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Timestamp: 2020-07-10 06:58:13+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 533/12 de Corte Constitucional, 11 de Julio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 409706022
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6 de la ley 50 de 1990 y el artículo 28 de la ley 789 de 2002. El demandante asevera que la norma impugnada desconoce los artículos 25 y 53 de la constitución política, al incurrir en una omisión legislativa al suprimir la posibilidad de que el juez laboral ordene el reintegro del trabajador, cuando es despedido sin justa causa, desconociendo la protección del derecho al trabajo y algunos de los principios mínimos fundamentales que lo componen. La corte encontró que la supresión de la posibilidad de reintegro al empleo como consecuencia de la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, no constituye una vulneración de las garantías constitucionales que protegen el derecho al trabajo y a la prohibición de no regresividad de los derechos sociales. Se declara la exequibilidad de los artículos demandados.
C-533-12 Sentencia C-533/12 Sentencia C-533/12
Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil doce (2012).
En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución, el ciudadano N.T.C. demandó los artículos 6° de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002, por las cuales se introdujeron reformas al Código Sustantivo del Trabajo[1].
También se ordenó comunicar la iniciación del asunto a los señores Presidentes de la República y del Congreso, al entonces Ministro de Justicia y del Derecho, a los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, al igual que a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Colegio de Abogados del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, a la Comisión Colombiana de Juristas y a las facultades de derecho en Bogotá de las Universidades Nacional de Colombia, J., Santo Tomás, Externado de Colombia, del R. y de los Andes, al igual que de Antioquia e Industrial de Santander, con el objeto de que, si lo estimaban pertinente, conceptuaran sobre la exequibilidad de las normas demandadas.
LEY 789 DE 2002
Artículo 64. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente.
Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte (20) días básicos del numeral 1° anterior, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.
P. transitorio. Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización establecida en los literales b), c) y d) del artículo 6° de la Ley 50 de 1990, exceptuando el parágrafo transitorio, el cual se aplica únicamente para los trabajadores que tenían diez (10) o más años el primero de enero de 1991.
Sintetizó que el legislador falló en su ejercicio constitucional al expedir las Leyes 50 de 1990 -en vigencia de la Constitución de 1886- y 789 de 2002 bajo el actual texto superior de 1991-, pues (i) existiendo la protección especial del trabajo como un derecho y (ii) la estabilidad en el empleo como principio mínimo fundamental, (iii) omitió consagrar el derecho al reintegro de un trabajador despedido sin justa causa, bajo ciertas circunstancias.
El actor indicó que el legislador incurrió en una omisión grave, desconociendo su obligación constitucional de proteger el trabajo, mediante la expedición de normas que protejan las relaciones laborales, sin que para el efecto exista un fundamento objetivo y justificable, generando una desigualdad frente a los servidores públicos que cuentan con la acción contenciosa administrativa para solicitar su reintegro o que su contrato de trabajo se restablezca[4].
En enero 17 de 2012, la ciudadana D.F.T.C. solicitó declarar inexequible el artículo 28 de la Ley 789 de 2002, que modificó el 6° de la Ley 50 de 1990, por desconocer los artículos 25 y 53 de la Constitución[5].
Afirmó que al elevarse a derecho fundamental el trabajo, en nuestro ordenamiento jurídico, se erige éste como una obligación social del Estado, que no solo encierra la posibilidad de que exista como sustento social de los conciudadanos sino también como dignificación de la población a través del trabajo, en el entendido, que siendo derecho fundamental deben instaurarse garantías mínimas en la permanencia en el tiempo[6].
4.2. Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, ANTHOC.
Consideró que se incurrió en una omisión legislativa relativa al desconocerse la protección jurídica de reintegro de los trabajadores, como derecho mínimo e irrenunciable para proteger el trabajo, consagrado en el Estatuto constitucional, al expulsar o suprimir del ordenamiento jurídico el contenido del artículo 8° del Decreto Ley 2351 de 1965, a través de la reforma del artículo 6° de la Ley 50 de 1990 y del artículo 28 de la Ley 789 del 2002 y consecuencialmente por vía indirecta de forma regresiva, acabó con la estabilidad laboral denominada reintegro[8].
Dijo que la Corte debe revivir, con carácter de cláusula pétrea el reintegro de un trabajador despedido injustamente por el empleador, de tal forma que se mantenga la integridad del ordenamiento jurídico constitucional y legal[9].
Luego de reseñar los supuestos sintetizados por la jurisprudencia de la Corte, para admitir la excepcional procedencia de una demanda fundamentada en la omisión legislativa, indicaron que el escrito de la referencia cumple con tales exigencias. Sostienen que (i) se acusa en forma concreta dos normas legales sobre las cuales se predica el cargo; (ii) se precisa que en los artículos impugnados se omitió incluir un ingrediente o condición esencial para que armonicen con el texto superior; (iii) tal elemento esencial es el derecho a la estabilidad laboral establecido en el artículo 53 de la Constitución; (iv) su exclusión carece de una razón suficiente y contraría el Estado social de derecho; (vi) se incumple un deber específico del legislador y (vi) genera una desigualdad negativa para un grupo significativo de trabajadores[12].
Los intervinientes explicaron que acorde con el artículo 53 superior, las normas demandadas desconocen el marco mínimo de principios fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo, entre ellos, la estabilidad laboral, la irrenunciabilidad de los derechos mínimos, el derecho a la condición más beneficiosa y la garantía a la seguridad social[13].
Puntualizaron que en la actualidad el juez laboral no puede ordenar un reintegro, pues debe aplicar el mismo rasero indemnizatorio a las personas despedidas durante una incapacidad, o a quien lleva diez o más años de servicio, generando una desigualdad negativa, que desconoce el artículo 13 superior y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 24).
Las voces del artículo 53 de la carta son inequívocas, directas y llevan consigo un deber para el legislador: Dice el artículo El Congreso expedirá y enseguida, dispone: La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos (sic) siguientes principios mínimos fundamentales Es evidente que el constituyente impuso al Congreso la obligación de legislar dentro (sic) unos lineamientos mínimos que enumera en su texto; la estabilidad y la seguridad social son dos de los principios de obligatorio desarrollo legal.
Explicó que el actor no estableció los elementos necesarios para estructurar un cargo por omisión legislativa relativa, esto es, que la norma demandada incurre en una discriminación injustificada en términos constitucionales, que puede desprenderse de un criterio sospechoso o irrazonable[16].
Aseveró que el demandante no precisó cuál es la omisión legislativa relativa, máxime que la ausencia de reglas legales sobre reintegro del trabajador, no discrimina per se a ningún trabajador, pues la ausencia es igual para todos. Más que una omisión legislativa relativa, lo que el actor censura es una omisión legislativa absoluta, respecto de la cual la Corte carece de competencia para pronunciarse. En vista de que la demanda se sustenta en interpretaciones y razonamientos que no se infieren, ni pueden inferirse, del texto impugnado, para estructurar un cargo de omisión legislativa relativa, solicitó a esta corporación inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo[17].
Los presupuestos jurisprudenciales para la admisión de demandas por omisión legislativa relativa.
R., en cuanto al concepto de la violación, que la jurisprudencia ha sido constante[21] en manifestar que los argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de las normas acusadas deben ser claros, esto es, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan; ciertos, en cuanto la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos, en la medida que se precise la manera como la norma acusada vulnera un precepto o preceptos de la Constitución, formulando al menos un cargo concreto; pertinentes, ya que el reproche debe fundarse en la apreciación del contenido de una norma superior que se explica y se enfrenta a la norma legal acusada, más no en su aplicación práctica; y suficientes, por cuanto se debe exponer todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio y que despierten duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
Al respecto, en la sentencia C-978 de diciembre 1° de 2010, M.P.L.E.V.S., se indicó (no está en negrilla en el texto original):
No obstante, también ha resaltado, con base en el principio de pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte[23]. Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado[24]; en tal medida, el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.[25]
(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.[29]
En ese fallo que acaba de ser citado, continúa explicando la Corte que la doctrina de esta corporación ha definido que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada. En este sentido, la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso.
4.1. Sintetizado lo anterior, encuentra la S.P. que contrario a lo expuesto en el concepto emitido por el Procurador General de la Nación, la demanda bajo análisis sí es idónea para propiciar el fallo de fondo, como acertadamente indicaron los docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá[32].
Al respecto, en la sentencia C-978 de diciembre 1° de 2010[33], M.P.L.E.V.S., se indicó (no está en negrilla en el texto original):
No obstante, también ha resaltado, con base en el principio de pro actione que el examen de los requisitos adjetivos de la demanda de constitucionalidad no debe ser sometido a un escrutinio excesivamente riguroso y que debe preferirse una decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso judicial efectivo ante la Corte[34]. Este principio tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es de carácter público, es decir abierta a todos los ciudadanos, por lo que no exige acreditar la condición de abogado[35]; en tal medida, el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.[36]
La ausencia de cosa juzgada constitucional absoluta por el cargo de omisión legislativa relativa, frente a los artículos 6° de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 789 de 2002.
5.1. Según estatuye el artículo 243 superior, los fallos que esta corporación profiera en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. A su vez, el inciso 2° ibídem establece que ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.
De conformidad con dicho precepto, esta corporación ha sintetizado[37] que para determinar la presencia del fenómeno de la cosa juzgada constitucional material, es preciso examinar los siguientes elementos: (i) que un acto jurídico haya sido previamente declarado inexequible; (ii) que la disposición demandada se refiera al mismo sentido normativo excluido del ordenamiento jurídico, esto es, que lo reproduzca, en cuanto el contenido material del texto demandado sea igual a aquel que fue declarado inexequible. Dicha identidad se aprecia teniendo en cuenta tanto la redacción de los artículos, como el contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que ha habido una reproducción; (iii) que el texto de referencia anteriormente juzgado, con el cual se compara la reproducción, haya sido declarado inconstitucional por razones de fondo, lo cual significa que la ratio decidendi de la inexequibilidad no debe haber reposado en un vicio de forma; (iv) que subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de fondo en el juicio previo de la Corte, sobre el cual se declaró la inexequibilidad.
Artículo 8. Terminación unilateral del contrato sin justa causa.
En caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del patrono o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo por concepto de indemnización.
Cuarenta y cinco (45) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicios no mayor de un año, cualquiera que sea el capital de la empresa;
Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo y menos de cinco (5), se le pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes, y proporcionalmente por fracción;
Si el trabajador tuviere diez (10) o más años de servicio continuo se le pagarán treinta (30) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.
Con todo, cuando el trabajador hubiere cumplido diez (10) años continuos de servicios y fuere despedido sin justa causa, el juez del trabajo podrá mediante demanda del trabajador, ordenar el reintegro de éste en las mismas condiciones de empleo de que antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir, o la indemnización en dinero prevista en el numeral 4° literal d) de este artículo. Para decidir entre el reintegro y la indemnización, el juez deberá estimar y tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio, y si de esa apreciación resulta que el reintegro no fuere aconsejable en razón a las incompatibilidades creadas por el despido, podrá ordenar, en su lugar, el pago de la indemnización.
En las empresas de capital inferior a un millón ochocientos mil pesos ($ 1.800.000), las indemnizaciones adicionales establecidas en los literales b), c) y d) serán de un cincuenta por ciento (50%), y en las de capital de un millón ochocientos mil pesos ($ 1.800.000) hasta tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000), dichas indemnizaciones serán de un setenta y cinco por ciento (75%).
Si es el trabajador quien da por terminado intempestivamente el contrato, sin justa causa comprobada, deberá pagar al empleador una indemnización equivalente a treinta (30) días de salario. El patrono depositará ante el juez el monto de esta indemnización descontándolo de lo que le adeude al trabajador por prestaciones sociales mientras la justicia decida.
No habrá lugar a las indemnizaciones previstas en este artículo, si las partes acuerdan restablecer el contrato de trabajo en los mismos términos y condiciones que lo regían en la fecha de su ruptura.
Artículo 64. Terminación unilateral del contrato sin justa causa.
Articulo 64. Terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización establecida en los literales b), c) y d) del artículo 6° de la Ley 50 de 1990, exceptuando el parágrafo transitorio, el cual se aplica únicamente para los trabajadores que tenían diez (10) o más años el primero de enero de 1991.
5.5. Con relación al control de constitucionalidad que han afrontado los dos artículos citados, un primer pronunciamiento fue proferido por la S.P. de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia 115 de septiembre 26 de 1991 (rad. 2.304, M.P.J.S.G., donde frente al artículo 6° de la Ley 50 de 1990 se declaró exequible el literal d) del numeral 4 y la expresión salvo que el trabajador manifieste su voluntad de acogerse al nuevo régimen del parágrafo transitorio de ese artículo.
En aquel momento, el ciudadano demandante señaló que esas preceptivas, entre otras, no protegían debidamente a los trabajadores o vulneran sus derechos adquiridos, desconocen el designio de obtención de la justicia social y el desarrollo de las clases proletarias que las leyes deben tener o, en fin, desconocen el derecho a asociarse[38].
2. Los derechos adquiridos.
El artículo 58 constitucional enseña que Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Por esto yerra el actor cuando predica de todo cambio legislativo la crítica de que desconoce derechos adquiridos, como, por ejemplo, en el caso del literal d) y de la parte final del parágrafo transitorio del artículo 6º, pues estas consecuencias jurídicas del despido sin justa causa de un trabajador con diez o más años de servicios, aplicables como son solamente a los contratos aún no terminados y, por disposición expresa, apenas cuando los diez años se cumplan después de la vigencia del precepto, no conculcan ningún derecho, sino que, por el contrario, exceden el respeto que sería constitucionalmente exigible; de otro lado, por las razones ya dichas, la opción que se da al trabajador que hubiere cumplido ya los diez años de servicios para elegir entre el sistema nuevo y el anterior es legítima, tanto más si se recuerda que aún dentro del régimen pasado era potestativo del trabajador despedido pedirle o no al juez el posible reintegro.
Con fundamento en esos argumentos, entre otros que se consignarán más adelante por resultar pertinentes, la Corte Suprema de Justicia declaró exequible el literal d)[40] del numeral 4° y la expresión salvo que el trabajador manifieste su voluntad de acogerse al nuevo régimen del parágrafo transitorio del artículo 6° de la Ley 50 de 1990.
5.6. Por su parte, la Corte Constitucional resolvió estarse a lo resulto por aquella sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la C-569 de diciembre 9 de 1993, M.P.J.G.H.G., en lo que concierne al artículo 6º, literal d) del numeral 4°, y a las expresiones salvo que el trabajador manifieste su voluntad de acogerse al nuevo régimen, contenidas en su parágrafo transitorio, así como en lo relativo a los artículos 18, numeral 2°, y 20, literal c), todos de la Ley 50 de 1990.
Sin embargo, la Corte Constitucional encontró que el fallo 115 de septiembre 26 de 1991 dio tránsito a cosa juzgada absoluta: La verificación de constitucionalidad efectuada por la Corte Suprema de Justicia tuvo lugar en relación con la carta política de 1991, aludió a aspectos materiales y en la parte resolutiva del fallo no se hizo ninguna advertencia en cuya virtud se limitaran los efectos del mismo.
Acorde con lo anterior, la Corte Constitucional concluyó que la aludida providencia hizo tránsito a cosa juzgada absoluta, razón por la cual esta Corte se abstendrá de adelantar un nuevo examen de los preceptos cobijados por aquella, ordenándose en consecuencia estar a lo resuelto.
Acto seguido esta corporación analizó la exequibilidad del resto del parágrafo transitorio del artículo 6° de la Ley 50 de 1990 y concluyó que no menoscababa los derechos de los trabajadores, al preservar los derechos adquiridos de los trabajadores que contaran con más de 10 años de servicio continuos al empleados, al momento de entrar en vigencia. En consecuencia, en el pronunciamiento citado se declararon exequibles aquellos apartes del parágrafo que no habían sido objeto del fallo de la Corte Suprema de Justicia.
5.7. Posteriormente, mediante sentencia C-594 de noviembre 20 de 1997, M.P.A.M.C., la Corte Constitucional ordenó estarse a lo resuelto en los fallos 115 de septiembre 26 de 1991 de la Corte Suprema de Justicia y C-569 de 1993 citado, al encontrar que los dos pronunciamientos fueron proferidos bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991, por lo cual ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
5.8. Igualmente, en la sentencia C-1507 de noviembre 8 de 2000, M.P.J.G.H.G., la Corte Constitucional resolvió (en el texto original únicamente están en negrillas los vocablos EXEQUIBLES, INEXEQUIBLES y EXEQUIBLE):
1) Declarar EXEQUIBLES, sólo en los términos de esta Sentencia, el literal h) del artículo 5 de la Ley 50 de 1990, así como los numerales 1, 2, 3, y los literales a), b) y c) del numeral 4 del artículo 6 de la misma Ley. Bajo cualquiera otra interpretación, tales como normas se declaran INEXEQUIBLES.
2) Declarar EXEQUIBLE la palabra no del artículo 6, numeral 6, de la Ley 50 de 1990.
3) En relación con el literal d) del numeral 4 del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 6 de la Ley 50 de 1990, así como respecto del parágrafo transitorio de esa disposición, estése a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 115 del 26 de septiembre de 1991, y por la Corte Constitucional en Fallo C-569 del 9 de diciembre de 1993.
Allí, el actor consideró que la facultad otorgada al empleador de terminar la relación laboral sin justa causa, vulneraba el derecho fundamental a conservar el puesto de trabajo en condiciones dignas y justas, siempre que no surjan motivos suficientes para dar por terminada la relación laboral.
5.9. Reseñado lo hasta aquí expuesto, encuentra esta corporación que ni en la jurisprudencia de la S.P. de la Corte Suprema de Justicia, ni en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se ha confrontado el artículo 6° de la Ley 50 de 1990 frente a un cargo como el ahora planteado, según el cual el legislador incurrió en una omisión legislativa que desconoce los artículos 25 y 53 de la Constitución de 1991, por impedir que exista una acción de reintegro frente al despido sin justa causa de los trabajadores que tengan más de 10 años de servicio continuo con el mismo empleador.
5.10. Similar situación se presenta con relación al artículo 28 de la Ley 782 de 2002, que modificó el artículo 6° de la Ley 50 de 1990, pues aún no ha sido objeto de un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, frente a un cargo por presunta omisión legislativa relativa.
Esta corporación declaró exequible toda la Ley 782 de 2002 en la sentencia C-658 de agosto 5 de 2003, M.P.A.B.S., al no encontrar que en su trámite en el Congreso se hubiese incurrido en vicios de procedimiento.
De otro lado, en fallo C-038 de enero 27 de 2004, M.P.E.M.L., declaró exequible el artículo 28 de la Ley 782 en cuestión, únicamente por los cargos analizados[41], pues el actor sostuvo que (i) la disminución del monto de la indemnización por despido sin justa causa desconocía el principio de estabilidad en el empleo; y (ii) conculcó el derecho a la igualdad, por crear un trato diferenciado con relación al valor de la indemnización, entre quienes ganan más de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes y quienes están por debajo de ese límite.
5.11. Posteriormente en la sentencia C-175 de marzo 2 de 2004, M.P.M.J.C.E., esta corporación resolvió estarse a lo resuelto en la sentencia C-038 de 2004, la cual declaró la exequibilidad de los incisos 5° a 12 del artículo 28 de la Ley 789 de 2002, por los cargos allí estudiados, pues los accionantes también invocaron el desconocimiento del derecho a la igualdad, dados los montos establecidos con relación a la indemnización.
5.12. En el fallo C-257 de marzo 12 de 2008, M.P.C.I.V.H., la Corte resolvió: ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-038 de 2004, que dispuso declarar EXEQUIBLES, pero únicamente por los cargos estudiados, los artículos 25, 26, 28y 51 de la Ley 789 de 2002.
Aclarado todo lo anterior, procede la S.P. de la Corte Constitucional a determinar si existe la omisión legislativa relativa que predican el actor en su demanda y algunos de los intervinientes.
Análisis de los elementos que configurarían la presunta omisión legislativa relativa.
De encontrar acreditados esos dos elementos, se emprenderá el estudio de las tres restantes, con la consecuencial profundización sobre la existencia de la omisión legislativa relativa invocada.
6.1. Presencia de normas que generarían una específica exclusión normativa.
Igualmente el numeral 5° de esa norma facultaba -usando el vocablo podrá- al juez laboral a (i) ordenar el reintegro de aquellos trabajadores despedidos sin justa causa, que llevasen más de 10 años continuos de servicio, junto con el pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir; o (ii), condenar al pago de las indemnización a que hubiese lugar.
Sin embargo, como se indicó en la precitada sentencia C-185 de 2002[44], si bien la Corte Constitucional puede encontrar cumplidos esos presupuestos, en particular el relacionado con la falta de un mandato que se echa de menos en la demanda, y que el actor considera como constitucionalmente obligatorio, ello no implica afirmar que su inclusión resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos superiores.
6.2. Razón suficiente para la exclusión normativa y presencia de un mandato constitucional específico.
6.2.1. Al abordar este aspecto, la Corte analizará la existencia de los mandatos constitucionales concretos de los cuales pudiera derivarse la exigencia de que, tratándose de la terminación unilateral de un contrato de trabajo, sin justa causa, por parte del empleador, deba admitirse normativamente la posibilidad de que, en ciertos casos, la jurisdicción laboral ordene el reintegro, para salvaguardar la estabilidad del trabajador. Sólo en el evento de acreditarse la existencia de dicho imperativo constitucional, tiene sentido establecer la si eventualmente fue desatendido por las normas demandadas.
6.2.3. Tratándose de la eliminación de la acción de reintegro por parte de la Ley 50 de 1990, la S.P. de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en la sentencia 115 de septiembre 26 de 1991, ya referida, que por su relevancia para el presente asunto se cita in extenso, con relación al cambio normativo propiciado sobre el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo (no está en negrilla en el texto original):
Pero este precepto [art. 6, L. 50/90] eliminó la acción de reintegro que como alternativa opcional concedía la ley anterior al trabajador despedido sin justa causa, con relación a lo cual es posible decir, como lo hace el actor, que los trabajadores perdieron ese derecho, pero no es dable afirmar, como aquél lo hace, que se haya quebrantado la Constitución. El nuevo precepto, que eleva de 30 a 40 días de salario la tabla de indemnizaciones, siguió con respecto a los trabajadores con 10 o más años de servicio la misma línea de tratamiento de quienes tienen menos y para todos dejó como única consecuencia la de los perjuicios compensatorios sin posibilidad de restablecer las cosas al estado anterior. Esto, que le parece inconveniente al actor, el legislador lo juzgó de otra manera en pos de lograr que trabajadores antiguos no fuesen despedidos antes de los 10 años por el temor patronal a esta acción en el futuro, lo cual no merece reparo constitucional, a pesar de que el artículo 53 de la nueva Constitución haya comprendido dentro de los principios que han de inspirar la legislación laboral el de que ésta consagre el de la estabilidad en el empleo, pues no se trata de una estabilidad absoluta e ilímite que solamente terminaría con la muerte, sino de una protección razonable y prudente que conduzca a la preservación de la vocación de permanencia que tiene la relación laboral, dentro de unas condiciones económicas y de mercado concretas y prácticas, así como a lograr la indemnidad del trabajador; no puede considerarse que la acción de reintegro sea el único medio de lograr estas metas y que ella se eleva entonces a la categoría de exigencia constitucional, a más de que afectaría gravemente el mercado del trabajo y el pleno empleo por razón de las respuestas de la otra parte del contrato que su implantación generalizada desataría, tal como hubo oportunidad de verse a raíz de la que rigió para trabajadores de 10 o más años de servicios; cree por el contrario la Corte que los propósitos de estabilidad prudente y de indemnidad del trabajador se logran con el sistema estudiado de la fijación anticipada de una indemnización que, por lo demás, es pesada, sin que esto implique tampoco que este procedimiento sea el único que eventualmente puede escoger el legislador.
Al respecto, en ese falló se consignó: De otro lado, como se dijo en otro aparte de esta providencia, a los trabajadores que a la vigencia de la ley estuviesen en dicha situación de tiempo de servicios se les conservó en el régimen anterior, de manera que como también se observó, no cabe ni discutir si se violaron derechos adquiridos; y se les dio la opción de acogerse al nuevo esquema, lo cual se analizó también desde el punto de vista del principio de irrenunciabilidad de los derechos adquiridos.
6.2.4. Cabe recordar además que en dicho fallo la Corte Suprema de Justicia estudió la exequibilidad de varias normas, entre ellas algunos apartes del artículo 6° de la Ley 50 de 1990, en aquel entonces censuradas porque, en criterio del accionante, no protegían debidamente a los trabajadores o vulneran sus derechos adquiridos, desconocen el designio de obtención de la justicia social y el desarrollo de las clases proletarias que las leyes deben tener o, en fin, desconocen el derecho a asociarse[47].
Igualmente, la Corte Constitucional en el referido fallo C-569 de 1993, resolvió estarse a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, en lo concerniente al artículo 6°, literal d) del numeral 4°, y a la expresión salvo que el trabajador manifieste su voluntad de acogerse al nuevo régimen, del parágrafo transitorio de la Ley 50 de 1990.
En la sentencia C-569 de 1993, la Corte Constitucional encontró que el fallo 115 de septiembre 26 de 1991 tuvo tránsito a cosa juzgada absoluta: La verificación de constitucionalidad efectuada por la Corte Suprema de Justicia tuvo lugar en relación con la carta política de 1991, aludió a aspectos materiales y en la parte resolutiva del fallo no se hizo ninguna advertencia en cuya virtud se limitaran los efectos del mismo.
6.2.5. Resulta pertinente recordar además lo expuesto por la Corte Constitucional en el referido fallo C-038 de 2004, que declaró exequible el artículo 28 de la Ley 782 de 2002, frente a la presunta vulneración de los artículos 1°, 2°, 13 y 58 superiores, al disminuir el porcentaje de la indemnización por despido sin justa causa.
Conforme a lo anterior, en principio la ley no puede afectar una situación jurídica concreta y consolidada, que ha permitido que un derecho ingrese al patrimonio de una persona, por haberse cumplido todos los supuestos previstos por la norma abstracta para el nacimiento de un derecho. Una modificación de esa situación esta en principio prohibida por desconocer derechos adquiridos (CP art. 58). Pero en cambio, la ley puede modificar las regulaciones abstractas, sin que una persona pueda oponerse a ese cambio, aduciendo que la nueva regulación le es menos favorable y le frustra su posibilidad de adquirir un derecho, si aún no se han cumplido todos los supuestos fácticos que la regulación modificada preveía para el nacimiento del derecho. En este caso, la persona tiene una mera expectativa, que la ley puede modificar, sin que en manera alguna pueda afirmarse que por esta sola circunstancia haya violado derechos adquiridos, pues, se repite, la ley rige hacia el futuro y nadie tiene derecho a una eterna reglamentación de sus eventuales derechos y obligaciones[48]. Y es que si se admitiera que una mera expectativa pudiera impedir el cambio legislativo, llegaríamos prácticamente a la petrificación del ordenamiento, pues frente a cada nueva regulación, alguna persona podría objetar que la anterior normatividad le era más favorable y no podía entonces ser suprimida.
6.2.6. En el fallo C-727 de octubre 24 de 2009, M.P.M.V.C.C., entre muchos otros, se explicó que existen dos grupos de obligaciones estatales: (i) adoptar medidas positivas para lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades entre los asociados, acatando el deber constitucional de satisfacer progresivamente sus derechos económicos, sociales y culturales básicos (cláusula de erradicación de las injusticias presentes); y (ii) abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas regresivas frente a esos derechos, para prevenir la exclusión o marginación que pretende corregir, sin que ello impida avanzar progresivamente hacia su pleno goce efectivo[50].
En el ámbito laboral y particularmente en cuanto a la no regresividad, el fallo C-038 de enero 27 de 2004, M.P.E.M.L., explicó que la disminución de la protección de los derechos de los trabajadores resulta problemática constitucionalmente, en la medida en que pueda afectar el principio de progresividad, sin que ello signifique que regulaciones más estrictas devenga, per se, en un retroceso frente a esas garantías.
Así, esta corporación ha indicado que en asuntos laborales, la facultad de configuración del legislador dista de ser plena, pues no sólo (i) no puede desconocer derechos adquiridos sino que además (ii) debe respetar los principios constitucional del trabajo y (iii) las medidas deben estar justificadas, conforme al principio de proporcionalidad[52].
Con todo, el fallo C-727 de 2009 ya referido, recordando lo consignado en la sentencia C-613 de noviembre 13 de 1996, M.P.E.C.M., señaló que la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos algunos de los trabajadores, no petrifica la posibilidad de regular esa materia, en tanto el legislador dentro de su potestad configurativa no está obligado a mantener en el tiempo las expectativas que tienen las personas conforme a las leyes vigentes en un momento determinado.
Las normas impugnadas reconocieron además, expresamente, el derecho de los trabajadores que cumpliesen con la exigencia de llevar más de 10 años de servicio continuo con el empleado, a enero 1° de 1991, cuando entró en vigencia la Ley 50 de 1990, por tratarse de derechos adquiridos.
N., comuníquese, publíquese y archívese el expediente. C..
ADRIANA GUILLÉN ARANGO JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Magistrada Magistrado
[3] El Decreto 2351 de 1965 reformó el Código Sustantivo del Trabajo en Colombia; el numeral 5° de su artículo 8° señalaba: Con todo, cuando el trabajador hubiere cumplido diez (10) años continuos de servicios y fuere despedido sin justa causa, el juez del trabajo podrá mediante demanda del trabajador, ordenar el reintegro de éste en las mismas condiciones de empleo de que antes gozaba y el pago de los salarios dejados de percibir, o la indemnización en dinero prevista en el numeral 4, literal d) de este artículo. Para decidir entre el reintegro y la indemnización, el juez deberá estimar y tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio, y si de esa apreciación resulta que el reintegro no fuere aconsejable en razón a las incompatibilidades creadas por el despido, podrá ordenar, en su lugar, el pago de la indemnización.
[18] C-131 de abril 1° de 1993, M.P.A.M.C., entre otros.
[19] Ver, entre otros, auto 288 y fallo C-1052 de 2001, ambos de octubre 4, M.P.M.J.C.E..
[21] Ver, entre otros, auto 288 de octubre 4 de 2001 y sentencias C-1052 de octubre 4 de 2001 y C-568 de junio 28 de 2004, todas esos fallos con ponencia del Magistrado M.J.C.E., y C-980 de septiembre 26 de 2005, M.P.R.E.G..
[23] Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2010.
[24] Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009.
[25] Corte Constitucional, sentencia C-480 de 2003.
[26] Cfr. sobre la omisión legislativa, entre otros, los fallos C-562 de junio 1°, M.P.J.A.R. y C-865 de septiembre 7 de 2004, M.P.R.E.G.; C-800 de agosto 2, M.P.A.B.S., C-823 de agosto 10, M.P.Á.T.G. y C-1154 de noviembre 15 de 2005, M.P.M.J.C.E.; C-891A de noviembre 1 de 2006, M.P.R.E.G.; C-208 de marzo 21, M.P.R.E.G., C-394 de mayo 23, M.P.H.A.S.P., C-831 de octubre 10, M.P.J.C.T. y C-1004 de noviembre 22 de 2007, M.P.H.A.S.P.; C-463 de mayo 14, J.A.R., C-540 de mayo 28, M.P.H.A.S.P. y C-542 de mayo 28 de 2008, M.P.J.C.T.; C-314 de mayo 5 y C-522 de agosto 4 de 2009, ambas con ponencia de N.P.P.; C-942 de noviembre 24 de 2010, M.P.J.C.H.P. y C-373 de mayo 12, M.P.N.P.P. y C-881 de noviembre 23 de 2011, M.P.L.E.V.S..
[27] Tratándose de la omisión legislativa absoluta, ver entre otros, los fallos C-543 de octubre 16 de 1996, M.P.C.G.D.; C-780 de septiembre 10 de 2003, M.P.M.G.M.C.; C-1154 de noviembre 15 de 2005, M.P.M.J.C.E.; C-192 de marzo 15 de 2006 y C-542 de mayo 28 de 2008, ambas con ponencia del Magistrado J.C.T..
[28] Con relación a la omisión legislativa relativa se pueden consultar, entre otros, los fallos C-185 de marzo 13 de 2002, M.P.R.E.G.; C-823 de 2005; C-891A de 2006; C-208 y C-394 de de 2007 y C-463 de 2008, todos ya referidos.
[30] Situación similar se analizó en las sentencias C-1549 de noviembre 21 de 2000, M.P.M.V.S.M.; C-562 y C-865 de 2004; C-891A de 2006; C-831 de 2007; C-540 y C-542 de 2008 y C-522 de 2009, todas ya reseñadas.
[31] Cfr. C-1230 de noviembre 29 de 2005, M.P.R.E.G. y C-038 de febrero 1 de 2006, M.P.H.A.S.P..
[33] Reiterada recientemente en los fallos C-533 de julio 11 y C-589 de julio 25 de 2012, ambos con ponencia del Magistrado N.P.P., entre otros.
[34] Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2010.
[35] Corte Constitucional, sentencia C-814 de 2009.
[36] Corte Constitucional, sentencia C-480 de 2003.
[37] Cfr. C-373 de mayo 12 de 2011, M.P.N.P.P., donde se reiteró lo consignado en las sentencias C-427 de septiembre 12 de 1996 y C-447 de septiembre 18 de 1997, ambas con ponencia del Magistrado A.M.C. y C-228 de abril 3 de 2002, Ms. Ps. M.J.C.E. y E.M.L..
[38] Cfr. La Acusación sintetizada en los antecedentes de la sentencia 115 de septiembre 26 de 1991 de la S.P. de la Corte Suprema de Justicia, ampliamente citada.
[39] Recuérdese que en la sentencia 115 de septiembre 26 de 1991, la Corte Suprema de Justicia confrontó parte del contenido normativo de la Ley 50 de 1990, frente a la Constitución de 1991. Al respecto, nótese que la Corte Constitucional explicó en el fallo C-569 de diciembre 9 de 1993, M.P.J.G.H.G., que aunque esa disposición fue expedida con antelación a la carta política de 1991, el artículo 24 transitorio ibídem permitía esa forma de control.
Al respecto, la Corte Constitucional indicó: 3) Una disposición expedida antes de la nueva carta y declarada exequible o inexequible por la Corte Suprema de Justicia después del 7 de julio de 1991. Esta posibilidad existe en razón del artículo 24 Transitorio de la Constitución, que, mientras se instalaba la Corte Constitucional, dispuso: Las acciones públicas de inconstitucionalidad instauradas antes del 1º de junio de 1991 continuarán siendo tramitadas y deberán ser decididas por la Corte Suprema de Justicia, dentro de los plazas señalados en el Decreto 432 de 1969.
En tales eventos, ante una nueva demanda, el fallo de la Corte Suprema de Justicia debe ser tomado como si se hubiera proferido por la propia Corte Constitucional. Es decir, habrá definir, según las reglas generales, si la sentencia se refirió a motivos de forma o de fondo y si el fallador la circunscribió en la parte resolutiva a ciertos aspectos. Así se establecerá si en el caso concreto se produjo el fenómeno de la cosa juzgada absoluta o si ella es apenas relativa.
[40] Recuérdese que dicha norma señaló: d) Si el trabajador tuviere diez (10) o más años de servicio continuo se le pagarán cuarenta (40) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.
[41] La demanda que dio origen a la sentencia C-038 de 2004 se dirigió contra los siguientes apartes del artículo 28 de la Ley 782 de 2002: En los contratos a término indefinido la indemnización se pagará así:
[42] El artículo 8° del Decreto 2351 de 1965 modificó el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, que preceptuaba: Articulo 64. Condición resolutoria. 1. En todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable. Esta indemnización comprende el daño emergente y el lucro cesante.
En caso de que el patrono tenga que indemnizar perjuicios al trabajador por ruptura unilateral e ilegal del contrato, el lucro cesante consiste en el monto de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplirse el plazo pactado o presuntivo.
[43] Recuérdese que el parágrafo transitorio del artículo 28 de la Ley 789 de 2002 preceptúa: Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley, tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador, se les aplicará la tabla de indemnización establecida en los literales b), c) y d) del artículo 6° de la Ley 50 de 1990, exceptuando el parágrafo transitorio, el cual se aplica únicamente para los trabajadores que tenían diez (10) o más años el primero de enero de 1991.
[45] El artículo 25 de la Constitución preceptúa: El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.
[46] El artículo 53 de la Constitución consagra (no está en negrilla en el texto original): El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.
[47] Cfr. La Acusación sintetizada en los antecedentes de la sentencia 115 de septiembre 26 de 1991 de la S.P. de la Corte Suprema de Justicia, ampliamente citada.
[48] Corte Constitucional, sentencia C-781 de 2003. M.P.C.I.V.H., Fundamento 6. En el mismo sentido, ver Corte Suprema de Justicia, S.P.. Sentencia 115 del 26 de septiembre de 1991. M.P.J.S.G..
[50] En el fallo C-727 de 2009, se reiteró el C-671 de agosto 20 de 2002, M.P.E.M.L..
La norma en mención, que parte de la igualdad de derechos y oportunidades entre la mujer y el hombre, tiene su génesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra para la maternidad y la infancia cuidados y asistencias especiales (art. 25, num. 2°), disposición posteriormente desarrollada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10, num. 2º), al disponer para los Estados Partes el deber de conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto, además de la concesión de licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social dentro de ese período.
Por otro lado, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se establecieron compromisos de adopción de medidas de protección hacia la mujer embarazada, como el aseguramiento efectivo del derecho a trabajar, la prohibición de despido por razón de su estado y la implementación de la licencia de maternidad, con sueldo pagado o prestaciones sociales similares, sin que implique pérdida del empleo, ni efectos contra la antigüedad y los beneficios sociales (art. 11 num. 2°, literales a y b).
Con fundamento en los anteriores referentes normativos, la protección del embarazo cobra especial realidad y efectividad y, necesariamente, por los derechos fundamentales en custodia, implica una estabilidad laboral reforzada de la mujer en estado de gravidez, que a su vez conlleva la prohibición de ser despedida por razón del mismo, al ser un criterio discriminatorio que atenta contra el artículo 13 de la carta política y deviene en afectación de los derechos de quien está por nacer y de la familia (art. 42 ib.).
[54] El artículo 47 superior preceptúa que el Estado tiene el deber de adelantar políticas de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. Así mismo, el artículo 13 ibídem impone que el derecho a la igualdad de las personas con limitaciones sea real y efectivo. En este sentido, ordena al Estado adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, en especial aquellos que por su condición física o mental se encuentren en situaciones de debilidad manifiesta, lo que ha sido llamado por la jurisprudencia constitucional acciones afirmativas.
Aunque esta corporación acepta que el concepto de discapacidad no ha tenido un desarrollo pacífico, ha concluido que en materia laboral la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de discapacitados (cfr. T-1040 de septiembre 27 de 2001, M.P.R.E.G.).
El amparo cobija a quien sufre una disminución que dificulta o impide su desempeño normal, por padecer: (i) una deficiencia entendida como una pérdida o anormalidad permanente o transitoria, sea psicológica, fisiológica o anatómica de estructura o función; (ii) discapacidad, esto es, cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionados por una deficiencia en la forma o dentro del ámbito considerado normal para el ser humano; o, (iii) minusvalidez, que constituye una desventaja humana, al limitar o impedir el cumplimiento de determinada función, acorde con la edad, sexo o factores sociales o culturales (cfr. T-198 de marzo 16 de 2006, M.P.M.G.M.C..
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56422 de 25 de Octubre de 2011

References: artículo 6
 artículo 28
 artículo 6
 artículo 28
 artículo 8
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 artículo 28
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 13
 artículo 53
e contrario
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 artículo 64
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 artículo 8
 artículo 24
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 artículo 8
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 artículo 47
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