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Timestamp: 2020-04-01 04:41:29+00:00

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Ocurre lo mismo entre el 1 de abril y el 30 de junio, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre y, por último, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.
Proceso de gestión al Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial
Para las PYMES y grandes empresas del sector industrial a las que hace referencia el artículo 2.2 del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética, se conceden ayudas con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final.
Aunque los beneficiarios directos son las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, éstas tienen la obligación de destinar el importe de las mismas a las PYMES y grandes empresas del sector industrial que tengan la consideración de destinatarios últimos.
Las ayudas son transferidas por el IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) a los beneficiarios directos (CCAA y ciudades de Ceuta y Melilla), y éstos deberán destinarlas a los destinatarios últimos (PYME y gran empresa). Para obtener esta última consideración y formular solicitud, las entidades han de cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto y en la correspondiente normativa de la comunidad autónoma o las ciudades de Ceuta y Melilla.
Los destinatarios directos efectuarán la convocatoria correspondiente en un plazo no inferior a dos meses ni posterior a cuatro meses desde la entrada en vigor del real decreto, que se producía el día siguiente al de su publicación en el BOE, mediante la publicación de la misma en el diario oficial que corresponda.
A partir de ahí, las solicitudes de ayuda podrán cursarse a partir del momento en que los destinatarios directos lo indiquen en las respectivas convocatorias, hasta la conclusión de su vigencia prevista hasta el 31 de diciembre de 2020, lo cual sucederá cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
A la finalización del período de vigencia de la correspondiente convocatoria no serán admitidas más solicitudes debiendo la comunidad o ciudad autónoma reembolsar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética el remanente presupuestario a esa fecha. Estos remanentes se podrán reutilizar para siguientes convocatorias con el mismo fin.
Las solicitudes se presentarán en las respectivas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla donde esté ubicada la actuación y deberán presentarse de forma electrónica a través de un formulario de solicitud, de tratarse de personas jurídicas y en el resto de supuestos recogidos en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1 de este mismo artículo.
El formulario de solicitud de ayuda se acompañará de la documentación requerida en las correspondientes convocatorias, recogiendo la documentación que aparece en el anexo III del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, para justificar la cofinanciación con fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), en su caso, salvo que los órganos instructores de las comunidades o ciudades autónomas habiliten los medios electrónicos o de otro tipo necesarios para realizar por ellos mismos la comprobación de alguno o de todos los extremos referidos.
Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos. En caso de agotamiento del presupuesto asignado, y siempre que no hubiera expirado la vigencia del programa, podrán seguir registrándose solicitudes en lista de reserva provisional que serán atendidas por riguroso orden de entrada, supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de ayuda previas que pudieran liberar presupuesto o bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún caso la presentación de una solicitud a la lista de reserva provisional generará derecho alguno para el solicitante hasta que no se resuelva la solicitud.
La resolución definitiva del procedimiento de concesión de la ayuda corresponde a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, una vez comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones y requisitos establecidos y de la documentación aportada. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En caso de no haberse recibido resolución en dicho plazo, se entenderá desestimada la solicitud.
El plazo máximo para la conclusión de las actuaciones objeto de ayuda será de veinticuatro (24) meses desde la fecha de notificación de la resolución de la concesión de la ayuda.
La justificación por parte de los destinatarios últimos de la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante el órgano Instructor en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo máximo concedido para la ejecución de las actuaciones. Para ello, el destinatario último de las ayudas deberá aportar la documentación requerida por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en sus respectivas convocatorias para cada actuación elegible, así como la necesaria para justificar la cofinanciación con fondos FEDER.
Los destinatarios directos llevarán a cabo un procedimiento de control que permita verificar y validar administrativamente el 100 % del coste declarado por los destinatarios últimos de las ayudas, así como verificar sobre el terreno un conjunto representativo de las actuaciones y operaciones realizadas.
Comprobada la ejecución de la actuación por parte del destinatario último de las ayudas, así como la entrega de toda documentación exigida dentro del plazo establecido, el órgano competente de las respectivas comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla ordenará el pago de la subvención, con expresa referencia a la procedencia de los fondos, mencionando al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, al Ministerio para la Transición Ecológica y a la cofinanciación FEDER, en su caso.
Si el destinatario último de las ayudas no cumpliera con la obligación de justificación no se pagará la subvención y se declarará la pérdida del derecho al cobro de la misma.
(Expansión, 17-05-2019)
El carácter automático de las sanciones de Hacienda por la declaración fuera de plazo de bienes en el extranjero ha quedado limitado tras la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que anuló una de estas multas. "La Administración no podrá iniciar expedientes sancionadores con el automatismo con el que lo hacía hasta ahora", explica Esaú Alarcón, asesor fiscal y abogado del contribuyente en Gibernau Asesores.
El motivo es la decisión del TEAC de 14 de febrero de 2018. Este Órgano anula y asegura que no procede una de estas sanciones, que ascienden al 150 por ciento de la ganancia patrimonial imputada por Hacienda. "Es un primer paso para que al final se convierta en una sanción que, además de cumplir con el hecho que da lugar a la sanción, el contribuyente ha de tener una mínima culpa en ello", explica Alarcón.
Javier Gómez Taboada, miembro de la directiva de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), destaca que la resolución no entra tanto en las cuestiones de fondo de la declaración de bienes en el extranjero, sino que centra su decisión en la demostración de la culpabilidad. "Si los tribunales encuentran aquí el argumento para liberarnos de esta espada de Damocles, bienvenido sea", añade.
Según exige la ley, Hacienda debería aplicar la multa prevista en estos casos. Sin embargo, la resolución del TEAC ha añadido la demostración de la culpabilidad del contribuyente para sancionar. "Realmente es el único punto al que se pueden agarrar los tribunales es la falta de culpabilidad demostrada", explica Gómez Taboada.
En la misma línea, Alejandro del Campo, abogado de DMS Consulting que denunció el Modelo 720 ante la Comisión Europea, señala que "el TEAC no se pronuncia sobre la proporcionalidad de la sanción 150 por ciento y su adecuación o no al derecho UE porque la anula por insuficiente motivación de la culpabilidad".
Sin embargo, tanto él como Esaú Alarcón valoran positivamente la resolución. "Va a dar mucha tranquilidad a mucha gente", indica Alarcón. "Tiene una importancia muy psicológica porque hay mucha gente que tenía dinero fuera y no lo presentó en su día, como es el perfil de este caso: una persona mayor que generó el patrimonio hace muchos años y que ahora ha presentado la declaración fuera de plazo", explica.
Abigail Blanco, socia del Departamento Tributario de Garrigues, destaca que la resolución "permite cierto optimismo y que las regularizaciones voluntarias no conlleven la imposición de la sanción del 150 por ciento sobre la deuda correspondiente al incremento no justificado de patrimonio". Sin embargo, Blanco precisa que "habría sido deseable que el TEAC se hiciera eco adecuadamente de la clara vulneración por la normativa española de principios fundamentales del derecho de la UE y de diversos principios constitucionales".
Hacienda lo mantuvo en secreto hasta que fue obligada a facilitárselo a los asesores fiscales de un contribuyente granadino por requerimiento de la Audiencia Nacional, de 25 de octubre de 2018. "El Modelo 720 vulnera de manera tan flagrante el Derecho UE, tal y como pone de manifiesto el Dictamen Motivado, que la Comisión Europea tomará en breve la decisión de interponer un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la UE, que no me cabe duda de que terminará tumbando ese régimen", asevera Alejandro del Campo.
Además, un Informe del Defensor del Pueblo Europeo de 26 de abril de 2019 indica que la Comisión Europea tomará en los próximos meses una decisión acerca de si cierra el caso o si inicia un procedimiento ante el Tribunal de Justicia europeo. "Apuesto por lo segundo", asegura del Campo.
(Expansión, 16-05-2019)
La Comisión Europea ha puesto el foco sobre el fraude tributario en materia de IVA como uno de los principales riesgos fiscales que afronta la UE. Para tratar de atajarlo, Bruselas ha puesto a disposición de todos los estados miembros una nueva herramienta, operativa desde este miércoles, diseñada para evitar engaños.
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es una de las principales fuentes de ingresos de los países de la Unión Europea. En 2015 aportó más de un billón de euros, lo que supone un 7% del PIB comunitario. “El fraude en materia de IVA es uno de los principales problemas a los que se enfrentan hoy en día nuestras finanzas públicas, y su erradicación debe ser una de las máximas prioridades de los gobiernos de la UE”, ha declarado en un comunicado Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas.
Para combatirlo, la Comisión Europea ha creado una herramienta de análisis de las redes de operaciones (Transaction Network Analysis, TNA, por sus siglas en inglés). Su objetivo es reducir “los enormes costes del fraude del IVA para las finanzas públicas, con bandas de delincuentes que se aprovechan a expensas de los contribuyentes honrados”.
“La nueva herramienta aumentará la rapidez con la que las autoridades pueden descubrir actividades sospechosas y actuar contra ellas, pero estos avances no disminuyen la necesidad de una reforma más profunda y fundamental del sistema del IVA de la UE para que pueda afrontar las enormes cantidades de operaciones comerciales transfronterizas en la UE”, ha explicado Moscovici.
Los funcionarios de lucha contra el fraude fiscal de los distintos Estados miembros han sido formados esta semana en el uso de la nueva herramienta y sus ventajas. El sistema ofrecerá a las autoridades tributarias “un acceso rápido y fácil a la información sobre las transacciones transfronterizas”, lo que dará lugar a una actuación rápida en caso de detección de posibles fraudes en materia de IVA.
El modelo facilitará el intercambio de información para que el fraude en cascada en materia de IVA pueda ser detectado y atajado. Además, permitirá cotejar la información con los registros de antecedentes penales, las bases de datos y la información en poder de Europol y de la OLAF (la oficina de la UE contra el fraude), y coordinar investigaciones entre distintos países.
España recaudó 70.177 millones de euros por IVA en 2018 y prevé ingresar otros 73.712 millones por dicho impuesto este año. Se trata de la segunda figura tributaria más relevante, solo por detrás del IRPF (que recaudó 82.858 millones) y a buena distancia de Sociedades (24.838 millones).
(La Vanguardia, 15-05-2019)
Transcurrido mes y medio desde el arranque de la campaña de la renta del ejercicio 2018, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 3.031 millones de euros a 4.481.000 contribuyentes a los que la declaración les salía a pagar. De esta forma, ayer que el fisco abría sus oficinas a la atención asistencial de aquellos contribuyentes que lo solicitan, el volumen de devoluciones se había incrementado ya un 14% respecto a las mismas fechas del año pasado.
Hacienda achaca este incremento en el ritmo de devoluciones a la mayor celeridad de los contribuyentes en la presentación de sus declaraciones gracias, entre otros aspectos, al resto de canales no presenciales puestos en marcha por la Agencia Tributaria. Estas vías incluyen el servicio de atención telefónica del fisco, su mejorada aplicación móvil o el uso de la web que, junto a las oficinas recién abiertas al público han acabado este año con la predeclaración en papel.
Así, hasta la fecha, 7.037.000 contribuyentes han presentado ya su declaración de la renta, un 8,9% más que el año anterior. De ellas, 5.772.000 han salido a devolver (un 8,75% más) y 1.058.000, a pagar (un 9% más).
Para el conjunto del ejercicio, Hacienda espera recibir un total de 20.350.000 de declaraciones, lo que supondría 361.000 más que en 2018 y un récord histórico. La administración estima que 14.314.000 saldrán a devolver, por un importe de 10.160 millones de euros, mientras que otras 5.161.000 obligarán a los contribuyentes a abonar al fisco 10.160 millones de euros. La campaña, que arrancó el 1 de abril, concluirá el próximo 1 de julio.
Hoy empieza la atención presencial en oficinas de Hacienda
(Cinco Días, 14-05-2019)
La Agencia Tributaria atiende desde este martes 14 de mayo en sus oficinas a aquellos contribuyentes que han pedido cita previa para ser atendidos personalmente para hacer la declaración del IRPF de la campaña de la renta 2018. Las citas se pueden pedir desde el pasado 9 de mayo y se conceden para atenciones hasta el próximo 1 de julio, la fecha que marca el fin de la campaña. El último día para solicitar la cita previa es el 28 de junio. Hasta 2,2 millones de españoles utilizan este sistema para presentar su declaración.
Aquellos que tengan rentas del trabajo de hasta 65.000 euros anuales y rendimientos de capital mobiliario de hasta 15.000 euros pueden ser atendidos en las oficinas para que le ayuden a confeccionar y presentar la declaración. Todos los límites y requisitos se pueden consultar en la Agencia Tributaria y afectan a personas que han heredado o transmitido propiedades.
Para solicitar la cita previa existen tres grandes opciones. La primera es a través de Internet, desde el portal de la Renta 2018, en la opción “Cita previa Renta 2018: Plan Le Llamamos y atención en oficinas”; llamando a los teléfonos 901 22 33 44 o 91 553 00 71, de lunes a viernes de nueve de la mañana a las siete de la tarde; o desde la aplicación para móviles de la Agencia Tributaria, que se puede descargar en Google Play y en la Apple Store.
En la cita previa se recibe la atención personalizada de los funcionarios de la Agencia Tributaria, lo que permite hacer el trámite sin errores ni fallos. Se hacen las declaraciones con rentas procedentes de rendimientos de actividades empresariales en módulos y de otras ganancias y pérdidas patrimoniales con un límite de dos operaciones. También se hacen declaraciones con compensación entre cónyuges, con rentas exentas con progresividad, con deducción por doble imposición internacional, con regularización de cláusulas suelo y rectificativas y complementarias del ejercicio –cuando el contribuyente se equivoca al presentarla, por ejemplo–.
La AIReF cuestiona las previsiones de ingresos del Gobierno de Pedro Sánchez y centra su atención en los incentivos a la contratación
(El País, 10-05-2019)
Si cuando el Ejecutivo presentó una catarata de subidas de impuestos en los Presupuestos y en los proyectos de ley que creaban las 'tasas Google' y 'Tobin' sus previsiones eran que cada tributo recaudara menos de la mitad, o incluso menos, que lo que estimaba el Gobierno, ahora cree que habrá un desfase global de una décima del PIB, de cerca de 1.200 millones.
Así el Ejecutivo estima una recaudación de 5 décimas del PIB, cerca de 5.700 millones, y la AIReF augura una décima menor, de unos 4.500 millones. En sus valoraciones anteriores, pesaba el hecho de que los impuestos sólo entrarían en vigor a mitad de año. Ahora, en el Programa de Estabilidad, el Ejecutivo plantea que las alzas fiscales entrarán en vigor en 2020, con lo que el efecto recaudatorio será de un ejercicio completo. Sin embargo, para la AIReF, las previsiones del Gobierno siguen siendo "optimistas".
Además, la AIReF cree muy ajustada la reducción del déficit prevista en el Programa de Estabilidad y alerta de la existencia de riesgos. La senda fiscal prevista plantea una reducción del déficit de 2,5 puntos del PIB en cuatro años, lo que considera factible hasta 2021 e improbable en 2022.
En la búsqueda de reducir el déficit y el gasto público, el Gobierno ha puesto el ojo en los incentivos a la contratación. La Actualización del Programa de Estabilidad enviada a Bruselas la semana pasada plasma el planteamiento del Ejecutivo para ahorrar unos 1.500 millones de euros en este campo. Lo que no revela es que esta iniciativa supondrá, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la eliminación del 60% de estas bonificaciones.
Así lo indica el ente en el informe que ha publicado sobre el Programa de Estabilidad. La propia AIReF ha sido requerida por el Gobierno para analizar dichos incentivos para la contratación y su eficiencia, aunque fuentes de la misma indican que todavía no hay conclusiones sobre dicho estudio, que se está poniendo en marcha.
De hecho, indican que lo único que deja claro el Gobierno son sus intenciones respecto a las bonificaciones de la contratación. De ahí que todavía no puedan valorar, tampoco, el impacto que puede tener esta medida, por pondría fin a la deducción de cotizaciones por valor de una décima de PIB.
Asimismo, la AIReF se corrige. A pesar de que avisó que de que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros podría suponer la destrucción de al menos 60.000 puestos de trabajo a lo largo de 2019, la institución reconoce que, al menos hasta abril, no ha habido ningún tipo de impacto negativo en el mercado de trabajo.
En cualquier caso, desde la Autoridad se advierte de que su análisis está hecho en datos agregados y no con microdatos, así que en verano - que será cuando aparezca el próximo informe al respecto - estas conclusiones podrían cambiar, sobre todo porque el impacto del SMI podría ser paulatino. Si esto se da, será solo en trabajadores con menor formación y asalariados, no en autónomos
(Expansión, 15-05-2019)
La Justicia europea avaló ayer la implantación del registro diario de la jornada, que entró en vigor en España el domingo pasado. De hecho, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), obliga a los 28 Estados miembros a implantar dicho control horario en las empresas.
Dos días después de la entrada en vigor de la obligatoriedad del registro en España, este tribunal, ubicado en Luxemburgo, ha declarado que los Estados miembros “deben imponer a los empresarios” la obligación de implantar un “sistema objetivo, fiable y accesible” que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador.
Este fallo judicial responde al recurso presentado por el sindicato CC OO que pidió a la justicia que obligara a Deutsche Bank España a establecer un registro de la jornada laboral. El TJUE ha terminado dando la razón a esta central sindical española. Por este motivo el sindicato mostró ayer su satisfacción por la sentencia y por la nueva normativa española que responde a esta exigencia del control horario en las empresas. Y concluyen que, tras esta sentencia “ya no hay marcha atrás gobierne quien gobierne” en España.
El TJUE defiende que este tipo de registro, sin entrar a cómo debería implantarse, “ofrece a los trabajadores un medio particularmente eficaz para acceder con facilidad a datos objetivos y fiables relativos a la duración efectiva del trabajo realizado”. Ese sistema “puede facilitar tanto el que los trabajadores prueben que se han vulnerado sus derechos como el que las autoridades y los tribunales nacionales competentes controlen que se respetan efectivamente esos derechos”.
Dicho esto, la justicia comunitaria dictamina que serán los propios Estados miembros los encargados de “definir los criterios concretos de aplicación de ese sistema”, especialmente la forma que éste debe revestir. Para ello, cada país debe tener en cuenta, “las particularidades propias de cada sector de actividad” e incluso “las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño”.
De esta forma, Luxemburgo, deja la puerta abierta, expresamente, a que los Estados discriminen este control en función del número de trabajadores de las empresas, algo que ahora no se tiene en cuenta en la normativa que acaba de entrar en vigor. La nueva obligatoriedad empresarial afecta a todas las empresas por igual y a todos los sectores y solo exonera a algunas relaciones laborales especiales.
En este sentido, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) criticó ayer que en España no se haya excluido a las micro y pequeñas empresas del registro horario como se hace en otros países. En concreto, se refirió a mercados laborales como los de Alemania o la mayoría de los países escandinavos y anglosajones en los que Europa, “prácticamente todas sus normas eximen siempre de aplicaciones a pequeñas empresas para evitar que se conviertan en una nueva traba”.
Otra de las cosas que precisa esta sentencia –cuyo texto completo se conocerá en unos días– es que “el trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación laboral”, por lo que la ley debe impedir que el empresario “pueda imponerle una restricción de sus derechos”. Y añade que los Estados deben velar por que los trabajadores se beneficien de los derechos que les reconoce la norma.
Asimismo, los magistrados europeos precisan que el coste económico para las empresas de implantar este registro, no puede primar sobre la salud y la seguridad de los trabajadores que supone la limitación de las horas de trabajo y el respeto al descanso. “La protección eficaz de la seguridad y la salud de los trabajadores no puede subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico”, indica concretamente el tribunal.
Es más, en el caso del conflicto de CC OO con Deutsche Bank, que fue el que motivó la sentencia de ayer, el TJUE indicó que ni la entidad financiera ni el Gobierno español habían identificado de forma precisa y concreta los obstáculos prácticos que podrían impedir a los empresarios implantar este registro con un coste razonable.
El personal de alta dirección está "completamente" excluido de la obligación del registro diario de la jornada laboral que entró en vigor el domingo. Así lo aclaró ayer el Ministerio de Trabajo en una Guía que publicó con el fin de despejar las numerosas dudas que tienen las empresas sobre la aplicación de la nueva obligación. Están por lo tanto excluidas las relaciones laborales de carácter especial que regula el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 2. 1.a). Es decir, consejeros y personal con contrato mercantil y quienes tengan contrato de alta dirección especial.
Mandos intermedios. En cambio, sí deberá registrarse la jornada laboral de trabajadores que no siendo estrictamente personal de alta dirección (mandos intermedios, cargos de confianza o con ejercicio de especiales responsabilidades), tienen pactado un régimen de libre disponibilidad del tiempo de trabajo o forma parte de sus obligaciones contractuales su plena disposición horaria para el cabal cumplimiento de su actividad profesional.
Trabajo explica que este registro de los mandos intermedios se realiza "bajo la premisa de que tras estas modalidades no se ocultan situaciones de abuso de derecho", sin perjuicio de la acreditación de su tiempo de trabajo mediante el pacto de disponibilidad horaria. Este control tendrá en cuenta, añade la Guía, que "la retribución obtenida por el trabajador ya compensa de manera proporcionada esa mayor exigencia de tiempo de trabajo". Es decir, que estos cargos podrán sobrepasar la jornada máxima, estipulada en 40 horas semanales. Con el fin de que reflejar estas consideraciones, "sería recomendable que la capacidad de autorregulación de los sujetos colectivos mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa dejara constancia de tal circunstancia para evitar situaciones indiciariamente abusivas o desproporcionadas", apunta el Ministerio.
Autónomos. Tampoco existirá obligación de registro horario de autónomos y socios trabajadores de cooperativas, ya que se trata de relaciones o prestaciones de trabajo excluidas del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores. Socios de cooperativas. En cuanto a los socios de cooperativas, la Guía recuerda que tienen relación societaria y que deben autorregular su jornada.
Contratos a tiempo parcial y móviles. Hay dos colectivos que ya contaban con un régimen específico de registro de jornada, prosigue la Guía, que lo mantienen: los trabajadores con contrato a tiempo parcial y los llamados trabajadores móviles (determinados transportes por carretera), trabajadores de la marina mercante y los que realizan servicios de interoperatividad transfronteriza en el transporte ferroviario.
Flexibilidad y teletrabajo. La Guía también aclara que, en el caso de la distribución irregular de jornada o la flexibilidad del tiempo de trabajo, dentro de los límites legales, "el registro de jornada no constituye un impedimento alguno a su continuidad o ampliación", ya que "garantiza la acomodación a las necesidades empresariales y a los intereses de conciliación".
En el caso del teletrabajo, según recuerda el Ministerio, existen fórmulas que aseguran el registro de la jornada de forma telemática. Como ejemplo, Trabajo señala que, puesto que se pueden dar variaciones en la jornada diaria de trabajo, se deberá ponderar y globalizar el registro diario de jornada exigible en todo caso en las secuencias superiores a la jornada diaria.
Si un registro horario computa excesos de jornada, no se interpretará como trabajo extraordinario o por encima del pactado si, al analizar los demás días del mes, queda acreditado el cumplimiento de la jornada mensual ordinaria establecida.
(El País, 13-05-2019)
(Expansión, 10-05-2019)
"No encontramos ningún efecto negativo en estos cuatro meses" sobre el empleo "en ningún ángulo, por la subida del salario mínimo", han aseverado este jueves fuentes del organismo fiscal independiente coincidiendo con la remisión al Gobierno de su informe de evaluación del Programa de Estabilidad. Desde el organismo asumen que, transcurridos siete meses desde el anuncio y cuatro desde la entrada en el mayor incremento de la historia del salario mínimo, un 22% hasta los 900 euros al mes, es momento de poder hacer un análisis, aunque sea "provisional".
Tras estudiar la evolución de cotizaciones, empleo, afiliación, paro, así como la evolución laboral en las Comunidades Autónomas en las que el salario mínimo es más común, la Airef entiende que no hay impacto negativo alguno. "Nos pasamos de negativos", ha reconocido la Airef sobre su previsión de que el alza podría suponer una rebaja de 40.000 empleos en 2019, pese a que esta estimación estaba en la parte baja de la horquilla de impacto de diversos organismos, como el Banco de España, que apuntaban a la destrucción de hasta 120.000 empleos.
Más allá, la Airef considera factible la hora de ruta remitida por el Ejecutivo a la Comisión Europea, aunque estima que los ingresos anunciados serán ligeramente inferiores (en tres décimas, por lo que consideran la estimación oficial improbable) y el gasto algo superior (dos décimas, por lo que ve factible el objetivo del Gobierno). Esto, dice el organismo, impediría alcanzar el equilibrio presupuestario en 2022 como pretende el Gobierno. La Airef estima que el déficit, que cerró 2018 en el -2,48 y pasaría este año al -2,1 según su visión, pasaría al -0,5 en 2022.
Su estimación es que el alza de recaudación se fía demasiado al ciclo, pues solo se ha planteado públicamente retomar en 2020 la reforma fiscal anunciada para 2019, y prevén una décima menos de ingresos por cotizaciones sociales que el Ejecutivo. A su vez, asumen que la inversión pública y los salarios de los funcionarios elevará el gasto contemplado por el Ministerio de Economía.
