Source: http://www.gomezdiez.com.ar/index.php/labor-en-el-senado/versiones-taquigraficas/versiones-taquigraficas-2002?start=10
Timestamp: 2019-03-21 01:55:08+00:00

Document:
Ley de Quiebras - 15/05/02
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: vamos a votar en forma favorable el proyecto de ley en revisión por la sencilla razón de que recoge la mayor parte de las observaciones que a fines de enero habíamos formulado ante la modificación de la Ley de Quiebras.
Por lo tanto, el proyecto en consideración, de alguna manera, vuelve al buen sendero de una Ley de Quiebras que debe buscar el equilibrio entre los principios de conservación de la empresa, una adecuada regulación de la relación entre acreedores y deudores y el principio de la conservación del crédito, algo que también es absolutamente esencial.
La sanción de la Cámara de Diputados vuelve el período de exclusividad a términos razonables ya que era excesivo el plazo aprobado a fines de enero.
En lo que respecta al instituto de la fianza, también se lo vuelve a tratar adecuadamente, restituyendo el artículo 55 de la ley 24.522. También se acorta el plazo previsto en el artículo 10. En materia de medidas cautelares se recoge el texto que habíamos propuesto en este mismo recinto a fines de enero en el sentido de referirse a la suspensión exclusivamente de aquellas medidas que puedan importar un desapoderamiento de los bienes afectados por el deudor al proceso productivo.
Queremos también señalar que es importante que el proyecto en tratamiento tenga dictamen de la Comisión de Legislación General, como lo tiene. La verdad es que las tres iniciativas que vamos a tratar hoy regulan las consecuencias de una devaluación sin programa económico, que es lo que nosotros precisamente no queríamos. Pero las urgencias derivadas de esa medida que en su momento se tomó no deben hacernos perder de vista que es importante que los temas se estudien y profundicen, y, en consecuencia, se legislen adecuadamente
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: vamos a votar a favor de este proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados, aun cuando pensamos que tal vez hubiera sido conveniente extender la exención del impuesto a la transferencia de los combustibles a la totalidad de las ventas de gas oil, de manera tal que tienda a favorecer no sólo el caso de las importaciones, sino también a todo el sector productivo. En ese sentido, cabe destacar que en el acuerdo que el gobierno ha firmado con el sector petrolero, el área del transporte ha recibido una consideración especial.
También hay que señalar que en este momento el sector productivo está haciendo un gran esfuerzo, ya que se le aplican retenciones del 20 por ciento, debe pagar insumos en dólares, el litro de gas oil ya cuesta un peso y las tasas de interés ascienden a más del ciento por ciento, en los pocos casos de crédito disponible.
Subversión Económica - 08/05/02
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: junto con el senador Walter hemos presentado un proyecto de ley, por el cual se propicia la incorporación en el Código Penal de la figura del vaciamiento de empresa. Esta iniciativa fue presentada el 2 de mayo y figura bajo el número de expediente S. 643/02.
En consecuencia, solicito que se incorpore el citado proyecto al tratamiento sobre tablas peticionado y oportunamente fijaremos nuestra posición sobre el fondo de la cuestión.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: queremos ayudar al gobierno nacional a que pueda cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permita refinanciar la deuda que el país mantiene con los organismos multilaterales de crédito y evitar así que quede aislada del resto del mundo.
Se está al borde de la cesación de pagos con los organismos multilaterales. La situación es sumamente grave porque los vencimientos de este año ascienden a 9 mil millones de dólares.
En el mes de enero, hubo un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional de mil millones, pero haciendo uso de una opción que afortunadamente tenía el país, se logró pasar al año próximo con un reajuste de la tasa de interés.
En el mes de abril hubo un vencimiento de 700 millones de dólares con el Banco Mundial, que aún no fueron pagados, aunque estamos dentro de los treinta días requeridos para caer en mora.
De modo que la cesación de pagos es algo verdaderamente inminente si no se llega a un acuerdo. De ahí nuestra voluntad de ayudar a encontrar una solución razonable que, sin perjuicio de preservar la dignidad de la Nación, ayude a concertar un acuerdo que permita mantenernos conectados con el resto del mundo.
Pero queremos ser sumamente claros. Pedimos que se informe con precisión cuáles son las condiciones que impone el Fondo para lograr una refinanciación de los vencimientos, porque la información es bastante difusa. Muchas veces se tiene la impresión de que hay determinadas condiciones en la agenda de negociaciones y, cuando ellas se están por alcanzar, aparecen otras nuevas que provocan la dilación en el tiempo. Y la verdad es que, como decíamos recién, la situación es verdaderamente límite.
También queremos pedirle al Gobierno y a la bancada de la mayoría que se cumpla con las leyes que sanciona este Congreso. Se trata de leyes --con algunas de las cuales hemos discrepado, pero que en definitiva son ley de la Nación-- que hacen a cuestiones económicas que son muy sensibles en este momento tan delicado.
La ley 25.561 --por la que se delegan importantes facultades al Poder Ejecutivo nacional-- establece la conformación de una comisión bicameral que todavía no se ha constituido. En consecuencia, este Congreso no ha podido analizar el ejercicio concreto de esas facultades delegadas.
Y voy a dar un ejemplo. La resolución 46 del Ministerio de Economía, de principios de febrero de este año, establece una reprogramación de los depósitos --en pesos y dólares-- en los bancos, la cual es de imposible cumplimiento. Se trata de una cuestión que debería haber sido analizada por el Congreso y puntualizada al Poder Ejecutivo.
Tampoco se cumple lo dispuesto por la Carta Orgánica del Banco Central aprobada por el Congreso. Su artículo 3 dispone que anualmente el Banco debe elaborar un programa monetario, y que trimestralmente debe ser informado al Congreso. No tenemos conocimiento de que ese informe se haya realizado.
Y si uno analiza las cifras disponibles se desprende que los bancos han sido asistidos a través de líneas de redescuentos con cinco mil millones de pesos. En el balance del Banco, en el primer trimestre, aparecen 700 millones en concepto de asistencia al Gobierno nacional, lo que da un total de 5.700 millones, cifra que excede a los 3.500 millones que están contemplados en el programa inicial.
Por lo tanto, hay que analizar esta situación; así como también hay que analizar que parte de esta emisión monetaria ha sido rescatada por el Banco Central a través de la venta de reservas, es decir, con parte de las escasas reservas que le quedan a la Argentina, que evidentemente tiene muy pocas posibilidades de conseguir divisas en el futuro inmediato.
Concretamente, el Banco Central ha efectuado ventas de reservas para rescatar emisión monetaria por un valor de 3.700 millones a diferentes tipos de cambio.
Estas son cosas que hay que analizar. Tiene que cumplirse con la Carta Orgánica del Banco Central.
Además, recordemos que la ley de Presupuesto en su artículo 9° establece que el Poder Ejecutivo tiene que remitir al Congreso un proyecto de ley en donde se detallen los costos de la pesificación asimétrica y su financiación. Este proyecto tampoco ha ingresado en el Congreso, y parece que se le pueden seguir agregando cuentas y cifras a la Nación, cuando en definitiva todos sabemos que está quebrada.
Señalo también que nos preocupa el frecuente dictado de decretos de necesidad y urgencia en cuestiones que no revisten tal carácter. Es el caso del Programa Jefas y Jefes de Hogar, respecto del cual no digo que no sea prioritario sancionarlo en el Congreso; pero considero que esta cuestión ameritaba su consideración por parte del Parlamento en ejercicio de atribuciones que le son propias --establecidas por la Constitución Nacional--, y no que se instrumentara a través de un decreto de necesidad y urgencia.
Tendrían que haberse receptado las iniciativas de todos los sectores políticos, y legislado de la mejor forma posible.
También decimos con absoluta sinceridad que nos preocupa que respecto de los depósitos bancarios se legisle por vía de decretos de necesidad y urgencia. Porque deseamos dejar en claro que nosotros queremos que los bancos asuman las responsabilidades que les competen en orden a la devolución de los fondos a los ahorristas. Quiero señalar que en las circunstancias actuales en que se debate nuestro país, los ahorristas tendrán mayores posibilidades de cobrar un bono garantizado por cartera en situación 1 de los bancos que un bono garantizado por un Estado quebrado, insolvente y que no puede honrar sus obligaciones.
Entonces, queremos pedir expresamente al gobierno y a la bancada mayoritaria que se cumplan las disposiciones que se han aprobado en esta misma Cámara.
En este contexto y con ánimo de ayudar al gobierno, que necesita ayuda porque está en una situación política extremadamente endeble, he presentado junto al señor senador Walter un proyecto de ley sobre subversión económica con la intención de colaborar en el tratamiento y en el análisis del tema que nos ocupa.
En setiembre de 1974, cuando esta ley fue sancionada por el Congreso, el país vivía una situación muy difícil: la violencia subversiva ya se había instalado en la República. Para citar sólo un caso, setiembre de 1974 fue el mes del secuestro de los hermanos Born. Se buscaba cambiar el orden institucional y económico del país por vía de la violencia. En ese contexto, el Congreso de la Nación trató la que después fue la ley 20.840, conocida como de seguridad nacional. Reinstaurada la democracia y bajo la Presidencia del actual senador Alfonsín, fue derogada la mayor parte de esa ley de seguridad nacional y quedaron subsistentes, fundamentalmente, los artículos 6 y 7, que regulan y tipifican el delito de vaciamiento de empresa. Por ello, a partir de ahí, esta ley pasó a llamarse también de subversión económica.
Evidentemente, nosotros creemos que el país de hoy es distinto al de 1974, al de los tiempos de la subversión y, por lo tanto, consideramos que es atinado derogar esta ley penal especial que se dictó en un contexto muy particular de la vida de nuestro país. Bien decía el señor senador Díaz Bialet, que actuaba como miembro informante de la mayoría, que el proyecto procura impedir las actividades subversivas que, como tales, están orientadas a perturbar y subvertir el orden social y espiritual de la Nación. Evidentemente, era otra realidad, una realidad muy particular.
No obstante, creemos que es conveniente que la figura del vaciamiento de empresa se inserte en el orden penal argentino en el lugar donde realmente debe figurar, que es el Código Penal y no en una ley especial. Por ello, el proyecto que hemos presentado apunta a incorporar esta figura en el artículo 174 del Código Penal, como un tipo especial de defraudación y a efectos de que quede inserta en el Código con una tipificación mucho más precisa de la que tiene actualmente este delito. Porque hoy, en verdad, es un tipo penal abierto que le da un alto grado de discrecionalidad a los jueces, lo cual es impropio en una ley penal. Tal vez haya tenido origen en esa circunstancia y tiempo especiales en que fue sancionada la ley 20.840.
Esto lo advirtió con claridad en el curso del debate el entonces senador Solari Yrigoyen, cuando comentó el artículo 6 de la citada norma, que es una de las pocas referencias que hay de ese artículo en el debate, porque la atención de los legisladores en ambas Cámaras estuvo fundamentalmente centrada en el resto de los artículos de la ley.
Solari Yrigoyen, en el debate, decía textualmente: "El artículo 6 habla de enajenar indebidamente y comprometer injustificadamente el patrimonio como hechos punibles. Aparte de que son expresiones que pueden contrariar algunos de los principios vinculados con los artículos 18 y 19 de la Constitución, pensamos que son términos vagos, que resultarán muy difíciles de aplicar para determinar la actividad punible". Luego agrega: "Queremos que los delitos sean bien definidos para que se entienda cuál es la actividad punible. Si la terminología es confusa, la propia justicia encontrará inaplicable la ley o tal vez podrá llegarse a aplicarla por vía de interpretación, que no es el mejor método de la ciencia penal".
Nosotros coincidimos con estas apreciaciones que ya en esos días hacía el senador Solari Yrigoyen. Creemos que es el momento para hacer una tipificación adecuada en el ámbito propio de los delitos, que como señalaba recién, es el Código Penal. Por eso, el proyecto que hemos presentado va a lo que creemos es una tipificación más exacta y adecuada de este tipo penal del vaciamiento de empresas.
Realmente, las especificaciones del texto actual son muy generales. Se habla de ánimo de lucro. Animo de lucro hay en cualquier actividad empresaria. ¿Cuál es el ánimo de lucro para que el juez lo aprecie? ¿Qué es enajenar indebidamente algo? ¿Qué es comprometer injustificadamente el patrimonio? Todos sabemos que en la vida de los negocios y en la actividad empresarial hay personas que tienen un modo muy conservador de manejar sus intereses y otras tienen un criterio mucho más arriesgado para actuar en la vida empresarial. No puede quedar liberado al arbitrio del juez el juzgamiento de este tipo de conductas. Por eso, la tipificación del delito de vaciamiento tiene que ser muy clara y precisa.
Nosotros hemos planteado un texto. El dictamen de comisión en mayoría plantea otro diferente. Pero hay que señalar que la gran diferencia que tenemos con el criterio que ha expuesto la mayoría gira, sin duda, en torno al hecho de que se contempla exclusivamente el tipo doloso. En cambio, en el proyecto que nosotros hemos elaborado y presentamos contemplamos también la versión culposa de este delito. Todos sabemos que en materia de prueba la situación es muy diferente cuando hay que probar específicamente dolo o cuando hay también una figura que es punible en su aspecto culposo.
Desde luego que en nuestra iniciativa, al incorporarse este delito en el Código Penal, son competentes los jueces ordinarios en materia criminal. No creemos que hoy se den las razones que existían en 1974 para mantener esto en el ámbito de competencia de la Justicia Federal. Por supuesto que sí establecemos expresamente, en los proyectos que hemos presentado, que las causas que se están sustanciando en este momento en el fuero federal terminan su trámite en el mismo, para no entorpecer el curso de las actuaciones respectivas.
