Source: https://memorialguatemala.blogspot.mx/p/si-la-democracia-lerecortan-derechos.html
Timestamp: 2017-07-20 22:34:28+00:00

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Diecisiete años después de la firma de la
paz, el momento es de polarización, exclusión, violencia institucional,
ofensiva sobre los territorios... Esta crisis estructural puede
devenir en cambios profundos: modificación del sistema
económico y político tal y como hoy lo conocemos, con sus marcos de referencia (leyes, partidos, actores, instituciones, modelo económico, constitución). Los escenarios de ruptura se concretan en:
ruptura autoritaria o ruptura/alternativa popular emancipadora (ambas ya
procesos en construcción).
Esta serie de artículos, escritos en diferentes
momentos de 2013 y 2014, profundizan en esta encrucijada. Ruptura autoritaria o alternativa popular emancipadora. Dictadura o democracia ampliada. ¿Por dónde se va a romper la pita? Democracia
de los pueblos frente
al gobierno sin derechos
Si a la democracia le
recortan derechos, acuerdos y la expresión de la voluntad de las mayorías,
queda esto: la arbitrariedad como norma, la violencia como conducta, la
exclusión como proyecto.
Queda el actual gobierno/esquema de poder en Guatemala, caracterizado
por el debilitamiento del Estado (vacío de recursos, autoridad y legitimidad);
la supeditación de instituciones y leyes al dictado de las empresas (gobernabilidad
empresarial); la estigmatización de la demanda y defensa de derechos; la
persecución final (o ustedes o nosotros) de la organización
social. La política se vuelve puramente discrecional: incumplimiento de leyes,
carencia de procedimientos, vulneración de autonomía de instituciones,
supeditación a la arbitrariedad del Presidente y cualquier grupo
económico. La democracia formal es sustituida por un acentuado autoritarismo
político. La Constitución de 1985, y el marco legal e institucional de
ella derivada, no son hoy totalmente funcionales a las
necesidades de acumulación: cada vez más actores coquetean con proyectos
políticos formal y marcadamente autoritarios, sin concesiones a la democracia
representativa. Se promueven, así, reformas o rupturas constitucionales para
la constitucionalización de la soberanía de las minorías (Álvaro
Velásquez), con líneas de identidad claras: reducción de derechos
colectivos (subordinación de los Convenios Internacionales, entre otros el
Convenio 169, a la legislación nacional);
del Estado a la salvaguarda de la certeza jurídica de las inversiones (para
impulsar un modelo determinado de desarrollo);
todos los bienes naturales como susceptibles de mercantilización: privatización
ilimitada: del subsuelo, propuesta entre otros por el CIEN; del mar, propuesta
por la Universidad Marroquín; ampliación del
periodo del actual ejecutivo, para fortalecer el proyecto oligárquico-militar;
Las leyes económicas, aprobadas por el Congreso o en discusión, avanzan
en el mismo sentido: amplían exenciones fiscales e impunidad para empresas
(propuesta de Ley de inversiones y empleo); subordinan (en su dinámica de
aprobación) a las instituciones; tipifican la protesta social como delito (Ley
Tigo, propuesta de Ley de servidumbres de transmisión eléctrica). Las
leyes construyen por sí mismas un nuevo pacto político y económico, que
garantiza el actual modelo de acumulación a costa de la pulverización de
derechos, de forma contundente y a veces inadvertida. Por ello las
diferentes propuestas de reforma constitucional, incluido el intento de
de ensayo y error, o distractores. El nuevo marco constitucional, en construcción, implica acuerdos entre
actores: economía criminal, transnacionales, economía emergente, ejército,
oligarquía, gobierno (los acuerdos no excluyen disputas por el control de
negocios y el poder político). Es a la vez continuidad y adecuación del pacto
histórico Oligarquía-Ejército, en momentos en que éste tiene poder económico
autónomo y por tanto exige mayores cuotas de decisión. La presencia protagónica
del Ejército confiere a este momento una inequívoca identidad autoritaria.
Lo que en teoría tenemos: posibilidad de elegir a través de partidos,
división de poderes, vigencia formal de derechos. Lo que vivimos: dictadura
cívico militar, proyecto neoliberal militarista, gobierno de las corporaciones…
Se juega a la decisión electoral mientras se apuesta por la ruptura
La política se empequeñece y nos empequeñece: un Presidente de muy
limitados recursos opina de todo y contra todo; los partidos políticos acentúan
su identidad de empresas y sus intereses de corto plazo; las instituciones
vida (asesinato común de Patricia Samayoa como consecuencia
de la crisis política estructural), la homogeneización y
simplificación del pensamiento (el Mundial de fútbol como catalizador),
la pérdida de valores (multiplicación de la corrupción
institucionalizada), la extrema individualización (abandono de proyectos
y derechos colectivos), los ataques a mensajeros que portan otros mensajes
(expulsión de dos voluntarios de Brigadas de Paz, juicio
contra Daniel Pascual) fortalecen este poder autoritario, en medio de la
pasividad y la atonía.
El reto, para todxs, es mantener la convicción democrática en esta acelerada
El reto es, además, articular de forma plural los espacios de protesta y
propuesta (recreados desde pueblos indígenas, movimiento de mujeres y
feminista, movimiento de jóvenes, luchas sociales y otros), a partir de miradas
integrales, para un nuevo ejercicio del poder. 7 de julio de 2014 Resistencias masivas frente a la agresión permanente
El desalojo violento del
campamento antiminero en San José del Golfo (23 de mayo) y las intensas
amenazas de encarcelamiento de líderes comunitarios en el área norte de
Huehuetenango (inicio de mayo) configuran una nueva fase de la ofensiva contra
actores en resistencia.
La ofensiva agudizada parece partir de una premisa: la correlación de fuerzas,
que convoca opinión pública y sentir de la comunidad internacional, estaría
relegitimando la persecución abierta a personas y organizaciones, los estados
de excepción y, sin duda, la militarización masiva, que incluye la actuación de
la Policía Nacional Civil con lógica militar. Por tanto, se amenaza con
profundizar la restricción de libertades y con impulsar agresiones en otros
territorios, para llevar a la práctica el discurso oficial: Guatemala es
una de las economías que más facilidades otorga a la inversión extranjera, a
nivel mundial. El marco contextual, jurídico y político de las recientes
El lujo de fuerza (física
y/o verbal) exhibido en los territorios señalados, y la voluntad expresada de
llegar hasta el final, se enmarcan en la necesidad de asegurar proyectos
económicos estratégicos. La violencia es proporcional a las necesidades de
las empresas transnacionales, empresarios locales y actores institucionales,
quienes juegan contra el tiempo o con los tiempos, porque conciben 2014 como el
año de la reconfiguración autoritaria del poder, para la profundización del
Así, los recientes ataques
se apoyan en medidas de corte político y jurídico que institucionalizan la
agresión. Entre otras:
la elaboración de una batería de leyes penalizadoras de la
resistencia (ley de túmulos, ley de
celulares, ley de servidumbres en discusión);
la defensa de los derechos de las empresas frente a los derechos
colectivos y las finanzas del Estado (ley de inversión y empleo);
la discusión sobre nuevas figuras para penalizar la resistencia (derecho
penal del enemigo, según análisis de Gustavo Illescas, de Centro de Medios
Independientes, que mitigaría la dificultad de conducir procesos por
terrorismo);
la apuesta política por la confrontación: en San José del Golfo se ataca a la
resistencia pacífica, inmersa en un proceso de negociación. En Huehuetenango se
señala con nombres y apellidos a los dirigentes que interlocutan con el
gobierno. Se cierran peligrosamente espacios democráticos. ¿Se buscan
respuestas violentas de las comunidades?;
el llamado (efectuado por la Vicepresidenta del Gobierno y empresarios privados
en Huehuetenango) a reactivar órdenes de captura no ejecutadas, a concluir
–con condenas- procesos judiciales abiertos contra líderes comunitarios, y a
abrir cuando y donde sea necesarios nuevos procesos;
el (re) empoderamiento del Ejército y la progresiva construcción
militarizada de la Policía Nacional Civil (fuerzas élite de combate). La ampliación del periodo
presidencial (o la reelección vía reforma constitucional u otras) forma parte
de esta reconfiguración autoritaria. Por parte de sectores económicos poderosos
crece el convencimiento de que el actual gobierno y/ un modelo personalista,
centralista, de limitación de derechos, es el único adecuado
para garantizar la gobernabilidad empresarial y los negocios. En este marco se produce un debate o
se genera un acuerdo tácito: la reelección del Partido Patriota o
directamente del equipo gobernante (vía ampliación de mandato u otras) a cambio
del apoyo irrestricto (cuando sea necesario, violento) del aparato del Estado y
las fuerzas de seguridad a la expansión de las empresas. El pacto de la impunidad (para el fin del juicio por
genocidio y la elección de nueva fiscal), que incluye a actores de la
oligarquía, economía criminal, economía emergente, militares y gubernamentales,
es la sombrilla protectora de esta nueva amenaza. La agresión estructural Inserta en una coyuntura
inmediata, la agresión contra las resistencias es, sin embargo, estructural, de
carácter raizal y permanente. En su ensayo Los golpes de espectro
completo, la socióloga mexicana Ana Esther Ceceña identifica tres
características de las guerras hoy, aplicables a la disputa por la
territorialidad: el avasallamiento, la simultaneidad y la impunidad.
una purga general, relacionada con las tareas de prevención y disuasión
pero con propósitos de más larga duración”. La simultaneidad implica
“atacar sin tregua por todos lados al mismo tiempo, como un ataque de un
enjambre de avispas, en todos los ámbitos de la vida social” (no se
refiere solamente a persecución directa sino a ataques desde lo legal,
institucional, campañas mediáticas). La impunidad refiere la “invalidación
de los referentes formales de justicia y moralidad social, a partir de
comportamientos ilegales. Se pierden referentes sociales garantizadores, es
decir, el Estado de Derecho, y aparecen como dupla indisoluble el estado de
excepción y una tierra de nadie”. Esto sucede en un contexto donde la
guerra no es un medio sino el fin para el despojo permanente (guerras
infinitas) y donde el enemigo es la otredad en todas
sus formas, sobre todo aquello que “no se conoce y que siempre ha estado
Así, la agresión contra
organizaciones y luchas sociales y de los pueblos en Guatemala es permanente.
