Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1199828
Timestamp: 2020-07-10 15:53:27+00:00

Document:
Medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa
Decreto Ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa (DOGC de 24 de junio de 2020). Texto completo.
Desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico de la Covid-19 como pandemia internacional y la declaración del estado de alarma mediante el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo , el Gobierno de la Generalidad ha aprobado diferentes medidas en varios ámbitos con el fin de paliar los efectos desfavorables que ha ocasionado esta crisis sanitaria, medidas que, en algunos casos, resulta necesario, vista la nueva situación, mantener o adaptar, sin perjuicio de complementarlas con otras que aseguren y coadyuven a la efectividad de las actuaciones hasta ahora adoptadas.
Por su parte, en el artículo 4 , se modifica el Decreto 159/2007, de 24 de julio, por el que se regula la receta electrónica y la tramitación telemática de la prestación farmacéutica a cargo del Servicio Catalán de la Salud, medida que enlaza con la implantación efectiva de la administración electrónica. En un contexto donde la seguridad de pacientes y profesionales puede verse significativamente mejorada por acciones en esta línea de cara a promover una asistencia sanitaria menos dependiente, en aquello que no sea estrictamente imprescindible, de la presencialidad directa. Esta medida, además va en la línea de determinadas acciones de desburocratización de los servicios asistenciales.
El estado de conocimiento de la enfermedad en el momento de su inclusión en el anexo del Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de residuos sanitarios, mediante el Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo , de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, no permitió concretar qué residuo, de los procedentes de enfermos de la Covid-19, era susceptible de transmitir la enfermedad. Actualmente somos conocedores que son las secreciones respiratorias de los enfermos de la Covid-19 las que tienen capacidad infecciosa, lo cual aconseja modificar el anexo en este sentido.
Con la finalización del estado de alarma, plazo final de las habilitaciones mencionadas, se han levantado completamente las restricciones a la circulación, pero siguen vigentes varias medidas, como el mantenimiento de una distancia física mínima interpersonal, que dificultan o impiden la concentración de números elevados de personas en un mismo lugar El impacto de la pandemia, la duración del estado de alarma y la vigencia de estas medidas aconsejan mantener temporalmente varias medidas de carácter extraordinario con la misma finalidad perseguida por el artículo 4 del Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, de facilitar el funcionamiento y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las asociaciones, las fundaciones y las juntas de propietarios. En esta misma línea, en el ámbito de las sociedades cooperativas, el Decreto ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por la Covid-19, prolongó algunas de las medidas previstas por el Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, más allá de la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020.
En segundo lugar, se mantiene la vigencia de los artículos 5, 6 y disposición adicional tercera del Decreto ley 8/2020 , 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo , de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas. Respecto del artículo 5, a pesar de la buena evolución de la pandemia en nuestro territorio, la situación de emergencia sanitaria todavía perdura y se prevé que en cualquier momento puedan ser necesarias actuaciones sanitarias urgentes e inmediatas ante la aparición de rebrotes de la Covid-19. Esta circunstancia aconseja que tanto el Departamento de Salud, como las entidades que de él dependen, dispongan de una cobertura legal que establezca claramente y sin interpretaciones la posibilidad de celebrar contratos para hacer frente a la Covid-19 al amparo de lo que prevé el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos de sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Por otra parte, respecto del artículo 6 es el resultado de la constatación del hecho que la utilización de medios electrónicos en sesiones de órganos de gobierno resulta necesaria, ya que la evidencia clínica en el contexto de la pandemia aconseja la adopción de medidas de distanciamiento físico como acción preventiva en todos los ámbitos donde sea posible. En paralelo, la evolución tecnológica pone al alcance de las entidades los recursos para garantizar la seguridad y la confidencialidad en el proceso de toma de decisiones a distancia con plenas garantías, que en ningún caso las comprometen, ni cuestionan el modelo de funcionamiento de los órganos colegiados en ningún extremo. Actualmente, pues, se constata plena solvencia de las soluciones tecnológicas disponibles para no amenazar ningún derecho ni garantía en los términos que establece la normativa. La medida propuesta también resulta congruente con la legislación básica y la tendencia a la implantación efectiva de la administración electrónica. Por otra parte, cualquier nueva incidencia en la evolución de la crisis sanitaria que pueda requerir acciones de confinamiento no puede poner en riesgo la continuidad en el funcionamiento de las entidades y del conjunto de órganos susceptibles de resultar instrumentos clave para dar una respuesta socialmente responsable y bajo plenas garantías jurídicas. En relación con la medida referida al mantenimiento de la disposición adicional tercera, respecto del régimen especial de los convenios relacionados con la Covid-19, su necesidad deriva de la constatación del hecho que, la coordinación en la acción de las diferentes administraciones territoriales, las entidades proveedoras de salud y otras instituciones de nuestra sociedad se ha mostrado como un activo relevante para afrontar las exigencias de la crisis sanitaria en varios niveles (obtención de suministros, estímulo de la investigación, dotación de equipamientos, gestión de recursos destinados a la atención, etcétera).
Por su parte, la disposición adicional segunda, de ayudas en apoyo empleo prevé, en relación a la convocatoria para el año 2020 de la Línea 2 de las ayudas destinadas a dos líneas de apoyo al empleo de trabajadores con discapacidad de características especiales de los centros especiales de trabajo, regulada mediante la Orden TSF/223/2017, de 28 de septiembre, per la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas destinadas a dos líneas de apoyo a la ocupación de trabajadores con discapacidad de características especiales de los centros especiales de trabajo, un mecanismo que permita dar solución al supuesto en el que el número de peticiones exceda el importe de la partida presupuestaria.
Medidas de continuidad respecto de la puesta al servicio del Sistema público de salud de los recursos de centros y establecimientos sanitarios privados y de mutuas de accidentes de trabajo.
En este caso, no es necesario obtener la autorización expresa y formal previa al ejercicio de la segunda actividad, que será sustituida por una declaración responsable.”
Modificación del Decreto 159/2007, de 24 de julio , por el que se regula la receta electrónica y la tramitación telemática de la prestación farmacéutica a cargo del Servicio Catalán de la Salud
“n) Hoja de medicación activa: documento, en formato papel o electrónico según la elección de la persona paciente, que incluye la información que sobre la prescripción se tiene que dar a la persona paciente y un código que lo vincula con la receta electrónica.”
“Infección: Covid-19.”
“Infección: Covid-19. Residuos contaminados con secreciones respiratorias.”
Modificación del Decreto ley 22/2020, de 2 de junio, por el que se determinan los órganos competentes para tramitar las sanciones por incumplimientos de la normativa reguladora del estado de alarma denunciados por los diferentes cuerpos policiales
3. En atención que el municipio de Barcelona dispone de un régimen especial, el ejercicio de la potestad sancionadora derivada de los incumplimientos de la normativa reguladora del estado de alarma denunciados por la Guardia Urbana de Barcelona, y que constituyan infracciones de la normativa sectorial que resulte aplicable, incluida la resolución de los recursos administrativos que eventualmente se interpongan, corresponde en los órganos establecidos a la Ley 22/1998, de 30 de diciembre , de la Carta municipal de Barcelona.”
4.5 Las medidas previstas en este artículo se entienden vigentes desde la finalización del estado de alarma.”
1.Es declaran vigentes las disposiciones siguientes dictadas durante el estado de alarma decretado por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo :
- El artículo 11 y la disposición adicional segunda del Decreto ley 7/2020 , 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, en la redacción dada por el artículo 3 de este Decreto ley.
- Los artículos 5, 6 y la disposición adicional tercera del Decreto ley 8/2020 , 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo , de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias.

References: Real decreto 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 120
 artículo 6
 resolución 
 Real decreto 
 artículo 11
 artículo 3