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Timestamp: 2019-10-23 06:10:20+00:00

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PDU DEL 2010 PLANTEÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO MAYORISTA: CHICLAYO NECESITA COMO MÍNIMO SEIS MERCADOS ZONALES
Edición N° 1130
El primer y único complejo mayorista de Chiclayo se construyó hace casi 50 años. Sin embargo, Moshoqueque ya no es suficiente para atender el flujo comercial actual, debido a que su alcance dejó de ser departamental para proyectarse a nivel macroregional. ¿A quién corresponde la proyección de nuevos mercados? Indudablemente, al municipio provincial, pero en cinco décadas este no ha tenido la capacidad suficiente para atender la desbordante problemática del comercio, pese a que los planes de desarrollo así lo sugieren.
“Hay muchas razones por las que no se ha construido hasta ahora un nuevo mercado mayorista en Chiclayo, una de ellas es porque no se ha encontrado un terreno para hacerlo y tampoco se previó que el alcance que tendría Moshoqueque sería tan grande. En la década del 70, cuando se construyó Moshoqueque, aún era posible manejar con cierta formalidad el lugar. La explosión se dio en los 80, cuando la informalidad y la toma del espacio público por los vehículos y los vendedores informales crece, así como el alcance de Moshoqueque, que llega al ámbito nacional”, señala el past decano del Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lambayeque, Carlos Paredes García.
El también especialista en urbanismo menciona uno de los principales problemas para la correcta gestión de Moshoqueque como complejo mayorista radica en la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, debido a que “siempre ha sido es una de las más caóticas y desordenadas a nivel nacional”.
“La hipótesis de que en algún momento se podría regularizar o formalizar la actividad comercial no solo en Moshoqueque, sino también en toda su área colindante, en algún momento fue excesivamente positiva y esperanzadora, porque el escenario real simplemente no lo permite. Ordenar Moshoqueque es una utopía, porque ninguna de las autoridades a lo largo del tiempo ha tenido esa intención y si la tuvo, una vez asumido el gobierno, varió”, afirma.
Paredes García anota que en el caso de la Municipalidad Provincial de Chiclayo tampoco ha existido voluntad y visión para proyectar la construcción de mercados zonales y un nuevo espacio mayorista, entendiendo que es esta la que regula las actividades en toda la jurisdicción.
“Es necesario que haya un encuentro de voluntades. A mediados de los 90 las actividades en los mercados se empezaron a privatizar y fue en ese momento en que se genera una suerte de retiro de las instituciones municipales en el manejo de los mercados, así como de sus inversiones. Recién hace algunos años se ha retomado ese interés. Recordemos que en algún momento era imposible plantearle al Estado, desde los municipios, la construcción de mercados con recursos públicos, porque se entendía que eran los privados los que debían hacer esas inversiones. Si lo que se necesita en Chiclayo es un gran mercado, de escala nacional como el de Santa Anita, en Lima, corresponde al encuentro de esfuerzos entre la provincia y el gobierno regional su construcción”, explica.
Un espacio mercantil de estas características debería construirse – señala – en un área no menor a 30 hectáreas, con accesibilidad a vías nacionales, debido a que su influencia no será solo en la ciudad y la zona metropolitana, sino en toda la macroregión.
EL PDU
Entre el 2008 y el 2010, el Colegio de Arquitectos y varias instituciones de la sociedad civil plantearon a la municipalidad de Chiclayo un Plan de Desarrollo Urbano – PDU, para actualizar el Plan Director de 1992, documento que teniendo un horizonte de acción de cinco años; es decir, hasta el 2015, fue aprobado por el concejo provincial recién en el 2016.
En el PDU se proyectó la construcción de un mercado mayorista al norte de Chiclayo, en la vía a Lambayeque.
“Se proyectó en ese lugar porque es una de las pocas zonas donde hay todavía macrolotes que pueden variar al uso residencial y permiten ubicar ahí un gran mercado mayorista, teniendo en cuenta que también tiene acceso a la Avenida Chiclayo. Cerca también se proyectó la construcción de un gran terminal logístico, de contenedores y tráiler de carga, que están directamente relacionados a la actividad mayorista, a fin de evitar que estos ingresen al centro de la ciudad como actualmente sucede. Hoy vemos camiones que se cuadran a una cuadra de Moshoqueque y hacen las labores de carga y descarga. Se planteó un proyecto integral”, rememora Paredes García.
MERCADOS ZONALES
Menciona que la sola construcción de un mercado mayorista no es suficiente para atender la problemática del comercio en Chiclayo. En ese sentido, es necesario que se ejecuten otros proyectos complementarios como la habilitación de, por lo menos, seis mercados zonales, donde pueda reubicarse a los comerciantes excedentes minoristas del Mercado Modelo y Moshoqueque, permitiendo de esta manera la descongestión de las actividades primarias.
“Para el comercio local metropolitano se propuso la construcción de una red de seis mercados zonales para el abastecimiento diario de los pobladores, que pueden construirse sobre una o dos hectáreas. Estos mercados zonales deberían abastecerse del gran mercado mayorista, que al mismo tiempo sería despensa para el comercio en toda la macroregión, por eso la necesidad de ubicarlo cerca a una vía nacional”, explica.
