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Timestamp: 2018-09-23 01:01:44+00:00

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Sentencia nº 181/2006 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 19 de Junio de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 23838940
Sentencia nº 181/2006 de Tribunal Constitucional, Sala 1ª, 19 de Junio de 2006
Número de Recurso: 6351-2002
Sentencia citada en: 113 sentencias, 4 artículos doctrinales, una resolución administrativa
STC 181/2006, de 19 de junio de 2006
En el recurso de amparo núm. 6351-2002, promovido por doña M.S., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Cañedo Vega y asistida por el Abogado don Eduardo Fernández Gómez, contra la Sentencia núm. 364/2002 del Juzgado de lo Social núm. 4 de Madrid de 10 de octubre de 2002, dictada en autos núm. 604-2002, en materia de reclamación por sanción, que desestimó la demanda formulada por la recurrente contra la entidad U.T. Quavitae-Asispa, centro de atención a personas mayores, S.A. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 11 de noviembre de 2002, la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Cañedo Vega, actuando en nombre y representación de doña M.S., asistida por el Letrado don Eduardo Fernández Gómez, interpuso recurso de amparo constitucional contra la resolución citada en el encabezamiento.
La demandante de amparo, Sra. Santos Fontouta, prestó servicios para la empresa U.T. Quavitae-Asispa desde el 26 de noviembre de 1996, con categoría de Asistente Social, en la residencia Parque Coimbra de Móstoles (Madrid). La empresa se dedica a la actividad de residencias privadas de la tercera edad.
El día 13 de mayo de 2002 la recurrente, mediante comunicación realizada personalmente, dirigió un escrito a la dirección de la empresa, en el que se señalaba lo siguiente:
Nosotros como trabajadores de la Residencia Parque Coimbra y, como tal, personas responsables por parte del buen funcionamiento de este Centro y la calidad de atención que debe ser dispensada a los ancianos y familiares, nos vemos en la obligación de comunicarles el cambio de rumbo que vive esta residencia en los últimos tiempos.
- Denegación de permiso donde hay un motivo claro y aceptable por parte del trabajador pero, cuando se ha preguntado porqué no se daba el permiso solicitado, la contestación ha sido yo tengo mis motivos.
- Gerocultora de œ jornada de baja desde, aproximadamente, 6 meses y no fue substituida por otro profesional, lo que significa sobrecarga de trabajo para los demás trabajadores. Añadiendo a esta situación, las innumerables bajas médicas por corto período de tiempo sin cubrir que pueden estar dentro de la legalidad, pero significa más sobrecarga de trabajo para las personas que tienen que realizar el trabajo imprescindible.
Presión psicológica / Abuso de poder:
- No renovación de contratos temporales sin explicaciones y, cuando preguntado por los profesionales por qué las contestaciones han sido: tu sabrás porqué,
cada uno tiene sus motivos, por las compañías que tienes ...
- Decir a un trabajador que ha solicitado aumento de sueldo que esto era coacción. Entendemos que siempre se puede decir sí o no, pero ¿desde cuándo o en qué país, solicitar aumento de sueldo es considerado coacción?
Entre los profesionales que se han marchado por no se encontraren a gusto, los que han sido presionados para dejar su puesto de trabajo y los que han ido causando baja, ha provocado un movimiento y cambio continuo de personal que consideramos va en detrimento de la atención que debemos prestar a nuestros ancianos: primero y único objetivo del Centro.
Atentamente.
Previamente a la redacción de la carta, la demandante comunicó su intención a doña Eloina Vázquez, miembro del comité de empresa, la cual, una vez redactada, le mostró su disconformidad.
El día 12 de mayo de 2002, la demandante difundió la citada comunicación entre los trabajadores de la empresa para recabar su firma, realizándolo sobre las 15 horas en que finaliza el turno de mañana, siendo firmada por los que aparecen reseñados al dorso de la misma. Igualmente difundió el escrito y consiguió la firma entre personal que fue de la empresa pero que en esa fecha ya no pertenecía a ésta. Esta difusión la realizó también el propio día 13 de mayo, en la cafetería, antes de su entrega a la dirección, y también el día 14 de mayo, con posterioridad a su entrega. En concreto, a las trabajadoras doña Vitalina Fernández y doña Ruth Ramírez, que lo firmaron, les dijo que era para mejoras laborales, sin permitirles la lectura.
El día 16 de mayo de 2002, el comité de empresa, en su propio nombre y en representación de parte de las trabajadoras, dirige escrito a la dirección de la empresa mostrando su desacuerdo sobre el fondo y forma de la reseñada comunicación; igualmente, también con esa fecha y en el mismo sentido, trabajadores de la empresa formulan escrito en que manifiestan similar oposición.
En el momento de los hechos no existía conflictividad laboral alguna en la empresa.
La empresa sancionó a la ahora demandante de amparo por los hechos reseñados, calificándolos como falta grave mediante carta de 31 de mayo de 2002 en la que se indicaba lo siguiente:
Por medio de la presente y en base a las facultades que me confiere el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo artículo 49, le comunico que esta empresa ha tomado la decisión de imponerle una sanción por comisión de falta grave y la sanción consistirá en la presente suspensión de empleo y sueldo de 15 días, con efectos desde el día de recibo de la presente carta.
