Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/200379-469-27617-2017-17-0649.HTML
Timestamp: 2019-05-23 18:17:20+00:00

Document:
Exp. 17-0649
El 13 de junio de 2017, el ciudadano TAREK WILLIANS SAAB, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado con el número 46.262, en su carácter de “DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA”, según se evidencia del nombramiento realizado por la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.567, de fecha 22 de diciembre de 2014, actuando de conformidad con las atribuciones conferidas en los numerales 1 y 3 del artículo 281 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el artículo 2 y en los numerales 2 y 3 del artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, presentó ante esta Sala Constitucional RECURSO DE INTERPRETACIÓN de los artículos 49, 280, 281 y 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 2, 4, 15, 66 y 67 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; artículos 1, 10, 11, 12, 13 y 124 del Código Orgánico Procesal Penal.
El 19 de junio de junio de 2017, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Juan José Mendoza Jover.
En esa misma fecha, los ciudadanos José Diego Castillo Centeno y José Antonio Castillo Suárez, titulares de las cédulas de identidad números 23.423.145 y 7.210.067, respectivamente, y el segundo, abogado en ejercicio inscrito en el Inpreabogado bajo el número 30.911, señalaron actuar en defensa del “estado-nación”, y que se adherían a la solicitud de interpretación interpuesta por el ciudadano Defensor del Pueblo, y adicionalmente, requirieron la interpretación del artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En escrito presentado el 19 de junio de 2017, los abogados Yvett Lugo Urbáez, Carlos Alfonso Prince A, Elinor Teresa Montes Méndez y Elenis Rodríguez Martínez, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 25.955, 39.018, 29.855 y 67.039, respectivamente, solicitaron se declare improcedente la solicitud del Defensor del Pueblo.
Ese mismo día, el abogado Sergio Urdaneta actuando en su propio nombre, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 45.558, así como los ciudadanos Marlene Sifontes Guevara y José Matute, titulares de las cédulas de identidad nros. 7.228.521 y 9.119.935, respectivamente, asistidos por el prenombrado abogado, solicitaron que se declare inadmisible o en su defecto improcedente la solicitud formulada por el Defensor del Pueblo.
En diligencia de la misma fecha, 19 de junio de 2017, el abogado Luis Erison Marcano López, actuando en su carácter de Fiscal Sexto del Ministerio Público para actuar ante la Sala Plena y las Salas Constitucional, Político-Administrativa y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, solicitó se “…le expidan copias simples del libelo que dio inicio a esa causa a los fines de tener conocimiento de su contenido”.
Posteriormente, se acordó decidir en forma conjunta el presente asunto.
Realizado el estudio del expediente, se pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
DEL RECURSO DE INTERPRETACIÓN
El ciudadano TAREK WILLIANS SAAB, en su condición de Defensor del Pueblo, solicitó la interpretación de los artículos 49, 280, 281 y 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los artículos 2, 4, 15, 66 y 67 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; y los artículos 1, 10, 11, 12, 13 y 124 del Código Orgánico Procesal Penal, con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho, siguientes:
Que la Defensoría del Pueblo es una institución creada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, con el propósito de promover, defender, vigilar los derechos y garantías establecidos en la misma y en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos.
Que tiene competencia para interponer acciones judiciales de manera directa o participar en los procesos judiciales incoados por personas diferentes a la Defensoría del Pueblo, con tal que en ellos estén involucrados derechos humanos o intereses colectivos o difusos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 y 281, numerales 1 y 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que el artículo 15, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece lo siguiente:
Que conforme a lo anterior, la Defensoría del Pueblo tiene la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías constitucionales.
Que la interposición del presente recurso se “…justifica en vista del riesgo manifiesto de que se materialice una lesión al derecho constitucional establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual debe aplicarse en todas las actuaciones judiciales y administrativas y en las cuales esta Institución Nacional está llamada a participar como garante de la protección del mencionado derecho”.
Que “…en el cumplimiento de los objetivos señalados a la Defensoría del Pueblo, pudiera generarse una confusión en la participación de esta Institución ante el Sistema de Justicia, en las acciones que conllevan al esclarecimiento o investigación de casos de presunta vulneración de derechos constitucionales, por cuanto en la práctica se ha evidenciado el impedimento que se le da a la Defensoría del Pueblo para acceder a los datos, documentos expedientes y cualquier otra información que sean útiles para la investigación”.
