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CNDDHH Informe Anual 2015 - 2016 | Perú | Instituciones sociales | Prueba gratuita de 30 días | Scribd
CNDDHH Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú 2015 - 2016. Perú abril 2017
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Premios: “Ángel Escobar Jurado” 2015
Premios:“Ángel Escobar Jurado” 2016
III. EL CAMINO DE LA VERDAD Y LA JUSTICIA
SITUACIÓN DE LA JUDICIALIZACIÓN DE LOS CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO Informe sobre violación sexual durante el CAI
INFORME SOBRE EL PROCESO DE REPARACIONES A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y LA MEMORIA
ESTERILIZACIONES FORZADAS DURANTE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO
IV. CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Y LA SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
BALANCE DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y LA SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
V. OTROS TEMAS DE PREOCUPACIÓN
1. PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Elaborado por Miguel Jugo V.
2. SITUACIÓN DE LA TORTURA EN EL PERÚ Y EL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN Grupo contra la tortura
3. INFORME SOBRE CONDICIONES CARCELARIAS Elaborado por Silvia Alayo Vera
4. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Elaborado por Pablo Zavala Sarrio / IPEDEHP
5. DERECHO HUMANO A LA SALUD Elaborado por Alexandro Saco / Activista FOROSALUD
6. DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ADECUADO Elaborado por Ana Leyva Valera / CooperAcción
7. INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES Javier Mujica Petit / Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos ( Perú Equidad)
8. LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS Elaborado por el Grupo de Iniciativa por los derechos del Niño y Niña (GIN)
9. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Elaborado por Richard O’Diana Rocca / CAAAP
10. BALANCE DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Informe del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
11. DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN Elaborado por Wilfredo Ardito Vega
12. DERECHOS DE LA COMUNIDAD LGTBI Elaborado por Giovanni Romero / Ex Presidente del Movimiento Homosexual de Lima
13. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Elaborado por Mesa sobre Discapacidad
DIRECTORIO DE MIEMBROS DE LA CNDDHH A NIVEL NACIONAL
Foto: Giovana García Soto
LA TRANSICIÓN FRUSTRADA Y LA URGENCIA DE LA (RE)CONSTRUCCIÓN NACIONAL
El 21 de diciembre de 2016 será sin duda una fe- cha para recordar: la opinión peruana se enteró del anuncio de la Corte del Distrito Este de Nue- va York, que informaba que Odebrecht reconocía el pago de 29 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios durante las gestiones de Alejan- dro Toledo (2001-2006), Alan García (2006 - 2011) y Ollanta Humala (2011-2006). Información posterior no sólo confirmaría lo que muchos suponíamos, que la corrupción podía comprometer a los tres presidentes electos de la transición democrática, sino que esta se había montado sobre una ingenie- ría normativa e institucional que debilitaba la de- mocracia y ponía en cuestión la propia soberanía del estado peruano.
Contra lo que el Acuerdo Nacional consensuó y de- finió como el conjunto de políticas de estado que debían asegurar la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible del país, ocurrió que los gobiernos que sucedieron a la dictadura fujimo- rista hicieron de los acuerdos meros enunciados declarativos. Del mismo modo, el proceso abierto por la Comisión de la Verdad y Reconciliación para alcanzar justicia fue mediatizado y obstaculizado. Los avances producidos en materia de reparacio- nes para las víctimas del conflicto armado resul- taron parciales, tardíos e insuficientes, sin lograr restaurar la memoria y dignidad de las víctimas. Los casos judicializados de violación a los dere-
chos humanos también fueron excepcionales, y se continúan dando en un contexto injusto de relación de fuerzas entre víctimas y perpetradores. Y en relación a las pedagogías y políticas de memoria éstas son todavía una aspiración, pues las expe- riencias oficiales no responden a una concepción que facilite el reencuentro de la nación en torno del patrimonio democrático. Así los mandatos de la transición fueron desplazados y finalmente trai- cionados.
¿Qué prioridades desplazaron estos mandatos? Los gobiernos de la transición aportaron un con- junto de normas que complementaron el diseño institucional del modelo económico que se impuso con el golpe de Estado fujimorista. En este sentido, se impuso la continuidad del modelo impuesto por la dictadura.
Este andamiaje tiene tres momentos particu- larmente importantes: primero, el paquetazo de decretos aprobados por Alan García en junio del 2008, que bajo el pretexto de adecuar la legislación nacional a las necesidades del TLC firmado con los Estados Unidos se orientó a potenciar al máximo la inversión privada al mismo tiempo de debilitar la territorialidad de los pueblos indígenas. Segundo, el conjunto de normas, leyes, decretos supremos y resoluciones ministeriales aprobado durante la gestión de Ollanta Humala entre los años 2013 y
2015. El propio Humala indicaba que sus medidas permitirían destrabar la “tramitología” para reac- tivar la economía y fomentar la inversión. Y terce- ro, el paquete de decretos legislativos promulga- dos por Pedro Pablo Kuczynski a inicios de enero del 2017. La revisión de estos últimos decretos nos permite sostener que este paquete promueve mecanismos que dificultan la transparencia en la gestión pública, debilitan el papel de los organis- mos de control y afectan el derecho a la tierra de los pueblos indígenas, entre otros.
Este andamiaje normativo tuvo como correlato una retórica oficial racista y estigmatizante que, tras el enunciado de la civilización y modernidad, anun- ciaba nuestro ingreso al club más exclusivo de los países desarrollados: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin duda Alan García fue quien mejor resumió esta retórica y violencia simbólica ejercida desde el estado. En sus artículos sobre El Perro del Hor- telano -aparecidos en El Comercio entre el 2007 y 2008- García construye una imagen de las y los pobres, y de los pueblos indígenas en particular, cómo no sujetos, bárbaros, que sometidos a “ideo- logías panteístas absurdas” se niegan a la moder- nidad y al progreso, manipulables por “el perro del hortelano” que por definición es “antiminero, plu- riculturalista y patriotero”. Por su parte, Humala, con menos espectacularidad, también participó de
esta retórica aludiendo, entre otras imágenes, a los “territorios vacíos” [habitados por los pueblos indígenas] donde llegarían las grandes inversiones para producir riqueza.
Esta violencia simbólica se ha ejercido también desde los medios de comunicación y a través de operadores vinculados a ciertas empresas o con- sorcios empresariales. Se ejerce especialmente sobre las defensoras y defensores de derechos humanos que actúan en el marco de la protesta y conflictos sociales. También son objeto de estig- matización y acoso las autoridades, líderes de opi- nión, personajes políticos, organizaciones sociales y las ONG que resultan próximas a la ciudadanía. Además de la naturalización del uso de adjeti- vos como el de ‘terrorista antiminero’, ‘terrorista ambiental’, ‘pro-terrorista’, ‘ocioso’, ‘holgazán’, ‘bárbaro’, etc., preocupa el montaje de campañas sistemáticas orientadas a desprestigiar y quebrar emocionalmente a las y los defensores, llegando incluso a la incitación del odio y violencia. 1 De este modo la violencia simbólica se prolonga desde las más altas autoridades (presidentes, ministros, congresistas, etc.) hasta el entorno mismo de las y los defensores de derechos humanos.
1 Ver en FIDH: Perú – Bagua: Derramamiento de sangre en el con- texto del Paro Amazónico. Urge Dialogo de Buena FE. Octubre del 2009 .- 529e
La transición también trajo consigo un complejo sistema de control social. La criminalización de la protesta social, como se verá en el presente Infor- me, se sostiene sobre la base de un marco jurídi- co cada vez más punitivo, en el uso indebido de la fuerza represiva por las fuerzas policiales y milita- res, y en un sistema judicial penetrado por los inte- reses de las grandes corporaciones empresaria- les, especialmente las mineras extractivas. Esto explica por qué en el Perú respecto a otros países, en el contexto de los conflictos socio-ambientales, se produce un mayor número de civiles muertos a manos de la fuerza represiva del estado así como un mayor número de defensoras y defensores cri- minalizados por el sistema judicial.
De este modo, los gobiernos de la post-dictadura continuaron y profundizaron el diseño institucional de un estado que en la práctica se convirtió en pa- trimonio de los grupos de poder económico trans- nacionales y nacionales. Lo paradójico es que las condiciones impuestas por las corporaciones y gre- mios empresariales al estado peruano se dieron a lo largo del ciclo de expansión favorecido por los precios de los metales en el mercado global, y que permitieron alcanzar los mayores índices de creci- miento económico del país durante su etapa repu- blicana. Los costos de este diseño institucional y del modelo impuesto son muy altos, pues a pesar del ciclo de expansión económica el Perú no ha logra-
do fortalecer su frágil institucionalidad democráti- ca, no ha logrado legitimar los derechos humanos como bien y sustento de la vida en común, ni ha lo- grado sentar las bases para el desarrollo sustenta- ble (profundizando por el contrario la dependencia histórica de las exportaciones mineras).
Ciertamente vivimos días difíciles. El Estado ha subordinado la dignidad y derechos de la persona humana a un modelo sostenido fundamentalmente en la defensa y promoción de la inversión privada, renunciando a su condición de garante de derechos y a su propia soberanía. Y en este contexto, el es- cándalo de la corrupción generalizada ha puesto en evidencia que nuestras élites políticas y económi- cas no han sido capaces de cumplir con los man- datos de la transición política, al mismo tiempo de defraudar la voluntad y confianza ciudadanas.
No se avizora aún cual será el desenlace a la crisis abierta por la mega-corrupción, y agudizada por la catástrofe social y material producida por el im- pacto del fenómeno del niño costero. En todo caso, sí sabemos que desde el movimiento de derechos humanos, tal como lo venimos haciendo por más de 30 años, estaremos alertas para actuar y movi- lizarnos junto a la sociedad civil toda en defensa de la democracia y de una vida con justicia y dignidad para las y los peruanos.
Jorge Bracamonte Allaín Secretario Ejecutivo de la CNDDHH
PREMIOS “ANGEL ESCOBAR JURADO”
La desaparición forzada de personas fue una de las más duras expresiones de la violencia políticas que vivió nuestro país. En el año 2016 se conmemo- raron precisamente 26 años de la desaparición de nuestro querido héroe: Ángel Escobar Jurado, en homenaje al cual lleva su nombre el Premio Anual de Derechos Humanos.
Ángel Escobar Jurado era periodista y activista de derechos humanos y un líder comprometido con los asuntos públicos de su región y con la democracia:
fue Subsecretario General de la Federación Provin- cial de las Comunidades Campesinas de Huanca- velica, Secretario Administrativo del Comité de De- rechos Humanos de Huancavelica y colaborador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
Siendo miembro del Comité de Derechos Huma- nos de Huancavelica se dedicó durante ocho años a realizar labores de registro y denuncia de casos de vulneraciones de derechos por parte de la agrupa- ción subversiva Sendero Luminoso y de las Fuerzas Armadas.
Entre 1987 y 1989, se encargó de la elaboración de solicitudes de garantías por la posición amenazante que ejercían las Fuerzas Armadas en la población, especialmente los miembros del Ejército. Asimis- mo, se encargó de la elaboración de denuncias por
desapariciones, tortura y asesinatos de personas, dirigidas al Comando Político Militar de Huancave- lica.
Ángel Escobar Jurado, en el ejercicio de su función como Secretario Administrativo del Comité de De- rechos Humanos de Huancavelica, emitió un Infor- me Anual N° 03 – CODEHH-H-89-HVCA con fecha 25 de noviembre de 1989, donde detalla de mane- ra cronológica 56 hechos de violencia ocurridos en Huancavelica, entre enero y noviembre de 1989. Cada hecho de violencia era registrado después de haberse comprobado su realización en base a di- versas fuentes, especialmente el testimonio de fa- miliares y testigos de los hechos.
El día martes 27 de febrero de 1990 a las 7 de la noche Ángel Escobar Jurado fue detenido por 05 in- dividuos vestidos de civil (no identificados), presun- tamente miembros de las Fuerzas Armadas (….). Al día siguiente de su detención … la familia de Ángel Escobar realizó infructuosas denuncias y búsque- das en la comisaría, la sede de la Comisaría de In- vestigaciones y los Centros de Inteligencia, en todos estos lugares le indicaron que no estaba detenido. Desde entonces se desconoce su paradero.
Veintiseis años después, Angel Escobar sigue sien- do un ejemplo de nuestra labor como defensores de derechos y su recuerdo no es cosa del pasado, sino un compromiso real con el presente.
El martes 8 de diciembre, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) entregó el premio anual de derechos humanos
PREMIO DE DERECHOS HUMANOS, ‘ÁNGEL ESCOBAR JURADO’
En esta ocasión le correspondió el Premio de Dere- chos Humanos, ‘Ángel Escobar Jurado’, a la exjueza Inés Tello de Ñecco por su compromiso con la de- fensa y vigencia de los derechos fundamentales de la persona.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) entregó el premio en la máxima catego- ría a la exjueza por su destacada labor en la lucha anticorrupción después de la caída del régimen fuji- morista. Al recibir el premio la doctora nos dejó esta frase “Que nuestras conciencias no se corrompan”.
El Premio Periodismo y Derechos Humanos fue otor- gado a Ojo Público.Ellos se definen como un medio digital, pero, sobre todo, como un laboratorio de in- novación integrado por periodistas y programadores para investigar el poder, los conflictos de interés, el lobby y su influencia en la vida cotidiana del ciudadano.
“La CNDDHH decidió entregarle el premio en reco- nocimiento a su trabajo de investigación contra la gran corrupción y el crimen organizado, así como en defensa de los derechos humanos, el medio ambien- te y la transparencia de la información”,
El premio de la CNDDHH, en su vigésimo quinto ani- versario, fue recibido por el equipo fundador de este medio: los periodistas Óscar Castilla, Fabiola Torres, David Hidalgo y Nelly Luna.
Raúl Alfredo Wiener Fresco fue periodista, analis- ta político y un crítico escritor peruano que falleció el pasado 5 de setiembre de 2015. En una entrevista para la Revista Ideele, Raúl Wiener contó que fue pe- riodista desde que estaba en el colegio y confesó que estudió ingeniería solo para que su mamá se sintiera orgullosa. Aun así, Wiener siempre tuvo claro que la política fue la prioridad en su vida.
Trabajó en el diario El Observador, dirigió la revista Amauta, participó del programa Radicales Libres por RBC Televisión en el 2012, fue director de la revista Miércoles de Política, fue jefe de la unidad de investi- gación del Diario UNO (ex La Primera) y trabajó como colaborador semanal de la revista Hildebrandt en sus trece. “El guerrero de la pluma, un soñador por un mundo mejor que otros continuarán” fueron las pa- labras que le tributó su esposa Elsi Bravo Castillo en la partida de Raúl Wiener.
Máxima Acuña de Chaupe y la Asociación de Muje- res Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta – Cusco junto a la Asociación de Mujeres Este- rilizadas de la Provincia de Huancabamba – Piura
Máxima Acuña recibió el Reconocimiento Especial por su inquebrantable voluntad para defender sus derechos frente a la poderosa Minera Yanacocha, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia del pueblo cajamarquino frente al abuso y prepotencia de esa empresa.
Por otro lado, en el segundo gobierno del expresi- dente Alberto Fujimori, hoy preso por crímenes de lesa humanidad, se esterilizaron aproximadamente a 314.605 mujeres en el marco del Programa Nacio- nal de Planificación Familiar y el Comité Latinoame-
ricano y del Caribe de los Derechos de la Mujer concluyó que sólo el 10% de las mujeres esterili- zadas dieron su “consentimiento genuino”.
Este acto de violación a los derechos humanos cobró la vida de 18 mujeres y fue llevado a cabo bajo una metódica estrategia de amenazas, hos- tigamientos, presión psicológica, pago de “incen- tivos”. Muchas mujeres huían de sus casas o se escondían puesto que se realizaban recorridos con ambulancia para recogerlas a la fuerza y es- terilizarlas en los centros de salud.
Luego de 18 años de búsqueda de justicia, el Es- tado todavía no resuelve el caso. Sin embargo, la lucha y perseverancia de las organizaciones de mujeres afectadas logró que este año el Estado eleve el caso de las esterilizaciones forzadas a “asunto de interés nacional de Perú”.
Ruth Zuñiga, de Anta, Cusco, cuenta que la este- rilizaron sin anestesia. Vulneraron su cuerpo, su dignidad, pero no su coraje. Esperanza Huayama perdió a su hijo de 8 meses, tras la esterilización forzada, en un centro médico de Piura.
El 13 de diciembre del 2016, en el Lugar de la Me- moria y la Tolerancia se procedió a la entrega del Premio de Derechos Humanos “Angel Escobar Ju- rado”.
En esta oportunidad, se reconoció la contribución de la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (CGTP) a la promoción y defensa de los dere- chos laborales en nuestro país, así como su lucha contra el autoritarismo en los 90, y más reciente- mente contra diversos intentos de recortes de de- rechos.
El Premio Periodismo y Derechos Humanos corres- pondió en esta ocasión a los periodistas Pedro Sa- linas y Paola Ugaz,quienes develaron en su inves- tigación los abusos sexuales contra menores en el Sodalicio de Vida Cristiana. También fue reconocido el periodista del diario La República, César Romero, por su contribución al conocimiento de las violacio- nes a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, incluyendo los crímenes del Grupo Colina, así como por su cobertura de los procesos judiciales contra Fujimori, Montesinos y otros.
En la ceremonia se hizo un reconocimiento especial a los familiares de las víctimas de los casos Acco- marca, Sótanos del SIE 2 y Hugo Bustíos por su in- fatigable lucha por la verdad y la justicia.
PREMIO ESPECIAL EN DERECHOS HUMANOS
Ernesto de la Jara, impulsor de la formación de la CNDDHH y fundador del Instituto de Defensa Legal (IDL).
SITUACIÓN DE LA JUDICIALIZACIÓN DE LOS CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO
DESPUÉS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO: EL ARDUO CAMINO HACIA LA JUSTICIA EN ESTOS 5 AÑOS 1 (2011 – 2016)
Según estimaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 2 , el conflicto armado interno peruano ocurrido entre 1980 y el 2000 causó cerca de 69,280 víctimas fatales en todo el país. Las accio-
Las víctimas del conflicto no pueden contarse solo en número de fallecidos. Miles de ciudadanos y ciu- dadanas vieron sus más básicos derechos humanos violentados, derechos que debido a la falta de acce- so a la justicia, continúan violentándose a la fecha. Esta situación de impunidad compromete a diver- sos sectores del Estado peruano:
nes de Sendero Luminoso desencadenaron direc-
tamente el conflicto 3 ; sin embargo, la escalada de violencia involucró a todas las partes implicadas en el conflicto 4 incluyendo la responsabilidad de viola-
Actuación del Poder Ejecutivo
ciones masivas de derechos humanos por parte de todos los bandos enfrentados.
Denegación de entrega de información solicitada por el Ministerio Público o el Poder Judicial
1 Informe elaborado por el Grupo Jurídico de la CNDDHH, la coordi- nación para la elaboración estuvo a cargo de Ana María Vidal Ca- rrasco.
2 Comisión de la Verdad y Reconciliación (agosto 2003). Informe Fi- nal, Tomo I. Lima: CVR., p. 53.
4 Ibídem, p. 55. Según los casos reportados a la CVR, Sendero Lumi- noso fue responsable del 53.68% de los muertos y desaparecidos reportados a la CVR, mientras que los agentes del Estado, Comités de Autodefensa y paramilitares fueron responsables del 37.26% de muertos y desaparecidos reportados a la CVR.
Entre el 2011 y el 2016 tanto los ministros de Defen- sa como del Interior continuaron sin atender las so- licitudes del Ministerio Público y del Poder Judicial para la entrega de información con relación a mili- tares destacados en los lugares donde se cometie-
Las víctimas del conflicto no pueden contarse solo en número de fallecidos. Miles de ciudadanos y ciudadanas vieron sus más básicos derechos humanos violentados, derechos que debido a la falta de acceso a la justicia
ron graves violaciones de derechos humanos. 5 Esta situación, no permite identificar a los presuntos responsables de las violaciones a los derechos hu- manos e impide continuar con las investigaciones sobre estos hechos.
Las normas nacionales amparan el acceso a la información pública a través del proceso consti- tucional de habeas data, el mismo que tiene como principio ser inmediato y eficaz; sin embargo, en la práctica esto no sucede. Al respecto, tenemos el ejemplo de la demanda de habeas data interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos – APRO- DEH contra el Ministerio de Defensa a fin de poder acceder a documentos que son fuente del libro “En Honor a la Verdad”, publicado por el Ejército perua- no.
Por el contrario, son motivo de grave preocupación las declaraciones del Presidente de la República en diciembre de 2016 señalando una supuesta inten- ción de pasar la página frente a estas graves viola- ciones de Derechos Humanos. 6
1.1.2 Militares con requisitorias o sentencias condenatorias evadiendo la justicia
La negativa de las Fuerzas Armadas de poner a disposición de las autoridades judiciales a militares requisitoriados, acusados o sentenciados por vio- laciones de derechos humanos. A la fecha, por lo menos 30 agentes del Estado están en calidad de no habidos pese a tener algún mandato de detención o inclusive sentencia firme. 7
julio de 2012 se interpuso dicha demanda ante el
General EP en retiro Manuel Delgado Rojas, mili- tar que ingresó al penal Virgen de las Mercedes en
Juzgado Constitucional de Lima. Recién en no-
abril del 2014, debido a la pena privativa de la liber-
viembre de 2015, el Poder Judicial declaró funda- da la demanda. Esta sentencia fue confirmada en segunda instancia en junio de 2016. Sin embargo, a cuatro años de haberse iniciado el proceso judicial y después de un año de sentencia firme, ésta no se
tad de 15 años puesta por la desaparición forzada de dos estudiantes de la Universidad Nacional del Centro en 1990, cuando Delgado era jefe del Co- mando Político Militar del Mantaro. Cuatro meses después, en octubre de 2014, fue sentenciado a 20
años de prisión como autor mediato en el crimen de
En mayo de 2016, en la campaña electoral, el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, suscribió un compromiso con las víctimas del Con- flicto Armado Interno comprometiéndose a crear una procuraduría especializada en derechos hu- manos que promueva la investigación y sanción de
los pobladores de Pucará (Junín) en 1989. Delgado apeló ambas condenas. En diciembre de 2014, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló la sentencia por el caso de los universitarios desapa- recidos y absolvió a Delgado Rojas en este caso. Sin embargo, la sentencia por la muerte de los campe- sinos de Pucará (20 años) sigue vigente. Pese a esto
estos crímenes, y a brindar por parte del Ejecutivo
Delgado Rojas fue puesto en libertad.
la información requerida por el sistema de justicia.
Estos ofrecimientos hasta ahora no son cumplidos.
5 En Perú, desde hace décadas, el Ministerio de Defensa ha venido negando sistemáticamente la información solicitada por el Poder Judicial o el Ministerio Público, aduciendo diversas razones, como la seguridad nacional o la destrucción de los documentos reque- ridos. El negar la información sin la debida justificación, es vulne- rar un derecho humano que forma parte del derecho a la libertad de expresión. Es decir, además del crimen en sí, sea un asesinato o una desaparición forzada, el Estado peruano está violando nue- vamente los derechos humanos al negar la información que ser- viría para saber qué pasó en esos casos. El derecho al acceso a la información, está reconocido en el artículo 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y protege el derecho de las personas a recibir la información solicitada y establece la obliga- ción del Estado de brindarla. El negar la información, entregarla de manera incompleta, o simplemente el no otorgar respuesta al- guna frente a este pedido, es vulnerar la Convención.
1.1.3 Defensa privada costeada por el Estado peruano para investigados o procesados por graves violaciones a los derechos humanos
Desde septiembre de 2006, mediante decreto su- premo N° 061-2006-PCM, se dispuso que los milita- res procesados por violaciones de derechos huma-
6 http://diariocorreo.pe/politica/ppk-emplazo-al-poder-judicial-a-
terminar-los-juicios-a-policias-y-militares-716009/
7 Anexo 1.
nos cuenten con abogados pagados por el Estado 8 . Este decreto sigue vigente.
En el caso del general EP Manuel Delgado Rojas (mencionado anteriormente), el Ministerio de De- fensa gastó por lo menos 60 000 soles en su de- fensa legal 9 . Desde el 2011 al 2015 el Ministerio de Defensa habría pagado por lo menos 506 000 soles para la defensa legal de los militares acusados de violaciones de derechos humanos 10 .
Esta situación contrasta con la situación de las víc- timas del conflicto armado interno. Hasta el año 2013, en el Perú ninguna víctima del conflicto podía acceder a un patrocinio legal estatal, pese a que la Defensoría del Pueblo venía insistiendo con su re- comendación al Estado para que otorgue una de- fensa legal a las víctimas del conflicto armado.
Recién desde el 2014, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dispuso que tres abogados o abogadas defensores públicos se ocupen de la de- fensa de las víctimas en tres regiones (Ayacucho,
Apurímac y Huancavelica). Ello significa, por ejem- plo, que Ayacucho –departamento con 11 provincias
y donde se concentra cerca de la mitad de víctimas
fatales del conflicto- cuente con un solo abogado
a cargo del patrocinio de miles de víctimas y sus
familiares, encontrándose este además a cargo de la coordinación de la oficina de Defensa Pública en Ayacucho. Situación que se agrava si tenemos en cuenta que de las investigaciones que se encuen- tran en el Ministerio Público, menos del 10 % de las víctimas y sus familiares involucradas cuentan con un patrocinio que viene siendo brindado (en su ma- yoría) por organismos de derechos humanos, por lo que un 90% de las mismas no cuenta con un patro-
8 Por ejemplo el año 2003 (hace 13 años) el Ministerio de Defensa contrató por la suma de S/. 280.000soles para la defensa legal de los militares procesados por la matanza de El Frontón, monto que contrasta de manera rotunda con los 10,000 soles que brinda al Estado a las víctimas del conflicto armado.
9 Patrocinó al general Delgado Rojas, el abogado Víctor Amoretti Pachas mediante los contratos N° 44-2010-MINDF-VRD/DGA/DL , N° 34-2011-MINDF-VRD/DGA/DL y N° 35-2011-MINDF-VRD/DGA/
10 Información brindada por el Ministerio de Defensa mediante oficio N° 1145-2016-MINDEF/SG de 1 de junio de 2016.
cinio legal de ninguna clase. 11 En pocas palabras,
la defensa pública para las víctimas del conflicto
armado es absolutamente insuficiente.
A esto se suma, que el compromiso suscrito en
mayo de 2016 por el actual presidente de la Repú- blica, comprendía también aumentar la defensa pú-
blica para las víctimas; sin embargo, desde julio de
2016 ésta defensa viene menguándose por motivos
1.1.4 Procesados por crímenes de lesa humanidad en altos puestos de gobierno
Por último, un motivo de grave preocupación en el
2015 fue el nombramiento por espacio de ocho me-
ses de Daniel Belizario Urresti Elera como Ministro del Interior, quien ya en el momento de su designa- ción se encontraba procesado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra 12 , crimen perpe- trado en el año 1988 13 . Generó gran preocupación las declaraciones del entonces Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, desestimando la
investigación del Ministerio Público 14 . Otro motivo de preocupación es la contratación de defensa legal privada por parte del Ministerio de Defensa para el patrocinio legal de Daniel Urresti, solo el año 2016
el Ministerio de Defensa ha desembolsado por lo
menos 15 mil soles en su defensa 15 .
11 Información brindada por la Asociación Paz y Esperanza, dispo- nible en http://derechoshumanos.pe/2015/10/la-defensa-publica-
de-las-victimas-del-conflicto-armado-interno-realidad-que-no- puede-detenerse/
12 En junio de 2013, el Segundo Juzgado Penal abrió proceso judicial contra Urresti Elera como autor mediato por el asesinato de Hugo Bustíos Saavedra. Posteriormente, en julio de 2015 cuando se ini-
ció el juicio oral, Urresti Elera fue acusado por una de las testigos de haberla violado sexualmente en dos oportunidades, ver: Diario “El Comercio”. Testigo del Caso Bustíos acusa a Urresti de asesino y violador. Nota de fecha 03 de octubre de 2015. En: http://elcomer-
cio.pe/politica/justicia/testigo-daniel-urresti-participo-crimen-
contra-bustios-noticia-1845418
13 Este caso cuenta con un informe de fondo de la Comisión Intera- mericana de Derechos Humanos en el cual concluyó que el Estado peruano el cual concluyó que el Estado peruano es responsable por la violación del derecho a la vida de Bustíos Saavedra
http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/presi-
14 Véase:
dente-ollanta-no-vemos-culpabilidad-ministro-urresti-n143929
15 Orden de servicio del 27 de abril de 2016 en virtud de la Resolución Viceministerial N° 025-2015-DE/VRD
1.2 Actuación del Ministerio Público
Las dificultades que venimos enfrentando inclu- yen la dilación de las investigaciones fiscales -las cuales han llegado incluso a superar los 10 años-, así como acusaciones que se están realizando por algunas/os fiscales al calificar como autoría media- ta casos en los que está comprobado el accionar directo, o la prescripción que se está aplicando a investigaciones por violaciones de derechos huma- nos.
1.2.1 Dilación indebida de las investigaciones
Este vencimiento de los plazos, ha generado la im- punidad por el archivamiento de miles de casos. Así, en el 2013 las Fiscalías Penales Supraprovin- ciales de Ayacucho archivaron 1,335 casos en fase preliminar de investigación de violaciones a los de- rechos humanos cometidas por militares. 16
De igual manera, al 2013 el Ministerio Público había recibido 2880 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en el periodo del conflicto (1980 – 2000). De estos casos, el 47% continuaba en etapa preliminar o intermedia de investigación (etapa en la que los casos pueden quedar paralizados duran- te años) y el 48% quedaron archivados. 17 Asimismo, hay poco avance en la identificación de restos óseos exhumados: la falta de reactivos para la realización de los análisis de ADN no permite avanzar en las entregas de restos a sus familiares y darles un en- tierro digno. Nuevamente se genera la revictimiza- ción de las y los familiares.
Caso Luis Alberto Cantoral Benavides Respecto a este caso, el Estado peruano por man- dato de la Corte Interamericana de Derechos
16 Ver:
http://www.noticiasser.pe/03/10/2013/nacional/ministerio-
publico-de-ayacucho-archiva-1335-casos-de-violaciones-de-
derechos-hum
17 BURT, Jo-Marie. Justicia transicional en el post-conflicto de Perú:
avances y retrocesos en la rendición de cuentas por abusos del pasado. Publicada en Aportes DPLA, Revista de la Fundación para el Debido Proceso. Páginas 51 – 56. Número 18, año 6, diciem- bre de 2013. Disponible en http://www.dplf.org/sites/default/files/
aportes_18_web.pdf
Humanos (Corte IDH)18 tiene la obligación inter- nacional de llevarlo adelante y culminarlo con un pronunciamiento del Poder Judicial. Esta investiga- ción por tortura y otros seguida contra efectivos po- liciales de la Policía Nacional del Perú se inició en el año 2005 y fue archivada, por supuesta prescrip- ción, en el 2006. La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ, denunció el desaca- to de la sentencia de la Corte IDH. La investigación se reabrió en enero de 2007. A la fecha, esta inves- tigación continúa en sede fiscal, a pesar de haber transcurrido más de 9 años desde que se reabrió.
1.2.2 Ausencia de articulación efectiva entre el Ministerio Público y el Poder Judicial
No existe a la fecha una base de datos integral de uso común para todo el Ministerio Público y el Po- der Judicial, lo que permitiría acopiar y sistematizar la documentación e información y utilizarla de ma- nera eficiente en las distintas investigaciones.
1.3 Actuación del Poder Judicial
En los últimos años la Corte Suprema ha emitido cinco sentencias absolutorias. Incluso se han dado situaciones donde esta Corte ha señalado que la persecución judicial prescribe frente a casos de violación de derechos humanos 19 . Algunos de los problemas más graves identificados son:
1.3.1 Procesos judiciales en español y no en idioma materno
De acuerdo al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) el 75% de las vícti- mas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma ma- terno. Lamentablemente, a la fecha los procesos judiciales se realizan en castellano y no existe un
18 La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró respon- sabilidad del Estado peruano en este caso por violación de dere- chos como el de las garantías judiciales y de su deber de protección a la integridad de dicho ciudadano peruano.
19 Caso Curgos – Huamachuco, homicidio calificado de dos personas en el año 1983.
adecuado sistema de interpretación simultánea ni tampoco de traducción en todos los procesos judi- ciales.
1.3.2 Vencimiento del plazo razonable
Los procesos judiciales por crímenes cometidos en el Conflicto Armado Interno no son desarrollados en un plazo razonable. Ello transgrede una efectiva tutela del derecho de acceso a la justicia.
Caso “Marcelino Valencia y Zacarías Pasca Hua- maní” Ejecución extrajudicial perpetrada por agentes del Estado contra ambos ciudadanos en el año 1990 en la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco – Perú. Los agentes, en forma arbitraria, detuvieron, torturaron y asesinaron a las víctimas, para luego enterrar los cuerpos al interior de la comisaria y brindar una información errónea a los familiares. Por la denuncia de los familiares y la exigencia de la población se inició la investigación originalmente en el fuero común, luego en el fuero militar y por ultimo retornó al fuero común.
En el año 2008 se inició juicio oral en el departa- mento de Cusco con la acusación que atribuía res- ponsabilidad penal de Braulio Samuel Martiarena Ríos, Jorge Elías Maldonado Arrarte, Audaz Baez Maqquerhua y Guido Huallpa Roca como cómpli- ces primarios del autor directo, Miguel Ángel Alva Quiroz (quien desde ese momento se encontraba prófugo). Debido a cambio de magistrados el juicio se quebró en tres oportunidades: años 2009, 2012 y 2013.
A finales del año 2013 la Sala Mixta emitió senten- cia absolviendo a cinco efectivos policiales y se re- servó respecto a Miguel Ángel Alva Quiroz. La parte agraviada apeló a dicha sentencia.
Adicionalmente, la parte agraviada solicitó la extra- dición del prófugo Alva Quiroz quien aparentemen- te se encontraba en la República de Argentina. La Sala Mixta de Canchis aceptó el pedido. En junio de
2012 remitió el cuaderno de extradición a la Sala Penal Suprema Permanente la cual emitió decisión favorable a efecto de que se siga con el trámite de extradición. Sin embargo, recién en agosto de 2013 el Ministerio Público hizo de conocimiento de la Sala Mixta de Canchis la tramitación de la extradi- ción del prófugo. Este trámite tardío permitió que el prófugo Alva Quiroz hasta la fecha no sea juzgado por el crimen señalado. Han trascurrido veinticinco años de los hechos sin sanción a los responsables.
Caso “Fortunata García Gamboa (80 años) y Aquili- no Bautista (14 años)” En el año de 1984 miembros del Batallón de Infan- tería Motorizado de Cangallo ingresaron a la vivien- da de la señora Fortunata García, la desnudaron, torturaron, violaron sexualmente y quemaron viva. Sus restos fueron arrojados a las orillas del Río Pampas, donde su cuerpo fue dinamitado. Poste- riormente, detuvieron al joven Aquilino Bautista, ante los reclamos de su madre y su hermana, los militares les aseguraron que Aquilino sería libe- rado en unos días. Nunca lo liberaron y continúa desaparecido.
En enero de 2016, el Poder Judicial confirmó en su sentencia que estos crímenes fueron realizados por agentes del Estado como parte de “prácticas
sistemáticas” perpetradas por el Ejército Peruano;
a pesar de haberse probado el delito, se absolvió a
los inculpados de autoría mediata debido a que no se encontró entre las pruebas una “orden expresa”
para la perpetración de estos crímenes.
