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Timestamp: 2020-07-11 03:32:17+00:00

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NEUQUEN, 12 de Noviembre de 2008.-
Y VISTOS: Los presentes autos caratulados “DIRECCION DE TRANSITO S / INVESTIGACION HOMICIDIO EN ACCIDENTE DE TRANSITO”, Expte. Nº 850, Año 8, del registro de esta Cámara de Apelaciones en lo Criminal, a los fines de resolver el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Javier Andrés Utrero, en su carácter de Defensor del imputado Juan Eduardo Hermosilla Soto, en contra de la Resolución Interlocutoria Nº 828/08, del 06 de octubre de dos mil ocho, obrante en autos a fs. 198/208, dictada por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 2, con asiento de funciones en la I° Circunscripción Judicial, de esta Provincia.-
Efectuado sorteo por Secretaría para determinar el orden de emisión de votos, resultó que en primer término debe expedirse el Dr. Daniel Gustavo Varessio, quien dijo:
Y CONSIDERANDO: I. Por resolución interlocutoria Nº 828/08, del 06/10/2008, el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 2 de esta ciudad capital resolvió, en lo que aquí interesa: “Disponer el Procesamiento con Prisión Preventiva de Hermosilla Soto Juan Eduardo, DNI 28.453.422, de demás datos de identificación personal obrantes en este legajo, al considerarlo “prima facie” autor material y penalmente responsable del delito de “Doble Homicidio simple en concurso ideal con dolo eventual (art. 79 y 54 C.P.) por el que fuera formalmente indagado”.-
II. Contra la resolución mencionada, interpone recurso de apelación el Dr. Utrero a favor del imputado Hermosilla Soto (fs. 272/277 vta.), por entender que le causa a su pupilo gravamen irreparable.
Solicita la revocación del decisorio adecuándose la conducta reprochada a la figura de Homicidio Culposo (art. 84 párrafo 2 del C.P.), ya que no existe en el plexo probatorio recogido sustento alguno para achacar la conducta dolosa a Hermosilla Soto, sino una conducta culposa, citando doctrina al respecto.
Asimismo afirma que la resolución se encuentra aparentemente fundada, basada en la subjetividad del juzgador, contiene vicios lógicos, afirmaciones dogmáticas, una arbitraria selección de la prueba e invierte la carga probatoria, cita jurisprudencia. Agrega que los argumentos en que se funda no son más que la gravedad del accidente, la presión pública y política en que se encuentra inmerso el expediente judicial, más allá de la verdad real.
Resalta que lo resuelto obedece a un dogmatismo pragmático y totalmente arbitrario. A su parecer el imputado actuó con un alto grado de imprudencia, con extrema inobservancia de las normas que debía cumplir al mando de un rodado descartando la intención de dañar, siendo evidente a su parte de que trató de evitar el accidente.
Indica que se omite considerar lo expresado por los testigos Torres y Antón Mansilla (fs. 77/78 y 79/80) de lo cual extrae la conducta se encuentra incursa en culpa consciente y no en dolo eventual, cita doctrina que entiende apoya su postura. Se agravia también por las afirmaciones efectuadas por el Instructor, como “que fue un fusilamiento”, la que califica como no propia de justicia imparcial, usada para explicar y justificar la decisión.
Expresa que su pupilo ha dado muestras de arrepentimiento, y que el procesamiento solo persigue satisfacer las presiones sociales y políticas a la que se ha visto sometida la presente causa.
También se agravia por el dictado de la medida de coerción, entendiendo que si de mantenerse la calificación legal del delito, el incoado no entorpecerá las investigaciones ni se sustraerá de la acción de la justicia. Sostiene que la instrucción se halla completa, que Hermosilla Soto no tiene antecedentes penales, es de reconocida honestidad en su relación laboral, con radicación y familia en esta ciudad, sustento de su núcleo familiar y que posee bienes en esta ciudad, implicando arraigo en la zona lo que hace más remota la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. También ha declarado su voluntad de someterse al proceso, citando jurisprudencia en abono a su postura.
