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Timestamp: 2016-10-24 12:24:34+00:00

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I CONGRESO INTERFERENCIAS PARENTALES-ASEMIP
Published on: Mar 4, 2016 Transcripts - Ponencias i-congreso-interferencias-parentales-asemip-v2-2010
Separación Separación y Divorcio: interferencias parentales y interferencias parentales Divorcio: Coordinadores: Francisca Fariña Ramón Arce Mercedes Novo ASEMIP Asociación Española Multidisciplinar Dolores Seijode Investigación sobre Interferencias Parentales
Separación y Divorcio:interferencias parentales Coordinadores: Francisca Fariña Ramón Arce Mercedes Novo Dolores Seijo
Esta publicación ha sido financiada por el proyecto “Consolidación e Estructuración doSistema Galego I+D+I” (INCITE09ENA211041ES)”ISBN: 978-84-693-2020-4.Depósito Legal: C 1477-2010.Imprime: NINO-Centro de Impresión Dixital.
PrólogoLa función de prologuista que me ha hecho el honor de encomendar Francisca Fariña, es lade abrir el pórtico de una obra científica sobre las interferencias parentales en las relacionespaterno filiales, que recoge las aportaciones de prestigiosos especialistas en la materia y querepresenta un intento muy serio de profundizar en una problemática sensible y de granimpacto social.Desde la perspectiva del derecho se aborda la incidencia de las crisis matrimoniales y surepercusión en los hijos en el sistema jurídico que contempla el comportamiento socialhumano desde los valores y principios que rigen la convivencia, y el camino que se estádesarrollando para la regulación de un sistema coherente de responsabilidad parental com-partida.Los medios de comunicación se han ocupado reiteradamente del tema de las interferenciasparentales que dificultan, en el mejor de los casos, o impiden, en el peor, las relaciones delos hijos e hijas con alguno de sus progenitores tras las separaciones o divorcios. Los repor-tajes, con mayor o peor fortuna, nos acercan a unas situaciones complejas, que adquierenrasgos dramáticos en muchos casos, y en los que es la felicidad de muchos niños, y la des-dicha de muchos adultos lo que está en juego.Una mirada sosegada a esta problemática es un acto de responsabilidad para muchos profe-sionales que trabajan en el ámbito de las crisis de pareja. En este sentido, un foro en el queparticipan pediatras, psiquiatras, abogados, jueces, educadores sociales y mediadores fami-liares, es una luz que nos permite abrir campo a la esperanza.Desde los juzgados de familia se ha venido realizando un importante esfuerzo en que losprocesos de familia no sirvan para que alentar la batalla entre los progenitores, en perjuiciode los hijos. De esta forma puede extraerse de la jurisprudencia que el término custodiahace referencia a convivencia, no implicando más derechos y, consecuentemente, no supo-ne un status privilegiado de un progenitor frente al otro. Se insiste en que ambos progeni-tores deben mantener el ejercicio conjunto de la patria potestad, de acuerdo con lo dispues-to en los arts. 154 y 156 del código civil y que, por lo tanto, deben comunicarse todas lasdecisiones que con respecto a los hijos adopten en el futuro, así como todo aquello queconforme al interés prioritario de los mismos deban conocer ambos padres.Cualquiera que sea el régimen de custodia, ambos padres deben participar en las decisionesimportantes, siendo de especial relevancia las que vayan a adoptar en relación a la residenciadel menor o las que afecten al ámbito escolar, o al sanitario. Para este fin se potencia elrégimen de decisión conjunta, siempre que sea posible, para cualquier tipo de intervenciónquirúrgica o de tratamiento médico no banal y la intervención y decisión de ambos padresen las celebraciones religiosas, tanto en lo relativo a la realización del acto religioso mismo ̱ͷ̱
como al modo de llevarlo a cabo sin que al respecto tenga prioridad ni preferencia alguna elprogenitor a quien corresponda el fin de semana correspondiente al día en que vaya a tenerlugar los actos.En cuanto al derecho a ser informado, se ha superado la doctrina que atribuía este derechoa quien tenía la custodia. Los dos padres deben ser informados por terceros de todos aque-llos aspectos que afecten a su hijo y concretamente tienen derecho a que se les facilite a losdos toda la información académica y los boletines de evaluación escolar, e igualmente tie-nen derecho a obtener información a través de las reuniones habituales con los tutores oservicios de orientación del centro escolar tanto si acuden los dos como si lo hacen porseparado. De igual manera tienen derecho a obtener información médica de sus hijos y aque se les faciliten los informes que cualquiera de los dos soliciten.La atribución a uno solo de la custodia, con el apartamiento del otro de los derechos y res-ponsabilidades, es una cuestión cultural que incluso se vio reflejada en la legislación. Elartículo 103 del código civil hablaba del “cónyuge apartado de los hijos”, como sinónimode persona separada, y únicamente se le ha reconocido hasta la reforma de la Ley 15/2005el derecho a visitarlo. La reforma legal no hizo más que recoger las orientaciones de la ju-risprudencia y la práctica forense, aun cuando la misma quedó incluso rezagada respecto aun porcentaje importante de convenios reguladores y de sentencias, que ya vienen reco-giendo desde hace más de diez años fórmulas de responsabilidad parental compartida.La reforma del Código de Familia de Cataluña, primero, y la ley de la familia de Aragóndespués, han sentado criterios claros respecto a la custodia compartida como régimen quese debe priorizar en los casos de ruptura de la pareja.No obstante, los problemas que muchas parejas tienen para gestionar sus procesos de sepa-ración generan múltiples comportamientos nocivos para el equilibrio psíquico de los hijosde padres divorciados, que utilizan a los niños en los conflictos de la pareja, con un negati-vo impacto en los mismos, hasta el punto de que puede hablarse en estos casos de un por-centaje superior al 25 % de deterioro irreversible de las relaciones de los menores con unode sus dos progenitores.La ausencia de tradición divorcista en España, y la censura moral que desde determinadasconfesiones religiosas se ha realizado contra aquellas personas que, ante las crisis de susmatrimonios, optaban por la separación o el divorcio, están en el origen de que, al entrar envigor la ley de 1981, se haya mantenido la mentalidad del alejamiento de los hijos respectode la persona a quien se responsabiliza de la ruptura de la relación de pareja. La lapidaciónpública de la adúltera quedaba lejos, en efecto, pero todavía permanecen algunos vestigiosque, aun de forma inconsciente, golpean a la parte más débil de estos conflictos.La realidad incuestionable de la lacra que padece nuestro país, como consecuencia de unaancestral concepción del papel de la mujer y de la supremacía del hombre, ha hecho nece- ̱͸̱
saria una legislación especial para el tratamiento integral de las manifestaciones de violenciafísica, psíquica y cultural. El efecto producido respecto de las interferencias parentales enlas relaciones paterno y materno filiales es enorme, por cuanto la presencia del fenómenode la violencia distorsiona todo el sistema familiar. Desde la jurisdicción se ha dejado abso-lutamente claro que en ningún caso el maltratador puede resultar beneficiado por su accióncon un régimen de tolerancia que minimice su responsabilidad y la pretenda aislar del con-junto de relaciones familiares. No obstante también se ha de procurar dimensionar adecua-damente la naturaleza de la violencia ejercida, por cuanto la expansión del concepto a de-terminadas manifestaciones de violencia psíquica que pueden catalogarse como leves, nopueden servir de acicate para que, por un efecto colateral, haya niños que queden separadosde sus padres absolutamente. Aquí no se pueden establecer pautas generales, sino que encada caso se habrán de ponderar todas las circunstancias, garantizando en cualquier caso elinterés del menor. PASCUAL ORTUÑO Magistrado Director de la escuela Judicial española ̱͹̱
Índice:1. Actuación judicial ante la detección de interferencias parentales por uno u otro progenitor. Francisco Serrano Castro ..............................................................................................112. Doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre interferencias parentales tras la ruptura de pareja. Francisco Rivero Hernández................................................................................................213. Adaptación psicológica de los hijos al divorcio de los padres. María del Rosario Cortés Arboleda.....................................................................................574. La teoría del apego como marco para el análisis de la dinámica del divorcio y referencia de intervención. Sagrario Yárnoz Yaben ......................................................................................................775. Procesos disfuncionales en procedimientos de separación y divorcio. Mª del Pilar Bonasa Jiménez, Judit López Novella, Conxita Cartil Ferrer, Vanessa Punset Decoppet, Mª Carmen Espada Sánchez, Raquel Cortés López, María Checa Casado, Pilar Adán Chavarría, y Mila Arch Marín ..................................1036. Interferencias parentales versus otras problemáticas: la importancia del diagnóstico diferencial. Mila Arch Marín .............................................................................................................1157. Orientación psico-jurídica al síndrome de alienación parental. Buscando soluciones. Rosa Zornoza del Hoyo.....................................................................................................1238. Intervención en casos de alienación parental. Mª Asunción Tejedor Huerta............................................................................................1339. Programa “Ruptura de pareja, no de familia”: adaptación a un contexto intercultural. Mª José Vázquez Figueiredo, Dolores Seijo Martínez y Laila Mohamed-Mohand ...........14910. Protocolo de fariña, seijo, arce y novo (2002) para las evaluaciones de guarda y custodia en procesos de separación y divorcio. Andrea Sotelo Fernández, Mercedes Novo Pérez y Manuel Vilariño Vázquez ................181 ̱ͻ̱
11. Mediación familiar e interferencias parentales. Aproximación a la cuestión desde la normativa española. Inmaculada García Presas.................................................................................................19112. La mediación familiar, un derecho y una necesidad. Francisca Fariña Rivera....................................................................................................20713. Litigio e interferencias parentales: Lecturas de jueces en casos de guarda y custodia. Ana Luisa Pereira y Marlene Matos ................................................................................22514. Estudio de sentencias de violencia de género con menores implicados: carga de la prueba y decisiones sobre los menores. Ramón Arce Fernández, Miguel Ángel Alonso Fernández, y Mercedes Novo Pérez .........24115. Estudio de opinión de los universitarios españoles sobre igualdad de género y custodia compartida. Francisca Fariña Rivera, Mercedes Novo Pérez, y Dolores Seijo Martínez........................253 ̱ ͳͲ ̱