Consultado sobre el Mercado Modelo, sobre el que existe un mandato judicial de desalojo contra los comerciantes que ocupan las plataformas circundantes, una ley de expropiación y el enfrentamiento legal entre el municipio y los propietarios de las 38 tiendas, Carlos Paredes refiere que en un escenario que permita la solución de todas las controversias antes citadas, lo más recomendable es que se varíe el uso de dicho espacio.
Hasta el momento el municipio no ha definido qué hacer finalmente con el Mercado Modelo. Algunas gestiones postularon su modernización, en otro momento se habló de construir un centro comercial vertical y también de demoler la construcción existente y generar un área de recreación pública. El past decano del Colegio de Arquitectos sostiene que esto último es lo más recomendable.
“En el PDU del 2010 también se analizó la situación del Modelo y propusimos que este se convierta en un espacio de recuperación urbana y permita la construcción de un parque central, donde se puedan realizar múltiples actividades. Claro, que nada de eso se puede hacer sin ates haber montado la red de mercados zonales periféricos. Tener un mercado en el centro origina que todas las rutas de transporte público busquen y logren, no sé cómo, llegar lo más cerca a él, a una o dos cuadras de donde se ubica. Existe una fuerte relación entre el sistema de transporte público y el mercado Modelo y no puede ser que la gente llegue desde la periferia a comprar al Modelo, que viaje desde Satélite o desde La Victoria o los distritos azucareros para llegar al Modelo. Estamos locos para seguir haciendo eso, utilizando además un transporte público que es precario, con poco volumen de transporte y que saturan las vías. La lógica nos dice que debemos tener un mercado cerca a donde vivimos. El problema en Chiclayo es que tenemos uno solo”, manifiesta.
Paredes García precisa que el desalojo de los comerciantes ambulantes de los exteriores del Mercado Modelo no es la solución al problema, pues si bien existen razones suficientes para liberar las zonas tomadas, también recae sobre la municipalidad la obligación de generar nuevos espacios.
“El problema del mercado Modelo tiene varias aristas. Una de ellas es que el comprador tiene derecho de caminar por una calle libre, porque ese es un derecho. Por otro lado está la arista social. Hay cerca de ocho mil personas que trabajan como informales cerca al Modelo, pero que no viven alrededor, sino que se desplazan desde distintos puntos para vender allí sus productos. Lo lógico es que esas personas sean ubicadas en los espacios que la municipalidad habilite y esa es una competencia de la Gerencia de Desarrollo Económico, que debería de estar trabajando en alternativas que permitan reducir la afluencia de comerciantes en el Modelo”, señala.
Finalmente, Carlos Paredes sostiene que si el municipio no tiene terrenos para construir nuevos mercados debe buscar los mecanismos legales para ejecutar acciones coactivas sobre predios cuyos propietarios adeudan a la comuna por concepto de impuestos.
“Hay muchos terrenos que hoy son basurales y cuyos dueños no pagan ningún impuesto al municipio. Catastro de la municipalidad debería identificarlos y aplicar los dispositivos que permitan a la ciudad hacerse de dichos espacios para ubicar al comercio”, enfatiza.
MAXIMILIANO PLAZA QUEVEDO: “SOLO EL 10 % DE COLEGIOS EN LAMBAYEQUE CUENTA CON UN PSICÓLOGO”
Decano del Colegio de Psicólogos – Consejo Directivo VI, revela que hay una mayor ausencia de profesionales de la psicología en los colegios nacionales.
Plaza Quevedo destaca que la orden profesional se ha digitalizado.
Pese a la existencia de la Ley Nº 30797, dispositivo que modificaba el Artículo 52 de Ley Nº 28044 – Ley General de Educación, el cual demanda la integración progresiva de los psicólogos en las instituciones educativas, el decano del Colegio de Psicólogos – Consejo Directivo VI Lambayeque y Amazonas, Max Plaza Quevedo, refiere que de los 800 colegios en Lambayeque, solo el 10 % cuenta con los servicios de estos profesionales.
Asumió este año el decanato del colegio y encontró una situación no muy favorable. Pese a que el marco normativo nacional exige que los psicólogos tengan la habilidad de su orden para brindar sus servicios, hay pocos que cumplen con ello en Lambayeque.
Sabíamos de la responsabilidad que enfrentábamos. Estamos organizando primero el frente interno, es decir, la parte administrativa y estructural con nuevas normas, dándole una visión positiva. También le estamos dando importancia a la parte académica mediante cursos, muchos de los cuales son gratuitos para los agremiados. Hemos contratado los servicios de una auditoría para que nos diga cómo está económicamente el colegio. Ahora todo está informatizado y haciendo un clic los agremiados pueden conocer a quién le hemos comprado, a qué hora, cuál es su razón social, la cantidad, la inversión… todo.
Teniendo en cuenta que, además, el colegio en Lambayeque tiene jurisdicción también sobre Amazonas, ¿los agremiados de este departamento pueden conocer cómo se maneja la orden en lo administrativo y económico?
Hemos inaugurado un nuevo sistema que nos permite llegar a todos. A través del celular pueden escuchar gratuitamente las conferencias y participar de los cursos. Pronto iremos a Amazonas para ver sus necesidades. Sé que una de ellas es la bancarización, lo cual no es que no la hagamos por desidia, sino porque a nivel nacional hay problemas con la inscripción en Registros Públicos.
