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Timestamp: 2017-11-22 14:27:35+00:00

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Sentencia Administrativo Nº 154/2012, JCA - Bilbao, Sec. 5, Rec 438/2011, 17-05-2012 | Iberley
Sentencia Administrativo Nº 154/2012, Juzgado de lo Contencioso Administrativo - Bilbao, Sección 5, Rec 438/2011 de 17 de Mayo de 2012
Órden: Administrativo Fecha: 08/10/2015 Tribunal: Tsj Baleares Ponente: Ortuño Rodriguez, Alicia Esther Num. Sentencia: 593/2015 Num. Recurso: 437/2014
Sentencia Administrativo Nº 673/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 227/2008, 11-06-2009
Órden: Administrativo Fecha: 11/06/2009 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Horcajada Moya, Juan Fernando Num. Sentencia: 673/2009 Num. Recurso: 227/2008
Sentencia Administrativo Nº 608/2007, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 4, Rec 186/2006, 27-05-2007
Órden: Administrativo Fecha: 27/05/2007 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Rodriguez Moral, Javier Num. Sentencia: 608/2007 Num. Recurso: 186/2006
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 09/02/2017
Resolución de TEAC, 00/3591/1999, 26-04-2002
Ponente: Carrasbal Onieva, Juan Galo
Núm. Sentencia: 154/2012
Núm. Recurso: 438/2011
Núm. Cendoj: 48020450052012100024
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 5 DE BILBAO (BIZKAIA)(E)KO ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZIEN 5 ZK.KO EPAITEGIA
BARROETA ALDAMAR 10-5ªPLANTA - C.P./PK: 48001
Tel.: 94-4016706
Fax: 94-4016987
N.I.G. P.V. / IZO EAE: 48.04.3-11/002708
N.I.G. CGPJ / IZO BJKN : 48.020.45.3-2011/0002708
Proced.abreviado / Prozedura laburtua 438/2011 - L
Demandante / Demandatzailea : AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A
Representante / Ordezkaria : RAFAEL EGUIDAZU BUERBA
Administración demandada / Administrazio demandatua : DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO VASCO
Representante / Ordezkaria :
ACTUACION RECURRIDA / ERREKURRITUTAKO JARDUNA :
RESOLUCION DE LA DIRECTORA DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO VASCO DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011, DESESTIMATORIA DEL RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCION HABIA IMPUESTO A UNA SANCION DE 2.046,00 EUROS, POR LA COMISION DE UNA INFRACCION GRAVE 12.16B9 TRLISOS
S E N T E N C I A Nº 154/2012
En Bilbao, a diecisiete de mayo de dos mil doce.
Vistos por mí, Ilmo. Sr. D. Juan Galo Carrasbal Onieva, magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de los de Bilbao, los presentes autos de procedimiento abreviado registrados con el número 438/2011 (N.I.G. 48.04.3-11/002708), dimanantes de un recurso contencioso-administrativo en el que figura como parte recurrente 'AQUALIA, GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.', representada por el procurador don Rafael Eguidazu Buerba y defendida por el letrado don José Antonio Vitorica Fuertes y, como recurrida el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco representado y defendido por el letrado de sus servicios jurídicos don David Salinas Armendáriz.
SEGUNDO.- Admitida a trámite, se dio traslado de la misma a la Administración demandada, convocando a las partes a una vista, que se celebró el pasado día ocho de mayo, en la que la referida Administración impugnó la demanda. No habiéndose practicado prueba quedaron los autos conclusos para sentencia; la Sra. Secretaria extendió un acta que está unida a las actuaciones y en aras de la brevedad se da aquí por reproducida.
TERCERO.- En la substanciación de las presentes actuaciones se han observado los preceptos y prescripciones legales. La cuantía del procedimiento es de 2.046 euros.
PRIMERO.- En el presente recurso contencioso-administrativo se impugna la resolución de 16 de septiembre de 2011 de la Directora de Trabajo del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 20 de julio de 2011, de la Delegación Territorial de Bizkaia del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, recaída en el expediente sancionador SH-119/11 por el que se imponía a 'AQUALIA, GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A.' la sanción de 2.046 euros por la comisión de una falta grave del artículo 12.16.b) del RDL 5/2000 . En la demanda se ejercita una pretensión anulatoria de la resolución sancionadora.
SEGUNDO.- La decisión de la presente controversia pasa por tener en cuenta determinadas circunstancias, que son las relevantes, a criterio de este Juzgador, en orden al fallo a emitir.
Es cuestión no controvertida entre las partes, empresa sancionada y Administración sancionadora, que aquélla no es la dueña de las instalaciones en la que presta sus servicios, dado que la depuradora en cuestión es un bien de dominio público, de titularidad del 'CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA'.