En el mencionado documento se recogen una serie de manifestaciones vertidas por Usted que faltan a la verdad (como es el caso de la formación, bajas sin cubrir, permisos, etc) y otras muchas recogen manifestaciones que son sacadas de contexto y que en ningún caso recogen la realidad de la situación. Alguna de ellas incluso las califica Usted de abuso de poder e incluso como presión psicológica a través de palabras o actitudes que han llevado a algunos trabajadores a solicitar baja médica o incluso renunciar a su puesto de trabajo. Todas estas imputaciones (arbitrariedad en la concesión de permisos, presiones psicológicas, abuso de poder, etc.) son radicalmente falsas y suponen un desprestigio para esta Institución y para la Dirección del Centro. Queremos dejar constancia que los límites de la crítica, como manifestación de la libertad de expresión que desde esta Dirección se respetan, no pueden justificar sin más la imputación de hechos inciertos que exceden del derecho de crítica y que son claramente atentatorios para la honorabilidad de aquél cuyo comportamiento o manifestaciones se critican.
3) La recogida de firmas se realizó mediante engaños, ya que se comunicaba a los posibles firmantes de la misma que la carta era para obtener mejoras laborales y no permitiendo que algunos de los trabajadores firmantes de ese escrito pudieran leerlo y manifestar su opinión sobre el contenido de la misma. Este hecho pone de manifiesto que no es cierto que todas las personas firmantes de este documento como Usted dice en la misma hayan firmado el documento de forma reflexiva, responsable y libre.
Se le comunica que al existir en su centro de trabajo representación legal de los trabajadores, se dará cumplimiento a notificar la sanción al Comité de Empresa.
No obstante, el mismo día 31 de mayo de 2002 la empresa le entregó un nuevo escrito del siguiente tenor literal:
Por medio de la presente y en base a las facultades que me confiere el Estatuto de los Trabajadores al otorgar a esta empresa el poder de organización y dirección empresarial, le comunico que esta empresa ha tomado la decisión de condonarle la infracción por falta grave que le fue impuesta mediante carta dirigida a Usted en fecha 28 de mayo de 2002.
Sin otro particular, le rogamos sirvan de firmar el presente escrito a afectos de acreditar el recibí.
Con fecha 8 de julio de 2002, y tras el preceptivo intento de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, interpuso la recurrente demanda ante el Juzgado de lo Social Decano de los de Madrid, impugnando la sanción por entender que era nula de pleno derecho al no ser ciertos los hechos imputados, por lo que debía desaparecer de su expediente personal cualquier anotación o mención sobre la supuesta falta grave cometida, ya que el hecho mismo de condonarse la suspensión de empleo y sueldo no suponía la no anotación de la misma en su expediente.
Con fecha 26 de agosto de 2002, la actora fue objeto de despido disciplinario, mediante comunicación escrita del siguiente tenor literal:
La Dirección de esta empresa ha tenido conocimiento de la existencia de ciertas conductas por su parte, que nos obligan a proceder a su despido disciplinario con fecha de efectos desde la fecha de recepción de esta carta, al amparo del art. 48 Convenio Colectivo Laboral de Residencias Privadas de Personas Mayores de la Comunidad de Madrid consistiendo básicamente las antes mencionadas conductas en los siguientes:
En fechas recientes, en concreto el día 2 de agosto, ante la llamada telefónica y posterior consulta realizada por doña Purificación H. G., hija de la residente doña Consuelo H., la Dirección de este Centro representada por doña Susana Cantero ha podido comprobar tras diversas advertencias de carácter verbal y haber sido fijado con carácter escrito en los distintos objetivos anuales del Departamento que no ha procedido a realizar tal y como le fue encomendado los evolutivos correspondientes a los Residentes del Centro en el que presta servicios siendo esta competencia de su exclusiva responsabilidad.
Realizar los tratamientos sociales mediante el servicio social de cada caso y de grupo a todos los residentes.
Se considera en consecuencia que se ha producido un incumplimiento de los deberes que a Usted le corresponden, en concreto el deber de obediencia de las órdenes e instrucciones del empresario, siendo su reiterado caso omiso a las instrucciones emanadas de la Dirección del centro susceptible de calificarse como infracción por falta muy grave encuadrable en el art. 54.2.b) del Estatuto de los Trabajadores
Indisciplina o desobediencia en el trabajo.
Se le comunica que al existir en su centro de trabajo representación legal de los trabajadores, se da cumplimiento a poner en su conocimiento el despido disciplinario al amparo de lo previsto en el Convenio Colectivo de aplicación y en el art. 68 del ET.
La demanda de la recurrente impugnando su sanción fue desestimada por Sentencia de 10 de octubre de 2002 del Juzgado de lo Social núm. 4 de Madrid, que confirmó la sanción impuesta. En la Sentencia, el Juez de lo Social, tras analizar el contenido del escrito de 13 de mayo de 2002 dirigido por la demandante a la empresa, concluye que en la carta predomina la opinión y los juicios de valor, por lo que los hechos deben incardinarse dentro del ámbito de la libertad de expresión y con una referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional en dicho campo, se resalta la gravedad de aquellas opiniones y juicios de valor, incluso rayando la vía penal, como los acosos psicológicos y coacciones, poniéndose también en ella de manifiesto una negligencia o desidia en el cumplimiento de las obligaciones empresariales desde el punto de vista laboral, sin apoyo probatorio de ningún tipo, pues no hay datos concretos. Resalta también la Sentencia que la actora actúa individualmente pero con apariencia colectiva, siendo personalmente la demandante la que redacta la carta y luego la divulga entre los compañeros, consiguiendo, en ocasiones sorprendiendo la buena fe, la forma para refrendar la comunicación (sic). Igualmente, señala que no se ha acreditado la existencia de conflictividad laboral alguna que de pié a esa actuación, ni que medie provocación previa; es más, la reacción del Comité de Empresa como de otros trabajadores es inmediata, discrepando con la forma y el fondo. Por ello, entiende que la demandante se ha extralimitado en el ejercicio de su derecho de expresión, dañando e invadiendo la esfera del derecho a la dignidad y el honor del empleador, pues tal ejercicio no supone protección para imputaciones graves, hechas de modo abstracto sin pruebas suficientes, vertiendo gratuitamente conceptos y expresiones que, tenidos en la valoración pública como afrentosos, resultan excesivos para la expresión y comunicación de datos, juicios y opiniones. Rechaza, por último, que la sanción impuesta resulte discriminatoria por no haberse sancionado a los demás trabajadores firmantes, dado que debe distinguirse entre quien es autor de la idea, la divulga y la difunde y el que meramente la secunda en la confianza de provenir de un compañero de trabajo.
En el recurso de amparo se aduce la vulneración por la Sentencia recurrida de los derechos fundamentales a la libertad de expresión
art. 20.1 a) CE] y a la igualdad y no discriminación (art. 14 CE).
Entiende la demandante que la Sentencia del Juzgado de lo Social no ha ponderado adecuadamente el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, que se ha visto limitado injustificadamente. Señala, en tal sentido, que nunca ha imputado los hechos relatados a ninguna persona en concreto de la empresa, ni ha atribuido responsabilidad alguna a los cargos directivos de la misma, pero que, incluso en el supuesto de que pudiera entenderse así, en ningún caso podría considerarse que el honor del gestor social o el prestigio de la empresa se hayan visto afectados, dado que el escrito no contiene expresión alguna que pudiera perjudicar el buen nombre de aquélla o que pudiera suponer un desprestigio de la institución y de la dirección del centro, ni menos aún imputa a la empresa comportamientos rayanos a hechos delictivos. Además, hay que recordar que el escrito no fue objeto de divulgación o difusión, más allá del núcleo de trabajadores y dirección de la empresa.
Por el contrario, considera la demandante que su actuación se ha acomodado a las exigencias de la buena fe contractual. Su propósito, como el del resto de los firmantes del escrito, no era otro que el de manifestar su preocupación ante determinados hechos que se estaban produciendo a raíz de lo que identificaron como nueva forma de dirección/gestión, que habían provocado, como primer efecto, una desmotivación de la plantilla, con objeto de tratar de superar dicha situación y volver a tener el mismo entusiasmo y dedicación para atender a los residentes que, al fin y al cabo, es el principal objetivo del centro. Este propósito no sólo es perfectamente legítimo, sino que además debería ser definido como loable, por cuanto demuestra una plena identificación de los firmantes del escrito con el objeto social y con la finalidad de la actividad empresarial, evidenciando una especial sensibilización con el colectivo de personas de las que se ocupa el centro. Ha de tenerse en cuenta, en tal sentido, la relevancia pública de la materia sobre la que versaron sus manifestaciones, al venir referidas a la gestión de un servicio de titularidad pública en el que se ve implicado el bienestar de los ciudadanos de la tercera edad protegido en el art. 50 CE, toda vez que, aun cuando su gestión haya sido encomendada a una entidad mercantil de derecho privado, se trata de una residencia perteneciente a la Comunidad Autónoma de Madrid.
En otra línea, la demandante de amparo subraya que no puede compartir la argumentación de la afirmación de la Sentencia en virtud de la cual tanto la inexistencia de conflictividad laboral en la empresa como el hecho de que el comité de empresa y otros trabajadores hubiesen mostrado su discrepancia con el contenido de su escrito constituirían un fundamento más que justificaría la adopción y la proporcionalidad de la sanción impuesta. A este respecto señala que ello sólo muestra el deterioro de las relaciones laborales en la empresa y la existencia de una plantilla fragmentada y de un grupo de trabajadores (los firmantes del escrito) respecto de los cuales el comité de empresa no ha sabido o querido actuar como representante de sus reivindicaciones.
