisten visiones políticas diversas. “Ese control de límites varía su intensidad dependiendo de la propia complejidad y desarrollo de la construcción constitucional de un determinado concepto o institución. Así, si la determinación de los elementos estructurales de un concepto es más o menos completa, esto hace más estricto el control constitucional del acto normativo que desarrolla el mencionado concepto pues, en tales casos, el Constituyente ha limitado el ámbito de acción del legislador. Por el contrario, si la protección constitucional solamente se predica de ciertos elementos, los cuales no delimitan perfectamente la figura jurídica del caso, el Congreso tiene una amplia libertad para optar por las diversas alternativas legítimas del concepto, obviamente respetando el marco constitucional fijado. En efecto, en función del pluralismo político, la soberanía popular, el principio democrático y la cláusula general de competencia del Congreso (C.P., arts. 1º, 3º, 8º y 150), se entiende que cuando la Constitución ha guardado silencio sobre un determinado punto es porque ha querido dejar un espacio abierto amplio para diferentes regulaciones y opciones de parte del legislador. Eso significa que cuando no puede deducirse del texto constitucional una regla clara, en principio debe considerarse válida la regla establecida por el legislador”(12) (resaltado agregado al texto).
(13) Sentencia C-720 de 2007 (M.P. Catalina Botero Marino). Ver además las sentencias C-309 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); C-673 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); C-792 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño); C-799 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-662 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes); C-183 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(14) Sentencia C-713 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). En esta oportunidad la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de los artículos 29 (porcentaje máximo de títulos de afiliación, afiliaciones o aportes por afiliado) y 30 (número mínimo de socios) de la Ley 181 de 1995, “por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte”, acusados, entre otros razones, por introducir una intervención injustificada del Estado en la actividad deportiva, cuando su papel está supuestamente limitado a actividades de fomento e inspección.
(15) Decreto 1228 de 1995, “por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995”. “ART. 7º—Ligas deportivas. Las ligas deportivas son organismos de derecho privado constituidas como asociaciones o corporaciones por un número mínimo de clubes deportivos o promotores o de ambas clases, para fomentar, patrocinar y organizar la práctica de un deporte con sus modalidades deportivas, dentro del ámbito territorial del departamento o del Distrito Capital, según el caso, e impulsarán programas de interés público y social. // No podrá existir más de una liga por cada deporte dentro de la correspondiente jurisdicción territorial.” Ver Sentencia C-802 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
(16) Véase, Sentencia T-427 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
(17) Sentencia C-189 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. AV. Jaime Araújo Rentería).
(18) Sentencias C-522 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño); C-864 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería); C-189 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil. AV. Jaime Araújo Rentería); C-133 de 2009 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
(19) Sentencia C-522 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(20) Sentencia C-488 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
(21) Sentencia C-374 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández).
(22) Sentencia C-488 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
(23) Sentencia C-488 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
(24) Sentencia C-522 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(25) Sentencia C-782 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
(26) Ver sentencias T-498 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-099 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-226 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(27) Sentencia T-498 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento Jurídico 3.
(28) Sentencia C-713 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
(29) Sentencia C-320 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).
(30) Sentencia C-799 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(31) Corte Constitucional, Sentencia C-337 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz). En este fallo en el que se analizó la constitucionalidad del establecimiento de privilegios o beneficios para los ciudadanos que ejercen el derecho al voto, la Corte examinó la libertad de configuración que tiene el legislador para escoger una medida que limite un derecho fundamental. En esa ocasión dijo la Corte: “Es importante anotar, que si bien el test exige que el intérprete evalúe la necesidad del medio para el logro del fin perseguido, esta facultad no puede entenderse como una exclusión de la potestad plena del legislador para elegir entre diferentes alternativas las que, a su juicio, mejor satisfagan el fin propuesto. En otras palabras, si los medios utilizados son adecuados y proporcionados, el legislador podrá escoger el que estime más conveniente, sin necesidad de probar que la medida elegida es la única disponible para alcanzar su objetivo”.
(32) Así por ejemplo, al aplicar este test en materia de igualdad, la Corte Constitucional ha utilizado con diferentes intensidades el test de razonabilidad, dependiendo de las materias en juego. Ver entre otras las sentencias C-404 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-505 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra); C-048 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett); C-579 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre); C-540 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño); C-199 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(33) Sentencia C-316 del 30 de abril de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(34) Sentencia C-451 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(35) Posteriormente, mediante Resolución 2 del 10 de septiembre de 2010, le fue acumulado el Proyecto de Ley 077 de 2010, radicado por los representantes a la Cámara Carlos Alberto Zuluaga, Miguel Arenas Prada, Mario Suárez Flórez y Alfonso Prada. El 17 de septiembre de 2010, la mesa directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, asignó la ponencia de primer debate a los representantes Pablo Sierra, Lina María Barrera Rueda, Juan Manuel Valdés Barcha, Didier Burgos Ramírez, Libardo García Guerrero y Víctor Hugo Yepes Flórez. Ver Gaceta del Congreso 754 del 8 de octubre de 2010, pág. 7.
(36) Gaceta del Congreso 585 del 31 de agosto de 2010, pág. 13.
(38) “Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema nacional del deporte”.
(39) Gaceta del Congreso 585 del 31 de agosto de 2010, pág. 13.
(40) Reguladas en el título VI del Código de Comercio (arts. 373 a 468) referentes a su constitución; capital; emisión, suscripción, pago y negociación de acciones; dirección y administración; balances y dividendos; reparto de utilidades, y disolución y liquidación.
(41) Angarita Gómez, Jorge. Derecho Civil, editorial Temis, 1988.
(42) Sobre el concepto de ánimo de lucro característico de las personas jurídicas se puede consultar: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 10 de octubre de 1982, C.P. Enrique Low Murtra, radicación 7234.
(43) Sentencia C-51 de 1995 (M.P. Jorge Arango Mejía). En la demanda de inconstitucionalidad dirigida contra los artículos 338 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, decretos 2663 y 3743 de 1950, adoptados como legislación permanente por la Ley 141 de 1961.
(44) Ver: Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 6 de febrero de 1987, expediente 1444; y Consejo de Estado. Sección Cuarta, sentencia del 19 de mayo de 1989, expediente 0422.
(45) Código Civil. “ART. 1443.—La donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere, gratuita e irrevocablemente, una parte de sus bienes a otra persona que la acepta”.
(46) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Sentencia del 20 de mayo de 2003, Ref. expediente 6585. Ver también, la sentencia de esta misma Sala del 16 de junio de 1995, M.P. Germán Giraldo Zuluaga, publicada en la Gaceta Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Salas Civil y Laboral. Bogotá, Tomo CLI, Nº 2392, primera parte, enero a diciembre de 1975.
(47) Código Civil. “ART. 1483.—Si el donatario estuviere en mora de cumplir lo que en la donación se le ha impuesto, tendrá derecho el donante o para que se obligue al donatario a cumplirlo, o para que se rescinda la donación. // En este segundo caso será considerado el donatario como poseedor de mala fe para la restitución de las cosas donadas y los frutos, siempre que sin causa grave hubiere dejado de cumplir la obligación impuesta. // Se abonará al donatario lo que haya invertido hasta entonces en desempeño de su obligación y de que se aprovechare el donante.”
(48) [1] Código Civil. “ART. 1455.—No hay donación si habiendo por una parte disminución de patrimonio, no hay por otra aumento; como cuando se da para un objeto que consume el importe de la cosa donada, y de que el donatario no reporta ninguna ventaja apreciable en dinero”. Al respecto se puede consultar: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de marzo 1962, M.P. José Hernández Arbeláez, publicada en la Gaceta Judicial de la Corte Suprema de Justicia. Bogotá, Tomo XCVIII, 1962.

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