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Timestamp: 2018-05-21 10:51:42+00:00

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De Juana Chaos Seguirá en Prisión Incondicional: Editoriales
Por Narrador - 26 de Enero, 2007, 12:00, Categoría: Opinión en Prensa
"Opiniones divergentes y en muchos casos interesadas" por Sin Pancarta
En el "último minuto" la Audiencia Nacional salvaba ayer la dignidad del Estado de Derecho al denegar la excarcelación del criminal De Juana Chaos. Hoy podemos leer distintas opiniones en los medios de comunicación más representativos observando la clara división existente entre grupos mediáticos fiel reflejo del fraccionamiento de la sociedad española.
No me sorprende la versión del GARA que como bien es sabido es el portavoz oficioso del entorno etarra. La misma valoración es aplicable al DEIA, periódico del PNV. Si me sorprende que LA VANGUARDIA se posicione contra el Auto de la Audiencia Nacional en términos bastante duros. En cuanto a EL PAIS y EL PERIODICO tras escuchar las reacciones de distintos medios representantes del PSOE y el "tripartito catalán" entran dentro de lo previsible.
Dicho esto sólo resta preguntarse qué interés puede tener el Gobierno Zapatero para complacer al entorno etarra excarcelando a un individuo que ha asesinado a 25 personas y cuya situación física no es producto de ninguna enfermedad, muy al contrario es achacable únicamente a su voluntad de no ingerir alimentos. La población española se opone a las medidas de gracias en un 90% (recuérdese que la oposición a la Guerra de Irak era del 76%) y sin embargo el gobierno, a través de la Fiscalía General del Estado, se mantiene imperturbable en su decisión ¿Por qué?
"Un triunfo del Estado de Derecho y una inyección de moral" (Editorial de EL MUNDO)
"Gana la Justicia, pierde ETA" (Editorial de la RAZON)
La abrumadora mayoría judicial contra la excarcelación de De Juana desautoriza al fiscal general
El Estado de Derecho ha ganado y, por tanto, ETA ha perdido. La decisión de no excarcelar a De Juana Chaos, tomada por abrumadora mayoría (12 contra 4) de los magistrados que forman la Sala de lo Penal de las Audiencia Nacional, es de suma importancia para la credibilidad de la Justicia, para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y, sobre todo, para beneficio de la convivencia ciudadana. Pocas veces como en esta ocasión se había planteado un chantaje tan directo al Estado, con el añadido de que una parte importante de ese Estado, la fiscalía, había optado por ceder a las pretensiones del etarra, siguiendo instrucciones del Gobierno. En este sentido, es de todo punto reseñable la reacción, rápida y eficaz, de los magistrados de la Audiencia para constituirse en tribunal y elevar el caso de la Sección al Pleno. Es posible que en puridad técnica este salto suscite dudas, pero a la vista del resultado de la votación, en la que los tres jueces que estaban a punto de sustanciar el caso apoyaron la excarcelación, la decisión de la mayoría ha sido muy oportuna y es de justicia señalar al magistrado Alfonso Guevara como el impulsor de la iniciativa. Por lo demás, el veredicto de la Audiencia ha tenido la virtud añadida de colocar a cada cual en su sitio y de desvelar la naturaleza de ciertas posiciones disfrazadas de «razones humanitarias». En primer lugar, los magistrados han dejado en una situación muy poco airosa profesionalmente al fiscal, que para apoyar la excarcelación de De Juana adujo el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reservado para casos de enfermedades terminales sobrevenidas. La insolvencia técnica del fiscal era tan evidente que a la Sala no le ha resultado difícil rebatirle. Por extensión, el fiscal general ha añadido un fracaso más a su currículo en favor del Gobierno, a cuyo servicio se aplica con tanta sumisión como incompetencia. El último peldaño de esta escalera de desautorizados lo ocupa el propio Gobierno y los dirigentes del PSOE, que han apostado sin sonrojo por la excarcelación del terrorista, en especial el andaluz Chaves y el vasco Patxi López. Finalmente, conviene subrayar las virulentas reacciones de los nacionalistas contra la decisión de la Audiencia. Sólo en ocasiones como ésta, en las que se somete al Estado a una verdadera prueba de fuego, es cuando los nacionalistas, con ERC y BNG a la cabeza, muestran su verdadera naturaleza y su rostro auténtico. Resulta llamativo que dirigentes de estos dos partidos hayan sido más agresivos contra la Audiencia Nacional que condenando el atentado de ETA en Barajas. Nunca o muy rara vez se pondrán del lado de las víctimas, pero siempre lo harán de parte de aquellas gestiones o iniciativas que puedan beneficiar a los verdugos. Están en su derecho de hacerlo, si lo hacen en el marco de la ley, pero es necesario que todo el mundo lo sepa y los vea sin disfraces. A empezar por los socialistas, que gobiernan con ellos en Galicia y en Cataluña.
Editorial publicado por el diario LA RAZON el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
"De Juana no somete a los jueces" (Editorial de ABC)
Editorial publicado por el diario ABC el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
"Estado de Derecho" (Editorial de LA GACETA DE LOS NEGOCIOS)
Dieciséis personas han tenido en sus manos el Estado de Derecho. Con acierto se decidió abocar al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la resolución del caso De Juana Chaos; y ésta ha resuelto por amplia mayoría. El etarra De Juana seguirá en prisión, más específicamente en el hospital al que fue trasladado, y no se le excarcelará. Para votar esa solución, 12 magistrados han tenido que hacer caso omiso de los discursos de los últimos días, pronunciados desde el partido del Gobierno y los medios de comunicación afines.
Se ha aplicado la legislación general, se ha seguido con la jurisprudencia consagrada por el Tribunal Constitucional, se han analizado las verdaderas circunstancias de salud del preso y se ha resuelto en consecuencia.