III. Que el recurso de apelación interpuesto, resulta admisible por haber sido presentado en tiempo y forma, y ante una resolución expresamente declarada apelable por la ley de rito (art. 286 del C.P.P. y C.), de conformidad con lo prescripto por los artículos 392, 408 y cc. del CPP y C.-
IV. Radicadas en esta sede la presente, el Dr. Utrero amplía expresión de agravios (fs. 185/186 vta.). tiene en cuenta las testimoniales de José Méndez de fecha 20/10/2008 y de Macarena Acheritobere, para concluir de que se encuentra frente a un hecho culposo, ya que Hermosilla Soto confió en que el evento daños no se presentaría y llegado el caso, lo podría evitar.
Asimismo, el Dr. Roberto Darío Berenguer por la parte querellante, en representación de los Sres. Alejandro Castro y Victoria Villegas progenitores de la víctima Franco Castro (fs. 167/173) y los Dres. Juan Pablo Kohon y Martín M. Marcovesky, también querellantes representando a los Sres. Haydée Ortega y José Miguel Araya, progenitores de la víctima Sonia Belén Araya (fs. 174/182), comparecen en sendos escritos refutando los agravios y solicitando que esta Alzada rechace el recurso interpuesto, por los argumentos vertidos en los libelos presentados a los que nos remitimos en aras de la brevedad.
V. Que el núcleo de la cuestión traída a examen, consiste en determinar si la resolución recurrida ha sido dictada conforme a derecho y, en su caso, que decisión corresponde adoptar.-
VI. Ingresando al análisis de la cuestión traída a estudio, el tema a resolver, tal como las partes lo han presentado a través de sus respectivos escritos, reside en determinar si el hecho investigado debe ser encuadrado como una figura típica dolosa o culposa, además del ataque en contra del dictado de la medida de coerción dispuesta sobre el imputado.
El primero de los embates será tratado a continuación. Entiende el apelante que el imputado actuó con culpa y no dolo eventual, tal como el a-quo en su resolutorio sostiene.
Corresponde señalar que, tanto la existencia del hecho como la participación del incoado en el mismo, no ha sido atacada por el quejoso sino que, por el contrario, discute el grado de participación penalmente responsable de Hermosilla Soto en el desafortunado acontecimiento que es objeto de la actuación jurisdiccional.
Debo señalar que la Ley 26362 (B.O. 16/04/2008) ha introducido modificaciones en el Código Penal, más precisamente por el artículo 2° incorporó el art. 193 bis al mencionado cuerpo legal, castigando al “conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente”.
Se castiga así la conducta de llevar a cabo competencias de velocidad con automotores, cuando se crea riesgo para la vida o integridad de las personas, siempre que se realizare sin la autorización respectiva.
Este delito, en su aspecto subjetivo que es lo que interesa en este momento, es doloso. Éste exige el conocimiento por parte del autor de que participa en una prueba de velocidad o destreza con automotor, sin autorización para ello.
Esta figura es traída al caso pues su incorporación al sistema legal vigente ha trastocado la situación de aquellas conductas como la que es objeto de estudio en la presente. El legislador expresamente así lo ha entendido, agregando en consecuencia el art. 193 bis señalado, que dicho accionar descripto típicamente es doloso. Ni más ni menos.
Es precisa la siguiente cita: “Desde el punto de vista del tipo subjetivo se trata de un delito doloso, y el dolo debe abarcar necesariamente la creación del peligro para la vida o la integridad física de las personas. Esto es muy importante, porque no se sanciona a quien por imprudencia o negligencia realiza dicho riesgo, sino a quien lo ha querido o al menos ha aceptado, habiéndoselo representado como posible. Hipotéticamente será muy difícil establecer que alguien ha querido consciente y voluntariamente generar aquella situación peligrosa, por lo que no cabe duda que el legislador ha intentado sancionar aquí los casos del llamado “dolo eventual”, para quien se coloca en dicha posición al participar en una competencia de destreza o de velocidad con rodados” (Alejandro O. Tazza, “Picadas ilegales: La creación de un delito contra la seguridad del tránsito vehicular”, La Ley 2008-C, 972). Claramente surge la intención del legislador al sancionar la ley 26362.
El punto importante consiste en determinar que sucede con el resultado lesivo o mortal que se produce del riesgo creado, si el mismo es doloso o admite otra forma de responsabilidad.
Como delito de peligro, el art. 193 bis del C.P. no exige la producción de un resultado para su consumación, pero a diferencia de otras figuras similares, no se ha previsto como agravantes los resultados que pudieran efectivamente ocasionarse con esta conducta (Por Ej.: art. 190 del C.P.).
Una interpretación sistemática del Código Penal impone la necesidad de considerar el resultado de ese peligro de forma dolosa. No se discute que, en aquellos delitos de peligro que prevé como agravante la producción de un resultado lesivo, producido éste se mantiene el mismo grado de responsabilidad en el agente, en cuanto al tipo subjetivo.
Entiendo que por ese motivo no puede arribarse a distinta conclusión cuando el art. 193 bis del C.P. tipifica una conducta cuyos resultados lesivos encuadrarían en otros tipos penales. La ausencia de previsión en la misma norma legal que entiende dolosa la creación del peligro de agravantes por el resultado, traslada –de acaecer éstos- la subsunción de los mismos, a los tipos dolosos de delitos contra la vida o integridad física de las personas.
De verificarse que estamos en presencia de una prueba de velocidad con automóvil sin autorización, el resultado lesivo deberá ser atribuido a título de dolo.
La referencia a prueba de velocidad alude a “carrera”, también llamada “picada” entre dos o más vehículos automotores. En el caso de autos, y de acuerdo al material probatorio recabado hasta el momento y, como rige el análisis de éste de acuerdo a la etapa procesal que se transita, con el grado de probabilidad exigida, me permite afirmar que el imputado Hermosilla Soto, como conductor del vehículo automotor pick up marca Suzuki modelo Gran Vitara, dominio EEI-071, al momento de acaecer el suceso luctuoso, corría una carrera con el automóvil marca Renault Clío, dominio CUD-112, conducido por Cristian Marcos Rozas.
Surge ello del acta de procedimiento de fs. 01/03 vta., de los dichos de Ale Leandro Fabio (fs. 19/20) que señala que ambos vehículos circulaban a gran velocidad, de Gerardo Nicolás Tapia (fs. 42/43 vta., ratificada a fs. 138/140) quien refiere textualmente: “...a unas tres cuadras más atrás de donde ocurrió el accidente, es decir, cardinal sur, nos sobrepasan a una velocidad muy superior a la que nosotros veníamos, la camioneta Grand Vitara de color gris plateada por el carril izquierdo y el automóvil Clio de color blanco lo hacía por el carril derecho siempre de la Avenida Olascoaga, yo creo que venían corriendo una picada por la forma en que lo hacía, es decir el Clio venía detrás de la camioneta e intentaba pasarla a toda costa... venía delante de nosotros un vehículo de color rojo... que justamente por este vehículo tienen que disminuir la velocidad en forma brusca y cuando ven un espacio hacen una maniobra bastante peligrosa y salen nuevamente a gran velocidad, tanto la Vitara como el Clio...”. En la declaración en sede judicial ratificante de ésta, agrega que se trataba de una “carrera” entre la Suzuki Vitara y el Renault Clio.
En el mismo sentido declara Néstor Fabián Urrutia (fs. 60/62, ratificada a fs. 124/126 vta.) taxista que circulaba por la Av. Olascoaga, observó antes de ello que ambos vehículos iban a la par charlando los conductores entre sí, y luego de sobrepasarlos relató que “al llegar a calle Richieri circulando por la mano derecha de la avenida –este- observa por el espejo retrovisor interno que los dos rodados mencionados anteriormente... se acercaban a él peligrosamente a gran velocidad, entonces cuando estaban próximos al taxi el dicente realiza una maniobra de apertura hacia la derecha porque sino lo chocaban... cuando el dicente ya va a la altura entre calles Richieri y Libertad, frente a un baldío, observa que los dos vehículos continuaban en la misma modalidad de carrera hasta la altura de la ex legislatura...” ocurriendo inmediatamente después el hecho en cuestión.
En este punto, los elementos de prueba señalados son determinantes y concluyentes para afirmar, con el grado de probabilidad que exige esta instancia procesal, que el incoado Hermosilla Soto realizaba una carrera de velocidad con su vehículo Suzuki, corriendo contra el Renault Clio conducido por Rozas. El lugar de ocurrencia, Av. Olascoaga de la ciudad de Neuquen, en horas de madrugada, lleva a la conclusión lógica de que la misma no contaba con autorización de autoridad alguna sino que fue fruto de la libre determinación de ambos conductores, los que se conocían previamente.
Afirmado esto, la conducta atribuida a Hermosilla Soto debe ser calificada a título de dolo eventual, tal como se ha señalado ut supra al verificarse que corría una carrera de velocidad sin autorización.
La falta de agravios respecto de la participación del incoado en el hecho, me exime de mayores comentarios acerca de que aquellos resultados mortales fueron consecuencia de su conducta. Como indicara al comienzo de mi voto, la discusión se centra respecto de si el accionar de aquél, debía ser atribuido a título de dolo o culpa.
Sí me detendré en la determinación de la representación que debe existir y que niega el quejoso. La representación de la eventualidad del resultado, de su posibilidad, debe estar presente tanto en los delitos dolosos como en los culposos, se diferencian en la actitud del agente frente a esa representación.
El incoado, al momento de ejercer su derecho material de defensa (fs. 92/93 vta.) señaló que desde el año 2002 tiene el carnet de conducir de la Municipalidad de Neuquen, como así también el de motos de alta cilindrada, y que ya había manejado otros vehículos como un Gol. Destaco también que indica que la velocidad a la que circulaba era a cuarenta kilómetros, ello con evidente intención de evitar su responsabilidad, afirmación derribada con el informe accidentológico de fs. 63/68, el confirma una velocidad superior a los 70 km/h del vehículo conducido por Hermosilla Soto. Estas circunstancias me permiten concluir que existió en el imputado, la representación necesaria.
La solución que propongo al Acuerdo es la de confirmar la Resolución atacada en cuanto atribuye a Juan Eduardo Hermosilla Soto el delito de Homicidio simple reiterado –dos hechos- con dolo eventual (art. 79 del C.P.).
Corresponde ahora que me expida en orden a la medida de coerción recaída en autos en contra del incoado. Reiteradamente este Tribunal de Alzada (in re “OLEKSIUK, MARIO ALBERTO S/ ROBO CALIFICADO” –Apelación-, Expte. Nº 30, Año 2006, en Resolución Interlocutoria n° 18 de fecha 09/10/2006, “SAYHUEQUE, HECTOR NORMANDO S/INCIDENTE DE APELACION ”, Expte. Nº 35, Año 2006, Res. Interlocutoria n° 28 de fecha 13/10/2006, y “GERALDO, JOSE SEBASTIAN S/ HOMICIDIO AGRAVADO”, Expte. Nº 4, Año 2006, mediante Resolución Intelocutoria n° 26 de fecha 13/10/2006, entre muchos otros) se ha expedido acerca de los requisitos para la procedencia de la Prisión preventiva.
