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Timestamp: 2019-06-18 17:14:15+00:00

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Capítulo 1. Tratados de Libre Comercio - Derechos Humanos
Capítulo 1. Tratados de Libre Comercio
1.1. Marruecos y el TLC con la UE: beneficios para Inditex
Desde finales de los años 80, Marruecos se ha convertido un importante centro de costura y confección para el Estado español y gran parte de Europa. En las zonas industriales
de Rabat, Tánger y Casablanca se fabrica ropa para todo tipo de empresas, incluidas las
grandes firmas con presencia internacional. La primera deslocalización del textil español
tuvo como destino prioritario precisamente a Marruecos, por su proximidad a la Península y por las restricciones a la importación de prendas de Asia que imponía el Acuerdo
Multifibras (AMF) hasta 2005. El crecimiento del empleo industrial ha convertido a ciudades como Tánger, Casablanca y Rabat en áreas de atracción de migraciones internas. En
el sector textil y de la confección se han generado muchos miles de puestos de trabajo
pero las condiciones de vida de las personas que realizan estos trabajos son particularmente duras.
Desde 2002, sucesivos informes e investigaciones de la Campaña Ropa Limpia5 han
evidenciado los abusos y las violaciones de los derechos laborales fundamentales
que se producían en las fábricas de prendas de vestir para la exportación. Jornadas
laborales de hasta 16 horas, salarios por debajo del mínimo legal y del mínimo de supervivencia, un altísimo porcentaje de trabajadoras sin contrato ni protección social alguna,
o condiciones de trabajo insalubres, constituyen la realidad cotidiana de las trabajadoras
marroquíes. Así, muchas de estas mujeres siguen viviendo situaciones de pobreza a la vez
Tánger,.Polígono.industrial.Mgouga..Foto:.Carlos.Castro,.octubre.de.2011
que cumplen con una jornada laboral extremadamente larga. En una fábrica de primera
línea, que se promocione entre las firmas internacionales como proveedor habitual, la
jornada laboral media es de 9 horas diarias de lunes a viernes y 5 horas los sábados, con
un salario alrededor de los 250 euros al mes. En el resto de centros de producción, los
que ocupan a la mayor parte de las obreras, las horas extras son obligatorias y prolongan
la jornada hasta las 11 o 12 horas diarias, seis días a la semana. Estas horas no se suelen
remunerar y los salarios no superan los 200 euros mensuales. Gran parte de la plantilla
trabaja sin contrato y sin ningún tipo de protección social. En los pequeños talleres los
salarios pueden situarse por debajo de los 100 euros mensuales y los contratos son
En los párrafos que siguen analizaremos los mecanismos a través de los cuales, los
acuerdos de comercio internacionales firmados por Marruecos han contribuido a la liberalización comercial y al deterioro de las relaciones laborales en este país, así como al enriquecimiento y a la acumulación de poder por parte de las élites empresariales en relación directa
con las empresas transnacionales europeas. Por su gran volumen, su posicionamiento internacional y su importancia para la economía marroquí, nos centraremos en los beneficios
empresariales que supone para Inditex el articulado del Acuerdo de Libre Circulación
de Mercancías entre la UE y el Reino de Marruecos para ejemplificar cómo las empresas
transnacionales obtienen sus réditos del mismo marco normativo y productivo que erosiona
los derechos humanos y laborales.
1: Tratados
Comercio internacional e la importancia del sector de la confección
En contraste con la tendencia global de liberalización de los aranceles, Marruecos (igual
que su vecino Túnez) ha mostrado una cierta resistencia a la reducción de las tasas arancelarias. Tras una primera liberalización entre 1993 y 1997 (del 65% al 22%), las tasas arancelarias han aumentado desde entonces manteniéndose alrededor del 30% en los últimos
años (Dennis 2006). En contraste con otros países árabes y del Magreb, Marruecos y Túnez
no han llevado a cabo reformas arancelarias de gran alcance6. Pero, aunque el Banco Mundial coloque a los países del Magreb en general y a Túnez y Marruecos en particular, entre
los países con el régimen arancelario más restrictivo del mundo, la existencia de zonas
francas de exportación, así como una red de acuerdos comerciales preferenciales han
reducido las tasas reales, convirtiendo a la zona en un mercado atractivo para la UE.
La UE firmó el Acuerdo de Asociación (AdA) con Marruecos en 1995 para su entrada en
vigor en marzo de 2000. Del acuerdo nace la Zona de Libre Comercio (ZLC) entre la UE y
Marruecos que arranca en el 2000, con el objetivo de reducir progresivamente las barreras
arancelarias hasta alcanzar un 5.2% en 2012. Pero Marruecos ya disponía de condiciones
especiales para el comercio con los socios comunitarios previamente a la firma del
AdA. Desde 1976, sus productos industriales tienen libre acceso al mercado comunitario y
las cuotas establecidas por la UE permiten la exportación del 20% de sus productos agrícolas con tratamiento preferencial.
Actualmente, las relaciones comerciales entre la UE y Marruecos se rigen por el
Acuerdo alcanzado mediante Canje de Notas el 7 de septiembre de 20127, publicado en el
diario de la Unión Europea y que sustituye el Acuerdo Euromediterráneo con fecha 18 de
marzo de 20008. Pese a que Marruecos firmó en 2004 el Tratado de Libre Comercio con
los Estados Unidos, el 96% de las exportaciones de ropa marroquíes tienen como destino
al mercado europeo. Cabe destacar que el vínculo comercial entre la UE y el Reino Alauí
es bidireccional y extremadamente asimétrico. El 76% de sus importaciones provienen de
países miembros de la UE, mientras que para el mercado europeo, los productos marroquíes representan tan solo un 0.21% del total de importaciones9.
Tabla 1. Tratados internacionales en materia comercial firmados por Marruecos
Tratado, acuerdo o proyecto
Firmado en 2000
Reducciones arancelarias en bienes,
Firmado en 2005,
entró en vigor en
No utilización de los subsidios a las exportaciones
Marruecos aceptó dar acceso preferente a los
productos agrícolas estadounidenses, al eliminar
los aranceles de manera gradual.
En 2 años, el balance comercial a favor de EEUU
pasa de 65 a 565 millones de euros.
Acuerdo de pesca con la UE
Renovado en febrero
Apertura de las aguas de Marruecos y del Sahara
Occidental a la actividad de las flotas pesqueras
Acuerdo de Libre Circulación
de Mercancías entre la UE y
Oficial en 18 de marzo
Libre circulación de los productos originarios de
Marruecos y de la UE.
Acuerdo de Agadir (Marruecos,
Egipto, Túnez y Jordania.
El tratado se firmó en
Rabat en febrero de
2004 y entró en vigor
Área de libre comercio entre los firmantes. Abierto
a la participación de todos los miembros de la liga
Vinculado a la UE a través de un Acuerdo de
Gran Área de Libre Comercio
Árabe (GAFTA, por sus siglas en
Se establece en 1997
Reducción de un 10% anual en los aranceles entre
los países de la Liga Árabe. El 1 de enero de 2005,
los aranceles prácticamente desaparecen.
Proyectos de integración liderados por EEUU y la UE
Proyecto de Tratado de libre
comercio EEUU – Medio Oriente
(MEFTA, por sus siglas en
Antes de las revueltas
iniciadas en 2011,
la previsiones
apuntaban que podría
firmarse en 2013
Área de Libre Comercio EuroMediterráneo (EMFTA, por sus
inicia en 1995 con
Pretende establecer una zona de libre circulación
de mercancías, servicios y capitales entre la UE
y los miembros del GAFTA. Compite directamente
con el proyecto del MEFTA.
Fuentes: http://www.bilaterals.org, http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/, http://www.webislam.com/
Consecuencias sociales de la liberalización comercial
■ El campesinado tradicional frente a la modernización neoliberal
Pese a la dureza de estos puestos de trabajo, las áreas industriales reciben continuas oleadas de población de origen rural que busca empleo en las fábricas. Aunque es muy complejo
realizar un seguimiento riguroso de la movilidad interna del campo a la ciudad, lo cierto es
que el crecimiento de la población rural ha llegado al estancamiento en las últimas décadas
y que las ciudades con actividad industrial presentan barrios obreros de nueva construcción
y son polos de atracción para emigrantes.
La estructura de la producción agrícola marroquí se gestó durante la administración francesa (1912-1956), periodo en el que se inició la integración del sector a la economía global a
través de la transformación de extensas zonas de secano en zonas irrigadas productoras
de verduras de huerta. Junto a este legado francés, en esta época se asentó un sistema
de relaciones jerárquicas clientelares que marca todavía ahora la asignación de títulos de
propiedad sobre los campos y la toma de decisiones en lo que a planificación de la actividad
agrícola se refiere.
Durante el reinado de Hassan II (1961- 1991), el gobierno marroquí, ya independiente,
consolidó las reformas iniciadas durante la administración francesa utilizando las mejores
tierras para la producción de exportaciones tales como los cítricos. Los primeros créditos
del Banco Mundial se concedieron en 1964 precisamente para la expansión de la agricultura
de regadío siguiendo planes trazados por la administración colonial y dejando estancado al
sector tradicional de secano (Davis, 2006). Consecuencia de ello fue la falta de adaptación de
la producción de cereales a las nuevas necesidades derivadas del incremento de población
y el inicio de las importaciones de cereales. Un país con un sistema agrícola hasta entonces autosuficiente, sufrió un importante déficit en su balanza de pagos por culpa de la
importación de materias primas destinadas a la alimentación.
A raíz de esta crisis, Marruecos recibió el primer asesoramiento por parte del Fondo
Monetario Internacional (FMI). La relación con el FMI se intensificó a partir de las siguientes
crisis derivadas de contingencias como los excesos de gasto público para la financiación
de la marcha sobre el Sahara Occidental en 1975 o la caída de los precios de los fosfatos.
En 1975, la deuda ascendió al 20% del Producto Interior Bruto (PIB), generando el contexto
ideal para que el FMI propusiera un Plan de Ajuste Estructural (PAE) al Reino de Hassan II.
Así empezó, en 1983, una década de ajustes y de tutela económica por parte del FMI que se
cristalizó en nueve planes y la adhesión de Marruecos al Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1987 (Morrisson 1991). Como en el
resto del mundo, el objetivo de los PAE ha sido animar la inversión extranjera, promover las
exportaciones y abolir los aranceles. Son muchos los indicadores que el FMI no ha tenido en
consideración en el diseño de sus planes para Marruecos: ya en 1978, 68 familias controlaban
el 55% del capital industrial privado. 10 grupos empresariales (propiedad de las 10 familias
más influyentes) mantenían el control de un tercio del capital y la familia real gozaba de una
quinta parte de la riqueza del país (Davis 2006).
En el sector agrícola, los PAE han profundizado el proceso de cierre y privatización de
las tierras de pastoreo comunales. Desde los años 60, USAID recomendaba al gobierno de
Hassan II que se reconvirtieran estas tierras a la agricultura irrigada por cuestiones de de-
Gráfico 1. Evolución de la población urbana, rural y total Marruecos (1960-2008)
– Población rural
– Población urbana
– Población total
Fuente: Naciones Unidas. Perspectivas de la urbanización mudial
En Marruecos, igual que en el resto de países de reciente industrialización, las fábricas se
nutren de trabajadores y trabajadoras que residen en zonas urbanas y peri-urbanas, las
cuales registran altas tasas de empobrecimiento y de desempleo. Este hecho facilita la
aceptación de condiciones laborales precarias y la aparición de centros de trabajo informal al lado de las grandes fábricas. Las bolsas de potenciales obreros y obreras proceden
mayoritariamente de las migraciones del campo a la ciudad que, en gran medida, se explican por las dinámicas políticas y económicas que se producen en el entorno rural.
gradación ambiental y en 1969, la misma agencia y el Banco Mundial prestaron asistencia técnica a Marruecos para la elaboración del “Código de Inversiones Agrícolas” con los objetivos
de mejorar la productividad agrícola, luchar contra la fragmentación de las explotaciones y
repartir títulos de propiedad. Todo ello para modernizar la agricultura del país. El proceso se
aceleró y se consolidó a partir de los PAE de los años 80, que impulsaron una ola de reformas
legislativas neoliberales como la “Ley de privatizaciones”, el nuevo código laboral, o las regulaciones sobre el agua y el suelo agrícola.
Numerosas investigaciones independientes recientes demuestran que la fragmentación de las explotaciones no tiene ningún impacto negativo en su productividad y que la titularización de la tierra y la agrupación de parcelas es una herramienta de reparto de réditos
políticos y de compensaciones clientelares (Kamrava 2004). La mayoría de los proyectos de
modernización han requerido una intervención en áreas de propiedad y utilización colectiva.
Las seis zonas de acción prioritaria incluidas en los macroproyectos financiados por el Banco
Mundial tenían este régimen de explotación. En compensación, el gobierno intentó restringir
la ganadería tradicional a quince perímetros con proyectos de “mejora del pastoreo” (Davis
2006). Las áreas de explotación colectiva que quedan fuera de los proyectos de modernización han sido recalificadas en “suelo útil” bajo el control del Estado. Paralelamente, los
modos de producción tradicionales se han criminalizado aplicando sanciones de hasta seis
años de cárcel a los que no sigan las normativas. Para millones de ciudadanos y ciudadanas
de las zonas rurales de Marruecos, estos cambios y, sobretodo, la falta de acceso a las tierras
de uso colectivo significa la pérdida de una fuente imprescindible de comida, medicinas y
productos básicos, que agudiza la pobreza rural empujando a las personas en edad de ser
contratadas en una factoría a migrar a las zonas urbanas a la búsqueda de un empleo.
Las familias campesinas que conservan acceso a un pedazo de tierra colectiva o que
tienen modestos medios para producir y comercializar alimentos intentan conservar su modo
de vida enviando a sus hijas a trabajar a las fábricas de las ciudades industriales para completar los ingresos familiares. Como en muchas otras partes del mundo, estas muchachas son
obreras “ideales”, sin conocimiento de sus derechos, sin tradición de organización sindical,
sin redes sociales de apoyo en la ciudad de destino, y con la obligación de sobrevivir con
unos ingresos extremadamente bajos enviando una parte de sus salarios a su familia.
Los pueblos nómadas ganaderos han sido los más perjudicados por la ola de reformas
neoliberales. A su vez, los beneficiarios directos de la reestructuración han sido la Familia
Real y la élite situada a su alrededor. El holding empresarial de la Familia Real, Omnium Nord
Africain (ONA), ha comprado la mayoría de las empresas privatizadas (Coupe 1997 y Dillman
2001). Asimismo, es la Familia Real quien recibe directamente los beneficios de la Office Cherifien des Phosphates, el monopolio estatal del comercio de fosfatos, la empresa más rentable del país (Dillman 2001).
Inditex y las políticas comerciales marroquíes
Si el sector de la confección es clave para el comercio internacional marroquí, Inditex es una
empresa de importancia estratégica para las políticas comerciales de este país. El gigante gallego de la moda, propietario de las marcas Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti,
Stradivarius, Oysho, Uterqüe, Tempe y Zara Home, tiene una fuerte presencia en Marruecos.
Según explicaba la propia empresa en su Memoria de 201010, tiene 103 proveedores y 143 talleres externos trabajando para sus marcas. En total, 41’742 personas trabajan en la cadena
de suministro de Inditex en Marruecos.
Tabla 2. Marruecos: exportaciones manufacturadas
Por sectores, en millones de dirhams marroquís (MDH)11. Comparativa enero-febrero de 2009 y 2010
Total ambos meses
– var %
– var en MDH
+539,3
Fuente: Office des Changes, 29 marzo 2010
Tánger, Polígono industrial Mgouga. Foto: Carlos Castro, octubre de 2011
En la investigación realizada por la Campaña Ropa Limpia española en Tánger en 2011 (Sales
y Piñéiro 2011) se constató que, a pesar de los compromisos de responsabilidad social
asumidos por Inditex en sus declaraciones y en su código de conducta, las condiciones laborales de estas trabajadoras son muy similares a las de obreros y obreras que
trabajan en otras marcas. De las 118 trabajadoras encuestadas en esta investigación, 60
confeccionaban ropa de alguna de las marcas de la empresa gallega en el momento del
trabajo de campo, y 71 habían trabajado alguna vez para su cadena de suministro.
El código de conducta12 de Inditex, que recoge los estándares laborales mínimos que
deben respetar todas sus fábricas proveedoras, establece que el máximo de horas que
podrán realizar las personas trabajadoras en toda su cadena de suministro son 48, con
la posibilidad de realizar, de forma esporádica, un máximo de 12 horas extraordinarias. Si
atendemos a las respuestas de las encuestadas, la jornada habitual del 68% de las obreras ocupadas en factorías proveedoras de Inditex es de entre 45 y 54 horas y la del 30%
supera las 55 horas semanales de forma habitual. Además, el 62% de las obreras aseguran
que las puntas de trabajo con más carga laboral de lo habitual se repiten con mucha frecuencia. Algo superior al 57% del resto de las trabajadoras encuestadas. Así, la realidad
parece chocar con el texto del código de conducta de la empresa que reza literalmente:
“[las horas extra] no se requerirán de manera habitual y deberán ser liquidadas en cuantía superior a la hora normal, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente”.
En materia de salarios, el código de conducta de Inditex exige que sus proveedores
paguen el salario mínimo de su país. Además, la entrada de la empresa gallega en la Ethical
Trading Initiative (ETI) supone la aceptación de su código base que establece que se pagará un salario vital (“living wage”) en la cadena de suministro. Esto significa que el salario
debe cubrir las necesidades básicas y permitir un cierto margen para el gasto discrecional. El acuerdo marco internacional que Inditex ha firmado con la principal federación sindical internacional del sector (ITGWF) también recoge el compromiso de pagar un
salario que permita cubrir las necesidades básicas de las personas trabajadoras y de sus
familias y otras necesidades “razonables”. En este sentido, el 75% de las encuestadas que
trabajan en proveedores de la empresa gallega reciben el SMIG13. El cumplimiento es algo
superior al de las empresas que no están en su cadena de suministro. Pese a este mayor
cumplimiento en el pago del SMIG, cuando preguntamos a las obreras por las dificultades
para cubrir sus necesidades, las respuestas de aquellas que trabajan para proveedores de Inditex muestran la misma precariedad o incluso algo mayor que las de las
obreras de otros empleadores (Sales y Piñéiro 2011, 46-47). El 40% afirma que no puede
cubrir sus necesidades ni las de sus familias o que lo hacen con muchas dificultades. Entre
las obreras sin relación con Inditex esta proporción es del 31%. Hay que destacar que, en
su última memoria, la empresa expone que hace años que trabaja en un “cluster” con sindicatos, fabricantes, gobierno y universidades para mejorar las condiciones laborales en el
sector y que entre sus proveedores en África, las libertades sindicales se cumplen en más
del 90%, y los límites legales en la realización de horas de trabajo y en el pago de salarios
presentan un cumplimiento del 70%.
