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Timestamp: 2019-03-25 00:00:50+00:00

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MEXAD548-04ES
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Jurisprudencia actos consumados
PETICIÓN 548-04
BLANCA OLIVIA CONTRERAS VITAL Y OTROS
El 9 de junio de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante "Comisión Interamericana", "Comisión" o "CIDH") recibió una denuncia presentada
por José de Jesús Esqueda Díaz, defensor público federal adscrito al Tribunal Unitario del
XXIII Circuito en Zacatecas (en adelante "peticionario"), actuando en representación de
Blanca Olivia Contreras Vital, José Antonio Martínez Jiménez, Roberto Clemente Álvarez
Alvarado, Juan Gerardo Murillo Murillo y José Eduardo Martínez de Luna 2 (en adelante
“presuntas víctimas”), en contra de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante “Estado
mexicano”, “México” o “Estado”). En la denuncia se alega que no se habría respetado el
derecho a defensa de las presuntas víctimas durante las averiguaciones previas iniciadas en
Afirma el peticionario que el Estado violó los artículos 1 (obligación de
respetar los derechos), 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), 7 (derecho a
la libertad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención” o “Convención Americana”)
y los artículos 1, 2, 6, 9 y 14 de la “Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el
deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos 3”. Alega que fueron
agotados los recursos internos e invoca la excepción contemplada en el artículo 46.2.a de la
Convención. Afirma que la petición fue presentada dentro del plazo convencional y que no
acudió a otro organismo internacional.
El Estado alega que la petición es inadmisible porque una de las presuntas
víctimas no habría agotado los recursos de jurisdicción nacional; otras tres presuntas
víctimas habrían presentado la petición fuera del plazo convencional de seis meses y;
además, invoca la fórmula de la “cuarta instancia”.
Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las
partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la
Convención Americana, la Comisión decide declarar el caso admisible a efectos del examen
sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 7 y 8 de la
Convención Americana, en concordancia con el artículo 1.1 del mismo Convenio, en perjuicio
de Blanca Olivia Contreras Vital y de Roberto Clemente Álvarez Alvarado. Asimismo, decide
declarar inadmisible la petición por la presunta violación a los artículos 2 y 25 de la
Convención Americana. Además, considera que, en virtud de lo dispuesto en el artículo
46.1.b de la Convención, la petición es inadmisible respecto de José Antonio Martínez
Jiménez, Gerardo Murillo Murillo y José Eduardo Martínez Luna. Finalmente, la Comisión
resuelve notificar a las partes, hacer público el presente informe de admisibilidad e incluirlo
en el Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2.a del Reglamento de la Comisión, el Comisionado José de
Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana, no participó en el debate ni en la decisión del presente caso.
El señor José Eduardo Martínez de Luna fue incorporado como presunta víctima en los escritos recibidos
el 29 de julio de 2004 y el 27 de septiembre de 2005.
Declaración de Naciones Unidas aprobada por la Asamblea General según Resolución 53/144.
Distr.GENERAL. A/RES/53/144. 8 de marzo de 1999.
