Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-00350-de-junio-19-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e46a24b1140a009ae0430a010151009a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-04-22 10:35:09+00:00

Document:
﻿ Sentencia 1999-00350 de junio 19 de 2013
SENTENCIA 1999-00350 DE 19 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL. SE REQUIERE QUE EL ENTE TERRITORIAL CONOZCA DE LA SITUACIÓN GENERADORA DEL PELIGRO PARA QUE SE PUEDA IMPUTAR UNA FALLA ESTATAL. CUANDO LA PARTE DEMANDANTE NO APORTA PRUEBAS PARA DEMOSTRAR LA CAUSACIÓN DEL DAÑO Y EL NEXO DE CAUSALIDAD NO SE CONFIGURA LA RESPONSABILIDAD ESTATAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:MUNICIPIO, ENTIDAD TERRITORIAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Sentencia 1999-00350 de junio 19 de 2013
Radicación: 50001-23-31-000-1999-00350-01(24682)
Actor: Hernando Moreno Navarro
6. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta en un proceso que, por su cuantía(1), tiene vocación de doble instancia.
7.1 . Respecto de la investigación penal adelantada por la Fiscalía Décima perteneciente a la Unidad Segunda de Delitos contra la Vida e Integridad Personal de la ciudad de Villavicencio, Meta, la cual fue allegada por la parte actora en esta instancia y tenida como prueba por auto del 13 de febrero de 2013 —ver párrafo 5 —, cabe recordar que el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento contencioso administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, dispone que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. A pesar de lo anterior, de acuerdo con jurisprudencia reiterada de esta corporación, las pruebas recaudadas en un proceso distinto pueden ser valoradas dentro del proceso contencioso administrativo —aunque no hayan sido practicadas a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella, ni hayan sido objeto de ratificación— si las dos partes solicitan su traslado, pues se ha entendido que es contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(2).
7.1.1. De esta manera, toda vez que tanto la parte demandante como demandada solicitaron que se allegara al sub lite la totalidad de la investigación penal referida, cuyo objeto consistió en realizar las pesquisas necesarias con ocasión de la muerte de Dayci Milena Moreno Rengifo(3), las pruebas que se hubieran practicado en ésta serán susceptibles de valoración sin formalidad adicional alguna.
7.1.2. Conviene precisar que dentro de la investigación penal referida, rindieron testimonios bajo la gravedad de juramento las señoras Orfilia María Rengifo Alzate y Mónica Patricia Fuentes Henao. En cuanto al primer testimonio señalado, la Sala observa que al ser la declarante integrante de la parte demandante en el presente asunto, dicho medio probatorio no puede ser valorado como una declaración de tercero sino como una declaración de parte, cuya finalidad es la obtención de una confesión y en esta medida, en caso de resultar relevante, sólo podrá ser apreciada en aquello que produzca consecuencias jurídicas adversas a la confesante o que favorezcan a la parte contraria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.
7.1.3. En cuanto a la segunda declaración, a pesar de que la deponente fue testigo presencial de los hechos —era pasajera de la motocicleta al momento de acaecimiento del choque— , se advierte que en su relato de los mismos acepta haber ingerido bebidas alcohólicas de manera previa al momento de ocurrencia del accidente de tránsito y adicionalmente, en uno de los informes rendidos por los funcionaros del CTI, se observó que “[s]e entrevistó a la lesionada María (sic) Patricia Cifuntes (sic), quien dio a conocer que habían salido con la hoy occisa de un estadero del barrio Santa Helena, ubicado sobre la vía a Catama, con destino al barrio Acaritama y que no recuerda como sucedió el accidente. Es de anotar que la entrevistada informa que el accidente se pudo ocasionar porque se encontraban en alto grado de embriaguez”. Lo anterior es suficiente para que, en principio, su dicho sea tenido por sospechoso a la luz del artículo 217(4) del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que su percepción sobre los sucesos acaecidos aquél día podría haber estado alterada debido a tal ingesta de licor; sin embargo, también es claro que ese sólo hecho no lleva a descartar de plano sus versiones, sino que su valoración depende de la credibilidad que éstas puedan revelar(5) (copia auténtica del oficio 440 suscrito por el Fiscal Segundo Delegado perteneciente a la Unidad Primera de Fiscalías de la ciudad de Villavicencio, testimonio de Mónica Patricia Fuentes Henao y copia auténtica del informe 14 - 0405 realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, con sede en Villavicencio, Meta; fl. 174, 234, 235, 237, cdno. ppal.).
7.2. De otro lado, los actores allegaron junto con la demanda 6 fotografías con las cuales pretenden demostrar las condiciones de la vía en la que ocurrió el accidente de tránsito relatado en la demanda, imágenes en las cuales se observa: (i) un segmento de un árbol caído que invade una calzada por su costado izquierdo, teniendo en cuenta que la vía tiene un solo sentido y está compuesta de tres carriles; (ii) un puente peatonal junto con la estructura que lo soporta, el cual se asienta en el separador izquierdo que independiza la calzada en mención de otra vía, localizados a una distancia considerable de la obstrucción referida —en el mismo separador se ubica de manera horizontal la mayor parte del árbol caído, que se reitera, se encuentra distanciado del puente peatonal— ; (iii) un rasponazo en el sardinel perteneciente al separador señalado y situado relativamente cerca de la estructura de sostén del puente peatonal, y (iv) dos manchas, una de color oscuro negro o marrón ubicada en la calzada y próxima al cimiento en mención, y la otra de color rojizo localizada al lado del mismo, sobre el suelo del separador. La Sala advierte que las pruebas documentales en referencia tiene mérito probatorio, habida cuenta de que es factible su cotejo con el álbum fotográfico 637 obrante en folios 211 a 214 del cuaderno principal, elaborado por la Sección Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación el 8 de noviembre de 1997(6) —el mismo día en que se alega por la parte actora que ocurrió la muerte objeto de la demanda, en diligencia de inspección judicial— , en la “avenida 19. Vía Coca - Cola. Barrio Cantarrana (...) Parque de la Llanura”, lugar en que ocurrió el siniestro del que se derivó la muerte de Dayci Milena Moreno Rengifo según la investigación penal allegada en esta instancia.
7.2.1. Cabe señalar que al comparar las distintas fotografías, esto es, las aportadas por los demandantes y las tomadas por las autoridades penales respectivas, su contenido coinciden plenamente, motivo por el cual es evidente que las primeras fueron registradas en el lugar en que colisionó la víctima referenciada mientras conducía su motocicleta, de manera reciente a la ocurrencia del accidente, aunque no es posible establecer su fecha exacta.
7.3. En el trámite de la primera instancia en el proceso contencioso administrativo, se recepcionó la declaración del señor Luis Carlos Sarmiento, quien afirmó trabajar con el señor Hernando Moreno Navarro y Orfilia Rengifo Alzate, como vendedor empleado en una tienda de electrodomésticos y aseguró haber visto el sitio del accidente. Durante la respectiva diligencia, la parte demandada tachó de sospechoso al testigo en mención de conformidad con lo dispuesto por el artículo 218(7) del Código de Procedimiento Civil, al existir entre él y los demandantes en comento una relación de dependencia, con lo que finalizó la declaración mencionada. Sobre este aspecto, cabe recordar como ya se señaló, que no se descalifica de antemano el medio probatorio aducido, sino que habrá que analizarlo con mayor aprehensión —ver párrafo 7.1.3 y notas respectivas—.
