Source: http://yesano.com/opinion/Leon&DelRio2001.htm
Timestamp: 2019-02-20 15:15:51+00:00

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YesaNo.com, 26-XI-2003
La irresponsabilidad hidrológica como sustento del Plan Hidrológico Nacional y de parte de las modificaciones que el gobierno andaluz pretende que se operen sobre el mismo
Rafael León Rodríguez/Jesús del Río Sánchez
El presente texto se incluye en la obra "El Plan Hidrológico desde el Sur", editada por Comares, de Granada, dentro de su colección Ecorama. Febrero de 2001
1. DEFENSA DEL PHN: FALACIAS Y DEMAGOGIA HIDROLÓGICA
1.1. La falsa solidaridad territorial
1.2. Vertebración versus desequilibrio territorial
1.3. El mar como destino fatal (en su acepción de perverso) del agua de los ríos
1.4. Unidad de España versus guerras del agua
2. PHN: ¿CONTINUISMO DE POLÍTICAS HIDRÁULICAS DESFASADAS O NUEVA CULTURA DEL AGUA?
2.1. Los objetivos de la política hidráulica durante el siglo XX
2.2. Nuevas circunstancias a tener en cuenta para una correcta planificación hidrológica en España y Andalucía
2.3. Cambio climático y planificación del agua
2.4. El agua y el concepto de escasez
2.5. El consumo de agua en la agricultura andaluza
2.6. El coste del agua trasvasada y las futuras orientaciones de su uso en función de este coste Impactos territoriales, medioambientales y sociales
3. ORIENTACIONES DE LA POLÍTICA HIDRÁULICA ANDALUZA EN DIRECCIÓN A UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA
3.1. Propuestas de Resolución en relación al debate sobre política hidráulica y de abastecimiento de agua a poblaciones
3.2. Otros aspectos a considerar en relación a los regadíos andaluces
En el debate abierto en torno a las "bondades" y "maldades" del Plan Hidrológico Nacional, sus defensores a ultranza, arropados por los grandes grupos de presión hidráulica (grandes constructores, comunidades de regantes manejadas a su antojo por grandes propietarios agrícolas, compañías eléctricas, etc.) y por prácticamente todos los poderes mediáticos, fundamentan su apoyo al Plan en una serie de argumentos aberrantes utilizados con la intención de confundir y desinformar a la opinión pública.
En primer lugar se intenta justificar el Plan en función de la SOLIDARIDAD que debe haber entre las diferentes tierras de España. Aquellas Comunidades Autónomas que cuentan con recursos hídricos de sobra deben mostrarse generosas y solidarias con aquellas otras que son deficitarias. Es un concepto de solidaridad que, con sólo profundizar un poco en su análisis, resulta, cuando menos, curioso. Una falsa solidaridad que pretende que las zonas más empobrecidas de nuestra geografía, en lugar de utilizarlos para su desarrollo, cedan los pocos recursos que les han dejado las nefastas políticas económicas y territoriales de las últimas décadas, a las áreas donde se ha creado más riqueza por los diferentes procesos de acumulación económica.
En segundo lugar se argumenta que para la necesaria VERTEBRACIÓN de España es imprescindible este trasvase "solidario" de recursos hídricos (en el contexto de este trabajo, cuando se habla de trasvases de un modo genérico no nos referimos sólo a la transferencia de recursos entre diferentes cuencas sino también a la que se produce desde las infraestructuras de regulación situadas en zonas periféricas a las zonas centrales). No obstante, hace ya tiempo que se viene practicando este nefasto trasvase de agua y de otros recursos desde las áreas convertidas en meros "reservorios" a las áreas de aglomeración y no por ello se ha avanzado hacia la vertebración de nuestro territorio. Todo lo contrario: cada vez una "dualización" más atroz y un contraste y unas diferencias abismales entre las dos modelos geográficos que en los aspectos socioeconómico y territorial se han ido configurando. La columna vertebral debe representar el papel de consolidar un organismo equilibrado, con unas piernas ágiles, unos pulmones fuertes, un corazón sano, unos brazos potentes y, sobre todo, la cabeza "en su sitio".
Pero en España hace tiempo que la cabeza no está "en su sitio", y la política de trasvases (de todo tipo, no sólo de agua), nos ha conducido a unas áreas de montaña y rurales del interior cada vez más despobladas y donde el desierto, la erosión y los incendios forestales avanzan por la falta de la mano del hombre. En el polo contrario de esta realidad "dual" las zonas de aglomeración cada vez están más saturadas y congestionadas, resultando ya en muchos casos insostenibles los diferentes problemas medioambientales (contaminación atmosférica, escasez de espacios verdes, ruido, etc.) y sociales (aumento de la marginación y la delincuencia, problemas sanitarios, etc.) que las aquejan. Así la esclerotizada columna vertebral de España sostiene un corazón hipertrofiado y con grave riesgo de infarto y en su base tiene pies de barro. El nuevo Plan puede acabar haciendo realidad ese riesgo y desmoronando definitivamente esa base tan débil.
Este esquema territorial de una España dual es el mismo que se repite en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde a la aglomeración de actividad, población y problemas ambientales (contaminación, escasez de suelo, etc.) en zonas costeras turísticas, centros subregionales y áreas de agricultura intensiva, se opone un interior cada vez más despoblado y desertizado. El Plan Director de Infraestructuras de Andalucía, especialmente en lo que se refiere al diseño de las infraestructuras de transporte y, especialmente, de las hidráulicas, puede ser, de llevarse a la práctica, un instrumento nefasto que contribuirá a potenciar este modelo territorial dual y desequilibrado.