ACTUACIÓN JUDICIAL ANTE LA DETECCIÓN DE INTERFE-RENCIAS PARENTALES POR UNO U OTRO PROGENITOR Francisco Serrano Castro Magistrado-Juez de Familia en Sevilla Ante todo se ha de poner de manifiesto que la actuación judicial y lapuesta en práctica del derecho fundamental a la Tutela Judicial efectiva, re-quiere de la premisa de que los jueces han de gozar de plena independencia ala hora de enjuiciar, sin que se pueda someter su criterio a un prejuicio y pre-determinación que limite e incluso impida que se pueda valorar un hecho conla objetividad e imparcialidad exigibles. No se pueden ni deben tolerar pre-convicciones, que vengan a destruir la capacidad de practicar un sano juicio enel que no se tenga en cuenta la verdad que se desprenda del resultado de laprueba, una prueba que en el caso de las periciales técnicas también han dehuir de planteamientos apriorísticos, puesto que es la misma la que también hade conllevar a que se alcance un diagnóstico, una convicción, tras libre y pon-derado análisis, con la que hacer realidad el principio de Justicia material. No resulta legítimo que en un Estado de Derecho, se pretenda influir ymanipular la propia actuación del Tercer Poder, quebrantando su independen-cia respecto de los otros dos Poderes, porque ello supondría finiquitar el mo-delo que diseñara hace más de 200 años un tal Montesquieu, mas lamentable-mente esa interferencia es constante y se viene produciendo desde la reformade la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2005, generando una política denombramientos de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, ̱ ͳͳ ̱
quienes a su vez designan a los altos cargos de la Administración de Justicia,comenzando por los Magistrados del Tribunal Supremo, un diseño que con-tamina todo el sistema judicial, politizándolo y polarizando su naturaleza neu-tral e independiente. El resultado es una pérdida de confianza social en laAdministración de Justicia. Peor si cabe es el panorama y el grado de descon-fianza en la actuación del propio Tribunal Constitucional, Órgano crucial ga-rante de velar por la esencia, aplicación y no transgresión de nuestra NormaFundamental, y precisamente por adolecer de un vicio estructural en el nom-bramiento de sus Magistrados por el Poder Político. Con todo, hasta recientemente los integrantes del Poder Judicial, los Juz-gados y Tribunales que imparten Justicia desde la trinchera y no en los despa-chos de Poder, hemos gozado de esa independencia, presumiendo de impar-cialidad y objetividad a la hora de juzgar y dictar resoluciones. Y digo hastaahora, porque al menos en materia de Derecho de familia, y ante las imposi-ciones que viene marcando la que denomino Dictadura de Género, se estásocavando la propia libertad de criterio y enjuiciamiento, quedando sojuzgadapor una férrea cadena de pensamiento único, un dogmatismo y ortodoxia queno admite réplica ni contradicción en sus planteamientos. No cabría de esamanera hacer análisis ponderados de prueba para llegar a una convicción nopredeterminada, no cabría practicar una prueba pericial psicológica rigurosa yajustada a metodología científica, pues el resultado ya vendría preconfigurado.La preconvicción ideológica, de esa forma, le ganaría el terreno a la evidenciaempírica. Sería volver a dogmatismos característicos de la Inquisición: “Agarrémonos a la santa tradición que la iglesia católica ha preservado sin mancha durantesiglos. Hagámoslo como hijos sumisos y obedientes, convencidos de que si yo veo que ahora esde día, pero la santa Iglesia me dice que es de noche, sin duda es que ya se puso el sol y yosoy el equivocado (Grandes Procesos de la Inquisición, seis relatos prohibidos, César Vidal,Editorial Planeta). ̱ ͳʹ ̱
En materia de interferencias parentales, esa intromisión e intento deadoctrinamiento del Poder Judicial desde la órbita de lo considerado política-mente correcto, se hace especialmente visible, pues se parte del dogma, caren-te de toda base científica de que esas interferencias, especialmente en el casode alienación parental son un invento de los padres maltratadores. Se obvia,de entrada que las interferencias pueden ser provocadas por padres, madres eincluso por otras personas dentro del entorno familiar, como hermanos, abue-los y nuevos compañeros o compañeras sentimentales. Los jueces, por tanto,desde esa doctrina de `pensamiento único excluyente, hemos de partir de unapreconvicción, siempre cargada de una nociva y perniciosa carga de intuición yprejuicio, sin que se pueda tener libertad de enjuiciamiento, examen y análisisde las causas que generan que un niño pueda rechazar a un progenitor, y mu-chas veces al resto de su entorno y familia extensa. Se parte del convencimien-to de que los niños no son manipulables e influenciables y se niega que existael denominado Síndrome de Alienación Parental por no estar reconocido en elDSM-IV. Sinceramente, considero que ese planteamiento no puede estar máshuérfano de fundamento, después de haber constatado a nivel profesional yde forma personal, casos flagrantes de niños alienados, pues a nivel científicointernacional nadie niega la existencia en hijos que han vivido situaciones deruptura traumática, de una sintomatología característica de alienación, lo quese discute es si esa sintomatología reúne los requisitos para ser calificada comoun característico cuadro de trastorno mental, y que ese cuadro pueda alcanzarla categoría de síndrome. Absurdo planteamiento que incluso haría negar laexistencia del propio síndrome de mujer maltratada, ante la diversa y difusamanifestación y sintomatología traumática que sufren las mujeres que padecenesa lacra y consiguiente deterioro físico y psicológico. ̱ ͳ͵ ̱
Entre los síntomas del niño alienado, son de apreciar, y no sólo porquelos definiera Gardner sino porque los apreciamos en la práctica los profesio-nales que trabajamos con objetividad en Derecho de Familia, los siguientes: - Campaña de desaprobación e injurias hacia el padre rechazado: Mi padre es un imbécil. Pero ¿ Por qué?. Porque sí, porque siempre lo ha sido y no va dejar de serlo. - Explicaciones débiles, frívolas o absurdas para justificar el recha- zo: Mi madre me quería desde que estaba en su barriga. Mi padre nos abandona económicamente. - Dicotomía real en la valoración de los padres: Bueno y malo. Sólo me ha querido mi padre/ madre, el otro nunca se ha preocupado por mí y si pide es- tar conmigo es para fastidiarnos. - Fenómeno pensador independiente, negando cualquier influencia externa y reclamando ser respetados: Mi madre/ padre nunca me ha hablado mal del otro progenitor rechazado pero demostrando saber del procedimiento más que los propios abogados.- ¿Qué pasa, que para me dejen en paz y me respeten me tengo que inventar una denuncia de que me maltrataba o abusaba de mí? - Apoyo y defensa del progenitor alienador, incluso cuando se les ofrece evidencias de que mienten: Mi padre o madre nunca han querido saber de mí y esas cartas y llamadas que dice que me han hecho son otra de sus falseda- des´. - Ausencia de remordimientos o sentimientos de culpa respecto de la crueldad ejercida sobre el padre rechazado: No me importa nada que no tenga donde vivir, por mí como si se muere de hambre. Sí me he enterado que ha te- nido un accidente y ha estado en el Hospital, pero para mí lo mejor es que se hubiera muerto. ̱ ͳͶ ̱
- Presencia de argumentos y frases repetidas, a menudo tomadas de progenitor alienador: Mi padre o mi madre siempre nos han engañado, nun- ca me podía esperar algo así de él o ella. - Extensión del odio a la familia extensa y entorno social del pro- genitor rechazado: Mis abuelos, primos, tíos tampoco me han querido nunca. Por consiguiente, se ha de partir de la necesidad de que los jueces cuen-ten con elementos de juicio suficientes, para lo que resulta importante la in-formación objetiva que puedan aportar los Equipos Psicosociales, peritos ex-ternos siempre que las pericias reúnan los requisitos metodológicos y deon-tológicos exigibles, Puntos de Encuentro Familiar, para detectar situaciones deSAP, pudiendo valorar y diferenciarlo de otras en las que el distanciamiento yrechazo del menor a la figura de uno de sus progenitores puede ser conse-cuencia y responsabilidad de la actitud o negligencia de éste: abandono, negli-gencia, carencia de habilidades paternofiliales, maltrato en el ámbito domésti-co. Se ha de insistir en la necesidad de no partir de posicionamientos apriorís-ticos y de prejuicios de contenido claramente ideológico. Una vez constatada la manipulación, el adiestramiento en el odio hacia elprogenitor alienado y su entorno familiar, el injustificado rechazo, la actuacióny campaña de desprestigio consciente o inconsciente, las menos veces, dirigidaa que el hijo termine huérfano de padre o madre; la respuesta judicial ha de serla de entender que ese niño o niña está siendo víctima de maltrato por el pro-genitor alienador. Ante ello la respuesta de los tribunales no puede ser la deindiferencia sino la de contundencia y eficacia. ̱ ͳͷ ̱
Esa actuación judicial se ha de graduar, procurando la solución menostraumática para el menor, de la siguiente manera: 1º En casos de SAP leve o moderado y siempre con el serio apercibi-miento de cambio de custodia - Poner en práctica técnicas de mediación y orientación psicológica con ambos progenitores, los menores por separado y conjuntamente, en sede judicial, y con posible presencia del psicólogo del Equipo Psicosocial. Se pueden instrumentalizar factores emocionales de manera terapéutica, sabiendo, una vez que se alcanza ese diagnóstico, que el menor está some- tido a un conflicto de lealtad y de dependencia hacia el progenitor aliena- dor, y que el motivo de rechazo injustificado puede desaparecer cuando delante del niño y a presencia del otro alienado, se le hace ver que no existe causa alguna para que se mantenga ese distanciamiento y obstrucción a una saludable relación. La prohibición, al menos inconscientemente transmiti- da, de mostrar afecto, en ese momento puede verse levantada por el pro- pio progenitor que la impuso. - Derivación a un proceso de mediación familiar, con intervención incluso del menor, al menos en una segunda fase de esa intervención. 2º En casos de SAP severo y cuando el menor no tenga más de 13 o 14años, llevar a efecto el cambio de custodia, principalmente de forma graduadae incluso con intervención de familiares o centros públicos de protección. Eneste sentido he tenido ocasión de pronunciarme, aportando extracto de sen-tencia posteriormente ratificada por la Ilma Audiencia Provincial de Sevilla ̱ ͳ͸ ̱
