Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/SU424-12.htm
Timestamp: 2018-12-14 19:07:22+00:00

Document:
SU424-12
SU - 2011
Sentencia SU424/12
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Caso en el que se desconoce una decisión adoptada mediante sentencia de casación
Para la Corte, el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva, que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello, así como enana dimensión negativa, es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DEFECTO FACTICO-Reiteración de jurisprudencia
La Sala plena reitera que para que la tutela resulte procedente por la configuración de un error fáctico, ‘El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce del asunto’
En términos sencillos, puede afirmarse que el principio de consonancia establece que la competencia funcional del juez se restringe al pedido de las partes; es decir, a las súplicas de la demanda y a las excepciones propuestas por la contraparte. El juez de segunda instancia, por su parte, debe decidir a partir de los aspectos del fallo de primera instancia que fueron objeto de impugnación y la Corte Suprema de Justicia no puede revisar, de manera oficiosa, decisiones del juez de segunda instancia que en forma expresa no le hayan sido sometidas. En un estado democrático de derecho, la obligación de sustentar y motivar las decisiones judiciales resulta vital en el ejercicio de la función jurisdiccional, como garantía ciudadana. En este sentido, la motivación de los actos jurisdiccionales, puede ser vista como un componente que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado que constituye una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia
Este defecto se origina cuando el juez actúa al margen del procedimiento establecido o vulnera de manera definitiva el debido proceso constitucional del actor. Particularmente, se incurre en defecto procedimental por vulneración del principio de consonancia cuando la sentencia no está en conexión con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda. En términos sencillos, puede afirmarse que el principio de consonancia establece que la competencia funcional del juez se restringe al pedido de las partes; es decir, a las súplicas de la demanda y a las excepciones propuestas por la contraparte. El juez de segunda instancia, por su parte, debe decidir a partir de los aspectos del fallo de primera instancia que fueron objeto de impugnación y la Corte Suprema de Justicia no puede revisar, de manera oficiosa, decisiones del juez de segunda instancia que en forma expresa no le hayan sido sometidas. En un estado democrático de derecho, la obligación de sustentar y motivar las decisiones judiciales resulta vital en el ejercicio de la función jurisdiccional, como garantía ciudadana. En este sentido, la motivación de los actos jurisdiccionales, puede ser vista como un componente que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado que constituye una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Defecto procedimental por desconocimiento de la Corte Suprema del régimen propio que regula el ejercicio del recurso de casación
La Asamblea General de Delegados de la entidad demandada, mediante Acta del 3 de junio de 1981, tomó la decisión de que las funcionarias al servicio del sindicato tendrían el mismo sueldo y las mismas prestaciones legales y extralegales que tienen los trabajadores que le prestan sus servicios al Municipio de Medellín. En cumplimiento a lo ordenado, a la actora le han sido reconocidas las siguientes prestaciones extralegales: prima de vida cara: 7d, prima de junio: 30d, prima de diciembre: 35d, prima de vacaciones: 30d, aguinaldo: 25d y prima de antigüedad.
Mediante comunicación fechada el 25 de Noviembre de 2003, la señora Llamas Medina solicitó la aplicación del artículo 71 (literales a y c) de la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre el Sindicato demandado y el Municipio de Medellín, vigente desde el 1º de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2003, que dispone casos especiales para el reconocimiento del derecho de jubilación.
Obteniendo como respuesta de parte del presidente del sindicato que “el tema será llevado a la Asamblea General de Delegados del Sindicato de Trabajadores Municipales de Medellín, que se realizará el día lunes 15 de diciembre de 2003, con el fin de que allí se tome una decisión al respecto y de lo cual estaremos informando oportunamente”, sin que a la fecha de la demanda (23 de abril de 2004) se haya informado decisión alguna.
Para resolver, el juez consideró que se encontraba plenamente demostrado en el proceso la existencia del contrato de trabajo, con fecha de iniciación de labores el 21 de marzo de 1977, y que la proposición de aplicación extensiva es clara “en el sentido que los trabajadores al servicio de la organización sindical solicitaron la nivelación de sus salarios y prestaciones sociales, legales y extralegales, con los que devengaban los trabajadores al servicio del Municipio de Medellín”. Además, que dicha propuesta fue estudiada, discutida y aprobada por unanimidad por la Asamblea General de Delegados. En consecuencia, ordenó:
“Primero.- CONDENAR a la entidad demandada SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, reconocer y pagar a favor de la demandante LUCÍA LLAMAS MEDINA, identificada con la cédula de ciudadanía No.42.993.933, a reconocer y pagar [sic] una pensión de jubilación a partir de la fecha en que se produzca su desvinculación del servicio activo, que será liquidada bajo los parámetros establecidos en el artículo 71 de la Convención Colectiva de trabajo celebrada entre el ente sindical demandado y el Municipio de Medellín, aplicable a los trabajadores que prestan su servicio al mismo Sindicato en virtud de lo aprobado por la Asamblea General de Delegados y conforme se estableció en la parte motiva de esta sentencia.-
Tercero [sic].- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada.-” [2]
Mediante Auto del 6 de febrero de 2006, se complementó el fallo anterior, en el sentido de aclarar que la condena al pago de los intereses de las cesantías “comprende el pago de la sanción establecida en el numeral 3º del artículo 1º de la Ley 52 de 1975 pero hasta la fecha en que ocurra el pago total de dichos intereses causados.-” [3]
El ad quem resolvió REVOCAR la sentencia objeto de apelación para, en su lugar, ABSOLVER al sindicato accionado de todos los cargos formulados por la señora Llamas Medina, basado en lo siguiente, principalmente:
“Ocurre que en este caso, la convención suscrita entre el Municipio de Medellín y el Sindicato de Trabajadores de dicho municipio, obrante en el expediente, del folio 91 al 154 (…) no contiene en su texto fecha de suscripción, es decir, que no se puede colegir a ciencia cierta que el deposito efectuado fue oportuno. [4]
(…) si se hace necesario el anterior requisito para definir a quien se le aplica la convención colectiva de trabajo de manera directa, también ha de exigírsele para quien supuestamente se le aplica indirectamente, como es el caso en el [sic] que nos atañe, ya que la suerte de lo secundario sigue la suerte de lo principal”. [5]
Señala la parte demandante, a través de apoderado, que “[d]entro de la parte motiva del fallo el ad quem pone de presente que a folio 154 el Ministerio de la Protección Social (vto) ‘coloca’ una fecha en la que fue suscrita la convención, respecto de la cual agrega el fallador, no se observa de donde la pudo haber sacado. El mencionado sello, que constituye documento público, deja constancia que el acuerdo se firmó el ‘19-08-2003’ y que el depósito se había realizado el ‘4 sep 2003’; es decir, el juez colegiado lo valoró equivocadamente, toda vez que pasó por alto que dicho sello le era suficiente para determinar que la convención sí se había depositado en término, porque aunque en el acuerdo colectivo no conste la fecha de su firma”[7], considera que, de la mencionada constancia inserta en el acuerdo, puede deducirse, con claridad, que el mismo se depositó en tiempo, por cuanto entre las fechas citadas tan solo transcurrieron diez (10) días hábiles y, en consecuencia, el documento ostenta plena capacidad probatoria y, al cumplir las solemnidades requeridas, es fuente creadora de derechos.
“CASE la sentencia impugnada, excepto en cuanto confirmó en la sentencia complementaria la condena relativa a los intereses de cesantías, para que en sede de instancia confirme el ordinal primero de la providencia del A quo; modifique el ordinal segundo, ordenando que la pensión será compatible con la que reconozca el ISS; revoque el ordinal quinto y en su lugar condene a suministrar a la trabajadora el vestido y calzado de labor adeudado por la empleadora”.[8]
1.2.5. Del fallo que decide casar la demanda -M.P..Gustavo José Gnecco Mendoza- 17 de octubre de 2008
De los tres cargos planteados en el recurso, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- estudió el último[9] y consideró que se demostraba el desacierto del Tribunal, por lo que “habrá de casarse la sentencia en los términos pedidos en el alcance de la impugnación”[10].
Señaló que “lo realmente demandado por la promotora del pleito fue el reconocimiento de una pensión de jubilación, los intereses sobre el auxilio de cesantía, incluida la sanción por no haber sido pagados oportunamente, y el vestido y calzado de labor. No existe en el acápite correspondiente a esas pretensiones expresión alguna de donde razonablemente pueda inferirse que la demandante aspiraba a que se le aplicara la convención colectiva de trabajo suscrita entre su empleador y el Municipio de Medellín”[11].
La Corte Suprema de Justicia estimó que el Tribunal se equivocó cuando asentó que no era procedente la aplicación del acuerdo colectivo a terceras personas. Dicha Corporación afirmó que ese desatino tiene incidencia en la decisión adoptada por el Tribunal porque a partir de su errado entendimiento, esta autoridad judicial concluyó que “por no ser trabajadora del Municipio de Medellín, la demandante no podía aspirar a que se le aplicara el convenio colectivo de marras y, adicionalmente, entró a estudiar si el convenio colectivo de trabajo cumplía con las formalidades de ley, sin que esa cuestión, en estricto sentido, formara parte del debate”[12].
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- no resolvió la segunda instancia en ese momento, pues observó que faltaba en el expediente el documento correspondiente a la sustentación del recurso de apelación de la parte demandante (folios 231 a 233), “pieza procesal que no obstante estar resumida en el fallo casado debe ser analizada en su integridad para dar adecuada respuesta a la alzada”, por lo que se dispuso oficiar al Tribunal de Medellín para que lo remitiera[13].
1.2.6. De la sentencia de instancia en sede de casación -M.P..Eduardo López Villegas- 2 de marzo de 2010 (providencia atacada por vía de tutela)
La Corte estimó que era evidente la obligación del sindicato accionado de favorecer a sus propias trabajadoras con los mismos beneficios que tenían los miembros de esa organización sindical, como trabajadores del municipio. Precisó que “si no se especificó a cuales prestaciones extralegales tendrían derecho las beneficiarias de lo decidido por la Asamblea, debe concluirse que lo son todas aquellas de las que pudieran gozar los afiliados al sindicato”[14] y habiéndose pactado en el artículo 71 de la convención colectiva una pensión de jubilación para los servidores del municipio de Medellín, “nada se opone a que se le haga extensiva esa prestación a la demandante”[15].
“En tal planteamiento [de la nulidad] hay un desentendimiento de lo que significa el alcance de la impugnación; este no puede ser visto como una camisa de fuerza o como límite de competencia, para la Corporación que lo es, sólo como techo a las pretensiones; el que un cargo se halle fundado, o incluso que prospere no impone que se deba acceder a lo pretendido según el alcance de la impugnación.
In casus, el anuncio de la primera providencia de la Corte, supeditado a las resultas de la evaluación de las pruebas, adquirió forma concreta en la segunda providencia”.[16]
“(…) es evidente que la demandante en esencia pretende a través de esta acción censurar las actuaciones desplegadas por los funcionarios competentes por fuera de los canales dispuestos por el legislador, lo cual torna improcedente el amparo solicitado porque el Constituyente no le otorgó a la acción de tutela el carácter de tercera instancia o de mecanismo alternativo o paralelo a los procedimientos ordinarios de defensa judicial, además el juez de tutela no puede inmiscuirse en los asuntos encomendados a los jueces naturales y en especial cuando la injerencia tiene que ver con el modo en el que éstos interpretan la ley, lo contrario constituye un atentado contra la autonomía e independencia judiciales, porque sólo excepcionalmente, cuando la providencia se aparta abruptamente del ordenamiento jurídico y resuelve con arbitrariedad o capricho, o es producto de negligencia extrema, está habilitada esa intervención, situación que aquí como ya se dijo no ocurrió”[17].
e. En error inducido o por consecuencia. Tiene lugar, en los casos en que el juez o tribunal ha sido víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo conduce a la adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales. En estos eventos, la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en cuya realización participan personas obligadas a colaborar con la administración de justicia -autoridades o particulares-, y cuyo manejo irregular induce en error al funcionario judicial, con grave perjuicio para los derechos fundamentales de alguna de las partes o de terceros.
h. En violación directa de la Constitución. La misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados amparados por la Carta Política”[25]. (Negrilla propia del texto)
“Es manifiesta la inconstitucionalidad del aparte demandado del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 ya que al indicar que contra la sentencia que resuelve el recurso extraordinario de casación en materia penal “no procede ningún recurso ni acción, salvo la de revisión”, está excluyendo la procedencia de la acción de tutela contra ese tipo de pronunciamientos y con ello, qué duda cabe, está contrariando el artículo 86 de la Carta Política ya que, como se ha visto, esta norma no excluye tales pronunciamientos de ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Es decir, en tanto que la voluntad del constituyente expresada en la norma superior ya indicada fue que la acción de tutela se aplicara respecto de los actos y omisiones de las autoridades públicas, incluidas las judiciales, el legislador ha tomado la decisión, manifiesta en la norma demandada, de excluir de la procedencia de ese recurso las sentencias que resuelven la casación penal. Entonces, como es claro que una ley ordinaria no puede, bajo ninguna circunstancia, modificar o suprimir la Constitución Política y mucho menos uno de los mecanismos constitucionales de protección de los derechos fundamentales, la expresión “ni acción” que hace parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 será expulsada del ordenamiento jurídico pues genera un espacio institucional en el que los derechos fundamentales no podrían ser protegidos”. (Resaltado fuera de texto).
“El valor de cosa juzgada de las sentencias y el principio de seguridad jurídica suponen que los fallos son respetuosos de los derechos y ese respeto no se determina a partir de la visión que cada juez tenga de ellos sino del alcance que les fije la Corte Constitucional, pues esta es la habilitada para generar certeza sobre su alcance. Y ello es lógico ya que si algo genera inseguridad jurídica es la promoción de diferentes lecturas de la Carta Política por los jueces y, en particular, sobre el alcance de los derechos fundamentales. Este es precisamente el peligro que se evita mediante la excepcional procedencia de la tutela contra sentencias pues a través de ella se promueven lecturas uniformes sobre el alcance de tales derechos y de la Carta Política como su soporte normativo. Y en lo que atañe a la autonomía e independencia de los jueces y tribunales, ellas deben entenderse en el marco de la realización de los fines estatales inherentes a la jurisdicción y, en especial, de cara al cumplimiento de su deber de garantizar la efectividad de los derechos a todas las personas”. (Resaltado fuera de texto).
- Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima”.[30]
Por último, la Sala Plena reitera que para que la tutela resulte procedente por la configuración de un error fáctico, “El error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto” [31]
“No puede acreditarse en juicio la existencia de una convención colectiva como fuente de derechos para quien la invoca en su favor sino aduciendo su texto autentico y el del acta de su depósito oportuno ante la autoridad laboral o, cuando menos para esto último, mediante certificación de dicha autoridad sobre el hecho de haberse depositado dentro del plazo hábil la convención.
Si tal prueba no se allega al proceso de manera completa, no puede el sentenciador dar por demostrado en juicio que hay una convención colectiva de trabajo, ni menos aun, reconocer derechos derivados de ella en beneficio de cualquiera de los contendientes.(…)”.[32]
“(…) la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad” [36] (Subraya fuera de texto).
“(…) [la Corte Constitucional] de manera reiterada ha observado que la casación es un recurso extraordinario y excepcional que posee dos funciones primordiales: la de unificar la jurisprudencia nacional, esto es, de la ofrecer una mayor uniformidad en la interpretación de las leyes por los funcionarios judiciales y la de proveer la realización del derecho objetivo[38], función ésta que se ha denominado nomofiláctica o nomofilaquia[39] o de protección de la ley[40].
No es, por tanto, un recurso para resolver controversias judiciales o enmendar los eventuales errores en que hayan podido incurrir los jueces al momento de decidir los procesos, pues para ello el ordenamiento jurídico ha previsto las instancias ordinarias[41]. Se trata de un recurso que como se ha dicho, es extraordinario, con una “función sistémica” que lejos está de hacerla una tercera instancia[42], que protege en la jurisprudencia como fuente del derecho, su sujeción a los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y coherencia”.
30. En definitiva, el recurso de casación con su carácter propio, se armoniza con los mandatos constitucionales, según el principio de prevalencia tanto de los derechos fundamentales, como del derecho sustancial sobre las formas (arts 4º, 5 y 228 C.P.). Lo anterior pues de una parte mantiene la especificidad de la casación, rogada (dispositiva) y exigente (extraordinaria), sin lo cual se desdibujaría su naturaleza. También preserva su función esencialmente sistémica de unificación jurisprudencial. Mas, de otra y a los efectos de armonizar este recurso del ordenamiento jurídico con los principios constitucionales, se reconoce la facultad para que la Corte Suprema de Justicia, cuando examine una demanda de casación, no obstante los errores de técnica argumental que en ella evidencia, pueda atacar la sentencia que haya vulnerado de manera evidente un derecho fundamental. Conclusiones que se hacen más determinantes en la casación laboral como recurso que, en el marco de su función en el Derecho procesal laboral, representa otra forma de proteger la equidad, la igualdad material, la justicia en las relaciones laborales.” [43]
5.2.4. En este orden de ideas, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en un defecto procedimental al absolver al sindicato demandado de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, a pesar de que expresamente en las pretensiones plasmadas en la demanda de casación se solicitó que se “CASE la sentencia impugnada, excepto en cuanto confirmó en la sentencia complementaria la condena relativa a los intereses de cesantías, para que en sede de instancia confirme el ordinal primero de la providencia del A quo; modifique el ordinal segundo, ordenando que la pensión será compatible con la que reconozca el ISS; revoque el ordinal quinto y en su lugar condene a suministrar a la trabajadora el vestido y calzado de labor adeudado por la empleadora”[45] (negrilla fuera del texto original).