8.1. El 8 de noviembre de 1997, aproximadamente a las 2:00 a.m., la señora Dayci Milena Moreno Rengifo, quien no portaba casco, mientras conducía la motocicleta marca Suzuki, de color azul, identificada con placas ABH 12A, y Mónica Patricia Fuentes, quien iba como pasajera, sufrieron un accidente de tránsito consistente en un choque con una columna de soporte de un puente peatonal que atravesaba la vía que transitaban, esto es, la avenida 19 vía circunvalar, en dirección a “Coca - Cola”, al frente del parque La Llanura dentro del área urbana, sector residencial, zona deportiva del municipio de Villavicencio. La calzada de la vía mencionada era recta, de un solo sentido, con tres carriles, la cual se encontraba en buen estado, seca, pero con mala iluminación. Cuando los agentes de policía correspondientes arribaron al lugar de los hechos, remitieron a las víctimas del accidente al Hospital Departamental de Villavicencio, centro médico al que ingresaron con alcoholemia y distintas lesiones traumáticas (copias auténticas de (i) acta de inspección de cadáver 503 efectuada por el CTI de Villavicencio(8); (ii) informe de accidente de la oficina de tránsito del municipio de Villavicencio; (iii) oficio 440 suscrito por el Fiscal Segundo Delegado perteneciente a la Unidad Primera de Fiscalías de la ciudad de Villavicencio, en virtud del cual se solicita al Instituto de Medicina Legal que se realice la necropsia correspondiente, una vez identificada a Dayci Milena Moreno Rengifo como víctima del accidente descrito —en un principio no fue posible individualizarla dado que no portaba documento de identidad(9)— ; (iv) inspección judicial de la motocicleta de placas ABH12A, y (v) informe CTI_JSC consistente en el cotejo dactiloscópico, según acta de levantamiento 503, en el que se identificó a Dayci Milena Moreno Rengifo; fls. 165, 166, 171, 172, 173, 174 191, cdno. ppal; 23, 24 , cdno. 1).
8.2. Alrededor de las 3:35 a.m. del día señalado, Dayci Milena Moreno Rengifo falleció como consecuencia de un choque neurogénico secundario a laceración cerebral causada por el accidente de tránsito aludido. Su cadáver presentaba externamente nasorragia bilateral, escoriaciones en la región lateral izquierda del cuello y la nuca, en el hombro izquierdo, en el codo izquierdo, en el dorso de ambos antebrazos y en la rodilla izquierda, e internamente, fractura en el cráneo, laceración severa del lóbulo frontal izquierdo del cerebro, contusión hemorrágica frontal y parietal izquierdo, entre otras lesiones en la cavidad craneana, costillas y cavidad torácica. Igualmente, una vez practicado el análisis de alcohol etílico en la sangre de la occisa, se determinó que ésta contenía una concentración de “209,2mg%” de la sustancia referenciada, en cien mililitros de sangre (copias auténticas de (i) acta de inspección de cadáver 503 efectuada por el CTI de Villavicencio; (ii) protocolo de necropsia A - 529 - 97, realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Seccional del Meta; (iii) análisis de alcohol etílico de una muestra de sangre de Dayci Milena Moreno Rengifo, elaborado por el laboratorio de toxicología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con sede en Bogotá D.C.; y (iv) registro de defunción de Dayci Milena Moreno Rengifo ; fl. 165, 166, 225, 226, 248, 249, cdno. ppal.; 77, 78, cdno. 1).
8.3. El mismo día, los miembros del CTI correspondientes se desplazaron al lugar de los hechos con el fin de inspeccionar las circunstancias de la vía en que ocurrió el accidente. Al respecto, describieron que de forma precedente al lugar de colisión, es decir, al cimiento del puente peatonal ubicado sobre el terreno del separador izquierdo de la calzada en la que se movilizó la víctima, se observaba una raspadura en el sardinel del mismo, aparentemente ocasionado con el protector del pie de la motocicleta que ésta conducía y adicionalmente, que el mismo fue encontrado sobre la calzada más adelante. Asimismo, observaron las manchas que pueden ser advertidas tanto en las fotografías registradas por ellos como en las aportadas por la parte demandante, y encontraron cerca al muro de soporte cabello y masa encefálica, al parecer perteneciente a la fallecida. Señalaron que no se había encontrado señal o muestra de frenadas por el vehículo referido y si bien, no se manifestaron sobre la existencia de algún obstáculo sobre la vía antes del lugar de colisión mencionado, en las imágenes tomadas por ellos se observa parte del árbol que también fue capturado por quien registró las fotos allegadas por los actores, obstrucción que para ese momento invadía parte del carril izquierdo de la calzada de tres carriles señalada, y que se encontraba a una distancia considerable del sitio del accidente —ver párrafos 7.2 y 7.2.1—. En este sentido, dichos funcionarios señalaron (copias auténticas de (i) diligencia de inspección judicial al sitio del accidente; (ii) álbum fotográfico 637 elaborado por el cuerpo técnico de investigación, seccional criminalística de la Fiscalía General de la Nación, y (iii) informe 14 - 328, elaborado por los señalados funcionarios del CTI(10), y fotografías aportadas por los demandantes; fls. 168, 211 - 214, cdno. ppal.; 25 - 27; cdno. 1):
En Villavicencio, Meta, a los ocho (8) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete 1997 (...) una vez que este despacho practicó el levantamiento de la mujer N.N.(11) procedió a trasladarse al sitio de los hechos que se investigan en la presente por el delito de homicidio en accidente de tránsito (...). Ya ubicados en el sitio de los hechos por la carrera 19 vía hacia Coca - Cola de esta ciudad, debajo del puente peatonal marge (sic) central del separador y en la clumna (sic) de contención del puente parte central - lado izquierdo, se pudo constatar que en la calumna (sic) en comento como a 40 centímetros aproximadamente se encontró un charco de sangre exparcido (sic) en la superficie en gran cantidad y un pañuelo lleno de sangre el cual fue recogido por los agentes de criminalística para su correspondiente cotejo y custodia (...). En el sardinel del separador central sitio de la colisión se observa huellas de despulimiento (sic) por el contacto al parecer del (ilegible) pie de la motocicleta conducida por la hoy occisa (...). Se observa al revisar cuidadosamente la columna de contención del puente peatonal en la parte baja de ésta cabello al parecer de la hoy occisa teniendo en cuenta las características de la herida que presentaba la misma en el momento del levantamiento. (...) recorrer el sitio de los hechos a pocos metros de distancia del sardinel por el mismo sector en donde se presentó el despulimiento (sic) se halló un protector del pasa pie de una moto, que al parecer corresponde a la motocicleta en que se movilizaban la hoy occisa y la parrillera lesionada, del sitio donde se encontró la mancha de sangre exparcida (sic) se observó partículas de masa encefálica y a una distancia de la columna del puente columna central hacia la margen izquierda del mismo. Vía Cocola (sic) a una distancia de 2:88 centímetros y a 34 centímetros del sardinel sobre arena se observa exparcimiento (sic) de gasolina (...).
