Source: https://es.scribd.com/doc/207593694/Chihuahua-desaparicion-trata-de-personas-y-situacion-de-defensores-as
Timestamp: 2017-04-30 23:01:21+00:00

Document:
Chihuahua: desaparición, trata de personas y situación de defensores/as | Ciudad Juárez
ScribdNavegarInteresesCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseChihuahua: desaparición, trata de personas y situación de defensores/asCargado por Centro CedehmCiudad JuárezAmnesty InternationalMexicoState (Polity)Human Rights0.0 (0)DescargaInsertarDescripción: Informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y Justicia para Nuestras Hijas, para el Secretario General de Amnistía Internacional, S...Ver másInforme elaborado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y Justicia para Nuestras Hijas, para el Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, en su visita a Saltillo, Coahuila, el 15 de febrero de 2014Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content! ! !DESAPARICION, TRATA DE PERSONAS Y SITUACIÓN DE DERCHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS INDICE
I. II. III. PRESENTACION INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES A. Las desapariciones de personas en Chihuahua: un “viejo fenómeno conocido” B. La fallida política de seguridad de Felipe Calderón (2006-2012) IV. CONTEXTO ACTUAL: LA SUBSISTENCIA DE DESAPARICIONES Y GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ACTUAL SEXENIO A. Desapariciones en cifras V. VI. VII. A. B. LA IMPOTENCIA Y FRUSTRACIÓN DERIVADAS DE LA IMPUNIDAD PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE RESTOS HUMANOS CIUDAD CUAUHTÉMOC Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES: DOS CASOS PARADIGMÁTICOS Ciudad Cuauhtémoc Violaciones a los derechos de las niñas y mujeres Estadísticas Sobre la desaparición de mujeres y niñas en el estado de Chihuahua Desaparición y Trata de Mujeres Feminicidios Pág. 1 Pág. 2 Pág. 4 Pág. 8 Pág. 17 Pág. 20 Pág. 20 Pág. 29 Pág. 31 Pág. 31 Pág. 34 Pág. 34 Pág. 35 Pág. 39 Pág. 41 Pág. 43 Pág. 48 Pág. 50
VIII. PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS A. Casos ilustrativos B. Sobre el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas IX. BREVES CONCLUSIONES Y SOLICITUDES
Desaparición, trata de personas y situación de defensoras/es de derechos humanos en Chihuahua Informe para Amnistía Internacional, febrero de 2014
DESAPARICIÓN, TRATA DE PERSONAS Y SITUACION DE DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA
PRESENTACION Justicia para Nuestras Hijas A.C. es una organización creada en 2001 por diversas
madres que habían sufrido la muerte o desaparición de sus hijas, y tiene como misión coadyuvar en localizar a las niñas y mujeres desaparecidas del estado de chihuahua e impulsar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, en los casos de desaparición y asesinatos de mujeres, conocidos como feminicidios, así como la prevención de estos delitos1. Asimismo, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C. es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, independiente, abierta y plural, constituida por la libre asociación de sus fundadores, ante la creciente violación de los Derechos Humanos en la ciudad. Tiene como objetivo, generar conocimiento, promoción y defensa de los Derechos Humanos, incidiendo en la transformación cultural y social de nuestra realidad2. Dentro de las violaciones a los derechos humanos en la fronteriza Ciudad Juárez, la desaparición forzada es una de las más terribles, pero a la vez de las menos visibles y atendidas por el Estado o expuesto por los medios informativos. En ese sentido, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPDN) ha documentado, asesorado y atiende actualmente ocho casos de desaparición forzada, tres de ellos fuera de Ciudad Juárez (Cuauhtémoc, Jimenez y estado de Veracruz). Finalmente, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) es una organización feminista creada en 2005 que promueve y defiende la plena vigencia de los derechos humanos de personas víctimas de violencias de género en el sistema penal
Para mayor información, visitar su sitio web: http://justiciapnhijas.wix.com/justicia-para-nuestras-hijasdesaparecidas/inicio 2 Una reseña más amplia de su trabajo se puede encontrar en: https://www.facebook.com/pages/Centro-deDerechos-Humanos-Paso-del-Norte-AC/309494775768842
acusatorio, desaparición forzada e involuntaria y personas defensoras de derechos humanos a través del activismo, litigio estratégico, alfabetización jurídica y fortalecimiento emocional3. A propósito de la visita del Secretario General de Amnistía Internacional a México, las tres organizaciones deseamos compartir algunas de las preocupaciones en relación con nuestro trabajo en el estado de Chihuahua.
II. INTRODUCCION El Estado de Chihuahua llamó la atención internacional desde 1993 por el gran número de feminicidios en Ciudad Juárez, que derivó en la emisión de informes especiales de la CIDH y de Amnistía Internacional, así como de decenas de recomendaciones de organismos internacionales tales como el comité CEDAW y la sentencia conocida como "Campo Algodonero" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos4. Ubicado al norte del país, en frontera con Estados Unidos, Chihuahua es uno de los estados más afectados en la actual crisis de violencia. Debido a su ubicación geográfica, Chihuahua es un territorio en disputa entre los cárteles mexicanos y, como consecuencia de ello, se militarizó la región con el fin de que las fuerzas armadas realizan funciones de seguridad. Esta política se ha endurecido y existen zonas en las que se realizan detenciones masivas5, ejecuciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, entre otras graves violaciones de derechos humanos. La situación que vive el estado de Chihuahua no es extraña para Amnistía Internacional. Durante las últimas décadas, México ha sido visitado por múltiples misiones y se han emitido importantes informes especiales 6 , incluyendo la valoración anual de la situación de derechos humanos en el país. También se ha enviado un sinnúmero de
El sitio oficial de la organización es http://www.cedehm.org.mx/ Cfr. Corte IDH. Caso González y Otras Vs. México (“Campo algodonero”). Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. 5 Según datos del Ayuntamiento de la ciudad, en 2011 se registraron 102,819 detenciones oficiales, resultando en una tasa de 7,072.48 por cada 100,000 habitantes. Datos obtenidos por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), con base en la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, solicitud de Información Folio No. 15722010. Responsable de la información: Secretariado del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. 6 Sobre los temas que nos ocupan en el presente documento, ver, Amnistía Internacional. Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición forzada de personas en México. Índice: AMR 41/025/2013, junio de 2013.
cartas 7 , emitido infinidad de pronunciamientos 8 y sus acciones urgentes han sido fundamentales para salvar vidas o exigir la protección o justicia de las autoridades correspondientes. Es importante señalar que, en varias de estas acciones, las organizaciones que presentamos este informe hemos estado involucradas9. En particular, queremos reconocer el acompañamiento constante de Amnistía Internacional en momentos difíciles para nuestro estado a partir de algunas expresiones realizadas por el entonces Secretario General de Amnistía Internacional Pierre Sané sobre la situación que se vivía en el estado10. Luego, las visita de la Sra. Irene Kahn en 2001 y en 2003 al estado de Chihuahua y la posterior elaboración de un informe especial sobre feminicidios y desapariciones de mujeres 11 contribuyeron de manera decisiva a la visibilización de estas situaciones en el ámbito nacional e internacional, y han sido fundamentales para seguir exigiendo la responsabilidad del Estado en graves violaciones de derechos humanos. La información que se expone a continuación parte de ejemplos paradigmáticos que reflejan la situación de deterioro de derechos humanos y aumento de las violencias en esta entidad federativa. Por ello, es necesario aclarar que, aunque existen diversas zonas del estado en donde las violaciones a los derechos humanos son continuas y han ido agravando con el paso del tiempo, dada la amplitud territorial del estado y la imposibilidad de obtener información en diversas regiones (entre otros, por el miedo a la denuncia en territorios completamente controlados 12 ), se debe entender que las violaciones que se
Amnistía Internacional. México: Carta sobre los derechos humanos en México dirigida al Sr. Presidente Enrique Peña Nieto. Índice AMR 41/078/2012, de 18 de diciembre de 2012. 8 Ver, por ejemplo, la declaración pública “Desapariciones en México: Es hora de verdad y justicia”, de 28 de febrero de 2013. 9 Ver, entre otros, Amnistía Internacional. Ataque contra una organización de derechos humanos en México. Acción urgente AMR 41/017/2013, de 8 de abril de 2013; Líder activista y su esposa, asesinados en México. AU: 320/12 de 25 de octubre de 2012. Índice: AMR 41/070/2012. 10 En su momento, el Sr. Sané se refirió a las más de 90 desapariciones forzadas ocurridas durante cuatro años en Ciudad Juárez y señaló que "en ninguna otra ciudad de México, y de hecho en ninguna otra metrópoli del mundo, están desapareciendo tantas personas cada año como ocurre en la urbe juarense”. 11 Amnistía Internacional. Muertes intolerables. 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Agosto, 2003. 12 Como ha sido asentado previamente, “El Grupo de Trabajo ha recibido información extensa y consistente sobre el temor que desanima a las víctimas a denunciar o insistir en las investigaciones sobre desapariciones forzadas.” Esa situación, sin duda alguna, se refiere –entre otros- a lo que se vive en Chihuahua. Cfr. Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Misión a México. Doc. ONU A/HRC/19/58/Add.2, de 20 de diciembre de 2012, párr. 33.
denuncian son sólo una muestra de la realidad que se ha vivido por décadas en este estado.
III. ANTECEDENTES13 A. Las desapariciones de personas en Chihuahua: un “viejo fenómeno conocido” El fenómeno de las desapariciones forzadas en Chihuahua no es nuevo. La tipología de las víctimas, el modus operandi, la colusión o acción directa de autoridades 14 , y el involucramiento del crimen organizado en algunos casos, son sólo algunos de los aspectos que han perdurado en el tiempo y que, si bien ha habido una importante labor de incidencia y visibilización nacional e internacional, aún no logran ser erradicados. Por ello, en el presente apartado se hará un recuento histórico que permita evidenciar cuán enraizado y estructural es la problemática, a fin de valorar, diseñar o proponer iniciativas o acciones que generen respuestas incluyentes, adecuadas y eficaces. En los últimos 25 años ha habido una transformación dramática de la realidad de las desapariciones forzadas en el estado de Chihuahua. Baste un dato de referencia: en 19541955 la desaparición forzada y el asesinato del taxista Juan Cereceres generó tal reacción de la ciudadanía que se formó el Frente Cívico por la Dignidad y los Derechos Ciudadanos. Las protestas dirigidas por este frente desembocaron en la solicitud de licencia por tiempo indefinido del gobernador Oscar Soto Máynez. Durante los años setenta y hasta mediados de los ochenta se da un proceso de activismo social en el país y en el estado que opta por la vía armada para el cambio social.
Este apartado retomó algunos valiosos insumos del Dr. Víctor Quintana, defensor de derechos humanos, a quien las organizaciones le agradecemos su apoyo para la realización de este documento. 14 En su informe de visita a México, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias estableció lo siguiente Un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado. Sin embargo, no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente; por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país. El Grupo de Trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos. Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Misión a México. Op. Cit, párr. 17.
La respuesta del Estado mexicano fue la represión a los grupos de guerrilla rural o urbana, conocida como la “guerra sucia”. A resultas de ello, cientos de militantes de izquierda fueron desaparecidos15, incluidos trece chihuahuenses. A mediados de los años ochenta la sociedad civil de Chihuahua, primero, y luego la de buena parte del país se movilizó intensamente por la transición a la democracia electoral, en contra de los gobiernos autoritarios de todos los niveles. Sin embargo, se siguen imponiendo autoridades mediante escandalosos fraudes electorales, y acciones de corrupción, como sucede en las elecciones para gobernador en Chihuahua, en 1986, o en las elecciones presidenciales de 1988. Es en este contexto que en Chihuahua se van implantando las bandas de narcotraficantes. Ellas hacen del estado no sólo un punto privilegiado de tránsito de enervantes hacia los Estados Unidos, sino también un importante centro de producción. La creciente fuerza de los grupos de narcotraficantes en Chihuahua se genera no sólo por la posición estratégica de la entidad en la frontera norte del país, sino también por la capacidad de los criminales de cooptar, reclutar y hacer trabajar a su favor a elementos de las policías federales, estatales y municipales. El fortalecimiento de las organizaciones criminales, sobre todo la que tiene por centro de operaciones a Ciudad Juárez, así como la colusión de altos funcionarios policíacos, ya sea federales, como Guillermo González Calderoni, ya sea estatales, como Elías Ramírez, van a conformar el marco de fuerzas y de correlaciones que favorecerán la aparición del fenómeno de las desapariciones forzadas en Chihuahua y su proliferación durante los siguientes años. Un elemento importante del contexto de principios y mediados de los años noventa en Chihuahua es la continua expansión de la industria maquiladora de exportación desde 1965 en la zona fronteriza y desde mediados de los ochenta en casi una veintena de poblaciones del estado. A la vez que se genera un gran dinamismo en el crecimiento del empleo formal, el vertiginoso dinamismo industrial atrae grandes cantidades de migrantes
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido esta situación al señalar que “El fenómeno de la desaparición forzada de personas registra antecedentes en México desde fines de los años sesenta, principalmente en el estado de Guerrero, donde los movimientos insurgentes tuvieron mucha fuerza. Tales actos fueron cometidos en algunos casos por particulares bajo la tolerancia del Estado, y en otros, directamente por agentes del Estado.” CIDH. Informe especial sobre la situación de los derechos humanos en México, Capítulo III (las desapariciones forzadas). OEA/Ser.L/V/II.100 Doc. 7 rev. 1, de 24 de septiembre de 1998, párr. 145.
