Source: https://mexicoporflorencecassez.wordpress.com/2010/12/05/el-amicus-curiae/
Timestamp: 2017-01-23 20:55:42+00:00

Document:
El amicus curiae | México por Florence Cassez
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CASSEZ CREPIN FLORENCE MARIE
AMPARO DIRECTO: 423/2010
En el expediente se encuentran una serie de elementos que obligan a las organizaciones y a la CDHDF a pronunciarse al respecto, no como representantes de una parte, sino como terceros ajenos al proceso que presentan su opinión, válida por la legitimación en cuanto a su conocimiento técnico jurídico. En el mencionado proceso se encuentran inconsistencias que afectan sustancialmente la seguridad jurídica y, bajo el entendimiento, de que ésta constituye el pilar fundamental en cualquier Estado Democrático de Derechos, además de ser una de las garantías mínimas que debe cumplirse en atención a las víctimas del delito, que consiste en una investigación profesional y diligente, seguida de juicios en los que se respete el debido proceso, con el ánimo de brindar certeza para aquellos que reclaman justicia frente a las autoridades por los delitos cometidos en su contra.
La libertad personal es un derecho humano fundamental contemplado en los artículos 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La privación de la libertad en forma arbitraria es ampliamente condenada, entendida aquélla de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no sólo como las detenciones practicadas de modo contrario a la ley sino que debe interpretarse de manera más amplia, a fin de considerar elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad[1].
En el presente caso, dentro del expediente encontramos indicios referidos a que la privación de la libertad fue ilegal. Tales indicios incluyen desde las contradicciones en las declaraciones de los testigos de cargo respecto a la hora en la que se realizó la detención, además de la información disponible sobre el momento en que se pidió la presencia de los medios de comunicación por parte de las autoridades, hasta la actitud de la procesada respecto al día y hora de su detención.
En conclusión, resulta evidente que no se ha realizado una calificación adecuada sobre la legalidad de la detención de Florence Cassez y la violación a su derecho de libertad personal consagrado en los fundamentos constitucionales e internacionales. Tampoco se razonaron las consecuencias graves que ocasionaron los vicios en la detención de la quejosa y su impacto negativo en el derecho constitucional al debido proceso reconocido en los artículos 14 y 20.
Los artículos 9.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 7. 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establecen que toda persona debe ser informada inmediatamente de los motivos de su detención.[2]
En este sentido la Corte Interamericana ha desarrollado infinidad de criterios garantistas sobre la efectividad del mencionado derecho, entre otros, el derecho a un recurso judicial efectivo: “…el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Partes de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. A su vez, estos recursos deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). La existencia de esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”. Lo contrario, es decir, la inexistencia de tales recursos efectivos, coloca a una persona en estado de indefensión, particularmente al enfrentarse al poder punitivo del Estado.”[3]
De esta forma es necesario señalar lo establecido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en su observación general número 21 que se refiere a que “las personas detenidas y encarceladas deben poder comunicarse con el mundo exterior, sujetas sólo a condiciones y restricciones razonables” [4]
En ese orden de ideas, no se puede considerar como razonables las demoras que tuvo lugar en la privación de la libertad de Florence Cassez, que se refuerza con lo establecido en la Constitución Mexicana y lo sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al considerar que una persona debe ser llevada ante la autoridad “Tan pronto como sea posible; las demoras son inaceptables” [5]
Derecho a una defensa adecuada La Constitución Mexicana establece en su artículo 20, apartado A, fracción IX, que toda persona imputada tendrá derecho a una defensa adecuada por el abogado al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención[6].
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que: “Al considerar la indispensable concurrencia del defensor, la Corte Interamericana ha tenido en cuenta los estándares internacionales en esta materia, que van mucho más allá de la mera designación de un abogado. En este orden, la jurisprudencia interamericana recuerda que “el numeral 8 de los Principios Básicos sobre la función de los Abogados relativo a las salvaguardias especiales en asuntos penales, que fija los estándares para el ejercicio adecuado de la defensa en estos casos, establece que [a] toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial”.[7]
El acceso a la asistencia jurídica debe ser inmediato y de calidad, el principio 1 de los Principios Básicos de la Función de los Abogados de la Organización de las Naciones Unidas, establece el derecho a la asistencia en todas las fases del procedimiento penal, incluidos los interrogatorios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es clara al señalar que el derecho a la defensa exige que al acusado se le permita conseguir asistencia jurídica cuando es detenido[8] y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castillo Petruzzi vs Perú, consideró que se violó el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando se impidió la comunicación libre y privada con un abogado. Debe entenderse esta obligación y demás formalidades procesales como obligación no sólo para autoridades judiciales sino para cualquier autoridad que a través de sus resoluciones determine derechos de las personas.[9]
Además, el derecho a la información sobre la asistencia consular, es parte de las formalidades esenciales del procedimiento o garantías del debido proceso que deben observarse en todo momento cuando una persona es detenida en territorio extranjero. Así lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva número 16[10].
También consta en actuaciones judiciales que en el oficio del ministerio público de la Federación mediante el cual recibe las actuaciones y a su vez en el oficio de puesta a disposición policial, de las diez horas con dieciséis minutos del nueve de diciembre de 2005, el ministerio público ordena diversas diligencias relativas a la detención y declaración de los presuntos inculpados sin embargo, en ninguna de ellas se ordena garantizar la intervención del abogado defensor, ni se hace referencia relativa al derecho consular que tiene la persona imputada en su condición de ciudadana francesa. Esto es trascendental toda vez que en la averiguación previa obra una constancia de que a las 3:10 p.m. del día 9 de septiembre se hizo una llamada a la embajada francesa que respondió una grabadora, posteriormente, a las 3:15 p.m., Florence Cassez rindió su declaración ministerial, sin haber recibido el apoyo consular debido a la extemporaneidad del aviso consular.
Por otra parte, es necesario evidenciar la política internacional que sostiene el Estado Méxicano sobre la asistencia consular, en este sentido, el 9 de enero del 2003, México inició un litigio en contra de los Estados Unidos de América, ante la Corte Internacional de Justicia, por los procesos en Estados Unidos llevados contra 50 mexicanos sentenciados a pena de muerte, sin que se respetara su derecho a contar con la asistencia del consulado mexicano. El asunto se conoce como el caso “Avena”[11]. El 31 de marzo del 2004, La Corte Internacional de Justicia falló a favor de México, y con ello reconoció que el derecho a ser informado sin dilación alguna sobre el derecho a la asistencia consular, es una garantía fundamental del debido proceso legal. Debe señalarse, que la obligación del Estado no se extingue con la mera notificación al procesado, sino con la notificación que reciba el Estado de la nacionalidad de la persona procesada.
Las autoridades mexicanas deben ser congruentes. Por un lado, le exigen al gobierno de los Estados Unidos que respete el derecho a la información sobre la asistencia consular de los mexicanos detenidos y condenados a muerte en prisiones de aquel país; mientras que por el otro, México le niega a los extranjeros ese derecho mínimo, tal y como ocurrió en el caso de Florence Cassez Crepin
En conclusión, no existe dentro de alguna de las diligencias ordenadas la relativa a comunicarse con la representación francesa en México, a pesar de que la procedencia extranjera de la demandante de amparo es evidente,, cuestión contraria al estándar establecido por la Convención de Viena y la jurisprudencia emitida por Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 16[12].
El respeto a estas normas plasmadas en los artículos 8 y de 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como diversas disposiciones del marco normativo constitucional, y sus leyes reglamentarias, establecen mínimos o irreductibles que no pueden ser vulnerados en un proceso, aunque esto no implica que pueda haber otros requerimientos necesarios en el proceso penal. La obligación de los entes del Estado se refleja en un sin número de jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación y del Sistema Interamericano, incluso resoluciones de la Corte Interamericana, que establecen en forma meridiana la obligación del Estado respecto al artículo 8[13] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al sostener que el ejercicio de la potestad para establecer sanciones “no sólo presupone la actuación de autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención”[14] La igualdad de condiciones que debe observarse durante todo el proceso judicial, significa que ambas partes deben ser tratadas de forma tal que se garantice un trato igualitario por parte de la autoridad judicial, lo que implica que las exigencias procesales respecto del procedimiento de obtención de los elementos de prueba, preparación, admisión, desahogo, valoración y argumentación de la prueba, a cargo del Tribunal garanticen efectivamente que no se admitirán pruebas obtenidas mediante violaciones a los derechos humanos ya que éstas no pueden ser aceptadas. El Tribunal también debe garantizar que las partes tengan durante el proceso, el efectivo derecho a producir prueba en igualdad de condiciones y de esta manera evitar que los argumentos que se desprenden de las pruebas que no debieron ser admitidas afecten el derecho de defensa demanera irreparable. l respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el siguiente criterio:
PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES[15].
Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. Así mismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables.
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.
