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Timestamp: 2020-03-28 09:42:54+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 329, de 23/06/2009
Año 2009 IX Legislatura Núm. 329
Sesión núm. 22 celebrada el martes 23 de junio de 2009
Celebración de las siguientes comparecencias en relación con el proyecto de Ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas (procedente del Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo. Número de expediente 121/000022.):
- Del señor presidente del Comité español de representantes de personas con discapacidad, CERMI, (Pérez Bueno). Por acuerdo de la Comisión de Trabajo e Inmigración. (Número de expediente 219/000285.)... (Página 2)
- Del señor secretario general de la Unión de profesionales y trabajadores autónomos, UPTA (Reyna Fernández). Por acuerdo de la Comisión de Trabajo e Inmigración. (Número de expediente 219/000286.)... (Página 13)
CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA EL MANTENIMIENTO Y EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2009, DE 6 DE MARZO, número de expediente 121/000022):
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI, (PÉREZ BUENO). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. (Número de expediente 219/000285.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados, vamos a celebrar la sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración con la celebración de la comparecencia por el proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.
En esta mañana nos acompaña don Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, al que le queremos agradecer en primer lugar su presencia y el haber atendido la invitación de esta Comisión, para esta comparecencia que cerramos hoy con vistas a la elaboración de enmiendas de este proyecto de ley. Don Luis, muchas gracias por su comparecencia ante esta Comisión y suya es la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI, (Pérez Bueno): Buenos días, SS.SS., señor presidente, miembros de la Mesa, portavoces. En primer término, señor presidente he de agradecer a esta Comisión que haya llamado a comparecer al Cermi.
Cermi muchas de SS.SS. conocen qué es pero no vendría mal una breve rememoración. Es el Comité español de representantes de personas con discapacidad, es la plataforma asociativa unitaria que agrupa casi al 90 por ciento del tejido asociativo de la discapacidad. Yo suelo decir para presentar al Cermi sintéticamente que es la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad y que tiene una fluida, intensa y fructífera relación con esta Cámara, en general con las Cortes Generales, y con muchas de SS.SS. hemos tenido la oportunidad de departir, de combatir objetivos, anhelos y de ver resultados y avances para las personas con discapacidad y para sus familias.
Dentro del Cermi y dado el objeto de esta comparecencia también he de poner en su conocimiento que forma parte del mismo Feacem, que es la Federación empresarial española de asociaciones de centros especiales de empleo. Los centros especiales de empleo son empresas de economía social que tienen unas características especiales. En primer término son empresas, por tanto compiten en un mercado abierto y tienen objetivos económicos y de sostenibilidad y, segundo, tienen una carga social fuerte: que al menos el 70 por ciento de sus plantillas tienen que ser personas con discapacidad. Feacem es la entidad que agrupa a los centros especiales de empleo de iniciativa social, frente a aquellos otros que son de iniciativa puramente privada.
La comparecencia para tratar de este proyecto de ley la voy a centrar fundamentalmente en la situación del empleo de las personas con discapacidad en estos momentos y cómo nos está afectando la crisis económica, la crisis de empleo que estamos viviendo desde hace unos meses y que tiene especiales consecuencias por su intensidad en grupos vulnerables como es el de la discapacidad.
Si miramos o consideramos globalmente la situación del empleo de las personas con discapacidad podemos decir sin riesgo a equivocarnos que es un grupo de población severamente excluido del empleo, sigue siéndolo a pesar de la estructura de los dispositivos legales, de los apoyos públicos, de la sucesiva y más intensa toma de conciencia por parte de la sociedad, de las capacidades laborales de las personas con discapacidad.
Esta exclusión, que hace unos años afectaba globalmente a todas las personas con discapacidad, sin embargo, ahora se intensifica especialmente en segmentos de la discapacidad que podemos considerar especialmente excluidos, como son las mujeres con discapacidad, aquellas personas que tienen discapacidades más severas o que viven en medios alejados de donde están las mayores ofertas laborales, por ejemplo, personas que viven en medio rural, en las islas o en enclaves singularizados.
Las características en relación con el empleo de las personas con discapacidad son elevar las tasas de desempleo, que normalmente incluso en las épocas de bonanza económica que hemos vivido no hace mucho suelen superar entre dos y tres veces las tasas de desempleo de la población sin discapacidad, de la población general, y sobre todo, y a veces pasa más inadvertido, las elevadas tasas de inactividad o las bajísimas tasas de ocupación. Datos recientes, y a lo largo de mi comparecencia y seguramente en las preguntas que salgan después, indican que adolecemos, padecemos un déficit enorme de datos actualizados de información estadística solvente y fiable sobre la situación de las personas con discapacidad en relación con el empleo, y el no disponer de buena información, de información fiable y apegada a la realidad, nos condiciona muchas de las decisiones políticas o legislativas que se puedan tomar y a veces la dimensión de los problemas o la dimensión presupuestaria de las medidas y de sus efectos. No obstante, si atendemos a los datos más solventes podemos decir que si la población general está en unas tasas de ocupación superiores al 60 por ciento, la población con discapacidad
sufre tasas mucho más reducidas, la discapacidad moderada en torno al 48 por ciento y la discapacidad severa en torno al 30 por ciento. Es importante señalar esta diferencial en relación con la población sin discapacidad.
Asimismo, como otra de las notas características de la situación laboral o del perfil laboral de las personas con discapacidad suele señalarse la baja cualificación. Padecemos un déficit formativo importante que viene arrastrado, es un acúmulo histórico de exclusión en los momentos iniciales de la vida, en las fases educativas, los problemas de inclusión educativa en los que se ha avanzado pero no están solventados, por ejemplo, el efecto expulsión que ocurre cuando pasan de las enseñanzas obligatorias a las enseñanzas no obligatorias, porque muchas personas con discapacidad que venían con apoyos al pasar a medios más abiertos donde no hay apenas apoyos se desintegran en un abismo por el que no sabemos muy bien dónde van a parar y que nos tememos termina en las filas de la inactividad y esas tasas de no ocupación. También en el caso de aquellas personas con discapacidad que tenemos un trabajo, las notas más extendidas son bajos niveles de retribución, dado que llevamos un déficit formativo y que estamos en los rangos inferiores en cuanto a los puestos de responsabilidad. Esto sería un poco el retrato robot muy sumariamente expuesto de la situación del empleo de las personas con discapacidad.
¿Cómo estamos o cómo nos está afectando la crisis, que por otra parte está llegando a todos los segmentos, a todas las capas, a todos los ámbitos de actividad de nuestra sociedad? Es un hecho que cuando hay tiempos de bonanza, tiempos de expansión económica y tiempos de crecimiento del empleo, a la discapacidad llega y llega quizás con más rapidez que en la población sin discapacidad y eso es lo que ha ocurrido en los últimos diez años, pero también es un hecho, y lo hemos vivido los que llevamos algún tiempo en el movimiento social de la discapacidad, que cuando vienen las crisis ese mayor crecimiento no solo se detiene sino que se resiente. Somos un grupo especialmente vulnerable, muy sensible a las crisis y a la destrucción de empleo, y se pierde parte de lo que ha costado tanto, ahora también daré algunas notas, porque mucho del empleo que se crea en relación con la discapacidad se debe al esfuerzo de la iniciativa social, de la iniciativa sin ánimo de lucro, nucleada en torno a las organizaciones de personas con discapacidad en sus familias que han venido haciendo desde hace ya mucho una actividad de generación de empleo, de generación de empresas, de actividades productivas a fin de buscar una salida laboral para aquellas de sus personas, que el mercado, al menos hasta hace unos años, no podía asumir por él mismo y se necesitaba esa acción o ese refuerzo desde la propia sociedad civil.
Tenemos datos muy recientes en cuanto a la afección de la crisis, a la contratación de personas con discapacidad. Sabrán SS.SS. que en septiembre del 2008 el Gobierno de España aprobó la estrategia global de acción para el empleo 2008-2012, esa estrategia se ha completado con un plan de acción que se aprobó en febrero de este mismo año 2009 y se han constituido ya los grupos de trabajo entre los agentes sociales, los interlocutores sociales, las comunidades autónomas, el movimiento social de la discapacidad representado por el Cermi y el propio Gobierno de España. Para sentarnos y partir de los datos más actualizados el Gobierno, el Servicio Público de Empleo Estatal ha elaborado una información que voy a dejar aquí a disposición de la mesa y de todas SS.SS., y que es la última información disponible en temas de contratación de personas con discapacidad, incentivos, ayudas. Creo que es una información valiosa, relevante dentro de ese páramo que es los datos estadísticos sobre el empleo de personas con discapacidad.
Dando algunos datos, por no consumir demasiado tiempo, en el año 2008 se realizaron 26.008 contratos de trabajo con personas con discapacidad, de los cuales el 95 por ciento han sido bonificados, tienen ayudas por parte de las administraciones, lo que supuso un 14 por ciento menos que en 2007, en el que se firmaron 37.156 contratos; pero tenemos más datos del primer trimestre del 2009, los contratos efectuados han sido 5.521, lo que apunta que ha continuado con especial virulencia el descenso en la contratación de trabajadores con discapacidad. En los centros especiales de empleo en 2008 la situación más o menos se ha mantenido respecto al 2007 pero en el primer trimestre de 2009 ya vemos que el ritmo de contratación dista mucho de los ritmos de las tendencias que se mantenían en años anteriores.
Si nos vamos a la bolsa de desempleados demandantes, que están inscritos en los servicios públicos de empleo, vemos una tendencia creciente muy reseñable. En el año 2007 había registradas en las oficinas de empleo 73.496 demandantes de empleo con discapacidad -la discapacidad a estos efectos se señala aparte para saber que necesitan unos apoyos, una orientación, una formación, una intermediación más intensa que otros trabajadores demandantes de empleo-, pasando en el 2008 a 89.735, lo que supone un aumento del 20 por ciento de demandantes de empleo y en el primer trimestre del año 2009 se produce un aumento del 18 por ciento.
Por tanto la cifra última que disponemos de demandantes de empleo con discapacidad es de 105.850 personas. No podríamos decir a ciencia cierta si todo este incremento se debe a los efectos de la crisis, yo creo que no, porque tampoco hay datos que lo avalen ni que lo desmientan. También hay un efecto llamada, ya que las políticas que se han hecho en los últimos años han activado a muchas personas con discapacidad que se resignaban a permanecer en sus casas o a vivir con una pensión o un subsidio apenas de subsistencia, de miseria, y en un mercado con posibilidades laborales como el que hemos experimentado estos últimos años han sido personas que se han activado. Quiero creer que parte de ese incremento viene de ahí y en ese sentido eso sería un indicio favorable de que las políticas de empleo han tenido su efecto, un efecto positivo; sin embargo, aunque
no sabríamos determinar en qué medida, también hay una parte de personas que pueden provenir de la destrucción de empleo que tenían y de la necesidad de acogerse o de buscar otro empleo.
Dentro de este panorama del empleo, en estos momentos ingratos de las personas con discapacidad, sí que quería incidir especialmente en la situación del empleo protegido. En el empleo de las personas con discapacidad hay empleo ordinario, que es empleo de personas con discapacidad que están contratadas en una empresa ordinaria, abierta, en cualquier empresa, en un banco, en un gran almacén, en una pizzería, en una hamburguesería, etcétera, y hay centros especiales de empleo, y antes he definido qué eran. También tenemos datos recientes de cuántos centros especiales de empleo hay a 31 de diciembre del 2008 y cuántas personas con discapacidad están trabajando en ellos. Estos datos, que son datos oficiales del Ministerio de Trabajo e Inmigración, indican que hay 1.897 centros especiales de empleo en toda España, en el registro único de que dispone el Ministerio de Trabajo, que dan ocupación a 54.146 trabajadores con discapacidad. Si contamos los trabajadores sin discapacidad, porque el 70 por ciento al menos tiene que ser con discapacidad pero el resto pueden ser trabajadores sin discapacidad, estaríamos en torno a cifras de casi 70.000 ó 75.000 trabajadores que prestan sus servicios en centros especiales de empleo. Esto, aunque no sabemos cuántos trabajadores con discapacidad hay trabajando en cualquier fórmula o cualquier vía de acceso al mercado laboral, se considera que en torno a 200.000, supondría que una parte importante de los trabajadores presta sus servicios en centros especiales de empleo, aunque sigue siendo minoritaria en relación con la mayor parte que los prestan en empresas ordinarias, en empresas del mercado abierto.
La crisis está azotando especialmente a los centros especiales de empleo, sobre todo a los de iniciativa social, ligados a las organizaciones de personas con discapacidad en todas sus vertientes, y algunos datos proporcionados por Feacem, por la federación empresarial a la que aludía antes, que agrupa a los centros especiales de empleo de iniciativa social, así nos lo indican. Les doy algunos indicadores. El 60 por ciento de los CEE han reducido su facturación durante el primer trimestre del 2009 en más de un 20 por ciento de caída, el riesgo de destrucción de empleo a seis meses vista, este informe es de mayo de este año, afecta al 50 por ciento de los centros especiales de empleo de iniciativa social.
El número de contratos formalizados este año ha descendido en cantidades muy alarmantes y apenas se está renovando algún tipo de contrato cuando había una alta tasa de contratos temporales en el mundo de los centros especiales de empleo, y ya dentro del ámbito de Feacem, de los centros especiales de empleo de iniciativa social, pero también en los de iniciativa privada se están produciendo algunos ERE y hay cerca de 5.000 personas en riesgo de perder su empleo o en procesos de suspensión considerable de su jornada de trabajo. Este número se incrementará en las próximas semanas y meses sin duda porque el objetivo de los centros especiales de empleo que han sido promovidos desde la iniciativa social, aparte de sostenerse, de producir bienes y servicios y ponerlos a disposición del mercado, es la generación de empleo, tienen un objetivo claramente social. Por ello cualquier empresario ordinario no hubiera aguantado tanto, mientras que desde el mundo asociativo, desde el mundo de la iniciativa social se aguanta casi hasta el agotamiento antes de solicitar un ERE, antes de despedir o antes de cerrar un cierre patronal o algún tipo de medida contundente de destrucción de empleo.
En relación con esta situación, y ahora entro en la parte que tiene que ver con el proyecto de ley de referencia, para el que esta Comisión ha pedido la comparecencia de distintas instancias sociales, ¿qué se puede hacer desde este proyecto de ley para mejorar esta situación? Yo ahora expondré las medidas que desde el Cermi planteamos a los distintos grupos parlamentarios. Hemos puesto también a disposición de la Mesa y de SS.SS.
un documento con todas nuestras propuestas de enmienda articuladas y justificadas que está por ahí, y también está en soporte digital para quien desee consultarlo. Sabemos que hay una estrategia global de empleo, que se está negociando como decía, entre los interlocutores sociales, las comunidades autónomas, el mundo asociativo, pilotada por el Gobierno, pero esa estrategia fue concebida y fue planteada en tiempos de bonanza, y responde a la necesidad estructural de cambiar el modelo de inclusión laboral de personas con discapacidad en España, que llega ya casi a los 30 años y que da signos de agotamiento. Por tanto la estrategia sigue siendo necesaria pero la estrategia, ya que si queremos definir un nuevo modelo va a llevar tiempo, va a llevar necesidad de diálogo, va a traer consigo el alumbramiento de un nuevo modelo, lo que nunca es fácil.
