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Timestamp: 2019-01-22 00:33:35+00:00

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﻿ LAS REGLAS DE CONFLICTO Y LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES
CONTENIDO:ESTE ARTÍCULO ANALIZA LA PROBLEMÁTICA EN TORNO A LAS REGLAS DE CONFLICTO A LA CUAL SE ENFRENTAN QUIENES REALIZAN NEGOCIOS DE NATURALEZA INTERNACIONAL Y PROPORCIONA AL LECTOR LOS AVANCES QUE PROPENDEN POR SU ARMONIZACIÓN COMO UN MECANISMO QUE SOLUCIONE DICHO PROBLEMA Y OFREZCA SOLUCIONES DE SOFT LAW Y EL HARD LAW A LOS DISTINTOS INTERVINIENTES DEL MERCADO COMERCIAL INTERNACIONAL.
TÍTULO:LAS REGLAS DE CONFLICTO Y LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES
AUTOR:OVIEDO ALBÁN, JORGE
TEMAS GENÉRICOS:DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
REVISTA FORO DERECHO MERCANTIL N°:39, ABR.-JUN./2013, PÁGS. 43-69
Las reglas de conflicto y la armonización del derecho de los contratos internacionales
Este artículo tiene por objeto describir el marco regulatorio de los contratos internacionales, concretamente los procesos de armonización de reglas de conflicto que persiguen determinar la ley nacional aplicable a tales negocios y los procesos de armonización y unificación de las reglas uniformes contenidas en instrumentos de diferente naturaleza jurídica que, al contrario de las primeras, buscan regular de forma directa los contratos internacionales. La descripción de dichos procesos busca advertir el estado “pendiente” en que se encuentran las reglas nacionales para ser adaptadas a las tendencias internacionales como forma de superar los obstáculos que enfrentan las transacciones del comercio internacional.
1. Las reglas de conflicto
La nacionalización del Derecho, sobrevenida hacia finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, no fue impedimento para la presencia de elementos extranjeros en las relaciones jurídicas, en este caso en los contratos, tales como la nacionalidad de las partes, el lugar de celebración y/o ejecución; etc. A partir de ello, el Derecho respondió por medio de una serie de reglas que en conjunto han sido denominadas “Derecho Internacional Privado”, el cual se pasa a definir y caracterizar.
Las situaciones de hecho que preocupan al Derecho Internacional Privado son las relaciones internacionales entre personas privadas(1). En ellas puede haber elementos extranjeros a partir de los cuales dichas relaciones tengan conexiones con más de un ordenamiento. De esta forma, entonces, el Derecho Internacional Privado se estructura a partir de la que se ha denominado “regla de conflicto”, llamada así porque pretende solucionar el posible conflicto de leyes nacionales que puede llegar a darse en el caso en que la relación privada tenga puntos de relación con más de un ordenamiento, determinando cuál de ellas será la aplicable al fondo de la relación jurídica(2).
A partir de los elementos descritos, se puede entender al Derecho Internacional Privado como aquel sector de la legislación nacional que, previa la calificación como internacional dada a una relación jurídica con componentes extranjeros, busca determinar la ley nacional aplicable y el juez competente(3).
Deben tenerse en cuenta en la definición propuesta los siguientes elementos:
Se trata de un sector de la legislación nacional, puesto que en un primer estadio de la evolución del Derecho Internacional Privado contemporáneo fueron las propias codificaciones nacionales las que establecieron fórmulas para prever y solucionar el eventual conflicto de leyes nacionales en el espacio, al que podría llegarse por la presencia de elementos extranjeros en las relaciones jurídicas.
El segundo elemento a considerar es el de la calificación previa. Las reglas de conflicto califican como internacional a la relación jurídica y la forma de hacerlo ha sido a partir de los elementos extranjeros en ella contenidos. Así, una relación jurídica privada será calificada como internacional si en ella se encuentra un elemento extranjero, cualquiera que fuere el elemento. Posteriormente, la regla de conflicto busca la determinación de la ley nacional aplicable al fondo de la relación con componentes extranjeros.
1.2. Características de la regla de conflicto
Las reglas de conflicto que componen el Derecho Internacional Privado, según la concepción adoptada, han sido caracterizadas por las siguientes notas:
La primera es la exclusividad y autonomía, que consiste en asumir que se trata de una categoría jurídica diferenciada tanto del Derecho internacional general, como del Derecho privado. Primero por la naturaleza de sus normas y segundo por la calidad de sus destinatarios, además de su objeto, puesto que, a diferencia de las reglas civiles y comerciales que pretenden regular directamente las relaciones privadas, el Derecho Internacional Privado busca responder, como se dijo, a la determinación de la ley aplicable y del juez competente.
La segunda nota es la relatividad. El Derecho Internacional Privado, al ser asumido como el sector del ordenamiento jurídico de cada Estado encargado de regular las situaciones privadas internacionales, tiene entre sus rasgos el ser “relativo”(4), toda vez que no existe un Derecho Internacional Privado único, que tenga validez e identidad de contenido para todos los países, sino que, por el contrario, existen diferentes sistemas de Derecho Internacional Privado(5).
Las consecuencias derivadas de la mencionada exclusividad y relatividad son: la crisis de seguridad jurídica, el Forum Shopping y las sentencias claudicantes. La seguridad jurídica exigida por la relación con componentes extranjeros se ve comprometida toda vez que las soluciones pueden ser variables de Estado a Estado, en la medida en que cada tribunal tienda a aplicar exclusivamente un sistema y no otro(6).
Adicionalmente, la expresión decisiones claudicantes es empleada para referirse al fenómeno producido por posibles decisiones judiciales dictadas en países distintos y cuyo contenido además sea contrario o incompatible(7).
Por otro lado, el Forum Shopping se genera en la medida en que las partes buscarán acudir a autoridades judiciales de uno u otro Estado con el fin de buscar la aplicación de uno u otro sistema de Derecho Internacional Privado, todo dependiendo de cuál sea la ley más favorable a sus intereses(8).
1.4. La armonización de las reglas de conflicto
Desde finales del siglo XIX, a instancias de varias conferencias diplomáticas, se empezaron a adoptar tratados cuyo objeto ha sido la determinación de la ley aplicable a contratos internacionales. Caben ser destacados para el caso latinoamericano los tratados de Montevideo de 1889, el Código de Bustamante y, más recientemente, la Convención Interamericana sobre Determinación de la Ley aplicable a Contratos Internacionales adoptada en México en 1994, auspiciada por la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado de la OEA conocida como CIDIP.
Los tratados de Montevideo fueron aprobados en Colombia mediante la Ley 33 de 1992. —Diario Oficial 40.705, dic. 31/92—. Mientras que la Corte Constitucional declaró su exequibilidad mediante Sentencia C-276 del 22 de julio de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. No obstante, estos tratados no están en vigor para Colombia, pues no se ha ratificado la adhesión, lo que incluso es poco probable que suceda, situación que demuestra el poco interés de las entidades gubernamentales en relación al futuro de dichos tratados.
Por otra parte, tampoco es recomendable que el país ratifique la adhesión, puesto que las normas sobre determinación de la Ley Aplicable a los Contratos Internacionales consignadas en la Ley 33 de 1992, como son los artículos 32 y 33, que en esencia consagran el principio lex loci executionis, o que el contrato se regirá por la ley donde deba cumplirse, están llenas de vacíos e interrogantes, entre los cuales está el de la poca claridad que tiene el tratado en relación con si admite o no la autonomía conflictual conforme a la cual las partes pueden escoger la ley aplicable al contrato, al tiempo que no responde a las situaciones en que las prestaciones del contrato deban ejecutarse en más de un país.
La Convención de México de 1994 es un instrumento más moderno que además de permitir a las partes la escogencia del derecho aplicable al contrato —art. 7º—, en ausencia de elección no se fundamenta en reglas unilaterales, sino que deja un amplio margen de acción al juez para que este valore la ley con que el contrato tiene los vínculos más estrechos y de esta forma determine las reglas nacionales que regirán el contrato —art. 9º— Esta convención permite que las partes escojan no solo normas estatales sino todas aquellas, independientemente de su origen y naturaleza, que consideren deben regir el contrato, vía por la cual se ha entendido que se trata de una admisión para que las partes escojan la lex mercatoria(9).
A la fecha, los países signatarios de la convención son: Bolivia —17 de marzo de 1994—; Brasil —17 de marzo de 1994—; México —27 de noviembre de 1995, depositó el instrumento de ratificación el 20 de agosto de 1996 y en vigor desde el 15 de noviembre de 1996—; Uruguay —17 de marzo de 1994— y Venezuela —17 de marzo de 1994, depositó el instrumento de ratificación el 22 de septiembre de 1995 y en vigor desde el 26 de octubre de 1995—. Como se advierte, solo está en vigor para México y Venezuela, conforme a lo dispuesto en el artículo 28. Esto también demuestra el poco interés de los países latinoamericanos en adherirse a la Convención de México de 1994, a pesar de ser la oportunidad para modernizar las reglas de conflicto presentes aún en los códigos nacionales, como es el caso de Colombia. En definitiva, la desidia de los países latinoamericanos de adherirse a los tratados es una muestra de que es poco probable que, por vía convencional, se logre la armonización de las normas conflictuales. Es hora de pensar, entonces, en otras alternativas.
En el plano europeo, cabe mencionar a la Convención de Roma de 1980 sobre la Determinación de la Ley Aplicable a Contratos Internacionales y, más recientemente, el Reglamento Roma I(10). La Convención de Roma de 1980 entró en vigor el 1º de abril de 1991, después de haber sido ratificado por siete Estados, conforme a lo previsto en el artículo 29. Esta convención ha sido sustituida por el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales —Roma I—, en vigor desde el 17 de diciembre de 2009, y conforme lo establecido en el artículo 28 solo rige los contratos celebrados después de esa fecha. Las normas europeas admiten la autonomía conflictual y se fundamentan en el principio de la prestación característica para la determinación de la ley del contrato —todo conforme a los artículos 3º y siguientes—, cuestión que no cabe analizar aquí y que será objeto de un trabajo posterior.
2. Las reglas uniformes
Como remedio a las consecuencias derivadas de la relatividad y exclusividad del Derecho Internacional Privado, se ha pensado en fórmulas para solucionar la indeterminación de las reglas aplicables a los contratos internacionales, puesto que los contratantes buscan certeza en sus relaciones jurídicas de forma que haya claridad sobre cuáles son los derechos, obligaciones y las consecuencias derivadas del incumplimiento contractual, esto es, que desde el inicio de las relaciones negociales puedan conocer y calcular las consecuencias jurídicas derivadas de tales acuerdos(11).
Entre las soluciones que se han propuesto para superar los mencionados obstáculos surge la pretensión de unificar o armonizar las normas de Derecho sustancial, a efectos de reducir los problemas derivados del Derecho Internacional Privado(12). Este es el objetivo que han perseguido varias instituciones intergubernamentales y gremiales, tales como el Instituto para la Unificación del Derecho Privado —Unidroit—, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional —Uncitral— y la Cámara de Comercio Internacional de París —CCI—, entre otras.
El método utilizado para la unificación y armonización no ha sido solamente el de preparar tratados internacionales —no obstante el éxito de algunos de ellos, tal como ha sucedido con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías—, sino también mediante leyes y disposiciones modelo, guías legislativas, recopilaciones de reglas y principios y contratos modelo, de forma que gran parte de los instrumentos de armonización componen lo que en la doctrina ha sido denominado como soft law, cuyo valor normativo no depende de la voluntad legislativa de los Estados, sino de la voluntad de las partes de incorporarlos a los contratos, la decisión de los árbitros y jueces de fallar conforme a ellos al reconocerlos como manifestación de la lex mercatoria o, en definitiva, por su propia fuerza persuasiva, tal como ha sucedido con los Principios de Unidroit para los contratos comerciales internacionales, las reglas y usos uniformes sobre crédito documentario, los términos Incoterms, etc.(13).
Es a partir de estos tres grupos de soluciones que se pueden identificar los siguientes grupos de fuentes de Derecho Internacional Privado: en primer lugar, están las reglas de orden convencional; en segundo, las fuentes de orden interno y en tercero, las fuentes del Derecho Mercantil Internacional.
La realidad global de las relaciones económicas ha traído consecuencias jurídicas consistentes en un intento por armonizar y unificar los instrumentos regulatorios que brinden soluciones verdaderamente internacionales a los contratos, a diferencia del Derecho Internacional Privado que, como se señaló, busca determinar la ley nacional aplicable a las relaciones con componentes extranjeros, mas no disciplinarlas de manera autónoma(14).
Durante las últimas décadas el Derecho Comercial Internacional se ha venido consolidando, integrado por una serie de instrumentos jurídicos de diversa naturaleza cuyo fin es regir los contratos internacionales y de esta forma reducir la incertidumbre y los problemas en cuanto a la determinación del régimen aplicable, conforme a las reglas conflictualistas del Derecho Internacional Privado. La forma como se pretende reducir dichos inconvenientes es mediante la unificación o armonización de la legislación aplicable a las transacciones comerciales, tema en el que la doctrina ha venido insistiendo desde la primera mitad del siglo XX(15).
El Derecho Comercial Internacional se diferencia del Derecho Internacional Privado de la siguiente forma:
Como se anotó, el Derecho Internacional Privado ha intentado dar una respuesta a la búsqueda de las normas aplicables a los contratos internacionales, pero no puede olvidarse que éste, mediante la regla de conflicto, lo que pretende es determinar la ley nacional que se aplicará a los contratos, mas no regula de manera sustancial la relación jurídica(16).
En el hecho que se acaba de señalar se origina la crítica que al mismo se le hace, la cual consiste en afirmar que al ser las leyes nacionales las aplicables a las transacciones internacionales, se encontrarán soluciones que no obedecen a la naturaleza de las mismas, de ahí el porqué se abogue por la configuración de un Derecho sustancial propio que es precisamente el objetivo del Derecho Comercial Internacional(17), razón que lleva a cierto sector de la doctrina a considerar que se ajusta mejor a las necesidades del tráfico al satisfacer la exigencia de conocimiento pleno en las obligaciones y derechos derivadas de los contratos(18).
Varios de los instrumentos mencionados no se originan en la voluntad del Estado, tienen un carácter internacional por el objeto que pretenden regular; es especial, en que regula las transacciones entre actores del comercio internacional y además gran parte de las decisiones se toman a partir de causas discutidas ante tribunales de arbitramento.
2.2. Naturaleza jurídica y tipología normativa
Anteriormente se sugirió que los instrumentos que componen el Derecho uniforme del comercio internacional poseen diferente naturaleza, con lo que quiere darse a entender que los mismos no tienen necesariamente origen legislativo o convencional, sino que en ocasiones dichos cuerpos normativos están compuestos por reglas consuetudinarias derivadas del tráfico entre empresarios o que son preparadas por instituciones gremiales, o en algunos casos intergubernamentales que son sugeridas a los contratantes, para que estos, mediante cláusulas especiales, las incorporen a sus contratos(19).
De esta forma, en el Derecho Comercial Internacional se pueden encontrar normas de hard law y otras de soft law, expresiones utilizadas para agrupar a los instrumentos de naturaleza legal y a aquellos que no provienen de la voluntad del Estado sino que derivarán su fuerza coercible por la incorporación directa hecha por las partes al contrato(20).
Ahora bien, el creciente desarrollo y aceptación de las unas y las otras, pero principalmente la acogida de los instrumentos de soft law, en especial en tribunales arbitrales internacionales y por empresarios en sus contratos, es lo que ha llevado a muchos a hablar del resurgimiento de la lex mercatoria(21).
Cabe incluir también dentro del Derecho de soft law a todos aquellos instrumentos que derivan de otros centros de producción normativa, como son los mismos contratos, o en algunos casos los llamados “códigos de conducta”, y los reglamentos de carácter profesional, que obedecen a la tendencia a dictar instrumentos de autorregulación(22).
Sobre este punto es necesario señalar que fue con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial que empezó a llamarse la atención por parte de ciertos sectores doctrinales sobre el renacimiento de la lex mercatoria, al afirmar que se ha denominado así a un Derecho de carácter global, cuyo campo de acción tiende a coincidir con los mercados internacionales, originado ya sea en normas de carácter profesional o en reglas consuetudinarias y principios manifestados en sentencias arbitrales. La expresión recuerda la lex mercatoria medieval de carácter universal, la cual constituía un Derecho creado por los comerciantes, cuyas fuentes estaban conformadas por los usos, los estatutos de los gremios de mercaderes y la jurisprudencia de la curiae mercatorum(23).
Varios autores destacan que se trata de un Derecho creado sin la mediación del poder legislativo de los Estados y formado por reglas destinadas a disciplinar de modo uniforme las relaciones comerciales(24), que se manifiestan en las prácticas contractuales surgidas en el mundo de los negocios, en los usos del comercio internacional, en la jurisprudencia de los tribunales arbitrales internacionales, que en conjunto conforman un cuerpo de reglas jurídicas que rigen las operaciones económicas, lo cual, en últimas, constituye, según Galgano, un Derecho objetivo separado del ordenamiento estatal. Expresión de la “Societas mercatorum”, que al intentar superar los particularismos aspira a ser un Derecho universal sin acudir a las reglas de conflicto del Derecho Internacional Privado, cuyo objetivo ha sido determinar la ley nacional aplicable a las relaciones jurídico privadas con elementos extranjeros(25).
El intento del Derecho Comercial Internacional de buscar el desarrollo de normas uniformes en lo sustancial, o cuando menos de reducir las diferencias entre las regulaciones de las principales familias jurídicas en materia de obligaciones y contratos, significa el encuentro de las mismas, no solo en cuanto al transplante(26) de instituciones provenientes de cada una de ellas, sino también de los métodos de producción jurídica.
Así, debe destacarse que para lograr la unificación del Derecho Comercial Internacional, no solo se ha utilizado el método legislativo propio de las codificaciones europeo continentales y las que en ellas se basan, sino también la formulación de restatements o conjuntos de reglas que, en principio, tendrán valor por vía de la sumisión expresa de los contratos a ellas, las cuales, a su vez, provienen del intento de recopilar las reglas de Derecho decantadas por medio de precedentes jurisprudenciales, sin otra autoridad que la persuasiva(27). Tal es el caso de los términos Incoterms, las reglas y usos uniformes sobre crédito documentario, los Principios de Unidroit para los contratos comerciales internacionales, las cláusulas de la CCI para el comercio electrónico —eICC terms 2004— entre otras, que en conjunto pretenden ofrecer una respuesta a la lentitud del proceso unificador legislado.
En este punto puede verse la confluencia de las técnicas de producción del Derecho anglosajón y del Derecho europeo continental, dado que se quiere en algunos casos expedir conjuntos de normas organizadas sistemáticamente al modo de los códigos que tengan a su vez el valor de leyes en sentido estricto, cuyas principales manifestaciones vienen a ser las convenciones internacionales y por otro, se trata simplemente de instrumentos de naturaleza no legislativa, que servirán para ilustrar a árbitros, jueces y abogados en causas de su interés y cuando mucho podrán servir de ley contractual por vía de incorporación expresa al contrato.
2.3. Actores y principales instrumentos
Los actores del Derecho Comercial Internacional pueden clasificarse en dos grupos: públicos y privados. Dentro del primero se encuentran el Estado y las instituciones internacionales, unas de carácter gremial y otras intergubernamental, que han sido creadas con el objetivo de promover y contribuir con la unificación de las reglas aplicables a los contratos internacionales. Igualmente, puede hablarse de una serie de actores privados, como son las sociedades transnacionales(28).
Como se sugirió, sobre el particular deben ser destacadas las labores de ciertas instituciones internacionales, unas de carácter intergubernamental y otras gremiales, tales como el Instituto para la Unificación del Derecho Privado —Unidroit—; la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional —CNUDMI/Uncitral—; la Cámara de Comercio Internacional con sede en París —CCI—, entre otras(29). A continuación se hará una descripción de los orígenes de cada una de éstas y de los logros que han alcanzado hasta la fecha.
El Instituto para la Unificación del Derecho Privado —Unidroit—, organización intergubernamental creada en el año 1926 bajo el auspicio de la Liga de Naciones y restablecida en 1940 sobre las bases de un tratado internacional, el Estatuto Orgánico de Unidroit. Se creó con el objetivo de promover la armonización y unificación del Derecho privado a nivel internacional, teniendo como punto de partida la creciente liberalización del comercio y el proceso de integración económica(30).
Las labores emprendidas en un primer momento por el instituto tuvieron por objeto el estudio comparado del Derecho de obligaciones en materia civil y comercial, de garantías, de derecho marítimo y de títulos valores(31). No obstante, el objetivo concreto perseguido tendría que ver con la unificación del régimen sobre compraventa. Precisamente, entre los antecedentes de la actual Convención de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías se encuentra el trabajo de Unidroit.
