Source: http://hcmujica.blogspot.com/2011_10_15_archive.html
Timestamp: 2018-01-22 21:36:30+00:00

Document:
herbertmujica: Oct 15, 2011
http://www.voltairenet.org/Comision-Interamericana-estudia?var_mode=recalcul
Presentamos el acuse de recibo de la denuncia que comunica dicha Comisión Interamericana en este desaguisado del malhadado TC.
Tan grave es el asunto que uno de sus miembros: Oscar Urviola Hani, fue antiguo funcionario de años del citado Banco, apoderado por Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos y hombre de confianza de Dionisio Romero y, sin embargo, ha intervenido con desenfado en los dos procesos constitucionales de amparo, firmando providencias y formando parte del pleno en audiencia pública.
En uno, suscribiendo resoluciones en favor del banco y luego, con descaro, retirando su firma de lo resuelto; sí, retirando la firma que estampó en la resolución del TC, contando con la complacencia del resto de miembros. ¿Un juez puede retirar la firma de la sentencia por más prevaricadora que fuese?
En el segundo amparo, pese a correrse del primero, por tener un conocido corazón banquero añejo con el ilícito retiro de firma de una resolución, integró impávido el Pleno del TC el día de la Vista de la Causa del 03-06-2011 (Exp. 1908-2011), incluso formuló una sola pregunta al entonces abogado informante: Dr. GUILLERMO OLIVERA DÍAZ, en el sentido que fue el Banco del Sur quien demandó el proceso de ejecución contra Gerdt Tudela y no el Banco de Crédito del Perú, pese a que quien litiga actualmente y ha ejecutado los inmuebles del supuesto deudor es este banco, por haber comprado los activos y pasivos del Banco del Sur. Quién presentó la demanda no importa, si quien prosigue el juicio y ejecuta es el Banco de Crédito, al mismo que representó por años el magistrado del TC de marras.
De estas y otras perlas ilícitas se encarga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y, finalmente, será la Corte Internacional de San José de Costa Rica la que tome cartas en este espinoso asunto, por un Pagaré de más de Doscientos mil nuevos soles que la justicia ordinaria, en 3 instancias, ha declarado NULO por carecer de objeto lícito, haber sido llenado en blanco después del protesto notarial y que, sin embargo, el TC desoye en dos procesos de amparo, quizá porque el viril caballero es don dinero, del Banco de Crédito que sigue sirviendo Urviola Hani concertado con los demás.
Posted by Herbert Mujica Rojas at 11:31 AM
Algo sorprendente y estuporizante para la dosimetría penal: Del delito de Colusión del Artículo 384° del Código Penal que contempla una pena mínima de 3 y una máxima de 15 años, se le ha pedido la máxima represión, tal vez porque se la reputa altamente "peligrosa", "proterva" o quizá "desalmada" con los niños (dicho con ironía), sin pericia psicológica que lo demuestre. ¡Qué tal telescopio fiscal tan penetrante para cuantificar la sanción que busca! ¿Por qué no 14, 13, 12 años o menos por algo insignificante?
Convendría que el Ministerio Público informe al país en qué licitación específica, con qué proveedores, por cuántos millones de soles, cuántos millones de litros de leche y kilos de avena y en qué fecha precisa se coludió para consumar el ilícito.
Todo esto está en la brumosa penumbra, tal como la Censura que pide el fujimorismo corrupto hasta la médula, con su capitán hoy encarcelado y castigado por el cáncer. Hasta se cae de la cama y la prensa da cuenta inmediata de tal caída.
Parece que todos estos datos se esconden adrede, ya que son nimios (chiquirriticos) y que la entonces regidora del municipio de Lima, con Belmont de Alcalde y Laura Bozo también de regidora (exluida ya del proceso), no integró el Comité de Adquisiciones de tales insumos y que las compras se realizaron fuera de su mandato y de su acción u omisión.
La Sala Penal juzgadora recién ha pedido que se le informe sobre este particular, pedido que demuestra que no consta en el proceso, pero que, sin embargo, ha sido motivo de la ultrasevera acusación fiscal, magnificada por la solícita prensa.
¿No es que estos olores mefíticos, que acicatean la bascosilagnia o riparofilia mediática, se hacen en nombre de la política y de la cacareada libertad de prensa? La respuesta es suya, amable lector.
Me habría gustado defender a la desventurada Ministra, ad honorem, para conocer al cuadriculado mefistófeles que al acecho la persigue, por dentro.
"Difamados" que piden mucho por hostilizar
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Honor "ofendido" abusa pidiendo, en sendos juicios, millones de dólares de reparación económica a quien no tiene. ¿Honor prostituido en búsqueda de resarcimiento utilizando jueces?
El ejercicio de tal destreza abusiva es prueba de elefantiásico deshonor.
Iniciar demandas a troche y moche pretende justificar honorarios de abogados sin brillo, con avidez de dinero por su hipertrofiada crematofilia.
Tal es el infortunio del prestigiado periodista Herbert Mujica Rojas cuando se le demanda, penal y civilmente, pese a que no le sacarán un puto cobre, pues carece de fortuna.
Detrás de LAP demandante, que administra el Aeropuerto Jorge Chávez, están los abogados que jefatura un personaje conocido, que cobró millones en el Caso Fujimori. Fue Procurador y procuraba llenarse los bolsillos.
Que el Congreso de la República y el Ejecutivo, de tibio nuevo cuño, cambien el texto legal de la difamación que cercene estos abusos.
Para empezar, que no existan juicios penales y civiles al propio tiempo, o simultáneos, por los mismos hechos supuestamente difamatorios.
Que la reparación sea en una sola vía y no al arbitrio y cieno del querulante.
Vibrante reclamo de garantías y derechos al Tribunal Constitucional
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El abogado y las dos personas vinculadas al Expediente 2006-6759-PA/TC enviaron, pocos días atrás, una comunicación al Tribunal Constitucional, mediante el cual:
-Presentan Recurso de reposición, cada uno.
-Reivindican la supremacía de la Constitución sobre documentos de menor jerarquía es decir, que ésta prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. No se puede, pues, aplicar el Código Procesal Constitucional para violar la Constitución o los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.
