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Timestamp: 2019-08-23 18:59:41+00:00

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BANCO PROVINCIA Y PACTO DE SAN JOSÉ DE FLORES - LA ACCIÓN AUTÓNOMA DE NULIDAD Y OTRA COMPETENCIA - LA ACCIÓN AUTÓNOMA DE NULIDAD CONCURSAL - LA QUIEBRA Y LA NULIDAD POR ACCIÓN DE NULIDAD - EL ALEGATO DEL BANCO PROVINCIA EN TORNO AL PACTO DE SAN JOSÉ
EL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y SU ALCANCE CON EL PACTO DE SAL JOSÉ DE FLORES PERMANENTEMENTE ALEGADO. LA ACCIÓN AUTÓNOMA DE NULIDAD EN FRAUDE CONCURSAL. LA ACCIÓN AUTÓNOMA DE NULIDAD COMO INCIDENTE PROCESAL. DESCARGA EN AUDIO TEXTO IMPLICA QUE LO PUEDE ESCUCHAR AL TEMA POR INTERNET O DESCARGAR ESTE CONTENIDO EN AUDIO EN SU PC.
Por el doctor Juan Carlos Muse Generch.
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LA ACCIÓN AUTÓNOMA DE NULIDAD EN UN INCIDENTE CONCURSAL O COMO INCIDENTE.
PROMUEVE ACCIÓN AUTÓNOMA DE NULIDAD. ACTOR: ZZ S.A.C.I.F.I y A. ACCIONADO: Banco de la Provincia de Buenos Aires. MATERIA: Revisión de la cosa juzgada en materia de resolución judicial que admitió verificación de crédito de dicho Banco contra la concursada ZZ S.A.C.I.F.I y A. Señor Juez: XX, en mi carácter de presidente de la Sociedad , ZZ SACIFIA, con el nuevo patrocinio letrado del Dr. Juan Carlos Muse Generch, abogado, inscripto en la matrícula del C.A.C.F.A. al Tomo XXXI Folio 858 ( Monotributista, CUIT: 20 – 12661567 – 2, constituyendo domicilio procesal en Formosa 1259 Beccar, Pdo. De San Isidro, a V.S. respetuosamente digo: I.- Que, conforme la personería que luce en el concurso de ZZ S.A. que tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 de San Isidro, vengo a promover este incidente de nulidad, en tiempo y forma, contra la resolución que ha admitido la verificación de crédito en el concurso de mi representada, todo contra el Banco Provincia de Buenos Aires, con domicilio real en San Martín 137, Capital Federal, pero notificándose de este incidente, al tratarse de un incidente concursal, a la aquí accionada, o sea el Banco en mención, a su domicilio constituido.. Por lo que, en este incidente, cuya apoyatura jurisprudencial se cita, aparte de realizarse en tiempo y forma, se solicita la comunicación al síndico y a la masa de acreedores. Aclararé seguidamente los hechos y la procedencia. El monto que se pretende anular, es el verificado. Y la fecha de toma de conocimiento de el apoyo a esta acción de nulidad autónoma, es la de las culminciones de las pericias contables presentadas en los autos “ZZ S.A.C.I.F y A. c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ Ordinario” ( expte: 80.603 ), y están tramitando por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nro. 12, Secretaría nro. 24, de la Capital Federal. II.- Conforme se desprende del libelo de presentación la causa directa de la cesación de pagos, obedece al accionar de un tercero, esto es, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a relación causa efecto. Al respecto, se había señalado la inexistencia de causa que diera origen a la deuda verificada. Con posterioridad, a esta verificación, en el año 2002 se inicia un proceso judicial inverso, tendiente a que dicha entidad bancaria, indemnice a la empresa concursada por los daños y perjuicios que ocasionó mediante la alegación de una invención de una deuda, como consecuencia de no poderse arribar a alguna conclusión de su existencia. Los autos se denominan “ZZ S.A.C.I.F y A. c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ Ordinario” ( expte: 80.603 ), y están tramitando por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial nro. 12, Secretaría nro. 24, de la Capital Federal. Alego dolo en la verificación del crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y, si es óbice para el mismo, el plazo de 90 días previsto por el art. 38 de la L.C., nada obsta a una factible acción subrogatoria, cuyo conocimiento fundamental, dado lo novedoso del tema, puede ser materia de investigación por la sindicatura (art 33 L.C.). Además debe señalarse el concepto de dolo acuñado por Santiago Farsi y Marcelo Gebhardt en “Concursos y Quiebras” (Comentario Exegético de la ley 24.522 – Jurisprudencia aplicable), de Editorial Astrea, quienes en página 151 indican que, en el ámbito concursal, dicen….. “En el caso se trata del concierto del que invoca el crédito con el fallido, para darle apariencia de verosimilitud a un crédito inexistente, menor, o sin privilegio”. Aunque en el caso, no ha existido concierto alguno con el mencionado Banco, como se ha de demostrar, por lo que el plazo de 90 días no puede alcanzarme, como tampoco al concurso. Las negrillas son propias, para destacar que por hechos nuevos se ha determinado la inexistencia de crédito para con la concursada de parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cabe entender que la acción autónoma de nulidad que pudo haberse interpuesto, no veda el conocimiento y decisión de V.S. señalando el autor mencionado: “La promoción de la demanda ordinaria por dolo no priva al acreedor de participar en el proceso, ni de dar su conformidad al acuerdo, ni de cobrar el monto resultante de su cumplimiento. Pero, en este último caso, el juez, a petición de parte, o de oficio, puede disponer medidas cautelares para la restitución de lo recibido si la acción prospera” Nos encontramos ante dos situaciones diferentes: una de ellas, es la inexistencia de la deuda con el Banco Provincia, determinado luego de la apertura del concurso, y con elementos de prueba, aunque bien sabía la suscripta, de la inexistencia de la misma, hizo todo lo posible para que dicha entidad bancaria no pueda verificar. Otra situación distinta es la del dolo propio del acreedor que verifica, que engaña al síndico y que, por medio de la defensa en un proceso civil ajeno, demuestra que ha verificado una deuda inexistente, aún cuando no medie dolo específico desde el punto de vista del proceso civil en el que se demostró la inexistencia de la deuda y para con respecto a ese otro proceso. En este último caso, el engañado es el concurso, el síndico y el juez, por cuanto este es un proceso universal, con plurilaridad de intervinientes, y con un control mas afincado en la realidad de los hechos, más que en el proceso común civil de cognición. Yo lo había adelantado en mi presentación en concurso y lo había manifestado al atacar la resolución verificatoria, la que ahora es írrita, y, por lo tanto, hasta podría decirse, carente de plazo de prescripción, desde que no existe dolo específico o fraude procesal en el proceso civil que he iniciado en el año 2002 contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero, en ese proceso, al que haré mención, ha quedado demostrada la inexistencia de la deuda, aún cuando se permita en los procesos civiles convencionales la habilidad y destreza del abogado, como en su momento ha señalado la sindicatura al examinar el pedido de verificación de este Banco. Por supuesto y como ella significa, no basta con una mera cosa juzgada formal. Por consiguiente se impone una nueva revisión a tenor de lo dispuesto por el art. 499 del CC. Respecto de la acción de nulidad ha manifestado la jurisprudencia bonaerense: Fuente: BASE JUBA FALLOS OFICIALES Autor: BASE JUBA FALLOS OFICIALES Jurisprudencia Sintetizada. Base JUBA. Ref. Fallos Sumarios Oficiales. Base JUBA. Materia: Civil y comercial Sumario: B2801358 Voces: Prescripción - Plazo // Acción de nulidad - Prescripción. “Mediando consenso doctrinario y jurisprudencial -no unánime- acerca de que la revisión de cosa juzgada puede viabilizarse a través de una acción autónoma de nulidad -habida cuenta de la analogía existente entre la "causa petendi" que anima y en última instancia caracteriza a ambas acciones- ello acude en apoyo de la posición hermeneútica que considera que el término decenal que la norma del art. 4023 del C.C. dispone para la prescripción de la acción de nulidad de acto jurídico, resulta de aplicación para la prescripción de la revisión de cosa juzgada” CCI Art. 4023 CC0000 PE, C 3574 RSD-161-00 S 28-9-2000, Juez IPINA (SD) CARATULA: Ferreyra, Juan I. c/ Dalessandri, María T. s/ Revisión de cosa juzgada MAG. VOTANTES: Ipiña-Gesteira-Levato TRIB. DE ORIGEN: JC0200 UTSUPRA: A00140405802.- En el caso, la cosa juzgada que se pretende rever, es la sentencia interlocutoria que admitió al crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y no otro elemento, por carecer, ese banco, de elementos documentales base de la deuda que se reclama por dicha entidad en el concurso. Habiéndose, incluso, probado el extremo invocado por fase negativa, o sea prueba diabólica. Que NO tiene, el mencionado banco, registro contable respecto o en mi contra de deuda alguna. De más está decir, que, el hecho de que se alcance a probar este extremo, a mas de ser duro, se ha logrado y a pesar de las dificultades que representa probar lo que NO es un hecho. En consecuencia, deduzco este incidente, solicitando el traslado a los acreedores y al síndico, a fin de que, por esta vía, se revea la cosa juzgada (la verificación). La misma sindicatura, incluso, tiene facultades suficientes para la revisión mencionada. Cuando el Banco de la Provincia de Buenos Aires, intenta verificar el crédito, lo hace mediante la sola presentación de la sentencia judicial, señalando, la sindicatura al admitirle el crédito en forma parcial: “Se hace constar que, en el momento de presentarse a verificar su crédito, en la oficina de este síndico, se le requirió al letrado que concurrió a dicho acto, que ampliara la documental respaldatoria de su crédito, lo que constituye, conforme a la doctrina del art. 32 LC, una obligación legal a su cargo, como es la presentación de lo que la ley denomina “títulos justificativos de los créditos”, y que constituye uno de los requisitos esenciales que deben ser cumplidos en el pedido de verificación ante la Sindicatura. Recordemos con el maestro Pajardi, que enseña que la etapa verificatoria es un proceso eminentemente documental.. Expresa seguidamente la sindicatura ante el pedido de verificación “…tan escasa información, como era su obligación legal, aportó la actora, exigiendo de la sindicatura acceder al conocimiento de sus piezas principales a través de un esfuerzo desgastante, con el fin de cumplir adecuadamente en tan particular intríngulis jurídico, a una solución justa y equitativa, que además respete los principios concursales fundamentales, tales como el pars conditio creditorum, ante la existencia de una masa pasiva constituida por 40 acreedores. Este Banco intentó cobrar por un interés adicional del % 50 de la que correspondía a la tasa activa, que judicialmente le llevaba a la suma de $ 1.829.396,76 al 13/07/95, en la sentencia por la que se hizo lugar a la verificación del crédito, se le redujo sensiblemente ese monto, que, conforme al Juez en lo Comercial que intervino en su momento y que dio lugar a la demanda instaurada en contra de ZZ, llevaba entre intereses y capitalizaciones de los mismos, 50 veces el monto de la deuda que dice ese Banco que poseo con él, pero que ni eso es cierto.. Asimismo intentó verificar créditos por cobranzas judiciales y ante el incumplimiento al art. 32 de la LC, y la derivación a la sindicatura del examen histórico de estas sumas, se atuvo la misma, a disponer la no verificación de estas últimas sumas. La sindicatura hace un examen del proceso que gesta esta deuda y dignifica el esfuerzo realizado por el gobierno nacional en aras de guardar relación con la rentabilidad empresaria, mas que beneficiar a la usura, o sea, actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres ( doctrina en torno al art. 953 C. Civil ), por lo que, teniendo en cuenta, que el proceso judicial ha existido, le admite al Banco de la Provincia de Buenos Aires, un crédito quirografario por la suma de 223.629,51, no habiendo expresado, señala la Sindicatura, nada el letrado respecto del anatocismo no pactado. Ahora bien, el mencionado esfuerzo al que hizo alusión la