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Timestamp: 2019-01-23 05:40:43+00:00

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MurciaSocial: junio 2016
Vol. 4 - nº 1 de la Revista Española de Discapacidad. 2016
La situación de las personas con capacidad intelectual límite en España. Agustín Huete García, Pilar Pallero Soto
Síndrome de Down y enfermedad de Alzheimer: factores de riesgo, evaluación e intervención. Elvira Díaz Pérez, Laura E. Gómez Sánchez, Mª Ángeles Alcedo Rodríguez
Primeros resultados de la evaluación de un programa de Atención Temprana en síndrome de Down. María Auxiliadora Robles Bello
Transición en la concepción de la viabilidad de prematuros extremos: análisis sociodiscursivo. Fernando J. García Selgas, Concepción Gómez Esteban, Belén Sáenz-Rico de Santiago
Evaluación de la respuesta educativa al alumnado de aulas hospitalarias en la provincia de Almería. Antonio Sánchez Palomino, Damián López Sánchez
Estrategias metodológicas para el estudio de la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad. Antonia Sánchez Alcoba, Manuel Hernández Pedreño, Mariano Imbernón Fernández-Henarejos
Modelo DIL-D ©: diagnosticando las acciones de responsabilidad social corporativa centradas en la integración laboral de personas con discapacidad. Marina Romeo Delgado, Montserrat Yepes Baldó, Francisco Javier Pérez Conesa
Análisis de la accesibilidad física en el transporte público en autobús en la ciudad de Valladolid. Angel Manuel Gento Municio, Juan Luis Elorduy González
La lengua de signos: aspectos traslativos y sociolingüísticos desde un observatorio italiano. Dianella Gambini, Sabina Fontana
Estigmatización, invisibilización y cosificación de las personas con diversidad funcional. Una aproximación desde la justicia como reconocimiento de Axel Honneth. Manuel Aparicio Payá
Diagnóstico etiológico de la sordera infantil: Recomendaciones CODEPEH 2015. Faustino Núñez Batalla, Carmen Jáudenes Casaubón, José Miguel Sequí Canet, Ana Vivanco Allende, José Zubicaray Ugarteche, Rubén Cabanillas Farpón
Niveles de desarrollo de la Atención Temprana. Juan Carlos Belda Oriola
Apuntes sobre la contribución del GAT a la Atención Temprana. Fátima Pegenaute Lebrero
La salud mental en primera persona. Los comités de personas expertas. Salud Mental España
La 'nueva' discapacidad mental. Carlos De Fuentes Garcia-Romero de Tejada
Jim Mansell y Julie Beadle-Brown (2012): Active Support. Enabling and empowering people with intellectual disabilities. Londres: Jessica Kingsley Publishers. Tania Cuervo Rodríguez
Robert L. Schalock y Miguel Ángel Verdugo (2013): El cambio en las organizaciones de discapacidad. Estrategias para superar sus retos y hacerlo realidad. Guía de liderazgo. Madrid: Alianza Editorial. Tania Cuervo Rodríguez
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Estudio crítico del modelo de gestión para una adecuada accesibilidad universal
Miranda Erro, Javier. La accesibilidad universal y su gestión como elementos imprescindibles para el ejercicio de los derechos fundamentales. Madrid: Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, 2016. 260 p. Serie: Convención ONU nº 16.
El objetivo de este trabajo es investigar la realidad sobre la gestión para lograr la adecuada consecución de la accesibilidad universal (AU). Con este fin, es necesaria la aplicación de una metodología científica que permita, una vez contemplados y analizados los aspectos teóricos y prácticos más importantes del objeto de estudio, extraer conclusiones respecto a la distorsión, y también tensión, que se produce entre el derecho y el hecho, entre lo que debe ser y lo que es. Interesan en esta investigación los resultados obtenidos, las conclusiones del análisis de campo y su impacto sobre el sujeto de derecho.
El marco teórico del trabajo está situado en lo que hoy es el mundo de la discapacidad y en el nuevo paradigma que ha emergido en los últimos años. Se pretende fundamentar que hoy la AU ha comenzado a considerarse, en el plano teórico-jurídico, como un presupuesto esencial para el ejercicio de derechos fundamentales de cualquier persona. A pesar de que, como se verá en la segunda parte, el resultado obtenido en la investigación evidencia notables carencias y deficiencias en la gestión de la accesibilidad, al menos en cuanto al desarrollo normativo, ha habido un sustancial y favorable cambio. Se ha intentado buscar respuesta a las preguntas planteadas y expresadas en las hipótesis recogidas. (Texto extraído de la publicación)
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Buenas prácticas como alternativas a la privación de libertad de menores infractores
Kilkelly, U., et al. Alternativas al internamiento para menores infractores. Guía de buenas prácticas en Europa. Bruselas: Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, 2016. 68 p.
La guía ilustra los principios clave de aprendizaje en relación con la puesta en práctica de alternativas a la privación de libertad y recoge diversos ejemplos de buenas prácticas en Europa.
Esta publicación es el resultado del proyecto europeo JODA – Alternativa al internamiento para menores infractores en Europa (JUST/2013/JPEN/AG/4573), dirigida por el Istituto Don Calabria y llevada a cabo en colaboración con el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (Bélgica), Kesa-CPE (Estonia), Fundación Diagrama (España), Include Youth (Irlanda del norte) y Defence for Children (Países Bajos).
El proyecto JODA (Juvenile Offenders Detention Alternative in Europe; «Alternativas al internamiento de menores infractores en Europa») se puso en marcha con el fin de hacer
frente a la falta de uso de alternativas a la privación de libertad en varios Estados europeos. En concreto, pretendía identificar buenas prácticas en la alternativa a las medidas de privación de libertad dirigidas a menores infractores inmersos en el sistema de justicia de menores, teniendo en cuenta estos dos elementos clave: la necesidad de seguridad por parte de la sociedad y, en segundo lugar, el derecho de los jóvenes a la intervención psicosocial y la inclusión. El concepto de la investigación surgió de la necesidad de generalizar buenas prácticas relacionadas con las alternativas a la privación de libertad dirigidas a los menores infractores.
Los principales resultados del proyecto JODA, desarrollado mediante visitas de campo y seminarios nacionales, tienen por meta ampliar la difusión de conocimientos y experiencias en torno a las buenas prácticas en el uso de alternativas a la privación de libertad en varios sistemas judiciales de Europa. Para ello, resultó fundamental diseñar y crear una plataforma de formación en línea, puesta a disposición de profesionales de la justicia de menores de todo el mundo y de miembros del Consejo Europeo de Justicia Juvenil (la red regional y OIJJ) mediante la Escuela Internacional de Justicia Juvenil (la plataforma de formación en línea del OIJJ), destinada a compartir conocimientos sobre las alternativas a la privación de libertad en Europa. Se ha redactado una guía de buenas prácticas, titulada Alternativas al internamiento de menores infractores en Europa, para complementar esta formación en línea. (Texto extraído de la publicación)
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Nº 61 de la revista Zerbitzuan
Zerbitzuan. Revista de Servicios Sociales. Nº 61 (2016). San Sebastián: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. Cuatrimestral. ISSN 1134-7147
"La intervención del trabajador social desde las redes sociales en trabajo social comunitario: fundamentos, dimensiones y competencias" escrito por María Dolores Rodríguez Álvarez, "Revisión sistemática de la efectividad de las medidas de reparto de empleo" realizada por SiiS Centro de Documentación y Estudios, Fundación Eguía Careaga o "Reflexión sobre la baja exigencia: una aproximación al trabajo con personas en exclusión residencial grave" escrito por Pablo Ruíz Errea y Patricia Beteta son algunos de los artículos que puedes consultar en el nº 61 de la revista Zerbitzuan
Elementos para un relato de la gobernanza del Sistema Vasco de Servicios Sociales (188,44 KB). Felix Arrieta Frutos, Emma Sobremonte de Mendicuti.
La intervención del trabajador social desde las redes sociales en trabajo social comunitario: fundamentos, dimensiones y competencias (169 KB). María Dolores Rodríguez Álvarez.
Posible al da lonja eremuan eskuartze soziohezitzaile bat aurrera eramatea? Trapagarango kasuaren azterketa (9,73 MB). Maialen García Valdizán, Israel.
Procesos y factores de exclusión social en las historias de vida de las mujeres institucionalizadas en centros de protección de la Comunidad Valenciana (153,59 KB). Gabriela Moriana Mateo.
Reflexión sobre la baja exigencia: una aproximación al trabajo con personas en exclusión residencial grave (215,96 KB). Pablo Ruiz Errea, Patricia Beteta.
Regulación del diagnóstico social en el País Vasco: intenciones, resultados y vericuetos (146,8 KB). Arantxa Orbegozo Eizagirre.
Revisión sistemática de la efectividad de las medidas de reparto de empleo (273,64 KB). SIIS Centro de Documentación y Estudios, Fundación Eguía Careaga.
Servicios sociales y justicia restaurativa: el caso del Servicio de Mediación Penal de Barakaldo (200 KB). Alberto José Olalde Altarejos, María Paz García-Longoria Serrano, Gema Varona Martinez.
¿Estamos mejorando la atención? Efectos de intervenciones relativas al Modelo de Atención Centrado en la Persona en un grupo residencial (213,5 KB). Pura Díaz Veiga, Alberto Uriarte Méndez, Javier Yanguas Lezaún, Maria Francesca Cerdó i Pasqual, Mayte Sancho Castiello, Ana Orbegozo Aramburu.
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Herramienta de valoración de calidad de vida en infancia, adolescencia y juventud de personas con discapacidad intelectual
Gómez, L.E., Alcedo, M.A., Verdugo, M.A...[et.al]. Escala KidsLife: Evaluación de la calidad de vida de niños y adolescentes con discapacidad intelectual. Salamanca: Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, 2016. 101 p. Colección Herramientas 10/2016
La Escala KidsLife es una herramienta de evaluación de calidad de vida de niños/as y adolescentes con discapacidad intelectual entre 4 y 21 años. Su finalidad es identificar el perfil de calidad de vida de la persona, con evidencias de validez y fiabilidad, para la puesta en marcha de prácticas basadas en la evidencia y el diseño de planes individuales de apoyo.
La escala proporciona puntuaciones estandarizadas y percentiles para ocho dimensiones centrales de calidad de vida (bienestar emocional, bienestar físico, bienestar material, desarrollo personal, relaciones interpersonales, inclusión social, autodeterminación y derechos). Asimismo, permite ilustrar la información obtenida en un perfil de calidad de vida.
Los resultados de la aplicación de la escala pueden ser de gran utilidad en el desarrollo de planificaciones centradas en la persona y la provisión de apoyos individualizados.
Dicha herramienta debe ser utilizada por profesionales de los servicios sociales, familiares o personas allegadas que conozcan a la persona, al menos desde hace seis meses.
La publicación contiene los resultados de validez de la escala y metodología de desarrollo de la misma. También se dan normas de aplicación e interpretación de la escala así como recomendaciones de uso de la información.
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Consultar Escala INICO-FEAPS: Evaluación Integral de la Calidad de Vida de personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo
Herramientas para la planificación y evaluación de los servicios sociales
European Social Network. Evidence-based social services. Toolkit for planning & evaluating social services. Brighton: European Social Network, 2015. 61 p.
El manual, que es fruto del trabajo colaborativo de un grupo de expertos y entidades a nivel internacional, presenta dos cuestionarios. El primero de ellos pretende servir de apoyo para la clarificación del tipo de información que se debe tener en cuenta a la hora de abordar la planificación de los servicios sociales a nivel local, el segundo de los cuestionarios, por su parte, se centra en las cuestiones que se deben considerar cuando se emprenda un proceso de evaluación de dichos servicios. Ambos instrumentos técnicos han sido testados por el grupo de expertos que han formado parte del proyecto, entre ellos el SIIS Centro de documentación y estudios.
La guía incluye asimismo una revisión internacional de las bases de datos especializadas en servicios sociales basados en la evidencia, que pueden resultar de utilidad para aquellas entidades y profesionales que pretendan poner en marcha un proceso de planificación o evaluación de servicios.
(Fuente del resumen: SiiS Centro de Documentación y Estudios Fundación Eguía Careaga - San Sebastián)
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Autodeterminación de las personas con parálisis cerebral
Ciudadanía Activa ASPACE: vida independiente y autonomía. Un modelo de ASPACE para fomentar la autodeterminación de las personas con parálisis cerebral. Madrid: Confederación ASPACE, 2015. 102 p.
Segunda guía publicada por la Confederación ASPACE para fomentar la autodeterminación de las personas con parálisis cerebral.
La guía recoge los resultados de la consulta de 400 personas con parálisis cerebral de centros ASPACE. En el proceso de análisis se recogen las particularidades de la autodeterminación de las personas con parálisis cerebral en áreas fundamentales de la vida como familia, relaciones afectivas y sexuales, vivienda, empleo y ocio.