-Alegan que un banco no es un fin supremo de la sociedad
-Indican que ha habido violación del debido proceso y de la cosa juzgada y del derecho de defensa ocasionados por el propio Tribunal Constitucional, según aparece en el voto singular de un magistrado constitucional al cambiar la fecha de los votos de una sentencia, para así no tomar en cuenta una resolución de la Corte Suprema en su fallo.
-Subrayan que un pagaré declarado por Sentencia consentida y ejecutoriada, NULO E INEXISTENTE POR TENER FIN ILICITO y en consencuencia adicionalmente testado, no puede originar ningún efecto jurídico, sino solamente la nulidad de todo lo actuado a partir de los efectos de dicho pagaré.
-Informan que dicho pagaré inexistente, según el Poder Judicial, no puede servir para que en una pericia contable de dicho "pagaré" o su ampliación, pueda ser habilitado bajo razón alguna, para establecer una "obligación" o un "saldo deudor" y con dicho argumento, declarar INFUNDADA una acción de amparo.
-Lo anterior, sería resolver contra el texto claro y expreso de la Constitución y la Ley.
-Indican que hay violación a la cosa juzgada, al darle valor al pagaré nulo e inexistente por tener fin ilícito.
-Subrayan que un acto jurídico nulo e inexistente y la comisión de un delito perseguible de oficio NO PUEDEN TENER EFECTOS JURIDICOS. ¿Se olvidaron del Principio de Legalidad y del Estado de Derecho?
-Por otro lado, indican también que si una parte a la que se ha concedido el recurso de agravio constitucional no está registrada en el sistema informático del Tribunal Constitucional y no puede, ni en mesa de partes ni en el Internet, encontrar el número de la causa para ejercer su defensa, lo cual ha sido constatado notarialmente, entonces ha sido puesta en un estado de indefensión por el propio Tribunal Constitucional.
- Si esa parte pide la nulidad de la vista, pero se la "rechaza" sin fundamento alguno y luego se dice que a pesar de tener el agravio constitucional, es "un caso especial", por el cual no puede defenderse ante el Tribunal, se está violando la Constitución por el propio Tribunal Constitucional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos.
“Pequeño problema técnico…….de pago”
"Pequeño problema técnico…….de pago"
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Los eufemismos tan típicos en nuestro castellano pergeñan circunloquios para todas las ocasiones y que a todos nos ha pasado alguna vez. O casi siempre. O es constante en nuestras vidas: la imposibilidad de pagar las obligaciones en fecha o dentro del plazo habitual.
Verbi gracia: ¿quién podría decir que no estuvo a punto que le cortaran el servicio de línea telefónica? Como hoy Movistar ha improvisado eso que llaman tríos o dúos, entonces la cobranza es integral y si usted se demora en el teléfono corre el peligro que le yugulen el cable y le cercenen el acceso a Internet. ¡Ni más ni menos: mocho por todos lados!
No sólo eso. Movistar le cobra la reposición del servicio de línea en teléfono celular la no muy simpática suma de US$ 5. En Nextel si no honra el pago en la fecha del vencimiento (eso de los 8 días para esta empresa no parece importar gran cosa) tendrá luego que abonar US$ 15 para el reintegro de la tan famosa línea. ¡Ni que se diga de encuestas, concursos y solicitudes que deslumbran en las pantallitas sin que nadie pida y que de repente aparecen como conceptos en el recibo mensual de los servicios celulares! Al usuario le clavan banderillas sin compasión.
Conozco de personas que viven en la zona sur de Lima y cuando tienen "pequeños problemas técnicos de…….pago" con la luz, la reposición les cuesta casi el 30% del consumo habitual. Lo cual sí parece una contradicción aberrante: ¿cómo cobrarle tanto y abusivamente a gente que obtiene menos ingresos?
Para muchos vivir sin acceso a Internet ya no es un simple accidente, es un bache que puede llegar a tener o representar muy lamentables consecuencias, sobre todo, económicas. El vehículo por excelencia para la oferta, exposición, contrato y resoluciones sobre sus quehaceres camina por la red de redes. Por tanto, quienes perdamos aunque sea momentáneamente el acceso, nos vemos casi como amputados a la mala y sin anestesia. Y todo por el bendito y "pequeño problema técnico…..de pago".
El castellano peruano abunda en vericuetos, giros y maromas para disimular la lacerante realidad de las circunstancias y la cohonesta de mil y un formas y en todos los segmentos de la sociedad. Desde los guiños y muecas que nos acercan a los monos, hasta los bufidos y gritos pelados que nos emparentan con toros y gorilas, todo vale. Los jóvenes abusan de la frase corta y la deformación indigesta de términos cuyas acepciones son unas pero pretenden significar otras. Fui a comprar el otro día en una bodega una bebida y el dependiente me contestó: "¿cuántas "gacelas" va a llevar?". Con más de cinco décadas de haber leído buen y magnífico castellano en miles de libros, aprendo que desconocía que a las gaseosas les llaman "gacelas". O como cuando confunden barrio con "barrunto". ¡Qué desmadre!
Y la política y la economía no se salvan: "poner en valor", un paso al costado, sensibilización y adefesios por el estilo que degradan el buen castellano y lo envilecen al punto que la lectura parece prescindible y el estilo de "cortar y pegar" (cut and paste) de que hacen gala no pocos "escritores" se ha vuelto un recurso "moderno".
No se dice en Perú: bolsillos vacíos, sino "planchados", "misios", para denotar la aridez de las faltriqueras y su anemia para afrontar los pagos de servicios.
El humor sin duda, aunque no paga nada, ayuda a superar el mal rato hasta que se consigue el dinero por las buenas vías, para pagar: como no hay para el teléfono, entonces se dice que se tiene: "un pequeño problema técnico….. de pago".
Por tanto quien pase por mi casa y no vea luz que insista; quien llame y no reciba respuesta que pruebe con los celulares o el timbre de la puerta.
Y, hay que decirlo, si no ven mis muy modestas y habituales columnas por Internet, no es que esté preso por alguno de múltiples juicios. Es que tuve "un pequeño problema técnico…..de pago".
¿A quién no le ocurrió alguna vez este martirologio?
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El lector notará el cambio sustancial que traía el proyecto de ley que aprobó la Comisión Permanente y que Alan García torpedeó con sus observaciones. ¿Por qué razones íntimas o personales lo observó?
¿Qué espera Ollanta Humala y el actual Congreso para cumplir lo que prometieron: despenalizar la difamación?
Posted by Herbert Mujica Rojas at 11:18 AM
¡Obligación de cumplir promesas de campaña!
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Se lee en despacho de Andina lo siguiente:
"Lima, oct. 04 (ANDINA). El jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso, reafirmó hoy el compromiso de su gobierno con la libertad de expresión y el rol fiscalizador de los medios de comunicación, tras recibir al presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), Luis Pardo Sainz.
La reunión se llevó a cabo esta noche en la sede del Ejecutivo con la participación del primer y segundo vicepresidente de la AIR, Alfonso Ruiz de Assín, y Emilio Nassar; y los representantes de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión Hugo Delgado (presidente); Marcelo Cúneo (vicepresidente); y Abraham Zavala (director).
Al finalizar la cita, Pardo Sainz destacó que en el Perú existe un aceptable y buen nivel de libertad de expresión, y que el presidente Humala tiene la voluntad de mantenerlo." http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-jefe-estado-reafirma-compromiso-del-gobierno-con-libertad-expresion-380639.aspx
¿Es que el presidente debe ratificar "la voluntad de mantenerlo" (sic) "un aceptable y buen nivel de libertad de expresión". La redacción o es engañosa y mediocre o todo está aquí al revés. El mandatario Ollanta Humala tiene la OBLIGACION por el precepto constitucional que así lo ordena de permanecer en el respeto a la libertad de prensa. No incurre en ningún favor especial al país, hace lo que debe porque así ha jurado hacerlo. ¡Y no es compromiso de un gobierno, es mandato que establece la Carta Magna o el derecho natural al Estado!
Banal por frívola, irrelevante por excesiva e inane que un personaje foráneo nos obsequie con un certificado de buena conducta y encima diga que el jefe de Estado tiene voluntad de mantener un comportamiento al cual está comprometido.
En cambio Andina, desde que inició este gobierno no ha transmitido ni una noticia sobre lo que la Comisión Permanente del Congreso anterior aprobó como dictamen despenalizando el delito de difamación y cómo el ex mandatario Alan García en gesto repudiable y claudicante envió observaciones sobre aquél el 27 de julio a las 10:55 de la noche, frustrando un auténtico alegato por la libertad de prensa.
No solo eso. En la campaña electoral el postulante Ollanta Humala consignó en su plan de gobierno que ésta había de ser una medida fundamental para cautelar ¡precisamente! la hoy tan cacareada libertad de prensa que todos alaban y festejan pero que sirve para algunos y para otros no.
¿Quiénes temen a la libertad de prensa? Todos aquellos que tienen presuntas cuentas con la justicia: los que ganaron contratos con dedicatoria o maña aviesa; los ex gobernantes que requieren de una espada de Damocles para mostrarla al periodista que los señale con dedo acusador; los que saben que hacen trampa pero que demandan la mudez del informador sometiéndolo a juicios, persecuciones, pago de tasas por miles de soles, engrilletamiento a citas, informes orales, interrogatorios y ¡la mordaza! como símbolo de la "justicia" para que no hable o no escriba cuanto sabe. ¿No es eso también un ataque –muy perverso- a la libertad de prensa?
El 99.9% de los jueces admite las querellas por supuesta difamación. Por quítame estas pajas y gracias a la ayuda rentada de abogados marrulleros y que han hecho de su profesión una mina áurea o dolarizada riquísima, cualquier palabra o término puede ser considerado injuria o difamación. El que tiene dinero lo emplea para asordinar la protesta en forma de artículo periodístico, crónica televisiva o radial, a veces logra morigerarla o comprarla, pero los magistrados se prestan al desprestigio del Poder Judicial y actúan para aplastar al más débil, casi siempre el reportero, que puede terminar literalmente desplumado y preso. Conozco un caso que el gorrito introductorio a un auto apertorio de autoridad judicial, le ha representado el requerimiento de US$ 500 mil como "reparación civil". De esto no hablan quienes callan por ignorancia o por desinterés o por la necesidad de vivir en el status quo que lo tiene como "formador de opinión".
Ni el Congreso nuevo o el gobierno del presidente Humala parecen tener muy claras convicciones sobre este particular despenalizador del delito de difamación. ¿Cómo, entonces, tantas loas a la libertad de prensa cuando una de sus bases está dañada? ¿o se cree que el periodista no tiene derechos humanos que amparen su misión sagrada de romper el pacto infame y tácito de hablar a media voz!
¡Esta sí es una obligación del presidente Humala y del Congreso! A menos que no quieran, siquiera igualar lo que hizo el anterior en sus estertores de desprestigio y anemia popular.
Wait and see reza el dicho en inglés.
http://www.voltairenet.org/ANR-convenio-con-UNI-suplanta-una?var_mode=recalcul
Todo parece indicar que en los predios de la Asamblea Nacional de Rectores se tiene la convicción que eso sí es posible, de tal suerte que el convenio entre la ANR y la Universidad Nacional de Ingeniería para la confección de los carnés y diplomas acaba de ser renovado hasta el 2012 y con la firma del cuasi flamante presidente Orlando Velásquez Benítez. Como hemos enunciado en artículos recientes, ninguno de los cuales ha merecido ni un chis ni un mus, al amparo de este tratado se abarca el 70% del presupuesto asignado a este servicio.
La experiencia y habilidad administrativa han jugado un papel primordial, maestro y guía en este rumbo. Léase lo que analiza y determina una autoridad de la ANR:
"Que, mediante informe No. 295-2011-DGAJ, la Dirección General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional de Rectores indica que la Dirección General de Auditoría, ensu informe No. 02-2007-ANR/OGA, del 10/2007, señaló la importancia de la adquisición de un software para la institución con la finalidad de elaborar los carnés universitarios garantizando su producción permanente: precisando asimismo la Dirección General de Asesoría Jurídica que ante la falta de actividad operativa de las direcciones responsables, no queda otra alternativa que proceder a realizar una nueva adenda, sin soslayar la necesidad de realizar la convocatoria para la adquisición del referido software". Como es pertinente recordar el Director General de Asesoría Jurídica es el abogado TEODORICO PASCUAL ASENCIOS TORRES.