Finalmente, por lo que se refiere al derecho a la igualdad, la demandante basa la denuncia de su vulneración en el hecho de haber sido ella la única sancionada de entre todos los firmantes del escrito. Señala que toda vez que la Sentencia de Instancia no entendió acreditados el resto de los hechos que fueron imputados por la empresa demandada a la hoy demandante de amparo en la carta de sanción de fecha 31 de Mayo del año 2002 (recogida de firmas dentro de la jornada de trabajo, desatendiendo las obligaciones propias de su puesto de trabajo), incluso en el supuesto de que pudiera entenderse (a pesar de los argumentos que han sido expuestos por esta parte en el anterior motivo de este escrito de recurso), que las opiniones o juicios de valor vertidos en el escrito de fecha 13 de Mayo del año 2002 remitido a la dirección de la empresa Quavitae, implicaban la lesión de alguno de los Derechos Fundamentales que la Constitución reconoce tanto al empleador de la demandante de amparo como a cualquier de sus superiores o compañeros de trabajo, o pudieran interpretarse como contrarias a la buena fe contractual debida a la demandada como acusaciones rayanas en el delito, habrá que concluir que la decisión de sancionar únicamente a la recurrente, de entre todas las personas que suscribieron el documento debatido en las presentes actuaciones judiciales, y que a fecha 13 de Mayo del año 2002, todavía prestaban sus servicios para la demandada, constituye un acto discriminatorio y en consecuencia, lesivo del Derecho Fundamental a la Igualdad y a la No Discriminación que proclama el artículo 14 del Texto Constitucional. El hecho de que fuese ella la encargada de redactar y mecanografiar el documento debatido carece de la menor relevancia y, en consecuencia, no puede justificar razonablemente un tratamiento jurídico diferenciado en relación con el resto de compañeros de trabajo que también suscribieron el documento. Cualquier otra interpretación, como la que se recoge en la fundamentación de la Sentencia al señalar que debe distinguirse entre quien es autor de la idea, la divulga y la difunde, y el que meramente la secunda en la confianza de provenir de un compañero de trabajo, supondría de hecho sancionar a la trabajadora no por el contenido de su escrito sino por haber sabido catalizar el descontento de una parte significativa de la plantilla, que no se siente representada por un comité de empresa que se muestra conforme con la política empresarial.
Por providencia de 25 de noviembre de 2003 la Sección Primera acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, sin perjuicio de lo que resultara de los antecedentes. En esa misma providencia se dispuso también que, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se requiriese atentamente al Juzgado de lo Social núm. 4 de Madrid para que, en el plazo de diez días, remitiera testimonio de los autos núm. 604-2002, interesándose al propio tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento, con excepción de la recurrente en amparo, que aparecía ya personada, para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 19 de diciembre de 2003, doña Esther Estepa Saro, en su condición de Letrada del ICAM y actuando en nombre y representación de Quavitae, S.A., solicitó se tuviera a su representada por comparecida en el proceso constitucional.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Primera de 9 de enero de 2004 se concedió a la entidad Quavitae, S.A., un plazo de diez días para que compareciera con Procurador del Colegio de Madrid, debidamente apoderado, con la advertencia de que, de no efectuarlo, no se la tendría por personada en el presente recurso.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Primera de 6 de febrero de 2004 se tuvo por recibido el testimonio de las actuaciones remitido por el Juzgado de lo Social núm. 4 de Madrid, sin que la entidad Quavitae, S.A., hubiera comparecido con Procurador, por lo que no se la tenía por personada en el presente recurso de amparo, acordándose dar vista de todas las actuaciones, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a la representación procesal de la demandante, para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniere.
Mediante escrito registrado el 19 de febrero de 2004 la representación procesal de la recurrente formuló alegaciones, reiterando el contenido de su demanda de amparo.
El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 26 de febrero de 2004, interesando la denegación del amparo.
Además de ello, no aparece dato objetivo alguno que corrobore cuanto por la recurrente se afirma en el apartado presión psicológica/abuso de poder de su escrito, pues en el ramo de prueba del juicio no se plantea una sola de tales cuestiones, limitándose prácticamente su objeto al hecho de si la actuación de la trabajadora estuvo secundada o no por la de otros empleados.
Por providencia de 15 de junio de 2006 se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
Recurre la demandante de amparo la Sentencia de 10 de octubre de 2002 del Juzgado de lo Social núm. 4 de Madrid, a la que imputa la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] y a la igualdad y no discriminación (art. 14 CE).
Antes de analizar las lesiones constitucionales denunciadas, debemos efectuar una primera consideración sobre el objeto de este proceso. La demandante recurre la Sentencia que desestimó su impugnación de la sanción de suspensión de empleo y sueldo por un período de quince días que le impuso la empresa por la comisión de una infracción, tipificada como grave en el convenio colectivo de aplicación, consistente en la falta de disciplina en el trabajo y en el abandono del puesto de trabajo sin causa justificada.
