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Timestamp: 2017-06-29 16:06:00+00:00

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Las famosas 71 enmiendas del PP en las que se basa la Reforma Laboral | TU2IS
¡¡¡¡Por fin he dado con ellas!!! Me ha costado pero las he encontrado. Me he hartado de preguntar a diversos cargos y diputados del PP: ¿No tenéis recopiladas esa enmiendas tan famosas en las que según vosotros se basa la Reforma Laboral, de las que tanto se habla en el ámbito laboral y en cualquier noticia? “No, la verdad es que no las tenemos recopiladas. Estarán ahí, en la web del Congreso. Búscalas”, me contestaban. La cosa parece fácil, pensará cualquiera que no se haya adentrado jamás por las entrañas de la página del Parlamento. Pero como suele pasar cuando hay que bucear en tan ingente cantidad de información, o das con las palabras adecuadas o despídete de hallarlo. En prensa me dieron la clave que me condujo hasta el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo , y tras revisar las 344 que presentaron todos los grupos parlamentarios, aquí están las 71 enmiendas más citadas del año. Quiero compartirlo con todos aquellos que han tenido tanta curiosidad por leerlas como yo.
Entre ellas, es posible descubrir el germen de la limitación al derecho de huelga del que tanto se habla estos días y que se ha convertido en la próxima batalla a ganar por la patronal, apoyada por partidos como CiU. Aunque fuentes del ministerio de Trabajo insisten en que el tema no está sobre la mesa, lo cierto es que la campaña mediática no ha hecho nada más que empezar. En la enmienda 271 apunta: “no podrán adoptarse medidas de huelga o conflicto colectivo que tengan por objeto alterar, durante su vigencia, lo pactado en un convenio colectivo”. Merece la pena revisarlas detenidamente.
LAS 71 ENMIENDAS AL NATURAL
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 110 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas al articulado del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2010.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
ENMIENDA NÚM. 207
Al artículo 1.uno del Real Decreto-ley 10/2010
El párrafo primero del artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores queda redactado en los siguientes términos:
“a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos contratos no podrán tener una duración superior a cuatro años ampliable hasta doce meses más por convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo de empresa. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa.”
Se propone ampliar la duración del contrato para obra o servicio determinado de tres a cuatro años.
ENMIENDA NÚM. 208
Al artículo 1.dos del Real Decreto-ley 10/2010
El párrafo primero del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores queda redactado en los siguientes términos:
“5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un período de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo laboral de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.”
Adaptación a la doctrina de los Tribunales.
ENMIENDA NÚM. 209
El párrafo segundo del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores queda redactado en los siguientes términos:
“Cuando se produzcan sucesiones o subrogaciones de empresas, de conformidad con las disposiciones convencionales, los contratos de obra se encadenan con cada contratista a los efectos prevenidos en el párrafo anterior.”
ENMIENDA NÚM. 210
Al artículo 1.tres del Real Decreto-ley 10/2010
El artículo 15.9 del Estatuto de los Trabajadores queda redactado en los siguientes términos:
“9. En los supuestos previstos en los apartados 1 a) y 5, el trabajador podrá solicitar por escrito ante el Servicio Público de Empleo correspondiente, en los diez días siguientes al cumplimiento de los plazos indicados, un documento justificativo sobre su nueva condición de trabajador fijo de la empresa.”
Trasladar la exigencia al Servicio Público de empleo.
ENMIENDA NÚM. 211
Al artículo 1.cinco, párrafo primero, del artículo 49.1 c) del Estatuto de los Trabajadores
c) Por expiración del tiempo convenido, realización de la obra o servicio objeto del contrato o alcanzarse la duración máxima prevista en la ley o el convenio colectivo. A la finalización del contrato, excepto en los casos del contrato de interinidad y de los contratos formativos, el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio, o la establecida, en su caso, en la normativa específica que sea de aplicación.”
Al artículo 2.uno Real Decreto-ley 10/2010,
El párrafo segundo del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores queda redactado en los siguientes términos:
“Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa o de la evolución de su nivel de actividad se desprenda una situación económica negativa. A estos efectos, la empresa acreditará los resultados o la evolución del nivel de actividad que sirven de base a la decisión extintiva.”
Dar una nueva redacción que clarifique las causas económicas.
ENMIENDA NÚM. 213
Al artículo 2.uno, párrafo tercero, del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores
El texto que se propone queda redactado en los siguientes términos:
“Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.
A estos efectos, la empresa deberá acreditar la concurrencia de alguna de las causas señaladas y justificar que de las mismas se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para ajustar el volumen de empleo de la empresa a la situación derivada de la causa acreditada.”
Al artículo 2 del párrafo segundo del artículo 51.3 del Estatuto de los Trabajadores
Se propone la adición de un nuevo párrafo uno bis, que quedaría redactado en los siguientes términos:
“La autoridad laboral comunicará la iniciación del expediente a la entidad gestora de la prestación por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deberá estrictamente versar sobre las causas motivadoras del expediente, y cuantos otros resulten necesarios para resolver fundadamente. Los informes habrán de ser evacuados en el improrrogable plazo de diez días y deberán obrar en poder de la autoridad laboral antes de la finalización del período de consultas a que se refieren los apartados 2 y 4 del presente artículo, quien los incorporará al expediente una vez concluido aquél.”
Al artículo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores
Se propone la adición de un nuevo párrafo quinto, que queda redactado en los siguientes términos:
“En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán atribuir su representación para la negociación del acuerdo con la empresa a una comisión de un máximo de tres miembros designada por los propios trabajadores en asamblea convocada al efecto o, en su defecto, por la Comisión paritaria del Convenio aplicable a la empresa, en función de la representatividad sindical en el sector de que se trate. En todo caso, la designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a contar desde el inicio de las consultas, sin que la falta de designación pueda suponer la paralización del mismo. Los acuerdos requerirán el voto favorable de los miembros de la Comisión. En estos supuestos, el empresario podrá, asimismo, atribuir su representación para la negociación del acuerdo a las organizaciones empresariales del sector.
A la finalización del período de consultas el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo.”
“En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán atribuir su representación para la negociación del acuerdo con la empresa a una comisión de un máximo de tres miembros integrada, según su representatividad, por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa designados por la Comisión paritaria del convenio colectivo aplicable a ésta; sus acuerdos requerirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros. La designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a contar desde el inicio del período de consultas, sin que la falta de designación pueda suponer la paralización del mismo. En ese caso, el empresario podrá atribuir su representación a las organizaciones empresariales del sector.
ENMIENDA NÚM. 217
Al artículo 2, párrafo segundo
Se propone la adición de un inciso final en el artículo 51.6 del Estatuto de los Trabajadores en los términos siguientes:
“En todo caso, el acto administrativo, expreso o presunto, que resuelva el expediente de regulación de empleo pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser impugnado judicialmente sin necesidad de reclamación previa.”
ENMIENDA NÚM. 218
Se propone la adición de un nuevo párrafo cinco bis, que modifica el apartado 3 del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, que queda redactado en los siguientes términos:
“3. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley de medidas Urgentes para la reforma del mercado de trabajo, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley para incorporar a la Ley de Procedimiento Laboral las modalidades y especialidades procesales correspondientes a los supuestos del anterior número dos. Dicha Ley determinará la inmediata fecha de entrada en vigor de la atribución a la Jurisdicción del Orden Social de las materias comprendidas en el número 2 de este artículo.”
ENMIENDA NÚM. 219
Al artículo 3 del Real Decreto-ley 10/2010
La letra a) del apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio, queda redactada en los siguientes términos:
“a) Trabajadores desempleados inscritos en la oficina de empleo en quienes concurra alguna de las siguientes condiciones:
- Parados que lleven, al menos, quince días inscritos ininterrumpidamente como demandantes de empleo.
- Desempleados a quienes, durante los dos años anteriores a la celebración del contrato, se les hubiera extinguido un contrato de carácter indefinido en una empresa diferente.”
Se persigue facilitar la contratación por la vía de una utilización más extensa de los contratos indefinidos.
ENMIENDA NÚM. 220
Al artículo 3, apartado quinto. de la disposición adicional primera de la Ley 12/2001, de 9 de julio
“5. No podrá concertar el contrato para el fomento de la contratación indefinida al que se refiere la presente disposición la empresa que en los noventa días anteriores a la celebración del contrato, hubiera extinguido contratos de trabajo por despido reconocido o declarado como improcedente. Esta limitación afectará únicamente a la cobertura de aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción y para el mismo centro o centros de trabajo.
Esta limitación no será de aplicación cuando las extinciones de contratos se hayan producido con anterioridad al 18 de junio de 2010.”
Para sortear usos fraudulentos sin renunciar a promover más el uso de este contrato indefinido, parece oportuno un plazo más reducido de 90 días (3 meses).
Al artículo 5 del Real Decreto-ley 10/2010
El párrafo segundo del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, el inciso relativo a los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores, queda redactado en los siguientes términos:
“En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán atribuir su representación para la negociación del acuerdo con la empresa a una comisión de un máximo de tres miembros designada por los propios trabajadores en asamblea convocada al efecto o, en su defecto, por la Comisión paritaria del Convenio aplicable a la empresa, en función de la representatividad sindical en el sector de que se trate. En todo caso, la designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a contar desde el inicio de las consultas, sin que la falta de designación pueda suponer la paralización del mismo. Los acuerdos requerirán el voto favorable de los miembros de la Comisión. En estos supuestos, el empresario podrá, asimismo, atribuir su representación para la negociación del acuerdo a las organizaciones empresariales del sector.”
La enmienda abre una segunda alternativa en los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores y es la posibilidad de que los propios trabajadores designen la comisión que los represente.
ENMIENDA NÚM. 222
Al artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores
Se propone la adición de un nuevo párrafo sexto, en los términos siguientes:
“6. Sin perjuicio de la posibilidad de resolución del contrato prevista en el párrafo primero y del derecho del trabajador a impugnar las órdenes empresariales de traslado o desplazamiento cuando entienda que no concurren las causas legalmente requeridas al efecto, los convenios colectivos sectoriales estatales y de Comunidad Autónoma podrán, en atención a las peculiaridades y necesidades del sector, establecer reglas para el traslado y el desplazamiento distintas a las previstas en el presente artículo.”
Fortalecer la autonomía colectiva. Página 114
ENMIENDA NÚM. 223
Los párrafos segundo y tercero del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores quedan redactados en los siguientes términos:
“2. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos.
Se considerara de carácter individual la modificación que, en el período de referencia establecido, no alcance los umbrales señalados para las modificaciones colectivas.
En los supuestos previstos en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 de este artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 50.1 a), si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial, tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de salario por año de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.
Cuando con objeto de eludir las previsiones contenidas en el apartado siguiente de este artículo la empresa realice modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en períodos sucesivos de noventa días en número inferior a los umbrales a que establece el párrafo segundo para las modificaciones colectivas, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas y sin efecto.”
Simplificar la distinción entre modificaciones sustanciales individuales y colectivas.
ENMIENDA NÚM. 224
El párrafo cuarto del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, el inciso relativo a los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores, queda redactado en los siguientes términos:
ENMIENDA NÚM. 225
Al artículo 5 del Real Decreto-ley 101210
El artículo 41.6 del Estatuto de los Trabajadores queda redactado en los términos siguientes:
“6. Sin perjuicio de la posibilidad de rescisión del contrato prevista en el párrafo tercero y del derecho del trabajador a impugnar las órdenes empresariales de modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, cuando entienda que no concurren las causas legalmente requeridas al efecto, los convenios colectivos sectoriales estatales y de Comunidad Autónoma podrán, en atención a las peculiaridades y necesidades del sector, establecer reglas para la modificación sustancial de condiciones de trabajo distintas a las previstas en el presente artículo.”
Fortalecer la autonomía de la negociación colectiva.
Al artículo 6 del Real Decreto-ley 10/2010
El apartado 3 del artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores queda redactado en los siguientes términos:
Sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en esta Ley, se podrá proceder, previo desarrollo de un período de consultas en los términos del artículo 41.4, a modificar la regulación convencional aplicable en la empresa referida a jornada, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, régimen salarial, sistema de trabajo y rendimiento, funciones y mejoras voluntarias de la Seguridad Social.
