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Timestamp: 2020-04-05 15:10:16+00:00

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Ratificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de causales de nulidad taxativas de laudos arbitrales bajo el Derecho argentino » LCaputo Abogados
Ratificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de causales de nulidad taxativas de laudos arbitrales bajo el Derecho argentino
Ratificación de la Corte Suprema…
Ratificación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de causales de nulidad taxativas de laudos arbitrales bajo el Derecho argentino Leandro Caputo; Martina Monti
Ratification by the argentine National Supreme Court of Justice of exhaustive grounds for annulment of arbitral awards under argentine law This article describes the current and upcoming argentine legal framework for the control, review and annulment of arbitral awards, while focusing on the ratification made by the argentine National Supreme Court of Justice of an exhaustive list of grounds for annulment of arbitral awards in its renowned decision of May 9th, 2017. (★) I Introducción El control judicial de laudos arbitrales en la Argentina ha sido objeto de controversia, ya que obliga a trazar una delicada línea entre el arbitraje, que busca desarrollarse con la mayor autonomía posible y donde rige el principio de la finalidad de los laudos arbitrales, y el control estatal, que busca asegurar un cierto grado de ‘justicia’ en las decisiones arbitrales . En definitiva, el encuentro de estos dos valores –ambos relevantes y de gran importancia–genera tensiones en el sistema. Es por ello que se debe definir claramente el alcance de la revisión judicial de los laudos arbitrales para así velar por un equilibrio que evite extremos indeseados . Como la administración privada de justicia no es ajena al control judicial, la mayor o menor amplitud del mismo depende de la voluntad de las partes . Es decir, si renunciaron al recurso de apelación y si, por ende, disponen solamente del recurso de nulidad del laudo arbitral . Sobre este punto, la jurisprudencia Argentina, y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, “CSJN”), ha apoyado un control judicial limitado en el caso de los recursos de nulidad y se ha mantenido firme en la imposibilidad de interponer un recurso de apelación si este ha sido renunciado. Este artículo se encuentra motivado por el último desarrollo jurisprudencial en la Argentina en materia de nulidad de laudos arbitrales. Por ende, se va a exponer (II.1) el régimen argentino actual de causales de nulidad y (II.2) su perspectiva en el proyecto de reforma, así como (II.3) los problemas interpretativos de cierta legislación local y (II.4) la jurisprudencia mayoritaria actual en materia de nulidad de laudos arbitrales como paso previo al (III) análisis de la sentencia dictada en la causa Ricardo Agustín López [y otros] c. Gemabiotech SA de la CSJN. Puntualmente, el 9 mayo 2017, la CSJN ratificó el carácter excepcional y estricto del recurso de nulidad contra los laudos arbitrales, consolidando así el desarrollo jurisprudencial en la materia (IV). Esperamos que con un tratamiento constante y unificado de jurisprudencia y estándares de arbitraje alineados internacionalmente, la Argentina podrá establecerse como un centro de arbitraje en el futuro cercano. (1) (2) (3) (4) P 294 P 295 (5) (6) II El régimen argentino de nulidad de laudos arbitrales Bajo el Derecho argentino, al escoger las partes la vía del arbitraje se excluye la vía jurisdiccional y se renuncia al derecho a una segunda instancia de revisión del fondo del asunto . Es por ello que uno de los principios rectores del arbitraje es el de la irrecurribilidad del laudo . En consecuencia, las facultades de los tribunales estatales para anular el laudo son limitadas . De este modo, la renuncia a ciertos recursos contra un laudo arbitral es pacíficamente admitida en el plano nacional como sucede igualmente en el internacional . Por ejemplo, la Ley Modelo Uncitral –sobre la cual está basado el proyecto de Ley de Arbitraje Comercial Internacional en la Argentina al que referiremos más adelante– dispone en su art. 34 que la petición de nulidad es el único recurso contra un laudo arbitral. Específicamente, en la Argentina el recurso de apelación sólo puede ser interpuesto si las partes no lo hubieren renunciado . Tanto la normativa arbitral como la jurisprudencia comercial han sido contestes en este punto. Ahora bien, no son renunciables los recursos de nulidad y de aclaratoria conforme las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en adelante, el “CPCCN”) . De nuestro interés es el recurso de nulidad, que ha sido interpretado por la jurisprudencia de manera restrictiva . En el caso argentino, las causales de nulidad se encuentran taxativamente previstas en los arts. 760 y 761 CPCCN. Además, de aprobarse la (7) P 295 P 296 (8) (9) (10) (11) (12) (13)
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Ley de Arbitraje Comercial Internacional , se agregarían causales de nulidad para arbitrajes comerciales internacionales, que serían regulados en forma exclusiva por la ley .
En este apartado, expondremos el marco legal con respecto a las causales de nulidad de laudos arbitrales y mostraremos cómo se ha consolidado una tendencia a limitar la intervención judicial en el arbitraje comercial en la Argentina .
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(16) 1 Panorama actual: arts. 760 y 761 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Las causales de nulidad bajo el régimen argentino se encuentran en los arts. 760 y 761 del CPCCN, que serán estudiados a continuación y que establecen: “Art. 760. Si los recursos hubieren sido renunciados, se denegarán sin sustanciación alguna”. La renuncia de los recursos no obstará, sin embargo, a la admisibilidad del de aclaratoria y de nulidad, fundado en falta esencial del procedimiento, en haber fallado los árbitros fuera del plazo, o sobre puntos no comprometidos. En este último caso, la nulidad será parcial si el pronunciamiento fuere divisible. Este recurso se resolverá sin sustanciación alguna, con la sola vista del expediente. “Art. 761. Será nulo el laudo que contuviere en la parte dispositiva decisiones incompatibles entre sí. Se aplicarán subsidiariamente las disposiciones sobre nulidades establecidas por este Código. Si el proceso se hubiese sustanciado regularmente y la nulidad fuese únicamente del laudo, a petición de parte, el juez pronunciará sentencia, que será recurrible por aplicación de las normas comunes”. Como podemos ver, existen cuatro causales de nulidad posibles: (i) falta esencial del procedimiento, (ii) dictar fuera del plazo, (iii) decisión sobre puntos no comprometidos y (iv) decisiones incompatibles entre sí. La falta esencial de procedimiento implica un quebrantamiento serio de la garantía constitucional del derecho de defensa . En rigor, son vicios de orden formal que afectan las garantías de regularidad del contradictorio .
