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Timestamp: 2017-05-26 17:38:39+00:00

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Informe sobre la situación de derechos humanos y desplazamiento forza…
Informe sobre la situación de derechos humanos y desplazamiento forzado de la poblaciónafrocolombiana que ocupa el territorio de Bajamar de Buenaventura (Valle del Cauca) Bogotá, septiembre de 2009 Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 2.
TABLA DE CONTENIDOPresentaciónCapítulo 1.Los derechos de la población afrocolombiana están reconocidos en los instrumentosinternacionales de protección de los derechos humanosCapítulo 2.Los derechos de las comunidades afrodescendientes están reconocidos en elordenamiento jurídico colombianoCapítulo 3.Buenaventura es una de las ciudades con mayor número de personas afrocolombianas3.1 La población afrocolombiana de Buenaventura enfrenta vulneraciones de derechoseconómicos, sociales y culturales3.2 Los proyectos de desarrollo en Buenaventura no han mejorado las condiciones de vida desus habitantesCapítulo 4.Las comunidades afrocolombianas ocuparon y transformaron el territorio de Bajamaren BuenaventuraCapítulo 5.La población afrocolombiana del territorio de Bajamar es víctima de graves violacionesa sus derechos humanos y libertades fundamentales5.1 Los grupos paramilitares han desplazado forzadamente a las comunidades afrocolombianasde sus territorios colectivos5.2 Los miembros de las comunidades afrocolombianas del territorio de Bajamar han sidovíctimas de homicidios, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, reclutamiento demenores y desplazamiento forzado5.3 El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo continúa advirtiendo elriesgo de violaciones los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas deBuenaventura Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 3.
Capítulo 6.El gobierno ha promovido la implementación de megaproyectos que afectandirectamente el territorio de Bajamar, incumpliendo las obligaciones establecidas en elConvenio 1696.1 Los proyectos correspondientes al Plan de Expansión Portuaria no fueron consultados conla población afrocolombianas6.2 Los proyectos de infraestructura urbanística y turística que afectan el territorio de Bajamarno fueron consultados con la población afrocolombianas6.2.1 El gobierno aprobó el documento Conpes 3410 de 2006 Política de estado para mejorar lascondiciones de vida de la población de Buenaventura.6.3 El Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura, que supedita los derechos de lapoblación afrocolombiana a la construcción de megaproyectos de infraestructura portuaria yurbanística, no fue consultado con los pueblos interesados6.4 El documento Conpes No 3491 de 2007 Política de Estado para el Pacífico colombiano, quecontiene proyectos de infraestructura portuaria en Buenaventura, no fue consultado con lapoblación afrocolombianaCapítulo 7.El gobierno decidió la reubicación de la población afrocolombiana de algunas zonasdel territorio de Bajamar desconociendo los Principios Básicos y Directrices sobre losDesalojos y el Desplazamiento generados por el Desarrollo de Naciones Unidas yvulnerando el derecho a la consulta7.1 El gobierno aprobó un proyecto de reubicación y vivienda para la poblaciónafrocolombiana del territorio de Bajamar sin consultar a las comunidades7.2 La población afrocolombiana del territorio de Bajamar no han contado con garantías departicipación en las decisiones relacionadas con el proyecto de reubicaciónCapítulo 8.Los derechos de la población afrocolombiana sobre el territorio de Bajamar no hansido garantizados por el gobiernoCapítulo 9.ConclusionesCapítulo 10.Recomendaciones Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 4.
Informe sobre la situación de derechos humanos y desplazamiento forzado de la población afrocolombiana que ocupa el territorio de Bajamar de Buenaventura (Valle del Cauca)PresentaciónEl Proceso de Comunidades Negras –PCN-, el Colectivo Jenzera y la Comisión Colombianade Juristas –CCJ- prepararon el presente informe con el propósito dar a conocer la situación delos derechos de las comunidades afrocolombianas asentadas en el territorio de Bajamar, enBuenaventura (Valle del Cauca).El documento incluye información correspondiente a los años 2000 a 2009 y está organizadoen cuatro secciones que abordan los derechos humanos y libertades fundamentales de lascomunidades afrocolombianas de Bajamar; y la adopción de medidas administrativas ylegislativas que afectan el territorio de Bajamar que ocupan estas comunidades. En la secciónfinal, el informe presenta algunas recomendaciones relativas a la adopción de medidas deprotección para los derechos de dicha población.1. Los derechos de la población afrocolombiana están reconocidos en los instrumentosinternacionales de protección de los derechos humanosEl derecho a la igualdad sin consideraciones de raza es uno de los pilares fundamentales delderecho internacional de los derechos humanos, razón por la cual diversos instrumentosinternacionales han desarrollado el derecho a la no discriminación y a la protección efectiva delos pueblos indígenas y tribales1. No obstante, en la actualidad dichos pueblos continúanpadeciendo distintas formas de discriminación racial y persecución en numerosos países, entrelos que se encuentra Colombia.Colombia es el segundo país de América Latina, después de Brasil, con mayor poblaciónafrodescendiente. Según los resultados del censo realizado en 2005, el 10,6% de la población esafrocolombiana, porcentaje que equivale a 4.311.757 personas2. A pesar de ello, a lo largo de lahistoria la población afrocolombiana ha sido ampliamente discriminada.Los instrumentos internacionales de derechos humanos contienen numerosas disposicionesrelevantes para la protección de los derechos de las comunidades afrodescendientes y la1 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos II y XVII; Pacto Internacional de Derechos Civilesy Políticos de las Naciones Unidas, artículo 26; Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas dediscriminación racial; y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.2 DANE, Censo 2005, Sistema de Consulta de la Información Censal REDATAM, 2005, consultado en la página web:http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 5.
eliminación de la discriminación racial. Estas normas han contribuido a fortalecer lanormatividad colombiana en la materia.La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de DiscriminaciónRacial3 establece la obligación de los Estados partes de condenar la discriminación racial y deadoptar “medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, paraasegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o personas pertenecientes aestos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas personas de losderechos humanos y de las libertades fundamentales” (artículo 2).A su vez, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidasdisponen que “los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra losdesplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependenciaespecial de su tierra o un apego particular a la misma” (Principio 9)4. Estos Principios han sidoreconocidos por la Corte Constitucional colombiana como parte del bloque deconstitucionalidad5 y resultan de particular importancia para la realidad colombiana donde seestima que existen más de 3 millones de personas internamente desplazadas6.También los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personasdesplazadas establecen la obligación de los Estados de “garantizar, cuando proceda, que en los sistemasde registro se inscriban o se reconozcan los derechos de propiedad de las comunidades tradicionales e indígenassobre tierras colectivas”7.Por su parte, los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por elDesarrollo advierten que: “Los desalojos forzosos intensifican la desigualdad, los conflictos sociales, la segregación y la creación de guetos, que invariablemente afectan a los sectores de la sociedad más pobres, más vulnerables social y económicamente y a los marginados, especialmente a las mujeres, a los niños, a las minorías y a los pueblos indígenas”8.3 Entrada en vigor para Colombia el 2 de octubre de 1981 en virtud de la ley 22 de 1981.4 De acuerdo con el Internal Displacement Monitoring Centre, al finalizar 2008 la población internamente desplazada enColombia estaba en el rango entre 2‟650.000 y 4‟360.000 personas.5 Ver entre otros Corte Constitucional, sentencia SU-1150 de 2000, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz; y Sentencia T-1635 de2000, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.6 Internal Displacement Monitoring Center, citado supra en Nota 4.7 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 57º período de sesiones, Informe definitivo del Relator Especial.Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los refugiados y las personas desplazadas, 28 de junio de 2005,E/CN.4/Sub.2/2005/17, Principio 15.8 Naciones Unidas, Principios Básicos y Directrices sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, Anexo I del Informe delRelator Especial sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, A/HRC/4/18, pág. 4. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 6.
Los Principios Básicos y Directrices establecen que los Estados, en cualquier caso, debengarantizar, entre otros el criterio que: “El reasentamiento debe garantizar que se protegen por igual los derechos humanos de las mujeres, los niños, los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables, en particular su derecho a poseer bienes y a tener acceso a lo recursos”9.Adicionalmente, el Convenio 169 de la OIT establece la obligación del Estado de proteger losderechos de los pueblos afrodescendientes que cumplan con las condiciones establecidas en elartículo 1, garantizar el respeto de su integridad y adoptar medidas especiales para salvaguardarlas personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de lospueblos interesados (artículos 2 y 3). El Convenio dispone también que “tales medidas especialesno deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados” (artículo 4). Lasegunda parte del Convenio se refiere específicamente al derecho al territorio y la importanciaque este reviste para salvaguardar las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados(artículo 13).En 2007, la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de laOIT manifestó que las disposiciones del Convenio 169, entre ellas el artículo 6, son aplicables alos pueblos indígenas y tribales según lo define el artículo 1. En tal sentido, la Comisión invitóal gobierno de Colombia a desarrollar consultas con la totalidad de los pueblos interesados enel proceso de reglamentación de la ley 70 de 1993, independientemente de cualquier otracircunstancia, como por ejemplo la titularidad sobre las tierras que ocupan tradicionalmente ola conformación de su consejo comunitario10.2. Los derechos de las comunidades afrodescendientes están reconocidos en elordenamiento jurídico colombianoLa Constitución política de 1991 reconoce y protege la diversidad étnica y cultural enColombia y es el fundamento de la actuación del Estado contra toda forma de discriminación ypara las garantías de los derechos humanos de la población afrodescendiente11.Asimismo, la Constitución reconoce a las comunidades afrocolombianas su derecho a lapropiedad colectiva, como desarrollo de la función social de la propiedad, su derecho aparticipar en las decisiones relacionadas con la explotación de los recursos y el deber delEstado de establecer mecanismos para la protección de su identidad cultural y sus derechos 12.Los constituyentes encomendaron al Congreso de la República adoptar una ley quereconociera el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades afrodescendientes y9 Ibídem, párr. 56.10 CEACR: Observación individual sobre el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) Colombia(ratificación: 1991) Publicación: 200711 Constitución Política, artículo 7:“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.12 Constitución Política, artículo transitorio 55. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 7.
