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Timestamp: 2017-12-17 10:07:24+00:00

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B.O.E. Nº 158 de 03/07/2007
Ley 13/2007, de 2 de julio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de supervisiÃ³n del reaseguro.
JUAN CARLOS I REY DE ESPAÃA A todos los que la presente vieren y entendieren.
El reaseguro constituye una actividad esencial para la estabilidad del mercado asegurador ya que, al facilitar una amplia distribuciÃ³n internacional de los riesgos, permite que las entidades de seguro directo tengan una mayor capacidad de suscripciÃ³n y otorguen una mayor cobertura. En este sentido, el reaseguro ha constituido tradicionalmente, junto con el margen de solvencia y la provisiÃ³n de estabilizaciÃ³n, uno de los elementos fundamentales de la solvencia dinÃ¡mica de las entidades aseguradoras. TambiÃ©n es clara su contribuciÃ³n a la estabilidad financiera, garantizando la solidez de los mercados de seguro directo y, en general, del sistema financiero.
Por ello, no es extraÃ±o que una de las primeras normas jurÃ­dicas en el campo de los seguros de la entonces Comunidad EconÃ³mica Europea fuera la Directiva 64/225/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, relativa a la supresiÃ³n, en materia de reaseguro y de retrocesiÃ³n, de las restricciones al derecho de establecimiento y la libre prestaciÃ³n de servicios, que eliminÃ³ las restricciones al derecho de establecimiento y la libre prestaciÃ³n de servicios por motivos de nacionalidad o residencia del reasegurador. Sin embargo, el alcance de esta Directiva fue limitado, pues no pretendiÃ³ armonizar las disposiciones nacionales en materia de regulaciÃ³n prudencial del reaseguro. Por el contrario, la normativa europea sobre el seguro directo ha desarrollado desde 1973 una intensa labor armonizadora, regulando con precisiÃ³n el acceso y el ejercicio del seguro directo en la Comunidad, creando el marco jurÃ­dico en el cual las entidades de seguros ejercen actividades en el mercado interior, en su doble vertiente de derecho de establecimiento y libre prestaciÃ³n de servicios. Este rÃ©gimen se aplica a las entidades aseguradoras respecto de todas sus actividades, tanto las de seguro directo como las de reaseguro aceptado; sin embargo, las actividades ejercidas por empresas especializadas en reaseguro no han estado sujetas a dicho rÃ©gimen ni a ningÃºn otro en el Ã¡mbito de la normativa comunitaria. Por ello, cada Estado miembro ha decidido hasta ahora el nivel de supervisiÃ³n de las entidades de reaseguros domiciliadas en Ã©l y de las que actÃºan desde otros Estados. Pero las diferencias entre regÃ­menes nacionales han dado lugar a algunos obstÃ¡culos en el ejercicio de las actividades de reaseguro. A esto se ha aÃ±adido de manera singular la incidencia de la supervisiÃ³n indirecta de los distintos aspectos de la actividad reaseguradora por parte de las autoridades competentes en la supervisiÃ³n de las entidades de seguro directo. Estas diferencias afloran como verdaderos obstÃ¡culos para el desarrollo de la actividad reaseguradora, al ser Ã©sta una actividad esencialmente internacional. Para solucionar estos problemas, el Plan de acciÃ³n en materia de servicios financieros de la UniÃ³n Europea identificÃ³ el reaseguro como un sector que precisaba una actuaciÃ³n de nivel comunitario a fin de completar el mercado interior de los servicios financieros. Como resultado de esta iniciativa, se adoptÃ³ la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE, que establece un marco de supervisiÃ³n prudencial para las actividades de reaseguro en la UniÃ³n Europea. La razÃ³n de esta Ley es precisamente la incorporaciÃ³n al Derecho espaÃ±ol de los aspectos de la Directiva 2005/68/CE que requieren rango legal.
La Directiva 2005/68/CE sigue el enfoque de la legislaciÃ³n comunitaria adoptada en materia de seguro directo, llevando a cabo la armonizaciÃ³n bÃ¡sica para garantizar el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y los sistemas de supervisiÃ³n prudencial, haciendo asÃ­ posible la concesiÃ³n de una Ãºnica autorizaciÃ³n, vÃ¡lida en todo el Espacio EconÃ³mico Europeo, y la aplicaciÃ³n del principio de supervisiÃ³n por el Estado miembro de origen.
