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Timestamp: 2018-08-20 08:22:33+00:00

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﻿ Sentencia 2001-00137 de enero 18 de 2010
SENTENCIA 2001-00137 DE 18 DE ENERO DE 2010
CONTENIDO:CARGA PROBATORIA DE EVENTOS Y CONDICIONES DEL NEGOCIO JURÍDICO TERMINADO UNILATERALMENTE POR INCUMPLIMIENTO
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE SUMINISTRO, CARGA DE LA PRUEBA, REQUISITOS DE LA CONFESIÓN, TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sentencia 2001-00137 de enero 18 de 2010
Ref: Expediente 13001 3103 006 2001 00137 01
Bogotá, D.C., dieciocho de enero de dos mil diez.
Procede la Corte a resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por la sociedad Exxon Mobil de Colombia S.A., antes Mobil de Colombia S.A., frente a la sentencia dictada el 30 de enero de 2008, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario que en su contra adelantaron el señor Germán Ribón Arenas y la sociedad Sumimar Ltda.
1. Al Juzgado Sexto Civil del Circuito de la ciudad de Cartagena, luego del correspondiente reparto, le fue asignada la demanda que los mencionados demandantes instauraron en contra de la sociedad demandada, con el propósito de lograr la pertinente declaración de responsabilidad y condena por la suma de $ 850.000.000, cuanto a “todos los perjuicios sufridos” y generados por esta última a aquella, o los que aparezcan probados en el respectivo proceso.
2. Tales pedimentos están soportados en los siguientes hechos que, sucintamente, se compendian:
2.1. Entre Exon Mobil de Colombia S.A., y el señor Ribón Arenas y Sumimar Ltda., en el mes de septiembre de 1975, fue celebrado un contrato de distribución de “marine gas oil”, combustibles marinos y lubricantes, mediante el cual la primera preveía la mercancía, y mientras que la segunda, luego de adquirirlos, los distribuía. Posteriormente, por exigencia de la proveedora y de Ecopetrol, la sociedad Sumimar Ltda., representada por el señor Ribón Arenas, entró a cumplir la actividad de éste.
2.2. El distribuidor, para garantizar el valor de los despachos que le hacía Mobil de Colombia S.A., en el mes de mayo de 1999, constituyó a favor de ésta una hipoteca por la suma de $ 400.000.000., y suscribió, además, un pagaré por el valor de $ 200.000.000. Uno y otro tenían como propósito ofrecer seguridad a la proveedora sobre los despachos efectuados.
2.3. La sociedad Sumimar Ltda, por concepto de ventas de los productos mencionados, le generaba a aquella una suma mensual de $ 800.000.000. Así mismo, a lo largo de la existencia del contrato, dicha empresa nunca incumplió sus obligaciones.
2.4. La recurrente, el día 6 de agosto de 1999, de manera unilateral, abrupta e injustificada, amén que no informó previamente de ello a su distribuidora, decidió suspender el suministro de las mercancías que proveía a los demandantes.
2.5. Por razón de la terminación intempestiva del contrato, dado que no que medió la advertencia correspondiente, o sea, sin remitir preaviso alguno, la empresa Sumimar Ltda., se vio precisada a cancelar algunos contratos laborales existentes con varios empleados y, desde luego, dejó de percibir algunas ganancias; circunstancias todas ellas que le generaron inmensos perjuicios y la colocaron al borde de la quiebra (sic) (hecho 9º). Todo ello, enfatizó la parte demandante, tiene como causa directa el proceder de la sociedad Exxon Mobil de Colombia S.A., quien debe resarcir los perjuicios generados, en la modalidad de daño emergente y lucro cesante.
3. La demandada Mobil de Colombia S.A., hoy Exxon Mobil de Colombia S.A., una vez vinculada al proceso, procedió a dar contestación al libelo incoativo y frente a los hechos negó algunos, aceptó otros y dejó a la probanza los restantes. Sostuvo que entre las partes en litigio lo que hubo fue un contrato de compraventa que, como sucedía con otras personas que se dedicaban al mismo negocio, adquirían el producto y por su cuenta lo enajenaban. Culminada esa operación cesaba el vínculo establecido y, luego, en similar proceder, se repetían las negociaciones.
Aseguró, por ahí mismo, que la constitución de la hipoteca y la firma del pagaré son hechos que, efectivamente, tuvieron ocurrencia; que son operaciones regularmente celebradas cuando hay necesidad de garantizar obligaciones que se adquieren a plazo.
3.1. Presentó la excepción que denominó “Inexistencia de obligación de pagar suma alguna de parte de mi representada a los demandantes”. Su argumento central consistió en que la sociedad Exxon Mobil de Colombia S.A., no fue la causante de la supuesta quiebra de la demandante; no hubo, sostuvo, relación de causalidad.
3.2. También, adujo la excepción de “cobro de lo no debido buscando temerariamente enriquecerse sin fundamento legítimo”, medio de defensa éste respecto del cual no esgrimió razón alguna.
4. La instancia fue tramitada por los canales establecidos en la normatividad pertinente y, en su momento, el Juez a-quo, la decidió adversamente a los intereses de la demandada, concediendo, por tal razón, a favor de la actora, una condena por $ 850.000.000., a título de daño emergente, que debía someterse a la pertinente corrección monetaria. Luego, dentro de la oportunidad debida, dicho funcionario decidió adicionar el fallo adoptado en el sentido de extenderlo al lucro cesante cuya tasación había olvidado, concediendo, por ese concepto, la suma de $ 5.037.680.542.99.
5. Impugnada en apelación como fue la precitada sentencia, el tribunal, en providencia de 30 de enero de 2008, optó por confirmarla salvo en lo relacionado al daño emergente, cuya revocatoria dispuso; y, en cuanto al lucro cesante, lo redujo a la suma de $ 4.391.999.617; además, accedió a los intereses comerciales a partir de la ejecutoria del pertinente fallo.
1. El sentenciador de segundo grado abordó la definición de la litis y, delanteramente, asentó que la controversia tenía un referente inequívoco, constituido por la existencia de un contrato de suministro y su eventual incumplimiento por parte de la sociedad demandada. Definió el contrato en ciernes y, luego, a partir de algunas citas jurisprudenciales, resaltó las siguientes características de dicha relación contractual:
i) por un lado, uno de los contratantes funge como proveedor asumiendo la obligación de suministrar a otra, bienes o servicios; ii) que entre la proveedora y la proveída no debe existir nexo de subordinación, o sea, han de cumplir sus roles de manera independiente y autónoma; y, iii) que los bienes y servicios suministrados lo sean de manera periódica, amén que el distribuidor asuma una contraprestación a cambio de las provisiones entregadas.
