Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=653519
Timestamp: 2019-08-24 01:30:39+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 6
MODIFICACIONES A DECRETO LEY 1.263, DE 1975, ORGÁNICO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO Y ESTABLECIMIENTO DE NORMAS SOBRE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA Y DE PERSONAL
LIBERACIÓN DE CAUCIONES DE PERSONAS NATURALES GARANTES DE CRÉDITOS DE INDAP
INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
INTERVENCIÓN : Mario Enrique Rios Santander
INTERVENCIÓN : Baldo Prokurica Prokurica
INTERVENCIÓN : Jose Garcia Ruminot
REAJUSTE DE INGRESO MÍNIMO MENSUAL
REFORMA DE CAPÍTULOS I, II, III, IV, V, VI, VI-A, VII, IX, X XI, XIII Y XIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
INTERVENCIÓN : Juan Antonio Coloma Correa
PETICIÓN DE OFICIO : Carlos Cantero Ojeda
ACTITUD INTERNACIONAL ANTE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN BIRMANIA. OFICIO
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Jaime Naranjo Ortiz
Jose Antonio Viera Gallo Quesney
INESTABILIDAD DE IRAQ POR INVASIÓN ANGLOAMERICANA. REAFIRMACIÓN DE POSICIÓN CHILENA
COMENTARIOS SOBRE DECLARACIONES DE COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO, GENERAL JUAN EMILIO CHEYRE
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR STANGE, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE ACUERDO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL SENADO A FIN DE CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENES NACIONALES (S 675-09)
Rodolfo Stange Oelckers
Sesión 6ª, en miércoles 18 de junio de 2003
(De 16:18 a 18:42)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES CARLOS BOMBAL, VICEPRESIDENTE,
JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO Y JAIME NARANJO, PRESIDENTES ACCIDENTALES
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS, TITULAR,
Y SERGIO SEPÚLVEDA GUMUCIO, SUBROGANTE
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el DL. Nº 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y establece otras normas sobre administración presupuestaria y de personal (3239-05) (se aprueba en general y particular).........
Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que autoriza la liberación de cauciones constituidas por personas naturales para garantizar créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (3145-01) (pasa a Comisión Mixta)......
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual (3262-13) (se aprueba en general y particular)......
Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que introduce diversas enmiendas a la Carta Fundamental (2526-07) y (2534-07) (queda pendiente su discusión particular)...............
VI. INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncia su envío).....................................................
Actitud internacional ante violación de derechos humanos en Birmana. Oficio (observaciones del señor Naranjo).................................................................
Inestabilidad de Iraq por invasión angloamericana. Reafirmación de posición chilena (observaciones del señor Viera-Gallo)..........................................
Comentarios sobre declaraciones de Comandante en Jefe del Ejército, General Juan Emilio Cheyre (observaciones del señor Valdés)................................
Concurrieron, además, los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y del Trabajo y Previsión Social, y el señor Director de Presupuestos .
--Se abrió la sesión a las 16:18 en presencia de 19 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se da por aprobada el acta de la sesión 4ª, especial, en 11 de junio del año en curso, que no ha sido observada.
De Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia (Boletín Nº 2118-18).
Dos de la Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia (Boletín Nº 2118-18).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, y a la de Hacienda, en su caso.
Con el segundo hace presente su aprobación al proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (Boletín Nº 3262-13).
Del señor Ministro de Educación , mediante el cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a la aplicación del Programa de Alimentación Escolar en la Escuela Nº 7 Árabe-Siria, comuna de Puerto Montt.
De la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, en contestación a un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, tocante a la posibilidad de incrementar los recursos destinados a la Municipalidad de Litueche, Sexta Región.
De la señora Directora del Trabajo , a través del cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, referente a las entidades que intervienen en el proceso de evaluación para obtener pensión de invalidez.
Del señor Intendente de la Décima Región , en respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, en cuanto a la posibilidad de dotar de energía eléctrica a la localidad de San Ignacio de Loyola, comuna de Chaitén.
De la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señores Ruiz-Esquide, Bombal, Viera-Gallo y Zurita, en primer trámite constitucional, que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena a don Raúl Fernando Etcheverry Barucchi (Boletín Nº 3230-07).
Ocho de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las solicitudes de rehabilitación de la ciudadanía de los señores Jorge Hugo Muza Moreno; José Héctor Angulo Vivar; José Luis Madariaga Céspedes; Andrés Vicente Allende Astudillo; Jaime Enrique Santibáñez Maldonado; de las señoras Ana María Urra Hurtado y María del Carmen Barahona Pinochet, y del señor Juan Arcadio Bernal Aguayo (Boletines Nºs. S 512-04; S 556-04; S 579-04; S 646-04; S 653-04; S 654-04; S 663-04, y S 665-04, respectivamente).
--Quedan para tabla de Fácil Despacho.
Del Senador señor Stange, con la cual inicia un proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento del Senado a fin de cambir la denominación de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (Boletín Nº S 675-09).
Del señor Mario Horacio Recart Melo, de rehabilitación de la ciudadanía (Boletín Nº S 674-04).
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).- Terminada la Cuenta.
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).- El señor Presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura ha solicitado prorrogar el plazo para la presentación de indicaciones al proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, que vence el 30 de este mes, para el 16 de julio a las 17.
-- Así se acuerda.
El señor VIERA-GALLO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO.- Desconozco si la señora Presidenta de la Comisión de Salud solicitó también ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley sobre las ISAPRES.
El señor BOMBAL (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Exactamente, señor Presidente . En la Comisión de Salud conversamos acerca de la necesidad de pedir la ampliación de dicho plazo hasta el 4 de julio.
El señor BOMBAL (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en ampliar el plazo para presentar indicaciones al proyecto sobre las ISAPRES hasta el viernes 4 de julio, a las 12?
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).- Hago presente que estamos a la espera del informe o del certificado de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual que, como se señaló en la Cuenta, ya fue despachado por la Cámara de Diputados, y la citada Comisión terminó de verlo hace pocos momentos.
Si le parece a la Sala, como la iniciativa tiene urgencia calificada de "discusión inmediata", apenas esté listo el informe la incorporaremos al Orden del Día.
El señor BOMBAL ( Vicepresidente ).-
Proyecto, en segundo trámite constitucional, relativo a modificaciones al decreto ley Nº 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y al establecimiento de normas sobre administración financiera y de personal, con urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3239-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 55ª, en 20 de mayo de 2003.
Hacienda, sesión 5ª, en 17 de junio de 2003.
La iniciativa cuenta con informe de la Comisión de Hacienda, la que en sesión de 3 de junio fue autorizada por la Sala para discutirla en general y en particular en el primer informe.
Incorporar de modo permanente al decreto ley Nº 1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, las disposiciones relativas tanto a la administración financiera cuanto al personal, que cada año se contenían en las respectivas leyes de presupuestos.
Establecer normas que fortalezcan los sistemas de control de gestión y transparencia.
El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Hacienda, Honorables señora Matthei y señores Boeninger, Foxley y Gazmuri.
En cuanto a la discusión en particular, la Comisión efectuó una sola modificación al texto despachado por la Honorable Cámara de Diputados, consistente en incorporar un artículo 9º, nuevo, que agrega una oración final al inciso primero del artículo 54 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en cuanto a que tanto el Senado como la Cámara de Diputados determinarán la forma en que participarán en el sistema de información administrativa y financiera establecido para los órganos públicos regidos por la Ley de Administración Financiera del Estado.
Esta enmienda fue acordada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, ya citados.
El texto de la iniciativa despachada por la Comisión se transcribe en el informe.
Cabe señalar que el artículo 9º, nuevo, tiene carácter de norma orgánica constitucional, requiriendo, en consecuencia, para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Hace unos instantes, el Honorable señor Foxley avisó a la Mesa que había tenido un inconveniente y que llegaría con algún retraso.
Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto.
Perdón, señor Presidente . Creí que había dicho "Si le parece", con el propósito de esperar al Senador señor Foxley .
En todo caso, tengo dos consultas que formular sobre la iniciativa.
Se proclamó la votación, señor Senador, pero puede hacer la consulta no más.
--Se autoriza el ingreso a la Sala del Director de Presupuestos, señor Mario Marcel.
Tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo .
Señor Presidente , la primera pregunta se refiere al número 4), que figura en la página 14 del informe, que -entiendo- introduce una transformación bastante grande en la forma de administrar el Presupuesto, cuestión que se ha venido solicitando por las bancadas de la Oposición durante todos estos años.
Sobre el particular, deseo saber si se dan por satisfechos con esta modificación, o si ella sólo satisface parcialmente las inquietudes que la Oposición ha venido manifestando año a año cuando se discute el proyecto de Ley de Presupuestos.
Ésa sería la primera consulta.
La segunda se refiere a los gastos en publicidad de la Administración del Estado. ¿Por qué no se incluye a los municipios? El artículo 3º establece que "Los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de publicidad y difusión", etcétera, lo que me parece muy bien. Sin embargo, no se explicita por qué no se contempló en ella a los municipios. Porque evidentemente algunas municipalidades incurren en gastos de publicidad, que más bien tienen que ver a veces con la reelección del alcalde o cosas por el estilo.
No obstante haberse ya proclamado la votación, si le parece a la Sala -para que se puedan responder las consultas que ha formulado el señor Senador-, se podría reabrir brevemente el debate.
En todo caso, la pregunta la formuló el señor Senador ampliamente a la Oposición. Y en este momento no se encuentra presente el Presidente de la Comisión de Hacienda .
La segunda se la haría más bien a alguno de los miembros de la Comisión o del Gobierno.
Al Director de Presupuestos, que está presente.
Señor Director de Presupuestos , ¿desea responder la consulta, contando con el acuerdo unánime de la Sala?
Tiene la palabra el señor Director.
Señor Presidente , mientras ingresaba a la Sala no alcancé a escuchar bien la pregunta del Senador señor Viera-Gallo .
El señor BOMBAL (Vicepresidente).-
Su Señoría se la puede formular nuevamente.
Señor Presidente , se refiere a si las nuevas normas sobre administración del Presupuesto que se contemplan en el número 4) de la página 14 del informe- dan cumplimiento cabal a las demandas que año a año ha venido formulando la Oposición, en cuanto a que haya menos flexibilidad en el traspaso de los fondos de un Ministerio a otro, de una Partida a otra, vía trámite del Tesoro Público.
Y la segunda pregunta dice relación con la página 15 del informe. Cuando se enumeran las restricciones en los gastos en publicidad, sólo se consignan los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones, etcétera, pero no se incluye a los municipios, que a veces también incurren en esos gastos.
Señor Presidente , en cuanto a la primera pregunta, evidentemente no puedo responder por la Oposición. Solamente estoy en condiciones de señalar a este respecto que se han incorporado en el artículo 26 de la Ley sobre Administración Financiera del Estado las normas que durante los últimos años se incluían en el artículo 4º de la Ley de Presupuestos, las que, en lo referente al traspaso de recursos entre Partidas, establecen que sólo por ley se pueden traspasar directamente recursos de una Partida a otra.
En los últimos años, cuando ha habido casos en que justificadamente se ha considerado adecuado reasignar fondos de una Partida a otra, se ha contemplado en la propia Ley de Presupuestos una autorización específica con tal propósito.
Luego, lo que hace el inciso que se agrega al artículo 26 es disponer que tampoco podrán traspasarse recursos entre Partidas a través de hacer pasar fondos por el Tesoro Público, algo que también se ha incorporado en el artículo 4º en los últimos años. De manera que lo que se propone aquí cumple estrictamente con el compromiso que contrajo el Ejecutivo con la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso al despacharse la Ley de Presupuestos de la Nación de 2003, en el sentido de consignar en la legislación permanente -vale decir, en la Ley de Administración Financiera del Estado- las normas que se venían incluyendo en la Ley de Presupuestos.
Lo mismo es válido para el artículo 3º del proyecto, que da carácter permanente a una disposición que hasta el momento figuraba en el artículo 16 de la Ley de Presupuestos y que regula la amplitud de los gastos de publicidad y difusión, la que, por encontrarse inserta hasta ahora en la Ley de Presupuestos, estaba dirigida básicamente a los organismos que integran la Administración del Estado.
Dentro de la redacción de este artículo, se ha resuelto de paso un problema de interpretación que se había producido respecto de cuándo y cómo podían invertirse recursos en publicidad y difusión, en el caso de proyectos no aprobados legislativamente o de programas que todavía no se hallan en operación. Con tal propósito, en el inciso segundo que se añade al artículo 3º se preceptúa que, respecto de la inversión que se efectúe en publicidad, se deberá informar acerca del contenido de las iniciativas pertinentes a través de los medios que resulten idóneos, y siempre advirtiendo que se trata de proyectos de ley que requieren la aprobación legislativa correspondiente.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
Señor Presidente , para responder con mayor extensión la pregunta del Honorable señor Viera-Gallo , quiero señalar, en primer lugar, que el traspaso de dineros dentro de un mismo Ministerio sigue siendo posible. Por lo tanto, puede hacerse de una institución a otra dentro de un mismo Ministerio, y también de una Partida a otra en una misma institución. De manera que ello sigue siendo factible.
En segundo término, siempre ha existido prohibición de trasladar fondos entre distintos Ministerios. Durante mucho tiempo se recurrió a la treta -quizás- de pasar dinero de uno al Tesoro Público y de éste a otra Secretaría de Estado. Ahora eso, aparentemente, queda cerrado con esta iniciativa.
Sin embargo, generalmente en las leyes de presupuestos se aprueba -con los votos de los señores Senadores de Gobierno; no con los nuestros- una autorización para permitir el traspaso. Por lo tanto, continúa existiendo flexibilidad.
Quiero destacar, de todos modos, que se ha producido un claro avance en cuanto a transparencia en el manejo presupuestario. Creo que, a pesar de no estar en el Gobierno, hemos dado cierta flexibilidad, que es absolutamente necesaria para el día a día. Por eso, llegar a un equilibrio entre cuánta flexibilidad dar y, al mismo tiempo, cuánta transparencia y respeto observar respecto de lo pedido y aprobado por el Congreso, no es fácil. En todo caso, de acuerdo a las condiciones actuales y a cómo se han ido aprobando las leyes, nos parece razonable. Estimo que no debiera aprobarse siempre una autorización para asignar recursos entre Ministerios, que es lo que se agrega generalmente a esta norma más estable, la cual permite flexibilizar quizá un poco más allá de lo prudente.
Respecto de la segunda pregunta tocante a las municipalidades, me parece que tiene la razón el Senador señor Viera-Gallo, pues ellas debieran incluirse.
Señor Presidente , deseo hacer una consulta a la Senadora señora Matthei .
El artículo 3º -en el cual no están incluidas las municipalidades- es sumamente amplio, porque no aparece ningún porcentaje al establecer que no podrá incurrirse en más gastos de publicidad y difusión de los necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
En realidad, es muy amplio aquello de "lo necesario para el cumplimiento de sus funciones". En mi opinión, tendría que haberse especificado un porcentaje mínimo del presupuesto asignado al Ministerio o a la entidad que podría utilizarlo. De otra manera la disposición queda muy imprecisa.
Ése es el comentario que deseaba formular.
Señor Presidente , si se pusieran porcentajes, todo el mundo utilizaría la totalidad de la cifra resultante. Al disponerse que sólo se podrá incurrir en los gastos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones, a nuestro juicio, se dejan afuera aquellos en que, por ejemplo, se incurrió para publicitar el Plan Auge cuando todavía no existía.
Entonces, se trata de que, con la redacción empleada -"los necesarios para el cumplimiento de sus funciones"-, se gaste sólo lo que corresponde. La publicidad del Plan Auge, por ejemplo, en ningún caso llenaba ese requisito para el cumplimiento de las funciones del Ministerio de Salud. Por lo tanto, creemos que de esta manera los gastos quedan más restringidos que cuando se asigna un determinado porcentaje.
Señor Presidente , no sé si se entiende que en los "servicios públicos que integran la Administración del Estado" están los municipios. Si no lo están -ésa es la duda-, creo que debiera pedirse la autorización de la Sala para aprobar una indicación tan simple como decir "y los municipios". Nada más.
Hago presente a la Sala que ya está programada la votación.
Pero el señor Presidente puede pedir autorización a la Sala.
¡No, señor Presidente ! No es prudente incorporarlo acá, porque no sabemos cómo eso podría afectar a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuya modificación requiere otro quórum. Por lo tanto, propongo que más bien se estudie la necesidad de agregar esto en el futuro. Pero, en este momento, ello no sería prudente.
Sobre la materia no podemos extender el debate, pues ya se encuentra terminada la discusión sobre el punto.
¿Habría acuerdo para aprobar el texto?
--Se aprueba en general y en particular, dejándose constancia de que emitieron voto favorable 28 señores Senadores, y queda terminada la discusión del proyecto en este trámite.
Corresponde discutir el proyecto que autoriza la liberación de cauciones constituidas por personas naturales para garantizar créditos otorgados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario
--Los antecedentes sobre el proyecto (3145-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 16ª, en 3 de diciembre de 2002.
En tercer trámite, sesión 5ª, en 17 de junio de 2003.
Agricultura, sesión 19ª, en 11 de diciembre de 2002.
Hacienda (verbal), sesión 19ª, en 11 de diciembre de 2002.
Agricultura (nuevo), sesión 24ª, en 14 de enero de 2003.
Sesiones 19ª, en 11 de diciembre de 2002 (vuelve a Comisión de Agricultura); 25ª, en 15 de enero de 2003 (se aprueba en general y particular).
El proyecto se encuentra en tercer trámite constitucional.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite, efectuó dos enmiendas al texto despachado por el Senado: una al inciso primero del artículo único, que precisa que las personas naturales que constituyeron cauciones deben cumplir con los requisitos legales para ser beneficiarias del INDAP; la otra, que intercala un inciso tercero, nuevo, que excluye del beneficio de la ley a quienes hayan actuado como garantes y tenido responsabilidades administrativas en las respectivas organizaciones, en tanto estén siendo investigadas por los tribunales de justicia o la Contraloría General de la República.
La Secretaría ha elaborado un boletín comparado de dos columnas, una de las cuales reproduce el texto del proyecto aprobado por el Senado, y la otra, las modificaciones de la Cámara de Diputados.
Señor Presidente , me parece que ambas enmiendas son muy razonables.
No se trata de liberar, remitir o renunciar a las cauciones constituidas por personas naturales, sino solamente por aquellas que efectivamente sean beneficiarias del INDAP; es decir, campesinos o pequeños agricultores, de acuerdo a lo que la ley de ese instituto define como tales. Por lo tanto, me parece que restringe la posibilidad de levantar cauciones, y que va en la línea correcta.
La segunda enmienda me parece muy bien, porque muchas personas dieron cauciones o garantías por créditos que eran, a veces, para una organización o para un grupo de beneficiarios del Instituto, pero que quedaron a nombre de unos pocos dirigentes. Se trataba, entonces, de eliminar esas garantías por dineros que no recibieron nunca, ya que lo hicieron organizaciones o grupos de campesinos. Sin embargo, en verdad, ciertos trabajadores del campo tenían responsabilidades administrativas en las respectivas organizaciones, donde ha habido, claramente, problemas legales en lo relativo al destino de los dineros. Por lo tanto, me parece acertado excluir del beneficio a las personas que estén siendo investigadas por los tribunales de justicia, o que correspondan a casos que estén en la Contraloría General de la República.
Así que me parece que ambas propuestas de la Cámara son correctas.
Señor Presidente , sólo deseo compartir lo dicho respecto de las enmiendas planteadas por la Cámara de Diputados. Sin embargo, tengo dudas en relación con el tercer inciso que se agrega. Ello, porque estarían quedando excluidas del beneficio las "personas que hayan actuado como garantes y tenido responsabilidades administrativas...en tanto estén siendo investigadas ante los tribunales...". Pero, mientras los tribunales no resuelvan ni la Contraloría determine las sanciones, abrigo dudas acerca de si se los exime de responsabilidad penal.
Entiendo que en tanto dure la investigación, y en la medida en que sean declaradas sin responsabilidad.
Si así se entiende, bien. Pero, para que no haya erradas interpretaciones, deseo que el punto quede claro: mientras estén siendo investigadas no podrían, momentáneamente, acogerse al beneficio. Pero si el día de mañana esas personas quedan liberadas de cualquier responsabilidad, por cierto que podrán hacerlo. Quiero que eso quede precisado, a fin de evitar todo tipo de inconvenientes o problemas.
Señor Presidente, siempre que quede muy claramente estipulado en esos términos, daría el consenso para que se aprueben ambas modificaciones.
Señor Presidente , la frase "en tanto estén siendo investigadas" rige hasta cuando sean declaradas no responsables y liberadas de cargo, una vez concluida la investigación. A mi juicio, debiera quedar en la historia de la ley que sólo en esas condiciones las personas involucradas recibirán el beneficio.
Deseo agregar que, junto con el Senador señor Chadwick , hace más o menos tres años, pedimos a la Contraloría General de la República una investigación respecto de los créditos concedidos a aproximadamente ocho organizaciones campesinas. No obstante el tiempo transcurrido, ese organismo no emite informe alguno.
Entiendo que podrían haber prescrito las acciones administrativas en contra de las personas. En consecuencia, afrontamos un gran problema derivado del grave retraso con que ha actuado el órgano contralor, pues creo que después de ese lapso prescriben las acciones administrativas. No me refiero a las penales.
¿Podría ratificarlo el Honorable señor Silva?
No tienen plazo de prescripción.
También sería bueno agilizar las investigaciones de la Contraloría General de la República, porque debido al gran número de peticiones formuladas para acogerse al beneficio, podrían tardar mucho tiempo.
Tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
Señor Presidente , ¿el proyecto en debate fue analizado por la Comisión de Agricultura del Senado?
Pasó directamente a la Sala, pues está en tercer trámite.
Entonces, es muy poco lo que podemos avanzar al respecto.
Quiero señalar una cosa y, a la vez, plantear una interrogante.
De partida, pienso que todas las acciones legales que permitan al INDAP ejercer su papel de desarrollo agropecuario cuentan, en general, con nuestra aprobación.
El Banco Mundial, el año pasado o el antepasado, refiriéndose a los distintos servicios públicos y organismos administrativos existentes en los países de América Latina, dijo que el llamado INDAP en Chile -creado en los años 60 para favorecer a los pequeños agricultores-, había logrado lo contrario: empobrecer a los campesinos.
Para esa situación -que, desde nuestro punto de vista, reviste algunos signos de realidad- esta iniciativa ofrece cierto grado de solución.	La pregunta -trascendente, a mi juicio- es la siguiente. Yo no sé si algún miembro de las Comisiones que han estudiado el proyecto podría contestarla.
En el país hay un conjunto de organizaciones campesinas creadas jurídicamente como cooperativas, que se constituyeron para objetivos determinados. Y ha ocurrido en muchísimos casos que sus administradores o gerentes, que han tenido en sus manos negocios importantes -teóricamente-, han terminando por llevarlas a la quiebra, para luego desaparecer. Hechos como éstos se han multiplicado. Recuerdo lo sucedido a los pequeños agricultores de Antiquina, en la provincia de Arauco, que emprendieron un negocio de venta de flores en sus respectivos predios. Y les iba muy bien. Hasta que de pronto llega el INDAP y los convence acerca de las ventajas de organizarse en una cooperativa, la que recibiría recursos provenientes de ese organismo para los efectos de constituir el "packing" correspondiente, que significó una cuantiosa inversión. El INDAP recomendó a una persona para que administrara la empresa. Ellos lo aceptaron y finalmente, transcurridos dos años y algunos meses, dicho administrador desapareció, la cooperativa quebró y hoy en día la deuda que esos pequeños agricultores tienen sobre sus hombros es de tal cuantía que les es imposible cubrir. Así de simple: ¡imposible de pagar! Es cierto que ellos tuvieron la libertad de decidir al respecto. Efectivamente, pero carecían de la capacidad y los conocimientos necesarios para resolver situaciones financieras de esa envergadura.
Quiero pensar que cuando el proyecto establece que "dichos créditos tendrán que haber sido otorgados por INDAP a organizaciones integradas por beneficiarios del mismo que, a la fecha de publicación de esta ley se encontraren morosos", está dirigido a esas organizaciones. Si es así, sin duda alguna que es interesante.
También me parece lógico que en muchos casos se consideren personas individuales no solamente a las integradas en organizaciones, porque en definitiva costará resolver algunos hechos. Si bien es cierto que los créditos son individuales, se otorgaron conforme a un extraño procedimiento jurídico a una cooperativa, en que los pequeños agricultores son individualmente deudores del INDAP.
En consecuencia, para aprobar el proyecto como viene de la Cámara de Diputados, es necesario dejar constancia en la historia de la ley que todas aquellas organizaciones conformadas por pequeños agricultores, sujetas a las características propias de los usuarios del INDAP, trátese de créditos individuales o colectivos, quedarán afectas a la norma legal que estamos aprobando.
Ésa es mi proposición, y también mi inquietud.
Señor Presidente, deseo formular una consulta.
Como la palabra le corresponde al Senador señor Moreno , debe solicitarle una interrupción.
Con todo gusto se la concedo, con la venia de la Mesa.
Sólo para completar la inquietud del Honorable señor Ríos.
Generalmente los agricultores están agrupados también en pequeños comités. La consulta es la siguiente, y agradecería su aclaración, porque Su Señoría domina la materia.
¿La gente organizada en comités también sería beneficiada por esta ley?
Señor Presidente , este proyecto fue analizado por la Comisión de Agricultura en distintas oportunidades. Él surgió a raíz del debate que hubo en la Comisión que estudió la Ley de Presupuestos el año pasado, oportunidad en que se expuso la situación de las 1.600 sociedades constituidas de acuerdo con los mecanismos legales que INDAP fue aprobando. Y los créditos fueron otorgados conforme a la Resolución Nº 181, del año 1990, del INDAP, que modificó el reglamento decretado por la Junta de Gobierno en 1981 respecto de las operaciones financieras y otras obligaciones de dinero relacionadas con ese organismo.
Por lo tanto, ahí están las definiciones, los marcos legales, los montos posibles, la calidad de usuario. Pero, para que se entienda bien el cuadro, ¿qué fue lo que ocurrió? El INDAP apoya al campesinado pequeño sobre la base de distintos procedimientos entre los cuales, en materia de créditos, hay dos mecanismos centrales. Uno, consistente en los créditos individuales que aquí se han mencionado, y mediante el cual las personas, después de cumplir los requisitos exigidos, se convierten en usuarios, dan su garantía y se relacionan con los agentes de cuenta en las áreas respectivas a lo largo del país.
Y el otro surgió cuando, para incorporar a los campesinos a las nuevas tecnologías, se les pidió agruparse en organizaciones que legalmente sólo podían tener la forma de sociedades, porque la ley de cooperativas no les proporcionaba el mecanismo adecuado. Y esas sociedades -cuyo número, como dije, es de 1.600- constituidas a veces por 15, 25, 30 campesinos, y en algunos casos, por 8 ó 10, tenían la posibilidad de adquirir un tractor, una cosechadora, un equipo de frío, implementos necesarios para poder competir en términos más favorables y una capitalización mayor.
Cuando tales sociedades precisaban para sus faenas contar, por ejemplo, con un camión, dado que carecían de un patrimonio que pudieran acreditar, solicitaban a dos o tres campesinos o campesinas de mayor capacidad y solvencia económica otorgar garantías personales. Y eso fue lo que ocurrió. Ellos lo hicieron y muchos quedaron entrampados, porque su capacidad de crédito individual estaba copada por tales garantías y cayeron en insolvencia. La Senadora señora Matthei ha mencionado ocho de ellos.