Las dudas surgen por el hecho de que, según se desprende de las actuaciones, la empresa, el mismo día en que notificó a la trabajadora la sanción impuesta, hizo entrega a la misma de un segundo escrito comunicándole su decisión, adoptada, según se dice, en el ejercicio del poder de organización y dirección empresarial reconocido por la legislación laboral, de condonarle la infracción por falta grave que le fue impuesta. Al margen de la impropia referencia a una condonación de la infracción ... impuesta, es lo cierto que ni el art. 58 de la Ley del estatuto de los trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (en adelante, LET), que regula las faltas y sanciones de los trabajadores, ni los arts. 47 y 48 del convenio colectivo del sector de residencias privadas de la tercera edad, de aplicación en la empresa, contemplan una tal figura de condonación de las sanciones, no resultando tampoco sencillo determinar qué deba entenderse por tal. En todo caso, cabría pensar, en principio, que si la empresa, por las razones que fuere, decide finalmente no imponer la sanción inicialmente anunciada, carecería de objeto no ya sólo esta demanda de amparo, sino el propio proceso laboral de impugnación de la sanción del que trae causa, porque no parece posible impugnar una sanción que no se ha impuesto. El art. 58 LET se inicia de la siguiente forma: Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales.... En términos prácticamente idénticos, el art. 47 del convenio colectivo señala que los trabajadores podrán ser sancionados por las empresas, en virtud de incumplimientos laborales.... Finalmente, el art. 114 de la Ley de procedimiento laboral, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (LPL), establece que el trabajador podrá impugnar la sanción que le hubiere sido impuesta.... En consecuencia, es claro que la imposición de una sanción es condición necesaria para que pueda iniciarse el proceso de impugnación de sanciones que contempla la sección 2ª del capítulo II del título II de la Ley de procedimiento laboral, por lo que si la empresa ha decidido finalmente no sancionar a la trabajadora, pese a haberle notificado inicialmente lo contrario, renunciando así a hacer uso de su poder disciplinario laboral, no habría en realidad objeto para la impugnación.
La demandante de amparo denuncia, en primer lugar, la vulneración de su derecho a la igualdad, denuncia que basa en el hecho de haber sido ella la única sancionada de entre todos los firmantes del escrito. Señala en tal sentido que, dado que la Sentencia no entendió acreditados los restantes hechos imputados por la empresa en la carta de sanción, con excepción del correspondiente a las opiniones o juicios de valor vertidos en el escrito de 13 de mayo, resulta preciso concluir que la decisión de sancionar únicamente a la recurrente de entre todas las personas que suscribieron el documento constituye un acto discriminatorio.
En efecto, como tiene declarado este Tribunal con carácter general, el principio de igualdad ante la Ley no da cobertura a un imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad (por todas, SSTC 43/1982, de 6 de julio, FJ 2; 51/1985, de 10 de abril, FJ 5; 40/1989, de 16 de febrero, FJ 4), o igualdad contra Ley (por todos, AATC 651/1985, de 2 de octubre; 376/1996, de 16 de diciembre), de modo que aquél a quien se aplica la Ley no puede considerar violado el citado principio constitucional por el hecho de que la Ley no se aplique a otros que asimismo la han incumplido (STC 21/1992, de 14 de febrero, FJ 4), ni puede pretender específicamente su impunidad por el hecho de que otros hayan resultado impunes, pues, la impunidad de algunos no supone que en virtud del principio de igualdad deba declararse la impunidad de otros que hayan participado en los mismos hechos. Cada cual responde de su propia conducta penalmente ilícita con independencia de lo que ocurra con otros (STC 17/1984, de 7 de febrero, FJ 2; en sentido similar, SSTC 157/1996, de 15 de octubre, FJ 4; 27/2001, de 29 de enero, FJ 7). La no imposición de sanciones en otros casos en nada afecta a la corrección de las sanciones efectivamente impuestas, pues, a estos efectos sólo importa si la conducta sancionada era o no merecedora de dicha sanción (STC 157/1996, de 15 de octubre, FJ 4). Desde esta perspectiva, y en orden a la ponderación de la adecuación a la Constitución de la resolución judicial impugnada, no puede ser en ningún caso criterio relevante el de la impunidad penal de otros (posibles participantes en los hechos), sino únicamente la adecuación de dicha resolución a los derechos fundamentales que rigen la imposición de sanciones en este ámbito (STC 88/2003, de 19 de mayo, FJ 6).
Debemos centrar ya nuestro análisis, por tanto, en la queja que atribuye a la resolución judicial confirmatoria de la sanción impuesta la vulneración del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].
Tanto la demandante de amparo en su escrito de recurso, como la empresa al calificar los hechos en la carta de sanción, como la Sentencia del Juzgado de lo Social, coinciden en encuadrar la actuación litigiosa en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Resulta inequívoca, en este sentido, la carta de la empresa al señalar que los límites de la crítica, como manifestación de la libertad de expresión que desde esta Dirección se respetan, no pueden justificar sin más la imputación de hechos inciertos que exceden del derecho de crítica y que son claramente atentatorios para la honorabilidad de aquél cuyo comportamiento o manifestaciones se critican. Por su parte, la Sentencia recurrida aprecia en el primero de sus fundamentos jurídicos que en la carta remitida por la recurrente predominan la opinión y los juicios de valor, más que la expresión de hechos concretos que aparecen como conductas genéricas sin el necesario y preciso detalle, estando preñada de valoraciones propias y no de hechos noticiosos, por lo que debe incardinarse dentro del derecho de libertad de expresión.
