Source: http://ww.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-305-10.htm
Timestamp: 2019-07-16 03:06:27+00:00

Document:
C-305-10
Sentencia C-305/10
Los términos en que debe realizarse el anuncio previo fueron resumidos en el Auto 311 de 2006, así: “i) no existe fórmula sacramental o frase textual que deba usarse en el Congreso para hacer el aviso; ii) el uso de la expresión “anuncio”, para referirse a los avisos de proyectos que serán “considerados” o “debatidos” en otras sesiones debe entenderse como inclusivo de la intención de votar dichos proyectos y, por tanto, de dar cumplimiento al requisito del artículo 160 constitucional; iii) que el contexto de las discusiones y los debates puede utilizarse como referencia de validación para determinar si un anuncio efectivamente se hizo, si el aviso hecho por la secretaría a solicitud de la presidencia incluía la intención de debatir y votar el proyecto anunciado y, finalmente, si la sesión para la cual se anunció la votación es una fecha determinable y, finalmente, iv) que el contexto del cual pueden extraerse los criterios de validación no se limita al de la sesión en que se hizo el anuncio, sino que puede incluir otras sesiones, incluyendo aquellas en que tuvo lugar la votación.” La Corte profundizó sobre el alcance de algunos requisitos en la sentencia C-533 de 2008 de la siguiente forma: “a) No atiende a una determinada fórmula sacramental: no es necesario emplear determinadas expresiones lingüísticas para realizar el aviso por cuanto lo relevante es que transmitan inequívocamente la intención de someter a votación un determinado proyecto. La Corte ha convalidado por ejemplo términos como: “anunciar”, “discutirán” y “aprobarán”. b) Determinación de la sesión futura en que tendrá lugar la votación del proyecto, pues, de lo contrario hace de aquél un anuncio no determinado ni determinable contrario a la exigencia constitucional: si bien la exigencia constitucional parte de que en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, no es necesario indicar la fecha exacta en que habrá de realizarse la votación siempre que sea determinable, por ejemplo, la Corte ha avalado expresiones como “próximo martes”, “próxima sesión”, “próxima semana”,“siguiente sesión” y “día de mañana”. c) Continuación de la cadena de anuncios por aplazamiento de la votación salvo que en sesión anterior a la aprobación hubiere sido anunciado: frente al aplazamiento indefinido de la votación debe continuarse la sucesión de anuncios a fin de evitar el rompimiento de la secuencia temporal del aviso, sin embargo, no se desconoce la exigencia constitucional cuando a pesar de presentarse dicha ruptura fue anunciado en la sesión inmediatamente anterior a la votación del proyecto. d) Cumplimiento de la exigencia constitucional cuando a pesar de no cumplirse la votación por su no realización en la fecha prevista finalmente ocurre la misma en la primera ocasión en que vuelve a sesionarse, es decir, en la próxima sesión, lo cual puede corroborarse atendiendo el orden sucesivo de las actas.”
Revisión de constitucionalidad del “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO”, y de la Ley 1347 del 31 de julio de 2009, por medio de la cual fue aprobado.
Bogotá, DC., veintiocho (28) de abril de dos mil diez (2010).
Dentro del proceso de revisión del “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO”, suscrito en París, Francia, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil siete (2007), y de la Ley 1347 de 2009, por medio de la cual fue aprobado.
1. Con base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio radicado en la Secretaría General de esta corporación el 11 de agosto de 2009 (Fl. 1 cuaderno principal), dentro del término Constitucional, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió copia autenticada de la Ley 1347 de 2009, para efectos de su revisión constitucional.
2. El Magistrado Sustanciador, mediante auto del 31 de agosto de 2009 (Fl. 14 cuaderno principal), avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas éstas se dispuso, mediante auto de veintidós (22) de septiembre de 2009 (Fl. 27 cuaderno principal) oficiar al Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República y al Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para que expidieran certificaciones relacionadas con el trámite legislativo de la ley aprobatoria del tratado.
ARTÍCULO 10. DISPOSICIONES FINANCIERAS.
Gladys Lucía Daza Monroy, en su condición de apoderada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, presentó escrito solicitando la constitucionalidad de la Ley 1347 del 31 de julio de 2009.
Específicamente, advierte que la creación del Centro Regional del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe contará con el respaldo del Ministerio que representa, así como con el apoyo del Instituto de Investigación y Desarrollo en abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico de la Universidad del Valle CINA y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Igualmente, afirmó que: “(…) el tema hídrico para los centros urbanos, es una circunstancia que debe ser objeto de intervención para la protección de fuentes de abastecimiento, manejo de aguas residuales y su descontaminación, el tema tarifario, las polémicas existentes con las empresas administradoras de acueducto y alcantarillado y la relación directa existente entre pobreza y acceso al agua, ponen de presente la necesidad de aportar en mayor medida desde la comunidad internacional y en este caso, con apoyo de la UNESCO, la ciencia y la investigación para tomar las decisiones de fondo en inversión y manejo de los recursos que aporten a la defensa de los intereses nacionales y latinoamericanos en materia de gestión de aguas.”
Adicionalmente, sobre el contenido material del Acuerdo manifestó que sus normas se enmarcan dentro de los mandatos constitucionales de la protección del medio ambiente (Arts. 79 y 80 de la C.P.), así como el deber de planificar el manejo de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Asimismo, proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Además, plantea que el Centro creado por el Acuerdo: “(…) concreta lo señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[1], al señalar que el derecho al agua: i) debe ser adecuado a la dignidad, la vida y la salud humana, ii) el agua debe tratarse como un bien social y cultural y no como un bien económico, iii) El ejercicio del derecho al agua debe ser de tal forma que sea sostenible tanto para las generaciones actuales como para las futuras.”
