Source: https://www.iberley.es/legislacion/orden-emo-128-2012-17-mayo-garantizan-servicios-esenciales-prestan-centros-ensenanza-ambito-territorial-comunidad-autonoma-cataluna-9793800
Timestamp: 2020-04-03 17:32:36+00:00

Document:
ORDEN EMO/128/2012, de 17 de mayo, por la que se garantizan los servicios esenciales que se prestan en los centros de enseñanza dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña. | Iberley
ORDEN EMO/128/2012, de 17 de mayo, por la que se garantizan los servicios esenciales que se prestan en los centros de enseñanza dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña., - Diario Oficial de Cataluña, de 21-05-2012
Esta norma es una reproducción del texto original publicado en el Diario Oficial de Cataluña Número 6132 de 21/05/2012 y no contiene posibles reformas posteriores
Vista la convocatoria de huelga presentada por los sindicatos USTEC-STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, UGT y CGT (registro de entrada de fecha 10 de mayo de 2012), prevista para el día 22 de mayo de 2012, durante las horas de docencia y actividades de horario fijo, y que afecta al personal docente funcionario e interino del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña;
Vista la convocatoria de huelga presentada por los sindicatos IAC y CGT (registro de entrada de fecha 11 de mayo de 2012), prevista para el día 22 de mayo de 2012, durante las horas de docencia y actividades de horario fijo, y que afecta el personal laboral destinado en los centros y servicios educativos de titularidad del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, el personal docente, funcionario e interino y personal laboral destinados en los centros educativos de titularidad y gestión del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña, el personal docente y laboral destinado en las guarderías de titularidad de la Generalidad de Cataluña y de titularidad municipal en Cataluña, el personal docente (funcionario, interino y laboral) de centros de titularidad municipal en Cataluña y el personal de las universidades públicas de Cataluña;
Vista la convocatoria de huelga presentada por los sindicatos UGT y CCOO (registro de entrada de fecha 11 de mayo de 2012 en la Delegación Territorial del Gobierno de la Generalidad en Barcelona), prevista para el día 22 de mayo de 2012, desde las 0 horas hasta las 24 horas, y que afecta al personal funcionario y laboral de las Universidades Públicas, el personal de los centros educativos privados de todos los niveles educativos reglados y no reglados, el personal de los centros educativos de la Administración Local, el personal del ocio educativo y animación sociocultural y el personal laboral del Departamento de Enseñanza;
Vista la convocatoria de huelga presentada por los sindicatos CCOO, UGT, ANPE, CSIF, STES y CSIF-Universidad (registro de entrada de fecha 10 de mayo de 2012 en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Madrid), prevista para el día 22 de mayo de 2012, desde las 0 horas hasta las 24 horas, y que afecta al personal de todas las actividades funcionariales y laborales desarrolladas por trabajadores y funcionarios públicos de las administraciones públicas educativas establecidas dentro del ámbito geográfico y jurídico español, incluidas las actividades laborales y funcionales desarrolladas por el personal contratado y el personal funcionario dependiente de las administraciones educativas en el exterior, incluido el Instituto Cervantes, es decir, afecta a todos los funcionarios y trabajadores dependientes de la administración educativa Estatal, de la administración educativa de Comunidad Autónoma, de la Administración Local, administración educativa en el servicio exterior y el Instituto Cervantes y la Universidad;
Vista la convocatoria de huelga presentada por el sindicato CCOO (registro de entrada de fecha 10 de mayo de 2012 en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en Madrid), prevista para el día 22 de mayo de 2012, desde las 0 horas hasta a las 24 horas, y que afecta al personal de todas las actividades funcionariales y laborales desarrolladas por trabajadores y funcionarios públicos de las administraciones públicas educativas establecidas dentro del ámbito geográfico y jurídico español, incluidas las actividades laborales y funcionariales desarrolladas por el personal contratado y el personal funcionario dependiente de las administraciones educativas en el exterior, incluido el Instituto Cervantes, es decir, afecta a todos los funcionarios y trabajadores dependientes de la administración educativa Estatal, de la administración educativa de Comunidad Autónoma, de la Administración Local, administración educativa en el servicio exterior y el Instituto Cervantes y la Universidad, así como a todos los trabajadores de todos los niveles educativos, pertenecientes a la enseñanza privada concertada reglada y no reglada, la enseñanza privada reglada no concertada, universidades privadas, centros de ocio educativo y animación sociocultural, escuelas de educación especial, trabajadores de apoyo a personas con necesidades educativas especiales, centros concertados de educación especial y los centros de gestión indirecta de educación infantil, tanto de gestión autonómica como local;
Considerando que ante una convocatoria de huelga se ha de valorar si afecta a servicios esenciales para la comunidad, es decir, si afecta a derechos constitucionales, libertades públicas o bienes constitucionalmente protegidos, ya que en estos supuestos el artículo 28.2 de la Constitución señala que se debe asegurar el mantenimiento de estos servicios, y también lo especifica el Real decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones laborales, que otorga las competencias a la autoridad gubernativa para asegurar su funcionamiento;
Considerando que en los últimos años se han producido transformaciones profundas en la sociedad, como la incorporación masiva de las mujeres al mundo del trabajo, lo que ha supuesto un incremento de los menores en los centros educativos que hace imprescindible ponderar un nuevo equilibrio entre el derecho fundamental a la huelga por parte del personal docente y el derecho esencial al trabajo de toda la población en condiciones de igualdad, y preservar el derecho a la seguridad de los menores;
Considerando que en el presente supuesto en el que concurren varias convocatorias de huelgas con una duración máxima de 24 horas, el derecho fundamental afectado es el derecho al trabajo de los ciudadanos y ciudadanas que dejan sus hijos bajo la tutela de las guarderías y las escuelas, y el derecho a la seguridad de los alumnos que acceden a los centros educativos;
Considerando que, ante la posibilidad de que queden interrumpidos los servicios de educación de los centros públicos y privados, se podría producir una situación en la que todos los trabajadores y trabajadoras con menores a su cargo se encontraran ante la imposibilidad de hacer uso del su derecho al trabajo, a diferencia del resto de trabajadores, se hace necesario establecer unos servicios mínimos que permitan a las personas con imposibilidad para encontrar alternativas que garanticen el cuidado y la vigilancia de los menores, hacer uso de su derecho al trabajo y, por tanto, conciliar la vida laboral y personal; en este sentido, pues, deberá haber una persona del equipo directivo por cada centro y, además, para el alumnado de infantil y primaria, que es lo que requiere una vigilancia más cuidadosa, se establece la presencia de una persona docente por cada cuatro unidades o aulas, y un tercio del personal de las guarderías, en el caso de la convocatoria de huelga que afecta a todo el personal de los centros de enseñanza, se añadirá un/a auxiliar administrativo/a o un/a subalterno/a para cada centro;
Considerando que, teniendo en cuenta que se establecen, además de una persona de dirección y de un/a auxiliar administrativo/a o subalterno/a en el supuesto de que esté afectado todo el personal del centro, unos servicios mínimos consistentes en una persona docente por cada cuatro unidades para el alumnado de infantil y primaria, los cuales habitualmente disponen de un profesor por aula más el personal de refuerzo y no se establecen servicios mínimos para la actividad docente sino para garantizar la seguridad de los menores de doce años, cabe concluir que queda asegurada la proporcionalidad de los servicios mínimos y ponderados adecuadamente los derechos en conflicto, tal como establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, en su Sentencia de 15 de marzo (STC 43/1990), dispone que debe haber una razonable proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que sufran los que son usuarios;
Considerando que se ha dado audiencia a las partes instantes de las convocatorias de las huelgas y al Departamento de Educación, para que expongan sus propuestas con respecto a los servicios mínimos, según consta en el acta del día 15 de mayo de 2012 y se ha solicitado a las patronales del sector para que efectúen sus propuestas de servicios mínimos tal y como consta en el expediente administrativo;
Considerando que se ha solicitado informe a la Dirección General de Función Pública del Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas, al Departamento de Educación, al Departamento de Justicia, al Departamento de Economía y Conocimiento, a la Federación de Municipios de Cataluña y a la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas, tal como consta en el expediente;
Considerando lo que disponen el artículo 28.2 de la Constitución; el artículo 170.1.i) del Estatuto de autonomía de Cataluña; el artículo 10.2 del Real decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, el Decreto 120/1995, de 24 de marzo, de la Generalidad de Cataluña, y las sentencias del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 de abril, 26/1981, de 17 de julio; 33/1981, de 5 de noviembre; 51/1986, de 24 de abril; 27/1989, de 3 de febrero; 43/1990, de 15 de marzo, y 122/1990 y 123/1990, de 2 de julio,
La situación de huelga anunciada por los sindicatos USTEC-STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, UGT, CGT, IAC, ANPE, CISF, STES y CSIF-Universidad, que se llevará a cabo el día 22 de mayo de 2012 y que afecta a todo el personal que indican cada una de las convocatorias de huelga, con una duración máxima de 24 horas, se entiende condicionada al mantenimiento de los servicios mínimos siguientes:
Una persona del equipo directivo por cada centro. Se entiende como tal alguna de las siguientes personas: el/la director/a, el/la coordinador/a pedagógico/a, el/la jefe de estudios o el/la secretario/a.
Un/a auxiliar administrativo/a o un/a subalterno/a para cada centro (sólo en aquellos centros en los que el personal no docente también esté afectado).
La dirección de los centros, oído el Comité de Huelga, determinará el personal estrictamente necesario para garantizar la prestación normal de los servicios mínimos que establece el artículo 1. Estos servicios mínimos los debe prestar, preferentemente, el personal que no ejerza el derecho de huelga, si los hubiere.
Los ceses y las alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para el mantenimiento de los servicios mínimos que determina el artículo 1 se considerarán ilegales a los efectos de lo establecido en el artículo 16.1 del Real decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores.
Notifíquese esta Orden a los interesados para su cumplimiento y remítase al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya para que se publique.
(12.139.006)

References: artículo 28
 Real decreto 
 artículo 28
 artículo 170
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 16
 Real decreto