Se ejerce con carácter simultáneo y planificado. Se desarrolla en fases que no
implican sosiego sino reacomodos y reconfiguraciones. Se renueva, avanza,
genera nuevos métodos y desecha otros. Persigue judicial y políticamente.
Combina el garrote y el diálogo (no los sustituye sino los articula, ver al
respecto El Observador). Ahoga de forma financiera. Confronta y divide en el
nivel comunitario. Busca el aislamiento de organizaciones a través de la
deslegitimación. Atemoriza. Se infiltra y socava confianzas. Involucra actores
privados, fuerzas de seguridad, paramilitares, actores gubernamentales, actores
internacionales. Se impulsa desde el gobierno, el Congreso, las empresas, los
operadores de justicia incluso en niveles micro (jueces de paz, agentes
fiscales), columnistas, programas de radio y televisión. Ubica como enemigos a
quienes no encajan en la visión dominante. Se multiplica en la indiferencia, la
pasividad y el desinterés. Se extiende focalizada o generalizadamente. Tiene,
siempre, una voluntad política desmovilizadora, un efecto ejemplificador. Defensa del optimismo
El carácter estructural y
permanente, de espectro completo, de la agresión, no la convierte en
indetenible. La agresión se acelera porque la consolidación de resistencias
pone el peligro el modelo de acumulación y el proyecto político de dominación.
El otro, el enemigo desconocido que menciona
Ana Esther Ceceña, es en Guatemala la organización de pueblos y comunidades por
la defensa del territorio y la vida, con capacidad de paralizar proyectos
extractivos, que opta por la condena y la cárcel antes que por la sumisión. No
es casual la fuerza empleada para desmantelar el campamento de San José del
Golfo, convertido en símbolo de lucha. Los análisis de actores y
riesgos realizados por el gobierno y empresas transnacionales mencionan
intereses criminales, población manipulada, organizaciones de la capital o
extranjeras como actores principales de la resistencia, en cualquier cosa unas
pocas personas en cada lugar. Pero la resistencia se fortalece y crece en sus
dinámicas propias: la defensa del territorio, el actor montaña, la dinámica
tiempo-memoria-historia, el pueblo como sujeto activo, la libertad y la
identidad como motor, los derechos como referente. Es una lucha que va más allá
de la resistencia contra empresas transnacionales, de la defensa del agua y los
recursos. Es la lucha y la razón de la dignidad: frente a la violencia, la
división, la explotación, la imposición y la mercantilización de la vida. Es
una lucha en ascenso, progresivamente consciente, argumentada, integral: abarca
la cosmovisión, la comprensión de la naturaleza, la comprensión de la actuación
del poder, pero también la comprensión de un sentido filosófico e integral de
vida. Rebasa viejos esquemas y actores comunismo-insurgencia-izquierdas.
Es irreal pensar que el
sistema por sí mismo va a moderar sus impulsos económico-destructivos (la
condicionalidad implica, parafraseando a Ana Esther Ceceña, concebir resistencias
de espectro completo. Es decir, la posibilidad de enfrentar el modelo a
partir de la generación de condiciones adecuadas, traducidas en condiciones
organizativas. Entre otras, este condicionalidad puede convertirse en realidad:
Si utilizamos todos los
instrumentos de lucha, de forma simultánea y complementaria: jurídica,
comunicación, movilización, electoral, campamentos de resistencia, y otras (lo
que implica articular actores y sectores). La lucha electoral, disociada de las
Si entendemos y analizamos
mejor el poder corporativo, desde sus estrategias y lógicas de acumulación y
reproducción, más allá de la propiedad formal de las empresas (cómo se articula
la economía criminal con la formal; cómo funcionan los fondos de inversión;
cómo se construyen las cadenas de propiedad y mando en un marco de opacidad
societaria; cómo se integran empresas y sectores de acumulación; cuáles son las
estrategias permanentes y las cambiantes...) Si promovemos formación y
análisis político y estratégico constante, autocrítico, no complaciente, en
cualquier momento: en la tranquilidad y durante la emergencia.
Si no caemos en la
provocación de la guerra y la violencia como mal necesario, como continuación
de la política por otros medios, como la única forma de detener la ofensiva
armada del capital.
Si no existe una sola
estrategia, una sola forma de entendernos, una sola organización, aunque es
imprescindible la unidad, la coincidencia en planteamientos estratégicos, la conducción política unificada (Domingo Hernández Ixcoy).
Si politizamos la
indignación y los estallidos sociales previsibles. Si le disputamos el terreno
Si no imaginamos o
exacerbamos diferencias entre expresiones de resistencia a través de pueblos,
comunidades y organizaciones. O si, de existir estas diferencias como
insuperables, las debatimos y solucionamos.
Si combinamos acciones de emergencia inmediata con medidas a medio y largo
plazo. Si ubicamos las diferentes acciones de defensa y resistencia en un nuevo
proyecto de vida. Es decir, si nos preguntamos en cada momento en qué
contribuyen nuestras diferentes acciones, coyunturales, de emergencia o a largo
plazo, a la construcción de un mundo nuevo.
El proyecto de acumulación
y dominación de territorios y pueblos no va adelante "pase lo que
pase”, como afirman prominentes empresarios transnacionales (Luis
Castro Valdivia en Barillas). El futuro no está escrito, se construye en la
interrelación y disputa de actores y proyectos.
Se trata de revertir la
historia y su interpretación, construida desde el poder, frecuentemente
derrotista. San José del Golfo, 23 de mayo: dice la prensa que ya está liberada
la entrada a la empresa minera, el campamento de la Puya, símbolo de la
resistencia, cae.
es el triunfo de la idea de resistencia pacífica comunitaria frente a un modelo
construido sobre la violencia y sustentado por la fuerza.
Lo que sucede es la
constatación de la fortaleza acumulada durante dos años de campamento en el
lugar conocido como La Puya: construcción de organización, comunidad y
solidaridad, en la mayor escuela de formación política de la comunidad
después del 23 de mayo se rearticulan la indignación y las solidaridades.
Se cierra un campamento y
se abre la necesidad de encontrar nuevas vías y formas para continuar la
resistencia, necesariamente estructurales, integrales y articuladas. La agresión permanente, en
apariencia fortaleza, es en realidad signo de debilidad de un modelo concebido
desde la exclusión y para la exclusión, al que se debe enfrentar con las armas
contrarias: la participación masiva, que construya un país y un mundo de todxs
y para todxs.
vs. Dictadura
[1] Control político y saqueo de instituciones (aduanas, Secretaría
Presidencial de la Mujer, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social).
Centralización de la toma de decisiones por el Presidente
(autoritarismo). Aprobación de leyes sin debate. Ampliación de exenciones
y favores fiscales a las empresas (a partir del control de la Superintendencia
de Administración Tributaria y la discusión de la Ley de promoción de
inversiones y empleo, que operan en detrimento de la recaudación de miles de
millones de quetzales para salud, educación, vivienda…). Legitimación de la
violencia. Expansión del individualismo y el mercantilismo (la solidaridad en
horas bajas) como valores fundamentales: de la persona y la “nación”.
Restricción de libertades (opinión, participación, movilización, oposición,
resistencia) y persecución del ejercicio de las mismas. Anómala selección de
candidatos para Jefe del Ministerio Público, cuando algunos de los mejor
calificados no acceden a la elección final (“pacto de impunidad”)[2].
Este es el panorama, esta es la radiografía de un régimen de derechos en
entredicho y una institucionalidad construida en función de intereses privados
mercantiles. ¡Alto! la dictadura guatemalteca está en reconstrucción, aunque
utilice perversamente las leyes y las formas representativas para expandirse.
El poder se cierra y protege a sí mismo. El Congreso aprueba leyes que
favorecen a las empresas transnacionales y locales, que a su vez
financian/sobornan partidos, los cuales operan intereses de economía formal y/o
criminal, todo ello bajo la mirada complaciente (no omnisciente pero
autoritaria) del Presidente, y la legitimación de reproductores ideológicos de
la opresión como los medios de comunicación, los cuales avalan y fortalecen el
poder violento y un sistema de impunidad auspiciado por abogados y operadores
En su expansión, el poder se revela autoritario, sin fisuras ni decoro.
Por el contrario, visibiliza y exalta el uso de la fuerza, más allá de
formalidades y apariencias democráticas propias de otra época: otra fase de la
acumulación (la privatización de activos del estado posterior a la firma de los
matizado por el Estado del bienestar y fuerzas socialdemócratas).
Hoy es la feria, perdón, la época de la desaparición del estado social y
territorios precisa de la violencia y permea la institucionalidad.
Se proponen reformas constitucionales para limitar derechos y favorecer
la mercantilización y explotación de todos los recursos (por ejemplo, la
defendida por la Universidad Francisco Marroquín). Se apuesta por la reelección
presidencial, es decir la reelección de Otto Pérez Molina, a sabiendas de la
imposibilidad constitucional (legal) de la misma. Se coquetea, así, con el
Golpe de Estado y se coquetea con la dictadura, o ya la vivimos, en su sentido
de gobierno sin apego a la ley o que utiliza de forma desigual la misma: cuando
me conviene sí, cuando no me conviene no, parafraseando las palabras
de la socióloga argentina Isabel Rauber tras el golpe de estado en Honduras,
cuya prolongación regional estamos viviendo.
