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Timestamp: 2020-07-11 18:56:18+00:00

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Recomendación ética para Instituciones y Gobierno sobre las violaciones a Derechos Fundamentales; en los casos de los periodistas Víctor Fernando Álvarez Chávez y Alejandro Lelo de Larrea | Periodistas Desplazados y Agredidos
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Recomendación ética para Instituciones y Gobierno sobre las violaciones a Derechos Fundamentales; en los casos de los periodistas Víctor Fernando Álvarez Chávez y Alejandro Lelo de Larrea
Este año, México superó a Siria para convertirse en el país más mortífero para los periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas con sede en Nueva York.
Muchos consideran que los niveles generales de violencia e impunidad en México son los mayores problemas que enfrentan los periodistas mexicanos.
Sin embargo bajo el mandato de defender la Libertad de Expresión y los Derechos Humanos hacemos la observación ética, crítica sobre la dura retórica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, hacia los medios ya que no está ayudando a la situación de violencia y descrédito hacia los medios informativos en el país.
En lo que va del año, 15 periodistas han sido asesinados, según la información en base a denuncias y carpetas de investigación que se encuentran en las diferentes fiscalías tanto estatales como la especializada en delitos contra la Libertad de Expresión. Algunas asociaciones que también defienden este derecho natural ponen el número aún más alto, de acuerdo con sus propios criterios de información y agregando a colaboradores periodísticos así como otros agentes (twitteros y youtubers).
Caso Víctor Fernando Álvarez Chávez
No obstante, el mes de abril ha sido particularmente brutal. El pasado día 2 de este mes, el periodista Víctor Fernando Álvarez Chávez, editor de un medio en Acapulco, Guerrero, fue privado de su libertad por supuestos criminales dependientes de un grupo delincuencial. Días después, bajo una opacidad de la Fiscalía General en Guerrero a cargo de Jorge Zuriel de los Santos Barrila, quien es el Fiscal General, entregaron un cráneo humano descarnado (sin rostro), argumentando que bajo pruebas determinaron que era el compañero periodista.
La familia, que aún se encuentra sin defensa de parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación y sin asistencia de seguridad de parte del Gobierno de Guerrero, teme por su vida, toda vez que se encuentran exigiendo justicia además de los estudios correspondientes ya que solamente de manera económica se les dijo que era Víctor Fernando, sin entregar análisis de ADN ni dactiloscopia.
El pasado fin de semana, compañeros y familiares enterraron un cráneo humano descarnado (sin rostro), sin estar seguros que pudiera ser Víctor Fernando Álvarez.
En base a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y lo estipulado en el artículo 4º en sus facultades de competencia, y en base a lo estipulado en la Constitución Política de México, en el artículo 73 fracción XXI, así como el Artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales Federal, y en calidad moral de defensores de Derechos Humanos y de la Libertad de Expresión se exige a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión atraiga el caso del compañero periodista Víctor Fernando Álvarez Chávez, ya que no se cuenta con la confianza de los protocolos legales de la fiscalía guerrerense, además de haber entregado arbitrariamente un cráneo descarnado (sin rostro), sin realizar las investigaciones ni los análisis pertinentes dañando toda integridad y dignidad de la familia del periodista.
Asimismo, dentro de las facultades de atracción y de persecución penal, se le pide realice una investigación sobre el actuar de la fiscalía general del estado de Guerrero y sus métodos poco profesionales para la atención de delitos contra periodistas. El extrañamiento principal es por que a tres días de encontrar el cráneo dijeron que era el periodista Víctor Fernando Álvarez Chávez, sin realizar una prueba de ADN a su familia.
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se le pide en base a sus normativas y en lo plasmado en la Ley General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en su Reglamento Interno, realizar las recomendaciones necesarias al Estado de Guerrero, a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, asimismo para que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y su departamento de Asesoría Jurídica Federal atienda a los deudos con una medida de Asistencia Integral y Psicosocial en base a lo establecido por la Ley General de Víctimas.
De este caso ya se encuentra enterada la Relatoría de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como la Relatoría Especial de Desaparición Forzada y de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, por 3 comunicaciones entregadas a sus oficinas especiales, las cuales solicitaron la información, seguimiento e incidencia de la situación referente al compañero Víctor Fernando Álvarez Chávez y su familia.
