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Timestamp: 2019-06-19 20:49:53+00:00

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El 16 de septiembre de 2003, los abogados MARÍA ELENA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, MARINO ALVARADO BETANCOURT y MARÍA GABRIELA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 35.463, 61.381 y 98.763, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales del PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN- ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA), organización no gubernamental que tiene como misión la protección de los derechos humanos, de conformidad con los artículos 26 y 27 de la Constitución, 42.23 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, vigente para la época, y 1, 2, y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, interpusieron acción de amparo constitucional contra el MINISTRO DE LA DEFENSA General de Brigada (Ej) JOSÉ LUIS PRIETO, por “haber violado a nuestro poderdante, la organización Provea, el derecho de petición establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de obtener respuesta oportuna y adecuada a la solicitud realizada en fecha 24 de marzo de 2003”.
El 19 de febrero de 2004, la Sala de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, acordó requerir al ciudadano Ministro de la Defensa, información con prueba certificada de ello, sobre la solicitud formulada ante ese Despacho por la accionante.
El 25 de marzo de 2004, la Secretaría de la Sala dio cuenta del oficio número MD-DS-1236 del 24 de marzo de 2004, emanado del Despacho del Ministro de la Defensa, contentivo de la información solicitada.
Alegaron los apoderados judiciales de la accionante, lo siguiente:
Que, el 24 de marzo de 2003, el ciudadano Carlos José Correa Barros, en su carácter de Coordinador General del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos “hizo efectivo un derecho de petición mediante escrito identificado con el Nro. 616 dirigido al Ministro de la Defensa”.
Que, en dicho escrito, el prenombrado ciudadano “le solicitó al Ministro ‘una copia del Plan Ávila’. Le expresó además que: ‘anualmente realizamos una investigación acerca de la situación de los derechos humanos en Venezuela (…). Por tal razón y con el objetivo de contar con toda la información necesaria para garantizar un trabajo riguroso, el mencionado Plan será objeto de análisis en nuestro próximo informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (sic)”.
Que no obstante ello, hasta la oportunidad de la interposición de la presente acción de amparo, su representada “no ha obtenido del funcionario público que ejerce la función de Ministro de la Defensa ninguna respuesta”, razón por la cual “le ha impedido a la organización realizar un análisis del mencionado Plan Ávila para determinar su compatibilidad con los derechos humanos y con una política de seguridad y control del orden público de carácter democrático”.
Que “se desprende de lo anterior, que no se ha hecho efectivo el derecho constitucional de petición que tiene la organización no gubernamental Provea y, hasta el presente, dicho derecho se continúa violando”.
Corresponde a la Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta y, a tal efecto, observa:
En materia de amparo constitucional y, en particular, respecto al tribunal competente para el conocimiento de las demandas de naturaleza como la de autos, destaca la Sala el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece:
“La Corte Suprema de Justicia conocerá, en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, en la Sala de competencia afín con el derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación, de las acciones de amparo contra los hechos, actos y omisiones emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República”. (Subrayado de la Sala)
A partir de la promulgación de la nueva Constitución, dicha distribución de competencias varió en virtud de que ésta creó, en el seno del Máximo Tribunal, una sala especial en materia constitucional, a saber, la Sala Constitucional. Así se estableció en sentencia del 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata Millán) donde se señaló que:
“Corresponde a la Sala Constitucional, por su esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo.”(Subrayado de la Sala).
En el presente caso, la pretensión constitucional está dirigida contra el Ministro de la Defensa, para la época General de Brigada (Ej) José Luis Prieto, por la presunta violación del derecho de petición consagrado en el artículo 51 constitucional. Siendo ello así, esta Sala resulta competente para conocer de la misma, de conformidad con el artículo 5.18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y así se declara.
Determinada la competencia, corresponde a la Sala pronunciarse respecto de la admisibilidad de la pretensión de amparo y, al efecto, observa igualmente:
A juicio de los apoderados actores, la conducta -presuntamente lesiva- del Ministro de la Defensa, radica en la omisión por parte de éste de dar oportuna y adecuada respuesta a la petición formulada por el ciudadano Carlos José Correa Barros, en su carácter de Coordinador General del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), de “una copia del Plan Ávila”.
Ahora bien, consta en las actas del presente proceso que, el 15 de marzo de 2004, mediante comunicación número MD-DS-1108, el referido Despacho oficial informó al prenombrado Coordinador General del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), que “el ‘Plan Ávila’ atañe a la conducción de operaciones militares a fin de reestablecer el orden público a nivel del área metropolitana de Caracas y colaborar con el Gobierno Nacional, en garantizar a la ciudadanía y a las instituciones (…); sin embargo, se infiere que el espíritu, propósito y razón de su solicitud, obedece presumiblemente a la necesidad de contar con la información contemplada en el mencionado Plan para ser objeto de un análisis en su próximo informe anual (…) a tal efecto, este Despacho ha considerado pertinente se sirva emitir un aclaratoria con respecto a su solicitud (…). Igualmente es oportuno señalarle que en razón de ser éste un Plan que contempla la materia de seguridad y defensa de la Nación, existe una reserva en torno a la clasificación y divulgación de los aspectos operacionales que contempla el mismo, todo ello con fundamento legal en la normativa jurídica prevista en el artículo 325 de la Constitución (…); sin embargo, este Despacho está dispuesto a colaborar con ese programa, como ustedes a bien lo estimen (…) sin que ello comprometa la seguridad de la Nación y su defensa integral (sic)”.
