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Timestamp: 2018-10-22 18:14:53+00:00

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Notas de Jurisprudencia y Doctrina Civil, Mercantil, Penal y Procesal: El Tribunal Supremo considera privativa y no ganancial la indemnización por incapacidad percibida por el esposo antes del divorcio, con base en una póliza colectiva suscrita por la empresa donde este trabajaba. La pensión derivada de una incapacidad permanente dispensa protección a quien ve mermada su capacidad laboral como consecuencia de una enfermedad o de un accidente: se dirige a compensar un daño que afecta a la persona del trabajador, la ausencia de unas facultades que tenía y que ha perdido, lo que en el futuro le mermará las posibilidades de seguir obteniendo recursos económicos por la aplicación de esas facultades. El reconocimiento del carácter privativo de la pensión tiene como consecuencia que, después de la disolución de la sociedad, el beneficiario no debe compartir la pensión con su cónyuge.
El Tribunal Supremo considera privativa y no ganancial la indemnización por incapacidad percibida por el esposo antes del divorcio, con base en una póliza colectiva suscrita por la empresa donde este trabajaba. La pensión derivada de una incapacidad permanente dispensa protección a quien ve mermada su capacidad laboral como consecuencia de una enfermedad o de un accidente: se dirige a compensar un daño que afecta a la persona del trabajador, la ausencia de unas facultades que tenía y que ha perdido, lo que en el futuro le mermará las posibilidades de seguir obteniendo recursos económicos por la aplicación de esas facultades. El reconocimiento del carácter privativo de la pensión tiene como consecuencia que, después de la disolución de la sociedad, el beneficiario no debe compartir la pensión con su cónyuge.
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017 (Dª. María de los Ángeles Parra Lucan).
PRIMERO.- Los antecedentes más relevantes para la decisión del presente recurso son los siguientes:
El 6 de mayo de 2013 se admite a trámite la demanda de divorcio y el 25 de septiembre de 2013 D.ª Sacramento presenta solicitud de formación de inventario al amparo de lo dispuesto en el art. 808 LEC.
Citados los cónyuges, en el acto celebrado el 19 de diciembre de 2013, D. Rosendo manifiesta que se opone parcialmente a la propuesta presentada por D.ª Sacramento. En el mismo acto, cada una de las partes solicita la inclusión en el inventario de otras partidas sobre las que tampoco alcanzan un acuerdo. Conforme a lo dispuesto en el art. 809 LEC, se ordena la continuación de la tramitación con arreglo a lo previsto en el juicio verbal.
D.ª Sacramento defiende que la indemnización es ganancial, de acuerdo con el art. 1347 CC, porque la indemnización se percibe por un beneficio social que concede la empresa a sus trabajadores y no se indemnizan los daños sufridos (art. 1346.6.º CC) ni es inherente a la persona (art. 1346.5.º CC).
D. Rosendo argumenta por el contrario que, de acuerdo con el art. 1346 CC, la indemnización es privativa, pues ha sido abonada por un seguro como consecuencia de haber sido incapacitado para toda profesión, por lo que se trataría de un bien inherente a la persona incluido en el art. 1346.5.º CC.
El Juzgado cita en apoyo de su decisión viarias sentencias de esta sala (de 26 de junio de 2007, 18 de junio de 2008 y 25 de marzo de 1988), así como algunas sentencias de Audiencias Provinciales (de Granada, Sec. 3.ª, de 25 de junio de 1999, de Sevilla, Sec. 2.ª, de 15 de junio de 2007).
«La indemnización por incapacidad permanente absoluta recibida en base a la póliza de seguro fue percibida por el Sr. Rosendo antes de la sentencia de divorcio y mientras estaba vigente la sociedad de gananciales. Debe ser considerada como activo de la sociedad de gananciales porque la jurisprudencia ha señalado que las cantidades percibidas en concepto de indemnización por un cónyuge por una póliza de seguros que cubra el riesgo de invalidez no constituyen un bien privativo incluido en el artículo 1346.6 CC, sino que se integra en el contenido del artículo 1347.1 CC. El Tribunal Supremo ha establecido que las indemnizaciones obtenidas por uno de los cónyuges por una póliza de seguros que cubría el riesgo de invalidez, no están incluidas en el artículo 1346.6 CC, porque su carácter es totalmente económico o patrimonial, basado en su derecho al trabajo, pero que no se confunde con éste, por ser una consecuencia económica y permanencia que se hace común en el momento en que se percibe por el beneficiario trabajador y, por consiguiente ingresa en el patrimonio conyugal, que al disolverse al sociedad de gananciales ha de liquidarse y repartirse».