Sentencia 16 de Julio de 2008: “En el presente caso, lo cierto es que la madre ha evidenciado esa inidoneidad, cau-sando un perjuicio y victimización a su hija a quien de manera reiterada e injustificada,haciendo oídos sordos de los requerimientos y advertencias judiciales, ha venido privando desu derecho de contacto y relación con su padre y hermanas mayores. Claramente se apreciaque la Sra. XXXXX ha sufrido una situación emocional de frustración no superada ydespecho hacia el padre de su hija, un odio visceral que ha reconducido a través de la propianiña, confundiendo maltrato psicológico con su propia sintomatología ansioso-depresiva com-patible con un diagnóstico de reacción adaptativa mixta, tal y como consta en el informe dela Dra. XXXXXX (Equipo de Salud Mental Oriente ) de 27 de Mayo de 2008. Aún cuando por el Equipo Psicosocial no se haya detectado síndrome de alienaciónparental, si se ha apreciado un conflicto de lealtad que, no se ha de obviar, se ha originadopor la actitud obstaculizadora de la madre a la existencia de una relación paternofilial nor-malizada. Se ha de tener en cuenta que se distinguen tres niveles de severidad de SAP ( leve,moderado y grave), según la intensidad de las manifestaciones del niño, sin que en el presentecaso el fenómeno de polarización y rechazo a la figura y familia paterna, se haya, afortuna-damente, consolidado. Más lo cierto, es que, ante los antecedentes ( falsas denuncias, por las que ahora se laenjuicia, condenas por desobediencias, persistencia contumaz a no cumplir los requerimientosjudiciales) ha quedado más que de manifiesto, su predisposición a no permitir y poner todotipo de trabas a que su hija pueda tener una sana y saludable relación con su padre y her-manos. La niña se encontraba en plena fase de elaboración de un SAP, que, si no se haconsumado, ha sido por la intervención judicial que, en cumplimiento del apercibimientodesatendido, como medida cautelar ya adoptó la medida terapéutica del cambio de guarda ycustodia”. ̱ ͳ͹ ̱
Este tipo de medidas se avala incluso por el Tribunal Constitucional,siempre que se motive adecuadamente su adopción en aras a garantizar el in-terés del menor, centrado en esos supuestos en su derecho a conservar elvínculo de apego con el progenitor del que se le ha apartado injustificadamen-te: Sentencia Tribunal Constitucional 8/2005 de 17 de Enero de 2005: “Pues bien nos encontramos por tanto ante una resolución judicial en primera instan-cia que se basa en la constatación de ciertos hechos y en la ineficacia de las medidas judicialesacordadas como consecuencia de ellos, y que valora estas circunstancias como justificativas deun cambio del régimen de custodia en beneficio del mantenimiento del trato del menor con supadre y sus hermanos, que conviven con éste. Por el contrario la Audiencia Provincial, alresolver el recurso de apelación interpuesto frente a tal resolución, tras reconocer las facultadesdel Juez para acordar lo mejor para el menor sin sujeción al principio dispositivo, se limita arazonar que "no concurren razones que justifiquen una modificación del régimen de custodiaen su momento acordado, ya que no han sobrevenido nuevas circunstancias que justifiquenuna modificación de una medida de tanta trascendencia para la vida del menor, sino laadopción por el juzgado a quo de cuantas medidas sean necesarias para garantizar su ejecu-ción, de acuerdo con las previsiones establecidas en la LEC” No resulta constitucionalmente admisible que, una vez que el Juez de Primera Instan-cia explicita ciertos hechos ya señalados con anterioridad (sucesivos incumplimientos delrégimen de visitas, culpabilización del menor en cuanto a la subsistencia de su madre, buenarelación con el padre y los hermanos negada por la madre, etc.), éstos sean simplemente igno-rados por la Audiencia Provincial al afirmar lisa y llanamente que no han sobrevenido cir-cunstancias que justifiquen la variación del régimen de custodia del menor, sin que ello vengaprecedido de una diferente apreciación de tales circunstancias o de la valoración jurídica quemerezcan al Tribunal. La afirmación de que no se han producido circunstancias nuevas, ola de que, habiéndose producido, no reviste entidad justificativa de un cambio del régimen de ̱ ͳͺ ̱
custodia, no pueden constituirse en un juicio apodíctico, sino en la conclusión de un razona-miento que desmonte la argumentación del órgano judicial cuya motivada resolución se ape-laba. Así lo exige el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante de amparo, quienhabía obtenido ya una resolución judicial favorable a sus pretensiones que le es revocada sinque se expresen las razones que conducen a tal decisión”. En todo caso y para concluir he de reiterar que siempre se han de agotar los medios menos traumáticos, preventivos y terapéuticos, pues siempre considero que los tratamientos quirúrgicos se han de reservar para cuando fracasen todos los demás. ̱ ͳͻ ̱
DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL EUROPEO DEDERECHOS HUMANOS SOBRE INTERFERENCIASPARENTALES TRAS LA RUPTURA DE PAREJA Francisco Rivero Hernández Catedrático de Derecho Civil Universidad de Barcelona 1. Complejidad de las relaciones parentales. Las relaciones de Derecho de Familia, en general, y las parentales enparticular, se caracterizan por su complejidad, dados los muchos elementosque interrelacionan y otros que las interfieren. Al dato básico de índole jurídi-ca (conflicto genérico de intereses) acompañan importantes componentes ex-trajurídicos –afectivos, personales, sociales, de sentimientos más que de razón-; componentes que si por un lado las enriquecen en términos que ustedes co-nocen mejor que yo, por otro lado las complican de manera notoria, imponenun razonamiento jurídico muy distinto del habitual del jurista y llevan a solu-ciones que desbordan las estrictamente racionales y legales. Esos componen-tes metajurídicos se distinguen notablemente de otras relaciones jurídicas: dela deuda ordinaria o hipotecaria, de la reclamación de un legado y de un usu-fructo, del retracto arrendaticio o de la fusión de sociedades. Esa complejidad, con los problemas humanos y jurídicos que le son in-herentes, se agudiza, lógicamente, con ocasión de la crisis de la pareja, casadao no, cuya separación o disolución tiene a su vez causas igualmente no racio- ̱ ʹͳ ̱
nales con gran repercusión en varios sentidos y las conocidas interferencias.Quiero decir: los problemas propios de esa crisis se ven potenciados por aque-llos componentes metajurídicos, cuando el sentimiento se convierte en resen-timiento, el amor en odio, la atracción personal en repulsión. Sus consecuen-cias –he de referirme aquí sólo a las jurídicas, porque junto a ellas hay otras nomenos valiosas de las que debo prescindir hasta donde sea posible- desbordantambién a los protagonistas de la ruptura, y alcanzan, entre otros, a los hijos,que es en quienes voy a centrar mi atención. De esas relaciones parentales y de las consecuencias de la ruptura de pa-reja, por lo que afecta a los hijos in potestate, interesan especialmente sus rela-ciones personales no sólo con los progenitores –tanto su guarda y custodiatras la separación como el llamado derecho de visita- sino también con otraspersonas próximas: hermanos mayores que salieron del hogar familiar, abuelosy otros “allegados”. He sugerido dos tipos de relaciones de los menores tras la crisis de pa-reja: la de guarda y custodia, que en general se confía a los progenitores, aun-que también puede corresponder excepcionalmente a otras personas o institu-ciones (cfr. art. 103-1ª-2º C.c.); y la llamada “de visita”, o relaciones personalescon el progenitor no guardador, con los hermanos o abuelos, y otros. Las tra-taré aquí porque en ellas aparecen con más frecuencia y con más intensidad lasinterferencias parentales, entendidas como las situaciones en que se encuentran loshijos, en medio de un conflicto de pareja, al verse privados de una relación(relativamente) normal con sus padres, dificultada por uno de ellos por me-dios irregulares de varia índole. Esas interferencias, y una de sus manifestacio-nes más conocidas, el debatido síndrome de alienación parental, han trascendido ala jurisprudencia del T.E.D.H., que las ha tomado en consideración con esadenominación en el caso Koudelka vs. Chequia (S. 20 junio 2006). ̱ ʹʹ ̱
Dada la amplitud de esa cuestión, con diversas proyecciones individua-les y familiares (familias residuales, familias reconstituidas, etc.), donde losconflictos se multiplican más que se suman, y por ser inabarcable aquí toda suproblemática, limitaré mi atención sólo a algunos aspectos: las relaciones per-sonales de los hijos con sus progenitores y sus particulares interferencias, y suprotección jurídica, tan necesitada ésta por vulnerables aquéllas, y cómo esadefensa y protección ha traspasado las fronteras nacionales y ha dado lugar auna interesante doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de DerechosHumanos (en adelante T.E.D.H.), que parecen ignorar, porque no aplican lasmás de las veces, nuestros tribunales y abogados. 2. El derecho de visita y relaciones personales. 2.1. De qué relaciones personales se trata. El derecho de visita tiene por objeto un conjunto de relaciones, variasen su presentación (desde la simple visita en sentido estricto hasta estancias yconvivencia de varias semanas y cualquier forma de comunicación) y cuanprofundas y auténticas sea posible, entre dos personas, de las cuales una es unmenor de edad; personas que por diversos motivos tienen alguna dificultad deverse y relacionarse de manera normal. Su finalidad no es otra que la de fomentar la relación humana (el verse,tratarse, conocerse mejor) y favorecer la corriente afectiva entre padre/madree hijo, entre hermanos, abuelos y nietos..., separados por un grave enfrenta-miento familiar o una situación concreta. Se trata, en última instancia, de noagravar, sobre todo para el niño, las secuelas de esas separaciones familiares delas que éste no es culpable y sí, en cambio, casi siempre primera víctima, dire-cta o indirectamente. Se trata también de que no vea amputada su vida delafecto, el contacto, la relación y comunicación (siquiera periódicos) con per- ̱ ʹ͵ ̱
sona que le es muy próxima humana y afectivamente, aunque un pleito y unasdisensiones le separen de aquella persona. Institucionalmente, este derecho no tiene otro objeto, no busca otrosfines, no concede otras prerrogativas sobre el menor. Pero no es poco, cier-tamente, el que a través de esas relaciones un padre no sea un extraño para suhijo al cabo de algunos años; y que ese niño o joven, afectado por una situa-ción familiar complicada, pueda comunicarse con otras personas de su entor-no afectivo que le proporcionen ocasión y equilibrio psicológico necesariopara su pleno desarrollo personal y social. Pero sería un tanto ingenuo ignorar cómo en la realidad es a veces em-pleado el derecho de visita y comunicación, y el niño en quien se concreta,como arma arrojadiza entre los contendientes, y como medio de hacerse dañoy crearse recíprocamente problemas: dificultando cada uno las relaciones delmenor con el otro, fomentando enemistad entre el niño y el contrario,hablándole mal de éste. Empleado para el mal, el derecho de visita es un me-dio óptimo, con lo que, desnaturalizado, se convierte en algo peligroso en ma-nos desaprensivas: y ello lo es particularmente para el niño, en cuyo desarrolloespiritual y afectivo puede hacer gran y negativa mella.a. Naturaleza de este derecho. Fundamento. Hoy prácticamente nadie discute la naturaleza de verdadero derecho(subjetivo) en cuanto al de relaciones personales que nuestro Derecho reconocea los progenitores, no obstante los términos difusos del art. 160.1 C.c (y 135 CFcat.). Lo mencionan más o menos explícitamente, con ese nombre, otros textoslegales: arts. 160, 161 C.c., y últimamente el art. 250.1-12 LEC. Dígase lo mismode la doctrina y de la jurisprudencia, donde hay práctica unanimidad, lo que meexime de hacer citas concretas. ̱ ʹͶ ̱