Caso Sotanos del SIE Los casos de desaparición forzada de Justiniano
Najarro Rúa, Martín Roca Casas y de Kenneth An- zualdo Castro han sido presentados conjuntamente, la Segunda Sala Penal Liquidadora dictó sentencia el 27 de septiembre de 2016. Condenó a Vladimiro Montesinos Torres y Nicolás de Bari Hermoza Rios
a veintidós años de cárcel, y a Jorge Nadal Paiva a
quince años, reservando el proceso contra el pro- cesado Ernesto Oswaldo Oliveros Pérez por ser reo contumaz. Han tenido que pasar más de 22 años
desde la desaparición de los dos estudiantes uni- versitarios para alcanzar justicia, aunque parcial.
1.3.3 Cambios intempestivos en la conformación de las Salas
Los constantes cambios de magistradas o magis- trados de las Salas han puesto muchas veces en peligro de quiebre o dilatación excesivas los proce- sos judiciales.
Al respecto, uno de los últimos cambios se dio el 27 de septiembre de 2016, el Juez Marco Cerna Bazán –Presidente del Colegiado B de la Sala Penal Nacio- nal- declinó sorpresivamente su cargo por motivos de salud, siendo repuesto en su antiguo cargo de Juez Superior Titular de la Corte Superior de Jus- ticia de Lima Sur. El magistrado saliente fue reem- plazado por el Juez Otto Verapinto Márquez.
El intempestivo cambio ocasionó que este nuevo magistrado se incorpore a cinco casos que se en- contraban en etapa de juicio oral, algunos de ellos muy avanzados, como el proceso penal contra Da- niel Urresti Elera por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, donde incluso será este nuevo ma- gistrado el encargado de proyectar la sentencia pese a no haber estado presente en la etapa de declaraciones testimoniales, vulnerándose así el principio de inmediación judicial.
2. EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL: EL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (SIDH)
El Perú es uno de los países que más deuda tie- ne frente al SIDH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las instancias que ha defendido innumerables derechos huma- nos, tanto civiles como sociales, tales como el de- recho al trabajo, la educación y la salud; de igual manera, ha protegido a poblaciones históricamente discriminadas y grupos en riesgo como: pueblos in-
dígenas, comunidad LGTBI, mujeres, niños, perso- nas con discapacidad, personas adultas mayores, periodistas, defensores de derechos humanos y más. Además, mediante visitas, informes temáti- cos, y casos presentados, ayudó a recuperar la de- mocracia secuestrada por la dictadura fujimorista. Adicionalmente, la Corte IDH ha permitido para al- canzar verdad, justicia y salvaguardar los derechos de la ciudadanía cuando el camino a la justicia se vio truncado a nivel nacional.
Por este motivo, la crisis financiera que golpeado este año 2016 a la CIDH, y que repercute en todo el sistema, genera gran preocupación. De agravarse esta crisis, se podría dejar en la indefensión a mi- les de personas que no encontraron justicia en su país ante graves violaciones de derechos humanos. También pondría en riesgo el sistema de monitoreo y promoción de derechos humanos en la región. No hay que obviar que incluso el Estado recurre a la Comisión y a la Corte Interamericana para audien- cias, balances y consultas.
En junio de 2016, los organismos que conforman la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ex- hortamos a nuestro Estado -específicamente a la Presidencia de la República, al Ministerio de Econo- mía y Finanzas, así como a la Cancillería, a atender esta situación de crisis y otorgar un presupuesto extraordinario a esta instancia. Asimismo, requeri- mos que adopte una actitud más proactiva en la re- solución de esta crisis entre sus pares, a fin de que los Estados contribuyan con sus aportes a respon- der a la emergencia financiera actual, y lidere en la búsqueda de soluciones a mediano y largo plazo para la sostenibilidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
2.1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
En los últimos meses, la CIDH ha sometido a la Corte dos casos que involucran al Estado peruano. Uno de ellos, es sobre cinco (5) casos de personas
detenidas y desaparecidas en el Perú durante el pe- ríodo del Conflicto Armado Interno (1980-2000). Las víctimas son Santiago Antezana Cueto, Néstor Ro- jas Medina, Teresa Díaz Aparicio, Wilfredo Terrones Silva y Cory Clodolia Tenicela Tellolas.
Al respecto, en noviembre de 2016 la CIDH acumuló estos casos al considerar que los mismos revisten características similares “en el contexto de la prác- tica sistemática y generalizada de la desaparición forzada en el marco de la lucha antiterrorista por parte del Estado peruano” y los sometió ante la Corte IDH.
2.2 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
En los últimos meses se dictaron tres sentencias contra el Estado peruano por graves violaciones a los derechos humanos. Resaltamos dos:
Caso Comunidad Campesina Santa Bárbara vs. Perú En la sentencia noviembre de 2015, se condenó al Estado peruano por la desaparición forzada de 15 campesinos en esta comunidad campesina. Al res- pecto, en la localidad de Rodeopampa - Huancaveli-
ca en 1991, durante el gobierno de Alberto Fujimori, efectivos militares en el marco del operativo militar “Apolonia” detuvieron a 15 comuneros. Entre ellos se encontraban tres niñas y cuatro niños, entre los
meses y 6 años de edad, así como una mujer de
meses de embarazo. Víctimas que luego fueron
maltratadas, golpeadas y conducidas a una mina abandonada para acribillarlas con ametralladoras. Posteriormente, los militares detonaron la mina generando el fraccionamiento de sus cuerpos.
La Corte estableció además la obligación del Es- tado peruano de investigar los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los responsables, de igual manera de determinar el paradero e identificar a las víctimas desaparecidas. También subrayó la necesidad de implementar una política nacional de
búsqueda de personas desaparecidas que comple- mente los procesos judiciales pertinentes.
Caso Rigoberto Tenorio Roca vs. Perú Sentencia publicada en agosto de 2016, en la cual la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la detención, tortura y posterior desaparición forzada del señor Rigoberto Tenorio Roca, suboficial del Ejército pe- ruano, ocurrida en Huanta, Ayacucho, el 7 de julio de 1984. Estos delitos fueron cometidos por Infan- tes de la Marina de Guerra del Perú acantonados en el Estadio de Huanta.
La Corte concluyó que se vulneró la garantía del juez natural respecto a las investigaciones que fue- ron tramitadas ante el fuero militar. Así también, debido a la ausencia de una investigación efectiva de los hechos, juzgamiento y sanción de los cul- pables, el Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. La Corte subrayó la gravedad de los hechos, los cuales se enmarcaron en un contexto generalizado de desapariciones forzadas ejecutadas por las Fuerzas Armadas; considerando además que han transcurrido más de 32 años sin que se sancionen a los culpables y sin que se haya ubicado los restos de la víctima para su posterior entrega a sus familiares. 20
20 Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas de fecha 22 de junio de 2016. En:
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_314_esp.
ANEXO 1 REQUISITORIADOS – SENTENCIADOS AUSENTES
1 Santiago Alberto
Sala Penal Nacional Exp. 14-2005 (Ccarpaccassa, Sillaccas- sa y Sancaypata) Reserva de juicio Exp. 380-2011 Caso: Barrio Tuco En Fiscalía para acusación
Se le vincula en el asesina- to de 4 personas del distri- to de Totos, 8 personas de Quispillacta y 15 personas de Sancaypata, entre abril y mayo de 1983. Se le vincula en el asesi- nato de 05 personas del Bario Tuco, Quispillaccta (Chuschi) el 26 de mayo de 1983
La Sala Penal Nacional cursó reiterados oficios de requisitorias a la Policía Nacional desde el 2004 y cada 6 meses.
Picón Pesante
Sala Penal Nacional Exp. 30-2006 (Caso Calqui) Reserva de juicio
Se le vincula en el asesina- to de 6 personas, hechos ocurrido el 01 de agosto de 1984 en Huanta - Ayacu- cho.
La Sala Penal Nacional ha cursado reiterativos oficios de requisitorias a la Policía Nacional desde el año 2006.
Celis Checa
3 Dennis Wilfredo
Sala Penal Nacional Exp. 42-2006 (Caso Santa Bárbara) Reserva de juicio
Se le vincula en el asesina- to de 7 menores de edad y 8 adultos, hechos ocurrido el 4 de julio de 1991 en Huancavelica.
Pacheco Zam-
4 Harry Esteban
Sala Penal Nacional Exp 131-2004 (Caso Barrantes)
Vinculado a la desapari- ción del militar Marcos Barrantes Torres ocurrida en los sótanos del SIE en marzo de 1988 en la ciudad de Lima.
La Sala Penal Nacional ha cursado reiterativos oficios de requisitorias a la Policía Nacional desde el año 2010 en que paso a la clandes- tinidad.
Rivera Azabache
5 Jesús Dante Re- tamal Guerra
Sala Penal Nacional Exp. 009-2006
Vinculado como coautor material en la muerte de 12 comuneros del Caso ParccoPomatambo Proceso de extradición ante EEUU – Resolución Suprema 074-2014-JUS
6 Mario Caldas
Proceso reservado Caso Chuschi 1 (2007) (SPN)
Desaparición de 4 pobla- dores de Chuschi (Ayacu- cho)
La orden de captura sigue vigente por parte de la SPN.
7 José Humberto
Chuschi 2 Sala Penal Nacional
FUGADOS En diciembre del 2014 fue la lectura de sentencia del caso NO se presentó ninguno de los siete acu- sados, dos de los cuales (Zavaleta y Oblitas, S3 y S2/S4 respectivamente) fueron condenados por la desaparición de los 4 pobladores de Chuschi. Se han dictado las órdenes de captura respectivas.
Zavaleta Angulo
8 Néstor Raúl Obli- tas Carrera
9 Marco Antonio
Aguilar Biagui
10 Federico Ca-
Caso Chumbivilcas (desaparición forzada, asesinato, violación sexual de 21 pobladores de las comunidades de las zonas altas de Cusco – Chumbi- vilcas)
En juicio oral desde enero del 2014, están asistido por la defensa pública.
huascanco Pucho
11 Alberto Alviz
12 Arturo Moreno
Caso Cabitos 1983
En juicio oral, asistido por defensa particular. Se ha pedido su extradi- ción de Chile, donde tiene la condición de asilado.
13 Enrique Oliveros
2da Sala Penal Liquida- dora Además, está acusado por el caso Barrios Altos (Exp.
Casó Sótanos SIE (1993)
En juicio oral, es asistido por defensa particular.
28-2001)
14 Manuel Giovani
Exp. Nº: 62-2014 Sala Penal Nacional Sentencia condenatoria
Caso Chulliutira
Se ordenó su captura y se cursó oficios de requisito- rias a la Policía Nacional en 2015.
Delgado Contre-
Exp. Nº: 144-2009 Sala Penal Nacional Sentencia condenatoria
Caso Manyacc.- En mayo de 1984, Santiago An- tezana fue detenido por
Se le sentenció como autor del delito de Desaparición Forzada, en agravio de Antezana Cueto, a 15 años de Pena Privativa de la
ronderos del comité de au- todefensa. Lo entregaron
a una patrulla del ejército
Libertad. La defensa de
a su mando.A partir de esa
Esquivel interpuso recurso de nulidad.En marzo de 2015 la Corte Suprema confirmó la sentencia. Hasta el día de hoy Esqui- vel se encuentra como no habido.
fecha se desconoce el pa- radero de dicho agraviado. El 25 de noviembre de 2004 se interpuso denun- cia penal contra Esquivel Mora en la modalidad de secuestro. Se abrió in- vestigación en la Fiscalía. En el 2009 se formalizó denuncia penal en la modalidad de Desaparición forzada.
16 Gumercindo
Sala Penal Nacional Exp 131-2004 Caso Marco Barrantes Torres
Se le vincula que como
La Sala Penal Nacional ha cursado oficios de requisi- torias a la Policía Nacional para su captura e interna-
Zambrano Sa-
agente del SIE desapare- ció al agraviado en marzo de 1988. Fue condenado
9 años de PPL no se
miento en el penal.
presentó a la lectura de
17 Carlos Fernán- dez Figueroa o Raúl Francisco Chávez Torres
Sala Penal de Pucallpa Exp 21-2009 Caso Miguel Andahua)
Se le vincula en las tor-
La Sala Penal de Pucallpa ha cursado reiterativos oficios de requisitorias a la Policía Nacional desde el
turas a Miguel Andahua ocurrida el 18 de diciembre del 2008 en la ciudad de
13 de marzo del 2012.
18 Saúl Mondoñedo Jordán o Héctor Pereda Sánchez
Se le vincula en las tor- turas a Miguel Andahua ocurrida el 18 de diciembre del 2008 en la ciudad de Aguaytía
La Sala Penal de Pucallpa ha cursado reiterativos oficios de requisitorias a la Policía Nacional desde el 13 de marzo del 2012.
19 Manuel Jesús
Sala Penal Nacional Pucará Exp 719-2008 Caso
Condenado a 15 años por la desaparición forzada de dos estudiantes de la Universidad del Centro, ocurrida en 1990. Senten- ciado además, en octubre de 2014, a 20 años por el crimen contra los pobla- dores de Pucará (Junín) en 1989. Delgado apeló las dos condenas. En diciem- bre de 2014 la Sala Penal Transitoria de la Corte Su- prema anuló la sentencia y lo absolvió en el caso de los universitarios desapa- recidos.
Pese a que la sentencia
por la muerte de los cam- pesinos de Pucará seguía vigente, el oficial fue pues- to en libertad.
20 Luis Silverio Gó- mez Carrasco
Sala Penal Nacional Exp 719-2008 Caso Pucará
Se le vincula como co- autor del homicidio de 9 comuneros en Pucara. Fue capturado en septiembre del año pasado y no se ha presentado al juicio oral y fue declarado reo contu- maz
La Sala Penal Nacional ha ordenado su captura y su internamiento en un penal para que cumpla condena
Se le vincula a la tortura y ejecución extrajudicial de Marcelino Valencia y Zaca- rías Pasca Huamaní el 24 de setiembre de 1990. Luego de haber realiza- do la conducta punitiva habrían enterrado los cuerpos al interior de la comisaría.
Caso principal: pendiente para emitir decisión final.
06892-2013-5001-SU-
Expediente Extradición:
Archivo de la corte supre- ma de justicia
02558 – 2012. 0 –5001-SU-
Informe sobre violación sexual durante el CAI
VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTO ARMADO INTERNO 21
Mención especial requieren los crímenes de viola- ción sexual perpetrados contra las mujeres durante el conflicto armado 22 . En este tipo de crímenes las principales víctimas fueron mujeres pobres, cam- pesinas, quechua hablantes, en su mayoría tenían
entre 10 y 29 años de edad 23 . El carácter generali- zado y sistemático de la violencia sexual contra las mujeres se usó como instrumento para castigar, in- timidar, coaccionar, humillar y degradar a la pobla- ción, además de ser también una herramienta usa- da para de manera sistemática obtener información
o confesiones 24 .
A septiembre de 2016 el Registro Único de Víctimas
tiene registradas a 4,540 mujeres víctimas de vio- lación sexual, así como a 117 víctimas hombres. De todos estos casos, conforme lo reportado por la De- fensoría del Pueblo y los organismos de derechos humanos que patrocinan a las agraviadas, a la fe- cha solo 22 están en investigación fiscal o proceso
judicial 25 y solo una sentencia condenatoria en el caso de MMMB por este crimen.
21 Informe elaborado por el Grupo Jurídico de la CNDDHH, actualiza- do al 2016 sobre la base del Informe Alternativo a la CEDAW elabo- rado por APRODEH y Demus (2011). Actualizado por Demus.
22 De acuerdo a la información recopilada por la (CVR) todas las par- tes del conflicto armado interno perpetraron violaciones sexuales mujeres; sin embargo, 83,46% fueron cometidas por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú. Estas violaciones sexua- les también se perpetraron contra hombres. Según el Informe de la CVR se realizaron en todas las zonas del conflicto. Existen de- nuncias sobre violaciones sexuales en 60 bases antisubversivas. Las víctimas fueron generalmente mujeres adolescentes, pero también mujeres casadas e incluso con sus hijos a cuestas, fueron violadas en masa, es decir, por varios hombres al mismo tiempo.
23 Comisión de la Verdad y Reconciliación (agosto 2003). Informe Fi- nal, Tomo VI. Lima: CVR., p. 276.
24 Astocondor Salazar y otros (2011). La judicialización de la violencia sexual en el conflicto armado en Perú: a propósito de los recientes estándares internacionales de derechos humanos desarrollados en la jurisprudencia de la Corte IDH. Revista del Instituto Intera- mericano de Derechos Humanos. San José, 2011, vol. 53, p. 215.
Frente a la gravedad de este crimen y a la situación general de impunidad podemos observar que los obstáculos para el acceso a la justicia se presen- tan en todas las instituciones que tienen algún tipo de responsabilidad. Al respecto, mencionamos tres casos patrocinados por las organizaciones en los que se evidencia la impunidad generalizada:
1. La señora A.T.H. fue víctima de violación se- xual durante una operación antiterrorista que las Fuerza Armadas, realizaron en la región de Huánuco en 1994. Durante la operación A.T.H. fue violada repetidamente y amenazada y fue además testigo de la ejecución de una niña de 13 años y de varios hombres – entre ellos, su marido. En 2004 se iniciaron investigaciones relativas a las ejecuciones extrajudiciales de la misma operación, y de hecho en 2012 se identi- ficaron a los primeros responsables, razón por la cual, se decidió a poner en conocimiento del Ministerio Público su caso de violación. 22 años después, su crimen continúa siendo investigado en el Ministerio Público y no presenta avances.
2. La señora L.M.N.R en febrero de 1993 fue víc- tima de violación sexual cuando miembros del Ejército, irrumpieron en la localidad de Diviso- ria, Huánuco, ejecutaron al señor Jesús Rodrí- guez Illatopa, y se llevaron a varias personas de- tenidas, entre ellas a L.M.N.R.; exigiendo que les proporcione información sobre el paradero de presuntos terroristas. Durante esta detención fue violada. Fue liberada luego de que su madre pagó una suma de dinero. En el 2003 se inicia- ron investigaciones relativas a las ejecuciones extrajudiciales de la misma operación y la vio- lación. 23 años después, los hechos continúan siendo investigados en el Ministerio Público, no se presenta un avance sustantivo en este caso y no se han identificado a los responsables.
