Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-754-12.htm
Timestamp: 2017-10-24 05:46:42+00:00

Document:
T-754-12
Sentencia T-754/12
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS EN SITUACION DE DEBILIDAD MANIFIESTA E INDEFENSION POR DETERIORO DEL ESTADO DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y DERECHO AL TRABAJO-Permanencia en el empleo como medida de protección a especial condición
PROTECCION LABORAL DE PERSONAS PROXIMAS A PENSIONARSE Y EXPECTATIVA LEGITIMA DE PENSIONARSE DENTRO DEL REGIMEN LEGAL AL CUAL PERTENECE-Reiteración jurisprudencia
DERECHOS ADQUIRIDOS-Definición
DERECHOS ADQUIRIDOS-Garantía de inmutabilidad
DERECHOS ADQUIRIDOS, EXPECTATIVAS LEGITIMAS Y MERAS EXPECTATIVAS-Valoración y diferenciación
LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA
ACCION DE TUTELA DE TRABAJADORA CON CANCER DE SENO PROXIMA A PENSIONARSE CONTRA EMPRESA TERMINAL DE TRANSPORTES-Terminación unilateral de contrato de trabajo a término indefinido
DERECHO AL TRABAJO, ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA Y VIDA DIGNA DE TRABAJADORA CON CANCER DE SENO PROXIMA A PENSIONARSE-Protección
ACCION DE TUTELA DE TRABAJADORA CON CANCER DE SENO PROXIMA A PENSIONARSE CONTRA EMPRESA TERMINAL DE TRANSPORTES-Reintegro y reubicación a cargo que desempeñaba o uno compatible con las condiciones de salud
ACCION DE TUTELA DE TRABAJADORA CON CANCER DE SENO PROXIMA A PENSIONARSE CONTRA EMPRESA TERMINAL DE TRANSPORTES-Reconocimiento y pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir y pago de indemnización equivalente a 180 días de salario
Referencia: expediente T-3420126
Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil doce (2012).
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la preside, Alexei Julio Estrada y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido la siguiente.
En el proceso de revisión de la sentencia dictada el veintiocho (28) de febrero de 2012, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, que confirmó el fallo proferido el veintiuno (21) de noviembre de 2011, por el Juzgado Sesenta y tres Civil Municipal de Bogotá, que negó el amparo invocado por la accionante.
1.1.1.4. Sostiene que aunque informó a la empresa su estado de salud, ésta procedió al despido unilateral sin autorización del Ministerio de la Protección Social.
1.1.1.5. Con relación a los hechos narrados anteriormente, la accionante solicita la protección de sus derechosa la igualdad, al trabajo, a la familia y a la estabilidad laboral reforzada, y en consecuencia se ordene a la Empresa Terminal de Transportes S.A. de Bogotá que la reintegre al cargo que desempeñaba antes del despido, o a uno superior; así mismo, que se le cancelen los salarios y prestaciones dejadas de percibir desde el momento del despido hasta que se materialice dicho reintegro.
1.2.1. Ministerio de la protección Social
Mediante sentencia proferida el veintiuno (21) de noviembre de 2011, el Juzgado Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogotá resolvió negar el amparo invocado, argumentando que al ser la controversia de carácter laboral, y al tratarse de una prestación económica y de reconocimiento y pago de incrementos salariales, el mecanismo de defensa no puede ser la acción de tutela sino la justicia ordinaria laboral.
Mediante sentencia proferida el veintiocho (28) de febrero de 2012, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, confirmó el fallo impugnado, aduciendo que el actor cuenta con otro medio de defensa judicial, como lo es la vía laboral, para el reconocimiento de sus obligaciones laborales, por tanto, no puede el juez de tutela invadir los campos judiciales que no son de su competencia.
1.5. ACTUACIONES SURTIDAS ANTE LA SALA DE REVISIÓN
Mediante Auto del trece (13) de septiembre de 2012 el despacho del Magistrado Ponente, dados los hechos y pretensiones referidos por el accionante, consideró necesario lo siguiente:
“PRIMERO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie al Instituto de Seguros Sociales-ISS-Pensiones-, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir la notificación del presente auto, informe:
1). El número de semanas cotizadas al Sistema de Seguridad Social-Pensiones, por la señora Rosa Elvira Herrera Clavijo, identificada con la C.C N° 41738505 de Chipaque, Cundinamarca.
SEGUNDO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a COMPENSAR EPS-Seccional Bogotá, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir la notificación del presente auto, informe:
1). Si la señora Rosa Elvira Herrera Clavijo, identificada con la C.C N° 41738505 de Chipaque, Cundinamarca, se encuentra afiliada al régimen de seguridad social en salud.
3). En caso de encontrarse afiliado en el régimen contributivo, ¿en que calidad, cotizante o beneficiario?
4). En caso de ser cotizante, ¿es dependiente o independiente? ¿de quien es dependiente? ¿Cuál es el salario base de cotización?
5). En caso de ser beneficiario, ¿de quien lo es?
6) ¿Qué enfermedad (es) le ha (n) sido diagnosticada (s) a la señora Rosa Elvira Herrera Clavijo desde la fecha de su afiliación a la EPS?
TERCERO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a la señora Rosa Elvira Herrera Clavijo, para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir la notificación del presente auto, informe:
1) ¿De qué o de quién deriva en la actualidad su sustento?
2) ¿En qué estado de salud se encontraba cuando le fue terminado su contrato de trabajo? ¿Tenía procedimientos o tratamientos médicos pendientes en razón al diagnóstico de cáncer de seno?”.
1.5.1. PRUEBAS Y RESPUESTAS ALLEGADAS EN SEDE DE REVISIÓN
1.5.1.2. El veintiséis (26) de septiembre de 2012, la EPS Compensar allegó respuesta a la solicitud hecha por esta Sala de Revisión, y sostuvo que la señora Rosa Elvira Herrera Clavijo se encuentra afiliada al régimen contributivo en Compensar EPS en calidad de beneficiaria del señor Guillermo Oidor Arévalo, y que el cotizante tiene un IBC de $2.440.000.
Así mismo, adjuntó las historias clínicas de la señora Rosa Elvira Herrera Clavijo, en las que consta que la paciente padece “cáncer de seno”, y que dicha enfermedad ha sido tratada por los médicos de la EPS desde el veintitrés (23) de febrero de 2006[1].
1.5.1.3. Por su parte, la accionante, vía fax, envió declaración juramentada[2] en la que afirma que: i) la empresa accionada tenía pleno conocimiento de que ella había sido diagnosticada con cáncer de seno, que se había sometido a una intervención quirúrgica para mejorar su salud, y que se debía realizar tratamientos y controles médicos para su recuperación; ii) que se encuentra próxima a pensionarse, pues le hacen falta dos años y medio para cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 790 de 2002 y 812 de 2003; iii) que actualmente deriva su sustento de los ingresos de su esposo, los cuales no les alcanza para subsistir dignamente; y iv) que se encuentra vinculada en la EPS Compensar como beneficiaria de su esposo.
En virtud del artículo 23, y de otros que se relacionan con la protección que el Estado debe dar a quienes se encuentran en situación de indefensión o debilidad manifiesta, por las condiciones físicas, sociales, económicas o de salud que afrontan[3], la Corte ha sostenido que en el marco de las relaciones de trabajo, la protección especial a estas personas implica la titularidad del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, esto es, el derecho a conservar el empleo, a no ser despedido en razón de su situación de vulnerabilidad, a permanecer en él hasta que se configure una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral y a que el inspector de trabajo o la autoridad que haga sus veces, autorice el despido con base en la verificación previa de dicha causal.
Al respecto, en la Sentencia C-531 de 2000[4], al analizar la constitucionalidad del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, que dispone la prohibición de despedir de su trabajo a una persona con limitaciones físicas o mentales por razones relacionadas con su situación especial -salvo en los casos en que medie autorización del inspector de trabajo, la Corte indicó:
(…) la efectividad del ejercicio del derecho al trabajo, como ocurre para cualquier otro trabajador, está sometida a la vigencia directa en las relaciones laborales de unos principios mínimos fundamentales establecidos en el artículo 53 de la Carta Política. Cuando la parte trabajadora de dicha relación está conformada por un discapacitado, uno de ellos adquiere principal prevalencia, como es el principio a la estabilidad en el empleo, es decir a permanecer en él y de gozar de cierta seguridad en la continuidad del vínculo laboral contraído, mientras no exista una causal justificativa del despido, como consecuencia de la protección especial laboral de la cual se viene hablando con respecto a este grupo de personas.