3. - D. Rosendo interpone recurso de apelación en el que, además de otras partidas, consistentes en gastos y compras por disposiciones que las sentencias de instancia consideran realizadas exclusivamente por él y en su interés, por lo que interesa a efectos del presente recurso de casación, impugna la calificación de la indemnización como bien ganancial.
Argumenta que la sentencia de primera instancia basa su decisión en la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 1988, que aplica el régimen navarro de conquistas, y aporta sentencias de Audiencias Provinciales en las que, por el contrario, se considera que la indemnización por incapacidad permanente percibida por los cónyuges sometidos al régimen de gananciales es un bien privativo. Sostiene que, de acuerdo con esta jurisprudencia, la indemnización trata de paliar la pérdida de aptitud para realizar una actividad laboral, por lo que se trata de un bien personalísimo o un derecho patrimonial inherente a la persona, encuadrable en el art. 1346.5.º CC e, incluso, en el art. 1346.3.º CC. Alega que, en el caso, se le otorgó la indemnización por Antares al cumplir los dos años de incapacidad permanente reconocida por la Seguridad Social (en febrero de 2011), porque hasta entonces la empresa le mantenía el puesto de trabajo por si se le acababa revisando la incapacidad.
La Audiencia desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de primera instancia. Basa su decisión que no existe diferencia en el supuesto discutido entre el régimen de gananciales del Código civil y el navarro de conquistas y en que las otras dos sentencias citadas por el Juzgado (de 26 de junio de 2007 y 18 de junio de 2008) aplican el Código civil. Tras transcribir fragmentos de las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo en las que la sentencia del Juzgado basa su decisión, acaba desestimando el motivo.
SEGUNDO.- D. Rosendo interpone recurso de casación en su modalidad de interés casacional, que identifica con la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.
1.- El recurso sostiene, en esencia, que la indemnización percibida por D. Rosendo afecta a su aptitud o capacidad laboral, por lo que es un bien inherente a la persona y debe calificarse como bien privativo del art. 1346.5.º CC y no como bien ganancial del art. 1347.1.º CC.
En el desarrollo del motivo argumenta que, después de la sentencia de la sala de 25 de marzo de 1988 en la que se apoyan las sentencias de instancia (y que aplicaba Derecho navarro), ha habido un cambio de criterio a partir de la sentencia de 22 de diciembre de 1999 (que se refiere a la indemnización cobrada al amparo de un plan de bajas anticipadas que colocó al esposo en situación de jubilación). Añade que las otras dos sentencias invocadas por la sentencia recurrida (de 26 de junio de 2007 y de 18 de junio de 2008) no se refieren a indemnizaciones por incapacidad sino a indemnizaciones por despido.
También sostiene que la postura mayoritaria de las Audiencias Provinciales es la de considerar que la indemnización por incapacidad absoluta tiene carácter privativo. Aporta las sentencias de las Audiencias Provinciales de Vizcaya, Sec. 4.ª, de 23 de diciembre de 2013, de Madrid, Sec. 22.ª, de 1 de junio, de Navarra, de 29 de diciembre de 2004, de Valencia, Sec. 10.ª, de 26 de mayo de 2014 (que a su vez citan otras en el mismo sentido).
2.- D.ª Sacramento presenta escrito de oposición en el que sostiene: que no se cumplen los requisitos propios del recurso de casación y que el recurrente solo pretende revisar la valoración de las sentencias de instancia y alterar los hechos y que no existe interés casacional, lo que justifica mediante la cita de otras sentencias de Audiencias Provinciales que resuelven en sentido contrario a las aportadas por el recurrente (de Asturias, Sec. 5.ª, de 6 de junio de 2012 y Sec. 4.ª, de 26 de mayo de 2010, que a su vez contienen citas de otras sentencias de Audiencias Provinciales).
Argumenta que las sentencias aportadas en el recurso no son aplicables al caso porque se refieren a supuestos de hecho diferentes y que las sentencias citadas en las alegaciones del recurrente frente a la providencia de 22 de marzo de 2017 sobre posibles causas de inadmisión, en las que menciona como norma infringida el art. 1346.5.º CC, tampoco son contradictorias con la doctrina de la sentencia de esta sala de 25 de marzo de 1988, porque se refieren a supuestos distintos y aplican el art. 1346.6.º CC.