El documento contiene los testimonios de los participantes en relación a las áreas que se tratan, así como propuestas elaboradas por ellos mismos. También contiene buenas prácticas con el fin de favorecer la autonomía de dicho colectivo.
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Consultar la primera guía publicada por la Confederación ASPACE
Modificación de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia
Fuente: BORM nº 139 de 17/06/2016
Artículo único: Modificación de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia.
Se modifica la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia, en los siguientes términos:
El artículo 2 queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 2: Ámbito de aplicación:
2.2. Se incluye dentro del ámbito de aplicación de la presente ley los y las menores expuestos a todas las formas de violencia incluidas en el artículo siguiente”.
El artículo 22 queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 22. Acoso por razón de sexo o acoso sexual en el trabajo.
6. Todo empleado público que tuviera conocimiento de la comisión de algún tipo de acoso, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento de su autoridad superior quien actuará de oficio ante dichas faltas. El incumplimiento de dicha puesta en conocimiento tendrá la consideración de falta disciplinaria”.
El artículo 40 queda redactado de la siguiente forma “Artículo 40: Formas y manifestaciones de violencia machista.
3. La violencia machista puede ejercerse de forma puntual o de forma reiterada”.
Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Percepción y conocimiento de los profesionales sanitarios y trabajadores sociales ante el maltrato a las personas mayores
Sánchez Martínez, Leticia. Malos tratos a las personas mayores: percepción, conocimientos y barreras para la detección. Murcia: Universidad, 2015. 236 p.
Tesis doctoral cuyo objetivo principal es analizar la percepción del maltrato a las personas mayores, así como, los conocimientos, posición de los profesionales ante el maltrato y las limitaciones que presentan para su identificación y denuncia. Todo esto, con el fin de evaluar la situación actual del problema en nuestro entorno y poder establecer intervenciones futuras.
Se realiza un estudio observacional descriptivo y prospectivo. La muestra final fue de 642 individuos, de los que 376 eran población general, 161 profesionales sanitarios y 105 trabajadores sociales. Se analiza la percepción del maltrato a las personas mayores de los tres grupos con The Caregiving Scenario Questionnaire. Las actitudes y conocimientos de los profesionales sobre el maltrato a las personas mayores así como las barreras para la detección y notificación fueron recogidos. Variables relacionadas con el contacto a nivel personal y profesional con personas mayores y con demencia de los tres grupos del estudio y variables relacionadas con la formación sobre malos tratos a personas mayores de los profesionales sanitarios fueron analizadas.
Los resultados del estudio muestran que el 84,4% de los profesionales valoró de forma negativa la formación recibida sobre malos tratos a las personas mayores, sólo el 9,3% señaló que la formación recibida le preparaba lo suficiente para actuar en casos de maltrato a personas mayores. El porcentaje de profesionales sanitarios que calificó de forma correcta las estrategias categorizadas como maltrato fue significativamente superior al de la población general, no encontrando diferencias significativas entre profesionales sanitarios y trabajadores sociales. Los profesionales del estudio no están completamente familiarizados con las directrices legales y protocolos de maltrato a personas mayores en España. La negativa de la persona maltratada a denunciar el maltrato fue la principal razón de los
profesionales sanitarios y trabajadores sociales para no informar casos sospechosos de maltrato (54,7% y 58,1% respectivamente). Los profesionales sanitarios, en mayor medida que los trabajadores sociales presentan barreras para la notificación relacionadas con la falta de conocimiento sobre el abordaje del maltrato, la legislación y la propia definición. Sin embargo, los trabajadores sociales muestran más preocupación por razones relacionadas con la autonomía del paciente, la confidencialidad médico-paciente, la calidad de vida, y las futuras relaciones profesional-paciente.
El estudio concluye considerando un objetivo prioritario capacitar a los profesionales mediante una formación específica. La prevención es un objetivo clave en el maltrato al anciano por lo que sensibilizar a la sociedad debe ser una estrategia prioritaria para humanizar y promover el buen trato en la atención a personas mayores.
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Modificación de la Ley de Vivienda de la Región de Murcia y del Estatuto de Consumidores y Usuarios
Fuente: BORM nº 137 de 15/06/2016
El presente texto establece un sistema de aprovechamiento de la vivienda que compagina, por un lado, el cumplimiento de la función social de la vivienda, previendo y minimizando al máximo los procedimientos de ejecución hipotecaria y los desahucios; del otro lado, porque lo hace cubriendo la potencial generación de riqueza que se desprende de la propiedad de los bienes inmuebles, condicionando su uso en los casos en los que la alternativa es, simplemente, el desaprovechamiento de la vivienda, el no uso.
