Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2012/08/09/un-infarto-sufrido-por-el-afiliado-12-anos-antes-de-la-contratacion-no-es-enfermedad-preexistente-siendo-la-rescision-intempestiva/
Timestamp: 2020-02-20 02:04:39+00:00

Document:
Un infarto sufrido por el afiliado 12 años antes de la contratación, no es enfermedad preexistente, siendo la rescisión intempestiva. – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: A. E. R. c/ ACA Salud Cooperativa de Prestación de Servicios Médicos Asistenciales Ltda.- filial Reconquista A.G. 757 s/ ac. de amparo y medida cautelar
Tribunal: Juzgado Federal de Reconquista Fecha: 13-jul-2012
Cita: MJ-JU-M-73603-AR | MJJ73603 | MJJ73603
No puede entenderse como enfermedad preexistente a los efectos de dar de baja la cobertura médica del afiliado, un infarto sufrido por éste doce años antes de la contratación, resultando en consecuencia intempestiva e injustificada la rescisión.
1.-Corresponde hacer lugar a la acción impetrada ordenando que la demandada deje sin efecto la baja del certificado de salud del que resulta titular el actor, con la cobertura pactada al tiempo de la contratación; y en consecuencia autorice los estudios médicos prescriptos al accionante y posterior tratamiento que resulte aconsejado por el galeno tratante, pues no resulta justificada la rescisión cuyo fundamento radica en un infarto, sufrido por el afiliado doce años antes de la contratación y no denunciado en su declaración jurada.
2.-Conforme lo dispone el marco regulatorio de medicina prepaga – ley 26682 – los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la mencionada norma sólo pueden rescindir el contrato cuando el usuario haya falseado la declaración jurada, no obstante lo cual dicha norma indica que las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios, no pudiendo considerar al efecto que un infarte sufrido por el afiliado doce años antes de la contratación, pueda entenderse como enfermedad preexistente, sino más bien como un simple antecedente del contratante, que bien pudo ser omitido de denunciar atento al tiempo que dista sin evento alguno que lo reedite como desequilibrio actual de la salud.
3.-La función social y asistencial que compete a las entidades de salud como la accionada torna irrazonable la pretensión de restringir -menos aún negar in totum- el servicio de salud con sustento en un problema catalogado como enfermedad preexistente y dejar así al actor sin cobertura, de lo cual se infiere que la rescisión comunicada por la demandada al usuario es cuanto menos intempestiva e injustificada.
Reconquista, 13 de Julio de 2012.-
Estos autos caratulados: “A., E. R. c/ ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES LTDA.- FILIAL RECONQUISTA A.G. 757 s/ AC. DE AMPARO y MED. CAUTELAR”, Expte. Nº 061/12, de los que resulta:
Que inicia el actor acción de amparo contra la Obra Social “ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES LTDA.” (Filial Reconquista-Ag. 757) y/o contra quien resultare jurídicamente responsable, tendiente a lograr que se le ordene brindar la cobertura de los estudios médicos ordenados que se especifican en la prescripción médica realizada por el Dr. F. O. B. por ser imprescindibles para la conservación de la vida del actor.
Narra en la exposición fáctica que el accionante contrató con la accionada la prestación de servicios de salud, presentando una serie de requisitos previos (declaración jurada de enfermedades y padecimientos, medicación, tratamientos, etc.) incluso un examen médico particular -que no arrojó documentación enfermedad antecedente alguna- y entrevistas previas celebradas con el promotor de la prestadora. Expone además que durante el año 2008 el Sr. A. fue dependiente de la reclamada quien previo a aquella contratación laboral sometió al presentante a chequeos médicos preocupacionales no arrojando enfermedad alguna que impidiera tal incorporación.
Continúa diciendo que desde marzo del corriente la prestadora cumplió con el convenio autorizando estudios, medicamentos y atenciones médicas, hasta que el diagnóstico recibido el 16 de mayo de 2012 que indica que A. es un paciente hipertenso, dislipidémico, con sobrepeso, no diabético, que nunca fumó y que refiere en la actualidad angor en clase funcional 2; que se le efectuó un Eco-Stress con ejercicio que mostró hallazgos de alto riesgo isquémico a baja carga, estimando necesario efectuarle una cinecoronografía por cateterismo cardíaco con el objeto de certificar su patología coronaria y planear de acuerdo a ella el tratamiento más adecuado para preservar su vida y mejorar su pronóstico (sic. de fs.24); por lo que el galeno tratante -Dr. B., M.N./M.P., Cardiólogo, Hospital Británico, ciudad de Buenos Aires- estima que queda claro que su paciente corre riesgo de vida de no efectuarse el cateterismo y posterior tratamiento que resulte aconsejado.
Habiéndose gestionado la correspondiente autorización en ACA SALUD, por apoderado se comunica la baja del certificado respectivo, fundado en lo que entiende como “ocultamiento en la declaración jurada de enfermedades preexistentes al ingreso” en función de que se habría omitido denunciar un infarto agudo de miocardio padecido en el año 2002 con angioplastia sin stent según surge de la historia clínica que obra en poder de la accionada. Se fundamenta la resolución contractual en el art. 9º de la ley 26.682 y decretos reglamentarios.
Mediante carta documento, la accionante rechaza la baja del certificado médico negando el ocultamiento reprochado, precisando que el infarto lo padeció en el año 2000 y no 2002 y que fue un hecho aislado acontecido a doce años vistas, no creyendo que ello fuera una enfermedad preexistente, además de haber sido sometido a chequeos previos a la incorporación y sindicando como antecedente la contratación laboral que los unió en el año 2008 en que también se realizaron estudios preocupacionales. En tal marco intima la autorización de los estudios mencionados bajo apercibimiento de accionar legalmente. No obteniendo respuesta favorable se inicia la presente.
Corrida la vista del art. 8 de la ley 16.986 se presenta la accionada negando los hechos en forma genérica y en particular niega además su responsabilidad jurídica de brindar la cobertura que se requiere y toda la plataforma fáctica desplegada por el accionante; en lo medular indica que la Sra. B. G. F. E., cónyuge de A.al momento de completar la solicitud de ingreso al sistema y declaración jurada de enfermedades preexistentes solo respondió -en relación a su esposo- que padecía hipertensión controlada; encontrando en ello motivos suficientes para rescindir el contrato que los unía y consecuentemente negar la prestación. Acompaña prueba documental, formula reserva del caso federal, solicita audiencia preliminar y pide el rechazo de la acción con costas.
Así las cosas, hallándose los autos a despacho para definitiva y CONSIDERANDO:
Que la sentencia de amparo tiene un contenido específico como lo es el de poner fin al ataque de las libertades públicas reconocidas por la Carta Magna a los habitantes, conforme Morello y Vellafín (op. Cit. Pags. 144/145); y que el contralor real y efectivo del decisorio judicial se encuentra a cargo del segmento correspondiente del órgano ejecutor, vale decir en el caso, del Ministerio de Salud de la Nación.
Que es menester examinar si la vía del amparo intentada por la actora es la óptima para formular el planteo bajo examen. Al respecto, entiendo que se encuentran en autos cumplidos los requisitos de procedencia, toda vez que el Máximo Tribunal ha entendido que si bien la vía excepcional del amparo, en principio, no sustituye las instancias judiciales para traer cualquier cuestión litigiosa a conocimiento de la Corte Suprema de la Nación, siempre que aparezca de un modo claro y manifiesto el daño grave, e irreparable que se causaría remitiendo la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos, o judiciales, corresponderá a los jueces que reestablezcan de inmediato el derecho restringido, por la rápida vía del recurso de amparo (Fallos 280:228; 294:152; 299:417; 308:155; 307:444 entre otros).- Tal inteligencia adquiriere mayor relevancia cuando el objeto del amparo, y esto debe resaltarse, es proteger los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado, o una ley, que se vean afectados en forma actual o inminente, por actos u omisiones de autoridades públicas o particulares, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y, a tal fin, en esos casos, nuestra Ley Suprema faculta a los jueces a declarar la inconstitucionalidad de la norma, en que se funde el acto u omisión lesiva (conf. Art. 43 de la C.N.).- Por ello, como lo sostiene en reiterados pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia, la finalidad de dicho instituto es asegurar la vigencia de la Constitución misma y constituye, primordialmente, un medio de protección de los derechos afectados, antes que una forma de control de la legitimidad del accionar estatal (Fallos 316: 797, entre otros).- Que también sobre el punto trae luz el trabajo de Carranza Torres antes citado cuando expresa que “…el Estado debe respetar la salud de los habitantes… debe tomar medidas positivas para garantizar la salud… implica que el Estado garantice la existencia de un sistema judicial y de unos procedimientos legales eficaces, que permitan prevenir daños a priori o encontrar responsabilidades y otorgar reparación adecuada…” (pag. 215); refuerza su posición en la necesidad de la protección judicial efectiva y el debido proceso a fin de que su vigencia no se torne ilusoria.