Alega, finalmente, que en el caso no se trata de una indemnización procedente del Instituto Nacional o de la Tesorería General de la Seguridad Social, «donde la concesión de la indemnización determina la imposibilidad de prestar un servicio o actividad, sino ante una cobertura de un seguro que determina única y exclusivamente un monto económico con independencia de la causa para su concesión». Concluye que, de acuerdo con la jurisprudencia mayoritaria, «la indemnización por incapacidad permanente absoluta recibida en base a una póliza de seguros que cubra el riesgo de invalidez no constituye un bien privativo incluido en el art. 1346.6.º CC, sino que se integra en el contenido del art. 1347.1 CC ». Y solicita la confirmación de la sentencia recurrida, con condena en costas al recurrente.
TERCERO.- En primer lugar, debemos dar respuesta al óbice de inadmisibilidad del recurso, para rechazarlo.
a) La única sentencia de la sala que se ocupa de la indemnización por invalidez permanente absoluta pagada a un cónyuge por un seguro de grupo concertado por la empresa en la que trabajaba es la sentencia de 25 de marzo de 1988.
i) Así, sobre indemnización por despido cobrada durante la vigencia de la sociedad, las sentencias 715/2007, de 26 de junio, 216/2008, de 18 de marzo, 429/2008, de 28 de mayo y 596/2016, de 5 de mayo.
ii) Sobre indemnización por despido cobrada después de la vigencia de la sociedad, las sentencias 541/2005, de 29 de junio y 588/2008, de 18 de junio.
iii) Sobre planes de pensiones contratados por la empresa, la sentencia 1552/2000, de 27 de febrero.
iv) Sobre jubilación anticipada, las sentencias 958/2005, de 15 de diciembre, 1096/1999, de 22 de diciembre y 674/2000, de 29 de junio.
v) Sobre pensión de jubilación, las sentencias 1224/2003, de 20 de diciembre y 1249/2004, de 20 de diciembre. Estas sentencias se ocupan de prestaciones e indemnizaciones reconocidas, por la ley o por acuerdos voluntarios (seguros privados concertados por el cónyuge y seguros colectivos de mejora de las prestaciones sociales contratados por la empresa, con diferente procedencia del dinero empleado para la satisfacción de las primas, aportaciones o cotizaciones), que cubren riesgos o acontecimientos de diferente naturaleza y, por tanto, cumplen distinta función. Además, según los casos, las prestaciones y las indemnizaciones se han devengado, totalmente o solo en parte, durante la vigencia de la sociedad y se han podido cobrar, durante la vigencia de la sociedad de gananciales o con posterioridad a su extinción, bien como pensión o mediante el pago de un capital.
CUARTO.- Para un caso semejante, la citada sentencia de 25 de marzo de 1988 confirmó la sentencia de la Audiencia que, en un pleito entre la esposa y la herencia yacente del esposo fallecido, calificó como bien de conquistas la indemnización por invalidez permanente absoluta abonada al esposo por la aseguradora con la que la empresa en la que trabajaba había concertado un seguro colectivo que cubría tal riesgo.
«Debe distinguirse, al efecto de atribuir dicha suma indemnizatoria el concepto de bien de conquistas, entre capacidad laboral como derecho integrado en la personalidad del trabajador, y que se incluye en sus bienes inherentes a dicha personalidad, y las consecuencias o productos de su trabajo, es decir, el rendimiento económico del trabajo, que tanto la Compilación de Derecho Foral Navarro (ley 83-1), como el Código Civil (art. 1347-1.°) incluyen entre los bienes de conquista o gananciales, y en tal concepto estas ganancias no son bienes inherentes a la persona y no transmisibles inter vivos, excluidos de la consideración de gananciales por el art. 1346, n.° 5.° del Código Civil. Y tampoco son bienes inherentes a la personalidad las indemnizaciones que, como la discutida, proceden de la relación de trabajo y se generaron al amparo de la misma, de modo que no tendrían explicación si se prescinde de tal relación laboral, y toda vez que su carácter es totalmente económico o patrimonial basado en su derecho al trabajo, derecho personalísimo, pero que no se confunde con éste por ser una consecuencia económica y pecuniaria que se hace común en el momento en que se percibe por el beneficiario trabajador y, por consiguiente, ingresado en el patrimonio conyugal, integrado al disolverse la sociedad de conquistas parte de estos bienes a liquidar y repartir entre ambos cónyuges o sus herederos. Al no tener la indemnización discutida su fundamentación en un resarcimiento de daños, sino en una póliza de seguro contra el riesgo de invalidez permanente absoluta para el trabajo, no puede acogerse al n.° 6.° del art. 1346 del Código Civil, referido como su texto indica "a los daños inferidos a la persona" de uno de los cónyuges o a sus bienes privativos, todo ello aun considerando que la normativa del Código Civil tiene en este punto aplicación supletoria a Navarra por virtud de lo dispuesto en la ley 91 de la Compilación de dicha región foral. De todo lo cual se deduce que no hubo infracción de la ley 83 del Fuero Nuevo o Compilación, ni de la ley 91 del mismo Cuerpo Legal, pues ni consta la pertenencia privativa de la indemnización litigiosa, y por tanto se presume de conquistas, ni hay inconveniente para acudir como criterio interpretativo a las normas del Código Civil siguiendo el mandato de la ley citada 91».
