Source: http://elyoacusoargentino.blogspot.com/2014_01_01_archive.html
Timestamp: 2017-06-25 00:10:13+00:00

Document:
El Yo Acuso Argentino: enero 2014
Capítulo 684 - El Derecho Internacional humanitario y los retos de los CAI y de los CANI
A veces se ha
puesto en tela de juicio la adecuación del DIH no solo por lo que respecta a su
capacidad para cubrir las nuevas realidades de la violencia armada organizada
en las clasificaciones que se utilizan actualmente, sino también a la
existencia de un conjunto suficiente de normas substantivas y a su
aplicabilidad a una situación concreta. La cuestión tiene más interés en el caso de los conflictos armados no internacionales que en los internacionales. En general, no se pone
en duda que los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo adicional I para
los Estados Partes en éste, así como las normas del derecho internacional humanitario
consuetudinario, siguen siendo una base de referencia
útil para regular la conducta de los Estados
que participan en un CAI. Como se señala en el informe sobre El derecho
internacional humanitario y los retos de los conflictos armados contemporáneos que el CICR
presentó a la Conferencia Internacional en 2007, las normas y los principios básicos que rigen la conducción de las hostilidades y el trato que
deben recibir las personas en poder del enemigo
(los dos principales ámbitos del DIH), continúan reflejando un equilibro razonable y pragmático entre
la exigencia de necesidad militar y las exigencias de humanidad. Las
normas están redactadas de forma detallada y han resistido al paso del tiempo;
asimismo están ampliamente aceptadas, como lo pone de relieve el hecho de que cada
país del mundo es hoy Parte en los Convenios de Ginebra y de que casi todos son
también Partes en el Protocolo adicional I. Se siguen completando los tratados fundamentales
con otras codificaciones, especialmente en el ámbito de las armas. Esto no significa,
por supuesto, que el derecho de los CAI no pueda ser mejorado mediante el esclarecimiento
y/o la interpretación. Estados, organizaciones internacionales, el CICR, grupos
de expertos y otros entes, incluidos tribunales y cortes nacionales e
internacionales, despliegan esfuerzos con ese fin.
Como es sabido, las disposiciones convencionales que rigen los CANI son mucho menos numerosas que las que regulan los CAI y no pueden
responder en forma adecuada a la multitud de cuestiones jurídicas y de
protección que se plantean en la práctica. Se ha dicho que los
CANI no están reglamentados de forma sustancial
porque la aplicación del artículo 3 común está
limitada, geográficamente, al territorio de un
Estado parte en un conflicto armado. Esta opinión no es correcta porque las disposiciones de ese artículo son, sin duda
alguna, normas de derecho consuetudinario y
porque el DIH consuetudinario contiene muchas
otras normas que son aplicables a un CANI.
El Estudio que el CICR hizo sobre el derecho internacional humanitario
consuetudinario, (publicado en 2005 en inglés, y en 2007, en español), a
conclusión de que 148 normas consuetudinarias de 161 se aplicaban también en los
CANI. Estas normas son una fuente adicional para determinar las obligaciones
tanto de los Estados como de los grupos armados organizados no estatales. (1)
(1) Según el CICR: “El derecho internacional humanitario consuetudinario
es un conjunto de normas derivadas de una práctica general que se acepta como
parte del derecho. No es necesario
que los Estados acepten formalmente una norma de la costumbre para que ésta adquiera un carácter vinculante para ellos, ya que la práctica general de los Estados sobre la que
se basa la norma es generalizada, representativa y
prácticamente uniforme. En los conflictos armados no
internacionales, respecto de los cuales existen
relativamente pocas disposiciones en el derecho convencional, el derecho consuetudinario cobra particular
importancia.” (http://www.icrc.org/spa/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law/overview-customary-law.htm)
El derecho internacional deriva
tanto del derecho convencional como de las normas conocidas como derecho
Normalmente, los tratados consisten en convenios escritos en los cuales los
Estados establecen determinadas normas de manera formal. En cambio, el
derecho internacional consuetudinario no está escrito, sino que resulta de "una
práctica general aceptada como derecho".
