Source: http://albertociampini.com.ar/2019/09/mas-ajuste-a-la-discapacidad-pagina-12/
Timestamp: 2019-10-24 02:49:41+00:00

Document:
Solapada entre las noticias acerca del cepo al dólar versión Cambiemos, el lunes 2 se publicó en el Boletín Oficial la resolución Nº 1231/19 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), por la que se restringen y complejizan los tratamientos destinados a las personas con discapacidad, se reducen las horas de terapia y también los prestadores autorizados a realizarlas. Rápidamente, varias organizaciones repudiaron la medida que agudiza el ajuste en uno de los sectores más débiles de la sociedad.
El argumento esgrimido por el gobierno sonó como una carcajada en el rostro de miles de discapacitados, sus familias y los equipos terapéuticos. En el Anexo I de la resolución se afirma que la medida “apunta a revalorizar el derecho del niño con discapacidad al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad”. En una versión corregida de la frase con la que Macri mandó a los argentinos a dormir en la noche del 11 de agosto, ahora la SSS manda al discapacitado a descansar.
Una persona con discapacidad tiene dos formas de acceder a un tratamiento terapéutico: en centros de salud categorizados, es decir, con una estructura administrativa similar a la de una clínica en la cual el prestador es la institución, y a través de prestaciones individuales –por lo general, grupos de profesionales asociados para brindar servicios–, pero que en lo formal cada uno funciona como un prestador autónomo.
A través de esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud estableció que se pagarán, como máximo, tres días de terapia por semana en instituciones reguladas o hasta seis horas semanales de tratamiento de, como máximo, tres profesionales distintos para la atención independiente. Esta regulación entrará en vigencia a partir de enero de 2020 para quienes ya estén en tratamiento, en tanto que ya es de efectiva aplicación para las nuevas terapias.
La medida luce arbitraria y desconectada de la realidad que debe afrontar cada paciente discapacitado y su familia, ya que existen muy pocos centros autorizados, escasos profesionales entrenados y menos especialidades de las que necesita cada paciente. Además, choca de bruces con la Ley 24.901, que establece el “Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad”, ya que un acto administrativo de la SSS no puede modificar los alcances de una ley sancionada en el Congreso de la Nación.
“Lo que se busca es concentrar la atención de los pacientes en instituciones terapéuticas, y así limitar la atención de terapias individuales. Todo esto es bajo el pretexto del ‘descanso’ que se merecen nuestros hijos, amigos, parientes: una vergüenza se mire por donde se mire”, dijo a Página|12 Guido Pirrone, el papá de Elena, una niña de 9 años con síndrome de Down.
Para Alberto Ciampini, presidente de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación, la falta de consulta y de participación en el dictado de normas en áreas tan sensibles como la de la discapacidad genera muchas dudas acerca de los objetivos del gobierno. Más aún en un contexto de recortes sistemáticos de derechos y de fondos para los programas destinados a la atención de los sectores más vulnerables.
“Quien avanzó con esta resolución desconoce absolutamente la realidad que afecta a las personas con discapacidad y a sus familias, sobre todo a las del interior del país”, dijo el legislador del Frente para la Victoria neuquino.
“La resolución 1231/19 viola el principio de progresividad en los derechos. Recortan las cuatro sesiones de rehabilitación semanales para concentrarse en dos, mientras que la rehabilitación intensiva pasa de cinco sesiones a tres. Es absolutamente repudiable que continúen hostigando a las personas con discapacidad, pero es lamentable que lo hagan con justificaciones perversas», afirmó Ciampini.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –a la que nuestro país adhirió en 2008– sienta las bases para la cobertura y libertad en la elección o designación de tratamientos y profesionales para realizarlos, situación que la medida desconoce abiertamente.
“Con esta medida nuestros hijos van a perder claramente horas de terapia y espacios de aprendizaje, lo que incide en que sus avances sean a más largo plazo”, razonó Jaqueline Devaux, quien preside la Asociación de Padres de Personas con Autismo (APADEA), filial La Plata.
“¿Tienen que seguir perdiendo? ¿Le van a seguir cerrando puertas? Esta medida atenta decididamente contra los derechos humanos”, prosiguió la mamá de Gregorio, un joven de 19 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA).
En la misma línea, Florencia Saintout, quien preside el bloque de Unidad Ciudadana en la Cámara baja bonaerense, dijo que “cada vez que toma este tipo de decisiones el gobierno debería convocar a los sectores involucrados, pero sabemos que siempre han tomando medidas arbitrariamente contra el pueblo y a escondidas”.
Según Alejandro Cytrynbaum, el vicepresidente de Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), «da bronca enterarse de estas medidas porque el Estado no se debe ocupar de que nuestros hijos descansen, para eso estamos los padres. El Estado tiene la obligación de brindar atención, contención y las condiciones necesarias para que cada persona alcance su máximo potencial. Y claramente eso no se está cumpliendo».
«No me gusta hablar de un gobierno o apuntar hacia una persona, pero la verdad es que estos últimos años han sido difíciles. Se han tomado medidas sin ningún tipo de contemplación ni análisis previo, como la quita compulsiva de las pensiones por discapacidad, y ahora esto… un recorte en la atención a nuestros hijos. Ciertamente no han sido buenos años», añadió Cytrynbaum.
Ante el creciente malestar entre las asociaciones de pacientes, la SSS emitió un comunicado en el que aclaró que la resolución 1231/19 no restringe horarios ni vulnera “la indicación de tratamientos del médico responsable, razón por la cual se contempla en forma expresa que los tratamientos que se exceptúen deben ser debidamente fundados en un criterio prestacional acorde para cada beneficiario”.
En relación al máximo de horas semanales que detalla la norma, señaló que “no implica que el profesional, en caso de considerarlo, pueda proponer la reducción o ampliación de la carga horaria de cada sesión en virtud de los tiempos propios del beneficiario”.
También enfatizó que “las prestaciones brindadas en consultorios particulares, seguirán siendo financiadas por esta Superintendencia de Servicios de Salud bajo la práctica ‘Prestación de Apoyo’”, y que la resolución “no restringe en ningún momento el accionar de los profesionales independientes”.
Desde Córdoba, la Fundación Inclusión Plena impulsó esta semana una petición en Change.org para que el gobierno nacional derogue la resolución 1231/19. De acuerdo a la opinión de su presidenta, Romina Zejdlik, “se interponen más trámites y requisitos, sumando más a la burocracia que ya tenemos que enfrentar los padres de niños con discapacidad a la hora de presentar la documentación en la obra social para gestionar sus terapias”.
“Es un reclamo en contra de esa medida para que el Estado de marcha atrás, porque es una clara vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. El estado no puede determinar cuántas sesiones necesitan nuestros hijos”, concluyó Zejdlik.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución