Source: http://www.un.org/es/documents/sc/scaction/2000/
Timestamp: 2018-01-20 00:31:23+00:00

Document:
Sipnosis 2000
Sinopsis del Consejo de Seguridad
SC/6987
Acontecimientos en toda África y el nuevo brote de violencia en el Oriente Medio,
entre las cuestiones fundamentales que trató el Consejo de Seguridad en el año 2000
El Consejo aprueba resoluciones sobre el VIH/SIDA, responde al Informe de Brahimi,
y celebra debates sobre la mujer y la seguridad y sobre los niños en los conflictos armados
Los acontecimientos en África y el nuevo brote de violencia en el Oriente Medio se encontraron entre las principales cuestiones que examinó el Consejo de Seguridad en 2000, en el cumplimiento de su mandato de establecer y mantener la paz y la seguridad internacionales. En el programa del Consejo de ese año, al igual que en 1999, figuró en lugar prominente la situación de Kosovo, la República Federativa de Yugoslavia, y Timor Oriental.
En el pasado año el Consejo siguió demostrando su disposición a celebrar debates abiertos sobre diversos temas, en particular sobre la mujer y el mantenimiento de la paz y los niños en los conflictos armados. También cabe destacar la aprobación sin precedentes por parte del Consejo de una resolución sobre un tema de salud, a saber, el VIH/SIDA, y su decisión relacionada con el informe de Brahimi sobre las operaciones de paz de las Naciones Unidas.
El continente africano requirió considerable atención del Consejo durante el año. Durante el mes de enero, que se denominó el "mes de África", prestó especial atención a las cuestiones relacionadas con África. Entre las cuestiones abordadas que se consideraron amenazas a la paz y la seguridad internacionales cabe mencionar el VIH/SIDA, las armas, el tráfico ilícito de diamantes, los conflictos intraestatales e interestatales, los refugiados y los desplazados internos.
Gran parte de las deliberaciones del Consejo sobre África se centraron en dos países, Sierra Leona y la República Democrática del Congo. Asimismo, dedicaron algunas reuniones al conflicto fronterizo en Etiopía y Eritrea, y el 31 de julio estableció la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE).
El Consejo se reunió en tres ocasiones para examinar la situación en el Oriente Medio, del 3 al 5 de octubre, tras el estallido de violencia ocurrido a raíz de la visita de Ariel Sharon, dirigente del Partido Likud de Israel, a Al-Haram
Al-Sharif en Jerusalén el 28 de septiembre. Más de 40 oradores intervinieron en las deliberaciones del Consejo.
Tras el debate, el 7 de octubre el Consejo aprobó la resolución 1322 (2000) por 14 votos contra ninguno, y una abstención (los Estados Unidos). En el texto, el Consejo deploró la provocación que tuvo lugar en Al-Haram Al-Sharif y la violencia ocurrida posteriormente en ese lugar y en todos los territorios ocupados por Israel desde 1967, que ha causado la muerte de más de 80 palestinos.
En el año 2000 también se consolidó la presencia de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) bajo la dirección de
Bernard Kouchner, Representante Especial del Secretario General. Pese a la continuada violencia étnica y a los problemas relacionados con el regreso de los refugiados, entre los muchos acontecimientos positivos cabe mencionar el cambio de Gobierno en Belgrado y el éxito de las elecciones municipales celebradas en Kosovo.
En Timor Oriental, a pesar de los reveses ocurridos durante el año 2000, incluida la continuada violencia dirigida por la milicia, la muerte de trabajadores humanitarios y de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y las graves inundaciones que ocasionaron considerables muertes y desplazamientos en los campamentos de refugiados, Sergio Vieira de Mello, Representante Especial del Secretario General y Administrador de la Transición, pudo informar al Consejo el 28 de noviembre de que la situación de la seguridad era estable y de que el Territorio se encontraba en una fase bien avanzada de la transición hacia la independencia.
Los días 24 y 25 de octubre, el Consejo celebró una reunión abierta de dos días de duración para examinar la cuestión de la mujer y la paz y la seguridad. Durante el debate, la inmensa mayoría de los oradores destacó la necesidad de que se incluyera a la mujer en todos los aspectos de las iniciativas de consolidación de la paz, e instó específicamente a que las mujeres participaran en los procesos de adopción de decisiones.
En un debate celebrado el 26 de julio sobre el tema de los niños y los conflictos armados, Olara Otunnu, Representante Especial del Secretario General para la cuestión, dijo que la comunidad internacional debía hacer mucho más a fin de proporcionar educación a los niños afectados por la guerra y de atender las necesidades especiales de las niñas y los adolescentes durante y después de los conflictos. En los dos últimos años se habían adoptado algunas decisiones concretas relacionadas con la protección de los niños. Ahora lo que había que hacer era garantizar la adhesión.
El 17 de julio, el Consejo aprobó la resolución 1308 (2000), la primera de su tipo, en la que se alentaba a los Estados Miembros a considerar el examen y el asesoramiento voluntario para el personal que fuese a ser empleado en operaciones de mantenimiento de la paz. También expresó su preocupación por las consecuencias adversas que podría tener el VIH/SIDA en la salud del personal internacional de mantenimiento de la paz, incluido el personal de apoyo.
Acogiendo con beneplácito el informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, el "Informe de Brahimi", y el informe del Secretario General sobre su aplicación, el Consejo de Seguridad, al aprobar por unanimidad la resolución 1327 (2000), resolvió, el 13 de noviembre, conferir a las operaciones de mantenimiento de la paz unos mandatos claros, convincentes y viables. El Grupo, presidido por Lakhdar Brahimi, de Argelia, publicó su informe el 21 de agosto, y el 3 de octubre el Consejo estableció un grupo de trabajo para examinar las recomendaciones del informe.
También durante el año, el Consejo celebró reuniones abiertas sobre la situación en Angola, Rwanda, Burundi, Somalia, la República Centroafricana, Guinea-Bissau, Israel/Líbano, Israel/Siria, Bosnia y Herzegovina, el Iraq, el Afganistán, el Sáhara Occidental, Georgia, Tayikistán, Haití, Chipre, las Islas Salomón y Papua Nueva Guinea.
También se celebraron reuniones sobre los tribunales penales internacionales; la prevención de conflictos; el desarme, la desmovilización y la reinserción de los ex combatientes; las estrategias para liquidar las operaciones de mantenimiento de la paz; los aspectos humanitarios de las cuestiones de que se ocupa el Consejo; la violencia contra el personal humanitario; la protección de los civiles en casos de conflicto; el terrorismo; y las sanciones de las Naciones Unidas.
Durante 2000, el Consejo también escuchó un resumen final de Sadako Ogata, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados que concluyó su mandato, y celebró una reunión de alto nivel en el contexto de la Cumbre del Milenio.
A continuación figuran resúmenes de la actividad del Consejo en 2000.
El 18 de enero, el Consejo celebró una sesión de información abierta sobre la situación en Angola, la guerra civil más prolongada de África.
El Gobierno de Angola y la fuerza de oposición, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), han estado inmersos en una guerra civil intermitente y devastadora desde la independencia del país en 1975. Durante años, las Naciones Unidas han participado activamente en los esfuerzos encaminados a encontrar una solución, incluso mediante el establecimiento de cuatro misiones sucesivas de mantenimiento de la paz. Así y todo, y a pesar de todos los esfuerzos por restablecer la paz, la situación empeoró de nuevo en mayo de 1998 cuando la UNITA se negó a proceder con la aplicación de los acuerdos de paz, que se habían firmado en Lusaka (Zambia) en 1994. En enero de 1999, el Secretario General llegó a la conclusión de que el proceso de paz en Angola había fracasado. El Gobierno de Angola había informado a la Organización que no tenía la intención de apoyar la prórroga del mandato de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Angola (MONUA) más allá del
26 de febrero de 1999.
Durante la sesión de información de 18 de enero, la mayoría de los oradores atribuyó la continuación del prolongado conflicto en el país a las actividades de la UNITA. Georges Chicoti, Viceministro de Relaciones Exteriores de Angola, se preguntó si no se estaban estableciendo un doble rasero y un precedente peligroso "permitiendo que el líder de la organización, Jonas Savimbi continúe matando personas durante todos estos años sin que sea inculpado por sus crímenes". Añadió que, pese a diversas resoluciones en las que se aplicaban sanciones contra el Sr. Savimbi y sus seguidores, muchos países e instituciones seguían violándolas, lo que permitía a la UNITA adquirir nuevas armas modernas.
El representante del Canadá, a la sazón Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 864 (1993) relativa a la situación en Angola, dijo que su visita al país la semana anterior había demostrado que las sanciones estaban obstaculizando la capacidad de la UNITA para transportar combustible y armamentos en todo el país y que estaban reduciendo el número de partes dispuestas a ofrecerle apoyo. Si bien era prematuro sugerir que la guerra en Angola estaba terminando, podía decirse que estaba acercándose a su fin.
El Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, Kieran Prendergast, quien presentó el informe del Secretario General sobre los acontecimientos en Angola desde octubre de 1999, también informó al Consejo de que la nueva Oficina de las Naciones Unidas en ese país continuaría ayudando al Gobierno y a las organizaciones civiles en las esferas del fomento de la capacidad, la asistencia humanitaria y la promoción de los derechos humanos.
El 13 de abril, cuando aprobó por unanimidad la resolución 1294 (2000), el Consejo prorrogó el mandato de la Oficina de las Naciones Unidas en Angola por otros seis meses, hasta el 15 de octubre. El 18 de abril, conforme a las disposiciones de obligatorio cumplimiento del Capítulo VII de la Carta, el Consejo votó unánimemente a favor de hacer más estrictas sus sanciones contra la UNITA y se comprometió a examinar medidas adicionales, sin incluir el uso de las fuerzas armadas, para hacerlas más efectivas.
Conforme a la resolución 1295 (2000), presentada por Robert Fowler (Canadá), Presidente del Comité de Sanciones, el Consejo pidió al Secretario General que estableciera un mecanismo de vigilancia, integrado por cinco expertos, durante un período de seis meses. Su tarea sería reunir la información correspondiente, investigar los indicios pertinentes y verificar la información proporcionada por todas las fuentes sobre las violaciones de las tres resoluciones de sanciones previas del Consejo contra la UNITA.
El Consejo expresó su intención de examinar la aplicación de sus tres resoluciones previas contra la UNITA sobre la base de la información suministrada por el grupo de expertos, por los Estados, y por el mecanismo de vigilancia establecido por dicha resolución. Además, se comprometió a considerar la aplicación de medidas adicionales contra la UNITA y la preparación de instrumentos adicionales que hicieran más eficaces las sanciones existentes.
En la resolución se abordaron cuestiones como el comercio de armas, el comercio de petróleo y productos derivados del petróleo, el comercio de diamantes, los fondos y las medidas financieras, y viajes y representación. El Consejo instó también a todos los Estados, en particular a los próximos a Angola, a que adoptaran de inmediato medidas para hacer cumplir, hacer más rigurosas o promulgar leyes que tipificaran como delito en el derecho interno el incumplimiento por sus ciudadanos u otras personas que actuaran en su territorio de las medidas impuestas por el Consejo contra la UNITA.
El 27 de julio, en un debate abierto sobre Angola, Ibrahim Gambari, Secretario General Adjunto y Asesor Especial sobre África, dijo al Consejo que el Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, había indicado su disposición a perdonar a Jonas Savimbi y a sus seguidores, hecho que cabía acoger con agrado. Para dar una oportunidad a la paz era preciso aumentar los esfuerzos en las esferas política, social y económica, así como lograr un espíritu de reconciliación por parte de todos los angoleños. Al presentar el informe del Secretario General sobre la Oficina de las Naciones Unidas en Angola, dijo que debía reafirmarse que la UNITA era la principal responsable de que se hubiese reanudado la guerra en Angola. El hecho de que el grupo rebelde no cumpliese los acuerdos de paz fue la razón fundamental del nuevo brote de violencia y la continuación de la guerra civil en el país. El Consejo había expuesto las deficiencias en lo que respecta a la aplicación de las sanciones impuestas contra la UNITA y había citado por su nombre a los presuntos infractores de las sanciones. Los Estados debían evitar las medidas que pudieran propiciar la continuación de la guerra.
Hablando también ante el Consejo, Albino Malungo, Ministro de Asistencia Social de Angola, destacó que el Acuerdo de Lusaka nunca se había aplicado en su totalidad, ya que el Sr. Savimbi había rechazado sus disposiciones esenciales. En 1998, el líder de la UNITA trató una vez más de llegar al poder por la fuerza. Lamentablemente, destacó, el rearme de la UNITA se había producido con el apoyo abierto de algunos países y líderes, incluso de África. No todas las voces habían condenado las acciones del Sr. Savimbi ni tomado medidas para tratar de persuadirlo a que abandonara sus planes de guerra.
Dijo que el Gobierno de Angola se había visto obligado a adoptar medidas políticas y militares para contener a la UNITA, objetivo que se había logrado. La capacidad de guerra convencional de la UNITA había quedado destruida y ya no constituía una amenaza inmediata para el Gobierno. Más del 92% del territorio de Angola se encontraba bajo el control de las autoridades legítimas, añadió. Angola instó a la comunidad internacional a que siguiera ejerciendo presión mediante las sanciones contra los que rechazaban el acuerdo de paz.
