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Timestamp: 2017-07-23 20:53:40+00:00

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Historia Política Presidencia del Ingeniero Raúl Cubas Grau (15 de agosto de 1998 al 28 de marzo de 1999)05/06/2010
LAS ELECCIONES DE MAYO DE 1998
Faltando un mes para las elecciones del 10 de mayo, el Tribunal Superior de justicia Electoral decide colocar la guinda en la torta y descalifica a Oviedo como candidato presidencial de la ANR debido a su condena judicial, lo que primero produjo gran preocupación entre los propios colorados, ya que se comprometía con ello la victoria del partido con más de medio siglo en el poder. Argaña era en ese momento su presidente y por tanto estaba igualmente preocupado -aunque contento por la descalificación de su rival- sobre una eventual caída de la ANR mientras ejercía la presidencia de la misma.
En caso de acefalia de la candidatura presidencial de cualquier partido, la ley dispone que debe sustituir al descalificado el candidato a vicepresidente (en este caso Cubas Grau) y para suplir a éste, remite el caso a la normativa partidaria, que en la situación de los colorados, asigna el papel a la persona que haya resultado segundo en las elecciones internas, es decir a Luis María Argaña.
Los colorados solucionaron el problema de la chapa presidencial por la vía legal, pero quedaron en desventaja frente a su adversario principal, la Alianza Democrática con la dupla del veterano político liberal Domingo Laíno y el joven presidente del Encuentro Nacional, Carlos Filizzola, quien en el año 1996 dejó de ser intendente municipal de Asunción y estaba proyectando su figura política hacia otros escenarios
Debido a la indecisión de los colorados, todas las encuestas daban ganadora hasta entonces a la Alianza Democrática, que se cortaba prácticamente sin competencia. No obstante, la profunda división que seguía acusando el coloradismo a tan solo 17 días de las elecciones fijadas para el 10 de mayo de 1998, el hecho de que los líderes de los dos grandes movimientos internos integren la chapa presidencial, transformó las dificultades y preocupaciones coloradas en una gran ventaja. Los colorados oviedistas inventaron la consigna de "tu voto vale doble" para que la gente entienda que votar a Cubas-Argaña era votar también por la libertad de Oviedo, entonces en prisión por la condena judicial del intento de golpe de estado.
En las elecciones generales del 10 de mayo de 19981a dupla del Partido Colorado conformada por Raúl Cubas Grau para presidente y Luis María Argaña para vicepresidente de la República se impone por 53,75% de los votos sobre la Alianza Democrática de Domingo Laíno-Carlos Filizzola, con el 42,61%. La jornada electoral fue seguida in situ por observadores internacionales, hubo conteo paralelo de los votos y las quejas y denuncias no llegaron a alcanzar un mínimo nivel que pueda deslegitimar la jornada electoral.
Resultados de las Elecciones Generales del año 1998
Total de habilitados a votar - 2.049.449
Cantidad de votos emitidos - 1.650.725
Porcentaje de participación - 80,54%
Porcentaje de ausentismo - 19,46%
Habilitados : ANR / PRF / PB / AD / Blancos / Nulos // Total
2.049.449 / 887.196 / 8.139 / 4.192 / 703.379 / 17.031 / 30.788 // 1.650.725
Porcentaje : 53,75 / 0,49 / 0,25 / 42,61 / 1,03 / 1,87 // 80,54
Apenas finalizada la contienda electoral con un amplio y legítimo triunfo, los colorados revivieron sus internas en su tradicional faceta de agresividad, sobre todo a la hora de analizar la conformación de la mesa directiva del Congreso, donde el Partido Colorado también obtuvo una cómoda mayoría. Dentro de esa bancada los argañistas tenían una leve ventaja por lo que ofrecieron a Oviedo la presidencia de una de las cámaras, quien respondió con soberbia desde su encierro que para los argañistas "no había cargos ni siquiera de guardahilos".
Esto despertó la simpatía de la oposición hacia el argañismo en el Congreso y el resultado fue favorable a la elección -en el mes de junio- de representantes del argañismo para presidir ambas cámaras del Congreso, con lo que se prendió la chispa para lo que sería meses después el "marzo paraguayo".
EL GOBIERNO DE RAÚL CUBAS GRAU
RAÚL CUBAS GRAU, el ganador de las elecciones generales, que por sus características debería significar el final de la transición en el Paraguay, es ingeniero civil, hijo de uno de los encumbrados funcionarios de la era stronista. Comenzó a trabajar en empresas del sector privado, donde se desempeñó como contratista de algunas grandes obras públicas y se benefició con obras de ingeniería de la represa hidroeléctrica de Itaipú.
Durante el Gobierno de Juan Carlos Wasmosy Monti, ingeniero también y antiguo socio de negocios, ejerce desde 1994 la secretaría ejecutiva en la Secretaría Técnica de Planificación Económica y Social de la Presidencia, y dos años después la titularidad del Ministerio de Hacienda.
No obstante, la destitución por Wasmosy en abril de 1996 del general Lino César Oviedo Silva, como comandante del Ejército, le obligó a ubicarse en contra del presidente y dejar el cargo, solo dos semanas después de haberlo asumido.
RAÚL CUBAS GRAU se convirtió, con el triunfo electoral y la asunción al mando en agosto de 2008, en el primer civil en recibir el poder de otro civil desde 1949. El mandatario saliente tuvo que dejar en manos del presidente del Congreso el formalismo de la entrega de la banda presidencial durante la ceremonia de toma de posesión, ya que Cubas Grau se negó a recibir el bastón de las manos de Wasmosy. A la ceremonia de transmisión de mando asistieron siete gobernantes latinoamericanos que celebraron la consolidación del régimen democrático en Paraguay, aunque ignoraban la tormenta interna de la ANR que yacía en la base y la tremenda crisis que se avecinaba con el marzo paraguayo del año siguiente.
Si bien la ANR confirmó su condición de partido dominante con la mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso, la complicada situación interna de las bancadas parlamentarias oficialistas no le auguraba a Cubas un escenario propicio para poner en marcha planes de estabilización y desarrollo en diferentes áreas.
En el período de transición entre la elección y la asunción al poder (de mayo a agosto de 2008) el presidente electo trabajó intensamente en su oficina privada de la calle Nuestra Señora de la Asunción y Haedo, donde comenzó a diseñar su futuro gobierno. Todas sus propuestas chocaban frontalmente con la tradicional doctrina colorada que hasta entonces se nutría casi exclusivamente del estatismo, por lo que se descontaba el choque con la dirigencia partidaria. Entre otras cosas se propuso reducir el déficit fiscal de 300 millones de dólares con recortes en el funcionariado público que por entonces significaba el empleo de por lo menos 200.000 personas (4% de la población), lo que ya provocó antes de asumir una fricción con el sector oficialista de su propio partido, responsable principal del clientelismo político y generador de corrupción, además de planear privatizaciones de empresas públicas deficitarias y la reducción del presupuesto gubernamental en un 35%.
Pero su empeño por poner en libertad a su amigo Lino Oviedo (condenado a 10 años de prisión por intento de golpe) lo impulsó a colocar el tema en el centro de la agenda política, con lo cual provocó un ambiente de malestar en el argañismo colorado y en sectores de las Fuerzas Armadas, cuya cúpula fue reorganizada a su medida por Juan Carlos Wasmosy antes de finalizar su mandato. Pero también produjo resquemor en grupos de la oposición que vieron inicialmente con buenos ojos su propósito gubernamental y estaban dispuestos a acompañarlo, hasta que comprobaron que su prioridad era la libertad de Oviedo y la ascendencia de éste sobre el futuro del gobierno.
Se le atribuye al entorno de Cubas haber acuñado el eslogan "Cubas al Gobierno, Oviedo al poder", pero los argañistas no toleraron que la frase se siguiera usando luego de que Argaña aceptara acompañar la chapa presidencial.
Con un gabinete casi exclusivamente oviedista Cubas Grau desafió a sus oponentes con la firma de un decreto que otorga el indulto a Lino Oviedo, apenas dos días después de asumir la primera magistratura de la nación. El 17 de agosto, cumplió con su promesa, firmó el decreto 117/98 y decretó el indulto del general detenido, alegando que el tribunal militar especial que lo había juzgado incurrió en inconstitucionalidad por funcionar como parte interesada de la acusación, haciéndose eco de los intereses del comandante en jefe del Ejército y de quien lo nombró, el presidente Juan Carlos Wasmosy, y por procesar a un militar retirado, sin tener competencia para hacerlo.
Cubas Grau no pidió informes a la Corte Suprema de Justicia sobre la situación del detenido para ser evaluada su condición de candidato al indulto, y tampoco tuvo en cuenta las limitaciones de Oviedo para beneficiarse. Estaba privilegiando su promesa electoral de "tu voto vale doble" a los mandatos de la ley. Ese mismo día, por orden del comandante en jefe, Cubas Grau, se reestructura el tribunal militar, el cual declara la inocencia de Oviedo, quien además recupera con ese acto su calidad de oficial retirado. Fue puesto en libertad de inmediato y recibido más adelante entre vítores por sus adherentes en el local de UNACE, donde comenzó a circular rumores sobre la inminente asunción de Oviedo al poder, sin conocerse la forma en que habría de hacerlo. La determinación del presidente de la República sorprendió a muchos, ya que el propio Cubas había manifestado durante la campaña que el perdón presidencial sería considerado como última opción, prefiriendo - decía- la revisión judicial del caso y una exoneración de los cargos. La medida produjo una ola de protesta y manifestaciones de repudio de la oposición y de los sectores colorados leales a Wasmosy y Argaña; incluso de algunos exponentes de la familia de Cubas, uno de los cuales era miembro del gabinete y considerado argañista a pesar del presidente. Carlos Cubas, titular de Industria y Comercio, renunció y se retiró del gobierno, indignado por el indulto. El Poder Ejecutivo era de un signo totalmente oviedista, mientras en el Congreso se gestaba una alianza de resistencia al nuevo poder, pues se temía que era cuestión de tiempo para que Oviedo se hiciera del control absoluto del poder, inclusive desalojando de la presidencia a Cubas y de la vicepresidencia a Argaña. Por ello prosperó rápido la moción de inconstitucionalidad del indulto, basado en el argumento de que la ley establecía esta medida de gracia sólo para la pena capital, no para penas de prisión. La Fiscalía General del Estado lo entendió también de esa forma y emitió un dictamen solicitando a la Corte Suprema de Justicia que anulara el decreto y ordenara el reingreso a prisión de Lino Oviedo.
El ambiente de crispación política, lejos de tranquilizarse se caldeó aun más con el fallo de la Corte Suprema de justicia del 2 de diciembre del 2008 en el sentido de declarar la inconstitucionalidad del indulto, a lo que el presidente Cubas Grau respondió que ningún otro poder del Estado tenía autoridad para revocar las decisiones del presidente de la República, por lo que el 4 de diciembre declara oficialmente desconocer la decisión de la Corte sobre el tema.
LA CRISIS POLÍTICA DE MARZO DE 1999
Las declaraciones públicas de Lino Oviedo, en febrero de 1999 fueron aumentando de tono, cada vez con mayor agresividad, hasta llegar a amenazar a la Corte de que "correrán ríos de sangre", además de advertir a los medios de comunicación que los alineará como velas, mientras el presidente Cubas guardaba absoluto silencio, situación aprovechada por la oposición para acusarlo de preferir llevar al país a una guerra civil antes que acatar el fallo de la Corte.
La tensión política fue aumentando, mientras el oviedismo era alentado desde algunos medios de comunicación con el argumento de que el neostronismo pretendía apropiarse del poder de la mano del ex stronista, Luis María Argaña.
El 23 de marzo de 1999, en horas de la mañana, fue asesinado el Vicepresidente del Paraguay, doctor Luis María Argaña. El mismo fue emboscado poco después de salir de su residencia en Asunción y se dirigía a la sede de la Vicepresidencia. Fue ultimado a tiros por un comando de tres hombres con indumentaria paramilitar. También murió el guardaespaldas del extinto político, Francisco Barrios González, y quedó herido el chofer del vehículo.
El asesinato sucedió en coincidencia con la marcha campesina, que como todos los años se realiza en marzo. Sus miembros, unos 10 mil campesinos, estaban concentrados en el Seminario Metropolitano y estaban marchando en dirección al Congreso cuando se produjo el asesinato de Argaña. Pocas horas después, alrededor de las 11:45 los miembros del Tribunal de justicia Electoral, Expedito Rojas y Carlos Mojoli emiten una resolución convocando a elecciones de vicepresidente de la República, lo que llama la atención de los argañistas y del Congreso en general, mientras el ministro del Interior, Rubén Arias renuncia y asume el hermano del presidente, Carlos Cubas. En horas de la tarde y la noche la situación se complicó y la policía tuvo que recurrir a la fuerza para impedir enfrentamientos en la calle.
Argaña fue el opositor más férreo del Presidente Raúl Cubas. El asesinato causó gran conmoción pública a nivel nacional e internacional. El país en general se paralizó prácticamente pero la gente comenzó a moverse lentamente en las calles para repudiar la violencia política y exigir tolerancia, para luego ir construyendo una protesta más directa contra el presidente Cubas, quien ya se convirtió con el transcurso de las horas en blanco de los ataques y la furia de la gente, juntamente con el ex general Lino Oviedo.
Al día siguiente, anticipándose en cuatro semanas a la fecha prevista, la Cámara de Diputados decidió por mayoría de dos tercios iniciar juicio político contra el presidente de la República por "mal desempeño de sus funciones". La determinación fue adoptada, según establece la Constitución, es decir que la acusación sea formulada en Diputados por mayoría de dos tercios, luego el juzgamiento corresponde a Senadores, con mayoría absoluta de dos tercios. El objetivo del juicio político es separar del cargo a la persona afectada.
El mismo día 24 de marzo, y ante la aludida decisión la Cámara de Diputados, la presidencia del Senado convocó a una sesión extraordinaria, en la cual dicho cuerpo legislativo decidió constituirse en tribunal e iniciar la tramitación del juicio político al Presidente de la República. Para el efecto, el Senado llamó a la Cámara de Diputados a formular su acusación al día siguiente, y convocó también al Presidente Cubas Grau para que escuchara la acusación y recibiera copias de las actuaciones respectivas.
En tanto, los campesinos, que se habían retirado de la plaza para no mezclar sus demandas sociales con la crispación política, volvieron con el fin de apoyar a los jóvenes manifestantes. Los oviedistas hacen lo propio y entre todos llenan la plaza del Congreso, que los policías conocidos como "cascos azules" tratan de despejar inútilmente.
La agencia internacional de noticias France Press informaba que el juicio político iniciado a Raúl Cubas era el quinto que se inicia a un presidente latinoamericano en la última década. De los restantes, dos terminaron en destitución, uno en la renuncia y otro en absolución.
Los presidentes de Venezuela y Ecuador, Carlos Andrés Pérez y Abdalá Bucaram, fueron destituidos respectivamente en 1993 y 1997. Pérez fue acusado de malversación y peculado de fondos secretos del Estado, y Bucaram, de "incapacidad mental". El presidente brasileño Fernando Collor de Mello renunció en 1992, el día en que el Senado se aprestaba a iniciarle el juicio político por denuncias de corrupción.
El presidente colombiano, Ernesto Samper, en tanto, fue absuelto en 1996 tras una larga investigación sobre la financiación de su campaña electoral con fondos del narcotráfico.
El 25 de marzo la Cámara de Diputados formuló su acusación en contra del Presidente Cubas, y el Senado convocó a la defensa para que presentara sus descargos al día siguiente. Además de las manifestaciones espontáneas de la gente, ese hecho se complementó con la seguidilla de pronunciamientos o "comunicados" de las más diversas organizaciones sociales, políticas y económicas, apoyando el juicio político y condenando la supuesta responsabilidad del oviedismo en la muerte de Argaña.
El sitio de mayor concentración de personas fue las inmediaciones del Congreso en donde se llevaba a cabo el juicio a Cubas. Algunos legisladores fueron asaltados por turbas de manifestantes y otros fueron impedidos de acercarse a la sede del Congreso, mientras las turbas oviedistas peleaban por desalojar de la plaza a los jóvenes o cuando menos, por controlar la mayor parte del espacio público, también con actitudes amenazantes para quienes apoyan el juicio. Angel Roberto Seifart, Juan Bautista Ibáñez y otros dirigentes colorados de la vieja guardia anuncian que no aceptarán la destitución de Cubas Grau y amenazan con una guerra civil.
El día 26, los disturbios protagonizados por los ocupantes de las plazas y fuerzas policiales se tornaron sangrientos, sobre todo por la evidente protección que el comandante de la Policía, Niño Trinidad, estaba dando a los francotiradores instalados en las azoteas de los edificios, lo que obligó al ministro del Interior a formar un grupo capaz de intervenir y capturar a los francotiradores. Previamente algunas tanquetas militares dan un "paseo" por el centro de la ciudad, tratando de amedrentar a los manifestantes, pero sin intervenir. Civiles y policías hacen explotar una enorme cantidad de petardos, evidentemente para silenciar los disparos de francotiradores. Caen heridos mortalmente siete manifestantes y resultan heridos más de un centenar de jóvenes.
Cayeron abatidos por las balas asesinas Víctor Hugo Molas, Henry Díaz Bernal, Manfred Stark Coscia, Armando Espínola, Cristóbal Espínola, Tomas Rojas y José Zarza. Al día siguiente, 27 de marzo, en la continuación del juicio político, se llevó a cabo una audiencia en donde los representantes de Cubas Grau presentaron su defensa.
RENUNCIA CUBAS GRAU
Desprovisto de apoyo político y militar y con una opinión pública totalmente volcada en su contra, Raúl Cubas Grau, presidente de la República del Paraguay se ve obligado a renunciar el domingo 28 de marzo de 1999 en horas de la tarde. La medida fue precedida de intensas negociaciones y consultas entre embajadores de algunos países y entre senadores, diputados y diplomáticos así como entre los líderes y referentes más importantes de la ANR., entonces presidida por Bader Rachid Lichi.
Momentos antes de la renuncia del presidente, Lino Oviedo se escapó de su prisión en un cuartel de Asunción y partió en vuelo clandestino, rumbo a Argentina, donde obtuvo asilo político amparado por su amigo, el entonces presidente de dicho país, Carlos Menem. Estuvo allá durante un año, hasta que debido a presiones de sectores políticos argentinos y a la abierta actividad política que realizaba, se le internó en Tierra del Fuego, desde donde huyó y se mantuvo entre la frontera de Paraguay y Brasil, en la clandestinidad.
Cubas Grau llegó al límite. Sus amigos le cuestionan que el día de su renuncia "habló como un vencido que ni siquiera había tenido la entereza de luchar contra la adversidad.
La desgracia también tiene su heroísmo y su gloria, pero ni Cubas ni Oviedo fueron capaces de honrar sus desgracias" (Segovia Ríos)
El renunciante presidente olvidó lo que señala Pasquino con respecto a lo que es un régimen democrático. Es un sistema -sostiene- donde la legitimidad de un gobierno se origina no solamente de las elecciones, sino también del consenso que éste consigue mantener entre la población. Solamente un gobierno eficaz, que logre satisfacer las exigencias de amplios grupos sociales puede alcanzar el consenso de la mayoría de la población y, por ende, gozar de legitimidad plena; en cambio el gobierno que impone la paz o la gobernabilidad a través de formas represivas y sin el consenso que se origina consiguiendo la satisfacción de las necesidades de la población, aunque electo democráticamente, pierde rápidamente legitimidad y está destinado al fracaso. Es lo que ocurrió con el gobierno de Cubas Grau/Lino Oviedo. Luego de la renuncia, Cubas solicitó el asilo político en la embajada de Brasil para acto seguido emprender viaje a este país. Fue transportado en un vuelo especial de uno de los aviones de las Fuerzas Aéreas Brasileñas. Durante toda la noche del domingo 28 de marzo, miles de paraguayos volvieron a ocupar la plaza central de Asunción, tras la dimisión del presidente, quien fue reemplazado por Luis González Macchi, presidente del Senado y uno de los hombres fuertes del argañismo, aunque no uno de los más lúcidos.
La gente se lanzó a la calle para festejar la caída de Cubas y de su aliado político, el ex general Lino Oviedo. En el Congreso, en tanto, González Macchi asumía con la promesa de que "por la memoria de Argaña en Paraguay ha terminado la violencia, el terror y la persecución", factores que justamente serían alentados poco después de su asunción para tratar de desmantelar la estructura, ya fortalecida del oviedismo.
Las Fuerzas Armadas se comprometieron de inmediato a someterse a la autoridad del nuevo presidente por medio de un comunicado de su comandante, el general Eligio Torres. "Mi primer decreto será ordenar la vuelta a prisión de Oviedo", dijo el presidente González Macchi, quien anunció que estará cuatro años en el cargo, pese al debate abierto en torno al tiempo que debe permanecer en el sillón presidencial. El titular del Senado juró esa misma anoche en medio de masivos festejos en todo el país.
Con su renuncia, arreglada parcialmente con la cúpula del Partido Colorado, Raúl Cubas buscó anticiparse a un casi seguro veredicto de destitución en el juicio político que llevaba adelante el Congreso. "No me voy por corrupto ni por ladrón, sino por apoyar la pacificación del país", dijo al leer esa noche el mensaje al país en el que confirmaba lo que durante el día había sido un rumor intenso: su renuncia. Estas versiones habían sido acompañadas de otras que indicaban la posibilidad de un golpe de Estado, o de un autogolpe para disolver el Congreso.
Según fuentes diplomáticas recogidas por la prensa, Cubas aceptó renunciar a su cargo tras una reunión entre dirigentes del partido y de la oposición en la residencia del nuncio apostólico, monseñor Lorenzo Baldisseri. Se le acusó de mal desempeño en sus funciones y abuso de poder, motivados por su negativa a ordenar que el ex general Lino Oviedo cumpliera con la pena que le correspondía por atentar contra el orden institucional. La renuncia del mandatario fue recibida por los titulares del Partido Colorado, Bader Rachi Lichi; del Partido Liberal Radical Auténtico, Oscar Denis, y del Partido Encuentro Nacional, Euclides Acevedo, reunidos para el efecto.
Fuera del edificio del Congreso, los soldados dejaron el paso a la seguridad del nuevo presidente y a los invitados al acto de traspaso del poder. González Macchi llegó en medio de una nutrida guardia, saludando al público. En medio del gentío se introdujo, casi a empujones al interior del Palacio Legislativo, donde juró en el cargo. Inmediatamente después recibió el bastón y la banda presidencial de manos del ex presidente Juan Carlos Wasmosy, que le indicó que los mismos no estaban manchados de sangre.
El día 29 de marzo, la justicia dictó una orden de detención contra Cubas y su hermano Carlos, nombrado días antes del desenlace de la crisis, ministro del Interior, por "homicidio por omisión", con relación a su presunta responsabilidad en la muerte de los siete jóvenes manifestantes.
El 23 de febrero de 2002 Cubas Grau renunció al asilo y se presentó en Asunción, donde estaba su familia, para comparecer voluntariamente ante el juez que atendía su caso, Jorge Bogarín. El magistrado ordenó su confinamiento en una división militar a la espera de tomarle declaración dentro del expediente de la masacre de marzo de 1999, juicio del cual finalmente fue liberado.
Documento de EDWIN BRITEZ
Fuente: EL PARAGUAY ACTUAL 2da. PARTE (1998-2010) - Autores: EDWIN BRITEZ – JAVIER NUMAN CABALLERO – COLECCIÓN : LA GRAN HISTORIA DEL PARAGUAY, Nº 14. Editorial El Lector, Asunción – Paraguay (2010, 156 páginas).
PRESIDENCIA DE RAÚL CUBAS GRAU
Próxima a terminar la primera década de transición democrática, desde la caída de Stroessner (II-1989) y con la sensación de desesperanza propia de aquellos pueblos que creen que en muchos aspectos, sobre todo en el social, hay que empezar de nuevo, se llegó a las controvertidas elecciones generales del 10 de marzo de 1998.
Analizando la misma, se puede decir que los candidatos elegidos, Raúl Cubas Grau-Luis María Argaña, fueron en realidad, los verdaderos perdedores de esa contienda política.
¿Hubo ganadores entonces? Es probable: uno, la sombra del poder de Lino Oviedo; y otro, el Partido Colorado.
El primero estaba preso y al término de este doloroso proceso, quedó en libertad, asilado, primero en Argentina y luego en Brasil.
En cuanto al Partido Colorado, siguió ejerciendo el poder constituyéndose en una de las instituciones latinoamericanas que más años consecutivos detentó y lo sigue haciendo, la presidencia de un país.
Los gobernantes electos fueron verdaderas hojas en la tormenta: Argaña, protagonista de un cruento magnicidio; y Cubas Grau quien había abandonado su profesión por la política, terminó abandonando la política también.
LA SOMBRA DE LINO OVIEDO
Apareció públicamente en 1989, integrando una junta de ocho militares, que dirigieron la revolución que depuso al Gral. Stroessner, encabezada la misma por el Gral. Andrés Rodríguez, luego nombrado presidente de facto y al fin, electo democráticamente (1-V-1989), el entonces coronel Oviedo comenzó una nueva trayectoria en su vida, hasta la fecha sólo militar, dando rienda suelta a su nueva vocación: la ambición política.
El momento era oportuno. Paraguay estaba en el cambio y la dictadura de Stroessner había dejado sin líderes a los partidos políticos, tanto de oposición como en el gobernante Partido Colorado.
Sospechado de enriquecimiento ilícito mientras ostentaba sus deseos de hacer política, mostraba una habilidad especial para que su figura se fuera engrandeciendo, siempre apoyado por su capacidad económica, que a todas luces, no podía ser fruto de los ahorros de su sueldo militar.
Encumbrado en la cúpula militar, como una de las figuras más fuertes de las instituciones castrenses, a las cuales la costumbre hizo desnaturalizar sus funciones y donde el militarismo fue el modelo impuesto durante décadas en el país. La Constitución de 1992 estableció el rol de las Fuerzas Armadas en el Art. 173: "Los militares en servicio activo ajustarán su desempeño a las leyes y reglamentos, y no podrán afiliarse a partido o a movimiento político alguno, ni realizar ningún tipo de actividad política".
No obstante, el Gral. Oviedo pretendía la continuidad del anterior modelo, utilizando al Ejército como respaldo para su carrera política.
Ya en diciembre de 1992, intervino desenfadadamente en las internas coloradas, actuando a favor del candidato Wasmosy, quien sería años más tarde su peor enemigo.
Fueron varios los actos políticos que siendo militar ejecutó con éxito, aumentando su soberbia personal.
Se fijó una estrategia, y en 1993, Wasmosy lo nombró Comandante del Ejército, y de allí en más el nombre de Oviedo se agigantó.
Este proceso, aparentemente terminado con la caída del Ing. Cubas Grau, es posible que necesite un análisis sociológico, con mayor perspectiva histórica, para entender mejor, por qué Lino Oviedo llegó a ser la columna vertebral del movimiento político del país durante casi una década. Ya sea militar en actividad o retirado, esté en libertad o en reclusión, sea colorado o actuando fuera de ese partido.
Hay que poner especial atención al tipo de campaña que efectuaba, generalmente en el interior del país, caminando por los pueblos y visitando casa por casa. Coloquiando en guaraní en zonas rurales, con una sociedad permanentemente insatisfecha y al borde de la marginación.
Además, no hay que desdeñar la idea, de que al ser la dirigencia política en vigencia tan mediocre, no ayudara esto a cimentar ese liderazgo...
En 1996, se llega al tope de la crisis militar-política, cuando Wasmosy decidió relevarlo del cargo (22-IV-1996) de Comandante en Jefe del Ejército, y recibió la negativa de Oviedo intentando un golpe de estado.
No contó el General con la aquiescencia militar, tampoco lo ayudó la presión internacional que apoyó a la democracia paraguaya y Wasmosy separó de sus cargos a 220 militares oviedistas. (18-VIII-1998)
Este acto fracasado dio pie a innumerables idas y venidas de la justicia, sea militar o civil, hasta que intervino la Corte Suprema de Justicia, confirmando la prisión de 10 años para Lino Oviedo. Éste fue encarcelado el 8-I-1998, pero aún recluido se hacía sentir su voz.
La elección de los candidatos en el Partido Colorado, donde él había ganado la interna anteriormente, su delegación en Cubas Grau, el pacto con Argaña, la campaña, todo estaba teñido por una división de la sociedad y su polarización: o se era oviedista o anti oviedista.
Al ganar Cubas Grau-Argaña y asumir el 15-VIII-1998, Oviedo hizo publicar en todos los diarios una solicitada personal donde era evidente que más que apoyar al nuevo presidente, quería no perder protagonismo.
Al acercarse el fin de este proceso, el nuevo presidente conmuta la pena y libera al Gral. Oviedo y al Cnel. José Manuel Bóveda (18-VIII-1998). Estas libertades generaron una crisis política, el Congreso al repudiar la medida, anunció un juicio político a Cubas.
Mientras tanto, la soberbia de Oviedo no vislumbró la gravedad del momento, y ya en libertad anunció que se ponía en campaña para lograr la presidencia de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, actitud irritativa que no ayudó nada a apaciguar los ánimos.
A las disputas del P. E. con los poderes Judicial y Legislativo, se suman el magnicidio donde muere el vicepresidente Luis María Argaña (23-III-1999).
Acto seguido las concentraciones oviedistas y anti oviedistas, tratan de ganar la calle, la intervención policial con ayuda de las fuerzas armadas arman una nueva tragedia aún irresuelta. Represión más francotiradores dejan siete jóvenes muertos.
Oviedo que había obedecido el mandato de la Corte Suprema, se presentó y quedó detenido en el Regimiento de la Guardia Presidencial (24-III-1999).
El juicio político se había iniciado, y Cubas renunció a la presidencia el 28-III. Horas antes había liberado nuevamente a Lino Oviedo, quien con toda su familia, viajó en un avión privado hacia Argentina. De allí pasó a residir como asilado político en Brasil.
Raúl Cubas Grau, también pidió asilo en Brasil, país en el cual residen dos ex-presidentes paraguayos y un líder que llegó a ser candidato también a tan alta función.
Así, la sombra que irradiaba la personalidad de Oviedo, tuvo su crecimiento y su apogeo, no obtuvo el poder que ambicionaba, pero fue artífice y centro durante varios años de la actividad política del país. Su declinación ha sido manifiesta y lógicamente su sombra lo va acompañando... ASUNCIÓN Y CAÍDA DEL GOBIERNO
Hacía 66 años que un gobernante civil no le entregaba a otro civil los símbolos del poder (Dr. José Patricio Guggiari al Dr. Eusebio Ayala, en 1932).
En esta oportunidad el Ing. Raúl Cubas Grau asumió el mando el 15-VIII-1998, pero no recibió los atributos del mando del Ing. Wasmosy sino del presidente del Congreso, el Dr. González Macchi. El presidente electo se había negado terminantemente al contacto con el gobernante saliente.
En el acto de jura de los ministros y los gobernantes, Cubas prometió un combate frontal contra la corrupción y en un decreto impone "economía de guerra", denunciando un par de días después el "vaciamiento del Estado".
Manejó el Estado, durante siete meses y pocos días más.
El haber conmutado la pena de Lino Oviedo (19-VIII-1998), le genera una crisis difícil de manejar. La Corte Suprema de Justicia, comienza a presionarlo y el Poder Legislativo haría lo mismo al tener las mayorías de las Cámaras en poder de la oposición.
La Iglesia también se manifiesta mediante el titular de la diócesis de Caacupé, monseñor Claudio Giménez, quien reiteró el mensaje de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP): "Aunar esfuerzos para garantizar el estado de derecho, y que no se haga realidad la dolorosa idea de volver a la experiencia del pasado" e instó a "utilizar bien la libertad para no endiosar a personas o cosas que llevan a la esclavitud".
Por otra parte, las presiones de Lino Oviedo por un lado y la de sus propios seguidores; es el caso de Carlos Cubas, quien renunció al Ministerio de Industria y Comercio, desaprobando las medidas de su hermano.
Envía su primer proyecto económico pidiendo permiso para colocar Bonos por 400 millones de dólares para estabilizar el sistema financiero.
Anunció la compra directa de semillas en Argentina, mucho más baratas que la propuesta en la licitación aprobada por el gobierno anterior.
Aumenta los impuestos de cigarrillos, whisky, cerveza y nafta. Envía el proyecto de Presupuesto general para el año 1999.
Sus parámetros eran:
PIB ........................................... 3,5%
Inflación .................................. 12%
Cambio ............................ 2.950 g/U$S
Presión tributaria .................. 11 %
Aumento del 15% para los oficiales de las Fuerzas Armadas y congelación de los demás salarios.
Enrique Iglesias, directivo del BID, anunció su respaldo al proceso económico del país. Se liberaron 35 millones de dólares para reparar los daños ocasionados por el fenómeno "Niño".
Después de casi tres meses de huelga, los hospitales volvieron a atender normalmente.
El presidente interno del Banco Nacional de Trabajadores, Carlos Monges, renunció temeroso por la magnitud de las defraudaciones cometidas por las autoridades anteriores que dejaron prácticamente en la quiebra a la institución.
Pero esto no alcanzó, pues la oposición se organizó. El Poder Legislativo accionó ante la Corte Suprema, para lograr la inconstitucionalidad del decreto de amnistía y anular la libertad de Oviedo.
Por otra parte el TSJE (Tribunal Superior de Justicia Electoral) declaró a Oviedo en pleno ejercicio de elegir y ser elegido. Con lo cual ya podía ser incluido en el padrón electoral (27-VIII).
El Tribunal militar liberó de culpa a Oviedo, siendo sobreseído (1-IX) y también liberados el Gral. Sindulfo Ruiz Ramírez y el Cnel. José Bóveda. Empero, en la Justicia Ordinaria sigue su curso el juicio por presunta rebelión a Oviedo.
La Corte solicitó al Tribunal Militar un informe sobre lo actuado (2-IX).
Dictó resolución también de que los fallos de la Corte son definitivos e irrecurribles y emplazó en 24 horas al Tribunal castrense a que le remitan todos los antecedentes (3-IX).
Cubas remitió el expediente de Oviedo a la Corte. Previamente había discutido en ese recinto, sobre la independencia de los poderes. Fueron enviados 11 tomos y 2176 fojas.
Cubas atendió la política externa, acudiendo en setiembre a la Cumbre del Grupo de Río (5 y 6-IX) y viajando a Nueva York a la Asamblea General de las Naciones Unidas (21-IX). Comprometiéndose ante las máximas autoridades de los organismos financieros multilaterales a realizar la reforma del Estado y la modernización general del mismo, también a combatir la piratería y el narcotráfico.
Ese mismo día, en Alemania, la Transparency Internacional ubica al Paraguay en el segundo lugar, tras Camerún, en la lista de los países más corruptos.
Mientras tanto, la ministra de Salud, Carmen Frutos de Almada, afirmó ante el Parlamento que había detectado 1200 planilleros, que cobraban sin trabajar (16-IX).
El Banco Central intervino el Banco Nacional de Trabajadores (BNT), el Banco de Desarrollo y el SSB Banco (23-IX).
En el Partido Colorado había fuertes debates, por la renovación de los miembros de los tribunales de conducta y electoral y para establecer la orientación política del partido. El internismo y sus luchas por el poder continuaban.
En octubre, el BCP confirmó que se había reducido la estimación del crecimiento económico en 1998, del 4% al 1 %. La recesión continuaba, ya que desde 1996 el PBI estuvo por debajo de la media histórica y de la tasa de crecimiento poblacional.
Asimismo, se habían reducido las reservas del país en 125 millones de dólares para sostener la cotización del guaraní.
El presidente del IPS, Mario Luján Melgarejo, denunció que se habían dilapidado el 70% de las reservas líquidas del ente provisional, quedando en virtual quiebra.
El titular de la ANDE, Ing. Héctor Richer, reclama una ley de emergencia para solucionar los problemas del ente.
La cosecha del algodón se anunciaba como magra, por el retraso de la siembra.
Una resolución del Tribunal de Cuentas determinó que los 220 militares oviedistas que Wasmosy había dejado fuera del Ejército podrían volver al servicio activo (9-X).
El gremio docente declaró una huelga general al serle negado el reclamo del 30% de aumento a sus sueldos (15-X).
El obispo coadjutor de Misiones, monseñor Melanio Medina, denunció la falta de justicia social. "Hace falta una justa distribución de tierras para los campesinos" (18-X).
El Gral. de Brigada Guillermo Rolando Escobar Fariña asumió el Comando del Ejército en reemplazo del Gral. de División Santiago Zaracho Frucadez (3-XI),
El ministerio de Agricultura y Ganadería dio a conocer el nuevo mapa de cobertura boscosa de la Región Oriental, elaborada sobre las imágenes satelitales de 1997. Las 8.805.000 Has. de bosques que habían en 1945, quedaron reducidas a 2.837.000 Has., depredación inaudita que deja al Paraguay casi sin bosques en esa zona.
Antes de fin del año la diplomacia hacía lo suyo. Tratado de extradición con E. U. de A. firmado en Washington por ambos cancilleres, y un acuerdo con Argentina que regularizaba la residencia y trabajo de 450.000 paraguayos en el vecino país.
Transcurrían los meses y la capacidad de hacer del gobierno quedaba solamente supeditada a las acciones judiciales y políticas de Oviedo o contra Oviedo. Los problemas no se resolvían, quedaban latentes.
El desenlace de todo esto, impensado para el país, ha de llegar en marzo.
El primer decreto que sancionó lo refrenda el 15 de agosto de ese año. Con dicho acto político constituye su gabinete con los siguientes ministros:
Relaciones Exteriores: Dido Florentín Bogado.
Interior: José Rubén Arias Mendoza.
Hacienda: Heinz Gerhard Doll.
Obras Públicas: Víctor Adolfo Segovia Ríos.
Educación: María Celsa Bareiro de Soto.
Defensa Nacional: José Felicísimo Segovia Boltes.
Justicia y Trabajo: Ángel Ramón Campos Vargas.
Industria y Comercio: Carlos Cubas.
Salud Pública: Carmen Frutos Albospino de Almada.
Integración: (Interino) Dido Florentín Bogado.
Agricultura y Ganadería: Hipólito Ramón Pereira.
La influencia del Gral. Lino César Oviedo en el gabinete se notó con la designación de la mayoría de los ministros, adictos a la causa del UNACE y de lealtad al jefe militar.
El capitán Carlos Cubas militaba en el Movimiento de Reconciliación Colorada, opositor al oficialismo.
La doctora Carmen Frutos Albospino de Almada accedió al cargo por méritos académicos, sin estar comprometida con ninguno de los bandos.
La candidatura del Ing. Raúl Cubas Grau fue procesada con la de otros adherentes al Gral. Oviedo. Al respecto, el Gral. Víctor A. Segovia Ríos, en su documentado libro, página 466, relata: "Nuestra conclusión era que por las buenas o por las malas, por medio de la justicia militar o por la civil, el presidente Wasmosy, con la complicidad del alto mando militar y la Corte, finalmente lo iba a inhabilitar como candidato presidencial. Le expusimos que su caso era político y no judicial, por lo que las estrategias de sus abogados a nada conducirían, por mejores que fuesen.
"Luego de escuchar atentamente nuestra exposición, el Gral. Oviedo dijo: «Está bien, pero antes de darle a conocer mi propia apreciación de la situación, quiero que Uds. escuchen también la opinión del Dr. José Francisco Appleyard», quien hizo una sucinta relación de la situación jurídica del General, de las estrategias de la defensa y de los procesos y plazos judiciales pertinentes. En conclusión, el Dr. Appleyard se mostró optimista en cuanto a la suerte final del Gral. Oviedo. Dijo que en la peor de las hipótesis, los plazos procesales legales impedirían la condena del General antes de las elecciones marcadas para 1998. Vale decir, Oviedo iba a llegar al día de las elecciones presidenciales sin condena firmada y ejecutoriada. Por tanto, si resultaba ganador en las urnas, se convertiría en presidente electo y entonces ya no podría ser condenado.
"Terminada la exposición del Dr. Appleyard, el Gral. Oviedo tomó la palabra y dijo: «Señores, yo he hecho personalmente un análisis de mi situación política y lamento decirles que coincido con la opinión de los generales. De tres primerísimas fuentes he tenido la confirmación de que a mí me van a sacar de la carrera presidencial de cualquier manera, legal o ilegal, legítima o ilegítima. Yo voy a pelear, voy a mover al pueblo que me responde. Si así y todo logran defenestrarme, yo lo voy a hacer ganar a mi compañero de fórmula, aunque sea desde la cárcel, para que se convierta en presidente. Por eso voy a elegir a un buen candidato para la vicepresidencia»".
En el movimiento UNACE despertó interés y expectativa la postulación del vicepresidente que se convertiría por la vía de la resta en el potencial candidato a la presidencia de la República.
Se especulaba en esos días que la decisión quedaba a cargo del Gral. Lino César Oviedo: José Francisco Appleyard, Víctor Galeano Perrone, de profesión abogado, y el empresario ingeniero Raúl Cubas Grau, quien al final sería el escogido por el líder de UNACE.
Lo llamativo fue que no se consultó a las bases, menos al Estado Mayor del movimiento, que se había constituido con generales de mucho oficio en el conocimiento de la estrategia.
El mando vertical que imprimió el Gral. Oviedo al movimiento que conducía impidió todo diálogo en cuanto a decisiones, sólo en algunos casos requería la opinión de sus colaboradores. No aprendió este señor las proféticas palabras del rey Salomón: "Es preferible gobernar con algunos hombres sensatos, que solo".
El Gral. Oviedo se decide por el Ing. Raúl Cubas Grau, perfil de empresario, exitoso ingeniero civil de muy buen currículum profesional, pero sin ninguna experiencia en las lides políticas. Es muy diferente administrar recursos de empresas prósperas que la pobreza crítica de un país perteneciente al Tercer Mundo, como lo es el Paraguay.
La dupla quedaba constituida con el líder de UNACE y el ingeniero Raúl Alberto Cubas Grau.
La designación del Ing. Cubas no cayó bien en el comando político de UNACE, por el escaso aporte del futuro presidente a favor del movimiento. La preferencia la tenía el Dr. José Francisco Appleyard, pero las influencias del grupo empresarial próximo al Gral. Oviedo decidieron la candidatura del ingeniero civil.
Oviedo no consideró la presión familiar a que estaba sometido su elegido. Su hermano mayor, el capitán naval Carlos Cubas, pertenecía a la fórmula adversaria. El Movimiento de Reconciliación Colorada contaba con un conspicuo miembro en las proximidades del futuro gobierno.
Refiriéndose a los hechos del 30 de octubre de 1998, el autor del libro "De Morínigo a Cubas", página 475, relata: "El asalto de tropas militares contra la residencia del Gral. Oviedo. Los efectivos militares con pasamontañas no respetaron ni a mujeres ni a niños. Lo que no había ocurrido en treinta y cinco años de dictadura, ocurría ahora en democracia. Entre los tendidos en el patio de la casa estaba el propio pre-candidato presidencial Raúl Cubas, quien luego se convertiría en Presidente y Comandante en Jefe. La primera acción de justicia que hubiera hecho el presidente Cubas al asumir el gobierno, hubiera sido castigar a los responsables de este vandálico hecho perpetrado contra las leyes militares y civiles. No lo hizo, porque no tuvo coraje de tomar las riendas del poder y reencauzar la vida ciudadana por los caminos del orden y la legalidad. Esa falta de coraje y de Visión de estadista lo llevó tempranamente a la perdición".
Los acontecimientos que acabamos de leer de un militar de nivel académico, de un escritor objetivo y serio, testimonian la falta de capacidad de mando de quien sería el futuro presidente de la República.
Las frecuentes visitas a mi pueblo natal, Caazapá, me reencuentran con un ex compañero de escuela y me dice: cómo un presidente de la nación públicamente podría ser cuestionado por su propia señora. "La cuimba'é ome'ẽva i kasó cuñáme, nda jha'éi caria'y". Ese anatema de un campesino llano y sincero lo descalificaba al presidente del Paraguay, por falta de carácter. La capacidad de mando exige severidad y diligencia en el proceder.
Será siempre oportuno condenar la crueldad, que es una negación de los derechos humanos y una desviación de la autoridad.
Los extremos desequilibran. Un gobernante imperativo, que no escucha o escucha pocas razones, o un mandatario sin temperamento ni oficio de mando, no son los más idóneos para asumir tan difícil y complicada administración.
La gestión del Ing. Raúl Alberto Cubas Grau contaba con el apoyo del 54% del electorado nacional. Pero a la hora de la verdad fue minoría en el Parlamento.
La división del Partido Colorado produjo más encono y resquebrajamiento en el oficialismo. Quedó solo el jefe del Poder Ejecutivo, con la abierta oposición de los adherentes al vicepresidente Luis María Argaña. Se repetía la controversia de Wasmosy con Seifart. Cubas no se llevaba bien con su vicepresidente Argaña.
Del 54% del electorado triunfante, la proporción se estimaba:
- UNACE: 45%.
- Reconciliación Colorada: 42%.
El partido de gobierno fracturado no podía alentar bases de estabilidad.
El Decreto Nº 117 como uno de sus primeros actos de gobierno suscitó la gran controversia entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento Nacional. Una vez más la cuestión se definiría en los estrados judiciales. Por el citado decreto del Poder Ejecutivo se conmutó la pena de diez años de cárcel a tres meses de prisión de Lino César Oviedo.
Las medidas de excepción deben ser aceptadas con limitaciones. Estas facultades del Primer Mandatario pueden estimular actos de injusticia. Un delincuente, sea común o político, podría favorecerse con estas facultades discrecionales. En ningún caso, el indulto ni la conmutación debería disminuir la pena a menos del 50% de la condena.
La vigencia de tribunales militares en tiempo de paz para juzgar a jefes u oficiales en situación de retiro, constituye una práctica de los regímenes totalitarios. Es revivir el bando N° 1 del ex jefe de Policía, Cnel. Arturo Bray, dictado en el año 1937. La justificación de la ley liberticida N° 209, promulgada por el gobierno de Stroessner. Son instrumentos de los que se vale el Poder Ejecutivo para imponer su discrecionalidad.
Como hombre de derecho no justifico la impunidad, menos la injusticia. En tiempo de paz los tribunales ordinarios son los competentes para entender tales delitos con relación a militares retirados. Basta leer la disposición de los artículos 16, 17, 46, 47 y 174 de la Constitución Nacional y el artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica que, transcripto, dice: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella".
No estoy comprometido con ninguna facción partidaria. El artículo 290 de la Ley 844/80 contradice las garantías enunciadas por las actuales normas constitucionales vigentes y el artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica.
El Tribunal Extraordinario formado por decreto del Poder Ejecutivo es dependiente, sin competencia profesional de sus jueces, violatorios de las citadas normas, pues no se dan los atributos que puedan garantizar el "Debido Proceso"
La norma constitucional del artículo 17 avala un procedimiento respetuoso de las reglas jurídicas indispensables para el trámite del juicio. El "Debido Proceso" que dispone esa norma conlleva la finalidad de amparar la vida, la libertad, la propiedad, el honor de las personas mediante el proceso legalmente instituido, ante tribunales de derecho.
Es un absurdo que cinco generales ignorantes de las ciencias jurídicas pudieran tramitar en "Debido Proceso" un sumario penal de delicados alcances.
La garantía del "Debido Proceso" tiene su antecedente en la Constitución norteamericana y que recogiera la de México en su artículo 14, que dice: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".
El "Debido Proceso" no es privativo del texto constitucional norteamericano. Ya en la Edad Media, en Inglaterra los británicos lucharon por tales conquistas y que fueron recogidas por los actores de la Revolución Francesa.
El artículo 15 del Código Procesal Civil enumera al juez sus atribuciones para actuar con el "Debido Proceso".
El inciso a) dispone: "Dictar las sentencias y demás resoluciones dentro de los plazos fijados por la ley, decidiendo las causas según el orden en que se hayan puesto en estado.
"b) fundar las resoluciones definitivas e interlocutorias en la Constitución y en las leyes, conforme con la jerarquía de las normas vigentes y al principio de congruencia bajo pena de nulidad;
"c) resolver siempre según la ley sin que le sea permitido juzgar del valor intrínseco o la equidad de ella;
"d) pronunciarse necesaria y únicamente sobre lo que sea objeto de petición, salvo disposiciones especiales;
"e) asistir a las audiencias de prueba y realizar personalmente las diligencias que este código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquella en que la delegación estuviere autorizada;
"f) dirigir el procedimiento, debiendo dentro de los límites expresamente establecidos por este código;
"1) Concentrar en lo posible en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sean menester realizar; 2) vigilar que en la tramitación de la causa se obtenga la mayor economía procesal; y 3) mantener la igualdad de las partes en el proceso; y
"g) procurar, en cuanto sea compatible con el ejercicio de sus atribuciones, especialmente en los juicios referentes a las relaciones de familia". La infracción de los deberes enunciados en los incisos b), c), d) y e) de este artículo causará la nulidad de las resoluciones y actuaciones.
El Código de Procedimientos Penales establece en su artículo 5° todo cuando sigue: "No podrá imponerse pena alguna sino en virtud de juicio seguido con arreglo a las prescripciones de este Código, en ejecución de sentencia emanada de juez competente y pasada en autoridad de cosa juzgada".
El Tribunal Militar Extraordinario no era competente, por contradecir las normas constitucionales de los artículos 16, 17, 46, 47 y 174 de la Constitución Nacional y el artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica.
Es evidente que la instalación del Tribunal Militar Extraordinario se estableció en abierta transgresión de normas constitucionales y legales vigentes.
Al analizar el artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica se observan las confrontaciones con el artículo 290 de la Ley 844/80. El tratado internacional, por su contenido y forma, prevalece por su exaltación de los principios universales de los derechos humanos.
El artículo 290 de una ley de excepción, como lo es la 844/80, no será aplicable a ningún jefe u oficial en situación de retiro.
En primer lugar, el jefe u oficial con las garantías propias del ciudadano civil no deberá ser discriminado por tribunales especiales. Conforme a la prescripción del artículo 8° del citado Pacto, el procesado carece de tales seguridades jurídicas.
La integración del Tribunal Militar Extraordinario con cinco generales ignorantes de la ciencia del Derecho no puede merecer la calificación de tribunal competente.
El Tribunal Extraordinario lo constituye el Presidente de la República y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, con su autoridad vertical.
Ninguna independencia, menos aún imparcialidad, se puede esperar de ese tribunal, presionado por la cadena de mando.
El Tribunal Extraordinario fue constituido con posterioridad a los hechos.
El juzgamiento del Gral. Oviedo, como ocurriera después con el Gral. Cramer, constituyen actos arbitrarios de gobiernos autoritarios donde poco interesa la correcta aplicación de la ley y sí la instrumentación de las normas al objetivo del éxito.
Con absoluta sinceridad opino que aquellos militares que violaron las disposiciones del Código Electoral, transgrediendo específicamente la norma del artículo 325 de su texto, están sometidos a la justicia ordinaria, con las penalidades previstas por tales ilicitudes.
El artículo 325 tipifica los delitos electorales en los siguientes incisos: "a) las opiniones, declaraciones o manifestaciones sobre asuntos político-partidarios o de carácter proselitista;
"b) la asistencia a reuniones organizadas por autoridades políticas, partidarias o de movimientos, municipales, departamentales y nacionales que no tuvieren carácter oficial, profesional o meramente social;
"c) la presencia en reuniones de partidos o movimientos políticos o de corrientes internas de los mismos aunque fueren en locales extrapartidarios o de movimientos;
"d) la participación en actos de índole político-partidario o campañas proselitistas o en las internas municipales, departamentales o nacionales de cualquier entidad política, aunque ella se hallare en formación o no hubiere solicitado su reconocimiento;
"e) la gestión para la obtención de fondos y medios destinados a actividades políticas de cualquier índole, su donación o administración realizadas por sí o por interpósitas personas;
"f) la afiliación a los partidos o movimientos políticos.
"No se encuentran comprendidos en los incisos b) y c) los policías cuya presencia en las reuniones se origine en el cumplimiento de sus funciones específicas".
La norma restrictiva limita expresamente a los militares en servicio activo y a los policías movilizados.
Los que siguen en el servicio activo no pueden inmiscuirse en la pugna partidaria, por expresa prohibición del artículo 173 de la Constitución Nacional que en su parte final prescribe: "Los militares en servicio activo ajustarán su desempeño a las leyes y reglamentos y no podrán afiliarse a partido o movimiento político alguno, ni realizar ningún tipo de actividad política".
A contrario censu, el militar retirado podrá afiliarse y activar en política con la plenitud de sus derechos ciudadanos. Pretender imponer una ley militar sobre la Constitución constituye una flagrante transgresión a normas del artículo 137 de nuestra Ley Fundamental, a más de violar el artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica.
El decreto 117, sancionado por el flamante Presidente Constitucional de la República, ¿se fundaba o no en principios y normas jurídicos? Corresponde su análisis. La primera pregunta que debiéramos contestar es si la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Militar Extraordinario es válida y sujeta a su cumplimiento.
Por las claras disposiciones de los artículos 16, 17, 46, 47,137 y 174 de la Constitución Nacional y la norma del artículo 8° del Pacto de San José de Costa Rica, esa sentencia dictada por un tribunal incompetente es nula.
El artículo 356 del Código Civil establece; "Los actos nulos no producen efectos, aunque su nulidad no haya sido juzgada, salvo que la nulidad no aparezca en el acto, en cuyo caso deberá comprobarse judicialmente.
"Los actos anulables se reputarán válidos mientras no sean anulados, y sólo se tendrán por tales una vez pronunciada la sentencia".
El grado máximo de invalidez de los actos procesales está dado por la nulidad absoluta. En el acto absolutamente nulo, aun cuando reúna un mínimo de elementos que le dan realidad jurídica, las omisiones o transgresiones que el mismo acusaron de tanta gravedad que su vida, en cierto momento, puede reputarse precaria, ya que sólo dura hasta el momento en que se produce la resolución judicial que lo invalide. Al efecto, expresa Couture: "En tanto que el acto inexistente no tiene la categoría de acto, sino de simple hecho, el acto absolutamente nulo tiene la condición de acto jurídico, aunque gravemente afectado".
La sentencia del Tribunal Militar fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Contra esa sentencia ya no había otro recurso procesal, pero ante la expresa disposición del artículo 356 que niega efectos, aunque su nulidad no haya sido juzgada, salvo que la causa de la nulidad no aparezca en el acto, en cuyo caso deberá comprobarse judicialmente.
En todos los casos de sentencia nula recurrida debe comprobarse un trámite judicial para dejarla sin efecto.
En un Estado Social de Derecho no debe tener vigencia una sentencia nula, aun tratándose de acuerdos-sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia. No es ético, menos jurídico, convalidar un fallo arbitrario.
En el año 1997 la Corte Suprema de Justicia declaró nulo un fallo que ya había pasado a materia de cosa juzgada. Es conveniente aclarar que los actos nulos no prescriben, en virtud del artículo 658 del Código Civil, que dispone: "No prescriben:
"a) la acción de impugnación de los actos nulos;
"b) la de partición de bienes hereditarios o en condominio, mientras subsista la indivisión; y
"c) la acción para demandar a los herederos por la restitución de los bienes de que fueron puestos en posesión definitiva en virtud de la declaración de muerte presunta".
La máxima latina dice: "Quod initio viciorum est non potest tempus convalescere".
El gobierno del Ing. Cubas Grau cometió un craso error al convalidar esa sentencia nula y sancionar el Decreto N° 117 de agosto de 1998.
Si el instrumento procesal es nulo, el decreto, que es su accesorio, con mayor razón.
Un acto nulo no puede generar un acto válido.
No procedía la conmutación de pena; sí declarar la nulidad de ambas sentencias, para lo cual debía integrarse la Corte con otros miembros con título de Doctor para juzgar la nulidad de esos actos procesales. Por apurados en liberar al compañero de fórmula defenestrado y condenado a diez años de prisión, cometieron un gravísimo error de sancionar ese decreto.
La nulidad producida por otro tribunal era lo correcto. Las normas de orden público de naturaleza constitucional y legal ameritaban la declaratoria de nulidad de dichas sentencias, tanto la de la justicia militar como la de la Corte, que fue en fallo dividido: 5 a 4.
El Ing. Cubas cometió el error de no hacerse asesorar por profesionales solventes, más la estrategia de liberar al Gral. Oviedo por la vía rápida prevaleció sobre los canales del procedimiento establecido por la ley.
El Parlamento en mayoría no perdía tiempo para fustigar al presidente Cubas. La Cámara de Diputados plantea una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 117/98. No tarda en pronunciarse la Corte declarando la nulidad del citado acto administrativo. La libertad del Gral. Oviedo fue neutralizada por otra sentencia confirmatoria de la anterior que lo condenaba a 10 años de penitenciaría.
El problema se suscita entre el Ejecutivo, el Judicial y el Parlamento.
El Poder Ejecutivo remite dicha sentencia al tribunal militar que días antes había sobreseído por la misma causa al Gral. Ruiz Díaz y al Cnel. Bóbeda.
Una vez más, la mano larga de la politiquería mestiza complicaba la legalidad de los actos. Sólo importan los resultados. Vivimos la presión del exitismo. El triunfo no tiene sustitutos, dijo el Gral. MacArthur.
La historia nos recuerda los tribunales extraordinarios de la Revolución Francesa, los impuestos por los nazis en Alemania, el de los fascistas en Italia. Quién no repudia esos bárbaros tribunales de la Inquisición que condenaban a la hoguera a los supuestos herejes, éstos por disentir con la interpretación de los dogmas religiosos.
Se discute en doctrina si la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es irrecurrible. Por excepción sólo cabe la acción autónoma de nulidad, pues los actos nulos no pueden producir efectos jurídicos, de acuerdo con el Art. 356 del Código Civil.
El Gral. Lino César Oviedo y otros camaradas debieron ser condenados en la instancia ordinaria por transgresiones comprobadas a la ley electoral y militar y no por un tribunal especial e incompetente.
El gobierno de Cubas y Oviedo, que habían prometido abatir la corrupción, al confirmar en sus cargos a los funcionarios más deshonestos de la administración anterior, se complicaba en el continuismo perverso y prebendario. Nada había cambiado. Los directores procesados, como los del Banco Central, seguían en funciones con el beneplácito del Poder Ejecutivo.
La mayoría de los profesores de la Facultad de Derecho se pronunciaron contra la instalación de tribunales militares extraordinarios, por transgredir las garantías elementales del "Debido Proceso". Estos tribunales carecen de potestad para asumir una jurisdicción extraordinaria. Lo prohíbe el artículo 3° de la Constitución vigente.
Al quedar sobreseído el Gral. Oviedo por sentencia definitiva de un tribunal ordinario, no quedaba otro camino que aportar pruebas sobre algunos hechos y actos no juzgados por ese tribunal. Pero no interesaba la legalidad del procedimiento, sino la premura en descalificarlo.
Correspondía iniciar el procedimiento por hechos o actos que no fueron considerados aún en la instancia ordinaria.
Se señala que los delitos electorales perpetrados en los cuarteles de Villarrica por el Gral. Lino César Oviedo, el contraalmirante Guillermo López Moreira y el Gral. de Aviación Díaz Ocampos no estaban prescriptos.
Con una denuncia responsable de varios testigos presenciales de esas violaciones a las normas del Código Electoral procedía la instrucción a todos los militares infractores, no sólo al Gral. Oviedo, pero el sectarismo estaba dispuesto a discriminar y no comprometer a los amigos militares del régimen de turno.
En los procesos tramitados en el caso del Gral. Oviedo se violaron normas propias que hacen a la defensa.
El Fiscal General del Estado en su dictamen hizo hincapié en esas transgresiones procesales.
El gobierno de Wasmosy y el de Cubas no respetaron los mandatos de la ley, presagio de anarquía y desatino político.
Las primeras medidas de gobierno del flamante Presidente desconcertaron a propios y extraños. La mayoría de los funcionarios de nivel del régimen anterior fueron confirmados en sus cargos.
La indignación ciudadana provocó airadas protestas por la confirmación de los directores del Banco Central del Paraguay, corresponsable del escandaloso fraude al sistema financiero que había dejado en la desesperanza a 350 mil ahorristas estafados.
Por Decreto N° 2 del 15 de agosto de 1998, se confirmaba al jefe del gabinete civil y secretario general de la Presidencia de la República, Lic. Néstor Raúl Filártiga Pallarolas.
No se avizoraban cambios sustanciales en el programa ni en la promoción de funcionarios idóneos para imponer los nuevos rumbos.
El Instituto de Estudios "Tesis Nacional" realizó un diagnóstico de los primeros meses de mandato del Ing. Cubas.
Las conclusiones de esos primeros enfoques político, económico, social y cultural no fueron de aprobación.
El diario ABC Color se hizo eco de dichas inquietudes, transcribiendo parte de tales análisis. Al respecto el informe decía: "El Instituto ve con preocupación que al inicio del año nuevo para nada se aclara la difícil situación que vive el país. Considera que no se perciben respuestas de cambios ni propuestas de soluciones. Que la obstinación de mandar o de hacer oposición sistemática sólo agravará la crisis, mientras no se presenten las alternativas de soluciones.
"Los tres poderes no coordinan, más bien están enfrentados, el Ejecutivo con el Parlamento y el Judicial.
"En estas condiciones se cierra el año 1998 con pronóstico pesimista, en un país que tiene recursos para superar el atraso, la pobreza y la dependencia".
Señala el informe que desde el gobierno se pretende resolver la difícil situación aumentando la recesión al restringir inconvenientemente el gasto público y transformando las empresas públicas en empresas privadas «para generar más desempleo y llevar a los monopolios privados los servicios de las empresas públicas que deben servir a la calidad de vida de un pueblo pobre.
"Cuestionamos la insistencia en mantener un sistema tributario altamente inflacionario al cargar la mayor presión sobre el consumo. No hay cambio de modelo ni de política. Se cometen errores que los paga el pueblo con sus necesidades insatisfechas, mientras la oposición guarda silencio, salvo honrosas excepciones de movimientos sociales.
"El aumento de las tarifas de los servicios de luz, agua, teléfono y transporte castiga severamente a quienes tienen menos ingresos.
"La reducción inconveniente del gasto público a niveles de recesión empeorará la crisis. El déficit fiscal a limites controlables no genera inflación, pero sí el aumento de tarifas de los servicios públicos, el alto costo del dinero a tasa de usura, la presión del impuesto sobre el consumo".
De la recesión se puede salir gastando prudentemente y poniendo dinero en circulación y créditos de promoción para financiar la productividad y los procesos de desarrollo.
"Tesis Nacional" acusa la falta de identidad de nuestros gobernantes al descalificar el modelo de desarrollo que nos conviene, mediante la movilización de los recursos del país y no con recetas aplicadas en el Primer Mundo que nos quieren imponer una insensible tecnocracia internacional.
La receta de ahorrar recursos del sector público en un país pobre y una economía estancada resulta inapropiada y antitécnica. La buena teoría económica para superar la recesión aconseja gastar lo necesario para aumentar la producción de bienes y servicios y ampliar la demanda de los mismos por parte de la población.
La recesión se combate con más dinero orientado a la producción básica y de exportación y no con más ahorro del gasto público, en perjuicio de la eficiencia de los servicios y funciones.
"Tesis Nacional" manifiesta que en nuestro país se teme a los subsidios cuando van a mejorar la calidad de vida del pueblo, en contraposición a lo que hacen los países ricos que tienen subsidios para aumentar la renta, estimular el trabajo y dinamizar la economía.
Por vía de ejemplo citamos el registro de subsidios a la producción y a los servicios
-Suecia: 17.
-Dinamarca: 15.
-Francia: 10.
-Estados Unidos: 7.
-Inglaterra: 16.
En el Paraguay más de la mitad de su población rural, 75%, siembra en áreas de minifundio, con escasa productividad.
El veto del gobierno de Cubas para subsidiar el precio del algodón, vetando una oportuna ley del Congreso, pero sin prever para su pago la contrapartida presupuestaria, fue inoportuno.
"Tesis Nacional" recomienda concentrarse en los grandes objetivos nacionales.
En lo político, la vigencia de la democracia con sus hombres más representativos y no la simulación encubierta de una plutocracia que privilegia a unos y condena a las grandes mayorías.
En lo económico, con el aumento sustancial de la producción mediante créditos de promoción y la técnica de cultivo.
La reconversión industrial, mejorando las instalaciones, asimilando los adelantos tecnológicos.
Un inteligente mercadeo de nuestra producción mediante la integración económica del Paraguay.
Sin el desarrollo interno no podríamos competir en los mercados internacionales.
Hasta ese momento el gobierno del Ing. Cubas no había aportado soluciones a estos temas de vital importancia para el país.
Lo recomendable sería que convoque a los mejores exponentes de la Universidad para discutir responsablemente la aplicación de planes de sustentación política, económica, social y cultural.
El gobierno siguió con la vieja estructura de mantener el privilegio de los pocos y no atender las necesidades de los muchos. Quizá el poco tiempo de mandato atempere la omisión que estamos observando al régimen de UNACE.
A seis meses, el contrabando seguía imperando en las fronteras. La evasión fiscal no se redujo a niveles significativos, pese a la buena voluntad del ministro de Hacienda. La explosión social estaba próxima a estallar. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gral. Víctor Segovia Ríos, en una descripción personal del presidente Cubas, emite la correlativa opinión: "El jueves 17 de setiembre de 1998, a las 17:30, el presidente convocó a la primera reunión del gabinete para analizar y redefinir el programa de gobierno. El encuentro duró dos horas y media, fue ameno, distendido, casi informal. Si algún recuerdo guardo de esa reunión es que los modales del presidente parecían más bien tímidos, sus movimientos ligeramente vagos y sin relación con lo que estaba diciendo, como si detrás de palabras y gestos hubiera impulsos diferentes. Hablaba en voz baja y suave. Parecía costarle trabajo aceptarnos como ministros del gabinete. Daba la impresión de que se sentía más cómodo tratándonos como si fuéramos empleados de sus empresas. Tiempo después, y apenas días antes de su renuncia, su hermano Carlos nos dijo en reunión con los ministros Doll, de Hacienda, y Segovia Boltes, de Defensa, que el presidente tenía dos formas totalmente diferentes de tratar a la gente: un trato para el que estaba a su servicio y a quien él pagaba su sueldo, y otro para el que no tenía relación de dependencia con él. Por la referencia de su hermano, en retrospectiva, creo que la actitud ambivalente del presidente en ocasión de esta primera reunión con su gabinete, se debió a su duda existencial de si sus ministros éramos sus empleados o gente diferente".
"Su persona emanaba alivio e incredulidad al mismo tiempo. Como presidente se sentía poderoso y, sin embargo, inseguro, vulnerable. Su aire de tensión controlada era indisimulado, parecía un resorte comprimido. Disfrazaba sus observaciones principales en un aparente tono burlón y casi bromista, conduciendo a sus interlocutores a las oportunidades para insertar comentarios sarcásticos. El que más frecuentemente caía en su juego era el pintoresco ministro de Agricultura y Ganadería, Hipólito Pereira. Las frases elípticas de Cubas eran como sombras movedizas contra una pared.
"Sus directivas tomaban a sus oyentes por sorpresa, creando una atmósfera al mismo tiempo confusa y amenazadora. Rehusaba toda pretensión al encanto personal. Había en él una extraña mezcla de sencillez y despotismo, de astucia jesuítica y de franqueza bonachona".
Una acabada descripción del perfil humano del ingeniero Raúl Alberto Cubas Grau.
Por lo expuesto, no se trataba de un hombre firme en sus decisiones. Las actitudes ambivalentes podrían rever sus actos. No era la persona ni el político más indicado para el momento. La elección del Gral. Oviedo no fue acertada para el momento que vivía el país. En un período de normalidad quizá pudiera ejercer la jefatura del Estado con idoneidad, por sus conocimientos y reconocida inteligencia. Su carácter no respaldaba la difícil gestión a la cual fue comprometido.
El Gral. Víctor Segovia Ríos, ex ministro del gabinete, concluye en su apreciación: "Lo que yo bien sé, por los propios avatares de mi designación, es que el presidente nunca fue un títere de Oviedo, como se pregonaba por interés político. Cuando Cubas se plantaba absolutamente contra una propuesta de Oviedo, éste no insistía. Así también cuando por alguna razón Oviedo se plantaba absolutamente, Cubas cedía. Creo que por la relación psicológica especial que los unía cada uno tenía la capacidad de discernir quién debía ceder en su pretensión. Lamentablemente ambos perdieron este discernimiento en las últimas semanas del gobierno de Cubas. Eso les impidió tomar las decisiones que podrían haberlos salvado del desastre".
De la exposición del Gral. Víctor Segovia Ríos, que reproduce en su difundida obra ya citada, página 509, se observa que en el gobierno no existía un mando de decisiones. El Poder Ejecutivo soportaba la inquietud o presión de un líder como el Gral. Oviedo, que se sentía protagonista y figura principal del movimiento que había asumido la administración del país.
El error capital del Gral. Oviedo consistió en seguir en la actividad y creando sombras acerca de la autoridad real del presidente Cubas. Se volvía a presentar igual situación de la que vivió el país en el año 1908: el presidente Gondra presionado por el caudillo militar Cnel. Albino Jara.
Ningún presidente supervisado puede ejercer el mandato con independencia o jerarquía. Caerá en el desprestigio al conocerse sus limitaciones de poder y la debilidad de su carácter.
El Ing. Cubas al aceptar el cargo debió definir claramente su función. Ser Presidente de la República o encubrir el real poder del líder defenestrado. A mi juicio, ahí estuvo el gran error de la conducción.
La geopolítica enseña. Más de un conflicto se ha resuelto con el equilibrio o supremacía de intereses de una nación o bloque regional. El Gral. Oviedo no contaba con el apoyo de potencias internacionales. Sin embargo, el Ing. Cubas Grau, próspero empresario, era tolerado y hasta podría afianzarse en el gobierno si el Gral. Oviedo lo liberaba de su sombra. Prueba de nuestro aserto fue la distinción del gobierno brasileño que lo condecoraría al Ing. Cubas Grau oficialmente el día 7 de abril de 1999. No tuvo tiempo de recibir tal mención honorífica por los sucesos del "marzo paraguayo". Su obligada renuncia lo defenestró del gobierno.
En el régimen de Cubas Grau hubo desorientación e indefensión. El jefe del Ejecutivo careció de un Estado Mayor Civil para procesar los graves conflictos políticos, económicos y sociales que se presagiaban.
Me arriesgaría a afirmar que faltó fervor para defender la estabilidad de su gobierno. No se enmendó el error, ni se corrigieron vicios de anteriores regímenes. Por el contrario, los principales colaboradores de Wasmosy fueron confirmados en cargos de importancia. Cubas Grau no administraba el proceso económico, menos el político. Se sintió tecnócrata y no político. Craso error. Quien asume la jefatura de la Administración Pública ha de entender que para hacer un buen gobierno necesita el timón político a través de la concertación de programas y objetivos con los partidos opositores y las fuerzas sociales.
Ninguno de esos problemas fueron tratados por el gabinete. Quien debió llevar la voz cantante era el Jefe de Estado. Este vacío de gestión le fue fatal. No pudo consolidar su gobierno, a pesar del respaldo popular que lo ungió a la primera magistratura.
La división del partido oficialista fue fatal para la estabilidad de su gobierno. Una familia dividida. El odio entre oviedistas y argañistas reproducía las históricas camorras entre caballeristas y eguzquicistas, cívicos contra radicales; Gondra versus Jara; Schaerer versus Gondra; infiltristas contra abstencionistas; guiones rojos contra democráticos; MOPOCO enfrentado a Stroessner. Ciento ochenta años de vaivenes no habían atemperado los ánimos. Por el contrario, los intereses económicos de poderosos empresarios influenciaban con tentáculos de codicias y sectarismo en la anarquía de nuestro pueblo. La inmoralidad ganaba el espíritu corrupto de los politicastros de turno; la contramarcha a tales procesos constituía excepciones a la regla de la práctica incivil de nuestros caudillos.
El odio despierta riñas. Es la historia de nuestro castigado país, el fanatismo disociante, el odio alienante y la arbitrariedad perversa de los politiquillos empedernidos, destruyen el cimiento moral de la República, base de toda propuesta desarrollista.
El fraude de los demagogos desata días de infortunio.
El gobierno en manos de negligentes y deshonestos castiga al pueblo.
El mandatario que va en pos de la justicia aplica la vara del poder con prudencia y sabiduría.
Quien ama la disciplina transita por la senda del orden y de la paz.
El Ing. Cubas Grau enfrentó una campaña de oposición tenaz. La controversia entre el presidente y el vicepresidente de la República fue visible. Se repetía la desinteligencia en la cúpula del gobierno, para desgracia del sufrido pueblo paraguayo.
Es oportuno recordar los juicios de Teodosio González en su consagrado libro "Infortunios del Paraguay", página 508, al afirmar: "Los colorados llevaron al gobierno lo mejor que tenían; los liberales, salvo una excepción, elevaron a la presidencia a hombres eminentes por su preparación y antecedentes, de lo más selecto que había, no sólo en el partido, sino en el país. Los liberales fueron intelectualmente superiores, pero los colorados fueron, en cambio, más magnánimos, porque cuando no disponían en su elenco de personal suficiente para llenar los altos cargos de la administración pública, no tuvieron reparo en llamar a liberales a ocuparlos.
"Pero tanto los unos como los otros hicieron gobiernos inservibles, paralíticos, que nada han construido.
"Y una de las causas principales de sus desgobiernos fue su cobardía moral, su común horror a la responsabilidad".
La opinión del ilustre codificador y jurisconsulto compatriota, aunque severísima, no deja de tener razón.
Las facciones formadas dentro de un mismo partido desconcentraban sus fuerzas. Si estaba en el gobierno, lejos de contar con la colaboración de un importante sector, alentaba la anarquía y el descontrol político. Unos por mantenerse en el gobierno, otros por alcanzar el poder.
Se repetían esos sucesos. El Partido Colorado, oficialista, estaba fracturado. Argañistas contra oviedistas. Ningún gobierno puede enderezar el timón cuando la desconcentración de fuerzas desequilibra la nave.
Los anales de nuestra política nos señalan que los disidentes de un partido se alían con los opositores. Los pactos de los irreconciliables generales Caballero y Benigno Ferreira convergen en un movimiento de colorados y cívicos para derrocar a los radicales liberales en el año 1909.
Durante la revolución de los años 1922 al 23, entre schaeristas y gondristas, muchos jefes colorados, como el entonces mayor Eugenio Alejandrino Garay, formaron filas en el ejército del Cnel. Chirife, apoyado por el caudillo caazapeño Eduardo Schaerer, ex presidente de la República.
La historia se repetía en marzo de 1999. Los disidentes colorados, acérrimos enemigos de los oviedistas, agrupaban a la oposición de liberales y encuentristas a cerrar filas para destituir al Ing. Cubas Grau de la Presidencia de la Nación. Los días estaban próximos. La vacilación de los hombres del Poder Ejecutivo y la falta de control de los canales vitales de poder fueron las causas del derrocamiento de Cubas Grau. Lino César Oviedo ya no tuvo la conexión ni la lealtad de los mandos militares. La tradicional rivalidad que surgió después de la Guerra del Chaco entre el arma de Caballería y la Infantería hizo crisis en su momento.
Los infantes y las fuerzas navales concentraron sus efectivos para oponerse al Gral. Oviedo. Sabían que si en esa pulseada ganaba Cubas Grau, la Caballería quedaría fortalecida y el equilibrio de fuerzas roto.
Los exponentes de UNACE, que presumían de su organización y servicios de inteligencia, fueron rebasados por los acontecimientos. No previeron los sucesos que se avecinaban. No estaban preparados para tal emergencia.
Las buenas relaciones del vicepresidente de la República, Dr. Luis María Argaña, con la embajadora norteamericana, Maura Harty, señalaban en forma incontrastable la orientación geopolítica del bloque regional. Ni Cubas ni Oviedo prepararon las bases de una aproximación diplomática para atemperar la intromisión de la citada diplomática.
El presidente Cubas Grau tenía aún un recurso: conversar con el Gral. Oviedo, expresarle la delicada situación de su gobierno y que su alejamiento temporal del país podía cambiar la imagen de su régimen. No tuvo el coraje o no pasó por su mente tal maniobra política. El escándalo seguía siendo Oviedo.
La influencia exógena en los avatares de los conflictos casi siempre fue determinante. La revolución triunfante del Gral. Caballero tuvo que aceptar las propuestas del ministro plenipotenciario del Brasil para integrar un gobierno coaligado y pacta con el presidente Salvador Jovellanos. En abril de 1874 el comandante Molas, con su ejército revolucionario próximo a ocupar Asunción, es conminado por el poderoso ejército brasileño de ocupación a disolverse. Una decisión extranjera decidía una situación interna.
Los ejemplos siguen. Por vía de síntesis vamos a circunscribirnos a los hechos acaecidos en los últimos días del mes de marzo de 1999.
En esos días de intensa crisis se lo ve desconcertado al presidente Cubas Grau. Escuchaba menos a Oviedo y más a los allegados de su familia.
Su hermano mayor, Carlos Cubas, capitán naval de buena gestión en ACEPAR, gana protagonismo. A los pocos días de asumir la cartera de Industria y Comercio, renunciaba por la sanción del Decreto 117/99, que conmutaba la pena del Gral. Oviedo de diez años a tres meses.
El presidente Cubas más se preocupaba de mejorar la administración de sus ministerios, sin medir la difícil situación política que se le estaba presentando.
En ese objetivo, anunció la racionalización de la función del personal público mediante la recategorización, reentrenamiento y redistribución en los sectores donde realmente sea necesario. El objetivo era contar con un número adecuado de funcionarios para cubrir los requerimientos indispensables, prestar buen servicio a la comunidad y erradicar definitivamente la presencia de planilleros.
El Dr. Gustavo Leite, secretario de Planificación, fue el vocero de tales inquietudes del Poder Ejecutivo.
El primer objetivo de esa medida era precisar el número de funcionarios públicos censados en planillas de sueldo, qué categoría se les asigna, la antigüedad y el nivel de capacitación y, de acuerdo con esos datos estadísticos, proceder a la racionalización del personal público. Conforme a la nueva orientación, el Poder Ejecutivo ordenó la eliminación de los planilleros. El Dr. Gustavo Leite anticipó que será un trabajo muy complejo, "difícil de realizar de la noche a la mañana".
Respecto a las contrataciones señaló que se limitará única y exclusivamente en casos muy necesarios y para ciertas funciones. Expresó que en cada caso el ministro obrará con la justificación para proceder a formalizar contratos laborales.
Insistió en que al gobierno le interesaba una mejor gestión en todos los niveles de la administración pública, "y ese es un emprendimiento que lo debemos entender como política de Estado". El secretario técnico de Planificación pidió tiempo por la complejidad del tema, pero sí prometió implementar "una política de personal bien capacitado y al servicio de la comunidad".
La primera prioridad que tenía el gobierno del Ing. Cubas Grau era consolidar su régimen. No tomó las medidas convenientes para tal objetivo. Su descuido fue tal que ante el primer síntoma de la crisis desatada, zozobró el barco. No estaba en condiciones de mantener la nave ante otro temporal que se avecinaba con furia y sin concesiones.
Cubas Grau, desorientado, no convocó a reunión de ministros y menos tomó contacto con el movimiento político que sostenía su gobierno. Lino César Oviedo, presionado con el mote de golpista, con condena tribunalicia, estaba en la mira de sus adversarios.
La dupla Cubas Grau-Oviedo perdió contacto y fue sorprendido por los acontecimientos que se produjeron en forma sucesiva.
El 17 de febrero de 1999 fui consultado por el diario ABC Color acerca del momento que estaba pasando la República.
Critiqué severamente al Parlamento y al Poder Ejecutivo por la dicotomía que hacía ingobernable el país, en un momento difícil y con problemas sociales que caldeaban el escenario cívico de la nación. Fustigué diciendo que el Paraguay merecía mejor suerte y no el protagonismo de gallos riñeros, desvergonzados, que en vez de preocuparse de los problemas nacionales, nada hacían por resolver los temas prioritarios, sin tratamiento ni solución.
Cuestioné la falta de idoneidad de los jueces debido a la deficiente formación jurídica. La Facultad de Derecho de las universidades nacionales y privadas presenta un alto ausentismo de profesores y alumnos. El curso no dura más de cuatro meses, pero los exámenes se extienden a seis meses. Los famosos dictadillos sustituyen a los textos y la mediocridad de los egresados constituye la regla. Con malos abogados no podemos pretender la promoción de buenos jueces, puntualicé.
Remarqué que el Poder Legislativo concentraba más su actividad en protagonizar disensiones partidarias antes que formular leyes necesarias y prioritarias. La angustiosa situación económica y social del país golpea a la mayoría de los hogares compatriotas.
Concluía con este mensaje: Que la recuperación moral del hombre paraguayo sea en su clase dirigente, empresarial, ciudadana, era el único camino para salir de esta gravísima crisis, quizá la más sensible que haya conocido el país después de 1980.
Los sociólogos, al analizar los procesos anárquicos y depresivos, encuentran como causas de estos trágicos desajustes a la falta de capital, a una industria incipiente y sin adelantos tecnológicos, a la ausencia de vías de comunicación e incompetencia laboral.
El Paraguay, al término del siglo XX, aún no se ha liberado de estos flagelos; por lo contrario, son signos de su desventura.
Los efectos de tales males desembocan en el clientelismo político o en el militarismo arbitrario.
La miseria envilece. La opulencia corrompe.
El Paraguay, con las dos terceras partes de su población en la pobreza crítica, sigue envilecida.
Una oligarquía nefasta corrompe la moral del pueblo y golpea con sus poderes fácticos los cimientos de nuestra propia identidad.
La tradición del "Karai" decrece. El audaz de las fronteras gana espacio político, económico y social. El exitismo no excluye los medios para alcanzar tales metas de corrupción.
Los hombres probos, de ciencia, de moral acrisolada, pasan a segunda fila y son condenados con el mote de "guyro-tonto".
La trastrocación de valores y la crisis de autoridad moral desorienta al pueblo y lo condenan a los ciclos decadentes.
Hasta tanto el odio sectarista, la corrupción generalizada, el desatino de los políticos que más que políticos son por lo general caudillos o demagogos, y con gran parte del pueblo paraguayo dependiente de sus necesidades primarias, la democracia será mera ilusión y el sustituto de este sistema de valores caerá en las garras de la plutocracia o de tiranía del dinero, o en la concentración del poder en una dictadura.
Los síntomas de la anarquía se estaban palpando en la última semana de marzo. Serias dificultades económicas, angustia social, enfrentamiento entre los miembros de los poderes, el odio generalizado que insuflaba pasión y encono entre paraguayos, encontrarían en esa semana trágica su desenlace. La plaza del Congreso se teñiría de sangre inocente, con ocho víctimas jóvenes y sesenta heridos. Todos estos hechos se produjeron como consecuencia del asesinato del vicepresidente de la República, Prof. Dr. Luis María Argaña Ferraro.
El 23 de marzo de 1999 fue ultimado el líder del Movimiento de Reconciliación Colorada, aproximadamente a las ocho horas con veinte minutos. La mañana sorprendió a la población con tan insólita noticia. En la historia política paraguaya se registraba el segundo magnicidio. El primero fue el asesinato del presidente Juan Bautista Gill, el 12 de abril de 1877.
El asesinato del vicepresidente de la República registraba el segundo atentado mortal de la era independiente.
El fallecimiento de tan relevante figura política del momento conmocionó a la ciudadanía y los opositores al Gral. Oviedo lo condenaron al militar como el autor moral de dicho crimen.
El juicio político al presidente Cubas estaba en trámite. El día 7 de abril del citado año la Cámara de Diputados debía acusar al primer mandatario. La muerte del Dr. Argaña precipitó los acontecimientos.
El Prof. Dr. Carlos María Ramírez Boettner, en su libro "El Paraguay que casi todos queremos", en la página 47 expone sobre el asesinato del Dr. Luis María Argaña: "Creo que nunca se justifica ni puede justificarse un crimen político, sin embargo, existen ejemplos en los llamados países más desarrollados del mundo. El crimen de Kennedy es un caso muy especial, y con todas las investigaciones que se hicieron nunca se supo quién organizó y dio la orden de ejecutarlo. En el caso de Argaña, el gobierno surgido después del asesinato del vicepresidente culpó con toda certeza a Oviedo y a su organización como los únicos culpables y procedieron en consecuencia, pues para ellos ninguna hipótesis era posible, solamente Oviedo y su grupo cercano eran los responsables, no había otra posibilidad, ninguna otra hipótesis ni siquiera fue planteada".
Las investigaciones policiales orientan sus pesquisas sobre la implicancia de los autores morales. Una hipótesis sindicaría al Gral. Lino César Oviedo, otra sindicaba a los adictos a su movimiento, sin la anuencia del Gral. Oviedo. La última enlaza con los intereses del ex presidente Wasmosy, de cuyo grupo pudiera sindicarse al autor moral. Esta última posibilidad no es la más conveniente, aunque no se descartan posteriores investigaciones.
Al respecto el periodista Vladimir Jara (ver en el diario ABC Color del domingo 12 de diciembre de 1999) dice que no se debe cometer el error de cerrar los ojos y fanatizarse por ahora con ninguna presunción. Son muchos los expertos en inteligencia que analizan el asunto desde la cola para la cabeza, es decir, desde la consecuencia buscando la causa.
"No se debe olvidar que Oviedo, los oviedistas y el oviedismo quedaron literalmente sepultados tras el magnicidio del Dr. Argaña y la consecuente matanza de jóvenes en la plaza del Congreso".
A decir del periodista Jara, quien quedó muy bien posicionado fue un amigo en común de los políticos gravitantes de la actualidad: el ex presidente Juan Carlos Wasmosy.
El citado periodista, al referirse a la CIA (Agencia Central de Inteligencia norteamericana), concluye que ésta tenía entre ceja y ceja a Oviedo, más aún cuando éste se proyectaba como caudillo en el Paraguay.
Para los norteamericanos, Oviedo representaba, hasta hoy día, un elemento no democrático y protector de narcotraficantes.
Los intereses geopolíticos de la región no le favorecían al Gral. Lino César Oviedo. Sus compromisos con el pasado del Gral. Andrés Rodríguez echaban sombras sobre su conducta.
Con la desaparición del líder de Reconciliación Colorada se trama la estrategia para derrocar al gobierno del Ing. Raúl Alberto Cubas Grau. El juicio político constituía el procedimiento válido para alcanzar tal objetivo. El presidente Cubas Grau, elegido democráticamente con el 54% del electorado, sería cesado en horas más. Ese 54% se redujo por la fractura del partido de gobierno. Sólo quedaban los del movimiento UNACE que en ese momento representaba el 45% del electorado colorado y el 30% del total de sufragantes. La mayoría la obtuvo el Partido Colorado coaligado y no dividido.
