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María Victoria Botella Sánchez
1 LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado Última reforma: 28-Nov-2014 AI margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados Unidos Mexicanos. Congreso del Estado Libre y Soberano. Tlaxcala. Poder Legislativo. MARIANO GONZALEZ ZARUR, Gobernador del Estado a sus habitantes sabed: Que por conducto de la Secretaría Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado, con esta fecha se me ha comunicado lo siguiente: EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA, A NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA. NUMERO 81 LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de Tlaxcala, tiene por objeto regular la instauración del procedimiento de extinción de dominio previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTÍCULO 2. La extinción de dominio es la declaración judicial de: I. Inexistencia de derechos sobre bienes producto del delito, y II. Pérdida de derechos sobre los bienes, en los supuestos y condiciones previstos en esta Ley. En ambos casos, la declaración judicial tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de ninguna especie para su dueño, ni para quien se ostente o se comporte como tal. (El siguiente artículo fue reformado por Decreto No. 58 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Numero 15 Extraordinario de fecha 28 de noviembre de 2014) ARTÍCULO 3. En los casos no previstos en esta Ley, se estará a las reglas de supletoriedad siguientes: I. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales; II. En el Procedimiento de extinción de dominio y providencias precautorias, a lo previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y III. En los aspectos relativos a la regulación de bienes u obligaciones, a lo previsto en el 12 Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. IV. En cuanto al hecho ilícito, al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y V. En la administración, enajenación y destino de los bienes, a lo previsto en la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. ARTICULO 4. Durante el procedimiento el Juez deberá dictar de oficio las providencias encaminadas a que la justicia sea pronta y expedita. Para este fin, las partes podrán solicitar la orientación del Juez sobre el procedimiento que ante éste se desarrolla, como cómputos, plazos y circunstancias para la promoción y el desahogo de pruebas, y otras cuestiones que aseguren, con plena información para los participantes, la debida marcha del procedimiento, sin abordar cuestiones de fondo que la autoridad judicial deba resolver en los autos o en la sentencia. La información la dará el Juez en audiencia pública con la presencia de las partes. La autoridad judicial, y en su caso, el Ministerio Público, podrán imponer correcciones disciplinarias o medidas de apremio, en términos de la ley que supletoriamente corresponda. ARTICULO 5. Sólo serán causales de nulidad en el procedimiento de extinción de dominio: I. La falta de competencia del Juez, y II. La falta o defecto de notificación prevista en los artículos 30 y 32 de esta Ley. TÍTULO SEGUNDO DEL PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CAPÍTULO I PRESUPUESTOS PROCESALES ARTÍCULO 6. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes así como la declaración de la inexistencia de derechos sobre los bienes productos del delito, en términos del artículo 7 de esta Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para el demandado; cuando se acredite el hecho ilícito en los casos de delitos contra la salud, asociación delictuosa, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, y se compruebe la actuación de mala fe del demandado, así como su conocimiento sobre la utilización ilícita de dichos bienes. La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, que se tenga sobre los bienes, aún los de carácter personal, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido. La acción es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe. La extinción de dominio no procederá sobre bienes decomisados por la autoridad judicial en sentencia ejecutoriada. 23 Los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio se aplicarán a favor del Gobierno del Estado de Tlaxcala, y serán destinados a las instituciones encargadas de la seguridad pública, la procuración y la administración de justicia o al bienestar social mediante acuerdo del Poder Ejecutivo por conducto del Secretario de Finanzas del Estado de Tlaxcala, que se publicará en el Periódico Oficial. La información obtenida o generada con motivo del ejercicio de la extinción de dominio, será de carácter reservado, en términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable en materia de transparencia. ARTÍCULO 7. La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con los delitos a que se refiere el artículo anterior, en cualquiera de los supuestos siguientes: I. Sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió; II. No sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos de la fracción anterior; III. Estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si se acredita que su dueño prestó auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión, de tal delito u ocultó o favoreció el ocultamiento del indiciado. Será responsabilidad del Ministerio Público acreditar esta conducta, lo que no podrá fundarse en la confesión del sujeto pasivo de la acción de extinción de dominio, y IV. Estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de los delitos a que se refiere el artículo anterior, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño, El supuesto previsto en la fracción III de este artículo, será aplicable cuando el Ministerio Público acredite que el tercero utilizó el bien para cometer alguno de los delitos descritos en el artículo 6 de la presente Ley y que el dueño tenía conocimiento de esa circunstancia. ARTÍCULO 8. Para que proceda la acción de extinción de dominio se requiere: I. La identificación plena del bien sobre el que habrá de proceder, y II. La identidad del dueño del bien o de quien se ostente o comporte como tal. ARTÍCULO 9. Sólo procederá la acción respecto de los bienes objeto de sucesión hereditaria, independientemente de la etapa del procedimiento civil en el que se encuentren, cuando dichos bienes sean de los descritos en el artículo 7 de esta Ley. ARTÍCULO 10. Se restituirán a los afectados del delito los bienes de su propiedad que sean materia de la acción, cuando se acredite dicha circunstancia en el procedimiento previsto en esta Ley. Para los afectados, el derecho a la reparación del daño, será procedente de conformidad con la legislación vigente, cuando obren suficientes medios de prueba en el procedimiento y no se haya dictado sentencia en materia penal al respecto. 34 Cuando los afectados obtengan la reparación del daño en el procedimiento de extinción de dominio, no podrán solicitarlo en el proceso penal correspondiente. ARTÍCULO 11. Cuando los bienes materia de la acción, después de ser identificados, no pudieran localizarse o se presente alguna circunstancia que impida la declaratoria de extinción de dominio, se procederá conforme a las reglas siguientes: I. Cuando los bienes se hayan transformado o convertido en otros bienes, sobre éstos se hará la declaratoria, o II. Cuando se hayan mezclado con bienes adquiridos lícitamente, estos podrán ser objeto de la declaratoria de extinción de dominio hasta el valor estimado del producto entremezclado, respetando el derecho de propiedad de terceros ajenos al proceso. (El siguiente artículo fue reformado por Decreto No. 235, publicado en el Periódico Oficial No. 5 Extraordinario de fecha 23 de diciembre de 2013) Artículo 12. No se podrá disponer de los bienes sujetos a la acción hasta que exista sentencia ejecutoriada que haya declarado la extinción de dominio. En caso de que el Juez declare improcedente la Acción de Extinción de Dominio, de todos o de alguno de los bienes, ordenará la devolución de los bienes no extintos en un plazo no mayor de seis meses. ARTÍCULO 13. El ejercicio de la acción de extinción de dominio, no es excluyente de que el Ministerio Publico solicite el decomiso de los mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción penal, en los casos que resulte procedente. Cualquiera que sea la resolución que se adopte en el procedimiento penal, así como en los juicios de amparo por actos reclamados dentro del procedimiento penal, no serán vinculantes respecto de las resoluciones que se adopten en el procedimiento de la extinción de dominio. ARTÍCULO 14. El Poder Judicial del Estado contará con jueces civiles o especializados en extinción de dominio, con residencia en la Ciudad de Tlaxcala y competencia en todo el territorio del Estado. CAPÍTULO II DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO ARTÍCULO 15. La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda del Ministerio Público. A la acción de extinción de dominio se aplicarán las reglas de prescripción aplicables a los delitos señalados por el artículo 6 de esta Ley. En los casos en que el Ministerio Público determine la improcedencia de la acción, deberá emitir una resolución fundada y motivada. El Ministerio Público podrá desistirse de la acción de extinción de dominio en cualquier momento, antes de que se dicte la sentencia. También podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de dicha acción. ARTÍCULO 16. En la preparación de la acción de extinción de dominio, el Ministerio Público tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: I. Recabar los medios de prueba sobre la existencia de elementos suficientes para 45 determinar que el hecho ilícito sucedió; II. Reunir los elementos que permitan identificar y localizar los bienes a que se refiere el artículo 7 de la presente Ley, así como practicar todas las diligencias necesarias para la identificación del dueño, de quien se ostente, se comporte como tal o de ambos; III. Recabar los medios de prueba de los que se desprenda la relación de los bienes con los hechos ilícitos, en términos de lo dispuesto por esta Ley; IV. Asegurar los bienes materia de la acción, debiendo solicitar en un término de tres horas, que correrán inmediatamente después del aseguramiento, la providencia precautoria al Juez; V. Solicitar al Juez las providencias precautorias que considere procedentes, cuando exista peligro de que los bienes materia de la acción puedan sufrir menoscabo, extravío o destrucción; que sean ocultados o mezclados; o se realice acto traslativo de dominio; VI. Requerir información y documentación al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, tesorerías locales y municipales, Instituto del catastro, archivos de notarías y a las demás autoridades competentes, y VII. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. El Ministerio Público podrá ejercer las atribuciones anteriores actuando en el expediente que al efecto genere. El Ministerio Público podrá acordar las medidas necesarias para obtener el aseguramiento, para preservar la materia de la acción de extinción de dominio, en cualquier momento en que tenga conocimiento, con el fin de evitar que se celebre o se esté celebrando cualquier acto jurídico que tenga por objeto alguno de los bienes señalados por esta Ley. ARTÍCULO 17. El ejercicio de la acción de extinción de domino se sustentará en las actuaciones conducentes del Ministerio Público o, en su caso, del procedimiento o proceso penal por los hechos ilícitos a que se refiere la presente Ley, cuando de la investigación realizada por el Ministerio Público se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos del artículo 7 de la presente Ley. El Ministerio Público podrá ejercitar la acción de extinción de dominio cuando reúna los elementos y supuestos referidos. ARTÍCULO 18. Son parte en el procedimiento de Extinción de Dominio: I. El actor, que será el Ministerio Público. La acción de extinción de dominio podrá ser ejercitada por un Ministerio Público distinto del que tenga a su cargo la investigación de los hechos ilícitos; II. El demandado, que será el dueño de los bienes contemplados en el artículo 7 de esta Ley, quien se ostente o conduzca como tal, o ambos, y III. Los afectados, que serán todos aquellos que se consideren agraviados por la acción.de extinción de dominio y acredite tener un interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio. ARTÍCULO 19. Recibidas las copias certificadas de las constancias ministeriales, los autos del proceso penal o la sentencia penal, el Ministerio Público de inmediato realizará todas las diligencias necesarias para preparar la acción y procederá a complementar o, en su caso, recabar la información necesaria para la identificación de los bienes materia de la acción. Si los 56 bienes se encuentran a disposición de alguna otra autoridad, le informará al respecto. El Ministerio Público realizará el inventario de los bienes, cuando no exista constancia de su realización, y determinará las providencias precautorias necesarias previstas en el Capítulo III del presente Título. Para la etapa de preparación de la acción, el Ministerio Público contará con el plazo que no exceda el término de la prescripción, contado a partir de la recepción de las constancias. CAPÍTULO III DE LAS PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS ARTÍCULO 20. El Ministerio Público solicitará al Juez las providencias precautorias que considere procedentes a fin de evitar que los bienes materia de la acción de extinción de dominio, puedan sufrir menoscabo, extravío o destrucción; que sean ocultados o mezclados; o se realice acto traslativo de dominio. El Juez deberá resolver en un plazo de 24 horas naturales a partir de la recepción de la solicitud. Las providencias precautorias podrán consistir en: I. La prohibición para enajenarlos o gravarlos; II. La suspensión del ejercicio del dominio; III. La suspensión del poder de disposición, en cuyo caso, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez medidas urgentes que podrán consistir en: a) Clausura de establecimientos comerciales; b) Colocación de sellos en puertas y ventanas de inmuebles, y en su caso, cerrarlas con llave; c) Mandar inventariar los bienes susceptibles de ocultarse o perderse; d) Mandar depositar el dinero y alhajas en el establecimiento autorizado por la ley, y/o e) Herrar ganado. IV. Su retención; V. Su aseguramiento; VI. Rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública; VII. El embargo de bienes; dinero en depósito en el sistema financiero; títulos de crédito y sus rendimientos, lo mismo que la orden de no pagarlos cuando fuere imposible su aprehensión física, o VIII. Las demás que considere necesarias, siempre y cuando funde y motive su procedencia, o aquellas contenidas en la legislación vigente. ARTÍCULO 21. Iniciada la acción de extinción de dominio, el Juez, a petición del Ministerio 67 Público o de oficio, podrá acordar las providencias precautorias señaladas en el artículo anterior, en el auto admisorio de la demanda o en cualquier etapa del procedimiento. ARTÍCULO 22. Tratándose de bienes inmuebles, las providencias precautorias, dictadas por el Juez, se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Tlaxcala y no podrá verificarse en dicho bien ningún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada relativa al mismo bien, debidamente registrada y anterior en fecha a la inscripción de la referida demanda o en razón de providencia precautoria solicitada ante el Juez por acreedor con mejor derecho, en fecha anterior a la de inscripción de la demanda. El demandado o afectado por la providencia precautoria no podrá transmitir la posesión, enajenar ni gravar los bienes o constituir cualquier derecho sobre ellos, durante el tiempo que dure aquella, ni permitir que un tercero lo haga. Los bienes asegurados no serán transmisibles por herencia o legado durante la vigencia de esta medida. ARTÍCULO 23. Cuando los bienes objeto de la providencia precautoria impuesta hayan sido previamente intervenidos, secuestrados, embargados o asegurados en procedimientos judiciales o administrativos distintos de la investigación que haya motivado la acción de extinción de dominio, se notificará la nueva medida a las autoridades que hayan ordenado dichos actos, así como al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. Los bienes podrán continuar en custodia de quien se hubiere designado en el procedimiento judicial o administrativo anterior y a disposición de la autoridad competente. En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas, subsistirá la providencia precautoria que haya impuesto el Juez de extinción de dominio. ARTÍCULO 24. Las providencias precautorias obligan a los propietarios, poseedores, quienes se ostenten como dueños, depositarios, interventores, administradores, albaceas o cualquier otro que tenga algún derecho sobre dichos bienes. Las providencias precautorias no implican modificación alguna a los gravámenes existentes sobre los bienes. ARTÍCULO 25. Mientras los recursos en numerario o títulos financieros de valores se encuentren sujetos a providencias precautorias, el Juez ordenará su depósito en la tesorería del Poder Judicial del Estado. ARTÍCULO 26. Durante la sustanciación del procedimiento, se podrá solicitar la ampliación de providencias precautorias respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado acción de extinción de dominio. También se podrán solicitar providencias precautorias con relación a otros bienes sobre los que no se haya solicitado en un principio, pero que deban formar parte del procedimiento. ARTÍCULO 27. El demandado o tercero afectado no podrá ofrecer garantía para obtener el levantamiento de la providencia precautoria. (El siguiente artículo fue reformado por Decreto No. 58 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Numero 15 Extraordinario de fecha 28 de noviembre de 2014) ARTÍCULO 28. El depósito y administración de los bienes objeto de las providencias precautorias a que se refiere esta Ley, recaerá en la Autoridad Administrativa, de conformidad a lo establecido en la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o 78 Abandonados para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. CAPÍTULO IV DE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ARTÍCULO 29. La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda del Ministerio Público, que deberá contener los siguientes requisitos: I. El Juez ante quien promueve; II. Los nombres y domicilios del demandado, los afectados, y testigos, en caso de contar con esos datos; III. La identificación de los bienes sobre los que se ejercita la acción. En caso de mezcla de bienes, la extinción de dominio se solicitará sobre el total de la misma; IV. Los razonamientos y pruebas con las que se acredite la existencia de alguno o algunos de los eventos típicos de los mencionados en el artículo 6 de esta Ley y que los bienes sobre los que ejercita la acción, son de los mencionados en el artículo 7 de este ordenamiento; V. Los fundamentos de derecho; VI. La solicitud, en su caso, las providencias precautorias sobre los bienes materia de la acción; VII. La solicitud de notificar al demandado y a los afectados, determinados e indeterminados; VIII. La petición para que se declare en la sentencia correspondiente la extinción de dominio de los bienes; IX. En su caso, el acta en la que conste el inventario y su estado físico, la constancia de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Tlaxcala y el certificado de gravamen de los inmuebles, así como la estimación del valor de los bienes y la documentación relativa a la notificación del procedimiento para la declaratoria de abandono y la manifestación que al respecto haya hecho el interesado o su representante legal, y X. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento del objeto de esta Ley. ARTÍCULO 30. Una vez presentada la demanda con los documentos que acrediten la procedencia de la acción y demás pruebas que ofrezca, el Juez contará con un plazo de tres días hábiles para resolver sobre su admisión, considerando si se encuentra acreditado alguno de los eventos típicos de los señalados en el artículo 6 de esta Ley y que los bienes sobre los que se ejercita la acción son de los enlistados en el artículo 7 de este ordenamiento, en atención al ejercicio de la acción formulada por el Ministerio Público; y si se cumplen los demás requisitos previstos en el artículo 29 de esta Ley. Si la demanda fuere obscura o irregular, el Juez prevendrá por escrito a la parte actora para que subsane las irregularidades de que se trate, las que señalará con toda precisión en el 89 mismo auto. En la prevención el juzgador no podrá, bajo ningún motivo, referirse a los elementos que funden la acción ni a hechos que no hayan sido expresados en la demanda, otorgándole para tal efecto un plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del auto que lo ordene. En caso de que el promovente no desahogue la prevención, dentro del plazo señalado, el juzgador desechará la demanda y ordenará devolver al interesado todos los documentos originales y copias que haya exhibido, con excepción de la demanda que deberá conservarse en el expediente. Si el juzgador estima que las deficiencias de la demanda no se podrán subsanar mediante la prevención, desechará la demanda en los plazos indicados en el párrafo anterior. Aclarada la demanda, el Juez le dará curso o la desechara de plano. El Juez, en el auto de admisión, señalará los bienes materia del juicio, el nombre del o los demandados, concediéndoles el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación para contestar la demanda. En dicho auto el Juez proveerá lo conducente en relación con las providencias precautorias que en su caso hubiera solicitado el Ministerio Público en la demanda. Si los documentos con los que se le corriera traslado excedieren de quinientas fojas, por cada cien de exceso o fracción que exceda de la mitad, se aumentará un día más de plazo para contestar la demanda sin que pueda exceder de veinte días hábiles. ARTÍCULO 31. El Juez acordará, en el auto que admita la acción: I. Lo relativo a las providencias precautorias solicitadas; II. La orden de emplazar a las partes mediante notificación personal; III. La orden de publicar el auto admisorio en el Periódico Oficial del Estado, en términos de lo previsto en el artículo 32 fracción II de esta Ley; IV. El término que proceda para comparecer por escrito, por sí o a través de representante legal, y manifestar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que consideré acrediten su dicho; apercibiéndoles que de no comparecer y no ofrecer pruebas en el término concedido, precluirá su derecho para hacerlo, y V. Las demás determinaciones que considere pertinentes. El notificador tendrá un término improrrogable de siete días hábiles para practicar las notificaciones personales. (El siguiente artículo fue reformado por Decreto No. 58 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Numero 15 Extraordinario de fecha 28 de noviembre de 2014) ARTÍCULO 32. Admitida la demanda, el Juez ordenará la notificación como sigue: I. Personalmente al demandado de conformidad con las reglas siguientes: a) La notificación se practicará en el domicilio del demandado. En caso de que el demandado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido. Si no es posible identificar al 910 demandado o su domicilio, la notificación se hará por el edicto señalado en la fracción II de este artículo; b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de la resolución que se notifique y de la demanda, recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia, en su caso, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; c) De no encontrarse el interesado o persona alguna que reciba la notificación, de negarse a recibirla o firmarla, la notificación se hará en ese mismo acto, fijando copia de la resolución en un lugar visible del domicilio, y d) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique. II. Cuando hubiere de citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentra, la notificación se realizará por edictos, en términos de lo dispuesto en el artículo 98 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y por internet. En este último caso, el Poder Judicial del Estado deberá habilitar un sitio especial en su portal de internet a fin de hacer asequible el conocimiento de la notificación a que se refiere esta fracción por cualquier interesado. Cuando los bienes materia del Procedimiento de extinción de dominio sean inmuebles, la cédula de notificación se fijará, además, en cada uno de éstos. La notificación surtirá efectos al día siguiente en que hubiera sido practicada. El edicto surtirá efectos de notificación personal al día siguiente de su publicación. ARTÍCULO 33. El demandado y el tercero afectado deberán señalar domicilio en el lugar de residencia del Juez que conozca de la acción de extinción de dominio para oír y recibir notificaciones y documentos, desde el escrito de contestación de demanda o en el primer acto procesal. ARTÍCULO 34. Todo tercero afectado que considere tener interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio, deberá comparecer dentro de los diez días hábiles contados a partir de aquél en que haya surtido efectos la notificación, a efecto de acreditar su interés jurídico. El Juez resolverá en un plazo de tres días hábiles, contados a partir de la comparecencia, sobre la acreditación respectiva y, en su caso, autorizará el conocimiento sobre el contenido de la demanda en las oficinas del juzgado. Dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación del auto señalado en el párrafo anterior, el afectado podrá imponerse de los autos y deberá contestar la demanda. El escrito de contestación de demanda deberá contener las excepciones y defensas del demandado o de los afectados, que se tramitarán sin suspensión del procedimiento, así como el ofrecimiento de las pruebas, debiendo aportar las que estén a su disposición. De no ofrecer las pruebas o no solicitar al Juez su auxilio para tal efecto, precluirá su derecho. ARTICULO 35. Si el demandado y los afectados no contestan la demanda en el término establecido en esta Ley, se entenderá que consienten los hechos y pedimentos expuestos por el Ministerio Público. 1011 Si él dueño, quien se ostente o conduzca como tal, aceptare la pretensión ministerial, el Juez dará vista al Ministerio Público para que dentro de tres días manifieste lo que a su derecho convenga. En estos casos, el Juez resolverá de acuerdo a las proposiciones que se le hagan y conforme a la legislación aplicable. (El siguiente artículo fue reformado por Decreto No. 58 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Numero 15 Extraordinario de fecha 28 de noviembre de 2014) ARTÍCULO 36. Concluidos los términos para que comparezcan las partes, el Juez dictará auto, en un término de tres días hábiles, donde acordará lo relativo a: I. La admisión de las pruebas que le hayan ofrecido el demandado o el afectado; II. La fecha de la audiencia de desahogo de pruebas que se celebrará dentro de los quince días hábiles siguientes, y III. Las demás determinaciones que considere pertinentes. La falta de asistencia de los peritos o testigos cuya presentación haya quedado a cargo de la parte que los ofreció, o que el Juez haya citado para la audiencia, no impedirá su celebración. El Juez podrá ordenar la suspensión de la audiencia y fijará fecha para su continuación. ARTÍCULO 37. Concluida la etapa de la audiencia de desahogo de pruebas se procederá a recibir los alegatos por escrito pudiendo las partes alegar verbalmente, sin que sus alegatos puedan exceder de media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas. ARTÍCULO 38. Concluida la audiencia, mediante acuerdo, se citará para sentencia. CAPÍTULO V DE LA PRUEBA ARTÍCULO 39. Las actuaciones del Ministerio Público, señaladas en el artículo 17 de la presente Ley que se adjunten a la demanda, se considerarán como documentos públicos y tendrán pleno valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que ofrezca el demandado y los terceros afectados para desvirtuar lo asentado en éstas. Los hechos y circunstancias descritos en las declaraciones y los dictámenes periciales contenidos en las actuaciones del Ministerio Público se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario. ARTÍCULO 40. Cuando el demandado o afectado ofrezca como prueba constancias de algún proceso penal, haya o no concluido éste, el Juez requerirá al órgano jurisdiccional competente para que le remita, previo el pago de las mismas por el demandado o afectado, copias certificadas en el plazo de cinco días hábiles. ARTÍCULO 41. Se admitirán todos los medios de prueba que señale el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Tratándose de la prueba pericial, sí hubiere discrepancia entre los dictámenes, se nombrará perito tercero preferentemente de aquellos que se encuentren autorizados por el Tribunal Superior de Justicia de Estado de Tlaxcala. La testimonial, pericial y confesional se desahogarán con la presencia ineludible del Juez. Para resolver lo concerniente a los honorarios de los peritos, se estará a lo dispuesto por las reglas aplicables de la legislación supletoria. 11 Mostrar más
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