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Timestamp: 2018-02-20 17:38:20+00:00

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Informe del Acido Bórico
'Caso Bórico': Santano, Mélida, Andradas y Ramírez al banquillo (24 de febrero de 2007)
Por Narrador - 24 de Febrero, 2007, 9:00, Categoría: Informe del Acido Bórico
La Audiencia de Madrid confirma la decisión de la juez Gallego de iniciar la preparación del juicio contra Santano, Mélida, Andradas y Ramírez. Ve contra ellos «indicios sólidos» que EL MUNDO denunció
MADRID.- La cúpula de la Comisaría General de Policía Científica, encabezada por su jefe, Miguel Angel Santano, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados al existir «indicios sólidos» de que pudo cometer un presunto delito de falsedad documental al alterar un informe pericial incorporado al sumario del 11-M.
Así lo ha declarado la Audiencia Provincial de Madrid en un auto en el que rechaza el recurso que Santano, Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez interpusieron contra la decisión de la juez Gemma Gallego de iniciar la preparación del juicio oral contra los cuatro mandos policiales. La Audiencia ha respaldado a la instructora.
La resolución supone un nuevo espaldarazo a la actuación de la juez instructora, Gemma Gallego -que «cumple escrupulosamente con las exigencias legales y jurisprudenciales», afirma la Audiencia-, en la misma medida en que representa otro varapalo a la Fiscalía y la Abogacía del Estado en este proceso. La posición de ambas en apoyo al recurso de los imputados es desautorizada.
La Sección Tercera de la Audiencia de Madrid, que ha confirmado todas las decisiones de Gallego recurridas en apelación, ha ratificado esta vez el auto por el que, el pasado 10 de enero, la instructora acordó concluir la investigación e iniciar la fase de preparación de juicio oral contra el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano; su número dos, el secretario general Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Análisis, José Andradas; y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez.
La juez insistía en la existencia de indicios de falsedad documental y/o falso testimonio en la conducta de los cuatro mandos policiales, a los que se acusa de participar en la alteración del informe elaborado por sus subordinados Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre los 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en la vivienda de un detenido por el 11-M, Hasan Haski, ahora sentado en el banquillo de los acusados de la Casa de Campo.
Los tres peritos a los que Ramírez, el jefe del laboratorio, asignó el informe hicieron constar unas Observaciones en las que recordaban que esa misma sustancia fue hallada en un piso franco de ETA.
La alteración de ese informe con el fin de que al sumario del 11-M no llegara ninguna referencia a ETA es lo que va a conducir al banquillo a los cuatro principales responsables de la Policía Científica. Tras la resolución de la Audiencia, la juez Gallego tiene vía libre para resolver sobre la apertura de juicio oral, solicitada por varias acusaciones populares, que piden para los cuatro imputados penas de tres a seis años de cárcel. La previsible decisión de Gallego de abrir juicio oral es irrecurrible, por lo que, en la práctica, Santano, Mélida, Andradas y Ramírez tienen ya un pie en el banquillo.
Para la Audiencia, «resulta evidente» que existen «sólidos indicios de la comisión de hechos punibles» en la alteración del informe pericial de Escribano, López y Manrique.
A su juicio, el debate sobre si ese informe inicial era o no un documento oficial es «inane» porque «lo esencial es examinar el informe elaborado por Ramírez», que fue el que se envió al sumario del 11-M.
«En dicho informe», dice la Audiencia, «se contienen una serie de afirmaciones que no se corresponden con la realidad». El auto las enumera:
«Se expresa como objeto del informe el 'análisis de las muestras' cuando, en el oficio de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) exactamente se solicitaba 'estudio, análisis e informe pericial'».
«Se afirma que de las muestras se hizo cargo el facultativo con carné profesional 195, esto es, el imputado Ramírez, cuando lo cierto es que fue Manrique».
«Se expresa que Ramírez procedió a utilizar las técnicas analíticas que permitieron identificar las muestras como ácido bórico, cuando Ramírez ni llevó a cabo personalmente tales técnicas, ni formó parte del equipo que las realizó».
Pero, además, Ramírez «supuestamente destruyó el sobre original de asignación de informes, donde constaba como perito designado Escribano, y confeccionó personalmente un nuevo sobre en el que ya aparecía él como perito». Item más, Ramírez «ordenó al encargado del cuarto de muestras que variara el Libro de Registro de Muestras, tapando con tippex el nombre de Escribano y poniendo el de Ramírez».
La Audiencia contesta el argumento de la Fiscalía y del defensor de los imputados, José Antonio Choclán, de que todas esas actuaciones de Ramírez carecen de relevancia delictiva porque, como jefe del laboratorio, podía hacerlas y, además, eran intrascendentes.
«No es tal el parecer de esta Sala», contesta la Audiencia, que estima, por el contrario, que «las diligencias practicadas no permiten, en modo alguno, asumir las argumentaciones de los recurrentes sobre la atipicidad [penal] de los hechos».
El Tribunal indica que si el cargo de Ramírez le confería tan amplio poder, «habría bastado con que reprodujera textualmente el informe emitido por los peritos, suprimiendo las observaciones de las que discrepaba y firmándolo en su condición de jefe de laboratorio».
«Sin embargo no lo hizo así, sino que introdujo las variaciones descritas en el informe pericial y además llevó a cabo una serie de actuaciones concretas que, podría inferirse, iban destinadas a dotar de verosimilitud a tales alteraciones», añade.