el peticionario informó que habían recuperado su libertad por cumplimiento de sus condenas. esta falta al debido proceso se produce porque la designación del defensor para asistir a una persona indiciada se realiza en el momento que es llevada a rendir declaración ante el Ministerio Público y. Agrega que. se otorga al indiciado la oportunidad de comunicarse con su defensor previo a la declaración. José Antonio Martínez Jiménez. no se habría respetado el derecho a contar con una defensa adecuada. en consecuencia. Las notas fueron debidamente trasladadas al peticionario. A su criterio. bajo la condición de que la reunión se realice en presencia de personal del Ministerio Público. 18 y 28 de diciembre de 2006. explica -y documenta. sino que se debe asegurar asistencia jurídica al inculpado. considera que las declaraciones ministeriales habrían sido ilícitas y que su utilización como prueba en los respectivos procesos atentaría contra el derecho a un juicio justo. no basta la presencia del defensor al momento de rendir la declaración.2 II. Informa que las presuntas víctimas fueron sometidas a averiguación previa por la supuesta comisión de diferentes delitos y en definitiva condenadas. 4 Las presuntas víctimas se encontraban privadas de su libertad a la fecha de presentación de la petición. previo a la primera declaración. en contraste con lo señalado. La petición fue recibida el 9 de junio de 2004 y registrada como P-548-04. 20 y 27 de septiembre y 13 de octubre de 2005. . los agentes del Ministerio Público si pueden entrevistar en privado a las personas inculpadas. La respuesta de México fue recibida por la CIDH el 29 de agosto de 2005. defensor público federal. Por su parte. y 13 de abril de 2010. pero no en reunión privada5. 9. con tiempo y medios adecuados para que pueda preparar su defensa. El peticionario 7. 5 En tal sentido. 11 y 24 de abril y 5 de junio de 2007. 6. Juan Gerardo Murillo Murillo y José Eduardo Martínez de Luna4. Roberto Clemente Álvarez Alvarado. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado. las sentencias condenatorias habrían sido arbitrarias y contrarias a la Convención Americana. Afirma que durante la averiguación previa no pudieron comunicarse libre. POSICIÓN DE LAS PARTES A. 8. otorgándole un plazo de 2 meses para que presentara sus observaciones. “en el mejor de los casos”.casos en los cuales se hizo lugar a la solicitud del defensor de reunirse con su defendido. 10. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 5. afecta el derecho a asistencia jurídica adecuada. El 29 de junio de 2005 fue trasladada al Estado. III. Según el peticionario. El peticionario. previo a rendir sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público. México envió información el 27 de octubre de 2006 y el 15 de junio de 2007. alega que durante la sustanciación de los procesos penales seguidos contra Blanca Olivia Contreras Vital. Considera que la no designación del defensor público antes de la primera declaración y la falta de una reunión privada entre el defensor y el indiciado. En consecuencia. Además. privada y oportunamente con sus defensores. la Comisión recibió información del peticionario en las siguientes fechas: 17 de agosto. En nota recibida el 30 de abril de 2010. 4 de enero.
ii) respecto de José Antonio Martínez Jiménez y Juan Gerardo Murillo en particular. hasta el momento de rendir declaración ante el Ministerio Público. sino de una tercera persona. en el amparo 1236/2004. Respecto del agotamiento de los recursos de jurisdicción interna. -resoluciones dictadas entre 2002 y 2004-. es un mecanismo mediante el cual se hubiere podido rectificar la actuación ilícita del Estado. aclara que ese recurso de amparo directo no fue promovido a favor de las presuntas víctimas de la petición. 12. indica que a la fecha de presentación no había precluído el plazo convencional. Respecto de la hipótesis de “cuarta instancia” invocada por México. sostiene que.2. porque no se sabría si una persona estaba siendo inculpada por un delito –aunque estuviera privada de libertad ambulatoria-. 13. Afirma que la Suprema Corte conociendo los recursos de amparo en revisión interpuestos en los distintos procesos por las presuntas víctimas. manifiesta que: i) todos las presuntas víctimas se encontraban en plazo para presentar peticiones. dado que se encontraban sufriendo las consecuencias de las violaciones a sus derechos fundamentales.a) de la Convención. sostiene que fueron empleados los mecanismos que establece la ley. rechaza las causales de inadmisibilidad alegadas por el Estado. dado que el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia en el amparo directo en revisión 1236/2004 debió haber beneficiado a todas aquellas personas que se encontraban en la misma situación jurídica. sino que el argumento radica en que las presuntas víctimas no tuvieron acceso a procesos judiciales respetuosos de las reglas del debido proceso. en consecuencia. Indica que contra las condenas se interpusieron recursos de amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que. 14. habría establecido que la presencia del defensor no sería necesaria sino hasta la primera declaración del detenido. no obstante ser un recurso extraordinario. al ser rechazados. en la práctica esto no es efectivo. indica que además se interpuso un recurso de reconocimiento de inocencia que fue resuelto contra sus pretensiones el 