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Timestamp: 2020-02-17 01:25:18+00:00

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SIGUE LA RESISTENCIA DE LUIS VIRGILIO Y LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS CONTRA EMANUEL GINOBILI. SE JUEGA NO SÓLO EL DERECHO DE LA COMUNIDAD MAPUCHE SINO TAMBIÉN BOSQUES MILENARIOS – Gremial de Abogados
hace 11 horas CAUSA ARMADA: LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS, DEFIENDE A MARCOS BAZAN EN EL JUICIO POR LA VIOLACIÓN Y FEMICIDIO DE ANAHI BENÍTEZ. MARTES 18 A LAS 9HS EN LOS TRIBUNALES DE LOMAS DE ZAMORA.
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Villa La Angostura sigue cada vez más lejos de la mayoría de nosotros.
Y las luchas de Resistencia de los mapuche tampoco es algo que nos toque tanto.
En los tiempos electorales donde preocupa más definir listas que todas estas cosas, la pelea de nuestros colegas en la Patagonia resulta casi cómica.
Quien va a dar bola a estas cosas en estos tiempos??
Y sin embargo se sigue peleando.
Estas luchas muchas veces se valoran años después y no en el momento en que se producen.
Ginobili utiliza todos sus recursos, desde la garroteada hasta pedir ahora fortunas para no seguir hostigando a la Comunidad Paicil Antriao.
Ellos mismos explican que se plantean grandes proyectos inmobiliarios y turísticos para la zona.
Luis les réplica que arrasaron con bosques milenarios, como ya vienen haciendo.
La Gremial siempre muestra su trabajo, jamás ocultamos ni expedientes ni escritos.
Sea para que nos critiquen o aporten.
Sea para que sirva como aporte nuestro.
De manera que, a aquellos que les interese el Derecho y lo que hacemos y planteamos jurídicamente, acá pegamos el escrito de Luis un excelente laburo de Resistencia Jurídica.
Y algunos sitios de prensa que aportan datos sobre la situación.
Como éste: https://www.lmneuquen.com/ginobili-esta-dispuesto-negociar-las-tierras-la-discordia-villa-la-angostura-n635881
LEGAJOS: 24980/2018; 25591/2018, 24282/2018 y
OBJETO: DEDUCE IMPUGNACIÓN
Sr. Juez de Garantías
Luis Virgilio Sánchez, DEFENSOR de los siete imputados en los legajos de referencia, a saber: Hernández Andrés Leonardo, Bustos Raquel del Carmen, Olivero Damián Andrés, Mellado Ángel Saúl, Cahuimpan Lucas José y Paredes Malpu Daniel Esteban, todos miembros de la Comunidad Mapuche “Lof Paichil Antriao” a quienes se pretende juzgar por el delito de usurpación (art. 181 inciso primero y 45 del CP en calidad de coautores en cada uno de los legajos respectivos) a V.S respetuosamente digo:
Que vengo en legal tiempo y forma, a interponer IMPUGNACIÓN contra la Resolución de fecha 28 de mayo de 2019, mediante la cual se rechaza el planteo de litispendencia efectuado por el suscripto en audiencia de control de acusación y a su vez se desestima el pedido de Sobreseimiento efectuado por esta Defensa, en un marco de severas irregularidades y vicios que vulneraron el derecho de defensa de esta parte, ordenando la elevación de la causa a juicio, pese a la existencia de vicios y defectos que han tornado nulo todo lo actuado por el Ministerio Público Fiscal.
La impugnación se deduce a tenor de las consideraciones de hecho y derecho que seguidamente se relacionarán:
II. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA IMPUGNACIÓN.
Requisitos formales: De conformidad a lo dispuesto por el Art. 242° del CPP, el presente recurso se interpone en forma escrita, ante el Colegio de Jueces de la I° Circunscripción Judicial, el cual integra el Sr. Juez de Garantías que dictó la resolución impugnada. En relación a la oportunidad de la presentación, la misma se realiza dentro del término de cinco (5) días, computados desde la notificación en la audiencia de fecha 28 de mayo de 2019.
Legitimación e impugnabilidad subjetiva: Me encuentro legitimado para interponer la presente en calidad de defensor de Hernández Andrés Leonardo, Bustos Raquel del Carmen, Olivero Damián Andrés, Mellado Ángel Saúl, Cahuimpan Lucas José y Paredes Malpu Daniel Esteban, todos miembros de la Comunidad Mapuche “Lof Paichil Antriao”, quienes me han instruido para impugnar la resolución antedicha.
De conformidad con lo previsto en los arts. 229 y 233 del CPP, mis asistidos ostentan el derecho de cuestionar un la resolución del Dr. Nazareno por ante la alzada.
Impugnabilidad objetiva: La decisión que cuestionamos resulta impugnable en tanto el art. 233 del CPP dispone que los autos procesales importantes son susceptibles de ser impugnados y la resolución que se cuestiona, el modo en que fue adoptada (una audiencia que vulneró la totalidad de las disposiciones del CPP en lo atinente a la función jurisdiccional, la contradicción y el derecho de defensa). La decisión de realizar una misma audiencia incluyendo tres legajos con hechos e imputados distintos, aceptando la participación de sujetos procesales en audiencias de procesos en los que dichos sujetos no eran parte, la intervención en las tres audiencias del mismo Juez, así como las decisiones en relación a la prueba, son un botón de muestra de la gravedad de las decisiones adoptadas y que se vienen a cuestionar tanto por la forma en que se adoptaron, como por el sustento de las mismas.
A su vez, en el marco del control de constitucionalidad obligatorio, que el TIP debe ejercer, se verificarán flagrantes vulneraciones al derecho de defensa y a la imparcialidad, debiendo admitir el recurso a los efectos de adentrarse en el análisis de los agravios planteados.
Gravamen Irreparable: La decisión que se cuestiona causa a mis representados un perjuicio y gravamen irreparable de imposible reparación ulterior, en la medida que la decisión impugnada vulnera el derecho a la identidad de mis defendidos como parte de una Comunidad Mapuche, a quien debió respetarse sus costumbres y no desestimar y descalificar un acto institucional importante de esta, como lo es un “Travn”, cuyo testimonio de la totalidad de los que participaron en esa reunión con las autoridades filosóficas, resulta vital para el ejercicio de su derecho de defensa, al igual que el testimonio del particular ofendido, el que no podrá declarar en el Juicio, constituyendo esta circunstancia -más allá del resultado del juicio- un obstáculo para que la comunidad mapuche ejerza su derecho de defensa en plenitud, conforme lo ordenan sus tradiciones. Esto constituyó una flagrante vulneración al art. 109 del CPPN.