El Tratado de Libre Comercio UE-Marruecos
La liberalización del comercio entre la UE y Marruecos reduce los costes de importación y exportación para las fábricas proveedoras de la industria de la confección española. El artículo
1.2 del Acuerdo establece que su finalidad es generar la liberalización progresiva de los intercambios de bienes, servicios y capitales, a partir de unas relaciones económicas y sociales
equilibradas, a través del diálogo y la cooperación, con el fin de favorecer el desarrollo y la
prosperidad de Marruecos y su población.
En el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y Marruecos se observan,
a efectos de lo que interesa al presente informe, dos movimientos legislativos inscritos en
concreto en dos artículos (el 9 y el 12) que benefician o pueden beneficiar directamente a
empresas que, como Inditex, tienen parte de su cadena de suministro en Marruecos.
En primer lugar, el Acuerdo elimina las tasas aduaneras para la entrada en la UE
de productos originarios de Marruecos. En el Capítulo I del Título II se hace referencia
por vez primera a lo que se denomina productos originarios. Así, el artículo 7 del nuevo
Acuerdo alcanzado mediante el instrumento de Canje de Notas entre la Unión Europea y el
Reino de Marruecos14, y que sustituye al Acuerdo Euromediterráneo15 expresa qué productos de la Unión Europea y de Marruecos son considerados productos originarios a efectos
del Acuerdo. A su vez el artículo 9 refuerza esta idea al incluir que los productos originarios de Marruecos se admitirán para su importación en la Comunidad libres de derechos
de aduana y de exacciones de efecto equivalente. Este artículo es reforzado por otros
tantos artículos del Acuerdo: 13, 19.1, 19.2 y 19.3. Es decir, que los productos originarios
de Marruecos podrán circular por la Unión Europea como si de productos originarios de la
misma se tratase.
Sin embargo, debernos detenernos a analizar qué comprende la noción de productos
originarios para no llevarnos a engaño. Por los mismos se entienden no solamente aquellos
productos que provienen, por poner un ejemplo, directamente de la tierra de cultivo o del
subsuelo marroquí o de los Estados que componen la Comunidad Europea (en el sentido
indicado en el artículo 5 del Protocolo nº 416). Como aclara el artículo 29 del Acuerdo Euromediterráneo, el Protocolo nº 4 es el texto que establece la cantidad de materia prima que ha
de contener un objeto cualquiera para ser considerado como originario o, en el caso de que
las materias primas lleguen al país productor (en este caso Marruecos) desde otro Estado, el
texto establece qué tipo de transformaciones tienen que sufrir los objetos producidos (y por
lo tanto las materias primas que lo componen) para que sean considerados también como
originarios del lugar de producción en cuestión.
A tal efecto, en el artículo 2.2 b del citado Protocolo se indica que “se considerarán
originarios de Marruecos los productos obtenidos en Marruecos que incorporen materias
que no hayan sido enteramente obtenidas en ese país, siempre que tales materias hayan
sido objeto de elaboración o transformación suficiente en Marruecos en el sentido del artículo 6”, artículo que remite al Anexo II en el cual se estipulan las condiciones necesarias
para que los productos no originarios adquieran su nuevo estatus.
En este Anexo II es en donde aparecerán numerosas materias primas de carácter
textil y la manera de lograr que las mismas sean consideradas como originarias. De
esta manera, una empresa europea podrá deslocalizar su producción a Marruecos y
lograr, siempre que cumpla con las condiciones estipuladas en dicho Anexo, que el
producto (en este caso ropa) pueda traspasar la frontera libre de impuestos y que
además la operación le resulte beneficiosa dadas las condiciones laborales del país
productor simplemente porque se transformen, como por ejemplo se hace en la confección de ropa. Es más, conforme a lo estipulado en los artículo 3 y 4 del Protocolo
nº 4, los productos originarios tanto de Marruecos como de la Comunidad podrán
ser considerados como tales aún cuando incorporen materias primas no originarias
procedentes de Bulgaria, Suiza (incluido Liechtenstein)17, Islandia, Noruega, Rumania,
Turquía o la propia Comunidad y también “[…] de las Islas Feroe o de cualquier país
integrante de la Asociación Euromediterránea, basada en la Declaración de Barcelona
adoptada en la Conferencia Euro mediterránea celebrada el 27 y el 28 de noviembre de
1995, excepto Turquía,[…] ” siempre que cumplan con las condiciones estipuladas en el
resto de apartados de los citados artículos. Las empresas europeas de moda como
Inditex importan los artículos de confección de Marruecos como si de productos
originarios se tratara a pesar de que la industria marroquí se dedica mayoritariamente al corte y la confección (y, por tanto a la transformación de telas en piezas de
indumentaria). Y además, se deja la puerta abierta a la importación de materiales de
paraisos fiscales, para que la ingeniería financiera de las grandes transnacionales
para evadir impuestos quede protegida.
El segundo movimiento que se constata de la lectura del Acuerdo en favor de la
deslocalización se observa en el artículo 12, donde en su punto primero se dice que
Marruecos se compromete a eliminar en un plazo máximo de tres años los precios
de referencia aplicados a los productos a los que se refiere el anexo 5. Los productos
textiles y prendas de vestir estaban incluidos entre los productos a los que se les podían aplicar los precios de referencia, teniendo un arancel que les carga cuando son
exportados desde la Unión Europea a Marruecos. Ahora bien, el Acuerdo se encarga de
que sean eliminados progresivamente en un período de tres años a partir de la entrada
en vigor del presente Acuerdo. El ritmo de eliminación de estos precios de referencia
garantizará una preferencia en favor de los productos originarios de la Unión Europea
de un 25% como mínimo respecto de los precios de referencia que Marruecos aplica
erga omnes (respecto de todos). En la actualidad, dichos precios de referencia ya han
sido eleminados ya que el artículo que los recoge es del Acuerdo del año 2000 y por
tanto, los tres años ya pasaron. Por tanto, dicho artículo es fundamental para completar
y cerrar el ciclo que el Acuerdo abre con el artículo 9. Es decir, para que una empresa,
en este caso Inditex, se pueda beneficiar de lo estipulado en los artículos 7 y 9, necesita
efectivamente que la materia prima que no es originaria de Marruecos y que por tanto
el país en cuestión no posee, pueda llegar al mismo para ser elaborada y transformada
al menor coste posible. Así, la empresa se beneficia por un lado de la exportación de
la materia prima y por el otro de la importación del producto acabado a un coste muy
reducido dada la eliminación progresiva o total de las tasas arancelarias.
Prima la Lex Mercatoria
En el preámbulo, del Acuerdo se explicita el compromiso de las partes con los Derechos
Humanos a partir de la siguiente fórmula: “CONSIDERANDO la importancia que las Partes
conceden al respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, al
respeto a los Derechos Humanos y a las libertades políticas y económicas que constituyen
la auténtica base de la asociación”. También en el artículo 2 se afirma que “el respeto
de los principios democráticos y de los Derechos Humanos fundamentales, tal como se
enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas interiores y exteriores de la Comunidad y de Marruecos y constituye un elemento esencial del
presente Acuerdo”. Estos son los dos únicos puntos del texto del Acuerdo en que se hace
referencia a los Derechos Humanos y siempre en calidad de marco que justifica y legitima
moralmente las partes. No se considera la posibilidad de incumplimiento ni se establece
mecanismo sancionador alguno.
El Acuerdo de Asociación no sólo genera un marco de relaciones comerciales que beneficia claramente a las empresas transnacionales. Favorece la vulneración de los derechos
humanos en Marruecos mediante la invisibilización de la realidad laboral de, en este caso, las
trabajadoras de las maquilas textiles marroquíes.
Además de las evidencias empíricas relatadas, es necesario resaltar que el Reino de
Marruecos no ha ratificado ni el Convenio sobre la consulta tripartita (C144) ni el Convenio
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (C087) de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), ambos pertenecientes a la categoría de Convenios de Gobernanza (prioritarios) y Convenios Fundamentales respectivamente18. Es por ello que además
Marruecos hace caso omiso de la Declaración Tripartita de Principios sobre las empresas
transnacionales y la política social de la OIT19, en especial la primera parte del artículo 42 de
la misma relativo a la libertad sindical.
Por otra parte, la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 201220 en la que
se da luz verde a la aprobación del Acuerdo, argumenta en el punto número 11 del apartado
referente a Cuestiones comerciales y económicas más generales que “Reconoce que Marruecos ha ratificado la mayoría de los convenios pertinentes de la OIT y que recientemente ha
aprobado medidas legislativas destinadas a ilegalizar el trabajo infantil; no obstante, destaca
que todavía se pueden hacer mejoras con respecto a la libertad de asociación y al trabajo
infantil; considera que las disposiciones de los DCFTA deben incluir ayuda para la aplicación
de los convenios de la OIT y la ratificación de los convenios principales no firmados de la
OIT (por ejemplo, el Convenio nº 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, y las iniciativas sobre la responsabilidad social de las empresas en el capítulo
del desarrollo sostenible)”.
A su vez, el ponente de la Comisión Internacional de Comercio José Bové en la Exposición de Motivos relativa al Proyecto de Resolución Legislativa del Parlamento Europeo
a fecha 1 de febrero de 201221 expone, en otros argumentos, que “[…]UNICEF informa de
que «en Marruecos, a más de un millón y medio de niños en edad escolar se les niega el
derecho a la educación» y subraya que «la mayoría de los niños en edad escolar corren
el riesgo de verse sometidos a explotación económica, a través de las tareas que se les
encomiendan en la artesanía, la agricultura, en condiciones que no siempre son adecuadas
para su salud y su equilibrio psíquico»”, y que “el reconocimiento y el respeto de los derechos sindicales y la aplicación de una política proactiva de lucha contra el trabajo infantil
son algunos de los requisitos necesarios para la ratificación de un acuerdo comercial con
El Acuerdo Euromediterráneo no recoge nada de esto en su Título VI Cooperación Social
y Cultural (y, en consecuencia, tampoco lo hace el nuevo Acuerdo de Asociación alcanzado
en forma de Canje de Notas), título que sin embargo se dedica, entre otros aspectos, a dejar
establecidos los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores marroquíes en
el territorio de la UE así como los derechos de los trabajadores europeos en suelo marroquí.
Esto es doblemente grave dado que la UE y Marruecos han firmado un acuerdo por el que se
establece un mecanismo de solución de diferencias con fecha del 5.7.2011 del Diario Oficial
de la Unión Europea22 con objeto de resolver los posibles conflictos relativos a la violación o
no cumplimiento de cualquiera de los puntos del Acuerdo de Asociación, dejando constancia
además en el artículo 20, la posibilidad de acudir a la Organización Mundial del Comercio y
por ello, a su Órgano de Solución de Diferencias, siempre que la causa de la disputa entre
dentro del ámbito competencial de dicha organización.
Una vez más, la Lex Mercatoria prima sobre la defensa de los derechos humanos en
una clara e intencionada omisión de los mismos por parte de la UE que, pese a la retórica
que ya anunciábamos en la primeras líneas del presente capítulo, no dispone en el Acuerdo de Asociación ningún mecanismo orientado a la observancia y obligación del respeto
de los derechos laborales de, entre otros, las trabajadoras textiles. Si bien los intereses
comerciales de las grandes empresas transnacionales se encuentran suficientemente protegidos mediante mecanismos de arbitraje como el citado, los derechos humanos parecen
no tener semejante acomodo en tal marco normativo pese a que como hemos visto el
propio acuerdo dispone de un Título donde los derechos laborales y humanos sí pueden
A continuación, examinaremos otro caso de impunidad de una empresa europea, Pescanova, considerando su actuación en Centroamérica.
1.2. El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y
Centroamérica: Ventajas para Pescanova en Nicaragua
Analizaremos aquí los impactos negativos que generarían las actividades económicas derivadas de la aprobación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica
(AdA). Nos centraremos en los impactos sobre la población y las personas trabajadoras en
Nicaragua (la mayoría de ellas población rural y pescadora), vinculados con la presencia en
su territorio de la empresa española Pescanova. Evaluaremos también cómo el AdA viene a
cubrir legalmente y ampliar las posibilidades de actuación de la empresa.
Breve revisión histórica de las relaciones UE-Centroamérica
La Unión Europea dispone de una estrategia de relaciones y diálogo con los países de América Latina a nivel regional, pero también ha desarrollado una serie de diálogos especializados con agrupaciones regionales de interés estratégico como el MERCOSUR, la Comunidad
Andina o Centroamérica. Asimismo, ha implementado diálogos con países específicos como
son el caso de México y Chile atendiendo a tres pilares comunes: la cooperación económica;
el diálogo político institucionalizado y el fortalecimiento de las relaciones comerciales. En
los años ochenta, los paises europeos desplegaron una política adaptada a las exigencias de
la democratización y de la crisis centroamericana. Se firman los primeros acuerdos marco
de cooperación con la Comunidad Andina y Centroamérica y se lanza el Diálogo de San José
entre la UE y los países de Centroamérica. En 1986, cuando el Estado español pasa a ser
miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE), se plantea una revisión del papel de la
Comunidad respecto a América Latina. Desde 1987, el Consejo de la CEE aprobó las “Nuevas
orientaciones de la CEE para las relaciones con América Latina” que consideraban por primera vez la necesidad de mantener una estrategia global con la región.
La dimensión latinoamericana en la política comercial de la UE fue impulsada con
fuerza por el Estado español a partir de 1999 con la celebración de la primera Cumbre
Birregional en Río de Janeiro (Brasil), en la que se lanzó la Asociación Estratégica UEAmérica Latina. Desde entonces, se han producido avances preocupantemente significativos, entre los que se destacan el Acuerdo de Asociación UE-México (2000); el Acuerdo de
Asociación UE-Chile (2003) o el Acuerdo Comercial Multipartito UE-Colombia y Perú (2012)
(De la Iglesia 2012).
En cuanto a las relaciones comerciales entre las dos regiones, desde la década de los
setenta, se desarrollaron bajo regímenes especiales, cuya primera expresión se materializa
en julio de 1971, en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). Dicho sistema surgió a
instancias del GATT, y con el mismo se buscaba, en un período de diez años, el tratamiento
preferencial en cuanto a cobros de aranceles por parte de las economías “desarrolladas”
para con las naciones y territorios “en vías de desarrollo”, favoreciéndolas en su “desarrollo
comercial” sin exigir contrapartidas. El SGP incluía, en su primera época, a 91 países en “vías
de desarrollo” con importaciones beneficiadas a nivel arancelario, si cumplían determinadas
normas básicas en el ámbito laboral y en el del medio ambiente. La UE concedió dichas preferencias, teniendo en cuenta las dificultades económicas y las necesidades particulares de los
países menos adelantados sin exigir contrapartidas en términos de reducciones arancelarias
a los países beneficiarios (Morales y Garza 2009, 6). El SPG fue posteriormente transformado
hasta convertirse en el SGP Plus, como se le conoce en la actualidad. Dicho marco fue firmado a mediados del 2005 y en teoría está orientado al estímulo del desarrollo sostenible
y la gobernabilidad (Cevallos y Garate 2010). Los productos centroamericanos que se han
beneficiado son productos agrícolas, si bien la carne, el azúcar, el banano y los productos
lácteos, catalogados como “sensibles” por la Unión Europea, han mantenido importantes
Es importante subrayar que los supuestos efectos positivos para las economías de los
países centroamericanos de la iniciativa SGP no fueron tales. Por un lado se estimuló la
exportación de materias primas, mientras que productos agrícolas con mayor valor añadido
estaban sujetos a más proteccionismo por parte de la UE. Por el otro, no consideraban las
barreras no-arancelarias, como las normas sanitarias y fitosanitarias que se convertían en la
práctica en barreras para los productos centroamericanos en el mercado europeo (Cevallos
y Garate 2010). Además, de acuerdo con la CEPAL “… no han tenido un impacto significativo
en sus economías (…), en primer lugar, ya que su uso ha estado supeditado a necesidades de
corto plazo (tales como la generación de divisas) y no se ha enmarcado en objetivos de desarrollo económico de más largo plazo. También ha retardado la transformación productiva en
los sectores tradicionales de la actividad económica. Asimismo, habría generado enclaves
productivos (como las zonas francas) que se benefician de importantes subsidios fiscales,
con la consecuente reducción o no ampliación de la base tributaria que, a su vez, habría
limitado la transmisión de beneficios desde esas actividades exportadoras hacia el resto de
la economía.”23
■ Una relación entre “iguales”
Desde los movimientos sociales se ha insistido continuamente en el riesgo que conlleva firmar un AdA entre dos regiones tan desiguales como la UE y Centroamérica, así como sus
posibles impactos sociales y económicos negativos para las ya de por sí débiles economías
centroamericanas. La liberalización comercial con la Unión Europea, si trae crecimiento eco-
nómico, lo va a comportar para aquellos sectores de la sociedad centroamericana que puedan competir en el mundo, y precisamente éstos, no conciernen a la mayoría de la población.
En este sentido, es importante tener en cuenta la distribución desigual de la riqueza y de los
ingresos en la mayoría de países centroamericanos. En términos del Índice de Gini, que mide
las desigualdades en los ingresos en la población de un país, Centroamérica se sitúa entre
57% (Nicaragua) y 48,3% (El Salvador), por lo que es una zona de alta desigualdad. A título
comparativo, el índice en la Unión Europea oscila entre el 23% y el 39% (Morales y Garza
2009, 25). La liberalización comercial, profundiza este marco de desigualdad en ingresos y
distribución de la riqueza, además de tener múltiples impactos generadores de mayor empobrecimiento.
Por otra parte, estas desigualdades se muestran significativamente a partir de diferentes variables socioeconómicas, tomando como referencia el año 201024. Centroamérica cuenta
con una población de 42 millones de personas mientras que la Unión Europea cuenta con 502
millones. En cuanto al PIB, el europeo es 110 veces superior al de la región centroamericana
(12.6 billones de euros contra 116’000 millones de euros). Si se analiza el PIB per capita, la UE
cuenta con 25’133 euros, situándose entre uno de los más altos del mundo, mientras que el
promedio en Centroamérica es de 3’241 euros. El ratio inferior corresponde a Nicaragua (890
euros) y el superior a Costa Rica (6’076 euros).
En línea directa con la renta per capita, el informe sobre Desarrollo Humano de 2011
del PNUD (2012) arroja preocupantes datos sobre pobreza. Honduras (60%), Guatemala
(51%) y Nicaragua (46%) son los países de la zona con una mayor proporción de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza nacional. En total, el 45.26% de la población centroamericana está en riesgo de pobreza o exclusión social. En la UE-27, según
los datos oficiales de Eurostat de febrero de 201225, la UE-27 se ha empobrecido, situando
el ratio en el 23.4% de la población (República Checa 14%, Estado español 21% y Bulgaria
41%). Si se atiende a otros indicadores como el Índice de Desarrollo Humano del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se puede comprobar cómo el promedio del
Índice en Centroamérica es de 0.66, mientras que en la UE es de 0.87. Esto quiere decir que
la población europea tiene un 20% más de posibilidades de desarrollar una vida digna26. Y
en el ámbito comercial, el valor de las exportaciones de la UE representa 112 veces aquel
de las centroamericanas.
Estos datos económicos parecen ser suficientes para mostrar que en el Acuerdo de
Asociación, se está negociando entre dos partes con una considerable asimetría en cuanto a
la capacidad de emprendimiento económico y financiero.
Pescanova y el sector acuícola en Nicaragua 27
La trasnacional gallega Pescanova es una empresa que se dedica al sector de la pesca desde
hace muchos años. La fundó José Fernández López en la década de los años 60, estableciendo su domicilio fiscal en Vigo. Una década más tarde, Pescanova empezó a pescar lejos de las
aguas españolas aprovechando el valor añadido que le proporcionaba el hecho de ser una de
las primeras empresas en emplear la tecnología del congelado del pescado en alta mar, en el
interior de los propios barcos pesqueros. Gracias a ser una empresa pionera en la aplicación
de dicha tecnología, “el Grupo Pescanova tiene presencia en 25 países y su flota es aproximadamente de 120 barcos. Se caracteriza por realizar una pesca industrial intensiva utilizando
como artes de pesca, entre otras, la pesca de arrastre” (Mestre y MSN 2010) y es una de las
primeras empresas del mundo en este sector. Pescanova llegó a Nicaragua en el año 2002
mediante la adquisición de Ultracongelados Antártida S.A., que a su vez era propietaria de
una parte de la empresa nicaragüense Serviconsa situada en el municipio de Chinandega y
dedicada a la producción del camarón. En 2006, la empresa adquirió otra parte de Serviconsa
y compró el Grupo Camanica, que disponía de granjas de cultivo de camarón repartidas en
diferentes sociedades, un laboratorio de maduración de larvas y una planta de procesado.
En el año 2008, de un total de 10’492 hectáreas en producción en Nicaragua, la empresa
contaba con 4’766 hectáreas, además de 7’312 hectáreas concesionadas sobre un total de
24’323 (30.06%). Otro dato que da fe del peso dominante de la empresa en el sector camaronero nicaragüense es que entre 2006 y 2011 acaparó el 56% del total de la nueva superficie
concesionada en el país. Las cinco transnacionales que operan en el país, incluida Pescanova,
disponen del 70% de la superficie con un total de 10’492 hectáreas, frente al 24% en manos
de las cooperativas. Ahora bien, si se estudia el peso de dicha industria sobre el total de las
exportaciones del país, la industria camaronera ha representado el 5.15% del valor total de
las exportaciones durante los últimos diez años (Mestre et al. 2011).
Pero Pescanova no llegó sola a Nicaragua. El Gobierno español apoyó a través de la ayuda
oficial al desarrollo a la actividad acuícola de producción de camarones mediante programas
posteriores al huracán Mitch (Mestre et al. 2011). Los diferentes Gobiernos nicaragüenses
autorizaron un Régimen de Zona Franca y dieron exenciones impositivas a Pescanova,
además de generar garantías jurídicas suficientes. Las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) han auspiciado los procesos de firma de tratados de libre comercio, como el
Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica (Mestre et al. 2011), promoviendo un modelo económico centrado en la adquisición de divisas para hacer frente al pago de la deuda contraída
durante los años 90, así como la expansión de los beneficios privados de Pescanova, además
de promocionar un modelo de consumo insostenible en los países hacia los cuales se dirige la
casi totalidad de su exportación.
Planta de Pescanova en Chinandega, Nicaragua.
Foto: Maria Mestre, octubre de 2009
■ Impactos
El cultivo del camarón se inició en Nicaragua en los años 80 mediante el impulso de una
serie de cooperativas locales que practicaban una acuicultura de tipo extensivo. Tras el
desastre del huracán Mitch, se vieron necesitadas de capital para recuperarse. El capital
fue aportado por empresas como Serviconsa o CAMANICA, hoy en manos de Pescanova,
mediante la concesión de créditos condicionados a una reconversión del sector hacia una
lógica de producción más intensiva y abierta a la exportación, modelo de producción acuícola que requiere de una fuerte inversión tanto inicial como en la propia producción. El
impago de las deudas contraídas, debido entre otros factores a la volatilidad de precios,
al importante riesgo intrínseco en el modelo productivo y a los altos intereses de los
préstamos obtenidos, provocó que el sector cooperativo cayese en manos de las grandes
empresas prestatarias algunas de las cuales terminarían siendo adquiridas por empresas
de capital extranjero. Así, los derechos de propiedad sobre las tierras se han ido desplazando de las pequeñas cooperativas integradas por población de la zona hacia las
Pescanova, así como otras grandes empresas del sector camaronero, ha ido generando
una serie de impactos negativos en el departamento de Chinandega (Nicaragua). El tipo de
industria que ésta corporación y sus filiales practican se caracteriza principalmente por fomentar e implementar una producción de tipo intensivo con vistas a sacar el máximo
beneficio por unidad producida sin manifestar preocupación por las consecuencias
tanto medioambientales como sociolaborales de su labor. Así por ejemplo, una de las principales consecuencias de su actividad ha consistido en el desplazamiento de los pescadores
artesanales que tradicionalmente practicaban un tipo de pesca y cultivo acuícola artesanales respetuoso con la capacidad de regeneración de los ecosistemas (TPP 2010, 47). Con la
expansión de la superficie acuícola en producción, la ampliación de las granjas camaroneras
de Pescanova y la presencia de vigilantes han reducido y dificultado el acceso a la costa a
los pescadores, lo cual ha ido generando tensiones entre ambos (Mestre et al. 2011, 50). En
ocasiones, los pescadores han sido desalojados de sus campamentos temporales, en donde
se instalan durante la época de pesca. Esto ha provocado conflictos violentos con el personal
de seguridad de la empresa (Mestre et al. 2011, 75). A esta dinámica se le añade el hecho que
en muchos casos es el propio Ejército y la Fuerza Naval de Nicaragua quienes realizan las
tareas de vigilancia y protección de la producción de camarones, gracias a un acuerdo entre
la Asociación Nicaragüense de Acuicultura y el Gobierno de Nicaragua.
Pescanova, al llevar su actividad a zonas donde se reproducen las especies más jóvenes y
al contaminar las aguas mediante la evacuación de los residuos producidos por sus granjas de
cultivo de camarón, aboca a los pescadores tradicionales a tener que adentrarse mar adentro con
los consecuentes costes que ello acarrea, tanto en su sentido puramente, económico (combustible) como vital dado el aumento de probabilidades de sufrir un accidente mortal mar adentro
(Mestre et al. 2011: 17; Mestre y MSN 2010, 11).Por otra parte, los pescadores artesanales acusan a
empresas acuícolas industriales por la contaminación generada mediante la evacuación de sustancias químicas, restos de animales muertos, etc. Esto tiene por consecuencia malos olores que
afectan a la salud de la población local (Mestre et al. 2011, 41-42). De manera que parece evidente
que “tal y como se está implementando, el modelo de producción intensiva acuícola acentúa la
desigualdad y pone en riesgo el acceso a determinados recursos naturales, básicos para muchos
de los actores de la zona” (Mestre et al. 2011, 11). Además, dado que la mayoría del camarón producido se dirige a la exportación, los pequeños productores no tienen posibilidad de competir con
la grandes empresas transnacionales como Pescanova, en esencia estructuradas por y para el
comercio internacional, pues las mismas son las que controlan las plantas de procesamiento del
producto en donde se les pone precio al mismo en base a las tarifas internacionales (Mestre et
al. 2011, 39). Que el modelo productivo se destine a la exportación provoca que no tenga impacto
alguno positivo sobre la soberanía alimentaria de la zona (Mestre et al. 2011, 51).
¿Qué tipo de empleo genera Pescanova en Nicaragua?
Este modelo de industria genera también otro tipo de impactos. Así por ejemplo, si
“Pescanova a su llegada al país anunció la generación de 2’000 puestos de trabajo,
la realidad ha resultado ser muy diferente, la plantilla de la planta de Chinandega es
menor y con una alta tasa de temporalidad. La contratación depende de la temporada
alta y temporada baja y coinciden con la entrada del invierno. Pescanova hace uso de
la contratación temporal en la mayoría de los casos, casi un 75% del total de personal”
(Mestre y MSN 2010). La situación de los trabajadores temporales es precaria porque
cobran por la producción lograda y no por horas. Además, no cobran las horas extra en
contraste con sus compañeros de planta que sí las cobran, y por la propia dinámica de
Tal como informa la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en su sesión
de Madrid en 201028 y el Informe de las Violaciones de los Derechos Sindicales de la Confederación Sindical Internacional del año 2011, las condiciones de trabajo que ofrece
Pescanova, más allá del marco de la temporalidad, distan mucho de ser dignas. En
su planta de procesado y congelado de langostinos en el Departamento occidental de
Chinandega “se produce (…) una continua violación a los derechos laborales y sindicales. Buena parte del personal es contratado y recontratado temporalmente. Con este
sistema pasan años sin poder gozar de las prestaciones laborales. No existe libertad de
organización sindical y los que intentaron conformar un sindicato han sido despedidos
antes de iniciar los trámites en el Ministerio del Trabajo”29. Además los trabajadores son
agredidos verbalmente por sus superiores directos y trabajan en condiciones de peligrosidad al no cumplirse las normas higiénicas y de protección, violando de este modo
la propia legislación nacional, en concreto los artículos 100 y 103 del Código Laboral
(Mestre y MSN 2010, 20).
Incumpliendo la ley nicaragüense
Además de no respetar los citados artículos del Código Laboral, la empresa ha incumplido el
derecho sindical estipulado en el artículo 10630, impidiendo que las personas que trabajan en
Chinandega se afilien o puedan conformar un sindicato, amenazándoles de ser directamente despedidas31. En la misma línea, la forma de entender las relaciones laborales que tiene
Pescanova va en contra de lo establecido en el Título IX del Código Laboral en su Capítulo
I sobre las asociaciones sindicales y en especial contra lo que establece el artículo 208 de
la Sección II, sobre facultades y funciones de los sindicatos32. Por otra parte, en Nicaragua
se están incumpliendo los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo,
relativos a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, así como al Derecho de sindicación y de negociación colectiva los cuales han sido ratificados por el país33.
No obstante, es preciso recalcar que Nicaragua no ha ratificado una larga lista de Convenios
Técnicos. Las y los trabajadores nicaragüenses se ven indefensos ante la vulneración continúa de sus derechos. La absoluta impunidad en dicha vulneración constituye una de las
características de la lógica de la Inversión Extranjera Directa (IED) de la mayoría de grandes
empresas españolas con inversiones o subcontratas en los países empobrecidos. Pescanova
representa además un modelo de industria y desarrollo que contribuye, entre otros a provocar el empobrecimiento de los pescadores artesanales y la destrucción del hábitat natural
allí donde opera, en este caso, tanto la destrucción de los manglares como la muerte directa
de especies acuáticas (Mestre y MSN 2010, 10-18). Todo ello ocurre en el marco de la dinámica
asimétrica del comercio internacional, bajo el amparo de los Gobiernos nicaraguense y español, y de las IFIs. Estas últimas imponen políticas y acuerdos que tienden a favorecer la IED
en el sector considerado.
En la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y América Latina y el Caribe (UEALC) que se celebró en Madrid en 2002, se lanzó un Acuerdo de Dialogo Político y Cooperación, firmado en Roma en 2003, como paso previo a incluir un futuro acuerdo comercial. En
la III Cumbre, en Guadalajara en 2004, se fijó el objetivo de firmar un nuevo acuerdo que integrara el comercio. Pero para ello, era necesario que Centroamérica avanzara en la obtención
de un nivel de integración económica suficiente. En 2006, durante la IV Cumbre en Viena, a
partir de los resultados obtenidos en el proceso de integración económica centroamericana,
se iniciaron las negociaciones para llegar a un Acuerdo de Asociación incluyendo la creación
de una zona de libre comercio. La Primera Ronda de Negociaciones tuvo lugar en San José,
Costa Rica, desde el 22 hasta el 26 de Octubre 2007. En julio de 2009 se suspendieron las negociaciones debido al golpe de Estado en Honduras. Durante la VI Cumbre UE-ALC, celebrada
en Madrid en 2010, se concluyó la negociación del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica,
coincidiendo con la presidencia española de la UE. En junio de 2012 se firmó el Acuerdo
de Asociación entre América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá) y la Unión Europea. A finales de 2012 deberá haber sido ratificado
por todos los países centroamericanos y el Parlamento Europeo. Aunque, con el objetivo de
evitar retrasos, se utiliza un mecanismo que permite que las disposiciones que sean competencia exclusiva comunitaria pueden entrar en vigor anticipadamente de forma provisional,
como es en el caso de las disposiciones comerciales. Es importante subrayar que se trata
del primer acuerdo de contenido comercial firmado por la UE con una región que asume
compromisos conjuntos, aunque el proceso de integración regional centroamericano esté
Según la propia Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea, el
Acuerdo fue relativamente sencillo porque existía gran complementariedad en la estructura comercial bilateral entre la UE y los países centroamericanos, ya que las exportaciones
de estos últimos están dominadas por productos agrícolas y pesqueros, y las importaciones que realizan desde la UE son en su mayoría productos industriales (De la Iglesia 2012).
El Acuerdo de Asociación consta de tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. Se trataría de un instrumento de amplio alcance, que aportaría todos los medios necesarios para lograr una relación integrada. Las distintas partes del Acuerdo de Asociación
se complementan entre sí, lo que constituye su “valor añadido” más importante. No solo
constituye un acuerdo comercial. Iría mucho más allá de los acuerdos tradicionales, ya que
crearía interdependencia entre sus distintos componentes34. A continuación evaluaremos
los tres pilares básicos.
Diálogo Político (Parte II del Acuerdo).
En el artículo 13 se relacionan los principios comunes que comparten ambas regiones en materia de derechos humanos, democracia, buen gobierno, derechos de los pueblos indígenas,
igualdad de oportunidades y de género, lucha contra la pobreza, normas fundamentales del
trabajo, protección del medio ambiente, seguridad y estabilidad regionales, lucha contra la
corrupción, lucha contra el terrorismo, drogas y el tráfico de armas, entro otros.
Cooperación (Parte III).
En esta parte se establecen los principios y objetivos que deben regir las políticas de cooperación: el buen gobierno, la plena aplicación del imperio de la ley y el resto de principios
comunes incluidos en el pilar del Diálogo Político. Las políticas de cooperación se regirán por
diferentes principios enunciados en el artículo 25. Se destacan la participación de la sociedad
civil y las autoridades locales, la igualdad de género y el principio que integra el concepto de
transversalidad de los derechos, haciendo mención especial a cuestiones ambientales, de género y pueblos indígenas. Llama la atención, al tratarse del pilar de cooperación, el apartado
G del artículo 26 sobre “Modalidades y Metodología”. En él se expresa que: “se fomentará y
facilitará la financiación privada y la inversión extranjera directa, en particular a través de la
financiación del Banco Europeo de Inversiones en Centroamérica de acuerdo con sus propios
procedimientos y criterios financieros”35.
En el artículo 41 se resalta que la cooperación debe promover el desarrollo de la cohesión social, incluida la lucha contra la pobreza, las desigualdades y la exclusión social. Y
aunque en este articulado se hace mención explícita a la promoción de políticas de empleo
dirigidas al trabajo decente para todas las personas, el empleo tiene un artículo propio, el
42. En este artículo además se especifica que se debe promover el diálogo social, ampliar
la cobertura de la protección social, y asegurar el respeto de principios y derechos fundamentales en el trabajo definidos por el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT). Así, se debe garantizar la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva,
la abolición del trabajo forzoso e infantil y la igualdad de trato entre hombres y mujeres.
Los derechos laborales vuelven a ser objeto de mención en el artículo 63 sobre “Comercio y
Hay articulado específico tanto para pueblos indígenas y otros grupos étnicos, grupos
vulnerables, género, juventud, migración y medio ambiente y cambio climático. Ahora bien, el
grueso del articulado se encuentra en el Título VI sobre “Desarrollo Económico y Comercial”.
En él se refleja hacia dónde se quiere dirigir la cooperación. Ésta se vislumbra como una
herramienta subordinada a los intereses comerciales de la UE. En este apartado, el Acuerdo
se aleja de los principios de la cooperación tradicional de cumplimiento de los derechos
humanos. En efecto, se enfoca a la cooperación y la asistencia técnica mutua en cuestiones
aduaneras, en propiedad intelectual y transferencia tecnológica, comercio de servicios y comercio electrónico, barreras aduaneras, compras del sector público, cooperación industrial,
energía, minería, transporte, turismo solidario y sostenible, entre otros.
