Source: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170727/AnuncioO92-170717-0001_es.html
Timestamp: 2017-11-18 12:20:17+00:00

Document:
Resolución del DOG nº 142 de 2017/7/27 - Xunta de Galicia
DOG Núm. 142 Jueves, 27 de julio de 2017 Pág. 35612
RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2017 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la bonificación de los costes de la financiación de las pequeñas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración con las entidades financieras y las sociedades de garantía recíproca, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (línea pequeñas empresas).
El Consejo de Dirección del Igape, en su reunión de 1 de junio de 2017, acordó por unanimidad de sus miembros asistentes la aprobación de las bases reguladoras de las ayudas para la bonificación de los costes de la financiación de las pequeñas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), las entidades financieras y las sociedades de garantía recíproca.
Primero. Publicar las bases reguladoras de las ayudas para la bonificación de los costes financieros de las pequeñas empresas de Galicia titulares de préstamos superiores a 25.000 €, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), las entidades financieras y las sociedades de garantía recíproca.
Convocar para 2017 dicho régimen de ayudas en concurrencia no competitiva.
El plazo de presentación de solicitudes por parte del interesado en el Igape se iniciará el día siguiente al de la publicación de estas bases reguladoras en el Diario Oficial de Galicia y terminará el 31 de octubre de 2017, concediéndose las ayudas de conformidad con el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
En el caso de agotamiento del crédito, el Igape publicará dicha circunstancia en el Diario Oficial de Galicia y en la página web del Igape (www.igape.es), a fin de cerrar anticipadamente el plazo de presentación de solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 31.4 de la citada Ley de subvenciones de Galicia.
Los créditos disponibles para concesiones en esta convocatoria se abonarán con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria y, por los siguientes importes y con la siguiente distribución plurianual:
El director general del Igape podrá ampliar los créditos, luego de declaración de su disponibilidad en los términos referidos en el artículo 30.2 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, mediante resolución publicada al efecto.
Quinto. Los requisitos de las letras c), e), f), h), i), k), l), m) y n) del artículo 20.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, se indican en las bases anexas a esta resolución.
Santiago de Compostela, 14 de julio de 2017
Bases reguladoras de las ayudas para la bonificación de los costes de la financiación de las pequeñas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 €, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), las entidades financieras y las sociedades de garantía recíproca (línea pequeñas empresas).
La composición del tejido empresarial gallego está formada en un 99,89 % por pequeñas y medianas empresas. Son estas empresas las que contribuyen de una manera más directa a crear empleo y riqueza en su entorno y constituyen la fórmula más recurrida e idónea para el autoempleo.
El pequeño tamaño de estas empresas, de las que el 96,15 % son microempresas, supone que tienen una nula o muy pequeña capacidad de influir en el mercado y que tienen que acomodarse a las circunstancias del mismo, sin posibilidad ninguna de fijar precios, negociar la financiación, etc. Ante esta situación, los apoyos deben dirigirse especialmente a procurar facilitarles el acceso a la financiación y aminorar su coste.
La brecha entre el coste de financiación de las grandes y de las pequeñas empresas españolas creció hasta el 105 % durante la crisis, según datos del Banco Central Europeo. Las pymes, al solicitar un menor volumen, pagan un coste más alto por la deuda incurrida viéndose también más afectada por los ciclos económicos. Este diferencial es consecuencia de la mayor dificultad para conseguir la información financiera de las pymes, fundamentalmente autónomos o sociedades que no tienen la obligación de estar auditadas y, además, disponen de menores garantías para apoyar sus créditos.
Por otra banda, el sector industrial se muestra como el de mayor capacidad de generar valor añadido y riqueza, por lo que debe ser considerado de una manera especial.
En esta línea, se convocan las ayudas a las pequeñas empresas para la bonificación de los costes de la financiación superior a 25.000 €, para acometer inversiones en Galicia y dotarse de la liquidez necesaria para el desarrollo de la actividad.
Estas ayudas, en definitiva, pretenden mejorar el acceso de los autónomos, los emprendedores y de las empresas del sector industrial a la financiación, que es uno de los objetivos de la Ley 9/2013, del 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad, y de la Ley 13/2011, de 16 de diciembre, reguladora de la política industrial de Galicia.
Asimismo, la Agenda de Competitividad Industrial Galicia: Industria 4.0, aprobada por el Consejo de la Xunta de Galicia en su sesión de 13 de mayo de 2015, establece cinco planes de impulso con 26 enfoques estratégicos y 60 medidas que desarrollará la Administración gallega entre los años 2015 y 2020. En particular, el enfoque estratégico 2.3 prevé apoyar especialmente el emprendimiento industrial.
La tramitación de estas ayudas excluye la concurrencia competitiva en base a lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, por cuanto serán bonificables todas las operaciones financieras que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras, hasta el agotamiento del crédito. Se justifica la excepcionalidad por cuanto en estos casos no es necesaria la comparación de proyectos entre sí, por el interés especial de promover cualquier proyecto de inversión que, cumpliendo los requisitos especificados en las presentes bases, puedan llevar adelante las empresas.
Asimismo, la concurrencia no competitiva es el mecanismo que permite que las solicitudes de ayuda financiera puedan ser atendidas con la debida diligencia y en todo momento, mantener la posibilidad de solicitud abierta de manera continua.
Las presentes bases regulan el contenido y procedimiento de tramitación de las ayudas a la financiación de las inversiones en Galicia por parte de las pequeñas empresas (procedimiento IG523A).
