Source: https://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/9576/5453
Timestamp: 2020-07-04 09:38:35+00:00

Document:
10.5294/dika.2019.28.1.2
La dignidad humana como límite al ius puniendi.
La jurisprudencia del tribunal constitucional de Chile1
Human Dignity as a Limit to ius puniendi.
The Case Law of the Constitutional Court of Chile2
A dignidade humana como limite ao ius puniendi.
A jurisprudência do tribunal constitucional do Chile3
Marcelo Ignacio Ovalle Bazán4 .
1 Este artículo es parte de la investigación doctoral realizada por el autor en el marco del proyecto FONDECyT 1150869, “Los conceptos jurídicos indeterminados de la Constitución chilena en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: significado, contenidos y alcances”, cuyo investigador responsable es el profesor José Ignacio Martínez Estay.
2 This article is part of the doctoral research carried out by the author in the framework of the project FONDECyT 1150869, “The Indeterminate Legal Concepts of the Chilean Constitution in the Case Law of the Constitutional Court: Meaning, Contents and Scope,” whose lead researcher is Professor José Ignacio Martínez Estay.
3 Este artigo é parte da pesquisa de doutorado realizada pelo autor no âmbito do projeto FONDECyT 1150869, “Os conceitos jurídicos indeterminados da Constituição chilena na jurisprudência do Tribunal Constitucional: significado, conteúdos e alcances”, cujo pesquisador responsável é o professor José Ignacio Martínez Estay.
4 orcid.org/0000-0002-6805-6030. Universidad de los Andes, Chile. miovallebazan@miuandes.cl
Recibido: 02 de agosto de 2018
Envío a pares: 02 de agosto de 2018
Aprobado por pares: 10 de septiembre de 2018
Aceptado: 17 de septiembre de 2018
Palabras clave: Dignidad humana como noción constitucional; valor fundamental constitucional; derecho constitucional chileno; derecho penal chileno; límites al ius puniendi estatal.
Keywords: Human dignity as constitutional notion; fundamental constitutional value; Chilean constitutional law; Chilean criminal law; limits the state Ius puniendi.
Neste artigo, expõe-se a jurisprudência do Tribunal Constitucional do Chile em matéria de dignidade humana com valor fundamental da ordem constitucional chilena e a maneira como o institui com um limite ao ius puniendi estatal. São expostos textos doutrinais, tanto nacionais quanto estrangeiros, em torno da noção de dignidade humana e sua forma de incorporação nos ordenamentos constitucionais, especificamente na Constituição chilena. Do mesmo modo, analisa-se a jurisprudência do Tribunal para indagar a ideia de dignidade humana que apresenta, e a maneira e os alcances em sua aplicação. O Tribunal considera a dignidade humana como uma condição intrínseca do ser humano, da qual colige um dever de respeito e de consideração, principalmente do Estado. A circunstância do reconhecimento constitucional da dignidade leva a estimá-la como a base da ordem política e social no contexto de um Estado democrático de direito, do qual uma série de princípios são derivados — como a presunção da inocência, o princípio non bis in idem, o princípio da culpabilidade e o da proporcionalidade das penas —, os quais necessariamente limitam o direito penal subjetivo do Estado.
Palavras-chave: Dignidade humana como noção constitucional, valor constitucional fundamental, direito constitucional chileno, direito penal chileno, limites ao estado de Ius puniendi.
1. La dignidad humana como base de la institucionalidad en la Constitución chilena de 1980.
2. Dignidad humana y ius puniendi. La visión del Tribunal Constitucional.
3. Dignidad humana y presunción de inocencia.
4. Dignidad humana y principio non bis in idem.
5. Dignidad humana y principio de culpabilidad.
6. Dignidad humana y principio de proporcionalidad de las penas.
Jurisprudencia citada del Tribunal Constitucional de Chile.
En ese orden, puede afirmarse que el concepto de dignidad humana tiene una clara raíz judeo-cristiana, la cual se mantuvo hasta la Edad Media. No obstante, Pico della Mirandola, liberado del peso teocéntrico propio de aquella época –y ya en ciernes el antropocentrismo que llevaría el pensamiento crítico al Renacimiento y al Humanismo–, escribió que “se piensa con justa razón que el hombre es un gran milagro y un animal sin duda digno de admiración”, pero dotado de raciocinio a instancia del propio creador, toda vez que “el artífice deseaba que hubiera alguien que entendiera la razón de una obra tan grande, que amara su belleza y que admirara su grandeza. Por ello, después de haber terminado todas las cosas –como atestan Moisés y Timeo–, pensó por último en producir al hombre”.6 El hombre ya no sería “un gusano de tierra deplorable”, como lo consideraba la teología medieval, sino que se le sitúa al mismo nivel y dignidad de los ángeles e, incluso, al de los dioses.