No está demás traer a la memoria que las dos licitaciones para el software del que habla el párrafo anterior fueron declaradas desiertas por otro funcionario que ostenta una doble corona: Secretario General y Secretario Ejecutivo: RAUL MARTIN VIDAL CORONADO y sobre el que se dice a continuación:
"Que, con adenda suscrita el 18 de julio de 2011, se amplía el plazo de vigencia del precitado Convenio por el período de un año, a partir del 21 de junio de 2011 hasta el 21 de junio de 2012, surtiendo efectos para todos los compromisos señalados en las diecisiete cláusulas del indicado Convenio, debiendo entenderse que para efectos de supervisión establecida en la cláusula octava del Convenio, se designó al Dr. Raúl Martín Vidal Coronado, Secretario General de la Asamblea Nacional de Rectores."
El presidente nuevo, Orlando Velásquez Benítez, llegado recién en mayo y que había prometido limpiar la imagen de la ANR no encontró fórmula más rápida o expeditiva y basada, sin duda alguna, en la destreza y antigüedad en los puestos de su Secretario General y Secretario Ejecutivo, Vidal; y de su Director General de Asesoría Jurídica, Pascual Asencios y no tuvo más imaginación que firmar la prosecución del Convenio que reemplaza una licitación pública en su porción más importante y que está sumamente cuestionada.
Es absolutamente válido preguntarse si es que no existen en Perú empresas privadas que puedan confeccionar los carnés universitarios y los diplomas con altas medidas de seguridad de acuerdo al patrón que posee estándares mundiales. Más aún: hay que indagar si lo que provee la UNI tiene esas características unidas a otra muy importante: ¿es más barato que lo que costaría hacerlo con firmas particulares? Hay sospechas que eso ¡no es así!
Aún no se ha convocado la licitación para la confección de los diplomas que, como hemos descrito en otro artículo, tiene como componente fundamental al sustrato polyart (papel sintético) pero hay empresas que son devotas del dicho: al que madruga, Dios le ayuda y han importado 6 toneladas y media de ese material muy pocos días atrás como testimonia el documento de aduana de esa operación comercial de Corporación Sealers que se dedica a otra naturaleza de actividades selladoras de containers como su nombre lo indica. Sin lugar a dudas que haya traído material con las medidas para la confección de diplomas pura coincidencia y circunstancia fortuita que ocurre solamente una vez. ¿Hay algún parentesco entre Corporación Sealers y Evident S.A., empresa cuestionada desde hace años y con la que mantiene excelentes relaciones profesionales y públicas el eficiente Secretario General y Secretario Ejecutivo Raúl Martín Vidal Coronado.
Son muchas las preguntas e interrogantes suscitadas luego de diez muy documentados y puntuales artículos sobre irregularidades cometidas y reiteradas en el funcionamiento de la Asamblea Nacional de Rectores.
Llama la atención que en un país con un gobierno que ha impuesto –o así lo propugna oficialmente- la transparencia como fórmula de trabajo, una entidad como la ANR haga convenios para suplantar a las licitaciones públicas a que como institución del Estado está obligada a convocar y de manera diáfana. No parecen ser las únicas cosas raras.
¿El legislador seguirá mudo frente a probadas incongruencias? ¿no hay un funcionario en la Contraloría capaz de ordenar de oficio una investigación exhaustiva?
Cuando la sociedad ve ocurrir artes de birlibirloque con sus impuestos –con eso se paga a la UNI, estatal y por la otra, también estatal, ANR, entidad pública, y no hay protesta, denuncia, castigo e inhabilitación a los pillos, pierde la autoridad moral que requiere para hacer un Perú libre, justo y culto. La corrupción es un cáncer inacabable ¡solo si guardamos silencio cómplice!
¿Y así y lo dicho, la ANR pretende seguir como si todo estuviera de lo más normal posible?
Algo se pudre, no en Dinamarca, aquí en el Perú.
El innegable atractivo de la ANR
http://www.voltairenet.org/El-innegable-atractivo-de-la-ANR?var_mode=recalcul
¿Infalsificables los diplomas universitarios?
http://www.voltairenet.org/Infalsificables-los-diplomas?var_mode=recalcul
http://www.voltairenet.org/ANR-2003-comenzo-el-desbarajuste?var_mode=recalcul
http://www.voltairenet.org/El-carne-universitario-en-el-Peru?var_mode=recalcul
http://www.voltairenet.org/La-corrupcion-del-silencio?var_mode=recalcul
Posted by Herbert Mujica Rojas at 11:16 AM
Al conjuro de la invocación que hiciera el presidente de la ANR, Orlando Velásquez Benítez, de remozar la imagen de esa entidad, me hice eco de ese anuncio y comencé, tres semanas atrás, a escudriñar sobre múltiples temas a ella concernientes y fui pródigo en la difusión de los mismos por la simple razón que para eso servimos los periodistas: para informar. Pero empecé a encontrar irregularidades varias y hasta misteriosas porque nadie ¡ni la ANR! se digna a explicar a la comunidad pública de qué se tratan.
Por ejemplo, ¿cómo así que para la elaboración del carné universitario, la ANR sólo licita de forma abierta tres o cuatro procesos que apenas importan el 30% del presupuesto asignado?
Como es lógico, hay derecho a preguntarse ¿por causa de qué la Universidad de Ingeniería, y para el mismo cometido del carné, se lleva la del león y sin licitación alguna, por el monto de 70% del presupuesto? ¿por el convenio entrambas instituciones? ¡Qué interesante! Cualquier observador repararía en que hay desproporciones a ojos vista: 30% con licitación y 70% con convenio con dedicatoria y con ¡fondos públicos!
Por lo menos, la transparencia está más o menos de vacaciones como la información que debiera proporcionar la ANR, también. Y me he preocupado de hacer llegar a todos sus directivos, cada uno de los artículos que están también enunciados en la presente nota.