Tal seguridad ha sido identificada como una "estabilidad laboral reforzada" que a la vez constituye un derecho constitucional, igualmente predicable de otros grupos sociales como sucede con las mujeres embarazadas y los trabajadores aforados, (…).”
Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la protección laboral reforzada no sólo se aplica a las personas en situación de discapacidad, a las mujeres embarazadas o a los trabajadores aforados. Por el contrario, el criterio de esta Corporación ha evolucionado, al punto de concebir que la estabilidad laboral reforzada se hace extensiva a todos los trabajadores que se encuentren en una situación de debilidad manifiesta como consecuencia de la grave afectación de su estado de salud.
Así las cosas, en la sentencia T-198 de 2006[5], la Corte al estudiar el caso de una persona que había sido desvinculada de la empresa en la que trabajaba, pese a encontrarse en situación de debilidad manifiesta y sin haber sido calificado su grado de invalidez, precisó:
(…) La jurisprudencia ha extendido el beneficio de la protección laboral reforzada establecida en la Ley 361 de 1997, a favor, no sólo de los trabajadores discapacitados calificados como tales, sino aquellos que sufren deterioros de salud en el desarrollo de sus funciones (…).
Aquellos trabajadores que sufren una disminución en su estado de salud durante el transcurso del contrato laboral, deben ser consideradas como personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, razón por la cual frente a ellas también procede la llamada estabilidad laboral reforzada, por la aplicación inmediata de la Constitución. La protección legal opera por el sólo hecho de encontrarse la persona dentro de la categoría protegida, consagrando las medidas de defensa previstas en la ley. Por su parte, el amparo constitucional de las personas en circunstancia de debilidad manifiesta permite al juez de tutela identificar y ponderar un conjunto más o menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la ocurrencia de tal circunstancia y le da un amplio margen de decisión para proteger el derecho fundamental amenazado o restablecerlo cuando hubiera sido vulnerado. En materia laboral, la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados o de invalidez(…)”.(Negrilla fuera del texto)
En concordancia con lo anterior, la Corte en la Sentencia T- 642 de 2010[6], al revisar el asunto de una persona a quien su empleador dio por terminado su contrato de trabajo por haber superado los 180 días por incapacidad no profesional, sostuvo que:
“Así, en aplicación del derecho a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador que se encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado del deterioro de su estado de salud, tiene derecho a permanecer en su lugar de trabajo hasta que se configure una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral, previamente verificada por el inspector de trabajo o la autoridad que haga sus veces.
En virtud de lo anterior, si el juez constitucional logra establecer que el despido o la terminación del contrato de trabajo de una persona cuya salud se encuentra afectada seriamente se produjo sin la autorización de la autoridad del trabajo, deberá presumir que la causa de desvinculación laboral es la circunstancia de debilidad e indefensión del trabajador y, por tanto, concluir que se causó una grave afectación de los derechos fundamentales del accionante. Así, el juez deberá conceder el amparo invocado, declarar la ineficacia del despido y ordenar su reintegro a un cargo acorde con su situación especial. (Subrayado fuera de texto).
En suma, en virtud del derecho a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador que se encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado de la grave afectación de su salud, tiene derecho a conservar su trabajo, a no ser despedido en razón de su situación de vulnerabilidad y a permanecer en él hasta que se configure una causal objetiva que amerite su desvinculación laboral, previa verificación y autorización de la autoridad laboral correspondiente. En tal sentido, para efectos del fallo de tutela, el despido que se produzca sin el lleno de los requisitos legales y jurisprudenciales será ineficaz y, por tanto, el juez de amparo deberá conceder la protección invocada y ordenar el reintegro del trabajador a un cargo acorde con su estado de salud”.
Siguiendo esta línea jurisprudencial, el Alto Tribunal en Sentencia T- 415 de 2011[7], estudió el caso de una persona a quien pese a habérsele dictaminado pérdida de capacidad laboral parcial permanente inferior al 50%, fue desvinculada de su trabajo sin la autorización previa del Ministerio de la Protección Social, sostuvo que los trabajadores que tengan una afectación en la salud, están en circunstancia de debilidad manifiesta, y por tanto, tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada. En palabras del Alto Tribunal:
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que los trabajadores que puedan catalogarse como (i) inválidos, (ii) discapacitados, (iii) disminuidos físicos, síquicos o sensoriales, y (iv) en general todos aquellos que (a) tengan una afectación en su salud; (b) esa circunstancia les “impida[a] o dificult[e] sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares”, y (c) se tema que, en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho, están en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tienen derecho a la “estabilidad laboral reforzada.
