Source: https://boletinjuridico.gtt.es/sentencia-de-la-sala-tercera-de-lo-contencioso-administrativo-seccion-2a-del-tribunal-supremo-de-11-de-octubre-de-2012/
Timestamp: 2018-10-17 11:57:02+00:00

Document:
– El TEAR de Madrid estimo la reclamación económico-administrativa nº 28/19410/02, interpuesta por la Empresa constructora del aparcamiento para residentes sito en la calle Hacienda de P nº 2 del municipio de Madrid, contra la asignación a la misma de la titularidad catastral, declarando que no corresponde a la Empresa adjudicataria de la construcción del Aparcamiento para Residentes de que se trata, la consideración de sujeto pasivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) recaído sobre dicho Inmueble.
– La Gerencia del Catastro de Madrid, en ejecución de la Resolución del TEAR descrita en el párrafo anterior, dictó con fecha 15 de marzo de 2006, Acuerdo de alteración de la titularidad catastral del aparcamiento ubicado en la calle Hacienda de P nº 2 del municipio de Madrid, asignando a la Comunidad de Usuarios del Aparcamiento para Residentes la condición de concesionario, con efectos catastrales desde el 31 de diciembre de 2000.
– Contra dicho Acuerdo, la Comunidad de Usuarios interpone ante el TEAR de Madrid, con fecha 11 de abril de 2006, escrito de incidente de ejecución de la reclamación nº 28/19410/02, escrito que es tramitado por el TEAR como nueva reclamación económica-administrativa, pues la reclamación cuya ejecución se interesa se limitaba a declarar que la empresa constructora del aparcamiento no ostentaba la titularidad catastral del mismo sin asignar otra titularidad catastral alguna, lo que ex novo efectúa la Gerencia del Catastro de Madrid, atribuyéndosela a la Comunidad de Usuarios del Aparcamiento para Residentes.
3.- pero cuando se ha cedido el uso de todas las plazas de garaje y la Comunidad ha asumido la gestión del aparcamiento, la entidad originariamente adjudicataria ha perdido todas las facultades de la concesión que han sido asumidas por la Comunidad – los residentes tienen el uso de las plazas, pero la gestión del aparcamiento, facultad propia de la concesión, la ostenta la Comunidad-, lo cual implica necesariamente la transmisión de la concesión, para la que el Ayuntamiento ha dado su autorización implícita en el Pliego de Condiciones, que, no se olvide, obliga tanto a la administración concedente como al particular concesionario; al establecer precisamente este proceso como el propio de la realización y explotación de la obra de aparcamiento, cuya finalidad declarada es el uso de cada plaza de garaje por los residentes de la zona, constituidos en Comunidad de Usuarios. Este diseño supone una autorización, ya sea por actos inequívocos, por parte de la Administración para que la Comunidad asuma la titularidad de la concesión. Pero además, una vez producida la efectiva gestión por parte de la Comunidad de Usuarios, nada opone el Ayuntamiento a ello, lo que unido a la previsión contenida en el Pliego, nos lleva a concluir, que tal autorización se ha concedido actos que manifiestan indubitadamente la voluntad del Ayuntamiento.
El artículo 232 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, establece en su apartado tercero que en el procedimiento económico administrativo iniciado “podrán” comparecer titulares de derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados; y a continuación señala que si se advierte la existencia de tales titulares de intereses legítimos que no hayan comparecido se les notificará la existencia de la reclamación, y será de aplicación lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 239 de la propia Ley, apartado que señala que la resolución en estos casos tiene plena eficacia respecto de los interesados a quienes se hubiese notificado la existencia de la reclamación. Lo cual supone que a aquellos a los no se le notifica la existencia de la reclamación no les afecta la resolución, es decir, no tiene “plena eficacia” respecto de los mismos. Lo que supone en el presente caso que la Comunidad de Usuarios no se ve afectada por la primitiva resolución dictada por el Tribunal Regional de Madrid.
“A la vista de lo que se dice en la sentencia recurrida esta Sala considera que, efectivamente, se produjo un cambio de concesionario pues, a tenor de lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, una vez transmitido el uso de todos los aparcamientos a los residentes y la gestión del aparcamiento a la Comunidad de Usuarios, como ocurrió en el presente caso, debe entenderse que la empresa primera concesionaria a la que se adjudicó la construcción de los aparcamientos ha perdido todas las facultades de la concesión y que la Comunidad de Usuarios ha asumido la gestión del aparcamiento, razón que abona la tesis de la resolución judicial impugnada, puesto que el que el propio artículo 156 del Real Decreto legislativo 2/2000, señalado como infringido en el recurso, establece que en la concesión “el empresario gestionará el servicio”, de manera que la concesión administrativa supone que el concesionario ejerce una actividad y cuando esta actividad deja de ser ejercida, como es el caso, por el adjudicatario de la concesión la titularidad ha sido transmitida a quien de hecho, asume las funciones que originariamente tenía la empresa adjudicataria.
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References: Resolución 
 artículo 232
 artículo 239
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 156
 Real Decreto