Source: http://sonrisasyvida.org/discapacidad-informacion-consejos-3/discapacidad-y-derechos-3/pensiones-subsidios-y-otras-ayudas
Timestamp: 2017-11-24 22:09:36+00:00

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Pensiones, subsidios y otras ayudas - Sonrisas & Vida
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Es preciso informarse bien en nuestro Centro Base o en los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento. Si podemos elegir entre dos que sean incompatibles hay que tener en cuenta la cuantía, el número de mensualidades, las ventajas que conllevan, etc.
> Prestaciones familiares
> Pensiones no contributivas de invalidez
> Pensiones no contributivas de jubilación
> Protección por muerte y supervivencia
> Prestaciones de la LISMI
> Ayudas individuales
Haremos referencia únicamente a la asignación por hijo a cargo afectado de minusvalía. Esta prestación viene regulada en los artículos 180 a 184 y 189 a 190 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDL 1/1994 de 20 de junio), modificada por la Ley 52/2003, de 10 de diciembre y por el Real Decreto 356/1991, de 15 de marzo.Desde el 1 de enero de 2004 tiene una sola modalidad, no contributiva.??Se entiende por hijo a cargo aquel que viva con el beneficiario y a sus expensas. Se entiende que la separación transitoria, motivada por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares no rompe la convivencia entre padres e hijos. No se pierde la condición de hijo a cargo por el mero hecho de que el hijo realice un trabajo lucrativo, por cuenta propia o ajena, siempre que continúe conviviendo con el beneficiario de la prestación y que los ingresos anuales del causante (es decir, del hijo) en concepto de rendimientos del trabajo no superen el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.En aras de una mayor claridad vamos a distinguir los supuestos en que el hijo a cargo sea menor de dieciocho años de aquellos supuestos en que sea mayor de esta edad.
La prestación consiste en una asignación económica, por cada hijo, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación de estos (matrimonial o no, biológico o adoptado) menor de dieciocho años y afectado por una minusvalía igual o superior al 33 por 100. También se concede por los menores acogidos, en acogimiento familiar, permanente o preadoptivo. La cuantía de la asignación se actualiza mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Puesto que en la última Ley de Presupuestos no se actualizó, la cuantía para el año 2004 es la misma que en el 2003, es decir 581,66 € anuales (48,47 €/mes). La cuantía no aumenta con el porcentaje de la calificación legal de minusvalía. Se tiene derecho a la asignación con independencia de los recursos económicos de que disponga la familia. El pago es semestral por semestre vencido y lo efectúa la Tesorería General de la Seguridad Social.
Tienen derecho a la asignación económica el padre o la madre del niño afectado de minusvalía, que reúnan los siguientes requisitos:- Deben residir legalmente en territorio español.?- Tener a cargo un hijo o acogido minusválido menor de dieciocho años?- No tener derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social.Si tanto el padre como la madre reúnen los requisitos para ser beneficiarios de la prestación, sólo se reconocerá a favor de uno de ellos determinado de común acuerdo (se presumirá que existe acuerdo cuando la asignación económica se solicite por uno de los padres.) Si no existiera acuerdo entre los padres se determinará conforme a las reglas establecidas en el Código Civil en cuanto a la patria potestad. En los casos de separación judicial o divorcio, el derecho al percibo de la asignación se conservará para el padre o la madre por los hijos que tengan a su cargo, aunque se trate de persona distinta a aquella que la tenía reconocida antes de producirse la separación judicial o divorcio.
También tendrán derecho a la asignación que, en su caso y en razón de ellos, hubiera correspondido a sus padres, aquellos huérfanos de padre y madre, menores de dieciocho años y minusválidos, sean o no pensionistas de orfandad del sistema de la Seguridad Social. El mismo criterio se aplica para los niños que hayan sido abandonados por sus padres, siempre que no se encuentren en régimen de acogimiento familiar, permanente o preadoptivo.Incompatibilidades:Además de los supuestos en que tanto el padre como la madre reúnen los requisitos para ser beneficiarios que se resuelven como hemos visto anteriormente, la asignación por hijo a cargo será incompatible con la percepción, por parte del padre o la madre, de cualquier otra prestación análoga establecida en los restantes regímenes públicos de protección social.
La prestación consiste en una asignación económica, por cada hijo, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación de estos (matrimonial o no, biológico o adoptado) mayor de dieciocho años y afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100. Téngase en cuenta que al cumplir el hijo los dieciocho años, si el porcentaje de minusvalía es inferior al 65 % (según el criterio de la Administración) deja de percibirse la asignación que se percibía antes de cumplir esa edad. En esta etapa si aumenta la cuantía de la asignación económica con el porcentaje de la calificación de minusvalía. Las cuantías de la asignación se actualizan mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Con arreglo a la última Ley de Presupuestos, las cuantías para el año 2004 son las siguientes:Hijo mayor de dieciocho años y con una minusvalía igual o superior al 65 por 100: 3.217,08 € anuales (268,09 € /mes).
El grado de minusvalía, a efectos del reconocimiento de las asignaciones por hijo minusválido a cargo, así como la situación de dependencia y la necesidad del concurso de una tercera persona para la realización de los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, se determinan con arreglo a los baremos incluidos en el Real Decreto 1971/1999 del que tanto hemos hablado. Téngase en cuenta que el Anexo II del Real Decreto 1971/1999 contiene el baremo para determinar la necesidad de asistencia de tercera persona y que dicho baremo sólo se aplica por los equipos de valoración a partir de que el afectado de minusvalía cumple los dieciocho años, edad a partir de la cual se conceden prestaciones por esta circunstancia (como si antes de esta fecha la necesidad de asistencia de tercera persona no se diera).??Se tiene derecho a la asignación con independencia de los recursos económicos de que disponga la familia.El pago es mensual por mes vencido y lo efectúa la Tesorería General de la Seguridad Social.
Tener a cargo un hijo minusválido mayor de dieciocho años y afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100.
También tendrán derecho a la asignación que, en su caso y en razón de ellos, hubiera correspondido a sus padres, aquellos huérfanos de padre y madre, mayores de dieciocho años y minusválidos en un grado igual o superior al 65 por 100, que no sean pensionistas de orfandad del sistema de la Seguridad Social e incapacitados para todo trabajo. El mismo criterio se aplica para los hijos que hayan sido abandonados por sus padres, siempre que no se encuentren en régimen de acogimiento familiar, permanente o preadoptivo.También serán beneficiarios de las asignaciones que en razón de ellos corresponderían a sus padres, los hijos minusválidos mayores de 18 años que no hayan sido incapacitados judicialmente y conserven su capacidad de obrar
Solicitada la prestación familiar por hijo a cargo, la Seguridad Social viene reconociendo el derecho a la asignación económica a partir del día primero del trimestre natural inmediatamente siguiente al de presentación de la solicitud (en aplicación del artículo 13 del RD 356/1991, pero cabe pedir al hacer la solicitud que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud (al amparo del art.43 LSS))
No tener derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social
Persona con discapacidad mayor de dieciocho años y menor de sesenta y cinco años
Carecer de rentas o ingresos suficientes. Se considera que existen rentas o ingresos insuficientes cuando los ingresos de que disponga anualmente sean inferiores a la cuantía anual de la prestación (que se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado). Esta pensión no es incompatible con el trabajo.
Aunque el solicitante carezca de rentas o ingresos propios, si convive con otras personas en una misma unidad económica, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes cuando la suma de los de todos los integrantes de la unidad económica sea inferior al límite de acumulación de recursos obtenido conforme a las siguientes reglas:
La cuantía de la pensión se fija en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para el año 2004 la cuantía ha quedado fijada en 3.868,20 € anuales, es decir 276,30 € / mes (hay 14 pagas).