demostrar que determinada norma es consuetudinaria, es necesario probar que se refleja en la práctica de los
Estados y que la comunidad internacional
considera que esa práctica es obligatoria como
El DIH consuetudinario
sigue siendo pertinente en los conflictos armados contemporáneos por dos
razones principales. La
primera es que, si bien algunos Estados no han ratificado todos los convenios
importantes, siguen estando obligados por las normas del derecho
consuetudinario. La segunda razón reside en la relativa debilidad del derecho convencional que rige
los conflictos armados no internacionales, esto
es, los conflictos en los que participan grupos armados y que suelen
desarrollarse dentro de las fronteras de un país. En un estudio
publicado por el CICR en 2005, se demostró
que el marco jurídico que rige los conflictos armados internos es más detallado en el derecho internacional consuetudinario
que en el derecho convencional. Habida cuenta de que la mayoría de los conflictos armados
de hoy son de índole no internacional, este aspecto reviste particular importancia.
"Derecho internacional humanitario consuetudinario" se inició en 1996. El CICR, en colaboración con un nutrido grupo de
eminentes expertos en el tema, analizó la actual práctica de los Estados en
relación con el DIH. El objetivo del estudio era identificar el derecho
consuetudinario que se aplica a este ámbito y esclarecer la protección jurídica
que otorga a las víctimas de la guerra. En el estudio se identificaron 161
normas de DIH consuetudinario que constituyen el núcleo común del derecho
humanitario vinculante para todas las partes en los conflictos armados. Esas
normas fortalecen la protección jurídica de las víctimas de la guerra en todo
el mundo. El estudio se divide en dos
partes: el Volumen 1 - Normas contiene unos análisis exhaustivos de las normas
consuetudinarias del derecho internacional humanitario aplicables a los
conflictos armados internacionales y no internacionales. El Volumen 2 –
Práctica contiene, para cada aspecto del DIH, un resumen de las prácticas
pertinentes de los Estados (legislación, manuales militares, jurisprudencia y
declaraciones oficiales), así como la práctica de las organizaciones,
conferencias y órganos judiciales o cuasi judiciales internacionales. El
Volumen 2 se está actualizando como parte de un proyecto conjunto con la Cruz
Roja Británica.
Las normas del DIH consuetudinario son muy
importantes porque ofrecen
una orientación jurídica a las partes en todos los tipos de CANI, incluidos los que tienen el elemento extraterritorial
normas básicos del DIH que regulan la conducción de las hostilidades son, con muy pocas excepciones, esencialmente idénticas para todos los conflictos, independientemente de la clasificación. (…) Aunque determinar el derecho aplicable es sin duda
importante, lo es mucho más que los Estados
reconozcan su aplicabilidad cuando se cumplen
los criterios fácticos necesarios. Publicado por
El Derecho Internacional humanitario y los retos de los CAI y de los CANI
Literalmente nos
señala Antón Camen: “Sin embargo, para que las normas se apliquen hace falta que una situación constituya un conflicto armado.
En efecto, la existencia de un conflicto armado es una condición sine qua non para
que el derecho internacional humanitario se aplique.