23 de junio de 2005. al continuar privados de su libertad. Esto porque el recurso de amparo se vuelve ineficaz ante la actitud de las autoridades de otorgar valor probatorio a actos consumados mediante violaciones a derechos humanos y porque. afirma que el plazo de seis meses debe ser computado desde la fecha en que se resolvió el recurso de reconocimiento de inocencia promovido a su favor. alega que no acude a la CIDH para lograr una “simple revisión de las sentencias dictadas”. y solicita la aplicación de la excepción a la regla de agotamiento de los recursos de jurisdicción interna establecida en el artículo 46. su resolución no benefició a sus representados. motivaron la interposición de recursos de amparo directo en revisión. si bien a través del amparo 1236/2004 se habría aceptado que la asistencia jurídica del abogado defensor es necesaria en todo momento. habría habido un cambio jurisprudencial porque la Suprema Corte. Respecto de Blanca Olivia Contreras Vital. Juan Gerardo Murillo y Blanca Olivia Contreras Vital. 15. Sin embargo. reconoció que la entrevista privada entre defensor e indiciado formaba parte del derecho de defensa de este último. Informa que las presuntas víctimas fueron condenadas en primera instancia por la comisión de diferentes delitos y confirmadas las condenas por los tribunales de apelación. En tal sentido. y iii) con relación a Blanca Olivia Contreras Vital. Por otra parte. Afirma que en México no existe un recurso eficaz para reparar las alegadas violaciones a derechos humanos. Sobre la supuesta extemporaneidad en la presentación de la petición respecto de Antonio Martínez Jiménez. .3 11. Según el peticionario.
advierte que. durante los procesos seguidos contra las presuntas víctimas. 21. En consecuencia. considera que el peticionario habría acudido a la CIDH a efectos de que ésta “se constituya en una cuarta instancia”. que se trata de una “cuarta instancia”. afirma que en los casos identificados. Reconoce que la resolución de los amparos directos en revisión interpuestos a favor de Antonio Martínez Jiménez. plantea que es inadmisible porque de los hechos alegados no surgen posibles violaciones a derechos convencionales. 20. en perjuicio de las presuntas víctimas. B. Destaca que incluso la Suprema Corte determinó que las sentencias dictadas en cada caso habían sido otorgadas conforme a derecho. respetándose de esa manera el derecho de las presuntas víctimas a 6 2006. y que en los procedimientos se había respetado el derecho de defensa. Específicamente. y se habrían respetado las garantías del debido proceso y la protección judicial previstas en las leyes. la declaración ministerial habría sido realizada en presencia del defensor público. En suma. El Estado mexicano alega que la petición es inadmisible por i) falta de agotamiento de recursos internos. 6. 9 y 14 de la “Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos. se habría garantizado su derecho a una defensa adecuada. se revisen las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales mexicanos y se reviertan las decisiones adoptadas. conforme a la Ley de Amparo. toda vez que México no realizó observaciones a su respecto. A consideración del Estado. 8 El señor Álvarez Alvarado solicitó la interpretación del artículo 20 de la Constitución a efecto de establecer en qué consiste una adecuada defensa y determinar si esta incluye entrevista en privado entre defensor e indiciado de manera previa a la declaración ministerial. ii) inobservancia del plazo de seis meses para presentar la petición. los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos”. 8 y 25 de la Convención Americana y en los artículos 1. respecto de una presunta víctima. Informó que el recurso de amparo directo en revisión interpuesto a su favor fue declarado improcedente por la Suprema Corte ya que no habría cumplido los requisitos de “importancia y trascendencia”. 2. trasladada al Estado en comunicación de la CIDH de 28 de agosto de 7 En las observaciones iniciales del Estado del 6 de noviembre 2006 se afirma que con la interposición del recurso de amparo directo en revisión ante la Corte Suprema y la subsecuente decisión de improcedencia se agotaron los recursos internos con respecto al señor Álvarez Alvarado. Sobre la situación del señor Martínez de Luna. las autoridades competentes habrían actuado con apego a los derechos humanos. Juan Gerardo Murillo Murillo y Blanca Olivia Contreras Vital significaron el agotamiento de la vía interna. en la medida que el tema de constitucionalidad8 planteado habría sido resuelto en jurisprudencia de esa misma Corte. iii) en general. Nota de 27 de septiembre de 2005. Adicionalmente. 17.4 16. la Constitución y la Convención Americana. El Estado 18. 19. 22. la CIDH debería entender que el Estado acepta los cargos formulados6. llegando incluso a presentar acciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en las diferentes instancias recurridas obtuvieron la confirmación de su responsabilidad penal por los diferentes delitos que les fueron imputados. Informa que las presuntas víctimas contaron con los recursos adecuados y efectivos para la protección de sus derechos. 7. . En el caso del señor Álvarez Alvarado inicialmente también indicó que se habrían agotado 7 los recursos internos. 2. con relación a tres presuntas víctimas. considera que se han vulnerado los derechos protegidos en los artículos 1.
