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Timestamp: 2019-03-18 21:27:32+00:00

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REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA
Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracciones II y IV, 84 y 85 de la Constitución Política del Estado; 2º, 3º, 6º y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y
1.Que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública; que el sistema estará sujeto, entre otras bases mínimas, a la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Asimismo que la operación y desarrollo de esta acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
2. Que el artículo 7º de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que las instituciones de seguridad pública de la Federación, los Estados y los municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de dicho ordenamiento, deberán coordinarse para regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública; así como regular los sistema disciplinarios, de reconocimientos, de estímulos y de recompensas.
3.Que los artículos 67, 68 y 59 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública establecen que las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos se ubicarán en la estructura orgánica de las instituciones de procuración de justicia. Que la policía ministerial deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica correspondiente y que, esta dependencia tendrá a su cargo la aplicación de las normas, supervisión y operación de los procedimientos relativos al desarrollo policial. Que la carrera policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, que sienta las bases para los lineamientos que definen los procedimientos de planeación, reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de las personas integrantes de las instituciones policiales. Que los fines de la carrera policial son: garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para quienes integran las instituciones policiales; promover la responsabilidad, honradez, diligencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las instituciones policiales; fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permitan satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de quienes integran las instituciones policiales; e instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de las personas integrantes de las instituciones policiales, para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios.
4. Que el artículo 52 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas establece que el servicio profesional de carrera del Ministerio Público, oficial secretarios, facilitadores, agentes de la policía ministerial y peritos se sujetará a las disposiciones contenidas en dicha Ley y en los reglamentos que al efecto se expidan.
De los fines, alcances y objeto
Artículo primero. Este Reglamento tiene como objetivo regular las disposiciones contenidas en el Título Décimo Primero de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, relativas al servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, y se sujetará a las siguientes disposiciones:
I. Será el dispositivo primordial para el ingreso y la formación del personal del Ministerio Público, del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses y demás integrantes del servicio profesional;
II. Se desarrollará bajo los criterios de igualdad de oportunidades, méritos y capacidad;
III. Regirán en su instrumentación y desarrollo los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo, imparcialidad, legalidad, eficiencia y antigüedad;
IV. El Sistema del Servicio Profesional de Carrera comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, promoción y reconocimiento, así como su evaluación;
V. Establecerá las bases para la aprobación de los programas, cursos y los exámenes y concursos correspondientes a los subsistemas a que se refiere la anterior fracción, por sí, o con coadyuvancia de instituciones públicas o privadas bajo la dirección del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado;
VI. La formación promoverá la observancia del respeto irrestricto a los derechos humanos, la honestidad, eficiencia y la plena conciencia sobre el efecto social de la responsabilidad; y
Art. 2º A las personas integrantes del Servicio Profesional de Carrera se les expedirá una primera designación por un periodo de dos años, al término del cual, serán sometidos a una primera evaluación y, en su caso, se les expedirá nuevo nombramiento por el término de dos años; al concluir este segundo periodo, se les practicará una segunda evaluación; en caso de resultar satisfactoria, se les expedirá el nombramiento definitivo de servidores públicos de carrera.
I. Aspirante: la persona que manifiesta su voluntad de ingresar a la institución y que esté sujeta a los procedimientos de reclutamiento y selección;
II. Concurso por oposición interna: aquella dirigida únicamente a las servidoras y los servidores públicos en activo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas;
III. Concurso por oposición abierta: aquella dirigida a toda persona interesada que desee ingresar al sistema;
IV. Comisión de honor: la comisión de honor y justicia;
V. Consejo: el consejo del servicio profesional de carrera, órgano superior del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas;
VII. Derechos humanos: aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte;
VIII. La Ley: Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas;
IX. Plaza: la posición individual de trabajo ocupada por una servidora o servidor público de carrera, con adscripción determinada y que está respaldada presupuestalmente;
X. Procuradora o Procurador: la persona titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas;
XI. Procuraduría: Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas;
XII. Puesto: la unidad impersonal de trabajo con deberes inherentes y determinado grado de responsabilidad, podrán existir una o varias plazas que correspondan al mismo puesto;
XIII. Reglamento: el presente Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas;
XIV. Servidora o servidor público de carrera: la persona física integrante del servicio profesional de carrera, que desempeña uno de los cargos especificados en el presente Reglamento en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, y cuente con el nombramiento correspondiente;
XV. Servicio Profesional: el Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.
Art. 4º Los Agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, facilitadores, agentes de la policía ministerial y peritos tendrán los derechos siguientes:
I. Recibir el nombramiento como servidor público de carrera una vez cubiertos los requisitos establecidos en este Reglamento;
II. Tener estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las condiciones que prevé este Reglamento y la Ley;
III. Percibir las prestaciones acordes con las características de sus funciones y niveles de responsabilidad y riesgo en el desempeño de las mismas, de conformidad con el presupuesto de la Procuraduría y las normas aplicables;
IV. Gozar de las prestaciones que establezcan la Ley y las disposiciones relativas al servicio profesional, así como acceder a los servicios complementarios de seguridad social correspondientes;
V. Acceder al sistema de estímulos económicos y sociales, cuando su conducta y desempeño así lo ameriten y de acuerdo con las normas aplicables y las disposiciones presupuestales;
VII. Recibir el equipo de trabajo necesario sin costo alguno, así como recibir oportuna atención médica sin costo alguno en la institución de seguridad social que corresponda, cuando sean lesionados o sean sujetos a accidentes de riesgo de trabajo en cumplimiento de su deber;