Los presupuestos de procedencia de su dictado son dos, llamados “fumus boni juris” y “periculum in mora”, que deben concurrir simultáneamente, en otras palabras “elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que el imputado es autor o partícipe” (art. 281, CPP y C) y que “la privación de libertad sea absolutamente indispensable para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley” (art. 287 del CPP y C, en consonancia con el art. 256 del mismo cuerpo legal).-
Para el segundo, el peligro procesal que es objeto de los cuestionamientos del quejoso, se acude tanto a pautas "objetivas", que se refieren a la gravedad de la posible pena a imponer y a las modalidades de ejecución, como también "subjetivas", relacionadas a la personalidad del imputado.-
Específicamente el legislador ha presumido iuris tantum –pues se admite prueba en contrario- la concurrencia de estos riesgos cuando prima facie medie un pronóstico de pena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo por el delito que se le sigue en el proceso (art. 291, inc. 1°, del CPP y C, a contrario sensu).-
Es decir, la amenaza penal constituye un indicador objetivo que proyecta a presumir seria y fundadamente una voluntad elusiva del encartado que se traducirá en la no aplicación de la ley, supuesto contemplado por la legislación adjetiva vigente que habilita el apartamiento de la regla general de la libertad durante el proceso (art. 256).-
En este contexto, se ha dicho que “según el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la gravedad del delito imputado y la severidad de la pena con la que se conmina la infracción es un parámetro razonable y válido para establecer, en principio, que el imputado podría intentar eludir la acción de la justicia; y ello es así, por cuanto la posibilidad de ser sometido a una pena de una magnitud importante sin lugar a dudas puede significar en el ánimo del justiciable un motivo suficiente (y humanamente comprensible) para sustraerse del accionar jurisdiccional” (CNCaP, Sala III, “Chabán”, 21/11/2005, del voto de la mayoría).-
Esta correlación que existe entre el pronóstico punitivo y la procedencia de la prisión preventiva, encuentra su razón de ser en el principio de proporcionalidad que debe existir entre la pena hipotética y las distintas medidas de coerción que prevé la legislación, por lo que la doctrina ha sostenido que debe existir "cierta gravedad de la amenaza penal a pena privativa de libertad para condicionar el encarcelamiento preventivo" (Maier, Julio B. J., “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, “Fundamentos”, Editores del Puerto, pág. 528).-
En consecuencia con lo expuesto, es que se entiende que la resolución del Tribunal A-quo resulta correcta y ajustada a derecho, por cuanto se confirma la atribución de responsabilidad como autor a Juan Eduardo Hermosilla Soto, por el hecho investigado en autos, calificado legalmente como Homicidio simple reiterado –dos hechos- con dolo eventual (art. 79 del C.P.), como lo ha efectuado el Sr. Juez de 1° Instancia; además, ha fundado debidamente el peligro procesal que determina la adopción de la medida coercitiva privativa de la libertad ambulatoria. Ello es así por cuanto teniendo en cuenta la magnitud de la amenaza de sanción de encierro, a la luz de lo expuesto, es posible y razonable pronosticar que la pena a imponer será de cumplimiento efectivo, por lo que se justifica el dictado de la prisión preventiva.-
Ahora bien, conforme se ha dicho precedentemente, esta presunción legal que consagra el legislador es iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Al respecto, si bien el quejoso menciona en su ensayo defensivo una serie de circunstancias que, a su criterio, desvirtúan la presunción de fuga, las mismas nada aportan pues resultan circunstancias comunes a cualquier ciudadano que se encuentre sospechado de la comisión de un hecho delictivo –incluso a los que no lo están-, sin que por ello se pueda afirmar seriamente que no intentará eludir la acción de la justicia, interés social que se quiere tutelar con la medida coercitiva aplicada. Esto es así, pues tales circunstancias “no constituyen condiciones excepcionales respecto del común denominador de las personas imputadas por un delito, y por ello no resultan por sí suficientes para desactivar la presunción legal” (TSJ Córdoba, in re “Montero”, S. N° 1, 2005).-
Finalmente, téngase presente que este pronóstico punitivo no importa un prejuzgamiento ni tampoco un anticipo de la culpabilidad, sino que consiste en una apreciación sobre la condicionalidad, con grado de probabilidad y provisional (Cafferata Nores, José I., "La excarcelación", Ed. Lerner, p. 62). Por lo que en este punto corresponde la confirmación de la medida de coerción dispuesta sobre la persona del imputado.-
VII. A su turno, el Dr. Walter Richard Trincheri, dijo: Analizando el caso traído a estudio, discreparé respetuosamente con el voto de quien encabeza la votación. Entiendo que el Sr. Defensor acusa la violación al deber de fundamentación y que se verifica en el momento de la calificación legal, más precisamente cuando se encuadra la conducta de su pupilo en la figura delictiva de Homicidio simple con dolo eventual, prevista en el art. 79 del C.P.
El Dr. Utrero señala que esta sentencia se encuentra aparentemente fundada, basada en la subjetividad del juzgador, conteniendo vicios lógicos y afirmaciones dogmáticas.
Conforme lo ha venido sosteniendo esta Cámara de Apelaciones en forma uniforme (“Abello”, R.I. N° 53, del 03/11/2006, “Roldán”, R.I. n° 58 del 08/11/2006, “Fuentes”, Expte. Nº 746, Año 2008, entre otros y con distintas integraciones), “la fundamentación de las resoluciones consiste en la explicación racional y comprensible que debe brindar el tribunal, por escrito, acerca de las razones por las que resuelve en un sentido o en otro” (José I. Cafferata Nores y Aída Tarditti, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba –Comentado-, Tomo I, pág. 389).
Ello es una consecuencia lógica de la plena vigencia de la garantía de defensa en juicio y del principio de la “publicidad de los actos” que impera en virtud del Sistema Republicano de Gobierno consagrado por nuestra Carta Magna en su art. 1°.
Exigir que sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa, responde a la necesidad de abolir la “arbitrariedad” de las resoluciones, resguardándose así, además de los principios enumerados precedentemente, la garantía del debido proceso.
Corresponde ahora, analizar el punto requerido por el quejoso, la fundamentación de la calificación legal. En el apartado III de los Considerandos del resolutorio atacado, el a-quo divide en varios ítem el tratamiento que le dispensa a la cuestión. En el punto A detalla “la estructura del tipo culposo... y a su vez como se diferencia esta figura con el dolo eventual” (de fs. 119 a 121). En el punto B, luego de detallar brevemente como se produjo el suceso investigado, señala: “voy a proceder a describir distintos elementos valorativos (objetivos y subjetivos) y que darían a mi juicio y en este caso que tipo de responsabilidad criminal le cabe al reprochado, a saber...” enumerando en distintos puntos consideraciones fácticas (de fs. 121 a 122).
Recién en el punto C (fs. 122/122 vta.) se esbozaría la fundamentación que el a-quo tuvo en cuenta para atribuirle a Hermosilla Soto la conducta endilgada.
En los dos primeros párrafos plantea la incógnita a resolver, si el imputado actuó con dolo eventual o culpa con representación, describiendo nuevamente en el segundo parágrafo cuestiones de hecho, pero sin arribar a conclusión alguna.
Es el tercer párrafo el que corresponde analizar. Lo principia señalando enérgicamente que “además de tener la oportunidad de prever el resultado, groseramente, violó en forma cruel y despiadada, lo que se denomina el principio de confianza”, reafirmando palabras después, en virtud de la conducta achacada, que “no hace más que confirmar que su conducta en lo que se refiere a una actividad social de la conducción ligada al deber de cuidado, en este caso, ha quedado totalmente demolido”.
El principio de confianza y el deber de cuidado, tal el trato que le dispensa el a-quo, hacen referencia mas a la atribución de una conducta imprudente o negligente a una determinada persona que a título de dolo eventual. La jurisprudencia ha considerado que “en las actividades compartidas y que por su propia naturaleza entrañan la posibilidad de riesgos para bienes jurídicos de terceros, el principio de confianza autoriza a considerar que cada uno de los intervinientes en aquéllas puede presumir que los restantes han de cumplir con sus respectivos deberes de cuidado, a menos que las circunstancias impongan lo contrario” (C. Penal de Rosario, Santa Fé, Sala 2, 1/9/95, “K. H. S/ Homicidio culposo”, Zeus, repertorio n° 12, p. 408).-
Por ello resulta adecuado al deber de cuidado la conducta del que confía en que el otro interviniente en el suceso actuará prudentemente, porque precisamente a nadie puede exigírsele que prevea que el otro actuará apartándose de las reglas de prudencia normales para el caso (in re “DIRECCION TRANSITO NEUQUEN S/ INVESTIGACION DE LESIONES”, Expte. Nº 194, Año 2007).
