Source: https://hayderecho.expansion.com/2020/05/18/juicios-telematicos-sin-garantias-procesales-no-hay-juicio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=juicios-telematicos-sin-garantias-procesales-no-hay-juicio
Timestamp: 2020-05-29 21:20:40+00:00

Document:
¿Juicios telemáticos? Sin garantías procesales, no hay juicio - Hay Derecho
18 mayo, 2020 /2 Comentarios/en Administraciones Públicas, Blog, Derechos fundamentales, Justicia, Procesal /por Natalia Velilla Antolín
Llevamos más de dos meses de estado de alarma y los juzgados siguen vacíos. Más allá de los llamados “servicios esenciales” y actuaciones judiciales que no requieren de presencia, como las deliberaciones de los órganos colegiados, los juzgados de España están a la espera de que se levante el veto que impide celebrar juicios y que mantiene los plazos procesales suspendidos. Decenas de miles de profesionales de la justicia atraviesan una situación crítica ante tan prolongada situación.
Llevamos semanas denunciando la situación de la Justicia que, por su histórico abandono por parte de los poderes públicos, ya se encontraba en una situación poco halagüeña antes del 14 de marzo de 2020. Durante este tiempo, escuchamos a juristas, políticos y ciudadanos hablar de los juicios telemáticos como la solución milagrosa al colapso post-pandemia que se producirá en los tribunales. Unos juicios telemáticos que no han sido desarrollados técnicamente de ninguna manera.
Una abogada me decía el otro día que le preocupaba que se pretendiera “agilizar” la dramática situación actual de la justicia a costa de pasar por encima de los derechos de los justiciables o mediante la práctica de actuaciones judiciales con pocas garantías. A mí también. Pero me preocupa aún más la falta de conciencia de esta amenaza por parte de los operadores jurídicos que, en aras a demostrar su particular predisposición a adaptarse a la nueva situación –como si los demás no la estuviéramos-, consideran accesorios elementos que, en realidad, son tan relevantes que constituyen la razón por la cual el procedimiento judicial tiene garantías y sirve al fin pretendido. Los atajos en Justicia son siempre malas soluciones a medio plazo.
El artículo 19 del Real Decreto Ley 16/2020 de 28 de abril, de medidas organizativas en materia de Justicia para hacer frente a la pandemia, establece que, «durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, constituido el Juzgado o Tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello». Y excluye, como no podía ser de otra manera, el enjuiciamiento de delitos graves en el orden penal. Le queda ahora al Consejo General del Poder Judicial elaborar una guía que acote cuáles juicios y en qué condiciones se pueden celebrar. En ello están.
Los juicios telemáticos pueden constituir una herramienta accesoria que permita la agilización de determinados trámites procesales, vistas y comparecencias, pero han de garantizar la seguridad jurídica.
Las declaraciones a distancia de detenidos en sede policial, por ejemplo, ya practicadas durante estos días de confinamiento por los juzgados de guardia, cuentan con la adveración de la identidad del detenido efectuada por la policía y con la garantía de defensa del abogado defensor, que vela por la integridad del testimonio y por que sea prestado sin vicio. Este tipo de actuaciones no dejan de ser videoconferencias semejantes a las practicadas por los órganos judiciales antes del confinamiento: un funcionario del juzgado transcribe o graba la declaración prestada como si el detenido y su abogado estuvieran en sede judicial.
Las comparecencias penales que no conlleven práctica de prueba (de prisión, de adopción de órdenes de protección y otras medidas cautelares, etc) llevan años realizándose de forma telemática por parte del representante del Ministerio Fiscal cuando no puede asistir presencialmente. La absoluta insuficiencia de efectivos en fiscalía obliga a estos a multiplicarse, motivo por el cual el legislador recogió la posibilidad de que utilizasen medios telemáticos para poder atender las distintas diligencias. La rácana administración de justicia nos ha obligado a acostumbrarnos a administrar miserias, asumiendo como idóneo un parche que, en realidad, supone una disminución de la calidad de atención a las víctimas y victimarios. Que exista la posibilidad de la presencia a distancia del fiscal no puede llevar a conformarnos. Se deben crear más plazas de fiscales, no saturar a los ya existentes.
La videoconferencia, por tanto, debe ser concebida como algo excepcional, prevista únicamente para casos en los que no pueda realmente realizarse la actuación judicial de manera presencial o que esta no esté aconsejada (situación actual de riesgo de contagio, por ejemplo). Mantener que lo telemático “ha venido para quedarse” es poner a la Justicia en bandeja tanto a este como a futuros gobiernos que fácilmente optarán por no crear nuevos efectivos y saturar aún más a los ya existentes. Por ello, considero indispensable que seamos los propios operadores jurídicos los que prestigiemos nuestra función. De lo contrario, nos veremos reducidos a un número o a un eslabón en la cadena de producción. No podemos olvidar que nuestro trabajo afecta a derechos fundamentales. Un busto parlante no puede meter a nadie en prisión.
Pasando de las comparecencias y diligencias judiciales expuestas a la propuesta de generalizar los juicios telemáticos mientras dure el estado de alarma, debe aceptarse su implementación de manera temporal y excepcional y siempre partiendo de la base de un sistema cifrado que preserve el contenido de lo actuado, la protección de datos personales y la identidad de los actuantes. Así, las conformidades con el fiscal, los actos de conciliación, las mediaciones, arbitrajes, las audiencias previas civiles, los juicios documentales o las conclusiones orales, por ejemplo, pueden ser celebrados íntegramente de forma telemática con mínimos medios técnicos que garanticen la fe pública judicial y permitan la grabación. De hecho, la aportación de prueba documental puede realizarse por los mismos medios técnicos, compartiendo en pantalla los documentos. Pero veo inviable la práctica de prueba testifical y pericial de parte en juicios telemáticos. Únicamente, cabría la posibilidad de que los profesionales asistieran telemáticamente desde sus respectivos despachos -contemplando incluso la posibilidad de que las partes les acompañen, dada la tasada valoración de la prueba de interrogatorio- y, el resto de deponentes (testigos y peritos), lo harían en sede judicial ante el juez, garantizando tanto la identidad como la integridad de la declaración. Una testifical prestada en lugar donde no haya funcionario público que identifique al declarante y verifique la ausencia de vicio no puede ser valorada como tal.
Por otra parte, la inmediación judicial es imprescindible para poder valorar correctamente la prueba, por lo que excluiría de la posibilidad de celebrar juicios telemáticos los de la jurisdicción penal. La inmediación se ve gravemente afectada en el contacto telemático, al igual que no es igual tomarse un café con un amigo que dialogar con él por Zoom. La videoconferencia te hace perder detalles del entorno y del lenguaje corporal. En determinadas actuaciones como las exploraciones de menores, los procesos de familia o la protección de derechos fundamentales, la cercanía humana es imprescindible. Si no aceptamos que un internista nos diagnostique a distancia, ¿Por qué aceptamos una decisión judicial así?
Aunque es cierto que existen supuestos legales en los que se compromete la inmediación, como la preconstitución de prueba en el ámbito penal, se trata de casos excepcionales en los que se prima la evitación de la victimización secundaria de quien ha sufrido un delito traumático o la garantía de la prueba en casos de víctimas extranjeras que se marchan a su país (ius puniendi del Estado) frente a la inmediación judicial y, por ello, la ley ha permitido la excepción.
Finalmente, quiero resaltar que los juicios telemáticos impiden la publicidad de los juicios, en contra de lo establecido por el legislador. Además, permiten dejar en manos de los intervinientes el buen desarrollo de la vista, ya que, ante la eventualidad de un juicio desfavorable, se puede caer en la tentación de desconectar y apelar a la nulidad de lo actuado por fallos de conexión.
En definitiva: sí a los medios telemáticos con garantías técnicas de protección de datos, de identificación de los intervinientes y de integridad del contenido de lo actuado, pero como instrumento accesorio que permita reducir la presencia de personas en sede judicial en actuaciones sencillas. No podemos aceptar burocratizar la justicia bajo la excusa de una epidemia. La adopción de decisiones razonables que permitan la contención de los contagios siempre deben estar iluminadas por la conciencia de servicio público de calidad, que debe volver al contacto personal una vez pasen las restricciones. Y determinadas actuaciones nunca deberían celebrarse de forma telemática. Los derechos de los ciudadanos están en juego.
