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Timestamp: 2017-08-16 14:54:34+00:00

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El Tribunal Constitucional anula por unanimidad la amnistía fiscal | Hoy Actual
El Tribunal Constitucional anula por unanimidad la amnistía fiscal
By appdesarrollo On 8 Junio, 2017 In Mundo Tagged Amnistía, anula, Constitucional, fiscal, Tribunal, unanimidad Leave a comment
Fue afincada por el Gobierno del PP en 2012.
El alto tribunal considera que el decreto que la aprobó es inconstitucional.
La resolución no tiene efecto sobre aquellos impositores que ya se han regularizado.
DOCUMENTO: Texto intacto de la sentencia.
El Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad la amnistía fiscal que el Gobierno del PP aprobó en 2012, al estimar que el decreto que la estableció es inconstitucional. Sin embargo, el alto tribunal sostiene la valía para todas las regularizaciones que los impositores que se han acogido a ella han realizado desde entonces.
Así, la resolución no tiene efecto sobre los expedientes de aquellos impositores que ya han regularizado su posición con Hacienda.
El recurso fue presentado por 50 diputados del PSOE contra la predisposición auxiliar primera del Real Decreto-ley 12/2012, de treinta de marzo, por el que se introducían diferentes medidas tributarias y administrativas encaminadas a la reducción de déficit público.
En su recurso entendía que ésta normativa beneficia a los defraudadores al permitirles regularizar su posición fiscal con un pago del diez por ciento del valor de los recursos aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los impositores cumplidores pagan el 43 por ciento.
A la regularización fiscal se han acogido individualidades públicas investigadas en los tribunales cual varios integrantes la familia Pujol, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y su exsocio David Marjaliza -ambos encausados en el caso “Púnica”-, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. En su día Hacienda cifró en 30.000 los españoles que se acogieron a éste modelo retributivo dirigido a recobrar dinero escondo fuese del país.
El alto tribunal vierte duras críticas contra la resolución del Gobierno popular, y no sólo por el aspecto formal -que es el que determina la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal- sino asimismo por el fondo mismo de la medida.
Apunta que la amnistía fiscal “supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”.
De ésta forma, añade, se legitima “como una opción válida la conducta de quienes, de constituye insolidaria, incumplieron su deber de tributar de pacto con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una posición más conveniente que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”.
En conclusión, afirma el TC: “El objetivo de lograr una recaudación que se considera indispensable no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario”.
Lo que el error del TC declara inconstitucional y anula, concretamente, es la predisposición auxiliar primera del Real Decreto-ley 12/2012, de treinta de marzo, que recoge la posibilidad de declarar dinero oculto con la única tributación del diez %, sin que se impongan sanciones, réditos ni recargos.
Los jueces comprenden que la predisposición vulnera el artículo 86.1 de la Constitución, que prohíbe el empleo del decreto-ley cuando las medidas aprobadas afecten “de constituye relevante ó sustancial” a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución.
Tal es el caso del “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.
La regularización se dirigió “a la totalidad de los impositores afectados por los gravámenes directos”, que “constituyen los pilares estructurales del sistema tributario”, afirma el alto tribunal.
La medida supuso, sigue el TC, “la condonación parcial de la obligación tributaria primordial y la condonación total de las eventuales consecuencias accesorias socias al incumplimiento existente hasta el instante de la regularización”.
De éste modo, es indudable que la medida afectó “a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” que recoge la Constitución, alterando así “el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes”.
Ese deber constitucional, el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, está recogido en el artículo 31 de la Constitución y es una materia que no puede ser regulada a través de un fácil decreto-ley, pos tiene un rango superior.
De éste modo, el decreto recurrido vulneró la Constitución, agrega el alto tribunal antes de neutralizar la norma.
Ajustar el déficit
En contestación a los argumentos del Gobierno el TC indica que no es suficiente con explicar, cual hace el letrado del Estado, que asistir al decreto ley resultaba necesario para ajustar el déficit público y cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria, consagrado asimismo en la Constitución.
“Cualesquiera que sean los fines que guíen al legislador, deben respetarse los principios establecidos en el artículo 31.1 de la Constitución, en mandato a lograr un sistema tributario justo”, expone el TC.
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auditel lezo mayo

References: resolución 
 resolución 
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 artículo 86
 artículo 31
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