Dictar un laudo fuera de plazo acarrea la nulidad del mismo ya que el tribunal arbitral pierde la jurisdicción que le fue conferida por las partes . Si el laudo se pronuncia sobre puntos no comprometidos, se viola el principio de congruencia, que implica la adecuación entre lo pedido por las partes y la decisión arbitral . El laudo sería nulo por haberse expedido el tribunal sobre aspectos que no conformaron el compromiso asumidos por las partes para dirimir el conflicto. Por ejemplo, el tribunal podría omitir decidir alguna cuestión esencial incluida en el compromiso. Por último, un laudo puede ser nulo si contiene en la parte dispositiva decisiones incompatibles entre sí. Es decir, si contiene fundamentos contradictorios. En este caso, es su propia ineficacia intrínseca la que impide su ejecución . Ahora bien, más allá de las causales de nulidad previstas en el CPCCN – taxativas, como veremos luego al analizar el último pronunciamiento de la CSJN–, debemos hacer hincapié en los límites del recurso de nulidad y sus diferencias con el recurso de apelación, ya que estos puntos evidencian un control judicial limitado de revisión de laudos arbitrales. A grandes rasgos, el recurso de nulidad, a diferencia del recurso de apelación , prohíbe valorar las cuestiones de fondo del laudo arbitral. Es decir, mientras que el recurso de apelación implica un control sobre los aspectos de fondo de la disputa , el recurso de nulidad busca solamente verificar la validez del laudo y el cumplimiento de los recaudos legales, sin entrar a valorar el acierto o desacierto de la decisión de los árbitros .
No es entonces el recurso de nulidad la vía idónea para considerar todas las manifestaciones que importarían cuestionar la valoración que el tribunal arbitral hace de los elementos agregados a la causa . En rigor, el juez se debe limitar a controlar el efectivo cumplimiento de los recaudos formales impuestos por la legislación . De este modo, vemos que el CPCCN contempla primero la posibilidad de interponer el recurso de apelación sólo si no fue renunciado por las partes en el compromiso arbitral, y también prevé como un recurso irrenunciable el de nulidad por las causales previstas en los arts. 760 y 761.
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2 Proyecto de ley de arbitraje comercial internacional y el recurso de nulidad Con la intención de impulsar a la Argentina en el plano internacional, hoy existen
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novedosos desarrollos legislativos para el arbitraje en el país, y aquí expondremos puntualmente lo vinculado al recurso de nulidad. Hoy queda pendiente la sanción en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Arbitraje Comercial Internacional basada en la Ley Modelo uncitral, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores. De ser aprobada, tendría que convivir con los arts. 760 y 761 del CPCCN. Por su parte, el proyecto de ley regula en el título VIII, capítulo I, la petición de nulidad. El art. 99(a) sostiene que: “El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por el tribunal indicado en el art. 13 cuando: a) La parte que interpone la petición pruebe: I. Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el art. 14 estaba afectada por alguna incapacidad o restricción a la capacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley argentina; o II. Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; o III. Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, sólo se podrán anular estas últimas; o IV. Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta ley de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley; o (…)”
Luego, el art. 99(b) contempla la posibilidad de que el propio tribunal – que el proyecto de ley define en su art. 7(c) como un órgano del sistema judicial de un país– compruebe por lo menos uno de dos extremos: “b) El tribunal compruebe: I. Que, según la ley argentina, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje [cómo, por ejemplo, las cuestiones de familia ]; o II. Que el laudo es contrario al orden público argentino”. El proyecto de ley deja abierta la posibilidad, en su art. 101, de que cuando se solicite la nulidad del laudo, el tribunal pueda suspender las actuaciones –si correspondiera y si lo solicita una de las partes– por un plazo determinado para darle al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida para eliminar los motivos de la petición de nulidad. Por otra parte, a diferencia del CPCCN, el proyecto de ley contiene causales de nulidad típicas de laudos arbitrales internacionales, como por ejemplo la incapacidad o restricción de alguna de las partes, de la notificación inadecuada de la designación del árbitro o que el procedimiento no se haya ajustado al acuerdo entre las partes. Agrega también que las propias cortes locales pueden analizar si la controversia no es susceptible de arbitraje, o si el laudo es contrario al orden público argentino. Sin embargo, cabe destacar que la Ley de Arbitraje Comercial Internacional regularía solamente arbitrajes internacionales . Es decir, mientras que el CPCCN no distingue si regula arbitrajes domésticos o internacionales, si se aprueba la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, la Argentina tendría un sistema de normas distinto para gobernar arbitrajes domésticos e internacionales . Por ello, las causales de nulidad agregadas en el proyecto de ley servirían para anular solamente laudos arbitrales internacionales, no domésticos.
3 La irrenunciabilidad del recurso de apelación: problemas interpretativos del art. 1656 del Código Civil y Comercial Pese a que el art. 760 CPCCN parece consagrar expresamente el carácter renunciable del recurso de apelación , mas no del recurso de nulidad , hubo una seria discusión en torno a esta cuestión por la incorporación del art. 1656 in fine del Código Civil y Comercial que entró en vigencia el 1 agosto 2015 (en adelante, el “CCyC”). Nos parece relevante señalar la discusión –a pesar de que la CSJN en el caso que nos interesa no hace referencia al mismo– dada su importancia en el desarrollo doctrinario y jurisprudencial del control judicial del laudo arbitral en la Argentina. Una primera lectura del art. 1656 in fine parece consagrar la irrenunciabilidad del recurso de apelación, al establecer que: “Los laudos arbitrales que se dicten en el marco de las disposiciones de este Capítulo (30) (31) P 300 P 301
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pueden ser revisados ante la justicia competente por la materia y el territorio cuando se invoquen causales de nulidad, total o parcial, conforme con las disposiciones del presente Código. En el contrato de arbitraje no se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo que fuera contrario al ordenamiento jurídico” –énfasis agregado–. La discusión se ha centrado en la última frase del artículo : “contrario al ordenamiento jurídico”, la que ha generado diversas interpretaciones. Por un lado, se sostuvo que el legislador amplió y aumentó la posibilidad de intervención judicial para revisar la validez de los laudos, convirtiendo al arbitraje en una especie de justicia de primera instancia . El fallo Cartellone de la CSJN, emitido tiempo antes de la sanción del CCyC, el 1 junio 2004, marcó la oportunidad para algunos para justificar una interpretación amplia del art. 1656 CCyC; es decir, la irrenunciabilidad del derecho a interponer recursos judiciales contra laudos arbitrales, incluso el recurso de apelación . En aquel caso, la CSJN afirmó que era parcialmente procedente el recurso ordinario de apelación y decretó la nulidad parcial del laudo arbitral. El fallo fue criticado severamente por la doctrina justamente porque desatendió la expresa renuncia de las partes al recurso de apelación y, en consecuencia, hizo un examen de la justicia del laudo . También se ha hecho una lectura restrictiva del artículo. Ésta fue la posición adoptada por la mayoría de la doctrina y de los tribunales estatales. Bajo esta postura, se sostuvo que la norma, al decir que no se podía renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo que sea contrario al ordenamiento jurídico, se refería al recurso de nulidad y no al de apelación. Se concluyó que la norma no creaba un nuevo recurso, ni que impedía la renuncia al recurso de apelación, sino que se refería al recurso de nulidad previsto en el CPCCN. Hoy en día, es ésta corriente favorable a la jurisdicción arbitral la que predomina . En este sentido, puede citarse que el 22 diciembre 2015, la sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (en adelante, la “Cámara”) en Olam Argentina S.A. c. Cubero, Alberto M. sostuvo que la regla de irrenunciabilidad fijada en el art. 1656 afectaba únicamente a los recursos de nulidad y no a los de apelación, al ser estos lícitamente renunciables de conformidad con lo previsto en el art. 760 del CPCCN y el art. 65 del Reglamento de Arbitraje del Tribunal General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires . Adoptó esta posición al concluir que era la lectura del artículo que mejor se ajustaba a una interpretación finalista de la norma. En concreto, el razonamiento de la Cámara fue el siguiente: “En efecto, véase que el referido art. 1656 comienza fijando como regla general la obligatoriedad del convenio arbitral y la exclusión de la competencia de los tribunales judiciales sobre las controversias sometidas a arbitraje salvo que el tribunal arbitral no esté aun conociendo de la controversia y el convenio parezca ser “manifiestamente nulo o inaplicable”. A su vez, en su última parte advierte que “los laudos arbitrales que se dicten en el marco de las disposiciones de este Capítulo pueden ser revisados ante la justicia competente por la materia y el territorio cuando se invoquen causales de nulidad, total o parcial, conforme con las disposiciones del presente Código”; y dentro de esta mismo párrafo concluye diciendo que “no se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo que fuera contrario al ordenamiento jurídico”. Si la norma aclara que el laudo es revisable por recurso de nulidad es porque implícitamente reconoce que puede vedarse la vía de apelación. Por ello se interpreta que la regla de irrenunciabilidad allí fijada afecta únicamente a los recursos de nulidad y no los de apelación, los que son lícitamente renunciables de conformidad con lo que ya preveían el art. 760 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación y el art. 65 del Reglamento de Arbitraje del Tribunal General” .
En ese contexto, la Cámara concluyó que el recurso de nulidad había sido denegado correctamente por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ya que no se habían configurado ninguna de las causales de nulidad previstas en el CPCCN, ni en el marco del capítulo 9 del título IV del libro primero del CCyC. Agregó asimismo que con el planteo de nulidad, se ataca “la eventual ilegalidad del fallo por la existencia de un vicio que lo nulifiquen, sin que corresponda analizar la justicia o injusticia del pronunciamiento” . Del mismo modo falló la sala B de la Cámara en Díaz, Rubén H. c. Techint Cía. Técnica Internacional SACEI el 12 abril 2016. En este caso, la Cámara denegó el recurso de nulidad al concluir que la recurrente estaba tan solo disconforme con la decisión, pero que no hubo una omisión en el laudo de vicios formales que podrían acarrear su nulidad. Aclaró que la interposición del recurso de nulidad excluía la posibilidad de fundarlo en razones tendientes a demostrar la injusticia del laudo . Para evitar la desnaturalización del instituto del arbitraje, la Cámara explicó que aquellas cuestiones eran de materia exclusiva del recurso de apelación, mientras que el recurso de nulidad resolvía acerca de causales taxativamente establecidas en la legislación. La sala D de la Cámara nuevamente confirmó este criterio el mismo 12 abril 2016 en el
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caso Amarilla Automotores S.A. c. BMW Argentina SA . Rechazó el recurso de queja interpuesto por la parte actora contra la resolución dictada por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio que había denegado un recurso de nulidad contra el laudo arbitral. La actora sustentó su pretensión en el art. 760 CPCCN, pero también en el art. 1656 al considerar que el laudo era “contrario al ordenamiento jurídico” al crear causas de eximición de responsabilidad como si se tratara de un arbitraje de equidad y no de uno de derecho. Ahora bien, la Cámara consideró que la expresión “contrario al ordenamiento jurídico” contenida en el art. 1656 aludía únicamente a los recursos de nulidad “dado que esta conclusión es la que mejor se ajusta a una interpretación finalista de la norma (conf. art. 2°, CCiv.yCom.) (…)”. Señalo que el recurso de nulidad había sido correctamente denegado por el Tribunal Arbitral, recordando que mediante el mismo se debe atacar “(…) la eventual ilegalidad de la decisión por la existencia de un vicio que la invalide, sin que corresponda analizar la justicia o injusticia del pronunciamiento”. Claro está que el art. 1656 ha creado una indudable tensión en el sistema, pero creemos acertada la línea jurisprudencial desarrollada. De este modo, una lectura restrictiva del artículo logra evitar el riesgo de que el arbitraje quede controvertido en una primera instancia, con amplias facultades de revisión del Poder Judicial . (44)
P 303 P 304 (45) 4 Antecedentes jurisprudenciales: control judicial limitado de revisión de laudos arbitrales Más allá de la interpretación restrictiva que implementaron los tribunales estatales a la interpretación del art. 1656 in fine del CCyC, la justicia estatal también ha apoyado un control limitado de laudos arbitrales, en particular relativo al recurso de nulidad y los arts. 760 y 761 del CPCCN. Recientemente, (III) esta línea jurisprudencial fue confirmada por la CSJN en el caso que será analizado en el capítulo siguiente. En el caso Seven Group S.A. c. ADT Security Services S.A., el 11 julio 2013, la sala F de la Cámara denegó el recurso de nulidad al considerar que la recurrente había presentado en realidad un recurso de apelación disfrazado como uno de nulidad. El laudo arbitral dictado por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio rechazó el reclamo resarcitorio intentado por Seven Group S.A., quien se dedicaba a la venta e instalación de servicios de monitoreo de alarmas de propiedad de ADT Security Services S.A. , con fundamento en que no existieron incumplimientos de esta última y que la rescisión que ejerció fue legítima. La Cámara concluyó que las críticas planteadas por la recurrente se enderezaban a obtener una nueva decisión sobre el fondo de la cuestión , algo propio de un recurso de apelación que, en el caso, había sido renunciado. Señalo que las partes que renunciaron al recurso de apelación no podían pretender una revisión judicial del laudo adverso, ya que de lo contrario se desnaturalizarían los beneficios propios del arbitraje . Es así que la Cámara resaltó que: “[S]i bien nuestra legislación prevé la impugnación del laudo por vía del recurso de nulidad, éste no habilita a las partes a solicitar una revisión de aquél en cuanto al fondo de lo decidido sino que el juez debe limitarse a resolver acerca de la existencia de las causales taxativamente establecidas susceptibles de afectar la validez del laudo” – énfasis agregado–. De modo similar, el 5 noviembre 2013, la sala A de la Cámara en el caso Aronna c. Petrobras fue vocero de un control judicial limitado en lo pertinente al recurso de nulidad. En el caso, los actores interpusieron recurso de nulidad contra un laudo dictado bajo el Reglamento de Arbitraje de la CCI. Los actores habían promovido demanda de daños y perjuicios contra Petrobras Argentina S.A. en concepto de comisiones indirectas por ventas efectuadas en el mercado paraguayo por Petrobras con productos introducidos desde Brasil, lucro cesante y pérdida de clientela y daño moral. Sostuvieron que la demandada había incumplido el contrato que los vinculaba como agentes exclusivos en el desarrollo de tareas de promoción y colocación de notas de pedido de la línea de productos asfálticos de Petrobras en territorio de la República de Paraguay . Los árbitros, sin embargo, rechazaron por mayoría la demanda al considerar que el contrato había sido lícitamente rescindido. Contra el laudo, los actores interpusieron recurso de nulidad señalando que: (i) el laudo había sido dictado fuera del plazo otorgado a las árbitros para laudar, dado que nunca consintieron las prórrogas que el propio tribunal dispuso para ello, (ii) la fecha consignada en el laudo arbitral era falsa dado que se dispuso una nueva prórroga para dictar el laudo, aunque no había razón alguna para hacerlo ya que el laudo ya se había firmado, (iii) se había tratado una causal –la rescisión sin causa– que no había sido introducida en el compromiso arbitral, (iv) existían falsos fundamentos y contradicciones entre los argumentos esbozados por los árbitros y (v) no se cumplieron con las reglas de construcción de sentencias en los tribunales colegiados ya que la referencia al voto del árbitro en disidencia que hicieron los árbitros que integraron la mayoría evidenciaba la ausencia de tratamiento conjunto, lo que implicaba una falta esencial en el procedimiento . Analizaremos solamente el tercer y cuarto agravio, ya que es en el tratamiento de éstos que la Cámara se pronuncia sobre la naturaleza y extensión del recurso de nulidad. Con respecto al tercer agravio, la Cámara sostuvo que no existía incongruencia alguna (46) (47) (48) (49) P 304 P 305 (50) (51)