Como se advierte, el a-quo ha incurrido en una contradicción al afirmar que ha violado el deber de cuidado y el principio de confianza, y en base a ello concluir que el accionar detallado en la plataforma fáctica lo es a título de dolo eventual. Este último, conforme enseñan todos los autores, entre ellos Molinario, existe cuando el sujeto duda acerca del resultado de su obrar pero igualmente actúa (“Los Delitos”,TEA, Tomo I, p.108). Esto, así de simple, y yendo al caso que nos ocupa, es lo que ha resuelto el instructor respecto de Hermosilla Soto pero sin respaldo de la motivación exigida.
Más aún yerra cuando recurre al fusilamiento a corta distancia para comparar lo acontecido, pues entiende que el dolo eventual se conjuga por las piezas de convicción que señala. El fusilamiento en sí, como conducta a comparar, requiere un dolo directo. Difícil resulta imaginar la situación con dolo eventual.
El a-quo aparentó fundamentar el auto de procesamiento en orden a la calificación legal que pretendió correspondía atribuir. Ello deja huérfano de motivación al acto jurisdiccional violándose el art. 106 del C.P.P. y C. que contiene la manda genérica que impone la fundamentación de las resoluciones interlocutorias, bajo pena de nulidad; y el art. 283 del mismo cuerpo legal, que prevé para el caso específico del procesamiento, también bajo la misma pena , los motivos en que la decisión se funda.
Corresponde así la revocación del procesamiento por falta de fundamentación (arts. 106 y 283 del ritual). Avanzando directamente sobre la medida de coerción, como consecuencia ineludible del vicio que contiene la primera parte del Interlocutorio, no es otra la solución que la revocación de la misma.
Remitiéndome a las consideraciones efectuadas en el voto que me antecede sobre las medidas de coerción, a fin de no efectuar reiteraciones ociosas, considero que el decisorio jurisdiccional que disponga la aplicación de una medida de esta naturaleza, en el caso prisión preventiva –art. 287, CPP y C-, estará siempre regida por el “deber” de fundamentación, debiendo la resolución en cuestión, si bien tratar los requisitos señalados “fumus bonis iuris” y “periculum in mora” separadamente, ambos deben concurrir de modo simultáneo.
Por ello, es que se puede afirmar que la coerción personal dispuesta en contra del imputado, sin satisfacer el primero de los extremos, será “arbitraria”, por falta de debida motivación (art. 106, CPP y C), tal como sucede en el caso ahora analizado.
Pero amén de ello, el segundo de los requisitos de fundamentación, tampoco se cumple. La sola mención por parte del a-quo de que la condena a recaer sería de cumplimiento efectivo, no satisface la exigencia procesal.
El peligro que significa el imputado en libertad para el proceso no ha sido objeto de tratamiento por parte del Magistrado de grado. No ha fundado debidamente el peligro procesal que determina la adopción de la medida coercitiva privativa de la libertad ambulatoria.
En virtud de lo expuesto considero que corresponde revocar la Resolución traída a estudio y ordenar inmediatamente la libertad de Juan Eduardo Hermosilla Soto, salvo impedimento legal.
VIII. Por último el Dr. Carlos Manuel Sierra, dijo: Compartir la relación de causa, argumentos y solución propiciada a la cuestión ventilada, adhiero al voto emitido por el Dr. Daniel Gustavo Varessio.
IX. Por todo lo expuesto, disposiciones legales, doctrina y jurisprudencia citadas, esta Cámara de Apelaciones en lo Criminal,
RESUELVE: I. CONFIRMAR la Resolución Interlocutoria Nº 828/08, del 06 de octubre de dos mil ocho, obrante en autos a fs. 198/208, dictada por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 2, con asiento de funciones en la I° Circunscripción Judicial, de esta Provincia (art. 414 CPPyC).-
II. Regístrese, notifíquese y cumplido que sea, vuelvan las presentes actuaciones al Juzgado de origen.-
RESOLUCION INTERLOCUTORIA Nº 393/08.-

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