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Timestamp: 2019-10-18 00:11:32+00:00

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Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (Vigente hasta el 01 de Enero de 2001).
Vigencia desde 05 de Mayo de 1997. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 1999 hasta 01 de Enero de 2001
CAPÍTULO II. La organización administrativa
TÍTULO II. Administración General del Estado
CAPÍTULO I. Órganos centrales
SECCIÓN 1. Los Ministerios y su estructura interna
Artículo 8 Los Ministerios
Artículo 9 Organización interna de los Ministerios
Artículo 10 Creación, modificación y supresión de órganos y unidades administrativas
Artículo 11 Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales
SECCIÓN 2. Órganos superiores de los Ministerios
Artículo 12 Los Ministros
Artículo 13 Otras competencias de los Ministros
Artículo 14 Los Secretarios de Estado
SECCIÓN 3. Órganos directivos de los Ministerios
Artículo 15 Los Subsecretarios
Artículo 16 Los Secretarios generales
Artículo 19 Los Subdirectores generales
SECCIÓN 4. Los servicios comunes de los Ministerios
Artículo 20 Reglas generales sobre los servicios comunes
Artículo 21 Organización básica de los servicios comunes ministeriales
CAPÍTULO II. Órganos territoriales
SECCIÓN 1. Los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
Artículo 22 Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
Artículo 23 Competencias de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas
Artículo 24 Competencias en materia de información a los ciudadanos
Artículo 25 Competencias sobre simplificación de estructuras
Artículo 26 Dirección de los servicios territoriales integrados
Artículo 27 Relación con otras Administraciones territoriales
Artículo 28 Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno
SECCIÓN 2. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores Insulares de la Administración general del Estado
Artículo 29 Los Subdelegados del Gobierno en las provincias
Artículo 30 Los Directores Insulares de la Administración General del Estado
SECCIÓN 3. Estructura de los servicios periféricos
Artículo 31 Simplificación de los servicios periféricos
Artículo 32 Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno
Artículo 33 Criterios sobre integración de servicios
Artículo 34 Criterios sobre organización de servicios no integrados
Artículo 35 Dependencia de los servicios no integrados
CAPÍTULO III. La Administración General del Estado en el exterior
Artículo 36 Organización de la Administración General del Estado en el exterior
Artículo 37 Los Embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales
Artículo 38 Requisitos para constituir órganos colegiados
Artículo 39 Clasificación y composición de los órganos colegiados
Artículo 40 Creación, modificación y supresión de órganos colegiados
TÍTULO III. Organismos públicos
CAPÍTULO IV. Creación, modificación y extinción de los Organismos autónomos y entidades públicas empresariales
CAPÍTULO V. Recursos económicos y bienes adscritos
TÍTULO IV. De las competencias y procedimientos en materia de organización
Artículo 66 Competencias generales sobre organización, función pública, procedimientos e inspección de servicios
Artículo 67 Procedimientos de determinación de las estructuras de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos
Disposición adicional primera La organización militar y las Delegaciones de Defensa
Disposición adicional segunda Delegados del Gobierno en Ceuta y Melilla
Disposición adicional tercera Situaciones administrativas
Disposición adicional cuarta Asunción de competencias de Gobernadores Civiles
Disposición adicional quinta Competencias estatales en materia de seguridad pública en las Comunidades Autónomas con Cuerpos de Policía propios
Disposición adicional sexta Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social
Disposición adicional séptima Régimen jurídico del Consejo de Estado
Disposición adicional octava Régimen jurídico del Banco de España y de los Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito
Disposición adicional novena Régimen jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Consejo Económico y Social y del Instituto Cervantes
Disposición adicional décima Régimen jurídico de determinados Organismos públicos
Disposición adicional undécima Régimen jurídico del Organismo autónomo Correos y Telégrafos
Disposición adicional duodécima Sociedades mercantiles estatales
Disposición adicional decimotercera Delegación y avocación de competencias y delegación de firma
Disposición adicional decimocuarta Conflictos de atribuciones intraministeriales
Disposición adicional decimoquinta Fin de la vía administrativa
Disposición adicional decimosexta Revisión de oficio
Disposición adicional decimoséptima Recurso extraordinario de revisión
Disposición transitoria primera Régimen transitorio de nombramientos de titulares de órganos directivos
Disposición transitoria segunda Adaptación de la organización territorial
Disposición transitoria tercera Adaptación de los Organismos autónomos y las demás entidades de Derecho público a las previsiones de esta Ley
Disposición derogatoria única Normas objeto de derogación y de reducción a rango reglamentario
Disposición final segunda Integración de servicios periféricos en las Delegaciones del Gobierno
La Constitución de 1978 ha supuesto una profunda alteración del sistema de fuentes del Derecho público de manera que la actividad y la estructura de la Administración General del Estado se encuentran vinculadas por el marco constitucional.
El precepto fundamental que dedica nuestra vigente Constitución a la Administración General del Estado es el artículo 103 en el que se recogen los principios básicos que deben presidir la actividad de la Administración estatal, a saber: servicio, objetividad, generalidad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
Junto a estos principios, que es conveniente y necesario desarrollar legalmente, no se puede olvidar que la dispersión normativa que hoy caracteriza el régimen jurídico de la Administración General del Estado constituye también una circunstancia que el legislador debe ponderar en orden a regular, en una sola Ley, el régimen, la organización y los criterios de funcionamiento del aparato administrativo estatal. De ahí que ahora, la presente Ley se refiera también a los organismos autónomos y entes públicos de contenido económico, en un esfuerzo de simplificación de la normativa reguladora de la Administración General del Estado.
El modelo de Estado social y democrático de Derecho a que se refiere la Constitución española tiene una singular trascendencia sobre el sistema de la Administración pública en general y, por tanto, sobre la Administración General del Estado en particular. En primer lugar, porque el artículo 103 de nuestra Carta Magna consagra, no sólo el principio de legalidad de la actuación administrativa, sino también su carácter instrumental al servicio de los intereses generales. Por su parte, los intereses generales, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, deben definirse a través de una acción combinada con las instituciones sociales y teniendo muy en cuenta los legítimos derechos e intereses de los ciudadanos de acuerdo con el principio constitucional de participación. Además, el artículo 9.2 de nuestra Norma Fundamental señala claramente que la Administración pública debe remover los obstáculos que impidan la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en que se integra. Y, por otra parte, el artículo 10.1 de la Constitución dispone solemnemente que el libre desarrollo de la personalidad es uno de los fundamentos del orden político y la paz social. Por eso, la Administración General del Estado, a través de sus diferentes modalidades de actuación debe tener presente que el servicio a los ciudadanos es el principio básico que justifica su existencia y que debe presidir su entera actividad.
El servicio a los ciudadanos exige, además, que la estructura y la planta de la Administración General del Estado se ajusten a la realidad social y, por ello, debe reordenarse en función de los mismos, puesto que tienen el legítimo derecho a saber cuáles son las competencias de cada Administración y a recibir servicios públicos de calidad.
El servicio a los ciudadanos y a los intereses generales debe estar caracterizado, como ha dispuesto la Constitución, por la objetividad. Es decir, la transparencia en la actividad administrativa debe ser, no sólo una garantía para los ciudadanos, sino un criterio de actuación general del aparato público. Los titulares de los diferentes órganos administrativos no son más que gestores de intereses ajenos, los del cuerpo social, por lo que deben rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos.
Junto al principio de legalidad de la actividad administrativa, es conveniente subrayar que también vincula a la Administración General del Estado el principio de eficacia. En efecto, el funcionamiento de la maquinaria administrativa estatal debe adecuarse a la gestión por objetivos y a la calidad como forma ordinaria de prestación de los servicios públicos.
La dimensión de las estructuras administrativas estatales debe reordenarse atendiendo a la racionalidad y a la necesidad de evitar duplicidades en la gestión. Por ello, teniendo en cuenta el principio de economía en el gasto público ( artículo 31.2 de la Constitución), resulta a todas luces perentorio simplificar y reducir sustancialmente la planta de la Administración General del Estado.
Por otra parte, la necesidad de acometer procesos de supresión y simplificación administrativa, evidente desde una perspectiva organizativa general, viene impuesta por la realidad del Estado autonómico. Tras más de diecisiete años de andadura constitucional nos encontramos con que todavía no se ha ajustado la estructura administrativa de la Administración periférica del Estado al modelo autonómico. Por ello, resulta conveniente introducir en esta Ley el objetivo de la Administración única o común de forma que el protagonismo administrativo en el territorio autonómico lo tenga la administración autonómica, que también podrá asumir funciones administrativas correspondientes a materias de competencia exclusiva del Estado a partir de las técnicas del artículo 150.2 de la Constitución. Esta adaptación de la actual Administración periférica a las exigencias del Estado autonómico debe permitir eliminar posibles duplicidades y conseguir una mejora en la calidad de los servicios que la Administración presta a los ciudadanos. De manera especial, y para hacer más efectiva esta simplificación de la Administración periférica del Estado, no se considera adecuada la actual existencia de la figura de los Gobernadores Civiles y, en consecuencia, esta Ley la suprime y crea la de los Subdelegados del Gobierno, que dependen orgánicamente de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas que, a la vez, son los responsables de su nombramiento entre funcionarios de carrera. De acuerdo con este perfil, los nuevos Subdelegados del Gobierno no tienen en la Ley la condición de alto cargo.
Asimismo, debe considerarse, también, que la reducción de la dimensión de la Administración periférica del Estado, además, es uno de los objetivos de la Ley del proceso autonómico, de 14 de octubre de 1983, cuyo artículo 22 dispone la reestructuración de la Administración General del Estado para adecuarse a la realidad competencial del Estado autonómico.
Los Ministros, miembros del Gobierno y titulares del máximo órgano de la Administración General del Estado, constituyen la pieza básica de la Ley. Su condición de responsables públicos hace que la Ley les otorgue la capacidad de decisión sobre la definición, ejecución, control y evaluación de las políticas sectoriales de su competencia, al tiempo que se distinguen de estas funciones, que son de naturaleza indelegable, las que se refieren al manejo de los medios, que pueden desconcentrarse o delegarse en otros órganos superiores o directivos.
Las Secretarías de Estado, que también son órganos superiores de la Administración, se caracterizan por ser sus titulares cargos públicos que tienen encomendada esencialmente la función de transmisión y seguimiento de las políticas gubernamentales al seno de la Administración.
Dependientes de los órganos superiores se encuentran los Subsecretarios, los Secretarios generales, cuya existencia se prevé como excepcional, los Secretarios generales técnicos, los Directores generales y los Subdirectores generales.
Como garantía de objetividad en el servicio a los intereses generales, la Ley consagra el principio de profesionalización de la Administración General del Estado, en cuya virtud los Subsecretarios y Secretarios generales técnicos, en todo caso, y los Directores generales, con carácter general, son altos cargos con responsabilidad directiva y habrán de nombrarse entre funcionarios para los que se exija titulación superior. Además, a los Subdirectores generales, órganos en los que comienza el nivel directivo de la Administración General del Estado, también la Ley les dispensa un tratamiento especial para subrayar su importancia en la estructura administrativa.
Con el objeto de ordenar la unidad de acción de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma, se integrará en la Delegación del Gobierno toda la estructura periférica del Estado que sea necesaria en función de los diferentes ritmos de transferencias desde el Estado a las Comunidades Autónomas.
Asimismo, con el objeto de garantizar la unidad de acción del Estado en el exterior, se incluye, por primera vez en una ley general, el tratamiento de la Administración General del Estado en el exterior y de los embajadores y representantes permanentes.
Por otra parte, resulta inaplazable racionalizar y actualizar la normativa dedicada a la tradicionalmente denominada «Administración Institucional del Estado». Se opta, en primer lugar por una denominación genérica, «Organismos Públicos», que agrupa todas las Entidades de Derecho público dependientes o vinculadas a la Administración General del Estado.
Partiendo del concepto general, se distinguen después dos modelos básicos: Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales. Los primeros realizan actividades fundamentalmente administrativas y se someten plenamente al Derecho público; en tanto que los segundos realizan actividades de prestación de servicios o producción de bienes susceptibles de contraprestación económica y, aun cuando son regidos en general por el Derecho privado les resulta aplicable el régimen de Derecho público en relación con el ejercicio de potestades públicas y con determinados aspectos de su funcionamiento.
Por último, la presente Ley trata de precisar, sólo para el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos, algunas cuestiones que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común no había podido resolver por las limitaciones propias de ésta.
El carácter de norma básica de la Ley citada en cuanto al régimen jurídico de las Administraciones públicas, y su objetivo de regular un procedimiento común, conforme a los mandatos del artículo 149.1.1 8.ª de la Constitución, obligaban a que muchos aspectos de su regulación debieran ser precisados normativamente para cada Administración pública atendiendo a sus peculiaridades organizativas y funcionales. Por ello, debe ser en la Ley destinada a regular la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos donde aquellas precisiones encuentren su ubicación idónea.

References: Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 66

Artículo 67
 artículo 103
 artículo 103
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 31
 artículo 150
 artículo 22
 artículo 149