Que a mayor abundancia puede leerse que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido conteste (Fallos 305:504, “Recchi de Schedan”) en que “…la privación de la justicia se presenta no sólo cuando el afectado se encuentra ante la imposibilidad de recurrir a un tribunal competente o cuando la decisión judicial se aplaza en forma indefinida, sino también cunado no se dan las condiciones para que los jueces ejerzan su imperio jurisdiccional de manera eficaz y concreta…” (Sagüez, Elementos de Derecho Constitucional, T. 2, pag.129).
Que, en estas actuaciones el actor justificó suficientemente, que no existía otro medio más idóneo, para establecer una tutela judicial inmediata, sobre los derechos lesionados por la omisión de la obra social y más aún cuando pretende y comunica el distracto contractual, el que es ratificado al tiempo de responder el informe circunstanciado. Resulta por tanto imperiosa la protección inmediata de un derecho esencial como lo es el de la salud y consecuentemente la calidad de vida del reclamante.
Que asimismo y a fin de aproximarnos al fondo de la cuestión en debate estimo innecesaria la producción de la prueba informativa requerida por la accionada, toda vez que se propone la remisión vía oficio por parte del Hospital Británico de Buenos Aires, “Historia clínica completa del Sr. R. E. A.” y tal documental se encuentra acompañada por ambas partes y en lo que resulta esencial para la resolución del presente está indubitado por los contendientes.
A la par, se tendrá en cuenta el carácter sumarísimo del proceso acuñado y la necesidad de una resolución sin dilaciones conforme la urgencia del caso, lo que torna innecesaria la realización de la audiencia preliminar con intento conciliador propuesto por la prestadora de salud.
Que en cuanto a la cuestión de fondo ACA SALUD en el informe circunstanciado de rito precisa que la rescisión contractual y consecuente rechazo de la pretendida cobertura tiene fundamento en el art. 9º de la ley 26.682 -Marco Regulatorio de Medicina Prepaga- que expresa que: “…Los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley sólo pueden rescindir el contrato… cuando el usuario haya falseado la declaración jurada…” No obstante ello observo que el art. 10º del mismo cuerpo legal indica que:”…Las enfermedades preexistentes solamente pueden establecerse a partir de la declaración jurada del usuario y no pueden ser criterio del rechazo de admisión de los usuarios…” Enfermedad es todo desequilibrio bio, psico, social o espiritual de la salud, por lo que no se advierte que tal desequilibrio producido doce años antes de la contratación sea específicamente una enfermedad preexistente, sino más bien un simple antecedente del contratante, que bien pudo ser omitido atento al tiempo que dista sin evento alguno que lo reedite como desequilibrio actual de la salud. De todo s modos, en el caso de haberse producido -hecho no alegado y menos aún acreditado por ninguna de las partes-, no habría podido ser causal de rechazo del servicio ofrecido por la prestadora.
La libertad contractual con la que las partes celebraron el vínculo que los unió hasta la rescisión unilateral por parte de ACA SALUD, no condice con la actitud de ésta última pretende desvincularse y negar toda cobertura. A la par adopta una posición ambigua en su informe de rito ofreciendo una instancia conciliadora tal como si reconociera su quebradiza posición jurídica.
El decreto reglamentario -Dec. Nac. 1993/2011 – de la ley 26.682 en su art. 9º apartado 2) impone a la entidad prestadora que pretenda la rescisión contractual, la carga de acreditar que el usuario no obró de buena fe en los términos del art. 1198 del código civil al tiempo de celebrar el acuerdo; circunstancia no documentada en autos.
Es de hacer notar que la buena fe constituye una presunción de jure que admite prueba en contrario a cargo de quien la alega, no pareciendo que un suceso acaecido doce años antes sea suficiente para revertir la buona fide presunta.
Por otra parte, el art.10º del mencionado cuerpo reglamentario, establece que la Superintendencia de Servicios de Salud establecerá y determinará las situaciones de preexistencia que podrán ser de carácter temporario, crónico o de alto costo que regirán a todos los tipos de contratos; quien además autorizará valores diferenciales para las prestaciones de carácter temporario debidamente justificados y la duración del período de pago de la cuota diferencial, la que no podrá exceder de tres años; vencidos tales plazos, las entidades no podrán acogerse a la falsedad de la declaración jurada por parte de los usuarios.
De ello se desprende que estamos en presencia de una contratación muy especial; inicialmente por el objeto de la prestación que determina la autoridad de contralor y las condiciones particulares de la vida contractual. La función social y asistencias que compete a las entidades como la accionada torna irrazonable la pretensión de restringir -menos aún negar in totum- el servicio de salud con sustento en un problema catalogado como enfermedad preexistente y dejarlo así sin cobertura. Se infiere de ello que la rescisión comunicada por ACA SALUD al usuario es cuanto menos intespectiva e injustificada.
El principio de conservación de los actos jurídicos indica que la ruptura de un contrato celebrado y con principio de ejecución -admitido por ambas partes- no puede ser la primera opción ante la crisis del vínculo legal.
Por otra parte, ha de otorgarse preeminencia a los valores en juego comprometidos, derecho a la salud e integridad física de las personas (Fallos 302:1284), ambos de rango constitucional (art. 75 inc. 22 ) y reconocidos por convenciones internacionales (art. 25 inc. 1, Declaración Universal de los Derechos Humanos y art. 12 inc. 2 ap. d) , Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y art. 33 de la C.N.que tiene al Derecho a la Salud como uno de los derechos no enumerados expresamente en la Carta Magna pero contenidos en ella; plexo normativo que funciona como marco interpretativo de la ley 26.682 y su decreto reglamentario. En tal sentido se ha expresado el precedente pretoriano, Causa 12200-Cam. Ap. cont. Adm. La Plata- “Benigni c/IOMA s/Amparo”-25/10/11- Finalmente, si pudiera caber algún tipo de titubeo -circunstancia de incertidumbre ausente en el suscripto-, el art. 26º de la ley 26.682 establece como disposición especial que los usuarios gozan, en caso de duda, del derecho a las prestaciones de emergencia, correspondiendo en forma posterior resolver si se encuentran cubiertas por el plan contratado. Por ello, “…se imponía que la demandada siguiera prestando los servicios y, en todo caso, discutiera su procedencia; y no que directamente rescindiera el contrato lo que implicó dejar desprotegido al actor, siendo que requería urgente atención para salvaguardar su salud y su vida misma.” (Conf. Sala Nº 1 del Superior Tribunal de Entre Ríos- Causa: 20240, 12/06/2012-M, J.C. C/Swiss Medical SA s/acc. de amparo, en: http://www.cij.gov.ar) Que por otra parte hago propias los fundamentos expresados por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Morón, Sala 2, fallo del 13/12/2011) la cual en los autos “S.C.M x/ KOS Tecnología de Avanzada s/cobro de pesos y cumplimiento de contrato”, sostuvo que: “…dada la imposibilidad que muchas veces existe en detectar la preexistencia de una enfermedad, resulta desde ya necesario el conocimiento previo del ente sobre el estado de salud del paciente; aunque entendemos que esta actitud debe ser a cargo de la empresa, porque el paciente no tiene en principio un conocimiento cabal sobre las enfermedades que pudiere padecer, encontrándose en este terreno en notoria desigualdad (Carlos Alberto Ghersi; Celia Weingarten. Silvia C. Ippolito “Contrato de medicina prepaga”, pags.170 y sig.).- Así se ha dicho que la distancia entre el especialista y el profano no es sólo relativa a la medida del conocimiento del objeto, en el sentido de que uno conoce y el otro no, también se refiere a distintos conocimientos totalmente divergentes acerca de los acontecimientos de la enfermedad ya que el enfermo considera la enfermedad de un modo distinto que el médico ( Mosset Iturraspe- Lorenzetti “Contratos Médicos” pág. 143). El paciente no sólo tiene una concepción de enfermedad que difiere de la del profesional, sino que concretamente en ciertos supuestos la ignora y desconoce si puede estar padeciendo o cursando alguna patología. Por lo tanto sería injusto y hasta abusivo dejar librado al paciente informar aquello que no está en condiciones de conocer asumiendo así todo el peso de su ignorancia. Es decir no se le puede enrostrar al actor una conducta reticente y mendaz, cuando suscribió la declaración jurada y no hizo constar la existencia de algún problema cardíaco….la revisión médica previa constituye una carga que debe cumplir el ente, de manera tal de poder fijar con precisión la extensión de la cobertura asumida…Se trata de una carga que resulta imprescindible en caso que la prestadora pretendiera ampararse en una clausula de preexistencia y su no realización trae como consecuencia la asunción de los riesgos inherentes a esa omisión ( conf. Ghersi; Weingarten e Ippolito, ob. Cit. Págs. 172 y 173; ver también Lorenzetti, La empresa médica, pág.155)” En el mismo sentido la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, sala 2, en autos ” Rohwein, José Victor c/ Federación Asociación Trabajadores Sanidad s/ Amparo”, fallo del 24/02/2004 sostuvo que “…resulta inválida y ha de tenerse por no escrita la cláusula contractual que autoriza a la obra social a rescindir la cobertura médica ante el descubrimiento de una enfermedad preexistente, si al momento de la adhesión se limitó a requerir una simple declaración jurada respecto de la inexistencia de patologías, tal conducta debe considerarse abusiva y contraria a lo dispuesto en el art. 42 de la Constitución Nacional…”.
Que por otro lado y siguiendo a Carranza Torres (El Derecho Constitucional, 2004, Serie Especial, ed. El Derecho, Bs. As., pag. 213/218) “…el derecho a la salud está incluido como uno de los derechos humanos básicos, y ha sido recogido en nuestra Constitución, por la doble vía de los derechos implícitos y de los tratados internacionales constitucionalizados… la atención acentuada que se dispensa a determinadas categorías de personas, agregamos el art.75 inc. 23, cuyo párr. 1° remite a asegurar el ejercicio de los derechos humanos, en particular respecto de… personas con discapacidad…”; asimismo, “… el derecho a la salud en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, arts. 3, 8 y 25; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales art. 12 num. 1 y 2 ap. D); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 24 num. 1; Convención Americana de Derechos Humanos, art. 4° num. 1, 19 y 26…” (pag. 213).
Que entre los compromisos internacionales asumidos resulta innegable el derecho a la salud que ha sido definido por el Congreso de Constitución de la Organización Mundial de la Salud el 07-04-1948 al decir que “la aspiración de todos los pueblos es el goce máximo de salud para todos los ciudadanos.La salud es el estado de absoluto bienestar físico, mental y social… Todo hombre tiene derecho a conservar su salud… si bien el derecho a la salud es inherente a todo ser humano, ello no excluye que haya categorías en las que tal protección se acentúa…” -en opus cit, pag. 214-.
Que continúa Carranza Torres desglosando la protección jurídica del derecho a la salud diciendo que “…la declaración de derechos efectuada en nuestra Constitución Nacional, aún los de naturaleza implícita, no sólo es una declaración de voluntad del Estado que así reconoce la existencia de los derechos individuales, sino también es un compromiso por el cual el propio Estado, se obliga a dictar las normas necesaria y a cumplirlas (Conf. CNContadm. Fed, Sala V “Viceconte Mariela c. Ministerio de Salud y Acción Social” L.L. 1988-F.305) y en idéntico sentido “…la Corte Suprema ha entendido que el Estado Nacional está obligado a proteger la salud pública (Fallos, 31:273) ya que la salud es uno de los derechos comprendido dentro del derecho a al vida… garantizado por la Constitución Nacional” (Fallos 302:1284; 310:112, entre otros).
Que los Estados Partes deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar además, el restablecimiento si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. La obligación de garantizar (…) no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesaria de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (Casos “Ericsson v.Italy”, 26-10-1999; “Powell v. United Kingdom”, 04- 05-2000 y “Calvelli and Ciglio v.Italy” 17-01-2002) las principales obligaciones del Estado en materia de derechos humanos son los deberes de respecto, garantía y reparación… debe tomar medidas positivas para garantizar que la salud de las personas no sea afectada ilegítimamente, incluso por acciones realizadas por particulares…” (op. Cit. Pag. 215).
Que a todo ello se suma el deber de los Estados partes de asegurar el cumplimiento del derecho a la salud en el ámbito del derecho interno, conforme la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “Ginie Lacayo, párr. 18/21 (idéntica fuente).
Que por todo lo antes dicho, no ha de tener en el presente acogida favorable la rescisión contractual comunicada por ACA SALUD al usuario toda vez que los derechos humanos contenidos en los pactos internacionales tienen directa operatividad aún desde antes de la incorporación expresa de los tratados en la materia al texto mismo de la Carta Magna (C.S.J.N.; Ekmekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y otros; L.L., 1992-C, 543 – DJ, 1992-2-296; Bs. As., 7/71992).
Que el presente decisorio será comunicado al Ministerio de Salud de la Nación a fin de que mediante la Superintendencia de Servicios de Salud controle y verifique el efectivo cumplimiento de lo aquí resuelto por parte de ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES LTDA; en virtud de la responsabilidad subsidiaria del Estado Nacional en su calidad de garante del efectivo cumplimiento del derecho a la salud que posee el actor y conforme a que la contratación de la empresa prestadora la convierte en principal deudora del servicio de salud.
En virtud por todo ello, declaro la vigencia del contrato celebrado entre las partes, debiendo la prestadora realizar las gestiones administrativas correspondientes para la reincorporación del usuario; disponiendo en consecuencia la obligatoriedad inmediata de ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES LTDA. de brindar a E. R. A. la cobertura de los estudios médicos prescriptos por el Dr. F. O. B.y posterior tratamiento de la patología antes descripta, a realizarse en el centro asistencial que indique el médico tratante.
Por lo expuesto es que:
1.- HACER LUGAR a la acción impetrada ordenando que ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES LTDA deje sin efecto la baja del certificado de Salud del que resulta titular el Sr. E. R. A.- con la cobertura pactada al tiempo de la contratación; y en consecuencia autorice los estudios médicos prescriptos al accionante y posterior tratamiento que resulte aconsejado por el galeno tratante.
2.- COMUNICAR al Ministerio de Salud de la Nación a fin de que mediante la Superintendencia de Servicios de Salud controle y verifique el efectivo cumplimiento de lo aquí resuelto por parte de ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES LTDA; en virtud de la responsabilidad subsidiaria del Estado Nacional en su calidad de garante del efectivo cumplimiento del derecho a la salud que posee el actor.
3.- IMPONER las costas del presente a ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES LTDA. en razón de haber dado causa al presente.
4.- DIFERIR la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto acompañen la constancia de inscripción emitida por la AFIP-DGI y la nota de identificación que prevé la resolución general 689/99 y den cumplimiento a lo dispuesto por el art. 2do. de la ley 17.250.
5.- REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, y oportuno que fuere, ARCHÍVESE.-
Fdo. Dr. Aldo Mario Alurralde
Juez Federal de Reconquista Provincia de Santa Fe
Tag: AFILIACIÓN A OBRAS SOCIALES, AMPARO, CLÁUSULAS CONTRACTUALES, COBERTURA MEDICA, DERECHO A LA SALUD, ENFERMEDAD PREEXISTENTE, OBRAS SOCIALES
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