En consecuencia, cuando se comprueba que el empleador (a) desvinculó a un sujeto titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada sin solicitar la autorización de la oficina del trabajo, y (b) que no logró desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, entonces el juez que conoce del asunto tiene el deber prima facie de reconocer a favor del trabajador: (i) en primer lugar, la ineficacia de la terminación del despido laboral (con la consiguiente causación del derecho prima facie del demandante a recibir todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir en el interregno); (ii) en segundo lugar, el derecho a ser reintegrado a un cargo que ofrezca condiciones iguales o similares que las del cargo desempeñado por él hasta su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su estado de salud, sino que esté acorde con sus condiciones; (iii) en tercer lugar, el derecho a recibir capacitación para cumplir con las tareas de su nuevo cargo, si es el caso (art. 54, C.P.); (iv) en cuarto lugar, el derecho a recibir “una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren” (art. 26, inc. 2°, Ley 361 de 1997)”.
Se debe resaltar entonces, que la valoración y la diferenciación entre meras expectativas y derechos adquiridos ha ido evolucionando. En un primer momento, la Corte al estudiar la constitucionalidad de los artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993,en Sentencia C-168 de 1995[8], estableció que:
En un segundo momento (Sentencia C-789 de 2002)[9], la Corte al hacer el control de constitucionalidad de una norma que excluía del régimen de transición pensional a las personas de determinada edad que decidieran voluntariamente cambiarse de sistema, estableció la figura de las expectativas legítimas, y determinó que:
“no se puede transformar de manera arbitraria las expectativas legítimas que tienen los trabajadores respecto de las condiciones en las cuales aspiran a recibir su pensión, como resultado de su trabajo, pues se estaría desconociendo la protección que recibe el trabajo, como valor fundamental del Estado (C.N. preámbulo, art. 1º), y como derecho-deber (C.N. art. 25)”.
Así las cosas, encontramos entonces que la diferencia de estos dos conceptos ha sido explicada en muchas ocasiones por la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional; muestra de ello es la Sentencia T-009 de 2008[10], en la que se estudió el caso de un pre-pensionado, quien solicitó a Adpostal su inclusión en la nómina del retén social, tras considerar que a ello tenía derecho. En palabras de la Corte:
“Con todo, pese a que los derechos adquiridos deben respetarse sin lugar a discusión y las meras expectativas pueden truncarse como consecuencia de cambios de legislación o decisiones administrativas, en materia de reconocimiento de derechos pensionales la Corte Constitucional ha elaborado una sólida jurisprudencia de protección de aquellas expectativas próximas a realizarse. La jurisprudencia constitucional ha establecido una diferencia inequívoca entre las meras expectativas y aquellas expectativas legítimas y previsibles de adquisición de un derecho, para concluir que mientras las primeras no son objeto de protección constitucional, las segundas gozan de un privilegio especial proveniente de la carta.
En reiteración de la posición antes descrita, la Corte en la Sentencia C-228 de 2011[11], al revisar la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 6 del Decreto Ley 1282 de 1994 y de los artículos 9 y 10 de la Ley 797 de 2003, sostuvo que:
El fundamento del amparo de las expectativas legítimas, es la de “salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior (…).
Del mismo modo, se dijo en dicha sentencia que se debe ir “más allá de la protección de los derechos adquiridos de las personas, para salvaguardar incluso las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de vejez, lo que corresponde a una plausible política social que en lugar de violar la Constitución, se adecua al artículo 25 de la Carta que ordena dar especial protección al trabajo”. (Negrilla fuera del texto).
En efecto, en el caso sub examine se observa que Joaquín Emilio Gómez Manzano interpuso la acción de tutela en calidad de apoderado judicial de la señor Rosa Elvira Herrera Clavijo, por lo que la Sala encuentra que en virtud de la normativa mencionada, se encuentra legitimado para representar los intereses de ésta.