sindicatura, llamó poderosamente la atención a esta concursada para lanzarse a iniciar, en el año 2002, un proceso por daños y perjuicios, resultando del mismo, un esfuerzo aún mayor por parte de los peritos designados en esos autos, que no ha merecido ningún reproche por el juez de la causa, al tratar de establecer las razones de la deuda origen al que declaró ignotas. Estériles fueron los argumentos de la accionada, entonces Banco de la Provincia de Buenos Aires, contra los peritos contadores, puesto que los mismos, se circunscribieron a desarrollar una tarea contable y, excediéndose de tal tarea, sólo describió posteriormente, lo que la Oficina de Legales del Banco le mostraba, pero sin respaldo contable, por lo que determinó la inexistencia de causa fuente de deuda alguna. Muy a pesar de que el conteste a la demanda, en dichos actuados, sostenga que la deuda tiene origen judicial ( fs. 141 ), lo que no basta para el concurso, tal como ha señalado la señora Síndica del mismo. Allí señala la accionada que la deuda es legítima por estar verificada por ante este concurso. O sea, la legitimación de la misma se alega, por una suerte de redundancia cíclica. El concurso la acepta, por principios de elasticidad procesal y por ser Cosa Juzgada, y a su vez, el letrado del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la sostiene, a su vez, en virtud de habérsele hecho aceptación a la verificación concursal. Más, de los actuados mencionados, surge el dolo previsto en el art. 37 L.C, independientemente de la destreza del letrado del Banco Provincia y/o su habilidad en el proceso que menciono, o de la dejadez que pudo haber existido de mi parte o de mi asistencia letrada, etc. Asimismo señala el banco allí accionado que no “se ha acreditado la remisión ni la recepción” (fs. 141 vta.) de una carta documento, que la parte actora remite y consta a fs. 36, 37 y 38 de dichos actuados y mantiene el letrado del Banco Provincia sólo un desconocimiento de dichas misivas, las que son enderezadas a, obviamente, aclararle debidamente a dicha entidad, que no existía, deuda origen con respecto a dicho Banco. Y si bien es cierto que el proceso civil de cognición admite por propia naturaleza, cualquier medio de prueba, el proceso concursal, no puede prevalecerse únicamente de una sentencia judicial. el que, si bien los aludidos documentos hicieron a un proceso judicial por daños y perjuicios, cierta y obviamente son documentos reveladores, así como la mera negativa y nada mas, en la recepción de dichas misivas por parte del letrado del Banco Provincia, meras negativas que no hicieron a la sentencia dictada en esos autos ni fueron consideradas, ni trascendentes, negativas a documentaciones, que la accionada Banco Provincia, entonces, y circunscribiéndonos al proceso concursal, donde el marco de las meras negativas del art. 354 inc. 1, y, por ende, aunque sean una carga procesal, el concurso, estaba de por medio en ese entonces, y no tienen cabida en dos sedes posicionarse de manera distinta. Es menester, sobre todo cuando se tiene el monopolio de la prueba, como en el caso del Banco Provincia, la debida explicación, pues, el concurso estaba vigente, sabía o debía saber que no puede posicionarse de manera diversa en uno y otro ámbito, tan sólo porque los procesos son diversos. Sabía que por dicho monopolio probatorio, tenía la carga procesal de colaborar en materia probatoria. Pero el letrado del Banco Provincia, mas allá de la destreza que le puede caber reconocer, no sólo no ha colaborado en materia probatoria, sino que, además, ha ayudado a que no se consulten los libros de contabilidad de dicha entidad. Si bien es obligación de la sindicatura, la investigación de los documentos, no es menos cierto que no pone esta parte en un compromiso a la misma, cuando sí lo hizo en estos actuados el letrado del actor, conforme me ha trascripto. Son, para este concurso, meros argumentos, o, posicionamientos procesales insignificantes. Mediaba durante ese juicio este otro de concurso preventivo, donde la realidad material es la que mas importa, por otro lado. Máxime, como adelanté, con la existencia de dolo en la verificación, puesto, que, como he señalado, en el juicio antedicho, surgió palmario que no existía deuda alguna con el banco que aquí verificó una deuda que sólo tiene raíz procesal, y que hubiese habilitado una acción autónoma de nulidad del proceso por el cual verificó la entidad Bancaria, su crédito en este concurso. Así es como se limita el abogado del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a señalar a fs. 142 como única realidad de los hechos, lo que transcribo: “V.S., la realidad es que la actora fue demandada por una deuda que permanece impaga en los autos caratulados “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ ZZ S.A.C.I.F.I. y A. s/ Ordinario” al cual se agregaron por cuerda los autos caratulados “ZZ S.A.C.I.F.I y A. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s! Consignación”. habiéndose dictado sentencia conjunta en ambos con fecha 28-08-91 por la cual se falla rechazando la consignación y condenando a ZZ a abonar al banco demandado la suma de A 71.363,14 con mas los intereses moratorios y punitorios pactados con costas” Si bien es cierto que nadie cuestiona desde el punto de vista ritual esa defensa y no se le hace ningún cargo al letrado del modo de defender a su cliente, lo cierto es que ontológicamente, estamos en presencia de una realidad que dista de la que obra en el concurso, donde, éste, y fuera de la cosa juzgada, hay una falta completa, por un lado, de elementos documentales, y otra que refuerza a la misma, que es, o consiste, en que no podemos obviar, lo cual es la inexistencia de deuda. Aunado ello que, todo lo que podamos inferir desde el punto de vista del proceso civil, el Banco que ha verificado, mal que mal, no tiene otros argumentos vertidos en otro expediente, que no puede ser dejado de lado. Este es un dato de la realidad, un dato que se infiere a partir de bases empíricas y comprobables, donde el concurso debe tomar razón de estos elementos dichos contra documentos, para poder admitir o rechazar un crédito. Y que si bien es cierto que ha sido admitido dentro del contexto resolutivo de la “cosa juzgada” como decisorio, no es menos cierto que las consideraciones judiciales no pesan en modo alguno a este concurso, desde que, así como no se pueden aunar los procesos civiles y ordinarios de cognición, tampoco el proceso concursal con el primero, por lo escueto y amplio del conocimiento del uno contra el otro ( adviértase que existen en la LCQ consecuencias penales, a modo de ejemplo, por lo que la verdad material tiene aquí un especial significado ). Y de la lógica consecuencia de este silogismo, fuera de la cosa juzgada, y teniendo en cuenta las facultades revisoras de la misma, sin salir de su contexto decisional, las consideraciones, expresiones, y argumentos, volcados en ese juicio, son, para el concurso, un elemento de prueba que se condice con lo expresado por la síndico ya mencionado, y con lo que cuadra, no sólo la investigación del título origen de la obligación, la morigeración de los intereses, y, por supuesto, todo otro elemento de prueba que haga dudar el crédito que el Banco Provincia asevera tener en distintos posicionamientos contradictorios. Mas allá de lo cual, como he dicho, el objeto de el proceso contra dicho Banco ha sido una reclamación dineraria por los perjuicios ocasionados, y la sentencia se ha abocado sólo y tan sólo a ello. De otra manera, hubiésemos estado en presencia de una acción de certeza, lo cual no es el caso, pero sí lo es cuando, la sospecha tiene estas connotaciones. Por la cual, si el Banco Provincia, se ha considerado, con derecho a verificar en este concurso, ciertamente la misma es rebatible a partid de constancias claras de las que voy a hablar y que conciernen a la ocultación maliciosa de pruebas, y por ende se trata de un ardid, esto es un dolo, mal que le pese a la Justicia Nacional, el concurso tiene facultades para discernir la causa o título origen de la deuda, habiéndose demostrado en los autos referidos, todo lo contrario, esto es, la inexistencia de deuda alguna. Se trata, en definitiva del art. 499 del Código Civil, trascendental y reconocido como principio elemental del derecho. Si bien la sentencia, en dichos actuados, le fue adversa a la aquí concursada, lo ha sido en virtud de la inexistencia de la prueba de los daños y perjuicios, pero el dolo o maquinación, ardid, y artificio – este último especialmente – surge no sólo de la pericia, sino también de las jugadas procesales de la entonces accionada Banco Provincia, con respecto a la defendida deuda. Y mal defendida deuda, pues se ha caído en un sofisma de fácil superación, sabiendo de la existencia de este proceso concursal. Siendo que, por otro lado, no ha sido tampoco su actitud, materia de resolución judicial, pero, esa conducta, letrada, que reitero, es una incuestionable defensa, es contradictoria con el concurso y su fase inicial de verificación. Sólo sirve, ahora, para demostrar los sucesivos ardides en los que incurrió en el proceso referenciado y no para ese proceso, sino para éste, especialmente, por el llamado principio de colaboración en materia probatoria, donde el Banco solamente “dice” (teniendo el monopolio de la prueba) y solamente ello, tener una deuda que no se encuentra registrada a su favor, en ningún documento. En primer lugar se hace por parte del perito designado de oficio en dichos autos, un esfuerzo notable por poder compulsar los libros del Banco de la Provincia de Buenos Aires, no consiguiendo el objetivo, e, incluso, escondiéndose a los mismos, de la órbita de su examen, al igual que la conducta que el Banco ha tenido para con respecto a la sindicatura. Hasta el hartazgo, sólo logró concluir hipótesis o conjeturas, ya que no hay respaldo documental ni contable, ni de ningún orden. Es más: el mismo banco reconoce no poseer contabilidad por no estar obligado a ello. Tras varios argumentos ensayados, en dicho proceso, incorpora el letrado del Banco mencionado documental obrante en la Oficina de Legales de la misma entidad, donde el mismo letrado actúa y en función de las deudas que informa dicha Oficina, y las pone de manifiesto al perito como si ello fuera el referido respaldo contable. Dicho de otra manera: yo abogado, afirmo, lo que afirmo, porque lo que digo vale, porque provengo de una oficina que es dueña de la verdad y en legales donde yo trabajo, se encuentra dicha verdad ( sea que sea tomada en cuenta como “contabilidad” o lo que fuere que se llame ). Añade, posteriormente que, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, no tiene obligación de llevar libros contables en virtud del pacto de San José de Flores (1859 )!! Para mejor recordar, este irrisorio argumento se basa en las siguientes disposiciones: art. 7mo, de dicho pacto: Art. 7º. “Todas las propiedades de la provincia que le dan sus leyes particulares, como sus establecimientos públicos, de cualquier clase y género que sean, seguirán correspondiendo a la provincia de Buenos Aires y serán gobernados y legislados por la autoridad de la provincia” Funda además el letrado, el derecho del Banco a no llevar contabilidad de clase alguna, en virtud de la ley 1029 que señala Artículo 3º.- El Banco de la Provincia, el Hipotecario y el Montepío permanecerán bajo la dirección y propiedad de la Provincia, sin alteración de los derechos que a ésta correspondan. Artículo 4º.- La Provincia mantendrá igualmente la administración y propiedad de sus ferrocarriles y telégrafos, aunque empiece su arranque en el municipio de la ciudad, conservando asimismo la propiedad de los demás bienes que tuviere en él. En la conducta del letrado, en desacuerdo con lo que se conoce como defensa total del cliente y dinámica de pruebas, teniendo en cuenta que existía un concurso, que bien podía saber de los datos que incorporaba con sus dichos, y, en su actitud, aporta como elemento de prueba oficios a bancos de datos, que son el motivo de la demanda por daños y perjuicios contra el mencionado Banco. Los ofrece como prueba de su defensa para luego desistir de dicha prueba. Se trata de oficios destinados a Organización Veraz, Veritas, y al BCRA, a fin de que quede acreditado en autos que las empresas con las que trabajaba la entonces actora ZZ S.A.C.I. F y A. NO han consultado las bases de datos de los sistemas regulados por la ley de hábeas data, como los mencionados. Pero: `posteriormente a la audiencia del art. 360 del CPCC de la Nación, desiste de dichas pruebas y se remite sólo y tan sólo a la información que al respecto puede dar el B.C.R.A., hablando en situaciones pretéritas, o lo que es lo mismo que decir, que, éste organismo oficial, pudiera dar conocimiento de las consultas que se hacen a su página web, en la Central de Información. Lo cual, obviamente, es imposible. Esa entidad, entonces, en modo alguno contesta, por no poder, dar una información respecto de la cual no tiene registros, puesto que, es sabido, que no puede responder, por no entenderse qué clase de oficio es ése, ya que es incontestable. Es imposible que el BCRA tenga una base de datos de empresas que le consultan vía internet, en virtud de ser clientes de la empresa ZZ, sencillamente porque cualquiera accede en cualquier momento a una información que consta en http://www.bcra.gov.ar. Lo cual, significa, consultar al ciber espacio por oficio, una prueba imposible. Distinta es la situación de las bases de datos, de organismos privados, regulados por la ley de hábeas data. Entonces, el BCRA, intentando, responder, lo imposible, solamente remite al Juzgado oficiante una nómina de circulares, pero ninguna de ellas, contiene la información aludida, esto es: cuáles empresas o clientes de la actora consultaron su base de datos. Obviamente por no poder hacerlo como he dicho. Como el letrado del banco advierte esta situación, o más bien, la conoce, reemplaza a la misma por una prueba de impresión de http://www.bcra.gov.ar y señala, graciosamente, que, en la misma, se simplifican las cosas, desde que es ahí donde puede apreciarse la situación 4 por la que la actora atraviesa ( ver fs. 501 de los autos referidos ). Pero, obviamente, lo hace en términos actuales, no históricos, ni tampoco por ese medio se puede llegar a establecer quienes consultaron la página de Internet de ZZ SACIFI y A. Vale decir, es como señalar: yo afirmo que debes, y que le informé al Banco Central de la República Argentina que debes, y esa información que yo mismo he dado, es el elemento de prueba. Así de sencillo. Ante la orfandad probatoria de la actora, en la prueba de los daños y perjuicios, y el alegato del letrado del Banco en el sentido de que la causal de su descrédito para con los clientes de ZZ, estuvo ceñida, a la presentación en concurso preventivo – lo cual es inverso, a mi criterio, conforme a la pericia presentada en los mencionados autos -, el juez, reitero, ante dicha orfandad probatoria, fundamenta su decisorio, sencillamente, en rechazar la demanda por daños y perjuicios, fundado en la inexistencia de probanzas de autos que hagan a los aludidos daños económicos, los que son someramente expuestos en la demanda. Esta problemática se resuelve sólo como se podía resolver, desde que no existió una función letrada, hasta el reemplazo del mandato, y concluido el período probatorio, presentándose alegatos, que considero irrefutables, pero válidos para este concurso, no por los perjuicios económicos ocasionados sino por la prueba producida y contundente, incluyendo a la misma conducta de la adversaria, que sirve para evaluar el resto de la prueba producida. Adviértase que la redundancia cíclica, se nota a fs. 502, donde nuevamente un perito señala que las respuestas no las obtiene de bases contables especificando en negrillas “Se deja expresamente aclarado que en ningún momento se tuvo acceso a los libros rubricados por el Banco, que permitieran certificar alguna de las presentes respuestas, a pesar de las reiteradas oportunidades en que nos constituimos en la Institución demandada” ( las cursivas son mías, no así las negrillas ) y a continuación señala que los pocos elementos que pueden aprovecharse provienen de la “oficina de contabilidad de asuntos contenciosos” del banco en mención. Señala, seguidamente, el perito en la foja mencionada: “La oficina de contabilidad de asuntos contenciosos proporcionó un listado simple de computación que llamaron estado de cuenta” y en la respuesta “a” informa lo siguiente, que ha sido, como he dicho, desechado por esta sindicatura: “La Oficina de Contabilidad de asuntos contenciosos proporcionó un listado simple de computación que llamaron “estado de cuenta”, en el mismo aparecen consignados tres débitos en ese bienio ( está mencionando el bienio 1998 – 1999 ): el primero, de $ 50.- con fecha 02-02-1998, el segundo de $ 17, del 20-04-1998, y el último, fechado el 19-11-1998, por $ 26. Los tres tienen el concepto “gastos de asuntos legales”. Como se sabe estos gastos que se intentaron verificar, ante la exigencia de la sindicatura de instarle al documento respaldatorio de dicha deuda, al letrado que se ha presentado en su oficina con la intención de acreditar su crédito al concurso, la petición ha sido rechazada, ante la clara exigencia del art. 32 de la LC. Ahora bien, todo el resto de la deuda, que aquí se ha verificado, tiene el mismo origen, y surgen de dichos y ciertos listados de computación, pero no de contabilidad regular. Es de especial consideración lo manifestado por el perito en el punto c) – fs. 502 vta. - donde trabajaba tratando de recabar información – no contabilidad – a partir de la Oficina de Legales del mismo banco, o sea, de donde procede el mismo trabajo del letrado que ha instado el juicio contra la egresa concursada. Ello así, por la inexistencia específica, de parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de todo tipo de contabilidad, fundado en el Pacto de San José de Flores, como se ha dicho. El mencionado punto “c” responde el perito a la pregunta: “Específicamente, si la actora operó con la demandada, en su caso, forma y fecha”, a lo que el perito respondió: “Según dichos de la subgerente del depto. de comercio exterior, Susana Aldatz, y del subjefe del departamento de importación, Alejandro Jonás, la demandada le extendió un crédito documentario de importación con fecha 20-10-1996 por U$S 15.615,18 mediante carta de crédito número 109.618. En realidad, eso se trató de una ampliación de un crédito que originariamente, se acordó en Agosto de 1986, por el término de 90 días, que se cumplieron en Febrero de 1987, fecha en la que llegó la mercadería a puerto. No obstante, el banco no exhibió documentación original alguna ni tampoco los registros contables que contengan asentada dicha operación Como puede advertirse, la pericia contable se ha hecho sobre la base de dichos, pero sin sustento contable de clase alguna. Así se explica, la razón por la cual, el letrado del Banco, en su presentación en la Oficina del Síndico, le insiste en que haga la misma sindicatura el mejor esfuerzo para establecer el origen de la deuda. Ahora bien, el perito no informa, obviamente, por no tener constancias, respecto de si el crédito ha sido utilizado por quien y para qué, y adquiere entre los dichos, más relevancia, ( si a meros dichos o manifestaciones verbales estamos ) lo expuesto por la empresa concursada, en el sentido expuesto a fs. 41 cuando en dichos actuados XX, presidente de la concursada, manifestó en una nota acompañada a la demanda iniciada contra ese Banco a fs. 41: “Fuimos clientes de dicho banco en la sucursal San Isidro desde mediados del año 1970 hasta 1988/89, sin haber perdido créditos hasta el año 1986 en la que solicitamos la apertura de una carta de crédito por, aproximadamente U$S 35.000 – para importar materia prima para nuestra producción. Nuestro proveedor prolongó el doble de tiempo el despacho de dicha mercadería y para la fecha en que se entregó la orden de compra de nuestro cliente fue anulada. “A partir de ese momento solicitamos a dicho Banco cierta tolerancia dada la sorpresiva anulación de la orden de nuestro cliente, y comenzamos a pagar parcialmente dicha Carta de Crédito dado que existían otros compromisos financieros a los que también debíamos hacer frente. Los U$S 35.000, se convirtieron en 71.000 australes, los que pagamos en cuatro oportunidades durante un año y ascendieron a algo mas de 200.000 australes” ¿A quien le asiste la razón en esta cuestión? ¿Cuál es la verdad? Desde que la orfandad probatoria es absoluta, son todos dichos. NADA DOCUMENTADO, la presidente de ZZ S.A. mantiene que no hay deuda, y por su lado los funcionarios de legales, no del Banco, o sea, supuestamente contadores o abogados, no se sabe, informan verbalmente cualquier otra cosa distinta. Luego y como forzada situación, en el posicionamiento antagónico, debe estarse a favor de la liberación de deudor. La rogatoria al B.C.R.A. de fs. 41 es elocuente pues el reclamo del Banco Provincia llegó a ser de 1.839.000 pesos o dólares, con los intereses, no considerados por la sindicatura, pero con la intención de verificarlos a tasa activa y capitalizándoles (anatocismo). Esto revela que la intención del Banco Provincia, siquiera debiera revelarle a V.S. indiciariamente, la intención de verificar por el mayor crédito posible, incrementando, mediante gastos judiciales o legales, o inventados, hasta el centavo y con una propensión o intención ilícita, por cierto, de, por qué no decirlo, destruir a la empresa a costa de mayores guarismos para provecho propio y personal. No hay dudas, ya que el señor juez que ha intervenido en los autos “BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ ZZ S.A.C.I.F. Y A” había advertido, y se pone de manifiesto en dichos autos, el exceso de intereses, sean punitorios o compensatorios, expresando, que no podía permitir, que la deuda se incrementase en más de 50 veces el capital origen, o supuestamente origen. Partamos de la base de que todo nace en legales del Banco Provincia, donde se desempeñan los mismos abogados que luego se ofician a sí mismos, porque no hay otra forma lógica de entenderlo. Llevando ellos su propia contabilidad, y que, ni siquiera llega a ser tal. Reiterando: yo manifiesto que debes y eso es prueba suficiente. Siguiendo la pericia expresada de fs. 502 vta. de los referidos autos en el punto “d” podemos leer el siguiente interrogante: “Informará el experto a qué concepto corresponde el importe de $ 2.900 que dio lugar a la inscripción en la base de datos por parte de la demandada.• A lo que el perito responde: “Según el listado de computación, que el demandado llama “estado de cuenta” mencionado en a), $ 7 corresponden al capital adeudado, y, el resto, hasta la cifra contenida en la pregunta, aparecen como “gastos de asuntos legales”. Vale decir, y como conclusión, a esta exposición reciente, si por $7, tenemos 2893 pesos de “asuntos” legales, que ni el departamento de legales informa, fecha, concepto, deuda de los $ 7, para llegar a cifras tan disparatadas por la falta completa de relación entre la una y la otra, ¿Cómo darle credibilidad a esto que mas que una carencia de contabilidad, parecería una suerte de adivinación?. Hubo, sin lugar a dudas, exceso en la tarea investigativa de los peritos contadores, puesto, que si no pueden establecer la base contable, debieron, no sólo señalarlo, sino, también informar al Juzgado, que no es trabajo de los expertos, estarse a informaciones dadas “in voce” o que no surjan de documentos contables. Potencia lo expuesto, lo señalado por el perito a fs. 503 punto f) donde se le pregunta “Especificará al Juzgado qué información este Banco, en relación a la actora, suministró al banco de datos del Banco Central de la República Argentina para su información al sistema financiero y que diera lugar a su calificación como riesgo 4”. A lo que el perito respondió: “El funcionario de la demandada citado en el punto anterior proporcionó fotocopias de 14 planillas en las que siempre aparece la actora con una deuda que va, desde $ 2.877,22 ( en noviembre de 1996, la primera ) hasta $ 4.167 ( en mayo de 2002, la última ). Cabe agregar que en todas, la situación del deudor es 4. En un intento por probar que esa información llegaba al B.C.R.A., el jefe de la central de deuda exhibió un soporte magnético denominado CD ROM y por pantalla apareció una deuda de ZZ a diciembre de 1998 de $ 2.964,01. No pudo determinarse que un acuse de recibo global del B.C.R.A. del 11-.08-1999 haya correspondido a ese material mencionado” Esto por un lado. O sea, no tenemos nada. Por otro lado las cifras mencionadas nada tienen de relación con las anteriormente periciadas. Estamos en presencia de una verdadera y total anarquía desde el punto de vista pericial contable, haciendo, los peritos las veces de detectives Las constancias documentales de fs. 508/512 son clara demostración de que, legales del Banco de la Provincia de Buenos Aires informa por su sistema de legales (valga la redundancia) y no por contabilidad propia de un Banco. Al margen de lo expuesto, reconoce ese hecho, por medio del Pacto de San José de Flores, al impugnar la pericia cuando se señala, por parte de ese Banco, que el mismo está exento de llevar contabilidad en virtud del señalado pacto. Demostración del dolo es esta conducta, pero positivamente y sin hesitaciones se demuestra, ante el permanente ofrecimiento de prueba parte de la accionada Banco Provincia en esas actuaciones, (siempre que tengamos en cuenta el principio de colaboración en materia de prueba y la existencia ya por ese, entonces de este concurso) la persistencia de meras negativas sin hacerse cargo de la prueba en forma dinámica. Pero al lado de este hecho, la pericia contable se realiza sobre la única base pericia de la oficina de los informes de legales del Banco Provincia, (léase: deudas en las proximidades de un juicio). La que, encima, es contestada e impugnada por el letrado del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y la impugnación es irriXX, puesto que parte en todos sus puntos, no sobre contabilidad, sino sobre la base de lo que el perito pudo o, mejor dicho, trató de verificar, pero no lo hizo con libros ni registros contables de clase alguna, recayendo nuevamente en redundancias: dado que el mismo banco se expide, el mismo banco a través de su apoderado impugna. “Impugna parcialmente”, señala, lo que consta en la oficina de legales ( ver fs. 542 ). Realmente risible. Entonces ¿Qué hace? Ataca la pericia del otro perito contador sobre la base de lo informado por legales en forma no contable y verbal sobre lo que el perito de fs. 553 pudo responder (otro perito contador). Y, obviamente, los peritos, ha resultado mas investigadores de constancias contables que, encima, le fueron ocultadas y todo lo ponen de relieve en su informe pericial. Pero efectivamente, este otro perito contador señala la existencia de libros contables a fs. 532!! Agrega que sí existen libros contables en el Banco Provincia, pero no tuvo acceso a ellos, sólo que pudo consultar una cuasi contabilidad en la oficina de legales. Y en la misma respuesta al punto 1.- consultó los libros contables del Banco, quien sostuvo la obligación de no tenerlos como se ha dicho, y no se pudo establecer conforme a los libros contables del banco, que haya existido en dicha época una relación de deuda entre 1998 y 1999 y, entonces ¿Qué hacen? Le exhiben, conforme al cuestionario que responde a fs. 532, meros informes de deuda de sistemas computados que se los remiten al BCRA, pero ello por medio de una suerte de oficina de contabilidad de legales del Banco. A fs. 533, en respuesta al punto de pericia 2) se responde: “No es ZZ deudora del Banco de la Provincia de Buenos Aires”. Al perito se le informa, de manera verbal, como siempre, en esa oficina, una y otra cosa distinta. Señala el perito, que se le dijo – o sea verbalmente – que, con fecha 24/06/2002 se habría producido la transferencia de la deuda a un fideicomiso provincial creado por una ley provincial, según la ley 12.726 y que ese habría sido el destino final de los fondos ( usa el potencial ). Insisto, los peritos excedieron el marco de la tarea encomendada como contadores. Pero, sus dichos, sus informes, revelan que no hay respaldo para la deuda en este concurso verificada. Mas elocuente es lo informado por este perito en respuesta al punto 4) “Determine a qué concepto obedece el importe informado por el banco demandado. A lo que ha respondido: “A fin de dar respuesta a este punto, el señor Hugo Pollini ( jefe del Central de Deuda ), me informó que esa dependencia no contaba con el origen de la deuda.” Increíble. El mismo banco accionado da, por medio de su letrado, el lugar físico donde estarían los libros contables. Le señala al perito el teléfono y no pueden informarle al perito sino, sólo verbalmente, luego los libros desaparecen de la vista de los peritos. Y en este caso, ni siquiera el Jefe de Central de Deuda sabe. O sea ¿Qué clase de sistema informatizado es el que tiene este Banco? Ni siquiera se puede contar con alguna confianza, ni en esa pseudo contabilidad informatizada. E ingresamos bien en las maniobras, como lo haremos cuando ya la cuestión sea muy evidente, como ardid para crear una deuda inexistente, pero, previo a ello, y teniendo en cuenta la conducta indicada, bien clara del dolo, con el sólo objeto de creársele a la concursada una deuda, tenemos, en esa conducta letrada, una suerte de recurso de reposición, o algo por el estilo, a fs. 157, donde manifiesta su interés para la detención del proceso por falta de pago de ZZ de la tasa de justicia. Todos sabemos que el interés es la medida de la acción. Pero el pago de la tasa de justicia y su fiscalización, es decir su reclamo, se realiza, por parte del Poder Judicial, el único que puede tener un interés legítimo, para reclamar su cumplimiento. No corresponde a los letrados, sino a título de simples ciudadanos, el exigir el pago de la tasa de justicia, pero, para ello, no es necesario estar en juicio, por otro lado. Con el único objeto de detener el juicio, es insuperable, la idea de alegar la falta de pago de la tasa de justicia, ya que la parte no se perjudica ni se beneficia (en este caso el Banco Provincia ) con ello. Ya no hablamos de cargas de pruebas dinámicas, hablamos de dolo, claro, para evitar ser investigado. Pero, y sin embargo, alega, increíblemente, que, el pago de dicha tasa, o, mejor dicho, la ausencia de pago, le afecta el derecho de defensa en juicio (fs. 157). Al margen que no detiene el proceso, tal como señala el Señor Juez a fs. 158, conforme a lo dispuesto por el art. 11 de la ley 23.928 la omisión del pago de la tasa de justicia. El ocultamiento de pruebas: El perito contador Juan Carlos Degui, ha sido mucho más contundente. Previamente he de señalar que de la documental del banco ni siquiera se puede establecer la relación cliente – institución, ni eso ( ver fs. 528 ) Por ende, no estamos, en ese juicio, de daños y perjuicios, en presencia de una acción autónoma de nulidad, por no haber mediado engaño al juez, ya que el proceso, como se señala, versaba por daños y perjuicios, y no como una acción de certeza, como tampoco el juez que ha intervenido en dicho proceso, puede hacerse cargo de la mencionada carga de la prueba (de los daños económicos que ZZ instó accionando judicialmente). Pero respecto a la verificación de crédito, por conducto de la prueba pericial producida en esos actuados, sí se instaura en este momento la mentada acción autónoma de nulidad. Señala la accionada, en dichos autos, que en virtud del pacto mencionado, no puede la Nación, imponerle contabilidad al Banco Provincia de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que ha sido una Sociedad Anónima Privada, pasando a Estatal en el año 1946, y por ende, sujeta a la ley de entidades financieras (21.526) que establece en el art. 1 “Quedan comprendidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias las personas o entidades privadas o públicas oficiales o mixtas- de la Nación, de las provincias o municipalidades que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros” La obligación de llevar contabilidad surge de los arts. 35 bis inc. a) y 36 entre otros, además de ser insuperable la idea de que un Banco no lleve contabilidad. Si bien hubo conflictos al respecto entre este Banco y la Nación1 no tenía este alcance. Si bien la carta orgánica del B.C.R.A. señala: Artículo 1 - El Banco de la Provincia de Buenos Aires es institución autárquica de derecho público, en su carácter de Banco de Estado, con el origen, garantías y privilegios declarados en el preámbulo y en los artículos 31 y 104 de la Constitución Nacional, en la Ley Nacional de origen contractual número 1029 y en las Leyes de la Provincia. No es menos cierto que debe sujetar su actuación al régimen establecido, en el orden nacional, para todas las entidades financieras, y sujetar su normativa a la supervisión y exigencias del B.C.R.A, pues al mismo se ha sometido libre y voluntariamente. Y la carta orgánica del B.C.R.A. expresa que: “Salvo expresas disposiciones en contrario establecidas por ley, no serán de aplicación al BANCO CENTRAL DE LA “No es procedente imponer al Banco de la Provincia de Buenos Aires el impuesto establecido por la Ley Nº 25.053, que dispuso el pago de un impuesto a los automotores, embarcaciones y aeronaves con destino al Fondo Nacional de Incentivo Docente, y por lo tanto, los montos abonados por esa institución bancaria en tal concepto le deben ser restituidos; pues tratándose del pago de un impuesto nacional, no puede obligarse a la institución provincial a pagarlo, por estar alcanzada por la reserva que la Provincia de Buenos Aires obtuviera en el Pacto de San José de Flores del 11 de noviembre de 1859 cuyo artículo 7º dispone que “Todas propiedades del Estado que le dan sus leyes particulares, como sus establecimientos públicos, de cualquier clase o género que sean, seguirán correspondiendo a la Provincia de Buenos Aires, y serán gobernados y legislados por la autoridad de la Provincia. “Si bien esta Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo que el Pacto de San José de Flores no exime al Banco de la Provincia de Buenos Aires del pago de derecho aduaneros, ni lo pone fuera del alcance del Banco Central de la República Argentina para instruir sumarios por el giro indebido de divisas al exterior en violación de leyes nacionales, en ambos casos consideró que no se trataba de supuestos incluidos en la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los alcances de la reserva establecida en el artículo 7º de aquel Pacto. 3. No es procedente gravar las utilidades, los dividendos normales y de liquidación de las acciones y los intereses de los bonos hipotecarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por cuanto aquél no está sujeto a los impuestos nacionales, en virtud de la reserva establecida en el artículo 7º del Pacto de San José de Flores. 4. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es un organismo autárquico de la administración pública provincial, extraño a las regulaciones de orden laboral o de otra índole dictadas para instituciones de crédito que no revisten esa condición ni gozan de sus privilegios constitucionales. 5. La jerarquía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el carácter definitivo de sus sentencias, la armonía que debe haber entre los distintos órganos estatales, y la necesidad de ahorrarle al Estado los gastos que se derivarían de acciones judiciales previsiblemente desfavorables, determinan la conveniencia de que la Administración Pública se atenga a los criterios del máximo Tribunal en cuanto a la aplicación e interpretación del Derecho, aun cuando se opongan a los de la Procuración del Tesoro de la Nación. Dict. Nº 180/99, 11 de noviembre de 1999. Expte. Nº 13289-4.862/99. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. (Dictámenes 231:189).”
REPÚBLICA ARGENTINA las normas, cualquiera sea su naturaleza, que con alcance general hayan sido dictadas o se dicten para organismos de la Administración Pública Nacional, de las cuales resulten limitaciones a la capacidad o facultades que le reconoce la presente Carta Orgánica. Y si no fuere así, entonces su responsabilidad sería vecina del art. 1113 del Código Civil, dada la informatización a la que permanentemente alude el Banco accionado en sus respuestas. En suma, ante la inexistencia de documentación respaldatoria, y el ardid que así debe ser considerado, en este proceso, en función del principio de colaboración probatoria, cuando el monopolio de la prueba la tiene uno de los contratantes, y la actitud de parte del Banco aludido, ha sido de esconder al perito toda documentación respaldatoria. Nos encontramos frente a la inexistencia de causa, hipótesis que, involucra la revisión por dolo de esa verificación, tras el ardid sintéticamente expuesto, luego, mas desarrollado en este escrito. Dolo que se advierte con posterioridad pero que NO afectó al proceso judicial en sí que estoy considerando, ( “s/ Daños y Perjuicios” ), pero, el descubrimiento del mismo, a partir del inicio de las referidas actuaciones en el año 2002, podemos señalar que se presenta la situación del art. 37 de la L.C. en estos actuados. Por otro lado, señala dicha ley: “El Banco Central de la República Argentina tendrá a su cargo la aplicación de la presente ley, con todas las facultades que ella y su Carta Orgánica le acuerdan. Dictará las normas reglamentarias que fueren menester para su cumplimiento, a cuyo efecto deberá establecer regulaciones y exigencias diferenciadas que ponderen la clase y naturaleza jurídica de las entidades, la cantidad y ubicación de sus casas, el volumen operativo y las características económicas y sociales de los sectores atendidos, dictando normas específicas para las cajas de crédito. Ejercerá también la fiscalización de las entidades en ella comprendidas”, mas la Carta Orgánica, indica que son funciones del BCRA Artículo 4º — Son funciones del Banco Central de la República Argentina: a) Vigilar el buen funcionamiento del mercado financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y demás normas que, en su consecuencia, se dicten; b) Actuar como agente financiero del Estado nacional y depositario y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido; c) Concentrar y administrar, sus reservas de oro, divisas y otros activos externos; d) Propender al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capital; e) Ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación Todo lo cual es imposible sin contabilidad. Y no puede decirse que el pacto de San José de Flores le haya hecho al Banco la exención de llevar contabilidad y conforme al sumario que expuse, el pacto mencionado, sólo refleja una exención impositiva de la Nación para con respecto a su actividad comercial. En consecuencia con lo expuesto, y lo dispuesto por el art. 499 del Cód. Civil, ya citado, debe desecharse esta verificación: “No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles”. Como principio sentado en la L.C. y en función de que los acreedores concurren en pié de igualdad a cobrar sus acreencias, sostenemos que el síndico, no tiene, para el caso narrado, una particular o extraordinaria labor. En la segunda etapa el síndico debe realizar investigaciones sobre el crédito compulsando los libros y documentos del deudor y, en cuanto corresponda, los del acreedor. Puede también pedir al juez medidas para obtener todos los elementos de juicio necesarios. Agrega los pedidos de verificación a los legajos presentados por el deudor en su oportunidad o, abre nuevos legajos si se trata de acreedores no denunciados (art.33 LC). Ahora bien, y dado que lo narrado consta en el expediente judicial mencionado, el mismo debe ser traído “ad effectum vivendi”, a fin de acreditar los extremos que invoco y no en razón de que ZZ SACIFI y A, haya iniciado un proceso judicial como acreedor. Además de ello, la resolución a dictarse cumple con la función de certeza sobre un estado de incertidumbre que abarca a toda la masa concursal, razón por la cual, pido también el traslado de esta presentación a todos los acreedores verificados. Repito, no se ha tratado, en ese caso, no en este, de una acción autónoma de nulidad. No se trató en el caso de revisar la cosa juzgada, puesto que, no se resolvió en la sentencia sino sobre la orfandad probatoria de los daños económicos alegados por ZZ S.A. Y, aunque ZZ, pudiera haber iniciado esa acción, su omisión probatoria, en ese sentido, si bien obedece a cuestiones de abandono de apoyo técnico legal, ciertamente en el proceso concursal, al tomar los acreedores conocimiento de esta cuestión, les es factible alegar y probar a respecto de una deuda inexistente ( posibilidad de acción subrogatoria de los acreedores de la concursada, llegado el caso ). Por dolo, se entiende, en el concepto del art. 37 y como enseña Santiago C. Fassi y Marcelo Gebhardt en “Concursos y quiebras” ( Ed. Astrea 2009 ) en pág. 151 que “Habría mediado una verdera estafa o fraude procesal”. No distinguiendo el proceso. Por lo que es inoponible, especialmente a los acreedores verificados, dicho fraude o estafa, a partir de la cual, se generaron deudas por meros procesos judiciales que luego se determinaron carentes de sustento o de legitimidad. En este sentido, el traslado a los demás acreedores, en un proceso donde prima la verdad material, no es óbice para que, cualquiera de ellos, intente, si lo desee, una acción subrogatoria, que se les ofrece, pero en subsidio, a la de nulidad, y sin perjuicio de mi legitimación, para pedir, previamente yo, la anulación de la cosa juzgada ( léase: la verificación de crédito ) y muy a pesar de lo dispuesto por el art. 39 L:C. “Las acciones por dolo a que se refiere el artículo precedente tramitan por vía ordinaria ante el juzgado del concurso, y caducan a los NOVENTA (90) días del la fecha en que se dictó la resolución judicial prevista en el artículo 36. La deducción de esta acción no impide el derecho del acreedor a obtener el cumplimiento del acuerdo, sin perjuicio de las medidas precautorias que puedan dictarse” III.- Clara intención dolosa: Como se ha visto, el Banco Provincia contaba con los libros, por lo que la deuda ha sido inventada, y ello adunado con el comportamiento de esa accionada que tenía el monopolio de la prueba resulta que, además, el perito Degui, ha pedido una intimación a poner a su disposición los respaldos contables del Banco, solicitando una intimación judicial a fs. 149, pero a fs. 183, el letrado del Banco accionado señala en autos lo siguiente: “Asimismo informo a V.S. que la pericia que el perito aquí designado debe efectuar se realizará en horario bancario, de 10 a 15 hs., en la sede de mi mandante, sita en San Martín 137, en el Departamento de Casa Buenos Aires debiéndose contactar para ello con el suscripto al 4348-9564 para concertar una entrevista previa.” O sea que sí tiene o tenía libros contables el Banco Provincia. Creo que no hay nada mas claro. Pero las cosas siguen: A fs. 191 a fs. 191, y previo a todo, no se comunica, como corresponde, con el abogado del Banco Provincia, lo hace con la institución, resultando a fs. 191 que el perito informa que le prometieron llamarle por teléfono. O sea sigue la dilación en la tarea de investigación pericial. Por lo cual, ya el juez, ordena una intimación al Banco mencionado para que ponga la documentación contable a manos del perito, para lo cual ya sucedió bastante tiempo. A fs. 193 el letrado del Banco Provincia dice ahora, que, para poner a disposición del perito los libros contables ( O SEA CONFIESA QUE EL BANCO LOS POSEE ), debe comunicarse previamente el perito con el Sr. Hugo Pollini, el que como vimos, informó después verbalmente a los peritos, y no desde el punto de vista de contabilidad alguna. El letrado del Banco dice, por escrito que puede comunicarse con él, le da su teléfono y el de la Oficina de Legales. ¿Se comprende lo que digo? Le señala al juez que el día 23/03/2005 a las 13:00 hs. y en birome, se llevará a cabo la pericia. Que logró una coordinación telefónica. Ningún perito manifiesta eso. Pero además, los libros de contabilidad del banco, ya parecen ser un secreto, algo inaccesible. Por fin, cuando puede tener acceso a los medios contables, el perito Degui dice que se tuvo que constituir en otro lugar y lo sindica a fs. 527, el cual es el el domicilio legal de la demandada Banco Provincia, en Mitre 441 6to. Piso contrafrente ( fs. 527 ) y a fs. 528 y a fs. 529 respuesta nro. 2 señala que NO le han dado acceso a tales libros de contabilidad, sólo comunicaciones verbales. A fs. 531, el mencionado Sr. Pollini, le hace meras manifestaciones verbales y sólo ello (siendo que es o era el Jefe del Central de Deuda ). Todo queda en lo verbal e informes computadorizados. Luego viene la absurda impugnación de la accionada, en el sentido ya visto, comparando lo que consta nada menos que en legales y los informes verbales del Banco Provincia, que los peritos pudieron informar, con lo que el experto debía confrontar: o sea los libros contables, no las deudas informadas al departamento de legales para el cobro. ¿De dónde han salido éstas entonces?. Bien, si hasta el momento no queda evidenciado que han sido inventadas, que no hay registro alguno, que se ha tratado de desviar al perito, de todas las formas posibles, a la Oficina de Legales y que no existe ningún tipo de contabilidad, sospechándose, obviamente que, la intención era hacer aparecer algo como contable, lo que no ha sucedido. Es evidente que, la allí accionada, Banco de la Provincia de Buenos Aires ha escondido los libros contables a los peritos, tal como se ha señalado respecto de su existencia. Por ende, se ha conseguido salvar la situación, dejar las cosas como están, y seguir verificado el crédito, lo que determina, que esa verificación ha sido realizada sobre la base de una DEUDA INEXISTENTE e incurrido en el ardid ya algo advertido por la sindicatura. IV.- MEDIDA CAUTELAR.- Dada la exigencia a este letrado de intervenir en forma inmediata, es menester hacer saber a V.S. que mejoraría, notablemente la situación de la empresa si, a las bases de datos, tales como Gnosis, Organización Veraz, Veritas y todas las existentes, se les haga saber que deberán incluir, como medida cautelar, una orden judicial de suspensión de la situaciones de morosidad para con el mencionado Banco Provincia, que he descripto en el libelo de esta presentación en concurso preventivo, como causa de la presentación en concurso y de todos los daños que ha ocasionado a la empresa ese Banco y de la que dan cuenta los autos “ZZ S.A.C.I.F. y A. c/ BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/ Ordinario” que, adelanto, solicito ad effectum vivendi et probando, para que la cautelar referida sea dictada con relación a esta anotación en base de datos. V.- PROCEDENCIA DE LA ACTUAL IMPUGNACIÓN. Cabe concluir, que la actual situación descripta, ha sido motivada en la circunstancia posterior a la apertura del concurso, y en el sentido de que se suponía, que el Banco de la Provincia de Buenos Aires, poseía libros contables y, por ende las cuestiones introducidas en la impugnación a la incorporación del Banco como acreedor, quedaron sin resolverse, afectando e derecho de defensa de la concursada y defendiéndose ésta de la verificación, con los escasos medios que poseía a su alcance, de orden conjetural. CNACom Año 2009.- Ref. Fallos Sumarios Oficiales. CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL - BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA 5-09. Voces: 1108. CONCURSOS: PROCESO DE VERIFICACIÓN. ACCIÓN DE REVOCACIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE CRÉDITO POR DOLO. DESESTIMACIÓN IN LIMINE. EXCESIVO RIGOR FORMAL. IMPROCEDENCIA. 6. 10. “Cabe revocar la resolución de grado que desestimó liminarmente la acción de dolo prevista en el artículo 38 de la LCQ, incoada contra la sentencia verificatoria respecto al crédito impetrado por la AFIP, toda vez que no es posible atribuir a la resolución dictada en los términos de la LCQ 37 el carácter de cosa juzgada material, por cuanto dicho pronunciamiento omitió resolver específicamente los aspectos impugnados, por lo que es forzoso concluir que la resolución dictada en ese contexto carece de fuerza de la cosa juzgada concursal respecto de la cosa juzgada emergente del incidente de revisión declarado extemporáneo por el a quo. Lo anterior, por cuanto no existió un trámite anterior contradictorio en el que se haya ponderado esta controversia, pues las cuestiones de fondo no fueron debatidas ni existe una decisión explícita que resuelva la cuestión. De tal modo, no cupo basar en la preclusión procesal ni en la cosa juzgada, la desestimación liminar de la impugnación mediante acción de dolo de la precedente verificación, toda vez que el procedimiento de la Ley 24522: 38, constituye el único medio concursal para impugnar una sentencia de otro modo destinada a adquirir autoridad de cosa juzgada, cuando se atribuya haber llegado a ella por medios ilícitos o irregulares (CNCom, Sala D, in re "Del Azar, Juan s/ quiebra s/ acción por dolo c/ Forexcambio SA s/ ordinario", del 09/09/98; y sus citas). I NLICA SRL S/ QUIEBRA C/ AFIP S/ ORDINARIO. Piaggi - Bargalló - Díaz Cordero. Cámara Comercial: B., 20090611 Ficha Nro.: 000054039 UTSUPRA: A00275665991.- Fuente: Boletines Oficiales de Jurisprudencia - PJN Autor: Boletines Oficiales de Jurisprudencia - PJN Asimismo se ha resuelto: Jurisprudencia Sintetizada. CNACom Año 2009.- Ref. Fallos Sumarios Oficiales. CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL - BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA 5-09. Voces: 1115. CONCURSOS: PROCESO DE VERIFICACION. IMPUGNACION. CAUSALES. ACCION AUTONOMA DE NULIDAD. ADMISIBILIDAD. EXCECPCION DE COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA. 6. 7. 5. “Cabe revocar la resolución que admitió la defensa de cosa juzgada opuesta por una coaccionada en el marco de una acción autónoma de nulidad interpuesta por la concursada, contra lo resuelto en un incidente de verificación de crédito. Ello así, toda vez que la decisión tuvo como fundamento que la concursada había tenido oportunidad de participar en la revisión del crédito cuya nulidad se pretende, pues se enmarcó en un trámite contradictorio; y en que en la presente demanda no se exteriorizaron elementos nuevos que autoricen a dar curso a la acción autónoma de nulidad. Sin embargo, no cupo hacer lugar a la defensa de cosa juzgada, pues lo que se ataca por medio del presente es, justamente, la autoridad de la cosa juzgada que emana de la sentencia que admitió la verificación del crédito. Ante la sospecha de la existencia de actos que pudieran configurar dolo o hagan presumir la presencia de vicios sustanciales que afectan algún acto procesal, la decisión podrá atacarse mediante la interposición de una acción autónoma de nulidad, susceptible de generar un proceso de conocimiento rodeado de las garantías que ofrece la amplitud de debate (CNCom, Sala B, in re "Buenos Aires Tur SRL s/ acuerdo preventivo extrajudicial" del 14/11/06; ídem Sala C in re "Club Deportivo Español de Buenos Aires s/ concurso preventivo" del 07.11.00). De tal modo, tratándose de una acción donde se cuestiona -precisamente- la calidad de cosa juzgada emanada de los pronunciamientos señalados al inicio, no rechazada liminarmente la demanda - si se hubiese entendido que no se daban los presupuestos para la admisión de esta acción- debió ordenarse la producción de la prueba ofrecida para determinar la procedencia - o no- de la nulidad de los pronunciamientos pasados en autoridad de cosa juzgada; mas no hacer lugar a esta última defensa. BARBERO, DELFLINA C/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA Y OTRO S/ ORDINARIO. Díaz Cordero - Bargalló - Piaggi. Cámara Comercial: B., 20090630 Ficha Nro.: 000054129 UTSUPRA: A00275672298.- VI.- DERECHO: Fundo el derecho de mi representada en: a) La teoría de las pruebas dinámicas. Las cargas probatorias dinámicas implican que la carga de probar determinado hecho recae sobre quien está en mejores condiciones fácticas de hacerlo, encontrándose la contraparte en una imposibilidad o extrema dificultad de acompañar dicho material probatorio. Se valoran las posiciones de ambas partes, tanto de quien alegó el hecho como también de la contraria. El primero debe encontrarse en una imposibilidad o dificultad para demostrar su afirmación y, la contraparte, hallarse en una posición de gran facilidad para derribar el hecho descrito por aquél. La carga probatoria dinámica supone entonces que “el onus probandi” se encuentra sobre aquél que se encuentra en mejor posición para probar determinados hechos que dificultosamente pueden ser demostrados por quien los alegó. La manifestación más antigua de la teoría data de 1823 y fue expuesta por el inglés Jeremías BENTHAM. Dicho autor denunció el abuso y las dilaciones causadas por encontrarse la carga probatoria sobre quien demanda, y propuso que la carga pese sobre quien esté en mejores condiciones probar. Por lo tanto, la teoría tiene poco más de 180 años y su origen es europeo. El instituto, lejos de quedarse en suelo británico, cruzó aguas septentrionales y llegó al viejo continente, principalmente Alemania. Gracias a un hallazgo de ARAZI, podemos situar en el 1933 un antecedente nacional, ya que un proyecto de reformas del Código Civil de ese año formulaba en su art. 11543 el interés sobre las situaciones de las partes litigantes a fin de determinar el sentido de la carga de la prueba. Del año 1957 data el primer antecedente jurisprudencial conocido, donde se impuso el “onus probandi”, sobre quien se encontraba en mejores condiciones fácticas de aportar la prueba, y proviene de la Corte Suprema Nacional en la causa: “Perón, Juan D.” El desarrolo nacional a la teoría es mucho posterior y proviene de una sentencia de un Juzgado rosarino, sobre un caso de mala praxis médica. (el que tiene que probar en los casos de mala praxis médica, la misma, es el médico, porque el paciente no tiene los conocimientos necesarios) A partir de 1981 ha tenido un impulso importante en la doctrina de nuestro país y ha sido bautizada con el nombre que la conocemos hoy. ROSENBERG advirtió lo siguiente: “La sentencia del juez se pronunciará en tal caso necesariamente en contra de la parte; no porque ella soporta la carga de la prueba, sino al revés: decimos que la carga de la prueba incumbe a la parte porque en caso de incertidumbre sobre una característica definidora del precepto legal debe decidirse en perjuicio de esa parte. Sólo al apreciar adecuadamente esta relación de causa y efecto, se comprenderá la coherencia de nuestro problema con la doctrina de la aplicación del derecho y se reconocerá la exactitud de nuestro punto de partida” (ROSENBERG, Leo; La carga de la prueba, Editorial B de F, 2º - edición en castellano, año 2002., págs. 27 y 28). b) Teoría de la acción autónoma de nulidad. Mi posición e imprescriptibilidad ( http://www.consejosdederecho.com.ar/112.htm ) sustentada por el criterio de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ha sido reconocido que cabe revisar la cosa juzgada, a favor del condenado, en situaciones excepcionales (CF. Teague v Lanek, 489 U.S. 288). La Corte de los Estados Unidos tras recordar el principio con arreglo al cual la regla nueva no conlleva la revisión de los actos jurisdiccionales dictados con anterioridad, ha reconocido que ello puede ocurrir en circunstancias excepcionales para evitar que perviva una solución violatoria de una garantía constitucional. Los cuestionamientos y condicionamientos. O bien porque este tipo de proceso no se encuentra legislado para los procesos judiciales en sí, pero sí para los laudos arbitrales (Alsina, Tratado, T. I., p. 668 ). AsÍ, Alsina, en su Derecho Procesal, Tomo I, Parte General, página 668, establece tres excepciones en cuanto a la acción de nulidad, la primera está dada por el art. 808 del Código, contra las sentencias de los amigables componedores, no se dará recuerdo alguno, salvo la acción de nulidad proveniente de haber fallado fuera de término o sobre puntos no controvertidos. La segunda resulta de la aplicación del art. 500 del Código de Procedimientos, que autoriza el juicio ordinario como consecuencia del ejecutivo. La tercera excepción se refiere al caso en que la acción se deduzca por un extraño que no haya intervenido en el juicio, aún cuando éste hubiera terminado en sentencia. Al respecto dice Couture, (fundamentos nro. 167,189 y 217) que para los casos excepcionales de fraude, dolo o colusión, debe conceptuarse concedida y no negada una acción revocatoria dirigida a obtener la invalidación de los actos ilícitos, cubiertos de formas procesales, realizados en perjuicio de terceros que no han litigado. La Cám. Civ. y Com. De la Plata declaró: “El auto aprobatorio de una información treintañal dictado con anterioridad a la vigencia de la ley 14.159 (que reglamenta el procedimiento contradictorio en los juicios por prescripción) puede ser impugnado por terceros interesados que no intervinieron en aquélla, mediante la acción revocatoria de la cosa juzgada obtenida fraudulentamente. (Jurisp. Arg. 1955-III, pag. 16). Comentando este fallo Ibáñez Frocham dice que bastaba en el caso oponer la excepción de “cosa no juzgada”, porque si no hay cosa juzgada la acción de nulidad no tiene objeto; pero la excepción de cosa no juzgada, pdorá oponerse a una acción fundada en la sentencia, y en caso contrario el tercero carecería de un medio para defender su derecho, como ocurriria en el supuesto del fallo. Bremberg, por su parte, (Cosa Juzgada y daño a terceros. La Ley Fallo 37.351) hace notar que en el caso no puede hablarse de cosa juzgada, ni siquiera de sentencia, porque el juez al dictarla no ha cumplido una actividad jurisdiccional, sino más bien administrativa. Podetti, en igual sentido (Tratado de los actos procesales, t II, p. 484 ). Chiovenda ha sostenido la posibilidad de la revisión teniendo en cuenta que la llamada "cosa juzgada" se debe considerar en función de su utilidad y oportunidad poniendo de resalto la justicia (Instituciones, t. II. p. 405), Carnelutti, que la admite cuando la sentencia se ha hecho intolerable, o socialmente intolerable y considera solamente la hipótesis de una decisión aparente y no real, como consecuencia de un proceso ficto y arreglado entre las partes. Rosemberg quien la admite en circunstancias graves, o Couture (Fundamentos pág. 386), como una acción revocatoria en caso de dolo o colusión. Esta resistencia, o circunscripciones, que, como veremos, importan también una limitación en el tiempo (un tiempo de interposición de la demanda, en virtud de caducidad de la acción o de prescripción de ella), es notable por parte de los procesalistas. Se advierte, a partir de que, el proceso es una herramienta para la justicia, por lo que no es poco habitual que los jueces mismos entiendan o crean entender que, mediante el proceso mismo y el Derecho Procesal, se llega a una sentencia justa, o así, a lo menos, lo crean. Se trata de una costumbre muy arraigada, que trae, a mi consideración, una suerte de “deificación” de la cosa juzgada. Coincido con Alberto Luis Maurino, en "Nulidades procesales" en pág. 297, cuando dice: "El planteamiento de procedencia de una acción de nulidad contra la sentencia firme, vuelca el terreno de la discusión dos disyuntivas clásicas" "La primera de ellas se pregunta si la cosa juzgada es intangible o no. La segunda, de carácter axiológico, coloca al jurista en la opción entre los valores justicia o seguridad. Y este discurrir teórico resulta vital para dar luz a la cuestión". Señala, seguidamente "En relación con la dicotomía axiológica justicia - seguridad, no es tal. No hay valor y disvalor que se polaricen" De todos modos, la necesidad de un fraude, en el que se apoya Couture, y otros elementos subjetivos, no entiendo, no alcanzo a comprender, qué tienen en relación al valor justicia, como tampoco la necesidad tan acentuada de una legislación específica. ¿No podría basarse sobre un error en un elemento de prueba, por ejemplo un informe judicial, cuya errática respuesta podría dar lugar a interpretaciones equívocas y sin necesidad de el elemento doloso? ¿Por qué reparan los procesalistas en los elementos subjetivos de los actos procesales? ¿Por qué los condicionan a favor de terceros como Couture?. Un oficio, solicitando informes a una entidad pública o privada, que es prueba vital, y que se puede convertir en un grave error, decisivo para el sentido de una sentencia ¿Que le agrega o qué le quita el elemento doloso o fraudulento? La parte queda afectada, y con ello su consabido derecho de defensa en juicio. Y de esta afectación surge naturalmente la nulidad, sea cual fuere la forma en que se instrumente. El problema subjetivo del acto fraudulento. Entiendo que, mediando cualquier vicio, que implique una indefensión, que pudo dar origen a una sentencia de otro sentido, hace factible la procedencia de la acción autónoma de nulidad. En este sentido no es dable deificar de tal manera al proceso, que tenga que existir y demostrarse un concilio fraudulento, la intención de afectar intereses de terceros. De lo contrario, la cosa juzgada, se convierte en una injusticia que afecta a la paz social, y, debo señalar, que, para nuestro ordenamiento constitucional, de neto orden liberal, con destino a la protección del individuo y sus derechos y garantías, por la seguridad jurídica, de jerarquía colectiva, no es dable aceptar que la retórica colectivista se imponga sobre la base del sacrificio del individuo y sus derechos, en ofrenda a la seguridad jurídica, o, lo que es lo mismo que decir, social. Es imponer un concepto netamente autoritario, propio de una visión colectivista, por encima de dichos derechos y garantías del individuo, consagradas ya en el inicio de nuestra Carta Magna, en el preámbulo mismo, operativo per se. Y ni que hablar de los tratados internacionales en la materia. El sacrificio del individuo o de sus derechos "por la sociedad" es ajeno a nuestro sistema, propio de esos regímenes colectivistas, en los que impera una corriente filosófica racionalista, inaceptable para nuestra constitución formal y material, teniendo en cuenta el cúmulo de derechos subjetivos que el individuo tiene contra la sociedad habiéndose llegado a la altura de los llamados derechos sociales, o sea lo que surgen a partir de la evolución del Estado gendarme, al Estado de bienestar. Son los derechos del individuo con respecto a la sociedad jurídicamente organizada (Estado) y no constituye el Estado, ni por asomo, en "imperator", de los derechos del individuo y del ciudadano. Según BIDART CAMPOS "lo que realmente existe en el mundo y, por ende, en la sociedad y en el Estado, son hombres individuales, hombres concretos, de carne y hueso, Hay Estado porque hay hombres; sin ellos, realidades sustanciales cada uno, con singularidad existencial, no habría Estado, que es el todo" Germán J. BIDART CAMPOS Teoría general de los Derechos humanos, pág. 169. Imponer a la cosa juzgada, por un principio de seguridad jurídica, las estabilidades que proponen muchos procesalistas, involucra un orden tan rígido que los derechos de las personas, conculca a favor de una retórica colectivista. Por ende, a la inversa que todos los procesalistas, propongo la idea de una amplia admisión de la revisión de la cosa juzgada, sin condicionamientos tales como culpa, dolo, concierto fraudulento, plazo de caducidad, plazo de prescripción. El autor precitado, ob. citada: Alberto Luis Maurino, restringe siguiendo a Berizonce citándole en pág. 300 en ( Medios de impugnación de la cosa juzgada, "Revista del Colegio de Abogados de La Plata", enero- junio de 1971, t XII, nro. 26, p. 259 y siguientes" lo que señala pautas concretas y dice al respecto, que las mismas son: a) Una acción autónoma, b) "Es la cosa juzgada con vicios intrínsecos ( dolo, violencia, fraude o simulación prohibida ), c) Legitimación Procesal: Pueden solicitar la nulidad las partes afectadas, los terceros perjudicados y el Ministerio Público, sosteniendo en el punto siguiente que el tipo de procedimiento a seguir, de carácter ordinario y dividido en dos etapas ( una destinada a la investigación del vicio, otra al dictado de una nueva sentencia ). Pero estos elementos subjetivos ( dolo, violencia, fraude o simulación prohibida ), condicionan a la acción, de una manera tal, que es realmente muy difícil la proposición de la existencia de este tipo de proceso, considerando, especialmente, que el error puede tener origen en independientes fuentes, y la sentencia incurrir en injusto, grave, leve o gravísimo, no importando la mancha que se deje a la cosa juzgada - como se ha propuesto - o a la seguridad justicia, si, por "afianzar la justicia" se obligará a los magistrados, de otra manera, a redoblar los esfuerzos tendientes a establecer la verdad material, que, es la que en oriente y en occidente, imperan para la conocimiento y decisión de las causas. Al decir de Alberdi: "No basta que la Constitución contenga todas las libertades y garantías conocidas. Es necesario, como se ha dicho antes, que contenga declaraciones formales de que no se dará ley que, con pretexto de organizar y reglamentar el ejercicio de esas libertades, las anule y falsee con disposiciones reglamentarias. Se puede concebir una constitución que abrace en su sanción todas las libertades imaginables; pero que admitiendo la posibilidad de limitarlas por la ley, sugiera ella misma el medio honesto y legal de faltar a todo lo que promete" No está por demás citar al art. 7mo. de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano: "Todos somos iguales ante la ley y tenemos, sin distinción, derecho a igual protección de la ley". Considerando, el que escribe, que este derecho, no puede ser vulnerado generando desigualdad de situaciones por medio de la seguridad jurídica, que bien que tambalea, cuando de sentencias anómalas se trata. Por lo contrario de lo que sostiene la mayor parte de los procesalistas. El cuestionamiento del plazo de caducidad y el de prescripción. En consideración con lo expuesto, considero, aún, contra el derecho comparado, que no corresponde computar plazos de caducidad o de prescripción. Es de recordar que, la caducidad es un medio de extinción automática de la acción, no dispensable, como sí lo es el plazo de prescripción, que supone el abandono del ejercicio de un derecho. La primera puede ser declarada de oficio, mientras que la segunda a petición de la parte interesada. La primera extingue definitivamente el derecho, mientras que la segunda, sólo la acción judicial. Una es un cómputo matemático de tiempo, o ello comporta, mientras que la prescripción liberatoria, supone, en exégesis, el abandono de un derecho. En este orden de ideas, y, como he señalado, contra el Derecho Comparado, no me resulta aceptable el plazo de 60 días establecido en el Derecho Español, en la partida 3ra, Título XXVI, Ley II, como tampoco el plazo de prescripción bienal que menciona Peyrano en "El proceso Civil", pág. 195 y siguientes. Sencillamente por cuanto el art. 4030 del Código Civil, se refiere a genéricamente a la responsabilidad extracontractual, proveniente de hechos ilícitos que dan lugar, precisamente a la promoción de acciones judiciales. En este supuesto, habrá que respetar el plazo de prescripción para el ejercicio del derecho por vía judicial, mientras que, en el caso de la acción autónoma de nulidad, de lo que se trata, es de una desviación procesal, como bien sostiene Peyrano ( ob. cit. ) y ésa es la fuente, y no el acto ilícito, el que da lugar a la acción autónoma de nulidad. Transcribo el contenido del mencionado artículo por los condicionamientos de la doctrina procesalista quiere imponer, por esa visión, deificadora, en el sentido de que el proceso, es una herramienta para la sentencia justa, pero, ponen en mal camino toda la fe en el mismo. Esa disposición dice: "La acción de nulidad de los actos jurídicos, por violencia, intimidación, dolo, error, o falsa causa, se prescribe por dos años, desde que la violencia o intimidación hubiese cesado, y desde que el error, el dolo o falsa causa fuese conocida". Como vemos, el derecho de fondo es más amplio que el doctrinario procesal, al admitir la "falsa causa" además. Pero una cosa es hablar de "falsa causa" que puede ser efecto de la violencia, intimidación, etc. o no, y muy otra es hablar de una "falsa