Para tomar esta decisión, los magistrados han desestimado contemplar las circunstancias políticas del caso y, desde luego, no han aceptado el peor de los chantajes. Aquel que pretende hacer responsable de las reacciones del criminal a quien ejercita la justicia, juego en el que son expertos algunos aliados del Gobierno y que, por cierto, aplicaron al mismo recientemente. Incluso en su defensa de la impunidad no han dudado en tachar de venganza la pretensión de las víctimas, lo que es una ignominia.
Aunque el Gobierno se había referido al estricto respeto a las resoluciones de los tribunales, movió sus peones —como ya es casi habitual— en sentido opuesto al auto que se ha producido. Por enésima vez la Fiscalía de Conde-Pumpido mostró su rostro más benevolente con otro encausado por terrorismo de ETA. Esta insistencia del Ministerio Público, que provocaría escándalo en los países de nuestro entorno, aquí ya no produce ni sorpresa.
Editorial publicado por el diario LA GACETA DE LOS NEGOCIOS el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
"No" (Editorial de EL PAIS)
El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respondió ayer negativamente a la posibilidad de modificar la situación penitenciaria del etarra De Juana Chaos, en huelga de hambre desde noviembre. El recluso seguirá en prisión preventiva y sometido a alimentación forzada, a pesar de la advertencia médica de que el mantenimiento de esa situación entraña un alto riesgo de fallecimiento o graves secuelas.
Este dictamen médico motivó que el tribunal sentenciador -no la Fiscalía del Estado ni el Gobierno, como insistía ayer Rajoy- tomara la iniciativa de sopesar la posibilidad de suavizar la situación penitenciaria del reo. Concretamente, se trataba de establecer si se le podía conceder la libertad provisional (dado que no existe aún sentencia firme) o aplicarle la prisión atenuada domiciliaria prevista en la ley para situaciones en las que "por razón de su enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud". La mayoría ha rechazado que le sea aplicable ese supuesto por considerar que el riesgo de agravamiento de su situación no depende de su internamiento en prisión (o en un hospital), sino de su voluntad de no alimentarse.
Es un argumento de peso pero no definitivo. Pues la cuestión es si el Estado, responsable de la vida de los presos bajo su custodia, puede hacer algo más de lo que ha hecho para evitar la muerte del recluso; si puede hacerlo, se entiende, en el marco de la ley. Es cierto que no puede garantizar que De Juana no muera, pues eso depende de su voluntad de alimentarse, pero sí puede tomar las medidas previstas en la ley que puedan favorecer esa voluntad. La libertad provisional no sería una medida impensable, pues si está en prisión es en función de una medida cautelar, es decir, excepcional frente a la norma, mientras la sentencia no sea firme. Es improcedente invocar al respecto el pasado criminal de De Juana, pues ya cumplió la condena que por ese pasado se le impuso. Ahora se trata de otra sentencia, recurrida, por un presunto delito de amenazas terroristas, y es en función del mismo que debe considerarse la aplicación o no de esa medida cautelar.
Con más razón podría considerarse factible conceder la situación de prisión atenuada en el domicilio, como vía para que desista de prolongar el ayuno. Es posible que de todas formas el preso persistiera y el desenlace fuera el mismo. Pero no es indiferente que quede constancia de que el Estado ha hecho todo lo posible por evitarlo en el marco de la ley. Hacerlo no sería ceder al chantaje, como se afirma a la ligera, pues no se trata de cuestionar la sentencia, que seguiría pendiente de confirmación por el Supremo.
Tampoco supondría crear un precedente al que se apuntarían todos los presos de ETA. Se trata de un caso muy singular: la condena a 12 años por un delito de amenazas terroristas (que el instructor del caso no apreció inicialmente como tal), contenidas en dos artículos escritos en prisión y aparecidos en el diario Gara. La posibilidad de que la sentencia sea revisada a la baja por el Supremo no es impensable. Es significativo al respecto que entre los cuatro votos discordantes con la mayoría figuren los de los tres magistrados que dictaron esa sentencia de 12 años. Esto significa que había margen para una resolución diferente que compaginara la justicia y el esfuerzo por evitar una muerte.
Editorial publicado por el diario EL PAIS el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Una dura resolución (Editorial de LA VANGUARDIA)
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional resolvió mantener al etarra José Ignacio de Juana Chaos en prisión preventiva, a pesar del evidente riesgo de su muerte tras 80 días en huelga de hambre. De los 16 magistrados reunidos ayer, sólo cuatro apoyaron la petición fiscal de prisión atenuada, y tres de éstos fueron los que en noviembre condenaron a De Juana a 12 años por amenazas en artículos de prensa, condena que no es firme por hallarse recurrida ante el Supremo.
Los jueces han rechazado la aplicación del artículo 508 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la suavización de la cárcel en caso de presos enfermos, porque consideran que en De Juana no es una dolencia sobrevenida sino autoprovocada. El citado artículo dice que el preso podrá cumplir la condena en su domicilio cuando "por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud" y la Audiencia dice que no es el internamiento sino su voluntad de no comer lo que entraña peligro.
Es evidente que la decisión tiene una trascendencia que va más allá de lo jurídico. De ello eran conscientes los magistrados que, en la víspera, exigieron que la resolución fuera tomada por la sala de lo penal en pleno, en lugar del tribunal de la sección primera que lo juzgó y condenó, con el argumento de la trascendencia del caso. Una exigencia ajustada a derecho pero llamativa, porque existía la impresión en medios judiciales de que la decisión de la sección primera iba a ser favorable a la prisión atenuada, tal como se ha demostrado en la votación de los tres magistrados de aquella sección.
Es también una resolución con una gran repercusión social, por tratarse de un terrorista con un largo y espantoso historial de asesinatos por los que fue condenado a más de 3.000 años y de los que cumplió 18. Este hecho, conforme a derecho, provocó una gran alarma y la Audiencia Nacional volvió a condenar a De Juana a 12 años por un delito de amenazas, una sentencia polémica que motivó la huelga de hambre del reo y que le ha llevado a una situación crítica.
