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Timestamp: 2018-10-16 08:36:57+00:00

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﻿ SENTENCIA T-564 DE OCTUBRE 18 DE 2016
SENTENCIA T-564 DE 18 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:VINCULATORIEDAD Y OBLIGACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO DE CUMPLIR ÓRDENES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMA DEL CONFLICTO. SE PRECISA QUE LA OBLIGATORIEDAD DE LOS FALLOS SE DERIVA DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 68.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EL CUAL ESTIPULA QUE “LOS ESTADOS PARTE EN LA CONVENCIÓN SE COMPROMETEN A CUMPLIR LA DECISIÓN DE LA CORTE EN TODO CASO EN QUE SEAN PARTES”, Y SE REFIERE AL CARÁCTER DEFINITIVO E INAPELABLE DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 67 DEL PACTO DE SAN JOSÉ. IGUALMENTE SE RESALTA LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS PARTE EN LA CONVENCIÓN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONVENCIONALES Y SUS EFECTOS PROPIOS EN EL PLANO DE SUS RESPECTIVOS DERECHOS INTERNOS. ESTE PRINCIPIO, SE APLICA NO SÓLO EN RELACIÓN CON LAS NORMAS SUSTANTIVAS DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS, SINO TAMBIÉN EN RELACIÓN CON LAS NORMAS PROCESALES, COMO LA QUE SE REFIEREN AL CUMPLIMIENTO DE LAS DECISIONES DEL TRIBUNALY EL COMPROMISO QUE ADQUIRIÓ EL ESTADO COLOMBIANO AL RECONOCER LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, TRATADO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO, REPARACIÓN A LA VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO
Sentencia T-564 de octubre 18 de 2016
Ref.: Expediente T-5.613.960
Acción de tutela instaurada por Myriam Soreira Tulibila Macualo en contra de la Presidencia de la República
La presente acción de tutela fue escogida para revisión por la Sala de Selección Siete, mediante auto del 14 de julio de 2016 y repartida a la Sala Novena de Revisión de esta corporación para su decisión.
1.2. Según la peticionaria, el 12 de diciembre de 1998, alrededor de las 10:02 a.m., la tripulación de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, lanzó un dispositivo cluster (bomba racimo) compuesto por seis bombas de fragmentación sobre la zona urbana de la vereda de Santo Domingo, Tame, Arauca, lo que causó la muerte de 17 civiles y 27 heridos. Entre los muertos se encontraron cuatro niños y dos niñas. Entre los heridos cinco niñas y cuatro niños. Adicionalmente, se produjo el desplazamiento de los pobladores de la vereda.
1.4. Para ello, la señora Tulibila transcribió una parte de la mencionada decisión interamericana, en la cual dicho tribunal internacional le ordenó al Estado colombiano “realizar un acto público de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, de conformidad con lo establecido en los párrafos 301 y 302 de esta sentencia”(1).
1.5. De igual forma, señaló que la misma sentencia la reconoció a ella como víctima por ser madre del menor O.E.V., quien falleció en esos acontecimientos.
2.6. Por lo anterior, no es dable que el Estado colombiano y más particularmente, la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, asuma responsabilidad por estos hechos.
— Petición elevada a Mónica Fonseca Jaramillo y Margarita Arregocés en la cual solicitan la realización del acto público de perdón.
— Copia de la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de noviembre de 2012, correspondiente al caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia.
— Copia de comunicación elevada por las organizaciones defensoras de derechos humanos representantes de las víctimas en la que le manifiestan a la Corte Interamericana, su preocupación por el cumplimiento de su sentencia.
La Corte Constitucional es competente para revisar la decisión judicial descrita, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, atendiendo a la selección y el reparto efectuados mediante auto de la Sala de Selección Siete fechado el 14 de julio de 2016.
2.3. Por su parte, el Gobierno Nacional manifestó que no es posible realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad conforme a la voluntad exclusiva de las víctimas. Se requiere, por el contrario, un proceso de concertación que aunque no ha llegado a tener éxito, no ha concluido. Sin embargo, puntualizó, la Fuerza Aérea Colombiana también ha considerado que no son los responsables por los hechos ocurridos en esa vereda y por tanto, no es dable reconocer responsabilidad(2).
Acorde con lo anterior, la Sala Novena de Revisión Constitucional debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿el Gobierno Nacional ha vulnerado el derecho fundamental a la reparación integral de una víctima del conflicto, cuandoquiera que no ha cumplido con una de las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativa al reconocimiento de responsabilidad del Estado, argumentando que, para ello, se debe llegar a un acuerdo entre el gobierno y las víctimas?
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo (...). Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (...)”.