En lo concerniente al Estado. fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. a los hechos de esta petición no se puede aplicar en el presente caso. señala que la queja fue presentada 15 meses después de operado el agotamiento de los recursos nacionales. 25.5 contar con una defensa adecuada. ratione loci y ratione materiae 26. el Estado expresó que como se trata de una investigación diferente. la Comisión señala que México es un Estado parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981. y que se les había informado sobre las garantías constitucionales y legales que los amparaban. Respecto del amparo 1236/2004. Respecto del primero. 23. Juan Gerardo Murillo y Blanca Olivia Contreras Vital. los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos”. El peticionario se encuentra facultado por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. la privación de libertad de las presuntas víctimas fue el resultado de una sanción penal que cumple con los requisitos previstos en la legislación interna y dentro de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. en consecuencia. la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición. Asimismo. indica que el plazo de seis meses no ha sido respetado en los casos de Antonio Martínez Jiménez. por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención que habrían tenido lugar dentro del territorio de México. en cuya resolución la Corte Suprema reconoció que la entrevista privada entre defensor e indiciado formaba parte del derecho de defensa. 27. En conclusión. Finalmente. solicita que se declare la inadmisibilidad de la petición. la CIDH no tiene competencia para pronunciarse sobre posibles violaciones a derechos consagrados en la “Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de los Individuos. “el . advierte que “suponiendo sin conceder que las declaraciones ministeriales hubieran sido rendidas sin la entrevista previa con su defensor”. porque las resoluciones dictadas en los recursos de amparo directo en revisión fueron notificadas a las presuntas víctimas el 19 y el 25 de marzo de 2003. aquellas no habrían sido las únicas pruebas valoradas en los procesos penales. Respecto del segundo y de la tercera. Por lo tanto. La petición señala como presuntas víctimas a personas naturales. IV. porque en la petición se denuncian posibles violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana. La Comisión tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. 28. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD A. Competencia ratione personae. respecto de quienes el Estado de México se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. con fundamento en los artículos 47 de la Convención Americana y 34 del Reglamento de la CIDH. advierte que la denuncia fue 18 meses después de la notificación de la sentencia que agotó los recursos de jurisdicción interna. la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. la Comisión tiene competencia ratione materiae. 24. perfeccionada el 29 de enero de 2003. ratione temporis. al que hizo referencia el peticionario. respectivamente. Por otra parte. Considera que. Estado Parte en dicho tratado. Por otra parte. Asimismo.
30. Sin embargo.6 derecho y el deber de los individuos. lo solucionen antes de que sea conocida por una instancia internacional. El 21 de mayo de 2003 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia dictada en el recurso de amparo (amparo directo en revisión 426/2003). invoca la excepción a la regla de agotamiento de los recursos de jurisdicción nacional contemplada en el artículo 46. inicialmente el Estado también indicó que se habrían agotado los recursos internos. de ser apropiado. le corresponde a la CIDH analizar si en el presente caso se agotaron los recursos de jurisdicción interna respecto de cada una de las presuntas víctimas. b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos a la jurisdicción interna. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y. el peticionario alega que se habrían agotado los recursos internos. 32. En el caso del señor Álvarez Alvarado. Requisitos de admisibilidad 1. por considerar que en México no existía un recurso eficaz para reparar las alegadas violaciones a derechos humanos. los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” dado que no se trata de un instrumento aprobado en el ámbito regional del Sistema Interamericano. 9 El Estado indica que la resolución es del 29 de abril de 2002.2. 31. . i) Blanca Olivia Contreras Vital: Condenada por el delito contra la salud en su modalidad de comercio (compra) de clorhidrato de cocaína el 30 de agosto de 2002 9 por el Juzgado Primero de Distrito de Zacatecas. a favor de cada una de las presuntas víctimas. El 29 de octubre de 2002 el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito confirmó la sentencia condenatoria. es necesario que se hayan intentado y agotado los recursos internos conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Juan Gerardo Murillo Murillo y Blanca Olivia Contreras Vital significaron el agotamiento de la vía interna. Además. o si corresponde la aplicación de alguna excepción contemplada en el artículo 46 de la Convención. para que sea admisible una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de conformidad con el artículo 44 de la Convención. indica que además se habría agotado el recurso de reconocimiento de inocencia. de las copias de sentencias adjuntadas al expediente ante la CIDH surge que la resolución es del 30 de agosto de 2002. El 13 de febrero de 2003 el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito resolvió en sentido negativo el recurso de amparo directo 674/2002. El 23 de junio de 2005 el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito declaró infundado el recurso de reconocimiento de inocencia intentado a su favor 10. El artículo 46. En consecuencia. por la interposición de amparos directos en revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Respecto del cumplimiento de este requisito convencional. B. Agotamiento de los recursos internos 29.2 de la Convención prevé que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando: a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados. interpuesto a su favor y contra la resolución dictada en segunda instancia. y c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. o haya sido impedido de agotarlos.a de la Convención Americana dispone que. El artículo 46. Respecto de la señora Contreras Vital. Por su parte.1. Sin embargo. 10 El Estado indica que la sentencia es del 27 de junio de 2005. de las copias de sentencias adjuntadas al expediente ante la CIDH surge que la fecha de la misma es 23 de junio de 2005. México reconoce que la resolución de los amparos directos en revisión interpuestos a favor de Antonio Martínez Jiménez.a de la Convención.
Murillo Murillo y Martínez de Luna –y en aplicación del anterior razonamiento. b) Respecto de los señores Martínez Jiménez. La sentencia fue confirmada el 4 de abril de 2003 por el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito. 12 de febrero de 2003 y 7 de diciembre de 2003. El 13 de febrero de 2002 el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado confirmó la sentencia condenatoria. 36. 34. El 19 de abril de 2004 fue notificado que la Suprema Corte desechó por improcedente el recurso de amparo directo en revisión interpuesto contra la última resolución. la Primera Sala de la Suprema Corte rechazó el recurso de amparo directo en revisión (682/2004) interpuesto a su favor. 37. El 7 de diciembre de 2003 se dictó última resolución relacionada con el proceso penal seguido en su contra. respectivamente. La sentencia fue confirmada el 27 de septiembre de 2002 por el Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito. Dados dichos antecedentes. En tal sentido. El 3 de julio de 2002. el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito resolvió en sentido negativo el recurso de amparo directo 155/2002.los recursos se agotaron con la resolución de los amparos directos en revisión interpuestos a favor de cada uno de ellos y resueltos el 9 de marzo de 2003. El 12 de febrero de 2003 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia dictada en el recurso de amparo (amparo directo en revisión 1317/2002). iv) Roberto Clemente Álvarez Alvarado fue condenado por el delito contra la salud en su modalidad de posesión de narcótico con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal el 19 de febrero de 2003 por el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Aguascalientes. interpuesto a su favor y contra la sentencia de segunda instancia. la Comisión observa que. v) José Eduardo Martínez de Luna: Condenado por el delito contra la salud por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. el 30 de noviembre de 2001 por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas11. El 9 de octubre de 2003 el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito resolvió en sentido negativo el amparo directo 254/2003. de las copias de las resoluciones adjuntadas surge que la misma es de 30 de noviembre de 2001. la CIDH concluye que: a) Respecto de Blanca Olivia Contreras Vital. la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia dictada en el juicio de amparo (amparo directo en revisión 98/2003). en sus modalidades de posesión con finalidad para la venta de marihuana y comercio en forma de venta. si bien se trata de un recurso extraordinario de agotamiento no obligatorio. los recursos de jurisdicción interna se agotaron mediante la sentencia que resolvió el recurso de reconocimiento de inocencia. de 23 de junio de 2005. iii) Gerardo Murillo Murillo: Condenado por el delito contra la salud. En la oportunidad. la utilización del mismo denota la voluntad real de la presunta víctima de hacer uso de todos los mecanismos que. El 9 de marzo de 2003. 35. ponía a su disposición la legislación nacional y ofrecía la posibilidad de responder a los reclamos presentados. . En cuanto al señor Álvarez Alvarado.7 33. interpuesto a su favor y contra la resolución dictada en segunda instancia. los recursos se agotaron con la desestimación por 11 El Estado indica que la sentencia es de 31 de noviembre de 2001. interpuesto a su favor y contra la sentencia de segunda instancia. ii) José Antonio Martínez Jiménez: Condenado por el delito de robo calificado el 31 de julio de 2002 por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. El 27 de noviembre de 2002 el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito resolvió en sentido negativo el amparo directo 591/2002. como se refleja en las observaciones del Estado del 6 de noviembre del 2006. en su momento. Sin embargo.
el requisito establecido en el artículo 46.1. 40. José Antonio Martínez Jiménez: 9 de marzo de 2003. Respecto de José Antonio Martínez Jiménez. Por lo tanto. Juan Eduardo Martínez de Luna: 7 de diciembre de 2003. pero no para establecer la existencia de una violación de derechos. A los efectos de la admisibilidad. pueden caracterizar una violación de derechos. El Estado afirma que esta regla no ha sido respetada respecto de algunas presuntas víctimas porque la petición habría sido presentada ante la CIDH habiendo transcurrido entre 13 y 18 meses desde que fueron agotados los recursos de jurisdicción nacional. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional.d) de la Convención. de un derecho garantizado por la Convención.a de la Convención solicitada por el peticionario. 4. En el presente caso. El peticionario rechaza los alegatos del Estado y afirma que la petición fue presentada dentro de plazo. Esta determinación constituye un análisis primario. Conforme a lo dispuesto en el artículo 46. 38. que no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto.b) de la Convención.b de la Convención Americana. según lo estipulado en el artículo 47.8 improcedente de su recurso de amparo directo en revisión ante la Corte Suprema. para que una petición pueda ser admitida. de ser probados.b de la Convención respecto de Blanca Olivia Contreras Vital y de Roberto Clemente Álvarez Alvarado. conforme al inciso (c) del mismo artículo.1. Gerardo Murillo Murillo y José Eduardo Martínez de Luna. 3. ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. La norma de los seis meses garantiza certidumbre y estabilidad jurídica una vez que una decisión ha sido adoptada.1.1. posible o potencial. debe presentarse dentro del plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que la parte denunciante fue notificada de la decisión definitiva dictada a nivel nacional. En conclusión. la CIDH considera cumplido el requisito establecido en el artículo 46. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada internacional 43. la Comisión concluye que la petición fue presentada fuera del plazo convencional. no corresponde aplicar la excepción establecida en el artículo 46. El criterio de evaluación de esos requisitos difiere del que se utiliza para pronunciarse sobre el fondo de una petición. Caracterización de los hechos alegados 44. 41. la Comisión debe realizar una evaluación prima facie para determinar si la petición establece el fundamento de la violación.a de la Convención se encuentra cumplido. o si la petición es "manifiestamente infundada" o es "evidente su total improcedencia". los recursos se agotaron respecto de las diferentes presuntas víctimas en las siguientes fechas: Blanca Olivia Contreras Vital: 23 de junio de 2005. Roberto Clemente Álvarez Alvarado: 19 de abril de 2004. corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 46. 42. decisión que le fue notificada el 19 de abril de 2004. Por lo tanto. Plazo de presentación de la petición 39. de acuerdo a lo establecido. . 2. Juan Gerardo Murillo Murillo: 12 de febrero de 2003 y. Como las presuntas víctimas agotaron una serie de recursos disponibles. la Comisión debe decidir si los hechos alegados.2.c) y 47.
Gerardo Murillo Murillo y José Eduardo Martínez de Luna. DECIDE: 1. considera que. considera satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 47. vulnera disposiciones convencionales.b de la Convención Americana. Declarar inadmisible la presente petición. en perjuicio de Blanca Olivia Contreras Vital y de Roberto Clemente Álvarez Alvarado. El peticionario alega que durante las averiguaciones previas seguidas contra las presuntas víctimas no se respetó su derecho de gozar de una defensa adecuada. Gerardo Murillo Murillo y José Eduardo Martínez de Luna.1 del mismo convenio en perjuicio de Blanca Olivia Contreras Vital y de Roberto Clemente Álvarez Alvarado. toda vez que no se les habría permitido entrevistarse de manera privada con su defensor en forma previa a rendir su declaración ministerial. el Estado sostiene que los hechos denunciados no caracterizan presuntas violaciones a derechos convencionales.1 del mismo instrumento. en virtud de lo dispuesto en el artículo 46. la supuesta falta de asistencia legal a las presuntas víctimas. 3. . Transmitir el presente informe a los peticionarios y al Estado de México. respecto de José Antonio Martínez Jiménez. 49. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. V. en consecuencia.9 45.1 del mismo convenio. 5. por la presunta violación de los artículos 2. CONCLUSIONES 48. Asimismo. 2. en perjuicio de Blanca Olivia Contreras Vital y de Roberto Clemente Álvarez Alvarado. y que la petición es admisible. podrían caracterizar posibles violaciones de los derechos amparados en los artículos 2. Continuar con su análisis en los méritos del caso. 4. podría llegar a caracterizar presuntas violaciones al derecho a la defensa. En consecuencia. de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos. la imposibilidad de reunirse el indiciado con su defensor en forma previa y privada. conforme al artículo 46. y sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión. 47. 8 y 25 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1. Declarar admisible la presente petición.1. la Comisión analizará si la falta de designación de defensor público en forma previa a la primera declaración en un procedimiento penal y. Por lo tanto. y afirma que el peticionario acude a la CIDH para que sean revisadas las resoluciones judiciales dictadas por las autoridades nacionales. la CIDH concluye que. En la etapa de análisis del fondo del presente asunto. 7. 8 y 25 de la Convención Americana. Por su parte. en relación con los artículos 7 y 8 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1. de ser probadas las alegaciones formuladas por los peticionarios. 7. La Comisión considera que.b y c de la Convención. la petición es inadmisible respecto de José Antonio Martínez Jiménez. La Comisión concluye que es competente para examinar el reclamo presentado por el peticionario. de ser probada. Declarar inadmisible la presente petición respecto de los artículos 2 y 25 de la Convención Americana. en relación con el artículo 1.1.b) de la Convención. 46.
Paulo Sérgio Pinheiro. Luz Patricia Mejía Guerrero. y María Silvia Guillén.. Miembros de la Comisión.10 6. . Publicar el presente informe e incluirlo en el Informe Anual de la Comisión a la Asamblea General de la OEA. (Firmado): Dinah Shelton. a los 23 días del mes de marzo de 2011. Presidenta. Felipe González.C. Segundo Vicepresidente. Dado y firmado en la ciudad de Washington. Rodrigo Escobar Gil. D.
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References: artículo 46
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 Resolución 
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