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Timestamp: 2020-04-04 18:44:28+00:00

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LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MORELOS OBSERVACIONES GENERALES.
Última Reforma: 11-07-2018
OBSERVACIONES GENERALES.- Se reforma el párrafo inicial del artículo 136 por artículo décimo cuarto del Decreto No. 1310, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5172, de fecha 2014/03/26. Vigencia 2014/03/27.
- Se reforma el primer párrafo, del artículo 103 por artículo único del Decreto No. 1321, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5175, de fecha 2014/04/02. Vigencia 2014/04/03.
- Se reforman las fracciones I, V, XVIII y XIX del artículo 50; se adicionan un cuarto párrafo al artículo 5, recorriéndose en su orden el párrafo subsecuente; y las fracciones XX, XXI, XXII, XXIII y dos párrafos al artículo 50 por artículo séptimo del Decreto No. 2048, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5243 Alcance, de fecha 2014/12/10.
- Se reforma el párrafo segundo del artículo 84, por artículo único del Decreto No. 1467 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 5478 de fecha 2017/03/01. Vigencia 2017/03/02.
- La disposición transitoria cuarta a la letra dice: Dada la nueva configuración de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos se abroga el “Decreto número mil seiscientos setenta y cuatro, por el que se designan a cinco Comisionados para Integrar el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5237, de 19 de noviembre de 2014, dejando sin efecto las designaciones realizadas por virtud de dicho Decreto.
Al efecto se instruye a la Secretaría de Servicios Legislativos Parlamentarios y a la Dirección Jurídica, ambas del Congreso del Estado de Morelos, para que notifique el contenido de la presente Disposición Transitoria a los Ciudadanos cuya designación se deja insubsistente. Ello sin perjuicio de que el Decreto número mil seiscientos setenta y cuatro, así como las designaciones por virtud del cual se realizan, queden sin efectos desde el momento mismo en que el presente Decreto inicie su vigencia.
- La disposición transitoria quinta abroga el “Acuerdo parlamentario por el que se designa a dos Diputados que integrarán el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, conforme a lo establecido en la fracción III, del artículo 102, de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5439, de 12 de octubre de 2016.
- Se reforma el artículo 23 por artículo octavo del Decreto No. 3248, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, No. 5611 Alcance, de fecha 2018/07/11. Vigencia: 2018/07/12.
Mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo verificativo el día cuatro de julio de dos mil dieciséis, el Gobernador del Estado libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma de manera integral la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, incluyendo su denominación; y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos.
En consecuencia de lo anterior, la Diputada Beatriz Vícera Alatriste, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la Iniciativa, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.2/1608/17, de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, fue remitida a esta Comisión de Atención a Víctimas. Asimismo, en fecha seis de julio de dos mil diecisiete, por acuerdo de Pleno de la Sesión Ordinaria de esa misma fecha, se amplió el turno de la iniciativa para ser enviado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que, en comisiones unidas se realice su análisis y dictamen correspondiente.
A manera de síntesis, el iniciador presenta a consideración de esta Soberanía la iniciativa con el objeto siguiente:
La iniciativa que reforma integralmente a la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, tiene como finalidad de armonizar la mayor parte de sus disposiciones jurídicas, respetando de esta manera las bases mínimas derivado de la publicación del Decreto que reforma a la Ley General el pasado 03 de enero de 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación.
La iniciativa que reforma integralmente a la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos modifica de esta manera diversas disposiciones jurídicas de dicha Ley, entre otras, en materia de Asesoría Jurídica, Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, Medidas en Materia de Traslado y la estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Nacional.
En tal virtud, con la presente iniciativa se pretende armonizar las disposiciones jurídicas de la Ley de Víctimas con las contenidas ahora en la Ley General, dando cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto en citado Artículo Transitorio estableció en su Transitorio Noveno lo siguiente:
“…Noveno.- En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas y presupuestales conforme a lo dispuesto en el presente Decreto…”
Lo anterior, sin perjuicio de mantener otro tipo de regulaciones que otorgan mayores derechos a las víctimas que los previstos en la Ley General, como lo es la creación de la Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos.
La iniciativa de cuenta con relación a la reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, corresponde, según se establece en la Constitución Local, atender la legislación relativa a la atención de víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, incorporando estrategias, políticas y modelos de profesionalización de sus recursos humanos, pero no la prestación del servicio de asesoría a víctimas jurídica per se, es por ello que en atención a la Ley General de Víctimas que establecer que los Asesores Jurídicos son aquellos adscritos a la Comisión Ejecutiva, en este caso, Federal; la presente iniciativa pretende realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Orgánica de la Fiscalía citada, para que en atención a lo previsto por la Ley de Víctimas, sea la Comisión Ejecutiva la autoridad competente para brindar la oportuna atención y de manera integral a las víctimas, a través de la prestación de asesoría jurídica, atención médica, psicológica y de orientación social, y no así la Fiscalía General del Estado de Morelos, con base en el impacto del daño causado; la cual brinda asesoría integral, procurando disminuir los efectos del delito, evitando la sobre victimización habitual, asegurando la restitución de los derechos de la víctima de manera prioritaria y de ser posible, de manera inmediata
III.- CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
El iniciador justifica su propuesta de modificación legislativa, en razón de lo siguiente:
Respecto la reforma integral a la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos:
El pasado 09 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas (en adelante Ley General), a fin de disminuir los índices de impunidad a violaciones de derechos humanos y la mitigación de los daños causados por la comisión de delitos, garantizando sus derechos a la asistencia, la protección, la ayuda urgente, la verdad, la justicia, la reparación integral y la sanción de los culpables, atendiendo de esta manera la preocupación de la sociedad y las exigencias de las personas víctimas de estos, para con ello contribuir al fortalecimiento del Estado democrático y social de derecho.
Dicha Ley General fue el resultado de movimientos sociales en los que se exigía la creación de mecanismos que garantizaran a las víctimas el acceso a la justicia, su protección y la reparación del daño causado por la acción u omisión del Estado mexicano; en su creación participaron instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, especializadas en litigio estratégico, especialistas y activistas en derechos humanos, así como personas expertas en el tema de víctimas.
Cabe destacar que la creación de la citada Ley, atendió a los principios que propone la victimología, como una ciencia joven sobre la cual se asientan pilares para crear un sistema de justicia capaz de equilibrar el orden social. Por el surgimiento como disciplina científica se celebró el I Simposio Internacional de Victimología (Jerusalén, 1973), el cual atrajo la atención de especialistas de distintas procedencias y, sobre todo, permitió un reconocimiento internacional para la victimología. En ese orden, si bien la propia Constitución Federal establece un catálogo de derechos para las víctimas de delitos en su artículo 20, apartado C, lo cierto es que con la creación de la Ley General de Víctimas se pretende lograr la consecución material de dichos derechos para víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.
Sin duda la creación de una Ley de esta naturaleza se traduce en el reconocimiento por parte del Estado respecto de la deficiencia en la atención y prevención del delito, así como emana de la necesidad de atender las graves consecuencias que el crimen provoca en la población; y, sobre todo, se sustenta en el reconocimiento de que existe una clara necesidad de poner en marcha elementos complementarios de acceso a la justicia que contribuyan a reducir la desigualdad social mediante el establecimiento de mecanismos de protección específicos para las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos que hagan posible que este grupo vulnerado pueda ejercer efectivamente sus libertades fundamentales y restaurarles sus derechos tras haberse visto afectadas en su esfera inmediata.