3.2. En una primera etapa, la Corte aplicó literalmente dicho artículo, encontrando como fundamento la importancia que tiene evitar la inoperancia de la justicia ordinaria o tradicional. Una de las primeras sentencias que se pronunció sobre este requisito, fue la C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández. En esa ocasión, la Corte sostuvo que la tutela fue concebida para dar solución eficiente a situaciones de hecho causadas por acciones u omisiones que lesionaran derechos fundamentales, respecto de las cuales el sistema jurídico no contara con algún mecanismo de protección. En consecuencia, la tutela no podía remplazar a la justicia ordinaria, pues se trata de un trámite excepcional que solo procede ante la carencia de otro recurso judicial.
3.3. Pese a lo anterior, con el paso del tiempo y a medida que nuevos casos aportaron diferentes elementos de análisis, esta corporación señaló que el análisis de subsidiariedad no se agota solo verificando la existencia de otro mecanismo judicial(3); este debe ser eficaz e idóneo. Sin embargo y en todo evento, la tutela procederá transitoriamente si se constata la existencia de un perjuicio irremediable conforme el inciso final del artículo 86 superior.
Mediante Sentencia T-211 de 2009(4), reiterada por la T-113 de 2013(5), esta Corte sostuvo que “la sola existencia de otro mecanismo judicial no constituye una razón suficiente para declarar la improcedencia de la acción. El medio debe ser idóneo, lo que significa que debe ser materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un medio eficaz, esto es, que debe estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”. La procedencia de la acción de tutela no se constata exclusivamente cuando el actor cuente con algún medio de defensa. El requisito de subsidiariedad se cumple si el juez encuentra que el actor pese a contar con otros recursos, no son idóneos ni tienen la virtualidad de producir los efectos esperados.
Ahora bien, tal y como lo manifestó la Corte en Sentencia T-414 de 1992(6) reiterada por la Sentencia SU-961 de 1999(7), los medios de defensa deben ser potencialmente igual de protectores a la acción de tutela. En esa oportunidad, dijo que “de no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del constituyente”. En otras palabras, el medio de defensa “(...) ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela”(8).
A partir de lo anterior, estas razones han llevado a la Corte a establecer que “el otro medio de defensa judicial debe ser siempre analizado por el juez constitucional, a efectos de determinar su eficacia en relación con el amparo que él, en ejercicio de su atribución constitucional, podría otorgar”(9).
Lo que debe hacer un juez constitucional es verificar “(i) si la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela; (ii) si es posible hallar circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya promovido los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance(10); (iii) si la persona que solicita el amparo es un sujeto de especial protección constitucional, y por lo tanto su situación requiere de particular consideración”(11). Así, en relación con este último aspecto, cuandoquiera que las condiciones particulares de un sujeto de especial protección constitucional incidan sobre el caso concreto, el requisito de subsidiariedad se flexibiliza en procura de lo establecido por el artículo 13 y 47 superior(12).
Así mismo, la Sentencia T-589 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, sostuvo que “el operador judicial debe examinar la situación fáctica que define el asunto sometido a su conocimiento, y las particularidades de quien reclama el amparo constitucional, pues, si se trata de sujetos de especial protección constitucional (personas de la tercera edad o en condición de discapacidad, etc.) o de personas que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, el análisis de procedibilidad se flexibiliza haciéndose menos exigente”. En otro evento(13), el artículo 13 superior “ordena que el juez realice un análisis estricto de subsidiariedad si el peticionario no enfrenta situaciones especiales que le impidan acudir a la jurisdicción en igualdad de condiciones a los demás ciudadanos”(14).
En síntesis, para verificar el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, el juez constitucional debe (i) confirmar que no existe un mecanismo de defensa en el ordenamiento jurídico; (ii) en caso de existir, que este mecanismo no sea idóneo y/o eficaz; (iii) si se está en presencia de un sujeto de especial protección, se presume inidóneo salvo que, (iv) del análisis del caso concreto se concluya que las condiciones personales del actor no le impiden acudir a las vías regulares en condiciones de igualdad. En todo caso, (v) cuando se percate la existencia de un perjuicio irremediable, el juez debe otorgar la protección constitucional transitoriamente(15).
3.7. En segundo lugar, no es de recibo constitucional la interpretación que las salas penales del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia hicieron sobre el requisito de subsidiariedad. Debe recordarse que una interpretación literal y sistemática del artículo 86 de nuestra Carta, no llevaría a la conclusión a la que llegaron los jueces mencionados. Es importante reiterar que el requisito de subsidiariedad se debe analizar de la siguiente manera: (i) verificar la existencia de un instrumento judicial dentro del ordenamiento jurídico colombiano; (ii) en caso de existir, analizar si es eficaz y/o idóneo; (iii) en todo caso, la tutela siempre procederá de manera transitoria cuandoquiera que exista la amenaza de causarse un perjuicio irremediable.
