Source: http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/soria.html
Timestamp: 2018-01-17 22:12:56+00:00

Document:
Equipo Nizkor - Informe Nº 133/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso 11.725 Carmelo Soria Espinoza
Informe Nº 133/99 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Caso 11.725 Carmelo Soria Espinoza
Chile(1) , 19 de noviembre de 1999
II. Trámite ante la Comisión.
IV Análisis sobre la Admisibilidad.
A. Competencias de la Comisión.
B. Requisitos de Admisibilidad del caso.
2. Plazo de presentación de la petición.
3. Duplicación de procedimientos y cosa juzgada.
4. Caracterización de los hechos alegdos.
5. Conclusiones sobre la admisibilidad.
V. Análisis sobre el fondo.
B. Las violaciones a la Convención Americana.
1. La Compatibilidad del Decreto Ley de Autoamnistía con la Convención Americana.
2. La denegación de Justicia.
a) La violación del derecho a las garantías judiciales (Artículo 8).
b) La violación del derecho fundamental a la protección judicial (Artículo 25).
c) El incumplimiento de la obligación de investigar y sancionar.
3. La violación del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal.
d. Las obligaciones en materia de derechos humanos establecidas en el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra las Personas Internacionalmente Protegidas.
2. La cuestión de la Jurisdicción Universal en la doctrina de la Comisión.
V. Actuaciones posteriores al informe 79/99.
VII. Recomendaciones al Estado chileno.
VIII. Publicación.
III. POSICIONES DE LAS PARTES.
17. En virtud de esta resolución, según los peticionarios, consta en el expediente judicial que Carmelo Soria Espinoza era un funcionario de Naciones Unidas y por lo tanto, afecto a la protección del Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, que en su artículo 2(1) establece que en los casos de homicidios, secuestros y otros atentados contra la integridad física o la libertad de un funcionario internacional, "cada Estado parte hará que esos delitos sean castigados con penas adecuadas que tengan en cuenta el carácter grave de los mismos".
34. El Estado señaló que el Gobierno de España, mediante nota verbal de fecha 18 de diciembre de 1996, valoró positivamente la propuesta hecha y reconoció los "esfuerzos constructivos del Gobierno de Chile en el logro de una solución extrajudicial". A su vez, el Gobierno español expresó que "lamenta que los esfuerzos de ambos Gobiernos en el logro de una solución final… no hayan tenido éxito".
IV. ANÁLISIS SOBRE ADMISIBILIDAD.
36. La Comisión es competente para examinar la petición en cuestión. El peticionario tiene locus standi para comparecer y ha presentado agravios sobre el cumplimiento de normas establecidas en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana por los agentes de un Estado miembro de la OEA y parte de la Convención desde 1990. Los hechos relativos a la desaparición y ejecución extrajudicial del señor Soria se produjeron cuando la obligación de respetar los estándares establecidos en la Declaración Americana se encontraba en vigencia para Chile como Estado miembro de la OEA.(2) A su vez, los hechos relacionados con la alegada denegación de justicia tuvieron lugar cuando se encontraba en vigor para el Estado chileno la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana.
49. En relación con la expedición y aplicación de leyes compatibles con la Convención (artículos 1 y 2), la Comisión es competente, conforme al artículo 42 del Tratado, para determinar si éstas, entre ellas las leyes llamadas "de amnistía", así como las conductas adoptadas con base en esta normativa, resultan violatorias de las obligaciones asumidas por el Estado parte de que se trate(3). En este sentido, la Corte ha establecido: "Como consecuencia de esta calificación, podrá la Comisión recomendar al Estado la derogación o reforma de la norma violatoria y para ello es suficiente que tal norma haya llegado por cualquier medio a su conocimiento...".(4)
53. El Estado no ha negado la participación de sus agentes en los hechos del caso, perpetrados en la época de la dictadura militar. Al considerar la naturaleza y gravedad de los delitos cuyo juzgamiento fue afectado por el decreto-ley de amnistía, no puede ignorarse que el gobierno militar que estuvo en el poder desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990 llevó a cabo una política sistemática de represión que resultó en miles de víctimas de "desapariciones", ejecuciones sumarias o extrajudiciales y torturas. Al referirse a las prácticas del Estado en aquella época, la Comisión indicó que: ese Gobierno [había] empleado prácticamente la totalidad de los medios conocidos para la eliminación física de los disidentes, entre otros: desapariciones, ejecuciones sumarias de individuos y de grupos, ejecuciones decretadas en procesos sin garantías legales y torturas.(5)
54. Cabe recordar que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos ha declarado que la práctica de desapariciones forzadas es.. una afrenta a la conciencia del hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad".(6) En su decisión de 1988 en el Caso Velásquez Rodríguez, la Corte Interamericana observó que la doctrina y la práctica internacionales han calificado muchas veces las desapariciones como un delito contra la humanidad.(7) La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas reafirma en su preámbulo que "la práctica sistemática de desapariciones forzadas constituye un delito de lesa humanidad".(8) La necesidad social del esclarecimiento e investigación de estos delitos no puede ser equiparada a la de un mero delito común.(9) Las desapariciones forzadas y los crímenes conexos, tales como torturas y ejecuciones sumarias, son de tal gravedad que varios instrumentos internacionales han establecido estándares especiales, tales como la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad, para su juzgamiento con el fin de evitar la impunidad.(10)
55. El Estado chileno, en reconocimiento de su obligación de investigar las pasadas violaciones de derechos humanos, estableció una Comisión de la Verdad con el fin de determinar los hechos y hacer públicos los resultados. Como una medida de reparación, el entonces Presidente Aylwin pidió perdón a los familiares de las víctimas. Además, protestó públicamente por la decisión de la Corte Suprema que determinó que la aplicación del Decreto Ley de amnistía tuviese como efecto la suspensión de las investigación de las violaciones sistemáticas cometidas por la dictadura.(11) El Estado ha invocado la imposibilidad del gobierno democrático para modificar o anular el Decreto-Ley de amnistía y su obligación de respetar las decisiones del Poder Judicial y ha alegado que las medidas que ha adoptado son tanto efectivas como suficientes para cumplir con las obligaciones de Chile bajo la Convención. Los peticionarios, si bien reconocen los esfuerzos del Estado, sostienen que han sido insuficientes y no han sido efectivos y que éste tiene la obligación de investigar los hechos, establecer las responsabilidades y castigar a los responsables de las pasadas violaciones de los derechos humanos.
58. La Comisión considera que el decreto-ley de amnistía 2.191 y sus efectos legales completan la política de violación de los derechos humanos del régimen militar que gobernó Chile de septiembre de 1973 a marzo de 1990(12). Aunque dicha norma fue dictada durante el gobierno de facto del general Augusto Pinochet, aún se aplica para proteger a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes cada vez que los tribunales chilenos o extranjeros reciben o intentan examinar casos relativos a la violación de los derechos humanos. Las consecuencias jurídicas del decreto-ley de amnistía y su invariable y continua aplicación por los órganos del Estado durante los gobiernos democráticos que siguieron al régimen militar, conforme la intención del gobierno de facto, son definitivamente incompatibles con las normas de la Convención Americana.
59. Si bien conforme al derecho interno de Chile los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son separados e independientes, desde el punto de vista del derecho internacional deben ser considerados como una unidad en el Estado, a los efectos de determinar su responsabilidad por la violación de normas internacionales.(13)
60. Desde la perspectiva del derecho internacional, el Estado chileno no puede justificar el incumplimiento de la Convención con la excusa de que la autoamnistía fue decretada por el gobierno anterior. Tampoco puede justificar la no derogación del decreto-ley y su continua aplicación en base a la abstención y omisión del Poder Legislativo y los actos del Poder Judicial. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados recoge en su artículo 27 la norma de derecho internacional consuetudinario que establece que los Estados parte en un tratado no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir ese tratado. Asimismo, la Corte Interamericana ha sostenido que "es un principio de derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno".(14)
62. De conformidad con el principio de la continuidad del Estado, la responsabilidad internacional existe independientemente de los cambios de gobierno. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que "según el principio del derecho internacional de la identidad o continuidad del Estado, la responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento que se produce el hecho ilícito que genera la responsabilidad y aquél en que ella es declarada. Lo anterior es válido también en el campo de los derechos humanos, aunque desde un punto de vista ético o político, la actitud del nuevo gobierno sea mucho más respetuosa de esos derechos que la que tenía el gobierno en la época en la que las violaciones se produjeron".(15)
63. Los Estados partes de la Convención Americana han asumido la obligación de respetar y garantizar a las personas sometidas a su jurisdicción todos los derechos y libertades protegidos en ella y de adecuar su legislación con el fin de hacer efectivo el goce y ejercicio de esos derechos y libertades. Específicamente, el artículo 2 de la Convención establece la obligación de los Estados partes de adoptar "las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias" para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en el Tratado. En consecuencia, la Comisión debe examinar la compatibilidad de la legislación doméstica de los Estados parte con los derechos consagrados en la Convención.(16)
64. Algunos Estados, en busca de mecanismos de pacificación y reconciliación nacional, han recurrido al dictado de leyes de amnistía que han desamparado a las víctimas de serias violaciones a los derechos humanos, privándolas del derecho a acceder a la justicia. La adopción y aplicación de este tipo de normas es incompatible con las obligaciones asumidas en virtud de los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana.(17)
66. La Comisión ha señalado reiteradamente que la aplicación de leyes de amnistía que impiden el acceso a la justicia en casos de serias violaciones a los derechos humanos hace ineficaz la obligación de los Estados partes de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación de ninguna clase, según establece el artículo 1(1) de la Convención.(18) En consecuencia, eliminan la medida más efectiva para la vigencia de los derechos humanos, vale decir, el enjuiciamiento y castigo a los responsables.(19)
67. Por su parte la Corte ha dicho que "Los Estados no pueden, para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, invocar disposiciones existentes en su derecho interno, como lo es en este caso la Ley de Amnistía…que a juicio de esta Corte, obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia. Por estas razones, el argumento...en el sentido de que le es imposible cumplir con ese deber de investigar los hechos que dieron origen al presente caso debe ser rechazado.. En consecuencia, el Estado tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad". La Corte ha definido la impunidad como "la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana" y ha señalado que ...el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares (Caso Paniagua Morales y otros, supra 57, párr. 173).(20)
68. La doctrina y la práctica de la CIDH en materia de amnistías coincide con el estudio sobre impunidad preparado recientemente por Louis Joinet, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Impunidad.(21) En su estudio, presentado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 2 de octubre de 1997, Joinet recomendó la adopción de cuarenta y dos principios destinados a la protección y promoción de los derechos humanos por medio de acciones tendientes a combatir la impunidad.(22)
70. Según se ha establecido supra, la imposibilidad de juzgar a los responsables por la detención ilegal, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Carmelo Soria, perpetrada por agentes del Estado durante el pasado régimen militar, vulnera el derecho al acceso a la justicia y la protección judicial consagrado en la Convención. Esta denegación de justicia se encuentra ligada a la vigencia y aplicación del Decreto Ley 2.191 de amnistía que el gobierno militar dictó para beneficio propio de sus integrantes. El Estado ha mantenido en vigor esta normativa se ha mantenido vigor tras la ratificación de la Convención Americana y ha sido confirmada como constitucional por el Poder Judicial, quien le ha dado aplicación en forma continua. La Comisión ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en ocasiones anteriores sobre la incompatibilidad de esta normativa y su aplicación por los tribunales en casos particulares con las obligaciones internacionales del Estado chileno conforme a la Convención Americana.(23)
79. La Comisión ha establecido en otros casos que las amnistías o sus efectos no pueden obstaculizar el derecho de las víctimas o sus familiares o sobrevivientes a obtener, al menos, una reparación adecuada por las violaciones de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana. Esta posición se deriva, en gran medida, de la interpretación hecha por la Corte Interamericana con respecto a las consecuencias que tiene la violación, por parte de un Estado, de su deber de garantizar los derechos humanos, conforme al artículo 1(1) de la Convención. Como expresó la Corte Interamericana en el caso Velásquez Rodríguez "el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de .asegurar a la víctima una adecuada reparación". (El subrayado es nuestro). El derecho a una compensación adecuada también está ligado íntimamente al derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención.(24)
81. Si bien el Estado tiene la obligación de suministrar recursos efectivos (artículo 25), los cuales deben ser "substanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal" (artículo 8(1),(25) es importante señalar que en muchos de los sistemas de derecho penal de América Latina la víctima tiene el derecho de presentar cargos en una acción penal. En sistemas como el chileno, que lo permite, la víctima de un delito tiene el derecho fundamental de acudir a los tribunales.(26) Ese derecho es esencial para impulsar el proceso penal. El decreto de amnistía claramente afectó en el presente caso el derecho de la víctima y sus familiares a obtener justicia mediante recursos efectivos en contra de los responsables de violaciones de sus derechos humanos.
82. Aunque no fuese así, tratándose como en este caso de delitos de acción pública, esto es, perseguibles de oficio, el Estado tiene la obligación legal, indelegable e irrenunciable, de investigarlos. Por lo cual, en todo caso el Estado chileno es titular de la acción punitiva y la obligación de promover e impulsar las distintas etapas procesales, en cumplimiento de su obligación de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares. Esta carga debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una gestión de intereses de particulares o que dependa de la iniciativa de éstos o de la aportación de pruebas por parte de los mismos.(27)
84. Además, en todo caso la posibilidad de iniciar una acción civil, de acuerdo con la legislación chilena, no está necesariamente vinculada al resultado del procedimiento criminal. Pese a ello, la demanda civil debe ser interpuesta en contra de una persona determinada para que se pueda establecer la responsabilidad por los hechos alegados y determinar el pago de las indemnizaciones. La falta de investigación por parte del Estado hizo materialmente imposible establecer la responsabilidad ante los tribunales civiles. No obstante que la Corte Suprema de Chile ha señalado que el hecho de que los procedimientos civiles y penales sean independientes,(28) la manera como la amnistía fue aplicada por los tribunales afectó el derecho de obtener reparación en los tribunales civiles, ante la imposibilidad de individualizar o identificar a los responsables de la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de Carmelo Soria.
Según [la Convención], los Estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser substanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1).(29)
88. La Corte ha agregado: "que sean adecuados significa que la función de esos derechos, dentro del sistema de derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida".(30)
La inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.(31)
92. El artículo 1(1) de la Convención Americana dispone que los Estados partes se obligan a "respetar" los derechos consagrados en ella y a "garantizar" su libre y pleno ejercicio. Esta obligación significa, como lo ha dicho la Corte Interamericana, el cumplimiento de verdaderas "obligaciones de hacer" por parte de los Estados que permitan una eficaz garantía de tales derechos.(32) En virtud de esta obligación, el Estado de Chile se encuentra en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, investigar con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, identificar a los responsables, imponerles las sanciones pertinentes y asegurar una adecuada reparación a la víctima.(33)
93. La Corte asimismo ha sostenido que "el Estado está en el deber jurídico de investigar seriamente con los medios a su alcance, las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación"(34).
95. La Comisión ha reiterado en casos relativos a la vigencia de leyes de amnistía que es necesario que los Estados adopten "las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período de facto"(35); que "el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables"(36); y "que el Estado de Chile [debe] adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana, de modo que las violaciones de derechos humanos del gobierno militar 'de facto' puedan ser investigadas, a fin de que se individualice a los culpables, se establezcan sus responsabilidades y sean efectivamente sancionados, garantizando a las víctimas y a sus familiares el derecho a la justicia que les asiste".(37)
96. Al interpretar el alcance del artículo 1(1) de la Convención Americana, la Corte Interamericana ha expresado que la obligación establecida en él implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.(38)
97. La Corte ha señalado, igualmente, que el Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.(39) Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.(40)
98. Asimismo, la Corte Interamericana, en su interpretación del artículo 1(1) de la Convención Americana, establece que "la segunda obligación de los Estados Partes es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción... Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención...".(41)
La Corte sigue analizando este concepto de la siguiente manera:
Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente.(42) El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.(43) Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción.(44) En cuanto a la obligación de investigar, señala la Corte que la investigación ...debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.(45)
101. La Comisión considera importante señalar que "la obligación de investigar debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad".(46) En otras palabras, las autoridades debieron emprender una investigación seria de los hechos, a efecto de establecer la verdad objetiva y real. El aparato del Estado, por el contrario, actuó de tal forma que las violaciones quedaran impunes y no se restablecieran los derechos de la peticionaria.
Desde el punto de vista estrictamente preventivo, esta Comisión estima que un elemento indispensable para obtener la reconciliación nacional y evitar así la repetición de los hechos acaecidos, sería el ejercicio completo, por parte del Estado, de sus facultades punitivas. Una cabal protección de los derechos humanos sólo es concebible en un real Estado de derecho. Y un estado de derecho supone el sometimiento de todos los ciudadanos a la ley y a los tribunales de justicia, lo que envuelve la aplicación de sanciones previstas en la legislación penal, igual para todos, a los transgresores de las normas que cautelan el respeto a los derechos humanos(47) (subrayado y énfasis de la Comisión).
105. El reconocimiento de responsabilidad realizado por el Gobierno, la investigación parcial de los hechos y el pago posterior de compensaciones no son, por sí mismas, suficientes para cumplir con las obligaciones previstas en la Convención. Según lo dispuesto en el artículo 1(1), el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.(48)
110. Ahora bien, en el presente caso, según consta en el expediente llevado por la Comisión, la resolución dictada por el Ministro Libedinsky de la Corte Suprema de Justicia de Chile de fecha 30 de diciembre de 1993, las investigaciones del proceso lograron acreditar que el señor Carmelo Soria Espinoza fue detenido por un grupo de militares adscritos a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que integraban una brigada de dicho organismo denominada Mulchén, trasladado en su propio automóvil a un inmueble situado en Vía Naraja 4925 del sector de Lo Curro, donde fue sometido a interrogatorios, apremios físicos y finalmente, muerto por sus aprehensores que, al parecer, se encontraban investigando con anterioridad a estos sucesos presuntas actividades de índole política desarrolladas por el nombrado Soria Espinoza.
113. La Comisión debe tener en cuenta las determinaciones producto de estas investigaciones que fueron interrumpidas tras establecer precisamente que Carmelo Soria fue en efecto ilegalmente detenido, sometido a interrogatorios, apremios físicos y finalmente ejecutado por quienes lo secuestraron. Esto ocurre al conocerse la verdadera identidad de los autores y su condición de agentes del Estado de Chile. A partir de este momento la investigación judicial se suspende y concluye por aplicación del Decreto Ley 2.191 de amnistía. Habiéndose frustrado la finalización del proceso luego de acreditarse estos hechos que ponen en evidencia la responsabilidad del Estado, la Comisión no puede omitir declarar, con base en las investigaciones del máximo tribunal de justicia, que se halla debidamente acreditada la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a la vida, la libertad y la integridad personal del señor Carmelo Soria Espinoza.
114. Cuando estas violaciones ocurrieron la situación en la República de Chile era descrita por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, de la siguiente manera(49):
115. Al momento del secuestro y ejecución de la víctima, la Convención Americana no se encontraba en vigor. Sin embargo, la Comisión tiene competencia para examinar estas violaciones en virtud de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre(50) (en adelante "la Declaración"). El artículo I de la Declaración establece:
116. La doctrina de la Comisión en materia de detención arbitraria y privación ilegítima de la libertad a la luz de la Declaración Americana, contenida en su publicación Diez años de Actividades 1971 - 1981, establece lo siguiente:
118. En cuanto al derecho a la integridad personal, la Comisión ha expresado que la tortura no se justifica en modo alguno, por ser atentatoria contra la dignidad humana y violar la integridad de la persona, cuya defensa está también consagrada en el artículo I de la Declaración Americana.(51) La Comisión ha expresado la necesidad de que los Estados investiguen en forma exhaustiva toda denuncia de tortura y sancionen a quienes resulten responsables de actos de esa naturaleza, cualquiera que sea su posición o jerarquía.(52)
120. En relación con la observancia del precepto sobre el derecho a la vida contemplado en la Declaración Americana y la sanción a los responsables de la violación de dicho derecho, la Comisión ha expresado "Merece especial consideración el derecho a la vida, porque ésta constituye, sin duda alguna, el fundamento y el sustento de todos los demás derechos.(53)
121. Ha señalado asimismo, que los Estados miembros donde ocurran tales violaciones están obligados "a poner inmediato fin a la gravísima práctica de las ejecuciones ilegales cometidas por fuerzas de seguridad o grupos paramilitares" recomendándoles adoptar "las medidas preventivas que sean oportunas" y contar con "un Poder Judicial independiente y dotado de suficientes poderes," para "a investigar y posteriormente.. castigar a todos los responsables de esas ejecuciones ilegales.(54)
123. En conclusión, en este caso el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal del señor Carmelo Soria Espinoza contemplado en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta responsabilidad se deriva del resultado de las investigaciones efectuadas por la propia Corte Suprema de Justicia de Chile y los documentos que la acreditan constan en los expedientes judiciales que se siguieron dentro del proceso de investigación por la desaparición, tortura y homicidio del señor Soria.
125. En efecto, el mencionado Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas establece en su artículo 3º que cada Estado parte dispondrá lo necesario para instituir su jurisdicción sobre los delitos previstos en el párrafo 1º del artículo 2º que son, entre otros, homicidio, secuestro u otro atentado contra la integridad física o la libertad de una persona internacionalmente protegida. Se entiende por "persona internacionalmente protegida" cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de un Estado o cualquier funcionario, personalidad oficial u otro agente de una organización gubernamental que, en el momento y en el lugar en que se cometa un delito contra él…. tenga derecho, conforme al derecho internacional, a una protección especial contra todo atentado a su persona, libertad o dignidad, así como los miembros de su familia que forman parte de su casa; y cada Estado hará que esos delitos sean castigados con penas adecuadas que tengan en cuenta su carácter grave (art. 2º, Nº 2).(55)
131. Además de las consideraciones expuestas, la competencia de la Comisión y de la Corte para aplicar otras normas del derecho internacional que protegen derechos humanos, como el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, se sustenta ampliamente en el texto mismo de la Convención y en la propia jurisprudencia de la Comisión(56) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
133. Cabe destacar que la Corte Interamericana ha avalado la práctica de la Comisión de aplicar fuentes de derecho internacional contenidas en otros tratados que contengan normas sobre derechos humanos distintas a la Convención Americana. En la Opinión Consultiva Nº 1(57) que interpreta el término "otros tratados" en el artículo 64 de la Convención Americana, la Corte sostuvo lo siguiente:
134. Por ello, la Corte ha sostenido explícitamente que esta práctica de la Comisión es "perfectamente ajustada al objeto y fin de la Convención, de la Declaración Americana y del Estatuto de la Comisión".(58)
Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.(59)
En relación con las violaciones mencionadas de la Convención Americana, la Corte considera que el Estado peruano está obligado a investigar los hechos que las causaron. Además, en la hipótesis de que dificultades internas puedan impedir la identificación de los responsables de delitos de este tipo, los familiares de la víctima tienen no obstante el derecho a saber qué ocurrió con la víctima y, de ser el caso, dónde descansan sus restos. Por lo tanto, incumbe al Estado utilizar todos los medios a su disposición para satisfacer estas expectativas razonables. Aparte de esta obligación de investigar, también existe la obligación de evitar las desapariciones forzadas y sancionar a los responsables de las mismas. Estas obligaciones del Perú seguirán pendientes hasta que se haya dado pleno cumplimiento a las mismas.(60)
144. En el mismo Caso Castillo Páez, los familiares de la víctima solicitaron a la Corte que instara al Estado a eliminar los obstáculos legales que impedían una investigación de los hechos y la eventual sanción de los responsables. La Corte, en la etapa de reparaciones del caso, determinó que la ley de amnistía constituía un obstáculo a la investigación de los hechos y al acceso a la justicia, lo que impedía que las familiares de la víctima conocieran la verdad y recibieran la reparación correspondiente.(61) El artículo 25 de la Convención Americana, conjuntamente con el artículo 1(1), según la Corte, obliga al Estado a garantizar a todas las personas el derecho a un recurso sencillo y rápido para que los responsables de las violaciones de los derechos humanos puedan ser procesados y puedan obtenerse reparaciones por los daños sufridos.(62) El artículo 25 se relaciona directamente con el artículo 8(1) de la Convención, que establece el derecho de toda persona a una audiencia con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial, previamente establecido por ley, para la determinación de sus derechos. En consecuencia, la Corte determinó que el Estado tenía la obligación de investigar las violaciones de los derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad,(63) lo que en el contexto de estos hechos significa que el Estado tiene la obligación de derogar la ley de amnistía.(64)
148. El principio de la jurisdicción universal consiste en que cualquier Estado tiene autoridad judicial para perseguir, procesar y castigar a los individuos que aparezcan como responsables de crímenes internacionales o crímenes contra el derecho internacional, aún de aquellos cometidos fuera de su jurisdicción territorial o que no guarden relación con la nacionalidad de los acusados o de las víctimas, puesto que tales delitos ofenden a la humanidad entera y desquician el orden público de la comunidad mundial(65). En efecto, estos crímenes internacionales o crímenes contra el derecho internacional, son en su mayoría parte del ius cogens, y han venido siendo codificados o reconocidos en los instrumentos convencionales. Estos crímenes están caracterizados por el hecho de que su comisión no puede ocurrir sin la actuación, acción, tolerancia o asentimiento del Estado. Esta definición incluye al menos veinticinco categorías de violaciones internacionales, entre las cuales se incluyen los crímenes en contra de los funcionarios de la Organización de la Naciones Unidas, con base expresa en la Convención especial aquí citada y analizada(66).
152. El Estado chileno sostiene en su nota de respuesta lo siguiente: Que valora los esfuerzos de la Comisión para alcanzar una solución amistosa, pero dada la naturaleza de las denuncia y los aspectos involucrados no ha sido posible aún arribar a un resultado satisfactorio para las partes que ponga término a esta controversia; que ha tenido dificultades para el cumplimiento de las recomendaciones del informe de la Comisión en el Informe pero que parcialmente se han adoptado las señaladas recomendaciones; que la Corte Suprema determinó que en derecho no correspondía dar al señor Soria el amparo jurídico del Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, decisión que no puede ser impugnada por ninguna otra autoridad del Estado, sin contravenir gravemente la Constitución y el propio Pacto de San José.