En definitiva, creemos que esta es la solución más razonable para la cuestión que se ha planteado y pasa por precisar el tipo penal, que es lo que verdaderamente corresponde en esta materia; incorporar la figura en el Código Penal y mantener el delito en sus dos versiones, tanto dolosa como culposa, con lo cual está claro que acá no se está legislando a favor de la impunidad de nadie.
Desapoderamiento de fondos depositados o impuestos en entidades financieras - 24/04/02
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: desde el Interbloque Federal hemos presentado un proyecto alternativo sobre el tema que estamos analizando, el cual básicamente consta de dos partes. Un artículo 1 que legisla acerca del tema de la devolución de los depósitos y luego cuatro artículos que versan acerca de las medidas cautelares.
Respecto de la primera cuestión referida a la devolución de los depósitos, se propicia disponer que aquellas entidades financieras cuya liquidez lo permitan puedan convenir con sus depositantes la cancelación total o parcial de los certificados de depósitos que fueron oportunamente reprogramados, o fijar un cronograma diferente con la conformidad del depositante. Esto lo decimos porque la ley 25.561 dispone en uno de sus artículos que el Poder Ejecutivo queda facultado a programar a lo largo del tiempo la devolución de los depósitos. El Ejecutivo, a su vez, delegó esta facultad en el Ministerio de Economía, que dictó a principios de febrero el decreto 46 por el cual se establece un cronograma de devolución de los depósitos en pesos a partir de este año 2002 y de los depósitos en dólares a partir de enero de 2003. Hay entidades financieras que podrán cumplir con ese cronograma que ha sido dispuesto por el decreto 46 y otras evidentemente no. Con relación a estas entidades que no pueden cumplir con esta disposición habrá que estructurar una estrategia orientada al reordenamiento del sistema financiero.
Puede haber entidades que estén en condiciones de devolver sus depósitos o de programar un cronograma diferente con la conformidad del depositante. Por lo tanto, creemos que ha llegado el momento de habilitar a esas entidades financieras para que puedan efectuar devoluciones o pactar cronogramas con los ahorristas. Para aquellas entidades que no lo puedan hacer porque no cuentan con la liquidez suficiente, habrá que legislar un sistema orientado al reordenamiento del sector.
En lo que respecta a medidas cautelares, que proponemos legislar a lo largo de cuatro artículos, nuestra reflexión es la siguiente. El artículo 28 de la Constitución Nacional establece que todo derecho se goza conforma a las leyes que reglamenten su ejercicio. La condición es que esa reglamentación sea razonable, es decir, que no aniquile, que no destruya el derecho de que se trate. Las medidas cautelares integran el poder jurisdiccional que, de acuerdo con la Constitución, es ejercido por el Poder Judicial pero, además, constituye un derecho de los justiciables.
Básicamente estas medidas, como todos sabemos, tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una sentencia judicial para que no se torne ilusoria.
Y existen también las que se han dado en llamar medidas tutelares anticipatorias, a través de las cuales --y ante situaciones verdaderamente excepcionales-- el juez puede anticiparse al resultado de la sentencia.
El problema es que en los juicios de amparo respecto del denominado "corralito", las medidas tutelares anticipatorias --que, reitero, deben ser excepcionales-- comenzaron a tornarse medidas adoptadas por los jueces con carácter generalizado. Por lo tanto, creemos que hay que devolver las cosas al cauce que verdaderamente corresponde, que es el de la excepcionalidad.
Por eso es que consideramos que frente a esta circunstancia de emergencia que vive el país y ante esta crisis del sistema financiero, se puede legislar estableciendo claramente que en los amparos se debe esperar la sentencia definitiva, dejando abierta la puerta para contemplar lo excepcional, que se da cuando está en juego la vida, la salud o la integridad de las personas.
En consecuencia, discrepamos con el criterio de la mayoría porque el proyecto elaborado prácticamente aniquila las medidas cautelares, permitiendo sólo la medida de no innovar. De esta manera, se abre la puerta a un planteo de inconstitucionalidad porque, como hemos dicho, las medidas cautelares integran, por un lado, el poder jurisdiccional que es propio de los jueces y, por el otro, también constituyen un derecho de los justiciables.
Por lo tanto, propusimos un texto que a nuestro juicio reúne el requisito que establece el artículo 28 de la Constitución Nacional respecto del criterio de razonabilidad que siempre debe presidir la reglamentación de los derechos.
Básicamente, esas son las dos partes en que está dividida la norma que proponemos.
Respecto del retiro de los depósitos, consideramos que ha llegado el momento de sincerar el sistema financiero con relación a aquellas entidades que están en condiciones de cumplir con los compromisos asumidos con sus depositantes. Y en cuanto a las que no lo están, creemos sinceramente que las nuevas autoridades económicas tendrán que abocarse de manera prioritaria al reordenamiento del sistema financiero, tal como ha quedado de manifiesto en estos días.
Además, hacemos propicia la oportunidad para señalar la necesidad de que se constituya la comisión bicameral establecida por la ley 25.561.
Este es un tema que varias veces se ha considerado en las reuniones de labor parlamentaria, pero que nunca se concretó. Dicha ley dispone la constitución de una comisión bicameral, precisamente para controlar el ejercicio de las facultades delegadas. Y una de ellas es el decreto 46 relativo a la reprogramación de los depósitos.
Respecto de las medidas cautelares, creemos que las normas que propiciamos son las que más se ajustan al texto de nuestra Constitución y las que permiten lograr una reacción armoniosa que no conculque los derechos de los justiciables para, de esa manera, no ser objeto de tachas de inconstitucionalidad en sede judicial.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: solicito que se deje constancia del voto negativo del Interbloque Federal, que ha presentado su propio proyecto.
Informe del Señor Jefe de Gabinete de Ministros - 11/04/02
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: en el acuerdo que han firmado la Nación y las provincias se ha establecido una meta de reducción del déficit del 60 por ciento. Vale decir, como usted bien lo señaló recién, el año pasado el déficit fue de 5 mil millones de pesos. La reducción del 60 por ciento sería de 3 mil millones y quedarían 2 mil millones para financiar, que, en principio, podrían ser financiados con un crédito del FMI. Pero al eliminarse la suma fija en concepto de coparticipación las provincias van a tener una caída de recursos de coparticipación federal que se va a sumar también a la caída de recursos propios.
Entonces la pregunta concreta para el señor jefe de Gabinete es cómo van a hacer las provincias para financiarse frente a esa caída de recaudación. Porque acá lo que está claro es que la Nación se va a financiar con nuevas fuentes de financiamiento, que son consecuencia de la devaluación, tales como las retenciones o la emisión dentro del programa monetario. Pero esos no son recursos coparticipables y, por lo tanto, las provincias no van a tener esa posibilidad. ¿Cómo van a hacer para financiarse en este aspecto frente a la caída de la recaudación?.
Acuerdo Nación-Provincias sobre relación financiera - 04/04/02
Sr Gómez Diez. — Señor presidente: en primer lugar quiero manifestar que la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos —que es una de las comisiones más numerosas de esta Cámara, está integrada por 21 miembros sobre un total de 70 senadores en ejercicio; es decir, casi un tercio del cuerpo— es una comisión que pese a esta cantidad de integrantes no cuenta con la representación de los partidos provinciales o regionales de la Argentina.
No podemos menos que señalar esta circunstancia, porque nos sentimos marginados y excluidos de este ámbito de discusión y debate, lo cual no va a impedir, desde luego, que defendamos en este recinto nuestras convicciones y los derechos de nuestras provincias en un tema especialmente importante como este.
Cada sector político tiene sus banderas que, en definitiva, son las banderas de todos, porque después es una sumatoria de banderas. Pero para nosotros estos temas son especialmente importantes porque hacen a los recursos del interior de nuestro país.
Sin duda, los señores gobernadores al negociar y firmar este acuerdo habrán imaginado diferentes escenarios en materia de recaudación. Digo esto porque la característica principal de este nuevo acuerdo está dada por la cláusula 4° que establece que queda sin efecto la garantía de una suma fija que se distribuía entre las provincias. Naturalmente, lo primero que a uno se le ocurre es tratar de imaginar —desaparecida la suma fija— qué va a pasar con los recursos y cómo van a evolucionar.
Me he planteado dos escenarios posibles: uno irreal e imposible de concreción, pero previsto en el Presupuesto 2002; por lo tanto, uno no puede dejar de plantearse la existencia de este escenario, según el cual los recursos de coparticipación caerían este año un 3 por ciento. Si uno toma en consideración esa caída de ingresos y le agrega el 30 por ciento del impuesto al cheque que ahora se coparticipa, determinaría para las provincias una situación similar o equivalente a la del año anterior. Las provincias terminarían prácticamente empatadas. Pero, como decía, este es un escenario irreal transcurrido el primer trimestre del año, por lo que hay que imaginarse otras posibilidades. Yo me he planteado un escenario donde los recursos de coparticipación caen el 7 por ciento. Si se produce esta caída y se le adiciona a la suma transferida a las provincias la coparticipación del 30 por ciento del impuesto al cheque, evidentemente hay una caída real de las sumas a transferir a los estados provinciales, que se puede estimar en superior a los 500 millones de pesos.
Ahora, ¿cómo se podrían compensar las provincias de esta caída? Acá surge naturalmente el tema de la refinanciación de las deudas provinciales. Las provincias han obtenido refinanciar sus deudas a 16 años de plazo, tres años de gracia para amortizar el capital, una tasa de interés del 4 por ciento y una pesificación a 1,40 más el famoso CER. Al refinanciar a 16 años de plazo sus pasivos con las entidades bancarias, las provincias pasan a tener —como bien se señala en la introducción de este acuerdo— una mayor disponibilidad de recursos en virtud de esta financiación, que podría operar como una suerte de compensación financiera con la caída de ingresos reales de coparticipación.
Pero acá los grandes desprotegidos frente a esta caída de ingresos van a ser los municipios porque no van a tener defensa. Van a ver, por un lado, que les caen los recursos de participación federal de impuestos y están viendo ya que caen sus ingresos propios como consecuencia de la recesión económica. Además, no van a gozar de esta refinanciación por el tratamiento que se da a la cuestión municipal en el artículo 8°, que simplemente dice lo siguiente: "La Nación y las provincias procurarán la aplicación de criterios similares para atenuar el impacto de los servicios de la deuda contraída por los municipios." "La Nación y las provincias procurarán...". Todos sabemos lo que en este país significa "procurar" en tiempo de escasez como son los actuales. De manera tal que en este acuerdo las provincias se garantizan su situación, se garantizan algún tipo de compensación frente a la caída de ingresos, pero los municipios van a estar en una situación de absoluta desprotección.
He visto —al igual que casi todos lo habrán hecho— en los medios de comunicación, en los diarios, etcétera, que se ha dicho que las provincias, fuera de la refinanciación de la deuda, también tienen un seguro de cambio respecto de los préstamos contraídos con los organismos multilaterales de crédito. Quiero señalar que este seguro de cambio es una expresión de deseo, porque el acuerdo dice que “La deuda de las provincias, proveniente de programas financiados por organismos multilaterales de crédito recibirán el mismo tratamiento que obtenga el Estado nacional para con sus deudas con esos organismos. Con el objeto de atenuar el eventual impacto del tipo de cambio sobre los servicios de deudas provinciales originadas en esos préstamos, el Estado nacional incluirá partidas presupuestarias destinadas a tal fin”.
Esto no es una garantía. Estamos en el terreno del procurar y de las cosas posibles, pero no aseguradas. Y muchos municipios de nuestro país han contraído créditos con organismos multilaterales, que hoy les está costando un tremendo esfuerzo pagar, porque son préstamos en dólares; y ahí no hay pesificación de 1 a 1 ni de 1 a 1,40. Se trata de la cotización del dólar en el mercado libre, porque se paga en esa misma moneda. Entonces, en esto las provincias no están protegidas con seguro de cambio y tampoco están protegidos los municipios.
En este acuerdo se dice que los estados provinciales tienen que disminuir su déficit un 60 por ciento con respecto al del año anterior. El déficit estimado del año pasado ronda los 5 mil millones de ese entonces. En consecuencia, disminuir el 60 por ciento significa que hay que bajarlo a 2 mil millones. Pero ojalá esto fuera así y sólo se tratara del 60 por ciento, porque en realidad es un porcentaje mayor.
¿Por qué digo que es más del 60 por ciento? Porque si comparo el déficit del año pasado con la meta para este año, es el 60 por ciento menos. Pero como hay caída de recursos —tanto los de coparticipación como los propios de las provincias—, entonces el esfuerzo que van a tener que hacer los estados provinciales, según este compromiso, no va a ser del 60 por ciento sino del ciento por ciento, porque hay que sumarle los menores ingresos al esfuerzo que hay que realizar.
Me parece que cuando los gobernadores firmaron este acuerdo deberían haber debatido con la Nación cuál es el esfuerzo que ella hará en este caso. ¿Porque hay metas para las provincias, pero no las hay para el Estado nacional?. ¿Por qué no se ha considerado alguna meta de esfuerzo fiscal para la Nación? ¿Por qué no se ha hablado de un tema, que muchas veces hemos conversado y analizado, que es el Ministerio de Educación sin escuelas, el Ministerio de Salud Pública sin hospitales, el Ministerio de Desarrollo Social cuando las necesidades de la gente son atendidas por las provincias y los municipios, que son los que, en definitiva, están cerca de las necesidades cotidianas, las de todos los días? ¿Por qué no se han incluido algunos otros temas, como por ejemplo el vinculado con el PAMI?
Hay que señalar que las gestiones del PAMI de todos los últimos gobiernos han fracasado. Parece que es un sistema inmanejable desde Buenos Aires y realmente una fuente de corrupción e ineficiencia. Entonces, ¿por qué no se ha planteado definitivamente la federalización del PAMI? Entiendo que las provincias tendrían que asumir la prestación de estos servicios para con nuestros jubilados y pensionados y, de paso, comenzar también a desmontar costosas estructuras burocráticas asentadas acá en la Capital Federal, que ningún servicio le prestan al país ni a las provincias.
Entonces, yo les digo que esto me preocupa, porque indudablemente vamos a un escenario de fuerte cuestionamiento a los estados provinciales. Yo tengo en claro que la mayor parte de las provincias argentinas han sido mal administradas. Este es un dato de la realidad. Se trata de provincias que se han endeudado y que no han sido prolijas en el manejo de su hacienda pública. Por eso la deuda que hoy tienen. Sin duda, deben reorganizar sus administraciones. Pero también la Nación tiene que hacer su parte y su esfuerzo. Si hay que debatir estas cosas de las provincias, también discutamos las del Estado nacional.
De lo contrario, me parece que vamos a estar debatiendo la situación de las provincias, pero la Nación no va a hacer el esfuerzo que tiene que realizar ni efectuar las reformas que debe concretar en la Administración Nacional. ¿Cómo va a licuar esas reformas? Lo hará utilizando recursos que las provincias no tienen, como son las retenciones. En efecto, estas retenciones no son en pesos sino en dólares y con la modificación del porcentaje de las retenciones que está por llevar a cabo el gobierno nacional, la recaudación por ese concepto va a tener prácticamente la misma importancia que el ciento por ciento del impuesto a las ganancias. Esta va a ser una fuente importante de recursos para la Nación, al igual que la emisión monetaria. Y ninguno de estos recursos es coparticipable.
Por lo tanto, creo que debemos tener mucho cuidado con esta cuestión de la falta de precisión del esfuerzo que tiene que hacer la Nación. También debemos tener cuidado con que ese esfuerzo que debe concretar el Estado nacional no termine siendo licuado a través de estos mayores ingresos que no van a las provincias.
Otro aspecto que me parece importante —por lo menos para mí lo es— es que desaparecen los recursos específicos, los recursos para obra pública. Yo he tenido responsabilidades de gobierno en mi provincia en circunstancias difíciles y de escasez, como eran los días del "Tequila", en 1994 y1995. En aquel momento hubo una caída de los recursos y ausencia de posibilidades de financiamiento. Pese a ello, con un gran esfuerzo de disciplina los fondos para obras públicas eran sagrados para nosotros, porque se destinaban a obras de infraestructura y puestos de trabajo, no de empleados públicos en este caso, pero sí de gente de nuestras provincias. Ahora desaparecen los recursos específicos, como los del FONAVI, entre otros. Realmente, me resisto a apoyar la eliminación de esos fondos específicos. Por ello, voy a votar negativamente este acuerdo.
Y al hacerlo quiero llamar la atención con respecto a ciertos temas, sobre todo en cuanto a la cuestión municipal. La Argentina es un país federal, con tres niveles de gobierno —no debemos olvidarlo—: el nacional, el provincial y el municipal. Los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional reconocen la autonomía de los municipios. Sin embargo, cuando recorro mi tierra veo, con mucho dolor, que tanto los intendentes que han administrado mal como los que han sido prolijos y tratado de hacer las cosas bien hoy están en problemas y con dificultades. Incluso, hemos visto en los medios de comunicación social que los intendentes de Mar del Plata y de Posadas han presentado sus respectivas renuncias al cargo.
Entonces, llamo la atención sobre la situación de nuestros municipios y sobre el momento que están viviendo esos hombres que están todo el día junto a su pueblo y que hoy no la están pasando bien.
También quiero alertar sobre el tremendo esfuerzo planteado en este pacto, en el que se establecen metas concretas cuantificadas que van a tener que realizar las provincias. En ese sentido, deseo poner de manifiesto que similar esfuerzo no está cuantificado en el caso de la Nación, la cual lo va a pretender licuar a través del establecimiento de mayores ingresos no coparticipables de retención y por medio de la emisión monetaria.
Por otra parte, la Argentina tiene en materia de obras de infraestructura un atraso de muchas décadas. Por ello, es absolutamente regresivo que estemos dejando sin efecto asignaciones específicas para obras públicas, ya que dichas obras antes permitían construir viviendas y obras de infraestructura eléctrica y con otras finalidades, tanto de carácter social como relativas al desarrollo de nuestras respectivas provincias.
Por las razones expuestas, efectuando un llamado de atención y de reflexión respecto de los temas señalados, adelanto que votaré negativamente este pacto, lo cual tiene fundamentalmente el deseo de que se consideren dichos aspectos.
Voto argentino sobre Cuba en la ONU - 14/03/02
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: quiero hacer simplemente una consideración relacionada con el momento en que la ley del Consejo de la Magistratura se trató en la Cámara de Diputados de la Nación. El ahora senador Pichetto era en ese momento presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación, comisión cabecera en el tratamiento de la cuestión. Yo no la integraba. Era secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y en tal carácter junto con los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales trabajamos en el tema con la Comisión cabecera que era la de Justicia.
En este caso se trata tan solo de simplificar algunos plazos en el mecanismo de selección de los jueces. Entonces, realmente considero que habiendo una competencia específica, le corresponde ser cabecera a la Comisión de Interior y Justicia, sin perjuicio de la intervención que pueda tener la de Asuntos Constitucionales.
Por otro lado estimo que es oportuno decir que no se pueden tener cuarenta y siete comisiones y hacer los giros concentrados sólo a unas pocas comisiones de la Cámara. Es absolutamente necesario reformar el Reglamento y precisar bien la competencia y el funcionamiento de las comisiones. Esta va a ser la mejor forma de trabajar en el Senado y es una tarea que tenemos que emprender rápidamente.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: antes de que termine la parte de asuntos entrados, con relación a la comunicación de la Cámara de Diputados que no aparece en los asuntos entrados, quiero decir que hemos podido encontrarla en el Diario de Asuntos Entrados del Senado, del martes 5 de febrero pasado. Allí figura un giro de esa comunicación de la Cámara de Diputados a las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda y para conocimiento de la comisión creada por la ley 23.696. Pero ese proyecto no apareció nunca en el recinto en la parte de asuntos entrados. Según se me ha dicho, ha sido devuelto a la Cámara de Diputados.
Pido que por Secretaría se dé alguna explicación con relación a la devolución a la Cámara de Diputados de esta comunicación cursada al Senado, sin que éste tome conocimiento.
Sr. Presidente (López Arias). -- La señora senadora Escudero le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Gómez Diez. -- Con todo gusto.
Sr. Presidente (López Arias). -- Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. -- Estoy por pedir una preferencia para tratar un proyecto de declaración de autoría del senador López Arias y la que habla --invitamos al señor senador a que lo suscriba-- por el que pedimos a la Cámara de Diputados que remita en forma inmediata la comunicación que ha sido devuelta erróneamente por la Cámara de Senadores y que se refiere a la insistencia a la ley vetada por el Poder Ejecutivo referida al reconocimiento de la propiedad participada de los ex trabajadores de YPF.
Pido al señor senador que nos acompañe con su firma en este proyecto que vamos a tratar sobre tablas en esta sesión.
Sr. Gómez Diez. -- Con todo gusto acepto la invitación de la señora senadora para suscribir el proyecto.
No puedo menos que señalar que es una circunstancia totalmente anómala que una comunicación al Senado sea devuelta por Secretaría sin que el cuerpo tome conocimiento de ella, siendo además que proviene de la Cámara de Diputados de la Nación. Esperamos que este tipo de circunstancia no se repita y que en esta sesión, tal como lo ha señalado la señora senadora preopinante, aprobemos el proyecto por el que se solicita la inmediata remisión de la comunicación en cuestión por parte de la Cámara de Diputados.
La otra alternativa sería tomar el Diario de Asuntos Entrados en el que figura reproducida la comunicación de la Cámara de Diputados y girarla a las comisiones respectivas para que se aboquen a esta cuestión.
Sr. Presidente (López Arias). -- En su momento se tratarán las mociones que se hagan al respecto.
Sr. Gómez Diez. -- Sin duda que existen diferentes posiciones en cuanto al tema que estamos analizando y yo respeto profundamente a todas.
Tengo en claro que durante la Presidencia del doctor Alfonsín la Argentina tomó la decisión de abstenerse en las votaciones de Ginebra y que luego, durante la presidencia del doctor Menem, esa postura fue cambiada y se mantuvo durante la presidencia del doctor Fernando de la Rúa; y que ahora el gobierno nacional del doctor Duhalde se apresta a llevar adelante un voto de características idénticas.
Sin duda, todo esto es opinable y se pueden plantear muchísimos argumentos de derechos humanos, y también podemos debatir y deliberar largamente sobre este tema tan interesante de política internacional. Pero lo que quiero plantear es que en ocasión de la decisión que tomó el gobierno del presidente de la Rúa, el gobierno de la República de Cuba tuvo expresiones agraviantes hacia el entonces gobierno argentino, porque todos recordamos aquellas expresiones de "gobierno lamebotas". Lamentablemente, esas expresiones se han vuelto a manifestar ahora con relación al actual gobierno nacional.
Creo que el gobierno de la República de Cuba debe entender que el camino del agravio y de la descalificación no es el más adecuado para cambiar una posición que, eventualmente, pueda llevar adelante nuestro país.
Y para hacer referencia a hechos concretos, quiero decirles que si uno ingresa en la página de Radio La Habana a través de la Internet, en la cual se publican informes sobre la República de Cuba, podrá encontrar la versión taquigráfica completa de una mesa redonda, de un panel que el 30 de enero de este año se transmitió a todo ese país por la radio y la televisión cubana. En ese panel actuó como coordinador el señor Randy Alonso, quien dijo: "Desarrollamos esta tarde una mesa redonda informativa sobre la crisis argentina y la política lamebotas de la cancillería de ese país. Para ello, me acompañan en el panel el compañero Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores, Juan Antonio Fernández, director de Asuntos Multilaterales de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, el compañero Francisco Soberón, ministro-presidente del Banco Central de Cuba, los periodistas Eduardo Dimas, comentarista internacional del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y Lázaro Barredo, periodista de Trabajadores.
"Nos acompaña, de manera especial, nuestro comandante en jefe Fidel Castro, miembro del buró político y una delegación del Partido Izquierda Unida de España, que está presente en nuestro país."
Luego se transmiten diferentes imágenes sobre la situación argentina; imágenes que hemos visto en nuestras pantallas. Aparecen ahorristas realizando sus reclamos. También aparecen algunas declaraciones que efectuó el ministro de Relaciones Exteriores en su visita a los Estados Unidos y también algunas declaraciones del secretario de ese ministerio, Martín Redrado.
A posterori, el coordinador del programa dice lo siguiente, refiriéndose casualmente a la entrevista al canciller Ruckauf: "Y la visita del Canciller argentino a Washington terminó con un fuerte dolor de cabeza. Por un lado, está la realidad de su país y, por el otro, la misión que fue a cumplir en Washington y sus declaraciones, después de esta visita que culminó en el día de ayer y que no sólo recogió esos elementos que ustedes pudieron apreciar en estos dos materiales de la CNN en español y de Televisión Española".
Interviene Lázaro Barreda y expresa: "¿Quién es Ruckauf?". Con permiso del señor presidente, leo textualmente lo que dice: "Porque realmente para hablar de derechos humanos, a uno le llama la atención cómo algunos políticos --y este es un caso--, con una inmoralidad tremenda y un doble rasero, tratan de medir a otras naciones.
"Ruckauf fue vicepresidente del gobierno argentino, tiene responsabilidad con los acontecimientos que están ocurriendo en ese país. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, se dice ahora que aceptó el cargo de ministro de Relaciones Exteriores para huir, precisamente, de la situación que ha creado en esa provincia, que se ha convertido en una provincia en crisis y con altos niveles de pobreza y marginación, que es lo que ha dejado este hombre como gobernador.
"Ruckauf es responsable máximo de las denuncias por abusos policiales que se incrementaron durante su mandato como gobernador.
"Para dar una sola idea, en los años 1999 y 2000, fueron acribillados por la policía de seguridad unos sesenta niños o adolescentes menores de diecisiete años, y este hombre salió en defensa, precisamente, de sus funcionarios de seguridad. Dijo cínicamente ante la prensa: 'No voy a abrir juicios negativos sobre mis funcionarios', y justificó una medida tan barbárica como esos procesos extrajudiciales que les cercenaron la vida a sesenta jóvenes adolescentes.
"Pero si se quiere realmente una medición del cinismo de este señor que tanto habla de derechos humanos, lo que destaca la prensa argentina de un maestro que durante cien días estuvo frente al Congreso de la provincia en una huelga de hambre. La huelga la inició porque el gobernador Carlos Ruckauf le negó su reincorporación como maestro titular y se negó, además, a abrir una investigación sobre una serie de denuncias que había hecho este maestro que afectaban a funcionarios del gobierno provincial".
Siguen las consideraciones. Luego interviene el coordinador de este panel, el señor Alonso, que dice: "A eso, Lázaro, además, agregarle que la gobernatura de Ruckauf, en Buenos Aires, estuvo considerada la más corrupta en la historia de esa ciudad, y, por supuesto, frente a la situación que presenta hoy Argentina".
Luego interviene el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, y dice: "Al oír las declaraciones y ver las imágenes que hemos visto, he sentido pena; (...)
"Yo no creía posible --lo digo con toda franqueza-- tanta vocación para el ridículo. No creía que fuera posible que no hubiera un mínimo de sentido común para guardar ciertas formas, cierta compostura pública. Realmente no vi nunca una dosis tan elevada de falta de coraje, porque hay que tener poco coraje, poco sentido de la dignidad propia, para desempeñar un papel de tanta abyección, como el que hemos visto en el día de ayer.
"Creía haber visto ya de todo, en estos tres años que he estado al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ayer he visto una nueva cota, un nuevo y excepcional ejemplo en materia de falta de coraje, de valor político, de falta de sentido de la dignidad nacional". Agrega luego: "Hay que decir que probablemente en el día de ayer, en materia de falta de pudor, puede haberse implantado un récord olímpico. Lo que hemos oído decir al representante de la Cancillería argentina ayer, probablemente habrá que registrarlo como una nueva página del espíritu de subordinación de una cancillería latinoamericana a los designios de nuestro vecino; porque decir que la Cancillería argentina va a trabajar para la libertad del pueblo cubano, cuando deberían concentrarse en trabajar para la libertad del pueblo argentino, la libertad de su dinero que está preso en el "Corralito" famoso; oírles decir que van a adoptar una posición común con Estados Unidos para colaborar en la defensa de los derechos humanos de los cubanos, movería a risa si no fuera tan dramática la situación que se está viviendo en Argentina, en un país donde se están dando las violaciones más flagrantes y masivas de los derechos más elementales de la gente."
Señor presidente: como he dicho al principio, creo que este es un tema opinable, respecto del cual se podrá tener una postura u otra. Pero creo que nosotros, como parlamentarios de la República Argentina, no podemos aceptar el agravio, la descalificación ni la injuria hacia la nuestro país, su gobierno o su pueblo.
Todos conocen --lo he dicho hace un rato-- mi postura crítica respecto de la gestión del gobierno nacional, porque honestamente creo que las cosas no se están haciendo bien, por lo menos según mi leal saber y entender. Pero es un gobierno al cual todos le debemos respeto porque es el de nuestro país; es el gobierno de la República Argentina.
Considero que no podemos aceptar que en un panel como este, transmitido por radio y televisión a todo el pueblo de Cuba, con la presidencia del primer ministro Fidel Castro, se hayan realizado estas descalificaciones hacia la Argentina y hacia su canciller, que ha sido llamado "corrupto".
Sinceramente creo que en una circunstancia como esta y con una actitud de esta naturaleza por parte del gobierno de la República de Cuba, no cabe realmente que el Congreso nacional se pronuncie respecto de este punto. Por el contrario, el dictamen de comisión queda en reserva hasta que por lo menos la Cancillería argentina cite al señor embajador de Cuba en Buenos Aires y le pida explicaciones con respecto a estas declaraciones
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: bajo la denominación genérica de Acuerdo Federal para la Reforma del Sistema Político Argentino viene a consideración de este Congreso un convenio que ha firmado el señor Presidente de la Nación y los gobernadores de las provincias argentinas. Es un acuerdo que contiene cuestiones diversas que son conexas pero distintas. Por eso, al considerarse esta cuestión, se deben hacer algunas salvedades para poder precisar aquellos aspectos con los cuales se coincide y aquellas cuestiones respecto de las cuales discrepamos.
Pienso que en este momento tan importante de la vida argentina, lo que la ciudadanía está reclamando es fundamentalmente austeridad y ejemplaridad en la conducta de los hombres públicos. La austeridad que hace a la sobriedad republicana en el ejercicio de la función pública. La ejemplaridad que hace a la honestidad. Y la sociedad ha sido, todos los sabemos, sacudida en los últimos años por numerosas denuncias de casos de corrupción, la mayoría de los cuales no han sido aclarados. Incluso, este mismo cuerpo ha sido protagonista de situaciones de esta naturaleza en el caso de los sobornos. La sociedad, además, piensa que existe impunidad. Es decir, existe falta de justicia; los delitos no se investigan, no se esclarecen y, por lo tanto, no se sancionan.
También hay, desde luego, una demanda de eficacia; la gente quiere un gobierno eficaz que le resuelva los problemas. En esto hay que coincidir en que los últimos años no han sido de buenos resultados para nuestro país al punto de que la Argentina está atravesando la crisis más grave de su historia. La Argentina nunca había entrado, por ejemplo, en default, en cesación de pagos. La gente ve como su nivel de vida disminuye en una crisis profunda. Entonces, lógicamente cuestiona a la dirigencia porque no es eficaz en la gestión de los asuntos públicos.
Respecto de esta acuerdo, obviamente, uno no puede dejar de coincidir en todo lo que haga a la transparencia de la gestión pública. Me parece totalmente atinado el tema de la eliminación de los gastos reservados que es una vieja lucha de muchos, tanto en los órdenes nacionales como provinciales.
El derecho a la información, que el Estado brinde información a los ciudadanos aunque en esto también debo expresar mi escepticismo porque también hay que señalar, respecto de los órdenes locales, que en diciembre del año 2001 fue sancionado por el Congreso el Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal, la ley 25.400, que tiene una serie de compromisos de las provincias de dar información. Verdaderamente, en muchos Estados es una empresa prácticamente imposible, por ejemplo, conseguir una ejecución presupuestaria debidamente desagregada.
Con respecto al tema de la disciplina fiscal, evidentemente, cómo no coincidir también en que se fijen porcentajes que, desde luego, deben ser razonables. No sé --al igual que lo señaló el senador Cafiero-- cómo se habrán efectuado estos cálculos; pero deben ser porcentajes que resulten razonables con los gastos totales del Estado nacional y de las legislaturas provinciales.
Sí debería haberse contemplado de manera diferente a las provincias que tienen sistema unicameral de las que lo tienen bicameral. En lo personal, soy partidario de los sistemas unicamerales. Pero todos sabemos que un sistema bicameral lógicamente tiene un costo mayor; por lo tanto, también prudencialmente el porcentaje debió haber sido diferente.
Por otro lado, nunca se termina de reglamentar el tema de las campañas electorales; sin embargo, existe consenso en que debe hacerse. Me hubiera gustado que también contemplara algo sobre lo cual hay que legislar, que es lo que hace a la propaganda electoral de los gobiernos en las vísperas de las elecciones y en los tiempos de la campaña. Me parece que esto también debe contemplarse adecuadamente.
En cuanto al tema del financiamiento de los partidos, es un tema antiguo en este Congreso, cuyo proyecto nunca llega a sancionarse definitivamente, porque parece también que de esto nos acordamos desde la oposición. En efecto, cuando se llega al oficialismo viene una suerte de amnesia en el tratamiento del tema del financiamiento y, entonces, no se termina legislando.
Pero sobre este tema quiero señalar también que el acuerdo habla del control del ingreso y de los gastos. Esto se debe hacer. Pero también hay que pronunciarse sobre esta cuestión tan central que se refiere a cómo se financia la actividad política. Y en esto soy partidario del financiamiento público, porque de lo contrario la política termina siendo financiada por los grandes grupos económicos y quienes llegan a los cargos de representación popular no cumplen con su función de custodios del bien común, por cuanto han adquirido compromisos con los sectores económicos, lo cual no es saludable. Por eso, lo mejor es que se conserve la independencia de los partidos y de sus dirigentes y que el financiamiento sea público.
Después también está el tema de si las internas para la elección de candidatos deben ser abiertas o cerradas. En este sentido, creo que para llevar a cabo una interna abierta, hay que tener recursos; esto se debe decir en primer lugar. Entonces, como hay partidos que pueden contar con esos medios y otros que no, entiendo que ello debe ser algo que tiene que quedar a su decisión.
Hay otra cuestión que también influye en este tema y es que en el caso de las agrupaciones pequeñas; si se llevan a cabo internas abiertas, pueden existir manipulaciones por parte de los partidos grandes, que disponen de recursos y de estructuras. Lo que sí creo que es posible...
Sra. Fernández de Kirchner. -- ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (López Arias). -- La senadora Fernández de Kirchner le pide una interrupción.
Sr. Gómez Diez. -- Cómo no, señora senadora.
Sra. Fernández de Kirchner. -- Respecto de lo que señalaba recién el senador, en cuanto a que en internas abiertas pueden resultar perjudicados los partidos pequeños, quiero decir que esto es imposible, porque al ser internas abiertas simultáneas se obliga a que en el mismo día todos los partidos políticos determinen quiénes van a ser sus candidatos, de modo tal que cada agrupación está en su propia competencia interna.
Yo sé hacia dónde apunta el senador. Se pueden mandar afiliados o simpatizantes de un partido mayoritario a uno chico, para que inclinen la balanza a favor de tal o cual candidato. Convengamos en que si hay internas abiertas con estas características, es decir, simultáneas, esta situación no se da. La simultaneidad es requisito esencial para que no se produzca esto que señala el senador.
Simplemente quería hacer esa aclaración, señor presidente.
Sr. Cafiero. -- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (López Arias). -- Le piden una interrupción, señor senador Gómez Diez. ¿La concede?
Sr. Presidente (López Arias). -- Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. -- Señor presidente: ¿Alguien imagina el porcentaje de concurrencia que puede tener una simultánea abierta en todo el país?
Sra. Fernández de Kirchner. -- ¿Me permite contestar, señor presidente?
Sr. Presidente (López Arias). -- No convirtamos esto en un diálogo, señora senadora.
Le vamos a conceder una última intervención a la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. -- Señor presidente: precisamente dije durante mi exposición que lo ideal sería hacer internas simultáneas y con voto obligatorio, al igual que en los Estados Unidos, pero con la diferencia de que allí el sufragio no es obligatorio ni para las primarias ni para las posteriores.
En definitiva, lo ideal sería que las internas fuesen simultáneas, abiertas y con carácter de obligatorias. Además, el ciudadano no solamente estaría obligado a reclamar el derecho a tener representación sino también a ejercer la contracara de la ciudadanía; es decir, a ejercer la responsabilidad de determinar quién lo va a representar.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: respecto de este tema creo que lo más razonable son las elecciones internas el mismo día, pero considero que cada partido debe resolver si las hace abiertas o cerradas.
Yo señalaba dos riesgos. En primer lugar, que para ser abiertas hay que tener recursos, es decir, hacer publicidad y mover al electorado independiente.
Y, en segundo término, está el riesgo cierto de manipulación. No sé cuál es la realidad en el Sur del país, pero sí conozco la de nuestro Norte. A veces, en situaciones de pobreza extrema se reparten bolsones para que la gente vaya a votar.
Estoy de acuerdo con que las internas se puedan hacer el mismo día --tal vez sea lo más saludable--, pero considero que cada partido tiene que resolver cómo la hace; es decir, abierta o cerrada.
Así como en líneas generales coincido con los temas que se han enunciado y votaré favorablemente el dictamen de comisión, quiero señalar mi discrepancia con todas aquellas reformas o modificaciones que puedan importar menos democracia.
No creo en achicar la democracia. Cuando se tratan estos temas, se corre el gran riesgo de reducirlos exclusivamente a una cuestión económica.
En este sentido, no estoy de acuerdo en reducir, por ejemplo, el número de integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación; y ello, debido a una cuestión muy sencilla: todos sabemos que en los asuntos electorales hay que ser muy cuidadosos y hacerlas lápiz en mano para ver cuál es el resultado que produce la fórmula que se adopta en materia de representación.
Hoy tenemos doscientos cincuenta y siete diputados. Pero la Argentina tiene veinticuatro circunscripciones electorales, que son las veintitrés provincias más la Capital Federal. Y las provincias son todas de diferente población. Incluso hay algunas con muy pocos habitantes. Entonces, si uno proyecta esa cantidad de legisladores en las veinticuatro circunscripciones, las provincias chicas --de poca población-- tendrán pocos representantes. Consecuentemente, si se restringe aún más esa cantidad, ¿qué es lo que se afecta? La pluralidad en la representación.
Y la pluralidad, sobre todo en el ámbito de la Cámara de Diputados, es realmente esencial, porque es bueno que la democracia contenga a todos: a la derecha, a la izquierda, al centro y a todas las expresiones de la vida política del país.
Hay que señalar que el número de diputados de la Argentina no es excesivo si lo comparamos con el de otros países del mundo desarrollado. Por ejemplo, Alemania tiene 269 diputados, lo que implicaría prácticamente uno cada 123.000 habitantes; Francia tiene 577 diputados, lo que conllevaría alrededor de uno cada 102.000 habitantes; Italia tiene 630 diputados, lo que implicaría uno cada 91.000; España tiene 350 diputados, lo que acarrearía uno cada 113.000; y la Argentina tiene 257 diputados, lo que implicaría uno cada 142.000 habitantes; y esto si tenemos en cuenta el censo de 1991, pero seguramente esta cifra será mayor si utilizamos como parámetro al de 2001. Los citados son países desarrollados que, al diseñar sus sistemas políticos, han privilegiado esto que estamos diciendo: combinar la representación con la pluralidad y que estén todos sentados en la mesa grande de la democracia, la cual debe ser amplia y no abierta y restringida.
Desde luego que hay que reducir el gasto, más aún en circunstancias de crisis como esta. Y creo que es posible hacerlo. Por ejemplo, si uno toma el gasto de este mismo Senado se dará cuenta que en 2000 esta Cámara gastó 178 millones de pesos, que en 2001 gastó 131 millones de pesos y que, si se implementan las reformas sobre las cuales se está trabajando, se puede bajar el gasto a 100 millones de pesos.
También hay otros puntos que hacen al gasto total del Poder Legislativo sobre los cuales puede trabajarse. Por ejemplo, si uno mira el presupuesto nacional podrá encontrarse con que la Biblioteca Nacional, que es la gran biblioteca de los argentinos, tiene contemplada una partida de 7.200.000 pesos y que tiene 210 empleados, cuando nuestra biblioteca del Congreso de la Nación tiene previsto un gasto de casi 24 millones y tiene 965 empleados. Evidentemente, esto no cierra y entrará dentro de los temas que hay que revisar en el marco de esta tarea que se ha comenzado para mejorar la administración de las dependencias de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
También me parece importante precisar --y con esto termino-- que en la Argentina no estamos mal porque la Constitución no funciona, porque ella debe ser modificada o porque tenemos un problema de diseño institucional. Ojalá el mal fuera alguno de esos, porque de ser así bastaría con convocar a una Asamblea Constituyente, redactar una nueva Constitución, modificar las instituciones en lo que fuera menester y, así, la Argentina saldría adelante. Pero el problema no es ese.