En efecto, los antecedentes de la Convención de Viena de 1980 para la Compraventa Internacional de Mercaderías se remontan a los trabajos de la comisión designada por la Asociación de Derecho Internacional, reunida en Estocolmo en 1924, los trabajos de la Comisión del Instituto Unidroit de 1930, que preparó un proyecto de ley uniforme de la compraventa internacional, el proyecto de ley uniforme sobre venta internacional de objetos mobiliarios corporales de 1939, la Conferencia Internacional de La Haya de 1964, donde se aprobaron la Luvi, o Ley Uniforme sobre la Venta Internacional de Objetos Mobiliarios Corporales y la Luf, o Ley Uniforme sobre la Formación de los Contratos de Venta Internacional de Objetos Muebles Corporales(32).
El método que el instituto siguió para la elaboración de los instrumentos parte de un estudio de Derecho comparado sobre el tema de interés, que lleva a preparar un estudio preliminar y un proyecto de articulado uniforme. Igualmente, debe destacarse que a pesar de haber seguido originariamente el método de adopción de tratados, posteriormente se han preparado leyes modelo, leyes uniformes, principios y recomendaciones, guías, etc.(33).
Cabe resaltar aquí el caso de los Principios de Unidroit para los Contratos Comerciales Internacionales, considerados actualmente como uno de los instrumentos más importantes del Derecho Comercial Internacional, además por el hecho de ser considerado como uno de los instrumentos llamados a complementar la Convención sobre Compraventa Internacional. Es importante aclarar que estos no constituyen una forma de convención internacional de ley uniforme para los contratos internacionales y su valor deriva, en principio, solamente de su fuerza persuasiva(34).
En cuanto a su naturaleza jurídica, se trata de un instrumento de soft law, toda vez que al no constituir un tratado internacional la fuente de su obligatoriedad se encuentra en la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, cuando así lo hayan acordado los contratantes(35). También y no obstante esto, varios tribunales internacionales los han encontrado aplicables a los contratos por el simple hecho de constituir “principios generales” de los contratos del comercio internacional reconocidos en diversos sistemas jurídicos del mundo o bien como manifestación de la “lex mercatoria”(36).
Los Principios de Unidroit 2010 están divididos en doce capítulos, con un total de 211 artículos, frente a 185 de la versión 2004 y 120 de la versión 1994, con disposiciones aplicables a todo el proceso contractual.
Se pueden evidenciar varios casos donde los Principios de Unidroit han sido considerados para la preparación de nuevas leyes nacionales o bien para modificar las existentes, todo en pro de la modernización del Derecho de obligaciones. De hecho, los Principios han servido de fuente para recientes legislaciones como es el caso del nuevo Código Civil holandés(37), el nuevo Código Civil de Quebec, el nuevo Código Civil de la Federación Rusa(38), la nueva Ley China en Materia de Contratos —1999—(39) y varios proyectos de reforma, entre ellos en Argentina(40). Igualmente, los Principios de Unidroit han sido considerados como modelo para el proceso de armonización del Derecho de los negocios en África —OHADA—(41).
Derivado de lo enunciado en el preámbulo, se han identificado algunas funciones que pueden tener los Principios Unidroit en la práctica, entre las cuales cabe destacar la de ayudar a interpretar o suplementar vacíos de otros instrumentos internacionales, que para el caso, viene a ser la Convención sobre Compraventa Internacional(42).
Adicionalmente, a través de Resolución AG. UN 2102 —XX— de 20 de diciembre de 1965 se creó la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional —CNUDMI/Uncitral—(43), queriendo responder a la necesidad de eliminar los obstáculos jurídicos al comercio internacional y con el objeto de promover la armonización y unificación progresivas del Derecho Comercial Internacional, además de considerar que las divergencias surgidas entre las leyes de los diferentes estados en materias relacionadas con el comercio internacional constituyen un obstáculo para el desarrollo del comercio mundial(44).
Desde sus origines, en el seno de la CNUDMI/Uncitral se trabajó en la elaboración de una legislación uniforme sobre compraventa internacional, lo que llevó a la adopción, en 1980, de la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías(45).
De los instrumentos preparados por Uncitral ha de destacarse a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, de 1980, adoptada en Colombia por medio de la Ley 518 de 1999 y en vigor desde el 1º de agosto del 2002.
La importancia de la Convención puede observarse desde diferentes aspectos. El primero lo constituye el hecho de que haya sido suscrita y ratificada por países de todos los continentes, sin distingo de posición económica ni política, lo que se ha manifestado desde la conformación del grupo de trabajo en el cual se hicieron presentes países pertenecientes a diferentes sistemas, entre ellos: Brasil, Estados Unidos, Francia, Ghana, Hungría, India, Irán, Japón, Kenia, México, Noruega, Gran Bretaña, Túnez y Unión Soviética. Además, a la fecha la han ratificado o se han adherido a ella 78 países pertenecientes a sistemas económicos y políticos diferentes, así como a diferentes familias jurídicas.
Uno de los aspectos más relevantes de la Convención sobre Compraventa Internacional, según lo cuenta la historia de su gestación, es ser un punto de encuentro entre las diferentes familias jurídicas existentes, decantadas con el paso de los siglos: principalmente los sistemas de common law y civil law. Este encuentro marca un hito en la evolución del Derecho Privado y tiene especial relevancia para los sistemas de Derecho interno, no solo por cuanto significa en su armonización a nivel internacional, sino por el hecho de introducir novedades conceptuales a los mencionados sistemas, además de contribuir con soluciones a problemas reales surgidos de las diferencias entre los distintos regímenes.
Asimismo, debe tenerse en cuenta la función que está llamada a cumplir la Convención: regular de manera uniforme la operación típica del tráfico de mercancías. De esta forma se agilizan dichas transacciones y se superan los obstáculos impuestos por la diversidad de criterios de las legislaciones nacionales, permitiendo hablar un lenguaje común y mejor adaptado a las necesidades del comercio internacional. También debe destacarse que más de las dos terceras partes del globo han aceptado a la Convención como el conjunto de reglas unificadoras que regulan la parte más significativa del comercio internacional, lo que permite contar con reglas uniformes que hacen que los protagonistas de las transacciones internacionales puedan operar con la suficiente agilidad y se les brinde la seguridad jurídica que reclaman sus transacciones, reduciendo costos de transacción a partir de tales operaciones, lo que además significa que la mayoría de las operaciones de comercio internacional se rigen por la Convención.
Asimismo, debe resaltarse la influencia de la Convención en varias reformas legislativas realizadas a partir de la década de los noventa del siglo XX, en la preparación de modernos restatements internacionales y en el Derecho comunitario europeo, con lo que se demuestra que no obstante haber sido concebida para regular contratos de compraventa internacional, ello no impide que pueda ser utilizada como modelo para la modificación y, por ende, armonización de las reglas nacionales. Entre ellas, se destaca la reforma al BGB o de modernización del Derecho de obligaciones, el Código Civil holandés, los códigos civiles expedidos en los países de Europa del Este tras la caída de la Unión Soviética y la Ley China de Contratos de 1999.