Que el Estado ha reconocido oficialmente que la muerte de don Carmelo Soria Espinoza fue consecuencia de la acción de agentes del Estado y una grave violación a los derechos humanos; que tal reconocimiento se encuentra en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y que, como consecuencia de dicho reconocimiento, la familia del señor Soria es beneficiaria de las medidas de reparación establecidas; que además, el Gobierno chileno ha ofrecido una reparación adicional a favor de la familia de Carmelo Soria, la cual fue rechazada por la propia familia, consistente en: una declaración pública reconociendo la responsabilidad del Estado, por la acción de sus agentes; levantar una obra recordatoria de la memoria en un lugar de Santiago designado por su familia; y donar una suma importante de dinero para una fundación que llevará su nombre con el objeto de promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En virtud del principio de buena fe consagrado en el mismo artículo 31(1) de la Convención de Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si se trata de derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión Interamericana que es, además, uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos, que tiene como función "promover la observancia y la defensa de los derechos humanos" en el hemisferio".(67)
160. La Comisión reitera asimismo que el Estado chileno ha violado sus obligaciones internacionales derivadas de las normas contenidas en el Convenio sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas al haber aplicado el Decreto Ley 2.191 de amnistía en virtud de que sus órganos competentes de administración de justicia no han observado dichas obligaciones internacionales al haber decidido la Corte Suprema de Chile, en sentencia de 23 de agosto de 1996, la aplicación de dicho Decreto Ley. Por tanto, el Estado chileno ha violado dicho Convenio Internacional en su artículo 2º, párrafo 1 --como norma de derechos humanos--al no haber dado castigo a los delitos cometidos contra Carmelo Soria, persona internacionalmente protegida por dicho Convenio quien, de acuerdo con la constancia emitida por la CEPAL el 8 de septiembre de 1994 a solicitud de la Cancillería chilena, tenía la "calidad de funcionario internacional superior permanente de las Naciones Unidas".(68)
LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS REITERA AL ESTADO CHILENO LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES
1. El Comisionado Decano Claudio Grossman, de nacionalidad chilena, no participó en la discusión y decisión de este informe, conforme lo requiere el artículo 19(2)(a) del Reglamento de la Comisión.
2. El artículo 20 del Estatuto de la Comisión establece que "En relación con los Estados miembros de la Organización que no son partes de la Convención Americana [..] la Comisión tendrá , además de las atribuciones señaladas en el artículo 18, las siguientes: a. prestar particular atención a la tarea de la observancia de los derechos humanos mencionados en los artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV. y XXVI de la Declaración Americana [..] b. examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible; dirigirse al gobierno [..] con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y formularles recomendaciones, cuando lo considere apropiado [..]".
3. En este sentido, la Comisión debe verificar, en un caso concreto, si "lo dispuesto por la norma contradice la Convención y no si contradice el ordenamiento jurídico interno del Estado". Corte I.D.H., Opinión Consultiva OC-13/93, Serie A, párr. 29.
4. Corte IDH, Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14 de 9 de diciembre de 1994, párr. 39.
5. Inter-American Yearbook on Human Rights/Anuario Interamericano de Derechos Humanos 1985, Martinus Nijhoff Pub., 1987, pág. 1063.
6. Res. AG/RES. 666 (XIII-0/83).
7. Corte IDH Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C, No. 4, párr. 153.
8. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Resolución adoptada en la séptima sesión plenaria de la As.Grl. de 9 de junio de 1994. OEA/Ser.P AG/doc.3114/94 rev.
9. Ver: AG/RES. 443 (IX-0/79); 742 (XIV-0/84); 950 (XVIII-0/88); 1022 (XIX-0/89) y 1044 (XX-0/90) y CIDH, Informes Anuales 1978; 1980/81; 1981-82; 1985/86; 1986/87; y especiales, tales como los de Argentina (1980), Chile (1985) y Guatemala (1985).
10. Tanto la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establecen jurisdicción universal para los delitos en cuestión (artículo 11 y artículos V y VI respectivamente). La Convención sobre Desaparición Forzada también establece en su artículo VII la no aplicación de prescripciones o, si ello es imposible, la aplicación de limitaciones correspondientes a los delitos más graves.
11. El Presidente Aylwin señaló que: "La justicia exige también que se esclarezca el paradero de los desaparecidos y que se determinen las responsabilidades individuales. En cuanto a lo primero, la verdad establecida en el informe (de la Comisión de Verdad y Reconciliación) es incompleta, puesto que en la mayoría de los casos de detenidos-desaparecidos y de ejecutados sin entrega de sus restos a sus familiares, la Comisión no tuvo medios para encontrar su paradero".
12. Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, OEA/Ser.L/V/II.34, doc.21 1974; Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, OEA/Ser.L/V/II.37, doc.19 corr., 1976; Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, OEA/Ser.L/V/II.40, doc.10 1977; Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, OEA/Ser.L/V/II.66, doc.17, 1985.
13. Brownlie, Ian Principles of Public International Law Clarendon Press. Oxford, 1990, 4º ed. págs. 446/52. Benadava Derecho Internacional Público , Ed. Jurídica de Chile, 1976, pág. 151.
14. Corte IDH Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 170.
15. Idem, párr. 184.
16. CIDH, Informe 29/92 Informe Anual 1992-1993, párr. 32.
17. Ver Informe Anual de la CIDH 1985-1986, pág. 204; CIDH Informe 28/92 (Argentina), Informe 29/92 (Uruguay) Informe de la CIDH 1992-1993; CIDH, Informe Nº 36/96, Caso 10.843 (Chile), Informe Anual de la CIDH 1996, párr. 49; Informe 1/99, caso 10.480 (El Salvador) Informe Anual de la CIDH 1998, párr. 107.
18. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que esta norma establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el respeto de cada uno de los derechos protegidos por la Convención. Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, supra nota 42, párr. 162; Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C N° 5 (1989), párr. 171; Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, supra nota 65, párr. 85. Véase también Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1996), OEA/Ser.L/V/II.95, Doc. 7 rev., 14 de marzo de 1997, Informes No. 36/96 (Chile), párr. 78 y No. 34/96 (Chile), párr. 76; Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1992-93), OEA/Ser.L/V/II.83, Doc. 14, 12 de marzo de 1993, Informes No. 28/92 (Argentina), párr. 41 y No. 29/92 (Uruguay), párr. 51, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1997), OEA/Ser.L/V/II.98, Doc. 6 rev., 13 de abril de 1998, párr. 71.
19. CIDH Informes 28/92 (Argentina) y 29/92 (Uruguay).
20. Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones, párras. 168 y 170.
21. The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees "Question of the Impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political)" (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1). Este informe fue preparado por Louis Joinet, conforme a la resolución 1996/119 de la Sub-Comisión sobre Prevención de Discriminación y Protección de Minorías, de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
22. Idem. págs. 13-15.
23. Informe Nº 25/98 relativo a los casos 11.505, Alfonso René Chanfeau Orayce; 11.532, Agustín Eduardo Reyes González; 11.541, Jorge Elías Andrónico Antequera y su hermano Juan Carlos y Luis Francisco González Manríquez; 11.546, William Robert Millar Sanhueza y Jorge Rogelio Marín Rossel; 11.549, Luis Armando Arias Ramírez, José Delimiro Fierro Morales, Mario Alejandro Valdés Chávez, Jorge Enrique Vásquez Escobar y Jaime Pascual Arias Ramírez; 11.569, Juan Carlos Perelman y Gladys Díaz Armijo; 11.572, Luis Alberto Sánchez Mejías; 11.573, Francisco Eduardo Aedo Carrasco; 11.583, Carlos Eduardo Guerrero Gutiérrez; 11.585, Máximo Antonio Gedda Ortiz; 11.595, Joel Huaiquiñir Benavides; 11.652, Guillermo González de Asís; 11.657, Lumy Videla Moya; 11.675, Eulogio del Carmen Ortiz Fritz Monsalve; y 11.705, Mauricio Eduardo Jorquera Encina. Véase Informe Anual de la CIDH 1997, OEA/Ser.L/V/II.98, doc. 6, rev., del 13 de abril de 1998, pp. 520-559. Véase Informe Anual de la CIDH, 1996, Informe Nº 36/96 y 34/96 de Chile, pp. 162-240. Véase también a este respecto el Caso Griego, en Yearbook of the European Convention on Human Rights, 1969, Martinus Nijhoff, La Haya, 1972.
24. Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, párr. 174.
25. Corte I.D.H Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares; Sentencia del 26 de junio de 1987, párr. 91.
26. Código de Procedimiento Penal de Chile, Título II, "De la acción Penal y de la Acción Civil en el Proceso Penal", artículos 10/41.
27. Corte I D H Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 79.
28. Corte Suprema de Chile. Decisión sobre recurso de inaplicabilidad del Decreto Ley 2.191, 24 de agosto de 1990, párr. 15. Misma Corte. Decisión sobre recurso de aclaración del 28 de septiembre de 1990, párr. 4.
29. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, párr. 91.
30. Corte IDH ,Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 64.
31. Corte IDH ,OC-9/87, párr. 24.
32. "La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos." Corte I.D.H.,Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4 (1988), párr. 166, Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C No. 5 (1989), párr. 175.
33. Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Idem., párr. 174, Caso Godínez Cruz, Idem., párr. 184.
34. Idem, párr.174.
35. CIDH, Informe Anual 1992 - 1993 - OEA/Ser.L/V/II.83 Doc.14, Uruguay 29/92, Parte Resolutiva, párr. 3.
36. CIDH, Informe Anual 1996 - OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev., Chile 36/96, párr. 77.
37. CIDH, Informe Anual 1996 - OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev., Chile 36/96, Parte Resolutiva, párr. 111.
38. Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 166.
39. Idem., párr. 174. Véase también Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, supra nota 70, párr. 184.
40. Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, supra nota 42, párr. 166; Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, supra nota 70 párr. 187.
41. Corte IDH Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 166.
42. Idem., párr. 173.
43. Idem., párr. 174.
44. Idem., párr. 176.
45. Idem., párr. 177.
46. Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 177.
47. Informe Rettig. Febrero de 1991, Tomo 2, pág. 868.
48. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, párr. 174.
49. Véase Cuarto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile OEA/Ser.L/V/II.66 doc. 17, 1985; Conclusiones pág. 313.
50. Para los Estados miembros de la Organización que no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración es el texto que determina cuáles son los derechos humanos a que se refiere la Carta. Es decir, para estos Estados la Declaración Americana constituye, en lo pertinente y en relación con la Carta de la Organización, una fuente de obligaciones internacionales. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva Nº 10, párrafo 45, pagina 25.
51. Informe Anual de la CIDH, año 1972, página 26.
52. Informe Anual de la CIDH, año 1978, página 24; Informe Anual de la CIDH, año 1976, página 20.
53. Informe Anual de la CIDH, año 1971, página 35.
54. Ibid, página 128.
55. Tomado del informe de la Fiscalía de la Corte Suprema de fecha 19 de junio de 1996.
56. Véase Comisión I.D.H., Informe No. 26/97 (Colombia), 30 de septiembre de 1997; Comisión I.D.H. Informe No. 55/97 (Argentina), 18 noviembre de 1997.
57. Párrafo 43.
59. Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C, No. 4, párr. 166.
60. Corte IDH, caso Castillo Páez, Sentencia del 3 de noviembre de 1997, Serie C, No. 34, párr. 90.
61. Corte IDH, caso Castillo Páez, Reparaciones, sentencia del 27 de noviembre de 1998, Serie C, No. 43, párr. 105.
62. Ibid, párr. 106.
63. Ibid, párr. 107.
64. Ibid. En la decisión concurrente separada de los jueces Cançado Trindade y Abreu Burelli esto se declara en forma más explícita. Los jueces, en el párrafo 3, declaran que "los Estados tienen la obligación de eliminar las medidas (que constituyen obstáculo para la realización de los derechos humanos), en conformidad con la otra obligación general de ajustar su legislación interna a las normas internacionales…".
65. Ver, entre otros, Sharon A. Williams, "The prosecution of war criminals in Canada" en Timothy L.H. MacCormack & Gerry J Simpson (eds.), THE LAW OF WAR CRIMES: NATIONAL AND INTERNATIONAL APPROACHES, Kluwer Law International, The Hague, 1997, págs.156 y ss.
66. Ver, entre otros, M. Cherif Bassiouni, INTERNATIONAL CRIMINAL LAW CONVENTIONS AND THEIR PENAL PROVISIONS. Transnational Publishers, Inc. New York. 1997, págs.34 y ss. El Prof. Cherif Bassiouni es una autoridad en la materia, quien ha participado en la redacción de varios instrumentos internacionales en la materia, y es Presidente del International Human Rights Law Institute de DePaul College of Law, Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, y Presidente del International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences).
67. Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párr.80.
68. Texto entre comillas tomado del parágrafo número 2, primera página, de la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile de 23 de agosto de 1996.
Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor el 12ene99
Auto de la Audiencia Nacional anulando la aplicación extraterritorial de la ley penal española en casos de Genocidio y Terrorismo.
