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Timestamp: 2020-04-05 07:49:54+00:00

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Acumulación originaria del capital: Proletarización del campesino.
Tierras de la Iglesia: Tierras cedidas por arrendamientos o censos.
Periclitar: Declinar.
Mecanización: Composición orgánica del capital.
Plusvalía: Parte de la renta correspondiente a los beneficios, que por regla general se apropia el dueño.
Renta absoluta: Originada en el monopolio territorial y por el atraso tecnológico.
Renta derivada: Precios del monopolio que resultan de una transferencia de plusvalor desde el sector industrial.
Modelo capitalista peninsular: Industrialización a través del capital financiero de rentas en actividades especulativas.
Mayorazgo: Forma de propiedad vinculada que impide a su titular disponer en vida de los bienes vinculados e impone un orden sucesorio preferente, además, el bien vinculado debe pasar íntegro al heredero preferente (generalmente el primogénito mayor.
Burguesía agraria: Formada por propietarios rentistas que luchan por imponer la propiedad absoluta y particular sobre la tierra.
Vinculación: Mecanismo jurídico utilizado por la Iglesia católica desde la época visigótica que garantizaba la conservación y el incremento de un patrimonio.
Censo anfiteúrico: Medio por el cual se apropia del plusvalor del territorio.
Censo: Dominio útil por el pago de un canon del censualista.
Enfiteusis: Forma de explotación agraria del Antiguo Régimen.
Cuquero: Pequeño prestamista.
Absentismo: Relación lógica del terrateniente con la tierra.
Redención: Intensificación temporal de las rentas feudales.
Racionalización rentista: Establecimiento del sistema terrateniente.
Junkers: Terratenientes alemanes convertidos en capitalistas por la vía prusiana.
Metayaje: Aparcería francesa.
Plusvalor absoluto: Incremento de productividad del trabajo proveniente de la intensificación y extensificación.
Plusvalor relativo: Aumento de su productividad por la inversión del capital.
Malladoras: Trilladora movida mediante un motor de explosión que se llama así en las provincias del norte de España.
Medas Vellas: Metas que quedaban sin trillar de un año a otro.
Introducción de las desamortizaciones
Desamortizaciones: proceso político y económico de larga duración en España (1766-1924), en el cual la acción estatal convirtió en bienes nacionales las propiedades y derechos que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado (sustraído al mercado libre) de diversas entidades civiles y eclesiásticas (manos muertas) para enajenarlos inmediatamente en favor de ciudadanos individuales. Las medidas estatales afectaron a las propiedades plenas (fincas rústicas y urbanas), a los derechos censales (rentas de variado origen y naturaleza), y al patrimonio artístico y cultural (edificios conventuales, archivos y bibliotecas, pinturas y ornamentos) de las instituciones afectadas.
La reforma agraria española del siglo XIX
En la 1ª mitad del siglo XIX la hacienda española está decayendo por la disminución de la renta por las aduanas. Esto ocasiona que España se vea incapaz de cubrir sus necesidades financieras. Se recurre entonces a pedir empréstitos y a las emisiones de deuda. Pero ésto solamente se puede contrarrestar con un nuevo patrimonio: se nacionaliza y vende la propiedad en manos muertas.
La desamortización compone, con la abolición del régimen señorial (supresión de los derechos jurisdiccionales y señoriales) y la desvinculación (liquidación de las limitaciones jurídicas a la libre disposición sobre los bienes, en especial, de la nobleza), la trilogía de la reforma agraria del siglo XIX. Por ello, la desamortización pretendió la formación de una propiedad coherente con el sistema liberal, es decir, la instauración de la propiedad libre, plena e individual que permitiera maximizar los rendimientos y el desarrollo del capitalismo en el campo. El patrimonio de las manos muertas no era ni libre (se trataba de una propiedad amortizada), ni pleno (en ocasiones, había cesión del dominio útil de la propiedad al censatario), ni individual (la titularidad correspondía colectivamente a una institución). La entrada de esta masa de bienes en el mercado se efectuó, en general, a través de dos procedimientos: la subasta al mejor postor como fórmula preferente y más extendida en el caso de propiedades plenas, y la redención por el censatario cuando se trataba de derechos.