3. El caso Manta y Vilca 26 , inició en marzo de 1984 cuando los militares hacen su ingreso a las comunidades, debido a que iban a enfrentar a Sendero Luminoso que estaba en la zona desde 1983. Su ingreso fue violento pues asesinaron, detuvieron arbitrariamente, torturaron, desapa- recieron y violaron sexualmente a mujeres, en su gran mayoría, y hombres. Debido a estos he- chos, después de muchos años y “debido a que algunas mujeres decidieron denunciar, el 3 de abril de 2009, el Cuarto Juzgado Supra provincial Penal en Lima, abrió proceso penal de violación sexual como crimen de lesa humanidad, fundamentando su decisión en que, durante el contexto de con- flicto armado interno, la violación sexual fue una práctica sistemática o generalizada. En el caso denominado Manta y Vilca” II el Segundo Juzgado Supra provincial Penal en Lima, abrió proceso penal de violación sexual como crimen de lesa humanidad bajo los mismos sustentos. Ambas investigaciones fueron acumuladas y el Ministe- rio Público acusó a 14 militares, habiendo trans- currido 8 años desde la primera denuncia hasta dicha acusación. Finalmente, 30 años después de los hechos, se abrió juicio oral.
ENTIDADES RESPONSABLES DE LOS OBSTACULOS EN LA JUDICIALIZACION DE LOS CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL EN CONFLICTO ARMADO INTERNO 27
La judicialización de casos de violaciones a los de- rechos humanos acaecidos durante el conflicto ar- mado, presenta diversas dificultades, especialmen- te en cuanto a la probanza de los hechos, la autoría y participación de los perpetradores, y respecto a la tipificación del delito (temporalidad de la norma vigente aplicable, interpretación y aplicación del de- recho internacional en el fuero nacional).
26 Fue uno de los casos denunciados por la CVR.
27 APRODEH. Documento preliminar para Informe CEDAW. Lima,
A esto se suman dos situaciones que atraviesan las
víctimas: las mujeres no denuncian por temor, ver- güenza y desconfianza en las autoridades encarga- das; y las que deciden presentar una denuncia de parte, se ven inmersas en investigaciones revicti-
mizantes
A septiembre de 2016 el Registro Único de Víctimas tiene registradas a 4,540 mujeres víctimas de violación sexual, así como a 117 víctimas hombres.
Por ejemplo, la justicia peruana los ha abordado de manera diferente. En unos se ha procesado como delito común, se aplicó la prescripción y se dejó im- pune la violación sexual. En otros como en el caso de Manta y Vilca se ha iniciado el juicio oral proce- sando la violación según lo señalado en el Código Penal de 1924 y de 1991, pero señalando que ade- más que estos delitos también tienen los elementos de un crimen de lesa humanidad por la forma y con- texto en que se dieron. Debido a esto último las vio- laciones sexuales ocurridas hace más de 30 años se pueden investigar y eventualmente sancionar.
A continuación, un resumen de los obstáculos en-
contrados:
1. Poder Ejecutivo: Ministerio de Defensa
Continúa la negativa por parte del Ministerio de De- fensa de remitir información sobre la identidad de los oficiales y suboficiales que estuvieron a cargo o pertenecieron a las patrullas y bases militares en períodos determinados donde hubo estas graves
violaciones a los derechos humanos de las muje- res, aduciendo que por los años transcurridos todo se ha incinerado, perdido, o simplemente no existe. Por lo que, al no poder identificar/individualizar a los presuntos autores 28 las investigaciones se pro- longan y muchas veces son archivadas.
Algunas y algunos fiscales no son sensibles a la problemática que sufrieron las mujeres durante el conflicto armado interno, y desconocen el contexto en el que se suscitaron los hechos denunciados o no tienen la capacitación adecuada para entender la complejidad de estos casos y actuar de manera especial en su tramitación. Esto deviene en que se victimiza nuevamente a las agraviadas y se obsta- culiza la investigación. Estas son algunas de las di- ficultades halladas:
 La exigencia de un reconocimiento médico legal (ya sea de la época o uno actual) para probar la violación sexual denunciada, peritaje muchas veces inadecuado, tomando en cuenta la data de los hechos y del nivel de impunidad con el que se les permitía actuar a los perpetradores
 La exigencia de confrontarlas con sus agresores, donde son sometidas a presión por parte del agre- sor y su defensa legal, quienes buscan restarles credibilidad a sus testimonios y generan que ellas se sientan juzgadas en vez de escuchadas
 Falta de capacitación profesional sobre el tema, el desconocimiento de la normatividad interna- cional de derechos humanos y su aplicación en el derecho interno
 Escaso conocimiento de los enfoques de dere- chos humanos, género e interculturalidad, los cuales permitirían comprender los sucesos de dicha época
28 Es necesario señalar que, en la mayoría de los casos de violación sexual, las víctimas o desconocen la identidad de sus agresores, o sólo escucharon sus seudónimos (nombres falsos) o apelativos con los que eran llamados por sus colegas, o por los “nombres” que eran conocidos en la comunidad. En efecto la utilización de seudónimos fue una práctica común utilizada por los miembros de las fuerzas del orden por cuestiones de seguridad cuando eran destacados a zonas de emergencia.
 Inadecuada tipificación penal, los hechos denun- ciados son investigados como delitos comunes
y no como delitos de lesa humanidad, donde se
aplica la imprescriptibilidad para poder investi- gar y sancionar a los responsables
 En la priorización de las investigaciones reali- zadas por el Ministerio Público, este tipo de ca- sos, en la mayoría de veces, son los últimos en tramitarse. El Ministerio Público no cuenta con una estrategia común que acopie la información reunida en otros procesos.
Además, un grave problema es la escasez de fis- calías especializadas en los lugares de los hechos.
2.1 Instituto de Medicina Legal (IML)
A las agraviadas se les examina sobre la base del Protocolo de Reconocimiento Médico Legal para la detección de Lesiones o Muerte Resultante de Tor- tura 29 . Este protocolo abarca la realización de diver- sos exámenes, entre los que está el psicológico a las víctimas, este examen constituye otra limitante o di- ficultad para los casos debido a diversos factores 30 :
 La ausencia o el escaso personal con el que cuenta el IML. En Huancavelica, por ejemplo, no se cuenta con un profesional de esta especialidad por lo que las víctimas deben de desplazarse a Lima (el peri- taje se hace muchas veces sin traductor y los pro- fesionales no hablan quechua). En la región Apu- rímac se cuenta con un solo psicólogo que debe atender a siete provincias. La carga no le permite dedicar el tiempo adecuado a cada peritaje.
 La ausencia de procedimientos establecidos
para realizar los peritajes, lo que lleva muchas veces a que se utilicen pruebas psicométricas
o test proyectivos, no estandarizados a la rea-
lidad peruana, además de ser poco comprensi- bles para personas quechuahablantes. De esta manera, los peritajes psicológicos no permiten
29 Resolución de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público N° 705 – 98 – MP – CEMP del 3 de noviembre de 1998.
30 APRODEH. Rompiendo el Silencio. Ob. Cit. Pág. 37 y 38.
evaluar el impacto psicológico de la violencia sexual.
 Las características de los peritajes realizados no están orientados a determinar qué tipo de huella dejó la violencia sexual, sino más bien, cuál es la afectación psicológica actual de la víctima, sin hacer una conexión con el pasado traumático de violencia sexual en conflicto armado.
 Además, los peritajes realizados en el IML se limi- tan, muchas veces, a señalar si hubo estrés pos- traumático, en vez de tener una mirada evolutiva del daño, es decir, que observen si este afectó de manera distinta al proyecto de vida de las muje- res en sus diferentes etapas hasta la actualidad.
a que algunas mujeres
decidieron denunciar, el 3 de abril de 2009, el Cuarto Juzgado Supra provincial Penal en Lima, abrió proceso penal de violación sexual como crimen de lesa humanidad, fundamentando
su decisión en que, durante el contexto de conflicto armado interno, la violación sexual fue una práctica sistemática o generalizada. En el caso denominado Manta y Vilca
Son cinco los casos que han llegado a esta etapa procesal: dos de Huancavelica, uno de Cusco, uno
de Ayacucho y otro de Lima. Dado que en los dos primeros lugares NO existen ni fiscalías ni juzgados especializados en derechos humanos, la formaliza- ción de la denuncia por parte del fiscal de origen fue dirigida al juez especializado en Lima, y, por ende, le correspondió a éste la apertura del proceso penal y la realización de las diligencias judiciales.
Frente a esta situación, se suscitan nuevas situa- ciones que dificultan el acceso a la justicia de las mujeres: la lejanía de las comunidades donde re- siden, la lengua materna, el reiterado relato de lo vivido y la indocumentación 31 .
Si bien a nivel preliminar, las mujeres debían de desplazarse de sus comunidades a las fiscalías que estaban en la capital de la provincia, ello no signi- ficaba tanto esfuerzo físico y económico como el tener que viajar hasta Lima. Esto implica viajes de varias horas o días, además dejar de realizar labo- res cotidianas y económicas (agricultura, comer- cio-venta de productos agrícolas, etc.) y dejar a su familia por varios días.
También, en esta instancia, hay desconocimiento de la normatividad internacional de derechos huma- nos y su aplicación en el derecho interno; como el escaso conocimiento de los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad.
Finalmente, durante la investigación judicial, la agraviada nuevamente es citada a declarar, por lo que se le somete a un nuevo interrogatorio, a narrar los hechos denunciados, esta vez no sólo frente al juez, sino también al fiscal, a su abogado defensor y
31 CIDH. “Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”. 2007. Pág. 86 http://www.cidh.oas.org/women/
Acceso07/indiceacceso.htm
“La CIDH ha recibido de varias fuentes y mediante la implementa- ción de los mecanismos del sistema interamericano, información sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a la justicia, generalmente relacionados con la exclusión social y discriminación étnica que han sufrido históricamente. A lo anterior, se une la dificultad que enfrentan las mujeres indígenas por la inaccesibilidad geográfica de los territorios indígenas. Para acceder a la justicia deben realizar largas caminatas de varios días
inclusive, por tierra o por agua, para llegar a la ciudad más cercana
a denunciar los hechos de violencia sufridos, lo que genera además
dificultades de índole probatorio. La Comisión ha sido informada
que los problemas de acceso a la justicia no terminan con la llegada
a la ciudad, porque ahí enfrentan otros problemas; de tipo económi-
co, de falta de información, de ubicación en contextos urbanos y de manera muy habitual denuncian que el desconocimiento del idioma utilizado en los tribunales de justicia impide acceder a ella.”
a los abogados de los procesados. La víctima nue- vamente es revictimizada.
La Corte IDH ha señalado, en casos que versen so- bre violencia contra las mujeres, particularmente, la violencia sexual, los siguientes estándares a se- guir en toda investigación o proceso penal:
1. La exigencia de un reconocimiento médico legal
(ya sea de la época o uno actual) para probar la violación sexual denunciada. Se debe considerar que la procedencia de un peritaje ginecológico,
el cual de preferencia se tiene que realizar den-
tro de las 72 horas de sucedido los hechos o ha- biendo transcurrido tiempo, debe ser motivada detalladamente por la autoridad que la solicita. En caso de no ser procedente o no contar con el consentimiento informado de la presunta vícti- ma, el examen debe ser omitido, lo que en nin- guna circunstancia debe servir de excusa para desacreditar a la presunta víctima o impedir una investigación.
2. Se debe prescindir de la exigencia de confron- tar a las víctimas con sus agresores para evitar la revictimización. Solo de forma excepcional, y sustentando el motivo de esta diligencia, podría permitirse este acto.
3. Frente a la poca o nula formación y especiali- zación de los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad de parte de los inte- grantes del Ministerio Público, incluido el Insti- tuto de Medicina Legal, y el Poder Judicial; esta formación debe ser obligatoriamente brindada por la AMAG, y el CNM debe acoger la misma por medio de una bonificación, creando una guía para su evaluación.
4. Con relación a la inadecuada tipificación penal es indispensable que se tome en consideración
el contexto en que se suscitaron las violaciones
a los derechos humanos. El Poder Judicial tie-
ne que tener en cuenta que, durante el período del conflicto comprendido entre 1980 y 2000, la
violencia sexual fue una práctica generalizada dentro de las fuerzas de seguridad, la cual afec- tó principalmente a las mujeres. Se debe consi- derar que diversos órganos internacionales han reconocido que, durante los conflictos armados, las mujeres y niñas enfrentan situaciones espe- cíficas de afectación de sus derechos humanos, como los actos de violencia sexual, los cuales en muchas ocasiones son utilizados como un me- dio simbólico para humillar a la parte contraria o como un medio de castigo y represión 32 .
5. Sobre la lentitud de las investigaciones, la fal- ta de priorización y la falta de estrategia para la recopilación de pruebas o acumulación de pro- cesos, las autoridades estatales deben iniciar de oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva una vez que tomen conoci- miento de los hechos que constituyan violencia contra la mujer, incluyendo la violencia sexual 33 . Para ello, deberían realizar lo siguiente, de for- ma paralela, a nivel de infraestructura y de pro- cedimientos utilizables:
 Crear fiscalías y juzgados penales suprapro- vinciales, con dedicación exclusiva, en depar- tamentos donde se están investigando este tipo de crímenes.
 Aprobar protocolos especializados para el tratamiento de víctimas de violencia sexual en conflicto armado interno como en tiempos de paz, tanto a nivel fiscal como judicialDis- poner la contratación de intérpretes para las declaraciones de las agraviadas en todo el tiempo que dure el proceso
 Acumular investigaciones o carpetas fiscales para casos con los mismos perpetradores en
32 Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra, párrs. 223 y 224, y Caso Masacre de El Mozote y lugares aledaños Vs. Salvador, supra, párr. 165. Ver también, Comité para la Eliminación de la Discrimina- ción contra la Mujer, Recomendación general 19: La Violencia contra la Mujer, supra, párr. 16, y Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Sra. Radica Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la Violen- cia contra la mujer de la ONU, con inclusión de sus causas y conse- cuencias, presentado de conformidad con la resolución 2000/45 de la Comisión de Derechos Humanos, “La violencia contra la mujer per- petrada o condonada por el Estado en tiempos de conflicto armado (1997-2000)”, U.N. Doc. E/CN.4/2001/73, 23 de enero de 2001.
33 Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, supra, párr. 378, y Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 185.
un periodo de tiempoVerificar carpetas fiscales
y evaluar la reapertura de las investigaciones
cuando no se ha actuado diligentemente y se haya causado perjuicio a la denunciante (mala notificación, nulos actos de investigaciones, etc.)Garantizar un sistema descentralizado de investigación y juzgamiento de violaciones de derechos humanos de mujeresGarantizar los recursos necesarios para llevar a cabo las di- ligencias que les permitan desarrollar inves- tigaciones oportunas y eficacesDocumentar y coordinar los actos investigativos. Así como manejar diligentemente la prueba, toman- do muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia.
 Brindar acceso a asistencia jurídica gratuita
a la víctima durante todas las etapas del pro- ceso, y
 Otorgar atención médica, sanitaria y psicoló- gica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, me- diante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la viola- ción 34
34 Cfr. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México, supra, párr. 194, y Caso J. Vs. Perú, supra, párr. 344. En este sentido, el Estado se encuentra en la obligación de brindar, con el consentimiento de la víctima, tra- tamiento a las consecuencias a su salud derivadas de dicha violencia sexual, incluyendo la posibilidad de acceder a tratamientos profilác- ticos y de prevención del embarazo. Al respecto, ver: Organización Mundial de la Salud, Guidelines for medico-legal care for victims of se-
xual violence, Ginebra, 2003, inter alia, pág. 63, disponible en: http:// whqlibdoc.who.int/publications/2004/924154628X.pdf?ua=1; Ver también: Instrumento de Trabajo y Consulta, Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Víctimas de Violación Sexual (Costa Rica), dispo- nible en: http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/biblioteca/pro- tocolos/10.pdf; Modelo Integrado para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual, 2010 (México), disponible en: http://www.
inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/SSA/ModeloIntregra-
do_para_Prevencion_Atn_Violencia_familiar_y_se.pdf; Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, Pro- puesta de Estándares Regionales para la Elaboración de Protocolos
de Atención Integral Temprana a Víctimas de Violencia Sexual (2011), disponible en: http://www.flasog.org/wp-content/uploads/2014/01/
Propuestas-Estandares-Protocolos-Atencion-Victimas-Violencia-
FLASOG-2011.pdf; Modelo de Atención Integral en Salud para Vícti- mas de Violencia Sexual, 2011 (Colombia) disponible en: http://www.
minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/MODELO%20
DE%20ATENCI%C3%93N%20A%20V%C3%8DCTIMAS%20DE%20
VIOLENCIA%20SEXUAL.pdf, y Guía Técnica de Atención Integral de Personas Afectadas por la Violencia basada en Género, 2007 (Perú), disponible en: http://www.sis.gob.pe/ipresspublicas/normas/pdf/ minsa/GUIASPRACTICAS/2007/RM141_2007.pdf .
6. En cuanto a la entrevista que se realiza a una presunta víctima de actos de violencia o viola- ción sexual, es necesario que la declaración de ésta se realice en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza, y que la de- claración se registre de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición.
7. La Corte también señala que deberá asegurarse de que las personas encargadas de la investi- gación y del proceso penal, así como, de ser el caso, otras personas involucradas, como testi- gos, peritos, o familiares de la víctima, cuenten con las debidas garantías de seguridad. De igual modo, por tratarse de una violación grave de derechos humanos, ya que los actos de tortura fueron una práctica generalizada en el contexto del conflicto en el Perú, el Estado debe abste- nerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores, así como ninguna otra disposición análoga, la prescripción, irretroacti- vidad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier eximente similar de responsabilidad, para excusarse de esta obligación 35 .