Por consiguiente, el acceso a la actividad de reaseguro y su ejercicio quedan supeditados a la concesiÃ³n de una autorizaciÃ³n administrativa Ãºnica, expedida por las autoridades competentes del Estado miembro en el que la empresa de reaseguros tenga su administraciÃ³n central, autorizaciÃ³n que se concede previo cumplimiento de las condiciones de acceso que establece la Directiva, en sintonÃ­a con la regulaciÃ³n del seguro directo, aunque con las necesarias adaptaciones. Entre estos requisitos destacan los de forma jurÃ­dica; objeto social exclusivo, si bien podrÃ¡n realizarse operaciones conexas de sociedad de cartera y otras de carÃ¡cter financiero; exigencia de un programa de actividades; y cumplimiento de normas en materia de vÃ­nculos estrechos, socios y direcciÃ³n efectiva. En cuanto a las condiciones de ejercicio de la actividad por las entidades reaseguradoras autorizadas, la Directiva 2005/68/CE precisa los requerimientos de solidez financiera, en particular, la constituciÃ³n de provisiones tÃ©cnicas y de reservas de estabilizaciÃ³n suficientes, la inversiÃ³n de estas provisiones y reservas en activos de calidad, y la obligaciÃ³n de disponer de un margen de solvencia suficiente y de un fondo de garantÃ­a mÃ­nimo. Se recogen tambiÃ©n normas precisas sobre participaciones significativas, cesiones de cartera y otras operaciones societarias. Para una adecuada verificaciÃ³n del cumplimiento de estos requisitos y, en general, para velar por el ejercicio ordenado de las actividades de las entidades reaseguradoras, las autoridades competentes del Estado miembro de origen deben disponer de los medios de supervisiÃ³n necesarios, con inclusiÃ³n de medidas de intervenciÃ³n, de garantÃ­a de la solvencia futura y de control especial, revocaciÃ³n, y el rÃ©gimen infracciones y sanciones. El alcance de la Directiva 2005/68/CE se extiende a las entidades reaseguradoras que realizan actividades exclusivamente de reaseguro, incluyendo a las denominadas entidades de reaseguro Â«cautivasÂ», creadas o de las que son propietarias bien empresas financieras distintas de una entidad de seguros o de reaseguros o de un grupo de entidades de seguros o de reaseguros, o bien una o varias empresas no financieras, y cuyo objeto es proporcionar cobertura de reaseguro exclusivamente a los riesgos de las empresas a las que pertenecen. Por lo que se refiere a las entidades de seguro directo que realizan tambiÃ©n actividades de reaseguro aceptado, la Directiva 2005/68/CE prevÃ©, con el fin de garantizar su solidez financiera, que ciertas disposiciones en materia de garantÃ­as financieras de las entidades reaseguradoras deben tambiÃ©n aplicarse a las actividades de reaseguro de las entidades de seguro directo cuando su volumen represente una parte significativa del conjunto de sus actividades. La Directiva 2005/68/CE se aplica tambiÃ©n a las actividades de reaseguro limitado (Â«finite reinsuranceÂ»), para las cuales se prevÃ© que los Estados miembros cuenten con la posibilidad de establecer disposiciones especÃ­ficas. La naturaleza especial de las actividades de reaseguro limitado requiere el establecimiento de disposiciones de desarrollo de carÃ¡cter reglamentario.
En la incorporaciÃ³n de la Directiva 2005/68/CEE al Derecho espaÃ±ol de seguros debe tenerse presente que, frente a soluciones reguladoras distintas adoptadas en otros Estados de la UniÃ³n Europea, la legislaciÃ³n espaÃ±ola sobre ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados optÃ³ en su momento por aplicar Â«mutatis mutandisÂ» a las entidades reaseguradoras el rÃ©gimen de las entidades de seguro directo. Por ello, la transposiciÃ³n de un rÃ©gimen comunitario de entidades reaseguradoras que sigue en sus lÃ­neas bÃ¡sicas la normativa de seguro directo no introduce cambios sustanciales en la regulaciÃ³n espaÃ±ola sobre el reaseguro, contenida en el texto refundido de la Ley de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y en sus disposiciones de desarrollo. MÃ¡s bien, la transposiciÃ³n de rango legal implica completar y sistematizar la regulaciÃ³n actual sobre la supervisiÃ³n del reaseguro.