... el nuevo régimen político institucional descansa en la concepción humanista del hombre y de la sociedad, propia de la civilización occidental y cristiana a la que pertenecemos, y según la cual los derechos del ser son anteriores y superiores al Estado, el que tiene el deber de darles segura y eficaz protección.18
... la característica esencial del hombre, que lo separa de las demás criaturas, consiste en estar dotado de inteligencia, que le permite conocer la ley que se cumple en él e imponerse de la realidad que lo circunda, y de libre albedrío, que le faculta para actuar en forma que propenda a la perfección de su ser o lo aleje de ella. La dignidad del hombre tiene, al mismo tiempo, como fundamento que, según la Revelación Divina, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios para encontrar, más allá del tiempo, su plena felicidad en él.21
... la Constitución, en su artículo 1°, contiene una afirmación inicial de extrema importancia y que debe extenderse como precepto rector del Capítulo III [...] Recuérdese que este ideario viene de la concepción cristiana del hombre y de la sociedad y fue tomado, con redacciones más o menos similares, en diversos documentos que hemos citado, desde la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, [...]. Hemos insistido, al presentar los preceptos matrices de este artículo, que se trata de preceptos constitucionales, vale decir, normas de conducta para gobernantes, legisladores y jueces. No son meras declaraciones de principios, de los que se pueda prescindir en razón de otros preceptos constitucionales.22
... la dignidad es una cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable de todo y a cualquier ser humano, constituyendo un elemento que cualifica al individuo en cuanto tal, siendo una cualidad integrante e irrenunciable de la condición humana. Ella es asegurada, respetada, garantizada y promovida por el orden jurídico estatal e internacional, sin que pueda ser retirada a alguna persona por el ordenamiento jurídico, siendo inherente a su naturaleza humana.23
... antes y sobre los derechos públicos subjetivos mencionados y otros más, en la Constitución consta hoy proclamado el valor de la dignidad de la persona humana, nada menos que en el umbral, esto es, al comienzo del primero de los artículos. La dignidad humana se erige así en el valor sustentable de aquellos derechos inalienables, en la fuente o base de arranque de ellos y que debe ser tan respetada y promovida como estos [...]. Trátese de otro concepto iusnaturalista. Significa que toda persona humana, por ser tal y sin más exigencias, nace y ha de convivir en la cualidad de digno, o sea, de trascendente a la historia, sujeto libre e igual al prójimo, cuyo destino es realizar un proyecto de vida, con sello singular o propio. El hombre resulta ser así un depósito o cúmulo de valores supremos, con los cuales nace y los concreta durante la vida. Entre estos se hallan los derechos públicos subjetivos o facultades que el ordenamiento jurídico le reconoce con carácter de inalienables, imprescriptibles e inviolables en todo momento, lugar y circunstancia [...] Pues bien, la dignidad es la fuente de esos atributos naturales.24
Es un principio matriz del sistema institucional vigente del cual se infiere, con claridad inequívoca, que todo ser humano, sin distinción ni exclusión, está dotado de esa cualidad, fuente de los derechos fundamentales que se aseguran en su artículo 19 [...] Que de la dignidad, valor que singulariza a toda persona humana, se deriva un cúmulo de atributos, con los que nace y que conserva durante toda su vida. Entre tales atributos se hallan los derechos públicos subjetivos o facultades que el ordenamiento jurídico le asegura con carácter de inalienables, imprescriptibles e inviolables en todo momento, lugar y circunstancia.28
... del desarrollo libre de la personalidad de cada sujeto, así como de su manifestación en la comunidad a través de los grupos intermedios autónomos con que se estructura la sociedad [...] debiendo a su respecto cumplirse la exigencia de respeto, especialmente cuidadoso, que se ha destacado ya con relación a la dignidad de la persona humana.32
La pretensión negativa de respeto de la dignidad se debe entender en un sentido omisivo, es decir, un obrar negativo que se traduce en el deber de los poderes públicos de acatamiento y de no violación de la dignidad del particular. En esta vertiente de la dignidad queda prohibido para el Estado la aplicación de tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en general, “todas las otras medidas que reduzcan al hombre a mero objeto de la actuación estatal, a un simple medio para fines del Estado [...] La libre pertenencia del hombre a sí mismo y su disposición de sí, son por doquier violadas con semejantes ataques, se las menosprecia”.33 Es tal la relevancia de la pretensión negativa de respeto de la dignidad que, conforme al artículo 1º de la Constitución, el Estado chileno está al servicio de la persona humana, y su fin principal es la promoción del bien común. En consecuencia, se ha de colegir que la dignidad humana es el presupuesto y el límite necesario al ejercicio del poder político y se impone como una limitación “del ejercicio de la soberanía y como deber de los órganos del Estado”.34 Es por ello que la validez, tanto de sus actos como de su legitimidad democrática, dependerá igualmente de su observancia y cumplimiento.
... el derecho subjetivo, cuyo objeto es la pena, es precisamente un derecho subjetivo de castigar (ius puniendi) [...] Este derecho de punir ha sido entendido como propio de una función social que no solo corresponde al Estado, sino a la sociedad, concebida como un órgano exclusivamente actuante, por medio de aquella... [...] Sin embargo, en el derecho positivo la dignidad de persona, la cualidad, es decir, de sujeto de derecho de todo hombre como tal, es de donde deriva no solo la imposibilidad de un derecho de punir como derecho absoluto del Estado sobre la persona del imputado, sino que además la exigencia de que se deba respetar la personalidad del sujeto y, por ser objeto de un derecho de punir, no por ello perder su cualidad de sujeto.46
... a partir del valor fundamental de la dignidad humana, el cual tiene reconocimiento constitucional, se sustentan múltiples principios limitadores del ius puniendi, que pueden reconocerse en diversos preceptos de la Carta Fundamental, tales como los artículos 19 1º, 2º, 3º y 7º, (letras g y h), entre otros. [...] Que, en consideración a diversos principios constitucionales, entre ellos el principio general de humanidad basado en el valor de la dignidad humana, y al hecho de que la pena es, básicamente, privación o restricción de derechos personales o de bienes protegidos por la norma jurídica, la acción punitiva del Estado no debe propender a infligir el mal por sí mismo o el mero sufrimiento de aquel miembro de la sociedad que infringió la ley.47
... el principio del non bis in idem forma parte del conjunto de derechos que los órganos del Estado deben respetar y promover en virtud del mandato contenido en el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución, el que reconoce como fuente de esos derechos tanto a la propia Carta Fundamental como a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.49