Que los artículos 66 y 67 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establecen el deber de colaboración preferente y urgente, sin dilaciones indebidas por parte del funcionario o funcionaria que posea la información requerida, aun cuando esta por disposición legal tenga reserva, de igual manera estará obligada a mantener dicha reserva.
Que la Constitución de 1999, define al Estado como Democrático y Social de Derecho y de Justicia como valores superiores la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia y la preeminencia de los derechos humanos (ver artículo 2).
Que la “noción de Estado establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se le adicionó el adjetivo justicia, el cual matiza el paradigma del imperio de la ley y lo somete al imperio de la justicia”.
Que el artículo 3 de la Constitución, “ratifica al Estado venezolano en su carácter garantista, respetuoso y protector del ser humano y de su dignidad, en pro de la paz y de una sociedad justa, como instrumento para alcanzar la felicidad de la sociedad y de sus individuos”.
Que, el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ratifica al Estado venezolano su carácter garantista, respetuoso y protector del ser humano así como de su dignidad, en pro de la paz de una sociedad más justa como instrumento para alcanzar la felicidad de la sociedad y los individuos que la conforman.
Que, de igual forma el artículo 19 eiusdem establece la obligación del Estado de garantizar conforme el principio de progresividad, que no exista discriminación alguna, por lo que cada persona goza de manera irrenunciable e indivisible de los derechos humanos.
Que la estricta supervisión del cumplimiento y garantía de los mismos, depende de los órganos del Poder Público, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Tratados Internacionales en Derechos Humanos ratificados por Venezuela así como las demás leyes que integran el cuerpo normativo del ordenamiento jurídico venezolano.
Que, de igual manera el Estado está obligado por mandato constitucional a investigar así como sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Inclusive tomar todas las acciones necesarias atinentes a sancionar los “delitos de lesa humanidad”, violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de guerra, que son imprescriptibles; delitos que están excluidos de los beneficios del indulto y la amnistía, que puedan conllevar su impunidad.
Que, a los fines de cumplir con la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidas en la Constitución, se creó la Defensoría del Pueblo “…como uno de los órganos integrantes que conforman el Poder ciudadano, ello según lo establecido en los artículo 273 y 280 de nuestra Carta Magna, estando sus atribuciones contenidas en su artículo 281”.
Que, el numeral 1 del referido artículo 281, establece como atribución del Defensor o Defensora del Pueblo el velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos, para lo cual podrá interponer lo que considere necesario de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3, por mencionar algunas acciones la de inconstitucionalidad, amparo, hábeas corpus, hábeas data, entre otras, así como cualquier otro recurso que fuese preciso para ejercer las atribuciones antes señaladas.
Que el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo en sus numerales 1, 3, 5, 6 y 8, desarrolla las competencias de la Defensoría del Pueblo con relación a las investigaciones que debe desplegar para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, ya sea de oficio o a instancia de parte.
Que de llegarse a presentar la vulneración de cualquiera de los derechos humanos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo faculta, en su artículo 66, a dicha institución iniciar y proceder de oficio o a petición de parte, a las verificaciones e investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, pudiendo comparecer inclusive sin previo aviso a oficinas y locales públicos y privados para obtener los datos e informaciones necesarias para la investigación, realizar visitas, estudiar expedientes, documentación, antecedentes y cualquier otro elemento que sea útil a juicio de la institución para la prosecución de la investigación.
Que el artículo 67 de la referida ley ordena a todos los organismos y personas (ver artículo 7) permitir el acceso en forma preferente y urgente a la información de cualquier índole que le sea requerida por esta institución de Derechos Humanos, así como al suministro, de igual manera preferente y urgente, de las copias que de los mismos sean solicitadas, sin que sea posible oponer reserva alguna.
Que, al estar frente a la presunta violación de un derecho humano, la acción derivada de la comisión de un hecho punible previsto en la normativa sustantiva de tipo penal, presenta controversia en el Sistema de Administración de Justicia, en cuanto a las competencias asignadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y sobreponen a las establecidas a la Defensoría del Pueblo, en los artículos 280 y 281, del Texto Fundamental.