La Audiencia considera de especial trascendencia la alteración relativa a la persona que se hizo cargo de las muestras de la sustancia intervenida a Haski, «variación que se vio acompañada de la desaparición de la hoja de custodia en la que se reflejaba la cadena de custodia de las muestras». Ramírez, que ha declarado a la juez que actuó tras consultarlo con Mélida, «varió la persona receptora de las muestras y se designó nuevo perito no mediante un procedimiento de reasignación que constara documentalmente, sino acudiendo, al parecer, a las vías de hecho, esto es, rompiendo el sobre original, confeccionando personalmente y a pesar de su condición de jefe de laboratorio uno nuevo y alterando con tippex el Libro de Registro».
La resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Pilar Abad, añade que Ramírez, «tampoco realizó ninguna técnica analítica -quizá porque su titulación es la de geólogo y no la de químico- sino que se limitó a reproducir las citadas por los peritos en su informe, suprimiendo tres de ellas -ignoramos por qué razón - y firmando como único perito -contrariamente a la practica constante- el mencionado informe».
CONTRA LOS PERITOS, 'EL MUNDO' Y LA JUEZ
«Fabricar pruebas o el fin que justifica los medios. Los peritos colaboraron en la trama montada por el ex director de la Policía, Agustín Díaz de Mera, y el diario 'EL MUNDO'» El País, 30-9-2006
«...desmonta la veracidad de la información publicada por EL MUNDO [...] empeñados, a toda costa y pasando por encima de cualquier principio de responsabilidad pública y ética, en mantener el 11-M en el centro de la vida pública española...» ABC, 30-9-2006
«...la juez Gemma Gallego, instructora del caso y candidata de los jueces conservadores al CGPJ...» «...admitió una denuncia de la asociación que patrocina Esperanza Aguirre y les abrió diligencias por falsedad». El País, 23-2-2007
Una información de María Peral publicada por el diario EL MUNDO el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Cuatro mandos policiales irán a juicio por alterar el informe que relacionó ETA y el 11-M
La Audiencia de Madrid aprecia «indicios sólidos de la comisión de hechos punibles». Acusa al jefe de los peritos de modificar el dictamen del ácido bórico e intentar darle «verosimilitud»
Madrid - La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión de la juez Gema Gallego de llevar a juicio a cuatro mandos policiales, encabezados por el comisario general de la Policía Científica, Miguel ángel Santano, acusados de falsedad documental por alterar el informe que relacionaba el 11-M con ETA a cuenta del ácido bórico hallado en el piso de un comando etarra y en el domicilio de uno de los procesados por los atentados de Madrid, Hassan El Haski, uno de los presuntos ideólogos de la matanza. Los magistrados rechazan que pueda acordarse el archivo de la causa, que habían solicitado tanto los abogados de los imputados como la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La Audiencia de Madrid, en un escrito de nueve folios, es concluyente acerca de los motivos que le llevan a confirmar la decisión que en su día tomó la juez Gallego. La Sala no comparte el criterio de los recurrentes de que los hechos carecen de relevancia penal. Muy al contrario, concluye que las diligencias practicadas hasta el momento «no permiten, en modo alguno, asumir las argumentaciones de los recurrentes sobre la atipicidad» de los hechos. En su opinión, «resulta evidente» que existen «indicios sólidos de la comisión de hechos punibles». Según los magistrados, el auto de la juez Gallego «cumple escrupulosamente con las exigencias legales y jurisprudenciales».
«Destruyó el sobre original»
Para los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Madrid -Adrián Varillas, Juan Pelayo y María Pilar Abad- el informe elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López Cidad y Pedro Manrique no pueda ser considerado oficial, como mantienen los recurrentes, es irrelevante a estos efectos. Y es que, insisten, el informe que realizó el jefe de la sección de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez (en el que eliminó las referencias a ETA) sí es oficial y éste contiene «afirmaciones que no se corresponden con la realidad».
Los magistrados hacen hincapié en que Ramírez -uno de los cuatro imputados junto a Santano, el secretario general de la Comisaría General de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida y el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas- ni realizó la analítica que identificó las muestras de ácido bórico «ni formó parte del equipo» que las llevó a cabo.
Ramírez, continúa la resolución, «supuestamente destruyó el sobre original de asignación de informes» donde constaba Escribano como perito designado «y confeccionó personalmente un nuevo sobre en el que ya aparecía él como perito». Por si fuera poco, añaden, ordenó variar el Libro de Registro de Muestras «tapando con tippex» el nombre de Escribano y poniendo el suyo propio. Tras alterar el informe, continúa el relato, llevó a cabo una serie de actuaciones tendentes a «dotar de verosimilitud a tales alteraciones».
La Sala incide en que Ramírez no se designó nuevo perito -tras eliminar las referencias a ETA- «mediante un procedimiento de reasignación» sino acudiendo a lo que denominan «vías de hecho»: «Rompiendo el sobre original, confeccionando personalmente y a pesar de la condición de jefe de laboratorio uno nuevo y alterando con tippex el Libro de Registro».
La Audiencia insiste en que si la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) solicitó a la Policía Científica un «estudio, análisis e informe pericial» de las muestras «quizá fuera porque quería de los informantes algo más que el simple análisis». Sin embargo, añade, Ramírez, «en lugar de mantener en su informe el objeto realmente solicitado, lo varió, limitándolo al mero análisis».
Una información de R. Coarasa publicada por el diario LA RAZON el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Etiquetas: 11-M, terrorismo, "El Mundo", Garzón, Santano, Juicio Oral, ETA, Peritos, Acido Bórico, Falsedad Documental
'Caso Bórico': La versión de ABC y EL PAIS (24 de febrero de 2007)
Por Narrador - 24 de Febrero, 2007, 8:30, Categoría: Informe del Acido Bórico
Los cuatro mandos policiales del «caso bórico» se sentarán en el banquillo
MADRID. La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión de la juez Gemma Gallego, instructora del caso del ácido bórico, de llevar a juicio al máximo responsable de la Comisaría General de Policía Científica y otros tres mandos. La juez les imputa un presunto delito de falsedad documental y/o falso testimonio por modificar un informe en el que el perito Manuel Escribano apuntaba la hipotética relación entre ETA y los autores del 11-M.