Mas es un derecho con notables particularidades. Dado que el derecho devisita puede ser denegado “conforme a lo dispuesto en resolución judicial” (art.160-1º, in fine), y que el interés del hijo es el dato fundamental de su concesión yde su contenido, resulta ser una especie de derecho “de geometría variable”, enel que tanto su efectividad actual (si ha lugar en una situación y momento dado)como su contenido y alcance (tipo de relaciones, frecuencia, etc.) dependen delinterés del menor, de que haya una “causa justa” para concederlo o denegarlo, yaún para modificar o suspender unas relaciones concretas según convenga almenor (parámetro sociojurídico de valoración). Este es un importante carácter del derecho de visita: ese desdoblamientoen derecho genérico o en abstracto, que es lo único que sugiere y define la ley, yderecho actual o concreto en cada caso. Resulta que el tatbestand de la norma no esya la existencia de una relación básica de parentesco (padre-hijo, abuelo-nieto),sino ese dato inicial (presupuesto del tipo legal) más el concurso del interés delmenor (a esas relaciones) in concreto, en tal situación específica. Y ello también encuanto a su contenido y ejercicio, porque el enunciado legal es inconcreto(“relaciones personales”; visitas, comunicación, estancias), y sólo con sudeterminación (convencional o judicial) deviene un derecho efectivo (lo que sutitular puede exigir, y debe permitir el guardador del menor). Nuestra doctrina y algunas sentencias hablan de que este derecho derelaciones personales sería un "derecho de la personalidad". La principaldificultad a ese respecto está, quizá, no tanto en este derecho concreto cuanto enel concepto y alcance de los llamados "derechos de la personalidad", que enalgunos casos coinciden con los derechos fundamentales (constitucionales) yotras son meros derechos muy ceñidos a la persona, vinculados directamente ala entidad de ésta y a sus proyecciones más inmediatas. Mas si hablamos dederecho de la personalidad hay que referirlo sobre todo al hijo, dada sujustificación en las necesidades personales de aquél e importancia para el ̱ ʹͷ ̱
desarrollo de su personalidad. Aunque la calificación pueda ser discutible, porrazón del abierto y difícil concepto de "derechos de la personalidad" (cuántos,cuáles, caracteres esenciales?), creo que cabe incluirlo en ese ámbito. En unaacepción amplia de tales derechos, pienso que el que nos ocupa alcanzaciertamente esa categoría. Desde luego, es un derecho personalísimo de su titular, y muy vinculado alas necesidades del menor, directamente relacionadas con el desarrollo de supersona, como individuo, y de su personalidad joven, en formación en todos losórdenes. En el plano constitucional cabe situarlo más en el plano del art. 10.1 ydel 39.2 C.E. (donde encuentra su mejor fundamento) que en el de los arts. 15 a29. Todo ello comporta que ese derecho y su régimen jurídico quede incluido enlo que se viene llamando "orden público familiar", que la normativa por la quese rige sea considerada como ius cogens, y la participación del Ministerio públicoen los procesos en que es objeto de discusión (cfr. art. 749.2 LEC y S. T.S. 7abril 1994). El derecho de visita y las relaciones personales de los padres con su hijoencuentran su justificación esencial, por un lado, en la relación de filiación(biológica y jurídica) y de afecto que les une, que subsiste aunque no convivan niejerzan la patria potestad, y en la recíproca necesidad personal y vital del padre ola madre y del hijo (es decir, en la naturaleza de las cosas). En un planoestrictamente jurídico, se fundan en el mandato constitucional de protecciónintegral de los hijos y del deber de asistencia de todo orden que compete a lospadres (art. 39.3 CE.), con una obligación y proyección eminente de contribuir almejor desarrollo de su personalidad; luego, de forma más concreta (art. 154-2ºC.c.), en la obligación de velar por los hijos menores (y poder comprobar conesas relaciones su salud física y psíquica, sus preocupaciones y problemas, susalegrías y tristezas). Ese fundamento comporta que para los padres constituya undeber más que un derecho y tenga los caracteres de función familiar (cfr. S. T.S. ̱ ʹ͸ ̱
de 26 diciembre 2002), y para los hijos, un derecho sutil y al más alto nivel (el delart. 39. C.E.). A su vez, desde la perspectiva del hijo, se funda en las necesidadespersonales de éste –porque sigue necesitando el afecto y protección de ambosprogenitores, aún separados, y a veces de otras personas- y en las del desarrollode su personalidad (en época difícil, de formación y afirmación de la misma),requerimiento éste particularmente exigente y grave en situaciones familiaresmarginales. Es decir, se basa, en última instancia, en lo que llamamos el interés delmenor, aquí con dimensión específica, que se convierte por ese conducto enparámetro fundamental de su existencia y entidad, y, con ello, de su concesiónefectiva, su régimen concreto.3. Régimen funcional del derecho de visita en el ordenamiento español.3.1. Contenido y ejercicio. En nuestro ordenamiento no hay definición, sino indirecta alusión a esecontenido, que han ido fijando los tribunales en la práctica. El art. 160 C.c. habladel “derecho de relacionarse [los progenitores] con sus hijos menores” y de “lasrelaciones personales del hijo con sus abuelos” (cfr. también art. 135 C.F.cat.). Enambos casos el término central es de gran amplitud semántica y jurídica –más,desde luego, que el viejo de “visitas”-. El contenido más general de las relaciones personales que concedennuestros tribunales consiste en visitas en sentido estricto, comunicaciónindirecta (por medio de correo escrito o electrónico, teléfono, etc) y estancia delmenor durante unos días en casa del padre/madre o abuelos. En cambio, la Convention on Contact Concerning Children (2003) concreta loque entiende por “relaciones personales”: comprenden “a) la estancia del niño ̱ ʹ͹ ̱
con la persona con quien no convive, o el encuentro entre el niño y esa persona;b) todas las formas de comunicación entre el niño y esa persona; y c) todacomunicación de información relativa al menor, a esa persona, o a la inversa”. Yse refiere a las relaciones entre un hijo y sus padres (art. 4: “1. El niño y suspadres tienen el derecho de obtener y mantener contacto y relación recíproca deforma regular.- 2. Tal relación puede ser restringida o excluida sólo cuando seanecesario de acuerdo con el mejor interés del hijo”). El T.E.D.H. se ha referidoen alguna ocasión al contenido del derecho de visita, que ha considerado deforma amplia, incluyendo no sólo la relación directa con presencia recíproca,sino cualquier forma de comunicación (epistolar, telefónica, correo electrónico)[Cfr. S. TEDH 25 febrero 1992 (caso Anderson vs. Suecia), sobre comunicaciónescrita o telefónica entre madre e hijo, y S. 19 noviembre 2000 (caso Glaser vs.Reino Unido), sobre correo electrónico como medio de comunicación. Para elDerecho español, véase S. T.S. 28 junio 2004]. En esa inteligencia, las partes implicadas en esas relaciones deben cumplircon esmero fáctico y jurídico los deberes respectivos: a) el padre o madre“gravado” debe no sólo facilitar las relaciones personales de quo, sinopropiciarlas, puesto que redundan en interés del menor, y cumplimentar otrosdeberes accesorios (traslados, horarios de entrega y recepción del menor); y b) eltitular del derecho ha de limitar las relaciones con el hijo (o nieto) a gozarse en larecíproca compañía, conocerse mejor, ayudarle en lo necesario y posible, perosin interferirse en la educación y dirección de vida, que compete al titular de laguarda, y evitar el exacerbar el enfrentamiento directo o indirecto con esteúltimo. El ejercicio de ese derecho, personalísimo –indelegable ni cedible a otrapersona-, ha de hacerse de buena fe (art. 7.1 C.c.), con puntual cumplimiento delrégimen de visita y relaciones acordado, sin incurrir en abuso del derecho ni enotra clase de infracción, que tendría las consecuencias pertinentes (modificación ̱ ʹͺ ̱
o suspensión de las relaciones de referencia) [El BGB recoge en el $ 1684.2 la“cláusula de buen comportamiento”].. Tan importante protagonismo como el titular del derecho tiene, a efectosde cumplimiento o incumplimiento, la persona gravada, en cuanto debe permitirlas relaciones personales y colaborar a su cumplimiento. En principio, "gravado"en razón del régimen de visitas es la persona encargada, por cualquier títulojurídico, de la guarda jurídica del menor, persona que controla su vida: aquéllacon quien éste último convive y está a su cargo (madre, tutor, guardador dehecho, etc). La carga o gravamen más caracterizada consiste en (tener que) consentirlas relaciones personales de referencia; tiene que facilitarlas material ymoralmente, incluso propiciarlas, ya que son, eminentemente, en interés delmenor, y el “gravado” debe actuar de acuerdo con él; a veces, proporcionarinformación sobre el menor (su salud, estado anímico, estudios, su disposiciónsobre las visitas). El dificultarlas en uno u otro aspecto puede suponer el incurriren cierta responsabilidad y tener consecuencias indirectas (por ejemplo, en algúncaso, modificación del régimen de guarda y custodia).3.2. Incumplimiento. Consecuencias. Hay incumplimiento –reverso del cumplimiento correcto y efectivo tantoen el deber que compete al “gravado” como en el ejercicio del derecho por sutitular- no sólo cuando no se cumple en absoluto el régimen de relacionespersonales acordado sino cuando se cumple sólo en parte, o se cumple mal (ensentido cualitativo y de contenido, más que cuantitativo): por ejemplo, si serealiza parcialmente o con graves restricciones, o las relaciones estánmediatizadas (control ilegal de conversaciones o de correspondencia), o elgravado desincentiva gravemente esas relaciones en vez de propiciarlas, y van ̱ ʹͻ ̱
decayendo en frecuencia o en intensidad y naturalidad de la relación personalpor culpa de una labor de zapa, negativa; etc. Aquí nos interesa especialmente el incumplimiento por el “gravado”. Esel caso más frecuente y típico por ser el guardador jurídico del hijo y principalobligado, precisamente a consentir y facilitar esas relaciones. Eseincumplimiento se produce fundamentalmente cuando aquel impide lasrelaciones (en sentido amplio), cualquiera que sea la forma y excusa que pongapara obstaculizarlas. Al lado de esa restricción cuantitativa, no son menos gravepara la efectividad de las relaciones padre/madre e hijo otros obstáculos mássutiles (de tipo cualitativo) que puede oponer el gravado a dichas relacionescreando un clima adverso, desinteresando progresivamente al menor amantenerlas, quien puede terminar por oponerse a ellas (lo que crea un nuevoobstáculo, suplementario). Las consecuencias del incumplimiento pueden ser varias, en función de suentidad y forma, y quién sea el incumplidor. El dato más importante es elimpacto negativo de ese incumplimiento para el hijo, principal interesado yprotagonista principal de estas relaciones, y cuyo interés constituye el elementohumano y jurídico más relevante. Cuando incumplidor sea el titular del derecho–ejercicio contrario a las reglas de la buena fe u otra clase de infracción, o enforma abusiva- puede dar lugar a la modificación cuantitativa o cualitativa de lasrelaciones; en algún caso incluso a la suspensión de las mismas. Si provienen del“gravado” (caso que interesa más aquí), dará lugar a las medidas de protección(del derecho) que veremos.4. Vulnerabilidad del derecho de visita. Quizá la nota más caracterizadora en este caso es la particularvulnerabilidad de este derecho y de aquellas relaciones, que obedece a varias ̱ ͵Ͳ ̱