Como es sabido, nuestra jurisprudencia viene distinguiendo desde la STC 104/1986, de 17 de julio, los contenidos que garantizan la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor) y el derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información por expreso mandato constitucional, que ha añadido al término información, en el texto del art. 20.1 d) CE, el adjetivo veraz (STC 4/1996, de 19 de febrero).
Ciertamente, como hemos señalado en muchas ocasiones, en los casos reales que la vida ofrece no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos, pues a menudo el mensaje sujeto a escrutinio consiste en una amalgama de ambos, de suerte que será necesario atender al que aparezca como preponderante o predominante (STC 4/1996, de 19 de febrero, FJ 3), lo que en este caso nos lleva a concluir que es la libertad de expresión el derecho fundamental comprometido. En efecto, lo que los firmantes del escrito exponen a la dirección de la empresa es su opinión sobre la situación del centro en el que prestan servicios, sobre la forma de actuación de la dirección y sobre los efectos que de todo ello se derivan en el funcionamiento del centro. En puridad, lo que los trabajadores hacen en su escrito es presentar una queja, manifestar su malestar, plantear, si se quiere, una reivindicación laboral, exponentes inequívocos, en cualquiera de los casos, de un acto de ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el ámbito de las relaciones laborales. Los firmantes no informan a la dirección de la empresa de unos hechos, pues tales hechos, fueran efectivamente conocidos o no por la concreta persona a la que se dirige la carta, se refieren a actuaciones de la propia empresa en cuanto tal, sino que ponen en su conocimiento la consideración que los mismos les merecen.
Sentado lo anterior, el siguiente paso consistirá en determinar si las expresiones vertidas por la demandante en el escrito dirigido a la empresa estaban amparadas en la libertad de expresión reconocida por el art. 20.1 a) CE, según ha sostenido en la demanda o, por el contrario, fueron efectuadas con extralimitación del ámbito de protección que dicho precepto constitucional consagra, como consideró inicialmente la empresa y confirmó la resolución judicial recurrida.
Como ha señalado reiteradamente este Tribunal, el derecho a la libertad de expresión, al referirse a la formulación de pensamientos, ideas y opiniones, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos, dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas o sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas (entre otras muchas, SSTC 105/1990, de 6 de junio, FFJJ 4 y 8; 204/1997, de 25 de noviembre, FJ 2; 134/1999, de 15 de julio, FJ 3; 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8; 112/2000, de 5 de mayo, FJ 6; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5; y 148/2001, de 15 de octubre, FJ 4; y STEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 46).
Analizando el contenido del citado escrito, debemos llegar a la conclusión de que en ningún momento se han transgredido en el mismo los límites genéricos del derecho a la libertad de expresión. El escrito se refiere estrictamente a cuestiones relativas al desarrollo de las relaciones laborales en la empresa, en aspectos que los autores del mismo consideran criticables, tanto desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores como en relación con las repercusiones que consideran que se producen en la calidad del servicio prestado. Las críticas se dirigen contra la dirección del establecimiento, exclusivamente en su condición de tal y en razón a la nueva forma de dirección/gestión que ha implantado, a la que atribuyen la responsabilidad de los hechos denunciados. En general, cabe constatar la corrección formal de los términos y expresiones utilizados en el escrito, referidos a unos hechos que se presentan tal y como los firmantes los perciben, y aun cuando en algunos momentos pueda estimarse que la denuncia reviste una particular dureza, en especial en el apartado denominado presión psicológica/abuso de poder, ha de tenerse en cuenta que tal escrito, que desarrolla su andadura en el ámbito puramente interno de la empresa, obedece a la expresa finalidad de contribuir al buen funcionamiento del establecimiento y a la mejora de la calidad de la atención que debemos prestar a nuestros ancianos, primero y único objetivo del centro. Por ello, es preciso recordar que, como hemos señalado con reiteración, la libertad de expresión no es sólo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquél contra quien se dirige (SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 4; y 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4), pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin lo cuales no existe sociedad democrática (SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España,
43). Fuera del ámbito de protección de dicho derecho se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el art. 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás incompatible con la norma fundamental (SSTC 204/1997, de 25 de noviembre; 134/1999, de 15 de julio, FJ 3; 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5; 148/2001, de 15 de octubre, FJ 4; y 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 7). Desde nuestra doctrina debemos, pues, concluir que la actuación de la demandante de amparo no ha transgredido los límites genéricos de su derecho a la libertad de expresión.
No obstante, debemos recordar que en el presente caso la protección que la recurrente demanda de su derecho a la libertad de expresión se efectúa en relación con el ejercicio por parte del empresario de sus poderes disciplinarios, en el seno de una relación laboral. Se trata, por lo tanto, de un ámbito en el cual el ejercicio de la indicada libertad no sólo está sujeto a las restricciones genéricas antes apuntadas, sino también a los límites adicionales derivados del vínculo contractual que une a trabajador y empresario (SSTC 106/1996, de 12 de junio, FJ 5; 1/1998, de 12 de enero, FJ 3; 90/1999, de 26 de mayo, FJ 3; y 241/1999, de 20 de diciembre, FJ 4).
Tal modulación contractual en modo alguno significa, como hemos dicho con reiteración, que exista un deber genérico de lealtad con un significado omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés empresarial, pues ello no resultaría acorde con el sistema constitucional de relaciones laborales (SSTC 186/1996, de 25 de noviembre, FJ 3; 204/1997, de 25 de noviembre, FJ 2; 1/1998, de 12 de enero, FJ 3; 197/1998, de 13 de octubre, FJ 2; y 241/1999, de 20 de diciembre, FJ 4). Este Tribunal ha puesto de relieve la necesidad de que las resoluciones judiciales preserven, en casos como el presente, el necesario equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato para el trabajador y el ámbito modulado por el contrato, pero en todo caso subsistente de su libertad constitucional (STC 6/1988, de 21 de enero).
La demandante de amparo y los demás firmantes del escrito dirigen el mismo a su empresario, única y exclusivamente. Se trata, por tanto, de una mera comunicación interna en el seno de la empresa, sin que en ningún momento se haya ni siquiera alegado la existencia de cualquier tipo de difusión externa, ni respecto de la opinión pública en general, ni respecto de los usuarios del centro o sus familias, ni respecto de los responsables de la administración autonómica propietaria del centro y destinataria de su gestión. No es posible pretender lo contrario por el hecho de que la demandante de amparo diera a conocer el documento previamente redactado por ella a los restantes trabajadores de la empresa, recabando su adhesión, dinámica ésta consustancial a toda acción de expresión colectiva, que ha de tener siempre su origen en una iniciativa de un miembro o de un grupo de miembros del colectivo en cuestión, y que no afecta al carácter interno de la comunicación. Como tampoco cabe pretenderlo por el hecho de que se recabara la firma de algunas personas que habían sido trabajadores de la empresa y que no formaban ya parte de la misma, pues ello en modo alguno altera el sentido de la acción, que sigue siendo en todo caso una mera comunicación interna dirigida al empresario por sus trabajadores, o por quienes lo fueron hasta fechas recientes, mediante la que éstos hacen llegar a aquél su opinión crítica sobre la manera en que está siendo gestionado el centro. En la medida en que estos trabajadores que dejaron ya la empresa conocen por sí mismos la situación que critican, en función de su previa experiencia laboral, y forman parte incluso de uno de los argumentos del escrito, al aludirse en el mismo a las personas que han abandonado el centro por su desmotivación profesional o por otras razones, es dable pensar que su aportación haya podido estimarse relevante a efectos de otorgar mayor credibilidad al mensaje que se trata de transmitir, sin alterar por ello su naturaleza y objeto.
Para corroborar el carácter estrictamente laboral del contenido del escrito considerado basta con constatar que nada hay en él que verse sobre ámbitos distintos al de las relaciones laborales. En efecto, el mismo se refiere íntegramente a cuestiones tales como la formación profesional, los permisos, las bajas laborales, los comportamientos de la dirección en la gestión de los recursos humanos, las insuficiencias de personal, etc. En ningún momento el documento aborda cuestión alguna relacionada con otros ámbitos de la gestión empresarial, del mismo modo que en ningún momento se realiza imputación o crítica alguna a la dirección del centro no relacionada directamente con su actuación en las relaciones laborales. Como advirtió la demandante de amparo a algunas de las personas de las que solicitó su adhesión al documento, según se indica en los hechos probados de la Sentencia, se trata, efectivamente, de un escrito que reclama mejoras laborales, a partir de un análisis crítico de la situación existente y de la imputación de la responsabilidad básica en dicha situación a una determinada forma de gestión y dirección, que se califica de poco democrática y poco respetuosa con los derechos laborales, y que se personaliza en la dirección del centro. Se indica además, expresamente, en el escrito que la acción se realiza con el objetivo de contribuir al buen funcionamiento del centro y a la calidad de la atención que debe ser dispensada a los ancianos y a sus familiares, que entienden comprometida por el malestar y falta de motivación que, aseguran, existe entre los trabajadores del centro como consecuencia de tal situación.
Por otra parte, nada consta acreditado que permita considerar que la demandante actuó mediante engaño en el proceso de recabar la adhesión de otros trabajadores al documento, pues en modo alguno puede considerarse engañoso, a la vista de su contenido, el afirmar que el mismo se refiere a mejoras laborales. En cualquier caso, es claro que la responsabilidad de firmar un escrito sin leerlo corresponde a quien así lo hace y no a quien le pide que lo haga alegando razones de urgencia, por lo que, en ausencia de coacción o engaño, no se puede imputar a la mala fe de la recurrente el hecho de haber conseguido de algunos de sus compañeros, sea porque contaban ya con información previa sobre su contenido, sea por la credibilidad personal de la solicitante o sea por las razones que fueran, que firmaran el documento sin haberlo previamente leído.
Finalmente, debe igualmente apreciarse, como tercera y última consideración, la ausencia de daño a los intereses empresariales. En la medida en que el escrito no hace otra cosa que manifestar el malestar de los trabajadores firmantes por la situación que denuncian, ningún daño efectivo a la empresa puede derivarse del mismo, pues habrá de ser en todo caso la citada situación de malestar la que pueda plantear dificultades en el funcionamiento del centro, no el hecho de poner su existencia en conocimiento de los responsables de la empresa y de recabar la búsqueda de soluciones al respecto.
Se recoge en este sentido en los hechos probados de la Sentencia recurrida la consideración de que en el momento de los hechos no existía conflictividad laboral alguna en la Empresa, haciendo con ello alusión a una nota que ha sido frecuentemente considerada en nuestra jurisprudencia a la hora de valorar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en relación con el contexto en que éste se produce, pues como hemos señalado en anteriores ocasiones, no cabe definir lo objetivamente ofensivo al margen por completo de las circunstancias y del contexto en el que se desarrolla la conducta expresiva (señaladamente, SSTC 106/1996, de 12 de junio; 3/1997, de 13 de enero; 151/2004, de 20 de septiembre; 198/2004, de 15 de noviembre), ni tampoco limitar la cobertura que ofrece la libertad de expresión a aquello que sea necesario, entendido en el sentido de imprescindible, adecuado y absolutamente pertinente, ni reducir su ámbito de protección a las expresiones previsibles o al uso en situaciones de acuerdo o avenencia, pues esa lectura de los márgenes de actuación del derecho fundamental supondría reducir el ámbito de la libertad de expresión a las ideas de corrección formal abstracta y utilidad o conveniencia, lo que constituiría una restricción no justificada de esos derechos de libertad de los ciudadanos e implicaría desatender, en contra de las posiciones de nuestra jurisprudencia, la libertad del sujeto y el entorno físico o de situación en el cual se produce su ejercicio.
En el presente caso, según se recoge en la Sentencia, no existía en el momento de los hechos conflictividad laboral alguna en la empresa. Es cierto, por lo demás, que tampoco hay en el escrito expresiones o consideraciones particularmente agresivas o insultantes que hubieran debido ser valoradas desde la perspectiva de ese contexto de tensión previa, especialmente a la vista del expreso objetivo de aquél, que, desarrollando su andadura dentro del centro, aspira a contribuir a su buen funcionamiento y a la mejora de la calidad de la atención a los ancianos y familiares. Pero lo que es indudable es que el escrito constituye, en sí mismo, un acto de conflictividad laboral, pues con su elaboración y remisión se ejerce por un grupo de trabajadores una acción colectiva de protesta frente al empresario. Se trata, además, de una acción que, según se señala expresamente en la carta, ha sido puesta en marcha después de haberse intentado de diversas formas (hablando individualmente o a través de dos reuniones solicitadas por el colectivo de gerocultores en diciembre/2001 y abril/2002) establecer un diálogo para acercar posturas y llegar a soluciones conjuntas.
Debemos concluir, por ello, que la conducta de la recurrente se desarrolló en todo momento dentro de los márgenes que delimitan el legítimo ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión reconocido en el art. 20.1 a) CE, tanto en lo que se refiere a sus límites genéricos, como a los específicos derivados del vínculo contractual. Que su acción haya sido sancionada como falta de disciplina en el trabajo (art. 47 del convenio colectivo de aplicación), supone asumir un concepto de la disciplina en el ámbito laboral no compatible con el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores. En consecuencia, la sanción impuesta por la empresa debe ser considerada constitucionalmente ilegítima, por lo que, no habiéndolo reconocido así la resolución judicial recurrida, resulta procedente el otorgamiento del amparo art. 53 a) LOTC, con declaración de la nulidad de la citada resolución y de la sanción.
Otorgar el amparo solicitado por doña M.S. y, en consecuencia:
Reconocer su derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].
Anular la Sentencia núm. 364/2002 del Juzgado de lo Social núm. 4 de Madrid de 10 de octubre de 2002, dictada en autos núm. 604-2002, en materia de reclamación por sanción, que desestimó su demanda contra la entidad U.T. Quavitae-Asispa, centro de atención a personas mayores, S.A.
Restablecerla en su derecho fundamental, declarando la nulidad de la sanción laboral que le fue impuesta.
STSJ Canarias 1167/2009 (Despido)
STSJ Canarias 1357/2009 (Despido)
Sentencia nº 7455 de TSJ Comunidad Valenciana (Valencia), Sala de lo Social, 11 de Octubre de 2005
Sentencia nº 53/2017 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 3 de Febrero de 2017
Sentencia nº 139/2001 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 6 de Febrero de 2001
Sentencia de TSJ Galicia (A Coruña), Sala de lo Social, 27 de Junio de 2003
Sentencia nº 341/2001 de TSJ Canarias (Santa Cruz de Tenerife), Sala de lo Contencioso, 5 de Abril de 2001

References: resolución 
 resolución 
 artículo 49
 artículo 14
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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