Asimismo, existió una vulneración al principio de igualdad, al admitir el Testimonio de los particulares ofendidos ofrecidos por la Fiscalía en dos de los tres legajos y no permitir el Testigo ofrecido por la Defensa en el tercero (Ginobili), lo que implica un inaceptable privilegio para una de las partes que contraviene el principio de igualdad de armas. Que el art. 233 del Código procesal establece que serán impugnables todos los actos procesales importantes. Sin dudas el auto de elevación a juicio es un acto procesal importante y, por ende, impugnable. Si bien existe la limitante expresada en el art. 172 del Código de rito, esta defensa interpreta que el aludido artículo se refiere a lo substanciado en la audiencia de control de acusación y específicamente relacionado con la prueba y no a la Resolución Final ordenada en el art. 173 del CPPN, donde se resuelve la admisión de la acusación y de la prueba. No obstante haber previsto el legislador la irrecurribilidad de las decisiones adoptadas en el marco de la audiencia de control de la acusación (arts. 168 y 172, últ. párr. CPP), existen precedentes jurisprudenciales que han declarado la admisibilidad del remedio deducido por la defensa, en razón de entender que -mas allá de tal clara y determinante disposición- no puede obviarse el control de constitucionalidad (art. 229, CPP). En el caso, existen serios vicios en la acusación fiscal que fueron debidamente planteados por esta defensa en la audiencia de control de acusación, los que fueron rechazados arbitrariamente por el Juez de Garantías lo que implica una vulneración del derecho de defensa de mis defendidos y el debido proceso. Se cita como precedente para fundamentar la admisibilidad lo resuelto en el Legajo: MPFNQ 10501/2014 el 02/09/2014 por el Tribunal de Impugnacion. Firmantes: Rimaro Héctor Guillermo; Trincheri, Walter Richard Martini, Florencia María. III.- Fundamentos de la Impugnación: Que la resolución recurrida causa AGRAVIO a mis defendidos, quienes vieron vulnerados sus derechos y garantías constitucionales, mediante la Resolución de fecha 28/05/2019 que ordenó la elevación a juicio en una audiencia conjunta donde se trataron Tres Legajos por hechos diferentes acaecidos en lugares distintos y en distintas fechas: Caso 1) Legajo 24980 (Martínez) hecho de fecha 13/06/2019 en el sector “Pichunko” en la supuesta propiedad de Emanuel Ginobili, Caso 2) Legajo 24282 (Bianchini) hecho de fecha indeterminada: (entre el 7 y 10 de febrero del 2018) según expresa la acusación fiscal, en la supuesta propiedad de Bianchini-Bernardi y Caso 3) Legajo 25591 (Converti), hecho de fecha 23/08/2018 en la supuesta propiedad de Atilio Converti. En todos se les imputa a mis defendidos el delito de usurpación tipificado en el art. 181, inc. 1° del CP. Estos casos han sido admitidos por el Juez de Garantías, pese a la inexistencia de circunstancias objetivas tipificantes del delito que se les pretendía enrostrar, y la existencia de severos vicios e irregularidades en la acusación fiscal, que fueron advertidos por el Juez de Garantías en la audiencia, y soslayados arbitrariamente en desmedro del derecho de defensa y garantías constitucionales de los imputados.
Que el suscripto realizó un planteo de litis pendencia al señalar que el hecho por el cual se imputaba a mi defendido (paredes Malpu) en el Legajo 29980 (Martínez s/ Denuncia), por cuanto tenía una relación inescindible con el Legajo N°24908/2018 “Nahuel s/ Denuncia. MPFJU, en donde se investiga un ataque en despoblado y en banda de un grupo de encapuchados que produjeron lesiones y daños a miembros de la comunidad mapuche, que son imputados en la presente causa que se ordena elevar a juicio. Si bien el juez de Garantías resolvió incorporar este legajo como prueba en el juicio, lo cierto de todo es que el Legajo 29980 no se encontraba en condiciones de ser elevado a juicio hasta tanto no se resolviera el Legajo 24908/2018, por cuanto fueron hechos acaecidos el mismo día (13 de junio del 2018), en el mismo lugar y con idénticos protagonistas. Máxime cuando la Querella ha pedido la imputación como autor y/o partícipe del hecho investigado en el legajo 24908/2018 (por daños, lesiones y amenazas) a la presunta “víctima” del Legajo 29980 (por el delito de usurpación), esto es el Sr. Guillermo Martínez. Como si ello fuera poco, el Fiscal lleva de testigo de su caso al Sr. Walter Julián Flores, que fue identificado por las víctimas del ataque, como uno de los agresores que se refugió en la vivienda que supuestamente habitaba Martínez. Entonces tenemos que Las personas que deberían ser imputadas en la Causa donde se investiga el ataque a los miembros de la comunidad, son testigos de cargo contra mi defendido en un juicio por presunta usurpación. Estas circunstancias fueron descriptas por el suscripto en la audiencia de Control de Acusación, pero el juez de Garantías las soslayó so pretexto de que serían cuestiones que se podrán esgrimir en el juicio.
