Source: https://tc.vlex.es/vid/-387380484
Timestamp: 2019-04-24 21:59:15+00:00

Document:
STC 133/2012, 19 de Junio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 387380484
Número de Recurso: 3133-2006
El 21 de marzo de 2006 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional escrito de la Letrada del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias mediante el que, en la representación que ostenta, planteaba conflicto positivo de competencia en relación con el Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) la explotación de una lotería instantánea o presorteada.
Por providencia de la Sección Cuarta de 25 de abril de 2006, se admitió a trámite el conflicto positivo de competencia planteado por el Gobierno de Canarias, acordando dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno de la Nación, por conducto de su Presidente, al objeto de que, en el plazo de veinte días y bajo la representación procesal que señala el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), pudiera personarse en los autos y aportar cuantos documentos y alegaciones considerase convenientes. Se acordó asimismo comunicar la incoación del conflicto a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, para que, de encontrarse impugnado o si se impugnare ante la misma el referido real decreto, se suspenda el curso del proceso hasta la decisión del conflicto. Igualmente, la citada providencia acordó la publicación de la incoación del conflicto en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de Canarias”.
Mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 30 de mayo de 2006, el Abogado del Estado solicitó la desestimación de la demanda, con la consecuente declaración de la competencia a favor del Estado. En el mismo, y tras transcribir la exposición de motivos y la disposición derogatoria única del real decreto controvertido, detalla la doctrina en la materia recogida, entre otras, en la STC 171/1998, basada en la limitación territorial de las competencias autonómicas, la existencia de atribuciones estatales ligadas con el juego en general, el monopolio Fiscal como manifestación de poder financiero del Estado y la intelección amplia del título Hacienda General, más allá de los ingresos estrictamente tributarios. En suma la competencia estatal del art. 149.1.14 trasciende la específica denominación de lotería nacional a todo lo que ésta significa como monopolio e institución históricamente definida. Del examen jurisprudencial, concluye el Abogado del Estado afirmando la limitación de la competencia exclusiva autonómica a la organización de juegos y apuestas regionales, y la competencia estatal para establecer juegos y apuestas de ámbito nacional que constituyan recurso ordinario de su hacienda y conecten con el monopolio Fiscal, en virtud del título competencial sobre la hacienda general.
Por Auto de 20 junio 2006 se denegó la suspensión de la vigencia del Real Decreto 1336/2005, interesada cautelarmente por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias como otrosí en su demanda.
Mediante providencia de 19 de junio de 2012 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el mismo día.
El presente conflicto positivo de competencia ha sido promovido por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) la comercialización de una lotería instantánea o presorteada. La Comunidad Autónoma alega su competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas, de conformidad con el art. 30.28 del Estatuto de Autonomía de Canarias, invocando igualmente la normativa autonómica que contempla la lotería presorteada como uno de los juegos autorizados por la Comunidad Autónoma, así como la jurisprudencia sentada, entre otras, en la STC 163/1994, de 26 de mayo. Asimismo, discute que la norma controvertida pueda tener encaje en la competencia estatal ex art. 149.1.14 CE, sosteniendo, además, que se afecta a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma y que resulta discutible la invocación del interés general vinculado a fines sociales como fundamento de la disposición, siendo así que la Comunidad Autónoma ostenta competencias que le permitirían defender también fines de esa naturaleza.
Con carácter previo al enjuiciamiento de la norma cuestionada, hemos de analizar los efectos que pueda tener sobre la controversia el hecho de que algunos de los preceptos del Real Decreto 1336/2005, hayan sido modificados. En concreto, el Real Decreto 1706/2011, de 18 de noviembre, da nueva redacción al art. 2 y a los apartados 3, 4 y 6 del art. 3. Tal y como tenemos reiteradamente señalado [por todas en la STC 99/2012, de 8 de mayo, FJ 2 c)], en las controversias de alcance competencial es necesario apreciar los efectos que tiene sobre el conflicto la entrada en vigor de la nueva normativa reguladora de algunos de los aspectos en discusión. Dicha operación debe realizarse atendiendo en cada caso a las circunstancias concretas y, ante todo, a la pervivencia de la controversia competencial, esto es, a si la disputa sobre la titularidad competencial sigue o no viva entre las partes, de modo que si la normativa en torno a la cual se trabó el conflicto resulta parcialmente modificada por otra que viene a plantear los mismos problemas competenciales la consecuencia necesaria será la no desaparición del conflicto. Esto es, precisamente, lo que ocurre en el presente caso, en el que las modificaciones que ha sufrido la norma impugnada no afectan en modo alguno a la cuestión planteada, centrada en la denuncia de la extralimitación de las competencias estatales en la autorización de una lotería instantánea y en la consiguiente vulneración de las competencias autonómicas, por lo que debemos proceder a su enjuiciamiento.
El Real Decreto impugnado en el presente conflicto autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) la comercialización de una modalidad de lotería instantánea o presorteada cuya dirección, organización y explotación confía a la citada organización. Y dispone también que los ingresos obtenidos por su explotación, deducidos los gastos relativos a los premios abonados, la retribución de los agentes vendedores y los gastos generales propios de la gestión del juego, se destinarán a los mismos fines y estarán sujetos a las mismas obligaciones establecidas para los demás juegos autorizados a la ONCE (art. 2).
Mención especial merece la cuestión relativa a la afección de la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma y de su suficiencia de recursos, aspecto del que se ocupó en profundidad la STC 32/2012, en sus fundamentos jurídicos 6 y 7, para descartar que se produzca vulneración alguna en el sentido denunciado. Así, en el fundamento jurídico 6 nos referimos en primer lugar al principio de autonomía financiera consagrado en el art. 156.1 CE, con exposición de las coordenadas constitucionales en las que se sitúa, señalando que el Estado es competente “para regular no sólo sus propios tributos, sino también el marco general de todo el sistema tributario y la delimitación de las competencias financieras de las Comunidades Autónomas respecto de las del propio Estado”. A ello añadimos la consideración de que la actividad financiera del Estado ha de desarrollarse dentro del orden competencial articulado en la Constitución, lo que implica “la necesidad de compatibilizar el ejercicio coordinado de las competencias financieras y las competencias materiales de los entes públicos que integran la organización territorial del Estado de modo que no se produzca el vaciamiento del ámbito competencial —material y financiero— correspondiente a las esferas respectivas de soberanía y de autonomía de los entes territoriales”.
Finalmente, sobre el argumento del Gobierno de Canarias negando la existencia de un interés general nacional o el cumplimiento de fines de interés general o social en el real decreto impugnado, y que en éste se enarbola dicho interés general como justificación de la medida y no la extensión territorial del juego, hay que comenzar por señalar que, de acuerdo con su art. 2, al que ya hemos hecho mención anteriormente, “[l]os ingresos que se obtengan por la explotación de la lotería instantánea que se autoriza, deducidos los gastos relativos a los premios abonados, la retribución de los agentes vendedores y los gastos generales propios de la gestión del juego, se destinarán a los mismos fines y estarán sujetos a las mismas obligaciones de utilización establecidas para los demás juegos autorizados a la ONCE”. Y, como dijimos en el fundamento jurídico 8 de la 32/2012, respecto a la naturaleza jurídica, adscripción territorial y funciones de dicha organización, ya hemos tenido ocasión de advertir (STC 171/1998, de 23 de julio, FFJJ 4 y 5) que se trata de una organización de ámbito estatal, de carácter social y sin fin de lucro, y así lo precisa el art. 1.1 del Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, modificado por el Real Decreto 1359/2005, de 18 de noviembre, que la define como “una Corporación de Derecho Público, de carácter social, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que desarrolla su actividad en todo el territorio español, bajo el Protectorado del Estado. Dicho carácter social integra los principios y valores de la solidaridad, la ausencia de ánimo de lucro y el interés general en la naturaleza y fines de la organización”. La relevancia de estos fines fue expresamente reconocida en la STC 171/1998, FJ 4, afirmando que presentan un “evidente interés público y que conectan directamente con el mandato del art. 49 de la C.E.”, justificándose la concesión, que históricamente se ha mantenido, de la explotación del “cupón pro-ciegos” como fuente de recursos financieros de la entidad, “en la necesidad de dotarle de los medios económicos suficientes para el cumplimiento de los relevantes fines de indudable interés público que ha asumido desde su creación y asume en la actualidad. Medios económicos que arbitró el Estado mediante la autorización de ese sorteo en lugar de asignar una consignación con cargo a su propio presupuesto, constituyendo así una fuente de ingresos de la O.N.C.E. que ha sido y sigue siendo el principal recurso financiero de la entidad, soporte, por lo tanto, imprescindible e indispensable para el desempeño de las actividades que realiza tendentes a la satisfacción de los fines de interés público que tiene encomendados y que son su razón de ser” (STC 171/1998, FJ 5).
SENTENCIA 164/1994, de 26 de Mayo del Pleno del Tribunal constitucional en los Conflictos positivos de Competencia 1156/1985, 682/1988, 754/1988, y 122...
STS 207/2000, 26 de Febrero de 2000
ATS 103/2014, 30 de Enero de 2014

References: Real Decreto 
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