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entre el laudo arbitral y el compromiso arbitral consensuado entre las partes, sino que la recurrente meramente no estaba de acuerdo con la decisión del tribunal arbitral. Resaltó, además, que las dos causales invocadas por la demandada para rescindir el contrato fueron planteadas en su escrito de contestación de demanda al relatar los hechos, y que entonces el tribunal arbitral tuvo que determinar si la facultad de rescindir había sido ejercida con abuso. Es por ello que la Cámara concluyó que la rescisión sin causa formaba parte de las cuestiones a resolver por los árbitros según los puntos fijados en el acta de misión. Con respecto al cuarto agravio de los actores, la Cámara sostuvo que el recurso de nulidad no estaba previsto para atacar errores in iudicando y, considerando que los recurrentes al someterse al Regl. CCI consintieron la in-apelabilidad del fallo, tal proceder debía entenderse como una renuncia a la revisión del fondo de las cuestiones que fueron objeto del laudo . De este modo, sostuvo que el recurso de nulidad no habilitaba a las partes a solicitar una revisión de los méritos del caso, sino que el juez se debía limitar a resolver acerca de la existencia de causales taxativamente establecidas . Luego, el 3 abril 2014 en el caso NSB S.A. y otros c. A.A. S.A. la sala B de la Cámara dictaminó una vez más a favor del control judicial limitado del laudo arbitral. Los demandados interpusieron recurso de nulidad contra el laudo dictado bajo las Regl. CCI, por cuanto se pactó que el tribunal estaría integrado por tres árbitros y el laudo impugnado fue suscripto por sólo dos de ellos luego de la muerte del tercero . De este modo, solicitaron la nulidad parcial del laudo y atacaron todas las decisiones que tomó el Presidente del tribunal en las que no hubo unanimidad. Sin embargo, la Cámara denegó el recurso de nulidad. Para así decidir, tuvo en cuenta el propio Regl. CCI de 2012 – aplicable en tal momento a la disputa, y reglamento que fue actualizado en el 2017– que expresaba en su art. 15.5° que: “Después de cerrada la instrucción de la causa, en lugar de sustituir a un árbitro que ha fallecido o ha sido destituido por la Corte según los párrafos 1 y 2 del art. 12, la Corte podrá decidir, cuando lo considere apropiado, que los árbitros restantes continúen con el arbitraje. Al hacer tal determinación, la Corte tendrá en cuenta las opiniones de los demás árbitros y de las partes y otros asuntos que considere adecuado a las circunstancias”. En el caso, el fallecimiento del árbitro ocurrió una vez dictado el laudo sometido a aprobación de la Corte Internacional de Arbitraje , es decir, una vez cerrada la instrucción de la causa. La Corte Internacional de Arbitraje decidió continuar con el proceso arbitral luego de haber escuchado a las partes conforme la segunda parte del art. 15.5°. Asimismo, había comunicado a las partes que el árbitro fallecido había participado en las deliberaciones volcadas en el laudo enviado para su aprobación, y que el laudo fue aprobado por ella antes de su deceso. La Cámara concluyó que la causal de nulidad no fue acreditada al no verse afectado el derecho de defensa en juicio de los contendientes por cuanto la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI aprobó el proyecto de laudo enviado por el tribunal arbitral y el fallecimiento de uno de los árbitros se produjo al día siguiente sin que tuviera oportunidad de firmarlo. Puntualmente, expresó que: “La alegación del nulidicente implica afirmar —el absurdo— que no existieron dos votos sino uno, el del presidente, a lo largo de todas las decisiones cuya nulidad parcial se impetra”. Tampoco parecía razonable, dictaminó la Cámara, que una parte que considerara que existían causales de nulidad no objetó la competencia del tribunal ante la CCI, para luego hacerlo una vez dictado el laudo por vía del recurso de nulidad. Asimismo, los demandados postularon la arbitrariedad del laudo por carecer de fundamento legal y fáctico. La Cámara dejó en claro que el recurso de nulidad no estaba previsto para atacar presuntos errores in iudicando, los que solo pueden ser reparados por la vía de la apelación . Agregó que el recurso de nulidad limita al juez a resolver “acerca de la existencia de las causales taxativamente establecidas susceptibles de afectar la validez de aquél” . Se evidencia así un claro apoyo jurisprudencial al control judicial limitado de laudos arbitrales. Por su parte, la sentencia de la CSJN en Ricardo Agustín López [y otros] c. Gemabiotech S.A., que se analizará a continuación, cristalizó la sólida jurisprudencia respetuosa de la jurisdiccion arbitral aquí señalada. En parte, es por ello que el caso cobra importancia para el arbitraje en la Argentina.
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III La cristalización de jurisprudencia argentina mediante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación En su decisión más reciente, la CSJN reafirmó y precisó lo dicho en precedentes anteriores. En rigor, ratificó el alcance limitado de los procesos de nulidad de laudos arbitrales. De este modo, en la sentencia emitida el 5 septiembre 2017 en el caso Ricardo Agustín López [y otros] c. Gemabiotech S.A., la CSJN reconoció y confirmó la existencia de causales de nulidad taxativas.