estableciera mecanismos para la protección de su identidad cultural, de sus derechos y para elfomento de su desarrollo económico y social13.Las organizaciones afrodescendientes participaron decisivamente en el reconocimiento de losderechos de esos pueblos en la Constitución Política y participaron junto con representantesdel Gobierno en una Comisión Especial, cuya finalidad era desarrollar el mandatoconstitucional. De esa iniciativa surgió la ley 70 de 1993, en la cual se establecen mecanismospara la protección de la identidad y de los derechos de esas comunidades como grupo étnico14.El propósito fundamental de la ley 70 de 1993, establecido en su artículo 1, es “reconocer a lascomunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de laCuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedadcolectiva”. “Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural yde los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrolloeconómico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad deoportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”.Entre los aspectos más significativos para la población afrocolombiana en la ley 70 seencuentra en el reconocimiento de: a) El derecho a la propiedad colectiva para las comunidades que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales próximas a los ríos de la cuenca del Pacífico; b) Los derechos relativos a los recursos del subsuelo; c) El derecho a una enseñanza conforme a las necesidades de esas comunidades y a sus aspiraciones culturales (etnoeducación), y d) La participación de las comunidades negras en los mecanismos fundamentales que deciden la política social, como los Consejos Territoriales de Planeación y los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales.Además, las obligaciones contraídas por el gobierno colombiano a través de los tratadosinternacionales de derechos humanos prevalecen en el orden interno y tienen rangoconstitucional15. Este es el caso del Convenio 169 de la OIT que fue adoptado en 199116, elcual obliga el Estado colombiano a proteger y promover los derechos de los pueblos indígenasy pueblos tribales y a reconocer su diversidad cultural, su forma de vida, su organización y susinstituciones tradicionales.13 Ibídem.14 Ley 70 de 1993 Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.15 Constitución Política de 1991, artículo 93: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechoshumanos y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificadospor Colombia”.16 Entrada en vigor para Colombia el 6 de agosto de 1992 en virtud de la ley 21 de 1991. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 8.
Asimismo, la doctrina de la Corte Constitucional reconoció que las recomendaciones de losórganos de los tratados internacionales de derechos humanos tienen fuerza jurídica interna yson parte del Bloque de Constitucionalidad17. Al respecto, la Corte Constitucional concluyóque “las recomendaciones de los órganos de control de vigilancia de la OIT no pueden ser ignoradas: cuandoresultan de actuación del Estado contrarias a los tratados internacionales aludidos en el artículo 93 Superior,aunque no sean vinculantes directamente, generan una triple obligación en cabeza de los Estados. Pues deben: 1)ser acogidas y aplicadas por las autoridades administrativas; 2) servir de base para la presentación de proyectoslegislativos; y 3) orientar el sentido y alcance de las órdenes que el juez de tutela debe impartir para restablecerlos derechos violados o amenazados en ése y los casos que sean similares”18.No obstante, el Estado colombiano no aplica cabalmente las recomendaciones de los órganosinternacionales de derechos humanos. Al respecto, la Comisión de Expertos ha manifestado supreocupación por la falta de aplicación de recomendaciones enfocadas en la aplicación delConvenio 169, particularmente con relación al derecho de los pueblos indígenas y tribales a serconsultados, que el gobierno reglamentó a través del decreto 1320 de 199819 con el cual creóun procedimiento para implementar la consulta previa con las comunidades indígenas yafrodescendientes en casos de explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. Sinembargo, el mecanismo establecido por este decreto no es compatible con el Convenio 169,puesto que recorta seriamente los alcances del derecho a la consulta previa de los pueblosindígenas y tribales.Con relación a dichas limitaciones, la Comisión de Expertos ha conceptuado que el decreto1320 de 1998 desconoce los artículos 2, 6, 7 y 15 del Convenio 169, como se explica acontinuación:El artículo 1º del decreto prevé la consulta únicamente en materia de licencias ambientales oestablecimiento de planes de manejo ambiental, de evaluación y manejo ambiental y depermisos de uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales renovables: “La consultaprevia tiene por objeto analizar el impacto económico, ambiental social y cultural que puede ocasionarse a unacomunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de sus territorio”.Es decir que, según este decreto la consulta previa está prevista para el caso de obras oexplotaciones, no para sus exploraciones y proyecciones. Lo anterior significa que larecolección de muestras, las mediciones, visitas y estudios previos a los proyectos deexplotación económica, según el decreto, no requieren de consulta previa, así afecten a lascomunidades indígenas y afrocolombianas.17 Uprimny, Rodrigo, “El Bloque de Constitucionalidad en Colombia. Un análisis jurisprudencia y un ensayo de sistematización doctrinal”, enOficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Compilación de jurisprudencia y doctrinanacional e internacional”, Nuevas Ediciones Ltda., Bogotá, febrero de 2002, pág.136.18 Corte Constitucional, sentencia T-568 de 1999, M.P.: Carlos Gaviria Díaz.19 Decreto 1320 de 1998 Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursosnaturales dentro de su territorio. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 9.
Además, el artículo 2º del decreto 1320 de 1998 señala que sólo deberán consultarse losproyectos que hayan de afectar el territorio de los resguardos indígenas, desconociendo elcontenido del artículo 15 del Convenio 169 que prevé la aplicación de la consulta previa a la“totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”20.La Comisión de Expertos se pronunció recientemente para reiterar la recomendaciónformulada en 2001 acerca de la reglamentación de la consulta: “La Comisión recuerda que en su 282.ª reunión (noviembre de 2001) el Consejo de Administración llegó a la conclusión, de que el proceso de consulta previa, tal como prevé el decreto núm. 1320, no está en conformidad con los artículos 2, 6, 7 y 15 del Convenio y pidió al Gobierno que modifique el decreto núm. 1320 de 1998 para ponerlo de conformidad con el Convenio, en consulta y con la participación activa de los representantes de los pueblos indígenas de Colombia, en conformidad con lo dispuesto en el Convenio (documento GB.282/14/3, párrafos 79 y 94). La Comisión lamenta que en 2008 el Gobierno aún no haya aplicado la recomendación del Consejo de Administración y lo insta a dar efecto a la misma y a proporcionar informaciones sobre las medidas adoptadas. La Comisión, reitera su solicitud de informaciones formulada en 2007, sobre la implementación de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Administración en noviembre de 2001 en dos informes adoptados sobre reclamaciones presentadas alegando el incumplimiento del Convenio por parte del Gobierno de Colombia (documentos GB.282/14/3 y GB.282/14/4)”21.Por su parte, el Ministerio del Interior y de Justicia prepara un proyecto de ley estatutaria “Porla cual se reglamenta la Consulta Previa para Grupos Étnicos y se dictan otras disposiciones”. Esta iniciativabusca reglamentar la consulta en casos de exploración, prospección y explotación de recursosnaturales en los territorios colectivos; erradicación de cultivos ilícitos; investigaciones; unidadesmilitares y desplazamiento forzado.Dicha iniciativa propone un procedimiento similar al establecido por el decreto 1320 de 1998,ya que interpreta el derecho a la consulta de manera restrictiva, reduciéndolo a un trámitemeramente administrativo a cargo del Grupo de Consulta del Ministerio del Interior y deJusticia22, que consiste en una serie de fases y actividades correspondientes a apertura,20 Ley 21 de 1999, citado supra en Nota 16.21 Conferencia Internacional del Trabajo, 98.ª reunión, 2009. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios yRecomendaciones, publicado el 6 de marzo de 2009, pág. 737.22 Según el sitio oficial del Ministerio del Interior y de Justicia -http://www.mij.gov.co/econtent/library/documents/DocNewsNo2335DocumentNo2344.DOC-, el Grupo de ConsultaPrevia del Ministerio del Interior y de Justicia tiene a su cargo los procesos de participación de las minorías étnicas, reconocidopor el Convenio 169 de 1989 de la OIT, mediante la Ley 21 de 1991, Decreto 1320 de 1998. Los Planes del Grupo deConsulta consisten en Formular, mejorar y diseñar la Política Pública sobre la Consulta Previa; fortalecer la Consulta Previa enlos planes de desarrollo departamentales y Municipales; mejorar y fortalecer la verificación de los grupos étnicos en el área delproyecto; publicar una publicación sobre legislación de Consulta Previa. Los Servicios del Grupo son atención al usuario y alos grupos étnicos; información y socialización; ser garante del proceso de Consulta Previa; expedición de certificaciones depresencia de comunidades étnicas; verificación de presencia de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto; Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 10.