De la misma manera resulta pacífico y aun asumido por la Administración actuante, que en tales instalaciones, de titularidad del 'CONSORCIO', la evaluación de riesgos laborales fue realizada por el referido 'CONSORCIO' y que a las resultas de una inspección periódica realizada el 9 de febrero de 2010 como acción correctora se incluyó la obligación de colocar barandilla a ambos lados de la escalera fija que conecta la zona de filtros con la base de los depósitos. 'Sin embargo, tal y como se informa a la inspectora desde la empresa principal y la concesionaria; pese a que se había detectado el riesgo y en las reuniones preventivas entre el Consorcio y Aqualia se había valorado la colocación de barandilla en ambos lados de la escalera, a la hora de ejecutar la acción el Consorcio decidió que sólo se colocó barandilla en el lado izquierdo, pero no en ambos lados', tal como consta en el acta de infracción, al folio 4 del expediente administrativo.
Malhadadamente, un 30 de diciembre de 2010 ¿pleno invierno, por tanto- un trabajador de 'AQUALIA' cayó hacia el lado donde no estaba la barandilla, lesionándose. La escalera por la que bajaba el trabajador tiene una anchura de 57-58 cm. (folio 3 del expediente) y sólo tenía barandilla en el lado izquierdo, mirado en sentido descendente. La indicada escalera es de las consideradas de servicio, a los efectos del apartado 7 del anexo I del Real Decreto 486/1997, sobre condiciones generales de seguridad y salud relativas a los lugares de trabajo, prescribiendo el apartado c) del apartado 3 del citado anexo I que deberán protegerse mediante barandillas u otros sistemas de protección equivalente los lados abiertos de escaleras y rampas de más de 60 cm. Aunque no corresponde pronunciarse a este Juzgador sobre si tenía carácter imperativo la colocación de barandillas a ambos lados, sí que cabe considerar a los efectos de decidir sobre el ajuste a Derecho de la resolución sancionadora aquí impugnada que, según ilustran las dos fotografías acompañadas a la demanda rectora de autos, no habría un lado abierto enteramente tal, sino que la escalinata presenta un trazado ligeramente oblicuo de manera tal que el lado derecho en sentido descendente no queda completamente abierto posibilitando una caída al vacío, sino sólo parcialmente abierto al dispensarle cierto grado de protección la misma ladera por la que discurre la escalera, con lo que la caída en vertical y a plomo queda impedida y sólo sería posible la caída por plano inclinado. Esta circunstancia anudada a la importante de que la empresa sancionada no es la dueña del centro de trabajo, sino una concesionaria a cargo de su explotación y mantenimiento, lo que le restringe, cuando no impide, su posibilidad innovatoria en el inmueble con obras o instalaciones fijas y permanentes cual la barandilla ausente echada en falta por la Administración, impiden hacer a 'AQUALIA' responsable de la infracción y obligada al pago de la multa impuesta.
No debe perderse el referente, al tratarse la actividad administrativa sancionadora de una de las manifestaciones del ius puniendidel Estado, que ha de desenvolver su ejercicio -con la manifestación última de efectivamente multar pecuniariamente- en la exigencia de un cierto grado de culpabilidad en el señalado como infractor, al tenor de la doctrina de la sentencia 76/1990, de 26 de abril, del Tribunal Constitucional , que no se encuentra en el presente caso en la conducta de 'AQUALIA'.
Por lo tanto, se estimará el presente recurso, anulando la resolución sancionadora impugnada.
TERCERO.- La reforma operada en la Ley 29/1998 por la Ley 37/2011, aplicable al presente caso, introduce en la nueva redacción dada al artículo 139.1 de la LJCA la preceptiva imposición de costas atendiendo al vencimiento objetivo, al resolver por sentencia los recursos que se interpusieren a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones, salvo que aprecie, y así lo razone, que el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho, cual aquí acontece por ausencia de norma terminante o jurisprudencia uniforme y constante aplicable a las tan singulares circunstancias concurrentes en este asunto.
Estimando el recurso interpuesto por no ser ajustada a Derecho la actuación administrativa, debo anular y anulo la resolución que se impugna en el presente procedimiento, dejando sin efecto la sanción. No se realiza imposición de costas.
Esta sentencia es FIRME y NO cabe contra ella RECURSO ordinario alguno. Conforme dispone artículo 104 de la LJCA , en el plazo de DIEZ DÍAS, remítase oficio a la Administración demandada, al que se acompañará el expediente administrativo y testimonio de esta sentencia, a fin de que la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. Hágase saber a la Administración que en el plazo de DIEZ DÍAS deberá acusar recibo de dicha documentación e indicar el órgano responsable del cumplimiento del fallo.
PUBLICACIÓN.-En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el/la Ilmo/a. Sr/a. MAGISTRADO que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 resolución 
 artículo 104
 resolución