Source: http://www.slideshare.net/PerezEsquer/iniciativa-reforma-art-115-impuesto-predial-const
Timestamp: 2015-04-02 00:55:05+00:00

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Iniciativa de reforma al art. 115 de la CPEUM en materia de impuesto predial
1INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISOC) PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,SUSCRITA POR EL DIPUTADO MARCOS PÉREZ ESQUER DEL GRUPO PARLAMENTARIO DELPARTIDO ACCIÓN NACIONAL.El suscrito Diputado Federal Marcos Pérez Esquer, integrante del grupo parlamentario del PartidoAcción Nacional de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuestoen los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos (CPEUM), concordantes con el diverso 6 fracción I del Reglamento de la Cámara deDiputados del H. Congreso de la Unión, me permito presentar para su análisis y dictamen lasiguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 115, fracción IV,inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).Para tal efecto, procedo a dar cumplimiento a los elementos indicados en el numeral 78 del citadoordenamiento reglamentario.I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA.Ha quedado precisado en el primer párrafo de este documento.II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.La presente Iniciativa tiene como propósito contribuir al mejoramiento del esquema derecaudación en las entidades federativas, en lo tocante al impuesto predial, considerando quenuestro país a diferencia de otros, es de los que menos ingresos obtiene por contribucionesinmobiliarias, debido entre otros factores, a los ámbitos de exclusión o excepción previstos desdeel mismo texto fundamental y que no se encuentran debidamente justificados, cuya existencia opermanencia va en detrimento de las facultades recaudatorias de los Municipios.III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN (Exposición de motivos).La CPEUM en su artículo 31 establece como una de las obligaciones de los mexicanos, la de“contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado yMunicipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.En ese tenor, las contribuciones son la principal fuente de ingresos en el Estado moderno. Eltérmino “contribución” es una expresión genérica que engloba a todo ingreso que auxilia asufragar los gastos del Estado; entraña -en esencia- toda aportación económica que se realiza afavor del Estado para que éste pueda realizar sus atribuciones, como son entre otras, la prestaciónde servicios públicos en beneficio de la comunidad.MARCOS PÉREZ ESQUERDiputado Federal 2.
2La legislación fiscal no define el término “contribución”, pues únicamente se limita a mencionar enel artículo 2 del Código Fiscal de la Federación (CFF) que las contribuciones se clasifican enimpuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.Por tanto, el impuesto predial es una especie de contribución o tributo cuya naturaleza consiste engravar la propiedad o posesión inmobiliaria, sin perjuicio del destino del bien, sea para vivienda,despacho, oficina pública, edificio o local comercial.Ahora bien, como se dijo, el propósito fundamental de toda contribución, es la prestación deservicios públicos en beneficio de la comunidad a cargo de los órganos del Estado.Actualmente, los Estados y Municipios son los principales responsables de proveer cada vez máslos servicios básicos a la población. La educación, los servicios de salud y la seguridad pública sonsu obligación y la tendencia es hacia una mayor descentralización.Lógicamente, para que esos servicios básicos se puedan ofrecer y además, con calidad, serequieren mayores ingresos, siendo el impuesto predial un elemento que puede contribuir a ellode manera importante.En su origen, el Municipio se concibió como la pieza clave del Federalismo, pues funge como elorden de gobierno más cercano a la gente, aunque en esos inicios, esa primera organización seconcibió sin influencia política, capacidad institucional o facultades recaudatorias y de gasto.Fue con el paso de los años y diversas reformas constitucionales efectuadas los últimos 25 años,que se fueron descentralizando en favor de los Municipios, diversas funciones yresponsabilidades, entre ellas, la recaudatoria, como se expone enseguida.El Municipio se creó a semejanza del Ayuntamiento español, figura que ya existía en tiempos de laconquista.1. Durante el virreinato la figura del Municipio se extendió y formó parte de la “densatrama institucional” de la época. Venustiano Carranza, en su decreto del 26 de diciembre de 1914,constitucionalizó el “Municipio libre” y la Constitución de 1917, -como ya se indicó-, retomó esafigura como base de la organización política mexicana.El artículo 115 Constitucional dispone desde aquel entonces que “los Estados adoptarán, para surégimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como basede su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre".No obstante que la Constitución de 1917 plasmó su importancia, el Municipio nunca contó con eldiseño y el respaldo institucional para funcionar verdaderamente como la base del Federalismo,por ello, algunos doctrinarios afirman que la idea de que el Municipio “ha perdido su poder einfluencia” es errónea, porque de hecho, nunca la tuvo.1Al llegar a tierras mexicanas, Hernán Cortés fundó el Ayuntamiento de la Villa Rica de la Vera Cruz, paradesvincularse jurídicamente de la capitanía de Cuba. 3.