VIII. Recibir una indemnización en los términos de ley, cuando sea despedido injustificadamente; y
IX. Los demás que establezcan otras leyes y reglamentos.
Art. 5º Son obligaciones de los integrantes del servicio profesional de carrera:
II. Ejercer sus funciones con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia y demás que rigen el sistema;
III. Desempeñar sus labores con cuidado y esmero apropiados, observando las instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos;
IV. Prestar auxilio a las personas que hayan sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos, cuando resulte procedente. Su actuación deberá ser congruente, oportuna y proporcional al hecho;
V. Participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la actualización, especialización y educación formal, sin menoscabo de otras condiciones de desempeño que deban cubrir, en los términos que establezca su nombramiento;
VI. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna;
VII. Proporcionar la información y documentación necesarias al funcionario o funcionaria que se designe para suplirlo en sus ausencias temporales o definitivas;
VIII. Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes. Las servidoras y servidores públicos que tengan conocimiento de ello deberán denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente;
IX. Observar un trato respetuoso con todas las personas debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en el ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
X. Abstenerse de incurrir en actos u omisiones que pongan en riesgo la seguridad del personal, bienes y documentación u objetos de la dependencia o de las personas que allí se encuentren;
XI. Oponerse y denunciar cualquier acto de corrupción;
XII. Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas o puestas a su disposición;
XIII. Participar en operativos de coordinación con otras instituciones de seguridad pública, así como brindarles el apoyo que conforme a derecho proceda;
XIV. Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan;
XV. Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de sus funciones, así como conservarlo;
XVI. Abstenerse de abandonar las funciones, comisión o servicio que tengan encomendado, sin causa justificada; y
XVII. Las demás que señalen las leyes y disposiciones aplicables.
Art. 6º Además de lo señalado en el artículo anterior, los agentes de la policía ministerial tendrán las obligaciones siguientes:
I. Realizar sus funciones de conformidad con los protocolos homologados aprobados para la investigación;
II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada en el cumplimiento de sus funciones o en el desempeño de sus actividades en ejercicio de sus funciones, para su análisis y registro;
III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, de conformidad con lo dispuesto en las leyes aplicables;
IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales que le sean asignados, con motivo de sus funciones y en el marco de sus facultades;
V. Responder sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, respetando la línea de mando;
VI. Hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, con el fin de preservar la vida y la integridad de las personas, así como mantener y restablecer el orden y la paz públicos, evitando en la medida de lo posible el uso de la fuerza letal;
VIII. Abstenerse de asistir uniformados a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, prostíbulos u otros centros de recreación, si no media orden expresa para el desempeño de sus funciones o en casos de flagrancia en la comisión de delitos; y
IX. Las demás que señalen las leyes y disposiciones aplicables.
Art. 7º Los Agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, facilitadores, agentes de la policía ministerial y peritos, no podrán:
I. Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, en los gobiernos del Distrito Federal o de los Estado integrantes de la Federación y municipios, así como trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los de carácter docente y aquellos que autorice la Procuraduría, siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones en la misma; ni ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado. Corresponderá a la persona titular de la Procuraduría autorizar las actividades docentes a que se refiere esta fracción;
II. Ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o legatario, o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado;
III. Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador; y
IV. Las demás que señalen las leyes y disposiciones aplicables.
Art. 8º Las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere este capítulo, serán tramitadas ante la unidad de asuntos internos y derechos humanos, que iniciará la investigación, desahogará y practicará las diligencias conducentes, a fin de presentar el proyecto de resolución que corresponda a la comisión.
Las resoluciones que se dicten con motivo de dichas investigaciones formarán parte del expediente de la servidora o servidor público.
Proceso de planeación y control de recursos humanos
Art. 9º La Procuraduría establecerá un proceso de planeación de recursos humanos para el eficiente ejercicio del servicio profesional de carrera.
A través del proceso de planeación la Procuraduría:
I. Registrará y procesará la información necesaria para la definición de los perfiles y requerimientos de los puestos solicitados;
II. Calculará las necesidades cuantitativas de personal, considerando los efectos de los cambios en las estructuras organizacionales, la rotación, retiro y separación de los servidores públicos sujetos a este Reglamento, con el fin de que la estructura de la Procuraduría tenga el número de servidoras y servidores públicos adecuados para su buen funcionamiento y, promueva y garantice la equidad de género, y permita la movilidad de los miembros;
III. Realizará los demás estudios, programas, acciones y trabajos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del presente Reglamento; y
IV. Planeará el ejercicio de las demás funciones que le señale este Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Art. 10. Para el ingreso al servicio profesional, se realizará concurso de ingreso por oposición interna o por oposición abierta.
Art. 11. En los concursos de ingreso, en igualdad de circunstancias, se preferirá a las personas Agentes del Ministerio Público, facilitadores, agentes de la policía ministerial y peritos por designación especial, así como a los visitadores y oficiales secretarios, con sujeción a las condiciones y características que determine el consejo.
Art. 12. Para el ingreso al puesto de oficial secretario, se preferirá a las personas meritorios de mayor antigüedad y a quienes hayan realizado su servicio social y prácticas profesionales en la Procuraduría.
Art. 13. No podrá existir discriminación por razón de género, edad, discapacidad, preferencia sexual, condición de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social para la pertenencia al servicio profesional.
Art. 14. Para ingresar como Agente del Ministerio Público de carrera, se requiere:
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Contar con título de licenciatura en Derecho, expedido y registrado legalmente, y con la correspondiente cédula profesional, con una antigüedad mínima de dos años;
IV. Aprobar el proceso de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales;
V. Sustentar y acreditar el curso de oposición, en los términos que señalen las disposiciones aplicables y la convocatoria que al efecto se expida;
VI. No estar sujeto a proceso penal;
VII. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidora o servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
VIII. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso;
IX. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo; y
Art. 15. Para ingresar como agente de la policía ministerial de carrera, se requiere:
IV. Acreditar que se han concluido por lo menos los estudios correspondientes a la educación media superior o equivalente;
V. Sustentar y acreditar el concurso de ingreso, de conformidad con la convocatoria que al efecto se expida;
VI. Seguir y aprobar los cursos de formación;
VII. Contar con 21 años de edad y no más de 45, al momento de su ingreso; contar con el perfil físico, médico, ético y de personalidad de las disposiciones sobre carrera policial establezcan como necesarias para realizar las actividades de esta naturaleza;
VIII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales;
XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o del uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
XII. No estar suspendido o inhabilitado ni haber sido destituido por resolución firme como servidora o servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
XIII. Cumplir con los deberes establecidos en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables; y
XIV. Los demás que establezcan otras leyes y reglamentos aplicables.
Art. 16. Para ingresar como perito de carrera, se requiere:
I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina de que se trate, o acredite plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba dictaminar, cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio;
V. Sustentar y acreditar el concurso de oposición en los términos que señale el presente Reglamento y la convocatoria que al efecto se expida;
VII. No estar suspendido no haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidora o servidor público, ni estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables;
X. Las demás que establezcan otras leyes y reglamentos aplicables.
Art. 17. Cuando se trate de cubrir plazas vacantes, la Procuraduría a través del consejo, deberá emitir convocatoria para concurso por oposición interna o convocatoria para concurso por oposición abierta, según corresponda. Para la selección, además de los requisitos generales y perfiles de los cargos correspondientes, deberá considerarse la trayectoria, experiencia y los resultados de las evaluaciones de las personas.
Art. 18. La convocatoria será aprobada por el consejo y por lo menos deberá incluir o señalar:
I. Las bases a las que se sujetarán los sustentantes;
IV. El perfil requerido del cargo o puesto a cubrir;
V. Lugar y periodo para el registro de participantes y la recepción de documentación;
VI. Las fechas, el horario y el lugar de aplicación de evaluaciones; y
VII. La fecha y medio de notificación de los resultados.
Art. 19. Reclutamiento es el proceso que permite atraer aspirantes a ocupar un cargo en la Procuraduría con los perfiles y requisitos necesarios.
Art. 20. El reclutamiento se llevará a cabo a través de convocatoria aprobada por el consejo, para concurso de oposición abierta para ocupar las plazas del primer nivel de ingreso. Este proceso dependerá de las necesidades institucionales de la Procuraduría y de acuerdo al presupuesto autorizado. La convocatoria deberá ser aprobada por el consejo.
Art. 21. La Procuraduría deberá llevar a cabo el procedimiento de selección para ocupar cargos de nueva creación, mediante convocatoria.
Art. 22. Cuando se trate de cubrir plazas vacantes distintas al primer nivel de ingreso, el consejo deberá emitir convocatoria por oposición interna.
No obstante, en caso de que el consejo valore circunstancias extraordinarias, podrá emitir convocatoria para concurso por oposición abierta, para cubrir plazas distintas al primer nivel.
Art. 23. Para la selección, además de los requisitos generales y perfiles de los cargos correspondientes, deberá considerarse la trayectoria, experiencia y los resultados de las evaluaciones de los servidores públicos de carrera.
Art. 24. La selección es el procedimiento que permite analizar la capacidad, conocimientos, habilidades y experiencia de las personas aspirantes. Su propósito es garantizar el acceso de las candidatas y candidatos que demuestren satisfacer los requisitos del cargo y ser los más aptos para desempeñarlo.
Art. 25. El procedimiento comprenderá exámenes generales de conocimientos y de habilidades, así como los elementos de valoración que determine el consejo y que se justifiquen en razón de las necesidades y características que requiere el cargo a concursar. Se deberá asegurar la participación en igualdad de oportunidades y el reconocimiento al merito.
La persona titular de la Procuraduría, por acuerdo del consejo, podrá convenir con instituciones educativas, públicas o privadas, la elaboración o la aplicación de las evaluaciones correspondientes.
Art. 26. Las personas aspirantes a ingresar a la Procuraduría deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y los que determine el consejo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento.
Art. 27. El proceso de evaluación de control de confianza, constará de los exámenes siguientes:
VI. Los demás que establezcan otras leyes y reglamentos.
Art. 28. La Procuraduría impartirá, a través del centro de capacitación ministerial, los cursos y capacitaciones necesarias para que las personas cuenten con el conocimiento fundamental y necesario para iniciar a laborar en la institución.
Art. 29. Las personas aspirantes deberán cumplir y cursar los estudios de formación inicial.
Art. 30. Los cursos de formación inicial tendrán una duración que en ningún caso podrá ser menor a las cien horas clase.
Art. 31. Las candidatas y candidatos seleccionados se harán acreedores al nombramiento como servidor público del servicio profesional de carrera por parte de la Procuraduría en la categoría que corresponda.
Art. 32. De conformidad con lo que dispone el artículo 53 de la Ley, los Agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios, facilitadores, agentes de la policía ministerial y peritos que aprueben los procesos de evaluación y de formación inicial serán acreedores de un nombramiento inicial por el tiempo fijo de dos años al término del cual serán sometidos a una primera evaluación y, en caso de resultar satisfactoria, se les expedirá un nombramiento intermedio por el término de otros dos años; al término de este segundo periodo, se les practicará una segunda evaluación, y en caso de resultar satisfactoria, se les expedirá el nombramiento definitivo como servidores públicos de carrera.
Art. 33. Las personas integrantes del servicio profesional deberán ser sometidas a una evaluación para certificar sus capacidades profesionales en los términos que determine el consejo.
Las evaluaciones deberán acreditar que la servidora o servidor público ha desarrollado y mantiene actualizado el perfil y aptitudes requeridos para el desempeño de su cargo.
Art. 34. Esta certificación será requisito indispensable para la permanencia de un servidor público de carrera en la Procuraduría y en su cargo.
Plan individual de carrera
Art. 35. El plan individual de carrera de las servidoras y servidores públicos del servicio, deberá comprender la ruta profesional desde que se ingrese a la Procuraduría y hasta su separación, se conservará la categoría y jerarquía o grado que vaya obteniendo, a fin de infundirle certeza y certidumbre laboral.
Art. 36. Una vez concluido el proceso de ingreso, a cada servidora o servidor público se les elaborará el plan individual de carrera, que deberá contener:
I. Los cursos de capacitación que tenga que cursar por año;
II. La fecha de evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos;
III. Fechas de las evaluaciones de control de confianza;
IV. Estímulos, reconocimientos y recompensas a las que se haya hecho acreedor; y
V. Aplicación de sanciones en base al régimen disciplinario.
Art. 37. Reingreso es el acto por el cual, quien habiendo tenido un nombramiento de carrera en los términos de la Ley y este Reglamento, regresa a la institución. Solo procederá cuando la persona se hubiere separado del sistema de manera voluntaria.
La comisión valorará las solicitudes de reingreso y resolverá lo conducente.
Art. 38. Para permanecer en la Procuraduría, las personas integrantes del servicio profesional deberán aprobar los procesos de evaluación de confianza, del desempeño o de competencias profesionales.
Art. 39. El proceso de evaluación del desempeño comprenderá el comportamiento, el cumplimiento en el ejercicio de las funciones y los demás aspectos que establezcan las normas aplicables.
Art. 40. El proceso de evaluación de competencias profesionales tiene por objeto determinar que los servidores públicos cuenten con los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarios para desempeñar su función de forma eficiente, de conformidad con los estándares establecidos para ello.
Art. 41. Los procesos de evaluación a que se refieren los dos artículos anteriores tendrán por objeto comprobar que los servidores públicos de la Procuraduría dan debido cumplimiento a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.
Art. 42. La persona titular de la Procuraduría General, podrá requerir que cualquier servidor público se presente a las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales cuando lo estime pertinente, de acuerdo con las necesidades del servicio.
Art. 43. Los exámenes del proceso de evaluación de control de confianza se valorarán en conjunto.
Art. 44. Los servidores públicos serán citados a la práctica de las evaluaciones correspondientes. En caso de no presentarse sin mediar causa justificada, se les tendrá por no aprobados.
Art. 45. Se considera información reservada la contenida en los expedientes y reportes de resultados derivados de los procesos de evaluación, salvo que deban ser presentados en procedimientos administrativos o judiciales.
Art. 46. Las personas integrantes del servicio profesional que no cumplan con los requisitos de permanencia en los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño o de competencias profesionales, dejarán de prestar sus servicios en la Procuraduría, sin responsabilidad laboral para la institución, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Art. 47. La formación continúa de las personas integrantes del servicio profesional es esencial, y comprende los procesos mediante los que son inducidos, preparados, actualizados y certificados para desempeñar un cargo en la institución. La Procuraduría, a través del consejo emitirá las normas que regularán estos procesos.
Art. 48. La Procuraduría, con base en la detección de las necesidades de cada área establecerá programas de capacitación para el puesto, así como en las áreas de desarrollo administrativo y calidad en el servicio.
Art. 49. El programa de capacitación tiene como propósito que los servidores públicos de carrera dominen los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Art. 50. El programa de actualización se integra con cursos obligatorios. Se otorgará un puntaje a las servidores y servidores públicos de carrera que los acrediten y quedará integrado a su plan individual de carrera.
Art. 51. La formación continúa tendrá los siguientes objetivos:
I. Desarrollar, complementar, perfeccionar o actualizar los conocimientos y habilidades necesarios para el eficiente desempeño en sus cargos;
II. Preparar a las servidoras y servidores públicos para funciones de mayor responsabilidad o de naturaleza diversa; y
III. Certificar a las servidoras y servidores públicos de carrera en las capacidades profesionales adquiridas.
Art. 52. La evaluación del desempeño, es el método mediante el cual se miden, tanto en forma individual como colectiva, los aspectos cualitativos y cuantitativos del cumplimiento de las funciones y metas asignadas a los servidores públicos, en función de sus habilidades, capacidades y adecuación al puesto.
Art. 53. La evaluación del desempeño tiene como objetivo valora el comportamiento de las servidoras y servidores públicos de carrera en el cumplimiento de sus funciones, tomando en cuenta las metas programáticas establecidas, la capacitación lograda y las aportaciones realizadas.
Art. 54. La evaluación de desempeño determina, en su caso, el otorgamiento de estímulos a que se refiere este Reglamento.
Art. 55. La evaluación del desempeño tiene como finalidad aportar información para mejorar el funcionamiento de la dependencia en términos de eficiencia, efectividad, honestidad y calidad del servicio, además de servir como instrumento para detectar necesidades de capacitación que se requieran en el ámbito de la dependencia e identificar los casos de desempeño no satisfactorio para adoptar medidas correctivas, de conformidad con lo dispuesto por éste Reglamento.
Art. 56. Los estímulos al desempeño consisten en la cantidad monetaria que se entrega a las servidores y servidores públicos de carrera de manera extraordinaria con motivo de la productividad, eficacia y eficiencia. Las percepciones extraordinarias en ningún caso se considerarán un ingreso fijo, regular o permanente ni formarán parte de los sueldos u honorarios que se percibe en forma ordinaria.
Art. 57. Se consideran sujetos de estímulos, aquellas personas que hayan realizados contribuciones o mejoras a los procedimientos, al servicio, a la imagen institucional o que se destaquen por la realización de acciones sobresalientes.
Art. 58. La promoción es el proceso a través del cual la persona integrante del servicio profesional ocupa una plaza de categoría o nivel superior al que ostenta. Mediante este procedimiento se reconoce la destacada labor de las personas integrantes del sistema.
Art. 59. Para que la promoción pueda darse debe existir un puesto vacante y la existencia del presupuesto necesario.
Art. 60. El consejo determinará el procedimiento para las promociones de conformidad con la información que la coordinación administrativa haga de su conocimiento.
Art. 61. La renovación de la certificación es el proceso mediante el cual las personas integrantes del servicio profesional se someten a las evaluaciones establecidas por el centro de control de confianza correspondiente, la cual tendrá una vigencia de tres años.
Licencias, permisos y comisiones
Art. 62. La licencia es el permiso otorgado a la persona integrante del sistema para ausentarse temporalmente de la prestación del servicio activo, por motivo justificado, con o sin derecho a remuneración y sólo podrá concederse una vez al año. El consejo deberá ordenar el registro de las licencias.
Art. 63. El permiso es la autorización que se otorga a la servidora o servidor público de carrera para ausentarse de sus funciones, por quince días sin goce de remuneración.
Art. 64. La comisión es la instrucción por escrito o verbal que el superior jerárquico da a una persona integrante del sistema para que cumpla un servicio específico, por tiempo determinado, en un lugar diverso al de su adscripción o de su centro de servicio, de conformidad con las necesidades de la institución.
Art. 65. Las licencias pueden ser ordinarias y extraordinarias.
Las licencias ordinarias tendrán una máxima duración de seis meses y son procedentes para aquellos casos personales de extrema urgencia o necesidad por parte de la servidora o servidor público de carrera. En la licencias mayores a 5 día se dejará de recibir las percepciones.
Art. 66. La licencia extraordinaria es aquella por la cual, la persona se separa del servicio activo con el fin de desempeñar un cargo de elección popular, durante la duración de la licencia no se recibirán las percepciones y no se podrá participar en procesos de promoción.
Proceso de separación y régimen disciplinario
Art. 67. Las formas de terminación del servicio profesional son:
I. Ordinario. Que procede:
c) La jubilación o retiro; y
a) La separación del servicio por el incumplimiento de los requisitos de permanencia o, en el caso de agentes de la policía ministerial, cuando en los procesos de promoción concurran las circunstancias siguientes:
1. Se hubiere alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales aplicables;
2. Deje de participar en tres procesos consecutivos de promoción a los que haya sido convocado o no obtenga el grado inmediato superior por causas que le sean imputables, después de participar en tres procesos de promoción para tal efecto; y
En todo caso, el consejo deberá pronunciarse respecto a estas circunstancias;
Art. 68. La separación del servicio profesional, por las causas a que se refiere el inciso a), de la fracción II, del artículo 66 del presente Reglamento, se realizará de conformidad con el siguiente procedimiento:
I. El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante el consejo del servicio, en la cual deberá señalar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el servidor público de que se trate, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes;
II. El consejo del servicio notificará la queja al servidor público de que se trate y lo citará a una audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que estime procedentes;
III. El superior jerárquico podrá suspender al servidor público hasta en tanto el consejo del servicio resuelva lo conducente;
IV. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el consejo del servicio resolverá sobre la queja respectiva; y
V. Contra la resolución no procederá recurso administrativo alguno.
Art. 69. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior será substanciado por la unidad de asuntos internos y derechos humanos.
Art. 70. Son causas de responsabilidad de los Agentes del Ministerio Público, los agentes de la policía ministerial y, en lo conducente, de los oficiales secretarios y peritos:
I. No cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público;
II. Realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio Público, tales como aceptar o ejercer consignas, encargo, comisiones o cualquier otra acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona o autoridad;
III. Distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la Procuraduría;
V. Trabar el aseguramiento de bienes, objetos, instrumentos o productos de delito y no solicitar el decomiso cuando así proceda en los términos que establezcan las leyes penales;
VIII. Abstenerse de promover ante la autoridad judicial el reconocimiento de la calidad de víctima u ofendido en términos de las disposiciones aplicables;
IX. No registrar la detención conforme a las disposiciones aplicables o abstenerse de actualizar el registro correspondiente;
X. Incumplir cualquiera de las obligaciones a que se refieren los artículos 5º y 6º del presente Reglamento; y
XI. Las demás que establezcan otras leyes y reglamentos aplicables.
Art. 71. Las sanciones por incurrir en las causas de responsabilidad a que se refiere el artículo anterior, serán:
III. Arresto, para agentes de la policía ministerial;
IV. Remoción; y/o
V. Baja definitiva del cargo por rescisión de la relación laboral.
Art. 72. La amonestación es el acto mediante el cual se le llama la atención al servidor público por la falta o faltas no graves cometidas en el desempeño de sus funciones y la conminación a rectificar su conducta.
La amonestación podrá ser pública o privada dependiendo de las circunstancias específicas de la falta y, en ambos casos, se comunicará por escrito al infractor, en cuyo expediente personal se archivará una copia de la misma. Las amonestaciones serán consideradas en los procesos de ascenso del servicio profesional.
Art. 73. La suspensión en la interrupción temporal de los efectos del nombramiento, por el tiempo que dure la sanción. Podrá durar de tres días a seis meses, sin derecho a recibir las percepciones, cuando la falta cometida no amerite remoción.
Art. 74. Procederá la remoción en los casos de infracciones que a juicio de la comisión sean graves, tales como las señaladas en las fracciones IV, V, VII, VIII, XV y XVI del artículo 5º y las fracciones V, VII, IX y XI del artículo 6º del presente Reglamento.
Art. 75. El arresto es la prohibición de abandonar el lugar de trabajo durante un tiempo determinado y podrá ser hasta por treinta y seis horas días. La imposición de esta sanción corresponde al director de la policía ministerial y deberá registrarse en el expediente del infractor.
Art. 76. La baja definitiva del cargo, procede previo a haber agotado el procedimiento correspondiente, de acuerdo a la gravedad del asunto de que se trate y de conformidad a la normatividad competente.
Art. 77. Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los elementos siguientes:
II. La necesidad de suprimir prácticas que vulneren el funcionamiento de la Procuraduría;
IV. Las circunstancias y medios de ejecución;
V. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público; y
VI. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones.
Art. 78. La determinación de la remoción se hará conforme al procedimiento que se establece en el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Procuraduría con la intervención de la comisión.
Durante la substanciación del procedimiento los servidores públicos a que se refiere el artículo 5º de la Ley Orgánica de la Procuraduría, podrán determinar la suspensión temporal del presunto responsable, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará si así lo resuelve la unidad de contraloría interna y derechos humanos, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo. La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma.
Art. 79. Para todo lo no dispuesto en el presente capítulo serán aplicables supletoriamente las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.
Art. 80. Los Agentes del Ministerio Público no son recusables, pero bajo su más estricta responsabilidad deben excusarse del conocimiento de los negocios en que intervengan, cuando exista alguna de las causas e impedimento que la ley señala haciéndolo del conocimiento por escrito de su superior jerárquico.
Si el Agente del Ministerio Público interviene en un asunto aun cuando no deba hacerlo, será sancionado conforme con las disposiciones de este Reglamento y demás que resulten aplicables.
Art. 81. A fin de otorgar al personal del servicio profesional de carrera seguridad jurídica en el ejercicio de sus derechos, estos podrán interponer el recurso de rectificación.
Art. 82. En contra de todas las resoluciones de la comisión, a que se refiere este Reglamento, se podrá interponer ante la misma el recurso de rectificación dentro del término de quince días naturales contados a partir del día siguiente en que se haga de su conocimiento el hecho que afecta sus derechos.
Art. 83. El recurso de rectificación, confirma, modifica o revoca una resolución de la comisión.
Art. 84. En caso de ser admitido el recurso, la comisión, señalará, día y hora para celebrar una audiencia en la que el integrante del servicio profesional inconforme, podrá alegar por sí o por persona de su confianza, lo que a su derecho convenga. Hecho lo anterior, se dictará resolución respectiva dentro del término de treinta y cinco días hábiles. En contra de dicha resolución ya no procederá recurso alguno.
Art. 85. La resolución que se emita con motivo del recuso, deberá ser notificada personalmente al servidor público por la autoridad competente dentro del término de tres días.
Art. 86. El recurso de rectificación no se interpondrá en ningún caso, contra los criterios y contenidos de las evaluaciones que se hubieren aplicando.
Art. 87. El integrante del servicio profesional interpondrá el recurso de rectificación de conformidad con el siguiente procedimiento:
I. El interesado, interpondrá el recurso por escrito, expresando el acto que impugna, los agravios que fueron causados y las pruebas que considere pertinentes, siempre y cuando estén relacionadas con los puntos controvertidos;
II. Las pruebas que se ofrezcan deberán estar relacionadas con cada uno de los hechos controvertidos, siendo inadmisible la prueba confesional. Las pruebas documentales se tendrán por no ofrecidas si no se acompañan al escrito mediante el que se interponga el recurso y solo serán recabadas por la autoridad, en caso de que las documentales obren en el expediente en que se haya originado la resolución que se recurre;
III. La comisión acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que hubiere ofrecido el interesado ordenando el desahogo de las mismas dentro del plazo de diez días hábiles; y
IV. Vencido el plazo para el rendimiento de pruebas, el consejo, dictará la resolución que procede en un término que no excederá de treinta días hábiles.
Art. 88. La interposición del recurso no suspenderá los efectos de la sanción, y si no resultare responsable, será restituido en el goce de sus derechos.
De los órganos colegiados del Servicio Profesional de Carrera
Del consejo del Servicio Profesional de Carrera
Art. 89. El consejo es el órgano superior del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría, y se integrará por:
I. El Procurador o Procuradora General, quien lo presidirá. En sus ausencias, lo suplirá el subprocurador de control, justicia alternativa y capacitación;
III. El coordinador administrativo;
IV. El director general del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses;
V. El director general de la policía ministerial; y
VI. El titular de la unidad de asuntos internos y derechos humanos.
Art. 90. El consejo tendrá las funciones siguientes:
I. Normar, desarrollar, supervisar y evaluar el servicio profesional, y establecer políticas y criterios generales para tal efecto, de conformidad con las disposiciones aplicables;
II. Determinar categoría de servidores público a fin de ser considerados para el acceso a las categorías básicas correspondientes por medio de concurso de ingreso;
III. Determinar categorías en función de la especialización, responsabilidad asignada y otros criterios que permitan establecerlas;
IV. Establecer mecanismos que previamente a la sustentación de concurso de ingreso o de promoción permitan seleccionar a los aspirantes más aptos por plaza;
V. Valorar circunstancias extraordinarias para emitir convocatoria para concurso por oposición abierta, para cubrir plazas distintas al primer nivel;
VI. Regular las características del concurso de ingreso o de promoción con exámenes teóricos, prácticos y orales;
VII. Expedir las reglas sobre el contenido de convocatorias, características del concurso de ingreso, o de promoción, determinación de calificaciones y otras que sean necesarias;
VIII. Establecer los criterios de evaluación curricular y en particular de los cursos desarrollados por el sustentante, su desempeño y grado académico;
IX. Proponer elementos de valoración que deban incluirse en los exámenes de selección;
X. Aprobar los resultados de los concursos de ingreso y de ascenso del personal de carrera;
XI. Recomendar al Procurador General la adscripción inicial y los cambios de adscripción del personal de carrera;
XII. Resolver en única instancia el procedimiento de separación del servicio a que se refiere el artículo 85 de la Ley, así como respecto de las solicitudes de reingreso que le sean presentadas de acuerdo con las normas aplicables;
XIII. Establecer criterios y políticas generales de capacitación, formación, actualización, especialización, rotación, cambio de adscripción y licencias del personal de carrera;
XIV. Dictar las normas necesarias para la regulación de su organización y funcionamiento;
XV. Establecer los órganos y comisiones que deban auxiliar en el desempeño de sus funciones; y
XVI. Las demás establecidas en este Reglamento o en otras disposiciones legales y administrativas aplicables.
Art. 91. La comisión de honor y justicia, es el órgano colegiado de carácter honorífico, encargado de conocer, resolver e imponer las sanciones. Tratándose de conductas probablemente constitutivas de delito o violaciones a las leyes administrativas, deberá hacerlas del conocimiento, sin demora, de la autoridad competente, independientemente de la sanción, corrección disciplinaria o acto de separación que ordene dicha comisión.
Art. 92. La comisión estará integrada de la siguiente forma:
I. Presidente, que será el Procurador o Procuradora, con voz y voto, quien designará un suplente;
II. Secretario técnico, que será el titular de la unidad de asuntos internos y derechos humanos, con voz y voto;
III. Vocal, que será la coordinadora administrativa, con voz y voto;
IV. Vocal, que será el subprocurador de derechos humanos y atención a víctimas, con voz y voto;
V. Vocal, que será el subprocurador de investigaciones y procesos penales, con voz y voto;
VI. Vocal, que será la subprocuradora de control, justicia alternativa y capacitación, con voz y voto;
VII. Vocal, que será el director general del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, con voz y voto;
VIII. Vocal, que será el director general de la policía ministerial, con voz y voto; y
IX. Vocal, que será la titular del Centro de Justicia Alternativa, con voz y voto.
Art. 93. Son atribuciones de la comisión las siguientes:
I. Realizar el análisis de las violaciones, faltas cometidas y causales de separación extraordinaria de miembros del servicio profesional, escuchando en todo caso los argumentos del probable responsable para emitir la resolución correspondiente;
II. Determinar la aplicación de sanciones y correcciones disciplinarias a los probables responsables, de conformidad con el presente Reglamento;
III. Resolver sobre el recurso que interponga el probable responsable, en contra de las resoluciones que omitas la comisión;
IV. Proponer las reformas necesarias a los procedimientos jurídicos que regulan al servicio;
V. Participar en el procedimiento de separación del servicio, por renuncia o muerte de los integrantes, así por el incumplimiento de los requisitos de permanencia y la remoción, emitiendo dictamen respecto de antecedentes de sanciones anteriores o conductas que deban tomarse en cuenta por el consejo en el momento de resolver;
VI. Evaluar los méritos de los miembros y determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia señalados en las leyes respectivas; y
VII. Las demás que le señale este Reglamento, las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Art. 94. La comisión sesionará ordinariamente cuando menos una vez cada tres meses y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias.