8. Por último, la Corte señala que la ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discri- minación de la mujer en el acceso a la justicia.
35 Cfr. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41, y Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú, supra, párr. 244.
ANEXO 1 CUADRO 1 CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL DURANTE EL CONFLICTO ARMADO INTERNO INVESTIGADOS
1 Las Bases Militares de Manta y Vilca
2 M.M.M.B
Juicio Oral (SPN) con sentencia condenatoria
3 Chumbivilcas
Juicio Oral (SPN)
4 G.G.G.
5 R.M.M
6 Bases Militares de Capaya, Santa Rosa y Abancay
7 L. Q. I.
8 Llusita
9 Base Militar de Totos
10 Caso Pampagallo: D.C.O
11 Caso Pampagallo: Q.H
12 Caso Pampagallo: A.H.R
13 Base Militar de Los Cabitos
Juicio Oral (Sala Penal Nacional)
14 Caso G. C. E. G.
Etapa de Instrucción (Por emitir Informe Final)
15 Caso I.R.Ch.
Por presentar denuncia de parte
16 Caso F.O.L.
Archivado por prescripción de acción penal – Recurso Nulidad
Adicionalmente, en diversos estudios 3637 se tiene conocimiento de los siguientes casos:
18 Base Militar de Huancapi
19 Huanta–Virú
20 Huancaraylla
21 C.V.C.
22 M.E.L.T.
Archivado por prescripción de la acción penal.
36 DEMUS. “Acceso a justicia de mujeres víctimas de violencia sexual en el Perú en tiempos de paz y guerra, la historia de repite”. En: Para una justicia diferente III. Violencia sexual en conflictos armados. Lima, 2009, pag.87.
37 IDL. “Protocolo para la investigación de casos de violación sexual en el conflicto armado interno”. Lima, 2010; pag.150.
INFORME SOBRE EL PROCESO DE REPARACIONES A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO (CAI) Y LA MEMORIA
Queremos iniciar este informe resaltando la im- portancia del porqué reparar. Se debe reparar a las víctimas porque constituye « […] el inicio de un proceso de resarcimiento y de dignificación de las víctimas» 38 , porque el Estado no sólo no las pro- tegió sino que además cometió violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, porque la población indígena mayormente afectada durante el conflicto armado interno fue discrimina- da y no reconocida como ciudadanos y ciudadanas. Pero además como bien lo señalan los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas aprobado en la Asamblea General de la ONU en di- ciembre del 2005, las víctimas tienen derecho a: «a) Acceso igual y efectivo a la justicia; b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; c) Ac- ceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos de reparación» 39 . Pero, ¿cómo ha procedido el Estado en materia de reparaciones integrales a las víctimas?, ¿cómo ha funcionado la instancia encargada de su implementación y se- guimiento?, ¿cuál es la percepción de las víctimas respecto a dicho programa?, ¿cuál es la agenda
38 Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003): Informe Final, Lima, Presidencia del Consejo de Ministros, p. 266.
39 Más información en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInter- est/Pages/RemedyAndReparation.aspx
pendiente en materia de reparaciones? Estas son algunas preguntas que guían el presente informe.
Antes de iniciar con el recuento de los programas de reparaciones, bien vale la pena recordar que en el 2005, se aprobó la Ley 28592 en la que se esta- blece el Plan Integral de Reparaciones para atender a las víctimas del Conflcito Armado Interno, que in- cluye los casos comprendidos entre mayo de 1980 y noviembre del 2000. En dicha norma también se es- tablece la creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) encargada de la política de Esta- do en materia de reparaciones y reconciliación na- cional. Un año después se aprueba el Reglamento de dicha Ley a través del D.S. N° 015-2006-MINJUS. Desde entonces llevamos 10 años de la implemen- tación del Plan Integral de Reparaciones.
AVANCES DEL PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES
Presentamos, a continuación, el avance del Progra- ma de Reparaciones del último año de la gestión del gobierno de Ollanta Humala, y lo ejecutado por la administración del Presidente Pedro Pablo Kucz- inski.
Foto: minjus.gob.pe
Grupo de Trabajo sobre Reparaciones y Memoria - GRTM
Sobre el Programa de restitución de derechos ciudadanos
En el informe anterior (2014 – 2015) 40 , se daba cuenta del problema que tenían los familiares para obtener una partida de defunción de las personas desaparecidas o de las que fueron enterradas clan- destinamente. A pesar dl algunos avances, la pro- blemática persiste.
En el 2015 se ha seguido reuniendo el Grupo de tra- bajo para la documentación de personas víctimas de violencia política, que fue creado en enero del 2014 en el marco de la implementación del Plan Na- cional Perú contra la Indocumentación 2011 – 2015 del RENIEC 41 .
Esta mesa tiene el objetivo de canalizar y coordi- nar la atención de personas víctimas de violencia con problemas de indocumentación. Casos como irregularidades en las partidas de nacimiento, por ejemplo, afectan no sólo la acreditación de las vícti- mas en el Registro Único de Víctimas, sino que ade- más, como consecuencia de lo anterior no pueden acceder a los diversos programas de reparaciones. Sobre este último punto, debemos de indicar que el Consejo de Reparaciones evalúa y resuelve algunos los casos de imposibilidad jurídica para la rectifica- ción de datos y, de esta manera, no haya perjuicio en el otorgamiento de la reparación económica.
De acuerdo con las normas existentes, este tipo de casos se tienen que resolver por la vía judicial. En ese sentido RENIEC coordina con la Defensa Públi- ca del MINJUS quienes vienen formulando expe- dientes para la presentación de las demandas ante el Poder Judicial. A la fecha, por esta vía se ha con- seguido una resolución favorable del primer y único caso de restitución de la identidad de una víctima de violencia política, de iniciales J.V.P., quien tenía
40 http://derechoshumanos.pe/2015/08/informe-anual-2014-2015/
41 Integran este grupo: Corte Superior de Justicia de Lima, la Defen- soría del Pueblo, Dirección General para Seguridad Democrática, Dirección de Derechos Fundamentales para la Gobernabilidad, CMAN, Consejo de Reparaciones, Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Municipalidad de Lima Metropolitana, Institu- to de Defensa Legal, Comisión Episcopal de Acción Social, Coordi- nadora Nacional de Derechos Humano.
un error consignado en el año de su nacimiento. El caso fue detectado a través de la campaña de rec- tificación judicial en coordinación con el Programa “Justicia en tu comunidad” del Poder Judicial. Por su parte, la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social - GRIAS recepciona expedientes fac- tibles de atender por la vía administrativa.
Según información alcanzada por RENIEC, en el primer trimestre del 2016 se contabilizaron 44 ca- sos atendidos por el Grupo de trabajo en referencia:
13 de ellos se dieron por concluidos al carecer de documentos de sustento válidos, 6 fueron resuel- tos, 10 fueron derivados al Ministerio de Justicia, un caso fue abandonado y 14 se encuentran en proce- so, a la espera de los documentos de sustento soli- citados a las instancias correspondientes.
Como se puede ver, la problemática de la restitu- ción de la identidad es muy compleja y si se continúa por la vía judicial no será posible mayores avances en este programa, por ello desde la CNDDHH y el Grupo de Trabajo sobre Reparaciones y Memoria – GRTM consideramos que es indispensable plantear una normativa que dé solución a las víctimas con problemas de restitución de identidad. Una medida positiva de este Programa, es que en el 2015, según informó la CMAN, «la RENIEC emitió el Oficio Circular 0008-2015-GAJ-RENIEC, difun- diendo a nivel nacional los criterios jurídicos para la inscripción de la defunción de las personas des- aparecidas cuyos restos óseos han sido identifica- dos, bajo el deber de oficialidad con la información disponible» 42 . Esto constituye un avance para mu- chas familias porque les permite realizar un entie- rro digno y al mismo tiempo solucionar los proble- mas de testamentos y otros trámites que requieran para acceder a sus derechos.
Sobre el Programa de reparaciones en educación
En este programa sin lugar a dudas se dieron los mayores avances tanto para el año 2015 como en el primer semestre del 2016, con la aprobación de
42 Informe Anual 2015 CMAN
normativas muy importantes y esperadas por las víctimas y sus familiares.
Considerando por un lado, a los potenciales bene- ficiarios de este programa, que según el MINEDU 43 al 24 de marzo del 2015 suman 168,611 personas debidamente acreditadas en el RUV y, por otro lado, tomando en cuenta el pedido y la exigencia de las organizaciones de víctimas quienes manifestaron su deseo de ceder su derecho a reparación en edu- cación a sus hijos o nietos por la edad avanzada de la mayoría de beneficiarios directos, finalmente se aprobó el 29 de enero del 2016 el D.S. N° 01-2016- JUS 44 mediante el cual se modifica el Artículo 18 del Reglamento de la Ley 28592 que crea el PIR, se autoriza la transferencia del derecho en educación del titular a un familiar en línea recta descendiente hasta el segundo grado de consanguinidad, es decir a sus hijos o nietos, por única vez.
La norma antes mencionada es un avance signi- ficativo. Sin embargo, en la misma se señala que para que los hijos o nietos puedan acceder a ella deberán de inscribirse en el Registro Especial de Beneficiarios en Educación a cargo del Consejo de Reparaciones, haciendo más lento el proceso. Des- de la CNDDHH consideramos que la inscripción en dicho registro debiera ser de oficio sobre todo en el caso de los hijos, agilizando la posibilidad de que puedan acceder a las becas educativas.
En junio del 2016, después de mucha espera fue aprobado por el Ministerio de Educación el Plan Multianual de Reparaciones en Educación para las Víctimas de la Violencia en el Perú “REPAEDUCA 2016 – 2021”, la cual considera las reparaciones individuales y colectivas. En las reparaciones indi- viduales se prevé la reserva de vacantes en edu- cación superior, la priorización de vacantes para las víctimas en los Colegios de Alto Rendimiento - COAR de educación básica regular, el otorgamiento
43 MINEDU - Plan Multianual de Reparaciones en Educación para las Víctimas de la Violencia en el Perú “REPAEDUCA 2016 – 2021”
load/url/decreto-supremo-que-modifica-el-articulo-18-del-re-
http://busquedas.elperuano.com.pe/down-
glamento-decreto-supremo-n-001-2016-jus-1339728-1
de becas y el acceso prioritario a educación para adultos y capacitación técnica productiva. En repa- raciones colectivas se considera la recuperación y ampliación de infraestructura educativa y la recu- peración y ampliación de infraestructura deportiva.
Este Plan Multianual aprobado no recoge las pro- puestas alcanzadas desde la sociedad civil, siendo un tema ausente la profundización de contenidos sobre el conflicto armado interno en la currícula educativa. Si bien es cierto que se han ido incorpo- rando algunas capacidades diferenciadas por gra- dos en los programas curriculares de las regiones más afectadas, resulta insuficiente, más aún cuan- do tampoco se brinda al profesorado la capacitación para desarrollar dichos contenidos, según los avan- ces señalados por el MINEDU 45 sólo se mencionan “talleres” desarrollados a especialistas y docentes de Educación Básica Alternativa de zonas afectadas por el conflicto en el 2014.
La investigación realizada por Uccelli, Agüero y otros en el 2013 46 , ya daba cuenta de la difícil ta- rea de trabajar en las escuelas el tema del conflicto armado interno porque es una historia reciente y porque algunos actores siguen vigentes, generando temor en el profesorado para trabajar estos temas en las aulas, no debemos de olvidar que muchos docentes han sido directamente afectados por el conflicto armado.
Respecto a las Becas de reparación en Educación – REPARED, según el informe alcanzado por la Se- cretaría Técnica de la CMAN, en el 2015 se otorgó 307 becas y si se consideran las que se otorgaron desde el 2012, se tiene un total de 854 beneficiarios.
En el 2016, al mes de junio, se presentaron 578 postulantes, de los cuales 313 hicieron uso del be- neficio de cesión de derechos aplicando el D.S. Nº
45 MINEDU - Plan Multianual de Reparaciones en Educación para las Víctimas de la Violencia en el Perú “REPAEDUCA 2016 – 2021”
46 Francesca Uccelli, José Carlos Agüero y Otros (2013): Secretos a Voces. Memoria y educación en colegios públicos de Lima y Ayacu- cho, Lima, IEP. Documento de Trabajo, 203. Serie Educación, ISSN
01-2016-JUS, otorgándose en total 554 47 becas. Al respecto, debemos de señalar que al haber un ma- yor número de postulantes que de becas a otorgar por la reducción del presupuesto de PRONABEC, los postulantes a la beca, además de haber apro- bado los exámenes de ingresos a los centros de estudio, tuvieron que dar otro examen para poder obtener la beca de PRONABEC, lo que desvirtúa la carácter de reparación ya que quedaron exclui- das las personas que no lograron pasar el segun- do examen, vulnerando una vez más sus derechos. Como podemos ver en el cuadro N° 1, la demanda de becas en educación se ha ido incrementando año tras año, por lo que es indispensable incrementar el presupuesto, sobre todo para volver a reabrir el Programa de Tutorías de Beca 18 el cual fue finan- ciado por PRONABEC hasta el 2014 y en adelante quedó en la facultad de las universidades el otor- garlo o no. Las tutorías son fundamentales para garantizar la culminación de los estudios de los be- neficiarios considerando sus características socio culturales y dificultades lingüísticas.
A pesar de este déficit en la contratación del personal para el Programa, durante el 2015 se han atendido a 18,138 beneficiarios individuales y 309 intervenciones comunitarias.
El tema del presupuesto es preocupante, ya que en el Plan Multianual recientemente aprobado se seña- la que su financiamiento « […] no demandará gastos adicionales al Sector Educación. La programación de proyectos y actividades que desarrollen los go-
47 Informe Anual de la CMAN Enero – Diciembre 2015.
biernos locales y regionales en materia de repara-
ciones educativas y las direcciones, oficinas y pro- gramas del Ministerio de Educación para la atención
a las víctimas de violencia estarán incorporadas en
sus respectivos Planes Operativos Anuales», cabe señalar que como es sabido los gobiernos locales y regionales y el mismo MINEDU, priorizarán el gasto en infraestructura, dejando relegado el incremento de fondos para las becas y tutorías que tanta falta les hace a los beneficiarios de este programa.
Debemos de señalar que en el D.S. N° 01-2016- JUS 48 sobre la transferencia del derecho en edu- cación del titular a un familiar, se señala que esta cesión de derecho tiene un plazo de vigencia de dos años, es decir, los familiares tienen dos años para que sus hijos o nietos puedan acceder a este be- neficio, pero muchas de las víctimas se preguntan, qué va a pasar con sus hijos o nietos que les falta tres años para culminar sus estudios de nivel se- cundario, según la norma no podrían acceder a este beneficio, vulnerando una vez más su derecho a la reparación en educación.
La nueva gestión de la CMAN, después de reunirse con las organizaciones de víctimas hacia fines del 2016, cursó una carta al Ministerio de Educación,
solicitando que pueda resolver los inconvenientes manifestado por las víctimas respecto a dicho D.S.,
a la fecha no hay ninguna comunicación formal res- pondiendo a dicha solicitud.
Las secuelas psicosociales que el conflicto armado interno ha dejado fueron múltiples, como bien ha señalado la Comisión de la Verdad en su Informe Final entregado el 2003, entre ellas podemos en- contrar el miedo y la desconfianza, la pérdida del amparo familiar, la pérdida del referente comunal, las marcas personales del sufrimiento, la altera- ción del duelo, los daños al nombre y al cuerpo, la violencia sexual, la tortura, el despojo de la condi-
ción humana, la súplica, la desesperación y la su- misión, el deterioro en la vida en las cárceles, la reproducción de la violencia. Todas estas secuelas psicosociales, sin duda, han dejado una marca en la vida de las personas que hasta hoy es difícil de su- perarlas sin un tratamiento psicológico adecuado.
Una de las consecuencias más graves que dejó el CAI, fue justamente el deterioro de las relaciones humanas, recuperar los lazos rotos entre personas que pertenecieron a la misma comunidad y que se vieron enfrentadas en bandos opuestos y que hoy les toca convivir nuevamente en el mismo espacio, no es nada sencillo, seguir con pesadillas, traumas que impiden el normal desarrollo de sus vidas es com- plicado y es por ello que se requiere atender a las víctimas con el Programa de Reparaciones en Salud Mental. Sin embargo las cifras que se muestran a la fecha sobre el personal de salud mental no son nada alentadoras porque este Programa contó con 69 pro- fesionales en salud mental durante el 2015.
Lo preocupante de esta cifra es que la contratación
de personal para la atención en salud mental ha ido disminuyendo de 81 en el 2012 a 69 en el 2015 para
la atención individual y comunitaria, cifra verdade-
ramente deficitaria si consideramos la magnitud de las víctimas que, según el Consejo de Reparaciones, «a noviembre del 2015, aparecen inscritos 171,225 49
beneficiarios con derecho a recibir reparaciones en salud». Si se considera que la mayoría de benefi- ciarios se encuentran en Ayacucho, principalmente en las zonas rurales, nos preguntamos cuántos de estos profesionales habla el idioma quechua como para poder realizar una intervención efectiva, no existe información al respecto.
A pesar de este déficit en la contratación del per-
sonal para el Programa, durante el 2015 se han atendido a 18,138 beneficiarios individuales y 309 intervenciones comunitarias. De las intervenciones individuales, en San Martín fueron atendidas 9,228 personas, seguida de Ayacucho con 3,450 perso- nas. Sin embargo, si se toman en cuenta las cifras
49 Informe Anual de la CMAN enero – diciembre 2015.
acumuladas desde el 2006 al 2015, es en la Región Cusco donde más se han atendido (142,326 perso- nas), seguida por la Región Junín (108,310 perso- nas), cifras que resultan un tanto extrañas ya que el mayor número de víctimas del conflicto armado se registraron en Ayacucho.