Señalamos a los efectos de este estudio, que el artículo 59 concierne a la Pesca y la
Acuicultura. Los objetivos de esta cooperación se orientan hacia la promoción de la explotación sostenible y la gestión de caladeros, el fortalecimiento de la supervisión, control y
vigilancia y la lucha contra las actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
En este sentido, en el mismo párrafo, se habla de prestar atención al desarrollo responsable
de la pesca artesanal y de pequeña escala y acuicultura, incluyendo la industria de transformación. Esto implica integrar a empresas como Pescanova dentro de los objetivos de
Comercio (Parte IV).
A partir de la información facilitada por la Subdirección General de Política Comercial de la
Unión Europea (De la Iglesia 2012), rescataremos las temáticas que son de interés principal
para el Estado español y para las empresas españolas con intereses en Centroamérica. El
pilar comercial tiene como objetivo esencial el establecimiento de una Zona de Libre Comercio entre la UE y los países centroamericanos. A efectos prácticos, esto significa que
el 69% de las exportaciones comunitarias hacia Centroamérica, de productos industriales
y de la pesca quedarán libres de aranceles al entrar en vigor el AdA. Dicho porcentaje se
incrementará hasta el 95% en 10 años, y hasta el 100% en 15 años. La UE, por su parte,
desmantelará los aranceles soportados por el 99% de las exportaciones de los países centroamericanos. En relación a la pesca, los países centroamericanos liberalizarán el 78%
de las exportaciones comunitarias de productos pesqueros a la entrada en vigor; el 22%
restante se liberalizará en 10 años. El dato clave para este estudio es que la UE, por su parte,
liberalizará de forma inmediata todas las exportaciones pesqueras centroamericanas. Este
es el punto más importante para los intereses de Pescanova. En el artículo 290 se vuelve a
recordar todo lo marcado en el ámbito de la pesca en el pilar de cooperación, como la promoción de la pesca sostenible a fin de contribuir a la conservación de los recursos pesqueros. Se concretan además la aplicación del Acuerdo para la Aplicación de las Disposiciones
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de
1982, relativas a la conservación y ordenación de las acciones y las poblaciones de peces
altamente migratorios36.
A nivel de derechos laborales, en el artículo 286 del pilar comercial, se reitera que el
pleno empleo y el trabajo decente para todos, son elementos clave del desarrollo sostenible
para todos los países, y por lo tanto un objetivo prioritario de la cooperación internacional. Y
se observa que todos los países tienen como obligación respetarlos, promoverlos y hacerlos
realidad, al ser miembros de la OIT, relacionando convenios fundamentales como el 138 de
edad mínima de admisión de empleo, el 182 sobre eliminación y prohibición de trabajo infantil, el 105 de abolición de trabajo forzoso, el 100 sobre igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, el 87 y el 98 sobre libertad sindical y protección de derechos de sindicación
y negociación colectiva, entre otros.
En el ámbito ambiental, las Partes se comprometen a aplicar efectivamente el Protocolo de Montreal sobre la capa de ozono, la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Convenio sobre la Diversidad
Biológica y el Protocolo de Kyoto, entre otros. La defensa de los niveles de protección se contempla en el artículo 291, en el que se determina que ninguna región podrá dejar sin efecto
o derogar, ni ofrecerá dejarla de manera que afecte al comercio o como un incentivo para la
captación de inversión en su territorio.
En el Acuerdo de Asociación se incluyen una serie de disposiciones para garantizar la competencia, un mecanismo de solución de diferencias en cuestiones arancelarias y un mecanismo de
mediación para barreras no arancelarias en el comercio de bienes. El mecanismo de solución de
controversias en cuestiones arancelarias está recogido en el Título X del Acuerdo, denominado
“Solución de Controversias”. Este mecanismo contempla la creación del denominado Grupo
Especial que desempeñará la función de un Tribunal, compuesto por expertos elegidos por
Camaronera semi-intensiva propiedad de Serviconsa en
Puerto Morazán. Foto: Maria Mestre, octubre de 2009
ambas regiones. Las resoluciones de dicho Tribunal serán vinculantes, emitidas por terceras
autoridades, y tendrán etapas jurídicas preestablecidas que están reguladas de forma detallada. A su vez, en el mismo Título X se recoge, que para aquellos productos que ya haya definido
un reglamento de solución de controversias en la Organización Mundial del Comercio (OMC), se
deberá utilizar éste, y no el mecanismo contemplado en el AdA. Este Mecanismo excluye todo
aquello que se refiera a Desarrollo Sostenible, es decir, todo aquello que tenga que ver
con los derechos laborales y la protección del medio ambiente.
Para las cuestiones relacionadas con el Desarrollo Sostenible, en el Título XI del Acuerdo se define el Mecanismo de Mediación de Medidas No Arancelarias. Como su nombre bien
indica, a diferencia de las cuestiones comerciales, en este caso no habrá un tribunal de expertos que emita una resolución vinculante, si no que se encomienda la responsabilidad de
resolución de los posibles conflictos laborales y ambientales que puedan haber a una única
persona, denominada como el mediador y sus decisiones no serán vinculantes para las partes. La diferencia en el trato entre los derechos laborales y ambientales y los derechos
comerciales arancelarios muestran claramente el interés que tienen las partes por
garantizar el derecho comercial, vinculante, coercitivo, y en el lugar que se deja a los
derechos humanos, en este caso específicamente a los derechos laborales y ambientales que
quedan en manos de una mediación consultiva no vinculante y menos coercitiva.
Consecuencias genéricas del AdA UE-Centroamérica
El AdA no se diferencia mayormente de otros tratados de libre comercio. Bajo este prisma,
después de tres décadas de lógica del libre comercio y del libre mercado basadas en el
“Consenso de Washington”, tal como lo hemos señalado anteriormente, Centroamérica es
una región con fuertes desigualdades sociales, una gran concentración de riqueza en pocas
manos por un lado, y por el otro con una gran cantidad de población instalada en la extrema
pobreza. Por tanto, no parece lo más recomendable, seguir por la senda del libre comercio
entre desiguales, que va a hacer más vulnerable la región centroamericana. A pesar de que
la UE vista al AdA con los tres pilares mencionados, en realidad el único pilar al que se
subordinan los otros dos es el comercial.
Cuando se refiere la dimensión del Diálogo Político, aunque se mencionen temáticas
como los derechos humanos, democracia, género entre tantos otros, de lo que se está hablando es de garantizar la plena aplicación del imperio de la ley, es decir, la seguridad jurídica de
las inversiones de empresas europeas, y la correcta aplicación de los acuerdos arancelarios.
En ese sentido, la firma del Acuerdo con el Gobierno de Honduras, el cual se instaló por la
fuerza después del Golpe de Estado que derrocó al presidente Zelaya, no constituye un buen
ejemplo de garantía de los derechos humanos.
Si se presta atención al pilar de la Cooperación, siguiendo el articulado del Acuerdo,
se comprueba también cómo se trata, una vez más, de un instrumento subordinado al pilar
comercial. La Cooperación y la asistencia técnica “mutua” deben dirigirse a todas aquellas
cuestiones que van a ayudar a desarrollar el proceso de integración económica centroamericana, así como crear el marco jurídico y comercial propicio para facilitar el desembarco de
transnacionales europeas, además de mejorar las condiciones de aquellas que ya se activan
en la región. No es de extrañar que cuando se está hablando de cooperación, en el articulado
se encuentre que de lo que se habla es de cooperación y asistencia técnica en: cuestiones
El objetivo de fondo del pilar del Comercio es otorgar o garantizar privilegios a
las numerosas inversiones europeas que ya existen en Centroamérica a través de nuevas
regulaciones que protejan sus intereses, y desregulaciones jurídicas en aquellos ámbitos
que puedan ayudarles a maximizar beneficios. Se debe recordar que existen múltiples de-
nuncias de vulneración de derechos humanos sobre las empresas europeas ya instaladas
en la zona, como Pescanova, Calvo, Unión Fenosa, Iberdrola, Lafarge, Hidralia, entre otras
por causar impactos negativos sobre el medio ambiente, sobre las personas trabajadoras
y la población en general, con especial incidencia en las zonas rurales (TPP 2010, 7-9)36a.
En el mismo orden de cosas, aunque en teoría el Acuerdo reconoce la existencia de
asimetrías entre las dos regiones, no genera las condiciones necesarias y suficientes
para promover un comercio e intercambio justo y equitativo, solidario y sustentable,
que proteja a sectores vulnerables como el agropecuario, y que no permita la privatización
de los servicios públicos, ni la apropiación de la biodiversidad. En otras palabras, no se
promueve un comercio en beneficio de los intereses de los Pueblos.
¿Es beneficioso el Acuerdo para Pescanova en Nicaragua?
Si se hace una lectura rápida del AdA, uno se puede llevar la impresión equivocada de que
el documento es una herramienta de protección de los derechos tanto de las personas dedicadas a la pesca artesanal, como de las y los trabajadores de las empresas transnacionales
ubicadas en Centroamérica, y de su medio ambiente. Esto puede llevar a creer que el Acuerdo va a poder ser un instrumento en manos de las personas afectadas por los impactos de
Pescanova para conseguir justicia y poner límites a la impunidad con la que actúa. Por tanto,
es importante realizar un análisis sobre los posibles beneficios del Acuerdo para Pescanova
y la población nicaragüense.