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en estas bases aquellas empresas que tengan la consideración de microempresa o pequeñas empresas, incluidos los autónomos, según la definición establecida por la Comisión Europea en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 (DOUE L 187, de 26 de junio), de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado UE, cualquiera que sea su forma jurídica, por lo que también podrán acceder a la condición de beneficiario las personas físicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las actividades o se encuentren en la situación que motiva la concesión de las ayudas. En este caso deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de las ayudas que se va a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único con poder suficiente para cumplir las obligaciones que como beneficiario le correspondan a la agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que transcurra el plazo de prescripción de cuatro años del artículo 35 y 63 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
2. Tendrán que tener formalizada una operación de préstamo con una entidad financiera adherida al convenio de colaboración firmado al efecto, previamente o con posterioridad a la entrada en vigor de las presentes bases, con fondos del ICO de las líneas ICO-Empresas y Emprendedores 2017, ICO-Garantía SGR/SAECA 2017 o bien con fondos de la propia entidad financiera, siempre que estén avalados por una SGR.
En el caso de sociedades civiles y comunidades de bienes y otras entidades sin personalidad jurídica, el préstamo deberá estar formalizado a nombre de la entidad y deberá ser firmado por cada uno de sus miembros. En el caso de las cooperativas, el préstamo podrá estar firmado por un representante de la entidad, previa autorización de esta, o por los cooperativistas, que asumirán la deuda en proporción a su porcentaje de participación.
En cualquier caso, los préstamos deberán estar formalizados a partir del 1 de enero de 2017 y con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, por un importe superior a 25.000 €, a un plazo igual o superior a cinco años, y cumplir con las condiciones específicas y características de los proyectos a financiar, establecidas en estas bases.
3. En aplicación del artículo 48.b) de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017, los solicitantes podrán acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de no tener pendiente de pago ninguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma o no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro mediante una declaración responsable que se cubrirá en el formulario electrónico de solicitud.
4. Además de reunir los requisitos establecidos para cada línea de financiación, deberán cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiario establecidos en el artículo 10 de la Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia, cumplir las obligaciones del artículo 11 de la citada Ley de subvenciones y no ser considerados empresas en crisis de acuerdo con la definición de empresa en crisis establecida en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de la UE.
Los proyectos objeto de financiación a través de esta línea tendrán que corresponderse con alguna de las actividades señaladas en el anexo II. No obstante, en el caso de proyectos a desarrollar por emprendedores, se consideran atendibles todas las actividades, excepto las excluidas en las letras c), d) y e) del artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis; para las empresas del sector pesquero, las establecidas en el artículo 1 del Reglamento (CE) nº 717/2014, de la Comisión, de 27 de junio, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la UE a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (DOUE L 190, de 28 de junio), y para las empresas del sector agrícola, las descritas en el artículo 1 del Reglamento 1408/2013, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de minimis en el sector de la producción de productos agrícolas (DOUE de 21 de diciembre).
La inversión objeto de financiación deberá realizarse en Galicia.
1. La financiación con fondos del ICO de las líneas ICO-Empresas y Emprendedores 2017, ICO-Garantía SGR/SAECA 2017 o bien con fondos de la propia entidad financiera avalados por una SGR, podrá destinarse a los siguientes conceptos:
b) Vehículos industriales sin límite de precio y vehículos turismo, con un precio máximo de 30.000 € más IVA.
c) Adquisición de empresas: adquisición de una unidad productiva (conjunto de medios organizados que puedan llevar a cabo una actividad económica) o de las participaciones sociales necesarias para obtener el control sobre el negocio adquirido.
2. Por activo productivo deberá entenderse aquellos bienes que, directa o indirectamente, permitan realizar la actividad de la empresa.
3. Los beneficiarios de las ayudas establecidas en estas bases deberán mantener las inversiones objeto de financiación durante la vigencia de la bonificación a la operación financiera. Se considerará cumplida esta condición en el caso de que los bienes en los que se materialice la inversión sean sustituidos por otros de la misma naturaleza y destino, no pudiendo obtener para su adquisición ningún tipo de ayuda financiera del Igape.
4. No se concederá ayuda, por parte del Igape, a la financiación destinada:
a) A vehículos de transporte, en el sector de transporte de mercancías por carretera.
b) A la adquisición o construcción de buques de pesca.
c) Al impuesto sobre el valor añadido (IVA) o cualquier otro tributo ligado a la inversión.
5. Los bienes objeto de la inversión deberán ser adquiridos a terceros por el beneficiario en propiedad. Podrán financiarse inversiones realizadas en el plazo de ejecución, comprendido entre el 1 de enero de 2016 hasta un año desde la formalización del préstamo. La diferencia entre los importes correspondientes a las inversiones y el importe dispuesto de la financiación se considera utilizada para liquidez.
6. Los proveedores no podrán estar vinculados con la entidad solicitante o con sus órganos directivos o gestores, entendiéndose por vinculación lo establecido en el artículo 43.2 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. En ningún caso podrá concertar el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades.
1. Con independencia del importe del préstamo formalizado, el importe máximo bonificable, para las operaciones sin aval o con aval de una sociedad de garantía recíproca, será de 100.000 € para el tipo de interés y 500.000 € para la comisión de aval.
2. El porcentaje de financiación podrá alcanzar el 100 % del proyecto, no obstante, la bonificación del Igape se calculará para el 75 % del importe del préstamo.
Artículo 6. Plazos de amortización
1. Los tipos de interés máximos, según el plazo y modalidad escogida, serán los publicados quincenalmente por el ICO en su página web (www.ico.es), en el apartado de tipo de interés que figura en las fichas de la línea línea ICO-Empresas y Emprendedores 2017, para las operaciones sin aval de SGR, y en la ficha de la línea ICO-Garantía SGR/SAECA 2017, para las operaciones formalizadas con aval de una SGR.