causas, sobre todo en razón de la complejidad de la relación jurídico-familiar,que con sus acusadas componentes metajurídicas (afectivas, psicológicas,personales, sociales) desborda los esquemas jurídicos formales habituales. Sin embargo, las relaciones personales de los hijos menores con cada unode sus progenitores, e incluso con otras personas cualificadas (abuelos,hermanos, otros parientes o “allegados”: cfr. art. 160 C.c.), son de notableimportancia tanto para el padre o madre como para el hijo, que va más allá de lapropia de un abstracto derecho o deber jurídico, precisamente por la cargahumana que acompaña siempre a todas las relaciones familiares, que sonvivencia personal más y antes que categoría jurídica. En particular, a) para elprogenitor, por la propia relación de filiación y de afecto que les une, y en larecíproca necesidad personal y vital del padre o la madre y del hijo; amén deldeber de cuidar y velar por los hijos menores, que se funda en normas éticas y denaturaleza humana que trascienden la pura legalidad; y b) para el hijo, por lasnecesidades personales y afectivas de éste –que tiene, en principio, derecho aseguir compartiendo vida y vivencias con ambos progenitores- y las específicasde esa etapa vital para el desarrollo, equilibrado y sin influencias unilaterales, desu personalidad, requerimiento éste particularmente grave en situacionespersonales y familiares marginales. Esa vulnerabilidad y necesidad de protección efectiva del derecho devisita) es tan general que ha motivado la creciente atención normativasupranacional (Convenios internacionales de diverso alcance) y de tribunalesigualmente supraestatales. - En el primer aspecto, además de otros Convenios de orden más general,es importante, por lo que aquí concierne, el Convenio Europeo de Protección de losDerechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (4 noviembre 1950, conprotocolos posteriores) –ratificado por España, y publicado en el BOE, 10octubre 1979-, cuyo art. 8 protege la vida privada y familiar, y, por su especificidad, ̱ ͵ͳ ̱
la Convention on Contact concerning Children, de 15 mayo 2003, del Consejo deEuropa-, que invoca en su Preámbulo la necesidad de “preservar las relacionespersonales entre los niños y sus padres, y con otras personas que tengan lazosfamiliares con los niños, de acuerdo con la protección asegurada por el art. 8 dela Convención sobre la protección de los Derechos del Hombre y de lasLibertades Fundamentales”. En cuanto a tribunales, destacan las sentencias del T.E.D.H., que en suinterpretación y aplicación del art. 8 del Convenio ha creado una idea yprotección del derecho de visita a esos efectos y una jurisprudencia de notablealtura científica e importancia internacional. Para nosotros, y aquí, tieneimportancia destacada (además de otras consideraciones) porque lajurisprudencia del Tribunal Europeo sirve de criterio interpretativo en laaplicación de los preceptos constitucionales tuteladores de derechosfundamentales, de acuerdo con el art. 10.2 de nuestra Norma Fundamental (S.T.C. de 25 octubre 1993, entre otras).5. Protección específica del derecho de visita en razón de suvulnerabilidad. La protección efectiva de este derecho se alcanza, frente a quien impide odificulta seriamente las relaciones personales, por vía judicial (única que cabecontemplar aquí). Y aún en este caso tal protección nunca será plena ysatisfactiva porque al padre/madre y al hijo no se le podrá devolver las perdidas,impedidas o dificultadas antes de recurrir a los tribunales. Es evidente la notabledificultad que presenta esta materia, en la que a la genérica y típica delincumplimiento de las obligaciones de hacer, del tipo de prestación infungible,se une su particular naturaleza personal-familiar y las otras componentesmetajurídicas (sentimientos y resentimientos, sobre todo) que le acompañan. ̱ ͵ʹ ̱
Pero ello, no obstante, parece claro que una vez establecido jurídicamente queun padre o madre tiene derecho a comunicarse y mantener relaciones personalescon su hijo, y determinado formalmente el régimen concreto de esas relaciones,aquel derecho debe ser protegido y cumplido a toda costa mientras no se dispongaotra cosa, y estas relaciones efectivamente gozadas, máxime cuando está por elmedio el interés preminente del menor. Todo lo que no sea eso -y mientras no haya una causa nueva y poderosaque justifique in concreto la no realización de las relaciones acordadas- supone unfracaso del Derecho como instrumento de organización social y de justicia. Nopuede olvidarse que es principio constitucional el que todas las personas tienenderecho a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos eintereses legítimos (art. 24.1 C.E.), y que es obligado cumplir las sentencias ydemás resoluciones judiciales firmes, así como prestar la colaboración requeridapor los jueces y tribunales en ejecución de lo resuelto (art. 118 C.E.). Aunque noson absolutos tales mandatos constitucionales, ni siempre se puede garantizarcon el mismo rigor su cumplimiento puntual, éste debe constituir el principiorector, y el cumplimiento de un régimen de visitas acordado por un Juez enresolución firme debe tener a su disposición todos los instrumentos jurídicosposibles en un ordenamiento para hacerse efectivo, pues el derecho de visita, enel que se hallan implicados bienes jurídicos del menor y valores tipificados yprotegidos en los arts. 10 y 39.2 C.E., es institución de ius cogens necesitada deespecial protección. El incumplimiento de ese régimen de relaciones personalessupone en alguna medida el fracaso del sistema jurídico que lo regula y protege. En aras del cumplimiento de aquel mandato constitucional y de esteprincipio, debe emplearse todos los medios jurídicos para la efectividad de tales relacionespersonales y consecución de los fines personales e institucionales a que atienden,con respeto, evidentemente, del principio de proporcionalidad y de la menorlesión de otros bienes e intereses jurídicos (sobre todo, los del hijo). Aunque es a ̱ ͵͵ ̱
veces difícil o imposible la coerción o imposición del deber ser jurídico, no creoque sea incoercible el derecho-deber de visita; al menos, no siempre. Sólo elcumplimiento específico del deber del obligado (“gravado”) puede impedir quese consoliden situaciones de hecho y conductas irregulares, y satisfacer no sóloel interés de los afectados sino el fin esencial que con tales relaciones se persigue,y justifica su concesión. Por ello, los medios e instrumentos habituales yconsecuencias alternativas al cumplimiento específico de la obligación de hacer(indemnizaciones, sanciones), son desmedrados remedios que si pueden dar unasatisfacción subsidiaria a uno de los perjudicados, dejan insatisfecho el interésprimordial y el fin esencial a que atienden estas relaciones. No es dato menos importante aquí que en el incumplimiento o retraso enel cumplimiento el tiempo juega a favor del incumplidor del régimen de esasrelaciones personales –como ha observado el T.E.D.H. (caso Lafargue vs.Rumania, S. 13 julio 2006)-: además de ser dinámico el interés del menor, puedeinfluir progresivamente en la voluntad de éste, que cada día exigirá más respetode su propia opinión o deseo a medida que crezca, y puede llegar a ser decisiva;en alguna ocasión puede alcanzar la emancipación sin haberse cumplido elrégimen de visita y la resolución judicial. En atención a todo eso, creo que deben agotarse (subrayo el término) loscaminos y medios jurídicos para lograr el efectivo cumplimiento y goce deaquellas relaciones –sólo así queda realmente protegido-, con respeto delprincipio de proporcionalidad. Ante el fracaso o inviabilidad de los mediosdirectos, difíciles aquí, habrá que recurrir a medios indirectos, tanto de coerción(incluida la penal) como de "cumplimiento por equivalencia" o indemnización(cfr. art. 709 ss. LEC), de forma que, además de otros fines y funciones (castigarla conducta ilícita, reparar los perjuicios producidos) esos medios indirectosdesincentiven el incumplimiento o contribuyan a mover la voluntad de la parterenuente o negadora e inclinarla al cumplimiento –lo que sólo se logrará cuando ̱ ͵Ͷ ̱
las consecuencias de esos medios indirectos sean para ella menos deseables queel cumplir lo que debe-.6. Medios de protección del derecho de visita en Derecho español. Creo interesante examinar las medidas de protección del derecho de visitaque brinda nuestro ordenamiento, porque el dejar de cumplir esta obligación(positiva) por parte de las autoridades estatales (aquí, los tribunales españoles)comporta la violación del art. 8 del Convenio y puede dar lugar a la condena delEstado; amén de otras posibles consecuencias, como la responsabilidad de laAdministración de Justicia frente al perjudicado, de la que también ha tenidoocasión de ocuparse el Tribunal Europeo.6.1. Medidas de tipo civil. Son, sustancialmente, las que sugiere el art. 158 C.c., y las previstas por laLey de Enjuiciamiento Civil para los casos de condena de hacer personalísimo(art. 709), incluidas las multas coercitivas (art. 711), de las que debiera hacerse unuso más frecuente. Son específicas, a nuestros efectos, las medidas quecontempla el art. 776 LEC, su regla 3ª: el incumplimiento reiterado de lasobligaciones derivadas del régimen de visitas por una u otra parte podrá darlugar a la modificación del régimen de guarda y visitas. En efecto: aunque debehacerse un uso prudente y razonable, en no pocos casos puede ser aconsejablemodificar el régimen de guarda del hijo (su organización es consideradamodificable siempre en interés del menor), y confiarlo al otro progenitor o, siesto no es posible, a persona distinta de aquella que impide las relaciones de quo,si se estimara que este impedimento perjudica al menor más que el cambio de laguarda; ello comportará el del régimen de visita y relaciones personales con elque ha dejado de ser guardador. Esta medida (modificación de la guarda, ̱ ͵ͷ ̱
