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Timestamp: 2017-09-20 14:30:57+00:00

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V. 2017 / 09. EXPERTO EN DERECHO ® :: LEY NO. 108-05 DE REGISTRO INMOBILIARIO
Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario, del 23 de marzo de 2005 G. O. No. 10316 del 2 de abril de 2005, Modificada por la Ley No. 51-2007
OBJETO DE LA LEY 18
MARCO INSTITUCIONAL DE LA JURISDICCIÓN
TRIBUNALES SUPERIORES DE TIERRAS 20
TRIBUNALES DE JURISDICCIÓN ORIGINAL 20
ABOGADO DEL ESTADO 21
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE TÍTULOS 22
DIRECCIÓN NACIONAL DE MENSURAS CATASTRALES* 24
LA SECRETARÍA DE LOS DESPACHOS JUDICIALES 25
LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LA JURISDICCIÓN
PROCESO DE SANEAMIENTO 25
LITIS SOBRE DERECHOS REGISTRADOS 30
MEDIDAS PROVISIONALES E INTERLOCUTORIAS 31
INHIBICIÓN, RECUSACIÓN E INHABILITACIÓN DE.
DESISTIMIENTO Y PERENCIÓN DE INSTANCIA 31
FONDO DE GARANTÍA DE INMUEBLES REGISTRADOS 32
DESALOJO DE INMUEBLES REGISTRADOS 36
REFERIMIENTO ANTE LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA 37
PARTICIÓN DE INMUEBLES REGISTRADOS 38
LA AUDIENCIA 39
PUBLICIDAD Y NOTIFICACIÓN 41
RECURSOS ANTE LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA 42
CONTRA ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 42
CONTRA DECISIONES JURISDICCIONALES 43
DE LA CASACIÓN 44
DE LA REVISIÓN POR CAUSA DE ERROR MATERIAL 44
DE LA REVISIÓN POR CAUSA DE FRAUDE 45
EL REGISTRO EN LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA 46
EL REGISTRO 46
LOS CONDOMINIOS 49
PUBLICIDAD REGISTRAL 51
INMUEBLES DEL DOMINIO PÚBLICO 52
MODIFICACIONES PARCELARIAS 53
OPERACIONES DE MENSURAS CATASTRALES 53
INFRACCIONES EN LA JURISDICCIÓN INMOBILIARIA 55
INFRACCIONES 55
DISPOSICIONES GENERALES 56
GENERALES 56
SOBRE LOS REGLAMENTOS 57
DEROGACIONES 58
MODIFICACIONES 59
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 62
de Registro Inmobiliario, del 23 de marzo de 2005
Modificada por la Ley No. 51-2007
CONSIDERANDO: Que el conjunto de disposiciones legales que constituyen el marco jurídico debe estar dotado de coherencia pese a la diversidad de órganos que intervienen en su gestación;
CONSIDERANDO: Que la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los ciudadanos son valores fundamentales que
requieren de instrumentos adecuados y eficientes, que fortalezcan
la capacidad de servicio de la administración de justicia;
CONSIDERANDO: Que las nuevas tecnologías están
transformando las prácticas tradicionales aplicables a la mensura,
registro y titulación, y permiten definir con mayor precisión el
objeto del derecho, controlar la documentación, y simplificar y
agilizar los procesos de la institución para hacerla más eficiente;
CONSIDERANDO: Que este proyecto de ley de Registro Inmobiliario nos permitirá ingresar al proceso de modernización que el país requiere, para mejorar las condiciones de vida, la
convivencia y el desarrollo económico y social de la República Dominicana.
PRINCIPIOS GENERALES PRINCIPIO I
Cuando existe contradicción entre esta ley y sus reglamentos, prevalece la presente ley.
La presente ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera ejercicio abusivo de derechos el que contraría los fines
que la ley ha tenido en mira al reconocerlos, o al que exceda los límites impuestos por las leyes vigentes, la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
Art. 1.- Objeto de la ley. La presente ley se denomina “Ley de Registro Inmobiliario” y tiene por objeto regular el saneamiento y el registro de todos los derechos reales inmobiliarios, así como las cargas y gravámenes susceptibles de registro en relación con los inmuebles que conforman el territorio de la República Dominicana y garantizar la legalidad de su mutación o afectación con la intervención del Estado a través de los órganos competentes de la Jurisdicción Inmobiliaria.
Art. 2.- (Modificado por el artículo 1 de la Ley No. 51, del 23 de abril de 2007, G. O. No. 10416) Composición de la jurisdicción.