Etapas de las desamortizaciones:
1ª DESAMORTIZACIÓN: (1766-1798).
Esta desamortización es la llamada desamortización de Godoy.
En España había un gran desequilibrio presupuestario por causa de las guerras. La solución para paliarlo fue emitir vales reales, pero se emiten demasiados, por lo que se deprecian (Tienen un valor de mercado muy inferior al de emisión). La solución para este nuevo problema podría ser el reducir el número de vales (Quitarlos de la circulación), es decir, liquidarlos con sus intereses, pero no existían fondos con lo que hacerlo, por lo que la única salida es vender bienes. Los primeros decretos legisladores fueron los e septiembre de 1798.
Se expropiaron bienes de la iglesia, bienes de jesuitas que fueron expulsados, venta de colegios mayores, bienes inmuebles de la aristocracia, bienes de hospitales, casas de reclusión, expósitos....
La desamortización afectó a un 15% de tierras eclesiásticas y un 3% de tierras estatales, pero no se realizó por una causa económica, sino para solventar la deuda del estado.
2ª DESAMORTIZACIÓN: (1808 - 1823).
La segunda fase corresponde a la desamortización impulsada durante la guerra de la Independencia por la administración bonapartista y por los legisladores reunidos en Cádiz así como a la efímera obra del Trienio Liberal (1820 - 1823).
Se abolen los señoríos jurisdiccionales. Se suprimen algunos mayorazgos que no se suprimieron en la 1ª desamortización, se venden tierras y municipios de baldíos, bienes comunales.. es decir, va a afectar a muebles e inmuebles de monasterios, conventos y colegios y también a bienes de la aristocracia.
La novedad de esta desamortización es que los bienes se pueden pagar con vales reales. Paralelamente a este proceso, se obliga a reducir el diezmo de la Iglesia, que es sustituido por una nueva contribución (más caudales al estado).
El problema de admitir vales reales al final fue que se venden bienes por valor de 1000 millones, pero se ingresan por caja solamente 100.
Con la restauración del Antiguo Régimen, se va a ordenar devolver los bienes a sus antiguos propietarios, sin reintegrarles el dinero.
3ª DESAMORTIZACIÓN: (1834 - 1854).
Llamada la desamortización de Mendizábal y Espartero.
Tuvo un éxito aparente. En 1833 surgen los problemas de sucesión del rey Fernando VII (Fin de la guerra civil). Mendizábal ordena la disolución de las órdenes religiosas y consigue vender sus bienes. En 1845 se había conseguido vender ya ¾ del patrimonio eclesiástico.
Una gran diferencia con la anterior desamortización, fue que en 1823 se exigían los títulos adquisitivos, mientras que en ésta sólo se exigen pruebas de propiedad. La supresión del régimen señorial perjudica a los campesinos además por otra vía. Los siervos con tierras se convierten ahora en campesinos libres, pero sin tierras. La aristocracia perdió así sus derechos, pero gana en propiedades. Esto hace que en España se produzca la revolución francesa al revés: son los señores los que implantan el capitalismo en el campo (Aunque lo hacen en su provecho). Los señores son los que apoyan la revolución. Los campesinos apoyan la reacción.
4ª DESAMORTIZACIÓN: (1855 - 1924).
Se inaugura con la Ley General de 1 de mayo de 1855 o Ley Pascual Madoz y es por duración y volumen de ventas la más importante. Se completa la enajenación de los bienes de regulares y seculares y, sobre todo, se declara la venta de los patrimonios de todas las manos muertas (bienes municipales, instrucción pública, beneficencia).
Análisis de las leyes desamortizadoras
Ley del 6 de agosto de 1811.
Artículo 1: Explica que se va a realizar una expropiación de cualquier señorío jurisdiccional.
Artículo 2 y 3: Se procederá al nombramiento de nuevos cargos políticos. En el artículo 3 dice que las personas que antes realizaban esos cargos cesarán en su puesto excepto los ayuntamientos y alcaldes que lo abandonarán al finalizar el año.
Artículo 4: Se abole el vasallaje y las prestaciones a título jurisdiccional excepto los procedentes de contrato libre en uso del derecho de propiedad.
Artículo 5: Los señoríos territoriales y solariegos se considerarán propiedad particular si por su naturaleza no deben incorporarse a la nación y si se ha destinado a los fines para los que se adquirió.
Artículo 6: Cualquier contrato o similar para arriendos, censos u otros se harán de particular a particular, y no como señor - vasallo.
Artículo 7: Se abole cualquier privilegio exclusivo, prohibitivo que tengan el mismo origen de señorío quedando de libre uso para el pueblo. El dueño tiene tanto derecho a utilizarlos, como cualquier particular.
Artículo 8: Serán reintegrados del capital de títulos de adquisición los que cumplan las condiciones de los anteriores artículos por título oneroso. Los de recompensa por realizar servicios se les pagará de otra forma.
Artículo 9: Para que se tenga derecho al reintegro anterior se tienen que presentar los títulos de adquisición.
Artículo 10: Los de recompensa por servicios prestados deben presentar la justificación para que se estudie si es válida por el gobierno y las cortes.
Artículo 11: Los casos que sean reconocidos se pagarán el dinero del título de adquisición o se le reconocerá otorgando una escritura hasta la redención del capital.
Artículo 12: En cuanto presenten los títulos serán oídos y estudiados de acuerdo con el artículo anterior.
Artículo 13: No se admite ninguna demanda que impida el cumplimiento de algún artículo anterior, sobreseyéndose en pleitos pendientes. Si hubiera alguna duda de inteligencia en el tribunal, el problema será resuelto por el consejo de regencia con revisión al expediente original.
Artículo 14: Nadie en adelante podrá realizar vasallaje, nombrar jueces.. Si lo hace perderá el derecho de reintegro.
Esta ley empezó a expropiar terrenos, y mayoritariamente eran censos y señoríos. Escasamente expropia terrenos de la Iglesia. También se abolen los derechos y privilegios de los señores feudales personales sobre el pueblo (un ejemplo es la caza, pesca...) pudiendo a partir de entonces utilizarlos sin permiso del señor feudal.
Ley de 3 de Agosto de 1823:
Artículo 1: Aclara que el decreto de 1811 abolía las prestaciones sociales, personales y derechos a título jurisdiccional o feudal.
Artículo 2: Los terrenos que se consideren propiedad particular en el artículo 5 del decreto de 1811, deben acreditar antes los títulos de adquisición para que no haya fraude.
Artículo 3: Si se cumplen correctamente las anteriores condiciones se considerará propiedad particular. Los pactos entre señores y vasallos se aceptarán, pero si son con condiciones con obligaciones o derechos a la cualidad jurisdiccional o feudal serán abolidos.
Artículo 4: Para que los señoríos sean de propiedad particular deben de llevarse los títulos de adquisición al tribunal de 1ª Instancia Para estudiar si debe ser o no considerado propiedad particular.
Artículo 5:Mientras que no se declare sentencia, los pueblos no están obligados a pagar a sus señores. En ocasiones tienen que dar fe que pagarán.
Si algún señorío perteneciera a un feudo o enfiteusis que se haya subforado, el dueño es el que pagará la fianza de este artículo, pero podrá exigir la pensión del subforatario.
Artículo 6: Si se considera propiedad particular, los contratos referidos en el artículo 3 se ajustarán a las reglas del derecho común (entre particulares y sin privilegio alguno).
Artículo 7: Referidos a los foros y enfiteusis y mientras se arreglan los contratos y siempre que se enajene la finca, se pagará al señor no más del 2% del valor líquido de la finca. Este derecho será perpetuo, pero no se podrá ceder a otra persona.
Artículo 8: Este Beneficio no se refiere a cánones o pensiones anuales y cesarán éstas si se conocen prestaciones como peaje terratge... a no ser que pruebe que tiene el origen de contrato y le pertenecen por dominio alodial.
Artículo 9: Los laudemios y otras prestaciones se podrán redimir con las reglas de los anteriores artículos, y ésta la podrá realizar una tercera persona.
En este decreto al principio se explica y recuerda que todos los derechos exclusivos feudales fueron abolidos en el decreto anterior.
Este decreto se centra más en la concesión de propiedad particular, los requisitos que se deben tener y cumplir para obtenerla, están minuciosamente detallados para que no haya confusión.
Este decreto sirve como aclaración para la concesión de la propiedad particular.
Ley de 26 de Agosto de 1837.
- Artículo 1: Lo dispuesto en los dos decretos anteriores sobre la presentación de los títulos de adquisición para que los señoríos se consideren propiedad particular, sólo se aplicará a los pueblos y territorios en los que los dueños actuales o causantes hayan tenido el señorío jurisdiccional.
Artículo 2: Por el artículo anterior, se considera de propiedad particular censos, pensiones, rentas, herencias en pueblos que no fueron señorío jurisdiccional. Los dueños no están obligados a presentar los títulos de adquisición.
Artículo 3: Los dueños tampoco están obligados a presentar los títulos de adquisición para no ser perturbados siendo de pueblos y territorios que fueron de señorío jurisdiccional y estando considerados como propiedad particular. Si estuviera en duda la autenticidad se debe justificar por la escritura de propiedad particular independiente del título de señorío. Además para los censos reservativos es necesario una acreditación de que pertenecía en ese tiempo la finca al que la dio a censo por título particular.
Artículo 4: No están obligados a presentar los títulos de adquisición los que hayan ejecutado el juicio de incorporación o el de reversión. Deberán enseñar la ejecutoria cuando se requiera y deberán cumplirla excepto en derechos o prestaciones que denoten vasallaje.
Artículo 5: Los otros predios que deban presentar los títulos de adquisición, deben hacerlo en un plazo de dos meses. Si la presentación no se realiza en el plazo, se expropiarán los predios.
Artículo 6: Si se presentan dentro del plazo continuarán las prestaciones que señalen los títulos hasta que se dicte sentencia.
Artículo 7: La presentación de los títulos se hará con los originales y testimonios literales inscritos y se estudiará la sentencia.
Artículo 8: Si no se pueden presentar los originales (incendio, robo...), presentarán una copia íntegra legalizada y se actuará igual que con los títulos originales.
Artículo 9: Por la Ley del 3 de Mayo de 1823, los pueblos y particulares no tienen derecho a reclamar al señor hasta que no se dicte sentencia.
Artículo 10: Los predios que se hayan dado a foro o censo, aunque el dominio pueda ser reintegrado a la nación, se considerarán propiedad particular.
Artículo 11: Se vuelve a señalar la Ley de 1823 en el artículo 8, para que cese cualquier acto de señorío y vasallaje.
Artículo 12: El artículo 8 de la Ley de Mayo de 1823 expone que la prestación llamada terratge, no comprende la renta convenida por contratos particulares entre propietarios de tierras y arrendatarios.
Artículo 13: En los pleitos y expedientes, para cumplir lo establecido, serán partes los promotores fiscales de 1º Instancia y los fiscales de Audiencias.
Esta ley desamortizadora se difiere con la de 1823 en que mientras en la anterior se exigía siempre los títulos de adquisición para determinar al predio propiedad particular, en esta nueva ley de 1837 los censos, pensiones, rentas, herencias... en pueblos que no fueron señorío jurisdiccional o los ya vistos para sentencia no es necesario presentar los títulos.
Los otros predios que si debían presentarlos, tampoco era esencial llevar los originales si se disponía de una copia íntegra legalizada y ésta era muy fácil de falsificar, salvándose así muchos señores de que les expropiaran sus tierras. Por tanto esta nueva ley, beneficia más a los antiguos señores feudales.
Interpretación de las leyes y consecuencias.
En el XIX se produce la transformación del régimen de propiedad agraria y de la redistribución de la principal fuente de poder,
Desde 1750 se produjo un gran crecimiento demográfico y una mayor demanda de alimentos que originó un aumento en los arrendamientos, una subida en los precios de la tierra y una subida en los precios de los productos agrícolas, a la vez disminuyó el coste de la mano de obra empobrecimiento de la población campesina (descenso de salarios), aumento de las rentas de la tierra y una demanda creciente de tierra.
España estaba fuera del comercio mundial, sin una unidad económica ni un mercado único, se mantuvo el poder de los estamentos tradicionales y no apareció la clase industrial y comercial, permitiendo la mayor fuerza de la sociedad estamental y de las instituciones del Antiguo Régimen.
La desamortización tanto civil como eclesiástica tiene su origen en las postrimerías del Antiguo Régimen, la llegada de los liberales al poder le dio un nuevo impulso, a pesar de la restauración nunca se paralizó por completo.
En el siglo XIX el 70% de la población española vivía de la tierra, el 50% de la riqueza nacional procedía de la tierra. El 60% de las tierras eran propiedad de la nobleza y el clero.
Por diversas reglamentaciones de origen feudal la tierra estaba inmovilizada: tierras de la Iglesia, de las casas nobiliarias y de los municipios eran propiedades amortizadas que no se podían enajenar.
La política reformadora tratando de suprimir las ataduras feudales transformando los derechos de origen feudal en propiedad privada absoluta.
Se llevó a cabo por medio de un largo proceso de abolición y promulgación de leyes y decretos.
Las medidas reformadoras comenzaron por la desamortización de los bienes eclesiásticos.
Se propuso la recuperación de la monarquía y el Estado de la titularidad de los derechos jurisdiccionales y la conversión en propiedad plena de los derechos señoriales sobre la tierra.
El 6 de agosto de 1811 las Cortes de Cádiz emiten un decreto aboliendo el régimen señorial. Suprimía los derechos jurisdiccionales y señoriales.
Los señores perdieron los derechos feudales y jurisdiccionales pero ganaron en derechos reales (propiedad libre, plena e individual).
Más tarde, la ley de 1823 reglaba que para la conversión de los señoríos territoriales o solariegos era necesario presentar los títulos de adquisición del señorío (sino existían se consideraba señorío jurisdiccional no susceptible de convertirse en propiedad privada),pero esta ley no tuvo tiempo de ser aplicada.
Ya en 1837 , con la nueva ley del 26 de Agosto, se reconoció como propiedad particular todos los antiguos derechos no jurisdiccionales sin necesidad de presentar título. Los derechos jurisdiccionales aunque abolidos e incorporados a la nación, esta ley favoreció a los herederos de los señores obstaculizando la intervención de los pueblos en los juicios facilitando la prueba de propiedad de los señores. El Tribunal Supremo interpretó esta ley de forma favorable a la consolidación de la propiedad por los antiguos señores.
La abolición del régimen señorial se verificó sin detrimento del poder real de los señores, la pérdida de sus privilegios y derechos (sin oposición) fue más que compensada por su conversión en propiedad particular y gracias a la desamortización de las tierras eclesiásticas por la adquisición de nuevas propiedades.
En Valencia y Cataluña donde predominaba el censo enfitéutico, los enfiteutas opusieron una resistencia, logrando redimir sus censos y acceder a la plena propiedad de sus dominios útiles.
Desamortizaciones del Clero: La constitución de la nueva monarquía española en 1808 dispuso la desvinculación de la propiedad y la abolición de los mayorazgos. La cuestión fue llevada a las Cortes de Cádiz, las demoras en su aprobación terminaron la reacción absolutista. Choca con la rápida aprobación de la abolición de los señoríos, la vinculación de la tierra se entiende como la más firme defensa del poder estamental.
En 1820, quedan suprimidos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquier otra especie de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros, foros o de cualquier otra naturaleza quedando libres, desde el mismo momento de la promulgación de la ley que también liberó de los vínculos feudales. En 1836 la ley de desamortización de Mendizábal 1836 pone en venta los bienes de las comunidades religiosas extinguidas y los ya declarados bienes “nacionales”. Por medio de subasta pública y su pago en títulos de Deuda interior consolidada. En 1941 se aprueba definitivamente. La ley Madoz de 1 de mayo de 1855 conocida como de desamortización general afectaba a todos los bienes que ponía en venta en Estado que establecía una compensación para los antiguos propietarios culmina con el proceso desamortizador.
En estas leyes y las desamortizaciones de la propiedad eclesiástica y municipal se asienta el triunfo de la revolución liberal y burguesa en España.
Debido a la subasta pública la desamortización consolidó la antigua distribución de la propiedad agraria, la revolución en la forma jurídica de propiedad no implicó una revolución en la estructura social ni cambió la evolución del sector agrario. La desamortización no tuvo como fin el crear una clase social de pequeños y medianos agricultores sino acopiar recursos para sanear la Hacienda. La Deuda pública creció de forma continua desde principios de siglo y solo pudo aliviarse gracias a las conversiones de títulos antiguos por otros nuevos, con pérdida de valor para los acreedores.
Consecuencias a final de siglo: Se produjo un aumento de producción, elevación de los precios, subida de las rentas y del valor del suelo agrícola, que comenzó en la mitad del XVIII y entró en crisis profunda desde la década de 1870.
En España fue más limitada, nuestra agricultura permaneció marginada del mercado mundial, pero desde 1880 aumentan las importaciones de grano y desaparecen las exportaciones.
Por tanto nuestro capitalismo agrario a finales del XIX se basaba en formas arcaicas de explotación con un claro dominio de la oligarquía cerealística y un mercado protegido por el gobierno.
Las desamortizaciones se realizaron e principio para solventar las deudas del Estado.
Los objetivos principales que se perseguían con las desamortizaciones fueron la expropiación de tierras y la transformación del excedente feudal del Antiguo Régimen en rentas capitalistas, es decir, control de la acumulación originaria e intensificación del monopolio de propiedad capitalista. Pero con las desamortizaciones sólo se consiguió el primer objetivo (la expropiación).
Sobre el arrendamiento: Hasta el siglo XIX, el arrendamiento era la forma más común de explotación de la tierra y las desamortizaciones elevaron el número de arrendamientos, porque contribuyeron a incrementar el monopolio y la concentración territorial.
Los arrendamientos no se solían inscribir en ningún contrato, eran normalmente convenios verbales renovados cada año, que sobretodo favorecía al señor que poseía las tierras. A partir de las desamortizaciones y por medio de las leyes se intentó modificar los contratos y expropiaron muchas tierras que no estaban estipuladas por ningún contrato.
“El sistema terrateniente y el crecimiento económico en la España contemporánea” de Enrique Prieto.
“Agricultura y atraso en la España contemporánea” de Enrique Prieto.
“España entre tradición y modernidad Política, económica, sociedad” de W.L.Bernecker.
“Enciclopedia Encarta”.
“Enciclopedia universal” de Micronet.
Leyes desamortizadorasConceptos básicos de economíaGodoyMendizábalMadoz

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