3Mauricio Merino, por ejemplo, sostiene que “Los municipios siempre han tenido un sitiosecundario en el escenario político nacional, aunque también hayan sido el sostén de ladominación territorial”.2Empero, diversas reformas practicadas al artículo 115 Constitucional, permitieron revertirpaulatinamente la debilidad del Municipio.En 1983 se produjo una de las reformas más importante en materia municipal, al conferir unsustento más sólido a las responsabilidades y capacidades de este orden de gobierno, mediante elreforzamiento de su autonomía en tres aspectos: la política, la económica y la administrativa.Entre otros aspectos, se estableció el régimen de representación proporcional para todos losayuntamientos, sin mínimo poblacional; se ratificó la libertad municipal respecto a suadministración financiera y se determinaron elementos mínimos de su régimen hacendario;asimismo, se especificaron los ingresos propios municipales, entre ellas, las contribucionesinmobiliarias y los derechos de agua.Adicionalmente, se estableció la facultad de los Municipios para emitir reglamentos; seespecificaron los servicios públicos que debe prestar el municipio, siendo entre otros: agua yalcantarillado, alumbrado público, seguridad pública y recolección de basura.En ese proceso de reforma, también se determinó la competencia municipal en materia dedesarrollo urbano y se consignó la posibilidad del Municipio para celebrar convenios con surespectivo Estado, a fin de que este se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con laadministración de las contribuciones en materia inmobiliaria.3En materia fiscal, pueden identificarse diversas etapas o periodos que han tendido hacia elfortalecimiento del Municipio. En el llamado “post-revolucionario” (1917-1947), resultó palpableen todo el país el objetivo plasmado en la Constitución de 1917, a saber, conceder al gobiernocentral el control de las áreas estratégicas del desarrollo e impedir la proliferación de gravámeneslocales que inhibieran el comercio; pese a ello, algunas entidades federativas establecieron unsinfín de impuestos locales y barreras al comercio. Tan sólo por poner un ejemplo, en 1940 había80 impuestos distintos al comercio y 32 al capital.4Esa etapa dio paso a la del “desarrollo estabilizador” (1947-1970), en la cual se puso en marcha unincipiente sistema de coordinación fiscal voluntario, que permitía a un Estado recibir mayoresrecursos a cambio de algunas potestades tributarias. A fines de 1952, 11 entidades se habíansumado al esquema de coordinación.52Merino, Mauricio, citado por Broid Krauze, Daniel Saúl, La evolución del predial en México: los incentivoscruzados de la descentralización fiscal y política, en la Revista de Finanzas Públicas, LXI Legislatura de laCámara de Diputados, Volúmen 2, número 3-4, México, 2010, p. 99.3Se tiene conocimiento que entidades como Durango, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora, hanfirmado convenios de este tipo con algunos de sus Municipios.4CFR. Broid Krauze, Daniel Saúl, Op. Cit., p. 92.5Conviene recordar que en esa época, 4 entidades (Distrito Federal, territorios de Quintana Roo y BajaCalifornia Norte y Sur) se encontraban bajo control federal. 4.
4En 1953 se expidió la primer Ley de Coordinación Fiscal, en la que se consideró el impuesto alingreso como federal pero se pactó una redistribución a los Estados. Su objetivo era atraer al restode los Estados que aun no se unían al esquema de coordinación, con lo cual se consiguióincorporar a 7 entidades más. Posteriormente, al aprobarse en 1972 el incremento el impuesto alas ventas (que se compartía con los Estados) en uno por ciento, permitió que el resto de lasentidades se coordinaran.En 1980 inició el llamado periodo de “consolidación” con la expedición de una nueva Ley deCoordinación Fiscal, que permitió concretar un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal queposibilitó el surgimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la derogación de 18 impuestosfederales y 458 estatales, a cambio de transferencias más recursos a los Estados.El periodo termina en la década de los 90’s, cuando la Federación asumió la administración delIVA, con lo que la concentración de la recaudación en el orden federal alcanzo su máximohistórico.La última etapa es la conocida como de la “descentralización” fiscal. Al darse la alternancia en elpoder (2000), fue palpable el otorgamiento y/o devolución a las entidades federativas de mayoresfacultades fiscales; por una parte, para fomentar la recaudación local que constituía un añejoreclamo de los Estados; y por otra, ante una renovada vocación federalista.El proceso comenzó con el traslado de facultades fiscalizadoras sobre el régimen de pequeñoscontribuyentes (REPECOS); posterior a ello, de las zonas federales marítimas; y másrecientemente, -a raíz de la Reforma Hacendaria de 2007-, de la tenencia y el nuevo impuesto a lasgasolinas y el diesel.En forma paralela, se incrementaron las aportaciones y transferencias a los Estados por parte delgobierno central, las que formalmente quedaron establecidas desde el Presupuesto de Egresos dela Federación de 1998. Entre ellas, pueden destacarse los diversos fondos que proveen deimportantes recursos a los Estados y Municipios en materia de educación (FAEB y FAETA), salud(FASSA) y seguridad pública (FASP), entre otros.6Empero, el crecimiento notable de los recursos federales ha tenido un efecto tributariopernicioso: los “ingresos propios” de los Estados, que en 1997 representaban casi una quintaparte de sus ingresos, en 2007 representaron apenas el 14.2 por ciento. Si se excluye el casoexcepcional del Distrito Federal, entonces los porcentajes son aún más alarmantes: 11 por cientode los ingresos totales en 1997 y 9.5 por ciento en 2007.7La SHCP ha considerado que los factores que han dado lugar a la disminución de los ingresosestatales y el incremento de los recursos de origen federal, son entre otros, las mayoresresponsabilidades y funciones a cargo de los Estados, por ejemplo, en materia de educación; lacreación del Ramo 33, y particularmente, la falta de aprovechamiento por parte de algunasentidades de sus potestades tributarias.6Según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las transferencias federalesrepresentaron en promedio el 86 por ciento de los ingresos totales de las entidades federativas en 2005, encomparación con el 80.5 por ciento que significaron en 1994.7Broid Krauze, Daniel Saúl, Op. Cit., pp. 103-104. 5.