Necesitamos medidas de choque y medidas normativas, medidas presupuestarias, medidas programáticas. No podemos esperar a resultados de la estrategia para intentar contener, intentar detener o minimizar los efectos de la crisis en el empleo de las personas con discapacidad.
Planteamos una serie de medidas urgentes, algunas que requieren rango normativo de ley, y que este cauce legal, esta vía que nos permite el proyecto de ley, puede ser idóneo para incluirlas. Paso brevemente a exponérselas.
Distinguiríamos en los dos ámbitos que ya he hecho mención, en el ámbito del empleo protegido. La primera medida que pedimos con rango de ley sería la creación de un fondo extraordinario para la estabilidad del empleo, en centros especiales de empleo, 2009-2010, con una cuantía de 100 millones de euros vinculados a ayudas dirigidas al cambio de actividad, a la mejora de la productividad, a las inversiones tecnológicas, a la reorientación estratégica y a la sostenibilidad del empleo. Esa por una parte. Por otra, y hemos visto desde el sector de la discapacidad con satisfacción que algunos grupos parlamentarios presentes aquí han formulado alguna iniciativa en ese sentido, elevación de la ayuda para el
mantenimiento de puestos de trabajo -del 50 por ciento del salario mínimo interprofesional a un 75 por ciento como mínimo-; en las estructuras, en los apoyos que cuentan los centros especiales de empleo hay dos grandes tipos de ayudas, una ayuda por cada puesto de trabajo salarial, para la que el Estado, aunque gestionado por las comunidades autónomas, proporciona el 50 por ciento del salario mínimo interprofesional que corresponde a cada trabajador con discapacidad contratado, y después hay una ayuda por creación de empleo, a la creación de un empleo de una vez y para siempre. Para esta ayuda de mantenimiento del puesto de trabajo una elevación sería muy bien recibida por un sector que, como les digo, está en una profunda crisis.
Asimismo hay medidas que no tienen coste. Sabemos que la situación económica es la que es, los problemas de recaudación del Estado, pero hay medidas que no tienen coste y que se derivan de leyes que han sido aprobadas por esta cámara en la legislatura pasada como la Ley de Contratos del Sector Público. Por ejemplo, un mandato al gobierno para que ponga en práctica en el ámbito de la Administración General del Estado un plan transversal de compras socialmente responsables, de acuerdo con las posibilidades que permite la nueva legislación de contratos, y que debido a la sensibilidad de esta Cámara con las demandas que en su momento planteó el Cermi cuando se tramitaron estas leyes que renovaron al contratación pública en España, permiten a los órganos contratantes en el ámbito estatal, en el autonómico, en el local, etcétera, adoptar medidas favorecedoras especiales para las empresas de personas con discapacidad y para los centros especiales de empleo. Por ejemplo, a través de reservas específicas se puede reservar una parte de la contratación para centros especiales de empleo y no saldría a concurso público, eso está permitido y perfectamente, se compadece con la legislación comunitaria; concursos restringidos solo para centros especiales de empleo, y favorecer a aquellas empresas que cumplan el 2 por ciento que es la obligación legal, las empresas ordinarias que tengan más de 50 trabajadores tienen que dedicar al menos el 2 por ciento a personas con discapacidad o bien excepcionalmente cumplir las medidas alternativas que prevé la legislación laboral. En este sentido, y es una noticia de ayer mismo, un despacho de Servimedia nos da un ejemplo, dice que el Gobierno Foral de Navarra reservará un 10 por ciento de sus contratos, sus contrataciones públicas para centros especiales de empleo o de inserción sociolaboral, se refiere también a las empresas de inserción que fueron reguladas en la pasada legislatura también con una ley estatal. Esto es posible, esto no cuesta a ninguna Administración y puede ser una medida muy beneficiosa para estas empresas sociales.
Otra medida que se puede tomar va en la línea de aumentar esa segunda ayuda que decía que los centros especiales de empleo reciben de las administraciones, que es la subvención por creación de un empleo para personas con discapacidad. Esta ayuda, a pesar de que pueda parecer increíble, está congelada desde 1985 cuando se aprobó el reglamento de centros especiales de empleo y está en una cuantía de hasta 12.000 euros, no es siquiera lo último, hay algunas comunidades que con cargo a sus fondos propios la han elevado, pienso en Cataluña o en Andalucía o en la Comunidad Valenciana, de todo signo. Quizá en los años ochenta un puesto de trabajo podía suponer una inversión de 12.000 euros, pero en la actualidad ningún puesto de trabajo puede crearse solo con esta cantidad.
Por tanto se necesitaría una actualización sustancial de esta cuantía que está muy trasnochada.
Otras medidas no normativas, para su conocimiento, en las que estamos trabajando, pasa por la mejora de la financiación. Los centros especiales de empleo como empresas medianas, pequeñas con problemas a veces estructurales tienen un estrangulamiento financiero y ahí se está trabajando con el Ministerio de Sanidad y Política Social y con el de Trabajo e Inmigración, a través de las líneas del ICO, para facilitar la financiación que han sido establecidas con carácter general para todas las empresas o para determinados sectores, de manera que puedan aplicarse a los centros especiales de empleo en condiciones ventajosas y que les permitan acudir a esa vía.
Otra cuestión que no corresponde al Gobierno central ni a esta Cámara pero que está ahí causando un problema grave, es el retraso, el retardo con que las administraciones proceden a abonar estas ayudas públicas que tienen que dar a los centros especiales de empleo y que les llevan a situaciones de pagos de seis, ocho, diez meses después de haberse devengado la obligación y les hace pasar por circunstancias muy apuradas.
Por tanto la agilización de las ayudas -esto sería más cuestión de las comunidades autónomas, es un problema de gestión no de fondos- sería también imprescindible y algunas comunidades autónomas también están trabajando en esa tarea. Por otra parte y dado que este año apenas se va a crear empleo nuevo, de nueva generación en el mundo del empleo protegido y hay partidas que están destinadas solo a la creación de empleo que no se van siquiera a tocar porque nadie va a crear empleo en esta situación, sí que hemos pedido al Ministerio de Trabajo y a las partidas del INEM que haya la suficiente flexibilización en la gestión de partidas para que dé lo que estaba destinado finalistamente a creación, a generación de empleo nuevo, que como digo apenas se va a producir, se permita un trasvase a los fondos de mantenimiento o a estas medidas de choque; como no se va a gastar y después tendrían las comunidades autónomas que devolver al Estado por inejecución, ahora aprovechemos para destinarlo al mantenimiento de la sostenibilidad del empleo. Paso ahora ya, y voy concluyendo, a las propuestas que más intensamente señalamos en nuestras enmiendas en el empleo ordinario, y que podrían acompañar en este momento al objetivo de mantener o crear empleo.
La Ley 43/2006, la última reforma laboral, sin quererlo no deliberadamente, estableció unas incoherencias,
unas inconsecuencias en el peregrinaje, en el traspaso, en los trasvases que hay desde el empleo protegido al empleo ordinario, en el empleo en empresas que tienen personalidad jurídica distinta pero que pertenecen al mismo grupo de empresas, etcétera. Una serie de inconsecuencias que hacen que se pierdan los incentivos y las bonificaciones si, por ejemplo, yo quiero pasar a una persona que trabaja en un centro especial de empleo a una empresa ordinaria. Eso no fue querido, pero fue debido a que como hubo un modelo después contraenmendado y tal, en todas estas cosas que no se terminan de definir, en los sistemas complejos, cuando tocas una pieza afecta a muchísimas, y ahí se está produciendo ahora mismo un importante bloqueo de creación de nuevos puestos de trabajo. Esto no necesariamente tiene que significar un incremento importante de dinero, pero sí está disuadiendo de renovación de empleos, de traspasos de personas que trabajan en el medio protegido al medio abierto, que es ese salto que establece nuestra legislación, y que sería importante corregir a través de algún tipo de disposición adicional que enmendase, que modificase la ley de 2006. También sería importante aprobar un incremento de la cuantía de las bonificaciones, nosotros proponemos entre un 20 y un 30 por ciento, en razón del tipo de trabajador, trabajadora. Ahora mismo hemos dado pasos ya a una segmentación, a una individualización de las ayudas en atención a la realidad concreta de los trabajadores con discapacidad pero, por poner mi propio ejemplo, yo tengo un 36 por ciento de discapacidad reconocido oficialmente. Mi empleabilidad podrá considerarse por mi discapacidad, etcétera, pero no es comparable en absoluto con una persona tetrapléjica, con una persona con parálisis cerebral o con una mujer tetrapléjica que está en el medio rural. Sin embargo, salvo algunas matizaciones que se han ido incorporando en normas pero muy recientes, la empresa que a mí me contrate tiene el mismo grado de apoyo que la que contrate a estas otras personas y no es justo. Ese café para todos que estableció la Lismi creemos que no es justo, que hay que segmentar según el género, el tipo de discapacidad que hayamos definido, incluso la legislación ya lo contempla, grupos de especial dificultad de inserción.
Hay que trabajar y ahondar en esa política diferenciada, no podemos aplicar a todos los trabajadores o a todas las personas con discapacidad el mismo grado de ayudas, no sería justo, tenemos que comenzar a individualizar por grupos o por segmentos.
Hay otra medida que sería muy bien recibida por el sector de la discapacidad que en nuestros sondeos con el Gobierno también en lo que afecta a Seguridad Social ha sido bien recibida y espero que pueda contar con el apoyo de todos los grupos. Resulta que muchas personas con discapacidad, especialmente trabajadores con discapacidad intelectual, tienen su primera oportunidad en su familia, es su familia, que es un empresario, que es un autónomo, que tiene una tienda, que tiene un bar, el único que da el paso para contratarles y lo podría contratar en su carnicería, en su zapatería, etcétera. Pero, paradojas de nuestra ley, existe la presunción de que si un familiar contrata a un hijo, en este caso un madre o un padre a un hijo con discapacidad, no hay relación laboral. Por más que hagas para probar que existe una relación laboral, lo puedes contratar pero sin ningún tipo de beneficio ni las bonificaciones sociales existentes para cualquier otro trabajador con discapacidad que no fuera familiar. Cabe la presunción de decir: esto puede alimentar el fraude, no es un trabajo real, lo contrato a efectos de generar derechos de la Seguridad Social pero no es verdad. Bueno, aquí es verdad. Por ejemplo, si en la Ley del Estatuto del Autónomo, para los trabajadores jóvenes ya se ha establecido esa no presunción o que la presunción no sea negativa, razón de más hacia las personas con discapacidad para desvirtuar esa presunción. Habría que cambiar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de Seguridad Social para que estos padres, estas madres, estas familias puedan contratar a estas personas que de otro modo no van a tener ninguna oportunidad, y nos llegan muchísimas quejas, muchísimas reclamaciones de ironías, de paradojas: si yo lo quiero contratar, si está trabajando, pero ocurre que si lo contrata El Corte Inglés le dan hasta 100 por cien de bonificación y si lo contrata su padre o su madre no recibe nada.
Otro tema importante es que en los últimos años se ha producido una tendencia bastante interesante de personas con discapacidad que se convierten en trabajadores autónomos, que se constituyen como autónomos.
Imagínense lo difícil que es ser autónomo, pero cuando uno tiene discapacidad todavía tiene más arrojo, más valor al intentar nuestra fórmula de entendimiento a crear su propia empresa, a buscarse la vida, esa expresión tan popular de buscarse la vida. El régimen de ayudas que tienen nuestros trabajadores autónomos con discapacidad hace unos años era inexistente, no tenían ningún tipo de ayudas. Hemos conseguido algún tipo de ayudas, pero está muy lejos todavía del que tienen los trabajadores con discapacidad que son contratados por empresas ordinarias, por el BBVA, por la Caixa, por El Corte Inglés, doy ejemplos de grandes empresas. Ahora mismo lo único que recibe el trabajador con discapacidad es una reducción durante solo cinco años de las bonificaciones que tiene que hacer al sistema de Seguridad Social, al régimen especial de autónomos del 50 por ciento durante cinco años, cuando cualquier empresa que contrata a un trabajador por cuenta ajena, aparte de una subvención por creación de empleo, tiene bonificaciones que en el caso de mujer mayor de 45 años pueden llegar casi al 90, al 100 por cien en algunas comunidades autónomas. También en este caso ocurre que es solo para los trabajadores autónomos de nueva constitución, los que ya venían siéndolo no pueden acogerse a estas ayudas y aquellos que tienen la discapacidad sobrevenida, que han podido tener un accidente, eran autónomos y después tampoco pueden acogerse a ese tipo de ayudas. No parece muy razonable que lo que le damos a las grandes empresas no se le den los mismos términos y durante el
mismo período de tiempo a alguien que ha hecho esa apuesta decidida por establecerse como empresario, por buscar una fórmula de emprendimiento y generar riqueza y empleo. Además esta bonificación del 50 por ciento o reducción, se llama así técnicamente, solo se aplica sobre la base de cotización minima, no sobre la base que el autónomo haya podido elegir, que en algunos casos unos se acogen a los mínimos pero otros pueden acogerse a más, y solo se podría aplicar la reducción sobre la base minima de cotización. Y también, como ya apuntaba, hacerla indefinida, que no esté limitada al período actual, primero fue de tres años, después hubo una enmienda en la Ley de medidas de Seguridad Social y pasó a cinco años. Creemos que es insuficiente y que debe de hacerse con carácter indefinido.
En fin, SS.SS., ya concluyo, estas son en esencia las medidas de choque, algunas con coste económico, otras no. En cuanto a la objeción del posible coste pensemos que con las personas con discapacidad que pierdan su empleo y que vayan al desempleo pues se generan políticas pasivas, gasto pasivo, y estas personas si no vuelven a tener unan oportunidad laboral terminarán en algún sistema de protección social, aumentarán las pensiones no contributivas, aumentarán los subsidios de todo tipo, prestaciones familiares, etcétera, o quedarán sin ningún tipo de recursos ni privados, generados por ellos mismos, ni públicos. Es una inversión más que un gasto, y que esa tendencia de los últimos diez años ha permitido incrementar en un cien por cien el número de personas con discapacidad que trabajaban. Hemos pasado de 100.000 a alrededor de 200.000 personas con discapacidad trabajando, aun son muy pocas, quedan casi 600.000 en edad laboral que no trabajan, pero se ha dado un paso importante. Se trata de que esta tendencia no se quiebre o que no sea reversible por los efectos de esta crisis.
Por mi parte quedo a su disposición, preguntas, observaciones, hemos aportado también alguna documentación adicional, una última publicación que ha hecho Cermi sobre la evaluación económica de las políticas de empleo que se han llevado a cabo en los últimos años, realizada y coordinada por el catedrático Gregorio Rodríguez Cabrero y otros profesores, que consideramos muy interesante y que podemos hacer llegar a SS.SS., el Gobierno ya la tiene, para valorar económicamente lo que se ha hecho y también las medidas nuevas que van con un escenario económico.
El señor PRESIDENTE: En el turno ya de preguntas, en primer lugar hará uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: He de agradecer como siempre don Luis Cayo su comparecencia, el rigor de la información que nos traslada, el carácter vivo de esta información porque responde a lo que efectivamente sucede en el mundo del empleo de las personas con discapacidad, y además estoy seguro de que esas propuestas que traslada al conjunto de grupos de la Cámara van a encontrar un apoyo amplio en la tramitación de ese real decreto, apoyo que debemos ya proceder a impulsar en los próximos días.
Mi grupo comparte con usted las dos cuestiones de fondo. Una es la necesidad de transitar hacia el nuevo modelo de políticas de empleo en relación con las personas con discapacidad, que supere los límites que en estos veinte y pico de años el planteamiento de la Lismi ha demostrado.
Ese nos parece que es un debate muy sustancial, de hecho desde hace ya unos cuantos años a Convergència i Unió le preocupa esa necesidad de transitar hacia un nuevo modelo. Antes de la crisis económica en marcha había ya un número importante de centros especiales de empleo en el campo del trabajo protegido que vivían la agonía de las decisiones que se tomaron en su día y de las no decisiones que se tomaron en los últimos años, especialmente aquellos centros especiales de empleo que continuaban orientados básicamente al manipulado de productos y que no habían sido capaces de evolucionar hacia otro tipo de actividades. Es evidente además que esa idea del trabajo protegido como un trabajo en transición hacia el empleo ordinario no estaba funcionando, muchas de las personas que habían empezado a trabajar en un centro especial de empleo nunca se terminaban de incorporar a una empresa ordinaria, rompiendo ahí con la filosofía de la Lismi, y al mismo tiempo muchos centros especiales de empleo que habían optado por ser más competitivos en el mercado se encontraban con que las personas con mayor capacidad productiva de esos centros especiales no era bueno que lo abandonasen porque precisamente eso haría que esa empresa fuera menos competitiva. Y al mismo tiempo, al menos en Cataluña, personas que pudiendo estar en un centro especial de trabajo no eran suficientemente productivas, restaban en un centro ocupacional, rompiendo también esa filosofía que la propia Lismi marcaba. Finalmente toda la complejidad que supone tratar de una misma manera -ese café para todos que usted decía- el conjunto de realidades tan diversas que existe en la discapacidad, provocando ese efecto injusto que se produce con las personas con discapacidad severa, personas con discapacidad intelectual, etcétera. Por tanto ahí existe un paquete amplio de cuestiones a avanzar en los próximos tiempos, para ir hacia un nuevo modelo. La estrategia y el plan que el Gobierno y el sector han pactado en los últimos meses respondía a este planteamiento, pero a nuestro grupo le parece que habría que dar un paso más e ir hacia una reforma de los artículos de la Lismi que regulan específicamente a las cuestiones de empleo y discapacidad.
Durante esta legislatura, con calma, deberíamos ser capaces de modificar la Lismi en esta materia, y la intención de Convergència i Unió es plantear a la vuelta del verano alguna iniciativa parlamentaria en esta dirección.
En segundo lugar existen las medidas de choque que deben de impulsarse en un contexto que usted ha descrito
de manera muy evidente, de desplome del mercado de trabajo en su conjunto y que está afectando también al empleo de las personas con discapacidad, tanto en el empleo ordinario como en el empleo protegido. Las informaciones que nos llegan desde muchos centros especiales de trabajo, de iniciativa social y también de carácter mercantil, son de preocupación sobre lo que está sucediendo, expedientes de regulación en marcha, etcétera. Por tanto es evidente que el trámite parlamentario en el que estamos ahora inmersos es una perfecta oportunidad para que algunas de esas medidas de choque que el Cermi está reclamando se implementen.
Convergència i Unió efectivamente va a plantear buena parte de las enmiendas que ustedes nos han trasladado, de forma muy significativa el aumento de esas subvenciones para la creación de puestos de trabajo porque es escandaloso que estén congeladas desde 1985. Han existido diversos compromisos del Gobierno para actualizar esas cuantías, creo recordar que incluso en el plan de reformas que el Gobierno aprobó figuraba como una medida específica y concreta que nunca terminó de ejecutarse y en algunos debates hemos aprobado mandatos específicos al Gobierno en esta línea.
Cabe modificar las contradicciones y las insuficiencias que introdujo la reforma laboral de 2006. Ahí los grupos parlamentarios y el conjunto de la Cámara, incluidos sus servicios técnicos, los letrados, no estuvimos suficientemente finos para evitar ese error que ha tenido consecuencias negativas, y a todos, grupos parlamentarios y letrados, nos obligaría a trabajar de manera más fina en el proceso legislativo. Yo estoy especialmente insatisfecho de esas contradicciones.
También son relevantes esas cuestiones en las que usted hacía referencia a autónomos, familiares, así como aumento de las bonificaciones en discapacidades severas. Damos también mucha importancia a la creación de ese fondo extraordinario que pueda permitir hacer llegar recursos económicos para el mantenimiento del empleo, porque estoy seguro de que don Luis Cayo va a coincidir conmigo en que si un centro especial termina cerrándose será muy difícil volver a reubicar a aquellas personas y volver a recuperar esa actividad y especialmente en determinados territorios. Por tanto ese esfuerzo en tiempos de crisis extraordinario de mantenimiento del empleo protegido, nos parece estrictamente necesario, por el valor añadido que esas actividades han tenido en estos últimos años.
Último comentario. Tomo nota de esa idea que usted nos formula de ausencia de datos fiables sobre empleo y discapacidad, que constituye una de las cuestiones permanentes en este ámbito, y quizás sería interesante introducir en este real decreto-ley un mandato específico al Gobierno para que antes de final de año elabore un informe preciso sobre esta materia, porque eso nos permitiría analizar con perspectiva esas necesidades que muchas veces son más intuitivas que en una perspectiva más global.
En todo caso Convergència i Unió está convencida de que en esta crisis las personas con discapacidad lo están pasando mal, el sector del empleo protegido necesita ese apoyo extraordinario y que en este real decreto ley tenemos una oportunidad para mejorarlo. Es más, una de las razones por las que Convergència i Unió forzó la tramitación como proyecto de ley de este real decreto ley era precisamente para poder introducir medidas en el campo de la discapacidad. En ese real decreto que el Gobierno aprobó de seis medidas no incorporaban ninguna específica para este colectivo. Esperamos que esa pretensión termine de manera correcta y adecuada con el concurso de todos. Le doy las gracias de nuevo por su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: A continuación y en representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Francisco Vanó.
El señor VANÓ FERRÉ: En primer lugar sea bienvenido don Luis Cayo, agradecido por su comparecencia y agradecido por los datos y por el panorama quizá un poco sombrío de la situación de las personas con discapacidad, digo quizá y debo evitar el quizá, sombrío, porque además en situación de crisis somos conscientes de que el sector de la discapacidad es de los más vulnerables y, por lo tanto el que tiene más riesgo de exclusión laboral y social.
Quiero remarcar algunas cosas que creo que se han dicho aquí efectivamente y ver cómo se pueden encauzar algunas de las propuestas en este real decreto, sobre todo con algunas medidas que quizá ya están presentadas en la Cámara que ayudarían a facilitar esa situación. En cualquier caso yo creo que no nos podemos permitir el lujo de prescindir de una fuerza laboral y una fuerza social de todo el sector de la discapacidad. Esto enriquece al país y además enriquece incluso la situación económica, como muy bien ha explicado, ya que a una persona incorporada laboralmente, aparte de producir y ser rentable, lo que le da personalmente una satisfacción y una capacidad de integración social mucho más adecuada es poder hacerlo a través del empleo.
Nosotros ya éramos conscientes de la situación de crisis laboral por la que atraviesa el sector. Los datos de Feacem los conocíamos: el 10 por ciento, en el segundo semestre del año 2008, de caída del empleo, o incluso el 30 por ciento en enero de 2008 con relación a enero de 2007, y que efectivamente la tasa de desempleo de las personas con discapacidad triplica a la del resto de las personas en edad laboral. Por lo tanto hay que tomar medidas especiales, hay que hacer algo que yo creo que en este real decreto no figura. No figura nada sobre personas con discapacidad, estamos en el momento, podemos sacar conclusiones de esta comparecencia y tratar de incorporar enmiendas de manera que mejoren esa situación que para el sector, insisto, es imprescindible. El panorama, que es sombrío, puede ser mejorable y para eso hay que establecer algunas medidas.
que cite a mi grupo, pero nosotros hemos presentado una proposición de ley que fue tomada en consideración por unanimidad de la Cámara, en la que dentro de la Ley, como se llama, de garantía de los derechos y mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad hay algunos elementos específicos respecto del empleo. Uno de ellos es aumentar hasta el 7 por ciento el cupo, que no sea inferior al 7 por ciento, para lograr como mínimo que un 2 por ciento de los empleos de la Administración sean para personas con discapacidad, estableciendo un turno independiente, y dentro de ese 7 por ciento regular que el 2 por ciento sea para personas con discapacidad intelectual. Tomamos nota de que sería interesante establecer una discriminación positiva. El ejemplo que ha citado es muy gráfico: dentro de la discapacidad hay distintos grados y el nivel de ocupación, preocupación y protección debe ser diferente, según el tipo de discapacidad porque no requieren unos lo mismo que los otros. Por lo tanto eso es para tenerlo en cuenta, reflexionar sobre ello y actuar en consecuencia.
Pedíamos también un informe anual, un balance del nivel de inclusión social porque partimos de una situación que intuimos pero no conocemos bien. Creo que para actuar en un sector, dentro de una problemática, lo primero que tenemos que saber es a cuántas personas afecta. En esta casa se han presentado ya dos proposiciones no de ley en la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, una de la legislatura anterior y la otra que se vio precisamente la semana pasada el día 12, que por cierto se aprobó por unanimidad con una enmienda transaccional que todos los grupos votamos a fin de establecer que la EPA cuente con unos datos, haya una información adecuada y sobre todo que los servicios públicos de empleo establezcan el parámetro del empleo y desempleo de la discapacidad, sus causas, sus orígenes, incluso su tipología, porque creo que esto nos va a ayudar a saber cómo actuar, dónde hay que incidir para mejorar esa situación de inclusión social.
Aparte, insisto, de conocer los datos, de establecer un criterio de actualización e igual que tenemos en el INEM, por los servicios públicos de empleo, información sobre mujeres, sobre inmigrantes, etcétera, crear ese servicio sobre personas con discapacidad y sus trabajos.
Dentro de las medidas que son imprescindibles está también la de mejorar la protección a estos centros especiales de empleo que son, como muy bien ha dicho, los pasos previos a la integración ordinaria en el mercado laboral. Si no recuerdo mal, desde 1985 o 1986 las subvenciones no se han modificado. En ese sentido he de decirle que nuestro grupo presentó una proposición no de ley en la que se pide una actualización de las subvenciones, de manera que se aumente el nivel de creación de empleo.
Insisto en que además este es un paso previo a la educación de las personas con discapacidad que jamás han accedido al empleo, para que más tarde los que puedan accedan al empleo ordinario; en ese caso hay algunas medidas en nuestra proposición no de ley, por las que pedimos que se estimulen las subvenciones y se mejore la situación de estas personas. Es decir que en cuanto a ese fallo que tuvo la ley 43/2006 de pasar de empleos temporales a indefinidos, además va a ser por acuerdo de la Cámara. Hay una proposición de ley para que sea automático y las bonificaciones no se pierdan. Por eso la reflexión que podemos hacer después de su comparecencia, que ha sido muy rica en datos y sobre todo ha descrito la situación tal y como está, es que hay que hacer hincapié y contemplar en cualquier medida que se tenga en cuenta que casi el 9,5 por ciento de la población son personas con discapacidad y sus diferencias se deben considerar a efectos de un tratamiento especial. Por lo tanto, creo que vamos a tener que ponernos a trabajar todos, pero especialmente el Gobierno, en ese desarrollo del plan de acción referente a la estrategia de empleo de 2008, que por lo que usted me dice ya se han empezado a reunir los primeros grupos, no sé si con satisfacción por parte del sector o no. Confiemos en que de verdad haya, como suele haber en la Comisión de Discapacidad, una vocación de acuerdo para mejorar tanto por parte de los grupos de la oposición como por parte del Gobierno la situación de las personas con discapacidad.
Por último, esperemos también que la Administración pública impulse que las administraciones públicas tengan en cuenta la contratación pública tanto de servicios como de productos que fabrican o realizan centros especiales de empleo, y en este caso el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales sería bueno que diese ejemplo y fuese la primera Administración en cumplir con ese tipo de contratación.
Le agradezco de nuevo su presencia y su información.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña María José Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Don Luis Cayo Pérez Bueno, muchísimas gracias por su comparecencia, como siempre, densa, rica en contenido, además de que es un importante instrumento para el trabajo de los grupos parlamentarios y en concreto para el Grupo Socialista.
Entendemos que el proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo, y dada la situación que plantea el sector global del empleo de todas las personas y en particular de las personas con discapacidad, recogerá sin lugar a dudas sus sugerencias y recomendaciones e introducirá elementos precisamente correctores de lo que puede ser ese déficit que en materia de empleo tienen las personas con discapacidad, las especiales dificultades y cómo la crisis se ceba particularmente con los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran las personas con discapacidad.
Es muy importante que esta situación nos haya cogido con un objetivo claramente diseñado, planificado además en colaboración con el sector de la discapacidad y también
con los interlocutores sociales. Yo creo que la estrategia global que se aprobó en septiembre de acción para el empleo de las personas con discapacidad, que se consensuó con todos los actores importantes en materia de empleo como puede ser el Gobierno, los interlocutores sociales y el sector de la discapacidad, nos ha permitido tener unos instrumentos fundamentales para abordar esta problemática que se presenta ahora y que inicialmente, cuando se planteó la estrategia precisamente en 2006, con la Ley 43 de 2006, de medidas de incremento y mejora del empleo, no se contemplaba así, la verdad. Así que tenemos un objetivo claro, un diseño claro, una estrategia aprobada y también el plan de acción 2009-2010 que contempla las medidas de forma global, porque usted ha planteado algo que para nosotros es muy importante y es que el tema del empleo de las personas con discapacidad tiene muchos elementos transversales como los temas de tipo formativo, temas educativos puros y duros o los temas sanitarios, por lo tanto, políticas que afectan a distintos ministerios, que estaban diseñados en la estrategia y en el plan de acción. Que los grupos estén constituidos, que estén trabajando y tengan delante toda la información que nos ha facilitado de la situación real en la que se encuentran en estos momentos las personas con discapacidad en relación al empleo es muy importante. Nuestra voluntad y nuestro compromiso están en esa línea y también en las medidas urgentes que será necesario adoptar en esta situación de crisis.