2. La entidad de crédito no aplicará ninguna comisión al cliente por la concesión de la financiación. En el caso de contar con aval financiero este será del 100 % y la SGR podrá aplicar una comisión de estudio máxima del 0,50 % del importe total de la operación.
3. Las SGR podrán cobrar al cliente en concepto de comisión de aval hasta un máximo del 1,5 % del riesgo vivo anual y hasta el 4 % del importe de la financiación avalado en concepto de cuota social mutualista, qué se abonará al inicio de la operación. Este importe será reembolsado al cliente una vez que termine su relación con la SGR.
1. Consistirá en una ayuda financiera que se deberá destinar a la amortización anticipada del principal del préstamo. Dicha ayuda se determinará de la siguiente manera:
a) Ayuda al tipo de interés de 1,5 puntos porcentuales, con carácter general, y, en caso de autónomos, emprendedores o proyectos pertenecientes al sector industrial, en 0,5 puntos porcentuales adicionales.
Dicha ayuda se calculará como sigue:
1º. Se calcularán los valores absolutos de los puntos a percibir durante el período teórico de vigencia del préstamo, incluido, si es el caso, el período de carencia. A los efectos de excluir el IVA, se tomará como base para el cálculo el 75 % de la operación formalizada y como base de la liquidación el año comercial (360 días).
2º. Se actualizarán los valores absolutos obtenidos anteriormente, utilizando como tasa de actualización el tipo de interés legal del dinero correspondiente al año de la formalización de la operación financiera.
3º. En caso de que la operación fuese formalizada a un plazo superior a 7 años, los cálculos se harán de manera teórica, como si fuese a 7 años, incluidas las carencias.
b) Ayuda a la comisión del aval financiero, en su caso, que se calculará como en la ayuda al tipo de interés.
2. Se considera autónomo la persona o personas físicas que realicen de manera habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo.
3. Tendrán la consideración de emprendedores, de acuerdo con la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, las personas físicas y jurídicas que se encuentren realizando una actividad empresarial o profesional con hasta cuarenta y dos meses de antigüedad o bien los trámites previos para poder desarrollar una actividad económica. Dicho plazo se computará desde la fecha de formalización del préstamo.
4. Se consideran proyectos pertenecientes al sector industrial aquellos que desarrollan una actividad económica de las relacionadas en la sección C del anexo del Real decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de actividades económicas 2009 (CNAE-2009) (BOE de 28.4.2007).
5. La entidad financiera no podrá cobrar comisión alguna por la amortización anticipada del principal del préstamo, como consecuencia del pago de la ayuda.
6. En el supuesto de que el tipo de interés alcanzara niveles inferiores a los puntos de bonificación, la ayuda del Igape se limitaría al tipo de interés establecido para la vigencia de la operación, o bien para el primer período, en el caso de operaciones a tipo de interés variable. Es decir, el tipo de interés resultante, tras la reducción, no podrá ser inferior a cero.
1. La concesión de las ayudas queda supeditada al cumplimiento de la normativa vigente y, en especial, a la de la Unión Europea. En esos términos, serán compatibles con cualesquiera otras ayudas públicas o privadas pero, en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras, podrán superar los límites máximos de intensidad de ayuda establecidos por la Unión Europea para las ayudas de minimis; esto es, de manera general, las ayudas de minimis totales que se concedan a una misma empresa no podrán superar 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales; para las empresas del sector transporte de mercancías por carretera este límite se reduce a 100.000 euros. Para las empresas del sector de la pesca, las ayudas de minimis totales que se concedan a una misma empresa no podrán superar 30.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Para las empresas del sector agrícola, el límite de minimis se reduce a 15.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios.
Las ayudas de minimis no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación con los mismos gastos subvencionables si dicha acumulación excediese la intensidad de ayuda fijada por un reglamento de exención por categorías.
2. Cuando el importe de ayuda a conceder con sujeción a estas bases supere el límite máximo global, el dicho importe de ayuda se reducirá en la parte que proceda.
3. La obtención de otras ayudas o subvenciones deberá comunicarse al Instituto Gallego de Promoción Económica tan en seguida como se conozca y, en todo caso, en el momento en que se presente documentación justificativa del proyecto realizado. En todo caso, antes de conceder la ayuda, se solicitará de la empresa una declaración escrita o en soporte electrónico de las ayudas recibidas en régimen de minimis en los últimos tres ejercicios. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se considerará una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y podrá dar lugar a un procedimiento de reintegro.
Artículo 10. Solicitud y documentación complementaria necesaria para la tramitación
1. De acuerdo con las características del programa de ayuda, el procedimiento de concesión se tramitará en concurrencia no competitiva. Las solicitudes de ayuda se resolverán por orden de entrada de las solicitudes completas en el Igape y hasta que se agote la disponibilidad presupuestaria aprobada.
a) Dentro del plazo establecido en la convocatoria, para presentar una solicitud de ayuda el interesado deberá cubrir previamente un formulario descriptivo de la empresa, del proyecto y de la operación financiera a través de la aplicación establecida en la dirección de internet http://www.tramita.igape.es
En el supuesto de que el beneficiario sea una persona física y no tenga capacidad técnica o económica, o que por otros motivos no haya garantizado el acceso y la disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, podrá dirigirse a las oficinas centrales del Igape en Santiago de Compostela o a cualquiera de sus oficinas territoriales para que le presten asistencia y medios para cubrir el formulario electrónico, o a través del número de teléfono 900 81 5 51. También se podrá recibir asistencia en la propia entidad de crédito colaboradora.
