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Timestamp: 2020-07-11 20:32:46+00:00

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Publicado el 10/05/2020 11/05/2020 María José Arcas Sariot
¿Debe seguir prorrogándose el estado de alarma?, muchas dudas se suscitan estos días sobre la conveniencia o no de seguir prorrogando el estado de alarma.
Las discrepancias entre políticos y expertos son evidentes, si bien expertos constitucionalistas vienen incidiendo hace tiempo en la idea de que las medidas que se están adoptando son mas propias del estado de excepción que del estado de alarma dudando de su constitucionalidad.
Se han alzado voces muy críticas con las modificaciones legislativas que se están introduciendo a golpe de Real Decreto aprovechando la coyuntura del estado de alarma.
De manera que no podemos evitar preguntarnos, ¿debe seguir prorrogándose el estado de alarma? Sin ánimo de ofrecer una respuesta que sin duda se antoja compleja y corresponderá en última instancia al Tribual Constitucional, explicamos los aspectos esenciales de los estados de alarma y excepción y las posible leyes aplicables en sustitución del estado de alarma.
Los estados de alarma, excepción y sitio se regulan en el art. 116 de la Constitución Española, si bien no se definen, sino que se diferencian gradualmente por las exigencias para su aprobación.
Las diferencias entre el estado de alarma y el de excepción son en líneas generales:
El estado de alarma lo aprueba el Gobierno por decreto, DANDO CUENTA al Congreso, que en su caso debe acordar la prórroga.
El de excepción, lo declara el Gobierno por decreto, PREVIA AUTORIZACION del Congreso.
El de alarma es de 15 días. Con autorización del Congreso puede prorrogarse, aunque no se dice que pueda prorrogarse ms de una vez
En este sentido ilustrativo resulta el oto particular del magistrado Javier Albar García en el recurso 112/2020, de la sentencia del TSJ de Aragón de 30 de abril de 2020 que declara:
«El estado de alarma dura quince días, 116.2 CE, prorrogables, no se dice si una o más veces, si bien es discutible que haya sucesivas prórrogas, pues el art. 6 de la LO 4/1981 habla de la prórroga, en singular, y no dice que pueda haber varias. Pues bien, si damos por buena la discutible posibilidad de sucesivas prórrogas, y ya se ha anunciado un plan de prorrogarlo hasta el 21 de junio por lo menos, resultaría que podrían encadenarse sucesiva e indefinidamente las mismas y, so capa de una latencia más o menos fundada del virus, prolongar una efectiva suspensión de derechos fundamentales más allá de los sesenta días máximos que permitiría el estado de excepción.
Por otro lado, el estado de alarma, excepción y de sitio, sólo se definen, por la Constitución, en el artículo 55, de modo indirecto, por referencia a la privación de derechos que pueden producir. A estos efectos:
El de alarma ni se menciona, por lo que no es apto para suspender derechos.
El de excepción y sitio pueden suspender: los artículos 17 ( libertad y seguridad, con los límites y derechos que conllevan, si bien el 17.3 sólo puede suspenderse en el estado de sitio); 18, apartados 2 y 3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones); 19, (elección de residencia y circulación, así como entrada y salida de España); 20 (expresión, producción literaria, prensa, libertad de cátedra, y los accesorios); 21 (reunión y manifestación); 28 .2 (derecho de huelga) y 37.2 (medidas de conflicto colectivo).
En este sentido la limitación del derecho a la libre circulación que vivimos de facto, dado el confinamiento obligado, y la limitación de entrada y salida de España, sólo se contemplan en el estado de excepción.
La LO 4/1981 de 1 de junio que regula los estados de alarma, de excepción y de sitio, fija su contenido diciendo:
Estas medidas, claramente, tienen por objeto remediar o solucionar situaciones bien de fuerza mayor producidas por la naturaleza, puntos a y b; bien por un abuso en los derechos de huelga y conflicto colectivo que no garanticen el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, punto c, o bien por situaciones que pueden obedecer ya sea a una voluntad deliberada de que se produzcan ya sea a causas lejanas, incluso ajenas al país, que produzcan el desabastecimiento de artículos de primera necesidad, punto d.
Se caracteriza esencialmente por ser situaciones concretas en el espacio y en el tiempo, y las medidas tienen por objeto solventar o salvar esos problemas más o menos puntuales.
El art 1 de la citada LO por su parte dispone:
«Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el art 116.3 de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el estado de excepción.»
Entre las medidas que se pueden adoptar en el estado de excepción está la privación de los derechos anteriormente citados con las garantías previstas en la ley orgánica.
En principio, por tanto, atiende a situaciones que alteren gravemente el orden público de modo que sean insuficientes los medios ordinarios para restablecerlo.
¿Pueden adoptarse las medidas propias del estado de alarma a través de otras leyes?
3.- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil
En principio el propio art.12.1 de la Ley orgánica que regula los estados de alarma, sitio y excepción, cuando se trata de una situación de epidemia, se remite a las leyes de sanidad:
1.-La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de Salud Pública.
Art 2: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Art 3: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Art 4: Cuando un medicamento, un producto sanitario o cualquier producto necesario para la protección de la salud se vea afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento y para garantizar su mejor distribución, la Administración Sanitaria del Estado, temporalmente, podrá:
2.-La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional
En ella se prevé la colaboración entre Gobierno y Comunidades Autónomas, además establece como órganos competentes en materia de Seguridad Nacional:
Su artículo 22, prevé los mecanismos para la «gestión de crisis».
Una de las principales objeciones a la eliminación del estado de alarma ha sido la falta de «mando único» para gestionar la crisis, sin embargo el Artículo 30 de esta ley lo atribuye al Ministerio del interior:
¿Cómo afectaría la falta de prórroga a otros ámbitos?
Empezarían a computarse los plazos suspendidos por el Decreto de estado de Alarma, por ejemplo si tenemos que presentar una liquidación de impuestos en Hacienda el plazo se reanudaría; si tenemos una prenda de ropa comprada en Zara, en plazo de devolución empezaría a contarse; en el caso de los ERTE comenzaría el plazo para readmitir a los trabajadores; y finalmente acabarían las ayudas concedidas de tipo económico vinculadas al estado de alarma o empezaría a contarse el plazo para que finalizaran.
Existe la posibilidad de desvincular dichas ayudas del estado de alarma modificando los Reales Decretos que las aprueban o dictando una nueva norma en este sentido.
Son varias las sentencias que han dudado de la constitucionalidad del art 7 del Real Decreto 463/20 de estado de alarma, así el ya citado Voto particular del magistrado Javier Albar García en el recurso 112/2020, de la sentencia del TSJ de Aragón de 30 de abril de 2020.
«Podía asistir a lugares de culto, lo que en principio no está prohibido por el decreto que establecía en el estado de alarma. Puede ser dudosa la redacción de su artículo 7, pero en materia de limitación de derechos, y más cuando se trata de derechos fundamentales, hay que considerar que lo que no está expresamente prohibido está permitido», señala el juez.
⟵Renovación de documentos tras el Estado de Alarma
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References: Real Decreto 
 artículo 55
 artículo 22
 Artículo 30
 Real Decreto 
 artículo 7