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Timestamp: 2018-11-13 05:09:59+00:00

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﻿ SENTENCIA SC16843-2016/2012-00981 DE NOVIEMBRE 23 DE 2016
SENTENCIA SC16843-2016 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN CONTRA SENTENCIA QUE RESOLVIÓ UN PROCESO EJECUTIVO MIXTO. ASÍ EL DICTAMEN PERICIAL SEÑALE QUE LA CARTA DE INSTRUCCIONES ES UNA MERA REPRODUCCIÓN O FOTOCOPIA, TAL CONDICIÓN NO RIÑE CON LOS REQUISITOS GENERALES DEL ARTÍCULO 488 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL PARA LOS TÍTULOS EJECUTIVOS Y MUCHO MENOS CON LOS ARTÍCULOS 621 Y 709 DEL CÓDIGO DE COMERCIO FRENTE AL PAGARÉ, PUESTO QUE DICHA AUTORIZACIÓN NO HACE PARTE DE ESTE, SINO QUE SE SUSCRIBE COMO ILUSTRACIÓN PARA DILIGENCIARLO Y, SOLO COBRA RELEVANCIA EN EL EVENTO EN EL QUE SE ALEGUE QUE LO DICHO EN LA MISMA ES CONTRARIO A LO PLASMADO EN EL INSTRUMENTO CAMBIARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:HIPOTECA, PAGARÉ, PROCESO EJECUTIVO MIXTO, PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DEL PAGARÉ, PAGO DEL PAGARÉ, CONTENIDO DEL PAGARÉ, PROCESO EJECUTIVO, TÍTULO EJECUTIVO, CARTA DE INSTRUCCIONES ANEXA AL PAGARÉ, CARTA ANEXA AL PAGARÉ
Sentencia SC16843-2016/2012-00981 de noviembre 23 de 2016
SC16843-2016
Rad. 11001-02-03-000-2012-00981-00
(Aprobado en sesión de 24 de mayo de 2016)
Se decide el recurso extraordinario de revisión promovido por Dynaterm Ltda., Luis Enrique Devis Echandía y Jacqueline Elvira Cantillo Ramírez respecto de la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2010 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ejecutivo mixto que promovió el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, hoy, Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación —Colciencias— contra los aquí impugnantes.
1. En la demanda con la que se inició el referido proceso que se tramitó en primera instancia ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá D.C., el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas, hoy, Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación —Colciencias—, pretendió que Dynaterm Ltda., Luis Enrique Devis Echandía y Jacqueline Elvira Cantillo Ramírez, le cancelaran los montos de dinero contenidos en el título valor que aportó como base del recaudo, a través de la venta en pública subasta del inmueble gravado y la materialización de otras medidas cautelares.
2. Como sustento fáctico de la petición postulada en el señalado litigio, la ejecutante argumentó, que
2.1. Celebró con Dynaterm Ltda. el contrato Nº 526-96 para el financiamiento del proyecto denominado “Optimización y demostración de un prototipo para la producción de panela granulada utilizando vapor generado con bagazo de caña”, en virtud del cual le entregó a esta última la suma de $ 82’400.000, para ser pagados a cuotas durante el plazo de 85 meses.
2.2. Refirió que como en el citado pacto de voluntades la sociedad se obligó a suscribir un instrumento cambiario en blanco, el representante legal de aquella emitió “una carta de autorización para llenar los espacios (…) del pagaré contenido en la hoja de papel documentario PO - 2824831”.
2.3. Sostuvo que mediante oficio UAJ 11410 del 22 de noviembre del año 2000, comunicó a la deudora su decisión de dar por terminado el mencionado acuerdo, por cuanto esta última se encontraba en mora de satisfacer los instalamentos vencidos y, en consecuencia, procedió a diligenciar el mencionado título con los saldos insolutos.
2.4. Agregó que dicho crédito se encontraba respaldado por el Fondo Nacional de Garantías S.A., quien a su vez, le cedió la hipoteca que los señores Luis Enrique Devis Echandía y Jacqueline Elvira Cantillo constituyeron a su favor mediante la Escritura Pública Nº 4965 del 23 de septiembre de 1997, en aras de avalar las acreencias pasadas, presentes y futuras que Dynaterm Ltda. adquiriera.
