Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321516.html
Timestamp: 2019-03-20 07:48:22+00:00

Document:
as201321516
Auto Supremo: 516/2013
Sucre:…01 de octubre de 2013
Expediente: T-19-13-S
Partes: Francisco Federico Gallardo Ruiz C/ Gonzalo Javier Felipe Barrenechea
Piñeiro por GOBA-ECOTAR S.R.L
Proceso: Ordinario de resolución de contrato y pago de daños y perjuicios
VISTOS:El recurso de casación en el fondo interpuesto por Gonzalo Javier Felipe Barrenechea en representación del consorcio empresarial “GOBA-ECOTAR S.R.L.” contra el Auto de Vista No. 66/2013 de 27 de junio de 2003, cursante de fs.661 a 667, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de la Niñez y Adolescencia, de Violencia Intra Familiar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia deTarija, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato y pago de daños y perjuicios seguido a instancias de Francisco Federico Gallardo Ruiz contra Gonzalo Javier Felipe Barrenechea Piñeiro, representante legal de GOBA-ECOTAR S.R.L, los antecedentes del proceso, y;
Que, Francisco Federico Gallardo Ruiz deduce demanda ordinaria de Resolución de contrato y pago de daños y perjuicios en contra de Javier Felipe Barrenechea Piñeiro, representante legal del Consorcio Empresarial denominado “GOBA-ECOTAR S.R.L”, demanda que admitida y citado legalmente el señalado demandado, responde negativamente a la acción, opone excepciones perentorias de prescripción e inexistencia de relación jurídica entre el demandante y demandado por resolución de contrato e interpone demanda reconvencional de pago de daños y perjuicios y multas contractuales, en los términos expuestos en el memorial de respuesta de fs. 157 a 183. Demanda reconvencional que es tenida por no presentada mediante decreto de fs. 220 vlta.
Tramitado el proceso, el Juez de Partido Sexto en lo Civil y Comercial de la Capitalpronuncia lasentencia de 13 de marzo de 2013 (fs. 623 a 632) declarando improbada la demanda principal e improbadas las excepciones perentorias opuestas por el demandado, con expresa condenación en costas, ocasionando que el demandante Francisco Federico Gallardo Ruiz interponga recurso ordinario de apelación de fs. 634 a 646, el cual es resuelto por Auto de Vista No. 66/2013 de 27 de junio de 2013 de fs. 661- 667, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Niñez y Adolescencia, de Violencia Intra Familiar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante el cual revoca parcialmente la sentencia apelada y declara probada en todas sus partes la demanda principal, condenando a la Asociación Accidental Goba-Ecotar S.R.L. al pago de daños y perjuicios a favor del actor, a ser averiguados en ejecución de fallo.Contra esta última resolución, Gonzalo Javier Felipe Barrenechea Piñeiro, en representación del consorcio empresarial Goba –Ecotar S.R.L., interpone recurso de casación en el fondo y que es motivo de autos.
1.- Como primer motivo, el representante de la Empresa impugnante aduce que el Tribunal de Apelación incurrió en error de derecho en la valoración de las pruebas al haber efectuado una abstracción de la cláusula décima segunda del contrato de obra suscrito con el demandante y la empresa que representa, debido a que no tuvo en cuenta que el contratista se hallaba obligado previamente a otorgar al contratante una garantía de buena inversión de anticipo del 20% del monto total del contrato, que ascendería a Bs. 956.488,68, que nunca fueron otorgados por éste, para que se le otorgue el anticipo pactado, siendo esa la primera obligación que debía cumplir el contratista y al no hacerlo, tampoco nació la obligación de GOBA-ECOTAR S.R.L. de entregar la suma de Bs. 161.600 del referido anticipo, aspecto que no fue tenido en cuenta por los de Alzada al momento de concluir que éste había cumplido el contrato y que por ello contaba con legitimación para demandar la resolución del contrato y solicitar el pago de daño y perjuicio, por ello, acusa de vulnerado el art. 1286 del Código Civil, ello, debido a que- a decir del recurrente- los Vocales recurridos asignan un valor probatorio distinto y diferente a dos cláusulas de un mismo contrato, porque primero dan como cierta y absoluta la obligación contenida en la cláusula octava del contrato de obra de 09-11-05 y se abstraen de analizar y compulsar la cláusula décima segunda, que en su cuarto párrafo el contratista previamente a ser entregado el anticipo se hallaba obligado a entregar una póliza de seguro como caución y garantía de correcta inversión del anticipo.