... base esencial de todo ordenamiento penal democrático el principio de que por un mismo hecho delictivo el responsable no puede sufrir más de una pena o ser objeto de más de una persecución criminal, conocido como el non bis in idem. Esta interdicción del juzgamiento y la sanción múltiples se sustenta, respectivamente, en la aplicación de principios relativos al debido proceso y la proporcionalidad. Su fundamento constitucional deriva de la dignidad personal y del respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, cualidad que le es reconocida universalmente. Su transgresión constituye, pues, un atropello de las bases de la institucionalidad, así como de las garantías de un procedimiento e investigación racionales y justos, consagradas en el capítulo sobre igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos.56
... uno de los principios fundamentales del derecho penal y constituye una exigencia absoluta que debe encontrar su correspondiente base constitucional en el artículo 19, Nº 3, de la Carta Fundamental, al decir que “la ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal”, está consolidando el principio de “dignidad humana”, en la medida que, en un sentido amplio, bajo la expresión “principio de culpabilidad” pueden incluirse diferentes límites del ius puniendi, que tienen de común exigir, como presupuestos de la pena, que pueda “culparse” a quien la sufra del hecho que la motiva [...] En resumen “el principio de culpabilidad” tiene un alcance limitador, en la dirección de exigir la concurrencia de todos aquellos presupuestos que permiten “culpar”, esto es, imputar a alguien el daño del delito, y tales presupuestos afectan a todas las categorías del concepto de delito.62
... como un ser racional como un ser libre. Es un ser racional por hallarse dotado de conciencia y entendimiento, los cuales le permiten distinguir y asociar el yo y el no yo, aprehender intelectualmente las cosas y captar sus relaciones necesarias y generales. En esta virtud puede conocer las normas y el mundo exterior y prever las consecuencias de su propia conducta. Es un ser libre, por estar dotado de una voluntad que lo habilita para autodeterminarse y para regir su propia actividad. De estas características humanas resulta que el hombre puede conocer la regla jurídica y puede ajustar a ella su conducta.64
... Que es posible desprender de la Constitución que el nivel de severidad de la respuesta punitiva del Estado ha de ser proporcionado a la gravedad del hecho y, en último término, que el grado de dureza punitiva se ve reflejado, preferentemente, en el quantum de la pena, es decir, su tiempo de duración. Lo que determina la gravedad de un ilícito no es la naturaleza del delito. Dicho parámetro es una medida solo intuitiva para apreciar qué tan grave es un tipo penal. El criterio más objetivo para identificar el nivel de gravedad de un ilícito es, como se señaló, el quantum de la pena.80
... confirmada la exclusividad de la competencia legislativa en la determinación de las pena, así como en la fijación de sus modalidades de cumplimiento, resulta que lo que compete al Tribunal Constitucional es cerciorarse de que las penas obedezcan a fines constitucionalmente lícitos y de que no se vulneren con ellas los límites precisos que la misma Carta ha impuesto como, a modo ejemplar, en el caso del artículo 19 Nº 1º, que prohíbe la aplicación de apremios ilegítimos o en el del artículo 19, 7°, inciso segundo, letras g) y h), que impiden establecer la pena de confiscación de bienes o la de pérdida de los derechos previsionales, todo lo cual tiende, finalmente, a dar cumplimiento al deber que el inciso segundo del artículo 5º de la Constitución impone a los órganos del Estado en orden a respetar y promover los derechos esenciales del ser humano.82
... el respeto de la dignidad humana hace que no se consideren nunca como consecuencias proporcionales al delito la tortura, los tratos inhumanos, o degradantes, puesto que la idea de la dignidad humana está presente incluso en aquellas personas que han sido sancionadas por cometer hechos que infringen normas esenciales de convivencia, de lo contrario el sistema constitucional basado en principios democráticos caería de forma irreversible.85
... toda medida sustitutiva a la pena privativa de libertad debe considerarse como parte del cumplimiento de los fines resocializadores de la pena. Al respecto, no existe ningún estudio que pruebe que las penas privativas de libertad son más efectivas que las penas alternativas para resocializar a las personas y evitar que delincan en el futuro; en sentido contrario, es más difícil para una persona que ha estado privada de la libertad reintegrarse a la sociedad que una que cumple una pena alternativa.87
... la imposición del cumplimiento efectivo obligatorio de la pena de un año [...] vulneraría de esta manera la naturaleza de las penas sustitutivas y, además, resultaría incongruente esta última sanción con los principios de proporcionalidad en la aplicación de las penas y de no discriminación con respecto a otros ilícitos, lo que, igualmente, afecta la igualdad ante la justicia penal.88
... se vincula con la exigencia de que la dignidad de la persona humana y los derechos que le son inherentes constituyan el fundamento del orden político y social de la nación, nos lleva a sostener que la pena que se imponga debe ser la más idónea para cumplir con los fines de la prevención del delito.89
... cabe hacer presente que esta falta de proporcionalidad implica a la vez una afectación al principio de igualdad, puesto que el legislador debe hacer una ponderación entre lo gravoso de la pena y el hecho como único parámetro en el test de comparación, debiendo excluirse toda opción preventiva, como aquella que establece el artículo 196 ter ya citada.90
La falta de proporcionalidad anotada de esta norma de la Ley 18290, radica principalmente en el rechazo al uso del condenado –y su privación de libertad efectiva por un año–, como un mero instrumento o cosificación del sujeto para fines preventivos generales, lo que indudablemente afecta su dignidad como valor fundamental.91
1. La dignidad es una condición intrínseca del ser humano, de la cual se deriva el respeto y la consideración que se debe a todos los individuos de la especie humana, ya sea por parte del Estado como de sus propios congéneres.
2. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la noción de dignidad fue incorporada en tratados internacionales de derechos humanos como reacción a las graves consecuencias de las violaciones de los derechos humanos producto de dicha conflagración. Posteriormente, una vez positivizada en los textos constitucionales, la dignidad humana se ha instituido como uno de los pilares básicos, un sustento axiológico del orden institucional, y como fundamento directo de los derechos humanos.
3. En el artículo 1° de la Constitución Política de Chile se establece que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Por ende, esta declaración sobre la dignidad tiene una doble función: descriptiva, en cuanto a reconocer constitucionalmente la condición ínsita de cada ser humano, pero también prescriptiva, es decir, como un ideal normativo, político y social, y cuyo claro destinatario es tanto el Estado, sus autoridades, como también los particulares. En otras palabras, la dignidad humana promueve un ideal de humanidad.