2.5. Concluyó que al juicio debía convocar tanto a la sociedad con quien celebró el pacto de financiación, como a las personas naturales antes indicadas, por cuanto, el aludido documento contenía una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la primera, y, el derecho de dominio del bien afectado radicaba en cabeza de quienes lo gravaron en favor de la misma (fls. 41 a 45, cdno. 1).
3. Agotado el trámite de la primera instancia, durante el cual se acumularon las demandas de María Luisa Poveda y Artimfer Ltda., el a quo clausuró el debate con sentencia de 5 de junio de 2007, adicionada en pronunciamiento del 27 de agosto siguiente, por orden de su superior jerárquico.
En el primero de los antedichos pronunciamientos, la autoridad judicial declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por las personas naturales demandadas, las cuales denominaron “falta de legitimación en la causa por activa” e “inexistencia de la obligación” y, por ende, ordenó seguir adelante con la ejecución solo frente a la sociedad.
“el caso sub-examine, trata de un título ejecutivo complejo, que se compone del instrumento contentivo de la obligación y del gravamen hipotecario, (…) siendo importante anotar que, para que la garantía en tal sentido pudiera hacerse exigible, era necesario que se hubiera acreditado en el expediente, la existencia de dos circunstancias a saber: 1.) “certificado de garantía” expedido por el Fondo Nacional de Garantías S.A., donde de manera expresa, avalara el pagaré adosado como base del recaudo ejecutivo o su pago efectivo y 2.) un negocio jurídico celebrado entre dicha entidad y Colciencias con la finalidad de trasladar la titularidad de derecho crediticio a favor de esta última y como consecuencia de ello ceder el contrato accesorio de hipoteca, pues cosa distinta no es posible aceptar, como quiera que este tipo de contratos no se concibe sin la existencia de una obligación principal, pues, a pesar que en el literal “a” de la cláusula décima de dicho documento se estableció que sus constituyentes, autorizaban “cualquier traspaso que El Fondo hiciera de los instrumentos a su cargo, así como de esta garantía”, dicha facultad se encontraba circunscrita a la demostración fáctica de las condiciones en la cuales el acreedor hipotecario podía ejercitarla, por lo que, en ausencia de las mismas resulta inoperante la acción invocada, por la parte actora, para hacerse pagar sobre la cosa hipotecada el derecho crediticio incorporado en el pagaré Nº PO-2824831” (fls. 50 a 58 y 68 a 70, cdno. 12).
4. Apelada por ambas partes la disposición señalada en el párrafo precedente, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., en fallo de 15 de diciembre de 2010, modificó la sentencia atacada, y en su lugar, desestimó los medios de defensa invocados por los ejecutados Luis Enrique Devis Echandía y Jacqueline Elvira Cantillo Ramírez y decretó la venta en pública subasta del bien hipotecado.
Para tal efecto, el ad quem consideró:
“el pagaré y la escritura contentiva del gravamen hipotecario, facultan a la actora para incoar esta acción en forma personal, hacia la sociedad Dynaterm Ltda., y de manera real, en contra de los señores Luis Enrique Devis Echandía y Jacqueline Elvira Cantillo Ramírez; y si bien la garantía se expidió a favor del Fondo Nacional de Garantías S.A., también lo es que esta la cedió a favor de la actora, según se desprende del documento denominado “Cesión de gravamen hipotecario” (fls. 75 a 85, cdno. 15).
1. Con apoyo en las causales establecidas en los numerales 1º y 8º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, Dynaterm Ltda., Luis Enrique Devis Echandía y Jacqueline Elvira Cantillo Ramírez, postularon la revisión de la providencia de segunda instancia antes compendiada, con el fin de que se revoque y en su lugar, se profiera la que en derecho corresponda.
2. Frente al primer evento invocado como determinante del recurso extraordinario, los recurrentes alegaron, en síntesis, que
2.1. Pese a haberlo solicitado en el momento procesal oportuno, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá D.C. se negó a ordenar la práctica de un análisis para determinar si la carta de instrucciones anexada con el título valor fue alterada, razón por la cual, elevaron denuncia en este sentido ante la Fiscalía General de la Nación con apoyo en un estudio grafológico particular que avaló sus apreciaciones.
2.2. Señalaron que solo al momento de desatar la alzada, el Tribunal advirtió que en el expediente no reposaban los documentos originales que soportaban la ejecución, por cuanto estos se remitieron en su momento al ente investigador, quien, a su turno, le informó que aquellos habían sido devueltos al despacho de conocimiento.
2.3. Manifestaron que aunque el ad quem desconocía la idoneidad de los mencionados folios, profirió la sentencia de segunda instancia y, solo una vez emitida la misma, advirtieron que la Fiscalía 119 Seccional determinó mediante informe de 9 de marzo de 2007 que el cuestionado documento era una reproducción.
2.4. Agregaron que las circunstancias señaladas en los numerales precedentes fueron puestas en conocimiento de la juez de primera instancia a través de un incidente de nulidad, no obstante, aquella desestimó las pretensiones contenidas en el mismo.
2.5. Finalmente, insistieron en que
“el hecho de que el título valor contuviera una carta de instrucciones que era una simple fotocopia, s[o]lo fue conocido (…) con posterioridad a la sentencia que se impugna y tales hechos eran ignorados por el (…) apoderado hasta que llegaron los supuestos originales al H. Tribunal Superior de Bogotá y se corroboraron con el pronunciamiento de la Fiscalía, [por tanto,] haberse dictado una sentencia en un proceso ejecutivo con base en un título valor (pagaré en blanco con carta de instrucciones) cuya carta de instrucciones es una simple fotocopia, constituye sin duda una violación monumental al derecho de defensa” (fls. 10 a 27, cdno. Corte).
3. En lo que concierne a la causal 8ª del artículo 380 ibídem, los recurrentes reiteraron que
“el yerro endilgado radica en el haberse emitido sentencia por parte del ad quem, desconociendo el hecho palmario de que la carta de instrucciones era una simple y vulgar fotocopia, lo cual repercutió de manera directa en que la sentencia dictada tuviera grandes deficiencias, al obviarse un presupuesto básico de los procesos ejecutivos, como lo es el verificar que efectivamente se esté frente a un título valor”.
Y más adelante resaltaron:
“si bien la causal alegada no está dentro de las expresamente contempladas en la normatividad, si encuentra soporte en una sentencia proferida por la misma corporación, por lo que nos acogemos al principio de la confianza legítima, además del valor que la corporación debe dar a sus propias sentencias como precedentes jurisprudenciales legítimos que deben ser observados no solo por los particulares, sino también por los propios jueces en el ejercicio de sus funciones”(1) (fls. 32 a 35, ibídem).
1. Una vez subsanada la demanda presentada el 8 de mayo de 2012, esta Corporación ordenó a la parte interesada que constituyera caución (fl. 38, ibídem), y, cumplido tal requerimiento, el 25 de octubre siguiente le solicitó al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá D.C. que remitiera el expediente contentivo de la sentencia atacada (fl. 42, ídem).
2. Recibida la mencionada actuación, en providencia de 17 de enero del 2013 se admitió el escrito principal y se dispuso que de aquel se corriera traslado a Colciencias, Artimfer Ltda. y María Luisa Poveda de Guevara (fls. 46 y 47, cit.), quienes se notificaron en debida forma (fls. 70, 74 y 133, ib.).
3. El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Investigación —Colciencias—, se opuso a la prosperidad del medio de impugnación extraordinario, alegando en lo fundamental, que
“los recurrentes dispusieron de suficientes oportunidades para lograr que se aportaran al expediente las pruebas documentales que pretendían hacer valer (…), pues el [referido] estudio (…) fue pr[o]ferido en el año 2007 (…) [de igual forma, resaltó, que el hecho de que la] carta de instrucciones para diligenciar espacios en blanco, a [la] que se refiere el investigador sea una reproducción fotomecánica (fotocopia) con firma autógrafa del mismo obligado cambiario, en nada afecta la exigibilidad y autonomía del título valor base de la ejecución que es el pagaré contenido en la hoja de papel documentario PO-2824831, cuyo original se presentó con la demanda. (…) [Además,] las nulidades procesales s[ó]lo son las establecidas en los artículos 140 y 141 del CPC, (…) [l]o cual implica que (…) s[ó]lo podrán tener validez y efectos en las actuaciones que encajen a cabalidad en los parámetros de cada una de las situaciones contempladas en dichos artículos” (fls. 86 a 99, Cdno. Corte).
