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Timestamp: 2019-12-14 05:27:13+00:00

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La infracción del art. 160. f LSC: la falta de acuerdo de la junta en la enajenación de un activo esencial - El Derecho
Foro 20-10-2017 Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez
El artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital -<...
El artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital -EDL 2010/112805 (“LSC”) dispone que es competencia de la junta general “la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado”. Para las sociedades cotizadas se contienen determinadas especialidades relativas a actividades y activos operativos esenciales en el artículo 511 bis LSC. La atención se centrará, no obstante, en el artículo 160 f) LSC. La previsión es fruto de la reforma introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo -EDL 2014/202806 (la “Ley 31/2014”). Su finalidad, según el Preámbulo de la Ley 31/2014, es “reservar” esa decisión a la junta general por tratarse de “operaciones societarias que por su relevancia tienen efectos similares a las modificaciones estructurales”.
Se trata, por tanto, de una previsión normativa relativamente reciente. Esta circunstancia no obsta a que haya sido objeto de abundantes comentarios por parte de la doctrina, lo que contrasta con la ausencia de precedentes en nuestra práctica judicial hasta el momento. Entre las distintas cuestiones suscitadas por esta norma, cobra singular relieve la relativa a la determinación de las consecuencias que la ausencia de acuerdo de junta general puede tener sobre un negocio jurídico relativo a un activo esencial. A esta cuestión (y otras asociadas) se dedica este comentario, en el que no se entrará en otras que también suscita el precepto a que se viene haciendo referencia. Tan sólo una observación. Adviértase que el artículo 160 f) LSC -EDL 2010/112805 se refiere a operaciones de adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad. No se refiere a otros negocios jurídicos sobre activos esenciales; singularmente los de gravamen. A pesar de discrepancias iniciales, puede decirse que existe coincidencia general entre quienes se han pronunciado sobre este extremo.
El establecimiento de las consecuencias de la falta de acuerdo de junta general en los casos en que el artículo160 f) LSC -EDL 2010/112805 resulte aplicable tropieza con una dificultad relevante: la ausencia de una previsión expresa del legislador. Para los actos de los administradores realizados fuera del ámbito del poder de representación, el artículo 234.2 LSC dispone que “la sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social”. La introducción del artículo 160 f) LSC no se acompañó, sin embargo, de una previsión similar. De ahí la incertidumbre y las discrepancias entre la doctrina. De hecho, un sector relevante propone la aplicación analógica del artículo 234.2 LSC al problema de la ausencia de acuerdo de junta general en el caso de operaciones sobre activos esenciales. Otros, en cambio, rechazan esa posibilidad. Se verá enseguida.
Antes, es necesario hacer referencia a la naturaleza de la regla establecida en el artículo 160 f) LSC -EDL 2010/112805 y, por ende, del posible vicio o defecto del negocio jurídico concluido directamente sin el concurso de la junta general. La posible protección de los terceros de buena fe es el paso siguiente del análisis, aunque no puede ocultarse la íntima relación existente entre ambas cuestiones.
El artículo 160 f) LSC -EDL 2010/112805 contiene una regla imperativa de competencia. Esa competencia se reserva en exclusiva a favor de la junta general. El órgano de administración (o cualquier apoderado) no es competente para concluir uno de los negocios jurídicos relacionados en esa norma, cuando su objeto es un activo esencial de la sociedad. El previo acuerdo de la junta general se erige, así, en un requisito de validez del propio negocio jurídico. Dicho de otra forma, si se produce el negocio jurídico sin previa intervención de la junta general, la sociedad no queda vinculada por ese negocio jurídico. Se trata de una situación que podría asimilarse, en cuanto a las causas generales de nulidad del negocio jurídico que resultan del artículo 1261 del Código Civil -EDL 1889/1-, a un supuesto de ausencia de consentimiento. En este caso, la formación de la voluntad de la sociedad corresponde exclusivamente a la junta general y sin acuerdo de ésta no cabe entender que ha prestado su consentimiento. También puede encajarse el supuesto en el artículo 6.3 del Código Civil, por estarse ante un negocio concluido con infracción de una norma imperativa: “los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención”. Es, además, la solución dada en otros sectores de nuestro ordenamiento a los supuestos de toma de decisiones por un órgano no competente. Sin ir más lejos, son nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio (artículo 47.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -EDL 2015/166690-).
Los argumentos utilizados por los partidarios de la protección de los terceros de buena fe tienen en buena parte su origen en consideraciones de naturaleza práctica y de protección de la seguridad en el tráfico, unidas a las propias de la crítica a la fórmula utilizada por el legislador para definir los supuestos de competencia de la junta general. Por ejemplo, ÁLVAREZ ROYO-VILLANOVA, S. y SÁNCHEZ SANTIAGO, J., op. cit., p. 14, entienden que la conclusión derivada de considerar que la norma tiene efectos externos que afectan a la validez del negocio “no encaja bien en el conjunto del sistema, pues para favorecer la participación de la JG -finalidad expresada en el preámbulo no parece proporcionado imponer tales restricciones al tráfico y con un nivel tan grande de inseguridad… Tampoco desde el punto de vista de la justicia parece equitativo que el comprador de buena fe sufra las consecuencias de la actuación incorrecta o desleal del administrador”. Desde esta perspectiva, la solución propuesta es la aplicación del artículo 234.2 LSC -EDL 2010/112805-, que dispone la vinculación de la sociedad incluso en los casos de actos no comprendidos dentro del objeto social respecto de los terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave. Se entiende, así, que “la aplicación del art. 234.2 LSC a los supuestos de incumplimiento del art. 160.f) LSC no sólo deriva de su funcionalidad como traslación de la normativa general de representación a la representación orgánica de las sociedades mercantiles lo que explica su ámbito general a todos los casos de actuación con extralimitación del poder de representación, sino que en un plano práctico ofrece una solución equilibrada y coherente al conflicto entre la protección de terceros y socios” (ALCALÁ DÍAZ, M. A., op. cit., p. 299); o que “el tercero que adquiere de buena fe y sin culpa grave ignora que el administrador con quien contrata carece de competencia para decidir por cuanto se trata de activos esenciales, está protegido en su adquisición conforme a lo previsto en el art. 234 LSC aplicado directamente o por analogía, que tanto da” (FERNÁNDEZ DEL POZO, L., “Otra vez…”, op. cit., p. 5).
Por esta línea discurre la doctrina de la DGRN a través de un conjunto de Resoluciones emitidas por razón de calificaciones de los Registradores (de la Propiedad y Mercantil) en las que se exigía acreditación del carácter no esencial del activo objeto del negocio jurídico o del correspondiente acuerdo favorable de la junta general. Son, entre otras, las Resoluciones, todas ellas de 2015, de 11 junio, 26 junio, 8 julio, 10 julio -EDD 2015/135593-, 27 julio -EDD 2015/163210-, 28 julio -EDD 2015/163282-, 29 julio -EDD 2015/164751-, 23 octubre y 14 diciembre. Se acude a la aplicación por analogía del artículo 234.2 LSC -EDL 2010/112805 y ello se acompaña de argumentos de orden puramente práctico: se alude a la “amplitud de los términos literales empleados en el precepto”, se destaca que “el carácter esencial del activo constituye un concepto jurídico indeterminado”, por lo que “deben descartarse interpretaciones de la norma incompatibles no sólo con su ratio legis sino con la imprescindible seguridad del tráfico jurídico” y se señala que “es muy difícil apreciar a priori si un determinado acto queda incluido o no en el ámbito de facultades conferidas a los representantes orgánicos de la sociedad o, por referirse a activos esenciales, compete a la junta general; y no puede hacerse recaer en el tercero la carga de investigar la conexión entre el acto que va a realizar y el carácter de los activos a que se refiere”.
Finalmente, en el caso de que la decisión de realizar la operación se tomase por el Consejo de Administración, el acuerdo sería susceptible de impugnación por haberse adoptado con infracción del artículo 160 f) LSC -EDL 2010/112805-. A la acción serían de aplicación también las reglas generales del artículo 251 LSC y, por remisión de éste, de los artículos 204 y ss. LSC. A un supuesto de nulidad de un acuerdo de Consejo de Administración que supuso una modificación del objeto social sin acuerdo de junta general se refiere la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2007 -EDJ 2007/7302-. La solución puede ser íntegramente trasladable al presente supuesto. El problema estaría en la eficacia práctica de este remedio, no sólo por la brevedad del plazo de caducidad de esta acción (cuarenta días), sino porque normalmente al acuerdo del Consejo de Administración seguirá su rápida ejecución mediante la celebración del negocio jurídico con el tercero. Siempre cabría, no obstante, la posibilidad de pedir la medida cautelar de suspensión del artículo 727.10ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2010/112805 si se cumpliesen los presupuestos y requisitos sobre medidas cautelares de la legislación procesal.
La jurisprudencia inmediatamente anterior a la reforma introducida por la Ley 31/2014 -EDL 2014/202806 ha reconocido esa legitimación de los socios. Se trata de las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2013 -EDJ 2013/67725 y 23 de septiembre de 2014 -EDJ 2014/176194-, ambas recaídas en relación con un mismo conflicto societario. En la primera de esas resoluciones, relativa a un contrato de compraventa de la nuda propiedad de un local perteneciente a la sociedad, se concluye que el contrato es nulo por ilicitud de la causa sobre la base del siguiente razonamiento: “la transmisión del único activo de la sociedad patrimonial, de la que forman parte como socios por partes iguales cuatro hermanos, a favor de otra sociedad que se constituye al efecto por tres de ellos, bajo la apariencia de una compraventa, que en realidad encubre una disposición a título gratuito, pone de manifiesto la ilicitud de la causa del negocio, que no era otra que defraudar los legítimos derechos de la única hermana que no formaba parte de la sociedad adquirente”. En materia de legitimación, el Tribunal Supremo se refiere a la jurisprudencia que reconoce la legitimación de un tercero que no haya sido parte en el contrato “siempre que dicho tercero tenga un interés jurídico en ello o, lo que es lo mismo, se vea perjudicado o afectado en alguna manera por el referido contrato”. Y entiende que esa situación se da porque “la demandante, en cuanto socia titular de participaciones que representan el 25% del capital social de la sociedad vendedora tiene interés jurídico en instar la nulidad de la compraventa del principal activo inmobiliario de la sociedad... pues se ve afectada como consecuencia del efecto reflejo que la enajenación del bien ha supuesto en la devaluación de sus participaciones. Este interés jurídico de la socia demandante no se agota en la legitimación para una eventual acción de responsabilidad social contra la administradora por el perjuicio causado a la sociedad... sino que alcanza también a la acción de nulidad por inexistencia de causa o por ilicitud de la causa”.
La incidencia del artículo 160 f) LSC -EDL 2010/112805 se ha analizado fundamentalmente desde la perspectiva de si la exigencia de autorización de la Junta es también aplicable en los casos en que la sociedad cae en concurso y se plantea la disposición de un activo esencial a través de los mecanismos previstos en la Ley Concursal -EDL 2003/29207 (“LC”) para la venta de bienes del concursado durante el procedimiento concursal (sea en fase común, en convenio o en liquidación).
La solución puede ser diferente si se acuerda la suspensión de las facultades de administración y disposición del concursado. El artículo 48.1 LC -EDL 2003/29207 establece como principio general el mantenimiento o continuidad de los órganos de la sociedad en concurso, incluso en los casos de suspensión de las facultades de administración y disposición, sin perjuicio de los efectos que la suspensión pueda producir sobre su funcionamiento. Pero si las facultades de administración y disposición del patrimonio se encuentran suspendidas, no parece que tenga sentido plantearse el sometimiento a la junta general de una operación de enajenación de un activo esencial. Y lo mismo puede decirse respecto de operaciones que puedan realizarse en fase de liquidación. Esta opinión es compartida, entre la doctrina, por GONZÁLEZ-MENESES, M., “Reestructuración de empresas y operaciones sobre activos esenciales (La aplicación práctica de la regla del art. 160 f) LSC a la vista de la doctrina de la DGRN)”, en Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal”, Nº 24, Sección Varia, Primer Semestre de 2016, p. 2. A este entendimiento se llegaba también en las “Conclusiones Jornadas Magistrados Especialistas Mercantil Pamplona 4, 5 y 6 noviembre 2015”, si bien con una conclusión diferente en los casos de intervención.
Al margen de esa cuestión, el primer precedente de resolución judicial relativa al artículo 160 f) LSC -EDL 2010/112805 del que se tiene noticia es la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza de 27 de junio de 2016. Se trataba de un incidente concursal de impugnación de la lista de acreedores en que el demandante (antiguo administrador de la sociedad) pretendía el reconocimiento de un crédito a su favor correspondiente a parte del precio de venta de unas máquinas propiedad de la sociedad concursada. La administración concursal y la concursada se opusieron a la demanda alegando la nulidad de la compraventa por referirse a activos esenciales sin que constase la existencia de previo acuerdo de la junta general. La demanda fue rechazada por considerarse que los activos eran, en efecto, esenciales (al superar el 25% del último balance aprobado) y no haberse obtenido el imprescindible acuerdo de la junta general.
Cabe, finalmente, plantearse qué ocurre con los posibles remedios procesales para reaccionar frente a infracciones del artículo 160 f) LSC -EDL 2010/112805 en los casos en que la sociedad entra en concurso después de la celebración del negocio jurídico sobre el activo esencial.
En primer lugar, por lo que se refiere a acciones de ineficacia del negocio jurídico, el artículo 71.6 LC -EDL 2003/29207 establece el monopolio de la administración concursal para el ejercicio de acciones de actos de impugnación del concursado, en términos que dejan poco margen para la duda: “el ejercicio de las acciones rescisorias no impedirá el de otras acciones de impugnación de actos del deudor que procedan conforme a Derecho, las cuales podrán ejercitarse ante el juez del concurso, conforme a las normas de legitimación y procedimiento que para aquéllas contiene el artículo 72”. El régimen de legitimación es el mismo que para las acciones de reintegración; esto es, legitimación exclusiva de la administración concursal y subsidiaria de los acreedores en los términos indicados en el artículo 72 LC. Declarada la sociedad en concurso, por tanto, debe prevalecer esta regla especial. La consecuencia es que esas acciones no podrán ser ya promovidas por los socios de forma directa después de la declaración de concurso.
La cuestión tiene su origen en la reforma operada por la Ley 31/...
En relación a ello se incorpora al texto legal contenido en el art. 160 LSC -EDL 2010/112805 el apartado f) que atribuye como nueva materia reservada a la aprobación de la junta general, la decisión acerca de “la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales”, lo que se hace adicionando como presunción acerca del carácter esencial del activo el hecho de que “ el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado”. Recordar que respecto de sociedades cotizadas el legislador ha incluido norma paralela ampliando las competencias de la junta -art 511 bis LCS si bien sus términos son diferentes
Como no se hace cuestión en el asunto que nos ocupa sobre el concepto de activo esencial -está de acuerdo la doctrina con aplicar dos criterios, el cuantitativo y el cualitativo-, sobre el alcance de la presunción contenida en la norma -vinculada al criterio cuantitativo ni sobre si todas las operaciones sobre activos esenciales requieren de la preceptiva autorización de la junta general -con especial referencia a los negocios jurídicos a título gratuito, los realizados entre sociedades, bien sean terceras o de un mismo grupo o los realizados a título limitado-, ningún comentario haremos al respecto salvo para poner de relieve que es cierto que la norma es notoriamente insuficiente dado que no delimita suficientemente el supuesto de hecho que requiere el acuerdo de la junta, no especifica el ámbito del efecto pretendido con la norma, esto es, si modifica la competencia de los administradores -relaciones externas o si solo tiene efectos internos, no precisa desde luego ni el alcance ni la eficacia del acuerdo de la junta y en particular, si afecta a la protección de los terceros de buena fe cuando realizan negocios jurídicos con los representantes orgánicos de la sociedad, aspecto este último que sí tiene incidencia en la respuesta a las cuestiones que aquí se formulan.
Y en el art 234 -EDL 2010/112805 se establece que “1. La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos. Cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros. 2. La sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social.”.
A nuestro entender (y conociendo que hay doctrina que contraía el argumento en la consideración de que lo que hace la nueva norma legal es delimitar las competencias de los órganos sociales, acotando capacidad y poder de representación, lo que imposibilitaría la aplicación del art. 234.2 -EDL 2010/112805 porque no habría identidad de razón entre este precepto y el art. 160.f LSC), no hay razón para modificar el régimen general expuesto en cuanto a la protección del tercero de buena fe -seguridad del tráfico-, no solo porque el art. 234 comprende a los efectos de otorgar protección a los terceros de buena fe incluso los actos no comprendidos en el objeto social, sino porque el remedio que la norma prevé se contiene en el art. 236.1 que configura un dispositivo de responsabilidad de los administradores frente a la sociedad y los socios -también frente a los acreedores sociales por los daños que causen por acto u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o “por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa”, afirmaciones que requieren de una doble matización, una primera respecto del concepto del tercero de buena fe, que debe modularse en relación a las evidencias de la propia operación societaria a fin de evitar la reducción al absurdo cuando el propio contenido de la operación pudiera reflejar una oculta modificación estructural (como dicen algunos autores “siempre que ni conozcan ni debieran haber conocido empleando una diligencia mínima que la enajenación o adquisición de ese activo o activos determinaría una alteración del objeto social de alguna de las intervinientes en la operación”), y una segunda, relativa a la responsabilidad de los administradores, que no la entendemos como automática en el caso de enajenación de activos esenciales sin autorización de la junta dado que conforme se desprende del art. 225 LSC, será preciso valorar en cada caso si en efecto hubo negligencia en los administradores respecto de si se trataba o no de activos esenciales y por tanto, si se requería o no, la aprobación de la junta.
En relación a la doctrina jurisprudencial -necesariamente anterior al precepto que nos ocupa es de recordar la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2008 -EDJ 2008/35280-, dada en relación a un caso de demanda formulada por una sociedad cuyo objeto social era, entre otros, el transporte, promovía la nulidad de una escritura pública otorgada por los Consejeros delegados de venta de las concesiones administrativas de transportes, tarjetas de transportes y los autobuses, dejando a la sociedad sin actividad.
La misma idea se desprende de la más reciente doctrina de la DGRN, que ha venido manteniendo desde su Resolución de 11 de junio de 2015 -doctrina luego reiterada en otras tantas posteriores que la infracción del artículo 160.f LCS -EDL 2010/112805 conlleva la posible aplicación analógica del artículo 234.2 LSC con base en la identidad de razón que puede existir entre el supuesto del artículo 160.f y el de los actos realizados por los administradores con extralimitación respecto del objeto social inscrito frente a los que quedan protegidos los terceros de buena fe y sin culpa grave y ello con base en el artículo 10.1 de la Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 (actual Directiva Directiva (UE) 2017/1132 -EDL 2017/115850-).
El apartado 1 del artículo único de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre -
En el mismo sentido la RDGRN de 11 de abril de 2016 -EDD 2016/73507 que manifiesta que no es posible dar poderes, ni para autocontratar ni para donar los activos sociales, dado que el ámbito de actuación del apoderado está limitado a la voluntad de la sociedad, por lo que solo puede subcontratar válidamente cuando ésta lo autorice o cuando se excluya la colisión de intereses. Si el administrador no tiene facultad para trasmitir activos sociales sin el consentimiento social, tampoco podrá conceder poder para donarlos.
La acción de responsabilidad contra los administradores se podrá entablar por la sociedad, previo acuerdo de la junta general que puede ser adoptado a solicitud de cualquier socio (art. 238 LSC), por el socio o socios con los requisitos previstos en el artículo 239 LSC -EDL 2010/112805 o subsidiariamente por los acreedores siempre que el patrimonio de la sociedad resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos (art. 240 LSC); quedando siempre a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y terceros cuando se hubieran lesionado sus intereses (art. 241 LSC).
Si el acuerdo no fuese adoptado en junta general, pero sí mediante acuerdo del Consejo de Administración, los administradores y los socios que representen un uno por ciento del capital social podrían también impugnar dicho acuerdo por las causas, tramitación y efectos que se establecen en la LSC -EDL 2010/112805 para la impugnación de acuerdos de la junta general (art. 251 LSC).
Dependerá por tanto de las circunstancias del caso concreto en las que se haya infringido el mandato establecido en el artículo 160.f LSC -EDL 2010/112805 para optar la sociedad, administradores, socios o terceros por una o varias de las acciones contempladas en la LSC, siendo también distintas las consecuencias que el ejercicio de las mismas podría traer consigo.
Se nos plantean hoy varias cuestiones en relación con uno de los artículos ...
Se nos plantean hoy varias cuestiones en relación con uno de los artículos sobre los que más se ha escrito. Recordemos, para situar la cuestión, que el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital se introduce por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo -EDL 2014/202806 (la “Ley 31/2014”) y que amplía las competencias de la junta general en detrimento de las competencias del consejo de administración, al establecer que es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre “la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales”. Además, se establece la presunción del carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado (presunción que daría para escribir otro tanto, pero en la que no entraremos ahora).
Los argumentos que utiliza la doctrina partidaria de esta tesis son, sin duda, poderosos ya que, por un lado, atienden a la literalidad del propio artículo 160.f LSC -EDL 2010/112805 y su ubicación frente a otras normas, lo que pone de manifiesto que, al contrario de lo que ocurre con otros preceptos (como el art. 161 LSC), no se formula como autorización o instrucción al órgano de administración (y no se remite a lo dispuesto en el art. 234 LSC), lo que supone un reconocimiento a que nos encontramos ante unos negocios que exceden de la competencia del órgano de administración y, por lo tanto, de su poder de representación. También se señala que ninguno de los demás supuestos del art.160 LSC se consideran que tienen un efecto interno. Igualmente, los artículos que atribuyen a la junta competencia para realizar un acto de disposición patrimonial (art. 72 o 162 LSC) se han interpretado en el sentido de considerar que tienen efectos externos. Además, se apunta que, de esta forma, el sistema es coherente con lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Primera Directiva (Directiva 2009/101/CE de 16 de septiembre, actual Directiva Directiva (UE) 2017/1132 -EDL 2017/115850-) al quedar incluida en la excepción que la misma señala (“La sociedad quedará obligada frente a terceros por los actos realizados por sus órganos, incluso si estos actos no corresponden al objeto social de esta sociedad, a menos que dichos actos excedan los poderes que la ley atribuya o permita atribuir a estos órganos”). Finalmente, se argumenta que, si la finalidad de la norma es la protección de los socios ante operaciones que afectan a los activos esenciales de la sociedad (esto es, indirectamente, a sus propios derechos), tal objetivo no se cumpliría si la sociedad quedara vinculada, aun cuando no se ha obtenido dicha autorización.
Como decíamos, se trata sin duda de argumentos poderosos, en particular el último. Sin embargo, la seguridad del tráfico nos inclina a posicionarnos con el sector de la doctrina (entre los que se encuentran Luis FERNÁNDEZ DEL POZO, Ricardo CABANAS TREJO, A. DÍEZ-BARTURE, María Jesús GUERRERO LEBRÓN, Jesus MARTÍNEZ-CORTES, Carlos PÉREZ RAMOS, Mª Angeles ALCALÁ DÍAZ, etc., así como las resoluciones que ha dictado la Dirección General de los Registros y del Notariado – de fecha 11 y 26 de junio de 2015, 8, 10, 27, 28 y 29 de julio de 2015 o de 23 de octubre del mismo año) que entiende que resulta aplicable analógicamente lo dispuesto en el artículo 234.2 LSC -EDL 2010/112805 que protege al tercero de buena fe y sin culpa grave que se celebra un negocio con los administradores, aun cuando aquél exceda del objeto social y, por tanto, de su poder de representación (“La sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido dentro de su objeto social”).
Los argumentos que permiten sostener esta aplicación analógica del art. 234.2 LSC -EDL 2010/112805 (o en el caso de Fernando REDONDO TRIGO la doctrina de la representación aparente) son, como hemos señalado, la salvaguarda del tráfico jurídico, así como la improcedencia de hacer recaer sobre el tercero (recordemos de buena fe y sin culpa grave) la carga de investigar si estamos o no ante un activo esencial (máxime, teniendo en cuenta que el carácter esencial puede deberse a factores cuantitativos o cualitativos – es decir, que pueden no tener efecto en el balance de la sociedad– y que la doctrina entiende que no es una operación que deba someterse a la aprobación de la junta la que trate de sustituir unos activos por otros, lo que obligaría al tercero a realizar una auténtica labor de investigación en la sociedad vendedora). Finalmente, también se señala la necesidad de distinguir las competencias en materia de organización, siempre exclusivas de la junta, de las competencias de gestión en las que concurren las facultades ordinarias de los administradores y las de la junta. Es evidente que, a la hora de apreciar la buena o mala fe del tercero y su eventual culpa, deberán tenerse en cuenta su carácter profesional, así como el conocimiento que hayan podido tener de la sociedad y, en función de estos factores, se considerará que la sociedad ha quedado o no vinculada.
Para terminar con la cuestión de los remedios procesales no debemos olvidar que el art. 232 LSC -EDL 2010/112805 apunta a que el ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en los artículos 236 y siguientes no obsta para el ejercicio de las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con violación de su deber de lealtad. A mi juicio, esta norma no crea una nueva categoría de nulidad contractual, sino que debemos encajar la misma en el sistema general que establece el Código Civil -EDL 1889/1 (tal y como he venido indicando a lo largo de estos párrafos).
El hecho de que en el concurso deba primar el interés del mismo (y su finalidad que es el pago a los acreedores), me llevaría también a negar que el artículo 160 f) LSC -EDL 2010/112805 operase cuando la propuesta de convenio incluyese propuestas de enajenación de activos esenciales. Sin embargo, la cuestión me plantea más dudas porque los socios no tienen legitimación para oponerse a la aprobación de un convenio, de forma que quedarían a merced de lo que hubieran decidido los administradores. Por otra parte, si el convenio pretende la continuidad de la sociedad, parece razonable pensar que se considera que hay algún valor residual en la misma que permitiría sostener que la enajenación de activos prevista en el convenio obligaría a obtener la autorización de la junta general.
El régimen legal de las sociedades de capital parte de la atribución de una...
A partir de este régimen, la determinación de las consecuencias derivadas de la ausencia del preceptivo acuerdo de la junta general en relación con una operación de las comprendidas en el art. 160.f LSC -EDL 2010/112805 (o, paralelamente, en el art. 511 bis.1. a y b, LSC), resulta especialmente controvertida como consecuencia, sobre todo, de la ausencia de un pronunciamiento legal expreso sobre dicha cuestión. Al respecto se han planteado, básicamente, dos posiciones: de un lado, quienes consideran que se trata de un problema de distribución de competencias entre órganos y que, por tanto, la sociedad no puede quedar vinculada frente a terceros por una operación llevada a cabo por un órgano que carece de competencia para acordarla y, de otro, quienes entienden que se trata de un problema de exceso o extralimitación por los administradores en el ejercicio de su poder de representación, por lo que la sociedad deberá quedar vinculada frente a terceros de buena fe en el supuesto de que la operación se lleve a cabo sin contar con el previo acuerdo de la junta general.
No se trataría, por tanto, de un problema de delimitación del poder de representación de los administradores sino de la ausencia de competencia de éstos para decidir sobre la enajenación, adquisición o aportación de activos esenciales. De este modo, al constituir un problema de delimitación de competencias entre órganos, no resultará aplicable el 234.2 LSC -EDL 2010/112805 (a cuyo tenor: «la sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social») que regula un problema de delimitación del poder de los administradores (eficacia frente a terceros de las limitaciones al poder de representación o de la actuación de los administradores fuera del objeto social). Las operaciones mencionadas en el art. 160.f LSC (y, paralelamente, en el art. 511 bis.1.a y b, LSC) no se integran en la gestión ordinaria de la compañía y por ello no pueden considerar actividades comprendidas en el desarrollo del objeto social. Y el art. 234.2 LSC ha de interpretarse en el sentido de que los actos realizados por los administradores fuera del objeto social vincularían a la sociedad pero únicamente si los mismos no queden comprendidos en los poderes o facultades de otros órganos sociales (conforme a lo previsto en el art. 10 de la Directiva 2009/101/CE, de 16 de septiembre de 2009, actual Directiva Directiva (UE) 2017/1132 -EDL 2017/115850-).
Esta interpretación, que ofrece una eficaz protección a los socios, plantea sin embargo un problema de protección de los terceros de buena fe ya que hasta ellos se desplaza la carga de la comprobación de si la operación formalizada con los administradores afecta a un activo esencial de la compañía para exigir, en su caso, el preceptivo acuerdo de la junta general toda vez que, de no existir éste siendo necesario, la sociedad no quedaría vinculada (ello sin perjuicio de la posibilidad para el tercero de ejercer una acción individual de responsabilidad contra el administrador o administradores que actuaron invadiendo la competencia de la junta general). Frente a ello y precisamente con la finalidad de proteger a los terceros de buena fe, otro sector doctrinal interpreta que la formalización por los administradores de operaciones comprendidas en el art. 160.f LSC -EDL 2010/112805 sin contar con el preceptivo acuerdo de la junta general, plantea un problema de extralimitación del poder de representación que ha de resolverse conforme al criterio previsto en el art. 234.2 LSC (vid., entre otros, FERNÁNDEZ DEL POZO, L., «Aproximación a la categoría de “operaciones sobre activos esenciales”, cuya decisión es competencia exclusiva de la junta (arts. 160.f y 511 bis LSC), La Ley Mercantil, 11, febrero 2015, ALVAREZ ROYO-VILLANOVA, S. y SÁNCHEZ SANTIAGO, J., «La nueva competencia de la junta general sobre activos esenciales: a vueltas con el artículo 160 f) LSC», Diario La Ley, Nº 8546, 25 de Mayo de 2015; PORTELLANO, P., «Más sobre el art. 160.f) LSC», entrada en el blog derechomercantilespana.blogspot.com; ALONSO UREBA, A., «El modelo de consejo de administración de la sociedad cotizada tras la reforma legal de 2014 y el CBG de 2015», en VVAA, Junta general y consejo de administración en la sociedad cotizada, Cizur Menor, 2016, Tomo II, págs. 58 y ss.; ALCALÁ DIAZ, Mª A., «Ámbito de aplicación y consecuencias del incumplimiento del artículo 160 f) de la LSC», en VVAA, Estudios de Derecho de Sociedades. Liber amicorum Profesor Luis Fernández de la Gándara, Cizur Menor, 2016, págs. 275 y ss).
Para algunos de estos autores, la cuestión clave radica en la correcta delimitación del ámbito de aplicación del apartado 2 del art. 234 LSC -EDL 2010/112805 (en otros casos, se defiende una aplicación analógica de esta norma). En concreto, habría que interpretar que esta norma se refiere no sólo a los supuestos de actuación de los administradores fuera del objeto social siempre que la competencia no corresponda a otro órgano, sino a cualquier supuesto de extralimitación por los administradores de su poder de representación; es decir, en dicha norma se establecerían los efectos generales para la actuación de los administradores sin poder de representación, con independencia de que se trate de actos que caen fuera del objeto social o de actos cuya competencia corresponde a otros órganos sociales pues carece de sentido tratar de diferente manera lo que en último extremo son «excesos de poder» bien porque el administrador realice actos ajenos al objeto social bien porque realice actos que caigan dentro del objeto social pero respecto de los que no tenga competencia (ALCALÁ DIAZ, Mª A., cit., págs. 295 y ss). De este modo, la operación comprendida en el art. 160.f LSC y realizada por los administradores sin contar con la previa aprobación de la junta general, sería un acto anulable para la sociedad que vincularía a ésta en todo caso frente a terceros de buena fe (la vía de protección de los socios sería, por tanto, el ejercicio de acciones de responsabilidad contra los administradores sociales). El fundamento del distinto tratamiento de la vulneración de la competencia de la junta general contenida en la letra f) del art. 160 LSC frente a la vulneración de cualquiera del resto de competencias previstas en dicho artículo radicaría, fundamentalmente, en que aquélla es la única de carácter estrictamente negocial frente al resto que tienen carácter estructural-corporativo (para éste y otros argumentos vid., ampliamente, ALCALÁ DIAZ, Mª A., cit., pág. 298).
Esta interpretación implica aplicar la misma solución que el Tribunal Supremo ya había aplicado con anterioridad a la reforma de la LSC -EDL 2010/112805 en 2014, en relación con las denominadas competencias implícitas de la junta general (cfr., entre otras, las SSTS de 17 de abril de 2008 y 19 de junio de 2009) y sería plenamente congruente con el criterio restrictivo de las causas de invalidez de los compromisos contraídos en nombre de la sociedad implícito en la normativa comunitaria. Es también la interpretación que ha sido asumida por la Dirección General de los Registros y del Notariado en Resoluciones como, entre otras, las de 11 y 26 de junio de 2015, 8, 10 y 27 de julio de 2015, 23 de octubre de 2015 y 14 de diciembre de 2015 (en unos casos se ha pronunciado a favor de la aplicación analógica del 234 LSC y en otros a favor de su aplicación directa).
La cuestión permanece abierta pues ambas posiciones interpretativas cuentan con argumentos razonables y ofrecen una solución plausible (vid. especialmente ESTEBAN VELASCO, G., cit., pág. 62 y ALONSO UREBA, A., cit., pág. 59). A falta de un pronunciamiento expreso del legislador, deberán ser los jueces y Tribunales quienes opten por una u otra alternativa para resolver los conflictos que eventualmente se planteen en torno a la aplicación de esta norma. En nuestra opinión, aun considerando que la primera interpretación no carece de sólidos fundamentos, la finalidad de ofrecer mayor protección a los terceros de buena fe, la posición del Tribunal Supremo en relación con los efectos de la falta de acuerdo de la junta general en materias cuya competencia debía considerarse implícitamente atribuida a dicho órgano con anterioridad a la reforma de la LSC -EDL 2010/112805 en 2014 y la propia interpretación asumida por la DGRN, sin desconocer el resto de argumentos que la fundamentan, probablemente conducirán a que nuestros jueces y tribunales se decanten por la segunda interpretación. De ser así, las cuestiones planteadas en esta edición del Foro habrán de resolverse señalando que el negocio concluido por la sociedad que, pudiendo ser calificado como «operación sobre activos esenciales» en los términos del art. 160.f LSC (o 511 bis.1.a y b LSC), no cuente con la previa aprobación de la junta general, será plenamente vinculante para la sociedad en el supuesto de que el tercero contratante pueda ser calificado de buena fe. Y, en consecuencia, no cabrá su impugnación por parte de los socios de la compañía, cuya protección queda confiada en exclusiva al ejercicio de la acción de responsabilidad contra los administradores que han actuado concluyendo la operación sin contar con la preceptiva aprobación previa de la junta general (ejercicio que exigirá, obviamente, acreditar el resto de presupuestos a los que se vincula la responsabilidad de los administradores, es decir, el daño y la relación de causalidad entre éste y la actuación de los administradores). En el supuesto de apertura de un procedimiento concursal sobre la sociedad, tampoco cabrá el ejercicio de acciones para declarar la nulidad del negocio celebrado por la sociedad basadas en la ausencia de aprobación por parte de la junta general, sin perjuicio de las posibilidades de ejercicio de las acciones de reintegración y de exigencia de responsabilidad a los administradores de la sociedad.
La letra f) del artículo 160 LSC -
La letra f) del artículo 160 LSC -EDL 2010/112805 fue introducido en la Ley de Sociedades de Capital por la reforma llevada a cabo por Ley 31/2014, de 3 diciembre -EDL 2014/202806-. Con ella, se introdujo, por lo que aquí interesa, una nueva competencia de la Junta General de Socios consistente en deliberar y acordar sobre “la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales”.
La falta de suficiente concreción de la redacción de la letra f) del artículo 160 LSC -EDL 2010/112805 producirá, a buen seguro, un buen número de controversias. Así lo considera también la DGRN que en su Resolución de 29 de julio de 2015 -EDD 2015\164751 según la cual “el hecho de que la norma se refiera a un concepto jurídico indeterminado -«activos esenciales» comporta evidentes problemas de interpretación”.
De acuerdo con la letra f) del artículo 160 LSC -EDL 2010/112805-, deberán ser acordadas por la Junta –lo que implica la exclusión de que sean acordadas por otro órgano las siguientes operaciones:
Sobre si un activo es o no esencial, la parte final de la letra f) del artículo 160 LSC -EDL 2010/112805 dispone que “se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado”.
c) De acuerdo con el artículo 204.2 LSC -EDL 2010/112805 cabrá dejar el acuerdo sin efecto sustituyéndolo válidamente por otro adoptado antes de que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación.
Obviamente, consecuencia de la consumación de las operaciones descritas en la letra f) del artículo 160 LSC -EDL 2010/112805 pueden aparecer terceros de buena fe. A esta cuestión alude la ya citada Resolución de la DGRN de 29 de julio de 2015 -EDD 2015\164751-, según la cual “cuestión distinta es la relativa a la posible analogía que puede existir entre el supuesto normativo del artículo 160.f) y el de los actos realizados por los administradores con extralimitación respecto del objeto social inscrito frente a los que quedan protegidos los terceros de buena fe y sin culpa grave ex artículo 234.2 de la Ley de Sociedades de Capital (cfr. artículo 10.1 de la Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 (actual Directiva Directiva (UE) 2017/1132 -EDL 2017/115850-), que se corresponde con el artículo 9.1 de la derogada Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968)”. Y, citando la Sentencia del Tribunal Supremo número 285/2008, de 17 de abril, considera que “lo fundamental de esta Sentencia es que en el caso concreto no casa la sentencia recurrida por entender que prevalece «la protección de terceros de buena fe y sin culpa grave ante el abuso de exceso de poderes de los Consejeros-Delegados (art. 129.2 LSA [actual 234.2 de la Ley de Sociedades de Capital], aplicable por una clara razón de analogía)»…”.
Consideramos que la situación cambia en el caso en que la operación deba realizarla una sociedad declarada en concurso. A pesar de que, de acuerdo con el artículo 48 LC -EDL 2003/29207 “durante la tramitación del concurso, se mantendrán los órganos de la persona jurídica deudora”, ello es así “sin perjuicio de los efectos que sobre su funcionamiento produzca la intervención o la suspensión de sus facultades de administración y disposición”.

References: artículo 160
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 artículo 511
 artículo 160
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 artículo160
 artículo 234
 artículo 160
 artículo 234
 artículo 160
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 artículo 1261
 artículo 6
 artículo 234
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 artículo 251
 artículo 727
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 artículo 48
 resolución 
 artículo 160
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 artículo 71
 artículo 72
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 Resolución 
 artículo 160
 artículo 234
 artículo 160
 artículo 10
 artículo 239
 artículo 160
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 artículo 160
 artículo 10
 artículo 234
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 Resolución 
 artículo 160
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 artículo 204
 artículo 160
 Resolución 
 artículo 160
 artículo 234
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 artículo 9
 artículo 48