El conflicto en Sierra Leona data de marzo de 1991 cuando los combatientes del Frente Revolucionario Unido iniciaron una guerra desde el este del país cerca de la frontera con Liberia para derrocar al Gobierno. El 22 de octubre de 1999, mediante la resolución 1270 (1999) del Consejo, se estableció la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) para prestar asistencia en la aplicación del Acuerdo de Paz de Lomé (Togo), firmado el 7 de julio de 1999 entre el Gobierno de Sierra Leona y el Frente Revolucionario Unido.
El Consejo se reunió por primera vez este año sobre la situación de Sierra Leona el 7 de febrero, cuando el Subsecretario General de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Hédi Annabi, en una sesión de información, comunicó a los miembros que era importante que todas las partes comprendieran la necesidad de aplicar el Acuerdo de Lomé y cumplir los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo. Tras señalar que el mes anterior se habían producido diversos incidentes en que los efectivos de la UNAMSIL habían enfrentado a efectivos rebeldes y no habían respondido satisfactoriamente, destacó la necesidad de cumplir estrictamente las normas para trabar combate de la Misión.
En su examen de la situación de seguridad en Sierra Leona, destacó que aún había una ambivalencia evidente por parte de los comandantes rebeldes con respecto a la aplicación del Acuerdo de Lomé. Señaló que en lugares fuera de Freetown y Lungi, que permanecían relativamente estables, se había producido un aumento de la actividad rebelde. También destacó las demoras en las actividades humanitarias, ocasionadas por el acoso permanente a los trabajadores humanitarios.
En una reunión celebrada tras la sesión de información del Sr. Annabi, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1289 (2000), y amplió el componente militar de la UNAMSIL hasta un máximo de 11.100 efectivos, incluidos los 260 observadores militares ya desplegados. También prorrogó el mandato de la UNAMSIL por otros seis meses a partir del 7 de febrero.
El Consejo decidió además que el mandato de la UNAMSIL se modificara con vistas a incluir las siguientes funciones adicionales: mantener la seguridad en lugares clave y edificios públicos; facilitar la libre circulación de personas y bienes y de la asistencia humanitaria en determinadas carreteras; mantener la seguridad en todos los lugares donde se aplicara el programa de desarme, desmovilización y reintegración; prestar asistencia a las autoridades de Sierra Leona encargadas de la aplicación de la ley en el desempeño de sus funciones y coordinar actividades con ellas, en las zonas de despliegue común; y custodiar las armas, las municiones y el equipo militar de otro tipo entregados por los ex combatientes y ayudar a su eliminación o destrucción posteriores.
El Consejo también tomó nota de las recomendaciones formuladas por el Secretario General sobre la necesidad de establecer nuevas y sólidas normas para trabar combate a la luz de las nuevas tareas de la UNAMSIL y autorizó a la UNAMSIL a que tomara todas las medidas necesarias para desempeñar sus funciones adicionales, en particular garantizar la seguridad y la libertad de circulación de su personal y, con arreglo a su capacidad y dentro de las zonas de despliegue, brindar protección a los civiles que se encontraran bajo una amenaza inminente de violencia física, teniendo presente las responsabilidades del Gobierno de Sierra Leona.
El 13 de marzo, el Sr. Annabi nuevamente informó al Consejo y a sus miembros de que las principales medidas que había que tomar en Sierra Leona debían incluir el desarme, la movilización y la reintegración temprana de todos los ex combatientes; la ampliación de la autoridad del Estado en todo el país; la reconciliación y la democratización al nivel nacional; y el mejoramiento de la capacidad del país para velar por su propia seguridad. Esas medidas requerirían un compromiso sostenido por parte de todos los interesados, así como importantes recursos materiales y financieros.
El representante del Reino Unido, al describir su reciente visita a Sierra Leona, dijo que la falta de adhesión a la paz por parte de los principales líderes de las facciones, en particular Foday Sankoh, líder del Frente Revolucionario Unido, estaba obstaculizando el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Además, el Consejo debería ser consciente de que el despliegue de la UNAMSIL no había tenido un éxito total. El representante del Reino Unido destacó que el Consejo debía vigilar cuidadosamente la transición de la presencia del Grupo de Vigilancia de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental en el país a la UNAMSIL e insistir en el desempeño óptimo de la misión, tanto cualitativa como cuantitativamente.
El 4 de mayo, el Consejo se reunió de nuevo para examinar la situación en Sierra Leona y el Presidente formuló una declaración. El Consejo condenó enérgicamente los ataques armados perpetrados por el Frente Revolucionario Unido contra las fuerzas de la UNAMSIL y la prolongada detención de numerosos miembros del personal de las Naciones Unidas y demás personal internacional. El Consejo también expresó su profunda indignación por el asesinato de varios miembros del batallón keniano.
El 11 de mayo, en una reunión celebrada tarde en la noche y convocada a solicitud del Grupo de Estados de África, el Secretario General, Sr. Kofi Annan, dijo al Consejo que la UNAMSIL estaba concebida como una fuerza de mantenimiento de la paz y que no estaba organizada ni equipada para funcionar como órgano de cumplimiento de la ley. La UNAMSIL había sido atacada por una de las partes que se había comprometido a cooperar, antes de que estuviera adecuadamente desplegada. El Secretario General pidió la liberación inmediata e incondicional de todo el personal de las Naciones Unidas, alertando que el líder del Frente Revolucionario Unido sería considerado responsable por las acciones de la Fuerza y por la seguridad y el bienestar de todos los detenidos. Las Naciones Unidas habían contraído un compromiso con el pueblo de Sierra Leona, y el Secretario General rogó al Consejo que no abandonaran al pueblo de Sierra Leona ni a África.
El 19 de mayo, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1299 (2000), por la que se aumentó una vez más el componente militar de la UNAMSIL hasta un máximo de 13.000 efectivos militares, convencido de que el empeoramiento de las condiciones de seguridad sobre el terreno exigía el rápido reforzamiento de la misión.
El 5 de julio, el Consejo, preocupado por el papel del comercio ilícito de diamantes como elemento impulsor del conflicto de Sierra Leona, aprobó la resolución 1306 (2000) por 14 votos contra ninguno y una abstención (Malí), e impuso una prohibición a la importación de diamantes en bruto de Sierra Leona. La prohibición se revisaría inicialmente después de transcurridos 18 meses.
El Consejo decidió que los diamantes en bruto cuyo origen estaba certificado por el Gobierno de Sierra Leona quedaran exentos de la prohibición. También se exhortó a la industria del diamante a que cooperara con la prohibición. Una vez realizado el examen después de los 18 meses, el Consejo decidiría si extender la prohibición por un período ulterior, y de ser necesario, modificarla o adoptar nuevas medidas. En la resolución de dos partes también se pidió al Secretario General que estableciera una grupo de expertos compuesto de cinco miembros para vigilar la aplicación de la prohibición.
El 17 de julio, en una declaración leída por su Presidente, el Consejo expresó pleno apoyo al rescate del fin de semana, ordenado por el Secretario General, de más de 200 efectivos de mantenimiento de la paz por parte de la UNAMSIL en Kailahun, en la parte oriental de Sierra Leona.
El 4 de agosto, en una nueva reunión sobre la situación de Sierra Leona, el Consejo prorrogó el mandato de la UNAMSIL hasta el 8 de septiembre y expresó su intención de fortalecer el mandato, la estructura y los recursos de la misión, de modo que los efectivos de mantenimiento de la paz pudiesen responder de manera más decisiva y enérgica a los ataques del Frente Revolucionario Unido. El Consejo tomó esa decisión al aprobar por unanimidad la resolución 1313 (2000). El Consejo pidió al Secretario General que le presentara lo antes posible un informe con recomendaciones para la reestructuración y el fortalecimiento de la misión, y expresó su intención de adoptar rápidamente una decisión respecto de esas recomendaciones.
El 14 de agosto, el Consejo pidió al Secretario General que negociara un acuerdo con el Gobierno de Sierra Leona con el fin de crear un tribunal especial independiente en consonancia con la resolución 1315 (2000), que acababa de aprobar por unanimidad, que tendría competencia respecto de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. Esa competencia también debe incluir los delitos tipificados en la ley nacional y cometidos en Sierra Leona.
El Consejo se reunió varias veces durante el resto del año a fin de prorrogar el mandato de la UNAMSIL, que ahora está en vigor hasta el 31 de marzo de 2001.
En el mismo período, el Consejo, en una declaración de su Presidente de fecha 3 de noviembre, condenó la continuación de los ataques transfronterizos a lo largo de la frontera de Guinea, Liberia y Sierra Leona. Subrayó que la seguridad y la estabilidad sólo podían restablecerse en el marco de un enfoque regional general. Además, reiteró que estaba convencido de que la continuación de una presencia militar tangible de la comunidad internacional en Sierra Leona seguía siendo un factor indispensable en el proceso de paz. También reiteró su firme propósito de adoptar medidas para fortalecer la UNAMSIL oportunamente, teniendo en cuenta la disposición de los países que aportaban contingentes a aportar fuerzas suficientes con ese fin.
El Consejo subrayó la importancia del abandono de las zonas productoras de diamantes por el Frente Revolucionario Unido, de la plena libertad de circulación de la UNAMSIL para que ésta se desplegara por todo el país, de la adopción de medidas adecuadas para el desarme y la desmovilización de todas las fuerzas no gubernamentales, del acceso humanitario completo y en condiciones de seguridad y de la ampliación de la autoridad del Gobierno a todo su territorio.
El 21 de diciembre, en otra declaración de su Presidente, el Consejo condenó, en los términos más enérgicos, las recientes incursiones de grupos rebeldes de Liberia y Sierra Leona en Guinea que habían afectado a las aldeas y pueblos situados a lo largo de toda la frontera de Guinea.
La República Democrática del Congo fue gobernada desde 1965 por Mobutu Sésé Séko (que llamó "Zaire" al país). Su gobierno no se debilitó hasta el decenio de 1990, cuando varias circunstancias -protestas internas, críticas internacionales de su historial de derechos humanos, y las repercusiones de la guerra en la vecina Rwanda- hicieron que se formara una coalición de diversos grupos de oposición. En mayo de 1997 la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo (AFDL), apoyada por varios países y dirigida por el actual Presidente, Laurent-Désiré Kabila, logró derrocar a Mobutu. El Sr. Kabila se proclamó Presidente, consolidó el poder en su persona y en la AFDL y cambió el nombre del país por el de "República Democrática del Congo".
En agosto de 1998, tratando de estabilizar el país y consolidar su control, el Presidente Kabila expulsó a las tropas de Rwanda que habían permanecido en el país tras su victoria de 1997. Esto provocó motines del ejército en la capital, Kinshasa, y en las provincias de Kivu en el Este. El motín de Kinshasa se sofocó, pero los motines en las provincias de Kivu continuaron y se convirtieron en una campaña encaminada a derrocar al Gobierno. Las fuerzas contrarias al Gobierno de Kabila eran facciones de la Coalición Congoleña para la Democracia (CCD) apoyadas por Rwanda y Uganda. Después apareció otro grupo rebelde, el Movimiento para la Liberación del Congo (MLC). Las ex Fuerzas Armadas de Rwanda (FAR) y las milicias interahamwe defienden al Gobierno de Kabila. El Presidente Kabila también recibe apoyo de Angola, Namibia, el Chad, Zimbabwe y el ejército congoleño.
El 10 de julio de 1999, en Lusaka (Zambia), la República Democrática del Congo, junto con Angola, Namibia, Rwanda, Uganda y Zimbabwe, firmaron el Acuerdo de Cesación del Fuego para la cesación de las hostilidades entre todas las fuerzas beligerantes en la República Democrática del Congo. El MLC también firmó el Acuerdo el 1° de agosto. El Acuerdo de paz de Lusaka requiere la cesación del fuego, una operación internacional de mantenimiento de la paz y el comienzo de un "diálogo nacional" sobre el futuro del país.
Para establecer un enlace con las partes y llevar a cabo otras tareas, el 30 de noviembre de 1999 el Consejo estableció la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), que incorpora personal de las Naciones Unidas autorizado en resoluciones anteriores.
En su primera reunión de este año sobre la República Democrática del Congo, celebrada el 24 de enero, siete Jefes de Estado africanos hicieron declaraciones ante el Consejo en una sesión que duró un día.
También hicieron declaraciones ante el Consejo nueve ministros gubernamentales, el Secretario General de las Naciones Unidas, el Secretario General de la Organización de la Unidad Africana (OUA) y el facilitador del diálogo nacional previsto en el Acuerdo de Cesación del Fuego, el ex Presidente de Botswana, Sir Ketumile Masire.
Los oradores subrayaron la necesidad de que la comunidad internacional prestara apoyo decidido al proceso de paz de Lusaka y de que se estableciera rápidamente una misión de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz en ese país. El Secretario General, Sr. Kofi Annan, dijo al Consejo que para que las Naciones Unidas obtuvieran el resultado deseado en la República Democrática del Congo y se evitaran las acciones equivocadas que habían producido desgracias en otras partes, las Naciones Unidas tenían que estar dispuestas no sólo a actuar, sino a actuar de manera adecuada a la gravedad de la situación.
Laurent-Désiré Kabila, Presidente de la República Democrática del Congo, dijo que el Acuerdo de paz no estaba funcionando y la paz no se había logrado. El Acuerdo no había logrado sus objetivos porque no se podía restaurar la paz sin una cesación del fuego inmediata y completa. Pasteur Bizimungu, Presidente de Rwanda, advirtió contra la tendencia a alabar tanto el Acuerdo de Lusaka que se olvidaba la cuestión importante de su aplicación.
El 26 de enero, el Consejo, en una declaración de su Presidente, dijo que estaba decidido a apoyar la aplicación del Acuerdo de Cesación del Fuego. También dijo que estaba decidido a actuar rápidamente de conformidad con las recomendaciones hechas por el Secretario General en su informe.
El 24 de febrero, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1291 (2000), por la que prorrogó el mandato de la MONUC hasta el 31 de agosto y autorizó el refuerzo de la MONUC hasta un total de 5.537 soldados, incluidos hasta 500 observadores, o más, si el Secretario General determinaba que era necesario y podía hacerse sin modificar el tamaño y la estructura generales de la fuerza. El Consejo también decidió que la MONUC, en una estructura común con la Comisión Militar Mixta (CMM), creada en virtud del Acuerdo de Cesación del Fuego, podría adoptar las medidas necesarias para proteger al personal de las Naciones Unidas y al personal coestacionado de la CMM, sus instalaciones y equipo, garantizar la seguridad y libertad de circulación de su personal y proteger a los civiles amenazados de actos inminentes de violencia física.
El 5 de mayo, el Consejo, en una declaración de su Presidente, exigió la cesación inmediata de las hostilidades en la República Democrática del Congo. El Consejo hizo suya la declaración formulada en Kinshasa por los miembros de su misión, en la que pedía el cese inmediato de los combates. El Consejo condenó sin reservas el brote de hostilidades militares en Kisangani, que comenzó el 5 de mayo, y que amenazaba la aplicación del Acuerdo de Cesación del Fuego. También expresó su preocupación por los informes sobre la muerte de civiles congoleños inocentes.
El 17 de mayo el Consejo escuchó a 27 oradores en una reunión de información abierta sobre su misión a la República Democrática del Congo, hecha del 4 al 8 de mayo. La misión también visitó Zambia, Zimbabwe, Rwanda y Uganda.
El representante de los Estados Unidos de América, que presidió la delegación del Consejo, presentó el informe de la misión y dijo que en todas las reuniones celebradas durante la visita se había apoyado el Acuerdo de Cesación del Fuego. El pueblo deseaba la paz y el retiro de las fuerzas extranjeras, y quería que los movimientos rebeldes depusieran las armas. También deseaba que el Gobierno entablara un diálogo nacional y aspiraba a vivir en un Estado basado en instituciones democráticas. El representante dijo que toda la misión había sido concebida para hacer avanzar ese diálogo, y subrayó que no había solución militar del conflicto.
El representante de la República Democrática del Congo dijo que los miembros de la misión del Consejo habían sido testigos oculares del profundo deseo de paz de la población congoleña. En todo el territorio nacional, los niños, los padres y las madres pedían que se pusiera fin al sufrimiento indescriptible que había sido su suerte cotidiana desde el 2 de agosto de 1998. El representante pidió a la comunidad internacional que empleara todos los medios necesarios por poner fin definitivamente a la guerra.
Muchos representantes también subrayaron que la fase II de la MONUC debía desplegarse lo antes posible.
El 2 de junio el Consejo, en una declaración de su Presidente, pidió al Secretario General que estableciera, por un período de seis meses, un grupo de expertos encargado de la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del Congo. El mandato del grupo debía incluir la reunión de datos sobre todas las actividades de explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas del país, en particular las que constituían una violación de la soberanía del país y la investigación y análisis de los vínculos entre esa explotación y la continuación del conflicto.
El 15 de junio el Consejo se reunió de nuevo para examinar la situación. El Presidente del Consejo dijo que los principales elementos de la crisis eran la continuación de las hostilidades en la provincia de Equateur y Kasai de la República Democrática del Congo, la violencia ininterrumpida en Kivu y los combates encarnizados entre ejércitos extranjeros en la ciudad de Kisangani. Dijo a los asistentes a la reunión, entre los que figuraban el Secretario General y los miembros del Comité Político formado tras la firma del Acuerdo de Lusaka de Cesación del Fuego, que el proceso de reconciliación entre las partes congoleñas en el conflicto seguía bloqueado y que el Gobierno había renunciado a la mediación del facilitador neutral elegido por las partes y la OUA.
Añadió que también había hostilidad a la misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC). Además, la reanudación de las hostilidades en Kisangani entre tropas de Rwanda y Uganda había agravado mucho la situación y parecía haber anunciado el fin del Acuerdo de Lusaka. Era injustificable que dos ejércitos extranjeros pelearan en el suelo de un tercer país. La presencia en el país de las fuerzas de Rwanda y Uganda se estaba convirtiendo en una gran fuente de inseguridad.
El Consejo se reunió de nuevo el 16 de junio y aprobó por unanimidad la resolución 1304 (2000), en la que exigió que las fuerzas ugandesas y rwandesas, así como las fuerzas de la oposición armada congoleña y otros grupos armados, se retiraran de forma completa e inmediata de la ciudad de Kisangani de la República Democrática del Congo. El Consejo instó a todas las partes en el Acuerdo de Lusaka de Cesación del Fuego, de 10 de julio de 1999, a que respetaran la desmilitarización de la ciudad y sus alrededores.
El Consejo también exigió que Rwanda y Uganda retiraran sin más demora todas sus tropas del territorio del país, y que se pusiera fin a cualquier otra presencia y actividad militares extranjeras de conformidad con el Acuerdo de Cesación del Fuego.
El 23 de agosto el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1316 (2000), por la que prorrogó el mandato de la MONUC hasta el 15 de octubre. Subrayó que el objeto de la prórroga técnica del mandato de la Misión era dar tiempo para realizar nuevas actividades diplomáticas en apoyo del Acuerdo de Cesación del Fuego y para que el Consejo considerara el futuro mandato de la MONUC y sus posibles ajustes.
El 13 de octubre el Consejo volvió a prorrogar el mandato de la MONUC hasta el 15 de diciembre de 2000 aprobando por unanimidad la resolución 1323 (2000). El representante del Canadá dijo al Consejo que las partes en el conflicto, con su negativa a dedicarse plenamente al proceso de paz, estaban arriesgando la inversión en el proceso de paz que había hecho la comunidad internacional. Si no desistían de tal actitud destructiva, el Consejo tendría que volver a examinar si la MONUC, tal como estaba concebida, era el instrumento adecuado para ayudar a estabilizar la situación.
El 28 de noviembre el Consejo recibió información sobre la situación humanitaria en la República Democrática del Congo de la Sra. Carolyn McAskie, Coordinadora interina del Socorro de Emergencia de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. La Sra. McAskie dijo que hasta entonces todos los esfuerzos diplomáticos y militares de poner fin a lo que se había descrito como "la primera guerra mundial de África" habían fracasado. La situación humanitaria seguía empeorando. Los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales se habían visto obligados a suspender sus actividades a causa de la falta de seguridad. Añadió que, en tres años de guerra civil, el número de las personas afectadas por el conflicto se había elevado a cerca de 16 millones. Se cometían violaciones flagrantes de los derechos humanos en todo el país, y la población civil tenía poca o ninguna protección y era blanco sistemático de las partes en el conflicto.
El 14 de diciembre el Consejo volvió a prorrogar el mandato de la MONUC, hasta el 15 de junio de 2001, aprobando por unanimidad la resolución 1332 (2000).
El Consejo hizo suya la propuesta del Secretario General de desplegar observadores militares adicionales a fin de vigilar y verificar el cumplimiento por las partes de los planes de cesación del fuego y de separación de las fuerzas aprobados en Lusaka y Maputo. Declaró que estaba dispuesto respaldar al Secretario General en el despliegue de unidades de infantería en apoyo de los observadores militares en Ki-sangani y Mbandaka y, con sujeción a las propuestas que se le presentaran sobre formas de hacer frente a la situación en las provincias orientales del país, en otras zonas, incluidas Goma y Bukavu.
Además, el Consejo pidió al Secretario General que le presentara propuestas detalladas sobre el establecimiento de un mecanismo permanente de seguimiento que pudiera ocuparse de las cuestiones de la retirada total de las fuerzas extranjeras, el desarme y la desmovilización de los grupos armados, la seguridad de las fronteras con Rwanda, Uganda y Burundi, el regreso en condiciones de seguridad de los refugiados y de los desplazados internos, el diálogo nacional, la reconstrucción de la economía regional y la cooperación con ese fin. El Consejo pidió que las tropas de Uganda y Rwanda y todas las demás tropas extranjeras se retiraran del país en cumplimiento de la resolución 1304 (2000) y del Acuerdo de Cesación del Fuego.
El Consejo también exhortó a todas las partes en el conflicto a que cooperaran para promover el desarme, la desmovilización, la reinserción, la repatriación y el reasentamiento de todos los grupos armados mencionados en el Acuerdo de Cesación del Fuego.
Las hostilidades entre Etiopía y Eritrea se iniciaron en mayo de 1998 como resultado de una controversia fronteriza.
El Consejo se reunió por primera vez este año para examinar la situación en Etiopía y Eritrea el 12 de mayo, y aprobó por unanimidad la resolución 1297 (2000) en la que exigió que los dos países pusieran fin de inmediato a toda acción militar y se abstuvieran de seguir recurriendo al uso de la fuerza. El Consejo decidió también reunirse nuevamente dentro de las 72 horas siguientes para adoptar medidas de inmediato para velar por el cumplimiento de la resolución en caso de que prosiguieran las hostilidades.
El 17 de mayo, transcurrido el plazo de 72 horas, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1298 (2000), en la que condenó enérgicamente la continuación de los combates y exigió que ambas partes pusieran fin de inmediato a todas las actividades militares y se abstuvieran de seguir recurriendo al uso de la fuerza.
El Consejo exigió además que ambas partes retiraran sus fuerzas de los enfrentamientos militares y no adoptaran medidas que pudieran intensificar la tensión. También exigió que volvieran a convocarse lo antes posible, sin condiciones previas, conversaciones de paz sustantivas bajo los auspicios de la OUA. También pidió al Presidente de la OUA que considerara la posibilidad de enviar con urgencia a la región a su Enviado Personal para intentar poner fin de inmediato a las hostilidades y reanudar las conversaciones de paz.
El Consejo también decidió impedir la venta o suministro a Etiopía y Eritrea de armamentos y material conexo de cualquier tipo, y la asistencia o capacitación técnicas relacionadas con el suministro, la fabricación, el mantenimiento o la utilización de armamentos y material conexo. El Consejo también decidió que pondría fin inmediatamente a esas medidas cuando el Secretario General informara de que se había llegado a una solución pacífica y definitiva del conflicto.
El 18 de junio, Etiopía y Eritrea firmaron el Acuerdo de Cesación de Hostilidades, tras celebrar conversaciones indirectas dirigidas por Argelia y la OUA. El 31 de julio el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1312 (2000) y estableció la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (UNMEE), integrada por un máximo de 100 observadores militares y el personal civil de apoyo que fuera necesario, en previsión de una operación de mantenimiento de la paz, con sujeción a la autorización futura del Consejo. La Misión permanecería en la zona hasta el 31 de enero de 2001.
El mandato de la Misión sería: establecer y mantener enlace con las partes; visitar los cuarteles generales y demás unidades militares de las partes en todas las zonas en que el Secretario General lo estimara necesario; establecer y poner en funcionamiento el mecanismo para verificar la cesación de las hostilidades; hacer los preparativos necesarios para establecer la Comisión Militar de Coordinación prevista en el Acuerdo de Cesación de las Hostilidades; y prestar asistencia para la planificación de una futura operación de mantenimiento de la paz, según fuera necesario. El Consejo también subrayó la importancia de la rápida delimitación y demarcación de la frontera común entre Etiopía y Eritrea con arreglo al Acuerdo Marco de la OUA y al Acuerdo de Cesación de Hostilidades.
El 14 de agosto el Consejo recibió información sobre la situación en Etiopía y Eritrea del Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Sr. Bernard Miyet, que también presentó el último informe del Secretario General sobre la cuestión.
El 15 de septiembre el Consejo, aprobando por unanimidad la resolución 1320 (2000), autorizó el despliegue de hasta 4.200 efectivos, incluidos 220 observadores militares, para la UNMEE. También renovó el mandato de la Misión hasta marzo de 2001. El mandato de la Misión era, entre otras cosas, supervisar la cesación de las hostilidades, prestar asistencia para que se respetaran los compromisos contraídos por las partes en materia de seguridad; supervisar y verificar el redespliegue de los efectivos etíopes y, simultáneamente, supervisar las posiciones de las fuerzas eritreas que debían redesplegarse. También instó a las partes a que continuaran las negociaciones y concluyeran sin demora un arreglo de paz amplio y definitivo.
Cuando el Consejo volvió a examinar la situación en Etiopía y Eritrea el 17 de noviembre, el Secretario General dijo a los miembros que la UNMEE era muy prometedora para los países y los pueblos interesados, para África y para el mantenimiento de la paz en general: "Debemos hacerlo bien".