El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación del catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009)[2], firmada por la Coordinadora del Grupo Interno de Tratados, informó a esta Corporación que “(…)el 16 de julio de 2007 fueron conferidos los plenos poderes al Embajador Alterno en la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO-, Luis Guillermo Ángel Correa, para que en nombre del Gobierno Nacional suscribiera el Instrumento Internacional de la referencia”.
Al revisar el documento que anexa el Ministerio de Relaciones Exteriores[3] para acreditar el otorgamiento de plenos poderes en este caso, encuentra esta Corporación que se reunieron las formalidades requeridas para el ejercicio de la representación del Estado para la suscripción del “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO” Precisamente, el siguiente es el tenor literal del documento mediante el cual se confirieron dichos poderes:
2.2.1.1. El proyecto de ley correspondiente a la aprobación del “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO”, fue presentado al Congreso de la República el 6 de agosto de 2008, por el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Jaime Bermúdez Merizalde, y el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Dr. Juan Lozano Ramírez[4]. El texto del proyecto de ley y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso N° 524 del 12 de agosto de 2008[5].
2.2.1.2. La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por la senadora Cecilia López Montaño y fue publicada en la Gaceta del Congreso N° 626 del 11 de septiembre de 2008[6].
3. Proyecto de ley número 101 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (Unesco) relativo al establecimiento del centro regional sobre la gestión del agua en las zonas urbanas para América Latina y El Caribe, bajo los auspicios de la Unesco, firmado en París el 28 de septiembre de 2007[7].
Muchas gracias señor Secretario General, no habiendo más que tratar, declaramos terminada la sesión y se convoca para el día de mañana, miércoles 17 de septiembre a las 10 de la mañana, para los proyectos ya anunciados, muchas gracias.[8]”
En sesión celebrada por la Comisión Segunda del Senado, el 17 de septiembre de 2008, conforme con el Acta N° 11 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 331 del 19 de mayo de 2009, se advirtió:
“El señor Presidente, Manuel Ramiro Velásquez, informa:
(…) Estamos discutiendo el Proyecto de ley 101 del 2008, que tiene que ver con la Unesco, cuya coordinadora de ponentes es la honorable Senadora Cecilia López, recomendaría que aplacemos la aprobación de este proyecto, si bien la Senadora presentó ponencia afirmativa, lo aplazamos porque estamos definiendo claramente que todos los proyectos presentados por el Gobierno Nacional, los tiene que venir a sustentar y respaldar él mismo.[9]
Informa, no siendo más se levanta la sesión y se convoca para el martes a las 10:00 a.m.[10]”
1. Proyecto de ley número 101 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas, p ara la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) relativo al establecimiento del centro regional sobre la gestión del agua, en las zonas urbanas para América Latina y El Caribe, bajo los auspicios de la Unesco, firmado en París el 28 de septiembre de 2007[11].
(…) y convocados para mañana a las 10 de la mañana, con la agenda ya propuesta, muchas gracias[12].
Se aplaza el debate de la Unesco para no interrumpir al Ministro del Medio Ambiente que está en otra Comisión[13]
1. Proyecto de ley número 101 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) relativo al establecimiento del centro regional sobre la gestión del agua, en las zonas urbanas para América Latina y El Caribe, bajo los auspicios de la Unesco, firmado en París el 28 de septiembre de 2007.[14]”
En la sesión conjunta de las Comisiones Segunda del Senado y de la Cámara de Representantes, como consta en el Acta N° 01 del 30 de septiembre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso N° 330 del 19 de mayo de 2009, se evidencia lo siguiente:
Entonces les pido el favor que nos escuchen un momento para que quede reglamentariamente anunciados los proyectos, solo con el número del proyecto.[15]
En cuanto al anuncio de proyectos, siguiendo sus instrucciones señor Presidente, me permito informar que en el Orden del Día que se encuentra en los escritorios de los honorables Senadores y Representantes, se encuentra la información completa en cuanto a números, título, publicaciones, ponentes, autor y publicaciones de ponencias de los proyectos de ley. Se trata de los Proyectos de ley números 101 de 2008 Senado[16];
El señor Secretario, doctor Felipe Ortiz Marulanda, informa al señor Presidente, están hechos los anuncios de los proyectos de ley, en forma reglamentaria, para la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado[17]
Muchas gracias a todos, levantamos la sesión y se convoca a la Comisión Segunda del Senado para mañana a las 10:00 a. m.[18]”
El 7 de octubre de 2008, se llevó a cabo la siguiente sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República, según Acta N° 14 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 333 del 19 de mayo de 2009, en la que consta el aplazamiento del proyecto de ley por la ausencia del Ministro de Ambiente, así:
Informa a la Presidencia que ha sido aplazada la discusión del Proyecto de ley 101 de 2008 Senado. [19]
4. Proyecto de ley número 101 de 2008 Senado[20]
Da por terminada la sesión, convoca para mañana a las 10 de la mañana.[21]”
- Proyecto de ley número 101 de 2008 Senado[22]
Levantamos la sesión y convocamos para mañana a las 10:00 a. m.[23]”
El 15 de octubre de 2008, según Acta N° 16 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 448 del 8 de junio de 2009, el anuncio del proyecto, en la Comisión Segunda del Senado, se realizó de la siguiente forma:
“El señor Secretario informa a la Presidencia: Los proyectos del día de hoy deben volverse a anunciar para la próxima sesión. Siguiendo instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República. Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley, para la próxima sesión, de acuerdo al artículo 8º del Acto Legislativo número 01 de 2003, se anuncian además de los ya anunciado anteriormente.
- Proyecto de ley número 101 de 2008 Senado,
El señor Vicepresidente, Senador Jairo Clopatofsky Ghisays, informa que se levanta la sesión y se cita para el próximo martes 21 de octubre a las 9 de la mañana, muchas gracias a todos.[24]”
- Proyecto de Ley número 101 de 2008 Senado,[25]
Se cita a sesión informal para el día de mañana en el auditorio de la Policía Nacional a las 9:00 a. m. y para la aprobación de proyectos el siguiente miércoles y la audiencia pública para el próximo martes. [26]”
De acuerdo con la certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República[27], el Proyecto de Ley fue anunciado, la última vez, para su discusión y aprobación en primer debate en la sesión del 28 de octubre de 2008, según consta en el Acta N° 18 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 453 del 8 de junio de 2009[28]. Al revisar este documento puede verificarse el anunció, así:
2.2.1.4. De acuerdo con la citada certificación suscrita por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República[29], el proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 29 de octubre de 2008. Según consta en el Acta N° 19 de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso N° 454 de 2008[30], con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 12 de los 13 senadores que conforman esa Comisión.
2.2.1.5. La ponencia para segundo debate fue presentada por la senadora Cecilia López Montaño, y publicada en la Gaceta del Congreso N° 926 del 10 de diciembre de 2008[31].
2.2.1.6. Según certificación expedida el 3 de septiembre de 2009 por el Secretario General del Senado de la República[32] Emilio Otero Dajud, el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del 24 de marzo de 2009, según consta en el Acta de Plenaria N° 40 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 295 del 11 de mayo de 2009[33]. En el texto de la referida acta el anunció se realizó de la siguiente forma:
Siendo las 10:00 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 25 de marzo de 2009, a las 3:00 p. m.”
2.2.1.7. Según la certificación referida en el numeral anterior, el Proyecto de Ley fue considerado en segundo debate el 25 de marzo de 2009 con un quórum deliberatorio y decisorio de 92 senadores del total que conforman la Plenaria y aprobado por mayoría como consta en el Acta N° 41 de la misma fecha publicada en la Gaceta del Congreso N° 296 del 11 de mayo de 2009[34].
2.2.1.8. El texto definitivo del proyecto de ley 101 de 2008 Senado, aprobado en la plenaria del 25 de marzo de 2009, fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 189 del 3 de abril de 2009[35].
2.2.2.1. Radicado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes con el número 307 de 2009, se le repartió a la Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo designado como ponente el Representante a la Cámara Manuel José Vives Enríquez. El informe de ponencia fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 370 de 26 de mayo de 2009[36].
2.2.2.2. De acuerdo con la certificación allegada a esta Corporación, el 9 de octubre de 2009[37], por la Secretaría de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el proyecto fue anunciado, en sesión conjunta de la Comisión Segunda del Senado de la República y la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, celebrada el 26 de mayo de 2009, según el Acta N° 6 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 919 del 18 de septiembre de 2009[38], en cumplimiento del artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003. Según el texto de la referida acta el anunció se realizó de la siguiente forma:
Interviene el Presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Pedro Pablo Trujillo: para convocar a las 10:00 a. m. en sitio que se indicará durante el día de hoy en la Cámara de Representantes. Gracias.”[39]
2.2.2.3. El 2 de junio de 2008, se llevó a cabo la siguiente sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, según Acta N° 33 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 958 del 24 de septiembre de 2009[40]. En efecto, en la misma certificación a la que se hizo referencia en el numeral anterior, la Secretaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes hizo constar que, de acuerdo con el Acta N° 33 del 2 de junio de 2009[41], el proyecto de ley bajo estudio “fue aprobado por unanimidad con la asistencia de 18 Honorables Representantes en votación ordinaria”[42].
2.2.2.4. Para segundo debate la ponencia fue presentada por el representante Manuel José Vives Enríquez y fue publicada en la Gaceta del Congreso N° 424 del 4 de junio de 2009[43].
Para anunciar, los siguientes proyectos en cumplimiento del Acto Legislativo 01 de julio 3 de 200[44]3.
Proyecto de ley 307 de 2009 Cámara, 101 de 2008 Senado[45]
Los proyectos anunciados señor Presidente lo fueron para la sesión del lunes 15 de junio o para la próxima sesión en la que se debatan proyectos de ley o de acto legislativo. Para esa fecha fueron anunciados. Se les recuerda a los honorables Representantes que de acuerdo al reglamento todos los días son hábiles para legislar.[46]
Se levanta la sesión y se convoca para el lunes a las 4 de la tarde. [47]”
Se anuncian los siguientes proyectos para la sesión Plenaria del día 16 de junio o para la siguiente sesión Plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 01 de julio 3 de 2003.[48]
Proyecto de ley número 307 de 2009 Cámara, 101 de 2008 Senado[49]”
Sí señor Presidente. Se anuncian los proyectos para el día 17 de junio de 2009 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyecto de ley o actos legislativos[50].
Proyecto de ley 307 de 2009 Cámara, 101 de 2008 Senado[51]”
Según certificación expedida por la Secretario General (E) de la Cámara de Representantes[52], en sesión del 17 de junio de 2009 se anunció la discusión y aprobación del proyecto de ley objeto de estudio, tal como quedó consignado en el Acta de Plenaria N° 188 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 840 del 3 septiembre de 2009[53]. Revisada el acta de esta sesión, se encuentra que el anuncio de que trata el artículo 160 C.P. se realizó del siguiente modo:
Finalizada la sesión, fue convocada nuevamente la Plenaria así “Se levanta la sesión y se cita para mañana a la una de la tarde”[54].
2.2.2.6. Según la certificación referida en el numeral anterior, el proyecto de ley fue considerado y aprobado por la mayoría requerida el 18 de junio de 2009 con asistencia de ciento cincuenta y tres (153) representantes[55], como lo acredita el Acta de Plenaria N° 189 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 861 del 8 de septiembre de 2009[56]. La Secretaría General (E) de la Cámara de Representantes precisó que la anterior información consta “en el registro electrónico y manual remitido por la Subsecretaria General de la Corporación mediante oficio SbSg. 2.1-0579-09”[57]
La Corte ha precisado que la expresión del artículo 162 de la Constitución según la cual “Ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”, debe entenderse en el sentido de que el Congreso cuenta con cuatro períodos de sesiones ordinarias para llevar a cabo los debates requeridos para la formación de la ley[58].
En este caso se observa que, luego de radicado el proyecto de ley el 6 de agosto de 2008, se surtió el primer debate en el Senado el 29 de octubre de 2008, y el último debate en plenaria de Cámara se llevó a cabo el 18 de junio de 2009. Esto, permite afirmar que el proyecto inició y finalizó su trámite en la legislatura comprendida entre el 20 de julio de 2008 y el 20 de junio de 2009. Por lo tanto, se cumplió a cabalidad con el mencionado requisito constitucional pues el proyecto de ley 101 de 2008 Senado, 307 de 2009 Cámara fue aprobado en una sola legislatura.
En el presente caso se tiene que el primer debate en el Senado tuvo lugar el 29 de octubre de 2008 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 25 de marzo de 2009, es decir, que transcurrieron más de cuatro meses entre los debates realizados por el Senado de la República. Igualmente, entre el tercer y cuarto debate en la Cámara de Representantes mediaron más de ocho días, puesto que el primero de ellos se celebró el 2 de junio de 2009, y la plenaria se llevó a cabo el 18 de junio de 2009. Además, entre la aprobación del Proyecto en el Senado, realizada el 25 de marzo de 2009, y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes, efectuada el 2 de junio de 2009, corrió un lapso superior a quince días.
En cuanto al inciso final del artículo 160 de la C.P., es preciso revisar la cadena de anuncios con el propósito de verificar que el proyecto de ley haya sido anunciado en una sesión distinta a aquella en la cual se votó. Esto, en consideración a la petición del Ministerio Público de declarar inexequible el instrumento internacional objeto de estudio, porque en su concepto, “(…) el proyecto fue anunciado para ser discutido y aprobado por la Comisión Segunda del Senado de la República el 1 y 8 de octubre de 2009, pero se realizó el 07 y 14 de los mismo y el 21 de octubre de esa anualidad anuncian el proyecto para ser debatido el 29 de los mismos, omitiendo el 28 de octubre fecha en la (sic) se anunció el citado proyecto.” Al respecto, enfatizó que este vicio en la cadena de anuncios es insubsanable, toda vez que aconteció en el primer debate que debía surtirse en la Comisión Segunda del Senado, es decir, en la cámara de origen cuando aún no había expresado válidamente su voluntad.
En síntesis, la Procuraduría General de la Nación encuentra tres eventos que a su juicio configuran el rompimiento de la cadena de anuncios durante el trámite en la Comisión Segunda del Senado:
(i) En la sesión del 30 de septiembre de 2008 se anunció para votación el proyecto de ley con las siguientes expresiones: a) “queremos anunciar proyectos para el día de mañana”; b) “El señor Secretario, doctor Felipe Ortiz Marulanda, informa al señor Presidente, están hechos los anuncios de los proyectos de ley, en forma reglamentaria, para la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado”; y c) “se convoca a la Comisión Segunda del Senado para mañana a las 10:00 a.m.”. Sin embargo, el 1º de octubre de 2008, la Comisión Segunda no se reunió sino que la sesión se llevó a cabo el 7 de octubre de 2008.
(ii) En la sesión del 7 de octubre de 2008, al momento de hacer el anuncio se convocó para el 8 de octubre de 2008, con el uso de las siguientes afirmaciones: “anuncio de proyectos para la próxima sesión” y “convoca para mañana a las 10 de la mañana”. No obstante, ese día la Comisión Segunda tampoco se reunió sino que la sesión se realizó hasta el 14 de octubre de 2008.
(iii) En la sesión del 21 de octubre de 2008 se anunció la votación del proyecto de ley para el 29 de octubre de 2008, omitiéndose la sesión celebrada el 28 de octubre de 2008.
El objetivo del anuncio ha sido descrito por este Tribunal a partir de la “relación estrecha con la eficacia del principio democrático. En ese sentido, la Corte ha resaltado que lo que se pretende con esta condición del trámite legislativo es que los congresistas conozcan con la debida antelación el momento en que las iniciativas se someterán a consideración de las cámaras, evitándose con ello que sean sorprendidos por votaciones intempestivas.[59] Así, no se está ante un simple requisito formal, sino ante una condición de racionalidad mínima del trabajo legislativo y de transparencia en el procedimiento de creación de la ley.”[60]. De esta manera, se informa con antelación a los congresistas los proyectos que podrían ser aprobados en la siguiente sesión, lo que evita que sean sorprendidos con la votación de los mismos.
Igualmente, los términos en que debe realizarse el anuncio previo fueron resumidos en el Auto 311 de 2006, así: “i) no existe fórmula sacramental o frase textual que deba usarse en el Congreso para hacer el aviso; ii) el uso de la expresión “anuncio”, para referirse a los avisos de proyectos que serán “considerados” o “debatidos” en otras sesiones debe entenderse como inclusivo de la intención de votar dichos proyectos y, por tanto, de dar cumplimiento al requisito del artículo 160 constitucional; iii) que el contexto de las discusiones y los debates puede utilizarse como referencia de validación para determinar si un anuncio efectivamente se hizo, si el aviso hecho por la secretaría a solicitud de la presidencia incluía la intención de debatir y votar el proyecto anunciado y, finalmente, si la sesión para la cual se anunció la votación es una fecha determinable y, finalmente, iv) que el contexto del cual pueden extraerse los criterios de validación no se limita al de la sesión en que se hizo el anuncio, sino que puede incluir otras sesiones, incluyendo aquellas en que tuvo lugar la votación.”[61]
Adicionalmente, luego de un estudio sistemático de las sentencias que trataban el tema de los anuncios[62], la Corte profundizó sobre el alcance de algunos de estos requisitos en la sentencia C-533 de 2008 de la siguiente forma:
“a) No atiende a una determinada fórmula sacramental: no es necesario emplear determinadas expresiones lingüísticas para realizar el aviso por cuanto lo relevante es que transmitan inequívocamente la intención de someter a votación un determinado proyecto. La Corte ha convalidado por ejemplo términos como: “anunciar”, “discutirán” y “aprobarán”.
d) Cumplimiento de la exigencia constitucional cuando a pesar de no cumplirse la votación por su no realización en la fecha prevista finalmente ocurre la misma en la primera ocasión en que vuelve a sesionarse, es decir, en la próxima sesión, lo cual puede corroborarse atendiendo el orden sucesivo de las actas.”