Hay que trabajar en estos temas, porque siempre hay que buscar la mejora de la calidad de la democracia. Nunca hay que quedarse con la democracia de un momento sino que hay que pensar que esta es un logro que se defiende todos los días y es un sistema que también es perfectible a diario en cuanto a su calidad.
Pero actualmente la Argentina está mal por otras cosas; decisiones políticas erradas y equivocadas y por el enorme endeudamiento que se contrajo en los últimos años a través de diferentes gestiones de gobierno y a través de leyes que fueron aprobadas en este mismo Congreso, como ser los sucesivos presupuestos nacionales. Con respecto a esos presupuestos, quiero decir que en la Cámara de Diputados de la Nación éramos muy pocos los que cuestionábamos ese proceso de endeudamiento que nos iba a conducir a la quiebra.
Pero se trata de cosas que, en definitiva, no las alcanzó a ver la dirigencia de la sociedad en general --tanto política, como económica o sindical--, hasta que llegó el día en que realmente terminamos en quiebra.
También en esto creo que debemos hacer una autocrítica; al respecto, se mencionó algo en el curso de esta sesión. Recuerdo que hasta incluso en el momento de la declaración del propio default, en un gesto poco atinado, se aplaudió esa declaración de quiebra que era la expresión final del profundo grado de decadencia que alcanzamos los argentinos.
Creo que también tenemos que dedicarnos a debatir las cosas por las cuales estamos mal. Acá estamos discutiendo estas cuestiones, pero mientras tanto la pesificación cuesta 18 mil millones de pesos, que no sé cuánto tiempo de funcionamiento del Congreso significaría; tal vez cincuenta años. Pero esto no lo discutimos. Estamos analizando estas cosas; mirando a veces la aguja mientras el camello pasa por delante de nuestros ojos. Con absoluta honestidad, considero que no estamos bien y que tendemos a ir peor.
Considero que hay que analizar la crisis argentina en sus reales causas, a través de un debate franco, abierto y no para cargar responsabilidades; eso no sirve; a esta altura de los acontecimientos que las responsabilidades las juzgue la Historia.
Además, debemos tener en cuenta que el cuestionamiento es generalizado, para todos, sin distinción. Dadas las circunstancias, ya no interesa lo que cada uno diga.
Con madurez tenemos que encontrar un camino, un plan, un proyecto de Nación, que parece que hoy carecemos.
Cuando discutíamos el presupuesto nacional me quedé también con la impresión de que tal vez un día deberíamos convocarnos, entre todos, en ambas Cámaras de este Congreso y tomarnos un día o dos --como decía, sin reprimendas y sin hacernos reproches--, para analizar con objetividad la crisis argentina; cuáles son sus causas y cuáles son los caminos de solución, para que este gobierno transitorio pueda salir adelante y, fundamentalmente, encontrar un rumbo que hoy --lo digo con honestidad-- no creo que exista.
Presupuesto 2002 - 05/03/02
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: cuando a principios de enero de este año el Congreso de la Nación sancionó la ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario, que este Interbloque votó en contra, señalamos con claridad que la salida de la convertibilidad implicaba la necesidad de un plan económico sólido, completo e integral que brindara certeza y credibilidad ya que era la única manera de mantener estable el nuevo valor en que se fijara el tipo de cambio.
Lamentablemente, el curso del tiempo nos ha dado la razón en el sentido de que sin ese plan integral, completo y coherente iba a ser difícil mantener esta estabilidad. Así, la devaluación inicial del 40 por ciento de nuestra moneda se ha transformado en un 120 por ciento, aun cuando el Banco Central interviene en el mercado de cambios a través de lo que se ha denominado "flotación sucia". Una devaluación del 120 por ciento sin duda está destinada a presionar fuertemente el índice de precios. Y todos sabemos que una variación de ese índice genera inflación. Así es que hoy en la Argentina hay un verdadero estado de inflación latente, con el cual hay que tener sumo cuidado.
-- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (López Arias). -- Perdoneme, señor senador.
Pido a los señores senadores que atiendan a quien hace uso de la palabra. De lo contrario, se hace imposible la continuidad del debate.
Continúe en el uso de la palabra, senador.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: yo también voy a hacer una salvedad. Voy a hacer uso de la palabra en homenaje a que esta es mi contribución a que el presupuesto que el gobierno requiere tenga hoy sanción. Pero también quiero señalar que me parece absolutamente absurda esta circunstancia de que, en medio del tratamiento de un proyecto de ley como el de presupuesto, haya bloques que se reúnen aparte mientras otros participan del debate.
Creo que esta es una de las tantas faltas de seriedad --por llamarlas de algún modo-- o desprolijidades en las que venimos incurriendo. Me parece que esto no ayuda al país, que está viviendo un momento difícil, por no decir dramático.
Concretamente, quiero decir que hoy tenemos 15 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Si en la Argentina se desata inflación, ese número se va a incrementar rápidamente. Con un 70 por ciento de inflación, vamos a tener 21 millones de personas por debajo de la línea de pobreza y así estaremos en un estado de conmoción social.
El presupuesto prevé un índice de inflación del 15 por ciento. Démonos cuenta de que con una devaluación del 120 por ciento éste no es un índice real a esta altura de los acontecimientos. De ahí la importancia de que todos reflexionemos, mirando lo que sucedió en el pasado, acerca de lo grave que sería que en la Argentina se desatara inflación y del cuidado que debemos tener respecto de la situación fiscal. Porque en el mundo tampoco están haciendo cola a la espera de que este Congreso nacional sancione el presupuesto para venir a darnos recursos. Lamentablemente, esta no es la situación; ojalá la fuera.
Quien me precedió en el uso de la palabra mencionó expresiones de Dornbusch. Yo tengo sobre mi banca tengo la versión taquigráfica de lo que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, John Taylor, dijo en el Senado de ese país la semana pasada y puedo decir que sus dichos no son muy alentadores para la Argentina. En esa oportunidad, el mencionado secretario dijo textualmente: Debemos reconocer que los recursos públicos posiblemente no puedan crecer a tasas tan altas como para que podamos continuar con grandes paquetes financieros para distribuir en países emergentes con crisis en sus deudas, como en los años recientes.
Debemos gradualmente movernos en la dirección de menor resguardo en grandes programas financieros.
Los inversores están diferenciando cada vez más entre países y mercados, cuya evaluación es facilitada por una mejor información.
La diferenciación está reduciendo el contagio entre países, como ejemplificó recientemente la relativa estabilidad en otros mercados emergentes, a pesar de la crisis en la Argentina.
Estas fueron algunas de las palabras que el secretario del Tesoro vertió en la sesión informativa del Senado en la cual se trató la crisis de nuestro país. Por lo tanto, vemos que la situación de ayuda externa no es precisamente alentadora. A lo sumo, lograremos destrabar los fondos que están pendientes en los organismos multilaterales de crédito.
Entonces, el cuidado que debemos tener de los escasos recursos de que disponemos debe ser extremo, porque es lo único que tenemos, aun si se quiere, para lo que ha señalado el señor senador preopinante, que es defender lo poco que nos queda, que es nuestra soberanía.
En este sentido, cuando uno analiza la realidad no puede menos que preocuparse por varias razones. Voy a señalar algunas. Por ejemplo, el costo de la pesificación. Se estima que su costo será de 18 mil millones de pesos. Eso también demuestra la carencia de un programa económico y que vamos "a los bandazos". En lugar de tener un plan que despierte confianza y credibilidad, que es el plan sustentable que piden los organismos multilaterales de crédito, simplemente tenemos secuencias de diferentes medidas.
Pensemos en la pesificación. Cuando tratamos la ley de emergencia y de reforma del régimen cambiario, aquí mismo, luego de intensas conversaciones con el Poder Ejecutivo, se resolvió la pesificación de los créditos hipotecarios, prendarios y personales de hasta 100.000 dólares.. Luego, el 9 de enero se dictó el decreto 71, reglamentario de la ley 25.561, de emergencia pública y reforma del régimen cambiario. Ese decreto fue más limitativo que la ley porque restringió la pesificación hasta 100.000 dólares exclusivamente para la adquisición o construcción de una vivienda familiar o única; hasta 30.000 dólares para los préstamos destinados a refacción o ampliación de ese tipo de viviendas; hasta 15.000 dólares para el caso de créditos prendarios y hasta 10.000 dólares para los créditos personales. Y la comunicación que el Banco Central dictó guardó relación con ese decreto.
Veinte días después, a través del decreto 214, que el Poder Ejecutivo dictó el 3 de febrero, se pesifican todas las deudas hasta el infinito. Ahora bien; para pesificar los créditos de hasta 100.000 dólares se requiere que intervenga el Congreso, pero para disponer una erogación de 18 mil millones de pesos, lo que sería la pesificación total, se puede hacer por un decreto de necesidad y urgencia. Y se ha pesificado indiscriminadamente, con beneficios también para grandes grupos económicos. A nadie se le ocurrió pensar que para pesificar había que distinguir, por ejemplo, según la actividad económica de las empresas. Hay empresas que venden servicios y productos al mercado interno que tenían deudas en dólares; esas empresas están perjudicadas por la devaluación. Pero las empresas que venden bienes y servicios al exterior están beneficiadas por la devaluación. Digamos también que hay empresas de servicios públicos importantes, como Telefónica y Telecom, que son beneficiarias de esta pesificación a través de una actitud que espero que el gobierno utilice debidamente al momento de negociar una estabilidad en las tarifas.
Se dice que este costo de la pesificación se puede pagar mediante un bono. Lo cierto es que a esta altura del partido, con un Estado en default, yo no advierto qué valor pueden tener los bonos que el gobierno emita, si no tenemos crédito. Por otra parte, lo que los depositantes quieren en definitiva es dinero: que se le reintegren sus depósitos y no bonos.
Además, el Banco Central debe seguir asistiendo a las entidades financieras. En los últimos meses, el costo de esta asistencia financiera ha sido de mil millones de pesos mensuales; asistencia financiera que el Banco Central les da por la crisis de confianza que hoy existe en el sistema y que, lógicamente, lleva a que los depositantes --en la medida en que pueden-- vayan retirando su dinero, sin retornar al circuito. Además, se corre el riesgo de que esta asistencia se deba incrementar en la medida en que el famoso corralito se tenga que ir flexibilizando.
Otro punto que va a requerir también la asistencia del Banco Central a las entidades financieras es la reprogramación de la deuda de la Nación.
La deuda de la Nación, a través del mecanismo de los préstamos garantizados, se ha reprogramado prorrogando los vencimientos por tres años de plazo, pero los depositantes del sistema no han prorrogado por tres años de plazo sus depósitos. Por lo tanto, y a fin de responder a esta situación, los bancos también tocarán a la puerta del Banco Central en la búsqueda de recursos.
Se acaba de reprogramar la deuda de las provincias a 16 años de plazo, pero los depósitos no están a 16 años de plazo. Por eso, las entidades financieras también van a ir con sus créditos buscando que el Banco Central se los descuente y les entregue dinero para dar a los depositantes. Además, en el acuerdo con las provincias hay un seguro de cambio, que también es gasto para el Estado nacional. A esto hay que sumar el déficit fiscal que tiene nuestro presupuesto.
El panorama no es precisamente alentador, porque para cubrir todos estos ítem que he mencionado, un programa monetario con 3.500 millones de emisión no es creíble ni despierta confianza. Por el contrario, despierta suspicacias.
La crisis fiscal, el financiamiento del déficit presupuestario con endeudamiento es lo que nos terminó conduciendo a la crisis financiera, porque el Estado comenzó a tomar recursos de los bancos. La recesión se agravó porque se le quitó capacidad prestable al sistema para el sector privado. Hasta las AFJP, que se mencionaban recién, fueron obligadas a prestar sus recursos al Estado, con lo cual estos fondos de la jubilación privada --digamos-- también forman parte de la deuda estatal.
La crisis fiscal nos llevó a la crisis financiera y ésta, a la crisis social. Después, llegó el "corralito" que hizo explotar el malhumor social que hoy subsiste. Y de la crisis social pasamos a la crisis institucional, razón por la cual hoy tenemos un nuevo gobierno en nuestro país.
Por lo tanto, considero que realmente el tema fiscal es muy preocupante. Yo creo que en este contexto, en lugar de apurarnos con la sanción de un presupuesto a nivel nacional que, sin duda, será examinado por los técnicos del Fondo, habría sido mucho mejor elaborar un presupuesto de base cero, siendo extremadamente cuidadosos en el tema de los gastos, porque la Argentina ha perdido el crédito y la posibilidad de financiamiento, y la emisión monetaria es inflación, con los resultados por todos conocidos que ella conlleva.
Básicamente, lo que se hace para analizar un presupuesto es observar los recursos y los gastos. Pues bien, si uno analiza los recursos lo fundamental es la conclusión a que se llegue en cuanto a cuál será el porcentaje en que va a caer el producto bruto interno en nuestro país porque a partir de allí va a derivar el monto de los recursos. Las consultoras privadas que estudian temas económicos hablan, en general, de una caída del 8 al 10 por ciento. En realidad, yo he querido ser más optimista y he hecho una estimación que se basa en una caída estable. Porque si uno analiza lo ocurrido durante el año pasado observará que el producto bruto interno cayó en el primer trimestre un 2 por ciento; en el segundo semestre, un 0,2 por ciento; en el tercero, cayó un 4,9 por ciento; y en el tercer trimestre se desató una tragedia: las estimaciones marcan que cayó un 9,3 por ciento. Entonces, cuando se produce una caída en un tobogán tan pronunciado, como fue la del último trimestre del año pasado, la experiencia indica que por más que vengan buenos vientos, se tardará un tiempo en desacelerar esa caída. Yo estimo un escenario de estabilidad y que luego, poco a poco, comience a repuntar la actividad económica, con lo que se obtendría un promedio de caída del 6 por ciento, que representa un cálculo mucho más optimista del que realizan las consultoras económicas. Ese análisis me lleva a concluir en que habrá 1.745 millones menos de recursos, los que deberían ser sumados al déficit.