Que por tal motivo pediré la NULIDAD de la Audiencia de Control de Acusación de fecha 28/05/2019, bajo las siguientes argumentaciones que ampliaré en la audiencia de control de impugnación: Falta de Motivación al Rechazo del Sobreseimiento, y Falta de Motivación al rechazo de litis pendencia: Sobre este punto debo apuntar que existen denuncias contrapuestas, pero que el fiscal sólo decide elevar a juicio una versión de los hechos (la denuncia de Martínez por presunta usurpación) mientras sigue substanciándose la denuncia por Lesiones, Daños y amenazas, en la cuál según la Querella, Martínez y Flores estarían involucrados. El devenir de este legajo, sin dudas habrá de incidir en la suerte del otro, por lo cual el juez debió rechazar el pedido de elevación a juicio y hacer lugar al sobreseimiento planteado por esta parte, a tenor de este grave defecto técnico en la acusación fiscal.
Debo aquí apuntar que en el Legajo 24908/2018 (por daños, lesiones y amenazas), se encuentra agregada evidencia que demuestra que el imputado “Paredes Malpu” no se encontraba en el lugar del hecho que se le imputa y que no existió violencia, ni amenazas, ni clandestinidad ni ninguno de los elementos tipificantes del delito de usurpación, y que si bien el Juez de Garantías hizo lugar a la incorporación de este legajo en el Juicio, lo que permitiría a esta defensa demostrar en dicho ámbito tal extremo, lo cierto de todo es que el MPF no puede llevar adelante una acusación cuando posee en otro legajo elementos que la desvirtúan totalmente. Dicho en otras palabras, el Fiscal no puede ejercer su ministerio público sustrayéndose de su deber de “objetividad”. En la audiencia de Control de Acusación, conforme se podrá ver de la filmación de la misma, el Fiscal se opuso a la incorporación del Legajo 24908/2018, donde se encontraba evidencia que contravenía su hipótesis del caso. No obstante la oposición efectuada, y luego de una dura batalla de esta defensa, logramos que el juez de garantías “por la duda” permitiera usar este legajo como prueba en el juicio. Empero, sucede que este legajo donde el Fiscal debe investigar una versión de los hechos acaecidos el 13 de junio del 2018, en el predio de Calle Traful 1147, se contrapone con su teoría del caso en el presente legajo, lo que evidencia su falta de objetividad y, consecuentemente, torna nulo todo lo actuado.
Esta Nulidad de lo actuado en relación lo resuelto por el Juez de Garantían en relación al Legajo 24980/2018, se hace extensiva al resto de los legajos que se trataran de manera conjunta en un mismo juicio, por cuanto la audiencia de control de acusación se encontró signada de arbitrariedades nulificantes en los tres legajos: ya que se limitó en todos ellos la libertad probatoria consagrada en el art. 170 del Código Procesal, al desestimar testigos de los hechos investigados ofrecidos por esta parte en los tres casos. Una nota distintiva merece el rechazo del Juez de Garantías del testimonio de Emanuel Ginobili, ofrecido por esta defensa, bajo el supuesto argumento de no tener relación con los hechos investigados. Resulta inquietante que el Juez de Garantías, sin conocer los hechos, decida que Ginobili no tiene relación con los hechos investigados, cuando se lo admite como parte querellante en la presente causa, cuando este invoca la calidad de presunto damnificado, de presunto despojado y, a su vez, cuando gran parte de la prueba ofrecida por el Fiscal para su teoría del Caso, son los Juicios Civiles que Ginobili posee con los miembros de la Comunidad Mapuche, cuando Emanuel Ginobili ha confrontado públicamente a la Comunidad Mapuche Paichil Antriao a través de sus representantes (abogados) como presuntos usurpadores de su propiedad. La no incorporación de Ginobili como del resto de los testigos ofrecidos por esta defensa constituye -además- una flagrante violación al art. 109 del CPPN y por ende, un desconocimiento de las garantías constitucionales de la Comunidad, cuyos usos y costumbres ordenan escuchar las acusaciones de propia voz de la persona supuestamente ofendida. Asimismo, el resto de los testimonios ofrecidos por esta parte y rechazados por el Juez de Garantías, habían participado en un Travun (reunión con autoridades filosóficas) donde se había