“En conclusión, la acción de tutela resulta procedente para exigir el cumplimiento de una orden dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia en la que condena internacionalmente a Colombia, cuando dicta una medida de reparación consistente en una obligación de hacer que, por su naturaleza es de ejecución simple o que ha superado “un plazo razonable” para su implementación o cuya etapa de concertación entre el Estado y los representantes de las víctimas ya se ha efectuado y, aun así, no se han satisfecho.
En tercer lugar, no puede olvidarse que la persona que interpone la acción de tutela es una víctima del conflicto armado que, independientemente de la comisión de los hechos, sufrió violaciones a sus derechos humanos y los de su familia. En consecuencia, al ser un sujeto de especial protección constitucional y hallarse en esa condición de vulnerabilidad, el requisito de subsidiariedad debe flexibilizarse para dar contenido al artículo 4º y 13 de la Constitución.
4.1. Esta Corte se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre los derechos de las víctimas(16). En esas decisiones, la Corte ha señalado que las víctimas del conflicto gozan de una especial atención y protección por parte del Estado y que conforme a ello, surgen obligaciones adicionales para esa entidad que en otros casos, muy probablemente no se exigirían. Lo anterior, pues existe todo un andamiaje internacional y constitucional que así lo exige. Por ejemplo, el principio de dignidad humana (C.P., art. 1º), el deber de las autoridades de proteger los derechos de todos los residentes en Colombia (C.P., art. 2º), el mandato según el cual los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (C.P., art. 93), la consagración de los derechos de las víctimas como derechos de rango constitucional (C.P., art. 250 num. 6º y 7º), el derecho a acceder a la justicia (C.P., art. 229), y, finalmente, el artículo 90 de la Constitución Nacional que consagra una cláusula general de responsabilidad del Estado.
La Sentencia C-715 de 2012(17) resumió las reglas que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado a lo largo de sus fallos. En particular, esas normas definen el alcance de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas(18). Lo anterior no quiere decir que se trate de reglas rígidas sino que los elementos de cada caso determinaran la aplicabilidad de las normas en cada eventualidad. Sin embargo, existen unos mínimos exigibles que no pueden ser excluidos de ninguna medida.
4.2. Sobre el derecho a la justicia, la Corte sostuvo que toda que toda víctima tiene la facultad de reclamar ante los jueces la protección de sus derechos a través de un recurso judicial efectivo, así como contar con la certeza de que sus perpetradores serán investigados, juzgados y sancionados razonablemente, atendiendo al deber del Estado de luchar contra la impunidad(19). En la Sentencia C-370 de 2005, la Corte sostuvo que “(e)l derecho a la justicia confiere al Estado una serie de obligaciones: la de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si su culpabilidad es establecida, de asegurar su sanción. Si la iniciativa de investigar corresponde en primer lugar al Estado, las reglas complementarias de procedimiento deben prever que todas las víctimas puedan ser parte civil y, en caso de carencia de poderes públicos, tomar ella misma la iniciativa”(20).
4.3. El derecho a la verdad consiste en el derecho que tienen la víctima y la sociedad a conocer las circunstancias que rodearon el acontecimiento de los hechos victimizantes y la causa de la violencia. En la Sentencia C-282 de 2002(21), reiterada en múltiples ocasiones(22), la Corte indicó que el derecho a la verdad es “la posibilidad de conocer lo que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real”. En todo caso, se exige “revelar de manera plena y fidedigna los hechos dentro de los cuales fueron cometidos los delitos”(23).
En las sentencias C- 715 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C-099 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa, decisiones en las que esta corporación revisó la constitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley 1448 de 2011, la Corte puntualizó lo siguiente:
(v) La dimensión colectiva del derecho a la verdad, por su parte, significa que la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de contar con una “memoria pública” sobre los resultados de estas investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos (...).
4.4. Finalmente, el derecho a la reparación ha sido considerado por esta Corte como una forma de resarcir los daños que las víctimas sufrieron por los acontecimientos violentos(24). En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, ese deber ha adquirido una connotación particular, dado que se trata, ahora, de un concepto complejo que abarca medidas individuales y colectivas de distintos tipos(25). En las primeras convergen medidas de restitución, indemnización(26), rehabilitación(27), satisfacción(28) y garantías de no repetición. Las segundas comprenden “... medidas de satisfacción de alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las violaciones ocurridas”(29).
En el marco del sistema interamericano, la Convención americana sobre derechos humanos(30) establece que cuando exista una “violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”. Sobre este punto, la Corte Interamericana ha manifestado que la reparación integral “refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de este por la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación”(31).
5.1. Esta Sala, en sentencia reciente, tuvo la oportunidad de estudiar y pronunciarse sobre los hechos de la masacre de Santo Domingo. La Corte, en la Sentencia T-655 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, tuvo que decidir si era violatorio de los derechos de las víctimas de la masacre de Santo Domingo que, por los mismos hechos, existieran dos sentencias penales que condenaban sujetos procesales diferentes. Por una parte, un proceso penal en el que se condenó a tres militares y, por otro, a un guerrillero.
En esa decisión, la Corte no solo reafirmó el valor de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que reforzó su vinculatoriedad jurídica en nuestro ordenamiento cuandoquiera que el Estado colombiano sea la parte procesal pasiva de dichos litigios(32). De igual forma, la Corte resaltó el derecho a la verdad de las víctimas de la masacre, a su vez que tuteló el derecho de una de ellas por no permitírsele participar en un proceso judicial que condenó a alias “Grannobles” como causante de la masacre.
5.2. Conforme a los hechos de esa sentencia(33), la masacre de Santo Domingo es un caso desafortunadamente emblemático en el conflicto armado colombiano. El 12 de diciembre de 1998, en la vereda de Santo Domingo en el municipio de Tame, Arauca, fue descubierto por el Ejército Nacional un avión que presuntamente llevaba armas, drogas y dinero a un frente de las FARC liderado por alias “Grannobles”. Ese mismo día el pueblo se preparaba para sus fiestas, motivo por el cual se organizaba un bazar que se celebraría el día siguiente.
Pese a ello, el 12 de diciembre de ese año, se iniciaron enfrentamientos entre las FARC y las Fuerzas Militares de Colombia. Los combates se produjeron inicialmente en la mata de monte cerca a la vereda, en donde presuntamente estaría alias Grannobles. Dichos combates se prolongaron hasta el día siguiente. A las 10:02 a.m. la tripulación de un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana lanzó un dispositivo cluster(34), compuesto por seis bombas de fragmentación, sobre la zona urbana de la vereda de Santo Domingo, lo cual causó 17 civiles muertos, entre los cuales se encuentran cuatro niños y dos niñas, además de 27 civiles heridos. Según la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese hecho sería el causante de la mencionada masacre y por tanto, el Estado fue condenado por la violación de la Convención americana de derechos humanos. Vale anotar que en esos enfrentamientos también murieron militares.
Internamente, por esos mismos acontecimientos, se abrieron dos investigaciones penales. Por un lado, la Fiscalía General de la Nación acusaría a alias Grannobles por la muerte de los militares con ocasión de los enfrentamientos armados que se dieron en la vereda en esos días. Por otra parte, la misma Fiscalía General de la Nación, luego de una sentencia de tutela expedida por la Corte Constitucional que ordenaba asumir conocimiento a la justicia ordinaria, acusaría ante los jueces a los tres militares que presuntamente participarían en el lanzamiento de la bomba cluster sobre el caserío de Santo Domingo.
Fue así como la justicia penal colombiana encontró responsable por la muerte de los civiles a los tres militares que tripulaban la aeronave y que lanzaron la bomba de fragmentación(35). Dicha decisión es discutida en casación y actualmente se espera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dicte sentencia. No obstante, tiempo después y hace relativamente poco, la misma justicia penal hallaría a Grannobles penalmente responsable por la muerte tanto de los militares como de los civiles muertos ese día. En concreto, mientras el primer proceso considera que la bomba fue la causante de la masacre, el otro concluye que fue un carro bomba puesto por las FARC en el caserío.
En esa decisión, esta corporación reiteró el valor jurídicamente relevante que tienen las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su carácter vinculante dentro del ordenamiento jurídico colombiano cuando es condenado el Estado colombiano. Así pues, “el artículo 33 de la Convención americana sobre derechos humanos creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el artículo 52 y siguientes el instrumentos internacional estableció su organización, composición y reglas procedimentales para el cumplimiento de su misión. Así mismo, se consagró que la Corte cumpliría funciones consultivas y también se le otorgó poderes jurisdiccionales para decidir casos que los Estados Partes y la Comisión interamericana (conforme los arts. 34 y ss.) pusieran en su conocimiento, por violación de derechos reconocidos en la convención”.
5.4. Conforme con lo anterior, Colombia ratificó la Convención americana de derechos humanos y con ello, aceptó la competencia de la Corte Interamericana para conocer por las posibles violaciones a la convención que Colombia cometiera. Lo anterior, a través de Ley 16 de 1972 y entró en vigor para las partes en julio de 1978. Ese acto implicó no solo la aceptación de competencia de la Corte, sino su deber de acatar sus decisiones cuando sea parte en un proceso (Convención americana de derechos humanos, art. 68.1).
“Así ocurrió en la decisión T-367 de 2010, cuando (la Corte) estudió una acción de tutela que se relacionaba con el cumplimiento(36) por parte de Colombia de las reparaciones ordenadas por el tribunal internacional en el caso conocido como “masacres de Ituango”(37).