Con la excepción de un parlamentario que ofreció indagar sobre estos raros casos en la ANR, la comunidad estudiantil universitaria, principal afectada por la demora en la entrega de carnés y su seguridad de alto nivel; las autoridades judiciales o tributarias; o el ministerio de Educación o el Congreso y su respectiva comisión responsable, nadie pareciera darse cuenta de qué está en juego. La Asamblea Nacional de Rectores debía supervisar con eficiencia impecable la confección de los carnés y diplomas. Pocos días atrás, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Abugattás, dio cuenta al país que algunos empleados de su dirigida habían falsificado títulos, es decir eran fraudes ambulantes. ¡Y ni por eso y por el detalle de que hemos dado cuenta, dicen ni chis, ni mus!
País raro el nuestro: lo sabido, de puro sabido, se olvida con mucha, pero mucha rapidez.
¡Ni que se diga del periodismo en cualquiera de sus versiones! Hay una vocación suicida para poner de relieve la crónica roja con sus suicidios, violaciones, crímenes, asaltos, estafas, monras y demás etcéteras que los extraos que ocurren en una entidad que está a cargo de la custodia del nivel académico, profesional y administrativo de más de 50 universidades ¡no importa un miserable ardite!
De repente el yerro ha sido nuestro y como en Perú papelito manda, entonces haremos llegar al presidente de la comisión congresal, al presidente del Legislativo y si fuera posible, al mandatario Ollanta Humala, copia de todos los textos para ver si así nos obsequian algo de atención para con un asunto tan delicado como la entidad directriz de las universidades del Perú, la ANR.
¿Qué no hay temas en Perú al margen de los bajos fondos? Me temo –y con gran satisfacción- que sí existen y uno de estos apunta a la ANR, sin hesitación alguna.
La radiografía, severa, exhaustiva, puntual y plena en aportes de solución, escrita por el Sindicato de Trabajadores de la ANR, y que también hemos publicado, da cuenta de la tremenda seriedad del acápite.
Pero el periodista, el de garra y fuste, debe ser como el carbonero que no cesa de echar mineral a la locomotora para que siga andando y procurando la conquista de su derrotero. Y sobre eso no hay libro u opinión que pueda desviarnos del noble propósito difusor.
¿No es el silencio, también, otra forma de corrupción?
http://www.voltairenet.org/Que-espera-gobierno-de-Humala-para?var_mode=recalcul
En los estertores del anterior Congreso, su Comisión Permanente aprobó la despenalización del delito de difamación y lo envió al entonces mandatario Alan García Pérez para su promulgación. El señor de marras observó la ley por la simple razón que sabía –y sabe- que siempre es conveniente tener una herramienta en los tribunales para aplastar a los que puedan señalarle o dar indicios razonables, en cualquier investigación, de las múltiples trapacerías que se le achacan y que habrían sido cometidas durante su gestión. Lo cierto es que el asunto se quedó, como tantas otras esperanzas, en el tintero o en el basurero.
Cuando la campaña electoral el candidato Ollanta Humala ofreció en sus textos despenalizar la difamación. La pregunta es muy simple: ¿por qué hasta ahora no han cumplido con un tema que el Congreso anterior sí hizo? De sobra hay razones para suponer que el hoy presidente Humala requiere, necesita e impulsa un Poder Legislativo ajeno a la hedionda mediocridad que han mostrado los inquilinos de Plaza Bolívar durante los últimos 20 ó 25 años. De manera que cualquier explicación sólo habría que atribuírsela a una torpeza elefantiásica o a una promesa demagógica en que no creemos.
Pero el asunto esta allí. El titular del Congreso, Daniel Abugattás rindió homenaje a la prensa en ocasión de haberse celebrado el 1 de este mes, la efemérides consagrada a estos hombres y mujeres que transmiten informaciones y opinan, no siempre del mejor modo ni con la sabiduría debida, es cierto, y –mucho menos- con la independencia acrisolada de librepensadores, pero del único tema que debía haberse hablado, de la más magnífica medida que debió requerir la centralidad política y democrática en las palabras de aquél: ¡no se escuchó absolutamente nada!
El tema llama a controversia: ni el gobierno y tampoco el Congreso. ¿Tan mal está el asunto o la orfandad de tino político está jugando una mala pasada a los actuales gobernantes? A la administración del presidente Humala le es imprescindible la opinión sin cortapisas ni encargos de los periodistas que sepan denunciar, sustentar sus aserciones y asumir la responsabilidad de lo que transmitan sobre su gestión y las anteriores.
Cuando la primera campaña de Humala en el 2006 tuve el gusto, por larguísimos minutos, casi 100 ó 120, de mostrarle al otrora postulante, Ollanta, los barruntos de lo que estaba terminando de escribir, mi libro: ¡Estafa al Perú! ¡Cómo robarse aeropuertos y vivir sin problemas! http://www.voltairenet.org/article148321.html modesto manual que me ha regalado el privilegio de afrontar ¡5 juicios penales! a los que debo responder por las más insólitas requisitorias de los supuestos afrentados. De manera que nada hay oculto y todos saben de qué se trata con respecto a este humilde redactor.
Pero hay otros colegas que también afrontan juicios penales y por citar dos casos menciono a Raúl Wiener y César Lévano. Mi solidaridad con todos los que a lo largo y ancho del Perú tienen que padecer estas persecuciones en que siempre se transforman las querellas por supuesta difamación que estudios de abogángsteres prolongan hasta lo indecible con tal de cobrar bien a sus patrocinadas que pagan decenas de miles de dólares con tal que la persecución a los periodistas sea "total".
El gran fantasma de la despenalización del delito de difamación recorrió el 1 de octubre el país, las redacciones, las mesas de edición, los talleres y cual espada de Damocles persiste insolente amenazando a quienes se atrevan a opinar con valentía y directa, sin ambages o circunloquios, pluma, voz o locución a los grandes traficantes del patrimonio nacional.
Pero en el gobierno y en el Congreso parece que ¡no se oye padre!
Voces bien intencionadas pero algo inocentes me han comentado que eso equivaldría a abrir las compuertas a los irresponsables. La despenalización del delito de difamación es quitar la carcelería para estos procesos pero no significa dar carta abierta a que cualquier idiota –hay muchos ciertamente- que se proclame periodista, diga disparates sin responsabilidad. ¡De ninguna manera! Sí puedo afirmar que eso ayudaría para conocer quién es quién y que cada uno baile con su pañuelo con sobriedad, garbo y equilibrio.