inversión de las relaciones de guarda y de visita), introducida por la LEC, será enla práctica judicial, aún demasiado infrecuente, una de las más eficaces ante laactitud injustificada y resistente del guardador. Hay otras medidas muy variadas, ya que la “efectividad” de talesrelaciones comprende tanto el goce real como su correcto uso. El juez, según lasituación y riesgos, puede disponer ciertas restricciones (que la relación ycomunicación tenga lugar en sitio o con la presencia de persona determinada),hasta la prohibición de salida del territorio nacional, denegación de pasaporte(cfr. art. 158-3º C.c.), y aún medidas acordes con Convenios internacionalesfrente a la retención ilícita de los menores. Por lo que respecta a la ejecución forzosa, es muy difícil y casi siemprepoco aconsejable la imposición manu militari de la resolución judicial, porque laviolencia puede afectar más negativamente al menor. Pero quizá no siempre seadesestimable esa medida coercitiva, como medida extrema, excepcional y última(sobre todo, si se lleva a cabo con prudencia y delicadeza: la dificultad está en supráctica, no en su previsión) ante una actitud grave y reiteradamenteincumplidora del guardador del menor. Pienso que la imposición coactiva nodebe rechazarse a priori con la generalidad con que se hace porque en ocasionesserá ése el último recurso para alcanzar lo que el ordenamiento jurídico y un Juezhan determinado, y debe ser; sin olvidar obviamente, el principio deproporcionalidad que debe presidir toda reacción jurídica frente a la conductailegal. Me parece más frívolo e indeseable el banalizar este incumplimiento,resignarse al mismo (ocurre con excesiva frecuencia) y dejar impunes einconsecuentes ciertas conductas ilícitas de personas que sólo reaccionan a ciertotipo de coerción (y el Derecho tiene altas dosis de coerción, evidentemente). Enúltima instancia, son esas conductas ilícitas las que justifican y hacen inevitablesestos medios coercitivos de protección de un derecho. También en otrasocasiones es inevitable el uso de la fuerza en este ámbito: por ejemplo, cuando el ̱ ͵͸ ̱
juez acuerda la guarda a favor de la madre y se opone a ello el padre, que retienea los hijos en su domicilio: ¿cómo se cumple esa decisión judicial sino a lafuerza, con ayuda de la policía, si es necesario? Particular dificultad puede presentar aquí la actitud negativa del hijo. Enprincipio, la sola negativa del menor no es suficiente para denegar las relacionesque nos ocupan. Más importante que esa negativa son las razones que puedaaducir para oponerse drásticamente a mantener relaciones personales de quo. Eneste punto (hechos, razones que invoque) es particularmente importante la edady discernimiento del menor, en función de todo lo cual decidirá el juez.6.2. Medidas de índole penal. Algunos ordenamientos prevén sanción penal con tipificación específica: elCódigo penal francés tipifica el delito de non representation en su art. 227.5);también el Código penal rumano (art. 307). Es cuestión y procedimiento hartodiscutible, ciertamente, ése de la sanción penal de ilícitos civiles. Mas ello noquiere decir que la criminalización de esas conductas incumplidoras sea general ofrívolamente utilizada: deberá ser bien ponderada, y aplicada limitada ycorrectamente al caso concreto. En este orden, en defecto de tipificación directa del incumplimiento delrégimen de visitas en nuestro ordenamiento, cabe distinguir: A) “Delitos contra los derechos y deberes familiares”: a) El art. 223 C.P., encuanto castiga al “que, teniendo a su cargo la custodia de un menor de edad o unincapaz, no lo presentara a sus padres o guardadores sin justificación para ello”:sólo puede comprender la no devolución del hijo (o del nieto), terminadas lasrelaciones procedentes, si los tribunales consideran que éstas constituyen unaforma de custodia; más difícil me parece su aplicación al padre o madre queimpiden esas relaciones. b) El art. 224-2º, que sanciona al “progenitor que ̱ ͵͹ ̱
induzca a su hijo menor a infringir el régimen de custodia establecido por laautoridad judicial o administrativa”: comprende la conducta del padre o madretitular de un derecho de visita que induce al hijo a abandonar el domicilio familiar(de su guardador) en contra del régimen de custodia acordado judicialmente, y ladel guardador que induce al menor a incumplir el régimen de visitas legalmenteestablecido. c) El art. 225 bis (redacción L.O. 9/2002) tipifica “la sustracción” y“la retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido porresolución judicial o administrativa” (núm. 2-b) –que alcanza también a losabuelos (nº 5)-: el “deber establecido por resolución judicial” sería el de permitirlas relaciones personales y cumplirlas correctamente; y deja de ser puniblecuando el autor de esa retención o sustracción tenga “causa justificada”. d) Lafalta del art. 622: infracción leve del “régimen de custodia” establecido por laautoridad judicial. B) Por otro lado, cabe pensar en el delito de desobediencia grave (art. 556 C.P.:“[…] los que resistieren a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren gravemente,en el ejercicio de sus funciones”). La actual tipificación (1995) de este delito requiereque haya un mandato concreto y personalmente dirigido al sujeto (cfr. Ss. T.S.,Sala 2ª, de 21 mayo 1983 y 5 junio 2003) –aquí, al guardador del menor,“gravado” con un régimen de visitas-. La jurisprudencia y la doctrina dicen quees necesario que se requiera al destinatario a que cumpla el mandato. Ladesobediencia puede consistir en acción u omisión, exigiendo la jurisprudenciauna voluntad o un acto de oposición persistente y reiterada; y debe ser grave,dato éste eminentemente valorativo, centrado en la contumacia en ladesobediencia (Ss. Sala 2ª de 5 junio 1989 y 29 junio 1992) o en la importanciade la materia. No se requiere dolo específico (de ofender a la autoridad). Este delito de desobediencia grave se ha aplicado muy pocas veces ennuestro país al incumplimiento del derecho de visita (al menos, bajo la legalidad ̱ ͵ͺ ̱
anterior al vigente C.P. de 1995, por mor de una jurisprudencia un tantorestrictiva): sólo tengo noticia de la S. Sala 2ª T.S. de 27 octubre 1962 (44).7. Doctrina del T.E.D.H. sobre el derecho de visita.7.1. Relaciones personales incluibles en la vida familiar (art. 8 del Convenio). El art. 8 del Convenio Europeo de Derecho Humanos dice que “todapersona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, […]”, y el T.E.D.H.viene diciendo que las relaciones personales entre padres e hijos afectannotoriamente a la “vida familiar” que protege aquel precepto; y que el derechode visita y dicha norma quedan vulnerados cuando su titular se ve privado ointerferido gravemente en el disfrute de las relaciones de referencia acordadaspor decisión judicial. A los efectos que aquí interesan, el Tribunal maneja una idea muy ampliade vida familiar. Ha ido, incluso, ampliándola en el curso de su producciónjurisprudencial. No es ajeno a ello la propia evolución social y jurídica delconcepto de familia –noción autónoma, influida por ideas socio-culturales yconvicciones ideológicas y religiosas- en el ámbito cultural y jurídico al quellegan las sentencias del Tribunal. Semántica y jurídicamente el concepto de familia (y vida familiar)presupone la existencia de un vínculo de parentesco (biológico o meramentejurídico) que une a ciertas personas. En ese sentido, desde la primera hora elT.E.D.H. incluyó a estos efectos la familia no matrimonial junto con lamatrimonial (asunto Marcks vs. Bélgica, S. de 13 junio 1979); lo ha dicho luegoexplícitamente la S. de 11 octubre 2001, (asunto Hoffmann vs. Alemania). Lacuestión más problemática aquí (vida privada y familiar, y su relación con elderecho de visita) se da en ciertas situaciones límite y, en particular, consiste ensi se requiere que haya una relación fáctica que se superponga (preceda o siga) al ̱ ͵ͻ ̱
aludido vínculo subyacente; es decir, si es protegible un derecho de visita entrepersonas que nunca han mantenido antes una convivencia o relación efectiva,real. En la jurisprudencia del T.E.D.H. la vida familiar del art. 8 del Conveniono alcanza sólo a la familia de derecho, sino también a la familia de hecho, queincluirá la llamada convivencia more uxorio y sus consecuencias (la pareja establede ciertos ordenamientos) y la matrimonial tras su disolución (divorcio, muerte),cuando alcance a ciertos miembros (relación de abuelos con sus nietos, tras lamuerte del progenitor de éstos) y la que se da en las familias reconstituidas tras lacrisis de la pareja inicial. Ciertas sentencias del Tribunal europeo de la década de los 70 del siglopasado parecieron exigir que la vida familiar requería que junto a vínculosjurídicos existiera una relación fáctica efectiva para poder invocar su protecciónen el marco del Convenio: así, la S. de 15 diciembre 1977 (asunto X e Y vs. ReinoUnido). Sin embargo, a partir de la Sentencia Keegan vs. Irlanda (de 26 mayo 1994),se aligeró aquella exigencia al protegerse relaciones de un padre no matrimonialcon su hija, a la que nunca había visto con anterioridad (y menos convivido).Numerosas sentencias posteriores siguieron en esa misma línea, destacando laefectividad de los lazos “familiares” y basando la protección en la existencia devínculos reales suficientemente estrechos (S. de 24 febrero 1995, caso McMichaelvs. Reino Unido), y el reconocimiento de derechos individuales, entre los quesobresale el de relacionarse el hijo menor con su padre y madre. Por la mismarazón, se considera que hay vida familiar protegible cuando ha cesado laconvivencia, sea por separación o divorcio, ya por colocación del menor enacogida o bajo la asistencia o la administración pública. El Tribunal europeo, sin pronunciamiento general o definitorio, ha idoconcretando la cuestión de qué relaciones entre miembros de una familiaquedarían comprendidas en dicha expresión a los efectos de su protección en ̱ ͶͲ ̱
ese marco por el Convenio de forma tópica, al encontrarse con asuntos que se lehan planteado y resolver el problema correspondiente. En principio, desde unaconsideración teleológica, quedarán incluidas en aquella expresión (vida familiar)todas las relaciones vivenciales e interpersonales entre sus miembros en suproyección o dimensión privada (no pública), cuya lesión en su goce o legítimavivencia afecte negativamente a alguno de sus protagonistas o a la protección delos derechos individuales implícitos. Las relaciones personales entre miembros de una familia sobre las quese ha pronunciado más veces el Tribunal europeo afectan a los siguientesámbitos: a) La guarda de menores, disputada entre sus padres o entre algunode éstos y la autoridad administrativa a la que se haya confiado; casiinseparable de esa cuestión es la de la relación residual entre el menor y susprogenitores y su alcance. b) La asunción de la tutela de un menor por lasautoridades administrativas, y restricción por las mismas de los derechos y lasrelaciones de los padres respecto de los hijos, así como las garantías destinadasa la protección efectiva de esos derechos y relaciones (cfr. Johansen vs. Noruega,S. de 7 agosto 1996). c) El regreso o retorno de los hijos con sus padresbiológicos tras la estancia de los primeros en acogida por otra familia o unaautoridad administrativa (reagrupamiento familiar), y la adopción y ejecuciónde las medidas apropiadas (asuntos Rieme vs. Suecia, S. 22 abril 1992; y Olsson IIvs. Suecia, S. 27 noviembre 1992). d) El ejercicio de la patria potestad, incluidala facultad de guarda y custodia por los padres (a veces, por terceros), con losparticulares problemas de su suspensión o privación. e) Las relacionespersonales (derecho de visita, como expresión más común) de los hijos conuno de sus progenitores tras la separación de éstos, en particular tras la crisisde la pareja, casada o no; y las de menores con personas distintas de los padres(abuelos, hermanos y otras personas próximas). g) La recuperación por unprogenitor de la guarda de su hijo, sustraído o llevado por el otro fuera del ̱ Ͷͳ ̱
alcance (casi siempre en otro país, o en lugar desconocido) del guardador legal(asunto Iglesias Gil vs. España, S. de 29 abril 2003). Dada la especial competencia del T.E.D.H. en esta materia, buena partedel debate en los asuntos de que ha conocido versa acerca de las medidasadoptadas por las autoridades estatales (judiciales o, en su caso,administrativas) para la protección de esas relaciones familiares y de losderechos individuales correspondientes.8. Doctrina general del T.E.D.H. sobre el derecho de visita.8.1. Obligaciones que impone el Convenio de Derechos Humanos. Toda la doctrina y pronunciamientos de este Tribunal están impregnadosde la idea y finalidad de protección de la vida familiar en el sentido dicho, de losintereses espirituales y relaciones afectivas entre los miembros de la familia.Cuando se trata de reunión de un progenitor con sus hijos, considera el Tribunalque el art. 8 del Convenio debe interpretarse a la luz del Convenio de La Hayade 25 octubre 1980 sobre los aspectos civiles del rapto internacional de niños(asunto Ignaccolo-Zenide vs. Rumanía, S. 25 enero 2000, $ 95); y de la Convenciónde Derechos del Niño (asunto Lafargue c/. Rumanía, S. 13 julio 2006). En esa inteligencia, junto al objetivo esencial de protección frente a lainjerencia arbitraria de las autoridades públicas (obligación negativa), existenobligaciones positivas inherentes al «respeto» efectivo de la vida familiar;obligaciones que comportan la adopción de medidas destinadas a asegurarla,incluso en el ámbito de las relaciones entre individuos. Esa obligación positivaimplica el derecho de un progenitor a la adopción de medidas adecuadas paraque se pueda reunir con su hijo y la obligación de las autoridades nacionalesde tomar dichas medidas (casos Ericsson vs. Suecia, Olsson II vs. Suecia yHokkanen vs. Finlandia). Corresponde, así, a cada Estado-Parte dotarse de un ̱ Ͷʹ ̱
arsenal jurídico adecuado para asegurar el respeto de las obligaciones positivasque le incumben de acuerdo con el artículo 8 del Convenio (caso Maire contraPortugal, $ 76). El Estado debe poseer, paralelamente, una panoplia desanciones adecuadas, eficaces y capaces de asegurar los derechos legítimos delos interesados, así como el respeto de las decisiones judiciales que losdisciplinen y protejan. Además de normas legales aptas y suficientes para garantizar la vidafamiliar y las relaciones familiares, las autoridades estatales deben asegurar suefectividad. El T.E.D.H. ha insistido en que la inejecución judicial de lasdecisiones concernientes a los derechos y responsabilidades paternas,incluidos el derecho de visita y relaciones personales con un menor, puedenconstituir una violación del derecho al respeto de la vida familiar del art. 8.Aunque los Estados gozan de un margen de apreciación en este ámbito, elTribunal juzga especialmente si las medidas tomadas por la autoridad nacionalfueron adecuadas y suficientes para garantizar la efectividad del derecho alrespeto del derecho a la vida familiar (Ignaccolo-Zenide vs. Rumanía, cit.). En el contexto negativo (no ingerencia) como en el positivo, debeprestarse especial atención al equilibrio equitativo que es preciso establecerentre los intereses en litigio tanto de los individuos como de la comunidad,incluidos aquellos relativos a terceras personas, así como el margen deapreciación del Estado (véase, entre otras, Keegan vs. Irlanda, S. de 26 mayo1994). La frontera entre las obligaciones positivas y negativas del Estado no sepresta a una definición precisa; los principios aplicables son, en cambio,comparables. ̱ Ͷ͵ ̱
8.2. Protección de Derecho material. Medidas que adoptar. La obligación de las autoridades de adoptar medidas con este fin –dicencasi todas las sentencias- no es absoluta, ya que resulta a veces que la reuniónentre un padre y un hijo que vive desde hace tiempo con otras personas nopuede tener lugar inmediatamente, y requiere preparativos (caso Hokkanen). Sunaturaleza y su alcance depende de las circunstancias de cada caso, pero lacomprensión y la cooperación del conjunto de personas afectadas siempreconstituirá un factor importante; y su falta multiplica los problemas. Sinembargo, la no cooperación entre los padres separados no es unacircunstancia que pueda por sí misma eximir a las autoridades de susobligaciones positivas según el art. 8. Bien al contrario, éste les impone laobligación de adoptar medidas que reconcilien los intereses en conflicto de laspartes, teniendo siempre muy presente la necesidad de proteger sobre todo losintereses del menor. Cualquier obligación de aplicar el poder coercitivo en esteaspecto debe limitarse, ya que los intereses y los derechos y libertades de todaslas partes deben tenerse en consideración, y más en concreto el mejor interésdel menor y sus derechos al amparo del art. 8 del Convenio. Suponiendo queestos intereses puedan verse amenazados por las relaciones del menor con supadre/madre (u otras personas) o vulneren este derecho, las autoridadesnacionales deberán velar por un equilibrio justo entre ellos. El punto decisivo,a efectos de su control por el T.E.D.H., consiste en saber si las autoridadesnacionales han adoptado, para facilitar aquellas relaciones, todas las medidasnecesarias que razonablemente se les puedan exigir (ver caso Hokkanen vs.Finlandia, $ 58, y Zawadka vs. Polonia). Numerosas sentencias destacan que en la adopción de medidas relativasa relaciones personales entre padres e hijos (y con otras personas calificadas),el interés del menor (the best interets of the child) es determinante, de sumaimportancia (cfr. Johansen vs. Noruega), y que los deseos y sentimientos del niño ̱ ͶͶ ̱
deberán ser tomados en consideración en todo cuanto concierne a éste(Hokkanen vs. Finlandia). Sin embargo, el T.E.D.H. se encuentra con la misma dificultad que lostribunales nacionales (también los españoles) a la hora de definir en quéconsiste ese interés y en la aplicación de las normas que incorporan dichoconcepto jurídico indeterminado. A ese respecto ha acogido a veces loscriterios casuistas de los ordenamientos anglosajones (por ejemplo, los de laChildren Act británica). Ese casuismo ha dado lugar a pronunciamientos aparentementecontradictorios. Así, ha dicho que el menor necesita desarrollar su jovenpersonalidad en un ambiente personal equilibrado, lo cual ha llevado adecisiones como la de la necesidad de separarlo a veces de sus padres cuandoson éstos los desequilibradores. Pero también ha sostenido las más de lasveces que el menor tiene derecho a mantenerse en el seno de su familia paraque no pierda su identidad –la idea de “vida familiar” aplicada a él-, salvo queella se muestre indigna o peligrosa para el menor. El principio del interés superior del menor no es, sin embargo, absolutoen la jurisprudencia del T.E.D.H., sino claramente preponderante. A veces hadebido ceder ante otros intereses valiosos, en lo que han influidocircunstancias concretas (justicia del caso): sobre todo en interés de los padres,que ha sido tomado en consideración (caso B c/. Reino Unido, S. 8 julio1987). En su justificación ha invocado el Tribunal el principio de proporcionalidad,sobre todo en cuanto a la valoración de los límites y restricciones que lostribunales y autoridades nacionales pueden poner a las relaciones familiares, y deljusto equilibrio entre los intereses individuales y generales. La adecuación de las medidas adoptadas por la autoridad nacional sejuzga no sólo por su entidad, calidad, contenido, sino a veces por la rapidez de ̱ Ͷͷ ̱
su puesta en práctica para la efectividad de las mismas. Los procedimientosrelativos a la patria potestad y relaciones padres-hijos, incluida la ejecución dela decisión adoptada, exigen con frecuencia un tratamiento urgente, ya que elpaso del tiempo puede tener consecuencias irremediables en las relacionesentre los hijos y el progenitor que no vive con ellos (Ignaccolo vs. Rumanía, $102).En no pocas ocasiones el Tribunal europeo ha juzgado críticamente quelas autoridades nacionales dejaron que se consolidara una situación de factocontraria a las relaciones personales ignorando las decisiones judiciales,además de que el simple paso del tiempo estaba teniendo consecuencias cadavez más graves para el demandante, privado del contacto con su hija menor. El Tribunal europeo ha tomado en consideración de forma especial, a lahora de examinar si se adoptaron ciertas medidas con la urgencia que requería elcaso, el carácter irreversible de aquellas y las consecuencias de la no adopción atiempo (cfr. Johansen vs. Noruega, S. de 7 agosto 1996). En relación con el derechode visita, ha valorado especialmente el efecto negativo del transcurso del tiempocuando se demora en exceso el disfrute de las relaciones personales padre/hijopor ser irrecuperables las pérdidas. A la hora de la ejecución de las resoluciones judiciales, el T.E.D.H. se hamostrado, en general, contrario a la ejecución manu militari de las decisionessobre derecho de visita. Sin embargo, ha reconocido la ineficacia de la aplicaciónde ciertas sanciones (multas y asimiladas) y de cómo el tiempo juega a favor delincumplidor y en perjuicio del derecho de visita y del interés del menor en esasrelaciones. La reciente S. de 8 diciembre 2007 (caso Maumousseau vs. Francia) hadicho que “el Tribunal estima que recurrir a medidas coercitivas no infringiría elart. 8 del Convenio”. ̱ Ͷ͸ ̱
9. Reiterado recurso de los ciudadanos al T.E.D.H. para la protección delderecho a la visita.9.1. Tres casos interesantes. Entre el amplio muestrario de reclamaciones ante dicho Tribunal,adquirieron en su día notoriedad (año 2005) tres con sendas sentencias recaídasen menos de seis meses. Su proximidad temporal, muy parecidos supuestos dehecho y similitud con numerosos casos de nuestra vida judicial, invitan a traerlasaquí. Me refiero a las sentencias de 23 junio 2005 (Sección 1ª de Tribunal: asuntoZawadka vs. Polonia), de 30 junio 2005 (Sección 3ª: Bove vs. Italia) y de 22noviembre 2005 (Sección 2ª: Reigado Ramos vs. Portugal). Tienen los tres variosdatos en común: reclamación por el padre no matrimonial contra el respectivoEstado por incumplimiento del derecho de visita respecto del hijo nacido derelaciones de pareja no casada tras la ruptura de la misma y no protecciónsuficiente por las autoridades nacionales. En los tres casos hubo situacionesfácticas complejas e incidentes múltiples; y también en los tres hubo sendascondenas de los Estados demandados y votos disidentes de miembros delTribunal, relacionados siempre con la valoración de las medidas adoptadas porlas autoridades nacionales en vista del comportamiento de los protagonistasafectados (no, en cambio, con los aspectos jurídicos, en los que se mantiene unalínea uniforme y coherente con la anterior del mismo Tribunal en casosparecidos). Pongo como ejemplo de cómo ocurrieron los hechos, sucintamente, elasunto Zawadka vs. Polonia. El demandante, Z., polaco, tuvo en 1990 un hijo de surelación extramatrimonial con la Sra. O. Ésta cambió de domicilio y se llevóconsigo al hijo, impidiendo que el Sr. Z tuviera relación con él; más adelante esepadre se llevó al niño a su casa sin el consentimiento de aquélla. Tras discusionesy reclamaciones judiciales relativas a la patria potestad y otros extremos, en 1996los dos progenitores llegaron a un acuerdo amistoso sobre la residencia del hijo ̱ Ͷ͹ ̱
