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Timestamp: 2018-06-25 07:28:39+00:00

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DERECHO ADMINISTRATIVO | Curriculum Vitae | Album de fotos | Aficiones
-CONTRADICCION
-DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR
-DERECHO DE PETICION EN INTERES GENERAL
-EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL
El Referéndum como mecanismo de reforma del Pueblo
El Tercer mecanismo viable para reformar la Constitución de 1991, es el “referendo” o referéndum utilizado por el Pueblo o constituyente primario. Los actos constituyentes aprobatorios por referéndum que reforman la Constitución si bien, una vez obtengan el trámite legislativo respectivo ante el Congreso, pasan a incorporarse a la Constitución, no sin dejar su propia huella jurídica de autonomía y relevancia constitucional. En nuestro país este mecanismo de reforma y los actos constituyentes consecuenciales al ejercicio de este todavía no se han puesto en práctica, aunque si se ha hecho un primer intento fallido a la solicitud de referendo a iniciativa del Gobierno Nacional (artículo 378, constitucional) (38) y no de los propios ciudadanos o constituyentes primarios, cual fuera la esencia del origen, forma y condiciones de desatar este mecanismo democrático para aprobar, improbar o negar reformas no sólo de tipo jurídico-administrativo (actos administrativos), sino de ámbito legislativo y relevantemente de carácter constitucional. El primer intento fallido incorporaba en sus objetivos primordiales de reforma constitucional un evidente enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo por acciones legislativas previas que constituían saetas constitucionales a juicio de los asesores especializados del Gobierno Pastrana, en contra de éste. En tal virtud, la iniciativa de referendo nacía con un claro sabor a “Ley del Talión” que tanto mal ha hecho a todas las democracias del mundo.
Los Actos Administrativos Nacionales, Seccionales y Locales (47) .
El tercer gran grupo normativo de fuentes escritas y derivadas del Derecho Administrativo, esta constituido por los llamados Actos Administrativos expedidos por la Administración Pública o Estatal a nivel nacional, por la Administración Departamental y Provincial, a nivel Seccional y por la Administración Pública Municipal y Distrital a nivel Local. Igualmente todos aquellos actos administrativos expedidos por las denominadas “autoridades” estatales y las personas privadas cuando unas y otras cumplan funciones públicas, según el artículo 1, 81 a 83 del Código Contencioso Administrativo --C.C.A.--.
Muy a pesar de que el Decreto-ley 01 de 1984, en su artículo 83, definía el acto administrativo como “las conductas y abstenciones capaces de producir efectos jurídicos, y en cuya realización influyen de modo directo e inmediato la voluntad o la inteligencia”, hoy por hoy, en vigencia del Código Contencioso-Administrativo (Decreto-Ley 01/84, modificado por el Decreto-Ley 2304 de 1989 y la Ley 446 de 1998), abandona toda definición tanto de acto administrativo como de la institución jurídico-administrativa expedidora del mismo con carácter exclusivo y excluyente, como lo era la rama ejecutiva del poder público o Administración Pública Nacional, Seccional y Local. Esta actividad de conceptualización la ha dejado a la doctrina y a la jurisprudencia cuando unos y otros deben analizar, estudiar o aplicar la figura jurídico-administrativa, al caso concreto, no sin dar unas caracterizaciones generales de lo que debe entenderse por Acto Administrativo. A título enunciativo son las siguientes:
El acto administrativo constituye una decisión jurídico-administrativa realizada por una persona adscrita o vinculada a una entidad, organismo, dependencia o sección administrativa y perteneciente a una cualquiera de las tres ramas del poder público, a los “organismos del control” (Contraloría y Procuraduría), a los “órganos electorales” (Registrador del Estado Civil y los Consejos electorales) de cualquier nivel, jerarquía o ámbito territorial (nacional, Seccional o Local) y funcional; así como por personas jurídicas de derecho privado, cuando unos y otros, ejerzan una “función administrativa” estatal por disposición del ordenamiento jurídico vigente o por delegación constitucional o legal (artículos 2,4,6,122 a 125, 209, 300, 303, 311, 314 y 323 Constitucional y artículos 1, 81 a 83 C.C.A.).