4. El Tribunal Constitucional chileno ha confirmado que en la Carta Fundamental la dignidad humana posee una posición central, como base del ordenamiento político, del orden constitucional y como sostén del Estado de derecho de carácter democrático, y es además el origen de los derechos esenciales de la persona humana. En tal sentido, la dignidad ha de tener una función restrictiva o limitativa de las facultades o prerrogativas del Estado.
5. En efecto, y específicamente en el ámbito del derecho penal, dicha magistratura ha establecido que en el ejercicio del ius puniendi que posee el Estado, y frente a la ponderación de diversos intereses que pueden formar parte de la política criminal, la dignidad humana en ningún caso puede encontrarse al mismo nivel en la ponderación o balanza de dichos intereses. En consecuencia, la dignidad pasa a tener una clara función de delimitación y de control del poder punitivo del Estado, que es propio de un Estado democrático.
6. En dicho contexto, la dignidad se muestra como un criterio de interpretación, es decir, de ponderación imprescindible al momento de resolver los conflictos que puedan surgir entre los derechos fundamentales de las personas y los bienes constitucionales que buscan ser protegidos o promovidos por parte del Estado. Este criterio de ponderación es predicable tanto para el legislador como para el juzgador.
7. Con todo, los principios limitadores del ius puniendi, como los principios de inocencia, de non bis in idem, de culpabilidad y de proporcionalidad de las penas tienen como antecedente inmediato la dignidad humana. De esta manera, al ejercerse por el Estado el derecho penal subjetivo debe racionalmente sopesar cuáles serán las consecuencias o los efectos sobre este valor jurídico fundamental enraizado en la Ley fundamental, valor jurídico que ha de primar en toda circunstancia.
1 Xabier Etxeberria, Derechos humanos y cristianismo. Aproximación hermenéutica, Bilbao, Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto, 1999, p. 14.
2 Clara Ríos, Libertad, dignidad y autoridad, Medellín, Universidad de Antioquía, 2011, p. 60.
3 Eduardo Soto Kloss, Derecho administrativo, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, t. I, 1996, pp. 50-79.
4 Génesis 1, 26-27: “Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó”.
5 Rafael Gómez, Introducción a la ética social, Madrid, Rialp, 1987, p. 55.
6 Giovanni Pico Della Mirandola, Discurso sobre la dignidad del hombre, México D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, Colección Pequeños Grandes Ensayos, 2016, pp. 12-13.
7 Un mayor estudio del concepto de dignidad humana, según Kant, puede hallarse en Norman Hoerster, En defensa del positivismo jurídico, 2ª ed., Barcelona, Gedisa, 2000, pp. 91-103.
8 Christoph Menke y Arnd Polmann, Filosofía de los derechos humanos, Barcelona, Herder, 2010, p. 59.
9 Ríos, Libertad, dignidad y autoridad, op. cit., p. 63.
10 Carta de la Organización de las Naciones Unidas (1945), Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (1966), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978), Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (1979), Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), Convención contra la Tortura y Otros Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984), Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), Carta Árabe de Derechos Humanos (2004), entre otros documentos internacionales.
11 A partir de esta norma, la dignidad humana pasa a ser recogida también en otros textos constitucionales posteriores, como la portuguesa de 1976, la española de 1978, la brasileña de 1988 y la colombiana de 1991, entre otras.
12 BVerfG, Tribunal Constitucional Federal, 27 (1969). En el mismo sentido, BVerfG, 30, 173 (1971), citados en Luís Barroso, La dignidad de la persona humana en el derecho constitucional contemporáneo: la construcción de un concepto jurídico a la luz de la jurisprudencia mundial, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2014, pp. 33-34.
13 Menke y Polmann, Filosofía de los derechos humanos, op. cit., pp. 141-159. Otra interpretación de la idea de intangibilidad se encuentra en Starck: “La dignidad humana es intangible, significa que no puede ser tocada por parte de terceros. Es por esta razón que queda prohibida la tortura. En forma global, intangible significa la prohibición de modificar la garantía de dignidad a través de una reforma constitucional, es decir, que una limitación de la dignidad humana en forma de restricciones de las leyes fundamentales no está permitida. Es intangible en situaciones especiales, como el servicio militar, en el cumplimiento de una condena penal, en clínicas y en centros hospitalarios para enfermos mentales. También en tiempos de estado de emergencia y estado de defensa” (Christian Starck, Jurisdicción constitucional y derechos fundamentales, Madrid, Dykinson, 2011, p. 127).
14 “Esta supeditación categórica al hombre era algo totalmente nuevo en el pensamiento jurídico constitucional. A través de la recepción del concepto de dignidad por el constituyente alemán, la Constitución democrática moderna encuentra su pleno sentido, sobre todo para la doctrina constitucional europeo-continental. Hasta que el constituyente alemán no configura la noción de dignidad como concepto jurídico-práctico, era más fácil que el hombre se convirtiera en mero objeto de las intenciones de una mayoría parlamentaria. Después del constituyente alemán, el hombre, sin protección de su dignidad, no se puede concebir constitucionalmente” (Alberto Oehling, “El concepto constitucional de dignidad de la persona: Forma de comprensión y modelos predominantes de recepción en la Europa continental”, Revista Española de Derecho Constitucional 91 (31) (2011), pp. 135-178, en
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3622297, fecha de consulta: 23 de agosto de 2017.
15 Donald Kommers, The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, Durham and London, Duke University Press, 2012, p. 312.
16 La capitalidad del valor de la dignidad humana también es considerada por otros tribunales constitucionales en razón de su máxima importancia como referente de sus ordenamientos constitucionales. Al respecto, el Tribunal Constitucional Federal Alemán ha dicho sobre la dignidad humana: “El que el art. 1 de la Ley Fundamental, conocido como el principio de la inalienabilidad de la dignidad humana, no pueda ser modificado mediante una reforma constitucional, tal y como lo dispone el art. 79, párrafo 3 de la Ley Fundamental, dependerá ante todo de las circunstancias en las cuales se considere violada la dignidad humana. Evidentemente esto no se puede establecer en forma general, sino siempre atendiendo al caso en concreto. Las fórmulas generales, como la que prevé que los seres humanos no pueden ser degradados al ser tratados por el poder estatal como un simple objeto, establecen las directrices que sirven para determinar los casos en los que se da una violación de la dignidad humana. No pocas veces el ser humano se vuelve un simple objeto, no solo de las circunstancias y del desarrollo social, sino también del derecho, en la medida en que debe adherirse a este sin que se tomen en cuenta sus intereses. La violación de la dignidad humana no se da por esta sola razón. Se debe añadir el hecho de que la persona haya sido sometida a un trato que cuestiona principalmente su calidad de sujeto, o que en el tratamiento dado en un caso concreto exista una desvalorización arbitraria de la dignidad humana. El trato que afecta la dignidad humana, otorgado por el poder público al ser humano en cumplimiento de la ley, debe ser considerado como una minusvalorización de las garantías de que goza el ser humano por virtud de ser persona, y en ese sentido tiene también el carácter de un `trato abyecto`” (Sentencia de la Sala Segunda de 15 de diciembre de 1970 en la audiencia de 7 de julio de 1970 –2 BvF 1/69, 2 BvR 629/68 y 308/69–), citada en Jürgen Schwabe, Cincuenta años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, Medellín, Gustavo Ibáñez-Konrad Adenauer Stiftung, 2003, p. 17. Por su parte, el Tribunal Constitucional de España ha dicho sobre la dignidad humana que es “la estima que, en cuanto ser humano, merece la persona” (STC de España 120/1990, fundamento 4). El Tribunal adiciona que “en efecto, la dignidad de la persona constituye una cualidad ínsita a la misma, que por lo tanto corresponde a todo ser humano con independencia de sus concretas características particulares, y a la que se oponen frontal y radicalmente los comportamientos prohibidos en el artículo 15 CE, bien porque cosifican al individuo, rebajándolo a un nivel material o animal, bien porque lo mediatizan o instrumentalizan, olvidándose de que la persona es un fin en sí mismo” (STC de España 181/2004, fundamento 13). Además, que “la dignidad es una valor espiritual y moral inherente a toda persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente, libre y responsable de la propia vida y conforma un estatuto jurídico (constituyendo un minimun invulnerable de derechos) invulnerable que lleva aparejada la pretensión al respeto cualquiera que sea la situación en la que la persona se encuentre” (STC de España 57/1994, fundamento 3, párrafo A), citados en Eulalia Pascual, Configuración jurídica de la dignidad humana en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Madrid, Bosch, 2009, pp. 159-166.
17 En tal sentido, “el contenido de los principios constitutivos del ordenamiento jurídico depende del contexto cultural del que forman parte” (Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil, Madrid, Trotta, 2007, p. 124).
18 Comisión de Estudios para la Nueva Constitución, 1981, p. 149.
19 En lo sucesivo, TC, Tribunal o magistratura constitucional.
20 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 1273-2008, Considerando 46°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=5931, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017.
21 Alejandro Silva Bascuñán, Tratado de Derecho Constitucional. La Constitución de 1980. Bases de la institucionalidad. Nacionalidad y ciudadanía. Justicia electoral, 2 ed., t. IV, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1997, pp. 30-31.
22 Enrique Evans de la Cuadra, los derechos constitucionales, 3 ed., t. I, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 24.
23 Humberto Nogueira, Las bases de la institucionalidad, realidad y desafíos, Santiago, Librotecnia, 2015, p. 91.
24 José Cea Egaña, Derecho constitucional chileno, t. I, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2001, p. 102, 178. En el ámbito del derecho alemán, Starck parte de la base de que “No hay acuerdo sobre el contenido o significado de la dignidad humana, sin embargo, desde un punto de vista cristiano la dignidad se fundamenta en una dimensión metafísica del ser humano, por lo cual el poder del Estado es de naturaleza relativa [...] No es la causa donde se encuentra una concepción humana de la dignidad, sino en las consecuencias. La dignidad humana corresponde al ser humano concreto, por lo que debe rechazarse la utilización del ser humano como simple medio para los fines de una sociedad organizada en forma colectiva o tecnocrática” (Starck, Jurisdicción constitucional y derechos fundamentales, op. cit., p. 124).
25 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 389-2003, Considerando 17°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=29521, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017. En este mismo sentido, ver sentencias Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 433-2005, Considerando 24°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=29215, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017; Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 521-2006, Considerando 18°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=34301, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017.
26 La dignidad humana no es un derecho, pero no porque sea menos que un derecho, sino porque es mucho más. En tal aspecto, Pereira ha dicho que “no es un derecho porque no es justiciable. No puede adjudicarse ni condenarse a la pérdida, o a la ganancia de la dignidad; la dignidad se posee por la calidad de ser humano” (Antonio-Carlos Pereira, con la colaboración de José Ignacio Martínez Estay, Lecciones de teoría constitucional y otros escritos, Santiago de Compostela, Andavira, 2016, p. 501).
27 Luis Rodríguez Collao, “Honor y dignidad de la persona”, Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XX (1999), pp. 9-22, en
http://www.rderecho.equipu.cl/index.php../rderecho/article/view/429/402, fecha de consulta: 23 de agosto de 2017.
28 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 1287-2008, Considerandos 16° y 17°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=3466, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017.
29 En contrario se manifiesta Serna. Para este autor español, los derechos fundamentales no derivan únicamente de la dignidad, en cuanto a su contenido material, sino que en cuanto a la obligatoriedad de respeto. En efecto, la dignidad “solo actúa como dato que fundamenta la obligatoriedad, moral o jurídica, de realizar aquellas conductas o de respetar aquellos bienes en que consisten los derechos humanos” (Pedro Serna, “La dignidad de la persona como principio del derecho público”, en Derechos y libertades: revista del Instituto Bartolomé de las Casas II (4) (1995), pp. 287-306, en
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/1253 , fecha de consulta: 15 de agosto de 2017).
30 Werner Maihofer, Estado de derecho y dignidad humana, Buenos Aires, B de F, 2008, p. 34.
31 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 2410-2013, Considerando 12°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=46926, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017.
32 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 389-2003, Considerando 21°. En ese mismo sentido, ver Tribunal Constitucional, sentencias: Rol 433-2005, Considerando 24°; Rol 521-2006, Considerandos 19° y 20°; Rol 1894-2011, Considerando 20°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=32083, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017.
33 Maihofer, Estado de derecho y dignidad humana, op. cit., p. 31.
34 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 1185-2008, Considerando 11°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=21223, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017.
35 Ernest Böckenförde, Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, Madrid, Trotta, 2000, pp. 40-41.
36 Emiliano Borja, Curso de política criminal, 2 ed., Valencia, Tirant Lo Blanch, 2011, p. 20.
37 Enrique Cury, Derecho penal. Parte general, 10 ed., Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2011, p. 41.
39 Ibid., p. 707.
40 Eugenio Zaffaroni, Derecho penal. Parte general, 2 ed., Buenos Aires, Ediar, 2002, p. 45.
41 Cury, Derecho penal. Parte general, op. cit., p. 42.
42 Zaffaroni, Derecho penal. Parte general, op. cit., p. 132.
43 Pereira, Lecciones de teoría constitucional y otros escritos, op. cit., p. 506.
44 José Cerezo Mir, Curso de Derecho Penal Español. Parte general, 6 ed., t. II, Madrid, Tecnos, 1998, p. 270.
45 “Por ello, una ley penal compatible con la dignidad del hombre no solo tiene que ser configurada y aplicada en su función de tutela según el principio in dubio pro libertate, o sea, la máxima permisión y mínima posible limitación de la libertad, sino que debe también ser definida en su función de garantía con arreglo a aquel principio” (Maihofer, Estado de derecho y dignidad humana, op. cit., p. 146).
46 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 3062-2016, Considerando 2°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=60767, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017.
47 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 3468-2017, Considerandos 2° y 3°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=65166, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017.
48 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 3299-2016, Considerando 29°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=64416, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017.
49 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 2133-2011, Considerando 26°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=46486, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017.
50 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 739-2007, Considerando 7°,
en https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=32337, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017. En este mismo sentido, ver sentencias: Rol 1351-2009, Considerando 44°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=6624, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017; Rol 1584-2009, Considerando 6°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=7186, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017.
51 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 739-2007, Considerando 8°.
52 Idem. En este mismo sentido ver Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 1351-2009, Considerando 45°.
53 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 519-2006, Considerando 42°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=32657, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017. En este mismo sentido ver Tribunal Constitucional, sentencias Rol 787-2007, Considerando 21°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=35465, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017; Rol 825-2007, Considerando 24°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=35375, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017; Rol 2045-2011, Considerando 7°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=40869, fecha de consulta: 28 de septiembre de 2017.
54 Sin perjuicio de la positivización del principio en textos internacionales de derechos humanos, el principio tiene además un trasfondo teológico: el profeta Isaías nos advierte en el Antiguo Testamento la ley divina de que “no juzga Dios dos veces lo mismo” (citado en Francisco De Vitoria, Relectio De Potestate Civili. Estudios sobre filosofía política, edición crítica por Jesús Cordero Pando, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008, p. 51).
55 Es menester hacer notar la diversa redacción que tiene el mismo principio en los dos tratados internacionales referidos, habida cuenta de su íntima relación con la noción de dignidad de nuestra ley fundamental. La redacción del artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos resulta ser más restrictiva que la del artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la cual es ciertamente más amplia y comprensiva. Efectivamente, la Convención solo hace referencia al inculpado que ha resultado absuelto de una imputación penal, por lo que pareciera dejar la posibilidad de que el inculpado condenado pudiera ser juzgado en más de una oportunidad por el mismo hecho. En cambio, el Pacto Internacional hace referencia a que el principio non bis in idem cubre tanto al inculpado absuelto como al condenado por el mismo hecho con base en una sentencia firme. Sin embargo, la interpretación señalada del artículo 8.4 de la Convención resulta errada, por cuanto un juzgamiento sucesivo o múltiple en razón de un mismo hecho revestiría una manifestación de trato cruel e inhumano, lo que implicaría una violación del artículo 5.2 de la misma Convención, es decir, un tratamiento contrario a la dignidad inherente al ser humano.
56 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 2045-2011, Considerando 4°.
57 Más allá de lo dicho, para el TC el principal origen del non bis in idem radica en dos principios: el del debido proceso y el de legalidad. En efecto, “conforme lo ha resuelto este tribunal el principio non bis in idem, en cuya virtud nadie puede ser juzgado ni condenado doblemente por un mismo hecho, deriva de la dignidad de la persona humana, y encuentra cobertura primordialmente en el artículo 19, 3º, de la Carta Fundamental, tanto en el párrafo sexto, cuando previene que corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos, cuanto en el párrafo noveno, al prevenir que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que sanciona esté expresamente descrita en ella”. Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 3058-2016, Considerando 46°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=65374, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2017.
58 Sergio Politoff, Jean Pierre Matus y María Cecilia Ramírez, Derecho penal. Parte general, t. I. Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 243.
59 Enrique Bacigalupo, Derecho penal y el Estado de derecho, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, p. 112.
60 En cambio, para Mera el principio de culpabilidad, al no estar consagrado ni en la Carta Fundamental ni en los tratados internacionales suscritos por Chile, se puede derivar de la validez de los derechos humanos. En efecto, “se deduce de estos últimos, particularmente de la exigencia en orden a que las limitaciones a los derechos humanos deben ser solo las necesarias en una sociedad democrática” (Jorge Mera, Derechos humanos en el derecho penal chileno, Santiago, Cono Sur, 1998, p. 160).
61 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 787-2007, Considerando 8°. En el mismo sentido ver sentencias: Rol 825-2007, Considerando 8°, y Rol 3062-2016, Considerando 5°.
62 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 2744-2014, Considerando 15°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=53461, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2017. En el mismo sentido ver sentencias: Rol 2953-2016, Considerando 13°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=58098, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2017; Rol 2983-2016, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=59191, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2017]
63 Gómez, Introducción a la ética social, op. cit., p. 57.
64 Eduardo Novoa, Curso de Derecho Penal Chileno. Parte general, 3 ed., t. I, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, pp. 401-402.
65 En efecto, el artículo 1° de la Ley 18216 consigna que la ejecución de las penas privativas o restrictivas de la libertad pueden sustituirse por el tribunal que las imponga, por las penas de: remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, expulsión (en el caso señalado en el artículo 34 de la misma ley), y por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Sin embargo, su inciso segundo establece una serie de delitos para los que a sus autores les está impedido legalmente acceder a esta serie de penas sustitutivas: tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal; en los artículos 8º, 9º, 10, 13, 14 y 14 D de la Ley 17.798; o de los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando alguna de las armas o elementos mencionados en las letras a), b), c), d) y e) del artículo 2º y en el artículo 3º de la citada Ley 17.798, salvo en los casos en que en la determinación de la pena se hubiere considerado la circunstancia primera establecida en el artículo 11 del mismo Código.
66 El tribunal identifica el conflicto jurídico-constitucional en los siguientes términos: “si resulta razonable la exclusión de normas de determinación e individualización de la pena, y la opción de sustituirlas en los delitos imputados al requirente, configurando en dicho caso un trato diferenciado que implica una carencia de razonabilidad, cuestión que establece la primera norma reprochada, contenida en el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley 18216. Y, en segundo término, si se atenta contra el principio de proporcionalidad de la pena, como efecto de la restricción que tienen los jueces para aplicar una gradualización de la misma, como también en su cometido jurisdiccional de determinación e individualización, dada la imposibilidad que el marco que establece el sentenciador penal, el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley 17.798, norma también reprochada en estos autos” ( Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 3062-2016, Considerando 1°).
67 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 3062-2016, Considerando 5°.
68 Eduardo Aldunate, Derechos fundamentales, Santiago, Legal Publishing, 2008, pp. 205-206. En cambio, para Mera el principio de proporcionalidad no se deriva de la ley fundamental, sino de los tratados internacionales de derechos humanos, toda vez que “la proporcionalidad referida es una consecuencia de que las limitaciones a los derechos humanos –y las penas lo son– deben ser las necesarias en una sociedad democrática. Obviamente, una reacción penal desproporcionada no es necesaria para conseguir el fin de que se trate –la protección del correspondiente bien jurídico– y mucho menos en una sociedad democrática” (Mera, Derechos humanos en el derecho penal chileno, op. cit., p. 96). Por su parte, y dado que tampoco se encuentra regulado de manera expresa en la Constitución española de 1978, la doctrina ha buscado diversos fundamentos para el principio de proporcionalidad. Sin embargo, “coincide en otorgar rango constitucional al principio de proporcionalidad pero discrepa a la hora de determinar con cuál de los principios constitucionales guarda una relación más estrecha. Para unos se encuentra en la declaración del Estado, como Estado de Derecho (art. 1 CE), para otros en la prohibición de los tratos inhumanos y degradantes (art. 15 CE), otros entienden que guarda relación con el derecho a la igualdad (art. 9 CE) y, finalmente, el TC lo vincula con la exigencia de que la dignidad de la persona humana y los derechos que le son inherentes constituyan el fundamento del orden político y de la paz social (art. 10 CE). La proporcionalidad se debe establecer en relación con la pena, su contenido y sus modos de ejecución, los cuales deben ser los justos para alcanzar los fines preventivos del sistema” (Joaquín Cuello y Borja Mapelli, Curso de derecho penal. Parte general, 2 ed., Madrid, Tecnos, 2014, p. 238).
69 Bacigalupo, Derecho penal y el Estado de derecho, op. cit., p. 104. El mismo autor indica que el principio de proporcionalidad está de cierta manera inserto en el principio de culpabilidad. Efectivamente, “la adecuación de la pena a la gravedad de la culpabilidad” es una manera de concretar la proporcionalidad de la sanción en conexión con el delito cometido. Sin embargo, el principio de proporcionalidad, prosigue el autor, va más allá, toda vez que si el derecho penal es una restricción a los derechos fundamentales la legitimación de este límite implica una necesaria proporcionalidad entre tal restricción y la trascendencia del bien jurídico afectado. “Por lo tanto, el principio de proporcionalidad obliga al legislador a no amenazar la imposición de penas de excesiva gravedad, en relación al bien jurídico protegido” (pp. 122-123).
70 Bacigalupo, op. cit., p. 123.
71 Santiago Mir Puig, Introducción a las bases del derecho penal, Buenos Aires, B de F, 2007, p. 141.
72 Mario Garrido Montt, Derecho penal. Parte general, 2 ed., t. I, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, p. 49.
73 “El principio de humanidad, que se encuentra incardinado con el principio de resocialización y sobre el cuál encuentra su fundamento, supone que el victimario, cualquiera que sea el delito que haya cometido, es una persona que tiene derecho a ser tratada como tal y a reintegrarse en la comunidad como un miembro de pleno Derecho. Esto se refleja en la supresión de determinados tipos penales y en la ejecución de las penas privativas de libertad. Tiene relación directa con el principio de respeto a la autonomía del sujeto, derivado del reconocimiento de la dignidad de la persona. Implica la exigencia de ofrecer auténticas alternativas de acción en el momento de afrontar el tratamiento de las consecuencias lesivas de una conducta definida como delito, decisivas para la consecución de los fines del Derecho penal” (Luis Gordillo, “Los principios constitucionales y las garantías penales en el marco del proceso de mediación penal”, en Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja 4 (2006), pp. 87-124, en
http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero4/gordillo.pdf, fecha de consulta: 24 de agosto de 2017).
74 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 3062-2016, Considerando 26°. En este mismo sentido ver sentencias: Rol 3225-2016, Considerando 3°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=64415, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2017; Rol 3226-2016, Considerando 3°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=64025, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2017; Rol 3469-2017, Considerando 3°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=65599, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2017.
75 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 3062-2016, Considerando 8°.
76 En efecto, la actual enunciación del principio de proporcionalidad se debe en gran medida a la labor realizada por el Tribunal Constitucional alemán, la cual la utiliza con mayor frecuencia y en diversos ámbitos como medida de constitucionalidad. Al igual que en Chile, el principio de proporcionalidad no está regulado de manera expresa en la Constitución alemana, pero ha sido calificado por el Tribunal Constitucional alemán como una máxima constitucional. Dicho tribunal ha extraído dicho principio básicamente del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, el cual adquiere la mayor importancia pero sin llegar a constituir él mismo un derecho fundamental. Conjuntamente con ello, ya no se discute en la doctrina alemana la exigencia de respeto de este principio por parte de los tres poderes públicos: Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Se trata más bien de un principio general del ordenamiento jurídico que abarca a todos los ámbitos del derecho, por lo cual debe respetarse incluso en la aplicación e interpretación de las normas de derecho ordinario (Teresa Aguado, El principio de proporcionalidad en derecho penal, Madrid, Edersa, 1999, p. 63).
77 El principio de proporcionalidad, según el Tribunal Constitucional chileno, contiene tres subprincipios: el de idoneidad (o adecuación), el de necesidad (intervención mínima) y el de proporcionalidad en sentido estricto (mandato de ponderación). El subprincipio de idoneidad exige que una medida que limite un derecho sea apta para la consecución del fin perseguido. El subprincipio de necesidad requiere que tal medida restrictiva del derecho sea absolutamente necesaria para la obtención del fin perseguido y sea el menos dañino para el derecho comprometido. A su vez, el juicio de proporcionalidad en sentido estricto es un mandato de ponderación, es decir, deben sopesarse los diversos intereses que están en conflicto, y por el cual debe hacerse una concreta valoración para poder fijar una relación de prevalencia entre los principios en juego. Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 2744-2014, Considerando 22°. En similares términos lo comprende el Tribunal Constitucional alemán. El principio de proporcionalidad, en un sentido amplio, implica que “el medio previsto por el legislador tiene que ser adecuado y necesario para alcanzar el objetivo propuesto. Un medio es adecuado cuando mediante él puede lograrse el resultado deseado; es necesario cuando el legislador habría podido optar por un medio distinto, igualmente eficaz que no limitara, o que lo hiciera en menor medida, el derecho fundamental” (BVerfGE 30, 292), citado en Aguado, El principio de proporcionalidad en derecho penal, op. cit., p. 66.
78 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 3062-2016, Considerando 24°. En este sentido ver sentencias: Rol 3225-2016, Considerando 5°; Rol 3226-2016, Considerando 5°.
79 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 2995-2016, Considerando 11°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=60944, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2017.
80 Rol 2995-2016, Considerando 12°. En este sentido ver sentencias: Rol 3053-2016, Considerandos 8° y 9° en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=60802, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2017; Rol 3401-2017, Considerandos 7º y 8º, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=65598, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2017; Rol 3469-2017, Considerandos 7° y 8°, en
81 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 3299-2016, Considerando 2°.
82 Ibid., Considerando 14°.
83 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 3353-2017, Considerando 3°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=64832, fecha de consulta: 15 de octubre de 2017.
84 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 3353-2017, Considerando 3°. En este sentido ver sentencias: Rol 1287-2008, Considerandos 17° y 18°; Rol 1273-2008, Considerandos 42° y 43°; Rol 3299-2016, Considerandos 7° y 8°; Rol 2747-2014, Considerando 11°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=53104, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2017; Rol 2801-2015, Considerando 11°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=53100, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2017.
85 Tribunal Constitucional, Sentencia Rol 3353-2017, Considerando 6°.
86 Ibid., Considerando 17°.
87 Ibid., Considerando 20°.
89 Ibid., Considerando 21°.
90 Ibid., Considerando 22°. En este mismo sentido ver sentencias: Rol 2983-2016, Considerando 32°; Rol 3304-2016, Considerando 34°, en
https://www.tribunalconstitucional.cl/descargar_expediente2.php?id=63964, fecha de consulta: 30 de septiembre de 2017.
91 En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional Federal alemán: “El mandato de respetar la dignidad humana significa especialmente, que se prohíben las penas crueles, inhumanas y degradantes (BVerfGE 1, 332 (348); 6, 389 (439). El delincuente no puede convertirse en simple objeto de la lucha contra el crimen con violación de sus derechos al respeto y a la protección constitucional de sus valores sociales (BVerfGE 28, 389 (391)”. Citados en Schwabe, Cincuenta años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, op. cit., p. 19.
92 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 1995, p. 396.
Gordillo, Luis, “Los principios constitucionales y las garantías penales en el marco del proceso de mediación penal”, Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja 4 (2006), pp. 87-124, en
http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero4/gordillo.pdf , fecha de consulta: 24 de agosto de 2017.
Oehling, Alberto, “El concepto constitucional de dignidad de la persona: Forma de comprensión y modelos predominantes de recepción en la Europa continental”, Revista Española de Derecho Constitucional 91 (31) (2011), pp. 135-178, en
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3622297 , fecha de consulta: 23 de agosto de 2017.
Rodríguez Collao, Luis, “Honor y dignidad de la persona”, Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XX (1999), pp. 9-22, en
http://www.rdpucv.cl/index.php/rderecho/article/viewArticle/429
Serna, Pedro, “La dignidad de la persona como principio del derecho público”, Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas II (4) (1995), pp. 287-306, en http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/1253 , fecha de consulta: 15 de agosto de 2017.
Jurisprudencia citada del tribunal constitucional de chile

References: artículo 1
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 196
 artículo 1
 artículo 15
in dubio
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 34
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 17