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Timestamp: 2018-09-19 07:46:21+00:00

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SENTENCIA 2000-06198 DE 07 DE OCTUBRE DE 2009
CONTENIDO:CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL CASO DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS. SE INDICA QUE LOS ARTÍCULOS 3º Y 4º DEL DECRETO 1436 DE 1998 VULNERAN DE MANERA OSTENSIBLE LO PRESCRITO POR EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 80 DE 1993, SOBRE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS. DE LA CONFRONTACIÓN DE AQUELLOS CON ÉSTOS SE ADVIERTE SU OPOSICIÓN MANIFIESTA, TODA VEZ QUE ESTAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS INTRODUCEN, SIN PODER HACERLO, CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA PARA EL CASO DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS ASPECTOS QUE NO SEÑALÓ LA LEY, EN TANTO EL DISEÑO LEGISLATIVO PARTE DE LA BASE DE QUE ES LA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATANTE LA QUE DEBE DEFINIR LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES O TÉRMINOS DE REFERENCIA, LO MISMO QUE LOS FACTORES DE ESCOGENCIA. LAS LIMITANTES ALLÍ PREVISTAS DESBORDAN CON CRECES LA POTESTAD REGLAMENTARIA. DE TIEMPO ATRÁS SE ENCUENTRA DETERMINADO POR LA JURISPRUDENCIA QUE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS NO PUEDEN LIMITAR LA LIBERTAD DE ESCOGENCIA DE LAS ENTIDADES ESTATALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD PÚBLICA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA, INTERMEDIARIO DE SEGUROS, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, PLIEGO DE CONDICIONES, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, CELEBRACIÓN DE CONTRATO, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA
Sentencia 2000-06198/18509 de octubre 7 de 2009
Rad.: 11001-03-24-000-2000-06198-01(18509)
Decide la Sala en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción pública de nulidad establecida en el artículo 84 del CCA, interpusieron Mauricio Echeverri Uribe y Manuel Antonio Ruan Perdomo contra el Decreto 1436 de 1998, expedido por el Gobierno Nacional.
“ART. 1º—Procedimiento de concurso. La selección del intermediario de seguros se efectuará mediante concurso público, de acuerdo con las reglas establecidas en los siguientes artículos, salvo que el intermediario vaya a intervenir en la contratación de seguros para los cuales puede prescindirse de licitación pública.
“ART. 2º—Términos de referencia. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 24 numeral 5º y 30, numeral 2º de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales elaborarán los términos de referencia para los concursos de intermediarios de seguros, teniendo en cuenta los criterios que para tal efecto establece el presente decreto.
“ART. 3º—Criterios de selección objetiva. La entidad estatal contratante deberá tener en cuenta únicamente los criterios de selección objetiva que se describen a continuación y les concederá en su decisión el porcentaje de participación relativa que determine en los pliegos:
“ART. 4º—Elementos que conforman los criterios de selección objetiva. Según su naturaleza y necesidades, cada entidad estatal determinará los elementos que conforman los criterios de selección objetiva conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y la participación relativa de cada uno de ellos. Los elementos que deben considerarse, son los siguientes:
• Primas y
“ART. 5º—Inhabilidades. Le son aplicables a los intermediarios de seguros las inhabilidades e incompatibilidades previstas en las normas vigentes para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales.
“ART. 6º—Oportunidad del concurso y término de vinculación. La selección de intermediario de seguros deberá realizarse en forma previa a la licitación o contratación directa de seguros. En casos excepcionales debidamente justificados por la entidad estatal, podrá efectuarse esta selección de manera concomitante.
“ART. 7º—Consorcios o uniones temporales. La participación de intermediarios bajo las modalidades de consorcio y uniones temporales será procedente y la propuesta se evaluará bajo claros criterios de comparabilidad, según las reglas establecidas en los pliegos.
“ART. 8º—Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias”.
2.1 Luego de referir los contenidos normativos de los artículos 3º, 4º y 6º del decreto acusado, expusieron los actores que exceden la potestad reglamentaria, en tanto estiman que el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 defirió a la entidad pública la fijación de los criterios de selección objetiva y tan solo enunció ciertos factores de escogencia a título enunciativo, mientras que el acto acusado a tiempo que estableció los criterios de selección objetivos que deben tenerse en cuenta lo mismo que el contenido de los mismos y de esta manera limitó el margen de elaboración de los pliegos.
