Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321505L.html
Timestamp: 2019-03-24 23:59:17+00:00

Document:
as201321505L
Auto Supremo: Nº 505
Expediente: C – 72 – 08 – S
Partes: Herlinda Galves de Velarde y otros c/ Epifania Vargas Pedro y otra
VISTOS: Los Recurso de Casación de fojas 820 a 821 vuelta y de 826 a 828, interpuesto por Epifania Vargas Pedro y Reinaldo Aguilar Tordoya, respectivamente contra el Auto de Vista N° 85 de 30 de julio de 2008, cursante a fojas 816 y vuelta de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del proceso de CONCURSO DE ACREEDORES seguido por Herlinda Galves de Velarde y otros, contra los recurrentes, los antecedentes del proceso, la contestación al recurso de fojas 862 a 865 vuelta, el auto de concesión de fojas 879; y,
ANTECEDENTES DEL PROCESO.- Que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido 2º en lo Civil y Comercial de Cochabamba, pronunció sentencia de fecha 23 de julio de 2005 cursante a fojas 679 a 684 de obrados, declarando PROBADA la demanda de fojas 27, disponiendo el pago a los acreedores del precio obtenido en la subasta pública correspondiente a los bienes del concursado en el siguiente orden: 1. Los gastos de justicia anticipados en interés común de los acreedores, tanto para liquidar como para conservar los bienes del deudor. 2. Al Banco de Crédito de Bolivia sucursal Cochabamba. 3. A Estela Garvizu Salazar. 4. A Osvaldo Andia Gabello. 5. A Bertha Robles Ortuño. 6. A Agustín Calderón Vega y Sra. 7. A Sandra Santusa Guzmán Guzmán. 8. A Herlinda Galvez de Velarde. A prorrata: A Fridda Campos de Vásquez. A María Prado Rivadineira. A Félix Juan Terrazas Uribe. A David Rodolfo Montaño López. Condenándose en costas al concursado
Que, en grado de apelación incoada por los demandado recurrentes, la Sala Segunda Civil de la Corte Superior de Distrito Judicial de Cochabamba, confirma la sentencia de grados y preferidos de 23 de julio de 2005.
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.- Refieren interponer recurso de casación en el fondo y en la forma o nulidad, resumidos de la siguiente manera:
Recurso de nulidad o casación interpuesto por Epifania Vargas Pedro.- Señala que, no se le hizo saber nunca de la existencia de esta demanda instaurada contra su ex esposo y su persona, por lo que nunca se apersonó y tampoco señaló domicilio procesal alguno, denunciando no haber sido notificada con la sentencia y auto complementario de 2 de agosto de 2005, situación que merecía la correspondiente nulidad de obrados, conforme a los artículos 247 y 251-I de la Ley de Organización Judicial y Código de Procedimiento Civil.
En su petitorio final, pide se anule el proceso, reponiéndose hasta el vicio más antiguo, es decir hasta que se le cite con la demanda.
Recurso de casación interpuesto por Reynaldo Aguilar Tordoya.- En la forma. Reclama la falta de citación con la demanda a su ex esposa, extrañando también el no habérsele notificado con la sentencia, debiendo anularse obrados hasta el estado en que se le notifique legalmente con la sentencia.
En el Fondo, denuncia error de derecho en la apreciación de las pruebas (fojas 525 a 532 y 580 a 586) por parte del juez a quo, pruebas que demostraban claramente que los concursante acreedores David Rodolfo Montaño y Félix Juan Terrazas estaban calificados como acreedores privilegiados y no como en la sentencia determina como simples acreedores quirografarios, debiendo haberse aplicado lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial.
Concluye su memorial pidiendo se le conceda el presente recurso de casación en el fondo y en la forma, correspondiendo anular obrados o casar el auto de vista.
FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.- Expuestos así los recursos planteados y dada la similitud de las denuncias y petición interpuesta en los recursos de forma expuesto por ambos recurrentes, ingresaremos a resolver primeramente estos y lo haremos dando respuesta al unísono, con las siguientes consideraciones.
El concurso es un procedimiento de ejecución colectiva, en el que todos los acreedores son colocados en un pie de igualdad, sin más preferencias entre ellos que las que marca la ley. Se acumulan las ejecuciones individuales, se desapodera al deudor de sus bienes y se distribuye su producto entre los acreedores que hubieren justificado su crédito, en proposición a su importe y con el privilegio que corresponde (Alsina).
Se dice que hay concurso civil de acreedores, cuando se procesa judicialmente la verificación de los bienes, derechos y acciones de un deudor no comerciante, así como de sus deudas, a fin de pagar éstas con aquéllos, hasta donde alcancen. El objeto del proceso es, pues, el pago de todos los acreedores del deudor común con el producido de la venta o subasta de sus bienes y el mismo se promueve, cuando aquéllos no pueden ser satisfechos cumplidamente (Manresa, Miquel y Reus).
El carácter esencial del proceso concursal, según se ha indicado ya en la nota anterior, es su universalidad, por virtud de la cual se resuelve en un solo procedimiento todas las cuestiones relativas a la liquidación de los bienes del deudor y al pago de todos sus acreedores, suspendiéndose las ejecuciones individuales, que se acumulan necesariamente.
