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Timestamp: 2018-11-19 05:29:18+00:00

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Recortes de Prensa Martes 13 Enero 2009
Con E de endeudamiento
Este monumental ejercicio de propaganda gubernamental a costa del contribuyente coincide con la pérdida de confianza en la deuda pública española por parte de agencias internacionales de calificación crediticia como Standard & Poor´s
EDITORIAL Libertad Digital 13 Enero 2009
Propaganda y endeudamiento. Con estas dos palabras se puede resumir perfectamente el llamado "Plan E" que el Gobierno de Zapatero ha colgado en su pagina web para publicitar sus supuestas medidas con las que hacer frente a la crisis económica que estamos padeciendo.
Al margen del reconocimiento de la "crisis" –una palabra hasta hace nada tabú para el Ejecutivo–, lo primero que llama la atención del documento es que ya no culpe de la misma a Bush, a la avaricia de los empresarios, al neoliberalismo o a cualquier otra de las cabezas de turco que el PSOE ha utilizado para eludir su responsabilidad en la recesión que nos azota. Ahora el causante parece ser "el ajuste del sector de la construcción"; un ajuste que, ciertamente, se está dando, pero no como causa sino como consecuencia de una irresponsable política económica que lo había dejado todo al "motor" de la construcción y a la inercia y herencia de unos bajos tipos de interés y de unas agotadas reformas llevadas a cabo bajo el anterior Gobierno del PP.
Lo grave es que, tal y como se refleja en el documento de marras, Zapatero no tiene la menor intención de llevar a cabo un impulso fuerte y sano de la economía, como serían una drástica reducción de los impuestos y del gasto público y unas reformas estructurales que liberalizasen los mercados. Por el contrario, se concentra exclusivamente en recurrir al dinero del contribuyente –presente y futuro–, calificado propagandísticamente como "ayudas del Gobierno", para financiar planes que, lejos de crear empleo, lo que van a hacer es incrementar la presión fiscal y el endeudamiento estatal. Tal es el caso del "Fondo para Entidades Locales" o del "Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y del Empleo", que comprometerán más de 11.000 millones de euros.
Como es conocido, el primer plan no supone más que unas transferencias de unos 8.000 millones de euros a los ayuntamientos, supuestamente para la financiación de obra nueva y de ejecución inmediata, de las que, sin embargo, no se tiene garantía alguna que sea para esos menesteres o para maquillar las no menos endeudadas cuentas de las corporaciones locales. En cualquier caso, es evidente que los ciudadanos, conservando y haciendo uso de su dinero, impulsarían la economía mucho mejor de lo que lo pueda hacer cualquier entidad pública, sea municipal, autonómica o estatal. Eso, por no hablar, al margen de la ineficiencia, de las oportunidades que se da a la corrupción cuando las entidades públicas tratan de convertirse en empresario y creador de puestos de trabajo.
Otro tanto se podría hablar del "Fondo Especial" que, junto a los ya citados, también se destina a objetivos tan inconcretos, o simplemente absurdos, como proyectos de I+D+i (490 millones), Turismo social y dependencia (430 millones) y actividades relacionadas con el Medioambiente y la prevención del cambio climático (575 millones).
En cuanto al "Plan Extraordinario de Medidas de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral", lo único que se puede decir es que tras esta pomposa denominación y loable objetivo no se articula ni detalla nada que lo sustente, por lo que cabe esperar que no sea otra cosa que esos cursos estériles con los que el Gobierno encubre y maquilla el numero real de personas desempleadas.
Respecto a las bonificaciones de 1.500 euros para la contratación de desempleados con cargas familiares, tal y como señalamos en su día, lo que tiene que hacer el Gobierno es levantar las barreras institucionales, tanto laborales como fiscales, que disuaden la contratación, en lugar de hacer transferencias económicas que no animarán a los empresarios a superarlas. Sin embargo, este Plan E confirma la nula voluntad del PSOE de acometer reforma alguna, especialmente en el mercado laboral, dejando el cacareado diálogo social en un estéril dialogo de mudos.
Lo más preocupante de este monumental ejercicio de propaganda gubernamental a costa del contribuyente es que coincide con la pérdida de confianza en la calidad de la deuda pública española por parte de agencias internacionales de calificación crediticia como Standard & Poor's.
En cualquier caso, a un Gobierno como el de Zapatero, que se caracteriza por sus constantes huidas hacia adelante, cualquier endeudamiento, por encarecido que sea, es bueno con tal de sustentar su engañosa propaganda.
El 'caso diálogo'
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 13 Enero 2009
El tribunal encargado de juzgar el 'caso Ibarretxe' no ha bendecido el diálogo con ETA y Batasuna, ni lo contrario. No se ha pronunciado sobre ese asunto ni hubiera tenido que hacerlo aunque hubiera decidido seguir hasta el final con el juicio que sentaba en el banquillo al lehendakari, a Patxi López y Arnaldo Otegi.
Lo que tenía que decidir el tribunal, si hubiera llegado al fondo del asunto, era si los dirigentes de Batasuna habían desobedecido la prohibición judicial de realizar actividades políticas como partido y si Ibarretxe, López y Ares habían sido cooperadores en ese delito. En ningún caso tenía que juzgar el tribunal si el diálogo es fórmula adecuada para resolver el problema del terrorismo. No tenía que definirse sobre esa cuestión ni resultaba procedente solicitar un pronunciamiento como pretendía el presidente del Gobierno vasco. No era el 'caso diálogo' lo que estaba en el banquillo por más que insista en ello la propaganda política interesada.
El tribunal ahora ya no tendrá que dilucidar el fondo del asunto que juzgaba al haber decidido dar por finalizado el caso aplicando la llamada en los medios 'doctrina Botín', según la cual no procede celebrar un proceso penal si la acusación popular no va acompañada de la acusación de la Fiscalía o de la acusación particular. Es una doctrina que está discutida en el seno de la magistratura, como lo pone de manifiesto el voto particular del presidente del tribunal que no está de acuerdo con ella, y que no está avalada todavía por la jurisprudencia del Supremo.
La decisión legítima de presentar un recurso ante el Supremo ayudará a ir creando esa jurisprudencia y obligará al alto tribunal a clarificar su interpretación del papel de la acusación popular, que a los ojos de los legos en Derecho resulta contradictoria después de resoluciones como las adoptadas en el 'caso Botín' y en el 'caso Atutxa', aparentemente enfrentadas.