5Incluso en el Distrito Federal se advierte un fenómeno similar: mientras en 1997 los ingresospropios representaban el 52 por ciento de sus ingresos totales, para 2007 bajaron al 43 por ciento.Esto muestra que incluso en la entidad con mayores ingresos propios se ha producido unainversión entre el porcentaje que representan los ingresos locales y aquel que corresponde a lastransferencias federales.En los Municipios se aprecia la misma tendencia, pues sus “ingresos propios” han disminuido amedida que se han incrementado las participaciones y aportaciones federales. Cabe recordar queun mínimo del 20 por ciento de las participaciones que reciben los Estados se transfieren pormandato legal a los Municipios, e incluso en algunos casos, se transfiere un porcentaje mayor puesse trata de “gasto etiquetado” para servicios, lo que explica que se las aportaciones hayanconvertido en el segundo componente más importante de los ingresos locales.Por el contrario, los ingresos propios representan actualmente alrededor del 20 por ciento de losrecursos municipales, cuando hace 15 años alcanzaban cerca del 40 por ciento.8Lo más alarmante es que del total de recursos erogado por los Estados y Municipios, tan sólo el10.9 por ciento es recaudado por ellos mismos. Las únicas entidades federativas que seencuentran por arriba de esta media son Colima, Baja California, Campeche, México, Querétaro,Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua y el Distrito Federal (los últimos dos por encima del 20 porciento).Desde el año 2003, la SHCP reconoció que “según se ha observado en la dinámica y estructuratributaria de las haciendas locales (los recursos canalizados al orden de gobierno municipal), sehan convertido en un incentivo negativo para el esfuerzo recaudatorio de los ayuntamientos”.9Ahora, en el caso del impuesto predial, éste representa la principal potestad tributaria de losMunicipios y su mayor fuente de ingresos propios además de los derechos por el suministro deagua10.Su recaudación depende exclusivamente del gobierno local, para lo cual algunos Estados cuentancon un instituto u organismo estatal de catastro, que brinda apoyo a los gobiernos municipalespara la actualización de sus datos.Lógicamente, esa actividad recaudatoria requiere de un esfuerzo técnico, administrativo, político yeconómico del gobierno municipal, habida cuenta que implica la implementación de sistemas decontrol, catastro, agentes de campo, administración de cuentas, entre otros, lo que exige unainfraestructura institucional mínima para poder cobrar el impuesto y administrarlo, así como parainvertir los recursos; actualizar los datos y buscar ampliar el monto de recaudación.Además, si se considera que los gobernados “penalizan” electoralmente al gobierno que les cobramás impuestos y no les retribuye con servicios públicos de calidad, entonces la capacidad políticade recaudar el predial es otra limitante.118Ídem.9Fuente: Diagnostico de la Situación de las Finanzas Publicas de la SHCP, México, 2003.10Broid Krauze, Daniel Saúl, Op. Cit., p. 108. 6.
6Por ello, se ha considerado que el incremento en la recaudación del predial por parte de unMunicipio, es un indicador de la capacidad económica, técnica y política del gobierno local.Ello explica que exista heterogeneidad entre lo recaudado por los distintos Municipios del país.Según datos de la SHCP y del INEGI, en el año 2007, el Municipio que más recaudó por conceptode impuesto predial alcanzo 1,908 pesos por habitante, mientras que el mínimo apenas alcanzóun peso con tres centavos.12Entre las entidades federativas que más recaudan por este concepto, se encuentran Quintana Roo,Baja California Sur, Baja California, Zacatecas y Nuevo León13; en cambio, once estados (Veracruz,Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Durango, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla, Chiapas yYucatán), recaudan 50 pesos o menos por concepto de impuesto predial.La gravedad del asunto queda de manifiesto si se compara además la situación nacional con la queguardan otros países. En el Reino Unido, por ejemplo, el impuesto a la propiedad tambiénconstituye la principal facultad recaudatoria de los gobiernos locales; sin embargo, a diferencia deMéxico, es el país que más recauda por concepto de impuesto predial como porcentaje de suproducto interno bruto (PIB): más del 42 por ciento.14En Noruega, los gobiernos locales obtienen la mayoría de sus recursos del gobierno federal y loshabitantes tienen la posibilidad de decidir si se instaura o no el impuesto predial, cuyos recursosdeben destinarse exclusivamente para financiar el costo de los servicios ofrecidos. Pese a ello, enese país se recauda cuatro veces más como porcentaje del PIB que en México (el 10 por ciento).Podría decirse que Reino Unido y Noruega son países unitarios y que México es una repúblicafederal; sin embargo, aún en comparación con naciones que cuentan con un sistema semejante,nuestro país obtiene números negativos.En Estados Unidos por ejemplo, los impuestos sobre la propiedad representan alrededor del 30por ciento del total de los ingresos por impuestos estatales y locales, siendo el impuesto con elque mayormente se financia la educación de la localidad; incluso ocurre que familias se muden alocalidades con mayores impuestos inmobiliarios con tal de acceder a una mejor educación.Otros países miembros de la OCDE también recaudan por concepto de predial un porcentaje de suPIB muy superior a México. Así por ejemplo, según cifras de ese organismo, en 2005 Franciarecaudó a través de ese impuesto más del 30 por ciento de su PIB; Nueva Zelanda casi el 20 porciento; Alemania un porcentaje cercano al 10 por ciento, Canadá más del 30 por ciento; Irlanda unporcentaje superior al 20 por ciento y Corea casi el 30 por ciento; mientras que México apenasrecaudó en ese mismo ejercicio menos del 1 por ciento de su PIB.11Ídem.12Ibídem. p. 103.13Aunque nominalmente, Distrito Federal es la entidad federativa que más recauda por habitante, mereceun trato diferente dado que en este caso, el impuesto predial se recauda como un impuesto estatal nomunicipal (delegacional), por lo que no existen datos desagregados por demarcación.14Ibídem. p. 105. 7.
7Países de América Latina también recaudan por este concepto comparativamente más queMéxico. Así lo ponen de relieve datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL) que comparan el monto recaudado en 1997 y 2007 por concepto de impuesto predialcomo porcentaje del PIB.Mientras en 1997 Brasil recaudó un 1.2 por ciento del PIB, en 2007 incrementó ese ingreso a un1.8 por ciento; República Dominicana pasó del 0.2 al 1.0 por ciento; Colombia también incrementósu recaudación al pasar del 0.0 al 1.0 por ciento; Costa Rica aumentó la recaudación del 0.39 al 0.6por ciento; y Venezuela del 0.0 al 0.6 por ciento de su PIB. En tanto que México, en el mismocomparativo muestra un estancamiento, pues en 1997 recaudó un 0.17 por ciento del PIB y diezaños más tarde recaudó exactamente lo mismo.Luego, es evidente que mientras otros países en los últimos diez años han incrementado el pesode este impuesto, nuestro país no muestra mejoría en la recaudación.Cierto es que, -como se apuntó-, entre los factores que han contribuido al estancamiento en larecaudación de este impuesto se encuentran el incremento de las participaciones y transferenciasfederales a los Estados y Municipios, así como la falta de aprovechamiento por parte de algunasentidades de sus potestades tributarias; empero, también es innegable que existe otros factoresque han incidido negativamente y que han conducido a ese resultado, como son los “ámbitos deexclusión o excepción” que impiden el ejercicio de la facultad recaudatoria.En efecto, si bien es innegable que los Estados y Municipios han dejado de ejercitar o aprovecharsus facultades recaudatorias, también lo es que existen ciertas limitantes que impiden el cobro delimpuesto, -en el caso del impuesto predial-, sin que se adviertan razones justificadas quesoporten esa limitante.Aunque la Constitución Federal establece enfáticamente que las leyes federales no limitarán lafacultad de los Estados para establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y losingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo; y las leyes federales ni lasestatales concederán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna en relacióncon tales contribuciones, lo cierto es que tales limitaciones o exenciones derivan de la propiacarta fundamental y por tanto, se reitera en las leyes federales y locales, lo que configura unaespecie de contradicción en el propósito inicialmente perseguido por el Constituyente.En efecto, el artículo 115 Constitucional, en su fracción IV, determina en la parte que interesa:IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de losrendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otrosingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estadossobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación ymejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo dealgunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo dealgunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 8.
8b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios conarreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de losEstados.c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones aque se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Lasleyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o instituciónalguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio públicode la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados porentidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos opropósitos distintos a los de su objeto público.Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estataleslas cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas devalores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de lascontribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.……V. …De lo anterior se desprende lo siguiente: Los Municipios percibirán y administrarán las contribuciones que establezcan laslegislaturas estatales sobre materia inmobiliaria (impuesto predial); Los ayuntamientos son los únicos facultados para proponer a las legislaturas estatales lascuotas y tarifas aplicables a ese tipo de contribuciones. Las leyes federales no pueden limitar la facultad de los Estados para establecer lascontribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y los ingresos derivados de la prestaciónde servicios públicos a su cargo; ni conceder exenciones respecto de ellas. Las leyes estatales tampoco establecerán exenciones o subsidios en favor de persona oinstitución alguna respecto de dichas contribuciones. Sin embargo, por mandato constitucional, estarán exentos del pago de esascontribuciones los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o losMunicipios destinados a un objeto público. Empero, tales inmuebles pagarán ese impuesto inmobiliario cuando aún sin perder elcarácter de bienes de dominio público, sean utilizados por “entidades paraestatales opor particulares”, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintosa los de su objeto público.En ese tenor, la disposición primigenia contenida en el artículo 115 Constitucional fracción IV, en elsentido que las leyes federales y locales no establecerán exenciones o subsidios a personal o 9.
9institución alguna respecto al pago del impuesto predial y los ingresos derivados de la prestaciónde servicios públicos a su cargo; pierde eficacia y solidez porque el propio texto constitucionalconsigna una excepción que –lógicamente- se reitera (respeta) en las leyes secundarias, enatención al principio de supremacía constitucional15.En este punto, conviene tener presente que mediante una interpretación a dicho preceptoconstitucional efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se concluyó queesta exención incorporada mediante reforma constitucional de 1983, sólo aplica tratándose delimpuesto predial y no respecto del pago de servicios públicos como se llegó a considerar en ladécada pasada.En efecto, al resolver el 23 de junio de 2009 el Recurso de Revisión número 1070/2005, promovidopor Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en contra de la sentencia de amparo que protegíaal Consejo de la Judicatura Federal y le exentaba del pago del servicio de agua y drenaje respectode un inmueble ubicado en el Estado de Nuevo León, el Pleno de la SCJN determinó que un análisisdetenido de la reforma aplicada en 1999 al segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115constitucional, tuvo como propósito exceptuar a los bienes de dominio público, del pago –exclusivamente- del impuesto predial y no de otra índole de contribuciones.En el fallo en comento, al examinar el proceso de reforma constitucional en comento, el más altotribunal advirtió que el anterior texto constitucional establecía: “Las leyes federales no limitarán lafacultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), niconcederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes locales no establecerán exenciones osubsidios respecto de las mencionadas contribuciones, a favor de personas físicas o morales, ni deinstituciones oficiales o privadas. Sólo los bienes del dominio público de la Federación de losEstados o de los Municipios estarán exentos de dichas contribuciones”.Partiendo de ello, la SCJN señaló que la parte final del párrafo transcrito disponía que los bienesdel dominio público de la Federación estarían “exentos de dichas contribuciones” y el adjetivo“dichas” permitía inferir que se refería a las contribuciones mencionadas en los incisos a) y c) de lapropia fracción IV, esto es, las de carácter inmobiliario (predial) y las relativas a la prestación deservicios públicos (vrg. el suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado).Lo cual explica –señaló- que hasta antes de la reforma a ese precepto, se llegó a interpretar quelos inmuebles de dominio público se encontraban exentos no sólo del impuesto predial a que serefiere el inciso a), sino también de los derechos por servicios públicos previstos en el inciso c).1615El artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacional reitera tal exención en los siguientes términos: “Lasentidades o los particulares que, bajo cualquier título, utilicen inmuebles sujetos al régimen de dominiopúblico de la Federación en fines administrativos o con propósitos distintos a los de su objeto público,estarán obligados a pagar las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria”.16Así lo ponen de manifiesto las tesis de rubros “DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADOPOR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DELARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL”, Semanario Judicial de la Federación, 9ª Época, Tomo V, mayo 1997, 2ªSala, tesis de jurisprudencia núm. 22/97, pág. 247; “BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EXENCION DEL PAGO DECONTRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS QUE LOS DETENTAN. (ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL, FRACCIONIV, INCISO C)”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, Tomo III, abril de 1996, pág. 352; y“DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO POR LOS MUNICIPIOS PARA BIENES DELDOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL. 10.