En el mismo sentido, la sentencia C-011 de 2010 reiteró que pese a que tanto en la Comisión Segunda como en la Plenaria del Senado se hubiera anunciado el proyecto de ley para un día determinado, sin que en esa fecha hubiere tenido lugar la sesión correspondiente, no se “rompía” la cadena de anuncios. Esto, debido a que se había utilizado la fórmula de la “próxima sesión”, lo cual permitía verificar, mediante el consecutivo de actas, que efectivamente en la siguiente sesión de la comisión o la plenaria el proyecto de ley había sido considerado bien para un nuevo anuncio o para su aprobación.
En concreto, la sentencia aludida advirtió: “Así las cosas, encuentra la Sala Plena que en el trámite legislativo en el Senado (a) el anuncio lo hicieron tanto el Secretario de la Comisión como de la Plenaria, por instrucciones de las respectivas Presidencias; (b) en ambos casos se señaló expresamente para qué asunto estaban siendo convocados los congresistas. Además, según ha señalado esta Corporación, (c) el anuncio para la votación de un proyecto de ley, debe hacerse para una sesión posterior a aquella en la que se hace el anuncio, siempre y cuando se convoque para (…) una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”. En el caso bajo estudio, la Comisión Segunda del Senado señaló las fechas en las cuales tendría lugar la votación del Proyecto de Ley 145 de 2007 Senado, por lo cual, tanto para los miembros de la Comisión Segunda del Senado, como para los integrantes de la Plenaria, siempre fue claro cuándo sería discutido y votado el proyecto, porque a pesar de que en algunas sesiones se convocó para una fecha determinada, también se mantuvo la fórmula de la “próxima sesión” en cada uno de los anuncios, de tal manera que los senadores siempre tuvieron certeza suficiente acerca del momento en se que llevarían a cabo las discusiones y las votaciones del Proyecto, que en últimas es lo que se protege con la exigencia del anuncio. En ese orden de ideas, (d) no se rompió la cadena de anuncios, desde la fecha del primer anuncio hasta la fecha en que fue discutido y aprobado el proyecto de ley.”
Bajo los precedentes presentados, corresponde a la Sala realizar el análisis de cada uno de los eventos que en concepto del Ministerio Público desconocen el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política.
A. La sesión convocada para el 1º de octubre de 2008. En la sesión del 30 de septiembre de 2008 se anunció para votación el proyecto de ley con las siguientes expresiones: a) “queremos anunciar proyectos para el día de mañana”; b) “El señor Secretario, doctor Felipe Ortiz Marulanda, informa al señor Presidente, están hechos los anuncios de los proyectos de ley, en forma reglamentaria, para la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado”; y c) “se convoca a la Comisión Segunda del Senado para mañana a las 10:00 a.m.”. De lo anterior se infiere que la convocatoria se estaba realizando para el 1º de octubre de 2008. Sin embargo, el 1º de octubre de 2008, la Comisión Segunda no se reunió sino que la siguiente sesión se llevó a cabo el 7 de octubre de 2008.
En tanto, no existe una fórmula sacramental para cumplir con lo ordenado por el inciso final del articulo 160 de la C.P., el empleo de los términos “anunciar” y “anuncios”, así como el contexto en que aparecen inscritos los términos permite inferir que se trata de dar a conocer en sesión previa, a los parlamentarios, los proyectos que serán discutidos y eventualmente aprobados en la siguiente sesión. Si bien la convocatoria se hace expresamente, en dos oportunidades, para “mañana”, lo cierto es que del consecutivo de actas se puede deducir que entre la sesión celebrada el 30 de septiembre de 2008 y la llevada a cabo el 7 de octubre de 2008, la Comisión Primera del Senado no sesionó. De ahí que cobre relevancia la expresión utilizada por el Secretario, en el sentido de que: “están hechos los anuncios de los proyectos de ley, en forma reglamentaria, para la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado”(negrillas fuera del texto original).
En tanto, no existe una fórmula sacramental para cumplir con lo ordenado por el inciso final del articulo 160 de la C.P., el empleo de la afirmación “anuncio de proyectos”, así como el contexto en que aparecen inscrita la expresión permite inferir que se trata de dar a conocer en sesión previa, a los parlamentarios, los proyectos que serán discutidos y eventualmente aprobados en la siguiente sesión. Si bien la convocatoria se hace expresamente para “mañana”, lo cierto es que del consecutivo de actas se puede deducir que entre la sesión celebrada el 7 de octubre de 2008 y la llevada a cabo el 14 de octubre de 2008, la Comisión Primera del Senado no sesionó.
En suma, para los eventos A y B, como lo ha reconocido la Corte, el hecho de señalar una fecha determinada para la realización de una sesión parlamentaria sin que está tenga lugar en ese día, no rompe la cadena de anuncios siempre que, como en este caso, se pueda verificar, de una parte, que se utilizaron expresiones relacionadas con la “próxima sesión”, y de otra, que no se celebró ninguna sesión entre la que realizó el anuncio y la que retomó el asunto con un nuevo anuncio o con el debate del proyecto[63].
Para resolver este cuestionamiento del Ministerio Público, basta señalar que si bien en la sesión del 21 de octubre en la Comisión Segunda del Senado se realizó el anuncio del proyecto objeto de estudio para el 29 de octubre, lo cierto es que en la sesión del 28 de octubre se repitió el anuncio de proyectos[64].
- Proyecto de Ley número 101 de 2008 Senado,[65]
Se cita a sesión informal para el día de mañana en el auditorio de la Policía Nacional a las 9:00 a. m. y para la aprobación de proyectos el siguiente miércoles y la audiencia pública para el próximo martes. [66]” (subrayas fuera del texto original)
De acuerdo con la certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República[67], el Proyecto de Ley fue anunciado, la última vez, para su discusión y aprobación en primer debate en la sesión del 28 de octubre de 2008, según consta en el Acta N° 18 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 453 del 8 de junio de 2009[68]. Al revisar este documento puede verificarse el anunció, así:
En consecuencia, observa la Corte que la secuencia de anuncios se surtió conforme a la doctrina constitucional. No obstante, considera necesario reiterar “la importancia que tiene la rigurosidad del anuncio para efectos de garantizar la integridad del trámite legislativo”[69] ya que “en la medida en que el rigor en la realización y el cumplimiento del anuncio se desvanecen, de manera inversamente proporcional, aumentan las posibilidades de que exista un vicio de constitucionalidad en un proyecto de ley”[70].
El 31 de julio de 2009, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 1347 de 2009. Esta Ley fue remitida para su estudio a la Corte Constitucional el 11 de agosto de 2009, a través de oficio suscrito por el Secretario Jurídico de la Presidencia[71]. Esto es, dentro del término de seis días dispuesto por el artículo 241-10 de la Constitución.
El artículo 3 determina la calidad del Centro Regional como una “entidad autónoma al servicio de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Unesco que deseen cooperar con él, debido al interés que prestan a sus objetivos.” Este artículo también se ocupa de especificar que los Estados de la Región, Miembros y Miembros Asociados de la UNESCO que deseen participar en el centro deberán hacerlo a través de los Comités Locales del PHI o sus respectivos puntos focales.
Los artículos 4 y 5 señalan que la naturaleza jurídica del Centro Regional debe corresponder a la legislación nacional de tal forma que se cuente con “la capacidad jurídica necesaria para ejercer sus funciones, contratar, recibir subvenciones, actuar en justicia, percibir remuneraciones por servicios prestados y adquirir cualquier bien, servicio u otro medio que necesite”; se establezca un estatuto jurídico que atribuya tal capacidad al centro; y exista “una estructura de dirección del Centro que permita a la Unesco estar representada en su órgano rector.”
Así, el artículo 6 es fundamental en el Acuerdo porque describe las actividades del Centro Regional, especificando las áreas de investigación, apoyo e interés, así como la cooperación, capacitación y asesoría técnica y científica que prestará tanto a los países de América Latina y el Caribe como a los demás Estados Miembros y Miembros Asociados de la UNESCO en materia de recursos hídricos en zonas urbanas.
Los artículos 7, 8 y 9 definen la organización administrativa del Centro Regional puesto que disponen la existencia de un Consejo de Administración que deberá supervisar el funcionamiento del centro. De este Consejo deberá hacer parte el Viceministro de Ambiente del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Igualmente, se estipula la creación de una Secretaría y un Director del Centro, nombrado por el Presidente del Consejo de Administración, los cuales deben garantizar el funcionamiento del Centro Regional mediante la dirección, coordinación de programas, presupuestos y demás labores que demande el cumplimiento de los objetivos y funciones del mismo.
El artículo 10 del Acuerdo señala que el Centro Regional financiará sus gastos de administración, y en adición, recibirá recursos provenientes de “los Estados Miembros de la UNESCO, de Organizaciones Intergubernamentales o No Gubernamentales y de las remuneraciones por los servicios que el Centro preste”. También, “podrá recibir donaciones y legados con la aprobación del Consejo de Administración” sin que ello comprometa su misión social u objetivos.
Los artículos 11 y 12 hacen referencia a las contribuciones del Gobierno y la UNESCO al Centro Regional, respectivamente. El Gobierno se obliga a tomar las “medidas necesarias para que el Centro reciba suficientes recursos financieros para su funcionamiento”, mientras la UNESCO aportará ayuda en forma de asistencia técnica y/o contribución financiera a proyectos; prestará apoyo técnico en la creación y funcionamiento del Centro; promoverá y facilitará la capacitación de los funcionarios y miembros del personal; subcontratará con el centro la ejecución de actividades propias de su objeto; participará cuando convenga en las reuniones científicas, técnicas o de formación que organice el Centro, entre otras.
El artículo 13 establece que “Los privilegios e inmunidades se darían, cuando las circunstancias lo ameriten, en el marco del Acuerdo Básico revisado entre Colombia, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Mundial de la Salud, firmado el 7 de diciembre de 1954”.
El artículo 14 dispone que la UNESCO no tiene responsabilidad jurídica ni obligación alguna con el Centro, salvo las previstas de manera expresa en el Acuerdo.
En el artículo 15 se relacionan las condiciones para que la UNESCO evalúe el cumplimiento de los objetivos y las actividades adelantadas por el Centro Regional.
El artículo 19 se refiere al derecho de las partes a denunciar de manera unilateral el Acuerdo, previa notificación a la otra parte. La denuncia se hace efectiva noventa días después de recibida la notificación.
Por último, en el artículo 20 se encuentran estipuladas las situaciones en que el presente convenio podrá ser revisado, siempre y cuando así lo consideren el Gobierno de Colombia y la UNESCO.
