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Timestamp: 2017-06-27 08:51:53+00:00

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[Sentencia C-868/10]- Constitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 1194 de 2008- reforma el Código de Procedimiento Civil | laboralparatodos.com
[Sentencia C-868/10]- Constitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 1194 de 2008- reforma el Código de Procedimiento Civil
Inicio » Sentencias » [Sentencia C-868/10]- Constitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 1194 de 2008- reforma el Código de Procedimiento Civil	Sentencia C-868/10
Bogotá, D.C., tres (03) de noviembre de dos mil diez (2010).
La demanda fue admitida por la magistrada sustanciadora por medio de auto del veintiuno (21) de mayo dos mil diez (2010). Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte procede a decidir acerca de la demanda en referencia. II.	NORMA DEMANDADA
Específicamente, los demandantes sustentan la vulneración del principio y derecho a la igualdad, derivada de la omisión legislativa en que ha incurrido el legislador, con el argumento de que al comparar los dos objetos, por un lado, los procesos civiles y de familia, y por el otro, el proceso excluido, de naturaleza laboral, resulta que las diferencias entre las situaciones de las personas que tienen intereses en las distintas jurisdicciones son menores que las similitudes, “en razón a que ambas personas defienden intereses particulares, tienen derecho a una administración célere y efectiva, a no estar sometidas a procesos indefinidos e inciertos y a que se les proteja de otros particulares que intentan perjudicarlos mediante dilaciones injustificadas en procesos judiciales”. Concluyen los actores que lo que resulta razonable es un tratamiento igual y que la única diferencia relevante que justificaría un tratamiento diferente estaría limitada a la declaratoria del desistimiento tácito por segunda vez (art. 1-4 de la Ley 1194 de 2008), en la medida en que la consecuencia legal de dicha declaratoria es la extinción del derecho, lo cual iría en contravía del artículo 53 de la Carta que prevé la irrenunciabilidad de algunos derechos mínimos laborales.
“(…) entre los asuntos de derecho civil y los de derecho laboral pueden existir muchas diferencias. Ante tales diferencias, los tratamientos legales pueden ser diferentes. Pero cuando no hay diferencias relevantes sobre un aspecto, el tratamiento tiene que ser igual en ese aspecto concreto. Es lo que ocurre sobre el desistimiento tácito, pues en ese tema la naturaleza del asunto –comercial, civil, administrativo o laboral- es totalmente irrelevante. Tanto interés tiene un demandante (o demandado) en un asunto civil para que el proceso termine por desistimiento tácito, como lo tiene el demandante (o demandado) de un proceso laboral, pues ambos tienen derecho a una pronta y cumplida justicia. El demandante es un proceso civil no es “de mejor familia” que el que demanda en un proceso laboral. Y nada hay en la discusión del derecho laboral que amerite el tratamiento diferente (…).” A partir de la discriminación por omisión en que ha incurrido el legislador y de la vulneración del derecho a la igualdad que ésta genera en los términos antes señalados, los demandantes anotan que de tal transgresión se deriva el desconocimiento de otros derechos fundamentales como el derecho de acceso a la administración de justicia célere y efectiva (arts. 228 y 229 de la CP y artículos 4 y 7 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia) y el deber de colaboración con la administración de justicia (art. 95-7 CP).
1.	Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia
En este sentido, la Entidad cita jurisprudencia nacional y doctrina extranjera en la que se sostiene que tanto la perención como el desistimiento tácito son ajenos a la naturaleza del procedimiento laboral. En primer lugar, la sentencia C-317 de 2008 (MP. Jaime Córdoba Triviño) en la que la Corte sostuvo “(…) el derecho procesal laboral, pese a su autonomía, debe estar informado por el debido proceso constitucional; porque a aquella rama del derecho se aplican las instituciones jurídicas básicas que estructuran el procedimiento civil, salvo que estas contradigan su naturaleza (…).” En segundo lugar, un extracto de un artículo publicado en la Gaceta Judicial de la República Dominicana, en la que se expresa que no puede haber perención en materia laboral porque “sería una contradicción con el impulso oficioso del proceso, o lo que es lo mismo con el papel activo del juez laboral.” Advierte el Ministerio que a pesar de que las normas del procedimiento laboral remiten en su artículo 145 a las del Código de Procedimiento Civil, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, tal remisión sólo sería pertinente en relación con preceptos que no sean ajenos a la naturaleza del derecho procesal laboral. Finalmente, el Ministerio advierte que los elementos de juicio expuestos desvirtúan también la violación del derecho a una administración de justicia célere y efectiva, y el desconocimiento del deber de colaboración con la administración de justicia, porque precisamente el conjunto de disposiciones procesales laborales citadas contienen mecanismos que garantizan la celeridad y eficacia para la parte más vulnerable de la relación procesal que es el trabajador, sin desconocer los derechos de la contraparte ni el deber de colaboración con la administración de justicia en el respectivo proceso laboral.
2.	Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Procesal
(i) De conformidad con el artículo 150-2 de la Carta, el legislador goza de un amplio margen de configuración en materia de procesos y procedimientos, y en consonancia con ello, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que “las decisiones legislativas que determinan la estructura y diseño de los procedimientos son autónomas, por lo que su cuestionamiento no le está permitido hacerlo al juez constitucional” , salvo que resulten contrarias a los derechos y garantías de raigambre constitucional que se encuentren ligadas al respeto al debido proceso.
3.	Intervención ciudadana
V.	CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION El Procurador General de la Nación intervino en el presente proceso mediante el concepto No. 4989 del 8 de junio de 2010, para solicitar la exequibilidad de la expresión “será aplicable sólo a los procesos de naturaleza civil y de familia”, contenida en el artículo 2 de la Ley 1194 de 2008, por los cargos estudiados.
La Vista Fiscal estima que el eje principal de la demanda está basado en la ocurrencia de una omisión legislativa relativa soportada en que las semejanzas entre el proceso civil y el proceso laboral son mayores que las diferencias, y que por tal circunstancia resulta discriminatorio e injustificado no aplicar la figura del desistimiento tácito al procedimiento laboral. De esta manera, en criterio de los actores, se vulnera el acceso a la justicia y se afecta el deber de colaboración de los ciudadanos con la misma. Frente a esta posición, el Ministerio Público considera que el proceso civil y el proceso laboral no son equiparables y que por lo tanto, no es posible hablar de una discriminación justificada o injustificada, ni mucho menos de una omisión legislativa relativa, como se hace en la demanda, por las siguientes razones: i) el proceso laboral no se traba entre partes iguales, pues la ley asume que una de ellas, el trabajador, es la más débil, y establece una serie de garantías en su favor, tales como los derechos mínimos e irrenunciables, el principio de favorabilidad, el principio de in dubio pro operario, entre otros; ii) la mayoría de las normas que se aplican en el proceso laboral son de orden público, dentro de las cuales debe incluirse la Constitución y las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad; iii) en los procesos laborales están involucrados un buen número de derechos fundamentales prestacionales que ameritan un trato especial, tales como el mínimo vital, las pensiones y la salud; iv) el proceso laboral tiene un estatuto procesal propio, diferente al civil, que sólo se aplica de manera supletiva y siempre y cuando no se oponga a lo preceptuado por el estatuto laboral; v) el proceso laboral se tramita con sujeción a las formas del procedimiento oral, en audiencias, y su impulso de manera oficiosa corresponde principalmente al juez, mientras que el proceso civil sigue un procedimiento escrito y su impulso primordialmente está en cabeza de las partes; vi) en el proceso laboral algunos derechos, como los pensionales, no prescriben, por lo que pueden ser reclamados en cualquier tiempo por medio de las acciones correspondientes.
En relación con el acceso a la justicia y al deber de colaborar con ella, el Ministerio Público anota que la mera existencia de un proceso especial, que no establece mecanismos propios de otros procesos, no vulnera en sí mismo ese acceso y ese deber, puesto que al juez laboral le corresponde de manera principal el impulso del proceso, y con desistimiento tácito o sin él, las personas tienen el deber constitucional de colaborar con la administración de justicia. VI.	CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
2.	El problema jurídico que se plantea
En el presente caso el problema jurídico que la Corte deberá resolver es si la no previsión de la figura del desistimiento tácito para los procesos laborales en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, constituye una omisión legislativa relativa que vulnera los derechos constitucionales a la igualdad y al acceso célere y efectivo a la administración de justicia, y el deber de colaboración con la administración de justicia. Para la resolución de este problema jurídico, la Sala deberá constatar en primer lugar si se produjo dicha omisión, y sólo a partir de tal verificación, procederá el análisis de constitucionalidad de la misma.