La resolución adoptada ayer no es tampoco una muestra de la esquizofrenia de la Justicia, como han apuntado algunos, incapaces de comprender la existencia de diferentes instancias en la administración de Justicia que pueden hacer interpretaciones legales diferenciadas sobre asuntos objeto de polémica y que los desacuerdos se canalizan mediante recursos hasta que la instancia más alta, el Tribunal Supremo, diga la última palabra.
El debate sobre la decisión de no proseguir con el juicio no puede ser un debate político sino jurídico y debe partir del respeto a los jueces, tanto ahora como cuando decidieron iniciar el juicio.
Extraviada en su laberinto
J. M. RUIZ SOROA El Correo 13 Enero 2009
Hay veces, afortunadamente pocas, en que la justicia española parece optar por adentrarse en el arabesco hasta perderse en su propio laberinto. La del juicio que nos ocupa es una de ellas, dada la última decisión de dos de los tres magistrados de la Sala de cerrarlo en base al argumento de que la acusación popular no es bastante para sostener una acusación en un procedimiento abreviado como el presente. La decisión de sobreseer el caso es probablemente acertada en su sustancia, pero es terriblemente desafortunada en sus razones, porque contradice de plano la doctrina establecida por el Tribunal Supremo sobre el punto en el llamado 'caso Atutxa'. Lo cual significa que, al final, existe una alta posibilidad de que el actual sea un cierre en falso y que el juicio deba reanudarse, por orden del Tribunal Supremo, el próximo año. Una idea que estremece a cualquier ciudadano por su pura y simple extravagancia.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? La Sala del Tribunal Superior que instruyó el sumario pudo y debió cerrarlo hace meses cuando el Tribunal Supremo estableció lo que pudiéramos denominar «doctrina orientativa sobre el proceso de diálogo»: es decir, que los tribunales dejaran espacio a la política. No quiso hacerlo, a pesar de que le brindaban en bandeja buenas razones para no perderse en un laberinto. Fue una decisión desafortunada e imprudente. Ahora, en cambio, la Sala juzgadora ha adoptado esa decisión que entonces no se quiso, pero lo ha hecho con las malas razones, con unas razones muy débiles porque son contrarias a la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto a la posibilidad de juzgar con la sola acusación popular en casos como el presente. Otra decisión imprudente. Lo que una Sala no quiso hacer a pesar de contar con buenas razones, otra lo ha hecho pero con las malas. Con lo que todo puede volver a empezar. Seguimos adentrándonos en el laberinto.
Lo que resulta de todo ello es la desagradable impresión de que los miembros del Tribunal Superior se han extraviado en un baile alocado entre decisiones y razones, en el que no se distingue ya la más mínima coherencia o prudencia. A no ser que les miremos el carnet ideológico personal a cada uno de ellos, como algunos hacen sin pudor, algo a lo que este cronista se niega por principio.
Esperemos, en el sentido fuerte de este término, que el Tribunal Supremo encuentre la fórmula adecuada para poner fin a este espectáculo y, sin revocar la doctrina del 'caso Atutxa' sobre la acusación popular (que es la más coherente con nuestros principios constitucionales), sepa salir del laberinto de una vez por todas. La administración de justicia se lo agradecerá.
El archivo de la causa y el artículo 125
JAVIER TAJADURA TEJADA El Correo 13 Enero 2009
Por decisión mayoritaria de la Sala competente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido archivar la causa contra Ibarretexe, López y varios dirigentes de Batasuna. El Tribunal ha fundamentado su decisión en «la falta de acusación legítima». Con independencia de las consecuencias políticas de esta resolución, y con el debido respeto al Tribunal, creo obligado advertir de que, desde un punto de vista estrictamente jurídico-constitucional, se trata de una decisión que infringe de forma clara, grave y manifiesta un importante precepto constitucional, el artículo 125, que recoge la figura de la 'acción popular': «Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales». Esto quiere decir que, junto al Ministerio Fiscal y al acusador particular en sentido estricto -que es titular de la acción como perjudicado por el hecho punible-, nuestro Derecho faculta a cualquier ciudadano español, haya sido o no ofendido por el delito, a mostrarse parte en el procedimiento penal. De ello se deduce, necesariamente, que la acusación popular sí es acusación legítima.
El TSJPV, en su resolución de ayer, asume una tesis defendida por el Tribunal Supremo, en diciembre de 2007, en el denominado 'caso Botín'. Ahora bien, olvida que aquélla fue una resolución única y que no sólo no constituyó jurisprudencia (con posterioridad, la sentencia del 'caso Atutxa' sostuvo el criterio contrario) sino que supuso una infracción de la Constitución. La tesis que ayer avaló el TSJPV viene a afirmar que si el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan el sobreseimiento es preciso archivar la causa, por lo que la acusación popular queda reducida a la condición de 'convidado de piedra'. La Constitución y la Ley de Enjuiciamiento criminal ampararían esta importante limitación de la 'acusación particular'. Y ello porque el artículo 125 de la Constitución habilita al legislador a regular la forma del ejercicio de la acción popular, y el artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que «si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa (...) lo acordará el juez». De ello se deduce que en el procedimiento abreviado, esto es, en aquéllos en los que se enjuician hechos castigados con pena privativa de libertad de hasta nueve años, cuando es la acusación popular la única que solicita la apertura del juicio oral, y las otras partes acusadoras el sobreseimiento, el juez, preceptivamente, debe decretar dicho sobreseimiento. La sola existencia de la acusación popular constituiría una falta de acusación legítima.
Esta tesis rompió con toda la jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo y dejó, prácticamente, sin efecto la institución de la acción popular, que había estado vigente en España desde hacía 125 años. En esa sentencia se prescindió del hecho de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en muchas de sus disposiciones, emplea la expresión 'acusación particular' en un sentido amplio que abarca tanto a la acusación particular en sentido estricto -la que ejerce el perjudicado por el delito- como a la popular -la que se atribuye a cualquier español, haya sido o no ofendido por el delito-, por lo que realiza una interpretación gramatical errónea.
