Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw7&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDC200012190124.CODI.%29
Timestamp: 2020-08-14 23:24:40+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 124, de 19/12/2000
Año 2000 VII Legislatura Núm. 124
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA
celebrada el martes, 19 de diciembre de 2000
- Del señor Mayoral Cortés (Grupo Parlamentario Socialista), sobre razones por las que la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía ha disminuido sólo en Madrid en varios miles de agentes en los últimos diez años. (Número de expediente 181/000221.) . . . (Página 3588)
- Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre balance del funcionamiento del Plan de seguridad integral de Canarias. (Número de expediente 181/000203.) . . .
(Página 3591)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Morenés Eulate) para informar sobre:
- La intervención de la policía en una clínica de interrupción voluntaria del embarazo. Asolicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000086.) . . . (Página 3594)
- La actuación policial en la que resultó lesionado el alcalde de Noia, don Rafael García Guerrero. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000169.) ... (Página 3599)
- Del señor Encina Ortega (Grupo Parlamentario Socialista), sobre medidas urgentes para combatir y frenar el aumento de violencia y la inseguridad ciudadana en Barbate (Cádiz), tras el secuestro de personas por los narcotraficantes. (Número de expediente 181/000240.) ... (Página 3607)
- De la señora Romero López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre medidas para combatir la inseguridad ciudadana y el incremento del narcotráfico en Barbate (Cádiz) (Número de expediente 181/000241.) .
. . (Página 3610)
- Del señor Mayoral Cortés (Grupo Parlamentario Socialista), sobre razones por las que las unidades adscritas del Cuerpo Nacional de Policía a las Comunidades Autónomas de Galicia y Valencia se encuentran en la actualidad al completo de sus efectivos y la de Andalucía no. (Número de expediente 181/000244.) . . . (Página 3612)
- De la señora Alberdi Alonso (Grupo Parlamentario Socialista), sobre criterios del Ministerio del Interior para autorizar las manifestaciones en Madrid. (Número de expediente 81/000301.) . . .
(Página 3614)
- Del señor Mayoral Cortés (Grupo Parlamentario Socialista), sobre las razones por las que el Gobierno considera ilegal la participación de delegados sindicales en la concentración silenciosa realizada frente al Congreso de los Diputados en contra del último atentado cometido por ETA en Madrid, el pasado 31 de octubre y, además, lo utiliza como argumento para restringir el horario y el itinerario de una manifestación convocada por los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF, el día 16 de diciembre de 2000. (Número de expediente 181/000303.) .
. . (Página 3616)
- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE RAZONES POR LAS QUE LA PLANTILLA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA HA DISMINUIDO SÓLO EN MADRID EN VARIOS MILES DE AGENTES EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS. (Número de expediente 181/000221.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Vamos a dar comienzo a la sesión y pregunto si existe conformidad para que podamos alterar el orden del día y empezar por las preguntas. ¿Hay algún problema? (Pausa.) Si no lo hay, empezaremos por el punto 3 del orden del día. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.) Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, podríamos dejar como última de las preguntas la que hace referencia al funcionamiento del plan de seguridad integral de Canarias, ya que al autor le habíamos señalado una determinada hora en función de que primero iban las comparecencias.
El señor PRESIDENTE: Empezamos, entonces, por la pregunta que figura con el número 4 y que se refiere a las razones por las que la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía ha disminuido sólo en Madrid en varios miles de agentes en los últimos diez años.
El señor MAYORAL CORTÉS: Bienvenido, señor secretario de Estado.
Efectivamente, la pregunta va referida a las razones por las que la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía ha disminuido sólo en Madrid varios miles de agentes en los últimos años.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señorías, la evolución de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid durante los últimos años, desde el año 1990 hasta el año 2000, ha sido positiva, 40 funcionarios de policía más. A 1 de enero de 1990 existían en el total de la comunidad de Madrid 13.764 policías y hoy existen 13.804 policías. En términos generales, el citado colectivo, que ha perdido como Cuerpo Nacional de Policía en toda España 5.124 funcionarios, fundamentalmente por el proceso de jubilaciones, en lo que se refiere a la comunidad de Madrid ha aumentado en 40 funcionarios.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, mucho me temo que entre los datos que nos acaba de dar el señor secretario de Estado se encuentre no sólo la suma de policías que de manera operativa están en la calle y de aquellos que realizan servicios cotidianos en materia de seguridad ciudadana, sino también aquellos que están destinados en los servicios centrales y que, según la evaluación de la que dispongo, podrían ser en torno a los 8.000. Esto nos dejaría el número de policías que existen en Madrid dedicados a servicios ordinarios en poco más de 5.000, cifra que consideramos escasa.
A nosotros nos parece que en este momento en Madrid, igual que en otras ciudades, la sociedad española se encuentra ante un problema de seguridad ciudadana que el fenómeno terrorista no acaba de dejar percibir con claridad. Existen datos, no aquellos precisamente que aportaba el Ministerio del Interior, sino otros de los que son manifestación más explícita los que aporta la Fiscalía General del Estado, conforme a los cuales existe un incremento de crimininalidad en nuestra sociedad. Yo creo que esta polémica no se solventará, señor secretario de Estado, hasta que dispongamos finalmente de algún instrumento que nos permita establecer una metodología común, capaz de analizar y concluir en función de las distintas fuentes que sobre datos de criminalidad se están aportando o existen hoy día en nuestra sociedad. Son distintas las fuentes y nosotros consideramos que el Ministerio del Interior no las posee todas. Esto hace que los datos que tiene el Ministerio del Interior en materia de seguridad ciudadana sean incompletos y, por decirlo también de alguna manera, inseguros.
Para afrontar la situación el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un instrumento, no sólo en el resto de España, sino también obviamente en Madrid, que es el llamado plan de policía 2000, al que se atribuyen éxitos últimamente en los que mucha gente no cree. Para muchos se trata de una operación electoral y de imagen, que ha aplicado un sistema de incentivos a la productividad que hace bajar artificialmente las estadísticas de delincuencia. Ha aplicado un modelo de policía preventivo de proximidad, el llamado PPP, que está basado en un policía que se traslada en un scooter y que es imposible aplicar porque existen mas scooters que policías, señor secretario de Estado. Ha aplicado también un modelo de subsectorización de los espacios urbanos, imposible de cumplir precisamente por falta de personal. Esto implica, entre otras cosas, el abandono también de la faceta policial de la investigación. Este plan policía 2000 también ha centrado su esfuerzo en ese PPP, que sólo implica una actuación en horarios de mañana y tarde de lunes a viernes, pero que supone que los fines de semana y por las noches disminuya de manera importante lo que es la presencia policial y la posible incidencia en la prevención de los delitos. Hay espacios de tiempo, señor secretario de Estado, de auténtica desprotección del ciudadano. No me bastaría con que S.S. me indicara las cifras que posee el Ministerio del Interior, puesto que yo creo que es una opinión común de la calle, de la ciudadanía, que existe este problema de inseguridad ciudadana en una ciudad tan importante como Madrid. Bastaría preguntar al comerciante de la Gran Vía, bastaría preguntar a la familia que tiene un chico que sale el fin de semana a la discoteca, bastaría preguntar a tanta y tanta gente que se ve sometida a la carencia de ese bien fundamental que es el derecho al ejercicio de la libertad y la seguridad.
Por otra parte, lo más preocupante de todo esto es la falta de coordinación que el plan policía 2000 implica respecto a la Guardia Civil y a la propia Policía local. Y en relación con la propia Policía local, particularmente en Madrid, tengo que mencionarle con auténtica sorpresa la inexistencia de coordinación en dos operaciones similares que están lanzadas, una, desde el Ministerio del Interior, el plan policía 2000, y otra, la llamada Policía de barrio, que acaba de poner en marcha el propio Ayuntamiento de Madrid, estableciendo una policía en condiciones similares a las que desarrolla el Cuerpo Nacional de Policía, que se extenderá progresivamente a los 21 distritos de la capital en turnos de mañana y tarde. El resultado, señor secretario de Estado, es que los 6.000 policías locales y los aproximadamente 5.000 del Cuerpo Nacional de Policía que actúan en Madrid capital carecen de la adecuada coordinación y, en consecuencia, su eficacia está muy mermada y además existe una duplicidad de tareas de carácter innecesario. Pero esto no sería lo más grave, también los medios de comunicación de vez en cuando nos informan acerca de situaciones auténticamente grotescas,
como la que denunciaba no hace mucho un medio de comunicación, un incidente que se había producido entre agentes municipales que interfirieron una persecución de delincuentes realizada por la Policía Nacional a quienes encañonaron. En este momento, al parecer, está sujeto ese hecho a investigación por parte de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Es decir, policías locales y policías nacionales compiten en el espacio urbano madrileño en lo que se refiere a la defensa de un espacio y desde luego están carentes de toda coordinación.
El Cuerpo Nacional de Policía viene arrastrando un creciente problema de carencia de efectivos. Su señoría acaba de reconocerlo; negaba que existiera ese problema en Madrid, pero no a escala nacional. Hay un problema de efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía a escala nacional porque, según el catálogo de puestos de trabajo en vigor desde el año 1995, la dotación de personal debería ser de 54.830 agentes, pero solamente están ocupadas 48.250 plazas; es decir, hay 6.580 vacantes. El número de vacantes, por otra parte, sigue creciendo, puesto que son más los que se jubilan que los que ingresan. El Ministerio del Interior ha anunciado un esfuerzo que significa que el ingreso de policías nuevos, en vez de 1.000, anualmente sería de 2.000, pero aún así es insuficiente para detener el decrecimiento de carácter vegetativo que se está produciendo. No olvidemos que la edad media en este momento en el Cuerpo Nacional de Policía está en 45 años. Esto nos lleva a una conclusión realmente importante y significativa, y que es la inexistencia de una adecuada gestión de recursos humanos, es decir, de una política de personal.
Esta carencia de efectivos es particularmente más preocupante en una gran ciudad como Madrid y su comunidad autónoma. En la mayoría de las comisarías hacen falta policías. Por otra parte, Madrid no es un destino que parezca apetecible por falta de incentivos, porque el trabajo es mucho más fuerte, porque la problemática de la criminalidad es más alta, y esto si no se arregla mediante un adecuado sistema de incentivos, que no parece que haya...
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le ruego concluya.
El señor MAYORAL CORTÉS: Estoy terminando ya, señor presidente.
Decía que, si no se arregla mediante algún sistema de incentivos que facilite la incorporación de policías a las plantillas de Madrid, realmente implicará que una ciudad tan importante y tan habitada y una comunidad autónoma tan habitada también como Madrid carezcan del número de policías que necesita para preservar la libertad y la seguridad ciudadana.
Según los sindicatos de policía, la comunidad autónoma tiene hoy 3.000 policías nacionales menos que hace diez años. Pero no me estoy refiriendo a la totalidad de la policía que pueda existir en Madrid, incluido los servicios centrales, me refiero fundamentalmente a los policías operativos en la calle, las comisarías. Según algunos, en cinco años la comunidad autónoma ha perdido un total de 1.187 policías en servicio activo y en prácticas. Esto avala nuestra tesis, señor secretario de Estado, de que ha habido una disminución grave, lo cual es un problema, porque este número de policías operativos en Madrid no se corresponde ni con la evolución de la delincuencia en esta comunidad, ni con la problemática terrorista que pueda incidir sobre ella, ni con los objetivos del propio plan policía 2000, que incluye una policía de proximidad que, para su despliegue, necesita un número mayor de policías del realmente existente. Solamente para atender a Madrid, repito, hay 5.000.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le ruego concluya ya.
El señor MAYORAL CORTÉS: Finalmente, señor secretario de Estado, nos gustaría que nos explicara de verdad cuál es la correlación que existe en lo que se refiere a la disminución de policías a lo largo de estos diez años y la evolución de la propia criminalidad en los términos que establece el informe de la Fiscalía General del Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): En cuanto al crecimiento del Cuerpo Nacional de Policía en la totalidad de la comunidad de Madrid, que entiendo que es lo que me pregunta S.
S., reitero el dato que le he dado: ha pasado de 13.764 a 13.804.; esos son los datos de la Dirección General de la Policía y cualquier otro dato debería tener, por lo menos, la misma credibilidad que tiene el Cuerpo Nacional de Policía cuando da los datos. Por tanto, ruego a S.S. que contraste sus datos con las que le estoy dando y estoy seguro de que se convencerá de que éstas últimas son las que obran en poder del Ministerio del Interior, del Cuerpo Nacional de Policía y de su Dirección de Recursos Humanos.
En cuanto a la seguridad en Madrid, le quiero decir a S.S. que Madrid es una de las capitales de Europa con índices más altos de seguridad.
Es una cosa reconocida, se lo puede preguntar usted a cualquier embajador que conozca en España y estoy seguro de que se lo ratificará; a mí me lo ratifican cada vez que tengo ocasión de entrevistarme con ellos para hablar de estos asuntos, y hablo de personas que vienen de fuera. Por otra parte, aunque quizá sea un poco anecdótico, hablando de la inseguridad de los chicos que van por la noche a las discotecas, dado número, estoy seguro de que tienen la perfecta convicción de que Madrid es una de las capitales
de Europa y del mundo en las que se puede hacer eso; no ocurre lo mismo en otras que todos conocemos.
Los datos de criminalidad que utilizamos son los nuestros, las fuentes son las del Ministerio del Interior y están cotejados con las denuncias que se presentan. Los datos de la Fiscalía se toman con los criterios de la propia Fiscalía en cuanto a los asuntos que ellos llevan y a asuntos resueltos. Así, tenemos unos datos que nos dicen, primero, que ha crecido el número de policías. En el año 1999 -y siempre de acuerdo con nuestro datos- los delitos descendieron en Madrid un 12,31 por ciento respecto a 1998, y las faltas, el 1,49. En el transcurso de este año, de enero a septiembre, el descenso en el número total de infracciones ha sido del 4,86 respecto al mismo período del año anterior; creo que es loable, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que usted señala y que nosotros entendemos y tratamos de solucionar. No olvide S.S. que la mayor disminución del número de policías en las jefaturas de Madrid se produjo en los cinco años que van de 1990 a 1995, pasando de 6.417 personas a 4.762. A partir de entonces, aunque ha habido un decremento de jefaturas, como dice usted, ha habido también un incremento importante en las comisarías locales, 341 miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
Habla de falta de coordinación. Probablemente señala usted dos momentos de pretendida descoordinación en cinco años entre la Policía local y el Cuerpo Nacional de Policía. Las actuaciones del Cuerpo Nacional de Policía se producen siempre con la inmediación hacia el riesgo que no precisa explicación por la propia naturaleza de la función. Es difícil que en esos momentos que usted señala se produzcan determinados tipos de coordinación. No obstante, existe relación y vinculación permanente -con órganos de gestión conjunta- entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía local para determinadas actividades que desarrollamos. Ni que decir tiene que es la misma que tenemos con la Guardia Civil en cuanto al control de la capital y a los controles de automóviles; hay una distribución de los trabajos y de la información en aspectos tan importantes como la lucha antiterrorista que preside el secretario de Estado que le habla. Es cierto que puede ser contraproducente que determinada información se comparta por su propia naturaleza operativa, pero, en aquélla que sirve para desarrollar estrategias de luchas como la antiterrorista, le puedo asegurar que la coordinación entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil es cada vez mayor.
Creo que no podemos hablar de carencia de política de personal; precisamente, estamos consiguiendo rebajar los niveles de inseguridad con menos policías. Ya sé que usted me dirá: es que a mí no me interesan sus estadísticas. Yo le doy las estadísticas que se hacen en el Ministerio del Interior para analizar el funcionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, a las que doy el mismo crédito que puede dar usted a las de la Fiscalía.
Como usted ha reconocido, el Ministerio del Interior está llevando a cabo la inversión de la tendencia: este año ha hecho la oferta pública de empleo para el Cuerpo Nacional de Policía más alta de toda la historia del Cuerpo y el año que viene va a seguir haciéndolo.
Además, los incentivos al Cuerpo Nacional de Policía han sido este año históricamente los más altos, y así se reconocerá en el programa 2000. Eso no se compadece con una concesión graciosa al cuerpo sino con el cumplimiento de determinados ratios de eficacia que les hemos marcado y que ellos han aceptado y cuyo cumplimiento por tanto hemos exigido; cuando existe ese cumplimiento, se paga la consiguiente gratificación.
La pregunta que hacía usted al principio se contesta con una simple cifra: la Comunidad Autónoma de Madrid ha crecido en 40 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía cuando en el resto de España estamos invirtiendo la tendencia a la descapitalización humana que se ha venido produciendo a lo largo de los últimos diez años como consecuencia de la avalancha de jubilaciones que hay que ir reponiendo paulatinamente. Es la primera vez que la curva se invierte. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, aunque habíamos señalado al comienzo de la sesión que la pregunta número 3 pasaría al final, puesto que está aquí el autor de la pregunta, que además nos dice que debe intervenir luego en otra Comisión, si la Mesa, el señor compareciente y los demás grupos parlamentarios no tuvieran inconveniente, pediríamos que esa pregunta pudiera sustanciarse a continuación. Se trata de la referente al balance de funcionamiento del plan de seguridad integral de Canarias, de la que es autor el señor Soriano Benítez de Lugo, del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún problema? (Pausa.) Estamos todos de acuerdo y vamos a proceder en consecuencia.
- DEL SEÑOR SORIANO BENÍTEZ DE LUGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE BALANCE DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE CANARIAS. (Número de expediente 181/000203.)
El señor PRESIDENTE: El señor Soriano tiene la palabra, para formular su pregunta sobre el balance de funcionamiento del plan de seguridad integral de Canarias.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Quiero expresar mi reconocimiento a la Comisión por haber
entendido la situación de imposibilidad en que me encuentro de formular dos preguntas a la misma hora.
Yendo directamente al contenido de mi pregunta, les diré que el Gobierno me contestó por escrito en el mes de septiembre a una pregunta que había formulado yo sobre los delitos y faltas cometidos en la Comunidad Autónoma de Canarias durante el año 1999, señalando que en Canarias el número de delitos y faltas por cada 1.000 habitantes durante 1998 había sido del orden de 63,71 y que en 1999 había aumentado a 68,80; esto nos colocaba, salvo en el supuesto de Ceuta y Melilla, a la cabeza de todo el territorio nacional. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en Barcelona, en el año 1998, era un 54,63, en Canarias, como ya he dicho, el 63,71; en el año 1999, el 52,79, y en Canarias subió al 68 por ciento; en Madrid, en el año 1998, el 71,20, y en el año 1999, el 66,35. Estas cifras por sí solas provocan una cierta extrañeza porque nadie se lo podía imaginar o por lo menos en Canarias no tenemos la sensación de ese elevado número de delitos y faltas. La prensa se hizo eco de este informe, hasta el punto de señalar -y tengo los recortes- que Canarias ocupa los primeros puestos en delitos por cada mil habitantes y la tasa de criminalidad es una de las más altas del país, sólo superada por Ceuta y Melilla.
Esto se vio acompañado por declaraciones de distintas autoridades de la comunidad autónoma señalando una cierta alarma, declaraciones que eran de inmediato contestadas por el delegado del Gobierno quitando virulencia a los fríos datos. Decía que el plan de seguridad integral para Canarias ha logrado reducir más de un 8 por ciento el número de delitos en los últimos cuatro años y ha incrementado en un 41 por ciento la eficacia policial. Estos datos, como digo, contrastan con otras manifestaciones de consejeros del Gobierno de Canarias que cifraban en 1.300 millones de pesetas el déficit inversor -decía- del Ministerio del Interior en Canarias. Todo esto trataba -al menos los medios de comunicación así lo han puesto de manifiesto- de justificar, aparentemente, un anteproyecto de ley de seguridad pública, que entre otros puntos establece la creación de la policía autónoma. El propio consejero aludía en términos tremendistas a una sensación de inseguridad de los ciudadanos, diciendo que con el debate sobre el anteproyecto, que pretende potenciar el desarrollo del plan canario de seguridad, se conseguirá también que el Ministerio del Interior procure una mayor atención a sus acciones en el Archipiélago. Las cifras de delincuencia canaria, seguía diciendo este consejero, expuestas durante el Consejo de Gobierno son muy preocupantes y achacó el aumento de la delincuencia en las islas a la falta de medios humanos y materiales y de una política propia en materia de seguridad. El propio presidente del Gobierno de Canarias acusaba incluso a los responsables del Ministerio del Interior diciendo: Se equivocan lamentablemente en la lectura que se hace de los datos de seguridad ciudadana. Y el delegado del Gobierno ponía de manifiesto permanentemente que se está desacreditando intencionadamente el trabajo y la labor de los cuerpos de seguridad estatales para demandar una policía autonómica, algo que tachó de injusto e injustificable.
En definitiva, para no alargar mi intervención, diré que durante los últimos meses ha habido una sensación de tremendismo por parte de determinadas autoridades de la comunidad autónoma poniendo de manifiesto una inseguridad ciudadana que al menos aparentemente los ciudadanos no vemos por ninguna parte. Hago exclusión de la zona de la playa de las Américas, que es una zona muy turística, donde quizá las cosas sean más graves, pero en el resto de la isla no apreciamos esa sensación de inseguridad. Contesta el delegado del Gobierno, poniendo de manifiesto -creo que colocando las cosas en su sitio- los éxitos de la policía, cómo, lejos de aumentar los delitos, éstos van disminuyendo y cómo la eficacia de la policía está encontrando eco en sus actuaciones.
Mi pregunta se reduce a que el secretario de Estado nos diga cuál es el balance del plan de seguridad integral de Canarias, pretendiendo, en definitiva, tranquilizar a la opinión pública, en el sentido de que las cosas no son tan graves como algunos están queriendo hacer ver, tal vez intencionadamente, para justificar la creación de una policía autonómica.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señoría, en la medición de los índices de delincuencia de Canarias que se señalan solamente se tiene en cuenta la población censada y no algunos aspectos de población que son importantes a la hora de compararlos con el resto de España. Al construir esos indicadores no se considera el número de personas no empadronadas en Canarias y muy fundamentalmente el turismo que señalaba S.S., que supone una parte importantísima de la población fija a lo largo del año en las islas.
Y su señoría señalaba el sur de Tenerife como una de las zonas en las que esta población flotante, pero ya no tan flotante porque podría tener la consideración de fija, tiene establecida su residencia.
Quiere decirse que, al medirse el índice de delitos por la población empadronada pero no sobre la población flotante fija, el índice crece en sí mismo y es más, como S.S. señala, la sensación subjetiva que establece los límites de la consideración de la delincuencia como una amenaza social que la propia frialdad de las cifras. Quiero apuntar que Canarias tiene una cifra en la parte elevada de las ratios nacionales en función de que, teniendo más población que la que tiene empadronada, produce más delincuencia, porque, a más población en
determinadas zonas, más delincuencia y sin embargo se divide por menos gente; por tanto el índice sube.
La Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado, han establecido en los presupuestos para el año 2001, considerando las prescripciones fijadas en el plan de inversión de seguridad de Canarias, unas cifras realmente elevadas. Es más, en el propio Senado, hemos introducido una enmienda en la que incrementamos en 500 millones de pesetas las dotaciones que van a ir al plan de seguridad de Canarias. Creemos que hay que hacer un esfuerzo, fundamentalmente en determinadas zonas -una de ellas la señalaba S.S.-, y en ese sentido no vamos a regatear ningún tipo de esfuerzo económico. El plan de seguridad de Canarias se inició en el año 1997, con un ciclo temporal de cuatro años que finalizaba este año 2000. En lo que se refiere a la Guardia Civil el propósito del plan era completar la dotación de efectivos en Canarias, la infraestructura, los medios materiales en armamento, telecomunicaciones, informática, mobiliario, automoción y equipos, las operaciones especiales, como la protección del Seprona y del servicio marítimo, y una mayor colaboración con el Gobierno de Canarias en materia de seguridad.
En cuanto a los recursos humanos incluía la cobertura de 274 plazas y la creación de 300 vacantes de catálogo. El catálogo en el año 1997 era de 2.277 guardias civiles en Canarias; actualmente son 2.622, es decir, 345 efectivos más. Asimismo, los efectivos reales han pasado de 2.123 a 2.443, por lo que se puede considerar cumplida esta primera parte del plan de seguridad de Canarias. En infraestructura estaba prevista una inversión en nuevos acuartelamientos de 800 millones de pesetas, además de 266 millones, que incluían las reparaciones de otros ya existentes. Este punto no ha sido cumplido en su totalidad por diversos problemas ajenos al Ministerio del Interior y que explicaré, entre los que figuran, por ejemplo, los habidos con algunas entidades locales a la hora de obtener terrenos para construir los correspondientes cuarteles. Hasta la fecha se han invertido en obra nueva 107 millones de pesetas y se han efectuado reparaciones por un importe de 189,8 millones. En el proyecto de inversiones, no obstante, para el año 2001 figura una cuantía de 260 millones de pesetas. La cifra de gastos corrientes para reparaciones en el 2001 se determinará una vez que conozcamos cuáles son los cuarteles que, dentro del plan de infraestructura del Ministerio del Interior para la Guardia Civil, entren a formar parte del primer objetivo. Respecto a la inversión en materiales, la cifra prevista era de 694 millones y se han invertido 774 millones, 80 millones de pesetas más, por lo que también se considera cumplida la obligación adquirida en este punto.
Como operaciones especiales a invertir en Canarias, además del proyecto de servicio de vigilancia SIVE, que es el proyecto que ha puesto en marcha el Ministerio del Interior para atender a las necesidades de la inmigración, la vigilancia de las costas y también del tráfico de drogas, se han implantado equipos contra la delincuencia organizada y se ha incrementado el servicio de Policía judicial de Tenerife y de Las Palmas con 23 efectivos más y, con carácter experimental, una unidad especializada en inmigración ilegal. Se ha creado el servicio marítimo provincial de Fuerteventura, con una plantilla de 56 hombres y tres embarcaciones, y se ha potenciado con 21 hombres el Seprona.
A lo mencionado deben añadirse proyectos que, gracias a la enmienda transaccional, que comentaba, aprobada en el Senado, podemos ahora acometer. Por ejemplo, 54 millones destinados al cuartel del Arucas o los 140 destinados a la comisaria de Arrecife de Lanzarote y, por supuesto, inversiones suplementarias en automoción, equipos de visión, telecomunicaciones, mobiliario, etcétera, hasta completar la cantidad. El Gobierno de Canarias, al que desde aquí vuelvo a agradecer su contribución, ha financiado algunos medios materiales, en especial medios de transporte en acuerdos con nosotros.
En relación con las inversiones del Cuerpo Nacional de Policía, lo primero que hay que destacar es el incremento global de efectivos, que ha aumentado de 2.499 personas en el año 1997 a 2.685 en el 2000, lo que supone un aumento de 186 funcionarios. Como SS.S.S. conocen, este esfuerzo se ha hecho en un momento en el que tanto la Guardia Civil como el Cuerpo Nacional de Policía sufren un descenso en sus cifras globales por amortización de puestos debidos a la edad media de sus efectivos. En este año 2000 estamos corrigiendo esta caída, como señalé en mi contestación a la pregunta del anterior interviniente. Se ha corregido esta tendencia con un incremento de la oferta pública de empleo, que también afecta no solamente a la Policía sino a la Guardia Civil, y que ha sumado más de 2.000 efectivos en ambos cuerpos.
En cuanto a medios técnicos y materiales en la Policía, el plan contemplaba una inversión en el período 1997-2000 de 764 millones y se han realizado inversiones por 722, sin tener en cuenta el incremento de los medios de reparación y los plazos ordinarios que tenemos de reposición de los bienes en los que hemos invertido. A todo esto debe añadirse la incorporación de un helicóptero, sumado al que estaba en servicio en las islas en el año 1997. La gestión de los anteriores suministros se ha realizado de una manera centralizada por su propia naturaleza y conjuntamente con la contratación de suministros a nivel global y, por eso, aplicándose a Canarias, no se computa como inversión en Canarias porque debemos hacer, como acabo de decir, las compras unificadas para obtener las elementales economías de escala que un Ministerio como el de Interior tiene que efectuar y puede, sobre todo, efectuar.
Se preveía un plan de inversión -esto sí lo quierodecir- de 701 millones de pesetas y las obras realizadas
han ascendido, aproximadamente, a 400 millones. ¿Por qué? Porque la comisaría de Telde y Santa Catalina de Las Palmas, que no han podido realizarse por algunos problemas que hemos tenido en la contratación, se harán el año que viene, por un importe aproximado de 300 millones de pesetas y se entregará la de Telde el año que viene.
Otras actuaciones a destacar son la implantación de la Policía de proximidad, del Programa de Policía 2000, el servicio de denuncias por teléfono y algunas actividades policiales más que hacen que alberguemos una esperanza bien fundada de que los niveles de criminalidad en Canarias puedan reducirse dentro del año 2001.
El señor PRESIDENTE: Para formular la siguiente pregunta, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Si le parece, volvemos al turno normal, el que debiera haber sido desde el comienzo, las comparecencias.
- LA INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA EN UNA CLÍNICA DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000086.)
El señor PRESIDENTE: Estamos de acuerdo. La comparecencia número 1 se refiere a la del ministro de Interior que, en este caso, por acuerdo de la Mesa y portavoces, hará el señor secretario de Estado, para informar sobre la intervención de la policía en una clínica de interrupción voluntaria del embarazo, a petición del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SECRETARIO DE ESTADO (Morenés Eulate): Indefectiblemente me tengo que referir a la comparecencia que el 14 de junio de 2000 hizo el señor ministro de Interior en el Pleno del Senado sobre este asunto. Allí se explicó claramente que las actuaciones llevadas a cabo para comprobar la identidad de una persona denunciada por un hecho supuestamente delictivo se produjo cumpliendo estrictamente las normas que tiene establecidas la policía de atender a los ciudadanos cuando estos presentan una determinada denuncia. En ningún momento, y allí entiendo que quedó probado suficientemente, la policía se extralimitó en sus funciones, en ningún momento se produjo ni coacción ni nada semejante con los miembros de la clínica Dator, que era la clínica que presentó en ese momento una denuncia, en ningún momento se produjeron llamadas de teléfono a esta clínica. Fue, reitero, una actuación policial motivada, como así expresó el ministro, por una denuncia previa y entendemos que nos limitamos entonces a cumplir con nuestro deber, como así consta en todas las informaciones y todas las investigaciones internas que hemos desarrollado y de las que ya hemos dado cuenta en su momento.
Así que, señoría, señor presidente, tengo que ratificarme en la declaración que el ministro de Interior, como no podía ser de otra forma, hizo el 14 de junio del año 2000 en cuanto a la actuación allí de la policía y simplemente quiero añadir que nada más se ha aportado desde entonces a la investigación que permita de alguna manera adjetivar aquella intervención del señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Alberdi tiene la palabra.
La señora ALBERDI ALONSO: En primer lugar, antes de intervenir, quiero pedir excusas por el retraso en comparecer adecuadamente en el momento inicial de la constitución de la Comisión.
No podemos compartir la posición del señor secretario de Estado, que reitera la del ministro de Interior el 14 de junio del año 2000 en el Pleno del Senado, puesto que nuestros datos, contrastados con las interesadas y las mujeres que padecieron la situación tan difícil que se produjo, no coinciden en absoluto con esa versión. Nuestro grupo ha pedido la comparecencia, en este caso del alto cargo del ministerio de Interior, para que se explique esa intervención de las fuerzas de seguridad el pasado 1 de junio de 2000 en la clínica Dator, pero no podemos dar por buena la versión del ministro el 14 de junio.
La situación creada en la clínica fue tan grave que se formuló una denuncia ante la comisaría de Tetuán por parte de la responsable de la clínica en ese momento. La clínica Dator inició sus actividades en el año 1986, recién legalizada la despenalización del aborto en algunos supuestos, y desde entonces viene soportando un hostigamiento permanente por parte de un grupo autodenominado grupo Pro Vida, muy conocido y muy activo, y este hostigamiento lo padecen tanto las personas que acuden a la clínica a ejercer legítimamente sus derechos como las trabajadoras que allí desempeñan sus funciones.
El día de autos, 1 de junio, el día que ocurrieron los hechos, se presentaron en la clínica -que además era una clínica autorizada desde el primer momento para la práctica de los abortos- unos policías nacionales de la comisaría de Tetuán, diciendo que existía una denuncia contra la clínica por sospechas de que se iba a realizar un aborto ilegal, sospechas de que se iba a realizar un aborto ilegal. Sin dato alguno más -ya es asombroso que la policía se desplace ante una de denuncia de este tipo- interviene la policía.
Además, al poco tiempo,
se presenta un grupo de personas jóvenes acompañadas por el señor Poveda, muy conocido miembro de la Asociación Pro Vida, pretendiendo que se paralizara la supuesta interrupción del embarazo ilegal, sin aportar nombre o dato alguno sobre la supuesta protagonista del aborto ilegal (además tratándose, como digo, de una clínica donde se realizan abortos legales), sin indicar quién iba a realizarlo, ni cómo, ni de qué manera.
La directora, Luisa Torres, que fue la que atendió a los policías, alegó que no existía ninguna razón para paralizar el ejercicio de un derecho que ejercían ciudadanas libres en un país democrático. La policía, ante estos argumentos de la directora del centro, se retiró, pero más tarde los mismos miembros de la policía y otros que quedaron del grupo Pro Vida se plantaron en la puerta de la clínica y unos y otros se permitieron intimidar y coaccionar a las mujeres que pretendían entrar en la clínica, algunas igual para una revisión periódica o para otro tipo de cosas que se hacen en la clínica Dator, ya que no sólo hace abortos legales, y además de apostarse en la puerta les exigían que se identificaran. La mayoría se negaron a ello, sin embargo, una de ellas se identificó, y al poco tiempo, una vez que tuvieron el nombre de esta mujer que se identificó, llamaron de la comisaría -o dijeron que llamaban en nombre de la comisaría, porque pudo no llamar la comisaría, sino una persona del grupo Pro Vida que alegaba ser de la comisaría- y dijeron que se paralizara la posible intervención de esa mujer, cuyo nombre -ahora sí habían obtenido un nombre- ahora daban, aunque igual no era el de una mujer que iba a realizar un aborto legal, sino otro tipo de servicios que da también esa clínica. Como vemos fue una actuación torticera. Y, naturalmente, seguimos sin que hubiera ninguna denuncia contra esta mujer.
Si la persona que llamó era el comisario o era otra persona que se hacía pasar por comisario, también estaríamos ante un caso gravísimo de suplantación de personalidad. Desde la clínica se le contestó que solo paralizarían las intervenciones programadas con una orden judicial, pues, en otro caso, al tratarse de una clínica legalmente habilitada para supuestos de abortos legales y para otro tipo de intervenciones, se actuaba en consecuencia. A pesar de esta manifestación tan rotunda y tan clara, continuaron intimidando a la puerta de la clínica, diciendo que había una redada policial. A las mujeres que intentaban entrar les decían que había una redada policial y era falso, porque no había tal redada, y sólo pretendían con esto intimidar a las mujeres. Desde luego eran grupos Pro Vida los más activos.
Precisamente -y esto es lo que queremos poner de relieve en esta comparecencia- los encargados de garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos, en este caso de ciudadanas, en el ejercicio de sus derechos legítimos, es decir, la policía que tiene que proteger esos derechos de la ciudadanía, actuaron sobrepasándose en sus funciones y tratando de impedir precisamente el ejercicio de esos derechos.
También con posterioridad se recibió otra llamada en la clínica de otra persona, que dijo ser el comisario, diciendo que, puesto que querían una orden judicial, la enviarían, sin alegar tampoco causa alguna y sin que se recibiera del orden judicial. Es decir, era un camino de amedrentamiento de una actuación de presión detrás de otra.
Todo parece que obedecía a ese deseo de intimidación hacia las mujeres que acudían a la clínica, pues ni llegó la orden judicial ni se sabía si los policías actuaban por su cuenta o por orden superior.
No existía ni existió en ningún momento justificación alguna para tan anómalo e inadecuado proceder por parte de la policía y, por supuesto, de los grupos Pro Vida. La directora, Luisa Torres, formuló una denuncia ante la comisaría de Tetuán, como he dicho anteriormente, porque estimó que no existía ninguna justificación, denuncia, orden administrativa o disposición que avalara la actuación de la policía, entendiendo que se trataba -según ella formuló en el contenido de su denuncia- de una actuación delictiva y coactiva.
Tenemos que decir, además, que esta no es la primera vez que ocurren hechos similares. La clínica Dato es ya una vieja conocida de este tipo de grupos violentos e intimidantes. El 23 de mayo pasado también jóvenes Pro Vida, acompañados de la policía, intentaron paralizar las actuaciones de la clínica, sin orden ni autorización alguna, en un claro intento de amedrentar y totalmente fuera de las funciones que les tiene encomendadas la Constitución y las leyes.
Se desconoce qué instrucciones hayan podido recibir los policías para actuar de esta forma, o bien si actuaban a través de denuncias anónimas con el apoyo de grupos violentos e intolerantes que, bajo la máscara de defender la vida, atacan y persiguen a las mujeres que ejercían derechos legítimos. Deberá, pues, ser la propia policía la que identifique a las personas de Pro Vida que les acompañaban y, en su caso, actuar contra las conductas que impidieron el ejercicio del derecho reconocido legalmente.
Por otro lado, los miembros de Pro Vida -y esto también quiero que lo sepa, señor secretario de Estado- acuden de forma regular a la clínica Dato desde 1988. Es inadmisible que quince años después de legalizarse el aborto en España en determinados supuestos, se permita que grupos Pro Vida se manifiesten reiteradamente a las puertas de algunas de las clínicas autorizadas para la práctica de abortos legales. Prejuicios, una vez más, retrocesos sobre los avances conseguidos y desde luego integrismo y falta de respeto y aceptación a las reglas del juego y a las normas jurídicas de nuestro ordenamiento jurídico y a las más elementales normas de convivencia.
Tan llamativo fue el asunto, señor secretario de Estado, que incluso magistrados y expertos jurídicos consultadoscalificaron los hechos de posible delito de
coacciones por parte de las fuerzas de seguridad que actuaron. Dado que la ley reconoce la legalidad del aborto en tres supuestos, solo el juez puede limitar o suspender la intervención. La policía no es competente para determinar si concurre alguno de los supuestos previstos en la ley. Si se confirmara que la policía actuó con la finalidad de impedir un aborto, sin la existencia de una resolución judicial en la que se acordase la suspensión de la operación, nos encontraríamos ante un caso claro de coacciones, delito previsto y penado en el Código Penal.
Por tanto, señor secretario de Estado, le pedimos que nos aclare la actuación policial y, en su caso, si se han tomado medidas o se tomarán contra aquellos funcionarios policiales que hayan podido extralimitarse en sus funciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor secretario de Estado, por las explicaciones dadas en torno a este suceso respecto al que quisiera intervenir brevemente, porque en lo que conocía, por los datos que aparecieron en los medios de comunicación, me suscitó tremendas dudas en cuanto a su adecuación a derecho, que es el parámetro desde el cual mi grupo lo observa.