En suma, el Acuerdo objeto de control pretende el establecimiento de un Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe. Esto significa, en términos de las funciones del Centro Regional, la promoción de procesos de investigación participativos, el fortalecimiento del intercambio y transferencia de tecnología, la generación de mecanismos de intercambio de información en ciencia y tecnología en los países de la región sobre recursos hídricos en zonas urbanas.
El Acuerdo se armoniza con lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, en cuanto le asigna al Estado el deber proteger la integridad del ambiente y la planificación en el manejo y aprovechamiento de recursos naturales.
Sobre el punto la Corte ha precisado: “Colombia es un Estado organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales (artículo 1º C.P.), el Capítulo 3 del Título II de la Carta Política está dedicado a los derechos colectivos y del ambiente, en especial los artículos 79 y 80, cuya consagración fue motivada, entre otros, en la necesidad de “avanzar hacia un modelo de desarrollo que vaya de la mano de una política ambiental y de la participación comunitaria, para lo cual es necesario sentar las bases constitucionales que garanticen un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado para el bienestar social y económico de las generaciones presentes y futuras[72], una clara comprensión de la importancia de esos recursos para el país; de la integridad de su atención a una amplia escala y bajo la dirección nacional; de la necesidad de la actuación del Estado en la gestión ambiental en términos de jerarquización y asignación presupuestal: de la importancia de la participación ciudadana en la preservación del ambiente y de la necesidad de educación en este campo a todo nivel[73].
Es pues a la luz de esos derechos cuya garantía corresponde al Estado (artículo 2 C.P.) que éste debe y facilitar, sobre una base sostenible, el acceso al agua, como derecho fundamental que es por conexión con la vida y como parte del patrimonio común de la humanidad, entendiendo por sostenible la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender las suyas. Esto incluye los conceptos de equidad intergeneracional e intrageneracional[74], relativo el primero a las obligaciones de cada generación de cooperar, en el espacio-tiempo histórico que le corresponde, para la solución de los problemas de deterioro ambiental, y el segundo a los deberes que cada generación tiene con las que han de sucederle de preservar los recursos que habrán de permitirle una vida digna en el planeta tierra.
Esta concepción impone deberes a los poderes públicos respecto de la preservación y permanencia de los recursos hídricos.”[75]
Por consiguiente, teniendo en cuenta que el propósito estructural del Centro Regional es contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos en zonas urbanas, es preciso concluir que los artículos del Acuerdo se ajustan a las normas constitucionales. De hecho, las actividades del Centro Regional, están orientadas a las áreas de investigación, apoyo e interés, así como la cooperación, capacitación y asesoría técnica y científica que prestará tanto a los países de América Latina y el Caribe como a los demás Estados Miembros y Miembros Asociados de la UNESCO en materia de recursos hídricos en zonas urbanas.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO”, suscrito en París, Francia, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil siete (2007)”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1347 de 2009, por medio de la cual se aprobó el “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO”.
[1] Observación 15 de 2002.
[2] Cfr. Folio 24 del cuaderno principal.
[3] Cfr. Folio 25 del cuaderno principal.
[4] Cfr. Folio 189 del cuaderno de pruebas 2.
[5] Cfr. Folios 3-9 del cuaderno de pruebas 1.
[6] Cfr. Folios 31-33 del cuaderno de pruebas 1.
[7] Cfr. Página 3 de la Gaceta del Congreso N° 289 de 2009.
[8] Cfr. Página 16 de la Gaceta del Congreso N° 289 de 2009.
[9] Cfr. Página 5 de la Gaceta del Congreso N° 331 de 2009.
[10] Cfr. Página 25 de la Gaceta del Congreso N° 331 de 2009.
[11] Cfr. Página 36 de la Gaceta del Congreso N° 331 de 2009.
[12] Cfr. Página 39 de la Gaceta del Congreso N° 331 de 2009.
[13] Cfr. Página 7 de la Gaceta del Congreso N° 332 de 2009.
[14] Cfr. Página 40 de la Gaceta del Congreso N° 332 de 2009.
[15] Cfr. Página 2 de la Gaceta del Congreso N° 330 de 2009.
[16] Cfr. Página 3 de la Gaceta del Congreso N° 330 de 2009.
[17] Cfr. Página 4 de la Gaceta del Congreso N° 330 de 2009.
[18] Cfr. Página 30 de la Gaceta del Congreso N° 330 de 2009.
[19] Cfr. Página 19 de la Gaceta del Congreso N° 333 de 2009.
[20] Cfr. Páginas 23 y 24 de la Gaceta del Congreso N° 333 de 2009
[21] Cfr. Página 25 de la Gaceta del Congreso N° 333 de 2009
[22] Cfr. Página 4 de la Gaceta del Congreso N° 334 de 2009
[23] Cfr. Página 24 de la Gaceta del Congreso N° 334 de 2009
[24] Cfr. Página 16 de la Gaceta del Congreso N° 448 de 2009
[25] Cfr. Página 25 de la Gaceta del Congreso N° 452 de 2009
[26] Cfr. Página 26 de la Gaceta del Congreso N° 452 de 2009.
[27] Cfr. Folio 1-2 del cuaderno de pruebas 1.
[28] Cfr. Folios 45-46 del cuaderno de pruebas 1.
[30] Cfr. Folios 99 y ss del cuaderno de pruebas 1.
[31] Cfr. Folios 265-267 del cuaderno de pruebas 2.
[32] Cfr. Folios 1-2 del cuaderno de pruebas 2.
[33] Cfr. Folios 358-359 del cuaderno de pruebas 2.
[34] Cfr. Folios 376, 385-386 del cuaderno de pruebas 2.
[35] Cfr. Folio 459 del cuaderno de pruebas 2.
[36] Cfr. Folios 73-76 del cuaderno de pruebas 3.
[37] Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas 3.
[38] Cfr. Folio 44 del cuaderno de pruebas 3.