El autoritarismo acuerpa la acumulación empresarial. Simbólicamente, la
Constitución de 1965, heredera del golpe de estado militar de 1963, cuyas fuentes
básicas son el anticomunismo, la contrainsurgencia y la Ley de Orden Público,
se convierte en referente de “nueva” organización (Mario Fuentes Destarac):
paso atrás o actualización del poder militar aliado con sectores económicos,
formales y criminales, tradicionales y emergentes. El horizonte no parece admitir discusión para las fuerzas económicas: se trata
de reconocer la primacía sin discusión de los derechos mercantiles sobre los
derechos políticos y sociales, individuales y colectivos, y de organizar la
sociedad en función de esta doctrina. La paradoja –o la coherencia extrema de
esta propuesta- es que puede basarse en instituciones o en su desconocimiento
violencia. Es oficial. Se acaba la democracia, sino detenemos la involución
autoritaria pro empresarial, prefigurada en la cascada de leyes y normas
aprobadas (sin debate) o en discusión en el Congreso: solamente este año, Ley
de servidumbres de transmisión eléctrica, Ventanilla única de importaciones,
Ley de promoción de competitividad y empleo, Circunscripciones económicas, Ley
libertad y fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión de datos,
Ley de promoción de la competitividad y empleo, reordenamiento militar, y
otras. Rasgos comunes en estas diferentes normas son los siguientes:
favorecen intereses de grandes (y pocas) empresas transnacionales, sin
consideración a las empresas medianas, pequeñas, cooperativas, comunitarias;
niegan el pago de impuestos, a pesar de la autonombrada responsabilidad
social empresarial;
en la práctica, crean espacios territoriales de legalidad y normatividad
definidas por las empresas, al estilo de las Ciudades Modelo;
penalizan la oposición a las inversiones, reprimiendo la organización y
oposición comunitaria;
asumen el ejercicio de la violencia institucional para imponer proyectos
económicos. Ley aprobada o en discusión
de “urgencia nacional y necesidad pública la construcción de las
obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de energía
eléctrica”, e impulsa la Iniciativa de Ley de Servidumbres de
potestad de impulsar de forma obligatoria el proyecto, por todos los medios a su alcance (incluido el uso de la Policía Nacional Civil o fuerzas
combinadas: militarización del conflicto.
Ley de control de las telecomunicaciones móviles en centros de
privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para la
transmisión de datos o Ley de telefonía Favorece
de los pagos mensuales o anuales requeridos por las Municipalidades). Ventanilla ágil para las importaciones, reducción del poder de la SAT
y falta de tributación empresarial
misma línea, se encuentra el Anteproyecto de Ley Marco del Sistema de
Competitividad y Productividad, iniciativa 4647
propuesta de Títulos de Usufructo del Subsuelo (TUS), defendida entre otros
por la Universidad Francisco Marroquín, el Centro de Investigaciones
Económicas Nacionales (CIEN) y el grupo de comunicación Libertópolis consiste
en que “El dueño de la superficie sea también el poseedor del usufructo
del subsuelo, a través de un título, de forma similar a cómo funcionan los
títulos de usufructo de frecuencias. El Estado seguiría siendo el dueño del
subsuelo porque así lo establece la constitución, pero (quien) posee una parcela,
finca o terrenos serían los que gozarían del usufructo de lo que hay debajo
de sus propiedades”.
sus promotores la propuesta elimina “el conflicto por el subsuelo” y
favorece a comunidades y campesinos que pueden negociar directamente sobre el
subsuelo: “¿Quiere que los beneficios de la explotación de los recursos
naturales lleguen realmente a las personas? Pues es mejor que ellas tengan la
propiedad de los recursos y que los negocien directamente con quien los vaya
a explotar —si ellos no lo pueden hacer directamente— a que quien lo
aproveche sea un funcionario corrupto que se quede con una buena parte de la
negociación. ¿Tan difícil es entenderlo?” afirma Ramón Parellada, de
práctica, una empresa X, dueña de X territorio (comprado, por cierto, a
partir de engaños o falta de información clara sobre el uso que se quiere dar
al mismo), es automáticamente usufructaria del subsuelo, para cuya
propuesta se enmarca en la mercantilización de la naturaleza, sobre la base
de derechos mercantiles superiores a los derechos colectivos, a la identidad
primera propuesta de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo (está siendo
renegociada) establece los siguientes incentivos para empresas:
del Impuesto de Solidaridad durante 20 años.
fiscal del Impuesto sobre la Renta por inversión en activos fijos, generación
de empleo o capacitación que realice la empresa, durante 20 años.
por la compra, permuta o transferencia de dominio o el arrendamiento de
inmuebles y el crédito fiscal del 50% sobre el Impuesto Único sobre
Inmuebles, por inversiones en infraestructura, durante diez años.
de derechos arancelarios a la importación, y exención del Impuesto al Valor
Agregado en importaciones de maquinaria, materias primas, insumos y
materiales que utilicen las empresas en procesos productivos, de forma
práctica, el Estado de Guatemala subvenciona a empresas para que se instalen
en el país, ampliando el régimen de exenciones vigente en la Ley de Fomento y
Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila (Decreto 29-89) y la Ley
de Zonas Francas (Decreto 25-89), que beneficia a más de mil empresas, y
resta al Estado de Guatemala 16,000 millones de quetzales anuales (cálculos
de Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos
Humanos). Circunscripciones económicas
declaración de circunscripciones económicas en los municipios de San Agustín
Acasaguastlán y Guastatoya en el departamento de El Progreso; Estanzuela en
Zacapa y Masagua en Escuintla, permite la fijación de salarios por
debajo del salario mínimo, burlando el Código de Trabajo y las negociaciones
sindicatos-empresarios-Estado. Para facilitar la inversión, las
circunscripciones económicas construyen legalidad específica, a costa de
reducir derechos.
Elaboración propia. La elaboración de leyes favorables a intereses particulares; la
persecución a la organización social y los defensores de libertades; el
debilitamiento de un Estado garante de derechos; la construcción de una
institucionalidad y una legalidad proempresarial (o la superación autoritaria y
por la fuerza de la misma) avanzan sin retrocesos y sin punto final. El sistema
económico funciona a partir de la multiplicación y crecimiento constante de
ganancias. A un negocio debe suceder otro, a una empresa e inversión otra
nueva: gas natural o gas de esquisto (aprovechando el gasoducto binacional
recién aprobado por los presidentes de Guatemala y México); privatización del
agua (perdón, gestión integrada del recurso hídrico, con recursos entre otros
de la cooperación española); privatización del mar (me excuso: desarrollo de
los derechos mercantiles, como afirma el profesor peruano Enrique Ghersi,
también profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín). De todo se
pueden obtener ganancias: disculpen, es desarrollo, civilización y progreso.
Este nuevo ciclo de reconfiguración autoritaria (Simona
Yagenova), promilitar, que sustituye el ciclo de la Constitución del 85 (basado
en principios de democracia representativa y vigencia del Estado de derecho,
aunque de corte limitado) busca estabilizarse al menos los próximos 25 años,
tiempo de “usufructo” de concesiones mineras, hidroeléctrica o petroleras, y de
las facilidades tributarias y exenciones previstas en la Ley de promoción de
inversiones y empleo.
La alternativa al vaciamiento institucional, legal, democrático, a la
reversión de los (escasos) derechos y libertades vigentes, al incremento de la
persecución y criminalización, es la construcción de nuevas formas de relación
social, la promoción de valores colectivos, la definición de una
institucionalidad y legalidad favorables a las mayorías, la apuesta por la
ampliación del ejercicio de derechos, la promoción de la vida, y no la
acumulación de ganancias, como eje de la acción política.
La alternativa pasa por la recuperación de principios que dieron vida a
los Acuerdos de Paz (no necesariamente la literalidad incumplida y
desactualizada de dichos acuerdos): la comprensión de la paz como proceso
más que como documento; como apuesta social más que institucional; como
movilización masiva (hoy considerada amenaza); como cultura de transformación
y no como razón pragmática; como construcción conjunta, plural, permanente y
entusiasta, en vez de la actual epopeya del desencanto, síntesis de lo
La paz entendida como propuesta ilusionante, aglutinadora y colectiva:
referente y guía de la agenda de cambios pendiente en Guatemala.
[1] Continuidad del debate propuesto
por Miguel Ángel Albizures: "La disyuntiva para los amantes de la
paz, la justicia y la democracia está claramente planteada. O dejamos que avance
descaradamente el despotismo y se instaure sin problemas una larga y corrupta
dictadura, o sacamos fuerzas de flaqueza y le hacemos frente aun con todos los
riesgos que sigue representando el ejercicio de los derechos ciudadanos en
Guatemala". Texto de
[2] Comunicado de organizaciones defensoras de los derechos humanos: “La
dirección del Ministerio Público (MP) es una posición clave y determinante para
la garantía de justicia pronta y cumplida (…) La nómina de candidaturas que ha
elegido la Comisión Postuladora, responde al pacto de impunidad que busca
consolidarse. Un pacto que ha reunido en torno a la sombra de la impunidad
tanto a estructuras responsables de graves violaciones a derechos humanos, como
a sectores del poder económico oligárquico tradicional así como a sectores del
crimen organizado". Más empresas, menos democracia
No hay tregua en la ocupación
de territorios y explotación de recursos por parte de las empresas y sus
aliados, nacionales e internacionales, gubernamentales y privados.
No hay marcha atrás en el
modelo acumulativo extractivista. A un proyecto sigue otro, en cualquier
espacio y ámbito imaginable. A las viejas y conocidas amenazas se suman nuevas,
igualmente dañinas en términos de destrucción ambiental, disociación
comunitaria, ejercicio de violencia y por tanto, en términos de retroceso en la
convivencia democrática y social.
Un modelo económico depredador
y de búsqueda ilimitada de beneficios afecta a la totalidad del país y sus
habitantes. Ningún sector está excluido: proyectos auspiciados por el Banco
Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco
Interamericano de Desarrollo, en energías renovables, electricidad,
alimentación, infraestructura, comunicaciones, medicinas, servicios… cualquiera
La lógica de megaproyectos,
con alto impacto ambiental y social, se multiplica:
El gasoducto binacional México
Guatemala (pendiente de ratificación presidencial) se extiende a lo largo de
500 kilómetros y al menos 6 departamentos del país, si se traza una línea recta
desde Oaxaca en México (punto de partida) hasta Escuintla (punto de llegada en
Guatemala) que atraviesa Chiapas, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos,
La hidroeléctrica Xalalá
(Ixcán, Uspantán y Cobán, con capacidad instalada de aproximadamente 181 MW),
desplazarará a miles de personas. Si en 1978 la construcción de Chixoy, 300 MW,
se hizo a costa de masacre y desplazamiento forzado, hoy se habla sin rubor y
sin memoria histórica de proyectos similares o de mayor envergadura, cuyas
consecuencias negativas crecerán. La demanda de gas de esquisto
en Estados Unidos puede impulsar su producción en Guatemala: la empresa
City Petén, que explota dos pozos de gas natural en el departamento, confirma
la existencia de gas de esquisto en el oriente del país. No importa que para
extraer este gas sea necesario inyectar toneladas de agua y químicos
venenosos a través de túneles de 2.5 km de profundidad y un kilómetro de ancho
(técnica denominada fracking, fractura hidráulica, altamente contaminante). El
gasoducto binacional viabilizaría la exportación de este producto.
