Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520151.html
Timestamp: 2019-03-25 18:07:22+00:00

Document:
as201521151
Auto Supremo: 151/2015 Sucre: 6 de marzo2015 Expediente: O-73-14-A Partes: Wilfredo Terrazas Calderón c/ Pascual Gabriel Choque, Juan
Baldivieso Mariscal y Gregorio Callapa López
Proceso:Reposición de firmas en protocolo notarial y rectificación delnúmero
VISTOS: El recurso de casación o nulidad interpuesto por Wilfredo Terrazas Calderón de fs. 459 a 460 vta., contra el Auto de Vista N° 203 de 21 de octubre de 2014 de fs. 449 a 457, pronunciado por la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en el proceso de reposición de firmas faltantes en protocolo notarial y rectificación de numero de testimonio seguido por Wilfredo Terrazas Calderón contra Pascual Gabriel Choque, Juan Baldivieso Mariscal y Gregorio Callapa López; auto de concesión de recurso de fs. 472, los antecedentes del proceso; y,
La Juez de Partido Cuarto en lo Civil de la ciudad de Oruro, pronunció Auto Definitivo de fecha 18 de febrero de 2014, cursante de fs. 376 a 379 vta., por el que declara “probado y con lugar el incidente de nulidad interpuesto por Liborio Alcocer Fernández mediante memorial de fs. 161 a 165 de obrados y, en ese mérito, se anula obrados hasta fs. 38 inclusive, hasta el estado en el cual la parte actora dirija la demanda contra los presuntos herederos de Pascual Gabriel Choque y contra el actual ocupante y poseedor del inmueble…”.
Contra el referido Auto, Wilfredo Terrazas Calderón por memorial de fs. 387 a 389 vta., interpuso recurso de apelación.
Motivo por el cual, la Sala Civil, Familiar y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista N° 203/2014 cursante de fs. 449 a 457, por el que confirmó la Resolución apelada con la concurrencia del Vocal Reynaldo E. Sangueza, Vocal de Sala Civil Segunda, ante la excusa del relator Asencio Franz Mendoza Cárdenas.
Resolución que dio lugar al recurso de casación o nulidad, interpuesto por Wilfredo Terrazas Calderón, que es motivo de autos.
Luego de exponer los antecedentes del proceso, el recurrente refiere que instauró el proceso de reposición de firmas en Protocolo Notarial y rectificación de número de Testimonio en Derechos Reales, persiguiendo la subsanación de los errores que afectan a la forma de los documentos de propiedad sobre el inmueble, sin que se discuta el derecho propietario, supuesto compromiso de venta o la posesión sobre el inmueble,dirigiéndose la demanda contra las personas que podrían corroborar los hechos demandados, como Pascual Gabriel Choque a cuyo nombre por error se consignó el inmueble, quien fue citado mediante edictos y posteriormente se le designo Defensor de Oficio, contra Juan Baldivieso Mariscal en su condición de Vice-presidente de la Cooperativa de tierras y casas (Catavi-siglo XX), quien confesó los hechos demandados, así como el actual notario, que también confirmó los hechos demandados, dando lugar a que en Sentencia se declare probada la demanda, y al no ser objeto de apelación se declaró su ejecutoria, por consiguiente tiene la calidad de cosa juzgada.
Que los argumentos expuestos en la Resolución recurrida resultan incorrectos, vulnerando el art. 251.I del Código de Procedimiento Civil, más aun si el incidentista Liborio Alcocer Fernández junto con su cómplice fue condenado en proceso penal por falsificar documentación respecto al inmueble de Litis, por consiguiente carece de derecho legítimo para intervenir en el presente proceso.
Concluye solicitando se anule obrados hasta la presentación del incidente de nulidad.
Pese a haberse planteado recurso de casación o nulidad, desarrollando sus agravios bajo el subtítulo de recurso de casación en el fondo, solicitando contradictoriamente se anule obrados, previamente es pertinente verificar si este recurso de casación corresponde analizarlo y si fue correcta la concesión del mismo.
En ese entendido, conforme los antecedentes del proceso se puede establecer que tramitada la demanda, a fs. 87 a 91 se dictó Sentencia Nº 53 de fecha 29 de abril de 2013, habiendo procedido a la notificación de los demandados; Juan Baldivieso Mariscal, Luis Segales Poma, y la Defensora de oficio de Pascual Gabriel Choque, en fechas 16, 17 y 21 del mes de mayo de 2013 (fs. 94 y vta.), adjuntando asimismo la notificación mediante edictos a Pascual Gabriel Choque de fechas 16 de mayo, 03 y 10 de octubre de 2013, (fs. 99, 124 y 125); finalmente en fecha 14 de noviembre de 2013 se dictó providencia por el que se declara la ejecutoria de la sentencia.
Sin embargo de lo anterior, de forma totalmente irregular Liborio Alcocer Fernándeza fs. 161 a 165, presentó un memorial que refiere: “Constituyéndose en parte interpone incidente de nulidad de obrados” refiriendo que el proceso se hubiera tramitado con fraude procesal,incidente que fue admitido mediante providencia de fs. 166, y resuelto por Auto Definitivo de fs. 376 a 379 y vta., de fecha 18 de febrero de 2014, por el quese dispuso:“… se DECLARA PROBADO Y CON LUGAR el incidente de nulidad…..en ese mérito, se ANULA obrados hasta fs. 38 inclusive, hasta el estado en el cual la parte actora dirija la demanda contra los presuntos herederos de Pascual Gabriel Choque y contra el actual ocupante y poseedor del inmueble…… bajo alternativa de aplicación del art. 333 del Código de Procedimiento Civil”, Resolución que fue objeto de apelación por Wilfredo Terrazas Calderón por memorial de fs. 387 a 389 vta., en cuyo mérito la Sala Civil, Familiar y Comercial del Tribunal Departamental de Oruro, por Auto de Vista Nº 203 de fecha 21 de octubre de 2014 (fs. 449 a 457) confirmó la Resolución recurrida, argumentando la falta de citación con la demanda a los herederos de Pascual Gabriel Choque, a la Cooperativa de Casas y Tierras Tercer Plan (Catavi Siglo XX) como persona jurídica y el incidentista ocupante y poseedor del inmueble, analizando aspectos relativos a la legítima defensa y debido proceso que este Máximo Tribunal de Justicia no los considera.