La Sección Tercera de la Audiencia desestima, en un auto notificado ayer, el recurso presentado por la defensa de los cuatro mandos de la Policía Científica —el comisario general, Miguel Ángel Santano; el secretario general, Pedro Mélida; el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas, y el jefe de Sección de esta Unidad, Francisco Ramírez—, que pidió el sobreseimiento de la causa.
«Indicios sólidos»
La Fiscalía de Madrid y la Abogacía del Estado se habían adherido a esta petición, una vez que la juez Gema Gallego dio por concluida la instrucción el pasado 10 de enero y acordó transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado.
La Audiencia da la razón a la juez basándose en que existen «indicios sólidos» de la comisión de delitos, aunque aclara que no es función del instructor ni de la Sala calificar jurídicamente esos hechos, ni es «este tribunal el llamado a enjuiciar la posible responsabilidad de los imputados». Argumenta, asimismo, que el auto de la juez Gallego determina de forma suficiente los hechos punibles, aclara quiénes los cometieron y cuál fue su participación en los mismos.
La Sección Tercera recurre a una sentencia del Supremo de la que fue ponente el actual fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para justificar que «transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado no es una calificación acusatoria anticipada».
El tercer motivo de rechazo al recurso de los policías disecciona la actuación del jefe de sección de Análisis, Francisco Ramírez, de quien se afirma que «supuestamente destruyó el sobre original de asignación de informes donde constaba como perito designado Escribano y confeccionó personalmente un nuevo sobre, en el que ya aparecía él como perito, y además ordenó al encargado del cuarto de muestras que variara el Libro de Registro de muestras» con «tippex».
Ramírez ordenó a Escribano matizar el informe que había elaborado sobre el ácido bórico encontrado en el piso de Hassan el Haski, uno de los imputados en el 11-M —la misma sustancia hallada en un piso de ETA en Salamanca tres años antes—. Según la Audiencia, Ramírez introdujo variaciones en el informe pericial y llevó a cabo unas actuaciones «destinadas a dotar de verosimilitud tales alteraciones». Tanto la Fiscalía como la defensa entienden que esas alteraciones son intrascendentes.
La juez instructora deberá ahora pedir opinión a las partes sobre si se archiva la causa —la Fiscalía, la Abogacía del Estado y, por supuesto, la defensa de los acusados mantendrá esta tesis— o continúa adelante hasta la apertura de juicio, lo que se producirá en cuanto lo solicite una de las partes, ya sea acusación particular o popular.
Un texto de C. Morcillo publicado por el diario ABC el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
La Audiencia Provincial ve indicios de delito en el caso del 'ácido bórico'
Desestimada la petición del fiscal para sobreseer las diligencias
Madrid - La Audiencia de Madrid considera que "existen indicios sólidos de la comisión de hechos punibles" en la actuación de los jefes policiales implicados en el caso del ácido bórico. En un auto notificado ayer, la Audiencia desestima el sobreseimiento del caso y confirma la conclusión de las diligencias decretada por la juez Gemma Gallego y la conversión de las mismas en un procedimiento abreviado, paso previo al juicio por falsedad documental.
El caso del ácido bórico se produce al saltar a la luz que los jefes de la policía científica habían obviado un informe firmado por tres de sus subordinados (tres peritos policiales) que ponían de manifiesto el hallazgo de esta sustancia matacucarachas en el piso de Hassan El Haski, implicado en el 11-M, y en el de dos etarras detenidos años antes en Salamanca.
Los jefes policiales hicieron otro informe y omitieron el detalle del ácido bórico por considerarlo irrelevante para la investigación del 11-M. Mientras, el juez Baltasar Garzón investigó este caso y terminó imputando por falsedad a los tres peritos; la juez Gallego hizo lo mismo, pero concluyó que los acusados no debían ser los peritos, sino sus jefes. Por ello, el pasado mes de enero abrió contra ellos un procedimiento abreviado, lo que significa que ve delito en la actuación de los jefes policiales. Todas las partes recurrieron ese auto ante la Audiencia de Madrid.
La Sección Tercera de la Audiencia da la razón a la juez en los pasos que ha dado hasta el momento: cierre de las pesquisas y conversión de las diligencias en un procedimiento abreviado. Los abogados de los jefes policiales, la fiscalía de Madrid y la acusación particular pidieron a la Audiencia el sobreseimiento del caso por inexistencia de delito. El abogado de la acción popular, que encarna una asociación de víctimas que patrocina la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, también recurrió y pidió que se validase la actuación de la juez de encauzar el caso como procedimiento abreviado.
Sin prejuzgar el caso, el tribunal ha entendido que la decisión de la juez Gallego se ajusta a derecho y que, por tanto, puede continuar los trámites del procedimiento abreviado, antesala del juicio oral. Antes de que la Audiencia resolviese los recursos, la juez dio por buena su decisión y siguió los pasos del procedimiento abreviado; es decir, pidió a las partes que solicitarán el sobreseimiento del caso o bien que presentaran acusación.
Todas las partes -salvo la asociación que patrocina Aguirre, que reclama la pena de banquillo para los jefes policiales- pidieron el sobreseimiento de la causa. Hecho esto y tras la decisión de la Audiencia, la juez tiene ahora que decidir si decreta o no la apertura del juicio oral. La fiscalía de Madrid, basándose en una resolución de la Audiencia Nacional, esgrime que legalmente no puede hacerlo porque se lo impide el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice que para poder decretar el juicio oral deben pedirlo la fiscalía, que no lo pide, o la acusación particular, representada por la Abogacía del Estado, que tampoco lo pide.
Fuentes jurídicas no descartan que la juez, que tuvo que anular parte de su actuación porque se saltó los plazos a la hora de abrir el procedimiento abreviado, decida sentar en el banquillo a los jefes policiales y que sea la Audiencia la que resuelva este asunto como cuestión previa al inicio del juicio.
Los acusados en este proceso son el comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano; el secretario general de esta Comisaría, Pedro Luis Mélida; el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas; y el jefe de Sección de esta Unidad, Francisco Ramírez.
Un texto de José Antonio Hernández publicado por el diario EL PAIS el sábado 24. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
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EL PAIS continúa el apoyo a los presuntos delicuentes del 'borico'
Por Narrador - 23 de Febrero, 2007, 6:00, Categoría: Informe del Acido Bórico
El fiscal esgrime el 'caso Botín' para que los policías del 'ácido bórico' eludan el banquillo
Una asociación que patrocinó Esperanza Aguirre es la única que acusa a los jefes policiales
Madrid - La fiscalía de Madrid no sólo no ve delito en la actuación de los jefes policiales del caso del ácido bórico, sino que, además, entiende que este asunto debe ser sobreseído y que los agentes ni siquiera deben pasar por el trance de la pena de banquillo. En el escrito remitido a la juez Gemma Gallego, instructora del caso y candidata de los jueces conservadores al Consejo General del Poder Judicial, los fiscales fundamentan su petición de sobreseimiento definitivo del caso, entre otros argumentos, en una resolución dictada el 20 de diciembre de 2006 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La resolución, que evitó que el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, se sentara en el banquillo, fue ponencia del juez Javier Gómez Bermúdez, el mismo que ahora está al frente del tribunal que juzga la matanza del 11-M y que ha sido aupado a la presidencia de esta sala por los actuales vocales mayoritarios y conservadores del Poder Judicial.
De acuerdo con la resolución de Gómez Bermúdez, para que un juez siente en el banquillo a un imputado en un procedimiento abreviado, es imprescindible que lo exijan "el ministerio público" y/o "la acusación particular". En el caso de las diligencias del ácido bórico, esgrimido por los medios próximos al PP para trazar un vínculo entre el 11-M y ETA (la llamada teoría de la conspiración), tanto la fiscalía como la Abogacía del Estado (la única acusación particular en este proceso) solicitan el sobreseimiento. En el proceso del ácido bórico existe una acusación o acción popular, representada por una asociación de víctimas patrocinada por la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, del PP. Pero la única acusación particular es el Estado.
"El juez lo acordará"
El caso que afecta a esta sustancia matacucarachas surge a raíz de que la policía halló ácido bórico en la vivienda de Hassan El Haski, uno de los principales acusados en el 11-M. Tres peritos de la policía científica hicieron un informe dando cuenta de este hallazgo y señalando que una sustancia del mismo tipo había sido encontrada en la casa de dos etarras detenidos años antes en Salamanca y en la de una activista antisistema arrestado en Madrid en 2004. Los jefes policiales de estos peritos entendieron que no cabía establecer una relación merced a ese hallazgo e hicieron otro informe omitiendo ese detalle por considerarlo intrascendente para las pesquisas del 11-M. Pero los medios afines al PP interpretaron esa omisión como un intento del Gobierno de ocultar un supuesto nexo entre ETA y el 11-M.
La juez Gallego admitió una denuncia de la asociación que patrocina Esperanza Aguirre y les abrió diligencias por falsedad. Lo más grave que vio la juez es que uno de los jefes policiales firmó unos análisis de esa sustancia que él no había realizado personalmente. Por ello, les abrió un procedimiento abreviado e instó a las partes, como marca la ley, a que acusaran o pidieran el sobreseimiento. Tras el empuje al caso de la juez, la junta de fiscales de Madrid (15 fiscales) lo analizó y entendió que no había delito en la conducta de los jefes policiales, entre ellos el jefe de la policía científica, Miguel Ángel Santano. En los procedimientos abreviados existe la tendencia de que los imputados tienen que sufrir la pena de banquillo si lo pide alguna de las partes. En este caso, sólo lo pide la asociación que patrocina Esperanza Aguirre. Para que ni siquiera se sienten en el banquillo, la fiscalía de Madrid aporta una resolución del juez Gómez Bermúdez referida a un asunto en el que la acusación popular se empeñó, sin éxito, en llevar al banquillo al presidente del Santander. La fiscalía de Madrid hace suyo el contenido de ese auto en el escrito que ha remitido a la juez Gallego.
Un auto de procedimiento abreviado, como el que la juez Gallego ha abierto a los jefes policiales del ácido bórico, implica que la juez da por concluida la instrucción, entiende que los hechos revisten carácter de delito y que hay personas presuntamente responsables. A continuación, según la ley, el juez debe dar traslado a "todas las acusaciones", sin distinción de clases, ya sean públicas, privadas o particulares, para que presenten acusación e interesen la apertura de juicio; o, en cambio, soliciten el archivo de la causa.
Hasta aquí no hay diferenciación entre las partes. Pero la Audiencia Nacional esgrimió el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que ahora se basa la Fiscalía de Madrid, que dice literalmente: "Si el ministerio fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa (...) el juez lo acordará". El legislador no habla en global de las partes: cuando quiere matizar a qué tipo de parte se refiere lo hace y diferencia entre acusador particular, privado o acción popular. En este caso, según fuentes fiscales, el artículo 782 habla nítidamente del ministerio fiscal y de la acusación particular (en este caso, la abogacía del Estado). Si ambas piden el sobreseimiento, como así ocurre en el caso del ácido bórico, "el juez lo acordará".
Las otras partes que hay en el proceso del ácido bórico son las defensas, que también piden el sobreseimiento, y la acción o acusación popular (la patrocinada por Esperanza Aguirre), que pide condena y pena de banquillo. Entiende el actual presidente del tribunal del 11-M que "el legislador usa el lenguaje con propiedad" y que cuando alude al ministerio fiscal y a la acusación particular se refiere sólo a ésas y no a las otras. Y que si esto es así, el juez no tiene más remedio que archivar.
En el escrito que la fiscalía ha remitido a la juez Gallego se indican, además, otros motivos en los que fundamenta la inexistencia de delito. Hassan El Haski, en cuya casa se halló la polémica sustancia, ha negado en el juicio del 11-M tener relación con ETA y ha tachado de "película" un asunto en el que los medios afines al PP han empleado decenas de páginas y de horas de radio.
Un texto de José Antonio Hernández publicado por el diario EL PAIS el viernes 23. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Etiquetas: ETA, 11-M, terrorismo, "El Mundo", Garzón, Santano, Peritos, Acido Bórico, Falsedad Documental, Juicio Oral
La Fiscalía pedirá el archivo del proceso a Santano contra el criterio de la fiscal del caso
Por Narrador - 27 de Enero, 2007, 8:00, Categoría: Informe del Acido Bórico
MADRID.- La Fiscalía pedirá el archivo de las diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid contra la cúpula de la Policía Científica por alterar el informe que elaboraron tres peritos sobre el ácido bórico intervenido a un procesado por el 11-M. Los peritos recordaron el precedente de que esa misma sustancia fue encontrada en un piso de ETA, vinculación que los mandos de Policía Científica no quisieron que constara en un informe cuyo destino erael sumario del 11-M.
En contra del criterio de la fiscal del caso -que aprecia, al igual que la juez de instrucción, que el comisario Miguel Angel Santano y tres de sus mandos cometieron presuntos delitos de falsedad documental y tentativa de falso testimonio- la Junta de Fiscales Decanos estimó ayer, por mayoría, que no hay motivos para sostener la acusación.
Los 16 fiscales decanos del Tribunal Superior de Madrid que tienen competencias penales se reunieron ayer con el fiscal jefe, Manuel Moix, para discutir la postura del Ministerio Público en este asunto. La juez instructora, Gemma Gallego, dictó el 10 de enero un auto en el que concretaba los indicios de delito que aprecia contra los cuatro mandos policiales y solicitaba al fiscal y a las acusaciones que presentaran escrito de acusación o pidieran al archivo.
Ésta segunda será la postura de la Fiscalía de Madrid, satisfaciendo el deseo del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.
Tras una reunión de tres horas, 11 de los 16 fiscales decanos opinaron que Santano; su número dos, Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Análisis, José Andradas, y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez, no incurrieron ni en falsedad documental ni en falso testimonio. Los otros 5 respaldaron parcialmente el criterio de la fiscal del caso al apreciar indicios de falsedad documental.
Para la mayoría, el informe elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique no era un documento oficial, ya que nunca llegó a tener los sellos oficiales que hubieran supuesto su introducción en el tráfico jurídico.
Lo que se produjo, estiman, fue una reasignación del peritaje a la vista de que el informe presentado por los tres funcionarios no convenció a los mandos.
La mayoría defendió que Ramírez tenía facultades para rechazar el informe de los peritos. De esta forma, no habría habido manipulación del documento inicial sino emisión de un documento nuevo.
El hecho de que Ramírez asegurara en ese documento, de modo incierto, que él había realizado los análisis del ácido bórico es irrelevante desde el punto de vista penal para la mayoría de los fiscales decanos: uno de los peritos firmantes (Manrique) no llevó a cabo prueba alguna, mientras que una de las técnicas esenciales (la difracción de rayos X) fue realizada por un cuarto funcionario que no aparece en el informe.
Una información de Maria Peral publicada por el diario EL MUNDO el sábado 27 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Etiquetas: 11-M, Garzón, Gemma Gallego, Fiscalía, Peritos, Acido Bórico, Falsedad Documental, Prevaricación, ETA
EL PAIS sugiere una fiscalia dividida sobre el caso del ácido bórico
Por Narrador - 1 de Noviembre, 2006, 7:00, Categoría: Informe del Acido Bórico
Madrid - La fiscalía de Madrid está dividida respecto a la actuación de Francisco Ramírez, jefe policial de los tres peritos que firmaron un informe en el que relacionaron a ETA con los atentados del 11-M por la coincidencia de ácido bórico hallado en los domicilios, en años diferentes, de un islamista y un miembro de la banda terrorista.
De momento, con los datos que figuran en las diligencias que tramita la juez Gemma Gallego, titular del Juzgado 35 de Madrid, la jefatura de la fiscalía madrileña entiende que no existe delito, mientras que la fiscal adscrita al juzgado, Patricia Fernández, sí ve indicios de "falsedad formal" en la actuación de Ramírez, quien en su calidad de superior de los tres peritos retiró del informe las observaciones en las que se vinculaba a ETA con el 11-M sin base alguna.
En dicha observación, calificada de "mera elucubración" por los mandos policiales, se describía el ya mencionado nexo entre ETA y el 11-M. Escribano se negó a eliminar la citada observación y dejó el informe sobre la mesa de Ramírez. Éste eliminó la observación y lo hizo suyo con su firma amparándose en la facultad que, como jefe, le otorgan el protocolo interno de actuaciones.
Ramírez afirmó primero que él había realizado los análisis del ácido bórico, aunque más tarde rectificó, en la declaración ante la juez Gallego, al señalar que había dado por buenos los exámenes realizados por sus subordinados, los tres peritos citados. Según fuentes jurídicas, la fiscal Fernández señala que en esta conducta podría haber "falsedad formal".
Cuestión distinta, señalaron las fuentes a este periódico, es que esa acción de Ramírez "tenga relevancia penal".
Texto de José A. Hernández publicado por el diario EL PAIS el miércoles 1 de noviembre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Etiquetas: Gemma Gallego, 11-M, ETA, Ramírez, Falsedad Documental, Acido Bórico, Peritos, Fiscalía
Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Informe del Acido Bórico
Santano declara como imputado: La Versión de ABC y EL PAIS
Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: Informe del Acido Bórico
El jefe de la Policía Científica dice que nunca ha visto a un perito negarse a matizar informes
MADRID. El jefe de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, ratificó ayer ante la juez de Instrucción número 35 de Madrid, Gema Gallego, que las observaciones que los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique incluyeron en el borrador -en el que relacionaban a ETA con el 11-M a través del ácido bórico- «no eran más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamento científico alguno». Por tanto, concluyó, no debían ni podían constar en un informe científico.
Santano aseguró ante la juez que el 23 de marzo de 2005 el funcionario que le sustituía durante sus vacaciones le comunicó que «había un problema con un informe que habían elaborado unos peritos», pues al ordenarles que eliminaran de su escrito esas «consideraciones subjetivas», se habían negado a hacerlo.
El jefe de la Policía Científica señaló que si le comunicaron este hecho como una incidencia fue porque es «inhabitual» que un perito se niegue a cambiar un informe. De hecho, sentenció Santano, no lo ha visto nunca en su vida profesional. Aseguró que en aquel momento no se cuestionó el contenido de las observaciones que no querían eliminar los peritos, sino su simple negativa.
Pero Santano no sólo tildó de «inhabitual» que los peritos no quieran modificar su escrito, sino también que en un informe pericial se haga referencia a otros informes (como sucedió en esta ocasión, en la que se vinculó el hallazgo de ácido bórico en el domicilio de Hassan El Haski con la aparición de esta sustancia en el piso de un comando de ETA).
«Ignoraban su aplicación»
Esta circunstancia sólo se daría en la práctica cuando se están analizando sustancias, productos o explosivos «idénticos a los aparecidos en otros informes». No era éste el caso, pues los propios peritos incluyeron como una de sus observaciones que «ignoraban» la «verdadera aplicación» del bórico «en relación con estos hechos».
Fue esta consideración subjetiva en la que se basó Santano para calificar estos apuntes como «elucubraciones», pues si peritos «ignoran», tal y como ellos mismos reconocen, las aplicaciones de esta sustancia, el resto de observaciones también carecerían de validez.
Respecto a la asunción del informe por parte de Francisco Ramírez (jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica) -tras la negativa de los peritos a modificarlo-, Santano aseguró ayer que las reasignaciones «pueden ser frecuentes», como también lo puede ser el hecho de que un informe esté firmado por un sólo perito y no por varios.
Texto de Nati Villanueva publicado por el diario ABC el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Madrid - Miguel Ángel Santano, comisario general de Policía Científica, compareció ayer ante la juez de instrucción Gemma Gallego en relación con una supuesta falsedad en el informe sobre el ácido bórico que hicieron tres peritos y que modificó su jefe para eliminar las observaciones que apuntaban a una relación entre ETA y el 11-M. Santano recordó que esas observaciones sólo eran elucubraciones sin base y por eso fueron eliminadas.
Santano compareció como imputado para ratificar su versión de los hechos, que él mismo hizo pública una vez que se conocieron. Esa versión defiende la gestión de los superiores de los tres peritos que elaboraron un informe en el que tras afirmar que lo encontrado en casa de un islamista era ácido bórico y reconocer que ignoraban qué aplicaciones podía tener para elaborar artefactos explosivos, vinculaban al supuesto terrorista con ETA porque en un piso franco de esta organización también se había hallado ácido bórico.
Los superiores de los peritos pidieron a éstos que modificaran el informe en lo relativo a las observaciones al carecer de base. Los peritos se negaron por lo que el caso fue reasignado a su inmediato superior, que firmó el informe eliminando las observaciones. Un año después, los tres peritos firmaron una fotocopia del informe fechado un año antes para hacerlo pasar por oficial, y el juez Baltasar Garzón les imputo por un delito de falsedad documental y les acusó de filtrar ese informe a un medio de comunicación determinado.
Santano defendió ayer en su declaración a la juez que los superiores de los peritos retiraron las observaciones donde vinculaban a ETA y el 11-M porque "no eran más que elucubraciones y consideraciones subjetivas sin fundamental científico alguno y, por lo tanto, no debían ni podrían constar en un informe científico".
Santano argumentó en su declaración que los peritos escribieron en su informe que ignoraban la aplicación del ácido bórico en atentados terroristas y que, a partir de esa apreciación, "el resto carecía de validez".
Respecto a la reasignación de un caso, como ocurrió con el informe sobre el ácido bórico, Santano declaró que "pueden ser frecuentes" y que lo que no era habitual era que un perito se negara a modificar un informe: "A mí no me ha pasado nunca en mi vida profesional, llevó desde el 4 de junio de 2004 en la comisaría general de Policía Científica y antes he sido comisario de Policía Científica en Madrid durante casi seis años".
El mando policial fue preguntado respecto a sí el perito que firma el informe definitivo hizo realmente los análisis para determinar si lo encontrado en casa de los islamistas era ácido bórico, a lo que Santano contestó que no sabía, pero que si el análisis de muestras se hubiera hecho por parte de alguien del laboratorio, algún perito lo podía considerar correcto, y aludió a sentencias del Tribunal Supremo que avalan esa práctica.