Por lo tanto, el Senador que habla no tiene inconveniente alguno en aprobar el texto de la Cámara de Diputados en los términos que viene, ya que, primero, tienen que ser usuarios del INDAP, no cualquier persona. Segundo, que no está abierto a los créditos individuales. ¡No! Si un comité no está constituido como sociedad, tampoco, salvo que -es lo más probable- se haya constituido como sociedad y, en consecuencia, sea beneficiario de la ley y se encontrara dentro de las 1.600 a que me he referido. Pero eso habría que chequearlo, porque hay mucha denominaciones que la gente sigue usando en forma tradicional. En el fondo, debe comprobarse que hubo una escritura de constitución de sociedad.
A mi juicio, ésta es una buena iniciativa; ya ha cumplido un trámite. No significa que los créditos dejen de pagarse. Quiero que quede constancia de ello. Significa que las personas que habían dado sus garantías quedan liberadas. Por lo tanto, los créditos seguirán siendo materia de deuda o estando sujetos a la resolución del INDAP.
Por las razones dadas, señor Presidente, creo conveniente y útil despachar el texto.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
El señor PROKURICA.-
Señor Presidente , pareciera que algunos señores Parlamentarios de zonas agrícolas desconocen lo que pasó. Tras escuchar al Senador señor Moreno me queda la impresión de que no conoce los casos de funcionarios del INDAP, entidad a la que menciona muy cercanamente, que indujeron a pequeños campesinos a involucrarse en proyectos sin ningún destino. Ése es el problema. Por eso hemos planteado con firmeza la necesidad de iniciar sumarios en esta materia.
Pero es más: dichos funcionarios pusieron a administrar esos negocios sin destino a compadres, camaradas, compañeros u otros señores del partido que no tenían trabajo. Como es obvio, tales negocios terminaron en un desastre, y, encima, quedaron garantizados con los bienes de las personas de que se trata. Ésa es nuestra preocupación.
La iniciativa en debate no contiene ninguna norma que pueda evitar que esto vuelva a ocurrir. En el primer trámite pedí al señor Ministro de Agricultura una breve reseña -él me la mandó- del número de sumarios instruidos para sancionar a los funcionarios que habían involucrado a estos campesinos, a fin de evitar que sigan en el INDAP personas que obran de la manera indicada.
Otro punto muy importante, y que se desprende de un estudio entregado por el Senador señor Ávila y la Senadora señora Matthei , es que más de la mitad de los recursos entregados por el INDAP van a dar a las empresas asesoras. Francamente, creo que nada se dice sobre la situación en que esas entidades se prestan para un proyecto que, en la práctica, es brujo, porque no tiene ningún destino, y que termina con los bienes dados en garantía por los campesinos. Sencillamente, se arregla una trampa y se libera de las garantías a campesinos engañados entre los funcionarios y gente inescrupulosa.
Lamentablemente, veo que hay muy pocos sumarios, muy poca responsabilidad. Las empresas que se prestan para esto debieran ser excluidas de la posibilidad de postular a proyectos de ayuda a los campesinos, porque, en la práctica, no tienen ningún interés en concretarlos: su único objetivo es quedarse con los recursos que el Estado ha determinado que lleguen a la gente más modesta.
Un poco livianas las expresiones del señor Senador, por decir lo menos.
Su Señoría está actuando como abogado del INDAP.
Ruego evitar los diálogos.
Señor Presidente , la discusión de fondo sobre esta materia la tuvimos durante el primer trámite constitucional. Lo que corresponde ahora es pronunciarse respecto de las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados.
En cuanto a la enmienda al inciso primero: que se exija a las personas naturales que constituyeron cauciones cumplir "con los requisitos legales para ser beneficiarias del INDAP", ello me parece elemental para poder acogerse a los beneficios de la iniciativa.
La segunda modificación de la Cámara señala: "Quedarán excluidas del beneficio de esta ley aquellas personas que hayan actuado como garantes y tenido responsabilidades administrativas en las respectivas organizaciones, en tanto estén siendo investigadas ante los tribunales de justicia o la Contraloría General de la República.". Este tema también se discutió aquí en la primera instancia, pero no se llegó a tal acuerdo. Afortunadamente, la Cámara de Diputados lo acogió y me parece muy pertinente.
En este aspecto, quiero coincidir con la preocupación del Senador señor Naranjo , bien acogida o interpretada por la Senadora señora Matthei , en orden a que, si los tribunales de justicia y la Contraloría exoneran de responsabilidad administrativa a los garantes, es evidente que se tiene derecho a impetrar los beneficios de la iniciativa. Así lo interpreto también y quiero que la idea quede muy clara, para la historia de la ley.
Votaré favorablemente las enmiendas despachadas por la Cámara de Diputados.
Señor Presidente , me referiré a las dos modificaciones introducidas por la Cámara; no quiero volver sobre la discusión general.
La primera me parece correcta, aunque innecesaria, porque es obvio que las personas con que trabaja INDAP son aquellas que la ley le permite. Si ha incurrido en una omisión legal, mal podrían ser beneficiarias. Pero, para el evento de que así hubiese acontecido, no veo ninguna dificultad en intercalar la frase.
Distinto es el caso de la segunda de las proposiciones, porque parece difícil de entender. En efecto, se sugiere excluir a aquellas personas que, habiendo actuado como garantes y habiendo tenido responsabilidades administrativas en las organizaciones, estén siendo investigadas o por los tribunales o por la Contraloría.
Pero, ¿qué significa que una persona esté siendo investigada? En sí mismo, ello no constituye ningún juicio adverso. Cualquiera puede ser investigado. Lo grave es ser procesado, que se tome algún tipo de medidas precautorias, judiciales, en contra de alguien. Pero ser investigado no es título de nada. ¿Cuándo se deja de ser investigado en un proceso judicial? No existe tampoco una declaración formal ni de lo uno ni de lo otro.
Por lo tanto, a mi modo de ver, la frase está mal expresada y podría llevar a castigar a muchos dirigentes que prestaron su aval obligados, porque, como está siendo investigada la cooperativa, entonces todos están siendo investigados. De suerte que va a ser ineficaz.
¡Si lo que estamos tratando de hacer es salvar a aquellos que fueron obligados a dar su aval para que la cooperativa recibiera un crédito! Pues bien, ésta obtuvo un crédito que benefició a todos los cooperados, pero sólo algunos dieron su aval. ¿Qué ocurrió? No pagaron los cooperados y hoy día los avales están en DICOM y están siendo perseguidos, en circunstancias de que el problema atañe a la cooperativa. Y esos dirigentes están siendo investigados, a lo mejor, porque hay un juicio en su contra o porque la Contraloría los ha hecho objeto de un procedimiento en tal sentido. A mí me parece que los vamos a castigar y vamos a hacer ineficaz el objetivo de la ley. Por eso, no considero que sea preciso el texto agregado por la Cámara y sugiero que lo rechacemos.
No tengo inconveniente.
Deseo puntualizar que la norma hace referencia a quienes hayan tenido responsabilidades administrativas. En mi opinión, eso debiera salvar la inquietud expresada por el señor Senador . Se trata de personas que manejaron esas organizaciones y que son responsables directas de los hechos.
No se trata del modesto campesino que solamente actuó de garante, sin haber tenido responsabilidades administrativas en el manejo de esas entidades. Por consiguiente, él queda absolutamente excluido.
El señor SABAG .-
Por eso, se han puesto dos condiciones: que sean garantes y que tengan responsabilidades administrativas. Porque, como muy bien lo expresa Su Señoría, hubo personas que solamente fueron garantes y actuaron de buena fe, pero no tuvieron ninguna responsabilidad administrativa, porque no actuaron como dirigentes o no estuvieron en los directorios. De ahí la conjunción de los dos elementos mencionados. Siendo así, por cierto que caen quienes hicieron mal uso de esos créditos y recursos.
Recupera la palabra el Honorable señor Larraín.
Señor Presidente , creo que igual se justifica rechazar la enmienda propuesta, porque hay personas que fueron miembros del directorio de una cooperativa y que se supone que asumieron "responsabilidades administrativas" -cabrían dentro de esa expresión-, pero que no tuvieron necesariamente responsabilidad en la gestión directa de los malos negocios o de las irregularidades que puede haber cometido la administración. Entonces, por haber tenido "responsabilidades administrativas" -por ejemplo, al ser miembro del directorio- en una cooperativa en que se incurrió en irregularidades, esa persona va a ser objeto de investigaciones, no obstante ser completamente inocente.
Sé de casos, con nombres y apellidos, de personas que en la cooperativa "Buscando Desarrollo", para citar un caso -que el Senador señor Naranjo también conoce bien-, fueron miembros de los directorios pero no tuvieron ninguna responsabilidad en la gestión, no obstante lo cual, por haber dado su aval, hoy día están en DICOM. Y creo que no deben estar en esa situación.
El proyecto, precisamente, apunta a un análisis caso a caso. Eso es lo que hará el INDAP -no se trata de una autorización generalizada-, y si advierte que a los afectados les cupo responsabilidad administrativa, no levantará las cauciones.
La iniciativa beneficiará a los miembros inocentes de comités directivos de las cooperativas.
Me parece que la forma como se encuentra redactada la norma es demasiado genérica.
Con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al Honorable señor Moreno .
Señor Presidente , el proyecto original no contemplaba esa condición. Se agregó en la Cámara de Diputados, después de un debate bastante intenso en las Comisiones -y, según parece, también en la Sala-, donde incluso en un momento dado se propuso elaborar una nómina con nombres y apellidos. Porque existía toda una argumentación que configuraba una imagen distinta de lo ocurrido en ese sector de la agricultura.
No tengo ningún inconveniente en acoger lo señalado por el Senador señor Larraín , porque rescata lo consignado en el texto primitivo.
Por lo tanto, si ése fuera el consenso, yo también daría mi voto para eliminar la segunda modificación introducida por la otra rama legislativa.
Señor Senador, ¿me concede una interrupción, con la venia de la Mesa?
Con todo agrado, Su Señoría.
Señor Presidente , coincido con el Senador señor Larraín . En Derecho, se presume que una persona es inocente hasta que la justicia determine lo contrario. Y una investigación en los tribunales, que puede demorar años, perjudica a aquel inocente que entregó sus bienes en garantía para caucionar créditos a este tipo de organizaciones.
Por esa razón, a lo mejor la enmienda de la Cámara de Diputados resulta excesivamente injusta...
...para quienes no tienen responsabilidad en malos manejos, ni han actuado con dolo, ni han usufructuado en forma ilegal.
Por lo expuesto, yo estaría dispuesto a apoyar la proposición del Honorable colega.
Puede continuar el Senador señor Larraín.
Señor Presidente , solamente sugiero que, como aquí hay un motivo justificado de duda, nos pronunciemos por el rechazo, a fin de precisar la redacción en la Comisión Mixta que se formará. En esa instancia podríamos perfeccionar la disposición. Porque entiendo que el ánimo no es perseguir ni molestar a los inocentes; tampoco, beneficiar a los frescos.
Insisto en la idea de rechazar la norma, por cuanto, de aprobarse tal cual viene redactada, pagarán justos por pecadores. La expresión "en tanto estén siendo investigadas ante los tribunales de justicia o la Contraloría" es demasiado universal y no tipifica con exactitud a quienes queremos dejar libres de polvo y paja por estar exentos de responsabilidad.
Señor Presidente , creo que el precepto propuesto está bien. Es posible que algunos dirigentes efectivamente sean inocentes, pero otros no. La verdad es que muchos se quedaron con dineros que no les correspondían. Sus nombres se repiten en distintas organizaciones -figuran prácticamente en todas- y es a ellos a quienes no queremos que se les levanten las garantías.
En efecto, diversos representantes campesinos están siendo investigados por la Contraloría. Algunos ya se encuentran procesados por la justicia; otros lo serán dentro de poco, en la medida en que vayamos presentando nuevos juicios. Nuestra intención es que todos sean excluidos de la ley en proyecto.
Hubo empresas consultoras, constituidas por una tropa de frescos, que inventaron proyectos y, a sabiendas de que carecían de viabilidad, los presentaron igual y embarcaron a los campesinos, porque de esa manera cobraban la comisión. Y ésta se les pagaba independientemente de que los proyectos tuvieran éxito o resultaran un completo fracaso. Les daba lo mismo, porque cobraban igual.
Por eso, como dije, los nombres de muchos dirigentes campesinos -podría mencionarlos, como lo hice en varias oportunidades en la Comisión- se repiten en numerosas organizaciones. En todas recibieron plata. Curiosamente, esos proyectos fracasaron. Y, curiosamente también, hubo 15 mil millones de pesos percibidos sólo por 50 empresas de organizaciones campesinas.
Me opongo rotundamente a que se levanten las garantías a los dirigentes que, como bien señaló el Senador señor Naranjo , tuvieron responsabilidad administrativa -porque aquí no se trata de cualquier campesino, sino de aquel que haya tenido ese tipo de responsabilidad- y son investigados por la Contraloría o por la justicia. ¡Obviamente, no se les puede beneficiar, porque por algo fueron dirigentes!
Con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al Honorable señor Naranjo .
Señor Presidente , comparto lo que se acaba de señalar. Es imposible que el director de una cooperativa no haya sabido...
...lo que estaba ocurriendo en la gestión, porque muchas veces aprobó o respaldó con su voto diversas iniciativas. Y no me refiero a pequeños créditos, sino a enormes cantidades de recursos, destinadas a desarrollar proyectos de gran magnitud.
Entiendo que un dirigente no haya sabido que la cooperativa le prestó plata, por ejemplo, al señor Juan González . Pero no estamos hablando de créditos individuales, sino de otro tipo de proyectos que requirieron grandes inversiones, respecto de las cuales hubo responsabilidades administrativas y que jamás se podrían haber llevado a cabo sin el consentimiento del directorio.
Entonces, ¡cómo esas personas van a quedar liberadas de responsabilidad si dieron su anuencia! Una cosa es que ignoraran operaciones menores; pero resulta difícil creer que desconocieran lo que acontecía con las inversiones mayores. Y justamente lo que estamos cuestionando es que muchas grandes inversiones fueron mal usadas. Por eso, es importante que ello se consigne.