En el caso bajo estudio se cumple con el requisito de inmediatez, pues la terminación unilateral del contrato de trabajo suscrito entre la accionante y la accionada fue el veintidós (22) de agosto de 2011[12], y la acción de tutela fue presentada el dieciséis (16) de noviembre de 2011. Por tanto, el término transcurrido entre los hechos y la presentación de la acción es razonable, y evidencia que la transgresión era actual en el momento en que se hizo uso de la tutela para el amparo de los derechos.
Es claro para la Sala que la acción de tutela procede en este caso, debido a que es el mecanismo idóneo para amparar los derechos de la aquí interesada, pues a través de ésta se protegen de manera oportuna las garantías invocadas. Además, el caso versa sobre los derechos de un persona que tiene una enfermedad denominada “carcinoma infiltrante G2”, quien es un sujeto de especial protección constitucional, situación que pone en evidencia la necesidad de la intervención del juez constitucional.
3.3. EXAMEN DE LA PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DELA SEÑORA ROSA ELVIRA HERRERA CLAVIJO
3.3.1. Analizada la situación fáctica, le corresponde a la Sala definir si la Empresa Terminal de Transporte S.A. de Bogotá, vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante, al terminar unilateralmente el contrato de trabajo a término indefinido suscrito entre las dos, pese a tener conocimiento de que[13]: i) la petente fue diagnosticada con “tumor maligno de la mama[14]”y fue intervenida quirúrgicamente para “extirpar su seno derecho[15]”, cuando se encontraba vigente el contrato de trabajo; ii) fue incapacitada reiterativamente por el “Carcinoma” diagnosticado[16]; iii) le fue autorizado el procedimiento médico “reconstrucción del complejo areola-pezón derecho”, estando vigente el contrato de trabajo[17]; iv) le fue prescrito, por parte de su médico tratante, tratamiento médico y controles cada 6 meses[18]; v) Salud Ocupacional le recomendó controles periódicos con oncología y ortopedia[19] ; y vi) a la accionante le faltan 2 años y medio para acceder a su pensión de vejez[20].
Partiendo de lo esgrimido anteriormente, y adentrándonos al caso que en esta ocasión nos ocupa, la Sala encuentra que la accionante allegó a sede de revisión, una declaración juramentada[21] en la que afirmaba que la empresa accionada tenía pleno conocimiento de que ella había sido diagnosticada con cáncer de seno, que se había sometido a una intervención quirúrgica para mejorar su salud, y que se debía realizar tratamientos y controles médicos para su recuperación, no obstante, le dio por terminado su contrato de trabajo de manera unilateral.
3.3.3. Así las cosas, sea lo primero determinar que aunque la accionante no allegó a esta instancia las constancias de las incapacidades, de los permisos otorgados por la entidad accionada, ni el informe en el que le dio a conocer su estado de salud, la declaración juramentada en la que afirma haber puesto en conocimiento de la empresa accionada[22], dicha información, en virtud del principio de buena fe, tiene toda la validez probatoria para este Alto Tribunal, por lo que se presume que sus aseveraciones son ciertas, es decir, se entiende que el empleador tuvo previo conocimiento del estado de salud de la señor Rosa Elvira, y aun así dio por terminado su contrato de trabajo.
Adicionalmente, la EPS Compensar, en escrito enviado a esta Sala el veintiséis (26) de septiembre de 2012, determinó que las historias clínicas de la señora Rosa Elvira Herrera Clavijo, muestran que desde el veintitrés (23) de febrero de 2006 la paciente ha sido diagnosticada con ciertas patologías, y que en el 2007 le fue descubierto “cáncer de seno”, por lo que desde las fechas anotadas en adelante, ha recibido tratamientos médicos para mejorar su estado de salud[23].
Así las cosas, la Sala concluye que debido a lo esgrimido precedentemente, es evidente que existe una clara vulneración del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la señora Rosa Elvira, debido a que, en primer lugar, pese a tener conocimiento del estado de salud de la accionante, y de los procedimientos y tratamientos médicos que debía realizarse con posterioridad a la intervención quirúrgica que debió practicarse, la Empresa Terminal de Transporte S.A. de Bogotá procedió a su despido unilateral.