8.4. En cuanto a la existencia de la parte del árbol que invadió el carril izquierdo de la calzada —de tres carriles— en que sucedió el accidente, cabe destacar lo dicho por José Alirio Ortiz Celis, en su declaración rendida en la investigación penal al haber sido el agente de la oficina de tránsito que levantó el croquis respectivo (testimonio rendido por José Alirio Ortiz Celis; fls. 189, 190, cdno. ppal.):
Preguntado: Informe al despacho si recuerda haber atendido un caso en su condición de agente de la policía de tránsito, en donde perdió la vida una joven en accidente de tránsito ocurrido frente al parque mi llanura (sic) de esta ciudad. Contestó: Sí, me encontraba trabajando cuando me reportaron el accidente, eso fue como a las 3 de la mañana, estaba en el hospital cuando ocurrió eso, al lugar del accidente fue primero una panel de vigilancia, esta la recogió y la llevó al hospital, después yo me vine a levantar el croquis, lo levanté, no había nadie allí, la moto si estaba allí. Preguntado: Informe al despacho si se ha logrado enterar cuales fueron las causas del accidente. Contestó: Las causas del accidente puede ser la visibilidad del lugar, el lugar es oscuro no hay luz, la vía presentaba arena y había aproximadamente a unos cincuenta metros un árbol caído, estaba a (sic) unos dos metros salidos (sic) del separador sobre la vía, atrás de la moto, como el árbol estaba salido la muchacha pudo haber tocado el árbol con la moto perdió el equilibrio y luego tocó el sardinel porque ahí quedó la huella de arrastre. Preguntado: Cuando Ud. hizo su arribo al lugar de los hechos pudo apreciar el árbol sobre la vía. Contestó: Claro ahí estaba. Preguntado: Por qué motivo al elaborar Ud. el respectivo croquis de accidente no lo dejó consignado en este. Contestó: Porque en el momento vi fue el lugar de impacto, la zona de arrastre, no me (sic) había detallado el árbol caído, pudo haber sido una de las causas del accidente. (...) Preguntado: Como era el estado del tiempo para el momento en que ud. Realizó la inspección al lugar. Contestó: El tiempo era normal, el pavimento estaba seco. (...) Luego de haber levantado el croquis, como a las 6 de la mañana yo regresé al sitio de los hecho para tener una mayor visibilidad de lo ocurrido pues el sitio de noche es oscuro, y aún allí se encontraba el árbol, aún se encuentra allí el árbol, ya no está salido pero si se encuentra sobre el separador.
8.5. Mediante providencia del 19 de octubre de 1999, la Fiscalía Décima Delegada ante los jueces penales del Circuito de Villavicencio y perteneciente a la Unidad Segunda de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, resolvió abstenerse de iniciar investigación formal por la muerte de Dayci Milena Moreno Rengifo y archivar el expediente correspondiente, comoquiera que “[d]adas las anteriores consideraciones, se tiene que la muerte de Moreno Rengifo, se debió a causas puramente accidentales, si bien es cierto, su muerte fue violenta, ello no resulta endilgable a alguna persona, de haber existido humana conducta de acción u omisión generante del hecho, esta vendría a recaer únicamente en la víctima, como fue el avanzado estado de embriaguez en que se hallaba (situación corroborada por medicina legal) lo que no le permitió maniobrar de manera correcta el aparato colisionando con la columna que sostiene el puente peatonal, originándose el hecho a que nos hemos venido refiriendo” (providencia del 19 de octubre de 1999, proferida por la Fiscalía Décima Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Villavicencio; fl. 255, 256, cdno. ppal.).
9. Debe la Sala establecer si se configura la responsabilidad del municipio de Villavicencio con ocasión del accidente de tránsito en que falleció Dayci Milena Moreno Rengifo, consistente en la colisión con el cimiento de un puente peatonal ubicado en una zona urbana del mencionado ente municipal, mientras conducía la motocicleta de placas ABH 12A.
9.1. De esta manera, le compete a la Sala verificar la incidencia de la obstrucción en la calzada por parte de un árbol que se había caído, circunstancia alegada por los demandantes para deprecar la existencia de una falla del servicio por parte de la entidad demandada que, según ellos, se constituyó en la causa eficiente del daño invocado, aunado a la falta de luz en la vía, y para lo cual se impone tener en cuenta los acontecimientos probados y relacionados con el accidente, así como la distancia de dicha obstrucción con el lugar del choque y el estado de embriaguez de la conductora de la motocicleta.
9.2. De esta manera, se establecerá si en el sub lite se presentó algún incumplimiento en el contenido obligacional a cargo del municipio demandado que hubiera conducido de manera eficaz a la ocurrencia del accidente de tránsito del cual se derivó la muerte de la señora Moreno Rengifo, a partir de lo cual se concluiría que surge su responsabilidad, o si por el contrario, no se configuró dicho incumplimiento, o a pesar de haberse generado, éste no causó el daño objeto del libelo introductorio, o el estado de beodez de la víctima generó exclusivamente el siniestro, eventos en los cuales se impondrá denegar las pretensiones de la demanda.
10. Se encuentra debidamente acreditada la existencia del daño aducido por la parte demandante, consistente en la muerte de Dayci Milena Moreno Rengifo el 8 de noviembre de 1997, como consecuencia de un choque neurogénico ocasionado por una laceración cerebral causada al haber colisionado con un cimiento de un puente peatonal, mientras conducía una motocicleta de placas ABH 12A, en una vía dentro de una zona urbana del municipio de Villavicencio —ver párrafos 8.1 y 8.2 con sus respectivas notas—.
11. En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:
En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(12).
11.1. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.
11.2. En el sub lite, para efectos de atribución del daño a la entidad demandada, se examinará si existió por su parte una falla en la prestación del servicio, para lo que cabe advertir que con base en los hechos probados, no es posible acudir a un criterio de imputación distinto y además, se debe tener en cuenta que el fundamento subjetivo señalado fue el expuesto por la parte demandante tanto en el libelo introductorio como en su recurso de apelación. De esta manera, los actores afirmaron que el accidente de tránsito fue ocasionado debido a que el carril izquierdo de la avenida 19 del municipio de Villavicencio, el cual era utilizado por la difunta, se encontraba invadido parcialmente por un árbol contra el que se topó en su trayecto —sin que este obstáculo estuviera señalizado y con deficiente luz en el lugar— , lo que hizo que perdiera el equilibrio de la moto que conducía para posteriormente, estrellarse con el muro de un puente peatonal ubicado más adelante.
11.3. Al respecto, la Sala principia por señalar que si bien se demostró que para el día 8 de noviembre de 1997 había una obstrucción en el carril izquierdo de la vía transitada por la víctima, consistente en un segmento de un árbol que se había caído en el separador izquierdo de la calzada —ver párrafos 8.3, 8.4 y nota respectiva— , no es posible con fundamento en ello declarar la responsabilidad de la entidad demandada.
11.4. A pesar de que no se pierde de vista que para la fecha del accidente, la señalización, conservación y mantenimiento de la calzada en que éste ocurrió se encontraba a cargo del municipio de Villavicencio, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 105 de 1993(13) y el Decreto Ley 1344 de 1970(14) —normas que se encontraban vigentes para la época de los hechos y por consiguiente, plenamente aplicables al caso concreto—, por tratarse de una vía urbana comprendida dentro del perímetro y la red vial municipal —ver párrafos 8.1 y 8.3 con sus respectivas notas—(15), también es cierto que para que se configure la señalada responsabilidad del aducido ente territorial, se requiere que como responsable de dichos deberes conociera de la situación generadora de peligro —en este caso, la caída del árbol— y no hubiera obrado de manera consecuente con sus obligaciones, retirando el obstáculo o instalando la señalización adecuada para que las personas que transitaban la vía conocieran del riesgo y pudieran evitar el acaecimiento del hecho dañoso. Al respecto, se ha indicado:
De las pruebas anteriormente relacionadas, se infiere que el árbol contra el cual colisionó el vehículo en el que se desplazaban los señores Jairo y Luis Hernández Ruiz, cayó a la vía pública aproximadamente entre las 6: 30 y 8:00 de la noche del 15 de febrero de 1991, y que el accidente de tránsito ocurrió a las 12:00 a.m.
La falla en el servicio que se le atribuye al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Instituto Nacional de Vías —Invías— , se fundamenta en la falta de intervención oportuna para remover o señalizar el obstáculo que se encontraba en la carretera y evitar así el accidente de tránsito.
La Sala considera que en el asunto sub lite el hecho dañoso no es imputable a las entidades demandadas, pues en primer lugar, no existe ninguna prueba que acredite que estas tuvieron conocimiento sobre la caída del árbol en la vía pública, ni consta requerimiento alguno a las autoridades municipales o de policía sobre el peligro que ese obstáculo representaba; y en segundo término porque entre la caída del árbol y el accidente no transcurrió mucho tiempo, como para exigirles a las demandadas una acción inmediata para la señalización o remoción del arbusto, máxime si se tiene en cuenta que éste cayó durante la noche en un día de fin de semana.
En casos similares como el que ocupa la atención de la Sala, se ha considerado que puede existir falla en la prestación del servicio, si se hubiera avisado sobre la caída del árbol o si la entidad responsable, enterada de la presencia del obstáculo, no hubiera tomado las medidas necesarias para removerlo o para prevenir el peligro que éste implicaba. Al respecto, la Sala ha determinado la responsabilidad en el deber de mantenimiento de carreteras en dos eventos: i) cuando se ha dado aviso a la entidad sobre un daño en la vía, que impide su uso normal, y no es atendida la solicitud de arreglarlo, ni se ha encargado de instalar las correspondientes señales preventivas(16)y ii) cuando unos escombros u obstáculos permanecen abandonados en una carretera durante varios meses, sin que fueran objeto de remoción o demolición para el restablecimiento de la circulación normal de la vía(17).
De conformidad con estas directrices y en consideración a que en el presente caso no se presentó ninguna de las dos situaciones mencionadas anteriormente, no es posible estructurar la responsabilidad de las entidades demandadas a partir de una supuesta omisión en la prevención del accidente, pues como se indicó, no existió aviso alguno sobre la existencia del obstáculo en la carretera y el peligro que éste representaba, ni transcurrió un tiempo considerable para que las demandadas en el desarrollo de sus actividades rutinarias de mantenimiento, se enteraran de la existencia del obstáculo en la vía y tomaran las medidas necesarias para evitar el accidente(18).
11.5. Con observancia de lo expuesto, es claro que en el sub judice no resulta viable declarar la responsabilidad de la administración municipal por la invasión que parte del árbol hizo del carril por el que, según los demandantes, transitaba la víctima, puesto que el expediente carece totalmente de pruebas frente al conocimiento previo necesario para proceder a deducir su responsabilidad con fundamento en la omisión de sus deberes de señalización o mantenimiento de la vía(19).
11.6. Al respecto, se debe recordar que la parte actora tenía la carga de probar las circunstancias que permitieran inferir lo mencionado con el fin de obtener la declaratoria de responsabilidad de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177(20) del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, se enfocó únicamente en demostrar que había una obstrucción en la calzada correspondiente, a partir de lo cual a su parecer, era posible colegir que se había causado la colisión en que perdió la vida la señora Moreno Rengifo, varios metros más adelante.
11.7. Además, no es admisible deprecar, con fundamento en la deficiente iluminación esbozada por los demandantes, la obligación de reparar los daños a cargo del municipio de Villavicencio, toda vez que a pesar de que está probada la defectuosa prestación del servicio de alumbrado en la zona del siniestro —cabe señalar que no había carencia absoluta de luz, pero ésta era mala según el informe del accidente y el testimonio trasladado del agente que levantó el croquis; ver párrafos 8.1 y cita posterior al párrafo 8.4— , lo cual se constituye en una falla del mismo(21), en la medida en que no hay medio probatorio alguno que así lo demuestre, es diáfano que dicho incumplimiento no tenía la potencialidad de causar por sí solo, el daño demandado —sin ligarlo con aquél incumplimiento, no demostrado, referente al mantenimiento o señalización de la vía, o al obstáculo que se encontraba en esta—.
11.8. De esta manera, es pertinente señalar que tampoco se tiene la convicción requerida en cuanto a que el obstáculo referido hubiera incidido de manera conjunta con la poca iluminación, a producir la muerte de la señora Moreno Rengifo, lo que a su vez impide que se configure la responsabilidad del ente territorial en comento, por cuanto en cualquier caso no se tendría la suficiente certeza de la existencia de un nexo de causalidad entre dicho detrimento y la conducta observada por aquél.
11.9. Conviene aclarar que de conformidad con la ubicación del lugar del choque y de la obstrucción de la vía varios metros atrás de éste, según consta en las fotografías allegadas al proceso tanto por los demandantes como aquellas contenidas en el álbum fotográfico elaborado por la autoridad correspondiente en diligencia de inspección judicial y, teniendo en cuenta igualmente las conclusiones a las que se llegó en la respectiva investigación penal —ver párrafos 7.2, 7.2.1, 8.3 y 8.4, con sus respectivas notas— , se puede concluir que la difunta y su pasajera no colisionaron con el árbol que invadía la calzada, puesto que de haber sucedido así, no hubiera sido posible que sus cuerpos fueran proyectados hasta la columna del puente peatonal, sitio donde ocurrió el señalado siniestro y en donde se encontraron partes de masa encefálica, y una mancha rojiza perteneciente a sangre, entre otros elementos derivados del accidente.
11.10. Asimismo, no está fehacientemente demostrado que (i) la víctima hubiera estado conduciendo por el carril izquierdo de la vía que se encontraba obstruido —contrario a lo señalado por las partes y el tribunal a quo, no se acreditó que el tránsito por ese carril estuviera prohibido(22) para esa fecha— , y (ii) que al estar conduciendo por dicho carril, hubiera observado el segmento del árbol que bloqueaba la vía y al tratar de esquivarlo, perdiera el control de su vehículo colisionando más adelante.
11.11. En efecto, tanto en el croquis del accidente —el cual es poco legible— como en la inspección que efectuaron los miembros del CTI posteriormente a la ocurrencia del mismo, no se evidenció la trayectoria que llevaba la occisa antes de colisionar, sino que sólo se pudo establecer que pocos metros antes de chocar, habría rozado con el protector del pie de la motocicleta que conducía, el sardinel del separador cerca a la columna del puente donde colisionó —ver párrafos 8.1 y 8.3.—, fragmento del vehículo en mención que fue encontrado sobre la vía.
11.12. Aunado a lo anterior y en sentido opuesto a lo señalado por la parte demandante en su escrito de impugnación, no se advierte indicio o prueba alguna con fundamento en la cual se pueda concluir de manera categórica, que el supuesto desequilibrio o pérdida de control sobre el vehículo que condujo al siniestro se hubiera ocasionado por la obstrucción generada por el árbol caído, respecto de lo cual, sólo se tiene lo dicho por el señor José Alirio Ortiz Celis — agente que levantó el croquis del accidente obrante en la investigación penal trasladada—, quien mencionó dicha hipótesis como una mera posibilidad —ver cita posterior al párrafo 8.4— , sin que se observen medios probatorios que tengan la potencialidad de soportar su apreciación.
11.13. Sobre este punto, los actores en el recurso de apelación señalaron que también debía tenerse en cuenta la declaración de Mónica Patricia Fuentes Henao —quien era pasajera y acompañante de la difunta el día de ocurrencia del siniestro, y había ingerido bebidas alcohólicas; ver párrafo 7.1.3— . De su declaración, se destaca:
Nosotros estábamos en el refugio de may, nos tomamos como cinco o 6 cervezas cada uno, estábamos con Alberto no sé el apellido, se puede ubicar por mi intermedio, primero estábamos en el faro un establecimiento que hay frente al refugio de may, estábamos Alberto y yo esperando a Milena, ella llegó como diez y media pasadas y luego nos fuimos para el refugio de may, ahí estuvimos charlando, de ahí salimos como a la una y media de la mañana, Alberto se entró para el baño y Milena me dijo que me llevaba y yo le dije que bueno, cogimos para mi casa, por toda la avenida de cofrem, cuando llegamos al parque La llanura tropezamos con algo y yo caí y no supe de más, como eso estaba oscuro, no nos dimos cuenta contra que tropezamos, cuando yo recobré el conocimiento me encontraba en el hospital (...) estábamos bien, ninguna de las dos estábamos embriagadas, es que no me explico cómo nos accidentamos. Preguntado: Informe al despacho a qué velocidad se desplazaban ustedes por la avenida para el momento del accidente. Contestó: Normal, no íbamos ni muy rápido ni muy despacio. (...) Informe al despacho como era el estado del tiempo para el momento del accidente. Contestó: Estaba seco el pavimento, estaba haciendo buen clima. Preguntado: La iluminación del sector donde ocurrió el hecho como es. Contestó: Estaba oscuro, por eso es que digo que no le puedo decir con que fue que nos tropezamos, antes de la caída sentí que nos tropezamos y caímos. Al otro día en el hospital mi tía decía que nosotros nos habíamos tropezado contra un palo o tronco que estaba caído sobre la vía. (...) Preguntada: A que atribuye ud. el accidente. Contestó: Por lo que me comentan fue el palo que había sobre la vía y además por la oscuridad porque eso si me consta que estaba oscuro.
11.14. De conformidad con lo expuesto por la testigo referenciada, es evidente que no se compagina su declaración respecto de lo que percibió directamente, con la argumentación de la parte demandante, lo cual se constata igualmente al efectuar una simple desagregación lógica con fundamento en los hechos que se encuentran demostrados. Efectivamente, en ambas instancias, los actores adujeron que el obstáculo había hecho perder el control de la moto a su conductora, lo que conllevó a que se estrellaran varios metros más adelante, situación que tendría sentido en relación con la ubicación del puente peatonal y del árbol caído en la vía; sin embargo, la deponente se refiere exclusivamente a que chocaron con algo y que de manera inmediata, cayeron de la motocicleta produciéndose los efectos ya conocidos.
11.15. No sería factible concluir como al parecer lo plantean lo demandantes, que cuando la pasajera se refiere a que chocharon con algo, hubiere sido con el mencionado obstáculo, puesto que de ser así, como se refirió, resultaría inviable que sus cuerpos hubieran llegado hasta el sitio del cimiento del puente peatonal —ver párrafo 11.9. En consecuencia, se colige que el choque que indica la señora Mónica Patricia Fuentes, es aquel que tuvieron con el sardinel del separador izquierdo de la calzada por la que transitaban, el cual se encontraba próximo al sitio del accidente, para salir propulsadas golpeándose la occisa con el soporte del puente.
11.16. De otro lado, cuando en su testimonio hace referencia a la obstrucción consistente en el segmento del árbol que invadía el carril izquierdo de la vía como fuente del accidente, lo hace por lo que escuchó de su tía y otras personas a las que no identificó, y en la medida en que no es posible tener certeza de la ciencia del dicho del conocimiento de esas personas respecto de los hechos que se debaten en este juicio, siendo lo más probable que no los hubieran apreciado de manera directa, son afirmaciones que no resultan entonces suficientes para dar por probada la circunstancia en mención.
11.17. Ahora bien, obran dos testimonios rendidos en el trámite del presente proceso contencioso administrativo, de quienes aseguraron que el accidente de tránsito en estudio tuvo lugar por el árbol que obstaculizaba la vía. Es así como el señor David García Marcías, amigo del padre de Dayci Milena Moreno Rengifo, manifestó que:
Porque me llamaron a que viniera declarar, me dijo don Hernando Moreno, él es el papá de la niña Milena, que como nosotros fuimos al otro día del accidente allá, por la mañana, entonces que viniera hacerle el favor acá. (...) Nosotros fuimos al otro día a las seis de la mañana, no recuerdo bien cuando fue el accidente, fuimos con el papá de la niña, don Hernando Moreno, y miramos la huella de la moto, donde le saco el quite a un palo que estaba enraizado en el sardinel y se volvió a ir al sardinel izquierdo otra vez hacía el lado donde ellas iban, las del accidente, es decir Milena y otra china que yo no la conozco, y se fue hasta donde había un portillo en el sardinel separado raspando y ahí se frenó la moto (...) Preguntado: Descríbanos el estado de la vía en donde aconteció el accidente. Contestó: Llegado al puente peatonal, es pavimento, es avenida, estaba mojado, es línea recta, esa parte es oscura (...) ese pedazo se encharca (...). Preguntado: Sírvase explicar al despacho, como pudo usted, percatarse de las huellas que según usted, dejó la moto, en una superficie que como también lo ha indicado a las seis de la mañana estaba mojada. Contestó: Porque había barro estaba la huella de la moto que le hizo el quite al palo que estaba sobre la vía. Preguntado: Sírvase decir si en la madrugada o en la noche anterior al accidente había llovido. Contestó: Pues no sé pero como eso ahí se enlaguna todo eso, no recuerdo si había llovido o no (...) Ahí se encharca todas las veces que llueve duro y queda barro ahí, es que todo ese pedazo se encharca como cien metros. Preguntado: Cuando usted con Hernando Moreno, llegaron al sitio de los hechos, estaba mojado o inundado. Contestó: No solamente había barro mojado (...) Preguntado: usted manifestó al despacho haber ido con el señor Hernando moreno a las seis de la mañana del día del accidente, también manifiesta haber encontrado unas huellas de moto, describa al despacho como estaban esas huellas dibujadas sobre el pavimento. Contestó: LA moto iba sobre la vía izquierda y según eso miraron el palo, le hicieron un medio zigzag, esto por la rastra de la huella que no se había borrado, fue lo que miramos nosotros no más.
11.18. El otro declarante, es decir, Luis Carlos Sarmiento, quien trabajaba para Hernando Moreno Navarro y Orfilia Rengifo Alzate, padres de la víctima —fue tachado de sospechoso por la parte demandada; ver párrafo 7.3 y nota pertinente— depuso de manera similar al anterior testigo, en cuanto a que había observado las huellas de la moto en suelo en forma tal que se podía apreciar que esquivó la obstrucción en la vía, en consideración a que se encontraba húmedo porque había llovido anteriormente.