2. Seguidamente, el fallador ad quem, evocó el contenido de los artículos 1546 y 1609 del Código Civil, cuanto que los contratos bilaterales pueden ser resueltos a instancia de quien los ha cumplido o se ha allanado a ello; normas aplicables, dijo, a los asuntos de comercio por expresa consagración del artículo 822 de la materia. En esa perspectiva, reseñó, si alguno de los contratantes aspira a deshacer, por resolución, la relación que lo vincula, debe cumplir con las siguientes exigencias:
i) demostrar que el contrato de que se trata fue legalmente celebrado; ii) acreditar que fue el demandado y no el actor, quien se sustrajo del cumplimiento de sus obligaciones; iii) probar que la conducta del accionado generó al patrimonio del actor un menoscabo o perjuicio; y, iv) establecer que el daño denunciado tiene su causa directa en el comportamiento del demandado.
2.1. En la misma dirección, el sentenciador dejó plasmado que existía suficiente prueba documental para dar por establecido el contrato de suministro y, como soporte de tal aserto, enunció varias cartas existentes a través de las cuales la sociedad demandada reconocía que el señor Ribon Arenas y, luego Sumimar Ltda., eran distribuidores de productos Mobil, así como combustibles y lubricantes, actividad que cumplían desde hacía más de 15 o 20 años. A través de esa documental dio por acreditado, también, que los demandantes tenían un cupo de endeudamiento o de compras de $ 200.000.000; y, por el buen comportamiento como distribuidores, les fue reconocida una bonificación; además, en un comienzo, que al señor Ribon Arenas y, posteriormente, a Sumimar Ltda., le tenían asignado un código o número de identificación mediante el cual canalizaban pedidos y cuentas derivados del contrato existente.
El tribunal fue persistente en que las relaciones de las partes no dejaban duda sobre la existencia del contrato de suministro, pues, además de lo ya expuesto, las facturas de compraventa de combustibles y lubricantes reflejaban un flujo de mercancías entre la sociedad Mobil y el señor Ribon y Sumimar Ltda., de modo que aquella las proveía, y éstas pagaban un determinado precio por ellas; concluyó, así mismo, que tales prestaciones tenían como característica la manera continua y periódica de proveerse; resaltó que entre ellos no había subordinación de ninguna especie.
En torno al punto bajo estudio, culminó su análisis asentando que esa relación comercial, en caso de no estar regulada expresamente en la ley, o sea, no responder a un contrato típico, por disposición de la misma normatividad y de la jurisprudencia, debía someterse al contrato típico más cercano y, sin duda, afirmó el juez de segunda instancia, el de suministro era el que más respondía a la descripción realizada. En esa perspectiva, de todas maneras, esta modalidad de contrato era la que gobernaría las relaciones de las partes.
2.2. Concerniente con el incumplimiento, sostuvo, ab initio, que no existía duda sobre la terminación del contrato, pues, por una parte, el actor así lo sostuvo en su demanda y, por otra, la parte demandada aceptó que no se había vuelto a suministrar la mercancía que de ordinario adquiría la parte actora, pero, porque a los demandantes “no les convenía los precios”, asunto del cual el funcionario judicial infirió que, efectivamente, el contrato había fenecido, reduciendo su análisis, únicamente, a la razón de tal culminación.
2.2.1. Sobre este particular, resaltó la respuesta que la sociedad demandada emitió a un derecho de petición elevado por el actor (folio 51), en donde expresamente alude a que: “Mobil de Colombia S.A., considera que con relación a Sumimar Ltda, actúo en debida forma desde el punto de vista legal y comercial, por cuanto las medidas que adoptó lo hizo en cumplimiento de la ley y de instrucciones de las autoridades competentes como lo son el Ministerio de Minas y Energía, la DIAN y Ecopetrol. Por ello Mobil de Colombia S.A., no es responsable de los supuestos perjuicios que usted señalada en su comunicación y por ende la reclamación pretendida por usted no es reconocida por Mobil de Colombia S.A.”.
2.2.2. A lo anterior agregó que la representante legal de la sociedad demandada, al momento de concurrir a la audiencia de conciliación, sostuvo: “por considerar que el contrato de suministro era un contrato verbal de las partes que se agotaba con cada entrega y por ende la compañía estaba facultada a terminar dicho suministro en cualquier momento, una forma válida y legítima, sin que dicha terminación derive perjuicio alguno para la parte demandante”. Manifestación esta de la que el ad-quem derivó una confesión espontánea que, concurrente con la prueba documental reseñada en precedencia, despejaban cualquier duda entorno a la terminación unilateral del contrato por parte de la proveedora.
2.2.3. Superado lo anterior y frente a la terminación del contrato, afirmó que por disposición de los artículos 973.2 y 976 del Código de Comercio, dicho convenio no podía ser finalizado unilateralmente, salvo que el interesado procediera a enterar de tal determinación a su cocontratante, mediante un preaviso remitido en los términos previstos en el pacto o, en su defecto, en el establecido por la costumbre y, en ausencia de tal regulación, aquel que aconseje la naturaleza del pacto que fenece.
2.2.4. Culmina su análisis enfatizando que la declaración del actor en torno a la inexistencia del dicho preaviso, trasladaba a la parte demandada la carga probatoria (CPC, art. 177), de acreditar que sí había remitido tal advertencia de terminación, compromiso que la misma no respondió satisfactoriamente.
2.3. Relativamente al daño denunciado, el ad quem no dudó en aceptar que el comportamiento de la demandada alrededor de la culminación del contrato, sí había generado perjuicios a la parte actora “representado por lo menos en la ganancia que dejó de percibir como se establecerá más adelante”, que debían cuantificarse y según elucubró, a partir de abril de 2000, fecha en la que el fallador encontró como data cierta y efectiva de la culminación del contrato, pues, la proveedora suministró a la actora mercancía sólo hasta el mes de marzo de 2000, como así se desprende de las facturas allegadas por ella.
2.4. Abordado el tema de los perjuicios causados, como preámbulo de la condena a imponer, el tribunal sostuvo que existía un indicio en contra de la demandada, a términos del artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, dada la circunstancia de no haber colaborado en la práctica del dictamen pericial ordenado.
En cuanto a la clase de ellos y su cuantía, concluyó que el daño emergente no había sido acreditado lo que condujo a la revocatoria de la estimación hecha por el a quo y, alusivo al lucro cesante, afirmó que el dictamen dispuesto sí arrojaba luces sobre el particular por lo que, efectivamente, acogió el concepto emitido por el experto. Arguyó que las explicaciones y razones del mismo, amen de la coherencia y la razonabilidad expuestas, justificaban su acogida; no obstante, redujo la suma inicialmente cuantificada.
El recurrente, en el libelo incoativo de la demanda sustentatoria del recurso extraordinario involucra seis cargos. La Sala abordará, únicamente, el estudio del primero, habida cuenta que su acogida implica, de manera total, la infirmación de la sentencia opugnada.
1. El embate patentizado por el recurrente, en esta acusación, alude a la trasgresión de los artículos 1494, 1495, 1602, 1603, 1613,1614 y 1615 del Código Civil; 822, 970, 973, 977 y 980 del Código de Comercio; y, 174, 175 y 177 de la Ley Procesal Civil. Dicha violación, señaló, se produjo como consecuencia del error de hecho en que incurrió el Tribunal al interpretar la demanda y valorar algunos medios de prueba; amén de la suposición de otros elementos de juicio.
2. Las equivocaciones del fallador, dijo, condujeron a brindarle acogida a las afirmaciones de la actora, en cuanto que la terminación del contrato de suministro tuvo lugar de manera unilateral e intempestiva, a instancia de la parte demandada; inferencia que no cuenta con soporte probatorio alguno, pues las pruebas enarboladas con tal propósito no conducen a esa conclusión; de otra parte, el sentenciador inobservó algunos documentos que de haber sido valorados hubiesen determinado otra decisión.
2.1. Según la percepción del recurrente, el ad quem, en la sentencia censurada, como basamento de la misma, esgrimió los siguientes elementos argumentativos: i) hubo cesación del suministro de los productos que regularmente proveída la demandada a los demandantes; ii) la representante legal de la sociedad demandada confesó, al momento de llevarse a cabo la audiencia de conciliación, prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, que sí se había producido la terminación del contrato; y, iii) el escrito que la sociedad accionada remitió al actor con respecto a la aseveración de la terminación del contrato y relativamente a un derecho de petición que éste había formulado (fl. 51, cdno. 1), trasluce, igualmente, la aceptación por parte de la demanda de la terminación del contrato, aunque pretendió atribuirla a decisiones de terceras personas. A dichos medios de prueba les atribuyó, sostuvo el impugnante, un alcance cuyo contenido no lo permite; les hizo decir lo que no representan; la ley tampoco tiene establecido que las manifestaciones de cualquiera de las partes, en la audiencia de conciliación, se revelen en su naturaleza como una confesión, en los términos en que el tribunal lo expuso.
En consecuencia: a) la cesación de envíos del “marine gas oil”, a partir de abril del 2000, refleja, solamente eso, que hubo una suspensión de remisiones, empero no puede objetivamente atribuirse que las mismas tuvieron como razón la terminación del contrato; sin embargo, el tribunal encontró que sí lo era; b) los comentarios de la representante legal de la demandada, en la audiencia de conciliación, no engendran una aceptación de terminación unilateral del contrato, si bien se aludió a ella no fue concreta en cuanto a que, efectivamente, refería al vínculo con el actor; c) la confesión “espontánea”, según lo dedujo el Tribunal, durante la realización de la audiencia de conciliación (fls. 262 y 263, cdno. 1), no puede tener ese alcance, dado que son comentarios informales o sueltos, desprovistos, en todo caso, de un propósito procesal concreto, más allá de encontrar fórmulas de arreglo; luego están liberados de un ánimo de confesar, entre otras razones, porque la normatividad no tiene reservado ese efecto probatorio, y menos alrededor de la citada audiencia, cuyo fin es, esencialmente, culminar la litis, independientemente de la asunción de responsabilidades; y, d) en cuanto a la respuesta emitida (fl. 51 ib), por la sociedad accionada al derecho de petición formulado por el actor sobre la suspensión del suministro (fls. 52 y 53), de ella, en manera alguna, puede inferirse que está aceptando la terminación del contrato y menos que haya sido en forma unilateral.
2.2. Y concerniente con las pruebas dejadas de valorar, el juez de segundo grado pasó por alto sopesar, como le correspondía hacerlo, elementos persuasivos como los siguientes: i) la declaración del señor Hernando Vélez Sacconi (quien tiene vínculos con la demandada), en donde manifiesta que no recuerda ninguna forma de haber dado por concluido el contrato (fls. 2 a 5, cdno de pruebas); ii) respuesta a la solicitud que el mismo actor formuló a la demandada en cuanto que él era cliente de ella, solicitud que tiene fecha 20 de octubre de 1999 (folio 24); iii) tampoco se valoraron las facturas que informan sobre las compras que el actor realizó de productos de Exxon Mobil (tres bloques de anexos contentivas de facturas de enero, febrero y marzo del 2000); iv) igual suerte corrió la carta remitida a la demandante en torno al nuevo valor de los productos que la misma expendía (fl. 287); y, v) menos valoró la certificación VCN-160 de abril 5 de 2000, que la demandada expidió a la actora atestando que esta última, desde hace más de 25 años (folio 23), era cliente de la primera.
3. Insiste, a partir de las anteriores reseñas, que el contrato no fue terminado por decisión de la demandada ni en la fecha en que lo aseveró el actor (ago. 6/99), ni en aquella en la que el tribunal concluyó sobre el particular (abr. de 2000); potísima razón por la cual, ausente el incumplimiento de la demandada, concretado en esa terminación unilateral del contrato, no podía generarse la indemnización reclamada y a la que accedió el superior funcional.
1. En el asunto que convoca ahora la atención de la Corte, precísase ab initio, que toda discusión en torno a la existencia del contrato celebrado entre las partes está superada plenamente, habida cuenta que, a estas alturas, los mismos confrontantes aceptaron de manera expresa que esa relación contractual fue, ciertamente, una realidad y, además, yace al abrigo de un convenio que revela características de un suministro. La acusación esgrimida, entonces, tiene como epicentro las reflexiones del juzgador relacionadas con el eventual incumplimiento del citado vínculo por parte de la sociedad demandada y, concretamente, por cuanto que esta dispuso de manera unilateral y a destiempo su culminación, cual lo afirmó la impugnante.
2. En esa perspectiva, el discurso argumentativo explicitado por el funcionario de segunda instancia, permite asentar que él, efectivamente, visualizó el meollo del debate alrededor de algunas circunstancias relativas a la terminación del contrato, percepción derivada del apuntalamiento de la decisión combatida, en conclusiones como las siguientes: “... infiriéndose de forma inequívoca que la demandada desde un comienzo aceptó que el contrato entre las partes finiquitó, pero por causa distinta a la indicada en el libelo genitor” (fl. 315, cdno del tribunal). Además, “Las razones o motivos de la terminación del contrato de suministro acordado entre las partes se convierte en otro punto en discusión...” (ib). Allí, itérase, anidan en lo basilar, las disquisiciones del sentenciador al momento de fulminar la controversia, en los términos en que lo hizo.
Luego de desbrozar tales razonamientos, el ad quem abordó el problema fundamental de la contienda, condensando sus planteamientos probatorios en tres pilares: i) el documento que reposa a folio 51 del cuaderno principal, alusivo a la respuesta que la demandada emitió a un derecho de petición formulado por la parte actora; ii) las manifestaciones hechas por la representante legal de la sociedad accionada durante el desarrollo de la audiencia de conciliación, celebrada en cumplimiento del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil; y, iii) “la carencia de pruebas que contrarresten lo que de estas se deriva...” (fl. 366 del mismo cdno.).
2.1. Con miras a despachar la impugnación, prontamente, surge la conveniencia y más que ella el imperativo de recordar que los contratos son ley para las partes y su terminación, sin disquisición de ninguna índole, está condicionada a lo que ellos convengan sobre el particular o lo que, dada la naturaleza del acuerdo de voluntades, la ley disponga alrededor del mismo (C.C., art. 1602). Síguese, por tanto, que arribar a la conclusión reclamada por el actor y respaldada por el fallador de segundo grado, en cuanto que el contrato celebrado entre los contendientes finalizó por decisión unilateral de la proveedora, impone escudriñar, primeramente, el parecer de los convencionistas concerniente al punto y, dado el caso, por defecto de tal previsión, valorar las disposiciones legales pertinentes, esto es, en qué eventos y bajo qué condiciones un negocio jurídico como el vinculado a esta litis puede llegar a su fin.
Planteadas así las cosas, encontrar, eventualmente, una forma de terminación del vínculo negocial ajena a una u otra de las hipótesis esbozadas, esto es, al margen de lo convenido por los contratantes o de lo regulado en la ley, evidenciaría, de manera palpable, un incumplimiento de la relación referida.
2.2. Pero, además, pertinente resulta precisarlo anteladamente, que en el punto incumbía la carga probatoria al demandante, quien pretendía hacer obrar en su favor (CPC, art. 177), las consecuencias jurídicas derivadas del supuesto fáctico previsto en el artículo 977 del Código de Comercio, pues, por sabido se tiene que la parte que tienda a persuadir al funcionario judicial sobre la finalización de una relación contractual, cualquiera que ella sea, asume el compromiso, indefectible por cierto, de acreditar el fenecimiento del mentado convenio (C.C., art. 1757). A dicho extremo de la convención le sobreviene la carga de demostrar que el contrato objeto de estudio, en verdad, llegó a su fin, y que lo fue por una decisión unilateral de la contraparte.
2.3. En esa perspectiva, la parte actora, en su libelo incoativo, fue enfática en aseverar que su proveedora, el día 6 de agosto de 1999 (hechos 2º, 9º y 10), de manera unilateral e intempestiva, había terminado el contrato de suministro. Y, según la misma accionante, el mecanismo utilizado por la demandada para finiquitar tal relación contractual fue suspendiendo el proveimiento del “marine gas oil”, uno de los productos que le suministraba. Surge, entonces, cual fue patentizado en precedencia, que como consecuencia de esta aseveración a ella, a la demandante, le correspondía acreditar que, ciertamente, el referido convenio sí había cesado por la causa relacionada y en la fecha citada.
2.3.1. En tal dirección, resáltase, el actor, el 25 de agosto de 1999, remitió a la demandada la siguiente carta: “Con extrañeza recibí su llamada el día 6 de agosto a las 6: 30 p.m. en la cual me comunicaba que no se le hiba (sic) a despachar más Marín (sic) gas oil a Sumimar LTDA...”(fl. 33). En el mismo escrito, en párrafo posterior, se expuso: “(...) También quiero comunicarle que con esta desición (sic) suya de no despachar mas (sic) Marin (sic) gas oil sin previo aviso, a (sic) perjudicado Sumimar Ltda...” (fl. 36). El anterior escrito fue dirigido al señor Hernando Vélez S., empleado de la empresa accionada.
Con respecto a dicho instrumento, igualmente, importa hacer notar los siguientes aspectos: a) en el citado documento, el demandante, de manera expresa, concreta su inconformidad con la suspensión del suministro del “marine gas oil”; y, b) que la supuesta cancelación de los despachos tuvo lugar a partir del 6 de agosto de 1999. Síguese de ello, con claridad incontrovertible, que el argumento expuesto por la parte accionante, único por lo demás, como soporte de la terminación del contrato aludido, fue la suspensión de los envíos del referido combustible por parte de la sociedad demandada; en otras palabras, para el demandante la suspensión de tal suministro, independientemente de la causa que la originó, era equivalente a la terminación del contrato.
Precisamente, disipando cualquier duda sobre tal forma de razonar, en nota posterior dirigida a la proveedora, el accionante enfatizó que la suspensión del suministro del aludido producto implicaba, de manera coetánea, la terminación del contrato. Así se desprende de la carta que el 16 de mayo de 2000, remitió a la demandada en la que aludía al silencio guardado por ella; en esta oportunidad se refirió en los siguientes términos:
“El día 26 de agosto de 1999 y diciembre 15 de 1999, mediante escrito solicite a Mobil de Colombia S.A., el motivo por el cual se suspendió de manera abrupta e injustificada el suministro de “Marín (sic) Gas Oil”, a la sociedad Sumimar Ltda., de la cual yo represento, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta escrita de ustedes lo cual me da a entender un silencio administrativo positivo en mi favor (sic)” (hace notar la Sala). Los escritos a que alude el remitente, o sea, el calendado el 26 de agosto fue el reseñado en líneas precedentes, mientras que el de 15 de diciembre del mismo año, no fue allegado al proceso; no se conoce, por ello mismo, su contenido.
Y si para la demandante, la suspensión de los despachos del combustible resultaba ser el medio seleccionado por la demandada a través del cual terminaba el contrato, no otra alternativa soportaba aquella que acreditar, diáfanamente, dicha suspensión, amén de que tal proceder tenía origen, exclusivo, en la conducta unilateral de la demandada; cumplido ese compromiso devenía, concomitantemente, la muestra evidente del aniquilamiento de la relación contractual en cita y, por ello mismo, la pregonada responsabilidad a cargo de la accionada.
2.3.2. Empero, contrariamente a lo sostenido por la parte actora, la suspensión por ella argüida no tuvo lugar y menos para la época mencionada; situación semejante conduce a asentar que el contrato objeto de valoración no culminó en esas condiciones. En efecto, al expediente fueron adosadas copias de facturas emitidas en los meses de enero, febrero y marzo de 2000, cuyo contenido indica que la demandada efectúo algunas ventas a la actora del referido combustible; lo anterior significa que después de agosto de 1999, fecha en que supuestamente había terminado el mentado contrato, entre una y otra parte hubo continuidad de prestaciones que involucró la mercancía citada. Y si la queja del actor aludía a una suspensión de los despachos, cumplidos estos, como sin duda se cumplieron, no resulta procedente aseverar, entonces, que para esa oportunidad fue cierta la cesación del suministro. En fin, constatado el despacho del combustible, tal situación apareja que el contrato entre la demandante y la demandada continuaba desarrollándose; por supuesto que de ahí deriva, sin titubeo alguno, una conclusión de suma valía como es que si no hubo suspensión y de ella dependía la vigencia de la relación, lisa y llanamente, el negocio mentado, tampoco, feneció en agosto de 1999; tal inferencia resulta incontestable.
Cualquier duda sobre el particular resulta desvanecida por la referida carta de 16 de mayo de 2000, que, huelga memorarlo, tuvo origen en la empresa Sumimar Ltda.; junto a ella, el señor Ribon Arenas, gerente la misma, le remitió a la proveedora, entre otros documentos, una fotocopia de: “(...) un fax que me fue enviado por la Mobil de Colombia, en donde se me da a conocer el nuevo precio del M. G. O, de fecha 22 de marzo del 2000, de $ 1.622,24, cosa que me extraña sobremanera la remisión de este fax a mi oficina por cuando (sic) en ese momento y para esa fecha el suministro del MGO, tenía un precio para los demás distribuidores de $ 1.412,24, los cuales usted aumentó a Sumimar LTDA, de manera desproporcionada en $ 210”. Esa misiva y el anexo aludido, sin duda, carecerían de justificación de ser cierto que meses atrás se había terminado el contrato; es concluyente que discrepar de un precio con respecto a cualquier producto, antes que denotar una terminación de todo vínculo comercial, lo que evidencia es, en todo caso, una relación propia de intercambio de bienes y servicios.
Y si el actor, en mayo de 2000, hizo explícita su inconformidad a raíz del cambio de los precios del combustible, aunado al hecho de la realización de algunas compras del mismo en los meses de enero, febrero y marzo de aquel año, surgen, itérase, varias conclusiones de inevitable incidencia en el asunto de este temperamento: de un lado, que la referida suspensión de provisiones, sin duda, no tuvo lugar; menos que haya acaecido en la fecha aludida por la compradora (ago./99); y, si no sobrevino ni lo uno ni lo otro, mal puede aseverarse que el contrato de suministro finalizó en los términos afirmados por el actor; descartándose, por ello mismo, que la demandada hubiese sido la que en ese sentido adoptó alguna determinación.
2.3.3. Ahora, cuando el fallador de segunda instancia invoca la carta de 26 de julio de 2000, que reposa a folio 51 del cuaderno principal, elemento persuasivo que la demandada remitiera a la actora como respuesta a sus diferentes solicitudes (ago. 25/99 y dic. del mismo año), evocación realizada como soporte de la conclusión a la que arribó en torno a la finalización del contrato, incursiona en un error innegable, pues, de una parte, atribuye a dicho escrito una aceptación de terminación cuando, en manera alguna, de su texto puede inferirse tal aserto; no se advierte allí, ni por asomo siquiera, que la demandada haya afirmado o convalidado que hubo aniquilamiento de la relación contractual, menos que tuvo ocurrencia a instancia suya y de manera unilateral; de otra parte, pasó por alto el sentenciador que dicha carta condensa la respuesta que la proveedora emitiera con destino a la accionante y con ocasión de las que esta, a su vez, había enviado a la demandada (escritos de ago. y dic./99). En tales documentos aquella aludía a la suspensión del servicio y que dicho acontecimiento habría operado el 6 de agosto de 1999; luego si, hipotéticamente, hay aceptación de algo, en el contexto apropiado, sería sobre los hechos que comprendían esas misivas; no otro referente puede vislumbrarse; empero, como quedó evidenciado en líneas precedentes, la invocada suspensión no tuvo lugar.
Ciertamente, la aludida comunicación concierne con lo siguiente:
“En alusión a la comunicación de la referencia le informamos que a Mobil de Colombia S.A., por ser una persona jurídica de derecho privado, no le aplica el Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, por cuanto este, según lo allí previsto, es obligatorio únicamente para las autoridades”.
“Aún así, consideramos pertinente informar a usted que Mobil de Colombia S.A., considera que con relación a Surimar LTDA (sic) actúo en debida forma desde el punto de vista legal y comercial, por cuanto las medidas que adoptó lo hizo en cumplimiento de la ley y de instrucciones de las autoridades competentes como lo son el Ministerio de Minas y Energia, la DIAN y Ecopetrol”.
“Por ello, Mobil de Colombia S.A., no es responsable de los supuestos perjuicios que usted señala en su comunicación y por ende la reclamación pretendida por usted no es reconocida por Mobil de Colombia S.A....”.
Es incuestionable que si la contestación a que hubo lugar, tuvo como referente la supuesta terminación del contrato y esta cesación, a su turno, devino de la suspensión del suministro del combustible, la que no tuvo lugar como así quedó patentizado en líneas anteriores, de suyo, por elemental lógica, aparece contra evidente aseverar que la carta mencionada está aceptando la finalización del pacto. De tal contenido, ni por asomo siquiera, puede inferirse que la demandada convalidó que el mismo había fenecido o declaró la culminación del convenio. No hay lugar a desgajar de ese texto una confesión expresa e inequívoca de esa circunstancia; tampoco es atendible pregonar una aceptación de la suspensión del suministro. Por el contrario, la misma nota responsiva aludió a que el procedimiento (no terminación ni suspensión), acometido por la sociedad “Mobil de Colombia S.A.”, devino de unos condicionamientos que el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, habían impuesto a los distribuidores minoristas, y en esa dirección actúo la demanda, cual lo dejó evidenciado en el multicitado documento y con la claridad pertinente; explicación esta que no responde a la aseveración de la actora sobre la terminación o suspensión del servicio. En todo caso, la respuesta emitida no condensa el valor persuasivo que el ad quem brindó a la misma.
Puestas así las cosas, surge con rotunda claridad que al escrito referido en varias oportunidades (fl. 51), el tribunal le dio un alcance que no tenía, producto el mismo del rompimiento causal entre las notas enviadas por la actora y la respuesta de la demandada. La descontextualización observada se cristalizó en cuanto no reparó que las medidas adoptadas por la proveedora y a que aludía dicha respuesta, podrían concernir con un asunto diferente a la suspensión de provisiones o terminación del contrato. Ciertamente, puede referir ese documento a las decisiones adoptadas relativamente a las condiciones impuestas por el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, como así quedó plasmado en el mentado documento; sin embargo, el tribunal se despreocupó de tales observaciones e infirió que la demandada al aludir a “(...) las medidas que adoptó”, comportaban una aceptación de la suspensión y terminación del contrato. Esos condicionamientos, sin duda, referían a la acreditación de algunos requisitos, así como a la satisfacción de varias formalidades provenientes de las entidades atrás señaladas, percepción que resulta refrendada por la continuación en el suministro del combustible.
Resáltase que las mencionadas condiciones no eran extrañas o ajenas a la parte actora, habida cuenta que desde el mes de mayo de 1999, la accionada hizo conocer a su contraparte de las mismas.
2.3.4. Ahora, descartada la terminación del contrato en agosto de 1999; si se acogiera, entonces, en gracia de discusión, la fecha fijada por el fallador como el momento en que finalizó el contrato, esto es, abril de 2000, por igual, aflora el yerro en que incurrió el funcionario, por las siguientes razones:
2.3.4.1. La carta mencionada (fl. 51), fue motivada, como así se ha reiterado, por la hipotética suspensión del servicio en agosto de 1999; en ese marco quedó comprendida tal respuesta. No obstante, tal cual fue vindicado, la cesación de envíos no tuvo lugar en esa época. Siendo así, mal podía el Tribunal validar dicho escrito para soportar una eventual terminación en abril de 2000; las partes jamás refirieron a esta data, pues tuvieron como epicentro una petición de agosto y diciembre de 1999, y, obviamente, la respuesta recogida en el folio mencionado (51), estaba dirigida a contestar las mismas, por ende, mal podía traerse como soporte para apuntalar la terminación en abril de 2000.
Agrégase que para validar esta última fecha como la que registra la terminación del contrato, el tribunal tuvo en cuenta dos aspectos: por un lado, la tantas veces citada carta obrante a folio 51, sobre la cual ya se discurrió; de otro lado, una supuesta finalización de envíos del combustible mencionado. Concerniente con esta última circunstancia, es de precisar que la cesación de envíos, por sí sola, no puede implicar una terminación del contrato; la falta de remisiones, en ausencia de una prueba contundente (que no la adujo la actora) sobre que implicaba una terminación del vínculo, proyecta, hipotéticamente, razones como agotamiento de inventarios, interrupción de comunicaciones, retraso en pagos, etc. No hay elementos probativos que hagan creer, convencidamente, que la falta de despachos para la época de marzo de 2000, comportaban una suspensión del servicio y esta, a la vez, traslucían una terminación de la relación, deficiencia que corresponde juzgarla en contra de las conclusiones del juzgador y, por supuesto, de las pretensiones de la actora.
2.3.4.2. Pero, además, el proceder del juzgador de segundo grado trasluce un descarrilamiento de gran magnitud, consistente en sujetar la supuesta terminación del contrato en una época muy diferente a la señalada por la parte actora; en su condición de fallador se apartó rotundamente de los anclajes fijados por uno de los extremos. Efectivamente, al tribunal no le era dado, a partir de su propia consideración, fijar una fecha de finalización del suministro (abr./2000), diferente a la indicada por una de las partes (la actora), pues, sin duda, tal conducta desconocía el principio de la congruencia, en cuanto que se distanció de los hechos (2º), de la demanda, aspecto que, desde luego, le está prohibido (CPC. art. 305).
Y es que, en línea de principio, el funcionario judicial no puede desconocer o apartarse del fáctum que el demandante esgrime en la demanda, pues, la exposición de la causa para pedir compete al actor y no al fallador de turno, erigiéndose, contrariamente, en un acicate para este último; entre otras razones, por la protección al debido proceso, habida cuenta que si uno de los extremos no tiene oportunidad de pronunciarse sobre aspectos fácticos que incidan en el litigio, estaría siendo juzgado sin la posibilidad de defenderse frente a ese puntal acogido por el sentenciador. Cuando el juez refrenda su decisión en aspectos fácticos diferentes a los presentados por el actor, introduce a la controversia asuntos ajenos a ella y, por lo mismo, de jerarquía suficiente para transgredir el principio de la consonancia del fallo, amén de alterar el equilibrio y dinámica del conflicto.
3. Igual reflexión habrá que realizar con respecto al otro bastión que el juez de segunda instancia enarboló como soporte de la decisión opugnada, esto es, la confesión de la parte demandada. Sobre el particular, es patente que las expresiones de la representante legal de la citada sociedad, de las que el tribunal derivó una confesión espontánea no tienen, en lo más mínimo, tal connotación. En efecto, conforme lo reseña el acta pertinente, una vez que el demandante formuló su propuesta de conciliación, en la que exigió un pago de $ 600.000.000, el demandado, refiriéndose a ella, no a un hecho del litigio, replicó que no tenía ánimo conciliatorio “por considerar que el contrato de suministro era un contrato verbal de las partes que se agotaba con cada entrega y por ende la compañía estaba facultada a terminar dicho suministro en cualquier momento, una fórmula válida y legítima, sin que dicha terminación se derive perjuicio alguno para la parte demandante”, esa intervención, está desprovista de los requisitos intrínsicos exigidos para estructurar tal mecanismo de prueba, o sea, la confesión.
La Corte ha expresado reiteradamente, a propósito de los citados requisitos que: “Para que pueda tenerse por tal, itera la Sala, la confesión debe ser expresa (CPC, art. 195, num. 4º, del), vale decir, que ‘... entendiendo por tal, aquella que no requiere juicios de razón para pretender decantarla de las expresiones que la contienen. Es decir, como lo afirma la doctrina, no puede estar implícita, oculta a la espera de las lucubraciones del juzgador que intenten desentrañarla’ “ (sent. Cas. Civil. de ago. 22/94, Exp. 3890).
En otra oportunidad, sobre el mismo tema la corporación asentó que, “no existen confesiones implícitas, vagas o genéricas, sino que las mismas tienen que ser expresas, ciertas o terminantes, y no el resultado de razonamientos inductivos o deductivos” del juzgador (sent. de ago. 31/95, Exp. 4507, ratificada feb. 3/2006, Exp. 12852).
La confesión ha de ser expresa e inequívoca, de manera que su contenido no debe dejar dudas sobre el hecho confesado, amén que no son admisibles las “confesiones” implícitas, es decir aquellas que solo se advierten mediante un elaborado conjunto de elucubraciones inductivas o deductivas asentadas en torno a las manifestaciones del absolvente.
De ahí que el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, al referirse a los requisitos que dicho medio de prueba debe reunir, reclame en el numeral 4º que ha de ser expresa, exigencia que excluye las aseveraciones equívocas, dudosas o vagas. No puede tenerse por tal, subsecuentemente, aquella que se alcanza en virtud de elaboradas y sutiles disquisiciones del fallador. Por el contrario, solo en la medida que el deponente, que necesariamente ha de ser parte en el litigio, afirme abiertamente la existencia o inexistencia de un hecho determinado, sin dar espacio a la conjetura o a la incertidumbre, podrá el juez concluir que existió una confesión expresa.
Además, no puede pasar desapercibido que la confesión debe recaer sobre un hecho desfavorable al declarante o favorable a la parte contraria, aspecto que debe estar plenamente establecido, pues de él pende su existencia como tal; no obstante, cuando lo aducido por el deponente es ambiguo o indeterminado, difícilmente puede establecerse cuáles son los aspectos desventajosos que aquel está aceptando.
Y, efectivamente, la intervención de la representante legal de la sociedad demandada no contiene la aceptación inequívoca y expresa de que por iniciativa suya, de manera unilateral, se hubiese revocado o terminado el negocio jurídico en la fecha aducida en la demanda y, mucho menos, en la que dedujo el tribunal. La verdad es que solo a partir de conjeturas y un discurso inconsistente podría llegarse a semejante conclusión.
Pero, además, relativamente al punto, el juzgador incurrió en otro desacierto mayúsculo, valga evidenciarlo de una vez, consistente en tener como confesión espontánea, aquellas manifestaciones que las partes exteriorizaron en el ámbito propio de la conciliación.
Ciertamente, en repetidas ocasiones la Corte ha expuesto que:
“Pero además, no sobra precisar que la conciliación, sea judicial o extrajudicial (L.640/2001), no comporta una confesión, de una parte, porque la normatividad no le tiene asignados esos efectos (CPC, art. 194); de otra, porque en asuntos como el de esta especie, la asunción de compromisos de cualquier naturaleza, alrededor de un acto conciliatorio, como se esbozó en precedencia, no es, en línea de principio, reflejo de aceptación de responsabilidad como efecto de algún comportamiento culposo, por lo que al no contemplarlo en esos precisos términos la legislación, ni la naturaleza del acto permite inferirlo, no puede la parte demandada atribuirle la calificación a que alude en su escrito de objeción, menos pretender generarle los efectos mentados. Por supuesto que el ánimo conciliatorio puede estar motivado por un balance de costos y beneficios que al interesado le reporte el proceso y que lo determine a un arreglo, independientemente de la situación fáctica que sustente en el juicio, la cual puede momentáneamente abandonar para tales efectos, y solo con tal fin. En esa hipótesis ningún ánimo de confesar le asiste pues solamente pretende arreglar un problema de la manera que considera más conveniente a sus intereses” (sent. Cas. Civil., mayo.31/2007, Exp. 2000 00235 01).
Sin duda, el contexto dentro del cual se realizaron los comentarios de la representante legal de la demandada, de la que el ad quem rescató una supuesta confesión, no fue otro que el de la conciliación, etapa en la que las partes pueden hacer ciertas manifestaciones con un propósito muy distinto al de admitir, con explícita intención de confesar, cuestiones que le son adversas. Se trata de una etapa en la que las partes discurren en torno a la mejor solución del conflicto, sin que pueda inferirse, ineludiblemente, que lo aseverado sea admitido como cierto por los litigantes.
4. Concerniente con otro de los aspectos de la acusación como es la carencia de pruebas que infirmen las conclusiones sobre la terminación del contrato, evidentemente, el fallador abandonó la observancia de varios elementos persuasivos que desdicen de aquella percepción.
Por ejemplo, no atisbó el contenido de la lista de precios que la demanda remitió a la actora y que coincide con la suspensión de pedidos (fl. 290, cdno. ppal.), elemento persuasivo que si bien no resulta ser la causa de la suspensión de despachos, al menos no aparece en ese sentido plenamente demostrado; sin embargo, sí introduce al debate un argumento en pro de que la eventual terminación no podía tener como único origen la suspensión del servicio y esta, a su turno, la decisión unilateral de la demandada. Nada obsta para aceptar que el actor replegó su posición de compradora por la repulsa generaba debido al incremento de los precios. No debe perderse de vista que en marzo de 2000, según lo discurrido en las presentes diligencias, cesaron los despachos de combustible y no hay razón explícita sobre el particular, situación que habilitaría atribuirla a diversas causas concurrentes para la misma época.
Aflora, entonces, que esa multitud de motivos que podrían comportar la suspensión del suministro de “marine gas oil”, en defecto de una causa exclusiva y debidamente probada que no lo fue, no habilitaba aseverar, de manera categórica, que dicha situación implicaba la terminación del contrato; deviene de una conclusión propia del actor.
A lo referido en líneas anteriores, agrégase que en la contestación a la demanda la accionada fue enfática en negar la terminación del contrato y, contrariamente, atribuyó a una decisión del actor la suspensión de pedidos determinada por los nuevos precios que en el mes de marzo de 2000, le fueron comunicados; asuntos que no mereció reparo alguno por la actora o el fallador y, como ya se resaltó, efectivamente, en el expediente existe la nueva relación de precios.
Súmase a lo anterior, que a voces del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, las pruebas que resulten de los documentos públicos y privados es indivisible, o sea, que si el tribunal dedujo, de manera equivocada, que las expresiones del vocero de la demandada en la audiencia de conciliación comportaban una confesión, dejó de observar y valorar en su verdadera dimensión, lo que en la parte final de la misma audiencia, recogida en un solo documento, dicho extremo de la litis, de manera categórica, sostuvo que se ratificaba en lo expuesto en la contestación a la demanda y en esta, como fue referido, negó que ella haya terminado el contrato y de manera unilateral, circunstancia que ponía en entredicho la supuesta confesión de la proveedora, duda que, desde luego, afectaba en sumo grado tal medio probativo. Dicha pieza debió ser analizada de manera integral, “indivisible”, lo que no hizo el ad quem.
De otra parte, desconoció el tribunal la declaración del señor Hernando Vélez S., empleado de la demandada, al deponer sobre si hubo o no terminación del contrato, frente a lo cual fue claro al decir que no recordaba momento alguno o circunstancia que hubiese conducido a dicha terminación. Y si bien la dependencia laboral del declarante con respecto a la demandada, cubre de algún manto de duda tal declaración, en el expediente no hay elementos probatorios que hagan creer que, efectivamente, hubo tal terminación y que, por ende, la versión del deponente deviene parcializada o es reflejo de una alteración de la realidad.
Todas esas circunstancias imponían al actor el compromiso de acreditar la que servía, de manera determinante, de causa a la reclamada terminación; para que, a su vez, pudiese, sin titubeo alguno, aducirse que por ello mismo tuvo lugar ese desenlace. Ha de enfatizarse que en este caso al actor le correspondía llevar adelante, con sumo dinamismo, la tarea de demostrar que sus aseveraciones correspondían a la realidad, que, ciertamente, la demandada había terminado el contrato de manera unilateral. Labor que le imponía despejar toda duda sobre tal afirmación, sin embargo, contrariamente a dicho compromiso, es latente la insuficiencia probatoria sobre la multicitada finalización del contrato y así quedó evidenciado en la reseña precedente.
Relativamente a la carga de la prueba, es ineludible asentar aquí, sin necesidad de adentrarse en interesantes discusiones sobre el tema, y dejando de lado otros aspectos no menos relevantes, que las reglas de distribución que gobiernan la materia comportan, entre otras, las siguientes trascendentales consecuencias: de una parte, la de determinar cuál de las partes de un litigio asume el riesgo que se deriva de la circunstancia de que un hecho medular no esté suficientemente probado en el proceso; y, de otra, la de fijar el sentido de la decisión que el juez deberá adoptar ante la anotada omisión, vale decir, que desde este punto de vista las normas concernientes con la distribución del “onus probandi” encarnan una verdadera regla de juicio en cuanto prefiguran la resolución judicial; por supuesto que aquel resolverá adversamente a quien teniendo la carga de probar ese hecho no la satisfizo.
Desde esta perspectiva, la regla de distribución de la carga probatoria adquiere una especial dimensión en cuanto contribuye vigorosamente a la eficacia del proceso, habida cuenta que a pesar de las omisiones en materia demostrativa, este concluirá inevitablemente en una sentencia, de modo que no queda espacio para la justicia privada.
Hechas las anteriores precisiones, es oportuno establecer ahora el ámbito en el que se desenvuelve la referida regla de juicio. Al respecto es menester empezar por acotar que luego de examinar la prueba recaudada en un proceso, el juzgador puede estar, respecto de la existencia de un hecho, en las siguientes circunstancias: a) de un lado, puede tener la certeza de que, conforme lo acreditan los medios probatorios, el hecho realmente existió; b) por el contrario, con base en esos elementos de persuasión puede adquirir la convicción rotunda de que los hechos no existieron, es decir, que conforme al material probatorio recaudado se infiera que el hecho aducido no existió; y, c) puede acontecer, por último, que no le era dado concluir ni lo uno ni lo otro, esto es, que ninguna de las anteriores hipótesis se ha realizado. Trátase, entonces, de una situación de incertidumbre en la que no le es dado aseverar la existencia del hecho o su inexistencia.
Es aquí donde cobra particular vigor la regla de juicio que la carga de la prueba comporta, habida cuenta que en las cosas en las que las omisiones probatorias no le permitan al juzgador inferir con la certidumbre necesaria, la existencia o inexistencia del hecho aducido, el fallador deberá resolver la cuestión adversamente a quien tenía la carga probatoria del hecho respectivo.
Ya se ha dicho, fatigosamente, por demás, que no hay en el proceso prueba que permita colegir con alguna certidumbre, siguiera, que el contrato terminó por decisión unilateral de la demandada, y mucho menos, en la fecha señalada por el actor, la cual no podía variar antojadizamente el tribunal, a riesgo de quebrantar el principio de la congruencia, pues en asuntos como el de esta especie, el momento en el que efectivamente ocurrió la terminación del negocio jurídico es un dato sumamente relevante, habida cuenta que sirve como punto de partida para el cómputo del plazo con el que debió efectuarse el aviso respectivo.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de treinta (30) de enero de dos mil ocho (2008), proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena, dentro del proceso ordinario instaurado por el señor Germán Ribon Arenas y la sociedad Sumimar LTDA., en contra de la sociedad Exxon Mobil de Colombia S.A., antes Mobil de Colombia S.A. En su lugar, en sede de instancia,
1. Revocar la sentencia referida en precedencia.
2. Negar, por las razones expuestas, las pretensiones de la demanda.
3. Condenar en costas a la parte demandante, en ambas instancias.
4. Sin costas del recurso por haber prosperado el mismo.
Magistrados: Willian Namén Vargas—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Ruth Marina Díaz Rueda—Pedro Octavio Munar Cadena—Arturo Solarte Rodríguez—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.

References: artículo 822
 artículo 242
 artículo 101
 artículo 101
 artículo 977
 artículo 23
 artículo 195
 artículo 258
 resolución