• Tribunales Superiores de Tierras y Tribunales de Jurisdic-ción Original;
• Dirección Nacional de Registro de Títulos;
• Dirección Nacional de Mensuras Catastrales.
Art. 3.- Competencia. La Jurisdicción Inmobiliaria tiene competencia exclusiva para conocer de todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana, desde que
se solicita la autorización para la mensura y durante toda la vida jurídica del inmueble, salvo en los casos expresamente señalados en la presente ley.
Art. 6.- Definición. Los tribunales superiores de tierras son tribunales colegiados compuestos por no menos de cinco (5) jueces designados por la Suprema Corte de Justicia, entre los cuales debe haber un presidente.
Art. 9.- Definición.Son tribunales unipersonales que constituyen el primer grado de la Jurisdicción Inmobiliaria.
(Modificado por el artículo 2 de la Ley No. 51, del 23 de abril de 2007, G. O. No. 10416)
Art. 11.- (Modificado por la Ley No. 51, del 23 de abril de 2007, G. O. No. 10416) Definición.El Abogado del Estado es el representante del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria.
11.1.- Para ser Abogado del Estado o adjunto del Abogado del Estado se requieren las mismas condiciones que para ser Ministerio Público por ante la Corte de Apelación en la Jurisdicción Ordinaria.
11.2.- Cuando deba participar el Abogado del Estado en un procedimiento o en el ejercicio de sus funciones, éste podrá ser representado por sus adjuntos, quienes deben reunir las mismas condiciones requeridas para el titular.
11.3.- Como mínimo habrá tantos Abogados del Estado como Tribunales Superiores de Tierras. Dicho funcionario tendrá los abogados adjuntos que fueren necesarios para asistirlo en el correcto desempeño de sus funciones por ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria.
Art. 12.- (Modificado por el artículo 2 de la Ley No. 51, del 23 de abril de 2007, G. O. No. 10416) Funciones del Abogado del Estado.
El Abogado del Estado tiene las funciones de representación y defensa del Estado dominicano en todos los procedimientos que así lo requieran ante la Jurisdicción Inmobiliaria, a la vez ejerce las funciones de Ministerio Público ante la jurisdicción en función de esto.
12.1.- El Abogado del Estado es competente para someter ante la jurisdicción que corresponda a los autores de las infracciones castigadas por la ley para que se le impongan, si procede, las sanciones establecidas.
12.4.- Emite su opinión en el proceso de saneamiento.
12.5.- Participa como Ministerio Público en el proceso de revisión por causa de fraude.
Art. 13.- Definición y FuncionesLa. Dirección Nacional de Registro de Títulos es el órgano de carácter nacional dentro de la Jurisdicción Inmobiliaria encargado de coordinar, dirigir y regular el desenvolvimiento de las oficinas de Registro de Títulos, velar por el cumplimiento de esta ley en el ámbito de su competencia
y por el cumplimiento del reglamento General de Registros de Títulos.
Art. 14.- Oficinas de Registro de TítulosLas. Oficinas de Registro de Títulos están supeditadas jerárquicamente a la Dirección Nacional de Registro de Títulos y sus funciones son registrar los derechos inmobiliarios, velar por la correcta aplicación de la ley dentro de su competencia y cumplir con todas aquellas funciones que se les asigne por la vía reglamentaria.
(Modificado por el artículo 3 de la Ley No. 51, del 23 de abril de 2007, G. O. No. 10416)
Art. 15.- (Modificado por el artículo 3 de la Ley No. 51, del 23 de abril de 2007, G. O. No. 10416) Definición y FuncionesLa.
Dirección Nacional de Mensuras Catastrales es el órgano de carácter nacional, dentro de la Jurisdicción Inmobiliaria, encargado de coordinar, dirigir y regular el desenvolvimiento de las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales, velar por el cumplimiento de esta ley en el ámbito de su competencia y por el cumplimiento del Reglamento General de Mensuras Catastrales.
Párrafo I.- La Dirección Nacional de Mensuras Catastrales es el órgano que ofrece el soporte técnico a la Jurisdicción Inmobiliaria en lo referente a las operaciones técnicas de mensuras catastrales; el lugar de su sede y sus funciones son establecidos por la Suprema Corte de Justicia por la vía reglamentaria.
Párrafo II.- La Dirección Nacional de Mensuras Catastrales está a cargo de un Director Nacional que será nombrado por la Suprema Corte de Justicia.