Sin embargo, tanto el recurso de casación o nulidad, interpuesto por Wilfredo Terrazas Calderón y el auto de concesión del recurso dictado por el Tribunal de Alzada se tiene que no consideraron lo dispuesto por el art. 518 del Código de Procedimiento Civil.
Esto debido a que el recurso de casación únicamente procede contra las resoluciones previstas por el art. 255 del Código de Procedimiento Civil, en sus 5 numerales, dentro de las cuales no se encuentran las resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia como ocurre en el caso de autos,pues conforme los antecedentes, dictada la Sentencia las partes no recurrieron de apelación, habiéndose declarando su ejecutoria, sin embargo a raíz del incidente de nulidad se dictó el Auto Definitivo de fs. 376 a 379 vta., que en definitiva se considera emitido en ejecución de Sentencia, en consecuencia conforme lo previsto por el art. 518 del Adjetivo Civil, que señala: "Las Resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior", en ese mismo orden el art. 262 de la misma norma legal refiere: “(Competencia para negar la concesión del recurso). 3). Cuando el recurso no se encuentra previsto en los casos señalados por el art. 255”, no encontrándose entre los numerales las -resoluciones dictadas en ejecución de sentencia-, por consiguiente, siendo obligación del Órgano Jurisdiccional actuar dentro del marco establecido por ella, no resulta correcto conceder el recurso de casación interpuesto.
Conforme este razonamiento, correspondía al Tribunal Ad quem verificar aquel aspecto, que al conceder el recurso interpuesto por Wilfredo Terrazas Calderón, se apartó de la normativa legal que rige la tramitación de este tipo de casos, consecuentemente al ser de aplicación el art. 518 del Código de Procedimiento Civil, no es posible atender el recurso de casación planteado, ante su manifiesta improcedencia.
Debiendo tenerse presente el razonamiento expuesto por el Tribunal Constitucional en Sentencias Constitucionales como la signada con el Nº. 1300/2010-R en el que refirió: "...Deduciendo resulta que la Resolución pronunciada por las Autoridades demandadas no está enmarcada a derecho; es decir, dentro de lo previsto por el Código de Procedimiento Civil, normas legales que -como se tiene dicho- con absoluta precisión y claridad señalan: el art. 518 inc. 5) del CPC que: "La apelación en el efecto devolutivo procederá en los casos siguientes: 5) De las Resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia" y el art. 225 inc. 5) "Las Resoluciones dictadas en ejecución de Sentencia podrán ser apeladas sólo en el efecto devolutivo, sin recurso ulterior..." "...Debemos tener presente que las normas jurídicas -en cuanto se refiere a la tramitación de las causas y los recursos- son de orden público y de cumplimiento obligatorio, pues los litigantes no pueden crear su propio procedimiento o sus propios mecanismos de impugnación o pretender calificar un recurso de Alzada en el efecto que les convenga, como acontece en el caso analizado; las Autoridades demandadas quieren dar a la apelación concedida, un efecto que no le corresponde, cuando dicho aspecto no está a disposición de los sujetos procesales, pues la procedencia del recurso, en sus diferentes efectos, emana de la ley y no de la voluntad de las partes ni de los juzgadores: Los justiciables saben de los hechos y los juzgadores el derecho, conforme al principio "Iuranovit curia...".
Asimismo en la Sentencia Constitucional Plurinacional No. 0144 de fecha 14 de mayo 2012, que además de referir a la anterior Sentencia Constitucional concluye que: "...al provenir el Auto de Vista de la apelación de un incidente de nulidad planteado en ejecución de Sentencia únicamente, procedía la apelación directa a tramitarse en el efecto devolutivo conforme al art. 518 del Código de Procedimiento Civil por lo que la casación no se constituía en un recurso idóneo a agotar".
Al margen de lo anterior, se tiene también el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional No. 1609/2013 de 19 de septiembre de 2013, que en relación al art. 518 del C.P.C., remitiéndose a otras Sentencias Constitucionales, determinó que las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia son susceptible únicamente de recurso de apelación, consecuencia de ello diferenció entre: a) La nulidad dispuesta en apelación de una sentencia que al tenor del art. 255.2 del CPC admite casación, y b) la nulidad dispuesta en razón del planteamiento de un incidente de nulidad en ejecución de sentencia contra una sentencia que adquirió la calidad de cosa juzgada aparente que provoca indefensión absoluta y que únicamente admite la apelación directa pero no la casación.
Por las razones expuestas, este Tribunal no apertura la posibilidad de analizar el fondo del mismo, correspondiendo fallar en la forma prevista por los artículos 271 num. 1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial, en aplicación de lo previsto por los artículos; 271 num. 1) y 272 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación o nulidad de fojas 459 a 460 vta., interpuesto por Wilfredo Terrazas Calderón. Con costas.
Se regula el honorario del abogado del incidentistaen la suma de Bs. 1.000.

References: Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 42