Aunque parece casi trivial, no es nada fácil saber cuándo una situación determinada
califica como conflicto armado. Negar la existencia de un conflicto armado cuando existe y por tanto negar la aplicación del derecho internacional humanitario
cuando se aplica, tiene repercusiones
inmediatas para la protección de las personas. Expone a las personas
a la violencia de la guerra sin ofrecerles la protección de las reglas
específicamente diseñadas para aliviar sus sufrimientos. Por cierto, el conflicto armado no invalidará a priori la vigencia de las normas
aplicables en tiempos de paz, pero estas normas no permiten responder adecuadamente a las necesidades
generadas por la guerra. Por ello han sido suplementadas por reglas específicas. Sin éstas, sería
difícil argumentar que las partes en conflicto están obligadas a recoger y asistir a los
heridos; a respetar el emblema de la Cruz Roja;
a proteger quienes no participan en las
hostilidades; a dirigir los ataques sólo
contra objetivos militares; a no emplear métodos
y medios que son excesivos; a tratar
prisioneros de guerra como tales y repatriarles una vez terminadas las
hostilidades; etc. Si los conceptos y mecanismos propios al derecho internacional humanitario
no estuvieran disponibles, conducir una guerra sin aplicar el derecho internacional humanitario resultaría inevitablemente en una masacre. Por otro lado, pretender estar en un
conflicto armado cuando una situación no lo es, trae el riesgo de introducir conceptos de la guerra en tiempos de paz, incompatibles con el
derecho de los derechos humanos. Es por ello que la Resolución 3 de la XXX Conferencia Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebrada entre el 26 al 30 de noviembre 2007, puso de relieve “que el derecho internacional humanitario cubre únicamente las
situaciones de conflicto armado y que no ha de extenderse a otras
situaciones”. Concretamente
declaró, en su parte pertinente: “Subrayando, al respecto, que la protección
ofrecida por el derecho internacional de los derechos humanos no cesa en caso de un conflicto armado, salvo por medio de disposiciones de derogación, recordando
que mientras algunos derechos pueden ser
exclusivamente asuntos de derecho internacional humanitario, otros pueden ser exclusivamente asuntos de derecho
internacional de los derechos humanos, y otros aún pueden ser asuntos de ambas
ramas del derecho internacional, y destacando
internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados prestan protección a las víctimas de conflictos armados en el
marco de sus respectivos ámbitos de aplicación; Renovando el claro compromiso de todos los
miembros de la Conferencia de
respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario en todas las
de relieve, no obstante, que el derecho internacional humanitario cubre únicamente las situaciones de conflicto armado y
que no ha de extenderse a otras situaciones; (…).
“Lo contrario invitaría
fácilmente el trato arbitrario contra personas privadas de libertad, por ejemplo cuando se
les niegan sus derechos fundamentales con motivo de que constituyan una amenaza
a la seguridad del Estado. Entrañaría contradicciones insuperables, con consecuencias
invariablemente dramáticas, en el momento de tratar de designar objetivos que pudieran ser
atacados legítimamente en un conflicto armado, pero nunca fuera de
éste, ya
principio de distinción entre objetivos militares y personas y bienes civiles simplemente no se aplica en la paz y “[e]n cualquier caso, sólo se podrá hacer
uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. En otras palabras, afuera de un conflicto armado y más precisamente de la conducción de hostilidades, el propósito del uso
letal de la fuerza siempre consiste en proteger la vida. Además, dicho uso está sujeto a un riguroso criterio de necesidad.” El autor de ese trabajo
tan importante para la comprensión del DIH señala lo que surge de una consulta evacuada por
la Corte Internacional de Justicia. “Con respecto al derecho a la vida, entre otros garantizados por el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Corte
Internacional de Justicia aclaró: “En principio,
el derecho a no ser privado de la vida
arbitrariamente se aplica también en tiempo
de hostilidades. Ahora bien, el criterio para determinar si la privación de la
vida es arbitraria hay que referirse a la
lex specialis aplicable, a saber, el derecho aplicable en caso de conflicto armado, que tiene por
objeto regir las situaciones de hostilidades. Así pues, que un caso
de pérdida de vida, a causa del empleo de un arma determinada en una situación
de guerra, se considere un caso de privación arbitraria de la vida que
contraviene el artículo 6 del Pacto, es cosa que sólo se puede decidir por remisión al derecho aplicable en caso de conflicto armado y no por deducción de las disposiciones del Pacto.” Véase:
Corte Internacional de Justicia, Opinión consultiva sobre la legalidad de la
amenaza o el empleo de armas nucleares, op. cit., párr. 25. 4” (…) La “XXXI Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja”, celebrada en Ginebra, Suiza desde el 28 de noviembre al
1° de diciembre de 2.011 nos da ciertas pautas, de suma utilidad para el tema que
estamos tratando. Si bien las conclusiones a las que llega la
Conferencia, no son obligatorias para los Estados que han participado, como en
el caso de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo
resuelto se impone por el prestigio emanado de la institución encargada de
llevar a cabo tal Conferencia. Con respecto a tales temas, y con relación al
derecho aplicable, la Conferencia nos brinda una ilustración amplia sobre lo
que sostiene la Cruz Roja. “En el capítulo introductorio del pertinente Informe, se hace una
reseña de los actuales conflictos armados y de sus consecuencias en el ámbito
humanitario, a fin de ilustrar las
situaciones en que se plantean desafíos al DIH.” Publicado por
La Cruz Roja Internacional sostiene que “que el derecho internacional humanitario cubre únicamente las situaciones de conflicto armado y que no ha de extenderse a otras situaciones”.
