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Timestamp: 2019-10-15 04:15:08+00:00

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Boletín de Novedades núm. 4/2013 del mes de abril.
I.- Legislación estatal.
La política de vivienda se ha convertido en los últimos tiempos en una de las principales preocupaciones de los poderes públicos. La crisis económica ha puesto de manifiesto el incumplimiento de un mandato constitucional, el deber de todos los poderes públicos de poner en marcha las medidas necesarias para hacer realidad el derecho al acceso a una vivienda digna. La contundente reacción ciudadana ante los desahucios por impago de las hipotecas ha llevado a las primeras páginas de los medios de comunicación la gravedad de esta situación.
Forzados por esta situación los poderes públicos han empezado a reaccionar. Una de las medidas ha consistido en tratar de facilitar el acceso de la población menos favorecida al alquiler de viviendas. Este es el objetivo central del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016.
Como dice su exposición de motivos, en España contamos con un stock de 680.000 viviendas acabadas y sin vender, y al mismo tiempo con un mercado de alquiler de viviendas muy bajo, en torno al 17%, mientras que en Europa este mercado se sitúa en torno al 38%. El RD 233/2013 trata de forzar un cambio de modelo en el que el mercado de alquiler adquiera un mayor protagonismo. Este cambio de modelo pretende a su vez reactivar el sector inmobiliario con políticas de rehabilitación, regeneración y renovación y trata de ofrecer ayudas al alquiler a los sectores más necesitados.
El ambicioso Plan 2013-2016 define sus objetivos en su artículo 1.2. Las ayudas previstas en el Plan están orientadas a fomentar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a sectores con dificultades económicas, al fomento de un parque público de vivienda en alquiler, a la rehabilitación de edificios y a la regeneración y renovación de zonas urbanas, a la implantación del informe de evaluación de edificios y al fomento de ciudades sostenibles y competitivas.
También en materia de vivienda, aunque con un fin diverso, hay que destacar el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Otras normas de especial significación son las relativas a temas medioambientales, como el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, el RD 234/2013 por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento comunitario relativo a la etiqueta ecológica de la UE, o la actualización del Plan nacional de aplicación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y del Reglamento CE 850/2004 sobre la misma materia.
La Ley 34/2010, de 1 de octubre, por la que se prohibieron en Cataluña las corridas de toros mantuvo, no obstante, en un ejercicio de manifiesta incoherencia con los postulados generales con los que el nuevo texto legal trató de justificar la anterior prohibición, la celebración de las fiestas “tradicionales” con toros, con especial relevancia en los municipios de les Terres de l’Ebre, los llamados “correbous”.
Ahora, se regula la celebración de estos “correbous”, con el fin de proteger a los participantes y espectadores y, se añade, limitar los maltratos a los animales, de acuerdo con el DL 2/2008 de protección a los animales. Pero lo cierto es que en el articulado de la norma no aparece ni un solo precepto que tenga como contenido “eliminar aquellos aspectos de la fiesta que pueden ser susceptibles de producir daños a los animales”.
En ejercicio de la competencia exclusiva en materia de consumo, y en desarrollo de la Ley 22/2010, Código de consumo de Cataluña, se ha aprobado el Decreto 151/2013, de 9 de abril, sobre la potestad sancionadora en materia de consumo y sobre el procedimiento de restitución de cantidades percibidas indebidamente, reposición de la situación alterada y resarcimiento de daños y perjuicios.
Como indica el título de la norma su contenido es doble. Por un lado se introducen precisiones competenciales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de consumo, identificando a quien corresponde la incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores, así como la adopción de medidas cautelares. Por otro lado se regula el procedimiento para llevar a cabo las medidas complementarias previstas en el Código de Consumo, esto es, la imposición de la restitución de las cantidades indebidamente percibidas y la reposición de la situación alterada por la infracción y la indemnización de daños y perjuicios probados causados a la persona consumidora. Este capítulo IV, el más interesante del Decreto, es aplicable a los entes locales de forma supletoria.
III. El libro del mes. SÁNCHEZ MORÓN- MAURANDI GUILLÉN (Directores). Comentarios a la Ley 30/1992. Lex Nova, Thomson Reuters. Valladolid 2013.
La Ley 30/1992, con sus modificaciones parciales, contiene las reglas principales del funcionamiento de todas nuestras administraciones públicas, al regular con carácter básico su régimen jurídico y su procedimiento de actuación.
Por este motivo hay que recibir con satisfacción una nueva publicación que comenta de forma rigurosa y puesta al día todos los preceptos de la Ley 30/1992, de forma concordada y coordinada. El tiempo ya transcurrido desde la publicación de la ley y su reforma a través de la Ley 4/1999 hacían necesario este nuevo estudio.
IV. EL artículo del mes. CANALS I AMETLLER, D. Principios, reglas y garantías propias del derecho público en la prestación privada de servicios económicos de interés general: el caso emblemático del sector de las comunicaciones electrónicas. REDA, nº 158, abril-junio 2013.
El artículo de la profesora CANALS I AMETLLER, tomando como ejemplo el caso de las comunicaciones electrónicas, nos sitúa ante un problema general del derecho administrativo actual, sobre el que la citada autora nos ha ofrecido ya otros trabajos de interés. En definitiva, se trata de reflexionar sobre cuál es el papel del derecho público en un contexto de general traspaso de parcelas de lo público a lo privado.
El caso examinado es el relativo a los llamados servicios económicos de interés general, esto es, prestaciones de servicios hoy en régimen de mercado pero que no por ello dejan de perder su carácter de interés general. Por ejemplo, las comunicaciones electrónicas.
¿Qué papel corresponde al derecho público? Garantizar por un lado que ciertas prestaciones continuarán bajo los principios clásicos del servicio público (asequibilidad, continuidad, calidad), lo que se traduce en imponer obligaciones de servicio público a los prestadores privados. Y por otro lado, garantizar la posición de los usuarios frente a los prestadores del servicio, lo que implica ordenar e intervenir en relaciones interprivatos, tratando de controlar la actuación del nuevo prestador del servicio de interés general que, como sujeto privado, actúa no sujeto al procedimiento administrativo.
NOVEDADES LEGISLATIVAS DEL MES DE ABRIL
• Orden HAP/538/2013, de 5 de abril, por la que se aprueban los modelos 584 “Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica. Autoliquidación y pagos fraccionados” y 585 “Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. Autoliquidación y pagos fraccionados”, y se establece la forma y procedimiento para su presentación (BOE núm. 83, de fecha 6 de abril de 2013).
• Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016 (BOE núm. 86, de fecha 10 de abril de 2013).
• Orden IET/562/2013, de 8 de abril, por la que se modifica el anexo IV del Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección técnica de vehículos (BOE núm. 87, de fecha 11 de abril de 2013).
• Ley Orgánica 1/2013, de 11 de abril, sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 88, de fecha 12 de abril de 2013).
• Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE núm. 89, de fecha 13 de abril de 2013).
• Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE núm. 89, de fecha 13 de abril de 2013).
• Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión (BOE núm. 89, de fecha 13 de abril de 2013).
• Recurso de inconstitucionalidad n.º 6777-2012, contra los artículos 59, 64.4 y apartado séptimo de la disposición adicional sexta de la Ley de Cataluña 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto (BOE núm. 94, de fecha 19 de abril de 2013).
• Conflicto positivo de competencia n.º 1470-2013, contra el Real Decreto 1485/2012, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial (BOE núm. 94, de fecha 19 de abril de 2013).
• Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea (BOE núm. 97, de fecha 23 de abril de 2013).
• Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero (BOE núm. 97, de fecha 23 de abril de 2013).
• Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (BOE núm. 97, de fecha 23 de abril de 2013).
• Acuerdo de contratación pública común para la contratación de una entidad única supervisora de las subastas, hecho en Madrid el 3 de noviembre de 2011 (BOE núm. 100, de fecha 26 de abril de 2013).
• Orden HAP/703/2013, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 583 “Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y Pagos Fraccionados”, y se establece la forma y procedimiento para su presentación (BOE núm. 103, de fecha 30 de abril de 2013).
• Resolución de 10 de abril de 2013, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2013, por el que se aprueba la actualización del Plan nacional de aplicación del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y del Reglamento (CE) n.º 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE (BOE núm. 103, de fecha 30 de abril de 2013).
• Resolución de 12 de abril de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (BOE núm. 103, de fecha 30 de abril de 2013).
• Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.+
• Proyecto de Ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
• Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, para garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera.
• Proposición de Ley sobre medidas para garantizar la efectiva participación de las Comunidades Autónomas en los aumentos de recaudación de los impuestos parcialmente cedidos.
• Proposición de Ley de creación de un Fondo de Emergencia contra la Pobreza y la Exclusión Social.
• Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
• Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
• Proposición de Ley sobre mejora de la protección de ingresos mínimos y ayudas sociales.
• RESOLUCIÓN TES/741/2013, de 3 de abril, por la que se aprueba el modelo de la cédula de habitabilidad de conformidad con el Decreto 141/2012, de 30 de octubre (DOGC núm. 6352, de fecha 10 de abril de 2013).
• DECRETO 156/2013, de 9 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 34/2010, de 1 de octubre, de regulación de las fiestas tradicionales con toros (DOGC núm. 6353, de fecha 11 de abril de 2013).
• DECRETO 151/2013, de 9 de abril, sobre la potestad sancionadora en materia de consumo y sobre el procedimiento de restitución de cantidades percibidas indebidamente, reposición de la situación alterada y resarcimiento de daños y perjuicios (DOGC núm. 6353, de fecha 11 de abril de 2013).
• ACUERDO GOV/38/2013, de 9 de abril, por el que se crea el Comité de Coordinación de la Administración de la Generalidad en Girona (DOGC núm. 6357, de fecha 17 de abril de 2013).
• Proyecto de ley de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumidoras en las relaciones de consumo en el ámbito de créditos y préstamos hipotecarios y la sustitución de servicios públicos de consumo para el Directorio de servicios públicos de consumo.
• Proposición de ley de modificación de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
• Proposición de ley para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
• Proposición de ley del protectorado respecto a las fundaciones y asociaciones de utilidad pública.
• Proposición de ley de garantía del carácter aconfesional de los actos institucionales de la Generalidad de Cataluña.
07/2013. Boletín de Novedades núm. 5/2013 del… 05/2013. Boletín de Novedades núm. 3/2013 del…

References: Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 112
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN