Source: http://fernando-munoz.blogspot.com/2014/05/
Timestamp: 2017-04-23 07:57:54+00:00

Document:
Constitucionalismo Democrático: mayo 2014
Roxana Miranda escogió un lugar altamente simbólico para protestar: un seminario sobre transparencia, organizado por el Poder Judicial.
Fue simbólico por tres razones. La primera, porque irrumpió a través de los mecanismos disruptivos de la protesta, que siempre es violenta, un ejercicio de reflexión, la cual requiere de un contexto de orden y tranquilidad. Esta antinomia o contradicción no es en sí misma negativa. Emitir tal juicio requiere sopesar la inmediatez o urgencia de la demanda. Es importante tener en cuenta esto, pues el derecho a la protesta adquiere relevancia en la medida en que conlleva una interrupción ritual de nuestra cotidianeidad. Nadie nunca ha protestado a través del silencio y la inacción.
La segunda, porque hizo más público, y en un cierto sentido más transparente, una actividad que, debido a su carácter reflexivo, estaba llamada a pasar desapercibida por la opinión pública. ¿Logrará la protesta de Miranda modificar las prácticas de organismos como el Poder Judicial, y hacer más difícil el conocer la agenda del Poder Judicial, saber sobre sus actividades, acceder a las mismas? ¿Irá esta protesta a inducir menos transparencia en este y otros organismos públicos? La transparencia tiene costos negativos desde la perspectiva del sujeto cuya actividad se vuelve de conocimiento público. Eso no es novedad. Por lo tanto, que de vez en cuando alguien deba pagar esos costos (incluso si el día de mañana ese alguien sea uno mismo) no puede ser argumento contra la transparencia.
La tercera, porque los destinatarios directos e inmediatos de su protesta fueron jueces, un grupo que, de acuerdo a los mitos de nuestra cultura jurídica, son esencialmente pasivos, meros aplicadores de las decisiones de otros. Al protestar frente a jueces, Roxana Miranda performativamente les pide a ellos que intervengan (nadie nunca ha protestado tampoco frente a estatuas, muertos, u otros seres que no puedan actuar como respuesta a la protesta). Esta elección de los jueces como auditorio de una protesta es interesante en momentos en que el Presidente de la Corte Suprema pareciera estar haciendo un esfuerzo deliberado por acabar con el mito de la pasividad judicial. Ejemplo de ello fue su discurso de Inauguración del Año Judicial, donde dijo que el Poder Judicial se debe involucrar en "impedir que, por la falta de asistencia letrada a las personas en condición de vulnerabilidad, se instaure una justicia de clases".
Por último, ¿qué logra políticamente Roxana Miranda con esta interrupción? Desde luego, mantener visible la demanda de la organización de la cual es parte, Andha Chile: el reconocimiento del acceso a la vivienda digna como un derecho social. A poco tiempo de que un tribunal le diera la exigua suma de cinco millones de pesos a cada una de las familias cuyas casas estaban construidas sobre un basural, tema al que me referí en una anterior columna, no parece del todo equivocado llevar a cabo esta protesta en una reunión de jueces.
Proyecto de Administrador Provisional no es inconstitucional
En este blog llevamos varios años lamentándonos del mal consistente en calificar como inconstitucional cualquier iniciativa a la que uno se oponga. Podríamos agregar esta argumentación a las cuatro estrategias retóricas de la reacción vistas hace dos días. Cuando la derecha se opone a algo y no quiere decirlo abiertamente, o dice que ese algo es perverso, inútil, o riesgoso (las estrategias clásicas de la reacción según Hirschman) o amenaza sutilmente con violencia (la estrategia Barros-Silva) o dice que ese algo es inconstitucional.
Algo similar está ocurriendo con el proyecto de ley de interventor. Varios parlamentarios de derecha "condicionaron su aprobación a la idea de legislar del proyecto de ley que crea el Administrador Provisional en las Instituciones de Educación Superior" a la espera que el Ejecutivo "resuelva los diversos problemas de constitucionalidad de la iniciativa, referidos a la autonomía de las instituciones y las facultades expropiatorias que se le entregan al administrador provisional".
Ahora bien, es necesario tener en cuenta que este anuncio de los parlamentarios de derecha es irrelevante, pues estos parlamentarios carecen, por sí mismo, de un veto que les permita decidir qué proyectos se tramitan y cuáles no. En esta materia, la Presidente decide si se presenta o no el proyecto (la creación de servicios públicos es materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo), y la mayoría de los diputados presentes en la sala determinan si se acoge la idea de legislar. Los diputados en cuestión, ni son el Presidente, ni constituyen la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados.
El cuestionamiento de que el proyecto es inconstitucional, sin embargo, puede atraer el interés de la opinión pública, o incluso de una mayoría de alguna de las dos cámaras. Por eso es importante refutarlo. Y dado que la derecha no ha elaborado ningún argumento sobre la inconstitucionalidad del proyecto, lo único que hay hasta el momento es la Carta publicada por Carlos Peña en El Mercurio hace dos días. Allí, Peña sostiene tres cosas de carácter constitucional: que el proyecto requiere de quórum de ley orgánica constitucional pues modifica el régimen de autonomía de las instituciones de educación superior; que vulnera la libertad contractual, particularmente el contenido de contratos vigentes anteriores a la futura entrada en vigencia de la ley; y que contiene regulaciones expropiatorias.
En primer lugar, es erróneo sostener que el proyecto en cuestión sea de quórum orgánico constitucional. El artículo 19 Nº 11, tras entregarle a la ley orgánica constitucional la regulación de diversas materias relativas a la educación escolar, concluye señalando que ella también "establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel". Ahora bien, el proyecto de ley no establece requisitos para el reconocimiento oficial de establecimientos de educación superior, sino un procedimiento de fiscalización con posibles consecuencias sancionatorias. Y jurídicamente, un requisito y la sanción de una infracción son dos cosas distintas. A tal punto se trata de cosas distintas, que la sanción prevista no castiga incumplimientos de requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos, requisitos que son de carácter jurídico-administrativo, sino que castiga situaciones que impidan o afecten gravemente el desempeño de las labores educacionales de la institución. Son, insisto, conceptos jurídicos distintos.
En segundo lugar, Peña afirma que "las reglas del proyecto que alteran contratos en curso carecerán de efecto respecto de todos los contratos celebrados con anterioridad a su vigencia". Esto se debe a que Peña está empleando los criterios de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes, de 1861, que efectivamente impide cambiar "las reglas del juego" de los contratos. El problema con la argumentación de Peña es que cuando dicha ley entró en vigencia, la Constitución garantizaba "la inviolabilidad de todas las propiedades". En cambio, la actual Constitución determina que la ley puede establecer el modo de usar, gozar y disponer de la propiedad, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Estas amplias facultades provienen del derecho francés de fines del siglo XIX, y fueron incorporadas a nuestro orden constitucional en 1925 y reforzadas a través de la reforma constitucional de 1967, la que posibilitó la reforma agraria. Otra cosa es que hayan estado dormidas durante las últimas tres décadas. En consecuencia, la Constitución no reconoce la intangibilidad de los derechos emanados del contrato, sino que posibilita en todo momento la modificación de los contenidos de los contratos por parte del legislador.
En tercer lugar, se comprenderá que difícilmente podrá, ante dicha concepción constitucional de la propiedad, sostenerse que se trata de una expropiación regulatoria. ¿Y qué es una expropiación regulatoria? Como he dicho anteriormente, es un invento de Libertad y Desarrollo. O, mejor dicho, una importación conceptual de Estados Unidos, donde se habla de "regulatory takings". En Estados Unidos, los académicos hablan de los "regulatory takings" (de regulaciones que, de tan intensas que son, llegan a transformarse en expropiaciones), pero las cortes casi no aceptan ese argumento. En Chile, fruto del trabajo de los abogados vinculados a Libertad y Desarrollo, algunas cortes han llegado a aceptar esta tesis. Es, insisto, una tesis de algunos abogados, pero no una conclusión evidente a la luz del texto vigente en materia de propiedad. Más bien, el texto del artículo 19 Nº 24 de la Constitución no da espacio para sostener que haya regulaciones que sean expropiatorias. La ley establece el modo de usar, gozar y disponer de la propiedad, y a los modos existentes de disponer de la propiedad la ley agregará uno: mediante la gestión del Administrador Provisional y el Administrador de Cierre.
En resumen, el proyecto de ley de Administrador Provisional no es inconstitucional. No, al menos, a la luz de un análisis jurídico. Por supuesto, esto no significa que el proyecto no pueda ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. En temas de esta trascendencia e interés político, el Tribunal Constitucional ha demostrado actúar como una genuina tercera cámara política (no como un tribunal), de mayoría opositora. No sería raro que los parlamentarios de derecha intentaran resolver esta discrepancia allí donde sí cuentan con una mayoría.
