Source: https://www.boe.es/eli/es-pv/l/1994/06/30/14
Timestamp: 2020-05-31 14:42:00+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2012-1685
Documento BOE-A-2012-1685
«BOE» núm. 30, de 4 de febrero de 2012, páginas 10035 a 10051 (17 págs.)
BOE-A-2012-1685
https://www.boe.es/eli/es-pv/l/1994/06/30/14
Se hace saber a todos los ciudadanos/as de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
1. Planteamiento de la ley.
La paulatina configuración final de la Hacienda Pública Vasca necesita ir dando pasos para la completa articulación de todas y cada una de las materias que configuran la Hacienda General del País Vasco siguiendo la estructura de la ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco de junio de 1983 en los términos del texto refundido de disposiciones vigentes sobre la materia de mayo de 1988.
La presente ley de control económico interno de la Comunidad Autónoma de Euskadi se configura, pues, en primer término, como muestra de un paso más en ese empeño, aunque ello no debe minimizar su propia validez sustantiva ya que se trata de una ley hacendística de primera magnitud. En efecto, el objeto básico de la ley es regular, por primera vez y con carácter estructural y completo, el control económico interno en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Este control, unido al control externo, que es el que se ejerce a través del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas-Herri Kontuen Euskal Epaitegia, aseguran la arquitectura controladora de la actividad económica en la Comunidad Autónoma.
En una regulación tan parca como sugerente y novedosa, el título VII de la ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco dedicó su contenido a establecer los medios de control de la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre su propia actividad económica y a fijar unas coordenadas mínimas para el ejercicio de los modos de control que se cualificaban por ser específicos de la actividad económica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma y, además, comunes a las materias propias de la Hacienda General del País Vasco. En este sentido, la presente ley regula estos últimos y, de entre ellos, fundamentalmente, el control contable y el control interventor.
El modelo de control económico interno que se presenta en la presente norma se concibe como un control que trata de ser integral y a la vez no excesivamente beligerante a priori para poner el acento en controles preventivos sobre las normas y controles posteriores sobre la actividad económica que puedan modificar los modos de actuar económicos de la Administración pública vasca y las propias organizaciones administrativas en busca de la eficacia de las estructuras. Es un control que se concibe integral, porque son todos los hechos y operaciones económicas en su conjunto, esto es, toda la actividad administrativa de carácter económico, la que está sujeta a control y es a la vez un control preventivo sobre normas y disposiciones administrativas que ha de velar por la razonabilidad económica y financiera de las decisiones normativas en este campo con anterioridad a que se adopten las que vertebren de manera concreta el quehacer administrativo en materia financiera y económica.
Como contrapunto a las características señaladas, y primando una actitud positiva ante la gestión económico-departamental diaria, es un control que se pretende más reflexivo y menos injerente, sin que ello sea un contrasentido.
Se prima la reflexión, dado que los controles posteriores ofrecen visiones de conjunto en general o en materias concretas que servirán para la toma de decisiones por los gestores y que harán que la responsabilidad en la gestión, y no tanto en el control, sea una de las notas dominantes del actuar público, cosa que no sucede hoy en día. Al propio tiempo, se considera un control menos injerente ya que la cadena decisional sobre tomas de postura consistentes en reconocer derechos y obligar gastos se va a ver, en general, bastante despojada de la mal llamada «intromisión» que históricamente ha supuesto el ejercicio de la función interventora de carácter previo o crítico. En este aspecto, ciertamente, no debe suponer ningún empacho decir que en el modelo propuesto tiene prioridad la gestión responsable frente a hipotéticas actuaciones no controladas cuya reposición, caso de ser irregulares, puede resultar dificultosa.
Pero no son el carácter integral, preventivo, reflexivo y no injerente los únicos rasgos del control económico interno que se pretenden en la presente ley. Junto a todos ellos hay que enumerar en lugar preferente el dinamismo en el control como nota a subrayar del control interno en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En efecto, hay algunos artículos que dan idea del dinamismo del control económico al establecer fórmulas de participación del control en los órganos colegiados, al definir y experimentar controles concertados y, en definitiva, al dejar en manos de los órganos de control la posibilidad de ejercer cada año controles selectivos de carácter previo en función de los programas presupuestarios que se determinen.