En todo caso, desde la Airef instan al Gobierno a agilizar sus planes económicos, especialmente la reforma fiscal anunciada ya para 2020, en cuanto se forme el nuevo Ejecutivo salido de las elecciones del 28 A, a fin de que dé tiempo a que las novedades tributarias previstas estén plenamente operativas desde el 1 de enero del próximo ejercicio. Además, subraya que el Ejecutivo no ha detallado sus planes fiscales para 2021 ni 2022.
El paquete tributario, incluido en el fallido plan presupuestario de 2019 pero que el Gobierno busca volver a impulsar el año próximo, aspira a recaudar 5.654 millones si bien la Airef estima que permitirá ingresar unos 1.200 millones menos. En concreto, una horquilla entre 3.541 y 4.889 millones.
En cuanto al escenario a medio y largo plazo, la Airef se muestra más optimista que el Gobierno en la evolución del gasto en pensiones hasta 2050, periodo que en el que se espera un fuerte incremento de costes por la jubilación de la generación del baby boom y el envejecimiento de la población. Para entonces, el Ejecutivo espera una caída de cinco millones en la población activa (la Airef, de un millón), más paro y un sobrecoste del 1,7% del PIB. Para el mismo horizonte, pero con perspectivas más positivas en lo laboral, la Airef prevé un alza de gasto de solo el 0,5%. Ambos cálculos asumen que, pasada la nueva legislatura, seguirá vigente una revalorización anual del 0,25%. De blindarse la actualización anual con el IPC, como prometió el PSOE, la autoridad prevé un sobrecoste del 2,6% del PIB para 2050 por lo que urge al Ejecutivo a actuar para costear un sistema en el que Sánchez es ya hoy más pesimista que la propia Airef.
Bruselas multa con 1.000 millones a cinco bancos por manipular divisas
El primer cártel, bautizado "Banana Split para tres", involucró A agentes de bolsa de Barclays, RBS, Citigroup y JPMorgan entre el 18 de diciembre de 2007 y el 31 de enero de 2013 y se ha saldado con una multa de 811.197.000 euros. El segundo, llamado "Essex Express", reunió a agentes de Barclays, RBS y MUFG entre el 14 de diciembre de 2009 y el 31 de julio de 2012 y ha concluido en una sanción de 257.682.000 euros.
Los agentes intercambiaban información sensible como las órdenes de intercambio de los clientes, las diferencias entre los precios de compra y venta de dos divisas en transacciones específicas y otros detalles de operaciones de intercambio de divisas ya planeadas. Las once monedas afectadas son, además del euro, los dólares estadounidense, canadiense, neozelandés y australiano; la libra británica; el yen japonés; el franco suizo, y las coronas danesa, sueca y noruega.
(Cinco Días, 17-05-2019)
España tarda de media 12 meses más que el resto de países de la UE en adaptar su normativa
(Cinco Días, 13-05-2019)
La trasposición de directivas comunitarias ha marcado buena parte de la regulación patria de los últimos años y promete ser crucial también en la próxima legislatura. Como punto de partida, el nuevo Gobierno que tratará de formar Pedro Sánchez tras ganar las elecciones generales deberá trasponer 18 directivas pendientes y lidiar con la amenaza de cuatro multas europeas por los retrasos ya acumulados.
Las normas comunitarias pendientes de ser aplicadas en España son un conjunto de directivas, aprobadas entre 2015 y 2018, que regulan campos tan cruciales como los fondos de pensiones de empleo; la seguridad ferroviaria; la resolución de litigios fiscales en la UE; el transporte terrestre de mercancías peligrosas; la lucha penal contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión; el riesgo medioambiental de los organismos modificados genéticamente; el convenio sobre el trabajo en la pesca de la OIT; la seguridad de los juguetes o la armonización y la simplificación del IVA en los intercambios entre los Estados miembros, entre otros asuntos.
Teóricamente, el futuro Ejecutivo tendrá hasta finales de año para trasponerlas todas, según el calendario que maneja el grupo mixto, si bien el Parlamento español no es precisamente el más riguroso en el cumplimiento de los plazos comunitarios. Más bien lo contrario, según el documento La trascendencia de las cuestiones europeas para los ciudadanos y las empresas españolas, publicado la pasada semana por el Consejo General de Economistas. “España tarda de media 12 meses más que el resto de los países miembros en trasladar las normas europeas al ordenamiento jurídico nacional”, lo que ha llevado al país a concentrar “el 70% de las sanciones por estos retrasos”, revela el informe.
“En España se tarda demasiado en transponer las directivas europeas, nuestra lista de temas pendientes es muy extensa porque no se cumplen las fechas”, denuncian desde el Consejo General de Economistas, advirtiendo de que esta demora generalizada “no sólo es negativa por las multas que la UE puede terminar imponiendo a España, sino también por todos esos periodos de inseguridad jurídica que se generan de manera artificial y que deberían evitarse para que las empresas y los inversores no sufran ningún tipo de incertidumbre”.
Actualmente España se juega cuatro sanciones de este tipo. La más célebre se debe al retraso del país en adoptar la directiva de 2014 de protección de los consumidores de crédito inmobiliario, la reforma hipotecaria que el Parlamento aprobó el pasado febrero con tres años de retraso sobre la fecha límite establecida por Bruselas. Como consecuencia, la Comisión Europea denunció al país ante el Tribunal de Justicia de la UE, que decidirá en las próximas semanas si aplica una multa coercitiva de 105.991,6 euros a España por cada día de demora. La ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció que pedirá clemencia a Bruselas tras aprobar in extremis en las últimas semanas el desarrollo reglamentario que termina de trasladar la directiva europea al ordenamiento español.
El Banco de España reclama al sector que ajuste el dividendo en función de su necesidad
(Expansión, 09-05-2019)
La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, es una de las personas más respetadas por el sector financiero español e incluso europeo desde hace tiempo. Tiene fama de dura, pero también de conocer a la perfección las necesidades del sector.
Por ello, las advertencias que ha lanzado a la banca española no parece que caerán en saco roto. De momento, Delgado leyó la cartilla a la banca y la impuso una larga lista de deberes, entre ellos, destacó uno por afectar no solo a las propias entidades sino también a sus inversores. Reclamó al sector que ajuste sus políticas de dividendo y pay-out (parte del beneficio que se destina a remunerar al accionista) y recriminó la actitud de la banca al considerar que es conveniente que “defrauden” las expectativas con el objetivo de disciplinar al mercado.
Además, ha criticado la política de comunicación del sector, que califica de “rígida” y que considera que provoca que se den asuntos como el pago de dividendo por descontado, lo que ha calificado en el XXVI Encuentro del Sector Financiero organizado por Deloitte, ABC y Sociedad de Tasación, de una actitud “completamente irracional”.
"La renta variable no es renta fija, la realidad es que en muchas ocasiones las previsiones comunicadas han generado unas expectativas de mercado excesivamente rígidas respecto a la cantidad a pagar en dividendos", ha criticado, añadiendo que la variabilidad de resultado debería traducirse en una variabilidad del dividendo.
Sus palabras, de hecho, contrastan con los objetivos de la banca, que cada año intenta repartir un dividendo como mínimo igual que el año anterior para no disgustar a sus accionistas. Santander y CaixaBank, de hecho, han anunciado que prevén mejorar este año el dividendo del pasado ejercicio. El Banco de España ya alertó ayer en su Informe de Estabilidad Financiera sobre la política de dividendos de los bancos. Afirmó que los dividendos repartidos en el período 2015-2018 representan el 1,8% de los activos ponderados por riesgos (APRs) del pasado ejercicio, con un pay-out en torno al 50%.
El supervisor incidía el martes en su informe en que si la banca destina alrededor del 50% de sus beneficios a remunerar al accionista no serán capaces de generar el capital suficiente para hacer frente a una repentina demanda de crédito o a llevar a cabo nuevas provisiones sin perjudicar a su solvencia. Delgado siguió la misma línea. Explicó las políticas de retribución al accionista deben adecuarse a las necesidades de generación orgánica de capital de cada entidad.
Y como lo hiciera ayer el informe del Banco de España, la subgobernadora ha puesto el foco en la necesidad de mejorar el capital y la solvencia de la banca, ya que se sitúa a la cola de la zona euro. La supervisora, de hecho, ha criticado a las entidades españolas que sean aún el "farolillo rojo" en solvencia en Europa, pese a que su nivel de capital ha mejorado en los últimos años, al pasar del 9,8% al 11,5%. Pero la distancia media entre sus homólogos del Viejo Continente ha pasado de 200 puntos básicos a 300 en el ratio de máxima calidad CET1. "La banca europea ha reforzado mucho más su capital que la de nuestro país", ha advertido.
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References: artículo 2
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 artículo 14
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