resuelto hacer el resguardo territorial que ha motivado las presentes causas por presuntos delitos de usurpación, y por lo tanto, la impertinencia decretada por el Juez de Garantías de aceptar el testimonio de todos los miembros de la comunidad mapuche que asistieron al aludido evento comunitario, ha desconocido ilegítimamente los usos y costumbres de la comunidad mapuche. Por otro lado, esta costumbre ancestral de la comunidad mapuche que represento, en nada resulta incompatible con los procedimientos ordenados por el Código de rito, el cual consagra la libertad probatoria. A su vez resulta inequívoco que los testimonios ofrecidos son pertinentes y para nada sobre abundantes, teniendo en cuenta que el Juez de Garantías pretende llevar a un único juicio tres legajos por tres hechos distintos en diferentes lugares y días, circunstancia que de por sí resulta irregular, pero que esta defensa consintió, sólo a los efectos de evitarle a la Comunidad Mapuche una situación de mayor desgaste al que ya se ve expuesta. Pero bajo ningún aspecto consentiré que se vulnere el derecho de defensa de mis defendidos bajo la pretendida simplificación de la acusación, explotando la situación de vulnerabilidad de mis defendidos, a quienes se somete a un proceso de criminalización desgastante, para luego en dicho marco se pretenda realizar una ilegítima limitación de su prueba y un desconocimiento liso y llano de sus derechos, usos y costumbres.
Otras de las irregularidades a destacar en la audiencia impugnada, es el retiro de la Querella (Dr. Hensel) en representación de los denunciantes Bianchini y Bernardi, antes de que esta defensa pudiera realizar su deposición y que el Juez de Garantías resolviera la elevación a juicio y la admisión de la prueba. La Querella en este caso no sentó posición luego de que esta defensa solicitara el sobreseimiento en este caso, donde existía una evidente ausencia de tipicidad: En este caso existe un relato vago de la indefensión, se pretende imputar usurpación de un terreno que se encuentra abierto, sin cerramiento alguno y en el cuál las supuestas víctimas esgrimen un supuesto “derecho” pero que jamás han ejercido -concretamente- la posesión.
El abandono de la Querella mientras la audiencia se encontraba desarrollando, constituye una irregularidad que ameritaba que el Juez de Garantías la suspendiera, no obstante ello, continuó respaldando la acusación y manteniendo a la Querella como parte, a pesar del abandono realizado en la propia audiencia con la advertencia del Juez de Garantías ante las eventuales réplicas realizadas por esta parte, sobre las cuales el Juez resolvió, sin escuchar la posición de la parte querellante, a quien -a todo evento- debió separar de la causa, ante el evidente desinterés de quien supuestamente representa a las “víctimas” del delito que se está investigando. Los mismos vicios nulificantes se advierten en la audiencia de Control de Acusación, en oportunidad de tratar el legajo 25591/2018 Converti s/ Psta. Denuncia, ya que en dicha causa también se puso de manifiesto la falta de objetividad del Fiscal, quien a tenor de las circunstancias propias en que se generan los tres legajos, resultaba completamente plausible la versión aportada por los miembros de la Comunidad en el Legajo 24908/2018 Nahuel Florentino s/ Denuncia (por daños, lesiones y amenazas), omitiendo el MPF realizar de manera oficiosa una investigación, por la presunta usurpación de Converti a los miembros de la Comunidad Mapuche Paichil Antreao, de la posesión que detentaban del terreno de marras. El Ministerio Público Fiscal tenía conocimiento de que la Comunidad Mapuche Paichil Antriao ejercía “la posesión” de los terrenos que se les imputa usurpar, y por repeler la invasión ilegítima e intento de despojo llevado adelante por Converti, resultan aquí acusados. El MPF, poseyendo otra versión de los hechos y elementos suficientes en otro legajo que motivaron la alerta y presencia de la comunidad mapuche en parte de su territorio relevado en el marco de la Ley 26160, debió investigar si las acciones de Converti, de contratar albañiles para cerrar una construcción que estaba en posesión de la Comunidad Mapuche, no constituía un acto de despojo en el los términos del art. 181 del CP.