Uno de los argumentos que se utiliza con mayor contundencia, pero que a la vez es más fácil de desmontar es el del AGUA QUE SE PIERDE en el mar por falta de regulación. Este argumento, falaz a ultranza, responde a un concepto de los recursos hídricos decimonónico, cuando prácticamente no se tenían conocimientos de hidrología e hidrogeología y no se prestaba ninguna atención a lo que significa el Ciclo Hidrológico. Parece como si la Naturaleza tuviera en este aspecto una grave disfunción susceptible de poner en peligro a las economías y sociedades incapaces de darle solución mediante actuaciones dirigidas a amputar esa zona enferma del ciclo hidrológico. No es que no haya que regular en la medida de lo admisible los ríos, pero siempre sin superar los límites razonables. El agua que llega al mar contribuye, con su arrastre de sedimentos, a la formación de playas (elemento clave en un sector tan importante como el turismo); genera, en su mezcla con el agua salada del mar y por los nutrientes que aporta, ambientes idóneos, especialmente en marismas, para la proliferación de la vida marina y, por tanto, para el incremento de los recursos pesqueros; contribuye a la recarga de acuíferos litorales, muchos de ellos con graves riesgos de salinización o eutrofización por su sobreexplotación y la disminución de los aportes que los nutren.
Para el caso concreto del Ebro, los aportes de sedimentos que arrastra el río han determinado la configuración de su delta. La reducción que ya han experimentado estos sedimentos, como consecuencia del incremento de la regulación de sus caudales, han generado una situación en la que el delta pierde superficie año tras año. El efecto conjunto del trasvase del Ebro y de la subida del nivel del mar por el cambio climático puede tener consecuencias catastróficas para este ecosistema, máxime cuando al problema planteado por la disminunción de los sedimentos que arrastra el río, habría que sumar el incremento de la intrusión salina en el delta.
Las "loas" al PHN como elemento capaz de hacer prosperar la UNIDAD de España, es el argumento inconsistente que resume y pone de manifiesto todos los anteriores. Se pretende que el Plan Hidrológico y sus trasvases pueden contribuir a la unidad del "territorio patrio". Difícil de entender esta consolidación de la unidad sobre la base de una insolidaridad mal disfrazada de solidaridad, autentico agravio comparativo que puede ser el germen de "guerras del agua" entre diferentes Comunidades Autónomas. Difícil de entender sobre un territorio y una sociedad invertebrada y cada vez más dualizada. Difícil de entender cuando un celo excesivo en evitar que el agua se "desperdicie" en el mar para beneficiar a ciertos sectores económicos (o mejor a los grupos de presión que manejan estos sectores) puede acabar perjudicando a otros como el turístico o el pesquero.
Es más que evidente que la puesta en marcha de un Plan Hidrológico Nacional, como marco general, y de un Plan Hidrológico concreto para Andalucía, es algo imprescindible y urgente. No obstante la planificación del agua puede acometerse desde múltiples perspectivas que irían desde el continuismo de unas políticas hidráulicas desfasadas, que llevan implícitos graves impactos socioeconómicos, territoriales y medioambientales, hasta la consolidación de una nueva cultura del agua que, bajo nuevos parámetros, permitan avanzar hacia la sostenibilidad en todos estos apartados.
El actual Plan Hidrológico Nacional es la expresión de una política continuista en materia de aguas que apuesta (la utilización de este término es intencionada: el mecanismo de las apuestas se basa en que para que unos pocos ganen otros muchos tienen que perder) por más de lo mismo: más embalses, más trasvases y un incremento injustificado de la oferta, sobre la base de unas estimaciones sobredimensionadas de las necesidades existentes (sirva de ejemplo en que las demandas estimadas para el regadío se apoyan en una superficie de nuevos regadíos cinco veces superior a las contempladas por el borrador del Plan Nacional de Regadíos), y muy poco en cuanto a la eficiencia, el ahorro y la gestión de la demanda. O, lo que es lo mismo, el intento de imposición de una política hidráulica trasnochada y caduca al servicio de contados y muy poderosos intereses particulares, frente a una siempre incomprendida y criticada "nueva cultura del agua" cuya consolidación iría en beneficio del conjunto de la sociedad.
Durante buena parte del siglo XX la política hidráulica en España estuvo marcada por dos objetivos básicos: la necesidad de aumentar una producción de alimentos deficitaria y la de mejorar el bajo nivel de vida de los amplios sectores de población que se dedicaban a la agricultura. Estos dos objetivos determinaron un enfoque en la gestión del agua centrado en el incremento de la oferta, mediante la construcción pública de infraestructuras hidráulicas destinadas a la regulación y almacenamiento de agua. El Plan Hidrológico Nacional (PHN) nace como si los técnicos y políticos que se han encargado de su redacción hubiesen viajado a través del tiempo desde aquellos años y no tuvieran información de que hoy la situación es muy diferente, con lo que la planificación y gestión que se pretende sigue basándose en lo mismo: más oferta mediante la construcción de costosas infraestructuras de regulación.
En los albores del nuevo milenio las circunstancias ya son muy diferentes a las que determinaron la política hidráulica en épocas pasadas. Hoy en España el problema surge, no de la escasez, sino de los excedentes alimentarios que producimos. Continuamente la Unión Europea nos penaliza por rebasar los cupos de producción establecidos en diferentes productos agrarios o los mismos agricultores destruyen parte de sus cosechas por la caída de precios que supone una producción excesiva. Por otra parte el agrario, de ser el principal sector en la generación de riqueza, ha pasado a producir en España sólo en torno al 5 % del valor añadido bruto (VAB) del conjunto de los sectores económicos y la población rural dedicada a actividades agrícolas o forestales ha disminuido de manera paralela. Andalucía, a pesar de que el peso económico del sector agrícola y de la población ocupada en el mismo es algo mayor, observa una dinámica similar a la del conjunto de España.
No obstante, aunque el sector agrícola andaluz genera un VAB que no alcanza el 10 % del total, consume anualmente casi un 80 % de los recursos hídricos disponibles y en un porcentaje notable, tal y como analizaremos más adelante, se dedica a cultivos con una escasa rentabilidad económica, en el uso del agua y en la creación de puestos de trabajo, que sólo es mantenida gracias a las subvenciones europeas y al bajo precio que pagan por el agua que consumen (muy por debajo de su costo real).
Sin embargo, desde la Junta de Andalucía, en lugar de tratar de redefinir los usos actuales del agua (algo que es necesario hacer en función de la políticas comunitarias en materia agrícola e hidrológica) se critica que el PHN no contempla las verdaderas necesidades de Andalucía y, por lo tanto, se le reclama una mayor dotación de recursos para nuestra Comunidad Autónoma en una doble vertiente: por una parte medidas de ahorro y eficiencia, depuración y reutilización, etc. y, por otra, incremento del volumen de agua a trasvasar a nuestra Comunidad Autónoma, e incluso dentro de Ésta, y de los embalses a realizar. Con las primeras de las medidas citadas, junto con la redefinición de la política agrícola, sería suficiente para garantizar el abastecimiento de agua en Andalucía. No obstante, de asumirse por el Plan Hidrológico Nacional el incremento de la regulación de nuestros ríos y del agua a trasvasar, sólo se estaría ahondando en sus errores y se estarían sentando las bases para graves impactos territoriales, medioambientales, económicos e incluso sociales en nuestra Comunidad Autónoma.
En ámbitos científicos y gubernamentales hay cada vez menos dudas y un mayor consenso en afirmar que en la actualidad estamos asistiendo a un cambio de las condiciones climáticas en el ámbito planetario como consecuencia de los modos insostenibles de producción y de vida del mundo desarrollado, basados en un, cada vez, mayor consumo de energías fósiles y otras materias primas, así como en la emisión sin freno de residuos contaminantes a atmósfera, aguas y suelo.
Uno de los aspectos del cambio climático a tener muy en cuenta para la planificación hidrológica es la profunda transformación que operará en los regímenes y la distribución de las precipitaciones. Contrariamente a las "creencias" más o menos extendidas, este cambio no dará lugar a la reducción global de las precipitaciones, sino que las incrementará de manera más o menos notable debido a que la mayor temperatura dará lugar a una mayor evaporación y, por tanto, al aumento del vapor de agua circulante en la atmósfera, con la consiguiente aceleración del ciclo hidrológico.
No obstante, esta elevación de las temperaturas dará lugar a una transformación profunda en el esquema climático global, modificando el régimen de precipitaciones de muchas y extensas áreas. En unas, entre las que se encontraría la región Mediterránea y la península Ibérica, disminuirán las precipitaciones dando lugar a situaciones de sequía extrema y al avance del desierto, en tanto que en otras se incrementarán las lluvias dando lugar a grandes riadas e inundaciones.
En España, además, es más que probable que asistamos a una mayor estacionalidad de las precipitaciones, concentrándose éstas en menos días del año, es decir, prolongándose los períodos secos y, por tanto, la aridez. Por otra parte, esta mayor concentración de las precipitaciones en un menor número de días puede incrementar la virulencia de fenómenos como "gotas frías" que cíclicamente asolan el levante español potenciando el poder destructor de las inundaciones que provoca.
Nada de esto se tiene en cuenta en el Plan Hidrológico Nacional, puesto que esto llevaría, en consecuencia, a tener que asumir una nueva cultura del agua (control de la demanda, eliminación de vertidos contaminantes a ríos y acuíferos, reutilización, eficiencia, etc.), que iría en detrimento de los grandes beneficios que, con los actuales planteamientos, obtendrán las eléctricas y grandes compañías constructoras con la construcción de unos embalses y trasvases que, de cumplirse las previsiones más optimistas respecto al cambio climático, no tendrán utilidad alguna en pocas décadas.
Según un estudio de la Unidad de Investigación Climática de Norwich (M.Hulme y N.Sheard. Escenarios de Cambio Climático para la Península Ibérica, 1999), en España aumentarán las temperaturas entre 1,3 y 3,6º C, durante los primeros 50 años del siglo XXI, dependiendo del escenario de emisiones y del mayor o menor grado de respuesta del Clima a estas emisiones. Paralelamente se producirá una reducción de las precipitaciones entre un 5 y un 15 % en el horizonte del año 2080.
Para evaluar la reducción global de recursos hídricos disponibles como consecuencia del cambio climático, al efecto de la reducción de las precipitaciones habría que sumar la reducción provocada por el incremento de las temperaturas al incidir directamente en una aumento de la evaporación y evapotranspiración. Este efecto combinado es estudiado por Ayala-Carcedo y Iglesias López (Impactos del posible cambio climático sobre los recursos hídricos, el diseño y la planificación hidrológica en la España Peninsular, 2000) que llegan a la conclusión de que puede suponer una reducción media de los recursos hídricos de un 17 %, siendo mayor en las cuencas del Norte y menor en las del Sur. Esta reducción en la cuenca del Ebro sería de un 16 %, de un 23 en la del Guadiana, un 34 en la del Guadalquivir y un 31 en la del Sur.
Esto llevaría a que las cuencas consideradas excedentarias por el Plan Hidrológico Nacional (bajo una visión meramente economicista, ya que desde el punto de vista meramente hidrológico las cuencas nunca son ni excedentarias ni deficitarias, salvo que se alteren de manera artificial sus condiciones de equilibrio), dejarán de serlo en un futuro no muy lejano y no contarán con los recursos "sobrantes" estimados en la actualidad para proceder a la realización de trasvases. Además, a la reducción de los recursos "sobrantes" producida por los factores antes apuntados, habría que sumar la que se operaría por el incremento del consumo de agua en diferentes sectores en las cuencas "potencialmente cedentes".
Por otra parte, como consecuencia de la menor cantidad de recursos disponibles, se producirá un incremento de los niveles de regulación, con la consiguiente reducción de los recursos en régimen natural, lo que sin duda producirá importantes impactos ambientales, al disminuir el agua susceptible de ser "utilizada" por los ecosistemas.
El concepto del agua como un recurso escaso es algo que parece ya asumido por todos, de modo que a fuerza de tanto ser repetido se ha convertido en un tópico que es susceptible de múltiples y contradictorias interpretaciones, que dependerá del objetivo que se pretenda conseguir mediante el uso de tan genérico aserto. Además es un concepto que, en esencia, resulta falso.
Lo cierto es que el agua, más que escaso, es un recurso limitado y su escasez o suficiencia depende de la gestión que se haga de la misma y de la adaptación de esta gestión a las circunstancias concretas de cada lugar y cada momento histórico. En función de esa necesaria adaptación en el tiempo y en el espacio es un error, que podemos pagar muy caro en el futuro, pretender gestionar hoy el agua en España y Andalucía, tal y como se pretende desde el PHN y la Junta de Andalucía, en función de parámetros ya desfasados, propios de principios de siglo.
La planificación hidrológica, debería centrarse en lograr sentar las bases para que el uso y la gestión de los recursos hídricos en Andalucía y en España se configuren de modo que se consiga que el agua, de escaso, pase a ser un recurso, aunque limitado, suficiente. Para ello no es necesario incrementar la oferta ni la regulación de nuestros ríos. Sólo hay que adaptarse en la gestión a las circunstancias actuales, enfocándola desde el punto de vista de la demanda y actuando, de manera prioritaria para resolver las deficiencias estructurales que aquejan a los sectores que con mas fuerza inciden en el consumo de agua, y de manera especial a la agricultura.
Para abordar la problemática planteada por el consumo de agua en el sector agrícola andaluz es clave la conferencia pronunciada por Joan Corominas Masip (entonces Jefe del Servicio de Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Pesca y, hoy, Secretario General de Aguas de la C.O.P.T.) en el XVIII Congreso Nacional de Riegos celebrado en Huelva en junio de 2000.
En dicha conferencia, publicada recientemente por la Consejería de Agricultura y Pesca, se ponía de manifiesto como una cuarta parte del regadío andaluz (arroz, cereales, oleaginosas, etc.), la que más ayudas directas a la producción obtiene de la Unión Europea, sólo genera un diez por ciento de la producción total del regadío, con una productividad bruta del agua inferior a 65 ptas/m3 utilizado. En el polo opuesto, la décima parte (productos horto-frutícolas) de la superficie regada da lugar al 45 por ciento de la producción, con una productividad bruta del agua superior a 250 ptas/m3.
De estos datos podemos inferir que frente a una agricultura muy eficiente económicamente y que genera altas productividades se sitúa una agricultura tremendamente depredadora de recursos hídricos e ineficiente económicamente, que se mantiene gracias a las subvenciones que obtiene de la Unión Europea, las cuales está previsto que disminuyan hasta desaparecer en los próximos años, de modo que los estados miembros deberán instaurar mecanismos que permitan recuperar todos los costes de los servicios correspondientes al uso del agua en todos los sectores económicos. En este sentido, la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, en el apartado 1 de su artículo 9 establece: "Los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, a la vista del análisis económico efectuado con arreglo al anexo III, y en particular de conformidad con el principio de quién contamina paga."
Pero Corominas no se queda sólo en el análisis de la eficiencia económica de nuestros regadíos, sino que profundiza en otros temas. Así argumenta que "la eficiencia económica del uso del agua tiene su correlación con la eficiencia social, en lo relativo a generación de empleo". En relación con este tema hace una valoración de la cantidad de agua que se necesita aportar a diversos cultivos para conseguir la creación de un puesto de trabajo agrario más que el que se obtiene para esos mismos cultivos en régimen de secano. Así, en este sentido el arroz, los cereales o el girasol necesitan 100 veces más agua que los cultivos más eficientes.
Ante estos datos, parece que la solución a la escasez de agua en Andalucía pasa por una profunda revolución de la agricultura andaluza, centrada en la reconversión de las áreas de regadío hacia los cultivos más eficientes desde el punto de vista socio-laboral y económico. Con esta revolución se podría conseguir reducir el consumo de agua y de las superficies destinadas a la agricultura a la par que una mayor productividad y generación de empleos agrícolas.
Con esta reconversión de la agricultura andaluza, que debería conjuntamente contemplar otras medidas como la modernización de los regadíos y la reducción de las pérdidas en las canalizaciones, y sin olvidar las necesarias actuaciones para reducir el consumo de agua en otros sectores, se podría conseguir que el agua dejase de ser un recurso escaso en nuestra región, sin con ello necesitar de más embalses y trasvases, y se liberarían superficies para otros usos como el forestal, mejorando el medio ambiente.
Pero, además, en función de la futura política agraria de la Unión Europea y la disminución de ayudas que conllevará, es imprescindible planificar y llevar a cabo esta reconversión. De lo contrario, el consiguiente abandono de muchas explotaciones de regadío ocasionará unos impactos socioeconómicos y medioambientales de enorme magnitud en el mundo rural. Aún estamos a tiempo de poner en marcha la sustitución de cultivos y otras alternativas de desarrollo para estas áreas.
Ante este panorama es preciso que el Gobierno Andaluz se libere de los intereses espurios de grandes grupos de presión, como las grandes constructoras, grandes propietarios agrícolas y plataformas manejadas por determinados intereses políticos, y deje de reclamar un agua que no es necesaria, para ponerse manos a la obra en las políticas y las actuaciones que realmente se precisan. Pero lo fácil y llamativo es reclamar agua, y lo complejo planificar la gestión del agua sobre la base de los grandes y nuevos retos que la conservación y utilización correcta de este recurso plantean en la actualidad. No obstante las tareas complejas son, a menudo, las que producen unos resultados más satisfactorios para el conjunto de la sociedad, aunque a corto plazo generen rechazo e incomprensión.
Por lo tanto, se puede concluir que el agua en Andalucía en la actualidad no puede considerarse estructuralmente como un recurso escaso, aunque la mala gestión, la falta de actuaciones para su conservación y una distribución inadecuada de su uso nos sitúan en una coyuntura de escasez y falta de este recurso en determinados momentos y sectores. Para superar esta coyuntura no es necesario incrementar la oferta mediante obras faraónicas con un enorme coste ambiental, económico y social, sino planificar la demanda adecuándola a las circunstancias actuales y a las necesidades reales del conjunto de la sociedad, en lugar de hacerlo para el beneficio exclusivo de grandes y muy contados intereses de carácter exclusivamente económico.
No obstante, las consideraciones de Corominas no se quedan sólo en el análisis de la eficiencia del agua en sí, o la eficiencia económica y social de la agricultura andaluza. También hace mención de la eficiencia territorial y medioambiental. En este sentido, resulta que los cultivos más eficientes desde el punto de vista económico, socio-laboral y en el uso del agua, son los que, por lo general, observan una menor eficiencia medioambiental y territorial. De este modo a los cultivos más intensivos le corresponde un mayor impacto medioambiental en función de la degradación de las aguas subterráneas producto de la contaminación difusa ocasionada por productos fitosanitarios y fertilizantes o de la salinización que se da en acuíferos costeros a causa de su sobreexplotación.
En este sentido tampoco parece muy coherente pretender incrementar en ciertas zonas (como el Campo de Dalías) las superficies regables, a pesar de ser las más eficientes en el uso del agua y económica y sociolaboralmente, por el impacto territorial y medioambiental que se sumaría a los que ya se producen en la actualidad con la contaminación de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica o una producción creciente de residuos a la que hasta ahora no se le dado una solución aceptable, quedando una parte importante de los mismos abandonados en medio del campo (los plásticos agrícolas en este sentido son un excelente ejemplo).
2.6. El coste del agua trasvasada y las futuras orientaciones de su uso en función de este coste. Impactos territoriales, medioambientales y sociales
Cuando, en consonancia con la Directiva Marco Europea en materia de Aguas el usuario haya de asumir todos los costos inherentes al agua trasvasada (los cuales aparecen infravalorados en el PHN, al no contabilizar diversos aspectos fundamentales como el coste energético), con lo que el precio del metro cúbico de agua se elevara más de un 10.000 % sobre lo que en la actualidad pagan los agricultores, el uso agrícola de estos recursos no será rentable desde el punto de vista económico. Es decir el costo del producto agrícola será muy superior al de los precios pagados en el mercado en todos los cultivos que en la actualidad se mantienen gracias al bajo precio del agua y a las subvenciones de la U.E. Puede que incluso no sean rentables los nuevos regadíos dedicados a las producciones con mayor rentabilidad en la actualidad, sobre todo si el incremento de la producción que supondrían nuevos regadíos trae como consecuencia una saturación del mercado con el consiguiente descenso de los precios.
¿A que se dedicarán entonces estos recursos?. Probablemente a nutrir a sectores económicos que, por su mayor rentabilidad, si puedan asumir los precios a pagar por esa agua trasvasada, y más concretamente al sector turístico e inmobiliario.
¿Qué efectos puede tener esto para la ocupación del espacio y la ordenación del territorio en las áreas receptoras de estos recursos? Estas áreas, por lo general ya sufren una colmatación importante y su crecimiento hasta ahora sólo ha venido limitado por la disponibilidad de recursos hídricos. Una vez que esta limitación desaparezca como efecto de la aportación de agua que supondrían los trasvases y nuevas obras de regulación, no habría impedimento (una vez que la Ley del Suelo aprobada por el Gobierno del PP permite, por no decir que fomenta, la "parcelación" del campo) para el incremento desmesurado del sector turístico y de las segundas residencias en el litoral, con el consiguiente efecto disuasorio sobre los demandantes de servicios turísticos, por la sobrecarga de los mismos. El crecimiento turístico posibilitado en estas zonas por la "abundancia" de agua, sería a la vez el cuello de botella que acabaría desestabilizando y llevando a la ruina al sector.
Pero además, estos nuevos usos (tanto los turísticos como los agrícolas) supondrán la necesidad de nuevas infraestructuras de transporte y de todo tipo en las áreas costeras, ya en la actualidad congestionadas. Esta saturación, que habrá que contemplar en el plano de la actividad económica, de las infraestructuras y también de población (el incremento de la actividad económica actuará sin duda como un potente factor en la atracción de contingentes humanos) impedirán conservar unas mínimas condiciones en la calidad de vida y en las condiciones medioambientales, lo que incidirá directamente sobre el sector turístico impidiendo la consolidación de una demanda estable y rentable.
Pero además, en zonas como el poniente almeriense, el incremento de los regadíos, de poder asumir el sector el alto costo del agua trasvasada, o bien el crecimiento incontrolado del sector turístico inmobiliario (el descontrol del sector vendrá avalado por la inexistencia del carácter limitante de recursos como el suelo o el agua) darán lugar a nuevas necesidades de mano de obra. En efecto, el PHN y el Gobierno Andaluz, al reclamar más recursos de los que éste prevén, promueven la intensificación de la actividad agraria en áreas donde la mano para la realización de las labores agrícolas escasea ya en la actualidad, y donde estas necesidades son cubiertas en parte por contingentes de inmigrantes. El impacto del incremento de la mano de obra inmigrante propiciado por el PHN plantea en principio importantes incertidumbres de carácter social en poblaciones que ya en la actualidad presentan graves problemas para su integración.
Así, el contingente actual de inmigrantes en la zona de agricultura intensiva de la provincia de Almería ya plantea serios problemas sociales, por las actitudes xenófobas y racistas que surgen por unos contrastes culturales en cuya asunción no ha sido educada la sociedad española. Pero, además, se plantean problemas inherentes a la carencia de infraestructuras básicas para atender adecuadamente a esta población inmigrante (vivienda, servicios sanitarios, etc.), que se verán incrementados con la afluencia masiva de ésta. Estos planteamientos no significan que haya que cerrar la puerta a unos inmigrantes a los que las pésimas condiciones existentes en sus países de origen, fruto del empobrecimiento al que durante siglos se han visto sometidos por la esquilmación propiciada por el colonialismo, empujan a buscar otros horizontes. Pero ello no debe ser obstáculo para tratar de prevenir los problemas y conflictos sociales a los que puede dar lugar la excesiva concentración de estos contingentes en unas cuantas zonas muy concretas. Por lo tanto, unas políticas hidrológica y de ordenación del territorio correctas, deberían tener también en cuanta todos estos aspectos y sentar las bases para la diversificación de los lugares de acogida para una población inmigrante que, por otra, parte, a corto, medio y largo plazo es y será necesaria.
Sobre la base de todos los argumentos antes explicitados, parece claro que tanto el Plan Hidrológico Nacional, como parte de las pretensiones del Gobierno Andaluz al respecto, hacen inviable implantar en Andalucía un modelo de desarrollo sostenible, entendido este no sólo en términos ecológicos, sino también en los aspectos económicos, sociales y territoriales.
Para caminar hacia esa sostenibilidad es preciso que en nuestra Comunidad Autónoma se comiencen a adoptar los parámetros que configuran la nueva cultura del agua, siendo prioritario enfocar la planificación sobre la base del control de la demanda en lugar de hacerlo sobre el incremento ilimitado de la oferta, y poniendo en valor positivo el carácter de factor limitante que supone el agua. Pero además será necesario contemplar las políticas del agua en el marco general que debería constituir la ordenación del territorio, como línea directriz cuyo objetivo debería ser compatibilizar los diferentes usos del territorio entre sí y, a la vez, con la conservación de los recursos naturales y de la calidad de vida en el marco del desarrollo sostenible.
En este sentido, las PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN presentadas por el G.P. IU LV-CA en relación al debate sobre política hidráulica y de abastecimiento de agua a poblaciones, (5-99/DG-0031199), celebrado en la anterior legislatura ya apuntaban hacia esos nuevos parámetros.
En el citado debate se propuso:
1.- Realizar, de modo prioritario y urgente, las actuaciones necesarias para lograr la transferencia de las Confederaciones Hidrográficas en territorio andaluz a la Junta de Andalucía, en el siguiente sentido:
- Exigir ante el Gobierno Central la trasferencia urgente de las competencias sobre las Cuencas Hidrográficas del Guadiana II (Chanza, Piedras y Odiel-Tinto), Sur y Guadalete-Barbate. La transferencia de estas competencias deberán ir acompañadas de la dotación de recursos económicos, humanos y cuantos otros sean necesarios para la gestión y administración eficaz de las mismas.
- Abrir de manera inmediata negociaciones con el Gobierno Central para la modificación de la legislación vigente en materia de aguas al objeto de posibilitar en el menor plazo posible la transferencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las competencias sobre la Cuenca del Guadalquivir.
2.- Presentar en el plazo máximo de seis meses el Proyecto de Ley de Aguas de Andalucía.
3.- Elaborar en el plazo de un año, el Plan Hidrológico de Andalucía, que deberá contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
- Programa de prevención en origen de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, tanto para fuentes puntuales como difusas.
- Programa de rehabilitación de las aguas superficiales y subterráneas para asegurar una fuente apropiada de suministro de agua potable.
- Programa destinado a equilibrar la demanda y el suministro de agua mediante el control de la demanda y un uso y gestión más racionales de los recursos hídricos.
- Establecimiento de límites a la regulación de los cursos de agua y para el volumen total de agua extraíble de ríos, lagunas y acuíferos, al objeto de conformar y poner en práctica una nueva noción de caudal ecológico, que sirva para proteger la continuidad de la vida acuática, de la calidad del agua, de las zonas húmedas, la recarga de los acuíferos, las masas forestales dependientes para su supervivencia de determinadas cotas en el nivel freático, etc. Estos caudales no deberán ser usados para diluir efluentes sin depurar, al ser una de sus funciones principales el mantenimiento de buenas condiciones en los ecosistemas fluviales.
- Programa de restauración hidrológico-forestal y agro-hidrológica en cuencas de recepción de los embalses, dando prioridad a los embalses de cabecera.
- Programa de mejora de canalizaciones agrícolas y urbanas.
- Programa para mejorar la eficiencia de los sistemas de riego, para la renovación y sustitución de los sistemas de regadío y para fomentar el ahorro en la agricultura.
- Programa de reutilización de las aguas depuradas.
- Programa de recuperación y restauración de la vegetación de ribera de los ríos y arroyos, priorizando las actuaciones a realizar en aquellos que afecten a la conservación de espacios naturales y al mantenimiento de la capacidad de embalses.
- Modificación del régimen tarifario para el consumo agrícola, utilizando la tarifa volumétrica, contemplando el "reparto social del agua".
- Establecimiento de tarifas progresivas para el consumo urbano.
- Universalización de la utilización de indicadores biológicos para la medición de la calidad de aguas de ríos, lagunas, embalses y acuíferos.
4.- Revisar el Plan Andaluz de Regadíos, a partir de la realización de estudios de viabilidad para todas y cada una de las nuevas zonas regables propuestas en base a los escenarios que se configurarán en el futuro como consecuencia de la Política Agraria Comunitaria.
5.- Crear el Consejo Andaluz Asesor del Agua con funciones de asesoramiento, seguimiento y control de la política hidráulica andaluza, siendo además el órgano encargado de la emisión de dictámenes al respecto, a solicitud del Gobierno, Grupos Parlamentarios y Corporaciones Locales andaluzas.
La composición del mencionado Consejo se regirá por los principios de máxima participación y presencia territorial de los agentes sociales y económicos junto a las administraciones públicas andaluzas.
6.- Ejercer las actuaciones necesarias de su competencia, e instar a las restantes administraciones para que asuman las suyas, al objeto de cumplir los objetivos de depuración referidos a las aguas residuales urbanas marcados por la Directiva Comunitaria 91/271/CEE, sobre medidas de depuración de aguas residuales urbanas -traspuesta a la legislación española por el Real Decreto Ley 11/1995 y el Real Decreto 509/1996- para las aglomeraciones con una población de más de 15.000 e-h (equivalente habitante), que deberán depurar sus aguas residuales antes del 31 de diciembre del año 2000.
7.- Diseñar y poner en marcha en el plazo de un año un programa global de Planes Integrales de recuperación y saneamiento de pequeñas cuencas y ríos de Andalucía, así como de nuestros grandes ríos por tramos, cuyo objetivo sea permitir la unidad de planificación y gestión de los recursos hídricos de Andalucía.
Los mencionados Planes Integrales, al menos, contemplarán acciones encaminadas al saneamiento, recuperación de riberas, rehabilitación del patrimonio histórico hidráulico, mejora de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y garantizar los abastecimientos a los diferentes usos de manera racional y sostenible.
8.- Elaborar y poner en marcha en el plazo de un año, con la participación de las administraciones locales, un programa para la mejora de las conducciones de agua urbanas en las ciudades andaluzas al objeto de reducir las pérdidas al máximo posible.
9.- Elaborar y poner en marcha en el plazo de un año, con la participación de las comunidades de regantes, un programa para la eliminación de las pérdidas en canales de riego, así como para la implantación de sistemas de riego más eficientes.
10.- Elaborar y poner en marcha, como máximo el 31 de diciembre del año 2000, un programa para la reutilización de las aguas depuradas de todas las ciudades y pueblos andaluces con una población de más de 15.000 e-h (equivalente-habitante).
11.- Elaborar una normativa dirigida al establecimiento de tarifas progresivas para el consumo urbano de agua, así como a la modificación del régimen tarifario para el consumo agrícola dirigida a la sustitución del sistema actual por la tarifa volumétrica, contemplando el "reparto social del agua".
12.- Elaborar y poner en marcha un programa para la vigilancia y control de la correcta depuración de las aguas residuales industriales.
13.- Elaborar, tramitar y aprobar una Ley de regulación de los campos de golf y establecer mientras tanto una moratoria a las autorizaciones de nuevas instalaciones deportivas de este tipo.
14.- Realizar políticas efectivas de protección de los recursos hídricos frente a la contaminación por aporte de nitratos de origen agrario, contemplando, al menos los siguientes aspectos:
- Elaboración de un estudio para determinar las masas de agua superficiales, subterráneas, embalses, lagos, charcas y aguas litorales que se encuentran afectadas por la contaminación, o en riesgo de estarlo, por aportación de nitratos de origen agrario en la Cuenca Hidrográfica del Sur, reclamando al Ministerio de Medio Ambiente la realización urgente de un estudio similar para el resto de las cuencas con territorio en la Comunidad Autónoma Andaluza.
- Elaboración de un estudio para designar como vulnerables aquellas áreas cuya escorrentía o filtración afecte o pueda afectar a la contaminación por nitratos de las aguas.
- Elaboración de un código de buenas prácticas agrarias que contemple el adecuado manejo de fertilizantes y plaguicidas, usos eficientes del agua, rotaciones de cultivos, etc.
- Diseño y puesta en marcha de un programa para difundir y extender el uso de las buenas prácticas agrarias, que incluya, como materia preferente, medidas para la formación e información de los agricultores.
- Elaboración de programas de actuación para zonas designadas como vulnerables, al objeto de prevenir y reducir en ellas la contaminación causada por nitratos de origen agrario.
- Elaboración, en el ámbito de sus competencias, de programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas, a fin de modificar, en su caso, las zonas vulnerables designadas, así como para comprobar la eficacia de los diferentes programas de actuación puestos en práctica.
15.- Elaborar y poner en marcha en el plazo de un año un programa para la protección de los recursos regulados con, al menos las siguientes medidas:
- Actuaciones hidrológico-forestales y agro-hidrológicas integrales para evitar la pérdida de capacidad de los embalses mediante la restauración del equilibrio hidrológico y edáfico y el control de procesos erosivos.
- Actuaciones para evitar la contaminación de los recursos regulados: depuración de aguas residuales de poblaciones que, independientemente de su tamaño, puedan afectar a la calidad de los mismos, control de residuos agro-ganaderos, etc.
16- Elaborar y poner en marcha un programa para, en el plazo de dos años, garantizar en todo momento el abastecimiento de agua corriente potable al 100 % de la población andaluza, debiendo actuarse prioritariamente en aquellas entidades de población que presenten alguna o varias de las siguientes características:
- Cortes en el suministro a causa de infraestructuras deficientes o situaciones de sequía.
- Conducciones de abastecimiento susceptibles de contaminación.
- Red de distribución en estado deficiente.
- Deficiencias de desinfección.
17.- Diseñar y poner en marcha en el plazo de un año un programa de ordenación de las aguas subterráneas de Andalucía, con los siguientes objetivos:
- Ordenación de la explotación de las aguas subterráneas en las zonas de gran intensidad de uso, con el objetivo de adecuar el volumen de extracciones a la capacidad natural de recarga de los acuíferos.
- Establecer medidas específicas de protección ambiental para acuíferos afectados por procesos de degradación y contaminación, con actuaciones destinadas a evitar procesos de salinización, nitrificación, contaminación a causa de lixiviados de vertederos de residuos sólidos urbanos o industriales, y señalamiento de perímetros de protección sobre los que habrá que desarrollar una política de saneamiento integral sobre los focos potenciales de contaminación, así como sobre la contaminación difusa, a través de medidas urbanísticas que ordenen posibles usos y actividades.
- Actualizar el registro de captaciones.
- Puesta en uso de los recursos de los acuíferos cuyo balance hídrico es positivo.
18.- Elaborar un plan de saneamiento integral del río Guadalevín que contemple, entre otros aspectos, la construcción de una nueva depuradora y un nuevo trazado alternativo para el colector de aguas residuales de la ciudad de Ronda (Málaga).
19.- Establecer los mecanismos necesarios para una correcta gestión del ciclo integral del agua en la Vega de Granada, que solucione los déficits de abastecimiento y saneamiento que se producen en la actualidad en la zona. Para ello se contemplarán, entre otras, las siguientes actuaciones:
- Promover la constitución de un consorcio para la gestión del ciclo integral del agua en la Vega de Granada.
- Promover la creación de una empresa pública para la gestión del servicio.
20.- Realizar un estudio, y poner en marcha las actuaciones que del mismo se deriven, con el objetivo de resolver adecuadamente el suministro de agua potable a Almodóvar del Río (Córdoba).
21.- Realizar estudios de viabilidad para la instalación de dobles redes de distribución (red de agua de alta calidad para consumo doméstico y actividades como la industria agroalimentaria y red de menor calidad para los restantes usos) en los diez centros subregionales de Andalucía y para otras áreas de alto consumo urbano de agua como las zonas turísticas.
22.- Diseñar y poner en marcha un programa con el objetivo de fomentar, mediante la creación de diferentes líneas de apoyo técnico y financiero, la puesta en marcha de servicios mancomunados del ciclo integral del agua en aquellas áreas deficitarias en este sentido y cuyos municipios no cuenten con la capacidad suficiente para acometerlos por sí mismos.
23.- Revisar, en el Plan Director de Infraestructuras de Andalucía (PDIA), el capítulo dedicado a "recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas", con el objetivo de -mediante políticas más decididas de ahorro y eficiencia en el uso del agua, una estimación de la demanda más ajustada a las necesidades futuras reales y a través de la gestión de la demanda frente al incremento ilimitado de la oferta- hacer de la construcción de infraestructuras hidráulicas la última alternativa a considerar en la política hidrológica de Andalucía en el futuro, debido a los fuertes impactos que la primacía del "hormigón frente a sistemas ecológicos" de la actual política hidráulica ocasiona en los planos medioambiental, socioeconómico, territorial y geomorfológico.
Aunque en las propuestas de resolución vistas en el punto anterior ya se pone de manifiesto de manera implícita, es necesario profundizar en el tema de los regadíos andaluces, por el alto consumo de agua que suponen en nuestra Comunidad Autónoma.
Siguiendo de nuevo a Corominas "debería estabilizarse de inmediato la superficie en regadío, sin perjuicio de reubicaciones y cambio de las orientaciones productivas de los actuales, tanto por la contingentación de las producciones y las penalizaciones a las ayudas en el supuesto de sobrepasarlas que implica la PAC, como por la escasez de recursos hídricos y las restricciones de índole socioeconómica y medioambiental para aumentarlos.
Por otra parte, sería necesario matizar la propuesta que hace en torno a la necesidad de "consolidar los regadíos deficitarios de agua y de alta productividad como los invernaderos de Almería, introduciendo criterios de sostenibilidad de este tipo de agricultura". Hay que tener en cuenta que buena parte del déficit de agua en los invernaderos almerienses es consecuencia de la proliferación de regadíos ilegales en el área. Por lo tanto se podrán y deberán consolidar los regadíos legales, siempre que para esta consolidación se pongan en marcha mecanismos suficientes para evitar la degradación medioambiental que en la actualidad generan, pero en ningún caso se deberá proceder a la legalización de los ilegales, que deberían ser erradicados. A la afirmación de que en el ámbito de la Comunidad Autónoma habría que estabilizar los regadíos habría que añadir que esta estabilización es, si cabe, más urgente para el caso concreto de las zonas con elevados déficits de recursos hídricos.
Para la consolidación de los regadíos legales puede que sea necesario un aporte suplementario de agua, pero éste deberá procurarse mediante alternativas con un menor coste económico y medioambiental que los trasvases. En este sentido parece que cada vez, junto a las propuestas ya más consensuadas en torno a la necesidad del ahorro, la eficiencia, etc., cobra más fuerza el tema de la desalación de agua del mar, que en cualquier caso deberá dirigir los recursos que genere a cubrir los déficits actuales en momentos muy puntuales (caudal de reserva para situaciones críticas) y en ningún caso a la creación de nuevos regadíos. Por otra parte para que la desalación acabe constituyendo una opción ambientalmente asumible, será necesario que el elevado gasto energético que suponen, se nutra de fuentes de energía limpias como la solar, que precisamente es abundante en el conjunto de Andalucía y, en particular, en áreas de cultivo intensivo del litoral como Almería o Huelva.
Según Corominas "el reequilibrio del balance de los recursos hídricos de Andalucía y de otras regiones del sureste español debe ser consecuencia de estas políticas de gestión de la demanda, reutilización de las aguas residuales del litoral, desalación del agua del mar, y solamente en último lugar, y una vez aplicadas las medidas anteriores, acudir a las soluciones tradicionales de nuevos embalses y trasvases".
Por otra parte, sí tras una evaluación de la viabilidad de nuevas superficies dedicadas a cultivos de invernadero se demuestra que su incremento no va a tener efectos negativos por la saturación del mercado y la consiguiente caída de precios, debería planificarse su desarrollo ordenado y compatible con el medio ambiente en otras áreas de Andalucía, en especial en aquellas donde la ineficiencia de los cultivos actuales llevarán a medio plazo a su abandono. El mismo Corominas reconoce que "la previsible disminución a medio plazo de las ayudas de la PAC, coincidente con la ampliación de la UE al Este, provocará una extensificación y abandono de una parte de las explotaciones de regadío, debiéndose prever con tiempo su impacto, aminoración y alternativas de desarrollo rural".
Tras todas las consideraciones anteriores habrá que, siguiendo la terminología acuñada por el catedrático Manuel Ramón Llamas, definir al nuevo proyecto hidráulico del Gobierno Central, como Plan Hidro(i)lógico: un plan de hormigón al servicio de grandes empresas constructoras y determinados grupos de presión que, en ningún caso, va a solucionar la problemática del agua en España, ni va a contribuir a su vertebración, ni a fomentar la solidaridad y la "unidad patria", y que además va a ser el germen de múltiples y complejos impactos medioambientales, territoriales, económicos y sociales.
Y a la hidro(i)lógica del Gobierno Central hay que sumar la hidro(i)lógica del Gobierno Andaluz, que aunque en sus alegaciones al PHN pone de manifiesto muchas de sus carencias y hace propuestas muy positivas al respecto, estas pierden todo su sentido cuando a las mismas se suma la demanda de una mayor transferencia de recursos hídricos, que serían innecesarios si se enfocara el problema desde un punto de vista integral y enmarcado en la nueva cultura del agua y en la construcción de un desarrollo sostenible.

References: Resolución 
 artículo 9
 RESOLUCIÓN 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución