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Timestamp: 2017-10-18 07:37:37+00:00

Document:
Revocación de orden de prisión preventiva del Dr. Gustavo Noboa y disposición de Libertad!
Quito, 16 de marzo del 2006
Sr. (es)
Defensor: DR. GUSTAVO NOBOA BEJARANO
DR. SANTIAGO ANDRADE UBIDIA
En la instrucción fiscal No 49-2003, que se sigue en contra del Ing. Jorge Gallardo Zavala y otros, se ha dictado la siguiente resolución.
PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Quito, 16 de marzo de 2006.- Las 15h00 (49 – 2003) VISTOS: La Sra. Ministra Fiscal General del Estado de ese entonces Dra. Mariana Yépez Andrade, el 22 de mayo del 2003, da inicio a la indagación previa para investigar lo relacionado con la denuncia presentada por el Ing. León Febres Cordero Rivadeneira, Diputado por la provincia del Guayas, en la sesión extraordinaria del Congreso Nacional, el 21 de mayo del 2003, referente a la irregular renegociación de la deuda externa del Ecuador en el canje de Bonos Brady y Eurobonos por Bonos Globales; en razón de que considera que de tal investigación se desprenden hechos presumiblemente constitutivos de una infracción penal, habiéndose identificado entre los presuntos responsables al Ing. Jorge Gallardo Zavala, quien por su condición de Ministro de Economía y Finanzas presidía la Comisión de Renegociación, y por tanto goza de fuero de Corte Suprema de Justicia, el 26 de mayo de 2003 resuelve dar inicio a la Instrucción Fiscal, fojas 580 a 586, por los siguientes hechos “De la documentación enviada por el Congreso Nacional el 23 de mayo del 2003 he incorporada a la indagación previa se infiere que el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Presidente de la República autorizó en el Decreto No. 618 de 26 de julio del 2000, publicado en el R.O. 146 de 22 de agosto del 2000, la emisión de los Bonos Globales hasta el monto de US$ 5750 millones de dólares destinados EXCLUSIVAMENTE a la REESTRUCTURACION de la Deuda Externa del Ecuador, no obstante parte del saldo de US$ 126.4 millones de dólares, luego de realizar el canje de la deuda externa del Ecuador y pagar honorarios o intereses, fue utilizado en julio del 2001 en aplacamiento financiero al Banco del Pacífico y al Filanbanco, es decir que no se habría utilizado en la operación de canje o Reestructuración de la deuda externa si no en pagos que no estaban autorizados por el Decreto de Emisión desvirtuando de esta manera el destino exclusivo con el que se autorizo al emitir dichos bonos.- Estos hechos presumiblemente punibles se han producido del modo que ha continuación se expone: 1.- El 5 de junio del 2000, con Decreto Ejecutivo No 465 publicado en el Registro Oficial No 96 del 12 de esos mismos mes y año, se creo la Comisión Negociadora de la deuda externa ecuatoriana, cuya integración le correspondió al Sr. Presidente de la Republica, quien la hizo mediante Decreto Ejecutivos del año 2000 y 2001: a) El Ing. Jorge Gallardo Zavala es nombrado Presidente de la Comisión Negociadora mediante Decreto No 466 de 5 de junio; b) El Ing. Francisco Arosemena, el Ing. Juan Montufar Freile y el Econ. Alonso Pérez Kakabadse, con decreto No 473 de 7 de junio; c) El Sr. Federico Roca Arteta por decreto No 730 del 4 de septiembre; d) El Sr. Carlos Carrera Noritz por decreto No 1029 de 5 de diciembre, en reemplazo del Ing. Juan Montufar Freile, al que se le acepta su renuncia el 5 de diciembre; e) Se ratifica al Ing. Jorge Gallardo como Presidente de la Comisión el 2 de enero del 2001 (Decreto 1093), pues en esa fecha asume las funciones de Ministro de Economía y Finanzas; f) Se nombra a la Sra. Maria de Lourdes Pesantez Saona como miembro de la Comisión Negociadora por Decreto No 1123 de 10 de enero del 2001. Las atribuciones de la citada Comisión constan descritas en el Decreto de creación. (465 de 5 de junio del 2000): Renegociar la deuda externa Ecuatoriana y fijar las condiciones mismas de pagos con gobiernos, proveedores y otras instituciones, cuyos acuerdos se concretaran a través de los organismos gubernamentales pertinentes en coordinación directa con el Ministro de Economía y Finanzas.- 2.- Mediante decreto Ejecutivo No 618 de 26 de julio del 2000, publicado en el R.O. 146 de 22 de agosto de 2000, el Dr. Gustavo Noboa Bejarano autorizó la emisión de los denominados Bonos Globales hasta la suma de US$ 5750 millones de dólares, los que debían ser destinados exclusivamente a la Reestructuración de la deuda externa del Ecuador a través del canje de los Bonos Globales por los Bonos Brady y Eurobonos. Los Bonos Globales emitidos por el Ecuador fueron de dos clases: a 30 años plazo (Bonos Globales 2030); y, a 12 años plazo (Bonos Globales 2012).- 3.- El 23 de agosto del 2000 el monto que se había emitido de Bonos Globales era de US$ 3950,00 millones; de esta emisión se habrían utilizado US$ 3570.23 millones en canje de Bonos Brady y Eurobonos (SIC); US$ 177.33 millones para el pago de intereses y del saldo de US$ 202.41 millones de Bonos Globales que no fue canjeado en el proceso de Reestructuración de la deuda externa se había destinado a los (SIC) siguiente: US$ 42,6 millones: Honorarios de Consultoría y Abogacía en la Renegociación de la Deuda Externa a la Firma Salomón Smith Barney; US$ 2952,39 (SIC) millones: Servicios Legales a diversas firmas; US$ 26 millones: Canje de Bonos Brady y Eurobonos rezagados; US$ 1,2 millones: Reconocimiento de intereses acumulados que se pagaron a los bonos 2012; US$ 6,2 millones: Venta de Bonos con la finalidad de fondear parte de la devolución del uso anticipado del colateral de principal a los tenedores rezagados, lo que significa que parte de los Bonos Globales sirvieron para cancelar rubros totalmente distintos a los que contemplaba el Decreto de emisión, quedando de este modo un saldo al 31 de diciembre del 2000 de US$ 126.4 millones.- 4.- Con fecha julio del 2001, el Ministro de Economía y Finanzas, Ing. Jorge Gallardo Zavala instruye a la firma Salomón Smith Barney, que tenia bajo su custodia los Bonos Globales restantes, que los negocien en el mercado secundario, obteniendo el monto en efectivo de US$ 52.7 millones de dólares, adicionalmente solicita a la misma firma un giro en el Banco Central por US$ 59.03 millones. Los US$ 52.7 millones obtenidos de la venta de los bonos y los US$ 6.33 millones con cargo a los depósitos que la Comisión Negociadora había ordenado realizar en la cuenta de Salomón Smith Barney fueron entregados por el Ministro de Economía y Finanzas a los Bancos del Pacifico y Filanbanco en un monto de US$ 37,71 millones y US$ 21,32 respectivamente. A decir del Ing, Gallardo esta entrega de recursos constituía una inversión del Estado en esas entidades financieras ya que los Bonos eran de propiedad estatal sin observar que tenían una finalidad exclusiva que no correspondían a la de realizar inversiones de ninguna naturaleza si no únicamente para ser destinado a la Reestructuración de la Deuda Externa del Ecuador.- 5.- El 18 de agosto del 2002, el Ing Jorge Gallardo Zavala, dirige un oficio al Ing. Francisco Arosemena Robles, Ministro de Economía y Finanzas en el cual expone que al concluir la negociación de la Deuda Brady quedo un sobrante de Bonos Globales por US$ 126,4 millones de dólares, los cuales estaban bajo la custodia de la firma Salomón Smith Barney, y que eran un fondo a disposición de la Republica que podía ser utilizado entre otros destinos, para justificar la recompra de los bonos globales en reemplazo de los bonos Brady. Establece también el Ing. Gallardo que habría solicitado la venta de estos bonos para invertir el dinero efectivo en los Bancos Filanbanco y Banco del Pacífico, operación de tesorería que habría generado como contrapartida inversiones financieras a favor del Estado.- Como colorario de lo anterior se concluye: el decreto Ejecutivo No 618 de 26 de julio del 2000 autorizo la emisión Bonos Globales hasta por un monto de US$ 5750 millones de dólares con la exclusiva finalidad de reestructurar la deuda externa del Ecuador en el canje de estos por los bonos Brady y Eurobonos. De acuerdo con este Decreto se emitieron Bonos Globales por el monto total de US$ 3950 millones de dólares y el 23 de agosto del 2000 el saldo de esta emisión era de US$ 206 millones, es decir hasta esa fecha en cumplimiento de Decreto de emisión se habían negociado por bonos globales por US$ 3747 millones por Bonos Brady y Eurobonos; a partir de esa fecha hasta el 31 de diciembre del 2000 se dispuso del saldo restante bonos por gastos tales como pagos de honorarios e intereses. En Junio 2001 el saldo de los Bonos Globales era de US$ 126 millones de dólares del cual se efectúan inversiones en el Filanbanco y en el Banco del Pacifico, por US$ 59 millones negociándose estos Bonos en el mercado secundario con un castigo o descuento del 40% del valor nominal, lo que significa que se utilizaron los Bonos Globales para un fin distinto al Decreto que autoriza su emisión, esto es la Renegociación de la deuda externa del Ecuador y no la negociación con un descuento en perjuicio del Estado para con ese dinero en efectivo invertirlo en Entidades Financieras, una de ellas actualmente en liquidación. Los hechos que se dejan consignados son elementos de convicción que hacen presumir la existencia principalmente del delito tipificado en el articulo 257, toda vez que el Presidente y los Miembros de la Comisión Negociadora de la Renegociación de la deuda externa entre las fechas Julio del 2000 hasta agosto del 2001 han prestado su concurso para la realización de los actos presumiblemente punibles que se han enunciado anteriormente, toda vez que ellos eran los delegados de la negociación de la deuda externa del Ecuador para el Canje de los Bonos Globales con los Bonos Brady y Eurobonos que era su único objetivo y no para erogaciones distintas al Decreto de emisión”.- La Sra. Ministra fiscal señala que las personas a quienes atribuye la participación en los actos presumiblemente punibles, son: INGENIEROS JORGE GALLARDO ZAVALA Y FRANCISCO AROSEMENA ROBLES, ECONOMISTA ALONSO PEREZ KAKABADSE Y SEÑORES CARLOS CARRERA NORRITZ, FEDERICO ROCA ARTETA Y MARIA LOURDES SAONA; y remite la Instrucción fiscal a esta Presidencia, para efectos de lo dispuesto en el articulo 217 del Código de Procedimiento Penal.- El Dr. Armando Bermeo Castillo a esa fecha Presidente de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de 29 de mayo de 2003, las 17h30, fojas 587 y 588, dispone que sean notificados los imputados y los señores PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO y el doctor Luis Castillo Velasco, a quien se le designa Defensor de Oficio, dispone que se cuente con el señor Contralor General del Estado y luego de cumplidas las notificaciones devuelve el expediente para que continúe con el tramite legal. La señora Ministra Fiscal General del Estado, doctora Mariana Yépez Andrade, mediante oficio No 000506-MFG, de 28 de mayo de 2003, fojas 433, solicita al doctor Armando Bermeo Castillo, en esa fecha Presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de asegurar el principio de legalidad y debido proceso previsto en el Código de Procedimiento Penal…”, “obtener el pronunciamiento del H. Congreso Nacional en los términos de los numerales 9 y 10 del articulo 130 de la Constitución Política en lo que tiene que ver con el Dr. GUSTAVO NOBOA BEJARANO”, y en respuesta, en comunicación No 1117-SP-2003, de 29 de mayo del 2003, fojas 436, dice: “… De acuerdo a lo dispuesto en el art. 130 N. 10 de la Constitución Política de la Republica, es de competencia del H. Congreso Nacional, autorizar el enjuiciamiento penal del Presidente y Vicepresidente de la República.- En el caso del señor doctor Gustavo Noboa Bejarano, a la presente fecha no ostenta ninguna de las calidades a las que se refiere la norma constitucional invocada, por lo tanto no es procedente que el suscrito Juez, Presidente de la Exema. Corte de Suprema de Justicia, requiera el pronunciamiento solicitado”; y acompaña al oficio copia de la Resolución No R-21-049 de 4 de julio de 2000, pronunciada por el H. Congreso Nacional, mediante la cual resuelve devolver por improcedente la solicitud del doctor Galo Pico Mantilla, en ese entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, de que se le autorice el enjuiciamiento penal del doctor Jamil Mahuad Witt, Ex Presidente de la Republica.- El 4 de julio del 2003, las 16h00, fojas 7842, la señora Ministra Fiscal Dra. Mariana Yépez Andrade, resuelve hacer extensiva la Instrucción Fiscal al Dr. Gustavo Noboa Bejarano, porque – dice – se han incorporado mayores elementos en la etapa de investigación procesal: “A) Que el 5 de junio del 2000 el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, en su condición de Presidente de la Republica, mediante Decreto Ejecutivo No 465 crea la Comisión Negociadora de la Deuda Externa, de acuerdo con el articulo 171 numeral 3 de la Constitución en la cual se establece como atribución y deber del Presidente de la Republica dictar políticas y velar por el cumplimiento de las mismas; Es decir que el Dr. Gustavo Noboa Bejarano fundamentado en esa norma constitucional creo la Comisión Negociadora estableciendo expresamente amplias atribuciones a su Presidente. Se destaca que la disposición constitucional mencionada obliga al Presidente de la Republica a velar por el cumplimiento de tales políticas, entendiéndose que la creación de la Comisión Negociadora de la Deuda Externa es una política, pues así se infiere del texto de los considerados del referido Decreto No 465.