Lamentablemente el Juez de Garantías hizo caso omiso a las defensas esgrimidas por esta parte, hechos que podrían haber sido tratados debidamente en la audiencia de control de acusación, si el fiscal hubiera asumido una actitud objetiva en su acusación, donde vemos que los victimarios se trastocan en víctimas.
Resumiendo: En la audiencia de control de acusación esta defensa relacionó el Legajo Nahuel s/ Denuncia, que es parte inescindible de los hechos investigados, en un planteo de litis pendencia, a tenor del cual insté sobreseimiento, por cuanto las siete personas aquí acusadas han sido víctimas y no victimarios. La supuesta usurpación en el Legajo Martínez acaece el 13 de junio del 2018, fecha en que la comunidad Mapuche es atacada en ese mismo lugar por una patota de al menos 12 personas encapuchadas, provocando lesiones y daños, quienes luego de perpetrar estos hechos delictivos, se refugiaron con Martinez en la vivienda que supuestamente este habitaba. En el legajo donde el Fiscal De Lillo investiga estos ataques se encuentra evidencia (filmaciones) que acreditan que Martinez se fue por sus propios medios, sin ningún tipo de violencia y se ve, además, a Flores (uno de los atacantes) adentro de la vivienda, lo que demuestra que Martínez ha sido cómplice de ese delito y que, su retiro de la vivienda que supuestamente habitaba, no se debió a que fue usurpada por mis defendidos, sino a que vieron frustrado su accionar delictivo, sobre el cuál deberían responder a las autoridades. Resulta írrito pretender enviar a juicio a mis defendidos, que han sido víctimas de un delito, a instancias de la denuncia de las propias personas que cometieron contra ellos actos delictivos. Sin perjuicio de señalar que la actitud del Juez de Garantías a lo largo de toda la audiencia, de limitar oficiosamente la prueba, obligó a esta parte a revelar toda su estrategia de defensa, ante las ilegítimas insistencias del Juez de Garantías, bajo apercibimiento de no admitir las pruebas ofrecidas. El Juez de garantías debió considerar suficiente que los testigos hubieran estado en el lugar de los hechos, siendo una irregularidad que afectó el derecho de defensa de mis defendidos que se obligara a brindar tanto detalle sobre mi estrategia defensiva. Circunstancia que también torna Nulo el acto de control de acusación.
Que a los efectos de acreditar la procedencia de la presente Impugnación, ofrezco la siguiente prueba:
a) Las video filmaciones de la audiencia de Control de Acusación de fecha 28/05/2019.
b) Las declaraciones periodísticas del Dr. Mena (Querellante) en diarios locales donde hace declaraciones en relación a la presente causa que acreditan la pertinencia del testimonio de Ginobili, ofrecido como prueba de esta defensa y rechazado arbitrariamente por el juez de garantías en su audiencia de control de acusación: https://www.diarioandino.com.ar/noticias/2019/06/03/212806-si-a-ginobili-le-pagan-una-indemnizacion-se-retira-del-belvedere; https://www.lmneuquen.com/ginobili-esta-dispuesto-negociar-las-tierras-la-discordia-villa-la-angostura-n635881 (Este es un hecho nuevo, acaecido luego de la audiencia de Control de Acusación, que no hace más que confirmar que la defensa tenía legítimas razones para ofrecer el testimonio de Emanuel Ginobili como prueba)
c) El Legajo 24908/2018 Nahuel Florentino s/ Denuncia (por daños, lesiones y amenazas) Actas de denuncia y Declaración de Guillermo Martínez, video filmación del hecho a tenor del cual se formulan cargos a Paredes Malpu en el Legajo Martínez s/ Denuncia.
En cuanto a la pertinencia de esta prueba en la instancia de impugnación: Como ya se señaló, el propio Fiscal del caso en la audiencia de control de acusación se opone a que se incorpore este legajo como prueba de la defensa y confiesa “no haber visto las filmaciones” del mismo.
La vista de este legajo interpela sobre el grado de objetividad que posee el MPF, quien recepta dos denuncias por dos hechos delictivos cometidos el mismo día en el mismo lugar (Sector “Pichunco”) el 13 de Junio en Trafull 1147, y elige acusar a la comunidad mapuche de usurpación y soslayar toda evidencia aportada por esta parte en la denuncia del ataque a la comunidad, esto es: filmaciones donde se ve claramente que el Sr. Martínez se fue por sus propios medios de la vivienda que se le acusa a mi defendido usurpar y que no ha existido la violencia alegada. Por supuesto, dichas filmaciones acreditan que el imputado (paredes Malpu) no estuvo en el lugar de los hechos al momento en que presuntamente se comete el delito que se le imputa. El fiscal confiesa en la propia audiencia que no vio las filmaciones y el Juez de Garantías de todos modos eleva la causa a juicio, soslayando arbitrariamente esta irregularidad.
Como si ello fuera poco, el Sr. Fiscal ofrece como testigos de su caso a los presuntos autores y partícipes del ataque (Sr. Martínez y Sr. Flores) al primero de ellos en calidad de “víctima” y al segundo como testigo de cargo. Esta parte se pregunta ¿qué pasará con la investigación de este caso, si el avance del mismo conspira contra el sostén de la teoría del caso postulada por el fiscal en la presente causa?.
También se ofrece como prueba la Petición N° 48136 de fecha 25/05/2019, efectuada por esta defensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) en virtud de la criminalización llevada adelante por la Provincia del Neuquén a la Comunidad Mapuche Paichil Antreao, por el legítimo ejercicio de su derecho a proteger y resguardar su territorio ancestral en una zona protegida por la Ley de Bosques (Calificada como Roja) donde el Estado permitió que se llevara adelante un estrago ambiental, el que fue detenido y visibilizado por la Comunidad Mapuche para llevar adelante una acción de resguardo territorial, conforme le imponen sus tradiciones y el mandato ancestral de su cultura milenaria. Actualmente, el proceso de criminalización al que está siendo sometida la comunidad, entra en franca contravención con una Ley de Orden Público, la Ley 26.160, que ha ordenado el relevamiento territorial de las comunidades, siendo que el territorio que se les imputa a mis defendidos usurpar, ha sido relevado como territorio comunitario, conforme se explicó en la audiencia de Control de Acusación, siendo arbitrariamente soslayada esta circunstancia por el Juez de Garantías.
Por todas estas circunstancias y aquello que se ampliará en la audiencia de Control de Impugnación que fije la OFIJU al efecto, solicito:
V.- EXORDIO:
1) Se tenga por Efectuada la IMPUGNACIÓN en legal tiempo y forma.
2) Se dejen sin efecto las audiencias de juicio fijadas por la OFIJU hasta tanto adquiera firmeza la resolución impugnada.
3) Se fije Audiencia de Control de Impugnación a los efectos de fundar oralmente la impugnación efectuada.
P.C. Será Justicia.
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