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Timestamp: 2018-02-20 12:34:16+00:00

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TITULO II. De la protección jurídica, administrativa y técnica en relación con los derechos de los consumidores
CAPITULO I. Derecho a la salud y seguridad
Artículo 5 Requisitos de los productos y servicios
Artículo 6 Actuaciones administrativas
Artículo 7 Sujetos responsables
Artículo 8 Comité técnico de la seguridad en el consumo
Artículo 9 Apoyo técnico
Artículo 10 Sistemas de información
CAPITULO II. Derecho a la protección de los intereses económicos y sociales
Artículo 11 Ambito de actuación
Artículo 12 Derechos reconocidos
CAPITULO III. Derecho a la información
Artículo 13 Información de productos, bienes y servicios
Artículo 14 Información en materia de precios
Artículo 15 Actuaciones administrativas en materia de información
Artículo 16 Oficinas de información a los consumidores
Artículo 17 Actividad publicitaria
CAPITULO IV. Derecho a la educación en materia de consumo
Artículo 18 Derecho a la educación y formación
Artículo 19 Ambito de actuación
Artículo 20 Actuaciones de la Administración
Artículo 21 Colaboración
CAPITULO V. Derecho a la representación, consulta y participación
Artículo 22 Representación, consulta y participación
Artículo 23 Asociaciones de consumidores
Artículo 25 Derechos reconocidos
Artículo 26 Pérdida de derechos
Artículo 27 Colaboración con la Administración
Artículo 28 Consejo de Consumo
CAPITULO VI. Del derecho a la reparación de daños
Artículo 29 Reparación de daños
Artículo 30 Mediación
Artículo 31 Arbitraje
Artículo 32 Información sobre reclamaciones
TITULO III. Del control e inspección de los productos, bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores
Artículo 33 La Inspección de Consumo de la Comunidad de Madrid
Artículo 34 Ambito de actuación
Artículo 35 El personal inspector
Artículo 36 Facultades del personal inspector
Artículo 37 Formalización de las actuaciones inspectoras
Artículo 39 Obligaciones de los inspeccionados
Artículo 40 Otros mecanismos de control
TITULO IV. De las medidas provisionales
TITULO V. De la potestad sancionadora
CAPITULO II. De las infracciones
Artículo 47 Protección de la salud y seguridad de los consumidores
Artículo 48 Alteración, adulteración o fraude de bienes y productos
Artículo 49 Prestación de servicios defectuosa o incorrecta
Artículo 50 Normalización técnica, comercial y de prestación de servicios
Artículo 51 Información y vigilancia
Artículo 52 Calificación de las infracciones
CAPITULO III. De las sanciones
Artículo 54 Graduación de sanciones
Artículo 55 Principio de proporcionalidad
Artículo 56 Competencia sancionadora
Artículo 57 Prescripción y caducidad
Artículo 58 Responsabilidad de las infracciones
Artículo 59 Derechos del presunto responsable
Artículo 60 Efecto de las sanciones muy graves
Artículo 61 Pago de las sanciones
TITULO VI. De las competencias en materia de defensa del consumidor
TITULO VII. De la cooperación administrativa
Número 5 del artículo 51 introducido por el artículo 8 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 4/2014, de 22 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 29 diciembre). Número 6 del artículo 51 introducido por el artículo 8 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 4/2014, de 22 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 29 diciembre).
Artículo 8 derogado por letra e) del número 2 de la disposición derogatoria única de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 6/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 30 diciembre). Número 3 del artículo 13 redactado por apartado uno del artículo 18 de Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 6/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 30 diciembre). Artículo 30 redactado por apartado dos del artículo 18 de Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 6/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 30 diciembre). Número 4 del artículo 49 introducido por apartado tres del artículo 18 de Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 6/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 30 diciembre). Artículo 50 redactado por apartado cuatro del artículo 18 de Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 6/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 30 diciembre). Número 8 del artículo 58 introducido por apartado cinco del artículo 18 de Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 6/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 30 diciembre). Artículo 61 redactado por apartado seis del artículo 18 de Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 6/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 30 diciembre). Disposición adicional tercera introducida por apartado siete del artículo 18 de Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 6/2013, 23 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 30 diciembre).
Artículo 9 dejado sin contenido por el artículo 7 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 8/2009, 21 diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña («B.O.C.M.» 29 diciembre).
Número 2 del artículo 48 redactado por el artículo 17 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 5/2004, 28 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 30 diciembre).
Artículo 2 redactado por el artículo 16.uno de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 14/2001, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 28 diciembre). Número 2 del artículo 57 redactado por el artículo 16.dos de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 14/2001, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 28 diciembre). Número 3 del artículo 57 redactado por el artículo 16.dos de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 14/2001, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 28 diciembre). Número 4 del artículo 57 redactado por el artículo 16.dos de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 14/2001, 26 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 28 diciembre).
Número 13 del artículo 50 introducido por el artículo 14 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 18/2000, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 29 diciembre). Número 14 del artículo 50 introducido por el artículo 14 de la Ley [COMUNIDAD DE MADRID] 18/2000, 27 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas («B.O.C.M.» 29 diciembre).
Véase D [COMUNIDAD DE MADRID] 1/2010, 14 enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid («B.O.C.M.» 21 enero). Véase D [COMUNIDAD DE MADRID] 152/2001, 13 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid («B.O.C.M.» 3 octubre).
El artículo 51 de la Constitución dispone que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos, y que promoverán la información y la educación de los consumidores, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstos en las cuestiones que puedan afectarles, en los términos que la Ley establezca.
Con el fin de dar cumplimiento al citado mandato constitucional se aprobó la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores, que estableció el marco legal general de actuación a nivel estatal en esta materia.
La Comunidad de Madrid en virtud de lo dispuesto en el artículo 27.10 del Estatuto de Autonomía, inicialmente asume la función ejecutiva en materia de defensa de los consumidores en el marco de la legislación estatal. Con la ampliación de competencias conferidas por la Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, se ha incorporado la competencia para el desarrollo legislativo de la materia de defensa del consumidor, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general y la política monetaria del Estado, así como en las bases y coordinación general de la sanidad, en los términos de lo dispuesto en los artículos 38 y 131, y en los números 11, 13 y 16 del apartado uno del artículo 149 de la Constitución.
El ejercicio de esta competencia exige el establecimiento de un marco normativo al más alto nivel jerárquico que desarrolle el mandato constitucional impuesto a los poderes públicos, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta las características e intereses propios de la misma. Lo contemplado en esta Ley debe completarse con el marco de protección establecido en la Ley General de Sanidad y normas que la desarrollan, como instrumento básico para la protección de la salud de los consumidores.
La Ley define al consumidor como destinatario final de bienes, productos y servicios, englobando en un mismo concepto a quienes adquieren o usan bienes y productos y a quienes utilizan servicios. En realidad, nuestro ordenamiento estatal, si bien se refiere a consumidores y usuarios, no define ambos conceptos ni les atribuye diferentes efectos jurídicos, razón por la cual se ha estimado innecesario mantener tal dualidad.
La promulgación del Real Decreto 44/1996, de 19 de enero, que regula las medidas para garantizar la seguridad general de los productos puestos a disposición del consumidor, hace necesario implementar un procedimiento especial para la adopción de las medidas que permitan garantizar que los productos puestos a disposición de los consumidores en el mercado regional son seguros.
Se ha aprovechado la elaboración de la presente Ley para colmar aquellas lagunas que la Ley estatal contiene especialmente en el campo de la actuación administrativa; igualmente una norma de rango legal resulta el instrumento jurídico adecuado para plasmar determinadas previsiones como son la obligación de colaboración de los ciudadanos con los órganos de inspección y control, la adecuación de la potestad sancionadora a la materia de protección de los consumidores y la coordinación de competencias entre los distintos órganos de las Administraciones Públicas a fin de garantizar un nivel de protección homogéneo en el ámbito regional, todo ello influido por las prescripciones contenidas en la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se ha procurado que las competencias que deben ejercer los distintos órganos de las Administraciones Públicas encajen adecuadamente dentro del mercado sin fronteras de la Unión Europea, garantizando los derechos básicos protegidos por esta Ley.
Especialmente se ha tenido en cuenta el concepto genérico de seguridad en el uso y consumo de productos, bienes y servicios y se ha considerado oportuno sistematizar el marco de actuación en materia de seguridad para proteger a los consumidores frente a productos, bienes o servicios insalubres, inseguros o perjudiciales para sus intereses económicos.
En el contexto de las actuaciones ejercidas por los órganos de control, resulta novedoso la apertura de las actuaciones inspectoras hacia modalidades de actuación de carácter preventivo.
Destacan aspectos novedosos, tales como la protección prioritaria de determinados colectivos, ya que es necesario establecer mecanismos que permitan que todos los ciudadanos accedan a la información, educación y formación en materia de consumo y, muy especialmente, los menores que son muy vulnerables ante el fenómeno de consumo, la consideración de foros de diálogo en los que participan las asociaciones de consumidores, las organizaciones empresariales y las Administraciones Públicas, habiéndose elevado al más alto nivel el Consejo de Consumo como órgano de participación, representación y consulta. Resaltar, asimismo, la previsión de mecanismos de resolución voluntaria de reclamaciones de los consumidores, a través de la mediación y del sistema arbitral de consumo.
Del mismo modo, se han previsto órganos de apoyo técnico tales como el comité de expertos en materia de seguridad, que permitirán dar respuesta eficaz ante las complejas situaciones, que actualmente se presentan en la sociedad de consumo.
En todos los demás órdenes, se apoyan decididamente las fórmulas coparticipativas, recabándose la colaboración de todo el tejido social involucrado en el fenómeno del consumo, sin desestimar las que pueden ser ofrecidas por las organizaciones empresariales, creándose el marco adecuado que afianzará en la Comunidad de Madrid el desarrollo del movimiento asociativo.
La distribución de competencias permite conjugar las actuaciones de las Administraciones locales y de la Administración autonómica, evitando la dispersión de recursos.
La presente Ley pretende conseguir un elevado grado de protección de los consumidores, entendidos éstos en la estricta concepción que se va imponiendo en España y en la legislación europea, y ello mediante fórmulas de participación y colaboración con todos los agentes sociales y principalmente con las organizaciones de consumidores.

References: Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61
 artículo 51
 artículo 8
 artículo 51
 artículo 8

Artículo 8
 artículo 13
 artículo 18
 Artículo 30
 artículo 18
 artículo 49
 artículo 18
 Artículo 50
 artículo 18
 artículo 58
 artículo 18
 Artículo 61
 artículo 18
 artículo 18

Artículo 9
 artículo 7
 artículo 48
 artículo 17

Artículo 2
 artículo 16
 artículo 57
 artículo 16
 artículo 57
 artículo 16
 artículo 57
 artículo 16
 artículo 50
 artículo 14
 artículo 50
 artículo 14
 artículo 51
 artículo 27
 artículo 149
 Real Decreto 
 resolución