La resolución de la Audiencia Nacional es opinable y también discutible, pero el Estado de derecho se fundamenta, entre otros principios, en la independencia de la justicia que actúa de acuerdo con la ley y nunca por motivaciones ajenas, como la de la venganza que se le reclama en algunas ocasiones. Pero la grandeza de la justicia, además, estriba en que cualquier reo, incluso el más detestable, tiene sus derechos.
Editorial publicado por el diario LA VANGUARDIA el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
"La debilidad de un fallo judicial" (Editorial de EL PERIODICO)
Nadie pone en duda a estas alturas que José Ignacio de Juana Chaos es un asesino despiadado que arrebató la vida de 25 personas. No dio ninguna oportunidad a sus víctimas y se comportó como lo que era: militante de la organización terrorista ETA, empeñada en sembrar la muerte. No hay pruebas de que durante los años que pasó en la cárcel por sus crímenes mostrara arrepentimiento ni diera muestras de sentir alguna forma de compasión hacia quienes fueron víctimas de sus fechorías.
Causa estupor que el verdugo de 25 seres humanos dejara saldadas sus cuentas con la justicia después de pasar 20 años en la cárcel. No obstante, la ley con la que fue condenado lo hacía posible y hubiese sido una aberración aplicarle con efectos retroactivos las modificaciones introducidas en el Código Penal con posterioridad a la sentencia. Es indudable que una ley tan suave con un asesino en serie era esencialmente injusta con las víctimas, pero hubiera resultado indefendible forzar el incumplimiento de la propia ley para alargar el periodo de cumplimiento de la pena.
Si no se hubiese instado el procesamiento de De Juana por dos delitos de opinión, este habría salido en libertad. No se dio tal circunstancia porque la Audiencia Nacional dictó medidas cautelares contra el etarra en cuanto se inició el nuevo trámite judicial y la fiscalía solicitó una condena de 96 años. La génesis de aquel nuevo encausamiento alimentó la sensación de que el caso se había politizado y por eso se había bloqueado la liberación de De Juana, que finalmente fue sentenciado a 12 años y 7 meses de cárcel.
Dicho todo esto, resulta sorprendente que la Audiencia Nacional haya negado al condenado la petición de prisión atenuada, solicitada por la defensa y por la fiscalía, a causa del deterioro de su salud desde que se declaró en huelga de hambre. En primer lugar, porque los argumentos invocados por los magistrados parecen estar lejos de la situación real del condenado. En segundo lugar, porque la justicia española corre el gravísimo riesgo de quedar en evidencia -¿desprestigiada?- si el Tribunal de Estrasburgo determina que no han sido respetados los derechos de De Juana. Y en última instancia, porque la condena está recurrida ante el Supremo, que puede revisarla a la baja -acaso demasiado tarde-, con el peligro añadido de soliviantar más los ánimos en el País Vasco y cohesionar al mundo aberzale, presa ahora de desorientación.
Editorial publicado por el diario EL PERIODICO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
"Ley y justicia" (Editorial de EL CORREO)
La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza de Iñaki de Juana Chaos, en tanto que fundada en Derecho, debería ser suficiente para zanjar la diatriba en torno a un problema que, tras el auto, no permite otra solución que la ofrecida por el tribunal competente. Los magistrados que ayer resolvieron no modificar dicha situación penitenciaria tuvieron que enfrentarse a un dilema que no encuentra en la legislación vigente una salida unívoca. Habría sido tan acorde al artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la concesión de la prisión atenuada que había solicitado la Fiscalía, en atención a la preservación del bien superior que supone el derecho a la vida, como la resolución adoptada por la Sala de lo Penal en pleno. Porque si bien la mayoría de los magistrados convino que los riesgos sobre la salud y la propia vida del preso no derivaban de su internamiento sino de su insistente negativa a nutrirse, su estado actual también podría considerarse análogo al motivado de cualquier enfermedad sobrevenida.
Además de por la falta de univocidad de la ley, la resolución se hacía aún más difícil por tratarse de un preso que, a punto de cumplir la pena milenaria que se le había impuesto por los múltiples asesinatos cometidos, había sido posteriormente procesado y condenado por las amenazas terroristas contenidas en dos artículos de prensa a una pena aún no firme de más de 12 años. La decisión adoptada a última hora en orden a arropar el auto judicial con una resolución ampliamente colegiada podría interpretarse así como un indicio más de la delicada naturaleza del caso. La discrepancia pública que se había suscitado habrá condicionado el sosiego de las deliberaciones de los magistrados, que se encuentran sometidos cada vez con más frecuencia a una presión desmesurada por parte de la opinión pública, alimentada por el irresponsable enfrentamiento partidista en la gestión de la lucha contra ETA. Pero ello no exime a los jueces de una responsabilidad que no acaban de asumir: la de unificar criterios para cubrir las lagunas que presenta -unas más comprensibles que otras- la legislación vigente. Porque, en la medida en que la Ley permite muy diversas versiones de cara a su aplicación, y los jueces y tribunales discrepan reiteradamente de su interpretación, la ciudadanía asiste perpleja, incómoda e incluso irritada ante la, en apariencia, incoherente producción judicial.
El caso de De Juana Chaos es una evidencia de esta circunstancia indeseada. Tanto la tipificación del delito como la variable petición fiscal han enrarecido el proceso y trasladado al debate político y, lo que es más preocupante, a la sociedad, una dañina crispación. Y si bien la resolución de ayer no tiene ninguna objeción en derecho, también es evidente que toda la carga de confusión y polarización arrastrada durante la tramitación se ha volcado sobre la ciudadanía. El Supremo tiene en sus manos la resolución de un recurso que debería servir para clarificar esta controversia o, al menos, para confirmar o no la condición penal de De Juana. Suficiente razón para pedir al alto tribunal que no demore su decisión.