QUINTO.- Esta sala, por el contrario, apartándose del criterio de este precedente, entiende que concurren razones para sostener que la indemnización por incapacidad permanente absoluta cobrada por un cónyuge durante la vigencia de la sociedad en virtud de una póliza colectiva de seguro concertada por la empresa para la que trabajaba tiene carácter privativo.
1.ª) En ausencia de norma expresa sobre el carácter privativo o ganancial de determinado bien o derecho, la resolución de los conflictos que se susciten debe atender a la naturaleza del derecho y al fundamento por el que se reconoce, aplicando los criterios que la ley tiene en cuenta para supuestos semejantes.
2.ª) La invalidez permanente es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.
En la legislación de la Seguridad Social, la incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasifica en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado. En particular, lo característico de la incapacidad permanente absoluta es que el trabajador está inhabilitado por completo para toda profesión u oficio, con independencia de que la situación sea revisable y de que el cobro de la pensión vitalicia sea compatible, hasta la edad de acceso a una pensión de jubilación, con actividades lucrativas compatibles con la incapacidad absoluta (arts. 136, 137, 139 y 141 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, objeto de modificaciones puntuales en varias ocasiones y de desarrollos reglamentarios y, en la actualidad, de lo dispuesto en los arts. 193, 194, 196.3, 198 y disposición transitoria vigésima sexta del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social).
En consecuencia, por su propia naturaleza y función, la titularidad de esta pensión guarda una estrecha conexión con la personalidad (es inherente a la persona, art. 1346.5.º CC) y con el concepto de resarcimiento de daños personales (art. 1346.6.º CC, con independencia de que hayan sido «inferidos» por otra persona, sean consecuencia de un accidente o procedan de una enfermedad común).
Atendiendo, por tanto, a los criterios presentes en los apartados 5.º y 6.º del art. 1346 CC, la titularidad de la pensión derivada de una incapacidad permanente debe ser calificada como privativa. En efecto, la pensión derivada de una incapacidad permanente dispensa protección a quien ve mermada su capacidad laboral como consecuencia de una enfermedad o de un accidente: se dirige a compensar un daño que afecta a la persona del trabajador, la ausencia de unas facultades que tenía y que ha perdido, lo que en el futuro le mermará las posibilidades de seguir obteniendo recursos económicos por la aplicación de esas facultades.
Cuestión distinta es que, en ausencia de norma específica que diga otra cosa, las cantidades percibidas periódicamente durante la vigencia de la sociedad tienen carácter ganancial, dado que el art. 1349 CC no distingue en función del origen de las pensiones y atribuye carácter común a todas las cantidades devengadas en virtud de una pensión privativa durante la vigencia de la sociedad, a diferencia de lo que hacen otros derechos, como el aragonés (arts. 210.2.g. y 212 del Código del Derecho foral de Aragón).
3.ª) Junto a las prestaciones de la Seguridad Social básica o pública, son posibles mejoras voluntarias implantadas por la iniciativa privada, dirigidas a incrementar las coberturas. Una de las fórmulas para instrumentar los compromisos asumidos por las empresas es la del seguro. Así sucede en el presente caso, en que Telefónica tenía concertada con Antares una póliza de seguro colectivo.
SEXTO.- Aplicando lo anteriormente expuesto al caso litigioso, debe concluirse que la indemnización percibida por D. Rosendo tiene carácter privativo y, al no entenderlo así la sentencia recurrida, infringe el art. 1346 CC y debe ser casada.
SÉPTIMO.- No se hace especial pronunciamiento sobre las costas de las instancias.
Etiquetas: Bienes Gananciales, Bienes Privativos, Incapacidad Permanente, Régimen de Gananciales, Sociedad de Gananciales, TRIBUNAL SUPREMO

References: artículo 1346
 artículo 1347
 artículo 1346
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto