Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2016/10/19/rechazan-la-demanda-de-danos-planteada-por-un-motociclista-accidentado-pues-se-probo-que-conducia-con-exceso-de-velocidad/
Timestamp: 2019-12-11 16:20:21+00:00

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Rechazan la demanda de daños planteada por un motociclista accidentado pues se probó que conducía con exceso de velocidad – AL DÍA | ARGENTINA
Rechazan la demanda de daños planteada por un motociclista accidentado pues se probó que conducía con exceso de velocidad
Partes: Larraquy Marcela Analía c/ Pereyra Iraola Fernando s/ daños y perjuicios
Cita: MJ-JU-M-100482-AR | MJJ100482
1.-Corresponde juzgar que existió culpa de la víctima en el fatídico accidente pues de la prueba pericial surge con claridad que la motocicleta embistente se desplazaba a una velocidad ampliamente superior a la permitida, -incluso que habría sido mayor al doble-, por lo que este accionar, además de antirreglamentario, conlleva un alto riesgo para la seguridad propia y la del resto de los usuarios de la vía, y resulta sumamente imprudente.
2.-Toda vez que luce acreditado que el occiso revistió la calidad de vehículo embistente, -con las presunciones de culpabilidad que ello genera-, y además que al momento del impacto circulaba a una velocidad excesiva y temeraria, corresponde considerar que medió en el caso una conducta imprudente e irreflexiva capaz de generar el quiebre del nexo causal en virtud de lo dispuesto por el art. 1111 del CCiv., por lo que la sentencia que rechazó la demanda debe confirmarse.
3.-Sin perjuicio de que el CCivCom. no resulte aplicable directamente a este caso, cabe tener en cuenta como doctrina interpretativa lo dispuesto en el art. 1777 (reformulando el viejo 1103 del CCiv.), por lo tanto, no puede discutirse en sede civil la existencia misma del hecho -o su autoría-, aunque sin embargo, la calificación de la conducta se puede efectuar de manera distinta por una y otra jurisdicción.
4.-No habiendo elementos de juicio fehacientes que permitan tener por comprobada la maniobra antirreglamentaria del encartado, lo que se mantiene vigente y determinante son las probanzas contundentes que demuestran la interrupción del nexo causal en la producción del siniestro; esto es, que ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, la calidad de embistente de la motocicleta y, en fin, la excesiva velocidad a la que ésta se desplazaba.
5.-Habiendo quedado comprobado el contacto entre los vehículos, no le corresponderá a la parte actora acreditar la culpabilidad del conductor emplazado, y será este quien tendrá que probar la culpabilidad total o parcial de la víctima, o la intervención de un tercero ajeno, si pretende interrumpir en todo o en parte el nexo causal que emana de la aplicación de los presupuestos jurídicos que surgen del art. 1113, segunda parte, in fine , CCiv.
6.-Toda vez que no se encuentra controvertido que el rodado del lamentablemente fallecido revistió el carácter de embestidor físico mecánico, interviene en la especie un doble juego de presunciones, a la hora de determinar si ha quedado comprobada la interrupción del nexo causal por culpa de la víctima; máxime considerando que no se puede obviar la presunción de culpabilidad que cabe asignar al conductor que, con la parte frontal de su vehículo, embiste la parte trasera de otro.
7.-No corresponde obviar la presunción de culpabilidad que cabe asignar al conductor que, con la parte frontal de su vehículo, embiste la parte trasera de otro, pues esta particular presunción se enmarca en otra que, de forma genérica, atribuye responsabilidad a quien revista el carácter de embistente; menos aun en el caso, en el que fue acreditada una excesiva velocidad al momento del impacto por parte del conductor de la motocicleta.
Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de Julio de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Larraquy, Marcela Analía c/ Pereyra Iraola, Fernando s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 575/581 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: MAURICIO LUIS MIZRAHI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO. -ROBERTO PARRILLI.-. A la cuestión planteada el Dr. Mizrahi, dijo:
I. Antecedentes La sentencia de primera instancia, obrante a fs. 575/581, resolvió rechazar -con costas- la acción promovida por Marcela Larraquy -por sí y en representación de su hijo Juan Pablo Burgos (quien, una vez alcanzada la mayoría de edad, se presentó a fs. 328)- y María Sol Burgos -como gestor procesal de Rosa Catalina del Viso y María Elena del Viso- contra Fernando Carlos Pereyra Iraola, “Estancias Niágara S.A” y “El Comercio Compañía de Seguros S.A”. Destáquese que la presente litis tuvo su origen en la demanda que luce glosada a fs. 13/33. En esa oportunidad, los accionantes relataron que con fecha 23 de agosto de 2011 Raúl Burgos circulaba a bordo de la motocicleta marca Kawasaki modelo ZX 14 dominio 032 DQN por la ruta 205 sentido Capital – Cañuelas cuando, a la altura del kilómetro 61.5, la camioneta marca Nissan dominio DAK 200 – que se desplazaba en el mismo sentido pero por la banquina de la mano contraria- cruzó toda la ruta invadiendo ambos carriles; lo que generó una inevitable colisión. Tal evento provocó el deceso de Raúl Burgos, ocasionándole a los pretensores los diversos daños y perjuicios que reclaman en estos actuados.
II. Los agravios Contra el referido pronunciamiento se alzó la parte actora, expresando agravios a fs.598/614; pieza que mereció la réplica de fs. 616/620. La apelante se agravió de que el juez de grado haya considerado comprobada en autos la exclusiva culpa de la víctima en la producción del siniestro. Adujo que la maniobra antirreglamentaria del encartado -que fue la única causa adecuada del lamentable hecho- había quedado comprobada por la declaración de José Fabián Vázquez (testigo presencial en sede penal), el dictamen de su consultor técnico, la falta de contestación de demanda de los emplazados y la ubicación de los daños en los rodados. En el sentido referido, manifestó la accionante que la camioneta, que circulaba arrastrando un trailer que no fue impactado, no presentaba deformación de atrás hacia delante en el guardabarros trasero. Por lo tanto, concluyó que la víctima sólo pudo haber embestido al encartado luego de que éste se cruzara en su trayectoria de forma perpendicular (y no por alcance como sostuvo el a quo). Por otra parte, la quejosa indicó que la excesiva velocidad que se le imputó al occiso resultaba meramente conjetural en tanto no fue efectivamente probada. Por último, arguyó que lo decidido en sede penal no hacía cosa juzgada en este pleito.
Límites en su análisis Es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, “Fallos”: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado”, T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado”, T 1, pág.620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, “Fallos”: 274:113; 280:3201; 144:611). Es en este marco, pues, que ahondaremos en dichas cuestiones.
IV. La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la ley 27.077 (B.O n° 33.034 del 19-12-2014), que modificó el art. 7 de la ley 26.994, el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por esta última, que fuera promulgada por decreto 1795/2014 (B.O. n° 32.985 del 8-10-2014), ha entrado en vigencia el 1 de agosto pasado por lo que, dada la cuestión relativa a la vigencia de las normas sucesivas en el tiempo, se hace necesario determinar los alcances del nuevo texto legal en el presente caso. Al respecto el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación fija en su artículo 7° las reglas a seguir en estos casos estableciendo que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”. Como se aprecia, en materia de derecho intertemporal, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo y salvedad hecha de la evidente omisión incurrida en el primer párrafo del adverbio “aún”, el nuevo cuerpo legal ha decidido mantener el mismo texto y sistema que el derogado art. 3° del Código Civil, según reforma de la ley 17.711.De este modo, con las aclaraciones ya realizadas en materia contractual, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es aplicable a las relaciones y situaciones jurídicas futuras; a las existentes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encuentren -en este caso regirá los tramos de su desarrollo no cumplidos- y también, a las consecuencias no agotadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley. Pues bien, al ser el daño un presupuesto constitutivo de la responsabilidad (cfr. arts. 1716 y 1717 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 1067 del anterior Código Civil), aquél que diera origen a este proceso constituyó, en el mismo instante en que se produjo, la obligación jurídica de repararlo. En consecuencia, dicha relación jurídica, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación, debe ser juzgada -en sus elementos constitutivos y con excepción de sus consecuencias no agotadas-de acuerdo al sistema del anterior Código Civil – ley 17.711 (ver en este sentido, Luis Moisset de Espanes, “Irretroactividad de la ley”, Universidad de Córdoba, 1975, en especial p. 22 y 42/43, p. IV, apartado “b”). Esta es la solución que siguió este Tribunal en pleno, in re, Rey, José J. c. Viñedos y Bodegas Arizu S.A.” del 21/12/1971, publicado en La Ley on line, AR/JUR/123/1971, cuando luego de sancionarse la reforma de la ley 17.711 se produjeron resoluciones contradictorias respecto de la aplicación temporal de ésta. Allí, la mayoría entendió que el hecho ilícito se produce instantáneamente, no quedando sometido a acción alguna del tiempo, por lo cual corresponde atribuir a la ley antigua la regulación de los presupuestos de existencia de la obligación de reparar el daño causado, así como su contenido, inclusive la extensión del daño y su avaluación (cfr.Belluscio Augusto C.- Zannoni Eduardo A., “Código Civil y leyes complementarias.”, Buenos Aires, 1979, tomo 1, p. 28). Lo expuesto no significa que no participemos de la opinión de que todo lo atinente a la aplicación temporal del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación debe seguirse una hermenéutica que no limite su efectiva vigencia. Es que, como con acierto lo recordaba Vélez Sarsfield en su nota al viejo art. 4044 -luego derogado por la ley 17.711- “el interés general de la sociedad exige que las leyes puedan ser modificadas y mejoradas, y que las leyes nuevas, que necesariamente se presumen mejores, reemplacen cuanto antes a las antiguas, cuyos defectos van a corregir”. Sin embargo, por las razones antes expuestas, en este caso puntual ha de regir la limitación ya señalada por aplicación del principio consagrado en el art. 7 del mismo cuerpo legal. De todos modos, con Código viejo o nuevo, la interpretación que guíe esta decisión, y cualquier otra, no puede desconocer la supremacía de la Constitución Nacional, ni los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, no ya solo porque lo recuerde el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1º y 2º), sino porque así lo manda la Constitución Nacional (cfr. art 31 y art 75 inciso 22°). Sin duda, tampoco pueden soslayarse los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico; los que se sintetizan en el mandato de “afianzar la justicia”, contenido en el Preámbulo de nuestra Constitución, que no es letra vana. Sin embargo, reitero, ha de ser la normativa del Código Civil derogado la que se ha de aplicar en el caso.
V.a. No resulta objeto de debate en esta Alzada la ocurrencia del siniestro vial invocado en la demanda como así tampoco quiénes fueron sus intervinientes.Empero, sí es materia de discusión el modo en que se sucedieron los hechos, toda vez que mientras la parte actora adujo que la colisión se debió a una maniobra imprudente del encartado -que se interpuso en la línea de marcha de la motocicleta al intentar cruzar toda la ruta desde la banquina de la mano contraria-, éste sostuvo -en posición compartida por el magistrado que me precedió- que medió culpa de la víctima en la producción del siniestro. Al respecto, reiteradamente se ha decidido que para un adecuado encuadre d el asunto, en especial en lo atinente a la carga de la prueba, debe tenerse en cuenta que no se neutralizan los riesgos que los vehículos generan, sino que se mantienen intactas las presunciones de responsabilidad que consagra el art. 1113 del Código Civil -hoy derogado-; por