El proyecto de Canal Seco en
el oriente del país abarca 372 kilómetros lineales y 46 municipios, sin
que esté claro el estatus del territorio y las personas una vez todas las
tierras sean vendidas y concesionadas (a día de hoy, el proyecto permanece
estancado, oficialmente por falta de fondos, extraoficialmente por competencia
entre capitales: capital emergente y capital ligado a los militares frente a
los intereses de capitales oligárquicos).
La concesión de territorios,
síntoma de la expansión transnacional, empieza a ser preocupante. Un ejemplo:
las quince licencias de exploración y explotación minera otorgadas en el
departamento de Jalapa (datos del Ministerio de Energía y Minas a 31 de octubre
de 2013) abarcan 365.40 kilómetros cuadrados, el 17% de la extensión total del
departamento (dos mil 670 km2). Una sola empresa, de origen canadiense, posee
concesiones sobre 145.73 km2, más del 7% del departamento, lo que la convierta
en nueva hacendada y neo-oligarquía en el área, determinante en la
configuración del poder económico y político. No solamente los
megaproyectos, también pequeños proyectos aparentemente amistosos con el medio
ambiente implican desórdenes y destrucción: de la organización comunitaria, de
la autonomía, de la paz social, de la historia (caso Cambalan en Santa Cruz
Barillas). La explotación abarca lo
tangible, y lo intangible o inadvertido como el aire, el sol, el subsuelo…En
este marco, la privatización del agua se revela como amenaza inmediata. El
manejo del “recurso agua” (oficialmente, Gestión integrada de los
recursos hídricos) toma impulso tras la visita de la Reina de España, la
reactivación del Fondo del Agua (Cooperación española y Banco Interamericano de
Desarrollo) y el interés demostrado por transnacionales españolas y europeas,
además de pequeñas empresas como Hidralia Energía (en este caso, el interés
queda evidenciado por las frecuentes comunicaciones de Hidralia Energía en las
redes sociales sobre el tema).
2013 reporta una cifra record
de inversión extranjera directa en Guatemala: 1,316 millones de dólares, un
12.8% más que el año anterior (aunque inferior al incremento proyectado por el
gobierno: 30%). Este crecimiento se ve favorecido por las facilidades otorgadas
por el gobierno, que llevan al país o a sus gobernantes a presumir de ser la
quinta economía más abierta de Latinoamérica.
La apuesta por la inversión
foránea se concreta en la vigencia de once tratados de libre comercio y
acuerdos preferenciales; tres negociados y próximos a entrar en vigencia; tres
más en negociación. Los acuerdos involucran a más de 40 países o
economías y se pueden fortalecer con la entrada de Guatemala en la Alianza del
Pacífico, iniciada en 2011 por Colombia, México, Perú y Chile, y concebida como
articulación de gobiernos neoliberales y alternativa al Alba, bajo el paraguas
protector de Estados Unidos.
próximos a entrar en vigencia
1. AAP con Venezuela 2. TLC con México
Acuerdo de Asociación Preferente. Países Efta: Asociación
Europea de Libre Cambio (AELC) o Acuerdo Europeo de Libre Comercio, también
conocida por sus siglas en inglés EFTA - European Free Trade Association.
Formada por Liechtenstein, Suiza, Noruega e Islandia, países aun no
Además de la apertura de la economía a través de tratados comerciales,
el modelo de acumulación necesita un marco político y legal favorable, en un
contexto de alianzas cada vez más estrechas entre poderes económicos y
políticos. Es decir, el modelo de acumulación genera su propia institucionalidad
y legalidad, su propia idea de democracia, fuera del control social y la
Así, las empresas orientan o sugieren normas que fortalecen su accionar
y ganancias. En una situación legal y
políticamente anómala, el poder político representativo se repliega a favor de
poderes económicos, que determinan la agendas legislativa y ejecutiva. Desarrollo tres
ejemplos recientes de esto:
La servidumbre de
la expansión eléctrica
Para garantizar el plan de
expansión del sistema eléctrico (popularmente, torres de transmisión) sometido
a un retraso físico de aproximadamente 40% y temporal de dos años, la
transnacional energética colombiana Trecsa sugiere en el mes de marzo de 2013
el Acuerdo gubernativo 145-2013 (que declara de Urgencia Nacional y
Necesidad Pública la construcción de las obras contenidas en el Plan de
Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica); e impulsa la Ley
de Servidumbres de Transmisión eléctrica.
Ambos instrumentos legales
desconocen la autonomía municipal, eliminan la obligatoriedad de solicitar
licencia de construcción a las Municipalidades (negada por muchas de ellas),
desconocen el Sistema de Consejos de Desarrollo como interlocutor, y
judicializan la resistencia y la protesta, al otorgar a un juez de paz o
tribunal de primera instancia la potestad de impulsar de forma obligatoria la
expansión eléctrica, por todos los medios a su alcance (incluido el uso de la
Policía Nacional Civil o fuerzas combinadas: militarización del conflicto).
La comparación entre estas
normas legales y las vigentes anteriormente es clara: el Acuerdo Gubernativo
137-2011, previo, menciona de forma explícita los consejos comunitarios y
municipales de desarrollo, y norma que prestarán la colaboración necesaria para
el cumplimiento del Plan, siempre que ello no vaya en “menoscabo de los
principios de autonomía municipal e institucional”. Esta referencia a
la autonomía desaparece en las normas posteriores.
gubernativo 2011
gubernativo 2013
Artículo 2. Tutela y apoyo. Las entidades del
Estado, autónomas y descentralizadas, así como centralizadas, las
municipalidades, los Concejos Municipales de Desarrollo y los Concejos
Comunitarios de Desarrollo, en sus respectivas jurisdicciones, brindarán la
colaboración pertinente cuando les sea solicitada, parea el adecuado
desarrollo de dicho Plan, sin menoscabo de los principios de autonomía
municipal e institucional.
Estado, autónomas y descentralizadas, así como centralizadas, los Concejos
Municipales de Desarrollo, los Concejos Comunitarios de Desarrollo en sus
respectivas jurisdicciones, en las que las obras se ejecutarán, deberán
prestar el apoyo necesario para el adecuado desarrollo de dicho Plan.
ley de servidumbre
Artículo 6. Licencias y autorizaciones. Para
el desarrollo, ejecución y concreción de las obras de infraestructura de
transmisión eléctrica, indistintamente del nivel de tensión o voltaje, por su
carácter de utilidad pública e interés nacional, no están comprendidas dentro
de los presupuestos que para el efecto señala el Código Municipal, por lo que
no estarán afectas a licencia de construcción, ni pago alguno…
Elimina licencias de construcción (la
posibilidad de oposición municipal).
Contradice Código Municipal y Autonomía
Artículo 39. Providencia de urgencia durante
la etapa de operación y mantenimiento de la obra. Cuando exista resistencia,
obstáculo o ausencia del propietario o proveedor del inmueble (…) podrá
solicitar el auxilio de un Juez de Paz o un Juez de Primera
Instancia (…) para que ordene el ingreso al inmueble con el fin de garantizar
la continuidad en el servicio (…) se podrá solicitar la intervención de
la Policía Nacional o fuerzas combinadas. Judicialización de la resistencia.
Respuesta policial y militar. Elaboración del
En este marco de legislación
flagrante a favor de las empresas, es bueno recordar que la generación y
transmisión de energía eléctrica no son proyectos de interés nacional, sino
destinados a la exportación y el negocio, porque Guatemala produce hoy más
energía de la que consume: según información del Encuentro de la Red
Latinoamericana contra Represas y en Defensa de los Ríos, se "Producen
actualmente en Guatemala 2100 MW de energía, para un consumo interno de 1500
MW, lo que significa que las empresas venden el excedente de la producción a
través del sistema centroamericano de distribución de energía". Por
tanto, no se está electrificando para la generalización de la prestación de
energía, sino para la venta de excedentes.
La propuesta de Títulos de
Usufructo del Subsuelo (TUS), defendida entre otros por la Universidad
Francisco Marroquín, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN)
y el grupo de comunicación Libertópolis consiste en que “El dueño de la
superficie sea también el poseedor del usufructo del subsuelo, a través de un
título, de forma similar a cómo funcionan los títulos de usufructo de
frecuencias. El Estado seguiría siendo el dueño del subsuelo porque así lo
establece la constitución, pero (quien) posee una parcela, finca o terrenos
serían los que gozarían del usufructo de lo que hay debajo de sus propiedades”.
Según sus promotores la
propuesta elimina “el conflicto por el subsuelo” y favorece a
comunidades y campesinos que pueden negociar directamente sobre el subsuelo: “¿Quiere
que los beneficios de la explotación de los recursos naturales lleguen
realmente a las personas? Pues es mejor que ellas tengan la propiedad de los
recursos y que los negocien directamente con quien los vaya a explotar —si
ellos no lo pueden hacer directamente— a que quien lo aproveche sea un
funcionario corrupto que se quede con una buena parte de la negociación. ¿Tan
difícil es entenderlo?” afirma Ramón Parellada, de CIEN.
En la práctica, una empresa X,
dueña de X territorio (comprado, por cierto, a partir de engaños o falta de
información clara sobre el uso que se quiere dar al mismo), es automáticamente
usufructaria del subsuelo, para cuya explotación no deberá, siguiendo esta
línea de argumentación, pedir permiso. Se intenta eludir la oposición de las
comunidades y el consentimiento previo y derecho de consulta: sin sentido en
espacios que los nuevos títulos reconocen como privados.
La propuesta se enmarca en la
mercantilización de la naturaleza, sobre la base de derechos mercantiles
superiores a los derechos colectivos, a la identidad y la historia.