Además de los Principios de Unidroit para los Contratos Comerciales Internacionales, al igual que en la Directiva 199/44/CE del Parlamento y del Consejo Europeo sobre ventas de bienes de consumo, que ha sido incorporada a los derechos nacionales, bien sea mediante leyes especiales —como en el caso español, mediante Ley 23 de 2003—, mediante reforma de las normas de los códigos —como en el caso alemán— o bien mediante la inserción de capítulos especiales sin alterar las normas codificadas —como ha sido el caso italiano, han tenido entre sus fuentes inspiradoras a la Convención. Asimismo, 16 países miembros de la Organización Africana de Derecho de los Negocios — OHADA — han adoptado el Acte Uniforme sure le Droit Commercial Général, una de cuyas principales fuentes es la Convención(46).
De igual forma es relevante la tendencia europea hacia la adopción de un régimen común en materia contractual y en torno a la cual han surgido varios proyectos como los Principios del Derecho Contractual Europeo, elaborados por la Comisión Lando —PDCE—; el proyecto preliminar de Código Contractual Europeo del grupo Pavía y el Study Group of a European Civil Code, dirigido por Christian von Bar.
En la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 11 de julio de 2001, sobre Derecho contractual europeo, se propusieron las siguientes alternativas para contribuir a la armonización del Derecho contractual europeo: la primera es la no actuación de la Comunidad Europea ; la segunda, el fomento de la definición de principios comunes de Derecho contractual para reforzar la convergencia de las leyes nacionales; la tercera, la mejora de la calidad de la legislación en vigor y la cuarta, la adopción de nueva legislación exhaustiva a nivel comunitario(47).
Posteriormente, en 2003, la Comisión adoptó un plan de acción en el que se ha propuesto como objetivo obtener un acervo comunitario que presente coherencia tanto en su formulación, como en su puesta en práctica y aplicación, lo que “promovería la aplicación uniforme del Derecho comunitario y facilitaría el buen funcionamiento de las transacciones transfronterizas y, por tanto, la realización del mercado interior. Así, por ejemplo, no deberían tratarse de manera diferente situaciones semejantes a no ser que estuviera justificado”(48), además de evitar los resultados contradictorios, para lo cual se ha propuesto la elaboración de un marco común de referencia(49) que sea considerado como norma modelo de Derecho contractual europeo y que, además, contenga conceptos claros y principios fundamentales.
Como fruto de esta iniciativa se ha convocado una red de grupos de investigación preexistentes bajo el nombre Joint Network on European Private Law, con el fin de preparar los Common Principles of European Private Law —CoPECL—(50), entre los cuales están: el Study Group of a European Civil Code(51), el Research Group on the Existing EC Private Law —Acquis Group—(52); el Project Group on the Restatement of European Insurance Contract Law —Insourance Group—(53); la Association Henri Capitant(54); la Societe de Législation Comparée(55); el Conseil Supérieur du Notariat(56); el Common Core Group(57); el Research Group on the Economic Assessment of Contract Law Rule —Economic Impact Group—(58); el Database Group(59) y la Academy of European Law(60).
Debe indicarse que la Convención también ha sido tenida en cuenta en algunos casos nacionales donde, al no tratarse de disputas surgidas a propósito de contratos internacionales, en principio esta no sería aplicable. En algunos de estos casos se ha aplicado por analogía en la solución de problemas jurídicos suscitados por tales contratos, mientras que en otros se ha mencionado para corroborar los argumentos expuestos.
Adicionalmente, encontramos a la Cámara de Comercio Internacional, organización mundial que agrupa a miles de empresas en más de 140 países, creada en 1919 con el fin de articular su postura ante las instancias internacionales que elaboran normas que pueden afectar el comercio internacional. Entre las funciones que adelanta se destacan la recopilación y formulación de usos mercantiles uniformes para todo el mundo, cuya observancia general puede generar lex mercatoria. Así lo hace con las reglas sobre créditos documentarios, los Incoterms, etc. Otra función importante de esta institución es la elaboración de cláusulas o contratos tipo —contrato de agencia, de distribución, garantías a primer requerimiento, etc.—. Igualmente, es importante la labor que adelanta por medio de la Corte Internacional de Arbitraje para solucionar las disputas que se planteen entre operadores internacionales, con las ventajas de celeridad y especialidad que ello significa. La labor de los tribunales arbitrales ha permitido el creciente éxito de los Principios de Unidroit y su relación con la interpretación y la solución de vacíos de la Convención sobre Compraventa Internacional.
La Cámara de Comercio Internacional (CCI), además de desarrollar, por medio de la Corte de Arbitraje, la función que se ha señalado, recopila reglas y usos comunes del tráfico internacional. Los Incoterms y las reglas sobre crédito documentario reflejan ese esfuerzo y están íntimamente relacionados con las operaciones del tráfico, de ahí la importancia de su conocimiento, difusión y aplicación.
Los términos para los contratos internacionales de la Cámara de Comercio Internacional fueron publicados en 1936 y modificados en 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 y 2010. La finalidad de los Incoterms consiste en establecer un conjunto de reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales más utilizados en las transacciones internacionales. De ese modo, podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las interpretaciones de dichos términos en países diferentes o, por lo menos, podrán reducirse(61). Tales términos regulan algunos aspectos determinados de la compraventa, como son los derechos y obligaciones en relación con la entrega de las mercancías vendidas y la transmisión de riesgos.
En materia de crédito documentario, la CCI ha recogido las reglas y usos uniformes sobre crédito documentario, siendo el folleto 600 su última versión. Cabe resaltar la frecuente incorporación de las reglas y usos a los contratos de crédito documentario internacionales. La versión original fue publicada en 1933 y cada diez años han sido revisadas.
Por otro lado, también deben destacarse las cláusulas contractuales 2004 de la CCI para el comercio electrónico —ICC eTerms 2004— y la Guía de la CCI para la contratación electrónica, documentos aprobados por la Comisión de la Cámara de Comercio Internacional sobre Derecho y Prácticas Comerciales y la Comisión para el Comercio Electrónico, la Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones(62).
Se puede insistir, finalmente, en que los instrumentos que conforman el Derecho Comercial Internacional se caracterizan por su origen diverso, ya que mientras unos son de naturaleza consuetudinaria, otros devienen su coercibilidad por constituirse como tratados del Derecho internacional y otros por ser reglas adoptadas por instituciones gremiales internacionales o por los particulares en sus contratos. La tarea de la jurisprudencia, y en general de los operarios del tráfico jurídico, será interpretarlos e integrarlos para regular de la mejor manera las operaciones internacionales, así como dotarlos de unidad y sistematicidad mediante el seguimiento de criterios uniformes caracterizados siempre por la internacionalidad propia de los mismos.
Según lo expuesto en líneas anteriores se presentan las siguientes conclusiones:
1. La internacionalización de la economía tiene clara incidencia en las relaciones jurídico-privadas. Ante ello, las reglas de conflicto pensadas en los siglos XIX y XX y consignadas aún en los códigos nacionales —como es el caso colombiano— son inseguras, puesto que al ser unilaterales favorecen el Forum Shopping y las sentencias claudicantes.
2. Lo anterior podría evitarse si mediante una reforma legislativa se adoptare la teoría de la prestación característica o de los vínculos más estrechos, lo que permitiría armonizar las reglas de conflicto nacionales con aquellas que rigen en países o bloques económicos como Estados Unidos y Europa, con los cuales Colombia tiene estrechos lazos comerciales, entre otros, tratados de libre comercio en proceso de implementación. A ello se podría llegar si Colombia adhiriera y ratificara la Convención Interamericana sobre Determinación de la Ley Aplicable a Contratos Internacionales y así tener soluciones similares a las adoptadas en Europa y en Estados Unidos. Aunque en América Latina ha habido esfuerzos por adoptar tratados de Derecho internacional privado que unifiquen las reglas de conflicto, estos han fracasado, lo que se demuestra con la poca aceptación que han tenido, reflejado en la no ratificación de la adhesión a ellos o en el nulo interés en adherirse a los mismos.
3. Mientras ello sucede en América, el mundo observa el surgimiento de un Derecho uniforme del comercio internacional que ha surgido para superar las falencias de las normas conflictuales. Los instrumentos que lo componen, sean de Hard Law o de Soft Law, gozan de gran aceptación no solo por la incorporación que de los mismos hacen los contratantes, sino también por los múltiples fallos, especialmente laudos arbitrales, dictados con fundamento en estos. Al igual que el caso de los Principios de Unidroit, para los contratos comerciales internacionales, que vienen sirviendo de fundamento para la modernización de las reglas de obligaciones y contratos, como quiera que varias leyes adoptadas en las últimas décadas en diferentes países del mundo se han inspirado en ellos.
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(1) Audit, Bernard, Droit International Privé, sixième édition avec le concours de Louis d´Avout, Economica. Paris, 2010, p. 4. Mayer, Pierre; Heuzé, Vincent, Droit International Privé, 10e édition. Paris: Montchrestien, L´extenso éditions, 2010, p. 2.
(2) Delgado Barreto, César; Delgado Menéndez, María Antonieta; Candela Sánchez, César Lincoln, Introducción al Derecho Internacional Privado. Tomo I. Conflicto de leyes-parte general. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo editorial, 2004, p. 42.
(3) Calvo Caravaca, Alfonso Luis; Carrascosa González, Javier, Derecho Internacional Privado, volumen 1, 12ª edición. Granada: Comares, 2011, p. 2.
(4) Tal como lo señalan Calvo; Carrascosa, ob. cit., p. 18. Cfr. Caicedo Castilla, José Joaquín, Derecho Internacional Privado, 5ª edición. Bogotá: Temis, 1960, p. 1.
(5) Caicedo Castilla, ob. cit., p. 7.
(6) Calvo Caravaca; Carrascosa González, ob. cit., p. 19.
(7) Calvo Caravaca; Carrascosa González, ob. cit., p. 18.
(8) Calvo Caravaca; Carrascosa González, ob. cit., p. 19.
(9) Hernández-Bretón, Eugenio. “La Convención de México —CIDIP V, 1994— como modelo para la actualización de los sistemas nacionales de contratación internacional en América Latina”, DeCITA, (9), 2008, p. 178.
(10) Puede verse un recuento de las entidades multilaterales, así como de los intentos y logros en la Codificación del Derecho Internacional Privado en Álvarez Londoño S. J., Luis Fernando; Galán Barrera, Diego Ricardo, Derecho Internacional Privado. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, 2001, pp. 101 a 126.
(11) Carrascosa González, Javier, La ley aplicable a los contratos internacionales: el Reglamento Roma I. Madrid: Colex, 2009, p. 32.
(12) Carrascosa González, ob. cit., p. 32. Frignani; Aldo; Torsello, Marco, “Il contratto internazionale, Diritto comparato e prassi commerciale”, en Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell´economia, diretto da Francesco Galgano, volume dodicesimo, seconda edizione. Padova: Cedam, 2010, pp. 53 a 58. Illescas Ortiz, Rafael; Perales Viscasillas, Pilar, Derecho mercantil internacional. El Derecho uniforme. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 2004, pp. 31 a 35. Rodríguez Fernández, Maximiliano, Introducción al Derecho Comercial Internacional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009, pp. 227 y sigs.
(13) Fernández Rozas, José Carlos, “Contratación comercial internacional”, en José Carlos Fernández Rozas; Rafael Arenas García; Pedro Alberto de Miguel Asensio, Derecho de los negocios internacionales, 3ª edición. Madrid: Iustel, 2011, págs. 62 a 64.
(14) Illescas Ortiz; Perales Viscasillas, ob. cit., pp. 31 a 32.
(15) Uno de los principales promotores de la unificación del Derecho fue el jurista alemán Ernst Rabel. Pueden verse los planteamientos del autor sobre las conveniencias de dotar al mundo de una legislación uniforme en Rabel, Ernst, “El fomento internacional del Derecho Privado”, en Revista de Derecho Privado, año XVIII, 218, —1931—, págs. 321 a 223 y “El fomento internacional del Derecho Privado —Conclusión—”, Revista de Derecho Privado (219), año XVIII, 1931, pp. 263 a 375.
(16) Campuzano Díaz, Beatriz, La repercusión del Convenio de Viena de 11 de abril de 1980 en el ámbito de la Compraventa internacional de mercaderías. Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2000, p. 23.
(17) Caicedo Castilla, ob. cit., p. 9. Campuzano Díaz, ob. cit., p. 23.
(18) Illescas Ortiz; Perales Viscasillas, ob. cit., p. 33.
(19) Jacquet; Delebecque; Corneloup, ob. cit., pp. 17 a 56.
(20) Fernández Rozas, José Carlos, Ius mercatorum. Autorregulación y unificación del Derecho de los negocios transnacionales. Madrid: Colegios Notariales de España, 2003, pp. 187 y s.s. En este punto, cabe precisar, que las reglas de la nueva lex mercatoria en ocasiones tendrán naturaleza consuetudinaria y en otras profesional, que devienen obligatorias por el hecho de su incorporación al contrato. Cfr. Olivencia, Manuel, “La Convención de las Naciones Unidas sobre los contraltos de compraventa internacional de mercaderías: antecedentes históricos y estado actual”, en Revista de Derecho Mercantil (201), 1991, p. 383.
(21) Marrella, Fabrizio, “La nuova lex mercatoria. Principio de Unidroit ed usi dei contratti del commercio internazionale”, en Tratatto di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell´economia, diretto da Francesco Galgano, volume trentesimo. Padova: Cedam, 2003, pp. 19 y ss.
(22) Fernández Rozas, ob. cit, p. 187.
(23) Así, Goldman, Berthord, “Frontières du droit et “lex mercatoria””, en Archives de philosophie du Droit. Le droit subjectif en question (n° 9), 1964, pp. 1772 y ss. Schmitthoff, Clive M., “International Business Law: A New Law Merchant”, en II Current Law and Social Problems (129), 1961, reproducido en Clive Schmitthoff’s Select Essays on International Trade Law, edited by Chia-Jui Cheng. The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers / Graham & Trotman, 1988, pp. 20 a 37.