El Secretario General dijo que el comienzo de una operación de mantenimiento de la paz era un momento muy delicado. Las medidas que adoptaba la Organización enviaban señales sobre "nuestras intenciones, nuestra eficacia y, sobre todo, nuestra determinación". Al mismo tiempo, las medidas que adoptaban las partes en el conflicto también daban indicaciones sobre su voluntad de cooperar y sobre el nivel de confianza y voluntad política.
“Hemos entrado en una etapa de mayores riesgos y de examen más intenso de nuestras acciones", dijo. "Los pueblos de Eritrea y Etiopía, y muchos otros fuera de sus fronteras, cuentan con nuestra ayuda. Afrontemos juntos este desafío.”
El Sr. Jozias van Aartsen, Presidente del Consejo y Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, hablando en calidad de representante de ese país, dijo que, para impulsar el proceso de paz, había propuesto establecer un Grupo de Amigos del Proceso de Paz. Para contribuir a reducir la profunda desconfianza entre los dos Estados, había propuesto cinco medidas de fomento de la confianza. La aceptación de estas medidas aumentaría la confianza de la comunidad internacional en la seriedad del proceso de paz. Esas medidas también tendrían un efecto positivo en la reanudación del mandato de la UNMEE, que dependía de los progresos de las negociaciones, y empezarían a disipar la desconfianza mutua.
El Consejo, en una declaración de su Presidente de fecha 21 de noviembre, subrayó que el despliegue de la UNMEE debía contribuir a crear un clima positivo para las negociaciones y no obviar la necesidad de un arreglo definitivo y completo. El Consejo también destacó la importancia que las medidas de fomento de la confianza podían tener para disipar los recelos que subsistían entre Etiopía y Eritrea, y alentó a ambos Estados a que llegaran a un acuerdo sobre un conjunto de tales medidas. En particular, alentó a las partes a que llegaran a un acuerdo sobre la puesta en libertad inmediata y el regreso voluntario de los civiles internados bajo los auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). También alentó a que se abrieran los corredores terrestres y aéreos para la UNMEE, se intercambiaran mapas que indicaran las zonas minadas, se pusiera en libertad sin demora y se repatriara a los prisioneros de guerra bajo los auspicios del CICR y se suspendieran las expulsiones. El Consejo subrayó además la importancia de que los Estados Miembros cumplieran plenamente el embargo de armas impuesto en virtud de la resolución 1298 (2000).
El 14 de abril, el Sr. Ingvar Carlsson, Presidente de la Comisión Independiente de Investigación de la actividad de las Naciones Unidas durante el genocidio de Rwanda de 1994, presentó al Consejo de Seguridad su informe (documento S/1999/1257), en que se decía que el Consejo tenía el poder de haber podido evitar, por lo menos en parte, la tragedia de Rwanda, y que podía tomar medidas para que nunca más volviera a ocurrir una tragedia semejante. Calificó la falta de voluntad política de reaccionar ante las crisis como el obstáculo más peligroso para la labor de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.
La decisión del Consejo de reducir los efectivos de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Rwanda (UNAMIR) tras iniciarse el genocidio, a pesar de conocer las atrocidades que se estaban cometiendo, causó un gran resentimiento en Rwanda, continuó diciendo el orador. En el futuro, la Secretaría tenía que decir al Consejo qué era exactamente lo que hacía falta, y el Consejo debía procurar que las limitaciones financieras a corto plazo no impidieran que se actuara con eficacia. El Consejo tenía que dar a las misiones el mandato que necesitaban, movilizar las tropas y recursos necesarios y aceptar su responsabilidad, independientemente de dónde ocurrieran los problemas.
El Sr. Lloyd Axworthy, Ministro de Asuntos Exteriores del Canadá, informó al Consejo de que la mejor manera de honrar la memoria de las víctimas de la tragedia de Rwanda era adoptar el firme compromiso de no volver a dejar nunca más desamparadas a las víctimas civiles de un conflicto armado. Se debía proteger a esos civiles con palabras y con hechos. La tragedia de Rwanda casi había acabado con la fe en la capacidad de las Naciones Unidas de cumplir los fines para los que se fundó. En el Salón del Consejo nadie podría recordar los días del genocidio sin sentir remordimientos y pesar por la vil actitud de la comunidad internacional al no haber ayudado al pueblo de Rwanda.
El 19 de enero, Nelson Mandela, ex Presidente de Sudáfrica y Facilitador del proceso de paz en Burundi, informó al Consejo de la situación del país. Tras la intervención del Sr. Mandela, el Consejo, al aprobar por unanimidad la resolución 1286 (2000), reiteraba su firme apoyo a la reanudación del proceso de paz de Arusha y exhortaba a todas las partes implicadas en el conflicto de Burundi a cooperar plenamente con el nuevo Facilitador -que sucedía al fallecido Mwalimu Julius Nyerere- y crear una alianza política interna en el país.
Al dirigirse al Consejo, el Sr. Mandela afirmó que el verdadero problema con el que se enfrentaba el pueblo de Burundi era el de crear una forma de democracia que generara un gobierno responsable y dispuesto a rendir cuentas y garantizara la seguridad de los más vulnerables. La población de Burundi se había convertido en rehén de la violencia proveniente de todas las partes del conflicto. Como consecuencia de ello, nuevas oleadas de refugiados abandonaban el país y cada vez había más personas que se convertían en desplazadas en su propio país.
Antes de la intervención del Sr. Mandela, el Secretario General, Sr. Kofi Annan dijo al Consejo que ninguna de las partes podía eludir su cuota de responsabilidad en la escalada de violencia o en la falta de avances para lograr una solución política. Instó firmemente a todas las partes en el conflicto a cooperar con el Sr. Mandela en la búsqueda de tal solución.
El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de Burundi, Sr. Severin Nta-homvukiye, informó de que en su país no se estaba produciendo matanza alguna ni tampoco una catástrofe nacional generalizada. El Gobierno había tomado medidas especiales y había establecido enclaves para la protección de personas, llamados "campos de reagrupamiento". Rechazando las alegaciones de que esos campos formaban parte de una política de limpieza étnica, calificó tales alegaciones de propaganda y desinformación. Lo único que estaba haciendo el Gobierno era simplemente garantizar la seguridad y evitar los atropellos contra las personas.
El 29 de septiembre, el Sr. Mandela intervino de nuevo ante el Consejo. Dijo que no había justificación alguna para que persistieran los ataques violentos a la población civil de Burundi, cuando se había logrado un amplio acuerdo político y se había abierto el camino para que todos plantearan sus inquietudes en la mesa de negociaciones. Exhortó a los grupos rebeldes de Burundi a que demostraran la calidad de su liderazgo, anunciaran la cesación del fuego y pusieran fin a la matanza de inocentes.
Tras la intervención del ex Presidente Mandela, el Consejo condenó todos los ataques contra la población civil en Burundi. En una declaración que leyó su Presidente, el Consejo expresó su inquietud por el alto grado de violencia que persistía en Burundi, en particular la que perpetraban los grupos rebeldes a pesar de habérseles exhortado a entrar en negociaciones directas con el gobierno del país.
El Sr. Kieran Prendergast, Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, dijo el 29 de junio al Consejo de Seguridad que no debía dejarse vencer por el cinismo o la desesperación, ni darse por vencido con respecto a Somalia, con ocasión de su intervención ante el Consejo sobre la situación política, de seguridad y humanitaria en dicho país. Añadió que, por el contrario, el Consejo de Seguridad debía renovar su apoyo a la Conferencia Nacional de Paz sobre Somalia que se estaba celebrando en Djibouti.
Tras la intervención del Sr. Prendergast, el Consejo, en una declaración que leyó su Presidente, condenó enérgicamente los ataques de grupos armados contra civiles inocentes y todo el personal de ayuda humanitaria en Somalia. Instó encarecidamente a las diversas facciones de Somalia a que respetaran el derecho internacional en materia humanitaria y de derechos humanos, garantizar a la seguridad y libertad de desplazamientos de todo el personal de labores humanitarias y facilitara la entrega de la ayuda a todos los necesitados.
El 10 de febrero, el Consejo acogió con beneplácito la decisión del Secretario General de establecer una Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (BONUCA), por un período de un año a partir del 15 de febrero. En una declaración leída por su Presidente, el Consejo alentó a las autoridades de la República Centroafricana, que habían aceptado la propuesta, y a la BONUCA a que actuaran en estrecha colaboración.
El Consejo tomó nota con satisfacción de que la principal misión de la BONUCA, que estaría dirigida por un representante del Secretario General, sería la de apoyar la labor del Gobierno para consolidar la paz y la reconciliación nacional, reforzar las instituciones democráticas y facilitar la movilización de apoyo político y de los recursos necesarios para la reconstrucción nacional y la recuperación económica del país, a nivel internacional.
El 15 de febrero expiró el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINURCA), que el Consejo de Seguridad había establecido con efectos a partir del 15 de abril de 1998, mediante su resolución 1159, de 27 de marzo de 1998. En un principio, la MINURCA vino a sustituir a una fuerza inter-africana fundada el 31 de enero de 1997 por los Jefes de Estado del Gabón, Burkina Faso, el Chad y Malí, para supervisar la aplicación de los Acuerdos de Bangui.
El 29 de marzo, el Consejo se ocupó de la situación en Guinea-Bissau y emitió una declaración presidencial en la que expresaba su apoyo al Gobierno recientemente elegido y le alentaba a que creara y aplicara programas destinados a consolidar la paz y la reconciliación nacional. El Consejo rindió homenaje al pueblo de Guinea-Bissau por el éxito del proceso de transición, que había llevado a la organización de unas elecciones libres, justas y transparentes.
En una intervención ante el Consejo, antes de que se diera a conocer la declaración presidencial, el Sr. Kieran Prendergast, Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, hizo notar los avances que estaba logrando el nuevo Gobierno del país, que se había constituido el
19 de febrero tras las elecciones de enero, en promover la consolidación de la democracia y despolitizar el ejército. La situación general era pacífica y había mejorado notablemente desde el punto de vista humanitario, pero la situación económica continuaba siendo preocupante, y persistían las dificultades para redefinir la relación entre el nuevo Gobierno y las jerarquías militares, en el período postelectoral.
El Consejo volvió a ocuparse de la situación el 29 de marzo, en una reunión de jornada completa, en la que los oradores insistieron en la necesidad de que el país contara con un apoyo político y económico continuados, en un momento especialmente delicado de su transición a la democracia. El Sr. Faustino Fudut Imbali, Vice-primer Ministro de Guinea-Bissau, describió ante el Consejo algunos hechos positivos, como la reciente elección del Presidente del Tribunal Supremo, que indicaban que en esos momentos había en el país una auténtica separación de poderes. Las repercusiones del conflicto en el país, sin embargo, seguían siendo catastróficas, con una destrucción masiva de la infraestructura socioeconómica y el derrumbe de los servicios básicos, en particular la sanidad y la educación.
Tras la reunión, el Consejo aprobó una declaración del Presidente en que expresaba satisfacción por el retorno de la paz, la democracia y el orden constitucional a Guinea-Bissau y subrayaba la importancia de la cooperación continuada de todas las partes, con miras a la consolidación de una paz duradera. Haciendo hincapié en que la principal responsabilidad de la consolidación de la paz recaía en todas las partes interesadas y en el pueblo de Guinea-Bissau, el Consejo exhortó a la anterior junta militar a que se sometiera plenamente a las instituciones civiles y se abstuviera de intervenir en el proceso político.
Tras las devastadoras inundaciones ocurridas en Mozambique el 6 de marzo, el Consejo hizo una declaración a la prensa en que manifestaba su más profundo pesar al pueblo de dicho país por la trágica pérdida de vidas humanas y los cuantiosos daños materiales. También expresaba una firme solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Mozambique en su determinación por luchar contra el doble problema de la recuperación y la reconstrucción, tras los graves daños causados por las recientes inundaciones y tomaba nota con reconocimiento del esfuerzo decidido del Gobierno del Presidente Joaquim Chissano para aliviar el sufrimiento de su pueblo.
A pesar de los esfuerzos llevados a cabo este año por la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) y Marruecos, y del compromiso contraído por el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO) respecto del Plan de Arreglo (de la cuestión), se consideró que era necesario que la MINURSO siguiera estando presente en la región. Por consiguiente, el Consejo se reunió cuatro veces a fin de prorrogar su mandato. El mandato actual, renovado el 30 de octubre en virtud de la resolución 1324 (2000), concluirá el 28 de febrero de este año.
La última resolución -1324 (2000)- se aprobó con la esperanza expresa de que las partes procuraran solucionar los múltiples problemas vinculados con la aplicación del Plan de Arreglo y trataran de llegar a un acuerdo respecto de una solución política de su controversia mutuamente aceptable. En otras palabras, el Consejo pidió al Secretario General que presentara una evaluación de la situación antes de la terminación del presente mandato.
El 10 de enero el Consejo de Seguridad celebró un debate abierto sobre las repercusiones del SIDA en la paz y la seguridad de África. En ese debate el Consejo examinó por primera vez un tema relacionado con la salud, considerándolo una amenaza para la paz y la seguridad. En la sesión, que duró más de siete horas, intervinieron más de 40 oradores.