información y construcción de la metodología; análisis y concertación de impactos y medidas;protocolización de acuerdos; sistematización y seguimiento; y cierre (Artículo 12 del Proyectode Ley). Dichas fases no brindan garantías para la participación de los grupos étnicos, ya queno cumplen con la obligación estatal de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientosapropiados y en particular a través de sus instituciones representativas” (Artículo 6 del Convenio 169).El Proyecto hace referencia únicamente a los "territorios legalmente constituidos" (Artículo 3f delProyecto de Ley), lo cual resulta contrario a lo establecido en el Convenio 169 que se refierede una manera amplia a tierras o territorios que los pueblos interesados "ocupan o utilizan dealguna otra manera".Por otra parte, según dicho Proyecto de Ley, cuando el proyecto, obra o actividad se planea enzonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por comunidades indígenas onegras susceptibles de ser afectadas directa y específicamente con el proyecto, le correspondeal Ministerio del Interior y de Justicia, certificar la presencia de dichas comunidades (Artículo 5del Proyecto de Ley).Adicionalmente, resulta altamente preocupante que el Proyecto de Ley establece que no serealizará la consulta previa en caso de que considere que existe urgencia de operacionesmilitares en los territorios indígenas o afrocolombianos, con respecto a decisiones atinentes aproyectos, obras o actividades que las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional Penitenciario yCarcelario –Inpec- u organismos de seguridad del Estado (Artículo 37 del Proyecto de Ley).Por otro lado, en los casos en los cuales el Ministerio del Interior y Justicia certifique lapresencia de grupos étnicos en el área de influencia de un proyecto y éstas se encuentren encondición de desplazamiento forzado o de espontáneo, el Proyecto de Ley establece sepromoverán acciones inmediatas a través de las instituciones encargadas del tema con el fin deidentificar a la población objeto y adelantar con ellos la Consulta Previa (Artículo 47 delProyecto de Ley). Además, Ministerio del Interior y de Justicia tendría a su cargo la verificaciónde los grupos étnicos que se encuentre en situación de desplazamiento forzado o espontáneo, yque además no estén certificados y establecer si en cada caso la Consulta Previa es procedente(Artículo 49 del Proyecto de Ley). Esta disposición pasa por alto las condiciones de extremavulnerabilidad de las comunidades indígenas y afrocolombianas, y los intereses que existen paradesplazarlos y apropiarse de sus territorios.La jurisprudencia constitucional protege los derechos de las comunidades afrocolombianasLa jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido y protegido el derecho al territorio delas comunidades afrocolombianas de manera general y en relación con algunos mecanismosespecíficos de protección como el derecho a la consulta. Asimismo, la Corte reconoció enacompañamiento de procesos de Consulta Previa con el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; ycapacitación a las empresas e instituciones y funcionarios públicos en relación con la Consulta Previa. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 11.
varias sentencias la obligación del Estado colombiano de aplicar y hacer respetar el Convenio169 de la OIT y los derechos que éste confiere a las comunidades afrodescendientes.En relación al derecho de las comunidades afrocolombianas sobre su territorio colectivo, laCorte Constitucional ha reconocido que éste “se funda en la Carta Política y en el Convenio 169 de laOIT, sin perjuicio de la delimitación de sus tierras a que se refiere la Ley 70 de 1993, en cuanto ésta resultadefinitiva e indispensable para que dichas comunidades puedan ejercer las acciones civiles a que da lugar elreconocimiento constitucional. El derecho de propiedad colectiva en comento comprende, y siempre comprendió lafacultad de las comunidades negras de usar, gozar y disponer de los recursos naturales renovables existentes ensus territorios, con criterios de sustentabilidad (…) Es decir que desde el año de 1967, en los términos de laLey 31, a las comunidades negras nacionales, en cuanto pueblos tribales, les fue reconocido el derecho a lapropiedad colectiva de los territorios que ocupan ancestralmente y, por ende, las facultades de uso y explotaciónde sus suelos y bosques, esto último, por ministerio de la ley o previa autorización de la autoridad ambiental, enlos términos del Código de Recursos Naturales”23.Respecto de la preservación del medio ambiente, la Corte Constitucional ha reconocido laimportante relación de los pueblos étnicos con la conservación del ambiente y de los recursosnaturales, ya que dichos pueblos ocupan territorios con ecosistemas de excepcionalescaracterísticas y valores ecológicos que deben conservarse como parte integrante delpatrimonio natural y cultural de la Nación24.En el caso de proyectos de infraestructura, la Corte Constitucional ha establecido que elderecho a la consulta constituye un derecho fundamental “pues se erige en un instrumento que esbásico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas y paraasegurar, por ende, su subsistencia como grupo social"25. Por consiguiente, este derecho conlleva laobligación estatal de dar una información oportuna y adecuada a las minorías étnicas afectadasy la posibilidad de valorar conforme a su propia racionalidad las ventajas y desventajas de laspropuestas. La Corte también ha establecido que durante el proceso de consulta debereconocerse la especial relación entre el territorio y las minorías étnicas, sus connotacionesreligiosas y su relación con las tradiciones culturales y sociales26.Sin embargo, la Corte Constitucional en la Sentencia C-169 de 200127, sostuvo la obligatoriedadde la consulta previa únicamente cuando se tratara de explotación de recursos naturales 28,23 Corte Constitucional, sentencia T-955, M.P.: Alvaro Tafur Galvis, 17 de octubre de 2003, numeral 4.2.1.24 Corte Constitucional, sentencia T-342 de 1994. M.P.: Antonio Barrera Carbonell y T – 422 de 1996, M.P.: EduardoCifuentes Muñoz.25 Corte Constitucional, sentencia SU-039 de 1997, M.P.: Antonio Barrera Carbonell.26 Corte Constitucional, sentencia SU-383 de 2003, M.P.: Alvaro Tafur Galvis.27 Corte Constitucional, Sentencia C-169 de 2001, M.P.: Carlos Gaviria Díaz.28 Dado que la Constitución guarda silencio “en cuanto a las medidas, legislativas o administrativas, que se adopten en hipótesis distintas”(Sentencia C-169 de 2001, M.P.: Carlos Gaviria Díaz) a la mencionada, la Corte consideró que no podría predicarseobligatoriedad en la consulta cuando no fuera para la explotación de recursos naturales. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 12.
supuesto previsto en la Constitución Política29. Al decir de la mencionada providencia, “laampliación de los supuestos en que dicho procedimiento es obligatorio, [tendría] que ser objeto de una regulaciónlegal futura”30. Esta línea de interpretación fue reiterada en la sentencia C-418 de 200231 en loreferente a la obligatoriedad de la consulta en los eventos arriba mencionados.Posteriormente, la Corte amplió el alcance de la consulta previa, considerando que “laparticipación de las comunidades indígenas en las decisiones que se adopten respecto de la explotación de recursosnaturales en sus territorios, prevista en el artículo 330 de la Carta, no puede ser entendida como la negación delderecho de éstos pueblos a ser consultados en otros aspectos inherentes a su subsistencia como comunidadesreconocibles”32. En otro pronunciamiento, la Corte, respetando la amplitud de los supuestos queconsideran obligatoria la consulta, consideró que el derecho interno debería definir la forma enla cual debe adelantarse la consulta, entendiendo que el compromiso del Estado colombiano enla materia “es de gran amplitud y debe ser interpretado flexiblemente según las circunstancias”33. Noobstante, la Corte precisó “que dado que el derecho a la consulta tiene por objeto garantizar laparticipación en la adopción de las decisiones que afectan a las comunidades, no puede consistir en una simpleinformación a dichos entes colectivos, sino que debe propiciar espacios de concertación en la escogencia de lasmediadas”. Mediante este pronunciamiento la Corte limitó el carácter vinculante de la consultaprevia, pues según su entender, tal mecanismo “no sustrae de la competencia de las autoridades laadopción final de la medida legislativa o administrativa, como en general sucede con todos los mecanismos deconcertación”34.Por otra parte, la Corte Constitucional también ha reconocido la contribución del derechointernacional a la protección de los derechos de las comunidades afrodescendientes, en especialdel Convenio 169 de la OIT, “en cuanto sus disposiciones permiten reivindicar con claridad el derecho delas comunidades afrocolombianas35 a ser tenidas como „pueblos, atendiendo las condiciones sociales, culturales yeconómicas que las distinguen de otros sectores de la colectividad nacional, aunado a que se rigen por sus29 La Constitución Política, en el parágrafo del Artículo 330, establece que [l]a explotación de los recursos naturales en los territoriosindígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto dedicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades”.30 Corte Constitucional, citado supra en Nota 27.31 Corte Constitucional, sentencia C-418 de 2002, M.P.: Álvaro Tafur Galvis.32 Corte Constitucional, Sentencia SU-383 de 2003, M.P.: Álvaro Tafur Galvis (Subrayado fuera del texto). Como unaaplicación de este principio, la Corte consideró, para el caso sub examine, que la erradicación de cultivos ilícitos tendría que serconsultada con las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana cuya integridad fuera puesta en riesgo con lafumigación aérea. La sentencia T-955 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, reiteró integralmente la postura contenida en estepronunciamiento.33 Ibídem.34 Ibídem.35 “El hecho de ser afrocolombiano implica el reconocimiento de una ascendencia africana, pero al mismo tiempo somos nativos puesto que nacimosaquí en Colombia, al igual que nuestros padres, los indígenas y mestizos, lo que supone los mismos derechos para todos (...) la diferencia en losdiversos pueblos de asentamiento negro se debe a los diversos medios en que se han conformado; no obstante hay rasgos culturales propios de lascomunidades negras que permiten diferenciarlas de otras culturas (..) debido al racismo la antropología colombiana desconoce la existencia de esoselementos culturales diferenciales (..)” –Comisión Especial para las Comunidades Negras, Subcomisión de Entidades Estatales yComisionados de las Organizaciones Populares, comisionado Trifilo Viveros, 29 de marzo de 1993. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 13.