Pero, sobre todo, ignora por completo el significado y alcance del artículo 125 de la Constitución puesto que el mismo no habilita al legislador para regular la acción popular, sino que su propósito es, precisamente, impedir que el legislador pueda desnaturalizar la institución. El examen de los debates constituyentes no deja ninguna duda al respecto. El sintagma que figura en el artículo 125 CE -«en los casos y forma que la ley establezca»- se refiere única y exclusivamente al jurado (pero no a la acción popular), ya que no existía en Derecho español norma alguna que regulase el jurado. Lo que obviamente perseguía el artículo 125 era constitucionalizar la 'acción popular' y, de esta forma, blindarla frente al legislador ordinario. Su regulación no quedó dilatada en el tiempo a lo que 'determinase' una futura ley (como ocurrió con el jurado), ya que en el caso de la 'acción popular' la ley ya había predeterminado el contenido de la misma desde 1882, año de la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
n definitiva, el único sentido de la incorporación a la Constitución de la acusación popular fue, precisamente, el de impedir su desnaturalización por el legislador. Con resoluciones como la sentencia del Tribunal Supremo en el 'caso Botín' o la de ayer del TSJPV decretando el archivo de la causa «por falta de acusación legítima», los órganos judiciales asestan un duro golpe al artículo 125 de la Constitución. Con ello se abre la vía para que queden impunes determinados delitos cuando no existe un perjudicado directo (acusación particular) y el Ministerio Fiscal decide no acusar. Por ello, el propio Tribunal Supremo corrigió rápidamente su error y retornó a su jurisprudencia anterior en la sentencia del 'caso Atutxa'.
Desde esta perspectiva, existen razones fundadas para prever que la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de ayer pueda ser recurrida, con éxito, ante el Tribunal Supremo.
Alfonso USSÍA La Razón 13 Enero 2009
En la mirada de Iñaki de Juana Chaos se reúnen todas las perversidades posibles. No es una mirada apta para menores ni enfermos vasculares. En sus ojos se refleja la chulería arrogante del asesino orgulloso de serlo. Asistió en Belfast a una manifestación contra Israel y a favor de Hamas. Llevaba un pañuelo palestino, como Otegui, como Madrazo, como Zerolo, como Llamazares, como Pilar Bardem y como tantos otros. De Juana, como bien ha dicho María Jesús González, vicepresidenta de la AVT, no estuvo en la manifestación de Belfast a favor de la paz, ni de Palestina, sino de Hamas, que son tan terroristas como él.
Un ministro norirlandés ha exigido a los organizadores de la manifestación que pidan perdón a España por permitir que el gran asesino participase en la misma. Quien albergara alguna duda del carácter de Hamas, ya sabe a qué atenerse. De Juana Chaos está con ellos.
Curiosa exigencia de Zapatero. Le pide a Rajoy que haga públicas sus simpatías en el conflicto de Gaza. Me figuro que Rajoy sentirá como todos las muertes de los inocentes, lamentará las manipulaciones informativas de los progres Visa Oro, adjudicará a Hamas la condición de terroristas y respetará el derecho del Estado de Israel a defenderse. Más o menos como todos los dirigentes y Gobiernos de Europa. Zapatero, no lo puede remediar, se siente más cerca de Hamas que de Israel, y sus allegados como Zerolo no lo ocultan. No me parece coherente que Zapatero proteste tanto por la respuesta armada de Israel al terrorismo en la franja de Gaza, cuando España ha vendido al Ejército israelita armas por más de mil seiscientos millones de euros. Cinismo y falso «buenismo».
El domingo pasado, manifestación contra la embajada de Israel en Madrid. Como la de Belfast, pero más folclórica. Estaban los dirigentes sindicales y altos representantes de la Cofradía de la Pegatina. Pilar Bardem, Juan Diego, Juan Diego Botto, Aitana Sánchez-Gijón, Loles León, Verónica Forqué, Carmen Machi, y el de siempre. Federico Mayor Zaragoza, que compite con Garzón por el Nobel de la Paz, y cuando era Rector de la Universidad de Granada prohibía a Manuel Jiménez de Parga hablar a los estudiantes con críticas al franquismo. Mayor Zaragoza sufre el síndrome del franquista redimido, redimido por él mismo, claro está.
En la manifestación de Madrid contra Israel, los hebreos fueron amablemente tildados de «asesinos» y nadie mencionó el terrorismo palestino de Hamas. Lo normal. Y todo por una afirmación inicial pueril. Israel es una nación occidental que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos. Los Bardem sólo respetan a los Estados Unidos cuando viajan a Nueva York en busca de contactos, a Los Ángeles en pos de contratos, y a Hollywood para mendigar el «Oscar» que nunca rechazan. Al menos son sinceros demostrando públicamente su incoherencia. Pero las cosas son más complicadas de lo que creen estos cómicos y determinados arribistas. Se ponen el pañuelo palestino, berrean contra Israel y los Estados Unidos y se olvidan de Hamas y del terrorismo. Ya es mala suerte. Hicieron lo mismo que De Juana Chaos en Belfast. Como para pensarlo dos veces antes de hacer de nuevo el ridículo.
Archivado, no absuelto
Editorial ABC 13 Enero 2009
EL Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha cerrado en falso el juicio al lendakari Ibarreche y ha abierto una disputa jurídica que habrá de resolver la Sala Segunda del Tribunal Supremo, convertida en protagonista anticipada de esta causa por la discutible aplicación que han hecho los jueces del tribunal vasco de la llamada «doctrina Botín». Según el TSJ del País Vasco, el caso debía quedar sobreseído porque sólo habían presentado cargos las acusaciones populares, Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, y estas entidades no estarían legitimadas, por sí solas, para sentar el banquillo al lendakari ni al resto de acusados, los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y diversos dirigentes batasunos, como Arnaldo Otegui. El fiscal, por su parte, se opuso a la apertura del juicio oral. El archivo de esta causa se basa en una objetable interpretación de la «doctrina Botín», con la que los jueces del tribunal vasco -dos de ellos, porque el presidente ha votado en contra- eluden aplicar otra doctrina, la del «caso Atutxa», que habría permitido la continuidad del juicio. Con esta segunda doctrina, la Sala Segunda del TS reconoció la legitimación de las acusaciones populares para pedir y obtener, por sí mismas, la apertura de juicio oral cuando se esté juzgando un delito contra intereses generales, es decir, delitos que no causan víctimas en sentido estricto. Por eso, el TS condenó al ex presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, en una causa penal que reproduce las mismas circunstancias del proceso contra Ibarretxe. La infracción de la «doctrina Atutxa» justifica técnicamente -cuestión distinta es la valoración de la oportunidad- los recursos anunciados por las acusaciones populares y confiere a su impugnación visos solventes de que prospere.
En el orden político, el lendakari Ibarreche se ha quedado sin juicio y sin argumento victimista de cara a las elecciones autonómicas y frente al electorado batasuno, ante el que quería presentarse como un mártir del diálogo político con la izquierda abertzale. Su defensa solicitó en la primera sesión del juicio que la vista oral continuara hasta llegar a una sentencia que confirmara su inocencia. El auto de sobreseimiento que ha dictado el TSJ vasco deja a Ibarreche sin esa sentencia absolutoria que coronaría su estrategia preelectoral, porque su exculpación se debe sólo a razones procesales y no de fondo. Además, la interpretación judicial que motiva el archivo no tiene garantía alguna de que dentro de unos meses el lendakari no vuelva a sentarse en el banquillo por orden del Supremo. El «caso Atutxa» también es ilustrativo en este sentido, porque, a pesar de que el Ministerio Fiscal apoyaba la absolución del ex presidente de la Cámara vasca, gracias a las acusaciones populares el Supremo pudo matizar la «doctrina Botín», revisar la sentencia absolutoria y acordar la condena del dirigente nacionalista.
Por tanto, parece que esta decisión del TSJ del País Vasco sobre el lendakari y los demás imputados abre un nuevo capítulo de un proceso judicial que tiene una clara proyección política. Y aunque esté extendida, la idea de la condena es improbable; esta causa contra los interlocutores de la negociación política con una organización ilegal y terrorista como Batasuna está revelando la necesidad de proteger al Estado de Derecho y la integridad de las sentencias judiciales que aplican la ley de Partidos Políticos. Si un partido tiene prohibida la actividad política y alguien se la facilita está cometiendo una infracción de la que debe responder, pero es un contrasentido forzar al Supremo a que asuma la grave tarea de ilegalizar a Batasuna y luego dejar impunes actos que, como los del lendakari Ibarreche, Patxi López o Rodolfo Ares, pasan por alto esa declaración de ilegalidad. Para el lendakari y los demás acusados, negociar con Batasuna es diálogo político. Para el resto de los ciudadanos fue desobedecer al Supremo y legitimar políticamente a terroristas.
Miedo en la sima
HERMANN TERTSCH ABC 13 Enero 2009
Lo que sí queda ya en evidencia es la situación en que van a estar los fundamentos e instrumentos del Estado de Derecho cuando mayor sea la necesidad de invocarlos, aplicarlos e utilizarlos para defender e intentar salvar la paz social, el orden público, la seguridad jurídica, los derechos individuales, la propiedad privada, en fin, por resumir, llamémoslo las libertades. Cierto que ya estamos pagando estos años de masiva complicidad entre el zapaterismo y los nacionalismos, esas otras fuerzas que también creen en la supremacía de la ideología sobre el Derecho y las Leyes. La obscena presión sobre los jueces -más bien intimidación de los mismos- en el juicio abierto y cerrado contra Ibarretxe, López, Otegui y otros es un caso más. De momento de los más escandalosos. Demuestra que para los actuales gobernantes «la supremacía de la política» no es otra que la que evoca Ortega en Nicaragua. Hay diferencias de intensidad, pero no de calidad ni de concepto.
Según se agudice la crisis y la presión haga saltar las costuras de nuestro maltrecho tejido social, los gobernantes apremiados estarán cada vez menos preocupados por guardar las formas. La agitación política y social que el zapaterismo y sus socios parecen dispuestos a utilizar para evitar asumir responsabilidades por sus actos promete un ambiente irrespirable. Y peligroso. Se les irá de las manos, como se les fue el domingo la manifestación judeófoba, antioccidental y antisistema que patrocinó el Gobierno contra Israel. No fueron Zapatero y Pepiño quienes atacaron con piedras la embajada. Pero muchos dedujeron de sus palabras que había motivos para hacerlo. Tampoco son ellos ni Montilla los responsables de las amenazas de muerte a Pilar Rahola por defender a Israel. O los hostigados por otras causas. Pero el clima de descalificación y hostigamiento a la oposición y al discrepante que se extiende e intensifica es producto directo de su política y su propaganda. El miedo a las represalias políticas, económicas o laborales por parte del poder determinaba ya las conductas en varios cacicatos autonómicos. Ahora el fenómeno es general. Y único en Europa. En un país sin oposición, unos gobernantes tan resueltos e irresponsables casi garantizan que en épocas de precariedad y angustia haya al final algo más que palabras.
Les suplico que únicamente dirijan la mirada a lo que llevamos padecido en lo poquísimo que va de año
La inutilidad del progre
César VIDAL La Razón 13 Enero 2009
Señalaba Milan Kundera aquello de que el ser era insoportablemente leve. No estaba mal el concepto, aunque debe señalarse que existe algo por su propia esencia más insoportable y es la innegable inutilidad del progre. Les suplico que únicamente dirijan la mirada a lo que llevamos padecido en lo poquísimo que va de año. De entrada, una cifra de desempleo que es la peor desde que, hace años, el Partido Popular llegó al poder y que supera -y lo que te rondaré morena- la raya de los tres millones de parados. De continuación, unos datos sobre el desplome de afiliados a la Seguridad Social que obliga a realizar un acto de fe para creer no que nosotros cobraremos la pensión sino que seguirán percibiéndola a medio plazo los ancianos y los minusválidos. Y como remate de esos dos datos auténticamente inquietantes, la inevitable sensación de que la ideología progre y el progre en sí constituye un epítome de lo inútil y dañino. Les cito dos ejemplos más de hace unas horas.
El primero, la nevada que cayó sobre Madrid a finales de la semana pasada y el segundo, la manifestación del último domingo contra el Estado de Israel, apoyada por el PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos. Lo de la nevada fue, desde luego, para miccionar y no echar gota. Resulta que nuestro Gobierno -y, a su lado, una legión de paniaguados con dinero de los contribuyentes- se atreve a lanzar profecías sobre cómo será el clima del planeta dentro de un siglo y no logra percatarse de que va a nevar y hacer algo al respecto. A esa inutilidad, se ha sumado, por supuesto, la torpeza proverbial de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y la búsqueda de un chivo expiatorio que, por lo visto, será el representante de la Comunidad de Madrid en Iberia. El razonamiento haría, desde luego, palidecer a Aristóteles. La responsabilidad de que el Ministerio de Fomento actúe de manera tercermundista es de Esperanza Aguirre y de Iberia. ¡Chúpate ésa!
Pero lo de la manifestación contra Israel ha sido ya de relato de Vizcaíno Casas. Acabó -como no podía ser menos- causando daños a la propiedad ajena e hiriendo a dos agentes del orden, pero antes tuvimos ocasión de ver a un antiguo rector del régimen de Franco codeándose con gente de CCOO y UGT; a una actriz de la que acabo de descubrir que en una serie de televisión se limita a interpretar a un personaje de su mismo nivel educativo y mental, y a docenas de personas que vitoreaban a una organización terrorista como Hamas, a la que también apoya Iñaki de Juana Chaos. El progre, por definición, forma parte de ese elenco de «lo más inútil que ha parido madre». Con dos excepciones. La primera, la de llenarse los bolsillos con dinero del ciudadano ya sea en forma de subvenciones, de prebendas sindicales o de pesebres diversos, y la segunda, la de hacer el ridículo. ¿O es que a alguien se le ocurre algo más ridículo que Pedro Zerolo al lado de una pancarta en la que se acusa a Israel de terrorismo de estado cuando su puesto lo ha obtenido en las listas del único partido -el PSOE- que ha practicado ese terrorismo al crear los GAL? Lo dicho. No hay cosa más insoportablemente inútil que un progre.
nadie quiere líos
José Antonio VERA La Razón 13 Enero 2009
La realidad es que a Ibarreche lo tenían que haber juzgado y condenado por reunirse en su despacho con los representantes de Eta. Es lo que correspondía por ley y por justicia, pero tanto a él como a Patxi López los van a dejar en paz para evitar que este proceso se convierta en un acto de propaganda del lendakari, que lo iba a explotar con victimismo nacionalista. Por eso los jueces han entendido que había que seguir la «doctrina Botín», según la cual no se puede condenar a nadie si no hay acusación legal, aunque si que exista una «acusación popular».
También podían haber interpretado lo contrario, de acuerdo con la «doctrina Atucha», basada en un principio contrapuesto, pero igualmente aceptado. Había dos opciones y, como podían elegir, han escogido la que más les convenía en este momento. Aunque uno se pregunta, como es lógico: ¿y para qué entonces todo este proceso absurdo? En realidad lo que ha quedado demostrado es que, a la hora de la verdad, importa más la política que la ley. La ley la hacen los políticos, y éstos se la saltan cuando les viene en gana. Los jueces hacen como que la van a cumplir, pero al final se impone el pragmatismo. Y nadie quiere líos.
La acusación popular despreciada por la Justicia
Vicente A.C.M. Periodista Digital 13 Enero 2009
Ahora resulta que la acusación popular no sirve para nada. De hecho parece claro que la única misión de los ciudadanos es ir a votar y dar legitimidad para que unos desaprensivos que se presentan en listas cerradas se repartan el poder y gobiernen nuestras vidas. No sé si aquí valdrá la acusación popular por una interpretación sesgada y cínica de la Ley de enjuiciamiento. No obstante, si se admitió a trámite es porque había base sólida en la acusación, aunque fuese del pueblo y no de una Fiscalía demasiado dependiente y selectiva.
No hacía falta celebrar ese juicio. Los jueces ya estaban con prejuicios y su voto más que decidido en función de sus simpatías y afinidades. Será cuestión de saber cómo una acusación basada en la comisión indiscutible de un delito contra la Ley anti terrorista, se sentencia por cuestiones de forma y no de fondo. Me gustará ver cual ha sido el voto particular del juez Presidente de la Sala y en qué discrepaba de sus colegas. Desde el principio el Sr. Ibarretxe y el resto de los encausados, han politizado esta causa que solo era penal. En España, esta casta política se considera por encima de la Ley. Estos politicastros se consideran que cualquier medio justifica el fin, con el cinismo de aparentar ecuanimidad y talante para el diálogo.
La Ley no puede estar sujeta a interpretación en función de que el momento político aconseje dejarla aparcada y mirar hacia otro lado. Para eso existe el Congreso de los Diputados que tiene la responsabilidad de legislar y de cambiar las leyes. Actualmente existe un permiso del Congreso no derogado por el que el Gobierno de España puede establecer contactos con ETA para alcanzar el fin del terrorismo. Se supone que siempre dentro de los límites que establecen las propias leyes. Pero el caso que se ha juzgado no era ese, sino al Presidente electo del Gobierno de la C.A. de El País Vasco, Sr. Ibarretxe, a los representantes del PSE Sres. López y Ares y a los propios terroristas. Que se sepa, esos ciudadanos incumplieron la Ley vigente de forma consciente y continuada en las diversas reuniones mantenidas públicamente en su mayor parte.
Por tanto estamos en que la Fiscalía del Estado, otra vez, ha actuado como defensa ante un hecho claramente delictivo y ha dejado que sea solo la acusación popular la que quede en soledad en la denuncia. La interpretación manifiestamente contraria a Derecho de no querer considerar a la acusación particular como actor válido en el juicio, es una auténtica burla a la democracia y deja a los ciudadanos en una total indefensión al obligar a que sea el propio Estado, el que decida si apoya o no las reivindicaciones. Estamos pues ante un filttro que claramente es interesado y usado como arma política. Es el estado quien politiza a la Justicia y no los ciudadanos con sus denuncias.
Aún queda el recurso que los denunciantes pondrán ante el tribunal Supremo. Teniendo en cuenta que cualquier Estamento Jurídico está politizado por el mangoneo directo de los partidos políticos al participar en los nombramientos de sus componentes, no me cabe duda de que este recurso no servirá para nada. El Sr. Ibarretxe que quería hacerse pasar por víctima de una injusticia, evitará otra vez la vergüenza moral de haber sido condenado por la descarada hipocresía y soberbia manifiesta en la actitud reiterada de insumisión a la Ley. Ejemplos el incumplimiento de la Ley de banderas, la inmersión lingüística, la disolución del PCTV y las reuniones con formaciones ilegalizadas por terroristas como BATASUNA.
Solo quiero recordar que la Revolución Francesa comenzó con una acusación popular. Esperemos que aquí no se deba llegar a tener que validarla de esa forma.
Estas gentes odian a Israel porque es una democracia y se defiende. "Genocidio", dicen los militantes y comparsas del partido autor de más crímenes asimilables al genocidio que hayamos tenido entre nosotros.
Pío Moa Libertad Digital 13 Enero 2009
Los titiriteros y otra gentuza subvencionada y totalitaria han montado, con su patrón el PSOE de Rodríguez (¡pobre Besteiro!), una manifestación de apoyo a los grupos terroristas palestinos, acusando a Israel de genocida. Son los mismos que desviaban hacia Aznar la culpa de los autores de la matanza del 11-M y llamaban tranquilamente "asesino" el jefe del Gobierno de entonces por haber apoyado –moralmente, pues no envió un solo soldado– el derrocamiento de Sadam, y por acorralar a la ETA con la ley en la mano, sin (demasiadas) de las habituales claudicaciones ante los asesinos y sin terrorismo de Gobierno como había hecho el PSOE.