Caso Alejandro Lelo de Larrea
El lunes 13 de abril, en la habitual conferencia de la noche, Lelo de Larrea cuestionó la decisión del funcionario de estar acompañado de su pequeño hijo en Palacio Nacional el pasado sábado y consideró que había violado un protocolo ante las medidas impuestas para evitar la propagación del coronavirus.
“Hoy me parece de manera un tanto morbosa, fuimos con el secretario de Salud y los compañeros de INSABI a buscar algo que desayunar aquí a unas pocas cuadras y tuvimos un acoso de varios fotógrafos que estaban retratándonos mientras nos tomábamos el café y nos comíamos una torta ahí”.
En base a las disposiciones de la Convención Americana de DD.HH. estructura la relación entre la libertad de expresión y la vida privada. Exhibiremos entonces una síntesis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre dicha vinculación, donde se advertirá, entre otros aspectos, que para dicho tribunal el derecho de acceso a la información está incorporado en la Libertad de Expresión.
El texto no vincula explícitamente la libertad de informar en el párrafo 12 del artículo 19 con el Derecho a la Vida Privada reconocido en el número 4º de la misma disposición. En el resto, si bien hay un par de referencias acotadas que autorizan la injerencia estatal en la esfera de bienes protegidos por la intimidad –”interceptar, abrir o registrar (…) toda clase de comunicaciones” en Estado de Sitio y obligar a ciertos funcionarios públicos a “declarar sus intereses y patrimonio en forma pública”, en ninguna de ellas se advierte una motivación explícita para limitar el ejercicio de la vida privada en la satisfacción de la Libertad de Información.
A consecuencia de que el reportero jamás publicó edad, ni nombre del vástago del funcionario público, no atentando ni abusando del Artículo 6º Constitucional, ni de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) vigente en la república mexicana.
Hasta aquí es evidente la vinculación entre este Derecho y la Libertad de Información en el Artículo 8º de la Carta de los derechos fundamentales, comoquiera que una de las fronteras explícitas a la transparencia pública estatal es la información que se encuentra resguardada por la vida privada. Así, aunque la Carta no contempla el derecho a la vida privada como límite explícito de la libertad de informar, sí admite a aquél como una excepción al ejercicio del derecho de acceso a la información pública estatal.
Esto se ve cohonestado cuando la Ley de Prensa señala que el ejercicio de la libertad de informar “incluye (…), buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio”, reconoce el derecho de las personas “a ser informadas sobre los hechos de interés general”. La referencia a la vida privada aparece aquí en un contexto bastante acotado: al establecer la Ley de Prensa aquellos requisitos que deben concurrir para que la persona acusada de cometer el delito de injuria a través de un Medio de Comunicación Social pueda salvar su responsabilidad penal.
A propósito de la regulación de los delitos de injuria y calumnia cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, el artículo 30 de la Ley de Prensa establece que el inculpado de haber causado dichos delitos a través de un medio de comunicación “no le será admitida prueba de verdad acerca de sus expresiones, sino cuando hubiere imputado hechos determinados y concurrieren a lo menos una de las siguientes circunstancias”, que luego enumera. Así, la indicada disposición permite al acusado por tales delitos exonerarse de responsabilidad penal, a condición que, en primer término, “se probare la verdad de la imputación”, luego, que ésta aludiere a “hechos determinados” y, en tercer lugar, que “se produjere con motivo de defender un interés público real” o, alternativamente, que “el afectado ejerciere funciones públicas y la imputación se refiriere a hechos propios de tal ejercicio”.
Enseguida, el inciso tercero del artículo 30 afirma que para los efectos de lo preceptuado en esta disposición “se considerarán como hechos de interés público de una persona los siguientes”, mencionando allí seis circunstancias, entre las cuales cabe subrayar los hechos “referentes al desempeño de funciones públicas”, “[l]os acontecimientos o manifestaciones de que el interesado haya dejado testimonio en registros o archivos públicos, y (…) [l]os consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos”, entre otras situaciones que señala a modo meramente ejemplar.
Pues bien, luego de terminar el listado de los hechos estimados como de interés público, el artículo 30 finaliza afirmando que “[s]e considerarán como pertinentes a la esfera privada de las personas los hechos relativos a su vida sexual, conyugal, familiar o doméstica, salvo que ellos fueren constitutivos de delito”. De este modo, el legislador, aunque no con la mejor técnica deseable, introduce una excepción a la regla de que los medios de comunicación social, o quienes por su intermedio lo hagan, pueden exonerarse de la responsabilidad en la que habrían incurrido con la comisión de la injuria o cuando la información divulgada versare sobre hechos –que además de ser veraces y determinados– persiguieran satisfacer un “un interés público real” o, bien que “el afectado ejerciere funciones públicas y la imputación se refiriere a hechos propios de tal ejercicio”.