del campo y de fuera del estado, sobre todo a Ciudad Juárez. Lejos de corresponderse con un desarrollo del vínculo social, la situación de casi pleno empleo provoca un fuerte deterioro del tejido social, sobre todo en la zona fronteriza. Adicionalmente, un aspecto que también incide en la generación de violencias y el favorecimiento de las conductas delincuenciales y las desapariciones forzadas es la operación de la economía del alcohol, de la droga y de la prostitución. Los establecimientos dedicados a estos rubros intentan por diversos medios de llenar el tiempo libre y los pocos espacios de ocio y de diversión de las personas, sobre todo de los jóvenes, no sólo poniéndolos en contacto sino integrando a muchos de ellos a las redes del crimen organizado. Finalmente en el medio rural hay diversos factores a tomarse en cuenta como propiciadores de la criminalidad y de las desapariciones forzadas. Entre ello, está la destrucción de la economía campesina y las formas de comunidad y de organización social asociadas a ella, propiciada por los programas de ajuste estructural de la economía, los tratados de libre comercio y, en general, por la penetración del neoliberalismo en agricultura. El otro factor es la permanencia de cacicazgos autoritarios y corruptos; y el tercero de ellos es la presencia creciente de los cárteles de la droga en la zona rural, sobre todo del noroeste del estado, ya sea mediante el contacto de los jóvenes migrantes con el consumo y el mercado de la droga en los Estados Unidos cuando migran hacia allá, y que los convierte en consumidores y a veces en transportadores, ya sea por la penetración del dinero del narcotráfico en la compra de ranchos, propiedades y en el financiamiento de algunas actividades agropecuarias. Dentro de este contexto general en 1993, se da una coyuntura que puede marcar un antes y un después en el problema de las desapariciones forzadas en la frontera, a partir de la cual se llevó a cabo una primera oleada de desapariciones forzadas (1993-1998). Según el periodista de investigación Alejandro Gutiérrez Castañeda, a partir de que El Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, toma pleno control del cártel de Juárez -luego de la ejecución del capo Rafael Aguilar Guajardo-, entre abril de 1993 y marzo de 1994, empiezan a proliferar las desapariciones forzadas en esta frontera. A finales de 1995 hay una cadena de 26 "levantones". En 1996 hay otra racha de unas 20 desapariciones, en algunos de estos casos, nuevamente aparecen presuntos agentes de la PGR y un grupo de
sicarios al que llaman Los Karatecas. En 1997, según registros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos, hay 15 secuestros, aunque informaciones periodísticas dieron cuenta de unos 20 "levantones". Estos casos se atribuyen a un grupo organizado por el general Jesús Gutiérrez Rebollo y comandado por el capitán Horacio Montenegro. En una sola acción se llevan a ocho personas. Después de la muerte de Amado Carrillo, en 1997, siete personas son secuestradas, el 17 de agosto de ese año, en dos acciones distintas y la noche del 10 de enero de 1998 hay varios "levantones", y ocho personas desaparecen.16 El asunto llama la atención a nivel internacional. Tanto así que en octubre de 1997, el periodista Sam Dillon publica un extenso reportaje en el diario The New York Times donde concluye que “En ningún lugar del mundo ha desaparecido tanta gente el contexto de violencia relacionada con drogas”.17 Esta primera fase de las desapariciones forzadas parece cerrarse con el hallazgo de las “narcofosas” en la carretera de Ciudad Juárez a Nuevo Casas Grandes en noviembre de 1999. Entonces se señala que en la extensa lista de personas “levantadas” en Juárez a partir de 1994 por sicarios y policías corruptos al servicio del cártel de Juárez, se encuentran desde abogados, ingenieros, informantes, trabajadores, policías, ex policías y 14 ciudadanos norteamericanos. El diario Norte de Ciudad Juárez publicó una serie de reportajes a partir de 1997, en los cuales se evidenciaba la participación de elementos oficiales asignados tanto a la Procuraduría General de la República (PGR), como la Policía Judicial del Estado (PJE) y la Policía Municipal, además de efectivos del extinto Instituto Nacional del Combate a las Drogas (INCD).18 En el año 2001 vuelve a presentarse una oleada de “levantones”; y después de una relativa calma, vuelven aparecer denuncias en el año 2004 que llevan incluso a que organizaciones sociales, diputados y partidos políticos exigieran la renuncia del entonces titular de la PGJE, José de Jesús Solís Silva.19
Proceso, 12 de diciembre de 1999, reportaje de Alejandro Gutiérrez C. Citado en El Universal, 8 de octubre de 1997. 18 Norte de Ciudad Juárez, 30 de noviembre de 1999. 19 El Diario de Juárez, 5 de febrero de 2004.
B. La fallida política de seguridad de Felipe Calderón (2006-2012) En su informe de visita a México, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias hizo un breve resumen sobre la situación generada a partir de la fallida política de seguridad emprendida por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa:
En diciembre de 2006, el Gobierno federal decidió desplegar a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública. De acuerdo con la información recibida, las Fuerzas Armadas no se limitan a actuar como auxiliares de las autoridades civiles y a aceptar sus órdenes (como lo establecen la Constitución y los criterios de la SCJN), sino que realizan tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades civiles. Estas operaciones consisten en el despliegue de miles de militares en zonas urbanas o en puntos estratégicos como carreteras y puestos de control y el registro de casas, individuos y automóviles, en muchas ocasiones sin contar con una orden judicial dictada por una autoridad civil competente. El Gobierno informó que el uso de las Fuerzas Armadas es temporal y limitado a determinadas regiones del país sin que se informara de un plan para retirar a las tropas militares. Durante las reuniones con las delegaciones de la PGR en Chihuahua y Chilpancingo, así como con las autoridades de la base militar en Saltillo, el Grupo de Trabajo no recibió información clara y específica sobre el tipo de control que las autoridades civiles realizan cada vez que las autoridades militares detienen a civiles. 20 [Resaltado fuera del original]
Ante el desmedido e incontrolable incremento de la violencia en el país, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa impulsó una política de confrontación contra el crimen organizado, a partir de “operativos conjuntos”, en los que el Ejército mexicano (y, en menor medida, la Marina) trabajarían en conjunto con las instituciones de seguridad estatales y municipales en diversas entidades de la República. Así, a partir de la asunción al poder del ex Presidente Calderón se implementaron los siguientes operativos: Diciembre de 2006: Michoacán 2007: Operativo Baja California (Tijuana)
Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Misión a México. Op. Cit., párr. 23.
2007: Operativo Chihuahua 2007: Operativo Culiacán-Navolato (Sinaloa) 2007: Operativo Sierra Madre (Sinaloa y Durango) 2007: Operativo Nuevo León-Tamaulipas 2007: Operativo Guerrero La implementación de esos operativos tuvo el efecto contrario, generando un aumento desproporcionado de la violencia y de graves violaciones de derechos humanos. Así, para el año 2009, los estados de la República con mayor número de homicidios por cada 100 mil habitantes eran los siguientes: Nayarit (20.1 homicidios por 100 mil habitantes) Sonora (22.8 homicidios por 100 mil habitantes) Michoacán (23.6 homicidios por 100 mil habitantes) Baja California (48.3 homicidios por 100 mil habitantes) Sinaloa (53.3 homicidios por 100 mil habitantes) Durango (66.6 homicidios por 100 mil habitantes) Guerrero (59.0 homicidios por 100 mil habitantes) Chihuahua (108.5 homicidios por 100 mil habitantes)
En el caso del estado de Chihuahua, a partir de en los últimos años en los que el ejército cedió el control paulatino a la Policía Federal, el índice de homicidios bajó, lo cual no ha significado un mejoramiento en la situación de los derechos humanos del estado, en tanto se han agravado otras violaciones de derechos humanos como la desaparición de personas. En su momento, Fernando Escalante Gonzalbo puso en evidencia que “algo sucede en 2007 que tiene como consecuencia un aumento extraordinario en la cantidad de víctimas en los dos años siguientes. Nuevamente, hay que decir que la explicación tiene que referirse a un factor coyuntural, porque las características estructurales de Tijuana y Ciudad Juárez no cambian drásticamente de un año para otro.”21 Concretamente, para el estado de Chihuahua señaló que
Fernando Escalante Gonzalbo. Homicidios 2008.2009. La muerte tiene permiso. Revista Nexos. Edición enero 2011, pág. 41.
Para el caso de Chihuahua, región por región, la conclusión se impone sin lugar a dudas: el factor nuevo de 2007, común a todo el territorio del estado, que podría explicar el crecimiento explosivo del número de homicidios es la presencia del ejército, en el Operativo Conjunto Chihuahua. No es posible saber, con sólo la estadística, cuál sea el nexo causal, pero la correlación es obvia e indiscutible. En parte, el incremento de la violencia podría ser indicio del éxito de la estrategia, como se dice, podría ser indicio de que la presencia de fuerzas federales ha ocasionado un recrudecimiento de la lucha entre pandillas y contrabandistas, podría ser también consecuencia de decisiones concretas, como ha sugerido Eduardo Guerrero, podría ser todo lo anterior u otra cosa. Cualquier a que sea la explicación, no podemos hacer caso omiso del dato ni podemos obviarlo.22
Más recientemente, el Relator Christof Heyns declaró que “Algunos estados en México han experimentado una violencia sin precedentes en los últimos seis años o más. Determinadas ciudades en los estados de Chihuahua y Guerrero han sido clasificadas en diferentes momentos como algunas de las ‘más peligrosas’ del mundo.” 23 Las tasas de homicidio del estado siempre son superiores a la media del país y a las manejadas a nivel internacional24.
Ídem., pág. 44. OACNUDH. Observaciones preliminares sobre la visita oficial a México del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, 22 de abril al 2 de mayo de 2013 . Declaración de prensa de 2 de mayo de 2013, pág. 3. Disponible en: http://hchr.org.mx/files/comunicados/2013/05/PressStatement-ObservacionesPreliminares_SP.pdf 24 La CIDH ha señalado que En las Américas se verifican algunos de los índices más altos del mundo de crimen y de violencia. La tasa de homicidios [por] cada 100.000 habitantes, que es un indicador universalmente aceptado para medir el nivel de violencia de una determinada sociedad, sin perjuicio de sus constantes alteraciones, alcanzó el 25.6/100.000 promedio en América Latina […]. En comparación con esta cifra, la tasa en Europa se registró en 8.9/100.000, mientras que para la región del Pacífico Occidental se ubica en 3.4/100.000, y en Asia Sur-Oriental 5.8/100.000. No obstante, si el análisis se enfoca en los sectores de ingresos medios y bajos de la población, la tasa promedio de homicidios en las Américas se eleva a 27.5/100.000 […]. CIDH. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. Apartado III (La seguridad ciudadana en las Américas). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, de 31 diciembre 2009, párr. 25.
Tasas de homicidio (por cada 100,000 habitantes)
Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Chihuahua 24.09 20.36 14.52 14.63 15.74 16.99 14.88 13.79 16.82 17.85 18.27 59.16 90.56 110.71 86.68 55.49 39.69 Nacional 17.35 14.43 14.66 13.73 13.57 12.71 12.10 11.00 10.50 10.89 9.34 11.82 14.28 18.10 19.76 18.56 15.32
A partir de que el Ejército cedió en parte el control paulatino a la Policía Federal en Chihuahua en 2010, las muertes volvieron a disminuir, pero nunca han sido menores que la tasa que se mantuvo hace quince años, como se evidencia a continuación: Índice de algunos delitos de alto impacto en los últimos diez años en Chihuahua (2013-2003)
Año 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Homicidio Doloso Total 1,443 1,997 3,085 3,903 3,156 13,155 617 593 550 444 471 1,824 2,479 3,555 4,368 3,631 27,759 901 1,023 1,004 902 905 Violación Delitos sexuales Estupro Otros sexuales 819 63 1,213 808 54 989 697 39 798 673 32 687 747 0 619 14,067 2,576 1,187 651 79 200 715 109 225 658 76 249 578 87 299 602 84 532 Extorsión 161 171 238 173 409 4,869 39 62 51 36 39
De las cifras anteriores, se pueden sacar hacer algunas valoraciones: En ningún momento se ha vuelto a tasas no sólo previas al inicio del Operativo Conjunto Chihuahua, sino a 1997, año a partir del cual se empezó a publicar información del registro oficial de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Es importante enfatizar en el aumento de algunos delitos que afectan particularmente a mujeres y niñas, como los relacionados con aspectos sexuales. Será importante analizar lo sucedido con las denuncias interpuestas y si la respuesta (adecuada o no) tuvo alguna consecuencia en la disminución de algunos delitos.
Aun cuando la mayoría de las desapariciones y graves violaciones de derechos humanos se atribuyeron a la presencia del ejército en las calles chihuahuenses, lo cierto es que la participación de autoridades estatales o municipales, también es una realidad. Ello lo demuestran las dos recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua. Una de ellas25 se refiere a la falta de información a los familiares y ausencia de debida diligencia en la investigación por parte de la Fiscalía del Estado en la búsqueda de un comandante de la Policía de la policía preventiva de un municipio del Estado. La recomendación también hizo referencia a la suspensión del pago de su salario a la familia, con lo cual quedaban en estado de indefensión26. Como resultado de la denominada "guerra contra el narcotráfico", México atravesó en los últimos años la peor crisis de su historia en lo que respecta a violaciones graves a derechos humanos, lo cual sigue sucediendo en el sexenio presidencial actual. El conflicto mexicano ha acaparado la atención mundial en tanto se considera que actualmente los cárteles mexicanos son los principales proveedores en el mundo de cocaína
Lamentablemente, la estrategia gubernamental para combatirlos no sólo ha sido un fracaso
En relación con la segunda recomendación enviada al Fiscal General del Estado, dado que no existe una síntesis de la misma en su sitio web, en su informe anual 2012, la CEDH señaló que había emitido las recomendaciones “21 y 26/2013 relacionadas con víctimas de desaparición forzada, y a la necesidad de publicitar los datos de los desaparecidos a fin de buscar la colaboración de las personas en la ubicación de las víctimas.” Ver, CEDH. Informe anual 2012, Pág. 84. Información disponible en: http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/Transparencia/Fraccion17/2013/Informe_2013.pdf 26 CEDH. Recomendación 21, dirigida al Fiscal General del Estado. Síntesis disponible en: http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/Recomendaciones/2013/rec-21.pdf 27 The Institute for Economics and Peace (IEP). Goblal Peace Index Report 2013, measuring the state of global peace, pág. 47.
sino que ha traído aparejada una violencia exacerbada que, en su momento, fue calificada por el diario Le Monde como "una verdadera hecatombe que constituye, y por mucho, el conflicto más mortífero de los últimos años en el planeta"28. Según cifras oficiales, del 2007 al 2012 se interpusieron en el país 103,228 denuncias por homicidios dolosos29; se estima que hasta 1.2 millones de mexicanos se han desplazado a consecuencia de la violencia30; y en la actual administración las autoridades federales declararon que existe un registro de más de 27,000 personas desaparecidas31. La situación para el país fue tan complicada que generó múltiples pronunciamientos de todo tipo de instancias internacionales de protección de derechos humanos, así como de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos (incluidas Amnistía Internacional). Sobre el tema en comento, a partir de la visita a México del entonces relator de país de la CIDH (Rodrigo Escobar), éste reconoció algunos avances en materia de derechos humanos, pero también expresó “su profunda preocupación por la grave situación de derechos humanos que afecta al pueblo mexicano principalmente asociado con la situación de inseguridad que atraviesa el país.” Asimismo, El Dr. Escobar
… observ[ó] con profunda preocupación la información recibida según la cual se registró un aumento de denuncias por hechos de desaparición forzada. Según el registro llevado por la Comisión Nacional de [los] Derechos Humanos, habrían más de 5,000 denuncias de personas desaparecidas, sin contar el alto número de personas desaparecidas sobre las cuales no se presentan denuncias. Asimismo, se recibió información sobre la ausencia de una respuesta estatal rápida y eficiente ante esta situación al no existir mecanismos de búsquedas efectivos, no haber investigaciones oficiales y no existir programas de asistencia a las víctimas. A este respecto, durante
Le Monde. Mexique, la spirale de la barbarie, editorial, 28 de agosto de 2012. Obtenido en el sitio oficial de Le Monde el 11 de julio de 2013, disponible en: http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/08/23/mexique-laspirale-de-la-barbarie_1749042_3232.html 29 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia delictiva de 2007 a 2012, Nacional, Homicidios Dolosos. 30 The Institute for Economics and Peace (IEP). Goblal Peace Index Report 2013, measuring the state of global peace, pág. 47. 31 Amnistía Internacional. México: Base de datos de desapariciones, un paso positivo pero insuficiente. Comunicado de prensa, 22 de febrero de 2013.
la visita se recibió el testimonio de una madre cuyo hijo habría sido víctima de desaparición forzada hace dos años, y hasta la fecha el hecho continúa en la impunidad. El Relator de la CIDH exhorta al Estado a que promueva las acciones y medidas necesarias para actuar con la debida diligencia al investigar estas denuncias, sancionar a los culpables y dar apoyo a las víctimas.32
De igual manera, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias documentó la gravedad de la impunidad en relación con las desapariciones forzadas, preocupaciones que fueron retomadas y compartidas por el más reciente informe del Comité para la Tortura respecto de México33:
32. La impunidad para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular, permanece como el reto principal en México a nivel federal y local. Menos del 25% de los delitos son denunciados y sólo el 2% resulta en una sentencia condenatoria. El Grupo de Trabajo sólo fue informado de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada, mismas que se encuentran en apelación, a pesar del alto número de delitos reportados. La SCJN informó que, de los más de 64.000 casos que ha conocido desde 1995, solo uno trataba del delito de desaparición forzada. Este caso no abordó la responsabilidad penal de los acusados ni los derechos de las víctimas, sino que se trató de una controversia constitucional sobre la aplicación de un tratado internacional.34
Como se ha mencionado previamente, el estado de Chihuahua no es ajeno a esta situación.
CIDH. CIDH concluye visita a México. Comunicado de prensa 105/2011, de 30 de septiembre de 2011. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2011/105.asp 33 El Comité expresó su preocupación “por el aumento progresivo del número de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales o particulares que actuarían con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado, en estados como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, tal como informó el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (A/HRC/19/58/Add.2, párrs. 16 a 31) (art. 2).” Naciones Unidas. Comité contra la Tortura. Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, adoptadas por el Comité en su 49º período de sesiones (29 de octubre a 23 de noviembre de 2012). Doc ONU CAT/C/MEX/CO/5-6, de 11 de diciembre de 2012, párr. 12. Disponibles en: http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/486/57/PDF/G1248657.pdf?OpenElement 34 Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Misión a México. Doc. ONU A/HRC/19/58/Add.2, de 20 de diciembre de 2012, párr. 32.
Algunos efectos sociales de cinco años de guerra en Chihuahua.
Altos costos humanos y sociales: en tan sólo tres años se cuentan cuando menos diez mil huérfanos, 230 mil personas desplazadas de sus hogares, 116 mil viviendas abandonadas y tan sólo en Ciudad Juárez, 100 mil derecho habientes dados de baja en las instituciones de seguridad social.35Además, amplias áreas de las zonas rurales del estado se encuentran en proceso de despoblamiento, la vida social de muchas comunidades agoniza, se impone un ambiente de terror e incertidumbre por doquier. Estancamiento o retroceso de la economía: El estado de Chihuahua se ha visto seriamente afectado por el efecto combinado de las crisis económica y de inseguridad: el crecimiento promedio de la entidad entre 2005 y 2010 fue de sólo un 1.33% anual, contra un crecimiento de 2.03% anual del PIB nacional.36 El empleo se ha ido derrumbando: en los dos años de crisis el empleo se comportó como sigue: en 2007, había 684,345 puestos de trabajo en el estado, y para 2009, 607,746, es decir, casi 77 mil desempleados más.37 Sin embargo, otras fuentes son más drásticas en su apreciación: se dio a conocer que, según datos de la nueva metodología del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad Juárez perdió 92 mil 474 plazas laborales entre octubre del 2007 y mayo del 200938. Al mes de agosto de 2011, el estado de Chihuahua ocupó el cuarto lugar nacional en mayor desempleo, según las encuestas de ocupación del INEGI con un 7.34% de su población económicamente activa sin un empleo fijo, muy por encima del promedio nacional que fue de un 5.44% de la PEA.39Al caer el empleo, cae el ingreso de la población chihuahuense: al mes de agosto de 2011 el estado quedó fuera de los diez primeros lugares del ranking nacional de salarios, y con un ingreso inferior en un 47% al que se paga en el Distrito Federal, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Barraza, Laurencio (Coord.): Diagnóstico sobre la realidad económica, social y cultural de los entornos locales para el diseño de estrategias de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región Norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. CONAVIM, México, 2009, consultado en internet el 31 de octubre de 2011 en el sitio http://www.conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/pdf/JUAREZ.pdf. 36 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México, Indicador trimestral de la actividad económica estatal, primer trimestre 2011, págs. 17 y 25. 37 Centro de Inteligencia Económica y Social, Gobierno del Estado de Chihuahua, consultado el 31 de octubre de 2011 en: http://www.chihuahua.gob.mx/nuevodiseno/wire5.asp 38 El Diario de Juárez, 6 de octubre de 2011, nota de Martín Coronado. 39 El Diario de Juárez, 23 de septiembre de 2011, nota de Alejandro Salmón Aguilera.
Del año 2005 al 2007 la prensa da cuenta de pocas desapariciones forzadas de personas. Pero en el año 2008, el fenómeno se vuelve a incrementar considerablemente; desde el 10 de enero, el reportero de Diario de Juárez, Armando Rodríguez, reporta que ocho personas han sido “levantadas” en el Valle de Juárez.40 Conforme a las cifras oficiales el 15% del total de las averiguaciones previas abiertas por homicidios dolosos de 2007 a 2012 fueron interpuestas en Chihuahua,41 además es uno de los estados en donde existen más desapariciones forzadas e involuntarias42 y un grave problema sigue siendo la violencia generalizada en contra de las mujeres. En los últimos años, las dos ciudades más importantes del Estado, Ciudad Juárez y Chihuahua, se han clasificado dentro de la 50 ciudades más peligrosas del mundo, siendo además un caso excepcional el que existan dos ciudades de un mismo estado, provincia o departamento en dicha clasificación.43 Si bien es cierto que existe un importante reto dentro del ámbito federal por la cuestión de seguridad, es importante recordar que en México los tres niveles de gobierno tienen esa responsabilidad 44 . La actual administración del gobernador César Duarte ha hecho grandes esfuerzos para que la percepción pública de seguridad en el Estado de Chihuahua aumente; así Chihuahua es el segundo estado en invertir mayor cantidad en publicidad, así mismo, el número de personas torturadas, procesadas y sentenciadas por delitos que no cometieron se han elevado exponencialmente; existe un control del gobierno del estado de los medios de comunicación locales y, no existe certeza sobre una verdadera división de poderes.
El Diario de Juárez, 10 de enero de 2008. Ibídem, nota 3. 42 Amnistía Internacional. Enfrentarse a una pesadilla, la desaparición de personas en México. Op Cit., pág.5. 43 Estudio realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. Ranking de las 50 ciudades más violentas del Mundo. 44 El párrafo noveno del artículo 21 constitucional prevé, entre otros aspectos, que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios”.
IV. CONTEXTO ACTUAL: LA SUBSISTENCIA DE DESAPARICIONES Y GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ACTUAL SEXENIO Desafortunadamente, la situación antes narrada no ha podido ser subsanada por en los últimos tiempos y, lejos de lograr la intención de mantener la percepción que existe en relación a la disminución de delitos y violaciones de derechos humanos, éstas se siguen cometiendo en la actualidad. Como lo ha podido documentar Amnistía Internacional las desapariciones no quedaron en el sexenio anterior 45 . Las desapariciones forzadas en Chihuahua no han respetado administraciones presidenciales, partidos políticos, sexo, edad, condición social o discapacidad, y han pasado impávidas ante los ruegos de familiares que ven arrancados a sus seres queridos de sus viviendas, lugares de trabajo o celebraciones, corren tras los vehículos que les han aprehendido, o simplemente de quienes esperan que vuelvan a sus casas como siempre lo hacían después de terminar sus actividades diarias. Si bien los hechos concretos de los casos pueden ser distintos, todos ellos comparten la esperanza de las familias de conocer su paradero, de exigir justicia y de rogar porque estos hechos no vuelvan a suceder. También, todos los casos tienen que ver con la acción u omisión de las autoridades para frenar este fenómeno, adoptar garantías de no repetición, llevar a cabo búsquedas efectivas, y avanzar de manera diligente en las investigaciones, para identificar, procesar y sancionar a las personas responsables. Desde su campaña electoral, el ahora Presidente Enrique Peña Nieto señaló que la cuestión de seguridad formaría parte de sus cuatro ejes prioritarios en el país, junto con las cuestiones energéticas, sociales y el reposicionamiento internacional del país. En relación con la política de seguridad, el actual gobierno ha señalado lo siguiente:
La Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia del Presidente Peña enfatiza la prevención del delito, y privilegia el uso de la inteligencia y la tecnología en el combate a la delincuencia. Articula las siguientes diez estrategias de acción, que permitirán recuperar la paz para los mexicanos: 1. Prevención del delito y reconstrucción del tejido social. 2. Justicia penal eficaz.
Amnistía Internacional. Las autoridades deben esclarecer urgentemente nuevas desapariciones forzadas en Tamaulipas. Índice AMR: 41/049/2013. Declaración pública de 14 de agosto de 2013
Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía. Transformación del sistema penitenciario. Promoción y articulación de la participación ciudadana. Cooperación internacional. Información que sirva al ciudadano. Coordinación entre autoridades. Regionalización. Fortalecimiento de la inteligencia.46
Esa política está lejos de reflejarse en la realidad de las personas y comunidades. Considerando los indicadores del reporte de 2013 del Índice Global de Paz Internacional, México se encuentra en el grupo de países con más homicidios y crímenes violentos, y pertenece a los tres países en el mundo que cuentan con las cifras más altas de muerte por conflicto interno; según información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2013 se denunciaron en total 1’653,206 delitos de alto impacto en México47, cuyos índices de impunidad son alarmantes48. De acuerdo con información oficial, para el año 2013, Guerrero fue el primer lugar de incidencia en homicidios dolosos con una tasa por cada 100,000 habitantes de 59.22; Sinaloa tenía el segundo lugar (con una tasa de 41.20); y Chihuahua ocupó el tercer lugar, con una tasa de 39.69. Ello significa que en 2013 se cometieron 1,443 homicidios en el estado49. Si bien el gobierno del actual Presidente Enrique Peña Nieto se ha empeñado en marca una distancia de la antigua política de seguridad del ex Presidente Calderón relacionada con la “guerra contra el crimen organizado”, lo cierto es que en la actualidad tal política no se ha visto reflejada en una mayor seguridad para las personas, avances
Presidencia de la República. Política Pública de Seguridad y Procuración de Justicia. Disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/politicadeseguridad/ 47 Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia Delictiva de Alto Impacto 2000-2013. Este órgano incluye como delitos de alto impacto al robo en distintas modalidades, lesiones, homicidios, delitos patrimoniales (incluido el de extorsión), privación de la libertad, secuestro y otros. 48 Del total de delitos denunciados en 2011, la tasa de acusación fue de 10.98 %; la tasa de vinculación a proceso bajó a 9.14 %; y la tasa de condena fue de 6.46%. Cfr. Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, A.C. La impunidad en México 2013. Disponible en: http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/analisis-estadistico/summary/4-analisis-estadistico/161-laimpunidad-en-mexico-2013 Sobre el particular, también ver, Amnistía Internacional. El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo. Informe 2013, pág. 228. 49 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tasas por cada 100 mil habitantes. Información disponible en: http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/090820132
importantes en la impartición de justicia y lucha contra la impunidad, y reparación para víctimas y familiares. En ese sentido, el reciente informe del Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló, a partir de su visita a México en mayo del año pasado, lo siguiente:
Según la información proporcionada por las autoridades mexicanas, fueron cometidos 102,696 homicidios dolosos durante la pasada administración federal. Según el Gobierno a lo máximo 70,000 de ellos fueron asesinatos relacionados con las drogas. A esto se le une y, de hecho contribuye, una impunidad sistemática y endémica. Sólo entre el 1 y 2% de los delitos, incluyendo homicidios, llega a ser condenados50.
Por tal razón, el relator concluye que “El Gobierno debe proporcionar mayor protección a las familias de las víctimas, y debe iniciar causas judiciales de oficio, en virtud de funciones de investigación y enjuiciamiento adecuados. De lo contrario, estas situaciones dan lugar a una pérdida de fe en el sistema legal por parte del público y, a su vez a una mayor criminalidad e impunidad.”51 La falta de denuncia y la impunidad están claramente vinculadas con la corrupción de las autoridades, como lo reconoció la Dra. Gabriela Knaul en su visita al país. La experta asentó en su informe de Misión a México que “varias fuentes - incluyendo a autoridades de alto nivel - han informado a la Relatora Especial sobre corrupción extendida en los cuerpos policiales, en particular en los ámbitos municipales y estatales donde las infiltraciones de los grupos criminales parecen ser mayores.”52 La cita de la relatora es una realidad constante en Chihuahua, como se expondrá en el siguiente apartado.
Naciones Unidas. Observaciones preliminares sobre la visita oficial a México del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, 22 de abril al 2 de mayo de 2013. Declaración de prensa de 2 de mayo de 2013, pág. 4. Disponible en: http://hchr.org.mx/files/comunicados/2013/05/PressStatement-ObservacionesPreliminares_SP.pdf 51 Ídem., pág. 8. 52 Naciones Unidas. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados. Misión a México. Doc. ONU A/HRC/17/30/Add.3, de 18 de abril de 2011, párr. 54.
A. Desapariciones en cifras Dada la importancia que este tiene para los familiares y para avanzar en el derecho individual y colectivo a la verdad, se adjunta al presente documento un diagnóstico elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ha trabajado incansablemente y por más de diez años en la identificación de restos en diversas entidades mexicanas, incluida Chihuahua. Según cifras oficiales, para el 15 de diciembre de 2013, existían 1,343 personas desaparecidas en el estado de Chihuahua con reporte vigente de desaparición. 53 Este registro no incluye las víctimas de privación de libertad, secuestro o desaparición forzada. De la información obtenida por la Fiscalía, sobre las 1343 personas con reporte vigente, se advierte lo siguiente: 220 son mujeres y 1123 son hombres; De las mujeres resalta un número importante de adolescentes y en el caso de los hombres la gran mayoría son adultos jóvenes en edad productiva; 310 corresponden al año 2013, 214 al 2012, 231 al 2011 y 161 al 2010 y el resto se diluye en los años anteriores; La ciudad de Chihuahua concentra el 15% de los reportes vigentes y representa un 20% de la población total del estado, Ciudad Juárez concentra el 44% y representa el 39% de la población y, ciudad Cuauhtémoc Chihuahua concentra el 13% de los reportes vigentes y su población representa únicamente el 4.5% del total.
V. LA IMPOTENCIA Y FRUSTRACIÓN DERIVADAS DE LA IMPUNIDAD En el tema de personas desaparecidas, México ha recibido al menos 30 recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos, 54 las cuales en
Información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, obtenida vía INFOMEX, Folio UIFGE-I-324-2013 029042013, datos proporcionados hasta el 15 de diciembre de 2013. 54 Ver, Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, México. Doc. ONU A/HRC/25/7, de 11 de diciembre de 2013. Disponible en: http://www.hchr.org.mx/files/informes/EPU2013/InformeGpoMxEPU_ES.pdf; Informe del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Op. Cit.; Caso González y Otras Vs. México, Op. Cit.; Informe del Comité contra la Tortura, infra; Caso Radilla Pacheco Vs. México, infra; Informe del Comité de Derechos Humanos respecto de México; Informe del Relator Especial sobre Venta de Niños (2008); Informe
general se refieren a: implementar mecanismos de búsqueda inmediata, investigar efectivamente, mantener coordinación entre autoridades estatales y federales y, adecuar la normatividad y, sobre la protección y reparación a favor de las víctimas. Algunas de éstas se refieren específicamente al estado de Chihuahua en donde se ha destacado la desaparición de mujeres y feminicidios. Por otro lado la sentencia de la Corte Interamericana “González y otras” (Campo Algodonero) si bien se refiere a casos de feminicidios en Ciudad Juárez, se hace referencia a las negligencias y omisiones en la búsqueda e identificación de restos. Las desapariciones forzadas e involuntarias, fueron el tema invisible durante el sexenio anterior. Gracias al activismo de familiares y organizaciones, la problemática y su dimensión se logró colocar en la agenda nacional. Las organizaciones que presentamos este informe, identificamos como principales obstáculos para el acceso a la justicia y la verdad, los siguientes: i. La falta de reconocimiento del Estado sobre la magnitud del problema de las desapariciones forzadas e involuntarias, impide que se implementen políticas públicas adecuadas o planes de acción efectivos, sobre la prevención, búsqueda e investigación que permitan erradicar o disminuir la problemática. Un grave problema es la falta de cifras oficiales precisas sobre el número de personas desaparecidas; a pesar de que en 2011 se publicó la Ley del Registro de Personas Extraviadas o Desaparecidas y de las diversas recomendaciones de organismos de derechos humanos sobre la necesidad de un registro nacional único, éste aunque existe, dista mucho de ser un padrón completo y actualizado, además al momento en el que se elaboró este informe no se encontraba disponible para acceso del público.55 Esta preocupación ha sido recogida por Amnistía Internacional y otros organismos de internacionales de derechos humanos, llamamos la atención sobre la recomendación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU en su último informe sobre la situación actual del país: “El Grupo de Trabajo recomienda que se
especial de la Relatora sobre Violencia hacia Mujeres (2006); Informes del CEDAW respecto de México (2005 y 2012), Informes CIDH 2003 y 1998. 55 Vea: http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/ConsultaPublica, ante cualquier búsqueda arroja una ventana emergente que señala datos no disponibles.
reconozca la dimensión del problema de la desaparición forzada como el primer paso para desarrollar medidas integrales y efectivas de erradicación”56 En relación a la inadecuada atención estatal que no responde a la gravedad del fenómeno, nos referimos particularmente sobre el hecho de que desaparecer, no es un delito y por tanto el aviso a las autoridades de la no localización de una persona en la que no existen testimonios de sobre detención o sustracción, las autoridades no se encuentran obligadas a iniciar una investigación ministerial, tan es así que en estos casos no se inicia una carpeta de investigación 57 sino un reporte de ausencia, desaparición o extravío, procedimiento que deriva, principalmente, en el intercambio de oficios interinstitucionales en los que se solicita a hospitales, centros penitenciarios y organismos estatales de derechos humanos que proporcionen información sobre el/la desaparecida en caso de tenerla. ii. No se garantizan las condiciones de seguridad para que las/os familiares realicen la denuncia formal de las desapariciones en todos los casos. En un número considerable de casos no se da aviso a las autoridades debido a que existe un gran temor de ser sujetos de represalias; en el estado existen ejemplos devastadores sobre la denegación de protección por parte de las autoridades responsables, este es el caso de Marta Loya Rosales quien se dedicó activamente a la búsqueda de su hijo desaparecido el 15 de julio de 2011 en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua y quien en 2013 fue desaparecida por un grupo de personas armadas, el CEDEHM tuvo conocimiento de que antes de que sucedieran estos hechos Marta habló a la Fiscalía para avisar que un grupo de hombres armados se encontraban a fuera de su domicilio, sin embargo personal de la Fiscalía acudió una hora después cuando ya se había perpetrado la privación. Al día de hoy se desconoce el paradero de la señora Loya Rosales. Este caso no sólo evidencia la falta de condiciones para la denuncia, sino también la de protección para los sujetos procesales. En su última visita a México, el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, sobre Chihuahua señaló lo siguiente:
Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Op. Cit., párr. 80. 57 En el nuevo sistema de justicia penal, la carpeta de investigación sustituye a lo que se denomina averiguación previa en el sistema tradicional.
Se me ha informado de sucesos alarmantes de familias que enfrentan represalias o amenazas por parte de las autoridades estatales o del crimen organizado cuando solicitan una investigación o acción judicial. En un caso en Chihuahua, una madre desapareció después de instar en repetidas ocasiones a las autoridades a investigar la desaparición de su hija. A otra madre que solicitaba la investigación de la muerte de su hijo se le advirtió que dejara de presionar a las autoridades ya que podría terminar como la primera.58
iii. La impunidad generalizada y la falta de confianza en las autoridades por la colusión e infiltración del crimen organizado en las instancias del estado, son otros de los factores que inhiben la denuncia formal. Resulta pertinente exponer el caso de Jesús Alfredo Delgado Vásquez, desaparecido el 12 de septiembre de 2013 quien fue detenido junto con su pareja por un grupo de hombres armados, al momento en que se encontraban en cautiverio, los padres de Jesús acudieron a la Fiscalía a interponer la denuncia, estando ahí recibieron una llamada para amenazarlos. La pareja de Jesús Alfredo, que fue liberada a las pocas horas, atestiguo narró que los captores fueron avisados vía telefónica de que la familia se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía. Asimismo, en muchas ocasiones los agentes del Ministerios Públicos intentan desalentar la denuncia, por un lado diciéndoles a las/os familiares que corren riesgo por denunciar y por el otro, insinuando que la causa de la desaparición se debe probablemente a que la persona desaparecida se encontraba involucrada con el crimen organizado. Heber Iván Arias Domínguez, guardia de seguridad de una empresa desapareció el 24 de septiembre de 2011 después de que días antes había sido brutalmente golpeado en su lugar de trabajo por un grupo de personas armadas y encapuchadas. Su madre llamó a la policía donde tomaron los datos de los hechos y le dijeron que esperara 72 horas para presentar la denuncia. Transcurrido este tiempo, acudió con el agente del ministerio público quien le dijo: "hemos recibido amenazas por ese caso, usted no le mueva ni ande preguntando". A pesar de esto, se tomó el reporte de desaparición. Adicionalmente cuando la madre ha ido a preguntar por los avances en la investigación, el agente del ministerio público le ha dicho que están a la espera de que aparezcan cadáveres para ver si coincide con los datos de su hijo.
Naciones Unidas. Informe relator ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias. Op. Cit., pág. 8.
Como ha ocurrido en otros países en los que, por la delicadeza de la información que se maneja y el riesgo de publicitarla, el CDHPN cuenta con diversos elementos que le han hecho suponer la participación y/o tolerancia de funcionarios públicos al menos tres casos de desaparición forzada. Dado que las autoridades no han dado ninguna respuesta satisfactoria a estos hechos u otros similares, las organizaciones de derechos humanos que presentamos este informe consideramos que se puede aplicar de manera análoga la inversión de la carga de la prueba en tanto es el Estado el que tiene o debería tener la información para dilucidar estos hechos 59 . En razón de esta posible colusión entre autoridades y perpetradores, se ha solicitado la intervención de la Procuraduría General de la República, instancia que al menos de palabra, ha aceptado la petición. iv. La falta de sensibilidad y profesionalismo de muchos agentes del Ministerio Público, lo cual representa un serio obstáculo para la procuración de justicia. También lo es la falta de criterios claros para tomar las denuncias o reportes de desaparición. En los casos de personas que están desaparecidas y donde no existen testigos de una privación de libertad, sigue siendo un criterio prevaleciente el de tomar la denuncia hasta pasadas las 72 horas, incluso en muchos casos de mujeres. Ello pese a que la sentencia de Campo Algodonero establece que "el Protocolo Alba, o cualquier otro dispositivo análogo en Chihuahua, debe seguir, entre otros los siguientes parámetros: i) implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se presenten casos de desaparición, como una media tendiente a proteger la vida, libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida [...]."60 v. Otra cuestión a considerar es la diversidad de delitos o clasificaciones jurídicas en las que se puede encuadrar la desaparición forzada o involuntaria. Chihuahua es uno de los
En relación con la inversión de la carga de la prueba, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “Es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio. La Comisión, aunque tiene facultades para realizar investigaciones, en la práctica depende, para poder efectuarlas dentro de la jurisdicción del Estado, de la cooperación y de los medios que le proporcione el Gobierno.” Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de fondo de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 136; Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Sentencia de fondo de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 142. En el mismo sentido, ver Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 79 in fine. 60 Corte IDH. González y otras vs México (“Campo algodonero”). Op Cit., párr. 506.