costumbres y tradiciones, y cuentan con una legislación propia”36. “Las comunidades negras que ocupan las zonasrurales ribereñas de la Cuenca del Pacífico constituyen una cultura propia generada en procesos únicos de adaptación,asociados a prácticas extendidas de producción, fundadas en el parentesco y reconocidas en los artículos 1°, 7°, 58 y55 transitorio de la Carta Política. En este sentido procede recordar que de manera reiterada la jurisprudenciaconstitucional ha sostenido que del reconocimiento a la diversidad étnica y cultural depende la subsistencia de lospueblos indígenas y tribales, y que son éstos quienes pueden conservar y proyectar en los diferentes ámbitos el carácterpluriétnico y multicultural de la nación colombiana, sustrato del Estado social de derecho acogido en la Carta”37.Como reconoció la Corte Constitucional, el Convenio 169 de la OIT influyó en lanormatividad nacional atinente al derecho de las comunidades afrodescendientes y de lospueblos indígenas a “conservar su patrimonio cultural, su vida, su salud y el medio ambiente de susterritorios, como también a propender por el mejoramiento de sus condiciones de vida, trabajo, salud y educación,y a ser tratados en condiciones de igualdad”38. Sin embargo, la legislación nacional y sureglamentación no han desarrollado de manera completa las disposiciones del Convenio.Pese a la aceptación del Convenio 169 como norma de rango constitucional en Colombia,muchas de sus disposiciones no han transcendido a la realidad para garantizar los derechos delos pueblos indígenas y tribales. A pesar de que la normatividad nacional e internacionalreconoce sus derechos, las personas afrocolombianas siguen siendo víctimas de “discriminaciónsistemática, oficial y no oficial”39 y permanecen en situación de extrema vulnerabilidad: “El Gobierno colombiano reconoce que el 82% de ellos todavía vive sin que se subvenga a las necesidades básicas (abastecimiento de agua, luz eléctrica, saneamiento, etc.); la tasa de analfabetismo de esta población es tres veces superior a la del resto del país (43% en el campo y 20% en la ciudad, en comparación con el 23,4 y el 7,3% para el resto de la población) y de cada 100 jóvenes afrocolombianos apenas 2 tienen acceso a estudios superiores; la tasa de mortalidad infantil es del 151 por mil mientras que el promedio nacional es del 39 por mil; el 76% vive en condiciones de extrema pobreza y el 42% está sin empleo”40.Muchas de las comunidades afrocolombianas ocupan territorios de importante interéseconómico, lo cual las ha hecho altamente vulnerables a la violencia sociopolítica, al despojo desus territorios ancestrales y a la explotación acelerada de sus recursos naturales. La violación desu derecho a la vida, al territorio y a la integridad étnica, cultural y económica por la acción y laomisión del Estado colombiano, ha perjudicado su existencia como pueblo. En efecto, estosderechos constituyen un elemento esencial para la preservación de esa identidad étnica ycultural y para gozar de una vida digna. Para muchas comunidades afrodescendientes, sus36 Corte Constitucional, sentencia T-955 de 2003, M.P.: Alvaro Tafur Galvis.37 Ibídem.38 Ibídem.39 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Derechos humanos en Colombia. 3er informe de la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos”, ed. Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, abril 1999, párr. 20, pág. 327.40 Naciones Unidas, Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial,xenofobia y formas conexas de intolerancia, Sr. Doudou Diène, E/CN.4/2004/18/Add.3, febrero 23 de 2004, párr. 34. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 14.
tradiciones y su modo de vida dependen en gran parte de la relación con el entorno natural yambiental presente en sus dominios ancestrales, por lo que el desplazamiento forzado amenazaseriamente la existencia como pueblo de las comunidades afrocolombianas.En tal sentido, la Corte Constitucional ha señalado que los sistemas de información presentanfallas al incluir a los afrocolombianos como víctimas de desplazamiento forzado41, y por lotanto, es muy difícil determinar con exactitud la magnitud del desplazamiento de estapoblación. Aún así, las cifras muestran que en 2003 los afrocolombianos alcanzaban el 6% dela población desplazada registrada y para 2007 representaban 14% de la población 42desplazada .El Convenio 169 constituye una herramienta fundamental para la protección de los derechosde las comunidades afrocolombianas, especialmente de sus derechos a la vida y al territorio.Como se ha mencionado anteriormente en este informe, la Corte Constitucional ha reconocidoque los Convenios de la OIT, al igual que los demás convenios de derechos humanosratificados por Colombia, tienen prevalencia en el orden interno, formando por lo tanto partedel bloque de constitucionalidad. Para eso, la Alta Corte invocó el inciso segundo del artículo93 de la Constitución de 1991 según el cual los derechos y deberes constitucionales “seinterpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados porColombia”43.3. Buenaventura es una de las ciudades con mayor número de personasafrocolombianasLa mayor parte de la población afrocolombiana de la Costa Pacífica vive en cuatro ciudades:Buenaventura (Valle del Cauca), Quibdó (Chocó), Tumaco (Nariño) e Istmina (Chocó).Buenaventura, con 500 mil, es después de Cali (Valle del Cauca), con dos y medio millones, elsegundo municipio del Valle del Cauca en número de habitantes, y el más poblado del LitoralPacífico colombiano44. En dicha ciudad, la población afrocolombiana se estima en 271. 141personas, equivalente al 88.54% de la población del municipio45.La cabecera municipal de Buenaventura consta de doce 12 comunas, con 157 barrios, mientrasque su zona rural tiene 19 corregimientos, 35 Consejos Comunitarios y 22 asentamientos41 Corte Constitucional, auto 005 de 2009. Ref.: Protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima deldesplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. M.P.: Manuel José CepedaEspinosa, Bogotá, D.C., 26 de enero de 2009.42 Ibídem.43 Uprimny, Rodrigo, citado supra en Nota 17, pág.134.44 Lozano Batalla, Roberto, “Así es Buenaventura, información actualizada a marzo 27 de 2008. Disponible enhttp://www.buenaventura.gov.co/index.php?tipo=seccion&seleccion=1&full=045 Universidad de Los Andes, Panorama socioeconómico y político de la población afrocolombiana, raizal y palenquera - Retos para el diseño depolíticas públicas, Bogotá 2009, pág. 25, Tabla 3, y pág. 93 Tabla 14. Disponible en http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=19013 Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 15.
indígenas. Conforme a las proyecciones del censo oficial de población de 2005, para 2008 lapoblación municipal ascendía a 348.951 habitantes, 169.766 hombres, el 48%; y 179.185mujeres, es decir el 52%. Del total de población 310.566 (89%) residen en la zona urbana y38.385 (11%) en la zona rural. Sin embargo, el Departamento de Planeación Municipal en2003 daba cuenta de una población aproximada de 450.000 habitantes, de los cuales 268.315habitaban el área urbana, 122.230 el área rural y 61.365 corresponden a población desplazada yflotante46.El casco urbano consta de una zona continental y una zona insular, correspondiente a la IslaCascajal. Cifras no oficiales estiman que la población del territorio de Bajamar de la IslaCascajal (Comunas 3, 4 y 5), alcanza los 110.138 habitantes47.3.1 La población afrocolombiana de Buenaventura enfrenta vulneraciones de derechoseconómicos, sociales y culturales.En cuanto a su actividad económica, Buenaventura es el principal puerto marítimo deColombia donde se embarca el 60% de las exportaciones48. La prosperidad que se deriva de lasactividades comerciales del puerto no se ha visto reflejada en una mejor calidad de vida para lageneralidad de los habitantes del puerto, quienes viven en condiciones de pobreza eindigencia. Las medidas de pobreza por ingresos, calculadas a partir de una Encuesta deHogares realizada en 2004 con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para elDesarrollo –PNUD- en los barrios Pampalinda, Bajo Firme, Alfonso López, Lleras y callescomo Morrocoy, Punta Icaco, San Francisco, Piedras Cantan (Comunas 3 y 4), La Gloria, ElEsfuerzo y La Rivera. (Comuna 12), indicaron que el 80.6% de las familias vive en situación depobreza y el 43.5% de indigencia49.Según el estudio del PNUD, el 32% de las familias de Buenaventura no está afiliado al SistemaGeneral de Seguridad Social en Salud (SGSSS), y sólo el 23% pertenece al régimen subsidiadode salud (RSS).La población pobre de Buenaventura presenta tasas de analfabetismo cercanas al 12%. El 43%ha alcanzado la primaria y el 23.4% apenas tiene nivel pre-escolar. De igual manera, sólo el42% asiste a un establecimiento educativo y únicamente el 19% terminó el bachillerato50.46 Defensoría del Pueblo, Resolución Defensorial Regional No. 017 Sobre la situación de derechos humanos de la población desplazada en elmunicipio de Buenaventura, Bogotá D.C., septiembre de 2003, pág. 4.47 Centro de Investigación de la Vivienda, Construcción y Desarrollo Urbano –Cyvicon-, Proyecto de renovación urbana ymejoramiento ambiental, Zona de Bajamar, Isla Cascajal, Comunas 3, 4 y 5, Buenaventura, abril de 2008.48 Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, “Buenaventura (Valle del Cauca)”, disponible en http://www.fundacionsprbun.org/index.php?ext=14&tipo=seccion&seleccion=17&full=149 MERPD-DNP, citado en el Conpes No. 3410 de 2006“Política de estado para mejorar las condiciones de vida de la población deBuenaventura”50 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, ¿Còmo romper las trampas de pobreza en Buenaventura?, pág. 3.Disponible en http: //www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=a-c020013--&x=18650 Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 16.