La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer y decidir sobre el contencioso objetivo formulado, de conformidad con lo dispuesto por el numeral primero del artículo 128 del CCA y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 55 de 2003, ambos expedidos por esta corporación, por cuya virtud conoce de los procesos de simple nulidad que versen sobre asuntos contractuales.
A pesar de que también se impugnaron las demás normas del acto acusado la Sala no las analizará, en la medida en que no se explicó el concepto de su violación. No puede el juzgador —sin infringir sus competencias— entrar a evaluar la eventual violación de normas superiores que no fueron indicadas como violadas junto con su respectivo concepto de violación, tal y como lo ordena el numeral 4º del artículo 137 del CCA.
La disposición en cita debe tomarse conjuntamente con el principio de congruencia previsto en el artículo 170 eiusdem y desarrollo del principio general del derecho procesal de consonancia(4), contenido en artículo 305 del C. de P. C., modificado por el artículo 1º numeral 135 del decreto 2282 de 1989, por cuya virtud, la decisión final del juzgador debe resultar armónica y concordante con las pretensiones formuladas en la demanda, pues en toda decisión que ponga fin a un litigio debe existir una rigurosa adecuación entre lo pedido y lo resuelto, o lo que es igual, una perfecta simetría entre el objeto de la controversia y la decisión judicial que le pone fin a la misma.(5)
El numeral 4º del artículo 137 del C.C.A. a cuyo tenor “[c]uando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación” prevé sin duda un presupuesto formal de la demanda, exigencia normativa que, como ha señalado la jurisprudencia, al mismo tiempo demarca para el demandado el terreno de su defensa y delimita los estrictos y precisos términos del problema jurídico puesto en conocimiento del juzgador y, por ende, el campo de decisión del mismo(6).
Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de los actos administrativos, más aún cuando dicha búsqueda no solo dispendiosa sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el concepto de la violación.
Podría agregarse, que con el establecimiento de dichos requisitos el legislador desarrolló el deber previsto en el art. 95-7 de la Constitución para que quienes demandan actos administrativos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contribuyan al buen funcionamiento de la administración de justicia”(7) (se destaca).
De cuanto antecede se concluye que la Sala no hará pronunciamiento alguno de fondo en torno de los demás preceptos del decreto acusado y por lo mismo se inhibirá parcialmente por inepta demanda. De esta suerte se estudiarán tan solo los artículos 3º,4º y 6º del decreto 1436 de 1998 a partir del “cargo único formulado”: exceso en la potestad reglamentaria y exclusivamente a partir de los reproches de ilegalidad formulados, por manera que corresponde a la Sala: (i)determinar si es viable por vía de reglamento fijar los criterios de selección objetiva para contratos de intermediación de seguros (arts. 3º y 4º ) y (ii) evaluar si el reglamento puede ocuparse de regular la adjudicación y término de vinculación en este tipo de contratos (incisos 2º y 3º del art. 6º).
3. Reserva de ley en la fijación de criterios de selección de contratistas
De acuerdo con la demanda el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 “delega expresamente los criterios de selección objetiva y los elementos que conforman dichos criterios a la entidad pública contratista. Tal delegación esta (sic) justificada toda vez que es la entidad contratista (sic) la que tiene mayor capacidad para determinar los criterios objetivos, libres de cualquier motivación de afecto o interés subjetivo, que le lleven a determinar la propuesta más favorable para alcanzar los fines que busca con la celebración del contrato”.
Agregaron los actores que el artículo 29 de la Ley 80 “enumera ciertos factores de escogencia que pueden contemplar los pliegos de condiciones o términos de referencia, pero solo los enuncia a título meramente enunciativo y no taxativo, pues, como ya lo expusimos, es claro que la competencia para establecer tales elementos de selección esta (sic) a cargo de la entidad contratista”. De modo que, a su juicio, el decreto acusado al establecer los criterios de selección objetivos que debe tener en cuenta la entidad estatal contratante al momento de seleccionar un intermediario de seguros y el contenido que deben tener tales criterios, “al restringir el margen de la entidad contratista (sic) en la elaboración de los pliegos de condiciones o términos de referencia se está (sic ) impidiendo que la entidad contratista defina criterios de selección objetiva que no estén contemplados en el decreto pero que de igual manera son necesarios para asegurar una elección conveniente en el proceso de licitación o concurso, y por tanto se le impide cumplir con su obligación legal de definir los requisitos objetivos necesarios para aseguran (sic) la escogencia objetiva del contratista, obligación consagrada en el numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993”.