10Empero, al ser modificado el párrafo en comento según decreto publicado en el Diario Oficial de laFederación de 23 de diciembre de 1999, suprimiendo la remisión que se hacía a los incisos a) y c),a juicio del alto tribunal, quedó de relieve que el alcance de la exención comprende a los bienes dedominio público “sólo” respecto de los impuestos sobre la propiedad raíz.Consecuentemente, la SCJN concluyó que esa exención no puede ni debe hacerse extensiva a losderechos que cobra el Municipio por la prestación del servicio público, por ejemplo, de aguapotable, pues las excepciones deben interpretarse de manera limitativa, de conformidad con elprincipio general de derecho consagrado en el artículo 11 del Código Civil Federal, según el cual“Las leyes que establecen excepción a las reglas generales no son aplicables a caso alguno que noesté expresamente especificado en las mismas leyes”.Máxime cuando tratándose del Derecho Fiscal, las disposiciones que establecen excepciones,como es el caso que nos ocupa, son de aplicación estricta, al igual que lo relativo al objeto delimpuesto, en términos de lo dispuesto en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación quedispone “Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalanexcepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicaciónestricta”.En ese tenor, a juicio de la SCJN lo que se buscó a través de la reforma constitucional de mérito,fue precisar que la exención sólo aplica respecto del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria yno respecto de otro tipo de contribuciones, verbigracia, las relativas a los servicios públicos.Resultado de esa sentencia es la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes:DERECHOS POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PARA BIENES DEL DOMINIOPÚBLICO. NO ESTÁN COMPRENDIDOS EN LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO115, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, REFORMADO MEDIANTE DECRETOPUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999,AL CUAL REMITE EL NUMERAL 122, APARTADO C, BASE PRIMERA, FRACCIÓN V,INCISO B), ÚLTIMO PÁRRAFO, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LAREPÚBLICA. El análisis histórico y teleológico del indicado artículo 115 revela que elConstituyente Permanente ha fortalecido al Municipio Libre y procurado su hacienda,especialmente a través de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el3 de febrero de 1983, en la que incorporó la fracción IV para establecer que losMunicipios administrarán libremente su hacienda, precisando los ingresos que lescorresponde percibir, como las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y losderivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, incisos a) y c); y en la que,además, prohibió que las leyes federales y estatales concedieran exenciones enrelación con las contribuciones mencionadas, con excepción de los bienes deldominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios, respecto de loscuales señaló expresamente que estarían exentos de esas cargas tributarias. Ahorabien, esa reforma constitucional fue interpretada por la Segunda Sala de la SupremaCorte de Justicia de la Nación en el sentido de que dicha exención era aplicable tantoa los tributos sobre propiedad inmobiliaria como a los demás ingresos obtenidos porlos Municipios por los servicios públicos a su cargo, caso en el que se encontraban losderechos por el servicio de suministro de agua, emitiendo la jurisprudencia 2a./J.Novena época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. V, mayo, 1997, tesis: 2a. /J.22/97, p. 247. 11.
1122/97, de rubro: "DERECHOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO PORLOS MUNICIPIOS PARA BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. QUEDAN COMPRENDIDOS ENLA EXENCIÓN DEL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL.". Empero, la fracción IV delartículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fuereformada mediante decreto publicado en el indicado medio de difusión oficial el 23de diciembre de 1999, a efecto de reiterar la intención de fortalecer la haciendamunicipal, modificando la exención otorgada a los bienes de dominio público, alsuprimir la alusión a las contribuciones previstas en los incisos a) y c) de esa fracción,además de aclarar que dicho beneficio fiscal es inaplicable si esos bienes sonutilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, parafines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Así, del análisisde esa reforma constitucional se advierten cambios sustanciales que ameritan unanueva interpretación cuyo resultado revela que la exención analizada atiende sólo ala calidad del bien de dominio público y no al carácter del sujeto pasivo de la relacióntributaria o a la función u objeto públicos; por lo que tal beneficio se circunscribe a laactualización de un hecho imponible que tenga como objeto la propiedad, posesión odetentación de un bien del dominio público, lo cual tiene singular relevancia, dadoque únicamente en las contribuciones sobre alguna conducta relacionada con bienesraíces, el aspecto objetivo del hecho imponible se vincula directamente con lapropiedad, posesión o detentación de un bien inmueble de ese tipo; en cambio, enlos derechos por servicios el supuesto generador de la obligación tributaria es larecepción del servicio público y, por tal motivo, la calidad de un bien inmueble, yasea de dominio público o no, es indiferente para la configuración del tributo. Sobretales premisas, se colige que suprimida la alusión que el Texto Fundamentalreformado hacía a las contribuciones previstas en los incisos a) y c) de la citadafracción IV del artículo 115, en relación con la remisión del artículo 122, apartado C,base primera, fracción V, inciso b), último párrafo, se concluye que la exenciónrelativa sólo opera respecto de los tributos sobre la propiedad inmobiliariaprecisados en el inciso a) del primer precepto invocado, por ser el único caso en elque la calidad de bien de dominio público es determinante para el surgimiento de laobligación fiscal, no así en relación con las contribuciones a que se refiere el inciso c)de la propia fracción IV, como son los derechos por el servicio de suministro de aguapotable, que se causan sin atender a la calidad del bien del dominio público, sino porla simple prestación del servicio público que amerita, por regla general, unacontraprestación.Contradicción de tesis 43/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales ColegiadosDécimo Quinto y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 17 demarzo de 2010. Cinco votos. El Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano votó consalvedades. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: David Rodríguez Matha.Tesis de jurisprudencia 40/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,en sesión privada del veinticuatro de marzo de dos mil diez.Nota: La tesis 2a./J. 22/97 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de laFederación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 247.No obstante la reinterpretación que hiciera la SCJN de este precepto, precisando los alcances delbeneficio fiscal y favoreciendo las facultades recaudatorias de los Municipios, lo cierto es que éste 12.
12en su redacción actual, resulta sólo parcialmente justificado, presentando una deficiencia que asu vez se ha tornado en uno de tantos factores que han mermado las facultades recaudatoriasde los Municipios e incidido negativamente en el monto de sus “ingresos propios”.Para arribar a tal conclusión, es menester “diseccionar” el párrafo del artículo 115, fracción IV dela Constitución Federal, que establece la exención en el pago del impuesto predial respecto deciertos bienes de dominio público. De dicho precepto se advierte lo siguiente:1. Todos los bienes inmuebles deben pagar el impuesto predial, pues ni las leyes federales olocales pueden o deben establecer exenciones o subsidios a favor de persona o instituciónalguna;2. Los bienes inmuebles sujetos a dominio público de la Federación, de los Estados o losMunicipios destinados a un objeto público, estarán exentos del pago del impuestopredial;3. Sólo se pagará ese impuesto cuando los bienes inmuebles -sin perder el carácter debienes sujetos al régimen de dominio público-, sean utilizados por “entidadesparaestatales” o por “particulares”, bajo cualquier título, para fines administrativos opropósitos distintos a los de su objeto público.La identificación de cada uno de los elementos que integran la exención en comento, permiteadvertir la deficiencia que presenta, a saber: que contrario sensu, estarán exentos del pagoaquellos bienes inmuebles de dominio público que aún siendo utilizados para meros finesadministrativos o distintos de su objeto público, tal uso sea realizado por “dependencias”, esto espor los órganos que integran la Administración Pública Federal Centralizada (APFC), o por otrosPoderes (legislativo y judicial), o bien por órganos constitucionales autónomos, lo cualevidentemente, es contrario a la intención perseguida por el Poder Revisor de la Constitución, asaber: exentar del pago del impuesto predial “sólo” a aquellos bienes inmuebles de dominiopúblico que efectivamente se destinen a un objeto público.En efecto, al incluir en el enunciado normativo constitucional la expresión “utilizados porentidades paraestatales o por particulares”, se vulnera gravemente la finalidad perseguida por elpropio Constituyente, consistente en que todos los bienes inmuebles paguen el impuesto predial,inclusive, los bienes inmuebles sujetos a dominio público cuando se destinen a finesadministrativos o distintos de su objeto público, pues en forma ilógica y absurda posibilita que losbienes inmuebles utilizados por los órganos de la APF que por su naturaleza jurídica noconstituyen ni pueden catalogarse como “entidades paraestatales”, así como los bienesinmuebles que poseen otros Poderes y órganos autónomos -que tampoco pueden calificarsecomo entidades paraestatales- no paguen impuesto predial, aun cuando sean destinados a finesmeramente administrativos o distintos de su objeto público, lo que a todas luces es inadmisible.Esto es así, ya que del precepto constitucional se advierten dos condiciones básicas o medularespara que operen la exención en comento, por un lado, que se trate de un bien de dominiopúblico; y por otro, que se destine a un objeto público.Así lo entendió la SCJN en la sentencia ya referida, al señalar que “Lo que se buscó con estareforma (se refiere a la de 1999) fue evitar, que la Federación y sus organismos descentralizadostuvieran que pagar impuestos sobre la propiedad inmobiliaria por las grandes obras, presas, 13.
13refinerías y, puertos, entre otras, pero no dejar de pagar por el servicio de agua potable, drenaje,alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”, de donde se advierte que ajuicio del alto tribunal, con dicho beneficio fiscal se pretende evitar que paguen predial aquellosinmuebles destinados a un objeto (servicio) público, de ahí que deben pagarlo aquéllos que aúnsiendo de dominio público se destinen a fines meramente administrativos o distintos de eseobjeto público.Asimismo, esa intención perseguida por el Constituyente se puede advertir con claridad delDictamen de 15 de junio de 1999, emitido por la Comisión de Gobernación y PuntosConstitucionales de la Cámara de Diputados, del que se desprende que la exención del impuestopredial debe otorgarse únicamente respecto de los bienes inmuebles cuando estén sujetos alrégimen de dominio público y además, estén destinados a un objeto (servicio) público y nomeramente administrativo. Dicho documento señala en lo que interesa:“CONSIDERACIONES --- (…)--- 4.4. La fracción IV es de reformarse, atentos a las motivaciones expresadas en lasiniciativas en estudio.(…)--- Por tal razón, (deben pagar) los bienes del dominio público de los tres órdenesdel gobierno … mediante los cuales… hagan uso de dichos bienes para actividadesaccesorias al objeto público.--- Lo anterior responde al hecho de que dichos bienes e instituciones o personas quelos utilizan demandan los mismos servicios municipales que otros bienes que notienen la calidad de bienes del dominio público y que sin embargo, tributan impuestopredial.--- Además del principio equidad, se busca fortalecer el ámbito municipal en lo que serefiere a sus ingresos propios, por lo que a partir de la presente reforma, debeverificarse en contrapartida un esfuerzo recaudatorio municipal en donde la tasa ylos valores que le sirvan de base sean justos, y no se concedan subsidios, (como ya lopreviene la Constitución en el párrafo que se reforma en su parte subsistente) y lastasas sean la pauta de los principios de proporcionalidad y equidad para loscausantes. …”Por ello, se estima que lo más congruente con el propósito constitucional, es que tratándose de losbienes inmuebles sujetos al régimen de dominio público, paguen el impuesto predial “todos”cuando se utilicen para fines preponderantemente administrativos o con propósitos distintos alos de su objeto público, con independencia de que tal utilización la realice una dependencia oentidad paraestatal de la APF, un particular, otro poder (legislativo y judicial) o un órganoconstitucional autónomo.Lógicamente, en respeto al propósito perseguido por el Revisor de la Constitución, seguiríanquedando exentos de ese pago aquellos bienes de dominio público que se destinen efectivamentea un objeto (servicio) público, mismos que se identifican en los artículos 3, 6 y 7 de la Ley Generalde Bienes Nacionales-, tales como playas, fuertes, cuarteles, almacenes de depósito, presas,carreteras, caminos, puentes, refinerías, puertos, monumentos arqueológicos; plazas y parques 14.
14públicos, y demás bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público y aluso común, en términos de las leyes aplicables.Esto es, en general, todos aquellos bienes inmuebles de la Federación, Estados y Municipios cuyodestino no sea preponderantemente administrativo o distinto de su objeto público.Contrario sensu, los bienes inmuebles –con independencia de la persona o institución que louse- destinados a un fin meramente administrativo o distinto de su objeto público, deberánpagar el impuesto predial, sin que sea obstáculo lo expuesto por la SCJN hace algunos años alinterpretar el artículo 115, fracción Constitucional, en el sentido de que “los bienes del dominiopúblico son propiedad de la nación y resultaría ocioso que ella se cobre y se pague a sí mismaaquellas contribuciones que el uso o goce de dichos bienes generen”17; argumento con el cualjustificó la exención en comento.Esto es así, ya que por un lado, tal interpretación se realizó antes de que dicho precepto fuerareformado nuevamente en 1999, redefiniendo el alcance de la excepción tributaria, y precisandoque sí podía ser cobrada a entidades paraestatales (que forman parte de la Administración estatal)cuando el bien inmueble fuera usado para un fin meramente administrativo o distinto de su objetopúblico.En segundo lugar, porque existen muchas otras contribuciones que el Estado tiene obligación depagar -y ciertamente paga-, no obstante que dichos recursos también van a parar al erario, casoen el cual resultaría igualmente “ocioso” que el Estado -en cualquiera de sus tres órdenes degobierno- se cobrara y se pagará a sí mismo por aquellas contribuciones.En este caso se encuentran, por ejemplo, las contribuciones por servicios públicos (agua,alcantarillado, drenaje, etc.) que, como se explicó, a partir de la reforma constitucional de 1999 alartículo 115, fracción IV Constitucional, deben cubrirse aún tratándose de bienes de dominiopúblico.En efecto, al aprobarse en 1999 una diversa reforma al artículo 115, fracción IV de la ConstituciónFederal, como ya se dijo, se precisó que -por excepción-, los bienes de dominio público no pagaránimpuesto predial, pero sí las contribuciones por servicios públicos.La precisión constitucional efectuada en 1999, permite concluir que hoy en día, las razones que –en su caso- soportan esta norma de excepción son muy distintas y ameritan ser revisadas, pues esinnegable que existen distintas contribuciones –por ejemplo, las relativas a servicios públicos- queel Estado (en sus tres esferas de gobierno) “se cobra a sí mismo” sin dificultad, de ahí que nadaimpide que entre ellas, se cobre el impuesto predial respecto de bienes de dominio público, yque dichos recursos sean administrados por el Municipio.Por todo lo anterior, se propone modificar el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV delartículo 115 constitucional, para precisar que los bienes inmuebles –con independencia de lapersona o institución que los use- destinados a un fin meramente administrativo o distinto de suobjeto público, deberán pagar el impuesto predial.17Así se advierte del último párrafo de la tesis citada de rubro “BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO. EXENCIONDEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS QUE LOS DETENTAN. (ARTICULO 115CONSTITUCIONAL, FRACCION IV, INCISO C)”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época,Tomo III, abril de 1996, pág. 352. 15.
