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Timestamp: 2019-05-23 20:17:53+00:00

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v. Crímenes de lesa humanidad | Pensamientos de Derecho Constitucional
Apuntes sobre los crímenes de lesa humanidad: ¿infracción del principio de legalidad o redimensionamiento de la interpretación constitucional extensiva?[1]
Introducción. Descripción del problema. 1. Aspectos sustantivos de los crímenes de lesa humanidad. 1.1. Concepto de los crímenes de lesa humanidad. 1.2. Bienes jurídicos afectados. 1.3. Tipificación de los crímenes de lesa humanidad. 2. Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. 2.1. Consideraciones sobre la prescripción. 2.2. Principio de legalidad penal. 2.3. Grados de la prescripción. 3. El derecho fundamental a la verdad. 3.1. Una idea de aproximación. 3.2. El transcurso del tiempo. 3.3. La remoción de obstáculos. 3.4. La Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad. 4. Las normas de ius cogens. 4.1. ¿Autonomía de los Estados frente al ius cogens? 4.2. El ius cogens y la jurisprudencia interamericana de derechos humanos. 5. Crímenes de lesa humanidad, labor de los jueces peruanos y de la sociedad civil. 5.1. Sentencia contra la Ley 26479, Ley de Amnistía. 5.2. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Ideas finales
Remontarnos al análisis normativo jurisprudencial de los crímenes de lesa humanidad conlleva varios retos pues exige, de entrada, modificar actitudes convencionales de los jueces para examinar los hechos que configuran graves ilícitos penales desde una perspectiva diríamos excesivamente formalista. En segundo lugar, exige una visión interpretativa redimensionada pues no se trata de actos convencionales en perjuicio de determinados grupos de personas, sino de afectaciones sustantivamente importantes respecto de la vida de las personas y en ese contexto, se exige al intérprete la modificación sustancial de los parámetros de interpretación del Derecho Penal y de sus elementos previos, como sucede con el principio de legalidad penal y la exigencia de las formas procesales. En tercer término, igualmente la dilucidación de estos casos exige una posición de activismo judicial en pro de los derechos humanos, en cuanto estos tienen un efecto de vinculatoriedad que trasunta las posiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, posturas interpretativas que han sido a su vez asumidas por el Tribunal Constitucional así como por los jueces del Poder Judicial, estos últimos primeros defensores de la legalidad y el ordenamiento constitucional en los procesos constitucionales de la libertad.
Juzgar, entonces, desde la perspectiva de una actitud distinta frente a valores tradicionales, asumiendo un enfoque interpretativo extensivo, y enfocar la dimensión garantista de los derechos humanos, representa una tarea de indudable valor para los jueces constitucionales en su calidad de entes legitimadores del Estado Democrático y Social de Derecho, que se consagra con fuerza desde la Ley Fundamental de Bonn, para trasuntar un deber de los jueces y de la sociedad para con cierto tipo de delitos. Tales ilícitos no pueden ser enfocados desde la perspectiva de los juzgamientos convencionales, ceñidos en suma forma al principio de legalidad, y por ende, una visión de los mismos desde la imprescriptibilidad transmite una posición de reexamen de los derechos fundamentales en sede penal, los cuales en caso de sufrir graves afectaciones a sus contenidos sustantivos, hacen devenir a los ilícitos en los cuales se insertan, como crímenes de lesa humanidad.
Objetivamente nos planteamos un problema de suyo complejo y en efecto, si se quiere una mirada previa de nuestro problema, eventualmente una conclusión por cierto apresurada y no definitiva, sería aquella expresada en el sentido de que, en caso se acepte nuestra tesis de imprescriptibilidad, el correlato inmediato será fallar contra el sentido de las normas prescriptivas, las cuales representan un primer peldaño del Estado constitucional, en la medida que la seguridad jurídica representa uno de los valores angulares del Estado que proyecta nuestra Carta Fundamental.
La preocupación es singularmente grave: los crímenes de lesa humanidad finalmente representan delitos y constituyen afectaciones pluriofensivas a distintos bienes jurídicos. Su condición de acciones típicas, antijurídicas y culpables, exigirían la aplicación rigurosa de la ley penal y sin embargo, su tratamiento difiere del modus operandi en relación al juzgamiento que reciben otros delitos.
Es sumamente complejo para el juez penal- es una parte del problema que planteamos- romper con elementos esenciales del juicio jurídico penal como el principio de legalidad penal en supuestos de temporalidad de la acción y configuración de la aplicación de la ley penal en el tiempo y sin embargo, es una primera exigencia de los juzgamientos de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, ¿podemos acaso juzgar un crimen de lesa humanidad si a la fecha de ocurrido el hecho nuestro país aún no reconocía dicha figura penal?
La respuesta desde el Derecho Penal de suyo sería negativa. Si no existe ley previa, es totalmente inviable la configuración del delito bajo el brocardo Nullum crimen nulla poena sine praevia lege[3]. Y en verdad tal razonamiento asumiría mucha lógica aristotélica desde el momento en que un silogismo de primera entrada nos diría que si no ubicamos la premisa mayor- la norma del caso- difícilmente o de manera prácticamente nula, podría trabajar la premisa menor, o cuestión fáctica, deviniendo más inviable aún, consolidar una conclusión.
Sin embargo, desde la óptica del Derecho Constitucional y de la dimensión que asumen los derechos fundamentales al ser juzgados delitos plurifoensivos como crímenes de lesa humanidad, la respuesta puede ostensiblemente variar y eventualmente, resultar totalmente contrapuesta al involucrar una exigencia de redimensionamiento de los derechos humanos afectados en la controversia.
Tal es el sentido que pretendemos esbozar en esta Investigación, a partir de la STC 024-2010-PI/TC, caso Decreto Legislativo 1097 y de la STC 03173-2008-PHC/TC, caso Teodorico Bernabé Montoya voto singular del magistrado César Landa Arroyo, decisiones que recogen los lineamientos de varios pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los crímenes de lesa humanidad. En esa misma línea, asumimos la necesidad de puntualizar algunas facetas de nuestra realidad judicial así como una visión de conjunto del trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, aspectos que en conjunto recogen varias cuestiones centrales respecto al procesamiento de los crímenes de lesa humanidad así como las denominadas graves violaciones a los derechos humanos.
Los casos referidos, a grandes rasgos, traducen una posición de suma importancia para los jueces constitucionales, en la medida que los juzgamientos que atañen a crímenes de lesa humanidad exigen la remoción de obstáculos, formales y materiales, que impidan el juzgamiento respecto de dichos delitos. De otro lado, plantean exigencias de suma complejidad a los jueces del Poder Judicial, en tanto debe ponderarse en qué medida resulta afectada, de un lado, la seguridad jurídica, y de otro lado, en qué forma se logra satisfacer una exigencia impostergable que plantean los juzgamientos en los cuales se ven involucrados los bienes jurídicos afectados por este tipo de crímenes. Los jueces del Poder Judicial, de esa forma, se enfrentan a una disyuntiva que exige ser resuelta optimizando los derechos humanos concernidos, en tanto el respeto de éstos exige una serie de tareas, por cierto delicadas, como contravenir, en determinada dimensión, el principio de legalidad, al tiempo que plantea una forma distinta de interpretar los derechos fundamentales concernidos, en buena cuenta, los derechos humanos desde una perspectiva de protección por parte del sistema interamericano.
1. Aspectos sustantivos de los crímenes de lesa humanidad
Esbozamos en este capítulo algunas primeras ideas refiriéndonos a definiciones aproximadas de los crímenes de lesa humanidad, a los bienes jurídicos afectados (en referencia abierta y no clausus) así como al importante aspecto de la tipificación de estos crímenes, tarea que por excelencia corresponde a los jueces de la jurisdicción ordinaria penal, que en buena cuenta son quienes judicialmente asumen conocimiento respecto de los ilícitos penales.
1.1. Concepto de los crímenes de lesa humanidad
Una primera referencia a los crímenes de lesa humanidad se encuentra en el Estatuto del Tribunal Internacional de Nürenberg, de fecha 06 de octubre de 1945, el cual desarrolla una mención de entrada en el contexto internacional al concepto de “crímenes contra la humanidad”[4].
Si bien el referido Estatuto consagra esta definición primera, respecto al Tribunal de Nürenberg surgió un debate sobre su existencia, el cual se ciñó a dos aspectos: a) Se objetaba que el Tribunal construyó y tipificó la figura de delitos que hasta entonces si bien eran percibidos como graves acciones contra la humanidad, no fueron sino con el propio Tribunal de Nürenberg definidos bajo el nomen iuris de delitos perseguibles sine die, es decir, sin pauta de plazo o término definitivos, por crímenes ocurridos antes de la guerra o durante la misma. La mención a crímenes antes de la formación del Tribunal resultó una cuestión de objeción desde un inicio; b) Se constituyó como un Tribunal de vencedores, rompiendo prima facie el principio del “juez natural” para precisamente juzgar por delitos graves calificados como crímenes contra la humanidad. Sin embargo, esta última atingencia merece una observación muy cauta: era prácticamente inviable, culminada la Segunda Guerra Mundial y encontrándose Alemania en ruinas, cumplir el principio del “juez natural”, en tanto no existían ni condiciones formales ni materiales para llevar adelante, por parte de jueces alemanes, los juzgamientos a militares alemanes por los crímenes de guerra cometidos. En consecuencia, el Tribunal de Nürenberg surgía como un mecanismo necesario sobre cuyos hombros se encargaba una delicada tarea cual era investigar respecto de los crímenes contra la humanidad, definir la responsabilidad de los procesados e imponer las penas necesarias[5].
Un mayor perfeccionamiento de la tipificación de los crímenes de lesa humanidad se produce en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, o “Estatuto de Roma”, vigente para Perú desde el 01 de julio de 2002, cuyo artículo 7, en un primer orden[6], complementa la definición de entrada de Nürenberg para imponer determinados elementos configurativos de este crimen, a modo de categorías conceptuales de estos crímenes, y luego, en segundo lugar, establece, a modo de desarrollo de las definiciones que anteceden, determinadas ideas complementarias[7]. Tales aspectos son señalados por la STC 3173-2008-PHC/TC caso Teodorico Bernabé Montoya, voto de los magistrados Beaumont Callirgos y Eto Cruz, FJ. 34 y 35, y la STC 024-2010-PI/TC, F.J. 49[8].
Importante es advertir, en consecuencia, que dichos elementos constitutivos exigen, entonces, una concurrencia copulativa de una grave afectación de la dignidad humana con mella de la integridad física o mental de la víctima, en el contexto de un ataque generalizado[9] o sistemático[10], bajo una política promovida o consentida por el Estado y cuyo sujeto pasivo sea la población civil.
1.2. Bienes jurídicos afectados
Los bienes jurídicos afectados por los crímenes de lesa humanidad son los siguientes[11]:
a) La vida, cuya base constitucional es el artículo 2 inciso 1 de la Carta Fundamental. No hay mayor trasgresión posible que la pérdida del bien jurídico vida. Su pérdida resulta la vulneración más grave respecto de todos los bienes jurídicos comprometidos en los crímenes de lesa humanidad. Se subsumen en este bien el asesinato, el exterminio y la desaparición forzada de personas;
b) La integridad personal[12], prevista en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución. Las afectaciones a este bien pueden ser respecto de la integridad física o la salud mental de las víctimas. Los crímenes de lesa humanidad producen severas lesiones en sus víctimas, inflingiéndoles daño permanente o temporal. Respecto de este bien, la tortura, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, y la esterilización forzada, son los tipos que expresan este tipo de graves afectaciones;
c) La libertad personal, protegida por el artículo 2 inciso 24 de la Constitución. Técnicamente es reconocido este derecho en el Código Procesal Constitucional como libertad individual bajo la premisa de una idea omnicomprensiva, esto es, de inclusión de determinados derechos con una idea abierta hacia otros derechos conexos[13]. Un crimen de lesa humanidad puede advertir la variante de acciones u omisiones que afecten la libertad individual de las víctimas. Aquí podemos individualizar las causales de esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, encarcelación o privación grave de la libertad física;
d) La igualdad[14], contemplada en el artículo 2 inciso 2 de la Norma Fundamental. El crimen del apartheid identifica con propiedad la causal de afectación al bien jurídico igualdad, en tanto supone una discriminación racial o étnica, sin mayor fundamento que la exclusión inmotivada.
Sin perjuicio de los bienes jurídicos señalados, resulta necesario destacar que los crímenes de lesa humanidad pueden igualmente ser tipificados respecto de otros actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental de la víctima, de donde es necesario inferir una cláusula abierta[15] respecto de toda acción gravosa que afecte los bienes jurídicos señalados o a nuestro entender, otros conexos.
1.3. Tipificación de los crímenes de lesa humanidad
Este deber compete a los jueces penales de la jurisdicción ordinaria para los cuales la identificación de las condiciones de un delito que coincida con aquellas previstas por el Estatuto de Roma, significa una obligación imperativa de investigar, juzgar y sancionar al interior de todo proceso penal.
Sin perjuicio de lo sustentado, los jueces constitucionales, solo ante una circunstancia justificada de omisión de actuación de los jueces penales, quedarían habilitados para la identificación de estos crímenes mas no desde la perspectiva de los deberes impuestos de tipificación por parte de los jueces penales, sino solo desde la afectación de un derecho fundamental, que a su vez colisione frontalmente con la figura de la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. Vale decir, solo desde una actuación insuficiente de la justicia penal, el juez constitucional, invocando interpretación extensiva en sede constitucional, y siempre que las circunstancias del caso así lo evidencien, podrá entender afectado un derecho fundamental y por tanto, asumir que resulta imprescriptible determinado crimen que puede bien revestir las condiciones de un crimen de lesa humanidad. En este caso, opera una interpretación correctora del juez constitucional: no declara un crimen de lesa humanidad, sino entiende afectado el contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental por la existencia de una cuestión de imprescriptibilidad respecto de un crimen de lesa humanidad.
A este respecto, corresponde distinguir, como idea relevante para el resto de nuestro trabajo, que los derechos fundamentales tienen una connotación respecto al ordenamiento constitucional interno, en tanto que los derechos humanos gozan de una perspectiva de tutela desde la Convención Interamericana de Derechos Humanos y su jurisprudencia en la materia. En consecuencia, no hay una diferencia taxativa sino de grado y de acuerdo al ámbito en el cual se dilucide la protección de un derecho: si lo es en sede nacional, será protegido un derecho fundamental; si lo es en el sistema interamericano, lo serán los derechos humanos. Aún así, la diferencia es solo de entrada pues en rigor no existen diferencias conceptuales determinantes.
Esta forma de entender ex novo los derechos más representativos de las personas, constituye un accionar interpretativo que privilegia los derechos fundamentales. Para ello, se requiere una visión de entendimiento del problema sobre la base de un accionar extensivo, esto es, corrector de las insuficiencias que acuse el principio de legalidad penal. De esa forma, asumimos que el Derecho es también un conjunto de principios y no solo de normas.
2. Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad
La noción de imprescriptibilidad nos transmite la noción de un asunto que no tiene término, que a su vez no concluye por causal alguna. Tal idea, en relación a los crímenes de lesa humanidad, nos conduce a definir algunos conceptos previos respecto a la prescripción, en tanto habrán conductas perseguibles por el Estado que sí se subsumirán dentro del tipo de la prescripción y de la misma forma, determinados actos, especialmente identificados por determinados caracteres de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma, estarán sujetos a un status especial: la persecución de los mismos, en tanto crímenes de lesa humanidad, será indefinida. Por otro lado, la imprescriptibilidad colisiona gravemente con el principio de legalidad penal y sin embargo, ¿existe una relación entre ambos conceptos? Finalmente, será necesario asumir que la prescripción puede presentar diversos grados sobre los cuales habrá que discernir la procedencia de la imprescriptibilidad.
2.1. Consideraciones sobre la prescripción
En la valoración de las vulneraciones a los derechos fundamentales es importante distinguir los niveles de afectación del derecho concernido en tanto solamente las transgresiones ostensibles, manifiestas y sustantivas a un derecho fundamental pueden ser objeto de atención en sede constitucional, derivándose otro tipo de trasgresiones a las vías que la normativa constitucional y legal asignan.
Esta es una regla de oro en la justicia constitucional, la cual no puede resultar una cuarta instancia en mérito a los alcances de la fórmula Heck[16]. En otros términos, aquellas controversias que fueron discutidas a nivel de la justicia ordinaria, no pueden ser nuevamente objeto de discusión bajo el alegato de la sola afectación a un derecho fundamental. La fórmula Heck transmite, de esta forma, una necesaria pauta de racionalización de los controversias dentro de las funciones cognitivas que desarrollan los jueces constitucionales. En adición a lo señalado, si un derecho fundamental reviste en la definición clásica un contenido esencial, no esencial y uno adicional[17], tales niveles solo permiten definir un concepto de entrada respecto a los ámbitos de un derecho fundamental.
Técnicamente, el Código Procesal Constitucional adopta una mejor definición[18], al aludir al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, en una previsión más técnica de la referencia al núcleo duro de un derecho que finalmente es el concepto relevante a tener en cuenta para la protección de un derecho fundamental.
En ese orden de ideas, la referencia a la imprescriptibilidad exige necesariamente considerar los patrones de prescripción y principalmente, definir si el derecho a la prescripción adopta la forma de un derecho fundamental, esto es, si un procesado puede invocar, en el seno de un proceso penal, su derecho a que la causa prescriba en virtud del transcurso del tiempo o bien porque hubiera transcurrido un plazo razonable desde la apertura de la investigación en la cual se encuentra inmerso.
La prescripción como tal se encuentra inmersa en el artículo 80[19] del Código Penal. Su plazo máximo es de de 30 años. A su vez, el plazo razonable ha sido objeto de un intenso debate en la jurisprudencia constitucional peruana[20], a partir de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Suárez Rosero vs. Ecuador, Genie Lacayo vs. Nicaragua, Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, y Kawas Fernández vs. Honduras[21], y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Motta, Vernillo y Unión Alimentaria Sanders S.A.[22]
2.2. Principio de legalidad penal
La prescripción se encuentra directamente vinculada al principio de legalidad penal, en cuanto aquella resulta ser la consecuencia material de la aplicación de las leyes penales. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha advertido respecto a este tema una precisión de exclusión respecto al contenido esencial del principio de legalidad penal[23] en el sentido de que la prescripción no forma parte del contenido esencial del principio de legalidad penal.
Dicho aserto reviste sumo interés para nuestro tema en cuanto frente a una petición de prescripción, el juez debe evaluar, en primer lugar, si efectivamente el pedido reviste una forma de derecho de naturaleza legal o derecho fundamental.
Si constituye un derecho de origen legal, a ser definido por la justicia ordinaria en el ámbito penal, la pretensión es resuelta por el juez penal en la medida que significa una potestad y atribución de ese juez natural. Dicho juez, de acceso propio, por temas de competencia, es el juez penal, quien debe pronunciarse respecto a una petición enmarcada dentro de los cauces de un pedido con base normativa ordinaria.
Sin embargo, ¿cuándo reviste ese pedido naturaleza iusfundamental? A juicio nuestro y aplicando interpretación extensiva, cuando de por medio se haya concernido un derecho fundamental, el cual por acción u omisión, comienza a ser transgredido de alguna forma. Su materialización se expresaría en la circunstancia fáctica de que la petición de prescripción fuere denegada sobre la base de una motivación aparente, insuficiente o defectuosa[24], o bien que otro derecho fundamental pudiera verse afectado bajo la tesis de la conexidad.[25] O bien que la afectación pudiere provenir de terceros[26], entre varias alternativas. Es en ese estado trascendente de la causa, cuando el juez advierte que la transgresión reviste naturaleza constitucional, que ya no procede plenamente la aplicación de la prescripción, por encontrarse vinculados otros principios, valores y directrices cuya naturaleza es prevalente frente a la interpretación literal que informa la simple aplicación subsuntiva de la prescripción.
