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Timestamp: 2020-07-14 11:20:56+00:00

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Parada Gámez, Guillermo Alexander - De La Improcedencia a la Admisibilidad de la Demanda de Amparo | Demanda judicial | Ley procesal
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CONTENCIOSO ADMINISTRTATIVO
Desistimiento _del Procedimiento_ vs. _de La Demanda_ Condenatoria en Costas
Abordar un tema como este nos obliga inicialmente a dejar claro ciertos aspectos implícitos en él, que franquean la posibilidad de penetrar de una manera más o menos profunda a la base sustancial del mismo, y, que conforman ideas generales que nos guiarán por el camino de la discusión. Por un lado esbozar concepciones modernas al respecto, tomando en cuenta que desde ninguna óptica deberá apreciarse mi punto de vista como infalible, pues ello iría, en todo caso, contra los principios universales que soportan y sustentan la estructura del derecho, o, como diría Niels Bohr, el gran físico danés, “Cada frase que yo exprese debe ser entendida no como una afirmación sino como una interrogación”; por otro lado dejar ver que el problema es más complejo que una simple conjunción o reyerta de términos, a lo cual y por ese mismo motivo no se le ha dado la importancia que amerita; y finalmente encarar de frente las recientes reformas al respecto que fueron incluidas en la Ley de Procedimientos Constitucionales vigente.
Desde antaño han sido considerados los términos improcedencia e Inadmisibilidad como sinónimos que no varían en si, ni formal ni sustancialmente. Ambos, se dice, son rechazos de la demanda por adolecer ésta de algún defecto que imposibilite entrar a conocer sobre la pretensión del actor o sobre la demanda antitética del reo, en su caso. Uno y otro nos llevan al mismo fin, el problema es que no tienen ni pueden tener el mismo origen, y más aún se trata de establecer linderos y observar a qué se refiere cada uno de ellos y bajo qué supuesto fáctico el juzgador estará habilitado para efectuar un pronunciamiento en uno u otro sentido.
La admisibilidad es un concepto que atañe al derecho procesal específicamente, y en especial a la demanda presentada. Por el contrario la procedencia pertenece más al derecho material, es decir la estructura en si de un supuesto o una situación de la vida real que motive conocimiento jurisdiccional procedente, no depende en sí de la interposición de una demanda, sino que el hecho existe y está ahí y lo estará siempre potencializando la habilitación eventual -no necesariamente- de una demanda, es decir, un supuesto fáctico que haga proceder o que active al órgano jurisdiccional y descienda de la simple especulación abstracta para incorporarse a un tribunal de justicia, lo será con o sin tal concreción.
La Inadmisibilidad e improcedencia parten ya del supuesto que ha habido una manifestación de voluntad ante juez y éste debe pronunciarse; ambos conceptos por lo tanto están vinculados, por definición, al derecho procesal. Por el primero debemos limitar su ámbito al rechazo de la demanda (demanda inadmisible); por el segundo a cualquier demanda, escrito o medio de prueba que no debe o deba incorporarse al proceso. Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas “La Inadmisibilidad se diferencia de la improcedencia en que ésta carece de derecho, aunque realmente tal defecto consienta y provoque una resolución probablemente absolutoria para el demandado o procesado”.
Ambos términos se les trata de consuno y han sido utilizados para tratar de incluir adecuadamente la extensa gama de presupuestos, así a palabras de Carlo Carli, atañen a situaciones que los hacen diferentes “Dejando para luego la categoría de demanda fundada y demanda infundada, que atañe más a los contenidos sustanciales
de la situación jurídica, la cuestión queda articulada entre los términos procedente- improcedente y admisible-inadmisible, lo primero cuando atañe a las condiciones extrínsecamente formales de la demanda y lo segundo cuando se refiere a. las condiciones intrínsecas de la demanda ”** Carlo Carli (Clemente Díaz) La demanda
Civil. De. Lex, Buenos Aires. 1973, pag. 116
independientemente su rol el cual delimita su circulo de aplicación.
Ambas categorías juegan
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha admitido y pregonado incluso tal distinción, pero no como regla general, en algunas resoluciones, v.g. la sentencia 21-M-95 pronunciada a las nueve horas del día veinticinco de abril de mil novecientos noventa y siete que a su tenor dijo. “la acción de amparo resulta inadmisible por inobservancia del principio de definitividad”; claro está que ello es un
defecto extrínseco del acto pues en la demanda pueden concurrir todos los requisitos exigidos por la ley con respecto a sus formas, empero una circunstancia como es tal incumplimiento motivan esa declaratoria; sentencia 4-O-96 pronunciada a las catorce horas cinco minutos del día siete de junio de mil novecientos noventa y seis, expresa
“Examinado el telegrama” (…) “el cual no cumple con los requisitos de forma prescritos en el artículo 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, declárase inadmisible el amparo solicitado”; aquí la Sala varió aquél criterio y refiriéndose a meras formas pronuncia una declaratoria en tal sentido; sentencia 5-S-96 pronunciada a las quince horas y treinta minutos del día nueve de julio de mil novecientos noventa y seis, que dijo “De entre tales requisitos, destacan los denominados requisitos de admisibilidad o conocimiento -aquellos que posibilitan la averiguación del contenido y autorizan la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto-; y uno de dichos requisitos es la inexistencia de un proceso pendiente sobre la misma pretensión” (…) “Por ello, fundamentándose en la arquitectura estructural y orgánica de nuestro sistema de protección de derechos, y específicamente en el inciso tercero del Art. 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, la jurisprudencia de este Tribunal ha consagrado como requisito de admisibilidad de la pretensión constitucional de amparo, una exigencia de carácter dual: por un lado, que el impetrante haya agotado los recursos ordinarios que la ley establece para el procedimiento correspondiente; y, por otro lado, que de haberse optado por una vía procesal distinta a la constitucional, tal vía se haya agotado en su totalidad” (…) “En apego de lo antes expuesto, es conclusión obligada que, la apertura de una nueva vía por el demandante -en este caso la promoción del proceso contencioso administrativo-, con posterioridad al inicio del presente proceso de amparo, deriva en la imposibilidad de continuar con la tramitación del mismo; en consecuencia, ante el surgimiento de una causa superviniente de Inadmisibilidad de la pretensión de amparo, que afecta la posibilidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto, esta Sala queda obligada a inhibirse del conocimiento y decisión de la pretensión”; aquí la Sala optó por sentar un precedente referido a la Inadmisibilidad de
la demanda de amparo por causas supervinientes siempre y cuando afecte la
posibilidad de pronunciarse sobre el fondo del asunto; sentencia 13-H-96 pronunciada
a las diez horas del día dos de septiembre de mil novecientos noventa y seis manifestó
“Adoleciendo el referido escrito de falta de los requisitos que exige el Art. 14 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, y no habiendo sido presentado en este Tribunal ni dirigido al mismo, informalidades que no pueden ser suplidas por la Sala, ésta no puede entrar a conocer de lo solicitado, por lo que Resuelve: declárase inadmisible dicha petición” una vez más la Sala por motivos de forma pronuncia una resolución en este sentido; sentencia 2-L-95 pronunciada a las quince horas con treinta y cinco minutos del día dos de febrero de mil novecientos y cinco que manifestó “Apareciendo de la demanda que la misma esta dirigida a la: “Cámaras de la segunda Sección de Occidente”, y no a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tribunal competente para conocer y resolver los procesos de amparo, según lo establecen los artículos 174 y 247 de la Constitución, y por tratarse de una deficiencia que no puede suplirse por esta Sala, la demanda debe declarase inadmisible” idem.
Tales pronunciamientos en efecto se han realizado a partir de la doctrina imperante, sin embargo y es de todos sabidos que no pueden concebirse como fórmulas matemáticas elementos conceptuales del derecho (aunque si es preciso evitar la atomización masiva de ellos, por supuestos o presupuestos infundados), tan es así que ello se observa y agudiza con la reciente reforma a la ley de procedimientos constitucionales, realizada según decreto número ciento ochenta y dos de fecha once de diciembre de mil novecientos noventa y siete, publicado en el Diario Oficial número doscientos treinta y nueve, tomo trescientos treinta y siete, de fecha veintidós de diciembre del mismo año, donde en su art. 2 prescribe “Recibida la demanda la Sala la admitirá si se hubiere llenado los requisitos que exige el art. 14. En caso contrario prevendrá al demandante que lo haga dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación. La falta de aclaración o de corrección oportuna, producirá la declaratoria de Inadmisibilidad de la demanda”.
Ahora la Sala de lo Constitucional deberá, bajo el imperio de la ley, declarar inadmisible una demanda porque no se evacúe la prevención en el término de tres días
(particularmente considero muy atinada la reforma en este sentido pues eran variables las interpretaciones que los peticionarios realizaban con aquello de las "setenta y dos horas" y que motivaba en gran medida el rechazo in limine de la demanda por ser esta "improcedente"). Anteriormente la ley no hacía tal distinción y en el susodicho artículo
reformado decía que “Recibido el escrito de demanda, la Sala lo admitirá si se hubieren llenado los requisitos que exige el Art. 14. En caso contrario, prevendrá al peticionario que lo haga dentro del término de setenta y dos horas a contar de la notificación respectiva. La falta de aclaración o de corrección oportuna motivará la declaratoria de
improcedencia”
¿Por qué el legislador cambió el término de improcedencia por el de Inadmisibilidad?. ¿Habrá sido sencillamente porque no se reparó en la posible controversia que generaría un simple término "sin importancia" que al fin y al cabo es sinónimo del otro?. O, ¿verdaderamente se ha considerado que la Inadmisibilidad está referida a supuestos como este y la improcedencia a cualquier otro?. Respuestas a estas interrogantes las encontramos en el anteproyecto de la Ley Procesal Constitucional, la cual a tenor de los arts. 41 y 42 se distinguen ambos conceptos y cuya redacción a quedado así: Inadmisibilidad, Art. 41.- El incumplimiento de los requisitos de forma o la falta de atención de la prevención, motivará la declaratoria de Inadmisibilidad de la demanda. Improcedencia Art. 42.- Si la pretensión fuese manifiestamente improcedente, la Sala lo declarará así mediante resolución motivada.
Se tiene, entonces, que la nueva corriente innovadora ha modificado la concepción existente y el significado de cada uno de los términos, lo cual obviamente no nos da derecho para juzgarlo como bueno o como malo, mucho menos para atribuirle la posibilidad de que haya adquirido calidad nominativa de avanzada o simplemente la de conceptos reiterativos que se modifican, antojadiza e infundadamente. Ocasiona simplemente, como diría FRANCESCO CARNELUTTI un despertar de almas dormidas,
o si se quiere, una ferviente y bien venida discusión al respecto, lo cual es en si lo afable y augusto de la cuestión.
El cambio imprevisto que ocurrirá en el sistema procesal constitucional con la reciente reforma será evidente, pues únicamente se limitó la reforma -en este sentido- a la sustitución de términos, dejándose a un lado sin explicación la figura sustituida. Ahora serán inadmisibles una gran cantidad de demandas por defectos de ella no corregidos -
e independientemente si tales errores pueden oportunamente desembocar en vicios de
fondo- siempre y cuando se adecue al supuesto establecido en el artículo 14, esto es, que habiéndosele hecho una prevención al peticionario, éste no la evacúe en tiempo. Con la ley anterior eran improcedentes exactamente por ese mismo supuesto y excepcionalmente se hacía distinción. Con el anteproyecto de la Ley Procesal Constitucional, uno y otro caso están delimitados sin posibilidad de confusión, pues aquellos casos en que exista defectos en la postulación de la demanda, que amerite un pronunciamiento liminar de rechazo, pero que tal error no sea protuberante, grosero o manifiesto, será pertinente admitir la demanda y evitar así un prejuzgamiento, quedando expedita la posibilidad de sobreseer si se determina “in persequendi” que hubo admisión indebida.
Nuestro ordenamiento jurídico se queda corto en el análisis de estas figuras. El Código de Procedimientos Civiles prescribe la posibilidad de rechazar la demanda por ser esta inadmisible, en el art. 1238 inc 1 Pr. a saber: “Todos los Jueces, según la gravedad de las circunstancias, podrán, en las causas que ante ellos penden, dar mandamientos de oficio, devolver escritos declarándolos inadmisibles por algún motivo legal y fundado, y ordenar a su costa la impresión de sus sentencias”. Figura tal que ha sido utilizada por el legislador en términos genéricos sin individualizar supuestos distintos que desembocan, en efecto, de igual manera en un rechazo limine litis. Pese a ello nuestro jueces han utilizado ambiguamente su actividad contralora jurisdiccional y utilizan ciertas fórmulas de rechazo (“sin lugar por improcedente” “declárese inadmisible…” etc.).
El Código Procesal de Familia recoge, por el contrario, la figura de la improcedencia en el art. Art. 45, a saber: “El Juez declarará improcedente la demanda cuando hubiere caducado el plazo para iniciar la acción, exista cosa juzgada o litigio pendiente, siempre que de la demanda o de sus anexos se comprobare esa circunstancia”. Asimismo en el artículo 96 del mismo cuerpo de leyes, aparece la figura de la Inadmisibilidad, a saber “Si la demanda careciere de alguno de los requisitos exigidos,
el juez los puntualizará y ordenará al demandante que los subsane dentro de los tres
días siguientes a la notificación de la resolución respectiva, bajo prevención de declararla inadmisible. Si la demanda se declara inadmisible el derecho quedará a salvo y el demandante podrá plantear nueva demanda”. De igual manera surgen las interrogantes de por qué el legislador de familia utiliza uno u otro término para uno u otro caso, a diferencia del legislador civil. Respuestas hay muchas y la más evidente es que nuestro Código de Procedimientos Civiles es bastante vetusto, sin embargo el Código Procesal de Familia es bastante joven (aunque ese no es muy buen criterio de justificación).
En ninguno de ésos cuerpos legales se especifica claramente el por qué o bajo qué criterio se funda la bifurcación, pero se puede afirmar que éste último ha sido más específico, reservándose un pronunciamiento pleno y de plano a situaciones que, más que ir al exterior de la demanda, ocasionan una imposibilidad real y manifiesta del juzgador de pronunciarse acerca de la pretensión invocada.
Analizado esto así es necesario y más complicado aún dejar a un lado las causas o presupuestos que motivan tales providencias y examinar mejor los efectos a producir
una vez rechazada la demanda. Con la reciente reforma, si la Inadmisibilidad lo será por el supuesto de los artículos 14 y 18 de la ley en comento, quiere decir que se deja
a salvo el derecho material y queda expedita la posibilidad de volverse a intentar la
acción, siendo, en su caso, eficaz la nueva demanda -presupuesto similar al que aparece ahora en la Ley Procesal de Familia-. Por el contrario (aún existiendo actualmente falta de regulación al respecto) la improcedencia queda para los demás casos, esto es, para los reclamos o peticiones manifiestamente improcedentes, lo cual, sin duda alguna, cierra la posibilidad de que pueda volverse a intentar eficazmente la demanda, pues de hacerlo se reiterará jurisdiccionalmente el rechazo sin trámite completo. Precisamente ese es el tenor de los artículos respectivos en el actual anteproyecto de la Ley Procesal Constitucional.
El que gravite en el ambiente jurídico-procesal acuerdo o desacuerdo al respecto; el que signifique una u otra cosa cada uno de los conceptos aludidos; o, peor aún, el que se hayan confundido como sinónimos durante tanto tiempo y hayan sido víctimas de los efectos de la indiferencia, no nos debe inhibir de clarificar, ordenar y difundir la manera de cómo debemos entender esto ahora y bajo que lineamientos el juzgador se
pronunciará al respecto. Es preciso entonces, más que iniciar discusiones sin sentido ni resultado, dejar de una vez en claro los supuestos que habilitan tales pronunciamientos
a todo nivel jurisdiccional y arraigar hacia adelante y hacia arriba concepciones
innovadoras que permitan el mantenimiento, conservación indefinida, y perpetuidad de la ciencia del derecho.
* Carlo Carli (Clemente Díaz) La demanda Civil. De. Lex, Buenos Aires. 1973, pag.
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