Una vez cubierto el formulario en la aplicación informática, se obtendrá el formulario normalizado de solicitud que se adjunta como anexo I a estas bases a título informativo.
b) Una vez generada la solicitud, deberá presentarse preferiblemente por vía electrónica a través del formulario de solicitud normalizado (anexo I), accesible desde la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).
c) La presentación electrónica será obligatoria para las personas jurídicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
En el caso de presentación de la solicitud de manera presencial, el Igape requerirá al solicitante para que la subsane a través de su presentación electrónica. Para estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que fuese realizada la subsanación.
2º. El firmante deberá poseer un certificado digital en vigor bajo la Norma X.509 V3, válido tal y como especifica la Orden de 25 de noviembre de 2004, de la Consellería de Economía y Hacienda, por la que se establecen las normas específicas sobre el uso de la firma electrónica en las relaciones por medios electrónicos, informáticos y telemáticos con la Consellería de Hacienda y sus organismos y entidades adscritas (DOG nº 239, de 10 de diciembre). Los certificados de clase 2 CA emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda serán válidos a efectos de presentación de solicitudes. Si el certificado corresponde a una persona física, su representación se acreditará documentalmente a lo largo de la tramitación del expediente.
3º. La presentación ante el Registro Electrónico de la Xunta de Galicia admite la firma de la solicitud por parte de un único solicitante. En el caso de que deba ser firmada por más de un solicitante (por ejemplo solicitudes con dos firmantes, representación mancomunada, etc), deberá anexar necesariamente un documento en que se deje constancia de que todos los firmantes autorizan a uno de ellos para presentar la solicitud. Este documento se realizará en papel con firmas manuscritas y deberá ser escaneado a formato PDF para ser anexado.
4º. Una vez firmado el formulario de solicitud, mediante certificación digital del presentador, y transferido este al Igape, se procederá a la anotación de una entrada en el Registro Electrónico de la Xunta de Galicia.
d) En caso de que el solicitante sea una persona física, opcionalmente, podrá presentar la solicitud presencialmente en el Registro General de los servicios centrales del Igape, en las oficinas territoriales del Igape o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, utilizando el formulario de solicitud normalizado (anexo I).
3. Las personas interesadas deberán aportar con la solicitud la siguiente documentación: póliza de la operación financiera formalizada.
La presentación electrónica será obligatoria para las personas jurídicas. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 39/2015, deberán aportar con la solicitud las copias digitalizadas de los documentos. El solicitante se responsabilizará de la veracidad de los documentos que presente. La aportación de tales copias implica la autorización para que la Administración acceda y trate la información personal contenida en tales documentos. Excepcionalmente, cuando existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el Igape podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrá requerirse la exhibición del documento original.
Para aportar los documentos en formato electrónico, el solicitante deberá digitalizar previamente los documentos originales y obtener archivos en formato PDF. La aplicación informática permitirá anexar estos archivos en formato PDF siempre que cada archivo individual no supere los 4 MB. En el caso de que un documento PDF ocupe más de dicho tamaño, deberá generarse con menor tamaño. Cualquier otro formato de archivo distinto del PDF no será aceptado por la aplicación informática ni será considerado como documentación presentada.
Las personas físicas, opcionalmente, podrán presentar copia simple de la documentación presencialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, en copia simple. En el formulario de solicitud se incluye una declaración responsable de la persona que firma la solicitud de que las copias constituyen una reproducción exacta de los originales, los cuales le podrán ser requeridos por el Igape.
4. Dentro de los diez días siguientes a la presentación de las solicitudes en el Registro, el Igape les comunicará a los solicitantes la fecha en la que las solicitudes fueron presentadas, el número de expediente asignado, el plazo máximo establecido para la resolución y notificación del procedimiento (3 meses desde la fecha de la presentación de la solicitud en el Igape) y los efectos del silencio administrativo (negativo).
5. Si la solicitud no reúne los datos exigidos en estas bases, se requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente al requerimiento se subsane la falta, con indicación de que, en caso contrario, se considerará al interesado desistido de la solicitud, previa resolución declarativa de tal circunstancia.
En los casos en que el Igape lo considere necesario y a efectos de la resolución de la solicitud, se solicitará informe a la consellería sectorial correspondiente, en relación con el cumplimiento por parte de los proyectos de la normativa específica que resulte aplicable.
6. Trámites administrativos posteriores a la presentación de la solicitud.
a) DNI de la persona solicitante o representante.
3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitase la obtención de los citados datos, podrá solicitarse a las personas interesadas la presentación de los documentos correspondientes.
Instruido el procedimiento por el Área de Financiación del Igape e inmediatamente antes de redactar propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados mediante trámite de audiencia, para que en el plazo de 10 días puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones pertinentes. No obstante, podrá prescindirse del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni se tengan en cuenta en la resolución otros hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados.
Una vez terminada la instrucción y cumplimentado, en su caso, el trámite de audiencia, la Dirección del Área de Financiación del Igape elevará propuesta de resolución al director general del Igape, quien resolverá por delegación del Consejo de Dirección e incluirá los términos que se expresan a continuación:
El importe y destino del préstamo bonificado, el plazo de vigencia y, en su caso, la carencia, el plazo de ejecución del proyecto, el tipo de interés de la operación, los puntos y el importe de la bonificación, el importe de la ayuda financiera sobre el tramo de préstamo que debe financiar las inversiones en activos fijos y la compensación de la comisión de aval, en el caso de las operaciones avaladas por una SGR.