Como comentaba bien usted anteriormente, desde el Grupo Socialista y también desde otros grupos parlamentarios, pero en concreto desde el Grupo Socialista, se han presentado una serie de iniciativas que están pendientes de debate en materia de empleo protegido, fundamentalmente lo que es la bonificación en materia de empleo protegido en los centros especiales de empleo, igualmente en materia de productos que puedan salir al mercado de estos centros especiales de empleo. En la comparecencia de la propia secretaria general de Empleo del Ministerio de Trabajo e Inmigración se puso de manifiesto también el interés y la voluntad de que alguna de las medidas que usted ha mencionado, como que se puedan beneficiar de todas las ayudas a través del ICO, se pongan en marcha. Yo creo que es un tema interesante y que, como es lógico, este tipo de medidas debe beneficiar a los centros especiales de empleo. Están puestas todas las mimbres para que el cesto sea razonablemente bueno en una situación difícil como la que estamos padeciendo ahora mismo.
No obstante, he de serle sincera y entiendo que las medidas que se deben contemplar deben ser las que aborden una situación de urgencia. Esas otras medidas que también se han planteado por parte de otros portavoces, incluso por usted, igual no caben exactamente en esta ley que desarrolla el real decreto, pero nos parecen también muy relevantes y posiblemente sea conveniente abordarlas.
Todo lo que tiene que ver con el empleo, como la Ley de contratos con la Administración pública, es fundamental y yo creo que hay que profundizar lo más posible para que los centros especiales de empleo y todas las empresas de empleo protegido puedan acceder a una serie de contratos por parte de la Administración, y me parece que tienen gran interés las propuestas que usted deja hoy en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Para nosotros es muy importante lo que tiene que ver con las distintas bonificaciones a los centros de empleo protegido y lo que tiene que ver con la especificidad en torno a la discapacidad. Ya la ley 43/2006 lo contemplaba, de hecho contemplaba variables como podía ser el sexo, como podía ser la edad, como podía ser el grado de minusvalía para las bonificaciones. Es un tema que está ahí, que el sector ha puesto de manifiesto de forma reiterada y que nosotros compartimos claramente. Por lo tanto, creo que estaremos de acuerdo en que habrá que apoyar especialmente a aquellas personas que tienen más dificultades dentro de la discapacidad.
También en el futuro, a medio plazo, tendríamos que abordar los problemas de un sector con dificultades de personas que no llegan a tener el grado de minusvalía porque tienen la capacidad intelectual límite, y yo creo que están en terreno de nadie y que alguna vez habrá que ver qué podemos hacer en materia de empleo con estas personas que realmente están teniendo dificultades en estos momentos, porque la cobertura es poca puesto que no tienen la calificación de minusvalía. Espero que alguna vez le cambiaremos el nombre y se califique de discapacidad relativamente pronto.
Yo quiero agradecerle su comparecencia nuevamente en nombre del Grupo Socialista, decirle que sus propuestas son bien acogidas, que intentaremos que a través de este proyecto de ley que desarrolla el Real Decreto de medidas urgentes se contemplen las que sean posibles de acuerdo precisamente con la situación de urgencia o de especial dificultad que están padeciendo en materia de empleo las personas con discapacidad, y que el resto de las propuestas que ha hecho, que nos parecen todas ellas muy razonables, las podamos ir viendo a lo largo de la legislatura para mejorar el empleo de las personas con discapacidad y la inserción laboral, que no es ni más ni menos que uno de los elementos fundamentales de la inserción social de las personas con discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las cuestiones formuladas por los distintos portavoces tiene la palabra don Luis Cayo Pérez Bueno.
El señor PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Pérez Bueno): Señor presidente, me congratulo -no solo yo, que no soy importante, sino la entidad que represento- del interés y la atención que han prestado y la receptividad y la verdad es que llena de ánimo el saber que la Cámara y los grupos
parlamentarios se hacen eco con tanta disposición y con tanto interés por las demandas de este sector de población, casi, como decía el señor diputado Vañó, el 9 por ciento de la población que presenta una discapacidad. Si no respondo a cuestiones concretas, sí quiero compartir consideraciones, porque yo creo que hay un enorme grado de acuerdo o de aproximación a la cuestión y a sus posibles salidas.
Al señor Campuzano, portavoz del grupo catalán CiU, quiero agradecerle expresamente el apoyo a las medidas y el apoyo que su grupo históricamente viene dando a las cuestiones de discapacidad, como el resto, pero a usted personalmente se lo quiero agradecer, es una persona muy querida y apreciada por el sector de la discapacidad. Coincido plenamente con usted en la necesidad de un nuevo modelo de inclusión laboral para las personas con discapacidad, la lástima es que lo urgente, lo inmediato, no nos hace ver lo necesario, no nos da la paz de ánimo o el ánimo tranquilo para afrontar nuevos retos. Yo creo que la elaboración de la Lismi -y su comunidad autónoma tuvo mucho que ver con ello, personas muy cualificadas de allí- alumbró algo nuevo que, a la postre, ha sido positivo después de casi 30 años, y ahora, en momentos casi tan dificultosos como aquellos, tendríamos que ser capaces de hacer algo mejor en cuanto a un nuevo diseño de modelo de empleo, de inclusión laboral para personas con discapacidad. El sector está trabajando en ello, ya será cuestión de colocar el momento, la oportunidad, pero yo no sé si bastaría solo con la reforma del capítulo de empleo de la Lismi.
Recuerde que en 2003 se traspusieron unas directivas europeas de igualdad de trato en la ocupación y en el empleo. Quizá habría que unirlo todo en una nueva ley, un proyecto de ley o una ley de inclusión laboral o de promoción de la inclusión laboral. Me parecería interesante y deberíamos trabajar en esa línea. Desde luego, si algo caracteriza a Cermi es esa labor de avanzadilla, de pensar cómo tiene que estar la discapacidad, no ahora -que también, es nuestra obligación y por eso estamos aquí-, sino cómo debe estar dentro de cinco o diez años y avanzar modelos.
Sabemos que la maduración de las demandas no es fácil, incluso la aprobación de una ley lleva su tiempo, pero la implementación de la ley lleva todavía más tiempo en un Estado complejo como en el que estamos, donde las decisiones no son unilaterales sino que se va a escenarios de codecisión o de coparticipación muy amplios y que es el diseño que nos hemos dado constitucionalmente, pero en nuestro horizonte -si no en esta legislatura, para la siguiente- está un nuevo modelo de inclusión laboral que nos llevará 15 ó 20 años por delante; ver lo positivo que ha sido, lo que ha aportado la Lismi, sus insuficiencias, las nuevas visiones desde la convención, lo que se ha hecho desde la Convención de derechos de las personas con discapacidad de la ONU, lo que se ha hecho en Europa. Me parece un reto enorme y apasionante, o sea, que si contamos con el apoyo de la Cámara y de los grupos, nos pondremos a trabajar más vivamente sobre la cuestión.
Tiene plena razón cuando decía que la crisis ha agudizado la situación de las estructuras de empleo protegido que ya venían arrastrando problemas graves. Es cierto, la crisis ha podido ser la puntilla en algunos casos de problemas latentes que en un escenario de bonanza de alguna manera se iban saliendo de ese apuro, de ese aprieto, pero había problemas de fondo que ahora la crisis ha evidenciado ya sin ningún tipo de ambages.
Yo creo que en ese futuro modelo de inclusión de las personas con discapacidad las disyuntivas empleo protegido, empleo ordinario, las necesidades de transición que en su momento la Lismi introdujo, no serán necesarias. Todavía pesa el estigma de la discapacidad, o sea, yo a veces lo digo, por qué si una cooperativa en un medio rural de mujeres hace cualquier explotación nadie lo ve como un gueto y son personas que se han unido porque están con factores de exclusión, porque están en el medio rural, porque son mujeres, porque el mercado no las contrata por sí mismas, y cuando se reúnen personas con discapacidad eso hay que deshacerlo, hay que ir a lo normalizado. Yo creo que la cultura modelo Lismi nos ha ido llevando a que la gente elija, que los modelos no sean tan contrastados o tan diferentes. Es un sinsentido que los mejores trabajadores de los centros especiales de empleo que se han formado ahí sean los que transiten al mercado ordinario. El empresario del centro especial de empleo se descapitalizaría humanamente, y no pensemos que todos los trabajadores que están en un centro especial de empleo quieren irse, irse ¿adónde?, ¿a un McDonalds a trabajar con un contrato basura o sin ningún tipo de apoyos? A veces tenemos ciertas presunciones o ciertas aproximaciones que no son del todo reales, y en ese nuevo modelo creo que no debemos ir a contrastes tan diferenciados, y no será cuestión de esto sí o esto no, o esto es preferible o esto no es preferible. Creo que cualquier empleo digno y de calidad es valioso por sí mismo, y que lo demás son aspectos que no son subalternos pero que tampoco son determinantes.
La insuficiencia de datos existe, estamos a la espera todos de la encuesta de la edad 2008, la verdad que el Gobierno español, el Estado, ha hecho algo que muchos Estados europeos no han hecho, y es que cada diez o nueve años se hace una gran encuesta de discapacidad que nos da una radiografía casi al dedillo de la situación. Lo que ocurre con estas macroencuestas de 120.000 entrevistas es que se necesita mucho tiempo después de que se ha hecho el trabajo de campo para sistematizar y ordenar la información.
Y ahora estamos a la espera de que nos den los datos de empleo, pero nos van a dar los de 2007 y saldrán en octubre. Estuve hace poco con el presidente del INE y están trabajando lo máximo posible, nos han dado los grandes datos de discapacidad, sabemos que somos 3,8 millones, casi el 9 por ciento, ha bajado el índice de discapacidad respecto a la encuesta de 1999, pero los datos de empleo ya más desagregados hasta octubre no los vamos a tener, y nos van a decir la situación
de cuando se recogió la información que fue en 2007, el efecto crisis no se va a ver ahí. Cuando le planteamos, como esta Cámara ha hecho y ha aprobado, que en las encuestas de población activa se hiciera un módulo de discapacidad, el último del que disponemos es de 2002, no volvemos a tener información de la EPA sobre discapacidad. Nos dicen que es problemático, que introducir nuevos ítems complica enormemente la gestión de esa información, que están dispuestos a hacer otras cosas, pero es verdad que tenemos ahí un problema grave si se toman decisiones sin conocer los datos o sobre la base fiable, real y con una imagen fiel de lo que es la sociedad española. Las decisiones políticas a veces son un poco audaces o se toman sin conocer demasiado la realidad, y después podemos perder un tiempo precioso porque la medida o el universo sobre el que iba a llegar esa medida no era el más adecuado.
En cuanto a las consideraciones que ha hecho el diputado señor Vañó, quiero agradecerle el apoyo a este paquete de medidas que he expuesto en nombre del sector de la discapacidad. Conocemos la proposición de ley a la que se refería, que fue tomada en consideración por el Pleno de la Cámara hace unos meses y en general nos parece un avance. Agradecemos a todos los grupos que se sumaran a ella y no sé en qué momento está la proposición en cuanto a enmiendas, si ya se ha cerrado el plazo, pero espero que ese mismo clima de consenso que tuvo en la toma en consideración se mantenga en el trámite de enmiendas, que se mejore, que pueda llegar a un gran consenso porque tiene aspectos importantes, no solo en el empleo sino también en otras cuestiones derivadas de la asunción por España de la convención de la ONU y que sería un paso importante también en el avance legislativo de las personas con discapacidad.
El aumento al 7 por ciento. Ahora mismo existe en el empleo público la cuota del 7 por ciento para la Administración General del Estado, no es legislación básica, no se aplica a todas las administraciones porque para eso habría que modificar la Ley del Estatuto del empleado público, que creo que se aprobó en 2006, pero el Gobierno en la oferta de empleo público de este año, solo para la AGE, para la Administración General del Estado, ha elevado al 7 por ciento y ha creado una cosa positiva que es una subcuota, ese 2 por ciento que se ha ganado, del 5 al 7, para personas con discapacidad intelectual. Nos parece positivo, ojalá se modifique el Estatuto del empleo público y se aplique como legislación básica a todas las administraciones, no solo a la Administración General del Estado.
Vuelvo a coincidir en el tema de datos, en ese informe anual. Por fin ha echado a andar el Observatorio estatal de la discapacidad, que estaba creado pero sin actividad, creo que puede ser un instrumento dentro del Real Patronato sobre Discapacidad para elaborar esos informes y que no dependamos solo de los esfuerzos que siempre tienen que estar ahí de la sociedad civil, para ir teniendo poco a poco planos y guías de cómo orientarnos. A veces se echa de menos, no solo del Gobierno o de la Administración, sino de todas las administraciones, una labor de un conocimiento más real de la situación de todos los sectores, entre ellos el de discapacidad. Agradezco esa vocación de acuerdo, la veo y espero que o en todo o en parte las medidas que nosotros hemos propuesto las presenten los grupos, eso es síntoma de que pueden salir adelante y que en unos meses pueden estar aprobadas y surtiendo efecto.
En el tema de la contratación pública consideramos que es una medida que no cuesta y que tiene una gran capacidad hacia futuro. La contratación ya no solo es adquirir bienes y servicios y productos eficientemente, sino que es una rama más de la acción social, de la acción medioambiental y así ha de verse. Es verdad que la trasposición que se hizo de las directivas europeas permite pero deja al albur, al margen de cada órgano contratante, ir más allá del suelo que establece la ley o no. Me parece que hay acerca de 12.000 órganos contratantes y sensibilizarlos a todos y convencerles uno a uno es muy difícil, pero la necesidad de un plan de toda la Administración General del Estado que después arrastrara a comunidades autónomas -algunas ya hemos visto que van avanzando- sería muy interesante. De nuevo le agradezco su apoyo a estas medidas y al sector de la discapacidad.
En cuanto a la diputada Sánchez Rubio, representante del Grupo Parlamentario Socialista, igualmente le agradezco el apoyo a las medidas.
Decía con razón que la estrategia de empleo ha establecido un nuevo escenario de diálogo. Antes, y no hay por qué negarlo ni por qué ocultarlo, existían otros planes de empleo para la discapacidad, han existido dos antes de la estrategia global, promovidos por el anterior Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, y se hicieron en un escenario entre el Gobierno y el sector de la discapacidad. No fueron partícipes los interlocutores sociales. Eso generó problemas, porque los interlocutores sociales son muy relevantes, tienen un papel trascendental que les asigna la Constitución, y al sentirse excluidos en esas políticas no les gustó y de alguna manera había una anomalía. Este nuevo escenario creo que ha sido muy positivo, no solo está el Estado, las comunidades autónomas, sino que allí por primera vez nos hemos sentado todos los que tenemos algo que decir en empleo, los interlocutores sociales, las comunidades autónomas, la Administración central y el sector asociativo.
Ese mismo escenario tiene sus servidumbres en cuanto a que hay que hablar mucho, hay que disipar prejuicios, y va a ser necesariamente lento en la toma de decisiones si quieren que sean por consenso. Por tanto, llevar allí las medidas de choque es difícil, porque en un año por lo menos no vamos a ver resultados tangibles. En consecuencia, es necesario aprovechar, como decía al principio, este cauce legal para introducir el mayor número posible.
¿Dónde se establece el límite? No lo sé. Nosotros, que procuramos ser idealistas pero también tener sentido práctico, sentido de apego al terreno y a lo factible, entendemos que todas. Algunas, que puede parecer que
puedan quedar para el desarrollo y la implementación de la estrategia, están impidiendo la creación de empleo ahora mismo, la contratación, y creo que el objetivo de todos debería ser que cualquier empleo posible se cree y que la no creación no dependa de que no pueda acceder a una subvención o a una bonificación. Y creo que su peso económico no es tan grande. Hay algunas que sí tienen una dimensión económica, pero si no se toman después las vamos a ver corregidas, aumentadas y multiplicadas en prestaciones sociales, o no, lo que quiere decir en exclusión, y eso es muy importante.
Se ha referido a una cuestión que está en tierra de nadie, que son las personas borderline, con inteligencia límite, y que desde luego deberíamos abordar. Conocemos asociaciones, especialmente catalanas pero ya de todo el Estado, que están intentando dar soluciones legales, dar soluciones de dispositivos de recursos a estas personas. Algunos son maximalistas si piensan en una ley específica para personas de inteligencia límite, eso siempre tiene sus dificultades, puede ser deseable, pero si vamos haciendo ley por cada grupo de discapacidad o cercano o asimilado a la discapacidad puede demorarse muchísimo. Pero quizá debería pensarse en ciertos puentes o ciertas asimilaciones entre lo que ya hay a efectos de empleo, por ejemplo, aquella persona declarada con inteligencia límite que se la pueda considerar del 33 por ciento a efectos laborales. A lo mejor es una salida o una vía para comenzar a darle una respuesta que ahora mismo no están teniendo. Al menos se pueden acoger a lo que haya para el 33 por ciento, aunque técnicamente, a todos los efectos, no sean personas con discapacidad. Podría ser la puerta de entrada a un sistema que ahora tienen vedado.
Por mi parte nada más, señor Presidente, y muchísimas gracias de nuevo a todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Pérez Bueno, por su comparecencia, por sus datos, por la documentación que nos ha aportado.
Vamos a suspender la Comisión durante cinco minutos para despedir a don Luis Cayo Pérez Bueno y recibir al siguiente compareciente. (Pausa.)
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS, UPTA (REYNA FERNÁNDEZ). POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO E INMIGRACIÓN. (Número de expediente 219/000286.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a continuar la sesión de la Comisión de Trabajo e Inmigración con la última de esta serie de comparecencias que hemos celebrado tanto este mes como el mes pasado, que es la de don Sebastián Reyna Fernández, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA. Señor Reyna, muchísimas gracias por acudir a esta invitación de la Comisión de Trabajo y aportarnos sus puntos de vista en relación con el proyecto de ley que tenemos ahora mismo en la Cámara. Seguro que sus aportaciones servirán a todos los grupos parlamentarios para poder orientar las enmiendas en el debate parlamentario que mantendremos a continuación. Sin más preámbulos, cuando usted quiera tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS, UPTA (Reyna Fernández): En primer lugar, quiero dar las gracias a la Presidencia y a la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados y, por supuesto, a todos los grupos parlamentarios por su invitación para que un representante de nuestra organización, de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España, pueda comparecer para aportar sus opiniones con respecto a este proyecto de ley de medidas urgentes para el mantenimiento y fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, y también obviamente para dar nuestra visión sobre la situación general del ámbito del mercado de trabajo en nuestro país.
El objetivo de mi organización en esta comparecencia, como ya he indicado, es hacer una breve reflexión general sobre las condiciones de la contratación laboral en unas circunstancias económicas de dificultad, que están afectando muy negativamente a la evolución mercado de trabajo. Al mismo tiempo, queremos realizar algunos comentarios concretos sobre las medidas articuladas por este proyecto de ley y también, como no puede ser de otra forma, aprovechar para recordar determinados objetivos del colectivo de los trabajadores autónomos, que si bien no son objeto directo de los contenidos contemplados por el proyecto, sin embargo se encuentran también pendientes de regulación y de tratamiento normativo suficiente.
En primer lugar tendríamos que afirmar, en línea con otras comparecencias producidas ya con anterioridad, que no han sido -y en eso quiero ser al menos muy tajante- las condiciones del mercado de trabajo las que han tenido ningún tipo de protagonismo especial en las causas que han conducido a la crisis económica que estamos sufriendo. Más bien diría que al contrario, la conocida flexibilidad en nuestro mercado laboral, propia de una sociedad basada en los servicios como principal motor de nuestra economía productiva, ha sido quizá un factor determinante en el crecimiento conocido en los últimos años. Por lo tanto entendemos, en lógica con esta afirmación, que una modificación sustancial de nuestro mercado de trabajo no tendría mayor influencia en la salida de la crisis y la consiguiente recuperación. Sin que ello, por supuesto, signifique que las condiciones de la contratación laboral no deban adaptarse en cada momento a las condiciones económicas dominantes, como ya ha ocurrido en muchos ciclos anteriores, puesto que hemos conocido muchas reformas en el mercado de trabajo y, por supuesto, importantes cambios en sus normas básicas
como es el Estatuto de los Trabajadores. En este sentido entendemos que confundir el debate parlamentario de este proyecto de ley con el análisis de una profunda reforma laboral en España, como desde alguna instancia se ha propuesto, sería un error, primero porque no contaría con el necesario acuerdo de los agentes sociales, factor determinante para el éxito de cualquier reforma; y, en segundo lugar, porque en nuestro Estado de derecho yo creo que no se puede contemplar la reforma laboral como un valor en sí mismo con mayúsculas de manera permanente, aunque siempre caben, como no puede ser de otra forma, en todo momento reformas laborales como las ya conocidas con mayor o menor éxito en periodos temporales anteriores. En todo caso, consideramos muy positiva la decisión de la Comisión de escuchar las posiciones de todas las partes sobre estas materias con ocasión del trámite del proyecto de ley, lo que nos permite también a las organizaciones de autónomos recordar nuestras principales reivindicaciones con respecto a este colectivo.
Por otra parte, entendemos que medidas como las que se contemplan por el proyecto de ley son imprescindibles, quizá no sean ni las únicas y probablemente sean mejorables, pero la realidad es que el efecto que la crisis está produciendo en el empleo exige medidas urgentes, en especial en el ámbito económico, pero también en las condiciones económicas en que los empresarios deben asumir las contrataciones de carácter laboral.
Se han oído en los últimos tiempos propuestas para avanzar en lo que se denomina la reducción del coste del empleo, exigiendo disminuciones generales y directas de los costes de la Seguridad Social aplicables a los contratos laborales. Sin embargo, frente a esta tendencia, el proyecto de ley y el decreto del que proviene apuestan más bien por bonificar los costes de las cotizaciones a la Seguridad Social con carácter selectivo y basándose no solo en un objetivo de políticas pasivas, que contemplaría solo los costes generales, sino en un modelo de política activa que tiene por finalidad mejorar las condiciones de determinado sistema de empleo y de determinados colectivos. O fomentar, en su caso, específicas formas de contratación laboral. En este sentido, el proyecto mantiene las tendencias conocidas en las políticas públicas al menos en los últimos quince años por diversos gobiernos y la línea de recomendación establecida hasta ahora por los agentes sociales.
En concreto en lo que se refiere al proyecto, entendemos que este es positivo en los siguientes términos. En primer lugar, porque mejora las condiciones de acceso a las prestaciones por parte de los desempleados que provienen de expedientes de regulación de empleo o de suspensiones por concursos de acreedores. De esta forma se asegura la suspensión temporal de los contratos y no su resolución definitiva. En segundo lugar, porque fomenta la contratación a tiempo parcial, sin duda una de las asignaturas pendientes en nuestras relaciones laborales. Y en tercer lugar, porque aprovecha los derechos de prestación por desempleo para la contratación efectiva. De esta forma se sustituye una política pasiva de mucho coste por una política activa, también de coste, pero mucho más eficaz. En este sentido hay una determinada comparación entre este aprovechamiento de la prestación por desempleo con los sistemas de capitalización de la prestación por desempleo ya conocidos en el trabajo autónomo o para el fomento del autoempleo.
Sin embargo, tengo que decir que, pese a este carácter positivo que entiendo tienen los tres elementos básicos del proyecto de ley, desde la perspectiva de una organización de autónomos consideramos que el proyecto de ley adolece una vez más, quizá en línea con otras normas anteriores, no propia de este proyecto, de un sentido general de derecho al trabajo y responde a modelos demasiado clásicos, sin tener en cuenta nuevas situaciones que estamos conociendo. Todas las medidas examinadas hasta ahora están referidas a empresas y trabajadores por cuenta ajena implicados en circunstancias de crisis empresarial, en supuestos de expedientes de regulación de empleo, y van dirigidas en exclusiva para aquellos trabajadores que están o provienen de la situación legal de desempleo, concepto que intentaré ahora explicar. Frente a ello, frente a estas medidas que, por una parte, contemplan los expedientes de regulación de empleo de las medianas y grandes empresas y, por otra parte, solamente el beneficio a aquellos que provienen de la situación legal de desempleo, es imprescindible recordar algunos hechos sociales de relevancia.
La gran mayoría de las empresas españolas, más del 80 por ciento, no tienen más que dos trabajadores. Por lo tanto, para ellas y sus trabajadores pueden ser poco efectivas las medidas que se intentan establecer con respecto a las suspensiones de la relación laboral, ni pueden aplicar la normativa relativa a los denominados ERE. Menos aún pueden acogerse a situaciones concursales, derecho societario que en la práctica queda reservado a una minoría de medianas y grandes empresas. Es significativo recordar que, a pesar del aumento importante en las suspensiones de pagos, en este momento, según las estadísticas del Ministerio de Justicia, no llegan a dos docenas las personas físicas que han podido presentar concurso de acreedores. Sería, por lo tanto, necesaria una reflexión para garantizar estos sistemas excepcionales, tanto las suspensiones de relación laboral como la posibilidad de acceso a los concursos de acreedores y su consecuencias laborales, para las más pequeñas empresas.
Por otra parte, y en el otro sentido que decía, no todos los trabajadores en paro o en cese de actividad están contemplados en el concepto legal de desempleo o provienen de él. Este es el caso, entre otros, de los trabajadores autónomos que han perdido su actividad. Están en paro, pero no legalmente en desempleo, y por lo tanto no son motivo de atención pública. Hay que recordar que, de acuerdo con nuestra legislación, la situación legal de desempleo es exclusivamente aquella que proviene del cobro previo de la prestación por desempleo. Por lo tanto, si no ha habido cobro previo de la prestación por
desempleo, no hay situación legal de desempleo, aunque, y perdonen ustedes la redundancia, la persona sea demandante de empleo, y por lo tanto no está contemplado dentro de las bonificaciones previstas en este proyecto de ley.
Tomando en cuenta las anteriores consideraciones y partiendo de la finalidad genérica del proyecto de ley, vinculada exclusivamente al trabajo por cuenta ajena, parece razonable plantear una propuesta dirigida especialmente a los trabajadores en situación de inactividad profesional que se hubiesen visto obligados a cesar en su actividad y a darse de baja, en este caso en el régimen de autónomos, como consecuencia de la crisis económica. Dicha propuesta podría incluirse dentro de las medidas de fomento del empleo contenidas en el capítulo III del proyecto de ley, que iría destinada a posibilitar que las bonificaciones previstas para los empleadores que contraten indefinidamente a trabajadores desempleados beneficiarios de las prestaciones o subsidios por desempleo puedan disfrutarse también cuando la contratación se refiera a antiguos trabajadores autónomos que hubiesen cesado en su actividad económica y, estando inscritos como demandantes de empleo, permanezcan desde entonces en esa situación. Quiero recordar también en este contexto que recientemente tuvimos una discusión con el Gobierno precisamente cuando se creó el Fondo de inversión local, porque precisamente el Fondo de inversión local también limitaba que los trabajadores que fueran contratados por las empresas beneficiarias de ese fondo tendrían que ser trabajadores en situación legal de desempleo, y han dejado fuera a todos los autónomos que perdieron su actividad para poder ser contratados por cuenta ajena. Es una prueba más de este sistema que creemos que debe de cambiar.
La medida se justifica por cuanto, si bien resulta necesario instrumentar medidas para la creación de puestos de trabajo entre quienes resultan beneficiarios de prestaciones o subsidios, tanto más adecuado y justificado puede resultar fomentar la contratación de aquellos otros trabajadores que carecen de tales prestaciones y, en consecuencia, carecen de los medios económicos con los que hacer frente a una situación de crisis como la actual. No podemos olvidar que en tan solo doce meses se han perdido más de 172.000 empleos de trabajadores autónomos. Estos trabajadores, en su mayoría provenientes del sector de la construcción, necesitan con urgencia volver a la actividad, sea por cuenta propia o ajena, y son demandantes de empleo con los mismos derechos que el resto, o quizá aún más, por no haber podido acceder previamente a las prestaciones reconocidas para otros trabajadores.
Por otra parte, y también refiriéndome al proyecto de ley, este insiste en una visión quizá un poco reducida de las causas por las que pueda ser considerada justificada la rescisión del contrato con el trabajador cuya cuota de Seguridad Social está siendo bonificada. Como usted sabe, se da un tiempo por el cual no se puede rescindir este contrato, excepto cuando se dan determinadas causas. Estas causas justificadas te circunscriben tan solo al despido procedente o a la baja voluntaria o necesaria del trabajador. Una vez más se olvida como causa suficiente la debida al despido por razones objetivas de carácter económico o fuerza mayor. Esta es una prueba de que nuestro ordenamiento laboral, y sobre todo su gestión, olvida demasiado sistemáticamente el despido objetivo como una realidad, excepto para las grandes empresas que pueden hacer precisamente expedientes de regulación de empleo de forma normalizada. Este es un debate, por otra parte, la clara delimitación del despido objetivo por causa económica del improcedente, que en el primer caso está gravado con una cantidad de veinte días por año, en el caso del despido objetivo, que de producirse el debate de forma adecuada, aplicando nítidos criterios de interpretación, incluso en el orden judicial, hoy posiblemente evitaría la discusión permanente sobre nuestro coste del despido, que está ocultando otras necesidades de nuestro mercado de trabajo y su relación con el modelo productivo.