En su sentir el estatuto de contratación estatal en el numeral 5º del artículo 24 y en el artículo 30 numeral 2º le “adjudica” a la entidad contratante, dentro de los principios de selección objetiva, transparencia y economía procesal, la determinación de las reglas y criterios de selección que tendrá en cuenta para la escogencia del contratista. Al establecerse unos parámetros básicos que deben cumplir los pliegos “esta (sic) agotando en materia legislativa los requisitos que pueden exigirse en dichos documentos y una modificación sobre dichos requisitos solo podría darse por medio de una ley en sentido formal, es decir, expedida por el Congreso de la República. Por tal razón, un decreto no puede , en el ejercicio de la potestad reglamentaria atribuida por el artículo 189 de la Constitución Política hacer nugatorio el derecho de la entidad estatal interesada en tomar un contrato de seguro de consagrar criterios adicionales de selección siempre y cuando estos sean de naturaleza objetiva”. Expusieron a continuación algunas de las disposiciones del decreto acusado que modifican —a su juicio— lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación.
El accionado indicó que la Ley 80 “está fijando una regla de carácter general, al señalar unos factores de escogencia tales como los enunciados en el artículo 29 citado, (…) [d]e tal manera que la norma, así dispuesta, no prohíbe al ejecutivo al ejercer la potestad reglamentaria, el señalar los factores a tener en cuenta para la escogencia de un contratista en una modalidad específica de contratación, como la de los intermediarios de seguros, siempre que dicha escogencia sea objetiva, en los términos de la ley”. Sujeción que confirma el mismo decreto al señalar en su artículo 2º que los términos de referencia se elaborarán de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 24, numeral 5º y 30, numeral 2º de la Ley 80. Luego de transcribir estos preceptos, concluyó: “[c]on base en las anteriores apreciaciones, el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 1436 de 1998, se ajustó, no solo a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, sino también a los parámetros constitucionales que regulan el ejercicio de la potestad reglamentaria de aquel”.
No obstante, el artículo 3º del Decreto 1436 de 1998 determinó que la entidad pública debe “únicamente” tener en cuenta determinados criterios de selección objetiva y al hacerlo descartó otros como los relacionados con cumplimiento, organización, equipos etc. Asimismo, el artículo 4º eiusdem se ocupó de precisar los elementos que conforman los criterios de selección objetiva y prohibió que se exija como condición o que se tenga como criterio de evaluación de las propuestas la entrega de equipos y la instalación en comodato de los mismos, la realización de cursos de capacitación, la asignación de personal en las oficinas de la propia entidad estatal, entre otros.
“En efecto, en los pliegos se debe identificar claramente el objeto del proceso de selección, sus especificaciones técnicas, cualidades, costo y cantidades; las calidades que, en forma proporcional con el objeto definido, serán exigidas a los interesados en participar, esto es, las condiciones de experiencia, capacidad técnica y de solvencia económica necesarias para la escogencia de un contratista idóneo en el suministro de los bienes y servicios requeridos por la entidad pública; los criterios de selección, esto es, la pluralidad de elementos y aspectos objetivos de las propuestas que serán evaluados, tales como precio, plazo, calidad, experiencia, cumplimiento, organización y equipos etc., y que considerados en su conjunto permitirán determinar la propuesta más favorable, mediante un simple cotejo entre ellos y la información contenida en cada ofrecimiento, para lo cual se debe contemplar, su ponderación clara y detallada, es decir, el peso o valor exacto que tendrá cada uno de los mismos en la calificación total de la propuesta.(11)
(…) Pero, al organizar con carácter vinculante para las entidades públicas los factores de escogencia en esos dos grupos, la norma reglamentaria contrarió el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, porque, como arriba se analizó, son las entidades públicas las que, siguiendo sus pautas y dictados, cuentan con la facultad de determinar los factores de escogencia y criterios de selección y, por ende, cuáles serán de cumplimiento y cuáles de calificación. Así, al agruparlos en uno y otro en el reglamento, se limitó ostensiblemente la libertad que las entidades públicas tenían legalmente para hacerlo, con sujeción al objeto y las precisas necesidades de la contratación.(12)