El primer beneficio claro se encuentra en el pilar de Comercio. El objetivo principal
del Acuerdo es la creación de una Zona de Libre Comercio entre las dos regiones. Y en
el caso de la pesca y la acuicultura, el 100% de las exportaciones de Pescanova a la Unión
Europea quedan liberalizadas. Por tanto, dejan de tener arancel alguno. Si la Unión Europea
incumpliese esta parte del Acuerdo, Pescanova está protegida por el sistema de Solución de
Controversias diseñado para tal efecto en el Acuerdo. Se trata de un sistema que contempla
la creación de un Tribunal de carácter vinculante para las partes, con capacidad para sancionar, es decir, derecho duro de protección de los intereses comerciales de la transnacional.
Sin embargo, los derechos laborales de las y los trabajadores no han tenido el mismo
trato en el Acuerdo. Si se revisan los tres pilares del documento, los derechos laborales se encuentran recogidos en todos ellos. Es más, tanto en el articulado de Cooperación como en el
de Comercio, en el apartado de Desarrollo Sostenible, se relacionan de forma pormenorizada
los Convenios de la OIT que deben ser aplicados de forma efectiva por las dos regiones. Pero
la realidad es que las personas trabajadoras de Pescanova, como se ha descrito anteriormente, no tienen unas condiciones de trabajo dignas, sufren la precariedad de la contratación
temporal en más de un 75% de la plantilla, son despedidas si intentan organizarse creando
un sindicato y son maltratadas en el puesto de trabajo por las condiciones que se les imponen, con jornadas que se alargan hasta las 12 horas, entre otras muchas ilegalidades.
¿Puede cambiar dicha realidad? Parece que no. Relacionar convenios parece que no va
a ayudar a resolver los problemas de las y los trabajadores, ya que las partes han excluido del
sistema de Solución de Controversias esta cuestión y se limitan al Mecanismo de Mediación
de Medidas No Arancelarias. Tal como lo señalamos, este mecanismo no contempla la creación de un Tribunal, si no un Mediador que hará recomendaciones que no serán vinculantes
para las partes. Como se puede observar, voluntariedad y derecho blando para los derechos
Otras problemáticas vinculadas de forma directa a Pescanova son la pesca sostenible y
la protección y promoción de la pesca artesanal, que al igual que los derechos laborales, son
tratadas de forma específica en el articulado tanto en el pilar de Cooperación como en el de
Comercio. Se enuncia la importancia de proteger y promocionar la pesca sostenible a fin de
contribuir a la conservación de los recursos pesqueros, relacionando una serie de convenios
internacionales fundamentales relativos a cuestiones como el uso sostenible, conservación y
ordenación de las poblaciones de peces y especies de peces altamente migratorias. También
se contempla la generación de incentivos y obligaciones para una buena gestión sostenible
de la pesca y de los ambientes costeros a largo plazo. Como se ha podido comprobar por los
impactos descritos, las actuaciones de Pescanova en la zona distan mucho de ser sostenibles, tanto por la intensificación de los sistemas de producción y acuícola, como por su
contribución en el vertido de contaminantes en los esteros (Mestre et al. 2011: 17-21). La pesca
artesanal se ve sometida a la marginalidad por Pescanova. Como se explicó con anterioridad,
la actividad de la empresa y del resto de empresas transnacionales que operan en Nicaragua
ha desplazado a los pescadores artesanales. A su vez, por el propio proceso expansivo de
producción, los derechos de propiedad han ido siendo acaparados por Pescanova mediante
concesiones otorgadas por el Gobierno. Esto ha dificultado el acceso a la costa a los pescadores, con las tensiones referidas anteriormente.
Es importante recordar aquí el grave impacto que industrias como Pescanova tienen sobre la soberanía alimentaria de la zona y sobre el derecho al territorio. Acaparan
zonas de producción acuícola perjudicando directamente al ecosistema del cual depende la
subsistencia de la población local, obligando a los pescadores a tener que ir más lejos a pescar. Expulsándolos de su zona de pesca, tiene impactos directos sobre la vida de la población
de la zona afectada, ya que al perder sus medios de subsistencia o verlo deteriorado, dejan
de tener garantizada la alimentación. Además, se da la paradoja de que casi el 100% de la
producción de Pescanova se dirige a la exportación, y lo poco que se queda en el mercado
local, jamás podrá ser adquirido para alimentar a las familias afectadas por Pescanova. Este
tipo de impactos no garantizan el acceso a una vida digna para los y las pobladoras de la
zona. Derecho que está en lo declarativo recogido en los tres pilares del Acuerdo.
Todas estas cuestiones, soberanía alimentaria, pesca sostenible y pesca artesanal, están vinculadas de forma directa con el medio ambiente, que también es tratado en el Acuerdo, con su amplia relación de convenios particulares. En caso de conflicto, como en el caso
de los derechos laborales, las cuestiones de Desarrollo Sostenible, son no Arancelarias, y
por tanto, quedan excluidas también del sistema de Solución de Controversias de carácter
5 Véase: http://www.ropalimpia.org/en/
6 En Jordania, los aranceles medios descendieron del 22% al 13% entre 2000 y 2003. En Líbano la reducción
fue del 15% al 5% entre 2000 y 2002.
7 Véase: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:241:0004:0047:ES:PDF
8 Véase: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:070:0002:0190:ES:PDF
9 Segun los datos de DataComex: http://datacomex.comercio.es
10 Véase: http://www.inditex.es/es/responsabilidad_corporativa/sostenibilidad/resumen_sostenibilidad
11 1 dirham marroquí = 0.089 euros
12 Véase: http://www.inditex.es/es/responsabilidad_corporativa/social/codigo_conducta
13 Salario Mínimo Interprofesional Garantizado
14 Véase: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:241:0004:0047:ES:PDF
15 Véase: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:070:0002:0190:ES:PDF
16 Véase: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:336:0001:0118:ES:PDF
17 Nota introducida por el propio Protocolo nº 4: “El Principado de Liechtenstein constituye una unión aduanera con Suiza y es Parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo”.
18 Véase: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102993
19 Véase: http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=1482:declaraciripartita-de-principios-sobre-las-empresas-multinacionales-y-la-polca-social&catid=236:marco-normativo-libsin&Itemid=1262
20 Véase: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0055+0+DOC+XML+V0//ES
21 Véase: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0023&language=ES#title4
22 Véase: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:176:0002:0016:ES:PDF
23 Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL. La asimetría en las relaciones comerciales.
Sus efectos en el desempeño económico. México: Naciones Unidas. Comisión Económica para América
Latina y el Caribe - CEPAL, diciembre 27, 2001. www.eclac.org/publicaciones/xml/6/10026/Globa-c3.pdf.
24 Datos extraídos del World Development Indicators and Global Development Finance http://databank.worldbank.org
25 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08022012-AP/EN/3-08022012-AP-EN.PDF (página visitada el 30 de octubre de 2012)
26 Datos extraídos de Indicadores Internacionales sobre Desarrollo Humano del PNUD http://hdrstats.undp.
org/es/cuadros/
27 Nos basamos aquí en la información extraída del libro Conflictos socio-ambientales de la acuicultura del
camarón en Centroamérica. Un análisis desde la justicia ambiental de la Fundación Ent (Mestre et al. 2011),
así como en la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en su sesión de Madrid (TPP 2010).
28 Véase: http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article731
29 Confederación Sindical Internacional. Informe Anual sobre las violaciones de los derechos sindicales [En
línea]. 2011. Disponible en: http://www.fiteqa.ccoo.es/comunes/recursos/29/doc59871_Informe_sobre_las_
violaciones_de_los_derechos_sindicales_2011.pdf, página 119.
30 Véase: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/45784/65050/S96NIC01.htm#l1t5c1
31 Confederación Sindical Internacional. Informe Anual sobre las violaciones de los derechos sindicales [En
32 Véase: http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/45784/65050/S96NIC01.htm#l1t9c1
33 Véase: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO
y http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312243
34 Véase: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-505_es.htm?locale=enhttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/505
35 Véase: EU-Central America association agreement http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=689
36 Por otra parte, se estipula el compromiso de adoptar las medidas necesarias en cada Estado que para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, para implementar el control y
esquemas de inspección, así como los incentivos y obligaciones para una buena gestión, sostenible de pesca
y los ambientes costeros en el largo plazo.
36aNos referimos a las denuncias presentadas ante las diferentes sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos. Respectivamente, corresponden a: Pescanova (TPP 2010), Calvo (sesión del TPP de 2006, véase: http://
www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article41); Unión Fenosa (sesines del TPP de 2006, 2008 y 2010,
véase: http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article41, http://www.enlazandoalternativas.org/spip.
php?article199 y TPP 2010); Iberdrola (sesiones 2008 y 2010, véase: http://www.enlazandoalternativas.org/
spip.php?article199 y TPP 2010); Holcim (TPP 2010) y Goldcorp (TPP 2010).
Capítulo 2: Negocio del capital europeo en las commodities

References: artículo
1
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 29
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 42
 Resolución 
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 artículo 20
 artículo 10630
 artículo 208
 artículo 13
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 41
 artículo 63
 artículo 59
 artículo 290
 artículo 286
 artículo 291
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