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Timestamp: 2019-07-20 20:05:58+00:00

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Resolución de 15 de mayo de 2017, del Director General del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la que se da publicidad a los criterios generales que informan el Plan de Control Tributario del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias para 2017.
El artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señala que la Administración Tributaria elaborará anualmente un Plan de Control Tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen.
A su vez, el artículo 170 del Reglamento General de actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, señala que cada Administración tributaria integrará en el Plan de Control Tributario el plan o los planes parciales de inspección. A su vez, el apartado 9 del mismo artículo establece respecto de los tributos cedidos por el Estado a las Comunidades Autónomas, que estas dispondrán de plena autonomía para elaborar sus propios planes de inspección con adecuación a su respectiva estructura orgánica.
La Ley del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2003, creó, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, como organización administrativa responsable, en nombre y por cuenta del Principado de Asturias, de la aplicación efectiva del sistema tributario de la comunidad autónoma y de aquellos otros recursos de otras administraciones y entidades que se le atribuyan por ley o por convenio.
El control de los incumplimientos tributarios y la lucha contra el fraude constituyen líneas de actuación básicas del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias para el desempeño de la misión encomendada. El Plan de Control Tributario es el instrumento fundamental de programación de las actuaciones de control tributario que el organismo ha de realizar con carácter anual. En él se establecen las directrices generales para identificar y detectar las situaciones de fraude, programas y líneas de actuación específicos para disuadir o evitar y, cuando este se cometa, regularizar los incumplimientos. Adicionalmente, el Plan de Control contempla otro tipo de medidas, como, entre otras, las de asistencia y servicio al ciudadano con objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y medidas preventivas dirigidas a impedir o disuadir su quebrantamiento.
Por lo anterior, y con el fin de hacer públicos los criterios generales que informan el plan anual,
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias para 2017, que figuran como anexo.
Oviedo, a 15 de mayo de 2017.—El Director General.—Cód. 2017-05673.
El artículo 116 de la Ley General Tributaria establece que la Administración tributaria elaborará anualmente un Plan de Control Tributario al que atribuye carácter reservado, sin perjuicio de la publicidad de los criterios generales que lo informan, y dentro del cual se integran el plan o los planes parciales de inspección.
En el ámbito del Principado de Asturias, el artículo 10 de la Ley 15/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales crea el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias como organización administrativa responsable de la aplicación efectiva del sistema tributario de la comunidad autónoma y de aquellos recursos de otras administraciones y entidades que se le atribuyan por ley o por convenio.
El ámbito de actuación del Ente Tributario alcanza funciones de atención y servicios al ciudadano, de gestión tributaria, de inspección y de recaudación en fase voluntaria y ejecutiva, así como la tramitación de reclamaciones y recursos. El ámbito material incluye tributos y otros recursos propios de la comunidad autónoma, tributos cedidos por el Estado y tributos y otros recursos de entidades locales y otros organismos y entidades públicas. Ese amplio ámbito de actuación permite integrar y aprovechar los recursos humanos, los medios materiales y tecnológicos y la información obtenida de las diversas fuentes para una lucha más eficaz contra el fraude fiscal.
El control de los incumplimientos tributarios y la lucha contra el fraude constituyen dos de las líneas de actuación básicas del Ente y, en este contexto, el Plan de Control Tributario es el instrumento fundamental de programación anual de las actuaciones.
A través del Plan de Control Tributario se identifican las principales áreas de riesgo para prevenir y combatir el fraude fiscal estableciendo un marco general de posibles actuaciones con el objetivo de contribuir a la equidad, reducir la discrecionalidad de las actuaciones tributarias y maximizar la eficacia y la eficiencia de los recursos al orientarlos hacia aquellos aspectos en los que se puede producir una mayor evasión fiscal.
El Plan recoge las directrices generales para identificar y detectar las situaciones de fraude, así como los programas y líneas de actuación específicos para evitar el fraude y los mecanismos para regularizar los posibles incumplimientos. Contempla asimismo el Plan las formas y estrategias de colaboración y coordinación tanto entre las distintas áreas funcionales que lo conforman como entre el propio Ente y otras administraciones tributarias o entidades.