En el citado fallo, esta Corte adujo que como el artículo 26 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados dispone que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” (pacta sunt servanda) y el artículo 27 del mismo instrumento señala que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, “las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en desarrollo de su competencia judicial, obligan al Estado colombiano no solo a un cumplimiento oportuno sino pleno, sin que sea admisible una potestad discrecional para escoger cuáles cumple y cuáles no; realizar equivalencias entre medidas, por ejemplo, cambiar la asignación de una vivienda por un subsidio para vivienda o la asistencia médica especializada que deben recibir en razón de su particular situación de indefensión, por una general que haga caso omiso de tal condición; y sin trasladar la responsabilidad del cumplimiento o del incumplimiento de las medidas a las víctimas, a sus familiares, a sus representantes o a todos ellos”.
“También derivó la obligatoriedad de los fallos de la aplicación del artículo 68.1 de la Convención americana(38), el cual estipula que “los Estados Parte en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”, y se refirió al carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte Interamericana, previsto en el artículo 67 del Pacto de San José. Igualmente resaltó la obligación de los Estados parte en la convención de garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio —recordó la sentencia— se aplica no solo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones del tribunal; y el compromiso que adquirió el Estado colombiano al reconocer la competencia contenciosa de la Corte Interamericana”.
Según los hechos del caso, la accionante interpuso acción de tutela en contra de la Presidencia de la República por considerar vulnerado su derecho a la reparación, pues el Estado colombiano no ha cumplido con la orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual, el Estado debe “realizar un acto público de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, de conformidad con lo establecido en los párrafos 301 y 302 de esta sentencia”(39).
6.1. De igual forma, la señaló que la misma sentencia la reconoció a ella como víctima por ser madre del menor O.E.V., quien falleció en esos acontecimientos. Dijo que el 25 de febrero de 2014, un representante del Ministerio de Defensa, manifestó no reconocer responsabilidad de la Fuerza Aérea Colombiana, argumentando que “el acto de reconocimiento público en calidad de omisión al no evitar que los narcoterroristas de las FARC utilizaran un carro bomba para cometer la masacre de Santo Domingo”.
197. La Corte observa que la filmación del avión Skymaster muestra que a partir de las 10:00:40 a.m. se produjo la siguiente conversación entre los tripulantes de las diferentes aeronaves que sobrevolaban la zona, en relación con el lanzamiento del dispositivo AN-M1A2 (en el texto de la grabación también referido como “el racimo” o “regalo grande”). Teniente J.J.V. copiloto del UH1H (lechuza) señaló: “Cazador nosotros necesitamos tirar el racimo, cazador, lechuza necesita tirar el racimo”. Teniente G.L., piloto del Hughes - 500 (cazador) respondió: “Lechuza necesita tirar el racimo, OK gavilán y arpía mantengan que aquí viene un regalo grande”. Lechuza: “ok ubíqueme” cazador: “¿si ve la carretera amarilla?” lechuza: “¿dónde la quiere cazador? ¡Dígame dónde la quiere!” cazador: “a la derecha del pueblito hay una mata de monte. La queremos al borde whisky [(Oeste)] de esa mata de monte”. Lechuza: “¿la mata de monte que está más al whisky o la que está aquí pegadita?” cazador: “la que está pegadita”275 198. En el mismo video se puede escuchar que a las 10:02:09 a.m., uno de los intervinientes en las comunicaciones manifiesta “ya, ya cayó, ya cayó”, refiriéndose al dispositivo AN-M1A2, y a las 10:02:11 a.m. otro piloto dice: “Si allí se ve el humo”.
Sin embargo, si bien en la imagen del Skymaster se puede observar la “mata de monte” donde debía haber caído la bomba de acuerdo a las indicaciones, no se logra ver en ningún lugar de la pantalla el humo que afirman estar percibiendo. Unos segundos más tarde, a las 10:02:49 a.m., es posible observar cuando cambia el ángulo de la filmación del Skymaster, en la parte superior derecha de la pantalla, una columna de humo oscuro proveniente del caserío de Santo Domingo, columna que no se veía en las imágenes anteriores (a las 09:16:04, 09:23:23, entre otros). A las 10:02:50 a.m. el piloto del Skymaster señala en idioma inglés: “parece ser que hay una [...]” (“it looks like that there is a...”), frase que se interrumpe y que es seguida por un silencio de más de 30 segundos, sin que se pueda volver a ver la imagen del caserío hasta varios minutos después. Cuando la imagen regresa al caserío de Santo Domingo a las 10:08:19 a.m., la columna de humo no vuelve a verse.
200. Por otro lado, como fuera señalado por el Juzgado 12 Penal, y según se desprende de la prueba presentada, la Corte constata que durante las inspecciones técnicas y las diligencias de investigación284 fueron encontradas —en el caserío y en los cuerpos de los muertos y heridos— esquirlas y fragmentos correspondientes a partes del dispositivo que se alega fue utilizado por la Fuerza Aérea en Santo Domingo. El Estado no objeta los hallazgos reseñados, aunque discute que los mismos sean parte de un dispositivo AN-M1A2286, o que, aun siendo parte de un dispositivo similar, los mismos se hubieran recabado como material probatorio respetando la cadena de custodia correspondiente. La Corte destaca que esos procedimientos estuvieron a cargo de las propias autoridades internas.
204. El Estado también presentó como prueba para sustentar que no hubo explosión de un dispositivo cluster, las imágenes del video Skymaster, que enfoca al caserío en momentos posteriores al lanzamiento a las 10:08 a.m. (aproximadamente 6 minutos luego del lanzamiento del dispositivo AN-M1A2), en las cuales no se verían rastros de víctimas, cuerpos, cráteres o sangre en las imágenes.
205. En relación con lo anterior, la Corte observa que si bien es cierto que en las imágenes del caserío filmado a las 10:08 a.m. no se observan claramente los elementos señalados por el Estado, también es posible constatar lo siguiente: i) en el mapa presentado por el Estado con base en el croquis de la fiscalía, en el cual se representa el emplazamiento de 24 de las víctimas (muertas y heridas) al momento del supuesto impacto de las 6 bombas de fragmentación AN-M41A1296, únicamente aparecen siete personas ubicadas en áreas que no están cubiertas por el techo de las casas, por lo que la observación de las demás víctimas en la imagen del Skymaster resultaría imposible; ii) algunas de las personas heridas afirman haberse quedado dentro de las casas luego de la caída presunta del dispositivo cluster, por lo que la mismas no podrían haber sido filmadas por el Skymaster; iii) el plano presentado por el Estado también muestra que algunas de las víctimas se habrían encontrado cerca de árboles o de vegetación, posición que haría difícil su visualización por la filmación aérea; iv) algunas víctimas heridas o fallecidas fueron transportadas al interior de las casas o a otros lugares, y v) las imágenes del Skymaster, particularmente en ese momento de la filmación, son poco precisas y no permiten determinar con detalles si pueden haber o no cráteres.
207. Respecto de la hipótesis sostenida por el Estado, en cuanto a que fue un artefacto de fabricación casera colocado en un camión rojo el que habría explotado y causado las muertes y heridas de las víctimas, la Corte observa que el Estado no precisó a qué hora podría haber explotado. Al respecto, la prueba que aporta el Estado muestra que aun faltando unos minutos para las 10 de la mañana del día 13 de diciembre, la imagen del Skymaster enfoca el camión rojo y permite verificar que el mismo estaría hasta ese momento intacto.
208. Por otro lado, en las filmaciones de las 10:08:10 a.m. y 10:17:22 a.m. del pueblo, la parte delantera del referido camión aparece dañada, lo que permite concluir que, de ser exacta la versión planteada por el Estado, únicamente podría haber explotado la supuesta bomba en el camión prácticamente al mismo momento en que fue lanzado el dispositivo cluster, esto es, según fue constatado, a las 10:02:09 (supra párr. 198), hipótesis que, además de no ser alegada por el Estado, resultaría en una casualidad de tal magnitud que sería improbable. Tampoco quedó registrado en las filmaciones que los pilotos hubiesen advertido o visualizado una explosión en el caserío durante ese intervalo de tiempo, distinta a la registrada a las 10:02:09.
302. La realización y particularidades de dicho acto deberán acordarse con las víctimas y sus representantes dentro de los seis meses posteriores a la notificación de esta sentencia. Dado que los representantes alegaron que no todas las víctimas residen en el caserío de Santo Domingo, lo cual no fue controvertido por el Estado, este deberá garantizar la presencia de las víctimas que no residan en el caserío de Santo Domingo y que deseen asistir a dicho acto, para lo cual deberá sufragar los gastos de transporte necesarios”.
1. REVOCAR los fallos proferidos por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 12 de abril de 2016, en primera instancia, y, por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 24 de mayo de 2016, en segunda instancia, que decidieron negar el amparo constitucional interpuesto por la señora Myriam Soreira Tulibila Macualo. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de la señora Myriam Soreira Tulibila Macualo, especialmente, el derecho a la reparación.
2. ORDENAR al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el término de dos (2) meses improrrogables contados a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en los términos fijados por este fallo y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, proferida el 30 de noviembre de 2012, conocida como “masacre de Santo Domingo vs. Colombia”. Para lo anterior, deberá permitir la plena participación a las víctimas de los hechos.
1 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Sentencia del 30 de noviembre de 2012.
2 Cuaderno 1, folio 110.
3 Entre otras decisiones, Sentencia T-211 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
6 M.P. Ciro Angarita Barón
8 Sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
9 Sentencia T-1316 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
11 Sentencia T-211 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12 No puede olvidarse que las reglas que para la sociedad son razonables, para sujetos de especial protección “pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que justifican un “tratamiento diferencial positivo”, y que amplía a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela. Así, en el caso de los niños, la recreación o la alimentación balanceada, por ejemplo, cobran una particular importancia que generalmente no es la misma para el caso de los adultos (C.P., art. 44). De igual forma, la protección a la maternidad en sus primeros meses adquiere una gran relevancia, que justifica un tratamiento preferencial en favor de la mujer (C.P., art. 43)”.
