Source: http://composi.info/corte-penal-internacional-aspectos-ms-trascendentes-del-estatu.html
Timestamp: 2020-01-19 01:39:25+00:00

Document:
Corte Penal Internacional: Aspectos más trascendentes del Estatuto de Roma
Antecedentes Históricos I. Luego de la 1º Guerra Mundial
II. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias en tribunales especiales.
III. Los Tribunales Internacionales ad- hoc para la antigua Yugoslavia y para Ruanda
Esquema del Estatuto de la Corte Internacional Penal
Delitos que contempla el Estatuto (Jurisdicción Rationae Materiae)
.Crímenes de Lesa Humanidad
Personas bajo la jurisdicción del Estatuto (Jurisdicción Rationae Personae)
Territorios bajo la jurisdicción del Estatuto (Jurisdicción Rationae Loci)
Lapsos de tiempo bajo la jurisdicción del Estatuto (Jurisdicción Rationae Temporis)
Eliminación de obstáculos para el enjuiciamiento
1. Igualdad de trato e inmunidad
2. Imprescriptibilidad de los crímenes dispuestos por el Estatuto
Encuadre normativo de actuación de la Corte
1. Los principios generales de Derecho Penal
2. Garantías de las personas objeto de investigación
Obligaciones de los Estados partes del Estatuto
Por Diego Rodríguez(*) y Matías Barrionuevo (**)
En el presente trabajo nos proponemos realiza un análisis de las principales cuestiones referidas a la Corte Internacional Penal, la cual comenzó su actividad en el año 2002. El 1º de Julio de ese año se alcanzaron las firmas necesarias para que entrara en plena vigencia el Estatuto de Roma (de ahora en más "el Estatuto")(1). Dicho instrumento internacional fue adoptado en el seno de las Naciones Unidas el 17 de Julio de 1998(2) y modificado en diferentes sesiones(3), pero su efectiva entrada en vigencia fue hace ya 11 años.
Resulta necesario aclarar, tal y como lo refiere el Dr. Juan Antonio Travieso, que la Corte Penal Internacional no es un órgano de las Naciones Unidas, sino que es un organismo de derecho internacional que cuenta con capacidad para desarrollar sus tareas y desempeñar sus atribuciones.(4)
Conforme lo dispone su artículo 126(5) el Estatuto entrará en vigor cuando lo hayan ratificado 60 Estados. El 21 de julio del 2000 ya lo habían firmado 98 Estados, 14 de cuales lo habían ratificado.
Mediante la Ley 25.390(6), la Argentina aprobó el texto del Estatuto y pocos meses después, el 8 de febrero de 2001, se depositó el instrumento de ratificación en la Secretaría General de las Naciones Unidas. Por número de orden, nuestro país es el miembro número 28.
A continuación procederemos con una breve descripción histórica de los antecedentes del Estatuto para luego de mencionar someramente los títulos que lo componen, analizar los aspectos relevantes que dispone y finalizar con los principios que el mismo establece y las reglas procesales por las cuales se va a regir.
I. Luego de la 1º Guerra Mundial
Resulta necesario remontarse a los grandes enfrentamientos armados que ha tenido que sufrir la humanidad en el devenir de su historia para poder rastrear las primeras raíces de la intención de un grupo de estados de juzgar de manera certera y concreta a aquellos límites que exceden el accionar "habitual" de una guerra, y principalmente aquellos que son soportados injustamente por grandes masas de civiles que, por un capricho del azar, se encuentran en el camino de aquellos que arrasan con todo por lograr su objetivo.
Concomitantemente con este propósito supra estatal existe entre los estados también una intención de conformar un cuerpo normativo penal que delinee los preceptos para que un tribunal de carácter internacional sea quien juzgue a aquellos que cometieron graves delitos internacionales, y que por circunstancias de coyuntural conveniencia se encontraban amparados por regímenes que los protegían.