El 36.4% de la población de Buenaventura se dedica a estudiar, el 189% a trabajar y el 6.2% sededica a buscar empleo. El 21% no realiza ningún tipo de actividad. El 13.2% de losencuestados tiene ingresos mensuales de $50.000 (USD25)51.Entre los oficios que desempeña la población de Bajamar para obtener el sustento de susfamilias están los de pescadores artesanales, cortadores de madera, “polineros” (acarreanmadera), “platoneras” (comercializan productos del mar), oficios domésticos, “metreros”(transporte marítimo menor) y la comercialización de productos agrícolas (coco, chontaduro,plátano, etc.).La situación socioeconómica ha empeorado desde 2005 debido al impacto del desplazamientoforzado, ya que Buenaventura, particularmente el territorio de Bajamar, es lugar de recepciónde personas desplazadas de las comunidades afrocolombianas del Valle del Cauca y de losotros departamentos del Pacífico: Cauca, Chocó y Nariño. A la vez, la poblaciónafrocolombiana de Buenaventura es víctima de la modalidad del desplazamiento intra-urbano,como se explicará más adelante en este documento.3.2 Los proyectos de desarrollo en Buenaventura no han mejorado las condiciones de vida desus habitantesEl Estado no ha adoptado medidas para garantizar los derechos económicos, sociales yculturales de la población afrocolombiana de Buenaventura a pesar de haber contado con elapoyo de la cooperación internacional.En 1986, se implementó el Proyecto de desarrollo urbano integrado en Buenaventura52, financiado por elBanco Interamericano de Desarrollo –BID- con un presupuesto total de USD 96,5 millones,que incluyeron los costos de reasentamiento por una suma de USD 6,4 millones.El proyecto del BID constaba de ocho subprogramas: educación, urbanización, agua ysaneamiento, calles y terminal de autobuses, mercado, electrificación, promoción industrial yfortalecimiento institucional, tenía por objeto construir la infraestructura material y socialnecesaria, promover el desarrollo industrial de la ciudad a largo plazo y fortalecer la capacidadadministrativa de la municipalidad.Para los propósitos del presente documento, resulta relevante señalar las dificultades yresultados del componente de reubicación y vivienda de dicho proyecto. El BID valoró que elcomponente de urbanización (viviendas y traslados) presentó las principales dificultades y elimpacto más bajo sobre las condiciones vida de la población. En diciembre de 1986 menos dela mitad de los lotes con servicios habían sido construidos, adjudicados y ocupados. Dichoproyecto planeaba reasentar de 1.675 familias, pero realmente reubicó 548 familias.51Ibídem.52Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Desarrollo Urbano Integrado de Buenaventura, Colombia. Informe de proyecto (PR-824). Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1977. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 17.
El Instituto de Crédito Territorial –ICT-53 tuvo la responsabilidad de construir las casas yproporcionar financiación adicional a las familias que la necesitaran para adquirir las viviendascompletas. El ICT no proporcionó soluciones de vivienda apropiadas y, a mitad de la ejecucióndel proyecto, la Corporación del Valle del Cauca –CVC-, el organismo de ejecución, asumió laresponsabilidad del componente de urbanización y traslado.Según la evaluación realizada por el BID, debido a errores en el diseño y a la falta departicipación de la comunidad, el reasentamiento no tuvo resultados satisfactorios y, en últimainstancia, el proyecto nunca ofreció una alternativa viable a la mayoría de los residentes enBajamar y tal vez haya contribuido a empeorar las condiciones en que vivían. La mayoría de losresidentes de Bajamar rechazó los lugares de urbanización. El ICT no tomó en cuenta de quemás del 54% de los jefes de familia de Bajamar ganaban su sustento en ocupacionesrelacionadas con el mar y que el 60% lo hacía dedicándose a actividades artesanales oinformales. El traslado hacia los lugares de urbanización, situados más de 10 Km. hacia elinterior, alejaba a las familias reasentadas de sus principales fuentes de vida, y a la economíainformal de alimentos y servicios.Las soluciones de vivienda fueron diseñadas sin el aporte de la comunidad y desestimabancaracterísticas sociales y demográficas de los hogares de Bajamar, que abarcan variasgeneraciones y grados de parentesco, así como las características de las viviendas de Bajamar,construidas con grandes salas y patios. Las unidades de vivienda construidas para el proyectose basaban en diseños estándar del ICT, orientados a satisfacer las necesidades de vivienda defamilias pequeñas y mononucleares, y resultaron demasiado pequeñas para la mayoría de lasfamilias de Bajamar54.Las falencias del proyecto de desarrollo urbano mencionado coinciden en gran medida con lascaracterísticas del Macroproyecto de reubicación y vivienda promovido desde 2008 por lasautoridades para la población que ocupa el territorio de Bajamar, que será abordado en unasiguiente sección del presente informe.4. Las comunidades afrocolombianas ocuparon y transformaron el territorio deBajamar en BuenaventuraSe estima que el territorio de Bajamar está ocupado por cerca 110 mil personas,mayoritariamente afrocolombianas. Esta población mantiene relaciones dinámicas con sus53 El Instituto de Crédito Territorial –ICT- tenía la función de construir, directamente o por convenio con urbanizadoresprivados, las viviendas populares y otorgar créditos hipotecarios. Los fondos del instituto provenían del presupuesto nacionaly, subsidiariamente, de inversiones del sistema financiero. Ley 3ª de 1991 por la cual se reformó el Instituto de CréditoTerritorial y se creó el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana – INURBE-. Dicha ley introdujo elmodelo de vivienda social orientado al mercado mediante subsidios a la demanda.54 Banco Interamericano de Desarrollo. Evaluación ex post OER-56/88. Programa de Desarrollo Urbano Integrado deBuenaventura. Subprograma de Vivienda y Relocalización, Colombia. Oficina de Evaluación de Operaciones. Oficina delContralor, Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1988. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 18.
comunidades de origen, especialmente con las comunidades localizadas en las cuencas de losríos de Buenaventura.Hace más de 40 años, familias que hacían parte de las comunidades afrocolombianas de lascuencas de los ríos de Buenaventura comenzaron a migrar hacia la ciudad. Dicha migración fuemotivada por la búsqueda de mejores condiciones de vida fundamentalmente empleo yeducación. Teniendo en cuenta su cultura y sus formas de subsistencia, las familias buscaronsitios cercanos al mar hasta donde llegan las mareas –Bajamar-, como la isla Cascajal, parapermanecer cerca de la fuente de la pesca, que ancestralmente es su principal medio de vida.El proceso de ocupación del territorio de Bajamar se desarrolló gradualmente y de maneracolectiva, para ganar terreno al mar a través del relleno con escombros y basuras de las partesinundables por las mareas. Al mismo tiempo, los primeros pobladores de Bajamar, con maderaextraída de los manglares, construyeron viviendas de tipo palafito, comunicadas entre sí pormedio de una red de puentes, llegando a conformar asentamientos humanos que las sucesivasautoridades locales no han querido reconocer legalmente. Las condiciones de ocupación sondescritas por el testimonio de algunos miembros de la Iglesia Católica que conocieron de cercael difícil proceso de construcción del territorio de Bajamar: "Los hombres de aquellos tugurios venidos del bellísimo Yurumanguí y del caudaloso Cajambre, se ganan la vida descargando botes de vela, que traen polines y madera de los aserríos de la costa. Qué triste historia tienen estas pesadas traviesas y estos tablones: desde las lomas que acuñan larguísimas quebradas, los trozos han hecho sangrar a hombres y mujeres sub-alimentados y llenos de amibas, honrados por el pian o por las hernias. La avaricia de los intermediarios ha menguado ya la escasa retribución que reciben los cortadores; ahora estos hermanos viven del cargue y descargue sin ninguna prestación social y bajo la continua amenaza de la erradicación oficial de sus tugurios. "¿A dónde nos vamos?" nos preguntan angustiados"55.Los actuales pobladores del territorio de Bajamar conservan la memoria de la vida en suscomunidades de origen y del proceso de ocupación y construcción del territorio, tal como loindican los testimonios: “Nací en la Sagrada Familia, corregimiento Puerto Merizalde de Buenaventura. Llegué al puerto el 11 de noviembre de 1960. Vivo en el barrio Vientolibre desde 1983, porque vine buscando oportunidades de estudio para los hijos, La gente ya había hecho el relleno para vivir, recuperó el terreno al mar. Todo se hizo con el esfuerzo de la comunidad, pues esto era un pantano. Las primeras casas fueron construidas casi 5 m. de altura, porque la marea era alta. El acceso era a través de puentes de madera. El relleno fue un trabajo colectivo. Se hizo con basuras traídas del mercado. Luego los políticos prometían traer más basura en volquetas, a cambio de votos. Era una tragedia debido a las moscas,55 Jaramillo González, Gerardo MXY (Comp). Monseñor Valencia. Vicariato Apostólico de Buenaventura. Bogotá, 1972, p. 231. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 19.
ratas y los malos olores. Para mitigar se regaba “específico” (desinfectante a base de creolina). Aparte de Bajamar, en Buenaventura hay muchos barrios que la gente construyó por medio del relleno con basuras, como El Firme, Cuerpo de Bomberos y otros”56.Como se señaló anteriormente, otros pobladores del territorio de Bajamar provienen decomunidades afrocolombianas localizadas en otros departamentos como Cauca, Chocó oNariño: “Vine de Tumaco [Nariño] buscando una mejor vida. Aquí busqué un lugar para estar cerca de la pesca, que es el sustento de nuestra familia. Igual que los otros barrios de Bajamar y otras partes de Buenaventura. El barrio Paloseco lo construimos con trabajo de todos: rellenando con escombros, piedras y basura, para ganarle terreno a la marea. También con aserrín: En la noche íbamos al manglar para conseguir palos para las casas y los puentes. Fue muy difícil al principio, pues entre la basura había animales muertos y roedores. Los olores eran insoportables. En la tarde, nos teníamos que meter bajo el mosquitero muy temprano, par huirle a los zancudos y las moscas. Después, los políticos ofrecieron colaboración y nos traían basura en volquetas”57.En los últimos años, los asentamientos de Bajamar han crecido como consecuencia de lallegada de víctimas de los desplazamientos forzados provenientes de las comunidadesafrocolombianas de los ríos de la cuenca del Pacífico58. En 2007 y 2008 las comunidades delterritorio de Bajamar recibieron víctimas del desplazamiento masivo en la zona alta del rióTapaje, zona rural de los municipios de El Charco y La Tola (Nariño), ocurrido comoconsecuencia de las fumigaciones aéreas acompañadas de operaciones militares de la FuerzaPública y posteriores combates entre esta y guerrilleros de las Farc59.56 Testimonio de un habitante del barrio Vientolibre, tomado durante la visita a terreno de la Comisión Colombiana deJuristas, junio 24 de 2009.57 Testimonio de un habitante del barrio Pascual de Andagoya, tomado durante la visita a terreno de la Comisión Colombianade Juristas, junio 27 de 2009.58 En la Resolución Defensorial 017 de 2003, la Defensoría del Pueblo reporta que en 2000, Buenaventura recibió poblacióndesplazada proveniente de su zona rural, de otras regiones del Andén Pacífico (Chocó, Cauca y Nariño), del resto deldepartamento del Valle del Cauca y de otros departamentos como Antioquia, Santander y Córdoba. En 2007, Buenaventurafue uno de los sitios receptores del desplazamiento masivo de afrocolombianas de El Charco y La Tola (Nariño).59 El Charco: desplazamiento y comunidades en riesgo en medio de la confrontación militar, Equipo de Derechos Humanos Proceso deComunidades Negras en Colombia – PCN-, abril 9 de 2007. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 20.