¿No han hecho valer ustedes el Decreto Supremo Nº 012-2018-JUS, el cual señala que la declaratoria de los colegios profesionales es facultativa ante Registros Públicos para la inscripción de juntas directivas?
Estamos en pos de esa situación. Ya nuestro abogado está tomando cartas en el asunto.
Son mil 712 los psicólogos que pertenecen al Consejo Regional Lambayeque – Amazonas, pero solo 525 están habilitados. ¿Qué pasa con el resto que se desempeña en la labor pública o privada? La ley del colegio señala que no pueden ejercer mientras no tengan la habilidad profesional.
La ley lo exige y tengo casos en Ética de colegas que han firmado documentación y tuvieron que ir al Poder Judicial por no estar habilitados. Vamos a proponerle al Consejo hacer una amnistía para recuperar a los mil 187 restantes, para lo cual haremos una estrategia escalonada, de modo que tengan sus respectivas habilitaciones.
¿Qué pasará con los colegas que han firmado sin estar habilitados?
El Comité de Ética es autónomo, pero creo que pretende dar una amonestación y conminarlos para que se habiliten y regularicen su situación.
Durante todos estos años el colegio se ha manejado sin tener un presupuesto institucional anual, lo cual permitía el uso al libre albedrio de los recursos sin que exista un cronograma de gastos ni la debida transparencia. ¿Se está trabajando en presupuesto?
Con el sistema informatizado que tenemos, los agremiados haciendo un clic pueden ver todos los ingresos diarios, algo que antes no se sabía porque se manejaba manualmente.
¿Las relaciones interinstitucionales se están llevando bien? ¿El Consejo Directivo está bien?
Se ha celebrado hace poco el Día de la Familia. Ahora estamos realizando una actividad sobre la violencia en todas sus manifestaciones, sobre todo porque el bullying va en incremento en los colegios. Ahora suceden cosas que rayan con la violencia y los niños tienen miedo de ir a clases. Acabo de estar fuera del país y en otros lados se está discutiendo incluso la posibilidad de que el profesor lleve un arma. Para no llegar a esos extremos es que la psicología hoy es preventiva.
Y precisamente sobre eso ustedes han empezado a liderar una lucha a nivel nacional para que se restituya la presencia de los psicólogos en las instituciones educativas, pues los dispositivos legales emitidos por el Ministerio de Educación - MINEDU, los hacían no exigibles, cuando se ve que los problemas de convivencia se acrecientan en la comunidad educativa.
Aprovecho la oportunidad para dirigirme a la Gerencia Regional de Educación y exigirle la presencia de un psicólogo en los centros educativos, los cuales hoy demandan practicantes, pero para que una institución los reciba, primer debe haber un psicólogo de planta que comande a todo este equipo. Se está pidiendo incluso que se realice un examen psicológico a los profesores, iniciativa con la que estoy de acuerdo, ya que quien trata con niños trata con el futuro del país.
¿El Colegio ejerce algún tipo de control sobre los psicólogos que participan en las instituciones educativas? Se ha visto una proliferación de perfiles y diagnósticos sin el debido procedimiento para emitir criterios sobre la conducta de los educandos.
Hay una percepción negativa de que el psicólogo es para los locos. Estamos luchando contra ese estereotipo. Necesitamos una revolución en el sistema educativo. Hoy gracias a la inteligencia artificial se han descubierto más funciones del cerebro. El día que el sistema educativo implemente esto, hará falta una renovación de los profesores, estrategias y modelos educativos.
Y un acompañamiento de los profesionales especializados. ¿Cuántos colegios tienen psicólogos en Lambayeque?
Cada colegio debe tener un psicólogo especializado. En Lambayeque hay más de 800 colegios, de los cuales aproximadamente solo el 10 % cuenta con un psicólogo. Más hay en los particulares que en los nacionales.
¿El Estado debería implementar plazas de contratación o nombramiento para psicólogos en las instituciones educativas?
Estamos luchando por eso. Ya existe una ley dada por el MINEDU, pero muchas veces en las UGEL no se concretiza en actos que conduzcan a la contratación de un psicólogo profesional.
¿Y a nivel organizacional? ¿Cómo percibe el desempeño de las instituciones públicas desde el aspecto psicológico?
Algunas organizaciones son tremendamente psicóticas. Los servidores hablan entre ellos y ni siquiera se entienden. El gerente le dice una cosa al subgerente, este les dice otra a los empleados y ellos entienden algo distinto. Hay muchas instituciones en las que la comunicación está fallando.
Es necesario que en la administración pública también existan profesionales de la psicología que puedan trabajar con los responsables de recursos humanos, a fin de seleccionar mejor al personal.
La psicología se ha diversificado tremendamente. Antes solamente era la clínica y la educativa, pero hoy está la organizacional, que obliga a que las instituciones con más cien empleados tengan los servicios de un profesional.
¿Y en Lambayeque cuántas organizaciones como el gobierno regional o los municipios provinciales, que tienen más de mil trabajadores, cuentan con psicólogos?