En adición a dicho planteamiento, es necesario, al considerar la gravedad del delito que se imputa en el presente caso, mencionar lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la igualdad de las partes en el proceso, en donde menciona, que es “Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados.” En el presente caso, del expediente se desprenden una serie de elementos que permiten presumir un proceso en donde no ha existido equidad procesal para la solicitante de amparo, debe resaltarse el hecho que es a partir que Florence Cassez hace público el montaje mediático sobre su detención por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, es que comienzan a aparecer pruebas en su contra.
El Poder Judicial de la Federación no puede permitir que este tipo de actuaciones sean consideradas suficientes para condenar a una persona, toda vez que viola lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales así como el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como el 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese orden de ideas, la interpretación que se hace de este principio por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo a que un ente no debe tener interés o relación personal con el problema y que se mantendrá una posición objetiva al momento de resolver, se debe considerar que al referirnos al ente o autoridad se hace en el sentido amplio sobre el que ya se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tribunal Constitucional vs Perú[16], por lo que esta interpretación abarca los órganos investigadores, en específico el Ministerio Público de la Federación en el caso del montaje y las calificaciones subsecuentes de esas acciones que no fueron consideradas ilegales. Esta garantía obliga al juzgador a no permitir la influencia pública o mediática en sus decisiones y debe garantizar a las partes la “Igualdad de armas” que debe ser observada en el proceso y que significa que ambas partes son tratadas de manera que se aseguran posiciones procedimentales iguales durante el juicio, y que tienen una posición equitativa para exponer su caso[17].
En este sentido La Corte Europea ha señalado que la imparcialidad tiene aspectos tanto subjetivos como objetivos, a saber: Primero, el tribunal debe carecer, de una manera subjetiva, de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad. En este sentido, hasta las apariencias podrán tener cierta importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y, sobre todo, en las partes del caso.[18]
El derecho a interrogar testigos Un elemento fundamental del principio de igualdad de condiciones y del derecho a la defensa es el derecho que asiste al acusado a hacer comparecer a testigos y a interrogarlos. (Artículo 14.3 PIDCP artículo 8.2.1 Convención Americana) Esta disposición tiene por objeto garantizar al acusado las mismas facultades jurídicas para obligar a comparecer a testigos e interrogar y repreguntar a éstos de que dispone la acusación”[19]
Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia, -y a ser tratada como inocente-, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, en un juicio que cumpla por lo menos los requisitos mínimos que prescribe el principio de justicia procesal. El contenido de este principio se ve repetidamente mencionado en tratados internacionales e derechos humanos, como el artículo 11 de la Declaración universal de los Derechos Humanos, 14.2 del Pacto Internacional y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
En cuanto a la Corte Interamericana se ha precisado “el principio de la presunción de inocencia tal y como se desprende del artículo 8.2 de la convención, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla sino absolverla”[20]
En cuanto a presentar a persona en los medios de comunicación transcribimos una frase ubicada en el párrafo 119 de la ya mencionada sentencia de la Corte en el caso Cantoral Benavides “vestido con un traje infamante, como autor del delito de traición a la patria, cuando aún no había sido legalmente procesado ni condenado”
“El Comité ha observado cierta falta de información en relación con el párrafo 2 del artículo 14 y, en algunos casos, ha advertido incluso que la presunción de inocencia, que es fundamental para la protección de los derechos humanos, está expresada en términos muy ambiguos o entraña condiciones que la hacen ineficaz. En virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. No puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Además, la presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso.”[21]
Además de la exhibición pública de la quejosa en este caso. Se reconoció que existió una recreación[22], entendida como una simulación de hechos, la cual, independientemente de la enunciación formal del órgano jurisdiccional en el sentido de que no le concede valor probatorio a diversas pruebas relacionadas con los hechos, incide en otras pruebas y en la valoración que se hace de las mismas, tales como testimonios que parecen ajustarse más a la recreación unas, mientras que otras a lo expuesto en un parte policial. El cual, valga la precisión, es enmendado respecto de la hora en la que ocurrieron los hechos, o bien en la valoración que se debe de hacer sobre los plazos y modos que las leyes establecen sobre la detención y presentación de las personas ante autoridad competente.