Sin perjuicio de lo anterior, existen algunas cuestiones adicionales que requieren ciertas precisiones. AsÃ­, en cuanto a la liquidaciÃ³n de entidades reaseguradoras, cuestiÃ³n no armonizada en el Ã¡mbito comunitario, se prevÃ©, en lÃ­neas generales, la aplicaciÃ³n de lo previsto para las entidades aseguradoras. De esta forma, se mantiene la regulaciÃ³n vigente en cuanto a la posibilidad de liquidaciÃ³n de las entidades reaseguradoras espaÃ±olas por el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, conforme a lo dispuesto en su Estatuto Legal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, si bien se introducen las modificaciones pertinentes en cuanto al recargo de liquidaciÃ³n, que no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las entidades reaseguradoras. En una actividad que, como queda dicho, se caracteriza por su dimensiÃ³n internacional, el rÃ©gimen aplicable a las entidades extranjeras tiene ciertas peculiaridades. Por lo que se refiere a las entidades reaseguradoras domiciliadas en otros Estados del Espacio EconÃ³mico Europeo se produce el reconocimiento de su actuaciÃ³n en EspaÃ±a en rÃ©gimen de derecho de establecimiento o de libre prestaciÃ³n de servicios, sin perjuicio de su sometimiento a las disposiciones dictadas por razones de interÃ©s general. A este reconocimiento se le aplica, en general, el rÃ©gimen previsto para las entidades aseguradoras europeas. Las entidades extranjeras domiciliadas en terceros paÃ­ses pueden constituir sucursales conforme a lo que regula esta Ley, en tÃ©rminos tambiÃ©n paralelos a las sucursales de las entidades aseguradoras. Ahora bien, estas entidades reaseguradoras extracomunitarias no quedan sometidas a la normativa espaÃ±ola cuando actÃºen prestando servicios desde su domicilio. Esto Ãºltimo sin perjuicio de que, conforme al artÃ­culo 49 de la Directi-vaÂ 2005/68/CE estas entidades reaseguradoras de terceros paÃ­ses no pueden tener un trato mÃ¡s favorable que las reaseguradoras europeas, y sin perjuicio tambiÃ©n de lo que la ComisiÃ³n Europea determine en materia de convenios con terceros paÃ­ses en relaciÃ³n con las modalidades de ejercicio de la supervisiÃ³n de estas entidades.
Las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados que se realizan mediante esta Ley se estructuran de forma que la regulaciÃ³n de las entidades reaseguradoras espaÃ±olas se mantiene en el capÃ­tulo V, Â«ReaseguroÂ», del tÃ­tulo II, Â«De la actividad de entidades aseguradoras espaÃ±olasÂ», mediante la regulaciÃ³n en sendos artÃ­culos quÃ© entidades pueden aceptar operaciones de reaseguro, el acceso a la actividad de las entidades reaseguradoras espaÃ±olas, las condiciones para el ejercicio de la actividad, y la intervenciÃ³n y supervisiÃ³n de entidades. Para las entidades reaseguradoras extranjeras se crea un capÃ­tulo III, Â«De la actividad de entidades reaseguradoras extranjerasÂ», en el tÃ­tulo III, Â«De la actividad en EspaÃ±a de entidades aseguradoras extranjerasÂ», y se regula con separaciÃ³n la actividad en EspaÃ±a de las entidades reaseguradoras domiciliadas en otros paÃ­ses miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo, de la actividad en EspaÃ±a de las entidades reaseguradoras domiciliadas en terceros paÃ­ses.
Se modifican tambiÃ©n algunos artÃ­culos referentes a la actividad de las entidades de seguro directo, como los referentes a las provisiones tÃ©cnicas y al fondo de garantÃ­a. Se incorpora al Texto Refundido de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, por constituir su ubicaciÃ³n mÃ¡s adecuada, las precisiones que sobre cesiÃ³n de datos entre aseguradoras y reaseguradoras introdujo la disposiciÃ³n adicional novena de la Ley 26/2006, de MediaciÃ³n. Asimismo, se prevÃ© el modo en que se aplican las disposiciones de la Ley a las entidades reaseguradoras que ya estuvieran autorizadas antes de su entrada en vigor.
ArtÃ­culo Ãºnico. ModificaciÃ³n del Texto Refundido de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
El Texto Refundido de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, queda modificado como sigue: Uno. Se aÃ±aden los siguientes pÃ¡rrafos al artÃ­culo 1.3 con la redacciÃ³n que sigue:
Â«i) Reaseguro: la actividad consistente en la aceptaciÃ³n de riesgos cedidos por una entidad aseguradora o por otra entidad reaseguradora.
j) Entidad reaseguradora cautiva: entidad reaseguradora propiedad de una entidad no financiera, o de una entidad financiera que no sea una entidad aseguradora o reaseguradora o forme parte de un grupo consolidable de entidades aseguradoras o reaseguradoras, y que tiene por objeto ofrecer cobertura de reaseguro exclusivamente para los riesgos de la entidad o entidades a las que pertenece o de una o varias entidades del grupo del que forma parte. k) Reaseguro limitado: reaseguro en el que el potencial mÃ¡ximo de pÃ©rdida explÃ­cito, expresado en tÃ©rminos de riesgo econÃ³mico mÃ¡ximo transferido, derivado tanto de un riesgo de suscripciÃ³n significativo como de la transferencia de un riesgo de tiempo, supera la prima durante la totalidad del perÃ­odo de vigencia del contrato por una cuantÃ­a limitada pero significativa, junto, con al menos, una de las siguientes caracterÃ­sticas:
1.Âª ConsideraciÃ³n explÃ­cita y material del valor temporal del dinero,
2.Âª Disposiciones contractuales que moderen el equilibrio de la experiencia econÃ³mica entre las partes en el tiempo, con el fin de lograr la transferencia de riesgo prevista.
l) Entidad con cometido especial: entidad, tenga o no personalidad jurÃ­dica, distinta de una empresa de seguros o reaseguros existente, que asuma riesgos de empresas de seguros o de reaseguros y financie plenamente su exposiciÃ³n a dichos riesgos a travÃ©s de una emisiÃ³n de deuda o de algÃºn otro mecanismo de financiaciÃ³n en que los derechos de reembolso de los proveedores de dicha deuda u otro mecanismo de financiaciÃ³n estÃ©n subordinados a las obligaciones de reaseguro de dicha entidadÂ».