Aquí es donde se entra en la contraparte a las violatorias y presuntos hechos constitutivos de delito que realizó el Sub Secretario Hugo López-Gatell Ramírez, ante la irresponsabilidad de sacar a su hijo a un lugar expuesto durante la contingencia sanitaria mundial por la pandemia del Coronavirus, violando los derechos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, asimismo los establecidos en el Código Penal Federal en el Artículo 199 Bis. Así como los establecidos en la Ley General de Salud y la Ley General de Salud en la Ciudad de México.
Por otra parte, dentro de los ataques realizados por la estructura de apoyo de la “Red AMLO”, agrupación de cuentas en Twitter que de alguna forma entre falsas y verdaderas, denostan, criminalizan y atacan la labor de aquellas voces críticas hacia el sistema de gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.
Dentro de la criminalización realizada a Lelo de Larrea se realizaron cinco tendencias en la red social twitter con movilidad de más de 2300 cuentas donde se crearon memes, ofensas y criminalización, todo al amparo del sistema de defensa de Derechos Humanos mexicano, además de los Mecanismos de Protección.
Cabe hacer mención que la censura realizada al comunicado proviene desde el interior de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia ya que medios afines, además de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX), realizó una publicación con sesgo a fin al secretario Hugo López-Gatell Ramírez cuando debió ser equilibrada lo que violó la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.
Asimismo, Hugo López-Gatell Ramírez y su desconocimiento en el tema de protección, Libertad de Prensa y Libertad de Expresión nacionales e internacionales de los cuales México es firmante, expuso y vulneró con desconocimiento al periodista, arrojándolo a una campaña de desprestigio originada desde la Función Pública y el Estado Mexicano.
Consignando estos hechos y con suficientes pruebas, se exige a la Secretaría de la Función Pública que investigue esta situación y tome determinaciones sobre las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y la confusión de entre el espacio del Servicio Público, la Libertad de Expresión y de Información y la vida privada de las y los funcionarios, en conjunto con la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Igualmente se recomienda conforme a Derecho a que la Secretaría de Salud pida una disculpa pública por las actuaciones del subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez, ante las violaciones a los derechos de su hijo al exponerse a contraer una enfermedad la cual mantiene un Decreto Presidencial, además de una exigencia mundial; a la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizar las recomendaciones necesarias para la exposición y criminalización del comunicador, así como a la violación de los derechos del hijo del funcionario Hugo López-Gatell Ramírez y la documentación a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) la cual responde a la Ley Gral #DDHH Niñas, Niños y Adolescentes.
El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para reforzar la seguridad del beneficiario ya fue expuesto y continúa siendo agredido como lo ha mencionado en sus denuncias ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
El caso de Alejandro Lelo de Larrea, exhibe como el Estado mexicano desconoce sus obligaciones, en base al sistema interamericano de derechos humanos, del cual forma parte.
Ejemplificando en el caso Fontevecchia y Héctor D’Amico vs Argentina; el caso empezó cuando el ex presidente Carlos Menem denunció a los periodistas Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico por haber hecho pública información sobre un hijo suyo en 1995. La justicia civil los condenó y ellos recurrieron al sistema interamericano después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dejara firme la condena en 2001.
En noviembre de 2011 la Corte IDH consideró que el Estado argentino había violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y le ordenó dejar sin efecto la condena, entre otras medidas de reparación.
Sin más por el momento, se realiza la siguiente narrativa, con el fin de orientar a las autoridades a realizar de manera moral y equilibrada, con el estricto apego a los mandamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las leyes mencionadas y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a realizar de manera ética y respetuosa su trabajo y funciones. De lo contrario se recurrirá a las instancias correspondientes así como a las recomendaciones de autoridades internacionales.
Investigador Social y Defensor de Derechos Humanos.
Fundador de la AMPDA
Referencias Profesionales y acreditaciones.
ITESM REG: VIEG-19-00382
CNDH REG: NGC5EgIqtX
University de Genève / Amnistía Internacional REG: UD8878993-2020
UNAM: REG: CUAED 324/01/20
OEA: UC-GHGAJSM

References: artículo 4
 artículo 73
 Artículo 21
 artículo 19
 Artículo 6
 Artículo 8
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30
 Artículo 199