Etiquetas: Administración de Justicia, Derecho Penal y Procesal, Derecho procesal, Estado de Alarma, Internet y Nuevas Tecnologías, nuevas tecnologías
Andrés Vázquez López Dice:
Interesantes reflexiones, particularmente acerca de la seguridad jurídica. Poniendo el foco en la siguiente afirmación, acerca de que “los juicios telemáticos impiden la publicidad de los juicios, en contra de lo establecido por el legislador”, me surge una pregunta: en la retransmisión en directo y mediante streaming de las sesiones del juicio del “procés”, ¿estimaría la autora que la publicidad del juicio, garantizada por nuestra Constitución, se habría quebrado? ¿qué sus sesiones, conocidas más allá del círculo de los presentes en el mismo, teniendo una proyección general, vulneraban o no eran garantía bastante de la debida publicidad? Una cosa es carecer de recursos, o desconocerlos, otra diferente como se articule su utilización. ¿O habríamos de considerar que, por ejemplo, en el juicio llevado a cabo tras los atentados terroristas de Madrid del 11 de marzo de 2004, en donde varias testificales se realizaron a través de videoconferencia, siendo exhibidas pruebas o folios del sumario a través de las diecisiete pantallas de plasma que retransmitieron el juicio, en directo, dentro del recinto de la Audiencia Nacional, encontrándose unas en la propia Sala de vistas; otras en la sala de prensa, otras en la estancia reservada a las víctimas, mientras cuatro cámaras –con zoom de aproximación- cubrieron todos los ángulos de la sala permitiendo que no se perdiera ningún detalle y una más, situada sobre la mesa del tribunal, filmaba cualquier nueva prueba que pudieran presentar defensas y acusaciones, mientras un realizador, bajo la tutela del tribunal, se encargó de la selección de las imágenes, garantizando el derecho a la intimidad y la protección de testigos, mientras el presidente del tribunal, cuando lo consideraba procedente, podía cortar la imagen desde su propia mesa, pulsando un botón y las sesiones que fueron grabadas, en aquel momento, en DVD con su minutado preciso, con cuarenta y tres micrófonos en las mesas de la sala, vulneraron garantías procesales y, más concretamente, la de publicidad? ¿O es qué el reducido público con acceso a la sala era mejor garantía para garantizar su publicidad que su difusión pública? Algo hemos avanzado, tecnológicamente hablando, desde entonces. Era 2004…
Qué decir entonces, respecto a garantías procesales, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado en el marco de la Convención de Roma el 17 de julio de 1998, que ya desde esa fecha contempla en su artículo 69.2 la posibilidad de que el testigo preste testimonio «por medio de una grabación de video o audio» y en su artículo 68.2, habilita la presentación de pruebas «por medios electrónicos u otros medios especiales», cuando con esa medida se proteja a víctimas o testigos…
O el Convenio Europeo relativo a la Asistencia Judicial en Materia Penal, aprobado el 29 de mayo de 2000 por el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que regula la práctica de las videoconferencias en su artículo 10…
Pero es que la videoconferencia ya se contemplaba en el art. 9 de la Convención Europea de Asistencia Mutua en Materia Penal suscrita en Estrasburgo el 20 de abril de 1959…
O la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) que en su artículo 24, exige a los Estados parte que adopten medidas apropiadas para una protección eficaz de testigos o de víctimas testigos en investigaciones de delitos materia de la Convención y entre las medidas pertinentes se reconoce la posibilidad de establecer normas probatorias que permitan las declaraciones sin hacer peligrar la seguridad de los testigos, dándose como ejemplo el uso para ello de diversa tecnología de la comunicación como videoconferencias…¿Tendríamos que entender que quedan, en la praxis del derecho internacional penal, quebradas las garantías procesales por el uso de medios telemáticos?
23 mayo, 2020 en 11:49
Me parece un post bienintencionado pero alejado de la realidad. Tendría que extenderme demasiado para comentarlo todo, así que me limitaré a dos cosas. Una, las testificales y periciales por videoconferencia ya son muy frecuentes desde hace años. Dos, muchos jueces han trabajado intensamente durante el confinamiento porque casi todos tienen trabajo atrasado que han ido adelantando (ya se verá el alud de notificaciones que caerá próximamente)
Pandemias en cacerola Una oportunidad para la justicia

References: artículo 19
 Real Decreto 
 artículo 69
 artículo 68
 artículo 10
 artículo 24