Capítulo 682 - La inveterada costumbre del Estado Argentino, es sostener en cuanto ámbito sea necesario, que en la década del 70 no existió un conflicto armado en nuestro país. El presidente Dr. Alfonsín visitando el escenario de los acontecimientos en el Regimiento 3 de IM del E.A.
Desde un principio, el estudio se centró en seis áreas de
trabajo, a saber: - el principio de distinción; - personas y bienes especialmente protegidos; - métodos específicos de guerra; - armas; - trato debido a las personas civiles y a las personas fuera de
combate; y - aplicación. La presentación de las
reglas examinadas por el estudio sigue la misma división. Es sobre todo en
estas áreas que el
derecho convencional ha dejado abierto cuestiones, por las razones antes mencionadas, a las cuales convenía responder, si se intentaba mejorar el respeto del derecho internacional humanitario.
Mediante el estudio se han podido aportar soluciones a muchas de estas
cuestiones, pero naturalmente no a todas. Así, aparece que las lagunas que
subsisten en la cobertura del Protocolo adicional I de 1977 por todavía no
vincular algunos Estados, tienen menos incidencia en la práctica que el mero
número de ratificaciones podría sugerir. Gran parte de las disposiciones del Protocolo y sobre todo sus
reglas fundamentales gozan en realidad hoy día de tan amplia aceptación por los Estados que constituyen derecho
consuetudinario. El Protocolo ha introducido numerosas disposiciones que
a su vez fundamentaron nuevas normas
consuetudinarias (además de haber
codificado otras que ya reflejaban la costumbre en 1977), porque han entrado subsecuentemente en la “práctica generalmente
aceptada como derecho”. Estas normas corresponden entonces a una práctica generalizada, representativa y uniforme de los Estados, inclusive de los 27
países que todavía no son partes en el Protocolo.
Eso es el caso
en relación con el principio de
distinción entre civiles y combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos
militares; la prohibición de los ataques indiscriminados; el principio de proporcionalidad en el ataque; la obligación de tomar
las precauciones que sean factibles en el ataque y contra los efectos de los ataques; la
obligación de respetar y proteger al personal sanitario y religioso, las unidades y los medios de transporte sanitarios, al personal y los bienes de las organizaciones de ayuda
humanitaria y a los periodistas civiles; la
obligación de proteger a la misión médica; la
prohibición de atacar localidades no defendidas y zonas desmilitarizadas; la obligación de dar cuartel y salvaguardar al enemigo
fuera de combate; la prohibición de hacer
padecer hambre a la población civil como método de guerra; la prohibición de atacar los bienes indispensables para
la supervivencia de la población civil; la
prohibición del uso inapropiado de los emblemas y de la perfidia; la obligación de respetar las garantías fundamentales
de las personas civiles y fuera de combate; la
obligación de buscar a las personas desaparecidas; y las protecciones específicas conferidas a las mujeres y los
niños.” El estudio encontró que la regulación de los conflictos armados no internacionales es mucho más densa de
que lo dejan suponer los tratados. Eso es particularmente visible cuando uno compara el derecho internacional humanitario
aplicable en los conflictos armados no internacionales a la luz de las reglas de derecho consuetudinario
reflejadas en el Protocolo adicional I. En gran medida, las
normas codificadas por dicho Protocolo para los conflictos armados
internacionales se aplican como derecho consuetudinario en cualquier conflicto armado. En otras palabras, la práctica de los Estados iba más allá de lo que los mismos
Estados fueron dispuestos a conceder en los tratados, sobre todo por lo que atañe
la conducción de las hostilidades y el trato a las personas. En segundo lugar, llama la atención que las normas
consuetudinarias vigentes en los conflictos armados no internacionales, desde luego, no se limitan a lo que
está reflejado en el artículo 3 común y el Protocolo adicional II. La labor del tribunal internacional para la antigua Yugoslavia ya había
señalado en esa misma dirección. El citado Tribunal constató que era innegable que “en los CANI se aplican las reglas