Por tanto, el acto administrativo como acto jurídico que es, crea, extingue o modifica situaciones jurídicas individuales (personales o concretas) y generales (abstractas o impersonales). Este acto surge a la vida jurídica desde el momento mismo en que se manifiesta la decisión final ius-administrativa por la autoridad o persona competente, previo un procedimiento administrativo breve, sumario o normal previsto en el ordenamiento jurídico vigente. El acto es válido y existe entonces, a partir de la notificación (acto subjetivo) o desde la publicación (acto objetivo), respectiva, momento desde el cual se presume ajustado al ordenamiento jurídico.
Igualmente, el acto administrativo como decisión jurídica unilateral se exterioriza efectivamente en forma verbal, escrita, tácita o gestualmente, aún cuando el destinatario o destinatarios no hayan dado su consentimiento. El acto administrativo no es la única actividad, gestión o manifestación que deriva efectos jurídicos de parte de la llamada administración pública o estatal, aunque sí la de mayor relevancia, estudio y tratamiento jurídico-social. Son manifestaciones de la actividad administrativa que generan efectos jurídicos y responsabilidad estatal, las vías de hecho, las operaciones administrativas y los hechos administrativos.
Finalmente, las controversias surgidas a raíz de la existencia, vigencia, validez, emisión irregular, falsa motivación, desviación de poder, falta de audiencia y derecho de defensa, falta de competencia o cualquier otra causa de forma o fondo en la expedición de un acto administrativo, serán de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa (jueces y Tribunales Administrativos y Consejo de Estado, según las reglas de competencia previstas en el C.C.A.), previamente agotando la vía administrativa o “gubernativa, si se trata de actos subjetivos.
En el nivel nacional son relevantes académica como jurídicamente los actos administrativos del Presidente de la República en ejercicio de la función o “potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes” (artículo 189-11, constitucional). En la Doctrina Colombiana (Rodríguez, Vidal Perdomo, Younes Moreno), a estos actos se les conoce genéricamente como “Decretos Reglamentarios”. Sin embargo, del texto constitucional se deduce que no solo Decretos puede dictar el Presidente para cumplir con su función constitucional, sino resoluciones y órdenes que son al igual que los Decretos actos administrativos de ámbito y efectos nacionales. Este poder reglamentario del Presidente, en el derecho administrativo colombiano, “no es exclusivo” del este funcionario, puesto existen otros “organismos como el Consejo Superior de la Judicatura y la Junta Directiva del Banco de la República” (artículo 257-3, constitucional) que a nivel nacional ejercen esta potestad en el ámbito de sus competencias y materias, tal como lo ha reconocido la Consejo de Estado en Sentencia de Mayo 20 de 1994.
“La facultad de reglamentar la ley es inalienable, intransferible, inagotable, pues no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo y es irrenunciable, por cuanto es un atributo indispensable para que la Administración cumpla con su función de ejecución de la ley” (Corte Constitucional, Sentencia C-028-97).
A nivel Seccional, los Actos Administrativos más comunes y corrientes de los Gobernadores son los Decretos reglamentarios de las Ordenanzas, Decretos Extraordinarios y pro tempore autorizados por la Asamblea (artículo 300-9, constitucional) o los Decretos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas generales o subjetivas (v.gr. Nombramiento y Remoción de Funcionarios Departamentales). Igualmente las expiden las Resoluciones y Ordenes Departamentales en virtud de las atribuciones que les confiere el artículo 305 de la Constitución y el Decreto Extraordinario Núm. 1222 de 1986 “Código de Régimen Departamental. Igualmente las Asambleas Departamentales, como corporaciones administrativas de elección popular expiden actos administrativos como Resoluciones, Ordenes y Ordenanzas Departamentales que son los principales actos de estas Corporaciones Seccionales, según lo previene el artículo 300, constitucional, adicionado por el Acto Legislativo Núm. 1º de 1996.
A nivel Municipal, los Actos Administrativos más relevantes son los que expide el Alcalde Municipal en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 314 y 315, constitucionales, como Jefe de la Administración Municipal, Representante Legal del Municipio y Jefe de Policía Administrativa. Para ejercer estas funciones dicta Decretos reglamentarios de los Acuerdos Municipales (artículo 312 id), Decretos extraordinarios y pro tempore por atribuciones del Consejo (artículo 313-3 id.), Decretos creadores de situaciones jurídicas concretas o subjetivas (los de nombramiento y remoción de funcionarios municipales) o creadores de situaciones jurídicas generales (o “Reglamentos”. Igualmente pude dictar Resoluciones, Instructivas y Ordenes para cumplir o hacer cumplir atribuciones constitucionales y legales de los Gobernadores en materia de orden público o aspectos económicos y sociales (artículo 315 id). Todo ello también para cumplir con las funciones del Alcalde según lo previene la Ley 136 de 1994, Junio 2 “Código de Régimen Municipal Colombiano”. Por su parte, también pueden dictar actos administrativos, tales como Resoluciones, Instructivas y principalmente Acuerdos, los Concejos Municipales, los cuales son corporaciones administrativas de elección popular y con jurisdicción en el territorio Municipal (artículo 312 id). La Ley 136 de 1994, también regula sus funciones en el artículo 32.