En el Tratado de Versalles de 1919 -con el que se pone fin a la Primera Guerra Mundial- puede verse como en su artículo 227(7) se establece la pública acusación del ex emperador de Alemania Guillermo II de Hohenzollern por las potencias aliadas. Como resultado de la acusación debería realizarse un proceso en un Tribunal conformado por jueces pertenecientes a los Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón, por "ofensas supremas contra la moral internacional y la santidad de los Tratados." Se constituirá un tribunal especial para juzgar al acusado, asegurándole las garantías esenciales del derecho de defensa. Se compondrá de cinco jueces, nombrados por cada una de las cinco Potencias.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se firmó en Londres el 8 de agosto de 1945 el "Acuerdo para el procesamiento y el castigo de los grandes criminales de guerra del Eje Europeo". Como principal resultado de ese acuerdo se crearon tribunales internacionales para juzgar a altos dirigentes políticos y militares, tanto de Alemania como de Japón.
La Ley Nº 10 del Consejo de Control Aliado en Alemania constituyó el Tribunal de Nüremberg, y la Proclama especial del Comandante Supremo de las Potencias Aliadas para el establecimiento de un Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, adoptada en Tokio el 19 de enero de 1946.
Si bien pueden marcarse estos hitos como el punto de inflexión en la historia de la humanidad en cuanto a la necesidad de tribunales internacionales especialmente creados para juzgar delitos internacionales, los mismos no resultaban del todo legítimos, ya que no se adaptaban a ciertas garantías procesales, entre las cuales pueden mencionarse el principio de imparcialidad y objetividad del debido proceso, dado que los jueces eran exclusivamente nacionales de las Potencias vencedoras; el principio de legalidad debido a la ausencia de normas penales internacionales propiamente dichas anteriores a la comisión del delito; el principio de irretroactividad de la ley penal; y el principio del juez natural, que establece que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces naturales designados por la ley antes del hecho de la causa.
Tanto el Estatuto del Tribunal de Nüremberg como el de Tokio representaron un cambio sustancial en la materia, ya que era la primera vez que se distinguía entre crímenes contra la paz, crímenes de guerra, y crímenes contra la humanidad, pudiendo ser acusados los individuos aún cuando alegaran haber actuado como funcionarios del Estado.
Por último es necesario mencionar la importancia que tuvo, en cuanto a antecedentes y puesta en funcionamiento, la creación de los Tribunales "ad hoc" para juzgar a los presuntos culpables de violaciones graves al derecho internacional humanitario en la ex Yugoslavia(8) y el creado para juzgar a los responsables de genocidio y otras violaciones del Derecho Internacional Humanitario en Ruanda.(9)
El primero se encargo de juzgar a los presuntos responsables de haber cometido graves violaciones al derecho internacional humanitario, convencional o consuetudinario, el delito de genocidio y/o crímenes contra la humanidad, en el territorio de la ex Yugoslavia cometidos a partir del 1º de enero de 1991.
El segundo de ellos posee competencia para juzgar a los presuntos culpables de los delitos de genocidio y otras violaciones del derecho internacional humanitario, como así también a los ciudadanos de Ruanda presuntamente responsables de tales actos o violaciones cometidos en territorios de Estados vecinos en el período que va desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 1994.
Ambos órganos respetan las normas del debido proceso y los principios de objetividad e imparcialidad, a diferencia de lo ocurrido en los Tribunales de Nüremberg y Tokio.
Ahora bien, en lo que refiere a su estructura formal puede verse como el Estatuto se esquematiza en un preámbulo y trece partes, las cuales contienen un total de 128 artículos.
Como ya se anticipó, a comenzar el Estatuto aparece el preámbulo, el cuál más allá de cumplir con el objetivo que mayormente cumplen todos los preámbulos -ser una expresión de propósitos y principios de carácter general y el reconocimiento de la necesidad de dictado del instrumento en cuestión-, en el mismo encontramos formulas expresas a la intención de los estados para su firma.
En ellas se manifiesta un reconocimiento explícito de la fragilidad que une a los estados, la cual preocupa debido al consistente peligro de su ruptura, reconociendo que este miedo constante y continuo genera una amenaza latente a la paz y a la seguridad mundial.
Combinado con esta preocupación reinante respecto de la estrechez de los lazos entre los estados, existe también una firme conciencia de que los crímenes de trascendencia más gravosa para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo, y que para ello deben adoptarse medidas en tal ámbito decididas a terminar con la impunidad de sus autores.