3.	Competencia de la Corte Constitucional para conocer sobre demandas de inconstitucionalidad por la ocurrencia de una presunta omisión legislativa relativa
La Corte Constitucional ha considerado que el legislador incurre en una omisión legislativa relativa “cuando ha regulado de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional; o cuando dicha insuficiencia de regulación (omisión de una condición o un ingrediente que de acuerdo con la Constitución sería exigencia esencial para armonizar con ella) o incompleta reglamentación, conduce a la violación del derecho a la igualdad.” También ha precisado la Corporación que la declaratoria de inexequibilidad por omisión legislativa relativa exige que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional por parte del legislador, o la ausencia de una condición o ingrediente, que de acuerdo con la Constitución, es exigencia esencial para armonizar con ella (por ejemplo, la no inclusión del derecho de defensa en la regulación de un procedimiento). Así las cosas, la omisión legislativa relativa se ha edificado sobre una acción normativa del legislador, específica y concreta, de la que ha excluido determinado ingrediente o condición jurídica que resulta imprescindible a la materia allí tratada, o que habiéndose incluido, termina por ser insuficiente e incompleta frente a ciertas situaciones que también se han debido integrar a sus presupuestos fácticos. Incluso se ha ligado a una “obligación de hacer”, que el Constituyente consagró a cargo del legislador, quien se abstiene de cumplirla sin que medie motivo razonable, incurriendo con tal proceder en una violación a la Constitución. Para que una demanda de inconstitucionalidad contra una omisión legislativa relativa sea admisible, la Corte, en reiterada jurisprudencia , ha identificado algunos criterios a partir de los cuales resulta procedente el examen de constitucionalidad. Así, en la sentencia C-185 de 2002 afirmó al respecto:
“(…) para efectos de proceder al examen de constitucionalidad de una disposición jurídica, por haber incurrido el Congreso en omisión legislativa relativa, la Corte ha considerado necesario el cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.” La Corte ha puntualizado igualmente que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada, y que “(…) la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso”. Sobre el particular, esta Corporación, en abundante y reiterada jurisprudencia, ha señalado que “(…) la técnica utilizada en la formulación de las demandas de inconstitucionalidad, derivada de las exigencias contenidas en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, le impone a quien pretende ejercer esta acción, la obligación de señalar con claridad las razones que sustentan la inexequibilidad del precepto impugnado, razones que, además, deben guardar correspondencia lógica con el texto acusado, de tal modo que le sean atribuibles directamente a éste”. De este modo, ha dicho la Corte, “(…) al margen de las condiciones que son necesarias para determinar la ocurrencia de una omisión relativa, es claro que las demandas dirigidas contra normas de las cuales no se extraiga en forma directa la materia que ha sido omitida por el legislador, no pueden ser resueltas en sede del proceso de constitucionalidad. No solo por cuanto se ha desconocido el cumplimiento de un requisito de admisibilidad de la acción – acusar el precepto del cual surge la presunta violación a la Carta-, sino además, (y en plena concordancia con lo anterior) por cuanto la Constitución Política no le otorga a la Corte competencia para examinar, ex officio, aquellas disposiciones que no fueron formalmente acusadas por los ciudadanos mediante el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad (C.P. art. 241-4-5)”. Estima la Corte que el presente proceso, los actores cumplieron mínimamente con las exigencias jurisprudenciales en relación con la formulación del cargo por omisión legislativa relativa. Efectivamente, (i) identificaron la disposición sobre la cual se predica el cargo, el artículo 2 (parcial) de la Ley 1194 de 2008; (ii) sostuvieron que la norma excluía a los procesos laborales de sus consecuencias jurídicas, procesos que en su concepto son asimilables a los procesos civiles y de familia cobijados por el artículo 2 demandado; (iii) argumentaron que dado que las similitudes entre los procesos civiles y de familia y los laborales son mayores que las diferencias, la exclusión de la aplicación del desistimiento tácito en estos últimos resultaba injustificada; (iv) indicaron que con tal proceder el legislador generaba una desigualdad de trato en relación con el procedimiento excluido; y (v) precisaron que el legislador había incumplido el mandato constitucional de garantizar el acceso a la administración de justicia de una manera célere y efectiva.
Por ello, la Sala abordará la solución del problema jurídico formulado. En el caso concreto no se configura una omisión legislativa relativa porque en el procedimiento laboral existen mecanismos específicos para garantizar una administración de justicia efectiva
De acuerdo con la Ley 1194 de 2008 el desistimiento tácito, “es la consecuencia jurídica que ha de seguirse, si la parte que promovió un trámite debe cumplir con una carga procesal -de la cual depende la continuación del proceso- y no la cumple en un determinado lapso. Así ocurre, por ejemplo, y de acuerdo con la propia Ley, cuando la actividad se torna indispensable para continuar el trámite de la demanda, de la denuncia del pleito, del llamamiento en garantía del incidente, o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, y no se realiza”. La finalidad buscada por el Gobierno con la presentación al Congreso de la República del proyecto de ley que dio origen a la Ley 1194 de 2008, fue expuesta por el Ministro del Interior y de Justicia en los siguientes términos: “- Que el proyecto obedece a la necesidad de agilizar la justicia, y evitar que una persona quede al arbitrio del demandante y quede embargado indefinidamente tal como está sucediendo en la actualidad, e igualmente la justicia no puede estar al servicio de determinados intereses, premiando la negligencia de los abogados. – Que se sancione a los abogados negligentes que por no estar atentos al proceso permiten que estos permanezcan en la secretaría del despacho, sin promover actuación alguna, manteniendo con esta conducta unos despachos atiborrados de expedientes en los cuales no tienen interés las partes. – Que el desistimiento tácito, en primera y segunda instancia, es indiscutiblemente una herramienta fundamental para los Jueces y para las partes interesadas en un proceso, para agilizar las actuaciones judiciales y descongestionar los despachos judiciales. – Que se justifica restablecer la vigencia de las normas respecto de la nueva figura denominada desistimiento tácito, como existe en todas las legislaciones modernas, por cuanto debe sancionarse al litigante negligente o a aquellos que hacen parte en el proceso, sólo para dilatar el trámite del mismo en perjuicio de la agilización de la aplicación de la justicia y la descongestión de los despachos judiciales. – Que en Colombia, no pueden existir penas perpetuas y cuando se promueve un proceso judicial, y en él se solicita el embargo de bienes, estas medidas preventivas proceden de inmediato, afectando bienes del demandado que se practican sin que este haya sido notificado; sin la nueva herramienta establecida en los artículos 346 del Código de Procedimiento Civil del desistimiento tácito, el demandado permanecerá perpetuamente ligado a unas medidas preventivas que no se cancelarán simplemente porque el demandante no está interesado en actuar en el proceso, ni en levantarlas, sino en perjudicar a la parte demandada.” La Corte Constitucional en relación con el desistimiento tácito, que actualmente opera en los procesos civil y de familia , ha sostenido que no es una figura novedosa en tanto ocupa el lugar que antes ocupó la perención como una forma anormal de terminación del proceso, imponible cuando se acredita la inactividad de la parte a cuyas instancias se promovió un trámite o proceso, el cual se paralizó por su causa. Adicionalmente, le ha atribuido los siguientes beneficios: (i) evita la paralización del aparato jurisdiccional en ciertos eventos; (ii) permite obtener la efectividad de los derechos de quienes actúan o participan en la administración de justicia, pues la efectividad de los derechos depende de la prontitud de los medios que sirven para materializarlos; y (iii) promueve la certeza jurídica de quienes actúan como partes en los procesos, en la medida en que busca que se administre pronta y cumplida justicia, y que las controversias no se prolonguen indefinidamente a lo largo del tiempo. Para efectos similares, combatir la negligencia procesal de las partes y evitar la paralización de los procesos, circunstancias que inciden de manera definitiva en la efectividad de la justicia, en el procedimiento laboral, además de las facultades del juez como director del proceso (art. 48 CPL), existe la figura denominada “contumacia”, prevista en el artículo 30 del Código de Procedimiento Laboral. Ciertamente, le compete al juez en el procedimiento laboral como garante de derechos fundamentales ejercer un papel activo, conducir el proceso, impedir su paralización y dictar las medidas que se requieran para llegar a proferir sentencia. En desarrollo del principio de libertad, cuenta con la posibilidad de realizar libremente los actos que no tengan formas determinadas en la ley (art. 40 CPL), y está en capacidad, entre otras actuaciones, de rechazar las solicitudes o actos que impliquen dilaciones o la ineficacia del proceso (arts. 49 y 53 CPL), decretar las pruebas que estime indispensables y apreciar su valor (arts. 54 y 61 CPL), y ordenar la comparecencia de las partes en cualquier estado del proceso (art. 59 CPL). Por su parte, el artículo 30 del Código de Procedimiento Laboral, denominado “procedimiento en caso de contumacia”, prevé unas circunstancias particulares respecto de las cuales se produce un impulso oficioso del proceso laboral que impide su paralización indefinida: (i) la falta de contestación de la demanda; (ii) la ausencia injustificada del demandado o de su representante en las audiencias; (iii) la falta de comparecencia de las partes, y (iv) la falta de gestión para la notificación de la demanda, cuando han transcurrido seis meses después del acto admisorio de la misma. En este caso, el parágrafo del artículo 30 establece que “si transcurridos seis (6) meses a partir del auto admisorio de la demanda o de la demanda de reconvención, no se hubiere efectuado gestión alguna para su notificación el juez ordenará el archivo de las diligencias o dispondrá que se continúe el trámite con la demanda principal únicamente”.
Como se puede apreciar no existe una única herramienta para garantizar la efectividad de la administración de justicia. Es más, éstas deben diseñarse en función de garantizar de la mejor manera los derechos amenazados o vulnerados. En el caso del proceso laboral, si bien al juez no le es permitido el inicio oficioso de los procesos porque cada uno de ellos requiere de un acto de parte, (la presentación de la demanda), una vez instaurada, el juez debe tramitar el proceso hasta su culminación, y si una de las partes o ambas dejan de asistir a las audiencias, no por ello se paraliza el proceso, pues el juez debe adelantar su trámite hasta fallar. En tal proceso, el legislador optó por dotar al juez de amplísimos poderes como director del mismo y complementariamente estatuir la figura de la contumacia con un triple efecto: (i) evitar la paralización del proceso en unos casos, (ii) proceder al archivo del proceso en otros, (iii) continuar con el trámite de la demanda principal; y (iv) asegurar que la protección de los derechos de los trabajadores no se postergue indefinidamente por la falta de actuación del empleador demandado. Y esto es así porque el legislador se encuentra investido de amplias facultades para configurar los procedimientos judiciales, siempre y cuando al hacerlo respete los principios y valores constitucionales y obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. La jurisprudencia constitucional ha reconocido al legislador libertad para regular aspectos como los siguientes:
(i) Establecer los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades, sobre la base de que “es la ley, no la Constitución, la que señala si determinado recurso-reposición, apelación, u otro- tiene o no cabida respecto de cierta decisión, y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos -positivos y negativos- que deben darse para su ejercicio”. (ii) Fijar las etapas de los diferentes procesos y determinar las formalidades y los términos que deben cumplir, dentro de ciertos límites, representados fundamentalmente en la obligación que tienen el legislador de atender los principios y fines del Estado y de velar por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. (iii) Radicar competencias en una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita entre los distintos entes u órganos del Estado. (iv) Regular lo concerniente a los medios de prueba, competencia dentro de la cual, como algo consustancial al derecho de defensa, debe el legislador prever que en los procesos judiciales se reconozcan a las partes los siguientes derechos: “a) el derecho para presentarlas y solicitarlas; b) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra; c) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción; d) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste; e) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos; y f) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso”. (v) Establecer dentro de los distintos trámites judiciales imperativos jurídicos de conducta consistentes en deberes, obligaciones y cargas procesales a las partes, al juez y aún a terceros intervinientes, ya sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite procesal, proteger a las mismas partes e intervinientes, o bien, para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a todos o algunos de ellos. Observa la Corte en todo caso que la figura de la contumacia resulta más garantista de las finalidades de protección de los derechos de los trabajadores que tiene el proceso laboral, específicamente de otorgar mayores garantías a la parte débil del proceso, el trabajador. En efecto, en el desistimiento tácito cumplidas las condiciones previstas en el Código de Procedimiento Civil para sancionar a la parte inactiva, la consecuencia es la terminación del proceso, mientras que la figura de la contumacia, teniendo en cuenta las causales por las cuales procede, tiene como consecuencia el otorgamiento de mayores poderes al juez para impulsar el proceso laboral y garantizar efectivamente los derechos de los trabajadores.
Finalmente, reitera la Sala, que esta Corporación frente a la regulación de los procesos judiciales ha sostenido consistentemente que no son comparables porque regulan supuestos fácticos distintos, y las diferencias entre unos y otros se introducen en función de los procesos y no en función de las partes que intervienen en ellos, de manera que al predicarse el principio de igualdad de las personas y no de los procesos, no resulta procedente aducir la violación del derecho a la igualdad. Por lo anterior, concluye la Sala que el legislador al regular la figura del desistimiento tácito en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, no ha incurrido en una omisión legislativa relativa que genere el desconocimiento del acceso efectivo a la administración de justicia, porque el procedimiento laboral prevé mecanismos específicos: las facultades del juez como director del proceso y la figura denominada “contumacia”, creados con fundamento en el amplio poder de configuración que le ha otorgado la Constitución en materia procesal, que le permite crear y regular los procedimientos de conformidad con las especificidades que cada uno requiera para garantizar una pronta y cumplida justicia.

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 53
 artículo 145
 artículo 150
 artículo 2
in dubio
 artículo 346
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 30
 artículo 346