La primera propuesta de Ley de
Promoción de Inversiones y Empleo (está siendo renegociada) establece los
siguientes incentivos para empresas:
Exención del Impuesto de
Solidaridad durante 20 años.
Crédito fiscal del Impuesto
sobre la Renta por inversión en activos fijos, generación de empleo o
capacitación que realice la empresa, durante 20 años.
Exención por la compra,
permuta o transferencia de dominio o el arrendamiento de inmuebles y el crédito
fiscal del 50% sobre el Impuesto Único sobre Inmuebles, por inversiones en
infraestructura, durante diez años.
arancelarios a la importación, y exención del Impuesto al Valor Agregado en
importaciones de maquinaria, materias primas, insumos y materiales que utilicen
las empresas en procesos productivos, de forma indefinida.
En la práctica, el Estado de
Guatemala subvenciona a empresas para que se instalen en el país, ampliando el
régimen de exenciones vigente en la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad
Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos). Las
circunscripciones económicas o la burla a los derechos laborales La declaración de
circunscripciones económicas en los municipios de San Agustín Acasaguastlán y
Guastatoya en el departamento de El Progreso; Estanzuela en Zacapa y Masagua en
Escuintla, permite la fijación de salarios por debajo del salario mínimo,
burlando el Código de Trabajo y las negociaciones
Estos nuevos marcos legales complementan las facilidades ya otorgadas por un
gobierno y una institucionalidad constituidos al servicio y a la medida de las
de controles medioambientales: institucionalidad estatal débil/carente de
voluntad política, construida/cooptada para la expansión empresarial
(Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y otros);
de poder repatriar prácticamente la totalidad de los beneficios. El documento
Guatemala Investment Summit, realizado en el marco de la macro rueda de
negocios de mayo de 2013 afirma: “Existe en el país absoluta libertad
para repatriar los dividendos; las tasas impositivas son altamente competitivas
en el entorno global”, lo que desmiente el mito de los beneficios
económicos dejados por las empresas;
policial y militar para la expansión empresarial: persecución de las
movilizaciones sociales y el derecho de resistencia y oposición de las
poblaciones; judicialización de la protesta; campañas gubernamentales que
deslegitiman el ejercicio de derechos de participación, organización, movilización
Un nuevo expolio: entrega del
territorio y la soberanía
La entrega sin condiciones de recursos y bienes a las empresas no ha
tocado fondo. Conviene alertar, además de las amenazas relatadas anteriormente,
de una nueva vuelta de tuerca en la privatización y mercantilización: la
propuesta de ciudades-modelo, muy avanzada en Honduras, que
transfiere en su concepción ideal porciones de territorio a gobiernos garante
(un gobierno extranjero, que puede ser un país o un consejo de personas y empresas),
generando legislación, fiscalidad e institucionalidad propias en ese
Las ciudades modelo se conforman como territorios autónomos para la
gestión empresarial, en un marco de recolonización, más allá del actual despojo
de recursos y bienes de las comunidades. Esta propuesta está siendo
desarrollada en Guatemala por la Universidad Francisco Marroquín (free
cities). En el contexto de
reconfiguración de actores e inestabilidad política, las reformas
constitucionales pueden convertir en norma lo que hoy es práctica y deseo de
Así, el ideal de gestión político empresarial convierte
los intereses de las empresas en intereses y agendas de Estado; el
modelo de acumulación capitalista en modelo de desarrollo; el proyecto político
de minorías en agenda legislativa y del ejecutivo. El Estado (el estado fuerte,
orientador del bien común, diseñado y olvidado en el mismo momento por algunos
de los firmantes de los Acuerdos de Paz) se diluye y reduce a operador de la
propuesta empresarial: carece de capacidad económica y política para orientar
un modo de organización diferente y colectivo.
Actores privados (empresas/corporaciones transnacionales y locales)
fuera del control social, con lógica de individualidad, configuran una
democracia a su medida: autoritaria, vigilada, redimensionada –al igual que los
derechos- bajo un enfoque mercantilista. Si es necesario, ignoran, anulan o
modifican el marco legal preexistente.
La práctica nos enseña que la ecuación empresas-beneficios-libertades-bienestar,
no está correctamente formulada. Por el contrario, en un sistema de accionar
impune de corporaciones empresariales, lo público y lo político concebidos como
espacios e instrumentos para el desarrollo de comunidad quedan sacrificados en
la primacía de beneficios privados. Empresas o democracia. ¿Por dónde se va a romper la pita?
Iniciativa de Ley de Servidumbres legales de
transmisión eléctrica, http://es.scribd.com/doc/207777115/Leyservidumbreslegalesdetransmisionelectrica
Iniciativa de Ley de Promoción de Inversiones y
Empleo, http://es.scribd.com/doc/211393760/04-Ley-de-Promocion-de-Inversion-y-Empleo-01-0 Gobierno patriota y represión
Los dos primeros años de gobierno del Partido Patriota y Otto Pérez Molina coinciden con una brutal ofensiva contra organizaciones y dirigentes sociales, en el ámbito comunitario y nacional. La agresión continuada, proveniente entre otros de columnistas, empresarios y gobierno (sobre todo el Ministro de Gobernación y el Presidente), tiende a deslegitimar y desacreditar a la dirigencia y a las organizaciones (acusados de terroristas, criminales, narcotraficantes, manipulados, cooptados, anti desarrollo, delincuentes…); debilita la oposición social (al perseguir, amenazar con encarcelamiento o capturar de hecho a centenares de personas); y previene, a través de la generalización del miedo, otras movilizaciones sociales y expresiones opositoras.
La persecución sube un peldaño con las medidas judiciales, por delito de opinión (en cursiva, porque opinar no constituye delito), contra Francisca Gómez Grijalva, académica y columnista, Daniel Pascual Hernández, dirigente del Comité de Unidad Campesina, y José Rubén Zamora, presidente de El Periódico. En el primer caso, la empresa Cementos Progreso emplaza a Francisca Gómez a presentar pruebas de afirmaciones vertidas en un artículo (referente a actuaciones impositivas y violentas de dicha empresa en San Juan Sacatepéquez, actuaciones que no solo Francisca ha denunciado y son de dominio público). En el caso de Daniel Pascual, la Fundación contra el Terrorismo interpone contra él una querella por delitos de difamación, calumnia e injuria, a partir de declaraciones públicas del dirigente. A José Rubén Zamora se le acusa (por parte del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti) de coacción, desacato, chantaje, extorsión y violación a la constitución. La revisión del Código Penal guatemalteco (que amenaza convertirse en el libro de consulta obligada de cualquier periodista, antes que el Diccionario de la Lengua) revela la disparidad entre las publicaciones y acusaciones del periodista y los delitos imputados:
En el expediente es imposible establecer cuándo murió la señora, por todo lo acontecido. Se presentan fotografías de los acusados que corresponden a otro hecho investigado (el del primero de mayo de 2012, estado de sitio en Barillas).
En el expediente constan entrevistas de autoridades donde dicen que los acusados no estaban en el lugar de los hechos (Juez de Paz de Barrillas). Pero se da validez al testimonio de una persona enfrentada con los acusados (familia Reyes) por su oposición a Hidro Santa Cruz”. Más información de este proceso: http://eltercerexpolioylareconquista.blogspot.com/p/nuestra-dignidad-no-tiene-precio.html
La persecución a la oposición se agudiza con el gobierno patriota y la simbólica presidencia de un militar kaibil pero va más allá de un gobierno y un Presidente: forma parte de la reconfiguración autoritaria y de la querencia por gobiernos neomilitares (golpe de estado en Honduras, 2009) en el marco de la relegitimación del fascismo y el autoritarismo a nivel mundial. El neoautoritarismo se instrumentaliza a partir de la lógica de la intervención (que sustituye las normas y las instituciones). Se ejecuta mediante la excepcionalidad (que suplanta los procedimientos). Se enmarca en la centralización del poder y la remilitarización, que ofrece respuestas cuarteleras a los conflictos sociales. Es un fenómeno político y social: la hegemonía de una ideología individualista, competitiva, de matriz racista, violenta. Por ello, la persecución tiene un ámbito de actuación estatal y un ámbito, interconectado, de actuación de la sociedad.
20 de enero, 2014 Cuando
los derechos se reducen a indicadores
Atravesamos una etapa crítica en cuanto al ejercicio y vigencia de
derechos, diecisiete años después de la firma de los Acuerdos de Paz. Esta
etapa está determinada por la negación de libertades (incluso las libertades
básicas de expresión, movilización, participación); el ataque a
organizaciones y dirigencia social (entre otros, ataques económicos); el
debilitamiento del poder comunitario y social (cooptación, promoción de
divisiones y enfrentamientos, desconocimiento como interlocutor y referente);
el incumplimiento de leyes que norman la participación comunitaria: código
municipal (autonomía municipal) y leyes de descentralización (sistema de
consejos de desarrollo).
La anulación de derechos (o su pulverización, en palabras de
Juan Carlos Monedero en España) es consecuencia de la presión de empresas
transnacionales y sus intereses, que articulan, bajo una misma lógica de actuación,
a las oligarquías locales, el ejército y la economía criminal. En esta etapa, el poder político lo ejercen las empresas. El gobierno y
el ejecutivo se convierten en Presidente Gerente y Gobierno
Gerente. El discurso del desarrollo justifica esta transferencia y dejación
del poder: el discurso o la consigna vacía del desarrollo, que apenas logra
explicar las contradicciones entre las promesas de bienestar, empleo,
generación de riqueza, seguridad y paz que efectúan las empresas y el gobierno,
y la realidad de conflictos comunitarios, divisiones, extracción de recursos y
pobreza, generada por esas mismas empresas. En una situación legal y políticamente anómala, las empresas se
permiten sugerir o elaborar leyes. Veamos un ejemplo: para
garantizar el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica
(popularmente, torres de transmisión) sometido a un importante retraso
(aproximadamente dos años), la transnacional colombiana Trecsa logra en el mes
de marzo de 2013 la aprobación del Acuerdo gubernativo 145-2013 (que
declara de "urgencia nacional y necesidad pública la construcción
de las obras contenidas en el Plan de Expansión del Sistema de transporte de
energía eléctrica") e impulsa la Iniciativa de Ley de
Servidumbres de Transmisión eléctrica.