estados en los que se encuentra tipificado el delito de desaparición forzada, sin embargo en preocupante frecuencia cuando se interpone la denuncia, los Ministerios Públicos desestiman de inmediato el dicho de las/os familiares y clasifican los hechos como privación de libertad, abuso de autoridad o incluso desaparición o extravío, las organizaciones que elaboramos este informe tenemos conocimiento de diversos casos en los que en la denuncia se omite asentar los datos que relacionan a los perpetradores con agentes del Estado. Ejemplo de lo anterior es el caso de la desaparición forzada de Adrián Favela Márquez y Adriel Alonso Ávila a manos de agentes de la policía ministerial, el 2 de octubre de 2012 en Ciudad Juárez Chihuahua. En presencia de varios vecinos/as, un grupo de sujetos armados, vestidos de civil y que se ostentaron como parte de la Policía Ministerial, detuvieron y se llevaron a los dos jóvenes. La denuncia de los hechos se realizó vía telefónica por lo que personal de la Unidad Especial en Investigación de Personas Ausentes o Extraviadas acudieron a la vivienda en la que se llevó a cabo la sustracción, ahí se entrevistaron con los testigos presenciales. Los hechos se clasificaron como privación ilegal de libertad y se omitieron los testimonios de las personas que señalaron que los sujetos se ostentaron como funcionarios públicos. Al día de hoy la investigación ministerial permanece en la hipótesis de privación ilegal de libertad a pesar de que existió un informante que declaró que se había enterado que los jóvenes fueron vistos dentro de las instalaciones de la Fiscalía con signos de tortura, lo que derivó la presentación de un amparo al que la Fiscalía respondió negando los hechos. De igual forma, en varios casos en los que legalmente iniciar una carpeta de investigación por existir elementos suficientes para clasificar los hechos como privación ilegal de libertad, se redacta un reporte de desaparición que no implica para la autoridad una obligación de investigar ministerialmente, sino que se realiza una especie de trabajo social a través del cual se solicita vía oficio a diferentes instituciones información de la persona desaparecida. Tal es el caso de Christian Humberto Corona Ulloa quien fue sustraído de su libertad por un grupo de hombres armados que lo subieron a la fuerza a una camioneta el 6 de octubre de 2012, hechos que ante la autoridad derivaron en un reporte de desaparición. Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, sobre su misión a México, informó: “Debido a la impunidad prevaleciente
muchos casos que podrían encuadrarse bajo el delito de desaparición forzada son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos. En muchas ocasiones, los casos de desapariciones forzadas son eufemística y popularmente denominados ‘levantones’. El Grupo de Trabajo recibió múltiples testimonios de casos en que la privación ilegal o arbitraria de la libertad era clasificada bajo delitos distintos, tales como el secuestro o el abuso de autoridad, o las personas son simplemente consideradas ‘extraviadas’ o ’perdidas’ (particularmente en grupos como mujeres, menores y migrantes) sin una adecuada investigación para descartar la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada. (…) Sólo mediante una investigación independiente, imparcial y completa se puede descartar una potencial desaparición forzada. Por ende, el número de casos de desaparición forzada no puede ser establecido a cabalidad sin la debida investigación.”61 vi. No existen o no se aplican protocolos de reacción inmediata que deriven en la búsqueda exhaustiva de la persona desaparecida dentro de las primeras horas, tiempo fundamental incrementar las posibilidades de éxito. Los cuerpos policiacos no reciben la alerta inmediata sobre las características de los perpetradores y/o sobre los vehículos con los cuales se realiza la privación ilegal de libertad, que pudiera servir para implementar operativos. Sirva de ejemplo de lo anterior el caso de la desaparición de Luis Carlos Hernández Sánchez el 22 de mayo de 2010 en ciudad Cuauhtémoc, quien fue detenido por hombres armados afuera de su domicilio. Su madre, siguió al vehículo en el que llevaban a Luis Carlos que se dirigía a la carretera con rumbo a La Junta, ahí otro vehículo se le atravesó intencionalmente para impedirle el paso, ella de inmediato llamó por teléfono a sus familiares para que iniciaran la búsqueda o persecución de forma inmediata, ante la petición la Fiscalía no realizó esfuerzos de rescate y únicamente se limitó a tomar la denuncia, sin siquiera dar aviso a la policía de La Junta. vii. Se presentan sistemáticamente serias deficiencias en la búsqueda e
investigación. En la práctica, las organizaciones de derechos humanos que presentamos
Naciones Unidas. Informe del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Op. Cit., párrs. 18 y 21.
este informe, hemos constatado que los rastreos de búsqueda de personas son mínimos y que en general la autoridad se atiene a los hallazgos fortuitos de fosas clandestinas denunciado por la ciudadanía. Ante la gran cantidad de personas desaparecidas forzada o involuntariamente, sería deseable que el Estado implementara rastreos permanentes con los recursos científicos, materiales y humanos suficientes que permitieran reducir al mínimo posible, el número de personas no localizadas. Es el caso de siete hombres privados de su libertad en el mismo día y en el transcurso de pocas horas, todos trabajadores de un centro de rehabilitación CAADIC de ciudad Cuauhtémoc, el 16 de junio de 2011, hechos claramente relacionados entre sí que derivaron en la apertura de 3 carpetas de investigación diferentes a cargo de distintos Ministerios Públicos. Actualmente y a instancia de las/os representantes legales de las víctimas, los tres expedientes se acumularon. En general existe una demora excesiva o ausencia de diligencias básicas para dar con el paradero de la persona desaparecida, tales acciones son: inspección del lugar de los hechos en los casos que corresponda; búsqueda y entrevista de testigos presenciales; obtención del reporte de llamadas telefónicas o ubicación geográfica del teléfono celular; publicación y amplia divulgación de la fotografía de la persona desaparecida y del retrato hablado de los perpetradores; investigación sobre la posible conexión con algún otro hecho por convenir en el modo de comisión, sujetos activos, vehículos, balas u otros factores o circunstancias que sugieran una relación entre los casos. Por otra parte, no existe un cuerpo especializado de investigación en desapariciones, por lo que en la gran mayoría de los casos no se elabora una ruta o plan de acción y se realizan acciones desvinculadas que no obedecen a una metodología adecuada. Un caso paradigmático que se encuentra en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es el de Rocío, Nitza y José Alvarado, desaparecidos forzadamente el 29 de diciembre de 2009 en la comunidad de Benito Juárez, del municipio de Buenaventura. En los meses anteriores y posteriores de la desaparición, la comunidad estuvo ocupada por un gran número de militares que cometieron abusos y violaciones de derechos humanos. Las/os familiares tuvieron información de que las y el desaparecido se encontraban detenidos en el batallón 35 y así se expuso a las diversas autoridades antes quienes se interpuso la denuncia.
En este caso, las diligencias que el Estado debió realizar oportunamente son: acudir inmediatamente a las instalaciones del Batallón 35 a verificar si dentro de las instalaciones se encontraban detenidos y, en caso de no encontrarlos buscar evidencia de su probable permanencia anterior en ese lugar; investigar inmediatamente a los militares que realizaban labores de seguridad en el Ejido Benito Juárez y llamarlos a declarar; recabar otras posibles testimoniales de testigos presenciales como pueden ser vecinos o personas de la comunidad que pudieran haber tenido conocimiento de los hechos; acudir al hotel donde se hospedaban los militares para recabar los nombres o datos que permitieran conocer la identidad de los soldados que estuvieron en la comunidad durante diciembre de 2009, ahí mismo preguntar por los vehículos que utilizaban en las horas que no se encontraban en servicio; recabar testimoniales de la comunidad sobre el modus operandi y el lugar en el que pudieron haber retenido a otras personas en los meses inmediatos anteriores a la desaparición; investigar el nombre de el mando militar que puso la camioneta propiedad de Nitza a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones; investigar directamente en la Agencia Estatal de Investigaciones cual fue el procedimiento por el cual ingresó la camioneta propiedad de Nitza; entrevistar a las autoridades que proporcionaron información sobre la estancia Nitza, Rocío y José en el Batallón 35; llamar a declarar a una instancia civil al Coronel que señalaron como encargado del operativo en el que se llevó la detención arbitraria y posterior desaparición; los hechos de una forma integral valorando el contexto de abusos militares cometidos en la región y; realizar constantes diligencias de búsqueda hasta dar con el paradero de las y el desaparecido. En general, las investigaciones están supeditadas a las aportaciones de datos y búsqueda de los/as familiares de las víctimas, las autoridades correspondientes no investigan por iniciativa propia, sino que se pretende endosar la responsabilidad a las víctimas. Las organizaciones que suscribimos este informe, hemos advertido que ante el activismo y la presión de familias y representantes legales por la ausencia de acciones efectivas, comúnmente se engrosan los expedientes con oficios que carecen de relevancia para simular cumplimiento. Fabián Arturo Trevizo Rivas, desapareció de su domicilio el 29 de noviembre de 2011 y la única información que se tiene fue que antes de salir recibió una llamada telefónica de alguien que se supone después llegó por él La agente del Ministerio Público encargada de la investigación solicitó el registro de llamadas de un año antes a la
desaparición, cuando la familia tuvo acceso al expediente y constató esta situación, ya no era posible obtener el registro de llamadas de los días previos y posteriores a los hechos. vii. Se siguen cometiendo constantes violaciones a los derechos de las/os familiares. En el tema de atención a víctimas, persisten prácticas inadecuadas que vulneran los derechos y las garantías procesales que les asisten y, aunque éstas se encuentran plasmadas dentro del orden interno, en la realidad en muchas ocasiones no se materializan. Actualmente es muy frecuente que no se proporcionen copias del expediente o carpeta de investigación, que no se permita o facilite el libre acceso a éste, que no se informe sobre el desarrollo y avance de la investigaciones, que se revictimiza a las/os familiares solicitando en reiteradas ocasiones que declaren sobre los mismos hechos, que no se proporcionen medidas de seguridad y protección cuando se denuncian amenazas y hostigamientos. Las/os familiares y amistades de las víctimas, así como sus asesores jurídicos y acompañantes, no son atendidos con la profesionalidad requerida y, peor aún, son intimidados de formas distintas, sutiles y groseras, cuando se les exige a las y los agentes encargados que hagan su trabajo. Peor aún la consecuencia de dichas hostilidades se traduce en miedo a seguir investigando sobre las desapariciones o a ser agredido/a u obstaculizado por quienes se supone están encargados no sólo de investigar, sino de brindar seguridad.
VI. PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE RESTOS HUMANOS El problema de la identificación de restos es uno de los principales retos del estado Mexicano en materia de desaparición. En abril de 2013 la CNDH señaló que en el país existen 15, 921 personas fallecidas no identificadas en las instancias del Estado.62 A pesar que en el estado de Chihuahua existe una base de datos genética, esta no es alimentada constantemente y, además no se tiene certeza del cruce masivo de datos con las instancias federales.
El UNIVERSAL, “En 7 años, 48 mil 300 desaparecidos: CNDH“, 9 de abril de 2013, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/205397.html, consultado: febrero 13, 2014.
No está garantizada la debida diligencia en la recolección, manejo y traslado de evidencias. En el caso de José Rosario Hernández, desaparecido forzadamente el 23 de octubre de 2011, sus familiares tuvieron conocimiento por los medios de comunicación del hallazgo de una fosa clandestina con dos cadáveres en la zona sur del estado, la vestimenta de uno de ellos coincidía con la que portaba José el día de su desaparición. Sus representantes solicitamos por escrito el 6 de julio de 2012, a la Fiscalía que se trasladaran las evidencias a la zona occidente, donde se encuentra la investigación con el propósito de que la familia pudiera realizar un reconocimiento de evidencias; al día de hoy, esto no ha sido posible debido a que la autoridad han podido señalar en donde se encuentran las evidencias actualmente. Otro de los casos graves que evidencian la política de simulación, es el caso de Victor Hugo Portillo Hernández, desaparecido el 9 de julio de 2009. La familia da cuenta de que a principios de julio de 2011, una agente del Ministerio Público les propuso que “tomaran uno de los cuerpos del SEMEFO, que de todas formas ellos iban a seguir buscando por el ADN”, la familia se indignó y rechazó la oferta. Sobre la serie de obstáculos existentes en Chihuahua que impiden la identificación adecuada y oportuna de restos, se adjunta al presente documento como anexo el dictamen realizado por el Equipo Argentino de Antropólogas Forenses. En ocasión de la visita del Relator de Ejecuciones Extrajudiciales a Chihuahua, éste señaló lo siguiente:
Visité el Instituto de Ciencias Forenses en la ciudad de México, así como los servicios forenses en Chihuahua y quedé impresionado por las operaciones y servicios que pude constatar. Sin embargo, por los actores institucionales y de la sociedad civil me enteré de que la coordinación de los servicios forenses en todos los estados es insuficiente. Asimismo, los servicios de ciertos estados son muy deficientes y carecen de plena capacidad para realizar análisis complejos, y en algunos casos no pueden tampoco ser revisados por forenses expertos. En muchos casos, los servicios forenses no recuperan los cuerpos de las propias escenas de los crímenes. Esto puede dar lugar a una situación en que no hay pruebas suficientes para condenar debidamente al perpetrador.63
Naciones Unidas. Informe relator ejecuciones extrajudiciales. Op. Cit., pág. 6
VII.CIUDAD CUAUHTÉMOC Y VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES: DOS CASOS PARADIGMÁTICOS A. Ciudad Cuauhtémoc Ciudad Cuauhtémoc se encuentra ubicada a 100 km de la capital del estado de Chihuahua. En los últimos años, esta ciudad y los municipios aledaños, ha presentado un fuerte incremento de personas desaparecidas, privadas de su libertad y desaparecidas forzadamente. Esta región se ubica dentro del denominado triángulo dorado porque se unen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango y donde como campaña contra el narcotráfico se implementó de 1977 a 1987 la Operación Cóndor en la que participaron más de 20,000 soldados que cometieron múltiples violaciones de derechos humanos en contra de la población. Cuenta con una población de 154, 639 habitantes, Cuauhtémoc es una ciudad media y se caracteriza por ser una zona de transición entre la llanura y la sierra tarahumara en donde por años, ha existido una fuerte presencia del crimen organizado debido a que las condiciones para la siembra de estupefacientes son muy favorables. Actualmente la región se encuentra ocupada con la presencia hegemónica de Cartel de Juárez, quienes controlan extensos territorios donde existe un “estado fallido”, incluso, es de conocimiento público que en muchos municipios los jefes policiacos son impuestos por el crimen organizado a la autoridad legalmente constituida.
Las cifras oficiales indican que en la zona occidente existen 71.64 personas desaparecidas actualmente por cada 100 mil habitantes.64 Como ya se hizo mención previamente, para la pequeñez de la ciudad y sus habitantes, la magnitud de violaciones de derechos humanos que son cometidas, Ciudad Cuauhtémoc es un ejemplo paradigmático de la corrupción, colusión de autoridades con el crimen organizado u otros actores con poder, y con la comisión de gravísimas violaciones de derechos humanos. Prueba de ello son algunas recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En ese sentido, la Recomendación No. 10/ 2012 se envió al Fiscal General del Estado a fin de que pudiera subsanar los hechos que dieron origen a ese instrumento a partir de que “Una persona se queja de irregularidades durante la tramitación de la carpeta de investigación formada con motivo de los hechos en los cuales perdió la vida su esposo, así como un retardo para resolver dicha indagatoria, radicada ante la oficina investigadora de Guachochi.” La CEDH concluyó que había habido retardos injustificados en la integración de la carpeta de investigación. Asimismo, la Recomendación No. 18/ 2013 se dirigió al Presidente municipal de Cuauhtémoc y se refiere al inicio de oficio de una queja en virtud de la muerte de una persona con discapacidad “detenida en los separos de la cárcel municipal de Cuauhtémoc. Del proceso de investigación, las evidencias arrojaron que existen datos o elementos para presumir probable violación al derecho a la vida del detenido, en la modalidad de muerte en custodia por parte de algunos servidores públicos. Finalmente, la CEDH inició una queja a partir de que una persona menor de edad fue detenida y posteriormente murió en la cárcel municipal de Cuauhtémoc, sin haber recibido atención médica. En ese lugar habían perdido la vida 3 personas en 3 días. Ello dio origen a la emisión de la Recomendación No. 20/11, dirigida al Presidente municipal de Cuauhtémoc.65
Dato obtenido de la información pública proporcionada por la Fiscalía, cita anterior y con datos de población del INEGI. 65 Ver, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Recomendaciones emitidas por la CEDH a lo largo de su historia. Seleccione el año para visualizarlas. Disponibles en: http://www.cedhchihuahua.org.mx/inicio/index.php/recomendaciones
Las organizaciones que presentamos este informe, acompañamos y tenemos documentados al menos 64 casos de personas desaparecidas forzada o involuntariamente en la zona occidente. Se han encontrado en la región varias fosas clandestinas con restos humanos, lo que revela un claro patrón de actuación por parte de los perpetradores, ejemplo de lo anterior es la fosa encontrada a las afueras de Cuauhtémoc, conocida como "Rancho Dolores" donde en octubre de 2011, localizaron restos completamente calcinados y, aunque las autoridades no han determinado el número de personas al que podrían corresponder, fuentes extraoficiales manejan que existen más de 200 sobres que contienen evidencias humanas.66 Se desconocen las causas que motivan la desaparición de personas en la región, sin embargo es evidente que en muchas ocasiones, cualquier pretexto o ante la menor provocación de los integrantes del crimen organizado, sirve para cometer estos crímenes, esto no sería posible sin la impunidad generalizada y el empoderamiento de los grupos del narcotráfico ante el estado fallido. Ejemplo de lo anterior es el caso de 8 integrantes de la familia Muñoz, quienes fueron desaparecidos forzadamente por policías municipales y grupos armados del narcotráfico, debido a que horas antes de los hechos, tuvieron un desacuerdo con la policía municipal quienes se negaron a brindar protección a la familia, lo que provocó el reclamo de la familia por la negligencia de la policía. Otra hipótesis es la que las desapariciones son perpetradas para obligar a trabajos forzados, el CEDEHM recabó el testimonio de un joven de 15 años que fue privado de su libertad en Cuauhtémoc y lo llevaron hasta la sierra de Sinaloa donde lo tuvieron trabajando en empaquetado y distribución de droga, señala que había grandes plantaciones de estupefacientes, bodegas de empaque y otros jóvenes que trabajaban obligadamente, finalmente el joven pudo escapar del cautiverio.
El Diario de Chihuahua. Oculta Fiscalía datos de restos humanos en fosa clandestina, 2 de febrero de 2012, disponible en: http://diario.mx/Estado/2013-02-12_d86a9004/oculta-ﬁscalia-datos-de-restos-humanos-enfosa-clandestina/, última consulta: 1 de junio de 2013.
B. Violaciones a los derechos de las niñas y mujeres
a. Estadísticas Sobre la desaparición de mujeres y niñas en el estado de
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua en la página electrónica67 creada en cumplimiento del resolutivo número 20 de la Sentencia Caso González y Otras (“Campo Algodonero”), con el fin de que la población contribuya a la localización de las mujeres y niñas desaparecidas, da a conocer que a la fecha de este informe, que se encuentran desaparecidas: En la Zona Centro, 27 mujeres En la Zona Norte, 91 mujeres En la Zona Occidente, 23 mujeres En la Zona Sur, 12 mujeres Esto significa que al menos 153 mujeres están desaparecidas en el estado de Chihuahua desde hace años. Sin embargo, esta página carece de información respecto a las mujeres que desaparecieron en los años 2013 y 2014, como es el caso de Tanhia Melissa Pereira Márquez, quien se encuentra desaparecida desde el 26 de junio de 2013 y cuya información no aparece en dicha página. Respecto a las desapariciones ocurridas durante el año 2013, a través de periódico local la Fiscalía informó que durante dicho año: 932 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, de las cuales 886 fueron recuperadas con vida, 11 sin vida y 35 permanecen desaparecidas68. En este mismo medio de comunicación, informó que en enero de 2014, 30 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, 26 fueron localizadas con vida y 3 se
Fiscalía General del Estado de Chihuahua, consultado el 11 de http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=247#.UvlB-EJ5NXc 68 El Heraldo de Chihuahua, publicación del 01de febrero de 2014, sección local 13A
encuentran desaparecidas, una de ellas Esperanza Manuela Chaparro Sáenz de 19 años de edad, quien desapareció el 26 de enero de 2014 y cuya información tampoco figura en la página electrónica arriba mencionada. Sin embargo, está información solo se logra obtener varios meses después de que las desapariciones han ocurrido, pues la Fiscalía es omisa al responder a las solicitudes de acceso a la información pública, que Justicia para Nuestras Hijas realiza de forma constante para conocer de los reportes por desaparición que son interpuestos cada mes, con el fin de saber cuántas jóvenes están desapareciendo, cuántas y cómo están siendo localizadas y cuántas continúan desaparecidas, esto con la finalidad de poder monitorear de forma más real y verídica el problema de la desaparición en el estado de Chihuahua. Por ende preocupa a la Organización está falta de transparencia, ya que obstaculiza el trabajo para prevenir y atender la desaparición de mujeres y niñas. b. Desaparición y Trata de Mujeres Durante los años 2008, 2009 y 2010, varias jóvenes de entre 15 y 20 años desaparecieron en Ciudad Juárez, en circunstancias muy similares: en el centro de la ciudad, en el trayecto de su escuela a la casa o bien al ir en búsqueda de un trabajo, además eran jóvenes que vivían en situación de pobreza o pobreza extrema. Ante la lentitud de las autoridades, sus madres comenzaron a buscarlas intensamente, algunas de ellas se agruparon en Justicia para Nuestras Hijas desde 2010, nombrando a esta organización coadyuvante en la investigación (representante legal). Desde el principio las familias y JPNH, señalaron a las autoridades que era muy probable que las jóvenes se encontraran en manos de tratantes, sin embargo las autoridades estatales se mostraban renuentes a fortalecer una línea de investigación por trata y siguieron investigando en el entorno familiar de la víctima, con hipótesis referentes a que ellas habían decidido irse por problemas familiares. Por otro lado las autoridades federales a quien compete investigar los delitos de trata, por ser crimen organizado, únicamente se limitaron a aceptar y declinar los casos en varias ocasiones, no aportando así, nada significativo a la investigación.
Las familias de las víctimas, recibieron información extra oficial que indicaba que en un poblado llamado San Agustín, ubicado en el Valle de Juárez, existía una casa en la cual tenían a algunas de las jóvenes que se estaban buscando y que éstas eran explotadas sexualmente. Las familias de JPNH, acudieron a ubicar dicha casa, una vez que la ubicaron, se dio aviso a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), Institución que un mes después realizó un operativo de búsqueda en dicha casa, descartando la presencia de las jóvenes ahí. No obstante, en noviembre de 2011, la familia de Adriana Sarmiento, jóven de 15 años de edad, quien desapareció el 18 de enero de 2008, se enteró por fuentes ajenas a la Fiscalía, que los restos óseos de su hija se encontraban en el SEMEFO (Servicio Médico Forense) desde el 5 de noviembre de 2009, y que además localizados en el poblado de San Agustín. Ante esta situación, Justicia para Nuestras Hijas, exigió a la Fiscalía del Estado de Chihuahua, realizar rastreos en esta zona del Valle de Juárez para la búsqueda de otras jóvenes. Los rastreos llevados a cabo en enero de 2012, dieron como resultado la localización de múltiples restos óseos en un lugar conocido como Arroyo del Navajo ( a 40 minutos del poblado San Agustín). De los restos óseos localizados en el Arroyo del Navajo, a la fecha han sido identificadas las siguientes jóvenes: 1. Brenda Berenice Castillo García, 17 años de edad, reportada como desaparecida el 6 de enero de 2009. 2. María Guadalupe Pérez Montes, 17 años de edad, reportada como desaparecida el 31 de enero de 2009. 3. Marisela Ávila Hernández, 22 años de edad, reportada como desaparecida el 18 de marzo de 2009. 4. Mónica Alanís Esparza, 18 años de edad, reportada como desaparecida el 26 de marzo de 2009. 5. Lizbeth Aviles García, 17 años de edad, reportada como desaparecida el 22 de abril de 2009. habían sido
6. Perla Ivonne Aguirre González, 15 años de edad, reportada como desaparecida el 11 de octubre de 2009. 7. Idalí Juache Laguna, 19 años de edad, reportada como desaparecida el 24 de febrero de 2010. 8. Yasmin Taylen Celis Murillo, 17 años de edad, reportada como desaparecida el 4 de abril de 2010. 9. Beatriz Alejandra Hernández Trejo, 20 años de edad, reportada como desaparecida el 27 de abril de 2010. 10. Jessica Leticia Peña García, 15 años de edad, reportada como desaparecida el 16 de junio de 2010. 11. Yanira Frayre Jaquez, 15 años de edad, reportada como desaparecida el 16 de junio de 2010. 12. Deysi Ramírez Muñoz, 16 años de edad, reportada como desaparecida el 28 de Julio de 2010. 13. Andrea Guerrero Venzor, 15 años de edad, reportada como desaparecida el 19 de agosto de 2010. 14. Virginia Elizabeth Domínguez Amador, reportada como desaparecida el 6 de octubre del 2010. 15. Jessica Terrazas Ortega, 18 años de edad, reportada como desaparecida el 20 de diciembre de 2010. Las pruebas de ADN de los restos encontrados en el Arroyo del Navajo, fueron realizadas por el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Ciudad Juárez (Servicios Periciales), por el Laboratorio BODE en Estados Unidos y algunas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), hasta ahora los resultados han coincidido. Sin embargo, las negligencias ocurrieron al momento de entregar los restos a las familias, Servicios Periciales, los restos de las jóvenes fueron entregadas en cajas de cartón selladas con cinta canela, que después se colocaron dentro de los ataúdes, y al menos en el caso de Jessica Leticia Peña, hoy se sabe que que a su madre le entregaron los restos de otra joven y no los de Jessica.
Esta situación fue descubierta en agosto de 2013, un año y medio después de haber sepultado los restos de Jessica Leticia Peña García, cuando su madre, presente en la exhumación de los restos de su hija, con el fin de colocar un nuevo resto de Jessica que había sido identificado y realizar un cambio de panteón, solicitó a Servicios Periciales de forma espontánea, abrir la caja de cartón que hacia más de un año le habían entregado, su sorpresa fue que los restos que está caja contenía no coincidían con los que le habían mostrado a ella en fotografías cuando le dieron los resultados de ADN, por lo cual la madre de Jessica solicitó hacer una nueva prueba de ADN a esos restos, obteniendo como resultado que no correspondían a Jessica, sino a Lizbeth Aviles García. Por ende a la familia de Lizbeth Aviles, le habían entregado también unos restos equivocados, al parecer los de Jessica Leticia Peña. Otro caso es el de Yanira Frayre Jaquez, joven que fue localizada en febrero de 2013 por casualidad, por las familias de JPNH, cuando éstas acudieron a colocar una ofrenda floral en el Arroyo del Navajo en memoria de las víctimas encontradas en enero de 2012. Yanira fue localizada a unos escasos metros de donde habían sido encontradas las primeras jóvenes, en un lugar que se suponía la Fiscalía ya había rastreado a detalle. Pero además nuevamente Servicios Periciales, se limitó a entregar a la funeraria una caja de cartón con los restos de Yanira y, la funeraria los incinero, acción que está prohibida por ley cuando se trata de homicidio. Una vez que las los restos de las jóvenes fueron localizados e identificados, las investigaciones llevaron a la detención y vinculación a proceso por el delito de trata y homicidio de 6 personas, hoy en día las investigaciones arrojan que las jóvenes eran capturadas cuando acudían a buscar empleo, pues sus captores tenían acceso a su información confidencial como datos del domicilio y familia (hijos, hijas, hermanos, hermanas, etc). Si bien es cierto Justicia, reconoce el avance en las investigaciones al haber detenido a estos seis presuntos responsables, también señala, que la banda que se dedicó a realizar estas actividades es mucho más grande y la detención de seis personas es un mínimo avance, por lo cual el proceso de investigación debe continuar a fin de desmantelar a toda la banda, juzgar y sancionar a todos los responsables. Preocupa a las organizaciones de derechos humanos que presentamos el informe que, a pesar de que el Estado mexicano recibió en el año 2009 una sentencia
condenatoria por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de “Campo Algodonero” (referente a la localización de ocho cuerpos de mujeres y niñas) en Ciudad Juárez, un nuevo caso similar, se haya presentado en Valle de Juárez (Arroyo del Navajo), pues refleja que las mujeres siguen siendo víctima de trata y feminicidio en dicha Ciudad. En tal sentido, también queremos expresar nuestra preocupación por el hecho que algunos de los funcionarios públicos que participaron en las investigaciones del caso de “Campo Algodonero”, están actualmente en las investigaciones de Valle de Juárez lo cual es preocupante para las familias, pues se sabe que algunos de ellos debieron investigados y sancionados, sin embargo a la fecha, Justicia para Nuestras Hijas no tiene conocimiento de que haya habido alguna investigación y en su caso sanción. Por otra parte, preocupa a las organizaciones de derechos humanos que presentamos el informe, que en los casos de desaparición que se han presentado en los últimos meses en la ciudad de Chihuahua (localizada a 4 horas de Ciudad Juárez y capital del estado de Chihuahua), han surgido datos que confirman la presencia de grupos de personas, que están enganchando a mujeres jóvenes en situaciones vulnerables, con fines de explotación sexual, venta y distribución de drogas. Se puede observar la presencia de nuevos grupos delictivos con formas de operar similares a las de Ciudad Juárez y sin embargo, la experiencia de la policía investigadora en esta Ciudad en trata de mujeres es prácticamente nula y no existe una campaña de prevención de este delito invisible para las autoridades c. Feminicidios Desde 2008, el estado de Chihuahua tiene el mayor número de mujeres asesinadas por año en México; algunas de las víctimas eran defensoras de derechos humanos, como Marisela Escobedo, Josefina Reyes y Manuelita Solis. Estos crímenes, como el 95% de los homicidios de mujeres en la entidad continúan impunes. De 1990 a 2007, se registró en Chihuahua, un promedio anual de 56 feminicidios. Entre 2008 y 2010, el promedio anual fue de 327 asesinatos, casi un
asesinato de una mujer diariamente. La siguiente tabla, muestra el número de mujeres que han sido asesinadas en el estado de Chihuahua, la información ha sido obtenida en base a una revisión hemerográfica diaria que realiza la Organización Justicia Para Nuestras Hijas y en base a solicitudes de acceso a la información pública, que se realizan mes con mes a la Fiscalía del Estado de Chihuahua.
