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Timestamp: 2019-11-20 05:14:16+00:00

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Resolución de 27 de enero de 2011, del Interventor General de la Comunidad de Madrid, por la que se dictan instrucciones para la fiscalización de expedientes de contratación tras la entrada en vigor de la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales, y 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras
Publicado en BOCM núm. 29 de 04 de Febrero de 2011
Vigencia desde 05 de Febrero de 2011. Revisión vigente desde 05 de Febrero de 2011
Primero. Procedimiento de fiscalización previa de la fase de compromiso del gasto (documento contable D)
Segundo. Documentación integrante de los expedientes
Tercero. Efectos de la presente Resolución
Cuarto. Disposición transitoria
Quinto. Disposición derogatoria
R Economía y Hacienda 17 Dic. 2014 CA Madrid (instrucciones para la fiscalización de expedientes de contratación)
Res [COMUNIDAD DE MADRID] 27 enero 2011, derogada por apartado cuarto de Res [COMUNIDAD DE MADRID] 17 diciembre 2014, de la Interventora General de la Comunidad de Madrid, por la que se dictan nuevas instrucciones para la fiscalización de expedientes de contratación («B.O.C.M.» 30 diciembre) el 1 de enero de 2015.
La Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP); 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la Energía, los Transportes y los Servicios Postales, y 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha introducido una serie de importantes modificaciones en los procedimientos de contratación, entre las que cabe mencionar la refundición en un solo acto de los actos de adjudicación provisional y definitiva, y la modificación del momento en que se perfeccionan los contratos, que pasa a ser con su formalización.
En su virtud, se hace necesario establecer los criterios de actuación que deberán observarse en la fiscalización de los expedientes de contratación.
El criterio adoptado por este centro fiscal es el de que la fiscalización previa se efectúe con la formalización del contrato, pues es cuando se perfecciona el mismo, según lo establecido en la nueva redacción dada por la Ley 34/2010 al artículo 27 de la LCSP. La formalización del contrato se corresponderá con la fase del proceso de gasto de disposición del gasto, momento en el que se determina la reserva de crédito por un importe y condiciones exactamente determinadas, y la autoridad competente acuerda, concierta o determina, según los casos, y después de cumplir los trámites que con acuerdo a derecho procedan, la cuantía concreta que debe alcanzar el compromiso económico para la realización de todo tipo de actuaciones por un tercero, tal como preceptúa el artículo 68.1.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
No obstante en determinados supuestos, los recogidos en el apartado tercero de la Resolución de 22 de diciembre de 2008, del Interventor General de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen los criterios para la fiscalización previa de la adjudicación provisional y definitiva de los contratos y, dadas sus particularidades, se fiscalizará, asimismo, la propuesta de adjudicación del contrato.
Los criterios adoptados en la presente Resolución se inspiran, al igual que en la dictada el 22 de diciembre de 2008, en los principios de eficacia y eficiencia que deben presidir el actuar de la Administración y, por ende, de la Intervención en el ejercicio de la función interventora, así como en el de legalidad y economía procesal en la tramitación de los expedientes.
Para su óptima efectividad es necesario fijar el momento en el que, dentro del procedimiento, se llevará a cabo el acto de fiscalización.
Como ya se ha apuntado, el criterio general es aquel que sitúa la fiscalización en el momento previo a la formalización del contrato, es decir, con la propuesta de contrato a firmar con el adjudicatario. En este sentido, hay que puntualizar que en aquellos contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 310.1 de la LCSP, la fiscalización se llevará a cabo en dos momentos: Primeramente, una vez adjudicado el contrato, y con anterioridad a la práctica de la notificación al adjudicatario y a los candidatos y licitadores, en los términos previstos en el artículo 135.4 de la LCSP y, en un segundo momento, con anterioridad al envío del requerimiento para la formalización del contrato al adjudicatario, verificándose que han transcurrido los quince días hábiles a que se refiere el artículo 140.3 de la LCSP, y ello con objeto de compatibilizar el plazo máximo fijado por la normativa contractual para la formalización del contrato (artículo 140.3, párrafo segundo, de la LCSP), con el establecido para la fiscalización de los expedientes de gasto en el Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el Régimen de Control Interno y Contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid.
