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Timestamp: 2018-12-19 07:06:25+00:00

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Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Sala d autos: Lo Iacono, Osvaldo José c/ Joga Bernardo Miguel Fecha: 26/06/2009 Sumario
Autos: Lo Iacono, Osvaldo José c/ Joga Bernardo Miguel
Sumario: Si bien el instituto de prejudicialidad previsto por el CCiv. 1101 y cc. no resulta a priori aplicable al caso de los procesos ejecutivos, pues la sentencia que en ellos se dictare no causa cosa juzgada material sobre la cuestión (CPr. 553), confluyen en la especie consideraciones que indican adoptar un criterio diverso. En efecto, la causa penal refiere puntualmente a la invocada comisión del delito de estafa procesal y eventual utilización de instrumento privado adulterado. Resulta pues evidente la incidencia que la resolución penal habrá de tener en las constancias y trámite de este proceso ejecutivo, pues el hecho delictivo que se ha invocado es, precisamente, la adulteración de elementos esenciales para la decisión de este pleito comercial.
Por lo que se dispone la suspensión del trámite de juicio ejecutivo hasta la resolución de la causa penal seguida por estafa procesal.
Vocablos: JUICIO EJECUTIVO – CUESTION PREJUDICIAL – PREJUDICIALIDAD – PROCESO EJECUTIVO – COSA JUZGADA MATERIAL – CAUSA PENAL – ACCION PENAL – ESTAFA PROCESAL – RECIBO DE PAGO – RECIBO DE PAGO FALSO – ADULTERACION - SUSPENSION DEL PROCESO
2ª Instancia. — Buenos Aires, junio 26 de 2009.
1. El ejecutado apeló contra la sentencia de fs. 285/288 en cuanto rechazó la excepción de pago total y mandó llevar adelante la ejecución (fs. 293; memorial en fs. 295/305, contestado en fs. 307/316).
Con posterioridad, la actora acompañó cierta copia de una resolución dictada en sede penal en los autos "Joga, Bernardo y otros s/ Asociación Ilícita y Estafa Procesal...", de la cual se desprende que la Alzada de ese proceso dispuso revocar el sobreseimiento del aquí ejecutado y disponer la continuación de la instrucción (fs. 326/330).
La ejecutada, por su parte, solicitó la suspensión de las presentes actuaciones hasta tanto se dicte sentencia en sede penal, a efectos de evitar un eventual escándalo jurídico (fs. 333/335).
Esta petición fue resistida por la actora, con los fundamentos vertidos en fs. 337/8.
2. Se presenta en la especie una situación particular, cual es la conclusión contradictoria de dos peritajes caligráficos y scopométricos practicados sobre el mismo documento, en el caso, el recibo de pago cuestionado (originariamente obrante en fs. 30).
En efecto, conforme se desprende del dictamen emitido por la experto Jorge Alberto Piris, se concluyó que el documento es falso (v. fs. 163).
Sin embargo, el peritaje de la División Scopométrica de la Policía Federal Argentina no resulta tan categórico, pues no ha establecido cabalmente que el instrumento fuere indubitadamente auténtico (v. fs. 326vta. y fs. 266/268).
Si bien el instituto de prejudicialidad previsto por el CCiv. 1101 y cc. no resulta a priori aplicable al caso de los procesos ejecutivos, pues la sentencia que en ellos se dictare no causa cosa juzgada material sobre la cuestión (CPr. 553), confluyen en la especie consideraciones que indican adoptar un criterio diverso (esta Sala, 15/12/04, Banco Galicia y Buenos Aires c. Martínez Jorge s/ ejecutivo).
En efecto, la causa penal refiere puntualmente a la invocada comisión del delito de estafa procesal y eventual utilización de instrumento privado adulterado.
Resulta pues evidente la incidencia que la resolución penal habrá de tener en las constancias y trámite de este proceso ejecutivo, pues el hecho delictivo que se ha invocado es, precisamente, la adulteración de elementos esenciales para la decisión de este pleito comercial.
Máxime teniendo en consideración que la decisión arribada en este expediente respecto de la habilidad probatoria del recibo de pago sub examen no podrá ser ventilada en un proceso ordinario posterior, conforme lo establecido por el CPr. 553 in fine y su doctrina.
En virtud de tales consideraciones, corresponde suspender el trámite de Alzada de este proceso, y estar a las resultas del trámite seguido en la causa penal mencionada.
3. Por ello, se Resuelve: Suspender el conocimiento de Alzada hasta tanto arribe resolución en sede penal en el proceso citado sub 2. Devuélvase sin más trámite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (CPr. 36: 1°) y las notificaciones pertinentes. — Pablo D. Heredia. — Juan José Dieuzeide. — Gerardo G. Vassallo.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 resolución