1. El Igape notificará al solicitante y comunicará a la entidad de crédito y SGR, si es el caso, la concesión o denegación de la bonificación. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando las personas interesadas sean personas jurídicas. Las personas físicas podrán decidir y comunicar en cualquier momento que las notificaciones sucesivas practiquen o dejen de practicar por medios electrónicos.
Las notificaciones electrónicas se realizarán mediante el acceso a la web del Igape en el enlace de tramitación electrónica. El sistema solicitará del interesado su certificado digital en vigor y la firma electrónica de un acuse de recibo de las notificaciones (justificante de recepción electrónico).
La persona interesada deberá manifestar expresamente la modalidad escogida para la notificación (electrónica o en papel) en el formulario de solicitud. En el caso de personas jurídicas, deberán optar en todo caso por la notificación por medios electrónicos, sin que sea válida ni produzca efectos en el procedimiento una opción diferente.
Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en el que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o fuera elegida expresamente por el interesado, se entenderá rechazada cuando transcurrieran diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
2. El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento será de 3 meses desde la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda en el Igape. Dicho plazo podrá ser suspendido en los supuestos establecidos en el artículo 22 de la Ley 39/2015. Transcurrido tal plazo sin que se hubiese notificado resolución expresa, podrá entenderse desestimada.
3. Contra la resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los juzgados del contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, en el plazo de dos meses desde su notificación, si fuera expresa, o en el plazo de seis meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. De forma potestativa, podrá interponerse recurso de reposición ante el director general del Igape, por delegación del Consejo de Dirección, en el plazo de un mes desde su notificación, si fuese expresa, o en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con lo establecido en estas bases reguladoras se produzca el acto presunto, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015.
1. De conformidad con lo previsto en el Decreto 132/2006, de 27 de julio, por el que se regulan los registros públicos creados en los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2006, el Igape y la Consellería de Economía, Empleo e Industria incluirán las ayudas concedidas al amparo de estas bases y las sanciones que como consecuencia de ellas pudiesen imponerse en los correspondientes registros públicos, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos personales de los beneficiarios y su remisión a las entidades financieras y sociedades de garantía recíprocas a efectos de la formalización de la operación y la referida publicidad.
2. De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno y con el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, el Igape publicará las ayudas concedidas al amparo de estas bases en la página web del Igape (www.igape.es) y en el Diario Oficial de Galicia, expresando la norma reguladora, beneficiario, crédito presupuestario, cuantía y finalidad de la ayuda, por lo que la presentación de la solicitud lleva implícita la autorización para el tratamiento necesario de los datos del beneficiario y de su publicación en los citados medios. La publicación en el Diario Oficial de Galicia debe realizarse en el plazo máximo de tres meses contados desde la fecha de resolución de las concesiones, no obstante, cuando los importes de las ayudas concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros, no será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Galicia, que será sustituida por la publicación de las ayudas concedidas en la página web del Instituto Gallego de Promoción Económica.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real decreto 1149/2011, de 29 de julio, por el que se establece y regula el registro español de ayudas de minimis en el sector pesquero (BOE nº 223, de 16 de septiembre), en el caso de que el beneficiario sea una empresa del sector pesquero, el Igape publicará la ayuda concedida al amparo de estas bases en el citado registro expresando la información a que se hace referencia en el anexo I de este real decreto.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre general de subvenciones la cesión de datos de carácter personal que debe efectuarse a la Intervención General de la Administración del Estado a efectos de publicar las subvenciones concedidas en la BDNS no requerirá el consentimiento del beneficiario. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
1. Para hacer efectivo el pago de la ayuda el beneficiario deberá presentar la solicitud de cobro, en el plazo máximo de 1 mes desde la fecha de finalización del período de ejecución, señalado en la resolución de concesión.
2. Para eso deberá cubrir previamente el formulario de liquidación a través de la aplicación informática establecida en la dirección de internet http://www.tramita.igape.es
En el supuesto de que el beneficiario sea una persona física y no tenga capacidad técnica o económica, o que por otros motivos no tenga garantizado el acceso y la disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, podrá dirigirse a las oficinas centrales del Igape en Santiago de Compostela o a cualquiera de sus oficinas territoriales, para que le presten asistencia o medios para cubrir el formulario electrónico, o a través del número de teléfono 900 8 5 51. Dicho formulario contendrá los requisitos establecidos en el artículo 48 del Decreto 11/2009 para la presentación de la cuenta justificativa. Una vez cubierto el formulario en la aplicación informática, se obtendrá el formulario normalizado de solicitud de cobro que se adjunta como anexo III a estas bases a título informativo.
3. Una vez generada la solicitud de cobro, deberá presentarse preferiblemente por vía electrónica a través del formulario de solicitud de cobro normalizado con el IDEL (anexo III), accesible desde la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).
4. La presentación electrónica será obligatoria para las personas jurídicas. De conformidad con el artículo 28 de la citada Ley 39/2015, deberán aportar con la solicitud las copias digitalizadas de los documentos relacionados en el artículo 15.6. El beneficiario se responsabilizará de la veracidad de los documentos que presente. La aportación de tales copias implica la autorización para que la Administración acceda y trate la información personal contenida en tales documentos. Excepcionalmente, cuando existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el Igape podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrá requerirse la exhibición del documento original.
Se exceptúan de lo anterior los documentos que, de conformidad con el artículo 15.6, deban ser originales (original en formato electrónico o copia auténtica). En caso de que el documento original estuviese en formato papel, el beneficiario deberá obtener una copia auténtica, según los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley 39/2015, con carácter previo a su presentación electrónica.