AUDIENCIA NACIONAL - SECCION TERCERA - SALA DE LO PENAL - ROLLO RECURSO DE QUEJA 50/01- SUMARIO 19/97 - JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO.
La Seccíón Tercera de la Sala de lo Penal de Ia Audiencia Nacional integrada por Don Francisco José Castro Meije como Presidente, Don Luís António Martinez de Salinas Afonso, como Ponente Dª Flor Sánchez Martínez, previa deliberación votación dictan el siguiente:
Madrid, a treinta y uno de mayo de 2002
El Juzgado Central de Instrucción n° 5 tramita Sumario 19/97 por presuntos delitos de terrorismo genocídio y torturas en cuya causa dictó Auto de fecha 9 de mayo de ano 2001 por el que admitía a trámite la querella formulada por el Procuradorde los Tribunales Sr. Sánchez Masa contra Hernán Julio Brady Roche por los presuntos delitos de genocidio, terrorismo y torturas, y acordaba la prisión provisional incondicional y comunicada del querellado, ciudadano chileno nacido el 10 de febrero de 1921, con cédula de identidad nacional num. 604.372-0, por los hechos y presuntos delitos mencionados en la resolución.
Asimismo, acordaba librar órdenes de busca y captura, a través de la correspondiente orden internacional de detención a efectos de extradición, con carácter general y especialmente para Alemania, donde al parecer estaría residiendo temporalmente el imputado con identidad falsa en la Aladin Wek Strasse 2, Hamburg.
Contra dicha resolución interpuso el Ministerio Fiscal recurso de reforma, que fue desestimado por Auto de fecha 30 de mayo del año 2001, contra el que, a su vez, interpuso el Ministerio Fiscal el Recurso de Queja que ha dado lugar a la presente causa.
La querella que ha dado origen al presente recurso pretende la depuración de las responsabilidades penales a que hubiera lugar como consecuencia de la muerte del diplomático español D. Carmelo Luis Soria Espinosa, cuya viuda ha promovido las actuaciones que dieron lugar a la causa incoada en el Juzgado Central de Instrucción número cinco.
Tres son los argumentos que vierte el Ministerio Fiscal en su escrito de recurso de queja, que fueron reproducidos de forma verbal en la vista oral que tuvo lugar el día 27 mayo del presente año.
Estos argumentos son:
1. Falta de jurisdicción de los Tribunales españoles para el conocimiento de la cuestión que ahora se somete a un Tribunal español, por aplicación del principio de territorialidad, al haber ocurrido los hechos en Chile el 14 de julio de 1976.
2. Litis pendencia, toda vez que en Chile se están tramitando procedimientos penales para depurar las posibles responsabilidades a que se hubiera dado lugar como consecuencia de los gravísimos hechos ocurridos en aquél país, públicamente y notoriamente conocidos.
3. Necesaria aplicación del principio de culpabilidad, y, en concreto, del principio de responsabilidad personal del autor de cada delito, entendiendo que el hecho de que el acusado Hernán Julio Brady Roche fuera Ministro de Defensa en el mes de julio de 1976 en Chile, no es motivo para que deba responder de todos y cada uno de los hechos que pudieron ocurrir en aquella época en el citado país andino.
Con relación a la primera de las alegaciones, relativa a la inexistencia de jurisdicción en los Tribunales españoles para conocer de los hechos, la cuestión no tendría especial dificultad en su resolución, y así ha venido resolviéndose constantemente por esta Sala, simplemente por la aplicación de los criterios contenidos en el Auto de Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 4 de noviembre de 1998.
En el Fundamento de Derecho tercero de ese Auto, y respecto de la aplicabilidad del artículo 23 apartado 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial española como norma procesal vigente, se hacía una interpretación extensiva del citado artículo, reconociendo que el artículo 6 del Convenio para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, de diciembre de 1948, no contempla más órganos jurisdiccionales que los Tribunales competentes del Estado en cuyo territorio se hubiera cometido el acto, o la Corte Penal Internacional competente respecto de aquellas partes contratantes que hubieran reconocido su jurisdicción. Ahora bien, esto no significaba que dicho precepto impidiese a los estados signatarios hacer uso del principio de persecución por personalidad activa recogido en sus normas internas, siempre que dichas normas recogieran la extraterritorialidad en orden al enjuiciamiento de delitos tan gravísimos como son ios de genocidio y terrorismo.
Se trata, por consiguiente, de una interpretación extensiva del principio de extraterritorialidad de la ley penal española, que tenía su fundamento, como el propio Auto mencionado indicaba, en la evitación de la impunidad de crímenes tan graves, y que integraba la ausencia de norma concreta contenida en la citada regulación internacional.
Esta interpretación extensiva ha sido aplicada posteriormente en multitud de resoluciones que ha dictado esta Sala, en asuntos en los que se alegaba la falta, de jurisdicción española para conocer de los hechos investigados en el Sumario 19/97, y la cuestión no tendría mayor trascendencia jurídica, como se dice, de no ser por los novedosos criterios que parten de la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, y que se contienen en el Auto de 23 de mayo del año 2002, dictado en el conocido caso Otegui, parlamentario aforado a quien el Ministerio Fiscal imputa los siguientes hechos, tal y como figuran descritos en el Auto del Tribunal Supremo:
Arnaldo Otegui Mondragón es miembro del Parlamento Vasco. El día 30 de marzo último, la organización batasuna celebró un mitin en el frontón Jai Alai, de la ciudad francesa de San Juan de Luz con ocasión del Aberri Eguna (Día de la Patria). En ese acto, según tas agendas de prensa, Amaldo Otegui Mondragón tomó la palabra y, al fin, cerró su intervención gritando: Gora Euskadi ta Askatasuns (viva ETA).
En dicha resolución el Tribunal Supremo con relación a la figura del delito de apología del terrorismo, parece recurrir a la aplicación de la norma contenida en elartículo 18 del Código Penal que define, con carácter general, la apología, al establecer:
"es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza o circunstancias constituye una incitación directas cometer un delito".
Frente a este precepto que castiga la apología con carácter general, y del que se desprendería la conceptuación de la apología como delito autónomo de los delitos de terrorismo, se encuentra el más específico, aplicable en virtud del principio de especialidad, contenido en el articulo 578 del Código Penal, que expresamente tipifíca como delito la justificación o exaltación del terrorismo.
En efecto, el nuevo artículo 578, que deriva de la redacción contenida en la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, en relación con los delitos de terrorismo, establece que se castiga con pena de prisión de 1 a 2 años el enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los articulos 571 a 577 de este Código, o de quienes hayan participado en su ejecución o la relación de actos que entrañan descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares.