5. La población afrocolombiana del territorio de Bajamar es víctima de gravesviolaciones a sus derechos humanos y libertades fundamentalesLas comunidades afrocolombianas del territorio de Bajamar enfrentan graves violaciones a losderechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, tal como se expondráen esta sección del informe.Artículo 3 del Convenio 169 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio.5.1 Los grupos paramilitares han desplazado forzadamente a las comunidades afrocolombianasde sus territorios colectivosEn los últimos diez años, la población de Buenaventura ha sido afectada por graves violacionesde derechos humanos. Entre 2000 y 2001 se reportaron allí 46 masacres60. El escalamiento dela violencia contra la población afrocolombiana coincidió con la llegada de los paramilitares alValle del Cauca, que se hizo visible con las masacres en Timba, Buenos Aires, el Alto Naya yZabaletas, cometidas por el grupo paramilitar Bloque Calima, bajo el mando de Éver VelozaGarcía, alias “H.H.”61. En dicho período, en el Corregimiento No. 8 de Buenaventura y lacarretera Cabal Pombo se registraron 4 masacres, 34 pobladores de la zona asesinados y másde 3 mil personas desplazadas.Una de las masacres cometida por los paramilitares en 2001 ocurrió en el Corregimiento No 8:fueron asesinadas seis personas y desplazadas forzadamente otras 3.200 personas hacia el cascourbano de Buenaventura62.60 Departamento Nacional de Planeación –DNP-, Dimensiones Especiales del Desarrollo, en Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Estado comunitario: desarrollo para todos, 2006. Págs. 492 y 493, disponible en:http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND_2006_2010/Capi_7_FINAL.pdf.61 En la diligencia de versión libre del 28 de mayo y el 9 de junio de 2008, en el marco del proceso de la ley 975 de 2005, ÉverVeloza, alias “H.H.” reconoció la responsabilidad del grupo paramilitar Bloque Calima en dichas masacres y desplazamientosforzados de población.62 El 11 de mayo de 2000, aproximadamente 80 paramilitares del Frente Pacífico del Bloque Calima de las AutodefensasCampesinas de Córdoba y Urabá -Accu, ingresaron a los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas delcorregimiento Número Ocho, de Buenaventura en una camioneta, un campero y dos camiones de uso privativo del EjércitoNacional. Los paramilitares pasaron dos puestos de control de los batallones Pichincha y Palacé adscritos a la III Brigada delEjército, ubicados en las comunidades de Zacarías y Potedó, sobre la carretera “Simón Bolívar” que comunica con la zonaurbana de Buenaventura. Los paramilitares se detuvieron en la comunidad de Zabaletas, asesinaron a seis personas yescribieron en las paredes de las viviendas y la escuela las inscripciones “AUC – Bloque Pacífico” y “muerte a sapos y Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 21.
Durante el mismo año 2001, los enfrentamientos entre el grupo guerrillero Farc y los gruposparamilitares en la cuenca del río Yurumanguí causaron desplazamientos forzados deafrocolombianos. Los paramilitares incendiaron El poblado El Fuerte63, donde asesinaron aocho personas, y violaron a varias mujeres64 y desplazaron a 5.300 personas haciaBuenaventura65.Además, durante los meses de agosto y septiembre de 2001, los enfrentamientos entre laFuerza Pública y grupos de guerrilla causaron el desplazamiento de 31 familias de lascomunidades afrocolombianas de los ríos Yurumanguí y Raposo cuyos pobladores buscaronrefugio en el casco urbano de Buenaventura66.Tal como ha señalado el ACNUR respecto de Buenaventura, “la situación hasta abril de 2005continuó en franco deterioro: los homicidios durante el 2003 fueron 268, en 2004 llegaron a 300 y en [2005ascendieron] a 120”67. En septiembre de 2003 fueron desplazadas 3000 personas hacia lasdesembocaduras de los ríos de Buenaventura68.5.2 Los miembros de las comunidades afrocolombianas del territorio de Bajamar han sidovíctimas de homicidios, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, reclutamiento demenores y desplazamiento forzadoEntre el 2002 y 2004, los grupos paramilitares Bloque Calima y Frente Pacífico de lasAutodefensas Unidas de Colombia llevaron sus acciones armadas a los barrios deBuenaventura, amenazando a la población mediante mensajes escritos en las paredes de lasviviendas dirigidos contra colaboradores de los grupos guerrilleros. Además, de acuerdo coninformación de la Defensoría del Pueblo dichos grupos cometieron masacres en los barrios LaPlayita, Muro Yuste, Cascajal y Las Palmas, donde se encontraban personas desplazadas de lascomunidades de los ríos Yurumanguí, Naya y Calima69. Al mismo tiempo que ocurría unguerrilleros”. Continuaron su recorrido en los vehículos hacia las comunidades de Llano Bajo, Aguas Claras y finalmente haciacorregimientos del municipio de Dagua, (Valle del Cauca), como El Danubio, donde está ubicada una base permanente delEjército, La Cascada y El Placer. Los asesinatos, desapariciones y amenazas cometidos en el recorrido paramilitar provocaronel desplazamiento forzado de aproximadamente 3.200 miembros de las comunidades afrocolombianas a la zona urbana deBuenaventura, quienes, ante la inadecuada asistencia brindada por las autoridades locales retornaron a sus lugares de origen unmes después ocurrida la masacre.63 Gobernación del Valle del Cauca, Oficina Gestión de Paz y Convivencia, Diagnóstico de la población en situación de desplazamiento-PSD- asentada en el municipio de Buenaventura, febrero de 2004.64 Asociación de Afrocolombianos Desplazados –Afrodes- y Global Rights, Luces y contraluces sobre la exclusión. Bogotá, 2007.65 Defensoría del Pueblo, Resolución Defensorial citado supra en Nota 46, pág. 7.66 Ibídem, pág. 8.67 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-, Balance de la Política Pública para la Atención Integralal Desplazamiento Forzado en Colombia Enero 2004 – abril 2007, Bogotá D. C. Colombia, agosto de 2007, pág. 79.68 Gobernación del Valle del Cauca, citado supra en Nota 63.69 Defensoría delegada para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado, Sistema deAlertas Tempranas – SAT-, Informe de Riesgo No 068-04, septiembre 24 de 2004. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 22.
proceso de reorganización paramilitar70, el grupo guerrillero de las Farc adelantó acciones en lazona urbana de Buenaventura, incluyendo los barrios de Bajamar dirigiendo sus ataques contrapersonas que acusaban de apoyar a los grupos paramilitares71.Pese a las denuncias de la comunidad y las organizaciones locales y las sucesivas advertenciasemitidas por la Defensoría del Pueblo, los grupos paramilitares consiguieron controlar la zonade Bajamar, específicamente en los barrios Piedras Cantan, Alfonso López, Playita, PuebloNuevo, El Firme, Antonio Nariño, Colón, Viento Libre, Zona Franca, La Pilota, San José y LaCampiña72. Uno de los hechos más graves cometidos por los grupos paramilitares se ocurrió el19 de abril en los barrios Punta del Este, Santa Cruz y Palo Seco de la Comuna 5 cuando 24jóvenes de estos barrios fueron invitados a jugar un partido de fútbol en Puerto Dagua. El 21de abril de 2005, cuando fueron encontrados los cadáveres doce jóvenes, mientras otros docefueron desaparecidos73.Durante 2006 y 2007 se hizo más grave la crisis de derechos humanos y desplazamiento intra-urbano en el puerto de Buenaventura. De acuerdo con el Alto Comisionado de las NacionesUnidas para los Refugiados –Acnur-, en 2006 se registró “un desplazamiento 13 veces mayor alregistrado en el 2004, y que se ha prolongado a lo largo del 2007, tiene el ingrediente adicional de concentrarsede manera significativa en la zona urbana del municipio, que por su densidad de población representa un riesgopotencial para la vida, la integridad personal y la libertad de sus habitantes. Al menos 11 comunas del puertose han visto afectadas por las confrontaciones”74, en donde se presentaron desplazamientos, hasta elpunto que Buenaventura estuvo entre los municipios del país con mayor número de personasque desplazaron entre 2004 y 200675.Las violaciones a los derechos humanos también afectaron a los pobladores del casco urbanode Buenaventura. En noviembre de 2006 se presentaron enfrentamientos armados en losbarrios San Francisco y Juan XXIII que causaron el desplazamiento masivo de 220 familias. Endiciembre de ese año, la Defensoría del Pueblo visitó los barrios y las viviendas abandonadaspor las familias desplazadas, algunas de las cuales se encontraban ocupadas por miembros de laInfantería de Marina y la Policía. La Defensoría del Pueblo estableció que los desplazamientos70 564 paramilitares del Bloque Calima, bajo el mando de Éver Veloza, alias “H.H.”, participaron en una ceremonia dedesmovilización lleva a cabo el 18 de diciembre de 2004 en le corregimiento Galicia, de Bugalagrande (Valle del Cauca). Sinembargo, de acuerdo con testimonios de los pobladores de Buenaventura, este grupo ha continuado sus acciones bajonombres como “Bloque Conquistador de las AUC” y “Águilas Negras”.71 Defensoría delegada para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado, Sistema deAlertas Tempranas – SAT, Primera Nota de Seguimiento al Informe de Riesgo No 068-04, Abril 22 de 2005.72 Defensoría delegada para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado, Sistema deAlertas Tempranas – SAT, Segunda Nota de Seguimiento al Informe de Riesgo No 068-04, Noviembre 9 de 2005.73 Equipo de Derechos Humanos del Proceso de Comunidades Negras en Colombia , Conferencia Nacional Afrocolombiana,Asociación de Afrocolombianos Desplazados, “La masacre de 12 jóvenes y la desaparición de 12 más en Buenaventura”, Disponible enhttp: //www.dhcolombia.info74 ACNUR-, citado supra en Nota 67, pág. 79.75 Ibídem, pág. 80. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 23.