Dos. Se aÃ±ade un nuevo apartado 4 al artÃ­culo 11, que queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«4. El objeto social de las entidades reaseguradoras serÃ¡ exclusivamente la actividad de reaseguro y operaciones conexas. Se entenderÃ¡ por operaciones conexas la realizaciÃ³n de estudios estadÃ­sticos o actuariales, anÃ¡lisis de riesgos o investigaciones para sus clientes, asÃ­ como cualquier otra actividad relacionada o derivada de la actividad reaseguradora.Â»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artÃ­culo 12, que queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«2. la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones comprobarÃ¡ los medios tÃ©cnicos de que disponen las entidades aseguradoras que pretendan operar en aquellos ramos en los que la entidad se compromete a la prestaciÃ³n de un servicio.Â»
Cuatro. El segundo pÃ¡rrafo del artÃ­culo 16.1 queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«Son provisiones tÃ©cnicas las de primas no consumidas, de riesgos en curso, de seguros de vida, de participaciÃ³n en los beneficios, de prestaciones, la reserva de estabilizaciÃ³n y aquellas otras que, con arreglo al reglamento de desarrollo de esta Ley, sean necesarias al objeto de cumplir la finalidad a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior.Â»
Cinco. El artÃ­culo 18.1 queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«La tercera parte de la cuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia constituye el fondo de garantÃ­a, que no podrÃ¡ ser inferior a tres millones doscientos mil euros para las entidades que operen en algunos de los ramos de vida, cauciÃ³n, crÃ©dito y cualquiera de los que cubran el riesgo de responsabilidad civil, y a dos millones doscientas mil euros para las restantes.
En todo caso, el fondo de garantÃ­a no podrÃ¡ ser inferior a tres millones doscientos mil euros para aquellas entidades de seguro que lleven a cabo actividades de reaseguro en las que concurra alguna de las siguientes condiciones:
b) que las primas aceptadas en reaseguro superen 50 millones de euros, c) que las provisiones tÃ©cnicas del reaseguro aceptado superen el 10 por ciento de sus provisiones tÃ©cnicas totales.Â»
Seis. Se aÃ±ade un pÃ¡rrafo al final del artÃ­culo 22.2, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«Si el adquirente de las participaciones significativas es una entidad aseguradora, una entidad reaseguradora, una entidad de crÃ©dito o una empresa de servicios de inversiÃ³n autorizada en otro Estado miembro, la empresa dominante de una de dichas entidades o una persona fÃ­sica o jurÃ­dica que controla una de dichas empresas o entidades y si, en virtud de la adquisiciÃ³n, la entidad aseguradora en la que el adquirente pretenda adquirir tal participaciÃ³n queda bajo su control, la adquisiciÃ³n deberÃ¡ ser objeto de la consulta previa prevista en el apartado 4 bis del artÃ­culo 5 de esta Ley.Â»
Siete. Se aÃ±ade un nuevo apartado 8 al artÃ­culo 25, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«8. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras establecerÃ¡n sus planes de reaseguro de tal modo que los plenos de retenciÃ³n y prioridades correspondientes guarden relaciÃ³n con su capacidad econÃ³mica para el adecuado equilibrio tÃ©cnico-financiero de la entidad.Â»
Ocho. El capÃ­tulo V del tÃ­tulo II queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«CAPÃTULO V Reaseguro
ArtÃ­culo 57. Entidades reaseguradoras.
1. PodrÃ¡n aceptar operaciones de reaseguro: a) Las entidades reaseguradoras espaÃ±olas que hayan obtenido la previa autorizaciÃ³n administrativa del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda.
b) Las entidades aseguradoras espaÃ±olas que se hallen autorizadas para la prÃ¡ctica del seguro directo en EspaÃ±a, en los mismos ramos que comprenda aquella autorizaciÃ³n y con arreglo al mismo rÃ©gimen jurÃ­dico. c) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras domiciliadas en otro Estado del Espacio EconÃ³mico Europeo distinto de EspaÃ±a que estÃ©n autorizadas para operar en reaseguro en el Estado miembro de origen. d) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras de terceros paÃ­ses que operen en su propio paÃ­s en reaseguro, tengan o no sucursal en EspaÃ±a.
2. Las entidades exclusivamente reaseguradoras deberÃ¡n ejercer su actividad con total separaciÃ³n de los tomadores de seguro y de los asegurados.
ArtÃ­culo 58. Acceso a la actividad de las entidades reaseguradoras espaÃ±olas.