5. En caso de que el beneficiario sea una persona física, una vez generada la solicitud, opcionalmente, podrá presentarla presencialmente, en el Registro General de los servicios centrales del Igape, en las oficinas territoriales del Igape o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, utilizando el formulario de solicitud normalizado (anexo III), acompañado de las copias simples de los documentos relacionados en el artículo 15.6, excepto las facturas o documentos de valor probatorio equivalente, justificativos del gasto de la actividad, que se deberá presentar en original o copia cotejada. En el formulario de solicitud se incluye una declaración responsable de la persona que firma la solicitud de que las copias constituyen una reproducción exacta de los originales, los cuales le podrán ser requeridos por el Igape. Excepcionalmente, cuando existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el Igape podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el beneficiario, para lo que podrá requerirse la exhibición del documento original.
6. Acompañando dicha solicitud deberá presentar la siguiente documentación:
a) En el caso de ayudas concedidas por importe inferior a 30.000 €, el beneficiario podrá acogerse al sistema de cuenta justificativa simplificada establecida en el artículo 51 del Decreto 11/2009, que reglamenta la Ley de subvenciones de Galicia, indicando en el formulario de liquidación los siguientes datos necesarios para su composición, siendo los mismos campos obligatorios de dicho formulario:
1º. Una memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
2º. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, la fecha de emisión y la fecha de pago. En el caso de que la subvención se otorgue de acuerdo con un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones producidas.
3º. Un detalle de otros ingresos o subvenciones que financiaran la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
El Igape o su entidad colaboradora podrá requerirle al beneficiario la remisión de los justificantes de gastos seleccionados en base a técnicas de muestreo, comprobándose a estos efectos por el Igape un mínimo del 10% de los expedientes con ayudas aprobadas por importe hasta 6.000 € y un mínimo del 20 % de los expedientes con ayudas aprobadas por importe superior a 6.000 € y hasta 30.000 €.
No obstante, cuando de las comprobaciones realizadas no se consiga la evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la ayuda, el Igape procederá a requerirle a los beneficiarios la totalidad de los documentos justificativos. La documentación que deberá presentar será:
i) Original de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente, justificativos de la inversión, a nombre del beneficiario de la ayuda.
ii) Documentación bancaria acreditativa del pago, emitido por el beneficiario de la ayuda.
b) En caso de ayudas concedidas por importe igual o superior a 30.000 €, deberán presentar los documentos que justifiquen la realización de la inversión financiada con el préstamo y los pagos realizados, según lo indicado en el apartado a) anterior.
7. Según lo establecido en el artículo 42.3 del Decreto 11/2009 que reglamenta la Ley de subvenciones de Galicia, sólo se admitirán justificantes de pagos en efectivo para importes inferiores a los 1.000 € por proveedor, que se justificarán mediante recibí emitido por el proveedor.
8. En caso de que la solicitud de cobro no se presentara en plazo o la justificación fuera incorrecta, se requerirá el beneficiario para que corrija los errores o defectos observados en el plazo de 10 días. La falta de presentación de la justificación en el plazo improrrogable establecido comportará la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda, la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley de subvenciones de Galicia, según lo dispuesto en el artículo 45.2 de su reglamento. La presentación de la justificación en este plazo adicional no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la ley, correspondan.
9. El Igape revisará la documentación justificativa, pudiendo solicitar al beneficiario, a la entidad de crédito o, si es el caso, a la SGR cualquier documentación e información adicional que considere oportuno a efectos de un correcto análisis de la justificación de la realización del proyecto.
10. Una vez verificada la documentación aportada, el Igape procederá al pago de la ayuda financiera a través de la entidad financiera prestamista. La ayuda tendrá que destinarse a la amortización anticipada del principal de la operación, por lo que, una vez aplicada, la entidad financiera o el titular deberá presentar en el Igape, en el plazo de 30 días, certificación acreditativa de la amortización del principal, en la cuantía abonada.
11. Cuando el beneficiario de la ayuda ponga de manifiesto en la justificación que se produjeron alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de esta que no alteren esencialmente la naturaleza o los objetivos de la ayuda, y que pudieran dar lugar a la modificación de la resolución conforme al artículo 16 de estas bases, después de omitirse el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente de la ayuda podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando tal aceptación no suponga dañar derechos de terceros.
1. El beneficiario queda obligado a comunicarle al Igape cualquier circunstancia o eventualidad que pueda afectar sustancialmente a la ejecución de los fines para los cuales fue concedida la ayuda. En particular, deberá remitir una declaración complementaria de las ayudas recibidas para la misma operación en el momento en que sea comunicada cualquier concesión y siempre con la presentación de la solicitud de cobro.
2. El beneficiario de la ayuda podrá solicitar, motivadamente, la modificación de la resolución, durante el período establecido en la resolución de concesión para la ejecución del proyecto.
3. El director general del Igape, por delegación del Consejo de Dirección, podrá acordar las modificaciones del proyecto relativas a la titularidad, tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, siempre que no perjudique a terceros, y los nuevos elementos o circunstancias que motiven la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no supusieran la denegación de la ayuda. En caso de operaciones con fondos del ICO, deberá autorizarse previamente por el ICO.
4. La obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos o privados podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, o a su revocación, en el caso de que dichos cambios supongan el incumplimiento de los requisitos establecidos para los proyectos o beneficiario.
5. El Igape podrá rectificar de oficio la resolución cuando de los elementos que figuren en ella se deduzca la existencia de un error material, de hecho o aritmético.
1. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la ayuda en el supuesto de falta de justificación del cumplimiento del proyecto, de las condiciones impuestas en la resolución de concesión, de las obligaciones contenidas en estas bases reguladoras, de las obligaciones contenidas en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia, o en la demás normativa aplicable, lo que dará lugar, si es el caso, a la obligación de devolver total o parcialmente la ayuda percibida, así como los intereses de demora correspondientes.