En esa lógica de ideas, es válido afirmar que la interpretación del principio de legalidad debe subordinarse a una interpretación que privilegia la protección de los derechos fundamentales. La figura de los crímenes de lesa humanidad es un claro ejemplo de esa cesión de espacios interpretativos y para que ello proceda, se debe satisfacer la tipificación de este tipo de crímenes como requisito de orden material.
2.3. Grados de la prescripción
Es conducente determinar que la prescripción admite diversos grados. Una prescripción básica admitiría una decisión estimatoria del juez penal en tanto debe considerar el transcurso del tiempo a fin de conferir verosimilitud y fuerza de razón al pedido del procesado.
Adicionalmente, una prescripción compleja incluye dos escenarios:
a) la necesidad de valorar los elementos del plazo razonable, en tanto deben valorarse causales como la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta de los jueces y la transgresión que hubiere sufrido el procesado como consecuencia del transcurso del plazo, es decir, cuál ha sido la real afectación a su derecho. Solo sobre la base del análisis de estos elementos puede considerarse afectado el plazo razonable[27] y procedería la prescripción u otra forma de conclusión del proceso penal si se cumple el estándar de satisfacer la concurrencia copulativa de los elementos que integran el plazo razonable en objetiva afectación del derecho del procesado;
b) la exigencia de compatibilizar una ponderación entre el derecho fundamental a que una causa prescriba y en contraposición, la necesidad de atender al contexto de un crimen de lesa humanidad, el cual traduce necesariamente imprescriptibilidad. Vemos, en este aspecto, la notoria y manifiesta colisión de dos derechos fundamentales sobre los cuales el juez ha de pronunciarse ponderando cuál de ellos presenta un grado de mayor satisfacción, aspecto éste que debe prevalecer por sobre el nivel de afectación del derecho en pugna[28]. Si el juez ponderare a favor de la imprescriptibilidad, determinará un mayor nivel de satisfacción del derecho fundamental a la verdad, entre otros derechos afectados, frente a una menor afectación del derecho del procesado a que la causa prescriba.
En nuestra posición, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad goza de un basamento material, el cual reviste dos razones sustantivas y que a su vez abarcará nuestras próximas líneas principales de trabajo: el derecho fundamental a la verdad y las normas de ius cogens. Sobre la base de estos dos conceptos jurídicos trascendentes podemos construir los fundamentos no solo formales sino también materiales de la imprescriptibilidad respecto a crímenes de lesa humanidad. Ellos justifican el contexto de una interpretación constitucional extensiva, que a su vez permite una infracción del principio de legalidad penal y de las formas procesales que identifican los juzgamientos en sede penal.
La imprescriptibilidad exige entender, como hemos señalado supra, un Derecho de principios y no solo de normas. Éstas necesitan pues ser dúctiles[29], maleables en alguna forma, a efectos de permitir una interpretación correctora que en realidad causa algún tipo de vulneración permitida, así lo entendemos, al principio de legalidad penal mas solo para la protección eficaz de los derechos fundamentales, y no en función de una minusvaloración de las leyes penales. Entender esta figura representa la clave de bóveda de acceso a los derechos contemporáneos.
3. El derecho fundamental a la verdad
El derecho fundamental a la verdad representa un primer basamento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, es decir, de su justificación material. A su vez, debemos asociar a este derecho fundamental en qué medida el transcurso del tiempo no debe afectar el derecho a conocer la verdad así como los elementos procedimentales que implican la remoción de obstáculos. Por otro lado, importa determinar, a propósito de este tema, cuál es el efecto respecto de Perú en que operan los términos de aplicabilidad de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad
3.1. Una idea de aproximación
Las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad implican un rasgo distintivo: resulta necesario y exigible determinar en cuáles condiciones se realizaron los crímenes materia de persecución- autores, medios materiales, etc.- y el transcurso del tiempo no puede paralizar una indagación de esta naturaleza.
El derecho a la verdad, como bien jurídico inalienable, constituye un derecho fundamental en cuanto representa una transgresión al conocimiento real de los crímenes de lesa humanidad cuya especial naturaleza reviste caracteres que diferencian estos delitos de aquellos ocurridos en sede penal. Si las circunstancias de estos delitos no son conocidas, debemos inferir, sin ambages, que implícitamente se produce una vulneración constante en el tiempo, y que la afectación al derecho a la verdad asume una dimensión sine die, es decir, permanente y sin término.
A modo de ejemplo, si bien producida la extinción de una vida humana, el rito cristiano, común en nuestro país, implica llevar adelante la costumbre de velar el cuerpo del occiso, resulta un contexto distinto que producida la notitia criminis de un evento delictuoso contra la vida de un ser humano, que el cuerpo de la víctima no aparezca y que la familia se vea imposibilitada de dar sepultura a ese ser cercano, situación que se traduce en una afectación permanente no solo al derecho de familiares directos afectados por la pérdida sino también al derecho de aquellos a conocer la verdad. Tal vulneración continua- de no conocer los hechos- o afectación continuada, justifica romper las reglas de la prescripción.
Y reiterativa pero válida nuestra atingencia respecto a que importa conocer en cuáles condiciones se produjo la extinción de una vida humana, cuyo valor inconmensurable precisamente conduce a que no pueda considerarse cerrada una investigación si no se produce un esclarecimiento de la verdad. Es a partir de esta premisa que el derecho a la verdad se convierte en un derecho fundamental y su condición de afectación permanente en el tiempo- al no conocerse las causas de una muerte- conduce a que no pueda considerarse prescrita una investigación.
Es esa la línea que sigue en el Perú la jurisprudencia constitucional en el caso Villegas Namuche[30], así como en el ámbito interamericano, respecto de Perú, la sentencia Castillo Páez vs Perú[31], la cual enfoca el derecho a la verdad desde una perspectiva conceptual y de lineamientos centrales para todos los países firmantes de la Convención.
El magistrado César Landa Arroyo, al desarrollar su voto singular[32]– equivalente al voto en discordia en el Poder Judicial- en la STC 03173-2008-PHC/TC, caso Teodorico Bernabé Montoya, enfatiza el carácter de exigencia común que implica el derecho a la verdad, en tanto de un lado, representa una afectación a nivel individual, entendiendo aquí un daño a los familiares directos de la víctima, quienes resultan propiamente afectados al no conocer las circunstancias en las cuales el familiar malogrado perdió la vida. De otro lado, existe una afectación colectiva pues es toda la comunidad una entidad afectada por este tipo de crímenes en cuanto lesionan la memoria de los ciudadanos al impedir conocer cabalmente las graves violaciones a los derechos humanos que traducen los crímenes de lesa humanidad.
3.2. El transcurso del tiempo
No constituye óbice respecto a la investigación que hubiera transcurrido mucho tiempo desde ocurrido un crimen de lesa humanidad, en tanto no es propiamente el plazo el factor determinante respecto de la procedencia de una investigación por crímenes de lesa humanidad, sino la observancia del derecho a la verdad como derecho fundamental.
Sin perjuicio de lo expuesto, un caso de interés de la jurisprudencia internacional tiene relación con lo expuesto y arroja algunas consideraciones conceptuales de interés: el caso del juez Baltasar Garzón en España.
Ante una denuncia, el juez Baltasar Garzón, en la perspectiva tutelar de la procedencia de actuaciones de los jueces frente a crímenes de lesa humanidad, se declaró competente en octubre de 2008 para investigar los crímenes del franquismo, ocurridos en los años 30 del siglo pasado, por la desaparición de 114,266 personas, principalmente ciudadanos españoles vinculados a los movimientos comunistas. La acción incoada se dirigía contra Francisco Franco y 34 jefes militares.
El juez Garzón se declaró habilitado para conocer el caso y estimó que no devenía aplicable la Ley 46/1977 del 15 de octubre de 1977, la cual fijaba amnistía respecto de todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas, realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976.
El Sindicato español Manos Limpias acusó de prevaricato al juez Garzón por excederse en sus competencias respecto a la investigación iniciada contra los líderes del franquismo, los cuales en su totalidad ya eran sujetos fallecidos. Más aún, sustentaba la parte denunciante que la Ley de Amnistía impedía la investigación del juez Garzón y no obstante ello, se había iniciado la investigación.
Realizada la investigación, el Consejo General del Poder Judicial CGPJ suspendió al juez Garzón por unanimidad (18 votos) en sus funciones, en razón de incurrir en infracción a sus deberes.
Resulta claro el objetivo de Garzón respecto de la procedencia de la investigación formulada y sin embargo, fue sancionado porque una ley ya establecía el cierre de las investigaciones dispuestas.
En nuestra opinión, el Consejo General del Poder Judicial español no consideró la necesaria prevalencia del derecho fundamental a la verdad y sin embargo, esto nos lleva a un segundo factor de evaluación: si nuestra tesis sobre imprescriptibilidad procediera en los términos que la proponemos ¿cuál sería la medida del tiempo al respecto? ¿20 años, 30 años, 70 años, o como en el caso Garzón, alrededor de 80 años? ¿O aún más tiempo?
En opinión de Landa[33], al referirse al caso Villegas Namuche, el tiempo no resulta factor determinante, posición con la cual coincidimos. Mas en la necesidad de profundizar la idea, ¿habría exigibilidad de algún rasgo de la dimensión temporal? Creemos que la jurisprudencia constitucional, inclusive la supranacional, aún debe construir ese extremo o de alguna forma, fijar pautas de orden al respecto, pues si no existe una referencia de temporalidad, acaso en una situación exagerada, podríamos retroceder cientos de años para investigar los crímenes de la Revolución Francesa o de ser el caso, las matanzas de las Cruzadas, tanto de cristianos como de musulmanes, ideas estas últimas que de alguna forma resultan apagógicas o contradictorias pero que solo apuntan, muy de entrada, a poner de manifiesto que sobre este extremo, la jurisprudencia constitucional nacional y supranacional no han logrado construir elementos de referencia orientativos.
Por otra parte, es muy complejo inclusive hacerlo pues la exigencia de análisis ad casum, es decir, de caso por caso, conlleva que una regla determinada pueda resultar apenas orientativa. Sería muy estricto fijar un límite de 20 años, o acaso de 80 años. Los números resultarían mas bien una limitante y no una referencia determinada. Es un conflicto sobre el cual no podemos expresar una idea de fondo y sobre el cual, aún queda por esperar una respuesta de la jurisprudencia constitucional, tanto nacional como supranacional.
3.3. La remoción de obstáculos
El derecho fundamental a la verdad, de la misma manera, exige una tarea complementaria de carácter procedimental: la remoción de obstáculos. Esta premisa parte del caso La Cantuta vs Perú, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 29 de noviembre de 2006, párrafo 226, la cual plantea la exigencia a los Estados de “remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y los procedimientos respectivos y así evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes.”
Ahora bien ¿qué implica “remover obstáculos”? En nuestra opinión, existe una relación causa- efecto entre imprescriptibilidad y remoción de obstáculos, resultando aquella el elemento material habilitante para que puedan generarse acciones procedimentales propias, tendientes bien sea a continuar una investigación, no sobreseer un proceso penal abierto, o ampliar los plazos de investigación, entre diversas opciones que a su turno no deben concluir en el cierre de los procesos abiertos ante los órganos fiscales persecutores del delito, o en su caso, que los jueces no acepten excepciones de prescripción deducidas por los procesados en este tipo de crímenes.
Es perfectamente viable, entonces, determinar como contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la verdad que los crímenes de lesa humanidad resulten imprescriptibles[34], concepto al cual es plenamente válido aportar los fundamentos de la fórmula Radbruch[35], respecto al conflicto entre la justicia y el derecho positivo extremadamente injusto, es decir, si fuese declarada la prescripción de una causa relativa a crímenes de lesa humanidad, asumiríamos la consumación de un derecho extremadamente injusto y como tal, aquel no debe prevalecer, en tanto debe imponerse la justicia de los derechos humanos y la persecución de los crímenes de les humanidad.
La fórmula Radbruch constituye, de igual forma, un medio de refuerzo de la interpretación constitucional correctora y la exigible extensión de los significados a favor de derechos prevalentes. Frente al derecho extremadamente injusto, el principio de legalidad no logra brindar una respuesta satisfactoria y por tanto exige acción de los jueces constitucionales.
3.4. La Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad
Este instrumento fue suscrito por el Perú con fecha 09 de noviembre de 2003 y el Decreto Legislativo 1097[36] perfeccionó su contenido[37], señalando que desde la fecha de su suscripción correspondían los efectos de la vigencia de la Convención. Sin embargo, aquí es importante determinar un efecto que es precisamente el sentido resolutivo[38] de la sentencia sobre el D.L. 1097: las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad no pueden ser objeto de sobreseimiento por contravenir el derecho fundamental a la verdad.
Sobre este aspecto es importante volver a una de nuestras premisas iniciales: si no existe tipificación del delito, en este caso, del crimen de lesa humanidad, ¿cómo podría producirse el juzgamiento del procesado respecto de una acción determinada que al momento de ser cometida, no constituía delito ni había sido tipificada, para efectos de nuestro estudio, como crimen de lesa humanidad? Para efectos constitucionales, corresponde desvincular los efectos de la tipificación posterior respecto de la acción cometida.
Nos explicamos: si bien Perú debería considerar la tipificación de los crímenes de lesa humanidad a partir de la suscripción de la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, es decir, 09 de noviembre de 2003, la prevalencia del derecho a la verdad, genera como consecuencia procesal que sea necesario el esclarecimiento de un delito por crimen de lesa humanidad, ocurrido inclusive con anterioridad a la entrada en vigencia de la Convención.
Esto parece resultar una contradicción si nos ceñimos a las pautas interpretativas de una lectura literal del caso en comento, en la medida que si la norma a que aludimos resulta clara y textual en cuanto señala, ya no sería exigible consideración posterior alguna.
Sin embargo, precisamente la discusión sobre derechos fundamentales y de los derechos humanos, asume una dimensión distinta en tanto que la interpretación literal deviene notoriamente insuficiente para explicar el contexto de la relación entre derecho fundamental a la verdad y los crímenes de lesa humanidad.
Sostenemos el aserto anterior en tanto para el caso que nos ocupa, el sentido prescriptivo de la norma jurídica- el Decreto Legislativo 1097- al resultar incompatible con el derecho fundamental a la verdad, genera una necesidad de inaplicación de la norma precisamente por contravenir no solo el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la verdad, sino por cuanto va en contra de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos efectos resultan vinculantes para el Perú.
Ese contexto de vinculatoriedad, cuando se trate de valorar normas de amnistía, de cierre de investigaciones, o cual sea la forma que asuman, torna plenamente exigible que las decisiones jurídicas, propiamente los fallos de los jueces, no solo trabajen estáticamente las perspectivas de vigencia de la norma como tal, sino que se ocupen de un control dinámico de ella, en cuanto verifiquen la validez de la norma con los principios, valores y directrices que nuestra Carta Fundamental enuncia.
En efecto, la jurisprudencia constitucional desarrollada a partir de la Ley de Leyes, permite el reconocimiento de un derecho vulnerado, sea este expreso o no numerado, si una acción ilícita vinculada a un crimen de lesa humanidad, produce un contexto de afectación. Reiteramos que aún si el derecho afectado fuese no numerado, la cláusula de derechos abiertos del artículo 3[39] de la Carta Fundamental, impone a los jueces la necesidad de que su interpretación resulte, antes que literal, extensiva o correctora, en cuanto los derechos humanos representan una plataforma distinta de interpretación de los derechos de las personas, convirtiendo a los jueces constitucionales en guardianes de la Constitución y no en señores de la misma[40]. Por tanto, es su deber proteger los derechos fundamentales que la Carta enuncia y no advertirse como dueños de las verdades que ella identifica.
4. Las normas de ius cogens
Las normas de ius cogens o normas imperativas de Derecho Internacional representan el segundo aspecto vinculado estrechamente a la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad y sin embargo, su análisis debe pasar por contrastar esa imperatividad con la autonomía de los Estados, a fin de determinar hasta dónde es válida esa invocada autonomía. De otro lado, el ius cogens, en nuestra posición, se encuentra igualmente fortalecido por diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto éstas representan una idea de fuerza de su vinculatoriedad.
4.1. ¿Autonomía de los Estados frente al ius cogens?
Como hemos referido supra, las normas de ius cogens establecen un rango de imperatividad de acatamiento de cierto tipo de normas para todos los Estados sin admitir excepciones en contrario[41], conforme al artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. En esa vía de razonamiento, los derechos humanos protegidos por los instrumentos internacionales exigen respeto irrestricto por parte de los Estados y las vulneraciones graves a los mismos, exigen medidas de esclarecimiento e investigación.
Sobre el particular correspondería interrogarnos si los Estados podrían eventualmente invocar autonomía respecto de una norma internacional que exige investigación. No olvidemos que los Estados son hoy en día soberanos y fundamentalmente, no son aceptables interferencias, cuales fueran y de donde provinieran, respecto a sus decisiones propias en el marco de las atribuciones que sus leyes internas les asignan.
La premisa anterior es válida en el marco del ordenamiento jurídico interno. Convenimos en que efectivamente resulta lesivo a la autonomía de un Estado que terceros pudieran intervenir en el ámbito de las decisiones internas de los Estados. Y sin embargo, esta acotada autonomía se torna relativa si nos encontramos frente a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y si sobre las consideraciones de estas graves afectaciones, se producen contravenciones a las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que exigen un respeto irrestricto de los bienes jurídicos tutelados precisamente por la normativa y jurisprudencia supranacionales respecto de crímenes de lesa humanidad.
En efecto, la autonomía del Estado infractor desaparece y la invocación de su Derecho interno para evadir el cumplimiento de normas internacionales deviene ineficaz[42], en la medida que el respeto por los derechos humanos representa una norma de ius cogens frente a la cual los Estados no pueden sustraerse y más aún si de por medio, nos encontramos frente a las afectaciones sustantivas que involucran los crímenes de lesa humanidad, los cuales representan un grado superlativo de menoscabo de bienes jurídicos como la vida, la integridad personal, la libertad individual y la igualdad, entre otros derechos fundamentales.
En ese orden de ideas, esa autonomía de los Estados deberá satisfacer necesariamente un examen de compatibilidad con los derechos tutelados y protegidos por las normas de ius cogens, resultando ineficaz todo tipo de incumplimiento cuya sustentación obedezca a normas de Derecho Interno.
El Tribunal Constitucional del Perú brinda una definición[43] de normas de ius cogens que fija dos características sustantivas: a) son oponibles más allá de las voluntades expresas, es decir, prevalecen sobre éstas en tanto representan un nivel de vinculación que trasciende las meras voluntades de las personas; y b) Configuran una derogabilidad solo por normas de la misma categoría. En otros términos, solo una norma de ius cogens podría derogar otra norma de ius cogens, resultando otros medios de suyo ineficaces para la derogación de una norma primaria. Bajo esta premisa, un Estado no podría invocar la costumbre, ni el Derecho Interno así como tampoco acuerdos bilaterales con otro Estado, a fin de evitar el cumplimiento de las normas de ius cogens, en tanto que solo de un consenso global emergería una cuestión de imperatividad de una nueva norma de ius cogens.
4.2. El ius cogens y la jurisprudencia interamericana de derechos humanos
Una cuestión que no puede quedar sin definir es la siguiente: si el ius cogens tiende a referirse a normas imperativas de Derecho Internacional, frente a las cuales no cabe excusas por parte de los Estados, ¿cuál sería el rol de la jurisprudencia de derechos humanos en ese contexto, y cuál sería el rol a asignar al ius cogens respecto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad?
Cançado Trindade nos brinda una respuesta de importante aproximación al respecto, en cuanto estima que el ius cogens se extiende más allá[44] del derecho de los tratados, de lo cual asumimos una inferencia implícita al valor relevante de la jurisprudencia del sistema interamericano, la cual ha sido copiosa a través de sus fallos en el establecimiento de cláusulas de observancia respecto al ius cogens, es decir de plena vinculatoriedad de sus contenidos en materia de crímenes de lesa humanidad, así como en el reforzamiento del concepto sustantivo de impedir todos los obstáculos legales tendientes al no esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad.
En consecuencia, las decisiones de la Corte representan una fuente de ius cogens respecto a la cual los Estados no pueden invocar desconocimiento de sus contenidos y menos aún, colisión de la jurisprudencia del sistema interamericano con su Derecho Interno. En tales casos, prevalecerá inobjetablemente la jurisprudencia supranacional.
A propósito, es pertinente cuestionarnos si siempre ha de prevalecer la jurisprudencia supranacional frente al Derecho Interno y consideramos que la regla regular es una respuesta positiva frente a tales supuestos. Sin perjuicio de ello, sí existe un supuesto de excepción y es de carácter extraordinario: el Derecho Interno podrá prevalecer frente al Derecho Supranacional solo si, dado el caso concreto, llegara a proteger de mejor forma un derecho tutelado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es decir, si aquel llega a proteger de mejor forma un derecho en comparación al Derecho Supranacional.
De retorno a la idea principal, entonces, debemos asumir como cuestión definida que el ius cogens se extiende en su contenido de vinculatoriedad a la jurisprudencia del sistema interamericano y respecto de esta última, es importante pasar revista a algunos de los fallos más representativos en referencia a nuestro tema principal.
El caso Barrios Altos vs. Perú[45], emblemático para la jurisprudencia interamericana en el tema que nos ocupa, señala:
“son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”
La pauta es muy puntual: las leyes, en sus diversas manifestaciones, no pueden imponerse a los contenidos y valores que expresan los derechos humanos, fase superlativa de los derechos fundamentales, y entre ellas y los derechos que reconocen los instrumentos internacionales, la prevalencia de estos últimos es manifiesta. Con esta afirmación, no se vulnera en forma alguna la autonomía de los Estados, a los cuales les es exigible adecuar su Derecho Interno a los estándares del sistema interamericano.
El caso Albán Cornejo vs Ecuador[46], relativo a la muerte de Laura Susana Albán Cornejo por negligencia médica y que señala se afectó, respecto a los padres de la occisa, a éstos sus derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (así como el derecho de su hija a la integridad personal), precisa:
“la prescripción de la acción penal es inadmisible e inaplicable cuando se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los términos del Derecho Internacional”
La prescripción resulta pues incompatible con graves violaciones a los derechos humanos y la obligación de los Estados se trasunta en investigar, declarando inaplicables, a través de sus jueces, los pedidos de prescripción. A este efecto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha de prevalecer sobre las normas de prescripción que pretendan aplicar los Estados.
En el caso Durand y Ugarte vs. Perú[47], en relación a los asesinatos ocurridos en la Isla del Frontón en el año 1986, se ordenó al Estado peruano:
“hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, así como para investigar los hechos y procesar y sancionar a los responsables, (…) existen razones suficientes para considerar que los hechos sobre los que versa la denuncia fiscal planteada contra el demandante, constituyen una grave violación de los derechos humanos y que, en esa medida, resultan penalmente imprescriptibles.”
La línea de imprescriptibilidad es reiterativa en cuanto a no constituir un impedimento en forma alguna para la remoción de obstáculos, y esta última obligación conlleva vencer dificultades formales y materiales para el juzgamiento de conductas que han vulnerado la vida y otros derechos a través de crímenes de lesa humanidad.
El caso Almonacid Arellano vs. Chile[48] , relativo a la muerte extrajudicial de un ciudadano chileno, frente a sus propios familiares, en setiembre de 1973, refiere:
“la Corte reconoce que los crímenes contra la humanidad incluyen la comisión de actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad.”
La referencia es contextualmente importante pues los crímenes de lesa humanidad no exigen como agraviados a un colectivo de personas. Bastará, conforme a la definición propia de la figura, que se produzca un crimen individual que reúna estas características para que proceda ese tipo de tipificación.
El caso penal Castro Castro vs. Perú, vinculado a la masacre de 42 presos por terrorismo en un penal del país, señala[49]:
“En cuanto a la ocurrencia de los hechos bajo un ataque sistemático o generalizado contra una población civil, ya ha sido establecido que los hechos del presente caso ocurrieron dentro de un contexto de conflicto interno y de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú, que el ataque a los internos que se encontraban en los pabellones 1A y 4B del Penal Miguel Castro Castro constituyó una masacre, y que dicho “operativo” y el trato posterior otorgado a los internos tenían el fin de atentar contra la vida e integridad de dichos internos, quienes eran personas acusadas o sentenciadas por los delitos de terrorismo y traición a la patria. Asimismo, el Tribunal hace notar que dichas personas se encontraban recluidas en un centro penal bajo el control del Estado, siendo este de forma directa el garante de sus derechos. Por lo tanto, la Corte encuentra que hay evidencia para sostener que las muertes y torturas cometidas contra las víctimas de este caso por agentes estatales, por las razones referidas en párrafos precedentes constituyen crímenes de lesa humanidad. La prohibición de cometer estos crímenes es una norma de ius cogens, y, por tanto, el Estado tiene el deber de no dejar impunes estos delitos y para ello debe utilizar los medios, instrumentos y mecanismos nacionales e internacionales para la persecución efectiva de tales conductas y la sanción de sus autores, con el fin de prevenirlas y evitar que queden en la impunidad.”
El terrorismo genera reacciones encontradas en Perú. Ello constituye una premisa inobjetable y sin embargo, resulta incompatible con los derechos humanos y con las normas de ius cogens el exterminio de presos rendidos. Los agentes del Estado actuaron con exabruptos y corresponde a los órganos jurisdiccionales sancionar ese tipo de conductas.
A juicio nuestro, estos pronunciamientos además de su fuerza vinculante, expresan un activismo prudente de los jueces a favor de los derechos humanos, aplicando dimensiones tutelares de la interpretación. La suma de esas decisiones es el conjunto de elementos vinculantes respecto a la protección de los diversos derechos, entre ellos la vida como bien jurídico principal.
5. Crímenes de lesa humanidad, labor de los jueces peruanos y de la sociedad civil
Los jueces del Poder Judicial en el Perú no se han mantenido al margen de los criterios imperativos que informa la protección de los derechos humanos y si bien es cierto que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional así como la emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido más conocida en el ámbito de la justicia constitucional del país, no podemos negar el valor precursor de la defensa de los derechos de las personas por parte de los juzgadores peruanos.
De la misma forma, la labor de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha resultado sumamente meritoria en tanto ha sentado las bases para el conocimiento de un pasado muy doloroso respecto de la historia reciente peruana a raíz del fenómeno terrorista.
5.1. Sentencia contra la Ley 26479, Ley de Amnistía
Precisamente el fallo de la jueza Antonia Saquicuray, a propósito de la Ley de Amnistía 26479, en su momento representó una decisión de suma relevancia por cuanto significó una decisión de autonomía e independencia judicial frente a la norma- Ley 26479[50]– que en el año 1995, disponía el cierre de los juicios vinculados a violación de derechos humanos.
El contenido es de un amplio significado constitucional al preferirse la aplicación de la Carta Fundamental antes que una Ley contraria a la Constitución.
Corresponde hacer justicia también en cuanto a este fallo al dictamen previo del Ministerio Público, el cual opina por la inaplicación de la norma. Propiamente la Fiscal del caso, Ana Cecilia Magallanes Cortéz, sentó las bases del fallo judicial cuya notoriedad ha trascendido nuestras fronteras.
“Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, su integridad moral, psíquica y física y a su desarrollo y bienestar (…)nuestro texto constitucional garantiza (…)el reconocimiento, entre otros, a los principios y al sitial que le corresponde dentro de la estructura del Estado; es en consecuencia fin y no medio; en tal sentido, el Estado está en la obligación de asegurarle jurídicamente el pleno y libre ejercicio de los derechos que le asisten por su propia naturaleza y que la misma Constitución le reconoce; tanto más que al respecto ha suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos (…) y (…)se interpretan de conformidad con la citada Declaración Universal de Derechos Humanos (…); Que, atendiendo a la aplicación de la Ley veintiséis mil cuatrocientos setentinueve (…) ésta resulta incompatible con las Normas Constitucionales y Tratados Internacionales ya citados, toda vez que conforme al artículo primero punto uno de la Convención Americana se establece que los Estados parte, – entre ellos el Perú – tiene la obligación de investigar las violaciones de los Derechos Humanos y de castigar a los responsables; principios y normas de las cuales el Estado Peruano no se encuentra aislado y que se contravienen con el citado dispositivo legal, al desconocer derechos que el propio texto constitucional consagra como el citado, la Persona Humana, es además violatorio del inciso tercero del artículo ciento treintainueve de nuestra Carta Política, que consagra como garantía de la Función Jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, garantía que protege a todos los sujetos de la relación procesal, Garantía Constitucional que se encuentra plasmada en los artículos octavo, inciso primero, y artículo veinticinco inciso primero de la Convención Americana de Derechos Humanos que consagra la garantía judicial y la protección judicial de que goza toda persona; en consecuencia, el dispositivo legal mencionado al suprimir la protección jurídica de estos Derechos Fundamentales viola las normas constitucionales ya glosadas; Que, en tal sentido, estando a que la función Jurisdiccional se ejerce con arreglo a la Constitución y a las leyes como reza el artículo ciento treintiocho de la Constitución que en caso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los Jueces preferirán la primera, se anota en el segundo párrafo de dicho numeral, encontrándose en su función solo sujeta a la Constitución y a la Ley como contempla el artículo ciento cuarentiséis inciso primero del mismo cuerpo de leyes(…)
La jueza Saquicuray fue objeto, tras expedir este fallo, de un proceso disciplinario pero eso es solo un dato anecdótico. La historia demostró que la defensa irrestricta de los derechos fundamentales no puede admitir obstáculos y que los derechos fundamentales representan exigencias que trascienden las formas legales.
5.2. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación
La formación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación[51] representa una de las experiencias más fructíferas en materia de derechos humanos en el Perú, en razón de que el tema de las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país parecía representar un aspecto sobre el cual había una voluntad inicial, ya llegada la democracia, de voltear la página de la historia, dada la difícil situación que el Perú había vivido entre los años 1980 y 2000.
Sin embargo, de otro lado el sentimiento colectivo hacia una necesidad de saber qué ocurrió en el Perú en esos trágicos años en el respeto de los derechos de las personas, condujo a la formación de un equipo de trabajo dirigido por Salomón Lerner Febres, cuyo objetivo central fue conocer, bajo las pautas de la verdad, la justicia y la reconciliación, cuáles fueron las circunstancias que realmente edificaron un estado de cosas que significó la muerte de alrededor de 69,000 peruanos durante los años de fuerza del terrorismo.
Así lo expresa el Prefacio del Informe presentado el 28 de agosto de 2003, el cual señala[52] como causas del alto número de muertes de peruanos, el accionar tanto de las fuerzas subversivas así como el rol que les cupo a los agentes del Estado, en medio de un accionar ciego ante el respeto por los derechos humanos, sordo frente a los voces en defensa de la vida y otros derechos elementales de los ciudadanos, y mudo frente a una real valoración de cuanto venía ocurriendo en el país.
Pues precisamente uno de los objetivos que la Comisión expresa, y ello atañe a nuestro tema, era combatir el olvido[53] respecto de la justicia. En efecto, una grave contradicción se manifiesta en lo que acabamos de afirmar. De un lado, nuestro país, en el tráfago de la lucha contra el terrorismo, como Estado Democrático y Social de Derecho, aspiraba a ser también un Estado Constitucional respetuoso de los derechos fundamentales y así lo manifestaban, con reconocimiento expreso, nuestras 2 últimas Cartas Fundamentales, y sin embargo, la realidad de la guerra subversiva, hizo a un lado todos los estamentos de respeto, acatamiento y observancia de los derechos humanos de alrededor de 69,000 peruanos, muchos de ellos asesinados en contextos que perfectamente se subsumían en los tipos de crímenes de lesa humanidad.
La Comisión de la Verdad trabajó algunos conceptos trascendentes y aleccionadores como verdad[54], justicia[55] y reconciliación[56], y fijó de este modo, desde un inicio, su filosofía de trabajo respecto a una dura tarea, pues había de enfrentar un sector de la ciudadanía que prefería no escarbar más sobre asuntos tan complejos como las muertes de peruanos, en su gran mayoría de condición humilde, campesinos, que cayeron entre el fuego de las armas del terrorismo y la reacción, desproporcionada muchas veces, de los agentes del orden.
Más aún, se manejaba extraoficialmente, hasta antes del informe de la Comisión de la Verdad, cifras notoriamente inferiores de muertes de ciudadanos, entre 20,000 y 30,000, sin una base firme de sustentación. Por esa razón, al afirmar la Comisión de la Verdad que la suma de muertes se acercaba a los 69,000 peruanos, una dolorosa verdad se abría paso y sin embargo, a pesar de ser una cruenta cifra, se imponía el deber de conocer la verdad, por más incómoda que ésta fuera.
Igualmente la Comisión de la Verdad estableció un concepto de derechos humanos[57], rescatando un importante carácter de contrapeso frente a la irresponsabilidad de los agentes políticos.
Los fundamentos de esta aseveración de la Comisión de la Verdad, nos conducen a la exigencia de no considerar a los derechos humanos solo un asunto de imagen del país ni un instrumento pedagógico simplemente, lleno de conceptos floridos en pro de la vida, sino una verdadera herramienta de acción para recordar a los Estados, a sus agentes y los ciudadanos, la innegable calidad de imperativo moral de estos derechos, los cuales, bajo el principio de progresividad, se van configurando en los Estados exigiendo un no retroceso de los mismos, en tanto ellos llegan para instalarse y no ser retirados de las Cartas Fundamentales, de los bloques de constitucionalidad ni de la memoria diaria de los ciudadanos.
A su turno la Comisión formuló importantes recomendaciones principales[58] así como un conjunto de recomendaciones complementarias.[59] Pregunta obligada de estas recomendaciones es cuestionar cuánto de ello se ha cumplido y creemos que la respuesta alude a un cumplimiento parcial de estas sugerencias en su momento formuladas.
Los programas de reparaciones, como realización de estas Recomendaciones, aún se encuentran en proceso de implementación[60]. La capacitación en materia de derechos humanos a jueces y fiscales, ha dado algunos pasos de importancia en cuanto respecto a la Academia de la Magistratura, entidad encargada de capacitar a los magistrados, los Programas de Capacitación para el Ascenso, de Formación de Aspirantes y de Actualización y Perfeccionamiento, vienen aludiendo con insistencia al desarrollo de módulos vinculados a los derechos humanos en todos sus niveles y eso constituye una estrategia que debe ser permanente.
El desarrollo de la presente investigación nos ha permitido realizar un estudio jurisprudencial sobre un tema de suma actualidad para los jueces constitucionales: la relevancia de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y los fundamentos constitucionales y de derechos humanos que sostienen su contexto material, entre los cuales podemos señalar los siguientes:
1. Los crímenes de lesa humanidad son definidos, a nivel liminar, por el Estatuto del Tribunal de Nürenberg, constituido una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, y por el artículo 7 del Estatuto de Roma, definiciones que son de utilidad para entender los caracteres materiales que integran este tipo de delitos, entre los cuales cabe reseñar los siguientes: asesinato, exterminio, esclavitud; deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos; desaparición forzada de personas; y el crimen de apartheid.
2. En primer orden, existe una situación de incompatibilidad entre el principio de legalidad penal y la institución propia de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, colisión de la cual no podemos inferir una minusvaloración de la norma sino la prevalencia de la imprescriptibilidad por consagrar valores materiales ceñidos a principios, valores y directrices de la Carta Fundamental así como a fallos de valor expresados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que a juicio nuestro constituye un redimensionamiento de la interpretación constitucional extensiva.
3. Los bienes jurídicos afectados por los crímenes de lesa humanidad son la vida, la integridad personal, la libertad individual y el derecho de igualdad. Y sin embargo, esta lista no debe considerarse cerrada sino enunciativa en tanto pueden existir otros derechos fundamentales numerados o no enumerados, en tanto ése es el carácter, respecto de estos últimos, de la cláusula abierta de los derechos reconocidos por el artículo 3 de la Norma de Normas, el cual permite la determinación de otros derechos tutelados.
4. La tipificación de los crímenes de lesa humanidad es una tarea que le compete a los jueces de la jurisdicción ordinaria penal, quienes resultan los primeros defensores de los derechos fundamentales. A falta de esta defensa y solo en forma excepcional, puede el juez constitucional declarar la imprescriptibilidad de un crimen de lesa humanidad en la medida que proteja y tutele un derecho fundamental.
5. Constituyen fundamentos de la imprescriptibilidad dos conceptos materiales sustantivos: el derecho fundamental a la verdad y las normas de ius cogens.
6. El derecho fundamental a la verdad goza de un reconocimiento jurisprudencial constitucional en sede nacional así como resulta un derecho tutelado ampliamente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su infracción, tratándose de un crimen de lesa humanidad, excluye el transcurso del tiempo como causal de prescripción. Además, conlleva la remoción de obstáculos, premisa procedimental que informa la necesidad de dejar sin efecto medidas procesales tendientes a impedir la investigación de crímenes de lesa humanidad.
7. La Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, si bien entra en vigencia para el Perú, a partir del 09 de noviembre de 2003, no resulta un instrumento de limitación para investigar crímenes de lesa humanidad inclusive ocurridos con anterioridad a su vigencia. Esta aseveración solo es posible a partir de un reconocimiento material prevalente de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
8. Las normas de ius cogens representan un elemento imperativo para los Estados, concepción frente a la cual no cabe alegar autonomía de los Estados. La jurisprudencia interamericana de derechos humanos, en ese sentido, ha sido reiterada respecto a la observancia del ius cogens frente a las figuras de la prescripción.
9. La labor de los jueces peruanos frente a los crímenes de lesa humanidad ha sido combatir esta figura con las herramientas constitucionales pertinentes, sentándose premisas de observancia obligatoria y respeto irrestricto por los derechos humanos, más aún si se trata de crímenes de lesa humanidad. Un fallo por naturaleza emblemático a este respecto es la decisión jurisdiccional de la jueza Antonia Saquicuray frente a la Ley 26479, o Ley de Amnistía, respecto a las investigaciones del Grupo Colina, órgano acusado de graves violaciones a los derechos humanos.
10. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación representa una experiencia de extraordinario contenido y valor de la sociedad civil a efectos de conocer la verdad de lo ocurrido en el país a raíz del fenómeno terrorista entre los años 1980 y 2000. Las conclusiones de esta Comisión apuntan a responsabilidad tanto de los movimientos terroristas como de agentes del Estado, lo cual condujo a la muerte de 69,000 peruanos. Su trabajo constituye una exhortación para que esas aciagas experiencias no queden en el olvido de los tiempos y se conozca su verdad, así como para que jamás se repitan, bajo ningún tipo de contexto.
[1] Derechos de Autor: Academia de la Magistratura del Perú. Derechos morales: Edwin Figueroa Gutarra. Esta precisión obedece a que este estudio obtuvo el tercer lugar en el Concurso de Investigaciones Jurídicas 2011, convocado por la Academia de la Magistratura del Perú y de acuerdo a las bases del concurso, los derechos de autor son cedidos, conservando los autores originales solo los derechos morales. Queda prohibida la reproducción total o parcial de la misma, sin permiso de los autores.
[2] Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Sala Constitucional Lambayeque. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Becario del Consejo General del Poder Judicial de España por su participación en los cursos Procesos de tutela de derechos fundamentales, Montevideo, Uruguay, 2011; La garantía internacional de los derechos humanos y su impacto en el Derecho Constitucional de los Estados. Montevideo, Uruguay, 2010; y La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. Becario del curso de DD.HH. en la Washington College of Law de la American University, Washington D.C., EE.UU., 2009. estudiofg@yahoo.com
[3] “Ningún delito, ninguna pena sin ley previa”, brocardo que transmite dos ideas centrales: el acto objeto de reproche para ser calificado como ilícito penal debe estar establecido con anterioridad en una norma penal. De la misma forma, para que proceda la imposición de la pena, ésta debe estar igualmente preestablecida.
[4] Estatuto del Tribunal Internacional de Nürenberg
[5] El Tribunal Militar Internacional de Nürenberg (Alemania) procesó entre el 18 de octubre de 1945 y el 1 de octubre de 1946. a los veintidós principales militares alemanes- criminales de guerra- por los cargos de conspiración, crímenes en contra de la paz, crímenes de guerra, y crímenes contra la humanidad. De ellos, doce fueron condenados a muerte, tres a cadena perpetua, y cuatro a condenas de diez a veinte años. Tres fueron absueltos. Luego tuvieron lugar otros juicios de carácter secundario.
[6] Estatuto de Roma. Artículo 7
[7] 2. A los efectos del párrafo 1:
[8] STC 024-2010-PI/TC. caso D.L. 1097
49. (…) resumidamente, puede sostenerse que un acto constituye un crimen de lesa humanidad: a) cuando por su naturaleza y carácter denota una grave afectación de la dignidad humana, violando la vida o produciendo un grave daño en el derecho a la integridad física o mental de la víctima, en su derecho a la libertad personal o en su derecho a la igualdad; b) cuando se realiza como parte de un ataque generalizado o sistemático; c) cuando responde a una política (no necesariamente formalmente declarada) promovida o consentida por el Estado; y, d) cuando se dirige contra población civil. Siendo que estas condiciones deben presentarse copulativamente.
[9] Al respecto el Tribunal Internacional Penal para Ruanda señala que el ataque generalizado es un ataque “”masivo [o en] acción a gran escala, (…) con considerable seriedad y dirigido contra múltiples víctimas” (Cfr. The Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, Caso N. º ICTR-96-4-T, Sentencia del 2 de septiembre de 1998, párrafo 585).” En STC 024-2010-PI/TC. F.J. 48.
[10] El Tribunal Internacional Penal para Ruanda precisa que un ataque sistemático implica un ataque que sigue “un patrón regular basado en una regla de acción común que involucra una fuente substancial pública o privada. No hay requerimiento de que esta regla de acción sea adoptada formalmente como una política del Estado. Sin embargo, debe haber algún tipo de regla de acción o plan preconcebido” (Cfr. The Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, ob. cit., párrafo 585). En STC 024-2010-PI/TC. F.J. 48.
En el ámbito interamericano igualmente han sido objeto de análisis los ataques generalizados o sistemáticos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “reconoce que los crímenes contra la humanidad incluyen la comisión de actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad” (Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 96). En STC 024-2010-PI/TC. F.J. 48.
[11] STC 024-2010-PI/TC. caso D.L. 1097 F.J. 46
[12] Igualmente el Código Procesal Constitucional considera la integridad personal como un nuevo derecho tutelado a partir de la definición contenida en el artículo 25 de dicha norma, el cual señala:
1) La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones.(…)
[13] Código Procesal Constitucional. Artículo 25, parte in fine
[14] Constitución 1993. Artículo 2.- Derechos fundamentales de la persona
[15] STC 895-2001-AA/TC. Caso Rosado Adanaqué.
5. (…) para que los textos constitucionales y, en particular, aquellos nuevos derechos directamente vinculados con el principio de dignidad no sean desmerecidos en su condición de auténticos derechos fundamentales como consecuencia de la existencia de nuevas necesidades o situaciones, de avances científicos, tecnológicos, culturales o sociales, las constituciones suelen habilitar una cláusula de “desarrollo de los derechos fundamentales”, cuyo propósito no solo es prestarle el reconocimiento como derechos de la más alta consideración, sino incluso, dotarlos de las mismas garantías de aquellos que sí lo tienen expresamente. Ese es el propósito que cumple, por cierto, el artículo 3° de nuestra Constitución.
[16] STC 0575-2006-PA/TC. Caso Fernando Salmón
4. Al Tribunal no le es ajeno que en la aplicación del derecho ordinario se puedan afectar los derechos fundamentales. Por ello aplicando la denominada “fórmula Heck”, empleada por el Tribunal Constitucional Federal alemán o la denominada “fórmula de la cuarta instancia” utilizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos sostenido que “ La estructuración del proceso, la determinación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son asuntos de los tribunales competentes para tal efecto, y se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional (…); sólo en caso de la violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal, puede el Tribunal Constitucional (…) entrar a conocer el asunto (…). [L]os procesos de subsunción normales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal Constitucional Federal, siempre y cuando no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del significado de un derecho fundamental, especialmente en lo que respecta a la extensión de su ámbito de protección, y cuando su significado material también sea de alguna importancia para el caso legal concreto. (BverfGE 18, 85 –sentencia del 10 de junio de 1964–) [STC 09746-2005-PHC/TC, Fund. Jur. N. º 4].
[17] MEDINA GUERRERO, Luis. La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 41. Señala el autor: “en cuanto integrantes del contenido constitucionalmente protegido, cabría distinguir, de un lado, un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los límites proporcionados que el legislador establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente garantizados, y, de otra parte, el contenido esencial, absolutamente intangible para el legislador; y, extramuros del contenido constitucionalmente protegido, un contenido adicional formado por aquellas facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos fundamentales”.
[18] Código Procesal Constitucional. Artículo 5. Causales de improcedencia
[19]Artículo 80.-Prescripción de la acción penal
(…) La prescripción no será mayor a veinte años. Tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua se extingue la acción penal a los treinta años. (…)
[20] Cfr. STC 3509-2009-PHC/TC Caso Chacón Málaga. 05350-2009-PHC/TC Caso Salazar Monroe.
[21] Cfr. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, sentencia de fecha 12 de noviembre de 1997; caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, sentencia de fecha 29 de enero de 1997; Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, sentencia de fecha 27 de noviembre de 2008; Caso Kawas Fernández vs. Honduras, sentencia de fecha 3 de abril de 2009, entre otros pronunciamientos.
[22]Motta, sentencia de fecha 19 de febrero de 1991, Tribunal Europeo de DD.HH; Vernillo, sentencia de fecha 20 de febrero de 1991, TEDH; y Unión Alimentaria Sanders S.A., sentencia de fecha 07 de julio de 1989, TEDH.
[23] STC 024-2010-PI/TC. Caso D.L. 1097
56. (…) El contenido esencial del principio de legalidad penal, se encuentra referido a la conducta típica y a la pena, más no a la prescripción de la acción penal. La Norma Fundamental, en su artículo 139º, inciso 13, se limita a especificar uno de los efectos de la declaración de la prescripción penal (“produce[] los efectos de cosa juzgada”), y en su artículo 41º in fine, impone una regla para su cálculo en el caso de los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado (en estos casos, “[e]l plazo de la prescripción se duplica”), pero no la vincula con el contenido básico del derecho fundamental a la legalidad punitiva.
[24] Para ampliar estos escenarios contradictorios a una debida motivación vid. STC 00728-2008-PHC/TC. Caso Giuliana Llamoja F.J. 6-7.
[25] Es importante advertir que el proceso de habeas corpus contempla la tesis de la conexidad en cuanto un derecho vinculado a la libertad individual, pudiera verse afectado de tal forma que advertiríamos que dos derechos son afectados: tanto la libertad personal así como el derecho conexo.
[26] Por ejemplo, si la autoridad penitenciaria, no obstante un mandato de excarcelación por una causa prescrita, denegara injustificadamente una libertad procesal.
[27] La STC 53502-009-PHC/TC Caso Salazar Monroe precisa los siguientes elementos del plazo razonable:
[29] Cfr. ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derecho, justicia. Editorial Trotta. Madrid, 1997. p. 14.
[30] STC 2488-2002HC-TC Caso Genaro Villegas Namuche.
§4. Derecho a la verdad
8. La Nación tiene el derecho de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal. Tal derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los motivos que impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es, en ese sentido, un bien jurídico colectivo inalienable.
9. Al lado de la dimensión colectiva, el derecho a la verdad tiene una dimensión individual, cuyos titulares son las víctimas, sus familias y sus allegados. El conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las violaciones de los derechos humanos y, en caso de fallecimiento o desaparición, del destino que corrió la víctima por su propia naturaleza, es de carácter imprescriptible. Las personas, directa o indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud, tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan sus restos, entre otras cosas. El derecho a la verdad no sólo deriva de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado peruano, sino también de la propia Constitución Política, la cual, en su artículo 44º, establece la obligación estatal de cautelar todos los derechos y, especialmente, aquellos que afectan la dignidad del hombre, pues se trata de una circunstancia histórica que, si no es esclarecida debidamente, puede afectar la vida misma de las instituciones.
[31] Castillo Páez vs Perú, sentencia de fecha 03 de noviembre de 1997.
[32] STC 03173-2008-PHC/TC caso Teodorico Bernabé Montoya. Voto singular César Landa Arroyo.
15. En esta misma dirección, sobre la dimensión colectiva del derecho a la verdad el Tribunal ha precisado: “el derecho a la verdad, en su dimensión colectiva (…) posibilita que todos conozcamos los niveles de degeneración a los que somos capaces de llegar, ya sea con la utilización de la fuerza pública o por la acción de grupos criminales del terror. Tenemos una exigencia común de que se conozca cómo se actuó, pero también de que los actos criminales que se realizaron no queden impunes. Si el Estado democrático y social de derecho se caracteriza por la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, es claro que la violación del derecho a la verdad no sólo es cuestión que afecta a las víctimas y a sus familiares, sino a todo el pueblo peruano. Tenemos, en efecto, el derecho a saber, pero también el deber de conocer qué es lo que sucedió en nuestro país, a fin de enmendar el camino y fortalecer las condiciones mínimas y necesarias que requiere una sociedad auténticamente democrática, presupuesto de un efectivo ejercicio de los derechos fundamentales. Tras de esas demandas de acceso e investigación sobre las violaciones a los derechos humanos, desde luego, no sólo están las demandas de justicia con las víctimas y familiares, sino también la exigencia al Estado y la sociedad civil para que adopten medidas necesarias a fin de evitar que en el futuro se repitan tales hechos” (énfasis agregado).
[33] STC 03173-2008-PHC/TC caso Teodorico Bernabé Montoya. Voto singular César Landa Arroyo
En cuanto a la dimensión individual del derecho a le verdad, el Tribunal Constitucional ha precisado que sus titulares son las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, sus familias y sus allegados, siendo de carácter imprescriptible el conocimiento de las circunstancias en que se cometieron estas violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, del destino que corrió la víctima por su propia naturaleza. Para el Tribunal, “las personas, directa o indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud, tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan sus restos, entre (otros aspectos)” (énfasis agregado)
[34] STC 024-2010-PI/TC Caso D.L. 1097. F.J. 61.
[35]Cfr. ZAGREBELSKY, Gustavo. El juez constitucional en el siglo XXI. En Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, número 10, julio- diciembre 2008, p. 260.
[36] La STC 024-2010-PI/TC impugna los efectos del Decreto Legislativo 1097 al establecer esta norma el sobreseimiento de procesos sobre violaciones a los derechos humanos por exceso en los plazos de la instrucción o la investigación preparatoria.
[37] DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
Primera.- Para efectos procesales, precisase que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Resolución Legislativa Nº 27998, surte efectos y rige para el Perú a partir del 09 de noviembre de 2003, conforme a la declaración realizada por el Perú al momento de adherirse a la citada Convención, al Fundamento Nº 15 de la Resolución del Tribunal Constitucional del 23 de marzo de 2010 recaída en el Expediente Nº 00018-2009-PI/TC, y a la declaración expresa contenida en la indicada Resolución Legislativa.
[38] STC 024-2010-PI/TC Caso D.L. 1097. Decisorio
[39] Constitución 1993. Artículo 3. Derechos Constitucionales. Númerus Apertus
[40] En la expresión alemana “Hütter der Verfassung und nicht Herr der Verfassung” (Guardián de la Constitución y no señor de la Constitución). En LANDA ARROYO, César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Prólogo de Pablo Lucas Verdú. Palestra Editores. Lima, 2007. p. 20.
[41] Convención de Viena. Derecho de los Tratados. Artículo 53.
53. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (“jus cogens”). Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.
[42] Convención de Viena. Derecho de los Tratados. Artículo 27
[43] STC 024-2010-PI/TC Caso D.L. 1097
53. (…) Las normas de ius cogens parecen pues encontrarse referidas a normas internacionales consuetudinarias que bajo el auspicio de una opinio iuris seu necessitatis —esto es, el factor espiritual o psicológico que liga con un comportamiento que se asume debido u obligatorio internacionalmente— y de la extraordinaria importancia de los valores que subyacen a tal obligación, son oponibles más allá de las voluntades expresas y sólo son derogables por normas futuras de la misma categoría.
[44]CANÇADO TRINDADE, A. La ampliación del contenido material del ius cogens. Organización de Estados Americanos OEA.
Señala el ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:“ el jus cogens internacional va más allá que el derecho de los tratados, extendiéndose al derecho de la responsabilidad internacional del Estado, y a todo el corpus juris del Derecho Internacional contemporáneo, y abarcando, en última instancia, a todo acto jurídico. Al abarcar todo el Derecho Internacional, se proyecta también sobre el derecho interno, invalidando cualquier medida o acto incompatible con él. El jus cogens tiene incidencia directa en los propios fundamentos de un Derecho Internacional universal, y es un pilar básico del nuevo jus gentium”
Disponible en http://www.oas.org/dil/esp/XXXV_curso_La_ampliaci%F3n_del_contenido_material_del_jus_cogens_Antonio_A_Can%E7ado_Trindade.pdf Fuente visitada con fecha 05 de agosto de 2011.
[45] Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C N. º 75, párr. 41.
[46]Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, Sentencia del 22 de noviembre de 2007, Serie C N.º 171, párr. 111.
[47] Caso Durand y Ugarte, Sentencia del 16 de agosto de 2000, Serie C N.º 68, párrs. 68, 70 y 71.
[48] Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, del 26 de setiembre del 2006, fundamento 96.
[49] Caso Penal Castro Castro vs. Perú, del 25 de noviembre del 2006, fundamentos 402, 403 y 404.
[50] Ley 26479. 14 de junio de 1995.
Artículo 1o.- Concédase amnistía general al personal Militar, Policial o Civil, cualquiera que fuere su situación Militar o Policial o Funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los Fueros Común o Privativo Militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde Mayo de 1980 hasta la fecha de la promulgación de la presente Ley.
[51] La Comisión de la Verdad contó con la participación de los Ministerios de Justicia, Interior, Defensa, Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico del Perú y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
[52] Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Prefacio. p. 1
Se nos pidió investigar y hacer pública la verdad sobre los veinte años de violencia de origen político iniciados en el Perú en 1980. Al cabo de nuestra labor, podemos exponer esa verdad con un dato abrumador y al mismo tiempo insuficiente: la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha concluido que la cifra más probable de víctimas fatales en esas dos décadas supera los 69 mil peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de agentes del Estado.
[53] Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Prefacio. p. 4
En un país como el nuestro, combatir el olvido es una forma poderosa de hacer justicia. Estamos convencidos de que el rescate de la verdad sobre el pasado —incluso de una verdad tan dura, tan difícil de sobrellevar como la que nos fue encomendado buscar— es una forma de acercarnos más a ese ideal de democracia que los peruanos proclamamos con tanta vehemencia y practicamos con tanta inconstancia.
[54] Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. p. 14
La CVR entiende por «verdad» el relato fidedigno, éticamente articulado, científicamente respaldado, contrastado intersubjetivamente, hilvanado en términos narrativos, afectivamente concernido y perfectible, sobre lo ocurrido en el país en los veinte años considerados por su mandato.
[55] Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. p.16
5.2. La justicia
La más ostensible «verdad» que esta investigación ha puesto de manifiesto es que, en el contexto del conflicto, se han cometido en el país flagrantes injusticias. Desde la perspectiva ética que ha articulado el relato, la CVR constata que, en el período analizado, y sobre un fondo histórico y secular de injusticias, se han violado principios y derechos fundamentales de las peruanas y de los peruanos: se ha destruido la vida y la dignidad de muchas personas, se ha negado su libertad, se han frustrado muchas de sus aspiraciones y de sus capacidades y, de modo más general, se han deteriorado los principios de convivencia social, llegándose a una situación de violencia y crueldad de proporciones insólitas. Los hechos puestos al descubierto por la investigación constituyen una negación ética de la justicia.
[56] Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. p. 36
5.3. La reconciliación
La CVR entiende por «reconciliación» la puesta en marcha de un proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos, vínculos voluntariamente destruidos o deteriorados en las últimas décadas por el estallido, en el seno de una sociedad en crisis, de un conflicto violento, iniciado por el PCP Sendero Luminoso. El proceso de la reconciliación es hecho posible, y es hecho necesario, por el descubrimiento de la verdad de lo ocurrido en aquellos años −tanto en lo que respecta al registro de los hechos violentos como a la explicación de las causas que los produjeron− así como por la acción reparadora y sancionadora de la justicia.
[57] Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. p. 42
La doctrina de los derechos humanos es un imperativo moral que se ha ido transformando en acervo cultural de la humanidad, y ha tomado la forma de una obligación legal consagrada en un amplio cuerpo convencional y en la costumbre de los organismos jurisdiccionales nacionales e internacionales. El respeto a los derechos humanos no es un asunto de imagen nacional, de buenas intenciones o un mero instrumento pedagógico: es un poderoso contrapeso al ejercicio irresponsable de la razón estratégica por parte de los agentes políticos.
[58] Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. p. 22.
C.8. Iniciar un sostenido programa de capacitación a jueces, fiscales y abogados en Derechos Humanos, Derecho Humanitario y cultura democrática
Iniciar un sostenido programa de capacitación a jueces, fiscales y abogados en aspectos vinculados al derecho de los derechos humanos, al Derecho Humanitario y a la cultura democrática. El Consejo Nacional de la Magistratura deberá considerar criterios vinculados a la protección de los derechos humanos al momento de la selección y nombramiento de magistrados, así como su ratificación. La Academia de la Magistratura, los Colegios de Abogados, las Facultades de Derecho, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y las agencias de cooperación internacional deberán participar en este programa.
C.9. En el Ministerio Público es indispensable crear una especialidad en la investigación de los problemas de derechos humanos
C.10. Ejercicio permanente de la capacidad de control difuso de los jueces en conexión con regímenes de excepción
[59] Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. p. 3
f. Exhortar a los poderes del Estado a no utilizar discrecionalmente amnistías, indultos u otras gracias presidenciales, sino dentro del estricto marco establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CVR ha sido y es contraria a todo tipo de perdón legal por medio del cual se subordine la búsqueda de la verdad y la satisfacción de la justicia a razones de Estado. La reconciliación, como la entendemos y presentamos en este informe, supone descartar la intervención externa en lo que debe ser labor estrictamente jurisdiccional.
[60] El Grupo de Trabajo sobre Reparaciones GTR reúna a entidades de la sociedad civil y su objetivo es el desarrollo del Plan Integral de Reparaciones propuesto por la Comisión de la Verdad.

References: artículo 7
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
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 artículo 7
 artículo 80
 artículo 3
 artículo 53
 artículo 7
 artículo 3
 Artículo 7
 artículo 25
 Artículo 25
in fine
 Artículo 2
 artículo 3
 Artículo 5
 artículo 139
 artículo 41
in fine
 artículo 44
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 3
 Artículo 53
 Artículo 27

Artículo 1