Nuestro más alto Tribunal entiende que el hecho de haber sido incluido el precepto en el apartado que regula los delitos de terrorismo no significa que varíe la naturaleza del delito, que no sería constitutivo de delito de terrorismo, sino de apología de otro delito, con el que no puede confundirse. Se trataría de un delito de opinión que versa sobre otro delito distinto, el de terrorismo.
Dicha orientación, que, al proceder de nuestro más alto Tribunal, debe ser acatada, parece apartarse de la conceptuación del fenómeno terrorista como una actividad de carácter global, en la que los distintos cometidos necesarios para conseguir la finalidad perseguida se distribuyen puntualmente entre los componentes de las bandas terroristas. Así, unos terroristas aprietan el gatillo y matan de forma absolutamente cobarde, otros colocan bombas con igual resultado, otros recopilan información, otros señalan objetivos, otros se ocupan del terrorismode baja intensidad, otros se dedican a la propagación de la defensa de la banda en el ámbito internacional, otros procuran fondos mediante el chantaje y la extorsión y otros apoyan la actividad de la banda en foros nacionales e internacionales.
Así, la suma del esfuerzo de todos ellos es la que intenta conseguir el efecto deseado: subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública (criterio finalista que es precisamente el que utiliza la ley penal española para definir el delito de terrorismo) con el objetivo de conseguir e imponer mediante la violencia la anhelada e idealista independencia del País Vasco.
La reforma del Código Penal de 1995 que efectuó la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, respecto de los delitos de terrorismo responde a la filosofía indicada. Su propia Exposición de Motivos se refiere al principio de especialidad y al nuevo artículo 578 en estos términos:
"las acciones que aquí se pena/izan, con independencia de lo dispuesto en el artículo 18 del propio Código, constituye no sólo un refuerzo y apoyo a actuaciones criminales muy graves y a /a sostenibilidad y durabilidad de las mismas, sino también otra manifestación muy notoria de cómo por vías diversas operará el terror colectivo para hacer avanzar los fines terroristas.
No se trata, con toda evidencia, de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos historícos o de actualidad. Por el contrario, se trata de algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente ilegitimos desde cualquier perspectiva constitucional, o de los autores de estos delitos, así como también las conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementan el horror de sus familiares. Actos todos ellos que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal".
La anterior doctrina que, como decimos, debe ser acatada en cuanto procede de nuestro más alto Tribunal, tiene, sin embargo, consecuencias muy directas en la interpretación extensiva del principio de extraterritorialidad de la ley penal española.
En efecto, la consecuencia más inmediata de la doctrina de nuestro Tribunal Supremo en la interpretación del artículo 578 del Código Penal es la de excluir eldelito de apología del terrorismo de los delitos considerados de terrorismo, y, enconsecuencia, la imposibilidad de aplicación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con el delito de apología del terrorismo.
Esto significa que no le es aplicable al delito en cuestión la posibilidad de ser perseguido por los Tribunales españoles al haber sido cometido fuera del territorio nacional, porque la extraterritorialidad de la ley penal española sólo puedepredicarse cuando se trata de perseguir delitos de terrorismo o genocidio.
Así, a través de la interpretación de una norma de derecho penal material, se está restringiendo considerablemente la extraterritorialidad de la ley penal española. Estamos, por consiguiente, ante un giro copernicano en la aplicación extraterritorialde la ley penal española, pues la pauta que establece nuestro Tribunal Supremo en su resolución es la limitación de la posibilidad de aplicación extraterritorial de la ley penal interna.
Esta nueva pauta interpretativa no existía cuando el Pleno de la Sala de lo Penal dela Audiencia Nacional formuló su interpretación extensiva del principio de aplicación extraterritorial de la ley penal española en su Auto de 4 de noviembre de 1998, y, desde fuego, deber tener su reflejo en la resolución a dictar en este caso, pues procede de nuestro más alto Tribunal.
A esta interpretación restrictiva debe llegarse aplicando criterios de estricta lógica: no puede hacerse aplicación extensiva del principio de extraterritorialidad de la ley penal española para perseguir unos hechos acaecidos en Chile hace más de veinticinco años, cuando el propio Tribunal Supremo nos de una pauta contraria a la hora de enjuiciar hechos sucedidos en Francia el 30 de marzo de este año, consistentes en una de las conductas que más daño están haciendo a la sociedad española. Así, no de forma directa, pero sí indirecta y como ineludible consecuencia de su interpretación (tan ineludible que el propio Tribunal Supremo concluye negando la jurisdicción española para el conocimiento de los hechos) se restringe considerablemente la aplicación extraterritorial de la ley penal española.
La más elemental lógica jurídica, decimos, debe llevar a la aplicación, en ambos supuestos del mismo criterio: el del órgano jurisdiccional superior (el Tribunal Supremo) y el contenido en la resolución mas reciente, que se encuentra, además, en clara sintonía con la inminente entrada en funcionamiento del Tribunal Penal Internacional, cuya Estatuto fue firmado en Roma el 17 de julio de 1998, previa convocatoria de las Naciones Unidas, y ratificado por España en virtud de la autorización que contiene la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre.
Por consiguiente, el anterior criterio de la aplicación extensiva del principio de extraterritorialidad de la ley penal, debe ser sustituído por el novedosamente mantenido por la Sala Segunda de nuestro Tribunal Supremo, y esa sustitución ha de llevar a la Sala a la conclusión de negar esa aplicación extraterritorial de la ley penal y, en consecuencia, a apreciar la falta de jurisdicción de este Tribunal para el conocimiento del asunto cuya resolución le ha sido encomendada.
En su virtud, debe estimarse el recurso de queja interpuesto por el Ministerio Fiscal,ante la inexistencia de jurisdicción que habilite a este Tribunal español para conocer de los hechos objeto de la querella que ha dado origen a este recurso.
Se ESTIMA el recurso de queja interpuesto por el Ministerio Fiscal contra Auto de fecha 30 de mayo del año 2001, por el que, a su vez, se desestimaba el recurso de reforma interpuesto contra el Auto de 9 de mayo del 2001, del Juzgado Central de Instrucción número cinco, en cuya resolución se acordaba la incoación deprocedimiento penal contra Hernán Julio Brady Roche, ante la inexistencia dejurisdicción de este Tribunal español para conocer de los hechos objeto de la querella que ha dado origen a este recurso, dejándose sin efecto los Autos recurridos y, consiguientemente, también la orden de detención internacional que se acordaba expedir en el citado Auto de fecha 9 de mayo del año 2001.

References: artículo 2
 artículo 42
 artículo 27
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 64
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 31
 artículo 2
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 18
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 6
 resolución 
 artículo 578
 artículo 578
 artículo 18
 artículo 578
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución