Source: http://www.libertadidioma.com/2004/20041230.htm
Timestamp: 2018-11-16 20:55:07+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Jueves 30 Diciembre 2004
Nación de nacionalistas
Miguel Ángel Quintanilla Navarro Libertad Digital 30 Diciembre 2004
ZP o la farsa de un Pacto por las Libertades
EDITORIAL Libertad Digital 30 Diciembre 2004
¿Apocalipsys now
José Alejandro VARA La Razón 30 Diciembre 2004
EL TAMAÑO DE ZAPATERO
M. MARTÍN FERRAND ABC 30 Diciembre 2004
El bosque de la legalidad
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 30 Diciembre 2004
NO HAY UNA EXCEPCIÓN VASCA
César Alonso DE LOS RÍOS ABC 30 Diciembre 2004
DEMOCRACIA TRUCADA
Editorial ABC 30 Diciembre 2004
Amnesia democrática
Iñaki EZKERRA La Razón 30 Diciembre 2004
Los nuevos ricos de PSC y PSOE
Francisco MARHUENDA La Razón 30 Diciembre 2004
La noche de los territorios vivientes
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 30 Diciembre 2004
Tomás CUESTA La Razón 30 Diciembre 2004
Y ZP en el teatro
César VIDAL La Razón 30 Diciembre 2004
José García Domínguez Libertad Digital 30 Diciembre 2004
El jardín del archivo
Editorial La Razón 30 Diciembre 2004
Luis María ANSON La Razón 30 Diciembre 2004
Atutxanovich
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital 30 Diciembre 2004
El límite de Zapatero
Editorial El Ideal Gallego 30 Diciembre 2004
Rotos y descosidos del 2004
Lorenzo Contreras Estrella Digital 30 Diciembre 2004
Terrorismo, presos y paz
ROGELIO ALONSO El Correo 30 Diciembre 2004
«Comunidades nacionales»
Cartas al Director ABC 30 Diciembre 2004
El presidente de La Rioja insta a Zapatero a «poner freno» al tripartito catalán
LOGROÑO. Agencias ABC 30 Diciembre 2004
Un vocal del CGPJ dice que con el archivo de la querella se beneficia «a un grupo filoterrorista»
F. Velasco La Razón 30 Diciembre 2004
«No ha sido una comisión de expertos sino de adeptos»
Luis Miguel Torres / Ical La Razón 30 Diciembre 2004
España no es una nación de naciones, es una nación llena de nacionalistas. Y esto significa dos cosas:
1- Que no estamos hablando de realidades históricas que la Constitución de 1978 se niega a reconocer, sino de individuos que desean ejercer un dominio totalitario sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. Para favorecer ese dominio inventan historias sobre lo que ese territorio “realmente” ha sido a lo largo de los siglos, y afirman que la manera cabal de vivir es manteniendo fidelidad a las cosas, a los pensamientos y a los gustos de los muertos, que en realidad son los suyos, aunque el arcaísmo que manifiestan puede prestar verosimilitud a esa impostura. El nacionalismo puede pasar por tradición porque nadie puede creer que a algún coetáneo se le ocurra decir esas cosas, pura necrolatría.
2- Que el nacionalismo no es un autonomismo radical, sino una pretensión contraria a éste. El autonomismo preserva la herencia cultural de las provincias españolas y la pone a disposición de las personas, que pueden hacer de ella el uso que deseen. Pueden abrazarla o rechazarla, según la utilidad que crean que puede rendir en sus vidas. Por el contrario, el nacionalismo pone a las personas al servicio de esa herencia tal y como queda después de haberla alterado y mutilado para que sirva mejor a lo que se pretende: el dominio totalitario del territorio de referencia y de las personas que en él habitan.
Por lo tanto, Patxi López no es la versión radical de Nicolás Redondo Terreros, sino algo muy distinto de él: la convalidación de la impugnación por medios delictivos de los principios de la Constitución de 1978.
Cuando Zapatero afirma que la inclusión de los principios del nacionalismo en los Estatutos de autonomía y en la Constitución permitirá estabilizar el sistema político español durante otros 25 o 30 años, dice algo tan absurdo como esto: lo mejor para garantizar la seguridad de la Constitución es que dejemos de defenderla de quienes pretenden su desaparición, que incluyamos en ella los principios de los que abomina y que ignoremos los que declara. Cree que el autonomismo fue una cesión a los principios del Plan Ibarretxe que conviene renovar, cuando se fundamenta en su rechazo frontal por razones morales y políticas, y de paso concede a los nacionalistas el mérito de haber “mantenido” la democracia española durante estos años. Lo que Zapatero revela al hablar así es que el PSOE se está transformando en un partido nacionalista español en sentido estricto: un partido dispuesto a ejercer un dominio totalitario sobre el conjunto de España, excluidas las regiones en las que paga el peaje necesario para hacer durar la legislatura. El culto de Zapatero a algunos de los muertos de la Guerra Civil es el embrión de una ideología nacionalista.
Porque ha sido defendida, la Constitución ha durado 25 años a pesar de los muchos Patxi López que ha habido durante este tiempo. Hoy hay uno en La Moncloa.
Vista la gravísima deriva nacionalista del PSOE en Cataluña y el País Vasco, que ha venido a suceder a la infame explotación política contra el anterior gobierno perpetrada por los socialistas tras la masacre terrorista del 11-M, la agenda de asuntos a tratar que acompañaba la solicitud del PP de una convocatoria del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo ha venido marcada por un apreciable perfil bajo.
No se trata, ciertamente, de minusvalorar la gravedad de la infidelidad al pacto que conlleva la decisión unilateral del PSOE de nombrar entre sus propias filas a Gregorio Peces Barba como Alto Comisionado para las víctimas del terrorismo; tampoco de quitar hierro a la pasividad gubernamental ante la creciente participación de Batasuna en la vida pública. Sin embargo, consideramos que el PP debería, además, haber puesto sobre la mesa la anunciada voluntad de socialistas vascos y catalanes de superar los marcos estatutario y constitucional en los que se basaba dicho Pacto, así como las voces reacias a la ilegalización de Batasuna procedentes del PSOE, que, aunque sean minoritarias, dejan en entredicho la fidelidad del partido de ZP al Pacto por las Libertades.
Si como decía y dice la letra del Pacto, “la recuperación plena de la unidad para luchar contra el terrorismo debe llevarse a cabo en torno a la Constitución y el Estatuto de Guernica, espacio de encuentro de la gran mayoría de los ciudadanos vascos”, adquiere ciertos matices de tomadura de pelo a la ciudadanía que ninguno de los dos partidos haya hecho ahora la menor referencia a la recientemente decisión del PSE de dejar atrás el Estatuto de Guernica para proclamar al País Vasco como “comunidad nacional”, en un choque frontal con los pilares que sustentan nuestra Carta Magna.
Bien está que el PSOE se haya comprometido con el PP a instar a la Fiscalía y a la Abogacía General del Estado a evitar que miembros de organizaciones y plataformas ilegalizadas participen en actividades políticas de los ayuntamientos del País Vasco. Pero mejor estaría que el PSOE anunciara su compromiso de dejar de apoyar a formaciones que, bajo otras siglas, mantienen la línea marcada por Batasuna, tal y como ocurre en algunos Ayuntamientos de Navarra. Tampoco estaría de más que, tras esta reunión del pacto, los ciudadanos pudieran tener garantías de que socialistas catalanes como Maragall, o vascos como Odon Elorza, dejen de pedir amparo legal a los representantes de ETA. Y, desde luego, la solicitud de intervención a la Fiscalía sería mucho más coherente si dirigentes socialistas, tales como Gemma Zabaleta, dejaran de participar junto a Batasuna en foros como el celebrado hace escasos días en el Parlamento catalán donde se tiraron por tierra los pilares en los que se sustenta el Pacto por las Libertades.
Aunque esté un poco más alejado en el tiempo, tampoco hubiera estado de más que el PP hubiera pedido al PSOE que reconsiderara su reciente decisión de despenalizar la convocatoria de referéndum ilegales, tal y como pretende hacer Ibarretxe, o la financiación pública de formaciones ilegalizadas, tal y como sigue haciendo el gobierno vasco.
No tratar todos estos asuntos en la reunión de este miércoles no es muestra ni de "lealtad" ni de "vigencia" del Pacto, sino ganas de sostener en las formas un vacío de fondo. Aplazar los problemas no es la vía de solucionarlos.
¿Apocalipsys now?
En vísperas de que la Cámara vasca se pronuncie sobre el Plan Ibarretxe, se escuchan los sonidos de las trompetas del Apocalipsis. Hasta la naturaleza parece haberse conjurado para alterarnos el Fin de Año. Al drama del tsunami de los mares del Sur, con miles de cadáveres flotando sobre las aguas del paraíso (necesitamos un Stevenson para narrar esa tragedia), hay que sumar las advertencias de los científicos. El maremoto asiático ha modificado el eje de la Tierra en 5 o 6 centímetros. ¿Y eso qué significa? La primera reacción es apoyarse contra la pared por miedo a perder el equilibrio. Unos segundos después, y tras palparnos la ropa, nos damos cuenta de que todo sigue más o menos en su sitio. El eje del planeta puede que se haya desplazado unos metros pero los cuadros del despacho ni se han ladeado. A algún amigo le daba vueltas la cama, pero más debido al efecto de los destilados navideños que a las turbulencias sísmicas. De modo que, afortunadamente, el planeta sigue ahí, dando vueltas tontamente en el Universo, aunque, según parece, durante unas cuantas fechas nuestros días se acortarán en tres microsegundos. Poca cosa. Ni tiempo de tomar un café, de echar la bonoloto o de dar un beso. Bruselas nos hace adelantar los relojes cada otoño una hora y eso sí que es grave, porque nos hurta preciosos minutos de luz, o sea preciosos minutos de vida.
Menos apocalíptico es el cataclismo doméstico de la nevada. Es un fenómeno recurrente y paletón. Ya nos hemos acostumbrado a la tercermundista imagen de los coches desparramados por las cunetas en espera de unas máquinas quitanieves que, como la tierra prometida de Moisés, nunca llegarán.
Las verdaderas trompetas del Apocalipsis resuenan estos días en forma de reflexiones, artículos, comentarios y análisis sobre nuestra azarosa realidad política. No se habla en ellos del fin del mundo pero sí, poco más o menos, del fin de España. O al menos, del fin de la organización territorial del Estado tal y como quedó bendecida en nuestra Constitución y que ahora, a lo que se ve, no termina de gustar («no nos sentimos cómodos», cual reza el eufemismo aireado por cuantos sacan pecho nacionalista) y se pretende modificar, de la E a la A.
Esos clamores estridentes nos han llenado el horizonte de futuros tenebrosos, de negros nubarrones, de inquietantes fantasmas en forma de desmembración y cisma y, la verdad, es para preocuparse. Por eso es importante distinguir las certezas de las alarmas. Y la principal certeza es que, pese a que Rodríguez Zapatero ha anunciado tan sólo una reforma constitucional para modificar sus cuatro famosos puntos, inicialmente muy asumibles. Lo cierto es que, dado que su credibilidad ha bajado muchos enteros, no es de extrañar que se haya abierto la caja de los truenos. Otra contumaz certeza es la amenaza del plan secesionista de Ibarretxe, hoy a votación. Pero se están produciendo, asimismo, algunos movimientos nada tranquilizadores, de ese mismo signo. Ahí están la singular deriva de los socialismos de Pasqual Maragall y Patxi López, con unas anunciadas reformas de los Estatutos autonómicos catalán y vasco que están preñadas de una mal disimulada voluntad de asalto a la Constitución. No de otra forma pueden definirse sobre las respectivas identidades nacionales catalana y vasca, la soberanía judicial, la representación exterior, etc.
Al mismo tiempo, se ha entrado en un terreno muy peligroso en cuanto a las palabras y denominaciones, que acarrean, no inocentemente, profundos cambios de conceptos. Tanto el presidente del Consejo de Estado como la presidenta del Tribunal Constitucional han manifestado una poco matizada voluntad de aceptar larevisión de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución mediante una argumentación algo peregrina. La palabra «nación» debe ser despojada de connotaciones «sentimentales» para modificarla por algún otro término y se habla ya de introducir de matute la expresión «comunidad nacional» que, como dejó dicho Santiago González en una excepcional columna, es una expresión ideada y utilizada por el franquismo.
Wittgenstein defendió su teoría de que la filosofía no es más que el ejercicio de «juguetear con el lenguaje». Nuestra clase política y algunos representantes de las más altas Instituciones parecen estar en la misma línea. Han empezado ya a juguetear con el lenguaje (hacen malabarismos con la «nación», la «nacionalidad», la «comunidad nacional»...) y se puede terminar dándole un vuelco a nuestra actual forma del Estado.
¿Se está a tiempo de evitarlo o ya ha empezado el Apocalipsis? Maticemos. No es lo mismo el desesperado caso del País Vasco, del que ya hace tiempo huyó su dirigencia económica e industrial, que el de Cataluña, donde, salvo las astracanadas peligrosas de ciertos aprendices de políticos, cuenta con una clase económica, social y cultural seria, que allí sigue, luchando por su tierra, por una Cataluña fuerte dentro de una España sólida. ¿Por quién suenan, pues, las trompetas del Apocalipsis? Ojalá no tengamos que responder como Hemingway.
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 30 Diciembre 2004
JOSÉ Luis Rodríguez Zapatero ha pasado la mayor parte de su vida, sin que nadie lo advirtiera, en el país de Lilliput; pero, lo que son las cosas del poder, anda ahora por los territorios de Brobdingnag en donde sus ciudadanos, también hijos de Jonathan Swift, son inmensos, gigantescos. Lo más chocante de todo es que tanto con los enanos como con los gigantes Zapatero no llama la atención. Se adapta al terreno y a las circunstancias como un guante quirúrgico a la mano de su cirujano y, por tal razón, lo mismo puede resultarnos inmenso que mínimo. El presidente es, de hecho, un ectoplasma que, según marcan las circunstancias, adquiere la dimensión corporal -¡y mental!- que conviene a cada caso.
La deriva de los nacionalistas, varias veces compleja, tiende a reducir el tamaño del líder socialista y, tanto en Cataluña como en el País Vasco, el de León -a pesar de ser culé- se miniaturiza y parece un Playmobil en un torneo de baloncesto. Pasqual Maragall y sus socios del tripartito, que le prestan una mayoría, le llevan a punta de capote. Así anda de cansado el pobre hombre. No se debe olvidar que sólo para sonreír, es necesario poner en funcionamiento tres docenas de músculos faciales y eso sin contar con los matices complementarios del talante, que suelen obligar a desayunarse con un sapo, dieta de fatigosa digestión.
En el País Vasco es en donde este Zapatero-Gulliver tiene los problemas con franqueo de mayor urgencia. No porque sean más grandes, que, más o menos, la mitad de los votantes de las tres provincias vascongadas mantienen un brote de «españolismo» en su alma mientras que en Cataluña los nacionalistas furiosos se acercan al noventa por ciento del total de los votantes. Una diferencia cuantitativa que arrastra efectos cualitativos.
Hoy, jueves, como para despedir el año con un último e inquietante sobresalto, el Parlamento vasco votará en sesión plenaria el ya muy famoso y sobado plan Ibarretxe. El PNV y sus líderes -plural restrictivo- llevan más de dos años mareando esa perdiz, pero solo hay una condición que nadie puede negarle a un nacionalista, la contumacia. Sin ruido no hay nueces, aunque sean pocas, y sin nueces el sentimiento abertzale se desnutre y, de hecho, se queda en nada, en poco menos que un gesto.
De no afectarnos, como lo hace, en la médula de la razón y en las vértebras de la tradición española, lo de Juan José Ibarretxe se quedaría en mero aburrimiento, en repetición de una jugada ya vista, en tirar de la manta para que otros cojan frío en los pies; pero no deja de ser para la alarma el que a estas alturas del XXI, y muy en serio, esté viva una reivindicación con hechuras prehistóricas y mal hilvanadas. El plan de Ibarretxe, llevado a su síntesis, pretende un estatuto de libre asociación entre Euskadi y España: un imposible metafísico que Zapatero, enano o gigante, tiene que lidiar con más garbo que el que luce en sus últimas apariciones. ¡Qué Dios reparta suerte!
A excepción del presidente del Gobierno, que acaba de anunciar una larga época de estabilidad territorial, y de los que están obligados a darle la razón, la clase política admite de uno u otro modo que asistimos precisamente al final de la estabilidad territorial. Los menos, con alborozo; los más, con temor. Y alguno que otro con indignación,
Comprometer la prosperidad conseguida en estos años resulta tan temerario que asombra la aquiescencia de la gran mayoría de ocupantes de cargos institucionales. Se diría que nadie ha comprendido que la estabilidad política es condición del mantenimiento de esa prosperidad, y que la confianza de los ciudadanos en el futuro de su país es indivisible; no se fragmenta claramente en una confianza como administrado, otra como justiciable, otra como inversor, otra como consumidor, sino que se trata más bien de una sola confianza. Trabajar por su conservación es un imperativo que debería estar más allá del color político del gobierno de turno.
Hasta que algunos partidos se empeñaron, no existía en España ninguna demanda real de reforma constitucional, como no la había de reforma estatutaria en Cataluña. Eran batallas planeadas en el club de los políticos. El punto crítico, el cambio de tendencia, el principio de esta carrera desconstructora está en la formación del Gobierno tripartito de Pasqual Maragall. El asombroso avance de una lógica apartada de los intereses reales de la gente, cuando no opuesta, sólo ha sido posible por la penosa sumisión voluntaria de la mayoría de los generadores de opinión y de muchos profesionales de la política. Es inconcebible que desde la cúpula del Tribunal Constitucional se relativice el contenido de los principales preceptos constitucionales, aunque extraña menos si se considera que antes dudó de la condición nacional de España el propio presidente del Gobierno.
Sabemos que el presidente de una cámara puede negarse a cumplir una sentencia judicial, que un sujeto que mató a dos policías se ha librado hasta ahora de pagar por ello, que un tribunal de ámbito territorial limitado le puede enmendar la plana al Tribunal Supremo, que Josu Ternera ha sido el hombre de los derechos humanos en un parlamento. Pero, si tomamos distancia, lo verdaderamente preocupante es que todas estas cosas que escandalizan a los españoles y causan alarma social no nos dejen ver el bosque. El bosque de la legalidad: todas son, han sido, perfectamente legales.
Se sabe desde siempre que justicia formal y justicia material pueden no coincidir. Y, sin embargo, debemos seguir confiando en la justicia formal, en una justicia muchas veces injusta. Y, fuera y por encima de ella, en el criterio del Tribunal Constitucional. No hay otra vía. Como Sócrates, beberemos la cicuta. No sin antes lamentar la inmensa cobardía que durante años han ido mostrando, una y otra vez, tantos hombres importantes en los tres poderes.
Por César Alonso DE LOS RÍOS ABC 30 Diciembre 2004
EN esta sociedad compuesta mayoritariamente por nihilistas, escépticos, oportunistas, timoratos, iletrados y pasotas no se quiere ver algo que es obvio: en el País Vasco no existe el Estado de Derecho ni cabe hablar de democracia en España. ¿O tendríamos que distinguir entre unos «territorios» y otros de tal manera que se pudiera predicar de unos lo que no se puede decir de otros? ¿O no afecta al conjunto del sistema la impotencia del Ejecutivo y la invalidez del Tribunal Supremo?
Esta anormalidad no existe por culpa de ETA. La peste terrorista pone en peligro el sistema, le daña, le humilla, pero no pone en cuestión la naturaleza democrática del Estado, ya que éste lucha contra ella con todos los medios y sin reserva alguna. Al revés, donde el sistema se comporta de un modo ejemplar es en este terreno. Sus instituciones, sus servidores, los recursos de que dispone están en contra de esa perversión. No es por ahí por donde falla.
Quienes vician el sistema, quienes llevan a éste a su corrupción, quienes se rebelan contra el Estado de Derecho sin consecuencia alguna, son el PNV y EA. Estos partidos que dicen precisamente ser los defensores del juego institucional son los que se niegan a cumplir sus reglas y por eso son ellos los que terminan poniéndole en cuestión. No es Batasuna la demostración de la inexistencia de la democracia española, sin el PNV y EA los que la aceptan a pesar de ser una organización ilegal. Son el PNV y EA los que desafían a los tribunales españoles y por supuesto al Ejecutivo y al sistema de partidos en su totalidad. Son el PNV y EA quienes demuestran que las instituciones del Estado son incapaces de funcionar.
ILEGALES, los miembros de Batasuna están en el Parlamento, sin consecuencia alguna, sin que a nadie le ocurra nada, con la complicidad de todos los demás partidos, todos en el mismo siniestro juego. ¿Con el amparo de Atutxa? Y con el consentimiento, de hecho, de todos.
Estando así las cosas, ¿por qué escandalizarse de la burla que ha supuesto la votación de los presupuestos en el Parlamento vasco? ¿Todavía hay alguien tan crédulo o tan oportunista o tan ignorante que crea en el juego democrático del PNV y EA y de las instituciones vascas?
Como dijo tantas veces Arzalluz (hay que agradecérselo), lo que diferencia al PNV de ETA no son los objetivos, sino los medios. Así que siendo la conversión en un Estado el fin de unos y de otros, el PNV y EA lo intentan desde las instituciones, utilizándolas en función de éstos. No creen en ellas más que como medios, y el abuso de ellas está justificado plenamente cuando permite el acercamiento a la meta.
CUANDO se habla de nacionalismo «democrático» debe entenderse de modo correcto. Se trata de un partido que quiere conseguir su independencia del Estado a través de las instituciones de ese mismo Estado. ¿No está bien claro? ¿Cómo ser leal con aquél que se considera enemigo a batir? A partir de ahí los terroristas y los institucionales se reparten objetiva y subjetivamente el trabajo. Unas veces coinciden o firman pactos o se pelean en función de sus intereses partidarios o se abstienen, como ha ocurrido con motivo de la propuesta del PNV en relación con el Plan Ibarretxe...
¿Y los demás partidos, de derechas, de centro o de izquierda? Sencillamente dan pruebas del nihilismo, escepticismo, oportunismo, ignorancia, pasotismo o miedo, pero no de sentido democrático. Porque una sociedad mayoritariamente democrática no podría soportar este estado de cosas.
CADA día que pasa está más claro el modelo de sociedad que impondría el nacionalismo vasco si dispusiera de la hegemonía decisiva que anda buscando con el Plan Ibarretxe. Basta comprobar cómo ha manejado en la práctica durante los últimos años los fundamentos del Estado democrático y de Derecho. Si los dirigentes nacionalistas no han tenido reparo ético en pactar con ETA en 1998, si no han dudado en burlarse del Tribunal Supremo, si se han opuesto a la acción legal y judicial contra el entramado etarra y si utilizan las instituciones estatutarias para acabar con el Estatuto, no debe extrañar que el presidente de la Cámara vasca juegue sucio para que el Gobierno nacionalista gane la votación de los Presupuestos de 2005 aprovechándose de un fallo de procedimiento. En esta ocasión, Juan María Atutxa, el otrora símbolo de los «moderados» del PNV, no puede amparar su actuación en una treta reglamentaria, como la que permitió al tripartito nacionalista aprovechar la ausencia de parlamentarios de la oposición para sacar adelante los presupuestos de 2003. Ahora, la mala fe es notoria y está denunciada incluso por los antecedentes del propio Parlamento. El error técnico que impidió sumar el voto de una diputada socialista, con el que se habría producido un empate con los partidos del Gobierno de Ibarretxe, no ofrecía duda alguna acerca de que obligaba, política y jurídicamente, a repetir la votación. Pero Atutxa, por el peso de la arbitrariedad, que no de su autoridad, ha demostrado que el País Vasco es una lamentable excepción en la democracia española y en la Europa que aspira a darse un Tratado constitucional, en cuyo preámbulo se reivindican, como signos de su identidad, los derechos humanos, la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho.
Para el PSE, este episodio tendría que ser decepcionante, después de haber decidido imprimir un giro radical a su posición política en el País Vasco y asumir el presupuesto nacionalista de que a la sociedad vasca realmente no le falta libertad sino identidad nacional. El nacionalismo vasco es, actualmente, una opción negativa para el futuro de los vascos y, por eso mismo, la propuesta soberanista del lendakari apenas ha sumado apoyos en los más de tres años de propaganda intensiva, según los datos del último Euskobarómetro, encuesta realizada por la Universidad del País Vasco. Ante un nacionalismo tramposo y arbitrario, como el que representó Atutxa en la Cámara de Vitoria, nada va a conseguir el PSE deslizándose hacia posiciones extraestatutarias y dudosamente constitucionales. Después de que les robaran el voto, van camino de que les roben la identidad.
Fue en vísperas del lanzamiento del «Plan López» –también llamado «Plan Guevara»– de reforma del Estatuto de Guernica y en el programa televisivo en el que Julia Otero les entrevistó a Carod-Rovira y a Rodríguez Ibarra arrancando de este último el beneplácito al término «nación» para Cataluña y el País Vasco. Las palabras de Ibarra fueron tan nítidas y claudicantes en esta cuestión que se convertirían en un titular de prensa. Por esas mismas declaraciones uno dedujo que la palabra «nación» iba a ser una de las concesiones que iban a hacer el PSC y el PSE-EE para intentar atraerse el voto del electorado nacionalista, es decir, que «la concesión verbal» se daba ya por hecha dentro del PSOE y tenía la bendición de Ferraz así como la del propio Zapatero. Por eso Ibarra la defendía. Así lo expliqué en un artículo al que el tiempo le dio pronto la razón. Ése es, en efecto, el cebo con el que Patxi López piensa «arrasar» en las urnas vascas. Lo gracioso y lo paradójico es que sea ahora el propio Ibarra –el hombre que actuó de pionero mediático de la aceptación de «la nación de naciones»– el que diga ahora oponerse a esa expresión una vez que el socialismo vasco ha hecho su apuesta multinacional en público. ¿En qué quedamos?
Lo gracioso y lo paradójico es también que nadie le pida cuentas a Rodríguez Ibarra de estos bandazos. A menudo desde el mundo constitucionalista o democrático –llamémoslo así sin complejos– hablamos de la falta de memoria del nacionalismo. Pero ya es hora de reconocer que los nacionalistas no tienen la patente de la amnesia. Es hora de que hagamos autocrítica y admitamos que tampoco nosotros tenemos un gran memorión aunque no tengamos nada de nacionalistas. ¿Se puede imaginar una distancia más corta entre una afirmación y su desmentido como ésta de Ibarra en lo que toca al reconocimiento como «naciones» o «comunidades nacionales» de ciertas autonomías? Y lo que hoy acaba de pasar con Rodríguez Ibarra pasa de otro modo con otros nombres del PSOE. Su desmemoria y la nuestra ante ellos no tienen mucho que envidiar a la desmemoria de los nacionalistas. ¿No es hora ya también de que todos los que componen ese sector de disidencia –redondista o no– frente a la línea oficial de López y Guevara hagan memoria de los errores que cometieron cuando estaban dentro de la Ejecutiva del PSE-EE y de los equipos de Jáuregui gobernando con los nacionalistas. Sería impagable la aportación de las Rosas Díez, los Nicolases Redondos, los José Antonios Maturanas y tantos otros si se atrevieran a hacer la revisión que nunca han hecho de los años en los que se cometieron todas las equivocaciones que conformarían el presente vasco. Sería muy pedagógica esa autocrítica y necesaria. Pero no. No admiten sus viejos errores, no entran en nada a fondo. Hoy rechazan las «comunidades nacionales» pero mañana pedirán el voto «para ellas» en las autonómicas.