del derecho consuetudinario. “
Dichas reglas cubren distintas áreas, tal como ocurre con la
protección de los civiles que no intervienen en las hostilidades, la protección
de los bienes culturales de propiedad privada, la protección de quienes no
participaron o han dejado de participar en las hostilidades, la prohibición de
la utilización de medios bélicos proscriptos en los conflictos armados
internacionales y la prohibición de ciertos métodos de conducción de las
hostilidades. Hay aquí probablemente el aporte más importante de la
clarificación del derecho consuetudinario por el estudio. En efecto, con pocas
excepciones, casi la totalidad de las 161 reglas identificadas se aplican
en cualquier conflicto armado, lo que constituye un desarrollo importante en el
derecho internacional humanitario. Así, de las 161 reglas, 13 se aplican sólo
en los conflictos armados internacionales y 2 en los conflictos armados no
internacionales, mientras 146 rigen todo conflicto armado sin que importara su
índole.” Más adelante, señala el autor de esta nota que comentamos, algo que a menudo es
dejado de lado por nuestros jueces. Nos dice que para que las “Normas” citadas anteriormente
se apliquen hace falta que una situación constituya un CAI o un CANI. Taxativamente nos indica que cuando
no estamos ante un conflicto armado, sea del
carácter que sea, es imposible aplicarlas. Como de la mano, nos lleva a
concluir que en el caso de los eventos
imputados a los militares argentinos, en la década del 70, conforme lo asegurado en innumerables
ocasiones por el Estado Argentino, no medió
ningún conflicto. Es decir que faltó una condición que viabilizara la aplicación de las “Normas” internacionales. La ausencia de tales condiciones, a su vez cual fruto del árbol venenoso, hace caer las sentencias
basadas en norma inaplicables en esos casos puntuales. Publicado por
es sostener en cuanto ámbito sea necesario,
La inveterada costumbre del Estado Argentino,
que en la década del 70 no existió un conflicto armado en nuestro país.
No es el primer autor
que pone énfasis en tales circunstancias. El[MF1] CICR refiere que, con fecha 14 de mayo de 1954 se sancionó la denominada
Convención de La Haya Para la Protección de los Bienes Culturales en
Caso de Conflicto Armado. Allí, como se nos ha relatado, se hace referencia a los
bienes culturales y su protección en los CANI. Para la época de la década del 70, se le daba escasa o nula importancia a los CANI, a los que se les aplicaba tangencialmente las normas que eran aplicadas a los conflictos
internacionales. Un somero repaso de los eventos destacados, en tal sentido, nos lleva como de la mano, a la
conclusión taxativa de que no pasaba por la mente de nadie, en esferas
jurisdiccionales, ligar los Convenios de Ginebra, destinados a ser aplicados
mayormente a los conflictos armados internacionales, a los eventos bélicos de un Conflicto armado no
internacional. Recordamos que, si bien no se
los “despreciaba”, tampoco eran tenidos muy
en cuenta debido a su escasa o nula
trascendencia. Debemos añadir a lo expresado, que los Estados se
resistían a aceptar que sea menoscabada su soberanía, aceptando así porque sí,
determinados Tratados Internacionales que, sin duda alguna, menoscababan según
ellos, su soberanía integral. Para esa época, se desarrollaban conflictos armados
en diversos Estados, en pos de la independencia colonial y el rozar la
soberanía de ciertos países, causaba una indudable irritación y temor. Muy posteriormente, finalizando la década
del 90, recién el 26 de marzo de 1999, se sancionó el denominado II Protocolo de la Convención de La Haya
para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado,
ocasión en que
se introdujeron ciertas reformas en la primitiva Convención, a fin de crear reglas a aplicar a este tipo de conflictos armados
no internacionales, extendiendo la
protección a los casos de este tipo de conflictos. (Confr. el inc. 1° del art. 22 donde se refuerza la mención a la protección de tales bienes en los CANI). Otro[MF2] evento curioso, que habla a las claras de la
poco feliz ubicación de los CANI, es decir la escasa
importancia que hasta ese momento se les dio a este tipo de conflictos, ya que no se les
aplicaba sino tangencialmente las normas que sí se aplicaban a los conflictos armados internacionales,
es que en diciembre de 2001,
el artículo 1 de la Convención Sobre
Ciertas Armas Convencionales (C.C.A.C.) con el propósito de
ampliar el ámbito de aplicación de todos sus Protocolos existentes hasta
entonces, a los conflictos armados no
internacionales. Hasta ese momento el único protocolo que se aplicaba en un CANI era
el Protocolo II enmendado. A partir de esa fecha todos los Protocolos se hicieron aplicables en los CANI. A pesar de la excepción
señalada precedentemente -art.19 de la
Convención de La Haya- , hay quien sostiene que sin embargo reglas como las
referidas existían y los Estados y las partes en conflicto las observaron, en
diversas ocasiones. “Así, por ejemplo, nadie hubiera puesto en duda la obligación de proteger a la población civil contra los
peligros de las hostilidades, sin que importara
la índole del conflicto armado. Pero como las reglas no estuvieron
escritas, quedó un espacio que pudo fácilmente nutrir incertidumbre acerca de
su contenido, pero también acerca de sí, cómo y cuándo se aplicaban. Eso va
incluso por reglas que son fundamentales y que parecen generalmente aceptadas. Lo
verdaderamente preocupante en los conflictos armados actuales no es que se violan algunas de las normas del derecho
internacional humanitario que sí son complejas
de aplicar, sino que se violan normas que son
las más básicas y cuyo respeto parece exigir nada más que un poco de sentido común. El axioma de silent enim
leges inter armas, enunciado por Cicerón hace dos mil años, parece seducir hasta nuestros días a algunos que se creen por
encima de la ley cuando se encuentran en un
Destaca el autor una
Resolución de la ONU que nos permitirá establecer, sin lugar a dudas, que
recién para esa época se resolvió adoptar con respecto a los CANI, una actitud
distinta en cuanto a la importancia que comenzó a dárseles. Se hace eco el
autor de la Resolución 2444 ONU relacionada con
el respeto de los derechos humanos en los conflictos armados y refiere[MF3] : “La resolución 2444
(XXIII) del 19 de diciembre de 1968, reconoció “que es necesario aplicar los principios
humanitarios básicos en todos los conflictos armados.” Invitó
“al Secretario General a que, en consulta con el Comité Internacional de la
Cruz Roja y otras organizaciones internacionales adecuadas, estudie […] la
necesidad de nuevas convenciones humanitarias internacionales, o de otros
instrumentos jurídicos apropiados para asegurar la protección mejor de los civiles, prisioneros y combatientes en todo conflicto armado y la prohibición y
limitación del empleo de ciertos métodos y medios de guerra.” La referencia a “todo conflicto armado” deja pensar que se trataba tanto de los conflictos armados internacionales como de los que no fuesen
de índole internacional.” (…) “Fue precisamente con
el objeto de mejorar el respeto del derecho internacional humanitario en los
conflictos armados que la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja encomendó en 1995 al CICR de elaborar un informe sobre las normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario. (…) El estudio
identificó 161 normas de derecho
internacional humanitario, las cuales reflejan
la costumbre internacional.” “Para llegar a la
identificación de dichas normas, se
llevó a cabo un proceso de investigación de la práctica en más de 150 Estados. Tanto en la recopilación de los datos,
como en su análisis y explotación, el CICR contó con el apoyo de expertos
académicos y gubernamentales de diferentes
regiones del mundo. Eso permitió valorar la práctica de la manera más inclusiva y comprensiva posible para así establecer el estado del derecho internacional
humanitario consuetudinario vigente. Los datos
analizados incluyeron todo tipo de materiales, de
los cuales se puede desprender la actitud oficial de los Estados acerca de los problemas humanitarios que entrañan los conflictos armados.(…)
Por tanto, se trataba de buscar en la práctica y en la convicción
jurídica de los Estados las reglas que derivan
de la costumbre, de acuerdo con la metodología
tradicionalmente admitida para determinar la
costumbre internacional, a saber que “the material of customary
international law is to be looked for primarily in the actual practice and
opinio juris of States […].”