4. Al pronunciarse frente a las citadas excepciones, los impugnantes reiteraron sus explicaciones y precisaron que fue solo hasta la notificación de la sentencia de segunda instancia, esto es el 13 de enero de 2011, cuando pudieron verificar el informe pericial del cual obtuvieron copias auténticas el 21 de junio siguiente (fls. 143 a 150, ibídem).
5. El trámite prosiguió con la apertura a pruebas por auto de 29 de mayo de 2014 (fls. 152 y 153, ídem) y luego de culminada la etapa de su recaudo, se concedió el tiempo común a los intervinientes para alegar de conclusión (fl. 420, cit.), lapso que fue empleado por ambos extremos litigiosos (fls. 421 a 451, ib.).
“no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no expuestos en la causa petendi. Como ya se dijo por la Corte, el recurso de revisión no se instituyó para que los litigantes vencidos remedien los errores cometidos en el proceso en que se dictó la sentencia que se impugna” (CSJ SC, 24 abr. 1980, reiterada en SC6496-2015).
Igualmente, se ha señalado que en esta sede únicamente tienen cabida las verdaderas novedades procesales, es decir, aquellas “circunstancias que, en términos generales, son extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la sentencia que por tal medio se impugna” y que “constituyen aspectos novedosos frente a él, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquella, ora porque pese a antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hipótesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redundó en la adopción de una resolución injusta” (CSJ SC, 1º dic. 2000, Rad. 7754, reiterado en SC17395-2014).
3. Al tenor de lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, amerita la revisión de la sentencia el hecho de “[h]aberse encontrado después de pronunciada (…) documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
De donde se advierte que dicho mandato está encaminado a proteger la eventualidad de la aparición tardía de escritos cuyo poder demostrativo hubiese determinado la variación del fallo inicialmente adverso al recurrente, los cuales, por razones no atribuibles a la parte interesada dejaron de allegarse en las fases probatorias propias de las instancias; con otras palabras, no se trata de revivir la inconformidad con las decisiones desfavorables, promover un nuevo pronunciamiento de instancia, o, constituirse como un sendero para introducir mejores argumentos probatorios en detrimento del principio de la preclusión de las etapas procesales, y por ende, de la cosa juzgada.
Así las cosas, la antedicha premisa legal exige la concurrencia simultánea de una pluralidad de requisitos mínimos, como son:
“a) [que][s]e trate de prueba documental; b) que dicha prueba, por existir con la suficiente antelación, hubiese podido ser aportada al proceso; c) que su ausencia de los autos haya sido debida a fuerza mayor o caso fortuito, o a obra de la parte contraria (dolo), favorecida con la sentencia; d) que el hallazgo se produzca después de proferido el fallo; y e) que la citada prueba sea determinante de una decisión diferente a la adoptada en él, es decir, que sea trascendente” (CSJ SC, 20 ene. 1995, Rad. 4717, reiterada en SC15029-2014).
4. En el asunto materia de juzgamiento, la recurrente atribuyó la calidad de prueba documental sobreviniente al informe pericial rendido por el Investigador Criminalístico II de la Fiscalía General de la Nación el 9 de marzo de 2007, pues a su juicio, de haberse conocido aquel en el momento procesal oportuno, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C. hubiese desestimado las pretensiones acogidas en la sentencia del 15 de diciembre de 2010.
Para el efecto, se advierte que el mencionado dictamen fue emitido en el curso de la denuncia que presentó Luis Enrique Devis Echandía en calidad de representante legal suplente de Dynaterm Ltda., en contra de Colciencias, tras considerar, que tal entidad adulteró la carta de instrucciones suscrita para diligenciar el pagaré con base en el cual se instauró el proceso ejecutivo mixto que suscitó el pronunciamiento atacado.
Así mismo, se destaca que la citada experticia concluyó frente a la cuestionada autorización:
“se trata de una reproducción o fotocopia, en la que se aprecian características propias como son: falta de nitidez de los textos impresos, los cuales carecen de brillo y esferas contenidas en la tinta impresas, como es usual visualizarlos en los textos impresos en los documentos originales, en la parte inferior de la hoja se observa[n] manchones oscuros y el papel o sustrato se encuentra acartonado, áspero, semi rígido, producto del calor al momento de pasar por la fotocopiadora, perdiendo su naturalidad de doblaje. Al observar la cifra “PQ2824831” mediante los diferentes tipos de luces, filtros y aumentos ópticos, no fue [posible] apreciar alguna característica propia de adulteración o alteración, posiblemente visible en un documento original. Solamente se contemplan alrededor de los números algunas líneas y vestigios de tinta ilegibles. Es de mencionar que (…) una copia fotostática o fotocopia puede omitir parte de un trazo, reducción de márgenes y signos gráficos, los textos pueden presentar ilegibilidad, e interrupción de líneas, dificultando apreciar características intrínsecas o de fondo, así como cualquier tipo de; alteraciones, adulteraciones, imitación, entre otros” (fls. 347 y 348, Cdno. Corte).
5. Dicho lo anterior, es claro para esta Corporación que aunque los alegatos de los revisionistas satisfacen algunos de los supuestos de hecho contemplados en la norma analizada, pues en efecto, la prueba presentada consiste en un documento originado en una fecha anterior a aquella en la cual fungió el proveído atacado, en tanto que, la primera data del 9 de marzo de 2007 y la segunda es del 15 de diciembre de 2010, no es de recibo el argumento de los impugnantes según el cual, ellos conocieron dicho medio probatorio solo en virtud de las decisiones adoptadas por el ad quem, pues si bien es cierto a partir de tales diligencias el Tribunal advirtió que se incorporaron legajos procedentes de la Fiscalía a la ejecución adelantada, también lo es, que dos de los aquí interesados fueron los promotores de la causa penal antes mencionada y, que al interior de esta, la Fiscalía Seccional 119 les corrió traslado de tal experticia, en pronunciamiento de 23 de marzo de 2007” (fl. 349, ibídem).
5.1. Así mismo, resulta inapropiada la precisión de los inconformes referente a que la ausencia del antedicho escrito en el plenario se encuentra justificada, pues, siendo denunciantes, era su deber procesal vigilar el asunto penal e informar al juez del proceso coercitivo lo que consideraran pertinente en aras de derivar las consecuencias jurídicas perseguidas, sin que exista la posibilidad de trasladar dicha carga al ente acusador por mora en su gestión.
5.2. Ahora bien, en lo que concierne a la trascendencia de lo concluido en el dictamen pericial, se resalta que pese a que la carta de instrucciones es una mera reproducción o fotocopia, tal condición no riñe con los requisitos generales previstos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil para los títulos ejecutivos y mucho menos con los consagrados en los artículos 621 y 709 del Código de Comercio frente al pagaré, puesto que dicha autorización no hace parte de este, sino que se suscribe como ilustración para diligenciarlo y, solo cobra relevancia en el evento en el que se alegue que lo dicho en la misma resultó contrario a lo plasmado en el instrumento cambiario.
A propósito de escritos como este, esta Corporación ha señalado:
“[s]e admite entonces de manera expresa la posibilidad, por cierto habitualmente utilizada, de crear títulos valores con espacios en blanco para que, antes de su exhibición tendiente a ejercer el derecho incorporado, se llenen o completen por el tenedor de conformidad con las órdenes emitidas por el suscriptor. Ahora, si una vez presentado un título valor, conforme a los requisitos mínimos de orden formal señalados en el Código de Comercio para cada especie, el deudor invoca una de las hipótesis previstas en la norma mencionada [artículo 622 del Código de Comercio] le incumbe doble carga probatoria: en primer lugar, establecer que realmente fue firmado con espacios en blanco; y en segundo, evidenciar que se llenó de manera distinta al pacto convenido con el tenedor del título. Lo anterior aflora nítido si se tiene en cuenta, conforme a los principios elementales de derecho probatorio, que dentro del concepto genérico de defensa el demandado puede formular excepciones de fondo, que no consisten simplemente en negar los hechos afirmados por el actor, sino en la invocación de otros supuestos de hecho impeditivos o extintivos del derecho reclamado por el demandante; (…) adicionalmente le correspondería al excepcionante explicar y probar cómo fue que el documento se llenó en contravención a las instrucciones dadas” (CSJ STC, 30 jun. 2009, Rad. 01044-00 reiterada en STC1115-2015).
5.3. Por último, la afirmación según la cual el documento original pudo ser adulterado y tal manipulación no se percibió con ocasión de la pericia por cuanto dicho análisis se restringió a una fotocopia, resulta ser una premisa carente de valor demostrativo que además no reviste importancia alguna en este escenario procesal.
