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Timestamp: 2020-07-08 10:45:17+00:00

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﻿ SENTENCIA 2013-00940/3302-2016 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2017
SENTENCIA 2013-00940 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:PRINCIPIO DE BUENA FE Y SU TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL PARA DEVOLUCIÓN DE PRESTACIONES PERIÓDICAS. ESTE ALTO TRIBUNAL HA SEÑALADO POR VARIAS OCASIONES QUE EL PRINCIPIO DE BUENA FE ES AQUEL QUE EXIGE A LOS PARTICULARES Y A LAS AUTORIDADES PÚBLICAS AJUSTAR SUS COMPORTAMIENTOS A UNA CONDUCTA HONESTA, LEAL Y CONFORME CON LAS ACTUACIONES QUE PODRÍAN ESPERARSE DE UNA PERSONA CORRECTA (VIR BONUS). ASÍ, LA BUENA FE PRESUPONE LA EXISTENCIA DE RELACIONES RECIPROCAS CON TRASCENDENCIA JURÍDICA, Y SE REFIERE A LA CONFIANZA, SEGURIDAD Y CREDIBILIDAD QUE OTORGA LA PALABRA DADA. LA NORMATIVIDAD HA ESTABLECIDO QUE LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICULARES Y DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DEBEN ESTAR GOBERNADAS POR EL PRINCIPIO DE BUENA FEY SE PRESUME EN LAS ACTUACIONES QUE LOS PARTICULARES ADELANTEN ANTE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS, ES DECIR EN LAS RELACIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, AUTORIDAD PÚBLICA, EJERCICIO DE AUTORIDAD PÚBLICA, PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL PERÍODO DE TRANSICIÓN
Sentencia 2013-00940/3302-2016 de septiembre 28 de 2017
Rad.: 68001-23-33-000-2013-00940-02 (3302-2016)
Demandado: Nicasio Cáceres González
Asunto: Acción de lesividad - reconocimiento pensión gracia - devolución de dineros y presunción de buena fe
Así mismo, y en caso que sea negativa la respuesta al anterior, deberá esclarecerse si en este caso se desvirtuó la presunción de buena fe que ampara al demandado, y si en consecuencia es procedente ordenar la devolución de las sumas percibidas en virtud de la orden de reconocimiento de la pensión gracia, efectuada a través del acto cuya nulidad decretó el a quo.
No obstante, se observa que el acto acusado fue proferido en cumplimiento de una sentencia de tutela, y ello, debe esclarecerse previamente la posibilidad de ser estudiada su legalidad por parte de esta jurisdicción.
De lo anterior, se colige que solo aquellos actos que produzcan efectos tienen trascendencia material para verificarse su contenido en sede gubernativa y judicial en uso de los mecanismos previstos por el legislador, de ahí que, normativamente reciban el calificativo de actos definitivos(5) al decidir la actuación de manera directa o indirecta, y como tal, son los únicos pasibles de ser acusables.
De acuerdo con lo anterior, la jurisprudencia ha señalado reiteradamente que el acto de ejecución carece de control por vía de acción, lo cual se adecúa a la definición ya expuesta, y así mismo a su tratamiento procesal dentro del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuyas reglas adjetivas impiden que sea susceptible de discusión gubernativa(6).
Bajo este entendido, el acto de ejecución no es pasible de control jurisdiccional a menos que al materializar la orden dada por el juez, la autoridad desborde los estrictos lineamientos de la sentencia, en cuyo caso, el perjudicado quedará habilitado para discutir en juicio la situación nueva generada por parte de la administración.
En este orden, los actos administrativos que no crean, ni modifican la situación jurídica de una persona son considerados como actos de ejecución, los cuales están destinados a dar cumplimiento a un fallo proferido por un juez constitucional. En este sentido la Corporación ha dicho(7):
No obstante lo anterior, en pronunciamiento del 14 de febrero del 2013(8) esta Sala explicó que a pesar de que el acto administrativo sea de ejecución al ser expedido para dar cumplimiento a una sentencia, es eventualmente acusable, porque el mecanismo de tutela que es su origen, es de naturaleza diferente a los medios de control de la jurisdicción contenciosa, y por lo tanto, si es posible presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. En este aspecto precisó:
En este mismo sentido esta Corporación se ha pronunciado en sentencia del 25 de octubre de 2011(9):
(…) “Es cierto que la resolución de reconocimiento de la pensión fue expedida en cumplimiento de la sentencia que definió una acción de tutela, en un proceso en que se encontró amenaza o vulneración de derechos fundamentales, no obstante, es importante recordar que la acción de tutela está dirigida a proteger derechos fundamentales, sin que nada obste que el juez competente conozca de las demandas en contra de actos administrativos y decida si estos se ajustan a la legalidad o no” (…).
De esta manera, la acción de tutela tiene rasgos propios inspirados en la defensa de los derechos fundamentales de las personas, y sus decisiones de amparo, si bien permean la esfera del juez ordinario, lo hacen de manera excepcional, de modo que distingue el propósito de cada medio de control como el mecanismo idóneo e inequívoco para definir desde el plano de la justicia la existencia de un derecho, como en el sub lite, donde se discute la legalidad de un acto administrativo de contenido prestacional, asunto que es privativo de esta jurisdicción en virtud del artículo 238 Superior. Así las cosas, se respeta el principio del juez natural de la controversia de legalidad.
2.3. Contexto normativo de la pensión gracia.
La pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913(10) para los educadores que cumplan 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial o nacionalizado, y 50 años de edad, siempre y cuando demuestren haber ejercido la docencia con honradez, eficacia, consagración, observando buena conducta. Esta prestación es compatible con la pensión de jubilación.
Así, en sentencia de 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, con ponencia del Consejero Nicolás Pájaro Peñaranda, se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia en los siguientes términos(11):
“El numeral 3º del artículo 4º Ibíd. prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas, compruebe “que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”. (En este aparte de la providencia se está haciendo referencia a la Ley 114 de 1913).
El docente, como el profesional dedicado a la enseñanza a cargo del Estado en los diversos niveles de la educación, corresponde a un verdadero empleado público de naturaleza especial, que tiene una relación laboral legal y reglamentaria, que se vincula a través de acto administrativo emitido por la autoridad nominadora competente, y que debe tomar posesión de su cargo, conforme lo disponen los artículos 1º y 4º del Decreto-Ley 2400 de 1968(12), en concordancia con el artículo 3º del Decreto-Ley 2277 de 1979(13).
“En principio, para efectos de la pensión de jubilación gracia (docente) se deben analizar los tiempos de servicio que acrediten los educadores teniendo en cuenta varios datos trascendentales, año por año (porque es posible que un tiempo le sirva para la prestación y otro no), a saber: el cargo desempeñado (maestro de primaria, profesor de normal, inspector de primaria, etc.) la dedicación (tiempo completo, medio tiempo, hora cátedra, etc.), la clase de plantel donde desempeñó su labor (normal, industrial, bachillerato, etc.), así como el nivel de vinculación del centro educativo a las entidades políticas (nacional, nacionalizado —a partir de cuando— departamental, distrital, municipal, etc.). La época del trabajo realizado (año, con determinación clara y precisa de la iniciación y terminación de la labor) es fundamental de conformidad con las leyes especiales que rigen esta clase de pensión y la Ley 91 de 1989. La sola mención de la fecha de nombramiento no es prueba de la iniciación —desde ese momento— del servicio y la cita de la fecha de un acto de aceptación de renuncia debe ir acompañado del dato desde cuando produjo efectos, para poder tener en cuenta realmente el tiempo de servicio. Los certificados que se expidan para acreditar estos requisitos deben ser precisos en los datos fundamentales que exigen las leyes especiales que regulan esta clase de pensión(14)”.