13 Artículo 13, Constitución Política de Colombia.
14 Sentencia T-589 de 2011.
15 Al respecto, en Sentencia T-239 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra se señaló: “Ahora bien, si de la evaluación que se haga del caso se deduce que la acción es procedente, la misma podrá otorgarse de manera transitoria o definitiva. Será lo primero si la situación genera un perjuicio irremediable, siempre que se cumplan los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad de la acción, decisión que tiene efectos temporales. Y procederá como mecanismo definitivo si se acredita que el procedimiento jurídico correspondiente para dirimir las controversia resulta ineficaz al “no goza(r) de la celeridad e inmediatez para la protección de los derechos fundamentales con la urgencia requerida”.
16 Ver entre otras las sentencias C-228 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, y Eduardo Montealegre Lynett, en donde la Corte Constitucional precisó el alcance constitucional de los derechos de las víctimas en el proceso penal; C-578 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, AV. Rodrigo Escobar Gil, en la cual se revisó la constitucionalidad de la Ley 742 de 2002, por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”; C-580 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en donde la Corte estableció que el derecho de las víctimas del delito de desaparición forzada de personas y la necesidad de garantizar los derechos a la verdad y a la justicia, permitían que el legislador estableciera la imprescriptibilidad de la acción penal; C-875 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, donde la Corte declaró la exequibilidad de varias disposiciones relativas a la constitución de parte civil dentro del proceso penal; C-370 de 2006, MM. PP. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández, en donde la Corte se pronunció sobre la exequibilidad de varias disposiciones de la ley de justicia y paz, que restringían los derechos de las víctimas; C-1199 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), en donde la Corte conoció de una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2º, 4º, 47, 48, 49 y 72 (todos parciales) de la Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.
18 Sentencia reiterada por la C-579 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y C-099 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
19 El Estado tiene (i) La obligación del Estado de prevenir las graves violaciones de derechos humanos, especialmente cuando se trata de violaciones masivas, continuas y sistemáticas como el desplazamiento forzado interno. (ii) La obligación del Estado de luchar contra la impunidad. (iii) La obligación de establecer mecanismos de acceso ágil, oportuno, pronto y eficaz a la justicia para la protección judicial efectiva de los derechos de las víctimas de delitos. En este sentido, se fija la obligación del Estado de diseñar y garantizar recursos judiciales efectivos para que las personas afectadas puedan ser oídas, y de impulsar las investigaciones y hacer valer los intereses de las víctimas en el juicio. (iv) El deber de investigar, procesar y sancionar judicialmente a los responsables de graves violaciones de derechos humanos como el desplazamiento forzado. (v) El respeto del debido proceso y de que las reglas de procedimiento se establezcan con respeto del mismo. (vi) El deber de establecer plazos razonables para los procesos judiciales, teniendo en cuenta que los términos desproporcionadamente reducidos pueden dar lugar a la denegación del derecho a la justicia de las víctimas y a la no obtención de una justa reparación. (vii) El deber de iniciar ex officio las investigaciones en casos de graves violaciones contra los derechos humanos. (viii) El deber constitucional de velar porque los mecanismos judiciales internos tanto de justicia ordinaria, como de procesos de transición hacia la paz, tales como amnistías e indultos, no conduzcan a la impunidad y al ocultamiento de la verdad. (ix) El establecimiento de limitantes y restricciones derivadas de los derechos de las víctimas, frente a figuras de seguridad jurídica tales como el non bis in idem y la prescriptibilidad de la acción penal y de las penas, en casos de violaciones protuberantes a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. (x) La determinación de límites frente a figuras de exclusión de responsabilidad penal o de disminución de las penas en procesos de transición, en cuanto no es admisible la exoneración de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y por tanto el deber de juzgar y condenar a penas adecuadas y proporcionales a los responsables de los crímenes investigados. Esta regla, como lo ha señalado la Corte, solo puede tener excepciones en procesos de justicia transicional en los cuales se investiguen a fondo las violaciones de derechos humanos y se restablezcan los derechos mínimos de las víctimas a la verdad y a la reparación integral y se diseñen medidas de no repetición destinadas a evitar que los crímenes se repitan. (xi) La legitimidad de la víctima y de la sociedad, en casos de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario para hacerse parte civil dentro de los procesos penales con el fin de obtener la verdad y la reparación del daño. (xii) La importancia de la participación de las víctimas dentro del proceso penal, de conformidad con los artículos 29, 229 de la Constitución y 8º y 25 de la Convención interamericana sobre derechos humanos. (xiii) La garantía indispensable del derecho a la justicia para que se garanticen así mismo los derechos a la verdad y a la reparación de las víctimas”.