En la novelilla, bastante mala, Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi, el protagonista viene a mostrar su desánimo con relación a los portugueses, diciendo algo así como que en su país es sólo el que más grita quien lleva y dirige a los demás. Y algo parecido sucede entre nosotros. Como el carterista que grita a voz en cuello "¡al ladrón!" para despistar cuando le han cogido con las manos en la masa, el PSOE y sus artistas de la subvención y la trola acusan a chillidos a quienes sólo se defienden de quienes aspiran a exterminarlos. Y son muchos los torpes que les hacen caso, gracias, en gran parte, a haber liquidado Rajoy la oposición democrática. Azaña, que pese a sus enormes errores conocía bien y sabía jugar a los suyos, habla constantemente de su mezcla de obtusidad y mala intención: "La zafiedad, la politiquería, las ruines intenciones de gentes que conciben el presente y el porvenir de España según los dictan el interés personal y la preparación de caciques o la ambición de serlo?"; la "política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y botín, sin ninguna idea alta". Son frases que debieran circular constantemente, pues nada ha cambiado en ellos. Lo resumiría magistralmente Marañón en dos palabras: "estupidez y canallería".
Estas gentes odian a Israel porque es una democracia y se defiende, como odian a España porque no acaba de someterse a sus indecencias y están siempre con el temor de pagarlas. "Genocidio", dicen los militantes y comparsas del partido autor de más crímenes asimilables al genocidio que hayamos tenido entre nosotros. El partido que organizó la guerra civil ufanándose de ello; el partido cuyas bien instruidas juventudes se jactaban de su intención de fusilar "con entusiasmo" a sus enemigos; el partido que confesaba su odio como una virtud y contribuyó como el que más al exterminio de la Iglesia; que robó, expolió y destruyó bienes culturales e históricos del país como ningún otro en la historia de España. Ese es el partido que grita "¡genocidas!", lo mismo a Israel que al franquismo que libró de España a su proceso revolucionario.
Las causas de esta guerra
ELY KARMON ABC 13 Enero 2009
Desde su fundación en 1987, Hamás tiene como objetivo ideológico declarado «enarbolar la bandera de Alá sobre cada palmo de Palestina», y su solución estratégica «para la cuestión palestina es (solo) a través de la yihad». En los años 1994-96, el «arma yihadista» preferida de Hamás fueron los atentados suicidas contra ciudadanos israelíes, que hicieron descarrilar el proceso de paz de Oslo entre Israel y la OLP. Durante los años sangrientos de la segunda intifada (2000-2005), Hamás fue responsable -junto con la Yihad Islámica- de alrededor del 70 por ciento de los 150 atentados suicidas que acabaron con la vida de 1.000 ciudadanos israelíes.
Tras la muerte de Arafat en 2004 y la elección de Mahmud Abbas como presidente de la Autoridad Palestina (AP) en enero de 2005, Israel se embarcó en el verano de 2005 en un proceso de desconexión de la franja de Gaza y retiró todos sus colonos y soldados. Hamás presentó esta desconexión como una afirmación de que sus estrategias de resistencia llevaban al pueblo palestino hacia la victoria. Esto les llevó a participar en las elecciones palestinas de enero de 2006, que ganaron a causa de las profundas divisiones en el seno del movimiento Fatah -la principal fuerza política en la AP. La victoria electoral de Hamás fue seguida por la decisión del Cuarteto para Oriente Próximo que condicionaba el reconocimiento del gobierno de Hamás al cumplimiento de tres criterios: reconocimiento de Israel, aceptación de los acuerdos previos firmados por la OLP, y renuncia de la violencia. Hamás no tardó en rechazar los tres.
El conflicto entre la presidencia de la AP y el ejecutivo de Hamás provocó una escalada en la violencia intra-palestina hasta que Hamás tomó Gaza en junio de 2007 mediante un golpe militar, en el que asesinaron a unos 200 militantes de Fatah. Las fuerzas de Hamás se expandieron, se hicieron con armas más sofisticadas y formaron una milicia de unos 20.000 hombres, entrenada con apoyo de Irán, Hezbolá y Siria. El lanzamiento de cohetes y morteros desde la franja de Gaza comenzó en 2001, hasta convertirse de forma gradual en la mayor amenaza proveniente de las organizaciones terroristas palestinas. Desde 2001, se han lanzado 3.984 cohetes y 3.943 obuses de mortero a Israel. En 2008 comenzaron a emplear lanzagranadas de 122 mm. y morteros de 120 mm. traídos de Irán, incrementando su radio de fuego de 20 a 40 kilómetros, hasta llegar a poner a casi un millón de civiles israelíes a su alcance (un 15 por ciento de la población).
Después de que Hamás decidiera el pasado 19 de diciembre de forma unilateral poner fin a una relativa tregua (tahadiya) de seis meses y lanzara al menos 60 cohetes contra las ciudades de Ashkelon, Netivot y Sderot, Israel lanzó la operación «Plomo Sólido». La elevada cifra de víctimas civiles es resultado de una estrategia deliberada de utilizar escudos humanos. Hamás ha mostrado cero sensibilidad hacia el sufrimiento de los gazatíes. Como dicen abiertamente muchos habitantes de la Franja, Hamás construyó búnkeres para sus líderes y, en lugar de habilitar refugios para la población civil, se esconden detrás de ella.
¿De qué conflicto hablamos?
FLORENTINO PORTERO ABC 13 Enero 2009
El espectro del noalaguerra, henchido de auto-odio y aquejado de ceguera voluntaria, sigue vivo, sí. Ahora se manifiesta contra el derecho a defenderse de la ciudadela del mundo civilizado más asediada por el islamofascismo.
Cristina Losada Libertad Digital 13 Enero 2009
Zerolo y los antisemitas
La izquierda sabe que en Israel dos homosexuales pueden pasearse de la mano sin que nadie les diga nada, pero no puede decirse lo mismo del régimen que defiende Zerolo para Gaza.
GEES Libertad Digital 13 Enero 2009
Como los antropólogos saben, el Homo Antecessor se caracterizaba por tener el cerebro de un tamaño menor al del humano actual, lo que le impedía realizar cálculos y juicios complejos. Además, se dedicaba a cazar grandes y desprotegidos mamíferos, de manera más o menos coordinada, y buscaba refugio en cuevas. Por los restos encontrados, los antecessor también se dedicaban al canibalismo, se devoraban entre ellos y eran asimismo devorados por los demás. Por último, el Homo Antecessor era un animal carroñero, capaz de alimentarse de carne en descomposición cuando era necesario para su supervivencia.
No podía haber elegido Pedro Zerolo mejor disfraz antes de encabezar la manifestación del domingo. Ni él ni los actores que se manifiestan en contra de Israel desconocen que Hamás, en su Carta Fundacional, se fija como objetivo acabar con el Estado israelí y acabar con todos los judíos. Esto es público y notorio, como lo es el hecho de que Hamás nucna ha escondido su obsesión con matar israelíes inocentes. Como el antecessor, Hamás acostumbra a buscar víctimas inocentes y desprotegidas, con bombas, cohetes o fusiles. Eso sí, cuando vienen mal dadas, sus milicianos corren a esconderse en agujeros excavados bajo escuelas y hospitales. Así que si Zerolo denuncia a quienes les combaten, nosotros denunciamos a quienes defienden que se les deje en paz.
A pocos miles de kilómetros de distancia, otro cazador sin escrúpulos, otro devorador de hombres inocentes, se manifestaba en contra de la guerra contra Hamás. La imagen de De Juana y Zerolo unidos en espíritu contra Israel y en defensa de Hamás resulta escandalosa. De De Juana lo entendemos, pero lo de la izquierda española empieza a ser tenebroso y clarificador. El PSOE debiera explicar esta coincidencia. Se nos dirá que el PSOE ni defiende a los terroristas de Hamás ni a su régimen totalitario, sino que se trata de usar Gaza contra el Partido Popular. Puede ser, porque ya hemos dicho que el Homo Antecessor es además carroñero. Se alimenta de cadáveres y no tiene escrúpulos en utilizarlos en beneficio propio.
De nuevo, un disfraz bien elegido. Porque el caso de Zerolo es la escenificación tragicómica del profundo drama de la izquierda española, defensora de caníbales políticos y de cazadores de sangre inocente. Porque nada hay más inmoral que desear para los demás lo que no se desea para sí mismo, que es lo que Zerolo, alias Homo Antecessor, y el PSOE debieran explicar.
NOTA: para aquellos palestinos e israelíes víctimas del terrorismo de Hamás, incluimos la lista de actores presentes en la manifestación, para que decidan en qué obra de teatro o película de cine depositan el dinero de sus entradas: Candela Peña, Verónica Forqué, Antonio San Juan, Juan Diego Botto, Diego Toledo, Hugo Silva Paca Gabaldón, Ana Fernández, Willy Toledo, Loles León, Adriana Ozores, Paco Tous, Paco León, Pilar Bardem, Miguel Rellán, Aitana Sánchez Gijón. También Iciar Bollaín, Lucia Extebarria, Cristina del Valle y Luis Cobos. Que los lectores obren en consecuencia.
Carlos Semprún Maura Libertad Digital 13 Enero 2009
La guerra de Gaza y la hipocresía del mundo occidental
Santiago Abascal elsemanaldigital 13 Enero 2009
Sobrecogen las imágenes que nos llegan de la franja de Gaza e indigna la ceguera de la izquierda europea y de cierta derecha antisemita.
Quien no esté sobrecogido ante la muerte, la destrucción y la devastación que asola Gaza tras la respuesta de Israel no tiene corazón. Quien no perciba el horror en lo más hondo de su ser al ver las fotografías de inocentes niños muertos tras los ataques de uno de los ejércitos más poderosos del mundo es un desalmado.
Ahora bien, Europa no tiene derecho a limitarse a mostrar horror, a sobrecogerse. Europa está obligada, máxime por la distancia que la separa de Israel, a analizar las raíces de la sangrienta –nadie lo niega- intervención militar israelí, y la debilidad e inconsistencia de la propia posición europea ante los detonantes de la guerra en Gaza.
¿Dónde estaba Europa cuando Hamás atacaba localidades israelíes de manera sistemática durante meses?, ¿dónde estaban los manifestantes y gobiernos de Europa cuando los que ahora exhiben los trofeos de sus hijos muertos, los abortaban enviándolos cubiertos de explosivos para matar al infiel y derrocar el Estado sionista? ¿qué dice Europa ante la Yihad declarada y practicada contra Israel y –por cierto- también contra España y Europa aunque nuestra ceguera no nos lo permita ver?
Lo cierto es que no sé lo que dice Europa, sus gobiernos, sus políticos, sus actores y sus manifestantes y por eso sigo con las preguntas; ¿no tiene Israel derecho a defenderse? ¿qué es la proporcionalidad en la defensa de Israel? ¿mandar misiles rudimentarios durante meses contra poblaciones palestinas? ¿enviar a los niños o adolescentes judíos envueltos en explosivos para reventar Gaza y Cisjordania? ¿practicar el terrorismo de Hamás? ¿practicar la corrupción de Al Fatah?
Todas estas preguntas quedarán permanentemente sin respuesta mientras la izquierda europea y la ultraderecha antisemita arremeten al alimón contra Israel, solo contra Israel. Mientras los islamistas se manifiestan el Londres junto a judíos ultraortodoxos y fariseos, mientras se apedrea –por la paz- la embajada israelí en Madrid, mientras un islamista encapuchado se pasea vociferante, pistola en mano, por Barcelona -como mostró El Semanal Digital- como si ésta fuera Islamabad, mientas la quintacolumna de la Yihad Islámica se da la mano por las calles de España con la ultraizquierda antisistema y filoterrorista.
¿Qué está pidiendo Europa a Israel? ¿Acaso Israel deba ser como Gaza? ¿Acaso Israel debe ser Palestina misma? ¿Acaso el Estado democrático de Israel debe dejar de defenderse y de existir?
Pues que se diga a las claras porque esa parece ser la consigna larvada en la mente farisaica de las élites europeas. Israel sólo debe morir.
Pero sepamos que después le tocará el turno a Al Andalus, explícita y constantemente amenazada por la Yihad. Y tampoco habremos de defendernos. El suicido de Europa no ha de ser el suicidio de España.
Mientras tanto les propongo lo más incorrecto y sospechosos para que la paz llegue a Gaza y a Israel y algún día puedan coexistir dos Estados democráticos en los que nadie se atreva a quitarle lo más sagrado –la vida- a nadie: rezar. Yo lo haré.
Federico Quevedo El Confidencial 13 Enero 2009
Y Magdalena Álvarez sigue sin dimitir.
Hay que "curar" al que hable español
JUAN JULIO ALFAYA Periodista Digital 13 Enero 2009
Hablar español, en las comunidades bilingües, se ha convertido en una nueva enfermedad todavía no clasificada por los médicos, pero que es preciso "curar" antes de que se propague y se convierta en epidemia. Baleares es pionera en la prevención sanitaria de esta nueva y terrible enfermedad.
RICARDO COLMENERO: Las calles del Ayuntamiento de Ibiza se han llenado de lenguas a instancia del equipo de Gobierno del Consistorio. Alrededor de una treintena de carteles y marquesinas "lamen" por todo el municipio al viandante que aguarda el verde de un semáforo o al viajero que espere la llegada del autobús.
La concejala de Normalización Lingüística del Ayuntamiento, Mariví Mengual, ha explicado que la campaña denominada 'Enseña la lengua', tiene como objetivo buscar voluntarios por la isla a los que no les importaría enseñar el catalán a quién no lo conoce o no lo practica por diversas razones.
De la misma forma el alumno, en el sentido figurado de la campaña, puede insertar el palito en la boca del maestro para que, tal y como se denomina el anuncio, le enseñe su lengua.
"El voluntario lingüístico es aquel que quiere hablar el catalán a personas que, por diversos motivos, no lo practican con frecuencia", explica Mengual. El programa va destinado a todo aquel que hable o comience a hablar en catalán y que quiera "perfeccionar el uso, coger confianza o fluidez en la lengua", señalan desde el Consistorio.
La nueva campaña de Vila recuerda a la realizada por el Gobierno balear bajo el nombre "Ahora es la tuya", que fue denunciada por el Colegio Oficial de Médicos de Ibiza. Para su presidente, José Segador, la campaña indicaba a los que hablaban catalán que ahora era su momento de "acceder a los cargos públicos pero no por su calidad sino por no ser de fuera".
Tanto en el Consistorio de Ibiza como en el Consejo Insular de Ibiza hay numerosos cargos públicos que no utilizan el catalán habitualmente en sus intervenciones. En el caso del Consejo de Ibiza destaca la consejera de Sanidad, Patricia Abascal, que, a pesar de no disponer de ninguna titulación en catalán sí que defiende que éste se le exija a los médicos.
El consejero de Promoción Económica, Tomás Méndez, que tampoco utiliza el catalán ni tiene titulación, criticó el decretazo del catalán a los médicos. En el caso del Consistorio de Vila destaca el concejal de Policía Local, Ricardo Albín, o Enrique Sánchez, de Bienestar Social.
Baleares Liberal, 09/01/2009
LA VOZ DE BARCELONA 13 Enero 2009
El Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalidad ha presentado este lunes la campaña institucional ‘Somos Cataluña. País de Conviencia’ para ‘construir un país con el catalán como lengua de acogida y la cultura catalana como elemento integrador que nos cohesiona como un solo pueblo y nos identifica en el mundo’.
El sectretario para la Inmigración de la Generalidad, Oriol Amorós, ha señalado que la campaña está inspirada en el Pacto Nacional para la Inmigración y busca sensibilizar al conjunto de la población sobre la diversidad cultural y sobre la importancia de mantener la cohesión social.
La campaña consistirá en la inserción de anuncios en prensa escrita y digital, cuñas radiofónicas, y carteles en el metro de Barcelona y en diversos locutorios de la ciudad.
En los carteles se podrá leer: ‘Todas la personas que vivimos en Cataluña, hombres y mujeres, gente que ha nacido aquí y gente que ha venido de fuera, queremos construir un país con futuro, con igualdad de derechos y deberes para todos. Un país donde el catalán sea lengua de acogida y, a la vez, elemento integrador. Un país que entiende la diversidad como un valor. Una Cataluña orgullosa de ser un país de convivencia’.
El impuesto lingüístico que vamos a pagar entre todos
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 13 Enero 2009
Una de las aportaciones más sugerentes realizadas en el debate sobre financiación autonómica abierto en estos momentos es la que puso sobre la mesa hace unas semanas el presidente del Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño. Hasta ahora, cuando los representantes gallegos hablaban sobre financiación, pedían que, entre los criterios de asignación de los dineros del Estado a las Comunidades autónomas, se tuviesen en cuenta factores que afectan especialmente a Galicia, como la dispersión o el envejecimiento de la población, o incluso la carga que suponen las ayudas a nuestros emigrantes en el exterior.
Esto parece justo y razonable, pero ha quedado superado sobradamente por el hallazgo del actual presidente de la Xunta : otro factor que se debería tomar en consideración es el lingüístico. Sí, las Comunidades autónomas con otra lengua cooficial además del castellano necesitan más financiación que las que se conforman con este último.
En plena precampaña de las elecciones autonómicas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha apresurado a aplaudir públicamente la genial ocurrencia. De esta manera, el tener lengua "propia" ya no sólo será el último reducto que diferencia a las Comunidades autónomas "históricas" de las demás (que deben de ser ahistóricas, ucrónicas o quizá intemporales), sino que, además, se convertirá en la base de un privilegio económico que los españoles pagaremos entre todos, tengamos lengua propia, impropia o mixta.
Pero seamos ecuánimes. Es cierto que contar con un régimen de cooficialidad lingüística es más caro que no tenerlo. Baste pensar en lo que cuesta la doble rotulación en las dos lenguas cooficiales, disponer en las oficinas públicas de todos los documentos en versión bilingüe o las traducciones de una a otra lengua para atender al ciudadano en la que libremente elija.
Ah, pero en nuestro peculiar sistema autonómico, justamente son el Estado y sus diversos organismos e instituciones los únicos que cumplen esas reglas elementales de todo régimen de cooficialidad lingüística. En la Galicia de Emilio Pérez Touriño (como antes en la de Manuel Fraga) ni la Administración autonómica ni las Administraciones locales ni otros entes públicos como las Universidades respetan la cooficialidad: los carteles y demás indicaciones están exclusivamente en gallego, los impresos se ofrecen sólo en gallego, los procedimientos se tramitan en gallego con independencia de la lengua utilizada por el administrado y, en definitiva, la única forma de conseguir un papel oficial en castellano es alegar que se va a utilizar fuera de Galicia.
Entonces, ¿dónde está el mayor coste económico que supone esta cooficialidad adulterada? Se lo voy a decir yo: en el sostenimiento del aparato burocrático de la "normalización" lingüística y de toda la red clientelar nacida y financiada en torno a la misma. Pero esto, desde luego, no lo deben pagar todos los españoles; lo debemos pagar con nuestros impuestos únicamente los habitantes de las Comunidades autónomas que disfrutan de lengua "propia", y que seguimos votando a políticos que hacen de la "normalización" lingüística uno de los fundamentos de la construcción de sociedades cerradas sumisas a su poder clientelar.

References: resolución 
 artículo 125
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 resolución 
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 artículo 125
 artículo 782
 artículo 125
 artículo 125
 artículo 125
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 resolución