Que, como consecuencia de dicha controversia, se han generado distintas interpretaciones por algunos operadores de Justicia (Ministerio Público, Tribunales de la República, los órganos de la administración penal, los auxiliares, los funcionarios de justicia y el sistema penitenciario) que han limitado el ejercicio de las acciones defensoriales de esta Institución Nacional de derechos humanos.
Que, así las cosas es por lo que consideran de sumo interés interponer el presente recurso de interpretación, a fin de dilucidar los siguientes planteamientos:
PRIMERO: Si a los fines, competencias y atribuciones que le confieren a esta Institución Nacional de Derechos Humanos, los artículos 280 y 281 constitucional, en concordancia con los artículos 2, 4, 15 y 66 de la Ley Orgánica de la Defensoría de Pueblo y el segundo aparte del artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal, se ven limitadas por las atribuciones conferidas al Ministerio Público por el artículo 285 de nuestra Carta Magna, en lo que se refiere a abrir una investigación y el tener acceso a las actuaciones que conforman la misma, cuando exista la violación de un Derecho Humano y esta sea derivada de la comisión de un hecho punible.
SEGUNDO: Si el hecho que el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal, establezca que todos los actos de la investigación serán reservados para los terceros, constituye un impedimento para que el Ministerio Público, los tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar, los órganos auxiliares de justicia y los centros policiales y penitenciarios permitan el acceso de la Defensoría del Pueblo a revisar las actuaciones procesales que cursen en esos tribunales, aun en aquellos casos en que no le sea delegado por parte de la persona ofendida, a tenor de lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, la asistencia especial para que la represente en materia de derechos humanos, a pesar de las competencias y atribuciones que a la Institución que represento le confiere los artículos 49, 280 y 281 constitucional, en concordancia con los artículos 2; 4; 15 y 66 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
Tercero: Si el hecho que el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal, establezca que todos los actos de la investigación serán reservados para los terceros, constituye un impedimento para que los tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar permitan el acceso a la Defensoría del Pueblo cuando la persona ofendida, mediante la figura de la asistencia especial establecida en el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, le sea (sic) la otorgue.
CUARTO: Si en el marco de sus competencias de investigaciones la Defensoría del Pueblo puede promover pruebas, ordenar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen determinadas experticias, presenciar la realización de experticias tales como levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, entre otras, así como estar presentes y participar activamente en todas las audiencias del proceso penal incluidas las pruebas anticipadas, audiencias preliminares y de juicio, todos en aras del cumplimiento de los fines constitucionales.
Ello así con fundamento en lo anterior, el Defensor del Pueblo ciudadano Tarek Willians Saab solicitó la interpretación de los artículos 49, 280, 281 y 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de los artículos 2, 4, 15, 66 y 67 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; los artículos 1, 10, 11, 12, 13 y 124 del Código Orgánico Procesal Penal, en procura del establecimiento del sentido y alcance del ejercicio de las competencias conferidas a esta Defensoría del Pueblo, especialmente en lo relacionado al despliegue de la investigación en los procesos penales, y su participación dentro de todas las fases del proceso como garante de los derechos humanos en las actuaciones judiciales y administrativas.
Finalmente, solicitó:
PRIMERO: Que el presente Recurso de Interpretación sea, admitido, tramitado y sustanciado conforme a Derecho.
SEGUNDO: Que el presente Recurso de Interpretación sea declarado CON LUGAR, y en consecuencia sea efectuada la correcta interpretación del alcance, contenido, aplicación y extensión de los artículos mencionados.
ESCRITO DE ADHESIÓN
Mediante escrito presentado, el 15 de junio de 2017, los ciudadanos José Diego Castillo Centeno y José Antonio Castillo Suárez, titulares de las cédulas de identidad números 23.423.145 y 7.210.067, respectivamente, y el segundo, abogado en ejercicio inscrito en el Inpreabogado bajo el número 30.911, señalaron actuar en defensa del “estado-nación”, y que se adherían a la solicitud de interpretación interpuesta por el ciudadano Defensor del Pueblo, y adicionalmente, requirieron la interpretación del artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En primer lugar, respecto a la “FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO, LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS”, los referidos ciudadanos señalaron que el día 16 de octubre de 2011, en el programa José Vicente Hoy, la Ministra Iris Valera cuestionó la constitucionalidad del artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal. Explicaba que la libertad de un ciudadano dependía de la atribución de un fiscal del Ministerio Público, cuando ante una decisión del tribunal que acordaba la libertad de aquel, el referido funcionario apelaba suspendiéndose los efectos de la sentencia liberatoria por disposición del referido artículo.
