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Timestamp: 2019-10-23 15:58:40+00:00

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﻿ SENTENCIA 11519 DE JULIO 29 DE 1997
SENTENCIA 11519 DE 29 DE JULIO DE 1997
CONTENIDO:PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL COMO CAUSAL DE REVISIÓN
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PENAL, PROCESO PENAL, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, PROCEDIMIENTO PENAL, REVISIÓN DE LA SENTENCIA, ACCIÓN DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:310 DE OCTUBRE DE 1997, PÁG.1401
Sentencia de revisión 11519 de julio 29 de 1997
COMO CAUSAL DE REVISIÓN
EXTRACTOS: «La causal segunda de revisión, tal como ha sido concebida en el estatuto procesal penal, pareciera regular exclusivamente hipótesis de extinción de la acción penal anteriores al fallo, dejando fuera de previsión situaciones que por igual pueden llegar a presentarse como consecuencia del mismo o en el trámite de su ejecutoria.
Es esta la situación que acontece con la prescripción que, como se sabe, puede producirse antes, con ocasión o después de la sentencia. Es antecedente, cuando para la fecha de su proferimiento, la acción se halla prescrita; consecuencial, cuando el fenómeno acaece por virtud de las decisiones adoptadas; y, sobreviniente, si el término prescriptivo se cumple después de haberse dictado y antes que la decisión quede en firme.
Esta hipótesis, como ya se anotó, pareciera no hacer procedente la revisión a juzgar por el texto de los artículos 232.2 y 240.1, pero en razón a que la prescripción es fenómeno posible de concretarse en cualquier momento del proceso, aun después de la sentencia, debe quedar comprendida en este motivo de procedencia, al lado de la prescripción antecedente.
Así lo ha entendido la Corte. En providencia de mayoría de marzo 5 de 1996(*) reconoció la operancia del fenómeno prescriptivo a raíz del tipo de decisión tomada en sede de casación, por lo cual declaró probada esta causal, a cuyo amparo se produjo la revisión. Allí mismo aclaró, en punto a los alcances del mencionado artículo 240.1, que en estos específicos eventos no procedía la invalidación del fallo cuestionado, porque si así fuera quedaría sin fundamento la causal invocada, debiéndose entender que la acción se dirige contra la ejecutoria, a efectos de poder producir la decisión complementaria correspondiente (cfr. Revisión Nº 8336, M.P. Carlos E. Mejía Escobar).
(*) Véase J. y D., Nº 294. pág. 699 (N. del D.).
La tercera hipótesis se configura cuando el tiempo de prescripción se cumple con posterioridad a haber sido dictado el fallo, concretamente entre la fecha de su proferimiento y aquella en que alcanza ejecutoria, supuesto en el cual se encuentra soportada la acción de revisión promovida en el caso sub judice.
Esta situación, al igual que la anterior, debe entenderse también comprendida por la causal segunda, pues para la Corte es claro que cuando la norma que la consagra, alude a la sentencia como objeto de revisión, está haciendo referencia al fallo ejecutoriado, o decisión con autoridad de cosa juzgada, quedando así cobijados por la causal no sólo los motivos de extinción de la acción penal que impiden la producción de la sentencia, sino los que afectan su ejecutabilidad o eficacia, y que habiéndose presentado en oportunidad de ser declarados, no merecieron pronunciamiento judicial.
Las causales de extinción de la acción penal no operan de pleno de derecho; para que surtan efectos jurídicos es necesario que medie decisión judicial que declare su ocurrencia. Por eso, mientras un tal pronunciamiento no se presente, los actos procesales cumplidos tienen total eficacia, pudiéndose, en esas condiciones, llegar incluso al proferimiento del fallo de mérito, y con éste, a la materialización de la cosa juzgada, con todos los efectos que ella conlleva.
Cuando esta situación se presenta, los actos procesales cumplidos con posterioridad a la ocurrencia del fenómeno extintivo son ilegítimos, y es ello lo que faculta intentar su derrumbamiento a través de la acción de revisión, único medio por el cual la inmutabilidad de las decisiones amparadas por la cosa juzgada debe levantarse.
En la hipótesis que se viene analizando, se tiene que la acción penal se encontraba vigente cuando la sentencia fue proferida. Por esta razón, no cabe discutir su legitimidad como acto procesal; sólo la posterior pérdida de aptitud jurídica debido al efecto enervante de la prescripción, operado durante la notificación. De allí que sea en contra de la ejecutoria, y no del fallo propiamente dicho, que en estricto rigor lógico debe entenderse orientada la acción de revisión.
La sentencia es legítima, puesto que al dictarse no concurría causal de extinción alguna que se opusiera a su producción, pero no lo es su firmeza, para cuyo momento ya el fenómeno se había operado.
Hechas estas precisiones, se procederá al estudio del motivo establecido en la causal invocada, frente a la normatividad que la regula y la realidad fáctico procesal.
La prescripción de la acción en materia penal se rige por la naturaleza y duración de la pena señalada para el delito por el cual se procede. Cuando es privativa de la libertad, el término prescriptivo está determinado por el límite máximo de la pena prevista en la ley, no pudiendo, en ningún caso, ser inferior a cinco años ni superior de veinte (art. 80 C.P. modificado por el art. 31 de la Ley 40 de 1993).
