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Timestamp: 2017-10-20 01:30:18+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 3) de 4 de noviembre de 2010. Cuestión de competencia entre Juzgado Central y Sala de lo Contencioso del TSJ. Infracciones y sanciones - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Cuestión de competencia negativa: Infracciones y sanciones en materia de Puertos del Estado y Marina Mercante. Cuestión de competencia entre la Sala de lo Contencioso Administrativo de un Tribunal Superior de Justicia y un Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo: Recurso contra acto de un Secretario General desestimatorio del recurso que impone tres sanciones de cuantía inferior, cada una de ellas, a 60.000 euros. La competencia viene determinada por la cuantía de cada una de las sanciones. La competencia para conocer del recurso corresponde al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo.
Visto por la Sección Primera de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, compuesta por los Magistrados expresados al margen, la cuestión negativa de competencia suscitada entre el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 8 (P.O n.º 85/2009) y la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Octava; recurso 1.091/2009), del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para conocer del recurso contencioso-administrativo formulado por la representación procesal de la entidad EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, S.A.L contra la Resolución del Secretario General de Transportes de 6 de julio de 2009, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se impone a la entidad recurrente una sanción de 12.020 € de multa, una sanción de multa de 45.000 € y otra sanción de multa de 15.000 €, por la comisión de infracciones tipificadas en el artículo 115.2 k) de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Primero.-Trabada cuestión de competencia negativa entre el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 8 y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava), para conocer del recurso interpuesto por la entidad EUROLÍNEAS MARÍTIMAS, S.A.L contra la Resolución del Secretario General de Transportes de 6 de julio de 2009, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se impone a la entidad recurrente una sanción de 12.020 € de multa, una sanción de multa de 45.000 € y otra sanción de multa de 15.000 €, por la comisión de infracciones tipificadas en el artículo 115.2 k) de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; se dio traslado de la misma al Ministerio Fiscal, que ha evacuado dictamen en el sentido de entender que la competencia discutida corresponde al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 8.
Segundo.-Por Providencia de 27 de octubre de 2010, se señaló para la correspondiente votación y fallo el pasado día 28 de octubre de 2010, fecha en la que el expresado trámite tuvo lugar.
Primero.-El recurso contencioso-administrativo del que dimana la presente cuestión de competencia tiene por objeto una resolución del Secretario General de Transportes de 6 de julio de 2009, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 29 de febrero de 2008, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se impone a la entidad recurrente una sanción de 12.020 € de multa, una sanción de multa de 45.000 € y otra sanción de multa de 15.000 €, por la comisión de infracciones tipificadas en el artículo 115.2 k) de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Segundo.-El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 8, ante el que se interpuso inicialmente el recurso del que dimana la presente cuestión de competencia, se ha declarado incompetente para conocer del recurso contencioso-administrativo de que se trata al entender que el acto impugnado no se incardina en el artículo 9.a) de la LJCA, sino en el artículo 10.1.j) puesto que nos hallamos ante una resolución desestimatoria de un recurso de alzada por parte del Secretario General de Transportes del Ministerio de Fomento; lo que conduce a determinar que la competencia corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Alicante o de Madrid, a elección del recurrente.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano por el que optó la parte recurrente, no comparte el anterior criterio, y entiende que, dado que la resolución impugnada, de naturaleza sancionadora (tres multas de importes, cada una de ellas, no superior a 60.000 €) ha sido dictada por un órgano central de la Administración General del Estado, la competencia para conocer del presente recurso corresponde, conforme a lo dispuesto en el art. 9.b) en relación con el art. 8.2 b) LJCA (en la nueva redacción efectuada por la Disposición Adicional Decimocuarta de la LO 19/03, de 23 de diciembre) a los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo.
Tercero.-Dispone el artículo 9.b) de la Ley de esta Jurisdicción, en su versión, aquí a tener en cuenta, posterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, lo siguiente: "Los Juzgados Centrales de lo Contencioso- administrativo conocerán de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto: (...) b) En única o primera instancia contra los actos de los órganos centrales de la Administración General del Estado en los supuestos previstos en el apartado 2.b) del art. 8 ", esto es:" Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses".
Pues bien, en el caso examinado se impugna un acto procedente del Secretario General de Transportes, que desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Dirección General de la Marina Mercante, que impuso a la entidad recurrente tres sanciones de multa de 12.020 €, 45.000 € y 15.000 € respectivamente.
En consecuencia, el acto originariamente impugnado procede de un órgano central de la Administración General del Estado -la Dirección General de la Marina Mercante- que impone tres sanciones inferiores cada una de ellas a 60.000 €, y que, por tanto, se encuentra dentro de la previsión del artículo 9 b) LJCA, correspondiendo la competencia para conocer del recurso interpuesto contra dicho acto a los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo.
Cuarto.-Y ello es así porque, aún cuando las tres sanciones se hayan impuesto en un acto administrativo único y éste sea el objeto del litigio, su contenido plural hace que nos encontremos ante un verdadero supuesto de acumulación de pretensiones conforme a la reiterada doctrina de esta Sala (en este sentido, y entre otras, Sentencia de esta Sala de 23 de abril de 2010 -rec n.º 3347/2007), y por tanto, la cuantía a tener en cuenta a efectos de determinar la competencia, es la correspondiente a cada una de las sanciones acumuladas, tal y como se ha venido declarando, si bien en relación con los requisitos legales acerca de la recurribilidad de las resoluciones judiciales. Por tanto, la competencia para conocer de tales pretensiones también ha de venir determinada por cada una de las sanciones, individualmente consideradas, dado que esa acumulación no puede modificar las reglas de competencia.
Quinto.-En materia de costas no procede hacer pronunciamiento condenatorio al no apreciarse la concurrencia de ninguna de las circunstancias previstas en el art. 139.1 de la Ley de esta Jurisdicción.
Que la competencia para conocer del recurso contencioso-administrativo al principio reseñado corresponde al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo n.º 8, al que se remitirán las presentes actuaciones. Sin costas.
Póngase esta resolución en conocimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava).

References: Resolución 
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 artículo 115
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 artículo 9
 artículo 10
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