Y todo esto sin dejar de lado que las Naciones Unidas reconocen como fundamental e inalterable el principio soberano de jurisdicción en materia penal, dándole a las disposiciones del Estatuto el carácter de complementarias a las legislaciones penales de cada estado en particular, a los fines de la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica de forma duradera.
En su cuerpo encontramos que esquemáticamente el Estatuto está compuesto por 13 partes, las cuales contemplan un total de 128 artículos, los cuales se encuentran distribuidos según diversos criterios de acuerdo a los temas que refieren.
Su esquema es el siguiente: Parte I - Del establecimiento de la Corte (Artículos 1 a 4); Parte II - De la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable (Artículos 5 a 21); Parte III - De los principios generales de derecho penal (Artículos 22 a 33); Parte IV - De la composición y administración de la Corte (Artículos 34 a 52); Parte V - De la investigación y el enjuiciamiento (Artículos 53 a 61); Parte VI - Del juicio (Artículos 62 a 76); Parte VII - De las penas (Artículos 77 a 80); Parte VIII - De la apelación y la revisión (Artículos 81 a 85); Parte IX - De la cooperación internacional y la asistencia judicial (Artículos 86 a 102); Parte X - De la ejecución de la pena (Artículos 103 a 111); Parte XI - De la Asamblea de los Estados Partes (Artículo 112); Parte XII - De la financiación (Artículos 113 a 118); Parte XIII - Cláusulas finales (Artículos 119 a 128).
No debe dejarse de lado que, conjuntamente con el Estatuto, se firmaron dos instrumentos anexos, los cuales sin pertenecer estrictamente al mismo resultan de vital importancia a la hora del efectivo desarrollo jurisdiccional de la Corte. Estos instrumentos son Los Elementos del Crimen y Las Reglas de Procedimiento y Prueba, más adelante desarrollaremos su importancia y su uso.
En el cuerpo del Estatuto encontramos la definición de los delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional, en virtud de su artículo 5(10). Allí se establece que la Corte solo tratará los crímenes más graves para la comunidad internacional, y reconoce que su competencia esta acotada solamente respecto de cuatro crímenes, a saber: el crimen de genocidio; los crímenes de lesa humanidad; los crímenes de guerra; y el crimen de agresión. Respecto del crimen de agresión el inciso 2 del referido artículo establece que la competencia de La Corte será ejercida cuando se lo defina.(11)
.Genocidio
En relación a la definición del delito de Genocidio que estipula el artículo 6° del Estatuto, hallamos que resulta ser la misma definición que se encuentra en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito(12), tal y como lo hizo el Estatuto de 1993 del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en su artículo 4° y el Estatuto del Tribunal Penal para Ruanda de 1995 en su artículo 20°.
Debe resaltarse además que la Convención contra el Genocidio de 1948, ha sido reconocida por la Corte Internacional de Justicia, desde el año de 1951, como un tratado que codifica el derecho consuetudinario, denostando este reconocimiento el carácter universal que posee la definición.
Según esta Convención se entiende por genocidio cualquiera de los siguientes actos, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; y e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Se desprende de la definición que es una lista de acciones directamente prohibidas, con una intención en particular, y no se exige que los mismos sean cometidos exclusivamente en tiempos de guerra para que la Corte pueda juzgarlos, sino que pueden resultar abarcados por su jurisdicción si son cometidos en tiempos de paz. Tampoco es requisito necesario para la comisión del delito que sea llevado a cabo por autoridades estrictamente estatales, sino que también puede ser llevado a cabo por particulares con el permiso y/o la anuencia de las autoridades.
En cuanto los delitos de Crímenes de lesa humanidad el Estatuto en su artículo 7° tipifica 11 actos que pueden subsumirse dentro de esta categoría, siempre y cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Estos actos son: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
Es necesario destacar que estos crímenes no deben realizarse exclusivamente en tiempos de guerra -al igual que los actos que configuran el delito de genocidio- sino que los mismos pueden ser cometidos en tiempos de paz. En este caso si deben ser actos realizados por autoridades estatales, los cuales tienen que tener como destinatario exclusivo la población civil, dejando explícitamente fuera de esta tipificación los actos aislados o al azar cometidos mediante esta modalidad.