La filosofía sobre la que encuentra justificación la existencia de una Ley de la envergadura que nos ocupa, parte de la premisa que tanto el Gobierno como la sociedad son responsables de la prevención del delito; su fracaso en esta tarea genera un daño social pero también privado, por lo que la Ley de Víctimas es una expresión pública de solidaridad. Su puesta en marcha facilita la recuperación de la víctima y la articulación de mecanismos efectivos de compensación y asistencia y la recuperación del tejido social.
Así las cosas, sensible de lo importante de la atención y la reparación a las víctimas, el suscrito Gobernador Constitucional del Estado convocó a los tres Poderes de la Entidad, a integrantes de los tres niveles de Gobierno, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, conformándose el Consejo Consultivo para la elaboración de la Ley Estatal de Víctimas.
En tal virtud, el 17 de julio de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5105, segunda sección, la denominada “Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos” (en adelante Ley de Víctimas), ello, como ya se señaló, a iniciativa del que suscribe Titular del Poder Ejecutivo Estatal, mediante la cual expuso su preocupación respecto de las acciones criminales que quedan sin respuesta, ya sea por la ausencia de la denuncia de la víctima en un acto de renuncia de derechos imposible de evitar o por la propia insuficiencia o ineficacia de las instituciones.
Así, la Ley de Víctimas surge con la finalidad de disminuir los altos índices de impunidad resultado de la incidencia delictiva que lamentablemente lacera, no solo al estado de Morelos, sino a gran parte del país, que afecta de manera dramática la esfera jurídica de las personas que han sido víctimas del delito o que, en su caso, han visto violentados sus derechos humanos. Ello como resultado de movimientos sociales que exigían por parte del Estado la creación de políticas públicas encaminadas a atender y, en la medida de lo posible, reparar el daño causado.
Dicha Ley creó, por virtud de su artículo 102 a la “Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos” (en adelante Comisión Ejecutiva), como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con funciones y objeto de coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos en materia de atención y reparación a víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a su normativa correspondan.
Cabe destacar que, a solicitud de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el 04 de diciembre de 2013, el suscrito Titular del Poder Ejecutivo Estatal presentó a la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, una iniciativa de Decreto por el que se reformó el primer párrafo del artículo 103 de la citada Ley, a fin de que la referida Comisión Ejecutiva dispusiera de una partida presupuestal suficiente para cubrir las costas o aportaciones económicas que resulten convenientes para la función de los cinco Comisionados a que hace referencia dicho artículo. Reforma que fuera publicada el 02 de abril de 2014, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5175.
En ese orden, una vez realizada dicha modificación se inició el proceso de selección de los Comisionados Ciudadanos integrantes del Consejo de la Comisión Ejecutiva, para lo cual se publicaron en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, números 5177 y 5193, dos convocatorias: la primera el 14 de abril; y la segunda el 09 de junio, ambos de 2014, tal y como lo obligaban las Disposiciones Tercera y Cuarta Transitorias de la citada Ley.
Desahogado el proceso previsto en dichas convocatorias, se conformaron cinco ternas con las propuestas emanadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, así como de organizaciones civiles, tal y como lo estipula el artículo 103 de la Ley de Víctimas, las cuales fueron enviadas por mi parte a ese Congreso Estatal, el 30 de junio de 2014.
Es así que, previo proceso al interior de ese Poder Legislativo, se aprobó y publicó el “Decreto número mil seiscientos setenta y cuatro, por el que se designan a cinco Comisionados para Integrar el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos”, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5237, de 19 de noviembre de 2014, cuya Disposición Cuarta Transitoria señala que una vez realizada la designación de los Comisionados citados, debería instalarse el Consejo del Organismo Público Descentralizado creado por virtud de la Ley de Víctimas, mediante Convocatoria que emitiera el Gobernador Constitucional del Estado, debiéndose expedir y aprobar el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.
Así también, con el objetivo de conformar el Consejo de la Comisión en cuestión, mediante Acuerdo publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5243, el 10 de diciembre de 2014, el Poder Legislativo designó a dos Diputados que integraron el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, tal como lo establece el artículo 102 de la Ley en cuestión; designaciones que, han sido modificadas por virtud de la publicación de un Acuerdo de 12 de octubre de 2016 en el ejemplar del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5439.
Previo a lo anterior, el 05 de noviembre de 2014, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5233, el “Acuerdo por el cual se sectoriza a la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, el Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos”, cuya Disposición Quinta Transitoria señala que en un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de dicho Acuerdo, deberá instalarse conforme a la sectorización establecida en ese instrumento, el Órgano de Gobierno del Organismo Público Estatal Descentralizado denominado Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.
Posteriormente, el 06 de mayo de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5285, segunda sección, el nombramiento de la ciudadana Nadxieelii Carranco Lechuga, como Coordinadora Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva, a quien designó el que suscribe con tal carácter; en ejercicio de las facultades que la normativa aplicable le otorga y al ser convencido de su gran capacidad profesional y talento.
Así también, el 10 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5295, el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva, en cumplimiento a lo establecido por la Disposición Quinta Transitoria de la Ley de Víctimas, que señala que una vez realizada la designación de los Comisionados ciudadanos, deberá instalarse el Consejo de la Comisión Ejecutiva y aprobar su Estatuto Orgánico; sesión de instalación que se llevó a cabo el 30 de marzo de 2015.
Asimismo en cumplimiento a la Disposición Sexta Transitoria de la Ley de Víctimas, el 11 de noviembre de 2015 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5341, el “Reglamento de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos en materia de Asesoría Jurídica, Registro y Reparación Económica”, regulando lo relativo a estas últimas figuras.
Expuesto los antecedentes que regulan el marco normativo de los derechos de las víctimas en el Estado, debe destacarse que el pasado 25 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, por el cual se le concedió al Congreso de la Unión la facultad expresa para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas; estableciéndose en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, que los derechos de las víctimas deben ser atendidos con criterios homólogos en todo el país y por todas las autoridades competentes, de ahí la necesidad de precisar la referida facultad para el Congreso de la Unión.
Aunado a lo anterior el pasado 03 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas”, modificando de esta manera diversas disposiciones jurídicas de dicha Ley, entre otras, en materia de Asesoría Jurídica, Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, Medidas en Materia de Traslado y la estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Nacional. Dicho Decreto estableció en su Transitorio Noveno lo siguiente:
En tal virtud, con la presente iniciativa se pretende armonizar las disposiciones jurídicas de la Ley de Víctimas con las contenidas ahora en la Ley General, dando cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto en citado Artículo Transitorio.
En ese orden, derivado de la publicación del Decreto que reforma a la Ley General, se realizó una revisión a la Ley de Víctimas para proyectar las reformas pertinentes, análisis del cual se desprendió la necesidad de armonizar la mayor parte de sus disposiciones jurídicas, respetando de esta manera las bases mínimas ya establecidas por la Ley General, por lo que el presente Decreto prevé una reforma integral a la vigente Ley de Víctimas. Lo anterior, sin perjuicio de mantener otro tipo de regulaciones que otorgan mayores derechos a las víctimas que los previstos en la Ley General, como lo es la creación de la Casa de la Memoria Histórica del Estado de Morelos.
En tal virtud, la iniciativa que se somete a la consideración de esa Soberanía respeta las bases ya establecidas por la Ley General, pues precisamente esta última en atención al mandato constitucional ha determinado la competencia de los tres niveles de Gobierno, así como la manera en que las autoridades deben garantizar los derechos de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.