La juez le preguntó si en el manual que regula cómo se hacen los informes periciales cabe la posibilidad de que éstos sean firmados por algún policía que no ha hecho esos informes. Santano contestó que en el manual "no figura eso ni lo contrario". También aseguró que cuando le comentaron esta incidencia, no se le hizo saber que el informe era relativo al 11-M.
Texto publicado por el diario EL PAIS el martes 31 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Madrid - La Comisaría General de Policía Científica remitió el pasado 27 de octubre a la juez de instrucción número 35 de Plaza de Castilla un informe sobre el Manual de Normas de Procedimiento de la Comisaría General de Policía Científica, aprobado en 1995 y que han sufrido "varias reediciones", la última de 30 de junio de 2001.
El manual se refiere al informe pericial demostrativo de una identificación lofoscópica y es así porque, según explica la Comisaría General de Policía Científica, "era el informe pericial más numeroso y se pretendía que se ajustase a una estructura uniforme para toda la organización, estableciendo este modelo como obligatorio salvo casos o circunstancias excepcionales". Como continuación de este manual se elaboraron otros manuales de calidad.
El vigente en la actualidad, en su procedimiento general número 8, relativo a gestión de los ensayos y emisión de informes, señala que estarán compuestos de seis apartados: antecedentes, examen preliminar, técnicas aplicadas, resultados, conclusiones y observaciones.
Fue en el último capítulo, el de observaciones, el que utilizaron los tres peritos para incluir una tesis respecto al ácido bórico encontrado en la casa de un islamista. Esa tesis apuntaba que dado que esa sustancia, nunca antes vinculada a ningún explosivo ni a ningún atentado terrorista en España, había sido encontrada en casa de unos etarras, o bien etarras e islamistas estaban relacionados entre sí, habían recibido la misma formación o eran los mismos autores.
Sin embargo, el manual remitido a la juez explica lo que se debe incluir en las observaciones: "Se especificará de forma clara las muestras que se remiten con el informe pericial, las que se agotaron en los análisis o las que quedan conservadas en el laboratorio". Los peritos olvidaron el manual, no pusieron ninguno de esos datos y elucubraron con la posible vinculación entre ETA y el 11-M.
Por Narrador - 31 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Informe del Acido Bórico
Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 9:00, Categoría: Informe del Acido Bórico
Etiquetas: Garzón, Gemma Gallego, 11-M, ETA, Pedro Mélida, Falsedad Documental, Acido Bórico, Peritos
Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 8:30, Categoría: Informe del Acido Bórico
Gallego -que investiga la presunta falsedad documental desde que Garzón se inhibió del asunto, después de imputar a los tres peritos que redactaron el informe y exculpar a sus mandos policiales-, mantiene en su auto que el abogado del Estado «aclaró que se le tuviera por personado en concepto de "perjudicado" y "responsable civil"». Pero esa aclaración, añade, «difícilmente permite deducir cuál ha de ser la condición en la que debe tenerse su personación en esta causa».
Etiquetas: Gemma Gallego, Garzón, 11-M, ETA, Falsedad Documental, Acido Bórico, Peritos, Pedro Mélida
Las declaraciones del imputado Mélida por la falsificación del Informe del 'caido Bórico'
Por Narrador - 25 de Octubre, 2006, 8:00, Categoría: Informe del Acido Bórico
Mélida ratifica ante la juez del bórico que en un informe sobran las opiniones
MADRID. El secretario general de la Comisaría de Policía Científica, Pedro María Mélida, ratificó ayer por la tarde ante la juez Gema Gallego la declaración que prestó el pasado 29 de septiembre ante el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Gallego, titular del Juzgado de Instrucción 35 de Madrid, tramita la querella que la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M interpuso por presunto delito de falsedad contra los mandos de los tres peritos que basaron en el hallazgo de ácido bórico (en manos de ETA en 2001 y en poder de un islamista procesado por el 11-M, en 2004) una hipotética relación entre ETA y los autores de los atentados de Madrid. La misma juez ha acumulado a esta querella las diligencias que practicó Garzón y que concluyeron con la imputación, también por falsedad, de los tres peritos (Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique).
Tras tomar declaración el viernes al inspector-jefe Francisco Ramírez (jefe inmediato de los peritos), la juez ha querido interrogar -también como imputado- al comisario Mélida, superior de aquél.
Mélida fue quien, como responsable máximo de la Comisaría de Policía Científica el 21 de marzo de 2005 (el comisario general no estaba en las dependencias), indicó a Ramírez que las «observaciones» que aparecían en el borrador debían eliminarse. Fuentes jurídicas han explicado a ABC que, como ya hizo ante Garzón, el comisario afirmó ayer ante la juez Gallego que las apreciaciones sobre la posible relación de ETA con los autores del 11-M eran juicios personales que no debían aparecer en un informe científico cuya única finalidad era determinar qué tipo de sustancia era la encontrada en el domicilio del islamista Hassan El Haski. Por esta razón ordenó que se eliminaran del informe antes de su remisión al Servicio de Información (departamento que había solicitado el análisis). No obstante, Mélida sugirió la opción -rechazada por los peritos- de adjuntar al informe las observaciones como «nota informativa interna» por si Información quería investigar en esa línea.