Dicho acuerdo deberá determinar con precisión las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa, sin que en ningún caso la vigencia del mismo pueda superar el período de vigencia del convenio modificado y, eventualmente, el de su ultraactividad.
En caso de desacuerdo, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o productivas que justifiquen el descuelgue, cualquiera de las partes negociadoras podrá someter el conflicto a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o al órgano tripartito de la Comunidad Autónoma competente por razón del territorio. En tal supuesto, dicho órgano comprobará la concurrencia de la causa legal alegada y, caso de apreciarla, determinará las nuevas condiciones de trabajo aplicables en la empresa.
A los efectos del presente artículo, se entenderá que concurren las causas legalmente exigidas cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la situación de la empresa a través de una más adecuada organización de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda.
En los supuestos de ausencia de representación legal de los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán atribuir su representación para la celebración de este acuerdo de empresa a una comisión de un máximo de tres miembros, integrada, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa; sus acuerdos requerirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros. La designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a contar desde el inicio del período de consultas, sin que la falta de designación pueda suponer la paralización del mismo. En este caso, el empresario podrá atribuir su representación a las organizaciones empresariales del sector.
Las resoluciones de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o de los órganos tripartitos autonómicos competentes por razón del territorio que conozcan de la solicitud de descuelgue serán susceptibles de impugnación por los motivos y conforme a los procedimientos previstos para los Convenios colectivos.”
Prever un mecanismo general y único de descuelgue, simplificando de esta forma la regulación legal.
ENMIENDA NÚM. 227
Al artículo 7 del Real Decreto-ley 10/2010,
El artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores queda redactado en los siguientes términos:
“1. El contrato de trabajo podrá ser suspendido a iniciativa del empresario por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 51 de esta Ley y en sus normas de desarrollo con las siguientes especialidades:
a) El procedimiento será aplicable cuando, en un período de noventa días, la suspensión afecte al menos a:
- 10 trabajadores, en las empresas que ocupen menos de 100 trabajadores.
- el 10 por ciento del número de trabajadores de las empresas en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores.
Cuando, con objeto de eludir las previsiones contenidas en este apartado, la empresa realice suspensiones del contrato en períodos sucesivos de noventa días en número inferior a los umbrales señalados, sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas suspensiones se considerarán efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas y sin efecto.
c) (Igual.)
d) (Igual.)
2. Cuando la decisión empresarial de suspender el contrato por alguna de las causas previstas en el artículo 47.1 ET afecte a un número de trabajadores inferior al previsto en el mismo, el empresario debe preavisar a los trabajadores por escrito consignando la causa con quince días de antelación a la adopción de la medida suspensiva. Contra la decisión empresarial podrá recurrir el trabajador ante la jurisdicción social, que podrá declarar la medida justificada o injustificada.
3. La jornada de trabajo podrá reducirse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción conforme a los procedimientos previstos para la suspensión colectiva e individual en los apartados 1 y 2 del presente artículo. A estos efectos se entenderá por reducción de jornada la disminución temporal de entre un 10 y un 70 por ciento de la jornada de trabajo, computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual.
4. Igualmente, el contrato de trabajo podrá ser suspendido por causa derivada de fuerza mayor con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 51.12 de esta ley y normas reglamentarias de desarrollo.”
ENMIENDA NÚM. 228
Al artículo 7 del Real Decreto-ley 10/2010
Se propone la adición de un inciso final en el artículo 47.2 del Estatuto de los Trabajadores, que queda redactado en los siguientes términos:
“Durante el período de reducción de jornada no podrán realizarse horas extraordinarias salvo fuerza mayor.”
En el supuesto de reducción de jornada se prohíbe la realización de horas extraordinarias, ya que su realización desvirtúa la necesidad de adoptar esta medida.
Al título de la sección 4.ª de la LPL
“La sección 4.ª de la LPL pasa a denominarse: “Movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”.”
ENMIENDA NÚM. 230
Al artículo 138 LPL
“1. (Igual.)
2. Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, éstos también deberán ser demandados.
Igualmente deberán ser demandados los representantes de los trabajadores cuando, tratándose de traslados, modificaciones, suspensiones o reducciones de carácter colectivo, la medida cuente con la conformidad de aquéllos.
Se declarará nula la decisión adoptada en fraude de ley, eludiendo las normas establecidas para las de carácter colectivo en el último párrafo del apartado 1 del artículo 40 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el último párrafo del apartado 3 del artículo 41 del mismo texto legal, y en el último párrafo del apartado 1 del artículo 47 del mismo texto legal.
6. (Igual.)
7. (Igual.)”
ENMIENDA NÚM. 231
Al párrafo primero y tercero del apartado 1, al apartado 2 y al apartado 3 del artículo 10 del Real Decreto-ley 10/2010
“1. Las empresas que contraten, hasta el 31 de diciembre de 2011, de forma indefinida a trabajadores desempleados entre dieciséis y treinta años, ambos inclusive, con especiales problemas de empleabilidad, inscritos en la Oficina de Empleo, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 800 euros/anuales durante tres años o, en su caso, por su equivalente diario.
A estos efectos, se considerará que tienen especiales problemas de empleabilidad aquellos jóvenes que lleven inscritos como desempleados al menos doce meses y que no hayan completado la escolaridad obligatoria o carezcan de titulación profesional.
Cuando estos contratos se realicen con mujeres, las bonificaciones indicadas serán de 1.000 euros/anuales o su equivalente diario.
2. Las empresas que contraten, hasta el 31 de diciembre de 2011, de forma indefinida a trabajadores desempleados mayores de cuarenta y cinco años, inscritos en la Oficina de Empleo durante al menos doce meses, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1.200 euros/anuales durante tres años o, en su caso, por su equivalente diario.
Si estos contratos se conciertan con mujeres, las bonificaciones indicadas serán de 1.400 euros/anuales o su equivalente diario.
3. Las empresas que, hasta el 31 de diciembre de 2011, transformen en indefinidos contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 500 euros/anuales durante tres años o, en su caso, por su equivalente diario.
En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán de 700 euros/anuales o, en su caso, por su equivalente diario.”