En otro orden de cosas, y si bien en este caso no son objeto directo del proyecto de ley, tenemos que recordar que otras medidas dirigidas al fomento de la contratación se encuentran pendientes de regulación normativa, que quizá podrían haberse incorporado a este proyecto de ley, aunque tienen ya su trámite en marcha, y que son de interés del colectivo de los trabajadores autónomos. Me refiero a aquellas contempladas precisamente por el acuerdo firmado entre las principales organizaciones de autónomos y el Gobierno el pasado día 5 de mayo y que fueron ratificadas de forma explícita en el ámbito parlamentario durante el pasado debate sobre el estado de la Nación. Particularmente es de resaltar la que se refiere a la nueva modalidad de bonificación de cuotas para la contratación de un primer trabajador por parte de un autónomo que, en el momento en que entre en vigor la norma, no cuente con ningún trabajador asalariado a su cargo. Esta bonificación es complementaria y elegible con respecto a las modalidades incluidas en el proyecto de ley y tiene por finalidad fomentar la contratación entre los casi dos millones de autónomos que en la actualidad no cuentan con ningún asalariado o trabajador dependiente. Para nuestra organización, para UPTA, es muy significativa esta medida porque sería la culminación de un programa que estamos permanentemente defendiendo desde hace años y que denominamos Autónomo Más Uno. Es una expresión que quiere reflejar la importancia que tendría para toda nuestra economía el fomento de la contratación de trabajadores por parte de los autónomos españoles, que en su gran mayoría no han tenido ni tienen en la actualidad ningún asalariado. El establecimiento de esta bonificación, así como la ampliación del pago único de la prestación por desempleo, hasta un 80 por ciento, para los autónomos jóvenes y las mujeres son medidas cuyo borrador de decreto ya ha presentado el Gobierno y está a la espera de los informes necesarios que ya hemos presentado las organizaciones de autónomos de manera favorable, las tres organizaciones de
autónomos que han participado en la negociación ya han presentado informe favorable, y estamos pendientes de los informes de los agentes sociales.
También quiero trasladar, puesto que es un tema de debate en el mundo del ámbito social y laboral y quiero aprovechar esta oportunidad, la posición de nuestra organización con respecto al debate público que se mantiene en estos momentos sobre la idoneidad de crear un sistema de ayuda excepcional para atender a los parados que hayan agotado la prestación por desempleo. Nos parece imprescindible asumir una medida de estas características, sin embargo, también tenemos -lógicamente en nombre del colectivo al que yo represento- que recordar que otros trabajadores se encuentran sin actividad aunque no hayan podido acceder a las prestaciones contributivas. Entendemos que los autónomos en paro no pueden recibir en este momento una prestación por la que no han contribuido, pero si se adopta una medida con cargo a los presupuestos del Estado, sus beneficiarios deben ser el conjunto de los trabajadores que se encuentran en situación equivalente. No podemos crear dos categorías de demandantes de empleo. En este sentido UPTA, siguiendo el contenido del apartado 9 del acuerdo firmado y ya indicado del pasado día 5 de mayo, exigirá que paralelamente se adopten decisiones para extender las prestaciones sociales a los autónomos y que estos, en determinadas circunstancias, puedan tener acceso a las medidas de protección social asistencial no vinculadas al sistema de protección no contributiva.
En resumen, desde UPTA contemplamos de forma positiva en general los contenidos del proyecto de ley, motivo de esta comparecencia, esperando que desde el ámbito del diálogo social o por iniciativa del Gobierno surjan nuevas propuestas y decisiones que beneficien al trabajo en general y a las empresas también con carácter general. Este apoyo no olvida nuestra afirmación de que tanto esta norma como otras equivalentes están pensadas en particular para el mercado de trabajo ordinario y clásico, quizá sin tener en cuenta las profundas mutaciones que vienen conociéndose en estos años y que ahora se pueden acelerar. Será siempre necesario recordar que la gran mayoría de las microempresas no se benefician habitualmente de las normas que aprobamos. Además, los trabajadores autónomos difícilmente pueden acceder subsidiariamente al trabajo asalariado por las dificultades que nuestras normas imponen en el fomento de la contratación o en la bonificación de los contratos establecidos de forma general.
Este sería el contenido de nuestra propuesta en lo que se refiere, por tanto, al anteproyecto de ley y al debate en general abierto en esta comparecencia sobre la situación del mercado de trabajo en España. Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Reyna, por su intervención y por la documentación que nos ha aportado.
En representación del grupo catalán de Convergència i Unió tiene la palabra don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer también al señor Reyna el contenido de su comparecencia. Nos parece que nos traslada algunas propuestas concretas muy rigurosas, bien trabajadas, que abordan aspectos concretos de la problemática que afecta al trabajo autónomo y que es más que razonable que tengan un encaje en la tramitación de este real decreto ley como proyecto de ley.
En la anterior comparecencia he querido recordar que en la posición que mantuvo Convergència i Unió el debate de la convalidación del mismo planteábamos la necesidad de tramitar ese real decreto como proyecto de ley para también introducir medidas que respondiesen a las perspectivas, a las necesidades de las microempresas y los trabajadores autónomos, porque, como usted constataba, el enfoque de ese real decreto continúa instalado en esa perspectiva que da más importancia, da más valor a una consideración del mundo del trabajo más clásica, más convencional, más de toda la vida, y muy a menudo pensado para las necesidades de las medianas y las grandes empresas, muy alejada de ese tejido de microempresas y trabajadores autónomos. Su comparecencia, junto con el resto de comparecencias del mundo del autónomo y muy singularmente también de ATA, creo que constituyen dos elementos significativos importantes de trabajo parlamentario para incorporar esa perspectiva en las enmiendas que los grupos parlamentarios tenemos que presentar en los próximos días.
Especialmente relevantes me parecen sus reflexiones sobre la imposibilidad de las microempresas y de los trabajadores autónomos de beneficiarse de cualquiera de las medidas que permiten sostener el empleo hoy ya existente, esa imposibilidad de beneficiarse especialmente de los expedientes de regulación de suspensión y la necesidad de articular medidas que hagan eso posible. Me parecen muy significativas. Y me parece muy significativa también esa apelación que hacía usted al final de su intervención a la necesidad de que cualquier medida que el Gobierno, que el diálogo social pueda tomar en las próximas semanas, en los próximos meses, para ampliar la protección social de aquellas personas que han visto agotada su prestación por desempleo, incorpore a los autónomos, que en ningún caso han podido acceder a esa prestación por desempleo por razones obvias y conocidas por todos nosotros. Sepa que mañana por la mañana Convergència i Unió le ha planteado al ministro Corbacho una interpelación sobre esta cuestión, sobre la posición del Gobierno frente a la realidad de personas que van a quedar sin protección al desempleo en las próximas semanas, que ya han quedado y que van a quedar, y pretendemos incorporar en ese debate esa perspectiva que afecta a los trabajadores autónomos, y por tanto su reflexión de esta mañana refuerza nuestra argumentación de cara a esa interpelación.
Tan solo me resta expresarle la preocupación de Convergència i Unió por la lentitud en la que el Gobierno está desarrollando esos acuerdos de 5 de mayo, que firmó con las asociaciones más representativas de los trabajadores autónomos y que responden también a una moción que aprobó el Pleno del Congreso de los Diputados, creo recordar que fue el 17 de marzo de este mismo año, conocida como Plan de rescate para los autónomos, una moción que presentó Convergència i Unió y que articula buena parte de esos acuerdos de la mesa del trabajo autónomo. Preocupación por el retraso en la implementación de esos acuerdos y de esa moción en la medida que la situación es suficientemente grave para que los mecanismos de articulación de las medidas, una vez políticamente están asumidas y una vez socialmente están acordadas con los representantes autónomos, el Gobierno las ponga en marcha. En este sentido, también quiero mostrar la preocupación de mi grupo por el retraso en la tramitación del proyecto de ley que deba regular la prestación por desempleo para los trabajadores autónomos. Es una cuestión que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, los informes que debían de realizarse ya se han realizado, un grupo de expertos ha hecho su trabajo pero ese proyecto de ley continúa sin llegar. Quiero trasladarle a UPTA esa preocupación.
En todo caso su aportación esta mañana es rigurosa, significativa y estoy seguro de que va a ser útil a todos los grupos, seguro que a Convergència i Unió le servirá para elaborar las enmiendas que vamos a presentar en las próximas horas.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Jesús Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Bienvenido, señor Reyna, y gracias por su intervención y las aportaciones que ha formulado a esta Comisión.
Yo no voy a extenderme demasiado porque algunas cuestiones ya han sido suscitadas por mi compañero portavoz de Convergència i Unió en la intervención que acaba de concluir, pero sí quiero hacer alguna reflexión, aunque una comparecencia obviamente nos enriquece y si es propositiva como la suya, y habitualmente se hacen iniciativas con rigor, con independencia del grado de coincidencia con las mismas, nosotros las agradecemos y las estudiaremos.
No obstante, me va a permitir, porque me parece obligado a efectos de que quede clara la posición de quien les habla, que me han gustado más sus últimas palabras que las primeras. Sus últimas palabras ponen en cierta forma el dedo en la llaga, porque el real decreto, que nadie discutimos que va en la buena dirección, es obviamente insuficiente, y usted ha manifestado una de sus insuficiencias al decir con razón que cuando se perfilan las medidas que pretende el Gobierno para frenar la caída del empleo y posteriormente reactivar la capacidad de creación de empleo pues que habla del trabajo ordinario olvidándose de otras realidades de trabajo no menores que existan en nuestro mercado de trabajo, como es el trabajo autónomo que usted y su asociación, UPTA, representa.
Sin embargo, usted al inicio decía algo que yo no comparto; usted decía que no va a haber consenso para una reforma laboral con letras grandes, con profundidad, con solidez, más allá de una reforma puntual que pretende actuar en una coyuntura. Bueno, yo no lo sé, a lo mejor si hay un gobierno que plantea adecuadamente las cosas puede haber un acuerdo como lo ha habido en otros tiempos y como probablemente en el mercado laboral muchos demandan.
Usted hacía una alusión a la flexibilidad, justamente es una de las críticas más unánimemente mantenidas por muchos de los analistas que reivindican una reforma del mercado de trabajo. Ayer mismo aquí, en Madrid, el presidente del Banco Europeo, el señor Trichet, demandaba una reforma del mercado de trabajo con independencia de las características que pueda tener. Por lo tanto, aunque yo distingo el factor coyuntural de un momento de crisis, también hay elementos que yo creo que, según cómo se planteen, podrían suponer un elemento de reactivación, de incremento de competitividad, de generación de empleo importante en nuestro país y que desde luego este real decreto no resuelve, quizá porque tampoco tenía esa ambición ni esa proposición ni ese objetivo. Quería manifestarle este punto porque creo que es lo adecuado y creo que es lo más sincero que le puedo exponer. En relación a su intervención, muchos aspectos a mí sí me han gustado y la vamos a estudiar con detenimiento.
Empezando en este sentido por algunos aspectos puntuales, le diré que yo comparto personalmente, y lo trasladaré a mi grupo, la coherencia que me parece implica lo que usted nos plantea. Es decir, si va a haber una prestación, o llamémosla como queramos, no contributiva a las personas que están en paro, debe serlo a todas, a todas las que están en paro, porque además eso se abona con imposición, no con cotización, y no es un derecho prestacional como es ahora el desempleo. Personalmente yo creo que si se llega a establecer esa medida su planteamiento, el planteamiento de UPTA, me parece que es sensato, me parece que es justo y me parece que es conveniente sin perjuicio de que reglamentariamente ya se establecerán los mecanismos de lo que se considera el control de la situación de paro efectivo del autónomo. Le agradezco esa aportación que vamos a estudiar y espero que podamos articularla si efectivamente, tal y como declaraba el ministro de Trabajo, acaba habiendo en nuestra realidad socioeconómica, en nuestro país, ese apoyo económico no contributivo a los parados que han agotado sus prestaciones o a los que nunca, como es el caso de los autónomos, han tenido.
Le quería plantear una cuestión concreta antes de su intervención que, como muy bien recordaba nuestro presidente, es la última. Esto me recuerda aquel latinajo, finis coronat opus, usted va a tener la oportunidad de cerrar todas las intervenciones, como han hecho aquí
otros representantes de asociaciones de autónomos. Acaba de comparecer el representante del Cermi y hay una cuestión sobre la que me gustaría conocer su valoración, porque afecta directamente a los autónomos. Él ha hecho una crítica a la bonificación de cuotas para los trabajadores con discapacidad que se establecen como autónomos, el 50 por ciento durante cinco años, con una discriminación en relación a las que perciben los trabajadores por cuenta ajena y hace una propuesta de reforma en este sentido. Supongo yo que usted estará de acuerdo pero me gustaría conocer su opinión. También me gustaría conocer su opinión en relación a la posición de UPTA sobre el cese de actividad del autónomo o, llamémoslo vulgarmente, el desempleo del autónomo. ¿Consideran ustedes que el sistema para que esto sea viable debe necesariamente pasar por la obligatoriedad de cotización de todo el colectivo de autónomos o, como en otros ámbitos de la protección del autónomo, debe ser un hecho voluntario y opcional, en función de la libertad y el ejercicio de la decisión personal de cada autónomo? Digo esto porque obviamente el autónomo, y usted lo sabe tan bien o mejor que yo, es un colectivo heterogéneo, variado; hay empresarios, hay profesionales, ustedes se titulan profesionales y autónomos, hay autónomos autónomos, hay autónomos dependientes, hay falsos autónomos; en fin, tenemos, como en botica, un poco de todo y con situaciones claramente diferenciadas entre unos y otros.
Por otro lado, veo con cierta preocupación la situación de ralentí en que se encuentra el desarrollo de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo.
Hemos ido al modelo contrato, al registro pero hay otras muchas cuestiones. Le voy a hacer una pregunta también en relación a este tema.
Yo no sé cómo acabará cuantificándose la indemnización por el cese de la actividad del autónomo económicamente dependiente. ¿Usted cree que, sea cual sea, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 20/2007, sería bueno que tuvieran una homogeneidad, una igualdad con el tratamiento de las indemnizaciones laborales o, no? Porque aunque es una ley mercantil, al final ante cualquier conflicto la ley ubica su jurisdicción en lo social; en mi opinión, en una contradicción jurídica evidente, pero esta es la realidad, que se ha ubicado ahí. A mí me parece que, desde esa perspectiva, a efectos fiscales probablemente deberían tener un tratamiento de excepción al menos hasta una determinada cuantía. ¿Qué piensa UPTA de esto? Le pediríamos, si puede, que profundizara un poco en esta cuestión.
Como le decía al principio, estudiaremos con detenimiento sus propuestas, que siempre suelen ser rigurosas, que le agradecemos y escucharemos ahora con total interés sus palabras.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don José Oria.
El señor ORIA GALLOSO: Quiero darle, en primer lugar, la bienvenida a don Sebastián Reyna, que creo que ha hecho un buen discurso de por dónde tiene que ir este real decreto con respecto a los autónomos.
Antes que nada quiero contestar al Partido Popular, porque siempre introduce ese elemento en todos los discursos que se vienen haciendo cuando nos referimos al mundo laboral. Yo creo que si hay consenso en algo entre todas las partes que tienen que ver con el mundo del trabajo y de la economía, es en que el mercado laboral no tiene absolutamente culpa de la crisis y de lo que está ocurriendo en estos momentos. Es decir, la mayoría de los expertos vienen a decir que la salida de la crisis no se va a producir precisamente con una reforma del mercado de trabajo que abarate los despidos. (El señor Azpiroz Villar: No he hablado de eso.) No lo ha dicho usted ahora pero sí que lo han dicho en alguna que otra ocasión algunos de sus compañeros de partido. Nosotros creemos que la salida de la crisis tiene que ser la oportunidad para establecer un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de producción mucho más sostenible, y en ese sentido yo creo que tienen mucho que decir los trabajadores. Y al final, si hay que hacer algún tipo de reforma laboral, tendríamos que dejarlo en manos de quien en estos momentos lo está haciendo, que es la mesa del diálogo social, para que introduzca otros componentes importantes para la protección, mantenimiento y fomento del empleo.
Dicho esto, este real decreto viene a complementar y a completar una serie de medidas puestas en marcha por el Gobierno desde hace ya unos cuantos meses. Se ha intentado establecer una serie de medidas para estimular la economía, que es donde se debe insistir fundamentalmente. Se han puesto en marcha medidas de apoyo a la familia, medidas de impulso fiscal a las pequeñas y medianas empresas, medidas para el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, hasta 27 medidas de apoyo para pequeñas y medianas empresas tenía el ICO al día de hoy. Es verdad, y aquí se ha dicho, que en estos momentos las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, están teniendo dificultades para acceder a esos créditos. Otra medida importante que ha puesto en marcha el Gobierno ha sido el impulso a la creación de empleo a través del Fondo de Inversión Local y del Fondo Especial para la Dinamización de la Economía, o la agenda de reformas para modernizar la economía, la productividad y sentar las bases de ese cambio de modelo productivo para, como decía antes, ir hacia una economía mucho más sostenible que la que tenemos en estos momentos. Este real decreto viene de complementar y completar toda esa serie de medidas que nuestro compareciente ha estado comentando aquí esta mañana.
También quisiera poner en valor otra serie de medidas, de acuerdos, que a través de la mesa del trabajo autónomo se han puesto en marcha o se han acordado y que recogen más del 80 por ciento de una proposición no de ley que se aprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados;
es una iniciativa parlamentaria, una proposición no de ley de CiU que en su día aceptó prácticamente la totalidad de la Cámara. Se refiere fundamentalmente al fomento del empleo autónomo y de la contratación laboral y para ello pone en marcha medidas como el incremento hasta el 80 por ciento del abono del pago único de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y de mujeres hasta 35 años, fundamentalmente dedicado a financiar la inversión, o la bonificación del 50 por ciento de la cuota empresarial por contratación indefinida del primer trabajador asalariado, o nuevas medidas del ICO que complementa la de liquidez y otras medidas puestas en marcha para avalar a los autónomos con deudas pendientes de los ayuntamientos, que es uno de los principales problemas que en estos momentos tienen muchas pequeñas y medianas empresas, muchos autónomos. Hace poco tiempo un titular de un periódico venía a decir que el 60 por ciento de los ayuntamientos de este país tienen problemas para pagar a proveedores, fundamentalmente pequeños y medianos empresarios.
Por lo tanto, esas líneas de ayuda pueden ser fundamentales para la supervivencia de una cantidad importante de pequeñas y medianas empresas, de autónomos. En cuanto a la protección social, las medidas acordadas prevén que los autónomos que cesen en su actividad podrán beneficiarse de las prestaciones asistenciales que se aprueben para los parados en general, y en el plano de las medidas tributarias se proponen una serie de reformas para los autónomos que tributen por módulos y la modificación de la Ley del IRPF para adaptar su contenido al concepto de trabajador autónomo económicamente dependiente.
Toda esa serie de medidas y acuerdos tienen mucho que ver con este decreto-ley. Me gustaría hacerle una serie de preguntas, sobre todo una al hilo de lo que usted ha venido a decir, que desde mi punto de vista es muy importante, en relación con que se debería de hacer una reflexión sobre el sentido general del derecho al trabajo, es decir, sobre que los trabajadores autónomos no tienen los mismos derechos que los trabajadores asalariados. Decía usted que incluso era una forma antigua de definir, de conceptuar al trabajador. En ese sentido, me gustaría que, si es posible, hiciese una reflexión sobre ese tema.
También me gustaría saber su opinión sobre si las medidas propuestas en el real decreto recogen las demandas, las aspiraciones, las inquietudes del colectivo y si son convenientes en estos momentos de crisis, o qué medidas cree usted que no se contemplan y que desde el punto de vista de su colectivo serían necesarias no solamente para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas y autónomos, sino también como salida de la crisis. También querría saber -y concreto algo más- qué incidencia puede tener en su colectivo la modificación de la Ley 43/2006, para la mejora del crecimiento y del empleo, para el impulso de los contratos a tiempo parcial. Me gustaría que ampliase un poco su punto de vista sobre esta medida porque puede ser interesante desde el punto de vista de la creación del empleo o del contrato indefinido.
El artículo 1 del real decreto contempla una bonificación del 50 por ciento de la cuota empresarial para contratos de trabajadores en situación de desempleo, que se ha ampliado para los autónomos, en la mesa de trabajo autónomo del 5 de mayo, para la contratación del primer trabajador por tiempo indefinido. Me gustaría profundizar un poco más en ese tema, porque me parece una medida muy interesante, complementada con los acuerdos de la mesa.
Por último, una pregunta: ¿Considera usted que el acuerdo alcanzado en la mesa del trabajo autónomo sobre el incremento hasta del 80 por ciento del abono del pago único de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y de mujeres hasta 35, destinado a financiar inversiones, y que tiene que ver mucho con el fomento y mantenimiento del empleo, es una medida que puede ser eficaz para el colectivo de autónomos?
Agradecerle una vez más que nos haya ilustrado con su sapiencia y con su experiencia, y espero que en la segunda parte pueda concretar alguna de las preguntas que se le han formulado.
El señor PRESIDENTE: Señor Reyna tiene la palabra para responder a todas las cuestiones planteadas por los distintos portavoces de grupos parlamentarios.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS, UPTA, (Reyna Fernández): En primer lugar, quiero agradecer sus intervenciones, que sin duda son enormemente constructivas desde el punto de vista de lo que nos interesa a todos, que es encontrar las mejores soluciones para el mercado de trabajo en general y en particular para los trabajadores autónomos, colectivo al que considero que represento.
Voy a hacer algunos comentarios generales. Algunos temas son comunes y, por lo tanto, contestaré de manera global. El diputado de Convergència i Unió, Carlos Campuzano, nos recordaba la moción aprobada el 17 de marzo.
Yo también quiero aquí y ahora recordarla, porque sin duda es un paso muy importante llegar a ese acuerdo final, además de manera unánime entre todos los grupos, a propuesta de Convergència i Unió, lo que demuestra que el proceso de negociación que hemos llevado a cabo las organizaciones de autónomos y el Gobierno ha sido enormemente eficaz hasta esa fase.
Luego, hubo complicaciones en el desarrollo, pero creo que es suficiente con decir que el 17 de marzo, por unanimidad, los grupos aprueban esta moción parlamentaria y el 5 de mayo se firma un acuerdo con el Gobierno sobre todos los puntos incluidos en esta moción, y eran 18 puntos, es decir, que no estamos hablando de un tema mínimo sino de un tema muy complejo. En ese sentido, y así se lo reconocimos en su día al ministro de Trabajo, se ha hecho una gran labor por parte del Gobierno y por parte de las organizaciones,
que lógicamente han puesto todo su esfuerzo por llegar a ese acuerdo.
Además el paso siguiente es que en el debate sobre el estado de la Nación vuelve a aprobarse una moción en la cual viene de alguna forma a ratificarse, vamos a decirlo así, al menos moralmente, los contenidos de ese acuerdo.
Sin embargo, en algunas de sus intervenciones se ha hablado de lentitud en el desarrollo de algunas medidas. Yo, como organización, tengo que reconocer que el proceso posterior está siendo algo lento, pero también es lógica la impaciencia de las organizaciones. Nuestro deseo es que el acuerdo del 5 de mayo no se convierta simplemente en un buen planteamiento retórico, sino que se convierta en una realidad lo antes posible. Cada día que pasa hay un autónomo con problemas de acceso a crédito, con problemas sociales y, por lo tanto, para nosotros los problemas los sufren las personas, por lo que hay que acelerar esas medidas para que esas personas al menos las sufran en menor medida.
También es verdad que todas las medidas tienen su complejidad, porque no todo depende de un solo ministerio, no todo depende de una sola norma.
Incluso hay normas que tienen que pasar por una serie de trámites, que todos hemos aceptado, y por lo tanto no podemos obviarlos cuando llega el momento, como pueden ser el Consejo de Estado o el Consejo Económico y Social. Estos informes son inevitables y hacen que probablemente nuestra impaciencia sea mayor, pero por otra parte también entendemos el problema.
En cuanto al acuerdo, tenemos sobre la mesa -y respondo con ello también al señor Oria que me preguntaba sobre el desarrollo del acuerdo- un borrador de decreto para la regulación de la bonificación de la cuota del 50 por ciento para el primer asalariado que contrate un trabajador autónomo que no tenga asalariados en el momento de entrada en vigor del decreto, ni los haya tenido en los tres meses anteriores. Se ha puesto los tres meses anteriores para resolver dos problemas: en primer lugar, que por el hecho de que un autónomo hubiera contratado hace dos años un trabajador no quede fuera ahora de la posibilidad de la bonificación; y en segundo lugar, para evitar, lo que siempre puede ocurrir, que se puedan producir despidos de trabajadores en este momento ante la expectativa del decreto para luego no tener ningún asalariado y poder bonificarse. Hemos llegado a esta fórmula de los tres meses como fórmula intermedia. Por tanto, tenemos ya este borrador de decreto sobre la mesa y tenemos también -con ello contesto también al señor Oria- la propuesta de decreto para ampliación al 80 por ciento de la capitalización, o sea, del pago único de la capitalización de la prestación por desempleo para los jóvenes hasta 30 años en general, y para las mujeres en particular hasta 35 años. Esta es una vieja reivindicación, no se llega al cien por cien del pago único, como históricamente las organizaciones de autónomos hemos venido planteando, pero entendemos que estamos cerca. Le recuerdo al señor Azpiroz que cuando acordamos llegar al 60 ya lo consideraron positivo todos los grupos, ahora con el 80 para este colectivo, con mayor motivo. A veces se nos pregunta por qué el 80 por ciento es solo para jóvenes cuando, por ejemplo, hay mayores de 45 años que tienen enormes dificultades para el acceso al mercado de trabajo. Fundamentalmente porque es una prioridad que viene marcada en las normas en general incentivar a mujeres y jóvenes, y también por un aspecto técnico, y es que se había detectado que los jóvenes que acudían al 60 por ciento después tenían enormes dificultades para compensar el otro 40 con cuotas de Seguridad Social, porque, como ustedes saben, ya en el Estatuto del Trabajo Autónomo se aplicó una bonificación del 25 por ciento para las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos durante tres años y, por lo tanto, no parecía imprescindible bonificar aún más la cuota, es decir, compensar íntegramente la cuota. Por esta razón se centra en jóvenes hasta 30 años y en mujeres hasta 35.
Por supuesto que es mejorable el proyecto de real decreto. Yo he indicado que nos parece positiva la tendencia o la línea que marca el proyecto de real decreto, pero no cabe la menor duda de que siempre sería positivo introducir cualquier tipo de elemento de mejora. Y por supuesto que hay elementos de mejora a introducir. Solamente he intentado, contestando al señor Azpiroz, trasladar una opinión que a veces se plantea desde algunos sectores sociales, de que, aprovechando el trámite del proyecto, cabría la oportunidad de afrontar la reforma laboral que el país necesita, lo que pasa es que nunca se dice cuál es la reforma laboral que se necesita, siempre se habla de la reforma laboral, pero falta el adjetivo, el tipo de reforma laboral. Y lo que sí he indicado es que mi opinión personal es que no es bueno aprovechar trámites parlamentarios para afrontar un problema de tal envergadura, porque, por una parte, se podría distorsionar el contenido del proyecto y, por otra parte, no tendría el suficiente consenso social ese hecho de aprovechar el trámite; no me refiero a que no tuviera consenso social la reforma, porque cuando hablaba de que quizá no sea necesaria la reforma laboral, con mayúsculas, no quería decir que si los agentes sociales se ponen de acuerdo en hacer esa reforma laboral, con mayúsculas, no estaríamos encantados si hay acuerdo para ello.
En cuanto a las mejoras que se pueden introducir, yo he incorporado dos ideas concretas que además hace mucho tiempo que venimos planteando. Una es que también se pueda acceder a las bonificaciones de cuotas cuando se contrata a un trabajador que es demandante de empleo, aunque no provenga de la prestación por desempleo, que es algo que se olvida permanentemente en las normas; por lo tanto no es culpa de este proyecto, sino que ya viene de atrás de forma permanente. No podría ser en el caso de las bonificaciones cuando se hace uso de la propia prestación, porque obviamente si no se tiene prestación es imposible. Me estoy refiriendo a unas bonificaciones muy importantes que son las bonificaciones para los contratos a tiempo parcial, que
es a la que yo me refería que podría ser bonificable, aunque el trabajador no provenga de la situación legal de desempleo, es decir, que sea simplemente demandante de empleo, con independencia del origen de esa situación de demandante de empleo. Esta es una de las propuestas concretas. La otra se refería -y he querido aprovechar esta ocasión para trasladarla- a las causas por las cuales el despido no se considera justificado. ¿Por qué? Porque siempre partimos de la base del despido improcedente, así declarado, o partimos de la base de la baja del trabajador, voluntaria o necesaria por parte de defunción o jubilación, pero olvidamos que sobre todo en las pequeñas empresas, puesto que las grandes son más controlables, puede haber un cierre empresarial inevitable que se pueda producir en el período de los 24 ó 36 meses, que se exija el mantenimiento del contrato, por ejemplo, por fuerza mayor, y no estaría contemplado. Es decir, podríamos encontrarnos con que un comercio que ha contratado un trabajador bonificándose de esta medida, tiene un incendio, que independientemente de lo que le pague el seguro no puede volver a abrir, y tendría que devolver la bonificación porque no es un despido improcedente. Realmente no tiene ningún sentido, y esto es algo que se mantiene permanente en nuestra normativa, es decir, no es que sea este proyecto el que lo incluye o el que lo incorpora, sino que es permanente en nuestra normativa. Pienso que eso proviene de que hemos olvidado en nuestro ordenamiento laboral habitual el concepto del despido objetivo, que, vuelvo a repetir, evitaría muchas discusiones sobre el coste del despido. El despido objetivo por causa económica, tecnológica o de fuerza mayor está gravado con 20 días, y el pequeño empresario no hace uso nunca de ese despido por la incomodidad del proceso burocrático que el mismo exige. Hemos llegado a la situación casi absurda de pactar el pequeño empresario con el trabajador el despido improcedente y los 45 días para evitarse problemas y para evitarse burocracia. Y esto es absurdo, cuando el despido objetivo es mucho más justificable, tiene mucha más razón que el despido improcedente, que obviamente nace de otros orígenes. Por lo tanto, entiendo que es una oportunidad para recoger este debate, no es tema de proyecto de ley pero es un tema de interés general.
Esto también está relacionado con lo que nos indicaba el diputado Campuzano respecto a la suspensión temporal de los contratos. ¿Por qué una gran empresa puede, para evitar el cierre, suspender temporalmente, a través de un ERE, unos contratos -tenemos el caso del automóvil, que todos conocemos perfectamente- y un pequeño empresario no puede suspender, por ejemplo, durante los meses más bajos de actividad un contrato y recuperarlo posteriormente, tres meses más tarde? (El señor De la Rocha Rubí: Sí puede hacerlo.) Puede hacerlo pero no en la práctica.
En la práctica los jueces hoy no lo están aceptando, lo están planteando como un despedido, es decir, no está habiendo una fórmula concreta para poder plantearlo y articularlo, hasta el punto incluso que estamos intentando recuperar la figura del fijo discontinuo para pequeños trabajadores. Por ejemplo, en Mallorca se está empezando a utilizar ahora, porque hasta ahora no se podía utilizar. En ese sentido, creo que haría falta algún tipo de normativa que regulara en mejores condiciones la situación real de la suspensión temporal de contratos.
Prestación por desempleo para los autónomos. No he hecho referencia al tema porque parto de una base, y es que en la línea que he dicho antes de no aprovechar un trámite para meter todo, evidentemente nosotros somos partidarios de marcar de alguna forma el acuerdo del 5 de mayo. Tenemos nuestro acuerdo con el Gobierno, entendemos que ese acuerdo del 5 de mayo hay que desarrollarlo, que puede haber aspectos que sería estupendo que se pudieran incorporar a este proyecto de ley, pero que debe tener su marco propio de soluciones. Por lo tanto, la prestación por desempleo, que es un tema muy importante para los autónomos, no lo he incorporado a mi intervención por entender que sigue su proceso.
En cuanto a la lentitud, es un tema complicado y, por lo tanto, no es un tema que pueda tener soluciones inmediatas. Los diputados que han participado en el debate del Estatuto del Trabajo Autónomo saben perfectamente que no es un tema fácil de solucionar, y el señor Azpiroz nos plantea una pregunta compleja sobre la voluntariedad y la obligatoriedad, es decir, sobre cuál sería el modelo. Antes del verano, antes del mes de agosto, el Gobierno va a presentar una propuesta, un borrador de anteproyecto de ley, probablemente no sistematizado, pero sí como informe propio del Gobierno, con propuestas concretas, puesto que lo que tenemos ahora es un informe de una comisión de expertos. Eso se va a hacer casi seguro antes del mes de agosto. Se remitirá y, por tanto, tendremos la base sobre la que ya podremos trabajar. Si hay una base minima de acuerdo con todas las partes, a finales de este año puede estar incluso el proyecto de ley aprobado y, por lo tanto, de alguna forma podría estar ya en el ámbito parlamentario. Por lo tanto, entendemos que se podrían cumplir más o menos los plazos que se están planteando, aunque para nosotros siempre son largos.
Voy a contestar de la manera más directa posible a su pregunta.
¿Voluntario u obligatorio? Pues siempre que se cumplan los principios básicos que marca el Estatuto, es decir, que el modelo sea financiable y que sea contributivo, es decir, que haya una contribución que permita que sea financiable y sostenible. En principio, el problema de que sea voluntario u obligatorio es fundamentalmente financiero. Todo sistema voluntario implica una selección negativa de riesgo. Lógicamente se darían de alta aquellos que creen que van a tener más riesgo de paro. Por ello los expertos suelen decir que los sistemas negativos de selección de riesgo y, por lo tanto, los sistemas voluntarios tienen dificultades de sostenibilidad financiera. Esto es lo que normalmente se suele decir y de hecho lo dice el informe de la comisión de expertos.
El informe de la comisión de expertos recoge unas prestaciones, que no serán maravillosas, pero que mejoran mucho la situación actual. Nosotros podríamos entender que el sistema fuera voluntario, entre comillas -ya veríamos cómo se articularía-, es decir, que no todos los colectivos pudieran estar incluidos dentro de la obligatoriedad, siempre y cuando esas prestaciones mínimas previstas en el informe de la comisión de expertos no se reduzcan. Si financieramente es posible que no siendo obligatorio para los 3,5 millones de autónomos, sino que se seleccionaran, se puedan mantener las prestaciones previstas en el informe de la comisión de expertos, en ese caso podría ser negociable, pero no lo sabemos porque lógicamente es un trabajo de actuarios, de técnicos, que en este momento nosotros no tenemos. Si se presenta ese informe, lógicamente lo debatiremos, y ustedes por supuesto también, podría caber una solución intermedia de esas características. Como usted indica, por otra parte es la propuesta que han hecho Cepyme y CEAT en el proceso de negociación.
Las prestaciones no contributivas es un tema importante que se ha planteado en las tres intervenciones. En lo que se refiere a la extensión o no a los autónomos o, mejor dicho, a todos los trabajadores o personas que tengan dificultades económicas, de las medidas excepcionales que el Gobierno nos anuncia sobre prestaciones sociales a las personas que han estado en situación de desempleo, yo simplemente les voy a leer -lo tienen ustedes- el acuerdo con el Gobierno, porque entiendo que el mejor marco es hacer posible el acuerdo que tenemos con el Gobierno. Y el acuerdo con el Gobierno dice en su apartado 9: Extensión de las prestaciones sociales a los autónomos. El Gobierno se compromete a que las medidas de protección social asistencial no vinculadas al sistema de protección contributivo y aquellas de fomento del empleo que se realicen para los asalariados sean extensibles a los trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad y no dispongan de fuentes de ingresos. Yo diría suficientes, aunque eso no lo pone en el acuerdo. Por lo tanto, esta es mi respuesta. ¿Cómo hay que articular este compromiso del Gobierno? El Gobierno ya nos dirá cómo cree oportuno hacerlo. El hecho de que este sistema que se apruebe ahora esté vinculado al subsidio y, por lo tanto sea difícil de articular para los autónomos no cierra que pueda haber otra fórmula, como podría ser, por ejemplo, una homologación de determinadas normas no contributivas existentes actualmente y que pudieran ser extensivas para los autónomos.
Solamente quiero recordarles un dato que puede ser importante. Hay comunidades autónomas en las que las los autónomos pueden solicitar las llamadas pensiones de renta de inserción mínima, y otras en las que no; depende de las normas que tenga cada comunidad. En Cataluña, donde los que provienen del trabajo autónomo sí pueden pedir las rentas mínimas de inserción, en el último período de tres meses, el 14 por ciento de todas las solicitudes vienen de trabajadores autónomos que han perdido la actividad. Jamás había ocurrido, lo cual quiere decir que algo está cambiando de una manera importante, dado lo que representa para una empresa pasar del concepto de empresario a situación de exclusión social, para pedir una renta mínima. Por tanto esto de alguna forma viene a justificar suficientemente la propuesta que estamos realizando.
Un tema muy importante planteado por el señor Oria era el aprovechamiento de los contratos a tiempo parcial, para los autónomos fundamental. El trabajador autónomo, entendido como persona física, por lo tanto son 2 millones, no crea empleo directo, lo hace normalmente en condiciones de temporalidad, por las propias características de los negocios. Estamos hablando de un sector que tiene dos características fundamentales: por un lado, el sector servicios, casi el 98 por ciento y, por otro lado, que los autónomos somos siempre dependientes de nuestros clientes, y en una economía en la cual hay mucha flexibilidad, es muy cambiante, propia de sectores poco estacionales o estacionales como es el sector de servicios, el autónomo contrata temporalmente según el cliente le pide negocio. Esto es así, estamos condicionados por el cliente. El cliente pide al autónomo un servicio y el autónomo contrata o no temporalmente a un trabajador para poder dar respuesta a esa petición del cliente. No tiene seguridad de que va a seguir trabajando con el cliente. Quería dejar una cosa muy clara. Hemos constatado personalmente en nuestras oficinas, no hay ninguna encuesta científica que lo demuestre, que el trabajador autónomo no tiene en cuenta el coste del despido cuando contrata. En general, eso está más que constatado; es que ni lo sabe, cuando no ha contratado no conoce ni las normas. Lo que sí valora enormemente es el tiempo en el que tiene que hacer ese esfuerzo y sobre todo valora enormemente de una manera muy positiva la bonificación de la Seguridad Social, porque es menor coste. Esos son los dos elementos que fundamentalmente valora. Por lo tanto, el contrato a tiempo parcial puede ser una figura muy adecuada para que los autónomos hagan sus primeros contratos indefinidos. De hecho, en el borrador de decreto que ha presentado el Gobierno se incluye el contrato a tiempo parcial indefinido también como bonificable. Se va a incorporar expresamente esta medida. Es un tema que nos parece importante recordar.
Con respecto a la bonificación ya lo he recordado: el 80 por ciento de la ampliación de la capitalización. La pregunta del señor Oria era: ¿creemos que se va a hacer uso de esta capitalización, de esta posibilidad de pago único? Siempre se ha hecho. Los autónomos somos acíclicos, es decir, crecemos en el crecimiento y crecemos en el decrecimiento, excepto ahora, lo cual demuestra que la gravedad de la crisis es mayor, más profunda, porque siempre en todas las crisis económicas el trabajo autónomo ha crecido, quizá por otro fenómeno, porque es un factor que responde cuando el mercado de trabajo ordinario no da suficiente cobertura y el asalariado decide trabajar como autónomo. Esta medida se creó originariamente para eso en una crisis
económica. Esta medida viene de los años 1982 ó 1983, cuando sufríamos las consecuencias, los golpes de la famosa crisis del petróleo. Se creó esta medida precisamente para fomentar el autoempleo; entonces inventamos el nombre, autoempleo, precisamente como resultado de este fenómeno. Por lo tanto, creemos que se va a hacer uso, pero también detectamos una situación. Normalmente pongo un ejemplo muy significativo, y es que las mesas del servicio público de empleo donde más cola hay son las mesas de las capitalizaciones de desempleo. (La señora Bravo Ibáñez: Ahora no.) Todo el mundo está pidiendo información sobre la capitalización por desempleo, aparte de pedir la prestación. Obviamente estoy hablando de las mesas de información, de orientación. Es en las mesas que más gente hay. Sin embargo, se están reduciendo las capitalizaciones, es decir, hay un problema de confianza; hay mucho interés en recibir la información, en saber cómo se podría hacer, pero no hay decisión después. Esperamos que eso se rompa en un momento dado y el aumento del 80 por ciento puede ser una buena vía. La mayoría de los que están en esas colas son inmigrantes que están cobrando desempleo. Por lo tanto, esos son los dos factores que se están produciendo de una manera general. Entendemos que se puede producir una mejora en las capitalizaciones, esperemos que sea después del verano, en la medida en que se vaya recuperando un cierto grado de confianza.
Creo que más o menos he comentado todos los temas que ustedes me han planteado.
Antes de levantar la sesión, quería dar las gracias a las funcionarias y funcionarios del Congreso de Perú por su asistencia y por su interés en esta Comisión de Trabajo. Sean ustedes muy bienvenido y más viniendo de un país amigo como es Perú. Es en un intercambio que tenemos de común acuerdo los dos países, de formación de funcionarios españoles en países de Latinoamérica, y en este caso de Perú, aquí, en el Congreso de los Diputados de España. Bienvenidos y una feliz estancia aquí, en nuestro país y en nuestra ciudad. Gracias por su asistencia. (El señor Azpiroz Villar pide la palabra.)
¿Señor Azpiroz?
El señor AZPIROZ VILLAR: Señor presidente, si me permite, quiero intervenir por una alusión. Yo no he hablado de despido ni he querido hacer ningún debate sobre las causas de nuestro paro, diferentes a las otras situaciones europeas. Lo deberemos hacer, pero no tomando una posición de parte. Yo no he querido hacerlo, en otras intervenciones lo he hecho. He hablado de la fiscalidad o de los temas energéticos o de otras cuestiones, como la subida de impuestos, que afectan en mi opinión a la reactivación o no de la actividad económica, pero en ningún momento nos hemos referido, ni yo ni creo que nadie de mi grupo parlamentario, al tema de los costos del despido.
Yo agradezco mucho la intervención del compareciente en cuanto a que hemos aclarado la posición de aparente discrepancia que existía en relación a esta cuestión y que él se ha encargado de señalar que era por una cuestión procesal que comparto. Pero aparte de una actuación coyuntural, un día habrá que sentarse a ver en qué podemos mejorar, en qué debemos ser más competitivos y en qué, como nación, podemos ser más eficaces para reactivar, generar empleo y salir de esta situación, que yo creo que es obligación de todos. Esto era lo único que le quería decir. El compareciente lo ha entendido bien y espero que ahora con estas palabras se lo haya aclarado también al representante del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Azpiroz, por sus aclaraciones, por su explicación.
Don Sebastián Reyna, muchísimas gracias por su comparecencia y por sus respuestas. Ha sido un magnífico broche a esta serie de comparecencias que hemos estado celebrando en el transcurso de estos dos últimos meses en la Comisión de Trabajo y estoy convencido de que serán de utilidad para todos. Muchas gracias, y a su disposición para el futuro.

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