Por otra parte, la juez dictó ayer un auto con el que «deja sin efecto» la personación de la Abogacía del Estado -admitida diez días antes- por «inconcreción». La juez justifica su decisión en la imposibilidad de simultanear, por incompatibles, las condiciones de «perjudicado» y «responsable civil». Ambas habían sido reivindicadas el viernes por la abogada para poder estar presente en la declaración de Ramírez, a la que la juez no le dejó entrar por estar declarado el secreto de las actuaciones. Lo habitual en estos casos es que sólo puedan presenciar las declaraciones secretas el abogado del imputado en cuestión (en este caso Ramírez y Mélida, funcionarios públicos) y el fiscal.
Una información de Nieves Colli publicada por el diario ABC el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Un jefe policial declara que las referencias a ETA por el ácido bórico eran impropias
Madrid - La juez de Madrid Gemma Gallego interrogó ayer como imputado, durante 70 minutos, al secretario general de Policía Científica, Pedro Luis Mélida, en relación con la supuesta falsedad del informe de los peritos del ácido bórico. Mélida señaló que dio instrucciones para eliminar de ese informe las observaciones que ligaban a ETA con el 11-M a través del ácido bórico porque se trataba de consideraciones impropias de un informe pericial.
La juez citó a Mélida después de que Francisco Ramírez, jefe de Analítica de la Policía Judicial, declarase ante ella que antes de pedirle a los peritos que eliminasen esas referencias consultó con Mélida.
Mélida aclaró que trató este asunto con Ramírez porque el 21 de marzo de 2005, fecha en que los peritos entregaron el informe, él estaba de máximo jefe de la Policía Científica en ausencia por vacaciones del comisario general, Miguel Ángel Santano.
La juez Gallego ha obviado por completo las diligencias del juez Garzón, que imputó a los peritos y exculpó a sus jefes.
Por otra parte, la magistrada ha dejado sin efecto la personación de la Abogacía del Estado en este caso, después de que la representación del Estado denunciase las presuntas irregularidades que estaba cometiendo la juez en el procedimiento.
Una información publicada por el diario EL PAIS el miércoles 25 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Por Narrador - 21 de Octubre, 2006, 7:00, Categoría: Informe del Acido Bórico
El abogado del Estado pide la nulidad de las diligencias
Por Narrador - 21 de Octubre, 2006, 6:40, Categoría: Informe del Acido Bórico
MADRID.- La Abogacía del Estado presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid un recurso contra la decisión de la juez Gemma Gallego de declarar secretas las diligencias.
La instructora decretó el secreto sumarial nada más iniciar el procedimiento, entre otros motivos porque el juez Garzón alegó que sus actuaciones estaban secretas para resistirse a enviar a la Plaza de Castilla un testimonio de las diligencias que estaba llevando a cabo en la Audiencia Nacional.
La medida hizo que sólo la representante del Ministerio Fiscal y la defensa de Ramírez pudieran asistir ayer a la declaración de éste. No pudieron estar presentes ni los abogados de las organizaciones denunciantes (la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación Víctimas del Terrorismo) ni tampoco la Abogacía del Estado. El secreto sumarial deja al Gobierno sin información directa e inmediata sobre los pasos de la juez Gallego.
Una representante de la Abogacía del Estado se presentó a primera hora de ayer en el Juzgado para hacer constar su protesta por no poder presenciar la declaración de Ramírez como imputado. En una airada comparecencia, la abogada del Estado sostuvo que «no hay razón» para declarar secretas las investigaciones y llegó a afirmar que «el secreto únicamente tiene por objeto la comodidad del Juzgado».
Imputación de Santano
Poco después presentó un recurso en el que insta la nulidad de las actuaciones por la «indefensión total y absoluta» que el secreto le genera.
Por su parte, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presentó ayer un escrito en el que se adhiere al recurso que los peritos han presentado contra su imputación por Garzón.
La asociación también solicita que declare como imputado Angel Santano, responsable de la Comisaría General de Policía Científica.
Ramírez admite que firmó en falso e implica a su superior (Editorial de EL MUNDO)
Por Narrador - 21 de Octubre, 2006, 6:20, Categoría: Informe del Acido Bórico
Francisco Ramírez declaró ayer como imputado ante la juez que estudia la presunta falsificación a que fue sometido el informe que vinculaba a ETA con el 11-M y su declaración arrojó algunos datos de extraordinaria relevancia para la investigación. En primer lugar, Ramírez admite que estampó su firma en el documento como autor de unos análisis que nunca hizo. Con estas palabras, el jefe de los peritos está reconociendo tácitamente la falsedad. Es inútil que trate de justificar la manipulación invocando unas supuestas «normas de calidad» que le facultan para modificar los informes de sus subordinados. De ser esto cierto, ¿por qué entonces a los peritos Escribano y Manrique se les ha mutilado éste y no ningún otro informe? Por otra parte, esas normas de calidad podrían justificar la poda de alguna de las observaciones finales del documento, pero en ningún caso pueden servir de coartada para eliminar elementos fácticos como los dos antecedentes en los que la policía había hallado ácido bórico o para falsear el sobre, la firma y el libro de registro de un informe técnico. Y si Ramírez llevó a cabo esta cadena de falsificaciones, fue -según admitió ayer ante la juez- después de consultarlo con el secretario general de la comisaría, Pedro Mélida, al frente en aquellos días de la Policía Científica por hallarse de vacaciones el comisario Santano. Ramírez confirma así lo dicho por sus subordinados a Garzón y deja la pelota en el tejado de sus superiores, que tendrán que aclarar qué les llevó a ordenar una falsificación tan burda precisamente en un informe que vinculaba a ETA con el 11-M. La declaración de Ramírez es una prueba más de que Interior ha intentado orientar la instrucción del juez Del Olmo y eliminar cualquier indicio que pusiera en duda la versión oficial de los hechos.
Editorial publicado por el diario EL MUNDO el sábado 21 de octubre de 2006. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
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 artículo 782
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