Para terminar, debe decirse que la presente ley ha de inscribirse también en los esfuerzos por modernizar las estructuras administrativas de la Comunidad Autónoma, y bajo este punto de vista ha de servir para una progresiva racionalización de los procedimientos que proporcione menores tasas de burocratización y mayor agilidad en los órganos llamados a gestionar y controlar la cosa pública desde su vertiente económica.
Las disposiciones del título I, artículos 1 a 4 de la ley, definen el control económico interno para distinguirlo del externo, regulan los medios que lo integran y su objeto primordial, establecen la regulación legal de dicho control y manifiestan los principios generales que lo rigen, terminando por describir sucintamente el órgano que de manera prácticamente exclusiva es llamado a ejercerlo. Ha de decirse que los principios básicos de ejercicio del control económico interno son definidos por primera vez en la Comunidad Autónoma, y aunque no supongan grandes novedades respecto a lo que doctrinalmente se ha venido estableciendo sobre la materia, no por ello resulta menos interesante la enunciación de los mismos y su concreto alcance. Ello supone una opción frente a otras posibilidades de regulación y es un esfuerzo por clarificar los parámetros en los que se ha de mover el control económico en la Comunidad Autónoma. Al propio tiempo, la Oficina de Control Económico se convierte en la pieza aglutinadora del control económico interno en la Administración vasca.
3. El control contable y la contabilidad en la Administración vasca.
Aun cuando la ley de Principios Ordenadores de la Hacienda general del País Vasco ya describió de manera muy rudimentaria el control contable y la contabilidad en la Comunidad Autónoma -artículo 57 del texto refundido de la ley-, lo cierto es que tanto el control contable como la contabilidad no habían sido definidos ni en normas de rango de ley ni de una manera reglamentaria desde la perspectiva autonómica. Desde este punto de vista, y aunque se trate de una materia en la que es difícil, y hasta no deseable, innovar nada puesto que la interconexión informativa entre administraciones es esencial y la consolidación informativa entre distintos entes tanto públicos como privados ha de regirse por las mismas normas contables, resultaba interesante establecer modelos de contabilidad, destinatarios de las informaciones contables y descripciones sincréticas de lo que son cuentas anuales, cuentas agregadas y cuentas económicas de la Comunidad Autónoma.
En este título II de la ley, artículos 5 a 14, se describe el modelo de control contable y de contabilidad en la Administración de la Comunidad Autónoma, optándose en general por el principio de entidad en virtud del cual se tenderá a una progresiva descentralización contable, aun cuando la realidad actual de gestión en la Oficina de Control Económico para determinadas entidades es un modelo muy válido que ha dado muy buenos resultados y con el que tampoco se desea terminar de un modo inmediato.
Si la contabilidad es, de una manera fundamental, información para la toma de decisiones, el presente proyecto realza esta cualidad al convertir el control contable en garante de una transparencia informativa y de anotaciones que resultaba no abordada hasta el momento en normas de rango legal en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Junto a estas notas características pocas innovaciones merecen ser mencionadas, y el control contable y la contabilidad por su propia naturaleza se llevará de un modo muy similar tanto al del Estado como al del resto de las Comunidades Autónomas tanto a efectos de consolidación como de respeto competencial.
4. El título III. El control interventor en la Administración pública.
Este título, subdividido a su vez en seis capítulos y que agrupa los artículos 15 a 30, viene a desarrollar y establecer los parámetros mínimos en los que ha de inscribirse la estructura, integración y funcionamiento del control interventor que la ley de Principios Ordenadores, a la que se ha hecho reiterada referencia, abordó en su artículo último y cuya definición no difiere, sustancialmente, de la que allí se contiene.
Así, el control interventor se configura como un sistema de controles estructurado entorno al órgano que lo realiza, el cual, con perfecta autonomía respecto de los servicios y entes controlados, aglutina, además, otras informaciones susceptibles de dar por resultado un conocimiento exhaustivo de la actividad económica en la Comunidad Autónoma, detectar anomalías de funcionamiento y garantizar la legalidad de un modo equilibrado con el quehacer gestor.
El control interventor de carácter financiero y de gestión sale fortalecido en el modelo propuesto al ser aquel que más sinceramente cumple con la universalidad del objeto que se predica en los principios rectores del control público. Se potencia este control e incluso se le dota de cierto carácter de reposición contable al establecer la posibilidad de dictar actas de control con fuerza para exigir responsabilidades. Por lo demás, es un control auditor típico a todos los niveles que debe servir para medir la eficacia, eficiencia y economía de la Administración pública vasca.