La Corte de Apelaciones de Valdivia ha resuelto desaforar al diputado de Renovación Nacional Rosauro Martínez por su participación en la muerte de militantes del MIR en 1981. ¿Qué consecuencias constitucionales tiene esta decisión? Lo primero que hay que señalar es que dicha decisión todavía no es definitiva. La defensa de Rosauro Martínez tiene un plazo de cinco días para apelar de dicha resolución ante la Corte Suprema. Existe también una discusión en la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a si es admisible el recurso de casación contra esta resolución. Ahora bien, una vez que la resolución quede ejecutoriada, el número de diputados en ejercicio habrá bajado de 120 a 119. Esto tiene consecuencias sobre diversos quórums de aprobación de leyes. El quórum para aprobar o modificar leyes de quórum calificado baja de 61 a 60 diputados. El quórum para aprobar o modificar leyes orgánicas constitucionales baja de 69 a 68 diputados. El quórum para derogar el artículo 15º, inciso 2º de la Constitución ("Sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución") baja de 72 a 71 diputados. Cabe recordar que la Nueva Mayoría tiene 67 diputados (63 militantes de partido y 3 independientes). Si a esos diputados se suman el diputado del Partido Liberal y los tres independientes elegidos fuera de pacto (Boric, Jackson y Sepúlveda), ya están los diputados necesarios para aprobar en la Cámara la reforma constitucional que se ha planteado como alternativa para llevar a cabo un plebiscito constituyente (esto es, la derogación del artículo 15). Seguramente, cuando Rosauro Martínez asesinó a estos militantes de izquierda, no se imaginó que su conducta traería como consecuencia facilitar la desmantelación final de la Constitución de Pinochet. Posteado por
Albert Hirschman escribió, en su merecidamente famoso libro "The Rhetoric of Reaction", que quienes se oponen a alguna propuesta pero no quieren reconocerlo debido a la popularidad de la misma, acuden comúnmente a tres patrones argumentativos para rechazarla de manera indirecta. Hirschman bautizó a estos patrones argumentativos como las tesis de la perversidad, (de acuerdo a la cual, un intento deliberado de mejorar algunas características del orden político, social o económico sólo logrará empeorar las condiciones que se desea remediar), de la inutilidad (según la cual un intento de transformación social será inútil, no logrará alcanzar su objetivo) y la tesis del riesgo (según la cual, un determinado cambio o reforma pone en peligro algún valioso resultado anterior). Pareciera ser que en Chile hay que agregar más patrones argumentativos. La retórica de la reacción entre nosotros florece como la mala hierba. Uno de ellos fue empleado, por enésima vez, ni más ni menos que por el Presidente de La Polar (!), César Barros. Su patrón argumentativo fue la amenaza indirecta. Según Barros,"El lenguaje que se está usando tiene olor a UP… no hay que lamentarse si después salen reformulaciones de Patria y Libertad". Esta amenaza indirecta cobra su sentido cuando uno se entera de que Barros fue, efectivamente, integrante de Patria y Libertad. Quizás la amenaza no es tan indirecta… Otra amenaza indirecta viene del nuevo Presidente de la UDI, Ernesto Silva. Tras asumir su cargo, Silva no sólo expresó su orgullo con "muchos aspectos del gobierno militar" (difícil que no sienta agradecimiento; su padre prosperó económicamente gracias a la privatización de la Línea Aérea del Cobre, LADECO, y a la creación de una universidad muy lucrativa, la Universidad del Desarrollo). Silva también afirmó que "no quiero que nunca más haya un quiebre institucional". ¿Y cómo pretende contribuir a que no haya más golpes de estado en Chile? Simple, "vamos a hacer lo que estamos haciendo en este gobierno, que es ser oposición para decir qué cosas creemos que dañan al país". O sea, bloqueando la reforma tributaria, la reforma educacional, y la reforma electoral, Silva evitará un nuevo golpe de estado. Lo que implica que si Silva fracasa y hay reforma tributaria, reforma electoral, y reforma tributaria… habrá golpe de Estado. En definitiva, en Chile el discurso reaccionario tiene hoy una forma especial de expresarse: la amenaza indirecta de que volverá el terrorismo de ultraderecha (Barros) y la intervención militar en política (Silva). Posteado por

References: artículo 19
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 15