Con arreglo al criterio sentado, se impone concluir que los artículos 3º y 4º del decreto sub examine vulneran de manera ostensible lo prescrito por el artículo 29 de la Ley 80 de 1993(13). De la confrontación de aquellos con éstos se advierte su oposición manifiesta, toda vez que estas disposiciones reglamentarias introducen, sin poder hacerlo, cambios significativos en los criterios de selección objetiva para el caso de intermediarios de seguros aspectos que no señaló la ley, en tanto el diseño legislativo parte de la base de que es la entidad pública contratante la que debe definir las condiciones de contratación en los pliegos de condiciones o términos de referencia, lo mismo que los factores de escogencia. Las limitantes allí previstas desbordan con creces la potestad reglamentaria. De tiempo atrás se encuentra determinado por la jurisprudencia que las normas reglamentarias no pueden limitar la libertad de escogencia de las entidades estatales:
“Mientras la ley mantenga en las entidades públicas la libertad de escoger los criterios de selección, estará en ellas la potestad de determinar cuáles entonces verificará como de cumplimiento y cuales calificará, y el reglamento contraría la ley cuando los distingue, en tanto si bien es cierto al margen de que podrá escoger cuáles tendrá en cuenta en uno y otro grupo, limita sin embargo, que sea la respectiva entidad la que realice esa clasificación que para el caso concreto considera la más adecuada.
(…) Por consiguiente, en tanto la ley no disponga distinciones y limitaciones para la forma en que se deben evaluar las propuestas, es evidente que la norma que así lo hiciere excede la ley.”(14)
En efecto, uno de los pilares decisivos de las convicciones compartidas en occidente es la autonomía personal(17), que en materia contractual se revela en el postulado kantiano de la autonomía de la voluntad o autonomía privada(18), conforme al cual de la libertad se desprende que el hombre solo se obliga por su propia voluntad, o lo que es igual, se trata de la manifestación de la voluntad dirigida de manera consciente y reflexiva a la producción de efectos jurídicos(19). De ahí que esta no sea solo un parámetro de vida en sociedad sino también fuente de los derechos subjetivos (arts. 1495 y 1602 del C.C.) y base de la interpretación de los contratos (art. 1618 C.C.).
Si se recurre al espíritu de la Ley 80, para determinar su alcance a partir del elemento histórico (voluntas legislatoris), esto es, de la historia fidedigna de su establecimiento, se tiene que la intención del legislador fue siempre la de reivindicar el citado postulado de la autonomía de la voluntad. Así se desprende de los trabajos preparatorios de la Ley 80 de 1993 en los que dimana la clara intención de “devolver al contrato estatal las connotaciones que le son propias (…) [s]e trata como ya se ha indicado, del postulado de la autonomía de la voluntad (…)”. En efecto, el autor de la iniciativa legislativa en la exposición de motivos indica claramente que esta busca:
En la misma línea la ponencia conjunta para primer debate al proyecto de Ley 149 de 1992 “Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública” a la sazón la Ley 80 del año siguiente, ilustra el punto en los siguientes términos:
Como se señala en la exposición de motivos del gobierno, la plena aplicabilidad de los preceptos del derecho privado, se convierte en la principal consecuencia de la instauración del postuladode la autonomía de la voluntad como principio cardinalen la contratación estatal (artículos 13 y 14), salvo, como es obvio, las materias que por pertenecer al ámbito público no pueden quedar al arbitrio de las partes.
(…) No parece encontrarse mejor instrumento que la autonomía de la voluntad para alcanzar los principios que fundamentan constitucionalmente la función administrativa (artículo 209 C.N.). La celebración de contratos por esencia pertenece a ella independientemente de la rama del poder público que los acometa.