El 2 % o 3 %. Todavía no hay conciencia de la importancia que tiene un psicólogo organizacional.
De tal manera que el mercado laboral para los profesionales de psicología es bastante amplio.
Lo es y hoy se ha integrado con otras profesiones. No se imaginan la neurosis que hay ahorita en las organizaciones. Muchos gerentes piensan que el empleado pasa la puerta de la organización y se olvida de sus problemas personales y no, el hombre es íntegro y su conflictiva se traduce en todo su accionar, pues llega con una carga emocional muy grande que la trasladan a lo laboral y viceversa.
Esto sucede mucho en la administración de justicia donde hay fiscales y jueces que revisan casos de criminalidad organizada, corrupción y, como todos, tienen serios problemas en su entorno privado, lo cual sumado a su carga laboral, desemboca muchas veces en gestiones infructuosas.
Eso se conoce como el Síndrome de Burnout. Quienes tratan con problemas humanos en las organizaciones tienen un límite, necesitan reentrenarse, volver a sensibilizarse. En el seguro social llega un momento en que el médico que atiende a 30 pacientes diarios ya no te mira, solo ve tu ficha médica y receta. Lo mismo pasa en los cajeros. Ese es el Burnout, la despersonalización, la cosificación del aspecto humano.
¿Este síndrome es uno de los grandes lastres de la administración pública?
Sí, se calcula que el 80 % de la rémora de la administración pública se debe a este síndrome y ni siquiera lo reconocen. ¿Cuántos choferes salen a Lima diariamente y no han tenido siquiera un curso de desintoxicación cognitiva? La persistencia del estímulo origina la pérdida de atención y el error humano es el causante del 90 % los accidentes.
¿Cómo está trabajando el colegio con las universidades que ofertan la carrera de psicología?
Tuve un desayuno con los ocho directores de las escuelas en Lambayeque hace unos días y pensamos hacer otro para lograr un mayor acercamiento con los estudiantes. Hoy más que nunca debemos recuperar el diagnóstico como parte de las estrategias de tratamiento que tiene el psicólogo.
EN AGOSTO: CONTRALORÍA FORMULÓ 26 INFORMES DE IRREGULARIDADES EN ENTIDADES PÚBLICAS
El contralor regional de Lambayeque, Walther Coello Ynope, señala que advirtieron desde el año pasado la deficiencia en la operatividad de las máquinas del Hospital Regional.
Existen 15 auditorías de cumplimiento en proceso de ejecución.
Pese a la falta de personal señalada por el contralor regional, Walther Coello Ynope, el órgano de control en Lambayeque levantó 26 informes en agosto, dentro de los cuales se encuentran 16 orientaciones de oficio, ocho visitas de control, una de control concurrente y una auditoría de cumplimiento.
Además, la Contraloría registra 15 auditorías de cumplimiento en proceso, de las cuales la Gerencia Regional de Control desarrolla nueve: dos en la Municipalidad Distrital de Cañaris, dos en Cayaltí, una en el Gobierno Regional de Lambayeque, una en la Gerencia Regional de Transportes, una en la Municipalidad Distrital de La Victoria, una en la Municipalidad Distrital de Mórrope y otra en la Municipalidad Distrital de Íllimo.
En tanto, los órganos de control institucional ejecutan seis auditorías de cumplimiento, de las cuales dos son en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, una en la Gerencia Regional de Lambayeque, una en la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, una en la Municipalidad Provincial de Lambayeque y una en la Municipalidad Distrital de Chongoyape.
De los informes publicados en agosto por la Gerencia Regional de Control, destaca la auditoría de cumplimiento realizada al Hospital Regional de Lambayeque, a través del Informe Nº 005-2019-OCI/0633-AC, del 5 de agosto, en el cual se detectó que las tarjetas electrónicas de consumo (canastas navideñas) adquiridas en beneficio de los servidores del hospital fueron canceladas con presupuesto institucional destinado a brindar servicios de salud en bienestar de la población, ocasionando un perjuicio económico de un millón 52 mil 880 soles.
Coello Ynope señala que, desde mediados del 2017, la Contraloría implementó los controles concurrentes, los cuales permiten identificar irregularidades en el preciso momento en que se ejecuta una obra, de modo que se tomen las medidas correctivas necesarias para mitigar el riesgo.
En esa línea, comenta que el 28 de agosto se publicó el Informe Nº 014-2019-OCI/0427-CC - ‘Ejecución de Obra Reparación de vías vecinales; en el cruce Cementerio – Cruce Coloche – San Pedro de Sasape – San Isidro – Trapiche de Bronce Long. 8.94 Km, Tramo II: Cruce Río La Leche – Las Juntas – Coloche 3.18 Km, distrito de Íllimo, provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque’.
En dicho informe de control concurrente se encontró que la Municipalidad de Íllimo tramitó el pago de una valorización por 669 mil 356.60 soles e hizo la devolución de una carta de adelanto de materiales por trabajos que presentan deficiencias en la calidad de la obra y no cumplen con las especificaciones técnicas.
Se desprende del informe que tal situación genera riesgo para la durabilidad de la obra, pues “a pesar de no haber sido aún recepcionada, ya presenta el desprendimiento de material granular al tener el material empleado un grosor mayor al establecido en el expediente técnico”.
Asimismo, menciona el informe que “existe riesgo de afectación económica que deviene de pagos por trabajos, cuya ejecución no ha sido verificada”, además de consignarse vacíos en el cuaderno de obra y la ausencia del residente y su asistente durante la visita efectuada por el órgano de control.
SERVICIOS DE CONTROL ESPECÍFICO
Por otro lado, Coello Ynope explica que hay otra modalidad de control que son los servicios de control específico que permiten realizar una acción rápida de no más de 45 días útiles, de las cuales ya hay seis en proceso.
En este rubro se encuentran en proceso el control realizado al Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, cuyo objeto de examinación es la elaboración de la ficha técnica definitiva y la descolmatación del cauce del tramo I del Río La Leche; y el control al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo por la designación de funcionarios en cargos de confianza, a pesar de no cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la normativa vigente.
Además, se encuentra en curso el control a la Municipalidad Provincial de Lambayeque por la Licitación Pública Nº 001-2016-MPL/CS, respecto a la ejecución de la obra ‘Mejoramiento del Servicio de Actividades Deportivas, Recreativas y Culturales en el Parque Infantil Victoria Mejía García’; y el ejecutado en la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz por la duplicidad de pagos en orden de compras a proveedores del 2018 por adquisición de agregados.
Por último, están en curso dos servicios de control específico a la Municipalidad Distrital de Mórrope por cartas fianza. La primera es de la obra ‘Mejoramiento del Camino Vecinal Mórrope, Pedregal, Las Mercedes, Huaca de Barro, Las Pampas, Lagartera, Barrio Nuevo, distrito de Mórrope – Lambayeque’, mientras que la segunda es por la obra ‘Mejoramiento y Ampliación del Sistema Básico de los Caseríos Positos, Tranca Sasape, Tranca Fanupe, Casa Blanca, Fanupe Barrio Nuevo y anexos, distrito de Mórrope – Lambayeque’.
Coello Ynope señala también que las deficiencias en el Hospital Regional de Lambayeque - que han ocasionado la muerte de 30 bebés prematuros en lo que va del año por la falta de incubadoras – fueron alertadas desde el año pasado por la Gerencia Regional de Control, a través del Informe de Visita Preventiva Nº 468-2018-CG/GRLA-VP, realizada entre el 28 de mayo y el 1 de junio.
En las Unidades Productoras de Servicios de Salud – UPSS comprendidas en la visita (Emergencia, Consulta Externa, Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes y Farmacia) se detectaron 38 situaciones adversas, entre las que destacan que Emergencia no cuenta con el equipamiento suficiente, debido a la carencia de equipos o la inoperatividad de los mismos por problemas relacionados al mantenimiento.
Asimismo, señala que de las distintas visitas que han hecho durante el año se ha detectado que el 67 % de los establecimientos de salud no cuenta con código de alarma de emergencia para pacientes prioridad I, el 6 % no cuenta con recursos humanos suficientes para la atención en el servicio de Emergencia y el 33 % carece de información correspondiente a presupuestos y gastos realizados en los mismos.
Además, el 50 % no hace uso o desconoce si el abastecimiento de medicamentos proviene de compras corporativas (más económicas); el 50 % carece de una resolución de categorización vigente, situación que da incumplimiento al Decreto Supremo Nº 013-2006-SA; y el 90 % de las camas de observación constituyen camas ‘habilitadas’, lo cual genera que en los pasillos haya camas destinadas a recibir pacientes.
“La Contraloría hizo un operativo a nivel nacional en los establecimientos de salud donde se detectó inobservancia en la norma técnica. Cuando hablamos del mantenimiento de los equipos no solo nos referimos a las incubadoras, sino a los ecógrafos, máquinas para hacer los análisis de sangre, entre otros. Se hizo la recomendación para que se haga el mantenimiento conjunto, pero nosotros no somos médicos ni técnicos para reparar una máquina, eso es responsabilidad de los titulares de los sectores correspondientes”, asevera.
De otro lado, Coello Ynope refiere que intentan descentralizar los operativos a todos los distritos, prueba de lo cual es que han llegado a zonas altoandinas como Cañaris. No obstante, señala que actualmente solo hay en promedio 75 auditores en Lambayeque y por cada auditoría de cumplimiento se conforma un equipo de cinco especialistas, por lo que el grupo humano que trabaja en la Contraloría termina siendo insuficiente.
Apunta que dicha situación los obliga a priorizar las auditorías que realizan de acuerdo a los criterios de necesidad, importancia y materialidad.
“La lectura que tenemos de las cifras es que las irregularidades en la gestión pública persisten, por lo que exhortamos a los titulares de las entidades a tomar conciencia y realizar su trabajo con eficacia, eficiencia, calidad y economía. Es importante que escojan a los funcionarios con los perfiles idóneos para no tener problemas después”, sostiene.
EN LO QUE VA DEL AÑO: MÁS DE 350 SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS SE REGISTRAN EN LAMBAYEQUE
El ciprofloxacino, la amoxicilina y el metamizol son los fármacos con más notificaciones de sospechas.
Las reacciones adversas que más se registran son las erupciones cutáneas, vómitos y náuseas.