Art. 16.- (Modificado por el artículo 3 de la Ley No. 51, del 23 de abril de 2007, G. O. No. 10416) Las Direcciones Regionales de
Mensuras Catastrales. Las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales están supeditadas jerárquicamente a la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales y su función es velar por la correcta aplicación de esta ley y del Reglamento General de Mensuras Catastrales.
Párrafo I.- La composición y competencia territorial de este órgano y sus funciones son determinadas por la Suprema Corte de Justicia por la vía reglamentaria.
Párrafo II.- Las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales están a cargo de un Director Regional de Mensuras Catastrales.
Art. 17.- (Modificado por el artículo 3 de la Ley No. 51, del 23 de abril de 2007, G. O. No. 10416) Competencia territorial. La
Suprema Corte de Justicia tiene la facultad de crear las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales que considere necesarias y de asignar la demarcación territorial de las mismas.
Art. 18.- Definición.La Secretaría es la unidad operativa que asiste a uno o varios despachos judiciales en la función administrativa y jurisdiccional.
Art. 19.- Funciones de la Secretaría de los despachos judiciales.
Las funciones de la Secretaría son las establecidas en la ley de Organización Judicial para los secretarios judiciales y aquéllas que explícitamente les confiere esta ley y sus reglamentos.
LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LA
Art. 20.- Definición.Es el proceso de orden público por medio del cual se determina e individualiza el terreno, se depuran los derechos que recaen sobre él y estos quedan registrados por primera vez.
Art. 21.- Posesión. A los fines del saneamiento, hay posesión cuando una persona tiene un inmueble bajo su poder a título de dueño o por otro que ejerce el derecho en su nombre. Para que la posesión sea causa de un derecho de propiedad, debe ser pública, pacífica, inequívoca e ininterrumpida por el tiempo fijado por el Código Civil según la posesión de que se trate. Se consideran actos posesorios cuando los terrenos se hallen cultivados o dedicados a cualquier otro uso lucrativo, la percepción de frutos, la construcción que se haga en el inmueble, la materialización de los límites.
Art. 22. - Pruebas de la posesión. Se admite todo medio de prueba sobre la posesión, pero la sentencia que adjudique la propiedad no puede fundarse únicamente en la prueba testimonial, pudiendo el juez ordenar cualquier otra medida complementaria.
Art. 24.- Etapas del saneamiento. En el proceso de saneamiento se identifican las siguientes etapas: mensura, proceso judicial y registro.
Párrafo I.- La mensura se inicia con la autorización para la realización de la misma otorgada por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales territorialmente competente, la cual debe estar precedida por la solicitud de autorización hecha por el reclamante.
Párrafo II.- En la solicitud de autorización para la realización de la mensura, el reclamante solicita que la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente autorice al agrimensor a realizar los trabajos de mensura, la cual debe pronunciarse dentro de un plazo de veinte (20) días. La solicitud lleva implícita la petición de que la Dirección Regional de Mensuras Catastrales* apodere al tribunal de jurisdicción original territorialmente competente.
Párrafo III.- La Dirección Regional de Mensuras Catastrales* debe pronunciarse con relación a los trabajos de mensura dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la presentación de los trabajos realizados.
Párrafo V.- Toda negativa de la Dirección Regional de Mensuras Catastrales* a autorizar los trabajos de mensura debe estar técnica y jurídicamente fundamentada.
Párrafo VI.- Una vez otorgada, la autorización tiene una vigencia de sesenta (60) días durante los cuales el agrimensor debe ejecutar la mensura y presentar los documentos y elementos justificativos a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales* para su revisión y aprobación. Con la debida justificación, la Dirección Regional de Mensuras Catastrales interviniente puede prorrogar este plazo por un único término de treinta (30) días.
Párrafo VII.- Dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha de la aprobación, la Dirección Regional de Mensuras Catastrales* debe apoderar al tribunal de jurisdicción original territorialmente competente para el inicio del proceso judicial del saneamiento.
Párrafo VIII.- Salvo las excepciones previstas en la presente ley, se establece que desde el momento que se fije la fecha para la mensura catastral, todas las cuestiones relacionadas con el título o posesión de cualquier terreno comprendido en el área abarcada por la
autorización para la mensura, son de la competencia exclusiva de la Jurisdicción Inmobiliaria.