La comprobación e investigación de los supuestos de fraude tributario exigen disponer de fuentes de información y cesión de datos junto con sistemas de cruce y explotación basados en herramientas informáticas. En este sentido, el Ente Tributario dispone de una fuente de información importante derivada de la propia gestión de los tributos en los que ejerce competencias. Adicionalmente, dispone de información a través de cesiones legales de datos o accesos a bases de datos de diversos organismos. Destacan en ese sentido las líneas de colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Dirección General del Catastro, la Dirección General de Tráfico, los concejos asturianos, los distintos órganos que conforman la Administración del Principado de Asturias y los registros civiles.
Para terminar, se incluyen en el Plan otro tipo de medidas como son, entre otras, las de asistencia y servicio al ciudadano para facilitarle el cumplimiento de las obligaciones tributarias, las de carácter preventivo dirigidas a impedir el incumplimiento y las de tipo organizativo para mejorar la eficacia del trabajo desarrollado.
Se exponen a continuación las directrices generales del Plan de Control Tributario para el año 2017.
1.—Prevención y control del fraude tributario.
Las líneas de actuación en este ámbito se desarrollarán esencialmente a través de las áreas del Ente que tienen encomendada la prestación de servicios al ciudadano, la gestión tributaria y la inspección. En términos generales:
• El Área de Servicios al Administrado constituye la primera línea de atención a los ciudadanos, fundamental para facilitar la orientación en el cumplimiento de sus obligaciones. Así, informa en un primer nivel a través de los distintos canales disponibles (presencial, telefónico o web), presta un servicio de apoyo para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones, y recoge y tramita las quejas. Desde el punto de vista del control, su actividad es esencialmente preventiva y se desarrolla en todos los ámbitos, incluido el recaudatorio.
• El Área de Gestión Tributaria se ocupa de la revisión de las declaraciones y autoliquidaciones que presentan los contribuyentes validando los documentos presentados o emitiendo las liquidaciones complementarias que procedan. La información que se deduce de declaraciones y autoliquidaciones permite asimismo detectar y corregir los supuestos de incumplimiento tributario siguiendo planes de actuación coordinados con los órganos inspectores. Corresponden también a esta área las tareas de formación y mantenimiento de los censos tributarios, cometidos que permiten asimismo la detección y regularización inmediata de posibles incumplimientos.
• El Área de Inspección comprende las actuaciones que se dirigen a la detección y regularización de las formas más importantes de fraude así como a la comprobación en profundidad del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y la adopción de medidas de control preventivo de los riesgos fiscales de mayor trascendencia.
Dos tipos de actuaciones.
El Plan diferencia la actividad de control general que se realiza con carácter rutinario y corresponde al ámbito de actuación propio de la gestión tributaria, de aquellas otras actuaciones tratadas en programas específicos desarrollados a través de las áreas de gestión e inspección.
Actuaciones de control general.
Constituyen actuaciones de control general a desarrollar en cualquiera de los tributos cuya gestión corresponde al Ente Tributario:
— Cumplimiento de obligaciones formales, plazos y lugar de presentación de declaraciones e ingreso en plazo de autoliquidaciones.
— Comprobación de bases impositivas.
— Comprobación de aplicación de tarifas y tipos impositivos.
— Comprobación de exenciones, reducciones y bonificaciones fiscales.
— Comprobación de la coherencia entre la documentación aportada por los interesados y los datos e información que obren en poder de la administración tributaria.
— Comprobación y adecuación de censos y padrones fiscales en aquellos tributos en los que dichos conceptos resultan esenciales.
Adicionalmente, y en relación con los distintos conceptos tributarios, serán objeto de comprobación general:
— En el Impuesto sobre Sucesiones y donaciones: Autoliquidaciones presentadas en supuestos de consolidación de dominio así como autoliquidaciones complementarias o regularizaciones de los hechos imponibles no declarados, valoración del usufructo y la nuda propiedad, supuestos de adición de bienes y derechos a la masa hereditaria o porciones individuales, acumulación de donaciones y comprobación de la aplicación de las normas especiales en los supuestos de renuncia en sus distintas modalidades.
— En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: Revisión de documentos aportados por el contribuyente con el fin de detectar hechos imponibles no declarados y aplicación de tipos reducidos de acuerdo con la normativa autonómica.
— En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Control de vehículos históricos y aplicación correcta de los casos de baja temporal y prorrateo de cuota.
— En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Comprobación de titulares de unidades urbanas dudosos o desconocidos, elaboración de informes y comunicaciones de datos para la gerencia catastral competente en relación con declaraciones de obra nueva, construcciones no declaradas y otras situaciones relevantes para la configuración del hecho imponible.
— En el Impuesto sobre Actividades Económicas: Control de la exención y coeficientes de ponderación asociados al importe neto de cifra de negocios, depuración y correcta aplicación de los códigos asociados a las vías a efectos de aplicación del coeficiente de situación.
— En el Impuesto sobre las Afecciones Ambientales del Uso del Agua y las tasas de suministro de agua (tributo de las entidades locales): Aplicación de los supuestos de sustitución del contribuyente cuando la norma lo prevea.
Además de las que se desarrollarán a continuación, tienen la consideración de actuaciones específicas o de riesgo fiscal de atención preferente las derivadas de las denuncias o informes de colaboración remitidos al Ente por otras administraciones, poniendo de manifiesto hechos, operaciones o circunstancias con trascendencia tributaria. Del mismo modo, se incluyen los casos derivados de la tramitación de las denuncias presentadas de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 58/2003, General Tributaria, y los que tengan origen en propuestas e informes tramitados en el organismo, previo estudio de los servicios de planificación y autorización del jefe de área que corresponda.
— Actuaciones informativas para fomentar el cumplimiento voluntario de obligaciones.
— Comprobación de autoliquidaciones: Incorporación de bienes y derechos omitidos. Control de los valores declarados de acuerdo con los datos en poder de la Administración.
— Actuaciones sobre hechos imponibles no declarados: Supuestos de falta de presentación de autoliquidaciones en aquellos casos en los que presuntamente resulta obligatorio, de acuerdo con los datos obrantes en la administración u obtenidos de métodos de investigación y control de no presentación de autoliquidaciones por cambio ficticio de domicilio.
— Comprobación de la correcta aplicación de exenciones.
— Control y seguimiento de solicitudes de prórroga, suspensión de plazos de presentación y autoliquidaciones parciales.
— Detección y regularización de hechos imponibles no declarados. Especial incidencia en los supuestos de cambio ficticio de domicilio.
— Comprobación de omisiones de bienes y derechos y supuestos de vaciamiento patrimonial.
— Comprobación de beneficios fiscales, especialmente de los requisitos exigidos por la normativa para la aplicación de reducciones, deducciones y bonificaciones.
— Consolidaciones de dominio declaradas incorrectamente o no declaradas.
— Comprobación del patrimonio preexistente declarado.
— Supuestos de adición de bienes a la masa hereditaria o porción hereditaria.
— Comprobación de excesos de adjudicación lucrativos en la modalidad de donaciones del Impuesto de Sucesiones y donaciones.
— Detección y regularización de hechos imponibles no declarados.
— Determinación de la aplicación del gravamen correcto en los supuestos en los que un mismo hecho pueda ser susceptible de tributación por este impuesto y por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
— Comprobación de operaciones declaradas por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que, en función de sus características y atendiendo a la normativa vigente, pueden ser calificadas fiscalmente como transmisiones lucrativas.
— Detección y regularización de supuestos de excesos de adjudicación onerosos.
— Comprobación de hechos imponibles derivados de expedientes de dominio y actas de notoriedad.
— Control de concesiones administrativas.
— Comprobación de supuestos de aplicación de tipos reducidos.
— Comprobación de la exención prevista en el artículo 314 del Texto Refundido de la Ley de Mercado de Valores.
— Control de aplicación de exenciones en operaciones de fusión y reestructuración societaria.
— Control de exenciones en la modalidad de transmisión de vehículos de segunda mano.
Canon de Saneamiento e Impuesto sobre Afecciones Ambientales del Uso del Agua.
— Entidades suministradoras: Detección y regularización de no declarantes y comprobación de supuestos que muestren incongruencias en volúmenes de consumo o importes ingresados.
— Contribuyentes directos: Detección y regularización de no declarantes y comprobación de supuestos que muestren incongruencias entre volúmenes de uso o consumo de agua, cálculo de cuotas e importes ingresados.
— Regularización de la situación tributaria en los supuestos de juego no autorizado u otras irregularidades detectadas por el Servicio de Juego.
— Control de supuestos de cuota “cero”. Especial incidencia en la detección de incongruencias en supuestos de alta en actividad (modelo 036) y el importe neto de cifra de negocios superior a 1 millón de euros que figura en el modelo 840.
— Control de elementos tributarios y actividades declaradas en sectores industriales, comerciales y de prestación de servicios en general.
— Regularización de supuestos de hechos imponibles no declarados.
2.—Control en fase de recaudación.
Se recogen en este apartado las actuaciones de gestión recaudatoria que desarrollarán los órganos de recaudación en el actual contexto normativo y presupuestario. El ámbito normativo viene marcado por la necesidad de adaptarse a las directrices de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Por otra parte, el contexto de contención presupuestaria obliga a adaptar los procesos y la propia organización de la Administración para lograr la máxima eficiencia en los recursos disponibles.
Dentro de las actuaciones de control en fase de recaudación, caben destacar:
— Procesos de gestión automatizados (embargo de bienes y derechos, compensación de deudas, etc.).
— Tramitación electrónica de procedimientos de gestión recaudatoria: Aplazamientos, fraccionamientos o devoluciones.
— Gestión cualificada de deudas de mayor cuantía a través de un seguimiento específico.
— Especial incidencia en supuestos de derivación de responsabilidad, en particular cuando la responsabilidad se origine por actuaciones de ocultación o transmisión de bienes con el fin de impedir el desarrollo del procedimiento de apremio.
— Actuaciones presenciales de recaudación en el supuesto de deudores cuya operativa comercial dificulta el cobro.
— Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de suministro de información.
— Mayor dinamismo en la gestión de las deudas, agilizando el tránsito por las distintas fases de ejecución con el fin de limitar dilaciones en las fases de embargo y enajenación.
— Gestión coordinada con otros órganos liquidadores: Adopción de medidas cautelares de aseguramiento del cobro en situaciones de riesgo recaudatorio, ejecución de garantías ya constituidas ante otros órganos y seguimiento de aquellas situaciones que afecten a la exigibilidad de las deudas.
— Seguimiento de los procesos concursales: Comprobación de la correcta calificación de deudas y control de cumplimiento del convenio.
— Control de deudores declarados insolventes para vigilar posibles solvencias sobrevenidas.
— Control de la participación de los deudores en la realización de hechos imponibles con incidencia en el cobro de las deudas.
3.—Colaboración con otras administraciones.
Destacan en este apartado la colaboración con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con las entidades locales.
Con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria:
Entre las múltiples líneas de actuación y colaboración, pueden destacarse:
— Acceso e intercambio de información con fines tributarios de acuerdo con los convenios existentes.
— Obtención de información en razón del principio de colaboración, legalmente establecido, que permite solicitar y facilitar información de acuerdo con necesidades concretas de cara al control tributario.
— Convenio para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. El convenio, en términos generales, permite extender la gestión recaudatoria en todo el territorio nacional haciendo uso de los mismos medios de información y procedimientos técnicos que los utilizados para la recaudación ejecutiva de los derechos del Estado y sus organismos autónomos.
— Grupo de control del Consejo Territorial para la dirección y coordinación de la gestión tributaria del Principado de Asturias.
— Grupo de trabajo establecido para la coordinación y colaboración en materia de lucha contra el fraude, especialmente en el ámbito de tributos cedidos por el Estado.
Con las Entidades locales:
— Uso de la información asociada a la gestión de los tributos locales que el Ente Público de Servicios Tributarios realiza para los 78 concejos asturianos a través de los correspondientes convenios de delegación de competencias, incrementando las posibilidades de cobro de deudas e identificando y corrigiendo prácticas de fraude fiscal.

References: Resolución 
 artículo 116
 artículo 170
 Real Decreto 
 artículo 116
 artículo 10
 artículo 114
 artículo 314