“Es necesario precisar respecto de los certificados docentes para la pensión gracia, como ya se ha dicho por esta Subsección, estos pueden ser expedidos por los mismos directivos de los centros educativos donde trabajaron los educadores y en ellos deben establecerse con claridad el cargo desempeñado, la dedicación, la clase de plantel y el nivel de vinculación del centro educativo a las entidades públicas; dichos certificados servirán de base para expedir otros en forma correcta, tal como se verifica que ocurrió en el caso del demandante pues el secretario general de la alcaldía municipal de La Cruz (Nariño) certificó el lapso de trabajo incluyendo el periodo comprendido del 19 de enero de 1981 al 13 de julio de 1983 en el que el docente estuvo vinculado como interino en la Escuela Rural Mita de la Laguna(15)”.
De otro lado, resulta muy relevante señalar, que el artículo 6º de la Ley 116 de 1928(16), establece que:
“Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse que las leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para efectos de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio de la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta responda a cualquiera de las previstas en la ley. En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza de la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta Corporación ha precisado que dicha figura debe entenderse como el mecanismo mediante el cual la administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva prestación de los servicios educativos. Lo anterior, en todo caso, constituye una forma de vinculación a la administración, en cumplimiento de las formalidades previstas en la ley, esto es, a través de la toma de posesión de un cargo docente dando lugar, en consecuencia, a la configuración de una relación legal y reglamentaria con carácter autónomo, tal y como ocurrió en el caso del señor (…)(17)” (negrillas y subrayas fuera de texto original).
La jurisprudencia de ésta Corporación, así como de la Corte Constitucional ha considerado que el principio de buena fe es aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”(18). Así, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”(19).
Principio éste que además, no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía, entre otros(21). En este sentido, no es posible entender el principio de la buena fe de manera aislada y como un fin en sí mismo, por cuanto se debe concebir el ordenamiento jurídico no como una pura acumulación de preceptos concretos encerrados, o como una simple mescolanza de normas, sino como un sistema coherente, ordenado, según el principio de no contradicción(22).
Sin embargo, ella considera que no es viable disponer el reintegro de las mesadas pensionales que han sido pagadas a la señora (…), como se solicita en el escrito introductorio del proceso, en virtud del reconocimiento de pensión de jubilación por el acto administrativo acusado, pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe, situación aplicable en el caso sub judice, ya que le correspondía a la parte actora probar debidamente que la demandada cuando solicitó la pensión actúo de mala fe y ello no ocurrió así”(23) (resaltado fuera del texto).
No obstante lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos efectuados por la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante la legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la obtención de los reajustes pagados”(24) (el resaltado es de la Sala).
“Por último como el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que “los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”, igualmente deberá confirmarse en este sentido la decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe, ya que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya le fue pagado por este concepto(25) (resaltado fuera del texto).
Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas, debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo(28)” (negrillas fuera de texto original).
Del material probatorio recaudado dentro del presente proceso, se acreditó que el accionado Nicasio Cáceres González:
• Nació el 13 de julio de 1948(29).
• Prestó servicios de la siguiente manera, conforme a las certificaciones de tiempo de servicio del 28 de abril de 2000, expedidas por la Secretaría de Educación de Santander:
Sin especificar Docente nivel secundaria 9978 04/10/1973 27/03/1983 Nacional(30)
Ins. Técnico Emerito Duarte Docente nivel secundaria 702 09/04/1984 28/04/2000 Nacionalizada(31)
• Por medio de la Resolución 30352 del 11 de diciembre de 2000(32) Cajanal, le negó la pensión gracia a petición de parte, al considerar que el peticionario tenía tiempos como docente nacional los cuales no era viables computar para el derecho; decisión que fue confirmada mediante resoluciones 15454 del 14 de junio de 2001(33) y 5985 del 29 de agosto de 2002(34).
• Fue beneficiario del fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga el 7 de abril de 2006(35) que le tuteló sus derechos fundamentales y ordeno a Cajanal reconocer y pagar la pensión gracia.
• A través de la Resolución 41242 del 18 de agosto de 2006, Cajanal le reconoció la pensión gracia a partir del 13 de julio de 1998, en una cuantía de $ 739.316,52 sin condición de retiro del servicio por ser del ramo docente, para lo cual, expresamente tuvo en cuenta que tenía 52 años de edad, y más de 20 años de servicio en la docencia nacional y nacionalizada, tal como fue certificado con los anexos del derecho de petición.
En orden de desatar la apelación del demandado, es pacífica la jurisprudencia de esta Sección alrededor de la imposibilidad de acumular tiempos de servicio como docente nacional para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, pues, desde que la Sala Plena de Corporación unificó tal postura en 1997, dicha regla constituye un referente de interpretación y aplicación obligatoria para la administración y los jueces de lo contencioso administrativo.
En este sentido, tal como fue concluido por el tribunal de instancia, es evidente la ilegalidad del reconocimiento pensional, pues la condición de docente nacional que aceptó tener el accionado durante más de 9 años de servicio antes del 31 de diciembre de 1980, claramente le impedía acceder al derecho a la pensión gracia, que estuvo dirigido de manera exclusiva a los docentes territoriales y nacionalizados.
Fíjese en este punto, que la jurisprudencia que el demandado apelante trae para su amparo, esto es, la sentencia del 29 de junio de 2000, exp. 46458/42/2000 dictada por la Subsección B de la sección segunda de esta Corporación, con ponencia de Carlos Arturo Orjuela Góngora; reflexionó sobre la compatibilidad de la pensión gracia con la pensión de jubilación y alrededor de los supuestos normativos que permitieron el reconocimiento de la primera a los docentes de nivel de secundaria, para así otorgarle el derecho al actor, sin hacer mayor claridad sobre la naturaleza del vínculo, que ya venía definido sin lugar a dudas por la sentencia de unificación de 1997.
Igualmente, tampoco otorga el margen de dudan pretendido por el apelante, la sentencia de esta Sala del 6 de mayo de 2010, exp. 1883-08, con ponencia de Gerardo Arenas Monsalve; donde no se validó tiempos nacionales para el reconocimiento de la pensión gracia, pues la ratio decidendi, obedeció a que la modalidad de la vinculación, esto es, la naturaleza del nombramiento, no impiden el derecho, siendo viable incluso para servicios docentes brindados por órdenes de prestación de servicio, que atendiendo el tipo de función, se presumen subordinadas. Por ende, el problema jurídico allí resuelto, dista del que ocupa la atención de este proceso.
Por lo anterior, no hay duda entonces de que el demandado carece del derecho a la pensión gracia que le fue reconocida.
Al respecto, el literal c) del numeral 1º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011(36), dispone que:
Expresamente, consagra el legislador que en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, no habrá lugar a la recuperación de las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; ello, guardando correspondencia con lo que venía dispuesto en el artículo 136 del Decreto 1 de 1984(37), y principalmente con la presunción contenida en el canon 83 de la Constitución Política.
Inicialmente, el derecho le fue negado por la entidad previsional, e inconforme con tal decisión, el accionado interpuso los recursos gubernativos procedentes, que al ser resueltos, confirmaron el acto principal(38).
Tres (3) años después, el accionado impetró acción de tutela junto con otros docentes, en busca que le fuera ordenado a Cajanal, el reconocimiento de la pensión gracia, lo cual obtuvo, a través de la sentencia del 7 de abril de 2006, de parte del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ciénaga, a que a la postre, desembocó en el reconocimiento de la pensión gracia.
En este particular, la posición reciente de esta Sala, en sentencia del 15 de junio de 2017, exp. 4963-2016, con ponencia de quien funge como tal en la presente providencia, da cuenta que:
“También es preciso señalar, que el ejercicio de la acción de tutela cuando el derecho pudo ejercitar la vía ordinaria, por sí solo no se constituye como una actuación malintencionada, temeraria o desprovista de licitud, ya que en tales casos, será el juez constitucional quien deba evaluar la procedencia de la tutela como mecanismo definitivo o transitorio, considerando su naturaleza residual; por lo que la Sala, no acoge el criterio de la demandante en el recurso de apelación para acceder a la pretensión de restablecimiento”.
Entonces, para la Sala, la sentencia estimatoria del togado constitucional, evidencia el ejercicio de las vías legítimas con que cuenta una persona para lograr el reconocimiento de un derecho, debiéndose en todo caso, verificar el cumplimiento de los requisitos de ley para ello, sin que obste el análisis posterior de parte del juez ordinario.
Es pertinente aclarar, que en algunas ocasiones la sección segunda de esta Corporación(39), ha encontrado pruebas o elementos de juicio a partir de los cuales, se desvirtuó la presunción de buena fe que cobija al pensionado demandado, como cuando existe claridad sobre el uso fraudulento de un documento o su producción por tales medios, o cuando existe inducción al error de la administración de parte del peticionario.
Recapitulando, el análisis de la Sala dentro de la acción de lesividad donde se persigue la nulidad de un acto de reconocimiento pensional, por encontrar incumplidos los requisitos de ley; debe acompañarse desde la óptica probatoria de elementos indicadores que la actuación del peticionario fueron determinantes para el error del ente previsional y para la consecución indebida del derecho, lo que no puede presumirse por el ejercicio de la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “B”, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de febrero de 2016 por el Tribunal Administrativo de Santander, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, contra Nicasio Cáceres González; de conformidad con lo expuesto la parte motiva.
5 Artículo 43, Ley 1437 de 2011.
6 Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Ligia López Díaz, providencia del 30 de marzo de 2006, rad. 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784). Ver también sentencias del 15 de noviembre de 1996, exp. 7875, C.P. Consuelo Sarriá Olcos; del 9 de agosto de 1991, exp. 5934, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta y del 14 de septiembre de 2000, exp. 6314, C.P. Juan Alberto Polo.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Fecha 14 de febrero de 2013, rad. 250002325000-2011-00245-01 (2634-11).
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, C.P. Alfonso Vargas Rincón Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil once (2011), rad. 11001-03-15-000-2011-01385-00, Actor: Caja Nacional de Previsión Social Cajanal - Eice en liquidación, Acción de tutela.
10 “Que crea pensiones de jubilación a favor de los maestros de escuela”.
11 Expediente S-699, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
12 Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones.
13 Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente.
14 Sentencia del 19 de enero de 2006, exp. 6024-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
16 Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927.
17 Sentencia del 14 de noviembre de 2015, exp. 2636-2014, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
21 Ver sentencia de la Sección Segunda, Subsección “B”, con ponencia del Consejero Jesús María Lemos Bustamante, de 8 de mayo de 2008, dentro del proceso radicado con el Nº 0949-2006.
22 Zagrebelsky, Gustavo. La ley y su justicia. Madrid 2008. Traducción editorial Trotta 2014, p. 205.
23 Sentencia de 2 de marzo de 2000, exp. 12.971, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
24 Sentencia de 17 de mayo de 2007, exp. 3287-05, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
25 Sentencia de 21 de junio de 2007, exp. 0950-06, M.P. Ana Margarita Olaya Forero.
26 Sentencia de 6 de marzo de 2008, exp. 0488-07, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
27 En este sentido, se pronunció recientemente la Sala en las sentencias del 17 de noviembre de 2016, exp. 2677-15, C.P. César Palomino Cortés, y del 29 de junio de 2017, exp. 4321-2016, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
28 Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, exp. 1783-01, C.P. Ana Margarita Olaya Forero.
29 Folio 12, registro civil de nacimiento.
30 Folio 19.
31 Folio 17.
32 Folios 27 a 29.
33 Folios 40 a 44.
34 Folios 55 a 62.
35 Folios 91 a 117.
37 Código Contencioso Administrativo.
38 Resolución 5985 del 29 de agosto de 2002.
39 Las citadas en el acápite del principio de la buena fe.

References: resolución 
 artículo 238
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 136
 artículo 136
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 164
 artículo 136
 Artículo 43
 Artículo 75
 Resolución