20 Sentencia C-370 de 2006, ibíd.
22 Sentencia de la Corte Constitucional C-004 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
23 Sentencia C-370 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.
24 El Pacto internacional de derechos civiles y políticos, establece que las víctimas tienen el derecho a obtener reparación en casos de detenciones arbitrarias. En el mismo sentido la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, prevé la posibilidad de que quienes hayan sido discriminados por cuestiones de raza, pueden acudir ante los tribunales para solicitar su respectiva reparación. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantestambién contempla dicha posibilidad. Pese a lo anterior, es el Estatuto de Roma aquel instrumento que define con mayor certeza, un poco intentando sistematizar pronunciamientos de cortes internacionales y de instrumentos jurídicos, el derecho a la reparación integral. En su artículo 75 se consagra el derecho de las víctimas y herederos a ser reparados, de manera que se les debe garantizar no solo la restitución sino también la indemnización, rehabilitación y procedimiento para su reclamación.
25 Ver Sentencia C-286 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
26 Una indemnización, la cual “tiene carácter compensatorio y, por lo tanto, debe ser otorgada en la extensión y en la medida suficientes para resarcir los daños materiales y morales sufridos”. Véase Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria, supra nota 32, párr. 47; Corte IDH. Caso Servellón García y otros. Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párr. 163.
27 La rehabilitación es otro componente de la reparación. La Corte ha sostenido “que es preciso disponer de medidas de reparación que brinden una atención adecuada a los padecimientos psicológicos e inmateriales sufridos por las víctimas en virtud de las violaciones declaradas”. Véase Corte IDH. Caso Barrios Altos. Sentencia de 30 de noviembre de 2001, párr. 45; caso masacre de las Dos Erres, supra nota 32, párr. 269, Corte IDH. Caso Anzualdo Castro. Sentencia de 22 de septiembre de 2009, párr. 203; Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas, supra nota 4, párr. 235.
28 Tienen un carácter simbólico en materia de derechos humanos. Así, la Corte Interamericana ha ordenado “la localización y entrega de los restos de las víctimas, investigación y sanción; ubicación de restos, identificación de los mismos y entrega a sus familiares; publicación de las partes pertinentes de la sentencia; y actos de reconocimiento público de responsabilidad internacional y de desagravio a la memoria de las víctimas”. Véase Corte IDH. Caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia de 29 de enero de 1997, párr. 58. Véase Corte IDH. Caso de la masacre de Mapiripán, supra nota 4, párr. 304; Corte IDH. Caso de la masacre de La Rochela, supra nota 32, párr. 287. Véase Corte IDH. Caso Las Palmeras, supra nota 4, párr. 71; Corte IDH. Caso de la masacre de Pueblo Bello, supra nota 39, párrs. 270 a 273. Véase Corte IDH. Caso de las masacres de Ituango, supra nota 46, párr. 410; Corte IDH. Caso de la masacre de La Rochela, supra nota 32, párr. 282. Véase Corte IDH. Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007, párr. 177.
29 Sentencias C-715 de 2013 y SU-254 de 2012.
30 OEA. Asamblea General, Convención americana de derechos humanos, adoptada el 22 de noviembre de 1969 (Ratificada en Colombia mediante la L. 409/97).
31 Véase Corte IDH. Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 3 de diciembre de 2001, párr. 40; Corte IDH. Caso Trujillo Oroza. Sentencia de 27 de febrero de 2002, párr. 60; Corte IDH. Caso Almonacid Arrellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párr. 135.
32 Sobre la vinculatoriedad de las decisiones de la Corte en el ordenamiento jurídico colombiano en casos donde el Estado colombiano no haga parte del proceso, esas sentencias tienen un grado normativo superior pero, dependiendo del caso, serán o no vinculantes. Ver: Sentencia SU-712 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, en particular, salvamento de voto de los magistrados María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva.
33 Supuesto fáctico tomado de la sentencia emitida el 30 de noviembre de 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Masacre de Santo Domingo vs. Colombia.
35 Dicha decisión se encuentra a la espera de la decisión de casación de la Corte Suprema de Justicia.
36 El fallo T-367 de 2011 resolvió los reclamos de un grupo de las víctimas y sus familiares en relación con la inscripción en el registro único de población deslazada y el restablecimiento económico.
37 El caso de las masacres de Ituango vs. Colombia tiene que ver con los hechos ocurridos en ocurridos en los corregimientos de La Granja y El Aro del municipio de Ituango, Antioquia, en los años 1996 y 1997, cuando grupos paramilitares desplazaron, torturaron y asesinaron a sus pobladores. Al Corte reconoció la violación de los derechos de 702 personas determinadas y extendió los efectos de la sentencia a indeterminados.
38 Indica la norma citada: “1. Los Estados Partes en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”.
39 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Sentencia del 30 de noviembre de 2012.

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