Source: http://www.slideshare.net/fanetin/el-tiempo-pasa-la-impunidad-permanece-informe
Timestamp: 2015-08-29 04:29:04+00:00

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EL TIEMPO PASA, LA IMPUNIDAD PERMANECE. La jurisdicción universal, un…
Ley de Amnistía de 1977 by eluque
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Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) siguen siendo denegados en España. Las investigaciones en otros países, en aplicación del llamado principio de jurisdicción universal, se presenta como una vía para luchar contra la impunidad.
© Reservados todos los derechos. Esta publicación tiene derechos de autor, si bien puede ser reproducida por cualquier medio, sin pago de tasas, con fines educativos o para llevar a cabo acciones de protección y promoción de los derechos humanos, pero no para la venta. Los titulares de los derechos de autor solicitan que
se les comuniquen los usos mencionados con el fin de evaluar sus efectos. Para la reproducción de este texto en cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones o su traducción o adaptación, deberá obtenerse el permiso previo por escrito de la editorial, y podrá exigirse el pago de una tasa.
EL TIEMPO PASA,LA IMPUNIDADPERMANECE.Lajurisdicciónuniversal,unaherramientacontralaimpunidadparalasvíctimasdelaGuerraCivily elfranquismoenEspaña 2.
Publicación a cargo de:© Sección española de Amnistía InternacionalC/ Fernando VI, 8 – 1º izda28004 MadridTel.: 902 119 133Fax: 91 319 53 34www.es.amnesty.orgFecha de publicación: Junio de 2013Fotografía de portada y contraportada: Dos ancianos buscan los nombres de sus difuntos en la Fosa Común delcementerio de San Salvador de Oviedo, donde se celebró un homenaje a los fusilados durante la Guerra Civilorganizado por la Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa Común, coincidiendo con el día de Todos losSantos, Oviedo, 1 de noviembre de 2008. EFE/Alberto Morante.© Reservados todos los derechos. Esta publicación tiene derechos de autor, si bien puede ser reproducida porcualquier medio, sin pago de tasas, con fines educativos o para llevar a cabo acciones de protección ypromoción de los derechos humanos, pero no para la venta. Los titulares de los derechos de autor solicitan quese les comuniquen los usos mencionados con el fin de evaluar sus efectos. Para la reproducción de este textoen cualquier otra circunstancia, su uso en otras publicaciones o su traducción o adaptación, deberá obtenerseel permiso previo por escrito de la editorial, y podrá exigirse el pago de una tasa.Este informe puede descargarse en: www.es.amnesty.orgAmnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por más de tres millones de personas demás de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra losderechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todoslos derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otrasnormas internacionales de derechos humanos. Somos independientes de todo gobierno, ideología política,interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribucionesde nuestra membresía y con donativos. 3.
ÍNDICE1. INTRODUCCIÓN.......................................................................................................42. IMPUNIDAD EN ESPAÑA: CIERRE A LA ÚLTIMA VÍA DE INVESTIGACIÓNTRAS LOS FALLOS DEL TRIBUNAL SUPREMO...............................................................72.1. ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA.....................................................72.2. INADMISIÓN POR EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS DELAS DENUNCIAS CONTRA ESPAÑA RELATIVAS A LA GUERRA CIVIL Y ELFRANQUISMO............................................................................................................112.3. CONSECUENCIAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL: ESPAÑA INCUMPLE SUSOBLIGACIONES INTERNACIONALES............................................................................143. LA CONCURRENCIA DE JURISDICCIONES EN EL EJERCICIO DE LAJURISDICCIÓN UNIVERSAL: ARGENTINA JUZGA LOS CRÍMENES DE LAGUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO..............................................................................163.1. EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL POR ARGENTINA:EVOLUCIÓN DE LA QUERELLA....................................................................................163.2. OBSTÁCULOS Y EQUIVOCACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADOEN SUS AFIRMACIONES RELATIVAS A LA INVESTIGACIÓN POR ESPAÑA Y A LALLAMADA “PREFERENCIA” DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA ......................................194. CONCLUSIONES ....................................................................................................265. RECOMENDACIONES..............................................................................................28ANEXO I ....................................................................................................................30ANEXO II ...................................................................................................................33ANEXO III ..................................................................................................................37 4.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201341. INTRODUCCIÓNLos derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derechointernacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) siguen siendodenegados en España. Las investigaciones en otros países, en aplicación del llamado “principio dejurisdicción universal”, se presenta como una vía para luchar contra la impunidad.En noviembre de 2008, el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, entonces acargo del exmagistrado Baltasar Garzón, se inhibió para conocer de la querella presentada en 2006por homicidios y desapariciones forzadas en el marco de crímenes contra la humanidad cometidos enEspaña entre 1936 y 19511. De dicha inhibición se derivó la competencia a numerosos juzgadosterritoriales competentes. Amnistía Internacional investigó la respuesta dada por la justicia española alos casos derivados de tal inhibición y, en su informe de mayo de 2012, reveló una tendenciacontinuada al archivo por parte de los jueces españoles2.Esta tendencia al archivo se ha consolidado tras la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrerode 20123. En dicha sentencia, aunque se absolvió al exmagistrado Baltasar Garzón de un presuntodelito de prevaricación, el Tribunal arguyó varios motivos que impedirían a los jueces españolesinvestigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Estos argumentos, que AmnistíaInternacional encuentra contrarios al derecho internacional son los siguientes4: existencia de una Leyde Amnistía, prescripción del delito, imposibilidad de enjuiciar los crímenes porque en su momentono estaban tipificados en normas penales, presunto fallecimiento de los autores y existencia de unaLey de Memoria Histórica5.El Tribunal Supremo, de este modo, parece cerrar la última vía de acceso a la justicia en España paralas víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Así lo evidencia, como se demostrará en estainvestigación, el archivo continuado por los jueces españoles de los casos posteriores a dichasentencia del Tribunal Supremo, a la que se refieren en gran parte para justificar el archivo. Por ello,Amnistía Internacional expresa su preocupación por seguir documentando, tal y como hizo en elinforme anterior, que en España no se están investigando los crímenes de derecho internacionalcometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Asimismo, la organización sostiene que, en el caso1El Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del exmagistrado Baltasar Garzón, decidió, porauto de 16 de octubre de 2008, asumir la competencia de la querella presentada en diciembre de 2006 por víctimas yasociaciones memorialistas por crímenes de lesa humanidad. A esta querella se fueron sumando denuncias que dabancuenta de la desaparición forzada de 114.266 personas entre julio de 1936 y diciembre de 1951. Posteriormente, el 18de noviembre de 2008, el Juzgado de Instrucción Nº 5 se inhibió a favor de los juzgados territorialmente competentes -auto confirmado por la declaración de incompetencia objetiva del Pleno de la Sala de lo Penal de la misma AudienciaNacional-. A partir de ese momento, la investigación de los hechos denunciados pasó a manos de numerosos juzgadosterritoriales españoles.2Amnistía Internacional, Casos cerrados, heridas abiertas: El desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y elfranquismo en España, mayo de 2012.3Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sentencia Nº 101/2012, de 27 de febrero de 2012.4Amnistía Internacional, Casos cerrados, heridas abiertas, op. cit., nota 2, páginas 17-27.5Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor dequienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.© AI 5.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 20135de crímenes de derecho internacional, todos los Estados están facultados para ejercer su jurisdicciónpenal a fin de terminar con la impunidad.En este informe, Amnistía Internacional constata que el comportamiento del Estado español pareceestar orientado a buscar que se garantice la impunidad de los crímenes de la Guerra Civil y elfranquismo. Así se deduce del rechazo de los jueces españoles, amparados por el Tribunal Supremo,de investigar, y la falta de colaboración del Gobierno y de la Fiscalía con la justicia argentina (como seexplicará), para que otros países puedan investigar estos crímenes.En los capítulos que siguen se examinará, en primer lugar, la indefensión para las víctimas y susfamiliares a la que aboca la jurisprudencia del Tribunal Supremo. A continuación, se analizarán losargumentos de la Fiscalía General del Estado relativos a la sustanciación de procesos ante lostribunales españoles y a la llamada ‘jurisdicción preferente’ de España para el enjuiciamiento.Finalmente, se recordará el deber de España de cooperar con la justicia argentina para que, en virtuddel principio de jurisdicción universal, puedan investigarse los crímenes de derecho internacionalcometidos en España.LOS ARGUMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE DENIEGAN LA POSIBILIDADDE INVESTIGAR LOS CRÍMENES DE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO SONCONTRARIOS AL DERECHO INTERNACIONALLa sentencia del Tribunal Supremo 101/2012, de 27 de febrero de 2012, declara que los crímenes de laGuerra Civil y el franquismo no deben investigarse judicialmente, ello en base a argumentos que AmnistíaInternacional considera contrarios al derecho internacional:El principio de legalidad penal. Según el Tribunal Supremo los hechos no pueden calificarse comocrímenes de derecho internacional porque “el cuerpo normativo que conformaba la legalidad penalinternacional no estaba vigente” en el momento de su comisión ni existía “conocimiento de su vigencia”(Fundamentos de Derecho Tercero y Sexto). Esta interpretación desestima que España estaba vinculadapor medio de la costumbre internacional (expresada en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, enlos principios de Núremberg –confirmados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946–). Es,por ello, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España, prevé que“nada se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento decometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidadinternacional” (artículo 15.2).Prescripción. Segun el Tribunal Supremo, al haber transcurrido mas de 20 anos desde que se cometieronlos hechos denunciados, ha expirado con creces el tiempo maximo de prescripcion previsto por el CodigoPenal espanol (Fundamento de Derecho Segundo). Este razonamiento contradice el principio según elcual los crímenes de derecho internacional, incluidas las desapariciones forzadas, son imprescriptibles ydeben ser perseguidos sin límites temporales (Estatuto de Roma, artículo 29; Convención sobre laImprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, artículo 1;Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,artículo 8.1b). 6.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 20136Fallecimiento de las personas presuntamente responsables. El posible fallecimiento de las personasimputadas es considerado por el Tribunal Supremo un impedimento para investigar los hechos y atribuirresponsabilidades, al considerar que no se podía desconocer que “era notorio el fallecimiento de algunode los imputados en su causa y la lógica del tiempo hubiera llevado a la conclusión que cualquierpersona ejerciendo funciones de mando y responsabilidad tendría en la época de los hechos una edadmás que centenaria”. (Fundamento de Derecho Tercero). Se ignora así que el Estado tiene la obligaciónabsoluta de investigar los crímenes de derecho internacional, al tratarse de una obligación autónoma(TEDH, Silih contra Eslovenia, párr. 159) sin que el transcurso de muchos años –aunque suponga fuertesindicios de muerte– suprima la obligación del Estado de investigar (TEDH, Varnava y otros contraTurquía, párr. 146). Se han identificado a presuntas personas responsables vivas, demostrándose inciertala presunción de fallecimiento del Tribunal Supremo. Y se ha solicitado la extradición a Argentina en elmarco del proceso iniciado en este país bajo la jurisdicción universal (ver apartado 3.1. del informe).Ley de Amnistía. Según el Tribunal Supremo esta ley se justifica por facilitar la Transición en España, yvincula a los jueces que están sujetos al principio de legalidad (Fundamento de Derecho Tercero). Seignora, de esta manera, que la aplicación de amnistías a crímenes de derecho internacional vulnera tantoel derecho a un recurso efectivo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 2.3), dejerarquía superior a las leyes, como el principio según el cual un Estado “no podrá invocar lasdisposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado” (Convenciónde Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 27). Asimismo, los Estados tienen el deber de ponerfin a la impunidad, ejerciendo su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales(Estatuto de Roma, Preámbulo).Ley de Memoria Histórica. El Tribunal Supremo considera que “el derecho a conocer la verdad no formaparte del proceso penal” y que su establecimiento corresponde al Estado a través de otros organismos,especialmente historiadores, pero no al juez de instrucción (Fundamento de Derecho Primero). Sinembargo, la Ley de Memoria Histórica no consagra ni el derecho a saber ni la investigación exhaustiva deestos crímenes; tan solo prevé el derecho a la memoria limitado al ámbito privado, y la declaración deilegitimidad de los tribunales y sentencias de carácter político durante la Guerra Civil y el franquismo(artículos 2, 3 y 4). No se garantizan, por tanto, ni el derecho a la verdad ni a la justicia.El Tribunal Supremo en su auto de 28 de marzo de 2012, por el que resuelve una cuestión decompetencia, ha confirmado los argumentos de su sentencia de 27 de febrero, disponiendo lacompetencia a favor de los juzgados territoriales que “deberán continuar la tramitación en el marco de loacordado en este auto y en la sentencia 101/2012 de 27 de febrero”. Esta sentencia, por los argumentosexpuestos, excluye la posibilidad de una investigación judicial de los crímenes de la Guerra Civil y elfranquismo. 7.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201372. IMPUNIDAD EN ESPAÑA: CIERRE ALAÚLTIMAVÍA DE INVESTIGACIÓN TRAS LOS FALLOS DELTRIBUNAL SUPREMOAmnistía Internacional ha podido documentar y constatar que la justicia española continúa ignorando elderecho de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo a la verdad, a la justicia y a la reparación. Lasentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012 y su auto de 28 de marzo de 2012 han tenidopor efecto confirmar y reforzar más aún la tendencia al archivo de las actuaciones por parte de losjuzgados españoles. Así lo demuestran todos los autos posteriores a estos fallos que ha podido conocerAmnistía Internacional, con excepción solamente del auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que,en rigor y como se explicará, no contradice los argumentos del Tribunal Supremo. Agotados los recursosinternos en España, las víctimas han denunciado al Estado español ante el Tribunal Europeo de DerechosHumanos, pero sus denuncias han sido inadmitidas hasta el presente.2.1. ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑAAmnistía Internacional ha realizado un seguimiento de la actuación de los juzgados españoles desde lainhibición de la Audiencia Nacional a favor de los juzgados territoriales en noviembre de 2008. Conanterioridad a la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2012, la organización accedió a 21 deltotal de los 47 casos derivados de tal inhibición y reveló el archivo de 17 de estos casos y la suspensiónde otros cuatro (pendientes de resolverse una cuestión de competencia). En las conclusiones de esainvestigación, la organización advirtió que6:Como regla, las actuaciones han sido archivadas de plano sin que se hayan practicadodiligencias con vistas a la investigación de los hechos.Solo en dos casos se realizaron diligencias para recuperar los restos de personas fallecidas yentregarlos a sus familiares, siendo las mismas archivadas posteriormente7.Asimismo, los cuatro casos en que no se aceptó la inhibición de la Audiencia Nacional estabansuspendidos a la espera de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre la competencia8. Esta fueresuelta por auto de 28 de marzo de 2012 que, al remitir a su sentencia de 27 de febrero, tambiéndeniega a estos juzgados la competencia para investigar. El seguimiento continuado de los 47 casosderivados de la inhibición de la Audiencia Nacional ha permitido a la organización constatar que al6Para una información más detallada ver el informe de Amnistía Internacional Casos cerrados, heridas abiertas, op. cit.,nota 2, página 9 y siguientes.7El Juzgado Nº 2 de Villarcayo (Burgos), DP 281/2009, archivado el 22 de febrero de 2011, y el Juzgado Nº 2 deBenavente, DP 541/2009, que se conoce por fuentes indirectas y cuyo archivo ha confirmado la Fiscalía General delEstado.8Estos juzgados son el Juzgado Nº 2 de San Lorenzo de El Escorial, DP 427/ 2009; el Juzgado Nº 3 de Granada, DP3209/2009; el Juzgado Nº 2 de Pontevedra, DP 2028/2009; y el Juzgado Nº 2 de Porriño, DP 383/2009. 8.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 20138menos 38 de estos casos han sido archivados por los jueces españoles (sin perjuicio de que el número dearchivos sea mayor). Se trata de un aumento significativo (21 casos más) respecto de los 17 archivosidentificados en el informe anterior9.De los nuevos archivos documentados, cinco se han producido con posterioridad a los fallos del TribunalSupremo de febrero y marzo de 2012. En ellos, Amnistía Internacional observa la repetición de un mismopatrón: los jueces se refieren directamente a los fallos del Tribunal Supremo y se acogen a alguno o avarios de sus argumentos para fundamentar el archivo10. Esta actuación de los juzgados españoles9A Amnistía Internacional le consta que la Fiscalía General del Estado ha informado por vía escrita a la organizaciónRights International Spain sobre la existencia de numerosos archivos de los casos derivados de la inhibición de laAudiencia Nacional. De estos archivos, Amnistía Internacional desconocía la existencia de 12: Juzgado Nº 1 de León, DP777/2011; Juzgado Nº 1 de Astorga, DP 252/09; Juzgado Nº 3 de Burgos, DP 1296/2009; Juzgado Nº 4 de Ponferrada481/2009; Juzgado Nº 2 de Talavera, DP 656/2009; Juzgado Nº 8 de Barcelona, DP 1687 /2009; Juzgado Nº 4 dePamplona, DP 1587 /2009; Juzgado Nº 1 de Chantada, DP 320/2009; Juzgado Nº 2 de Mondoñedo, DP 206/2009;Juzgado Nº 2 de Trujillo, DP 515/2009; Juzgado Nº 2 de Benavente, DP 541/2009; y Juzgado Nº 2 de Laviana, DP199/2009. Respecto a los dos últimos casos, la organización conocía su archivo por fuentes indirectas.Amnistía Internacional ha tenido acceso directo a la documentación de nueve casos, también derivados de la inhibición,que han sido archivados por los jueces españoles. De ellos, cuatro se han archivado con anterioridad a los fallos delTribunal Supremo de febrero y marzo de 2012:- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Ejea de los Caballeros, DP 353/2009: por auto de 22 de juniode 2009 se acuerda el archivo por extinción de la responsabilidad penal.- Juzgado de Instrucción Nº 2 de Calatayud, DP 270/2009: por auto de 27 de abril de 2009 acepta la inhibición delJuzgado Central de Instrucción Nº 5 y decreta el archivo de las actuaciones, basándose en la prescripción de losdelitos, la extinción de responsabilidad penal por fallecimiento, y por considerar la vía penal inadecuada paraconocer el paradero de restos de personas ilegalmente detenidas durante la Guerra Civil.- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Betanzos, DP 714/2009: por auto de 19 de mayo de 2009acuerda el archivo de la causa por prescripción de delitos susceptibles de ser calificados como detención ilegal,homicidio y asesinato.- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Aguilar de la Frontera, DP 712/2009: por auto de 12 de febrero de2010 acuerda el archivo de las actuaciones, basándose en la aplicación del principio de irretroactividad penal, laprescripción de los crímenes, la presunción del fallecimiento de las personas responsables, la extinción de laresponsabilidad penal por la Ley de Amnistía, y la Ley de Memoria Histórica.10Juzgado de Instrucción Nº 3 de Granada, DP 3209/2009 (convertidas en 7630/2012. Negociado: P): por auto de 20de agosto de 2012 se acuerda el sobreseimiento libre, haciendo referencia al auto del Tribunal Supremo de 28 marzo de2012, e invocando el principio legalidad, la interdicción de retroactividad de normas procesales, la prescripción, la Leyde Amnistía, y remitiendo a la Ley de Memoria Histórica.Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de San Lorenzo de El Escorial, DP 427/2009: por auto de 8 de mayo de2012 acuerda el sobreseimiento libre y el archivo, acogiéndose a los fallos del Tribunal Supremo de 27 de febrero y de28 marzo 2012, e invocando el principio de legalidad, la irretroactividad de la ley penal, la prescripción y la Ley deAmnistía.Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Primera, DP 705/09: por auto de 18 de junio de 2012 desestima elrecurso de apelación y reproduce parte de la sentencia 101/2012 del Tribunal Supremo en la que se menciona elprincipio de legalidad, la prescripción, la Ley de Amnistía y el fallecimiento de las personas responsables.Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro, DP 343/2012: por auto de 16 de abril de2012 acuerda el sobreseimiento libre y el archivo, refiriéndose al auto del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2012, e 9.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 20139demuestra que la jurisprudencia del Tribunal Supremo –que la organización considera contraria alderecho internacional– es acatada por los jueces españoles. España parece así cerrar la última vía alesclarecimiento de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil, por ambos bandos, y el franquismo11.Además, Amnistía Internacional ha constatado que en España se siguen interponiendo nuevas denuncias,por tanto, no relacionadas con la inhibición de la Audiencia Nacional. La organización ha tenido accesodirecto a cinco nuevos casos no relacionados con la inhibición12. En tales casos los jueces también hanincidiendo en la ausencia de relevancia penal de los hechos en la prescripción del delito, la Ley de Amnistía y enremisión a la Ley de Memoria Histórica.Juzgado Instrucción Nº 13 de Málaga, DP 4288/2009: por auto de 6 junio de 2012 decide el sobreseimiento libre yel archivo definitivo, acogiéndose a lo acordado por la Sala del Tribunal Supremo a cuya decisión –dice– debeestarse, e incide en el principio de legalidad penal, la prescripción y la Ley de Amnistía como motivos que extinguenla responsabilidad penal.11Aunque no ha tenido conocimiento hasta la fecha, Amnistía Internacional presume que también han sidoarchivados otros dos casos de la Audiencia Provincial de Pontevedra en que se suspendieron las actuaciones y secondicionaron a la decisión del Tribunal Supremo que, como se ha indicado, ha excluido la posibilidad de todainvestigación judicial en España. La Audiencia Provincial de Pontevedra decidió la suspensión del caso DP2028/2009 del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Pontevedra por auto de 26 de abril de 2010, y del caso DP383/2009 del Juzgado de Instrucción Nº 2 O Porriño por auto de 21 de mayo de 2010, hasta la resolución de unacuestión de competencia por el Tribunal Supremo. Amnistía Internacional se ha dirigido por escrito al Juzgado deInstrucción Nº 2 de O Porriño y al Juzgado de Instrucción Nº2 de Pontevedra en noviembre de 2012, interesándosepor el estado de las actuaciones, sin que haya recibido contestación hasta el momento.12Amnistía Internacional ha constatado por fuentes directas el archivo de cinco casos no relacionados con lasinhibiciones que se produjeron después de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 2012:- Juzgado de Instrucción Nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria, DP 0006208/2012: por auto de 14 de diciembrede 2012 declara su incompetencia para conocer los hechos, haciendo referencia al Auto del Tribunal Supremoy mencionando el principio de legalidad, la prescripción y la Ley de Amnistía. El recurso contra esta decisiónes desestimado por auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Sexta, de 18 defebrero de 2013, en el que se alude a los fallos del Tribunal Supremo de 27 de febrero y de 28 de marzo de2012, y se mencionan los motivos de prescripción del delito, principio de legalidad penal, presuntofallecimiento de los autores, Ley de Amnistía y la remisión a la Ley de Memoria Histórica.- Audiencia Provincial de Guadalajara, Sección Nº 1, Diligencias indeterminadas 0000005/2011: por auto de24 de octubre de 2012 desestima el recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Primera Instancia eInstrucción Nº 1 de Sigüenza de 8 de agosto de 2011, mencionando el auto del Tribunal Supremo de marzo de2012, y basando su decisión en la prescripción y el previsible fallecimiento de los autores, así comoremitiendo a la Ley de Memoria Histórica.- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de San Lorenzo de El Escorial, DP 1362/2012: por auto de 8de febrero de 2013 decreta el sobreseimiento libre y el archivo en base a los argumentos de la sentencia101/2012 y del auto de 28 de marzo de 2012 del Tribunal Supremo, cuyos argumentos hace suyos: principiode legalidad, irretroactividad de la ley penal, prescripción y Ley de Amnistía. La decisión del juzgado estuvoprecedida de un escrito del Fiscal, de 22 de enero de 2013, que exhorta al juzgado a que acuerde elsobreseimiento de las actuaciones en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, cuyos argumentosexpone.- Juzgado de Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro, DP 343/2012: por auto de 16 de abril de 2012 acuerdala inadmisión por considerar que los hechos han cesado de tener relevancia penal y están prescritos. Reenvía ala jurisprudencia del Tribunal Supremo, en particular referida a la prescripción del delito y a la remisión a laLey de Memoria Histórica. El 12 de junio de 2012 se interpone recurso de apelación en el que se identifica 10.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201310acordado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, basándose en la jurisprudencia del TribunalSupremo.De lo expuesto anteriormente, Amnistía Internacional constata que los fallos del Tribunal Supremo defebrero y marzo de 2012 han tenido por efecto consolidar la impunidad. La misma no se limita a loscasos derivados de la inhibición sino que sigue ocurriendo de forma espontánea en toda España, dondelos jueces deniegan el acceso a la justicia refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (parauna relación completa de los casos archivados y de su motivación jurídica ver Anexo II).Por otra parte, Amnistía Internacional hace hincapié sobre un fallo emitido por la Audiencia Provincial deBarcelona, el primero que ha ordenado investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en el contextode la Guerra Civil española. Por sentencia de 22 de enero de 2013, este tribunal admitió el recursocontra el auto del Juzgado de Instrucción Nº 28 de Barcelona, por los bombardeos de esta ciudad enmarzo de 1938 por oficiales del ejército italiano13. Amnistía Internacional observa los siguientesargumentos de fondo:La Audiencia Provincial de Barcelona reprocha al Juzgado de Instrucción que decida la inadmisión atrámite por el posible fallecimiento de las personas responsables. Según la Audiencia se trata de unaespeculación probable pero no cierta, y solo cuando el juez tiene conocimiento de que los presuntosimputados han fallecido ha de procederse al archivo de lo actuado; lo contrario abocaría a la aplicacióndel principio de intervención mínima del derecho penal. En consecuencia, la Audiencia ordena comoprimera diligencia la determinación de los nombres y situación de quienes participaron en los hechos14.Amnistía Internacional no comparte esta interpretación. Considera que el fallecimiento del presunto autorno debe suponer el archivo del caso. Los hechos deben investigarse en aras a establecer la verdad,justicia y reparación.La Audiencia Provincial de Barcelona considera que, excepcionalmente en ese caso, no puede hacerseuna transposición de la sentencia del Tribunal Supremo 101/2012 al tratarse de bombardeos cometidospor un ejército extranjero que, según el tribunal, no era parte en el conflicto armado español. LaAudiencia considera inaplicable la Ley de Amnistía, pues entiende que se refiere únicamente a lasacciones penales entre españoles15. En consecuencia, su sentencia no cuestionaría la jurisprudencia delTribunal Supremo que deniega investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.vivo al presunto autor de las desapariciones, que reside en la misma localidad. La Audiencia Provincial de Ávila(Sección 1º) desestima el recurso de apelación por auto de 18 de julio de 2012.- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de San Lorenzo de El Escorial, DP 1115/2012: por auto de 5 dediciembre de 2012 acuerda el archivo, refiriéndose a los fallos del Tribunal Supremo de 27 febrero 2012 y de 28marzo 2012, en base a la irretroactividad de la ley penal, la prescripción, la Ley de Amnistía y la Ley de MemoriaHistórica.13Audiencia Provincial de Barcelona, Diligencias indeterminadas 71/12, de 22 de enero de 2013. En su Fundamento deDerecho Sexto ordena identificar a los presuntos responsables, ofrecer acciones penales y civiles a las víctimas y designarperitos para la reconstrucción de los hechos.14Audiencia Provincial de Barcelona, Diligencias indeterminadas 71/12, op. cit., nota 14, Fundamento de DerechoSegundo.15Ibid, Fundamento de Derecho Cuarto. 11.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201311La Audiencia Provincial de Barcelona califica de crímenes lesa humanidad los bombardeos contra lapoblación civil de marzo de 1938. Sostiene el fallo que estos hechos ya estaban tipificados por laConvención de La Haya de 1899 en el momento de producirse y que, por su naturaleza, su investigaciónno está sujeta a limitaciones temporales, haciendo referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo deDerechos Humanos al respecto16. En consecuencia, concluye que los bombardeos de Barcelona puedenser investigados por los tribunales españoles17.Si bien Amnistía Internacional respalda la decisión de investigar los crímenes contra la población civiladvierte, sin embargo, que los crímenes de derecho internacional han de investigarse con independenciade que los perpetradores hayan fallecido.Asimismo, la organización llama la atención sobre el carácter excepcional de este fallo que, según eltribunal, no es del ámbito de la Ley de Amnistía, referida únicamente a las acciones penales entreespañoles. Por ello, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona no modifica el argumentario dela jurisprudencia española, contrario a la investigación judicial de los crímenes de la Guerra Civil y elfranquismo, es decir, los crímenes cometidos por españoles contra españoles.En resumen, Amnistía Internacional ha documentado la práctica continuada del archivo de casosrelativos a crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.Tales hechos revelan el incumplimiento por el Estado de su obligación de investigar crímenes de derechointernacional y constituyen una violación por parte de España de sus obligaciones bajo el derechointernacional18.2.2. INADMISIÓN POR EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS DENUNCIASCONTRA ESPAÑA RELATIVAS A LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMOHasta donde llega el conocimiento de la organización, se han presentado ante el Tribunal Europeo deDerechos Humanos (TEDH) las siguientes denuncias contra España sobre los crímenes de la Guerra Civily el franquismo. Todas ellas han sido inadmitidas:• Baena Alonso contra España, inadmitida por decisión de 22 de septiembre de 2005 por nocumplir con los requisitos de los artículos 34 (demandas individuales) y 35 (condiciones deadmisibilidad) del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). El Tribunal constata quelos hechos son anteriores a la entrada en vigor del Convenio para España –momento en que elmismo comienza a regir para el Estado–, por lo que considera que la demanda es incompatibleratione temporis con la Convención. Asimismo, la decisión se basa en que los hechos noconstituyen una injerencia de las autoridades del Estado en los derechos garantizados por el16Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Kolk y Kislyly contra Estonia, de 17 de enero de 2006; Tribunal Europeo deDerechos Humanos (Gran Sala) Kononov contra Letonia, de 17 de mayo de 2010, Tribunal Europeo de DerechosHumanos, Janowiec y Otros contra Rusia, 16 de abril de 2012.17Audiencia Provincial de Barcelona, Diligencias indeterminadas 71/12, op. cit., nota 13, Fundamentos de DerechoSexto.18Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966, artículo 2.3; Convención Internacionalpara la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, 20 de diciembre de 2006, artículos 6-10 y12; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 10 de diciembre de 1984,artículos 5, 12 y 13; Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 23 de mayo de 1969, artículo 27. 12.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201312Convenio. En el mismo sentido, cabe citar la demanda Puig Antich y otros contra España, que elTribunal Europeo declara inadmisible por decisión de 10 de noviembre de 201119.• Gutiérrez Dorado y Dorado Ortiz contra España, inadmitida por decisión de 27 de marzo de 2012al ser interpuesta fuera del plazo temporal en base al artículo 35.4 del Convenio(discrecionalidad del tribunal de declarar inadmisible cualquier demanda en base a ese artículo).Se trata del único auto en el que el Tribunal Europeo ha explicado el fondo del asunto –que secomenta más adelante–20.• Forum Per la Memoria del País Valencià contra España, declarada inadmisible por decisión de 5de abril de 2012 por no cumplir con los requisitos de admisibilidad de los artículos 34 y 35 delCEDH21.• Unión General de Trabajadores contra España, declarada inadmisible por decisión de 14 dejunio 2012 por no cumplir con los requisitos de admisibilidad de los artículos 34 y 35 delCEDH22.• Negrín Fetter y otros contra España, inadmitida por decisión de 12 de julio 2012 por no cumplircon los requisitos de admisibilidad de los artículos 34 y 35 del CEDH23.• Canales Bermejo contra España, inadmitida por auto de 8 noviembre 2012 por no cumplir conlos requisitos de los artículos 34 y 35 del CEDH. El Tribunal reenvía mutatis mutandis a ladecisión Gutiérrez Dorado contra España24.• Fernando León González y María Martín López contra España, inadmitida por auto de 21 demarzo de 2013 por no cumplir con los requisitos de admisibilidad de los artículos 34 y 35 delCEDH25.19En lo relativo a la anulación de las sentencias de condena a muerte franquistas cabe citar la demanda ante el TribunalEuropeo de Derechos Humanos de Baena Alonso contra España (Xosé Humberto Baena fue fusilado el 27 de septiembrede 1975). También referida a una condena a muerte, se interpuso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lademanda de Puig Antich y otros contra España, (Salvador Puig Antich fue ejecutado por garrote vil el 2 de marzo de1974). En este sentido, debe señalarse que la Ley de Memoria Histórica de 26 de diciembre de 2007 declara lailegitimidad de los tribunales y sentencias de la Guerra Civil y el franquismo pero no su nulidad.20Demanda de 8 de julio de 2009 contra el Estado español por no llevar a cabo una investigación efectiva de ladesaparición forzada de D. Dorado Luque, diputado de las Cortes por el PSOE, ocurrida el 18 de julio de 1936.21Demanda contra España presentada el 15 de diciembre de 2011 denunciando la impunidad de los actos de genocidioy de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, y la denegación de justicia por los tribunalesespañoles.22Demanda de 27 de septiembre de 2011 de la Unión General de Trabajadores (UGT) contra el Estado español porvulneración del derecho a un recurso efectivo al no poderse recurrir el auto de 2 de diciembre de 2008 de la Sala de loPenal de la Audiencia Nacional que declara falta de competencia del Juzgado Central de Instrucción Nº 5, pone findefinitivo y archiva la investigación.23Demanda de 2 de julio de 2010 contra el Estado español por la impunidad de los crímenes de la Guerra Civil y elfranquismo y por los daños causados a D. Juan Negrín López, catedrático, Ministro, y Presidente del Consejo de Ministrosde la República entre 1939 y 1945, exiliado en 1939 y desposeído de sus bienes y cátedra.24Demanda de 5 de octubre de 2012 contra el Estado español por la violación continuada de no llevar a cabo unainvestigación efectiva de la desaparición forzada de D. Valerico Canales Jorge ocurrida el 20 de agosto de 1936. 13.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201313Deben destacarse las razones expuestas por el Tribunal Europeo en el caso Gutiérrez Dorado paradesestimar las demandas contra España: el acontecimiento de los hechos con anterioridad a la entradaen vigor del Convenio, sin que haya una conexión suficiente entre el delito y su entrada en vigor26, y lanegligencia de los demandantes por interposición tardía de la demanda27.Amnistía Internacional observa incongruencias en estos argumentos.En primer lugar, la comisión de los crímenes con anterioridad a la entrada en vigor del Convenio no hasido obstáculo para que el Tribunal haya condenado a otros Estados partes por incumplir su obligación deinvestigar. Al contrario, el Tribunal ha sostenido que la obligación de investigar ha evolucionado y esautónoma respecto a la entrada en vigor del Convenio, de ahí que vincule al Estado aunque los hechos seprodujesen antes de la fecha crítica28.En segundo lugar, el Tribunal Europeo aprecia negligencia de las víctimas por interposición tardía de lademanda y considera que los obstáculos de derecho interno no les eximían de la debida diligencia derecurrir a la justicia sin retraso indebido. No obstante, para Amnistía Internacional este razonamientotiene por efecto transferir la carga de la obligación de diligencia del Estado a las víctimas, y obvia losobstáculos de derecho interno –como la Ley de Amnistía, que el mismo Tribunal reconoce–, que hanimpedido a las víctimas acceder a la justicia29.La organización recuerda que, según el derecho internacional, es el Estado quien tiene el deber deinvestigar los crímenes ocurridos bajo su jurisdicción30. Así lo ha reconocido el propio Tribunal Europeo,para quien el mero conocimiento de la muerte provoca la obligación ipso facto del Estado de iniciar deoficio una investigación efectiva e imparcial –sin necesidad de una demanda formal de las víctimas31– y,que el transcurso de muchos años sin noticias, aunque suponga fuertes indicios de muerte, no suprime laobligación procesal del Estado de investigar32. Añade el Tribunal que la naturaleza de las desaparicioneses tan grave que debe ser posible enjuiciar a los perpetradores sin posibilidad de alegar prescripción, no25Demanda de 15 de enero de 2013 contra el Estado español por no investigar de forma efectiva la desaparición forzadade D. Alejandro de León Andrés y de Dña. Faustina López González, ocurridas en septiembre de 1936.26TEDH, Gutiérrez Dorado y Dorado Ortiz contra España, 27 de marzo de 2012, párrs. 35 y 36.27Ibid, párr. 37 y 39. El Tribunal reprocha que la denuncia ante los juzgados nacionales no se realizó hasta el año 2006,pasados 25 años de la existencia del derecho de petición, y que no se acudió al Tribunal hasta el año 2009, 28 añosdespués de la existencia de este derecho.28TEDH (Gran Sala) Silih v Eslovenia, 9 de abril 2009, párr. 159. El TEDH, en el caso Janowiec y otros contra Rusia, de16 de abril de 2012, declara la obligación del Estado de investigar de forma efectiva la masacre de Katyn de 1940, sinposibilidad de objetar la amnistía o prescripción; por tanto, crímenes cometidos hacía 72 años, y 58 años antes de laratificación del Convenio por Rusia en 1998.29TEDH, Gutiérrez Dorado contra España, op.cit., nota 26, párr. 39.30Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, op.cit., nota 18, artículo 12,Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, op.cit., nota 18,artículo 12.31TEDH Ergi contra Turquía, 28 de julio de 1998, párr. 82; Ver también TEDH (Gran Sala) Ilhan contra Turquía, 27junio 2000, párr. 91.32TEDH (Gran Sala) Varnava y Otros contra Turquía, 18 de septiembre de 2009, párr. 146. 14.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201314pudiendo aplicarse con demasiada rigurosidad el criterio de la pronta actuación que se espera de losfamiliares en el contexto de la protección prevista en la Convención33.Amnistía Internacional observa con preocupación la ausencia de alusión al incumplimiento por España desus obligaciones internacionales en las decisiones del TEDH posteriores a los fallos del Tribunal Supremode febrero y marzo de 2012, en los que la más alta instancia de interpretación de la ley en Españadeniega la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, basándose en argumentoscontrarios al derecho internacional.En opinión de la organización, las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo continúan privadas delderecho a un recurso efectivo previsto por el artículo 13 del Convenio, según el cual “toda persona cuyosderechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a laconcesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional”.2.3. CONSECUENCIAS DE LA SITUACIÓN ACTUAL: ESPAÑA INCUMPLE SUS OBLIGACIONESINTERNACIONALESLa denegación de justicia a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo supone una violación porparte de España de sus obligaciones internacionales, en particular, del deber de impedir la impunidady de tratar a las víctimas y a sus familiares con dignidad, y reconociendo su derecho a la verdad,justicia y reparación34. El derecho a la verdad supone que el Estado debe investigar de oficio, deforma rápida, efectiva e imparcial, los crímenes de derecho internacional y, en su caso, adoptar lasmedidas necesarias para sancionar a las personas responsables de acuerdo con los tratados de los quees parte35, y con la costumbre internacional. Como bien ha señalado el Comité Internacional de laCruz Roja en su voluminoso estudio sobre el derecho internacional humanitario: “En relación con loscrímenes cometidos en los conflictos armados no internacionales, varios países han concedidoamnistías por crímenes de guerra, pero, a menudo, los propios tribunales o los tribunales regionaleslas han considerado ilegales y han sido criticadas por la comunidad internacional [véase el comentariode la norma 159 sobre las amnistías]. Sin embargo, existe suficiente práctica, como se ha señaladomás arriba, para establecer la obligación en virtud del derecho internacional consuetudinario deinvestigar los crímenes de guerra presuntamente cometidos en conflictos armados no internacionalesy juzgar a los sospechosos, si procede”36.33Ibid, párr. 163.34Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normasinternacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursosy obtener reparaciones, Resolución de la Asamblea General 60/ 147 de 16 de diciembre de 2005, Principios II c) y d), yVI.10.35Convención contra la Tortura, op. cit., nota 18, artículo 12; Convención para la Protección de Todas las PersonasContra las Desapariciones Forzadas, op. cit., nota 18, artículos 12.2; Principios y directrices básicos, op. cit., nota 34,Principio II, 3.b.36J.M. Henckaerts: Estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, RICR, Vol. 87, Nº 857, marzode 2005. Comentario a la norma Nº 158: “Los Estados deberán investigar los crímenes de guerra posiblementecometidos por sus ciudadanos o sus fuerzas armadas, así como en su territorio, y encausar, si procede, a los imputados.Deberán asimismo investigar otros crímenes de guerra que sean de su competencia y encausar, si procede, a losimputados”. Aplicable tanto a los conflictos armados internacionales como internos. El estudio se halla disponible en:http://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/pcustom.htm 15.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201315Asimismo, entre las necesidades más urgentes de las víctimas y sus familiares se encuentran elderecho a ejercer un recurso judicial efectivo y a obtener una reparación adecuada, efectiva yrápida37. España debe garantizar que las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo puedan ejercer suderecho a un recurso efectivo previsto por los tratados internacionales vinculantes como el PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos38, así comopor la costumbre internacional en el caso de violaciones de derechos humanos y de derechointernacional humanitario39.La denegación de acceso a la justicia también vulnera la propia Constitución española cuyo artículo24.1 garantiza el derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunalessin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. Esta obligación debe efectuarse conforme alos estándares internacionales40.Amnistía Internacional recuerda a España que los Estados no pueden invocar su derecho interno parasustraerse al cumplimiento de sus obligaciones internacionales41. Por ello, la organización insta aEspaña a que investigue los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y elfranquismo y a que elimine los obstáculos al cumplimiento de normas internacionales, en particular:- Asegurando que la Ley de Amnistía no impide la investigación de los crímenes de la GuerraCivil y el franquismo.- Suprimiendo del Código Penal la prescripción de la acción y de la pena para los todos loscrímenes de derecho internacional de acuerdo con los tratados internacionales en lamateria42.37Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, op. cit., nota 18, artículos 13y 14 Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, op. cit.,nota 18, artículos 12.1, y 24.4; Principios y directrices básicos, op. cit., nota 34, Principios VIII y IX.38Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, artículo2.3, ratificado por España el 27 de abril de 1977; Convenio Europeo de Derechos Humanos, 4 de noviembre de 1950,artículo 13, ratificado por España el 4 de octubre de 1979.39J.M. Henckaerts: Estudio sobre el derecho Internacional humanitario consuetudinario, op. cit., nota 36, norma Nº 150:“El Estado responsable de violaciones del derecho internacional humanitario está obligado a reparar íntegramente lapérdida o la lesión causada”. Aplicable a los conflictos armados internos.40Según los Principios y directrices básicos (op. cit., nota 34) el alcance de la obligación de los Estados conlleva eldeber de (Principio II.3) adoptar las disposiciones legislativas para impedir las violaciones, investigar y adoptar medidascontra las presuntas personas responsables, proporcionar a las víctimas un acceso equitativo y efectivo a la justicia, yotros recursos eficaces, incluida la reparación.41Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, op. cit., nota 18, artículo 27.42Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de julio de 1998, artículo 29; Convenio para la Protección deTodas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, op. cit., nota 18, artículo 8.1.b; Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos, op. cit., nota 18, artículo 15.2; Convenio Europeo de Derechos Humanos, op. cit., nota 38, artículo7.2. 16.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 2013163. LACONCURRENCIA DE JURISDICCIONES EN ELEJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL:ARGENTINAJUZGALOS CRÍMENES DE LAGUERRACIVIL Y EL FRANQUISMODesde hace algunos años los tribunales de Argentina ejercen la jurisdicción universal por querellassobre actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, incluyendo los cometidos durante la GuerraCivil y el franquismo43. En este último proceso la justicia argentina ha dirigido a España dos exhortospara saber si el Estado está investigando estos hechos y solicitando su colaboración. España, a travésde la Fiscalía General del Estado, ha afirmado que se están investigando los crímenes referidos y quetiene jurisdicción preferente para hacerlo respecto a Argentina.Amnistía Internacional ha concluido que estas afirmaciones no se ajustan a la realidad ni de hecho nide derecho ya que, como se explicó en el capítulo anterior, no se están investigando en España estoshechos. Además, la organización recuerda que, tratándose de crímenes de derecho internacional, losEstados tienen jurisdicción concurrente, por lo que ningún Estado tiene preferencia para enjuiciarcrímenes que son de la competencia de todos los Estados.3.1. EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL POR ARGENTINA: EVOLUCIÓN DE LA QUERELLAEl 14 de abril de 2010 se interpuso ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº1 de Buenos Aires, a cargo de la Jueza María Romilda Servini de Cubría, una querella por “genocidioy/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de1977”.El 14 de octubre de 2010 la Jueza envió un primer exhorto a las autoridades españolas para que leinformaran si en España se ha estado investigando “la existencia de un plan sistemático, generalizado,deliberado y planificado” en aquel período “para aterrorizar españoles partidarios de la formarepresentativa de gobierno a través de su eliminación física, y de uno que propició la desapariciónlegalizada de menores de edad con pérdida de identidad” entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de juniode 1977.La Fiscalía General del Estado, en su respuesta de 6 de mayo de 2011, realizó afirmaciones en elsentido de que se estaban investigando numerosos procedimientos judiciales relativos a la desaparición43Ver el caso Luo Gan S/Archivo (Nº 17.885/2005 de primera instancia). La Corte de Casación Penal decidió, el 17 deabril de 2013 en un caso de jurisdicción universal, anular la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelacionesen lo Criminal y Correccional Federal de no investigar acusaciones de tortura sistemática a miembros de Falun Gong. LaCorte de Casación Penal consideró que la violación del principio ne bis in idem no había sido adecuadamente acreditada,y ordenó al juez de primera instancia la reapertura de la investigación. 17.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201317de menores y a los casos derivados de la inhibición de la Audiencia Nacional por los juzgadosterritorialmente competentes44.Amnistía Internacional denunció en su informe Casos cerrados, heridas abiertas, de mayo de 2012, quela respuesta de la Fiscalía no se ajustaba a la realidad porque en España no se están investigando loscrímenes referidos. De hecho, lo que reveló este estudio fue que la respuesta dada por los juecesespañoles a los casos derivados de la inhibición de la Audiencia Nacional ha sido el archivogeneralizado de las investigaciones45.El 13 de diciembre de 2011, la jueza Servini de Cubría remitió a España un segundo exhorto (que secomentará en detalle más adelante) solicitando al Gobierno español que “arbitre los medios necesarios”para que se recabe de los organismos competentes información sobre la identificación de altos cargosdel Estado durante la Guerra Civil y el franquismo, sobre las víctimas de graves violaciones de derechoshumanos, incluidos los niños y niñas desaparecidos, sobre las fosas comunes halladas y sobre lasempresas que se beneficiaron de trabajo forzado y esclavo de presos. La Fiscalía General del Estado, ensu respuesta de 27 de marzo de 2012, declaró, de forma similar al informe anterior, que en Españacontinúan investigándose los casos derivados de la inhibición, y solicitó a Argentina la remisión de lasactuaciones a España, en virtud de lo que considera la competencia preferente de las autoridadesespañolas46. Estos argumentos han sido reafirmados con posterioridad por la Fiscalía en otrascomunicaciones oficiales47.La Fiscalía General del Estado, sin embargo, no ha remitido la información que le ha sido requerida porlas autoridades judiciales argentinas.Asimismo, los querellantes han solicitado a la jueza argentina la audiencia indagatoria de nueve altosresponsables del régimen franquista. A tal fin, pidieron que se dictasen órdenes de detención yextradición a Argentina, en aplicación del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penalentre España y Argentina, de 3 de marzo de 198748.44La Fiscalía General del Estado recibió, el 27 de enero de 2011, varias denuncias que daban cuenta de la existencia deuna red de compraventa de recién nacidos. La Fiscalía ha estimado favorable investigar y, en base a ello, publicó laCircular 2/2012 para unificar los criterios jurídicos respecto los procedimientos de sustracción de menores reciénnacidos.45Amnistía Internacional, Casos cerrados, heridas abiertas, op. cit., nota 2, páginas 9-11.46La Fiscalía General del Estado, en su respuesta de 27 de marzo de 2012 al segundo exhorto de Argentina, afirma quecontinúan en España investigaciones concretas sobre los hechos derivados de la inhibición de la Audiencia Nacional, yseñala que 22 de esas diligencias han sido archivadas por fallecimiento de los presuntos autores. Esta información escuestionada por Amnistía Internacional (ver Anexo III).47La Fiscalía General del Estado, por escrito de 18 de febrero de 2013 dirigido al diputado D. Gaspar Llamazares Trigo,en respuesta a una la solicitud de cooperación con la justicia argentina afirma que el principio de jurisdicción universaltiene diversas restricciones como “el establecimiento de la territorialidad como jurisdicción prevalente, teniendo caráctersubsidiario el de la jurisdicción de otro Estado cuando el preferente no esté dispuesto o no pueda enjuiciar los hechos”.La Fiscalía afirma que se han tramitado en España diversas investigaciones sobre otros hechos concretos –muertes ydetenciones ilegales– de los casos derivados de la inhibición de la Audiencia Nacional que han sido archivados porprescripción o por fallecimiento de los presuntos autores tras ser investigados.48El 21 de marzo de 2013, los querellantes solicitaron la audiencia indagatoria de Rodolfo Martín Villa (Ministro deRelaciones Sindicales 1975-1976, se le imputa responsabilidad en los sucesos de Vitoria el 3 de marzo de 1976, en losque se cometieron cinco asesinatos y resultaron heridos más de 100 personas; José Utrera Molina (Ministro Secretario 18.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201318Dicho tratado establece que las partes se comprometen a entregarse recíprocamente a las personasrequeridas por la otra parte, incluidos los delitos de los convenios multilaterales de los que ambos seanparte (artículo 3); que no se considerarán delitos políticos los crímenes de guerra ni los que se cometancontra la paz y seguridad de la humanidad (artículo 5.1.c); que si la parte requerida no accediera a laextradición deberá, a instancias de la parte requirente, someter el asunto a sus autoridades judiciales(artículo 7.2) y que, cuando sean competentes los tribunales de la parte requerida, podrá accederse ala extradición si la parte requerida hubiese decidido no iniciar un proceso o ponerle fin (artículo 11.A).Por otra parte, las primeras declaraciones testimoniales de víctimas ante la jueza argentina, previstas através de videconferencia desde el Consulado argentino en Madrid los días 8, 9 y 10 de mayo de 2013,no pudieron realizarse. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español emitió emitido unanota verbal al embajador de Argentina en España, mostrando su rechazo a la toma de declaración de lasvíctimas por considerar que la forma de llevar a cabo dichas diligencias no respetaba el mencionadoTratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal (haciendo mención particular a losartículos 30 y 41)49.Amnistía Internacional entiende que la suspensión de las declaraciones testimoniales supone un nuevorevés para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en su búsqueda de la verdad, justicia yreparación. La organización considera que España interpone así un nuevo obstáculo para terminar conla impunidad de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, y que el Estado debe colaborar y noobstaculizar la acción de la justicia argentina a la hora de garantizar los derechos a la verdad, justicia yreparación de las víctimas.Es de señalar que una cooperación judicial plena, según los estándares internacionales, implica que los“Estados se prestarán todo el auxilio posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal”,“inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder”50. “LosEstados cooperarán mutuamente en la compilación de informaciones y documentos relativos a lainvestigación a fin de facilitar el enjuiciamiento”, “se prestarán mutua ayuda a los efectos de laidentificación, detención y enjuiciamiento de los presuntos autores de tales crímenes”51, y “cuando asíGeneral del Movimiento y Vicepresidente del Consejo Nacional del Movimiento 1974-1975), se le imputaresponsabilidad por la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich, ejecutado el 2 de marzo de 1974;Fernando Suárez González (Vicepresidente tercero y Ministro de Trabajo en 1975), se le imputa haber firmado lacondena de muerte de las cinco últimas ejecuciones del franquismo ocurridas el 27 septiembre de 1975; Rafael GómezChaparro Aguado (Juez de Instrucción del Tribunal de Orden Público, 1972-1977), se le acusa de presidir juicios farsa,en los que desoyó las denuncias de malos tratos a manos de la policía y ordenó el encarcelamiento de los demandantes;Jesús Cejas Mohedano, se le imputan, en tanto que vocal auditor del Consejo de Guerra de septiembre de 1975, cuatrocondenas a muerte; José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño (miembro de la Brigada Político Social –policíadel régimen franquista–), se le imputan torturas y malos tratos. José Ignacio Giralte González (miembro de la BrigadaPolítico Social), se le imputan torturas y malos tratos; Celso Galván Abascal (miembro de la Brigada Político Social) se leimputan torturas y malos tratos; Jesús Muñecas Aguilar (guardia civil; participó en el Golpe de Estado del 23-F), se leimputan torturas.49Nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de 8 de mayo de 2013 dirigida a la Embajada deArgentina en Madrid.50Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, op. cit., nota 20, artículo 9;Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, op. cit., nota 20,artículo 14.51Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables decrímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, Resolución 3074 (XXXVIII) de la Asamblea General, de 3 dediciembre de 1973. 19.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201319lo disponga un tratado aplicable o lo exija otra obligación jurídica internacional, los Estados deberánfacilitar la extradición o entrega de los culpables a otros Estados”52.Amnistía Internacional ya identificó y denunció en su informe Casos cerrados, heridas abiertas unpatrón que lamentablemente se sigue repitiendo. España no coopera debidamente en este proceso, apesar de que su deber es colaborar plenamente y de buena fe con las peticiones de asistencia judicialinternacional cursadas por la autoridad judicial argentina para el esclarecimiento de estos crímenes.3.2. OBSTÁCULOS Y EQUIVOCACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO EN SUSAFIRMACIONES RELATIVAS A LA INVESTIGACIÓN POR ESPAÑA Y A LA LLAMADA “PREFERENCIA”DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLAEn la respuesta al segundo exhorto librado por las autoridades judiciales argentinas, la Fiscalía Generaldel Estado con fecha 27 de marzo de 2012 afirma que España está investigando hechos relativos a laGuerra Civil y el franquismo, y que tiene jurisdicción preferente sobre las autoridades argentinas para lainvestigación de los hechos, por lo que pide la remisión de las actuaciones53.A continuación, Amnistía Internacional expone por qué considera que estas afirmaciones son erróneas.A) ESPAÑA CONTINÚA SIN INVESTIGAR LOS CRÍMENES DE LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMOEN BASE A ARGUMENTOS CONTRARIOS AL DERECHO INTERNACIONALLa Fiscalía General del Estado afirma que en España se están sustanciando procesos sobre muertes,detenciones ilegales y otros hechos remitidos a los juzgados territorialmente competentes después de lainhibición de la Audiencia Nacional. No obstante, la Fiscalía reconoce que 22 de esas diligencias ya hansido archivadas por el fallecimiento de los presuntos autores.Amnistía Internacional observa que la Fiscalía se equivoca. Por un lado, como se ha expuesto, en Españano se están investigando los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo; por otro lado, los archivos de loscasos a los que se refiere la Fiscalía no se basan exclusivamente en el fallecimiento de los presuntosautores.En primer lugar, la organización ha demostrado en su informe Casos cerrados, heridas abiertas, posterioral escrito de la Fiscalía, que de los 21 casos a los que tuvo acceso del total de 47 resultantes de lainhibición de la Audiencia Nacional, 17 se archivaron de plano y, por tanto, sin que los jueces ordenaranninguna diligencia de investigación. Únicamente en dos casos se practicaron diligencias para larecuperación de los restos, siendo a continuación archivados, y en cuatro casos se suspendieron lasactuaciones hasta la resolución de una cuestión de competencia por el Tribunal Supremo, cuya decisióntampoco permite la investigación54.Por tanto, se pone de manifiesto que la realidad que existía en España cuando la Fiscalía respondió a lasegunda petición de cooperación de Argentina era la del archivo continuado de plano por los juecesespañoles, sin que la Fiscalía haya demostrado la existencia de investigaciones concretas abiertas.52Principios y directrices básicos, op. cit., nota 35, Principio III.5.53Fiscalía General del Estado, Unidad de Cooperación Internacional, informe de 27 de marzo de 2012.54Amnistía Internacional, Casos cerrados, heridas abiertas, op. cit., nota 2, páginas 9-11. 20.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201320En este sentido, Amnistía Internacional quiere llamar la atención de que la Fiscalía no informó a lasautoridades judiciales argentinas de la trascendental sentencia del Tribunal Supremo de 27 febrero de2012 por la que la más alta autoridad judicial de interpretación de la ley en España se pronunciacontraria a que los jueces españoles investiguen esos crímenes. Adviértase que la respuesta de la Fiscalíase produjo exactamente un mes después de esta sentencia.En segundo lugar, la Fiscalía solo mencionó el fallecimiento de los presuntos autores como causa de losarchivos. Sin embargo, Amnistía Internacional ha constatado que los jueces declaran inadmisibles lasdenuncias por distintos argumentos, que en absoluto se limitan al fallecimiento. Entre ellos, por ejemplo,la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, la prescripción del delito, el principio de irretroactividad dela ley penal y la Ley de Memoria Histórica55.Asimismo, como se expone en este informe (apartado 2.1), los casos archivados con posterioridad a lospronunciamientos del Tribunal Supremo de febrero y marzo de 2012 revelan que en España no se estáinvestigando. Los archivos se producen de plano. Por tanto, sin diligencias de investigación. Y los juecesmotivan sus decisiones en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y se refieren a alguno o a varios de susargumentos para decretar el archivo.Para que pueda conocerse de forma efectiva el estado de las actuaciones judiciales en España y losargumentos en que se basan las decisiones judiciales, Amnistía Internacional recomienda al poderjudicial la centralización de la información de todos los casos relativos a la Guerra Civil y el franquismosobre los que conocen los jueces españoles. Las víctimas y de la sociedad tienen derecho a acceder a lainformación, y, para ello, los Estados han de arbitrar los medios que permitan conocer los derechos yrecursos que se tratan56.La centralización de la información también es necesaria para realizar una investigación global yexhaustiva de los crímenes de derecho internacional todavía pendiente en España, y para unacooperación judicial internacional transparente y eficaz con las autoridades argentinas respecto a lainvestigación de estos crímenes bajo el principio de jurisdicción universal.B) EN LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL PRIMA LA CONCURRENCIA DE JURISDICCIONES, NO LAPREFERENCIA O PRIORIDAD COMO SOSTIENE LA FISCALÍAAmnistía Internacional recuerda que, contrariamente a la jurisdicción territorial o extraterritorial –basadaen algún vínculo previo con el Estado como la nacionalidad de la víctima, la nacionalidad del sospechosoo el daño a los intereses nacionales– en la jurisdicción universal, es la gravedad del crimen la quedetermina el tipo de competencia.Así, en el caso Eichmann, el Tribunal Supremo de Israel declaró que es el carácter particularmenteuniversal de estos crímenes –genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad– lo queconfiere a cada Estado la autoridad de juzgar y castigar a cualquiera que haya participado en sucomisión, y que el Estado que ejerce la jurisdicción universal actúa como guardián del derechointernacional y agente que posibilita su aplicación57.55El Anexo II contiene una relación detallada de los argumentos utilizados por los jueces españoles para decretar elsobreseimiento de la mayoría de los casos derivados de la inhibición de la Audiencia Nacional.56Principios y directrices básicos, op. cit., nota 34, Principio X. 24.57Attorney-General of the Government of Israel v. Eichmann (Israel Sup. Ct. 1962), Int’l L. Rep., Vol. 36, pagina 304, 21.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201321Por tanto, como sostiene la Comisión de Derecho Internacional, la ausencia de relación con los hechos eslo que caracteriza al principio de jurisdicción universal, que puede definirse como “la capacidad delfiscal o del juez investigador de cualquier Estado para investigar o ejercitar la acción penal contrapersonas por delitos cometidos fuera del territorio del Estado que no están vinculados con ese Estado porla nacionalidad del sospechoso o de la víctima o por un daño cometido contra los propios interesesnacionales del Estado”58.En consecuencia, la potestad de todos los Estados de ejercitar la jurisdicción universal sobre loscrímenes de derecho internacional determina que no existan, como erróneamente afirma la Fiscalía,jerarquías de jurisdicción preferente o subsidiaria.Haciendo una interpretación libre del derecho internacional, la Fiscalía General del Estado sostiene quela jurisdicción universal está sometida a ciertas restricciones, entre ellas que “se requiere elestablecimiento de criterios rectores de la prelación de jurisdicciones competentes” que “se concreta enel establecimiento de la territorialidad como jurisdicción prevalente, teniendo carácter subsidiario el de lajurisdicción de otro Estado cuando el preferente no esté dispuesto o no pueda enjuiciar los hechos”. LaFiscalía basa estos argumentos en el artículo 6 del Convenio para la Prevención y Sanción del Delito deGenocidio, y en el artículo 17.1 del Estatuto de Roma59.Amnistía Internacional considera que la Fiscalía realiza una interpretación equivocada del principio dejurisdicción universal que impone límites innecesarios a la investigación de los crímenes de derechointernacional, no previstos ni en los tratados ni en la costumbre internacional.Cuestionamiento de la interpretación hecha por la Fiscalía del artículo 6 de la Convención para laPrevención y la Sanción del Delito de Genocidio.“Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III,serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante lacorte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayanreconocido su jurisdicción”60.1968 (English translation). Ver informe de Amnistía Internacional, Eichmann Supreme Court Judgment: 50 years on, itssignificance today, junio de 2012, página 6.58Comisión de Derecho Internacional, 58º período de sesiones, Informe Preliminar sobre la obligación de juzgar oextraditar (“aut dedere aut judicare”), A/CN.4/571, 7 de junio de 2006, para 19. La Comisión de Derecho Internacionalse refiere a la definición de jurisdicción universal dada por Amnistía Internacional en Universal Jurisdiction: The Duty ofStates to enact and implement legislation, septiembre de 2001, introducción, página 2.59La Fiscalía General del Estado, escrito de 18 de febrero de 2013, op. cit., nota 47. La Fiscalía declara “(…) Alrespecto de la norma internacionalmente aceptada en numerosas convenciones se concreta en el establecimiento de laterritorialidad como jurisdicción prevalente, teniendo carácter subsidiario el de la jurisdicción de otro Estado cuando elpreferente no esté dispuesto o no pueda enjuiciar los hechos (v. art. 6 Convención para la Prevención y la Sanción delDelito de Genocidio; art. 17.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional hecho en Roma el 17 de julio de1998”.60Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, AGNU; Resolución 260 A (III), de 9 de diciembrede 1948, artículo 6. 22.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201322En primer lugar, el artículo 6 de la Convención sobre Genocidio declara competentes para juzgar a laspersonas acusadas de tal crimen a los tribunales del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o aun tribunal penal internacional. Este artículo, sin embargo, no limita el derecho de otros Estados alejercicio de la jurisdicción universal.Adviértase que la Corte Internacional de Justicia en el Caso relativo a la Aplicación de la Convención parala Prevención y Sanción del Delito de Genocidio sostuvo que: "[D]ebe seguirse que los derechos yobligaciones consagrados por la Convención son derechos y obligaciones erga omnes. La Corte advierteque la obligación de cada Estado de impedir y castigar el crimen de genocidio no está limitadaterritorialmente por la Convención”61.En el caso Jorgic contra Alemania, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró, mencionando losprecedentes de España y de Alemania, que el artículo 6 de la Convención sobre Genocidio, aunque noprevé el principio de jurisdicción universal, no debe interpretarse como un obstáculo a la jurisdicciónuniversal concurrente de los Estados, observando que:“[…] Sin embargo, conforme a lo establecido en el artículo I de la Convención contra el Genocidio, laspartes contratantes estaban obligadas erga omnes a prevenir y castigar el genocidio, prohibición queforma parte del jus cogens.Ante esto, debe considerarse fundado (y, de hecho, convincente) el razonamiento de los tribunalesnacionales de que el propósito de la Convención contra el Genocidio, según se expresa en particular enese artículo, no excluye la jurisdicción para el castigo del genocidio por parte de Estados cuyas leyesestablecen la extraterritorialidad a este respecto”.“El Tribunal observa en este sentido que la interpretación de los tribunales alemanes con respecto alartículo VI de la Convención contra el Genocidio a la luz del artículo I de esa Convención y sudeterminación de la jurisdicción para juzgar al demandante por cargos de genocidio están ampliamentecorroboradas por las disposiciones legales y la jurisprudencia de otros muchos Estados Contratantes delConvenio (Europeo de Derechos Humanos) y por el Estatuto y la jurisprudencia del Tribunal PenalInternacional para la ex Yugoslavia. El Tribunal observa, en particular, que la Audiencia Nacionalespañola ha interpretado el artículo VI de la Convención contra el Genocidio exactamente del mismomodo que los tribunales alemanes […]62.En consecuencia, la Fiscalía General del Estado se equivoca al negar la existencia de la concurrencia enel ejercicio de la jurisdicción universal. Asimismo, la Fiscalía se contradice pues, como señala el TribunalEuropeo, esta interpretación ha prevalecido en los tribunales españoles para la investigación de crímenesde derecho internacional en aplicación del principio de jurisdicción universal.61T.I.J, Caso relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, BosniaHerzegovina vs. Yugoslavia, Objeciones Preliminares, sentencia de 11 de julio de 1996, párr. 31.62TEDH, Jorgic contra Alemania, sentencia de 12 de julio de 2007, párr. 68 y 69 (subrayado de Amnistía Internacional). 23.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201323Cuestionamiento de la interpretación hecha por la Fiscalía del artículo 17.1 del Estatuto de Roma63En segundo lugar, el Estatuto de Roma consagra las fuentes jurisdiccionales de la Corte PenalInternacional y no de los Estados.La organización considera que la Fiscalía General del Estado, para justificar una supuesta preferencia dela jurisdicción española, hace una interpretación equivocada del Estatuto de Roma, pues deduce de lajurisdicción complementaria de la Corte64, que también los Estados tengan jurisdicción complementaria osubsidiaria respecto del Estado territorial. En este caso, jurisdicción subsidiaria de Argentina respecto deEspaña.Sin embargo, el Estatuto de Roma en ningún modo puede interpretarse, como hace la Fiscalía,imponiendo límites a la jurisdicción universal de los Estados. Al contrario, téngase presente que elPreámbulo del Estatuto dice: “Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penalcontra los responsables de crímenes internacionales” (párr. 6°), sin que se advierta en tal expresiónlímites a la competencia de los Estados por razón de ‘su territorio’ o ‘de sus nacionales’, etc. Se sigue,que la competencia complementaria de la Corte en nada afecta al principio de jurisdicción universal delos Estados respecto a los crímenes tipificados en el Estatuto.Por las razones expuestas, Amnistía Internacional considera infundado el criterio de la Fiscalía Generaldel Estado y sostiene que el principio de jurisdicción universal autoriza a todos los Estados sin distincióna ejercer su competencia respecto a los crímenes de derecho internacional, sin ser alegables criterios depreferencia y subsidiariedad.63Estatuto de Roma, op. cit., nota 42, artículo 17. Cuestiones de admisibilidad:1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, (complementariedad de la Corte respectode los Estados) resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo queéste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;b) El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido noincoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto allevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no puedaadelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20;d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte.64Ibid, Preámbulo: “Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto serácomplementaria de las jurisdicciones penales nacionales”; artículo 1. “Se instituye por el presente una Corte PenalInternacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobrepersonas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto ytendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Cortese regirán por las disposiciones del presente Estatuto”. 24.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201324C) EL DERECHO INTERNACIONAL RECONOCE LA COMPETENCIA SIMULTÁNEA DE LOS ESTADOS ENCASOS DE JURISDICCIÓN UNIVERSALLa concurrencia de jurisdicciones en el ejercicio de jurisdicción universal es un principio reconocido porlos tratados y por la jurisprudencia internacional.El artículo 1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional declara que la Corte “tendrá caráctercomplementario de las jurisdicciones penales nacionales”. Estas, por tanto, pueden ejercer la jurisdicciónuniversal de forma simultánea y prioritaria respecto a la Corte.El Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia prevé expresamente en su artículo 9.1la competencia concurrente del Tribunal Internacional y de las jurisdicciones nacionales65, criterioconfirmado por el artículo 8.1 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda66.El Informe Goldstone de 2009 sobre la situación de los derechos humanos en Palestina y otros territoriosárabes ocupados ha señalado que: “(…) el ejercicio de la jurisdicción penal sobre la base del principiouniversal concierne crímenes especialmente graves con independencia del lugar de su comisión, de lanacionalidad del perpetrador o de la nacionalidad de la víctima. Esta forma de jurisdicción esconcurrente con otras basadas en principios más tradicionales de territorialidad, nacionalidad activa ypasiva, y no es subsidiaria a ellos”67.Según el Consejo de la Unión Europea: “El derecho internacional positivo no reconoce jerarquías entrelas distintas bases de jurisdicción permitidas. Dicho de otro modo, un Estado que posee jurisdicciónuniversal sobre, por ejemplo, crímenes contra la humanidad, no tiene ninguna obligación legal positiva deacordar prioridad respecto al procesamiento ni al Estado en cuyo territorio se cometieron los hechoscriminales ni al Estado de la nacionalidad del autor o de las víctimas”68.Asimismo, la Convención contra la Tortura o la Convención sobre Desapariciones Forzadas, al reconocerla jurisdicción universal –deducida de la obligación del Estado de juzgar o extraditar a los sospechososque se encuentran en su territorio– establecen que “la presente Convención no excluye ningunajurisdicción penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales”. Por tanto, los Estados puedenejercer la jurisdicción universal según su legislación nacional, sin perjuicio de que lo hagan otros Estadosa la vez69.65Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia, Resolución 827 del Consejo de Seguridad de 25 demayo de 1993, artículo 9.1. La jurisdicción concurrente del Tribunal y los Estados es sin perjuicio de que el Tribunaldecida ejercer en cualquier momento su jurisdicción prioritaria.66Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad, de 8 denoviembre de 1994, artículo 8.1: “El Tribunal Internacional para Ruanda y los tribunales nacionales tendrán jurisdicciónconcurrente para enjuiciar a las personas que hayan cometido violaciones graves del derecho internacional humanitarioen el territorio de Ruanda y a ciudadanos de Ruanda por violaciones de esa naturaleza cometidas en el territorio deEstados vecinos entre el 1º de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 1994” (subrayado de Amnistía Internacional).67Consejo de Derechos Humanos, 12º sesión, Situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabesocupados, Informe de la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Conflicto de Gaza, A/HRC/12/48, 25 deseptiembre de 2009, párr.1849 (traducción de Amnistía Internacional).68Consejo de la Unión Europea, The AU-EU Expert Report on the Principle of Universal Jurisdiction, Doc. 8672/1/09REV. 1, 16 de abril de 2009, anexo, párrafo 14 (traducción de Amnistía Internacional).69Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, op. cit., nota 18, artículo 5.3; 25.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201325Amnistía Internacional observa que, en el pasado, España ha reconocido el principio de concurrencia alaplicar la jurisdicción universal. Según el Tribunal Constitucional “el fundamento último de esta normaatributiva de competencia radica en la universalización de la competencia jurisdiccional de los Estados ysus órganos para el conocimiento de ciertos hechos sobre cuya persecución y enjuiciamiento tieneninterés todos los Estados, de forma que su lógica consecuencia es la concurrencia de competencias, odicho de otro modo, la concurrencia de Estados competentes”70. Asimismo, pronunciándose sobre elderecho a la tutela judicial efectiva, el Tribunal Constitucional ha señalado que “el principio desubsidiariedad, parece no ser prima facie coincidente con el principio de concurrencia, que este Tribunalha considerado preferente”71.A mayor abundamiento, resulta indiferente si otros Estados se encuentran investigando simultáneamentelos mismos crímenes desde el punto de vista del principio ne bis in idem, es decir, la prohibición deprocesar más de una vez por el mismo delito72. Según el Tribunal Penal Internacional para laexYugoslavia, la disposición ne bis in idem se aplica solamente a aquellos casos en los que el acusado yaha sido juzgado73. Es decir, su invocación requiere dos condiciones: una sentencia condenatoria oabsolutoria y su carácter firme.Por todo lo expuesto, Amnistía Internacional considera que España debe reconocer que el ejercicio de lajurisdicción universal por Argentina o de otros países que fueran a ejercerla es conforme a derechointernacional, que no está subordinado a la jurisdicción de otro Estado y que existe en España o en otrospaíses con independencia de que haya investigaciones simultáneas.Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, op. cit. nota 18,artículo 9.3.70Tribunal Constitucional, Sala Primera, STC 87/2000, de 27 de marzo de 2000, Fundamento Jurídico Cuarto a).71Tribunal Constitucional, Sala Segunda, STC 237/2005, de 26 de septiembre de 2005. Fundamento Jurídico Tercero.72Amnistía Internacional, Manual de Juicios Justos, 1998, Índice AI: POL 30/02/98/s, página 102. El principio ne bis inidem significa que “Nadie puede ser procesado o castigado de nuevo por la misma jurisdicción de un mismo país a causade una infracción penal por la que ya haya sido absuelto o condenado en virtud de sentencia firme”.73Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia, Sala de Primera Instancia, el Fiscal contra Dusko Tadic, Caso No.IT-94-1-T, 14 de noviembre de 1995, para.20 (disponible en inglés en:http://www.icty.org/x/cases/tadic/tdec/en/951114.pdf). 26.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 2013264. CONCLUSIONESLa ausencia de investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo constituye unincumplimiento por parte de España de sus obligaciones de poner fin a la impunidad y de garantizar a lasvíctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, en el caso de crímenes de derechointernacional.Amnistía Internacional observa que las múltiples acciones de los distintos poderes del Estado español seencaminan a evitar la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.El Poder Judicial deniega investigar y archiva sistemáticamente las denuncias de las víctimas. La Fiscalíano colabora con las peticiones de auxilio judicial internacional de Argentina al no transmitir lainformación solicitada; afirma, sin ser cierto, que España está investigando, e invoca tener jurisdicciónpreferente para hacerlo. El Gobierno ha obstaculizado que las víctimas presten declaración, poniendo asítrabas a que otros países investiguen crímenes de derecho internacional. Y el Poder Legislativo, reacio aratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de LesaHumanidad, ha confirmado la vigencia de la Ley de Amnistía74.Se advierte, por tanto, que todos los poderes del Estado español han tomado medidas que parecenbuscar garantizar la impunidad de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la GuerraCivil y el franquismo.La jurisprudencia del Tribunal Supremo español que declara que no corresponde a los jueces españolesinvestigar los crímenes cometidos en España, se basa en argumentos contrarios al derecho internacional.Esta jurisprudencia ha tenido por efecto cerrar las vías a la investigación en España. Los juecescontinúan archivando casos y ahora lo hacen refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal Supremo,tribunal superior en todos los órdenes, excepto en materia de garantías y derechos constitucionales.Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha inadmitido todas las denuncias presentadashasta el momento contra el Estado español invocando, entre otros argumentos, el retraso indebido de lasvíctimas en la interposición de la demanda. De este modo se traslada la obligación de debida diligenciadel Estado, que es a quien le corresponde investigar, a las víctimas, que continúan privadas del derechoa un recurso efectivo por España.Argentina continúa conociendo la querella interpuesta en 2010 por víctimas, familiares y asociacionesmemorialistas de ambos países por crímenes cometidos en España entre 1936 y 1977. Desde España,sin embargo, no se está colaborando de forma adecuada con la justicia argentina. La Fiscalía no solomantiene que continúan investigándose los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, sino que invocauna supuesta preferencia para juzgarlos.74Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno y Diputación Permanente, IX Legislatura, Núm. 264, de 19de julio de 2011. http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_264.PDFRechazo por mayoría absoluta de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto para modificar la Ley de Amnistía(ver la propuesta de modificación en la página 11 y siguientes, y el resultado de la votación, página 37). 27.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 201327Amnistía Internacional sostiene que estas afirmaciones no son ciertas. Por un lado, se ha demostrado quelos jueces españoles desestiman reiteradamente las demandas de investigación de estos hechos,siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por otro lado, el derecho internacional faculta a losEstados a invocar el principio de jurisdicción universal, sin restricciones basadas en el territorio, lanacionalidad o los intereses nacionales. Por tanto, ningún Estado tiene jurisdicción preferente, y todos losEstados están llamados a actuar de forma concurrente contra la impunidad.España tiene la obligación internacional de poner fin a la impunidad de los crímenes de la Guerra Civil yel franquismo. Para ello, debe investigar estos crímenes y debe cooperar plenamente con Argentina uotros Estados para su enjuiciamiento. Todo ello con independencia de que España decida iniciarinvestigaciones; una obligación hasta el momento insatisfecha.La lucha contra la impunidad en España es una obligación de alcance universal, pues tal y comorecuerda el Preámbulo del Estatuto de Roma “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penalcontra los responsables de crímenes internacionales”. 28.
El tiempo pasa, la impunidad permaneceLa jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en EspañaAmnistía Internacional – Junio de 2013285. RECOMENDACIONESAmnistía Internacional concluye que en España persisten numerosos obstáculos que impiden lainvestigación de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacionalhumanitario cometidas en el pasado y, en base a ello, formula las siguientes recomendaciones:El Gobierno español debería:• No obstaculizar y colaborar plenamente en cualquier procedimiento penal con los tribunalesextranjeros que, en virtud del principio de jurisdicción universal, conozcan sobre los crímenes dederecho internacional cometidos en España, con independencia de que estos crímenes seinvestiguen por las autoridades españolas.• Iniciar el proceso de accesión, sin reservas o sin declaraciones interpretativas que pudieranconstituir reservas, a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y delos Crímenes de Lesa Humanidad de Naciones Unidas.• Adoptar medidas inmediatas para aplicar plenamente las recomendaciones de los órganosinternacionales en relación a la Ley de Amnistía y a la imprescriptibilidad de los crímenes dederecho internacional, incluidas las del Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, elGrupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura75.El Parlamento español debería:• Dar su autorización con prontitud para la accesión de la Convención sobre la Imprescriptibilidadde los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de Naciones Unidas.75El Comité de Derechos Humanos ha recomendado a España derogar la Ley de Amnistía, tomar las medidas legislativasnecesarias para garantizar la no aplicación por los jueces nacionales de la prescripción o del principio de legalidad a loscrímenes de lesa humanidad, y el establecimiento de una comisión de expertos independiente para restablecer la verdad(Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales, España UN. Doc. CCPR/C/ESP/CO/5 (2009), 5 de enero de2009, párr. 9).El Consejo de Europa ha urgido al Gobierno a crear una comisión que investigue las violaciones de derechos humanoscometidas durante el franquismo y a presentar dicho informe al Consejo de Europa (Asamblea Parlamentaria del Consejode Europa, Recomendación 1736 (2006), de 17 de marzo de 2006, de Condena a la dictadura franquista. Doc. 10737,Recomendación 8.2.1). Ha de tenerse en cuenta que el Consejo de Europa, en la Resolución 828 (1984) sobredesapariciones forzadas, declara expresamente que estas no deben ser objeto de amnistía (párr. 13 a).El Comité contra la Tortura ha recomendado a España asegurar que los actos de tortura, que también incluyen lasdesapariciones forzadas, no sean sometidos a amnistía; esclarecer de la suerte de los desaparecidos, no limitado por elprincipio de legalidad ni por la prescripción, y reparar a las víctimas (Comité contra la Tortura, Observaciones Finales,CAT/C/ESP/CO/5, de 19 de noviembre de 2009, párr. 21).El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias ha recordado al Gobierno su obligación de realizarinvestigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de las personas desaparecidas (Consejode Derechos Humanos, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, A/HRC/13/31,de 21 de diciembre de 2009, párr. 502). Recommended
Ley de Amnistía de 1977 eluque
La ley española 46 1977, de amnistía, más citada que leída, no tiene por objeto……

References: artículo 29
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 artículo 17
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 artículo 20
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 artículo 9
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