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Timestamp: 2020-02-22 10:54:53+00:00

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Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria. TÍTULO PRELIMINAR. Principios generales (Vigente hasta el 01 de Enero de 2005).
La administración de la Hacienda Pública cumplirá las obligaciones económicas del Estado y de sus Organismos autónomos, mediante la gestión y aplicación de su haber conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico y, además, promoverá el más adecuado funcionamiento de los sistemas financiero y monetario, según las medidas de política económica que se establezcan.
Artículo 4 derogado por Ley 6/1997, 14 abril («B.O.E.» 15 abril), de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
La Seguridad Social se regulará por su legislación específica, sin más modificaciones que las establecidas en el título VIII de esta Ley. Las cuotas, bienes, derechos, acciones y recursos de cualquier otro género de la Seguridad Social constituyen un patrimonio único afecto a sus fines, distinto del Patrimonio del Estado.
No obstante, lo dispuesto en esta Ley será de aplicación supletoria en aquellos casos en los que no exista regulación específica.
Párrafo 2º del artículo 5 introducido por Ley 13/1996, 30 diciembre («B.O.E.» 31 diciembre), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
a) Las Sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la Administración del Estado o de sus Organismos Autónomos y demás Entidades estatales de Derecho público.
Apartado b) del número 1 del artículo 6 derogado por Ley 6/1997, 14 abril («B.O.E.» 15 abril), de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
2. Las sociedades estatales se regirán por las normas de Derecho Mercantil, civil o laboral, salvo en las materias en que les sea de aplicación la presente Ley.
3. La creación de las Sociedades a que se refiere la letra a) del número 1 anterior y los actos de adquisición y pérdida de la posición mayoritaria del Estado o de sus Organismos autónomos y Entidades de Derecho público en las mismas, se acordarán por el Consejo de Ministros.
5. Son fundaciones del sector público estatal aquellas fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Número 5 del artículo 6 redactado por la disposición final segunda de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones («B.O.E.» 27 diciembre).Vigencia: 1 enero 2003
6. Los organismos públicos a que hace referencia la disposición adicional única.3 de la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, que modifica la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, se regirán por su legislación específica, por las disposiciones de la presente Ley que les sean de aplicación y, supletoriamente, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Número 6 del artículo 6 introducido por el número 1 del artículo 59 de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 24 mayo 2002).Vigencia: 1 enero 2002
b) El establecimiento o reforma de los tributos con el alcance prevenido en la Ley general tributaria.
c) La concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito para gastos del Estado y de sus Organismos autónomos, segun se previene en esta Ley.
e) El régimen del Patrimonio del Estado, del Patrimonio Nacional y de la Contratación del Estado.
h) El régimen de contratación de obligaciones financieras y de realización de gastos y las demás materias que según las Leyes han de ser reguladas por disposiciones del expresado rango.
e) Determinar las directrices de política económica y financiera del Estado. Letra e) del artículo 8 redactada por Ley 13/1994, 1 junio («B.O.E.» 2 junio), de Autonomía del Banco de España.
a) Proponer al Consejo de Ministros las disposiciones y los acuerdos que procedan según el artículo 8 de esta Ley, con la salvedad establecida en el apartado c) de su artículo 10.
c) Dictar las disposiciones y resoluciones que procedan de acuerdo con las correspondientes Leyes en la materia a que se refiere el artículo 2 de esta Ley.
f) Ordenar todos los pagos del Tesoro Público.
g) Dirigir la ejecución de la política financiera aprobada por el Gobierno y dictar las disposiciones necesarias a tal fin. Letra g) del artículo 9 redactada por Ley 13/1994, 1 junio («B.O.E.» 2 junio), de Autonomía del Banco de España.
h) La coordinación de las Haciendas Territoriales con la del Estado y, en su caso, el control financiero de aquéllas, dentro de los límites previstos en la Constitución y las Leyes.
Dentro de su respectiva competencia y en los términos establecidos por la presente Ley, son funciones de los Organos constitucionales, los Departamentos ministeriales y los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado:
Son funciones de los Organismos autónomos del Estado a que se refiere el párrafo uno del artículo 4 de esta Ley, dentro del ámbito de su respectiva competencia y conforme a lo dispuesto en la misma:
Artículo 15 derogado por la letra a) del número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria («B.O.E.» 27 noviembre).Vigencia: 1 enero 2004
1. La Intervención General de la Administración del Estado ejercerá las funciones previstas en el artículo 93 de esta Ley, con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión fiscalice.
1. El control de carácter financiero se ejercerá por la Intervención General de la Administración del Estado, de conformidad con lo prevenido en cada caso, respecto a los Servicios, Organismos autónomos, sociedades y demás Entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación y forma jurídica, para comprobar su funcionamiento en el aspecto económico-financiero y conforme a las disposiciones y directrices que les rijan. Dicha función podrá ejercerse con caracter permanente.
3. La Intervención General de la Administración del Estado elaborará un plan anual de auditorías en el que se irán incluyendo la totalidad de los sujetos mencionados en el número 1 del presente artículo.
1. En cuanto a las Sociedades mercantiles, Empresas, Entidades y particulares por razón de las subenciones corrientes, créditos, avales y demàs ayudas del Estado o de sus Organismos Autónomos, o de otro modo concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a fondos de la Comunidad Económica Europea, el control del carácter financiero podrá ejercerse en la forma que se hubiere establecido o se estableciere en cada caso, con independencia de las funciones interventoras que se regulan en la presente Ley.
2. En las ayudas y subvenciones financiadas total o parcialmente con cargo a fondos comunitarios, la Intervernción General de la Administración del Estado será el órgano competente para establecer, de acuerdo con la normativa comunitaria y nacional vigente, la necesaria coordinación de controles, manteniendo, a estos solos efectos, las necesarias relaciones con los órganos correspondientes de las Comunidades Europeas, de los Entes territoriales y de la Administración del Estado.
Artículo 18 redactado por Ley 31/1990, 27 diciembre («B.O.E.» 28 diciembre), de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
3. En las ayudas financiadas por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, la intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, realizará los cometidos asignados al servicio especifico contemplado en el artículo 11 del Reglamento (CEE) 4045/89, del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1989, relativo a los controles, por los Estados miembros, de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA), sección Garantía.
Número 3 del artículo 18 introducido por el número 3 del artículo 59 de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002
La Hacienda Pública queda sometida al régimen de contabilidad, tanto para reflejar toda clase de operaciones y de resultados de su actividad, como para facilitar datos e información en general que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Las autoridades y funcionarios en general que con sus actos u omisiones y mediante dolo, culpa o negligencia perjudiquen a la Hacienda Pública, incurrirán en las responsabilidades civil, penal o disciplinaria que en cada caso proceda.

References: Artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 59
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 4

Artículo 15
 artículo 93

Artículo 18
 artículo 11
 artículo 18
 artículo 59