Ahora bien, la determinación de proseguir con la huelga de hambre en protesta por su última condena implica una responsabilidad que De Juana Chaos no puede transferir a los demás y, en concreto, a los tribunales de justicia: su empecinamiento en prolongar el ayuno tampoco garantizaba que con la concesión de la prisión atenuada fuese a deponer tal actitud. De modo que nadie debería cargar sobre la Audiencia Nacional la responsabilidad por la respuesta que el preso dé a su resolución judicial. Pero también es cierto que la vida es un valor supremo y que el Estado ha de poner todos los medios a su alcance para preservar la salud del recluso. Una responsabilidad de la que no están libres los allegados de De Juana, ni unos correligionarios políticos más empeñados en encontrar un mártir o un banderín de enganche para su causa que en persuadirle de que ponga fin a su huelga y haga frente a la realidad. Y eso incluye esperar la evolución de su recurso.
Llegados a este punto, es imprescindible que los responsables políticos democráticos dejen de vincular la situación de De Juana Chaos con las vicisitudes del denominado 'proceso de paz', que la banda reventó el 30 de diciembre, o con la evolución futura de la conducta etarra. Es necesario que extremen su sentido de la responsabilidad evitando el aplauso entusiasta o, en el lado opuesto, la descalificación de una resolución judicial que, en sí misma, no entraña otro efecto político que el que los propios políticos deseen darle. Frente a la más que previsible utilización victimista de la sentencia por parte de la izquierda abertzale, los responsables democráticos deben mostrarse mesurados en la legítima expresión tanto de la coincidencia como de la discrepancia respecto al veredicto de la Audiencia Nacional.
Editorial publicado por el diario EL CORREO el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
"¿Una sentencia de muerte?" (Editorial de DEIA)
El Resultado final de la votación del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que rompe en pedazos la esperanza de que el preso de ETA Iñaki De Juana Chaos quede en libertad vigilada por policías y médicos en su casa, es tremendamente clarificador. Doce de los 16 magistrados que formaron ayer el plenario votaron a favor de que De Juana siga en la cárcel y alimentado de manera forzosa por sonda. Sólo cuatro se posicionaron en contra y, además, con voto particular. La paradoja llega cuando se sabe que dentro de ese cuarteto están los tres jueces que condenaron a 12 años y 7 meses a De Juana por escribir dos artículos de prensa.
Fue el presidente de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, en un hábil quiebro político a la lógica, el que consideró que el asunto era de tanta entidad que requería una reunión urgente del Pleno de la institución judicial. Con esta maniobra, lo que queda definido de manera nítida es que esa mayoría de jueces rechaza adoptar las medidas necesarias para salvar la vida a un ser humano. Al ignorar el informe de los médicos que tratan a De Juana, en el que se advierte de una más que posible muerte súbita por un colapso de cualquier órgano vital si se le mantiene alimentado por sonda, los magistrados desvían su responsabilidad y la cargan sobre el Estado, en teoría único garante de la salud de una persona que cumple condena en un centro penitenciario. Cuesta entender cómo un grupo de jueces dosifica la crueldad con parámetros políticos. La mayoría judicial "popular" ha vuelto a triunfar, pero esta vez acordando una resolución que juega con la vida de una persona, aunque sea el peor de los asesinos. La decisión de la Audiencia Nacional parece perseguir nuevos escenarios en los que el Estado de Excepción impera sobre la razón. Si el interés último de la resolución judicial es contribuir a mantener vivo el enfrentamiento en el País Vasco, malvenida sea. Y si Rajoy dice que es la mejor noticia como español y María San Gil pide la muerte de De Juana, el futuro cada vez se presenta más negro.
Editorial publicado por el diario DEIA el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
"Auto de venganza" (Editorial de GARA)
El plenario de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apenas precisó de una hora de reunión para adoptar una decisión cuyas implicaciones humanas y sociales son, a todas luces, muy graves. La resolución por la que se mantiene en situación de prisión provisional a Iñaki de Juana Chaos contó finalmente con el voto particular de cuatro jueces, que compartían el criterio del fiscal tendente a aprobar medidas de prisión atenuada para el preso donostiarra.
Las implicaciones humanas de la decisión son terribles y, ya en la esfera política, este auto de venganza complica enormemente los esfuerzos por relanzar un proceso democrático de paz.
Editorial publicado por el diario GARA el viernes 26 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
Etiquetas: terrorismo, Audiencia Nacional, De Juana Chaos, estado de derecho, ETA, España, Excarcelación, Justicia
Atentado de Barajas y sus Consecuencias: Opiniones (EL MUNDO, 12 de enero de 2007)
Por Narrador - 12 de Enero, 2007, 11:50, Categoría: Opinión en Prensa
“Trágico presidente” por Federico Jiménez Losantos
Pero todos los días, como Fernando VII, Zapatero hace más siniestro su legado. Ayer volvió a definir la hazaña de ETA en el aeropuerto de Madrid como un «trágico accidente», demostrando que, o no está en condiciones psicológicas de asumir sus responsabilidades, o carece la más elemental altura ética para dirigir a la nación por las tormentas que él mismo ha desatado. Ha dicho muy certeramente Alcaraz, el presidente de la AVT al que Zapatero ha perseguido desde que llegó al poder, que «habla, siente y padece como los propios terroristas y quienes les apoyan». Y es muy cierto.
Publicado por el diario EL MUNDO el viernes 12 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
“El lapsus” por David Gistau
Ya se nos hizo saber que 'Zetapé' no comete errores, a diferencia de ese «resto de los mortales» por encima del cual le colocó Jordi Sevilla, rendido como una de esas groupies que arrojan bragas al escenario. Como mucho, los costaleros que lo sostienen están dispuestos a admitir que al presidente de vez en cuando se le escapa algún lapsus. Como éste tan reciente de calificar el atentado de la T-4 como un «trágico accidente», como una especie de broma del azar debida si acaso a una repentina fatiga de los materiales en el parking de Barajas. Los lapsus, que a George Bush le convirtieron en el tarado oval y en el tonto oficial zarandeado por la progresía, no deberían en este caso impedirnos creer que Zetapé es un hombre capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo.