11.19. Respecto de los relatos de los hechos señalados, la Sala considera pertinente aclarar que como lo consideró el tribunal de primera instancia, no ofrecen credibilidad alguna sobre la forma en que sucedió el accidente, habida cuenta de que (i) no percibieron de manera directa el desarrollo de los acontecimientos en que perdió la vida Daicy Milena Moreno Rengifo y por consiguiente, sus apreciaciones no pasan de ser simples especulaciones; (ii) está plenamente demostrado, contrario a lo refirieron los testigos, que la vía en que ocurrió el siniestro para ese momento se encontraba seca y no había llovido anteriormente, según el informe del accidente realizado por la oficina de tránsito de la ciudad de Villavicencio, así como lo mencionaron tanto el agente que levantó el croquis correspondiente como Mónica Patricia Fuentes Henao en sus testimonios traslados, y a partir igualmente de lo observado tanto en las fotografías aportadas por los demandantes como aquellas contenidas en el álbum elaborado por el CTI —ver párrafos 8.1, 8.3 y 8.4 y 11.13—, por lo que la alusión a barro o humedad para percibir a través de las huellas de la llanta que se esquivó el obstáculo no resulta creíble, y (iii) el testimonio del señor García Marcias tiene múltiples contradicciones entre sí en relación con el estado de humedad de la vía, y debido a que el dicho del señor Sarmiento ofrece sospecha por cuanto trabaja para dos de los demandantes, carece de potencialidad para acreditar lo expuesto por él, frente a cómo sucedió la colisión, máxime en la medida en que su versión de los hechos no encuentra sustento en otro medio de prueba.
11.20. En sentido opuesto a la conjetura de los actores en cuanto a la forma en que se desarrolló el accidente, la cual no tiene fundamento probatorio alguno, se puede deducir que en el caso concreto se configuró un hecho exclusivo de la víctima, comoquiera que ésta decidió ejercer una actividad peligrosa como lo es la conducción de un vehículo motorizado, en un grave estado de embriaguez, lo que comprometió sus reflejos y su capacidad de reacción produciendo la colisión que ocasionó su muerte.
11.21 . Ciertamente, se encontró que la víctima tenía una concentración de 209 miligramos de alcohol en 100 mililitros de sangre —esta prueba técnica deja sin sustento la apreciación de la testigo Cifuentes Henao en cuanto a que no estaban en estado de beodez; ver párrafo 8.2— , lo cual implica la imposibilidad en la conducción de cualquier vehículo, como lo ha considerado la doctrina sobre el tema:
Con cifras en sangre hasta de 20 mgs. % no existe ninguna alteración; entre 20 y 50 mgs. %, puede haber alguna locuacidad y merma de reflejos; entre 50 y 85 mgs. %, hay disminución de los reflejos y alteración en la percepción. Entre 85 y 100 mgs. % en una tercera parte de las personas ya puede haber síntomas de embriaguez, y las inhibiciones sociales están disminuidas; las respuestas se tornan lentas y ya existe incoordinación. A niveles de 100 a 150 mgs. %, la mitad de las personas... ya están ebrias, y hay una definida merma de los reflejos y de la coordinación motora.
Con cifras de 150 a 200 mgs. %, el 80% está francamente ebrio y existe percepción defectuosa en sentidos tan importantes como la visión, disminución del dolor y la voz es arrastrada. De 200 mgs.% en adelante, cualquiera estará completamente ebrio;
En realidad, por encima de 100 mgs. % de alcoholemia, la disminución de reflejos, de la percepción sensorial y de la coordinación motora están lo suficientemente comprometidos para permitir que una persona pueda conducir adecuadamente un vehículo.
Respecto de los niveles circulantes, en general por debajo de 50 mg% de alcohol en sangre, no podrán ser tenidos como evidencia de embriaguez; de 50 a 100 mg% irán a constituir un estado de alicoramiento que no impide a todas las personas la conducción de un vehículo y, por lo tanto, no puede afirmarse que todas las personas con esos niveles de alcoholemia estén embriagadas. De 100 mg% en adelante, cualquier persona está impedida para conducir adecuadamente un vehículo automotor (...).
Es importante hacer notar que el concepto embriaguez aguda, abarca estados en los cuales sólo hay merma de reflejos, de percepción y de coordinación, que impiden la conducción normal de un vehículo, hasta francas borracheras en las cuales la persona no puede ni tenerse en pie. Atendiendo al principio de la causalidad, existe definida relación de ésta y la inadecuada conducción de un vehículo, cuando los niveles de alcohol alteran las funciones de coordinación motora, reflejos y percepción, lo cual se logra con alcoholemias por encima de 100 mgs. %(23).
11.22. Asimismo, se determinó en la inspección judicial que efectuaron los miembros del CTI junto con el fiscal correspondiente —ver párrafo 8.3 y nota correspondiente— , que cerca al lugar de colisión no habían marcas de frenada por parte de vehículo alguno, ni siquiera cerca a la raspadura efectuada sobre el sardinel del separador de la vía correspondiente, lo que posibilita a la Sala a señalar que hubo una ausencia de reacción por parte de la conductora ante la inminente colisión.
11.23. Lo anterior, aunado a lo informado por miembros del CTI de manera posterior al haber entrevistado a la pasajera de la moto, quien afirmó que no recordaba como ocurrió el accidente pero señaló que podía deberse a que habían ingerido bebidas alcohólicas y que se encontraban en alto grado de embriaguez —ver párrafo 7.1.3— , hace plausible colegir que el accidente tiene como causa eficiente y exclusiva, la conducta desplegada por la víctima, esto es, el manejo de una motocicleta, lo que se constituye en una actividad riesgosa, encontrándose imposibilitada para ello debido a su estado de ebriedad.
12. Comoquiera que no se demostró la configuración de una falla del servicio por parte de la entidad demandada en cuanto a los deberes de conservación y señalización de la vía en que ocurrió el accidente de tránsito —a pesar de que se probó una deficiente prestación en el servicio de alumbrado—, así como tampoco la incidencia que tuvo en el accidente el árbol que invadía el carril izquierdo de la misma, sino que por el contrario, el daño fue producto de un hecho exclusivo de la víctima, se confirmará la sentencia impugnada, denegatoria de las pretensiones de la demanda.
13. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.
14. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, se
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, el 18 de diciembre de 2002, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En la sentencia aprobada, se reiteró la tesis de la Sección relacionada con la responsabilidad de los entes territoriales en la conservación y mantenimiento de vías, específicamente, en lo que hace referencia al conocimiento previo que de la situación de peligro deba tener la entidad para la consecuente imputación de responsabilidad, al precisar que: “A pesar de que no se pierde de vista que para la fecha del accidente, la señalización, conservación y mantenimiento de la calzada en que éste ocurrió se encontraba a cargo del municipio de Villavicencio, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 105 e 1993 y el Decreto Ley 1344 e 1970 —normas que se encontraban vigentes para la época de los hechos y por consiguiente, plenamente aplicables al caso concreto—, por tratarse de una vía urbana comprendida dentro el perímetro y la red vial municipal —ver párrafos 8.1 y 8.3 con sus respectivas notas— también es cierto que para que se configure la señalada responsabilidad del aducido ente territorial, se requiere que como responsable de dichos deberes conociera de la situación generadora de peligro—en este caso, la caída el árbol— y no hubiera ovado de manera consecuente con sus obligaciones, retirando el obstáculo o instalando la señalización adecuada para que las personas que transitaban la vía conocieran el riesgo y pudieran evitar el acaecimiento del hecho dañoso”.
En lo que hace referencia a las vías y carreteras cuya administración se encuentra en cabeza de las autoridades territoriales, por tratarse de vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre (de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias) en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos, la Ley 105 de 1993 consagró obligaciones específicas, respecto del diseño de infraestructura y específicamente en lo que refiere a la planeación e identificación de prioridades en las mismas.