Para que se interpone la acción de nulidad y restablecimiento del derecho?
Para conseguir que se anule el acto administrativo, se restablezca el derecho violado y se repare el daño causado por:
·	Violar la constitución.
·	Violar las leyes.
·	Ser expedido por funcionarios u organismos incompetentes.
·	Ser expedido violando las formalidades establecidas
·	Falsa motivación.
·	Violar el derecho de audiencia y de defensa.
·	Abuso de poder del funcionario u organismo que lo expide.
Los Decretos “con fuerza de ley” del Legislador extraordinario: El Presidente y el Gobierno Nacional
En Colombia, el Presidente de la República “simboliza la unidad nacional” y representa y ejerce como “Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa” (artículos 188 y 189, constitucionales). Esta triple calidad que en otros regímenes y Estados del mundo, como en España se halla en cabeza de diferentes personalidades públicas: El Rey es el Jefe del Estado “símbolo de su unidad y permanencia” (artículo 56-1, Constitución de 1978), en tanto el Presidente del Gobierno es quien adquiere jefatura del Gobierno “dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado” conjuntamente con su Vicepresidente y sus Ministros (artículos 97 y 98, ibidem).
La concreción de calidades en cabeza del Presidente de la República conlleva un gran compás de funciones entre las que se destacan las representativas del Estado y el Gobierno, las de dirección, coordinación, proyección y fomento de actividades, gestiones y acciones administrativas en todos los niveles jerárquicos del Estado, así como las funciones excepcionales de carácter legislativo desarrolladas todas con fundamento en el ordenamiento jurídico vigente. Estas diversas funciones en cabeza de una misma institución jurídico política como es la Presidencia, es lo que ha dado en llamarse “El Presidencialismo en Colombia” (44). Rasgo característico del constitucionalismo colombiano que se instauró en la Constitución de 1886, hoy ratificada y potenciada por la Constitución de 1991, y aunque no esta ausente de críticas.
Como resultado del ejercicio de dichas funciones el Presidente de la República o en su momento el Gobierno Nacional, constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y los Directores de Departamentos administrativos, según el caso, especialidad y circunstancias, pueden constituirse en legisladores extraordinarios o excepcionales y dictar normas jurídicas “con fuerza de ley”, con efectos jurídicos similares a los de las leyes del Congreso e incluso con igual control de constitucionalidad de aquellas y ejercido por la Corte Constitucional (artículo 241-7, constitucional).
En efecto, el Gobierno Nacional (El Presidente y sus Ministros) puede expedir “decretos legislativos”, con fundamento en los llamados “Estados de Excepción” ( “Estados de sitio” en vigencia de la Constitución de 1886): a) Decretos legislativos de Orden Público por declaración de Estado de Guerra Exterior (artículo 212, constitucional), que propenden por “repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad”; b) Decretos legislativos de Orden Público por declaratoria de conmoción interior, cuando se “atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la conveniencia ciudadana” (artículo 213 id.). Estos Decretos legislativos “dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El Gobierno podrá prorrogar su vigencia por noventa días más”. Tienen un vigencia temporal, pero mientras rigen tienen los mismos efectos jurídicos que una ley de la República (45) ; c) Decretos legislativos de declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, los cuales propenden por eliminar o disminuir las causas y efectos que “perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico” y aunque tienen vigencia temporal reducida al objeto principal que persigue terminar pueden tener vocación a la permanencia si el “Congreso, durante el año siguiente, les otorga carácter permanente”, salvo en aquellas aspectos en los que se ha creado o modificando tributos que sólo regirán hasta el “término de la siguiente vigencia fiscal” (artículo 215 id.).
El Presidente de la República, también puede expedir decretos “con fuerza de ley”, cuando ejerce “facultades extraordinarias” otorgadas por el Congreso de la República en forma pro tempore (seis meses), “cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje”. El Gobierno Nacional previamente deberá elevar la solicitud de tales funciones excepcionales al Congreso el cual requerirá para su aprobación “la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara”. Sin embargo, el Congreso se reserva la facultad modificatoria de dichos “decretos leyes” en “todo tiempo y por iniciativa propia”. El Presidente con base en estos decretos no podrá expedir Códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni crear servicios administrativos y técnicos en las Cámaras, ni decretar impuestos (artículo 150-10, constitucional). La Doctrina colombiana (Younes Moreno, Rodríguez, Vidal Perdomo, entre otros), por estas razones llaman indistintamente a estos decretos como “Decretos Leyes” o “Decretos Extraordinarios” (46). Sin embargo, no hay duda que estos decretos tienen fuerza de ley, son parte del ordenamiento jurídico vigente y, por su puesto son controlados jurisdiccionalmente por la Corte Constitucional (artículo 241-5º, constitucional) y en definitiva son fuentes normativas creadoras del derecho derivado y escrito.
La Constitución, los actos constituyentes y legislativos de los órganos soberanos del Estado como el Congreso y el pueblo, respectivamente constituyen el conjunto de normas constitucionales base de todo el ordenamiento jurídico colombiano. La Constitución subsume a todos.
La Constitución ab initio, como conjunto de normas, principios, valores, derechos, deberes y obligaciones de las personas (naturales y jurídicas) regula las relaciones sociales, políticas, culturales, económicas, y sobre todo jurídicas entre los habitantes (nacionales o extranjeros) y los organismos, instituciones, dependencias o entidades vinculadas o adscritas al Estado, o entre estas mismas; así como la estructura del poder público, los organismos de control (Contraloría, Personería y Defensoría del Pueblo), los órganos electorales (Registrador del Estado Civil y Consejo Electoral) e incluso de las personas privadas con funciones públicas.
La Constitución de 1991, estructura la jerarquía normativa (34), el respeto a la misma y la solución en caso de conflicto, cuando predispone que la “constitución es la norma de normas”, así como que “en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra norma, se aplicarán las disposiciones constitucionales” (artículo 4, constitucional). La construcción gradada del derecho colombiano tiene vigencia desde una norma preconstitucional que reformó el Código Civil colombiano. En efecto, la Ley 57 de 1887, en el artículo 5º , establece que “en caso de incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquella”. Ahora bien, si en los Códigos previstos en nuestra legislación, se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se aplicarán las siguientes reglas: a) La disposición especial preferirá a la de interés general; y, b) Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad, y se hallaren en un mismo Código, preferirá la disposición consignada en el artículo posterior; y si estuvieren en diversos Códigos, preferirán por razón de éstos, en el orden siguiente: Civil, de Comercio, Penal, Judicial (o de Procedimiento Civil), Administrativo, Fiscal, de Elecciones, Militar, de Policía, de Fomento, de Minas, de Beneficencia y de Instrucción Pública.
¿Cómo se manifiesta la administración pública?
Acto administrativo: Manifestación de voluntad (intención) de entidades públicas o privadas que ejercen funciones administrativas para crear, modificar o extinguir un derecho.
Hecho administrativo: Fenómeno o situación independiente de la voluntad de la administración que la compromete jurídicamente.
Omisión administrativa: Surge cuando la administración no realiza una de sus funciones administrativas quedando obligada a responder.
Operación administrativa: Conjunto de actuaciones administrativas que ejecutan la ley o acto administrativo.
Decisión de la administración + ejecución práctica = operación administrativa.
Mecanismo de control por el cual los actos administrativos deben ser revocados por los funcionarios que los expidieron o sus superiores, de oficio o a solicitud de parte.
·	Por ser contrario a la constitución o la ley
·	No estar conformes o atentar contra el interés público o social.
·	Cuando causen agravio injustificado a una persona.
Cuando se hayan interpuesto recursos de la vía gubernativa.
¿En que termino se pueden revocar los actos administrativos?
La revocatoria podrá cumplirse en cualquier tiempo, contra actos en firme o cuando se ha acudido ante los jueces administrativos siempre que no se haya dictado auto admisorio de la demanda.
¿Se pueden revocar los actos de carácter particular?
Los actos administrativos particulares que crean, modifican o reconocen una situación jurídica o derecho solo se pueden revocar cuando existe consentimiento expreso y por escrito del titular.

References: artículo 1
 artículo 83
 artículo 305
 artículo 300
 artículo 314
 artículo 32
 artículo 5