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Timestamp: 2018-02-23 21:49:11+00:00

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La multa impuesta en sede administrativa debe ser dejada sin efecto si el acta de comprobación ostenta graves deficiencias en tanto no permite determinar la infracción a la normativa que regula los actos de compraventa – Microjuris - Argentina
Partes: Sedecon c/ C.P. L. A. en expediente No 30231-148218/13 de la Secretaría de Defensa del Consumidor por recurso de apelación directa s/
Cita: MJ-JU-M-106437-AR | MJJ106437 | MJJ106437
La multa impuesta en sede administrativa debe ser dejada sin efecto si el acta de comprobación ostenta graves deficiencias en tanto no permite determinar la infracción a la normativa que regula los actos de compraventa.
1.-Procede dejar sin efecto la sanción impuesta al recurrente por violación a las Leyes 24.240 y 25.156 , ya que de la lectura del acta labrada por la Secretaría Defensa del Consumidor se desprende acabadamente la insuficiencia e indeterminación del o los supuestos actos infractores comprobados, al aludirse vagamente a ellos sin indicar concretamente cada uno de los actos de compraventa concertados con infracción a las normativas mencionadas, su importe y demás datos que permitan determinar objetivamente la comisión de la falta.
2.-Debe dejarse sin efecto la sanción impuesta por violación a las Leyes 24.240 y 25.156 si el acta de comprobación que originó el proceso administrativo presenta deficiencias graves al carecer de precisiones respecto de las circunstancias en que se habría producido el hecho o los hechos que se le atribuyen al comercio inspeccionado, lo cual mengua significativamente su eficacia probatoria en orden a la imputación de las infracciones y, fuera de dicha acta, no existe en el expediente ninguna prueba destinada a investigar los hechos mencionados en aquélla.
Salta, 6 de marzo de 2017.-
Y VISTOS: Estos autos caratulados “SEDECON vs. C. P., L. A. EN EXPEDIENTE No 30231-148218/13 DE LA SECRETARIA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR POR RECURSO DE APELACION DIRECTA” – (EXP – 553799/16 de Sala II) y,
I.- Que contra la resolución No 3396/14 de la Secretaría de Defensa del Consumidor (en adelante, “la Secretaría”), dictada a fojas 13/16 del expediente administrativo No 30231-148218/13, la señora L. A. C. P. interpuso el recurso de apelación directa que prevé el artículo 19 de la Ley provincial No 7402.
En dicha resolución, la Secretaría dispone aplicar a la apelante la sanción de multa de $3.000,00 (pesos tres mil), por infracción a los artículos 1o y 2o de la Ley 25.156, 4o y 7o de la Ley 24.240 y 9o de la Ley 22.802, constatada mediante Acta de Verificación No 03/13.
Afirma la recurrente que la resolución en cuestión es arbitraria en tanto adolece de errores en la apreciación del descargo realizado por aquélla. Señala que se ha realizado una lectura parcializada al pretender reconocimiento por parte de la apelante respecto al cobro del plus en las ventas de tarjetas telefónicas y recarga virtual. Manifiesta la inexistencia de pruebas de los supuestos que se le atribuyen y la invalidez del acta confeccionada por la funcionaria al no existir comprobación alguna del cobro de un sobreprecio así como tampoco la determinación de su monto. Entiende que el acta de comprobación es inválida en tanto faltan sus requisitos esenciales, según funda en la jurisprudencia que cita. Objeta se ha violado el derecho de defensa y debido proceso. Aduce la incorrecta aplicación del artículo 17 de la ley 22.802 por no haberse comprobado los hechos que se le atribuyen.Corrida vista al señor Fiscal de Estado, éste se expide a fojas 44/46 en el sentido que debe rechazarse el recurso y al Fiscal de Cámara, que a fojas 48/49 considera se puede revocar la multa impuesta. A fojas 50 pasan estos autos a despacho para dictar sentencia.
II.- Que en forma preliminar, cuadra subrayar que la competencia de este Tribunal surge de la disposición del artículo 22 de la Ley de Lealtad Comercial en su nueva redacción modificada por el artículo 63 de la Ley N° 26.993 (B.O. 19/09/2014) que alude ahora a las Cámaras de Apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad que dictó la resolución impugnada.
III.- Que la sanción impuesta al local comercial de la impugnante se funda en la imputación de infracción de los artículos 1o y 2o de la ley 25.156, artículos 4o y 7o de la ley 24.240 y artículo 9o de a ley 22.802 por cobro extra o plus por carga virtual y por la compra de tarjetas telefónicas prepagas.
Ahora bien, no se discute en esta instancia judicial que la conducta imputada infringe las disposiciones citadas de las leyes 24.256, 24.240 y 22.802, sino que lo que lo que la apelante confronta es la existencia de la acción aludida así como los alcances y validez del acta de comprobación No 3/13.
De la compulsa de autos surge que la Secretaría procedió de oficio a la promoción del expediente administrativo No 30231-148218/13, a raíz del acta de verificación labrada el 10 de julio de 2013 (fs. 3) con la finalidad de inspeccionar y verificar la instalación de “Comercio y Telecentro” con motivo de la exhibición del cartel conforme Resolución No 3015/12.Dicha acta deja constancia que “a pesar de encontrarse exhibido el cartel hasta el día de la fecha continúan cobrando plus por la recarga de tarjetas telefónicas y recarga virtual.”
Tanto el artículo 17 de la Ley de Lealtad Comercial como el artículo 45 de la Ley de Defensa al Consumidor establecen procedimientos similares para verificar las infracciones reglamentadas y disponen que el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde conste concretamente el hecho verificado y la disposición infringida, debiendo notificar al infractor o empleado para presentar su descargo.
Se encuentra regulado el procedimiento de la Autoridad de Aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor para la comprobación de una infracción durante una inspección de oficio, la cual se formalizará mediante acta labrada por triplicado por el inspector actuante, donde conste en forma concreta y precisa, el hecho verificado y la disposición supuestamente infringida (artículo 4 de la Ley No 7402).
De la lectura del el acta labrada por la funcionaria de la Secretaría se desprende acabadamente la insuficiencia e indeterminación del o los supuestos actos infractores comprobados. Alude vagamente a que “a la fecha se continúa cobrando plus por la recarga de tarjetas telefónicas y recarga virtual”, vale decir, sin indicar concretamente cada uno de los actos de compraventa concertados con infracción a las normativas mencionadas, su importe y demás datos que permitan determinar objetivamente la comisión de la falta imputada. Tampoco se ha aportado el testimonio de las personas que adquirieron los servicios de recarga o las tarjetas prepagas ni de algún cliente o persona que haya presenciado los actos comerciales cuestionados. Consecuentemente, el acta de comprobación que da origen al proceso administrativo presenta deficiencias graves al carecer de precisiones respecto de las circunstancias en que se habría producido el hecho o los hechos que atribuye al comercio inspeccionado lo cual mengua significativamente su eficacia probatoria en orden a la imputación de las infracciones mencionadas en la resolución apelada.Cabe dejar sentado que, fuera de dicha acta, no existe en el expediente ninguna prueba destinada a investigar los hechos mencionados en aquélla, no obstante que la titular del local comercial, en su descargo (v. fs. 4/5), había negado los hechos y afirmado que a ninguna persona se le cobra plus alguno ni por venta de tarjeta telefónica, ni por cargas virtuales, resaltando que no existe en el acta testimonio, denuncia, queja o manifestación de clientes al respecto.
Sobre la cuestión, el artículo 17 de la Ley de Lealtad Comercial prescribe que: “La verificación de las infracciones a la presente ley y normas reglamentarias y la sustanciación de las causas que ellas se originen se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece: a) Si se tratare de la comprobación de una infracción el funcionario actuante procederá a labrar un acta donde hará constar concretamente el hecho verificado y la disposición infringida.”. En este caso, no se hace constar concretamente el hecho verificado por lo que el acta de marras no puede constituir prueba suficiente de éste o éstos, tal como debe interpretarse de lo previsto en el inciso “d” del mismo artículo; norma que por lo demás fija una regla más bien indicativa, dejando un amplio margen para que el inculpado pueda hacer valer sus comprobaciones de descargo y, aun de no hacerlo, cabe la desestimación del valor probatorio del acta (cf. CNac.Apel.en lo Penal Econ., sala A, Sprayette SA., La Ley Online AR/JUR/226/1996). Así, se ha ponderado que la fuerte relevancia probatoria que la legislación vigente otorga a las actas de comprobación labradas por los inspectores debe tener como contrapartida el deber de consignar en ellas todas las circunstancias que hacen a la configuración de la infracción constatada, la prueba relativa a ésta y el respectivo encuadramiento legal ya que, de lo contrario, se produciría una inadmisible inversión de la carga de prueba (JCorrecc.Mar del Plata, No 4, 24/06/2009, La Ley Online AR/JUR/19616/2009). En el sub examine, el o los hechos aquí cuestionados suponen, o una compraventa o una prestación del servicio de recarga telefónica con un sobreprecio desconocido, en número y circunstancias indeterminadas y con clientes no aludidos ni identificados, lo que impide tener por cumplidos los recaudos mínimos expresados para poder asignarle eficacia probatoria.
Al respecto, la jurisprudencia ha subrayado que las circunstancias o requisitos esenciales para que se esté en presencia de un acto de compraventa y de los cuales debe dejarse constancia en toda acta son, cuanto menos, el lugar, día y hora exacta en que acaeció el hecho, los datos del vendedor y del comprador, la descripción del o los objetos de la operación, su precio y forma de pago. Asimismo, si la venta se efectuó frente a testigos, los datos identificatorios de los mismos. (CFedLaPlata, Golemme, Sergio/ Pta. Inf. Ley 11.683, 20/09/07. Expte. 5121).
En el mismo sentido, se ha considerado que los inspectores deben plasmar la totalidad de los requisitos de validez y completitud en el acta que labraron o, cuanto menos, requerir la presencia de eventuales testigos del hecho endilgado de manera que resultara posible la obtención de sus testimonios, a efectos de garantizar el derecho de defensa del contribuyente (CFedLaPlata, El Ciclón de Banfield S.A. Acta No 522. La Matanza. S/Infr. Ley 22.802, 22/09/2009, Expte. No 5174 – voto en disidencia del Dr.Fleisher). Que “sin que se adviertan vicios u omisiones formales que invaliden el acta de comprobación, el valor acreditante de aquélla se debilita cuando se omiten, o no se incorporan, en el texto, circunstancias que hacen a la existencia del hecho u omisión punibles, a su prueba o a su encuadramiento” (CNPenal Económico, Sala B, Payton S.A., 26/03/2004, AR/JUR/2801/2004).
Con similares fundamentos, se dejó sin efecto la sanción a un contribuyente por cuanto el acta labrada por los funcionarios no precisaba el objeto de la venta ni identificaba a la persona que había adquirido la mercadería (CFed.Apel.La Plata, A.V. s/ Pta.inf. ley 11683″, La Ley On Line, AR/JUR/81704/2012).
Por consiguiente, la mera mención de una conducta indeterminada reprochable y la deficiente constatación y concreción de los hechos impiden tener por configurado el requisito de completitud del acta, y por acreditada la infracción imputada.
Es dable subrayar que a mayor imperium puniendi atribuido a la autoridad administrativa, mayor debe ser el celo de ésta por demostrar q ue en el ejercicio de su poder sancionatorio obró correctamente y que el acto emitido se adecua a los respectivos antecedentes de hecho y de derecho que le dan sustento. Es que, si bien la discrecionalidad implica siempre la posibilidad de adoptar por un camino u otro, e incluso la posibilidad de actuar o no, debe entenderse que la plataforma fáctica que funda o determina dicha elección constituye un elemento objetivo condicionante de la conducta que luego despliegue la Administración. De este modo, resulta claro que la ausencia de motivación o la existencia de un vicio grave en la resolución determina la violación de una forma esencial y por ende la nulidad del acto sancionatorio.
Al fiscalizar el ejercicio de poderes discrecionales de la Administración, los jueces pueden revisar plenamente la materialidad y exactitud de los hechos y del derecho, es decir, lo que en nuestro ordenamiento configura la causa del acto administrativo.La observancia del principio de la tutela judicial efectiva así lo impone.
Por ello, la decisión sancionatoria debe ser construida, necesariamente, sobre la base de hechos, conductas o acontecimientos verificables objetivamente, susceptibles de pleno control judicial; lo cual implica que si los hechos, conductas o acontecimientos tipificados por la norma no existen, el acto será, inevitablemente, inválido a raíz de su inexistente o insuficiente sustento fáctico.
En virtud de las razones expresadas, voto por hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y dejar sin efecto sanción impuesta mediante Resolución No 3396/14 de la Secretaría de Defensa del Consumidor.
IV.- Que en cuanto a las costas, los principios que rigen en materia de procedimiento contencioso administrativo me llevan proponer establecerlas en el orden causado.
La doctora Hebe Alicia Samsón dijo: Por compartir sus fundamentos, me adhiero al voto que antecede.
Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL,
I.- HACE LUGAR al recurso de apelación y, en consecuencia, DEJA SIN EFECTO la sanción impuesta mediante Resolución No 3396/14 de la Secretaría de Defensa del Consumidor.
II.- IMPONE las costas por el orden causado.
III.- ORDENA que se registre, notifique y devuelva a la Secretaría de Defensa del Consumidor.-
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References: resolución 
 artículo 19
 resolución 
 artículo 17
 artículo 22
 artículo 63
 resolución 
 artículo 9
 Resolución 
 artículo 17
 artículo 45
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 Resolución 
 Resolución