La división del partido fue fatal para la estabilidad del gobierno. Se repetían una vez más los cambios en el gabinete, muy frecuentes y reiterados en el Paraguay, salvo las excepciones ya citadas.
El juicio político caminaba en la Cámara de Diputados desde hacía quince días antes de la trágica desaparición del vicepresidente de la República.
El profesor emérito de la Facultad de Medicina, Dr. Carlos María Ramírez Boettner, en la página 51 de su bien logrado libro, expone todo cuanto sigue: "Se maniobraba en uno y otro sentido, tratando de sorprender a los que votaron en contra el juicio político. Se llega a un acuerdo para que se realice el día 7 de abril de 1999. Con esto distrajeron la asistencia de varios diputados de UNACE. Sorpresivamente, el 23 de marzo matan a Argaña y al día siguiente, 24, se realiza la sesión de diputados en forma sorpresiva, controlando los opositores el acceso para evitar el ingreso de los diputados del UNACE".
Con un golpe de audacia la oposición se hacía cargo de la situación. Los enfrentamientos en la Plaza del Congreso congregan a contingentes de ambos bandos. Los golpes, insultos y pedradas se suceden desde ese día 24.
El gobierno de Cubas Grau pierde el control de la situación. Día a día se agrava la controversia y el enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Legislativo es manifiesta.
La violencia callejera que tuvo su epílogo trágico en la Plaza del Congreso anota ocho muertos y un centenar de heridos.
El 26 de marzo los francotiradores disparan desde los edificios Zodiac y de Correos. Otro informe ubica también francotiradores en las proximidades del Cabildo.
Constituyó un error de Cubas designar a un hermano, el capitán Carlos Cubas, en la cartera del Interior, unos días antes de los sucesos de marzo. Ese nombramiento no contaba con la anuencia del Gral. Oviedo y sus seguidores, habida cuenta que el capitán Cubas pertenecía al bando opositor de Reconciliación Colorada. El Gobierno, al perder el control y el presidente al confiar en la lealtad de su hermano, que lo fue, y que pretendió salvar el régimen presidido por su pariente próximo, lejos de concentrar fuerzas, trajeron confusión y dislocamiento de los mandos.
Al producirse el día 23 de marzo el asesinato del Dr. Argaña, el Poder Ejecutivo debió dictar la medida de excepción, de acuerdo con la norma del artículo 288 de la Constitución Nacional, que establece: "En caso de conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, o de grave conmoción interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella, el Congreso o el Poder Ejecutivo podrá declarar el Estado de Excepción en todo o en parte del territorio nacional por un término de sesenta días como máximo. En el caso de que dicha declaración fuera efectuada por el Poder Ejecutivo, la medida deberá ser aprobada o rechazada por el Congreso dentro del plazo de cuarenta y ocho horas.
"Dicho término de sesenta días podrá prorrogarse por períodos de hasta treinta días sucesivos, para lo cual se requerirá mayoría absoluta de ambas Cámaras.
"Durante el receso parlamentario, el Poder Ejecutivo podrá decretar, por única vez, el Estado de Excepción por un plazo no mayor de treinta días, pero deberá someterlo dentro de los ocho días a la aprobación o rechazo del Congreso, el cual quedará convocado de pleno derecho a sesión extraordinaria únicamente para tal efecto.
"El decreto o la ley que declare el Estado de Excepción contendrá las razones y los hechos que se invoquen para su adopción, el tiempo de su vigencia y el territorio afectado, así como los derechos que restrinja.
"Durante la vigencia del Estado de Excepción, el Poder Ejecutivo sólo podrá ordenar, por decreto y en cada caso, las siguientes medidas: la detención de las personas indiciadas de participar en algunos de esos hechos, su traslado de un punto a otro de la República, así como la prohibición o la restricción de reuniones públicas y de manifestaciones.
"En todos los casos, las personas indiciadas tendrán la opción de salir del país.
"El Poder Ejecutivo informará de inmediato a la Corte Suprema de Justicia sobre las detenciones en virtud del Estado de Excepción y sobre el lugar de su detención o traslado, a fin de hacer posible una inspección judicial.
"Los detenidos en razón del Estado de Excepción permanecerán en locales sanos y limpios, no destinados a reos comunes, o guardarán reclusión en su propia residencia. Los traslados se harán siempre a sitios poblados o salubres.
"El Estado de Excepción no interrumpirá el funcionamiento de los poderes del Estado, la vigencia de esta Constitución, específicamente el Habeas Corpus.
"El Congreso, por mayoría absoluta de votos, podrá disponer en cualquier momento el levantamiento del Estado de Excepción si considerase que cesaron las causas de su declaración.
"Una vez que finalice el Estado de Excepción, el Poder Ejecutivo informará al Congreso, en un plazo no mayor de cinco días, sobre lo actuado durante la vigencia de aquél".
Al referirnos a los actos arbitrarios del Poder Ejecutivo durante la dictadura hemos comentado: "El artículo 40 de la Constitución de 1967 acoge un principio consagrado en la legislación comparada al expresar que:
«Ningún poder del Estado podrá jamás atribuirse, ni otorgar a otro, ni a persona alguna, facultades extraordinarias fuera de las previstas en esta Constitución, ni la suma del Poder público ni la supremacía por la cual la vida, la libertad, el honor y la propiedad de las personas queden a su arbitrio. La dictadura está fuera de la ley»".
Fue lamentable la aplicación arbitraria del Art. 79 de la Constitución Nacional por parte de los poderes del Estado.
La potestad que concedía ese artículo al Presidente de la República para detener a las personas por tiempo indeterminado, sin proceso, sin derecho a la defensa, era limitada. Por complacer al Poder Ejecutivo, los otros poderes, el Legislativo y el Judicial, soslayaron la aplicación del Art. 40 del citado texto constitucional
No se cumplieron los preceptos de los artículos 50 y 59 de esa Ley Fundamental, que rigió hasta el 21 de junio de 1992. Detenidos políticos o simplemente detenidos fueron recluidos en mazmorras policiales sin el "Debido Proceso".
Los abusos y delitos cometidos por el Poder Ejecutivo, con el desentendimiento del caso de los poderes Legislativo y Judicial, violaban las garantías esenciales de los derechos humanos. El Prof. Dr. César Garay reivindicó esos preceptos jurídicos.
Por la aplicación discrecional del artículo 79, el país se convirtió en una dictadura impía. Las detenciones irregulares de ciudadanos ni siquiera contaban con el aval del Presidente de la República, sino por la acción represiva y arbitraria de los organismos policiales.
La detención del ciudadano requería un acto escrito del Presidente que representaba al Poder Ejecutivo; esta formalidad nunca se cumplió. Bastaba invocar la autoridad policial informando que el detenido N.N. estaba recluido en cumplimiento del citado artículo 79 de la C.N.
La ausencia de legalidad en esos actos produjo como consecuencia la indefensión ciudadana. Muchos inocentes pagaron con diez y más años de reclusión, sin proceso alguno. No conocieron, en ese largo período, al juez ni a su defensor. Triste historia de una página que no debiera repetirse.
El gobierno de Cubas Grau, sin determinación, no desafectó la violencia y los tumultuosos encuentros en la Plaza del Congreso. La noche del 28 de marzo de 1999 tuvieron su epílogo.
El domingo a la noche la situación del gobierno era insostenible. Cubas Grau, que carecía de atributos políticos, ante la violencia y las víctimas fatales, decide renunciar al mandato, trayendo otra desilusión al pueblo que lo había votado con alguna esperanza.
Las gestiones de los senadores de ambos bloques y la intervención del Nuncio Apostólico garantizaron la renuncia del Ing. Raúl Alberto Cubas Grau. La República Federativa del Brasil le concedió asilo político.
Hora después de su dimisión, aborda un avión de la Fuerza Aérea Brasileña para fijar residencia en la ciudad de Camboriú. Otra etapa trágica había concluido. Se iniciaría un ensayo de gobierno de concertación nacional con exponentes de Reconciliación Colorada, de liberales y encuentristas.
En el balance del gobierno defenestrado apuntamos el mando bicéfalo. Una modalidad de gobierno que nunca tuvo eficacia. La ejecución requiere el mando único para su aplicación y un estado mayor donde previamente se deben procesar las medidas. Ninguno de esos dictados de la ciencia de la administración se cumplía. El desorden que trae aparejado el tener dos autoridades al mismo tiempo termina en la confusión e ineficacia. Ni Oviedo ni Cubas resolvieron el primer punto que requería la constitución de su gobierno: La cohesión de fuerzas. Faltó la estrategia política. El UNACE creyó que solo podía afrontar la difícil función de asumir el gobierno. La otra unidad cívica de la Asociación Nacional Republicana (nos referimos al Movimiento de Reconciliación Colorada) carecía de representación visible en el gobierno. Una vez más se cumplía aquella máxima bíblica: "La familia desunida, perecerá".
Horas antes de estampar su renuncia el presidente Cubas, libera de la reclusión militar y facilita el exilio del Gral. Oviedo. En un avión particular, abordado en una pista privada, parte rumbo a Buenos Aires. En el aeropuerto de alternativa, Don Torcuato, a cien kilómetros de la Capital Federal, aterriza la nave que conducía al Gral. Lino César Oviedo.
La defenestración del Ing. Cubas Grau terminaba con la carrera política del líder de UNACE.
Su temperamento autoritario y a veces irreflexivo no consolidó un triunfo democrático, porque creyó en su protagonismo y no en las fuerzas unidas del coloradismo en aquella jornada cívica del 10 de mayo. Al romperse ese vínculo, los cimientos del régimen se resquebrajaron. Faltó, indudablemente, en el oficialismo un equipo idóneo para conducir la nave en áreas tumultuosas. Ni sociólogos, ni politólogos, constitucionalistas, financistas y hombres sensatos se reunieron para enfrentar el temporal que se venía.
La improvisación fue fatal para el régimen de Cubas. En toda guerra, la anticipación es el factor que sorprende al enemigo. Si un gobierno no está preparado y no conoce la estrategia a seguir, más la táctica a aplicar, esa nave perderá su rumbo y encallará.
El maestro de la medicina, el Prof. Dr. Carlos María Ramírez Boettner, con pertinencia crítica, propia de un consagrado clínico, nos presenta en la página 97 de su ya citado libro lo siguiente: "La Constitución de 1992 evidentemente no ha conseguido la paz que todos deseamos. Creo que nuestra Constitución es confusa. Quita autoridad al Presidente de la República, el que al haber sido electo directamente por el pueblo, tiene que tener la potestad que el soberano le otorga. Nuestra Constitución es ambigua, pretende ser presidencialista y tiene visos de parlamentarista".
El último capítulo de este segundo libro se referirá a las antinomias de nuestra Ley Fundamental. La burocratización del país y la proliferación de órganos innecesarios han trabado la gobernabilidad de la administración. Corresponde simplificar los canales de gestión y derrotar de una vez a la burocracia ineficiente y costosa, que impide nuestro desarrollo. Esa deberá ser la tarea de los poderes del Estado y no la de aprovecharse de tales recursos para presionar a las escuálidas estructuras, sostenidas por órganos que no responden a los adelantos de la organización y método, reglas imprescindibles para una correcta gestión.
El mandato de Cubas Grau cesó por su propia impericia. Su gestión geopolítica fue aplazada. La falta de coordinación y ejecutividad debilitaron su poder. El mando compartido con el Gral. Oviedo le restó autoridad y protagonismo.
La investigación del magnicidio del Prof. Dr. Luis María Argaña debió quedar a cargo de los mejores organismos especializados, como el Scotland Yard, la F.B.I., etc. Debió ser la inmediata respuesta para llevar tranquilidad a la opinión pública. Esta omisión del presidente Cubas precipitó su caída.
Fuente: HISTORIA POLITICA DEL PARAGUAY - TOMO II. Obra de MIGUEL ÁNGEL PANGRAZIO. Intercontinental Editora. Diseño de tapa: ANY UGHELLI. Composición y armado: GILBERTO RIVEROS. Corrección: ARNALDO NÚÑEZ. Asunción - Paraguay 2000 (658 páginas)
Enlace recomendado: GOBIERNO DE RAÚL CUBAS GRAU – Fuente: LOS COLORADOS Y LA TRANSICIÓN. Obra de ROBERTO PAREDES. Diseño de tapa “arte final”: Cayo Amarilla. Asunción – Paraguay. Febrero de 2001 (203 páginas).

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 290
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 290
 artículo 290
 artículo 8
 artículo 325
 artículo 325
 artículo 173
 artículo 137
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 356
 resolución 
 artículo 356
 artículo 658
 artículo 3
 artículo 288
 artículo 40
 artículo 79
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