Así pues, se valorizaron tanto expresiones materiales de la práctica, tales como la
conducta durante hostilidades o el trato de personas en manos de una parte adversa, como las
expresiones verbales, tales como aparecen en leyes nacionales, doctrinas militares, informes o
declaraciones de gobiernos u opiniones jurídicas oficiales, etc.
comprobó en cada caso si la práctica se
realiza bien porque el Estado lo considera como “de derecho” y no por otro motivo. Se trataba de distinguir entre normas que son legalmente
vinculantes y conductas que se llevan a cabo sin
que haya una obligación legal. Publicado por
las normas que eran aplicadas a los conflictos armados internacionales.,
Para la época de la Década del 70 a los Conflictos Armados No Internacionales se les aplicaba,
Capítulo 680 - Para que se establezca una norma de derecho internacional consuetudinario general es necesario que la práctica estatal concernida sea extensa y representativa.
Para determinar si la práctica de los
lo suficientemente «densa» como para crear una norma de derecho
internacional consuetudinario, hay
que analizarla. Para establecer una norma de derecho internacional
la práctica estatal ha de ser prácticamente uniforme,
extensa y
representativa. Pero veamos más detenidamente lo que esto significa. El primer requisito para que la práctica de los Estados cree
una norma de derecho internacional consuetudinario es que sea prácticamente uniforme. Diferentes Estados no tienen que haberse comportado de manera sustancialmente distinta. La
jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia muestra que una práctica
contraria, que a primera vista parece minar dicha uniformidad, no impide la
formación de una norma de derecho internacional consuetudinario, siempre que
esa práctica contraria la condenen otros Estados o la rechace el propio Gobierno.
Tales condenas o rechazos confirman de hecho la norma en cuestión. Esto es
particularmente pertinente para una serie de normas de derecho internacional
humanitario en las que, junto a la abrumadora evidencia de que la práctica
verbal de los Estados las respalda, hay reiteradas pruebas de violaciones de
esas normas. Cuando
estas infracciones han ido acompañadas de excusas o justificaciones de los
actores y/o de condenas de otros Estados, no son de tal índole que pongan en
duda la existencia de la norma en cuestión. Los Estados que deseen cambiar una norma de derecho internacional consuetudinario vigente han de hacerlo mediante su práctica
oficial y declarar que están actuando de derecho.
El segundo requisito para
que se establezca una norma de derecho internacional consuetudinario general es que la práctica estatal concernida
sea extensa y representativa.
No necesita, en cambio, ser universal; es suficiente una práctica «general». No
se requiere un número o porcentaje exacto de Estados. Una de las razones por
las que es imposible precisar la participación requerida es que este criterio
es en cierto modo cualitativo, más que cuantitativo. Es decir, que no es
una mera cuestión de cuántos Estados participan en la práctica, sino también de
qué Estados. El segundo requisito para la
existencia de una norma de derecho internacional consuetudinario, la opinio juris, se relaciona con
la necesidad de que la práctica se
lleve a cabo «de derecho». La forma en que la práctica
y esta convicción jurídica han de expresarse puede tal vez diferir según que la
norma concernida contenga una prohibición, una obligación o sólo el derecho a
comportarse de cierta manera. Durante la realización del estudio, resultó muy
difícil, y en gran medida un empeño teórico, separar estrictamente los
elementos de la práctica y la convicción jurídica. Lo más frecuente es que la
misma actuación plasme la práctica y la convicción jurídica. Como ha señalado
la Asociación de Derecho Internacional, la Corte Internacional de Justicia «no ha dicho de manera explícita
que, porque hay (presuntamente) distintos elementos en el derecho
consuetudinario, el mismo comportamiento no puede manifestar ambas cosas. De
hecho es a menudo difícil, si no imposible, desenredar los dos elementos». Eso
es, en particular, así porque las actuaciones verbales se consideran como
práctica de los Estados, que suelen reflejar, al mismo tiempo, la convicción
jurídica del Estado concernido.