2.- Como segundo agravio, señala que los Vocales hubieran incurrido en violación de los arts. 450, 510, 514 y 1286 del Código Civil, por haber interpretado erróneamente el contrato de obra suscrito con el actor, porque solamente interpretan la cláusula octava y no así la décimo segunda, siendo que la doctrina desplegada por Morales Guillen, indica que un contrato debe ser interpretado de forma integral y conjunta.
3.- Como tercer agravio, indica que el Tribunal de Alzada también hubiera infringido el art. 568-I del Código Civil, porque no habiendo cumplido el contratista con tomar la póliza de buena inversión a favor de Goba-Ecotar S.R.L., no podía haberse determinado la procedencia de su acción, basada en dicho incumplimiento, porque para la procedencia de la Resolución de un contrato se halla supeditada a la acreditación del propio cumplimiento.
4.- Como cuarto agravio precisa que el Tribunal de Alzada vulneró los arts. 1492, 1493 y 1507 del Código Civil, puesto que tratándose de una acción de resolución de contrato bilateral, dicho Tribunal no tomó en cuenta que la prescripción de la presente acción, comenzó a transcurrir desde la fecha en que la empresa demandada dejó de otorgar el anticipo acordado, hecho ocurrido el 01 de marzo de 2006, habiendo interpretado erróneamente que dicho plazo se interrumpió con la presentación y citación con la solicitud de conciliación presentada por el actor, cuando dicha solicitud no es una demanda propiamente dicha, por ser voluntaria y no existir contención.
5.- Como quinto agravio alega como vulnerados los arts. 510 y 569 del Código Civil, porque el Tribunal de Apelación tampoco tomó en cuenta que haciendo uso de las facultades establecidas en las cláusulas décima cuarta y quinta, ante la paralización de la fabricación de losetas y lo defectuosas que estaban las mismas, el contrato suscrito con el contratista se encontraba resuelto de pleno derecho en fecha 29 de julio de 2006 y en virtud al pacto comisorio expreso o calificado acordado en dicho contrato, habiendo los Vocales determinado que “no se pactó cláusula resolutoria extra judicial o de pleno derecho (pacto comisorio) por lo que es inaplicable el art. 569 del Código Civil”, preguntándose, bajo qué fundamentos señalan categóricamente aquello?, cuando a decir del tratadista Borda “El pacto comisorio es tácito en el contrato de obra pues la inejecución de sus obligaciones por una de las partes permite a la otra pedir la resolución del contrato” (textual).
6.- Como sexto agravio, alude que el Auto de Vista recurrido contiene error de hecho en la apreciación de las pruebas con infracción del art. 733 del Código Civil, debido a que dicho artículo prohíbe que el contratista subcontrate la realización de la obra si no es autorizado por el comitente, en el caso en cambio el demandante contrató de manera verbal a la empresa CONCRERIOS para la elaboración de las losetas que él se obligó a fabricar, por lo que la maquinaria correspondía a dicha Empresa, con la cual se tuvo que entenderse con posterioridad a la firma del contrato por la urgencia de cumplir con el contrato suscrito con el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes, siendo tal hecho el que hizo que se incumpliera por parte de Goba-Ecotar con el contrato, por los problemas que hubo con la Empresa CONCRERIOS, conforme las cartas de fs. 398, 399, 400, 401, 402, 404, 405 y 406, que ni siquiera fueron consideradas ni citadas por el Tribunal de Apelación.
Concluye pidiendo se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista recurrido, confirmando la sentencia de primera instancia.
Antes de ingresar a la resolución de los motivos del recurso en examen, corresponde puntualizar que el recurso de casación se encuentra concebido como "aquel medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estrictamente determinados por la ley y dirigido a lograr que el Máximo Tribunal revise y reforme o anule las resoluciones expedidas en revisión por las Cortes Superiores hoy Tribunales Departamentales de Justicia o las sentencias de primera instancia, en la casación per salto, que infringen las normas de derecho material, la doctrina jurisprudencial, las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, o las formas esenciales para la eficacia y validez de los actos procesales.
Al respecto la uniforme jurisprudencia sentada por la extinta Corte Suprema de Justicia, señaló en reiteradas oportunidades que el recurso de casación se equipara a una demanda nueva de puro derecho, que es concedido para invalidar una Sentencia o Auto Definitivo en los casos expresamente señalados por Ley, pudiendo ser de casación en el fondo, en la forma o en ambos a la vez, conforme está establecido en el artículo 250 del Código de Procedimiento Civil.
Cuando el recurso de casación se interpone en el fondo o por errores in iudicando, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el artículo 253 del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva Resolución, unificando la jurisprudencia e interpretación de las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia; en tanto que si se plantea en la forma o por errores in procedendo, la fundamentación debe adecuarse a las causales y previsiones contenidas en el artículo 254 del mismo cuerpo legal, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo, cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley. Por ello al margen de exponer los motivos en que se funda tanto el recurso de casación en la forma como en el fondo, es deber del recurrente concretar su pretensión recursiva en forma congruente con el recurso que deduce.
Efectuada dicha precisión, se tiene que,con relación al primer motivo del recurso, referido a que el Tribunal de Apelación hubiera incurrido en error de derecho en la valoración de las pruebas al haber efectuado una abstracción de la cláusula décima segunda del contrato de obra suscrito con el demandante y el Consorcio Empresarial recurrente, debido a que no tomó en cuenta que el contratista se hallaba obligado previamente a recibir el anticipo acordado, a otorgar al contratante una garantía de buena inversión de anticipo del 20% del monto total del contrato, que ascendía a Bs. 956.488,68, que nunca fueron otorgados por éste, para que se efectúe el anticipo pactado, por lo que esa era la primera obligación a cumplir por el contratista y al no cumplirla, tampoco nació la obligación de GOBA-ECOTAR S.R.L. de entregar la suma de Bs. 161.600 del anticipo pactado, aspecto que no fue tenido en cuenta por los de Alzada al momento de concluir que el contratista había cumplido el contrato y que por ello contaba con legitimación para demandar la resolución del contrato y solicitar el pago de daños y perjuicios, por ello –a decir del recurrente- se habría vulnerado el art. 1286 del Código Civil, debido a que los Vocales recurridos asignaron un valor probatorio distinto y diferente a dos cláusulas de un mismo contrato, porque primero dan como cierta y absoluta la obligación contenida en la cláusula octava del contrato de obra de 09-11-05 y se abstraen de analizar y compulsar la cláusula décima segunda, que en su cuarto párrafo el contratista previamente a serle entregado el anticipo debía entregar una póliza de seguro como caución y garantía de correcta inversión del anticipo. Al respecto, aparte de no precisarse de qué manera el Tribunal de Apelación habría vulnerado el art. 1286 del Código Civil, que está referido a la manera en que deben ser valorados los medios probatorios, se utiliza argumentación que no encuentra sustento ni en el fallo impugnado y menos en la documental que acusa de erróneamente valorada, debido a que en el contrato de obra de fs. 2 a 7, en ninguna parte del numeral 1 de la cláusula octava de dicho contrato, se halla acordado requisito previo o condicionante a otorgar el anticipo de Bs. 161.600, a que el contratista previo a recibir el anticipo brinde la garantía de correcta inversión reclamada y más por el contrario, dicha garantía acordada en la cláusula décima segunda del contrato, se halla sujeta tanto en su otorgación, cuanto a su monto, a un acuerdo que debía ser determinado de común acuerdo entre partes y que no podía exceder del 20% del monto total del contrato y con una validez de 180 días calendario, garantía que aparte de no haber constituido un óbice para el inicio de la obra contratada, conforme la propia Empresa recurrente lo reconoce en el tercer motivo del presente recurso, cuando, contradictoriamente a lo reclamado en el presente motivo, señala que al contratista se le hicieron varios desembolsos de dinero, “sin exigirle la otorgación de la póliza de garantía acordada” en la mencionada cláusula, aspecto que se advierte tampoco fue objeto de reclamo en la respuesta a la demanda y menos constituyó el motivo del incumplimiento de la Asociación ahora impugnante en la otorgación del total del monto comprometido como anticipo para efectuar la obra contratada, sino, el hecho de que el contratista hubiera procedido a subcontratar en forma verbal a la Empresa CONCRERIOS, conforme también se confiesa de forma expresa en el sexto motivo del recurso (fs. 684 vlta.);consiguientemente, este Máximo Tribunal advierte, que en el referido reclamo, los de Alzada no han incurrido en la vulneración del art. 1286 del Código Civil, en la forma acusada en el recurso.
Ahora bien, respecto al segundo agravio, referido a la violación de los arts. 450, 510, 514 y 1286 del Código Civil, por haberse interpretado erróneamente el contrato de obra suscrito con el actor, debido a que solamente se hubiera interpretado la cláusula octava y no así la décimo segunda, siendo que la doctrina desplegada por Morales Guillen, indica que un contrato debe ser interpretado de forma integral y conjunta; al respecto, los fundamentos esgrimidos al resolver el primer motivo, también valen para el presente, al tratarse del mismo hecho cuestionado en dicho motivo. Aconteciendo lo mismo respecto al tercer agravio, referente a que el Tribunal de Alzada también hubiera infringido el art. 568-I del Código Civil, porque no habiendo cumplido el contratista con tomar la póliza de buena inversión a favor de Goba-Ecotar S.R.L., no podía haberse determinado la procedencia de su acción, basada en dicho incumplimiento, porque para la procedencia de la resolución de un contrato se halla supeditada a la acreditación del propio cumplimiento, debido a que, como se tiene dicho precedentemente y lo tiene confesado expresamente la Entidad recurrente, ese no constituyó en un óbice para la realización y efectivización del contrato en cuestión y tampoco fue motivo de discusión en el proceso, por no haber sido esgrimido ni cuestionado en el memorial de respuesta a la presente acción, por lo que mal puede exigirse al Tribunal de Alzada se pronuncie y tome en cuenta un hecho que no constituyó parte de la relación jurídica entablada entre ambas partes y que, como lo confiesa la parte recurrente, fue renunciado y dejado sin efecto en pos de la concreción de la obra contratada.
Respecto al cuarto agravio, referido a que el Tribunal de Alzada hubiera vulnerado los arts. 1492, 1493 y 1507 del Código Civil, porque que no tomó en cuenta que tratándose de una acción de resolución de contrato bilateral, la prescripción de la presente acción, comenzó a transcurrir desde la fecha en que la empresa demandada dejó de otorgar el anticipo acordado, hecho ocurrido el 01 de marzo de 2006, habiendo interpretado erróneamente que dicho plazo se interrumpió con la presentación y citación con la solicitud de conciliación presentada por el actor, cuando dicha solicitud no es una demanda propiamente dicha, por ser voluntaria y no existir contención; al respecto, resulta menester hacer referencia a lo que dispone el parágrafo I del art. 1503 del Código Civil, que prevé: “La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba…”, de obrados, conforme el Tribunal de Apelación concluyó de manera correcta, el actor en fecha 24 de octubre de 2006, presentó como medida preparatoria una solicitud de conciliación de cuentas, por ante el Juzgado de Partido de Turno en lo Civil y Comercial de Tarija, acción que admitida y señalada la respectiva audiencia para 9 de noviembre de 2006, la misma no pudo llevarse a cabo debido a la inasistencia de la parte demandada, conforme dan cuenta los antecedentes acumulados a fs. 298 a 306 y que sí se constituye en un acto idóneo para interrumpir el transcurso normal de la prescripción, en los términos prescritos por la anteriormente citada disposición sustantiva civil, debido a que la mencionada acción sí se constituye en una pretensión que encierra la inequívoca intensión del acreedor de hacer efectivo el derecho que le asiste frente al deudor; consecuentemente, no es evidente que los de Alzada hubieran vulnerado los arts. 1492, 1493 y 1507 del Código Civil, al determinar que la presente acción no se encuentra prescrita.
Respecto al quinto agravio, referido a la vulneración por parte del Tribunal de Apelación de los arts. 510 y 569 del Código Civil, porque no tomó en cuenta que haciendo uso de las facultades establecidas en las cláusulas décima cuarta y quinta, ante la paralización de la fabricación de losetas y lo defectuosas que estaban las mismas, el contrato suscrito con el contratista se encontraba resuelto de pleno derecho en fecha 29 de 07 de 2006; al respecto, se hace imprescindible dejar establecido que si bien en la cláusula décima cuarta del contrato de obra de fs. 2 a 7, se pactó que dicho contrato quedaría resuelto de pleno derecho por el retraso superior a 10 días en la realización de la obra contratada, atribuible al contratista, causal repetida en la cláusula décima quinta de dicho contrato, sin embargo, aparte de no haberse pactado que dicha resolución de pleno derecho, se efectuaría sin intervención judicial, como correctamente concluyeron los de Alzada, dicho acuerdo fue dejado de lado por la propia empresa demandada, cuando fue precisamente ella quien previamente recurrió a la vía judicial para procurar se determine la resolución judicial de dicho contrato, siéndole desfavorable la acción judicial intentada, debido a que no probó la responsabilidad del contratista como causal de la resolución perseguida, como también correctamente ha concluido el Tribunal Ad quem, consiguientemente el máximo Tribunal no advierte la vulneración de los arts. 510 y 569 del Código Civil, en la forma acusada en el recurso.
Por último y con relación al sexto agravio, referido a que el Auto de Vista recurrido contiene error de hecho en la apreciación de las pruebas con infracción del art. 733 del Código Civil, debido a que dicho artículo prohíbe que el contratista subcontrate la realización de la obra si no es autorizado por el comitente, en el caso en cambio el demandante contrató de manera verbal a la empresa CONCRERIOS para la elaboración de las losetas que él se obligó a fabricar, por lo que la maquinaria correspondía a dicha Empresa, con la cual se tuvo que entenderse con posterioridad a la firma del contrato por la urgencia de cumplir con el contrato con el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Montes, siendo tal hecho el que hizo que se incumpliera por parte de Goba-Ecotar con el contrato, por los problemas que hubo con la Empresa CONCRERIOS, conforme las cartas de fs. 398, 399, 400, 401, 402, 404, 405 y 406, que ni siquiera fueron consideradas ni citadas por el Tribunal de Apelación; al respecto, al margen de que dicho criterio resulta contradictorio con los fundamentos expresados en los anteriores agravios, en ninguna parte del contrato de obra de fs. 2 a 7 se pactó que el contratista se hallaba reatado a la prohibición establecida en el art. 733 del Código Civil, por lo que no es evidente que dicho Tribunal haya incurrido en el error de hecho denunciado en el presente motivo.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 271-2) y 273del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Gonzalo Javier Felipe Barrenechea en representación del consorcio empresarial “GOBA-ECOTAR S.R.L.” contra el Auto de Vista No. 66/2013 de 27 de junio de 2013, cursante de fojas 661 a 667, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, de la Niñez y Adolescencia, de V iolencia Intra Familiar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso ordinario de resolución de contrato y pago de daños y perjuicios seguido a instancias de Francisco Federico Gallardo Ruiz contra la Asociación Accidental recurrente.Con costas.
Habiéndose dado respuesta al recurso, se regula el honorario profesional del Abogado patrocinante del actor en la suma de Bs. 1.000, que mandará pagar el A-quo.

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
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 artículo 250
 artículo 253
 artículo 254
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