Source: https://www.scribd.com/document/111344524/Comision-Nacional-de-la-Competencia-Informe-de-ayudas-publicas-IV-2012
Timestamp: 2017-06-27 23:31:59+00:00

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Comisión Nacional de la Competencia - Informe de ayudas públicas IV-2012Uploaded by Democracia real YARelated InterestsEuropean UnionEuroStatisticsSpainState (Polity)Rating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentIV INFORME ANUAL SOBRE AYUDAS PÚBLICAS EN ESPAÑA2012
I. PRESENTACIÓN ......................................................................................................................3 II.1 Introducción y características de las fuentes estadísticas utilizadas...............4 II.2 Estadísticas de ayudas de Estado relativas a España: 2010 ...............................8 II.2.1 Volumen de ayudas..................................................................................................8 II.2.2 Evolución temporal ............................................................................................... 10 II.2.3 Distribución por objetivos................................................................................... 13 II.2.4 Distribución territorial .......................................................................................... 15 II.2.5 Proyectos presentados a la Comisión Europea............................................ 17 II.3 Estadísticas de ayudas de Estado de la UE: comparativa con España......... 17 II.3.1 Volumen y peso en el PIB de las ayudas ........................................................ 18 II.3.2 Comparación de grados de horizontalidad de las ayudas......................... 20 III.1 Novedades normativas de la UE: 2011 y 2012 ..................................................... 22 III.1.1 Reglamentos, Directivas y Decisiones ........................................................... 22 III.1.2 Comunicaciones y Directrices .......................................................................... 24 III.1.3 Iniciativas y consultas públicas ....................................................................... 27 III.2 Resoluciones de las instituciones comunitarias en materia de ayudas de Estado relevantes para España ....................................................................................... 28 III.2.1 Decisiones de la Comisión Europea ............................................................... 28 III.2.2 Sentencias del TJUE............................................................................................ 35 IV. ACTUACIONES DE LA CNC EN MATERIA DE AYUDAS: 2011 y 2012 ................ 37 IV.1 Informes de carácter público ................................................................................... 38 IV.2 Actuaciones en el marco de procedimientos internos de las AA.PP ........... 41
I. PRESENTACIÓN La concesión de ayudas públicas constituye una forma de intervención de las Administraciones y el sector público en la economía que, sin perjuicio de la persecución de ciertos objetivos de interés público, puede alterar el funcionamiento de los mercados, introduciendo distorsiones e ineficiencias y perjudicar la libre competencia. El establecimiento de mecanismos de control, seguimiento y revisión del impacto de las ayudas públicas contribuye al funcionamiento eficiente de los mercados, disminuyendo o evitando aquellas intervenciones injustificadas por parte de los poderes públicos, intervencionismo que conduce, según muestra la experiencia, a una reducción de la competitividad de las empresas, al debilitamiento de la economía y, en última instancia, al perjuicio sobre el bienestar económico general y del consumidor y usuario en particular. Por estas razones, el legislador español ha considerado que resulta pertinente la implicación de la Autoridad de Competencia española en el control y seguimiento de las ayudas públicas. Entre los instrumentos con los que se ha dotado a la misma se encuentra la obligación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de elaborar un informe público anual sobre las ayudas públicas concedidas en España (art. 11.2 de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en adelante LDC). El presente es el cuarto Informe de esta naturaleza desde la creación de la CNC. Son varios sus objetivos: en primer lugar, proporcionar una panorámica general del contexto estadístico de las ayudas públicas en España con arreglo a los últimos datos consolidados disponibles; en segundo lugar, consignar las principales novedades normativas o resolutorias impulsadas por las autoridades comunitarias desde la publicación del anterior informe; Y, finalmente, mencionar las principales acciones llevadas a cabo por la CNC en materia de ayudas públicas desde dicha publicación, identificando algunas de las principales actuaciones realizadas. En relación con el primer objetivo, en el período analizado el impacto de la crisis financiera, económica en la Unión Europea, y específicamente en España, ha traído consigo, incluso en un entorno de fuerte restricción presupuestaria, un incremento de la intensidad en el otorgamiento de ayudas que, con independencia de ciertos cambios metodológicos propiciados por la Comisión Europea en cuanto a la cuantificación de los fondos, ha tenido fiel reflejo en el volumen de ayuda concedido. Por otro lado, después de varios años de intensa regulación para hacer frente a la crisis, en el periodo transcurrido en esta última anualidad se ha producido una menor actividad en cuanto a novedades normativas o resolutorias de origen comunitario. En relación con el tercero de los objetivos mencionados, en el periodo transcurrido desde el último informe anual de ayudas públicas, la CNC ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca de diferentes cuestiones en las que se dilucidaban aspectos
relativos a ayudas públicas. En unos casos se ha analizado la presencia de los elementos propios de las ayudas de Estado del art. 107 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) para, en su caso, recomendar su notificación a las autoridades comunitarias; en otros, se han analizado diversos regímenes aplicando los principios propios de la denominada prueba de sopesamiento de la ayuda, una prueba que ya fue objeto de descripción en informes anuales anteriores. Debe repararse, por último, en el hecho de que, a diferencia de informes anuales anteriores, que incluían un análisis de determinadas ayudas públicas en un programa o sector de actividad específicos, en esta ocasión se ha optado por separar formalmente del informe anual tal análisis sectorial. Así, a lo largo del presente año se ha venido desarrollando un estudio del grado de utilización por las Administraciones Públicas de un tipo de entes instrumentales, denominados medios propios y servicios técnicos, mediante la figura de las encomiendas de gestión, que implican el encargo directo a estos organismos de la provisión de determinados bienes y servicios, sin necesidad de recurrir, por tanto, a la contratación pública de los mismos. A pesar de las posibles conexiones de esta cuestión con la correcta administración de los recursos públicos e incluso con las ayudas públicas, se ha considerado que las potenciales implicaciones para la competencia efectiva que se derivan de ciertas prácticas relacionadas con esta figura, en particular en determinados mercados, admiten un enfoque que excede los estrictos contornos del análisis de ayudas públicas. En consecuencia, y sin perjuicio de su conexión con el presente informe, se ha decidido finalmente separar la publicación de ambos informes, difiriendo la del segundo de ellos hasta un momento posterior. En definitiva, al igual que en los tres informes precedentes, la CNC espera que, además de seguir contribuyendo al mejor conocimiento de las novedades en materia normativa, resolutoria y estadística sobre ayudas públicas, este cuarto Informe Anual resulte de utilidad para que las Administraciones Públicas encargadas del otorgamiento y el diseño de las ayudas adopten las decisiones más adecuadas a los objetivos de interés general que persiguen, con las mínimas distorsiones para la competencia y el correcto funcionamiento de los mercados. II. PANORÁMICA DE LAS AYUDAS DE ESTADO EN ESPAÑA: 2010 II.1 Introducción y características de las fuentes estadísticas utilizadas El propósito de este capítulo es ofrecer una visión global de la situación de las ayudas de Estado en nuestro país, a partir de la información estadística sobre el gasto público español en ayudas de Estado durante el año 2010 (últimos datos consolidados disponibles) y su desagregación conforme a diversos criterios. Para su elaboración se han tomado como base los datos que los distintos gestores españoles de ayudas públicas remiten a la Comisión Europea (en adelante CE) en cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la normativa comunitaria, así como la información contenida en el Marcador de ayudas de Estado de la CE publicado en otoño 1 de 2011, que consolida el gasto en ayudas de Estado en la anualidad 2010 para todos los Estados miembros de la UE. No obstante, en la interpretación de estos resultados, conviene tener en cuenta las siguientes precisiones, En primer lugar, las cifras recogidas en este informe hacen referencia a cierto tipo de ayudas, en concreto las ayudas de Estado del artículo 107 TFUE. Dicho precepto establece que “serán incompatibles con el mercado interior las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”. No existe, pues, en realidad, una definición legal del concepto de ayuda de Estado 2 a nivel comunitario, sino más bien de las ayudas que son consideradas contrarias al Derecho comunitario. Ha sido la jurisprudencia del TJUE la que ha ido perfilando los elementos necesarios para la configuración del concepto, que, según el TFUE, se plasman en los siguientes cuatro requisitos acumulativos: La ayuda debe generar un beneficio económico al que la recibe, es decir, debe suponer una ventaja económica que la empresa en cuestión no habría obtenido en el ejercicio normal de su actividad. La ayuda debe ser otorgada por los Estados o con cargo a fondos estatales o, lo que es lo mismo, debe existir una transferencia de recursos públicos. La ayuda debe tener un carácter selectivo para determinadas empresas o producciones, es decir, la ayuda en cuestión debe romper el equilibrio existente entre determinadas empresas y sus competidores.
No obstante, durante la preparación de este informe se ha publicado por parte de la Comisión Europea el Marcador de ayudas de Estado de primavera de 2012. Sin embargo, en cuanto a las cifras de gasto se remite a las recogidas en el Marcador de otoño de 2011, que deben ser consideradas por tanto las más actualizadas actualmente vigentes y que se refieren en cualquier caso a la anualidad 2010. El concepto de ayuda también ha sido objeto de tratamiento en el seno de otras instituciones internacionales, en particular por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el contexto del Acuerdo sob re Sub venciones y Medidas Compensatorias en 1995 (ASMC)2. Este Acuerdo contiene una definición del término “subvención” (subsidy) en el que se exige la presencia de ciertos requisitos: la presencia de una contribución financiera pública; la concesión de un beneficio; y que dicho beneficio sea específicamente destinado a una empresa o grupo de empresas.
Por último, la ayuda debe afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros.
En segundo lugar, existen ayudas públicas que están excluidas de estas estadísticas. Los datos que se presentan a continuación sólo contemplan las ayudas de Estado notificadas a la CE y las ayudas exentas de notificación previa pero sujetas a comunicación a posteriori. Las fuentes estadísticas utilizadas excluyen, pues, diversas figuras, bien porque no reúnen alguno de los elementos exigidos por el artículo 107.1 TFUE para su consideración como ayudas de Estado, o bien porque se refieren a determinados aspectos de la política interna comunitaria para los que se contempla un tratamiento específico en materia de ayudas. Las referencias al término “ayudas” en los cuadros estadísticos que se recogen a continuación corresponden pues únicamente a los dos tipos de ayudas antes mencionados. En particular, estas estadísticas no incluyen: a) Las ayudas de minimis 3, en cuanto no presentan afectación al mercado comunitario y por ello no se consideran ayudas de Estado en sentido estricto, no están sujetas a la obligación de información a la CE y, en consecuencia, tampoco están incluidas en las estadísticas enviadas a dicha Comisión por las autoridades españolas. b) Las ayudas al sector del ferrocarril, en cuanto no están incluidas en las estadísticas enviadas a la CE por las autoridades españolas debido a que se rigen por el artículo 93 en lugar del artículo 107 TFUE mencionado.
En relación con las ayudas de minimis, desde la CNC se ha venido valorando, en los informes anuales de ayudas publicados hasta el momento, la posibilidad de incluirlas haciendo uso de la información que recoge la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), pero se ha considerado procedente descartarla en la medida en que existen ciertas diferencias conceptuales. La BDNS contiene información acerca de las subvenciones (contempladas en el art. 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones) y las entregas dinerarias sin contraprestación a las que resulta de aplicación el principio de información regulado por el art. 20 de la Ley citada (según señala el art. 35 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de subvenciones). Esta base de datos sólo incluye, por su concepción original y su funcionamiento, transferencias de fondos (es decir, subvenciones y, en su caso, entregas dinerarias sin contraprestación), y excluye, por tanto, otra serie de instrumentos que pueden constituir ayudas de Estado con arreglo a la definición comunitaria. Además, existen otras razones como las posibles diferencias de criterio entre Administraciones Públicas e ineficiencias en la transmisión de información, así como el hecho de que su inclusión depende en alguna medida de los centros gestores de gasto, pueden motivar que no todas las ayudas estén contabilizadas o no lo estén por su importe total. Con las actuales posibilidades de identificación y control de este tipo de ayudas públicas se considera que no es factible un análisis riguroso de esta información. Es por ello necesario reiterar la conveniencia de contar con un registro centralizado que incluya todas las medidas que tengan la consideración de ayuda pública, incluyendo las de minimis.
c) Las compensaciones por servicios de interés económico general 4, ya que sólo en determinadas circunstancias excepcionales podrían ser consideradas ayudas de Estado, en particular, en la medida en que excedan las condiciones de las medidas compensatorias admitidas por la regulación correspondiente. d) Otras medidas generales de fomento de la economía en su conjunto (como, por ejemplo, la mayoría de los regímenes fiscales aplicables con carácter general), así como las transferencias entre las diferentes Administraciones Públicas. En tercer lugar, en los cuadros estadísticos sólo se tienen en cuenta las ayudas otorgadas por los Estados Miembros, lo que implica que, en los casos en que exista cofinanciación por fondos comunitarios, no quedará reflejada la parte que corresponda a los mismos. En cuarto lugar, se ha de tener en cuenta que en los cuadros estadísticos no se incluyen las cuantías relativas a los expedientes de ayudas en tramitación, es decir aquéllos sobre los que la CE no haya resuelto a la fecha de cierre del informe. Finalmente, por exigencia de la CE, las cifras relativas a las cuantías de ayudas de Estado han de expresarse preferiblemente en términos de gastos reales (o ingresos reales no percibidos en el caso de gastos fiscales). Debido a que esto no siempre es posible, cuando el gestor de ayudas de la respectiva Administración no disponga de datos finales sobre pagos, deberá facilitar a la CE los relativos a los compromisos de gasto o los créditos presupuestarios reservados para dichos conceptos. Dichos datos pretenden reflejar el gasto (o menor ingreso) en materia de ayudas públicas en que haya incurrido cada Estado Miembro, con cargo a sus fondos, basándose en tres conceptos interrelacionados: los volúmenes aprobados presupuestariamente, los volúmenes efectivamente utilizados y el cálculo del elemento de ayuda presente 5.
Ver Sentencia Altmark del TJUE (asunto C-280/00 de 24/7/2003).
En el procedimiento para la elaboración del Marcador de Ayudas de Estado de la CE, los Estados Miembros no sólo deben suministrar los datos relativos al ejercicio en cuestión, sino que también han de corregir los datos aportados para ejercicios anteriores, cuando se hayan visto modificados, corregidos o completados, se refieran a regímenes expirados o no. Todas las cifras se reciben en monedas nacionales a precios corrientes, aunque se redenominan en euros y se expresan en precios constantes de 2000, referenciados al año en cuestión, a excepción de las cifras de las ayudas anticrisis, que se imputan a precios de corrientes del ejercicio que corresponda. Por todo ello, los datos publicados en distintos Marcadores, respecto de los mismos años, pueden verse modificados. Modificaciones análogas, por la misma causa, pueden darse entre los datos reflejados en los distintos informes anuales de ayudas de la CNC en relación con ejercicios pasados.
Sin embargo, como excepción a lo anterior, para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, la CE ha modificado los criterios y la metodología de cálculo respecto de, las denominadas en este informe, ayudas anticrisis (ayudas al sector financiero y ayudas del marco temporal relativas a otros sectores económicos) por la imposibilidad práctica que suponía aplicar a la cuantificación de estas medidas el método tradicionalmente empleado. En base a esta modificación, las estadísticas sobre estas ayudas se centran sólo en el volumen aprobado y efectivamente utilizado de fondos públicos y no en el elemento de ayuda (es decir, el equivalente de subvención bruto), debiendo tenerse en cuenta esta importante circunstancia a la hora de analizar las cifras de ayudas recogidas en este informe para cada tipo de ayuda. II.2 Estadísticas de ayudas de Estado relativas a España: 2010 En el presente apartado se analizan las ayudas de Estado concedidas por el Reino de España en el año 2010 mediante los siguientes indicadores: volumen de ayudas, evolución temporal, evolución sectorial, distribución territorial, objetivos de interés público perseguidos, tipos de instrumentos utilizados y número de proyectos tramitados ante la CE. II.2.1 Volumen de ayudas Desde un punto de vista estático, el volumen de ayudas de Estado concedidas en España en 2010 (cuadro nº 1) ascendió a 92.500M€ 6. Teniendo en cuenta que en el año 2009 el volumen ascendió a 63.022M€, se ha incrementado en un 46% el volumen de ayuda concedido en aquel año. Lógicamente, esto se ha traducido también en aumentos del porcentaje de ayudas con respecto al PIB (del 5,92% del 2009 al 8,70% de 2010) y con respecto a la ayuda per cápita (de los 280€ de 2009 a los 1.960€ de 2010). Si hay un factor que explica fundamentalmente este aumento es la incidencia de las partidas dirigidas a combatir la crisis económica y financiera: si en 2009 dicha partida era de 57.400€, en 2010 la cifra ha aumentado hasta los 87.497M€, en parte como consecuencia de los cambios en la metodología de imputación por parte de la Comisión Europea, ya comentados anteriormente.
Cuadro nº 1: Total volumen Ayudas concedidas en España 2010 M€ Ayudas anticrisis Ayudas otra naturaleza 87.497,34 5.003,02 % sobre el PIB 8,23% 0,47% € per cápita 1.854,13 106,02
Las cifras sobre volumen de ayudas son ofrecidas en Millones de Euros (M€), salvo que se indique expresamente lo contrario.
92.500,36
Fuente: Datos suministrados por España a la CE para la elaboración del Marcador de ayudas de Estado de otoño 2011; Marcador de ayudas de Estado otoño 2011 de la CE; Padrón municipal de habitantes (RD 1612/2010, de 7/12/2010, BOE 23/12/2010).
Por lo que se refiere a las ayudas anticrisis (cuadro nº 2), podemos dividirlas en dos grupos: las que están dirigidas a prestar apoyo a las entidades financieras y las que se orientan a sostener a las empresas del resto de sectores económicos que cuentan con instrumentos específicos de ayuda para hacer frente a la crisis (el llamado Marco temporal).
Cuadro nº 2: Ayudas anticrisis concedidas en España 2010 M€ Ayudas sector financiero Ayudas marco temporal TOTAL 87.145,47 351,87 87.497,34 % sobre el PIB 8,20% 0,03% 8,23% € per cápita 1.846,67 7,46 1.854,13
Fuente: Datos suministrados por España a la CE para la elaboración del Marcador de ayudas de Estado de otoño 2010; Marcador de ayudas de Estado otoño 2010 de la CE; Padrón municipal de habitantes (RD 1612/2010, de 7/12/2010, BOE 23/12/2010).
En relación específicamente con las ayudas al sector financiero, el siguiente cuadro nº 3 recoge la situación actual de las ayudas de Estado notificadas a la CE por el Reino de España al respecto:
Cuadro nº 3: Expedientes de Ayudas al sector financiero, España 2008- junio 2012 Denominación de la Ayuda NN 54a / 2008 Fondo Adquisición Activos Financieros Modificación Prolongación N 337/2009 NN 54b / 2008 Sistema de Gª para entidades crédito Prolongación 2ª Prolongación N 588/2009 Extensión N 263/2010 Prolongación SA. 32921 Prolongación SA. 32990 Tipo de decisión No objeciones No objeciones No objeciones No objeciones No objeciones No objeciones No objeciones No objeciones No objeciones Fecha adopción 4/11/2008 8/04/2009 7/08/2009 22/12/2008 25/06/2009 1/12/2009 28/06/2010 29/11/2010 1/6/2011
Prolongación SA. 34224 Prolongación SA. 34224 N 28 / 2010 Esquema General de actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) Prolongación N 317/2010 NN 61 / 2009 Reestructuración Caja Castilla La Mancha N 392 / 2010 Reestructuración Caja Sur SA. 33402 Inyección de capital para Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) SA. 33096 Ayuda de rescate a NCG Banco SA. 33095 Ayuda de rescate a UNNIM Banc SA. 33103 Ayuda de recate a Catalunya Banc SA. 33917 (2011/N) Recapitalización y medidas de liquidez para el Banco de Valencia SA. 34820 Ayuda de rescate en favor de Bankia / BFA
No objeciones No objeciones No objeciones No objeciones No objeciones No objeciones No objeciones No objeciones No objeciones No objeciones No objeciones No objeciones
9/12/2011 29/06/2012 28/1/2010 23/7/2010 29/6/2010 8/11/2010 24/7/2011 30/9/2011 30/9/2011 30/9/2011 21/11/2011 No publicada
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Europea, actualizados a fecha 30/06/2012
Por su parte, las ayudas de otra naturaleza (cuadro nº 4), si bien han sufrido un ligero retroceso (5.621M€ en 2009 frente a los 5.003M€ en 2010), se mantienen en valores similares a los del año anterior. De estas ayudas, la partida más importante corresponde a las dirigidas a la Industria y Servicios (4.328M€), seguida como es habitual por la partida agrícola-pesquera (528M€) y los Transportes (146M€).
Cuadro nº 4: Ayudas de otra naturaleza concedidas en España 2010 M€ Industria y Servicios Agricultura y Pesca Transporte TOTAL 4.328,53 528,22 146,27 5.003,02 % sobre el PIB 0,41% 0,05% 0,01% 0,47% € per cápita 91,72 11,20 3,10 106,02
Fuente: Datos suministrados por España a la CE para la elaboración del Marcador de ayudas de Estado de otoño 2011; Marcador de ayudas de Estado otoño 2011 de la CE. Padrón municipal de habitantes (RD 1612/2010, de 7/12/2010, BOE 23/12/2010).
II.2.2 Evolución temporal
En cuanto a su evolución temporal en el intervalo 2005-2010, el gráfico nº 1 muestra una tendencia creciente del volumen total de ayudas durante todo el período considerado, si bien con dos elementos destacables: por un lado, un ligero retroceso en el año 2007 y por otro, dos repuntes muy significativos en 2009 y 2010, debido a las ayudas concedidas para paliar los efectos de la actual crisis económica. En efecto, aunque el volumen de ayudas había aumentado hasta 92.500M€ en 2010 frente a 4.804M€ en 2005, si se descuentan las ayudas concedidas como consecuencia de la crisis, el incremento es de poco más del 4%.. La evolución de las ayudas en relación con el PIB es similar, pues se observa que hay dos períodos claramente diferenciados: uno entre 2005 y 2007, en el que esta ratio se mantiene prácticamente estable en valores medios del 0,48%, y otro entre 2008 y 2010 en el que se produce un fuerte repunte, con ratios que pasan del 0,72% al 8,70%, como consecuencia de las ayudas asociadas a la crisis. No obstante, si se excluyen dichas ayudas, la tendencia en esa franja temporal es ligeramente decreciente, con valores que van del 0,51% al 0,47% sobre el PIB..
Gráfico nº 1: Evolución temporal ayudas concedidas 2005-2010
10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00%
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 0,47% 4.804 0,49% 5.172 0,46% 5.079
92.500 63.022
0,72% 0,51% 7.979 5.612
0,53% 5.622
0,47% 1,00% 5.003 0,00%
cuantía total excepto ferrocarriles cuantía total sin ayudas anticrisis porcentaje sobre PIB porcentaje sin ayudas anticrisis sobre PIB
Fuente: Datos suministrados por España a la CE para la elaboración del Marcador de ayudas de Estado de otoño 2011; Marcador de ayudas de Estado otoño 2011 de la CE.
Por su parte, desde una perspectiva dinámica en el sexenio 2005-2010 (cuadro nº 5), la evolución sectorial se caracteriza por los siguientes elementos: fuerte crecimiento de las ayudas anticrisis, que se manifiestan como la partida más importante y mantenimiento en niveles similares del resto de ayudas de otra naturaleza (ayudas a la industria y servicios, a la agricultura-pesca y al transporte). Se da la particularidad de que como los datos sobre volumen de ayudas referidos al año en curso y a los anteriores, tal como está previsto en las propias orientaciones de la Comisión Europea, son actualizados por los propios Estados Miembros de la UE cada vez que remiten anualmente las hojas de cálculo a la CE (y por tanto nunca están del todo “cerrados” sino que se van ajustando), en relación con las ayudas anticrisis existen diferencias muy significativas en los datos del Reino de España de 2009 y 2010. Teniendo en cuenta esta circunstancia se puedan señalar estas líneas fundamentales: Las ayudas anticrisis han pasado de apenas 2.367M€ en 2008 (etapa inicial de la crisis económica) a 57.400M€ en 2009 y 87.497M€ en 2010. Lógicamente, esta relevancia se aprecia igualmente en términos de porcentaje respecto al PIB nacional, que ha pasado de niveles significativamente inferiores al 1% a niveles superiores al 8% en el año 2010. Las ayudas a la industria y los servicios han aumentado desde los 3.978M€ en 2005 hasta los 4.328M€ en 2010. El efecto de estas medidas respecto al PIB ronda valores medios del entorno del 0,40% del PIB nacional en todo el sexenio considerado. Las ayudas a la agricultura-pesca, en términos absolutos, han sufrido un retroceso si tenemos en cuenta todo el sexenio, una vez superados los años centrales (2006-2007) en el que se produjeron importantes crecimientos. En relación al PIB, las ayudas se han mantenido prácticamente estables, en valores medios en torno al 0,07% del PIB nacional teniendo en cuenta ambas partidas conjuntamente. Las ayudas a los transportes no ferroviarios, tras un fuerte incremento hasta 2006, año en el que se superaron los 169M€, se observa una brusca desaceleración en los dos años siguientes para volver a repuntar en los dos últimos años del decenio hasta alcanzar en 2010 los 146M€. Su peso en relación al PIB nacional se ha mantenido estable en valores medios cercanos al 0,01%.
Cuadro nº 5: Evolución sectorial de las ayudas concedidas en España 2005 - 2010 2005
Ayudas regulares (no anticrisis) Industria y Servicios
M€ %PIB
M€ % PIB
4.803,65
5.079,11
5.612,26
5.621,77
5.003,02
3.978,37
3.997,97
4.012,98
4.628,38
4.826,63
4.328,53
Agricultura Pesca Transporte Ayudas anticrisis Crisis Financiera Marco Temporal TOTAL
549,64 109,87 165,76 -
942,11 62,71 169,16 -
0,09 0,01 0,02
733,12 191,18 141,83 -
0,07 0,02 0,01
739,92 114,98 128,99 2.367,08 2.367,08
0,07 0,01 0,01 0,21
622,58 36,88 135,67 57.400,32
0,06 0,00 0,01 5,39 5,38
514,74 13,48 146,27 87.497,34 87.145,47
0,05 0,00 0,01 8,23 8,20
0,21 57.285,55
4.803,65 0,47
5.171,94 0,49
5.079,11 0,46
7.979,35
114,77 63.022,09
351,87 92.500,36
0,03 8,71
Fuente: Datos suministrados por España a la CE para la elaboración del Marcador de ayudas de Estado de otoño 2011; Marcador de ayudas de Estado de la CE otoño 2011.
II.2.3 Distribución por objetivos Los objetivos de interés público a los que se destina la ayuda pueden ser horizontales (aplicables a todos los sectores en función de una finalidad concreta) o sectoriales. En el cuadro nº 6 se analiza el destino a este respecto de las ayudas a la industria y los servicios, las más representativas a estos efectos, sin tener en cuenta por tanto las ayudas anticrisis. Como puede observarse, las ayudas dedicadas a objetivos horizontales mantuvieron su tendencia al alza durante el periodo considerado si bien se observa un cierto retroceso en el año 2010. De las de ayudas a la industria y servicios (4.328M€), la proporción de ayudas horizontales (3.350M€) se sitúa en el 77%, ligeramente inferior al nivel de años anteriores (80%).
Cuadro nº 6: Evolución de las ayudas destinadas (ayudas industria/servicios concedidas España 2005-2010), en M€ 2005 Promoción de la exportación Cultura Empleo Medio ambiente y ahorro energía Desarrollo regional 293,4 72,2 48,9 187,9 1.262,7 2006 351,8 77,2 46,4 186,7 1.343,7 2007 101,3 83,7 50,6 205,3 1.412,2 a objetivos horizontales
2008 95,8 114,6 25,1 523,3 1.773,6
2009 60,1 121,7 57,5 831,4 1.087,7
2010 16,3 116,6 46,3 747,4 1.079,4
I+D+i PYMES Formación Otros Total objetivos horizontales Total industria/servicios
354,2 348,6 57,0 0,1 2.624,9 3.978,4
454,9 387,1 84,6 0,0 2.932,4 3.998,0
735,5 171,4 53,5 2,6 2.816,0 4.013,0
896,6 182,0 68,3 15,7 3.695,0 4.628,4
1.359,4 185,3 123,0 5,3 3.831,5 4.826,6
1.146,7 130,1 65,7 1,6 3.350,0 4.328,5
Fuente: Datos suministrados por España a la CE para la elaboración del Marcador de ayudas de Estado de otoño 2011; Marcador de ayudas de Estado de otoño 2011.
El objetivo “Investigación y desarrollo” repite como el capítulo más importante de las ayudas horizontales, desbancando al relativo al desarrollo regional y confirmando una fuerte tendencia al alza en prácticamente todo el sexenio, pero particularmente en 2009, para descender someramente en 2010. Las ayudas para “Desarrollo regional”, un objetivo general que conlleva la consecución de otros más concretos (creación de empleo, inversiones productivas…) mantiene su importe en niveles similares al año anterior (1.079M€). Como tercer capítulo más importante, destacan las ayudas para “Protección del medio ambiente y ahorro de energía” que han sufrido en el último ejercicio un recorte de un 11% respecto al año anterior. Por su parte, las ayudas para “Pymes”, continúan con su tendencia a la reducción, un 30% en el año 2010. Las ayudas para los objetivos relativos a “Cultura”, “Empleo”, “Formación” y “Promoción de la exportación” permanecen en niveles modestos, si bien los tres primeros han registrado importantes incrementos porcentuales en el período considerado, rompiéndose la tendencia en cambio en el último año, sobretodo en los referente a la “Formación”, con un recorte del 48%. Por su lado, las dirigidas a la "Promoción de la exportación" también han registrado un recorte importante en el análisis de la secuencia temporal 2005-2010, el mayor de todos los experimentados en lo que a objetivos horizontales se refiere (95%). Los tipos de instrumentos utilizados en España presentan cierta heterogeneidad. En el cuadro nº 7 se analiza el destino a este respecto de las ayudas a la industria y los servicios, sin tener en cuenta por tanto las ayudas anticrisis. En el periodo considerado (2008-2010), la figura de la subvención representa el 60% mientras que las exenciones fiscales y los créditos blandos suman aproximadamente el 40% restante, siendo casi testimonial el resto de formas de ayuda. Datos muy similares se aprecian en la UE, si bien el porcentaje de subvenciones es algo menor (51%), teniendo más peso relativo el instrumento relativo a las exenciones fiscales (41%).
Cuadro nº 7: Instrumentos de ayudas industria/servicios (excluyendo medidas anticrisis) España; datos correspondientes a la media en el período 2008 – 2010, en millones de € Subvenciones Importe EU - 27 Porcentaje Importe España Porcentaje 60,36 26,27 0,01 13,33 0,03 51,99 2.773,44 41,64 1.207,10 1,10 0,25 3,16 612,48 2,11 1,25 31.149,81 Exenciones fiscales 24.948,04 Participación en capital 657,52 Créditos blandos 1.895,90 Garantías 1.263,89
Fuente: Datos suministrados por España a la Comisión Europea para la elaboración del Marcador de ayudas de Estado de otoño 2010; Marcador de ayudas de Estado de otoño 2010. Nota: Sólo se contemplan las ayudas a la industria y los servicios por lo que están excluidas las ayudas destinadas a paliar la crisis y las correspondientes al carbón. Respecto a los porcentajes, lo son respecto a la cuantía total de ayudas concedidas.
II.2.4 Distribución territorial La distribución territorial de las ayudas de Estado en España (Cuadro nº 8) señala que la Comunidad Autónoma con más volumen de ayuda recibida continúa siendo Canarias (341M€) -si bien debe tenerse en cuenta que este importe incluye las ayudas relativas a la zona especial canaria y a su régimen fiscal- seguida a una considerable distancia por Andalucía (203M€), Euskadi (170M€), Galicia (139M€) y Castilla-León (65M€). En las Islas Baleares, Ceuta-Melilla y Cantabria, que son las que registran menos ayudas, su volumen se sitúa en todas ellas por debajo del millón de euros. No obstante, estos resultados deben interpretarse con cautela, ya que el diseño del formulario requerido por la CE y la mecánica de su cumplimentación por parte de los distintos gestores de las Administraciones Públicas españolas dificulta la posibilidad de identificar con exactitud si existe un destinatario geográfico concreto de la ayuda en cuestión (esto es, una Comunidad Autónoma o, en menor medida, una provincia), así como de precisar si el gasto real efectuado es atribuible a dicha Comunidad Autónoma o a otra Administración Pública. La evolución de la cuantía de las ayudas en 2010 en las distintas Comunidades Autónomas ha sido muy desigual. Junto con importantes caídas, como la registrada en Com. Valenciana (de 114M€ a 58M€) y en Castilla y León (de 113M€ a 65M€), se han producido subidas relativamente importantes en Castilla La Mancha (de 14M€ a 38M€), Navarra (de 44M€ a 51M€) y Cataluña (de 26M€ a 34M€), seguidas por otras Comunidades que si bien habían concedido escasos fondos públicos en los años anteriores, en esta última anualidad han aumentado considerablemente su dotación, es el caso de Cantabria (de 0,74m€ a 4,82M€).
Cuadro nº 8: Distribución territorial ayudas industria y servicios, excluidas ayudas anticrisis y ferrocarriles; España 2005-2010 2005
ANDALUCIA ARAGON ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA Y LEON CASTILLA - LA MANCHA CATALUÑA CEUTA y MELILLA EXTREMADURA GALICIA LA RIOJA MADRID MURCIA NAVARRA PAIS VASCO VALENCIA REG AGE TOTAL
M€ 299,18 26,43 46,00 7,55 609,26 10,87 92,18 34,37 20,67 0,10 15,77 124,33 19,83 34,30 11,50 56,09 98,75 30,70 1.537,89 1.933,53 3.471,41 % PIB 0,22 0,09 0,22 0,03 1,55 0,09 0,18 0,10 0,01 0,00 0,10 0,25 0,27 0,02 0,05 0,34 0,16 0,03 0,16 0,20 0,35
M€ 269,95 25,53 20,79 8,36 736,63 11,73 74,82 38,10 30,61 0,60 24,14 78,12 17,71 50,05 7,40 57,31 112,73 18,18 1.582,76 2.128,38 3.711,15 % PIB 0,19 0,08 0,09 0,03
M€ 238,51 24,68 50,32 3,80 % PIB 0,16 0,07 0,21 0,01
M€ 210,32 23,24 51,27 0,00 268,96 0,74 113,41 14,94 26,84 0,02 10,04 141,56 36,00 45,39 2,97 44,53 184,71 114,05 % PIB 0,15 0,07 0,23 0,00 0,65 0,01 0,20 0,04 0,01 0,00 0,06 0,26 0,46 0,02 0,01 0,24 0,28 0,11
M€ 203,85 15,61 46,97 0,00 341,02 4,82 65,17 38,28 34,86 0,19 7,25 139,85 34,67 34,16 3,40 51,59 170,97 58,40 % PIB 0,14 0,05 0,20 0,00 0,83 0,04 0,11 0,11 0,02 0,01 0,04 0,25 0,44 0,02 0,01 0,28 0,26 0,06
% PIB 0,14 0,15 0,09 0,03 1,54 0,11 0,20 0,06 0,01 0,00 0,27 0,14 0,29 0,01 0,05 0,35 0,18 0,03 0,14 0,21 0,35
178,47 40,83 16,97 7,57 565,08 12,59 95,91 17,79 15,34 0,06 40,67 66,87 19,49 18,82 11,10 53,63 99,06 23,35 1.283,61 1.894,36 3.177,97
1,77 1.038,15 2,42 0,09 0,13 0,11 0,02 0,02 0,14 0,14 0,23 0,03 0,03 0,32 0,17 0,02 7,76 90,49 30,84 30,30 0,60 7,42 89,51 27,03 51,61 0,47 59,54 154,96 40,58 0,06 0,16 0,08 0,01 0,02 0,04 0,16 0,34 0,03 0,00 0,32 0,23 0,04
0,15 1.946,57 0,18 1.289,00 0,12 1.251,07 0,12 0,20 2.549,04 0,23 3.455,99 0,33 3.077,64 0,29 0,35 4.495,61 0,41 4.744,99 0,45 4.328,70 0,41
Fuente: Marcador de ayudas de Estado otoño 2010. Datos suministrados por España a la CE para la elaboración del Marcador de ayudas de Estado de otoño 2010. Datos de la contabilidad regional del INE. En todos los datos sólo se han tenido en cuenta las ayudas a la industria y servicios, excluyendo por tanto a la agricultura, pesca y ferrocarriles. Notas: La partida “REG” corresponde a la suma de las ayudas cuya recepción permite ser imputada expresamente al territorio de cada Comunidad Autónoma en particular, con independencia de la Administración otorgante. El porcentaje sobre el PIB de esta partida está referido a la suma de los PIB de todas las regiones, según los datos del INE. La partida “AGE” corresponde a la diferencia entre el total de ayuda consignado en la información enviada a la Comisión europea y la partida “REG”, pretendiendo reflejar la ayuda que no permite ser imputada expresamente al territorio de una Comunidad Autónoma en particular.
II.2.5 Proyectos presentados a la Comisión Europea El número de proyectos tramitados ante las instituciones comunitarias por el Reino de España (Cuadro nº 9) ha disminuido considerablemente en 2011 con respecto al año anterior, tanto en lo referente a los proyectos notificados (de 66 a 31) como en los exentos de notificación previa (de 135 a 91), manteniéndose en cambio el número de los expedientes no notificados (3), es decir, aquellos para los que se abre un procedimiento de investigación formal por parte de las instituciones comunitarias por no haber sido notificados conforme a las normas del TFUE. La crisis económica y financiera que sufren las AA.PP españolas es un elemento determinante para explicar el hecho de que los proyectos notificados de ayudas en el periodo 2006-2011 se hayan reducido en un 50% ya que a pesar de que el volumen total de ayudas es muy superior en el último año, este crecimiento puede ser imputado a los pocos expedientes de ayudas dirigidos a combatir la crisis económica y financiera frente a la mayor variedad de expedientes notificados en los años anteriores.
Cuadro nº 9: Expedientes de ayudas tramitados ante la CE, España 2006-2011 2006 Nº Proyectos notificados Proyectos no notificados Proyectos exentos de notificación Total 63 % 61,76 Nº 67 2007 % 28,88 Nº 64 2008 % 29,91 Nº 60 2009 % 25,00 Nº 66 2010 % 32,35 Nº 31 2011 % 24,80
Fuente: datos recogidos por la base de datos de ayudas de la CNC y de la Comisión Europea. Los proyectos de ayudas no notificadas se refieren a los casos siguientes: SA 21233 (11/C) Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero para adquisición de buques; SA. 24473 Presunta ayuda de Estado ilegal en el sector del gas y SA. 28685 Captación de Televisión Digital en Cantabria.
II.3 Estadísticas de ayudas de Estado de la UE: comparativa con España Los parámetros de referencia seleccionados para esta comparación son, por un lado, el volumen de ayudas y su proporción respecto al PIB en dichos ámbitos geográficos, la crisis financiera, incluyendo y excluyendo las ayudas derivadas de la crisis
económica; y por otro, el grado de horizontalidad de los principales objetivos de interés público perseguidos con estas ayudas. II.3.1 Volumen y peso en el PIB de las ayudas Como se indica en el Cuadro nº 10, el volumen de ayudas de la UE ha aumentado considerablemente durante el año 2010 ascendiendo a 1.190.819M€ (frente a los 427.365M€ del año anterior) lo que representa casi el 10% del PIB de la UE, como consecuencia una vez más del impacto de las ayudas anticrisis, que ascienden a más de 1.117.000M€ (frente a los escasos 354.140M€ del año anterior).
Cuadro nº 10: Volumen total ayudas España y UE 2010 Cuantía total ayudas M€ ESPAÑA UE 92.500 1.190.819 Proporción PIB 8,71% 9,71% Cuantía ayudas excluidas ayudas anticrisis M€ 5.003 73.788 Proporción PIB 0,47% 0,60% Cuantía ayudas anticrisis M€ 87.497 1.117.031,50 Proporción PIB 8,23% 9,10%
Realizando una comparativa con algunos EE.MM de la UE, el Cuadro nº 11 pone de manifiesto que en 2010 los mayores volúmenes de ayudas corresponden a Irlanda (362.932M€), Reino Unido (205.486M€), Alemania (184.462M€) y Francia (108.699M€), seguidos de España y Países Bajos, estos últimos ya con cifras por debajo de los 100.000M€. Si ponemos en relación dicho volumen de ayudas con el PIB nacional, de nuevo Irlanda encabezaría la relación (235%), seguida de Grecia (16%) y del Reino Unido (12%), Países Bajos (9%) y España (8%).
Cuadro nº 11: Comparativa volumen total ayudas por EE.MM de la UE año 2010 Volumen total de ayudas Millones de euros
Alemania Irlanda Grecia España Francia 184.462,21 362.932,60 38.455,28 92.500,36 108.699,19
Volumen total de ayudas Proporción PIB nacional
7,38 235,76 16,71 8,71 5,62
Italia Países Bajos Portugal Reino Unido
4.829,36 56.816,11 6.566,06 205.486,42
0,31 9,61 3,80 12,11
Fuente: Marcador de ayudas de Estado otoño 2010. Datos suministrados por España a la Comisión Europea para la elaboración del Marcador de ayudas de Estado de otoño 2011.
Por otro lado, como se puede observar en el cuadro nº 12, realizando una comparativa global del volumen de ayudas concedidas en el conjunto de EE.MM de la UE y separando en función de la naturaleza de las mismas, se observa que, como en el caso español, existe un protagonismo muy relevante de las ayudas destinadas a afrontar la crisis financiera, siendo en general los volúmenes de ayudas destinados a otros fines de escasa entidad.
Cuadro nº 12: Volumen de ayudas en millones de euros de los EE.MM de la UE año 2010
Volumen de ayudas excluyendo anticrisis EU-27 Bélgica Bulgaria Republica Checa Dinamarca Alemania Estonia Irlanda Grecia España Francia Italia Chipre Letonia Lituania Luxemburgo Hungría Malta
73.788,3 2.153,80 53,06 1.188,61 2.131,43 15.964,62 42,29 1.572,21 1.838,28 5.003,02 15.383,69 4.559,71 117,72 169,23 158,81 95,56 2.243,35 88,52
Ayudas destinadas a la crisis financiera
1.105.275 29.366,23 0,00 0,00 28.669,18 164.498,65 0,00 361.275,00 35.076,50 87.145,47 91.528,11 0,00 2.817,25 1.532,95 0,00 1.592,39 1.054,04 0,00
Ayudas destinadas al marco temporal
11.756,1 223,00 0,00 305,32 0,00 3.998,95 5,78 85,39 1.540,50 351,87 1.787,38 269,65 0,00 45,15 0,11 7,15 107,05 0,20
Volumen total de ayudas anticrisis
1.117.031 29.589,23 0,00 305,32 28.669,18 168.497,60 5,78 361.360,39 36.617,00 87.497,34 93.315,50 269,65 2.817,25 1.578,10 0,11 1.599,54 1.161,08 0,20
Volumen total de ayudas
1.190.819 31.743,03 53,06 1.493,93 30.800,61 184.462,21 48,07 362.932,60 38.455,28 92.500,36 108.699,19 4.829,36 2.934,97 1.747,33 158,93 1.695,10 3.404,43 88,72
Países Bajos Austria Polonia Portugal Rumania Eslovenia Eslovaquia Finlandia Suecia Reino Unido
3.162,26 2.242,47 3.220,58 1.578,56 303,99 395,15 303,41 2.061,42 2.887,99 4.868,64
53.625,00 19.915,80 0,00 4.987,50 0,00 2.150,00 0,00 0,00 19.921,25 200.120,07
28,85 1.060,52 1,35 0,00 325,85 429,12 16,26 451,90 217,04 497,72
53.653,85 20.976,32 1,35 4.987,50 325,85 2.579,12 16,26 451,90 20.138,29 200.617,78
56.816,11 23.218,79 3.221,94 6.566,06 629,83 2.974,27 319,68 2.513,32 23.026,28 205.486,42
Fuente: Datos suministrados por España a la Comisión Europea para la elaboración del Marcador de ayudas de Estado de otoño 2011 Nota: El dato de 351,87M€ para España, correspondiente a las ayudas destinadas al marco temporal, es el que ha considerado la Comisión Europea para este cómputo, que incluye el monto total bruto. El valor que aparece en los otros cuadros es el que corresponde a la parte que se considera ayuda neta (aid element), que asciende a 314,13M€.
II.3.2 Comparación de grados de horizontalidad de las ayudas. En el periodo considerado, la prioridad otorgada a los objetivos horizontales por los instrumentos de ayuda es evidente en países como Estonia, Letonia, Lituania, Bélgica, Bulgaria, Luxemburgo y Finlandia que, como se muestra en el Cuadro nº 13, dedican la totalidad de las ayudas públicas, excluyendo las relacionadas con la crisis financiera, a la consecución de este tipo de objetivos. En el otro extremo, Portugal y Malta sólo les dedican, respectivamente, el 17% y el 25%. La media de las ayudas horizontales de la UE se sitúa en el 85% del total de las concedidas. España, con un 77% de ayudas destinadas a objetivos horizontales, ha disminuido su porcentaje con respecto al presentado en 2009 (80%). Por lo que se refiere a las diferentes subcategorías, dentro de las ayudas horizontales, en España destaca la elevada proporción destinada a I+D+i (26%), nueve puntos por encima de la media de la UE-27. Por el contrario, otros objetivos como Medio Ambiente (17% frente a 24%), Pymes (3% frente a 4%) y empleo (1% frente a 5%) reciben menos atención relativa que en los países de nuestro entorno. En términos equivalentes a la media de la UE se sitúan objetivos como el Desarrollo regional y la Formación. En cuanto a las ayudas sectoriales, la proporción que España dedica a este concepto (23%) supera la media de la UE (15%). Los sectores nacionales más beneficiados son los del carbón, con un 19% del total de ayudas sectoriales (muy superior a la media de la UE de un 5%) y las manufacturas con un 3% (frente a un 5% de la media de la UE).
Cuadro nº 13: Ayudas objetivos horizontales y sectoriales (excluidas ayudas anticrisis) 2010 Total ayudas Industria y Servicios (millones €)
61.038 1.834 14 946 1.951 14.695 14 867 1.800 4.329 12.594 3.328 89 72 81 75 1.907 70 1.911 2.057 2.545 1.547 206
Objetivos Horizontales (%)
Objetivos sectoriales (%)
Otros sectores no manufactureros
2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 13 0 0
Total objetivos Sectoriales
Total objetivos Horizontales
Otros objetivos Horizontales
EU BEL BUL RCH DIN ALE EST IRL GRE ESP FRA ITA CHI LET LIT LUX HUN MAL HOL AUS POL POR RUM
85 100 100 81 97 88 100 90 99 77 79 96 96 100 100 100 54 25 100 99 76 17 71
24 24 7 5 15 38 39 8 0 17 4 7 0 78 2 17 1 0 55 49 11 0 0
24 7 41 45 0 25 15 33 89 25 34 33 9 13 67 2 26 22 1 6 29 7 52
17 43 16 27 11 19 4 27 0 26 14 17 2 6 14 51 5 0 37 25 3 3 16
4 12 4 3 0 2 7 4 10 3 5 18 5 1 8 14 1 0 3 4 0 1 2
1 2 6 1 0 1 0 4 0 2 1 6 12 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
5 7 25 0 67 0 1 2 0 1 0 6 0 1 9 0 9 0 0 0 28 4 0
10 5 0 1 5 4 35 11 1 4 21 8 67 2 0 16 12 3 5 13 2 0 2
15 0 0 19 3 12 0 10 1 23 21 4 4 0 0 0 46 75 0 1 24 83 29
5 0 0 0 0 12 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0 29
2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0
5 0 0 0 0 0 0 6 0 3 20 1 0 0 0 0 10 71 0 1 2 1 0
1 0 0 0 3 0 0 4 0 1 1 3 4 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0
ESN ESQ FIN SUE RUN
96 98 100 98 93
29 36 40 86 34
26 47 6 3 6
30 7 30 4 19
0 7 3 0 2
4 0 11 5 25
319 241 774 2.644 4.132
Fuente: Marcador de ayudas de Estado de otoño de 2011. Nota: Del siguiente cuadro se han excluido las ayudas dirigidas a paliar la crisis financiera
III. NOVEDADES NORMATIVAS DE LA UE: 2011 Y 2012
III.1 Novedades normativas de la UE: 2011 y 2012 A continuación se describen brevemente las principales medidas aprobadas durante los años 2011 hasta junio de 2012, distinguiendo entre las que son auténticas fuentes normativas y aquellas que constituyen meras directrices de la CE que, aunque no tienen valor jurídico en sentido estricto, en la práctica son aplicadas por ésta cuando analiza un caso de ayudas de Estado. Finalmente, se detallan otras actuaciones recientes de las instituciones comunitarias relacionadas con las ayudas de Estado, así como el conjunto de consultas públicas lanzadas durante este último año. III.1.1 Reglamentos, Directivas y Decisiones La novedad normativa comunitaria en materia de ayudas públicas durante las anualidades 2011 y 2012, como señala el cuadro nº 14, se ha referido a los Servicios de Interés Económico General (SIEG), en concreto el establecimiento de un Reglamento de ayudas de minimis para los mismos y de una Decisión relativa a las compensaciones recibidas por empresas que presten dichos servicios.
Cuadro nº 14: Reglamentos, Directivas y Decisiones UE ayudas de Estado 2011-2012 Normativa
Reglamento UE 360/2012 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan SIEG
En el mismo se establece que las ayudas concedidas a empresas que prestan SIEG serán de minimis si no superan el umbral de 500.000€ en cualquier periodo de tres ejercicios fiscales Se exime a los Estados miembros de la obligación de notificar a la Comisión las compensaciones por servicio público para determinadas categorías de SIEG. La exención se extiende de hospitales y viviendas sociales a una gama mucho más amplia de servicios sociales y se fija un umbral de compensación más bajo para activar la notificación en otras actividades de SIEG. El umbral de notificación se redujo de 30 millones EUR a 15 millones EUR, atendiendo a la preocupación de las partes interesadas en el sentido de que el límite anterior
Decisión relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106.2 TFUE a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de SIEG
dejaba contratos de gran envergadura en importantes ámbitos del mercado interior fuera del control de la Comisión. Fuente: elaboración propia. Información recogida de la página web de la DG Competencia de la Comisión Europea.
Dicho Reglamento 360/2012 de la CE, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan SIEG, señala que la experiencia de la CE muestra que el límite por debajo del cual se puede considerar que las ventajas concedidas a dichas empresas no afectan al comercio entre los Estados miembros y/o no falsean o amenazan falsear la competencia puede, en algunos casos, ser diferente del límite general de minimis establecido en el Reglamento (CE)1998/2006. Este Reglamento establece que debe considerarse que la ayuda concedida a estas empresas no afecta al comercio entre los Estados miembros y/o no falsea o amenaza falsear la competencia siempre que el importe total de la ayuda recibida por la empresa beneficiaria no supere los 500.000€ durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. Por lo que se refiere a las normas de control, se exige que los EE.MM registren y compilen toda la información relativa a la aplicación del presente Reglamento durante un periodo de diez ejercicios fiscales desde la concesión de la ayuda, siendo la vigencia del presente Reglamento prevista hasta el 31 de diciembre de 2018. Por lo que se refiere a la Decisión, establece las condiciones conforme a las cuales ayudas estatales en forma de compensación de servicios público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de SIEG son compatibles con el mercado interior y se declaran exentas de la obligación de notificación del art. 108.3 TFUE. En relación con la compensación por obligaciones de servicio público, se contiene una clara determinación señalando que su importe no superará lo necesario para cubrir el coste neto derivado del cumplimiento de las obligaciones de servicio público, incluido un beneficio razonable. Si no es posible utilizar el coeficiente de rendimiento de capital, los Estados miembros deben basarse en otros coeficientes 7 definidos en otras publicaciones, como la Comunicación sobre los SIEG que se citará posteriormente. De esta forma la Decisión se aplicará a ciertas categorías: compensación por un importe anual de 15M€ (siempre que los ámbitos no sean transportes ni infraestructuras de transportes); compensación por la prestación de SIEG por los hospitales o centros de asistencia social; compensación por la prestación de SIEG en
ROE es un indicador del nivel de beneficios en concreto la rentabilidad media de los fondos propios; ROCE la rentabilidad de los fondos invertidos; ROA la rentabilidad sobre activos; ROS, el rendimiento por ventas.
conexiones aéreas o marítimas con islas y compensación por la prestación de SIEG en aeropuertos y puertos de cierto tráfico. Está limitada a un periodo de atribución de diez años, de manera que sólo por circunstancias especiales referidas a inversiones importantes podrán estar cubiertos por la Decisión y exentos de notificación periodos superiores.
III.1.2 Comunicaciones y Directrices Este tipo de instrumentos de soft-law se han convertido en pieza clave de la actual organización y gestión de las ayudas de Estado. El Cuadro nº15 incorpora los distintos documentos interpretativos (Comunicaciones, Directrices, Marcos…) publicados en el período 2011- junio de 2012 por la CE, describiéndose a continuación las líneas fundamentales de los documentos interpretativos que pueden ser considerados más relevantes.
Cuadro nº 15: Comunicaciones/Directrices UE ayudas de Estado 2011-2012 Documentos interpretativos de la Comisión Europea
Comunicación sobre la aplicación, a partir del 1 de enero de 2012, de las normas sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo a los bancos en el contexto de la crisis financiera
Se prorrogan las normas extraordinarias en el contexto de la crisis, con el fin, entre otras cosas, de facilitar la aplicación del «paquete bancario». Esta COM mantiene las cuatro COM anteriores que fijan las condiciones de compatibilidad con las normas del Tratado en materia de ayudas estatales del apoyo en forma de garantías de financiación, recapitalización y rescate de activos, así como los requisitos de los planes de reestructuración o viabilidad Se revisan las ayudas a la innovación en el sector, prorrogando su vigencia y estableciendo nuevos ámbitos de aplicación a barcos destinados a navegar por canales interiores y grandes estructuras flotantes. Se aclaran conceptos básicos sobre ayudas estatales, relativos a los SIEG, como las nociones de ayuda, SIEG, actividad económica, convergencia entre los procedimientos de contratación pública, ausencia de ayuda…etc Las nuevas normas introducen, en particular, una metodología más precisa para determinar el importe de la compensación, la obligación de los Estados miembros de introducir incentivos de eficiencia en los mecanismos de compensación y la obligación de cumplir las normas de la UE en materia de contratación pública y de igualdad de trato entre los prestadores de un mismo servicio al determinar la compensación. Además, la Comisión podrá requerir a los Estados miembros la adopción de medidas que reduzcan los efectos anticompetitivos de determinadas compensaciones con un potencial particularmente acusado de falseamiento de la competencia en el mercado interior. Las Directrices contienen los criterios de compatibilidad que se
Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval Comunicación relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general (SIEG)
Comunicación por la que se establece un Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011)
Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el
contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
aplicarán a las ayudas en el contexto del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, mejorado y ampliado mediante la Directiva 2009/29. De acuerdo con la prueba de sopesamiento, el objetivo principal será garantizar una mayor reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y que los efectos positivos de la ayuda sean mayores que sus efectos negativos. Se garantizarán asimismo los principios de necesidad y proporcionalidad de la ayuda.
Fuente: elaboración propia. Información recogida de la página web de la DG Competencia de la CE.
Comunicación sobre la aplicación, a partir del 1 de enero de 2012, de las normas sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo a los bancos en el contexto de la crisis financiera La Comisión Europea ha actualizado y prorrogado una serie de directrices temporales para evaluar el apoyo público a las instituciones financieras durante la crisis. Esta Comunicación mantiene las cuatro Comunicaciones anteriores con base en el artículo 107.3b) TFUE: la Comunicación Bancaria, la Comunicación de Recapitalización, la Comunicación de Activos Deteriorados y la Comunicación de Restructuración, que fijan las condiciones de compatibilidad del apoyo en forma de garantías de financiación, recapitalización y rescate de activos, así como los requisitos de los planes de reestructuración o viabilidad. Para facilitar la aplicación del paquete de Comunicaciones mencionado y tener en cuenta la evolución del perfil de riesgo de los bancos desde el comienzo de la crisis, conviene aclarar y actualizar las normas en determinados aspectos. En particular, la presente Comunicación: por un lado, complementa la Comunicación de recapitalización ofreciendo orientaciones más detalladas sobre cómo garantizar una remuneración adecuada de los instrumentos de capital que no tienen un rendimiento fijo; por otro, explica cómo efectuará la CE la valoración proporcional de la viabilidad a largo plazo de los bancos en el contexto del paquete bancario; por último, introduce una metodología revisada para garantizar que las comisiones pagaderas en concepto de garantías de obligaciones bancarias basten para limitar al mínimo la ayuda existente, con objeto de velar por que la metodología tenga en cuenta la mayor diferenciación de los diferenciales de las permutas de riesgo de créditos en los últimos tiempos y el impacto de los diferenciales de esas permutas de la deuda del Estado miembro en cuestión. Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval La CE pretende eliminar, en la mayor medida posible, las diferencias entre las normas aplicables a la industria de la construcción naval y las aplicables a otros sectores industriales mediante la extensión de las normas horizontales generales a aquel sector. Sin embargo, la CE reconoce que determinadas características de la construcción naval justifican seguir aplicando disposiciones específicas y velar al mismo tiempo por que tales ayudas no alteren las condiciones de los intercambios y la competencia en forma contraria al interés común. El presente Marco contiene disposiciones específicas
con relación a las ayudas regionales y las ayudas a la innovación en el sector de la construcción naval, así como disposiciones en materia de créditos a la exportación, con una vigencia prevista desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013, evaluando si en esa fecha subsiste la justificación para estas disposiciones específicas o pasan a integrarse en la normativa horizontal de ayudas. Comunicación relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general (SIEG) La Comunicación procede a realizar un repaso de cuáles son las disposiciones generales relativas al concepto de ayuda estatal. Para ello, a través de una amplia jurisprudencia se clarifica el concepto de empresa y de actividad económica, prestando especial atención a los casos en los que el artículo 107 TFUE no es de aplicación por actuar el Estado ejerciendo la autoridad pública, o por actuaciones relativas al régimen de Seguridad Social, asistencia sanitaria y educación. Igualmente se clarifican los requisitos para considerar que nos encontramos ante fondos estatales, así como cuándo existe un impacto sobre los intercambios comerciales entre Estados miembros. Además, analiza los criterios que el TJUE estableció en su sentencia Altmark, de 24 de julio de 2003, relativos a las condiciones en las cuales la compensación por servicio público podría no constituir ayuda estatal: necesidad de existencia de un acto de atribución de servicio público, la obligatoria definición de los parámetros de la compensación con carácter previo, los principios que deben ser evitados para evitar una compensación excesiva y la adecuada selección del proveedor del servicio. Comunicación por la que se establece un Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011) La Comunicación contiene una serie de principios aplicables a las compensaciones por servicio público en la medida en que constituyan ayuda estatal no cubierta por la Decisión resumida más arriba. Por ello, está sujeta a la obligación de notificación previa conforme al art. 108.3 TFUE, detallándose las condiciones por las cuales la ayuda sería declarada compatible con el mercado interior siempre que sea necesaria para el funcionamiento del SIEG y no afecte de forma contraria al interés comunitario. En relación con dichas condiciones los cambios más destacables son los siguientes: se concretan en mayor medida las características que debe cumplir el acto de atribución del SIEG; se limita temporalmente la duración de la atribución que no puede exceder del periodo requerido para la amortización de cualquier activo importante necesario para gestionar el SIEG y se incluyen nuevas cautelas en relación a la obligación del respeto a la Directiva sobre transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas; y además, se afirma el necesario respeto a las normas sobre contratación pública y la ausencia de discriminación en el cálculo de
la compensación. Por lo que se refiere al importe de la compensación, se establecen claramente cuáles son los posibles métodos que pueden usarse para calcular los costes del servicio, los ingresos y el beneficio razonable. Adicionalmente, se producen avances en relación con los incentivos de eficiencia y los riesgos de compensación excesiva. Finalmente, como novedad, se contienen determinados ejemplos de circunstancias que pueden dar lugar a que el sistema arbitrado pueda falsear la competencia. En este caso se producirá la intervención de la CE, que podrá exigir condiciones o compromisos para garantizar la necesidad y proporcionalidad de la medida, así como garantías de transparencia en la información. Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, estableció un régimen para el comercio de derechos de emisión en la UE, mientras que la Directiva 2009/29/CE perfecciona y amplia el régimen mencionado, con efecto desde el 1 de enero de 2013. Ese paquete fue diseñado principalmente para lograr el objetivo medioambiental general de la Unión de reducir un 20%, con respecto a 1990, las emisiones de gases de efecto invernadero y conseguir que en el año 2020 un 20% del consumo eléctrico de la Unión proceda de energías renovables Las medidas especiales y temporales previstas en el marco de la aplicación de la Directiva implican ayudas estatales con arreglo al artículo 107.1 TFUE. Estas Directrices señalan que las mismas podrán declararse compatibles con el mercado interior en virtud del artículo 107.3.c) TFUE siempre que ofrezcan una mayor protección del medio ambiente (reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero) y no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Al evaluar la compatibilidad de una medida de ayuda, se sopesa la incidencia positiva de la misma para alcanzar un objetivo de interés común y sus potenciales efectos secundarios negativos. Los Estados miembros deberán demostrar que el importe de la ayuda se limita al mínimo necesario, pudiendo lógicamente en cualquier caso conceder ayudas de intensidad inferior a las mencionadas en las presentes Directrices. Por último, señalar que las presentes Directrices serán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020. III.1.3 Iniciativas y consultas públicas Durante las anualidades 2011 y 2012 se han promovido por parte de la CE diferentes actuaciones de cara a obtener información de primera mano en relación con la aplicación de Directrices de ayudas a ciertos sectores. El Cuadro nº 16 recoge las consultas abiertas por la Comisión Europea que en la mayoría de los casos conllevarán una reforma de las actuales Directrices sectoriales en dichos campos.
Cuadro nº 16: Consultas públicas de la Comisión Europea 2012 Objeto Consulta
Documento debate sobre la evaluación de la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual Revisión de las Directrices comunitarias de ayudas de Estado al transporte marítimo Revisión de la normativa de ayudas de Estado de finalidad regional
La actual Comunicación sobre el Cine tiene ya diez años. Se plantean ámbitos de reflexión, tales como la competencia para atraer grandes producciones cinematográficas mediante ayudas estatales y el apoyo a otras actividades distintas de la producción Se efectúa un cuestionario para conocer situación actual, objetivos, principales problemas del sector de cara a una revisión de las ayudas al mismo Se efectúa un cuestionario para conocer en qué medida la normativa actual satisface las expectativas de los actores implicados Se recopila información de las partes interesadas sobre las Directrices revisadas, con relación a las ayudas concedidas para el despliegue de infraestructura de banda ancha básica y de redes de acceso de nueva generación de muy alta velocidad A raíz del proceso de modernización del sistema de control de ayudas de Estado, se plantea retocar este Reglamento para hacerlo más flexible ciertas ayudas Ante la próxima expiración de las Directrices y del RGEC el 31 de diciembre de 2013, la Comisión invita a terceros a facilitar sus observaciones para la revisión de las Directrices; en particular, información sobre la evolución del mercado, disponibilidad de capital propio, etc
Directrices para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha
Revisión del Reglamento general de exención pos categorías
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales y capital riesgo para las pequeñas y medianas empresas
Fuente: información recogida de la página web de la DG Competencia de la CE en junio de 2012
III.2 Resoluciones de las instituciones comunitarias en materia de ayudas de Estado relevantes para España III.2.1 Decisiones de la Comisión Europea Se presentan a continuación algunos de los casos de ayudas correspondientes al período 2011- junio de 2012 que resultan particularmente relevantes para el Reino de España, bien por el análisis de la existencia de ayudas y de su compatibilidad con el TFUE que realiza la CE, bien por determinadas características particulares de la ayuda
concedida. Debe recordarse, asimismo, que todas estas Decisiones se pueden encontrar en la página web de la CE relativa a Ayudas de Estado 8. SA.32619 Régimen de compensaciones de daños por liberación dividendo digital Resumen de la medida: en España, los servicios de radiodifusión tienen que ser reasignados con el fin de liberar espacio de banda para mejorar la prestación de servicios de comunicación electrónica. Para garantizar la continuidad de dichos servicios, se exige a los organismos de radiodifusión que emitan simultáneamente en ambas frecuencias durante un período transitorio de seis a veinticuatro meses, mientras los ciudadanos adaptan su infraestructura de recepción. Ello da lugar a costes extraordinarios por lo que se ha diseñado un plan para compensar a los organismos de radiodifusión por dichos gastos.. Evaluación: La CE ha abierto un procedimiento de investigación formal para estudiar si el plan español cumple la normativa de la UE en materia de ayudas estatales y si la medida es proporcionada y necesaria. En esta fase, la CE planteó también dudas en relación con la adecuación al principio de neutralidad tecnológica que exige la igualdad de trato de todas las plataformas de transmisión, con independencia de la tecnología utilizada. Por otro lado, España también incluye un régimen de ayudas a las comunidades de propietarios de edificios que permitirá realizar las inversiones necesarias para mantener la recepción de canales de televisión en abierto tras la reasignación de frecuencias. La CE ha llegado a la conclusión de que la ayuda cumplía el principio de neutralidad tecnológica, por lo que ha aprobado la medida. SA.33095 Segundo rescate y recapitalización de UNNIM Bank. Resumen de la medida: Se trata de una ayuda individual que se divide en dos acciones, por un lado, la conversión de participaciones preferentes en participaciones ordinarias por valor de 380M€ y por otro, la inyección de capital de 568M€, lo que representa un montante total de ayuda de 948M€. Evaluación: La medida constituye ayuda de Estado ya que se dan los requisitos establecidos en el artículo 107.1 TFUE. El Fondo para la Restructuración Bancaria (FROB), de donde procede la ayuda, se financia con recursos estatales; existe selectividad puesto que sólo se otorga a esta entidad; se produce una ventaja económica en cuanto esta inyección de capital le permitirá retornar a la entidad a ratios de solvencia que impidan su quiebra técnica y dado que otras opciones de mercado (por ejemplo, fusiones con otras entidades) se habían visto imposibilitadas; pudiendo afectar al mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado interior. Tras el correspondiente análisis, la CE considera que las ayudas en cuestión son compatibles
Ver http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
con el artículo 107.3.b) del TFUE y reúne lo requisitos señalados en la denominada Comunicación bancaria: adecuación, necesidad y proporcionalidad de la medida de ayuda, por lo que la ha autorizado. SA.33096 Segundo rescate y recapitalización de Nova Caixa Galicia Resumen de la medida: Se trata de una ayuda individual que consiste en una inyección de capital de 2.465M€. Evaluación: La medida constituye ayuda de Estado ya que se dan los requisitos establecidos en el artículo 107.1 TFUE. El FROB, de donde procede la ayuda, se financia con recursos estatales; existe selectividad puesto que sólo se otorga a esta entidad; se produce una ventaja económica en cuanto esta inyección de capital no podría haberla efectuado el sector privado dada su escasa tasa de rentabilidad y su enorme volumen; pudiendo afectar al mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado interior. Tras el correspondiente análisis, la CE considera que la ayuda en cuestión es compatible con el artículo 107.3.b) del TFUE y reúne lo requisitos señalados en la denominada Comunicación bancaria: adecuación, necesidad y proporcionalidad de la medida de ayuda, por lo que la ha autorizado. SA. 33103 Segundo rescate y recapitalización de Catalunya Caixa Resumen de la medida: Se trata de una ayuda individual que consiste en una inyección de capital de 1.718M€. Evaluación: La medida constituye ayuda de Estado ya que se dan los requisitos establecidos en el artículo 107.1 TFUE. El FROB, de donde procede la ayuda, se financia con recursos estatales; existe selectividad puesto que sólo se otorga a esta entidad; se produce una ventaja económica en cuanto esta inyección de capital no podría haberla efectuado el sector privado dada su escasa tasa de rentabilidad y su enorme volumen; pudiendo afectar al mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado interior. Tras el correspondiente análisis, la CE considera que la ayuda en cuestión es compatible con el artículo 107.3.b) del TFUE y reúne lo requisitos señalados en la denominada Comunicación bancaria: adecuación, necesidad y proporcionalidad de la medida de ayuda, por lo que la ha autorizado. SA.33402 Recapitalización de la Caja de Ahorros del Mediterráneo Resumen de la medida: Se trata de una ayuda individual que se divide en dos acciones: por un lado, una inyección de capital de 2.800M€; por otro, facilidades crediticias por valor de 3.000M€, lo que supone un montante total de ayuda de 5.800M€.
Evaluación: La medida constituye ayuda de Estado ya que se dan los requisitos establecidos en el artículo 107.1 TFUE. El FROB, de donde procede la ayuda, se financia con recursos estatales; existe selectividad puesto que sólo se otorga a esta entidad; se produce una ventaja económica en cuanto esta inyección de capital no podría haberla efectuado el sector privado dada su escasa tasa de rentabilidad, su enorme volumen y el hecho de que hubieran fracasado las negociaciones para fusionarse con otras entidades; pudiendo afectar al mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado interior. Tras el correspondiente análisis, la CE considera que la ayuda en cuestión es compatible con el artículo 107.3.b) del TFUE y reúne lo requisitos señalados en la denominada Comunicación bancaria: adecuación, necesidad y proporcionalidad de la medida de ayuda, por lo que la ha autorizado SA.32986 Prórroga del Régimen temporal de concesión de ayudas en forma de garantía (Ayuda de Estado nº N 68/2010) Resumen de la medida: En su Decisión de 30 de marzo de 2010, la CE determinó que el Régimen de garantías notificado por España constituía ayuda estatal conforme al art. 107.1 TFUE. Evaluación: En vista de la constante volatilidad de los mercados financieros y la incertidumbre respecto a las perspectivas económicas, la CE decidió que una prórroga hasta finales de 2011 de las medidas del Marco temporal comunitario destinadas a facilitar a las empresas el acceso a la financiación estaba justificada para garantizar la vuelta gradual a las normas de ayuda estatal habituales, al mismo tiempo que se limitaba el impacto en la competencia. La Comisión considera que el régimen prorrogado es una respuesta a las constantes dificultades que experimentan las empresas españolas para obtener financiación de los bancos, siendo la recuperación todavía precaria. Así, persiste el riesgo de que el sistema bancario no esté preparado para mantener la recuperación cuando la petición de crédito se produzca. Por estos motivos, ha considerado procedente autorizar esta prórroga. SA.32990 Quinta prolongación del sistema de garantías para entidades de crédito (ayuda matriz inicial NN 54b/2008) Resumen de la medida: se trata de una medida dirigida a limitar los riesgos y restablecer la confianza en los mecanismos financieros de las entidades de crédito, favoreciendo el acceso al crédito de empresas y particulares. Evaluación: En su Decisión de 23 de diciembre de 2008, la CE determinó que el sistema de garantías para entidades de crédito constituía ayuda estatal conforme al art. 107.1 TFUE, siendo dicho régimen posteriormente modificado en diversas ocasiones. En esta nueva Decisión de 1 de junio de 2011 la CE impone dos nuevos requisitos para aceptar su compatibilidad con el Derecho comunitario: una mayor orientación a mercado de los precios por utilizar las garantías estatales y no dilatar más los ajustes
estructurales necesarios en el caso de algunos de los beneficiarios. Por estos motivos, y siempre que se reúnan dichos requisitos, se ha considerado procedente autorizar esta prórroga. SA.34224 Reintroducción del sistema español de garantías Resumen de la medida: en fecha 16 de enero de 2012 España notificó a la CE una medida relativa a la reintroducción del sistema español de garantías, con la idea inicial de que pudiera aplicarse hasta el 30 de junio de 2012. Los instrumentos de deuda a ser garantizados por el sistema se refieren tanto a la emisión de bonos como de obligaciones admitidos en los mercados secundarios y con un plazo de vencimiento de uno a cinco años. Evaluación: la CE considera que las circunstancias excepcionales que justificaron la aprobación de diferentes sistemas nacionales de garantías siguen vigentes en la actualidad, reforzadas si cabe por las exacerbadas tensiones en el mercado de deuda soberana durante el año 2011. Llega por tanto a la conclusión de que la medida es compatible con el artículo 107.3.b) TFUE por lo que la ha autorizado finalmente, siendo prorrogada su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. SA.33917 Ayuda financiera al Banco de Valencia Resumen de la medida: se trata de una ayuda individual que se divide en dos acciones: por un lado, consiste en una inyección de capital de hasta 1.000M€ y por otro, en una línea de liquidez de hasta 2.000M€ en favor del Banco de Valencia, un banco cotizado que opera, fundamentalmente, en el este de España. Los fondos se harán efectivos mediante el FROB. Evaluación: La decisión de la Comisión establece que las citadas medidas de rescate se encuentran ajustadas a las orientaciones sobre ayudas estatales a las entidades de crédito para superar la crisis financiera. Las medidas de rescate se encuentran limitadas en el tiempo y el Reino de España se ha comprometido a presentar un plan de restructuración para la entidad en un plazo de seis meses, donde habrá de demostrarse el retorno a la viabilidad del banco, así como un adecuado reparto de cargas que minimice las distorsiones a la competencia. SA.28685 Captación de Televisión digital en Cantabria Resumen de la medida: la medida se refiere a las subvenciones directas que la región de Cantabria entrega a los consumidores finales para la adaptación técnica de instalaciones de televisión con el fin de permitirles seguir recibiendo televisión tras la conversión de la televisión analógica a la digital. El régimen se centra en las partes de la población que corren el riesgo de verse excluidas de la recepción de la televisión digital, siendo el importe total de la suma que se va a conceder de 422.036€.
Evaluación: la Comisión constata que en tres de las cuatro convocatorias, las subvenciones ya se habían pagado a los consumidores finales, lo que infringe las obligaciones de suspensión del artículo 108.3 TFUE. Sin embargo, una vez aplicada la prueba de sopesamiento al régimen de ayudas analizado, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la medida es compatible con el artículo 107.3.c) TFUE por lo que la ha autorizado finalmente. SA.21233 Régimen fiscal aplicable a determinados contratos de arrendamiento fiscal (spanish tax lease) Resumen de la medida: la medida se refiere al Sistema Español de Arrendamiento Fiscal (SEAF) que se utiliza en el contexto de las transacciones entre las empresas navieras marítimas (compradoras) y los astilleros (vendedores). En relación con la construcción y adquisición de buques marítimos, las autoridades españolas han confirmado que el sistema se ha utilizado en 273 transacciones de construcción y adquisición de buques entre el 1 de enero de 2002 y el 30 de junio de 2010. Los compradores son empresas navieras de toda Europa y de fuera de Europa. A fin de obtener el descuento en el precio (previa deducción del descuento SEAF), una empresa naviera debe aceptar no comprar el buque directamente del astillero, sino de una agrupación de interés económico (AIE) constituida con arreglo al Derecho español y creada por un banco. La estructura del SEAF es un régimen de planificación fiscal organizado para generar beneficios fiscales a nivel de una AIE fiscalmente transparente y transferir parte de estos beneficios fiscales a la empresa naviera, en forma de un descuento sobre el precio del buque, y posiblemente a otras partes participantes, conservando los inversores de la AIE el resto de los beneficios. Evaluación: la CE ha abierto un procedimiento de investigación formal pues concluye que el SEAF en su conjunto constituye una ayuda estatal con arreglo al artículo 107.1 TFUE, y que la ayuda podría ser concedida tanto a las AIE que participan en las transacciones SEAF como a sus inversores residentes en España, las empresas navieras, y posiblemente las compañías de arrendamiento financiero, los bancos y otros intermediarios que participan en el funcionamiento del sistema, así como los astilleros. En esta fase, la Comisión considera que el SEAF en su conjunto constituye una ayuda ilegal, ya que el sistema dio comienzo en 2002 y no fue previamente aprobado por la Comisión. En caso de que la evaluación de la información recibida en el procedimiento de investigación formal lleve a la conclusión de que el régimen, debido al necesario consentimiento previo de las autoridades fiscales, está limitado a los bancos españoles o a otros intermediarios o astilleros españoles, ello constituiría una vulneración de las normas sobre la libre circulación de bienes y el libre suministro de servicios. En esta fase, la Comisión no ve ninguna posible justificación de dicha vulneración. Según
jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, toda ayuda que al mismo tiempo vulnere las normas del mercado interior es, por esa sola razón, incompatible con el mercado interior. SA.22668 Estudios cinematográficos “Ciudad de la Luz” Resumen de la medida: «Ciudad de la Luz» es un complejo de estudios cinematográficos de Alicante. El 24 de octubre de 2000, la Generalitat Valenciana adoptó su decisión inicial de invertir en el proyecto. Su objetivo es llevar a cabo las actividades necesarias para la promoción, organización y gestión del centro, incluidas la construcción, gestión y explotación de las instalaciones audiovisuales y cinematográficas, así como otras actividades de ocio y alojamiento Los datos de las previsiones iniciales de tesorería de 2002 muestran que la inversión total requerida era de 204M€ a precios de 2002. Se esperaba que la mayor parte de esta inversión estuviera en construcción, junto con las obras públicas correspondientes, en los años 2000-2007. Hasta la fecha, la inversión se ha financiado principalmente de dos maneras: por un lado, inversiones de capital que ya han alcanzado los 104M€; por otro, en abril de 2005, una empresa pública regional concedió a «Ciudad de la Luz SAU» un crédito de 95M€. Dicho crédito se concedió por un período de 10 años a interés fijo ajustado al tipo Euribor de un año más un 1 % y una tasa de interés variable del 1,25 % de beneficios después de impuestos. Evaluación: la CE tenía serias dudas de que la intervención pública en el proyecto sea conforme con el principio de inversor privado en una economía del mercado. Por ello, decidió abrir un procedimiento de investigación formal que, habida cuenta de las consideraciones precedentes, le ha llevado a la conclusión de que la ayuda debe ser declarada incompatible con el mercado interior y por ello debe ser recuperada. SA.34820 Ayuda de rescate en favor de Bankia/BFA Resumen de los hechos: Bankia es la rama bancaria del grupo BFA, fruto de la fusión de siete cajas de ahorros españolas. En 2010, el grupo recibió una inyección de acciones preferentes por un importe de 4.465M€ suscritas por el FROB, que fue autorizada por la CE en el marco del régimen español de recapitalización de 2010. Con la decisión actual, la CE ha autorizado temporalmente dos medidas: por un lado, la conversión de dichas acciones preferentes de titularidad estatal en capital y por otro, una garantía de liquidez de 19.000M€. Por otra parte, el consejo de administración de BFA ha solicitado a las autoridades españolas una nueva aportación de capital por un importe de 19.000M€ para BFA, la cual inyectaría a su vez 12.000M€ en Bankia. Las autoridades españolas están estudiando actualmente esta solicitud, que no está incluida en esta autorización
Evaluación: la CE no ha presentado objeciones a esta medida de rescate de la entidad bancaria española, por considerar que se encuentra ajustada a las orientaciones sobre ayudas estatales a las entidades de crédito para superar la crisis financiera. Las medidas de rescate se encuentran limitadas en el tiempo y el Reino de España se ha comprometido a presentar un plan de restructuración para la entidad en un plazo de seis meses, donde habrá de demostrarse el retorno a la viabilidad del banco y la limitación al mínimo de la ayuda estatal. III.2.2 Sentencias del TJUE Sentencia del TJUE de 15 de noviembre de 2011 (caso Gibraltar). Resumen de los hechos: En 2002 el Reino Unido notificó a la CE la reforma proyectada por el Gobierno de Gibraltar en relación con el impuesto de sociedades. La reforma implicaba la derogación del antiguo sistema fiscal y el establecimiento de tres impuestos aplicables a todas las sociedades de Gibraltar: una tasa de registro, un impuesto sobre el número de empleados y un impuesto por superficie ocupada, sin que la carga impositiva conjunta correspondiente a estos dos últimos impuestos pudiera ser superior al 15% de los beneficios. En 2004 la Comisión decidió que la medida notificada constituía un régimen de ayudas de Estado incompatible con el mercado común que no podía ser aplicada, por favorecer a sociedades extraterritoriales que no tenían presencia real en Gibraltar, y por tener un carácter selectivo desde el punto de vista regional al instaurar un sistema que gravaba a las sociedades de Gibraltar con un tipo inferior al de Reino Unido. A raíz de los recursos interpuestos por el Gobierno de Gibraltar y por el Reino Unido, el Tribunal de Primera Instancia (TPI), mediante sentencia de 18 de diciembre de 2008, anuló la Decisión de la Comisión, por entender que ésta no había seguido un método de análisis correcto en relación con la selectividad material del proyecto de reforma. En concreto, se consideró que la CE no había demostrado que el nuevo régimen tuviera un carácter excepcional con respecto al régimen común de Gibraltar, y además consideró que el marco de referencia para apreciar la selectividad regional de la reforma correspondía exclusivamente a los límites del territorio de Gibraltar, y no a los de Reino Unido. En respuesta, la CE y el Reino de España interpusieron recursos de casación por los que solicitaban la anulación de la sentencia del TPI, por entender la conformidad a Derecho de la Decisión de la Comisión anulada. La sentencia: El Tribunal de Justicia anula la Sentencia del TPI que a su vez anulaba la Decisión de la Comisión, y desestima los recursos del Gobierno de Gibraltar y del Reino Unido al entender que en la medida en cuestión se da selectividad regional, ya
que imponía un tipo de impuesto de sociedades inferior al previsto en Reino Unido (que actualmente tiene un tipo medio del 24%) y material, pues favorecía a las compañías sin actividad real en la colonia, sin que la Comisión se hubiera desviado al examinar la selectividad del régimen fiscal de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (98/C 384/03). En concreto, el Tribunal de Justicia estima que las ventajas fiscalas a las que tenían derecho las sociedades extraterritoriales no estaban realmente abiertas a todos los actores económicos, sin que la Comisión debiera limitarse a apreciar la existencia de ventajas cuando supusieran una excepción a un régimen normal de imposición. Por otra parte, el Tribunal de Justicia rechaza que la Comisión establezca una excepción a su práctica decisoria con la Decisión en cuestión, ni que en la misma se hubiera producido una vulneración del derecho de defensa de Reino Unido. Finalmente, Gibraltar adoptó un sistema impositivo distinto que está en vigor desde el 1 de enero de 2011. El Gobierno español ha recurrido ante la CE el nuevo régimen fiscal de dicho territorio 9 por considerar que es incompatible con la legislación comunitaria. En concreto, el nuevo régimen fiscal reduce del 22% al 10% el impuesto de sociedades —frente al 30% como media imperante en España— y se aplica sólo sobre los ingresos generados o procedentes de Gibraltar, lo que en principio beneficia a las empresas que registran su domicilio fiscal en la roca pero desarrollan su actividad en España. Sentencia del Tribunal General de 30 de noviembre de 2011 (caso Sniace) Resumen de los hechos: la demandante (Sniace, S.A.) es una empresa española del sector de la química textil declarada en situación de suspensión de pagos en marzo de 1993. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo tutelado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social español, abonó a los empleados de la empresa sus salarios e indemnizaciones. La demandante concluyó con dicho organismo dos acuerdos de devolución, en 1993 y 1995. En 1996, la demandante concluyó con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) un acuerdo de aplazamiento de pago de sus cotizaciones de seguridad social adeudadas. Por otra parte, en 1987 y 1991, la demandante obtuvo del Banco Español de Crédito, S.A. (Banesto) determinados créditos hipotecarios. A raíz de una denuncia, la CE resolvió incoar el procedimiento formal de examen de las ayudas de Estado establecido en el antiguo artículo 93. 2 TCE, en lo referente a las ayudas de Estado supuestamente previstas en los acuerdos de devolución y en el acuerdo de aplazamiento. Al término de dicho procedimiento, la Comisión adoptó la Decisión 1999/395/CE, de 28 de octubre de 1998, relativa a la ayuda estatal otorgada
Income Gibraltar ACT 2010
por España a Sniace, S.A., situada en Torrelavega (Cantabria), considerando ilegales e incompatibles con el mercado común las ayudas otorgadas a la demandante por el Fogasa y la TGSS, debido a que los acuerdos no correspondían a las circunstancias del mercado, pues los tipos de interés aplicados en virtud de dichos acuerdos eran inferiores a los tipos del mercado. Sin embargo, posteriormente, en la Decisión 2001/43, a raíz de la revisión de la Decisión 1995/395, efectuada a consecuencia de la anulación por sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 1999 España/Comisión (sentencia Tubacex), la Comisión consideró que las intervenciones en favor de la demandante no eran ayudas estatales. La Comisión estimó que, al reordenar las deudas de la demandante aplicándoles el tipo de interés legal, el Fogasa y la TGSS habían tratado de aprovechar al máximo las posibilidades de recuperar el conjunto de sus créditos, sin tener que sufrir pérdidas financieras, y que ambos organismos públicos, por lo tanto, habían actuado como lo habría hecho un hipotético acreedor privado que se encontrase en la misma situación que ellos respecto a la demandante. Interpuesto recurso por un competidor, el Tribunal anuló la Decisión 2001/43, mediante sentencia de 21 de octubre de 2004, Lenzing/Comisión (T-36/99, Rec. p. II-3597), confirmada en casación por la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2007, España/Lenzing (C-525/04 P, Rec. p. I-9947). Después de haber realizado, en fase de ejecución de dicha sentencia, una nueva revisión de los acuerdos de aplazamiento de las deudas de la demandante con el Fogasa y la TGSS, la Comisión, mediante la Decisión 2009/612/CE, de 10 de marzo de 2009, relativa a la medida C 5/2000 (ex NN 118/97) ejecutada por España en favor de la empresa Sniace, S.A., ubicada en Torrelavega, Cantabria, y por la que se modifica la Decisión 1999/395 (DO L 210, p. 4), señaló que dichos acuerdos contemplaban ayudas estatales incompatibles con el mercado común, en el sentido de lo dispuesto en el antiguo artículo 87.1 TCE. La sentencia: en la demanda interpuesta por Sniace que ahora se resuelve, se invocan dos motivos de anulación: insuficiencia manifiesta del deber de motivación de la Decisión impugnada y ausencia de ventajas económicas derivadas de las medidas adoptadas por el Fogasa y la TGSS. Ambos motivos son desestimados por la sentencia comentada. IV. ACTUACIONES DE LA CNC EN MATERIA DE AYUDAS: 2011 Y 2012 Tanto la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia como el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC), refuerzan el papel de la CNC y de las autoridades de competencia autonómicas a este respecto. La regulación sobre ayudas se contiene en el artículo 11 de la LDC y en los artículos 7 y 8 del Reglamento.
Las actuaciones de la CNC en esta materia presentan una doble vertiente: por un lado, la CNC realiza informes de carácter público sobre medidas de intervención que presenten elementos determinantes de la presencia de ayudas públicas; por otro, realiza observaciones dirigidas a los órganos de la Administración Pública que a tal efecto lo soliciten, ya sea dentro del procedimiento de evaluación de proyectos normativos que coordina la Secretaría de Estado competente del Ministerio de Economía y Competitividad, o bien a través del envío de observaciones a los proyectos de ayudas que van ser remitidos a la CE para su pertinente notificación. IV.1 Informes de carácter público A lo largo de estas dos últimas anualidades, la CNC ha seguido profundizando en la utilización de los medios que la LDC pone a su disposición en materia de ayudas públicas. En primer lugar, en relación con las funciones de análisis y seguimiento de ayudas públicas, sin perjuicio de las funciones de la CE, la CNC ha emitido varios informes públicos en los que se analizan medidas regulatorias que podían contener elementos relativos a ayudas públicas. Se realiza a continuación un breve resumen de los mismos.
Cuadro nº 17: Informes CNC sobre ayudas públicas, años 2011-2012 Denominación del informe Fecha aprobación Objeto de actividad
La inclusión de la cláusula 12ª en las bases reguladoras de esta ayuda, mediante la cual se obliga a realizar las adquisiciones de productos en establecimientos de dicha Comunidad Autónoma para resultar beneficiado por la subvención: constituye una restricción a la competencia que no se encuentra justificada ni en su necesidad ni en su proporcionalidad. Además, puede contribuir a que los consumidores no se beneficien de la subvención en la medida en que podrían. Y puede contravenir jurisprudencia reciente relativa a subvenciones de idéntica naturaleza, en atención a su atención discriminatoria. La medida, finalmente, no fue aprobada. La medida contenida en la Disposición adicional única del Real Decreto 169/2010, de 19 de febrero, implica para las desmotadoras de algodón que no hayan realizado actividades de desmotado en 3 de las 4 campañas entre 2007 y 2010 un impedimento a la posibilidad de convertirse en organismo colaborador de la Administración concedente en relación con la tramitación de las ayudas al sector
INFORME ART. 25.a) LDC 15/2007 sobre ayudas del cheque-bebé del Gobierno del Principado de Asturias recogidas en el Borrador de Resolución de la Consejería de Bienestar Social e Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para el nacimiento y adopción mediante convocatoria abierta
IPN 70/12 art. 26.1.e) LDC 15/2007 sobre las ayudas a la reestructuración en el sector del algodón
del algodón. Esta diferencia de trato supone una restricción a la competencia entre empresas desmotadoras que no resulta justificada ni en su necesidad ni en su proporcionalidad. Se solicita al Mº AGRAMA la eliminación de dicha restricción a la competencia. A fecha de publicación de este informe, se ha modificado la Disposición mencionada, eliminando sensiblemente el impacto de tal requisito. Fuente: elaboración propia a partir de información contenida en la página web de la CNC.
Informe art. 25 LDC Ayudas cheque-bebé Principado de Asturias El objeto del mismo era analizar la base duodécima del borrador de Resolución que precisaba que “Las ayudas deberán ser empleadas en la adquisición de productos adquiridos en cualquier comercio ubicado en el territorio del Principado de Asturias”. El análisis parte de los objetivos de interés público recogidos en las bases reguladoras, en concreto el de ayudar a los padres residentes en Asturias por el nacimiento o adopción de un hijo y el de reactivar el consumo en el Principado. El hecho de que como consecuencia de ellos se haya establecido en dicha base que los productos subvencionados deben ser adquiridos en cualquier comercio ubicado en el territorio del Principado de Asturias merece una serie de consideraciones desde el punto de vista de su afectación a la competencia. El art. 8.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones obliga a la Administración que convoca una subvención que afecte a un hipotético mercado a corregir fallos claramente identificados y a que los efectos sobre aquel sean mínimamente distorsionadores. Para ello resulta fundamental que se identifiquen adecuadamente los objetivos perseguidos. Como se ha señalado más arriba, las bases reguladoras persiguen dos objetivos: por un lado, incentivar la natalidad, por otro, fomentar el consumo en los establecimientos comerciales radicados en la región. Cuestión aparte es si dichos objetivos respetan adecuadamente el juego de la libre competencia, de tal forma que el efecto positivo que se pretende conseguir con los mismos no genere una lesión efectiva, relevante, desproporcionada y no justificada del principio de libre competencia. A este respecto, no parece que ambos objetivos de interés público puedan situarse en un mismo plano en cuanto a su relevancia e implicaciones para la competencia. El respeto a la libre competencia como manifestación del principio de igualdad y no discriminación entre los distintos establecimientos comerciales, es un mandato constitucional dirigido a los poderes públicos en virtud del art. 38 de la Constitución de 1978, que encomienda a los mismos su garantía y protección. Según establece sistemáticamente el Tribunal Constitucional, las diversificaciones normativas son
conformes al principio de igualdad cuando cabe discernir en ellas una finalidad no contradictoria con la Constitución y cuando, además, las normas de las que la diferencia nace muestran una estructura coherente, en términos de razonable proporcionalidad, con el fin perseguido. El informe concluye que la inclusión de dicha base reguladora constituye una restricción a la competencia que no se encuentra justificada ni en su necesidad ni en su proporcionalidad. Además, puede contribuir a que los consumidores no se beneficien de la subvención en la medida en que podrían. Y por último, puede contravenir jurisprudencia reciente relativa a subvenciones de idéntica naturaleza, en atención a su naturaleza discriminatoria. La medida, finalmente, no fue aprobada. Informe art. 26 LDC Limitación reglamentaria a desmotadoras de algodón para para participar como organismos colaboradores en el régimen de ayudas a productores de algodón El objeto del mismo era analizar la Disposición Adicional Única (DAU) del Real Decreto 169/2010, de 19 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en el marco del programa nacional de reestructuración para el sector del algodón, que precisa que: “Para preservar el equilibrio entre las fases de producción y transformación de algodón alcanzado con el proceso de reestructuración, y establecer las condiciones que posibiliten la viabilidad de las industrias que permanezcan activas tras el mismo, es necesario regular la participación de las plantas de desmotado en el régimen de ayudas al algodón durante el periodo de vigencia del programa nacional de reestructuración limitando la participación a aquellas plantas de desmotado afectadas por la reestructuración que hayan desmotado al menos tres de las cuatro campañas comprendidas entre 2006/07 y 2009/10”. Lo que la DAU establece es que sólo determinadas desmotadoras pueden participar en este régimen, es decir: para que un productor de algodón pueda beneficiarse de las ayudas al algodón ha de realizar la fase de desmotado en alguna de las desmotadoras que, conforme a la DAU, pueden participar en el programa. En concreto, serían aquellas plantas afectadas por la reestructuración que pudiendo acogerse a las ayudas por desmantelamiento hayan optado por permanecer activas y, adicionalmente, que hayan desmotado al menos en tres de las cuatro campañas comprendidas entre 2006/07 y 2009/10. Por tanto, el requisito de cualificación es doble: en primer lugar deben ser plantas “afectadas por la reestructuración”, es decir aquéllas que el Plan nacional de reestructuración contempla dentro del proceso de desmantelamiento previsto, y que en consecuencia podrían beneficiarse del régimen de ayudas a dicho desmantelamiento. Ello frente a la posible existencia de otras plantas que, por no cumplir los requisitos para ser beneficiario del Plan, no pueden optar a las ayudas al
desmantelamiento. En segundo lugar, de entre las plantas en esta situación, sólo podrán optar a la condición de entidad colaboradora aquéllas que hayan desmotado en los ejercicios señalados. El informe concluye que la medida implica para las desmotadoras que no reúnan los requisitos para ser consideradas beneficiarias de las ayudas al desmantelamiento previstas en el Plan Nacional de Reestructuración del algodón, así como para aquellas otras que, reuniendo dichos requisitos, no hayan tenido determinada frecuencia de actividad en las campañas anteriores, un impedimento a la posibilidad de convertirse en organismo colaborador de la Administración concedente en relación con la tramitación de las ayudas al sector del algodón. Esta diferencia de trato supone una restricción a la competencia entre empresas desmotadoras, con posibles efectos sobre los productores como proveedores de las desmotadoras y sobre los clientes de estas últimas, que no resulta justificada ni en su necesidad (puesto que el sector ya ha sufrido una significativa reducción de oferta como consecuencia de otras medidas) ni en su proporcionalidad (ya que, para conseguir una mínima reducción adicional de oferta, se interviene sobre la situación del mercado tras la reestructuración, limitando la posibilidad de competir de los operadores presentes y de acceder al mercado para terceros operadores), siendo los efectos negativos sobre el mercado superiores a los hipotéticamente positivos. Se solicita del Ministerio impulsor de dicha medida que realice las actuaciones necesarias para la derogación de la DAU, de forma que los requisitos exigidos para ser organismo colaborador de la Administración para la tramitación de ayudas al sector se centren en elementos no discriminatorios entre las desmotadoras activas y que no introduzcan rigideces de oferta innecesarias, en línea con lo recogido en los arts. 14 a 17 del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero y por tanto posterior a dicha DAU, sobre la aplicación a partir del 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería. A fecha de publicación de este informe, se ha modificado la Disposición mencionada, eliminando sensiblemente el impacto de tal requisito. IV.2 Actuaciones en el marco de procedimientos internos de las AA.PP Como ya se ha señalado anteriormente, la CNC emite observaciones sobre proyectos relativos a ayudas públicas, mediante actuaciones llevadas a cabo en el ámbito interno de la Administración Pública. El primer tipo de actuación consiste en la elaboración por parte de Dirección de Promoción de la Competencia de la CNC notas de observaciones en relación con diferentes propuestas normativas, que son remitidas a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía y Competitividad para que, en su caso, se tengan en cuenta en las observaciones que este Ministerio pudiera
plantear sobre medidas susceptibles de ser calificadas como ayudas públicas, ya sean concedidas por el mismo o por otros departamentos ministeriales. El segundo tipo de actuación se plantea en el seno del Grupo de ayudas públicas de la Comisión Interministerial de Asuntos de la UE (CIAUE) respecto de las ayudas objeto de notificación a la CE. Este tipo de ayudas son comunicadas a la CNC en virtud de lo dispuesto en el art. 11.3 de la LDC. Dicha comunicación es realizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. . En el cuadro nº 18 se detallan las estadísticas de estos dos tipos de actuaciones:
Administración solicitante Nº informes solicitados
Informes con observaciones
SEE del Mº EH Mº AEC (Gr. A.P. CIAUE)
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de la Dirección de Promoción de la Competencia de la CNC, hasta junio de 2012.
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 artículo 108
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 artículo 87
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 artículo 11
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