[39] Según el concepto de la Procuraduría General de la Nación: “Dentro de las pruebas aportadas en el proyecto de ley objeto de estudio se encuentra que el 28 de mayo de 2009, la Secretaría General de la Comisión Segunda de la Cámara informa a los H. Representantes de la Comisión que la siguiente sesión está prevista para el 02 de junio de 2009” Ver folio 85 del cuaderno principal.
[40] Cfr. Folio 2 del cuaderno de pruebas 3.
[41] Cfr. Folios 21-23 del cuaderno de pruebas 3.
[42] Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas 3.
[43] Cfr. Folios 58-61 del cuaderno de pruebas 3.
[44] Cfr. Página 80 de la Gaceta del Congreso N° 731 de 2009.
[45] Cfr. Página 85 de la Gaceta del Congreso N° 731 de 2009.
[46] Cfr. Página 95 de la Gaceta del Congreso N° 731 de 2009.
[47] Cfr. Página 96 de la Gaceta del Congreso N° 731 de 2009.
[48] Cfr. Página 61 de la Gaceta del Congreso N° 754 de 2009.
[49] Cfr. Página 62 de la Gaceta del Congreso N° 754 de 2009.
[50] Cfr. Página 87 de la Gaceta del Congreso N° 1019 de 2009.
[51] Cfr. Página 88 de la Gaceta del Congreso N° 1019 de 2009.
[52] Cfr. Folio 2 del cuaderno de pruebas 4.
[53] Cfr. Folios 116-118 del cuaderno de pruebas 5.
[54] Cfr. Folio 120 del cuaderno de pruebas 5.
[55] Cfr. Folio 2 del cuaderno de pruebas 4.
[56] Cfr. Folios 220-221 del cuaderno de pruebas 5.
[57] Cfr. Folio 2 del cuaderno de pruebas 4.
[58] Cfr. entre otras, C-086/04.
[59] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-533/04.
[60] Auto 081 de 2008.
[61]Auto 311 de 2006.
[62] En esa oportunidad el recuento jurisprudencial incluyó: Sentencias C-927 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-718 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C-502 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V. Jaime Araujo Rentería; C-309 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, S.V. Jaime Araujo Rentería, S.V. Humberto Antonio Sierra Porto; C-933 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-864 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, S.V. Jaime Araujo Rentería; C-863 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, S.V. Jaime Araujo Rentería; C-649 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, A.V. Jaime Araujo Rentería; C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, S.P.V. Jaime Araujo Rentería; C-337 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, S.V. Jaime Araujo Rentería; C-322 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, S.V. Jaime Araujo Rentería y S.V. Alfredo Beltrán Sierra; C-276 de 2006, Ms.Ps. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra, S.V. Jaime Araujo Rentería, S.V. Alfredo Beltrán Sierra y S.V. Humberto Antonio Sierra Porto; C-241 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1040 de 2005, Ms. Ps. Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, S.V. Jaime Araujo Rentería, S.V. Alfredo Beltrán Sierra, S.V. Jaime Córdoba Triviño, SPV y AV. Humberto Antonio Sierra Porto; y C-780 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Jaime Araujo Rentería, S.V. Alfredo Beltrán Sierra y S.P.V. Rodrigo Uprimny Yepes. También ver autos de Sala Plena Nos. 232 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Jaime Araujo Rentería; 145 de 2007, M.P. Nilsón Pinilla Pinilla; 119 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil, S.V. Jaime Araujo Rentería; 053 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, S.V. Jaime Araujo Rentería; y 311 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, S.V. Humberto Antonio Sierra Porto, S.V. Clara Inés Vargas Hernández.
[63] Al respecto pueden consultarse, entre otras, las sentencias, C-780 de 2004, C-473 de 2005, C-309 de 2007 y C-502 de 2007.
[64] Si bien en este caso se repitió el anuncio en la sesión intermedia, la Corte ha avalado el anuncio para una fecha posterior a la siguiente sesión, siempre que aquella se determine de forma expresa. Esto, comoquiera que el requisito constitucional estudiado se cumple cuando los congresistas conocen con anterioridad el día en que se someterá a aprobación determinado proyecto. Al respecto, ver sentencia C-830 de 2007, en esa oportunidad la Corte admitió que se había realizado una distinción expresa entre la sesión para la cual se anunciaba la discusión y votación de los proyectos (4 de septiembre de 2007) y la sesión plenaria siguiente, dedicada al control político y celebrada el 29 de septiembre de 2007. Por consiguiente concluyó que había certeza sobre fecha del anuncio en cumplimiento de lo previsto en el artículo 160 C.P.
[65] Cfr. Página 25 de la Gaceta del Congreso N° 452 de 2009
[66] Cfr. Página 26 de la Gaceta del Congreso N° 452 de 2009.
[67] Cfr. Folio 1-2 del cuaderno de pruebas 1.
[68] Cfr. Folios 45-46 del cuaderno de pruebas 1.
[69] Sentencia C-011 de 2010.
[71] Cfr. Folios 1 y 2 del cuaderno principal.
[72] Pewrry Guillermo, Serpa Horacio, Verano Eduardo, “Proyecto de acto reformatorio de la C.N., Nº 62!, Exposición de Motivos, Gaceta Constitucional Nº 22.
[73] Lemos S., Carlos, “Proyecto de acto legislativo Nº 45”, Exposición de Motivos, Gaceta Constitucional Nº 21
[74] Gupta Joyeeta y Leenderste Kees Legal Reform for Integrated Water Resources Management – A Multi-level, Dynamic Approach to Water LaW and Policy- en “Incorporación de los principios de gestión integrados de recursos hídricos en los marcos legales de América Latina” Bogotá D.C., Universidad Externado de Colombia, 2005
[75] Sentencia C-509 de 2008.

References: artículo 160
e contrario
 artículo 241

ARTÍCULO 10
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 162
 artículo 160
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 artículo 241
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