¡Es hora que el gobierno y el Congreso cumplan con lo ofrecido!
Muy interesante comprobar que el análisis guarda enorme similitud con el que hemos venido dando a conocer en los últimos días poniendo de relieve la participación de la Asamblea Nacional de Rectores, el convenio firmado con la Universidad de Ingeniería para su fabricación y cómo, bajo ese amparo, esta institución académica se lleva casi el 70% del presupuesto sin licitación pública alguna.
El cuadro de requerimientos y necesidades que componen el proceso de elaboración del carné universitario y elaborado por la propia ANR nos habla de costos que cada año, por el incremento de estudiantes y carnés, aumentan paulatinamente. Nos llama la atención conocer que en el 2002, según este cuadro, se gastó 1´122,000 nuevos soles. ¿Cuánto se está pagando hoy en día si sabemos que las cantidades se incrementan anualmente?
Ningún cuestionamiento de contenido en los artículos de días pasados sobre la Asamblea Nacional de Rectores, ANR, ha merecido el más mínimo comentario de sus autoridades. No se condice tal situación con lo ofrecido por su presidente Orlando Velásquez Benítez a la opinión pública de mejorar la imagen de esta entidad.
http://www.youtube.com/watch?v=COBh1sXbhp0
En el difundido Oficio No. 05-2011-SITANAR dirigido por el Sindicato de la ANR al presidente de la misma, Orlando Velásquez Benítez, el último 26 de mayo, se afirma en una de sus partes más precisas lo siguiente:
"En el año 2003, se emitió la Resolución No. 1703-2003-ANR, según ese documento, la Comisión de Coordinación Interuniversitaria en su sesión de fecha 04 de agosto de 2003, aprueba dar inicio al Proceso de ADECUACION de la estructura, organización y funciones de la ANR, procediendo a una EVALUACION (ficticia) de los directivos que venían ocupando cargos de mayor jerarquía, tales como:
Director Ejecutivo, Asesor Legal, Secretario General, todos ellos, en la condición de contratados por la Partida Presupuestal 27, modalidad de Servicios No Personales (SNP), aspecto que ha sido observado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que no fue enmendada. Actualmente dichas autoridades vienen prestando sus servicios en la modalidad de Contrato de Servicios Administrativos (CAS).
En lo que se refiere al cargo de Director Ejecutivo, según el Artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria, señala: Está a cargo de un Secretario Ejecutivo elegido por la ANR, a propuesta del Presidente de una bina simple de candidatos, uno de los cuale debe ser ex Rector. Luego de ser elegido debe ser designado con cargo de confianza. El Reglamento fue modificado forzando un requisito, direccionado al Dr. Marcial Colonia para que ocupara dicho cargo, (anteriormente el Artículo indicaba, que los candidatos deben tener la condición de Ex Rector).
Conviene detenerse y leer bien dos gruesas aserciones que van más allá de cualquier planteamiento ético: a) Se afirma que se procederá a una EVALUACION y entre paréntesis, en el documento sindical se estipula esta acción como "ficticia" y referida a los directivos de mayor jerarquía. ¿Ha contestado algo sobre este asunto el presidente actual Orlando Velásquez Benítez? El texto sindical es de mayo, que se sepa, a la fecha, no hay aclaración sobre un particular que, de oficio, debió haber concitado la atención de las principales autoridades actuales.
Más aún: del mismo análisis se infiere que al forzarse un requisito del Reglamento se manipuló éste con nombre y apellido: Dr. Marcial Colonia, para que ejerciera dicha responsabilidad, la de Director Ejecutivo. ¿Sigue esta situación que viola cualquier normatividad reglamentaria? Hasta donde hemos tomado conocimiento Marcial Colonia ya no pertenece a la ANR.
Parece apropiado pues, coincidir, con el oficio sindical que señala al 2003 como un año clave en su exégesis. Desde entonces se arrastran múltiples desviaciones e inconductas. Ese año 2003 comenzó el desbarajuste en la ANR.
El análisis sindical dice más cosas:
"La precitada Resolución se emitió llena de vicios tal es así que en el considerando, se les ratifica en sus cargos, pero contradictoriamente en la parte resolutiva cambian la denominación de los mismos, y sirvió solamente para afianzar en los cargos a los referidos funcionarios, así tenemos:
Dirección Ejecutiva, por Secretaría Ejecutiva, Asesoría Jurídica por Dirección General de Asesoría Jurídica y Secretaría General, también con la jerarquía de Dirección General.
Los miembros de la Comisión de Coordinación Interuniversitaria (CCI) de ese entonces, no tuvieron en cuenta que no procedía el cambio de denominación de los cargos, puesto que los documentos de gestión no estaban actualizados para poder adecuar los nuevos cargos, asimismo, pasaron a evaluar los files del personal nombrado en forma arbitraria, obviando la presencia de los delegados de los trabajadores y quienes han evaluado, han sido personal contratado eventual de nivel técnico practicante".
¿Quiénes conformaron la Comisión de adecuación de la Asamblea Nacional de Rectores, ANR?:
Luis Bernardo Guzmán, como Presidente y Secretario Ejecutivo; Nicanor Marcial Colonia Valenzuela, director de Desarrollo Académico; Pascual Asencios Torres, Director General de Asesoría Jurídica; y, Rocío Rondinel como Secretaria General. Entonces era presidente de la ANR, el doctor Francisco Delgado de la Flor.
El famoso Director General de Asesoría Jurídica, Teodorico Pascual Asencios Torres, ¿no pudo, en fecha tan temprana como 2003, darse cuenta de los riesgos legales en que incurría la ANR y que contaban con él como uno de los responsables más importantes para custodiar ¡no la violación de los reglamentos! sino su más celosa y honesta custodia? Como ya hemos visto, no fueron los únicos problemas de este abogado en su relación con la ANR. El señor Asencios Torres sigue en ese puesto de jerarquía fundamental en la institución.
¿Qué ha hecho con estos antecedentes revelados por el documento del Sindicato, el presidente de la ANR, Orlando Velásquez Benítez?