Una reforma constitucional precisa contar con un consenso lo suficientemente amplio que impida que cada cambio de partido en el gobierno comporte el comienzo de otro proceso similar. Una de las características de nuestro constitucionalismo histórico estriba, precisamente, en los vaivenes que sufrieron los diferentes textos porque eran la consecuencia de su imposición por parte de un grupo o sector. Esto no sucedió en 1978, aunque todos tuvieron que hacer concesiones para lograr que la democracia que surgía al amparo de Don Juan Carlos no fuera otro paréntesis de nuestra historia. No hay que sacralizar la Constitución, como si fuera las tablas de la ley, pero tampoco aceptar que sea preciso cambiarla para complacer las veleidades y caprichos de políticos poco rigurosos o las ansias independentistas de quienes sólo pretenden que sea un nuevo paso hacia la secesión de sus comunidades. La Constitución o los estatutos se pueden reformar, pero sería una insensatez hacerlo sin contar con el apoyo del principal partido de la oposición.
Zapatero llegó al poder sin esperarlo. Al margen de su inconsistencia, no había detrás un programa sólido y mucho menos unos principios ideológicos, salvo aferrarse al poder a cualquier precio. El Estado de las Autonomías es un modelo singular que permite la coexistencia de unos hechos diferenciales, no sólo en las comunidades conocidas como históricas, mientras preserva como valores fundamentales la igualdad y la cohesión social y territorial. No existe un modelo similar, porque también lo eran nuestras circunstancias. Hoy resulta absurdo hablar de nacionalidades históricas, salvo que se pretenda que sea la justificación para establecer desigualdades artificiales.
Lo de comunidad nacional que se han inventado los socialistas catalanes y vascos para obviar el término nación no sólo es una enorme parida sino que refleja el complejo del inmigrante que tienen sus dirigentes. En unos casos por no haber nacido en Cataluña o el País Vasco y no hablar fluidamente sus idiomas propios, pero sobre todo porque necesitan que los nacionalistas del PNV, CiU y ERC les acepten. Al igual que esos vulgares nuevos ricos que quieren ser aceptados en un club de golf, esos políticos quieren que les digan que son buenos catalanes o vascos. A costa de ese reconocimiento andan experimentando con la Constitución y los estatutos.
El año 2005 paseará por España, cementerio famoso de nuestras ilusiones políticas, un cortejo de espectros, nos sumirá a todos en una mala película de terror, en el soponcio continuo y el susto institucionalizado. El año 2005 no será el de los muertos vivientes, como en la célebre película de Romero, sino algo mucho peor: el de los vivos que condescienden a la condición cadavérica, el del cumplimiento de la sentencia de las “Coéforas” que citaba Ortega: “sábelo: los muertos devoran a los vivos”. Pero en esta peli de Producciones Rubalcaba para Polanco Films, los vivos se dejan morir sin luchar y sin apenas levantar la voz. Los muertos que nos devoran son Sabino Arana, Prat de la Riba y otros despojos intelectuales de nuestro pasado más siniestro. Los presuntos españoles que aún parecemos políticamente vivos, somos, quevedianamente, “presentes sucesiones de difuntos” y van a sacrificarnos inútilmente para aplacar a los zombies bizcaitarras y catalanistas, que son insaciables, y para mantener la sana costumbre de la siesta. Tan sana, que desde el año 2005 durará todo el día. Por la noche, nuestras almas en pena, desveladas, aullarán a la luna, que, como ni siente ni padece, se inhibirá.
Este oficio de difuntos, esta lúgubre travesía de la Laguna Estigia, se hará, eso sí, con todas las garantías anestésicas. Nadie se enterará de nada, salvo de que lo duermen. Pero una vez dormidos, convencidos por los matasanos de que todo va a salir muy bien, nos dormiremos sin la menor seguridad de despertar pero con la placidez del morfinómano reciente, del muerto de sueño, del que quiere definitivamente descansar.
Sólo algo perturba esta predisposición al sueño dizque eterno y es la prosa de los anestesistas gubernamentales. Dice el equipo del Doctor Zapatero que con la sedación nacional y la evisceración constitucional se conseguirá por fin la “paz entre territorios”, que terminará la “tensión territorial”, que entraremos —dicen— en “una larga época de paz territorial”. Sin duda ha empezado ya la película de terror. Hasta ahora desconocíamos que los territorios anduviesen a la greña, que los ríos peleasen con los charcos, las sierras con las cañadas, los montes con las veredas. Ha tenido que venir de nuevo el socialismo para explicarnos que lo que hay en España no es un problema nacional del que ellos son la primera razón, sino una “tensión territorial” que, a modo de “tsunami” alevoso, podría perturbar el amable cuanto adormilado discurrir de nuestra historia. Yo no sabía que el Ebro se había revuelto contra sí mismo, aunque debería haberlo sospechado tras el lío del trasvase. También desconocía que los Pirineos andaban revueltos y que el Segre andaba molesto con el Jiloca. A la gresca de los ríos se ha sumado la riña de los llanos, el follón de los valles y la crisis de los acuíferos. Pero llegados a este punto y antes de ver a los cerros deambular por la noche, es preferible dejar a Zapatero, perito en líos a fuer de socialista, la gestión del desastre geológico. De piedra ha de ser la cama, en cualquier caso. Al menos, que no se mueva.
Lo que no podemos creer es que la llamada Constitución Europea sea el remedio para nuestros telúricos males. No vemos al Loira aplacando la indignación del Ebro ni al Rhin mediando entre el Noguera Pallaresa y el Noguera Ribagorzana. Lo mejor para que no nos maten de miedo será morirnos de asco, que es lo que, sabiamente, ha previsto el anestesista Cebrián. No habrá esquelas en el “ABC”, pero “El País” traerá unos editoriales discretamente enlutados que nos confortarán mucho en el cementerio. Es de temer, sin embargo, que los españoles no estemos siquiera muertos del todo, sino mal enterrados. Y es de suponer que el terror continuará.
El señor Atutxa es siniestro cuando ríe y risible cuando frunce el ceño. Anteayer mismo, tras avalar cínicamente el pucherazo con el que el tripartito vasco coló los presupuestos, se reía, el mamón, con un fulgor luciferino, con el estremecedor desparpajo de las hienas. Atutxa ríe con trazas bufonescas del chiste que el azar (o la necesidad, depende) le ha servido en bandeja: «¿Así que no le ha funcionado la tarjeta? Ah, pues se siente». Y los demás temblamos (somos así de lilis) al constatar que entre el «se siente» y el «¡se sienten!», apenas va una letra. Este país, que aún se llama España, mañana ya veremos, se ha convertido en el Club de la Comedia. Aquí el que no se ríe es que se descojona y al que no se le caen los huevos de la risa es porque es un «castrato» sin remedio. Ríe Maragall, ríe Ibarretxe; se ríe Llamazares,como una calavera, y Josep Lluis Carod-Rovira se mea de la risa y mea siempre, además, fuera del tiesto. Zapatero, entre tanto, se ríe a media asta, por no despertar sospechas, y la ciudadanía se queda con la sonrisa helada en mitad de la nieve y salvada, «in extremis», por la intervención de la Brunete. ¡Ay, qué risa, tía Felisa! No siga por ahí, que me desencuaderno.
Se han cumplido ahora veinticinco años desde que Federico Jiménez Losantos publicó, en «Ajoblanco», «Lo que queda de España», un libro que fue piedra de escándalo y cuyos derechos de autor (los espirituales, al menos) le fueron liquidados, a cuenta de «Terra Lliure» con un tiro en la pierna. Ha bastado, y sobrado, con un cuarto de siglo para que el desgarro urgido del poeta turolense sea un puro tratado de benevolencia. Alguien que es tan apocalíptico y tan desmesurado para los inquisidores de la izquierda, no sólo se quedó corto, sino que pecó de ingenuo. Si algo le faltó, probablemente, fue conjugar el elemento trágico, tan español de suyo, con la tragicomedia. En la risa de Atutxa, en la de Carod-Rovira, en esa risa triste que tal vez nos entre a todos cuando Ibarretxe, hoy mismo, presente su planete, está el problema de España reconvertido en chiste, en jaimitada y en gracieta. Los problemas, al cabo, se resuelven, pero los chistes malos no tienen remedio. Lo que queda de España es un fantasma que se ríe y al que encima se le va a caer el pelo por salir de viaje sin cadenas.
He visto la foto y me ha conmovido. ZP se tomaba la tarde libre y posaba junto a Sonsoles, su esposa, contando a los periodistas lo que les parecía la obra de teatro que acababan de ver. Doña Sonsoles, con ese gesto que tienen las mamás con sus hijos adolescentes o las abuelas con los nietos «salaos», le hacía un mimito, casi como si dijera: «Pero qué guapo es mi José Luis» o «qué listo es mi ZP».
Si tuviera que escoger una foto que recogiera lo que la Administración de ZP ha sido hasta la fecha me quedaría, sin la menor duda, con la mencionada. Razones, desde luego, no faltan. Después de un caos en las carreteras que ha puesto de manifiesto la imprevisión, la descoordinación, la ineptitud y la poca laboriosidad de este Gobierno; después de un pucherazo en las votaciones en el Parlamento vasco digna de la Venezuela de Chávez; después de que una juez bien escorada hacia el PNV eximiera a Atucha de cumplir la ley como todo hijo de vecino; después de que un alto colaborador del ministro Caldera aparezca como responsable de una página web que el día 13-M llamó a los ciudadanos a manifestarse ante las sedes del PP quebrantando la jornada de reflexión; después de esto y más, y tan sólo en las últimas horas, ZP decide tomarse la tarde libre e irse al teatro como si fuera un autónomo y no le pagáramos el sueldo el resto de los españoles. P
or supuesto, ante semejante muestra de responsabilidad, de sentido común, de cumplimiento del deber, ¿qué podía hacer doña Sonsoles sino prodigarle carantoñas? ¿Qué haría otra mujer cuyo marido durmiera siempre en casa aunque ello significara quedar mal con los dignatarios de distintas naciones por llegar tarde o abandonar cumbres internacionales antes de que concluyan? ¡Pues comérselo a besos!
Y es que eso ha sido el Gobierno de ZP durante este pavoroso año. No enterarse, no trabajar, no actuar responsablemente, no cumplir con la obligación propia y luego, acto seguido, divertirse, anular compromisos de la agenda de trabajo por «razones familiares» y recibir alabanzas e incienso de los cercanos. Da lo mismo que hayamos pasado al furgón de cola en la UE, que nuestra economía esté mostrando signos inquietantes de desaceleración, que los nacionalistas hayan pisado el acelerador del desguace de España y su constitución, que la alianza de civilizaciones sólo la apoyen Mongolia y Angola. Todo eso y más da lo mismo. ZP seguirá tomándose tardes libres para disfrutar del cargo, seguirá haciéndose fotos vacuas y seguirá recibiendo zalemas. ¡Qué año 2005 nos espera!
"Consulté diccionarios para describir lo que pasó con el 11-M y el Gobierno del PP. La verdad es que engaño es el término adecuado". No lo asevera el jefe de gabinete del ministro Caldera, ese empleado del PSOE que convocó el asedio a las sedes populares desde Internet. No, son palabras de Rodríguez en la entrevista que concedió ayer a El Mundo. Así, mientras su propio organizaba la espontaneidad de la masa desde losgenoveses.com, lo que consultó ZP en el Espasa durante la jornada de reflexión fue esto: "Engañar. Dar a la mentira apariencia de verdad: su cara inocente engañaba a todo el mundo".
Aunque, antes de recalar en su hallazgo léxico, el presidente necesariamente hubo de toparse con las entradas inmediatamente anteriores a la que tanto lo satisfizo. Consecuentemente, debió retener: "Engañabobos. Persona que pretende embaucar o deslumbrar. Cosa que engaña o defrauda con su apariencia: este crecepelo es un engañabobos". Y justo una línea encima, su mirada asimismo habría de recorrer a toda prisa otra definición: "Enganchón. Acción y efecto de desgarrarse una cosa".
El enganchón de la nación más antigua de Europa, seguramente, se habrá votado ya en parlamento vasco cuando este artículo salga publicado. Si ocurre, Rodríguez continuará tranquilo y sonriendo a la cámara. Y será así porque aquella vez que consultó un libro, se cansó antes de llegar a la página 569. De ahí que no llegara al concepto "palabra", y siga ignorando a estas horas que tal voz no significa otra cosa que "sonido o conjunto de sonidos articulados que expresan una idea". Ocurre que Zetapé participa del gran temor de Octavio Paz, y también piensa que entre las palabras y las cosas, se extiende un abismo insondable y que quien se adentra en él, pierde la razón y enloquece. Por eso, nuestro muy cuerdo hagiógrafo de Sancho Panza huye de entrar en querellas dialécticas sobre si España ha de ser nación, nacionalidad, pedanía, comunidad de bienes o añoranza casposa de espíritus crispados.
"Estos cuatro años van a desembocar en un largo periodo de estabilidad territorial". No, tampoco lo sostiene el genovés de Caldera en su web golpista. Ni la SGAE abonará derechos a los deudos de Cantinflas por la frase. Porque el autor intelectual de ese aserto también es el presidente; en confidencia privada se lo hizo saber a Victoria Prego. Volvamos al Espasa: "Territorio. Parte de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región o provincia". Rodríguez nos garantiza, pues, un futuro inmediato sin terremotos, hundimientos de montañas, subidas bruscas del nivel del mar, erupciones de volcanes ni desplazamientos de tierras. Respiremos aliviados: bajo su mandato el territorio no va a moverse de su sitio. Mas del enganchón nada dice. Sólo es una palabra, y esas abstracciones del lenguaje, como es sabido, no interesan al Hombre del Año. Por cierto, de eso también habla el Diccionario: "Hombre. Ser racional perteneciente al género humano, y que se caracteriza por su inteligencia y lenguaje articulado". No es un engaño. Lo dice el Espasa.
La decisión del Gobierno de devolver a la Generalitat catalana los documentos de la Guerra Civil, que se encuentran en el Archivo de Salamanca, ha lanzado por una pendiente una bola de nieve de posibles agraviados. Comunidades autónomas –como el País Vasco–, ayuntamientos, partidos políticos o particulares ya se disponen a reclamar «lo suyo». Aunque en muchos de los casos no sepan exactamente qué es lo que demandarán y con qué argumentos, ya que, por ejemplo, en el caso de los particulares deben de tener la declaración de herederos, representantes de la ciudadanía como la ministra de Cultura, Carmen Calvo, afirma ufana que «se ha cerrado un conflicto de más de 20 años».
En realidad, lo que parece claro es que se han abierto, de par en par, las puertas del jardín del Archivo para todo tipo de reinvidicaciones. La unidad se ha perdido. La disgregación de los documentos está servida. Al igual que Calvo, otros intentan argumentar que «las cosas ahora serán mejor», como el presidente de la llamada Comisión de Expertos sobre el Archivo de Salamanca, Federico Mayor Zaragoza, que apuntó ayer que la «devolución» de los documentos a Cataluña «abre la posibilidad de tener un gran archivo» si se recuperan los papeles sobre el conflicto que se encuentran fuera de España.
Los «expertos», que dieron una solución política a un problema político, por más que el Gobierno quiera hacer creer que se comportaron con exquisita independencia, han dado una de cal a la unidad del Archivo, y ahora, por boca de su presidente, Mayor Zaragoza, dan la de arena al afirmar que «buena parte» de los documentos de la Guerra Civil se hallan fuera de España, y «lo que hay que hacer, es recuperarlos todos y hacer un gran Archivo de Salamanca». Desde el Ejecutivo se ha decidido rebajar la tensión sobre este asunto, argumentar que no es tan importante lo que se ha cedido ante ERC. Una estrategia que pretende desdramatizar el contencioso de la mano de la tecnología, cuando subraya Mayor Zaragoza que, a través de copias digitales, se puede mantener unido el Archivo. Se supone que ese argumento vale también para la otra parte. ¿O éso no contenta a ERC?
La Junta, el alcalde charro y la Universidad salmantina han denunciado la «encerrona» de la comisión de expertos y anunciado respuestas políticas, legales y jurídicas. Más allá del supuesto cientifismo con que el Gobierno y sus socios de ERC pretenden adornar la «vuelta» de los «papeles», resulta evidente que todo esto es pura política cuando se recuerdan las palabras del salmantino ministro Jesús Caldera en las que afirmaba que los documentos saldrían por encima de su cadáver. Está en las hemerotecas.
El pleno del Parlamento Vasco votará hoy el «Nuevo Estatuto Político para la Comunidad de Euskadi», conocido como «Plan Ibarreche», tras catorce meses de tramitación parlamentaria desde que el Gobierno vasco aprobara el texto y lo presentara en la Cámara el 25 de octubre de 2003. La incertidumbre rodeará la sesión hasta el último momento, porque, aunque la previsión es que el proyecto sea derrotado, la errática voluntad del brazo político de ETA en la Cámara podría decantar la balanza a favor del lendakari, como ya ocurriera en la votación en comisión. Consciente de esa situación límite, el propio Ibarreche reiteró ayer sus guiños a Batasuna y la defensa de que la formación abertzale fuera legalizada para que pudiera concurrir a las elecciones. Este factor presenta una carga simbólica reveladora, pues demuestra ante la sociedad española que los nacionalistas han dado la llave de la política vasca a un grupo que ha sido y es incapaz de condenar los centenares de asesinatos de la banda terrorista.
Sólo este aspecto debiera ser suficiente para que cualquier partido sensato y responsable se hubiera replanteado su proyecto, pero Ibarreche no tiene problemas morales en contar con el apoyo de un grupo de semejante catadura moral. Por el contrario, el lendakari parece dispuesto a llegar hasta el final, a atropellar el ordenamiento jurídico, si fuera necesario, para impulsar su delirio soberanista, un plan anticonstitucional, dirigido contra la convivencia y el progreso que significó el Estatuto de Guernica. Desde la intolerancia, Ibarreche promueve un proyecto de imposición de una parte de la sociedad sobre la otra, del nacionalismo sobre el constitucionalismo, con el factor terrorista como telón de fondo y distorsionador de la realidad sociológica y política vasca.
Ante esta amenaza, los dos principales partidos nacionales, PSOE y PP, con el liderazgo del Gobierno, están obligados a no dar ni un paso atrás en la defensa del Estado de Derecho y de la Constitución ante estos golpes desestabilizadores. Por eso, resulta vital que el Pacto Antiterrorista, reunido ayer, mantenga su fortaleza ante los desafíos que se avecinan, sin que los intereses partidistas afloren lo más mínimo. Ibarreche lo intentará todo, pero el sistema democrático está legitimado para utilizar todos sus resortes para que la legalidad se imponga.
Luis María ANSON de la Real Academia Española La Razón 30 Diciembre 2004
En cuanto la ministra Calvo nombró a un comité de expertos ya sabíamos todos lo que iba a ocurrir. Zapatero I el de las mercedes había hincado, una vez más, ambas rodillas en tierra catalana ante el altar de Carod-Rovira y había decidido entregarle una parte del Archivo de Salamanca para regocijo de las momias y otros cadáveres exquisitos. Necesitaba antes de la genuflexión una coartada en la que refugiarse. Se nombró, pues, al comité de expertos, se excluyó delicadamente al director de la Real Academia de la Historia, se ninguneó la opinión de Paco Umbral, que es de por allí cerca, y de otros muchos, se aleccionó al grupo mediático adicto y aquí paz y después votos.
Votos necesarios para la investidura, para aprobar los presupuestos, para sacar adelante las leyes, para que no prospere una moción de censura. Los comunistas de Llamazares y los separatistas de Carod-Rovira, muy en su papel de rojos tardíos, resultan imprescindibles si Zapatero quiere continuar disfrutando del alto honor de recibir en Moncloa al coronel Chávez y tal vez, algún día venturoso, porque eso provocaría en nuestro presidente el éxtasis y el orgasmo, al dictador Castro. La Universidad Complutense, que perdió electoralmente la ligereza de Pilar del Castillo, ha concedido, por cierto, al bufón Chávez la medalla de oro, para escarnio general del «alma mater» española. Con el fin de que no quede al descubierto la musculatura política de nuestro presidente, un poco fofa, la verdad, los fontaneros de palacio cubren las vergüenzas zapatéricas con comités de expertos, consejos de sabios, comisiones especializadas, encuestas hábilmente trucadas y propaganda en televisión a cargo del más sagaz de los socialistas, Pérez Rubalcaba. Una parte de la opinión pública, sin embargo, tiene ya conciencia clara de la debilidad del Gobierno y de la hondura del despeñadero al que esa debilidad nos conduce: la fractura tras 500 años de la unidad de España.
LA ministra de Cultura ha confirmado que entregará a Cataluña los papeles del Archivo de Salamanca. Incluso ha asegurado que la medida podría tomarse sin pasar por el Consejo de Ministros. Sin embargo, la sombra del pasado planea siempre sobre quienes exhiben la fragilidad de su memoria. Hace ahora siete años, siendo a la sazón consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Calvo «blindó» por ley el Archivo de la Fundación de la Casa Ducal de Medinaceli para impedir el traslado de sus documentos a Toledo. Este archivo, para mayor agravio de origen privado, sólo pudo trasladar al toledano Hospital de Tavera la parte no andaluza de los documentos. Es decir, Calvo hizo con el de Medinaceli lo mismo que ahora hace la Junta de Castilla y León, y ella considera inconstitucional.
Pero no es memoria lo que le falta a la ministra, sino coherencia e independencia de criterio. Lo que antes hizo, ahora lo censura para pagar el peaje exigido por el tripartito catalán. Ni le importan la incoherencia y el agravio, ni le inquieta la posibilidad, ya verificada, de que el mal ejemplo cunda y proliferen las exigencias que harán imposible la ejecución de una política cultural nacional, que es su principal obligación. La condición ilegítima del agravio es patente, y sólo cabe considerar lo que habría decidido el Gobierno de Zapatero si la solicitud de entrega de documentos hubiera provenido de una Comunidad gobernada por el PP y el destinatario de la petición fuera la Cataluña que preside Maragall. Los ciudadanos de Castilla y León seguro que no aceptarán las migajas que, a buen seguro, le ofrecerá en los próximos días el errático Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero, orgulloso siempre de su origen leonés.
Esto sí que es un pucherazo. Atutxa esta completando una legislatura auténticamente escandalosa. Permite a los herederos de Batasuna seguir actuando como grupo político, desobedeciendo al Tribunal Supremo. También este martes pasado, menudo fin de año, el Tribunal Superior de Justicia, en una actuación inexplicable, entiende que desobedecer un auto del Tribunal Supremo no es delito, sólo si esta desobediencia proviene del Parlamento Vasco, imagino. Lo de Atutxa, sin embargo, ha ido esta vez algo más lejos. Los presupuestos presentados por el Gobierno vasco han salido adelante sin el suficiente apoyo parlamentario escudándose en un fallo técnico en el sistema de votación –no de la diputada socialista Novales, puesto que el voto se visualizó en pantalla durante unos instantes– y este jueves, al fin, se debatirá el Plan Ibarretxe, lo que significa lisa y llanamente que se va a debatir la posible ruptura con la Constitución de 1978.
Lo del pucherazo para la votación de los presupuestos vascos nos acerca al concepto de democracia del PNV, más cercano a los formas de votar en Ucrania, en donde rige el todo vale, que a los modos occidentales de votación. En Ucrania al menos han podido repetir las elecciones, lo que nuestro Atutxanovich no quiere permitir en la Comunidad Autónoma vasca. Vamos, un fraude en toda regla, y delante de nuestras narices, para que no pensemos que este extraño "sistema electoral" es patrimonio de países lejanos a nuestra democracia. Que no, que en España, por lo menos en ciertas partes de España, se puede invalidar un voto esencial por defectos técnicos imputables a la propia Cámara, pero desde luego nunca a la diputada afectada, y, así, conseguir que lo que no tenía en su momento, los apoyos parlamentarios suficientes, los tenga posteriormente. Vamos, un ejemplo de lo que es la democracia y el respeto al voto parlamentario.
El año que ahora termina ha estado trágicamente marcado por el terrorismo. La barbarie de la intransigencia integrista causó, el pasado 11-M, el mayor atentado de la historia de España y de Europa. Por ello, es bueno que los últimos días de diciembre traigan consigo la coincidencia de los dos principales partidos del país en materia de lucha antiterrorista. Las consecuencias de la explosión de los trenes de la muerte en Madrid ya se conocen; al menos, las políticas. Resulta muy difícil ponerse en la piel de quien perdió a algún ser querido en aquel suceso que conmocionó a toda la sociedad española unos días antes de que se eligiera a un nuevo Gobierno.
Y, curiosamente, la buena noticia que supone el entendimiento entre socialistas y populares contrasta con lo que hoy sucede en el parlamento vasco, donde el empecinamiento del lehendakari y del tripartito que lo sustenta llevará a los diputados a votar el plan Ibarretxe. Un órdago al Estado planteado desde una posición secesionista que no sólo fractura a la sociedad vasca, sino que, además, enfrenta al resto del país con Euskadi. Tal vez lo peor de lo que esta mañana acontece en Vitoria es que la llave de la votación la tiene el brazo político de ETA, los miembros de ex Batasuna que se mantienen en sus escaños gracias al apoyo del PNV, pese a que su formación haya sido ilegalizada. Ibarretxe ha demostrado que está dispuesto a quemar todas sus naves con tal de obtener el rédito electoral que le proporcione su plan. Queda por saber hasta dónde está dispuesto a aguantar Zapatero.
El año 2004 se despide de inquietante manera. Pocas veces las debilidades de esta democracia se han mostrado con tanta claridad. El País Vasco es la estrella de las discordias, pero también Cataluña contribuye lo suyo. Ahora bien, hay un Gobierno que presume de acertar en lo básico y no es verdad. La sensación de armonía y reducción de las crispaciones respecto a los tiempos de Aznar se ha convertido con Zapatero en una impresión de debilidad ante el empuje de las reivindicaciones territoriales, no todas ellas nacionalistas. Piénsese en el Plan Hidrológico Nacional, por ejemplo, del que nunca más se supo. Es uno de los grandes proyectos aparentemente paralizados, y es preciso reconocer que tales planteamientos no deben parecer abandonados, sobre todo cuando el proyecto inicial del PP, con el trasvase del Ebro incluido, sirvió para alumbrar sustitutivamente la luminosa idea de las desaladoras, de las que cada día se habla menos.
Ahora acabamos de asistir al desastre de la imprevisión circulatoria o viaria de la fiesta de la Navidad y se ha dado la circunstancia de que el Gobierno socialista ha merecido tantos reproches o más que el Gobierno del PP en los mismos días del año anterior, pese a lo cual la campaña disculpatoria del PSOE prosiguió algún tiempo hasta que la ministra de Fomento reconoció que la Administración de ZP no había estado a la altura de lo que el problema demandaba.
Todo el panorama de la gestión socialista aparece salpicado de puntos oscuros. El cierre en falso de la comisión investigadora del 11M ha dejado visibles los rotos del tejido institucional que se prepara. El nombramiento de Gregorio Peces-Barba como alto comisionado para la Ayuda a las Víctimas del 11M adolece de reparos bastante importantes, cuando no graves. En primer lugar, no ha sido parlamentariamente consultado cuando en realidad da la impresión de ser una intromisión en las tareas residuales que a la comisión investigadora aún se confían. En segundo lugar, atenta contra la Ley de Incompatibilidades, ya que se trata de una designación de cargo en toda regla, por más que se aduzca que no hay remuneración para el elegido a dedo. Téngase en cuenta que el señor Peces-Barba es rector de la Universidad Carlos III y, por consiguiente, desarrolla una actividad que se superpone a un cometido asistencial poco relacionado con su cargo académico y, además, improvisado a la luz de las denuncias de la señora Manjón en nombre de los afectados por el atentado islamista. El Gobierno de ZP, si no el propio ZP, decidió, con la precipitación que le caracteriza, claudicar ante la demanda de que la comisión parlamentaria fuese sustituida. La sorpresa fue que, en vez de reemplazarla por la comisión de independientes y expertos que la citada señora pedía, el Gobierno la sustituyó prácticamente por la figura del Alto Comisionado, que no es experto ni es independiente, como la propia trayectoria política del señor Peces-Barba acredita.
Esta crónica no pretende agotar el tema de las contradicciones zapateriles. El ciudadano observador irá reparando progresivamente en otros aspectos chirriantes de la gestión gubernamental en curso. Todavía queda por considerar lo que se gesta tras las reclamaciones nacionalistas, los precios que se pagan por sobrevivir políticamente y las “compensaciones” que en materia de política exterior se van urdiendo para aliviar la intemperie diplomática disfrazada de hazaña imperecedera.
ROGELIO ALONSO/PROFESOR DE CIENCIA POLÍTICA EN LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS El Correo 30 Diciembre 2004
A mediados de diciembre tuvo lugar en Barcelona un seminario con el siguiente título: 'La cuestión penitenciaria en la paz de Irlanda: propuestas para una escenario de paz en Euskadi'. Según los organizadores del evento citados por el periódico 'Gara' se perseguía llevar a cabo un «análisis despolitizado» sobre un aspecto que en Irlanda del Norte «se convirtió en una pieza clave para facilitar el inicio del proceso de paz». Esta oportunidad no fue desaprovechada por el citado diario, que recogió los testimonios de algunos de los participantes con el fin de reproducir estereotipos ya habituales en la interpretación sesgada y poco rigurosa que del proceso norirlandés se hace desde algunos sectores de nuestro país. En unos momentos en los que la debilidad de ETA ha intensificado el debate sobre el futuro de los presos ante un hipotético cese del terrorismo, resultaba útil enfatizar la crítica a la política penitenciaria española mediante la comparación con la del Gobierno británico. En semejante contexto convenía resaltar la supuesta relevancia que la excarcelación de los presos norirlandeses habría tenido en el proceso de paz y el decisivo papel de éstos a la hora de decidir la interrupción del terrorismo. Bajo esta cómoda interpretación, en la que se confunden deliberadamente las verdaderas causas del alto el fuego del IRA, se adivinaba la búsqueda de un discurso referencial para ETA y su entorno que permitiría consolidar la creencia de que la liberación de sus presos es un requisito fundamental para crear un proceso de paz.
Sin embargo, la experiencia norirlandesa obliga a relativizar la influencia de los presos, cuyas voces fueron con frecuencia acalladas e ignoradas por los dirigentes del IRA cuando a lo largo de los años se cuestionaba desde las cárceles la idoneidad de continuar con el terrorismo. Sin duda los presos fueron meros peones al servicio de los cálculos estratégicos de los líderes de una organización terrorista que no tuvieron reparo alguno en manipular a sus activistas y a los familiares de éstos, comportamiento también apreciable en ETA.
Véase por ejemplo cómo a mediados de los años ochenta un grupo de presos del IRA solicitó el traslado desde la cárcel de Maze a otro centro, ante sus temores a ser agredidos físicamente por sus compañeros después de haber cuestionado la línea oficial impuesta por la cúpula, que mantenía la necesidad de continuar con la violencia a pesar de su ineficacia. Tommy McKearney, uno de los presos que dimitió del grupo por ese motivo, asegura que sus críticas fueron desvirtuadas y presentadas como un desafío hostil a la lealtad que el grupo exigía. Así quedó confirmado cuando una comunicación autorizada por el IRA circuló en la prisión describiendo a los 'disidentes' como «contrarrevolucionarios» y «gente que ofrecía asistencia al enemigo». Como los dirigentes del IRA recalcaron, no estaban dispuestos a tolerar que se socavara su autoridad en la cárcel, de ahí la abierta hostilidad hacia quienes la ponían en duda.
McKearney hizo tambalear los soportes de la violencia del IRA al plantear lo siguiente: «¿Se puede forzar al Gobierno británico a abandonar Irlanda como resultado de la presión pública o por la influencia de la fuerza física? A lo mejor la pregunta debería ser, ¿puede el Gobierno británico permitirse el lujo de ser forzado? En cualquier caso la respuesta es no». Es por ello significativo observar que los argumentos con los que en los ochenta McKearney y otros militantes defendieron la ineficacia del IRA, habiendo sido entonces desprestigiados por el liderazgo, no difieren sustancialmente de los que posteriormente los líderes del movimiento republicano utilizaron para justificar el alto el fuego y su participación en el proceso de paz. Si en esa época les valieron el ostracismo a algunos activistas, a comienzos de los noventa las mismas ideas planteadas por figuras próximas a Gerry Adams y Martin McGuinness recibieron otra consideración. En un artículo escrito desde la cárcel en 1992, Danny Morrison, un destacado miembro del IRA y de Sinn Fein, constataba lo que otros activistas ya habían reconocido antes: «El IRA nunca derrocará al Gobierno ni expulsará a las tropas de la Corona». Curiosamente el artículo fue censurado por el semanario 'An Phoblacht', órgano oficioso del IRA y de Sinn Fein.
La hipocresía de la organización terrorista y la falacia que atribuye a los presos del IRA un papel en el proceso que concluyó con el alto el fuego que no se corresponde con la realidad, se aprecian al recordar la postura del propio Morrison en relación con la posibilidad de iniciar un debate en prisión sobre una posible tregua. En una carta a Gerry Adams fechada el 17 de octubre de 1991 escribía: «Un debate es un error si se produce sin que el liderazgo haya tomado su propia decisión». Ello confirma que la opinión de los presos debía quedar supeditada a lo que los dirigentes decidieran corroborando la sumisión que los mandos reclamaban de los activistas encarcelados y que, en opinión de uno de ellos, eran tratados «como champiñones a los que se les alimenta con mierda mientras se les mantiene en la oscuridad».
A pesar de que en 1992 una comunicación interceptada por las autoridades británicas revelaba que determinados presos del IRA favorecían el alto el fuego, éste no llegó hasta 1994, cuando el grupo de personas que conformaban la cúpula así lo decidieron. Quienes desde Euskadi y otras regiones de España recurren al paralelismo con Irlanda del Norte con la intención de extender la opinión de que el fin de la violencia vino motivado por las concesiones que previamente los presos recibieron se verán decepcionados con el testimonio de uno de los encarcelados del IRA en aquella época, al que se le ordenó iniciar un debate «controlado y restringido» sobre la posibilidad de una tregua. Dicho debate debía limitarse a «un grupo de personas» que concluyeron que «debíamos acabar la guerra», sin que el IRA se encontrara en condiciones de imponer «condiciones» a cambio de tan histórica renuncia, puesto que «continuar con la guerra era inútil». Tan crudo convencimiento, idéntico al que alcanzaron recientemente seis presos etarras que concluyen de manera inapelable que ETA ha fracasado, siendo por ello preciso detener la violencia, expone lo incorrecto e interesado que resulta exigir como absolutamente necesarias transformaciones en las políticas penitenciarias gubernamentales a cambio de promesas sobre el final de las actividades del grupo terrorista.
Las dudas sobre la eficacia del terrorismo han constituido un poderoso incentivo tanto para presos del IRA como de ETA que han optado finalmente por el abandono de la violencia. En el caso del grupo irlandés ése parece haber sido el motivo que le llevó a aceptar la manipulación de los presos con el fin de escenificar lo que algunos de ellos definieron como «un chantaje emocional» con el que se buscaba el apoyo a un proceso de paz que en absoluto garantizaba sus objetivos. Uno de esos actos tuvo lugar en la primavera de 1998 cuando Sinn Fein propuso ante un congreso extraordinario la aceptación de históricos cambios en su constitución que el respaldo al Acuerdo de Viernes Santo exigía. Poco antes el propio grupo terrorista había reconocido explícitamente en un comunicado que dicho documento seguía sin garantizar el derecho a la autodeterminación y sus principales aspiraciones. A pesar de ello Sinn Fein reclamó el apoyo al texto valiéndose de la presencia de presos del IRA que habían permanecido más de veinte años en cárceles británicas y que recibieron un permiso especial de unas horas para asistir al citado congreso. Una antigua presa del IRA equiparaba a esos militantes con «cadáveres que regresaban al mundo de los vivos». La eufórica ovación que el auditorio les brindó evocaba a los recibimientos de los presos etarras tras su excarcelación, subyaciendo bajo la apariencia de éxito una dura realidad, como la citada activista sintetizaba: «El aplauso que recibieron era un reconocimiento del fracaso de treinta años de lucha armada. Fue un perfecto chantaje emocional para callarnos la boca. Después de una escena tan impactante como ésa nadie se atrevía a criticar el Acuerdo que Gerry (Adams) y Martin (McGuinness) nos estaban diciendo que debíamos apoyar».
Así pues, y al contrario de lo que indicaba una de las participantes en el seminario de Barcelona, los presos en Irlanda del Norte no fueron tanto «la clave para la solución antes y después del proceso de paz», sino más bien el instrumento con el que los dirigentes terroristas afianzaron su control del grupo a pesar del negativo balance que su gestión arrojaba después de décadas de terror.
Dice Maragall (¿acaso Ibarreche?): «España será lo que sus pueblos decidan libremente». No basta ya que los nacionalistas vascos o catalanes decidan quiénes serán sujetos de derechos en sus diferentes «comunidades nacionales», en función de que nos consideren miembros de ellas o, simplemente, españoles, sino que se arrogan el poder de decidir por todos los ciudadanos españoles si la España histórica y realmente constituida de la actualidad ha de continuar existiendo cuando ellos consigan el poder en sus comunidades. La llave del ser o no ser de España la han de tener los que la quieren destruir. Los nacionalistas ya han decidido que los «derechos colectivos» de sus supuestas «comunidades nacionales» están por encima o anulan los derechos individuales. J. A. Irazola. Guecho (Vizcaya).
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, instó hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a "poner freno" al Gobierno catalán, porque a juicio del Ejecutivo riojano se está "abriendo la veda" y sentando la premisa de que "ancha es Castilla" con las actuaciones del tripartito, algo que pasa factura al resto de regiones. A la vez, Sanz lanzó un mensaje a los riojanos para que pasen de un papel pasivo a otro "activo" y defiendan lo suyo, lo riojano, sin dejar a un lado la solidaridad entre regiones, que para Sanz está en peligro.
El jefe del Ejecutivo riojano realizó estas declaraciones durante el tradicional desayuno que comparte con la prensa al finalizar el año. Además de dar un repaso a los hitos más importantes de 2004 en La Rioja y los retos de futuro, habló en clave nacional, y mostró su "preocupación" por el "sometimiento" del Gobierno central al catalán. Sanz opina que Zapatero y su equipo están "siguiendo los pasos" que marca el tripartito y advierte que eso es "un peligro muy importante".
El presidente de La Rioja calificó como "dramático" que desde Ezquerra Republicana se afirme que la posible devolución de los papeles del Archivo de Salamanca es un pago por haber apoyado el presupuesto del Estado, o que un ministro que en su día dijo que los papeles sólo saldrían "por encima de su cadáver", hoy diga que de acuerdo. Eso "marca la alarma de lo que puede ser en un futuro" si Zapatero no dice "hasta aquí hemos llegado", según Sanz, que alertó de la posibilidad de que las comunidades queden divididas en categorías.
Al jefe del Ejecutivo riojano tampoco le gusta la posibilidad que se ha avanzado de distinguir a las autonomías entre nacionales, comunidades nacionales, comunidades autónomas o regiones. "Y a La Rioja dónde nos colocarán", señaló, para preguntarse a continuación qué significaría estar en una u otra nomenclatura. "Es qué va a haber categorías, es qué va a haber privilegios", siguió preguntándose.
Indicó que hay productos riojanos que "ya han sufrido ataques" -en relación al vino Rioja- y se mostró en contra de que ninguna región esté "sometida" a Ezquerra Republicana y al PSOE de Cataluña.
La Fiscalía no ha decidido si recurre, mientras que Manos Limpias presenta hoy la impugnación
El vocal del Consejo General del Poder Judicial José Luis Requero criticó ayer las referencias de la juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a que el Tribunal Supremo había vulnerado, en la resolución donde ordenaba la disolución de Sozialistas Abertzaleak, los derechos fundamentales del grupo parlamentario. La magistrada, en su opinión, no puede criticar una resolución firme «que proviene de la cúpula del Tribunal Supremo», y, en cambio, con su auto «se extiende una sombra de duda sobre el Estado de Derecho». La fiscalía no ha decidido aún si recurre el archivo de la querella contra Atucha.
Madrid-La Fiscalía todavía no había decidido ayer si recurría el auto de la juez Nekane Bolado por el que archivaba la querella contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atucha, y otros cinco parlamentario por no ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba la disolución del grupo parlamentario Sozialistas Abertzaleak. La propia Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco fue quien presentó una de las dos querellas. Por su parte, el sindicato de funcionarios Manos Limpias tiene previsto presentar hoy el recurso contra el archivo de la querella. Se presentará directamente ante la Sala Civil y Penal del TSJ, renunciando, por tanto, al recurso de reforma ante la propia magistrada. En opinión de este sindicato, en la decisión de Atucha y del resto de los querellados «se dan los elementos típicos del delito de desobediencia, ya que, en el fondo, «lo que hicieron fue utilizar mecanismos, trabas y subterfugios para no cumplir la sentencia del Supremo».
Por otro lado, el vocal del CGPJ José Luis Requero, sin entrar en el fondo de la resolución de la magistrada, criticó las indicaciones que la instructora realiza respecto a que el Tribunal Supremo vulneró derechos fundamentales del grupo parlamentario Sozialialistas Abertzaleak. «Un instructor lo que no puede hacer es criticar una resolución firme que emana de la cúpula del Tribunal Supremo –Sala del 61–, dictada al amparo de una ley que ha sido declarada constitucional –Ley de Partidos Políticos–, todo ello con un resultado beneficioso para un grupo parlamentario filoterrorista y para el presidente de la Cámara parlamentaria que, como se ha demostrado en los últimos días y para tener garantizado sus votos, se ha negado a disolver el grupo parlamentario», afirmó al respecto el citado vocal.
Además, José Luis Requero señaló que con la citada resolución de la instructora «se extiende una sombra de duda sobre el Estado de Derecho y sus instrumentos legales para combatir el terrorismo, en beneficio de aquellos que se sirven de él para ir en su contra». Junto a ello, y tras destacar que «las resoluciones judiciales tienen que ser cumplidas» y que cabe recurso contra el archivo de la querella, recordó que la Ley de Partidos se elaboró para que quienes tuviesen relación directa con el terrorismo no pudieran estar representados en las instituciones, y que, precisamente, en base a ella el Supremo ordenó la disolución del grupo parlamentario SA. «Ahora, esta resolución queda en aguas de borrajas», afirmó. Con la decisión de la instructora, concluyó Requero, «se ha producido un resultado beneficioso para quienes fueron excluidos, grupos filoterroristas, por la cúpula del Supremo, y en este río revuelto el pescador beneficiado es el PNV».
«Es una inmensa mascarada promovida por Rodríguez Zapatero», dice el alcalde de Salamanca sobre la decisión del Gobierno de devolver papeles a Cataluña, además de anunciar medidas jurídicas y políticas .
Salamanca- El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, considera que la decisión adoptada por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, de acatar la decisión de la comisión de expertos, por la que el Gobierno devolverá los documentos del Archivo de la Guerra Civil que reclama la Generalitat, es «una inmensa mascarada» promovida por el presidente Rodríguez Zapatero. De hecho, mantiene que la decisión es la consecuencia de la presión de un «personaje como Federico Mayor Zaragoza», presidente de la comisión.
-¿Cómo ha recibido el alcalde la decisión del Gobierno?
-No me ha sorprendido porque vi lo que iba a pasar desde el pasado 3 de noviembre, cuando la ministra dijo al Patronato del Archivo que, con independencia de lo que dijera la comisión de adeptos –que es lo que se ha creado–, la decisión sería política. Por lo tanto, todo lo que se ha hecho desde entonces ha sido una inmensa mascarada, una comedia promovida por Rodríguez Zapatero y la ministra de Cultura.
-¿Quiere decir que el Ayuntamiento ni siquiera va a tener en consideración los argumentos de esta comisión?
-Es que no ha sido una comisión de expertos sino de adeptos. Los representantes de Castilla y León han explicado que vinieron desolados y avergonzados de lo que allí ocurrió y que su abstención era más una inhibición de esa tropelía. Los expertos no votaron nada y ni siquiera estuvieron todos. Cuando llegaron les dijeron que había que llegar a un acuerdo en función de las presiones que ejerció un personaje como Federico Mayor Zaragoza, que consumó la mascarada. Pero eso me importa poco, todo el mundo en Castilla y León, salvo unos pocos, está por la unidad del archivo y nadie va a conseguir llevarse un papel de Salamanca.
-Lo dice muy seguro.
-Es que en política es bueno ponerse en lo peor y desde el 18 de mayo ya temía que en cualquier momento llegara un camión y se quisiera llevar los documentos. Pero nosotros no hemos perdido el tiempo y tenemos lista una serie de medidas políticas, legales y jurídicas para evitarlo.
-De las jurídicas no voy a decir nada porque no hay que dar agua al enemigo. Las políticas pienso concretarlas mañana pero tenemos intención de dirigirnos a todos los centros culturales de Europa para informarles que en España hay partidos dispuestos a llevar a cabo estas tropelías. Respecto a las cuestiones legales, ya se han dado pasos como son las reformas en las leyes que aprobaron recientemente las Cortes.
-En el informe jurídico que ha servido de base para la decisión, se habla del valor simbólico de los documentos y de la necesidad de reparar las consecuencias de la Guerra Civil.
-La Generalitat no lo quiere para reparar nada. Los documentos no van a ir a los familiares de las víctimas, algo que podría entenderse. Los documentos van a un sitio que se llama Archivo General de Cataluña. De todas formas, víctimas del franquismo somos todos los españoles. No se trató, como quiere ver Carod Rovira, de una guerra entre españoles y catalanes. Eso es pura demagogia porque Cataluña se dividió como se dividió el resto del país. Franco no invade Cataluña en nombre de España. Es una falacia de ERC que pretende reescribir la historia como a ellos les parece y les viene bien políticamente.
- Pero se habla de la legitimidad de la Generalitat para reclamar estos fondos dado que es una institución ya constituída en la República.
-Nadie está legitimado para constituirse en heredero de la legalidad republicana.
-¿Qué piensa el Ayuntamiento de argumentos como el valor simbólico de los fondos?
-Pues precisamente que Salamanca no pelea sólo por el Archivo de la Guerra Civil, que también, sino por todos los españoles porque se constituye un precedente de tales dimensiones que terminará con la unidad del país desde el punto de vista cultural. Ya no hay ninguna razón para que las distintas instituciones no reclamen documentos del Archivo de Indias o del de Simancas.
-La Generalitat se ha comprometido a dar copia digitalizada de todos los fondos que conserva para crear el gran centro sobre la Guerra Civil que se construirá en Salamanca.
-Que Maragall y Carod Rovira se queden en la Generalitat con las copias. El Archivo es estatal y debe ser de todos los españoles.

References: artículo 2
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