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Timestamp: 2020-05-28 08:55:33+00:00

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﻿ Sentencia 2000-00103 de febrero 29 de 2012
SENTENCIA 2000-00103 DE 29 DE FEBRERO DE 2012
CONTENIDO:MORA EN EL PAGO. CUANDO SE CONSTITUYEN HACIA EL FUTURO Y DESDE EL PRONUNCIAMIENTO UNA NUEVA SITUACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE CONDENA A INDEMNIZAR PERJUICIOS CUYAS SUMAS SE DETERMINAN EN LAS PROVIDENCIAS DE INSTANCIADE AHÍ QUE LA MORA EN EL PAGO SOLO LLEGA A PRODUCIRSE CUANDO EXISTE EN FIRME UNA SUMA LIQUIDA PROYECTADA A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA, INTERÉS MORATORIO, PROVIDENCIA JUDICIAL
Sentencia 2000-00103 de febrero 29 de 2012
1. Por la naturaleza excepcional, extraordinaria y dispositiva del recurso de casación, su prosperidad depende, prima facie, del forzoso acatamiento de los preceptos que con palmaria precisión disciplina el ordenamiento y ha desarrollado la jurisprudencia de esta corporación, en torno al imperioso y debido respeto a la técnica.
Ex artículo 374[3] del Código de Procedimiento Civil los cargos deben formularse “por separado (...) con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa”, los amparados en la causal primera de casación, la “norma de derecho sustancial” infringida, la vía escogida y, si es la indirecta, distinguir los yerros de hecho y de derecho, demostrar el fáctico, e “indicar las normas de carácter probatorio que se consideren” violadas “explicando en qué consiste la infracción” en el jurídico.
Lo anterior, porque no es el litigio la materia sobre la cual tiene operatividad el recurso extraordinario —pues de ser así se constituiría en una tercera instancia—, sino el fallo censurado, para que la Sala resuelva, dentro de los límites establecidos por el recurrente, si la decisión se ajusta o no a la norma sustancial, o, en otra hipótesis, a la procesal.
En tal sentido, “la claridad impone al impugnante la carga de estructurar su ataque de tal forma que sea ‘perceptible por la inteligencia sin duda ni confusión, o sea, fácil de entender no solo en su presentación sintáctica, sino también en su construcción lógica’, en tanto que la precisión obliga a que ‘la acusación sea exacta, rigurosa (...) que contenga todos los datos que permitan individualizarla dentro de la esfera propia de la causal que le sirve de sustento’ (sent. cas. civ. 114 de sep. 15/94)” (auto, oct. 13/2011, Exp. 00269) y de la pifia que se denuncia; por tanto, en tratándose del numeral primero del artículo 368 ídem, el impugnante debe limitar las acusaciones a la vía que ha seleccionado, “sin dejar de lado en su desarrollo, ni siquiera un instante, el camino escogido” (auto, oct. 13 /2011, Exp. 00269), cuyos linderos ha descrito ampliamente la jurisprudencia patria.
“Al punto, memórase (sic) que los ataques por vía directa constituyen exclusivamente una disputa entre la interpretación, aplicación o ausencia de ella, que de una norma jurídica haga el ad quem, sin debatir las apreciaciones que de los elementos probatorios elabore o las conclusiones fácticas a las que arribe; mientras que la vía indirecta, comprensiva del error de hecho (sobre las probanzas la demanda y su contestación) y de ‘derecho por violación de una norma probatoria’ (CPC., art. 368, inc. 2º, num. 1º,), se erige sobre la alteración de la litis en términos probatorios. En síntesis, la vía directa se soporta en la censura por deficitario al criterio y entendimiento jurídico del juzgador, en tanto en cuanto en la indirecta se le reprocha es el carecer de capacidad observadora del expediente en cuanto a las pruebas (Sent. Cas. Civ. 169 de sep. 20/2000), sin que sea posible en un solo cargo hacer una imprecisa conjunción de ellos; esto es, cuando el cargo comporta un ataque por la vía directa, se presupone la imposibilidad para el recurrente de apartarse de las conclusiones fácticas del juzgador, centrando el debate en la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma jurídica que se hizo operar en el asunto que se desata, pues ‘(...) la actividad dialéctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados; pero en todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relación con las pruebas’ (sent. de mar. 20/73, G.J. CXLVI)” (sent. cas. civ. de jun. 18/2009, Exp. 00341).
