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Timestamp: 2020-05-28 21:34:57+00:00

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Elías Inmobiliaria - Medidas de ayuda al alquiler adoptadas por el Gobierno a raiz del Estado de Alarma - Boe 01/04/2020
01/04/2020 - Medidas de ayuda al alquiler adoptadas por el Gobierno a raiz del Estado de Alarma - Boe 01/04/2020
Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de la deuda arrendaticia
para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad
económica a causa del COVID-19, desde este artículo y hasta el artículo 9, ambos incluidos.
Artículo 4. Aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de
grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda.
1. La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en
situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo siguiente, podrá
solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una empresa o entidad pública de
vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular
de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie
construida de más de 1.500 m2, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este
real decreto-ley, el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre
que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera
conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.
2. En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrendador comunicará
expresamente al arrendatario, en el plazo máximo de 7 días laborables, su decisión,
escogida entre las siguientes alternativas:
a) Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el
estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo
fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del
COVID-19, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera
automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado
por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo
COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses. Dicha renta se
aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante el
fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a partir del
momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización
del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual
continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. La
persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas
serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.
3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores resultará de aplicación a todos los
arrendamientos correspondientes al Fondo Social de Vivienda derivado del Real Decreto ley 27/2012 de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los
4. La persona arrendataria podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de
financiación reguladas por el artículo 9, levantándose la moratoria en el pago de la renta
arrendaticia regulada por este artículo y el consiguiente fraccionamiento de las cuotas
preestablecido, en la primera mensualidad de renta en la que dicha financiación esté a
disposición de la persona obligada a su pago.
sanitaria ocasionada por el COVID-19 requerirán la concurrencia conjunta, a los efectos de
obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual,
a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en
situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya
reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras
circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando
por ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes
anterior a la solicitud de la moratoria:
i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).
ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la
unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por
iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65
años miembro de la unidad familiar.
iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada
discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le
incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el
límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los
v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona
con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un
grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con
discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior
al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite
acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite
previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.
b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o
igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la
unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el
importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua
corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a
la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer
2. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá por unidad familiar la
compuesta por la persona que adeuda la renta arrendaticia, su cónyuge no separado
acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que
3. No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad económica a
consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a los efectos de
obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual
cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la unidad
familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España.
Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el derecho recaiga
únicamente sobre una parte alícuota de la misma y se haya obtenido por herencia o
mediante transmisión mortis causa sin testamento. Se exceptuará de este requisito
también a quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la
misma por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad o
cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna
de las personas que conforman la unidad de convivencia.
1. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el artículo 5 se acreditará
por la persona arrendataria ante la persona arrendadora mediante la presentación de los
a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la
entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en
b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante
certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de
cese de actividad declarada por el interesado.
ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la
d) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la
Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.
e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los
requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real
2. Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos
requeridos en las letra a) a d) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una
declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados
con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la
finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la
aportación de los documentos que no hubiese facilitado.
1. La persona o personas que se hayan beneficiado de una moratoria de la deuda
arrendaticia de su vivienda habitual y/o de ayudas públicas para atender al pago de la
misma sin reunir los requisitos previstos en el artículo 5, serán responsables de los daños
y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la
aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro
orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar.
2. El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser inferior al beneficio
indebidamente obtenido por la persona arrendataria por la aplicación de la norma, la cual
incurrirá en responsabilidad, también, en los casos en los que, voluntaria y deliberadamente,
busque situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica con la
finalidad de obtener la aplicación de las medidas reguladas por este real decreto-ley.
Artículo 8. Modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de arrendamiento en el caso de arrendadores no comprendidos entre los recogidos en el
artículo 4 como consecuencia del impacto económico y social del COVID-19.
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos que se encuentre en
situación de vulnerabilidad económica, tal y como se define en el artículo 5, podrá solicitar
de la persona arrendadora, cuando esta no sea ninguna de las comprendidas en el
artículo 4, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este Real decreto Ley y en
los términos recogidos en los apartados 2 a 4 siguientes, el aplazamiento temporal y
extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación
total o parcial de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con
2. Una vez recibida la solicitud, la persona arrendadora comunicará a la arrendataria,
en el plazo máximo de 7 días laborables, las condiciones de aplazamiento o de
fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas
que plantea en relación con las mismas.
3. Si la persona física arrendadora no aceptare ningún acuerdo sobre el aplazamiento
y, en cualquier caso, cuando la persona arrendataria se encuentre en la situación de
vulnerabilidad sobrevenida referida en el artículo 5, esta podrá tener acceso al programa
de ayudas transitorias de financiación reguladas por el artículo siguiente.
1. Con objeto de proporcionar cobertura financiera para hacer frente a los gastos de
vivienda por parte de los hogares que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad
social y económica como consecuencia de la expansión del COVID-19, se autoriza al
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, mediante acuerdo con el
Instituto de Crédito Oficial, por un plazo de hasta catorce años, se desarrolle una línea de
avales con total cobertura del Estado, para que las entidades bancarias puedan ofrecer
ayudas transitorias de financiación a las personas que se encuentren en la referida
situación de vulnerabilidad, con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable
excepcionalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue ningún tipo de
gastos e intereses para el solicitante.
2. Las ayudas transitorias de financiación serán finalistas, debiendo dedicarse al
pago de la renta del arrendamiento de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis
3. A estas ayudas transitorias de financiación podrán acceder todos aquellos
arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad sobrevenida como
consecuencia de la expansión del COVID-19, de acuerdo con los criterios y requisitos que
se definan a través de una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, que incluirán en todo caso, y como mínimo, las situaciones definidas en el
artículo 5 del presente real decreto-ley. Dicha Orden no precisará desarrollo normativo
posterior para su aplicación y cumplirá en todo caso con la normativa de la Unión Europea
en materia de ayudas de Estado.
1. Mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se
incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 regulado en el Real Decreto 106/2018,
de 9 de marzo, un nuevo programa de ayudas al alquiler, denominado «Programa de
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los
alquileres de vivienda habitual».
2. Este programa tendrá por objeto la concesión de ayudas al alquiler, mediante
consecuencia del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios
para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los supuestos de vulnerabilidad
económica y social sobrevenida que se definan y que incluirán en todo caso, y como
mínimo, las situaciones definidas en el artículo 5 del presente real decreto-ley.
Así y sin menoscabo de otras actuaciones, este programa tendrá la finalidad de hacer
frente a la dificultad en la devolución de aquellas ayudas transitorias de financiación
contraídas por hogares vulnerables que no se hayan recuperado de su situación de
vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la crisis del COVID-19 y que, por tanto,
no puedan hacer frente a la devolución de dichos préstamos.
3. Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas físicas que, en
su condición de arrendatarios de vivienda habitual encajen en los supuestos de
vulnerabilidad económica y social sobrevenida referidas en el apartado anterior,
presentando problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler.
4. La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de
la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del principal e intereses del préstamo
que se haya suscrito con el que se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda
habitual. Serán los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y de las Ciudades
de Ceuta y de Melilla los que determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los
límites establecidos para este programa. A estos efectos podrán adjuntar un informe de los
servicios sociales autonómicos o locales correspondientes, en el que se atienda y valoren
las circunstancias excepcionales y sobrevenidas de la persona beneficiaria como
consecuencia del impacto económico y social del COVID-19.
Fuente. BOE 01/04/2020

References: artículo 9

Artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 5

Artículo 8

artículo 4
 artículo 5

artículo 4
 Real decreto 
 artículo 5

artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 5