Que era necesario precisar, si el Ministerio Público, dada sus múltiples atribuciones, puede ejercer efectivamente la función garantizadora del cumplimiento de los derechos ciudadanos en cualquier proceso penal.
Que los Fiscales del Ministerio Público solo ejercen las funciones inquisitivas: Investigar, imputar y acusar, y que la obligación de defensa no existe en su actividad concreta.
Que podría inferirse que parte del problema relacionado al hacinamiento de las cárceles lo constituye la inactividad de la defensa de los derechos ciudadanos por parte del Ministerio Público, o a la falta de un órgano distinto y autónomo que ejerza esa función.
Que, el problema consistía en que al Ministerio Público se le han pretendido asignar roles que le son incompatibles y que se oponen entre sí:
1.- Es parte de buena fe o garantizador de los derechos y garantías constitucionales en la investigación y el proceso penal,
2.- Órgano de Investigación,
3.- Ente acusador (titular de la acción penal).
Asimismo, indicaron que la multiplicidad de funciones a las cuales se ven sometidos los fiscales del Ministerio Público, priva, en su decir, la imparcialidad del órgano, y permite un marco amplio de discrecionalidad al funcionario, máxime cuando éste no está obligado a fundamentar sus decisiones de manera precisa e inequívoca.
Que, el hacinamiento de los retenes y cárceles en gran parte es debido a lo explicado, haciéndose necesario, en su criterio, que la función de investigación y acusadora deba quedar en manos del Ministerio Público exclusivamente y la función defensora de los derechos humanos en un organismo distinto, autónomo e independiente.
Que la Defensoría del Pueblo tiene prevalencia jerárquicamente en sus funciones como velador de los derechos humanos, no solo por encima de los demás órganos del poder público, sino incluso sobre los demás órganos del Poder Ciudadano.
Que el Defensor del Pueblo, no solo está “blindado” con la prerrogativa de la inmunidad, sino que para ser investigado o enjuiciado debe mediar un antejuicio de mérito, tal como lo establece el artículo 266, numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que, a pesar de las prerrogativas que le atribuyen la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la Defensoría del Pueblo se constituye en inoperante en la fase de investigación y en el proceso judicial penal, por lo que, a su decir, se hace necesaria una actitud más activa de esta institución.
Que era necesario actualizar las normativas existentes para dar potestad o poderes a los defensores del pueblo.
Que, del desarrollo que los constituyentistas realizan sobre las competencias tanto del Ministerio Público como de la Defensoría del Pueblo, no cabía duda que se está en presencia de dos órganos completamente diferenciados y que uno de ellos, la Defensoría Pública, es de mayor trascendencia en el marco del mantenimiento del sistema democrático y tiene fuero atrayente sobre los delitos que contra estos se cometan.
En segundo lugar, con relación a la “LEGITIMIDAD DE LA CIUDADANA LUISA ORTEGA DÍAZ PARA ACTUAR CON LA CUALIDAD DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN REPRESENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEMÁS INTERESES LEGÍTIMOS DE TODOS Y TODAS LAS CIUDADANAS Y LOS CIUDADANOS”, los referidos ciudadanos señalaron que las atribuciones específicas del o la Fiscal General de la República se encuentran en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y que en ninguno de los veintidós numerales de dicho artículo aparece incluido el de actuar en nombre y representación de todos los venezolanos o venezolanas.
Que la ciudadana Luisa Ortega Díaz ha venido afirmando ante los medios de comunicación, que actúa para defender los derechos humanos que se ven, a su decir, afectados por la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, así como de otros actos emanados de la Sala Constitucional, desconociendo que, conforme a los artículos 280 y 281 de la Constitución, y los artículos 2, 4, 7 y 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, esa atribución le compete al Defensor del Pueblo.