Y, si no hay responsabilidad, se señala claramente que se quedará liberado de las consecuencias.
Se la otorgaría encantado, Su Señoría, pero me encuentro haciendo uso de una.
Recupera la palabra la Honorable señora Matthei .
¿Me permite una interrupción, señora Senadora?
Señor Presidente , con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al Honorable señor Gazmuri .
Señor Presidente , la verdad es que aquí se va a producir...
Excúseme, señor Senador , pero según el orden de inscripción le corresponde intervenir en algunos momentos más. ¿Prefiere esa vía o la de la interrupción?
La de la interrupción, señor Presidente.
Señor Presidente , se presentan un acuerdo y un desacuerdo transversales. Porque la verdad es que coincido con el Senador señor Larraín y no con mi Honorable colega Naranjo .
En mi criterio -quizá un poco agrario-, cuando se analizan estos asuntos los ejemplos concretos ayudan mucho. Quiero citar el que constituye uno de los mayores problemas en la Región que represento, como es el caso de siete asociaciones de productores de tomates en invernadero. El INDAP tuvo la brillante idea de que, de un año para otro, todos cambiaran la variedad por una nueva y a ello se condicionó el crédito. Por tanto, si los campesinos no asumían ese nuevo proyecto, no se les otorgaba el préstamo.
El Instituto de Desarrollo Agropecuario contrató con una sola empresa todos los viveros...
¿Era una sociedad relacionada?
Da lo mismo. Pero no era tan relacionada.
La entidad que hizo todos los viveros, para los 180 productores, enfrentó un problema -los señores Senadores que son agrónomos lo entenderán; ahora hay menos, antes eran más- de exceso de cobre, a raíz del cual 80 por ciento de las plantas resultaron improductivas. Por consiguiente, las asociaciones quedaron con una deuda, pero el fracaso del negocio no fue de su responsabilidad.
Ahí hubo dos asuntos mal inducidos por parte del Fisco. Primero, ningún agricultor reemplaza su cultivo de un año a otro. Normalmente, cambia un poco, va probando. Sin embargo, en el caso en comento el problema radicaba en que si no se sustituía por completo la variedad, no se concedía el crédito. Entonces, hubo una inducción técnica equivocada.
Y, segundo, por lo general uno se provee en distintos viveros. En consecuencia, es evidente que en esta materia la responsabilidad fue del INDAP. Nadie se "robó" -entre comillas- la plata.
En ese caso no, pero sí en otros.
¿Ahí no hubo responsabilidad administrativa?
En seguida le respondo, señor Senador.
Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos.
Con la redacción que nos ocupa, ¿quedará fuera de la ley en estudio el caso de las siete directivas de las asociaciones de productores de tomates a que aludí, mediando avales solidarios de la deuda respectiva y alguna responsabilidad -el juez deberá determinar si ha sido administrativa o directiva- derivada de conocer el proyecto y de aprobarlo? ¡Es completamente absurdo!
Entonces, no puedo votar a favor de un texto que pretende resolver un problema si sé que, al final, lo va a agravar.
Y existen muchas situaciones como ésa. Puede que haya otras en que algún señor se robó la plata. Pero la mayoría de las empresas asociativas del INDAP en mi Región -por lo menos de las que yo conozco- han quebrado, en general, porque los proyectos eran inviables desde el punto de vista técnico.
Sé de proyectos comunitarios sobre producción colectiva de leche y fabricación de queso. Y al preguntarles a los socios cómo van a comercializar, responden: "Vamos a ver". ¡Y todos los quesos están ya en los estantes! Entonces, se ven obligados a pedir créditos al INDAP, que a veces se los otorga. Y, en algunas oportunidades, yo mismo he dicho al señor Ministro que será necesario conceder más préstamos para la construcción de más estantes.
En la agricultura moderna, primero debo determinar a quién le vendo y después produzco. En cambio, en la que impulsaba INDAP hacia 1970 ó 1967 -cuando yo era funcionario de dicho Instituto-, como existía un déficit alimentario en Chile, se producía todo lo posible, pues se vendía al tiro. O sea, esa institución quedó con un concepto de agricultura que ya no existe.
Puede que además haya algún ladrón. Pero, en general, los malos negocios y las empresas con problemas resultan de un diseño económico e institucional equivocado. Y no perdamos...
Perdón, señor Presidente , pero concedí al Honorable señor Gazmuri una interrupción y no todo el tiempo que me quedaba.
Con esto termino, señora Senadora . Y si le falta tiempo para su intervención, le cederé el mío.
Pido perdón por apasionarme. Pero no concurriré con mi voto a aprobar una iniciativa que agravará los problemas de la gente a la que se pretende beneficiar. Ése es todo el punto.
Por eso, sugiero que rechacemos la modificación pertinente, para que el proyecto vaya a Comisión Mixta. Porque creo que aquí nadie quiere defender a personas que han defraudado al Fisco. Pero resolvamos los problemas que nos competen.
Recupera el uso de la palabra la Senadora señora Matthei.
Señor Presidente, este beneficio no existe hoy día; nadie tiene la posibilidad de que se levanten sus cauciones. Ahora lo estamos otorgando, pero queremos que sea restringido.
Es posible que alguien que efectivamente fue inocente y no tuvo problemas quede excluido del beneficio; pero la mayor parte de la gente va a recibirlo. Y yo prefiero mil veces que quienes hoy están excluidos de él sigan estándolo a que se nos cuelen algunos frescos que se han enriquecido en forma ilegal, irregular, a costa de los dineros del Fisco. Prefiero que seamos demasiado estrictos a que se levanten las cauciones de esas personas y el día de mañana, si ellas son condenadas por los tribunales, sencillamente no existan garantías vigentes.
Estamos tratando aquí con platas fiscales. Por lo tanto, debemos ser estrictos y cuidadosos.
Si un caso está siendo investigado por la Contraloría General de la República o por los tribunales de justicia, es porque se presume la existencia de irregularidades, más allá de un mal negocio. El caso de Colín, al que se refería el Honorable señor Gazmuri , no es objeto de investigación ni por el Organismo Contralor ni por los tribunales; se presume, entonces, que ahí el proyecto fracasó porque se hizo mal. Pero no ocurre así en los casos de DECAM, de Buscando Desarrollo, de PROCAMPO, de las cooperativas de la UOC, y en muchos otros, que sí se están investigando, por la presunción de que hubo enriquecimiento ilícito o, por lo menos, un otorgamiento irregular de los créditos.
En consecuencia, si vamos a dar un beneficio, debemos ser prudentes y establecerlo en forma restringida. Es posible que unos pocos queden fuera de él. Pero hay que considerar que nadie lo tiene actualmente y, por tanto, constituye un avance.
¿Le puedo pedir una interrupción a la Senadora señora Matthei?
Ha terminado su tiempo. Pero se la podría conceder el Senador señor Espina, quien está inscrito a continuación.
Por supuesto, señor Presidente.
Creo que aquí hay un error, pues la inquietud que planteó la Senadora señora Matthei está recogida en la redacción que aprobó el Senado. En efecto, el inciso segundo dice que, para que opere la facultad de levantar la garantía, los proyectos deben haber tenido un resultado económico adverso. Ello es obvio, porque de lo contrario no se habría exigido la garantía. Por lo tanto, esa condición se cumple.
Y en seguida se agrega que dicho resultado adverso no debe ser atribuible a dolo o culpa de los garantes. Ahí es donde se puede asegurar que la persona que obtuvo un beneficio o lucro o tuvo alguna responsabilidad no sea beneficiaria del levantamiento de la garantía.
Con la enmienda de la Cámara de Diputados, bastaría que alguien estuviera siendo investigado para que quedara excluido del beneficio. Como "investigación" es un concepto amplísimo -no se sabe cuándo empieza ni cuándo termina-, muchos van a quedar cazados.
Por ello, me parece suficiente lo que señala la iniciativa del Senado. Pero, de todos modos, la redacción tiene que ser precisada.
Reitero, entonces, la conveniencia de rechazar la modificación pertinente, para que, si se quiere insistir en aquel planteamiento, se proponga una mejor redacción, pues estar siendo investigado nunca ha sido delito ni falta. Muchas personas, sin responsabilidad alguna, son investigadas por los tribunales o por la Contraloría. Basta que alguien diga "Tengo un problema con tal institución" para que el Órgano Contralor investigue. Y todos caen bajo ese parámetro.
Señor Presidente , estimo que, por lo genérico del referido concepto, estamos yendo demasiado lejos y no estamos permitiendo al INDAP excluir a determinados beneficiarios sobre la base de los elementos señalados en el texto que despachamos aquí, según los cuales basta que alguien haya actuado con dolo o culpa para que sea marginado del beneficio que se pretende otorgar.
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Espina.
Me ha pedido una interrupción el Senador señor Muñoz Barra.
Su Señoría puede intervenir con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , sólo deseo destacar que hay dudas razonables entre quienes sostienen una posición u otra.
Considero atendible lo que señaló la Senadora señora Matthei . Pero también hay que tener presente la situación de los inocentes. Creo que debemos ser muy prolijos a ese respecto.
Por eso, sugiero que rechacemos la modificación pertinente de la Cámara de Diputados, para que la iniciativa vaya a Comisión Mixta y allí se redacte una disposición más precisa, que recoja las justificadas aprensiones planteadas por una y otra parte. De esta manera, evidentemente, saldrá una ley más justa, más perfecta y que, indudablemente, no ocasionará daños colaterales, pues lo que se pretende en el fondo es castigar a quienes han cometido un ilícito y exculpar a los que no tienen responsabilidad dolosa o culposa.
Señor Presidente , lo que señaló la Senadora señora Matthei es la correcta interpretación de las normas en análisis, por las razones a que me referiré.
En primer lugar, la oración "que cumplan con los requisitos legales para ser beneficiarias del INDAP", agregada por la Cámara Baja, no es un invento de los Diputados ni un producto de su imaginación, sino la constatación de casos donde se entregaron créditos a organizaciones que no reunían los requisitos legales para ser beneficiadas por ese Instituto. Por ende, no hay duda de que se busca precisar la existencia de personas favorecidas al margen de la ley, lo que dio origen a investigaciones de la Contraloría o de tribunales del crimen por los delitos eventualmente cometidos.
En mi opinión, esa sola frase aprobada por la unanimidad de la Cámara de Diputados refleja que hubo empresas que en forma fraudulenta se encargaron de obtener créditos de INDAP a los que no tenían derecho y que para tal efecto utilizaron el aval de campesinos que ahora se hallan perjudicados por la aplicación de tal procedimiento.
Entre paréntesis, dicha situación es muy parecida, en cuanto a la ineficacia de los proyectos, a la ocurrida con el programa Orígenes, sobre el cual el Senado debatió durante la tramitación de la última Ley de Presupuestos.
De otro lado, la frase "en tanto estén siendo investigadas ante los tribunales de justicia o la Contraloría General de la República" se refiere al momento en que se pasa la etapa del sumario, durante la cual la investigación no se dirige en contra de nadie o, dicho de otro modo, se dirige contra todos.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, en el nuevo proceso penal, una persona está afectada cuando se ha iniciado una investigación en contra de ella; es lo que se llama "formalización de la investigación". Ése es el momento en que el fiscal comunica expresamente al juez de garantía que quiere investigar a una persona; antes no hay investigación alguna en su contra.
En el sistema antiguo, la investigación contra determinada persona se inicia en el momento en que es sometida a proceso -antes, la investigación es genérica-, cuando el juez estima que existen presunciones fundadas sobre su responsabilidad en un delito. De no haber tales presunciones, la investigación no se dirige contra ella. Prueba de eso es que el magistrado puede restringir su libertad. No lo puede hacer antes, sino sólo cuando la detiene por cinco días, o posteriormente, al someterla a proceso.
No obstante, como la idea es que no quepa la menor duda de que las normas del proyecto apuntan en esa orientación, no tengo inconveniente en que, de ser necesario, se perfeccione su redacción, en el entendido de que aquí no van a quedar liberadas de sus cauciones -y, al respecto, comparto plenamente lo dicho por la Senadora señora Matthei - personas que están siendo investigadas por la justicia, en cualquier etapa procesal, y no se dará el absurdo de que los tribunales las condenen luego de que nosotros, por ley, las hayamos liberado de la principal de sus responsabilidades civiles, cual es su garantía. De parte del Senado, liberar de la caución significaría eximir de responsabilidad civil a personas susceptibles de ser condenadas por la justicia. Ello, desde el punto de vista legal, me parecería inaceptable.
Una última consideración, señor Presidente .
El inciso segundo del artículo único que aprobó el Senado dice en su parte final: "Además, para que pueda operar dicha facultad, los proyectos financiados con tales créditos deben haber tenido un resultado económico adverso, no atribuible a dolo o culpa de los referidos garantes.". Es bastante improbable que se aplique esa norma, porque el dolo o la culpa habrá de determinarse por el juez en una sentencia definitiva, no antes.
Por lo tanto, me parece que tal disposición también puede ser perfeccionada.
Señor Presidente , termino señalando que, en la lógica de dejar claramente establecido que quienes están siendo investigados por los tribunales para la acreditación de sus responsabilidades no pueden ser beneficiados, yo, por lo menos, votaré en contra de la enmienda pertinente, pero sólo en el ánimo de que se perfeccione la legislación en proyecto y no para eximir de responsabilidad a esas personas.
Tiene la palabra el Senador señor Ríos.
Señor Presidente , me parece evidente que, si bien algunos Senadores se oponen a que el proyecto vaya a Comisión Mixta, existe una gran mayoría para que ello ocurra.
Y deseo volver sobre un asunto muy importante.
Ya ha habido expresiones referidas a la justicia. Y, sobre el particular, el Honorable señor Moreno manifestó hace algunos minutos que el proyecto en análisis está dirigido fundamentalmente a las personas naturales y, dentro de las organizaciones, a las sociedades, pero no a otros organismos, como, en mi concepto, las cooperativas y comités con personería jurídica. Éstos reciben de las municipalidades tal personería. En esa virtud, adquieren en plenitud la responsabilidad societaria que establece la juridicidad chilena. Y ello también permite suponer que existen fundadas razones -lo conversábamos aquí con el Honorable señor Ruiz-Esquide , y lo planteo también en su nombre- para examinar asuntos bastante complicados con relación a las cooperativas.
Por eso, considero oportuno que el proyecto vaya a Comisión Mixta. Todos tenemos interés en resolver el asunto; nadie quiere marginarse de la posibilidad de llegar a acuerdo en un buen texto legal. Y mediante tal procedimiento resolveremos infinitos problemas surgidos por efecto de las situaciones planteadas.
Entonces, solicito formalmente que el señor Presidente recabe de nuevo el acuerdo de la Sala en tal sentido.
La Senadora señora Matthei me solicita una interrupción, y se la concedo, con la venia de la Mesa.
Tiene la palabra la Honorable señora Matthei .
Señor Presidente , yo me había opuesto a que el proyecto fuera a Comisión Mixta. Pero si concordáramos en formarla para mejorar la redacción del proyecto y en ella estuviera integrada la Comisión de Hacienda, levantaría mi oposición. Porque, en verdad, debemos ser muy cuidadosos con los dineros fiscales.
Recupera la palabra el Senador señor Ríos.
He terminado, señor Presidente.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , desconozco la urgencia de este proyecto. Pero si no la hubiera, yo pediría que, antes de votar en la Sala las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, encargáramos a las Comisiones unidas de Agricultura y de Hacienda un estudio de ellas y la elaboración de un informe sobre el particular.
Considero de la mayor importancia que procedamos así, porque aquí no sólo está en juego la situación de los pequeños agricultores que fueron engañados y cuyas propiedades se entregaron en garantía al INDAP, sino que, además, hay involucrados ingentes recursos fiscales que probablemente nunca se van a recuperar. Entonces, también es justo saber realmente cuál es el daño fiscal o cuánto dejará de percibir el Fisco.
Reitero mi sugerencia en el sentido de que, antes de pronunciarnos en la Sala, el proyecto sea visto por las Comisiones unidas de Agricultura y de Hacienda.
No, señor Presidente. Sigamos el curso normal de la tramitación de la iniciativa.
El Senador señor Boeninger tiene la palabra.
Señor Presidente , he escuchado un largo debate en torno a un texto muy corto. Me parece que el hecho de que se haya producido una discusión tan extensa a la altura del tercer trámite constitucional avala de sobra la decisión de que la iniciativa vaya a Comisión Mixta para que en ella se genere un acuerdo.
Sugiero, entonces, terminar el debate en este momento. Ciertamente, no se justifica, a mi juicio, el procedimiento que propone el Senador señor García, pues la iniciativa ya ha sido estudiada latamente en nuestras Comisiones.
Que se vote.
Votemos, señor Presidente .
¿Habría acuerdo para enviar el proyecto a Comisión?
La Mesa somete a votación la indicación del Senador señor García. Es lo que corresponde reglamentariamente.
No hay acuerdo, señor Presidente .
No existe acuerdo.
Hay que votar.
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
Señor Presidente , creo que debe seguirse el trámite normal del proyecto. Existen posiciones divididas, porque estamos de acuerdo con una de las modificaciones de la Cámara de Diputados y en desacuerdo con la otra. De rechazarse una de ellas -como espero que ocurra-, corresponderá formar una Comisión Mixta, y ahí mejoraremos la iniciativa.
Comisión Mixta, señor Presidente .
Estoy totalmente de acuerdo con la proposición del Senador señor Larraín : rechazar el nuevo inciso que sugiere la Cámara Baja, con el fin de que haya Comisión Mixta, para allí dar una redacción más precisa y adecuada al proyecto.
¿El Senador señor García retira su propuesta?
Sí, señor Presidente . Lo importante es que haya una instancia que nos permita arreglar la redacción.
¿Habría acuerdo para aprobar la primera modificación propuesta por la Cámara y rechazar la segunda?
--Se aprueba la enmienda consistente en agregar en el inciso primero del artículo único que aprobó el Senado, entre la expresión "naturales" y la preposición "para", la oración "que cumplan con los requisitos legales para ser beneficiarias del INDAP"; se rechaza la destinada a intercalar un inciso tercero, nuevo, y queda terminada la discusión del proyecto en este trámite.
Los miembros de la Comisión de Agricultura integrarían la Comisión Mixta.
Si le pareciera a la Sala, así se acordaría.
No estoy de acuerdo, señor Presidente . Creo que su sugerencia debe ser votada, porque ya la Honorable señora Matthei señaló en su intervención la conveniencia de que la Comisión Mixta sea integrada también por miembros de la Comisión de Hacienda.
Los integrantes de la Comisión Mixta son cinco.
Que sean, entonces, los de la Comisión de Hacienda. Ésta es una materia básicamente de Hacienda, no de Agricultura.
La Comisión de Hacienda no ha visto nunca el proyecto, que yo sepa.
Sí lo vimos.
Lo pregunté al Senador señor Foxley .
Entonces, lo veremos ahora.
No sé si es reglamentario, señor Presidente , pero...
¿Qué dice el Reglamento, señor Presidente?
Siempre ha sido competente la Comisión técnica.
Ahora, también es factible nombrar para la integración de la Comisión Mixta a cinco Senadores, entre los cuales puede haber miembros de la de Hacienda.
Entonces, ¿vamos a adoptar ahora un criterio distinto del aplicado a propósito de otras iniciativas?
Señor Presidente , el artículo 44 del Reglamento es clarísimo.
¿Me permite plantear un asunto de Reglamento, señor Presidente?
Señor Presidente , es peligroso sentar un precedente en ese sentido, porque si el proyecto fue estudiado por la Comisión de Agricultura y se determina que sus miembros deben integrar la Comisión Mixta, significa que de aquí en adelante, respecto de todo lo relacionado con materias específicas, habrá que designar a los miembros del correspondiente órgano técnico para que concurran a la formación de la Comisión Mixta. Y eso no tiene nombre.
Tiene la palabra al Honorable señor Larraín.
Señor Presidente , siempre se ha resuelto que el pronunciamiento atañe al órgano técnico respectivo -y ahora no existe justificación alguna para innovar-, donde ciertamente pueden participar integrantes de las Comisiones de Hacienda o de Constitución.
Por lo demás, tengo la impresión de que en esta materia hay acuerdo en lo fundamental. La idea es precisar el tipo específico que se pretende excluir del beneficio y redactar la parte de la proposición de la Cámara de Diputados que no está clara. Pero no se presenta ningún problema de fondo.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
Señor Presidente , sólo deseo ratificar lo que se acaba de señalar. El artículo 44 del Reglamento dice que las Comisiones Mixtas "estarán integradas por cinco Senadores y cinco Diputados". Por su parte, el artículo 46 dispone que "La representación del Senado estará integrada por los miembros de la Comisión permanente que tuvo a su cargo el estudio del proyecto.".
Eso está muy claro y no hay nada que discutir.
Entonces, si le parece a la Sala, se designará a los integrantes de la Comisión de Agricultura para que conformen la referida Comisión Mixta.
En cuanto al proyecto signado con el número 3 de la tabla, que regula las condiciones de trabajo y la contratación de artistas y técnicos de espectáculos, ofrezco la palabra al Senador señor Parra para que plantee una observación previa.
Señor Presidente , la semana pasada dicha iniciativa fue devuelta a la Comisión de Trabajo tanto con el propósito de formular nuevas indicaciones -se abrió un plazo que expiró el viernes pasado- cuanto para escuchar a ciertas organizaciones que lo solicitaron y que no tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista.
En efecto, se presentaron varias indicaciones y se escuchó ayer a dos entidades que estaban en esa situación, quedando todavía pendiente una tercera. Sin embargo, la Comisión no ha podido revisarlas ni pronunciarse sobre ellas.
Por eso, el proyecto no está en condiciones de ser informado en esta sesión. Y pido que sea retirado de la tabla.
Atendida la explicación del señor Presidente de la Comisión , la iniciativa no será tratada hoy.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, con urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3262-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 6ª, en 18 de junio de 2003.
Hacienda (verbal), sesión 6ª, en 18 de junio de 2003.
Cabe señalar que la Comisión de Hacienda fue autorizada por la Sala para informar verbalmente el proyecto.
Su objetivo principal es fijar en 115 mil 648 pesos el monto del ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años de edad, a contar del 1º de julio del año en curso. Asimismo, lo establece en 87 mil 51 pesos respecto de los mayores de 65 años y menores de 18 años, a partir de igual fecha. Finalmente, eleva a 75 mil 219 pesos el monto del ingreso mínimo mensual que se utiliza para fines no remuneracionales, también a contar del 1º de julio del presente año.
El referido órgano técnico aprobó el proyecto en general y particular por la unanimidad de sus miembros presentes -Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley y García-, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Por último, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 del Reglamento, la iniciativa debe ser discutida en general y particular a la vez, por tener urgencia calificada de "discusión inmediata".
Tiene la palabra el Honorable señor Foxley, Presidente de la Comisión de Hacienda.
Seré muy breve, señor Presidente .
Efectivamente, el proyecto fue analizado hoy en la mañana por la Comisión de Hacienda. Su objetivo es reajustar el monto del salario mínimo mensual en 4 por ciento para las tres situaciones descritas por el señor Secretario de la Corporación . Dicha cifra resulta un poquito mayor que la tasa de inflación esperada para este año, que aproximadamente debería ser de 3 por ciento.
La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general y particular el proyecto.
--Se aprueba en general y particular, y queda despachado en este trámite.
Continúa la discusión particular del proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que introduce diversas enmiendas a la Carta Fundamental, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Sesiones 16ª, en 14 de noviembre y 18ª, en 18 de diciembre de 2001(queda pendiente su discusión); 19ª, en 19 de diciembre de 2001 (vuelve a Comisión para informe complementario); 23ª, en 15 de enero de 2002 (se aprueba en general); 42ª, 44ª, en 29 y 30 de abril; 4ª, 5ª, en 11 y 17 de junio de 2003, respectivamente (queda pendiente su discusión particular)
Corresponde debatir y votar la letra b) del número 5, que empieza diciendo: "Sustitúyese el número 3º, por el siguiente:".
Señor Presidente , la redacción de esta norma plantea, a mi juicio, el siguiente problema.
El artículo 25 de la Constitución establece los requisitos para postular a la Presidencia de la República y el artículo 13 determina cómo se adquiere la ciudadanía chilena. Al respecto, es necesario aclarar un hecho que para mí es importante.
Según el número 3º propuesto, es posible que un chileno conserve la nacionalidad del lugar donde haya nacido y que no se le impida postular a cargos políticos. Entonces, tendrá doble nacionalidad. En mi opinión, esos cargos requieren una definición exacta de la nacionalidad, pues representan la voluntad popular. Por lo tanto, es conveniente aclarar esa situación, ya que podrían aparecer postulantes con doble nacionalidad, sin que hayan reafirmado la chilena.
Ése es mi planteamiento, señor Presidente.
Señor Presidente , sin perjuicio de no compartir lo manifestado por el Senador señor Martínez , me parece que corresponde aclararlo cuando se discuta el artículo 25.
Considero muy importante recalcar que mediante el número 3° se abre la puerta al principio de la doble nacionalidad en Chile: se estima el jus sanguinis como fuente importante de nacionalidad o se lo equipara al "jus soli" o, incluso, se le otorga una extensión mayor. Esto se nota en el número 4º, según el cual a los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley no se les exigirá renunciar a su nacionalidad anterior, y también en la letra a) del número 6, que establece con toda claridad que la nacionalidad chilena se pierde por renuncia voluntaria. O sea, puede haber una renuncia involuntaria que no hace perder la nacionalidad chilena, o simplemente puede haber una doble nacionalidad sin renuncia.
Con esta norma se está haciendo justicia a más o menos un millón de chilenos que viven fuera del país. Históricamente, alcanzan a 400 mil en la Patagonia argentina. A estos se suman distintos flujos migratorios en diferentes épocas y por razones muy diversas.
Ahora bien, en caso de aceptarse la norma, quedará delimitado el eventual cuerpo electoral y el Parlamento deberá decidir si permite a esas personas -se trata de mayores de 18 años que viven fuera de Chile- ejercer el derecho a sufragio. Ese último aspecto no es materia de reforma constitucional. Basta que una normativa común modifique la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral. Pero lo importante es que esta reforma fija el posible cuerpo electoral.
Señor Presidente -y con esto termino-, aquí se está reconociendo un vínculo de nacionalidad a los compatriotas que, por diversas circunstancias, han vivido fuera de Chile. Y, al mismo tiempo, el número 4º facilita la nacionalización a los extranjeros, sin necesidad de renunciar a su nacionalidad anterior.
Eso es como premisa de otro debate -hay un proyecto de ley que está en la Comisión de Gobierno- acerca del eventual derecho a sufragio de los chilenos residentes en el exterior.
Nuestra bancada -aunque en este momento se encuentra presente poco menos de la mitad de ella- anuncia su voto favorable a la norma propuesta.
Señor Presidente , el debate acerca de la doble nacionalidad del Presidente de la República debe realizarse cuando se analice el artículo referente a los atributos que se requieren para ejercer dicho cargo. No deja de hacerme fuerza el argumento del Senador señor Martínez . Se trata de una materia que debiera estudiarse a fondo, porque no resulta habitual, aun cuando en algunos países podría ocurrir, que un Jefe de Estado para determinados efectos sea chileno y por tanto defienda los intereses nacionales y, para otros, tenga una nacionalidad distinta, la que en algún momento incluso puede contraponerse con aquéllos.
Pero aquí se está resolviendo una materia diferente: la modificación del número 3º del artículo 10 de la Constitución.
Según la regla general, la Carta Fundamental dispone que la nacionalidad se adquiere por el hecho de nacer en el territorio de la República y fija algunas excepciones a ese principio. La primera señala que el hijo de padre o madre chilenos nacido en territorio extranjero, hallándose cualquiera de éstos al servicio de la República , se considera chileno para todos los efectos.
La segunda excepción, contemplada en el número 4º del citado artículo, se refiere a los extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización en conformidad a la ley.
La tercera, contenida en el número 5º, alude a los nacionalizados por especial gracia.
El actual número 3º añade, a la excepción de haber nacido en Chile, una contraexcepción que hoy día no parece justificarse en absoluto, porque se refiere a los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en el extranjero, cuyos progenitores no estén trabajando al servicio de la nación. Es decir, se trata simplemente de connacionales que residen en el exterior. Y para que los hijos nacidos en esas condiciones puedan ser chilenos, la Constitución vigente les exige vivir por más de un año en nuestro país. A mi juicio, este requisito carece de toda justificación, porque el hecho de que un menor -imaginémonos a uno de cuatro o cinco años de edad- se avecinde o no en nuestro territorio por más de un año no lo va a hacer más o menos chileno. Ello no tiene sentido alguno. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro caso, entre el niño de tres años que no se avecinda en Chile durante dicho período -que no sería chileno-, y el que sí lo hace, que pasaría a serlo cuando cumpla cuatro años? No es ahí donde radica su voluntad de querer ser chileno o no. Entonces, esa norma se reemplaza por otra según la cual no se requiere ese tiempo de avecindamiento en territorio nacional para que el hijo de padre o madre chilenos, nacido en territorio extranjero, sea chileno.
Distinto es el caso de un joven con 18 años de edad, quien puede optar entre la nacionalidad del país donde nació ("jus soli") o la nacionalidad chilena (jus sanguinis). Pero la disposición agrega algo muy importante: que sus padres hayan nacido en territorio chileno, o bien, que se encuentren en la situación excepcional de estar al servicio de la patria en el extranjero.
Por lo tanto, no se trata de una cadena indefinida de personas, ninguna de las cuales haya nacido en nuestro país y que por esa vía vayan adquiriendo la nacionalidad chilena en virtud de normas excepcionales. El nuevo número 3º establece una limitación: se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primer o segundo grado -o sea, los padres o los abuelos- obligatoriamente haya nacido en territorio chileno o, habiendo nacido en el extranjero, haya trabajado al servicio de la patria; o hubiere obtenido carta de nacionalización, con lo cual pasa a tener los mismos derechos que un chileno; u obtuviere nacionalidad por especial gracia otorgada por el Congreso Nacional.
El señor VALDÉS .-
Por supuesto, Su Señoría, con la venia de la Mesa.
Señor Presidente , ¿por qué hay tanta dificultad para reconocer en Chile el jus sanguinis, instrumento de poder muy legítimo aplicado desde el tiempo de los romanos y utilizado sin problema por casi todos los países europeos? ¿Por qué somos tan cerrados, como si fuera un privilegio ser chileno, más allá de lo que pudiera significar para un francés ser francés? ¿Cuál es la ligazón entre haber nacido en territorio nacional -y vivir en él-, y ser chileno? ¿Por qué los franceses o los argentinos votan con entusiasmo en el exterior por sus autoridades y en nuestro país, encerrado entre cordillera y mar, sólo pueden hacerlo quienes viven en él? ¿No es un concepto muy primitivo?
A mi juicio, los miles de compatriotas que residen en el extranjero constituyen grandes instrumentos con que cuenta Chile en un mundo globalizado. Y no los usamos. En Suecia, treinta o cuarenta mil de ellos eligen diputados y diversas autoridades. Algunos ex Parlamentarios chilenos son Diputados en Canadá. Se trata de cientos de miles de connacionales, compatriotas.
Formulo estas preguntas porque siempre me ha extrañado en mis viajes el hecho de encontrarme con grupos de chilenos en Nueva York de enorme influencia. En la ciudad de New Brunswick, del Estado de New Jersey, la mitad de la población es chilena y celebra con emoción el 18 de septiembre. ¿Por qué a ellos no los consideramos chilenos? No adquirimos nada malo, sino compatriotas como nosotros.
Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Viera-Gallo continúe presidiendo la sesión por algunos minutos.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Viera-Gallo, en calidad de Presidente accidental.
El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-
Recupera la palabra el Honorable señor Espina.
Señor Presidente , cabe advertir que, dado la escasa presencia de señores Senadores en la Sala, no será posible aprobar ninguna reforma constitucional. Por lo tanto, rogaría que en su momento se procediera a llamar a los Honorables colegas. Las materias en discusión son muy relevantes. Debemos recordar que son normas cuya aprobación requiere quórum muy altos.
Deseo dar respuesta a la interesante observación del Honorable señor Valdés .
Con esta modificación, y de manera bastante criteriosa, se equipara la preferencia absoluta del "jus soli" respecto del jus sanguinis. La disposición constitucional vigente establece el principio de que para ser chileno se debe nacer en Chile. Después hace extensivo el jus sanguinis y dispone que si es hijo de padre o madre chilenos que están al servicio de la República en el extranjero como embajador...
El señor VIERA-GALLO ( Presidente accidental ).-
Pero usted está presidiendo, señor Presidente.
No es mi intención interrumpirlo. Se trata de algo muy simple. Es para anunciar que pondré en votación la norma en debate y haré llamar a los señores Senadores.
¿Se va a fijar una hora determinada para votar?
Ahora mismo se iniciará.
Señor Presidente, ¿puedo seguir haciendo uso de la palabra?
Ocurre que el Senador señor Coloma...
Yo estaba hablando y usted me interrumpe para decir que tengo que votar...
... entró en forma intempestiva a la Sala...
El señor COLOMA .-
Deseo saber si el punto en discusión se resuelve hoy.
¿De qué tiempo se dispone?
Desde este momento hasta que concluya el Orden del Día. Y para ello restan 20 ó 30 minutos.
¿Ahí se cierra el debate?
Señor Presidente , terminaré de responder la consulta que me hizo el Senador señor Valdés .
La primera excepción que consagra la Constitución, con la aplicación del jus sanguinis, permite decir: "si usted nace en el extranjero y es hijo de padre o madre chilenos al servicio de la patria, tendrá nacionalidad chilena". La Carta Fundamental señala que deben ser personas al servicio de la República. Pero luego modificamos el número 3º de su artículo 10, que también posibilitaba que los hijos de padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero, pasaran a ser chilenos. Sin embargo, había una exigencia: que tales hijos debían vivir por más de un año en Chile.
Ésa es la norma que se elimina. Por tanto, hoy día, cualquier niño o niña, hijo de padre o madre chilenos -esto es, jus sanguinis-, que nace en el extranjero (porque si nace en Chile tiene la nacionalidad automáticamente) no necesita avecindarse en nuestro país y pasa a ser chileno, gracias a la modificación que se propone, por el solo hecho de manifestar su voluntad en tal sentido ante la autoridad competente. Porque no se puede obligar a alguien a obtener una nacionalidad que no desea, situación que puede ocurrir cuando los padres son los representantes legales de un niño; pero una vez que éste llegue a la mayoría de edad deberá ratificar su intención de ser o no ser chileno.
La norma contiene una contraexcepción a esto, pues podría dar origen a una cadena infinita de personas no nacidas en Chile que, por la vía del jus sanguinis, hasta la undécima o duodécima generación pasarían a ser chilenas, cosa que las naciones europeas no aceptan. El límite consiste en decirle a la gente: "Atención, para que usted pueda gozar de este beneficio se requiere, a lo menos, que sus padres o sus abuelos hayan nacido en territorio chileno; adquirido la nacionalidad por ley," -otorgada por el Parlamento- "o por carta de nacionalización, o bien, porque cuando nació sus padres prestaban servicios a la República en el extranjero.". Ése es un límite acorde con lo que todas las legislaciones establecen para cortar en algún momento la cadena de extranjeros sin ninguna vinculación con Chile y que, eventualmente, pueden seguir siendo chilenos de manera arbitraria sin tener ningún lazo, ni siquiera en la segunda o tercera generación de sus ascendientes.
Por lo tanto, en mi concepto, esta norma es correcta, resuelve bien el problema, es justa.
Finalmente, me hago parte de la preocupación manifestada por el Honorable señor Martínez , en el sentido de que cuando veamos la disposiciòn pertinente hay que analizar a fondo qué ocurriría si un Presidente de la República mantiene una doble nacionalidad en forma permanente. Entiendo que hoy podría acceder a la española, y sería perfectamente posible que el Primer Mandatario de Chile tuviese doble nacionalidad. Lo mismo sucede con otros países -no recuerdo cuáles son- con los que tenemos convenios de esa índole.
Sin duda, esta materia merece discutirse con atención, pues determinada situación o casos eventuales podrían generar algún conflicto.
En conclusión, apoyo la norma, porque me parece correcta, bien orientada, resolutoria y equilibra adecuadamente lo relativo a las personas que nacen en Chile con relación a aquellas que, no habiéndolo hecho, por sangre tienen todo el derecho a ser compatriotas nuestros.
Señor Presidente , me referí al artículo 25 de la Constitución para hacer presente una situación relacionada con el número 3º del artículo 10 que estamos analizando.
El propósito era prevenir, ir preparando un enfoque sobre el tema, porque no hay duda de que presenta algunos problemas que deberemos tratar en una discusión más profunda.
Con la explicación dada por el Senador señor Espina respecto del número 3º del artículo 10, queda claro que se rompe la cadena. Porque si no se contemplara el requisito de que los padres o abuelos hayan adquirido la nacionalidad chilena previamente, en virtud de lo establecido en los números 1º, 2º, 4º ó 5º del mismo precepto, nos encontraríamos en presencia de una cadena permanente de chilenos en el extranjero, y con ello podríamos llegar al absurdo de duplicar o triplicar rápidamente la población de nuestro país en un par de años más.
En consecuencia, quedan claros el alcance y la lógica de la norma: romper la cadena. De otra manera hubiera sido sumamente complicado lograrlo y, en mi opinión, esa interpretación aleja cualquier equívoco en este aspecto.
Tiene la palabra el Senador Moreno.
Señor Presidente , creo necesario dejar constancia de que lo que se está haciendo aquí con la modificación propuesta es eliminar el engorroso requisito del año de residencia para que los hijos de ciudadanos chilenos, o que hayan obtenido la nacionalidad chilena por otros mecanismos, puedan adquirirla si lo desean.
En sustancia, en eso consiste la modificación. De modo que considero de toda justicia que a la persona que tiene la capacidad (y que cumple con el requisito de que alguno de sus ascendientes en línea recta, de primer o segundo grado, la haya adquirido por los mecanismos que se indican) y voluntariamente lo desea, se le facilite la obtención de la nacionalidad, porque nos interesa que ejerza todos sus derechos plenamente.
Por lo tanto, no sólo voy a votar favorablemente esta modificación, sino que creo que debe dejarse constancia de que el punto principal es el que señalé.
Discutiremos en su momento el argumento dado por el Presidente del Senado respecto de la eventualidad de que esa población tenga derecho a voto. Su Señoría sabe que somos partidarios de ello. Pero, a mi juicio, es innecesario confundir ahora un tema con otro. Porque una cosa es tener el derecho a la nacionalidad, y otra que, con toda razón, alguien dijera que en virtud de que esto podría cambiar determinada circunstancia electoral, se inhibiera el derecho de una persona a ser ciudadano de este país sobre la base de un cálculo realizado en determinado momento.
Por lo tanto, hecha esa prevención, quiero dejar establecida nuestra voluntad para aprobar las letras b) y c) del número 5 del artículo único del proyecto, que modifican los números 3º y 4º del artículo 10 de la Constitución en los términos propuestos.
Señor Presidente , creo que éste es un tema extraordinariamente importante y, quizás, hubiera merecido mayor concurrencia de Senadores.
He estado revisando las Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, y la verdad es que esta materia ocupó muchas sesiones. A mi juicio, con buen criterio en la Comisión -posteriormente en la Constitución- se reflejaron las exigencias para ser chileno. O sea, ser chileno tiene una significación afectiva, espiritual, muy importante. Y la norma general consignada en la Carta Fundamental es que lo son los nacidos en el territorio. Porque tiene que haber vinculación de esa persona con su Estado, con sus tradiciones, sus valores, sus raíces. Ahí se da ese primer derecho. El resto de los artículos -y así lo entiende el Constituyente en la historia- son grandes excepciones. Me parece razonable el caso de los hijos de padre o madre que estuvieron trabajando por Chile en el extranjero; el de extranjeros que se nacionalicen después de haber permanecido en el país un largo período; el de los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.
Formo parte de la Comisión que se preocupa de esas materias, que encabeza el Senador señor Zurita , y ahí lo hemos discutido. Lo importante es que son beneficios muy especiales, porque la sociedad encuentra que ser chileno es relevante; no es algo simple, ni fácil.
Por eso, al determinarse qué ocurre con los hijos de padre o madre chilenos que nacen en territorio extranjero y que no están al servicio de la patria, ¿se facilita, o se colocan requisitos mínimos? Yo soy partidario de establecer requisitos mínimos. Así lo contempla el texto vigente.
Pido a quienes tengan alguna duda respecto de esa materia que lean lo que decía el profesor Albónico, o don Jorge Ovalle , a quien nadie puede acusar de algún tinte político distinto. Este último expresó que, si la nacionalidad chilena implica una vinculación afectiva con el Estado, "no parece que el mero retorno de un chileno al país, lo habilite para el goce pleno de todos los derechos que fluyen de la nacionalidad, sin ninguna otra exigencia,". Además, agrega: "porque este retorno puede ser interesado o motivado por circunstancias que no impliquen esa vinculación afectiva que, en su opinión, es fundamental para gozar de la nacionalidad chilena.".
O sea, éste es un tema que se discutió, y a mi entender es de la máxima importancia. No creo que uno se contente con que el día de mañana un hijo de padre o madre chilena, por el hecho de estar en el aeropuerto, pase a ser chileno.
Eso dice esta disposición, o, de alguna manera, se intuye.