En efecto el artículo 20 de la mencionada ley dispone:
“Planeación e Identificación de Prioridades de la Infraestructura de Transporte. Corresponde al Ministerio de Transporte, a las entidades del orden nacional con responsabilidad en la infraestructura de transporte y a las entidades territoriales, la planeación de su respectiva infraestructura de transporte, determinando las prioridades para su conservación y construcción” (negrilla fuera del texto).
Con lo anterior es claro, que tanto la Constitución como la ley exigen de parte de los municipios una especial labor de vigilancia y cuidado respecto de las vías que le obligan bien por ser de su propiedad o por haberlas recibido para su administración, pues es una carga que debe soportarse para garantizar que efectivamente en un Estado Social de Derecho como el nuestro, “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
No puede, entonces, como parece desprenderse de la motivación que me aparto, pretender que la responsabilidad de la entidad encargada del mantenimiento de la vía penda de que se demuestre su conocimiento previo, porque las obligaciones constitucionales y legales referidas en precedencia, imponen a las entidades del Estado un proceder activo, vigilante y constante que le permita tener el control de todas sus obligaciones para proceder como oportunamente corresponda.
Al respecto la Subsección B, en sentencia de 27 de julio de 2011(24) manifestó:
“En ese sentido, dentro de la esfera de sus competencias, el ordenamiento jurídico le ha otorgado una serie de instrumentos administrativos para lograr sus cometidos. Es así como el artículo 5º de la Ley 388 de 1997 prevé:
“ART. 5º—Concepto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.
En suma para complementar la dimensión económica, social y territorial deberá intervenir el territorio de su jurisdicción de manera rápida, oportuna y eficaz, orientando su desarrollo, definiendo las estrategias de uso, ocupación y manejo del suelo, que permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales. En rigor como ente fundamental del Estado, en esta materia controla, dirige e interviene la acción municipal para garantizar la salubridad, seguridad y tranquilidad de sus habitantes en el ámbito local.
A lo anterior se agrega que conforme al artículo 1005 del Código Civil, los municipios tienen los mismos derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados y, cuando bienes de esa naturaleza representen ruina o generen riesgos a la comunidad, le corresponderá intervenir para velar por el bienestar y seguridad de la comunidad, haciendo un ejercicio de ponderación entre los intereses públicos y privados. La falta de gestión e intervención oportuna en beneficio de la comunidad, implica una omisión a sus deberes de conducta y a sus obligaciones como entidad fundamental político administrativa del Estado.
Aunque no existe certeza sobre la propiedad del bien —público o privado—, al tiempo que nada se sabe sobre la ejecución de la obra, la misma estaba ubicada en el barrio siete de agosto, en el perímetro urbano del municipio de Santo Tomás, sin vestigios de propiedad privada generando una amenaza para la comunidad, incrementada por las características de aquella en cuanto a su tamaño, profundidad y consistencia.
Con independencia de su titularidad, constituía una obligación de la entidad territorial preservar la seguridad de la misma, utilizando los mecanismos de intervención directa sobre dicha obra, en aras de garantizar la salubridad, tranquilidad y seguridad de la comunidad, como sucede en caso de ruina, obligada a tomar medidas de intervención para evitar la materialización de los riesgos anormales, en pro de evitar daños a sus habitantes.
En este panorama, la afirmación de la entidad demandada para eximirse de responsabilidad no es de recibo, como quiera que adujo la falta de conocimiento sobre la existencia de la obra, siendo que estaba ubicada en una zona residencial, a la vista de todos, construida con varios días de anticipación a los hechos y, que los vecinos del lugar la aprovechaban como si se tratara de un bien de uso público, como sitio de recreación, de lo cual dio cuenta el testigo, situación tolerada por la entidad demandada, lo que permite suponer que una fosa de esa envergadura a disposición de la comunidad imponía una obligación a la entidad territorial de asumir conducta activas desplegando su capacidad de reacción frente al riesgo creado.
Es ahí cuando se observa que el municipio faltó a los deberes de cuidado, porque no actúo oportunamente, construyendo las obras necesarias para restaurar el predio, ejecutando las mejoras requeridas, advirtiendo sobre la existencia del peligro, y obligando a sus propietarios a realizarlas; implicaba una acción diligente de su parte, en tanto era la directa llamada a intervenir, evitar y alertar sobre su existencia, desde su posición de garante frente a los derechos de la comunidad y a términos del artículo 90 constitucional, deberá responder por los daños causados por la acción u omisión de sus agentes.
En consecuencia, es claro que el hecho dañoso resulta imputable a la entidad territorial y desde ese punto de vista el daño constituido por el fallecimiento del menor deviene de la omisión del las obligaciones administrativas que le competen a la entidad territorial en orden a garantizar la seguridad de los habitantes. Adicionalmente, porque no se demostró que la muerte del menor por inmersión obedeciera a un hecho imprevisible e irresistible, por el contrario, fue la actitud completamente pasiva asumida por la entidad territorial la que dio lugar a su causación. En suma, la falta de intervención oportuna constituyó la causa eficiente del daño cuya indemnización se demanda, en tanto no adoptó ninguna medida que advirtiera sobre la existencia del peligro e impidiera a la comunidad utilizarlo como lugar de recreo” (negrillas fuera del texto).
En los anteriores términos dejo expuestas las razones que me apartan de la afirmación relacionada con el conocimiento previo por parte de las entidades demandadas para imputar responsabilidad por la omisión de las obligaciones relacionadas con la conservación de las vías, sin perjuicio de que comparto la decisión.
(1) En la demanda se estima el valor de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización por perjuicios morales a favor cualquiera de los padres de la víctima, en el equivalente a 2000 gramos oro, estos es, en la suma de $ 32 425 560 para el mes de septiembre de 1999. Se aplica en este punto el numeral 10º del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 1999 fuera de doble instancia ante esta Corporación, debía ser superior a $18 850 000.
(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 21 de febrero de 2002, exp. 12.789, C.P. Alier Eduardo Hernández; 25 de enero de 2001, exp. 12.831, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 3 de mayo de 2007, exp. 25.020, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de octubre de 2007, exp. 15.528, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.
(3) Las peticiones probatorias de ambas partes frente a la investigación penal señalada pueden ser apreciadas en los folios 12, 39 y 40 del cuaderno 1.
(4) “Son sospechosos para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.
(5) Sobre este tema ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil: “...el recelo o la severidad con que el fallador debe examinar esos testimonios, no lo habilita para desconocer a priori, su valor intrínseco, debido a que ‘la sospecha no descalifica de antemano...sino que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después —acaso lo más prominente— halla respaldo en el conjunto probatorio”, en sentencia de 19 de septiembre de 2001, exp. 6424. Consultar igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subesección B, exp. 17001-23-31-000-1997-09019-01 (20412), actor: Alejandro Arboleda Montoya y otros, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.
(6) En este punto, conviene precisar que a diferencia de lo señalado por los recurrentes, las fotografías de la investigación penal fueron registradas en la fecha señalada, día en que se realizó la respectiva diligencia por el cuerpo técnico de investigación pertinente y no el 13 de noviembre de 1997, fecha que en realidad corresponde al día de envío del álbum fotográfico en mención a la unidad de la fiscalía encargada de la investigación penal, según consta en el folio 211 del cuaderno principal.
(7) “Cada parte podrá tachar los testigos citados por la otra parte o por el juez. La tacha deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio u oralmente dentro de ella, presentando documentos probatorios de los hechos alegados o la solicitud de pruebas relativas a éstos, que se practicarán en la misma audiencia. Si el testigo acepta los hechos, se prescindiera de toda otra prueba. //Cuando se trate de testigos sospechosos, los motivos y pruebas de la tacha se apreciarán en la sentencia, o en el auto que falle el incidente dentro del cual se solicitó el testimonio; en los casos de inhabilidad, el juez resolverá sobre la tacha en la audiencia, y si encuentra probada la causal, se abstendrá de recibir la declaración.//El juez apreciará los testimonios sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.
(8) “Descripción de la escena: Vía principal por carrera 19, que conduce de la villa olímpica a Coca-Cola, bajo el puente peatonal parque o frente al parque de la Llanura (...) Relato del hecho: Según el libro de la policía llevado en el hospital se sabe que la hoy occisa en compañía de la lesionada, se movilizaban en una motocicleta y se accidentaron en la vía carrera 19 vía a Coca-Cola. Ingresaron al hospital, las dos mujeres sin identificar, de aspecto joven de 20 y 25 años, presentan alcoholemia, politraumatismo y politraumatismo cerebral severo, fueron traídas en la Gacela 2, patrulla 334 agente conductor Gamboa”.
(9) “Como aclaratorio del oficio 438 de la fecha y teniendo conocimiento de que se logró establecer siendo aproximadamente las 9:55 a.m., de hoy, el nombre de la occisa a través de la madre de la misma señora Otilia (Sic) María Rengifo identificada con la CC. 209.612.998 de la Unión Valle, quien reconoció a la interfecta como Deicy (sic) Milena Moreno Rengifo, identificada con la CC. 40.396.867 de Villavicencio.- Igualmente se reconoció a la lesionada Mónica Patricia Cifuentes (sic), por parte de la señora madre de la misma señora Amparo de Jesús Henao con C.C. 21.234.137 de Villavicencio”.
(10) “En el lugar de los hechos se practicó diligencia de inspección judicial en compañía del señor fiscal segundo delegado, donde se observó que metros antes de la columna del puente peatonal era notorio el desprendimiento de material por el roce de la motocicleta contra el separador de la vía. Igualmente en la columna se pudo ver manchas de sangre y cabellos.// No se encontró señal o muestras de frenadas o impacto de vehículos en dicho lugar”.
(11) La Sala advierte que en el momento de realizarse la inspección señalada, aún no se había identificado plenamente a la difunta, lo cual se efectuó durante el trascurso del día de su fallecimiento con fundamento en el reconocimiento de su madre y el cotejo dactiloscópico pertinente —ver párrafo 8.1 y nota 5—.
(12) Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 19001233100019990081501 (21515), actor: María Hermenza Tunubala Aranda, C.P. Hernán Andrade Rincón.
(13) Ley mediante la cual se establecieron disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyeron competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, se reglamentó la planeación en el sector transporte y se dictaron otras disposiciones. Fue publicada en el Diario Oficial 41.158 del 30 de diciembre de 1993.
(14) Ley por la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Fue publicado en el Diario Oficial No. 33.139 del 4 de agosto de 1970.
(15) En relación con lo expuesto, conviene recordar que respecto del deber de mantenimiento de las vías, de conformidad con lo señalado por los artículos 11, 17 y 19 de la Ley 105 de 1993, el perímetro del transporte distrital y municipal comprende las áreas urbanas y suburbanas; de igual forma, hacen parte de la infraestructura distrital y municipal, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean de propiedad del municipio, cuya construcción y conservación le corresponde a la respectiva entidad territorial, es decir, al distrito o municipio correspondiente.
Por otra parte, en relación con el deber de señalización de las vías, el artículo 112 del Decreto Ley 1344 de 1970 establece que existen distintos tipos de señales, consistentes en dispositivos físicos o marcas especiales que indican la forma correcta en que deben transitar los usuarios de las vías, entre la cuales se encuentran las denominadas señales preventivas, que buscan alertar a los usuarios sobre situaciones o circunstancias riesgosas o de peligro y su naturaleza. La referida señalización en vías municipales es responsabilidad de las Secretarías de Obras Públicas Municipales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 y 113 del decreto ley aludido.
(16)[2] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de seis de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actores: Belén González y otros – William Alberto González y otra.
(17) [6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 30 de marzo de 2000, expediente 11877, actores: Socorro Parra de Martínez y otros.
(18) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2010, exp. 54001-23-31-000-1993-07769-01(18375), actor: María Melba Ortiz Hernández y otros, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez. Consultar igualmente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de marzo de 2011, exp. 17001-23-31-000-1997-04011-01 (18829), actor: Teresa de Jesús Durán Montoya y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2012, exp. 50001-23-31-000-1996-05723-01 (24977), actor: Clara Flórez de Silva y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(19) “Cabe advertir que para el surgimiento de la obligación de remover o señalizar los obstáculos que se encuentren sobre las vías públicas no se requiere que medie petición previa, lo que se exige es la prueba del conocimiento previo del hecho por parte de las entidades responsables de su mantenimiento, que bien puede consistir en la demostración de haber dado aviso a esas autoridades acerca de la existencia del obstáculo o de la amenaza de que algún objeto pueda invadir la vía, o en la acreditación de otros hechos diferentes a partir de los cuales pueda inferirse dicho conocimiento, hechos tales como la permanencia de los elementos generadores de riesgo durante un lapso que se considere suficiente para que la entidad debiera haberlo advertido”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de marzo de 2011, exp. 170012331000199704011-01 (18.829), actor: Teresa de Jesús Durán Montoya y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(20) “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta Corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el Juez de lo Contencioso Administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(21) Respecto del servicio de alumbrado público municipal, la Resolución 43 de 1995, por la cual se regula de manera general el suministro y el cobro que efectúen las empresas de servicios públicos domiciliarios a municipios por el servicio de energía eléctrica que se destine para alumbrado público, estableció que su prestación le corresponde al municipio respectivo, en el perímetro urbano y área rural comprendidos dentro de su jurisdicción, de conformidad con los artículos 1 y 2 ibídem, teniendo en cuenta que dicho servicio debe permitir “la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales”.
(22) La prohibición aducida, que según el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta se encuentra contenida en el artículo 156 del Decreto Ley 1344 de 1970, en realidad se refiere exclusivamente a los ciclistas, esto es, de acuerdo a la interpretación literal o gramatical de dicho término -según la definición del diccionario de la real academia de la lengua española, en la medida en que la ley señalada no adujo qué debía entenderse por ciclista-, aquella persona que sabe o anda en bicicleta. En la medida en que la disposición en comento es restrictiva, no es dable extender su aplicación a un evento que no es regulado por la misma y por consiguiente, dado que la occisa transitaba en motocicleta en una vía de un único sentido compuesta de tres carriles, en principio lo podía hacer libremente —a menos que existiera una norma de carácter municipal que estableciera lo contrario, la cual en cualquier caso no fue allegada, debiendo probarse al no ser una normativa de rango nacional— de acuerdo con los señalado en el artículo 130 ibídem.
(23) Sentencia de 27 de julio de 2011, proferida dentro del expediente 21052, Actor: Rubén González Pertúz y otros Vs. Municipio de Santo Tomás Atlántico. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

References: artículo 185
 artículo 267
 artículo 195
 artículo 217
 artículo 218
 artículo 177
 artículo 55
 artículo 20
 artículo 5
 artículo 1005
 artículo 90
 artículo 2
 artículo 132
 artículo 112
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 156
 artículo 130