2. Incumplimiento parcial: siempre que se cumplan los requisitos o condiciones esenciales tomadas en cuenta en la concesión de las ayudas, el Igape podrá apreciar un incumplimiento parcial, debiendo resolver sobre su alcance, aplicando la misma ponderación que tuviera la condición incumplida en la resolución de concesión y, si es el caso, estableciendo la obligación de reintegro con los siguientes criterios y graduación:
a) No comunicar al Igape la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien el proyecto financiado, así como la modificación de las circunstancias que hubieran fundamentado la concesión de la ayuda, supondrá la pérdida de un 5 % de la ayuda concedida.
b) No mantener las inversiones objeto de la ayuda durante el período establecido supondrá la pérdida de la ayuda correspondiente al activo no mantenido en un porcentaje equivalente al tiempo no cumplido.
c) No mantener la vigencia del préstamo bonificado durante el período inicialmente establecido en la escritura de formalización supondrá el reintegro del importe correspondiente a la siguiente graduación:
i) Si se amortizase totalmente el préstamo durante el primer cuarto de la vida del préstamo, supondría la devolución del 90 % de la ayuda.
ii) Si se amortizase totalmente el préstamo durante el segundo cuarto de la vida del préstamo, supondría la devolución del 40 % de la ayuda.
iii) Si se amortizase totalmente el préstamo durante el tercer cuarto de la vida del préstamo supondría la devolución del 20 % de la ayuda.
iv) Si se amortizase totalmente el préstamo durante el último cuarto de la vida del préstamo o después del séptimo año, no supondría la devolución de cuantía alguna de la ayuda.
v) En caso de amortización parcial, se aplicarán los porcentajes anteriores de manera proporcional al importe del préstamo cancelado.
3. Incumplimiento total:
b) Cuando no se justifique ante el Igape el cumplimiento de los requisitos y condiciones de la ayuda, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la misma.
c) Cuando no permitan someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el Igape, así como cualquier otra actuación, sea de comprobación y control financiero, que puedan realizar los órganos de control competentes, nombradamente la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Cuentas.
4. El procedimiento para declarar el incumplimiento y reintegro de cantidades se ajustará a lo dispuesto en los capítulos I y II del título II de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, siendo competente para su resolución el director general del Igape. Contra su resolución cabrá recurso contencioso-administrativo antes los juzgados del contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, en los dos meses siguientes a su notificación y, de forma potestativa, recurso de reposición ante el director general del Igape en el mes siguiente al de su notificación.
5. Sin perjuicio de lo establecido en los puntos anteriores, los beneficiarios se someten al régimen de infracciones y sanciones establecido en el título IV de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
Los beneficiarios y las entidades colaboradoras quedan obligados a someterse a las actuaciones de control que efectúe el Igape para verificar la aplicación de las ayudas a las finalidades aprobadas y el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos, así como a las de control financiero que corresponden a la Intervención General de la Comunidad Autónoma y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Cuentas, debiendo facilitar toda la información requerida por los citados organismos.
1. Para la gestión de las ayudas, el Igape formalizará con las entidades financieras y sociedades de garantía recíproca un convenio de colaboración. El referido convenio tiene por objeto definir los términos de colaboración entre la entidad de crédito, las sociedades de garantía recíproca y el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape).
Las entidades financieras realizarán por cuenta del Igape las siguientes actuaciones:
a) Colaborar en la difusión del programa de ayudas del Igape entre sus clientes, dando a conocer las ayudas en sus sucursales, mostrando la publicidad facilitada por el Igape y dando información adecuada a los solicitantes que se lo requieran.
b) Colaborar con los beneficiarios en la tramitación de las solicitudes de ayuda al Igape, tanto en la cumplimentación de los formularios como en la tramitación de las solicitudes, o plantear ante el Igape las dudas que les presenten los solicitantes.
c) Comunicación al Igape de las personas autorizadas para el acceso a la extranet de entidades colaboradoras; para poder consultar la situación de las solicitudes y, al mismo tiempo, estar en contacto con el personal del Igape que se ocupa de tramitar las solicitudes presentadas con el fin de gestionar cualquier duda o aclaración que se precise.
d) Remitir al Igape las aclaraciones que solicite respecto de la documentación aportada por el beneficiario, relativa a la formalización de la operación financiera, a la justificación del proyecto y al abono de las bonificaciones, así como someterse a las actuaciones de comprobación que respecto a la gestión de los fondos pueda efectuar el Igape o cualquiera de los organismos referidos en la cláusula 6ª (control) del citado convenio de colaboración.
e) Los pagos correspondientes a la ayuda concedida y justificada por el beneficiario se realizarán a través de la entidad financiera prestamista, por lo que la entidad financiera deberá facilitar el número de cuenta donde van a efectuarse los mismos. La entidad financiera tiene la obligación de destinar el importe de la ayuda recibida para el titular a la amortización anticipada del principal de la operación financiera y a no cobrar comisión ninguna por dicha amortización y, una vez aplicada, presentar en el Igape, en el plazo de 30 días, certificación acreditativa de la amortización del principal del préstamo.
Además, el Igape puede solicitar a las entidades financieras, previamente o con posterioridad al pago de la ayuda, la documentación complementaria necesaria para acreditar el adecuado cumplimiento de la finalidad de la ayuda concedida, así como otra información para los efectos estadísticos y una correcta imputación contable al cierre del ejercicio.
f) La entidad de crédito firmante del convenio se obliga, según lo establecido en el artículo 13.2.k) y en el artículo 33 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, a reintegrar el importe de la subvención en el supuesto de que incumplan su deber de aplicar la subvención a la amortización anticipada del principal del préstamo o de remitir al Igape la certificación acreditativa de la amortización anticipada.