En sentido similar se pronunció el Ponente en segundo debate del Senado el Senador Gustavo Espinosa Jaramillo quien indicó que “[s]e trata de dinamizar los procesos de contratación estableciendo un adecuado equilibrio entre autonomía de la voluntad y potestades excepcionales, por una parte y entre libertad de gestión y mayor responsabilidad, por la otra”(22). Asimismo, en la ponencia para segundo debate de la Cámara los Representantes Héctor Anzola Toro, Coordinador de Ponentes, Jorge Ariel Infante Leal, Edgar Papamija Diago, Luis Fernando Almario R. y Raúl Rueda Maldonado pusieron de presente que:
Autonomía de la voluntad que había sido reconocida por la jurisprudencia administrativa, mucho antes de su consagración expresa en la Ley 80 como “núcleo esencial del negocio jurídico”(24), en sus diversas manifestaciones. Importa para el asunto sub lite solo resaltar la concerniente a la libertad negocial, norma medular del régimen de las obligaciones, según la cual las partes no solo pueden celebrar todos aquellos negocios jurídicos que emerjan de la autonomía de la voluntad, sino pactar también condiciones negociales particulares, conforme al art. 1602 del CC., ajustando el contrato en cuanto a modo, tiempo y lugar para el cumplimiento de las prestaciones.(25) Por manera que como en el derecho común, la administración también puede pactar con cierta libertad las cláusulas usuales según su naturaleza, siguiendo las reglas del derecho privado, a menos que exista disposición legal en contrario(26).
“Resulta pertinente reiterar que la libertad contractual que se ha predicado no es absoluta, sino que se encuentra limitada por el propio interés público, en cuanto que el contrato contendrá cláusulas excepcionales al derecho común; se encuentra limitada también respecto de la escogencia del contratante, ya que la administración pública no goza de plena libertad para elegirlo, salvo algunos eventos en razón del proceso de selección que debe cumplirse. También se presentan límites que tienen que ver con la forma en que el Estado compromete su voluntad, es decir, referentes a la competencia. De lo señalado se puede concluir que el postulado de la autonomía no puede regular aquellos campos que pertenecen exclusivamente a la esfera del derecho público, en razón del interés colectivo que los fundamenta. Son esos límites los que exigen la normatividad contenida en el proyecto de ley”(29) (se subraya)
“el concepto de autonomía de la voluntad, en tratándose de personas de derecho público, no tiene el mismo alcance que se le otorga a la noción de autonomía privada, esto es, a los negocios jurídicos celebrados entre particulares, precisamente por estar de por medio el interés general y el patrimonio público, cuando una de las parte [sic] del negocio es una entidad estatal. Si bien el negocio jurídico, como declaración de voluntad, crea los efectos jurídicos queridos por las parte [sic] que concurren al mismo, los poderes de la administración están supeditados indefectiblemente al logro del interés general y al cumplimiento de los fines del Estado, dentro de los cuales se incluyen, claro está, los de la entidad estatal contratante. Pudiera decirse que mientras el particular al contratar dispone de lo suyo, la administración al hacerlo persigue fines de interés general y compromete el patrimonio público, con todas las consecuencias que de ello se derivan en un Estado social de derecho. De esta manera, la libertad negocial de los entes estatales no es absoluta ni igual a la de los particulares, pero bien pueden aquéllas acordar las condiciones específicas del contrato, determinadas por las necesidades del servicio, sin perder de vista que la naturaleza del contrato celebrado por las entidades estatales no se aleja irremediablemente de los principios del derecho público, por el hecho de estar sometido a las normas del derecho privado”(30) (destaca la Sala).
No debe perderse de vista que la potestad reglamentaria que atañe al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa está concebida por el ordenamiento constitucional vigente(31) bajo una concepción eminentemente finalística: “para la cumplida ejecución de las leyes” (art. 189.11 CN). Se trata evidentemente de una típica función administrativa que faculta al Gobierno para la formulación de los actos indispensables y las medidas necesarias para la efectividad práctica del precepto legal, vale decir, hacer real por la vía del acto administrativo el enunciado abstracto de la ley en orden a tornarlo efectivo en el terreno práctico, por lo que dichos actos administrativos deben contraerse a asegurar el cumplimiento de la ley y no pueden extenderse a más de su objeto (la cumplida ejecución de la ley), y por lo mismo deben respetar la letra y el espíritu de la ley.
Síguese de todo lo anterior que merced a la ilegalidad manifiesta de los incisos 2º y 3º del artículo 6º del Decreto 1436 de 1998 demandado, éstos serán anulados, dada su evidente contradicción con lo dispuesto por los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, que consignan la autonomía de la voluntad como criterio medular de los negocios jurídicos estatales.