En ningún momento se decía en las informaciones -y la diputada socialista que había formulado la petición de comparecencia insiste- que nunca había existido orden de entrada y registro y la orden de entrada y registro, como muy bien sabe el señor secretario de Estado y todos los participantes en la Comisión, es la garantía máxima, puesto que en ella debe fijarse no solamente la autorización para entrar, sino también el alcance en relación con lo que está concedida, es decir, exactamente la orden de registro autoriza aquello que que se puede hacer en relación con ella, no cabe entrar en la clínica y mirar todos los historiales médicos, sino que una orden válidamente dada debe acotar cuál es el campo de la actuación permitida a la policía en relación con esa cuestión. Sólo en caso de delito flagrante hubiese estado justificada la entrada sin mandamiento judicial, pero el delito flagrante, como también ustedes muy bien saben, se interpreta con un concepto absolutamente restrictivo y debe suponer que, en el momento concreto, se están produciendo actuaciones concretas. Si lo que realmente al final se lleva la policía son fichas habituales de la clínica, no existe flagrancia, porque eso existe con carácter permanente en la clínica y la permanencia de estos datos, repito, por más que hubieran tenido contenido delictivo, facilitaba el que perfectamente hubiera sido posible obtener el mandamiento judicial.
Parece que hay una violación importante del derecho a la intimidad que asiste a todas las fichas relacionadas con la salud de las personas, que están incluso protegidas por la Ley de protección de datos. Existe incluso la posibilidad de que el contenido de la actuación pudiera tener hasta carácter delictivo, pero sobre todo estamos hablando de una cuestión que, cualquiera que sea el criterio moral o ético que se sostenga respecto de la misma, en nuestro ordenamiento jurídico la práctica de abortos en los supuestos legalmente despenalizados no tiene el contenido delictivo y lo que sí tiene es un contenido que afecta extraordinariamente al área de la intimidad de las mujeres que se someten a tal práctica, más si cabe que otro tipo de dolencias o enfermedades, puesto que normalmente todos conocemos que solo en casos de extrema gravedad, bien sea física, psíquica o social, cabe pensar que las personas se someten a semejante tratamiento, puesto que no es una práctica respecto de la cual a casi nadie le guste anunciar que se ha sometido a ella.
Nos pareció, repito y no hemos tenido noticia posterior, que había habido exceso en la actuación de la policía y nos gustaría saber por qué no existió la orden de entrada y registro y, si se dio, querríamos saber qué era lo que se buscaba en el momento concreto y si estamos hablando de flagrancia, que nos digan de qué se trata, porque lo único que se trasladó a los medios de comunicación fue que se llevaban un material que permanentemente estaba en la clínica y respecto del cual era perfectamente posible la obtención del mandamiento a posteriori, no nada que estuviese ocurriendo en el momento concreto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: El Grupo Parlamentario Popular comparte, como no podía ser de otra manera, la explicación oficial dada ya en su momento por el ministro en la fecha a que ha hecho referencia el señor secretario de Estado, el 14 de junio de 2000. Hoy esa explicación ha sido reiterada en los mismos términos, puesto que no ha habido ningún elemento nuevo que pueda introducir alguna modificación.
Ya en su momento el señor ministro señaló que se produce una actuación policial como consecuencia de una denuncia de un hecho supuestamente delictivo. Lo que se hace en ese momento es comunicar inmediata y urgentemente la denuncia al juez, se remiten las diligencias al juzgado de guardia, se trata de una actuación policial motivada, por tanto, por una denuncia previa y no se produce ningún tipo de registro en la clínica durante esa actuación policial, como ya señaló en su día el ministro del Interior.
Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que la actuación policial fue correcta, sin que en ningún
momento se produjera extralimitación alguna en las funciones durante el curso de la misma.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Sin perjuicio de la ratificación, una a una, de las palabras del ministro de Interior en el Senado en la fecha que he señalado anteriormente, voy a hacer un repaso de las actuaciones que se llevaron a cabo aquel día para tratar de fijar, desde el punto de vista del Gobierno, aquellos hechos que ya en su día el ministro estableció, sin que ello prejuzgue que la conclusión es la que haré y que es exactamente la que el ministro estableció entonces. (El señor vicepresidente, Seco Gordillo, ocupa la Presidencia.) El 23 de mayo del año 2000, doña María Isabel Álvarez Álvarez, amiga personal de la persona que fue denunciada por quien luego diré, presentó una denuncia en la comisaría de Policía del distrito de Chamberí, poniendo de manifiesto la posible práctica de un aborto ilegal de una joven en la clínica Dator, así como posibles coacciones hacia dicha joven por parte de su compañero para la realización de dicho aborto.
Lo primero que le diría, señoría, es que la policía, en un elevado número de casos, actúa o debe actuar ante la inseguridad ciudadana que provocan determinadas sensibilidades subjetivas, que de vez en cuando se llaman sospechas. En este caso no fue así, en este caso hubo una denuncia, pero, generalmente, cuando uno en su casa tiene miedo, porque cree que ha visto algo, o sospecha algo, llama a la policía, y la policía, afortunadamente, acude. En muchas ocasiones hay materia en la cual debe actuar y en otras ocasiones simplemente acude para intentar calmar de alguna manera las inquietudes, que siempre son subjetivas, de las personas que en ese momento sufren cualquier tipo de amenaza irreal.
De la mencionada denuncia se instruyó atestado número 6.991, remitido al Juzgado de Instrucción de guardia. El atestado dio lugar a que la comisaría del distrito de Tetuán, a la que corresponde la clínica Dator, llevara a cabo diversas gestiones para el esclarecimiento de los hechos, las cuales dieron lugar a la instrucción del atestado número 28.015, de la misma fecha, que, como ampliación del instruido en la comisaría de Chamberí, fue remitido al Juzgado de Instrucción de guardia. Tras recibirse la denuncia, dos funcionarios de la comisaría se personaron en la clínica Dator, donde fueron recibidos por la relaciones externas de dicha dependencia, doña Luisa Torres, quien manifestó que, debido al secreto profesional que ampara toda relación entre médico y paciente, no facilitaría información alguna al respecto y que solo lo haría si existiera orden judicial.
En el exterior de la clínica, los actuantes observaron a un hombre y a una mujer que se dirigían a la misma, a la vez que otra pareja que les acompañaba les decía cosas como: no abortes, no le hagas caso a tu novio, vas a cometer un error..., entablándose una discusión entre ellos. Ello consta en los informes internos policiales que se han hecho al respecto. Esto obligó a que los funcionarios intervinieran identificando a ambas partes, lo que permitió comprobar, porque digamos que había una cierta agresividad entre las dos parejas, que una de las personas era la que había sido denunciada en la comisaría de Chamberí. Los funcionarios le informaron de este extremo y le preguntaron si deseaba comparecer voluntariamente en comisaría, a lo que accedieron tanto ella como su novio, prestando la oportuna declaración. En la declaración, la muchacha confirmó su deseo de abortar por propia voluntad, sin coacción, con la correspondiente documentación médica por correr riesgo de malformaciones el feto.
Con independencia de estos hechos, el pasado día 1 de junio, sobre las 10 horas, fueron requeridos efectivos policiales que prestaban servicio rutinario de patrulla en la zona de la calle Hermanos Gárate por dos personas que se identificaron como don Manuel Cruz Moreno y don José María Poveda Agustín, de la Asociación Pro Vida. Ambos manifestaron allí mismo que tenían la sospecha de que en la clínica Dator, cercana a ese lugar, iba a practicarse un aborto ilegal a una joven y que querían formular denuncia por tal hecho, que entendían era delictivo. El señor Poveda, médico de profesión y profesor de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, manifestó que había estado hablando momentos antes con la muchacha a la que se le iba a practicar el aborto, entendiendo que éste no estaba contemplado entre los requisitos legales establecidos en la ley. El funcionario actuante les comunicó que si deseaban formular la denuncia debían comparecer en la comisaría de Policía, a lo que las personas citadas manifestaron que ésa era su intención pero que solamente conocían el nombre de la mujer y no sus apellidos. En consecuencia, el subinspector de Policía interviniente realizó determinadas gestiones, interesándose en la recepción de la clínica acerca de posibles datos relacionados con el hecho denunciado y sobre la identidad de la joven a la que supuestamente podría practicarse un aborto ilegal. En la recepción, la relaciones externas de la clínica, doña Luisa Torres, confirmó que, efectivamente, la joven estaba citada para consulta médica, pero que no aportaría datos de identificación. De nuevo en la calle, uno de los miembros de una asociación llamada Pro Vida, que usted mencionaba, Manuel Cruz, identificó a la muchacha que se dirigía en ese momento hacia la clínica. El funcionario de Policía le solicitó su documentación y le hizo saber que los dos miembros de la Asociación Pro Vida formulaban denuncia contra ella por un supuesto delito de aborto. La joven afirmó que no iba a someterse a ninguna
intervención quirúrgica y que solamente se dirigía a la clínica porque había sido citada por uno de los médicos. En la comisaría del distrito de Tetuán, los dos miembros de la Asociación Provida que he citado antes formularon su denuncia a las 11 de la mañana del mismo día, en atestado 6.338. Posteriormente, el instructor de las diligencias comunicó al Juzgado de guardia su contenido, remitiendo el escrito a las 13 horas.
Entretanto, doña Luisa Torres, relaciones externas de la clínica Dator, se puso en contacto telefónico con el instructor de las diligencias, quien le informó que había sido presentada la denuncia y que se había dado cuenta de la misma al Juzgado de guardia. Doña Luisa Torres volvió a realizar varias llamadas a la comisaría, todas ellas identificadas en el listado de llamadas, solicitando la identidad del policía actuante, a lo que se le respondió que esos datos no se le podían facilitar por teléfono y que, en todo caso, su identificación constaba en las mencionadas diligencias que estaban presentadas ya en el Juzgado de guardia. La señora Torres preguntó lo que debía hacer ante esa denuncia, contestándole el instructor que la clínica Dator debía abstenerse, en el caso de que fuese la denuncia cierta, de realizar la intervención quirúrgica, siempre y cuando no estuviese dentro de los supuestos legales contemplados en la ley, y que sería el magistrado juez de guardia que entendía del asunto quien pudiera tomar, en su caso, alguna medida al respecto.
A las 13,10 horas del mismo día se personó en la comisaría doña Luisa Torres, haciendo entrega de una denuncia mecanografiada, que fue remitida al Juzgado de guardia como ampliación de las diligencias citadas. En dicha denuncia se recoge una versión distinta a la de los policías actuantes. Según la denunciante, la policía se extralimitó en sus funciones, solicitando que se detuviera la intervención de la joven y haciendo creer a las mujeres que acudían a la clínica que estaba en marcha una redada policial con objeto de asustarlas. La señora Luisa Torres denunció que el comportamiento de los policías tenía por objeto coaccionar a las mujeres e impedir el ejercicio de un derecho que les reconoce la ley sin ningún tipo de orden ni de disposición judicial o administrativa que justificara dicho actuar, lo que entendía que no solamente era irregular sino que podía ser delictivo y coactivo.
Efectivamente, hubiera sido una actuación irregular en el supuesto de que la policía, por su cuenta y riesgo, hubiera actuado de acuerdo con el contenido de esa denuncia, pero no fue así el caso. Muy al contrario, a la vista de las actuaciones descritas, cabe formular como conclusión que la intervención policial en los hechos estuvo precedida en todo momento de denuncias expresamente formuladas por ciudadanos y que se realizaron exclusivamente con el propósito de esclarecer los hechos denunciados. Hay que excluir, en consecuencia, cualquier referencia a que la clínica Datos haya sido vigilada por la policía, que la policía haya acompañado a grupos que se denominan Pro Vida a realizar tal vigilancia, o que la policía haya tenido un especial interés en cuestionar los supuestos legales que amparan la despenalización del aborto. También hay que señalar que las actuaciones policiales descritas motivaron la instrucción de los correspondientes atestados, que están en poder de la autoridad judicial.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): ¿Quiere consumir un segundo turno la señora Alberdi? (Asentimiento.) Tiene la palabra por tres minutos.
La señora ALBERDI ALONSO: Lo que sí vemos a partir de la versión que nos da el señor secretario de Estado es que existen actuaciones que contrastadas por nuestra parte con las interesadas y, a su vez, por el señor secretario de Estado con los policías actuantes, son divergentes. Por parte de las mujeres que dirigen la clínica y las personas que acudieron a ella a utilizar sus servicios hay una versión que no coincide en absoluto con la que nos da el señor secretario de Estado. Lo que sí aparece, y así lo he dicho en mi primera intervención, es una actuación bastante intensa a lo largo de los años por parte de los grupos Pro Vida en esta clínica. Lo asombroso resulta que esa actuación de la policía, que el señor secretario de Estado expone como cumplimiento de sus deberes ante una denuncia, no se ponga en correlación con una actuación permanente de esos grupos pro vida, hostigando a las mujeres de la clínica Dator.
No es un supuesto de una situación de peligro o específica en la que tenga que intervenir la policía. Me parece que la policía -si bien con la excusa de buscar esos datos, tras una denuncia que parece que fue verbal, porque fueron luego a la comisaria, de estos dos señores de Pro Vida- actúa, a nuestro juicio, excediéndose en sus funciones.
Bien es cierto que la relaciones públicas y directora del centro, doña Luisa Torres, con buen criterio, se niega a dar ningún tipo de documentación, preservando el derecho a la intimidad de las mujeres que allí acudían. Se niega a dar dato alguno por entender que no hay una orden judicial y que, por por tanto, no tiene por qué facilitar esos datos a la policía.
No me negará, señor secretario de Estado, que toda esa situación, dadas las circunstancias especiales que concurren cuando las mujeres acuden a ese tipo de clínicas, es una situación de amedrentamiento, de intimidación. Estos grupos Pro Vida no son desconocidos para la policía, son viejos conocidos suyos, como he dicho, desde el año 1988. La policía puede y debe cumplir sus funciones y aquí nadie pone en cuestión la labor policial, por supuesto, que es muy necesaria, incluso a veces, como ha dicho el señor secretario de Estado, por sospechas, pero ciertamente en este caso entendemos que ha habido una cooperación excesiva y que, además, no es nueva, es decir, coincide ante situaciones de este tipo y en esta clínica Dator.
Usted mismo ha reconocido que si la actuación de la policía hubiera sido actuar sin más, sin una orden, sin una denuncia, hubiera sido irregular, pero es que en este caso parece que aquellas personas acudían por la calle manifestando su intención de formular esa denuncia que, al parecer, formularon a las 11 de la mañana, cuando muchas de las actuaciones ya habían ocurrido.
Creo que hay una diferencia entre las versiones del señor secretario de Estado y las que yo tengo contrastadas con las personas interesadas, y, en cualquier caso, creo que hay que ser muy cuidadosos, ahora y en el futuro, con todo este tipo de temas, en los que las mujeres tenemos una especial sensibilidad, porque no en vano ha habido muchos años de persecución y todavía, desgraciadamente, hay muchos prejuicios y mucha intolerancia en este tema.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): De su última intervención, señoría, efectivamente deduzco que hay dos versiones diferentes, una basada en unos testimonios y otra en otros.
En cualquier caso, los testimonios en los que yo me baso están en manos de la autoridad judicial, esa es la diferencia.
También es verdad que hay una denuncia de doña Luisa Torres que, además, está unida a la primera denuncia presentada y puesta en manos de la autoridad judicial, y creo que ahí es donde podemos esperar que, en su caso, se dilucide este asunto. De lo que le doy absoluta fe es de los hechos que pasan en la policía, porque hay un expediente hecho. Un expediente en el que se ha tomado declaración a los propios intervinientes, en el proceso interno de la propia policía que, como usted bien dice, sólo está interesada en que se cumpla la ley y nada más, y creo que es bueno no mezclar la actuación policial con la actuación de determinados grupos. Es cierto, y S.S. lo denuncia, que esos determinados grupos a veces pueden cometer acciones que podrían rayar con el Código Penal, pero en ese caso, señoría, creo que lo que hay que hacer es lo que hizo doña Luisa Torres, que es denunciarlos ante la correspondiente autoridad judicial.
Desde el punto de vista de lo que es la actuación política o el apoyo político a una determinada actividad, es evidente que el Gobierno cumple y hace cumplir la ley a los funcionarios que trabajan para él.
Por tanto, creo que es evidente que no se realizó registro alguno en la clínica. Se fue, se pregunto, y cuando se obtuvo la contestación se volvió, se inició todo un expediente, se exigió a los denunciantes que practicasen una denuncia (siempre verbal, señoría, como todas las denuncias) en comisaria y no se produjo actuación alguna que pueda interpretarse como incorrecta, salvo con una interpretación exagerada de una determinada presencia o la propia presencia policial. No podemos entender que la policía haya hecho en este caso ningún tipo de toma de posición respecto a cualquiera de las legalidades representadas por ambas partes, en el entendimiento de qué es la legalidad para cada una de las que usted ha mencionado.
Es evidente que no se llamó a la comisaria desde la clínica; hay un listado a disposición de S.S., y de la autoridad judicial, para el caso de que lo quiera ver, y no se identificó a ninguna otra persona que no fuese la vinculada directamente con una denuncia que unos ciudadanos, en el ejercicio de sus pretendidos derechos, creyeron que podían interponer. Simplemente se hizo eso. Por tanto, entendemos que la actuación policial estuvo en todo momento a la altura de las circunstancias y nunca apoyando a una de las partes en conflicto, que en este caso son quienes S.S. señalaba, la clínica Dator, en el ejercicio de sus derechos, y los ciudadanos en el ejercicio de los suyos, entendiendo que cuando se produce un delito no solamente es un derecho, señoría, sino una obligación el denunciarlo.
- LA ACTUACIÓN POLICIAL EN LA QUE RESULTÓ LESIONADO EL ALCALDE DE NOIA, DON RAFAEL GARCÍA GUERRERO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000169.)
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): El Grupo Parlamentario Socialista tiene solicitada, asimismo, la comparecencia del ministro de Interior para explicar la actuación policial en la que resultó lesionado el alcalde de Noia. Por acuerdo de la Mesa y portavoces, esta comparecencia se sustanciará también por el secretario de Estado de Seguridad, a quien doy la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Aquí estamos en la misma situación que en el caso anterior. El 4 de octubre del año 2000, fecha más cercana que la de la otra intervención, el señor ministro de Interior compareció ante esta Cámara para explicar cuál fue la situación de los hechos que se produjeron en Noia, en Galicia, en una manifestación que hubo allí, en la que resultó herido el alcalde de Noia.
Creo que, de nuevo, me debo atener a la declaración del señor ministro, que señaló que la Guardia Civil realizó numerosos intentos para evitar los incidentes que se produjeron, con propuestas de negociación que no obtuvieron la respuesta adecuada por parte de los concentrados, que los concentrados ejercitaron una fuerza excesiva y con grave riesgo de la seguridad de otros ciudadanos y, desde luego, creando inconvenientes importantes, que se advirtió en reiteradas ocasiones al alcalde de Noia para que, en su condición de alcalde,
difícilmente diferenciable en aquel caso de su condición de persona, ejerciera unos criterios moderadores ante una manifestación que no se prohibía sino que simplemente se intentaba canalizar, como es la obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que en el incidente final se produjeron unas lesiones al citado alcalde en una carga policial en la que, precisamente, con excesivo cuidado, debo decirlo, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se trataron de evitar, pero en el tumulto se dieron estas situaciones.
Creo que de la lectura y la explicación del señor ministro de esos hechos lo único que cabe deducir es que todo tiene su límite y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron con una especial consideración ante la situación del alcalde, al que requirieron en determinadas ocasiones para que considerara la oportunidad de racionalizar el proceso de protesta. Pero no fue así y, en un determinado momento, para la salvaguardia de intereses mayores, hubo que intervenir y, en esa intervención, muy lamentablemente, el señor alcalde de Noia sufrió algún percance.
Eso es todo, nada más. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): En nombre del grupo autor de la petición de comparecencia, tiene la palabra la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señor secretario de Estado, hace ya casi tres meses que ocurrieron los hechos por los que el Grupo Socialista ha pedido esta comparecencia y, desde luego, supera los tres meses la fecha a la que usted alude de la intervención del señor ministro de Interior ante una pregunta oral hecha en el Pleno del Congreso de los Diputados. Por tanto, haré una breve intervención por el tiempo que este trámite tiene. Ha transcurrido ya bastante tiempo, pero en aquel momento los medios de comunicación recogieron ampliamente los hechos con información escrita y gráfica bien elocuente, que me gustaría poder mostrar, ya que tengo aquí un amplio dossier de los medios de comunicación donde se vea las personas que intervenían y al alcalde lesionado. Me voy a ceñir a una breve exposición, si se me permite, de lo ocurrido el 23 de septiembre, en el cruce de Sampaio con la carretera comarcal 543, en las proximidades de la localidad de Noia.
Este lugar, un punto calificado como negro por la alta siniestralidad viaria, es la gran preocupación de los vecinos, con más de siete muertes desde 1996, muchos heridos y considerables daños casi semanalmente. Sin embargo, a pesar de haber pedido reiteradamente a la Xunta de Galicia, a quien corresponde la competencia de tal vía, la adopción de medidas urgentes para corregir esa situación, no tienen respuesta alguna.
El sábado 9 de septiembre se produce el detonante de estos hechos, puesto que hay una nueva muerte que crea gran tensión y alarma social entre los ciudadanos. El 16 de septiembre, el siguiente sábado, salen a la calle en una concentración reivindicativa en el lugar, tranquila y sin incidentes de ningún tipo. El sábado siguiente, el día 23, los vecinos ante la falta de respuesta se vuelven a concentrar en el mismo lugar para llamar nuevamente la atención sobre lo que es un grave problema de seguridad, que seguía sin respuesta alguna por parte de las autoridades de la Xunta de Galicia, que es a quien le compete corregirla. La concentración estaba formada por vecinos de la zona, entre setenta o cien personas, por ancianos, adultos, mujeres y niños que podían estar allí por la mañana, algunos de ellos familiares de los fallecidos sensibilizados por el riesgo que corrían a diario sus vidas en ese cruce, pero en absoluto era una concentración violenta ni iban armados con objeto de ningún tipo. Entre los vecinos estaba el alcalde de Noia Rafael García Guerrero, como ciudadano y además, usted lo ha reconocido, como primer ciudadano ya que es el alcalde de todos los vecinos y las dos cuestiones no se pueden disociar, siendo también el máximo exponente de la representación del pueblo, lo que tampoco se puede ignorar. Ese día, 16 ó 18 vehículos antidisturbios, al revés de lo que había ocurrido el sábado anterior, se concentran en las inmediaciones. Están presentes el capitán y el teniente de la Guardia Civil de Noia. En algún momento hablan con el alcalde, que incluso les acompaña a dialogar con alguno de los vecinos, lo cual fue recogido en los medios; por tanto, son conocedores de la presencia del alcalde. Todo el mundo era conocedor de la presencia del alcalde. Pasados unos minutos alguien da orden de cargar, también según todas las informaciones, y de los vehículos salen las fuerzas de seguridad, se oyen algunos disparos al aire y a continuación cargan violentamente contra los concentrados. La concentración se empieza a disolver, pero hay una segunda carga y es en esta segunda carga cuando hay varios lesionados, aunque no han necesitado asistencia médica, entre ellos el alcalde que había recibido un fuerte golpe en la cabeza, en la espalda, en la clavícula y que queda conmocionado y tirado en el suelo, teniendo que ser trasladado a un centro médico para recibir asistencia.
El alcalde estaba allí, a mi entender y al de muchos ciudadanos, cumpliendo con su deber. Primero, negoció con las autoridades para resolver el problema de sus vecinos; durante mucho tiempo ha negociado con las autoridades. Segundo, ese día acompañaba a sus convecinos en un momento en el que estaban desolados por las recientes muertes en accidente de tráfico, alguna tan reciente como la del día 9. Tercero, después de los hechos, el alcalde muy sensatamente pidió calma y serenidad a sus convecinos, lo que también quiero destacar.
Las cargas policiales de ese día fueron totalmente desproporcionadas, porque, señor secretario de Estado, viene siendo ya una constante la desproporción en algunos actos en Galicia, precisamente por los actos
reivindicativos que se celebran y por las personas que participan esas reivindicaciones. Sólo quiero referirme en esta Cámara a dos en las que también he intervenido, como fue la carga de las Fragas del Eume en Miño, donde labradores que pedían se les pagaran sus indemnizaciones porque habían sido expropiados o como fue la del Museo de Arte Contemporáneo en Santiago, en la que un grupo de intelectuales protestaba por el cese de un director. Y más recientemente estos pacíficos vecinos de Noia que lo único que querían era evitar más muertes en esa carretera y en ese cruce que les afecta.
Me pregunto, señor secretario de Estado, qué peligro, qué riesgo podía haber en esa concentración, cuando después de dejarles expresar públicamente su problema durante diez o quince minutos, se irían como habían hecho el sábado anterior, sin más problemas. Simplemente querían llamar la atención y que los medios de comunicación recogieran su protesta para que las autoridades gallegas fueran sensibles a algo que venían reclamando reiteradamente y para lo que no obtenían respuesta alguna.
Otra cosa que me gustaría conocer es quién dio la orden de cargar contra esos vecinos ¿La persona que dio esa orden era conocedora de la presencia del alcalde, de la actitud pacífica de los ciudadanos, que eran personas del lugar, mayores, niños, afectados por los accidentes de tráfico? ¿La persona que dio esa orden era conocedora de que este era el grupo que estaba concentrado allí? ¿Hubo acaso alguna actitud premeditada de cargar contra el alcalde socialista Rafael García Guerrero? Sería otra cuestión curiosa ¿Le parece normal que un alcalde acabe golpeado y rodando por el suelo en una pacífica concentración después de los hechos que acabo de relatar? ¿No sería más sencillo ante la preocupación vecinal, ofrecer diálogo y soluciones políticas y rápidas, en vez de recurrir a métodos tan expeditivos como antidemocráticos para disolver a menos de un centenar de personas? Las explicaciones posteriores fueron insatisfactorias ¿Cómo decir que no hubo carga? Eso es negar la evidencia gráfica que llenó esos días los medios de comunicación gallegos, y que se puede demostrar en las fotografías que tengo en un amplio dossier. Una vez más, los responsables políticos se escudan en las fuerzas de seguridad del Estado, a las que apoyo y todos debiéramos apoyar, pero ¿acaso actúan de tina manera autónoma? Estoy segura de que no. El delegado del Gobierno, el subdelegado, alguien dio la orden, pero el máximo responsable es el ministro del Interior y, por tanto, el máximo y el único responsable de su actuación.
Finalmente, ¿cómo creen que deben actuar los vecinos, los ciudadanos si ya han agotado los cauces de diálogo y de reclamaciones y no se solucionan sus problemas? ¿Van a esperar pasivamente a que un mes tras otro siga aumentando la dramática lista de fallecidos o lesionados en ese lugar? ¿Acaso supone algún riesgo grave la concentración de ese día? ¿Cómo se gradúa la intervención policial en los casos de violencia? Podríamos hablar de violencia, pero no es el momento y tampoco quiero hacerlo. Todos tenemos bien claro la diferencia entre hechos violentos o manifestaciones pacíficas de vecinos como éstas. El derecho de manifestación es uno de los derechos que mejor muestra en democracia el legítimo derecho de los ciudadanos a expresarse cuando por otras vías no encuentran solución a sus reivindicaciones. Ese es un derecho fundamental a proteger por el ministro en primera instancia y por el delegado del Gobierno, y su responsabilidad es discernir y valorar si con ello se quiebran otros derechos. En este caso comparando con otras actuaciones yo creo que los vecinos de Noia no merecían ni una leve reprimenda, si me lo permite, señor secretario de Estado. Cuando la desproporción es tan evidente se puede convertir en arbitrariedad o en abuso de autoridad.
Termino con unas palabras del alcalde Rafael García Guerrero, que a mí me parecieron muy elocuentes. Cuando en una entrevista le preguntaban cómo se encontraba dijo: los golpes duelen pero pasan, pero el problema sigue ahí. Esa es mi última pregunta.
Por cierto, señor secretario de Estado, ¿sabe si se ha solucionado el problema y si han sido corregidas las diferencias de ese lugar?.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Intervengo para suscribir absolutamente todas las palabras que acaba de pronunciar la diputada señora Marón, y para hacer referencia muy brevemente a algunos otros datos que contradicen, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego lo que acaba de expresar el compareciente.
Dice usted que la manifestación no estaba prohibida. El señor Fraga al día siguiente, en rueda de prensa, justificó esta intervención policial, luego hablaremos de ella, diciendo que la manifestación era manifiestamente inconstitucional y que la Guardia Civil había sido agredida con paraguas y otros objetos contundentes, todo en la línea del señor Fraga. Pero hay una contradicción evidente, si usted dice que la manifestación no estaba prohibida, ¿cómo algo que es manifiestamente inconstitucional, según el presidente de la Xunta de Galicia, no estaba prohibido? Todos esperábamos que con el cambio de titular en la delegación del Gobierno y con el pase del señor Diz Guedes a otras responsabilidades se solucionase el problema que durante cuatro años vinimos padeciendo en Galicia, que acaba de poner de manifiesto la diputada señora Marón, y que podemos calificar -y así lo hizo
la sociedad gallega en una manifestación en Santiago- de grave lesión a los derechos humanos y cívicos de los ciudadanos gallegos. Todos esperábamos que esta situación se corrigiese, pero parece ser que el nuevo titular de la Delegación del Gobierno sigue en la misma línea.
Dijo que tampoco hubo carga, debe ser que aprendió el famoso concepto de que una cosa es cargar y otra desplazar a la masa manifestante.
Así se expresaba el señor Diz Guedes cuando la masa manifestante era desplazada con porras y con intervenciones desproporcionadas por parte de las Fuerzas de Seguridad. También dijo que él no había ordenado esa intervención policial. ¿Quién la ordenó entonces, el ministro del Interior directamente? ¿Actuaron los agentes de la Guardia Civil autónomamente, a pesar de contar con una especie de carta blanca, como demostró después el ministro en su comparecencia del día 4 de octubre, es decir, actúen ustedes que nadie desde este Ministerio les va a pedir responsabilidades; actúen con dureza que nosotros siempre les vamos a amparar? Tal parece ser la política que sigue el Ministerio de Interior.
Por otra parte, el mensaje es contradictorio, porque también el delegado del Gobierno dijo que ese mismo día la Consellería de Política Territorial iba a presentar un plan para resolver los problemas de seguridad en la comarcal 543. No sé si el plan se presentó, lo que es cierto es que esos problemas de seguridad vial siguen sin solucionarse.
Esto pone de manifiesto la falta de diálogo y la falta de capacidad de disposición al diálogo por parte de la Administración gallega, la tradición autoritaria de la Delegación del Gobierno en Galicia. Por ello quiero hacerle, aparte de las que le ha hecho la señora Marón, una serie de preguntas: ¿Considera usted que esta actuación policial cumple con los principios de oportunidad y proporcionalidad a que se refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? ¿Existió una coordinación previa con la policía municipal de Noia, como también establece y dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Y si no le parece a usted curioso, ya que el alcalde desde luego no creo que fuese de los que agredía con paraguas y otros objetos contundentes, como decía Fraga, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que fuese precisamente el alcalde de Noia el único de los manifestantes que requirió posterior asistencia hospitalaria. Como mínimo parece una actuación desproporcionada, inoportuna y raramente selectiva por parte de los números de los agentes e la Guardia Civil que intervinieron en el acto. Como dijo usted, efectivamente todo tiene su límite, y yo creo que en Galicia y respecto de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desde el máximo respeto a los funcionarios que prestan servicio en estos cuerpos, hemos llegado a un límite.
Quizá sea el momento de rectificar. Se lo digo porque la contestación a la pregunta oral que la señora Marón dirigió al ministro de Interior el día 4 de octubre fue anterior a lo que parece ser la nueva doctrina que el señor Mayor Oreja sigue en relación con este tipo de preguntas e iniciativas en Pleno. Reconoció hace quince días la desproporción y la falta de oportunidad de ciertas actuaciones policiales, en concreto de la actuación policial con la que se disolvió una concentración pacífica en la escalinata de este propio palacio del Congreso de los Diputados. Por tanto, acogiéndose a esa nueva doctrina que parece abrirse paso, aunque bien que trabajosamente, en el seno del Ministerio del Interior, podría reconocer, y yo creo que sería un signo de honradez y tranquilizaría bastante a los gallegos, que efectivamente esta actuación policial pudo ser inoportuna, desproporcionada, y que pudo obedecer a una deficiente valoración o apreciación de las circunstancias que concurrían en el caso. Si eso fuese así, el Bloque Nacionalista Galego se daría por satisfecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, señor presidente, tan sólo para exponer tres ideas.
En primer lugar, que nosotros compartimos las explicaciones y las valoraciones hechas el 4 de octubre por el señor ministro del Interior ante el Pleno de la Cámara y ratificadas hoy en esta sesión por el señor secretario de Estado de Seguridad.
En segundo lugar, decir que evidentemente la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se acomoda como marco general, y como no puede ser de otra forma, a los criterios de oportunidad y de proporcionalidad, criterios que en este caso son claros mandatos jurídicos, pero que precisamente por lo mismo, porque la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad viene determinada por esos dos grandes mandatos, nos parece sustancialmente interesante la reflexión que en este momento ha hecho el señor secretario de Estado de Seguridad cuando señalaba que convendría que por parte de todos supiéramos avanzar en lo que podría ser un contenido de racionalización de los legítimos -subrayo lo dicho, legítimos- procesos de protesta para evitar situaciones como las que hoy estamos debatiendo.
Por último, y en tercer lugar, decir con absoluta claridad, con profundo respeto, pero con rotunda firmeza, que la valoración que hace este grupo parlamentario, no solamente de esta cuestión sino del conjunto de cualquier situación que se pueda dar, que suponga en un momento dado una confrontación entre una fuerza policial interviniente y ciudadanos, después de reiterados requerimientos por parte de esa fuerza policial para evitar el conflicto, que nosotros jamás pensamos que se pueda dar una actitud premeditada de cargar contra ninguna autoridad, sea esa autoridad de la naturaleza o del
rango que sea. Jamás en un Estado democrático las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una actitud premeditada de cargar contra ciudadanos, ni mucho menos una actitud premeditada de cargar contra una autoridad.
El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Para contestar a las cuestiones que han sido planteadas, tiene la palabra el señor secretario de Estado para la Seguridad.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Se me ha requerido por la primera interviniente una descripción de los hechos y lo voy a hacer, pero evidentemente no van a coincidir con los que hace su señoría.
Esto hechos vienen establecidos por la información que nosotros tenemos de lo que allí ocurrió, ratificada al final del asunto por la autoridad judicial pertinente que, como usted sabe, tuvo algo que decir muy particularmente sobre la actuación del alcalde de Noia.
El pasado 8 de septiembre, el alcalde presidente de Noia, don Rafael García Guerrero, se entrevistó con el presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, don Manuel Fraga Iribarne. En el contexto de esa entrevista, el alcalde planteó su preocupación por el punto negro circulatorio que existe a la altura del cruce de Sampaio, donde se han producido varias víctimas de diferente consideración. El señor Fraga atendió las indicaciones del alcalde y se comprometió a resolver ese problema a la mayor brevedad posible. La entrevista -nos informan- fue cordial y positiva. Pese a ello, algunos días después, el 16 de septiembre, unos 50 vecinos de los lugares de Sampaio y Boña-Santa María de Roo-Noia y Lesende-Lousame, pertenecientes a las asociaciones de vecinos Anamela y Campo de Cabanetán, liderados por don José María García Blanco y por don José Bernardo Castro Campos, presidentes de las referidas asociaciones de vecinos, procedieron a realizar un corte de circulación en el kilómetro 29 de la carretera comarcal 543 (Santiago-Noia), a la altura del cruce de Sampaio, para protestar por la alta siniestralidad existente en dicho punto. Como consecuencia del mencionado corte, la circulación de tráfico por la comarcal 543 estuvo totalmente interrumpida durante 35 minutos, desde las 18,10 horas hasta las 18,45 horas, si bien la intervención de la Guardia Civil allí presente habilitó un itinerario alternativo para paliar los efectos del corte de la vía, que también fue cortado por los manifestantes cuando se percataron de su existencia, afectando todo ello a más de 150 vehículos. Los manifestantes exhibían pancartas exigiendo soluciones al problema que S.S. señalaba. Antes de disolverse, el presidente de la asociación de vecinos Anamela, don José Carlos García Blanco, convocó a los presentes a asistir, una semana más tarde en el mismo lugar, a las 18,00 horas del día 23, a otra concentración con los mismos fines en el caso de que las autoridades competentes no tomaran las medidas eficaces para evitar los atropellos y accidentes en el referido cruce. Tengo que hacer constar que esta primera concentración en la vía pública no había sido comunicada previamente a la autoridad gubernativa y que, por los hechos expuestos, el puesto de Noia instruyó diligencias número 255/2000 para el Juzgado de Instrucción número 2 de esa localidad. Siete días más tarde, y respondiendo a la nueva convocatoria a la que acabo de hacer mención, a las 17,30 horas del día 23 de septiembre del año en curso comenzaron a concentrarse vecinos de los lugares anteriormente citados en el cruce de Sampaio, alcanzando a las 18,00 horas un total aproximado de 130 personas, siento la actitud de los congregados totalmente pacífica en principio. Esta segunda convocatoria tampoco había sido previamente comunicada a la autoridad gubernativa. A las 17,45 horas aproximadamente se personó en el lugar el alcalde del Ayuntamiento de Noia, don Rafael García Guerrero, el alcalde más joven de Galicia, según me cuentan, acompañado de una concejal de su equipo de gobierno, a cuyo encuentro se dirigió el capitán de la 4.ª compañía, correspondiente a Noia, presente en el lugar, cruzándose los correspondientes saludos. El mencionado capitán intentó efectuar un aparte con la autoridad municipal con objeto de comentarle y explicarle que existía la posibilidad de una reunión con el jefe de carreteras para estudiar las reivindicaciones que planteaban los vecinos. Asimismo, le indicó que, bajo su responsabilidad -bajo su responsabilidad, señoría-, se podía negociar con los organizadores un corte simbólico de la carretera para que sus demandas fueran atendidas y recogidas por los medios de comunicación social allí presentes, evitando de esta forma un corte tan prolongado como el protagonizado el día 16, que había causado un gravísimo trastorno a los usuarios de la vía, no sólo por el tiempo del corte de la circulación, sino también por las colas interminables que formaban los vehículos que transitaban por esa vía. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) El alcalde de Noia, señor García Guerrero, si bien de forma cordial, declinó entrar en esa alternativa con el argumento de que él estaba allí como un vecino más y no como alcalde, según sus palabras. (Ya hemos coincidido S.S. y yo en que es difícil disgregar la condición personal de la condición de alcalde cuanto se tiene esta última.) A pesar de ello, el capitán de la Guardia Civil le informó que no era posible realizar un corte de la carretera de forma total por el grave perjuicio que ello ocasionaba a los usuarios, teniendo en cuenta además que no se contaba con la correspondiente autorización gubernativa, que ni tan siquiera había sido solicitada.
Y como quiera que no conocía a los representantes vecinales de las asociaciones Anamela y Campo de Cabanetán, le indicó la conveniencia de que, cuando éstos aparecieran en el lugar, le fueran presentados, tal y como sucedió en el momento
en que hicieron acto de presencia. Una vez que el oficial de la Guardia Civil al mando tuvo como interlocutores a los señores García Blanco y Castro Campos, les informó de que, por parte de la Subdelegación del Gobierno en La Coruña, existía la mejor voluntad para el diálogo e incluso facilitaría cualquier entrevista que consideraran apropiada para resolver sus problemas. También les comunicó que por parte del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Santiago de Compostela se había realizado un estudio en ese punto negro y entre las soluciones se proponía de manera inmediata la mejora de la señalización existente en el tramo, controlar la velocidad por radas e incrementar la vigilancia del tramo. Además, también estaba siendo objeto de estudio la construcción de un paso inferior para vehículos, personas y animales, correspondiente a otra administración. El oficial volvió a manifestar su disposición a negociar un corte de carretera que tuviera su correspondiente repercusión en los medios de comunicación social para que sus reivindicaciones fueran conocidas, pero haciéndoles ver que un corte prolongado de la vía y de su itinerario alternativo, causante de graves trastornos en la circulación y de peligro tanto para los usuarios como para los propios manifestantes, constituía un hecho punible, previsto y tipificado en el Código Penal. Tales argumentos y explicaciones fueron totalmente ignorados por ambos representantes vecinales, manifestando que, a día de la fecha, ninguna autoridad de la Xunta de Galicia se había dirigido a ellos ni les había propuesto ningún tipo de solución. Se hizo esta afirmación a pesar de que la máxima autoridad de la comunidad, el presidente de la Xunta, don Manuel Fraga, había recibido en su despacho oficial, tal y como se ha dicho, al alcalde de Noia el día 8 de septiembre, dos semanas antes de los hechos narrados, con el compromiso firma de resolver el problema.
Así las cosas, sobre las 17,55 horas, y a una señal de ambos presidentes de las asociaciones de vecinos, los vecinos que se encontraban concentrados en la margen derecha de la calzada -recuerdo que eran 130-, en sentido Santiago de Compostela, saltaron la misma y la ocuparon totalmente, interrumpiéndose la circulación rodada. Aunos 100 metros del lugar se encontraba concentrada la sección de intervención rápida, formada por 25 componentes del cuerpo de intervención de la Guardia Civil, con medios antidisturbios y con fines meramente disuasorios. Pasados más de 40 minutos, cuando los medios gráficos allí presentes ya habían recogido su protesta y se había originado una retención de más de 100 vehículos, el oficial al mando se dirigió al grupo de manifestantes y, concretamente, al alcalde de Noia, una vez más, señor García Guerrero, tratando de obtener su ayuda para convencer a los vecinos allí congregados de que depusieran su actitud y permitieran restablecer la circulación, a lo que la autoridad municipal contestó: Yo estoy aquí como un vecino más y no como alcalde (lo dijo en gallego, pero yo no sé pronunciarlo), permaneciendo sentado en la calzada en medio de los demás manifestantes. A continuación, el oficial se dirigió a los dos representantes vecinales ya mencionados con la misma intención, recibiendo la siguiente contestación: Estaremos aquí el tiempo que haga falta hasta que nos echen, en tono desafiante y todo ello jaleado por los presentes. Con objeto de paliar en la medida de los posible las consecuencias del corte de la circulación, se procedió al desvío del tráfico ligero por una vía alternativa, como se había hecho una semana antes, pero también en esta ocasión esta vía fue cortada por los manifestantes. Considerando el oficial de mando que toda negociación resultaba imposible, y siguiendo instrucciones del ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno en La Coruña, ordenó al teniente al mando de la sección de intervención rápida que procediera al desalojo de los concentrados sin utilizar medios antidisturbios, tratando de apartar a los manifestantes mediante su desplazamiento con escudos, lo que resultó imposible, puesto que los congregados respondieron con patadas y golpes de paraguas y bastones, por lo que se procedió a utilizar las defensas de goma y cartuchería de fogueo para desalojar la calzada, consiguiendo retirarlos a ambos márgenes de la carretera y restableciéndose la circulación a las 17,45 horas.
Hay que hacer constar que cuando el alcalde de Noia, señor García Guerrero, se hallaba entre los manifestantes en la margen izquierda de la calzada, en dirección a Santiago de Compostela, el oficial se dirigió al mismo pidiéndole que tratara de calmar los ánimos de los congregados, pero, lejos de ello, con una pérdida absoluta del control de la situación y rebasado por los acontecimientos, con una intencionada falta de colaboración con el mando responsable de la Guardia Civil, con la autoridad que representaba al citado alcalde, se plantó ante la fuerza actuante levantando los brazos por encima de la cabeza y consiguiendo con su actitud encrespar todavía más los ánimos de los manifestantes, que arreciaban en su acoso y resistencia. Asimismo, cuando se intentó proceder a la detención de don José Bernardo Castro Campos, el alcalde se abrazó al mismo para evitarlo, circunstancia que radicalizó aún más a los manifestantes, quienes la emprendieron una vez más contra los miembros de la Guardia Civil a patadas, paraguazos, bastonazos, puñetazos e insultos como asesinos y otras expresiones que, por respeto a la Cámara, no voy a pronunciar. Ante esta actitud, se actuó con mayor firmeza para tratar de conseguir la pretendida detención. Como consecuencia de lo anterior y entre empujones y agresiones, se produjo un tumulto en el que alcalde de Noia, que intentaba impedir la detención de la mencionada persona, recibió algún golpe de los que se intercambiaron la fuerza actuante y los vecinos congregados, pero nunca porque se tratara de una actuación directa contra la autoridad local, máxime cuando la unidad actuante no pertenecía a la zona territorial de Noia, por lo que no conocía ni podían identificar al regidor municipal.
El señor alcalde fue atendido en un primer momento en la Casa del Mar de Noia como único herido de la manifestación (lo cual dice mucho en cuanto a la violencia que tuvo esa manifestación y que alega quien ha intervenido en primer lugar), y a petición propia trasladado al Hospital Clínico de Santiago de Compostela, donde después de una exploración inicial y no observarse nada grave, exigió que se le practicaran todo tipo de pruebas que, en efecto, se le realizaron, dándole de alta pocas horas después de haber ingresado. Presentaba una contusión en la cabeza y un hematoma en el torso, ambos de carácter leve, según informe verbal facilitado por el facultativo del centro hospitalario. En el incidente no se produjeron otros heridos.
Durante la actuación policial se procedió a la detención de don José Carlos García Blanco como presunto autor de sendos delitos de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, que fue puesto en libertad a las 21,20 horas, previa comunicación con el ilustrísimo señor juez de instrucción, y con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial el lunes 25 siguiente a los hechos. Una vez informado de sus derechos y ya en las dependencias del cuerpo, expresó su deseo de no prestar declaración, pero en conversación coloquial con los componentes del equipo de policía judicial, reconoció que acordaron permanecer cortando la carretera hasta que fueran desalojados por la fuerza, al ver el despliegue de la fuerza de la Guardia civil, lo que evidencia que buscaban premeditadamente un enfrentamiento. Para no empeorar la grave situación de desorden público, se pospuso la detención por los mismos hechos de José Bernaldo Castro Campos, que convocó nuevamente a los manifestantes para el día 30 de septiembre del mismo punto y con idénticos fines, a pesar de lo ocurrido.
Por todos estos hechos, el equipo de Policía Judicial de Noia instruyó diligencias número 85/2000 para el Juzgado de Instrucción del mismo municipio, cuyo titular ha procedido a tomar declaración en calidad de imputados a los dos presidentes de las asociaciones vecinales y al alcalde presidente del Ayuntamiento de Noia.
La señora MARÓN BELTRÁN: Muy brevemente. Estaba manejando ahora unas fotocopias que, si quiere, señor secretario de Estado, le paso con mucho gasto para que vea la proporcionalidad a la que usted alude.
Comprendo que no coincidamos en la apreciación de las intervenciones que yo hago y las que usted intenta trasladar. Hasta ahí estamos de acuerdo. No coincido en gran parte de lo que ha manifestado, aunque en otras cosas sí coincidimos como que el alcalde está en calidad de ciudadano, pero también de alcalde, y en la cronología de los hechos, pero no mucho más.
El corte de circulación al que hace alusión tenía vías alternativas.
Las tuvo el sábado anterior y las tenía ese día, pero mucha parte de esa vía fue ocupada por los vehículos antidisturbios, por lo que los vehículos que circulaban para desviarse no podían pasar por esa carretera. No creo que fuese tan grave que, ante unos hechos como los que allí acontecían, con nueve muertes, una de ellas causada dos semanas antes, se retuviera el tráfico quince o veinte minutos o, incluso, media hora en una carretera comarcal. Muchas veces estamos colapsados mucho más tiempo por el tráfico circulatorio de las ciudades y, desgraciadamente, no ocurre nada ni intervienen las Fuerzas de Seguridad del Estado. En este caso, en que eran pacíficos ciudadanos, vecinos de la zona sensibilizados por un problema, no entiendo la proporcionalidad de la carga policial ni las medidas disuasorias que se produjeron.
Permítame insistir, señor secretario de Estado, en la actitud pacífica. En cuanto a lo que usted leía de paraguazos y bastonazos, permítame que sea incluso jocosa, en Galicia alguna vez llueve.
Utilizar paraguas como arma disuasoria contra antidisturbios es un poco chocante. Había personas mayores que, lógicamente, llevarían algún bastón en que apoyarse. De todos modos, en las fotografías ni veo paraguas ni veo bastones. Posiblemente sea una apreciación un poco distorsionada de las visiones gráficas y de las visiones que le han transmitido. Pero permítame decirle que, efectivamente, llueve con frecuencia y algunas personas necesitan apoyarse en bastones.
Decía que el alcalde levantaba los brazos. Yo creo que fue más bien una actitud pacífica para decir: señores, aquí no pasa nada, y proteger a una persona mayor a la que usted aludía, presidente de una asociación de vecinos. Esa era la actitud de una persona que intenta proteger a una persona mayor, y así está recogido en los medios de comunicación, haciendo alusión a esa actitud que usted describe. Lo que me sorprende un poco más, y lo esperaba, señor secretario de Estado, es que usted haya hecho alusión al alcalde socialista más joven de Galicia. No sabía que la juventud se penalizara o utilizara como agravante. Precisamente, el alcalde más joven de España no está considerado como persona violenta. Es una persona dialogante, sensata y madura, a la que ni sus vecinos ni las autoridades consideran persona conflictiva ni agresiva. Le agradecería que no penalizara la juventud que tenga un cargo de responsabilidad como incitador de algo que no es la razón de lo que estamos planteando. En mi intervención he dejado claro el hecho de que se solucione el problema, de que en Galicia no vuelva a haber cargas como las referidas y que las autoridades tengan en cuenta la personalidad de las personas que concurren, agricultores, vecinos, gente totalmente pacífica, sin ningún tipo de violencia,sin armas, que reivindican legítimos intereses como
que paguen sus expropiaciones o, en este caso, que arreglen el caos circulatorio y el goteo de muertes en accidente de tráfico. Señor secretario de Estado, le pediría que no se volvieran a producir hechos como este para que no tengamos que pedir comparecencias del señor ministro por actitudes desproporcionadas como las que han ocurrido, la última hace tres meses, y mayor sensibilidad a la hora de actuar para resolver los problemas que afectan a esta gente.
El señor PRESIDENTE: Por el Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Muy brevemente. Señor secretario de Estado, tiene que felicitar a quien le redactó el texto porque mantiene la tensión hasta el final. Casi sin que se note, va poniendo a unos como buenos y a otros como malos, pero también su parcialidad les traiciona. Ya aludió a esa circunstancia al referirse el alcalde más joven de Galicia, como si ser joven pusiese a uno en predisposición de ser golpeado por la policía. Porque también es casual que se diga así. Hay otra contradicción cuando dice que los agentes no eran del puesto de Noia y no lo conocían. ¿Cómo, según su relato, se habló con él en varias ocasiones? Le conocerían y, por tanto, hablaron con él antes. Luego cuando lo agredieron sabrían a quién golpeaban. Los vecinos no buscaban el enfrentamiento, buscaban solucionar un problema y evitar más muertes.
Se alude también a la situación de tensión, de hipersensibilidad que había en esa concentración. Por lo que se refiere a que habían sido recibidos por el presidente de la Xunta de Galicia, las promesas del presidente de la Xunta de Galicia y del señor conselleiro de Política Territorial tienen menos valor -y a los hechos me remito, porque aún está sin solucionar el problema- que un austral argentino en estos momentos de depreciación de la divisa del país hermano. Al día siguiente, el delegado del Gobierno dice que el conselleiro de política territorial se compromete a elaborar un plan para solucionar ese problema, cosa que aún no se ha hecho tres meses después. Tendrá que haber otra muerte para que Fraga, reciba a los afectados, como sucedió, y para que el señor Cuiña se decida a poner en marcha ese plan. El Bloque Nacionalista Galega lamenta que no hayan rectificado.
Rectificar es de sabios. Tampoco era tan difícil. Es decir, es reconocer que ante una concentración vecinal, de gente pacífica pero en una situación de tensión, realmente enfadados y buscando una solución que no veían por ningún sitio para un problema de goteo continuo de muertes y de accidentes en un punto negro de la red vial gallega -no el único, por cierto- hubo una actuación inoportuna, desproporcionada, porque no sé cuáles serán esos otros males que se intentaban evitar, mayores que el causado con la propia intervención policial.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, señor presidente, quiero simplemente ratificar lo dicho en la anterior intervención, insistiendo en lo que nos parece fundamental, ese apunte hecho por el secretario de Estado de Seguridad en cuanto al llamamiento a todos nosotros, a todas las autoridades, sea cual fuere su naturaleza o su adscripción ideológica, en orden a tratar siempre de racionalizar al máximo los procesos legítimos de protestas. Naturalmente, entendemos que este llamamiento a la racionalización no supone menoscabo de ningún derecho ni de la intensidad misma de la protesta.
Finalmente, no entendemos cómo en la pieza dialéctica de algunos portavoces se penaliza la referencia hecha por el señor secretario de Estado de Seguridad a algo que es puramente descriptivo, es decir, al alcalde más joven de Galicia y, sin embargo, se incorpora en esa misma pieza dialéctica, como elemento que sí que vale, la referencia a la persona que iba a ser detenida como anciana. Pongamos las cosas en su sitio y actuemos con sentido común.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra para cerrar el debate.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Agradezco la intervención del señor Gil Lázaro en cuanto a la edad del alcalde y me sorprende, aunque menos, que se haya utilizado la descripción de algo que es puramente anecdótico como una idea de inculpación o de permanente reivindicación por parte del Gobierno de que la juventud es algo a ser penalizado. Lo he dicho como un elemento descriptivo, de admiración hacia el propio alcalde y en ningún momento como se lo han tomado SS.SS., y la explicación de por qué se lo han tomado así, en su caso, la deberán dar ellos.
En cuanto a los hechos, señoría, describo lo que dicen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las diligencias presentadas ante el juzgado de instrucción. El juzgado de instrucción ha declarado al alcalde de Noia imputado en este asunto, y el alcalde de Noia en las diligencias que obran en poder judicial ha reconocido que sabía que la concentración no estaba autorizada y ha reconocido la veracidad del informe de la Guardia Civil sobre el asunto. Así que es mi versión y la del alcalde de Noia la que se está viendo aquí.
Su señoría hablaba de la situación y de que todavía no se ha arreglado. El propio alcalde de Noia, en declaraciones hechas a un periódico el día 25 de septiembre, ha reconocido -después de los hechos- que el Gobierno de la Xunta, presidido por don Manuel Fraga, expresaba confianza en el compromiso y que se tomarían las medidas oportunas para solucionar el problema.
Leyendo textualmente, el alcalde decía que confiaba en que Fraga resolverá eficazmente el problema y no por las manifestaciones ni los gritos ni las protestas, a las que nunca se doblega, sino porque es un gran conocedor del conflicto del Ayuntamiento de Noia por el que mostró siempre un gran cariño.
Termino agradeciendo la intervención de todos, pero especialmente la del representante del Grupo Popular, que pone las cosas en su sitio.
El compareciente tiene en cuenta el hecho de que la violencia no es un elemento que deba usarse siempre, sino cuando es el último elemento para tratar de establecer el marco jurídico irrenunciable.
Ustedes no han tenido, en mi opinión, en consideración ni una sola de las explicaciones que dan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No han tenido en cuenta el talante negociador descrito, previo a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Han presentado la manifestación como si durante todo su proceso hubiera tenido el mismo nivel pacífico y tranquilo, y no es así, señoría. La manifestación empieza como empieza, se va recrudeciendo, se toman determinadas medidas de tipo coactivo con el resto de la población y cuando ocurre eso, aun así, se insiste por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en tratar de racionalizar el proceso de la manifestación, y cuando se radicaliza es cuando hay que intervenir. En cuanto a los paraguas y a los bastones, no sé si había paraguas y bastones; eso es lo que dicen los que sufrieron los paraguazos y los bastonazos.
PREGUNTAS (Continuación)
- DEL SEÑOR DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR Y FRENAR EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN BARBATE (CÁDIZ), TRAS EL SECUESTRO DE PERSONAS POR LOS NARCOTRAFICANTES. (Número de expediente 181/000240.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos con el orden del día. Corresponde ahora el turno a la pregunta número 5, sobre medidas urgentes para combatir y frenar el aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana en Barbate (Cádiz) tras el secuestro de personas por los narcotraficantes.
Para formularla, tiene la palabra su autor, el diputado don Salvador de la Encina Ortega, por el Grupo Socialista.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias por su comparecencia, señor secretario de Estado.
Le voy a plantear una situación que se veía venir. Cualquiera que estuviera un poco al tanto de la situación de Barbate podría observar con perspectiva en el tiempo que eran evidentes la conflictividad ciudadana y los disturbios sociales que se iban a producir en el momento en el que el Gobierno, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, interviniera. La ciudad ha sido tomada -dicho literalmente- por los narcotraficantes.
Cualquier ciudadano que simplemente paseara por el pueblo y observara lo inédito de una estampa en la que los jóvenes iban y venían en moto por la ciudad, cargados con drogas, y se movían con total impunidad, se podría dar cuenta de que no era normal que se permitiera esa situación.
Usted, señor secretario de Estado, imagino que habrá oído hablar de los busquimanos, que es una palabra que se acuña en Barbate y con la que se denomina a los jóvenes que recogen de las playas de la zona los fardos de hachís y que luego en esos ciclomotores esquivaban a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se las encontraban, que eran muy pocas veces. Esa situación -que era, como digo, generalizada, evidente y pública- provocó, en uno de los lances que se produjeron, que un policía local muriera de un infarto ante la actitud agresiva de esos jóvenes busquimanos. A los pocos días, en esa escalada de violencia, se producía el secuestro de tres jóvenes a manos de los narcotraficantes que operaban en Barbate. Eso hizo que explotara la situación, que se produjera una manifestación de 10.000 ó 12.000 personas, la gran mayoría del pueblo -y algunos estuvimos presentes-. Ante la situación caótica que vivía el municipio, con todas las consecuencias que ello tiene de todo tipo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron.
Cuando planteamos la pregunta pedíamos que nos dijeran qué medidas urgentes pensaba poner en marcha el Gobierno para frenar esa inseguridad y esa violencia. El 21 de octubre, el Gobierno, dándose cuenta tarde y mal, ha destinado en Barbate un grupo de guardias antidisturbios, que está dando sus resultados, obviamente. Le quiero preguntar, más que sobre las medidas urgentes que se han adoptado, sobre las medidas que tiene previstas de cara a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Este domingo estuve allí por la noche y la ciudad estaba literalmente tomada. A veces uno cuando ve esa estampa se echa atrás, porque a nadie le gusta ver una ciudad tomada, pero era necesario hacerlo para que se vislumbrara por parte de los ciudadanos que la ley puede imperar, que el narcotráfico no puede ser la forma de vida. Entonces, yo le pregunto: ¿cuáles son las perspectivas de futuro, seguir tomando la ciudad, que es importante, o completarlo con otras medidas? Quizá no le corresponda a su Ministerio, pero, como representante del Gobierno, tendrá que dar respuesta a esa cuestión. En definitiva, lo que le quiero preguntar es cuál la perspectiva de cara al futuro en el ámbito fundamentalmente de la seguridaden Barbate.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate):Usted mismo dice que se han tomado determinadas medidas de forma inmediata a la hora de paliar una situación complicada que tiene Barbate y que tiene toda la provincia desde el punto de vista de la actuación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por dos razones opuestas pero que se suman en la utilización de los recursos humanos de estas instituciones, que son el narcotráfico y la inmigración.
En cuanto a las situaciones concretas a las que usted se refería de Barbate, entiendo como satisfactoria su intervención desde el punto de vista del reconocimiento de las medidas que, como digo, espero que sean coyunturales, y respecto a las otras, a las que usted se refiere, habrá que determinar los órganos del Gobierno que les tengan que hacer frente. Creo que hay dos hechos claves respecto de uno de los cuales puedo dar solamente unos datos muy someros porque está declarado secreto de sumario por el juez que lleva el asunto.
En lo que se refiere al secuestro de personas, que es lo que está dentro del sumario, simplemente decirle que S.S. dilucidará cuál es el final del asunto, pero puedo apuntarle que la intervención de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue fundamental para desactivar la situación que se estaba formando en Barbate, caracterizada por un secuestro múltiple, que culminó con la liberación de las personas secuestras y con la detención de un grupo importante de personas, siendo una de ellas uno de los inicialmente secuestrados y todos ellos sospechosos de narcotráfico, por lo que entendemos que sería un arreglo de cuentas entre las bandas que tanto le preocupan a usted y desde luego tanto le preocupan al Gobierno en esa zona. Ya le digo que no puedo entrar en más detalles de lo que nosotros estamos haciendo en Barbate hasta que se restablezca la situación. Yo no diría que es una ciudad tomada, sino controlada.
En lo que se refiere al establecimiento de determinadas medidas de futuro, le puedo adelantar las actuaciones más relevantes efectuadas en el puesto de Barbate durante el presente año por la Policía, que son las siguientes: Hemos recuperado en Barbate 4.275 kilos de hachís, hemos practicado 82 detenciones y hemos recibidos 232 denuncias por previsiones de la Ley Orgánica 1/1992; se ha llevado a cabo una operación contra el narcotráfico, denominada Operación espejo, que dio como resultado la desarticulación del clan de los Antón; de resultas de las investigaciones seguidas en dicha operación, en fecha 6 de noviembre del año 2000 se procedió a la detención de cuatro cabecillas existentes en la illegalidad, interviniéndoles 2.000 kilos de hachís, 10 vehículos, armas y dinero en metálico, y se han detenido también a unos inmigrantes ilegales que estaban involucrados también en ese ámbito delictivo. Dentro de la reorganización periférica de la Guardia Civil, en el año 1997 se ha llevado a cabo la transformación del puesto de Barbate en puesto principal, asignándose con tal motivo un total de 32 efectivos, una patrulla del servicio fiscal y un equipo de Policía judicial.
Por lo que se refiere a las medidas de mejora, y sin perjuicio de la pregunta que tendré que contestar a continuación, el grupo de investigación fiscal antidroga de la Comandancia de Cádiz investiga lo concerniente al narcotráfico en la localidad de Barbate y a su entorno con absoluta prioridad. La embarcación de que dispone el Servicio marítimo provincial de Cádiz presta servicio permanentemente en aguas de Barbate o apoya a los servicios en demarcación territorial barbateña. La plantilla del puesto de Barbate es apoyada en sus servicios por el núcleo de reserva de la Comandancia de Cádiz, lo que ha permitido que desde el mes de junio, en que se comenzó con este apoyo, se hayan realizado tres diligencias policiales elevadas a la autoridad judicial, deteniéndose a 10 personas e interviniendo 720 kilos de hachís, heroína, cocaína y una embarcación zodiac. Ademas, desde el día 21 de octubre del presente año se ha comisionado de manera continua en la referida localidad un módulo de intervención, que es al que usted se refiere, con 18 efectivos, que han conseguido un incremento de la eficacia y de las intervenciones, pudiendo destacarse que se han realizado 1.591 identificaciones, 16 actuaciones por aplicación del artículo 25 de la Ley 1/1992 y 269 actuaciones relacionadas con la seguridad vial, 47 movilizaciones de ciclomotores y tres detenciones. Todos estos datos avalan el firme compromiso de abordar con una mayor eficacia la problemática existente en la localidad de Barbate al dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con un incremento de los medios materiales y humanos existentes inicialmente en la plantilla de referencia.
Y mientras establecemos cuál es el nivel apropiado de cobertura de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Barbate, hemos previsto, como S.S. apuntaba, esa intervención coyuntural para tratar de paliar en lo posible los hechos que, desgraciadamente, ocurren en Barbate con más frecuencia de la que desde luego sería de desear teniendo en cuenta la gravedad de la situación de Cádiz por su proximidad a las costas del norte de África, por los dos problemas que he señalado.
El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor secretario de Estado, una ciudad tiene que estar controlada, pero lo que no tiene es que estar tomada, como yo decía, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Cualquier ciudad española, en principio, se supone que está controlada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,lo que no es normal es que una ciudad, en este
caso Barbate, esté literalmente tomada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aplaudimos desde el Partido Socialista que sea así, porque la situación de deterioro hacía que se interviniera de una manera contundente para restablecer la normalidad social y la convivencia, ya que los episodios últimos de septiembre y octubre eran absolutamente injustificables. Todo el mundo -le decía yo en tono de reproche- conocía la situación. Se esperó demasiado para adoptar las medidas que usted ha anunciado. Cualquiera que tuviera conocimiento previo de la situación de Barbate podía ver que 10 ó 12 clanes familiares trabajaban con mafias marroquíes que controlan el tráfico de hachís del norte de África y que, al hilo de ello, con una situación de depresión económica derivada de la falta de convenio pesquero con Marruecos, muchas personas, sobre todo estos jóvenes que le decía, se subieron al carro de la vida fácil.
Desde el Partido Socialista consideramos que la unidad de todos los partidos políticos y de todos los colectivos ciudadanos, en este caso de Barbate, debe ser la tónica general para luchar contra esa situación. La unidad de los partidos políticos, por lo menos la del Partido Socialista, la tienen sin lugar a dudas, pero eso no quita para que yo aquí aproveche y le describa una triste realidad, y es que la población de Barbate tiene una singularidad con respecto al resto de las poblaciones de España, cual es la cercanía con el norte de África que hace que, ante la depresión económica en la que viven, se puedan introducir fácilmente, sin ningún problema, las mafias de la droga y que los ciudadanos que tienen poca conciencia social caigan en esas redes y operen de una manera preocupante. Por eso se ha producido en Barbate de una manera muy creciente el llamado narcobienestar, y de ahí el hecho de que los jóvenes barbateños dejen las clases y pasen a otra escuela, la escuela de la cárcel. Usted mismo ha dado datos que describen la situación.
De esa manera, señor secretario de Estado, es muy difícil, por no decir imposible, inculcar a esos jóvenes los valores del trabajo o del estudio. Se ha hecho necesaria la presencia de esos antidisturbios para que se recobre la normalidad ciudadana. Pero esa situación de una ciudad tomada literalmente por los cuerpos de seguridad, como antes decía y vuelvo a repetir, no puede ser indefinida. Yo entiendo que la situación en la que actualmente está Barbate, bajo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, debe ser temporal y que habrá que plantearse que no puede seguir así indefinidamente. Por parte de distintos ministros que han visitado la zona ha habido promesas para llevar a cabo planes de reactivación económica; por otra parte, ha habido también promesas para que en los Presupuestos Generales del Estado se introduzcan partidas específicas para dotar a Barbate de unas posibilidades económicas de las que ahora mismo adolece el municipio.
El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Voy concluyendo, señor presidente.
Lo que yo quería decirle es que en los Presupuestos Generales del Estado no se ha introducido partida específica alguna. Muy al contrario, el Partido Popular ha rechazado una partida de 1.500 millones de pesetas para dotar a los municipios con esas problemáticas de salidas alternativas al sector pesquero, y hasta ahora no se ha puesto sobre la mesa ninguna medida económica de las prometidas por dos ministros, tanto el señor Arias Cañete como el propio señor Mayor Oreja, que por cierto veranea muy cerca de allí.
Para terminar, simplemente le quería pedir que, por favor, cumplan esos compromisos, que Barbate lo necesita porque su situación es muy especial y muy específica. De lo contrario, vamos a tener indefinidamente una ciudad tomada por los cuerpos de seguridad del Estado y eso, en democracia, es lamentable.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Voy a empezar por el final de su intervención. El Gobierno cumple sus compromisos y así lo ha demostrado durante esta legislatura y en el anterior Gobierno. Por tanto, esté usted seguro de que si existen compromisos de los ministros de Agricultura y Pesca y del Interior esos compromisos se cumplirán. No vamos a entrar en la matización de si es una ciudad controlada o tomada. Yo lo que digo es que hay una importante fuerza policial controlando una ciudad en un momento en que se denuncia (usted es uno de los denunciantes, y me parece muy bien que lo haga) una extraordinaria necesidad de controlar una actividad a todas luces ilegal, que produce una inseguridad ciudadana que se transforma en los hechos que usted ha explicado y yo he descrito. Nosotros, evidentemente, haremos lo necesario en cada momento, como Ministerio del Interior, para que la seguridad ciudadana en Barbate esté suficientemente cubierta, que es lo que corresponde a este Ministerio. Hay otro tipo de cosas que corresponden a otros ministerios. Yo no sé si hay que hablar de procesos inversores, no sé si hay que llenar Barbate de otras actividades que permitan ayudar a esa juventud, que tiene más fácil que la juventud de Albacete el acceso a determinados tráficos y a determinados negocios ilegales como son el tráfico de droga y la inmigración entendida como trata de personas, que también ocurre. Eso habrá que buscarlo a través de la acción integral del Gobierno. Y no se preocupe que, en lo que a mí me concierne, transmitiré su preocupación, porque esa cuestión, como materia inicial de un proceso de seguridad o de inseguridad ciudadana, también
nos resulta muy importante. A nosotros, desde el punto de vista de la seguridad del Estado, nos gusta mantener los niveles de cobertura y de control policial necesarios en una democracia, en una sociedad sana, que son los que son, que efectivamente no son los que en estos momentos tiene Barbate.
Señoría, yo le he descrito lo que estamos haciendo, los resultados que hemos obtenido y lo que vamos a hacer. Y recibo su mensaje en cuanto a incitar la acción del Gobierno a que se fije en el problema de Barbate no solamente por su consecuencia, que es la inseguridad ciudadana, sino por las causas que lo provocan.
- DE LA SEÑORA ROMERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y EL INCREMENTO DEL NARCOTRÁFICO EN BARBATE (CÁDIZ). (Número de expediente 181/ 000241.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 6. Para su formulación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Insistimos en el mismo tema dos diputados de la misma provincia y la razón la acaba de exponer usted, señor secretario de Estado. Las circunstancias que vive esta provincia entera y muy especialmente la población de Barbate, debido a unos años de abandono, cuyos resultados estamos viendo ahora, con la intervención pública en cuestiones que ahora se están abordando y que aún no sabemos exactamente en qué se van a concretar, hacen que estemos aquí, señor secretario de Estado, para preguntarle sobre algunas cuestiones que aún no están claras.
A pesar de que está diciendo aquí, públicamente, ante los diputados y evidentemente ante todos los ciudadanos de Barbate, que el Gobierno cumple sus compromisos, le tengo que decir que hace muy poco tiempo yo misma traje aquí una proposición no de ley para que se quedaran permanentemente esos grupos rurales que el Gobierno mandó cuando la situación había llegado ya a un límite insostenible, en una operación, como usted ha dicho ahora mismo, de carácter puntual, y el Grupo Popular votó en contra.
Usted acaba de decir ahora, en respuesta al anterior diputado, que se han incrementado en 32 miembros las fuerzas de seguridad en ese cuartel de la Guardia Civil, usted acaba de decir que se ha incrementado con un equipo de Policía judicial, y acaba de decir que han elevado también la categoría del puesto de la Guardia Civil en la población de Barbate. Hay muchas preguntas que tenemos que hacerle, no solamente por estas declaraciones que usted hace aquí, hoy, sino también por las respuestas por escrito que hemos recibido a diversas preguntas que yo misma he formulado, así como otros diputados. Después de esas declaraciones que usted acaba de hacer, quisiéramos saber si efectivamente esos 32 efectivos de los que ha hablado se han incorporado a la plantilla, desde cuándo se ha incorporado ese equipo de Policía judicial y cuándo se va a producir el cambio de categoría, si es cierto que el Gobierno cumple sus compromisos.
Quisiera decirle que el Gobierno ha puesto en marcha un programa, pomposamente llamado de impermeabilización del Estrecho, que el propio subdelegado del Gobierno de la provincia de Cádiz reiteradamente ha defendido en la población de Barbate como instrumento necesario para acabar con ese incremento del narcotráfico que esta población está sufriendo. En la respuesta que ustedes me dan (por eso hay algunas preguntas que tengo que formularle) me hablan de un contrato con una consultora por valor de 120 millones de pesetas.
Yo quisiera saber con qué consultora y para qué el Ministerio del Interior ha pagado o tiene previsto pagar 120 millones de pesetas.
¿Es que el Ministerio del Interior no tiene servicios de estudios para valorar lo que está ocurriendo hoy en el Estrecho y por ello tiene que recurrir a una consultora? ¿Qué novedades están surgiendo allí para que se tenga que recurrir a una consultora y no sean suficientes las investigaciones o los estudios normales que se tienen para hacer frente a una situación como la que estamos viviendo? Esos 120 millones están incluidos en el presupuesto de los 1.000 millones que para este año el Ministerio del Interior ha introducido en los Presupuestos Generales del Estado. Se supone que ese estudio ya se tiene. Además, me responde el Gobierno que hay una serie de embarcaciones semirrígidas, patrulleras, cámaras térmicas, un radar, un centro móvil, etcétera. No les voy a hacer las típicas preguntas que hacían otros diputados de su grupo, cuando el Partido Socialista estaba en el Gobierno. No nos parece responsable preguntarle dónde está el radar, dónde están las cámaras térmicas o dónde están los visores. Usted sabrá que las patrulleras y las embarcaciones semirrígidas están en muelles pesqueros y deportivos, y la población los ve, pero hasta este momento no se han visto. Hasta este momento, no se ha visto ese incremento, del que ustedes me responden oficialmente, de 1.000 millones correspondientes al programa SIVE para este año 2000. Las fuerzas de seguridad no han visto ese incremento, y ha pasado el año. Para el año próximo ustedes tienen previsto un incremento de 2.000 millones, pero, a no ser que recojan lo que no han hecho este año -que probablemente sea así-, no sabemos exactamente cómo van a cumplir sus compromisos para el año 2001, si los compromisos del año 2000 no se han visto. Éstas son mis preguntas. ¿Qué contrato y con qué consultora? ¿Dónde están esas patrulleras, esas embarcaciones semirrígidas, ese incremento de miembros de la fuerzas de seguridad para la plantilla de Barbate, ese
equipo de Policía judicial? En realidad, eso que ustedes no han puesto en marcha desde hace cinco años.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, está consumiendo usted casi todo el tiempo.
La señora ROMERO LÓPEZ: Termino, señor presidente.
Todo eso que deberían haber incrementado en cinco años, porque el abandono en el que tienen a esta provincia de Cádiz y a esta población ha provocado la situación que ahora estamos viviendo. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor GIL LÁZARO: No quisiera interrumpir el trámite y, por tanto, me someto a la consideración de S.S. para solicitar la palabra, en el momento en que el señor presidente lo considere oportuno, y para una cuestión de orden, en relación a una alusión que no ha sido exacta, respecto a la actuación de mi grupo parlamentario en la última sesión de control, hace menos de un mes, que tuvimos con motivo del debate de proposiciones no de ley. Seguramente por error, no ha sido exacta la información que ha dado la señora Romero sobre la posición de mi grupo en el debate de aquella proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, sabe S.S. que éste es un trámite cerrado y que no podemos reabrir ningún debate interno.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, sobre el objeto de la cuestión ya lo sé, lo que pasa es que no se puede aprovechar un trámite cerrado para atribuir una posición a otro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, sabe que éste es un trámite absolutamente cerrado, no ha lugar a más manifestaciones sobre el tema.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Creo que la intervención de S.S., al final, se ha concretado en dos preguntas.
Una hace relación a Barbate y la otra a Cádiz. La que hace relación a Barbate se refiere a unos determinados instrumentos de seguridad ciudadana que se emplean en Barbate. Respecto a los 32 efectivos que hemos asignado a Barbate, se hizo en el año 1997, señoría, es un compromiso cumplido. (La señora Romero López: ¡Bueno!) No me diga bueno, señoría, porque está hecho. Usted me ha preguntado si estaba hecho o no y yo le digo que está hecho. Además, hay una patrulla para el servicio fiscal y un equipo de Policía judicial. En cuanto a las medidas de mejora, se las he reiterado a su compañero, anteriormente, y constan en acta.
En cuanto a si tenía o no que ser permanente la situación de la fuerza que tenemos en estos momentos en Barbate -la posición de su compañero es que no tiene que ser permanente y la suya parece ser que sí debe serlo-, es evidente que el Gobierno cree que la situación de Barbate es excepcional hasta que se establezcan otras medidas que, ésas sí, serán permanentes y que hacen relación a las que yo he leído y constan en el acta. Por tanto, el Gobierno se mantiene en su posición de que las situaciones excepcionales se traten con medidas excepcionales y se intenten solucionar en su excepcionalidad, y luego queda lo que tiene que quedar. En esta comparecencia nos reiteramos en que no van a ser permanentes, pero mientras dure la excepcionalidad las tendremos ahí.
En cuanto al SIVE, señoría, conviene estudiarlo. El SIVE es un programa plurianual que pone en marcha este Gobierno, esta Secretaría de Estado, y que tiene unos determinados plazos inversores. Durante este año iba a ser de una determinada manera. Hemos conseguido poner en marcha el SIVE, que es un estudio que hace una ingeniería de procesos, dentro del ámbito del Estado. Como usted sabe, no sólo en el Ministerio del Interior sino en cualquier otro ministerio, esos estudios son necesarios para desarrollar aspectos técnicos, para los que nosotros no tenemos capacidades dentro del Ministerio del Interior. El estudio está a disposición de S.S. y el día que lo quiera ver, lo verá. Y no crea que nos preocupa que nos pregunten las cosas, nos encanta que nos las pregunten, porque las hacemos. Ahí están los estudios, ahí están las inversiones hechas, ahí está el plan para que lo analice usted cuando quiera, en la medida en que determinadas partes del plan se puedan analizar, y ahí está la Intervención General del Estado para decir si se han hecho o no.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero, tiene usted la palabra para un segundo turno por muy poco tiempo.