lo que incumbe al sujeto pasivo de una acción de daños demostrar los eximentes de responsabilidad que invoque (conf. Pizarro, Ramón Daniel, “Causalidad adecuada y factores extraños” en “Derecho de daños”, Homenaje al Profesor Jorge Mosset Iturraspe, ps. 278 a 280, Buenos Aires, 1989; Kemmelmajer de Carlucci, Aída, “Responsabilidad en las colisiones”, en honor del Dr. Augusto Mario Morello, p.224, La Plata, 1981; Mosset Iturraspe, Jorge, “Eximentes de responsabilidad por daños”, t. IV, ps. 82 y sgtes., Santa Fe 1982; Trigo Represas, Félix A., “Aceptación jurisprudencial de la tesis del riesgo recíproco en la colisión de automotores”, nota a fallo La Ley, 1986-D-479 y sgtes. Nro. 2888 b). Este es el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (in re “Empresa de Telecomunicaciones c. Provincia de Buenos Aires”, del 22-5-87, LL, 1988-D, 295, con comentario de Alterini, Atilio A., “Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores”), por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (“Sacaba de Larosa, Beatríz E. c/Vilches Eduardo F.y otro” del 8 4 86, LL 1986 D-479), y también fue receptado en “Las Sextas Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal” (Junín, 27 al 29 de octubre de 1994) en el tema “Responsabilidad por riesgo creado”. No se trata, en suma, de atribuir culpa: el dueño o guardián de un automotor, cosa riesgosa que causa un daño a otro, en el caso de revestir la condición de demandado, será en principio responsable, salvo que acredite “la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder” (art. 1113, segunda parte, in fine, Cód. Civil), o el casus genérico de los arts. 513 y 514 del Código Civil. Resulta asimismo importante destacar que este Tribunal, reunido en pleno, el 10 de noviembre de 1994 (in re “Valdez, Estanislao Francisco c/El Puente S.A.T. y otros s/daños y perjuicios, accidente de tránsito con lesiones o muerte” ) sentó la siguiente doctrina plenaria: “La responsabilidad del dueño o guardián emergente de accidentes de tránsito producidos como consecuencia de una colisión plural de automotores en movimiento, no debe encuadrarse en la órbita del art. 1109 del Código Civil”. Se aclara que esta Sala considera vigente el art. 303 del ritual en su redacción originaria (ver R. 621.758, del 30/08/2013, “Perez Horacio Luis c/ Banco Saez S.A s/ ejecución de honorarios, LL, AR/JUR/55224/2013). Desde la mencionada óptica, entonces, y habiendo quedado comprobado el contacto entre los vehículos, se reitera entonces que no será ya la parte actora quien deba acreditar la culpabilidad del conductor emplazado; antes bien, será éste quien tendrá que probar la culpabilidad total o parcial de la víctima, o la intervención de un tercero ajeno, si pretende interrumpir en todo o en parte el nexo causal que emana de la aplicación de los presupuestos jurídicos antes reseñados (ver CNCiv., Sala D, 6/9/1999, en autos “Topini Alejandra B. c/ Gómez Ricardo y otros”; íd.Sala G, voto del Dr. Greco, del 2/8/1993 en autos “Besomi c/ Dominguez, fallo 992252; LL 1994 C 85). V.b. Veamos entonces si, tal cual consideró el juez de grado, ha quedado comprobada en autos la interrupción del nexo causal por culpa de la víctima. Para comenzar con este análisis, cabe señalar que no se encuentra controvertido que el rodado del lamentablemente fallecido revistió el carácter de embestidor físico mecánico (v. fs. 134 de la causa penal y ubicación de los daños de los rodados), por lo que interviene en la especie un doble juego de presunciones. Por una parte, no podemos obviar la presunción de culpabilidad que cabe asignar al conductor que, con la parte frontal de su vehículo, embiste la parte trasera de otro. A su vez, esta particular presunción se enmarca en otra presunción que, de forma genérica, atribuye responsabilidad a quien revista el carácter de embistente (cfr. CNCiv., Sala A, in re “Lima c/ Emp. Gral. José de San Martín S.A.T. s/ ds. y ps.”, del 29/10/98; íd., esta Sala, en autos “Borrelli y ot. c/ TARSA (Línea 150) s/ ds. y ps.”, del 24/5/96; íd., Sala C, en autos “Fernández c/ Pappo s/ ds. y ps.”, del 16/2/99; íd., Sala D, in re “Jirecek c/Barloqui s/ ds. y ps.”, del 15/10/97; íd., Sala E, en autos “Diego c/ Loschiavo s/ ds. y ps.”, del 22/11/99; íd., Sala H, in re “La Caria c/ Zslatkis s/ ds. Y ps.”, del 29/9/95; íd., Sala J, en autos “Ferreyra c/ Cabrera s/ ds. y ps.”, del 9/11/95; entre tantos otros). En segundo lugar, también estimo acreditada en la causa una excesiva velocidad al momento del impacto por parte del conductor de la motocicleta (a pesar de que en el escrito inaugural se indicó que el Sr. Burgos circulaba a “velocidad reglamentaria”; v. fs.13 vta.). En efecto, el experto designado en sede penal sostuvo que “en función de las lesiones y daños padecidos por los rodados se puede afirmar que el vehículo embistente iba a una velocidad muy superior a la máxima permitida para la circulación de motos por el lugar” (v. fs. 134 de las actuaciones represivas). A su vez, el idóneo designado en este expediente manifestó que “atento las deformaciones en ambos rodados, la proyección de las partes que componían la motocicleta y de su conductor es indudable que la velocidad de circulación de la motocicleta era muy elevada, si bien su determinación desde el punto de vista físico matemático no es posible de ser determinada con cierto rigor técnico, considero que debía ser del orden o superior a los 200 km/hora” (v. fs. 262). Lo expuesto significa (más allá de cualquier otra probanza que pudiera invocar la apelante), que los dos peritos designados de oficio -uno en esta sede y otro en las actuaciones represivas- fueron coincidentes y contundentes al concluir que la motocicleta se desplazaba a una velocidad ampliamente superior a la permitida (incluso habría sido mayor al doble). Este accionar, que además de antirreglamentario conlleva un alto riesgo para la seguridad propia y la del resto de los usuarios de la vía, resulta -sin lugar a dudas- sumamente imprudente. En cuanto al valor de las conclusiones de los expertos, repárese que en materia de procesos de daños y perjuicios, la prueba pericial deviene relevante ya que el informe del idóneo no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (CNCiv., Sala D., en autos “Yapura, Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ Ds. y Ps.”, expte. libre n° 77.257/98, del 8/10/02; íd., “Fiorito, José Luis c/ Petersen, José y otro s/ Ds. y Ps”, expte.libre n° 105.505/97, del 20/09/91). Asimismo, deberá tenerse presente que la función de las experticias es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de las cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. La solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que los dictámenes de expertos es lo que resulta más adecuado; y ello es así porque es el fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de aplicación a éstas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen (CNCiv., Sala D, en autos “Quiros de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y Perjuicios”, expte. libre n1 25.403/93 del 27/12/96). (cfr., además, mi anterior voto in re “Chomsky c/ Palavecino s/ ds. y ps.”, del 15/12/2005). En función de lo delineado, he de tener por acreditado- entonces– dos circunstancias harto relevantes para la decisión de la presente causa. Una, que en la especie el occiso revistió la calidad de vehículo embistente (con las presunciones de culpabilidad que ello genera); la otra, que circulaba al momento del impacto a una velocidad excesiva y temeraria. Los elementos referidos -en tanto no existen pruebas que los desvirtúen, como explicaré en el apartado siguiente- resultan por demás suficientes como para considerar que medió en el caso una conducta imprudente e irreflexiva capaz de generar el quiebre del nexo causal en virtud de lo dispuesto por el art. 1111 del Código Civil hoy derogado. V.c. No desconozco que la actora insiste en esta Alzada en que se encuentra acreditado en autos que la colisión se debió a una maniobra antirreglamentaria del encartado quien, luego de cruzar la ruta desde la banquina de la mano contraria, se interpuso en la línea de marcha de la motocicleta.A tal fin, invoca la declaración testimonial de José Fabián Vázquez en sede penal (que no fue traído a deponer en este pleito), quien era parte del grupo de motociclistas que circulaban con el Sr. Burgos. El testigo, que se presentó tres días después de ocurrido el hecho, adujo que “sobre el sentido opuesto y por la banquina contraria iba circulando una camioneta con un pequeño trailer.cuando de repente ve que dicho rodado cruza de sentido y puede observar el impacto como su fuese una gran explosión” (v. fs. 29). Sin embargo, no puede soslayarse que, a pesar de tener a la vista la referida declaración, el Agente Fiscal interviniente dispuso el archivo de las actuaciones penales. Como si ello fuera poco, además de indicarse en esa decisión que “no ser advierte por parte del imputado conducta imprudente, negligente o imperita que haya sido la causa del siniestro”, se concluyó que “el motociclista víctima, quien se ha autopuesto en peligro, al circular por la autopista.excediendo la velocidad reglamentaria, y sin el dominio de su rodado, evidenciando la falta de atención al tránsito que se desarrollaba por delante en su sentido de marcha, ya que por la diferencia de velocidad sustentada, impacta “por alcance” con su frente de avance al rodado mayor” (v. fs. 14 6). Vale decir, en lo que refiere al modo en que se sucedieron los hechos, en las actuaciones represivas se adujo que el siniestro se produjo por “alcance” de un rodado a otro; desconociendo la maniobra a la que alude el testigo. Sobre el punto, cabe señalar que si bien no es aplicable -sin más- en la especie el antiguo artículo 1103, que disponía que “después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución” (en tanto en este caso se trató de un archivo), resulta relevante en este juicio el análisis que sobre la materialidad de los sucesos efectuó el Agente Fiscal.Tal cual señalaba Llambías, la influencia de la decisión penal no depende de la forma en que fue dictada (absolución, sobreseimiento, etcétera) sino más bien de su contenido o sustancia; siendo sumamente relevante lo decidido en cuanto al hecho principal (lo que incluye las circunstancias de lugar y tiempo en que se produjo). En este contexto, el referido autor explicaba a modo de ejemplo que si el juez penal dijo que al pasar el tren las barreras estaban bajas, no podrá el juzgador civil sostener que estaban levantadas (ver, Llambías, Jorge J., “Límite de la cosa juzgada penal en materia de responsabilidad civil”, ED, 84-771; Saux, Edgardo I., en “Código Civil y normas complementarias”, Bueres (dir), Highton de Nolasco (coord.), Bs. As., 1999, t. 3-A, págs. 331 y ss, con sus citas). El Código Civil y Comercial -no aplicable directamente a este caso pero que de todos modos cabe tener en cuenta como doctrina interpretativa- dispone en su artículo 1777 (reformulando el viejo 1103 del Código Civil y sin hacer ningún tipo de distinción) que “si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil”. Claro está que, como precisó la Corte Federal, la referencia al “hecho principal” (sea cual sea la norma) queda limitado “a la materialidad de los hechos y la autoría”, sin comprender -por supuesto- las valoraciones subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa. Para decirlo en otras palabras, no puede discutirse en sede civil la existencia misma del hecho -o su autoría-; sin embargo, la calificación de la conducta se puede efectuar de manera distinta por una y otra jurisdicción (ver CSJN, 10-10-1996, “Minervino de Caldentey, Graciela Marta c/ Cuevas, Alfredo Héctor y Otro” , (M. 85. XXXII), “Fallos”, 319:2339. En igual sentido, “Fallos”, 312:727; 315:727; 316:2824; 321:2130; 324:3544. Ver, también, SCBA, Ac. Nº 58.565 del 6-8-1996; Ac.Nº 54.706 del 11-10 1995; Ac. Nº 55.404, del 25-11-1997; Bustamante Alsina, Jorge, “Teoría General de la Responsabilidad Civil”, ps. 555/556, ed. Abeledo-Perrot, séptima edición, Buenos Aires, 1992; Llambías, Jorge Joaquín, “Límite de la cosa juzgada penal en materia de responsabilidad civil”, ED, 84-775). En definitiva, en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar del hecho principal, el Agente Fiscal señaló que se trató de un impacto por alcance; que ambos rodados circulaban por la misma arteria; que el demandado lo hacía unos metros más adelante; y que no hubo una maniobra de cruce de ruta e invasión de carril. A tales consideraciones de la causa penal, que hacen a la materialidad de los eventos, y no habiendo nuevas probanzas en esta sede que las contradigan, habré de atenerme. Al respecto, vale la pena insistir en que el testigo Vázquez no concurrió a este fuero a declarar; lo cual, de haberse hecho presente, tal vez hubiera contribuido a un mayor esclarecimiento de los hechos; sobre todo en lo que hace a la maniobra que se adjudica al demandado. A mayor abundamiento, cabe destacar que la ubicación de los daños en el vértice trasero derecho de la camioneta (y el hecho de que no se haya impactado el trailer que arrastraba) de ninguna manera comprueba por sí la supuesta maniobra que se le atribuye al encartado. Sobre el punto, es menester resaltar que el experto designado en esta sede indicó que “es probable que la camioneta no se encontrara totalmente alineada con el eje de la ruta atento que la motocicleta aparentemente no tuvo contacto alguno con el trailer que remolcaba, del cual no se conoce cual era el ancho del mismo, dado que si este fuera menor al de la camioneta no necesariamente debería haber tenido contacto con la motocicleta”; y que “también puede haber sucedido que la motocicleta impactara en cierta forma angular debido a que su trayectoria instantes previos al impacto no hubiera estado alineada con el eje de la calzada” (v. fs.262). Es decir, que se presentan diversas hipótesis con respecto a las razones que justifican la ubicación de los daños. A la luz de lo precisado, puede colegirse que no hay elementos de juicio fehacientes que permitan tener por comprobada la maniobra antirreglamentaria del encartado descripta en el escrito inaugural. Siendo así las cosas, pues, lo que se mantiene vigente y determinante son las probanzas contundentes que demuestran la interrupción del nexo causal en la producción del siniestro; esto es, que ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, la calidad de embistente de la motocicleta y, en fin, la excesiva velocidad a la que ésta se desplazaba. V.d. Por último, corresponde señalar que la rebeldía decretada con respecto a los encartados no empece a las conclusiones antes reseñadas. Es que tal declaración no implica ipso iure la recepción de todas las pretensiones planteadas por el actor ni impone en consecuencia al juzgador la obligación de emitir una decisión favorable a sus peticiones; requiriéndose por ende que lo reclamado se acredite en legal forma y se ajuste a derecho que, como se vio, no ocurre en la especie. Y este criterio se impone a fin de no otorgar a la ficción procesal un valor superlativo que comporte un exceso ritual manifiesto denegatorio de la justicia sustantiva (conf. CSJN, 8-9-65, Fallos, 262:460; CNCom, sala A, en autos “Mahosa Bursátil S.A. c. Garavaglia, Ricardo y otros”, del 30/12/1998, LA LEY, 1999-B, 545 y DJ, 1999- 2, 320). Empero, además, destáquese que se ha presentado en estos actuados la compañía aseguradora. Este dato también es crucial, pues comparto la postura que establece que, en cuanto a los efectos de la no contestación de la demanda, la negativa expresa y detallada de la citada en garantía de los hechos sostenidos por el actor impone a éste la necesidad de probar los extremos en que fundamentó su petición (Conf.CNCivil, Sala H, 3/11/98, “Díaz, María Aurora c/Luciano, Héctor Alberto s/daños y perjuicios”, El Dial, Record Lógico, SUMDIAL 100.229). En resumidas cuentas, entiendo que no corresponde acordar valor decisivo -a los fines del progreso de la demanda- a la providencia por la cual se le da por perdido a demandado el derecho a contestarla; y ello cuando las afirmaciones de la parte actora se encuentran impugnadas por otro encartado y se verifican elementos objetivos y contundentes que determinan la exclusiva culpa del conductor de la motocicleta. V.e. Por todo lo precedentemente expuesto, más allá de lamentar el suscripto el hecho de marras como así también los padecimientos de sus familiares por el deceso, no me queda otra alternativa que proponer al Acuerdo que se rechacen los agravios incoados por la parte actora y, consecuentemente, que se confirme la sentencia en crisis. Tal ha de ser mi voto.
VI. Conclusión A tenor de las consideraciones fácticas y jurídicas desplegadas a lo largo del presente voto, propongo al Acuerdo confirmar la sentencia de grado en todo cuanto ha sido materia de agravio. Las costas de Alzada de imponen de igual modo que en primera instancia.
MAURICIO LUIS MIZRAHI.- CLAUDIO RAMOS FEIJOO -. ROBERTO PARRILLI -.
Buenos Aires, Julio de 2016.-
Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, resuelve confirmar la sentencia de grado en todo cuanto ha sido materia de agravio. Las costas de Alzada de imponen de igual modo que en primera instancia. Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.
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 artículo 1103
 artículo 1777