Siendo ello así, a juicio de la Sala, en el presente caso sobrevino la inadmisibilidad de la acción de amparo propuesta, conforme lo contenido en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales que prevé dicha inadmisibilidad, cuando haya cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, que hubiesen podido causarla.
No obstante ello, uno de los apoderados actores estimó que “lo que inicialmente se constituyó en una respuesta que aparentaba ser adecuada, resultó ser una respuesta sin efectividad real para satisfacer el derecho de petición. Si la respuesta emanada del Ministro de la Defensa era que se prestaría colaboración para acceder al Plan Ávila y esa colaboración no se produce, tal respuesta no deja de ser una formalidad que le resta seriedad y efectividad y por lo tanto conduce a la violación del derecho de petición”.
En razón de lo cual, la Sala estima preciso reiterar que el derecho de petición y de oportuna respuesta, establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, determina la obligatoriedad a la que están sujetos los entes públicos de resolver aquellas peticiones formuladas por los particulares, al disponer: “Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo”. Su contenido y alcance fue señalado por la Sala en sentencia número 2073/2001 (caso Cruz Elvira Marín), cuando estableció:
“La disposición transcrita, por una parte, consagra el derecho de petición, cuyo objeto es permitir a los particulares acceder a los órganos de la Administración Pública a los fines de ventilar los asuntos de su interés en sede gubernativa. Asimismo, el artículo aludido, contempla el derecho que inviste a estos particulares de obtener la respuesta pertinente en un término prudencial. Sin embargo, el mismo texto constitucional aclara que el derecho de petición debe guardar relación entre la solicitud planteada y las competencias que le han sido conferidas al funcionario público ante el cual es presentada tal petición. De esta forma, no hay lugar a dudas, en cuanto a que la exigencia de oportuna y adecuada respuesta supone que la misma se encuentre ajustada a derecho, pero no implica necesariamente la obligación de la Administración de acordar el pedimento del administrado, sino sólo en aquellos casos en que el marco jurídico positivo permita al órgano de la Administración tal proceder, sobre la base de las competencias que le han sido conferidas
Así pues, el derecho de petición y oportuna respuesta supone que, ante la demanda de un particular, la Administración se encuentra obligada a resolver el caso concreto o indicar las razones por las cuales se abstiene de tal actuación. De allí, que el único objetivo racional de la acción de amparo constitucional contra la violación del derecho de petición y a obtener oportuna respuesta, es el de obligar al presunto agraviante a dar curso a la solicitud planteada y a emitir un pronunciamiento, sin que ello implique necesariamente una respuesta favorable.
A juicio de la Sala, el supuesto de hecho planteado en el presente asunto, no se corresponde con el criterio apuntado, pues no puede, en ningún caso, la accionante, utilizar la acción de amparo con fundamento en la violación del derecho de petición y a obtener oportuna respuesta, para lograr otros objetivos, como los que pretende, cuando la solicitud que ha sido planteada excede el ámbito objetivo de potestades y facultades del órgano accionado.
Por último, no puede la Sala obviar los actos cumplidos, en el presente caso, por los apoderados judiciales de la accionante, quienes por separado, realizaron actuaciones opuestas. Una de ellos, la abogada María Gabriela Martínez, en diligencia del 12 de abril de 2004, estimó que la respuesta contenida en la comunicación emanada del Ministro de la Defensa, constituía una respuesta adecuada y “por lo tanto consideramos cumplido el fin que nos propusimos con la acción judicial de amparo (sic)”. Sin embargo, el abogado Marino Alvarado Betancourt, por su parte, apreció que “tal respuesta no deja de ser una formalidad que le resta seriedad y efectividad y por lo tanto conduce a la violación del derecho de petición”.
Actuaciones como las señaladas, a juicio de la Sala, desdicen de los deberes profesionales establecidos tanto en el Código de Ética del Abogado, como en la Ley de Abogados, razón por la cual, la Sala insta a los prenombrados apoderados judiciales, a actuar con estricta sujeción a las normas que regulan el ejercicio de la profesión de abogado.
En consecuencia, a juicio de la Sala, la acción de amparo interpuesta resulta inadmisible –sobrevenidamente- a tenor de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se declara.
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE –sobrevenidamente- la acción de amparo constitucional incoada por los abogados MARÍA ELENA RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, MARINO ALVARADO BETANCOURT y MARÍA GABRIELA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, en su carácter de apoderados judiciales del PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN- ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (PROVEA), organización no gubernamental que tiene como misión la protección de los derechos humanos, contra el MINISTRO DE LA DEFENSA General de Brigada (Ej) JOSÉ LUIS PRIETO.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 22 días del mes de junio de dos mil cinco (2005). Años: 195 ° de la Independencia y 146° de la Federación.
EXP. Nº: 03-2402

References: artículo 51
 artículo 17
 artículo 8
 artículo 335
 artículo 8
 artículo 51
 artículo 5
 artículo 325
 artículo 6
 artículo 51
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