Estas entidades, poseedoras en este momento de miles de viviendas vacías no destinadas al fin social de la propiedad, deben seguir haciendo esfuerzo para tener en cuenta en su proceder en estos casos la gravedad de las situaciones en las que se encuentran estas familias, determinándose en el presente texto legal las obligaciones precisas para que previa a la adquisición de viviendas derivadas de operaciones como la dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios sobre vivienda habitual o antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de alquiler, los adquirentes grandes tenedores de viviendas que se hayan adherido a un Convenio Regional, ofrezcan a los afectados una propuesta de alquiler social.
Se incluye en esta reforma un procedimiento extrajudicial para la resolución de estas situaciones, pues la prevención desde la atención precisa e inmediata en estos casos puede evitar la agravación de los casos en los que se ve comprometida la vivienda habitual de personas o familias, para lo cual se dotará de mayor contenido al Servicio de Orientación e Intermediación Hipotecaria creado por esta ley, dando participación a las asociaciones y plataformas que defienden el derecho a la vivienda, consumidores y todos aquellos actores interesados en la solución de estos problemas con la creación de las comisiones de sobreendeudamiento.
Modificación de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia en los siguientes términos:
Se añaden dos nuevos apartados 8.º y 9.º a la letra a) del artículo 4, con la siguiente redacción:
“8.º Proteger el derecho a la vivienda frente a los desahucios forzosos y garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos afectadas por un desahucio.
9.º Garantizar que el conjunto medidas vinculadas con la provisión de viviendas destinadas a políticas sociales se configure como un servicio de interés general para asegurar una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos”.
Se añaden los apartados 6.º y 7.º a la letra c) del artículo 4, con la siguiente redacción:
“6.º Facilitar la aplicación de medidas contra el sobreendeudamiento relacionado con la vivienda habitual por medio del procedimiento extrajudicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento derivada de una relación de consumo.
7.º Desarrollar y ejecutar medidas para paliar la pobreza energética”.
Se añade un apartado 3 al artículo 5, con la siguiente redacción:
“3. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es competente para el desarrollo y ejecución de una política en materia de consumo que incluya, entre otras, la creación y aplicación de un procedimiento extrajudicial para la resolución de las situaciones de sobreendeudamiento en tanto en cuanto no genera nuevas obligaciones civiles o mercantiles, ni consisten en un sistema de arbitraje”.
Se modifica la denominación del título V que pasa a llamarse “De la política de protección pública de la vivienda y de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética”.
Se crea la sección primera del título V denominada “De la política de protección pública de vivienda”, que engloba de los artículo 52 a 59, ambos incluidos.
Se modifica el artículo 52 que pasa a denominarse “Protección social de los deudores hipotecarios”, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 52. Protección social de los deudores hipotecarios.
Las personas físicas en situación objetiva de insolvencia sobrevenida o riesgo de insolvencia por dificultades económicas imprevisibles, o aun previstas inevitables, que les impidan afrontar las obligaciones de pago contraídas y que como consecuencia tengan como uno de sus posibles efectos el riesgo de pérdida de la vivienda habitual gravada con garantía hipotecaria, podrán acudir a las oficinas que los ayuntamientos habiliten para la orientación y el asesoramiento y al Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre todas aquellas cuestiones relativas a las medidas reguladas en la presente ley contra el endeudamiento relacionado con la vivienda habitual y la pobreza energética”.
Se modifica el artículo 53 que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 53. Colaboración entre administraciones públicas.
La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establecerá cauces de cooperación y colaboración con otras administraciones públicas mediante la celebración de convenios en los que se establecerán el contenido, alcance, procedimientos y características de la mutua colaboración para la programación, planificación, impulso, ejecución, seguimiento y control de la política de vivienda en la Región de Murcia, especialmente en lo relativo a la aplicación efectiva de las medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética”.
Se modifica el artículo 55 que pasa a denominarse “Coordinación y colaboración específica en supuestos de ejecución hipotecaria y pobreza energética”, y que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 55. Coordinación y colaboración específica en supuestos de ejecución hipotecaria y pobreza energética.
El Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la Comunidad Autónoma coordinará su actuación con las oficinas de los ayuntamientos que cumplen esta misma función y con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para convenir cuantas actuaciones puedan redundar en beneficio del ejecutado hipotecario, y con todas aquellas entidades, organismos y organizaciones públicas o privadas que tengan como objetivo común prevenir, atender y paliar la pérdida de la vivienda habitual y la pobreza energética en los supuestos que se contemplan en la normativa vigente”.
Se crea la sección segunda del título V denominada “Medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética”.
Se añade un nuevo artículo, 59 bis, que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 59 bis. Medidas contra el sobreendeudamiento relacionado con la vivienda habitual.
3. Los consumidores que se encuentren o puedan encontrarse en una situación de insolvencia derivada del pago de la vivienda podrán iniciar el procedimiento de mediación extrajudicial previsto en la presente ley y en su posterior desarrollo reglamentario, que será de aplicación a todas las personas físicas residentes en la Región de Murcia”.
Se añade un nuevo artículo 59 ter, que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 59 ter. Procedimiento de mediación extrajudicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento.
1 . Los consumidores que se encuentren en una situación de sobreendeudamiento derivada de una relación de consumo en relación con su vivienda habitual, así como cualquiera de sus acreedores, podrán solicitar el inicio del procedimiento de mediación establecido en el artículo 59.bis de la presente ley para la resolución de dicha situación de sobreendeudamiento, salvo que se encuentren inmersos en un procedimiento judicial concursal.
4. El procedimiento al que se refiere el presente artículo es un procedimiento de mediación en los términos en que se establecerá en el reglamento de desarrollo de la presente ley”.
Se añade un nuevo artículo 59 quáter que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 59 quáter. Medidas para evitar los desahucios que puedan producir una situación de falta de vivienda.
1. Antes de adquirir una vivienda resultante de la consecución de acuerdos de compensación o dación en pago de préstamos o créditos hipotecarios sobre la vivienda habitual, o antes de la firma de la compraventa de una vivienda que tenga como causa de la venta la imposibilidad por parte del prestatario de devolver el préstamo hipotecario, el adquiriente gran tenedor de viviendas adherido al convenio regional con grandes tenedores de vivienda deberá ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social si la adquisición o la compraventa afecta a personas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial definidos por la presente ley. El deber de comprobar dichas circunstancias recae sobre el adquirente, que debe requerir previamente la información a los afectados.
a) Debe fijar rentas que garanticen que el esfuerzo por el pago del alquiler no supere el 10% de los ingresos ponderados de la unidad familiar (si están por debajo del 89% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), o el 12% de los ingresos ponderados de la unidad familiar si están entre el 89% y el 94% del IPREM, o el 18% de los ingresos ponderados de la unidad familiar si estos son iguales o superiores al 95% del IPREM.
12. A efectos de lo establecido en los apartados 1 y 2 del presente artículo, son sujetos obligados a su cumplimiento los grandes tenedores de viviendas, adheridos al convenio regional con grandes tenedores de vivienda, entendiendo por tales las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil y ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El convenio regional con grandes tenedores de vivienda tendrá el contenido que se determine por el desarrollo reglamentario de esta Ley y será promovido por el Gobierno Regional entre todas las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de estas entidades, los fondos de inversión y las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, de acuerdo con la legislación mercantil y ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Se crea nuevo artículo 59 quinquies que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 59 quinquies. Medidas para evitar la pobreza energética.
5. La empresa suministradora que por convenio haya asumido tal obligación debe informar, en cualquier aviso o comunicación que haga referencia a la falta de pago del servicio, de los derechos relativos a la pobreza energética establecidos por la presente ley, de acuerdo con lo establecido por el artículo 8.g) de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia”.
Se crea nuevo artículo 59 sexies que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 59 sexies. Umbral máximo de gastos destinados a vivienda habitual y a suministros básicos.
2. Las garantías que se recogen en el apartado anterior se aplicarán en función de las disponibilidades presupuestarias, con priorización, en cualquier caso, de las unidades de convivencia de tres o más miembros, en primer término; de las de dos miembros, en segundo término, y de las integradas por un solo miembro, en último término”.
Se añade un nuevo artículo 59 septies que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 59 septies. Plazos.