Pero no podemos quedarnos en las cifras, se re- quiere mayor información sobre los problemas más recurrentes de la salud mental de los beneficiarios, cuántos beneficiarios requieren una atención pro- longada, cuántos culminan el tratamiento, cómo se producen las atenciones.
Para terminar, no podemos dejar de mencionar la aprobación de los Lineamientos para la Atención en Salud Mental a Personas Afectadas por la Violencia durante el período 1980 – 2000, mediante la R.M Nº 250-2016/MINSA del 14 de abril del 2016, cuyo ob- jetivo general es «Implementar en todos los niveles de atención del Sector Salud, la atención adecuada y eficiente en salud mental a personas afectadas por la violencia durante el periodo 1980 al 2000». Se contempla la atención clínica, la intervención comunitaria, la formación y capacitación del perso- nal de la salud. Queda entonces todo un reto en la implementación de estos lineamientos que estamos seguros redundará en una mejor atención a los be- neficiarios de dicho programa.
En la nueva gestión de la CMAN, no se ha informado aún sobre mayores avances en este programa de reparación.
Según el libro 2 del Registro Único de Víctimas, correspondiente a las víctimas colectivas, existen registradas 5,712 comunidades con diferente nivel de afectación de mayor a menor envergadura. En el nivel A, están registradas 1284; en el nivel B, 1269; en el nivel C son 1310; en el nivel D, 1127 y en el ni- vel E son 722 comunidades que fueron afectadas 50 . Por acuerdo de la CMAN, la implementación sería
50 Secretaría Técnica CMAN, Sesión Ordinaria del 2 de febrero del 2017.
progresiva, es decir, para otorgar los fondos de los proyectos a las comunidades de afectación de nivel B, se tienen que acabar primero en dar las repa- raciones a las comunidades de afectación de nivel A, y así sucesivamente con las comunidades de los demás niveles de afectación.
Según información brindada por la Secretaría Téc- nica de la CMAN durante el período del gobierno de Ollanta Humala, en el 2015 lograron financiar 100 proyectos a 95 comunidades (16 comunidades de la zona del Huallaga y 7 comunidades de la zona VRAEM). El acumulado de las reparaciones colec- tivas entre el 2011 y 2015, nos revelan que se había reparado en total a 726 comunidades y organiza- ciones de desplazados cuyo monto total asciende a S/. 71’933,796 51 , de los cuales Ayacucho recibió S/. 28’149,640.00, Apurímac S/. 8’397,000.00, Huánuco S/. 7’389,145.66, entre otras regiones pero con mon- tos inferiores.
En la gestión del actual gobierno, en los primeros 6 meses, ha sido aprobada la R.M. N° 0368-2016-JUS en la cual se transfieren S/. 7’900,000.00 a favor de los Gobiernos Locales para las reparaciones colec- tivas de 79 comunidades en las regiones de Ancash
(1), Apurímac (16), Ayacucho (26), Cusco (2), Huanca- velica (4), Huánuco (6), Junín (6), Pasco (8), Puno (6)
y San Martín (4).
A la fecha, se ha podido culminar con la reparación
colectiva a las comunidades de nivel de afectación A, y se avanzó con las de nivel de afectación B, pero
a este ritmo se requerirá de muchos años para cul-
minar con las reparaciones colectivas, por lo que la actual gestión de la CMAN, ha iniciado un nue- vo proceso para su implementación que agilice la aprobación e implementación de los proyectos de reparación para las comunidades.
En lo que respecta a las reparaciones colectivas de las organizaciones de desplazados, de las 100 registradas en el RUV, en el Gobierno de Ollan- ta Humala sólo se logró atender a 5 de ellas (4 en
51 Información brindada por la Secretaría Técnica de la CMAN.
Ayacucho y 1 en Lima) todo lo cual ascendía a un monto de S/. 10’000,000, para lo cual transfirió el dinero a los gobiernos locales correspondientes. En la actual gestión de la CMAN se aprobó la R.M. N° 0369-2016-JUS, en la cual se transfiere la suma de S/. 600,000.00 a favor de los Gobiernos Locales para atender las reparaciones colectivas de 6 Asociacio- nes de familias desplazadas que se ubican en las regiones de Ayacucho (5) e Ica (1). A la fecha, se han atendido a 11 asociaciones de desplazados, lo cual representa el 11% del total, quedando pendiente el 89% por atender.
Las cifras resultan interesantes, sin embargo no reflejan lo que sucede con la implementación de los proyectos, y el seguimiento y monitoreo por parte de la CMAN para la implementación de los proyec- tos cuyos fondos son transferidos a los gobiernos locales. Una vez más la CMAN registra como “re- paración efectiva” cuando transfiere el monto a los gobiernos locales pero ello no significa que los pro- yectos se estén implementando efectivamente, so- bre todo los aprobados en el 2015. Así, por ejemplo, tenemos el caso del Proyecto otorgado a la Asocia- ción Mamaquilla, donde no sólo no se tomó en cuen- ta las ideas iniciales de proyecto productivo de las mujeres que conforman la organización, sino que este proyecto de reparación les llega 10 años tarde cuando las mujeres ya no tienen la misma energía para emprender un proyecto de esta naturaleza y lo que es peor, aún la Municipalidad Distrital de Ate Vitarte no se digna a implementarlo. De la misma manera, no se sabe en qué situación están los pro- yectos que ya se entregaron a las comunidades.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la tarea de seguimiento y monitoreo del programa de reparaciones colectivas constituye una tarea primordial de la nueva gestión de la CMAN para que realmente sean efectivas y cumplan su objetivo de resarcir el daño y dignificar a las víctimas.
Programa de reparaciones simbólicas
Lo simbólico lo debemos de entender de dos mane- ras, una como enfoque y otra como programa. En
el Reglamento de la Ley Nº 28592, se señala clara- mente que uno de los enfoques del PIR es el sim- bólico que «Implica que toda medida de reparación debe de expresar el reconocimiento de dignidad y derechos de las víctima, y que todos los actos de re- paración deben de estar orientados a reconocer la forma en que las víctimas fueron afectadas duran- te el proceso de violencia, y afirmar la condición de ciudadanos / as de quienes sufrieron la violación de sus derechos fundamentales». En esta medida este enfoque es transversal a todos los demás progra- mas de reparaciones, por ello deja de tener sentido la entrega en “ventanilla del banco” de las Repa- raciones Económicas Individuales porque no se le está dignificando a la víctima, y más cuando los fun- cionarios lo realizan como mero trámite. Lo mismo podríamos decir de las atenciones en el Programa de Reparaciones de Salud. Es decir, lo simbólico como enfoque de todo el Programa Integral de Re- paraciones aún tiene mucho camino por recorrer.
El Informe Anual de la CMAN dela gestión de Ollanta Humala, hace un recuento de una serie de actos de reconocimiento público tanto en Lima como en diver- sas regiones, pero lo más significativo consideramos que lo constituye el acompañamiento a los familiares de víctimas de desapariciones forzadas en la entrega de ataúdes y osarios. Estos actos implicaron la rea- lización de misas, velatorios, expresión de disculpas públicas a nombre del Estado, la atención de los fa- miliares y el acompañamiento psicosocial.
Durante el 2015, la CMAN 52 pudo acompañar a 122 casos en la restitución de restos óseos, de los cua- les 104 fueron en Ayacucho, 2 en Huánuco, 1 en Huancavelica y 15 en Junín. Si contabilizamos este acompañamiento desde el 2011 al 2015, han sido restituidos los restos óseos de 873 víctimas, siendo la mayoría de Ayacucho (749).
Durante el actual gobierno, en estos primeros 6 meses, la CMAN ha acompañado la restitución de restos óseos de 137 víctimas, ha entregado los San- tuarios Ecológicos de Ucchuraccay y Accomarca, y
52 Informe Anual de la CMAN enero - diciembre 2015.
ha realizado las gestiones necesarias para el sa- neamiento del predio del Santuario de la Memoria de la Hoyada en Ayacucho.
Según información brindada por la Secretaría Técnica de la CMAN durante el período del gobierno de Ollanta Humala, en el 2015 lograron financiar 100 proyectos a 95 comunidades (16 comunidades de la zona del Huallaga y 7 comunidades de la zona VRAEM).
pesar de este avance significativo, es insuficien-
frente a la magnitud de personas desaparecidas
durante el conflicto armado interno que se estima en 15 mil desaparecidos según la Defensoría del Pueblo. Diversos han sido los eventos, foros y re- uniones de trabajo para exigir que se apruebe una Ley de búsqueda de las personas desaparecidas, lo cual se concretó el 22 de junio del 2016 cuando se aprobó la Ley Nº 30470, Ley de Búsqueda de perso- nas desaparecidas durante el período de violencia 1980 – 2000, cuya finalidad es «priorizar el enfoque humanitario durante la búsqueda de las personas desaparecidas en el período de violencia 1980-2000, articulando y disponiendo las medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación
y restitución de los restos humanos». A pesar de
que en la propuesta de Ley estuvo considerado un Banco Genético, cuando fue aprobada no se consi- deró este tema, dejando un pendiente muy impor- tante para la gestión del gobierno de Pedro Pablo
Posteriormente, mediante la Resolución Viceminis-
terial Nº 0014-2016-JUS, del 24 de junio, se encarga
a la Secretaría Técnica del Consejo de Reparacio-
nes elaborar una propuesta técnica para la imple-
mentación de la Ley Nº 30470.
Finalmente, debemos de indicar que, dentro de este programa se debe de considerar el diseño de una política de memoria que garantice la no repetición de los hechos violentos que nos tocó vivir, que im- plique un trabajo intergeneracional, de reflexión de nuestra historia reciente en las instituciones edu- cativas, el trabajo con el profesorado, la gestión de los lugares de memoria, entre otros aspectos.
En el informe anterior se señaló que a pesar de que se contaba con los lineamientos de este Programa,
el Ministerio de Vivienda insistía en la aplicación del
SISFOH para otorgar los bonos de vivienda a las fa- milias víctimas del conflicto armado pero sólo esta- ba planteado para aplicarlo a las zonas urbanas. Al respecto debemos señalar, que en el último año de gestión del gobierno de Ollanta Humala, se aproba- ron importantes normas que facilitaron el acceso a vivienda las familias tanto de zonas urbanas como de zonas rurales.
Estas normas fueron la R.M. N° 195-2015-Vivienda 53 ,
del 13 de julio del 2015 en la cual se incrementa a 51%
el Bono Familiar Habitacional, se amplía a S/. 4,195.8
el Ingreso Familiar Mensual 54 y se otorga diez pun- tos al Grupo Familiar que postule al Programa Techo Propio. En esta norma aún se consideraba como un requisito que el Grupo Familiar sea evaluado en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFHO) 55 , re- quisito que se exonera mediante el D.L. N° 1226 56 ,
http://blog.pucp.edu.pe/blog/conciliacion/
wp-content/uploads/sites/76/2015/07/Normas-Legales-del-dia-
Jueves-16-de-Julio-del-2015.pdf
54 Informe Anual de la CMAN Enero - Diciembre 2015.
55 Sistema que determina quienes son las poblaciones pobres que deben estar comprendidas en los programas sociales.
56 Más información en http://www.leyes.congreso.gob.56pe/Docu-
mentos/DecretosLegislativos/01226.pdf
del 25 de setiembre de 2015 donde además se crea el Bono Familiar Habitacional. Finalmente se apro- bó la R.M. 330-2015-Vivienda, del 11 de diciembre del 2015, mediante el cual las familias víctimas del conflicto armado pueden ser atendidas con el Bono Familiar del Programa Techo Propio.
Como resultado de estas normas se pudo atender
a 451 familias afectadas por el conflicto armado in-
terno de 14 regiones, estando en Ayacucho el mayor número de beneficiarios con 159 familias, seguida por Ica con 75 beneficiarios, Lima con 46, entre otras regiones pero con menos número de beneficiarios.
A pesar de este avance, resulta insuficiente para la
gran demanda de muchas familias que aún esperan ser resarcidas en la mejora de sus viviendas que fueron destruidas durante el conflicto armado, con- siderando además que no todas las víctimas tienen conocimiento de este beneficio. Por otro lado, el GTRM ha recibido quejas de beneficiarios en Ayacu- cho donde las empresas constructoras de los mó- dulos de vivienda indican que éstas ya habrían sido culminadas y canceladas por el Estado, sin embar- go los módulos no existen o están inconclusos, figu- rando como entregadas. Al respecto, es importan- te señalar que la actual Vice Ministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Gisella Vignolo, una vez asumió su cargo, realizó las investigaciones co- rrespondientes y ya ha procedido a generar accio- nes para sancionar a los responsables.
Otra de las cosas que preocupa a las víctimas es el hecho de que los montos asignados para la cons- trucción de las viviendas de beneficiarios en situa- ción de pobreza es de 18 mil soles, en tanto que para las víctimas es de 28 mil soles, sin embargo las viviendas tienen las mismas dimensiones y ma- teriales empleados, por lo cual se preguntan cuál es la diferencia entre las viviendas y qué pasa con el dinero que supuestamente sobraría. Esta situa- ción amerita sin lugar a dudas una labor la labor de seguimiento y monitoreo que debe de realizar la CMAN para evitar actos de corrupción.
El Programa de Reparaciones Económicas se viene implementando desde el 2011 cuando el Poder Eje- cutivo mediante el Decreto Supremo N° 051-2011- PCM 57 estableció el monto de S/. 10,000 mil soles a ser entregados a las víctimas y sus familiares, seña- lando además que éste estaba: « […] dirigido indivi- dualmente a los familiares de las víctimas fallecidas o desparecidas; a las personas que como resultado de los atentados tienen una discapacidad física o mental permanente, parcial o total (reconocida por la Comisión Nacional de Discapacidad – CONADIS) y a aquellas que han sido víctimas de violación sexual».
Esta delimitación de las personas beneficiarias a este programa excluyó a otras víctimas que no fue- ron consideradas como, por ejemplo, las mujeres de los grupos subversivos que fueron violadas en las cárceles, siendo éste un tema que hasta el día de hoy genera muchas posiciones encontradas a
57 Puede consultarse al respecto en: http://www.pcm.gob.pe/trans- parencia/Resol_ministeriales/2011/DS-051-2011.pdf (Fecha de acceso: agosto 2015)
favor y en contra, más aún cuando producto de la violación han nacido niños y niñas que no tiene de- recho a ningún tipo de reparación.
El mismo D.S. N° 051-2011-PCM, señala además que éste programa «concluirá el 31 de diciembre de 2011, fecha en que se procederá a su cierre», si- tuación que ha dejado sin acceso a este programa a las víctimas que han seguido registrándose a partir de enero del 2012 hasta la fecha, vulnerando una vez más sus derechos. Sin embargo, debemos de saludar la aprobación del D.S. Nº 012-2016-JUS del 8 de setiembre del 2016, con el que se restablece el proceso de determinación e identificación de bene- ficiarios civiles, militares y policías del programa de reparaciones económicas.
Considerando como universo a los beneficiarios registrados en el RUV hasta diciembre del 2011, se tiene 82,007 beneficiarios y desde el 2011 hasta junio del 2016, han sido atendidas 79,182 personas, quedando pendiente de atender a 2825 beneficia- rios. En el siguiente cuadro N° 3 podemos observar las reparaciones económicas entregadas sólo en el año 2015.
CUADRO N° 1 CMAN – PROGRAMA DE REPARACIONES ECONÓMICAS BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL AÑO 2015
OTORGADO SIN
OTORGADO CON
Esposa/Conviviente
195,009,75
788,674,45
788,709,65
1,096,027,78
1,096,082,38
580,029,00
2,170,412,58
2,170,509,23
1,032,500,00
1,032,551,30
470,000,00
470,023,50
600,030,00
S/. 6,932,614,81
S/.6,932,944,81
Fuente: Secretaría Técnica de la CMAN Elaboración: Secretaría Técnica de la CMAN
Las cifras acumuladas de dinero otorgado por el Es- tado entre el 2011 y el 2015 asciende 260’505,747.32 58 , son 4 las regiones donde se concentran la mayo- ría de beneficiarios individuales, así tenemos que en Ayacucho se ha entregado S/ 85’037,902.56, en Lima se entregó S/. 46’306,472.90, Huánuco con S/. 25’893,888.34, Junín con S/, 24’215,722.86.
En la actual gestión de la CMAN, luego de la re- apertura de este Programa, se han aprobado tres nuevos listados de beneficiarios mediante dos Re- soluciones Ministeriales, la R.M. N° 0332-2016-JUS del 10 de noviembre y la R.M. N° 0356-2016-JUS del 12 de diciembre, la cual beneficia a 4686 víctimas, cuyo monto total asciende a S/.27’022,698.55 soles.
De toda esta data sin embargo, no se tiene la infor- mación exacta de cuál es el monto que, en efecto, las personas beneficiarias han retirado de las cuen- tas que son aperturadas en el Banco de la Nación, cuentas donde la CMAN deposita el dinero de las
58 Secretaría Técnica CMAN, junio 2016.
reparaciones. Así mismo, no se tiene claro cuántas personas beneficiarias han fallecido y qué va a su- ceder con el dinero depositado que no pudieron co- brar, si es posible o no que dicho dinero sea trans- ferido a sus herederos.
Considerando como universo a los beneficiarios registrados en el RUV hasta diciembre del 2011, se tiene 82,007 beneficiarios y desde el 2011 hasta junio del 2016, han sido atendidas 79,182 personas, quedando pendiente de atender a 2825 beneficiarios
BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL 2016
BENEF. ATENDIDOS
2,141,944.51
(RM N° 332-
2016-JUS)
1,198,646.78
6,052,107.14
2,254,166.83
355,833.30
(RM N° 356-
S/.27,022,698.55
Fuente: Secretaría Ejecutiva CMAN, febrero 2017.
Existen varios puntos críticos en la implementación de este Programa. El primero de ellos es el monto asignado, monto con el que no están de acuerdo las víctimas por considerarlo muy bajo lo cual les impi- de restablecer y satisfacer sus necesidades básicas o culminar sus proyectos truncados por el conflicto.