3.3.4. En segundo lugar, puede inferirse que el hecho de terminar la relación laboral cuando el trabajador seguía sufriendo las secuelas del “carcinoma” que le fue diagnosticado, y, sin la autorización del entonces denominado Ministerio de la Protección Social, se convierten en razones suficientes para presumir que la decisión de despido fue con ocasión del estado de salud de la accionante. Y, para casos como el presente, donde se comprueba que la razón del despido es la situación de debilidad manifiesta del trabajador, la Corte Constitucional ha ordenado el reintegro laboral del trabajador[24], “si subsisten la materia del trabajo, las causas que lo originaron o la necesidad del empleador”.
3.3.5. En tercer lugar, la Sala encuentra que la accionante, al estar próxima a pensionarse (pues le hacen falta dos años y medio para cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 790 de 2002 y 812 de 2003), le asiste el derecho a que se le respeten las expectativas legítimas respecto de las condiciones en las cuales aspira a recibir su pensión, como resultado de su trabajo, pues de lo contrario se estarían modificando las circunstancias objetivas establecidas en el ordenamiento jurídico para obtener su derecho pensional, lo cual es a todas luces regresivo y contrario a la Constitución.
3.3.7. Así las cosas, al confrontar las pruebas obrantes en el expediente y las recaudadas en sede de revisión, estima la Sala que es preciso amparar los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y a la vida digna de la afectada, en aras de que la Empresa Terminal de Transporte S.A. de Bogotá reintegre a la peticionaria.
3.3.8. Partiendo de las anteriores consideraciones, y, ante el deber de remediar la violación de los derechos fundamentales descritos, la Sala de Revisión ordenará: a) la revocación de las sentencias de primera y segunda instancia, para en su lugar conceder el amparo solicitado; b) el reintegro o reubicación de la señora Rosa Elvira Herrera Clavijo; c) el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de su despido hasta la de su reintegro, pues en este sentido ya se ha pronunciado la Corte[25], con miras a la protección del derecho al mínimo vital de la peticionario; y d) el pago de la indemnización equivalente a ciento ochenta días de salario.
Primero: REVOCAR la sentencia del 28 de febrero de 2012, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, que confirmó la sentencia proferida el veintiuno (21) de noviembre de 2011, por el Juzgado Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogotá, en cuanto negó el amparo invocado. En su lugar CONCEDER el amparo requerido.
Segundo: ORDENAR a la Empresa Terminal de Transporte S.A. de Bogotá que reintegre o en su lugar reubique ala señora Rosa Elvira Herrera Clavijo en el cargo que desempeñaba o en uno que sea compatible con las condiciones de salud en las que se encuentra.
Tercero: ORDENAR a la EmpresaTerminal de Transporte S.A. de Bogotá, reconocer y pagar a favor de la accionante, Rosa Elvira Herrera Clavijo, los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir desde la fecha del despido hasta que efectivamente sea vinculada. Reconozca y páguese también a su favor una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Cuarto: Librar, por la Secretaría General de esta Corporación, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí previstos.
[1]Ver folios 34-54 del cuaderno 1
[2]Ver folio 30 del cuaderno 1
[3]Artículo 13, 47 y 95 de la Constitución Política
[4] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[5]M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[6]M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[7]M.P. María Victoria Calle Correa
[8] Ver al respecto la Sentencia C-189 de 1996. M.P.
[9] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[10]M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[11]M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[12]Folio 18, cuaderno 2
[13] Conforme al informe escrito enviado por la señora Rosa Elvira Herrera Clavijo a este Despacho, el 18 de septiembre de 2012, la Sala evidencia que la empresa accionada tenía pleno conocimiento de que ella se encontraba en tratamiento médico de control pos quirúrgico, debido al cáncer que le fue diagnosticado.
[14]Diagnostico adiado a 12 de agosto de 2005. Ver folio 21-54 del cuaderno 2
[15]La cirugía le fue realizada el 12 de agosto de 2012, según consta en el folio 40 del cuaderno 2
[16]Ver folio 30 del cuaderno 1
[17]Ver folio 47 del cuaderno 2
[18]Ver folio 14 del cuaderno 1
[19]La recomendación está adiada a siete (7) de septiembre de 2011. Ver folio 53 del cuaderno 2
[20]Ver folio 18 del cuaderno 1
[21]Ver folio 32 del cuaderno 1
[23] Ver folio 34-54 del cuaderno 1
[24]Ídem
[25]Sentencia T-121 de 2011. M.P. Jorge Ignacio PreteltChaljub

References: artículo 23
 artículo 26
 artículo 53
 artículo 6
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 36