- B) Que la creación de esta Comisión se opone a lo establecido en el art. 130 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control que determina que el Ministro de Economía y Finanzas es quien debe realizar las negociaciones y no solo suscribir por delegación los contratos y convenios referentes a la deuda externa, como ha sucedido en el caso. Esta atribución legal fue concedida por el decreto de la Comisión, mas aun al haber nombrado al Ing. Jorge Gallardo, Presidente con amplias facultades sin ser Ministro de Economía a esa fecha, con lo que se permitió de los Miembros de la Comisión se arroguen funciones que no les correspondía.- C) Que el Dr. Gustavo Noboa en su versión en un escrito que consta anexado a la Instrucción sostiene que la Comisión habría sido creada al amparo de lo estipulado en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (SIC), por el cual el Presidente puede crear organismos, comisiones y entidades dependientes de la Función Ejecutiva y asignarles competencias especificas, por tanto la Comisión era parte de la Administración Central de la Función Ejecutiva.- Cabe precisar que el Estatuto se refiere a otro tipo de organismo con finalidades diferentes a las que consigna el articulo 130 de la Ley Organiza de la Administración Financiera y Control; En consecuencia para la Renegociación de la deuda externa debió regir esa Ley y no el Estatuto, que inclusive es de menor jerarquía en el ordenamiento jurídico del País; D) Que el 26 de Julio del 2000 el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Presidente de la Republica dicto el Decreto Ejecutivo No 618, con la finalidad de que se emitan Bonos Globales hasta por el monto máximo de US$ 5750 millones destinados exclusivamente a la Reestructuración de la deuda externa del Ecuador; no obstante parte del saldo de dicha emisión: US$ 126 millones, fue utilizada en fines distintos de los señalados por el Decreto, como apalancamiento en los Bancos del Pacifico y Filanbanco, situación que es confirmada por el Ing. Jorge Gallardo en el oficio de 18 de agosto del 2002, dirigido al Ing. Francisco Arosemena Robles, en el que reconoce que al concluir la negociación de la deuda externa quedo un sobrante de bonos por US$ 126.4 millones y que en julio del año 2001 habría instruido a Salomón Smith Barney que negocie los bonos en el mercado secundario, obteniendo de esa operación, en el monto en efectivo de US$ 52.7 millones, dinero que se deposito en el banco Filanbanco y Banco del Pacifico.- E) Que de la versión del Econ. Fabiola Calero la Ayuda Memoria y de los Oficios números 2255, 2435, 2503 y 2598 de 19 de octubre, 8, 19 y 29 de noviembre del 2001 en su orden, se establece que los Miembros de la Comisión Negociadora creada por el Dr. Gustavo Noboa en su calidad de Presidente de la Republica y por lo tanto sujeta a sus políticas y vigilancias, conocían de la existencia de un sobrante de bonos globales y sus posteriores usos y que incluso habrían solicitado a la Economista Calero que retire los oficios en los cuales ella pedía información al respecto porque a criterio de los Miembros de la Comisión se trataba de un asunto muy delicado y confidencial y que además habían sido nombrados por el señor Presidente de la Republica, en cuyo caso no debían (sic) rendir cuentas.- F) Que los Oficios de 24 de agosto, 23 de octubre, 6 de noviembre del 2001, llevan a concluir que la señora Mercedes Maria Pesantes, el señor Carlos Carrera y el Econ. Francisco Arosemena, Miembros de la Comisión Negociadora de la Deuda Externa habrían estado enterados de la inversión que se estaba realizando en el Banco del Pacifico por US$ 17.60 millones, producto de la venta de los bonos globales, inversión que estaba a favor de Salomón Smith Barney e incluso el economista Arosemena solicito al precitado Banco la devolución de la misma.- Parte de esa inversión (US$ 11.586.462,80), fue devuelta al Ministerio de Economía y Finanzas para el incremento de crédito a favor de la Corte Suprema de Justicia, como se colige de la Resolución 401236, de 12 de noviembre del 2002, emitida por Mercedes de Lourdes Pesantes miembro de la Comisión Negociadora y a esa fecha Subsecretaria General de Finanzas del Ministerio de Economía, y del Oficio STN-2002-5202 enviado por el señor Fabián Carrillo Jaramillo, Subsecretario Tesorero, de la cual tenia conocimiento el Sr. Presidente de la Republica si se toman en cuenta los Oficios No 1514 y 1537, de 7 y 8 de noviembre del 2002 enviados por el Sr. Presidente de la Corte Suprema de Justicia a los economistas Diego de Mancheno y Francisco Arosemena.- H .- Que de conformidad con los oficios Nos. FLB-LIQ-2003-1569 y BP-VP-2003-032 de 18 y 24 de junio del 2003, suscrito por los representantes de los Bancos Filanbanco y Pacifico los dineros producto de la venta con descuento de los bonos globales por US$ 126 millones fueron invertidos del siguiente modo: US$ 41.14 millones en el Filanbanco y US$ 16.6 millones en el Banco del Pacifico, parte de estos últimos fueron devueltos al Ministerio de Economía a solicitud del Economista Francisco Arosemena, para la finalidad expuesta en el literal anterior. Conclusión: Los hechos puntualizados permiten concluir que el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, contrariando el art. 130 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control creo la Comisión Negociadora de la Deuda Externa como un organismo parte de la Función Ejecutiva de la cual era su Representante, la misma que debía actuar bajo las políticas por el establecidas, y que además era su obligación velar por el cumplimiento de las mismas; que luego de la emisión de los Bonos Globales, efectuada exclusivamente por la Reestructuración de la deuda, y su respectivo canje por los bonos Brady y Eurobonos, existió un remanente que para enero del 2001 alcanzaba los US$ 126 millones, los mismo que sin acatar el Decreto de misión fueron, negociados con altas tazas de descuentos e invertidos en el Banco Filanbanco y Banco del Pacifico, para con posterioridad solicitar la devolución de una parte de los mismos al Banco del Pacifico con la finalidad de cumplir con un compromiso adquirido. Por consiguiente, se presume que el Dr. Gustavo Noboa Bejarano, en su calidad de Presidente de la Republica conoció de los hechos objeto de la investigación procesal que motivan la Instrucción Fiscal, al crear la Comisión Negociadora de la Deuda Externa, Incumpliendo el art. 130 de la Ley Organiza de la Administración Financiera y Control, y no velar por el cumplimiento de las políticas por el Impuestas al crearla, ni la correcta utilización de los bonos globales en los fines establecidos en el Decreto No. 618 que imponía que su omisión sea exclusiva para el canje de la deuda externa, tanto mas que parte de los dineros depositados indebidamente en el Banco del Pacifico sirvió para cumplir otro tipo de compromisos, por lo que en esta fecha resuelvo hacer extensiva la Instrucción Fiscal en su contra al tenor del articulo 221 del Código Adjetivo Penal”.- Posteriormente, en el escrito de fojas 8.098 la doctora Mariana Yépez Andrade, Ministra Fiscal General del Estado dice “De conformidad con la Resolución de Vinculación dictada el día viernes 4 de julio del año que recurre, en contra del Dr. Gustavo Noboa Bejarano y en uso de la facultad concedida en el numeral 9 del articulo 216 del Código de Procedimiento Penal solicito a Usted que se sirva dictar la medida cautelar personal en merito a lo dispuesto por el articulo 159 ibidem en contra de los imputados: Ingeniero Jorge Gallardo Zavala, señor Carlos Carrera Noritz, Econ. Alonso Pérez Kakabadse, Ingeniero Francisco Arosemena Robles, Econ. Maria de Lourdes Pesantez Saona y Doctor Gustavo Noboa Bejarano”.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Armando Bermeo Castillo, mediante providencia expedida el 15 de julio de 2003, las 10h00 fojas 8153, 8153 vuelta niega el pedido de la Ministra Fiscal General; y, la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto de 11 de agosto del 2003, las 12h30, fojas 18.484 a 18.500 y 18.500 vuelta, acogiendo en parte la apelación deducida por la señora Ministra Fiscal General, dicta orden de prisión preventiva del ingeniero Jorge Gallardo Zavala y ordena el arresto domiciliario del doctor Gustavo Noboa Bejarano, por tener mas de 65 años de edad, aclarando que la negativa del Juez a quo a ordenar medidas cautelares reales, quedo en firme al no ser Impugnable su decisión en esta materia, por la limitación del inciso primero reformado del articulo 172 del Código de Procedimiento Penal.- Mediante providencias de 29 de septiembre de 2003, las 16h00, fojas 16.996 a 16.998 y de 15 de diciembre de 2003, las 10h00, fojas 17.467 y 17.467 vuelta, la doctora Mariana Yépez Andrade, Ministra Fiscal General del Estado, hace extensiva la Instrucción Fiscal al ingeniero Alexander Mejia Peñafiel y a la señora Hortensia Elena Andrade Granja; y, el doctor Armando Bermeo, con providencias de 27 de octubre de 2003, las 08h30, fojas 17.006, y de 6 de enero de 2004, las 09h20, fojas 17.469, dispone que los imputados sean notificados con la vinculación fiscal.- Por haber transcurrido el plazo de duración de noventa días improrrogables, la doctora Mariana Yépez Andrade, Ministra Fiscal General del Estado, en providencia de 17 de febrero de 2004, las 12h00, fojas 17.632, declara concluida la etapa dentro de la presente Instrucción Fiscal; y, el doctor Alfredo Alvear Enríquez, Director Nacional de Asesoría y Subrogante de la señora Ministra Fiscal General del Estado, emite dictamen acusatorio, por haber encontrado datos relevantes sobre la existencia de la infracción investigada y tipificada en el articulo 257 del código penal y acusa al INGENIERO JORGE GALLARDO ZAVALA; al DOCTOR GUSTAVO NOBOA BEJARANO; al INGENIERO ALONSO PEREZ KAKABADSE, al SR. CARLOS CARRERA NORITZ y al ECONOMISTA FRANCISCO AROSEMENA ROBLES. Con relación a la ECONOMISTA ELENA ANDRADE, al ECONOMISTA JORGE FEDERICO ROCA ARTETA, al ECONOMISTA ALEXANDER MEJIA y a la ECONOMISTA MARIA DE LOURDES PESANTES SAONA, se abstiene de acusarlos, fojas 17.634 a 17.649; y, remite la instrucción Fiscal a esta Presidencia para los fines previstos en el articulo 227 del Código de Procedimiento Penal. En el trámite del expediente han sido notificados los imputados con la acusación fiscal y se ha verificado la audiencia preliminar prevista en los artículos 228 y 229 ibidem; por lo tanto en el estado actual de la causa para resolver se considera: PRIMERO: El Presidente de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la Instrucción Fiscal de acuerdo con lo previsto en los artículos 13, numeral 2; y, 28, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Judicial; y, 376 a 382, inclusive, del Código de Procedimiento Penal vigente, en razón de que se encuentran como imputados el doctor Gustavo Noboa Bejarano y los ingenieros Jorge Emilio Gallardo Zavala y Francisco Arosemena Robles, el primero de los nombrados en funciones de Presidente Constitucional de la República y el segundo y tercero de los antes referidos, quienes se desempeñaron como Ministros de Economía y Finanzas, a la época en que se cometieron los hechos denunciados.- SEGUNDO: En la audiencia preliminar se alego la existencia de vicios de procedibilidad que pueden concretarse en los siguientes: En primer lugar que, para el caso se necesitaba el pronunciamiento previo del Congreso Nacional mediante juicio político, invocándose el Art. 130 numeral 9 de la Constitución Política de la Republica; en segundo lugar, se argumento que es facultad privativa de la Contraloría General del Estado la determinación de indicios de responsabilidad penal y que, sin tal pronunciamiento previo de la Contraloría, no se puede proceder penalmente. Respecto a la primera objeción, es necesario establecer que el Art. 130 numeral 9 de la Constitución Política de la Republica, que dice: “El Congreso Nacional tendrá los siguientes deberes y atribuciones: …9. Proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de los integrantes del Congreso Nacional, del Presidente y Vicepresidente de la República, de los ministros de Estado, del Contralor General y Procurador del Estado, del Defensor del Pueblo, del Ministro Fiscal General; de los superintendentes, de los vocales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de terminadas.- El Presidente y Vicepresidente de la República sólo podrán ser enjuiciados políticamente por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado o por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, y su censura y destitución solo podrá resolverse con el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. No será necesario enjuiciamiento penal para iniciar este proceso. Los demás funcionarios referidos en este número podrán ser enjuiciados políticamente por infracciones constitucionales o legales, cometidas en el desempeño del cargo. El Congreso podrá censurarlos en el caso de declaratoria de culpabilidad, por mayoría de sus integrantes.- La censura producirá la inmediata destitución del funcionario, salvo en el caso de los ministros de Estado, cuya permanencia en el cargo corresponderá decidir al Presidente de la Republica,. Se de la censura de derivaren indicios de responsabilidad penal del funcionario, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento del Juez competente.”.- De consiguiente, el inciso segundo de la disposición constitucional transcrita es el aplicable al caso que nos ocupa y con claridad meridiana la disposición tiene que ver con el enjuiciamiento político del Presidente y Vicepresidente de la República por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado o por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, resultado que la consecuencia de tal juicio político es la censura y destitución que solo podrá resolverse con el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, de lo que se infiere lógicamente que tal norma se refiere exclusivamente al Presidente y al Vicepresidente de la República en funciones, porque solo ellos pueden ser censurados y destituidos y para ello la trascendencia que tiene el cesar en las funciones a quien ejerce la Presidencia y Vicepresidencia de la República, coherentemente la norma exige el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso Nacional.- Al tratarse en este proceso de quien no se encontraba en el ejercicio de las funciones de Presidente de la República , no es aplicable esta disposición y por lo mismo la alegación no tiene sustento jurídico y por tanto se la desestima; es necesario además, señalar que en la parte final del inciso al que se hace referencia, dice expresamente que no será necesario enjuiciamiento penal para iniciar el proceso político, por lo que es lógico que tal disposición no impide el que se haya iniciado un juicio penal antes de tal enjuiciamiento político, puesto que si la norma dice que no será necesario, es evidente que si pudo iniciarse el enjuiciamiento penal. Como también se ha alegado respecto a los Ministros de Estado, que participaron en los hechos materia del proceso, que debía preceder juicio político para poder procesarlos penalmente, tal alegación no procede, porque el inciso tercero del numeral 9 del Art. 130 de la Constitución, expresamente señala que el juicio político para tales Ministros y otros funcionarios sometidos a ese juicio, por decisión de culpabilidad declarada por la mayoría de los integrantes del Congreso, acarrea la censura y la inmediata destitución, por lo que la actuación del Congreso, exclusivamente es aplicable a los Ministros de Estado y otros funcionarios en el desempeño de sus cargos, porque solo en tal caso pueden ser destituidos, ya que inclusive y para mayor abundamiento, la norma citada dice, refiriéndose a los Ministros que la “permanencia en el cargo corresponderá decidir al Presidente de la República”, lo cual solamente puede ocurrir si se trata de un Ministro en Funciones, y no es aplicable para quien dejo de desempeñar tal cargo. En lo que tiene que ver con la segunda alegación, al afirmar que no puede proceder penalmente, sin pronunciamiento previo de la Contraloría General del Estado, es necesario señalar que el texto constitucional en el Art. 212 dice: “La Contraloría General del Estado tendrá potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, y hará el seguimiento permanente y oportuno para asegurar el cumplimiento de sus disposiciones y controles.- Los funcionarios que, en ejercicio indebido de las facultades de control, causen danos y perjuicios al interés publico o a terceros, serán civil y penalmente responsables”; por lo que, claramente se concluye que tal disposición se refiere al ejercicio de la potestad exclusiva en tanto en cuanto como Juez de Cuentas garantiza y fiscaliza el debido uso de los recursos públicos, y que en el evento de que se haga mal uso de ellos, corresponde a la Contraloría General del Estado la atribución de determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas, utilizando la conjunción “e” indicios de responsabilidad penal, quiere decir que el indiciar penalmente a alguien no obsta la actuación del Ministerio Público para que inicie todas las acciones investigativas en forma autónoma e independiente y en virtud de la potestad exclusiva de la Fiscalía en lo que corresponde a la materia penal; esto es lógico, porque con rango constitucional tanto la Contraloría General del Estado como el Ministerio Publico deben actuar en el ámbito de sus respectivas potestades y no pueden supeditarse dichas potestades ni para excluirse ni para precederse ni condicionarse mutuamente por el respeto a las respectivas jerarquías. Mas aun, en el presente caso, consta en el expediente de la Instrucción Fiscal, que el Ministerio Público ha formado las actuaciones propias de la Contraloría General del Estado que han coadyuvado en forma eficaz para establecer los indicios de responsabilidad penal; además, e concordancia con las normas constitucionales, Art. 40 del Código de Procedimiento Penal dice: “Prejudicialidad.- En los casos expresamente señalados por la ley, si el ejercicio de la acción penal dependiera de cuestiones prejudiciales cuya decisión compete exclusivamente al fuero civil, podrá iniciarse el proceso penal antes de que haya auto o sentencia firme en la cuestión prejudicial “. Por ello, los casos de prejudicialidad que están expresamente determinados en la Ley, no son aplicables al presente proceso; para mayor abundamiento se han presentado como evidencias entre otros los oficios que constan de fojas 18.793 y 18.801, que suscriben los señores doctor Genaro Peña Ugalde, Contralor General del Estado Subrogante, dirigido a la señora Ministra Fiscal General del Estado, de 18 de agosto del 2003, que dice: “…El primer inciso del Art. 33 del Código de Procedimiento Penal dispone que el ejercicio de la acción publica corresponde exclusivamente al Fiscal. El Art. 215 ibidem prevé que el fiscal antes de resolver la apertura de la instrucción fiscal, si lo considera necesario puede tramitar la indagación previa en la que investigara los hechos presumiblemente constitutivos de infracción penal. En el Art. 216 del mismo cuerpo legal señala las atribuciones del fiscal. De lo mencionado se desprende, que los agentes fiscales están debidamente facultades para tramitar las indagaciones previas; y las instrucciones fiscales, sin que la realización de una auditoria o examen especial por parte de la Contraloría General del Estado, constituya un requisito de procedibilidad. Sin embargo he dispuesto a la Dirección de Planificación el ágil avance en los examines que interesan al organismo a su digno cargo,”; y, del ingeniero Rene Cordero Jaramillo, Subcontralor General del Estado, encargado, el 20 de abril del 2005, que dice: “… En referencia a su8 oficio 01416 MFG ( 30-05), recibido el 22 de marzo de 2005, con el que solicita se realice un examen especial a la concesión de créditos por el Banco del Progreso Limited, le manifiesto que el primer inciso del articulo 33 del Código de Procedimiento Penal dispone que el ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente al fiscal y el articulo 215 ibidem prevé que este funcionario antes resolver la apertura de la instrucción, si lo considera necesario puede tramitar la indagación previa en la que investigara los hechos presumiblemente constitutivos de infracción penal, además el articulo 216 del mismo cuerpo legal señala las atribuciones del fiscal. De lo mencionado se desprende que los agentes fiscales están debidamente facultado para tramitar las indagaciones previas y las correspondientes instrucciones, sin que la realización de una auditoria o examen especial por parte de la Contraloría General del Estado, constituya un requisito sine que non para la actuación del Ministerio Público “. En lo referente a las alegaciones de que no se aplico lo dispuesto en el Art. 345.- A de la Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control que dice. “Limitación constitucional.- Cuando en los casos de los articulas 340 al 345 de esta Ley, aparezcan indicios de responsabilidad de alguno de los funcionarios cuyo juzgamiento corresponde a la legislatura, el Contralor General se limitara a participar documentadamente los hechos al Presidente de la Republica y a referirse a ello en su informe a la Función Legislativa, sin perjuicio del tramite de las demás responsabilidades, respecto de los otros servidores implicados “. Al efecto se observa, que tal norma no es aplicable al presenta caso, porque como se dijo anteriormente para el enjuiciamiento penal del Presidente , Vicepresidente de la República, ministros y otros funcionarios que gozan de fuero, no es necesario que la Contraloría, mediante el correspondiente examen de auditoria, establezcan indicios de responsabilidad penal. Por todas las consideraciones expuestas al no existir vicios de procedibilidad ni de prejudicialidad se declara la validez del proceso.-TERCERO.- El doctor Alfredo Alvear Enríquez, Director Nacional de Asesoria y Subrogante de la señora Ministra Fiscal General, de acuerdo con lo previsto en el articulo 225, numeral 3ro. Del Código de Procedimiento Penal, en su dictamen, en lo principal, señala: “… SEGUNDO: DETERMINACION DE LAS INFRACCIONES ACUSADAS.-2.1.-Croacion de la Comisión Negociadora de la deuda mediante Decreto Ejecutivo No.465.- En junio del año 2000, el doctor Gustavo Noboa, Presidente de la Republica crea mediante Decreto Ejecutivo No. 465 la Comisión Negociadora de la Deuda Externa, la misma que sustituyo la Unidad Internacional de Reingeniería de la Deuda Publica, en 1999 que la integraban el Ingeniero Juan Pío Montufar, el Economista Mauricio Valencia y el doctor Iván Andrade, entre otros, y estaba encargada de estudiar las posibles alternativas mediante las cuales el país lograría reestructurar o refinanciar su deuda, cuyo trabajo no fue considerado por la nueva Comisión. El doctor Gustavo Noboa designó al Ing. Jorge Gallardo, presidente de la Comisión (Decreto Ejecutivo 466 de 05 de junio del 2000) y como miembros de la misma a los señores: Ing. Francisco Arosemena, Ec. Alonso Pérez Kakabadse e Ing. Juan Pió Montufar (Decreto Ejecutivo 473 de 07 de junio de 2000), quien en junio 20 presento su renuncia.- El 04 de septiembre del 2000 nombra como miembro de la Comisión a Jorge Federico Roca Arteta en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores (Decreto Ejecutivo 730); el 05 de diciembre del 2000 nombra también como miembro de la Comisión a Carlos Carrera Noritz en reemplazo del Ing. Juan Montufar Freile (Decreto 1029); y, el 10 de enero del 2000, nombra a la señora Maria de Lourdes Pesantes miembro de la Comisión (Decreto No. 1123). El Ingeniero Jorge Gallardo asumió las funciones de Presidente de la Comisión Negociadora sin ser Ministro de Finanzas, a quien le correspondía, de acuerdo con el Art. 130 LOAFYC, participar en los temas de deuda externa. La Comisión tenia la facultad de renegociar la deuda externa ecuatoriana y fijar las condiciones mismas de pago con gobiernos proveedores y otras instituciones, cuyos acuerdos se concretarían a través de organismos
Gubernamentales pertinentes. Con este propósito se confiere amplias atribuciones a su presidente para representarla en las negociaciones que se lleven a cabo de conformidad con las políticas adoptadas por el Presidente de la Republica. La Comisión estaba facultada para negociar acuerdos preliminares relativos al proceso de refinanciamiento de la deuda externa previos a la suscripción de los convenios definitivos con los organismos gubernamentales competentes, una vez cumplidas las formalidades de la Ley. De conformidad con los considerándos del mentado Decreto 465, la Comisión Negociadora tiene como sustento el Art. 171, numeral 3 de la Constitución Política del Estado que le posibilita al Presidente de la República dictar políticas y velar por su cumplimiento, por lo que la creación de dicha comisión es una política del máximo representante del Estado , pero contraria al Art. 130 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC) que determina que el Ministro de Economía y Finanzas es quien debe realizar las negociaciones sobre la deuda externa, En consecuencia, el Ing. Jorge Gallardo no podía presidir la Comisión, tanto mas que se le dio amplias facultades bajo la supervisión del propio Presidente de la Republica. 2.2.- Emisión de los Bonos Globales.- El 26 de julio de 2000, el Ing. Jorge Gallardo se presento ante el Directorio del Banco Central, a fin de solicitar dictamen favorable sobre la propuesta de renegociación de la deuda, que autorice la emisión de nuevos bonos hasta por US$ 5.750 millones de dólares, sin embargo, por sugerencia de Gallardo se emitieron por un monto de hasta 2.700 millones de dólares en bonos globales 2030 y de 1250 millones de dólares en bonos globales 2012 cuya recompra seria obligatoria para el país a partir del sexto año del canje. Al respecto los miembros del Directorio acotan que el informe no se pudo conocer con anterioridad para su revisión y que la Comisión debió solicitar una participación mas activa del Banco Central y del Ministerio de Economía y Finanzas. Sobre la base de la presentación del Ing. Jorge Gallardo y los informes del Director General de Estudios del Banco Central, Directorio de esa entidad emitió el 26 de julio del 2000 dictamen favorable para la emisión de bonos globales exclusivamente para el canje de deuda, es decir canje de bonos Brady y Euro bonos por Bonos Globales, con lo que sustituyan unas obligaciones por otras. El Decreto Ejecutivo 628 tuvo como finalidad la de autorizar la emisión de Bonos Globales hasta la cantidad de US$ 5.750 millones, destinados exclusivamente para reestructurar la deuda, que podía hacerse hasta un monto máximo de US$ 4.500 millones en Bonos Globales 2030 y US$ 1250 millones como monto máximo en Bonos Globales 2012, todo esto en base a en (sic) los informes del Procurador y del Directorio del Banco Central que aparecen como antecedentes del Decreto referido. De la documentación enviada por el Banco Central del Ecuador, aparece que la presentación realizada por el Ingeniero Jorge Gallardo, Presidente de la Comisión Negociadora de la Deuda realizo al Directorio del Banco Central tenia el propósito de obtener autorización para emitir los Bonos 2030 hasta un monto máximo de 2.700 millones y los bonos 2012 hasta el monto de 1.250 millones. Una vez operado el canje se tuvo como resultado según los cuadros que contiene el informe de la Contraloría General del Estado y el informe del señor Daniel Badillo, Ministro de Finanzas, Encargado, que la deuda Brady y de Euro bonos, canjeada en un 97% llego a un total de 6.257,65 millones de dólares para lo que se utilizaron los bonos 2030 con el descuento del 35%, lo que implicaba una emisión en bonos 2030 por el monto maximote 4.123 millones de dólares, situación esta que ocurrió momentáneamente, puesto que parte de este monto de bonos 2030 se canjeo posteriormente en bonos 2012 con un descuento adicional del 35%. Que de esta forma el monto de 1.580 millones de dólares de bonos 2030 se canjeo en bonos 2012 más 177 millones por intereses. Realizados los calculas reales se debió emitir como máximo 1.204 millones de dolares en bonos 2012 y 2.543,81 millones de dólares en bonos 2030, lo que da un total de 3.747,59 millones de dolares, siendo irregular e incongruente que la emisión por sugerencia del Ingeniero Jorge Gallardo haya sido de 2.700 millones de dolares en bonos 2030 y 1.250 millones de dolares en bonos 2012; es decir con un excedente de 202 millones de dolares, de los cuales para enero de 2001 quedo un saldo de US$ 126.4 millones de dólares que no serian utilizados en la reestructuración de deuda, si no que fueron vendidos en los mercados internacionales con un descuento reaproximadamente el (sic) 59%, lo que dio un perjuicio al Estado de 73 millones de dolares La intención del Ingeniero Gallardo refleja la voluntad de crear un remanente o sobrante de bonos que no se utilizarían como lo autorizo el Banco Central y la Procuraduría General del Estado induciendo intencionalmente aq la emisión de bonos globales en exceso para con el producto de su venta en el mercado con altas tasas de descuento se envíen estos fondos a entidades financieras, con lo que se genero nuevo endeudamiento publico.-2.3.- Venta de los Bonos Globales y Colocación en los Bancos Filanbanco y del Pacifico.- Luego del canje y reestructuración de los Bonos Globales con los Bonos Brady y Euro bonos quedo un saldo de US$ 202 millones los que fueron utilizados en pagos de honorarios, intereses y nuevos canjes. Para el mes de enero de 2001 resulto un saldo de US$ 126 millones en bonos globales no canjeados los que no reingresaron al Ministro de Economía y Finanzas ni fueron dados la baja contable como debió ocurrir, pero entre julio 16 y 24 de 2001, el presidente de la Comisión Negociadora de la deuda Ing. Jorge Gallardo Zavala, en esta fecha Ministro de Economía y Finanzas, con conocimiento de Carlos Carrera Noritz, y Alonso Pérez Kakabadse instruyo por correos electrónicos a Salomón Smith Barney, para que venta ese saldo de Bonos Globales, lo cual se confirma con el oficio que el mismo Ingeniero Jorge Gallardo envió al Eco. Francisco Arosemena señalando que el saldo de US$ 126,4 millones de bonos globales, luego de la venta se coloco en los bancos Filanbanco y Pacifico. Previo a enviar los recursos a los Bancos Filanbanco y del Pacifico se vendieron en el mercado internacional el sobrante de los bonos globales de la siguiente manera: Bonos Globales 2030: Entre el 13 de julio al 24 de julio de 2001: 124.5 millones a tasas del 41% al 43%, es decir con un descuento aproximado del 59% obteniéndose un monto efectivo recibido de US$ 51.8 millones. Bonos 2012: El 24 de julio de 2001: US$ 2 millones al 67.4%, ósea con un descuento aproximado de 40% obteniéndose un monto efectivo recibido de US$ 1,3 millones de dólares.- Por consiguiente, el monto total nominal vendido en el mercado secundario fue US$ 126.5 millones de dólares en bonos globales y el valor efectivo recibido fue US$ 52.6 millones de dólares, lo que significa que existiría una perdida de US$ 73 millones de dólares en contra del Estado Ecuatoriano. Los US$ 52,6 millones mas US$ 6,33 millones que se encontraban en poder de Salomón Smith Barney fueron transferidos al Banco del Pacifico: US$ 38.1 millones en el periodo de 19 al 26 de julio de 2001 y al Filanbanco: US$ 21.3 millones el 17 de julio de 2001. Los valores de la cuenta del Banco del Pacifico se transfirió al Banco Filanbanco por medio de un fideicomiso, siendo el total depositado en este Banco aproximadamente 41 millones de dólares, que al no ser una acreencia depositaria ni de inversiones no genero intereses y que por estar el Filanbanco en liquidación se esperaría que se cancelen las acreencias de acuerdo al orden de prelación de pagos y en caso de existir sobrantes se devolverían esos dineros al Estado. En el caso del Banco del Pacifico se abrió una cuenta de inversión US$ 17,6 millones, que fue producto de la venta de bonos globales en un aproximado de US$ 44 millones con altas tasas de descuento ocasionando un perjuicio de US$ 17 millones, para luego hacer inversiones.-EN CONCLUSION : SE DISPUSO DE FONDOS públicos por el monto de us$ 126,4 millones de dólares mas los intereses respectivos en bonos globales (cuya cotización en el mercado de valores actual es de casi el 100% nominal),toda vez que fueron vendidos en el mercado internacional con el 60% de descuento obteniendo un valor efectivo US$ 52,6 millones para colocarlos en los BANCOS Filanbanco y del Pacifico, situación que genero endeudamiento publico adicional no autorizo y ocasiono un perjuicio aproximado de US$ 73 millones al Estado Ecuatoriano. Para llegar a ese objetivo, se cometió un sinnúmero de irregularidades por parte de varios funcionarios que prepararon el camino o facilitaron la consumación del delito de peculado, tales como la creación de una Comisión Negociadora de la Deuda Externa eliminando la participación del Banco Central y del Ministerio de Finanzas, que por Ley deben involucrarse en temas de Deuda Externa, destacando la intencionalidad de los miembros de la Comisión Negociadora de emitir Bonos Globales por un monto mayor al sugerido para reestructurar la deuda con el evidente propósito de obtener un sobrante, que finalmente fue vendido en el mercado internacional por el monto de US$ 126,4 millones obteniendo US$ 52.6 millones de valor real efectivo, lo que evidencia un perjuicio aproximado de US$ 73 millones en contra del Estado que deberá pagar los US$ 126,4 millones mas los intereses respectivos. Todo esto, nos permite aseverar que se han encontrado datos relevantes sobre la existencia de la infracción prevista en el Art. 257 del código penal”.- El Ministerio Público fundamenta la acusación a los imputados en lo siguiente: “ 1) INGENIERO JORGE GALLARDO ZAVALA: En su calidad de Presidente de la Comisiona Negociadora de la Deuda y posteriormente también Ministro de Economía y Finanzas, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 464 (sic), tuvo atribuciones plenas y totales para realizar el proceso de Renegociación de la Deuda Externa; presentó ante el Directorio del Banco Central la propuesta del canje o reestructuración de la deuda Brady y de Euro bonos, la que habría preparado conjuntamente con los miembros de la Comisión y de la cual se desprende la intencionalidad para producir un sobrante de bonos globales, alterando de esta forma la finalidad para la cual fueron emitidos, para luego con fecha julio de 2001 en su calidad (sic) Presidente de la Comisión Negociadora y Ministro de Economía y Finanzas instruir la venta de los bonos globales con altas tasas de descuento en perjuicio del Estado Ecuatoriano, todo lo cual se confirma con el mail de 6 de julio (fojas 1362), en el que el Ing. Alfonso Pérez Kakabadse por disposición del Ingeniero Jorge Gallardo propone la venta de los bonos globales a un valor nominal no menor del 41% tal como en la realidad ocurrió. El Ingeniero Jorge Gallardo participo directamente en la emisión de bonos globales en exceso para generar un endeudamiento público no autorizado, para finalmente instruir la venta en mercados internacionales de US$ 126,4 millones de dólares. Lo señalado conduce a presumir que es el autor del (sic) la infracción prevista en el artículo 257 del Código Penal. 2) DOCTOR GUSTAVO NOBOA BEJARANO: Dictó el Decreto Ejecutivo No. 465 de 05 de junio del 2000 que creó la Comisión Negociadora de la Deuda Externa, de conformidad al Art. 171 numeral 3ero. De la Constitución Política que establece como atribución y deber del Presidente de la República dictar políticas y velar por el cumplimiento de las mismas, por lo que el primer responsable de sus actuaciones era el propio doctor Noboa; dándole al Ing. Jorge Gallardo amplias atribuciones como Presidente de la misma, todo lo cual contraviene el Art. 130 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC) y 40 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado que señalan que el Ministro de Finanzas y el Banco Central deben realizar las negociaciones que tengan que ver con la deuda externa. La Comisión Negociadora recomendó una emisión de Bonos Brady y Euro bonos, que para enero del 2001, cuando ya había concluido el proceso de canje tenia un saldo US$ 126,4 millones que debían ser dados de baja contable, pero que fueron indebidamente negociados con altas tasas de descuento generando un endeudamiento publico adicional no autorizado en perjuicio del Estado Ecuatoriano, lo que ha sido ratificado por el Ing. Jorge Gallardo y los Miembros de la Comisión Negociadora, por lo que se puede presumir su participación en calidad de autor de la Infracción prevista en el articulo 257 del Código Penal, en relación con el articulo 12 del Código Penal.- 3) ECO. FRANCISCO AROSEMENA ROBLES: Como Miembro de la Comisión Negociadora, y por lo tanto encargado de la Renegociación de la Deuda Externa, conoció sobre el monto de fijación de bonos globales que se iban a emitir así como el saldo de US$ 126,4 millones que se debió dar de baja y que sin embargo se utilizó indebidamente en perjuicio de Estado, por lo que se presume sus (sic) participación como encubridor de la infracción prevista en el articulo 257 del Código Penal.- 4) ING. ALONSO PEREZ KAKABADSE Y CARLOS CARRERA NORITZ: En calidad de miembros de la Comisión Negociadora de la Deuda participaron activamente en el Proceso de Renegociación de la deuda, elaboraron informes para la emisión de los bonos globales y conocieron del sobrante de US$ 126,4 millones de bonos globales, los que de conformidad con los mails de julio de 2001 intervinieron y conocieron de las autorizaciones de venta de los bonos globales en los mercados internacionales, con altas tasas de descuento en perjuicio del Estado y que fueron colocados en los Bancos Filanbancos y Pacifico generando nueva deuda publica no autorizada, por lo que se presume que son complaces de la infracciona prevista en el articulo 257 del Código Penal. 5) ECO. MARIA DE LOURDES PESANTES SAONA: Fue miembro de la Colisión Negociadora de la Deuda Externa a partir del 10 de enero de 2001, lo que significa que no participo del Proceso de Renegociación de la Deuda, ni en la omisión de Bonos Globales, pues concluyo en agosto de 2000, es decir 4 meses antes de su ingreso. Sin embargo de conformidad con el oficio de 23 de octubre de 2003 (fojas7816) aparece que la Economista Pesantez Saona si conoció de la inversión del Banco del Pacifico por US$ 17,60 millones, producto de la venta de los bonos globales, inversión que estaba a favor de Salomón Smith Barney. Esto desde luego no le atribuye responsabilidad en el delito materia de la investigación. 6) JORGE FEDERICO ROCA ARTETA: Que fue Miembro de la Comisión de la Deuda Externa, pero no participo de las decisiones y labores de la misma en lo que respecta al Renegociación y canje de los Bonos Globales, por cuya razón esta Fiscalia no encuentra argumentos para acusarlos de la comisión de delito alguno. 7) ECO. ALEXANDER MEJIA: Quien en su calidad de Ministro de Economía y Finanzas, encargado por unos días por el titular Ing. Jorge Gallardo, en cumplimiento de los requerimientos (sic) Ing. Jorge Gallardo instruyo al Banco Central que transfiera el monto de US$ 7 millones al Banco del Pacífico, es decir que habría actuado en virtud de una orden del Ministro titular sin conocer que el dinero provenía de la venta de los bonos globales, por lo que tampoco tiene responsabilidad. 8) ECO. ELENA ANDRADE: Quien en función de su cargo como Directora de operaciones Internacionales en el Banco Central, realizó las transferencias Swits del exterior a los bancos Filanbanco y del Pacifico pero sin que haya podido conocer de donde provenían los recursos, según indica el peritaje técnico informático, lo que significa que no existen elementos para atribuirle responsabilidad…- LAS DISPOSICIONES LEGALES SANCIONADORAS: La infracción sobre la cual se presenta datos relevantes de su existencia esta tipificada en el articulo 257 del Código Penal ”.- CUARTO: En la Instrucción Fiscal con relación a la utilización de los bonos globales por el monto de US$ 126,4 millones, se han recogido las siguientes evidencias: A) El Interventor del Banco del Pacifico S.A., Antonio Buñay, fojas 1149-1150, informa al Director de Supervisión Especial de la Superintendencia de Bancos y Seguros que los valores recibidos del Banco del Pacifico S.A. y el ex Banco Continental S.A. y que constan en los registros contables, de acuerdo al cuadro que se transcribe:
19-jul-01
2'682.367,30
21050501
Crédito a la Cta.Cte. 4942396 BPE
9'925.000,00
Crédito a la Cta.Cte. 4942717 BPE
24-jul-01
199090060070000
26-jul-01
7'000.000,00
17'600.000,00
29900515120000
Cuenta Inversión BPE
37'707.366,30
“Es necesario precisar respecto del punto a que fueron recursos recibidos en la cuenta corriente No. 02600187 del Banco del Pacifico S.A. en BCE, para ser acreditados en la cuenta corriente No. 4942396 de Filanbanco S.A. en Banco del Pacifico S.A. para sostener operaciones de Filancard.- Los puntos b, c y d fueron recursos recibidos en las cuentas corrientes No. 02600187 de Banco del Pacifico S.A. en BCE (punto b) y No. 02600211 del ex Banco Continental S.A. en BCE (puntos c y d) para ser acreditados en la cuenta corriente No. 4942717 Fiducia Filanbanco Clientes para pago a depositantes hasta USD 300,00.- El punto e, recursos recibidos en la cuenta corriente No. 02600211 del ex Banco Continental S.A., efectivamente fueron recursos destinados a (sic) Banco del Pacifico S.A. y que se mantuvieron hasta noviembre 8 de 2002 donde se devolvió la cantidad de USD 11’700.000,00 y noviembre 20 de 2002 en que finalmente se reintegro USD 5’900.000,00 más los respectivos intereses que totalizaron USD 727.438,60 desde julio 24 de 2001, tal cual fuese la instrucción del Ministerio de Economía y Finanzas (noviembre 6 de 2002). Como podrá observar, de la totalidad de los recursos recibidos efectivamente ingresaron para soportar la liquidez del Banco del Pacifico S.A. la cantidad de USD 17.6 MM y la diferencia, esto es, USD 20’107.366,30 fue transferido por honrar el pago de Clientes de Filanbanco S.A. hasta por USD 300.00 y Filancard“.- B) La contraloría General del Estado, en el Examen Especial al Proceso de Admisión de Bonos Globales y Renegociación de la Deuda Externa, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del canje de los bonos Brady y Eurobonos y en los resultados del examen, en el informe “Recursos transferidos a los Bancos Pacifico y Filanbanco”, fojas 16.928 y 16.929 dice: “Del producto de la venta de los Bonos Globales sobrantes luego del canje, US$ 53’187.000 más US$ 6.33 millones que se encontraban en poder de la firma Salomón Smith Barney, fueron transferidos al Banco del Pacifico US$ 38’197.000 en el periodo del 19 al 26 de julio del 2001: y, al Filanbanco, el 17 de julio del 2001 US$ 21’320.000, de acuerdo al siguiente detalle:
21'320.000.00
8900360321-Filanbanco
2600161 Filanbanco
2'930.000.00
4942396- Banco del Pacifico
17'167.000.00
492396-Banco del Pacifico
17'600.000.00
89003660321-Pacifico
02600211- Banco del Pacifico
4942717- Banco del Pacifico
59'517.000.00
La cronología de los hechos fueron los siguientes: El 16 y 17 de julio del 2001 el señor Carlos Carrera Noritz, como Subsecretario de Crédito Público e integrante de la Comisión Negociadora, solicitó mediante correo electrónico en forma confidencial y urgente, a Trammel Philip y Salomón Smith Barney, transfieran la cantidad de US$ 14’500.000 a la cuenta 8900360321 del Banco Central para crédito adicional a Filanbanco S.A., transferencia que se hizo efectiva el 17 de julio del 2001 por US$ 21’320.000.- en julio 18 del 2001, el mismo funcionario, autorizo a Salomón Smith Barney transfiera US$ 2’930.000, y US$ 17’167.000, que deben ser depositadas en la cuenta 8900360321 y acreditadas a Filanbanco S.A., lo cual se hizo efectivo el 19 de los mismos mes y año (Anexo 50). Finalmente, el 23 de julio de 2001 el señor Carlos Carrera instruyo a Blake y Philip, que de la cuenta perteneciente al Ecuador y que se mantienen el SSB, transfieran el 24 de julio del mismo año, aproximadamente 18.1 millones, de los cuales 17.6 millones a la cuenta 89003660321 del Pacifico en el Banco Central para luego acreditar al Filanbanco para el pago a los depositantes de hasta US$ 300.- Dichas transferencias fueron efectuadas el 24 y 26 de julio del 2000 (Anexo 50). De lo descrito, se puede apreciar que las solicitudes y autorizaciones de las transferencias por venta de bonos globales, al Banco Central del Ecuador, para acreditar a las cuentas de los bancos Filanbanco y Pacifico fueron realizadas por el señor Carlos Carrera, Subsecretario de Crédito Público a esas fechas.- Con relación a una información parcial del valor de estas transferencias, el Interventor del Banco del Pacifico S.A. en respuesta a una solicitud del H. Diputado Vicente Taiano, planteada con oficio BP-VP-2003-037 de 7 de junio de 2003 (Anexo 5,1), indica que de las transferencias recibidas en las cuentas corrientes del Banco del Pacifico S.A. BPE y del ex Banco Continental S.A. BCSA, la utilización en cada una de ella son: USD 2’682.367.30, recursos que fueron acreditados en la cuenta corriente 02600187 en julio 19 de 2001 para soportar pagos de recaes de la tarjeta de crédito.- USD 9’925.000 recursos que fueron acreditados en la cuenta corriente 02600187 en julio 20 de 2001 para ser acreditados en la cuenta corriente 4942717 de Fiducia-Filanbanco-Clientes pagaderos hasta USD 300.- USD 499.999, recursos que fueron acreditados en la cuenta corriente 02600187 en julio 24 de 2001 para ser acreditados en la cuenta corriente 4942717 de Fiducia-Filanbanco-Clientes pagaderos hasta USD 300.- USD 7’000.000 recursos que fueron acreditados en la cuenta corriente 02600211 en julio 24 de 2001 y, con fecha de julio 31 de 2001, por instrucciones verbales del Ministerio de Economía y Finanzas, se instrumenta una inversión de 6 días plazo al 5% anual a nombre de Salomón Smith Barney y con orden (c/o) MEF, debitando a la cuenta 11020501 BCE y crédito 299005120000 para posteriormente debitar esta y acreditar la 2115251201 Certificados de Ahorros Súper Ahorros. De igual forma en atención a la solicitud del Director de Supervisión Especial de la Superintendencia de Bancos, el mismo liquidador con oficio BP-VP-2003-032 el 24 de junio de 2003 (Anexo 5.2) en el penúltimo inciso señala: ‘Como podrá observar de la totalidad de recursos recibidos efectivamente ingresaron para soportar la liquidez del Banco del Pacifico S.A. La cantidad de US$ 17.6 MM y la diferencia, esto es USD 20’107.366.30 fue transferido por honrar el pago de Clientes de Filanbanco S.A. hasta pos USD 300,00 y Filancard’.- Información contable del Banco Central del Ecuador.- (fojas 16.929 y 16.930). De acuerdo a la información proporcionada por la Directora de Servicios Bancarios internacionales del Banco central, en oficio DSBI-03-959-03-02262 de 15 de agosto de 2003 (Anexo 51), las transferencias antes citadas, fueron registradas y acreditadas en los bancos Filanbancos y Pacifico, así: (Anexo 50).- La transferencia por US$ 21´320.000 fue contabilizada el 17 de julio de 2001, mediante comprobante contable 745-2316 y se acredito la cuenta de Filanbanco en el Banco Central del Ecuador. Este valor fue utilizado especialmente para cubrir el déficit presentado en las cámaras de compensación. La transferencia por US$ 2`930.000 se registro contablemente el 18 de julio de 2001, mediante comprobante contable 745-3239 y se acredito la cuenta de Filanbanco en el Banco Central del Ecuador. El 18 de julio, Filanbanco, manifestó que el crédito recibido es errado e instruyo que se reserve la operación y se acredite al Banco del Pacifico, por lo que con comprobante 750-2546 de 19 de julio de 20001, se debito de la cuenta de Filanbanco, el valor de US$ 2,682,367,30 y se acredito la cuenta del Banco del Pacifico en el Banco Central del Ecuador, quedando pendiente de devolución un saldo de US$ 247`632,70 que se encuentra registrado como pasivo a favor del Ministerio de Economía y Finanzas. Con el primer valor se cancelaron obligaciones en los establecimientos asociados a Filancard. La transferencia por US$ 17´167.000 por instrucciones del Ministerio de Economía y Finanzas, fue contabilizada en dos partes, la primera por US$ 9´925,000 el 20 de4 julio de 2001, mediante comprobante 745-2384 y la segunda, por US$ 7´000.000 el 26 de julio, mediante comprobante 745-2465. En los dos casos se acredito la cuenta del Banco del Pacifico en el Banco Central del Ecuador. La diferencia de US$ 242.000 que se mantenía pendiente en cuenta de corresponsales del exterior, fue acreditado en agosto 21 de 2002 a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, mediante comprobante contable 745-2753.- Estos recursos fuero destinados al pago de acreencias de clientes que mantenían saldos de hasta US$ 300,mediante el fideicomiso denominado Fideicomiso Filanbanco Pago Depósitos hasta US$ 300´.- La transferencia por US$ 5000,000.00 se registro contablemente el 24 de julio de 2001, mediante comprobante 745-2416 y se acredito a la cuenta del Banco del Pacifico en el Banco Central del Ecuador.- Estos valores por instrucción del Ministerio de Economía y Finanzas se instrumentaron como inversión a seis días plazo con el interés del 5% anual a nombre de Salomón Smith Barney. El 6 de noviembre del 2002, 15 meses después de la inversión, el Ministerio de Economía y Finanzas con oficio 6115-DM-2002, solicito al Vicepresidente Ejecutivo del Banco del Pacifico realizar la devolución de los 17.6 millones, con los intereses respectivos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional numero 01110006, lo cual ocurrió el 7 de noviembre US$ 11,700 y el 20 del mismo mes y año US$ 5,900.000.- información contable según el Ministerio de Economía y Finanzas.- (fojas 16.930 y 16.931) Con comprobante de asiento 2002-29372 de 2 de noviembre de 2002 (Anexo 52), la Subsecretaria del Tesoro Nacional registro la entrega, de una parte del saldo producto del canje de Bonos Brady y Euro Bonos por Bonos Globales, a los Bancos Filanbanco y Pacifico así:
1220799006
Filanbanco entrega negociación Bonos Globales
41,145.000.00
1220799007
Banco del Pacifico entrega negociación Bonos Globales
17,600.000.00
Patrimonio Gobierno Central
58,745.000.00
Con comprobante 2002-29377 y 2002-29378 de 8 y 20 de noviembre del 2002 (Anexo 52), respectivamente, se registraron las devoluciones y pago de intereses que realizo el
Banco del Pacifico al Ministerio de Economía y Finanzas, así:
Cuentas por cobrar recuperación de inversiones
11,700.000.00
Cuentas por cobrar recuperación de inversiones y multas
727.438,76
5,900.000.00
Entrega Bonos Globales
5,900.000,00
6250199
727,438,76
Como se puede observar los valores entregados al Filanbanco y Banco del Pacifico, de acuerdo al Catálogo General de Cuentas, expedido en el Acuerdo 182 del Ministerio de E3conomia y Finanzas de 29 de diciembre de 2000 (Anexo 38), fueron registrados como Otras Inversiones, sin considerar que estos recursos fueron destinados para operaciones distintas al fin para el cual fueron emitidos los Bonos Globales. Además, de estos valores únicamente se recuperaron los US$ 17,600.000 transferidos al Banco del Pacifico mas los intereses por US$ 727.438,76, ya que a la presente fecha el Ministerio de Finanzas no registra ningún valor por concepto de devolución del dinero entregado al Filanbanco. En resumen de los US$ 59,517.000 entregados a los Bancos Pacifico y Filanbanco, se han recuperado US$ 17,600.000 y sus intereses, quedando pendiente el valor de US$ 41,917.000.- Opinión de ex Ministro de Economía y Finanzas.- (fojas 16.931 Y16.932) El ex Ministro de Economía y Finanzas, ingeniero Jorge Gallardo Zavala, como justificación de las operaciones realizadas a favor de los Bancos Pacifico y Filanbanco, en comunicación de 18 de agosto de 2002 (Anexo 53), dirigido al Ministro de Finanzas entre otros aspectos señala: ´En este grave entorno, como Ministro de Economía y Finanzas dispuse que el saldo de los Bonos Globales que se mantenían en custodia del Salomón Smith Barney, fueran negociados en los mercados internacionales, con la finalidad de contar con la liquidez suficiente que permita evitar que Filanbanco quede en la situación legal de cesación de pagos y para apuntar al banco del pacifico que había sido victima de una sostenida corrida de depósitos. Esta decisión que no es otra cosa mas que una operación de tesorería permitió, entre otros asuntos, que ¡) se resuelva la situación de cerca de 500.000 depositantes de Filanbanco con acreencia de hasta US$ 300 dólares; ¡¡) dar paso a una solución de mercado luego de la
Suspensión de operaciones de Filanbanco, dispuesta por la Junta Bancaria; ¡¡¡) apuntarla la critica situación del Banco del Pacifico, impidiendo de esta forma que quede en situación de cesación de pagos; iv) evitar que el Estado Ecuatoriano asuma la garantía de depósitos por US$ 349, 4 millones para el caso de Filanbanco y de US$ 182,5 millones por el Banco del Pacifico.- La operación de tesorería realizada, como se puede observar, fue beneficiosa para las finanzas publicas del Ecuador, evito la contaminación del sistema financiero nacional; elimino la contingencia de que el Estado asuma la garantid de depósitos por US$ 531,9 millones. Esta operación de tesorería no fue un acto discrecional de mi parte, sino que el mismo se soporto en el ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador; es del caso establecido que esta decisión se sustenta, entre otras disposiciones, en las siguientes: a) el Art. 243 de la Constitución Política de la Republica, que establece como primera obligación de los mandatarios y funcionarios la de conservar .Los equilibrios macroeconómicos y un crecimiento suficiente y sostenido; b) el Art. 24 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, que establece explícitamente las atribuciones y deberes del Ministerio de Economía y Finanzas, siendo de resaltar las previstas en el literal e) del numeral 3), y las señaladas en los numerales 7) y 10).- Finalmente, la operación de tesorería realizada, no significo endeudamiento adicional para el Estado. Los recursos obtenidos por la venta de Bonos Globales a través del mercado, tuvieron como contrapartida inversiones financieras por igual valor a favor del Estado. Cualesquiera que fuera la justificación o razón los ex funcionarios que participaron en estas dediciones y operaciones, no cumplieron con los dispuesto en el Decreto Ejecutivo 618 que su parte pertinente señala: “… que destinados exclusivamente a la reestructuración de la deuda externa de la Republica del Ecuador…”.- CONCLUSIONES.- El ex Ministerio de Economía y Finanzas, Jorge Gallardo Zavala, y el ex Subsecretario de Crédito Publico y miembro de la Comisión, señor Carlos Carrera, autorizaron vender Bonos Globales 2030 y 2012, cuyos recursos por la cantidad de US$ 59,517.000 fueron destinados a los bancos Filanbanco y Pacifico, operaciones que realizaron incumpliendo lo dispuesto en el Decreto 618 de 26 julio de 2000 publicado en el Registro Oficial 146 de 22 de agosto del mismo año. De estos valores, se recuperaron tan solo US$ 17,600.000 encontrándose pendiente la suma de US$ 41,917.000.- La información contable sobre estas transacciones difiere tanto en cifras como en conceptos, entre la registrada por el Banco Central del Ecuador y la del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que no nos permitió conciliar las cifras y expresar una opinión sobre su razonabilidad, principalmente por falta de información documentada que sustente los asientos contables.- Adquisición del Edificio Filanbanco por la Corte Suprema de Justicia.- El ing. León Febres Cordero, Diputado Nacional del H. Congreso Nacional, en el mes de Julio del 2003, realizó una denuncia ante la Ministra Fiscal General del Estado (Anexo 54), sobre disposición arbitraria de fondos públicos en la Renegociación de la Deuda Pública, que en la parte relacionada con la compra del edificio de Filanbanco por la Corte Suprema de Justicia manifiesta: ‘…En efecto, estoy demostrando que, la cantidad de USD 11’586.482,80 que fueron consignados como parte de pago, por el Banco del Pacifico, al crédito que por mayor valor le entrego el Banco Central del Ecuador, (de la negociación ilegal de los Bonos Globales), con autorización del Ex Ministro Gallardo, fueron destinados a la FUNCION JUDICIAL, para la compra del Edificio de Filanbanco para la Corte Suprema de Justicia, ubicado en las calles Amazonas y NNUU, en la ciudad de Quito.- En relación a esta denuncia, una vez analizados los documentos obtenidos tanto en la Corte Suprema de Justicia, como en el Ministerio de Economía y Finanzas, determinamos los siguientes hechos: 1. El 24 de julio de 2002, funcionarios de la Función Judicial, Superintendencia de Bancos, Filanbanco y Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros, coordinaron acciones para hacer posible la adquisición del Edificio ‘Filanbanco’ para la Función Judicial.- 2. El edificio Filanbanco debido al proceso de saneamiento, se encontraba con prohibición de enajenar por parte de varios acreedores de instituciones públicas como el ISSFA, Agencia de Garantía de Depósitos, PETROECUADOR, Corporación Financiera Nacional y Servicio de Rentas Internas.- 3. Los acreedores acordaron entregar a ISSFA el dominio de inmueble, en acción de pago de derechos de crédito adeudados a este instituto por parte de dicho banco.- 4. El ISSFA vendería este edificio a la Función Judicial, previo el correspondiente avalúo pericial, que posteriormente fue establecido en la suma de US$ 11’586.412,80.- 5. Por su parte el Gobierno Nacional asignarla una partida presupuestaria a favor de la Función Judicial para esta adquisición.- 6. El 8 de noviembre de 2002, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia mediante oficio 1537-DNF (Anexo 55), solicito al Ministro de Economía y Finanzas expedir la Resolución Presupuestaria por el incremento de US$ 11’586.462,80, para la Función Judicial.- 7. Según el informe CACP-PPT-2002-126 de 12 de noviembre de 2002 (Anexo 56), el Subsecretario de Presupuestos, manifiesta que se registre en el vigente presupuesto del Gobierno Central, el deposito realizado por el Banco del Pacifico por US$ 11.700.000 en la Cuenta Corriente Única y posteriormente, se efectué la transferencia a la Corte Suprema de Justicia para que la entidad proceda a efectuar los tramites correspondientes para la adquisición del Edificio Filanbanco por US$ 11.586.462.880.- 8, El mismo día 12 de noviembre de 2002 ( Anexo 56), el Ministerio de Economía y Finanzas, emitió la Resolución Presupuestaria PTO. 401236, por la cual se efectuó un aumento de crédito en el Presupuesto del Gobierno Central, la misma que asigna a la Función Judicial, como Aporte Fiscal de Capital la suma de US$ 11,L586.462,80.- 9. El 18 de noviembre de 2002, con oficio 1555-DNI y memorando 1556- DNF (Anexo 57), dirigidos al Presidente de la Comisión Administrativa Financiera del Concejo Nacional de la Judicatura, el Director Nacional Financiero, sometió a la aprobación del Pleno Consejo, el Presupuesto Codificado de la Función Judicial por el ejercicio 2002 en el cual se incluyo el Aporte Fiscal por US$ 11,586.462.80 a favor de la Función Judicial.- 10. El 19 de noviembre de 2002 el Director General del ISSFA, con oficio 020168-a (Anexo 58), pone en consideración del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Nacional de la Judicatura, la venta del inmueble de Filanbanco matriz Quito, a un precio de US$ 11,586.462.80.- 11. El 19 de noviembre de 2002 el Consejo Nacional de la Judicatura, resolvió aceptar la oferta de venta del edificio Filanbanco hecha por el ISSFA, por el precio propuesto y faculto al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de la Judicatura, para que suscriba la escritura de compra venta de este inmueble(Anexo 59).- 12. El noviembre de 2002 el Subsecretario de Tesorería, con ofició 5326 (Anexo 60) , solicita a la Dirección de Servició Bancario del Banco Central del Ecuador, la transferencia de US $ 11,586.462.80´´ de la Cuenta Única del Tesoro Nacional a la cuenta 01120396 de la Función Judicial . En esta misma fecha el Director Nacional Financiero del Concejo Nacional de la Judicatura, certifico la existencia de fondos disponible para
la adquisición del edificio,- 13.- Con oficio 39244-DCP y 26896, de 20 de noviembre de 2002 (Anexo 619), suscritos por el Contralor y el Procurador General del estado,
Respectivamente, emitieron los informes favorables para la celebración del contrato
de compra venta del edificio Filanbanco, entre el ISSFA y el Concejo Nacional de la
Judicatura.- Cumplido los procedimiento legales antes citados, el 19 de diciembre de
2002, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, inscrita el 24 de diciembre de 2002, en el Registro de la Propiedad del Cantón, la Función Judicial compro al ISSFA el edificio por la suma de US $ 11`586.412,80, que Fue pagado con cheque 0009260 de 9 de diciembre de 2002 (Anexo 629).- CONCLUSION.- la adquisición del edificio de Filanbanco por la Corte Suprema de
Justicia, cumpliendo los procedimientos legales, se realizo con parte de los recursos
Proveniente de la devolución que por la suma de US$ 11’700.000 el Banco del Pacifico hizo al Ministerio de Economía y Finanzas, y que este anteriormente los recibió del producto de la venta de bonos globales que fueron emitidos con Decreto 618 de 26 de julio del 2000, para ser utilizado exclusivamente en el Canje de Bonos Brady y Euro bonos, proceso en el que la corte Suprema de Justicia no participo en la asignación de los recursos…”.- La doctora Mariana Yépez de Velasco, Ministra Fiscal General del Estado, el 18 de noviembre de 2003, las 12h00, a fojas 16937 dispone que el Contralor General del Estado, Encargado, amplié y aclare el informe del Examen Especial de Auditoria referente a la Emisión y Disposición de Bonos Globales,” debiendo – lo dice precisar los nombre de las persona a quienes atribuye presunciones de responsabilidad penal, y el delito al se refiere…” Al respecto se observa 1) El informé de la contraloría General del Estado: Síntesis de resultado fojas 16942 y 16943, suscrito por el CPA José Luis Arias Cárdenas, establece las siguientes responsabilidades: DR. Gustado Noboa Bejarano, ex Presidente de la Republica: Responsabilidad Administrativa; ES Francisco Arosomena Robles, ex Misterio de Economía y Finanzas: Responsabilidad Administrativa y Responsabilidad y Civil por US$ 1082”810-000 y US$ 5”185.470; ing. Alonso Pérez Kakabadse, ex Subsecretaria de Crédito Publico, Miembro de la Comisión Negociadora; Responsabilidad Administrativa; Carlos Carrera Noritz; ex Subsecretario de Crédito Publica, Miembro de la Comisión Negociadora: Responsabilidad Administrativa y Responsabilidad Civil por US$ 108”810.000; EC, Maria de Lourdes Pesantez Saona, Miembro de la Comisión Negociadora: Responsabilidad Administrativa; 2) La doctora Mariana Yépez de Velasco, Ministra Fiscal General del Estado, el 20 de noviembre de 2003, las 15h30, dice: “En el examen especial al proceso de emisión de bonos Globales y Renegociación de la Deuda Externa realizado por la contraloría General del Estado, constan señaladas responsabilidades penales sin determinación de las persona ni el tipo de delito: sin embargo, en la síntesis de resultados firma por el CPA José Luis Arias Cárdenas, quien también firma el informe de responsabilidades no se ha señalado indicios de responsabilidad penal a ninguna de alas personas allí mencionadas. Por otra parte ni la mentada síntesis ni el informe tiene fechas, por lo que es necesario que se aclaren y se complete los puntos indicados, razón por la cual devuélvase el informe al señor Contralor General del Estado, sin perjuicio de que se atienda el pedido formulado sobre la designación de las personas sobre quienes recae los indicios de responsabilidad penal así como la determinación de los delitos que correspondan”¨; 3) El doctor Genaro Peña Ugalde, Contralor General del Estado, Subrogante, contestando el requerimiento de la señora Ministra Fiscal General del Estado, en el Oficio No. 42563-DC, de 28 de noviembre de 2003, fojas 16958 y16959, en lo principal, manifiesta:” En el informe del Examen Especial que fue puesto en su conocimiento, los indicios de responsabilidad penal se encuentran reflejados en los acápites denominados Negociación y Canje de los Bonos Globales ’, ‘Recursos transferidos a los Bancos Pacifico y Filanbanco’, ‘Gastos Operacionales incurridos en el canje de bonos Brady y Euro Bonos’, ‘Honorarios Salomón Smith Barney inc.’, ‘Comisión Gastos Legales, publicidad otros servicios”. “Estos indicios de responsabilidad se refieren a actos que estarían tipificados en el articulo 257 del Código Penal y en el tercer articulo innumerado agregando al mismo, según los casos específicos. La identidad de los sujetos que habrían participado en los mencionados actos, consta especificada en cada de los acápites respectivos, a continuación de los análisis. En cuanto al documento denominado ‘Síntesis de Resultados’, incorporado al memorando de antecedentes (fojas 2) debo señalar que es de interna y contiene información extractada para conocimiento del Contralor que puede o no tener fecha, ya que en todo caso se identifica con la que costa en dicho en dicho memorando, corresponde a un formato no actualizado en cuyo reverso, numeral6, titulado ‘Sujetos de Responsabilidad’, al referirse al tipo de responsabilidad, existen tres columnas: administrativa, civil y penal. Lista ultima esta en blanco, precisamente porque en la actualidad de la Contraloría General del Estado no tiene, como se explico anteriormente, facultad para determinar presunciones de responsabilidad penal, sino únicamente indicios de tal responsabilidad”.- c) Los siguientes Decretos expedidos por el doctor Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la Republica: C. 1. Decreto Ejecutivo No. 465, publicado en el Registro Oficial No. 96, de 12 de junio de 2000, fojas 1056, mediante el cual crea la Comisión Negociadora de la Deuda Externa, la misma que estará conformada por un Presidente y los Miembros que serán nombrados por el Presidente de la Republica. Esta Comisión tendrá la facultad en coordinación directa con el Ministerio de Economía y Finanzas de renegociar la deuda externa ecuatoriana, y fijar las condiciones mínimas de pago con gobiernos, proveedores y otras instituciones, cuyos acuerdos se concentraran a través de los organismos gubernamentales pertinentes. Se confiere amplias atribuciones al Presidente de la Comisión para representarla en las negociaciones que se lleven a cabo, de conformidad con las políticas adoptadas por el Presidente de la Republica. Facultase a la Comisión para que negocie los acuerdos preliminares referentes al proceso de refinanciamiento de la deuda externa previos a la suscripción de posconvenios definitivos con los organismos gubernamentales competentes, una vez cumplidas las formalidades de ley; C.2. Decreto Ejecutivo No. 618, promulgado en el Registro Oficial No. 146 de 22 de agosto de 2000, fojas 286 a 291, mediante el cual autoriza al Ministro de Economía y Finanzas para que a nombre y representación del Estado ecuatoriano efectué una emisión de bonos que se denominaran “Bonos Globales” hasta por la suma de US$ 5,750.000.000 que serán destinados exclusivamente a la reestructuración de la deuda externa de la Republica del Ecuador, a través de la novacion de obligaciones que operara mediante el canje de aquellos bonos por los que se encuentre en poder de tenedores de bonos que representen deuda externa ecuatoriana.- Con relación a la creación de la Comisión Negociadora de la Deuda externa, se debe anotar que esta fue presidida por el Ing. Jorge Gallardo Zavala desde el 5 de junio del 200, Decreto Ejecutivo No. 466, hasta el 2 de enero de 2001, es decir por una persona distinta al Ministro de Economía y Finanzas, con atribuciones parar renegociar, fijar condiciones mínimas de pago con gobiernos, proveedores y otras instituciones, y negociar los acuerdos preliminares, atribuidas al Ministro de Economía y Finanzas de conformidad a lo dispuesto en el articulo 130 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control; C.3. Decreto Ejecutivos No: 466, fojas 74, de 5 de junio de 2000, nombramiento del economista Jorge Gallardo Zavala, como Presidente de la Comisión Negociadora de la Deuda Externa; 473, fojas 75, de 7 de junio de 2000, nombramiento de Miembros de la Comisión Negociadora de la Deuda Externa, a los señores Alonso Pérez Kakadbbase , Ing. Juan Montufar Freile; e Ing. Francisco Arosemena Robles; 730, fojas 76, de 4 de septiembre del 200, nombramiento del economista Jorge Federico Roca Arteta, para que en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, integre la Comisión Negociadora de Deuda Externa; 1028, fojas 77, de 5 de diciembre del 200, por el cual se acepta la renuncia del Ing. Juan Montufar como Miembro de la Comisión: 1029, fojas 78, de 5 de diciembre de 200, nombramiento de Carlos Carrera Noritz, como Miembro de la Comisión Negociadora; 1093, fojas 79, de 2 de enero de 2001, por el cual se ratifica al Ingeniero Jorge Gallardo Zavala, a esa fecha Ministro de Economía y Finanzas, como Presidente de la Comisión Negociadora; y, 1123, fojas 80, de 10 de enero de 2001, por el cual nombra a Maria de Lourdes Pesantez, como Miembro de la Comisión Negociadora .- D) Informe del Banco Central, fojas 15,823, que contiene el detalle de la venta de bonos globales sobrantes; como consta en el cuadro que se transcribe:
VENTA DE BONOS GLOBALES SOBRANTES
MONTO NOMINAL
BONOS 2030
38,0722%
1.903.611.11
1.264.000.00
38.6056%
487.974.22
43.9524%
9.230.013.33
18-jul-01
41.6136%
2.912.950.00
44.000.000.00
40.5127%
17.825.588.88
23-jul-01
44.750.000.00
40.7892%
18.253.148.63
7.679.000.00
41.3033%
3.171.679.69
130.693.000.00
63.784.966.86
1.983.000.00
1.336.839.45
132.676.000.00
55.121.805.31
E) Informe de fojas 15.718, que en la parte pertinente, dice: “La Oferta Canje que contenía la propuesta publica del Ecuador, consistía en la invitación a participar en el canje voluntario de esos instrumentos por nuevos títulos emitidos por el Estado ecuatoriano, con un descuento promedio aproximadamente 40% y el requerimiento de una participación de por lo menos 85% de los acreedores. A pesar de que según el Decreto 618 se autorizó la emisión de bonos hasta por US$ 5.750 millones (US$ 4.500 millones bonos a 30 años y US$ 1.250 millones bonos a 12 años), la mecánica del canje y la propia estructura de la Oferta, determinó que la emisión efectiva de bonos globales quede fijada en la suma de US$ 3.950 millones, de los cuales US$ 2.700 millones corresponden a los denominados Bonos 2012.Estas cantidades se determinaron en prevención del total de acreedores participantes. “De esta cantidad el monto de Bonos Globales fue de US$ 3.747.59 (fojas 15721); F) Oficio No 13619 (fojas 11439) de 26 de julio de 2000, del doctor Ramón Jiménez Carbo, Procurador General del Estado, dirigido al ingeniero Luis Iturralde, Ministro de Economía y Finanzas, le dice: “ He recibido el Oficio No. ST y CP 2000-1166 de fecha 24 de julio del 2000, remitido por la Subsecretaria del Tesoro y Créditos Publico del Ministerio de Economiza y Finanzas, mediante el cual me comunica que ese Ministerio ha aprobado la emisión de bonos globales por parte del Gobierno Nacional, hasta la cantidad de US$ 5.750.000.00, los cuales se destinaran exclusivamente a la reestructuración y novacion de la deuda publica externa ecuatoriana, con el mecanismo de sustitución o canje de los títulos que poseen los actuales acreedores del Estado. Con estos antecedentes y fundamentado en el Art. 130 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, emitió el dictamen condicionado a que usted obre con la autorización del Presidente de la Republica, expresada mediante Decreto Ejecutivo , y que usted realice las negociaciones y suscriba por delegación los contratos y convenios para el cumplimiento de las condiciones acordadas para la situación de bonos de la deuda publica externa, con los bonos globales que serán emitidos para el objeto, sin perjuicio de las normas contenidas en los artículos 330 y 360 de la citada Ley “.- Y en la versión que rinde en el Ministerio Publico que consta de fojas 14.707 a 14.708 contestando la siguiente pregunta formulada por la Fiscalia que dice: “DIGA EL COMPARECIENTE SI LA EMISION DE SU DICTAMEN PARA LA EMISION DE LOS BONOS GLOBALES CUBRIO TAMBIEN EL HECHO DE QUE CON EL REMANENTE DE US$ 202 MILLONES SEAN UTILIZADOS EN PAGOS DE HONORARIOS O EN INVERSIONES EN BANCOS PRIVADOS.- CONTESTA.- No, en el dictamen se expresa textualmente que los Bonos se destinaran exclusivamente a la Reestructuración y Novacion de la deuda publica externa Ecuatoriana”; G) Informe No. 70 de 16 de septiembre de 2002, de la Coordinadora de Generación de Estados Financieros, Encargada, señora Emma Teresa Acosta, fojas 14.740 a 14.742, que dice: “ En lo que se refiere al registro en la contabilidad del Tesoro de la Nación del saldo sobrante de bonos Globales, este no fue realizado en razón de que el movimiento (colocación) de los recursos producto de la venta de estos títulos no se efectuó a través de la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional”; H) Los correos electrónicos de fojas 1601 y 1602, mediante los cuales Alonso Pérez Kakabadse pidió a Halder Blake proceda a la venta de los bonos globales a un precio no inferior al41% y a Michelle Duchene a quien le indica que debe vender tales bonos; y de Carlos Carrera Nritz, fojas (1199 a 1221) Subsecretario de Crédito Publico Miembro de la Comisión Negociadora de la Deuda, quien solicita a Salomón Smith Barney hacer un deposito de catorce millones quinientos mil U.S. dólares que actualmente tienen en la cuenta Republica del Ecuador a Filanbanco S.A. e igualmente la cantidad de US$ 21.320.000.00 para el mismo Banco: US$ 17.6 millones para el Banco del Pacifico; US$ 17.167.000.00 a Filanbanco; US$ 0.5 millones para Filanbanco; US$ 2.930.000.00 a la cuenta del Filanbanco, a través de la cuenta No. 4942396 del Banco del Pacifico; I) Versión del doctor Enrique Jacobo Gutierrez Acosta, Subsecretario Jurídico del Ministerio de Economía y Finanzas, fojas 14709, que en lo principal manifiesta: “…De acuerdo con la deligación de funciones asignada a la Subsecretaria Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas, esta dependencia debe emitir informes jurídicos sobre todo proyecto de contrato que se financie con créditos externos o internos, adicionalmente elabora proyectos de resolución y decretos ejecutivos para la expedición de bonos todo esto sustentado en los informes técnicos de la Subsecretaria de Crédito Publico, la Procuraduría General del Estado y del Directorio del Banco Central. En el presente caso para la emisión de los bonos globales por la suma de US Dólares 5.750 millones se emitió el informe a través del oficio No. 0894-SGJ-2000 de 26 de julio del 2000 en el que se establece que la emisión de los bonos globales serian destinados exclusivamente a la reestructuración de la deuda externa de la Republica del Ecuador, representada por los bonos Brady y Eurobonos”.- QUINTO.- En la denuncia del H. Diputado por el Guayas ingeniero León Febres Cordero Ribadeneyra se menciona la adquisición del edificio del Banco Filanbanco para el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, al igual que en la Instrucción Fiscal. Por ello para establecer que tal adquisición se realizo con sujeción a la ley, sin emitir ningún juicio de valor, es necesario dejar constancia en esta resolución de los informes de la Contraloría General del Estado que ya fue transcrito, del ingeniero Francisco Arosemena Robles y el economista Mauricio Pozo, es Ministros de Economía y Finanzas. El primero explica, fojas 15.408 y 15.409 que la adquisición se realizo por la solicitud de la Corte Suprema y al registrarse en la contabilidad gubernamental como “ingreso” el dinero que devolvió el Banco del Pacifico, se abrió el espacio presupuestario para registrar “egresos” por iguales valores ya que la contabilidad gubernamental se basa en el principio de partida doble, por lo que a un determinado ingreso le corresponde un egreso por igual valor. La única vinculación de estas dos operaciones, esto es la devolución de los dineros del Banco del Pacifico y la compra del edificio, es a nivel presupuestario y no a nivel de liquidez. El dinero por naturaleza es un bien fungible, por lo que bajo ningún concepto se puede sostener que el dinero que devolvió el Banco del Pacifico es el mismo que se le asigno a la Corte Suprema. Y con respecto a este mismo asunto, el economista Mauricio Pozo Crespo, Ministro de Economía y Finanzas, con oficio No. CTN-2003-3888, de agosto 12 de 2003, fojas 15452 a 15455, señala que mediante oficio No. 1514-DNF-P de 7 de noviembre de 2002, la Corte Suprema de Justicia ha solicitado un alcance al Programa Periódico de Caja de esa Institución, correspondiente al mes de noviembre de 2002, por US$ 11,586,462.8, equivalente al valor del edificio Filanbanco. La Subsecretaria General de Finanzas, en vista de que, estas operaciones no constaban en el presupuesto inicial aprobado por el H. Congreso Nacional para el ejercicio económico 2002, y que era necesario el registro respectivo, ha realizado el ajuste del presupuesto del Tesoro Nacional en el Grupo de Ingresos 27 “Recuperación de Inversiones”, con el código Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Publico, y en los Egresos en el Grupo 85 “Aporte Fiscal de Capital”, por un valor de US$ 11.6 millones y en el Grupo 75 “Obras Publicas” por US$ 0.1 millones. Ha realizado también el ajuste al presupuesto institucional de la Corte Suprema de Justicia, considerando como ingresos el concepto de Aporte Fiscal de Capital, por US$ 11,586,462.80, y por el lado del gasto el concepto de Activo de Larga Duración, por el mismo valor. Finalmente, la Subsecretaria de Tesorería de la Nación mediante Oficio No. 5326 de 19 de noviembre 2002, ha dispuesto a la Dirección de Servicios Bancarios del Banco Central la transferencia de US$ 11,583,462.80 a la cuenta de la Corte Suprema de Justicia. Señala el Ministro Mauricio Pozo que el articulo 40 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control prohíbe expresamente la administración de recursos financieros en forma extrapresupuestaria; la asignación a la Corte Suprema de Justicia se registro tanto en el Presupuesto General del Estado del año 2002 como en el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 de la LOAFIC y 57 de la Ley de Presupuesto del Sector Público, El articulo 87 establece que Los aumentos y rebajas de créditos presupuestarios serán autorizados exclusivamente mediante resolución que dictara el Ministro de Finanzas, en función de las posibilidades reales de financiamiento y dentro de los limites establecidos en el numeral 7 del articulo 48. El articulo 57 de la Ley de Presupuestos del Sector Publico norma el procedimiento de los incrementos de los créditos presupuestarios.- SEXTO: El Ingeniero Jorge Gallardo Zavala, según consta de las evidencias recogidas en la Instrucción Fiscal, luego de la terminación del canje de los Bonos Brady y Eurobonos de la Deuda Externa con los Bonos Globales, dejó en custodia de la firma Salomón Smith Barney, un sobrante de Bonos Globales entre los cuales consta la cantidad de US$ 126,4 millones, que es materia de este juzgamiento; y luego de la venta de estos Bonos que ascendió a la suma de US$ 52.6 millones de dólares, que también quedaron en custodia de la mencionada firma, ordeno con posterioridad que fueron distribuidos a los Bancos Filanbanco y Pacifico.- En esta forma, no cumplió con los dispuesto en el articulo 172 de la Ley Organiza de Administración Financiera y Control y el articulo 5 de la Ley de Presupuestos del Sector Público que disponen que a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional ingresarán directamente todos los recursos financieros provenientes de cualquier fuente que alimenten el presupuesto del Gobierno Nacional y los fondos especiales; que esto no es susceptible de exoneración alguna; y que conformaran también dicha cuenta corriente única todos los recursos de los presupuestos de las entidades adscritas, de los organismos de desarrollo regional del Gobierno Nacional, de los programas especializados, de los presupuestos especiales y de las cuentas especiales. Precisamente, el articulo 179 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, establece que no se creará ninguna cuenta o fondo especial en el ámbito del Gobierno Nacional cualquiera que sea el origen de sus ingresos, salvo las excepciones previstas en el articulo 172, que prescribe que solamente se exceptuaran aquellas cuentas corrientes que deban mantenerse o ser abiertas en función de lo que se acuerde mediante convenios y compromisos internacionales del país, y las que correspondan a las empresas del Estado y ala Contraloría General.- De esta manera vulnero normas legales propuestas de la Administración Financiera y Control y de la Ley de Presupuestos, al no haber depositado los fondos en la cuenta única del Tesoro Nacional, toda vez que, no podrían permanecer bajo la custodia de personas particulares o de empresas privadas, porque no eran de su propiedad, sino del Estado Ecuatoriano, cometiendo el delito del peculado, que no constituye una simple omisión, sino una disposición arbitraria de fondos públicos.- SEPTIMO: El doctor Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la República en la fecha en la que expidió el Decreto No. 618, de 26 de julio de 2000, publicado en el Registro Oficial No. 146 de 22 de agosto del mismo año, autorizó la emisión de bonos globales hasta el monto de US$ 5.750 millones de dólares y determino en forma expresa que estos bonos serán destinados exclusivamente a la reestructuración de la deuda externa del Ecuador. Igualmente, el Directorio del Banco Central autorizó al emisión de Bonos Globales con la condición de que sean destinado exclusivamente al pago de la deuda externa. En el informe emitido por el Asesor Jurídico Enrique Gutierrez, se precisa que la autorización para la emisión de los Bonos Globales es con al condición de que estos se emplearan exclusivamente en el pago de la deuda externa; y el Procurador General de Estado, doctor José Ramón Jiménez Carbo, según consta de su versión y de su correspondiente oficio autoriza la emisión de bonos siempre que sean destinados al pago de la deuda externa. No obstante el Ingeniero Jorge Gallardo Zavala, como aparece de las evidencias recopiladas en la Instrucción Fiscal, dispuso que una parte de los valores sobrantes de los Bonos Globales se transfiera a los Bancos Filanbanco y Banco del Pacifico, de modo que a tales fondos se les dio un destino diferente no establecido en el mencionado Decreto. En esta forma se abuso indebidamente por el destino que tuvieron tales fondos, mediante su disposición arbitraria, que no es otra cosa que un proceder contrario a las leyes, reglamentos o decretos, en este caso lo dispuesto en el Decreto 618 en perjuicio de la causa pública.- Al efecto, el doctor Francisco Pérez Borja, refiriéndose al sentido de la expresión “hubieren abusado”, (que consta en el Art. 257 del Código Penal), dice: “El abuso en general es el uso indebido de una cosa; y en el caso del Articulo 225 (257 actual), es el uso, de parte de un empleado publico o de una persona encargada de un servicio público, de documentos, dinero, etc., como su tenedor o que estaba en su poder, según lo expresa el Texto del Articulo”.- Al respecto, el Informe de la Contraloría señala que los valores entregados al Filanbanco y Banco del Pacifico, “fueron registradas como ‘Otras Inversiones’”, sin considerar que estos recursos fueron destinados para operaciones distintas al fin para el cual fueron emitidos los Bonos Globales, además de estos valores únicamente se recuperaron los US$ 17’600.000 transferidos al Banco del Pacifico mas los intereses por US$ 727.438.76, ya que a la presente fecha el Ministerio de Finanzas no registra ningún valor por concepto de devolución del dinero al Filanbanco.- En resumen de los US$ 59’517.000 entregados a los Bancos Pacifico y Filanbanco, se han recuperado US$ 17’600.000 y sus intereses, quedando pendiente el valor de US$ 41’917.000”.- En la Gaceta Judicial Serie 15, No. 3, páginas 806 – 807, se indica que los elementos constitutivos específicos del delito de peculado son los siguientes:” a) El sujeto activo, que solo puede ser un (empleado publico o la persona encargada de un servicio publico), en cuyo poder se hallaren los bienes en virtud o razón de su cargo; b) El objeto material, consistente, según los términos de la ley en ‘dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos, documentos o efectos mobiliarios’ que, como queda dicho, en razón del cargo estuvieren en poder del empleado publico o encargado del servicio publico; c) La conducta, que estriba en ‘abusar’ de tales bienes, ‘ya consista el abuso en desfalco, malversación de fondos, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante’, forma que radica siempre en actos de apropiación o distracción que dice la doctrina, cometidos en beneficio propio o de terceros; pues ha de advertirse que, si bien el verbo rector, conforme la ley ecuatoriana es ‘abusar’, no puede desligarse el dicho abuso de la ‘forma’ en que se lo comete, la cual únicamente puede ser una de las señaladas en la ley; d) El elemento psicológico, que es la voluntad del abuso mediante desfalco, malversación, disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante, a sabiendas de que se trata de bienes pertenecientes a la administración publica y con el fin de obtener provecho propia o de un tercero. El peculado, en consecuencia, es delito doloso: nuestra ley no contempla la modalidad culposa - que existe en otras legislaciones referidas a la malversación.- c) El resultado, que radica en lo que algunos autores denomina el ‘cambio de vinculo’ o relación de la cosa con el agente, en virtud de la apropiación o de la distracción. Objeto el peculado de variaciones históricas y de concepto, desde el furtum publicae pecunlae del Derecho Romano hasta el delito contra la fe pública o contra la administración pública del Derecho Moderno, conserva entero su esencia, cual es la de consistir en la lesión que se inflige al patrimonio publico por parte del funcionario que, violando sus deberes de probidad y fidelidad, es decir, dolosamente, se apropia o distrae bienes que le fueron confiados en razón de su cargo. Doctrina, ley positiva, jurisprudencia, así lo revelan”.- OCTAVO.- Con estos antecedentes y considerando que de los resultados de la instrucción fiscal, en relación con las disposiciones legales, la doctrina y jurisprudencia, que han sido citadas, se desprenden presunciones sustentadas en as evidencias que en esta resolución quedan anotadas y fundadas sobre la existencia del delito de peculado y la participación de los imputados, corresponde analizar la situación de cada uno de ellos en este proceso y para hacerlo se establece: 1. El ing. Jorge Gallardo Zavala, efectuó actos por su decisión, los que inequívocamente se orientaron a configurar la disposición arbitraria de fondos públicos, al incumplir deliberadamente el propósito exclusivo del Decreto 618, esto es que tales fondos se destinaban solamente a la renegociación de la deuda externa y, el mencionado imputado dispuso que parte de dichos fondos fuesen depositados en los bancos Filanbanco y del Pacifico, lo que claramente evidencia el desvío de los mismos para una finalidad distinta a la ordenada en el Decreto mencionado, como consta claramente del informe de Contraloría y otras evidencias en que se determina que esos recursos no fueron recuperados en la forma que se dice tal informe, lo que indudablemente configura el perjuicio al Estado Ecuatoriano.- De esta manera el Ing. Jorge Gallardo Zavala, tuvo participación directa, inmediata y principal en el cometimiento del delito de peculado materia de este proceso, tipificado en el Art. 257 incisos primero y segundo del Código Penal, en calidad de autor de dicha infracción, en concordancia con el Art. 45 ibidem. 2. En lo que tiene que ver con la participación de los Ing. Alonso Pérez Kakabadse y señor Carlos Carrera Noritz, de las evidencias analizadas se encuentra que cada uno de ellos en su momento y oportunidad enviaron los correos electrónicos de 16 y 17 de julio del 2001, cuando ya el ingeniero Jorge Gallardo Zavala había tomado la decisión de que sea transferida parte del sobrante de los bonos globales por Salomón Smith Barney de la cuenta de la Republica del Ecuador a Filanbanco y al Banco del Pacifico. En consecuencia y en relación a la responsabilidad de los antes mencionados, su conducta se oriento a la facilitación de los hechos infraccionales, colaborando con el autor para que pueda consumarse la disposición arbitraria de fondos públicos, en perjuicio del Estado, desnaturalizando el objetivo de tales fondos que no era otro que la renegociación de la deuda externa y destinando los recursos transferidos a los dos bancos indicados para una finalidad que no tenia amparo legal. Por lo dicho se concluye que el ingeniero Alonso Pérez Kakabadse y el señor Carlos Carrera Noritz, en forma indirecta y secundaria, subsidiariamente a la conducta del autor cooperaron en la ejecución del acto punible, por lo que en conformidad con el Art. 43 del Código Penal, son cómplices del delito materia del proceso.- 3. El ex Presidente de la República, doctor Gustavo Noboa Bejarano, al emitir el Decreto No. 618, de 26 de julio del 2000, publicado en el R.O. 146 de 22 de agosto del mismo año, autorizo la emisión de los bonos globales destinados exclusivamente a la reestructuración de la deuda externa del Ecuador, actuando como Jefe de Estado en un tema de trascendencia nacional y que comprometía la economía del País con todas las graves consecuencias que tal acto podía producir; por lo dicho, era de su responsabilidad directa el obtener de sus ministros de Estado, en particular del de Economía y Finanzas, los informes para conocer el destino de tales recursos y el cumplimiento cabal y exclusivo de la finalidad del Decreto 618 antes indicado, de tal manera que cuando el Ing. Jorge Gallardo Zavala, dispuso arbitrariamente del remanente de la emisión de los bonos globales para refinanciamiento de la deuda externa Ecuatoriana y los desvía para el denominado “ apalancamiento ” de los bancos Filanbanco y Pacifico, ciertamente el entonces Presidente de la República, no realizo el seguimiento que su función imponía y de esta manera amparo la conducta del Ing. Jorge Gallardo Zavala y de sus cómplices, por lo que de conformidad con el Art. 44 del Código Penal, estando obligado por razón del desempeño de la Presidencia de la República a esclarecer el acto punible y evitar las consecuencias dañosas de este, no lo hizo, le es aplicable la figura del encubrimiento.- 4. En lo relacionado con el economista Francisco Arosemena Robles, de las evidencias analizadas, no se encuentra ningún hecho que sustente la afirmación del Ministerio Publico de que se presume su participación en los hechos incriminados.- En consecuencia, dicto auto llamamiento a juicio en contra del Ing. Jorge Emilio Gallardo Zavala, en calidad del autor del delito tipificado en el Art. 257 incisos primero y segundo del Código Penal; del Ing. Alonso Pérez Kakabadse y señor Carlos Carrera Noritz, como cómplices de la infracción antes señalada y del doctor Gustavo Noboa Bejarano, como encubridor; y, ordeno la detención en firme del Ing. Jorge Gallardo Zavala, Ing. Alonso Pérez Kakabadse y señor Carlos Carrera Noritz así como la prohibición de enajenar sus bienes hasta por el monto de cuarenta y dos millones de dólares americanos, valor estimado del perjuicio ocasionado, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 232 del Código de Procedimiento Penal.- El numeral cuarto de la norma antes mencionada establece que debe dictarse detención en firme en contra de los autores y cómplices, sin incluir en esta medida a los encubridores; por consiguiente, revoco la orden de prisión preventiva que cumple mediante arresto domiciliario el doctor Gustavo Noboa Bejarano y dispongo su inmediata libertad.- Los elementos de convicción presentados en la instrucción fiscal permiten presumir la existencia del delito pero no hay indicios que sustenten la responsabilidad de los imputados: economista Francisco Arosemena Robles, economista Maria de Lourdes Pesantez Saona, señor Jorge Federico Roca Arteta, economista Alexander Mejia y economista Elena Andrade Granja; por consiguiente, dicto auto de sobreseimiento provisional del proceso y definitivo a favor de las personas últimamente citadas, según lo dispuesto en el Art. 243 del Código de Procedimiento Penal, y revoco las medida cautelares que se hubieren dictado en su contra.- Ofíciese a las autoridades correspondientes para el cumplimiento eficaz de lo dispuesto en esta providencia.- Léase.- Insértese.- Notifíquese y cúmplase.- fdo) Dr. Jaime Velasco Dávila, PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Certifico: Dra. Isabel Garrido Cisneros, SECRETARIA GENERAL ENCARGADA.-

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 artículo 257
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