Además se pone de manifiesto que en la preservación del lugar de los hechos no se procedió, con apego a las reglas procedimentales idóneas, lo que obviamente incide en la defensa y en la oportunidad de desvirtuar una escena que no se resguardó debidamente, ya que no se considera dentro del caudal probatorio y su valoración muestra la existencia de la mencionada simulación, debiéndose ponderar la gravedad de este hecho y el alcance de la falta mencionada. Todo lo anterior resta certidumbre respecto de los hechos ocurridos y es reconocido que en caso de duda, ésta opera a favor de la persona inculpada. Como podemos observar los textos transcritos, nos remiten a conceptos como duda razonable y prueba incompleta o insuficiente, que en el caso de Florence Cassez adquieren gran trascendencia, considerando el contexto en el que se integraron las constancias en las que se han sustentado las dos sentencias previas, y hacer una valoración adecuada de aquellos elementos probatorios que fueron ingresados al caudal probatorio sin considerar la exigencia de no admitir pruebas obtenidas mediante violación directa o indirecta de los derechos humanos que conforman el debido proceso legal, tal cual lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos siguientes: han sido, no únicamente con el ánimo de no darles valor probatorio, sino en la forma en la que los mismo inciden y se encuentran presentes en otras probanzas que Han servido para sustentar tales sentencias.
LUIS GONZALEZ PLASCENCIA
JUAN CARLOS GUTIERREZ CONTRERAS
Comisió Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humaos, A.C.
ALFONSO GARCIA CASTILLO Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. [1] Comité de Derechos Humanos, Organización de las Naciones Unidas caso Albert Womah Mukong c. Camerún (458/1991) 21 de julio de 1994.
[2] “No fue suficiente notificarle simplemente que lo arrestaban en virtud de las medidas de seguridad inmediatas sin ofrecerle una sola indicación del fundamento de la denuncia presentada contra el” Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el caso Drescher Caldas vs Uruguay
[3] CoIDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 20 de noviembre 2009. Serie C No. 207, párrafos 117.
[4] Comité de Derechos Humanos Naciones Unidas , Observación General 21 párr. 3.
[5] Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Ecuador OEA/ Ser. L/V/II.96 doc. 10 rev 1 p. 73 , 24 de abril de 1997
[6] Se ha transcrito el texto del artículo reformado en el 2008, en el entendido de que el objetivo del presente documento es meramente ilustrativo y que en esencia el texto transcrito es similar al vigente al momento de los hechos que e ubicaba en el artículo 20 apartado B, fracción octava.
[7] Caso Lori Berenson, párrafo 166, caso Castillo Petruzzi y otros, párrafo 139; y Principios básicos sobre la función de los abogados, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990
[8] Informe Anual dela Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1985-1986, OEA/Ser.L/V/II.68.doc.8, rev1, 1986. P 154.
[9] Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Tribunal Constitucional vs Perú, 31 de Enero 2001. Caso Ivcher vs Perú 6 de febrero 2001.
[10] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva 16/99, 1 de octubre 1999.
[11] Corte Internacional de Justicia, Avena and Other Mexican Nationals (Mexicov.Unites States of America)
[12] “La expresión “sin dilación” utilizada en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, significa que el Estado debe cumplir con su deber de informar al detenido sobre los derechos que le reconoce dicho precepto al momento de privarlo de libertad y en todo caso antes de que rinda su primera declaración ante la autoridad.” OP 16. Pág 75, Opinión No. 3.
[13] Artículo 8. Garantías Judiciales
[14] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tribunal Consitucional vs Perú, 31 enero 2001, párr..68.
[15] Registro No. 165933 Localización: Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, Noviembre de 2009. Página: 413. Tesis: 1a. CLXXXVI/2009. Tesis Aislada Materia(s): Penal, Constitucional
[16] “De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (…). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”.
[17] Tribunal Europeo de Derechos Humanos caso Hopfinger vs Austria 617/59 dec, 19.12.60 pp.696.
[18] Cfr. Eur. Court. H. R.,Case of Pabla KY v. Finlad, Judgment of 26 June, 2004, para. 27; y Eur. Court. H. R., Case of Morris v. the United Kingdom, Judgment of 26 Febrary, 2002, para. 58.
[19] Comité de Derechos Humanos, Observación General 13 párr. 12
[20] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cantoral Benavides vs Perú, 18 de agosto de 2000, párr..120.
[21] Comité de Derechos Humanos, Observación General 13, párr. 7.
[22] Página 501 tercer párrafo de la sentencia recurrida.
Alejandro Alcala Aguilar	02/02/2013 en 8:04 AM	Responder	es dificil opinar cuando muchos mexicanos se sienten agraviados por la liberacion de la señora Cassez, en mi opinion. mas alla de sentimientos nacionalistas. en este caso simpke y llanamente se aplicaron los principios fundamentales de la justicia, al otorgaler su libertad,
Mexico por Florence Cassez	03/02/2013 en 1:34 PM	Responder	Gracias por tu comentario y felicidades por la prudencia de tu juicio. Es prueba de inteligencia. Gracias
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