15Con ello, además de terminar con una deficiencia palpable en el texto constitucional, se avanzaráhacia el fortalecimiento de la descentralización fiscal que, como se sabe, tiene dos dimensiones,por un lado, la del ingreso y por otro, la del gasto. La primera implica que el gobierno Federal cedepotestades tributarias a los gobiernos locales, permitiéndoles que obtengan ingresos propios ysean menos dependientes de las transferencias federales; y la segunda, ocurre cuando el gobiernocentral asigna a los gobiernos locales las principales responsabilidades de gasto, como educación,salud o seguridad pública.Teóricamente, los procesos de descentralización hacen más eficiente la prestación de serviciospúblicos, pues se parte de la idea de que si las personas asocian su pago (de predial por ejemplo)con los servicios que por Ley debe proveer el municipio (agua, alumbrado público, cuidado devialidades y áreas verdes, recolección de basura y seguridad pública, entre otros), y si dichoservicio se provee de manera satisfactoria, es posible que las personas estén más dispuestas apagar el impuesto.Con el esquema propuesto que permitirá a los Municipios ampliar su espectro de bienesinmuebles sujetos al pago del impuesto predial, se busca consolidar el verdadero propósito quepersiguió el Constituyente cuando dispuso que “Los Municipios administrarán libremente suhacienda”, pues advirtió que sin la autonomía de esta esfera de gobierno, el esquema pierdeefectividad. Dicho en breve: sin potestad de libre administración hacendaria, es impensable unaplena autonomía municipal y consecuentemente, un auténtico Federalismo.Además, la propuesta abona al fortalecimiento del Municipio entendido como expresión deautogobierno de una comunidad y como órgano potencialmente representativo de los interesesde ésta frente a los órganos estatales y federales en la determinación de las políticas públicas,habida cuenta que al posibilitar que cobre el impuesto predial respecto de un mayor número debienes inmuebles, atiende uno de los principales problemas que enfrenta el Municipio, a saber, ladebilidad financiera pues con independencia de los recursos que pueda obtener por eseconcepto, permite reactivar –y mejorar- la actividad recaudatoria que ha caído en un letargo oestancamiento derivado de las participaciones y transferencias federales.Debe tenerse presente que la debilidad financiera del Municipio no es un problema menor, puescomo se indicó, con el paso de los años y diversas modificaciones constitucionales, se han idoincrementando sus responsabilidades, particularmente, los servicios públicos que debe garantizareste nivel de gobierno como son agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado público, rastros,panteones, calles, parques, jardines, limpieza, recolección y traslado de residuos, seguridadpública y tránsito, y otros definidos por las leyes estatales.En mérito de lo anterior, se propone modificar el artículo 115, fracción IV, inciso c) párrafosegundo de la CPEUM, para precisar que los bienes inmuebles sujetos al régimen de dominiopúblico –con independencia de la persona o institución que los use- que estén destinados a unfin meramente administrativo o distinto de su objeto público, deberán pagar el impuestopredial.IV. FUNDAMENTO LEGAL.Lo constituyen los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos (CPEUM), concordantes con el diverso 6 fracción I del Reglamento de la Cámarade Diputados del H. Congreso de la Unión, mismos que quedaron precisados desde el inicio deeste documento. 16.
16V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.También fue precisado al inicio de este documento y lo es “PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO C), PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓNPOLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.Como lo indica el título referido, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.En mérito de lo anterior, someto a consideración de ese Honorable Pleno de la Cámara deDiputados el siguiente:Artículo 115. …I. a IV. …a) a c)…Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones aque se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Lasleyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o instituciónalguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio públicode la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados parafines o propósitos preponderantemente administrativos o distintos a los de su objetopúblico.………VIII. ARTÍCULO TRANSITORIOS.Sobre el particular, se propone el siguiente:Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en elDiario Oficial de la Federación.IX, X y XI. LUGAR, FECHA Y NOMBRE Y RÚBRICA DEL INICIADOR.Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2012.Diputado Marcos Pérez Esquer ________________________________________. 17.
17TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONEArtículo 115. Los Estados adoptarán, para surégimen interior, la forma de gobiernorepublicano, representativo, popular, teniendocomo base de su división territorial y de suorganización política y administrativa elMunicipio Libre, conforme a las basessiguientes:I. a IV. …a) a c)…Las leyes federales no limitarán la facultad delos Estados para establecer las contribuciones aque se refieren los incisos a) y c), ni concederánexenciones en relación con las mismas. Lasleyes estatales no establecerán exenciones osubsidios en favor de persona o instituciónalguna respecto de dichas contribuciones. Sóloestarán exentos los bienes de dominio públicode la Federación, de los Estados o losMunicipios, salvo que tales bienes seanutilizados por entidades paraestatales o porparticulares, bajo cualquier título, para finesadministrativos o propósitos distintos a los desu objeto público.………Artículo 115. …I. a IV. …a) a c)…Las leyes federales no limitarán la facultad delos Estados para establecer las contribuciones aque se refieren los incisos a) y c), ni concederánexenciones en relación con las mismas. Lasleyes estatales no establecerán exenciones osubsidios en favor de persona o instituciónalguna respecto de dichas contribuciones. Sóloestarán exentos los bienes de dominio públicode la Federación, de los Estados o losMunicipios, salvo que tales bienes seanutilizados para fines o propósitospreponderantemente administrativos odistintos a los de su objeto público.……… Recommended
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 artículo 14
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 artículo 11
 artículo 5
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 artículo 122
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e contrario
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