La CNDDHH y la Asociación Nacional de Centros (ANC) 59 , como miembros integrantes de la CMAN, solicitaron el 2014 a la Secretaría Ejecutiva de la CMAN la base de datos sobre las reparaciones eco- nómicas, siendo remitida la información desde julio de 2011 hasta setiembre de 2014. Con esta base de datos, elaboraron un documento en el 2015 deno- minado ¿Reparaciones Dignas? Reporte de avance del Programa de Reparaciones Económicas 2011-2014 (Aprodeh, IDL y otros, 2015) que nos revela datos muy importantes que confirma la necesidad de incre- mentar el monto de las reparaciones económicas individuales.
El monto de S/. 10 000 nuevos soles por tipo de víc- tima, según se estipula en dicho programa, no ne- cesariamente le corresponde a todas las víctimas ya que como señala el Artículo 3, punto 3.2 de dicho programa «Cuando el cónyuge o concubino sobrevi- viente concurra con otros familiares de las víctimas desaparecidas o fallecidas, el 50% corresponderá al cónyuge o concubino y el otro 50% se distribuirá en partes iguales entre los familiares 60 ». Eso quiere decir que el monto de 10 mil soles debe ser distri- buido entre todos los beneficiarios de la víctima.
De acuerdo a la información obtenida de la CMAN en el 2014, el Estado peruano había entregado como reparación económica la suma de 230.279,141.27 nuevos soles a 72,446 víctimas entre julio del 2011 y setiembre del 2014 (Aprodeh, IDL y otros, 2015: 11).
59 ANC, Asociación civil sin fines de lucro, es un organismo gremial que agrupa a las ONGD peruanas, con el objetivo de velar por la defensa legal de sus afiliados y ofrecerles servicios para el me- jor desempeño de sus objetivos e de su incidencia en propuestas de desarrollo integral y de mojar la calidad de la democracia en nuestro país, con una perspectiva de derechos, equidad de género e interculturalidad.
60 ara mayor información puede revisar: http://www.pcm.gob.pe/ transparencia/Resol_ministeriales/2011/DS-051-2011.pdf (Fecha de acceso: agosto 2015)
El documento en referencia también señala que las víctimas directas, como son aquellas que fueron violadas sexualmente o las que quedaron con algu- na discapacidad, reciben de manera integral los 10 mil soles. Estos casos sólo representaban el 5% del total de beneficiarios, en tanto que los familiares de víctimas por desaparición forzada y fallecimiento correspondían al 94,98%. Si vemos sólo los casos de familiares de víctimas fallecidas, éstos consti- tuían el 73,79% de los beneficiarios, dentro de los que se encontraba esposa/conviviente (13%), hijo(a) (71%) y padre/madre (11%) (Aprodeh, IDL y otros, 2015: 11-14).
Si tomamos sólo la cifra de los hijos(as) que fue- ron beneficiarios de este programa de reparaciones económicas a setiembre del 2014, que son el 71% del total, tenemos que el 41% había recibido 1000 soles o menos, siendo en muchos casos la suma de 200 o 300 soles. Lo anterior se debe a que el 50% le corresponde a la esposa/conviviente y el otro
50% se distribuyen entre los hijos. Por otro lado, el 49% recibió entre 1000 o 5000 soles (Aprodeh, IDL
y otros, 2015: 19). Poe ello, volvemos a recalcar que
la cifra es insuficiente y es necesario evaluar su in-
Otro de los puntos críticos de este programa es el tema de la múltiple afectación. La Defensoría del Pueblo, desde el 2013 advertía de esta limitación del Programa, indicando que según la información del Consejo de reparaciones existen más de 5 mil personas registradas que tienen más de una afec- tación. Durante el 2014 y el 2015, esta situación no ha cambiado, ya que la CMAN ha ido entregando las reparaciones económicas individuales sólo por una afectación, desconociendo el acuerdo tomado por unanimidad en la 120° Sesión Ordinaria de la CMAN, de marzo del 2013, de pagar por cada tipo de afectación sufrida. La principal traba se encuen- tra en el Ministerio de Economía que no ha dado luz
verde para su implementación. En tanto algunos fa- miliares, han recurrido a la vía judicial patrocinados por organismos de derechos humanos para acceder
a su derecho a la doble afectación, consiguiendo en
un caso una resolución positiva en primera instan- cia que abre además un precedente importante en esta materia. Con el Gobierno de Pedro Pablo Ku- czynski, el MINJUS ha asumido el compromiso de atender esta demanda y reconoce la necesidad del pago por doble afectación, pero seguiremos atentos a que se efectivice.
AGENDA PENDIENTE EN MATERIA DE REPARACIONES
En cada Programa de Reparación existen aspectos tienen que seguir mejorando, sin embargo consi- deramos que hay una agenda pendiente con temas fundamentales que merecen ser mencionados para que la CMAN y el MINJUS los tomen en cuenta.
 Realizar la modificación del Art. 44º del Regla- mento de la Ley Nº 28592-MM, para el pago por múltiple afectación, respetando con ello el acuerdo tomado en la 120° Sesión Ordinaria de la CMAN, de marzo del 2013, que fue aprobado por unanimidad.
Si vemos sólo los casos de familiares de víctimas fallecidas, éstos constituían el 73,79% de los beneficiarios, dentro de los que se encontraba esposa/ conviviente (13%), hijo(a) (71%) y padre/madre (11%) (Aprodeh, IDL y otros, 2015: 11-14).
 En la medida que se viene incrementando la de- manda por las Becas REPARED, es indispensa- ble que las personas beneficiarias puedan acce- der a una tutoría y acompañamiento, el cual no puede depender de la voluntad de las diferentes universidades donde acceden. Así mismo, se debe de tener mejor cobertura del seguro de sa- lud integral.
 Dar solución a los casos donde existan más de una cónyuge o concubina, o cuando aparezcan nuevos familiares después de que el monto de los 10 mil soles ya fue distribuido.
 Incorporación de las víctimas de la violencia se- xual en el Programa Integral de Reparaciones
 La CMAN debe de realizar una mejor y eficiente labor de seguimiento y fiscalización en la imple- mentación de todos los programas de repara- ción, según se señala en sus funciones.
Queremos aprovechar este informe para señalar los compromisos que fueron asumidos por el en- tonces candidato Pedro Pablo Kuczynski (PPK), hoy presidente de la República del Perú, con las vícti- mas de las Violaciones a los Derechos Humanos y sus Familiares, que fue firmado en Lima el 30 de mayo del 2016, los cuales esperamos sean cumpli- das a la brevedad:
 Constituir una Comisión de Alto Nivel, con par- ticipación de las víctimas, encargada de revisar el monto de las reparaciones económicas indivi- duales, a la luz de las otorgadas a otros grupos sociales y considerando situaciones de múlti- ples afectaciones.
 Recomendar medidas para la ejecución de repa- raciones en educación y salud, especialmente en salud mental
 Proponer una hoja de ruta para crear, entre otros, un lugar de la memoria en La Hoyada (Huamanga), así como cuidar los existentes, como El Ojo Que Llora y el LUM (Lima)
No podemos culminar este informe sin mencionar algo respecto al funcionamiento de la CMAN. Du- rante el 2015 no se convocó a la Sesión Ordinaria como señala su Reglamento en el Artículo 7º, don-
de se indica que éstas deberían de ser mensuales. Sin embargo podemos constatar un cambio sustan- cial en la nueva gestión de la CMAN a partir de julio del 2016. La Secretaría Ejecutivase ha propuesta dirigir su gestión con base en tres ejes que orienten su trabajo como son el diálogo y transparencia con las víctimas, la mejora de los programas de repara- ciones y el fortalecimiento de trabajo con Gobiernos Regionales, esperamos que mantenga su compro- miso de cumplirlos para una buena gestión, princi- palmente en el monitoreo a todos los programas de reparación.
Las esterilizaciones forzadas en el Perú, produci- das en los años 1996 al 2,000, durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, constituyeron graves violaciones a los derechos humanos de miles de mujeres, principalmente indígenas, quienes fue- ron sometidas a operaciones quirúrgicas sin su consentimiento informado. A pesar que en algunos casos han transcurrido más de 20 años de estos te- rribles sucesos las víctimas continúan padeciendo de múltiples afectaciones en sus vidas, secuelas en su salud y en la actualidad continúan luchando por el derecho a la justicia, la verdad y la reparación. En esa medida, el Grupo de Seguimiento a las Repa- raciones a víctimas de Esterilizaciones Forzadas- GREF 61 informa el estado en el que se encuentran los procesos judiciales, el Registro de víctimas (Re- viesfo), la política de reparaciones integrales y la organización de las mujeres afectadas.
61 El GREF es un espacio de coordinación de la sociedad civil, creado en el 2014. Está integrado por Coordinadora Nacional de Derechos Humanos -CNDDHH, Estudio para la Defensa de la Mujer -DEMUS, Instituto de Defensa Legal - IDL, MAM Fundacional, SER, ONA- MIAP, Raíces y Alas, Movimiento Alfombra Roja, Alejandra Ballón, Raquel Cuentas, Jairo Rivas, Adriana Fernández, Margarita Díaz Picasso, Hilaria Supa, Julieta Chaparro, Rocío Silva Santisteban, Kimberly Theidon, Matthew Brown, Jelke Boesten, Jo-Marie Burt, Lucía Stavig, Natalia Sobrevilla.
Como se recordará una comisión parlamentaria independiente establecida en 2002 concluyó que el gobierno de Alberto Fujimori esterilizó a 346.219 mujeres y 24.535 hombres en los últimos siete años de su mandato presidencial (1990-2000), en el mar- co del Programa Nacional de Planificación Familiar
 La investigación fiscal 62 se efectúa en virtud a que el Estado asumió el compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Huma- nos (CIDH) en el Acuerdo de Solución Amistosa del caso Mamérita Mestanza Chávez (MMCh) 63 , donde reconoció que este caso no fue aislado y que muchas otras mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento, en el marco de una polí- tica del Estado 6465 . La obligación de investigar no
62 La investigación en sede fiscal se abrió en el año 2003.
63 Décimo Primera Cláusula: “El Estado Peruano se compromete a
realizar exhaustiva investigación de los hechos y aplicar las san- ciones legales contra toda persona que se determine como partici- pante de los hechos, sea como autor intelectual, material, mediato
u otra condición, aún en el caso de que se trate de funcionarios
o servidores públicos, sean civiles o militares”. En Comisión In- teramericana de Derechos Humanos, informe No 71/03. Petición 12.191. Caso MMCh, 10 de octubre de 2003.
64 María Leoni, abogada de CEJIL, entrevista personal, 25.08.2016
65 Esto ha sido reafirmado por el Estado en una reunión de trabajo
realizada el 6 de abril de 2016Acta suscrita por los peticionarios y
el Estado peruano en Washington DC el 6 de abril de 2016, con la
participación de la CIDH.
GRUPO DE SEGUIMIENTO A LAS REPARACIONES A VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES FORZADAS – GREF
se circunscribe únicamente a este caso sino al universo de personas que se determinen fueron víctimas de sus derechos humanos en la ejecu- ción del Pnsrpf.
 En el 2014 66 la fiscalía archivó parcialmente la denuncia penal contra Alberto Fujimori y sus ex ministros Alejandro Aguinaga Recuenco, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y que estuvieron
a cargo de la implementación del Programa de
Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PN- SRPF) 1996 -2000. Frente a este archivamiento se realizaron una serie de acciones 67 .
 Se interpuso un recurso de queja 68 . El 20 de abril de 2015 esta queja fue declarada fundada en par- te por la Tercera Fiscalía Superior Penal. Con esto se amplió el plazo de investigación prelimi- nar por tres meses y se ordenó a la Segunda Fis- calía Penal Supraprovincial realizar una investi- gación exhaustiva de los hechos, que debía incluir la recopilación de testimonios y pronunciamiento sobre la totalidad de los casos de esterilizaciones forzadas. Para tal fin se debía analizar el contexto en el cual fue ejecutado el PNSRPF y determinar
la existencia de indicios de que esta práctica res-
pondía a una política estatal coercitiva, sistemá- tica y masiva. Finalmente correspondería dictar una nueva resolución sobre los casos que esté suficientemente motivada.
Durante el trámite, la Segunda Fiscalía Penal Supra- provincial a cargo de la Fiscal Marcelita Gutiérrez decidió la ampliación del plazo de investigación pre- liminar complementaria hasta en tres oportunida-
66 El fiscal Guzmán Baca encontró que se cometieron graves viola- ciones a los derechos humanos por parte del personal de salud. Denunció penalmente en el caso MMCh por ese motivo.
67 Se destacan las acciones y reclamaciones de organizaciones como la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizacio- nes Forzadas de Cusco. El Parlamento Andino formó una Comi- sión Especial frente a las irregularidades del archivamiento del caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú. La Comisión de parlamentarios andinos y técnicos, visitó Perú del 8 al 14 de mayo de 2014 y se entrevistó con el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, con las organizaciones comprometidas como MAM Funda- cional, DEMUS, IAMAMC, visitó Cusco y se reunió con más de 100 víctimas. Emitió un Informe y la Declaración de Lima.
68 La representación de las mujeres de Cusco y de Piura está a car- go del Instituto de Defensa Legal. El Estudio para la Defensa de la Mujer - DEMUS lleva adelante los casos de MMCh (Cajamarca), Victoria Vigo (Piura) y Celia Ramos (Piura).
des 69 . Esta dilación obstaculizó el acceso a la justicia para las víctimas cuyos casos ya estaban documen- tados 70 . Este último aplazamiento recibió la oposición de organizaciones como DEMUS y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos-CNDDHH. 71
Durante la investigación complementaria se rea- lizaron varias diligencias. El 15 y 16 de diciembre del 2015, se tomaron declaraciones a las mujeres en Colquepata, Cusco, muchas de ellas se sintieron maltratadas por los fiscales adjuntos: “alegaron que las autoridades cortaron los testimonios abruptamen- te, antes de que relataran los pasajes más importan- tes” o “en distintas ocasiones los fiscales insinuaron que lo que motivaba a las campesinas a hablar era un interés por obtener alguna indemnización”.
Esto motivó la presentación de una queja de la Aso- ciación de las Mujeres Afectadas por la Esterilización Forzada - AMAEF Cusco ante el Fiscal de la Nación 72 .
 El 27 de julio de 2016 73 , después de más un año, se dispuso un nuevo archivamiento parcial del caso. La fiscal se pronunció respecto de 2089 mujeres que consideró presuntas víctimas, pero excluye otros casos de 72 mujeres porque consideró que se debía ampliar una investiga- ción más profunda para determinar si existe violación de sus derechos humanos. Solo en el caso de 7 mujeres se denunció al personal de salud que participó en las esterilizaciones for- zadas. En los casos restantes resolvió que no
69 En febrero del 2016, la fiscal Gutiérrez solicitó la ampliación por 150 días más sin mayor sustento. La Fiscal Superior Ibáñez, no le concedió dicha solicitud y presentó queja ante el Órgano de Control Interno por la dilación. La fiscal Gutiérrez hizo caso omiso y reitero solicitud al Fiscal de la Nación quien finalmente le concede lo soli- citado.
70 Milton Campos, abogado de DEMUS, entrevista personal, realizada el 24 de agosto de 2016.
71 La República, (2016). Rechazan otra ampliación del plazo de in-
vestigación sobre esterilización forzada [en línea] Disponible en:
http://larepublica.pe/impresa/politica/740198-rechazan-otra-
ampliacion-del-plazo-de-investigacion-sobre-esterilizacion-for- zada [Acceso 20 de agosto 2016]
72 La República, (2016). Víctimas de esterilizaciones afirman haber recibido maltrato de los fiscales. [en línea] Disponible en: http://
larepublica.pe/impresa/politica/731693-victimas-de-esteriliza- ciones-afirman-haber-recibido-maltrato-de-los-fiscales [Acceso 23 agosto 2016].
73 El Comercio (27.07.2016) [en línea] Caso esterilizaciones: Fiscal ar- chiva denuncia contra Fujimori. Disponible en: http://elcomercio.
pe/politica/justicia/caso-esterilizaciones-fiscal-archiva-denun- cia-contra-fujimori-noticia-1920049[Acceso 20 agosto 2016].
se pudo establecer la autoría mediata de los in- vestigados, ni se pudo comprobar que las este- rilizaciones realizadas constituyeroncrímenes de lesa humanidad. Sostiene que por algunas deficiencias en el diseño e implementación del PNSRPF existen casos aislados y concretos donde se produjo la vulneración de los dere- chos fundamentales 74 .
 Esta decisión fiscal ha sido impugnada por DE- MUS 75 , IDL y la Procuraduría Pública del Ministe- rio de Justicia. Se ha solicitado al fiscal superior Landa la anulación de la resolución en el extre- mo de 1) la inexistencia de autoría mediata y la calificación de delito de lesa humanidad; como también de 2) la no formalización de la denun- cia contra Alberto Fujimori y otros por el caso de MMCh y otras miles de víctimas, en razón que no se ha realizado una valoración completa de toda la información existente ni se ha incluido a todas las mujeres víctimas de las esterilizacio- nes forzadas 76 , lo cual permitiría entender con mayor complejidad los mecanismos utilizados por el personal del salud en diferentes regiones del país para instigar a las mujeres a someterse a una ligadura de trompas.
 El 23 de agosto de 2016, el fiscal superior Luis Landa Burgos solicitó que la fiscal Marcelita Gu- tiérrez culmine la investigación pronunciándose respecto a los casos que fueron desacumulados
 El 6 de diciembre de 2016, luego de varias amplia- ciones, la fiscal Gutiérrez resolvió no formalizar denuncia penal y dispuso el archivamiento defi- nitivo de 77 casos, a pesar que al inicio se consi- deraban 72. En el caso de Celia Ramos, la Fiscal consideró la existencia de una denuncia previa archivada y el desistimiento extrajudicial de la in-
74 La República (25.08.2016) [en línea]. Caso esterilizaciones aún pende sobre Fujimori. Disponible en: http://larepublica.pe/im-
presa/politica/797045-caso-esterilizaciones-aun-pende-sobre- fujimori [Acceso 25 agosto 2016].
