Source: https://docs.com/partidosocialista/5771/multa-foto-rojo
Timestamp: 2017-07-26 16:50:18+00:00

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PSOE-Ocaña
MULTA FOTO ROJO
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OCAÑA
Expediente nº: ..................
Matrícula Vehículo: .............
Fecha infracción: ...............
D. ............................con D.N.I ..............y domicilio que señala a efectos de notificaciones en ........................de conformidad con el artículo 81 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, R.D.L. 339/1990 de 2 de Marzo, y el art. 13 del Reglamento de Procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, RD 320/1994 de 25 de febrero, ante V.I. comparece y como mejor proceda en derecho
Que me ha sido notificada la propuesta de resolución sancionadora dictada en el expediente arriba referenciado. Que, en relación con dicha actuación administrativa y no estando de acuerdo con la misma, por medio del presente, vengo a efectuar las siguientes,
PRIMERO.- No reconozco los hechos que constan en la denuncia. Ésta se dirige contra mi persona, sin que se haya acreditado quién es el conductor responsable de la infracción, requisito indispensable para imponer una sanción de tráfico. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 5 de diciembre de 1998 dictó “que no basta para que pueda imponerse una sanción al propietario del vehículo cuando no consta que fue el autor de la infracción, algo que es necesario probar sin que el recurrente de la sanción esté obligado a probar su inocencia ni pueda inferirse su culpabilidad de su silencio”, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de abril de 1990, declara que “la presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean penales o administrativas, debiendo estar basadas las sanciones en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta sancionada, sin que nadie deba estar obligado a probar su propia inocencia, por lo que de ser insuficiente el resultado de las pruebas, debe llevar a un pronunciamiento absolutorio”. En este caso concreto, no se ha tenido en cuenta los preceptos constitucionales y jurisprudenciales.
SEGUNDO.- Al tratarse de un equipo de grabación de imágenes, deberá estar controlado por una Agente de Seguridad, o como es este caso concreto por un controlador, en dicha denuncia no consta el nombre y apellidos del denunciante, domicilio y su firma de acuerdo a las exigencias que establece el artículo 74.2d del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, al tratarse de persona que tiene conocimiento de los hechos y por tanto, no goza de presunción de veracidad. El lapso de tiempo que transcurre entre las fases ámbar y rojo, es de tres segundos, por lo que el tiempo de reacción del conductor es nulo y resulta imposible frenar, la duración de la fase ámbar "se aleja mucho de los tiempos recomendados por la Dirección General de Tráfico, que si bien reconoce que no es posible aplicar una regla general, establece que las fases verde, ámbar y rojo inferiores a 35 segundos o superiores a 150 "son de difícil comprensión para el conductor español", por lo que "no son aconsejables”.
Solicito que con relación al medio mecánico con el que se hicieron las fotografías, me faciliten los siguientes certificados: La revisión y el control metrológico del sistema foto-rojo; Tiempo que transcurre desde que se activa el dispositivo o del tiempo en que se seleccionan las imágenes captadas; Fecha de la aprobación individualizada, es decir, del aparato en concreto con que se detectó la infracción; Certificado de aptitud para manipular el dispositivo, por el controlador denunciante.
TERCERO.- Teniendo conocimiento que existe un contrato entre el Ayuntamiento de Ocaña y la empresa Vialine formalizado el 27 junio de 2016, en el cual se le atribuye a dicha empresa privada unas funciones propias de funcionario de carrera como son entre otras: denunciar, tramitar la denuncia, notificar la denuncia, elaboración de resoluciones….. De acuerdo con lo que establece la Ley de Bases del Régimen Local, en su artículo 92.3 establece que “corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función”. La Ley 7/2007, de 12 de abril por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 9.2 establece que “en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración pública se establezca”. En el contrato se estipula que la empresa Vialine será la encargada de validar todas las infracciones y las enviará al instructor nombrado por el Ayuntamiento para su ratificación, teniendo en cuenta que la Real Academia de la Lengua dice que el significado de “Ratificar” es: “Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y ciertos”, resulta difícil entender como un funcionario que no ha estado presente cuando se cometió la infracción, puede dar por valederos y ciertos unas manifestaciones de una persona que denuncia por conocimiento de los hechos, que se da la circunstancia que es un trabajador de la empresa que va a obtener suculentas ganancias por el hecho de denunciar.
De lo expuesto anteriormente, la garantía de imparcialidad queda mermada y tengo derecho a que los procedimientos sancionadores que se dirijan contra mi persona, sean instruidos por personas independientes que sirvan con objetividad a la ley y al interés general y son varios los preceptos legales que reconocen este derecho.
A más abundamiento, la Defensora del Pueblo en su recomendación número 15001400, de fecha 25/05/2015, dice literalmente: “Instruir un expediente sancionador no puede quedar limitado a estampar la firma sobre una propuesta de resolución elaborada por una empresa. Al instructor, como garante del interés general, se le atribuye, entre otras, la misión de velar por la veracidad y exactitud de los datos que contiene el expediente y por el respeto de los derechos de los ciudadanos y está sujeto a la correspondiente responsabilidad”.
CUARTO.- En el contrato firmado con la empresa Vialine consta que por el Ayto de Ocaña facilita datos del fichero del padrón municipal a dicha empresa. De acuerdo con lo establecido El artículo 11.1 de la LOPD establece la regla general aplicable en cuanto a la cesión de datos: “1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.” La protección de mis datos personales que supone que tengo un haz de facultades para conocer y consentir quién trata mis datos y en este caso concreto, no he dado mi consentimiento. El artículo 11.2 establece las excepciones al consentimiento para la cesión: Cuando la cesión esté autorizada en una ley; Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público; Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros; Cuando la comunicación deba realizarse al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los jueces y Tribunales; Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el tratamiento posterior con fines históricos, estadísticos o científicos.
El artículo 12 LOPD dispone: “No se considerará comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento”. En este caso concreto, podría existir la duda de si es cesión o acceso, sin embargo, en el contrato se estipulan las funciones de Vialine y deja claro que es cesión, porque entre otras funciones está la de elaborar una base de datos de infractores y por tanto, el Ayto está obligado a solicitar el consentimiento de cada una de las personas que se van a ceder los datos a un tercero.
SUPLICA, que teniendo por presentado este escrito de descargo, se digne admitirlo y, tras los trámites que estime necesarios y la revisión de las pruebas solicitadas, declare el sobreseimiento del expediente. En ............ , a .. de ..........de ....s públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración pública se establezca”. En el contrato se estipula que la empresa Vialine será la encargada de validar todas las infracciones y las enviará al instructor nombrado por el Ayuntamiento para su ratificación, teniendo en cuenta que la Real Academia de la Lengua dice que el significado de “Ratificar” es: “Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y ciertos”, resulta difícil entender como un funcionario que no ha estado presente cuando se cometió la infracción, puede dar por valederos y ciertos unas manifestaciones de una persona que denuncia por conocimiento de los hechos, que se da la circunstancia que es un trabajador de la empresa que va a obtener suculentas ganancias por el hecho de denunciar.
CUARTO.- En el contrato firmado con la empresa Vialine consta que por el Ayto de Ocaña facilita datos del fichero del padrón municipal a dicha empresa. De acuerdo con lo establecido El artículo 11.1 de la LOPD establece la regla general aplicable en cuanto a la cesión de datos: “1. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado.” La protección de mis datos personales que supone que tengo un haz de facultades para conocer y consentir quién trata mis datos y en este caso concreto, no he dado mi consentimiento. El artículo 11.2 establece las excepciones al consentimiento para la cesión: Cuando la cesión esté autorizada en una ley; Cuando se trate de datos recogidos de fuentes accesibles al público; Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros; Cuando la comunicación deba realizarse al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los jueces y Tribunales; Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga por objeto el trata

References: artículo 81
 resolución 
 artículo 74
 Real Decreto 
 artículo 92
 artículo 9
 resolución 
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 11