Que la ciudadana Luisa Ortega Díaz, con su actitud, pretende:
1.- Desconocer el derecho de más de cincuenta y cuatro mil postulados a la Asamblea Nacional Constituyente.
2.- Negar la posibilidad de ser electos a la Asamblea Nacional Constituyente, a la participación democrática.
3.- Que la soberanía no pueda expresarse.
4.- Impedir que el pueblo elija los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.
En tercer lugar, respecto de la “ALTERNATIVA AL ABANDONO DE SUS FUNCIONES POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO”, indicaron que la investigación sobre las denuncias a las violaciones de los derechos humanos es una atribución de la Defensoría del Pueblo y no del Ministerio Público.
En cuarto lugar, los ciudadanos José Diego Castillo Centeno y José Antonio Castillo Suárez solicitaron la interpretación del artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala: “Las violaciones de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios”.
Que, sobre este punto, surge la duda en determinar si existen violaciones de derechos humanos que no constituyan delitos o en realidad el referido artículo 29 solo se refiere a los delitos contra los derechos humanos y no de otras violaciones de los derechos humanos.
Que, pareciera que el referido artículo señala tres supuestos:
1.- Delitos contra los derechos humanos.
2.- Delitos de lesa humanidad.
3.- Crímenes de guerra.
Por último, los referidos ciudadanos solicitaron sean admitidos como terceros adherentes a la solicitud del Defensor del Pueblo y sea acumulada su petición a la del Defensor del Pueblo.
ESCRITOS SOLICITANDO DECLARATORIA DE INADMISIBILIDAD Y EN SU DEFECTO LA IMPROCEDENCIA
Mediante escrito presentado en autos, el 19 de junio de 2017, los abogados Yvett Lugo Urbáez, Carlos Alfonso Prince A, Elinor Teresa Montes Méndez y Elenis Rodríguez Martínez, inscritos en el INPREABOGADO con los números 25.955, 39.018, 29.855 y 67.039, respectivamente, solicitaron lo siguiente:
Que es un hecho público y notorio que el día 13 de junio de 2017, el ciudadano Defensor del Pueblo acudió ante esta Sala Constitucional a objeto de solicitar la interpretación del artículo 281 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que pueden intervenir como terceros interesados sin necesidad de que tal solicitud sea previamente admitida en cuanto ha lugar en derecho.
Señalaron que la Sala Constitucional ya tiene precisada las excepcionales atribuciones de la Defensoría del Pueblo en el ámbito judicial en sentencia número 937 del 13 de junio de 2008.
Que de no ser claro el antes identificado fallo -937-, existen tres sentencias más sobre las cuales solicitamos desestimar la pretendida interpretación la sentencia número 656 del 30 de junio de 2000, número 1938, del 15 de julio de 2003, 207 del 31 de marzo de 2014, todas de la Sala Constitucional.
Por lo que, en atención al carácter vinculante de las sentencias emanadas de esta Sala Constitucional en materia de interpretación “nada tiene esa [esta] instancia que aclarar, ni interpretar. Menos aún pretender por tal mecanismo procesal la modificación de la CRBV. Por consiguiente pedimos [pidieron] se declare improcedente la mencionada solicitud del ciudadano Defensor del Pueblo”.
.- Mediante escrito presentado el 19 de junio de 2017, el abogado Sergio Urdaneta actuando en su propio nombre, así como los ciudadanos Marlene Sifontes Guevara y José Matute, asistidos por el prenombrado abogado Sergio Urdaneta, contentivo de los argumentos que a continuación se exponen:
Que se “‘declare inadmisible o en su defecto declare improcedente’, la solicitud hecha por el Doctor Tarek William Saab, Defensor del Pueblo”.
Que “fundamentamos la oportunidad procesal para oponernos” respecto de la solicitud hecha por el Defensor del Pueblo “sobre las competencias” de la Defensoría del Pueblo.
Que lo planteado es una inepta acumulación de pretensiones toda vez que se plantea una “controversia constitucional” entre dos órganos del Estado.
Que para fundamentar la presente solicitud lo hacen, en el hecho comunicacional reflejado “profusamente en los medios de comunicación a partir del 13/6/2017, se desprenden titulares, destacados que señalaron que El Defensor del Pueblo pide al TSJ aclaratoria sobre competencias de la Defensoría”.