El Secretario General, Sr. Kofi Annan dijo que las repercusiones del SIDA en África no habían sido menos destructivas que las de la propia guerra. Al desbordar los servicios de salud del continente, dejar a millones de niños huérfanos y diezmar a los trabajadores de la salud y a los maestros, el SIDA estaba causando crisis socioeconómicas que, a su vez, ponían en peligro la estabilidad política.
El Vicepresidente de los Estados Unidos, Sr. Al Gore, habló en calidad de Presidente del Consejo y dijo que, en aquella sesión histórica, no sólo se había reconocido el verdadero peligro que la pandemia del SIDA representaba para la seguridad del mundo, sino también que el Consejo de Seguridad había iniciado una serie de sesiones en las que, durante un mes, el Consejo se centraría en los problemas especiales que afrontaba el continente africano. "A través del ejemplo, en esta reunión se nos exige que veamos la seguridad a través de un prisma nuevo y más amplio y que, de ahora en adelante, pensemos en ella conforme a una definición nueva y más completa", afirmó el orador.
El Presidente del Banco Mundial, Sr. James Wolfensohn, dijo que el SIDA no era solamente un tema relacionado con la salud o el desarrollo, sino una cuestión que afectaba a la paz y la seguridad de la población del continente africano y de todo el mundo. Si bien en los últimos cuatro decenios la esperanza de vida en África había aumentado en 24 años bajo el liderazgo africano, los logros en materia de desarrollo alcanzados en el continente se habían visto amenazados por la epidemia del SIDA.
El Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Sr. Mark Malloch Brown, propuso las siguientes medidas: apoyar los esfuerzos de primera línea que estaba desplegando África para combatir la enfermedad; promover la cooperación entre países, y movilizar más recursos. El Director Ejecutivo del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), Sr. Peter Piot, dijo que la tendencia con respecto al SIDA se estaba invirtiendo en su contra, en los países en que se conjugaban un fuerte liderazgo político, una apertura para tratar los problemas y unas respuestas amplias e intersectoriales a los mismos.
Diversos oradores también señalaron a la atención de los presentes la conspiración del silencio sobre el SIDA e hicieron un llamamiento para que se hiciera frente abiertamente a la enfermedad. El representante de Zambia afirmó que los dirigentes políticos africanos debían reconocer la enfermedad como lo que verdaderamente era, "una amenaza para nuestra propia supervivencia como naciones viables".
Refugiados y desplazados internos en África
El 13 de enero la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los refugiados Sra. Sadako Ogata, informó al Consejo sobre la cuestión de los refugiados y desplazados internos en África. Dijo que no existía un mecanismo establecido para proporcionar asistencia o protección a los desplazados internos. Los gobiernos donantes eran muy reacios a asignar recursos a programas destinados a las zonas inestables y poco seguras. Por ejemplo, hubo que reducir en forma drástica las actividades que llevaba a cabo su Oficina en Angola a causa de la inseguridad y de la falta de fondos.
Tras la exposición informativa de la Sra. Ogata, el Consejo, en una declaración que leyó su Presidente, tomó nota con preocupación de la escasez de fondos para los programas destinados a los refugiados y desplazados internos en África. El Consejo hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que proporcionara a esos programas los recursos financieros necesarios, teniendo en cuenta las muchas necesidades del continente.
"Mes de África"
En enero -durante el "mes de África"- el Consejo celebró distintas reuniones sobre diversos temas relativos a ese continente. El 31 de enero el Consejo se reunió con objeto de evaluar los logros alcanzados durante el mes. El representante de los Estados Unidos, Sr. Richard Holbrooke, que ocupó la presidencia del Consejo en ese mes, dijo que uno de los objetivos del "mes de África" era poner de relieve los temas pertinentes y rebatir la opinión de que África no era importante, y que sus problemas eran secundarios con respecto a los de otras partes del mundo.
El orador manifestó que era necesario ampliar el modelo de seguridad para que incluyera problemas fundamentales como los del SIDA y los refugiados entre los temas que ponen en peligro la paz internacional. Se refirió también a la cuestión de la revitalización del papel de los Estados Unidos en las Naciones Unidas y afirmó que su país iniciaba el nuevo siglo con una fe renovada en la Organización.
El Presidente de Zambia, Sr. Frederick J. T. Chiluba, al intervenir ante el Consejo en esa reunión, señaló que, entre los logros más significativos alcanzados en ese mes, se incluía el nuevo compromiso de las partes en el Acuerdo de cesación del fuego, en la República Democrática del Congo, y sus promesas de garantizar la protección, la seguridad y la libertad de circulación del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado. Hizo un llamamiento al Consejo para que llegara a un acuerdo mutuo con las partes a fin de acelerar el despliegue del personal militar recomendado y de la ulterior misión de mantenimiento de la paz.
Las soluciones a los problemas de África sólo podían encontrarse en el propio continente y no en el Salón del Consejo, dijo la Vicesecretaria General Sra. Louise Fréchette. El compromiso de la comunidad internacional no tenía valor si las palabras no se traducían en hechos y si el compromiso no era firme y sostenido. Ningún apoyo internacional por sí solo podía ayudar a África si sus dirigentes no demostraban poseer dotes de estadistas y una verdadera voluntad política.
El Consejo se reunió cuatro veces durante el año 2000 a fin de examinar la situación en el Iraq. El 24 de marzo el Secretario General, Sr. Kofi Annan, informó al Consejo de que la situación humanitaria en el Iraq planteaba un grave dilema moral a las Naciones Unidas, que corría el peligro de perder el debate con respecto a quién era el responsable de la situación: el Presidente Saddam Husseim o las Naciones Unidas. Aun cuando se ejecutara perfectamente el programa de asistencia humanitaria llamado "petróleo por alimentos", sus esfuerzos todavía podían resultar insuficientes para satisfacer las necesidades de la población.
El representante de la Federación de Rusia dijo que era imposible que se lograra una mejora significativa en la situación humanitaria y socioeconómica bajo el régimen de sanciones. La solución estaba en suspender las sanciones al mismo tiempo que se reanudaba la vigilancia del desarme.
El representante de los Estados Unidos insistió en que las sanciones eran indispensables mientras hubiera preguntas sin respuestas en lo que respecta a las armas nucleares, químicas y biológicas del Iraq, y a los misiles para transportarlas. Durante algún tiempo se tendría que vigilar su capacidad en materia de armas de destrucción en masa. Por otra parte, el programa "petróleo por alimentos" nunca reemplazaría las responsabilidades del Gobierno del Iraq de atender a las necesidades de su pueblo.
Menos de una semana después, el 31 de marzo, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1293 (2000), mediante la cual se aumentaba a 600 millones de dólares la cantidad de fondos que el Iraq podía usar para adquirir piezas de repuesto y equipo del sector petrolero en virtud del programa "petróleo por alimentos".
Con ulterioridad, el Consejo prorrogó dos veces el mandato del programa "petróleo por alimentos" por períodos de 180 días y, más recientemente, el 5 de diciembre, aprobó por unanimidad la resolución 1330 (2000), en la que se pide al Secretario General que presente un informe pormenorizado sobre la aplicación de la resolución 90 días después de su entrada en vigor, en el cual debían incluirse observaciones sobre si el Iraq ha distribuido equitativamente los medicamentos, suministros sanitarios, alimentos y otros materiales y los artículos de primera necesidad destinados a la población civil.
El Consejo también indicó al Comité del Consejo de Seguridad encargado de las sanciones contra el Iraq que aprobara listas de suministros básicos en lo que respecta a la electricidad y a la vivienda, acordes con la prioridad dada a los grupos más vulnerables del Iraq, y que no fuera necesario someter a la aprobación del Comité los suministros de esos artículos.
El 19 de diciembre, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1333 (2000), en la que exigía que las autoridades talibanes procedieran rápidamente a clausurar todos los campamentos en que se entrenara a terroristas dentro del territorio que dominaban, y pedía que las Naciones Unidas confirmaran esas clausuras. El texto fue aprobado por 13 votos contra ninguno y 2 abstenciones (China y Malasia). En la resolución se exigía igualmente que los talibanes dejaran de dar refugio y de entrenar a terroristas, y que entregaran al presunto terrorista Usama bin Laden a las autoridades competentes. En otras disposiciones, el Consejo aprobó diversos embargos al suministro de mercancías y a la prestación de asistencia al territorio bajo control de los talibanes.
En fecha anterior, el 7 de abril, el Consejo conoció de la situación en el Afganistán por informaciones proporcionadas por el Sr. John Renninger, oficial encargado de la División de Asia y el Pacífico del Departamento de Asuntos Políticos. El Sr. Renninger dijo al Consejo que no se debían abrigar esperanzas sobre la posibilidad de una pronta cesación del fuego entre las facciones beligerantes en el Afganistán.
Después de recibir esa información, el Consejo, en una declaración del Presidente, expresó preocupación por el hecho de que continuara el conflicto en el Afganistán. que calificó de amenaza grave y cada vez mayor para la paz y la seguridad regionales e internacionales. Condenó enérgicamente a los talibanes por lanzar nuevas ofensivas y expresó su preocupación por los informes según los cuales se estaban preparando para reanudar los enfrentamientos en gran escala. El Consejo condenó asimismo las continuadas y graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, que subsistían en el Afganistán.
En el año en curso, la participación del Consejo en los asuntos relativos a Tayikistán se vio coronada por el fin de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Tayikistán (MONUT). La Misión concluyó el 15 de mayo, al término de su período de mandato. El Consejo se reunió dos veces antes de que finalizara el mandato y en ambas ocasiones elogió los resultados alcanzados en el proceso de paz de Tayikistán.
El 21 de noviembre, después de escuchar las informaciones proporcionadas por el Sr. Hédi Annabi, Subsecretario General de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Consejo expresó su satisfacción por los progresos decisivos alcanzados en la aplicación del Acuerdo General sobre el Establecimiento de la Paz y la Concordia Nacional en Tayikistán, producto de los esfuerzos sistemáticos y constantes desplegados por el Presidente de la República de Tayikistán y los dirigentes de la Comisión de Reconciliación Nacional.
El 12 de mayo, el Consejo reconoció los apreciables logros de las partes tayikas, que habían logrado superar muchos obstáculos y poner a su país en la senda hacia la paz, la reconciliación nacional y la democracia. El Consejo subrayó que el apoyo sostenido de la comunidad internacional en la etapa posterior al conflicto sería decisivo para la capacidad de Tayikistán de mantener los logros del proceso de paz y apoyarse en éstos, y para ayudar a este país a sentar un fundamento duradero para unas mejores condiciones de vida para su pueblo.
El 16 de noviembre, el Consejo emitió una declaración del Presidente en que apoyaba enérgicamente el Acuerdo de Paz, concluido el 15 de octubre, para la cesación de las hostilidades entre dos grupos de las Islas Salomón: la Fuerza del Águila de Malaita y el Movimiento de Libertad Isatabu.
El Consejo apoyó igualmente el restablecimiento de la paz y la armonía étnica en las Islas Salomón y alentó a todas las partes a que cooperaran con miras a promover la reconciliación, de modo que pudieran lograrse los objetivos del Acuerdo de Paz de Townsville.
Habiendo escuchado en sesión privada una exposición del Subsecretario General de Asuntos Políticos, el Sr. Danilo Türk, sobre los acontecimientos políticos ocurridos en Bougainville (Papua Nueva Guinea), el Consejo, en un comunicado de prensa de fecha 29 de marzo, celebró la firma del Entendimiento de Loloata por parte del Gobierno de Papua Nueva Guinea y los dirigentes de Bougainville. En el comunicado, el Consejo expresó su apoyo al papel, reconocido en el Entendimiento, que podían desempeñar las Naciones Unidas en las conversaciones de paz que estaban teniendo lugar y reiteró su decisión de apoyar plenamente el proceso de paz de Bougainville.
Pese a los reveses sufridos en el año 2000, incluida la continuación de los actos de violencia perpetrados por las milicias, el 28 de noviembre el Representante Especial del Secretario General y Administrador de Transición para Timor Oriental, Sr. Sergio Vieira de Mello, pudo informar al Consejo de que la situación en materia de seguridad era estable y de que en el territorio se había logrado avanzar significativamente en la transición hacia la independencia.
En su intervención en la última de las nueve reuniones de información de carácter público sobre el territorio celebradas ese año, el Sr. Vieira de Mello dijo que la disponibilidad de recursos era una de las principales limitaciones. La magnitud de la destrucción en Timor Oriental indicaba que la reconstrucción seguiría siendo una necesidad urgente mucho después de la independencia.
El orador expresó su preocupación por la existencia y la impunidad de los miembros de las milicias que seguían cometiendo actos de violencia pero dijo que se había logrado avanzar en lo que se refería a la repatriación de los refugiados y a la reconciliación. Sin embargo, hasta 2003 se necesitará algún tipo de fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
En respuesta a los diversos acontecimientos que se produjeron en el territorio durante el año, el Consejo formuló dos declaraciones del Presidente y aprobó una resolución.
El 3 de agosto, en una declaración del Presidente, el Consejo hizo un llamamiento al Gobierno de Indonesia para que restableciera el orden público en los campamentos de refugiados de Timor Occidental, permitiera el libre acceso de personal humanitario a esos campamentos, separara de los refugiados a los antiguos efectivos militares, funcionarios policiales y funcionarios públicos y detuviera a los milicianos extremistas que intentaban sabotear el proceso de reasentamiento de los refugiados.
A raíz del brutal asesinato de tres integrantes del personal humanitario de las Naciones Unidas perpetrado el 6 de septiembre por una turba dirigida por la milicia, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1319 (2000). En la resolución, insistió en que Indonesia desarmara y disolviera a la milicia de inmediato, restableciera el orden y el imperio de la ley en Timor Occidental y garantizara la protección y la seguridad de los refugiados y de los trabajadores humanitarios. Una vez aprobada la resolución, el Presidente del Consejo anunció que se enviaría a Indonesia y Timor Oriental una misión del Consejo para examinar la aplicación de la resolución.
En una declaración leída por el Presidente del Consejo el 6 de diciembre, una semana después de la última exposición informativa del año del Sr. Vieira de Mello, el Consejo pidió que se preparara un calendario y se establecieran mecanismos para redactar la constitución y celebrar elecciones en Timor Oriental.
Asimismo, destacó la necesidad de adoptar medidas urgentes para resolver el problema de los refugiados que se encontraban en Timor Occidental. Si bien reconoció que el Gobierno de Indonesia había hecho esfuerzos en ese sentido, el Consejo pidió que se adoptaran medidas firmes para desarmar y disolver las milicias y poner fin a sus actividades, medidas para permitir el regreso de los organismos internacionales de socorro a Timor Occidental, y procedimientos dignos de confianza para la inscripción de refugiados con la participación de observadores internacionales. El Consejo también insistió en la necesidad de procesar a los autores de ataques violentos contra el personal de las Naciones Unidas en Timor Oriental y Occidental.
El 31 de enero, el Consejo de Seguridad, en su resolución 1288 (2000), aprobada por unanimidad, prorrogó el mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) hasta el 31 de julio de 2000. Asimismo, condenó los actos de violencia cometidos contra la Fuerza e instó a las partes a que les pusieran fin.
En una declaración conexa del Presidente, el Consejo expresó preocupación por la continuación de la violencia en el Líbano meridional, lamentó las pérdidas de vidas de civiles y miembros de la FPNUL e instó a todas las partes a que procedieran con moderación.
El 20 de abril, en una declaración del Presidente, se notificó la decisión de Israel de proceder a la retirada de sus fuerzas presentes en el Líbano, de conformidad con las resoluciones 425 (1978) y 426 (1978). El Consejo opinó que sería necesaria la cooperación de todas las partes para evitar un empeoramiento de la situación y celebró la decisión del Secretario General de enviar a la región a su Enviado Especial, Sr. Terje Roed-Larsen.
[En la resolución 425 (1978), se exhortó a Israel a que cesara inmediatamente su acción militar contra el Líbano y retirara sus fuerzas. En esa resolución también se definió el papel que desempeñaría la FPNUL, a saber, confirmar el retiro de las fuerzas israelíes, restaurar la paz y la seguridad internacionales y ayudar al Gobierno del Líbano a asegurar el restablecimiento de su autoridad efectiva en la zona. De hecho, la FPNUL quedó establecida en virtud de la resolución 426 (1978).]
El 23 de mayo, en otra declaración formulada por su Presidente, el Consejo suscribió el informe del Secretario General en el que expresaba su intención de tomar todas las medidas necesarias para que la FPNUL pudiera confirmar que había tenido lugar, de conformidad con su resolución 425, una retirada completa de las fuerzas israelíes, y adoptara todas las disposiciones que fuera menester para hacer frente a las posibles eventualidades. El Consejo también exhortó a todas las partes interesadas a actuar con la máxima moderación y a cooperar con la FPNUL.
El 18 de junio, el Consejo emitió una nueva declaración del Presidente, en la que hizo suya la conclusión del Secretario General de que, al 16 de junio, Israel había retirado sus fuerzas del Líbano. Sin embargo, expresó su profunda preocupación por las violaciones que habían tenido lugar en la frontera desde el 16 de junio y exhortó a las partes a que respetaran la línea identificada por las Naciones Unidas. Señaló que las Naciones Unidas no podían ejercer funciones de mantenimiento de la ley y el orden que incumbían al Gobierno del Líbano, y pidió a este país que, con la asistencia de la FPNUL, desplegara las fuerzas armadas libanesas lo antes posible en el territorio que acababa de desocupar Israel. Subrayó también que el redespliegue de la FPNUL debiera llevarse a cabo en coordinación con el Gobierno del Líbano.
El 27 de julio, el Consejo, en virtud de su resolución 1310 (2000), aprobada unanimidad, prorrogó el mandato de la FPNUL por un período adicional de seis meses hasta el 31 de enero de 2001. En la resolución se formuló un llamamiento al Gobierno del Líbano para que garantizara el retorno de su efectiva autoridad en el sur y procediera a un importante despliegue de sus fuerzas armadas a la mayor brevedad posible.
En 2000, el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) fue prorrogado en dos ocasiones: el 31 de mayo, en virtud de la resolución 1300 (2000), hasta el 30 de noviembre, y el 27 de noviembre, en virtud de la resolución 1328 (2000), hasta el 31 de mayo de 2001.
En una declaración del Presidente relativa a la primera renovación del mandato, el Consejo tomó nota de que, a pesar de la tranquilidad que reinaba en el sector sirio-israelí, la situación en el Oriente Medio seguía siendo potencialmente peligrosa, y seguiría siéndolo mientras no se llegara a un acuerdo amplio sobre el problema del Oriente Medio.
La situación en el Oriente Medio
Después del estallido de violencia que siguió a la visita de Ariel Sharon, líder del Partido Likud de Israel, a Al-Haram Al-Sharif , Jerusalén, el 28 de septiembre, el Consejo celebró, del 3 al 5 de octubre, tres reuniones para deliberar sobre la situación en el Oriente Medio, incluida la cuestión de Palestina, y escuchó las intervenciones de más de 40 oradores.
Durante el debate, numerosos oradores señalaron que el Consejo debía tomar medidas para asegurar el cumplimiento de sus responsabilidades, en particular respecto del pueblo palestino, así como de la aplicación de sus resoluciones anteriores. Los oradores criticaron severamente el uso excesivo de la fuerza por parte del Gobierno de Israel en respuesta a las protestas de los palestinos.
El representante de Israel dijo al Consejo que era lamentable que en un momento tan delicado del proceso de paz en el Oriente Medio, los palestinos hubieran decidido una vez más recurrir a la violencia para obtener beneficios políticos.
El Observador Permanente de Palestina afirmó que lo ocurrido podía explicarse solamente como un intento de Israel por quebrar la voluntad del pueblo palestino y que el Consejo debía poner fin de inmediato a la brutal campaña de Israel y a las violaciones del derecho internacional cometidas por ese país.
Después del debate público, el Consejo se reunió el 7 de octubre y aprobó la resolución 1322 (2000) por 14 votos contra ninguno y 1 abstención (Estados Unidos). En la resolución, se deploraba la provocación realizada el 28 de septiembre y la violencia empleada posteriormente, que había causado la muerte de más de 80 palestinos. Condenó todos los actos de violencia, especialmente el uso excesivo de la fuerza contra los palestinos. Asimismo, destacó la importancia de establecer un mecanismo para la investigación objetiva de los acontecimientos ocurridos desde el 28 de septiembre, con miras a prevenir su repetición.
El 22 de noviembre, en el curso de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad sobre el Oriente Medio, el Observador Permanente de Palestina pidió que se tomaran medidas concretas para poner fin a las violaciones cometidas por Israel contra el pueblo palestino. Por su parte, el representante de Israel dijo que los dirigentes palestinos habían seguido pidiendo una escalada del conflicto actual.
El Movimiento de los Países No Alineados pidió al Consejo que estudiara seriamente el despliegue inmediato de una fuerza de protección en la región. Los Estados Unidos dijeron que la introducción de observadores externos exigía el acuerdo de las partes en el conflicto. El Consejo no debía imponer algo a lo que se oponía una u otra parte.
El 18 de diciembre, el Consejo se reunió para examinar un proyecto de resolución que tenía por objeto establecer una fuerza de observadores militares y de policía en los territorios palestinos ocupados, pero el proyecto no alcanzó la mayoría necesaria de nueve votos para su aprobación (8 votos contra ninguno y 7 abstenciones).
Varios oradores dijeron que, si bien una fuerza de observación podría ser conveniente en algún momento, la coyuntura no era apropiada, teniendo en cuenta el proceso de negociaciones de paz que estaba teniendo lugar. Otros oradores opinaron que el Consejo no debería esperar a que concluyeran las gestiones de paz bilaterales y que el establecimiento de una fuerza de observación podía contribuir significativamente a la estabilidad.
El Observador Permanente de Palestina dijo que el Consejo había demostrado una vez más a los palestinos que no podían confiar en él para que se hiciera justicia.
El Consejo siguió vigilando de cerca la situación en Kosovo en el año 2000, y se reunió nueve veces para examinarla. El 11 de mayo, en la primera sesión abierta del año sobre la situación en Kosovo, el jefe de la misión del Consejo a la provincia, que acababa de regresar, dijo que la comunidad internacional había hecho una gran inversión en Kosovo y que la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) no podía permitirse fallar. Kosovo estaba empezando a volver a la normalidad, pero la situación en materia de seguridad seguía siendo un problema grave para la UNMIK y para la KFOR (la fuerza internacional dirigida por la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN)).
Al informar al Consejo el 9 de junio, el Representante Especial del Secretario General y jefe de la UNMIK, Sr. Bernard Kouchner, dijo que la UNMIK necesitaría años para cumplir su tarea y para ayudar a construir una sociedad fundada en la tolerancia y la democracia. Tras la depuración étnica, las sanciones y los bombardeos, no había quedado nada en Kosovo. La situación seguía siendo precaria para la población no albanesa y debían tomarse medidas adicionales para proteger a las minorías. La protección de los refugiados repatriados seguía siendo un objetivo importante.
El 13 de julio el Subsecretario General de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Sr. Hédi Annabi, presentó un informe al Consejo en que decía que persistían la violencia contra las minorías étnicas y el boicoteo del empadronamiento para las elecciones municipales y no había participación plena en las estructuras administrativas locales.
Cuando volvió a informar al Consejo, el 24 de agosto, el Sr. Annabi dijo que, una vez concluido el empadronamiento para las elecciones municipales, el centro de la atención había pasado a las elecciones, que se celebrarían el 28 de octubre. En el período previo a las elecciones era motivo de preocupación el aumento de la violencia relacionada con la política. Por consiguiente, la Misión estaba ajustando las prioridades de la policía para hacer frente a este problema.
El representante de la Federación de Rusia dijo que la presencia internacional en Kosovo no había podido poner fin a la provocación armada, y que seguir adelante con las elecciones municipales era imprudente. El Representante Especial del Secretario General sería considerado responsable de las consecuencias de esas elecciones, que estaban allanando el camino para separar a Kosovo de Yugoslavia.
El 27 de septiembre el Consejo escuchó otra exposición informativa del Sr. Kouchner. En la sesión de información del Consejo celebrada el 16 de noviembre, el Sr. Kouchner dijo que las elecciones municipales de Kosovo del 28 de octubre habían sido reconocidas como un éxito técnico y como una victoria para la incipiente democracia de Kosovo. Sin embargo, la situación en la provincia no había cambiado radicalmente con el advenimiento de la democracia en Belgrado [el Sr. Kouchner se refería a las elecciones en que el Sr. Vojislav Kostunica fue elegido Presidente de la República Federativa de Yugoslavia]. Kosovo seguía siendo una sociedad en crisis. Los albaneses de Kosovo habían acogido con agrado el nuevo régimen de Belgrado, pero todavía deseaban la independencia.
En respuesta a la exposición informativa, el representante de la República Federativa de Yugoslavia dijo al Consejo que estaba dispuesto a trabajar para lograr una autonomía sustancial para Kosovo, pero que cualquier otra solución tendría consecuencias para toda la región.
Los acontecimientos movieron al Consejo a emitir una declaración por conducto de su Presidente el 22 de noviembre en la que se pidió que se abriera inmediatamente una investigación exhaustiva para llevar ante la justicia a los autores de los dos ataques que se habían producido en Kosovo y en el sur de Serbia. El Consejo condenó enérgicamente los ataques.
El Sr. Annabi hizo la última exposición informativa abierta del año sobre Kosovo el 19 de diciembre. Dijo que las elecciones municipales, con una participación de más del 80%, habían sido un acontecimiento muy importante en la provincia. Los ataques políticos habían vuelto a los niveles de mediados del verano, aunque la KFOR y la UNMIK seguían tratando de controlarlos. Advirtió que miles de familias correrían peligro durante el invierno si no se les suministraban carbón y leña.
Tras la exposición informativa del Sr. Annabi, el Ministro Federal de Relaciones Exteriores de Yugoslavia dijo que su Gobierno había señalado a la atención de los miembros del Consejo la grave situación reinante en el sur de Serbia a causa de la acción de los extremistas de origen albanés, y que había esperado una respuesta.
Muchos oradores encomiaron la labor del Sr. Kouchner, que dejaría su cargo a principios de 2001. Sin embargo, el representante de la Federación de Rusia dijo que el sucesor del Sr. Kouchner, el Sr. Hans Haekkerup, debía aprovechar las enseñanzas del triste pasado de su predecesor. Añadió que el cambio de liderazgo ofrecía la oportunidad de organizar mejor el futuro de la Misión.
En una reunión aparte celebrada inmediatamente después de la sesión de información abierta, el Consejo formuló una declaración por conducto de su Presidente en que condenó enérgicamente las acciones violentas de grupos extremistas de origen albanés en el sur de Serbia e instó a cesar inmediatamente la violencia en esa zona. El Consejo instó a la retirada inmediata de la zona de todos los no residentes dedicados a actividades extremistas.
Este año el Consejo se reunió nueve veces para examinar la situación de Bosnia y Herzegovina, incluidas siete sesiones de información abiertas. El 21 de junio de 2000 prorrogó el mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina (UNMIBH) por 12 meses, hasta el 21 de junio de 2001.
En la última sesión de información del año sobre Bosnia y Herzegovina, celebrada el 12 de diciembre, el Representante Especial del Secretario General y Coordinador de la UNMIBH, Sr. Jacques Paul Klein, indicó tres razones para aprovechar una oportunidad histórica de poner fin a un decenio trágico en la región de los Balcanes: los cambios democráticos ocurridos en Croacia y Yugoslavia, la dedicación de la Unión Europea a la integración de la Europa sudoriental y los progresos que se habían hecho, aunque despacio, en la construcción de la infraestructura para el funcionamiento del Estado.
Lo realmente desalentador, añadió, era que, después de cinco años, una proporción considerable de la población siguiera apoyando a los que la habían llevado a la guerra, pero no podían llevarla a la integración en Europa.
Tras esa exposición informativa, el representante de la Federación de Rusia dijo que el enfoque del Representante Especial daba un buen ejemplo para otros representantes especiales. Sin embargo, había llegado el momento de examinar el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia a la luz de los acontecimientos de la región.
Un legislador de los Estados Unidos, el Sr. Joseph Biden, también habló en la reunión, y dijo que la lección de la UNMIBH era el valor que tenían los mandatos claros, creíbles y alcanzables.
No pudo lograrse durante el año una solución política completa con respecto al estatuto político de Abjasia dentro del Estado de Georgia. En vista de ello, el Consejo prorrogó dos veces el mandato de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG), la última hasta el 31 de enero de este año.
En una declaración leída por su Presidente el 14 de noviembre, el Consejo exhortó a las partes, especialmente a la parte abjasia, a que adoptaran medidas inmediatas para salir del punto muerto y las instó a que hicieran todo lo posible para lograr progresos sustantivos sin más demora. El Consejo también exhortó a las partes a que acordaran y adoptaran medidas concretas para la aplicación de disposiciones eficaces para garantizar la seguridad de los refugiados y las personas desplazadas internamente que ejercían su derecho incondicional a volver a sus hogares.
Observando que el Gobierno de Chipre había acordado que, en vista de las condiciones que reinaban en la isla, la presencia de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) debía mantenerse, el Consejo prorrogó dos veces, el 14 de junio y el 13 de diciembre, el mandato de la Fuerza por un nuevo período de seis meses. El mandato actual expirará el 15 de junio de 2001. Prosiguen los esfuerzos bajo los auspicios del Secretario General de apoyar las conversaciones encaminadas a una solución definitiva de los problemas del país.
El 13 de julio, cinco años después de la caída de Srebrenica, el Consejo rindió homenaje a las víctimas de la matanza. Señaló que en una semana, en una zona designada zona segura por las Naciones Unidas, habían sido asesinados miles de civiles inocentes, y otros miles reubicados a la fuerza. El Consejo recordó su determinación de velar por que se aplicara todo el peso de la justicia mediante la labor del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, para que no se repitieran tales crímenes.
En una reunión posterior, celebrada el 26 de octubre, el Sr. Wolfgang Petritsch, Alto Representante para la Aplicación del Acuerdo de Paz sobre Bosnia y Herzegovina, informó a los miembros del Consejo de su intención de asignar un terreno en Srebrenica para enterrar a las víctimas de la matanza, y erigir un monumento en su memoria.
Sesiones de información sobre los Balcanes
El Consejo escuchó este año dos exposiciones informativas del Sr. Carl Bildt, Enviado Especial del Secretario General para los Balcanes, sobre la situación de los Balcanes en general, el 28 de febrero y el 23 de junio. Ambas se hicieron antes de las elecciones presidenciales de Serbia que condujeron a la elección del Sr. Kostunica y a la admisión de la República Federativa de Yugoslavia como Miembro de las Naciones Unidas.
En la segunda de las exposiciones informativas, el Sr. Bildt dijo que allanar el camino para la integración de los Balcanes en Europa sería un medio vital de lograr la estabilidad a largo plazo en la región. El futuro de la República Federativa de Yugoslavia era la cuestión regional más urgente, ya que no podría haber estabilidad regional sin estabilidad en dicho país. El hecho de que ciertas personas importantes de Yugoslavia siguieran negándose a aceptar las inculpaciones del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia era peligroso, principalmente para la República Federativa, pero también para toda la región.
En un discurso sin precedentes que pronunció ante el Consejo en esa reunión, el Sr. Javier Solana, Secretario General del Consejo de la Unión Europea y Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión, dijo que, aunque no había garantía de que no surgiría otra crisis en Los Balcanes, no le cabía duda de que, si la hubiera, se superaría.
Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka
El Consejo se reunió dos veces en 2000 para prorrogar el mandato de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Prevlaka (MONUP), la última el 13 de julio, cuando autorizó a la Misión para que siguiera supervisando la desmilitarización de la península durante seis meses más, hasta el 15 de enero de 2001, por la resolución 1307 (2000). En la misma resolución el Consejo reiteró su llamamiento a las partes para que pusieran término a las violaciones en las zonas designadas por las Naciones Unidas y tomaran nuevas medidas para reducir la tensión y aumentar la seguridad en la zona. También debían velar por la seguridad y la plena y total libertad de circulación de los observadores.
El 15 de marzo el Consejo emitió una declaración de su Presidente sobre el tema de Haití. En el texto se encomió al representante y a las misiones de las Naciones Unidas en Haití por haber prestado asistencia al Gobierno en la profesionalización de la Policía Nacional de Haití, la consolidación del sistema de justicia y de otras instituciones nacionales de Haití y la promoción de los derechos humanos.
El Consejo también expresó su gratitud a todos los países que habían contribuido al éxito de las misiones en Haití. Destacó que la celebración puntual de elecciones libres e imparciales era fundamental para la democracia y todos los aspectos del desarrollo de Haití y reconoció que una asistencia internacional considerable era indispensable para el desarrollo sostenible del país.
Sesiones de información abiertas, debates y cuestiones diversas
La mujer y el mantenimiento de la paz
El 24 y el 25 de octubre el Consejo celebró una reunión abierta de dos días para examinar la cuestión de la mujer, la paz y la seguridad. Durante el debate la gran mayoría de los oradores destacó la necesidad de incluir a la mujer en todos los aspectos de las iniciativas de consolidación de la paz y favoreció concretamente la participación de la mujer en los procesos de adopción de decisiones.
Algunos hicieron hincapié en que la mujer debía participar a los niveles local, nacional, regional e internacional; otros destacaron la importancia de dar a más mujeres los cargos de representante y enviada especial de la Organización. Se pidió al Secretario General que remediara este desequilibrio.
En la declaración que hizo el 8 de marzo con motivo del Día de las Naciones Unidas de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, el Secretario General Kofi Annan dijo que el Consejo de Seguridad había declarado que el mantenimiento y la promoción de la paz y la seguridad requerían que las mujeres participaran por igual en la adopción de decisiones, y añadió: "Estoy aquí hoy para pedirles que hagan todo lo posible por traducir esa declaración en acción".
El Consejo volvió a examinar el tema el 31 de octubre, y esta vez aprobó por unanimidad la resolución 1325 (2000), en la que se pidió a todos los que participaran en la negociación y aplicación de acuerdos de paz que adoptaran una perspectiva de género en que se tuvieran en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante los procesos de repatriación y el reasentamiento y en las actividades de rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción después de los conflictos.
Esa perspectiva de género incluiría medidas para apoyar las iniciativas de paz de las mujeres y los procesos autóctonos de solución de conflictos. Estas medidas debían incluir la participación de la mujer en todos los mecanismos de aplicación de los acuerdos de paz, y velar por el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, particularmente en lo relativo a la constitución, el sistema electoral, la policía y el sistema judicial.
En un debate celebrado el 26 de julio sobre el tema de los niños y los conflictos armados, el Sr. Olara Otunnu, Representante Especial del Secretario General para la cuestión, dijo que la comunidad internacional debía hacer mucho más por dar educación a los niños afectados por la guerra y atender las necesidades especiales de las niñas durante y después de los conflictos. En los dos últimos años, se habían contraído compromisos concretos en relación con la protección de los niños. Ahora la tarea era asegurar el cumplimiento
La Directora Ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Sra. Carol Bellamy, dijo al Consejo que muchos de los valores, principios y compromisos concretos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, seguían sin cumplirse, al igual que los de la resolución 1261 (1999) del Consejo de Seguridad.
El cumplimiento de esas obligaciones requería defender cada día los derechos del niño, ante funcionarios públicos, rebeldes, comandantes, representantes de la sociedad civil y los mismos niños y jóvenes. También significaba que los miembros del Consejo debían convertir las palabras en hechos. Debía hacerse sentir a todos los que violaban los derechos de los niños o toleraban dichas violaciones la repugnancia de las personas civilizadas de todo el mundo.
Después de esa sesión, el Consejo aprobó por unanimidad el 11 de agosto la resolución 1314 (2000) sobre los niños y los conflictos armados. En esta resolución se expresó profunda preocupación por la relación entre el comercio ilícito de recursos naturales y los conflictos armados, así como por la relación entre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y los conflictos armados, que podían prolongar esos conflictos e intensificar sus repercusiones en los niños.
En la misma resolución se subrayó la importancia de tener en cuenta las necesidades y vulnerabilidades especiales de las niñas afectadas por los conflictos armados. El Consejo pidió que en la elaboración de políticas y programas, incluidos los relacionados con la prevención, el desarme, la desmovilización y la reintegración, se tuvieran en cuenta los derechos humanos, la protección y el bienestar de dichas niñas.
El 17 de julio el Consejo de Seguridad aprobó por primera vez una resolución sobre una cuestión de salud, el VIH/SIDA. En la resolución 1308 (2000) instó a los Estados Miembros a que consideraran la posibilidad de examen y asesoramiento voluntarios para el personal que fuera a ser desplegado en operaciones de mantenimiento de la paz. Asimismo expresó preocupación por las consecuencias adversas que podría tener el VIH/SIDA en la salud del personal internacional de mantenimiento de la paz, incluido el personal de apoyo.
En la resolución se pidió al Secretario General que adoptara medidas para impartir formación al personal de mantenimiento de la paz en la prevención del VIH/SIDA y que siguiera elaborando normas de orientación antes del despliegue y la capacitación permanente sobre este asunto.
En la misma resolución el Consejo tomó nota de los esfuerzos de los Estados Miembros que habían reconocido la existencia del problema del VIH/SIDA y que habían elaborado programas nacionales. El Consejo instó a los Estados Miembros que aún no lo hubieran hecho a que consideraran la posibilidad de elaborar, en colaboración con la comunidad internacional y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), estrategias eficaces a largo plazo de educación, prevención, examen y asesoramiento voluntarios y confidenciales respecto del VIH/SIDA.
El Consejo de Seguridad, acogiendo con beneplácito el informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (el "Informe Brahimi") y el informe del Secretario General sobre su aplicación, resolvió, mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1327 (2000) el 13 de noviembre, conferir a las operaciones de mantenimiento de la paz unos mandatos claros, convincentes y viables.
En la extensa resolución de siete partes se reconocía la importancia crítica de que las operaciones de mantenimiento de la paz tuvieran, según fuera apropiado, una capacidad de disuasión convincente. Además, se exhortaba a las partes en futuros acuerdos de paz a que cooperaran plenamente con las Naciones Unidas desde la etapa inicial de las negociaciones.
El Consejo pidió a la Secretaría que siguiera organizando sesiones informativas amplias en relación con las cuestiones pertinentes y también pidió que se organizaran sesiones informativas periódicas sobre cuestiones militares. Estas sesiones debían proporcionar datos sobre factores militares clave, entre ellos la vía jerárquica de mando y la estructura de las fuerzas y la cohesión de las fuerzas, la capacitación y el equipo, la evaluación de los riesgos y las normas para trabar combate. Asimismo, se pidió que se organizaran sesiones informativas amplias sobre cuestiones humanitarias relativas a los países donde se realizaran operaciones para el mantenimiento de la paz.
El Grupo sobre las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, establecido por el Secretario General en marzo de 2000 y presidido por el Sr. Lakhdar Brahimi de Argelia, había publicado su informe el 21 de agosto, y el Consejo había establecido después, el 3 de octubre, un grupo de trabajo para examinar las recomendaciones del informe.
Entre las recomendaciones estaban las siguientes: reestructuración amplia del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz; creación de una nueva unidad de información y análisis estratégico que prestara servicios a todos los departamentos de las Naciones Unidas encargados de cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad; creación de un grupo de tareas integrado en la Sede encargado de planificar y prestar apoyo a cada misión de mantenimiento de la paz desde el principio; y uso más sistemático de la tecnología de la información.
El Consejo se reunió cuatro veces durante el año para tratar cuestiones relativas a los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y Rwanda. El 2 de junio, la Sra. Carla Del Ponte, Fiscal de ambos Tribunales, informó al Consejo. El 20 de junio Claude Jorda, Presidente del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, hizo una declaración ante el Consejo. El Consejo volvió a examinar los Tribunales el 21 de noviembre, cuando, además de oír a la Sra. Del Ponte y al Magistrado Jorda, también oyó un informe del Sr. Navanethem Pillay, Presidente del Tribunal para Rwanda.
El 30 de noviembre el Consejo aprobó la resolución 1329 (2000), en virtud de la cual estableció un cuerpo de magistrados ad lítem del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y aumentó el número de magistrados en las Salas de Apelaciones de los Tribunales Internacionales. También decidió que se eligieran dos nuevos magistrados del Tribunal Internacional para Rwanda y que, una vez elegidos, ocuparan su cargo hasta la fecha en que expirara el mandato de los magistrados actuales.
El 20 de julio, durante el debate del Consejo sobre la prevención de los conflictos armados, el Secretario General, Sr. Kofi Annan, dijo que la prevención de los conflictos debía ser la piedra angular de la seguridad colectiva en el siglo XXI.
El Secretario General explicó que esto no se lograría con grandes gestos ni mediante consideraciones a corto plazo, sino que exigiría cambiar actitudes profundamente arraigadas. Los dirigentes debían reconocer la necesidad de adoptar medidas preventivas, a veces incluso antes que hubiera indicios evidentes de una crisis. También debían reconocer que la comunidad internacional podía desempeñar un papel constructivo en las situaciones internas y que esto podía fortalecer la soberanía y no debilitarla. A su vez, los Estados debían dar a las instituciones encargadas de la prevención el apoyo que necesitaban con tanta urgencia.
Durante el debate, que duró todo el día y en el cual se hicieron 30 declaraciones, los oradores subrayaron la necesidad de una nueva cultura de prevención y de paz. Hicieron hincapié en que debía prestarse atención al desarrollo económico y social sano y equilibrado.
Desarme, desmovilización y reinserción de los excombatientes
El 23 de marzo el Consejo oyó a 31 oradores en un debate abierto sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad y la consolidación de la paz después de los conflictos. En la sesión el Secretario General Sr. Kofi Annan dijo que el proceso de desarme, desmovilización y reinserción constituía el meollo de los esfuerzos de mantenimiento de la paz, no sólo para llevar estabilidad a las zonas de conflicto, sino también para atacar las causas profundas de los conflictos. El Secretario General instó al Consejo a que considerara ese proceso como una parte del enfoque multifacético necesario para el éxito de las actividades de mantenimiento de la paz en el siglo XXI.
El Consejo, en una declaración de su Presidente emitida al fin del debate, destacó que la dedicación política de las partes era condición indispensable del éxito de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración. El Consejo subrayó la importancia de desarmar, desmovilizar y reintegrar a los niños soldados, así como de tener en cuenta los problemas que afrontaban los niños afectados por la guerra en las zonas de las misiones. Acogió con beneplácito la iniciativa del Secretario General de incluir en todas las operaciones de mantenimiento de la paz personal con la formación necesaria en derecho internacional humanitario, derecho de los derechos humanos y derecho de a los refugiados.
Estrategias de salida para las operaciones de mantenimiento de la paz
El Consejo celebró una sesión el 15 de noviembre para examinar la cuestión del fin de las misiones de mantenimiento de la paz y la transición posterior, en la cual 34 oradores hablaron sobre el tema "Que no haya salida sin una estrategia". Muchos oradores subrayaron la importancia de una transición suave de la etapa de conflicto a la de consolidación de la paz después del conflicto.
El Presidente del Consejo, Sr. Peter van Walsum (Países Bajos), dijo que no podía haber una garantía absoluta de que una operación de paz, una vez iniciada, se continuaría hasta que se dieran las condiciones para pasar ordenadamente a la etapa de consolidación de la paz después del conflicto. El Consejo debía estudiar la cuestión de cómo pueden las Naciones Unidas, cuando la paz se derrumba, limitar los daños causados por la inevitable terminación de la operación de paz.
El representante de Italia dijo que, demasiado a menudo, la estrategia de salida había sido poco más que un camino de escape. Se debía establecer una conexión funcional entre la prevención de conflictos y la posible acción en caso de crisis.
El representante de Tailandia preguntó si era necesario que las Naciones Unidas intervinieran en cada situación de conflicto. Las organizaciones regionales podrían encargarse de algunos conflictos y, en otros casos, las Naciones Unidas también podrían proponer o aprobar coaliciones de los que estuvieran dispuestos a intervenir.
Aspectos humanitarios de las cuestiones que tiene ante sí el Consejo
De acuerdo con la declaración del Presidente del Consejo de 9 de marzo, el apoyo financiero insuficiente podía socavar los esfuerzos de mitigar el sufrimiento humano. Por tanto, el Consejo pidió apoyo financiero suficiente para las actividades humanitarias y subrayó la importancia de que las instituciones financieras internacionales asignaran cuanto antes los fondos necesarios.
El Consejo, al tiempo que reafirmó su adhesión a los principios de independencia política, igualdad soberana e integridad territorial de todos los Estados, destacó la importancia de prestar asistencia a todos los necesitados, en particular a los grupos vulnerables afectados por conflictos armados.
La declaración del Consejo siguió a un debate de un día sobre la cuestión. El Secretario General Sr. Kofi Annan, que fue uno de los 29 oradores, dijo al Consejo que muchos acuerdos de paz se derrumbaban antes de aplicarse y muchos Estados volvían a entrar en conflicto, en parte porque no había recursos suficientes para fomentar la recuperación y la estabilidad después del conflicto. El Consejo debía encontrar medios de evitar esta tendencia trágica y derrochadora.
El representante de la India dijo que la intervención del Consejo de Seguridad en cuestiones humanitarias tendía a suscitar caos e ilegalidad. El Consejo no tenía ninguna función según el derecho convencional humanitario o de derechos humanos y su intervención podía ser ilegal en virtud del marco jurídico internacional vigente. La ayuda humanitaria debía ser neutral y ofrecerse solamente cuando los Estados la solicitaran.
El representante de los Estados Unidos planteó la cuestión de la protección desigual e insuficiente de las personas internamente desplazadas. Debía prestarse asistencia a las personas sin hogar y a las que necesitaban ayuda, independientemente de que hubieran cruzado una frontera internacional. Las Naciones Unidas también debían estudiar maneras de garantizar la seguridad y la neutralidad de los campamentos de refugiados.
Violencia contra el personal humanitario
El 9 de febrero 31 oradores, entre ellos la Vicesecretaria General, Sra. Louise Fréchette, y la Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Sra. Catherine Bertini, hablaron ante el Consejo sobre el tema de la violencia contra el personal de las Naciones Unidas, el personal asociado y el personal de asistencia humanitaria. En una declaración del Presidente que se emitió después del debate, el Consejo instó a los Estados a que tomaran medidas inmediatas y eficaces para procesar a los responsables de esos actos de violencia. También condenó la violencia de que habían sido víctimas el personal de las Naciones Unidas y el personal de asistencia humanitaria.
Protección de los civiles en los conflictos
El 19 de abril el Consejo se reunió para examinar la protección de los civiles en los conflictos. Tras un debate en que muchos oradores, entre ellos el Secretario General, subrayaron la urgente necesidad de resolver el problema, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1296 (2000). En ella tomó nota de que los ataques dirigidos deliberadamente contra las poblaciones civiles u otras personas protegidas y las violaciones generalizadas del derecho humanitario internacional y de los derechos humanos en situaciones de conflicto, podían constituir amenazas para la paz y la seguridad internacionales. El Consejo también afirmó que estaba dispuesto a examinar la posibilidad de establecer misiones preventivas cuando fuera conveniente.
El 6 de diciembre el Sr. Hans Corell, Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, en la exposición que hizo ante el Consejo de Seguridad acerca de las medidas internacionales adoptadas para luchar contra el terrorismo, dijo que los Estados debían comprender que la cooperación era indispensable para luchar con éxito contra el terrorismo.
Tras la declaración del Sr. Corell, varios oradores subrayaron la importancia de elaborar un convenio completo y de base amplia para reprimir el terrorismo internacional. Otros apoyaron la adopción de acuerdos regionales para hacer frente al problema del terrorismo en una región.
Al fin de la reunión, el Presidente del Consejo hizo una declaración en que condenó todos los actos de terrorismo, cualquiera que fuera su motivo. Acogió con beneplácito la labor realizada por la Asamblea General y otros órganos para combatir el terrorismo internacional. Asimismo instó a todos los Estados a que aplicaran plena y rápidamente las disposiciones de la resolución 1269 (1999), en la cual se condenaba de forma inequívoca todos los actos de terrorismo y se exhortaba a todos los Estados a que cooperasen para prevenirlos y reprimirlos.
Sanciones de las Naciones Unidas
En un debate especial sobre los regímenes de sanciones de las Naciones Unidas, celebrado el 17 de abril, muchos oradores pidieron que se afinaran y se hicieran más eficaces. Los representantes acogieron con satisfacción la decisión de los miembros del Consejo de establecer directrices para un grupo de trabajo encargado de aumentar la eficacia de las sanciones de las Naciones Unidas. Pidieron que los regímenes de sanciones se definieran y orientaran claramente y que se adaptaran con precisión a la situación en que se aplicarían. Algunos también instaron a simplificar los procedimientos para aprobar exenciones por razones humanitarias y propusieron estudiar los efectos secundarios negativos de las sanciones en terceros Estados antes de aplicarlas.
El Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos, Sr. Kieran Prendergast, al informar antes al Consejo sobre el tema, sugirió que las resoluciones del Consejo de Seguridad que establecieran sanciones especificaran los criterios para el levantamiento o la suspensión de las sanciones.
Reunión de la Cumbre del Milenio
El 7 de septiembre, durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad celebró una reunión a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno. Los dirigentes del Consejo aprobaron una declaración que reafirmaba su determinación de asignar igual prioridad al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales en todas las regiones del mundo. En la declaración se comprometían a garantizar la eficacia de la función del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, en particular en África. Al concluir la reunión, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1318 (2000), a la que se anexó la declaración. Dirigieron la palabra al Consejo los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Unidos, la Argentina, China, Francia, Namibia, la Federación de Rusia, Túnez, Ucrania, Bangladesh, el Canadá, Jamaica, los Países Bajos, el Reino Unido y Malí, y el Ministro de Relaciones Exteriores de Malasia.
Último informe de la Alta Comisionada para los Refugiados saliente
El 10 de noviembre, la Sra. Sadako Ogata, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, en su última exposición informativa ante el Consejo de Seguridad, afirmó que, en la mayoría de las partes del mundo donde el organismo que ella dirigía y sus asociados tenían que actuar, los mecanismos para resolver los problemas de seguridad eran lentos y engorrosos y no estaban adaptados a los nuevos tipos de conflicto, o no existían.
El personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) iba sin armas a lugares aislados y peligrosos, donde era cada vez más blanco de ataques y víctima de asesinato brutal. La demora entre el comienzo de las actividades humanitarias y el de las operaciones de paz seguía aumentando. Los movimientos de población se habían convertido en causa y medio de transmisión de inseguridad e inestabilidad graves, pero se había hecho poco por resolver el problema.
La Sra. Ogata terminó un período de servicio de casi 10 años en el cargo de Alta Comisionada el 31 de diciembre. El Sr. Ruud Lubbers, ex Primer Ministro de los Países Bajos, le sucedió en el cargo.
Elección para la Corte Internacional de Justicia
El 2 de marzo el Consejo de Seguridad, reunido independientemente pero al mismo tiempo que la Asamblea General, eligió al Sr. Thomas Buergenthal (Estados Unidos) miembro de la Corte Internacional de Justicia para ocupar la vacante creada por la dimisión del magistrado Stephen Schwebel (Estados Unidos). El Sr. Buergenthal ocupará el cargo durante el resto del mandato de su predecesor, que termina el 5 de febrero de 2006.
Este año, el Consejo de Seguridad recomendó a la Asamblea General, el 17 de febrero y el 31 de octubre respectivamente, que los Estados de Tuvalu y de la República Federativa de Yugoslavia fueran admitidos como Miembros de las Naciones Unidas. La Asamblea General, que toma la decisión definitiva en tales casos, aprobó ambas candidaturas.
Aprobación del informe anual del quincuagésimo quinto período de sesiones
El 31 de agosto el Consejo aprobó su quincuagésimo quinto informe anual a la Asamblea General, que abarcaba el período comprendido entre el 16 de junio de 1999 y el 15 de junio de 2000.
Durante el año examinado, el Consejo celebró 144 sesiones oficiales, aprobó 57 resoluciones y emitió 38 declaraciones por conducto de sus Presidentes. Además, los miembros del Consejo celebraron 194 consultas plenarias, que sumaron 394 horas. El Consejo examinó más de 85 informes del Secretario General y examinó y procesó más de 1.165 documentos y comunicaciones de Estados y organizaciones regionales y otras organizaciones intergubernamentales.

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