Source: http://elderechoenmxico.blogspot.com/2009/03/responsabilidades-de-los-servidores.html
Timestamp: 2018-08-20 04:37:47+00:00

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El Derecho en México: Responsabilidades de los Servidores Públicos
Toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se constituye en un medio de control del poder, en la misma encontramos diversas disposiciones que regulan la actividad del Gobierno, así tenemos por ejemplo que el artículo 49, establece la aplicación del Principio de Separación de Poderes.
En los artículos 14 y 16, encontramos parte de las garantías de seguridad jurídica que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares, las cuales deben de darse bajo ciertas condiciones, máxime cuando se trata de actos de afectación a la esfera jurídica de los gobernados.
De los artículos anteriormente señalados se desprende la aplicación del Principio de Legalidad, en virtud del cual las autoridades solamente podrán realizar aquellas actividades que se encuentran determinadas de forma precisa en un ordenamiento jurídico.
Pero además, dentro del texto constitucional, encontramos una serie de disposiciones que regulan en particular la actividad de los servidores públicos.
En ese sentido resulta importante señalar que en virtud de que Estado, es una forma de organización social, para cumplir con su finalidad (la satisfacción de las necesidades fundamentales de los integrantes del grupo social), así como desarrollar sus actividades (funciones del Estado), requiere de representantes, a quienes se les delega la representación de la soberanía popular. Dichos representantes, desempeñan una función en nombre del Estado, de ahí que por la naturaleza propia de la finalidad estatal, se les denomine como servidores públicos.
Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 108, párrafo primero, establece quienes serán considerados servidores públicos, ya que a la letra señala:
“Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se reputaran como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsable por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.”
De lo anterior, podemos concluir en un sentido muy limitado quizá, pero que no deja lugar a dudas, que se reputara como servidor público a toda persona que desempeñe un cargo, empleo o comisión en cualquiera de los tres poderes federales, así como en los llamados organismos constitucionales autónomos. Esas personas, en razón de que desempeñan una labor representando al Estado y que su labor además de apegarse al principio de legalidad, se encuentra encaminada a desarrollar una función pública, ven regulada su conducta como servidores públicos, en los términos que se refiere el Título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, De las Responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado.
De los artículos 108 al 113 constitucionales encontramos los principios básicos que regulan el desempeño de los servidores públicos, previendo que las omisiones y deficiencias en que incurran en el desempeñó de su cargo, podrá dar lugar a la configuración de distintos tipos de responsabilidad.
Las responsabilidades en que puede incurrir un servidor público durante el desempeño de sus funciones, ya sea por omisión o por actuar de forma indebida serán:
· Civil,
· Penal,
· Administrativa, y
La responsabilidad civil, se presenta cuando por culpa del Estado, o más bien de las acciones u omisiones de sus funcionarios se genera un menoscabo en el patrimonio de los particulares, por lo que este tipo de responsabilidad, puede ser definida como “la obligación de carácter civil de reparar el daño pecuniario causado directamente por el obligado a la reparación o por las personas o cosas que estén bajo su cuidado”[1].
Anteriormente este tipo de responsabilidad se regulaba en el Código Civil, pero en el año dos mil cuatro, se expidió la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en la cual se regula cual es el procedimiento que debe seguirse por parte de los particulares que consideren tiene derecho a obtener una indemnización por parte del Estado.
Con relación a la responsabilidad penal de los servidores públicos, debemos de estar principalmente a lo dispuesto por el Código Penal Federal, el cual en sus artículos que van del 212 al 227, establece cuales serán delitos, cuyo requisito de procedibilidad es que sean cometidos por servidores público, es decir, serán aquellos que regulan en particular la actuación y el desempeño de los servidores públicos.
Asimismo, debemos de estar a lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al procedimiento de Declaración de procedencia, seguido ante la Cámara de Diputados y que se regula por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Por lo que hace a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, la cual podemos considerar la más común, se encuentra regulada por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores públicos, aunque hay que señalar que respecto del Distrito Federal continua vigente en el ámbito administrativo la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esta responsabilidad surge por el incumplimiento o inobservancia de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a que se refiere el artículo 113 constitucional.
Derivado de esta responsabilidad la autoridad administrativa, es decir, los Órgano Internos de Control así como la Secretaría de la Función Pública, podrán imponer como sanciones la amonestación, pública o privada; la suspensión del empleo que podrá ser de tres días hasta un año; la destitución del puesto; la sanción económica y la inhabilitación, la cual podrá ser de uno hasta veinte años, dependiendo de si la irregularidad se considera como grave o no, lo cual se hace en términos de los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Es de señalarse que dentro de la responsabilidad administrativa, podemos incluir la de carácter financiero, es decir, la normalmente denominada como resarcitoria y que se deriva de la restitución que el servidor público deberá de hacer cuando con su omisión o negligencia haya causado un daño al erario público, la cual en términos del artículo 113 constitucional podrá ser hasta de tres tantos del daño causado o el beneficio obtenido.
Respecto de la responsabilidad política, se regula mediante la figura del denominado juicio político, el cual se encuentra regulado por el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual será substanciado ante la Cámara de Diputados y resuelto por la Cámara de Senadores. Dicho procedimiento se regula también de conformidad con las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
[1] MARTÍNEZ ALFARO. Joaquín. Teoría de las Obligaciones. Porrúa, 1989, p. 146.
Publicado por Gabriela Buendía y Adolfo Ramírez en 18:49
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References: artículo 49
 artículo 108
 artículo 11
 artículo 113
 artículo 113
 artículo 110