La señora ROMERO LÓPEZ: Comprendo que es difícil contradecir al señor secretario de Estado, pero no vale confundir aquí circunstancias que no han sido expuestas, o no hacer una correcta interpretación de lo que cada uno de los diputados ha dicho.
Evidentemente, el señor secretario de Estado sabe que la espectacularidad no es eficaz. Lo que es eficaz es una labor permanente de las fuerzas de seguridad. Ese incremento de 32 efectivos pertenece a 1997 y responde, entonces, a una coyuntura en la que era necesario hacerlo. Le tengo que decir, señor secretario de Estado, que, si es así lo que usted acaba de decir, no hay nada nuevo en la situación de hoy.
En cuanto al programa SIVE, que el director general de la Guardia Civil, señor López Valdivielso, defendió a mediados de este año, con un presupuesto de 25.000 millones de pesetas para los próximos cuatro años, ha
resultado ser falso hasta este momento, porque, salvo ese contrato al que usted hace referencia, no me ha dicho nada del resto de las respuestas que me respondieron por parte del Ministerio del Interior; el resto no figura en los presupuestos del año 2000. Si es cierta esa cifra, debería haberse multiplicado por cuatro para que fuera una realidad en cuatro años, pero no es así. Han resultado ser falsas las declaraciones del señor López Valdivielso. Ustedes no han puesto esa cantidad para el programa SIVE, no la han puesto para el año 2000 y no la tienen pensada para el 2001.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): En primer lugar, lo que yo he dicho, en cuanto a las medidas que hemos tomado, es que hemos asignado 32 personas. Cuando preguntaban: ¿Han concretado las personas? Respondemos: Están concretadas.
En segundo lugar, he concretado otras medidas que se han tomado, que constan en el acta. Le he remitido al acta para no reiterar a la Cámara, una vez más, lo que le he leído al anterior interviniente.
En tercer lugar, no he hablado de espectacularidad en las medidas. He hablado de necesidad y de adecuación de las medidas a la situación de excepcionalidad, en el sentido de que cuando esa situación desaparezca, la medida excepcional -que no espectacular- desaparecerá. No he hablado de espectacularidad para nada, de eso ha hablado usted, señoría.
Por último, el programa SIVE existe, y he puesto a su disposición, tanto el programa SIVE como el estudio que se ha hecho con la compañía de ingeniería, que tiene la catalogación de poder actuar con el Estado de cierta manera, sobre todo en un programa que tiene una condición especialmente discreta en su ejecución y que viene contratando con la Administración desde hace mucho tiempo. Fue fundada hace aproximadamente hace 15 ó 20 años. Eso es lo que le he dicho, señoría. El programa SIVE está a su disposición, así como lo que hemos consumido en dicho programa, la decisión de invertir este año los dineros que tenemos que invertir en el programa SIVE y la plurianualidad del programa SIVE, aprobada por el Gobierno en pleno, y puede verlo cuando usted quiera. Por tanto, señoría, le ruego que antes de decir que una cosa es falsa lo compruebe con la Intervención General del Estado y con quienes hemos desarrollado y gestionado durante este año el programa SIVE.
- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RAZONES POR LAS QUE LAS UNIDADES ADSCRITAS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE GALICIA Y VALENCIA SE ENCUENTRAN EN LA ACTUALIDAD AL COMPLETO DE SUS EFECTIVOS Y LA DE ANDALUCÍA NO. (Número de expediente 181/000244.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 7. Para formularla, tiene la palabra el diputado señor Mayoral Cortés, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, formularé muy brevemente la pregunta. Va referida a las razones por las que las unidades adscritas del cuerpo nacional de Policía de las comunidades autónomas de Galicia y Valencia se encuentran en la actualidad al completo de sus efectivos y la de Andalucía no. Estamos ante un fallo importante de las relaciones de colaboración que deben mantenerse ente el Estado y las comunidades autónomas, un fallo de la filosofía y la práctica que debe inspirar el buen funcionamiento del Estado de las autonomías y que considero de responsabilidad fundamental atribuible al Gobierno de la nación y no a la comunidad autónoma.
Esta pregunta se reduplica con otra que también va implícita en ella ¿Por qué no se quieren reunir señores del Gobierno, señores del Ministerio del Interior, con los responsables de la Comunidad Autónoma de Andalucía para solucionar la aplicación del convenio que en su día se firmó para la constitución de la unidad adscrita de Policía Nacional a la Junta de Andalucía? Desde el 16 de septiembre del año 1999, la Junta de Andalucía ha solicitado esta reunión sin que hasta la fecha, transcurrido ya más de un año, se haya podido celebrar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): En la Comunidad Autónoma de Andalucía quedan por cubrir 287 funcionarios.
En la Comunidad Autónoma de Valencia, 266 y, en la Comunidad Autónoma de Galicia, 97. Ninguna de las comunidades autónomas tiene cubierto el cien por cien, como S.S. señalaba. Estamos reconduciendo la escasez de funcionarios del cuerpo nacional de Policía que tenemos en toda España para poder atender a todas las necesidades de seguridad, ya lo he dicho en la primera intervención, incrementando este año y el que viene, de manera históricamente más elevada, la oferta pública de empleo que vamos a hacer.
En cuanto a las reuniones, está habiendo reuniones, aunque no sé por qué no le consta a S.S., y continuarán el día 15 de enero, entre los representantes de la Administración central y de la Administración autonómica.
El señor MAYORAL CORTÉS: Es evidente que de la exposición que hace el señor secretario de Estado se aprecia ya una desigualdad de trato.
Los datos que ha suministrado no corresponden a los que son conocidos por nosotros y comunicados por la Junta de Andalucía. Ha mencionado que quedan por cubrir 287 plazas en Andalucía; 266 en Valencia y 97 en Galicia, pero quedan más plazas por cubrir en Andalucía.
Estamos ante una cuestión muy importante desde dos puntos de vista.
En primer lugar, para el cumplimiento de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la posibilidad de adscribir unidades de Policía Nacional a las comunidades autónomas y, de otra parte, la desigualdad de trato que se observa con relación a este asunto. El acuerdo de colaboración suscrito el 21 de diciembre de 1992, que permitió crear la unidad del cuerpo nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, significaba que debería estar compuesta por 520 funcionarios para desplegarlos en ocho provincias -cosa que no ha sido posible hasta la fecha porque esos funcionarios no han sido adscritos en su totalidad- para misiones que son muy importantes en lo que se refiere al ejercicio competencial que le corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura en el ejercicio de funciones de Policía. Estamos hablando de materias tales como menores, maltrato y violencia sobre la mujer, protección del patrimonio histórico y cultural, obras públicas, protección del Parlamento de Andalucía, la sede de la Presidencia del Gobierno autónomo, edificios e instalaciones de la comunidad autónoma más la protección personal impuesta por las últimas acciones terroristas.
Han pasado ya ocho años. Ha habido reiteradas reclamaciones por parte de la Junta de Andalucía y su Ministerio, señor secretario de Estado, ni ha dado cumplimiento pleno al acuerdo firmado en su momento ni ha cubierto las 520 plazas. En este momento la unidad solamente cuenta con 236 funcionarios del cuerpo nacional de Policía, es decir, menos de la mitad de los previstos, lo que constituye, en primer lugar, un incumplimiento grave de lo acordado y, lo que es más relevante aún, un obstáculo grave para el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas la Junta de Extremadura. La situación es tanto más inaceptable si se tiene en cuenta que acuerdos similares que se han establecido con otras comunidades autónomas -mencionamos aquellas que están en una situación semejante como Valencia y Galicia- se hicieron prácticamente en el mismo momento. Éstos han sido cumplidos o más cumplidos, desde nuestro punto de vista, con una mayor diligencia, lo que les ha proporcionado la casi totalidad de los efectivos policiales previstos en los acuerdos que habían firmado estas otras comunidades autónomas en 1992 y en 1990. Con independencia de los que le falten, Valencia tiene cubierta en este momento una plantilla de 250 funcionarios. Galicia tiene 407 y no debemos olvidar que teniendo niveles competenciales similares la población de estas comunidades autónomas es muy distinta. Los millones de habitantes que tiene la Comunidad Autónoma de Andalucía es superior a los que habitan en Valencia o en Galicia.
Se ha producido de este modo un agravio comparativo importante entre comunidades autónomas, y por razones que el Gobierno debería explicar, y esperamos que nos explique más cumplidamente S.S., convendría que se clarificara esta cuestión. Las unidades del cuerpo nacional de Policía de dos gobiernos autonómicos del Partido Popular, están al completo o según la versión de S.S. mejor cubiertas que las de la Junta de Andalucía cuyo Gobierno corresponde al Partido Socialista Obrero Español, donde el nivel de cobertura no llega ni al 50 por ciento. El caso de Galicia es clamoroso en lo que se refiere a la diferencia porque según S.S., no llegan a la centena los funcionarios que le faltan, a pesar de que tiene ya más de 400.
La cuestión que subyace en esta historia, señor secretario de Estado, es una sucesión de desencuentros, a mi juicio, auspiciados desde arriba, una expresión de un cierto partidismo latente o un cierto sectarismo no menos latente, que finalmente nos lleva a la pregunta del millón, señor secretario de Estado: ¿Va a cumplir o no el Ministerio del Interior el acuerdo establecido por la Junta de Andalucía y va a dotarla al cabo de ocho años ya, del número de efectivos que necesita para cumplir las misiones que tiene encomendadas?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Por empezar por el final, esto es un proceso, señoría, ya se lo he explicado. Tenemos que ir llenando el cuerpo nacional de Policía de funcionarios trasvasando a su vez un compromiso que es de cumplimiento y cuya renovación corresponde ahora con la Junta de Andalucía. Para eso le he dicho que hay una reunión de renovación del convenio el 15 de enero, entre funcionarios de la Administración central y de la Junta de Andalucía para ver cuál es el proceso de incorporación.
En cuanto a las cifras, en relación con las de Valencia y Andalucía, perfectamente iguales. En relación con las de Galicia, se empezaría antes a hacerlo y se habrá llegado a esta situación. El hecho de que S.S. presienta que unas están al cien por cien y otras al 50 por ciento, no. Ninguna al cien por cien, otra al 70 por ciento y otras al 50 por ciento. Ésa es la realidad. Digamos los hechos como son porque las cifras son tercas y por eso hay que decir las cifras como son.
En cuanto a las reuniones con la Junta de Andalucía, ha habido reuniones. Este secretario de Estado se ha reunido con la Junta de Andalucía para hacer convenios de aplicación de la Guardia Civil a determinadas
actividades de la Junta y en eso estamos trabajando. No tiene ningún sentido estar discriminando en este proceso complicado, por la escasez de medios que tenemos de policías adscritas ¿Qué estamos haciendo con la Junta de Andalucía? Estamos haciendo trabajos que ya por el número que tienen debería estar haciendo la Junta de Andalucía, precisamente para que puedan hacer otros ¿Cuáles son? Por ejemplo, la protección de los juzgados, traslado de menores, inspección del juego, todo eso lo estamos haciendo nosotros para paliar un proceso, porque es nuestra obligación, pero se podría decir que de los doscientos y pico funcionarios que tiene adscrita la Policía, podrían repartirse por actividades. Pues no señor. ¿Me entiende bien lo que estoy diciendo? Cada uno ha elegido una actividad determinada y, otras, las han dejado y las hacemos nosotros, mientras negociamos el cumplimiento de los acuerdos.
- DE LA SEÑORAALBERDI ALONSO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE CRITERIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARAAUTORIZAR LAS MANIFESTACIONES EN MADRID. (Número de expediente 181/000301.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 8 del orden del día, que formula doña Cristina Alberdi Alonso, del Grupo Socialista, que tiene la palabra.
La señora ALBERDI ALONSO: La pregunta se refiere a las autorizaciones del Ministerio del Interior para las manifestaciones en Madrid.
Entendemos, y así nos lo han hecho llegar los grupos afectados, especialmente las asociaciones vecinales, que ha habido una evolución en los criterios para la autorización de este tipo de manifestaciones. Nosotros nos preguntamos que cómo, tratándose de unas normas jurídicas que no han cambiado, y de un Gobierno que sigue sustentado por el mismo grupo político, puede ser que cambiando el titular de la Delegación del Gobierno aparezcan una serie de problemas y unos criterios distintos aparentemente, y es lo que quiero que me explique, señor secretario de Estado, si hay unos criterios distintos y por qué, con relación a la situación anterior.
Cuando teníamos de delegado del Gobierno al señor Núñez Morgades, del que ha quedado un recuerdo extraordinario de una atención permanente, de una asistencia a todo tipo de lugares, donde había un problema allí acudía el señor Núñez Morgades, todo eran facilidades y había una relación extraordinaria entre ese delegado del Gobierno y los grupos de asociaciones que, por unas razones o por otras, legítimas en todo caso, pretendían manifestarse y argumentar con respecto a sus posiciones, al fin y al cabo ejercer un derecho reconocido en la Constitución y en nuestras leyes. A partir del nombramiento del nuevo delegado del Gobierno, en junio de 2000, aparecen todo tipo de problemas. Nos dicen que hay una cierta postura disuasoria para el ejercicio de un derecho fundamental, que es poner todo tipo de pegas y trabas para la autorización de las manifestaciones, como mandar ir por las aceras, por ejemplo, en una manifestación, o si es en una calle sólo por un lado de la calle, con grave peligro porque por el otro lado vienen los coches circulando, o un gran despliegue de medios policiales que van en paralelo a la manifestación; incluso hay datos de manifestaciones no muy numerosas en las que casi las fuerzas policiales son superiores a los propios manifestantes. Esto lo entienden estos grupos como elementos de disuasión para el ejercicio de un derecho fundamental.
Los casos más llamativos que nos hacen llegar estos colectivos son las manifestaciones de vecinos ante la antigua cárcel de Carabanchel en las que ha habido muchos problemas, y también los de los vecinos de Santa Eugenia, que tienen los problemas que todos conocemos en relación con la ampliación de la carretera N-III.
Desde esta fecha de junio de 2000 ha habido numerosas sanciones considerando las actuaciones por infracciones graves con multas de hasta 250.000, pesetas, por lo que los interesados han tenido que formular recursos; ha habido numerosas denuncias tanto de los policías a los manifestantes como de los manifestantes a los policías que han dado lugar a juicios de faltas, algunos archivados, otros con sentencia absolutoria. En cualquier caso, lo que sí estamos viendo y percibiendo es que donde no debería de haber un conflicto porque la actuación de la Policía debería de ser en esa línea a la que estábamos acostumbrados, de apoyo, de ayuda y de canalizar ese ejercicio de derechos fundamentales, nos estamos encontrando con unas trabas que antes no existían y con unos problemas y unos conflictos de enfrentamiento de los colectivos con la Policía.
Esto es lo que nos preocupa y el motivo de preguntarle si es que ha habido un cambio de criterios. Naturalmente podemos entender que haya un conflicto de intereses, y eso en cualquier acción del Gobierno que tome decisiones puede ocurrir, que entre los diversos intereses en conflicto que hay que proteger a veces haya que ponderar el que los ciudadanos no se vean constreñidos por enormes manifestaciones en el centro de las ciudades, en fin, un debate que ya conocemos y que existe, pero siendo respetuosos con los derechos de la ciudadanía en un Estado de derecho también se puede en ocasiones denegar una manifestación pero nunca condicionarla. Esto nos da la impresión de una especie de posición disuasoria poco favorable al ejercicio de ese derecho fundamental de manifestación.
También quiero decirle que se nos hace llegar una cierta descoordinación entre las fuerzas de Policía local y nacional. Existe un descontento muy importante por las actuaciones de este delegado del Gobierno, por los criterios con los que lleva a cabo la autorización de las
manifestaciones, o la no autorización, o los condicionantes, y por eso tenemos que preguntarle si han cambiado los criterios y si el Ministerio del Interior piensa tomar alguna medida para solucionar este grave conflicto que ha generado el desempeño de sus funciones por parte del nuevo titular, que incluso ha dado lugar a algo que no nos había pasado nunca con el anterior delegado, que es la petición de su dimisión desde muchas instancias, incluso aquí en el Congreso de los Diputados vivimos hace poco, no hace ni un mes, la concentración de pacifistas que fue objeto de preguntas en el Pleno al ministro del Interior, y que dio lugar también a una cierta conflictividad. Este es el motivo de nuestra petición de explicación y si hay ese cambio de criterio, porque las normas son las mismas y el grupo político que sustenta al Gobierno también.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Los criterios del Ministerio del Interior en relación con las manifestaciones que se celebran en Madrid son el máximo respeto, como no puede ser de otra manera, a la normativa vigente, incluida la Ley orgánica 9/1983, de 5 de julio, que regula el derecho de reunión pacífica y sin armas. Con esos criterios nosotros damos instrucciones a los responsables de la seguridad y del orden público en la cadena de mando, que en este caso al que se refiere usted es al delegado del Gobierno en Madrid, y son los que tienen que aplicar. Máximo respeto al ejercicio del derecho de manifestación, de reunión pacífica y sin armas, tratando de hacerlo compatible, como S.S. señalaba también, con el de los ciudadanos que, ajenos a las manifestaciones, también tienen derecho a circular libremente por lugares públicos. El Ministerio del Interior no autoriza las manifestaciones, ya que ninguna reunión está sometida a régimen de previa autorización, según el artículo 3 de la ley citada. Simplemente se da por enterado de su convocatoria en virtud de la comunicación previa legalmente exigible, que debe ser presentada de acuerdo con el artículo 8 de la vigente ley; se trata de un escrito dirigido a la autoridad gubernativa correspondiente, en este caso la delegación del Gobierno, firmado por los organizadores y promotores de aquélla con una antelación de 10 días naturales como mínimo y 30 como máximo.
El criterio de prohibición de una manifestación fundamentado en el artículo 10 de la citada ley ha de basarse en el hecho de que la autoridad gubernativa considere que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público. La resolución prohibiendo una reunión o una manifestación es susceptible, en todo caso, de recurso contenciosoadministrativo ante la Sala Cuarta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de 48 horas. Ante las más de 1.200 manifestaciones que se celebran actualmente en Madrid, algunas de ellas claramente coincidentes, la delegación del Gobierno puede proponer en algún caso el itinerario de la reunión o su duración, atendiendo a la exigencia de compatibilizar el ejercicio de manifestación con el derecho de libre circulación de los demás ciudadanos por lugares públicos. Todo ello sobre la base de que también la autoridad tiene la obligación de procurar la ordenación de la convivencia haciendo compatible ese derecho con la protección del libre derecho de las otras personas.
Los anteriores criterios, que no son otros que los fundamentados en la normativa vigente y en el marco del Estado de derecho, no han variado en ningún momento con motivo del cambio de titular de la delegación del Gobierno, si bien en los últimos meses ha aumentado el número de comunicaciones preceptivas de las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones que se vienen celebrando en Madrid, de acuerdo con el ya citado artículo 8 de la Ley orgánica que he mencionado, que prevé la exigencia de este requisito de comunicación previa y por escrito. En ese sentido se ha exigido el cumplimiento de un precepto legal. En todo caso, por parte de la Delegación del Gobierno no se hace otra cosa que exigir el respeto al marco jurídico del Estado de derecho en el ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, que vela por que el mismo se lleve a cabo conforme a lo previsto en la Ley orgánica citada, protegiéndolo frente a quienes tratan de impedir, perturbar o menoscabar su lícito ejercicio. La Delegación del Gobierno procura mantener contactos previos con responsables y organizadores de las reuniones que se comunican, con objeto de adoptar las medidas precisas para el desarrollo de dichas reuniones, todo ello de acuerdo con la normativa que he mencionado.
Cuando una reunión se celebra sin previa comunicación a la autoridad competente, la Delegación del Gobierno adopta las medidas legalmente previstas en orden a restablecer en su caso el orden público alterado y a reconducir, de acuerdo con lo legalmente previsto, las pretensiones de sus convocantes, que no han tenido en cuenta la necesidad de sujeción a lo previsto en la normativa. Esos son los criterios de este Gobierno, como también lo fueron del Gobierno anterior.
El señor PRESIDENTE: Señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Muy brevemente.
Naturalmente, señor secretario de Estado, usted mantiene que los criterios son los mismos que regían durante el mandato del anterior delegado del Gobierno pero, a juzgar por las circunstancias en las que se están produciendo las manifestaciones, tenemos que decir que las coordenadas mediante las cuales esto se está llevando a cabo han cambiado porque, si no, no se entiende que se estén dando tantas situaciones de tensión,
sobre todo en Santa Eugenia y en las manifestaciones ante la antigua cárcel de Carabanchel. A mí me consta que los manifestantes, siempre según su versión, cumplen con la normativa vigente en cuanto a las comunicaciones preceptivas, que son por escrito. Hacen las cosas tal y como establece la normativa vigente, igual que lo hacían con anterioridad; sin embargo, por un lado están las trabas a las que me he referido antes de condicionar el tipo de manifestación y por otro la contundencia en la respuesta que nunca habían sido tan fuertes ni tan tremendas como lo está siendo en esta etapa. Basta citar el caso del señor Gómez Ballesteros, que presentó una denuncia después de ver cómo la Policía golpeaba a una señora. Él salió en defensa de la señora al ver que la Policía actuante la tiró al suelo y resulta que, cuando fue a pedir explicaciones, le dieron a él otro golpe. Dice el compareciente en la denuncia -la tengo aquí, atestado 7.314, en la comisaría de la Villa de Vallecas- que se arrodilló con los brazos en alto, denotando que no quería problemas y que recibió gran cantidad de golpes en la espalda y en la cabeza. Es decir, hay una respuesta contundente y desproporcionada que no existía con anterioridad.
Porque unas personas se manifiesten por un problema que tienen en Santa Eugenia, por un puente que tienen que atravesar todos los días porque el barrio está dividido por la N-III, no parece adecuado que en un Estado democrático y de derecho haya respuestas tan contundentes, tan fuertes y tan desproporcionadas por parte de la Policía. Y luego estamos con esas personas que tampoco tienen unos medios económicos extraordinarios y que tienen que buscarse abogados o personas que les asesoren, viéndose en juicios de faltas y sin saber si van a tener que pagar una multa de doscientas o de doscientas y pico mil pesetas, que no es ni el sueldo que tienen al mes. Son situaciones de tensión y de angustia lamentables para estas personas.
Señor secretario de Estado, usted nos dice que no ha cambiado el criterio, cosa que por otro lado me alegra oír, puesto que no podía ser de otra manera. Las normas están en vigor, son las que son y el Gobierno sigue sustentado por el mismo grupo parlamentario, como no podía ser de otra manera, pero sí que puede haber una mayor contundencia o flexibilidad o una actuación más acorde con una serie de valores o de principios. Eso es lo que en esta réplica quería poner de manifiesto al señor secretario de Estado, pidiéndole que esas normas se cumplan, pero con los mismos criterios con los que las cumplía el anterior delegado del Gobierno. No hacía nada que estuviera fuera de la legalidad y, sin embargo, era mucho mejor acogido por la ciudadanía. Así no habríamos tenido los problemas que se tienen en el momento actual.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Es evidente que los criterios, como S.S. ha dicho, no pueden ser otros que los que yo he descrito: atenerse absolutamente a la ley y, si hay -eso también es atenerse a la ley- alguna extralimitación en el ejercicio de la fuerza, iniciar el expediente interno correspondiente y establecer las responsabilidades que resulten del caso. Esto, repito, también es atenerse a la ley. En cualquier circunstancia en la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o determinados criterios puedan superar el ámbito establecido por la ley, por el sentido común o por el sentido de la gobernabilidad ciudadana, basado en esos criterios de flexibilidad sin mengua de los otros, nosotros estaremos siempre del lado de establecer responsabilidades, pero no creo que debamos confundir criterios con aspectos muy específicos de determinadas actuaciones. Sin embargo, la preocupación de S.S. es la mía y le puedo asegurar que en todos los procesos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en problemas de orden público, se establece y se pide que haya la mayor de las flexibilidades, el mayor de los ejercicios de tolerancia posible dentro de un marco en el que sabe S.S. que a veces llegar a esos equilibrios por razones muy específicas y muy súbitas de los problemas no puede ser. En cualquier caso, tengo que decir que en los dos aspectos, tanto desde el punto de vista de la exigencia de su cumplimiento hacia quien se manifiesta como desde el punto de vista de la exigencia de su cumplimiento hacia quien debe controlar de alguna manera el ejercicio de ese derecho, si hay alguna denuncia concreta este secretario de Estado está dispuesto a tratar del asunto y ver de qué manera, no cambiando los criterios, pero sí precisamente exigiendo que se cumplan, se puede evitar.
- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO CONSIDERA ILEGAL LA PARTICIPACIÓN DE DELEGADOS SINDICALES EN LA CONCENTRACIÓN SILENCIOSA REALIZADA FRENTE AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN CONTRA DELÚLTIMO ATENTADO COMETIDO POR ETA EN MADRID, EL PASADO 31 DE OCTUBRE Y, ADEMÁS, LO UTILIZA COMO ARGUMENTO PARA RESTRINGIR EL HORARIO Y EL ITINERARIO DE UNA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR LOS SINDICATOS CCOO, UGT Y CSICSIF, EL DÍA 16/11/00. (Número de expediente 181/000303.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 9, de don Victorino Mayoral Cortés, al que le doy la palabra para formularla.
El señor MAYORAL CORTÉS: Es la última pregunta que le hacemos al señor secretario de Estado en una mañana de gran esfuerzo por su parte, lo cual le agradecemos, y que ya va llegando a su fin.
La pregunta es continuación en un caso práctico de lo que estaba usted contestando a la señora Alberdi. Ha dicho usted que el ejercicio del derecho de manifestación se realiza con el máximo respeto a tal derecho. Pues bien, yo tengo que decirle, señor secretario de Estado, que en el caso que le planteamos en este momento no ha sido así. La autorización que se dictó el día 16 de noviembre a una solicitud de manifestación por parte de los sindicatos no se ha inspirado precisamente en ese principio de máximo respeto, sino más bien en la consideración de un hecho ilegal, ilegalidad que solamente ha estado en la mente del señor delegado del Gobierno a la hora de calificarlo así. Me estoy refiriendo a unos hechos que ocurrieron delante de esta Cámara, concretamente en la plaza de Las Cortes. El día 7 de noviembre 2.000 delegados sindicales que se habían reunido en una sede próxima a la zona atraviesan la plaza de Las Cortes para dirigirse a otro lugar en el que tenían autorizada una manifestación, coincidiendo en ese momento con una manifestación del personal de esta Cámara para expresar su repulsa ante un atentado de ETA. Estos delegados sindicales se incorporaron a esa manifestación silenciosa para expresar su repulsa y resulta que ese hecho, esa presencia suya con las pancartas bajadas por parte de los delegados sindicales aparece calificada como actuación ilegal por parte de estos sindicatos el día en que he mencionado que ocurrió.
Está calificado en la resolución que tengo aquí y que S.S. debe conocer, como un acontecimiento ilegal.
A partir de ahí tenemos que sacar la conclusión de que por parte del delegado del Gobierno en Madrid se está desarrollando una política de carácter restrictivo en lo que a la actuación en relación con las manifestaciones que se celebran en Madrid se refiere, particularmente en este caso de una manera muy evidente, porque aparece recogido en una resolución. Yo creo que S.S., señor secretario de Estado, le debería refrescar la memoria al delegado del Gobierno acerca de lo que significa el derecho de manifestación en una democracia, ya que es un derecho que, evidentemente, no está sometido, como S.S. decía, al régimen de previa autorización, pero basta leer la resolución que le menciono, de 7 de noviembre, del delegado del Gobierno, para ver el espectacular tufo que dicha resolución tiene de intencionalidad o de filosofía de autorización previa. La autoridad gubernativa, también dice la ley que regula el derecho a la manifestación, protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes traten de impedir, perturbar o menoscabar el legítimo ejercicio por parte de los ciudadanos, pero parece que aquí la autoridad más bien vigila, es más bien la dimensión de la desconfianza respecto de lo que hagan los manifestantes que lo que es el propio derecho de manifestación.
Cuando esta mañana venía hacia el Congreso, me he cruzado con una manifestación que pasaba por la calle Génova, muy cerca de la sede del Partido Popular, manifestación relacionada con Telefónica o con Renfe, no lo recuerdo, y el cerco de la Policía en torno a los manifestantes era espectacular. Por tanto, creo que es importante, señor secretario de Estado, que por parte de S.S. se dicten instrucciones claras al delegado del Gobierno acerca de lo que significa el derecho de manifestación en una democracia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): El delegado del Gobierno tiene claros los criterios del Ministerio del Interior, que he expresado antes en mi anterior contestación, y se le exige permanentemente su cumplimiento. En ningún momento el Gobierno ha considerado ilegal la participación de los delegados sindicales en la concentración silenciosa realizada frente al Congreso de los Diputados en contra del atentado cometido por ETA en Madrid el pasado 31 de octubre. Muy al contrario, la presencia sindical en este tipo de actos es muy favorable. Tampoco la Delegación del Gobierno en Madrid ha considerado en ningún momento su ilegalidad. Lo que la Delegación del Gobierno estimó en su día como ilegal fue la manifestación que, una vez finalizada la concentración silenciosa ante el Congreso de los Diputados, y a la que se unió un grupo de delegados sindicales, transcurrió desde el Congreso de los Diputados hasta la calle de Alcalá, frente al Ministerio de Hacienda, lugar en el que había sido convocada una concentración de delegados y delegadas de Madrid de los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CSIF, según escrito de 11 de octubre de 2000 comunicado al delegado del Gobierno por don Julio Pinto Velasco, secretario de organización de federación de servicios y administraciones públicas de Comisiones Obreras de Madrid. Es claro que hay que separar la participación positiva de los delegados sindicales de la concentración silenciosa a la que usted aludía, convocada en el propio Congreso de los Diputados frente a su sede en la carrera de San Jerónimo a las 12 de la mañana del día 31 de octubre, de la que tuvo lugar inmediatamente después sin notificación por parte de un grupo de representantes sindicales que se dirigió al lugar de concentración comunicado a la Delegación del Gobierno ante el Ministerio de Hacienda, en la calle Alcalá números 5 y 11. La única referencia que la Delegación del Gobierno hizo en relación con la citada manifestación, ya que no en relación con la concentración silenciosa ante el Congreso de los Diputados, es la que se mantiene en el fundamento tercero de derecho de una resolución posterior del delegado del Gobierno, a la que usted aludía, en la que se señala que los manifestantes se trasladaron
posteriormente desde el Congreso de los Diputados, en forma de manifestación encubierta, hasta el punto autorizado, sito en la calle de Alcalá. Por lo que se refiere a la manifestación convocada por Comisiones Obreras, UGT y CSI-CSIF para el día 16 de noviembre, no se puede hablar de fenómeno causa-efecto en relación a la del 31 de octubre.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Lamento tener que discrepar en profundidad con la interpretación que hace el señor secretario de Estado. No le voy a leer la resolución de 7 de noviembre porque la conoce perfectamente. Estamos ante un hecho que tiene cierta relevancia por lo que significa la interpretación del delegado del Gobierno, y espero que no del Gobierno, acerca de lo que es el derecho de manifestación prioritariamente considerado como problema de orden público más que como garantía de un derecho fundamental ciudadano.
Esta es la cuestión fundamental que subyace en tantos y tantos acontecimientos de similares características, que están ocurriendo como consecuencia de actuaciones dirigidas por los delegados del Gobierno, particularmente a la que me refería. La resolución dictada por el delegado del Gobierno está fuera del espíritu, incluso de la letra, de la Ley Orgánica 9/1983, sobre derecho de reunión. La utilización de hechos erróneos es muy grave en esta actuación, sobre todo porque hechos erróneos son los que se utilizan como motivación en la resolución del delegado del Gobierno del 7 de noviembre. En primer lugar, los sindicatos no habían celebrado ninguna concentración de forma ilegal ante el Congreso. Pasaban por allí; iban juntos. ¿Ir juntos, trasladarse desde una sede sindical, pasando por la plaza de las Cortes en dirección al lugar de la manifestación, constituye una manifestación en sí misma? Porque esa es la interpretación que hace el delegado del Gobierno y esa es la gravedad del asunto. ¿Es que cada vez que se vea a más de 20 personas juntas, en dirección a algún lugar, se puede considerar que están ejerciendo el derecho de manifestación o simplemente el derecho de traslado? Es una cuestión en la que debe instruir el Gobierno al delegado en Madrid, puesto que en situaciones que pueden ocurrir con un mayor grado de conflictividad social, la reacción no puede ser la sospecha y la dimensión de orden público prioritaria sobre el derecho de manifestación. Los delegados sindicales no quisieron convocar ninguna manifestación delante del Congreso. No hay intencionalidad y lo grave es que se califique así.
Por otra parte, en esta resolución que yo conozco hay implícito un profundo sentido de desviación de poder. Una resolución dictada sobre un derecho fundamental, atribuyendo, en este caso a los sindicatos, la realización de un hecho ilegal no probado (porque el señor delegado del Gobierno dice que fue un hecho ilegal) sin aportar las pruebas, es lamentable. Por otra parte, en esta resolución hay un sentido profundamente sospechoso de cualquier presencia o paso de manifestación delante de las puertas del Congreso. En esta resolución se advierte a los representantes sindicales que piden la autorización para el día 16 que, como puede pasar cerca del Congreso, es un motivo para modificar el itinerario e incluso el horario. Esta resolución dictada por el delegado del Gobierno tiene dos elementos que son graves. No sé si los interesados realizarán alguna actuación de carácter judicial, pero cambiar un itinerario y un horario da la sensación de ser una actuación de carácter represivo más que orientador y organizador de un aspecto de la convivencia ciudadana.
Desde mi punto de vista es abusivo limitar la duración de la manifestación, como así se hizo, aunque luego rectificó el delegado del Gobierno porque limitó la manifestación del 16 a hora y media en función de este argumento y luego cambió el itinerario porque el lugar previsto estaba muy próximo al Congreso. El artículo 10 de la Ley 9/1983, que regula el derecho de manifestación, dice claramente que la autoridad sólo puede proponer el cambio de itinerario si existiesen razones fundadas de que podrían producirse alteraciones de orden público con peligro para las personas y los bienes. ¿Existía tal peligro en la solicitud de manifestación que hacen los sindicatos para el día 16 y que es el motivo por el cual el delegado del Gobierno les cambia el itinerario? ¿Cómo se puede prejuzgar un hecho que está sometido fundamentalmente a situaciones de carácter fáctico que en este supuesto no se daban? Señor secretario de Estado, es muy importante para la buena salud de un sistema democrático que la autoridad gubernativa no desenfoque de modo desequilibrado el análisis de los hechos, no tenga compulsiones restrictivas sobre el uso de derechos ciudadanos y no confunda la actuación ciudadana en el ejercicio de derechos de manifestación con alteraciones de orden público.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra le señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): No puedo estar más de acuerdo con el final de su exposición. Creo que está muy bien definida la no confusión entre una serie de derechos y otros, y eso es precisamente lo que trata de establecer la autoridad competente para regular unos y otros. En este sentido, don Julio Pinto Velasco, en su calidad de secretario de organización de la federación de servicios y administraciones públicas de Comisiones Obreras de Madrid, refiriéndose a la autorización que había dado el delegado del Gobierno, dice: Planteamos como recorrido alternativo, tras las conversaciones
mantenidas en la Delegación del Gobierno en el día de la fecha, que dicha manifestación discurrirá desde la plaza de la Villa hasta la calle Alcalá, esquina calle Sevilla, junto al edificio de Banesto, respetando un carril de descenso hacia la Puerta del Sol para transporte público y de emergencias. La condición de la manifestación transcurriendo por delante del Congreso de los Diputados se tomó de acuerdo entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid.
Las razones que se alegaron en cuanto a no permitir su paso sería que alteraría gravemente la prestación de los servicios públicos esenciales de policías, bomberos y ambulancias, tal como se decía en el informe del propio Ayuntamiento de Madrid.
Señoría, entiendo la preocupación que manifiestan usted y la señora diputada que me ha preguntado anteriormente. Es una preocupación constante desde el punto de vista del Ministerio del Interior que se ejerciten las responsabilidades públicas de seguridad ciudadana y orden público dentro estrictamente de la ley. Eso es lo que intentamos hacer. Los criterios de flexibilidad tienen que ser entendidos en uno y otro sentido. Es evidente que 1.200 manifestaciones en Madrid hacen que en ocasiones se den determinados aspectos que inclinen esa sutil balanza entre el derecho a ejercer y el derecho de los otros ciudadanos a no sentirse afectados por esos derechos a ejercer. En esa sutil balanza están involucradas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los órganos gubernativos correspondientes. Entiendo su preocupación. El Gobierno tiene unos criterios que solamente se apoyan en la legalidad y en el sentido común de la convivencia ciudadana para que se puedan llevar adelante, y sólo puedo decir que en ese sentido así se han cumplido y así se seguirán cumpliendo.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, antes de finalizar la sesión, dada la presencia del señor secretario de Estado y para que así pueda constar en el «Diario de Sesiones», quiero expresar los mejores deseos de este grupo parlamentario en estas fechas para todos los miembros, hombres y mujeres, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reconociendo su ejemplar y abnegada tarea cotidiana en defensa de la libertad, de la seguridad y de los derechos de todos los ciudadanos, y hacer que ese recuerdo tenga una referencia muy especial a los hogares de todos aquellos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han perdido la vida en acto de servicio durante este año o que han sido víctimas de acciones terroristas. Todo el conjunto de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero especialmente estas familias, tendrán siempre nuestra gratitud y estarán en nuestra memoria.
El señor MAYORAL CORTÉS: Creo que el señor Gil Lázaro hace bien en adoptar esta iniciativa de su grupo al desear felicidad en estas fechas a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a todos aquellos que se dedican a la labor de preservar la libertad y seguridad de todos los españoles, deseándoles todo lo mejor. También me uno a esa felicitación y en este sentido quisiera incluir a las autoridades del Ministerio.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señor presidente, para una cuestión de orden.
Sin duda el señor letrado tendrá en mente un artículo del reglamento que permite aportar documentación para las argumentaciones que uno ha expresado. Quisiera que constara en acta la oposición del Grupo Popular a la proposición no de ley presentada por mi grupo para el incremento de las fuerzas de seguridad de Barbate, efectivamente con una enmienda del Grupo Popular, pero quiero que conste en acta el resultado de la votación.
El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, a efectos de lo que pide la señora Romero, quiero recordar que aquel texto presentado por el Grupo Socialista decía «adoptar». El Grupo Parlamentario Popular ofreció in voce una enmienda que decía «continuar adoptando» y simplemente no fue aceptada por el grupo proponente. Esos fueron exactamente los términos de la cuestión.
El señor PRESIDENTE: Serán complacidos los señores diputados.
Tiene la palabra al señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Quiero dar las gracias y reiterar la felicitación que me han manifestado a todos ustedes y a toda la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia y a todos los diputados por su trabajo.

References: resolución 
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 10
 resolución 
 artículo 8
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 10