Párrafo IX.- Cuando una cuestión está sometida o en estado de ser fallada por ante los tribunales ordinarios y estos dejen de ser competentes para conocer de ella, por efecto del comienzo de una mensura catastral, el tribunal al cual se haya sometido la cuestión debe declinarla, acompañado del expediente relativo a la causa, por ante la jurisdicción competente, para que lo falle junto con los demás asuntos en relación con la misma, o separadamente según proceda.
Párrafo I.- En un plazo no mayor de quince (15) días, el tribunal de jurisdicción original apoderado debe notificar a los reclamantes que se ha iniciado el proceso judicial del saneamiento para que estos, antes de la primera audiencia cumplan con los requisitos de publicidad precisados en esta ley y en la vía reglamentaria.
Párrafo III.- El tribunal apoderado debe poner en conocimiento del Abogado del Estado del inicio del proceso judicial del saneamiento e informarle la fecha de la primera audiencia, para que este emita su opinión. La falta de comparecencia o falta de opinión del Abogado del Estado* se considera como la falta de interés y la no objeción del Estado al proceso de saneamiento. La falta de opinión del Abogado del Estado* no impide, sin embargo, que el inmueble sea adjudicado.
Párrafo VI.- Si vencido el plazo de apelación nadie recurre la sentencia del Tribunal de Jurisdicción Original, esta adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, excepto en el caso de que se intente el recurso extraordinario de revisión por causa de fraude dentro del plazo establecido en la presente ley.
Art. 28.- Definición. Es el proceso contradictorio que se introduce ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria en relación con un derecho o inmueble registrado.
Art. 29.- Competencia. Los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria son los únicos competentes para conocer de las litis sobre derechos registrados siguiendo las disposiciones procesales contenidas en la presente ley y sus reglamentos. Las acciones deben iniciarse por ante el tribunal de jurisdicción original territorialmente competente.
Art. 30.- Notificación de la demandaEn. los casos contradictorios entre partes, y en el plazo de la octava franca a partir de la fecha de depósito de la demanda en la Secretaría, el demandante debe depositar en la Secretaría del tribunal apoderado la constancia de que ha notificado al demandado por acto de alguacil la instancia introductiva de la demanda depositada en este tribunal.
Art. 31.- Demandas temerarias y reparación de daños y perjuicios.
Si queda demostrado durante el proceso la falta de fundamento de la demanda porque la misma haya sido ejercida con ligereza censurable o con el propósito deliberado de hacer daño, el juez podrá ordenar la reparación moral del perjudicado y la indemnización por daños y perjuicios correspondiente conforme a lo dispuesto por el Código Civil.
INHIBICIÓN, RECUSACIÓN E
INHABILITACIÓN DE JUECES
Art. 35.- Procedimiento. En caso de inhabilitación, renuncia, destitución o muerte de cualquier juez de la Jurisdicción Inmobiliaria antes de fallar una causa en que hubiese tomado parte, o en caso de hallarse imposibilitado por cualquier otro motivo para conocer de ella, el presidente del Tribunal Superior de Tierras territorialmente competente debe designar otro juez del mismo grado para que concluya el proceso. Cuando el juez inhabilitado por las razones previstas en el presente artículo sea un juez de Tribunal Superior de Tierras, queda facultada la Suprema Corte de Justicia para designar su sustituto provisional.
Art. 36.- Desistimiento. Es el abandono o renuncia voluntaria del solicitante, ante el juez apoderado del caso, de la acción solicitada al tribunal. Cualquiera de las partes en un proceso puede desistir
de sus demandas o pretensiones. El procedimiento para estos fines es el que establece el Código de Procedimiento Civil.
Art. 38.- Perención de Instancia. Todo proceso en el que transcurran tres (3) años de inactividad procesal de las partes, se podrá archivar de forma definitiva y se reputa irrefragablemente que
no hay interés en el mismo. La perención de instancia se produce de pleno derecho. La situación de estado de fallo de un expediente impide que se produzca la perención.
Art. 39.- Definición. Es la garantía establecida a los fines de
indemnizar a aquellas personas que sin negligencia de su parte y actuando de buena fe, hayan sido perjudicadas con la aplicación de la presente ley. Cuando el perjuicio provenga de errores técnicamente admisibles en la ejecución del levantamiento parcelario no procederá la demanda contra el Fondo de Garantía de Inmuebles Registrados.
Art. 40.- Contribución especial. Para integrar el Fondo de Garantía de Inmuebles Registrados, y para el funcionamiento y sostenibilidad de la Jurisdicción Inmobiliaria, se establece una contribución especial que recae:
b) Cada vez que se deba emitir un nuevo Certificado de Títu-
lo, producto de una transmisión de derechos reales; con los
alcances, bases imponibles, proporciones, forma de pago,
exenciones y distribuciones que se establecen en los artícu-los siguientes.
Art. 41.- (Modificado por el artículo 4 de la Ley No. 51, del 23 de abril de 2007, G. O. No. 10416) Inmuebles que se adjudiquen por primera vez. Los inmuebles situados en el territorio de la República Dominicana, que se adjudiquen por primera vez en la Jurisdicción Inmobiliaria, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, deberán pagar una contribución especial.
Párrafo II.- La base imponible de la contribución especial establecida en este artículo está constituida por la valuación fiscal de los inmuebles, determinada de conformidad con la certificación de avalúo que emita la Dirección General del Catastro Nacional.
Párrafo III.- La contribución a pagar es del cero punto cinco por ciento (0.5%), y se aplica sobre la base imponible determinada de conformidad con el Párrafo II.
Párrafo IV.- El pago de la contribución especial es efectuado por el reclamante, o quien lo represente a su nombre, depositando en el banco del Estado habilitado el importe correspondiente. El juez que interviene en la causa no procederá a adjudicar ningún derecho sobre el inmueble reclamado sino hasta cuando se haya demostrado que el pago de la contribución especial ha sido efectuado.
a) Los inmuebles que se adjudiquen a favor del Estado domi-nicano;
d) Los inmuebles cuyos valores individuales no excedan el equivalente a trescientos (300) salarios mínimos estableci-dos para el personal del sector público.
Art. 42.- (Modificado por el artículo 4 de la Ley No. 51, del 23 de abril de 2007, G. O. No. 10416) Cada vez que se emita un nuevo certificado de título producto de la transmisión de derechos reales, debe pagarse una contribución especial.
Párrafo II.- La base imponible de la contribución especial establecida en este artículo, es la siguiente:
a) Para inmuebles urbanos edificados destinados a viviendas,
y para inmuebles urbanos no edificados, la base imponible
la constituye la valuación fiscal establecida para el cálculo
del impuesto sobre la vivienda suntuaria y los solares urba-
nos no edificados;
b) Para el resto de los inmuebles, urbanos y rurales, inde-pendientemente del destino o uso que se les asigne a los mismos, la base imponible la constituye la valuación fiscal establecida de conformidad con la certificación de avalúo que emita la Dirección General del Catastro Nacional.
Párrafo III.- La contribución a pagar es de cinco mil pesos oro dominicanos (RD$5,000.00) ajustados por inflación y se aplica sobre la base imponible determinada de conformidad con el Párrafo II.
Párrafo V.- El registrador de títulos respectivo no procederá a registrar la transmisión de ningún derecho sobre el inmueble sino
hasta cuando se haya demostrado que el pago de la contribución especial ha sido efectuado.
a) Los inmuebles que se transmitan a favor del Estado domi-nicano;
c) Los inmuebles que se transmitan a favor de las organizacio-nes religiosas;
d) Los solares urbanos edificados destinados a viviendas, que
se encuentren exentos del pago conforme a la Ley No.18-88,
del 5 de febrero de 1988.
Art. 44.- Tribunal competente. Toda acción intentada en los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria para enmendar el perjuicio que le haya sido causado por la aplicación de la presente ley, debe ser ordenado su resarcimiento por la misma sentencia que haya declarado la existencia del daño. El juez fijará el monto a resarcir.
Art. 45.- Administrador y custodio del Fondo de Garantía de
Inmuebles Registrados. La custodia y administración del Fondo de Garantía estará a cargo de un Consejo de Administración designado por la Suprema Corte de Justicia.
Art. 46.- Plazo y desembolso. Una vez notificada la sentencia que intervenga con autoridad de la cosa juzgada que ordene la indemnización, la entidad administradora, debe efectuar el pago correspondiente, en un plazo no mayor de sesenta (60) días.
Art. 47.- Definición.Es el procedimiento mediante el cual se libera un inmueble registrado de cualquier ocupación ilegal.
Art. 48.- Procedimiento de desalojo ante el Abogado del
Estado . El propietario de un inmueble registrado, amparado en su Certificado de Título o Constancia Anotada puede requerir el Abogado del Estado* el auxilio de la Fuerza Pública para proceder al desalojo del ocupante o intruso.
Párrafo I.- El propietario se proveerá de una autorización emitida por el Abogado del Estado* que será notificada al intruso por acto de alguacil, de la misma jurisdicción, conjuntamente con el Certificado de Título, intimándole para que en el plazo de quince (15) días abandone el inmueble ilegalmente ocupado. Vencido este plazo, el Abogado del Estado* mediante oficio que será notificado mediante acto de alguacil concederá un último plazo de quince (15) días para que abandone el inmueble o deposite sus alegatos por ante dicha institución.
Párrafo II.- El Abogado del Estado* luego de que compruebe la legitimidad de los documentos depositados por el propietario, y transcurridos los plazos ya establecidos ordenará el desalojo que
Art. 49.- Procedimiento judicial de desalojo. Como producto de un proceso contradictorio, los jueces de la Jurisdicción Inmobiliaria pueden ordenar el desalojo, a solicitud de parte interesada, del Abogado del Estado* o de oficio.
Párrafo II.- Vencido dicho plazo, la parte interesada podrá requerir al Abogado del Estado , el auxilio de la fuerza pública para practicar el desalojo.
Art. 50.- Referimiento. El juez del Tribunal de Jurisdicción Original apoderado del caso puede conocer en referimiento de toda medida urgente y de carácter provisional que se deba tomar respecto al inmueble.
Art. 53.- Vías de Recurso. La medida dictada en referimiento es recurrible por ante el Tribunal Superior de Tierras correspondiente. El plazo para recurrir las medidas dictadas en referimiento es de quince (15) días contados a partir de la notificación de la decisión. El presidente del Tribunal Superior de Tierras tiene las mismas facultades previstas en los artículos 140 y 141 de la ley 834, del 15 de julio de 1978, que abroga y modifica ciertas disposiciones en materia de Procedimiento Civil y hace suyas las más recientes y avanzadas reformas del Código de Procedimiento Civil Francés.
Art. 54.- Definición.Es el procedimiento mediante el cual se hace cesar el estado de indivisión entre los copropietarios, coherederos y/o copartícipes de un inmueble registrado.
Art. 55.- Competencia. El tribunal de jurisdicción original que territorialmente corresponde al inmueble es el competente para conocer de los casos de partición de inmuebles registrados. En aquellos casos en que se trate de inmuebles ubicados en diferentes jurisdicciones la primera jurisdicción apoderada será el tribunal competente.
Párrafo.- En los casos de partición amigable, esta se ejecuta por la vía administrativa. A tal efecto, la solicitud de partición debe acompañarse del acto auténtico o bajo firma privada debidamente legalizado por notario en el cual todos los copropietarios, coherederos o coparticipes de común acuerdo pongan de manifiesto su voluntad y forma de dividir amigablemente el inmueble indicando el proyecto de subdivisión de tales derechos.
Art. 58.- Audiencia. Es la etapa oral, pública y contradictoria del proceso, donde las partes presentan las peticiones, pruebas, argumentos y conclusiones que desean hacer valer por ante los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria.
Art. 62.- Medios de inadmisión. Son medios de defensa para hacer declarar a una de las partes inadmisible en su acción, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar en justicia, tales como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado y la cosa juzgada. Los medios de inadmisión serán regidos por el derecho común.
Art. 63.- Exclusión de la fianza de solvencia judicialQueda.
excluida de la Jurisdicción Inmobiliaria la fianza judicatum solvi
contra el extranjero transeúnte que sea demandante principal o interviniente voluntario en un proceso.
Art. 65.- Prueba pericial. En caso de que se ordene un peritaje dentro de un proceso judicial ante esta jurisdicción, el juez designará un perito oficial y las partes podrán nombrar, a su costo, los peritos que estimen convenientes, los cuales deben ser juramentados por el tribunal.
Art. 68.- Publicidad. Es toda actuación que tiene por finalidad poner en conocimiento del público un proceso y todas las acciones emanadas de esta Jurisdicción en relación con los mismos. Las precisiones en lo referente a las medidas de publicidad para cada caso son las establecidas por la vía reglamentaria.
Art. 73.- Notificaciones.Todas las actuaciones que por la aplicación de la presente ley requieran de una notificación serán realizadas por actos instrumentados por ministeriales de la Jurisdicción
Art. 74.- Definición.Es la acción contra un acto administrativo, dictado por los órganos administrativos y técnicos de la Jurisdicción Inmobiliaria, así como de los que se ejerzan contra las resoluciones administrativas de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria.
Párrafo II.- El órgano requerido deberá pronunciarse en un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de presentación

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4