5.4. De lo expuesto se desprende entonces, que además de que los planteamientos de los aquí demandantes fueron desestimados, aquellos no guardan correspondencia con la exigencia legal invocada, ni con las interpretaciones ya referidas, siendo procedente concluir que no se estructura la causal estudiada.
6. Frente al reproche de los inconformes, de cara al numeral 8º del artículo 380 ídem, procede la revisión por “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso”. Dicho canon contempla dos requisitos, a saber: i) que la invalidez se origine en la decisión de fondo, lo que excluye, en consecuencia, cualquier causa de anulación que se presente durante el trámite del proceso; y ii) que contra dicha providencia no sea procedente ningún otro medio de impugnación.
Con todo, aunque inicialmente se estableció que “la causa de nulidad no puede ser distinta de las que establece el artículo 140 del C. de P.C., pues el recurso de revisión no es campo propicio para expandir las razones que el legislador estableció” (CSJ SC, 13 ene. 2007, Rad. 2001-00211-01), es cierto que se viene mencionando doctrinaria y jurisprudencialmente, que también hay lugar a revisión por causales de nulidad originadas en la sentencia.
7. Lo anterior es claro frente a otros hechos que pueden producir nulidad y que se han señalado antes, pero como se anticipó, los demandantes sostuvieron que el proveído reprochado es nulo por deficiencias graves de motivación, en cuanto la referida Colegiatura ordenó seguir adelante con la ejecución sin tener en cuenta que el escrito mediante el cual se autorizó el diligenciamiento del pagaré que la soporta es una simple fotocopia, resulta propicio indicar que, aunque en algunas providencias se mencionaron a manera de ejemplo hechos que podrían configurar nulidad originada en la sentencia y que realmente no se encuentran previstos en forma taxativa en el ordenamiento jurídico, es el momento para dejar esclarecido que para el caso de la nulidad invocada no resulta procedente alegar como fuente la indebida motivación o las deficiencias que pudiera encontrarse en este aspecto en la sentencia recurrida extraordinariamente, pues esta acusación no solo es inexistente como causal de nulidad, sino que podría llevar al fallador a otra revisión de los hechos constituyendo una nueva instancia, lo cual es ajeno al recurso de revisión.
Por lo tanto, los recurrentes erraron al pretender encuadrar los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la providencia del 15 de diciembre de 2010 a uno de tales supuestos, pues como se insistió a propósito del motivo de revisión antes analizado, la controvertida orden tuvo lugar en virtud del pagaré Nº 2824831, documento que contiene por sí mismo obligaciones claras, expresas y exigibles y la calidad de original o fotocopia de la carta de instrucciones para nada incide en la motivación, y mucho menos con capacidad y carácter de alcanzar a ser motivo de anulación. Por esa razón resulta inexistente el cargo propuesto contra la sentencia recurrida.
8. Como conclusión de lo discurrido, se tiene que los planteamientos de los aquí demandantes no guardan correspondencia con las exigencias legales invocadas, ni con las interpretaciones ya referidas, por tanto, se impone denegar el mecanismo excepcional.
1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión propuesto por Dynaterm Ltda., Luis Enrique Devis Echandía y Jacqueline Elvira Cantillo Ramírez contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia.
2. Condenar a los impugnantes en costas, y al pago de los perjuicios causados en el trámite del mecanismo excepcional que en esta providencia se decide, en favor del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Francisco José de Caldas hoy Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación —Colciencias—. En la liquidación de aquellas inclúyase la suma de $ 3’000.000 como agencias en derecho; la tasación de los segundos se hará mediante incidente según lo establecido en el artículo 384 del Código de Procedimiento Civil. En caso de ser necesario para los anteriores efectos, se tendrá en cuenta la póliza judicial constituida en el proceso (fl. 39, Cdno. Corte), para lo cual la Secretaría librará los oficios y expedirá las copias correspondientes a costa del interesado.
Magistrados: Álvaro Fernando García Restrepo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco, aclaración de voto—Fernando Giraldo Gutiérrez, aclaración de voto—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.
1 Al respecto citaron las providencias de 1º jun. 2010, exp. 11002030002008-00825-00, y, 13 oct. 2011, exp. 11001-02-03-000-2011-02100-00.

References: ARTÍCULO 488
 artículo 380
 artículo 380
 resolución 
 artículo 380
 artículo 488
 artículo 380
 artículo 140
 artículo 384