!"#$%#&'()*+,-.'.-%"./,0.1.'.'+#2)#)3'1#'4567''83)'9":%,-,.'8.).';"#:%).:'<,=.:'>?@'#$'2.:#'.'A3/,-,%"1#:'1#'>--#:3'.'/.'B$+3)C.-,D$'EF2/,-.'G'"$.')#H,:,D$' I#C#)3J).+,-.'1,.),.K
Aunado a la impunidad en la cual permanecen la mayoría de los asesinatos de mujeres y por ende la falta de justicia y verdad para las familias de las víctimas, se encuentra su deteriorada situación socioeconómica, que a pesar de la recién creada Ley General de Víctimas, no existen los mecanismos suficientes para garantizar su cumplimiento.
Por otra parte preocupa a las organizaciones el alto grado de impunidad en los feminicidios, ya que además de enviar un mensaje de permisividad a la sociedad para cometer estos delitos, permite que los asesinos continúen en las calles y posiblemente cometiendo más asesinatos. Mientras tanto las familias siguen anhelando y buscando con sus propios recursos la verdad y la justicia.
En los últimos años, se ha exacerbado la preocupación en relación con los obstáculos a los que nos enfrentamos las personas defensoras de derechos humanos para realizar nuestro trabajo. Los comunicados de prensa de las relatorías de defensores/as de derechos humanos69, las audiencias públicas celebradas por la CIDH sobre este tema, y los informes regionales elaborados sobre este tema70, son apenas ejemplos de lo mencionado. Las preocupaciones en el ámbito internacional se traducen en el plano nacional: a raíz de la visita de trabajo del Relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011, se reconoció que […] durante los últimos años, la Comisión ha podido identificar que una parte importante de los obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos en México se encontraría relacionada con los ataques y amenazas de los que son víctimas los defensores y defensoras; la falta de investigación sobre estos hechos y sanción de los responsables; así como la continuación de actos de criminalización de defensores/as en algunas zonas del país. Al respecto, la CIDH reitera la importancia de que el Estado garantice condiciones de seguridad para las defensoras y los defensores de derechos humanos.71”
Para mayor información, ver sitios oficiales de la relatoría de la CIDH (http://www.oas.org/es/cidh/defensores/default.asp) y de Naciones Unidas (http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx) 70 Entre otros, ver, CIDH. Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas (2006). OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 5 rev.1, de 7 marzo 2006; CIDH Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas (2012). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, de 31 diciembre de 2011; Amnistía Internacional. Transformar dolor en esperanza, defensoras y defensores de derechos humanos en América. Índice AMR 01/006/2012, de diciembre de 2012. 71 CIDH, CIDH concluye su visita a México. Op. Cit, párr. XXII.
En el contexto del Estado de Chihuahua, la defensa de los derechos humanos se ha convertido desde hace muchos años en una actividad de alto riesgo, lo cual ha sido reconocido por la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Esta instancia ha colocado a Chihuahua en los primeros lugares en agresión y amenazas en contra de personas defensoras, recalcando en su último informe sobre el tema que “… en los estados de Chihuahua y Coahuila los altos niveles de violencia e inseguridad concuerdan con la exacerbación de las agresiones en contra de defensoras y defensores […].”72. Entre los principales obstáculos se encuentran: criminalización del trabajo por parte de funcionarios públicos, campañas de desprestigio, amenazas veladas y/o explícitas, allanamientos a oficinas, robo de información, agresión e instalaciones, desapariciones, agresiones directas y asesinatos. Tomando en cuenta lo anterior, no es extraño que uno de los temas que más recomendaciones recibió por parte de los países que participaron en el mecanismo periódico universal (MEPU) en octubre del año pasado, tengan que ver con la situación que viven las personas defensoras de derechos humanos en México y la obligación del Estado de garantizar su protección y que podamos realizar de manera libre nuestra labor73. La obstaculización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y el riesgo en el que realizamos nuestro trabajo tiene como indicador el otorgamiento de medidas de protección por parte de los dos órganos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Actualmente existen 50 personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH74 y dos beneficiarias de medidas provisionales por la Corte Interamericana75. Todas
OACNUDH-México. Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización y balance. Junio de 2012, párr. 13. Disponible en: http://hchr.org.mx/files/doctos/Informe_defensoresDH_2013_web.pdf 73 Al menos 14 de las 176 recomendaciones fueron emitidas respecto de esta cuestión. Ver, inter alia, OACNUDH. Examen Periódico Universal. Resumen informativo. Miércoles, 23 de octubre de 2013. Disponible en: http://www.hchr.org.mx/files/comunicados/2013/010/Resumen_EPU.pdf; Consejo de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, México. Op. Cit. 74 Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y que se relacionan con personas defensoras de derechos humanos son las siguientes: Luz Estela Castro Rodríguez y otros (MC 147/08); Patricia Galarza Gándara y otros (MC 55/10); Estela Ángeles Mondragón, Chihuahua (MC 208/10); y Edgar Ismael Solorio Solís y otros, El Barzón (MC 388/12).
esas personas son miembros de organizaciones de derechos humanos (varios de esas personas colaboran en las organizaciones que presentamos este informe). En ninguno de estos casos se ha sancionado a los responsables, aun cuando las órdenes de los órganos del Sistema Interamericano incluyen investigaciones de los hechos que dieron origen a las medidas de protección. De 2009 a 2012, las organizaciones de la sociedad civil hemos documentado 17 asesinatos de defensores y defensoras76, los cuales han permanecido impunes hasta la actualidad. Además, se han registrado otro tipo de incidentes que merman la defensa de los derechos humanos de diez personas y dos organizaciones, y que se relacionan con amenazas, desaparición, allanamiento y agresiones físicas77. Más aún, varias familias completas relacionadas con personas defensoras se han visto obligadas a solicitar asilo político en otros países para salvar su vida, en virtud de la ineficacia en la protección por parte de las autoridades responsables. A. Casos ilustrativos A manera de ilustración se presentan a continuación algunos casos de defensores y defensoras asesinadas en el estado de Chihuahua.78 Marisela Escobedo79 El 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo Ortiz 80 fue asesinada, mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija Rubí Frayre. El responsable (Sergio Rafael Barraza) había sido absuelto en un juicio oral, pero en una segunda instancia, el Centro de
Corte IDH. Asunto Alvarado Reyes y otros respecto México. Resolución de 26 de mayo de 2010 (se incluye a la defensora Emilia González); y Asunto Castro Rodríguez respecto de México. Resolución de 13 de febrero de 2013 (relacionada con la defensora Luz Estela Castro). 76 Una narración de los hechos de estos casos se encuentra en el siguiente acápite. 77 Isela Hernández Lara, reconocida activista en ciudad Juárez, fue sustraída de su casa por un grupo armado en presencia de sus hijas y su esposo el domingo 14 de agosto de 2011; y Emilia González (integrante de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, COSYDDHAC) fue hostigada por más de 10 elementos del ejército en su propio domicilio el 27 de julio de 2010 quienes desplegaron un convoy y armados requirieron su presencia en el cuartel militar en Ciudad Juárez. 78 Se anexan notas periodísticas como material de apoyo. 79 Se anexan 3 documentos: 1. Recomendación 44/2013 de la CNDH, “El Feminicidio de Marisela Escobedo, un crimen de Estado”; “Memoria del Tribunal de Conciencia” el 16 de junio de 2011. 80 Ver Human Rights Watch, México debe investigar ataques contra defensores de derechos humanos en Chihuahua, 23 de febrero de 2011. Disponible en: http://www.hrw.org/es/news/2011/02/23/m-xico-debeinvestigar-ataques-contra-defensores-de-derechos-humanos-en-chihuahua.
Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) logró que un tribunal de casación dictara una sentencia de reemplazo condenándolo. Sin embargo, nunca lo detuvieron y fue prófugo de la justicia hasta su homicidio por fuerzas públicas81. Marisela Escobedo fue asesinada frente al palacio de gobierno del estado de Chihuahua, mientras participaba en una protesta para exigir la aprehensión del asesino de su hija82, mientras diversas cámaras oficiales de seguridad documentaban el hecho. Marisela recurrió a todas las instancias que el Estado dispone para acceder a la justicia: realizó denuncias ante la entonces Procuraduría General del Estado, interpuso queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y realizó múltiples denuncias públicas sobre las amenazas que recibió ella y su familia, como consecuencia de le búsqueda de justicia. El 28 de octubre de 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante "CNDH") emitió la Recomendación número 444/201383, que interpusiera Marisela en vida por la falta de acceso a la justicia en el caso de el feminicidio de su hija Rubí, pues aunque ella había realizado todas las acciones necesarias para localizarlo, las autoridades del Gobierno del Estado de Chihuahua no realizaron las diligencias necesarias para aprehenderlo. Actualmente sus hijos con sus familias y la pequeña hija de Rubí han obtenido el asilo político en Estados Unidos, lo cual no ha significado que puedan vivir con más tranquilidad en tanto que Juan Manuel Escobedo (hijo de Marisela) fue nuevamente amenazado una vez que estuvo viviendo en en El Paso, Texas. Por ello, tuvo que cambiar su residencia a otra ciudad.
Familia Reyes, 6 integrantes de la familia fueron asesinados de 2009 a 2012. Josefina Reyes Salazar era una defensora y líder social del Valle de Juárez, zona devastada por la violencia y fuerte presencia del ejército. En esa región, Josefina y su familia - incluyendo a su madre- habían encabezado diversos movimientos sociales que
El Tiempo. Ejército abate a Sergio Barraza, asesino de Rubí Frayre, de 21 de noviembre de 2012. Disponible en: http://tiempo.com.mx/_notas/161227 82 Ver video http://www.youtube.com/watch?v=QNvgrEKedsw
incluyen la lucha por la vivienda digna en la década de los setentas, la defensa del medio ambiente como principales opositores del basurero nuclear Sierra Blanca y posteriormente en 2009 demandó transparencia en la investigaciones y justicia para su hijo asesinado además del cese a la militarización del Valle de Juárez, pues señalaba que su presencia había detonado una creciente ola de violaciones a los derechos de las personas, lo cual posteriormente fue documentado aún por cifras oficiales donde demostraron el desmesurado aumento de delitos y violaciones de derechos humanos a partir de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua84. Previo a su asesinato, Josefina Reyes fue difamada por algunos medios de comunicación y los mismos funcionarios del estado de Chihuahua85, quienes sin pruebas intentaron vincularla al crimen organizado hasta su asesinato el 3 de enero de 2010. Ese crimen fue sólo el comienzo de una serie de agresiones en contra de la familia quienes sufrieron el homicidio de cuatro miembros, desapariciones e intentos de desaparición y quema de viviendas. Finalmente, la familia tuvo que huir fuera del país para no ser exterminados y se encuentran asilados en Estados Unidos sin que se encuentre garantizado su derecho al acceso a la justicia, en tanto que todos los casos se encuentran impunes. Es importante recordar que el Gobierno del Estado de Chihuahua se comprometió a reparar los daños y pérdidas de las viviendas incendiadas, lo cual no sucedió, lo cual evidencia la falta de interés que tienen los más altos funcionarios del estado para promover y garantizar el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. Ernesto Rábago Martínez Enclavado en la Sierra Tarahumara, el Ejido Baqueachi está integrado por una comunidad de indígenas rarámuris (tarahumaras), y sostiene desde hace más de 15 años una lucha en defensa de su territorio ancestral, en contra de un grupo de poderosos ganaderos invasores. Esta lucha ha sido acompañada por la organización Bowerasa
Ver apartado III.B) sobre “la fallida política de seguridad de Felipe Presidente Calderón (2006-2012”). Julio César Reyes Reyes y Miguel Angel Reyes (nietos de Josefina) fueron asesinados en 2009; luego, Rubén Reyes (hermano de Josefina) fue asesinado en agosto de 2010. Aunado a lo anterior, el 7 de febrero de 2011, Magdalena y Elías (hijos de Josefina Reyes) fueron detenidos junto con la esposa de Elías (Luisa Ornelas). Los tres cadáveres aparecieron el 25 de febrero de ese mismo año. En el ínterin del desconocimiento del paradero de las tres personas mencionadas, a la Sra. Sara Salazar (madre de Josefina Reyes) le fue quemada su vivienda el 17 de febrero de 2011.
(”haciendo camino”). Dos de sus integrantes (la abogada Estela Ángeles Mondragón y su compañero el licenciado Ernesto Rábago Martínez) han sido los representantes legales en los múltiples juicios agrarios que enfrenta el Ejido. Para la comunidad y sus representantes, la defensa de la tierra ha traído aparejado un sinnúmero de violaciones a sus derechos: hostigamiento judicial, amenazas constantes, actos de intimidación, atentados contra los representantes y autoridades tradicionales, hasta el asesinato del defensor Ernesto Rábago el 1o de marzo de 2010. El asesinato se llevó a cabo después de que intentaran incendiar las oficinas de la organización con dos bombas molotov, y días después de que balearan a la hija de Estela Ángeles con la misma arma homicida que terminó con la vida de Ernesto Rábago. En el mes de mayo de 2013, la abogada Estela Ángeles recibió nuevas amenazas de muerte y en septiembre de ese mismo año, los frenos del vehículo de una de las autoridades tradicionales de la comunidad fueron cortados. Las amenazas que buscan inhibir la lucha de la comunidad son constantes y las autoridades no han realizado las acciones necesarias para garantizar sus derechos humanos, esto a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara las medidas cautelares 208/10 en marzo de 2011 a favor de Estela Ángeles. Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Ismael Solorio Urrutia destacado líder social desde su época estudiantil, dedicó su vida a la defensa del campo y los derechos de los agricultores. En los últimos años, el Barzón Chihuahua (organización que él lidereaba en la comunidad de Benito Juárez en el municipio de Buenaventura), emprendió una lucha en defensa de los mantos acuíferos debido a la larga sequía que se padeció en el Estado, la devastación ambiental por la apertura indiscriminada e ilegal de tierras al cultivo y, en contra de la numerosa apertura de pozos ilegales, propiciada y solapada por diferentes dependencias federales, dentro de las que se encuentran la Comisión Nacional del Agus (CONAGUA), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Federal de Electricidad) y el Gobierno del estado de Chihuahua. La lucha por la defensa del agua se agudizó el 2 de julio de 2012, cuando elementos de la policía municipal de Riva Palacio amedrentaron con disparos al aire a campesinos del
movimiento que trataron de impedir que un grupo de menonitas perforara ilegalmente un nuevo pozo agrícola en la zona conocida como Campo 9386. El Barzón inició un movimiento en el Ejido Benito Juárez que se oponía a la apertura de la mina de El Cascabel, y su filial canadiense Mag Silver, debido a que violentaban las leyes agrarias y de cuidado del medio ambiente. A consecuencia de ello, los líderes del movimiento habían recibido fuertes amenazas de muerte en más de una ocasión, situación fue denunciada en diversas reuniones con el Gobierno del Estado para solicitarle que intervinieran garantizando la seguridad de las personas en riesgo. No obstante ello, no hubo una sola acción de protección por parte de esa autoridad. Ismael Urrutia Solorio y su esposa Manuela Marta Solís Contreras, eran unos de los líderes del movimiento que recibieron amenazas en contra de ellos y de sus tres hijos. Las intimidaciones siguieron en aumento y el sábado 13 de octubre de 2012, unos testaferros de la empresa minera golpearon fuertemente a Ismael Urrutia y a uno de sus hijos. Ante el riesgo inminente varios integrantes del movimiento solicitaron una reunión con el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua para instar la urgente intervención de la autoridad a fin de evitar que se materializaran las amenazas de muerte. De nueva manera, el Estado fue omiso en prestar seguridad y, por el contrario, descalificó al movimiento, iniciándose días antes del homicidio una campaña mediática movimiento en una situación de vulnerabilidad extrema. El 22 de octubre de 2012, Ismael Urrutia y Manuela Marta Solís fueron asesinados mientras circulaban a bordo de su camioneta, a la altura del kilómetro 26, de la carretera de Ciudad Cuauhtémoc a Álvaro Obregón. Con motivo de la extracción ilegal, los defensores acudieron en diversas ocasiones a la CONAGUA y ante la omisión, interpusieron demandas penales por delitos ambientales; el 20 de septiembre de 2012 se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); en múltiples ocasiones acudieron al Gobierno del Estado de Chihuahua, con el Gobernador y el Secretario General de Gobierno a solicitar su intervención debido a las agresiones en contra de Ismael, las amenazas contra el resto de su familia y compañeros líderes. Todas las autoridades fueron omisas, aun cuando tenían
desprestigiarlo frente a la población en general, lo que colocó a los integrantes del
LA JORNADA, "Reciben a balazos a campesinos que buscaban impedir perforación de pozo en campo 6 menonita", 4 de julio de 2012. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/04 estados/038n1est
en su poder información evidente del riesgo en el que se encontraban las personas que exigían la protección a la que tenían derecho. La CIDH otorgó el 6 de noviembre de 2012 las medidas cautelares 388/12 a favor de los tres hijos de Ismael y Manuelita, y otros 10 líderes de la organización. B. Sobre el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas Ante la presión internacional por la visita de los dos relatores sobre la libertad de expresión de la ONU y el Sistema Interamericano87, así como con posteriores visitas de organizaciones internacionales (como la de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura –ACAT- y la Organización Mundial contra la Tortura -OMCT-) el Estado de Chihuahua creó en 2010 el Protocolo de Seguridad para Periodistas en Situación de Alto Riesgo en Chihuahua. Desafortunadamente, no se tienen ninguna información sobre el mismo y, dado el comportamiento que ha tenido el gobierno del estado, existe muy poca confianza en acudir a una instancia oficial que tendría las manos atadas en tanto la falta de interés y voluntad política, así como las campañas de desprestigio provienen del mismo titular del ejecutivo estatal88. Ahora bien, sabiendo las organizaciones de la instalación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se acudió a presentar una solicitud de apoyo urgente en el caso de Ismael Urrutia Solorio y Manuela Marta Solís Contreras, siendo histórica esa acción en tanto fue la primera ocasión en que se acudió a esa instancia en México. Desafortunadamente, la valoración que se hizo al interior del mecanismo era que los hechos no eran lo suficientemente graves y, por tanto, no serían tramitados por el
A partir de la visita realizada, los relatores “Saluda[ro]n igualmente la intención del Estado de Chihuahua de discutir, en colaboración con gremios periodísticos, un sistema integral de protección a periodistas.” Cfr. Visita Oficial Conjunta a México. Observaciones Preliminares de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dra. Catalina Botero Marino, y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Dr. Frank La Rue. Observaciones preliminares de agosto de 2010, pág 6. Información disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/paises/2010%20Observaciones%20Preliminares%20sobre %20visita%20oficial%20a%20México%20(2010).pdf 88 Es conocida la frase pronunciada por el gobernador César Duarte para las personas defensoras de derechos humanos a quienes les dijo: “Si no les gusta Chihuahua, váyanse”.
procedimiento extraordinario89, sino por la vía ordinaria. La falta de reacción del Mecanismo sentaría un desafortunado precedente en un mecanismo respecto del cual se habían depositado grandes expectativas. Luego de ello, el CEDEHM ha insistido en presentar algunos casos ante el Mecanismo, en el entendido que lo consideramos un instrumento fundamental de protección de defensores/as de derechos humanos mediante el cual el Estado mexicano asume la responsabilidad de la protección de nuestro trabajo. No obstante, por diferentes razones que han sido evidenciadas por los propios miembros de Amnistía Internacional, el correcto funcionamiento del Mecanismo continúa siendo un reto impostergable. En nuestra experiencia, algunas de las fallas que hemos detectado han sido los siguientes:
• Distante: le falta mucha difusión y publicidad, un defensor amenazado en la sierra
y sin acceso a internet, no le sería fácil tener un primer contacto y de hecho los que están en el mecanismo de nosotros, ninguno tiene un número 24 horas para atención.
• Demora exagerada en la aplicación de evaluación de riesgo: aun cuando la
Licenciada Lucha Castro es beneficiaria de medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana, las trabas burocráticas significaron una demora de meses para la elaboración del documento correspondiente, y luego para la implementación de las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los/as defensores/as y garantizar nuestro trabajo.
• Uso recurrente de sólo algunas medidas sin probar otras que podrían ser
integrales. El ofrecimiento del botón de pánico, así como la dotación de teléfonos móviles, cámaras de seguridad y rondines son las medidas más usadas, sin que se avance en eliminar de raíz los hechos que generaron el riesgo a partir, por ejemplo, de una investigación adecuada, una campaña o pronunciamiento público.
La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas define el Procedimiento Extraordinario como aquel “que deriva en Medidas Urgentes de Protección con el fin de preservar la vida e integridad del beneficiario”. Cfr. Artículo 2 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2012.
• Falta de compromiso de los gobiernos locales: en el caso de Chihuahua, es
una preocupación la falta de voluntad política para asumir su co-responsabilidad de protección de defensores y defensoras de derechos humanos.
• Criterios cerrados e inflexibles para determinar procedimiento ordinario y
• La dificultad para que las personas beneficiarias de las medidas puedan
acudir a las sesiones en las que se discutirá su caso.
• La burocracia, curva de aprendizaje y falta de sesiones necesarias, siguen
generando cuellos de botella y acumulación de asuntos, cuyo orden de discusión a veces no es claro.
• Para efectos de las solicitudes actuales de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, no ha hecho ninguna diferencia la existencia del mecanismo, en tanto las organizaciones hemos seguido solicitando medidas cautelares y esa instancia internacional las ha seguido concediendo. El efectivo funcionamiento del Mecanismo es un anhelo que tenemos las organizaciones y esperamos que los retos señalados (al igual que los detectados por otras organizaciones de derechos humanos que han acudido al mismo) puedan ser subsanados para que se haga realidad el derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.”90
IX. BREVES CONCLUSIONES Y SOLICITUDES Como ha quedado de manifiesto en el informe que presentamos las organizaciones de derechos humanos, Chihuahua tiene importantes retos en materia de derechos humanos, los cuales se han extendido por décadas y, por tanto, necesitan de una política adecuada para hacerles frente. El primer paso para ello es la voluntad política de los gobiernos federal y local. Aunado a ello, es fundamental avanzar en el combate a la
Naciones Unidas. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Resolución A/RES/53/144, de 8 de marzo de 1999, artículo 1º.
impunidad y en la garantía de condiciones adecuadas y seguras que den confianza para que las víctimas y sus familiares puedan hacer las denuncias correspondientes. Desafortunadamente, las graves violaciones de derechos humanos siguen siendo un tema del presente y, si no se toman las medidas adecuadas, más personas sufrirán este suplicio. Aunado a ello, la ausencia de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos que realizamos nuestro trabajo de manera insegura y con el riesgo constante de poder sufrir un sinnúmero de ataques, hacen que agradezcamos y reiteremos la importancia del apoyo internacional para seguir teniendo un espacio de denuncia y visibilización de la situación, que permita crear –aunque pequeño- un espacio de presión al Estado mexicano. En tal sentido, y de manera muy respetuosa, tenemos a bien proponer algunas acciones que podrían apoyar nuestro trabajo:
Primero: Instalar a la brevedad posible la oficina regional para México y Centroamérica, y construir con las organizaciones la agenda que tendrá en relación con el país y las diferentes entidades federativas. Segundo: Visitar continuamente el estado e incluir información en su informes anuales, y valorar la pertinencia de realizar diversos informes especiales, tanto temáticos como por estados del país. Tercero: Apoyar desde la perspectiva técnica y comparada para el cumplimiento de resoluciones internacionales. Cuarto: Elaborar una actualización del informe sobre “Muertes intolerables. 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua” Quinto: Dar seguimiento a las acciones y solicitudes formuladas en los siguientes informes y cartas públicas:
Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición forzada de personas en México (Junio, 2013)
México: Carta sobre los derechos humanos en México dirigida al Sr. Presidente Enrique Peña Nieto (Diciembre, 2012)
México: Base de datos de desapariciones – un paso positivo pero insuficiente. Declaración pública de 22 de febrero de 2013. Índice AI: AMR 41/006/2013.
México: Desaparición forzada, un delito de Estado ignorado y minimizado (Marzo, 2012)
Sexto: Realizar un seguimiento periódico al mecanismo de protección de defensores y hacer públicos sus hallazgos. Finalmente, las organizaciones deseamos manifestar de nueva cuenta nuestro
agradecimiento por el apoyo constante que nos ha brindado Amnistía Internacional y tenemos la seguridad que seguirán haciéndolo en un futuro.
Documentos acerca de Human RightsSkip carouselA.HRC.29.32_AEVUN Ethics Office memo to Emma Reilly, and on Eric Tistounet, via Inner City PressThe Official Statement From Occupy Wall Street II -- Money Never SleepsKhizr Khan Human Rights IslamMinneapolis Police Reports (sexual assault involving football team).Incidents during the recent conflict in Sri LankaCritical MissionSense of the Senate Resolution Regarding IndonesiaTo serve and to protectObama On Libya Feb. 23Wyden Speech on NSA Domestic Surveillance at Center for American ProgressJoint letter Gillian TriggsThe State of the World’s Children Special EditionWork on Him Until He Confesses by the Human Rights WatchTpsb Community Contacts Policy - Draft-1Defending the FCPA - CSO Letter to U.S. House Jan 12, 2012Un Privacy ResolutionThe Ukrainian Weekly 1979-13Responsibility to ProtectA.HRC.25.CRP.1_ENGBeyond Civil RightsAFT SPLC Letter to TrumpMoneemailSudanCulture, Media and Sport Select Committee report into press standards, privacy and libelUNICEFWomen and ConflictHuman Rights PolicyOHCHR Report Armed Conflict in IraqDPA_Fact Sheet_Access to Essential Medicines.pdf

References: in fine
 artículo 21
in fine
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 2
 Resolución 
 artículo 1