El titular que figura en el portal de RPP afirma que Walter Oyarce ya descansa en paz. ¡Qué fácil! Al joven de casi 24 años le fulminó una pandilla de rufianes y desadaptados tirándolo desde un palco y por todo "consuelo" un medio de comunicación afirma que ha encontrado la paz. El proyecto de vida de un mozo a quien no conocí, del que no sabía nada o con el que de repente jamás hubiera tenido relación alguna, se truncó violentamente por el acto criminal de asesinos. ¿Vamos a seguir "consolándonos" hipócritamente lamentando el oprobioso hecho digno de las sentinas y los huecos abisales de las peores sociedades? ¡De ninguna manera, hay que actuar de una buena vez!
Y la convocatoria debiera repicar en el espíritu de una sociedad que admite como normal la existencia de pandillas de forajidos y las bautiza como "barras bravas" para no llamarlas por su nombre: delincuentes. No sólo eso: las barniza, a las gavillas, como depositarias de un entusiasmo en defensa de sus equipos deportivos, sólo que nadie atina a explicar por causa de qué en lugar de cánticos de aliento, vomitan insultos y por argumentos usan pistolas o armas blancas. Todo esto lo sabe la Policía Nacional a la que no se avitualla con presupuesto, personal, vehículos y autoridad suficientes para pulverizar, con los procedimientos de prevención, apresamiento y detección, a los malhechores y –en Perú todo es al revés- se los ridiculiza, menoscaba y presenta como a esbirros de los gobiernos de turno.
Más aún. Si muchos de esos réprobos y hampones que forman parte de las barras bravas fueran entrevistados, la sociedad aprehendería que no es casualidad su existencia, por el contrario, ¡es su fábrica directa y culposa! Hijos de hogares destrozados, hombres y mujeres víctimas del abandono, piezas de complicados esquemas en que todo se resuelve con el vil dinero facilitador de tranquilidades hechizas de los jefes de familia, los facinerosos sólo han podido ver cómo sus presidentes, ministros, parlamentarios y autoridades, son unos vulgares ladrones y fabricantes de coimas con abogados habilísimos en la tejeduría de resquicios legales para cubrir la monra. ¿Qué ejemplo han tenido? ¡Ninguno! ¿Justificaría una parte mínima de lo narrado la existencia de estos elementos lumpenescos? No lo creo, pero sí que contribuye a que estén diseminados por calles y plazas y que la sociedad los reconozca como "parte" integrante de su cuerpo vivo.
Posted by Herbert Mujica Rojas at 11:12 AM
Bolivia: sin rumbo en politica internacional
http://www.voltairenet.org/Bolivia-sin-rumbo-en-politica?var_mode=recalcul
Creíamos hace algunos días que Bolivia entraba en los campos del Derecho y de cumplir con la palabra firmada, esto en base a que el vicecanciller boliviano de nombre: Juan Carlos Alurralde solicitaba a Chile facilidades en el puerto de Arica, para su movimiento comercial, el cual en un 90% está destinado a su país.
El Tratado de 1904 de acuerdo al artículo 6º establece que "Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad el más amplio derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico" y el artículo 7º del mismo acuerdo, señala "Bolivia tendrá el derecho de constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para su comercio" y allí se indica que Arica es uno de ellos.
Esta canalización es viable y Chile obviamente conocedor del derecho que le asiste a Bolivia debe permitir el tránsito de sus mercaderías por los puertos chilenos. Pero después la petición boliviana pretende la "administración del puerto de Arica", entonces el petitorio encierra una proposición más grande que no corresponde a la realidad ni a la naturaleza del acuerdo firmado en 1904, ¿quiénes son los bolivianos para solicitar a un Estado soberano administrar algo que les es ajeno?.
Lo preocupante es la fundamentación, porque según la teoría de Alurralde: "no se puede permitir que se siga privilegiando los intereses de una empresa privada, la Terminal Puerto Arica (TPA), que administra dicho puerto, sobre los de Bolivia". ¿Qué esperan entonces los "profesionales" diplomáticos bolivianos que no ponen en práctica lo establecido por el Tratado de 1904?.
Más adelante el parlamentario andino Alberto Adrianzén indicó que "el Ejecutivo debería pronunciarse al respecto". Y nos parece pertinente la observación de Adrianzén, en el sentido que seguro está velando por los intereses peruanos en Arica y en especial los capitales de nuestros connacionales invertidos allí, (no hay otra forma en que el Ejecutivo peruano intervenga), ya que el consorcio "Terminal Puerto Arica" es de capitales chilenos y peruanos, y se verían afectados si la concesión que ellos ganaron para la administración del puerto se las quitaran para entregársela a un Estado extraño que no participó en aquel concurso. A todo esto, ¿sabrán los bolivianos que los administradores de los puertos chilenos son personas jurídicas constituidas bajo el amparo de las leyes chilenas?, ¿permitirían que Bolivia como Estado acate las leyes chilenas en Arica?
Pero las sorpresas no acabaron allí, el 22 de setiembre el presidente del hoy llamado "Estado Plurinacional de Bolivia" ha dicho: "La resolución 37/10 de la Asamblea General de la ONU del 15 de noviembre de 1982 establece que acudir a un tribunal internacional de justicia para resolver litigios entre Estados no debe ser considerado como acto inamistoso", y agregó que "Bolivia se ampara en el derecho y la razón, porque su enclaustramiento es producto de una guerra injusta, una invasión".
La Resolución 37/10 de la ONU es cierta, pero ésta se invoca cuando no existe acuerdo, y como sabemos el Tratado de 1904 es el título de Chile sobre la costa de Antofagasta otorgado por Bolivia, así como el Tratado de Ancón es el título de Chile sobre Tarapacá. La diferencia estriba que mientras el primero fue firmado con mansedumbre, el segundo se suscribió después de ser aniquilada toda la resistencia del Perú.
Resulta ocioso comentar los embustes históricos del presidente Morales, y es obvio que se debe tener en cuenta que su desinformación es en base a los escasos conocimientos de la historia de su país, recordemos que en alguna oportunidad dijo que "Bolivia es antiimperialista y que nuestros antepasados lucharon contra todos los imperios, imperio inglés, imperio romano".
La intervención de Evo Morales en la ONU no terminó allí, culminó con una frase que demuestra en manos de quién está el gobierno boliviano: "Quiero exhortar a la ONU, a los organismos internacionales y especialmente a la región a acompañar todo este proceso para retornar al Océano Pacífico con soberanía", finalizando que "el Tratado de 1904 no aportó a la paz ni a la amistad, ocasionó que por más de un siglo Bolivia no acceda a un puerto soberano".