Las SGR realizarán a cargo del Igape las siguientes actuaciones:
b) Colaborar con los beneficiarios en la tramitación de las solicitudes de ayuda al Igape, tanto en la cumplimentación de los formularios como en la tramitación de las solicitudes, o planteando al Igape las dudas que les presenten los solicitantes.
c) Remitir al Igape las aclaraciones que solicite respecto de la documentación aportada por el beneficiario, relativa a la formalización de la operación financiera avalada por la SGR.
d) Comunicar al Igape las personas autorizadas para el acceso a la extranet de entidades colaboradoras, para poder consultar la situación de las solicitudes, las cuales serán el contacto para gestionar cualquier duda o aclaración que se precise.
2. El Igape convidará a adherirse al convenio de colaboración en el que se regulen los compromisos de las partes, a todas aquellas entidades financieras y SGR que cumpla los siguientes requisitos:
a) Que tengan acreditada su solvencia. Se acreditará tanto si la operación se formaliza con fondos ICO o con fondos propios, mediante certificado del Instituto de Crédito Oficial, de haber suscrito el correspondiente contrato de financiación para el año 2017, mediante el cual se les autoriza para la gestión de los fondos del Instituto de Crédito Oficial, que la agencia financiera del Estado canaliza a las pymes mediante la fórmula de mediación a través de las entidades de crédito.
b) Que presenten declaración responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener la condición de entidad colaboradora en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, asumiendo las obligaciones del artículo 12 del citado texto legal.
3. Formalización de la adhesión al convenio de nuevas entidades colaboradoras.
Las entidades que, cumpliendo las anteriores condiciones, no hubiesen sido invitadas, podrán instar su adhesión ante el Igape. La adhesión se formalizará mediante la firma, por apoderado con facultades bastantes, de la declaración que se adjunta como anexo IV a estas bases, que se deberá presentar a través de la dirección de internet http://www.tramita.igape.es. El Igape les dará cuenta al resto de las entidades adheridas de la existencia de cada nuevo partícipe en el convenio.
El plazo para solicitar la adhesión se iniciará el día siguiente a la publicación de estas bases reguladoras en el Diario Oficial de Galicia y terminará el 29 de septiembre de 2017.
4. No se prevé la constitución de garantía por parte de las entidades colaboradoras.
5. Las entidades colaboradoras adheridas al convenio se relacionan en el anexo V a estas bases. La incorporación de nuevas entidades también será objeto de publicación en el Diario Oficial de Galicia.
De conformidad con la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos personales recogidos en la tramitación de estas bases reguladoras, cuyo tratamiento y publicación se autoriza por las personas interesadas mediante la presentación de las solicitudes, serán incluidos en un fichero denominado Beneficiarios-terceros, cuyo objeto, entre otras finalidades, es gestionar estas bases reguladoras, así como informar a las personas interesadas sobre su desarrollo. El órgano responsable de este fichero es el Igape, quien en el ámbito de sus respectivas competencias cederá los datos a la Consellería de Economía, Empleo e Industria para la resolución del expediente administrativo, así como a los otros órganos especificados en estas mismas bases reguladoras para su tramitación. El solicitante se hace responsable de la veracidad de todos ellos y declara tener el consentimiento de terceras personas cuyos datos pueda ser necesario aportar. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse ante el Igape, mediante una comunicación a la siguiente dirección: Complejo Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 de Santiago de Compostela, o a través de un correo electrónico a lopd@igape.es
Para todo lo no previsto en estas bases se aplicará lo previsto en la Ley 9/2007, del 13 de junio, de subvenciones de Galicia; en el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba su reglamento; en el Reglamento (UE) nº 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis (DOUE L 352, de 24 de diciembre); Reglamento (CE) nº 717/2014, de la Comisión, de 27 de junio, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la UE a las ayudas de minimis en el sector de la pesca y de la acuicultura (DOUE L 190, de 28 de junio) y Reglamento 1408/2013, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola (DOUE L 352, de 24 de diciembre), en el contrato de financiación suscrito entre el Instituto de Crédito Oficial y las entidades de crédito (líneas ICO 2017) y en el resto de la normativa que resulte de aplicación.
Ayudas para la bonificación de los costes de la financiación de las pequeñas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 € (línea pequeñas empresas)
Agricultura, ganadería,silvicultura y pesca
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con ellas
Industria de la madera y del corcho, excepto mubles; cestería y espartería
Artes gráficas y reproducción de soportes gravados
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, aceiro y de hierro aleaciones
Excepto vehículos de transporte en el sector transporte de mercancías por carretera
Almacenamento y actividades anexas al transporte
Actividades cinematográficas, de vídeo y programas de televisión, gravación de sonido y edición musical

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 19
 artículo 31
 artículo 30
 resolución 
 artículo 20
 artículo 19
 resolución 
 artículo 35
 artículo 48
 resolución 
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 43

Artículo 6
 Real decreto 

Artículo 10
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 28
 resolución 
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 resolución 
 artículo 22
 resolución 
 artículo 17
 artículo 15
 resolución 
 artículo 5
 Real decreto 
 artículo 20
 artículo 21
 resolución 
 artículo 48
 artículo 28
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 27
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 51
 artículo 42
 artículo 45
 resolución 
 artículo 16
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 artículo 33
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 resolución 
 artículo 13
 artículo 33
 artículo 10
 artículo 12
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