En consecuencia, cuando la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, actuando en sede de instancia, decide revocar la sentencia del Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, de fecha 29 de noviembre de 2005, y su complementaria de 6 de febrero de 2006, proferida en el proceso ordinario laboral que promovió Lucía Llamas Medina contra el Sindicato de Trabajadores Municipales de Medellín, “para en su lugar absolver a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda”[46] (negrilla fuera de texto original), desconoció la condena de intereses a la cesantía y la respectiva sanción por el no pago oportuno, prestaciones reconocidas a favor de la accionante en primera instancia y confirmadas en segunda instancia, derechos con fundamento legal[47] y que no se encuentran amparados en la convención colectiva referida, la cual no le es aplicable, como ya se explicó en el numeral 5.1. de esta providencia.
(i) Actuando como juez natural, la Corte se encontraba plenamente facultada para realizar la valoración de las pruebas obrantes en el expediente (verificar la fecha de la suscripción y depósito de la convención colectiva), revisión que ejecutó acorde con las normas que rigen el procedimiento procesal laboral y sin transgredir el debido proceso de la señora Llamas Medina, por lo que se confirmará esta decisión.
(ii) No obstante lo anterior, la Corte se extralimitó al desconocer el régimen propio que regula el ejercicio del recurso de casación, como quiera que su providencia de instancia, proferida el 2 de marzo de 2010, absolvió de la totalidad de las pretensiones al sindicato accionado, incluyendo aquellas que el único recurrente solicitó excluir expresamente y reconocidas por la ley (intereses de cesantías y sanción por no pago) y sin motivación alguna que justifique aquella exclusión. Siendo así, la Sala considera que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental, por lo que se tutelará el derecho al debido proceso de la señora Llamas Medina.
(iii) El incidente de nulidad tramitado dentro del proceso ordinario, no condujo a reparar la violación del debido proceso de la señora Llamas Medina.
5.4.2. De este modo, concluye esta Corporación que la autoridad judicial accionada en la sentencia que se censura incurrió en un defecto procedimental, por lo que se tutelará el derecho al debido proceso de la señora Llamas Medina, se revocará la sentencia de tutela emitida por la Corte Suprema de Justicia y se dejará sin efecto la expresión “de todas y cada una” contenida en la providencia del 2 de marzo de 2010 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
[18] Sobre el tema se pueden consultar, entre muchas otras sentencias, las siguientes: SU-014 de 2001; T-705 de 2002; T-949 de 2003; T-774 de 2004; C-590 de 2005; T-565 de 2006; T-661 de 2007; T-249 y T-594 de 2008; T-264, T-425 y T-537 de 2009; T-167, T-105, T-214 y T-285 de 2010 y, recientemente, T-419 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[19] Consultar, entre otras, la Sentencia T-217 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[20] Sentencia T-233 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[21] Consultar, entre otras, la Sentencia T-608 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[22] Sobre el particular, consultar, entre otras, las Sentencias SU-037 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-280 de 2009, T-565 de 2009, T-715 de 2009, T-049 de 2010, T-136 de 2010 y T-524 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[25] Sentencia T-419 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[26] Extracto de la Sentencia T-264 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[28] Ver sentencias T-442 de 1994, T-567 de 1998, T-239 de 1996 y SU – 159 de 2002, T-244 de 1997.
[30] Sentencia T-590 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[36] Sentencia T-233 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[37] Sentencia C-203 del 24 de marzo de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[39] Ver Piero Calamandrei. La casación civil. Madrid: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945, Tomo II, capítulos II y III, pp 4º y ss. Dice el autor: “este recurso extraordinario pone el interés que tiene el particular en que se corrija el agravio en su contra al servicio de la protección de la coherencia sistémica del ordenamiento. Así, el individuo tiene interés en atacar una sentencia ilegal o contraria a la jurisprudencia, a fin de evitar una decisión que le es desfavorable, y de esa manera, su actuación permite que el tribunal de casación anule la decisión contraria al derecho objetivo, y asegure así el respeto al ordenamiento” (…) “El Estado entiende que sobre la ejecución de los preceptos concretos de derecho privado no se puede concebir ninguna vigilancia más atenta y más tenaz que la que pueden ejercer los mismos particulares, los cuales saben que de la ejecución de las concretas voluntades de ley depende la satisfacción de sus intereses individuales tutelados por estas voluntades. El Estado comprende, en suma, por experiencia ya secular, que el sentimiento del derecho, de los coasociados, si puede a veces degenerar en espíritu de litigiosidad, no cae nunca en el exceso opuesto, ni se embota nunca hasta el punto de hacer habitual, en el campo del derecho privado, la falta de reacción contra la ilegalidad; de suerte que se puede estar seguro de que en la mayor parte de los casos basta la iniciativa privada, que voluntariamente emprenda la lucha por el derecho, para obtener, al mismo tiempo que la satisfacción de los intereses individuales, la actuación del derecho objetivo, interés esencialmente público. El Estado, por tanto, confía a la actividad privada la satisfacción del interés directo que él mismo tiene en la actuación del derecho objetivo; y los particulares, al promover la intervención de la jurisdicción en tutela de sus intereses individuales, se convierten inconscientemente en instrumentos de la utilidad social, que considera el resultado del proceso desde un punto de vista diverso y más alto que el estrictamente individual desde el cual consideran los litigantes. Ibídem, Tomo II, pp 124 y 124.
[40] “De esta manera -se dijo en sentencia C-1065 de 2000-, la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de su competencia, debe es “asegurar la coherencia del ordenamiento legal, gracias a la unificación de los criterios de interpretación de la ley, para de esa manera, lograr la realización del derecho objetivo y asegurar el respeto a los principios de legalidad y de igualdad” .
[42] Ver sentencia C-215 de 1994. Esta analizó la constitucionalidad del artículo 374 numeral 3º del Código de Procedimiento Civil que establece algunos de los requisitos de la demanda de casación en el señalamiento de errores de hecho o de derecho, sin los cuales se declararía desierto el recurso, devolviéndose el expediente al tribunal de origen, encontrándolo exequible. Consideró la Corte que: “Es cierto que el inciso no fue suficiente en el camino de las expectativas para flexibilizar el recurso. Pero el supuesto regulado en el inciso, es de la esencia de la casación, al permitir que se alegue el error de hecho manifiesto, que origine violación de norma sustancial. Y si existe la violación de la norma sustancial, lógicamente es necesario que el recurrente lo demuestre. Y si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideraren infringidas. Formalidades propias no sólo de este tipo de demandas, sino de todas las demandas judiciales, según las cuales se exige al actor citar las normas que considere violadas y la prueba y explicación de la violación”. En el mismo sentido ver sentencia C-446 de 1997, decisión donde se declaró exequible la disposición del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal que establecía la declaratoria de desierto del recurso de casación por el no cumplimiento de los requisitos de la demanda de casación en lo penal.
[43] Sentencia C-203 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[44] Sentencia C-596 de 2000 (M.P. Antonio Barrera Carbonell). En esta sentencia se estudiaba la constitucionalidad de las normas procesales de orden penal y laboral que establecían requisitos de la demanda de casación.
[47] Al respecto, el Juzgado Once Laboral del Circuito, en la sentencia de primera instancia, manifestó: Los intereses a las cesantías fueron establecidos por la Ley 52 de 1975 que fue reglamentada por el Decreto 116 de 1976 y deben ser pagados en el mes de Enero siguiente de cada año en que se hubieren causados. La demandante alega que el ente sindical demandado nunca le liquidó ni le pagó dichos intereses y que no se ha acogido al régimen de cesantías instituido en la Ley 50 de 1990. El ente sindical demandado al contestar dicho hecho, lo acepta como cierto en cuanto a la razón de derecho citada y a que la demandante no se encuentra sujeta al régimen de la Ley 50 de 1990, pero nada dijo acerca del pago de los mismos a la demandante, ni demostró en el desarrollo del proceso que estos hubieren sido pagados en alguna forma a la demandante, por lo que se debe entender que los mismos nunca han sido pagados (…) Siendo ello así, el ente demandado se encuentra en la obligación de reconocer y pagar a la demandante los intereses a las cesantías con la consabida sanción impuesta por el numeral 3º del artículo 1º de la Ley 52 de 1975 (Folio 36, cuaderno1).

References: artículo 71
 artículo 71
 artículo 1
 artículo 71
In casu
 artículo 185
 artículo 86
 artículo 185
 artículo 374
 artículo 226
 artículo 1