Que de igual manera lo hicieron con el trascrito de la cadena Unión Radio de fecha 13/6/2017.
Que se debe precisar si la demanda cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y no se encuentra incursa en ninguna causal de inadmisibilidad de las previstas en el artículo 133 eiusdem.
Que se valore “como acreditado nuestro interés legítimo como ciudadanos venezolanos, para solicitarle a la Sala Constitucional declare inadmisible o en su defecto improcedente, la solicitud hecha por el Doctor Tarek William Saab, Defensor del Pueblo, sobre las competencias de la Defensoría del Pueblo en materia de investigación de violaciones a los derechos humanos”.
Que solicitan a la Sala Constitucional se pronuncie en cuanto a su inadmisión “en el caso que la demanda haya sido presente sin ésta (sic) documentación “.
Que la demanda debe ser declarada inadmisible conforme a los numerales 1, 2 y 4 del artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Que es inútil e impertinente lo solicitado por el Defensor del Pueblo y con fundamento en ello se declare inadmisible.
Que el numeral 1 del artículo 281 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es claro y no requiere de interpretación.
Que las competencias del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo “están claras” y así lo dejó establecido el propio Defensor del Pueblo cuando establece en su declaración, que la “Defensoría del Pueblo tiene cualidades inequívocas de investigar violaciones a los derechos humanos”.
Que el Defensor del Pueblo “incurrió en inepta acumulación de pretensiones… mediante la interpretación del contenido y alcance de los artículos 280 y 281 de la Constitución…que son dos acciones distintas autónomas que se excluyen mutuamente”.
Que solicitan la inadmisibilidad del presente recurso de interpretación toda vez que no se justifica volver a resolver cuando ya fue resuelto por la Sala Constitucional en sentencia número 656 del 30 de junio de 2000, caso: Defensoría del Pueblo y sentencia número 395 del 21 de noviembre de 2011, caso: Representación del Pueblo”.
Que debe declararse improcedente por pretender subvertir el orden constitucional en abierta violación de los artículos 136, 137 y 138 de la Constitución.
Que lo pretendido por la Defensoría del Pueblo es usurpar las funciones propias del Ministerio Público.
Que la Defensoría del Pueblo, con su propuesta “debilita la vigilancia y defensa de los derechos humanos al pretender concentrar en forma exclusiva la investigación en materia de violaciones a los derechos humanos, debilitando el marco de protección por lo que solicitamos a los señores Magistrados y Magistradas desestimar tal pretensión por ser contraria al interés de los ciudadanos”.
Finalmente, solicitaron:
1. Que se valore la solicitud para que la Sala Constitucional ‘declare inadmisible o en su defecto improcedente, la solicitud de aclaratoria hecha por el Doctor Tarek William Saab, Defensor del Pueblo, sobre las competencias de la Defensoría del Pueblo en materia de investigación de violaciones a los derechos humanos.
2. Que la Sala declare la inadmisibilidad de la pretensión de la Defensoría del Pueblo. (…).
Previo a cualquier pronunciamiento, pasa esta Sala a determinar su competencia para conocer el presente recurso de interpretación y, al respecto, observa:
En sentencia número 1077 del 22 de septiembre de 2000 (caso: Servio Tulio León), esta Sala determinó su competencia para interpretar el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem.
Al respecto, esta Sala ha precisado que la facultad interpretativa está dirigida a que la norma a interpretar esté contenida en la Constitución (sentencia número 1415 del 22 de noviembre de 2000, caso: Freddy Rangel Rojas, entre otras) o integre el sistema constitucional (sentencia número 1860 del 5 de octubre de 2001, caso: Consejo Legislativo del Estado Barinas), del cual formarían parte los tratados o convenios internacionales que autorizan la producción de normas por parte de organismos multiestatales (sentencia número 1077 del 22 de septiembre de 2000, caso: Servio Tulio León) o las normas de carácter general dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente (sentencia número 1563 del 13 de diciembre de 2000, caso: Alfredo Peña).
En el presente caso, se ha solicitado la interpretación de los artículos 49, 280, 281 y 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los artículos 2, 4, 15, 66 y 67 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; y los artículos 1, 10, 11, 12, 13 y 124 del Código Orgánico Procesal Penal.
En este sentido, estima esta Sala que con relación a la norma constitucional, así como lo que concierne a la interpretación de los artículos 2, 4, 15, 66 y 67 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo; y los artículos 1, 10, 11, 12, 13 y 124 del Código Orgánico Procesal Penal, a pesar de tener estas últimas disposiciones rango legal, ellas guardan una estrecha vinculación con la norma constitucional -sólo como desarrollo de esta última- razón por la cual, este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los artículos 25 numeral 17 y 31 numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se declara competente para conocer de la interpretación de las referidas normas; y así se declara.
Establecido lo anterior, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso interpuesto y, al respecto, observa que en la sentencia número 1029 del 13 de junio de 2001 (caso: Asamblea Nacional), este órgano jurisdiccional precisó los requisitos de admisibilidad del recurso de interpretación constitucional, en atención a su objeto y alcance. En este sentido, estableció lo siguiente:
1.- Legitimación para recurrir. Debe subyacer a la consulta una duda que afecte de forma actual o futura al accionante.
La Sala advierte que, en el caso de autos, el recurrente demostró el cumplimiento efectivo de cada uno de los requisitos señalados supra; en efecto, este órgano jurisdiccional reconoce la legitimidad de la parte actora, debido a la titularidad que ostenta como Defensor del Pueblo designado por la Asamblea Nacional, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.567 del 22 de diciembre de 2014.
En segundo lugar, la acción fue planteada por el Defensor del Pueblo bajo la premisa de establecer el sentido y alcance del ejercicio de las competencias conferidas a la Defensoría del Pueblo, especialmente en lo relacionado al despliegue de la investigación en los procesos penales y su participación dentro de las fases del proceso como garante de los derechos humanos en las actuaciones judiciales y administrativas.
Asimismo, la presente solicitud de interpretación representa una novedad ya que este órgano jurisdiccional no ha establecido criterio sobre las interrogantes planteadas en esta ocasión, en relación a la norma constitucional invocada.
No existen vías ordinarias a las cuales pudiese acudir para dilucidar su pretensión, ni acumulación con otra acción con la que pudiese excluirse mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles.
Además, la acción fue presentada en términos claros, en ausencia de conceptos ofensivos y con los documentos indispensables para verificar su admisibilidad.
En atención a las anteriores consideraciones, esta Sala admite la interpretación solicitada; y así se decide.
Por otra parte, en relación con los terceros, esta Sala observa que los mismos no demostraron tener interés legítimo para intervenir en la presente causa, y por tanto, se desestiman de conformidad con lo establecido en las sentencias n° 1077 del 22 de septiembre de 2000, caso Servio Tulio León, y n° 1029 del 13 de junio de 2001, caso Asamblea Nacional. Así se decide.
De seguidas, el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente otorgó la palabra a la Comisión, interviniendo el Constituyente Miguel Madriz Bustamante, quien indicó “con respecto a la probable colisión de funciones entre el Fiscal del Ministerio Público y el defensor del Pueblo, ya antes que se iniciara esta discusión, lo estuvimos hablando con el Constituyente Freddy Gutiérrez, aclarándole que en el numeral 4 queda claro que el Defensor del Pueblo solicita al Fiscal ‘todas las acciones o recursos a que hubiere lugar contra funcionarios públicos responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos’ pero que, asimismo, el mismo Defensor del Pueblo está facultado, goza de legitimidad, para interponer recursos ante los órganos jurisdiccionales cuando se trate, de actos que atente contra los derechos humanos y contra los intereses legítimos colectivos y difusos” (resaltado de este fallo).
Por último, los artículos 1, 10, 11, 12, 13 y 124 del Código Orgánico Procesal Penal establecen:

References: artículo 281
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 29
 artículo 15
 artículo 49
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 273
 artículo 281
 artículo 281
 artículo 15
 artículo 66
 artículo 67
 artículo 7
 artículo 286
 artículo 285
 artículo 286
 artículo 124
 artículo 286
 artículo 124
 artículo 29
 artículo 374
 artículo 266
 artículo 21
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 281
 artículo 129
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 281
 artículo 335
 artículo 336