Como pensar y comer chicle. O como hablar para las víctimas y los verdugos al mismo tiempo, queriendo contentar a ambas partes. Zetapé tiene tan interiorizado el discurso que conviene a los terroristas, el que impuso para completar una inversión de valores que los rehabilitara, que aún no ha logrado reprogramarse el disco duro y los eufemismos le brotan en cuanto baja la guardia como si fueran reminiscencias. Le ocurre lo mismo que al perro de Pavlov.
Adquirido el reflejo, es oír ¡Boum! y dice: «¡Accidente!». Es oír «De Juana Chaos» y dice: «Hombre de paz». Tengámosle paciencia, pues ya sabemos, también por Jordi Sevilla, que para enterarse de las cosas necesita al menos dos tardes.
Para Freud, el lapsus es un deseo que esquiva la censura ejercida por la conciencia y se manifiesta como si se hubiera fugado. En el fondo, Zetapé sabe que lo de la T-4 fue un atentado. Tuvo muchos días de encierro en Doñana para hacerse a la idea. Pero el lapsus le traiciona, y resulta que permanece aferrado al deseo de que hubiera sido un accidente, e incluso al de hacerlo pasar por accidente, para así ignorar todos los argumentos que rebaten un proceso que se resiste a cerrar.
De ahí la ambigüedad y el ausentismo que han guiado sus pasos en los días posteriores al atentado, justo cuando la nación más necesitaba un liderazgo explícito y solvente, a salvo de lapsus, que arremolinara la reacción colectiva alrededor de todos los espíritus a los que fuimos renunciando durante el trapicheo con ETA. Y de ahí, también, que las manifestaciones de protesta previstas para este fin de semana, aquéllas que debieran haber sido una renovación de las manos pintadas de blanco, hayan terminado convirtiéndose en una manipulación del tejido social urdida por un Gobierno más necesitado de una coartada que de una fortaleza cimentada en la unidad.
El lapsus es un aviso para navegantes: en Zetapé importa más lo que desea que lo que constata.
“Zapatero sueña con mantener su proceso” por Justino Sinova
Lo último que desearía Zapatero es romper el canal de comunicación con ETA. Lo que intenta desde el bombazo terrorista de Barajas es condescender en lo posible para mantener vivo el proceso de negociación. Por eso ha sido menos contundente en la condena que su ministro Rubalcaba, que ha hablado como tenía que haber hablado un presidente. Por eso trata a Rajoy como modelo para la foto y no le cuenta nada. Por eso maquina para que al Partido Popular le sea imposible asistir a la manifestación de condena, o de lo que sea, convocada en Madrid, hasta el punto de conducir a la UGT a negarse a incluir en el lema de pancarta la palabra libertad, que es -Dios mío, ¿hay que recordarlo?- el valor que secuestran los terroristas porque odian la autonomía y la voluntad de los demás.
(¿Cómo hace, por cierto, Cándido Méndez ese papelón de interventor de pancarta en lugar de servir de puente y de pacificador para que todos los demócratas se sientan cómodos en la manifestación? ¿Hasta tal punto le domina, también a él, Zapatero?).
Por complacer a los interlocutores rompe Zapatero el Pacto Antiterrorista, que es una gran noticia que los etarras, con Otegi a la cabeza, deseaban recibir. El Pacto ha sido el mejor instrumento del Estado de Derecho contra ETA. Bajo su amparo se acorraló a la banda, a la que se expulsó del ámbito de los demócratas al tiempo que la policía mostraba una eficacia envidiable y los fiscales y los jueces pensaban sólo en aplicar la ley con la contundencia que exige la justicia. No es verdad que el Pacto fuera excluyente, pues convocaba a todos los partidos sinceramente demócratas y antiterroristas.
Lo rubricaron el PP y el PSOE, además de los sindicatos y algún grupo minoritario. No lo refrendaron el PNV de Arzalluz, que había firmado un pacto previo con ETA, ni la ERC de Carod-Rovira, que en cuanto pudo fue a tratar con los terroristas. No lo firmaron otros pequeños grupos más por complejo que por convicción. Enterrarlo ahora es un favor que además facilita el objetivo de rechazar a los del PP, esos réprobos a los que hay que sacar del terreno de juego, maniobra tan vieja en las oscuridades de las escaramuzas políticas como antidemocrática.
El sueño de Zapatero le lleva a cometer reveladores lapsus, como calificar de «accidente» el feroz atentado de Barajas y otros crímenes etarras. Un lapsus repetido es una prueba del pensamiento. ¿O es también una cesión?
Un viejo político conocedor de los entresijos de los servicios de información asegura que, según algunos profesionales, «los negociadores no se han levantado de la mesa». O sea que, según eso, el proceso sigue. Será un sueño de Zapatero, pero es sobre todo un plan letal. Antes del bombazo del día 30, el proceso era jugar con fuego; después de dos muertos más y de la manifiesta intención etarra de no abandonar la violencia, es obligarse a agarrar con las manos un hierro incandescente. Es peor que un error. Es lo más parecido a un suicidio.
“El 'plan B' del Gobierno frente al terrorismo” por Antonio Basagoiti
El terrible atentado del 30 de diciembre en Barajas ha hecho volar por los aires el proceso de negociación entre el Ejecutivo socialista y ETA. Mientras, la ciudadanía, los medios de comunicación y los políticos reflexionan sobre lo ocurrido y su incidencia en la política antiterrorista, y se preguntan qué va a hacer el Gobierno a partir de ahora.