¿Qué le exige actualmente el Constituyente? Algo mínimo, un afecto mínimo; que se avecinde, que haya una relación de tal naturaleza, en donde exista una declaración de voluntad o la expresión de una acción física tal, que uno diga: "Bueno, esta persona puede ser chilena, o tiene los méritos y ha hecho los esfuerzos para serlo".
Por eso, el generar una especie de derecho sin un contrapeso, no me parece que apunte ni a las raíces de nuestra patria ni al espíritu de una correcta interpretación de la nacionalidad.
En virtud de lo anterior, asigno especial importancia a este punto, y considero que el Senado cometería un grave error si no establece un límite mediante las exigencias mínimas que debería cumplir una persona para adquirir la nacionalidad o ser connacional.
Por tal motivo, considero adecuada la norma que actualmente refleja la Constitución Política, y, por consiguiente, estimo que su modificación constituye un grave error.
El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental)-
Señor Presidente , coincido con lo que se ha estado expresando aquí en el sentido de que hay una relación básica entre la nacionalidad y el territorio. Pero no se trata sólo de este último. Por eso, la mezcla entre territorio y sangre es una buena combinación y la tendencia puede ir paulatinamente dirigida a ampliar ese derecho, de manera que se incluyan nuevas categorías de personas.
Por otro lado, quiero expresar que, a mi entender, el problema de la nacionalidad tiene que ver con el arraigo efectivo, con el vínculo real, entre la persona y el país. Por consiguiente, no es baladí el que en el número 3º nuevo, en análisis, se hable del derecho a manifestar su voluntad en tal sentido ante la autoridad competente. La expresión de voluntad es bastante básica.
Además, el grado de arraigo requerido para tener derechos más generales, o más específicos, o mayores derechos, también debe ser variable. Para que alguien pueda votar, tendría que exigirse un grado mayor de compromiso con el país que el que debería requerirse para el mero hecho de obtener la nacionalidad.
Este argumento es debatible y en algún momento lo veremos.
No obstante lo anterior, lo básico que deseo recalcar se refiere a que el problema de la nacionalidad tiene mucho que ver con los vínculos reales, dadas las condiciones mínimas de tener alguna relación básica, actual o histórica, con el suelo.
En votación la norma propuesta por la Comisión.
Señor Presidente , solicito segunda discusión.
El señor VIERA-GALLO ( Presidente accidental )-
Su Señoría no debería preocuparse por el tema.
Lo hago para garantizar la votación.
No se puede garantizar nada.
¿Qué se está votando?
Estamos votando la letra b) del Nº 5 del proyecto, que propone sustituir el número 3º del artículo 10 de la Constitución.
--Por no haberse reunido el quórum constitucional requerido, se rechaza la letra b) del Nº 5 del artículo único del proyecto (25 votos por la afirmativa y 4 por la negativa).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Canessa, Cantero, Espina, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Horvath, Lavandero, Moreno, Naranjo, Núñez, Parra, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Valdés, Vega, Viera-Gallo y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Coloma, Cordero, Martínez y Ríos.
En discusión la letra c) del Nº 5 del artículo único.
Señor Presidente , no sigamos, pues no hay quórum suficiente para aprobar las normas.
Pero el debate sí se puede realizar.
Respecto de la letra anterior, quiero aclarar que la Mesa no ha actuado con autocracia. La votación ya se había iniciado y, de hecho, hubo colegas que dejaron su voto en la Mesa. Ésta no es responsable de que diversos señores Senadores no se encuentren presentes.
Queda pendiente el tratamiento del proyecto.
El señor SEPÚLVEDA ( Secretario subrogante ).-
--Los oficios cuyo envío se anuncia son del tenor siguiente:
Del señor CANTERO:
Al señor Gerente General de la División CODELCO Norte de CODELCO-Chile , solicitando REESTUDIO DE SITUACIÓN DE EX TRABAJADOR SEÑOR CARLOS MELÍN CASTILLO.
A los señores Ministro de Economía , Subsecretario de Pesca y Director del Servicio Nacional de Pesca, atinente a REGULARIZACIÓN DE REGISTRO PESQUERO ARTESANAL Y CAUSAS DE DISMINUCIÓN DE CUOTA EN 2003 PARA PESCA ARTESANAL.
Al señor Ministro del Interior , REITERANDO OFICIO RELATIVO A BECAS " PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA" EN 2002 Y 2003.
Al señor Contralor General de la República , requiriendo información sobre SUMARIOS A SOCIEDADES Y COOPERATIVAS AGRÍCOLAS APOYADAS FINANCIERAMENTE POR INDAP.
A los señores Intendente de la Décima Región y Alcalde de Puerto Montt, concerniente a NUEVA UBICACIÓN DE FERIA PRESIDENTE IBÁÑEZ DE PUERTO MONTT (DÉCIMA REGIÓN).
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Naranjo.
Señor Presidente , señoras Senadoras y señores Senadores, una vez más la comunidad internacional toma conocimiento de un arresto que afecta a Aung San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia y Premio Nobel de la Paz en 1991, por parte de la junta militar que gobierna Birmania desde 1988.
Y digo una vez más porque, a pesar de las reiteradas promesas que los militares de dicho país han realizado a la comunidad mundial en orden a liberar a los miles de presos políticos y buscar un acuerdo, han seguido ejerciendo una represión feroz sobre su pueblo, y Aung ha sido encarcelada en una prisión militar bajo la burda excusa de "protegerla".
No puede dejar de llamarme la atención la incapacidad de la comunidad internacional para poner fin a esta situación, y muy especialmente a las masacres que por más de quince años han venido cometiendo, en contra de los ciudadanos de Birmania, los integrantes de la junta militar que gobierna dicho país. Muchos birmanos han sido no sólo encarcelados, sino también detenidos y torturados, ante los ojos de las Naciones Unidas, que en los hechos se ha limitado, cada cierto tiempo, a condenar y ejercer débiles presiones que a nada conducen, ya que en Birmania los militares se han perpetuado en el poder.
En 1991, cuando Aung San Suu recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha pacífica en pro de un régimen democrático en su país, fue portada en diarios de todo el mundo. Sin embargo, hoy podemos constatar que después de 12 años todo continúa igual. Es decir, se sigue encarcelando, torturando y asesinando impunemente a la gente. Sin lugar a dudas, esto aún sucede porque quienes tienen la posibilidad de ejercer una presión real sobre el régimen militar birmano sólo se limitan a realizar declaraciones que poco o nada sirven.
En ese sentido, no podemos olvidar que Birmania siempre fue un aliado clave de Estados Unidos en el sudeste asiático, y que éste armó y entrenó a quienes hoy detentan el poder.
¡Qué distintas son las actitudes de Naciones Unidas y especialmente de los Estados Unidos y sus aliados ante el régimen birmano con relación a lo sucedido con Iraq u otra nación, cuando no están en juego grandes recursos económicos, como el petróleo iraquí!
Señor Presidente , nuestro país, por más pequeño que sea, no puede seguir tolerando la actitud antidemocrática de la junta militar birmana, más aún cuando hoy tenemos voz y voto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La enorme solidaridad que los chilenos recibimos de la comunidad internacional durante el Régimen militar que imperó en nuestro país, la cual permitió que miles de personas fueran salvadas, nos obliga hoy a no quedarnos callados. Muy por el contrario, tenemos el deber ético y moral de alzar nuestra voz para exigir que Naciones Unidas realice acciones concretas, y no meras declaraciones, para lograr que esta líder birmana, que ha luchado por la democracia en su país, sea liberada.
Resulta inadmisible hablar de respeto a los derechos humanos en Chile y, al mismo tiempo, cerrar los ojos frente a las violaciones a los derechos humanos en otras naciones.
Por tal motivo, solicito que se oficie a la Ministra de Relaciones Exteriores , señora Soledad Alvear , para que instruya a nuestro representante en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a fin de que, primero, promueva la más enérgica condena a los hechos acaecidos en Birmania que han causado, una vez más, la muerte de cientos de ciudadanos que se manifestaban pacíficamente; segundo, que se exija la pronta libertad de la dirigente Aung San Suu, y tercero, que se implementen medidas de presión y sanciones específicas para poner fin a un régimen militar represivo que, reiteradamente, ha pisoteado la dignidad del pueblo birmano.
El señor BOENINGER .-
Señor Presidente , adhiero a la petición de oficio del Senador señor Naranjo.
Comparto totalmente lo planteado por Su Señoría, pues tuve la suerte de visitar Birmania y haber conocido a la Premio Nobel señora Suu Kyi.
También adhiero al oficio solicitado.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador , en conformidad al Reglamento, con la adhesión de los Honorables señores Boeninger y Viera-Gallo.
Ruego al Senador señor Naranjo pasar a la testera a presidir la sesión, porque deseo intervenir a continuación.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Senador señor Naranjo.
El señor NARANJO (Presidente accidental).-
En el tiempo que resta al Partido Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Viera-Gallo.
Señor Presidente , han pasado tres meses desde la ocupación de Iraq por parte de las tropas norteamericanas y británicas; y a más de alguien le llamará la atención el silencio que muchos de nosotros hemos guardado durante este tiempo.
Fuimos reiterativos en condenar la guerra y en buscar cualquier camino que la hubiese impedido. Sin embargo, producida ya la derrota del régimen de Saddam Hussein, han pasado -repito- tres meses y no hemos emitido una opinión sobre lo que está ocurriendo en ese país.
Muchos factores indican que teníamos toda la razón al condenar la guerra. No sólo porque ésta se apartaba del principio básico del Derecho Internacional, sino por las consecuencias que ella involucraba. Fue fácil para las tropas de la coalición vencer en el campo de batalla, pese a que se ve muy difícil -como algunos dicen- ganar la paz.
Ayer hubo varios enfrentamientos en Iraq, en los que murieron civiles y soldados, especialmente, norteamericanos. En la llamada "Operación Escorpión del Desierto" -que busca desbaratar los núcleos de resistencia de partidarios del antiguo régimen o, al menos, la de personas contrarias a la ocupación aliada-, ha habido muchos fallecimientos. Al menos 40 soldados norteamericanos han sido asesinados o se les ha dado muerte durante este período de ocupación.
Sin duda, esta situación crea una grave inestabilidad en ese país, y su duración no se alcanza a prever en el tiempo. No es el caso de una población que adhiere a las nuevas autoridades, logrando estabilidad social y política. Muy por el contrario, todo indica que a tres meses de la ocupación las cosas están igual o peor que el primer día.
Iraq aparece dividido en diversos sectores. En cada uno de ellos hay realidades sociales, políticas, religiosas y culturales muy distintas, pero en los sectores kurdo del norte, sunnita y chiita existe inestabilidad y mucho disenso.
Asimismo, ha surgido un debate muy arduo y fuerte en Estados Unidos y Gran Bretaña respecto de la existencia real de armas de destrucción masiva en el régimen de Saddam Hussein, dado que ello fue utilizado como el motivo principal para justificar la invasión.
A todas luces parece claro que era exagerada -por decirlo en forma suave- la información que los servicios de inteligencia norteamericanos y británicos entregaban a las autoridades de sus respectivos países, pues no se sabe dónde están tales armas y se desconoce si fueron destruidas.
Según el señor Hans Blix, jefe del equipo de inspección de armas de Naciones Unidas, es claro que alguna vez ellas existieron. Sin embargo, hasta ahora nadie las ha encontrado y resulta completamente fuera de lugar que ciertas autoridades norteamericanas y británicas hayan sostenido que el régimen de Saddam Hussein estuvo ad portas de usarlas y que, incluso, estuvieron a 45 minutos de utilizar algunas armas de destrucción masiva.
Por lo tanto, es dudosa la capacidad de amenaza del régimen iraquí respecto de su entorno geopolítico y del mundo en general; como también de la vinculación con la red terrorista Al Qaeda -jamás probada-, cuya orientación filosófico-política es muy distinta a la del Partido Baath que sostenía al régimen de Saddam Hussein.
Por su parte, hoy día, el Ministro de Defensa de Gran Bretaña , señor Geoffrey Hoon, admitió que, según la información que manejan Estados Unidos y Gran Bretaña , Saddam Hussein está vivo y se encuentra en Iraq. Por supuesto que esto llama la atención, porque quiere decir que goza de cierta protección, y que alguien lo esconde y ampara.
Cuando se menciona a Saddam Hussein , se habla de una red o de un grupo dirigente que, aunque muchos han caído en manos de las tropas de ocupación, todavía pareciera tener cierta capacidad de resistencia, comandada por tal personaje. Y no obstante que sus tropas no fueron totalmente desarmadas en la última batalla de Bagdad, da la impresión de que pasaron a la clandestinidad y están ahora, de alguna manera, en una resistencia del tipo de guerra de guerrillas.
Por cierto, ésta también es una derrota para las tropas de ocupación. Un desafío difícil de entender, dada la magnitud del poder de las tropas que ocupan Iraq.
A lo anterior se une otro problema bastante grave, que ha sido denunciado por Amnesty International, por Human Rights Watch y otros grupos de derechos humanos en el mundo, que es el derecho de los presos políticos que tienen su origen en la ocupación de Iraq.
Nadie sabe cuál es la situación en la cual se encuentran los dirigentes iraquíes que están en calidad de presos de las tropas norteamericanas. Se habló un tiempo de que serían juzgados por tribunales de guerra. Han pasado varios meses y no se conoce cuáles son los cargos que se les formulan y se ignora si se les garantiza el derecho a una defensa adecuada. Están simplemente presos. Hasta ahora, por lo menos, la Cruz Roja no ha sido autorizada para entrar en contacto con ellos. Se trata de personas que ocuparon cargos importantes en el régimen anterior, algunos de los cuales en su momento fueron recibidos por autoridades de distintos Estados, como es el caso del que un tiempo fue Viceprimer Ministro de Iraq , Tarek Aziz .
Esta situación es grave, como también lo es la de los derechos humanos de los presos, no ya iraquíes, sino provenientes principalmente de Afganistán, que se encuentran en la base de Estados Unidos en Guantánamo.
En un informe que publica la prensa de hoy, se dice que muchos han intentado suicidarse. A estos presos no se les reconoce el carácter de prisioneros de guerra y, por lo tanto, no se les aplican los Convenios de Ginebra. Se encuentran, como quien dice, en una situación jurídica similar al limbo: no están como presos normales ni como prisioneros de guerra. Por consiguiente, no gozan de los beneficios que esos instrumentos internacionales reconocen.
Señor Presidente , si uno toma en cuenta los enfrentamientos constantes y diarios en Iraq; la inestabilidad existente en los sectores kurdo, sunnita y chiita; la inestabilidad social y política; el hecho de que Saddam Hussein siga vivo y clandestino en Iraq, según confesiones de las autoridades inglesas; la existencia de presos cuyos derechos no se respetan; la inexistencia o, mejor dicho, el no descubrimiento de armas de destrucción masiva que hubieran justificado la guerra, comprueba que existe un cuadro de gran inestabilidad e incertidumbre en Iraq y en el Medio Oriente, lo que, sumado a los enfrentamientos crecientes en Palestina -pese a las conversaciones de paz-, más el impacto provocado por la ocupación americana en los pueblos árabes, no puede sino generar una situación de gran conflictividad en el Medio Oriente.
Sin embargo, todo esto no es suficientemente aplacado por el hecho de que exista un acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que le da a ese organismo cierto rol en lo que pudiera llamarse "la reconstrucción de Iraq". En todo caso, el hecho de que se reconozca ese papel es un paso positivo.
Señor Presidente , al concluir mi intervención, simplemente quiero dejar constancia de que en su momento nos opusimos claramente a la guerra. Teníamos razón, no sólo desde el punto de vista del Derecho, sino también de las consecuencias políticas que en este caso la victoria militar americana traería consigo a tres meses de la ocupación de Bagdad.
Los Comités Institucionales 1, Institucionales 2 e Independiente, y Mixto (Partido Por la Democracia) no harán uso de la palabra.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Valdés.
Señor Presidente , las declaraciones formuladas por el General Juan Emilio Cheyre , Comandante en Jefe del Ejército , han sido claras, valientes y necesarias. Abren otro capítulo histórico en nombre de un nuevo Ejército.
Los gestos públicos de dicha Institución han sido progresivos e importantes respecto de la participación masiva de sus miembros en los actos de violación de derechos humanos en el Gobierno militar. Se practicó en Chile el terrorismo, pero las Fuerzas Armadas han ido reconociendo esa realidad, la que, por cierto, puede explicarse en sus causas ideológicas por tensiones internacionales en su tiempo, por la formación en la nefasta Escuela Militar de Panamá y -por qué no decirlo- por una instrucción militar chilena que, en sus grandes e históricos méritos profesionales, incubaba una distancia, cuando no una soberbia, respecto de derechos humanos y cultura cívica.
No quiero insistir sobre el tema; no es la ocasión.
El General Cheyre ha mencionado la responsabilidad que acusa a la clase política en los hechos ocurridos antes del 11 de septiembre de 1973 y después de esa fecha, que es la época más dura, pero también más insensata de nuestra historia política.
Definitivamente, la dirigencia política de todos los partidos, con distintos grados de responsabilidad, tiene ante la historia una culpa clara e ineludible. La responsabilidad política de la Derecha es indiscutible. Participó activamente en el Gobierno y en gran medida clausuró su conciencia, con ciertas excepciones.
Puedo decir que fue la Democracia Cristiana el primer partido que en 1973 asumió claramente su responsabilidad. Si es necesario, debe volver a pedir perdón por haberse mantenido independiente y sólo crítica.
La Izquierda ha reconocido su responsabilidad con generosidad en repetidas ocasiones.
El Comandante en Jefe del Ejército ha dicho: "Nunca más una clase política que fue incapaz de controlar la crisis que culminó en Septiembre de 1973. Nunca más los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron. Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad chilena dividida".
En un excelente estudio del cientista y abogado, Sergio Micco , se hace referencia a distintas situaciones, que voy a repetir, porque las considero muy importantes.
Se menciona el filósofo Karl Jaspers , quien en 1949 invitó a sus compatriotas, "como alemán entre alemanes", a analizar su responsabilidad. Así, propuso distinguir la responsabilidad metafísica, aquélla que nos grita que somos todos "guardianes entre hermanos". En virtud de ella, nada de andar levantando los brazos, diciendo "yo no hice nada y no tuve nada que ver en estos casos". Lo cierto es que incluso los hijos de los actores del 11 de septiembre de 1973 responden, en cierto modo, por los errores y horrores de sus padres. Pues, en caso contrario, seríamos una generación de indolentes del pasado, que no recordaríamos nada y, por lo mismo, correríamos el riesgo de que la historia se volviera a repetir. Además, no hay nación si las nuevas generaciones se benefician de los aciertos de sus antepasados y frente a sus fracasos y crímenes guardan sólo silencio.
En segundo lugar, existe la responsabilidad moral, la que nos exige analizar nuestros pecados de acción y de omisión en todo esto. Ella es tan exigente que nada es suficiente cuando se trata de defender la integridad de sus derechos más esenciales. Jaspers, casado con una judía que sufrió la persecución nazi, se declara moralmente responsable de haber seguido viviendo y de no haber estado dispuesto al martirio por defender a sus hermanos.
En ese sentido, son responsables moralmente todos los chilenos que nada hicieron por evitar la crisis de 1973 y que luego vieron pasivamente cómo se actuaba con absoluta impunidad. Y no hicieron nada, o muy poco, muchas veces amparados por muy buenas razones, como conservar el trabajo, proteger a la familia o constatar que objetivamente nada podían hacer.
Pero existe una responsabilidad penal aún más terrible, que apunta a los autores, cómplices y encubridores de las violaciones a los derechos humanos. Aquí encontramos a los que dieron las órdenes de matar, torturar, exiliar, delatar, despedir o apresar. Peor aún: a los que pusieron su intelecto a desarrollar sofisticadas políticas, instituciones, leyes, reglamentaciones, al servicio de la peor de las causas: matar al compatriota.
Es claro que los actualmente enjuiciados alegan cada vez más que sólo ejecutaron órdenes de otros. Agregaría que quienes eran autoridades políticas del autoritarismo ni siquiera han pedido perdón, y menos concurrido a una cárcel. Y ellos gobernaban a todos los chilenos, utilizando recursos pertenecientes a todos los chilenos, y debían haber promovido el bien común de todos los chilenos, y no la muerte sistemática de aquellos a quienes se declaró "antipatriotas" o "enemigos internos de la seguridad nacional".
Finalmente, en este análisis surge una responsabilidad política muy amplia, casi ilimitada. Por el crimen responde el criminal; por los hechos cometidos a través de una política sistemática de violación a los derechos humanos respondemos casi todos los ciudadanos vivos en 1973, en 1983 y en 1989. Para violar los derechos humanos se dictaron leyes, se crearon organismos estatales, se destinaron recursos de todos los chilenos. La prensa calló. Los tribunales de justicia se taparon los ojos. Todo el Poder Judicial y el Poder Contralor , celosos guardianes del derecho de propiedad, nada dijeron del derecho a la vida, durante décadas. De ello responden las autoridades políticas de la época.
La responsabilidad política apunta a la más alta de las artes y las ciencias humanas: gobernar la sociedad promoviendo el bien común. Asumir cargos políticos no es cosa banal. Hay que actuar, como se ha dicho, "con temor y con temblor" cuando se llega a las máximas magistraturas de la República, pues las responsabilidades que se asumen son tan agotadoras como enormes. Por eso, los que eran Gobierno y Oposición el 11 de septiembre de 1973 deben asumir, todos, sus responsabilidades. Los que eran Gobierno sufrieron lo indecible por sus acciones y omisiones, tan erradas como suicidas. Y los que eran de Oposición ya es tiempo de que, con vergüenza, pidan perdón.
Pedir perdón, sí, porque es lo justo, valeroso e imprescindible para que los chilenos podamos seguir caminando juntos como compatriotas. Es un gesto esencialmente humano, pero que apunta hacia el cielo de lo divino.
¿Qué más decir? Que el 11 de septiembre de 2003 se cumplirán treinta años y que ya es tiempo de que ese mes de la Patria sea el del recuerdo, el del perdón avergonzado y el del "nunca más" de una nación que no se cansa de proclamar su formidable voluntad de ser.
El problema de las desapariciones, los torturados, los exiliados y los exonerados es el más grave que enfrenta hoy el país, mucho más que todas las dificultades económicas y financieras que nos preocupan, porque tiene una dimensión moral grave y una consecuencia política indiscutible. Mantiene distanciamientos políticos que no se resuelven. Ha habido instancias muy positivas, ciertamente, como el Informe Rettig y la Mesa de Diálogo, de las que han surgido soluciones; pero quedan aún las cuestiones más serias.
En Chile hubo 3 mil 195 casos calificados de violación a derechos humanos y del orden de 4 mil torturados. Alcanzan a mil 180 las personas que aún no han sido encontradas o respecto de las cuales no existe la posibilidad de lograrlo. Los familiares de las víctimas requieren una solución definitiva de compensación civil. Los militares necesitan una solución cualitativa conforme a su futuro profesional, pronto. Con los responsables directos de las violaciones se plantea una conclusión más rápida de los procesos judiciales.
Pero no puede cargarse todo al Poder Judicial , aunque es fácil pedir que la Justicia siga actuando. Ella está actuando, pero con una lentitud enorme, debido, en parte, a la negativa de los culpables de entregar información, pero también a las dificultades administrativas, a pesar del magnífico trabajo realizado por algunos jueces o ministros especiales.
El Senado, a proposición de su Comisión de Derechos Humanos, obtuvo, en 1999, el consenso de la Sala para avanzar en un proyecto destinado a facilitar las confesiones judiciales bajo secreto, pero esa iniciativa quedó detenida.
Al cumplirse treinta años, se precisa una solución seria e integral, que recoja las variadas y positivas propuestas efectuadas últimamente.
Alarmado por la situación, y rechazando la idea de que no hay piso político para actuar (respuesta que se da corrientemente), además de conocer de modo directo a personas sufrientes por estas causas en la Región que represento y los procesos que allí se llevan, pienso que el Senado no puede quedar al margen de tan grave problema. Por ello, me permito sugerir que se examinen la legislación y los aspectos administrativos siguientes:
1. Han dado buen resultado los ministros y jueces a cargo de estos asuntos, pero deberían designarse por un determinado plazo magistrados con carácter exclusivo (hoy día prácticamente no existen) que se dediquen a conocer y resolver todos los procesos pendientes por las mil 180 víctimas, ojalá con resoluciones finales.
2. Que el Consejo de Defensa del Estado reestudie su criterio de defensa en los juicios de compensaciones.
3. Que la detención o prisión aplicadas a mayores de 75 años, por causas de derechos humanos, se efectúen en su casa particular. Esto es lo que ocurre en todos los países europeos, y fue la situación por la que pasó Pinochet, quien no estuvo en la cárcel.
4. Si queremos un país con bases éticas, primarias, las Cortes de Apelaciones deberían dar preferencia absoluta a las causas por violaciones a derechos humanos, respecto de cualquier otro asunto.
5. Que los familiares de las víctimas tengan beneficios en educación, vivienda, y cuenten con acceso gratuito a todos los espectáculos culturales y al transporte.
Y, por lo menos, mientras no se conozca el resultado final de los procesos en trámite, encargar a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que siga estudiando esta materia, hasta lograrse una solución integral y final, y participar activamente en esta última.
Muy interesante la intervención, Su Señoría .
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, a los Comités Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes, y Renovación Nacional, no hacen uso de ella.
--Se levantó a las 18:42.
Manuel Ocaña Vergara
El turismo, considerándolo primeramente como una afición a viajar por distracción y recreo, recorriendo países, regiones o lugares distintos al de la morada del interesado, en segundo lugar, como la organización de los medios que faciliten estos viajes, constituyen actividades beneficiosas que merecen la preocupación y fomento en cualquier Estado desarrollado.
En el caso de nuestro país, atendida su ubicación geográfica, alejada de los mayores centros de concentración de personas, tiene la inherente ventaja comparativa de contar con amplias zonas o áreas libres de la acción humana y de sus secuelas depredadoras, cuyo conocimiento es necesario proteger y fomentar. Además, debe considerarse que nuestro territorio, cuenta con una extensión marítima, no alejada de las zonas agrícolas y, cordilleranas e integradas, a un vasto territorio patagónico de escaso poblamiento.
Además cabe considerar el flujo de inversiones que representa esta actividad y la consiguiente generación de empleos de diversa índole.
Lo anterior, mueve a establecer un mecanismo fluido, de índole legislativo, que sea capaz de crear o apoyar las iniciativas legales que tiendan a la finalidad de fomentar la actividad turística en cualquiera de sus formas, ya sea abarcando proyectos, que den origen a mociones de legislación para dar el adecuado apoyo a iniciativas del Poder Ejecutivo.
Se ha estimado, que una Subcomisión Permanente de Turismo, debe tener una dependencia administrativa de la actual Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, por cuanto su campo de acción está estrechamente ligado a las disposiciones de Medio Ambiente y el desarrollo de infraestructura de Bienes Nacionales.
Consecuentemente con lo anterior, es que se propone a este H. Senado aumentar la competencia de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, para que conozca de estas materias de turismo, habida consideración a su relación con el desarrollo y conservación de la fauna, flora y características propias del territorio y como un complemento a las políticas de desarrollo del Gobierno.
El proyecto de acuerdo que se pretende dice así:
En el artículo 27, número 10 del Reglamento del Senado, modificar la denominación de la 10ª Comisión por el siguiente texto:
“10ª De Medio Ambiente, Bienes Nacionales y Turismo”
Valparaíso, 17 de junio de 2003
(Fdo.): Rodolfo Stange Oelckers, Senador.

References: artículo 9
 artículo 54
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 26
 artículo 4
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 artículo 4
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 3
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 Resolución 
 resolución 
 artículo 44
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 artículo 46
 artículo 127
 artículo 25
 artículo 13
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 artículo 10
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 artículo 27