En cuanto a errores de hecho y derecho, denunciados vía indirecta, abundantes son los pronunciamientos destacando su naturaleza, singularidad o especificad y excluyendo su mixtura, so pena de quebrantar su exactitud, esto es, uno y otro yerro “son diferentes; el yerro iuris surge de la contemplación objetiva de las pruebas y de la infracción de las normas legales relativas a su producción o a su eficacia, esto es, a su valor por exceso o por defecto mientras que el fáctico lo hace de la suposición, preterición o errada apreciación de la prueba (sent. 187 de oct. 19/2000, Exp. 5442), es decir, ‘el error probatorio de hecho acaece cuando el tribunal cree equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio probatorio en el proceso o cuando al existente le da una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido real, es decir, cuando desacierta en la contemplación objetiva de la prueba, razón por la que se ha explicado que su estructuración solo puede tener como causa determinante una cualquiera de estas hipótesis: a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento. En cambio el error de derecho, esto es, la equivocada contemplación jurídica de la prueba, tiene lugar cuando el juez interpreta erradamente las normas que regulan su producción o eficacia, o su evaluación. De manera que su ocurrencia, tal cual se ha indicado, por lo general puede tener lugar en uno cualquiera de estos eventos: a) cuando se aprecia un medio que fue aducido sin la observancia de los requisitos necesarios para su producción, es decir, cuando se infringe el principio de legalidad; b) cuando no se evalúa el medio de convicción allegado por estimar erradamente que fue obtenido en forma ilegal; c) cuando a la prueba se le confiere un valor persuasivo prohibido en la ley; d) cuando se le niega el mérito probatorio a pesar de la ley otorgarle esa virtud; e) cuando se valora siendo una prueba inconducente; y, f) cuando se exige para probar determinado hecho o acto una prueba especial que la ley no requiere para ese efecto’ (sent. 034 de ago. 10/99, Exp. 4979), sin resultar admisible ‘para la prosperidad del cargo en que se arguye error de hecho, sustentarlo con razones propias del error de derecho, ni viceversa, pues en el fondo implica dejar enunciado el cargo pero sin la sustentación clara y precisa que exige la ley; y dada la naturaleza dispositiva del recurso de casación, le está vedado a la Corte escoger a su libre arbitrio entre uno y otro yerro para examinar las acusaciones’ (Sent. 077 de sep. 15/98, Exp. 4886; 112 de oct. 21/2003, Exp. 7486, y de sep. 18/2009, Exp. 00406, inter alia” (auto de dic. 18/2009, Exp. 07634).
2. Con las premisas precedentes, cumple advertir las falencias de las censuras, según se explica:
a) No obstante denunciar la violación directa de la ley sustancial, el segundo cargo de los libelos pertenecientes al grupo uno, el cargo único de los grupos 5, 7, 8, 10, y el primer cargo del 14, incluyen manifestaciones propias de la vía indirecta, situación que los lleva al fracaso.
i. El primer embate citado (cargo 2, grupo 1), se basa en dejar de incluir “ ‘...la indemnización de perjuicios a justa tasación’, existiendo la misma dentro del proceso”, pues “al explicar en el numeral 3.7. el objeto de reparación, [el ad quem] determinó circunscribirlo a las mesadas allí definidas”, argumento propio de la vía indirecta por reprochar al sentenciador la falta de elementos obrantes en el proceso —justa tasación de perjuicios—, endilgándole en realidad un yerro de apreciación fáctica mas no jurídica, es decir, no ordenar la indemnización según la liquidación obrante en el proceso.
ii. El cargo único de los grupos 5, 7 y 10 censura al tribunal porque se “abstuvo de reconocer el incumplimiento del contrato, no obstante el mismo se tiene establecido que se ejecutó parcialmente y debió terminar antes del plazo, pero en el término de ejecución hubo precariedad de los ingresos obtenidos por” los actores, “como se tiene establecido”, luego, este ataque en rigor increpa la sentencia por no tener en cuenta aspectos —en su decir— plenamente acreditados, v. gr., la ejecución parcial del negocio jurídico, su terminación anticipada y la escasez de frutos generada, luego, se critica la capacidad del fallador para apreciar el expediente, y no su entendimiento del derecho.
iii. El ataque del grupo 8 incluye aseveraciones del error de hecho, recriminando al ad quem por abstenerse “de imponer la condena por perjuicios, estando determinados, aduciendo que los mismos no se presentaron” y no incluir “(...) ‘...la indemnización de perjuicios a justa tasación’ existiendo la misma dentro del proceso” (destacados fuera de texto), esto es, se le amonesta al no ser un buen observador de las probanzas en punto de perjuicios.
iv. El cargo primero del grupo 14, por su parte, señala que el “el propio tribunal, pese a citarlo textualmente, olvida que sí existía entre las partes un acuerdo en cuanto a la forma en que se determinaba y pagaba el precio”, y que existió “distorsión en cuanto a la forma en la que se ha debido fundamentar el supuesto incumplimiento de los contratos (...) [y] una injustificada valoración monetaria de unos supuestos perjuicios”. Pues bien, estas manifestaciones no se limitan a plantear una falencia iuris sino que comportan una desatención física del expediente al denunciar que no se tuvo en cuenta un pacto determinado y se hizo una valoración ajena al expediente.
b) Los grupos 2 y 11 riñen al ad quem por incurrir en “violación directa por falta de aplicación” de la ley sustancial, como consecuencia de “manifiesto[s] errore[s] de hecho en la apreciación de las pruebas documentales”, y combina o mezcla indebidamente la vía directa con el yerro fáctico, desatendiendo la exigencia de precisión característica del recurso extraordinario.
c) Las censuras contenidas en el cargo único de los grupos 3, 4, 6, 9 y 12, a pesar de denunciar el quebrantamiento de la ley sustancial por desatino “manifiesto de hecho en la apreciación de” ciertas probanzas, concluyen que “con este yerro se dejó de aplicar por parte de la sentencia demandada, los artículos 174, 175, 187, 194 y 197 del Código de Procedimiento Civil”, normas probatorias cuya vulneración debe denunciarse por error de derecho en la vía indirecta.
d) El grupo 13 denuncia la violación de la ley sustancial por falta de aplicación de los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, 1º, 2º, 5º, 822, 824, 845, 981 y 983 del Código de Comercio y 1495 del Código Civil, los cuales no satisfacen el requerimiento de indicar la norma sustancial infringida.
A este respecto, normas sustanciales son las que “en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación” (sent. cas. civ., dic. 19/99), carácter del cual carecen los artículos 1º, 2º, 5º, 981 y 983 del Código de Comercio y 1495 del Código Civil, pues ninguno consagran derechos o imponen obligaciones a las partes.
En lo tocante al artículo 29 de la Constitución Política, la corporación ha expresado su insuficiencia para efectos de la indicada exigencia, en tanto a pesar de sentar “algunos principios y derechos fundamentales, de por sí sustanciales, su carácter totalizador, su generalidad, sobre todo en lo que indican sus dos primeros párrafos (...) supone un necesario desarrollo legal que permita calificar de legal o ilegal un proceso, si en él se ha dado cumplimiento a las ritualidades previamente descritas en la ley” (auto de nov. 30/98, Exp. 7374, reiterado en auto de feb. 17/2005, Exp. 00805, inter alia), luego, “por regla de principio, las disposiciones que el juzgador de instancia pudo infringir son las legales que hizo actuar, inaplicó o interpretó erróneamente” (auto de ago. 5/2009, Exp. 00359), lo que también resulta aplicable al artículo 83 ídem, el que adicionalmente no es “pilar fundamental para el litigio desatado con la sentencia que se combate, ni el recurrente ha mostrado la forma como esta norma fue violada por el tribunal, pues solo se limitó a enunciarla” (auto de nov. 25/97, Exp. 6810).
e) Los cargos 2 y 3 del grupo 14 entremezclan indebidamente los yerros comprendidos en la vía indirecta.
El primer reproche —2— se estructura en la comisión de un error de derecho en la apreciación probatoria, pero reclama al ad quem por suponer los hechos generadores del incumplimiento de la demandada, desbordando el yerro escogido, al no limitarse a “la contemplación objetiva de las pruebas y de la infracción de las normas legales relativas a su producción o a su eficacia, esto es, a su valor por exceso o por defecto”, extendiéndose a “la suposición, preterición o errada apreciación de la prueba” (auto de dic. 18/2009, Exp. 07634). Adicionalmente, a pesar de seleccionar el yerro iuris, no cita las normas de linaje probatorio desatendidas.
El segundo embate —cargo 3—, como el anterior, no obstante invocar error de derecho en los desatinos del juzgador, excede los parámetros de su naturaleza al cuestionar la apreciación física del expediente por el juzgador, ad exemplum: “resulta contradictorio que el tribunal considere que la entrada en funcionamiento de la banda mina, ocurrida en el año 1996, es la causa del supuesto incumplimiento (...) y al mismo tiempo tenga en cuenta unas planillas que dan fe de que los demandantes prestaron el servicio de suministro de transporte hasta el año 1999”; “no existe prueba legal y oportunamente allegada al proceso de la cual se pueda concluir que (...) incumplió las obligaciones a su cargo”; “no existe prueba dentro del presente proceso con base en la cual se pueda afirmar que (...) incumplió los contratos de vinculación y afiliación”, y “tampoco existe prueba alguna de que los demandantes hayan estado en disposición de cumplir con las obligaciones a su cargo, o se hubiesen allanado a cumplirlas (...) pues ninguno de ellos demostró que [los] vehículos estuvieran a disposición de la transportadora para prestar el servicio contratado” o que “hubiesen dado cumplimiento a las obligaciones que les imponían los contratos”.
f) El cargo primero del grupo 1, denuncia violación directa de la ley sustancial por inaplicación de los artículos 884 y 973 del Código de Comercio, 1608, 1613, 1614, 1615 y 1616 del Código Civil —estos por remisión del artículo 822 de la compilación mercantil—, pues pese a declarar el incumplimiento del contrato, “la condena en concreto no incluye los factores temporales definidos en las normas sustanciales en cita”, ordenando pagar intereses bancarios corrientes a partir de la ejecutoria del fallo de segunda instancia y no desde la mora o incumplimiento del contrato, lo cual no implica yerro alguno.
En lo relativo a este puntual aspecto, “[p]or interés, se entiende, la contraprestación por el uso o disfrute de cosa de género y la retribución, rédito, ganancia, rendimiento, provecho o porción equivalente prorrata temporis en dinero del valor del bien cuya restitución o pago se debe a futuro (intereses remuneratorios) y la indemnización o sanción impuesta en virtud del incumplimiento de la prestación (intereses moratorios), esto es, la “utilidad o beneficio renovable que rinde un capital”, “provecho, utilidad, ganancia”, “valor que en sí tiene una cosa” (Diccionario de la Real Academia Española), “precio por el uso del dinero” (T. P, FITCH, Dictionary of Banking Terms, Barron’s, New York, 1990, pág. 317), “la renta, utilidad o beneficio que rinde algún dinero, en virtud del contrato o por disposición legal”, “el beneficio o la cantidad que el acreedor percibe del deudor además del importe de la deuda” (J. Escriche, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, Librería de la Ciudad de Ch. Bouret, París, 1931), los frutos civiles (C.C., art. 717), la sanción, pena, reparación o indemnización por la mora (C.C., art. 1608). En las obligaciones dinerarias, cuyo objeto in obligatione e in solutione, es el pago de una cantidad de dinero, interés, es el precio por el uso del dinero durante todo el término de su disfrute o, la pena por la mora, expresado siempre en una parte de su valor, ya por disposición legal, ora negocial hasta el límite normativo tarifado [...] Los intereses moratorios, tienen un carácter eminentemente punitivo y resarcitorio, representan la indemnización de perjuicios por la mora, la presuponen, se causan ex legge desde esta, sin ser menester pacto alguno —excepto en los prestamos de vivienda a largo plazo en los cuales no se presumen y requieren pacto expreso, artículo 19, Ley 546 de 1999— ni probanza del daño presumido iuris et de iure (C.C., art. 1617 [2]), son exigibles con la obligación principal y deben mientras perdure, sancionan el incumplimiento del deudor y cumplen función compensatoria del daño causado al acreedor mediante la fijación de una tasa tarifada por el legislador, la cual, si bien no es simétrica con la magnitud del daño, se establece en consideración a este y no impide optar por la indemnización ordinaria de perjuicios ni reclamar el daño suplementario o adicional, acreditando su existencia y cuantía, con sujeción a las reglas generales. A partir de la mora respecto de idéntico período y la misma obligación, estos intereses no son acumulables ni pueden cobrarse de manera simultánea con los remuneratorios, con excepción de los causados y debidos con anterioridad. Producida la mora de la obligación principal sus efectos se extienden a la prestación de pagar intereses mientras no se cumpla lo debido” (cas. civ. Sent., ago. 27/2008, Exp. 14171).
La mora genera la obligación de pagar intereses moratorios, y “el deudor moroso ‘está obligado al resarcimiento de los daños que pueden tener expresión, ya sea en los intereses moratorios..., o bien en la ulterior reparación de perjuicios de mayor entidad si el acreedor reclamante demuestra haberlos experimentado, siendo entendido desde luego que al ser objeto de reconocimiento los primeros..., ello impide que al mismo tiempo, a título de indemnización suplementaria, se imponga condena alguna (...)’ (se destaca; cas. civ. de ago. 12/98; CCLV, pág. 355. Vid: Sent de sep. 18/95; CCXXXVII, pág. 910)” (sent. cas. civ. de nov. 19/2001, Exp. 6094).
En sentido análogo, las providencias judiciales, según una difundida clasificación “(...) se dividen en condenatorias, declarativas o reconoscitivas; y constitutivas o modificativas; según sea la naturaleza de las acciones incoadas, esto es, de acuerdo con el contenido de cada una de las suplicas de la demanda. Las sentencias de condena se encaminan a la declaración judicial de un derecho y a la condena del demandado a la satisfacción de la prestación debida, como consecuencia de la existencia del derecho que se reconoce o declara. (...) La sentencia declarativa o reconoscitiva, cuyo ámbito de aplicación es bastante reducido, se dirige únicamente al reconocimiento judicial de la existencia o inexistencia de una relación jurídica, o a la constatación de un hecho jurídicamente importante. Esta sentencia, pues, solo constata, reconoce o declara lo que es derecho, pero no dispone que las cosas se coloquen en el mundo exterior, como sea derecho. (...) Lo común en esas dos clases de sentencias consiste en que ambas reflejan la situación jurídica tal como ella es. En cambio, las sentencias constitutivas o modificativas, no solamente declaran lo que es, sino que constituyen algo nuevo, porque introducen una estructura nueva en la situación jurídica presente. Estas sentencias no son susceptibles de condena, porque no la necesitan, ya que lo que se persigue queda concedido en la sentencia misma. (...)’” (sent. cas. civ. de abr. 2/36).
Ahora, “[d]ado que en la celebración de los contratos se persigue por cada uno de los contratantes la obtención de una prestación que le reporte alguna utilidad, cuando se infringe el contrato por la otra parte, es decir, cuando la conducta del otro contratante es contraria al vínculo obligacional nacido de ese acto jurídico, es evidente que se causan perjuicios al acreedor, los cuales dan origen a una indemnización compensatoria o moratoria, según el caso. Si se trata de obligaciones de pagar sumas de dinero, a las cuales no se haya dado cumplimiento por el deudor o hayan sido ejecutadas tardíamente, la propia naturaleza de ellas impone que se excluya la indemnización compensatoria, como quiera que esta esencialmente consiste en sustituir el objeto inicial de la obligación por una suma de dinero, lo que implica que si desde un comienzo la obligación es dineraria no puede ser sustituida luego por dinero, o sea que en este caso solo es posible la indemnización de perjuicios moratoria” (Sent. Cas. Civ. de jul. 10/95, Exp. 4540; destacadas fuera de texto).
En el sub examine, pidieron los demandantes declarar la existencia de unos contratos, su incumplimiento por la parte demandada y la indemnización de perjuicios, sin decir nada en la demanda sobre los intereses moratorios, de donde no es factible exigir réditos moratorios desde la inobservancia de una obligación controvertida y constituida con la condena impuesta.
Lo anterior está en perfecta armonía con la naturaleza constitutiva de la acción ejercida y de la sentencia, desde luego, que esta, tras hallar la existencia de los contratos, la infracción de la relación obligatoria disputada, ordenó reparar los daños causados, o sea, constituyó ex nunc, hacía el futuro y desde el pronunciamiento una nueva situación o relación jurídica mediante la condena a indemnizar los perjuicios, cuya suma líquida se concretó en la providencia y a partir de esta, —sustituyendo el objeto inicial de la obligación por una suma de dinero—, sin que dicha prestación se debiera ex ante, por lo cual mal podría hablarse —en cuanto al monto de los perjuicios— de constitución en mora cuando esta “supone la existencia cierta e indiscutida de la respectiva obligación (...). De ahí que la ‘mora en el pago solo llega a producirse cuando existe en firme una suma líquida’, proyectada, obviamente, como es natural entenderlo, a la fecha de notificación de la demanda, según el artículo 90, inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, en los casos en que no ha mediado reconvención judicial previa o se establece que no se trata de una mora automática” (Sent. Cas. Civ. de nov. 3/2010, Exp. 03315; destacadas fuera de texto).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de agosto de 2008 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario promovido por Myriam Aranzazu, Pablo Negro Bragado, Pablo Negro Duarte, Bellanid Reyes de Vidal, Aura Teresa Vidal, Luis Ernesto Camacho Moreno, José Armando García Granobles, Carlos Julio Mejía, Luis Felipe Moreno, José Arnulfo Sandoval Guzmán, Reynaldo Pérez Morales, Carlos Alberto Fernández Hurtado, Yuri Rafael Ramírez Echeverry, José del Carmen Acuña Bernal, Alejandrina Acuña Bernal, Aldemar Caro Ospina, Mario Salomón Núñez Chávez, Zulma Toro Naranjo, Hernando Robledo Mora, Miguel Ángel Villalobos Hernández, Jorge Iván Toro Naranjo, Carmen Rosa Grisales Rivera, Rubén Oliveros Rico, Ernesto Peña Barrero, José Antonio Osorio Trujillo, Álvaro de Jesús Sánchez Marín, José Dielbert Penagos Flórez, José Ignacio Vanegas Rodríguez, Gustavo Castillo Castillo, Anatolio Agudelo Sandoval, Rodrigo Medina Hernández, Mariela Contento Quintero, Julio César Álvarez Manchola, José Wilson Gutiérrez López, Arnulfo José Viana Acuña, Jaime Alberto Arcos Burbano, Luis Fernando Viana Acuña, Hugo Quevedo Fajardo, Luis Enrique Villanueva Gutiérrez, Luis Alberto Estupiñán Guarnizo, Luis Enrique Cubillos Sánchez y Gilberto Antonio Salinas Ortiz —en representación de Luis Antonio Salinas— contra Diamante Transportadores Ltda., Cementos diamante S.A., Cementos Diamante del Tolima S.A., Cementos Diamante de Ibagué S.A. y Orión Compañía de Financiamiento Comercial.

References: artículo 374
 artículo 368
 artículo 29
 artículo 83
 artículo 822
 artículo 19
 artículo 90