En lo que respecta a los gastos, nosotros creemos que están subestimados. Al respecto, voy a poner un ejemplo concreto de subestimación de gastos que corresponde a la partida de intereses. En concepto de pago de intereses se han calculado 5.800 millones de pesos y el cálculo se hizo a un dolar de 1,40 pesos cuando, en realidad, actualmente el dolar cotiza a 2,20 pesos. Por ello, la cuenta de intereses pasaría de 5.800 millones a 9.200 millones. Además, se deben sumar otros gastos que no estaban previstos en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y que han sido incorporados por la Cámara de Diputados. A su vez, también se deben computar 1.600 millones de pesos menos de ingresos al mantenerse los regímenes de promoción, lo cual nos da una suma cercana a los 9 mil millones de pesos como déficit real del presupuesto, computando los 3 mil millones de pesos que se calcula ahorrar en el curso del ejercicio, fundamentalmente, al mantener la quita del 13 por ciento en los salarios.
En consecuencia, si nosotros estamos con una pesificación de un costo aproximado de 18 mil millones, con necesidad de asistencia a las entidades financieras para hacer frente al retiro de depósitos y a la reprogramación de las deudas de la Nación y de las provincias, con un déficit presupuestario de casi 9 mil millones --que aun cuando se descuenten todas las retenciones que anunció ayer el ministro de Economía sería de 5 mil millones--, sin duda, la tentación para emitir va a ser muy grande y podríamos caer en el riesgo de que se desate la inflación latente que hoy existe en el país.
Señor presidente: en la primera página del mensaje del Poder Ejecutivo se habla de la necesidad de dotar de realismo al presupuesto. Coincido con ese concepto. Creo que no nos ayuda construir el presupuesto sobre una base que no guarda relación con la realidad que hoy vive nuestro país. Considero que nos encaminamos hacia un escenario donde todos estos factores van a impulsar la emisión de moneda y, con ello, la inflación.
En consecuencia, me parece que deberíamos haber pensado en un presupuesto de base cero en lugar del que se propone. Tampoco creo que el camino sea el incremento de impuestos --como se plantea en el proyecto-- sino, por el contrario, una reforma impositiva profunda que reduzca la evasión.
Existe un incremento de la presión impositiva en el caso del impuesto al cheque --que no se va a poder deducir en parte de IVA y ganancias--, tenemos una suba de las naftas, un incremento en las contribuciones patronales de la seguridad social, con lo cual vamos a penalizar el trabajo en blanco. A su vez, se va a castigar a las provincias más alejadas que tenían un régimen que les posibilitaba descontar una parte de esas contribuciones del IVA. Por otro lado, hay un incremento del 0, 9 en las contribuciones con destino al PAMI.
En consecuencia, en este contexto y con una pesificación de 18 mil millones de pesos, creo francamente que el sacrificio de los jubilados con el 13 por ciento carece absolutamente de sentido, además de ser muy injusto, ya que se da en un momento donde existe un encarecimiento del costo de vida, con una fuerte suba de los medicamentos, tan necesarios para las personas de edad avanzada.
Por otra parte, no estoy de acuerdo con que se saquen recursos a los fondos fiduciarios en lo que respecta a partidas que tienen como destino la obra pública.
Considero que, por el contrario, esos fondos que prácticamente serían los únicos "frescos" dentro de este rubro del presupuesto, se debieron haber preservado, a fin de poder concluir las obras públicas que están en estado avanzado de ejecución. Sería una lástima frenarlas en este momento. A modo de ejemplo, menciono el caso de la obra de la ruta 34, en el tramo Antillas--Rosario de la Frontera, en mi provincia.
Por último, quiero señalar que en lo que respecta a mantener la facultad del Poder Ejecutivo en orden de establecer regímenes de promoción económica en aquellos departamentos del país castigados por la privatización de empresas públicas --fundamentalmente, el caso de la privatización de YPF--, que creo que es adecuado que se mantenga en el presupuesto nacional; y es una facultad que debería ejercitar el Poder Ejecutivo nacional. La zona de Tartagal, en mi provincia, está sacudida por graves conflictos sociales, al igual que la zona de Cutral--Có y Plaza Huincul, en la provincia del Neuquén. Por lo tanto, creo que estamos ante una norma prudente.
Señor presidente: nosotros estamos ayudando para que se sancione este proyecto de presupuesto con nuestra presencia y con nuestros aportes, expresando nuestra manera de pensar. Haciendo un ejercicio honesto de esa forma de pensar y de nuestra propia conciencia decimos lo que pensamos, a fin de ayudar al gobierno de transición que tiene nuestro país y para que entre todos juntos podamos encontrar un camino que permita sacar a la Argentina de esta situación de decadencia en la cual hoy se encuentra.
Pero, fundamentalmente, queremos decir que realmente no creemos que sancionar normas que no miren la realidad ayuden hoy a nuestro país y a nuestra Argentina. Es mucho mejor ser sinceros.
Y también queremos ser muy claros con respecto a nuestra preocupación y al cuidado que hay que tener en los temas fiscales para que la Argentina no vuelva a sufrir la inflación, porque esta en definitiva representa un impuesto para los que menos tienen. Constituye un impuesto para nuestros jubilados, para los trabajadores en relación de dependencia y para quienes viven en esta sociedad de un ingreso fijo
Sr. Gómez Diez. -Señor presidente: simplemente, por las razones que hemos dado en la discusión en general, queremos dejar constancia de nuestro voto por la negativa en general y en particular. Si tuviéramos un programa económico, lo que acabamos de debatir sería una discusión ya superada.
Suspensión transitoria de concuros preventivos y quiebras - 23/01/02
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: el interbloque federal va a votar afirmativamente en general el proyecto de ley que está en este momento a consideración del cuerpo. Lo haremos en el absoluto convencimiento de que el país vive una situación de emergencia, excepcional, que conocemos muy bien quienes venimos del país interior ya que podemos palpar a diario los problemas que tienen nuestras economías regionales y nuestros productores e industriales.
Realmente, creemos que esta situación excepcional requiere de un plazo, de una tregua, que permita a quienes hoy son deudores poder recomponer su situación y para amoldarse y acomodarse a las nuevas reglas de juego de la economía.
En ese sentido, queremos acompañar la sanción de esta norma que se ha visto simplificada con la eliminación de la capitalización compulsiva de las deudas, que es un instituto que planteaba una cantidad de problemas de muy difícil resolución, además de objeciones de carácter constitucional.
Como acá se ha señalado, las manifestaciones de la emergencia son múltiples: ausencia de crédito público y privado, ausencia de inversión, cuarenta meses de recesión económica, desempleo, caída de la recaudación, déficit fiscal, un sistema financiero ilíquido con problemas de solvencia en algunas entidades y con falta de credibilidad --el hecho de que en las últimas horas hayan incrementado su valor las acciones de los bancos no tiene otra explicación que la sanción de una ley permisiva en materia de asistencia a entidades financieras como Carta Orgánica del Banco Central-- y el hecho de que la sociedad en general advierte con claridad de que nos encaminemos hacia una pesificación de carácter global.
Otro dato de esta realidad es un corte en la cadena de pagos. Evidentemente, esto requiere de la necesidad de legislar en la emergencia. Pero queremos hacer una reflexión en cuanto a la importancia que tiene la recuperación de la credibilidad y de la confianza, que es la única manera de que la economía argentina pueda reactivarse y crecer. Ello requiere de decisiones acertadas por parte del Poder Ejecutivo nacional y también de este Congreso.
Al respecto, deseo señalar que apreciamos los enormes esfuerzos que ha realizado la señora presidenta de la comisión durante estos últimos días y la amplitud de criterio con el que ella ha actuado. Asimismo, apreciamos la amplitud de la convocatoria a especialistas en el tema para que pudieran hablar y exponer sus distintos puntos de vista ante la Comisión de Legislación General. Pero creemos, realmente, que aquí hay un problema de metodología del trabajo que debemos tratar de superar, sobre todo en este caso. Si bien hay un dictamen de comisión, que figura en el orden del día número 1.207, hay una enorme distancia entre el texto que figura en él y lo que estamos considerando. El proyecto presentado por los ex diputados Lamberto y Toma era de una arquitectura sencilla y para una situación diferente del país. Esa iniciativa se trató en la Cámara de Diputados el 28 de noviembre de 2001 y muchas cosas han pasado desde ese entonces: por ejemplo, la corrida bancaria del 30 de noviembre que marcó, sin duda, el final del plan económico de convertibilidad y todos los sucesos de carácter institucional y económico que se vivieron a partir de allí. Con el correr de los días, sobre todo en el mes de diciembre, la crisis se fue acentuando y hoy es mucho más grave.
Entonces, prácticamente estamos hablando de proyectos diferentes que hubieran merecido un tratamiento distinto para que pudiéramos llegar a este debate con un trabajo en comisión más acabado, sobre todo cuando se trata de iniciativas que tienen un fuerte contenido patrimonial. Estamos hablando del derecho patrimonial de las personas y la alteración de dos líneas en cualquiera de estos proyectos de ley puede afectar de una manera muy importante los derechos y la propiedad de las personas.
Muy rápidamente voy a hacer algunas observaciones, pidiéndole a la señora presidenta de la comisión y miembro informante de la mayoría que las tenga en cuenta para cuando llegue el momento del tratamiento en particular. Las vamos a ir adelantando a efectos de ir ganando tiempo. Desde ya, señalo que esas observaciones y sugerencias las efectuamos en función del texto que teníamos en nuestras bancas al momento de iniciarse esta sesión. Por lo tanto, pueden surgir algunas diferencias con otros borradores que han circulado durante los últimos minutos.
Con respecto al artículo 1, ya hemos dicho que nosotros coincidimos en cuanto a que el país se encuentra en una situación de emergencia. En ese sentido, consideramos que con el proyecto de ley sancionado días atrás hemos declarado una amplia emergencia económica, financiera, cambiaria, etcétera. En realidad, hubiera bastado con decir que esa ley se dicta en el marco de la emergencia que este Congreso ya ha declarado a través de la ley 25.561.
En el caso del artículo 9°, que se refiere a la novación, creemos que a las sociedades de garantía recíproca debe darse el mismo tratamiento que al resto de los fiadores. No advertimos que haya razón alguna para darles un tratamiento diferenciado y para modificar la legislación vigente en el sentido de pasar de ser solidariamente responsables a responsables en forma subsidiaria.
El artículo 11 del texto de que disponemos está repetido en el número 20, lo cual debería ser solucionado.
El artículo 12, en los casos de los acuerdos concursales respecto de las obligaciones asumidas por el deudor, establece una ampliación del plazo a dos años a contar desde que las obligaciones homologadas en el concordato son exigibles.
Consideramos que si ha habido un concordato, un acuerdo entre el acreedor y los deudores y esto ha sido homologado judicialmente, ese acuerdo se basa indudablemente en concesiones que hace el acreedor. Esas concesiones son importantes, son quitas de plazo. Entonces, cuando ya se han hecho esas concesiones, sumarle dos años más de plazo, a partir de que las obligaciones son exigibles, parece algo injusto y desproporcionado.
Sr. Maestro. -- Son tres.
Sr. Gómez Diez. -- Yo tengo escrito dos arriba y tres abajo. En definitiva, tomé el plazo que me parecía menor, pero si son tres hay más motivos para tener en cuenta la observación que acabo de formular.
En cuanto al artículo 17, se repite este tratamiento excepcional para las sociedades de garantías recíproca, que solicitamos que se elimine. Acá se está estableciendo nada menos que las sociedades de garantías recíproca no pueden ser ejecutadas mientras dure la emergencia. Es decir, ya no es el plazo de ciento ochenta días que considera la ley para el deudor común sino que le estamos dando dos años. Parece conveniente eliminar este párrafo.
Con relación al artículo 18, que se refiere a las transferencias al exterior, nos parece que debemos establecer un plazo que permita normalizar la situación del país en cuanto a las reservas que hoy tiene la República. Es a partir de ese plazo que estas restricciones que hoy pueden ser razonables en una situación de excepción, no tengan aplicación.
Por el otro lado, queremos saber --dejamos sentada la pregunta para el tratamiento en particular-- por qué se ha eliminado la mención de las tarjetas de crédito y de débito que tenían algunos de los textos que fueron distribuidos.
Con relación al artículo 20, pedimos especialmente a la señora presidenta de la comisión que se considere su redacción, sobre todo en su segundo párrafo, que dice: "Suspéndese por el plazo de 180 días las medidas cautelares trabadas y prohíbese por el mismo plazo las nuevas cautelares sobre aquellos bienes que resulten indispensables para la continuidad de las actividades relacionadas con el giro habitual del deudor".
Acá hay una suspensión de las ejecuciones de todos los tipos: judiciales y extrajudiciales. De manera tal que hay que ser muy preciso en el tema de las medidas cautelares que tienen por objeto proteger el crédito y garantizar que ese crédito se va a cobrar, pero en ciertas medidas cautelares no tienen como objetivo el cobro forzoso.
En todo caso, sugerimos poner que se suspenden por el plazo de 180 días las medidas cautelares en cuanto impliquen desapoderarlo al deudor de bienes que están afectados al proceso productivo.
Entonces, esto significa posibilitar las medidas cautelares. Y yo creo que se logra el espíritu que seguramente está inspirando la norma, que es evitar el desapoderamiento de los bienes del deudor.
Es decir que, por ejemplo, se podrían embargar pero no secuestrar los bienes afectados al proceso productivo.
Con relación al último párrafo, creemos que con esta interpretación de las medidas cautelares --que son procedentes en cuanto no impliquen desapoderamiento-- puede eliminarse del artículo. Va a dar origen a una situación de gran inseguridad jurídica --si es que se llega a aprobar-- porque dice que son nulos todos los actos de disposición del deudor sobre sus bienes durante el período de suspensión, salvo que contare con el acuerdo expreso de los acreedores. Esto, prácticamente, implicaría paralizar todas las operaciones de compraventa durante el plazo de vigencia de esta suspensión. En consecuencia, ello afectaría, en general, la marcha de toda la economía y crearía una situación de inseguridad jurídica. Por lo tanto, sugerimos eliminarlo y mantener el tema de las medidas cautelares con el espíritu y la orientación que hemos señalado.
Con respecto a la modificación que se ha propuesto, nos parece que habría que agregar al final del artículo alguna mención protectora para las cooperativas y mutuales que han otorgado créditos. Hay que brindarles la misma protección que la que tienen las entidades financieras, porque puede darse el caso de una cooperativa o de una mutual que ha otorgado créditos y que para tomar créditos ha debido endeudarse en dólares. Entonces, si estamos pesificando esa acreencia, la cooperativa o la mutual se puede encontrar en una situación muy difícil. Por ello, sería bueno que el Poder Ejecutivo quedase facultado para darle la misma protección que está prevista en la norma para el caso de los bancos.
Para finalizar, en el caso del cram down, coincido con la señora presidenta de la comisión en cuanto a que es un instituto que deberíamos mantener, sin perjuicio de cualquier otra modificación que se haga en el futuro. Considero que es bueno conservarlo porque, en definitiva, es una posibilidad más para poder mantener la empresa cuando no hay acuerdo entre el deudor y los acreedores.
El artículo 48 está muy relacionado con el artículo 46 de la ley de quiebras, que textualmente dice: "No obtención de la conformidad. Si el deudor no presentara en el expediente, en el plazo previsto, las conformidades de los acreedores quirografarios bajo el régimen de categorías y mayorías previstos en el artículo anterior, será declarado en quiebra, con excepción de lo previsto en el Artículo 48..." O sea que frente a la inminencia de la quiebra, el cram down es una última puerta que le queda al deudor.
Por lo tanto, creemos sinceramente que sería un error derogarlo en estas circunstancias, porque es la última alternativa, el último salvavidas para poder mantener la empresa.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Queda aprobado por dos tercios... Perdón, me pidió la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. -- Sí, señor presidente, para hacerle una sugerencia a la señora presidenta de la Comisión de Legislación General.
Se están introduciendo modificaciones a normas jurídicas que rigen por un plazo de tiempo determinado. Transcurrido dicho lapso, se supone que recuperan su vigencia las normas anteriores. En consecuencia, tal vez convendría aclarar esto por razones de certeza y seguridad y agregar al final del artículo la expresión: "Transcurrido el plazo, recuperarán vigencia las normas modificadas".
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto negativo.
Creo que el plazo es tan extenso que conspira contra los intereses del propio deudor. Se habla no sólo de días sino también de días hábiles.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: respecto de la modificación que se propugna, verdaderamente considero que carece de sentido porque importa desnaturalizar el instituto de la fianza en el que, como bien ha señalado el senador preopinante, el fiador no está concursado, puede no estar en una situación de insolvencia y gozar de una amplia prosperidad económica; razón por la cual no vemos que corresponda establecer una limitación en cuanto a su responsabilidad.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: sólo quiero pedirle a la señora presidenta de la Comisión si es tan amable de aclarar el sentido del último párrafo de este artículo, que se refiere a la garantía de las obligaciones financieras en cuanto a la transferencia del control de las sociedades.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: en estos casos, el deudor y el acreedor han llegado a un acuerdo que se ha expresado a través de un concordato.
A ese acuerdo, indudablemente en el caso de los concursos, se llega generalmente con quitas de capital y con una extensión de los plazos lo suficientemente generosa como para permitirle al deudor que cumpla con sus obligaciones.
En consecuencia, de aprobarse este artículo, a la quita y al plazo ya concedidos se le estarían agregando dos años más, lo cual indudablemente resulta gravoso para los acreedores y, además, no aparece razonable.
En todo caso, propongo que se le dé una facultad al juez para que, previa vista al síndico, pueda efectuar alguna modificación en el caso de que se acreditare una imposibilidad del deudor.
Ahora bien. Establecer dos años más, sumados a la quita y al plazo ya concedidos, me parece algo verdaderamente excesivo.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: respecto de la última parte de este artículo, relacionado con las sociedades de garantía recíproca, se está proponiendo darle un tratamiento privilegiado a este tipo de sociedades porque se establece que no pueden ser ejecutadas mientras dure la emergencia; o sea, durante dos años. Y esto no es razonable. En todo caso, habría que modificar ese plazo y establecer un lapso de ciento ochenta días, que sería simétrico al resto de las disposiciones de la norma.
En cuanto al último párrafo, referido también a las sociedades de garantía recíproca, se establece que en el supuesto de acuerdo reasumen sus obligaciones pero, según se dice, de manera subsidiaria, y la responsabilidad de las sociedades de garantía recíproca, en su régimen general, es solidaria. Por lo tanto, parecería conveniente que así también quedara establecido.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: quiero preguntarle a la señora presidenta de la Comisión cuál es la razón por la cual se varió el texto respecto de versiones anteriores, en el que se contemplaba el pago de gastos o retiros que se realicen en el exterior a través de tarjetas de crédito o de débito emitidas en el país.
Esto estaba consignado de manera expresa en un texto anterior y ahora se elimina.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: el segundo párrafo del artículo que estamos examinando se refiere a la suspensión de las medidas cautelares.
Precisamente, las medidas cautelares no tienen por objeto ejecutar el crédito sino, simplemente, protegerlo. Entonces, yo pienso que el espíritu de lo que se quiere lograr acá transita, fundamentalmente, por evitar el desapoderamiento del deudor de aquellos bienes que están afectados al proceso productivo. Por lo tanto, mucho más razonable sería consignarlo de esa manera.
Esto se podría hacer de una manera simple si se consignara: "Suspéndase por el plazo de ciento ochenta días la traba de medidas cautelares que impliquen desapoderamiento de los bienes que se encuentren vinculados al proceso productivo de la actividad del deudor.".
Así, se podría embargar para proteger un crédito, pero lo que no se podría hacer es desapoderarlo de esos bienes al deudor, como sería por ejemplo secuestrar el bien. Tranquilamente, el deudor puede ser, en un hipotético caso, depositario judicial de un bien embargado y mantenerlo afectado al proceso productivo.
En este sentido, también habría que eliminar el último párrafo del artículo, que dice: "Serán nulos todos los actos de disposición del deudor sobre sus bienes durante el período de suspensión previsto en el presente artículo, salvo que contare con acuerdo expreso de los acreedores."
Consagrar este párrafo implica prácticamente suspender toda operación de contraventa en el país durante el plazo de 180 días, porque estos actos estarían amenazados de nulidad, salvo que se contare con el acuerdo expreso de los acreedores.
En este caso, es mucho más sencillo permitir la traba de medidas cautelares en cuanto tengan por objeto proteger el crédito y evitar el desapoderamiento. Pienso que es la solución más sencilla.
Propongo, entonces, que se elimine el último párrafo del artículo en consideración que, verdaderamente, es atentatorio de la seguridad jurídica. Es una sugerencia concreta a la señora presidenta de la Comisión.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: en este inciso que ha propuesto el señor senador Gioja, por el que se establece una pesificación, quisiera proponer un agregado que he conversado con él, relativo al tema de las cooperativas y las mutuales que pueden haber dado créditos que ahora se pesifican y, a su vez, haber tomado recursos provenientes de endeudamiento en dólares.
Por lo tanto, la iniciativa apunta a otorgarles a estas cooperativas y mutuales el mismo tipo de asistencia que, eventualmente, el Poder Ejecutivo pueda disponer para las entidades financieras. Por lo tanto, el texto que proponemos agregar al final del artículo sería el siguiente: "Las sociedades cooperativas y asociaciones mutuales que resulten afectadas por lo dispuesto en esta norma podrán recibir del Poder Ejecutivo nacional el mismo trato que se confiera a las entidades financieras a las que se refiere este artículo."
Sr. Presidente (Maqueda). -- Por Secretaría se dará lectura a la propuesta realizada por el señor senador Gómez Diez.
Sr. Secretario (Oyarzún). -- (Lee:) "Las sociedades cooperativas y asociaciones mutuales que resulten afectadas por lo dispuesto en esta norma podrán recibir del Poder Ejecutivo nacional el mismo trato que se confiera a las entidades financieras a las que se refiere este artículo".
Sr. Presidente (Maqueda). -- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 19, con el agregado propuesto por el señor senador Gómez Diez.
--La votación resulta afirmativa.
Sr. Gómez Diez. -- Comparto la posición de las señoras senadoras Negre de Alonso, presidenta de la Comisión de Legislación General, y Sonia Escudero respecto del instituto del cram down.
Reforma Carta Orgánica del Banco Central - 17/01/02
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: en primer lugar, quisiéramos particularizar que nos hubiera gustado haber podido tener algún contacto con funcionarios del gobierno, no solamente para interiorizarnos en general acerca de la política económica que se pretende implementar, sino también para poder conversar acerca de este instrumento tan importante que estamos tratando, que es la Carta Orgánica del Banco Central, sobre todo en circunstancias como estas, donde a una norma de esta magnitud e importancia la estamos considerando sobre tablas, sin dictamen de comisión.
Creemos que hubiera sido una buena oportunidad para poder analizar también en general la situación del sistema financiero de la República Argentina. Si uno mira las cifras, en los últimos nueve meses el Banco Central ha asistido a las entidades financieras en nuestro país con un promedio de 1.000 millones de dólares mensuales. Esto lleva indudablemente a pensar que el tratamiento de este proyecto de ley tiene tanta importancia y significación como el propio tratamiento de una ley medular, como la de presupuesto. Acá estamos hablando de niveles y cifras que son aproximadamente iguales al alarmante déficit fiscal que se registró en el último año.
Si uno mira las cifras otorgadas en concepto de redescuento por iliquidez y pases activos por parte del Banco Central, advierte por ejemplo que al 3 de enero son 5.001 millones en concepto de redescuentos por iliquidez y 5.077 millones por pases activos. Esa situación, nueve meses antes, era en materia de redescuento 990 millones y por pases activos 12 millones. En nueve meses, 9.000 millones de dólares.
La sola mención de estos números nos debería llevar a pensar que se torna necesario algo más que la consideración del frío texto de un proyecto de ley, para entrar en el análisis de la realidad de lo que está pasando con nuestro sistema financiero y de lo que hoy le pasa a millones de argentinos que han terminado atrapados en esto que se ha dado en llamar el "corralito".
Si uno analiza el texto del proyecto que ha venido del Poder Ejecutivo puede hacerse muchas preguntas. Algunas de ellas podrían haber sido respondidas si hubiéramos tenido oportunidad de diálogo con algún funcionario. Por ejemplo, nos hubiera gustado saber por qué en el artículo 3 se elimina el párrafo que establece que el Banco Central tiene como misión salvaguardar las funciones del dinero, que son importantes, como reserva de valor, como unidad de cuenta, como instrumento de pago. Ese párrafo fue eliminado. ¿Por qué se elimina del artículo 14 la prohibición de conceder subsidios y otras modificaciones que generan una serie de interrogantes que uno se plantea, sobre todo, como lo he señalado, al no tener la oportunidad del diálogo con quienes han redactado esta norma?
Como bien lo dijo el señor miembro informante por la mayoría, el meollo de esta cuestión está en el artículo 17 y, en alguna medida, en el artículo 18.
¿Qué sucede con estos artículos? El artículo 17 le dará rango de ley, una vez sancionado el proyecto de ley por este Congreso, a todas las modificaciones que por decreto el año pasado introdujo el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, modificaciones que dictó al amparo de las facultades delegadas con el único y evidente propósito de flexibilizar las restricciones que existían y dar a los bancos un monto de 9.000 millones de dólares.
Todas las restricciones o modificaciones de la flexibilización impuestas por el ex ministro Cavallo están en el proyecto que el Senado aprobará en unos momentos. Sin embargo, se va por más. Se eliminan las pocas restricciones que aún quedaban. A partir de ahora, ya no existen.
La cuestión de caucionar el control de las entidades financieras también fue impuesta por el doctor Cavallo. Pero ahora se elimina toda referencia a plazo, o sea a tiempo, y la asistencia puede ser ilimitada tanto como la eliminación de todo máximo. Es decir, no hay más tope en la asistencia a las entidades financieras por parte del Banco Central.
Además, por el artículo 18...
Sr. Verna. -- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (Maqueda). -- Señor senador Gómez Diez: el senador Verna le solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Gómez Diez. -- Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. -- Señor presidente: el límite en cuanto a los redescuentos que figura en la Carta Orgánica se mantiene. Eso no fue modificado.
Sr. Baglini. -- ¿Me permite...?
Sr. Presidente (Maqueda). -- Senador Gómez Diez: el señor senador Baglini le solicita una interrupción, ¿la otorga?
Sr. Presidente (Maqueda). -- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Baglini.
Sr. Baglini. -- Señor presidente: es verdad lo que dice el señor senador Gómez Diez en cuanto a que se elimina el plazo máximo para el otorgamiento de redescuentos y adelantos, pero no el monto máximo. Este sigue siendo una vez el patrimonio de la entidad.
Debo recordar que está en vigencia la posibilidad de que el monto de una vez el patrimonio de la entidad sea superado cuando, en garantía del crédito que se le concede a la entidad, estén afectados créditos cuyo deudor o garante sea el Estado nacional. De manera que hay límites. Y no sólo los hay sino que el límite máximo de una vez el patrimonio de la entidad sólo puede ser autorizado, tal como sucede hasta ahora, por la mayoría absoluta del Directorio del Banco Central, con caución de las acciones, a los efectos de hacer funcionar el procedimiento del artículo 35 bis de la ley de entidades financieras, que se refiere a la transferencia del paquete accionario en el caso de crisis como las que he referido oportunamente.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Senador Gómez Diez: le solicitan otra interrupción, ¿la acepta?
Sr. Verna. -- Espero no agotar la paciencia del señor senador.
Una de las dudas planteadas por el orador es la modificación del artículo 14, por la que se eliminan los subsidios. En realidad, no se eliminan, se precisan; porque la modificación establece que las tasas no podrán ser inferiores al promedio de la colocación de las reservas. Es decir, se determina con precisión a partir de qué momento se considera un subsidio el préstamo otorgado.
Sr. Presidente (Maqueda). -- Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: con respecto al artículo 14, si bien está claro lo expuesto por el señor miembro informante por la mayoría, creo que hubiera sido prudente mantener la prohibición relativa a los subsidios.
En cuanto al artículo 17, se elimina el plazo de 30 días, que no existe más.
En lo que respecta al máximo del patrimonio de la entidad financiera, el segundo párrafo del inciso c) establece, textualmente, que cuando sea necesario dotar de adecuada liquidez al sistema financiero o cuando circunstancias generales y extraordinarias lo hicieran aconsejable a juicio de la mayoría absoluta del Directorio podrán excederse los máximos por entidad. Vale decir que el Directorio puede tomar la decisión de exceder, en este caso, los máximos señalados a través de una decisión propia. Esta modificación fue también contemplada el año pasado en un decreto dictado por el ex ministro de Economía.
En definitiva, en el artículo 17 desaparecen los máximos de cantidad y de tiempo.
En el artículo 18 se contemplan nuevos mecanismos de asistencia financiera, ya que en este caso se autoriza al Banco Central a transferir los activos que hubiera adquirido por redescuentos a otras entidades financieras, a fideicomisos o a fondos de garantía de los depósitos. Esto, en definitiva, implica una forma de financiamiento del Fondo de Garantía de los Depósitos, con lo cual se priva de solidez al sistema. Además, al hacerse referencia al Fondo de Liquidez Bancaria creado por decreto se le termina otorgando entidad legislativa, cuando a través de este fondo se crea también otro mecanismo de asistencia financiera de los bancos. Entonces, en este caso, se obliga a los bancos sanos a transferir recursos a aquellos con problemas.
También debemos señalar que al respecto no hay ninguna regla de carácter monetario. No está fijada en la Carta Orgánica del Banco Central ni en ninguna de las normas que hemos sancionado en este nuevo período de la economía argentina. Ello nos lleva a preguntarnos si realmente es conveniente otorgar, a través de una norma de estas características, un virtual cheque en blanco. Eso sería lo que en definitiva haríamos en el caso de sancionar esta norma, porque tendríamos una entidad autónoma, sin regla alguna y con una discrecionalidad absoluta y total, la cual podría proporcionar la asistencia financiera que quiera a las diversas entidades del sistema y sin límite alguno, ya que tampoco hay reglas de carácter monetario.
Por otro lado, también quiero señalar que venimos de asistir en nueve meses con 9.000 millones de dólares a las entidades financieras. No sabemos cuánto va a costar esa asistencia en los meses subsiguientes. Se está asistiendo a entidades privadas y también a oficiales.
Provengo de una provincia sin banco. Nosotros, hace varios años, privatizamos lo que era el Banco Provincial de Salta.
Las provincias que no tenemos banco quisiéramos saber con qué estamos contribuyendo a las provincias que sí lo tienen y que financian parte de su déficit fiscal a través de ellos.
Nosotros estamos haciendo un aporte, y tenemos el legítimo derecho a que ese aporte se cuantifique. Tenemos derecho a saberlo.
También tenemos derecho a saber cuál es el esfuerzo general que hace el pueblo argentino a través de aportes al sistema financiero.
Por todas estas razones, ante esta nueva etapa de la economía nacional, creemos sinceramente que hoy era la oportunidad para hacer un análisis integral y completo del sistema financiero argentino.
Y, con absoluta sinceridad, también creemos que con "cheques en blanco" y con entidades autónomas que no tienen ninguna regla --ni monetaria ni de asistencia--, no vamos a poder construir la necesaria confianza que hay que recrear en el país para que la economía se reactive.
Ley de Emergencia Económica - 06/01/02
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: simplemente voy a formular algunas reflexiones, tratando de ser lo más concreto posible.
Hace algunos días en este mismo recinto debatimos la prórroga de las sesiones ordinarias de este Congreso. En esa oportunidad me permití señalar que era muy importante que no nos fuéramos por las ramas sino que abordáramos los temas de fondo de la realidad argentina. También señalé que era absolutamente imprescindible que debatiéramos un nuevo programa, un nuevo plan económico porque la corrida bancaria del 30 de noviembre le había puesto punto final a una época, a un tiempo de la vida nacional.
Durante meses mantuvimos un sistema con respirador artificial. Fue el tiempo durante el cual, como lo señaló el miembro informante de la mayoría, perdimos dos tercios de nuestros reservas, fugándose de los bancos 20.000 millones de pesos o dólares de ese momento.
Estamos reunidos nuevamente luego de que acontecieran, además, un conjunto importante de cambios institucionales: dos gobiernos de diferente signo partidario y diez días durante los cuales tuvimos cinco presidentes. Ahora estamos acá nuevamente, pero nos falta la discusión y el debate del plan y del programa, porque debatir acerca de una medida aislada es como pretender construir una casa sin planos. No sólo estamos debatiendo un punto aislado sino, además, simplemente una delegación en el Poder Ejecutivo para que diseñe un nuevo sistema cambiario en nuestro país.
El artículo 75, inciso 11 de la Constitución Nacional dice que es atribución de este Congreso fijar el valor de la moneda y el de las monedas extranjeras. Por lo tanto, se trata de una atribución nuestra. Se invoca para hacer esta delegación el artículo 76, que la admite en materia de administración. Está claro que esto no es materia de administración sino, más bien, actos de disposición porque estamos tocando el patrimonio de las personas. Entonces, se pone la emergencia para habilitar la delegación.
La delegación requiere que se fijen sus bases. Pero lo que contiene el artículo 1 del proyecto en consideración son expresiones de anhelo, objetivos, no las bases del nuevo sistema cambiario que tiene que regir en nuestro país. Esto nos preocupa porque no tenemos el plan o el programa económico. No hemos tenido contacto alguno con funcionarios del gobierno para conocer cuál es su pensamiento. Además, estamos habilitando una delegación sin bases para construir este nuevo sistema cambiario. La economía se construye sobre la base de la confianza, de la certidumbre y de reglas de juego claras y precisas.
Nuestro temor es entonces el miedo a un salto al vacío.
Hubiera sido preferible, por ejemplo, haber dicho que vamos hacia un nuevo régimen cambiario, y que el valor de la moneda argentina va a estar relacionado con una canasta de monedas que refleje la composición del comercio exterior argentino, por ejemplo, el dólar americano, el euro de Europa y el real brasileño.
Con eso hubiéramos construido un sistema generador de confianza y de certidumbre. En cambio, ahora nadie sabe hacia dónde vamos. ¿Cuál va a ser el nuevo sistema? ¿Va a haber una banda comercial y otra financiera? ¿Van a haber múltiples bandas, un dólar para la exportación de productos agropecuarios y un dólar industrial? ¿Hacia dónde vamos? Nadie lo sabe.
A partir de mañana, ¿en qué moneda se van a hacer los contratos entre particulares, sobre todo los de mediano y largo plazo? Desde el punto de vista del deudor, si un contrato pretenden fijarlo en dólares americanos --por ejemplo-- será una situación de extremo riesgo, porque no se sabe cómo va a evolucionar el valor de esa moneda. Si miramos la cuestión desde el punto de vista del acreedor, si contrata en pesos, hay también una sensación de absoluta incertidumbre.
¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Siempre, en cualquier medida de esta naturaleza, hay ganadores y perdedores. Ganan los sectores vinculados con la exportación, ganan aquellos que tienen que competir con los productos importados y que hoy van a tener un posicionamiento mucho mejor. Y pierden aquellas personas que viven de un ingreso fijo; es decir que pierden los asalariados.
Por eso ahora, más que nunca, es importante considerar al régimen cambiario en el contexto general de un programa económico. Un programa económico que les garantice a los asalariados --que hoy están perdiendo--, que no van seguir perdiendo mañana o pasado. Que no se va a recurrir, por ejemplo, al emisionismo monetario generador de inflación. Esas personas que hoy van a perder necesitan esas garantías.
¿Qué va a pasar con nuestras provincias? Y voy a citar como ejemplo el caso de la mía. El presupuesto aprobado para este año es de 750 millones de pesos o dólares al día que se aprobó. Si la alteración del tipo de cambio será del 35 por ciento, el presupuesto va a pasar a ser de 487 millones de dólares; o sea que de 750 millones va a pasar a ser de 487 millones. Y la provincia tiene deudas en dólares. Entonces, el peso de los intereses, del servicio de la deuda, va a crecer y a adquirir una gravitación mucho mayor.
Esta situación no está considerada, sino que estamos contemplando la situación de los deudores en dólares de menos de cien mil pesos, lo cual evidentemente es justo.
¿Pero qué pasa con los que deben más? ¿No hubiera sido razonable prever también un esfuerzo compartido entre esos deudores y las entidades financieras, que han ganado mucha plata en la Argentina en los últimos años?
¿Fíjense qué trato diferente tiene la ley? En el caso de las relaciones entre particulares en dólares se establece el principio del esfuerzo compartido, pero cuando las relaciones son con las entidades financieras allí desaparece el esfuerzo compartido y todo el costo debe pagarlo el deudor.
Quisiera formular también una reflexión acerca de una ley que aprobamos hace diez días, la 25.557, que elimina las restricciones bancarias respecto de los sueldos, jubilaciones y pensiones. Esa ley la aprobamos hace diez días y ahora, en la misma Argentina --porque la situación económica es exactamente la misma-- , la suspendemos por 180 días.
Indudablemente, esto no es serio y nos está indicando con absoluta claridad que no se puede legislar de manera improvisada. No se pueden sancionar leyes económicas sin dictamen de comisión porque esto hace a la pérdida de credibilidad del Parlamento. Hace diez días dijimos una cosa y ahora, con la misma situación, suspendemos la aplicación de la norma por 180 días.
La ley tiene también algo que es una expresión voluntarista de deseos, que dice que se suspenden los despidos por 180 días. Esto significa que durante 180 días no va a haber en la Argentina creación de empleo en blanco. Me doy cuenta de cuál es el temor que lleva seguramente a fijar esta norma; vamos hacia una fuerte caída del producto bruto en el primer semestre y va a aumentar la desocupación. Va a ser muy difícil la situación. Por eso, más que nunca, debemos tener en cuenta que la economía es confianza. ¡No va a haber inversión sin regla de juego claras!
Hoy estamos retrocediendo, estamos yendo hacia un esquema de delegación legislativa en lugar de ir hacia un esquema de certidumbre para que la gente y los inversores sepan a qué atenerse y con reglas de juego claras podamos construir la Argentina productiva que todos ansiamos.
Cuando se pensó este artículo del empleo se debería haber razonado también en otro punto que no tiene la ley. ¿Qué va a pasar con las empresas argentinas endeudadas en el exterior en dólares? Esas empresas este año deben pagar en concepto de amortización e intereses 8 mil millones de dólares. ¿Dónde van a comprar las divisas? ¿En qué mercado y a qué valor? ¿O esas empresas van a caer también en default junto con el Estado?
Este tema se debería haber contemplado en esta ley dentro de un esquema general e integral de una nueva economía.
Los tiempos para la Patria son muy difíciles, los partidos nacionales que hoy tienen responsabilidades de gobierno tienen una tarea muy dura. Nosotros, simplemente, desde la Argentina federal, desde los partidos regionales y desde el interior del país queremos ayudar a que la Argentina toda salga adelante. Pero estamos absolutamente convencidos, y esto se lo queremos transmitir, de que no nos ha ido bien con el esquema de delegación de facultades. No nos fue bien.
No renunciemos más al rol que nos asigna la Constitución. Nosotros somos los responsables de legislar y fijar las reglas de juego. En economía cuando no hay reglas de juego claras y transparentes se paga un precio muy caro.
Ojalá este Parlamento sea capaz de construir un esquema de certidumbres que permita generar la confianza necesaria para poner en marcha la economía.
Para eso tenemos que legislar nosotros y no delegar facultades.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: simplemente quiero dejar constancia de lo siguiente. En primer lugar, comparto las expresiones vertidas por la señora senadora nacional por Salta respecto del artículo 6, en cuanto al nivel de desprotección, desde el punto de vista económico y social, en que se encuentra el departamento de San Martín, en mi provincia, que es la zona productora de petróleo y de gas.
En segundo término, comparto las manifestaciones que hiciera la señora senadora por Santa Cruz respecto del primer párrafo del artículo en consideración.
Y, en tercer lugar, por las razones expuestas en general, quiero dejar constancia de mi voto negativo a este proyecto de ley.

References: artículo 55
 artículo 10
 resolución 
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 174
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 48
 artículo 46
 Artículo 48
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 14
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 35
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 75
 artículo 76
 artículo 1
 artículo 6