1. El acceso a la actividad de las entidades reaseguradoras espaÃ±olas requerirÃ¡ la previa obtenciÃ³n de autorizaciÃ³n del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda.
La autorizaciÃ³n administrativa serÃ¡ vÃ¡lida en todo el Espacio EconÃ³mico Europeo y se concederÃ¡ para actividades de reaseguro de vida, actividades de reaseguro distinto del de vida, o para todo tipo de actividades de reaseguro. 2. SerÃ¡n requisitos necesarios para obtener y conservar la autorizaciÃ³n administrativa los previstos en el artÃ­culo 5.2 de esta Ley, excepto en los apartados g) y h), con las siguientes particularidades:
a) DeberÃ¡n adoptar la forma jurÃ­dica de sociedad anÃ³nima o sociedad anÃ³nima europea.
b) LimitarÃ¡n su objeto social a la actividad reaseguradora y las operaciones conexas, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 11 de esta Ley. c) HabrÃ¡n de presentar y atenerse a un programa de actividades de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 12 de esta Ley. El programa de actividades deberÃ¡ contener, al menos, indicaciones o justificaciones relativas a la naturaleza de los riesgos que la entidad reaseguradora pretende cubrir, los tipos de acuerdos de reaseguro que la entidad se proponga celebrar con las cedentes, los principios rectores en materia de retrocesiÃ³n y un balance de situaciÃ³n. d) El domicilio social y la administraciÃ³n central se situarÃ¡n en EspaÃ±a.
3. Asimismo, serÃ¡n aplicables a la autorizaciÃ³n de entidades reaseguradoras, con las particularidades antes expuestas, los apartados 3, 4, 4 bis y 6 del artÃ­culo 5 de esta Ley, asÃ­ como los apartados 2 a 5 del artÃ­culo 7 y los artÃ­culos 8 y 11 a 15 de esta Ley y sus normas de desarrollo, entendiÃ©ndose hechas a las entidades reaseguradoras las menciones a entidades aseguradoras.
4. Las entidades reaseguradoras espaÃ±olas que hayan obtenido la autorizaciÃ³n vÃ¡lida en todo el Espacio EconÃ³mico Europeo con arreglo a lo dispuesto en este artÃ­culo, podrÃ¡n ejercer, en los mismos tÃ©rminos de la autorizaciÃ³n concedida, sus actividades en rÃ©gimen de derecho de establecimiento o en libre prestaciÃ³n de servicios, siendo de aplicaciÃ³n lo dispuesto en los artÃ­culos 51 y 52, primer pÃ¡rrafo, de esta Ley. 5. La autorizaciÃ³n de las entidades reaseguradoras espaÃ±olas determinarÃ¡ su inscripciÃ³n en el registro administrativo previsto en el artÃ­culo 74 de esta Ley.
ArtÃ­culo 58 bis. Condiciones para el ejercicio de la actividad reaseguradora.
1. Las entidades reaseguradoras espaÃ±olas tendrÃ¡n la obligaciÃ³n de constituir y mantener en todo momento las provisiones tÃ©cnicas y la reserva de estabilizaciÃ³n en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 16, apartados 1 y 2 de esta Ley.
Asimismo tienen la obligaciÃ³n de cubrir las provisiones tÃ©cnicas y la reserva de estabilizaciÃ³n con activos aptos conforme a lo dispuesto en el artÃ­culoÂ 16.5 de esta Ley. Los activos aptos para la cobertura de las provisiones tÃ©cnicas y de la reserva de estabilizaciÃ³n deberÃ¡n tomar en consideraciÃ³n el tipo de operaciones llevadas a cabo por la entidad reaseguradora, en particular, el carÃ¡cter, el importe y la duraciÃ³n de los pagos por siniestros esperados, a fin de garantizar la suficiencia, liquidez, seguridad, calidad, rentabilidad y congruencia de sus inversiones, con una adecuada diversificaciÃ³n y dispersiÃ³n. 2. DeberÃ¡n disponer en todo momento de un margen de solvencia suficiente respecto al conjunto de sus actividades, conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 17, apartados 2 y 5, de esta Ley. 3. Su fondo de garantÃ­a no podrÃ¡ ser inferior a tres millones doscientos mil euros. No obstante, para las entidades reaseguradoras cautivas el fondo de garantÃ­a no serÃ¡ inferior a un millÃ³n de euros. Las cuantÃ­as anteriores serÃ¡n objeto de revisiÃ³n desde el 10 de diciembre de 2007 a fin de tener en cuenta los cambios del Ã­ndice europeo de precios al consumo publicado por Eurostat, actualizÃ¡ndose en los importes que comunique la ComisiÃ³n Europea. A dichos efectos, para facilitar su conocimiento y aplicaciÃ³n, por resoluciÃ³n de la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones se harÃ¡n pÃºblicas dichas actualizaciones. 4. EstarÃ¡n sometidas a los lÃ­mites de distribuciÃ³n de excedentes y de actividades regulados en el artÃ­culo 19 de esta Ley. 5. En materia de contabilidad deberÃ¡n cumplir las normas contenidas en los artÃ­culos 20 y 21 de esta Ley. Los administradores de las entidades reaseguradoras a que se refiere este precepto estÃ¡n obligados a formular, en el plazo mÃ¡ximo de seis meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestiÃ³n y la propuesta de aplicaciÃ³n del resultado. La junta general ordinaria de estas entidades, previamente convocada al efecto, se reunirÃ¡ necesariamente dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la citada formulaciÃ³n por los administradores para censurar la gestiÃ³n social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicaciÃ³n del resultado. 6. SerÃ¡n de aplicaciÃ³n a las entidades reaseguradoras a las que se refiere este artÃ­culo las normas sobre participaciones significativas contenidas en el artÃ­culo 22 de esta Ley. 7. La cesiÃ³n de cartera de las entidades reaseguradoras reguladas en este artÃ­culo se regirÃ¡ por lo dispuesto en el artÃ­culo 23 y deberÃ¡ realizarse entre alguna de las entidades que se enumeran en el artÃ­culo 57.1, ambos de esta Ley. La cesiÃ³n podrÃ¡ ser general de toda la cartera, de todos los contratos de reaseguro de vida o de todos los contratos de reaseguro distinto del de vida. TambiÃ©n podrÃ¡n realizarse cesiones parciales, que no incluyan todos los contratos de reaseguro de vida o de reaseguro distinto del de vida, en los supuestos que reglamentariamente se determinen. En las cesiones de cartera que comprendan contratos suscritos en rÃ©gimen de derecho de establecimiento o en rÃ©gimen de libre prestaciÃ³n de servicios serÃ¡ necesario que las autoridades competentes del Estado de origen de la entidad cesionaria certifiquen que Ã©sta posee, habida cuenta de la cesiÃ³n, el margen de solvencia mÃ­nimo La cesiÃ³n de cartera podrÃ¡ dar lugar a la resoluciÃ³n de los contratos de reaseguro celebrados por las entidades aseguradoras con la reaseguradora cedente, si una vez comunicada la cesiÃ³n a las aseguradoras afectadas por la operaciÃ³n, Ã©stas manifiestan expresamente su deseo de resolver el contrato. 8. A la fusiÃ³n, escisiÃ³n y agrupaciÃ³n de entidades reaseguradoras se le aplicarÃ¡n las disposiciones del artÃ­culo 24 de esta Ley teniendo en cuenta las normas relativas a la cesiÃ³n de cartera de entidades reaseguradoras. No serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las entidades reaseguradoras lo dispuesto en el apartado 1 del artÃ­culo 24. 9. SerÃ¡ de aplicaciÃ³n a las entidades reaseguradoras lo dispuesto en los apartados 1, 4, 7 y 8 del artÃ­culo 25. El asegurador directo podrÃ¡ comunicar al reasegurador, sin consentimiento del tomador del seguro o asegurado, los datos que sean estrictamente necesarios para la celebraciÃ³n del contrato de reaseguro, en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 77 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones podrÃ¡ requerir la presentaciÃ³n de los modelos de contratos, primas y cualquier otra documentaciÃ³n relacionada con la actividad reaseguradora, para controlar que respetan la normativa vigente, sin que tales requerimientos puedan tener carÃ¡cter sistemÃ¡tico ni constituir condiciÃ³n previa para el ejercicio de la actividad reaseguradora. 10. Reglamentariamente podrÃ¡n adoptarse disposiciones especÃ­ficas respecto a los requisitos para el ejercicio de actividades de reaseguro limitado, en lo que se refiere a:
b) procedimientos administrativos y contables sÃ³lidos, mecanismos de control interno adecuados y exigencias en materia de control de riesgos; c) exigencias en materia contable, prudencial y de informaciÃ³n estadÃ­stica; d) establecimiento de provisiones tÃ©cnicas para garantizar su adecuaciÃ³n, fiabilidad y objetividad; e) inversiÃ³n de los activos que cubran las provisiones tÃ©cnicas con el fin de garantizar que tomen en consideraciÃ³n el tipo de operaciones efectuadas por la entidad de reaseguros y, en particular, el carÃ¡cter, el importe y la duraciÃ³n de los pagos por siniestros esperados para garantizar la suficiencia, liquidez, seguridad, rentabilidad y congruencia de sus activos; f) normas relativas al patrimonio propio no comprometido, a la cuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia y al fondo mÃ­nimo de garantÃ­a que deberÃ¡ mantener la entidad reaseguradora en relaciÃ³n con las actividades de reaseguro limitado.
ArtÃ­culo 58 ter. IntervenciÃ³n y supervisiÃ³n de entidades reaseguradoras.
1. En materia de revocaciÃ³n, disoluciÃ³n y liquidaciÃ³n de entidades reaseguradoras se aplicarÃ¡n los artÃ­culos 26 a 37 de esta Ley, salvo los apartados c) y d) del artÃ­culo 27.1, el apartado 1 del artÃ­culo 29 y el artÃ­culo 30. Asimismo se aplicarÃ¡ el artÃ­culo 14 del Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre.
La causa de revocaciÃ³n de la autorizaciÃ³n administrativa por la falta de efectiva actividad recogida en el artÃ­culo 26.1.b) de esta Ley se referirÃ¡ al reaseguro de vida, al reaseguro distinto del de vida o al conjunto de la actividad reaseguradora, en los tÃ©rminos que se determinen reglamentariamente. 2. La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones podrÃ¡ adoptar sobre las entidades reaseguradoras las medidas contenidas en los artÃ­culosÂ 38 y 39 de esta Ley, a excepciÃ³n del apartado 9 de este Ãºltimo. 3. El rÃ©gimen de infracciones y sanciones serÃ¡ el establecido en la secciÃ³n quinta del capÃ­tulo tercero de este tÃ­tulo. 4. Las entidades reaseguradoras quedan sujetas al control de su actividad por el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda en los tÃ©rminos recogidos en los artÃ­culos 70, 71, 72, 74, 75 y 77 de esta Ley.Â»
Nueve. Se crea un nuevo capÃ­tulo III en el tÃ­tulo III, con el siguiente contenido:
Â«CAPÃTULO III De la actividad de entidades reaseguradoras extranjeras
ArtÃ­culo 91. Entidades reaseguradoras domiciliadas en otros paÃ­ses miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo.
1. Las entidades reaseguradoras domiciliadas en paÃ­ses miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo distintos de EspaÃ±a que hayan obtenido la autorizaciÃ³n para operar en el Estado miembro de origen, podrÃ¡n ejercer sus actividades en EspaÃ±a en rÃ©gimen de derecho de establecimiento o de libre prestaciÃ³n de servicios, sin que sea necesaria autorizaciÃ³n administrativa ni comunicaciÃ³n previa.
No obstante, si solicitan su inscripciÃ³n en el registro administrativo de entidades aseguradoras, habrÃ¡n de aportar la documentaciÃ³n que reglamentariamente se establezca. 2. Las entidades reaseguradoras que operan en EspaÃ±a en rÃ©gimen de derecho de establecimiento o de libre prestaciÃ³n de servicios deberÃ¡n respetar las disposiciones dictadas por razones de interÃ©s general y las de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n que, en su caso, resulten aplicables. Con la finalidad de comprobar este cumplimiento deberÃ¡n presentar en los mismos tÃ©rminos que las entidades reaseguradoras espaÃ±olas todos los documentos que les exija el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda. A estos efectos dichas entidades reaseguradoras estarÃ¡n sujetas a la inspecciÃ³n por el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda en los tÃ©rminos del artÃ­culo 72 de esta Ley. 3. SerÃ¡ aplicable lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artÃ­culo 78, excepto la remisiÃ³n al artÃ­culo 25.5, asÃ­ como lo dispuesto en los apartados 1, 3 y 5 del artÃ­culo 80 de esta Ley. 4. Si una entidad reaseguradora domiciliada en otro paÃ­s miembro del Espacio EconÃ³mico Europeo cede su cartera a una entidad aseguradora o reaseguradora espaÃ±ola, el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda habrÃ¡ de certificar, en el plazo de tres meses desde la recepciÃ³n de la solicitud por parte de la autoridad del Estado miembro de origen de la entidad reaseguradora cedente, que la cesionaria dispone, habida cuenta de la cesiÃ³n, del margen de solvencia necesario. Si, transcurrido dicho plazo, el citado Ministerio no se hubiera pronunciado al respecto, se entenderÃ¡ remitida la certificaciÃ³n. En este caso, cuando el Estado miembro de origen de la cedente autorice la cesiÃ³n, el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda deberÃ¡ darle publicidad. 5. SerÃ¡ aplicable a las sucursales en EspaÃ±a de entidades reaseguradoras domiciliadas en otro paÃ­s miembro del Espacio EconÃ³mico Europeo lo dispuesto en el artÃ­culo 84 de esta Ley.
ArtÃ­culo 92. Entidades reaseguradoras de terceros paÃ­ses.
1. Las sucursales de entidades reaseguradoras de terceros paÃ­ses requerirÃ¡n la previa autorizaciÃ³n administrativa del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, que se otorgarÃ¡ de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 87.1, para actividades de reaseguro de vida, actividades de reaseguro distinto del de vida, o para todo tipo de actividades de reaseguro, siÃ©ndoles tambiÃ©n de aplicaciÃ³n lo dispuesto en los apartadosÂ 3 y 4 del artÃ­culo 5 y en el apartado 2 del artÃ­culoÂ 58, ambos de esta Ley.
2. La autorizaciÃ³n de las sucursales determinarÃ¡ la inscripciÃ³n en el registro administrativo previsto en el artÃ­culo 74 de esta Ley. 3. En el ejercicio de su actividad deberÃ¡n ajustarse a las condiciones establecidas en el artÃ­culo 58 bis de esta Ley. A las sucursales de entidades reaseguradoras domiciliadas en terceros paÃ­ses les serÃ¡n de aplicaciÃ³n lo dispuesto en los artÃ­culos 88 y 89 de esta Ley y, en caso de liquidaciÃ³n, no se regirÃ¡n por lo dispuesto en los artÃ­culos 28 y siguientes. 4. La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones informarÃ¡ a la ComisiÃ³n Europea y a las autoridades competentes de otros Estados miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo en los supuestos establecidos en el artÃ­culo 77.2 de esta Ley, cuando afecten a entidades reaseguradoras.Â»
Diez. El apartado 2 de la disposiciÃ³n adicional tercera, Â«Colaboradores en la actividad aseguradoraÂ», queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«2. Los auditores tendrÃ¡n la obligaciÃ³n de comunicar en el plazo establecido en la normativa reguladora de auditorÃ­a de cuentas a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones cualquier hecho o decisiÃ³n sobre una entidad aseguradora o reaseguradora del que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de su funciÃ³n de auditorÃ­a practicada a la misma o a otra entidad con la que dicha entidad aseguradora o reaseguradora tenga un vÃ­nculo estrecho, cuando el citado hecho o decisiÃ³n pueda constituir una violaciÃ³n grave de la normativa de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, o perjudicar la continuidad del ejercicio de su actividad o, en Ãºltimo tÃ©rmino, implicar la abstenciÃ³n de la opiniÃ³n del auditor, o una opiniÃ³n desfavorable o con reservas, o impedir la emisiÃ³n del informe de auditorÃ­a.Â»
Once. En la disposiciÃ³n adicional quinta Â«Validez de la autorizaciÃ³n administrativa en todo el Espacio EconÃ³mico EuropeoÂ» se aÃ±ade, al final de su contenido actual, un pÃ¡rrafo con la siguiente redacciÃ³n:
Â«La autorizaciÃ³n administrativa concedida a entidades reaseguradoras con anterioridad al 10 de diciembre de 2005 serÃ¡ valida en todo el Espacio EconÃ³mico Europeo en los tÃ©rminos del artÃ­culo 58, en la redacciÃ³n dado al mismo por la Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de supervisiÃ³n del reaseguro.Â»
Doce. Se aÃ±ade una disposiciÃ³n adicional undÃ©cima con la siguiente redacciÃ³n:
Â«DisposiciÃ³n adicional undÃ©cima. Entidades con cometido especial.
Reglamentariamente podrÃ¡n aprobarse las normas que regulan la autorizaciÃ³n administrativa y el ejercicio de la actividad de las entidades con cometido especial a que se refiere el artÃ­culo 1.3, pÃ¡rrafo l), de esta Ley, que, en todo caso, deberÃ¡n indicar: a) el Ã¡mbito de la autorizaciÃ³n;
b) las condiciones obligatorias que deberÃ¡n incluirse en todos los contratos suscritos; c) los requisitos de honorabilidad y cualificaciones profesionales apropiadas de sus gestores; d) las exigencias de idoneidad para los accionistas o socios que posean una participaciÃ³n cualificada en la entidad con cometido especial; e) la exigencia de procedimientos administrativos y contables sÃ³lidos y de mecanismos de control interno y de gestiÃ³n de riesgos adecuados; f) las exigencias en materia contable, prudencial y de informaciÃ³n estadÃ­stica; g) las exigencias de solvencia de estas entidades.Â»
Trece. Modificaciones de la disposiciÃ³n final primera, Â«Bases de la ordenaciÃ³n de seguros y competencias exclusivas del EstadoÂ».
Se modifican las siguientes referencias a preceptos que no tienen carÃ¡cter de bÃ¡sicos, contenidas en el apartado 1.a) de la disposiciÃ³n final primera de esta Ley:
Â«a) la referencia a "los apartados 5 y 7 del artÃ­cu-lo 25" se sustituye por "los apartados 5, 7 y 8 del artÃ­culo 25",
b) se suprime la referencia al "artÃ­culo 58".Â».
A la entrada en vigor de esta Ley queda derogada la disposiciÃ³n adicional novena de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de MediaciÃ³n de Seguros y Reaseguros Privados.
DisposiciÃ³n final primera. Bases de la ordenaciÃ³n de los seguros.
A efectos de lo dispuesto en el artÃ­culo 149.1.11.Âª y 13.Âª de la ConstituciÃ³n, las disposiciones contenidas en la presente Ley tienen la consideraciÃ³n de bases de la ordenaciÃ³n de los seguros, excepto el apartado cinco del artÃ­culo Ãºnico.
Esta Ley entrarÃ¡ en vigor el 9 de diciembre de 2007.
Mando a todos los espaÃ±oles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 2 de julio de 2007.

References: Real Decreto 
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