La combinación de ambos instrumentos debilita la autonomía municipal, al
Municipalidades (negada por muchas de ellas); desconoce el sistema de consejos
de desarrollo como interlocutor; judicializa la resistencia y la protesta, al
otorgar a un juez de paz o tribunal de primera instancia la potestad de
impulsar de forma obligatoria el proyecto, por todos los medios a su alcance
(incluido el uso de la Policía Nacional Civil o fuerzas combinadas:
militarización del conflicto).
La comparación entre estas normas legales y las vigentes anteriormente
es clara: el Acuerdo Gubernativo 137-2011 (previo) menciona de forma explícita
los consejos comunitarios y municipales de desarrollo, y refiere que prestarán
la colaboración necesaria para el cumplimiento del Plan, siempre que ello no
vaya en “menoscabo de los principios de autonomía municipal e
institucional”. La autonomía municipal desaparece en el nuevo acuerdo
y en la iniciativa de ley de servidumbre. Acuerdo gubernativo 2011
2. Tutela y apoyo. Las entidades del Estado, autónomas y descentralizadas,
así como centralizadas, las municipalidades, los Concejos Municipales de
Desarrollo y los Concejos Comunitarios de Desarrollo, en sus respectivas
jurisdicciones, en las que las obras del Plan se ejecutarán, brindarán
la colaboración pertinente cuando les sea solicitada, para el
adecuado desarrollo de dicho Plan, sin menoscabo de los principios de autonomía
así como centralizadas, los Concejos Municipales de Desarrollo, los Concejos
Comunitarios de Desarrollo en sus respectivas jurisdicciones, en las que las
obras se ejecutarán, deberán prestar el apoyo necesario para el adecuado
desarrollo de dicho Plan.
6. Licencias y autorizaciones. Para el desarrollo, ejecución y construcción
de las obras de infraestructura de transmisión eléctrica, indistintamente de
su nivel de tensión o voltaje, por su carácter de utilidad pública e interés
nacional, no están comprendidas dentro de los presupuestos que para el efecto
señala el Código Municipal, por lo que no estarán afectas a licencia de
construcción, ni pago alguno, y no se requiere más, fuera de ser un Agente
del Mercado Mayorista y de la autorización establecida en la Ley General de
Electricidad para la utilización de bienes de dominio público, que la resolución
otorgada por el Ministerio de Energía y Minas. Elimina
licencias de construcción (la posibilidad de oposición municipal). Contradice
Código Municipal y Autonomía Municipal.
39. Providencia de urgencia durante la etapa de operación y mantenimiento de
la obra. Cuando exista resistencia, obstáculo o ausencia del propietario o
proveedor del inmueble (…) podrá solicitar el auxilio de un Juez de Paz o un
Juez de Primera Instancia (…) para que ordene el ingreso al inmueble con el
fin de garantizar la continuidad en el servicio (…) se podrá solicitar la
intervención de la Policía Nacional o fuerzas combinadas. Judicialización
de la resistencia. Respuesta
policial y militar. En este marco de legislación flagrante a favor de las empresas, es bueno
recordar que la generación y transmisión de energía eléctrica no son proyectos
de interés nacional, sino destinados a la exportación y el negocio, porque
Guatemala produce más energía de la que consume: según información del
Encuentro de la Red Latinoamericana contra Represas y en Defensa de los Ríos,
actualmente "se producen en Guatemala 2,700 MW de energía para un
consumo interno de 1,500 MW, lo cual significa que las distintas empresas
venden el excedente de la producción a través del sistema centroamericano de
distribución de energía" (1).
Lo que sucede es sencillo de entender pero no de justificar: empresas y
gobierno convierten sus intereses y agendas en intereses de Estado; su modelo
de acumulación en modelo de desarrollo; su proyecto político (de minorías) en
agenda legislativa y del ejecutivo.
Lo que sucede es que no hemos tocado fondo, a pesar de todas las
agresiones y limitaciones al ejercicio de derechos ya existentes. Conviene
alertar, sin alterarnos, de una nueva vuelta de tuerca en la conculcación de
libertades, autonomía y soberanía: la propuesta de ciudades-modelo,
muy avanzada en Honduras, que transferiría porciones de territorio a gobiernos
garante (un gobierno extranjero, que puede ser un país o un consejo de personas
y empresas), y generaría legislación, fiscalidad e institucionalidad propias en
La propuesta de ciudades modelo está siendo desarrollada en Guatemala
por la Universidad Francisco Marroquín (free cities) y su
concreción puede implicar el fin de la soberanía, el fin del país como ahora lo
conocemos y la recolonización territorial: va más allá del actual despojo de
recursos y bienes de las comunidades.
La ofensiva neoliberal militarista no tiene intenciones de decrecer. Por
el contrario se fortalece en nuevos actores y ámbitos que focalizan sus
intereses en Guatemala y la región. Encontramos en Guatemala tensiones
alrededor de proyectos y empresas indias, chinas, brasileñas, rusas,
canadienses, españolas, fondos de inversión, proyectos auspiciados por el Banco
Interamericano de Desarrollo, en sectores de energías renovables, electricidad,
alimentación, infraestructura, comunicaciones, servicios… cualquiera que
Ubicamos nuevos actores, contra los que es necesario
renovar estrategias de resistencia: es el caso de Colombia, convertida en el
mayor inversor en Guatemala a partir de este año, que vincula intereses
geoestratégicos (Estados Unidos) y lógicas de expansión paramilitar.
No es lejana la posibilidad de que Guatemala se convierta en experimento
de proyectos a partir del fracking, la técnica de fractura
hidráulica que inyecta toneladas de agua y químicos venenosos a través de
túneles de 2.5 km de profundidad y un kilómetro de ancho para extraer gas no
No podemos esperar que esta ofensiva disminuya o no esté acompañada del
ejercicio de la violencia, que sea dialogante y consensuada, que respete normas
democráticas. La violencia es consustancial al capitalismo y el despojo. Es
garantía de acumulación. Es permanente. No sustituye sino que complementa el
diálogo o lo utiliza de forma táctica. No descarta ningún método:
judicialización, deslegitimación, atentados, asesinatos, promoción de enfrentamientos
comunitarios y entre organizaciones.
A partir de estos intereses y formas de operación podemos preguntarnos:
¿cómo se entiende desde el poder el ejercicio de derechos hoy en Guatemala?
Para las empresas, para el gobierno, para la Cámara de Industria, para buena
parte de la comunidad internacional que apoya la expansión transnacional, los
derechos son indicadores (como menciona la Corte de
Constitucionalidad alrededor del derecho a la consulta, y reiteran columnistas
de prensa). No son de obligado cumplimiento, no necesariamente se concretan, no
vinculan las políticas públicas y las leyes, los actores públicos y privados.
No implican valores ni principios de convivencia. Son apenas indicadores:
referentes que se cumplan sí y sólo sí son convenientes a los intereses
de acumulación, lo que nos convierte en una democracia de mercado (Isabel
Rauber) y nos precipita a una dictadura de facto.
Ruptura autoritaria o alternativa
Diecisiete años después de la firma de la paz, el momento es de
polarización, exclusión, violencia institucional, ofensiva sobre los
territorios, profunda crisis. Esta crisis estructural puede devenir en cambios
profundos: quiebres y rupturas (modificación del sistema económico y político
tal y como hoy lo conocemos, con sus marcos de referencia: leyes, partidos,
actores, instituciones, modelo económico, constitución).
Los escenarios de ruptura se concretan en: ruptura autoritaria o
ruptura/alternativa popular emancipadora (ambas ya procesos en construcción).
La ruptura autoritaria o restauración neoconservadora en
palabras de Emir Sader, se legitima tras el golpe de estado en Honduras de
junio de 2009 y el fraude electoral de noviembre de 2013, y está avalada por
una comunidad internacional progresivamente neofascista. Esta ruptura
autoritaria puede profundizarse con violencia contra organizaciones,
militarización, adelantamiento de elecciones, golpe técnico, gobierno militar,
reformas constitucionales (de nuevo en agenda y discusión pública a partir de
la propuesta de José Rubén Zamora y El Periódico) y pretende la reducción de
funciones del estado y reducción de derechos, en la línea de la “constitucionalización
de la soberanía de las minorías” (Álvaro Velásquez) que retoma el
proyecto Pro Reforma de la Universidad Francisco Marroquín.
La ruptura y alternativa popular emancipadora implica profundizar
visiones y proyectos de los movimientos sociales: la defensa del territorio, la
autonomía (de cuerpos, territorios y política), la democracia real, funcional y
participativa, (“democracia sin fin” en palabras de Boaventura de
Sousa Santos), la soberanía, la autodeterminación, el gobierno de comunidades,
pueblos y nacionalidades, el cuidado de la vida planteado por el feminismo, el
proyecto político de la cosmovisión indígena y el buen vivir.
Implica dar un vida a un paradigma descolonizador, despatriarcalizador y
anticapitalista que trasciende por sí mismo el marco de los Acuerdos de Paz y
la Constitución de 1985, y plantea un nuevo pacto. La ruptura popular emancipadora enfrenta retos múltiples, entre otros:
Concebir luchas
integrales (antipatriarcal, anticapitalista y antirracista), así como el
neoliberalismo se implanta de forma integral (Gilberto López y Rivas). Integrar
luchas implica integrar visiones (lo privado y lo público, entre otras).
comunicación, movilización, electoral, campamentos de resistencia, y otras
(después de la firma de la paz se parcializaron y separaron las formas de
Luchar para superar y
trascender lo legal y el actual marco estatal, sin caer en la ilegalidad ni la
mejor (para enfrentarlo) el poder corporativo: articulación de la economía
criminal con la formal; funcionamiento de los fondos de inversión; conocimiento
de las cadenas de propiedad y poder, en un marco de opacidad societaria;
reconocer y conocer las estrategias cambiantes del capital.
político constante, autocrítico, no complaciente. Todo lo contrario a lo que
hacemos en el caso reciente de Honduras, donde los vacíos y los silencios
sustituyen a los cuestionamientos necesarios: límites de la acción electoral;
subordinación del movimiento social al instrumento político; pactos políticos
Ubicar lo electoral
en función de las luchas sociales y no al revés (visión táctica estratégica).
articulación como vocación política, permanente y sistemática, irrenunciable,
sin la cual no hay emancipación.
Politizar la
indignación y los estallidos sociales previsibles (por la desatención del
estado y la debilidad de referentes organizativos sociales).
La conclusión es que no podemos esperar pasivamente que se modere la
ofensiva transnacional autoritaria y pro militar. Debemos creer que podemos
transformar, que de hecho ya estamos construyendo y reconstruyendo, que somos
sujetas y sujetos de la historia, preparando y provocando el cambio de modelo y
el cambio de época. 2 de enero de 2014
[1] Información de Radio Mundo Real. Presentación en Foro Coordinadora y Convergencia Nacional Maya
Waqib´K´ej, Chimaltenango, 27 de diciembre de 2013. Gobernabilidad dictatorial o ampliación de
La equiparación de demandas
sociales con extorsión y chantaje de pandillas, realizada por el Ministro de
Gobernación López Bonilla (1) se
enmarca en la restricción de derechos y libertades promovida por el poder
político. Esta
restricción (generalizada, sistemática y creciente) se manifiesta, entre otros
hechos, en la persecución permanente contra organizaciones y dirigentes; la
desvalorización de instituciones surgidas de los Acuerdos de Paz (Secretaría
Presidencial de la Mujer, Defensoría de la Mujer Indígena); la interferencia en
el poder judicial (caso Ríos Montt); las detenciones y capturas arbitrarias
(manoseo y politiqueo del sistema de justicia), como reconoció Naciones Unidas
al respecto del caso Barillas(2); el incumplimiento de leyes y procedimientos
(contrataciones por excepción); la intervención –ocupación- de entidades como
norma (IGSS, Aduanas, SAT); la centralización en la toma de decisiones (o
autoritarismo presidencialista).
palabras del Ministro se fortalecen en la mentalidad/cultura autoritaria de las
élites (no es casual la elección del escenario de la Cámara de Industria para pronunciarlas),
y el rechazo/miedo a la organización social. No son, en este sentido, una
reacción hepática ante la (evidente) pérdida de control de la seguridad
(incremento de asesinatos) y control político (territorial) por parte del
gobierno, ni deben interpretarse como una amenaza pasajera, focalizada y
específica. La disque retractación de López Bonilla, el día después del día D,
volvió a acusar: insistió en vincular demandas y luchas sociales con
situaciones de ingobernabilidad.
sus declaraciones, el Ministro arremete (aunque no le gusta la expresión)
contra un principio democrático y de convivencia fundamental: el respeto y la
aceptación de ideas diferentes. Al contrario de lo que López Bonilla afirma y
el gobierno piensa, la oposición, las propuestas diferentes, las críticas y las
protestas, generan gobernabilidad inclusiva, ciudadanía activa y crítica, base
de una democracia y una sociedad sanas y justas. Las políticas de gobierno y
estado optan por el modelo contrario: la implantación (violenta) de un
pensamiento único (individualista, legitimador de la violencia, autoritario,
excluyente), en el marco de la deriva hacia una dictadura civil o democracia de
mercado (o su ya, de hecho, instauración). La idea de gobernabilidad de López
Bonilla (al parecer sin disenso, sin críticas, sin organizaciones populares) se
asemeja a la paz de los cementerios y se aleja del ideal de una permanente
ampliación de derechos y de la democracia (Boaventura de Sousa Santos).
La fuente del derecho: los grandes
suerte de gobierno por decreto, solamente sujeto a la arbitrariedad, interpreta
la ley de forma selectiva, limita/supedita el accionar de las instituciones y
cuestiona el ejercicio de derechos políticos y sociales contenidos en la
Constitución: entre otros, movilización, manifestación, reunión, participación,
resistencia o el derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido
por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (3).
este marco, se convierte en norma lo que debería ser excepcionalidad (o nunca
debería ocurrir): la militarización de la seguridad y la utilización del
ejército en tareas de seguridad interna (denuncia de la Oficina de la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (4), tras la visita de su directora en marzo de 2012). Más
allá de la seguridad, se militariza la función pública, el Estado y la acción
política en general, con lógicas de confrontación y exclusión permanentes.
estados de excepción anunciados, y los deseados pero imposibles de aplicar por
la respuesta social (más de cuarenta, anticipó el ministro
amenaza López Bonilla en abril) se tornan escenario de gobierno ideal:
desaparecen los derechos y sus organizaciones defensoras; se someten las
protestas (comunidades, incluso alcaldías no alineadas); se limita la autonomía
municipal y el poder comunitario (a partir de la declaración de proyectos
empresariales como de utilidad pública e interés nacional) y local, en favor de
autoridades no electas: gobernadores, encargados de zonas
militares. Cuando los estados de excepción son políticamente inaplicables,
se aplican estrategias de guerra en los territorios (Huehuetenango, fines de
septiembre, a partir del despliegue militar del ejército, el bombardeo
preventivo -disparo desde helicópteros- el terror provocado por el anuncio de
capturas masivas).
derechos son definidos (y automáticamente limitados) por intereses privados, de
empresas y corporaciones transnacionales. El gobierno actúa como gerente de
estos intereses, en un marco de alianza estratégica Partido Patriota-comunidad
internacional. Por pura mala suerte, le tocó a la Cooperación Española donar
300,000 euros al Ministerio de Gobernación, en presencia del Ministro, un día
después de las desafortunadas declaraciones.
alianza parte de (fuertes) connivencias: la comunidad internacional necesita a
Guatemala y necesita el saqueo para responder a la crisis de acumulación
capitalista. El gobierno de Guatemala, violento pero débil en cuanto a su
capacidad de garantizar consensos (ni siquiera entre las élites económicas) se
apoya en empresas y gobiernos extranjeros, con mucha fuerza el español, para
detener o aplazar el descalabro político.
el común (la comunidad, lo comunitario) se desvanece ante el empuje de
intereses particulares y la mercantilización de la vida. Se normaliza una
cultura política de dependencia de agendas y decisiones de las empresas, que
influyen en la persecución a dirigentes sociales y orientan las acciones de
establecimiento de una legalidad e institucionalidad de facto, sujeta a
intereses sectoriales y corporativos, anula consensos democráticos y sociales
mínimos (de por sí precarios y continuamente transgredidos): los Acuerdos de
Paz de 1996 (consenso del Estado fuerte orientado a la inclusión social y la
participación democrática), y la Constitución de 1985 (consenso de la primacía
del poder civil sobre el poder militar y los poderes particulares). En la
práctica, las medidas gubernamentales definen una regresión autoritaria o,
aplicando la categoría hondureña, dictadura cívico-militar. La llegada al
gobierno del Partido Patriota agudiza esta concepción que, no obstante, es
política y decisión de Estado. Frente a ella, se debe expandir la lucha por
legitimar los derechos ya existentes, y ampliar y profundizar los demás,
ampliar la democracia incluyendo a sectores hoy indiferentes, pero igualmente
es el marco estructural en el que se inscribe la afirmación de López Bonilla.
El rechazo de la misma debe ser igualmente estructural: no es a las
organizaciones y sus líderes, como hace poco más de un mes no fue a los
extranjeros, a quienes señala (exclusivamente) el ministro de gobernación del poder
corporativo. Son los derechos y la democracia los perseguidos, los
amenazados con ser expulsados: fuera de la concepción, de las agendas públicas,
de los imaginarios sociales, de las instituciones y de las leyes. Derechos cada
vez más extraños, como una utopía o un recuerdo.
publicó originalmente el 17 de octubre de 2013, tras las amenazas de expulsión
a extranjeros realizadas por el mencionado Ministro. Se tituló No son los extranjeros, sino los
derechos, bajo el argumento
de que los ataques permanentes a organizaciones y acompañantes aceleran la
implantación de una dictadura civil. Con leves modificaciones, el artículo se
republica tras los recientes ataques del Ministro a organizaciones sociales.
1) El 26 de
noviembre, López Bonilla afirma, en reunión de empresarios, que las demandas de
organizaciones equivalen a el chantaje y la extorsión efectuadas por
pandilleros (entre otras, alude a la sesión realizada en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Dos días después,
el Ministro ratifica sus declaraciones, vinculando demandas sociales con
ingobernabilidad. http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/tendencioso-arremetio-ministro-lopez-bonilla-organizaciones-derechos-humanos
2)"Santa Cruz
Barillas: detenciones ilegales y estado de sitio injustificado y
desproporcionado. Como sus predecesores, el Gobierno actual recurrió a medidas
excepcionales y declaró un estado de sitio en Santa Cruz Barillas
(Huehuetenango). Esto ocurrió tras el homicidio del campesino Andrés Pedro
Miguel el 1 de mayo, presuntamente cometido por un guardia de seguridad
privada. En respuesta, integrantes de la comunidad dañaron un hotel y otros
edificios, presuntamente detuvieron a un operador judicial y entraron a la
fuerza en un destacamento militar. El decreto por el que se decretaba el estado
de sitio carecía de una justificación clara y un análisis de necesidad, excepcionalidad
y proporcionalidad. El Gobierno retiró la medida después de 18 días. El 2 de
mayo, durante el estado de sitio, se realizaron nueve detenciones arbitrarias
y/o ilegales sin orden judicial, perpetradas por parte de particulares que
manifestaron ser víctimas de los acontecimientos del día anterior. Los
detenidos fueron acusados de haber participado en los disturbios. No pudieron
presentar sus primeras declaraciones ante un juez competente hasta dos semanas
después de su detención. Fueron liberados en enero, a la vista de lo injusto de
su encarcelamiento”. http://es.scribd.com/doc/132104927/InformeAnual2012-Esp-OACNUDH
3) Según relación de comunidades de Santa
Cruz Barillas, derechos sociales y políticos reconocidos por la Constitución
Política de la República y atacados hoy, son: artículo 5. Libertad de acción;
articulo 28. Derecho de petición; artículo 33. Derecho de reunión y
manifestación; artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento; artículo 45.
Legitimidad de resistencia.