Dicho lapso prescriptivo debe aumentarse en una tercera parte, sin sobrepasar el límite máximo de 20 años, cuando el delito es cometido dentro del país por servidor público en ejercicio de sus funciones o de su cargo o con ocasión de ellos (art. 82 ejusdem).
Estos topes rigen para la etapa de instrucción del proceso, pues en el juicio, el término de prescripción se reduce a la mitad, contado a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, o su equivalente, sin que pueda ser inferior de cinco años (art. 84 C.P. y 444 C. de P.P.).
En el proceso objeto de esta acción de revisión, Alvaro Ricci Orozco fue condenado como autor responsable del delito de peculado por apropiación que describe el artículo 133 del Código Penal, en cuantía superior a quinientos mil pesos, norma que tenía adscrita pena privativa de la libertad de 2 a 10 años de prisión cuando el valor de lo apropiado no excedía de quinientos mil pesos, y de 4 a 15 años cuando superaba este monto.
Siguiendo los derroteros trazados por las normas que vienen de citarse, se tiene entonces que el término de prescripción, en el caso sub judice, sería de veinte (20) años durante la instrucción y diez (10) en el juzgamiento, guarismos que se obtienen a partir del máximo de pena previsto para el delito por el que se procede (15 años), aumentado en una tercera parte (5 años) por haber sido cometido dentro del país por servidor público en ejercicio de sus funciones, para un total de veinte años (15 + 5). Este término, reducido a la mitad, arroja diez (10) años, que es, en definitiva, el tiempo a tener en cuenta en el presente caso, contados a partir de la iniciación del juicio.
La verdad fáctico procesal enseña que el proveído mediante el cual Alvaro Ricci Orozco fue residenciado en causa criminal, alcanzó ejecutoria el día 16 de junio de 1984 (fls. 476, 513 y 515-1). Por tanto, si contamos los diez años de prescripción a partir del día siguiente, se tiene que dicho término se cumplió el 17 de junio de 1994.
La sentencia de casación de la Corte, fue dictada el 7 de junio de 1994, cuando todavía no había operado el fenómeno prescriptivo de la acción, pero el proceso de notificación de la misma, trascendió la fecha límite para ello, produciéndose, en consecuencia, la extinción de la acción penal.
Este fallo, por ser de sustitución, debía ser notificado, según se desprende del contenido del artículo 197 del estatuto procesal penal, y así lo entendió la Corte al ordenarlo expresamente en la parte resolutiva del mismo, de donde su ejecutoria sólo podía causarse al tercer día de haberse cumplido esta formalidad en relación con todos los sujetos procesales.
Su notificación, sin embargo, no logró realizarse personalmente a todos ellos, sólo al representante del Ministerio Público el 8 de junio de 1994 (fls. 35 vto. cd. Nº 8), razón por la cual hubo necesidad de hacerlo por edicto, que permaneció fijado en la Secretaría de la Sala los días 14, 15 y 16 de los citados mes y año (fls. 39 ibídem).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el Dto. 2282/89, art. 1º, numeral 152), norma aplicable en el de Procedimiento Penal por virtud del principio de integración consagrado en su artículo 21, la notificación mediante edicto se entiende surtida al vencimiento del término de su fijación, que es de tres (3) días, los cuales, como se dejó visto, se cumplieron el 16 de junio.
Agotada la notificación, empezó a correr la ejecutoria (3 días), la cual se consolidó el 21 siguiente (inhábiles los días 18 y 19), cuando ya el término prescriptivo de diez (10) años, se había cumplido.
Razón, por tanto, asiste al accionante al demandar la revisión del proceso para que se declare la prescripción de la acción penal, pues la sentencia de casación, aunque fue proferida antes de la concreción del fenómeno extintivo, alcanzó categoría de cosa juzgada ilegítimamente, porque la facultad punitiva del Estado expiró antes de que quedara en firme por virtud de la ejecutoria.
Oportuno es precisar que la Corte no podía dejar de dictar el mencionado fallo, a pasar de la inminencia de la prescripción, pues mientras la acción penal esté vigente es obligación ejercerla, sea cualquiera la decisión que haya de adoptarse, máxime si se da en considerar que el procesado puede renunciar a ella (arts. 86 C.P. y 42 C.P.P.) y que en el caso concreto su consolidación dependía de la forma como se surtiera el proceso de notificación a las partes, si personalmente, o mediante edicto.
La circunstancia de haber acaecido este suceso enervante de la acción después del proferimiento del fallo, determina que la decisión que ha de tomarse comprenda sólo la invalidación de su ejecutoria, según lo ya anotado, con el fin de poder declarar la cesación de procedimiento por prescripción de la acción penal, acorde con lo establecido en los artículos 36 y 240.1 ejusdem».
(Sentencia de revisión, julio 29 de 1997. Radicación 11.519. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

References: artículo 240
 resolución 
 artículo 133
 artículo 197
 artículo 323
 artículo 21