El canciller chileno, Antonio Moreno inmediatamente rechazó las palabras del boliviano que pueden ser resumidas en: "Chile y Bolivia no tienen temas territoriales pendientes, estos fueron zanjados en un tratado firmado hace más de 100 años atrás, 20 años después de la Guerra del Pacífico y 25 años después de la última batalla de ese conflicto". Fue demasiado cauto Moreno, porque no hizo énfasis en que el Tratado de 1904 se firmó sin ninguna presión; pasados 25 años después que Bolivia violase un Tratado de límites; abandonó a su aliado en la guerra y desde sus alturas, observó cómo lo ultimaban.
Siempre ignorante, Morales desconoce que por el Tratado de 1904 Bolivia obtuvo ferrocarriles, concesiones y dinero, si ese tratado no fue propicio para la paz, ¿entonces porqué lo firmaron?, y lo que es peor, ¿acaso Bolivia tiene derecho a un puerto?, ¿no es cierto que los pocos años que los altiplánicos tuvieron acceso al mar, aquel territorio de Atacama por Reales Ordenes pertenecía al Perú y fueron Bolívar con Sucre quienes permitieron la usurpación a favor de Bolivia?
No señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, su país no tiene derecho a salir al océano, la historia así lo dice, así como también la dejadez de sus autoridades que cuando lo tuvieron no supieron desarrollarlo y menos conservarlo. ¿Quiere su país entrar en el contexto de las naciones civilizadas? Solo hay una salida: Cumplir con lo que se firma.
Posted by Herbert Mujica Rojas at 11:11 AM
La noticia aparecida ayer en El Comercio bajo el título Encuentran títulos falsos en servicio parlamentario http://elcomercio.pe/impresa/notas/encuentran-titulos-falsos-servicio-parlamentario/20110921/1305999 dice así:
"El presidente del Congreso, Daniel Abugattas, confirmó anoche que en lo que va de su gestión se detectaron a 18 trabajadores que ingresaron a trabajar en el Parlamento anterior con títulos falsos.
Informó que de los 18 casos, cinco de ellos ya se han verificado con las universidades correspondientes. Indicó que en breve serán dados a conocer los nombres de los infractores, quienes serán denunciados por la procuraduría del Parlamento ante el Ministerio Público por el delito de falsedad genérica, que se castiga hasta con cuatro años de prisión."
La circunstancia nos lleva a preguntar, con muy justificada razón, si los diplomas universitarios son seguros, es decir infalsificables o cualquier hijo de vecina puede montar su negocio y echarlo a andar con pingues ganancias.
Vayamos con cuidado. ¿De dónde han salido esos 18 diplomas que otorgan falsas credenciales a supuestos graduados universitarios?
Como se sabe la Asamblea Nacional de Rectores, ANR, compra, cada 12-18 meses, la cantidad aproximada de 200 mil diplomas.
Qué tan riguroso es el proceso de fabricación de los diplomas que sigue los siguientes pasos: impresión perla-mate; tinta invisible; numeración alfa-numérica; impresión de elemento de difracción óptica y personalización,. La inspección técnica de los materiales de fabricación está a cargo de la Universidad Nacional de Ingeniería por encargo de la ANR.
El material con que se expide el diploma universitario es el polyart que NO es un elemento de seguridad y que tiene, además, una situación particular: ¡una sola empresa en el mundo lo fabrica! Con el polyart se puede hacer etiquetas autoadhesivas, IML (etiquetaje en el molde), anti-manipulación, señales, edición y manuales, mapas. ¿Qué, verifica en torno al sustrato poylart, entonces, la Universidad de Ingeniería?
Según la ley 25064 en el Registro Nacional de Grados y Títulos debe existir un formato único para los diplomas de grados y títulos que reúnan características de seguridad que impidan su adulteración y/o falsificación.
Resulta más que evidente que los falsos profesionales que estuvieron prestando servicios en el Congreso, tal cual ha declarado su presidente, Daniel Abugattás, poseían documentos con datos trucados en diplomas genuinos no se sabe a ciencia cierta si guardan relación o no con el lote de la ANR (los 200 mil) o, los adquirieron delincuentes por una vulgar suma monetaria en Azángaro que vio en esta ocasión –por la carencia de seguridad—una oportunidad.
Nos preguntamos si la ANR verifica exhaustivamente ¿cómo se realiza el proceso de producción del diploma que adquiere? ¿Consta a la ANR que no se fabrican más diplomas de los que solicita? ¿En qué parte del proceso de selección evalúa o exige la ANR una infraestructura de seguridad? ¡Evidentemente esto no hace!
Inevitable inferir que el diploma no es seguro. Peor aún cuando el impresor no cuenta con la infraestructura adecuada es decir segura, que garantice y demuestre que no se produce más de lo solicitado, con monitoreo al detalle, destrucción de las planchas y archivos generados al finalizar el proceso productivo, etc.
Este redactor, simple periodista, ha descrito los pasos que sirven para hacer un diploma universitario. Más aún. La fabricación del actual diploma conlleva la realización de 15-20 pasos largos, dilatorios, engorrosos, absurdos y, sobre todo, inseguros. ¡Sólo la personalización demora 30 días!
Una simple operación matemática de multiplicación de los diplomas adquiridos por profesionales graduados nos convertiría en un lustro en un país con ¡cientos de miles de universitarios graduados a la altura de las grandes potencias, ya no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero!
¿Hay tantos graduados en el Perú por año? O ¿hay una acumulación de diplomas que por descontrol, caos en inventarios, descuidos, robos o extravíos, van hacia la industria paralela que compra títulos universitarios como los de esos 18 que trabajaban en el Congreso?
No todas las universidades le compran a la ANR los diplomas.
Como en los carnés ¿con esa inseguridad manifiesta, insolentemente en boga estos días, pretende la Asamblea Nacional de Rectores, ANR, convocar a licitación para diplomas universitarios?
Posted by Herbert Mujica Rojas at 11:10 AM
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References: resolución 
 Artículo 384
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 20
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 7
 resolución 
 Resolución