ENMIENDA NÚM. 232
Al párrafo segundo del apartado 1 del artículo 10 del Real Decreto-ley 10/2010
“A estos efectos, se considerará que tienen especiales problemas de empleabilidad aquellos jóvenes:
- Que lleven inscritos como desempleados al menos doce meses y que no hayan completado la escolaridad obligatoria o carezcan de titulación profesional; o,
- Que lleven inscritos como desempleados al menos veinticuatro meses.”
Ampliar los colectivos con especiales problemas de empleabilidad.
ENMIENDA NÚM. 233
Al apartado 3 del artículo 10 del Real Decreto-ley 10/2010
“3. Las empresas que, hasta el 31 de diciembre de 2011, transformen en indefinidos contratos formativos, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 800 euros/anuales durante tres años o, en su caso, por su equivalente diario.
En el caso de mujeres, dichas bonificaciones serán de 1.000 euros/anuales o, en su caso, por su equivalente diario.”
Ampliar las posibilidades de contratación indefinida a jóvenes con formación.
Al párrafo segundo del artículo 10.4 del Real Decreto-ley 10/2010
“4. Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio de diario de trabajadores con contratos indefinidos en el período de noventa días anteriores a la nueva contratación o transformación, calculado como el cociente que resulte de dividir entre noventa el sumatorio de los contratos indefinidos que estuvieran en alta en la empresa en cada uno de los noventa días inmediatamente anteriores a la nueva contratación
o transformación. Se excluirán del cómputo los contratos indefinidos que se hubieran extinguido en dicho período por despido colectivo, despido objetivo o disciplinario no declarado o reconocido como improcedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador o durante el período de prueba.”
ENMIENDA NÚM. 235
Al párrafo segundo del artículo 10.5 del Real Decreto-ley 10/2010
“No se considera incumplida dicha obligación si se producen extinciones de contratos indefinidos en dicho período por despido colectivo, despido objetivo o disciplinario no declarado o reconocido como improcedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador o durante el período de prueba.”
ENMIENDA NÚM. 236
Al párrafo tercero del artículo 10.5 del Real Decreto-ley 10/2010
“En el supuesto de producirse extinciones de contratos indefinidos por otras causas y cuando ello suponga disminución del empleo fijo, las empresas estarán obligadas a cubrir dichas vacantes en los dos meses siguientes a que se produzcan mediante la contratación de nuevos trabajadores con contrato indefinido o la transformación de contratos temporales o formativos como indefinidos, con la misma jornada de trabajo, al menos, que tuviera el trabajador cuyo contrato indefinido se hubiera extinguido, en los términos que se establezcan reglamentariamente.”
ENMIENDA NÚM. 237
Al artículo 10 del Real Decreto-ley 10/2010
Se propone la adición de un nuevo apartado 8, que queda redactado en los siguientes términos:
“A los trabajadores desempleados entre dieciséis y treinta años y mayores de cuarenta y cinco años contratados al amparo de este artículo se les reconoce el derecho individual a la formación, previsto en el artículo 23.1 ET, con una duración de treinta horas anuales.”
Reconocimiento del derecho individual a la formación.
ENMIENDA NÚM. 238
Al artículo 1.1 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre
“Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes devengadas por los trabajadores en situaciones de suspensión de contrato que hayan sido autorizadas en expedientes de regulación de empleo, incluidas las suspensiones de contratos colectivas tramitadas de conformidad con la legislación concursal. En el supuesto de reducción temporal de jornada la bonificación será proporcional al tiempo de reducción. La duración de la bonificación será coincidente con la duración de la prestación por desempleo del trabajador, sin que en ningún caso pueda superar los doscientos cuarenta días por trabajador.”
Con esta medida se pretende que la bonificación del 50 por ciento no sea lineal sino proporcional en los supuestos de reducción de jornada.
ENMIENDA NÚM. 239
Al apartado 1 del artículo 11 del Real Decreto-ley 10/2010
“Las empresas que, a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley y hasta el 31 de diciembre, celebren contratos para la formación con trabajadores desempleados e inscritos en la oficina de empleo tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluidas las prórrogas, a una bonificación del 100 por ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social correspondientes a dichos contratos.”
ENMIENDA NÚM. 240
Al artículo 12.seis (nuevo)
“El Gobierno presentará ante el Congreso de los Diputados un Informe Anual de Evaluación y seguimiento económico de las bonificaciones a la contratación con el fin conocer la efectividad de la medida a fin de ajustar las políticas activas a la realidad del mercado laboral.”
Es necesario conocer y evaluar la efectividad de las medidas para su posible modificación y ajuste a la realidad.
Al artículo 12.uno del Real Decreto-ley 10/2010
El apartado 1 del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores queda redactado en los siguientes términos:
“El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes estuvieren en posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones
y de la Formación Profesional, que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cinco años o de siete años cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, de acuerdo con las siguientes reglas:”
Se propone incrementar proporcionalmente para los trabajadores con discapacidad el tiempo que pueda haber transcurrido desde la obtención del título que te habilita para la realización del contrato en prácticas.
ENMIENDA NÚM. 242
Al artículo 12.uno del Real Decreto-ley 10/2010, artículo 11.1 a) del Estatuto de los Trabajadores
“a) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de formación cursados.”
Cualquier puesto de trabajo puede ser objeto del contrato en prácticas siempre que se cumpla la finalidad de este contrato.
Al artículo 12.dos del Real Decreto-ley 10/2010, artículo 11.2 a) del Estatuto de los Trabajadores
“a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis años y menores de 25 años que carezcan de titulación o del certificado de profesionalidad requerido para realizar un contrato en prácticas.
El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el contrato se concierte con desempleados que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de talleres de empleo o se trate de personas con discapacidad.”
Se pretende ampliar la edad máxima hasta la que se puede contratar bajo esta modalidad contractual.
Al artículo 12.dos del Real Decreto-ley 10/2010, párrafo 4.º del artículo 11.2 E) del Estatuto de los Trabajadores
“e) Se entenderá cumplido el requisito de formación teórica cuando el trabajador acredite, mediante certificación de la Administración Pública competente, que ha realizado un curso de formación profesional para el empleo adecuado al oficio o puesto de trabajo objeto del contrato. El curso de formación para el empleo realizado deberá tener al menos un número de horas equivalente a las horas de formación teórica que como mínimo debería recibir el trabajador en proporción a la duración de su contrato. En este caso, la retribución del trabajador se incrementará proporcionalmente al tiempo no dedicado a la formación teórica.”
Precisar mejor el concepto de formación teórica.
Se añade un nuevo apartado 9 que queda redactado en los siguientes términos:
Los trabajadores a tiempo parcial contratados por tiempo indefinido tendrán derecho a las bonificaciones previstas en este artículo. En este supuesto la cuantía de la bonificación será proporcional a las horas trabajadas.
Se trata de potenciar la contratación a tiempo parcial, la redacción actual del precepto induce a confusión pues puede entenderse que los contratos a tiempo parcial no se benefician de este tipo de bonificaciones.
Al artículo 15 del Real Decreto-ley 10/2010, artículo 16.3 del Estatuto de los Trabajadores,
“3. Las empresas de trabajo temporal, debidamente constituidas conforme a su legislación específica, podrán operar asimismo como agencias de colocación, siempre y cuando obtengan la autorización legalmente requerida al efecto del servicio público de empleo competente.”
Al artículo 15 del Real Decreto-ley 10/2010
Se suprime el artículo 16.3 del Estatuto de los Trabajadores
ENMIENDA NÚM. 248
Al artículo 17 del Real Decreto-ley 10/2010
Se añade un nuevo párrafo que modifica la letra b) del párrafo primero del artículo 2 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, que queda redactado en los siguientes términos:
“b) Dedicarse exclusivamente a la actividad constitutiva de empresas de trabajo temporal, sin perjuicio de la posibilidad de obtener la autorización administrativa requerida para actuar asimismo como agencia de colocación.”
La enmienda propuesta adapta el artículo 2 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal a la nueva redacción propuesta para el artículo 16.3 del Estatuto de los Trabajadores en la enmienda precedente.
ENMIENDA NÚM. 249
El párrafo segundo del artículo 11 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal queda redactado en los siguientes términos:
“2. La extinción de los contratos de los trabajadores contratados por las empresas de trabajo temporal para ser cedidos a empresas usuarias se rige por el régimen general previsto para la extinción de los contratos de trabajo en el Estatuto de los Trabajadores.”
Adecuación a la Directiva 2008/104 de la Unión Europea.
ENMIENDA NÚM. 250
Al artículo 18.tres del Real Decreto-ley 10/2010
El apartado 2 del artículo 16 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, relativo a las infracciones muy graves queda redactado como sigue:
“2. Establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones favorables o adversas para el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, incluido el racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social y lengua dentro del Estado.”
ENMIENDA NÚM. 251
La disposición transitoria segunda relativa al Régimen de entrada en vigor de la limitación del encadenamiento de contratos temporales queda redactada en los siguientes términos:
“Lo previsto en la redacción dada por este Real Decreto-ley al artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores será de aplicación a los encadenamientos de contratos temporales que se produzcan con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de aquél, rigiéndose los anteriores por lo establecido en el artículo 15.5 según la redacción dada por el mismo por la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.”
ENMIENDA NÚM. 252
A la disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 10/2010
La disposición transitoria tercera sobre Abono de parte de la indemnización por el Fondo de Garantía Salarial en los nuevos contratos de carácter indefinido queda suprimida.
El Fondo de Garantía Salarial no debe asumir parte del coste de las indemnizaciones por despido.
ENMIENDA NÚM. 253
A la disposición transitoria tercera
La disposición transitoria tercera obre Abono de parte de la indemnización por el Fondo de Garantía Salarial en los nuevos contratos de carácter indefinido, en su punto primero queda redactado en los siguientes términos:
“1. En los contratos de carácter indefinido, sean ordinarios o de fomento de la contratación indefinida, celebrados con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, cuando el contrato se extinga por las causas previstas en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores o en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal una parte de la indemnización que corresponda al trabajador será abonada directamente por el Fondo de Garantía Salarial en una cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores al año. Lo anterior no será de aplicación cuando el despido haya sido declarado o reconocido como improcedente.”
Aplicar sólo en despidos procedentes.
ENMIENDA NÚM. 254
A la disposición transitoria séptima del Real Decreto-ley 10/2010
La disposición transitoria séptima relativa al límite de edad de los trabajadores contratados para la formación queda suprimida.
ENMIENDA NÚM. 255
Al párrafo primero de la disposición derogatoria única
Se añade una letra c) que queda redactada en los siguientes términos:
“c) La disposición adicional quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos en el Sector Público”.
La disposición final segunda sobre el Fondo de Capitalización queda redactado en los siguientes términos:
“El Gobierno, en el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta Ley, previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, aprobará un proyecto de ley por el que, sin incremento de las cotizaciones empresariales, se regule la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días por año de servicio a determinar.
La regulación reconocerá el derecho del trabajador a hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en el Fondo de capitalización en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de la jubilación. Las indemnizaciones a abonar por el empresario, en caso de despido, se reducirán a un número de días por año de servicio equivalente al que se determine para la constitución del Fondo.
El fondo deberá estar operativo a partir del 1 de julio de 2011.”
La circunstancia de que se ha dejado pasar ya un tiempo precioso para adoptar medidas frente a la crisis y la trascendencia de la medida que se contempla en esta D.F. 2.ª, exigen sin duda de mayor celeridad en la articulación de la misma, de ahí que se proponga un recorte en los plazos, tanto para la aprobación del correspondiente proyecto de ley como para la puesta en funcionamiento del Fondo de Capitalización.
Al número dos de la disposición final tercera
La disposición final tercera, número dos relativo a la Igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo queda redactado en los siguientes términos:
“d) Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un período de doce meses. No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral, cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda.”
Se trata de eliminar la exigencia de que el absentismo individual coincida con un acreditado absentismo colectivo en la plantilla superior al 5 por ciento. Dicha exigencia, por otra parte, de muy difícil acreditación colectiviza un problema que atañe al cumplimiento de cada trabajador individual y a su productividad.
Al párrafo tercero de la disposición final séptima
“En un plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno elaborará, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y con las Comunidades Autónomas, las disposiciones necesarias para desarrollar lo establecido en aquél en materia de agencias de colocación.”
La necesidad de agilizar las posibilidades de intermediación.
Al artículo 4.2.B) Estatuto de los Trabajadores
“b) A la promoción profesional.”
Se considera que la formación y la promoción profesional son dos derechos independientes que merecen un tratamiento jurídico diferenciado.
Al artículo 4.2 C) Estatuto de los Trabajadores
c) “A la formación profesional individual en el trabajo y a la formación necesaria que garantice la adaptación de los trabajadores a la evolución de su puesto de trabajo.”
El derecho a la formación profesional en el trabajo reconocido tanto a nivel legal como constitucional debe ser objeto de una reforma, en el sentido de reconocerlo como un auténtico derecho de los trabajadores.
Al artículo 4.2 Estatuto de los Trabajadores
Como consecuencia de la nueva redacción de la letra c) del art. 4.2 Estatuto de los Trabajadores se renumeran las letras del apartado 2 del art. 4 Estatuto de los Trabajadores a partir de la letra b).
Al artículo 23 Estatuto de los Trabajadores
“1. Los trabajadores con al menos una antigüedad de un año en la empresa tienen derecho a 20 horas anuales de formación, salvo que la negociación colectiva prevea una duración superior. Este derecho será acumulable hasta un máximo de 120 horas. Para su disfrute será necesario el acuerdo del trabajador y del empresario. Este período de formación se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo. El derecho individual a la formación se podrá financiar a través de un cheque formación en los términos previstos reglamentariamente.
2. Los trabajadores tienen derecho a recibir la formación necesaria que garantice su adaptación a la evolución de su puesto de trabajo. Esta formación se considera, en todo caso, tiempo de trabajo efectivo y deberá ser financiada por la empresa, que podrá utilizar el crédito para la formación previsto en el RD 395/2007, de 23 de marzo.
a) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa, cuando curso con regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional.
4. En la negociación colectiva se pactarán los términos del ejercicio de estos derechos, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación directa o indirecta entre trabajadores de uno y otro sexo.
5. El Servicio Público de Empleo Estatal otorgará a cada trabajador una cuenta de formación asociada al número de cotización a la Seguridad Social en la que deberá constar la formación recibida a lo largo de su carrera profesional, de acuerdo con el Catálogo de Cualificaciones Profesionales.”
Una nueva adecuación del derecho del trabajador a la formación y que esta sea eficiente y ligada a las necesidades del Mercado.
ENMIENDA NÚM. 263
De adición de una nueva disposición adicional al Estatuto de los Trabajadores
Queda redactada en los términos siguientes:
“El Gobierno, previa consulta con la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, desarrollará reglamentariamente la financiación y utilización del cheque formación y la cuenta de formación.
El cheque formación se nutrirá con cargo a la cuota de formación profesional y a los Presupuestos Generales del Estado.”
ENMIENDA NÚM. 264
Al apartado 2 del artículo 106 Ley General de Seguridad Social
“La obligación de cotizar se mantendrá por todo el período en que el trabajador esté en alta en el Régimen General o preste sus servicios, aunque éstos revistan carácter discontinuo. Dicha obligación subsistirá asimismo respecto de los trabajadores que se encuentren cumpliendo deberes de carácter público, desempeñando cargos de representación sindical, o disfrutando del derecho individual a la formación reconocido en el artículo 23.1 Estatuto de los Trabajadores, siempre que ello no de lugar a la excedencia en el trabajo.”
El régimen jurídico del derecho individual a la formación reconocido en el nuevo artículo 4.2 c) y desarrollado en el artículo 23.1 Estatuto de los Trabajadores obliga a modificar la Ley General de Seguridad Social en el sentido de mantener la obligación de cotizar durante ese período, con la finalidad de que el disfrute de ese derecho no implique ningún perjuicio desde el punto de vista de la protección social del trabajador.
ENMIENDA NÚM. 265
A la disposición transitoria sexta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de reforma del sistema de protección por desempleo
“Programa de sustitución de trabajadores en formación por trabajadores beneficiarios de prestaciones por desempleo”.
“1. En aplicación de lo previsto en el párrafo tercero del apartado 4 del artículo 228 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, en la redacción dada al mismo por esta Ley, podrán acogerse al presente programa todas las empresas que sustituyan a éstos con trabajadores desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo durante el tiempo en que aquéllos participen en acciones de formación, siempre que tales acciones estén financiadas por cualquiera de las Administraciones públicas.
La aplicación del programa regulado en la presente disposición transitoria será obligatoria para los trabajadores desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo a que se refiere el párrafo anterior”.
Con esta modificación se pretende fomentar la formación tanto en la gran empresa corno en la pequeña y mediana empresa.
ENMIENDA NÚM. 266
Al capítulo III del Real Decreto-ley 10/2010
Se añade un nuevo artículo 11 bis al Capítulo III del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que queda redactado en los siguientes términos:
“Bonificaciones de cuotas por la celebración de contratos de interinidad para la sustitución de trabajadores en formación.
Los contratos de interinidad que se celebran con personas desempleadas, para sustituir a trabajadores que tengan suspendido su contrato de trabajo por el ejercicio de su derecho a la formación, darán derecho a una bonificación del 100 por ciento de las cuotas empresariales de la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en las aportaciones empresariales de las cuotas de recaudación conjunta.”
Con la finalidad de facilitar el ejercicio del derecho a la formación en sus distintas manifestaciones (derecho individual -reconocido en el nuevo artículo 23.1 Estatuto de los Trabajadores-, derecho a la formación para la adaptación a la evolución de tu puesto de trabajo -reconocido nuevo artículo 23.2 Estatuto de los Trabajadores-, permisos individuales a la formación), al empresario se le reconoce como ventaja un menor coste económico del personal, lo que incentivará la contratación de trabajadores desempleados para sustituir a trabajadores en formación.
ENMIENDA NÚM. 267
A la disposición adicional nueva
“El Gobierno completará el desarrollo de la Ley Orgánica 5/2002 de las cualificaciones y la formación profesional, en el plazo de seis meses mediante un Real Decreto que regule la implantación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, adecuando las ofertas formativas a los requerimientos de la producción y del empleo, a través de acciones formativas evaluables y certificables.”
El desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional ampliamente consensuado (Programa Nacional de Formación Profesional de 2008; Ley Orgánica 572002) no ha alcanzado suficiente desarrollo, ni en el plano cuantitativo, ni en el cualitativo, y presenta serias deficiencias en relación con los países del entorno UE/OCDE como así lo ha denunciado el Informe 01/2009 sobre sistema educativo y capital humano en España del Consejo Económico y Social.
ENMIENDA NÚM. 268
Al artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores
“1. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesional de los trabajadores, por medio de grupos profesionales.
3. Los criterios de definición de los grupos profesionales se acomodarán a reglas comunes para loas trabajadores de uno y otro sexo.
4. Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se establecerá el contenido de la prestación laboral objeto del contrato de trabajo, así como su equiparación al grupo profesional o nivel retributivo previsto en el convenio colectivo o, en su defecto, de aplicación en la empresa que se corresponda con dicha prestación.
Cuando se acuerde la polivalencia funcional o la realización de funciones propias de dos o más grupos profesionales o niveles retributivos, la equiparación se realizará en virtud de las funciones que resulten prevalentes.”
La enmienda pretende la modernización definitiva de nuestro sistema de clasificación profesional que
debe girar en torno al criterio del grupo profesional y prescindir del de categoría, propio de las Ordenanzas y Reglamentaciones Laborales franquistas. El grupo profesional debe ser el elemento central y único del sistema de clasificación profesional en la negociación colectiva y el eje de la movilidad funcional en el seno de la empresa.
ENMIENDA NÚM. 269
A los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 39 del estatuto de los trabajadores
“1. La movilidad funcional en el seno de la empresa no tendrá otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y por la pertenencia al grupo profesional.
2. La movilidad funcional para la realización de funciones no correspondientes al grupo profesional sólo será posible si existiesen razones técnicas u organizativas que la justificasen y por el tiempo imprescindible para su atención. En el caso de encomienda de funciones inferiores ésta deberá estar justificada por necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva. El empresario deberá comunicar esta situación a los representantes de los trabajadores.
4. Si como consecuencia de la movilidad funcional se realizasen funciones superiores a las del grupo profesional por un período superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán acumulables.
Mediante la negociación colectiva se podrán establecer períodos distintos de los expresados en este artículo a efectos de reclamar la cobertura de vacantes.”
La enmienda pretende hacer del grupo profesional el eje de la movilidad funcional en el seno de la empresa, eliminando la noción de categorías equivalentes que ha servido a la jurisprudencia para soslayar el concepto de grupo y restaurar el de categoría profesional a pesar de que el legislador del 94 postulaba por su paulatina desaparición.
ENMIENDA NÚM. 270
Al artículo 84 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
El artículo 84 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/995, de 24 de marzo, queda modificado como sigue:
Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto, salvo pacto en contrario, conforme a lo dispuesto en el apartado 2, del artículo 83 y salvo lo previsto en el apartado siguiente.
Los sindicatos y las asociaciones empresariales que reúnan los requisitos de legitimación de los artículos 87 y 88 de esta Ley podrán, en un ámbito determinado que sea superior al de empresa, negociar acuerdos o convenios que afecten a lo dispuesto en los de ámbito superior siempre que dicha decisión obtenga el respaldo de las mayorías exigidas para constituir la comisión negociadora en la correspondiente unidad de negociación.
Lo anterior no obstante, se consideran materias no negociables en ámbitos inferiores el período de prueba, las modalidades de contratación, excepto en los aspectos de adaptación al ámbito de la empresa, los grupos profesionales, el régimen disciplinario, las normas mínimas en materia de seguridad e higiene en el trabajo, la movilidad geográfica y todas aquellas otras en que así se prevea mediante acuerdo interprofesional o convenio colectivo suscrito por las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, de carácter estatal o de Comunidad Autónoma.”
Devolver a los agentes sociales la posibilidad de ordenar y estructurar la negociación colectiva.
Al artículo 86 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores
El artículo 86 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de Los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo queda modificado como sigue:
“1. Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios, pudiendo eventualmente pactarse distintos períodos de vigencia para cada materia o grupo homogéneo de materias dentro del mismo convenio.
2. En todo caso, los sujetos que reúnan los requisitos de legitimación del artículo siguiente podrán negociar, sometiéndose a las demás exigencias de esta Ley, la revisión de un convenio colectivo mientras se encuentra en vigor. No obstante lo anterior, no podrán adoptarse medidas de huelga o conflicto colectivo que tengan por objeto alterar, durante su vigencia, lo pactado en un convenio colectivo.
3. Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes.
4. Denunciado un convenio y hasta tanto no se logre acuerdo expreso, perderán vigencia sus cláusulas obligacionales.
5. El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, salvo los aspectos que expresamente se mantengan.”
Reconocer expresamente en el Estatuto de los Trabajadores la posibilidad de “revisar” un convenio colectivo sin necesidad de denunciarlo y de que por lo tanto decaiga.
ENMIENDA NÚM. 272
Al artículo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
El artículo 13 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de Los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo queda modificado como sigue:
“Artículo 13. Contrato de trabajo a distancia.
1. Tendrá la consideración de contrato de trabajo a distancia aquél en que la actividad laboral, que podría realizarse igualmente en los locales de la empresa, se ejecuta fuera de los mismos de manera regular y voluntaria.
2. El contrato se formalizará por escrito con el visado de la Oficina de Empleo, donde quedará depositado un ejemplar, en el que conste el lugar en el que se realice la prestación laboral, a fin de que puedan exigirse las necesarias medidas de seguridad y salud que se determinen.
3. El trabajador a distancia tendrá los mismos derechos que un trabajador que preste sus servicios en los locales de la empresa y realice un trabajo idéntico o similar. La carga de trabajo y los sistemas de valoración del rendimiento del trabajador a distancia serán equivalentes a los de los demás trabajadores de la empresa o centro de trabajo.
4. Todo empresario que ocupe trabajadores a distancia deberá:
a) Cubrir o reintegrar los costes causados por la prestación de trabajo a distancia.
b) Informar al trabajador sobre eventuales restricciones en el uso de los equipos de trabajo, en particular
las herramientas informáticas y los servicios de comunicación.
c) Informar a los trabajadores a distancia sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes en la empresa o centro de trabajo.
5. El empresario que adopte medidas de vigilancia y control a distancia está obligado, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 20 de la presente Ley, a respetar al máximo la dignidad e intimidad del trabajador. Tanto los trabajadores como sus representantes tienen derecho a conocer los sistemas de vigilancia y control dispuestos por la empresa para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales.
6. El empresario deberá establecer los medios oportunos para asegurar el acceso efectivo por parte de los trabajadores a distancia a la formación.
Asimismo deberá informar a estos trabajadores de la existencia de puestos de trabajo vacantes más cualificados o remunerados en la empresa o centro de trabajo, a fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceso que a los demás trabajadores.
7. El empresario debe adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la protección de la seguridad y salud del trabajador a distancia y éste cooperar para lograr unas condiciones de trabajo que no entrañen riesgos para su seguridad y salud. Si el trabajador a distancia trabaja en el domicilio, el acceso al mismo para verificar la correcta aplicación de las normas en materia de seguridad y salud estará sujeto a previa notificación y consentimiento del trabajador.
8. Los trabajadores a distancia podrán ejercer los derechos de representación colectiva conforme a lo previsto en la presente Ley. El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la trasmisión de información a los trabajadores por parte de sus representantes.
9. Se autoriza el Gobierno para desarrollar reglamentariamente lo previsto en este artículo.”
Abrir la tradicional regulación del trabajo a domicilio a las nuevas formas de trabajo basadas en la utilización de nuevas tecnologías, básicamente el denominado teletrabajo, en línea con otros países europeos.
ENMIENDA NÚM. 273
Al artículo 14.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
El artículo 14.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de Los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo queda modificado como sigue:
“1. Podrá concertarse por escrito un período de prueba, con sujeción a los límites de duración que, en su caso, se establezcan en los Convenios Colectivos. En defecto de pacto en Convenio, la duración del período de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de cincuenta trabajadores el período de prueba no podrá exceder de cuatro meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.
Será nulo el pacto que establezca un período de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.”
Adaptar la regulación del período de prueba a las necesidades de la micro, pequeña y mediana empresa.
ENMIENDA NÚM. 274
Quedando suprimido lo que sigue:
“Por otra parte, respetando las cuantías establecidas para los diversos supuestos de extinción, se reducen las
cantidades a abonar por las empresas en caso de extinción de los mismos mediante la asunción transitoria por el Fondo de Garantía Salarial de una parte de las indemnizaciones, medida que se aplicará exclusivamente a los despidos económicos, sean individuales o colectivos, excluyendo a los despidos de carácter disciplinario. Se preserva, en consecuencia, el compromiso del Gobierno de mantener los derechos de los trabajadores y aliviar a las empresas de una parte de los costes extintivos. Esta medida no supone una asunción por el Estado de una parte de los mismos, ya que se instrumenta a través de un organismo público que se nutre exclusivamente de cotizaciones empresariales.
La medida anterior quiere tener, no obstante, un carácter coyuntural y servir como transición hacia un modelo de capitalización individual mantenido a todo lo largo de la vida laboral, por un número de días por año a determinar, para cuya regulación el Gobierno aprobará un proyecto de Ley. Este fondo individual de capitalización podrá hacerse efectivo por el trabajador para los casos de despido, así como para completar su formación, en supuestos de movilidad geográfica o, en último término, en el momento de su jubilación. Este modelo se dirigirá a dotar a nuestro mercado de trabajo de una mayor estabilidad en el empleo y una más sana movilidad laboral.”
En coherencia con la enmienda presentada a la Disposición transitoria tercera.
ENMIENDA NÚM. 275
Del artículo 42.2 de la LISMI
“2. La plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por el mayor número de trabajadores con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 7 por ciento de aquélla. A estos efectos no se computará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social, así como el personal sin discapacidad que se haya incorporado al Centro Especial de Empleo, en virtud de subrogación laboral establecida en norma legal o convencional.”
Con la presente enmienda se pretende dar una solución cuando le es adjudicada una contrata a un CEE, debiendo asumir, en aplicación de las reglas sobre subrogación laboral, a los trabajadores sin discapacidad de la anterior contrata. El problema se plantea cuando el número de dichos trabajadores subrogados de la anterior adjudicataria de la contrata, ocasiona el no respetar el porcentaje mínimo del 7 por ciento de personal con discapacidad para que el CEE conserve la calificación como tal.
ENMIENDA NÚM. 276
“Cualquier modificación que afecte a la estructura de las pensiones se acordarán en el seno del Pacto de Toledo, asimismo la edad de jubilación se mantendrá en 65 años. No obstante si se amplía a 67 años, será siempre de forma voluntaria por decisión del trabajador.
Del mismo modo, el Gobierno, arbitrará las fórmulas adecuadas para incentivar la contratación de mayores de 67 años.”
ENMIENDA NÚM. 277
“El Gobierno en el plazo de dos meses elaborará en coordinación con las Comunidades Autónomas un plan especial de la Inspección de Trabajo, con el propósito de acabar con la discriminación salarial con las mujeres y, asimismo, con todas aquellas acciones que aparten de las relaciones del mercado laboral la discriminación entre trabajadores y trabajadoras.”
« El aborto, el padre de Gallardón y Freud
La mujer de Eduardo Madina desembarca en Telefónica tras el marido de Soraya »
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References: artículo 110
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 49
 artículo 2
 artículo 51
 artículo 2
 artículo 51
 artículo 2
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 2
 artículo 51
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 40
 artículo 40
 resolución 
 artículo 41
 artículo 50
 artículo 41
 artículo 5
 artículo 41
 artículo 6
 artículo 82
 artículo 41
 artículo 7
 artículo 47
 artículo 51
 artículo 47
 artículo 51
 artículo 7
 artículo 47
 artículo 138
 artículo 40
 artículo 41
 artículo 47
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 11
 artículo 18
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 64
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 106
 artículo 23
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 228
 artículo 11
 artículo 23
 artículo 23
 Real Decreto 
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 artículo 39
 artículo 84
 artículo 84
 Real Decreto 
 artículo 83
 artículo 86
 artículo 86
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 14
 artículo 14
 Real Decreto 
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