El control interventor de carácter fiscal se configura como un control limitado en su ámbito de aplicación y garante de la legalidad en lo que es su objeto. No es un control de legalidad financiera total sobre actos, documentos y expedientes susceptibles de producir derechos y obligaciones económicas sino parcial, ya que ni se controla todo el universo posible ni se controlan todos los parámetros de legalidad aplicables a los casos concretos. Ello dinamizará y flexibilizará la gestión, ya que sólo lo considerado económicamente trascendente es objeto de control. En principio su objeto es bastante equilibrado y se compone de una parte estructural que aparece en la ley y de una parte coyuntural según pueda disponerse anualmente. No se elimina tampoco el efecto suspensivo limitado de algunos defectos advertidos en el informe fiscal.
El control interventor de carácter económico-administrativo se dibuja como un control lógico en la vía de los ingresos y amplio en el de los gastos, con implicaciones incluso en la Administración institucional al completo, pero que no supone ruptura con el ahora existente en la normativa de las reclamaciones económico-administrativas y su normativa autonómica.
El control interventor de carácter económico-normativo no supone variación cualitativa respecto a su regulación actual si no es por el hecho de que se eleva de rango su normación, hoy contenida en el Decreto 119/1990, de 2 de mayo, el cual fue aprobado merced a una habilitación en la ley de presupuestos generales para ese año y que por su innovación en los sistemas comparados de control ya tuvo su propia regulación, la cual ahora queda plenamente confirmada habida cuenta, además, de los excelentes resultados que su ejercicio ha brindado. El control económico-organizativo se incluye como modalidad de este control y pierde su normación propia contenida en el artículo 60 del Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de mayo, ya citado.
1. Es objeto de la presente ley la regulación del régimen de control económico y de la contabilidad en el ámbito de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
2. Se entiende por control económico aquel que se ejerce sobre la actividad económica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sobre las materias propias de la Hacienda general del País Vasco y sobre las operaciones individuales que derivando de aquellas o manifestándolas tienen relación directa o indirecta con el conjunto de derechos y obligaciones que la conforman.
3. El control económico puede ser de carácter interno o de carácter externo. Son controles económicos internos el control contable, el control interventor y el control que se ejerce a través de las reclamaciones económico-administrativas. Es control externo el control del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas-Herri Kontuen Euskal Epaitegia.
4. La presente ley es asimismo aplicable a las entidades citadas en la disposición adicional, a aquellas cuyos presupuestos formen parte de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que reciban o utilicen subvenciones o fondos públicos, en los términos establecidos.
2. Las funciones de control interventor que realice la Oficina de Control Económico por medio del personal adscrito a la misma se llevarán a cabo por medio de interventores, que estarán sujetos a la responsabilidad contable que establezcan las disposiciones en vigor en los términos que de ellas se deriven. El ejercicio de la actividad de la Oficina de Control Económico podrá llevarse a cabo directamente por la Oficina de Control Económico o mediante órganos delegados. Asimismo, podrá servirse de medios ajenos a la propia Administración contratados al efecto cuando se refiera al ejercicio del control económico-financiero y de gestión.
2. Todos los actos y operaciones de contenido económico realizadas por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi deberán ser registrados en la contabilidad de las correspondientes entidades de la misma y habrán de ser justificados en la forma que se establezca.
1. A los efectos de este título, componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi: el Parlamento Vasco, la Administración general, la Administración institucional y aquellas entidades cuyos presupuestos formen parte de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
2. Estarán sujetos al régimen de contabilidad pública la Administración general de la Comunidad Autónoma y los organismos autónomos. Estas entidades aplicarán los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en sus normas de desarrollo y en las restantes normas que sean de aplicación.
3. Estarán sujetos al régimen de contabilidad empresarial los entes públicos de derecho privado y las sociedades públicas. Estas entidades aplicarán los principios y normas de contabilidad recogidos en la normativa mercantil en materia contable y en especial en el Plan General de Contabilidad y disposiciones que lo desarrollen.
4. Las demás entidades del sector público de la Comunidad Autónoma que formen parte de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi estarán sujetas al régimen de contabilidad pública o al régimen de contabilidad empresarial según se rijan preferentemente por derecho público o privado respectivamente, salvo que su norma de creación establezca un régimen específico aplicable.
c) El registro de la ejecución de los Presupuestos Generales de las Comunidad Autónoma, así como los movimientos y situación del patrimonio y la tesorería.
2. En los términos en que se establezca reglamentariamente, son destinatarios de la información que suministra la contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi: los órganos de representación política, los de dirección y gestión de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, los de control económico externo e interno del sector público y las entidades privadas, asociaciones y ciudadanos en general.
2. Las cuentas económicas se formarán por el Departamento de Economía y Hacienda atendiendo a las necesidades de la contabilidad nacional.
a) La elaboración de la normativa de desarrollo del Plan de Contabilidad Pública y los planes parciales o especiales que se elaboren conforme al mismo, así como los de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma sujetas el régimen de contabilidad empresarial respecto al Plan General de Contabilidad.
Artículo 12. Gestión contable, obligados y responsables
1. La gestión de la contabilidad se llevará a cabo por la Oficina de Control Económico en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos administrativos. El Gobierno podrá establecer que la gestión contable de los organismos autónomos administrativos se realice en régimen de descentralización.
2. Las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma rendirán ante el Consejo de Gobierno, la Oficina de Control Económico y el órgano de control externo las cuentas que determinen las disposiciones vigentes.
a) Los Consejeros de los Departamentos
Artículo 13. Definición y sujetos del control contable.
1. El control contable consiste en el seguimiento de la actividad económica del sector público de la Comunidad Autónoma a fin de asegurar y garantizar que todas las operaciones tengan un adecuado reflejo en la contabilidad.
2. Serán sujetos del control contable cada una de las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Artículo 14. Funciones de la Oficina de Control Económico
Artículo 15. Definición e integración
1. Se entiende por control interventor el control interno que se ejerce sobre la actividad económica de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi según las modalidades incluidas en el presente título.
Artículo 16. Objetivos y finalidades
– Garantizar, en los términos establecidos, que la actividad económica de la Administración pública de la Comunidad Autónoma se ajuste a las disposiciones legales de carácter económico, financiero, presupuestario, hacendístico y contable que le son aplicables.
– Facilitar a los órganos correspondientes la información necesaria sobre la actividad económica de la Administración a fin de facilitar la adopción de las decisiones pertinentes.
a) Comprobar la adecuación de la gestión económico-financiera de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi a las disposiciones y directrices que rijan el comportamiento económico-financiero de las entidades, servicios y unidades que la componen y a los principios de regularidad, legalidad, eficacia, eficiencia y economía que la informan.
b) Verificar que la contabilidad e información económico-financiera de los entes controlados representan la imagen fiel de su situación financiera, patrimonial y presupuestaria y se adecuan a las disposiciones y principios aplicables.
2. En la forma que de modo general o particular pueda establecerse, el control económico-financiero y de gestión podrá ejercerse sobre cualquier entidad o empresa pública o privada y sobre los particulares por razón de cualquier clase de subvenciones o ayudas percibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi o fondos comunitarios. El control se referirá a la correcta utilización y destino de las ayudas.
2. El control económico-financiero y de gestión se realizará en un momento posterior a la conclusión de un ciclo temporal y/o económicamente trascendente para el sujeto a ser controlado según su naturaleza. Ello no obstante, cuando así se determine, el control económico-financiero y de gestión podrá realizarse de modo permanente incluso en servicios o unidades administrativas.
3. Las actuaciones de control económico-financiero y de gestión que se prevean realizar se incluirán en el Plan Anual de Auditorías que, elaborado por la Oficina de Control Económico, será aprobado por el Consejero de Economía y Hacienda con anterioridad al inicio del ejercicio en que deba aplicarse. De este plan se dará cuenta al Consejo de Gobierno para su conocimiento. El Plan Anual de Auditorías recogerá tanto las iniciativas de control económico-financiero y de gestión que tengan su origen en el órgano de control como las que lo tengan en los entes susceptibles de ser controlados.
1. El control económico-financiero y de gestión se materializará en informes de control financiero que podrán referirse a la totalidad de la gestión económico-financiera del sujeto controlado o a una parte de ella en el periodo considerado. Si el control económico-financiero y de gestión se refiere al párrafo 2 del artículo 17, el informe se limitará a lo establecido en su último inciso.
3. De conformidad a lo que se determine reglamentariamente, los informes se remitirán a las entidades u órganos controlados, a los Consejeros de los Departamentos y al Consejo de Gobierno.
Cuando en el ejercicio del control económico-financiero y de gestión se detectasen irregularidades que hayan ocasionado o sean susceptibles de ocasionar daños y perjuicios a la Hacienda Pública Vasca, tales infracciones serán puestas de manifiesto, además de en los informes a los que se ha hecho referencia en el artículo anterior, en actas de control financiero, dándose traslado de las mismas a los órganos competentes para que inicien las actuaciones oportunas de exigencia de responsabilidades indemnizatorias que, en su caso, resulten y al Consejero de Economía y Hacienda, en todo caso, para su conocimiento.
1. El control económico-fiscal consiste en la fiscalización de la actividad económica de la Administración general y sus organismos autónomos administrativos a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones que le sean aplicables.
2. Las modificaciones presupuestarias, las operaciones patrimoniales y las consistentes en concesión de garantías con cargo a la Tesorería General del País Vasco.
3. Además de lo establecido en el párrafo 1 de este artículo, el Consejo de Gobierno podrá establecer para un ejercicio concreto que todos o algunos de los expedientes de gastos y/o ingresos de determinados programas presupuestarios específicos se sujeten al control económico-fiscal.
1. La fiscalización podrá ser exhaustiva o por muestreo.
Sólo serán objeto de muestreo los actos, hechos u operaciones económicos de naturaleza análoga que procedan de un mismo órgano administrativo y se hayan recibido en la Oficina de Control Económico en un periodo de tiempo determinado.
El control económico-fiscal se realizará con anterioridad a que se produzcan los actos, hechos u operaciones de contenido económico, a cuyos efectos los órganos correspondientes de la Administración general o de los organismos autónomos administrativos deberán remitir los expedientes correspondientes a la Oficina de Control Económico en los términos que se establezcan reglamentariamente.
3. Las normas de creación o de funcionamiento de los órganos colegiados de la Administración en cuyo seno se adopten decisiones que sean susceptibles de producir adquisiciones de compromisos de contenido económico en ingresos y gastos públicos a que se refiere el artículo 22.1 de esta ley de modo directo e inequívoco, podrán prever la participación en los mismos de un responsable de la Oficina de Control Económico. En estos casos, el ejercicio del control económico fiscal se realizará en el órgano y en el momento decisorio resultante. Reglamentariamente se establecerán los límites, el régimen de presencia y demás circunstancias de esta participación.
Los informes favorables no requerirán motivación pero sí constancia escrita. Los informes desfavorables sólo suspenderán la tramitación de un expediente de producción, aprobación o generación de los hechos u operaciones de contenido económico a los que se refieran en los siguientes casos:
1. El control económico-normativo se materializará mediante la emisión del correspondiente informe de control preceptivo y se ejercerá en el momento inmediatamente anterior a que se someta la norma o disposición objeto de control a la aprobación del órgano que resulte competente para ello.
Cuando se trate de anteproyectos de ley, el control económico-normativo se ejercerá en el momento inmediatamente anterior a su consideración por el Consejo de Gobierno.
3. Los informes elaborados bajo la modalidad económico-organizativa serán puestos en conocimiento del Departamento de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico o del Consejo de Gobierno a través del Consejero de Economía y Hacienda cuando resulten desfavorables.
4. El informe de control económico-normativo incorporará, en sus propios términos, todos los informes que, en su caso y en virtud de disposiciones legales vigentes, deba evacuar cualquier órgano del Departamento de Economía y Hacienda con competencias en la materia de que se trate dando cuenta de su procedencia.
a) La gestión, inspección y recaudación de los tributos propios, recargos sobre impuestos del artículo 35 del Decreto Legislativo 1/1988, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y demás tipos de ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a excepción del comprendido en el apartado d) del artículo 32 del texto legal citado.
b) El reconocimiento o la liquidación de las obligaciones de la Tesorería General del País Vasco y las cuestiones relacionadas con las operaciones de pago con cargo a la misma. Asimismo, los gastos y pagos realizados por parte de las entidades pertenecientes a la Administración institucional de Euskadi cuando deriven de relaciones en las que de conformidad a los artículos 18 y 22 del texto citado en la letra a) anterior les sea de aplicación el derecho público.
Artículo 2. - Modo de ejercicio.
1. En relación a las materias de su competencia, estarán legitimados para interponer las reclamaciones oportunas el Consejero de Economía y Hacienda, los Viceconsejeros del Departamento de Economía y Hacienda y el Director de la Oficina de Control Económico.
El Consejo de Relaciones Laborales y el Consejo Superior de Cooperativas estarán sujetos al régimen de contabilidad pública en los mismos términos que los descritos en el artículo 7.2 de la presente ley en relación a la Administración general de la Comunidad Autónoma y sus Organismos autónomos.
Quedan derogados el título VII del Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y la Disposición Adicional cuarta de la Ley 10/1989 de 22 de diciembre por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 1990, así como cualquier otra disposición que se oponga a la presente ley.
El capítulo segundo del título VI del Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, queda redactado como sigue:
«CAPÍTULO SEGUNDO
Artículo 53. Indemnización de daños y perjuicios.
5. La responsabilidad en los supuestos de concurrencia de responsables será mancomunada, excepto en los supuestos de dolo, en cuyo caso será solidaria.
Artículo 54. Tipificación de conductas.
e) No rendir las cuentas exigidas por las normas, así como rendirlas tarde o con defectos graves.
f) No justificar la aplicación de los fondos recibidos, en especial los recibidos en virtud de libramientos provisionales a que se hace referencia en la ley de Régimen Presupuestario de Euskadi.
Artículo 55. Expediente administrativo.
Sin perjuicio de las competencias del órgano u órganos de control económico externo en la materia, la responsabilidad deducida de los apartados b) a g) del artículo 54 se establecerá en expediente administrativo tramitado por la Oficina de Control Económico y que iniciará y resolverá el Consejo de Gobierno en los casos en que el presunto incurso responsable tenga la condición de autoridad y el Consejero de Economía y Hacienda en los demás casos.
La resolución que ponga fin al expediente tramitado al efecto con audiencia de los interesados se pronunciará sobre los daños y perjuicios causados a la Hacienda general del País Vasco e impondrá a los responsables la obligación de indemnizar a la misma en la cuantía y plazo que se determine, todo ello de conformidad al procedimiento que reglamentariamente se establezca.»
En tanto no se dicten las disposiciones de desarrollo de la misma, mantendrá su vigencia en lo que no se oponga a la presente ley el Decreto 119/1990, de 2 de mayo, por el que se regula el ejercicio del control económico-normativo en el ámbito de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
A partir de la entrada en vigor de la presente ley, las alusiones que en las disposiciones vigentes se realizan a la Dirección de Intervención, deberán entenderse referidas a la Oficina de Control Económico.
La presente ley entrará en vigor el uno de enero de 1995.
Palacio de Ajuria-Enea, 15 de julio 1994.–El Lehendakari, José Antonio Ardanza Garro.
[Publicada en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 145, de 1 de agosto de 1994. Esta ley se publica en su redacción original aprobada por el Parlamento Vasco, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.5 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y el artículo 6.1.b) del Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su vigencia actual]
Publicada en el BOPV núm. 145, de 1 de agosto de 1994.
Fecha de derogación: 14/11/2017
SE DEROGA, por Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre (Ref. BOE-A-2017-13900).
SE MODIFICA los arts. 6 y 17, por Ley 4/2013, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-1508).
SE DEROGA la disposición adicional 1, por Ley 4/2013, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-1508).
SE MODIFICA los arts. 4, 6 y 17, por Ley 6/2012, de 1 de marzo (Ref. BOE-A-2012-4594).
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 30, de 4 de febrero de 2012 (Ref. BOE-A-2012-1689).
el art. 27, por Ley 6/2011, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-968).
el art. 17, por Ley 7/1997, de 19 de junio (Ref. BOE-A-2012-414).
por Ley 9/2004, de 24 de noviembre (Ref. BOE-A-2011-18158).
los arts. 1.4, 6, 22, la disposición adicional única y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 1 y 3, por Ley 5/2006, de 17 de noviembre (Ref. BOE-A-2011-17403).
los arts. 1.4, 6.1, 22.1.a.2, la disposición adicional única como adicional 1 y SE AÑADE las disposiciones adicionales 1 y 3, por Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre (Ref. BOPV-p-2008-90003).
SE DEROGA la disposición final 1, por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre (Ref. BOPV-p-1998-90002).
Disposición adicional 4 de la Ley 10/1989, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-3409).
Título VII y MODIFICA el título VI del Decreto Legislativo 1/1988, de 17 de mayo (Ref. BOPV-p-1988-90012).

References: artículo 60

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 17
 artículo 22
 artículo 35
 artículo 32

Artículo 2
 artículo 7

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55
 artículo 54
 resolución 
 artículo 27
 artículo 6
 Real Decreto