Buena parte de la incertidumbre que existe sobre el camino que emprenderá Rodríguez Zapatero está motivada por su actuación en el proceso, por sus declaraciones en el día previo al estallido de la bomba, por su ambigua respuesta en su comparecencia el mismo día del atentado, por las posteriores voces matizadoras desde Ferraz y desde el Ministerio del Interior, así como por la reciente difusión de un comunicado de ETA en el que insta al Gobierno a cumplir «sus compromisos», al mismo tiempo que anuncia un alto el fuego aderezado de atentados, sin renunciar a su voluntad de seguir negociando.
Con la experiencia que me otorga ser un político vasco que ha vivido desde su responsabilidad municipal dos treguas, varias negociaciones, distintas estrategias de partidos, además de padecer a Batasuna y a ETA demasiado de cerca, trataré de desbrozar algunas claves sobre lo que puede deparar a partir de ahora la relación abierta entre el Gobierno y la banda terrorista
Y lo primero que hay que aclarar es que se ha llegado hasta aquí porque la negociación planteada por el Ejecutivo ha fracasado. El proceso de paz, tal y como lo diseñó Zapatero, refrendado por el Congreso de los Diputados, no ha servido para cumplir sus objetivos. Es evidente que la paz no se ha alcanzado y, mucho menos, la libertad. Sin que haga falta recordar nuevamente el atentado de Barajas, no hay que olvidar que, en el periodo de siete meses de supuesta tregua, no han cesado la extorsión ni el terrorismo callejero. Los bienintencionados que realmente querían negociación para alcanzar la paz -que no dudo que los hay en las filas socialistas-, han visto absolutamente frustrado el objetivo.
Este proceso no ha contribuido a alcanzar la paz porque para ETA el final del terrorismo era sólo un señuelo sin perder de vista ni uno solo de sus objetivos. La banda pretendía y pretende seducir a la sociedad con el anzuelo de la paz para conseguir sus objetivos de independencia y territorialidad, además de pactar cierto espacio de impunidad para sus activistas. Y al Gobierno le gusta también el señuelo del fin de la violencia. No cuestiono el deseo de Zapatero de que ETA desaparezca, pero los pensantes de Moncloa han interpretado que, aunque esto sea pan para hoy y hambre para mañana, contribuye a presentar al presidente como el adalid de la paz y el que tiene que seguir gobernando este país. ETA y el Gobierno sí se han encontrado en la intención de utilizar la paz para seducir.
Compartiendo esto, ni a unos ni a otros las cosas les han salido como pensaban. La sociedad española no ha tragado con lo de dar a ETA ningún regalo para que deje de matar. O lo que es lo mismo, la ciudadanía no ha asumido la intención de premiar a la organización terrorista por haber matado a casi un millar de hombres y mujeres. Y fruto de ello se produce un colapso en la negociación. El Gobierno no puede avanzar en la cesión. Es cierto que la apunta, y en ocasiones la consuma, con el fiscal del Estado cambiando sus peticiones de penas para terroristas, avalando reuniones entre Batasuna y la dirección del PSE, o con la propia aceptación de la creación de una mesa de partidos vascos.
Y lo único que consigue el Gobierno es enfadar a los terroristas, que deciden aumentar la presión al Gobierno, bien sea con la publicación de nuevos comunicados o de forma más directa a través del terrorismo callejero. Todo ello culminó con el bombazo de Barajas y con el asesinato de dos jóvenes ecuatorianos. Las cosas han salido peor que mal antes de lo previsto.
Las dos partes negociantes, y ésta es la clave para entender qué harán en el futuro inmediato, sabían que el Partido Popular era un escollo para avanzar en la negociación. Entendieron, y entendieron bien, que no estaríamos de acuerdo con ningún espacio de impunidad para el terrorismo, ni con un poco o un mucho de cambiar la actual España ni con vaciar el Estado para ir saciando a ETA. Pero calibraron mal e interpretaron que el partido de Rajoy, sin Aznar, sin el poder y con poco eco en los medios, se iba a venir abajo y no conseguiría que su mensaje calara en la sociedad. Pensaron que había que aislarnos, pero que no éramos mucho problema, porque estábamos débiles, porque conseguirían dividirnos y porque sus tácticas terminarían por apartarnos del terreno de juego y de nuestros millones de votantes. Metieron la pata despreciando al PP y minusvalorando a muchos españoles.
Llegados a este punto, con un Gobierno dirigido por una persona a la que no parece importarle que en la Transición ya se hiciera un enorme esfuerzo por pactar la España en la que cabemos todos, y de la mano de unos estrategas que sólo piensan en cómo conseguir que el Partido Popular no gobierne en los próximos 20 años, hay mimbres para que impulsen otro proceso, pongan el nombre que quieran. En esta ocasión tendrán que pasar al Plan B.
Éste debe conseguir que a ETA se le dé parte de lo que pide, sin que la ciudadanía proteste. Al menos hasta que lleguen las siguientes elecciones generales, tienen que intentar que la banda no mate para que el deseo de paz de los votantes les aseguren una mayoría parlamentaria. Y a los terroristas también les interesa seguir en algún tipo de proceso porque así podrán lograr algo de lo que no han conseguido con las armas y tratar de escapar de las consecuencias de la persecución del Estado de Derecho, que les había colocado ante su inminente desaparición. Juntándose como se juntan el hambre y las ganas de comer, es imposible que no continúen en la negociación, aunque quiera llamarse a ésta de otra manera.
El Plan B que pondrán en marcha necesita más que nunca aislar al Partido Popular, ahora con más efectividad que hace un año, y anestesiar a la sociedad para que no perciba lo que pasa o, en todo caso, para que le parezca poco importante lo que se cede. Ahora tendrán que acosar más al PP porque saben de su verdadero aguante; se tendrán que acercar aún más a las formaciones nacionalistas para dejarnos solos, usarán con más fuerza contra nosotros a algunos voceros. En esta ocasión deberán tener más cuidado para que lo que es -la rendición-, no parezca lo que es. En este Plan B tendrán que ir más despacio y se les tendrá que ver menos. La única pata que enseñarán, cada uno por su interés, es la de las expectativas de la paz. Nos dirán que hay que dialogar para que no haya mas atentados como el de Barajas.
Se van a volver a equivocar en el procedimiento y en el objetivo final, como también van a volver a errar en el cálculo de la fuerza del PP. Si no han podido con nosotros matándonos, menos van a poder aislándonos. Por mucho Plan B que impulsen nunca van a conseguir que olvidemos y que no contemos que ETA es batible y perfectamente vencible, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos.
Antonio Basagoiti es concejal popular del Ayuntamiento de Bilbao.
Etiquetas: ETA, País Vasco, España, Atentado de Barajas, "Proceso de Paz", terrorismo, Zapatero, PSOE, opiniones
Atentado de Barajas y sus Consecuencias: Opiniones (LA RAZON, 12 de enero de 2007)
Por Narrador - 12 de Enero, 2007, 11:40, Categoría: Opinión en Prensa
“En este basurero” por Gabriel Albiac
Yo no soy nadie. Nada. Simplemente, no iré. Ellos, los de Ermua, sí tienen autoridad para exigirlo
No irán los del Foro Ermua. Yo, tampoco. No veo cómo alguien en quien perviva un átomo de decencia pudiera manifestarse junto a los responsables políticos y morales de esta putrefacción en que vivimos y de la cual la salvajada -«accidente», para Zapatero- de la T-4 no es sino síntoma; por el momento, el más sangriento. Vendrán otros. Todos serán accidentes, claro. Todos. Para él. Para ellos. Para los Zapateros, De la «Vogues», Rubalcabas, Calderas, Blancos... Para toda esa gente que no hunde lo político en el fango, sencillamente porque, en el fango, lo político fue hundido para siempre en años ominosos, cuando un tal Rubalcaba era altavoz de los más depravados asesinos de Estado de la España contemporánea. Después del GAL de Glez, todo es posible. Hasta esta repugnancia que consiste en usar a los más desvalidos, los emigrantes, para escupir sobre los cadáveres de sus asesinados.
No irán los del Foro Ermua. Yo, tampoco. Rumiaré mi desolación ante una sociedad moralmente anestesiada. Y mi ausencia de esperanza. Los mismos que votaron por rendirse tras el asesinato en masa con que los yihadistas truncaran el curso apacible de una sociedad que parecía en camino de salir de su eterna condena a ser sierva: ésos irán. La malísima gente que se benefició -políticamente algunos, económicamente casi todos- de aquel golpe medido que quebró el Estado, hasta dejarnos en este vacío pesadillesco de poder en el cual malvivimos. Ésos irán. La peor gente: cinismo cristalino de los Zapateros, De la «Vogues», Blancos, Calderas, Rosas Blancas con cargo al presupuesto público, paniaguados sindicales, artesanos de la subvención: artistas, gustan llamarse ellos... Está bien que así sea. Y que podemos verlos a todos -todos- juntos: Zapateros, Bardemes, De la «Vogues», Rubalcabas, Calderas, Blancos... A lo mejor, y con suerte, hasta Rafaeles Veras o Pepes Barrionuevos. Los inequívocos.
Yo no soy nadie. Nada. Simplemente, no iré. Ellos, los de Ermua, sí tienen autoridad para exigirlo. Les cedo aquí mi espacio. Con el grave respeto que se debe a todos los que se juegan la vida:
«Hasta aquí hemos llegado. Por el sectarismo mostrado por el sindicato socialista, por la apelación a una paz que se utiliza como anestesia para legitimar cualquier cesión o diálogo con ETA, por la negativa expresa a defender la libertad que garantizan la Constitución y el Estado de Derecho y, en definitiva, por la expresa voluntad de dividir, excluir e impedir el consenso de los ciudadanos que repudian el terrorismo, el Foro Ermua, que ha realizado todo tipo de cesiones y esfuerzos por buscar la unidad, no puede mantener su apoyo a la manifestación. De esta manera, el Foro Ermua ha decidido no acudir a la convocatoria del día 13 de enero de 2007 en Madrid. Y advierte a los ciudadanos de que, como en su día hizo Ibarretxe con la marcha posterior al asesinato de D. Fernando Buesa y su escolta D. Jorge Díez Elorza, el Sindicato UGT ha convertido la de Madrid, no en un acto solidario contra ETA y por la libertad, sino en un gesto de apoyo a Rodríguez Zapatero».
Publicado por el diario LA RAZON el viernes 12 de enero de 2007. Por su interés informativo reproducimos íntegramente su contenido.
“Instrumentos y fundamentos” por Aleix Vidal-Quadras
ETA se adapta al medio con viscosa facilidad y responde a la incongruencia con la incongruencia
Después del brutal y mortal atentado en el aeropuerto de Barajas, la ceremonia de la confusión en la que vivimos inmersos no ha dejado de aumentar en nivel y contenido. Ahora nos encontramos con una banda terrorista que declara enfáticamente que «mantiene» un alto el fuego permanente tras haber volado una instalación valorada en centenares de millones y asesinado a dos desprevenidos ciudadanos, y que, además, nos comunica que este alto el fuego es compatible con la comisión de nuevos y feroces ataques si el Estado de Derecho no se pliega a sus delirantes e irrealizables exigencias. De entrada, se podría afirmar que la organización mafiosa incurre en contradicción flagrante y que semejantes despropósitos son propios de enajenados. Sin embargo, un examen algo más cuidadoso del asunto, nos lleva a una conclusión inquietante: lo que está haciendo ETA es simplemente ponerse en consonancia con el absurdo que percibe en el otro lado, en el de las autoridades democráticas y la sociedad civil. ETA se adapta al medio con viscosa facilidad y responde a la incongruencia con la incongruencia y a la incoherencia con la incoherencia. Si el melifluo Zapatero, entre los pavorosos escombros de la T-4, proclama que su objetivo sigue siendo la paz y que va a dar lo mejor de sí mismo para rendir nuestro ordenamiento constitucional ante ETA, si el preclaro prócer que pastorea el PSE nos invita a comprender la parte de razón que pueda asistir a una pandilla de matarifes a sueldo, si los píos dirigentes del PNV no cesan de reclamar diálogo sin que les afecte el bramido de las explosiones o el fulgor de los incendios, si el Partido Popular, que es el único que se niega a entrar en este juego de cobardías y renuncias, insiste en el regreso a un Pacto Antiterrorista que ya es historia en vez de movilizar a la Nación para salvarnos del desastre, como sucedió en 1808 o en 1978, los encapuchados se apuntan a la fiesta y también profieren sinsentidos. El problema no son ya los instrumentos, sino la recuperación de los fundamentos.
“Un proceso sumergido” por María San Gil
De la situación creada tras el atentado criminal de ETA en Barajas, podemos sacar dos conclusiones: que el Gobierno de Zapatero, al igual que Ibarretxe y el PNV de Imaz, pretende mantenerse en el error de la negociación con los terroristas, y que la banda no quiere la «paz» ni deponer las armas y renunciar a imponer sus objetivos por la fuerza, sino seguir con sus crímenes y chantaje. Nosotros lo decimos claro: el proceso del Gobierno con ETA no está «roto» ni «liquidado», como dijo Rubalcaba. Está sencillamente sumergido. Zapatero está a la espera de que pase la conmoción para reflotar una negociación que el Gobierno no da por cerrada. No clarifica su política contra ETA y deja cada vez más claro que su propósito es la negociación y el diálogo con la banda. El Gobierno no rectifica, no asume el error de haber resucitado a una ETA y a sus apoyos que se encontraban debilitados al máximo por la acción decidida del Estado de Derecho.
Hemos pasado del falso proceso de paz a la falsa unidad de los demócratas que propone el Gobierno, que no es más que asumir la tesis nacionalista del final dialogado y pactado con ETA. La unidad democrática existía ya en el Pacto por las Libertades, en el que cabían todos los demócratas. Zapatero e Ibarretxe, y los señores López e Imaz comparten la postura indecente de conceder valor político a quien no lo tiene, a una Batasuna que sigue sin cumplir con lo mínimo: condenar el terrorismo.
No nos vale ahora que Ibarretxe, Imaz y López rechacen acudir a una manifestación con Batasuna, porque lo esencial es que hagan valer la Ley de Partidos y Batasuna no esté en las elecciones. Desde el PP vamos a seguir denunciando una política, la del Gobierno de Zapatero, la del PNV de Imaz y el Ejecutivo de Ibarretxe, que se basa en el diálogo y el pacto con ETA, en lugar de en su derrota. Seguiremos reclamando el regreso a la única política que ha dado resultados objetivos en la lucha contra el terrorismo y en el avance de la democracia y la libertad.
“Carta a Cándido Méndez” por Iñaki Ezkerra
Le escribo estas líneas por la perplejidad que me despierta que un sindicato que se dice «de los trabajadores» y «de izquierdas» haya rechazado incluir la palabra «libertad» en el lema de la manifestación convocada para el sábado por la Federación Española de Ecuatorianos a la que ustedes se sumaron, por cierto, después que nosotros. Me es difícil entender que quienes han avalado al Gobierno en el mal llamado «proceso de paz», es decir quienes están dispuestos a dialogar con ETA no sean capaces de dialogar con el Foro Ermua y más tratándose de un concepto tan básico. No entiendo cómo desde su sindicato se pueden decir cosas como que «la paz lo engloba todo» cuando la paz no engloba otra cosa más que no sea el propio concepto de paz y cuando la experiencia histórica de la dictadura franquista ha sido un dramático y aleccionador ejemplo de cómo puede haber «paz sin libertad». Al hacer de la paz un valor supremo la UGT actúa como aquel dictador al que cada vez que se le preguntaba por la libertad sacaba a colación los veinticinco, los treinta y cinco años de paz. La paz puede ser impuesta militarmente y puede ser una paz como la que nos trajo la Constitución de 1978. Aquí ni usted ni nadie nos va a traer una paz que ya existe. Aquí hace falta libertad. Al rechazar esa palabra se han quitado la máscara. Bien, eso era lo que queríamos, hacer pedagogía democrática. Sepa usted que pensamos en sugerir para el lema de «su» manifestación otras expresiones mínimas como Constitución o Pacto por las Libertades, pero decidimos quedarnos con la más mínima de todas, la más elemental. Sepa que hubo en ese debate quien dijo: «Son tan brutos que hasta la libertad les puede parecer una imposición». Nosotros no imponemos nada y estábamos dispuestos hasta a pasar el mal rato de oír a Rosa Regás leer el manifi esto de la marcha. Nosotros sí tenemos «talante». Sin él no existiríamos después de lo que nos ha tocado pasar. No es nuestro estilo imponer nada de un modo chulesco como han hecho ustedes con una manifestación que no era suya.
Habría sido una gran ocasión para cerrar la herida del 11-M, de aquel atentado que dividió a los españoles como una Guerra Civil, pero ustedes no han querido. Háganse ustedes los machitos no con nosotros ni con los ecuatorianos sino con ETA. Sean tan firmes con los nacionalistas como lo han sido con nosotros y con esa palabra que nombra lo que hace vivible la vida.
La libertad debe de ser algo muy grande para que, por soñar sólo con ella, hayamos desatado siempre tanto odio. La libertad debe de ser un tesoro muy valioso –intuimos los que nunca la hemos conocido instaurada– a la vista de lo que hemos pagado por ella. La libertad puede, sí, unirnos a la Vía Láctea y puede también convocar dragones, hidras, cíclopes, delirantes venganzas o el rechazo y la huida de los que la temen.
Iñaki Ezkerra, Escritor y vicepresidente portavoz del Foro Ermua
Etiquetas: España, Zapatero, PSOE, "Proceso de Paz", terrorismo, ETA, País Vasco, Atentado de Barajas, opiniones
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References: artículo 508
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