En el inciso 2 del artículo se encuentran especificaciones de los actos descriptos recientemente, las cuales tienen como objeto facilitar el trabajo de todos los sujetos que integran la Corte a la hora de investigar la comisión de un delito para llegar -si corresponde- a una condena.
.Crímenes de Guerra
La situación que se genera en referencia a la tipificación de ciertos actos como crímenes de guerra resulta particular, ya que el artículo 8° especifica que la Corte tendrá competencia en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.
El Estatuto marca una diferencia sustancial en los Crímenes de guerra que se dan en el ámbito de conflictos armados de índole internacional, disponiendo que los mismos son: a) Las infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquier acto contra personas o bienes protegidos por las disposiciones de dichos Convenios, y b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional;
Mientras que en el ámbito de los conflictos armados que no sean de índole internacional(13) el estatuto establece que los Crímenes de guerra son: c) las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, es decir, cualquier acto cometido contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa; y e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional.
Si bien la definición de los crímenes sobre los cuales tiene competencia la Corte se encuentra contenida en los artículos 6, 7 y 8 la difícil tarea de investigarlos y probarlos existe también un instrumento que debe servir de guía para el funcionamiento de la Corte, el cual se encuentra en el artículo 9, y es el documento conocido como Los elementos de los crímenes.
Según el artículo 9 los Elementos del crimen deben "ayudar" a la Corte en la interpretación y aplicación de los arts. 6 al 8, esto es, del núcleo de crímenes recogidos en el Estatuto.
En palabras de Kai Ambos: "Constituyen una fuente jurídica secundaria frente a los crímenes del Estatuto y están sometidos a la interpretación por parte de la Corte. Cumplen una función declarativa y de sistematización respecto de los arts. 6 al 8 en tanto que sus elementos típicos se estructuran en varios párrafos."(14) Este instrumento jurídico constituye el Documento PCNICC/2000/1/Add.2del año 2000 de las Naciones Unidades.
La Corte solo avocará su jurisdicción sobre personas físicas, a las cuales puede atribuirle responsabilidad internacional por la comisión de alguno de los delitos que la misma está habilitada a juzgar, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y 25 del Estatuto. En estos artículos se hace expresa referencia a que la Corte solo juzgará a personas naturales, las cuales serán llevadas a juicio con las garantías correspondientes. La única restricción expresa impuesta en este sentido la dispone el artículo 26, que establece que no pueden juzgarse personas menores de 18 años, mientras que siguiendo las reglas procesales de aceptación universal no se prevé en el Estatuto el juicio en ausencia, sino que por el contrario el artículo 63 dispone que el acusado deberá estar presente en el proceso.
Todo estado que se haga parte del Estatuto, adhiriéndose a él como primera medida y ratificando su adhesión como consecuencia, acepta la jurisdicción de la Corte en virtud de lo dispuesto por el artículo 12, en su inciso 1°, en concordancia con lo dispuesto por el inciso 2°, párrafo a).
Según lo dispuesto por el artículo 11, inciso 1° la Corte tendrá jurisdicción únicamente respecto de los crímenes cometidos luego de la entrada en vigencia del Estatuto, teniendo expresamente previsto en el artículo 24, inciso 1° que "Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor." No puede establecerse la jurisdicción en materia temporal respecto de la totalidad de los estados partes, ya que no existe homogeneidad al momento de ratificación del mismo por cada uno de estos.
Una de las herramientas más útiles para el esclarecimiento de delitos, y el posterior castigo de sus perpetradores, si resultaren responsables, ha sido el conjunto de normas que dispone el Estatuto por las cuales se eliminan los obstáculos -tanto procesales como jurisdiccionales- que, hasta la entrada en acción de la Corte, provocaron que muchos de los procesos internacionales iniciados con anterioridad no hayan llegado a buen puerto, ya sea por la falta de cooperación de los estados, el cargo que ocupan los acusados en sus respectivos países, o las trabas procesales que se pueden esgrimir en las jurisdicciones locales para lograr impunidad.
El conjunto de normas referido está compuesto principalmente por dos artículos: el artículo 27 y el artículo 29.
El artículo 27 contempla dos ejes esenciales. En su primer inciso(15) establece que el Estatuto resultara aplicable a todas las personas, sin distinción -particularmente- de cargo oficial. Esta circunstancia resulta ser -a nivel interno- la primer traba procesal con la que se encuentran los tribunales nacionales a la hora de intentar progresar una acción en contra de aquellas personas que posean un rango privilegiado -por lo general Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno-, toda vez que no pueden escudarse en el cargo que ostentan para no ser juzgados por los crímenes de los que se les acusa.
Ahora bien, en el inciso segundo(16) se continua con la postura ideológica de no realizar una discriminación positiva en favor de aquellos que posean un cargo jerárquico de relevante importancia y se procede a desconocer las inmunidades y los procedimientos especiales que beneficien a quienes ostenten dicho cargo, toda vez que la Corte no encontrara en ellas una imposibilidad de ejercicio de competencia.
Existe sin embargo una aparente contradicción a ese principio general, una excepción que por las circunstancias de hecho puede darse en casos extremadamente particulares y requiere la existencia de otros instrumentos internacionales para que pueda hacerse operativa. Tal situación está contenida en el artículo 98 del Estatuto.
El mencionado artículo dispone en su párrafo 1° que la Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que la Corte obtenga anteriormente la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad.
Si bien en ese artículo se reconoce la existencia de inmunidad, la misma no está enfocada en el cargo que ostenta la persona señalada por la Corte o un estado denunciante, sino que el propósito de esta cláusula es respetar los Convenios sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas (CEF) de un Estado en territorio extranjero firmado con anterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto. Lo que se busca proteger son las inmunidades diplomáticas y las inmunidades estatales, y en concreto a las incorporadas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que estaban vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto.(17)
Ahora bien, distinta resulta ser la situación concebida en el párrafo 2°, toda vez que dispone que la Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimiento del Estado que envíe para entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicción de ese Estado, a menos que ésta obtenga primero la cooperación del Estado que envíe para que dé su consentimiento a la entrega.
Tal y como fue concebido este párrafo, su aplicación es extensible a los Convenios sobre el Estatuto de las Fuerzas (CEF) o "Status of Forces Agreements", existentes y vigentes, no a los que se establezcan después de que un Estado pasa a ser Parte en el Estatuto de Roma.
Sea como fuere la situación particular de cada estado en sus relaciones internacionales de reconocimiento de inmunidad a ciertas figuras diplomáticas o políticas resulta indiscutido resumir que aquellos Estados que hayan firmado y ratificado el Estatuto no se encuentran en posibilidades de otorgar, reconocer ni requerir inmunidad respecto de agentes bajo su cargo a menos que hayan firmado un acuerdo bilateral con anterioridad a la entrada en vigencia del Estatuto. Si esta situación resultara a la inversa todo Estado que firme un acuerdo de inmunidad, y que previamente hubiera firmado el Estatuto de Roma, estaría actuando de forma contraria al objeto y al fin del mismo y, por consiguiente, estaría claramente infringiendo las obligaciones contraídas en virtud del derecho consuetudinario internacional que rige los tratados.(18)
En lo que respecta al artículo 29 es menester, en honor a su excelsa claridad, citarlo de manera textual para que no pueda darse pie a interpretaciones que puedan tergiversarlo. El mismo refiere que Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán.
No resulta el objeto de este trabajo analizar el significado jurídico y los alcances de la imprescriptibilidad en el ámbito del derecho internacional público, sino que basta referirse al concepto universalmente adoptado acerca del término y toda vez que el mismo sindica que la prescripción trae aparejada la liberación de responsabilidad al autor del hecho que se cometió por el mero transcurso del tiempo.
El marco normativo en el cual se desarrolla toda la actividad de la Corte se encuentra regulado a lo largo de todo el Estatuto. Puede separarse en tres grandes grupos de normas: los principios generales de Derecho Penal, los derechos de las personas objeto de investigación y el derecho aplicable.
Este marco legal se encuentra en plena conformidad y en concordancia con lo dispuesto por los artículos 6, 9, 14 y 15 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, dictado en el ámbito de las Naciones Unidas.
En el Estatuto se prevé la garantía y respeto de los principios generales de derecho penal adoptados a nivel internacional, y reconocidos por los principales instrumentos internacionales firmados en el ámbito de las Naciones Unidas.
Entre los más representativos podemos mencionar el principio de "nullum crimen sine lege" receptado por el artículo 22, el cual establece de manera general que la Corte no podrá considerar a nadie responsable por conductas que al momento de cometerlas no constituyan crímenes de su competencia. De manera más específica el artículo refiere también otros principios relacionados, tales como el principio de prohibición de aplicación por analogía y el principio que establece que en caso de ambigüedad la interpretación debe ser la más favorable al acusado.
En el artículo 23 se postula el principio de "nulla poena sine lege", el cual manda que solo se podrán imponer las penas que establezca el Estatuto, y en las condiciones que el mismo disponga para tal fin.
También merece una mención especial el artículo 20, el cual establece el principio de cosa juzgada, principio que dispone que una persona no podrá ser procesada por la Corte en razón de conductas delictivas por las cuales ya hubiere sido juzgado, absuelto o condenado.
Ya adentrándose en el campo de las acusaciones propiamente dichas, las mismas solo pueden prosperar si respetan el principio de intencionalidad que reconoce el artículo 30, ya que se requiere la intención y el conocimiento de los elementos materiales para considerar una conducta como crimen.
Deviene importante destacar que en virtud de lo dispuesto por el artículo 6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, está prohibido que la Corte sea capaz de aplicar la pena de muerte en pos del principio abolicionista y el principio de no regresión que rigen la imposición de la pena capital. En el artículo 77 -Penas aplicables- se establece que las penas a aplicar por la Corte pueden ser la reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años; La reclusión a perpetuidad, Una multa y el decomiso del producto, los bienes y los haberes procedentes directa o indirectamente del crimen cometido.
Por último resta destacar principios ya expuestos: principio de irretroactividad de la ley penal, principio de imprescriptibilidad y el principio de igualdad, los cuales fueron expuestos con anterioridad.
Los derechos de las personas objeto de investigación por la Corte se encuentran explícitamente detallados en los artículos 55 y 67. El articulado dispone un plexo normativo de garantías que deben respetársele a todos aquellos sindicados como imputados de alguno de los crímenes que establece el Estatuto. Estos derechos estatuyen que nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; nadie será sometido a forma alguna de coacción, intimidación o amenaza, a torturas ni a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes; nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios; el imputado tiene derecho a contar con los servicios de un intérprete cuando sea interrogado en un idioma que no sea el que comprende y habla perfectamente; y el imputado tiene derecho de saber toda la información acerca del delito que se le imputa.
En lo que respecta al interrogatorio el acusado tiene derecho a guardar silencio sin que ello implique culpabilidad alguna, deberá ser asistido por un abogado defensor de su elección o, si no lo tuviere, a que se le asigne uno de oficio, a menos que renuncie a su derecho de asistencia letrada y haya optado por defenderse personalmente, también deberá ser interrogado frente aquel. También cuenta con el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas.
En el momento de la detención tendrá derecho a solicitar del juez del Estado que lo detuvo la libertad provisional hasta su entrega a la Corte, tal y como lo estipula el artículo 59.
El propio Estatuto establece el orden de prelación en que se aplicarán sus normas.
En primer lugar se aplicará el Estatuto, los Elementos del Crimen y sus Reglas de procedimiento y prueba; en segundo lugar, los tratados, principios y normas de derecho internacional aplicables, incluidos los principios establecidos del derecho internacional de los conflictos armados; y en su defecto, los principios generales del derecho, siempre que esas normas no sean incompatibles con el Estatuto ni con el derecho internacional, ni las normas y principios internacionalmente reconocidos.