75 Milton Campos, entrevista citada.
76 La Fiscal Marcelita Gutiérrez convocó a 5,590 mujeres pero solo
se pronunció sobre 2,089. EnLa República (25.08.2016) [en línea]. Caso esterilizaciones aún pende sobre Fujimori. Disponible en:
http://larepublica.pe/impresa/politica/797045-caso-esteriliza- ciones-aun-pende-sobre-fujimori [Acceso 25 agosto 2016].
vestigación realizado por el esposo de la víctima. Además, alegó que el hecho de que exista un acta de consentimiento firmada, es suficiente para la existencia de un consentimiento informado váli- do, sustenta su argumentación en base a la teoría de los actos propios, que rige los actos civiles de naturaleza contractual. De esta manera, la fiscal Marcelita Gutiérrez no aplicó estándares interna- cionales sobre el derecho de acceso a la informa- ción y al consentimiento informado 77 . En el caso de Victoria Vigo, la Fiscal consideró que existe un pronunciamiento judicial firme por el cual se san- cionó al médico Nicolás Silva Angulo, sin embar- go una nueva investigación no interfiere con esa sentencia, pues, el médico actuó en el marco de un programa nacional 78 .
 El 13 de diciembre de 2016, DEMUS e IDL pre- sentaron recursos de queja contra la resolución complementaria, los cuales deberán resolverse en el plazo máximo de tres meses.
Nueva investigación fiscal
 Se encuentra en curso una investigación en la Ministerio Público que cuenta con mil setecien- tos (1700) nuevos casos de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas. A esto, se tiene que sumar un mayor número de víctimas correspon- dientes a las denuncias que la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha venido realizando desde el Registro de Vícti- mas de Esterilización Forzada.
Solución Amistosa Caso Mamérita Mestanza
El 4 de diciembre de 2016 el Estado peruano asu- mió diversos compromisos en la reunión de trabajo
77 Cabe señalar, que consentimiento informado no solo es la firma de un acta sino es necesario la existencia de un proceso previo con la paciente, a quien se le debe presentar la gama de métodos de pla- nificación familiar, otorgarle un plazo para la reflexión, informarle sobre los beneficios y consecuencias, toda esta información debe ser brindada en su idioma.
78 DEMUS. Se presentó recurso de queja contra archivamiento de
caso esterilizaciones forzadas. [en línea] Disponible en: httphttp://
www.demus.org.pe/noticias/se-presento-queja-contra-archiva-
miento-de-caso-esterilizaciones-forzadas/ [Acceso 18 de diciem- bre 2016].
para supervisar el cumplimiento del ASA de MMCh (en el marco del 159 Período de Sesiones de la Co- misión Interamericana de Derechos Humanos) con Demus, CEJIL, el Centro de Derechos Reproduc- tivos y la Coordinadora Nacional de Derechos Hu- manos. En cuanto a la aplicación de los parámetros para una adecuada investigación, se llegaron a los siguientes acuerdos:
 “La CIDH se compromete a remitir al Estado, al más breve plazo, a la Procuraduría Pública Es- pecializada Supranacional, la documentación que contenga los estándares y jurisprudencia sobre el derecho de acceso a la información y al consentimiento informado en salud, y en casos de esterilización forzada”. 79 .
 “La Procuraduría Especializada Supranacional se compromete a trasladar la documentación referida a la Procuraduría Especializada en De- litos de Corrupción, a la brevedad, y con el pe- dido de ser entregado al Ministerio Público, en particular, a las Fiscalías a cargo de las investi- gaciones emprendidas sobre denuncias de este- rilizaciones forzadas” 80 .
 “La CIDH pide al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la elaboración de un protocolo de ac- tuación de los defensores públicos que incorpo- re los estándares y jurisprudencia relativa a las investigaciones sobre esterilizaciones forzadas. Así también, la CIDH solicitará que se garantice esta capacitación en los citados estándares” 81 .
PROCESO PENAL CONTRA EL PERSONAL DE SALUD QUE INTERVINO A MMCH
Cabe señalar que el proceso penal que se sigue al personal de salud que la investigación fiscal encon-
79 Primer acuerdo de la acta de reunión de trabajo en el caso Mamé- ritaMestanza, N°12.191 CIDH durante el 159 periodo ordinario de sesiones. Este acuerdo tiene el fin de que la documentación envia- da por la CIDH sean tomados en cuenta por todas las instituciones estatales encargadas de garantizar el derecho a la justicia, la ver- dad y la reparación de las víctimas de esterilización forzada
80 Segundo acuerdo de la acta de reunión de trabajo en el caso Ma- méritaMestanza, N°12.191 CIDH durante el 159 periodo ordinario de sesiones
81 Sexto acuerdo de la acta de reunión de trabajo en el caso Mamérita- Mestanza, N°12.191 CIDH durante el 159 periodo ordinario de sesiones
tró responsabilidad, se encuentra actualmente en la Sala Penal a la espera de la siguiente etapa que es un juicio oral y que es público
Sobre el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas - REVIESFO
Pese a que fue una de las promesas de campaña del expresidente Ollanta Humala, casi al finalizar su gobierno, el 6 de noviembre del 2015, fue publicado en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo N°006-2015-JUS que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995 – 2000. Este decre- to da origen al Registro de Víctimas de Esteriliza- ciones Forzadas- Reviesfo 82 a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con esta norma se establece el marco jurídico para implementar la asistencia legal gratuita, el acompañamiento psico- lógico y atención de salud integral.
El Estado está obligado a asegurar el acceso a la justicia para las mujeres, a crear un marco de ga- rantías de no repetición que fortalezcan políticas públicas para que las violaciones a los derechos humanos producidas por las esterilizaciones for- zadas no vuelvan a ocurrir. La creación del regis- tro, si se implementa adecuadamente, permitirá identificar el universo de víctimas para que estas puedan acceder a la justicia y a la reparación inte- gral. Asimismo, el registro debería contribuir a la identificación de los responsables de esta política de estado 83 .
El 4 de diciembre del 2015 84 se aprueba el procedi- miento para la inscripción de personas en el Regis- tro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas pro- ducidas durante el periodo 1995-2001 – Reviesfo 85 . Esto representa un paso para evidenciar que las esterilizaciones forzadas fueron de carácter siste-
82 Se denomina Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas producidas durante el periodo 1995-2001 (Reviesfo)
83 María Leoni, entrevista citada.
84 Resolución Ministerial N°319-2015-JUS de fecha 04 de diciembre de 2015.
85 Como anexo se aprueba la Ficha única de recojo de Información para el registro.
mático y masivo. Sin embargo, preocupa que en el glosario no se haya incorporado el término “consen- timiento libre e informado”, concepto necesario para determinar la validez del consentimiento y que debe tener en cuenta estándares internacionales en de- rechos humanos.
Otro punto de preocupación es haber incorporado como requisito para la inscripción “la existencia de un documento médico que acredite la realización de una operación de esterilización quirúrgica o, en su caso, un diagnóstico médico presuntivo que evidencie elementos compatibles con la realización de una ope- ración de anticoncepción quirúrgica” 86 . En primer lu- gar, es poco probable que las mujeres tengan un do- cumento que acredite la realización de una ligadura de trompas o que existan registros en sus historias clínicas y, más improbables aun, obtenerlo después de todo el tiempo transcurrido. En segundo lugar, el Ministerio de Salud está encargado de garantizar el diagnóstico y emitir el certificado médico; sin em- bargo, fue el personal de salud quien implementó el PNSRPF durante los años 1996-2000. Esto puede generar conflictos de intereses, falta de objetividad y una probable actuación parcializada al momento de emitir el certificado 87 . Tenemos conocimiento de que las oficinas de la Defensa Pública de las regio- nes, están poniendo a disposición los médicos le- gistas para que puedan certificar la existencia de una intervención quirúrgica ante la ausencia de un documento que lo acredite, lo cual constituye un avance para favorecer el registro pero no es sufi- ciente.
El 11 de enero de 2016 se publicó 88 el cronograma de implementación progresiva del Reviesfo, el cual iniciaba con los departamentos de Cusco, Cajamar- ca, Piura, Huancavelica y Lima Este. El 8 de julio se aprobó 89 el segundo cronograma el cual incluía a
86 Requisitos para iniciar la Inscripción al Reviesfo. Numeral 7.3 de la Resolución Ministerial N°319-2015-JUS.
87 DEMUS. Diagnóstico- Implementaciónn de Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas – Reviesfo. Documento de trabajo. Agosto 2016. Pág. 7.
88 Resolución Ministerial Nº 0001-2016-JUS de fecha 8 de enero de
89 Resolución Ministerial Nº 0161-2016-JUS publicado el 9 de julio de
los departamentos de Ayacucho, Lima Centro, Lima Sur y San Martín.
Según datos del Registro de Víctimas de Esteriliza- ciones Forzadas 90 , a octubre del 2016, 3461 perso- nas han iniciado procedimiento de inscripción en 9 direcciones distritales, siendo el mayor número de solicitudes las consignadas en Cusco (34 %) confor- me se puede apreciar en el cuadro 1. Cabe resaltar que el 96,4% (3328) de los solicitantes son mujeres y que el 3,6% (123) son varones.
CUADRO Nº 1 SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN EN EL REVIESFO
Nº de personas que iniciaron procedimiento de inscripción en Reviesfo
Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Oficio N° 1250-JUS/DGDP. Información al 31 de octubre de 2016.
Hasta el momento 1761 víctimas han logrado obte- ner su constancia del registro, donde el 98.6% son mujeres y 1.4% son varones, tal como se muestra en el cuadro 2.
90 De acuerdo al Oficio N° 1250-JUS/DGDP de fecha 16 de noviembre de 2016, información remitida a DEMUS, a su solicitud, de confor- midad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
CUADRO Nº 2 NÚMERO DE VÍCTIMAS REGISTRADAS CON CONSTANCIAS
De la información brindada se desprende que solo el 50.8% de las personas que solicitan la inscripción al registro han podido lograr llegar a la fase final, en la medida que deben de esperar los 30 días administrati- vos para que el Ministerio de Salud remita las historias clínicas. El número de víctimas registradas, evidencia como problema la falta difusión de la existencia del REVIESFO, principalmente en las zonas rurales más alejadas, pero además las barreras como los costos económicos que supone su traslado, el tiempo y la desconfianza de este proceso- que impiden a las mu- jeres acudir a las capitales de provincia o de la región para registrarse, donde están ubicadas las oficinas de Defensa Pública. Continuar con el registro a través de oficinas itinerantes en zonas alejadas donde se en- cuentra el mayor número de personas afectadas. Así mismo, deben incluir intérpretes en las zonas donde el castellano no sea el idioma prevalente en que las personas se comunican para garantizar una traduc- ción fidedigna de los testimonios de las víctimas 91 .
91 Cabe resaltar que los obstáculos mencionados, se materializaron y visibilizaron en el proceso de registro en Lima de Victoria Vigo:
falta de difusión del lugar del Reviesfo en Lima Este, la desinfor- mación por parte de los funcionarios respecto al proceso y la ex- cesiva demora - de 6 meses aproximadamente- para llegar a la fase final de verificación del Registro o la entrega de Constancia de Inscripción en el Reviesfo.
Otro obstáculo en la implementación del Reviesfo es la interpretación legalista y no garantista de los requisitos para el reconocimiento e inscripción de las víctimas. Tal es el caso de Mamérita Mestan- za, que a pesar del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) -donde el Estado asume responsabilidades y la reconoce como víctima de esterilización forza- da- y conforme al artículo 5.2.2 92 de la Reglamen- tación del Registro que reconoce como víctima a aquella persona declarada como agraviada en los fueros judiciales, aún sus familiares no logran su inscripción en el Reviesfo de Cajamarca, solicitada en febrero del 2016. El personal a cargo consideró, en principio, que según la normativa no se contem- plaba la inscripción de un caso judicializado inter- nacionalmente.
En el caso del registro de las víctimas que tienen discapacidad cognitiva y mental, que fueron este- rilizadas, se deberá considerar a la persona encar- gada de sus cuidados como su curadora, con lo cual podrá ser representante de la misma, es importan- te prever estas situaciones, para evitar discrimina- ción y exclusiones por condición de discapacidad.
Todos los elementos señalados obstaculizan el ac- ceso a la justicia para las víctimas de esterilizacio- nes forzadas y, de no resolver las dificultades antes señaladas, la implementación del Reviesfo se verá muy afectada. Si bien la apertura del Registro es un avance, significa apenas el inicio de un largo cami- no en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de miles de mujeres que han venido trabajando por estos objetivos pero que lamentablemente también se han ido agravando sus secuelas con el paso del tiempo.
92 El punto 5.2 del Procedimiento para la Inscripción en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas producidas en el periodo 1995-2001, aprobado mediante la Resolución Ministerial N°0319- 2015-JUS, señala a la víctima declarada judicialmente como la persona que haya sido declarada como agraviada en un proceso judicial mediante resolución con calidad de cosa juzgada.
SOBRE LAS ORGANIZACIONES DE LAS VÍCTIMAS DE ESTERILIZACIONES FORZADAS 93
Han transcurrido 20 años y las voces de protesta y propuesta de las mujeres, que fueron sometidas a las prácticas más inhumanas y vejatorias para controlar su cuerpo y sexualidad, siguen más firmes y presen- tes que nunca. Ellas continúan en la lucha permanen- te para alcanzar justicia y reparación, se han movili- zado, han construido redes de apoyo, han generado lazos de sororidad. Han conseguido que la afectación y violación a sus derechos humanos no quede impune, pues no han dejado que el tiempo lo borre y olvide. Ellas con su presencia y memoria, siguen construyen- do su historia, siguen saliendo al camino.
Es importante señalar que en 1997 desde Anta, Cus- co, la dirigente campesina Hilaria Supa, hace llegar su voz de denuncia sobre las esterilizaciones forza- das a Giulia Tamayo 94 quien inicia las investigacio- nes 95 , y posteriormente publicará el estudio denomi- nado “Nada Personal”, donde narra este drama de miles de mujeres esterilizadas contra su voluntad.
En Lima, es el Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional 96 , quien se solidariza con las víctimas e inició las denuncias ante el Ministerio de Salud de la época y la Defensoría del Pueblo y acciones públicas que se desarrollaron en Lima y Anta durante más de una década. Importante la acción de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Campesinas de la Provincia de Huancabamba (AMHBA) en Piura, se resalta el apo- yo del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC) apoyó desde el pri- mer momento a las mujeres de AMBHA.
93 Esta parte recoge extractos del documento “SALIENDO AL CA- MINO: DE LA PROTESTA A LA PROPUESTA”, de Raquel Cuentas Ramírez – Investigadora que junto con Giulia Tamyao elaboraron el Reporte Nada Personal y en documentos de MAM Fundacional, así como testimonios de la periodista feminista María Esther Mo- gollón, una de las fundadoras del MAM y MAM Fundacional.
94 En ese momento la abogada feminista Giulia Tamayo integraba el CMP Flora Tristán y CLADEM. Es una de las fundadoras del Movi- miento Amplio de Mujeres (1996) y el luego MAM Fundacional.
95 En 1999 al alero de CLADEM Regional, publica el Informe “Nada Personal” y el video del mismo nombre, que recoge evidencias y las voces de las víctimas de Cusco y Piura.
96 Primero se llamó MAM, luego MAM Fundacional desde el 2001.
La Institución Estudio para la Defensa de los Dere- chos de la Mujer (DEMUS), que asumió la defensa del caso más emblemático, el de Mamérita Mestanza. En este caso también participaron el Instituto de Defensa Legal y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
Campaña “Somos 2074”.
Del mismo modo, DEMUS y diversas organizaciones sociales y colectivas -como la CGTP, Ashanti Perú, Mujeres Resistencia, Manada Feminista, Comando Feminista, Chola Contravisual, LIFS, ForoSalud, los familiares de desaparecidos/as durante el conflicto armado interno, ciudadanas y entre otras- desarrolla- ron a nivel nacional la campaña “Somos 2074 y mu- chas más” desde noviembre del 2015. Con el objeto de visibilizar la situación y demandar la creación del Registro de Victimas de Esterilizaciones forzadas.
En Chumbivilcas, más de 240 mujeres campesi- nas han creado la Asociación de Mujeres Víctimas de Esterilizaciones Forzadas en Chumbivilcas (AMVEF), con el apoyo de la ONG Derechos Huma- nos Sin Fronteras (DHSF). Su presidenta es Inés Condori, esterilizada cuando tenía treinta años 97 . Esta organización integra AMAEF Cusco. Es importante reconocer el esfuerzo desplegado y la valentía de todas estas mujeres que se han orga- nizado y han fortalecido su ciudadanía y la nuestra, como bien lo expresó Giulia Tamayo 98 :
“Felicito a cuantas mujeres han luchado por hacer de los derechos humanos una realidad y contribuir al empeño de un mundo con una vida digna para sus habitantes sin distinciones de condición social o económica, género, edad, credo, etnia o perte- nencia a alguna de las diversidades, todas ellas en- riquecedoras de nuestra fraternidad, sororidad, en definitiva de nuestra vida en el planeta”.
97 Diario La República 1 de junio de 2016, artículo escrito por: José Víctor Salcedo. Página web revisada el 2 de setiembre de 2016:
http://larepublica.pe/impresa/politica/772730-mujeres-esterili-
zadas-piden-no-votar-por-keiko-fujimori
98 Discurso al recibir, el 8 de marzo de 2014, el premio Lima Warmi de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la gestión de la Alcaldesa Susana Villarán.
Y LA SITUACIÓN DE LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

References: artículo 13
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 resolución 
 Artículo 18
 Resolución 
 Artículo 3
in fine
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 Artículo 7
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 Resolución 
 artículo 5
 Resolución 
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