Todo lo cual observa diversos criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación en el sentido de que las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima para que las entidades federativas, puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social que impera.
Así, cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica; es decir, las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas.
En ese orden, la presente iniciativa proyecta, por una parte, diversas adecuaciones a la Ley de Víctimas, proponiendo una reforma integral a su contenido vigente; por lo que el instrumento jurídico que se somete a su consideración se integra por 189 artículos, divididos en 18 Capítulos, de la siguiente manera:
Capítulo I: De las Disposiciones Generales;
Capítulo II: De los Derechos en lo General de las Víctimas;
Capítulo III: De los Derechos de Ayuda, Asistencia y Atención;
Capítulo IV: De las Medidas de Ayuda Inmediata;
Capítulo V: De las Medidas en Materia de Alojamiento y Alimentación;
Capítulo VI: De las Medidas en Materia de Traslado;
Capítulo VII: De las Medidas en Materia de Protección;
Capítulo VIII: De las Medidas de Asistencia y Atención:
Sección Primera: De las Medidas de Educación;
Sección Segunda: De las Medidas Económicas y de Desarrollo;
Sección Tercera: De las Medidas en Materia de Procuración y Administración de Justicia;
Capítulo IX: Del Derecho a la Verdad;
Capítulo X: Del Derecho a la Reparación Integral:
Sección Primera: De las Medidas de Restitución;
Sección Segunda: De las Medidas de Rehabilitación;
Sección Tercera: De las Medidas de Compensación;
Sección Cuarta: De las Medidas de Satisfacción;
Sección Quinta: De las Medidas de No Repetición;
Capítulo XI: De la Participación del Estado en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas;
Capítulo XII: Del Sistema Estatal de Atención a Víctimas;
Capítulo XIII: De la Comisión Ejecutiva Estatal:
Sección Primera: De la Naturaleza y del Objeto;
Sección Segunda: De la Estructura Orgánica;
Sección Tercera: De la Junta de Gobierno;
Sección Cuarta: Del Comisionado Ejecutivo;
Sección Quinta: Del Órgano Interno de Control;
Sección Sexta: Del Comité Interdisciplinario Evaluador;
Sección Séptima: De la Asamblea Consultiva;
Capítulo XIV: Del Registro Estatal de Víctimas:
Sección Única: Del Ingreso al Registro Estatal de Víctimas;
Capítulo XV: Del Fondo:
Sección Primera: De la Administración;
Sección Segunda: Del Procedimiento para Acceder al Fondo;
Sección Tercera: De la Reparación;
Capítulo XVI: De la Capacitación, Formación, Actualización y Especialización;
Capítulo XVII: De la Asesoría Jurídica Estatal, y
Capítulo XVIII: De las Disposiciones Finales.
Así, el instrumento jurídico propone diversas modificaciones a la Ley de Víctimas vigente, entre las que destacan las siguientes:
Atendiendo la armonización que se pretende realizar con la Ley General, se modifica el nombre de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos para quedar como “Ley de Víctimas para el Estado de Morelos”, estableciendo de esta manera una denominación de fácil identificación por su destinatario.
Esto es, se propone dicha denominación que, de manera genérica, engloba todo tipo de derechos de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, lo que no sucede con el actual nombre, pues únicamente se limita a enunciar la atención y la reparación, olvidando otros derechos como la ayuda inmediata y la asistencia, entre otros no menos importantes.
En abono, debe destacarse que diversas Entidades de la República prevén en instrumentos legales en la materia, con denominaciones similares a la que se propone, como lo es la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León y la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Por cuanto a la organización administrativa de la Comisión Ejecutiva Estatal, el actual artículo 102 de la Ley de Víctimas vigente creó dos instancias de dirección, la Coordinación Ejecutiva y el Consejo; empero, la presente iniciativa propone una Junta de Gobierno, un Comisionado Ejecutivo y un Órgano Interno de Control, así como un Comité Interdisciplinario y Evaluador y una Asamblea Consultiva.
En ese orden, se elimina la figura de la Coordinación Ejecutiva, creando así la figura de Comisionado Ejecutivo como titular y representante legal de dicho organismo público descentralizado, quien llevará a cabo las atribuciones que así le concede la Ley que nos ocupa y las previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, en sus artículos 66 y 84 (en adelante Ley Orgánica). Cabe destacar que parte de las facultades que tenía el Consejo serán ahora atribuciones del Comisionado Ejecutivo, como lo es la determinación del ingreso al Registro Estatal de Víctimas y el acceso al Fondo, tal y como lo mandata la Ley General.
Los requisitos que deberá acreditar la persona que aspira ser Comisionado Ejecutivo, además de los requisitos exigidos por la Ley Orgánica, son los siguientes:
Contar con experiencia y conocimientos en la materia de esta Ley, y
Requisitos que resultan necesarios dada la naturaleza, objeto y finalidad del organismo público descentralizado.
Por su parte, actualmente el Consejo es el órgano de gobierno de la Comisión Ejecutiva, integrado por diversos servidores públicos, así como por cinco comisionados ciudadanos.
Dichos Comisionados, en términos del artículo 103 de la Ley de Víctimas vigente, son electos por el Congreso del Estado conforme la terna remitida por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, indicando que la Comisión Ejecutiva dispondría de una partida presupuestal suficiente para cubrir las costas o aportaciones económicas que resulten convenientes con su función, sin que represente de manera alguna una retribución a su actividad, precisamente por el carácter ciudadano de su participación en el Consejo.
Sin embargo, dada la obligada armonización con la Ley General, el instrumento que se somete a su consideración elimina al Consejo, para dar lugar a la Junta de Gobierno como máxima autoridad de la Comisión Ejecutiva, e integrada por diversas instancias de la Administración Pública Estatal y un integrante de la Asamblea Consultiva a efecto de considerar la participación y representación de la sociedad en la toma de decisiones del citado órgano. Eliminando de esta manera la figura de los Comisionados, tal y como sucedió con las disposiciones de la Ley General.
El funcionamiento y atribuciones de la Junta de Gobierno deberán ser desarrollados con mayor detalle en el Estatuto Orgánico respectivo, sin perjuicio de las atribuciones que le concede la Ley Orgánica, sus integrantes tendrán carácter honorífico y su principal objeto será decidir asuntos administrativos al interior del organismo público descentralizado, además no conocerá ni tendrá intervención en las decisiones sobre el Registro Estatal de Víctimas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos.
Aunado a lo anterior, la iniciativa que nos ocupa prevé al órgano interno de control, en observancia a lo dispuesto en la Ley Orgánica, en el sentido de que todo organismo público descentralizado debe contar con uno, y cuyas funciones estarán sujetas a lo dispuesto en dicha Ley y demás normativa aplicable.
Ahora bien, con relación al Comité Interdisciplinario Evaluador, como parte de la estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva; este tendrá por objeto resolver las cuestiones relativas a la reparación integral de las víctimas con relación al acceso a los recursos del Fondo y demás atribuciones específicas relacionadas con las medidas de ayuda y la reparación integral de las víctimas, conforme lo señalado en la Ley de Víctimas, su Reglamento y demás normativa aplicable.
Por su parte, la Asamblea Consultiva será un órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle la Comisión Ejecutiva, estará integrada por tres representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos del Estado de Morelos, quienes serán electos por la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.
Para su elección, la Comisión Ejecutiva emitirá una convocatoria pública, que establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Debe señalarse que estas modificaciones corresponden a la armonización con la Ley General, lo cual evitará confusión con las víctimas ya que los procesos, nombres y facultades serán los mismos que se desarrollen a nivel federal.
No debe pasar desapercibido que entre la armonización propuesta se establece de manera clara la competencia de la Comisión Ejecutiva, indicando que tiene la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.
Asimismo, la Comisión Ejecutiva deberá compensar de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, cuando así lo determine la autoridad judicial.
También se prevé, en términos de la Ley General, la posibilidad de que la Comisión Ejecutiva Federal cubra la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo al Fondo Federal, cuando la Comisión Ejecutiva Estatal lo solicite por escrito, otorgándole la atribución a esta última para celebrar los convenios correspondientes, que posibiliten el cumplimiento de dicha atribución.
Asimismo, la presente iniciativa elimina a la Comisión Intersecretarial como órgano consultivo y de coordinación operativa de la Comisión Ejecutiva, a fin de establecer en su lugar al Sistema Estatal de Atención a Víctimas, como la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas relacionadas con las víctimas, que tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en el estado de Morelos. Así como la coordinación de instrumentos, políticas, servicios y acciones entre las instituciones y organismos ya existentes y los creados por la Ley de Víctimas, para la protección de sus derechos.
Dicho Sistema Estatal se integrará por el Gobernador del Estado, quien lo presidirá; la persona titular de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal; la personal titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos; la persona titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública; una persona representante de la Comisión de Víctimas del Congreso del Estado; la persona titular del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Estatal; el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; la persona titular del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos y el Comisionado Ejecutivo.
El Sistema Estatal deberá realizar las acciones necesarias para guardar la vinculación, conforme el ámbito de su competencia, con el Sistema Nacional, respecto de las determinaciones y decisiones que en este último se tomen a favor de las víctimas.
La modificación realizada no solo pretende atender una armonización con la Ley General de Víctimas, sino que también procura generar un marco jurídico estatal eficaz y eficiente que atienda los acuerdos que se generen en el Sistema Nacional, esto es, se provee lo necesario para eliminar los obstáculos que impidan la operatividad en la vinculación que deba existir entre la federación y nuestra Entidad.
De ahí que es preciso destacar, además, que las atribuciones de la hasta ahora Comisión Intersecretarial serán desempeñadas por el Sistema Estatal, sin perjuicio de otras tantas que se le adicionaron en virtud de su naturaleza y dada su calidad de instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas relacionadas con las víctimas, finalmente se deja en el campo de la facultad reglamentaria lo relacionado a las sesiones y demás formas de operación del Sistema Estatal.
En lo que corresponde a los derechos de las víctimas, este proyecto se armoniza con la Ley General y, por ello, reconoce el desplazamiento interno como la consecuencia de hechos victimizantes, a quienes deberán proporcionarse medidas de ayuda y asistencia específicas.
Se incluye como derechos de las víctimas de violación sexual, la atención a la salud reproductiva y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas, con absoluto respeto a la voluntad de la misma.
Por cuanto al “Programa de Protección a Víctimas, Testigos, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Servidores Públicos del Estado”, se agrega el gremio de los Periodistas, para quedar como “Programa de Protección a Víctimas, Testigos, Periodistas, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Servidores Públicos del Estado”, ya que al ser un grupo que por su profesión se sitúa en un alto riesgo de vulnerabilidad, es de urgente necesidad considerarles en las acciones que este programa determina.
Así mismo y a manera de precisión, se establece que este “Programa de Protección” el cual brindará las medidas de protección integral, y en observancia a la Ley Estatal de Planeación, será expedido por el Gobernador del Estado; empero, se propone señalar desde el instrumento legal objeto de reforma que su elaboración será coordinada por la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, teniendo en cuenta las recomendaciones que al respecto realice la Comisión Ejecutiva y demás normativa aplicable. En ese sentido, en su elaboración deberán participar las Secretarías, Dependencias y Entidades que, por su competencia, deberán establecer lo conducente para lograr la protección de víctimas, testigos, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y servidores públicos del estado de Morelos, en los procedimientos respectivos.
A fin de dotar de mayor congruencia al instrumento legal, reconociendo el proceso que nos ocupa como una oportunidad de dotar de mayor claridad, pulcritud y coherencia a las disposiciones jurídicas que integran la Ley de Víctimas, en algunos artículos cuya reforma se pretende, se realizan también precisiones de ordenamientos jurídicos que regulan los aspectos que se prevén en dichas hipótesis normativas.
En ese orden, dada la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2014, así como la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5335, el 14 de octubre de 2015, se corrige la referencia hecha a “menores”, para establecer en su lugar “niñas, niños y adolescentes”, forma que debe ser utilizada a la luz de esa reforma en la materia, que protege los derechos de ese grupo vulnerable de la sociedad. En ese sentido, con la modificación que nos ocupa, se pretende avanzar en la armonización con las citadas leyes.
Se adicionan como víctimas a los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. Lo anterior en armonía de lo dispuesto por el artículo 4, quinto párrafo, de la Ley General de Víctimas, el cual fue integrado por Decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de mayo de 2013.
Se adicionaron nuevas definiciones al artículo que contiene el glosario que deberá utilizarse en el resto del cuerpo normativo para brindar claridad y compresión en la lectura del instrumento, ello atendiendo a las diversas modificaciones expuestas, homologando su contenido en las diversas disposiciones jurídicas que los mencionan.
Se propone una reforma en el artículo 40 de la Ley de Víctimas, a fin de extender la protección que dicha disposición jurídica establece, pues actualmente señala en su artículo 41, que la víctima o sus hijos menores de edad deberán tener acceso a los libros de texto y demás materiales educativos complementarios que las autoridades correspondientes determinen; en ese sentido, mediante el presente proceso, se determina que también tengan acceso a ese derecho niñas, niños o adolescentes bajo su custodia o patria potestad, y no sólo aquellos que sean sus hijos.
Con relación a la Asesoría Jurídica Estatal, se establece como la unidad administrativa especializada en asesoría jurídica para víctimas, dependiente de la Comisión Ejecutiva Estatal, por lo que las facultades y funciones de la misma ya no podrán estar a cargo de la Fiscalía General del Estado de Morelos, como más adelante se señala. Destacando que el resto de sus funciones se regularán en el Reglamento respectivo, sin que ello implique debilitar en recursos a la Fiscalía.
En cuanto al Fondo de Asistencia, Ayuda y Reparación Integral, se armonizan las disposiciones jurídicas que lo regulan con la Ley General y, por ello, la víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo en los términos previstos en esta iniciativa.
Así mismo se agrega la facultad del Comisionado Ejecutivo para poder crear un Fondo de Emergencia para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, el cual tendrá adjudicado parte de los recursos del Fondo por un tiempo determinado.
No debe pasar desapercibido que en atención a lo dispuesto en la Ley General, de los recursos que constituyan el patrimonio del Fondo se deberá mantener una reserva del 20% para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo Federal, en los casos en que se cubran erogaciones a cargo de este último conforme las disposiciones de dicha Ley.
El Fondo de la Comisión Ejecutiva Estatal será administrado por una institución de banca de desarrollo que fungirá como fiduciaria.
No debe pasar desapercibido que mediante la presente iniciativa se propone la eliminación de las disposiciones jurídicas que contemplan los Centros de Atención Integral a Víctimas, ya que la Comisión Ejecutiva Estatal es la encargada de prestar los servicios que la vigente Ley de Víctimas determinaba para los mismos.
De igual manera se suprime la figura de representante especial para niños, niñas y adolescentes, pues esta atribución debe ser ejercida a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y su Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.
Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, y la pasada resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 07 de julio de 2015, respecto de la acción de inconstitucionalidad 12/2014, promovida por el Procurador General de la República, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, por la que se declararon inválidas diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos (en adelante Ley Orgánica de la Fiscalía), publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5172, el 26 de marzo de 2014; en el sentido de que los aspectos regulados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no pueden ser parte de las normas estatales ni siquiera en forma de reiteración, pues éste es de observancia general en toda la República, es decir, el citado artículo 73 constitucional excluye la concurrencia de los Estados para legislar en materia procedimental penal; en ese orden, la presente iniciativa propone eliminar o adecuar las porciones normativas que la regulan, pues esta labor de legislación es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, es decir, en los casos que así resulte necesario deberá tomarse en cuenta lo previsto por el citado Código Nacional.
Cabe señalar además que la expedición de la citada Ley Orgánica de la Fiscalía derivó de la reforma realizada a la Constitución Local, publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5169, el 19 de marzo de 2014; por la cual se modificaron las disposiciones constitucionales que regulaban a la otrora Procuraduría General de Justicia, para instaurar a la ahora Fiscalía General del Estado de Morelos; siendo el caso que este proyecto plantea incluir en el cuerpo normativo de la Ley de Víctimas la denominación correcta de dicho órgano.
En ese orden, el 10 de junio del 2015, fue aprobado por el Congreso Estatal el “DECRETO NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO, POR EL QUE SE APRUEBA LA MINUTA QUE REFORMA EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE SEA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXPEDIR UNA LEY GENERAL QUE ESTABLEZCA COMO MÍNIMO, LOS TIPOS PENALES Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A LAS CONDUCTAS DELICTIVAS DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5312, el 29 de julio de 2015; en tal virtud, fueron modificadas aquellas disposiciones que regulaban dicha materia, para remitir a las disposiciones jurídicas aplicables, que al efecto se expidan.
Sin omitir mencionar que también se someten a su aprobación adecuaciones de redacción y gramaticales, algunas tendentes a modificar el uso correcto de mayúsculas, comas y puntos ortográficos; así las cosas, entre las modificaciones de redacción sugeridas, se encuentra el cambio de la palabra “normatividad” por la de “normativa”, pues de conformidad con la definición prevista por la Real Academia Española, la primera es la cualidad de normativo, y la segunda, es el conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad.
Dichas modificaciones atienden también la técnica legislativa del documento por lo que no implican un cambio sustancial, pero sí coadyuvan en la creación de normas jurídicas claras y precisas que permitan a su destinatario su entendimiento y fácil acceso a los derechos que le conceden.
Respecto de la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos:
Ahora bien y en segundo término, toda víctima tiene como derecho fundamental el acceso a la justicia y a recibir asesoramiento jurídico, entendiéndose por éste al patrocinio que proporcionan los abogados, tanto los privados como los que prestan sus servicios en el sector público, a las personas que requieren de sus conocimientos técnicos para resolver problemas jurídicos y procesales.
Tal derecho fundamental está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, tercer párrafo, así como en el artículo 20, apartado C, fracción I, que versa sobre los derechos de la víctima o el ofendido, entre los cuales se encuentra el de recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal.
Aunado a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Federal, la Ley General señala en su artículo 2 que la misma tiene por objeto establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral, para lo cual creó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el que para su operación y cumplimiento de sus atribuciones cuenta con una Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas de las entidades federativas, teniendo estas últimas la obligación de atender a las víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal, ello de conformidad con el artículo 79 de la Ley General.
Así mismo, en los artículos 42 y 165 de la Ley General, se señala que la Comisión Ejecutiva Federal garantizará que se le brinde a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctima, a través de la Asesoría Jurídica Federal o de las entidades federativas.
Al respecto, como ya se señaló, la Comisión Ejecutiva fue creada como organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con el objeto de coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos en materia de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos, conforme a lo previsto en el vigente artículo 102 de la Ley de Víctimas y ahora 108.
En ese sentido, los servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo será prestado por la Asesoría Jurídica, que es una unidad administrativa dependiente de la Comisión Ejecutiva, especializada en brindar dichas asesorías de acuerdo con lo dispuesto con la iniciativa que se somete a su consideración.
Así, la referida Asesoría Jurídica tiene entre sus funciones entre las que se destaca la de asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad.
Del contenido de las disposiciones legales analizadas, se desprende que la intención del legislador plasmó en la norma que sea la Comisión Ejecutiva, a través de la Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas del Estado de Morelos, la encargada de proporcionar la asesoría jurídica a las víctimas del delito en la Entidad.
Por su parte, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se regula la participación que tendrán los asesores jurídicos, considerados, al igual que las víctimas, como partes en el proceso, siendo derecho de las víctimas el contar con el servicio de manera gratuita.
La codificación penal adjetiva asegura que las víctimas cuenten en toda audiencia con la presencia de su asesor jurídico cuya actuación debe ser eficiente para alcanzar las pretensiones de su representado. Para ello, establece los supuestos de ausencia del asesor jurídico, estableciendo la obligación del órgano jurisdiccional de garantizar la representación de aquellas.
En una interpretación sistemática de la disposición relativa a la ausencia de las partes, se puede colegir que, en principio, la decisión de la víctima en la designación de su asesor jurídico, recae en un profesionista que ejerce de manera particular; de persistir la ausencia o deficiencia del servicio, el juzgador informará a la instancia correspondiente para que se designe a otro asesor; y de persistir la ausencia, de manera excepcional, la representación recaerá en el Ministerio Público.
Partiendo del principio de competencia legal, a la Fiscalía General del Estado de Morelos corresponde, según se establece en la Constitución Local, atender la legislación relativa a la atención de víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos, incorporando estrategias, políticas y modelos de profesionalización de sus recursos humanos, pero no la prestación del servicio de asesoría a víctimas jurídica per se.
Aunado a lo anterior y a manera de comparación, debe decirse que el 29 de mayo de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5092, el “DECRETO NÚMERO QUINIENTOS TREINTA Y UNO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 106 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS”, con el objeto de crear al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su penúltimo párrafo señala que la Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores; así como lo dispuesto en el artículo 20, apartado B), fracciones VIII y IX, de ese mismo ordenamiento fundamental, que indican que el imputado tiene derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y que en ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.
Así pues, tanto la debida defensa de los derechos del imputado como de la víctima, son derechos reconocidos por la Norma Fundamental, por lo que es deber del Estado garantizarlo y proporcionarlo en los casos en que así sea necesario; así las cosas, tomando en consideración que entre las recientes modificaciones realizadas a la Ley General es establecer que los Asesores Jurídicos son aquellos adscritos a la Comisión Ejecutiva, en este caso, Federal; la presente iniciativa pretende realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Orgánica de la Fiscalía citada, para que en atención a lo previsto por la Ley de Víctimas, sea la Comisión Ejecutiva la autoridad competente para brindar la oportuna atención y de manera integral a las víctimas, a través de la prestación de asesoría jurídica, atención médica, psicológica y de orientación social, y no así la Fiscalía General del Estado de Morelos, con base en el impacto del daño causado; la cual brinda asesoría integral, procurando disminuir los efectos del delito, evitando la sobre victimización habitual, asegurando la restitución de los derechos de la víctima de manera prioritaria y de ser posible, de manera inmediata.