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P 308 1 Hechos del caso Ricardo Agustín López [y otros] c. Gemabiotech S.A. Las partes del caso estaban vinculadas por un contrato de compraventa de acciones que contenía una cláusula arbitral bajo las reglas de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Las demandantes comenzaron un arbitraje y solicitaron el pago del precio de las acciones que le habían vendido al demandado. Además de oponerse a la demanda, el demandado presentó una reconvención reclamando los daños y perjuicios derivados del alegado incumplimiento, por parte de los actores, de una serie de cláusulas del contrato. En el curso del procedimiento arbitral los actores solicitaron la suspensión del dictado del laudo. Invocaron la prejudicialidad sobre la base de la existencia de una serie de denuncias penales que la demandada había efectuado y que, según los actores, estaban vinculadas con los hechos disctuidos en el arbitraje. Sin embargo, el tribunal arbitral rechazó el planteo de prejudicialidad. Consideró que la acción civil y la penal no se habían originado en los mismos hechos, ni que el arbitraje estaba subordinado a la sentencia que eventualmente se dictare en el juicio penal. En efecto, los actores hicieron reserva de sus derechos. Finalmente se dictó un laudo arbitral a favor del demandado. Rechazó la demanda e hizo lugar parcialmente a la reconvención, condenando a los actores al pago de una suma de aproximadamente U$S 6,5 millones por daños derivados de su incumplimiento contractual. En consecuencia, los actores plantearon el recurso de nulidad contra el laudo, que fue luego denegado por el tribunal arbitral. Pese a ello, la queja fue admitida por la Cámara. En su planteo, la recurrente sustentó la nulidad en la falta esencial del procedimiento. Alegó que se habría provocado un quebrantamiento de su garantía constitucional de defensa en juicio, al haberse omitido la consideración de pruebas y elementos fundamentales. La Cámara reconoció que el recurso de nulidad no era la vía idónea para considerar todas las manifestaciones tenidas en cuenta por el tribunal, y concluyó que la falta de idoneidad de la prueba producida o el mero disenso en cuanto a su valoración no llevaba a la existencia de una falla esencial en el procedimiento violatoria del derecho de defensa en juicio. Sin embargo, decidió anular el laudo arbitral al considerar que el tribunal arbitral debería haber postergado la emisión del laudo final al dictado de la sentencia penal. En suma, sostuvo que el laudo había sido dictado en infracción a la prejudicialidad prevista en el Código Civil de la Nación, código que fue supeditado por la entrada en vigencia del CCyC en 2015 pero aplicable a la disputa en cuestión. El demandado dedujo recurso extraordinario federal frente a esa decision. Este fue denegado por la Cámara, pero la queja fue admitida por la CSJN quien luego rechazó el pronunciamiento de la Cámara. Por su parte, la CSJN consideró que el laudo fue anulado por razones distintas a las establecidas en el CPCCN, que, según ella, contenía una lista exhaustiva y taxativa de causales de nulidad. Afirmó que la Cámara se extralimitó en su competencia al analizar si se cumplían las condiciones exigidas por la ley para acoger la prejudicialidad, al ser esa una cuestión relativa al fondo del caso y por ende ajena al recurso de nulidad. Por ello, concluyó que una sentencia judicial que revisa el fondo de un laudo en el marco de un recurso de nulidad es una sentencia arbitraria y que, por ende, debe ser dejada sin efecto. La CSJN agregó que al fallar en formular las quejas de los demandantes sobre el CPCCN, la Cámara no examinó el alcance de su propia jurisdicción. Por el contrario, entró directamente en el tratamiento de cuestiones relacionadas con los méritos de la disputa, de acuerdo con su propia evaluación de las reclamaciones y defensas ejercidas por el demandado, así como los registros de la causa penal. P 308 P 309 2 Importancia del decisorio La sentencia de la CSJN establece un equilibrio entre la necesidad de emitir decisiones finales e irrecuribles y la necesidad de revisión y control judicial. Al establecer que la revisión judicial de un laudo arbitral debe limitarse a verificar la existencia de causales de nulidad expresamente señaladas por el CPCCN, no solo ratificó el control judicial limitado de laudos arbitrales, sino que cristalizó el desarrollo de la jurisprudencia Argentina sobre el asunto. Por nuestra parte, apoyamos plenamente la decisión de la CSJN. De lo contrario, el alcance de los motivos para la anulación de las sentencias arbitrales podría ser indebidamente amplio, disminuyendo así el atractivo y las ventajas propias del sistema arbitral. Por lo tanto, el precedente establecido permite que las partes tengan la certeza de que el laudo, sea favorable a sus intereses o no, solo podría ser anulado por los motivos expresamente establecidos por la ley. De este modo, se aumenta tambien la confianza general en la institución del arbitraje como un medio para buscar la finalidad. IV Conclusión A pesar de que el fallo de la CSJN no es particularmente innovador, es de gran relevancia porque fortalece una línea de jurisprudencia respetuosa de la jurisdicción arbitral
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comercial. Se ha demostrado a lo largo de este artículo que el criterio rector en la materia consiste en limitar la intervencion judicial en el arbitraje. De lo contrario, se permitiría a los jueces locales convertirse en revisores de segunda instancia . Podemos esperar que con una línea consistente de jurisprudencia y la adhesión local a estándares internacionales de arbitraje, la Argentina se podrá establecer como un centro de arbitraje en el futuro cercano. (58)
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Bibliografía ABEDIAN, H.: “Judicial Review of Arbitral Awards in International Arbitration –A Case for an Efficient System of Judicial Review”, J. Int’l. Arb., vol. 28, n° 6, 2011, pp. 553 ss. AMALLO, F.A.: “Los proyectos de ley sobre arbitraje: ¿cómo convivirían los distintos cuerpos normativos?”, Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, t. 77, n° 1, 20 julio 2017. ARGERICH, G.: “El examen de los laudos arbitrales por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Su rol como facilitador de la cooperación jurisdiccional internacional” (La Ley Online, 24/01/2018), cita online: AR/DOC/17/2018. BORN, G.: “International Commercial Arbitration: Commentary and Materials” en Part Three: Chapter 12. Validity of International Arbitration Awards, Ed. 2, Kluwer Law International; Kluwer Law International, 2001, pp. 797 ss. CAIVANO, R.J. y SANDLER OBREGÓN, V.: “Consecuencias del incumplimiento del acuerdo arbitral”, Estudios de Arbitraje. Libro homenaje al profesor Patricio Aylwin Azócar (E. Picand Albónico), 2ª ed., Santiago, Ed. Thomson Reuters – La Ley, 2014, pp. 263 ss. CAIVANO, R.J.: “Recursos en el arbitraje”, Revista de Derecho Procesal, 1999, n° 2, pp. 271–352. – : “El limitado alcance del recurso de nulidad contra los laudos arbitrales, ratificado por la Corte Suprema” (La Ley Online, 17/10/2017), cita online: AR/DOC/2724/2017. CAPARELLI, S.L.: “Necesarias aclaraciones de la Corte sobre el control judicial al arbitraje” (La Ley 2008–C, 258). GRIGERA NAÓN, H.: “El funcionamiento de las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional”, A arbitragem na era da globalizaçao (Rossani Garcez, J.M., coord.), Río de Janeiro, Ed. Forense, 1999, p. 205. LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo, “Interferencia judicial en los arbitrajes”, Revista Peruana de Arbitraje, n° 1, 2005, p. 265. PALACIO, L.E.: Manual de derecho procesal civil, Buenos Aires, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, 17ma. Ed., 2003, p. 918. – : “Un disparo fatal contra el arbitraje voluntario”, Diario E.D., 17 agosto 2004, t. 208, p. 988. RIVERA, J.C.: Arbitraje comercial internacional y doméstico, Buenos Aires, Ed. LexisNexis, 2007. – : “Recursos contra laudos arbitrales”, disponible en http://www.rivera.com.ar/sites/default/files/rivera_recursos_contra_el_laudo_arbitral2.pdf. ROJAS, J.A.: “Revisión de los laudos arbitrales en el Código Civil y Comercial” (La Ley Online, 09/03/2016), Cita online: AR/DOC/459/2016. ROTHENBERG, M.: “La revisión judicial de los laudos arbitrales según el Código Civil y Comercial. Su adecuada interpretación” (RCCyC, 06/06/2016), cita online: AR/DOC/3814/2015. SANDLER OBREGÓN, V.:: Cód. Civil y Comercial de la Nación Comentado, dirigido por Herrera, Marisa, Caramelo, Gustavo y Picasso, Sebastián, tomo IV, Buenos Aires, Infojus, 2015, pp. 360 ss.
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S.L. Caparelli, Santiago, “Necesarias aclaraciones de la Corte sobre el control judicial al arbitraje” (La Ley 2008–C, 258). Vid. también el voto en disidencia del doctor Boggiano en el fallo de la CSJN, Color S. A. c. Max Factor Sucursal Argentina s/ laudo arbitral s/ pedido de nulidad de laudo del 17 noviembre 1994. Aquí el magistrado expresó en el considerando 6 que: “esta administración privada de justicia no es ajena a cierto control judicial, el cual no es susceptible de ser suprimido totalmente. Ello es así, en razón de una exigencia que surge de objetivos constitucionalmente asumidos, como el de “promover la justicia”, y también de las garantías de la defensa en juicio y de la propiedad y de la ejecutoriedad equivalente a la de una sentencia judicial que el Estado dispensa —cumplidos ciertos recaudos— a los laudos arbitrales”. También aclaró que: “la mayor o menor amplitud de aquel control depende de la misma voluntad que dio origen al arbitraje: de máxima extensión, si las partes cuentan con el recurso de apelación por no haber renunciado a él en oportunidad de pactar el arbitraje, en cuyo caso el tribunal tendrá jurisdicción para volver sobre el fondo de la cuestión; o limitado a ciertos ámbitos eminentemente formales, en el supuesto de que, con el objeto de optimizar la rapidez y eficacia en la solución de sus conflictos, los contratantes hayan renunciado a aquella apelación y sólo dispongan del recurso de nulidad del laudo arbitral, el cual suele circunscribirse a errores en el procedimiento”. CSJN, Color S. A. c. Max Factor Sucursal Argentina s/ laudo arbitral s/ pedido de nulidad de laudo¸17/11/1994, voto del Dr. Boggiano; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, Díaz, Rubén Héctor c/ Techint Cía. Técnica Internacional SACEI S/recurso de queja, 12/04/2016. En el Derecho comparado se ha dado un paso más, al aceptar incluso la limitación de las causales de nulidad–Tribunal Supremo de EEUU, Hall Street Assocs., L.L.C. v. Mattel, Inc., Supreme Court of the United States, 06–989, 25/03/2008–. El Tribunal Supremo de EE UU sostuvo que las partes no podían agregar nuevos motivos de anulación a los laudos arbitrales domésticos más allá de los establecidos bajo la Ley Federal de Arbitraje. Fundamentó su decisión en la necesidad de mantener el arbitraje como un sistema con capacidad de revisión limitada para mantener sus características como una vía de resolución de disputas expeditiva. Por ello, concluyó que las partes no podían alterar el sistema legal en el que tiene lugar el arbitraje. CSJN, Ricardo Agustín López, Marcelo Gustavo Daelli, Juan Manuel Flo Díaz, Jorge Zorzópulos c. Gemabiotech S.A. s/ organismos externos, 09/05/2017. En el Derecho comparado, es usual que exista sólo una instancia judicial para revisar la validez de los laudos arbitrales por causales taxativamente establecidas en las leyes de fondo, como en el caso de la Ley de Arbitraje (Decreto Legislativo N° 1071) de Perú de 2008 (art. 63), la Ley de Arbitraje del Reino Unido de 1996 (art. 68), el Código de Procedimiento Civil Francés actualizado del 2011 (art. 1492) y la Ley de Arbitraje Española de 2003 (art. 41). Asimismo, ver a modo de síntesis el art. 34 de la Ley Modelo Uncitral. Mediante el acuerdo arbitral las partes se someten a una obligación de “no hacer”, al renunciar a recurrir a los tribunales estatales, y otra de “hacer”, al someter la controversia a arbitraje (R.J. Caivano y Sandler Obregón, Verónica, “Consecuencias del incumplimiento del acuerdo arbitral”, Estudios de Arbitraje. Libro homenaje al profesor Patricio Aylwin Azócar (E. Picand Albónico, ed.), Santiago de Chile, Ed. Thomson Reuters– La Ley, 2014, 2ª ed., pp. 263 ss). Vid. también: G. Argerich, “El examen de los laudos arbitrales por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Su rol como facilitador de la cooperación jurisdiccional internacional” (La Ley Online, 24/01/2018), Cita online: AR/DOC/17/2018; S.L. Caparelli, “Necesarias aclaraciones de la Corte sobre el control judicial al arbitraje” (La Ley 2008–C, 258): “el verdadero centro de poder de la materia arbitral: la voluntad de las partes de someter sus diferencias (o algunas de ellas) a jueces privados, excluyéndola por tanto de la justicia estatal”. Según Rivera, la irrecurribilidad del laudo se justifica en la necesaria celeridad que se pretende del procedimiento arbitral y porque es un procedimiento donde las partes se apartan expresamente del sistema estatal. Destaca que si se permitiera la apelabilidad del laudo, la resolución ya sería del tribunal estatal y no del tribunal arbitral (J.C. Rivera, Arbitraje comercial internacional y doméstico, Buenos Aires, Ed. LexisNexis, 2007). Así resulta de la jurisprudencia citada en la nota al pie 6 destacada supra. M. Rothenberg, “La revisión judicial de los laudos arbitrales según el Código Civil y Comercial. Su adecuada interpretación” (RCCyC, 06/06/2016), cita online: AR/DOC/3814/2015. Vid. también el art. 35 inc. 6 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (en adelante, “CCI”), el art. 18 del Reglamento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y los arts. 19, inc. 1 y 63 del Reglamento del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de la Argentina. Como lo ha sostenido Argerich: “La inexistencia de un recurso de apelación no afecta el orden público ni vulnera derechos o garantías fundamentales; sí, en cambio, siempre deberá preservarse la posibilidad de plantear recursos o acciones de nulidad” G. Argerich, “El examen de los laudos arbitrales…”, loc. cit.. J.A. Rojas, “Revisión de los laudos arbitrales en el Código Civil y Comercial” (La Ley Online, 09/03/2016), Cita online: AR/DOC/459/2016. Ver jurisprudencia citada en la nota al pie 6 supra.
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Proyecto que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Senadores, y que se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados. Vid. art. 1 del proyecto de ley, que establece lo siguiente: “[l]a presente ley se aplicará al arbitraje comercial internacional, y lo regirá en forma exclusiva, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral vigente en la República Argentina”. Actualmente, las disposiciones del CPCCN y del CCyC regulan el arbitraje sin hacer distinción entre arbitrajes internacionales y domésticos. Ahora bien, de aprobarse el proyecto en curso el sistema tendría un grupo de normas para regular arbitrajes internacionales y otro para regular los domésticos, en tanto la Ley de Arbitraje Comercial Internacional sería aplicable únicamente a casos internacionales porque así lo dice en su art. 1, mientras que el CPCCN y el CCyC no contienen referencias expresas en ese sentido. Por ende, frente a la existencia de una ley destinada a regular arbitrajes internacionales, dichos cuerpos normativos pasarían a regular únicamente los arbitrajes nacionales (F.A. Amallo, “Los proyectos de ley sobre arbitraje: ¿cómo convivirían los distintos cuerpos normativos?”, Revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, t. 77, n° 1, 20/07/2017). M. Rothenberg, “La revisión judicial de los laudos arbitrales…”, loc. cit.. La propia CSJN ha convalidado este criterio restrictivo en diversos precedentes previo a la sanción del CCyC en 2015: Pirelli Cables c/ Empresa Nacional de Telecomunicaciones, 09/03/1999; Aion S.A.I.C. y A. y Natelco S.A.I.C. c/Empresa Nacional de Telecomunicaciones, 29/08/2000 y Meller Comunicaciones S.A.U.T.E. c/Empresa Nacional de Telecomunicaciones s/Recurso de Hecho, 05/11/2002. J.A. Rojas, “Revisión de los laudos arbitrales…”, loc. cit.; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F, Seven Group S.A. c. ADT Security Services S.A. s/ nulidad de laudo arbitral, 11/07/2013. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, NSB S.A. y otros c. A.A. S.A. y otros s/ organismos externos (nulidad del laudo arbitral), 03/04/2014; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, MOBIL Argentina S.A. c. Gasnor S.A., 08/08/2007; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, Total Austral S.A. c. Saiz, Francisco Santiago c. recurso de nulidad, 12/07/2002. J.A. Rojas, “Revisión de los laudos arbitrales…”, loc. cit.. Íbid. Ver también J.C. Rivera, Recursos contra laudos arbitrales, disponible en http://www.rivera.com.ar/sites/default/files/rivera_recursos_contra_el_laudo_arbitra l2.pdf. Íbid. El art. 758 del CPCCN contempla el recurso de apelación y establece: “[c]ontra la sentencia arbitral podrán interponerse los recursos admisibles respecto de las sentencias de los jueces, si no hubiesen sido renunciados en el compromiso”. Incluye, por ejemplo, analizar si se utilizó una ley inaplicable, si se empleó mal la ley aplicable, o si no se falló correspondiente a la ley aplicable (G. Argerich, “El examen de los laudos arbitrales…”, loc. cit., cita online: AR/DOC/17/2018). Vid. también Rojas: “[e]n el caso del recurso de apelación, se apunta a atacar los errores in iudicando, es decir aquellos vicios de juzgamiento” (J.A. Rojas, “Revisión de los laudos arbitrales…”, loc. cit.). R.J. Caivano, “El limitado alcance del recurso de nulidad…”, loc. cit.; L.E. Palacio, Manual de derecho procesal civil, 17ª ed., Buenos Aires, Lexis Nexis– Abeledo Perrot, , 2003, p. 918. Ver, entre muchos otros, CSJN, El Capitán del vapor Camila c. El Patrón de la Lancha Feliz del Plata, 1981, Fallos 45:78; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E, Inversora Ingentis S.A. c/Petrominera Chubut S.E. s/recurso de queja (OEX), 02/09/2016; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, Calles, Ricardo y otros c. General Motors Corporation, 03/06/2003; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, Biomédica Argentina S.A. c. RTC Argentina SA, 24/10/2003; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, Cortesfilms Argentina S.A. c. Seb Argentina SA, 21/12/2001; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, Hasbro International Inc. c. Top Toys Argentina SA, 19/12/2002; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, Total Austral S.A. c. Saiz, Francisco Santiago, 12/07/2002. En el Derecho comparado, según Born: “Neither the New York Convention nor the Inter–American Convention contains any exception permitting non–enforcement of an arbitral award simply because the arbitrators got their decision wrong. Likewise, the 1961 European Convention does not permit non– recognition of an arbitral award based on a court’s disagreement with the arbitrator’s substantive decisions” (G. Born, “International Commercial Arbitration: Commentary and Materials”, Part Three: Chapter 12. Validity of International Arbitration Awards, 2ª ed., Kluwer Law International, 2001, p. 797). Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F, Seven Group S.A. c. ADT Security Services S.A. s/ nulidad de laudo arbitral, 11/07/2013. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, NSB S.A. y otros c. A.A. S.A. y otros s/ organismos externos (nulidad del laudo arbitral), 03/04/2014.