4) La Alta
Comisionada Nava Pillay afirmó entonces que la militarización está justificada
únicamente si es temporal, cuenta con protocolos y subordina el Ejército a la
Policía Nacional Civil. En el caso de Guatemala, la militarización es
permanente, estratégica y constituye al Ejército como autoridad máxima. Soñar y
construir colectivamente un país nuevo
El autoritarismo renovado, la legitimación ideológico-cultural de la
violencia (que incluye jerarquía, ordeno-mando-obedezco, mano dura), el recorte
de libertades y derechos (“la mutilación de la democracia”, Edgardo Lander) nos
exigen nuevos pensamientos y prácticas políticas, que al mismo tiempo
reivindiquen nuestras memorias e historias de resistencia.
El ejercicio del poder (la maximización del despojo y la desposesión) se vuelve
sofisticado: los intereses se fragmentan en lo inmediato (control de los
ámbitos de acumulación) y coinciden en lo estratégico (las modalidades de
acumulación); los actores son múltiples: oligarquía, ejército, nuevos ricos,
seguridad privada, sicarios, operadores, economía criminal, transnacionales,
translatinas, medios de comunicación. Todo ello hace necesarias luchas,
estrategias y pensamientos cada vez más complejos.
No son buenos tiempos para la democracia. Sin más, no son tiempos de
democracia. Los Acuerdos de Paz pasan a la historia, no importa que el mismo
que los firmó sea el encargado de en­terrarlos formalmente.
Se abandona la idea de
pacto fiscal por las actualizacio­nes ambiguas y los aportes empresariales
voluntarios, olvidando el carácter estratégico de las propuestas fiscales
contenidas en los Acuerdos de Paz, que perseguían el incremento de la recau­dación
tributaria, al tiempo que diseñaban un Estado Rector, fuerte, en el marco de un
modelo económico redistribuidor.
Se remilitariza la
sociedad, con el Ejército abocado de nuevo a la seguridad interna,
específicamente un sector del mis­mo especializado en acciones de inteligencia,
desestabilización, infiltración de movimientos y control social. El
refortalecimien­to militar va más allá de la presencia física en los
territorios (ex­cesiva). Al retomar el control de instituciones estatales, el
ejérci­to se convierte en reproductor de mensajes, símbolos, ideología. Y
adquiere un grado creciente de participación en la toma de decisiones y la
autoritaria, nos olvidamos que la desmilitarización, propuesta en los Acuerdos
de Paz, im­plicaba no sólo una reducción material de efectivos, sino una
transformación ideológica, política y cultural: el consenso, las negociaciones,
los acuerdos, el poder colectivo civil, sobre las imposiciones y los
autoritarismos, hoy de nuevo determinantes. De órdenes nos nutrimos y órdenes
esperamos: se gobierna, el gobierno de Pérez Molina y el Partido Patriota
gobiernan, con arenga y por decreto, con secretividad y sin tener en cuenta nor­mas,
procedimientos, leyes. El neo militarismo, el
autoritarismo político, ideológico y simbólico (el símbolo más contundente, un
ex general acusado de genocidio en la presidencia del gobierno) son exigencias
del sistema de despojo, garantía de reproducción-acumulación, en un marco
económico que refuerza el sistema primario agroex­portador dependiente,
depredador, orientado a la exportación en detrimento de las necesidades de
podemos preguntarnos si estamos ante el fin de una eta­pa donde los referentes
(más teóricos que prácticos) fueron los Acuerdos de Paz y la Constitución de
1985. Entramos a un nuevo ciclo político, marcadamente autoritario,
concentrador, excluyen­te y violento, que en un escenario probable quedará
formalizado con la firma de una nueva carta constitucional, en la línea del
constitucionalismo autoritario (Gerardo Pisanello) y bajo la pre­misa de una
nueva concentración de poder (presidencialismo).
En definitiva asistimos a
la transición autoritaria: de de­mocracias formales o de baja intensidad a
dictaduras constitu­cionalistas (como se denomina en Honduras el nuevo orden
pos golpista), estados militares (El Salvador), democracias o gobier­nos cívico
militares (Álvaro Arzú en Guatemala), bajo la lógica de la concentración de la
toma de decisiones y la agudización de las diferencias sociales. Retomando a
Boaventura de Sousa, un sistema que mantiene formas democráticas
(partidario-electoral) pero es excluyente en lo social y económico. En este
nuevo ciclo se actualiza el pacto histórico oligarquía-ejército, adecuándolo a
esta fase de acumulación y al contexto político, tanto regional como local,
donde es clave la presencia de la economía criminal y de los planteamientos
ultraconservadores de gobiernos y em­presas extranjeras, especialmente
centroamericanas, colombianas, europeas y norteamericanas, con posturas
abiertamente progolpistas (Honduras) y nada disimuladamente antidemocráticas.
militarismo reconfigurado y autoritarismo renovado, predominan las ideas
planas, las consignas, las cons­trucciones abstractas y binarias (es bueno
para todos los guatemaltecos, queremos el desarrollo, ahora sí, la sociedad lo
demanda). A esta mansedumbre
conceptual no son ajenas las lu­chas y los movimientos sociales. Mientras el
nuevo proyecto para la vieja dominación se estabiliza, los movimientos sociales
somos conscientes de que nos quedamos sin preguntas cuando teníamos todas las
respuestas. Sin respuestas para las preguntas que después nos hicimos. Y cuando
logramos adecuar las inte­rrogantes a las razones no hallamos las palabras
precisas para ex­presarnos: viejos conceptos quedan en desuso para la dimensión
actual de los problemas y las soluciones.
Certezas históricas, que
al tiempo fueron lastre pasado, se quedan en los caminos. Por ejemplo:
el sistema capitalista tiende a derrumbarse por sí mismo; el desarrollo parte del crecimiento continuo y el reparto justo
del esfuerzo productivo; el Gobierno es el Estado y el Estado es el Poder; por tanto, Gobierno
es igual a Poder; la vanguardia es el partido, el partido representa la clase y la
clase es el pueblo, por consiguiente vanguardia es igual a pueblo; la transformación-emancipación-revolución es un momento preciso
(la toma del poder, cuando entendemos que el poder es el Estado); lo
económico determina lo subjetivo y lo ideológico.
Certezas con mayúsculas:
las luchas centrales (las económicas, la toma del gobierno) y las que pueden
esperar o se van a resolver por sí solas (la violencia contra las mujeres, el
CERTEZAS: el papá Estado,
el papá partido, comandancia general ordene, EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS.
TAMBIÉN CON MAYÚSCULAS:
los actores únicos y los dirigentes permanentes, investidos por la legitimidad
que dan las razones históricas.
Hoy, debemos creer y
decirnos que, en términos de identidad emancipadora-revolucionaria, no todo lo
anterior es inservible, pero no todo lo anterior es rescatable. Sin certezas
definitivas, nos queda “construir en las incertidumbres”, como nos
aconseja Edgar Morín a través de Raúl Zibechi. No tenemos todas las respuestas,
pero podemos usar un “catálogo” (por decirlo a la vieja manera) de intuiciones.
Viejos dogmas sustituidos por negaciones creativas:
- No existe una opresión
prioritaria, privilegiada, central (como analiza la teoría revolucionaria
clásica hasta los ochenta, que pervive en organizaciones y prácticas) sino un
sistema de opresiones articulado y entrelazado, que se manifiesta de forma
simultánea sobre territorios, cuerpos, personas, comunidades, colectividades.
- La multidimensionalidad
de los sistemas de opresión deriva en estrategias múltiples de resistencia.
- En este marco
multidimensional de luchas, los sujetos cen­trales, referenciales, devienen en
sujetos colectivos y plura­les para la transformación. Por tanto, debemos
construir “unidad sin unicidad y buscar la diversidad sin caer en la
dispersión” (Isabel Rauber).
- Las diferencias no
dividen a los movimientos. Por el con­trario, acumulan, fortalecen, dinamizan
procesos sociales. El ejercicio de conocer, asumir, debatir y crecer a partir
de las contradicciones es imprescindible para la transforma­ción social.
La incertidumbre más
cierta o la certeza medianamente insegura tiene que ver en este contexto con la
articulación como estrate­gia privilegiada. Isabel Rauber habla de vocación
articuladora: un pensamiento político y una práctica permanente: “Pensar
los caminos de la transformación social desde (y con) la articulación es una
forma de entender la realidad y, a la vez, un método para intervenir en ella,
para construir en todos los terrenos. Reviste relevancia estratégica dada la
necesidad de recomposición –vía articulación- del tejido social hoy virtual­mente
desaparecido tras su profunda atomización”. En el fondo, se trata de
reivindicar principios tan sencillos que extraña que hayamos invisibilizado y
marginado. U olvidado. Olvidamos el reconocimiento de las y los otras-os como
actores estratégicos y aliados en procesos de transformación. El reconocimiento
de las distintas-diferentes miradas y visiones: no dialogamos sólo entre
quienes pensamos lo mismo y para con firmar nuestras visiones, sino para
confrontarlas, enriquecerlas, complementarlas.
Olvidamos que la
articulación no es homogeneización, ni la suma de los actores, sino la síntesis
de lo diferente. Frente a una visión de articulación como inclusión, apoyo a Mi
Proyecto, Mi Instrumento, sumatoria cuantitativa de fuerzas (uno más uno igual
a dos), el diálogo y la articulación implican lo anterior y van más allá:
redefinición de las propias miradas y conceptos, conformación de un sujeto
plural cualitativamente diferente.
Olvidamos que mujeres,
pueblos indígenas, líderes y organizaciones comunitarias, comunidades como
sociedad en movimiento más que como movimiento social (Zibechi) son actores
clave en este tiempo, y por tanto protagonistas de los nuevos procesos.
Olvidamos (de tanto que
hemos caminado en la dirección contraria), que solamente con la participación
activa y las ideas de todas y todos podemos construir un mundo nuevo. No
sectorializados, no tematizados, no aislados. No solos sino con todos los
brazos, todas las cabezas, todos los pensamientos, todas las miradas, todos los
sueños, en un ejercicio de creatividad, pasión, reflexión, acción y
complicidades plurales y transgresoras. Olvidamos la esperanza: el gobierno Patriota, el neoliberalismo y la
remilitarización no son el fin de la historia.

References: Artículo 2

Artículo 6

Artículo 39
 resolución

 artículo 5
 artículo 33
 artículo 35
 artículo 45