(24) Galgano, Francesco, Lex mercatoria. Bologna: Il Mulino, 2001, p. 238.
(25) Galgano, ob. cit., p. 239. Galgano, Francesco; Marrella, Fabrizio, Diritto del commercio internazionale. Padova: Cedam, 2004, pp. 227 a 228.
(26) Cfr. Watson, Alan, Legal transplants. An approach to comparative law, 2nd edition. Georgia: University of Georgia, 1993, p. 21. Zweigert K.; Kötz H., An introduction to comparative law, translated by Tony Weir, 3rd edition. New York: Oxford, 1998, p. 17.
(27) Zweigert K.; Kötz H., ob. cit., pp. 24 y ss.
(28) Galgano; Marrella, ob. cit., p. 17 y ss. Jacquet; Delebecque; Corneloup, ob. cit., pp. 82 a 194.
(29) Fernández Rozas, ob. cit., p. 78.
(30) Perales Viscasillas, Maria del Pilar, “El Derecho uniforme del comercio internacional: Los Principios de Unidroit —Ámbito de aplicación y disposiciones generales—”, en Revista de Derecho Mercantil (n.º 223), 1997, pp. 221 a 297. Fernández Rozas, ob. cit., pp. 217 y ss.
(31) Fernández Rozas, ob. cit., p. 217.
(32) Parra Aranguren, Gonzalo, “Legislación uniforme sobre la compraventa internacional de mercaderías”, en Revista de la Facultad de Derecho Universidad Católica Andrés Bello (n.º 35), 1986, pp. 9 y ss.
(33) Fernández Rozas, ob. cit., p. 218. Entre otros instrumentos sobre los cuales ha trabajado el Instituto, están los siguientes: Convención de 1964 sobre Formación de los Contratos de Compraventa Internacional de Objetos Muebles Corporales —La Haya— y Convención de 1964 sobre Compraventa Internacional de Objetos Muebles Corporales —La Haya—. Convención Internacional de 1970 sobre el Contrato de Viaje —Bruselas—. Convención de 1973 que establece una ley uniforme sobre la forma de un testamento internacional —Washington—. Convención de 1983 sobre Representación en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías —Ginebra—. Convención de Unidroit de 1988 sobre Arrendamiento Financiero Internacional —Ottawa—. Convención de Unidroit de 1988 sobre Factoring Internacional —Ottawa—. Convención de Unidroit de 1995 sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente —Roma—. Convenio de 2001 relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil —Cuidad del Cabo—. Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico, del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil —Cuidad del Cabo—. Guía para los acuerdos principales de franquicia internacional —1998—. Ley modelo sobre divulgación de informaciones en materia de franquicia —2002—. Principios y reglas relativos al procedimiento civil transnacional. Principios para los contratos comerciales internacionales —1994, 2004 y 2010—.
(34) Bortolotti, Fabio, “The Unidroit Principles and the arbitral tribunals”, Uniform Law Review, 2000, p. 142.
(35) Hay varios casos en los que los tribunales han aplicado los Principios de Unidroit, por haber sido pactados expresamente por las partes como ley del contrato. Véase: Laudo arbitral —final— 8331, 1996, ICC International Commercial Arbitration Bulletin, vol. 10/n.° 2, Fall, 1999, pp. 65 a 68. Laudo arbitral 116, 20 de enero de 1997, International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=623&step=Abstract. Laudo arbitral, A- 1795/51, 1 de diciembre de 1996, Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=622&step=FullText. Laudo arbitral AdHoc, 21 de abril de 1997, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=651&step=Abstract. Laudo arbitral —final— 9479, 1999, ICC International Commercial Arbitration Bulletin, vol. 12/n.° 2, Fall, 2001, pp. 67 a 73. Laudo arbitral —final— 10114, 2000, ICC International Commercial Arbitration Bulletin, Vol. 12/n.° 2, Fall, pp. 100 a 102. Laudo arbitral 25 de enero de 2002, Arbitration Court of the Lausanne Chamber of Commerce and Industry, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&id=863&do=case. Laudo arbitral 17 de mayo de 2002, Arbitration Court of the Lausanne Chamber of Commerce and Industry, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=861&step=Abstract. Laudo arbitral, 31 de enero de 2003, Arbitration Court of the Laussanne Chamber of Commerce and Industry, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=862&step=Abstract.
(36) En este sentido véanse los siguientes casos: Laudo arbitral —parcial— 7110, 1995, 1998, ICC International Commercial Arbitration Bulletin, Vol. 10/n°2, Fall, 1999, pp. 39 a 57. Laudo arbitral 9474, 2000, ICC International Commercial Arbitration Bulletin, vol. 12/n.° 2, Fall, 2001, pp. 60 a 67. Laudo arbitral 9797, 2000, ICC International Commercial Arbitration Bulletin, vol. 12/n.° 2, Fall, 2001, pp. 88 a 95. Laudos arbitrales —parcial y final— 9875, 2000, ICC International Commercial Arbitration Bulletin, vol. 12/n.° 2, Fall, 2001, pp. 95 a 99. Laudo arbitral 12111, 2003, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=956&step=FullText. Laudo arbitral 12040, 2003, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1418&step=Abstract. Laudo arbitral 11849, 2003, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1159&step=FullText. Laudo arbitral, 134/200, 4 de abril de 2003, International Arbitration Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1196&step=FullText. Laudo arbitral 11880, 2004, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1427&step=FullText, consultada el 30 de junio de 2010. Laudo arbitral 13012, 2004, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1409&step=FullText. Laudo arbitral de 30 de noviembre de 2006, Centro de Arbitraje de México —CAM—, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1149&step=FullText. Laudo arbitral 147/2005, de 30 de enero de 2007, International Court of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1327&step=Abstract. Laudo arbitral, 2007, China International Economic and Trade Arbitration Commission, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1208&step=Abstract. Laudo arbitral 15089, 2008, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1440&step=Abstract. Laudo arbitral T-9 /0, 23 de enero de 2008, Foreign Trade Court of Arbitration Attached to the Serbian Chamber of Commerce, en http://www.unilex.info/case.cfm?pid=2&do=case&id=1442&step=FullText.
(37) Volders, Bart, “The Unidroit Principles of International Commercial Contracts and Ducth Law”, en The Unidroit Principles 2004. Their Impact on Contractual Practice, Jurisprudence and Codification, Reports of the ISDC Colloquium —8/9 June 2006—, Eleanor Cashin Ritaine; Eva Lein, (eds.), Swiss Institute of Comparative Law —ISDC—, Schulthess, Zurich, 2007, pp. 135 a 148.
(38) Komarov Alexander S., “The Unidroit Principles of international commercial contracts: a Russian View”, Uniform Law Review, 1996, pp. 247 a 254.
(39) Véase Danhan, Huang, “The Unidroit Principles and their influence in the modernization of contract law in the people’s Republic of China”, Uniform law review, 2003, passim. El autor hace una referencia detallada a normas de la ley china de contratos basadas en los Principios de Unidroit, en especial en materia de formación del contrato, validez, buena fe, interpretación del contrato, obligaciones implícitas, cláusulas estándar, responsabilidad por incumplimiento del contrato. Xi, Jing, “The impact of the Unidroit Principles on Chinese Legislation”, The Unidroit Principles 2004. Their Impact on Cotractual Practice, Jurisprudence and Codification, Reports of the ISDC Colloquium —8/9 June 2006—, ob. cit., pp. 107 a 118.
(40) Lando, Ole, “Salient features of the principles of European contract law: a comparison with the UCC”, Pace International Law Review (13), special edition, Fall, 2001, p. 341.
(41) Date-Bah, Samuel Kofi, “The Unidroit principles of international commercial contracts and the harmonization of the principles of commercial contracts in west and central Africa”, Uniform Law Review, 2004, pp. 269 a 273.
(42) Sobre cada una de estas funciones puede verse Marrella, Fabrizio, “Choice of law in third millennium arbitrations: the relevance of the Unidroit Principles of international commercial contracts”, Vanderbilt Journal of Transnational Law (36), 2003, pp. 1137-1187.
(43) Cfr. Resolución 2205 —XXI— de la Asamblea General. http://www.uncitral.org/
sp-index.htm.
(44) Resolución AG. UN 2102 —XX— de 20 de diciembre de 1965, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/007/40/IMG/NR000740.pdf?OpenElement.
(45) Los textos emanados de la labor de la CNUDMI/Uncitral entre los cuales se encuentra la Convención de 1980 sobre Compraventa Internacional, se relacionan con los siguientes temas: arbitraje y conciliación comercial internacional. Compraventa internacional de mercaderías y operaciones conexas. Garantías reales Insolvencia transfronteriza. Pagos internacionales. Transporte internacional de mercaderías. Comercio electrónico. Contratación pública. Los instrumentos que desarrollan los anteriores temas generales, son: en arbitraje: 2010. Reglamento de arbitraje de la CNUDMI, versión revisada en 2010. 2002. Ley Modelo de la CNUDMI sobre Conciliación Comercial Internacional. 1996. Notas de la CNUDMI sobre la organización del proceso arbitral. 1985. Ley modelo de la CNUDMI sobre arbitraje comercial internacional. 1982. Recomendaciones para ayudar a las instituciones arbitrales y otros órganos interesados en relación con los arbitrajes sometidos al reglamento de arbitraje de la CNUDMI. 1980. Reglamento de conciliación de la CNUDMI. 1976. Reglamento de arbitraje de la CNUDMI. 1958. Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras —Nueva York—. En materia de compraventa internacional y operaciones conexas: 1992. Guía jurídica de la CNUDMI sobre operaciones de comercio compensatorio internacional. 1983. Normas uniformes sobre cláusulas contractuales por las que se establece una suma convenida en razón de la falta de cumplimiento. 1980. Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. 1974. Convención sobre la Prescripción en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías. En materia de garantías reales: 2010. Guía legislativa de la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas. Suplemento relativo a las garantías reales sobre propiedad intelectual. 2007. Guía legislativa de la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas. 2001. Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional. En materia de insolvencia: 2011. Ley modelo de la CNUDMI sobre la insolvencia transfronteriza: la perspectiva judicial. 2010. Guía legislativa de la CNUDMI sobre el régimen de la insolvencia —parte III—: tratamiento de los grupos de empresas en situaciones de insolvencia. 2009. Guía de prácticas de la CNUDMI sobre cooperación en la insolvencia transfronteriza. 2004. Guía legislativa de la CNUDMI sobre el régimen de la insolvencia. 1997. Ley modelo de la CNUDMI sobre la insolvencia transfronteriza. En materia de pagos internacionales: 2001. Convención de la Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional. 1995. Convención de las Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente. 1992. Ley modelo de la CNUDMI sobre transferencias internacionales de crédito. 1988. Convención de las Naciones Unidas sobre Letras de Cambio Internacionales y Pagarés Internacionales. En materia de transporte internacional de mercancías: 2008.Convenio de las Naciones Unidas sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo - reglas de “Rotterdam”. 1991. Convención de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de los Empresarios de Terminales de Transporte en el Comercio Internacional. 1978. Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Marítimo de Mercancías - reglas de “Hamburgo”. En comercio electrónico: 2007. Fomento de la confianza en el comercio electrónico: cuestiones jurídicas de la utilización internacional de métodos de autenticación y firma electrónica. 2005. Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales. 2001. Ley modelo de la CNUDMI sobre las firmas electrónicas. 1996. Ley modelo de la CNUDMI sobre comercio electrónico. 1985. Recomendación sobre el valor jurídico de la documentación informática. En materia de contratación pública y desarrollo de la infraestructura. 2011. Ley modelo de la CNUDMI sobre la contratación pública. 2003.Disposiciones legales modelo sobre proyectos de infraestructura con financiación privada. 2000. Guía legislativa de la CNUDMI sobre proyectos de infraestructura con financiación privada. 1994 - Ley modelo de la CNUDMI sobre la contratación pública de bienes, obras y servicios. 1993 - Ley modelo de la CNUDMI sobre contratación pública de bienes y obras. 1987 - Guía jurídica de la CNUDMI para la redacción de contratos internacionales de construcción de instalaciones industriales.
(46) Ferrari, Franco (ed), The CISG and its Impact on National Legal Systems. Munich: Sellier, 2008, passim.
(47) Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 11 de julio de 2001, sobre Derecho contractual europeo [COM (2001) 398 final - Diario Oficial 255 de 13/9/2001].
(48) Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Un Derecho contractual más coherente. Plan de acción, 15 de marzo de 2003, DOC C 63, p. 11.
(49) Tal como se destaca en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Derecho Contractual europeo y revisión del acervo: perspectivas para el futuro, 11 de octubre de 2004, COM (2004), 651 final, p. 12, “El objetivo de los estudios preparatorios del MCR es identificar las mejores soluciones tomando en consideración el Derecho contractual de los Estados miembros —jurisprudencia y prácticas establecidas—, el acervo comunitario y los instrumentos internacionales pertinentes, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de 1980”.
(50) http://www.copecl.org.
(51) http://www.sgecc.net.
(52) http://www.acquis-group.org.
(53) http://www.restatement.info.
(54) http://www.henricapitant.org.
(55) http://www.legiscompare.com.
(56) http://www.notaires.fr/notaires/notaires.nsf.
(57) http://www.common-core.org.
(58) http://www.tilburguniversity.nl/tilec.
(59) http://www.jm.u-psd.fr/icd.
(60) http://www.era.int.
(61) Cfr. Le Mason, Didier, Les incoterms, en: La Convention de Vienne sur la vente internationale et les incoterms. Actes du colloque des 1er et 2 décembre 1989, Sous la direction de Yves Derains et de Jacques Ghestin. Paris: Centre de Droit Des Obligations de L´Université de Paris I, 1990, pp. 37 y ss.
(62) ICC eTerms 2004. A/CN.9/WG.IV/WP.113 - Cláusulas contractuales 2004 de la CCI para el comercio electrónico —ICC eTerms 2004—. Guía de la CCI para la contratación electrónica.

References: artículo 28
 artículo 29
 artículo 28
 Resolución 
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