Cuando hay una práctica
suficientemente densa, ésta
contiene en general una opinio juris, por lo cual no suele ser necesario demostrar separadamente su
existencia. Cuando
la práctica es ambigua, la
opinio juris desempeña, en todo caso, un importante papel a la hora de decidir si ha de tenerse o
no en cuenta para la formación de la costumbre. Así
ocurre a menudo con las omisiones, cuando los Estados se abstienen de
actuar o reaccionar, sin que esté claro por qué. Es en tales casos en
los que tanto la Corte Internacional de Justicia como su predecesor, el
Tribunal Permanente de Justicia Internacional, han intentado establecer
separadamente la existencia de una opinio juris, a fin de determinar si
esa práctica ambigua debía tenerse efectivamente en cuenta para tipificar
normas de derecho internacional consuetudinario. En el ámbito del derecho internacional humanitario, en el que muchas normas requieren abstenerse
de ciertos comportamientos,
las omisiones plantean un problema particular en la tarea de determinar la opinio
juris, ya que
ha de probarse que la abstención no es una coincidencia, sino que está basada en una
expectativa legítima.” Con relación a
la activación de las disposiciones del Artículo 3 Común a los cuatro Convenios
de Ginebra de 1949, ella fue muy discutida en su momento. Al punto que lo resuelto precedentemente por la
Com. I.D.H., resulta una suerte de leading case con referencia a ese caso
puntual. Antón Camen es asesor jurídico para América
Latina y el Caribe del Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR). Publicó un excelente ensayo relacionado con el artículo 3
Común de los Convenios de Ginebra, titulado “El art. 3 Común, los
CANI y el Derecho Consuetudinario”. Nos
recuerda el aludido autor: “Aunque coherente y completo en los principios que enuncia, en la práctica durante los numerosos conflictos no internacionales que han estallado
desde 1949, el CICR tuvo que constatar que no siempre era fácil aplicar
el artículo 3 común. Sus normas reflejan estándares mínimos, pero poco
específicos, lo que no facilitaba su aplicación
en casos concretos. Había entonces una serie de razones, tanto prácticas como
legales, que incitaron al CICR a continuar sus
esfuerzos de fortalecer el derecho internacional de los conflictos armados no internacionales.
de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Viena en 1965, y
luego de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular a través su
resolución 2444 (XXIII) de 1968, el CICR sometió a la XXI Conferencia
Internacional de la Cruz Roja de 1969 un texto preliminar. La conferencia encargó al CICR seguir con la
elaboración de nuevas reglas en este ámbito. Después de una serie de
consultas con expertos y los gobiernos, se presentó un primer borrador para un
protocolo adicional en 1972, inspirado en un texto que Canadá había circulado
el año anterior. Este texto no pasó sin controversias. El CICR volvió a
trabajarlo y propuso otro proyecto en 1973. Este último constituyó
la base para las negociaciones que
resultaron en el Protocolo adicional II de 1977. Hasta este momento, con
la excepción del artículo 19 de la Convención de La Haya sobre la protección
de los bienes culturales de 1954, ningún tratado de derecho internacional humanitario puntualizaba específicamente las reglas aplicables en los conflictos armados
no internacionales.” Publicado por
Para que se establezca una norma de derecho internacional consuetudinario general es necesario que la práctica estatal concernida sea extensa y representativa

References: artículo 3
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 1

Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 3
 artículo 3
 artículo 3

resolución 
 artículo 19