causa procesal", por cuanto si bien los actos procesales son, también actos jurídicos, ciertamente, lo que queda afectado, no son derechos disponibles, sino de instituciones que los procesalistas tanto defienden, como lo es, la cosa juzgada, institución, que no debe estar vacía del elemento justicia al que es llamado a responder el proceso en sí mismo como herramienta. Si admitiéramos un plazo de prescripción, como el propuesto, quedarían sentencias meramente aparentes, y, concluyentemente, con los mismos efectos que un contubernio doloso. Ninguna sentencia puede ser dictada, ni llamada a dictar por un magistrado, que no sirva para administrar justicia, sencillamente pondría a los jueces en papel de papagayos. No pueden constituir ni declarar derechos que jamás existieron. Tampoco es admisible atender al derecho procesal uruguayo, el que, sólo contempla una suerte de fraude para un proceso inventando entre las partes o por dolo, fraude o colusión. Las sentencias deben ser serias y dotadas de una orientación clara con sentido de justicia y no un elemento completamente vacío de contenido de justicia, por cuanto, si así pudiésemos animarnos a mantener que, en ello puede consistir una sentencia, o en ello puede quedar concluida la labor jurisdiccional, lamento decir que, entonces, esas sentencias, pueden ser dejadas de lado por acuerdo de partes, lo cual es un absurdo, desde que tal acuerdo, sólo puede ser anterior. Con esta cuestión de la verdad formal y de la material, la única solución para una sentencia justa, es ésta última. La verdad formal, que suele mencionarse, por la doctrina procesalista, ya abolida en los países comunistas y, también en los capitalistas, no constituye más que una retórica en función del avance del proceso y la incorporación de datos al mismo y al control letrado. Las cuestiones ignoradas por la parte que pretende ejercer un derecho, pueden ser presentadas a cualquier juez, para la evaluación, como lo son, las amplias diligencias preliminares que establecen los Códigos Procesales ( desconocimiento de testigos, desconocimiento del demandado, desconocimiento del domicilio, de datos de la personalidad, del daño que eventualmente un hecho pueda generar ), todo lo cual debe ser evaluado prudentemente conforme al orden normal y ordinario de las cosas ( doctrina entorno al art. 901 del CPCC ): "Las consecuencias de un hecho que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas...". Al respecto, debemos decir, que, las mencionadas diligencias preliminares no son taxativas, y si bien se mencionan algunas, por un elemental derecho a la defensa en juicio, de los derechos, lo inadmisible, es la negligencia de la parte, pero no la imposibilidad de aumentar el número de diligencias so pena del detrimento al derecho de defensa, dado que la parte pudo haber actuado diligentemente, y, por algún motivo, necesita testigos, y no puede, sino acudiendo a la justicia, hacerse de los mismos, o de algún documento que haga a su derecho. En este sentido, el procesalista Isidoro Eisner, señala: "Una obvia exigencia de buen sentido y economía aconseja al legislador no sólo crear diversos tipos de procesos que se acomoden a las modalidades de las cuestiones litigiosas que deben someterse a la composición judicial, sino también acordar facultades a los magistrados para escogitar y aun arbitrar el procedimiento que mejor se amolde a las distintas controversias, evitándose así que por el simple acatamiento a reverentes mandatos de la ley se deban utilizar estructuras y mecanismos absolutamente inadecuados, onerosos o superfluos con redacción al fin que en cada caso se persigue. Si bien somos partidarios del sistema de la legalidad de las formas, lo que en materia procesal importa una garantía de certeza y de respeto por los derechos del individuo al ser discutidos en instancia judicial, ello no significa que no hayamos comprendido los riesgos de todo exceso y. por tanto, los de la rigidez y del formalismo inerte y exagerado. Sin llegar al reclamo de la libertad de las formas que lleva implícito el peligro del desorden, de la anarquía y aun del abuso de la autonomía de la voluntad en perjuicio de la parte más débil, consideramos que a su vez cabe admitir la solución que nos ofrece el llamado principio de “elasticidad” del que se mostrara partidario Carnelutti al examinar las “Líneas Generales de la reforma del proceso civil de cognición”. Con cita a este autor “Estudios de Derecho Procesal”, vol. 1, traducción de Santiago Sentís Melendo, E. J. E. A., 1952, p. 129. VI.- PETICIÓN: Por todo lo expuesto solicito: 1.- Que con forme a la jurisprudencia mencionada, se tramite la revisión de la sentencia que ha hecho lugar a la verificación de crédito por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires, formándose el respectivo incidente. 2.- Se tenga presente que se trata de una acción incoada por el mismo concursado, por lo que debe tramitarse en forma incidental por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 1 del Departamento Judicial de San Isidro, y como acción autónoma de nulidad, con un plazo de prescripción de 10 años conforme a la jurisprudencia bonaerense. 3.- Se corra traslado de la presente al Banco mencionado y se haga saber a los acreedores del concurso, como al síndico. 4.- Se ordenen traer “ad effectum vivendi et probandi” los autos en mención 5.- Se ordene toda medida que la sindicatura y/o los acreedores verificados, previa vista al síndico, y por resolución judicial, se considere menester. 6.- Oportunamente se anule por cosa juzgada írrita o anulable, la verificación de crédito, en su totalidad, admitida en los autos concursales, con costas. PROVEER DE CONFORMIDAD SERÁ JUSTICIA
El REMANIDO PACTO DE SAN JOSÉ DE FLORES USADO COMO MULETILLA POR EL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
El presidente Justo José de Urquiza tenía orden del Congreso Nacional de incorporar a Buenos Aires por la fuerza, pero — después de la batalla — prefirió las negociaciones. En su avance hacia la capital, emitió una proclama, que anunciaba: "Ofrecí la paz antes de combatir y de triunfar. La victoria, y dos mil prisioneros tratados como hermanos, es la prueba que ofrezco de la sinceridad de mis buenos sentimientos y de mis leales promesas. No vengo a someteros bajo el dominio arbitrario de un hombre, como vuestros opresores lo aseguran; vengo a arrebatar a vuestros mandones el poder con que os conducen por una senda extraviada, para devolvéroslo... Desde el campo de batalla os saludo con el abrazo del hermano. Integridad nacional, libertad, fusión, son mis propósitos."
El general Justo José de Urquiza.
El gobernador Felipe Llavallol. Urquiza no quería que se repitiera lo ocurrido en 1853, durante el sitio de Buenos Aires iniciado por Hilario Lagos, en que la moral de la tropa sitiadora decayó completamente. Propuso iniciar de inmediato la paz y la unión; de lo contrario, atacaría la ciudad. El general Francisco Solano López, hijo del presidente paraguayo, había intentado mediar entre los contendientes poco antes de la batalla de Cepeda. Aún estaba en Buenos Aires cuando se supo la noticia de la derrota, y entonces volvió a proponer al gobernador Alsina las bases exigidad por Urquiza. Entre ellas se destacan la primera, que decía, escuetamente, "Integridad nacional"; la segunda, que prometía la revisión de la Constitución Nacional por el Estado de Buenos Aires, pero no antes de 1863; y la quinta, que promete no castigar a los responsables de la revolución porteña de 1852. Poco después, el ejército de la Confederación acampó en el pueblo de San José de Flores, muy cerca de la capital. Allí se dirigieron los mediadores porteños: Juan Bautista Peña, Carlos Tejedor y Antonio Cruz Obligado. Por la Confederación, Urquiza nombró a Tomás Guido, Juan Esteban Pedernera y Daniel Aráoz. Los delegados porteños pidieron el retiro del ejército nacional de la provincia, pero los federales se negaron a continuar las negociaciones mientras no se retirara esa exigencia, lo que se hizo. Por unos días, las negociaciones fueron discutidas amigablemente, hasta que el 7 de noviembre, Urquiza exigió el cambio de todo el gobierno porteño, incluido Alsina. Las negociaciones se interrumpieron. Al saber que Alsina se había negado, Urquiza ordenó comenzar el avance sobre Buenos Aires. A pedido de López, Urquiza pospuso el ataque, pero sólo por 24 horas. El día 8, un grupo de legisladores de Buenos Aires solicitó la renuncia al gobernador, argumentando que su permanencia en el cargo "era en ese momento inútil para la paz como para la guerra". Alsina imaginó un proyecto absurdo: retirar el gobierno de la ciudad y mudarlo al sur de la provincia, donde se formaría un nuevo ejército. Consultó a Mitre, que rechazó completamente el proyecto. Falto de apoyo, Alsina y el ministro Dalmacio Vélez Sarsfield renunciaron. Para sustituir a Alsina en la gobernación, fue designado el presidente del senado provincial, Felipe Llavallol. López aprovechó la renuncia para pedir — y conseguir — de Urquiza una suspensión de hostilidades de más largo plazo. Las negociaciones pudieron continuar. [editar]El Pacto
El día 9, López comenzó una serie de entrevistas casi sin descanso con los mediadores de ambos bandos. El 11 de noviembre, finalmente, se firmó el Pacto y se canjearon los prisioneros de guerra. El texto final del Pacto era muy similar a la propuesta de Urquiza anterior a Cepeda, con algunas variantes. Las cláusulas más importantes fueron: Buenos Aires se declaraba parte integrante de la Confederación Argentina. El gobierno porteño convocaría una convención provincial, que revisaría la Constitución Nacional y podría proponer reformas a la misma. En caso de que se propusieran reformas, éstas serían discutidas por una Convención Nacional Constituyente, a reunirse en Santa Fe, con la participación de todas las provincias. El territorio de Buenos Aires no podría ser dividido sin el consentimiento de su Legislatura. Eso era particularmente importante debido a que la Constitución establecía que la capital de la Nación era la ciudad de Buenos Aires, y que debía ser federalizada. Buenos Aires se abstendría en delante de mantener relaciones diplomáticas con otras naciones. La provincia de Buenos Aires conservaba todas sus propiedades y edificios públicos, con excepción de la Aduana, que pasaba a ser propiedad de la Nación. Se establecía un perpetuo olvido de todas las causas que había provocado la desunión; este incluía una amplia amnistía para los participantes en las disensiones pasadas. El ejército nacional se retiraba de la provincia de Buenos Aires. Fue firmado por Juan Bautista Peña y Carlos Tejedor, como representantes del Estado de Buenos Aires, Tomás Guido, Daniel Aráoz y Juan Esteban Pedernera por la Confederación, y el general paraguayo Francisco Solano López, como mediador.
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