No solo los estados reconocen la competencia de la Corte con la sola ratificación del Estatuto de Roma, sino que también se obligan internacionalmente en diversas cuestiones que hacen al correcto funcionamiento de ésta, así como también propenden a fortalecer las relaciones de amistad para con los demás estados ratificantes, los cuales tienen en miras la búsqueda de la paz internacional y la anticipación de hechos aberrantes contra la humanidad toda.
De manera genérica -y hasta intuitiva- encontramos que las principales obligaciones que tienen los Estados se encuentran establecidas en la Parte IX - De la cooperación internacional y la asistencia judicial (Artículos 86 a 102), estableciendo la regla principal el artículo 86, en el cual se ve como "Los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia."
Si bien resulta ser una formula genérica y sin especificaciones, dado que toda la actividad de la Corte se circunscribe en investigar y enjuiciar presuntos sindicados como autores de algunos de los crímenes de su competencia, el objetivo del artículo radica en facultar a la Corte con la posibilidad de exigirle a los estados alguna obligación no contemplada específicamente en la letra del Estatuto.
En cuanto a los demás artículos de la parte específica que dispone las obligaciones merece una particular atención el artículo 87, el cual contiene las disposiciones generales que rigen en todas las obligaciones.
Como primer medida se establece que la vía elegida para formular solicitudes de cooperación a los Estados Partes es principalmente la vía diplomática, o en su defecto cualquier otro conducto adecuado que haya designado cada Estado Parte a la fecha de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pudiendo ser cambiada esta designación de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba. En el caso de circunstancias particulares que ameriten la intervención de una fuerza de seguridad las solicitudes podrán transmitirse también por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal o de cualquier organización regional competente. Todas las solicitudes preservaran el carácter de confidencialidad, salvo en la medida en que su divulgación sea necesaria para tramitarla.
Para una eficaz respuesta las solicitudes de cooperación y los documentos que las justifiquen estarán redactados en el idioma oficial del estado requerido, o acompañados de una traducción a ese idioma, o a uno de los idiomas de trabajo de la Corte.
Con respecto a las solicitudes de asistencia la Corte podrá adoptar todas las medidas, incluidas las relativas a la protección de la información, que sean necesarias para proteger la seguridad y el bienestar físico o psicológico de las víctimas, los posibles testigos y sus familiares.
No se le escapo a los autores del Estatuto la negativa de cooperación por parte de un estado a una solicitud formulada por la Corte y que impida ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con el presente Estatuto, ésta podrá hacer una constatación en ese sentido y remitir la cuestión a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad, si éste le hubiese remitido el asunto.
Como garantía para el correcto desarrollo de la actividad de la Corte en cuanto a sus solicitudes de cooperación, los estados deben, en virtud del artículo 88, asegurarse de que en su derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación.
Ahora bien, en virtud de la actividad de la Corte la principal obligación que tienen los estados está dispuesta por lo contemplado entre los artículos 89 a 92, y consiste en la obligación de entrega de personas. Dicha obligación la cual puede consistir en proceder a la detención de una persona en el territorio del estado para ser llevada ante los estrados de la Corte o la entrega de una persona que esté detenida por las autoridades estatales.
En dichos artículos se establecen las condiciones en las cuales se regirán las solicitudes y se contemplan también diversas situaciones, tales como el pedido concurrente de entrega por parte de la Corte y otro estado y la posibilidad de la Corte pida solicitudes expresas de detención.
Ya en el artículo 93, que aparece titulado como Otras formas de cooperación", y en el mismo se dispone que los estados partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Parte y con los procedimientos de su derecho interno, deberán cumplir las solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relación con investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de: a) Identificar y buscar personas u objetos; b) Practicar y producir pruebas; c) Interrogar personas; d) Notificar documentos; e) Facilitar la comparecencia voluntaria ante la Corte de testigos o expertos; f) Proceder al traslado provisional de personas; g) Realizar inspecciones oculares; h) Practicar allanamientos y decomisos; i) Transmitir registros y documentos; j) Proteger a víctimas y testigos y preservar pruebas; k) Identificar, determinar el paradero o inmovilizar el producto y los bienes y haberes obtenidos del crimen y de los instrumentos del crimen, o incautarse de ellos; y l) Cualquier otro tipo de asistencia no prohibida por la legislación del Estado requerido y destinada a facilitar la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de la competencia de la Corte.