Un total de 357 notificaciones por sospechas de reacciones adversas a medicamentos (se incluyen incidentes adversos a dispositivos médicoS) notificaron las boticas, farmacias, puestos de salud, clínicas y hospitales de Lambayeque en lo que va del año ante el Centro de Referencia Regional de Farmcovigilancia y Tecnovigilancia.
Según la responsable de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de la Gerencia Regional de Salud – GERESA, Zoila Quevedo Bravo, esta cifra podría duplicarse hasta fin de año, con lo que se superaría las 612 notificaciones del año pasado y las 210 del 2017.
“Es importante que todos los establecimientos de salud, así como las boticas y farmacias, notifiquen ante el Centro de Referencia Regional los efectos no deseables que producen los medicamentos en los pacientes. A través de esta alerta contribuyen a que los laboratorios revisen los principios activos o insertos que generan estas reacciones y pueden lograr que incluso se retiren del mercado”, sostiene.
Explica que, en el marco de la Resolución Ministerial Nº 539-2016/MINSA, del 27 de julio del 2016, todos los profesionales de salud están obligados a reportar las reacciones adversas de los medicamentos. En ese sentido, revela que Lambayeque ha ocupado en los últimos dos años el primer lugar a nivel nacional en el Programa de Farmacias Notificadoras.
Quevedo Bravo señala que dentro de los fármacos que más sospechas de reacciones adversas registran se encuentra el Ciprofloxacino en tabletas de 500 miligramos (medicamento para la infección en los riñones), cuyos síntomas notificados han sido prurito, vómitos, náuseas, dolor abdominal y cefalea; y la Amoxicilina en jarabe de 250 miligramos (medicamento para las infecciones bacterianas), cuyos síntomas son diarrea, náuseas y reacciones alérgicas.
Le siguen el Metamizol en inyección (destinado a calmar la fiebre) con reacciones como urticaria y prurito; el Enalapril en tabletas de 25 miligramos (hipertensión) con la tos seca; la Eritromicina en tabletas de 500 miligramos (infecciones respiratorias) con malestar general, rash (erupción cutánea) y dispepsia; Clindamicina en tabletas de 600 miligramos (medicamento para las infecciones bacterianas) con flatulencias, vómitos y diarreas; y Cialis Genérico en tabletas de 10 miligramos con deposiciones oscuras y dispepsia.
A estos se añaden el Naproxeno en tabletas de 550 miligramos, cuyas reacciones adversas son el dolor abdominal, dolor y sensación de quemazón epigástrica, constipación, náuseas, vértigo, zumbidos, somnolencia, cefalea leve a moderada, rash, edemas y dificultad respiratoria; y la Ceftriaxona inyectable de un gramo con diarrea, náuseas, vómitos, reacciones alérgicas, anemia hemolítica, problemas hepáticos, renales, confusión y alucinaciones.
Asimismo, el Butilbromuro de Escopolamina con mareos, molestias visuales y náuseas; y el Medroxiprogesterona en inyección con cefalea, sangrado, aumento de peso y cambio de carácter.
En tanto, las vacunas también han registrado reacciones adversas. En el caso de la Pentavalente y la Triple Viral, los síntomas han sido fiebre, irritación, malestar general y dolor en la zona de la inyección. A la vacuna de la Influenza se le agregan los escalofríos.
Quevedo Bravo refiere que de todas las reacciones adversas, la más frecuente (9.57 %) obedece a las erupciones cutáneas. Le siguen los vómitos (5.31 %), náuseas (5.05 %), anemia (5.05 %), prurito (3.81 %), dolor abdominal (3.19 %), cefalea (3.1 %) eritema (2.66 %), erupción maculopapular (2.66 %) y urticaria (2.48 %).
“Muchas veces las personas no saben que padecen reacciones adversas. Por ejemplo, toman Amoxicilina y luego les duele el estómago o toman Enalapril y les produce tos. En ambos casos piensan que es normal cuando no lo es”, asevera.
ENTES NOTIFICADORES
La especialista señala que los entes que más casos de reacciones adversas reportan son las farmacias y boticas. Dentro de las primeras destacan ‘Virgen de Guadalupe’ y ‘Naturfarma’. De los centros de salud, resaltan el Hospital Regional y la Clínica Metropolitana. Al respecto, menciona que trabajan actualmente con 15 clínicas de internamiento.
“Cuando se detecte una reacción adversa de algún medicamento, los profesionales de la salud deben llenar la ‘Hoja Amarilla’ que es un formulario de levantamiento de información que deben hacer llegar al Centro de Referencia para nosotros trasladarla al Sistema Nacional de Farmacovigilancia y emitir la alerta correspondiente”, subraya.
Según un estudio del Centro de Referencia Regional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del 2017, en Lambayeque existen mil 280 establecimientos de salud, los cuales se dividen en 67 farmacias, 893 boticas, 73 droguerías, 35 servicios de farmacia privados, 30 establecimientos con internamiento privado, 179 establecimientos de salud públicos y tres hospitales públicos.
Por otro lado, Quevedo Bravo apunta que en base a las notificaciones de los centros referenciales, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas – DIGEMID, emite periódicamente alertas a nivel nacional.