con la madre y régimen de visita y relaciones con el padre. La madre obstaculizócon excusas, meses después, que el padre viera al hijo. Nuevo proceso sobrepatria potestad, sustracción del hijo por el padre; actuaciones penales,requerimiento de devolución del niño, limitación de la patria potestad y de lasrelaciones padre/hijo; devolución de éste a la madre, actuación del Defensor delPueblo, investigaciones policiales, marcha de la madre al extranjero, másactuaciones judiciales en diferentes instancias, etc. Desde el principio de 2001 elpadre dejó de tener noticia del hijo y su paradero; las restricciones para verloeran anteriores (1998). En términos semejantes (con las oportunas variantes personales) los asuntos Bove vs. Italia (S. de 30 junio 2005) y Reigado Ramos vs. Portugal (S. de 22 noviembre 2005).9.2. Doctrina del T.E.D.H. común a esas sentencias. Parte el Tribunal, en su razonamiento y en los tres casos aquíconsiderados, de que el art. 8 del Convenio ampara el derecho de todo padreo madre a que se adopten medidas que le ayuden a reunirse con su hijo; y laobligación de las autoridades nacionales de adoptar dichas medidas, aunqueesa obligación no sea absoluta. Recuerda, además, cómo el tiempo corre enperjuicio de las relaciones padre/hijo, con el riesgo de consolidar unasituación de facto ignorando las decisiones judiciales, además de que el simplepaso del tiempo tiene consecuencias cada vez más graves para el padreprivado del contacto con su hijo menor. De nuevo, y como muestra del razonamiento del T.E.D.H., traigocuanto dijo en el caso Zawadka. El Tribunal considera no convincentes lasrazones aducidas por las autoridades polacas en su propia defensa yjustificación; reconoce que la labor de los tribunales domésticos se vio ̱ Ͷͺ ̱
dificultada por las tensas relaciones existentes entre los progenitores; mas esono les exime de sus obligaciones positivas: el art. 8 de la Convención lesimpone la obligación de adoptar medidas que reconcilien los intereses enconflicto de las partes, teniendo siempre presente la necesidad de protegersobre todo los intereses del menor; hacer todo lo posible para facilitar lacooperación y el entendimiento de todos los implicados, y que cualquierobligación de aplicar la coerción en este aspecto debe limitarse, ya que debentenerse en cuenta los intereses y derechos de todas las partes, y más enconcreto el mejor interés del menor (con cita de los casos Hokkanen, $ 58, yOlsson II, $ 90). Estima el Tribunal que las autoridades nacionales noadoptaron medidas prácticas que alentaran a las partes a cooperar en laejecución del acuerdo sobre visitas, y concluye que fracasaron en elcumplimiento de sus obligaciones positivas de proporcionar al demandante laayuda necesaria que le hubiera permitido gozar de forma efectiva sus derechosde visita y patria potestad; y que, en consecuencia, hubo violación del art. 8 delConvenio, por lo que condena al Estado demandado. No difiere sustancialmente la argumentación del T.E.D.H. en los asun-tos Bove vs. Italia y Reigado Ramos vs. Portugal, en los que concluyó que las autori-dades respectivas omitieron hacer los esfuerzos adecuados y suficientes parahacer respetar el derecho de visita del demandante, ignorando así el respeto desu vida familiar garantizado por el art. 8, que estimó violado, por lo que con-denó a ambos Estados.10. Otros casos relevantes ante el T.E.D.H. Entre los varios que se han presentado en los últimos años, me parecenmás interesantes los siguientes:A. Caso Koudelka vs. República Checa (S. de 20 julio 2006). ̱ Ͷͻ ̱
El reclamante, Sr. Koudelka, separado de la madre de su hija, demandóa un tribunal checo su derecho de visita respecto de la hija, cuya guarda habíasido conferida a la madre, alegando que ésta le impedía verla. La madre soli-citó que se privara a aquél de la patria potestad, lo que fue rechazado. El tri-bunal acordó un derecho de visita mediatizado (encuentros padre-hija en uncentro de prevención social y con la asistencia de un especialista). Koudelkafue denunciado por la hija anterior y mayor de la señora por abusos sexuales,denuncia que no prosperó. Hubo numerosos incidentes con acusaciones recí-procas de incumplimiento, con nombramiento de tutor para la hija, y nuevasincumplimientos, quejas y demás a lo largo de más de diez años, los tres últi-mos sin resolución judicial. El T.E.D.H. ha tomado en consideración, como hechos probados que“según el psicólogo, E.P. [la madre] hacía desarrollar en la hija [de 12 años en laépoca] el síndrome de alienación parental, comprometiendo así la evolución de susrelaciones [de la hija] frente al otro sexo, animándola en sus reacciones histéricasy egocéntricas”. Volvió a reiterar su conocida doctrina de resolucionesanteriores, y dijo –como más relevante a nuestros efectos-: “Es importante notarque desde 1995 lo expertos han llamado la atención sobre la actitud negativa dela madre y sobre el hecho de que el derecho de visita no podía realizarse sin sucooperación; las relaciones posteriores ha demostrado en la hija su fijaciónpatológica en la madre y el síndrome de alienación parental. Era, pues, más queevidente que el paso del tiempo tenía en este caso consecuencias desfavorablespara el reclamante. […] En vista de los hechos probados, el Tribunal admite queel incumplimiento del derecho de visita es imputable sobre todo al rechazo de la madre, y después al de la hija, programada por la madre; estima que lostribunales checos no han tomado las medidas que podían razonablementeexigir y que no se han mostrado suficientemente rápidos en su recurso a losdiferentes medios de ejecución previstos en el Derecho interno” ̱ ͷͲ ̱
Y concluyó condenando al Estado demandado.B. Caso Lafargue vs. Rumanía (S. de 13 julio 2006). Los hechos no difieren mucho de los anteriores. Pronunciamiento dedivorcio del ciudadano francés Lafargue y su esposa, rumana; asignación de laguarda de la hija común a la madre, con ejercicio de la autoridad parental, yderecho del padre de velar por la educación, desarrollo y formación de la hija;reclamación por este último de un derecho de visita, que le fue concedido;tentativa y discusiones procesales para su cumplimiento, con avatares varios, queomito por innecesarios. El Tribunal, después de reiterar su conocida doctrina, con citas de casos ysentencias anteriores, dijo: “Conviene recordar que en un asunto de esta clase elcarácter adecuado de una medida se juzga en función de la rapidez con que selleva a cabo. En efecto, los procesos relativos a la autoridad paterna y al derechode visita, comprendida la ejecución de la decisión adoptada, requieren untratamiento urgente, pues el paso del tiempo puede tener consecuenciasirremediables para las relaciones entre el hijo y el progenitor que no vive con él”.C. Caso Audleva c/. República Checa (S. de 2 febrero 2008). Se trata de un matrimonio divorciado, en el que el marido abandonó eldomicilio conyugal con la hija de ambos. Un tribunal acordó devolver la hija a lamadre; una medida provisional posterior la dejó sin efecto y confió la guarda alpadre. Tras una entrevista con una asistente de protección de menores, la niñahabría declarado que deseaba vivir con su madre y no quería ver a su padre, yque había sido influenciada por éste con ocasión de declaraciones anteriores. Noobstante, el tribunal mantuvo su decisión anterior, que ordenó ejecutar, ̱ ͷͳ ̱
acordando más tarde un derecho de visita a favor de la madre, decisiónconfirmada por el tribunal superior. A partir de esta decisión se produjeronnuevas incidencias, complejas y parecidas a las de casos anteriores, que nomerecen ser reproducidas. De los varios argumentos del T.E.D.H. para apreciar que hubo infraccióndel art. 8 de la Convención (y condenar al Estado demandado), quiero destacaréste: “[…] dado que en materia de ejecución de los derechos de guarda y devisita los tribunales checos debían actuar sin retrasos inútiles e incluso sin que laspartes lo pidieran, se plantea la cuestión de saber por qué los tribunales no hanadoptado al menos una nueva medida provisional para decidir las modalidadesdel derecho de visita de la demandante. En opinión del Tribunal [E.D.H.], esohabría permitido clarificar la situación y responder a las objeciones de lareclamante quejándose de que el ejercicio de su derecho de visita había quedadoa discreción del padre y del psicólogo elegido por éste último. No parece que lasautoridades (checas) hayan visto, habida cuenta de las dificultades de ponerse deacuerdo los padres sobre la elección de psicólogo, que éstos se vieran obligadosa seguir una terapia familiar o que los encuentros se desarrollen en el seno deuna estructura especializada”. La línea argumental y decisiones de éstas y anteriores sentencias se vienemanteniendo, con coherencia y continuidad, en otros asuntos posteriores.11. Conclusión. El llamado derecho de visita (rectius, de relaciones personales entre personascalificadas), desatendido en nuestro sistema jurídico y apenas con la solaactualidad y vigencia que le han dado los pequeños dramas humanos que vivensus protagonistas y los frecuentes episodios judiciales más o menos sonoros, hadejado de ser un derecho y relación personal sujetos uno y otra a legalidad ̱ ͷʹ ̱
ordinaria, contemplados y resueltos ante nuestros tribunales según losparámetros jurídicos habituales para tales derechos y relaciones. Ha adquirido enlos últimos años la categoría y calificación de derecho humano, de relevanciapróxima a la de nuestros derechos fundamentales, en cuanto protegido por laConvención Europea de Derechos Humanos y dada la interpretación delT.E.D.H., lo que no podía por menos de trascender a nuestro Derecho internodesde el momento que dicha Convención fue ratificada por España y publicadaen el B.O.E. (art. 96.1 C.E., y 1.5 C.c.), y que nuestro país reconoce lajurisdicción de dicho Alto Tribunal. Su protección jurídica trasciende también las normas con simple rango deley ordinaria y de jurisdicción nacional. Una protección insuficiente –por suefectividad como por la rapidez- por los tribunales nacionales puede dar lugar areclamaciones de los ciudadanos ante el T.E.D.H., con graves consecuencias:desde la responsabilidad de la Administración de Justicia ante el agraviado porno garantizar una tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) hasta la condena delEstado español por dicho Tribunal. Situaciones semejantes a las descritas de los casos ante el T.E.D.H. quehe presentado se están produciendo a diario en nuestro país. Algunos de nues-tros tribunales no dispensan –y lo digo con tanta claridad y contundencia co-mo respeto- al derecho de visita y relaciones personales progenitor-hijo la pro-tección necesaria y suficiente para la efectividad de las resoluciones judicialesque ellos mismos dictan (obligación que les compete por mandato constitu-cional: art. 118), y de ese derecho-deber anclado también en normas constitu-cionales; además, uno de los derechos humanos protegidos por la Convencióny por el T.ED.H. Nuestro país –lo reitero de nuevo, por su gravedad- puedeser demandado en cualquier momento, y pienso que en la mayor parte de lasocasiones sería condenado en términos semejantes a los de las sentencias cita-das. ̱ ͷ͵ ̱Related DocumentsKeep on trucking`
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