Magistrados: Enrique Gil Botero, Presidente de la Sala—Mauricio Fajardo Gómez—Ruth Stella Correa Palacio—Myriam Guerrero de Escobar.
1 Diario Oficial Nº 43351 de Julio 31 de 1998.
2 Este último a su vez fue derogado por el art. 92 del Decreto 2474 de 2008, excepto el art. 83, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad y selección objetiva, y se dictan otras disposiciones.
3 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos, en Diario Oficial Nº 46.691 de 16 de julio de 2007.
4 Imperativo legal, como anota Devis Echandía, relacionado con el debido proceso (art. 29 C.N.) y el valor de la cosa juzgada. (Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, Decimotercera edición, Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 1994, p. 57).
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 16 de marzo de 2005, Rad. 27921, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
6 Vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 30 de julio de 1993, Exp. 2262,C.P. Yesid Rojas Serrano y Sección Tercera, Sentencia de 8 de junio de 2000, Rad. 11121, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
7 Corte Constitucional, Sentencia C 197 de 199, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 12 de septiembre de 1996, Rad. 3580, C.P. Manuel S. Urueta.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 17 de agosto de 2000, Rad. 12640, C.P. Alier Hernández Enríquez.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 3 de diciembre de 2007, Rad. 1100-10-326-000-2003-000-14-01 (24.715); 1100-10-326-000-2003-000-32-01 (25.206); 1100-10-326-000-2003-000-38-01 (25.409); 1100-10-326-000-2003-000-10-01 (24.524); 1100-10-326-000-2004-000-21-00 (27.834); 1100-10-326-000-2003-000-39-01 (25.410); 1100-10-326-000-2003-000-71-01 (26.105); 1100-10-326-000-2004-000-34-00 (28.244); 1100-103-26-000-2005-000-50-01 (31.447) –acumulados, Actores: Carlos Orlando Velásquez Murcia y otros, Demandado: Nación- Presidencia de la República y otros, Ref.: Acción de nulidad en contra del Decreto 2170 de 30 de septiembre de 2002, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
11 Cfr. Escobar Gil, Rodrigo, Ob. cit. págs. 72 a 80.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, Rad. 1100-10-326-000-2003-000-14-01 (24.715); 1100-10-326-000-2003-000-32-01 (25.206); 1100-10-326-000-2003-000-38-01 (25.409); 1100-10-326-000-2003-000-10-01 (24.524); 1100-10-326-000-2004-000-21-00 (27.834); 1100-10-326-000-2003-000-39-01 (25.410); 1100-10-326-000-2003-000-71-01 (26.105); 1100-10-326-000-2004-000-34-00 (28.244); 1100-103-26-000-2005-000-50-01 (31.447) —acumulados—, Actores: Carlos Orlando Velásquez Murcia y otros, Demandado: Nación- Presidencia de la República y otros, Ref.: Acción de nulidad en contra del Decreto 2170 de 30 de septiembre de 2002, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
13 Conviene anotar que esta norma es desarrollo de la reserva de la ley que para la evaluación de las propuestas dispuso categóricamente el artículo 273 Constitucional.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 24 de septiembre de 2004. Exp. 26.105.
15 Derogado por los artículos 5º y 32 de la Ley 1150 de 2007.
16 Corte Constitucional, Sentencia C-154 de 1997, MP Hernando Herrera Vergara, Sentencia C-230 de 1995, MP Antonio Barrera Carbonell, Sentencia C-154 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell y Sentencia C-949 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
17 Cfr. Locke: una lectura de los derechos, vigente trescientos años después de su muerte, en VVAA Ideas políticas, filosofía y derecho, Liber amicorum en homenaje a Alirio Gómez Lobo, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2006, p. 303 y ss.
18 “cuando se habla, como es usual entre nosotros, de ‘autonomía de la voluntad’, no deja de incurrirse en algún equívoco. Porque el sujeto de la autonomía no es la voluntad sino el individuo, la persona, como realidad unitaria. La autonomía no se ejercita queriendo —función de voluntad— sino estableciendo, disponiendo, gobernando. La voluntad, el querer, es un requisito indudable del acto de autonomía que ha de ser simple, libre y voluntario”: Diez Picasso, Luis y Gullón, Antonio, Sistema de Derecho Civil, Vol. I., Ed. Tecnos, Madrid, 1982, p. 387.
19 Cfr. Carbonnier, Jean Derecho Civil, Tomo II, Vol. II El derecho de las obligaciones y la situación contractual, Ed. Bosch, Barcelona, 1960, p. 114 y ss.
20 Bendeck Olivella, Jorge, exposición de motivos al proyecto de Ley 149 de 1992 en Gaceta del Congreso Nº 75, 23 de septiembre de 1992.
21 Espinosa Jaramillo, Gustavo, Latorre Gómez, Alfonso y Rueda Guarín, Tito Edmundo, Ponencia para primer debate de Senado y Cámara, Al proyecto de ley número 149, por la cual se expide el estatuto general de la contratación de la administración pública, en Betancur Cuartas, Jaime, Estatuto General de la Contratación Pública, Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 9ª edición, p. 174 y 175.
22 En Betancur Cuartas, Jaime, Estatuto (…) op Cit. , p. 186.
23 Cfr. Betancur Cuartas, Jaime, Estatuto (…) op. Cit. , p. 192.
24 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de julio 2 de 1998, C.P. Daniel Suarez Hernández, Referencia: Expediente Nº 11.818, Actor: Julio Hernán Barrera Sandoval, Demandado: Municipio de Susacón. Se puede consultar asimismo las siguientes providencias de la misma Sección: Sentencia de 16 de febrero de 1984, exp. 2509, Actor Cadavid y Herrera Ltda., C.P. José Alejandro Bonivento; Sentencia de 18 de junio de 1992, C. P. Daniel Suárez Hernández, Referencia: Expediente Nº 6579, Actor: Pérez y Duque Limitada; Auto de 24 de marzo de 1994, Rad. 9354, Actor Fundación Fundar, Demandado I.S.S., C.P. Daniel Suárez Hernández; Sentencia de octubre 5 de 1.994, Ref: Expediente Nº 8223 Indemnizaciones, Actor: Jaime Sanclemente S, Demandada: Departamento del Cauca; Sentencia de noviembre 27 de 1995, C. P. Juan De Dios Montes Hernández, Expediente Nº 8791 Actor: Sociedad Comercializadora “Tequendama Limitada” Demandada: Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá; Sentencia de septiembre 7 de 1998,C. P. Ricardo Hoyos Duque, Ref.: Expediente Nº 10.660, Actor: Ingeniería y Telemática G & C. Ltda., Demandado: Municipio de Valledupar; Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Radicación número: 70001-23-31-000-1996-05631-01(15119), Actor. Sociedad Castro Tcherassi Y Compañía Ltda., Demandado: Instituto Nacional de Vías, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Ver igualmente Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de febrero 20 de 1975, Rad. 953, C.P. Luis Carlos Sáchica.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Sentencia de octubre 15 de 1997, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros, Ref. Expediente No. 11212, Actor. Sociedad Jaime Solano Salas E Hijos Ltda., Demandado. Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
26 Consejo de Estado Sala de Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, C. P. Carlos Betancur Jaramillo, Sentencia de 13 de mayo de 1988, Ref: Expediente Nº 4303, Contratos, Actor: Urbanizadora Villa Alicia.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Auto de agosto 23 de 1991, Ref.: Expediente No. 6582, Actor: Consorcio Escandón Manby y Cía. Arquitectos - Alberto Antonio Zúñiga Caballero, C. P. Daniel Suarez Hernández.
28 Por excepción la regulación administrativa, especialmente de contenido económico, puede suponer en ocasiones la limitación de este postulado, como es el caso de la normatividad propia de la intervención económica a cargo del Estado.
29 Bendeck Olivella, Jorge, exposición de motivos (…) op. cit.
30 Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, Concepto de abril 6 de 2000, Radicación: 1.263. En sentido similar ver Concepto de 25 de abril de 2002, Rad. 1417, C.P. Susana Montes de Echeverri.
31 Dicho criterio era también el que adoptó la Constitución de 1886 en su artículo 120.3
32 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 11 de octubre de 1912, XXI, 159, auto de 2 de noviembre de 1916, XXVI, 35.

References: ARTÍCULO 29
 artículo 84
 artículo 29
 artículo 128
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 137
 artículo 170
 artículo 305
 artículo 1
 artículo 137
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 30
 artículo 189
 artículo 29
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 6
 artículo 273
 artículo 120