Destaca este año la Alerta DIGEMID Nº 15-2019, respecto a la Norepinefrina, en la que se menciona que el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia – CENAFyT, recibió un total de 14 notificaciones de sospecha en los fármacos que contienen dicho componente utilizado para el tratamiento en estados de hipotensión aguda, tales como los que se dan ocasionalmente después de un infarto de miocardio, shock séptico o transfusiones.
La alerta revela que las reacciones adversas observadas son cianosis, colapso circulatorio, necrosis, flebitis, bradicardia, entre otras, por lo que recomienda a los profesionales de salud administrar este fármaco siempre en venas grandes (antecubital) y nunca en las de las piernas de los pacientes de edad avanzada o con enfermedades vasculares oclusivas.
Quevedo Bravo destaca también la Alerta DIGEMID Nº 25-2019, respecto a los anticonceptivos hormonales. Se señala en el documento que el CENAFyT recibió un total de mil 924 notificaciones de sospechas de reacciones adversas asociadas al uso de estos fármacos.
Entre las reacciones se mencionan la ansiedad, cambios de humor, depresión, sueños anormales, trastorno de personalidad, disminución de la libido, nerviosismo, insomnio e irritabilidad. En esa línea, la DIGEMID sugiere que se considere el uso de un método anticonceptivo alternativo en los pacientes que desarrollan cuadros de depresión severos, dado que esta es un factor de riesgo asociado al comportamiento suicida.
Asimismo, la Alerta DIGEMID Nº 14-2019, da cuenta de mil 105 notificaciones del Metamizol, de las cuales 638 corresponden a trastornos de la piel y del tejido subcutáneo y seis casos extraños entre Síndrome de Stevens-Johnson y de Necrólisis Epidérmica Tóxica. La recomendación de la DIGEMID en este caso es suspender el tratamiento con dicho fármaco si se observan síntomas como erupciones cutáneas progresivas con ampollas o lesiones en la mucosa.
Quevedo Bravo refiere que el año pasado la DIGEMID dispuso el retiro de productos con Valsartán (principio utilizado para la hipertensión arterial) y que este año se han impuesto restricciones al Ibuprofeno.
Por otro lado, el titular de la DIGEMID en Lambayeque, Jesús Valdivia Pacheco, aconseja a la población a no automedicarse y acudir siempre a los establecimientos de salud autorizados, a fin de evitar complicaciones severas.
Asimismo, exhorta a pedir los medicamentos genéricos, pues tienen el mismo compuesto que los comerciales.
“Los medicamentos comerciales pueden diferenciarse de los genéricos en el color, sabor, textura, presentación y etiquetado, pero el principio activo es el mismo, por lo tanto su efecto también. Por ejemplo, una Amoxicilina de 500 miligramos me cuesta 10 céntimos en genérico, pero si me tomo un Amoxicilin que tiene el mismo principio activo, me cuesta tres soles”, asevera.
OTRO REVÉS PARA LA FECOR: CASO ‘HERMANDAD DEL NORTE’ PASA AL JUZGADO ANTICORRUPCIÓN
La jueza del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Mary Núñez Cortijo, emitió la Resolución N° 55 en el expediente del caso ‘Hermandad del norte’, declarando su inhibición para continuar revisando el proceso, remitiendo el expediente y todos los actuados al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Este hecho es similar al sucedido con el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, al cual la Primera Sala Penal de Apelaciones declaró incompetente para continuar con el caso ‘Temerarios del crimen’.
La Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, sufrió un nuevo revés, tras la decisión de la jueza Mary Núñez Cortijo de continuar revisando el caso ‘Hermandad del norte’ por considerar que no es competente, debido a que una de las imputaciones se centra sobre el delito de corrupción de funcionarios.
La decisión de la magistrada se motiva en la imputación realizada por la FECOR contra Heráclides Antonio Arenas Delgado, respecto al presunto delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho activo genérico en agravio del Estado.
El 3 de noviembre del 2016, personal de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior – DIGIMIN, y de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia – DIVICAJ, con la participación de 320 agentes y 34 fiscales, realizaron el operativo de desarticulación de la presunta organización denominada “Hermandad del norte”, capturando a 15 personas e identificando a otras 13 que se encontraban recluidas. De acuerdo con la fiscalía, la supuesta organización era responsable de delitos como asociación ilícita para delinquir, sicariato, extorsión, homicidio y robo agravado.
Varios de estos hechos atribuidos a la ‘Hermandad del norte’ tienen que ver con asesinatos contra dirigentes de Construcción Civil, así como la presunta ejecución del homicidio contra el exauditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera, sucedido el 23 de diciembre del 2015, supuestamente por orden de los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano.
La tesis fiscal es que Cieza Herrera investigaba a las empresas de los hermanos Roncal Miñano para establecer la posible existencia de defraudación tributaria y/o lavado de activos, por lo que estos habrían intentado sobornarlo utilizando como intermediario al contador Heráclides Antonio Arenas Delgado. La FECOR sostiene que como el ofrecimiento dinerario no logró su objetivo, el funcionario de la SUNAT fue asesinado.
Tras el operativo del 3 de noviembre del 2016, el Poder Judicial, a través del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo de la jueza Mary Núñez Cortijo, dictó el mandato de prisión preventiva contra los capturados, inicialmente por un período de 18 meses, el mismo que fue prolongado por un año más. En diciembre de ese año la Policía Nacional del Perú intervino a Arenas Delgado cuando se encontraba en un centro comercial de Chiclayo, pues sobre este pesaba la orden de captura.
En mayo de este año, Núñez Cortijo rechazó el pedido presentado por el fiscal a cargo de la investigación, Germán Montero Ugaz, para que se prolongue la prisión preventiva por seis meses, ordenando la inmediata liberación de los investigados. Uno de ellos, Alexander Siesquén Sampén, murió en julio del 2018 bajo mandato de prisión preventiva, pues la magistrada le negó la variación de la medida coercitiva por arresto domiciliario, pese a su grave estado de salud. Días después de la muerte, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre ese caso concluyendo que el hábeas corpus presentado por la defensa de Siesquén Sampén debió ser admitido y declarado fundado.
REQUERIMIENTO ACUSATORIO
Un mes antes que se ordenase la liberación de un grupo de investigados, el fiscal Germán Montero presentó el requerimiento acusatorio al despacho de Núñez Cortijo, solicitando cárcel para 47 presuntos integrantes de la organización.
El representante de la FECOR Lambayeque planteó que los hermanos Carlos y Samuel Roncal Miñano reciban cadena perpetua como presuntos autores intelectuales del asesinato de Cieza Herrera, en tanto para el resto de imputados la aplicación de condenas que van desde los 15 a 35 años de cárcel.
El 9 de septiembre, la jueza Núñez Cortijo emitió la Resolución N° 55, dando cuenta en su primer considerando que con la Resolución Administrativa N° 001-2018-CE-PJ, del 10 de enero del 2018, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso en su artículo segundo, literal d), que “los juzgados de investigación preparatoria del distrito judicial que a dicha fecha conozcan procesos por delitos de corrupción de funcionarios – trámite o ejecución – deberían remitirlos a los nuevos órganos jurisdiccionales especializados de investigación preparatoria, siempre que se encuentren en etapa de investigación o ejecución…”.
Núñez Cortijo menciona en su resolución que con la Resolución Administrativa N° 572-2018-P-CSJLA/PJ, del 15 de mayo del 2018, emitida por la presidencia de la Corte de Superior de Justicia de Lambayeque, se designó al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria y al Décimo Juzgado Penal Unipersonal como órganos especializados en delitos de Corrupción de Funcionarios, facultados para conocer los procesos por los delitos tipificados en esta materia por el Código Procesal Penal, y que con la Resolución Administrativa N° 858-2018-P-CSJLA/PJ, del 18 de julio del año pasado, se ordenó que la remisión de expedientes a los órganos especializados.
“Revisado el presente expediente, se verifica que uno de los delitos que se le imputa al acusado Heráclides Antonio Arenas Delgado es de corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho activo genérico, en agravio del Estado, previsto en el Artículo 397 del Código Penal, no habiéndose aún efectuado la audiencia de control de acusación, pues si bien es cierto el Ministerio Público emitió un requerimiento mixto en el incidente número 442, señalándose como fecha para la audiencia de debate para el día 10 de septiembre del año en curso, también es que la suscrita advierte recién que no resulta siendo competente para conocer el delito de corrupción de funcionarios, al existir en este Distrito Judicial un Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en el conocimiento de dichos delitos”, señala Núñez Cortijo en su resolución.
La magistrada anota que si bien se ha emitido requerimiento mixto por otros imputados y otros delitos, calificándose el caso como de crimen organizado, también es cierto que en el distrito judicial no se ha creado un juzgado especializado para el conocimiento de casos de crimen organizado, por lo que debe primar la especialidad en delitos de corrupción de funcionarios al existir un juzgado especializado a cargo de la tramitación de dichos procesos, a efectos de evitar nulidades posteriores, más aún si el Ministerio Público no ha solicitado la separación o desacumulación de dicho delito respecto al referido acusado, tal como lo contempla el artículo 51 del Código Procesal Penal, así como tampoco el abogado de Arenas Delgado ha solicitado la inhibición de Núñez Cortijo por dicha circunstancia.
PRECEDENTE ‘TEMERARIOS’
Añade que se debe tener en cuenta que recientemente se ha emitido un pronunciamiento en el mismo sentido por parte de un órgano superior jerárquico de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (Expediente N° 06984-2018-61-1706-JR-PE-04), por lo que corresponde su inhibición de oficio por contienda de competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo N° 43, inciso 1), del Código Procesal Penal. La jueza hace alusión al caso ‘Temerarios del crimen’.
En consecuencia, Núñez Cortijo ha resuelto inhibirse del conocimiento del proceso, debiendo remitirse el expediente, así como todos los incidentes derivados del mismo, al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que este continúe con el trámite conforme a su estado.
El caso ‘Hermandad del norte’ es el segundo iniciado por la FECOR Lambayeque que pasa a manos del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Como se ha dicho, el primero fue el caso ‘Temerarios del crimen’, en virtud de la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones, contenida en su Resolución N° 18, del 16 de agosto pasado.

References: Artículo 52
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 397
 artículo 51
 Resolución