La comisión informará de inmediato a las autoridades competentes la conducta de los miembros del servicio profesional que probablemente sean constitutivos de algún delito.
Art. 95. La comisión velará por la conducta honorable del funcionariado de la Procuraduría y sancionará las conductas inadecuadas que afecten a la comunidad, a la institución o a su imagen ante la comunidad.
Art. 96. La comisión sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes y el secretario deberá elaborar un acta en la que se registre el desarrollo, las resoluciones y acuerdos tomados en cada sesión.
Art. 97. Cuando un integrante de la comisión tenga una relación afectiva, familiar, profesional, o una diferencia personal o de otra índole con el probable responsable o con el representante de éste, que impida una actuación imparcial de su cargo, deberá excusarse ante el presidente de dicha comisión.
Art. 98. La comisión informará de inmediato a las autoridades competentes la conducta de los miembros del servicio profesional que probablemente sean constitutivos de algún delito.
Art. 99. El quórum legal de las sesiones será del cincuenta por ciento más uno de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los presentes, teniendo el presidente, o en caso de su ausencia, quien lo supla, voto de calidad en caso de empate.
Cuando no se integre el quórum, se citará mediante una segunda convocatoria, la sesión podrá celebrarse válidamente a partir de las veinticuatro horas siguientes, con las personas que concurran a la misma. Las decisiones y acuerdos se tomarán con la mayoría de los integrantes que se encuentren presentes; ninguna decisión será válida si no se encuentra presente el presidente o quien lo supla en su ausencia.
Art. 100. De todas las sesiones que realice la comisión, se levantará acta en la que se indique el lugar y la hora de la celebración, lista de asistencia, el orden del día, así como acuerdos que se tomen, los cuales deberán ser firmados por todos los asistentes a la sesión. Las sanciones tendrán carácter privado.
Los acuerdos y resoluciones deberán ser firmados y rubricados por el presidente o quien lo sustituya y por el secretario técnico de la comisión.
Art. 101. Las notificaciones que se realicen, se harán en los términos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas.
Art. 102. Las sanciones y medidas preventivas que determine la comisión, serán independientes de las responsabilidades en materia penal, civil o de cualquier otra índole en que incurran los miembros del servicio profesional.
Art. 2º Se derogan las disposiciones reglamentarias que se opongan al presente Reglamento.
Art. 3º Las disposiciones del presente Reglamento no serán de aplicación retroactiva en perjuicio de los Agentes del Ministerio Público, oficiales secretario, agentes de la policía ministerial, facilitadores y peritos en activo.
Art. 4º Para efectos del personal en activo, se dispondrá de un periodo de migración que no excederá de un año, para que los elementos de la institución policial, ministerial y pericial, reúnan los siguientes requisitos:
I. Contar con el certificado emitido por el centro de evaluación y control de confianza;
II. Cursar los estudios de formación inicial, de conformidad con los planes de estudio del Instituto de Formación Profesional;
III. Cubrir el perfil de puesto con relación a la nivelación académica de conformidad con lo siguiente:
a) Ministerio Público: título de Licencia en Derecho, así como cédula profesional;
b) Peritos: educación media superior o equivalente y título que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, arte o disciplina encomendada. Cuando para la realización de ésta no se necesite título, deberá acreditar plenamente los conocimientos correspondientes;
c) Policías en área de investigación: educación de nivel medio superior.
Aquellos elementos de la policía investigadora que cuenten con más de diez años de servicio, se les considerará cubierto el requisito académico mediante evaluación de conocimientos y evaluación al desempeño, en consideración a la experiencia y servicios presentados a la institución.
Para este efecto, el consejo deberá aprobar el procedimiento de evaluación y determinará sobre el cumplimiento del requisito de los elementos en activo.
Una vez cumplido el plazo señalado en el presente artículo transitorio, los servidores público que no cubran alguno de los requisitos señalados será dado de baja de la institución.
En todo caso se respetarán los derechos y prestaciones que se hubieren devengado.
Art. 5º Dentro de un plazo que no exceda de seis meses, el consejo deberá emitir los nombramientos iniciales de servidor público de carrera a quienes reúnan los requisitos señalados en la Ley y este Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de este Reglamento.
Art. 6º Los agentes del Ministerio Público, agentes de la policía ministerial, oficiales secretarios y peritos que a la entrada en vigor del presente Ordenamiento se encuentren laborando en la Procuraduría, deberán someterse a las disposiciones reglamentarias del servicio profesional de carrera para su permanencia en la dependencia.
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References: artículo 21
 artículo 7
 artículo 52
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 artículo 53
 artículo 66
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 artículo 5
 artículo 6
 artículo 99
 artículo 5
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 artículo 85
 resolución 
 artículo 32