4. La solicitud de un informe a los servicios sociales para determinar si una unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial determinadas por el artículo 59 quinquies 4 obliga a la Administración a emitir el informe en un plazo de quince días. Si transcurre dicho plazo y no se ha emitido el informe, se entiende que la unidad familiar se encuentra efectivamente en situación de riesgo de exclusión residencial”.
Se modifica el artículo 62 y queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 62. Regulación y carácter.
El Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se configura como una estructura administrativa dependiente del órgano directivo con competencias en materia de vivienda, encaminada a facilitar un servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio. En dicho Servicio se integra la Comisión de sobreendeudamiento a la que se refiere el artículo 59 ter 2, para el cumplimiento de las funciones que se recogen en el siguiente artículo”.
Se añade un apartado 4 al artículo 64, con la siguiente redacción:
“4. En el ejercicio de las competencias sancionadoras, las relaciones interadministrativas deben responder, en términos generales, al principio de subsidiariedad. En el caso de que los municipios no dispongan de los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo dichas competencias, el departamento competente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia puede asumir su ejercicio. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debe facilitar a los ayuntamientos, en el plazo de siete días hábiles a contar desde el día en que le sea requerida, la información que necesiten para ejecutar estas medidas”.
Modificación de la Ley 4/1996, de 14 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia.
Se añaden dos apartados, 7 y 8, al artículo 2, con la siguiente redacción:
“7) Resolución extrajudicial de conflictos: cualquier procedimiento alternativo al jurisdiccional que permita poner fin a las controversias surgidas en el marco de una relación de consumo.
8) Pobreza energética: incapacidad de un hogar para satisfacer el mínimo de servicios energéticos y, de esta forma, garantizar las necesidades básicas teniendo en cuenta los factores personales, geográficos y materiales que concurren. Estos parámetros deben definirse por reglamento”.
Se añade un artículo, el 19 bis, con la siguiente redacción:
“Artículo 19 bis. En situaciones de sobreendeudamiento derivado de relaciones de consumo, se establece un procedimiento de mediación al que se someterán las entidades adheridas al convenio que al efecto será redactado según lo establecido en el desarrollo reglamentario de esta ley y se sustanciará ante las comisiones de sobreendeudamiento reguladas por su legislación específica. Si las comisiones de sobreendeudamiento no alcanzan un acuerdo entre el consumidor y los acreedores, queda abierta la correspondiente vía judicial para hacer efectivo lo dispuesto por este código y la legislación complementaria.”
Se añaden dos letras, h) e i), al apartado 2 del artículo 34, con la siguiente redacción:
“h) No formular la propuesta obligatoria de alquiler social en los supuestos en que el artículo 59 quáter de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética lo requiera.
i) Incumplir en la formulación de la propuesta obligatoria de alquiler social los requisitos establecidos por la definición del alquiler social del artículo 59 quáter 7 de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética”.
Obligación de ofrecer un alquiler social.
Plazo para los mecanismos de garantía del realojamiento adecuado.
Fijación de coeficientes de ponderación de ingresos familiares.
El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de esta Ley, desarrollará mediante el correspondiente reglamento las previsiones incluidas en la presente respecto de los procedimientos de mediación en ella previstos, los contenidos mínimos obligatorios de los convenios entre administraciones públicas y empresas suministradoras de agua, electricidad y gas, el convenio regional de adhesión con los grandes tenedores de vivienda, así como respecto de la creación y funcionamiento de las comisiones de sobreendeudamiento a las que se refiere el nuevo artículo 59 ter de la Ley 6/2015, de Vivienda de la Región de Murcia, las cuales deberán estar integradas en el servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria regulado en los artículos 62 y 63 del mismo texto legal y en las que en cualquier caso habrá representación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, empresas suministradoras de servicios básicos, organizaciones de consumidores, y otros agentes sociales interesados en la lucha contra la pobreza energética, junto al resto de entidades relacionadas con el sector de la vivienda.
La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
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Vol. 4 - nº 1 de la Revista Española de Discapacid...
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Modificación de la Ley de Vivienda de la Región de...
Análisis territorial de desigualdad, pobreza y emp...
Accesibilidad Universal y consumo
Evidencia científica para profesionales de la inte...

References: artículo 2
 artículo 22
 artículo 40
 resolución 
 artículo 4
 artículo 4
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 53
 artículo 55
 artículo 59
 resolución 
 artículo 59
 resolución 
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 8
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 62
 artículo 59
 artículo 64
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 34
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 59