Ahora bien, a diferencia de la prestación familiar por hijo a cargo, en esta pensión si se tienen en cuenta los ingresos que percibe la familia, tanto para reunir los requisitos para tener derecho a la pensión (como ya hemos visto) como a la hora de calcular la cuantía de la misma. En cuanto a la cuantía, se aplican las siguientes normas:
Cuando en una misma unidad económica concurra más de un beneficiario con derecho a pensión de esta misma naturaleza, la cuantía de cada una de las pensiones vendrá determinada en función de las reglas 1ª y 2ª establecidas en el artículo 145.1 LGSS (que las reduce un poco)
La cuantía anual se reducirá en un importe igual al de las rentas o ingresos anuales de que disponga cada beneficiario
Cuando el beneficiario conviva en una unidad económica con personas no beneficiarias, si entre todos sumando la pensión superan el límite de acumulación de recursos descrito en el apartado de requisitos, la pensión se reducirá para no sobrepasar dicho límite
En cualquier caso, la cuantía de la pensión reconocida será como mínimo del 25 por cien del importe fijado por la Ley de Presupuestos (reducido en su caso por las reglas establecidas para cuando hay más de un beneficiario en una unidad económica)
Complemento por necesidad de tercera persona
Es incompatible con la percepción de las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, así como con los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona establecidos en la Ley 13/1982 de 7 de abril (se trata de prestaciones ya derogadas que sólo subsisten para los que venían percibiéndolas con anterioridad a la derogación)
Si el beneficiario fuese un hijo con minusvalía es incompatible con el derecho de los padres o de él mismo (cuando sea huérfano) a percibir la asignación económica por hijo a cargo
Persona con discapacidad mayor de sesenta y cinco años
Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante diez años entre la edad de dieciséis años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.
Carecer de rentas o ingresos suficientes. Se considera que existen rentas o ingresos insuficientes en los mismos supuestos que para la pensión no contributiva de invalidez analizada en el punto 2.1.2.
Obsérvese que para percibir esta pensión no es preciso tener un porcentaje de discapacidad reconocido
Al igual que para la pensión no contributiva de invalidez se tienen en cuenta los ingresos que percibe la familia, tanto para reunir los requisitos para tener derecho a la pensión (como ya hemos visto) como a la hora de calcular la cuantía de la misma (incluido el complemento del 50 por 100 para los que tengan un grado igual o superior al 75 por 100 y necesidad de tercera persona). Se aplican las mismas normas que para la pensión no contributiva de invalidez.
Los preceptores de las pensiones de jubilación en su modalidad no contributiva estarán obligados a las mismas comunicaciones y declaraciones de ingresos que los preceptores de la pensión no contributiva de invalidez.
Tiene las mismas incompatibilidades que la pensión no contributiva de invalidez.
Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a las pensiones de jubilación en su modalidad no contributiva se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud.
Se trata de prestaciones que se otorgan por el fallecimiento del causante de la misma y a efectos de esta nota, nos interesan solamente la pensión de orfandad (para el caso de fallecimiento del padre o la madre de una persona con discapacidad) y las prestaciones a favor de familiares (nietos y hermanos discapacitados, fundamentalmente).
El causante de la prestación deberá reunir en el momento del fallecimiento los siguientes requisitos:
Estar afiliado y dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y haber completado una cotización de quinientos días dentro de los cinco años anteriores a la fecha del fallecimiento, salvo que la causa de este sea un accidente de trabajo o enfermedad profesional en cuyo caso no se exigirá este requisito??- O ser inválido provisional o pensionista por invalidez permanente absoluta para todo trabajo en su modalidad contributiva.
Tendrán derecho a la pensión de orfandad cada uno de los hijos del causante siempre que al fallecer el causante sean menores de dieciocho años o estén incapacitados para el trabajo (incapacidad permanente absoluta o gran invalidez determinada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tras un reconocimiento médico.)
La pensión de orfandad se abonará a quien tenga a su cargo al beneficiario.
Para cada huérfano, la cuantía será equivalente al 20 por 100 de la base reguladora del causante calculada de acuerdo con las normas señaladas para la pensión de viudedad, que varían según los casos. Por ejemplo, en el caso de que el causante fuese trabajador activo al tiempo de su fallecimiento, y este no sea debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional, la base reguladora será el cociente de dividir por veintiocho la suma de las bases de cotización del causante durante un período ininterrumpido de veinticuatro meses naturales aun cuando dentro del mismo existan lapsos en los que no haya habido obligación de cotizar (el periodo de 24 meses será elegido por el beneficiario dentro de los siete años inmediatamente anteriores a la fecha en que se cause el derecho a pensión).
El porcentaje del 20 por 100 se incrementa en un 45 por 100 (el de la pensión de viudedad) cuando no quede cónyuge viudo al fallecer el causante o cuando dicho cónyuge viudo falleciese estando percibiendo la pensión de viudedad. Si hubiera varios huérfanos se distribuiría a partes iguales entre todos ellos.
En el supuesto de que concurran en los mismos beneficiarios pensiones de orfandad causadas por el padre y la madre, dichas pensiones serán compatibles entre sí.
Se extinguirá por las siguientes causas que afecten al beneficiario:
Cumplir los dieciocho años salvo que en ese momento tuviese reconocida incapacidad para el trabajo?- Cesar la incapacidad que le otorgaba el derecho a pensión?- Adquirir estado matrimonial o religioso?- Fallecimiento
La pensión de orfandad será compatible con cualquier renta de trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante, o del propio huérfano, así como, en su caso, con la pensión de viudedad que aquel perciba.
La percepción de la pensión de orfandad será incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público (lo que dejará en suspenso la percepción de la pensión).??Los huérfanos incapacitados para el trabajo con derecho a pensión de orfandad, cuando perciban otra pensión de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad tendrán que optar entre una u otra (por ejemplo pensión no contributiva de invalidez).
La incompatibilidad con la asignación familiar por hijo a cargo para los mayores de 18 años fue introducida por la ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social (BOE 11 diciembre 2003). Ante la protesta generalizada por la merma de recursos económicos para muchos discapacitados, el Gobierno rectificó mediante el Real Decreto 364/2004, de 5 de marzo, de mejora de las pensiones de orfandad a favor de minusválidos (BOE 6 marzo 2004), aumentando la pensión de orfandad en la cuantía del importe de la asignación familiar por hijo a cargo que corresponda al grado de minusvalía. Quien después del 1 de enero de 2004 hubiera optado por la asignación familiar por hijo a cargo tiene derecho a volver a optar a favor de la pensión de orfandad con efectos desde la fecha del hecho causante.
Los beneficiarios de esta pensión son los familiares consanguíneos del causante que reúnan una serie de requisitos:
1) Nietos y hermanos
Menores de dieciocho años o que tengan reducida su capacidad de trabajo en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez (determinada por el INSS tras un reconocimiento médico.)
Que convivieran con el causante, y a sus expensas, al menos con dos años de antelación al fallecimiento de aquél.
Que no tengan derecho a pensión pública
Que carezcan de medios de subsistencia y no queden familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos según la legislación civil. Se entenderá que carece de medios cuando sus ingresos anuales sean iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI). Si trabajaran por cuenta ajena o por cuenta propia será preciso además que los ingresos anuales procedentes del trabajo o de la actividad profesional no superen el 75 por 100 del SMI. La cuantía anual del SMI para el año 2003 es de 6.316,80 €.
2) Madre y abuelas
Viudas, solteras o casadas cuyo marido esté incapacitado para el trabajo
Que reúnan las condiciones c), d) y e) del punto 1) referido a nietos y hermanos.
3) Padre y abuelos
Que tengan cumplidos los sesenta años de edad o se hallen incapacitados para el trabajo
La cuantía será para cada uno de ellos igual a la señalada para la prestación de orfandad.
La de los nietos y hermanos, por las mismas causas señaladas para la pensión de orfandad.La de los ascendientes por contraer nuevas nupcias, adquirir estado religioso, o por fallecimiento.
La Ley 13/1982 de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, estableció una serie de medidas protectoras para los minusválidos que se encontraran fuera del sistema de protección de la Seguridad Social por no desarrollar una actividad laboral. Incluía medidas de carácter económico y medidas de carácter técnico.
Fue derogado por la Ley 26/1990 de 20 de diciembre y sustituido por la pensión no contributiva de invalidez. Solamente se encuentra en vigor para aquellas personas que los tuvieran reconocidos antes de la entrada en vigor de esta ley. La cuantía para el año 2004 es de 2.098,04 € anuales, es decir, catorce pagas de 149,86 €/mes.
También fue derogado por la Ley 26/1990 de 20 de diciembre y sustituido por el complemento por necesidad de tercera persona. Por tanto, sólo se encuentra en vigor para aquellas personas que lo tuvieran reconocido antes de la entrada en vigor de esta ley. La cuantía para el año 2004 es de 818,30 € anuales, es decir catorce pagas de 58,45 €/mes.
Consiste en una prestación económica de carácter periódico destinada a atender los gastos originados por desplazamientos fuera de su domicilio habitual de aquellos minusválidos que, por razón de su disminución, tengan graves dificultades para utilizar transportes colectivos.
Podrán ser beneficiarias las españoles y extranjeros con residencia legal en España que reúnan los siguientes requisitos:
No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social por no desarrollar una actividad laboral
No superar el nivel de recursos económicos establecido, que es del 70 por 100 en cómputo anual del SMI vigente en cada año (en el 2004 la cuantía anual es de 6.447 €). Cuando el minusválido tenga personas a su cargo, el nivel máximo de recursos personales se incrementa en un 10 por 100 del citado SMI. Cuando el minusválido forme parte de una unidad familiar de la que dependa se aplican unas reglas especiales así como para determinar cuales son los recursos personales
Estar afectado por pérdidas funcionales o anatómicas o por deformaciones esenciales , en grado igual o superior al 33 por 100, que le dificulte gravemente utilizar transportes colectivos, de acuerdo con el baremo específico que se fije reglamentariamente (Anexo 3 al Real Decreto 1971/1999).
No encontrarse, por razón de su estado de salud u otras causas, imposibilitado para efectuar desplazamientos fuera de su domicilio habitual
También pueden ser beneficiarios de este subsidio los minusválidos atendidos en centros en régimen de media pensión, o los que, siendo su régimen de internado, se desplacen fuera del centro como mínimo diez fines de semana al año.
La cuantía para el año 2004 es de 515,52 € en 12 mensualidades de 42,96 € cada una.
La asistencia sanitaria y farmacéutica tendrá por objeto la prestación de los servicios conducentes a conservar y restablecer la salud de los beneficiarios y se prestarán con idéntica extensión que los de asistencia sanitaria y farmacéutica por enfermedad común, accidente no laboral y maternidad del régimen general de la Seguridad Social. No obstante, la dispensación de medicamentos será gratuita para los beneficiarios.
No se exige un determinado nivel de recursos. Se trata de una ayuda para la persona con discapacidad a quien se conceda y, por tanto, no puede extenderse en ningún caso a los familiares.
Estar afectadas por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100.
No tener derecho, por cualquier título, obligatorio o como mejora voluntaria, sea como titulares o como beneficiarias, a las prestaciones de asistencia sanitaria, incluida la farmacéutica, del régimen general o regímenes especiales del sistema de la Seguridad Social. Aunque la ley no lo diga expresamente este requisito se viene interpretando por la Administración generalmente en el sentido de que cuando se tenga derecho a la prestación farmacéutica por otro título, esta se prestará en las condiciones de dicho título, es decir que si se es pensionista, será gratuita, pero si se trata de un niño que está en la cartilla de sus padres pagará el 40% del precio de los medicamentos o el 10% de la lista de medicamentos de uso frecuente en enfermedades concretas y de carácter crónico, sin que en este último caso la aportación supere los 2,64 €. En la Comunidad Valenciana si está reconocida la prestación farmacéutica gratuita para todos los menores de 18 años con un grado de minusvalía a partir de un 33 por 100, y para los mayores de 18 años a partir de un grado de un 65 por 100 (art. 16 Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el estatuto de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana).
En las distintas delegaciones territoriales de asuntos sociales o asimiladas de los Órganos Gestores de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales vascas y Direcciones Provinciales del IMSERSO de Ceuta y Melilla.
Existen ayudas individuales para colaborar en los gastos que ocasiona la atención a las personas con discapacidad. Hay que informarse en los Servicios Sociales de cada Comunidad Autónoma.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 145
 Real Decreto 
 Real Decreto