Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S57-05.html
Timestamp: 2015-01-29 10:23:16+00:00

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Eduardo Perales Martinez v. Chile, Caso 12.143, Informe No. 57/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME N° 57/05
5. El 22 de abril de 1999, la Comisión recibió una petición presentada por el señor Eduardo Perales Martínez en contra del Estado chileno, por la presunta violación de los derechos establecidos en los artículos 8, 13 y 25, de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1(1) del mismo estatuto. La petición fue distinguida con el número 12.143 y transmitida al Estado el 4 de mayo siguiente para que éste, en un plazo de noventa días, presentara las observaciones correspondientes. 6. El 30 de julio de 1999, el Estado solicitó a la Comisión una prórroga de 60 días para presentar su respuesta. El 3 de agosto del mismo año, la Comisión otorgó la prórroga solicitada por el Estado. El 29 de noviembre de 1999, la Comisión solicitó al Estado que diera respuesta en 30 días a la petición. El 21 de enero de 2000, la Comisión recibió información adicional del peticionario, la cual fue trasladada al Estado el 22 de febrero de 2000, otorgando un plazo de 60 días para la respectiva respuesta.
10. El 22 de abril de 1998 en la ciudad de Puerto Montt, tras la realización de un ensayo del desfile que se efectuaría para el aniversario de Carabineros, el entonces capitán de Carabineros, Eduardo Perales Martínez, se reunió en el Casino de la Unidad (área de descanso y relajación de personal de mando superior) con un grupo de seis oficiales a tomar un café. Dentro del marco de la conversación, el Capitán Perales relató un chiste que había escuchado durante su viaje a la capital. En líneas generales el chiste se refería a la distribución de recursos para el personal de Carabineros como “el sesenta y pico: sesenta por ciento para los oficiales y pico para el resto”[2]. En Chile, el término “pico” se emplea para aludir vulgarmente al órgano sexual masculino. Las personas que escuchaban se rieron y la conversación cambió de tema. 11. Inmediatamente el Capitán fue llamado por un oficial en grado de mayor, presente en el Casino, quien consideró sus comentarios indignos y ofensivos. Este oficial decidió denunciar lo ocurrido ante sus superiores de fuerza. Acusa la presunta víctima que días después, el General a cargo de la dotación de Puerto Montt, el Jefe de la 10º Zona de los Lagos, presionó al Capitán Perales para que renunciara voluntariamente. El Capitán Eduardo Perales Martínez se negó a hacerlo. Al día siguiente, el Comisario de la unidad de destacamento del Capitán Perales le comunicó que había sido ordenado su traslado a la Prefectura de Arauco, con asiento en la lejana ciudad de Lebu.
12. Paralelamente, el General Jefe de la 10º Zona ordenó iniciar una investigación informal de los hechos para determinar si las expresiones del capitán se habían realizado en broma o en serio, y con el fin de concluir si la presunta víctima había incurrido en el delito de sedición. En la investigación, la mitad de los oficiales presentes declararon que había sido una broma, mientras que la otra mitad adujo que había sido en serio. El proceso sumario fue adelantado por el Capitán de Justicia de Carabineros, Juan Pablo del Campo Merlet, asesor jurídico de la Prefectura de Llanquihue, quien concluyó que “no existen fundamentos legales para estimar que el hecho importa una conducta tendenciosa o sediciosa y que no cabe atribuir responsabilidad administrativa por esta situación, sin que pueda tipificarse falta disciplinaria alguna, aunque las expresiones sean groseras e impropias”[3]. 13. En contradicción con este informe, el General de Puerto Montt habría decidido informar de lo sucedido al General Director de Carabineros para que se adoptaran las medidas que considerara pertinentes. Además de los hechos relatados, se adjuntaron otros antecedentes disciplinarios del Capitán Perales que no tenían relación directa con estos hechos. Denuncia el peticionario que el Director de Carabineros, sin permitirle un proceso regular que lo declarara culpable, solicitó al Presidente de la República que dispusiera su destitución, la cual fue realizada mediante el Decreto Supremo No 304 del 3 de junio de 1998 expedido por el Ministerio de Defensa que ordena el retiro inmediato del funcionario, poniendo término a su carrera profesional de 13 años en la institución[4]. Se alega que este procedimiento fue desproporcionado, pues está reservado para casos de extrema gravedad, tales como atentados graves contra la estabilidad institucional. Además se alega que dicho decreto fue expedido de manera irregular pues no fue firmado por el Presidente de la República sino por un subsecretario subrogante que se desempeñaba como oficial de Carabineros.
14. El Capitán Perales interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago buscando la anulación del decreto. El 21 de agosto de 1998, la Corte de Apelaciones acogió las pretensiones del Capitán al encontrar que sus expresiones no tuvieron la intención ni gravedad para dar cabida a la aplicación del artículo 40 de la ley No 18.961 de 1990 “por muy discrecional que sea dicha facultad”[5]. En consecuencia, la Corte ordenó la reincorporación del Capitán a las filas en el cargo que desempeñaba al momento de los hechos. 15. La decisión fue apelada por la entidad demandada ante la Corte Suprema de Justicia. El 28 de octubre de 1998, la Corte Suprema revocó el fallo de primera instancia, aduciendo que la facultad ejercida por el Presidente para llamar a retiro al oficial mediante Decreto Supremo es una potestad privativa y exclusiva, y que al ejercerla no está obligado a fundamentar los motivos de su decisión. Argumenta el peticionario que con esta medida se declaró procedente una decisión discrecional del Ejecutivo (a pesar de que ésta modificaba totalmente las conclusiones de una investigación disciplinaria), la cual había sido fruto de un procedimiento en el que se demostró que la actuación del peticionario no era contraria a derecho, y por tanto, no le era aplicable una sanción administrativa. Así, el imperio de la ley y las reglas del debido proceso, de acuerdo con la decisión judicial, cederían ante el parecer subjetivo del gobernante, sin dejarle al afectado la oportunidad de controvertir judicialmente una medida sancionatoria. IV. POSICIONES DE LAS PARTES
17. Argumenta el peticionario que el Capitán Perales no tuvo las garantías propias del debido proceso. Se alega que el Capitán no tuvo acceso a procedimiento alguno, a ser oído, a un juez natural, ni a una decisión imparcial. Además se alega que la sanción le fue aplicada por un subordinado del General Director de Carabineros de Chile, quien ejerció una facultad que la ley no le confiere. El peticionario también alega la violación al derecho al debido proceso administrativo. Según el peticionario, por la misma falta, la presunta víctima fue sancionada en varias ocasiones. Así, mientras el mando superior ordenó el adelantamiento de la investigación, se trasladó al Capitán Perales a un área considerada como de castigo. La investigación sumaria concluyó con el informe del asesor jurídico de la Prefectura de Llanquihue, por lo cual el debido proceso administrativo obligaba a Carabineros a dar por agotada la investigación disciplinaria, constituyendo el traslado del Capitán Perales una sanción suficiente por el tono grosero de su expresión. No obstante, el alto mando decidió solicitar al Presidente una segunda sanción, consistente en la destitución del Capitán. 18. Agrega el peticionario que adicionalmente a la violación de su derecho al debido proceso, no tuvo un recurso efectivo ante tribunal competente, donde podría haber interpuesto un recurso en contra de la violación de sus derechos, y que además fue condenado por actos que no constituyen delitos, de acuerdo a la ley vigente en ese momento, y que fue violada su libertad de expresión. El peticionario alega que el Estado de Chile con su conducta ha violado los siguientes derechos a su perjuicio: el articulo 8(1), el artículo 25(1), el artículo 9 y el artículo 13(1).
19. Respecto a las cuestiones de admisibilidad, el peticionario afirma haber agotado la jurisdicción interna con el fallo final de la Corte Suprema de Justicia del 28 de octubre de 1998. Afirmó haber presentado la petición dentro de un término razonable y no haber recurrido ante otro procedimiento de arreglo internacional. B. Posición del Estado
25. En consecuencia, el Estado solicita que la petición sea declarada inadmisible debido a que los hechos descritos por la petición no caracterizan una violación a los derechos protegidos por la Convención Americana. El Estado en la contestación de la denuncia no argumentó la falta de agotamiento de los recursos internos u otra causal formal de inadmisibilidad de la petición. V. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD
32. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 46(1)(c) de la Convención. 4. Caracterización de los hechos alegados
35. El parámetro de apreciación de estos extremos es diferente del requerido para decidir sobre los méritos de una denuncia. La Comisión debe realizar una evaluación prima facie para examinar si la denuncia fundamenta la aparente o potencial violación de un derecho garantizado por la Convención y no para establecer la existencia de una violación. Tal examen es un análisis sumario que no implica un prejuicio o un avance de opinión sobre el fondo. El propio Reglamento de la Comisión, al establecer dos claras etapas de admisibilidad y fondo, refleja esta distinción entre la evaluación que debe realizar la Comisión a los fines de declarar una petición admisible y la requerida para establecer una violación. 36. La Comisión encuentra que los hechos del caso presentan importantes cuestiones sobre los límites de las decisiones discrecionales en un Estado de Derecho y su relación con la Convención Americana. En particular, la Comisión analizará en la etapa de fondo respectiva, si los parámetros establecidos por la Convención admiten que una decisión puramente discrecional, tomada por el Presidente de la Republica, a proposición del general Director de Carabineros, a dar de baja un oficial de Policía, puede validamente destituirlo cuándo afecta derechos individuales reconocidos bajo la Convención Americana y la Constitución chilena. ¿Tiene derecho un oficial de policía a un debido proceso en un procedimiento administrativo de carácter disciplinario -establecido por ley-, y el derecho a defenderse en contra de los cargos presentados? Y en caso de una respuesta afirmativa, ¿cuales son las garantías requeridas para un debido proceso? Además, que propósito tiene brindar garantías de debido proceso al acusado, si la última decisión sobre su remoción puede ser tomada por el Presidente, y ser puramente discrecional? Si bien, la Comisión admite que los Estados tienen la competencia de ejercer determinadas facultades discrecionales en el ejercicio de algunas de sus decisiones políticas de gobierno –por ejemplo, la designación y remoción de altos funcionarios de política como los Ministros de Despacho-, lo que determinará la Comisión en el presente caso es si, de acuerdo con la Convención Americana, pueden invocarse dichas facultades discrecionales para afectar situaciones que involucran el ejercicio de derechos individuales. Finalmente, la Comisión entiende que deberá analizar los límites permisibles a la libertad de expresión de las fuerzas de seguridad del Estado. En este sentido, la Comisión encuentra que la cuestión que se debate podría caracterizar violaciones a los artículos 8, 13 y 25 de la Convención Americana. VI. CONCLUSIONES
1. Declarar admisible el caso bajo estudio, en relación con los artículos 8, 13, 25 de la Convención Americana en concordancia con las obligaciones establecidas en los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento. 2. Notificar esta decisión al Estado y al peticionario.
[5] Corte de Apelaciones de Santiago, Sentencia de 21 de agosto de 1998, Rol No. 3.018-98, Considerando 2º. [6] Véase, Respuesta del Estado de 27 de junio de 2000.
[8] Posición del Estado en la Audiencia de Admisibilidad desarrollada durante el 122º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión. Inicio || Tratados || Busca || Enlaces

References: artículo 1
 artículo 40
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 13
 artículo 46