Por otra parte, no debe pasar desapercibido que el pasado 13 de noviembre de 2015, fue presentada ante ese Congreso Estatal la “INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE MORELOS Y DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS”, ello ante la inminente inquietud por parte de los Comisionados Ciudadanos integrantes del Consejo de la Comisión Ejecutiva, referente a brindar a la ciudadanía un organismo eficaz y eficiente que desarrolle sus actividades en beneficio de las víctimas y que además base su funcionalidad y operatividad en mecanismos y procesos simplificados en pleno respeto de los derechos humanos. Dicha iniciativa pretendía armonizar las disposiciones jurídicas que regulan a la Comisión Ejecutiva con las previstas en la Ley General que regulaban a su homóloga a nivel nacional, así como realizar otras adecuaciones que atienden la técnica legislativa material y formal del documento y, otras tantas, relativas a la eliminación de disposiciones procedimentales penales, aquellas que permiten la funcionalidad de la Asesoría Jurídica Estatal a cargo de la Comisión Ejecutiva; empero, dada la reciente reforma a la citada Ley General de enero de 2017, así como las nuevas adecuaciones que se erigen necesarias para armonizar el contenido de la Ley de Víctimas con la General, es que la presente iniciativa debe prevalecer respecto de la iniciativa presentada en noviembre de 2015 para los fines de su análisis por esa Soberanía, destacando que la presente iniciativa recoge diversas adecuaciones normativas que se proponían en la primera, las cuales han quedado argumentadas en párrafos anteriores.
No pasa desapercibido que la iniciativa que se somete a la consideración de ese Congreso Estatal, coadyuva en la consecución de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, en específico lo previsto por el Eje 1 denominado “Morelos Seguro y Justo”, y sus objetivos 1.1, 1.4 y 1.5, tendentes a garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la Ley y los derechos humanos; brindar protección especial a las víctimas u ofendidos del delito, para que les sea resarcido el daño moral y fomentar en la sociedad morelense la cultura del respeto a los derechos humanos.
IV.- VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.
De conformidad con las atribuciones conferidas a las Comisiones Unidas de Atención a Víctimas y de Justicia y Derechos Humanos y en apego a la fracción II, del artículo 104 del Reglamento para Congreso del Estado de Morelos, se procede a analizar en lo general la iniciativa para determinar su procedencia o improcedencia. Es así que estas Comisiones Unidas dictaminadoras determinan la procedencia en lo general y, en lo particular, de la iniciativa del Ejecutivo Estatal, ello de conformidad con lo siguiente:
Que, en términos de lo dispuesto por la normatividad invocada en el párrafo tercero del presente dictamen, estas Comisiones Unidas de Atención a Víctimas y Justicia y Derechos Humanos, contribuyen a que el Congreso cumpla sus atribuciones mediante la elaboración de dictámenes sobre los asuntos que le son turnados, es competente para emitir el presente proyecto de dictamen.
Que, con fundamento en lo estipulado por los artículos 59, numerales 7 y 33, 66, fracción I, y 83 octavus de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54, 56, 58, 103 al 108, y 110 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos; el iniciador, en términos del artículo 42, fracción I, de la Constitución Local, se encuentra legitimado para iniciar Leyes y Decretos ante esta representación popular en razón de su carácter de Gobernador Constitucional del Estado.
Que, el tres de enero del presente año fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas, otorgando un plazo de 180 días a las entidades federativas para la armonización legislativa y presupuestal, necesaria, feneciendo dicho Plazo el pasado cuatro de julio de 2017.
Que, la “Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos”, fue publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5105, segunda sección, el 17 de julio de 2013, en este momento cuenta con diversas inconsistencias y disposiciones que ya han sido rebasadas a la luz de protección y salvaguarda de los derechos de las víctimas, por lo que, con el fin de proteger y tutelar sus derechos humanos, previstos en las Constituciones Federal y Local, la Ley General de Víctimas, Tratados e Instrumentos Internacionales, la propuesta que nos ocupa estima necesaria la expedición de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos.
Que, estas dictaminadoras considera acertado que el nombramiento de los Comisionados que actualmente integran la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito del Estado, quede sin efectos al día siguiente de la publicación de la Ley de Víctimas para el Estado de Morelos, por así preverlo la Ley General, como más adelante se señala.
Que, esta dictaminadora estima conveniente que sea la Comisión Ejecutiva Estatal la encargada de otorgar, con cargo al Fondo Estatal que corresponda, los Recursos de Ayuda que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación con el hecho victimizante, además de fortalecer el derecho de las víctimas a contar con un asesor jurídico en los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado o abogada, lo que incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal, situación que en muchas ocasiones le es negado a la víctima.
Que, en el mismo sentido es de gran importancia flexibilizar los mecanismos de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y define la figura de recursos de ayuda, como diversos gastos: alimentación, hospedaje, transporte, entre otros, que deben ser concebidos como gastos operativos ordinarios que les permita a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva, integrando el interés superior de la niñez, como principio rector de los similares que guían los mecanismos, medidas y procedimientos de ley.
Que, es necesario reconocer en la Ley como grupo vulnerable a los migrantes, personas en situación de desplazamiento interno, personas con discapacidad, periodista y defensores de derechos humanos, además de establecer que las víctimas, en casos urgentes o en aquellos en que las instituciones públicas no puedan brindarles la atención, podrán acudir a la ayuda de instituciones privadas, con cargo al fondo de ayuda correspondiente, otorgando así atención inmediata a las poblaciones victimas de desplazamiento para cubrir sus necesidades prioritarias.
Además de las siguientes consideraciones en particular que se señalan a continuación:
La creación de la Ley General de Víctimas, derivada de diversos movimientos ciudadanos ante la violencia que lacera al País, es sin duda un reconocimiento de los derechos de las personas que se encuentren en dicha calidad, pero sobre todo, el reconocimiento del Estado de su deber para garantizarlos. De esta manera se dota al Gobierno de mecanismos y políticas públicas para logar la protección de las víctimas de delitos y violaciones graves a derechos humanos.
Circunstancias las anteriores que, a su vez, este Poder Legislativo confirmó con la aprobación de la actual Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos el 04 de julio de 2013, misma que fuera presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal en abril de 2013.
Así, las leyes en la materia han sido sujetas de un proceso de transformaciones profundas que tienen su origen en el reconocimiento unánime de que el progreso social se encuentra condicionado en las garantías para el pleno ejercicio de las libertades fundamentales como medio para restaurar los valores humanos.
Aunado a lo anterior, después de 4 años de iniciada vigencia la referida Ley de Víctimas del Estado, así como creada la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, es necesario evaluar las disposiciones jurídicas que rigen su actuar diario, pero sobre todo la armonía y homogeneidad que guardan con las disposiciones constitucionales y legales en la materia.
En ese orden, es importante destacar que derivado de la publicación del “Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2016, se le concedió al Congreso de la Unión la facultad expresa para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas, por lo que, si bien es cierto desde 2013 se había publicado la Ley General de Víctimas, la citada reforma constitucional consolida dicha atribución y característica de generalidad con la que cuenta y que debe ser observada.
Estas Comisiones Unidas de Atención a Víctimas y Justicia y Derechos Humanos dictaminadoras, sin duda, coincide con el Ejecutivo en la armonización planteada en sus términos, pues si bien se introducen diversas disposiciones jurídicas que ya se prevén en la Ley General y que obligan su observación por todas las autoridades de las diversas entidades federativas, también lo es que mantiene algunas otras tantas que son específicas del estado de Morelos, ello de conformidad con el principio de libertad de configuración legislativa del cual gozan las entidades federativas; pues existe la obligación del Estado de observar y respetar los derechos ya previstos en la Ley General, sin poder disminuirlos e, inclusive, concediendo otros tantos.
Sobre las Leyes Generales el Poder Judicial de la Federación ha señalado lo siguiente:
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY RELATIVA NO INVADE FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. En términos del párrafo tercero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Carta Magna. Ahora bien, la adición del citado párrafo tercero mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 3 de febrero de 1983, provocó que la materia de salubridad general de la República no estuviera centralizada, sino que la responsabilidad fuera compartida con las autoridades locales, pues así se desprende de la exposición de motivos presentada al Congreso de la Unión por el Ejecutivo Federal en la correspondiente iniciativa de reforma constitucional. En este sentido el Constituyente adoptó el criterio utilizado en otros ámbitos en que la Federación, las entidades federativas y los Municipios pueden actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichas entidades a través de una ley, dando lugar a lo que algunos han denominado como leyes-generales o leyes-marco, como aquellas que expide el Congreso para cumplir con dos propósitos simultáneos: a) Distribuir competencias entre la Federación y los Estados otorgando las bases para el desarrollo de las leyes locales correlativas; y b) Establecer el régimen federal para regular la acción de los poderes centrales en la materia de que se trate. Así, en la materia de salud, y concretamente respecto al tema del tabaquismo, el legislador federal estableció la competencia federal y local, en los artículos 1o., 3o., 188, 189 y 190 de la Ley General de Salud, pues de dichos numerales se advierte que dicha ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Que es materia de salubridad general, entre otras, el programa contra el tabaquismo, por lo que la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el tabaquismo. Que para poner en práctica las acciones contra el tabaquismo, se tendrán en cuenta entre otros aspectos las acciones para controlarlas y que, en el marco del sistema nacional de salud, la Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará servicios de orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el hábito y desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de tabaco por parte de niños y adolescentes. La coordinación en la adopción de medidas en los ámbitos federal y local se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas. Por ende, si dentro del marco de concurrencia entre los distintos niveles de gobierno previsto por el propio artículo 4o. de la Constitución, así como en los referidos numerales de la Ley General de Salud, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expidió la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal conforme a las atribuciones que le confiere el apartado C, base primera, fracción V, inciso i) del artículo 122 de la Carta Magna, para: "i) Normar ... la salud y asistencia social; y la prevención social", es claro que no se invaden facultades del Congreso de la Unión al legislar sobre el tema, máxime si se toma en consideración el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J. 142/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, correspondiente al mes de enero de dos mil dos, Novena Época, página mil cuarenta y dos, de rubro: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.", en la cual determinó que si bien el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", el órgano reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, y dentro de ellas, la de salubridad.
Así las cosas, la armonización que plantea el Ejecutivo resulta necesaria, pues de esta manera no sólo se da cumplimiento al citado mandato constitucional, sino también se adecuan las disposiciones jurídicas de la Ley de Víctimas del Estado, respecto de la realidad social y jurídica que impera en la materia desde la creación de la Ley General y la Ley local en la materia; al respecto la doctrina señala que por “Armonización Legislativa”, se entiende a la metodología de análisis compuesta por una serie de estudios consientes y meticulosos en materia no sólo jurídica, sino sociológica, política, económica, basada en datos formales, institucionales y oficiales al momento de elaborar un documento. En ese orden, la iniciativa presentada por el Ejecutivo atiende esos aspectos, pues también se realizan adecuaciones normativas que permitirán una mejor operatividad del organismo.
En ese orden, se coincide en el cambio de denominación de la actual Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, para establecerse como Ley de Víctimas del Estado de Morelos, lo que posicionará al instrumento jurídico en la sociedad, pues se dota de un nombre de fácil identificación para su destinatario, además de que se armoniza con la denominación de la propia Ley General de Víctimas; además de que en gran medida atiende a la propia reforma integral propuesta a la Ley vigente. La denominación de un acto legislativo casi siempre corresponde a la materia que regula; es decir, por necesidad lógica, la denominación se identifica con la fuente de origen, ámbito de competencia, rama del derecho o a la parte de ella que regula; en todos estos casos es aconsejable que el cuerpo normativo proyectado se denomine de manera directa y simple.
Asimismo, por cuanto a las modificaciones propuestas en la estructura orgánica de la Comisión, las mismas no sólo se encuentran homogéneas a la estructura orgánica que rige en la federación, sino que también atienden a la propia regulación que impera en el estado de Morelos, en específico, la que regula a la Administración Pública Paraestatal, pues la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos se trata de un organismo público descentralizado, que se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.
Así las cosas, el Ejecutivo integra los elementos que debe contar una Ley o Decreto que cree o regule a un organismo auxiliar que forme parte de la Administración Pública Paraestatal, y que se prevén en el artículo 78 de la mencionada Ley Orgánica, el cual de manera expresa indica:
“…Artículo 78.- Las leyes o decretos que expida el Congreso del Estado para la creación o modificación de organismos descentralizados especificarán, entre otros elementos, los siguientes:
IV. Aportaciones y fuentes de recursos para constituir su patrimonio, y aquellas que se requieran para incrementarlo;
V. Forma de integrar el órgano de gobierno y nombramiento del titular o director general, funcionarios y demás servidores públicos;
VI. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno, y señalar asimismo, cuáles de las facultades son no delegables;
VII. Que el titular o director general será el representante legal del organismo, especificando sus facultades y obligaciones;
VIII. Órgano Interno de Control en términos de lo dispuesto por los artículos 67, 68 y 69 de esta Ley; y
IX. Régimen laboral que regulará las relaciones de trabajo.
Los organismos descentralizados se regirán además, por el estatuto orgánico que expida el órgano de gobierno de cada uno, en el cual se establecerán las bases de organización, las facultades y funciones que competan a las diferentes áreas que formen parte del organismo descentralizado, este estatuto orgánico se inscribirá en el Registro Público de Organismos Descentralizados.
Para la extinción de estos organismos, se cumplirá con las mismas formalidades que para su creación y en la Ley o Decreto correspondiente se determinará la forma y términos de su extinción y liquidación…”
En ese orden, en armonía con la Ley General es deber de este Poder Legislativo atender la reciente reforma de enero de 2017, por lo que se coincide con el Ejecutivo respecto de eliminar la figura de Consejo para dar lugar a una Junta de Gobierno que se apega a las disposiciones previstas en los artículos 80 y 81 de la referida Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, que señala que el órgano de gobierno se integrará por un mínimo de cinco miembros y un máximo de once, según lo requieran la naturaleza y las actividades del organismo; por cada propietario habrá un suplente y formarán parte de dicho órgano los representantes de las Secretarías de Hacienda y de Administración, y que el Titular de la Secretaría coordinadora o el servidor público que éste designe, participará en el órgano de gobierno.