Por lo que a los contratos no susceptibles de tal recurso especial respecta, el momento de fiscalización previa de la propuesta de formalización del contrato se sitúa en el anterior al envío de la notificación de la orden o resolución de adjudicación del contrato, para poder confirmar que en su contenido consta el plazo para la formalización del mismo, que sea el prevenido en el artículo 140.3, tercer párrafo, de la LCSP y, asimismo, para posibilitar que la ejecución de los trámites contractuales y fiscales se realicen en los plazos marcados por las disposiciones aplicables y sean factibles.
En relación con las excepciones, la fiscalización previa de la propuesta de adjudicación del contrato deberá ejercerse antes de requerir al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, la documentación justificativa relacionada en el artículo 135.2 de la LCSP, con el objeto de garantizar la formalización del contrato con quien reúna todos los requisitos legales para ello.
Por lo expuesto, y en el marco de las competencias atribuidas por el artículo 24.f) del Decreto 25/2009, de 18 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, esta Intervención General
1. Expedientes sometidos a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, modificada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto.
En este supuesto, la fiscalización se llevará a cabo en los siguientes términos:
1.1. Fiscalización previa de la propuesta de formalización del contrato.-
Como regla general, la fiscalización previa se llevará a cabo con la propuesta de formalización del contrato.
En orden a la determinación del momento en el que se llevará a cabo el acto fiscal, se distinguen dos supuestos:
a) Contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 310.1 de la LCSP: La propuesta de formalización del contrato se fiscalizará, una vez adjudicado el mismo y con anterioridad a la remisión de su notificación al adjudicatario y a los licitadores o candidatos, en los términos previstos en el artículo 135.4 de la LCSP.
Posteriormente, se fiscalizará el expediente también antes de requerir al adjudicatario para la formalización del contrato, y siempre que hayan transcurrido los quince días hábiles a que se refiere el artículo 140.3 de la LCSP.
b) Contratos no susceptibles de recurso especial en materia de contratación: La propuesta de formalización del contrato se remitirá a la Intervención para su fiscalización previa antes de que se proceda a practicar la notificación de la orden o resolución de adjudicación al adjudicatario y a los licitadores o candidatos.
1.2. Fiscalización previa de la propuesta de adjudicación del contrato.-
Con independencia de lo anterior, se procederá a fiscalizar previamente la propuesta de adjudicación del contrato en los supuestos que a continuación se citan.
La fiscalización precederá al requerimiento al adjudicatario propuesto de la documentación justificativa enumerada en el artículo 135.2 de la LCSP:
a) Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 144.2 y 152 de la LCSP, por considerarse que en este caso existen en el procedimiento acuerdos adoptados con posterioridad a la celebración de la Mesa de la que el Interventor fue Vocal y de los que no ha tenido conocimiento.
b) Cuando, de acuerdo con la normativa aplicable, no se haya constituido Mesa de Contratación, pues es en este momento procedimental cuando el Interventor procederá a examinar el expediente de contratación para verificar el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo de adjudicación.
c) Cuando no proceda la adjudicación del contrato al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa por no cumplir adecuadamente el requerimiento efectuado en plazo, supuesto previsto en el artículo 135.2 de la LCSP.
Al recabar la misma documentación al licitador siguiente (por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas), y proponerse la adjudicación a favor de un licitador diferente, el Interventor debe fiscalizar la nueva propuesta donde se justifiquen las circunstancias apuntadas.
d) En el supuesto previsto en el artículo 134.3.a) de la LCSP, cuando el Gobierno sea el órgano competente para aprobar el gasto, en cuyo caso se fiscalizará previamente la propuesta de adjudicación tramitándose conjuntamente con la fase de gasto de la autorización.
Posteriormente, se fiscalizará la propuesta de formalización del contrato, de acuerdo con los criterios adoptados como regla general.
2. Expedientes a los que les sea de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, sin modificar por la Ley 34/2010, de 5 de agosto.
Respecto de estos expedientes, y dada la regulación aplicable, es necesario respetar la existencia de dos adjudicaciones, la provisional y la definitiva, aplicándose las Instrucciones aprobadas en la Resolución de 22 de diciembre de 2008, de la Intervención General y fiscalizándose, como regla general, la adjudicación definitiva del contrato con las excepciones recogidas en el apartado tercero de la Resolución citada.
3. Expedientes a los que les sea de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (sin modificar por la Ley 34/2010, de 5 de agosto), susceptibles de recurso especial en materia de contratación, cuya adjudicación provisional se haya dictado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 34/2010, de 5 de agosto.
En estos supuestos se remitirá a la Intervención, con anterioridad a la firma del contrato, el certificado emitido por el órgano correspondiente acreditativo de que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos, debiendo comprobarse, en este segundo supuesto, que ha recaído resolución expresa del órgano competente que ha de resolverlo desestimando el recurso o recursos interpuestos.
1. En todos los expedientes, el Interventor actuante verificará el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción, en cada caso, de las correspondientes resoluciones y acuerdos, examinando los documentos que preceptivamente deban estar incorporados en los mismos. Para ello deberá remitir el expediente completo hasta es momento, con todos los actos y actuaciones practicadas, constatando que se han realizado de acuerdo con las disposiciones legales que sean de aplicación, y que se han cumplido los plazos correspondientes y emitidos los informes y otras actuaciones que en cada fase se deban incorporar.
En especial, se llevarán a cabo las siguientes comprobaciones:
a) Que el expediente se integra con los documentos justificativos citados en el punto 2 del artículo 135 de la LCSP.
b) Que se incorpora la propuesta de contrato a firmar y que se ajusta a lo establecido en los pliegos que rigen la contratación.
c) Que consta el documento contable de compromiso de gasto (documento contable D).
d) La fecha efectiva de publicación de la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación, o de aprobación de los pliegos, si se tratara de un procedimiento negociado, en orden a determinar si al expediente objeto de fiscalización le es aplicable el régimen previsto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, o, en su caso, en la citada Ley con las modificaciones operadas por la Ley 34/2010, de 5 de agosto.
2. En la fiscalización de los contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación se practicarán las comprobaciones anteriormente citadas y, además, en el momento previo al requerimiento al adjudicatario para la formalización del contrato, las siguientes:
a) La fecha de la remisión de la notificación de la orden o resolución de adjudicación del contrato a los licitadores y candidatos, verificando que ha transcurrido el plazo de los quince días hábiles, a contar desde aquella, para interponer el recurso especial en materia de contratación.
b) Que se adjunta al expediente un certificado emitido por el Jefe del Registro correspondiente, que acredite que no se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación o de los recursos interpuestos debiendo comprobarse, en este segundo supuesto, que ha recaído resolución expresa del órgano competente que ha de resolverlo desestimando el recurso o recursos interpuestos.
c) Que consta la propuesta de requerimiento al adjudicatario para que formalice el contrato a que se refiere el artículo 140.3 de la LCSP.
3. Por lo que a las excepciones recogidas en el apartado primero, punto 1.2, de la presente Resolución respecta, el Interventor actuante efectuará, además de las anteriores, las siguientes comprobaciones:
a) Si el órgano de contratación no adjudica el contrato de acuerdo con la propuesta efectuada por la Mesa de Contratación, deberá verificarse la existencia en el expediente del correspondiente informe justificativo de la decisión adoptada, que ha de ser motivado.
b) En los supuestos en los que, de acuerdo con la normativa aplicable no se haya constituido Mesa de Contratación, se procederá a examinar el expediente para verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por la LCSP y demás disposiciones de aplicación necesarios para la adopción del acuerdo de adjudicación del contrato.
c) Finalmente, en el caso previsto en el último párrafo del artículo 135.2 de la LCSP, se adjuntará nueva propuesta de adjudicación a favor del licitador siguiente a aquel que no cumplimentó debidamente el requerimiento efectuado en plazo, adjuntándose el acta de la Mesa de Contratación para verificar tal extremo.
La presente Resolución producirá sus efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y será de aplicación a todos los expedientes que se encuentren pendientes de adjudicación.
La Resolución de 22 de diciembre de 2008, del Interventor General de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen los criterios para la fiscalización previa de la adjudicación provisional y definitiva de los contratos, será de aplicación a los expedientes que se encuentren en el supuesto contemplado en el apartado primero, punto segundo, de la presente Resolución.
Queda derogada la Resolución de 22 de diciembre de 2008, del Interventor General de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen los criterios para la fiscalización previa de la adjudicación provisional y definitiva de los contratos.

References: Resolución

 artículo 27
 artículo 68
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 310
 artículo 135
 artículo 140
 resolución 
 artículo 140
 artículo 135
 artículo 24
 artículo 310
 artículo 135
 artículo 140
 resolución 
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 134
 Resolución 
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 artículo 135
 resolución 
 resolución 
 artículo 140
 Resolución 
 artículo 135
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