El fundamento de la universalidad en las ejecuciones colectivas (concurso o quiebra), reposa en el principio general del artículo 1335 del Código Civil, que establece la garantía genérica patrimonial de los derechos de los acreedores y por cuya virtud, éstos, para satisfacer sus créditos concurren sobre el conjunto de bienes del deudor. Se dice que la universalidad es objetiva, porque a virtud del principio mencionado se afirma la integración de todos los bienes del deudor en una sola masa de responsabilidad. Se dice que la universalidad es subjetiva, considerada ella con relación a los sujetos destinatarios de la liquidación de esa masa de responsabilidad, que son todos los acreedores del deudor común, llamados al efecto en la forma prevista por el artículo 568 y calificados sus créditos conforme dispone el artículo 566 del Código adjetivo.
De la revisión de autos, en ambas demandas de concurso de acreedores acumulados, se tiene por señalado el domicilio de los deudores concursados en la Av. San Martín Nº 1153, siendo precisamente a la codemandada Epifania Vargas Pedro a quien se le cita mediante cédula judicial (fojas 467), con la demanda concursal, por lo expresado, la denuncia de los recurrentes de no habérsele citado y/o notificado a la señora Epifania Vargas con la demanda, cae por su propio peso, sin ningún sustento real. Así mismo, a fojas 684 vuelta se evidencia la notificación a Reynaldo Aguilar Tordoya y Epifania Vargas de Aguilar, producida el 26 de julio de 2005, con la sentencia de grados y preferidos, recibiendo además una copia el abogado patrocinante de los demandados, desvirtuándose que tampoco se les habría notificado con la sentencia.
Necesario es mencionar que el presente proceso, concurso de acreedores, tiene como finalidad principal con la emisión de la sentencia de grados y preferidos, acumulando a los acreedores y establecer simplemente el orden de pago de las acreencias, con el remate y venta de los bienes del deudor, que en nada afecta al deudor demandado.
Resultando los recursos en la forma de ambos recurrentes en simples acusaciones, que no son ciertas, en consecuencia corresponde dar aplicación a la norma contenida en los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil por cuanto este Supremo Tribunal no ha encontrado como ciertos los extremos denunciados.
En cuanto al recurso de casación en el fondo del recurrente Reynaldo Aguilar Tordoya tenemos:
Que la abundante jurisprudencia sentada por este Tribunal Supremo de Justicia, estableció que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo, recurso de casación en la forma o en ambos efectos, de acuerdo a lo estatuido por el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil en coherencia con lo establecido en los artículos 253 y 254 del mismo cuerpo legal.
Asimismo, corresponde señalar que cuando se plantea el recurso de casación en el fondo se deben circunscribir los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, destacando que si se pretende una nueva valoración y apreciación de la prueba, el recurrente tiene la obligación de acreditar la existencia de error de hecho o de derecho en su apreciación, puesto que ésta es una atribución privativa de los juzgadores de instancia incensurable en casación.
Consiguientemente, dada la naturaleza jurídica del recurso extraordinario analizado, en el recurso de casación en el fondo no se pueden analizar aspectos o denuncias relativas a la existencia de errores in procedendo o violaciones en las formas esenciales del proceso, ni viceversa, es decir, analizar aspectos concernientes al recurso de casación en el fondo, a través del recurso de casación en la forma.
En el caso de autos el recurrente invoca la aplicación del artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, reservándose esta normativa para la impugnación de errores in procedendo, siendo menester destacar que las denuncias relacionadas con las cuestiones de forma del proceso, no corresponden ser analizadas a través del recurso de casación en el fondo, habida cuenta que para ello se instituyó dentro de nuestro ordenamiento jurídico el recurso de casación en la forma.
El recurrente con total desconocimiento de la técnica recursiva que hace a este recurso extraordinario, se limita a señalar de forma poco convincente la existencia de error en la apreciación de las pruebas, mencionando a penas el numeral 3 del artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, sin cumplir con la carga procesal impuesta por el artículo 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, obviando señalar en qué consisten los errores de derecho en la apreciación de las pruebas que incurrieron los juzgadores de grado, y finalmente reclamando situaciones que en nada le afecta al demandado, como la modificación del orden de prelación de los acreedores, que en todo caso son estos los que tendrían que realizar alguna impugnación.
Lo que hace a la improcedencia de la causa a tenor del artículo 271 numeral 1) y 272 numeral 2) en relación con el numeral 2) del artículo 258 ambos del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del artículo 42 concordante con la disposición transitoria octava de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, así como el parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma interpuesto por Epifania Vargas Pedro, así como INFUNDADO en recurso de casación en la forma e IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por Reynaldo Aguilar Tordoya contenidos en los memoriales de fojas 820 a 821 vuelta y de 826 a 828 respectivamente, con costas.
Libro Tomas de Razón 505/2013

References: artículo 15
 artículo 1335
 artículo 568
 artículo 566
 artículo 250
 artículo 253
 artículo 15
 artículo 253
 artículo 258
 artículo 271
 artículo 258
 artículo 42
 artículo 8