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Timestamp: 2019-01-24 13:22:39+00:00

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SENTENCIA SL7252-2015 DE 18 DE MARZO DE 2015
CONTENIDO:TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE TRABAJO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO REQUIERE TIPIFICACIÓN DE LA CONDUCTA. SE RECUERDA QUE ES AL JUEZ A QUIEN CORRESPONDE CALIFICAR LA GRAVEDAD DE LA FALTA QUE JUSTIFICÓ EL DESPIDO DEL TRABAJADOR DE MANERA UNILATERAL. POR OTRO LADO, EL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO SEÑALA LA JUSTA CAUSA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATOSIN EMBARGO, ESTA NORMA ES DE CONTENIDO AMPLIO, EN TANTO POSIBILITA EL EXAMEN DE TODOS LOS POSIBLES HECHOS EN QUE INCURRA EL TRABAJADOR, PERO EN TODO CASO EL JUEZ DEBE TENER EN CUENTA LA EXISTENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES: A) QUE IMPLIQUE UNA VIOLACIÓN GRAVE Y B) QUE SE HAYA PREVISTO COMO TAL EN FORMA CONVENCIONAL, CONTRACTUAL O REGLAMENTARIA, PARA VERIFICAR SI LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL TIENE SUSTENTO JURÍDICO O NO.
TEMAS ESPECÍFICOS:COMPETENCIA DEL JUEZ, RECURSO DE CASACIÓN, CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO CON JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, VIOLACIÓN DE LAS OBLIGACIONES LABORALES, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, ACTUACIÓN DEL JUEZ
Sentencia SL7252-2015/43925 de marzo 18 de 2015
SL7252-2015
Radicación 43925
En los términos en los que se plantea el cargo, es claro que corresponde a esta Corporación determinar si existieron errores de hecho por parte del Tribunal, al estimar que el despido de la demandante fue con justa causa.
El ad quem, para arribar a su decisión, se sustentó en la carta de despido, y en los descargos rendidos por la accionante (folios 2 a 4, y 191 a 194), para después afirmar, que en esa diligencia, la trabajadora aceptó, que “desbordó las restricciones que le fueron impuestas por su jefe inmediato”, y “admite el haber realizado sobregiros por sumas para las cuales no tenía autorización, ...”, por lo tanto, lo que se le achacó fue el “haber desconocido las obligaciones contractuales que con la signatura del contrato de trabajo se comprometió a cumplir, y, desatender las restricciones que en forma perentoria le había impuesto su superior”.
Para la Sala, la inferencia del sentenciador de segundo grado no resulta contraria a lo que contienen las probanzas atrás referidas, pues de ellas logra deducirse que la razón de la empleadora, para dar por terminado el contrato de trabajo, fue el incumplimiento de la demandante en sus obligaciones contractuales.
En efecto, en el acta de descargos se hizo relación a las siguientes conductas, que después fueron insertadas en la carta de despido, entre ellas, las siguientes:
En relación con la Obligación 5440008232, de cartera ordinaria por $ 90.000.000, y por $ 15.398. 8000 (sic) a nombre de Hugo Ruiz Óptica Ltda., contabilizada el 24 -11-03 con autorización del Gerente Zona y condicionado al envió del proyecto crediticio en 10 días, no se cumplió con el condicionamiento establecido, Adicionalmente presenta documentación incompleta ya que no tenía la escritura de constitución 2053 del 30-04-90 y última reforma 2311 del 18-04-95, lo que evidencia su falta de cumplimiento de las órdenes impartidas.
Adicionalmente a lo anterior, se encontró en cartera ordinaria por $ 59.910.700, pagaré 5440008161 con saldo inicial de $ 40.000.000 del 11-02-03 el cual en contravención a todas las normas y procedimientos del Banco, continúa sin la firma adicional de Mónica Andrea Otero Urrea, hecho al que fue condicionado el crédito en el proyecto crediticio 03-544-7971.
Adicionalmente contraviniendo las normas y procedimientos del Banco ha otorgado operaciones de sobregiro en cuantía superiores a su nivel de atribuciones y sin la aprobación del nivel superior como se evidencia en los siguientes casos.
Sobregiro otorgado a Korea Motors Ltda. por $ 40.795.0000 el 29 de enero de 2004 sin contar con la atribución para tal fin y cuya ratificación fue negada por el nivel superior.
Sobregiro otorgado a Victoria Eugenia Muñoz G. por $ 14.157.900 Fecha inicial 19-01-04 y ratificado por $ 3.100.000 se tramitó notificación por excedente entre la semana del 23 al 30 de enero y fue negado, por no haber sido consultado por usted como era su obligación. Adicionalmente en la Hipoteca por $ 64.000.000 usted ha omitido cumplir las indicaciones de jurídico en visto bueno del 03-07-96 en cuanto a cancelación de la anotación 2 del folio de matrícula inmobiliario correspondiente al arrendamiento constituido por escritura.
Sobregiro otorgado a SANDRA BETSABETH MORA por $ 8.065.000 con fecha inicial del 29 -01- 04 negado por no haberse consultado previamente por usted a su superior como era su obligación. Adicionalmente autorizó la negociación de una Remesa por calor de $ 3.174.000 si tramitar la ratificación de la misma.
Sobregiro otorgado a Agripina Franco Díaz por $ 5.769.700 el 2 de febrero de 2004 sin atribuciones para ello y sin obtener la ratificación del nivel superior.
En el desarrollo de la diligencia, la accionante aceptó haber incurrido en los actos que se le imputaron, en tanto manifestó que conocía las funciones del cargo desempeñado, e indicó que para sobregiros tenía una atribución de un millón de pesos “y para desembolsos de crédito la mayoría de las veces envió para aprobación de mi jefe. Para crédito el monto es de un millón de pesos”, y cuando se le requirió que informara porque había omitido la solicitud de autorización, señaló que los había otorgado teniendo en cuenta la moralidad, trayectoria y experiencia en ese tipo de operaciones, además de las garantías de cada cliente, pues nunca habían presentado problemas por operaciones con sobregiros vencidos. Además, informó que no fue autorizada para excederse en sus atribuciones, y frente al desembolso de $ 40.000.000, acotó lo siguiente:
Inicialmente esa operación fue presentada para estudio del crédito por Julián Rosales quien era el gerente encargado de la oficina, cuando esta operación se contabilizó el proyecto se encontraba en los documentos del cliente y en su momento fue un olvido involuntario tanto del gerente como del jefe de servicios quienes deben verificar el nivel de aprobación por el cual debió haberse tramitado esa operación de crédito.
En tal medida, la conclusión del Tribunal, una vez examinó los documentos antes dichos, no comporta ningún desacierto, pues de esas probanzas emana que la accionante hizo caso omiso a las restricciones de sus superiores al haber realizado sobregiros por sumas frente a las cuales no estaba autorizada, y por obviar el trámite para el desembolso del crédito por valor de $ 40.000.00.
Aun cuando en la diligencia de descargos la accionante justificó su actuar, bajo las afirmaciones que los sobregiros fueron negados, y que el no presentar al comité de créditos la solicitud de desembolso de $ 40.000.000, obedeció a un descuido, son situaciones que para nada varían las conclusiones a las que arribó el ad quem, en tanto lo que se le cuestionó a la demandante, fue el no acatamiento de las órdenes emanadas por su jefes inmediatos; además, si en el interrogatorio de parte absuelto por la demandante, se desconoció lo expuesto en el acta de descargos, es una situación que no estructura un desatino factico, en tanto reiteradamente esta Corporación ha sostenido que ese medio de prueba no es de aquellos calificados en la casación del trabajo, salvo que contenga confesión a favor de la parte contraria, que no es la situación que se presenta, pues la deponente es la misma accionante.
Con todo, de esa audiencia es dable extraer que al contestar la pregunta 6ª, se indicó que el nivel de atribuciones era de $ 1.000.000 y todo exceso era consultado telefónicamente o a través de correo electrónico, y por lo tanto, es claro que conocía las limitaciones impuestas por el empleador, sin embargo, actuó en desmedro de las mismas.
Por su parte, la demanda y su contestación, como piezas procesales que son, dan cuenta de las diversas posiciones adoptadas por las partes, en ejercicio del derecho de acción y de contradicción, y no contienen confesión, en tanto simplemente contienen las posturas de los litigantes en defensa de sus propios intereses.
El informe de auditoría (folios 164 a 184), es un documento escrito a través del cual se brinda información suficiente a los funcionarios de la entidad auditada sobre las deficiencias o desviaciones más significativas, y aun cuando en el mismo se dice que se observó un cumplimiento del 90%, también da cuenta de varias omisiones, entre las que relacionó las de Huber Ruiz Óptica Ltda. (obligación 5440008232 contabilizada el 24-11-03, autorizada por el gerente de zona, y condicionado el envió del proyecto en 10 días sin que se hubiera hecho; crédito de $ 90.000.000 desembolsado con 3 cheques por valor cada uno de $ 30.000.000, dos pagados por ventanilla, sin aplicar el Gravamen a los Movimientos Financieros, y no tenían la leyenda “para abono en cuenta del primer beneficiario”, y se omitió estampar el sello de levantamiento de cruce con firmas autorizadas), el de Korea Motors, como una ratificación negada el 29 de enero de 2004, el de la señora Victoria Eugenia, donde se dice fue negada por no haber sido consultado, el de Betsabeth Mera, donde se indica que el sobregiro fue negado, sin tramitar ratificación, y el de Agripina Valencia Castrillón, con la anotación Fecha inicial 02-02-04, actuaciones que fueron imputadas a la demandante en el acta de descargos, y que como se vio, fueron plenamente aceptadas por ésta al momento de rendir descargos, y sin que del mismo se observe que la determinación para fenecer el vínculo laboral, hubiera sido sin justa causa.
En cuanto a los documentos de folios 33 (pagaré en blanco suscrito por la señora Victoria Muñoz), 55 (autorización de diligenciamiento de ese título valor), 34 (certificado de depósito a término - CDT), 35 y 36 (aprobación del crédito de la señora de la señora Sandra Mera), 40 a 42 (proyecto crediticio - aprobación crédito Mera Hermanos Ltda. Repuestos y Servicio), 46 a 47 (aprobación crediticia Hubert Ruiz Óptica Ltda.), 48 y 49 (memorando del 7 de mayo de 2002, a través del cual, se cambian las condiciones de garantía del cliente Huber Ruiz Óptica Ltda.) 185 a 186, y 5 a 6 (citación a descargos), 187 a 190 (explicaciones de naturaleza técnica respecto a las operaciones realizadas sin seguir el procedimiento establecido), y 274 a 299 (inspección judicial, diligencia donde se aportaron certificaciones respecto a salario, fecha de ingreso y egreso de la accionante reportes de sobregiros de las señoras Victoria Eugenia Muñoz, Agripina Franco Díaz y Sandra Mera Montes, así como sendas certificaciones respecto de los cliente Sandra Montes, el proyecto crediticio a favor de Huber Ruiz Óptica Ltda., y copia de varios correos electrónicos, que contienen resultados favorables de ratificación de solicitudes crediticias), aun cuando dan cuenta que muchas de las operaciones por las que fue imputada la actora, por no seguir el procedimiento previsto para su otorgamiento, a la postre fueron ratificadas, no muestran que la demandante hubiera aplicado las diversas instrucciones impartidas para su empleador, al momento de aprobarlas, y por lo tanto, no desvirtúan que violó los deberes específicos que su cargo le imponía, tal como lo aceptó en el acta de descargos, y en consecuencia no se muestra desacertada la deducción del Tribunal sobre la gravedad de la falta cometida, y el mérito que le asigno de constituir una justa causa de despido.
Lo mismo sucede respecto a las demás probanzas cuestionadas en el cargo, en tanto ellas solo dan cuenta de las premiaciones y felicitaciones otorgadas a la trabajadora por parte de la empresa, así como las cartas de agradecimiento de los clientes por la gestión realizada por la señora Castro Rincón, y una denuncia elevada por la actora a la presidencia por conductas reprochables en las que había incurrido su jefe inmediato, sin que de ellas emane el cumplimiento por parte de la demandante de las órdenes dadas por su empleador, en tanto esas previsiones tenían por objeto moralizar una labor tan delicada y de tanta responsabilidad, evitando al máximo cualquier tipo de actividades tendientes a utilizar los medios de la empresa, sin el respeto de los procedimientos que para el efecto se prevé.
Acusa la sentencia, por la vía directa, en la modalidad de aplicación indebida del artículo 58 numeral 1º en concordancia con los artículos 62 y 63, 1º, 9º, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 55, 57 numeral 9º, 60, 64, 104 y 107 del Código Sustantivo del Trabajo, y los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 13, 25, 29, 31, 53, 228 y 230 de la Constitución Nacional.
En la demostración del cargo transcribe la sentencia del ad quem, e indica que el numeral 6º del literal a) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo señala que es justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa “cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con os (sic) artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos”, norma de contenido amplio, en tanto posibilita el examen de todos los posibles hechos en que incurra el trabajador, pero en todo caso, el intérprete debe tener en cuenta la existencia de las siguientes condiciones: “a) que implique una violación grave, y b) que se halla previsto como tal en forma convencional, contractual o reglamentaria”, y citó una sentencia de esta Corporación que identifico como “Sent. 18/73”.
Manifiesta, que el ad quem aplicó indebidamente el artículo 6º del aparte a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, y en seguida señaló lo siguiente:
... le hizo producir a la norma consecuencias jurídicas no queridas por ella, porque de su yerro iuris in iudicando, concluye que el criterio de gravedad de la falta normada, establecido en la segundo aparte de la causal 6ª citada puede, debe aplicarlo y lo aplica a una violación de las obligaciones y prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que conlleva la consecuencia de no calificar la falta para establecer su gravedad.
Al no haberse establecido la gravedad de la falta, no es del caso, darle aplicación a la tantas veces mencionada causal 6ª. (sic) del literal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 con lo que queda sin justificación ni legitimidad el despido del recurrente.
Ahora bien el reenvío que hace la causal mencionada a los artículos 58 y 60 del CST que establecen, respectivamente, las obligaciones especiales del trabajador y las prohibiciones a los trabajadores requiere la selección de la norma que debe aplicarse. En la sentencia impugnada aparece como norma a ser concordada con la Causal 6ª, el artículo 58 del CST en su numeral 1º. Ello supone determinar la gravedad de las faltas imputadas teniendo en cuenta cada una de las obligaciones del trabajador reseñadas en la norma y la modalidad de la falta o defecto en el comportamiento laboral, lo que no se atendió por el sentenciador. Este desatino iuris in iudicando, lógicamente generó la aplicación indebida de las normas referenciadas porque se les hicieron producir consecuencias jurídicas contrarias a la ley.
Expone, que en el cargo se plantean divergencias con los fundamentos de hecho de la sentencia fustigada, y además se ocupa de los conceptos de “falta grave o violación grave”, en suma subjetivos, y sin que se observe error en los criterios expuestos por el Tribunal.
El cargo presentado por la censura, plantea a esta Corporación el establecer si el artículo 58 numeral 1º concordante con los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, fue indebidamente aplicado por el juez de apelaciones, en tanto se le hizo producir consecuencias jurídicas contrarias a las señaladas por la ley.
El Tribunal, luego de determinar que las conductas imputadas a la accionante fueron el haber desconocido las obligaciones contractuales que “con la signatura del contrato de trabajo se comprometió a cumplir”, se ocupó de calificarlas, para concluir que tenían la connotación de “faltas graves”, pues se enmarcaban en el numeral 6º de los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, relacionado con los artículos 58 y 60 del mismo ordenamiento, y en consecuencia, no distorsionó sus consecuencias jurídicas, en tanto del contrato de trabajo obrante a folios 7 a 9 del expediente, se señalaron como justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo, entre otras, a nivel general, las de “cualquier acto de negligencia, descuido u omisión en que incurra el empleado en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, ...”, y la de “cualquier falta u omisión, así sea en materia leve, de manera dolosa o culposa, respecto al cumplimiento de las obligaciones de que trata la Cláusula Sexta de este contrato”, preceptiva, que dice lo siguiente: “EL EMPLEADO será responsable de todos los dineros, efectos de comercio y valores que reciba, tenga en su poder o maneje por razón de sus funciones, sin poder disponer de ellos en su beneficio o en beneficio de terceros, y deberá rendir estricta cuenta de ellos y de su manejo a EL PATRONO, de acuerdo con los sistemas y procedimientos que EL PATRONO tiene establecidos o establezca sobre el particular”.
Se dice lo anterior, pues por un lado procedió a verificar, si en el contrato individual de trabajo las faltas enrostradas a la accionante se encontraban plasmadas, y por el otro, no obstante esa situación, la justificación de la terminación unilateral del contrato de trabajo por cualquier violación grave de las obligaciones especiales del trabajador (artículo 58 CST), no requieren la tipificación de la conducta en los documentos allí señalados, sino que corresponde al Juez entrar a calificar la gravedad de la misma atendiendo las particularidades del caso, tal como lo hizo el Tribunal, que encontró acreditado el despido, las causas invocadas, y su acreditación por la aceptación expresa de la demandante en la diligencia de descargos, donde arribó a la conclusión que se habían vulnerado los deberes impuestos a su cargo, tal como se señaló al momento de resolver el cargo segundo.
Costas en el recurso a cargo de la demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de $ 3.250.000.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2009, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por CONSUELO CASTRO RINCÓN contra el BANCO DE BOGOTÁ S.A.

References: ARTÍCULO 62
 artículo 58
 artículo 62
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 58
 artículo 58