En tal virtud, es procedente suprimir la figura de “Comisionado” que ya no resulta compatible con las modificaciones aprobadas a la Ley General de Víctimas, ajustando a ella la Ley local, de ahí que sea necesaria la abrogación del “Decreto número mil seiscientos setenta y cuatro, por el que se designan a cinco Comisionados para Integrar el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos” publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5237, de 19 de noviembre de 2014; así como del “Acuerdo parlamentario por el que se designa a dos Diputados que integrarán el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, conforme a lo establecido en la fracción III, del artículo 102, de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos”, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 5439, de 12 de octubre de 2016.
Estas Comisiones dictaminadoras, acorde a lo anterior, consideran de gran relevancia la creación de la Asamblea Consultiva, pues es en este órgano colegiado donde concurrirá la voz de la sociedad civil organizada, ya que estará integrada por cinco representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos del estado de Morelos, quienes serán electos por la Junta de Gobierno y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.
Siguiendo con las modificaciones propuestas a la estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, resulta procedente modificar la figura de Coordinador Ejecutivo para prever al Comisionado Ejecutivo, de ahí que sea necesaria la designación de este último en los términos planteados por el Ejecutivo, por esta única ocasión, dada la transición para la implementación de esta reforma y, sobre todo, evitando retrasos innecesarios que impacten en la operación eficiente del organismo, pero sobre todo en la atención que se les debe otorgar a las víctimas.
Aunado a lo anterior, resulta importante la creación del Comité Interdisciplinario Evaluador el cual se erige como un órgano especializado para la atención de los asuntos relativos, entre otros, a dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento. Tal y como lo mandata también la Ley General de Víctimas.
Además de lo anterior, resultan procedentes las reformas relativas a establecer al Sistema Estatal de Atención a Víctimas en lugar de la Comisión Intersecretarial, pues de esta manera, al igual que en otras entidades federativas y a nivel nacional se crea una vinculación entre diversas autoridades que permitirá establecer una política pública uniforme para la atención de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. Así, por mencionar algunos ejemplos la Ley número 450 de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y la Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas del Estado de Oaxaca, las cuales crean a su propio Sistema Estatal.
Con relación a la eliminación de diversas disposiciones jurídicas que actualmente contiene la Ley vigente, como lo es la creación de los Centros de Atención Integral a Víctimas, el representante especial para niñas, niños y adolescentes, y las disposiciones jurídicas que regulaban materia procedimental penal, se coinciden con ellas, pues como lo refiere el Ejecutivo, respecto los dos primeros puntos, la atención y servicio que se pretenden otorgar ya son ejercidos por la propia Comisión y por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos. De esta manera se eliminan figuras jurídicas que podrían entorpecer la labor diaria de las autoridades estatales y municipales al generar condiciones que duplican funciones y hacen trámites engorrosos. Asimismo, se coincide con las eliminaciones realizadas a disposiciones en materia de investigación, pues es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en dicha materia, sin que ello implique dejar de observar las disposiciones que aún mantiene la Ley General de Víctimas en ese sentido, pues se realizan las remisiones respectivas a esta última Ley.
Ahora bien, entre las modificaciones realizadas a la Ley General de Víctimas en enero de 2017, se desprende que gran parte de la reforma fue con relación al Fondo Nacional y a los Fondos Locales, tocando el Ejecutivo diversas disposiciones de la Ley de Víctimas local que atienden dichas reformas, como lo es la posibilidad de que se generen convenios entre la entidad y la federación para que la Comisión Nacional cubra la compensación subsidiaria cuando la Comisión Estatal lo solicite por escrito con cargo al Fondo Federal. Además de la obligación de que en el Fondo Local se mantenga una reserva del 20% para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo Federal. Estimando esta Comisión dictaminadora la integralidad de la reforma propuesta por el Ejecutivo.
Por otra parte, con relación a las reformas pretendidas a la Asesoría Jurídica Estatal, se estiman procedentes en virtud de que tal y como lo refiere el Ejecutivo es la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, quien debe tener a su cargo dicha función, evitando de esta manera duplicidad de funciones entre las autoridades del Gobierno del Estado, y la imparcialidad en el desarrollo de tan importante función. Con ello se garantiza la protección de ese derecho de las víctimas consagrado en la Constitución Federal. Además de que se evita generar algún decremento en el presupuesto de la Fiscalía General del Estado, pues únicamente se le retira tal función, pero no recursos humanos, administrativos o presupuestales algunos. Debiendo la citada Comisión Generar las condiciones necesarias que permitan brindar dicho servicio con los elementos que se le concedan.
Finalmente, se coincide con las modificaciones realizadas en virtud de la técnica legislativa que debe observar todo instrumento legislativo, así como las adecuaciones relacionadas con una correcta ortografía y gramática. Destacando que estas Comisiones Unidas Dictaminadoras en ejercicio de sus facultades de modificación, realizó algunas otras precisiones que atienden a este rubro. Asimismo, a efecto de precisar la denominación del dictamen que se somete a consideración de esa Asamblea, se especifican las reformas pretendidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, lo que permite, desde un inicio, visualizar los artículos trastocados en esta última.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Atención a Víctimas y de Justicia y Derechos Humanos de la LIII Legislatura dictaminan en SENTIDO POSITIVO, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman de manera integral la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, así mismo se reforma la fracción VIII del artículo 11, la fracción IV y el inciso c) de la fracción XVII del artículo 17, el párrafo segundo del artículo 22 y el artículo 38; todo en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos; lo anterior de conformidad en lo dispuesto en los artículos 59, numerales 7 y 33, 66, fracción I, y 83 Octavus de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos; 51, 54, 56, 58, 103 al 108 y 110 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, toda vez que del estudio y análisis de las iniciativas citadas se encontraron procedentes, por las razones expuestas en la parte valorativa del presente dictamen.
IV. ESTIMACIÓN DE IMPACTO PRESUPUESTARIO
No omito mencionar que el iniciador adjuntó a la iniciativa en comento Dictamen número 60/2017 sobre la estimación del impacto presupuestario suscrito por el Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal, mediante el cual resuelve que el proyecto en comento, no genera impacto presupuestal adicional al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, razón por la cual se estima viable su expedición al no encontrar impedimento legal alguno para tal efecto, siempre y cuando se sujete a la suficiencia presupuestal para hacer frente a los compromisos económicos adquiridos.
Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16, primer y segundo párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como 42, párrafo final, de la Constitución Local, y 16 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, que establecen que en las iniciativas que se presenten al Congreso Local se deberá incluir la estimación del impacto presupuestario que implique su implementación.
Derivado de lo anterior, estas Comisiones Unidas de Atención a Víctimas y Justicia y Derechos Humanos, consideran que la iniciativa del Poder Ejecutivo da cumplimiento a lo señalado por las disposiciones jurídicas recién citadas.
Por lo anteriormente expuesto, esta LIII Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:

References: artículo 136
 artículo 103
 artículo 50
 artículo 5
 artículo 50
 artículo 84
 artículo 102
 artículo 23
 artículo 20
 artículo 102
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 102
 artículo 73
 artículo 102
 artículo 103
 artículo 4
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 73
 resolución 
 artículo 73
 ARTÍCULO 73
 artículo 1
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 79
 artículo 102
 ARTÍCULO 106
 artículo 17
 artículo 20
 artículo 104
 artículo 42
 artículo 73
 artículo 4
 artículo 73
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 122
 artículo 124
 artículo 78
 artículo 102
 artículo 11
 artículo 17
 artículo 22
 artículo 38
 artículo 16