intra-urbanos eran responsabilidad de las milicias de las Farc, los grupos de paramilitares, laFuerza Pública y grupos al servicio del narcotráfico.Según testimonios de la población local, los grupos paramilitares continúan operando operanen el puerto con el apoyo de la Policía y de la Infantería de Marina. Dichos grupos pertenecenal Bloque Calima y el Bloque Pacífico de los paramilitares, cuya desmovilización no fue real, ysus miembros operan bajo denominaciones como “Águilas Negras” y “Bloque Conquistador” enlos barrios Antonio Nariño, Alfonso López, Alfonso López y otros, donde cometenhomicidios, desapariciones forzadas, reclutan jóvenes y ejercen controles sobre losmovimientos de los pobladores en los puntos de acceso a los barrios. Además, losparamilitares controlan los vehículos del transporte público en algunas vías de acceso a losbarrios, a fin de llevar a cabo desapariciones forzadas y asesinatos.Por su parte, milicianos del grupo Guerrillero Farc reclutan niños, niñas y jóvenes, cometenasesinatos y han provocado desplazamientos forzados76.Adicionalmente, los pobladores del territorio e Bajamar denunciaron en 2007 que miembros dela Policía y de la Infantería de Marina llevan a cabo allanamientos sin orden judicial, tiroteos ydetenciones arbitrarias, acompañadas de maltrato físico contra los detenidos. Segúnorganizaciones locales, los miembros de la Fuerza Pública serían responsables dedesapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Estas violaciones a los derechos humanosestán especialmente dirigidas contra los jóvenes. Según dichas denuncias, las detencionesarbitrarias estuvieron acompañadas de maltratos verbales y físicos. Muchas veces, como“medida preventiva” la Policía toma fotografías a los jóvenes cuando son detenidos y a susdocumentos de identidad, para que posteriormente sean identificados por “testigos”,informantes o paramilitares77.Las violaciones a los derechos humanos atribuibles a la Fuerza Pública están amparadas en eldecreto 092B de abril de 2007 “por el cual se autoriza a la Policía a realizar batidas ciudadanas y/o loscontroles judiciales necesarios” y a la “retención temporal de personas con asuntos pendientes con la justicia hastatanto de defina su situación jurídica”78. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria observóque, mediante el citado decreto: “[E]l Alcalde Municipal de Buenaventura autorizó a la policía „a realizar los controles necesarios para la retención temporal de personas con asuntos pendientes con la justicia hasta tanto se defina su situación jurídica.76 Defensoría del Pueblo, Informe de seguimiento a la situación de desplazamiento intraurbano en el municipio de Buenaventura, mimeo,diciembre de 2006.77 Ibídem.78 Alcaldía Municipal, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Decreto 092B de 2007 por medio del cual se dictan disposiciones transitoriasde prevención y conservación del orden público en el municipio de Buenaventura. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 24.
La policía procedió a detenciones masivas, incluyendo muchos menores afrocolombianas”79.Los desplazamientos forzados han afectado especialmente a los barrios situados en la zona deBajamar como San Francisco, Vientolibre, Piedrascanta, Arenal, Punta del Este, LaInmaculada, Pampalinda, Alfonso López, San Luis, Juan XXIII Lleras y El Cristal.Asimismo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –Acnudh- ha advertido que entre 2006 y 2008 fueron reportados en Buenaventura 132 casos dedesaparición forzada80.En 2008, las violaciones contra los derechos de los pobladores del territorio de Bajamarcontinuaron, especialmente dirigidos contra quienes participan o lideran actividadesorganizativas. Este es el caso de Martha Cecilia Obando, una mujer desplazada proveniente deEl Charco (Nariño), quien fue asesinada el 29 de junio de 2008 en Buenaventura. MarthaCecilia era presidenta de la Asociación de Mujeres Desplazadas –Asodesfran- e integranteorganizaciones como el Comité Organizativo del Barrio San Francisco, el Comité de Veeduríay la Red Local Madres por la Vida81.La violencia sociopolítica, que actualmente corresponde a una fase de control paramilitar, haafectado drásticamente la vida de la población afrocolombiana del territorio de Bajamar, talcomo lo relata un poblador: “Hoy la pesca del chinchorro no se realiza, porque a los pescadores les da miedo salir a la faena, ya que en estos momentos la violencia lo ha arropado y en ocasiones son amenazados y se les coarta la movilidad, al ponerles horarios para salir se los esteros. Estas son unas de las causas que la gente no este saliendo a pescar en estos tiempos, muchas de las lanchas se han dañado y los jóvenes que eran los que más participaban de este tipo de pesca, hoy casi no tienes algo productivo que hacer”82.5.2.1 El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo continúa advirtiendo elriesgo de violaciones los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas deBuenaventuraLa población afrocolombiana del territorio de Bajamar y de oros sectores de Buenaventura aúnse encuentra en un elevado nivel de vulnerabilidad, frente a lo cual el Sistema de AlertasTempranas de la Defensoría del Pueblo –SAT- advirtió al finalizar 2008 que aproximadamente226.817 habitantes de Buenaventura se encuentran en “un escenario de riesgo caracterizado por elfortalecimiento de las organizaciones armadas al servicio del narcotráfico y el surgimiento o reorganización de79 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Décimo período de sesiones, Informe del Grupo de Trabajo sobre la DetenciónArbitraria. Adición MISIÓN A COLOMBIA, A/HRC/10/21/Add.3, 16 de febrero de 2009, párr. 58.80 Naciones Unidas, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación delos derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Colombia, A/HRC/10/32, febrero 19 de 2009, párr. 22.81 “Asesinada lidereza del barrio San Francisco, Comuna 7 en Buenaventura”, Acción Urgente, CHF y otros, julio 1 de 2008, enhttp://www.dhcolombia.info/spip.php?article60682 Biojó, Julio,“Poblamiento y Adecuación de Paloseco”, mimeo, 2008. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 25.
nuevos grupos armados ilegales conformados por combatientes de las autodefensas que no se desmovilizaron y pordesmovilizados que se han rearmado, acentuándose la confrontación armada en los espacios urbanos controladospor la guerrilla de las FARC, situación que determinó el incremento de la Fuerza Pública (Infantería deMarina y Policía Nacional), particularmente en los barrios de bajamar”83.En el Informe de Riesgo citado, la Defensoría del Pueblo alerta sobre la amenazas que pesasobre los derechos “a la vida, a la integridad personal, a no ser desaparecido, a la libertad personal, a noser desplazado, al libre desarrollo de la personalidad, a la libre circulación, a la libertad de residencia, a poderreunirse y manifestarse pública y pacíficamente, a la libre asociación, a participar en la conformación, ejercicio ycontrol del poder político, a no ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio” 84. El riesgoadvertido por el SAT comprende la población que habita la zona urbana del municipio,incluyendo el territorio de Bajamar y sus barrios El Firme y Bajo el Firme (Comuna 2); AlbertoLleras y Alfonso López( Comuna 3); Viento Libre (Comuna 4); Inmaculada y Punta del Este(Comuna 5); San Francisco y Juan XIII (Comuna 7), entre otros.5.2.2 Los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo no han sido atendidosLa crisis de derechos humanos que afecta a la población de Buenaventura se ha agravadaprogresivamente debido a la aplicación de la política de “seguridad democrática”85, que desde2003 se ha traducido en una intensa militarización de los barrios, la zona céntrica, loscorregimientos y las principales vías de acceso. Dicha militarización no ha contribuido amejorar la situación de los derechos humanos. Por el contrario, las denuncias de la poblaciónlocal y los informes de la Defensoría del Pueblo comprometen la responsabilidad de la FuerzaPública en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la ciudad.Pese a lo anterior, un mes después de que la Defensoría del Pueblo emitiera el Informe deRiesgo 032, el propio Presidente de la República anunció la implementación en Buenaventurade nuevas acciones de la política de “Seguridad Democrática”, continuando con la estrategia dedesconocimiento del principio de distinción entre civiles y combatientes, y colocando losprogramas sociales y las acciones humanitarias al servicio de los propósitos militares86. Es así83 Defensoría delegada para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado, Sistema deAlertas Tempranas – SAT-, Informe de Riesgo Nº 032-08, 24 de diciembre de 2008.84 Ibídem.85 Según el Presidente de la República, la “[p]olítica de defensa y seguridad democrática” busca “recuperar el orden y la seguridad -requisitocardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos- es la preocupación central de este gobierno”. La define como “una políticade Estado de largo plazo que se desarrollará en coordinación con todas las entidades de Gobierno y de las demás ramas del poder público”. Dichapolítica prioriza como amenazas para la Nación el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas; el tráfico de armas; el secuestro, laextorsión y el homicidio. “Tiene una naturaleza y cobertura particularmente sectorial sobre el ámbito de la seguridad y la defensa”. Ver Institutode Estudios Geoestratégicos, La Política de Defensa y Seguridad Democrática durante el 2995: Una evaluación de sus resultados”,Disponible en http: //www.umng.edu.co/resources/reviegabr2006.pdf86 En el documento Conpes 3460 de 2007 “Política de consolidación de la seguridad democrática: fortalecimiento de las capacidades del sectordefensa y seguridad”, el gobierno señala que uno de los objetivos estratégicos de la política de consolidación de la seguridaddemocrática es el desarrollo de “la Doctrina de Acción Integral a través del esfuerzo combinado de la fuerza legítima, la política social, lasacciones de las demás instituciones del Estado y de la sociedad civil”. Según dicha política, “la Doctrina de Acción Integral (DAI) se constituirá Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 26.
como el 21 de febrero de 2009, en un discurso pronunciado en Buenaventura, el Presidenteque “[h]emos tomado la decisión de un plan especial que ya está empezando, de Buenaventura al sur, conacompañamiento integral: más Fuerza Pública, más acción coordinada, más Familias en Acción, más BienestarFamiliar, más Resa (programa de Seguridad Alimentaria Rural)”87.Para el gobierno, este anunció de acciones sociales en respaldo a la militarización se debe a unasupuesta mejoría en la seguridad y el orden pública en la zona del Pacífico que se habríaproducido gracias a “[l]as estrategias desarrolladas en el marco de la Política de Defensa y SeguridadDemocrática entre los años 2002 y 2006”. “Con el objetivo de profundizar en los resultados alcanzados y antela importancia de continuar avanzando en el mejoramiento de las condiciones de seguridad, la Política deConsolidación de la Seguridad Democrática diseñada para el cuatrienio 2006-2010 se ha trazado la meta deavanzar en la estrategia de control territorial, doblegando a los grupos terroristas y eliminando el negocio de lasdrogas ilícitas. El reto es afianzar esa exitosa combinación entre seguridad y acompañamiento social”88.No obstante, en medio de mencionada militarización, el 10 de marzo de 2009, dos semanasdespués del mencionado discurso presidencial, los grupos paramilitares distribuyeron panfletoscon amenazas de muerte en los barrios de Buenaventura. En dichos panfletos, los paramilitaresanuncian que “nuestra organización ha tomado irrevocable decisión de atacar la violencia con violencia(…).Jóvenes, no los queremos ver en las esquinas parchados drogándose, estamos en limpieza esto es serio. Noconsuma droga estudie mas y este con sus padres reciban sus consejos y buenos ejemplos”89en la principal herramienta para establecer principios y protocolos de coordinación operacional entre el esfuerzo militar y el social”. Asimismo, laDirectiva Presidencial No 001 de 2009 ordena la creación de un “mecanismo que permita fortalecer la alineación de los esfuerzos militar,policial y antinarcóticos y los esfuerzos en el área social, de justicia, desarrollo económico e institucional del Estado en zonas estratégicas del territorionacional, llamado Salto Estratégico”. Dicho mecanismo incluye la formulación de Planes de Acción Regionales orientados a “laarticulación de los esfuerzos militares y civiles”. Los llamados “esfuerzos civiles” comprenden, entre otros, la asistencia humanitaria deemergencia y el ordenamiento de la propiedad, lo cual significa una supeditación de la garantía de los derechos humanos, comoel derecho a recibir asistencia humanitaria a los imperativos de orden militar, lo cual es contrario a las obligaciones del Estadoestablecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos como los Principios Rectores de los DesplazamientosInternos.87 Palabras del Presidente Álvaro Uribe Vélez en el Consejo Comunal de Gobierno en Buenaventura, Valle del Cauca, febrero 21 de 2009,disponible en http: //web.presidencia.gov.co/discursos/discursos2009/febrero/ccbuenaventura_21022009.html88 De acuerdo con el documento Conpes 3491 de 2007, con el propósito de lograr la consolidación de la política de “seguridaddemocrática” en la región del Pacífico, “el Gobierno se ha propuesto el fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública a través de unincremento en el pie de fuerza en 6.875 hombres, de los cuales 3.608 serán asignados a la activación de unidades del Ejército, 1.021 para fortalecerla capacidad de control e interdicción marítima y fluvial de la Armada, y 2.246 serán destinados a las unidades de Policía en la región. Asimismo,se invertirán recursos para la construcción de infraestructura, adquisición y modernización de equipos y el sostenimiento de las operaciones de laFuerza Pública. Lo anterior implicará un esfuerzo cercano a los $911.000 millones de pesos”.89 “LLEGO LA HORA DE LA LIMPIEZA SOCIAL (…) YA LOS TENEMOS IDENTIFICADOS”, panfleto distribuidopor los grupos paramilitares en Buenaventura en marzo de 2009. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 27.
6. El gobierno ha promovido la implementación de megaproyectos que afectandirectamente el territorio de Bajamar, incumpliendo las obligaciones establecidas en elConvenio 169El gobierno ha actuado contrariamente a las obligaciones del Convenio 169 para garantizar losderechos de los pueblos indígenas y tribales. Durante los últimos años el gobierno colombianoha adoptado una serie de medidas administrativas que promueven la implementación demegaproyectos de diferente tipo que afectan a las comunidades afrocolombianas asentadas enel territorio de Bajamar. En esta sección del presente informe se analiza el contenido de dichasmedidas, que han sido adoptadas el gobierno nacional, sin consultar a los pueblos interesados,a través de documentos de política económica y social, conocidos como documentos Conpes.Artículo 6 del Convenio 169 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.Los megaproyectos de infraestructura en Buenaventura guardan relación con el Plan RegionalIntegral del Pacífico, que, según el Ministerio del Transporte, concibe una intervención integrala partir de la infraestructura de transporte. Es en este contexto también se encuentra elProyecto Arquímedes con dos componentes centrales que consisten en la navegabilidad delrío Atrato y su conexión con el Pacífico, y la Hidrovía de los Esteros, en la región sur delPacífico colombiano. El Proyecto Arquímedes contempla, entre otras obras, la construcción deun embarcadero intermodal para la continuación a Buenaventura (o a un posible puerto enBahía Málaga)90.90Houghton, Juan y Martínez, Geovany, La IIRSA: o el mega-ordenamiento de los territorios indígenas, publicado en La Tierra contra laMuerte, Observatorio Indígena de Políticas Públicas de Desarrollo y Derechos étnicos de CECOIN y OIA, febrero de 2008,pág. 257. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia 28.
El proyecto Arquímedes es un componente nacional complementario a los proyectos de laIniciativa de Integración de Infraestructura Regional de Suramérica –IIRSA, que se encuentraenmarcada en el Área de Libre Comercio de las América –ALCA-, el Plan de Acción deIIRSA91, busca impulsar la integración y modernización de la infraestructura física enSuramérica, con el propósito de crear un espacio económico que depende de la expansión deproyectos existentes y construcción de nuevos proyectos de infraestructura 92.Los proyectos de infraestructura promovidos por el gobierno nacional y la administración localde Buenaventura tienen un notable impacto sobre el territorio de Bajamar y violan losderechos humanos de la población afrocolombiana que ocupa dicho territorio, a pesar de locual no han sido consultados con dicha población.Dichos megaproyectos son el Plan de Expansión Portuaria y el Macroproyecto de InterésSocial Nacional para la reubicación de hogares localizados en zonas de alto riesgo en el sectorsur de la Isla Cascajal del municipio de Buenaventura, que han sido aprobados a través demedidas administrativas del Consejo de Política Económica y Social –Conpes-93, el Ministeriode Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Concejo de Buenaventura.6.1 Los proyectos correspondientes al Plan de Expansión Portuaria no fueronconsultados con la población afrocolombianaEl Plan de expansión portuaria fue aprobado mediante el documento Conpes No 3342 de 2005 Plande expansión portuaria 2005 – 2006 Estrategias para la Competitividad del Sector Portuario. El Conpesseñala que en el puerto marítimo de Buenaventura se “presenta una alta saturación de instalacionescon síntomas de congestión en particular en los tráficos contenerizados, restricciones en la capacidad de los accesosterrestres, y un calado insuficiente para el volumen de carga que maneja. La demanda portuaria esta91 El Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana fue aprobado la reunión de presidentes deSuramérica celebrada en Brasilia en agosto de 2000. Contiene propuestas a diez años para la ampliación y la modernización dela infraestructura física de América del Sur, en especial en las áreas de energía, transporte y comunicaciones con la finalidad deconfigurar ejes de integración y de desarrollo económico y social.92 La Integración de la Infraestructura Regional de Sur América – IIRSA – consiste en la participación de las inversionesprivadas en los sectores energético, de telecomunicaciones, y de transporte ferroviario y terrestre, para lo cual los países debenadoptar normativas que faciliten la interconexión y la operación integrada de los sistemas de energía, de transporte y de lascomunicaciones. La IIRSA tiene previstos 41 proyectos de infraestructura en Colombia.93 El Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES - fue creado por la ley 19 de 1958. El CONPES actúa bajola dirección del Presidente de la Republica y está conformado por los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda y CréditoPúblico, Agricultura y Desarrollo Rural, Desarrollo Económico, Protección Social, Transporte, Comercio Exterior, MedioAmbiente y Cultura, el Director del Departamento Nacional de Planeación, los gerentes del Banco de la República y de laFederación Nacional de Cafeteros, así como el Director de Asuntos Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom delMinisterio del Interior y de Justicia y la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer. Es la máxima autoridad nacional deplaneación y se desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrolloeconómico y social del país. La ley 152 de 1994 Orgánica del Plan de Desarrollo establece como obligaciones del CONPES servirde organismo asesor del gobierno y autoridad de planeación en los aspectos relacionados con el desarrollo económico y socialdel país. El CONPES coordina y orienta a los organismos encargados de la dirección económica y social en el gobierno, ycumple sus funciones mediante el estudio y aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales. Calle 72 Nº 12-65 piso 7 Tel: (571) 3768200 – (571) 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@coljuristas.org Website: www.coljuristas.org Bogotá, Colombia Recommended
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Foro Nacional de Armonización Legislativa Bibliotecaria EVOLUCION HISTORICA DE LA CALIDAD-MODELOS DE CALIDAD EDUCATIVA

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 artículo 7
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 artículo 93
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 Resolución 
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