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El art. 1651 del CCyC contiene la lista completa de controversias excluidas del contrato de arbitraje, y lee: “[c]ontroversias excluidas. Quedan excluidas del contrato de arbitraje las siguientes materias: a) las que se refieren al estado civil o la capacidad de las personas; b) las cuestiones de familia; c) las vinculadas a derechos de usuarios y consumidores; d) los contratos por adhesión cualquiera sea su objeto; e) las derivadas de relaciones laborales. Las disposiciones de este Código relativas al contrato de arbitraje no son aplicables a las controversias en que sean parte los Estados nacional o local”. F.A. Amallo, “Los proyectos de ley….”, loc. cit. Íbid. Vid. J.C. Rivera, Recursos contra laudos arbitrales, disponible en http://www.rivera.com.ar/sites/default/files/rivera_recursos_contra_el_laudo_arbitra l2.pdf. Recordamos que el art. 760 del CPCCN lee en parte: “Si los recursos hubieren sido renunciados, se denegarán sin sustanciación alguna. La renuncia de los recursos no obstará, sin embargo, a la admisibilidad del de aclaratoria y de nulidad (…)”. De esta manera, Rojas ha expresado con respecto al art. 1656 que: “(…) es el último párrafo, que por su oscuridad, desvirtúa el sentido que tiene el arbitraje, más allá de la forma en que se lo pretenda concebir, toda vez que se contradice con los principios de celeridad y economía que son distintivos de este instituto. Nuevamente el lenguaje (…) se ve desnaturalizado por su uso inadecuado, toda vez que no es lo mismo la revisión del laudo arbitral con motivo de alguna de las causales de nulidad a las que se alude en la norma, que remite a las que consagra ese mismo Código, que la eventual nulidad que pueda decretarse en sede judicial de un laudo arbitral, y mucho menos aún que todo ello se pueda interpretar resuelto por vía de impugnación, cuando el laudo resulte contrario al ordenamiento jurídico, como reza este precepto in fine. La imprecisión del lenguaje, a través de una interpretación literal, desvirtúa los principios liminares que distinguen al arbitraje, en una visión finalista, como lo consigna el art. 2 del CCyC” (J.A. Rojas, “Revisión de los laudos arbitrales…”, loc. cit.). V. Sandler Obregón, en Cód. Civil y Comercial de la Nación Comentado, dirigido por Herrera, Marisa, Caramelo, Gustavo y Picasso, Sebastián, 1ª ed., t. IV, Buenos Aires, Infojus, 2015, p. 360. CSJN, José Cartellone Construcciones Civiles S.A. c. Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. o Hidronor SA, 01/06/2004, Fallos 327:1881. M. Rothenberg, “La revisión judicial de los laudos arbitrales…”, loc. cit.. L. Palacio, Lino, “Un disparo fatal contra el arbitraje voluntario”, Diario E.D. 17/08/2004, t. 208, p. 988. Vid también M. Rothenberg, “La revisión judicial de los laudos arbitrales…”, loc. cit.. L. Palacio, Lino, “Un disparo fatal…”, loc. cit. El cambio de rumbo comenzó poco después del fallo Cartellone. En este sentido, vid. CSJN, Cacchione, Ricardo C. c. Urbaser Argentina SA, 24/08/2006 y CSJN, Pestarino de Alfani, Mónica Amalia c. Urbaser Argentina SA, 14/04/2008. El art. 65 establece: “[p]odrá demandarse la nulidad del laudo de amigables componedores y de árbitros de derecho, aun cuando hubiesen sido renunciados los recursos, si se pronuncia fuera del plazo previsto en el compromiso o hubiese recaído sobre puntos no comprometidos”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E, Olam Argentina S.A. c. Cubero, Alberto Martín y otro s/ recurso de queja, 22/12/2015. Íbid. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, Díaz, Rubén Hector c/ Techint CIA. Técnica Interantional SACEI s/recurso de queja, 12/04/2016. Íbid. Ver también CSJN, El Capitán del vapor Camila c. El Patrón de la Lancha Feliz del Plat a, 1981, Fallos 45:78. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, Amarilla Automotores S.A. c/BMW Argentina S.A. s/Recurso de Queja, 12/04/2016. Vid. R.J. Caivano, “El limitado alcance del recurso de nulidad…”, loc. cit., cita online: AR/DOC/2724/2017. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F, Seven Group S.A. c. ADT Security Services S.A. s/ nulidad de laudo arbitral, 11/07/2013. Íbid. Vid. también CSJN, Color S. A. c. Max Factor Sucursal Argentina s/ laudo arbitral s/ pedido de nulidad de laudo, 17/11/1994; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, Calles Ricardo y otros c. General Motors Corporation, 03/06/2003. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala F, Seven Group S.A. c. ADT Security Services S.A. s/ nulidad de laudo arbitral, 11/07/2013. En sentido similar: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala E, Inversora Ingentis S.A. c/ Petrominera Chubut S.E. s/recurso de queja (OEX), 02/09/2016. Vid. también: R.J. Caivano, “Recursos en el arbitraje” Revista de Derecho Procesal, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, 1999, n° 2, pp. 271–352. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, Aronna Alberto Angel c/ Calcagno Hector Federico contra Petrobras Argentina S.A., 05/11/2013. Ibíd.
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Vid. también Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, Cortesfilmes Argentina S.A. c/ Seb Argentina S.A. s/queja, 21/12/2001. En igual sentido: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, Decathlon España S.A. c/ Bertone, Luis s/proc.arbitral, 25/10/2006; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, Total Austral S.A. c/Saiz Francisco Santiago s/ recurso de nulidad, 12/07/2002; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala A, KCK Tissue S.A. c/ Citibank NA Nassau s/arbitraje, 28/07/2005. Vid. R.J. Caivano, “Recursos en el arbitraje”, Revista de Derecho Procesal, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, nro. 2, 1999, p. 271–335; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, Calles Ricardo y otros c/ General Motors Corporation s/ queja, 03/06/2003, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, NSB S.A. y otros c. A.A. S.A. y otros s/ organismos externos (nulidad del laudo arbitral), 03/04/2014. Cuando un laudo es sometido para la aprobación de la CCI conforme al art. 33 del Reglamento de Arbitraje de la CCI, la tarea en cuestión consiste en un examen realizado por la Corte y su Secretaría para asegurar que todos los laudos cumplan las mayores exigencias de calidad y tengan mayores probabilidades de ser ejecutados por los tribunales de cada Estado (G. Argerich, “El examen de los laudos arbitrales…”, loc. cit., cita online: AR/DOC/17/2018). Verifican, ante todo, que el laudo no va a ser nulo en el país donde pretende ser ejecutado. Es decir, eliminan todo vicio que pudiera dar lugar a recursos ante los tribunales nacionales. Vid. también: H. Grigera Naón, “El funcionamiento de las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional”, en A arbitragem na era da globalizaçao, Rossani Garcez, José M. (coord.), Río de Janeiro, Ed. Forense, 1999, p. 205. Vid. también Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, Cortesfilms Argentina S.A. c. Seb Argentina S.A. s/ queja, 21/12/2001. Vid. también Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D, Decathlon España S.A. c. Bertone, Luis y otro s/ proceso arbitral, 25/10/2006; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala C, Calles, Ricardo y otros c. General Motors Corporation s/ queja, 03/06/2003. R.J. Caivano, “El limitado alcance del recurso de nulidad…”, loc. cit., cita online: AR/DOC/2724/2017.

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