Muchas de las cuestiones relevantes a la producción de pruebas, que suele ser una de los principales motivos de las solicitudes de cooperación que emite la Corte, se encuentran reguladas en las reglas de procedimiento y prueba, un instrumento anexo al Estatuto.
En palabras de Kai Ambos, los dos documentos anexos -Elementos del crimen y Reglas de Procedimiento y Prueba- "deben ser compatibles con el Estatuto y tienen carácter subsidiario con respecto al mismo. Por lo demás, las reglas constituyen una concretización y un desarrollo de las disposiciones sobre competencia, organización judicial y procedimiento contenidos en el Estatuto."(19)
(*)Abogado (UM), Defensor Oficial de la provincia de Buenos Aires, Docente titular adjunto en "Juicio oral" y Docente en "Derecho procesal penal" (UM).
(**) Abogado (UBA), Ayudante de 2° de "Derechos Humanos y Garantías" en el departamento de Derecho Público II (UBA)
[1] Cfr. "Rome Statute of the International Criminal Court", adoptado en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.
[2] Según A/CONF.183/9,de los registros de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
[3] Sesiones de fecha: 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002.
[4] Cfr. "Derecho Internacional Público", Juan Antonio Travieso, Ed. Abeledo Perrot, 2012, Pág. 555.
[5] Artículo 126 - Entrada en vigor
[6] Sancionada el 30/11/2000, promulgada de hecho el 08/01/2001 y publicada en el Boletín Oficial el 23/01/2001.
[7] Artículo 227
Las Potencias aliadas y asociadas acusan públicamente a Guillermo II de Hohenzollern, ex emperador de Alemania, por ofensa suprema contra la moral internacional y la santidad de los Tratados.
Se constituirá un tribunal especial para juzgar al acusado, asegurándole las garantías esenciales del derecho de defensa. Se compondrá de cinco jueces, nombrados por cada una de las cinco Potencias siguientes: Estados Unidos de América, 'Gran Bretaña, Francia, Italia y el Japón,
El tribunal juzgará inspirándose en los principios más elevados de la política entre las naciones, con objeto de garantizar el respeto a las obligaciones solemnes y a los compromisos internacionales, así como a la moral internacional. Le corresponderá fijar la pena que a su juicio deba aplicarse.
Las Potencias aliadas y asociadas dirigirán al Gobierno de los Países Bajos un requerimiento en solicitud de que les entregue al ex emperador para que sea juzgado.
[8] Creado por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante resolución 827 del 25 de mayo de 1993.
[9] Creado por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante resolución 955 del 8 de noviembre de 1994.
[10] Artículo 5 - Crímenes de la competencia de la Corte
[11] Artículo 5 - Crímenes de la competencia de la Corte
[12] Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948
[13] Por conflictos armados que no son de índole internacional a los conflictos armados que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos.
[14] Cfr. "Elementos del crimen, así como reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional", Kai Ambos, traducción de Teresa Manso Porto.
[15] Artículo 27 - Improcedencia del cargo oficial
[16] Artículo 27 - Improcedencia del cargo oficial
[17] Cfr. "Los Acuerdos Bilaterales de Inmunidad y el Art. 98 de la Corte Penal Internacional", Christian G. Sommer.
[18] Idem Nota anterior
[19] Cfr. "Elementos del crimen, así como reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional", Kai Ambos, traducción de Teresa Manso Porto.
Citar: elDial.com - DC1A39

References: artículo 126
 artículo 227
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 20
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 26
 artículo 63
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 24
 artículo 27
 artículo 29
 artículo 27
 artículo 98
 artículo 29
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 20
 artículo 30
 artículo 6
 artículo 77
 artículo 59
 artículo 86
 artículo 87
 artículo 88
 artículo 93
 Artículo 126
 Artículo 227
 resolución 
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 Artículo 5
 Artículo 5
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 Artículo 27
 Artículo 27