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Timestamp: 2018-10-21 04:00:30+00:00

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CORTET433-2012 Tutela Judicatura y Sistema de Salu...
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Sentencia T-433/12 Referencia: expediente T-3339294 Acción de tutela instaurada por Karina de la Ossa Robechi contra Clínica Las
Peñitas SAS. Magistrado ponente: HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil doce (2012). La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, Luis Ernesto Vargas Silva y María Victoria Calle Correa, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, especialmente las de los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo proferido en primera instancia por el Juzgado Quinto (5) Civil Municipal de Sincelejo y en segunda instancia por el Juzgado Segundo (2) Civil del Circuito del mismo lugar. I. ANTECEDENTES La ciudadana Karina de la Ossa Robechi interpuso acción de tutela contra Clínica Las Peñitas SAS, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales a la salud, vida digna y seguridad social. La accionante sustenta sus pretensiones en los siguientes 1. Hechos La joven Karina de la Ossa Robechi, entonces estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma del Caribe, se encontraba realizando el servicio de judicatura AD-HONOREM en la Alcaldía Municipal de Sincelejo. Según historia médica aportada al expediente, la petente padece de AMÍGDALAS HIPETRÓFICAS, razón por la cual el médico tratante le programó la práctica de cirugía – AMIGDALECTOMÍA –, para el día 26 de mayo de 2011. Manifiesta la actora que, semanas antes de la cirugía, la entidad accionada le informó que no figuraba como beneficiaria activa del sistema de salud, por lo tanto, no era posible llevar a cabo la intervención quirúrgica. El día 9 de mayo de 2011, la petente interpuso derecho de petición ante la entidad accionada, solicitando la reactivación del servicio de salud, toda vez que cumple los requisitos legales para ser beneficiaria del servicio de salud, esto es: tiene 25 años de edad; depende económicamente de sus padres; y se encuentra realizando la judicatura AD-HONOREM, servicio que hace parte de su formación académica y es requisito esencial de grado de Derecho. La entidad accionada dio respuesta negativa a la solicitud, bajo el argumento que no cumple con el requisito de la “ presentación de recibo y pago de matrícula del periodo que se curse”. (Folio 9, Cuaderno 1). Solicitud de tutela
Segunda Instancia El Juzgado Segundo (2) Civil del Circuito. 3. Impugnación La sentencia de primera instancia fue apelada por la accionante. esto es. 4. es decir. es ajustada a derecho. por cuanto. por medio del cual solicita la reactivación en el sistema de salud como beneficiaria de su padre. por medio de la cual se vincula a la joven Karina de la Ossa Robechi como auxiliar jurídico 2. 4. II. puesto que “la judicatura se exige a los estudiantes que hayan terminado las materias del pensum académico. Contestación del derecho de petición de diecisiete (17) de mayo de 2011 por parte de la institución prestadora de salud – Clínica Las Peñitas –. de acuerdo a los planteamientos expuestos en el líbelo de la demanda. ACTUACIONES PROCESALES 1. en este sentido no ostenta la calidad de estudiante”. a los egresados de los programas académicos de derecho. 3. Primera instancia Mediante sentencia de veinte (20) de junio de 2011 el Juzgado Quinto (5) Civil Municipal de Sincelejo decidió no tutelar los derechos fundamentales invocados por la joven Karina de la Ossa Robechi contra la Clínica Las Peñitas SAS. con base en las razones que a continuación se resumen. la práctica de la cirugía prescrita por el médico tratante. lejos de ser arbitraria o caprichosa. AMIGDALECTOMÍA. esto es. y en consecuencia. 2. consideró el a quem que. quien de manera sucinta manifestó inconformidad con el fallo. Derecho de petición interpuesto el nueve (9) de mayo de 2011 por la accionante ante la institución prestadora de salud – Clínica Las Peñitas –. la accionante no acredita la calidad de estudiante en la forma exigida por la normatividad que regula lo relativo a la afiliación del grupo familiar para ser beneficiaria de los servicios de salud. en consideraciones del a-quo. Lo anterior. razón por la cual la negativa de la entidad accionada. por lo tanto. En segundo lugar. en la cual se acredita la patología AMÍGDALAS HIPETRÓFICAS y la autorización para la práctica de procedimiento quirúrgico de AMIGDALECTOMÍA. no cumple con los requisitos exigidos en la normatividad vigente para ser beneficiario en el sistema de salud. Resolución 0352 de la Alcaldía Municipal de Sincelejo de 07 de febrero de 2011. en efecto. caso en el cual el afiliado se denominará cotizante dependiente y tiene derecho a los mismos servicios que los beneficiarios.La tutela interpuesta por la ciudadana Karina de la Ossa Robechi persigue que se ordene a la institución prestadora del servicio de salud – Clínica Las Peñitas SAS – la reactivación en el sistema de seguridad social en salud como beneficiaria de su padre por el cumplimiento de los requisitos para ostentar dicha calidad. La decisión tuvo fundamento en las siguientes consideraciones: En primer lugar. confirmó el fallo de primera instancia. mediante sentencia proferida el dos (2) de agosto de 2011. mediante la categoría de “ otro miembro dependiente”. Historia Clínica de la joven Karina de la Ossa Robechi. Pruebas En el expediente obran las siguientes pruebas en copia simple: 1. . la entidad demandada no vulneró derecho alguno a la accionante. el juez de segunda instancia plantea una alternativa. el señor Jesús de la Ossa Vergara. la afiliación en los términos del artículo 40 del Decreto 806 de 1998.
6. No obstante. el despacho avocó conocimiento de que el día siete (7) de diciembre de 2011 terminó el servicio de judicatura AD-HONOREM en la Alcaldía Municipal de Sincelejo. 3. Por su parte. en la que manifiesta que su hija. por medio de auto de diez (10) de mayo de 2012. Fotocopia de documento de identidad de la accionante. De la igual forma. Informó que el Padre de la accionante. toda vez que no se ha practicado la cirugía solicitada. ¿A qué Empresa Promotora de Salud –EPS – se encuentra afiliada la joven Karina de la Ossa Robechi en la actualidad. estudiante. AMIGDALECTOMÍA.a la cual se encuentra afiliada en la actualidad y en que calidad. Registro civil de nacimiento de la accionante. la Sala solicitó a la joven KARINA DE LA OSSA ROBECHI la remisión de la siguiente información: 1. A través de oficio No. por comunicación vía telefónica con la accionante. 5. advirtió que fue contratada en la misma institución. advirtió que en la actualidad. la joven KARINA DE LA OSSA ROBECHI aparece adscrita a la EPS . 2.Región 7. según Resolución 0352 de la mencionada entidad. 076 del 17 de mayo de 2012. Además de lo anterior. Cuaderno 1). 5. Condición de salud respecto de la enfermedad AMÍGDALAS HIPERTRÓFICAS y situación frente a la eventual práctica de la cirugía – AMIGDALECTOMÍA –. Certificado de afiliación a la Empresa Promotora de Salud –EPS . 7. Declaración juramentada del señor Jesús de la Ossa Vergara ante la Notaria Tercera (3) del Círculo de Sincelejo. la petente informó a la Sala que persiste el padecimiento de AMÍGDALAS HIPETRÓFICAS. y cumplimiento de requisitos para la obtención del título de abogada.AD-HONOREM. enviado vía fax a la Corporación. la joven KARINA DE LA OSSA ROBECHI. Certificado de afiliación a la Empresa Promotora de Salud –EPS . Trámite en Sede de Revisión. Condición de salud respecto de la enfermedad AMÍGDALAS HIPERTRÓFICAS y situación frente a la eventual práctica de la cirugía – AMIGDALECTOMÍA –. pertenece al régimen de excepción del Magisterio y. Karina de la Ossa Robechi. ¿A qué Empresa Promotora de Salud –EPS – se encontraba adscrita la joven Karina de la Ossa Robechi como beneficiaria. como estudiante. Clínica Las Peñitas SAS dio respuesta a la solicitud. la Sala solicitó a la Institución Prestadora de Servicios – IPS – Clínica Las Peñitas SAS la remisión de la siguiente información: 1. razón por la cual se encuentra afiliada en calidad de cotizante a la EPS SALUDCOOP desde el tres (3) de marzo de 2012. Contestación de la acción de tutela por parte de la entidad accionada Clínica Las Peñitas SAS. 8. y obtuvo título de abogada el día dos (2) de febrero de 2012. no fue posible obtener respuesta alguna. el señor JESÚS DE LA OSSA VERGARA. no recibe ingresos y depende económicamente de él para su subsistencia. la accionante fue beneficiaria de los servicios de salud a través del Fondo de Prestaciones del Magisterio y la Unión Temporal del Norte. es soltera.a la cual se encontraba adscrita como beneficiaria al momento de la interposición de la acción de tutela de la referencia. y en qué calidad? 3. Estado actual del servicio de judicatura prestado a la Alcaldía Municipal de Sincelejo. Dicha información pudo corroborarse por la página de consultas de afiliaciones del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA – (Folio 11. Vencido el término para que la accionante efectuara contestación al auto de requerimiento de tres (3) de mayo de 2011 decretado por esta Corporación. Además. Por medio de auto de tres (3) de mayo de 2012. 4. esto es. al momento de la interposición de la acción de tutela de la referencia? 2.
planteó la alternativa de afiliación en los términos del artículo 40 del Decreto 806 de 1998. Sucre. es decir. Presentación del caso y problema jurídico Corresponde a esta Sala proferir la sentencia de revisión de la tutela impetrada por la joven Karina de la Ossa Robechi.825. en donde aquella solicita la práctica de la cirugía AMIGDALECTOMÍA. puesto que “la judicatura se exige a los estudiantes que hayan terminado las materias del pensum académico. a la seguridad social y a la vida digna de la accionante. en este sentido no ostenta la calidad de estudiante. En primera instancia.102. manifiestan desconocer la situación actual. a través de auto de diecisiete (17) de mayo de 2012 se solicitó al FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARTANTÍA –FOSYGA – para que hiciera remisión de la siguiente información: 1. deviene en una vulneración del derecho a la salud. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. (Folio 13. esto es: tiene 25 años de edad. Competencia Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241. mediante la categoría de “otro miembro dependiente”. ii) el régimen de seguridad social en salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. y se encuentra realizando la judicatura AD-HONOREM. en el que se especifique la fecha de las respectivas afiliaciones y la calidad de las mismas. de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. el Juzgado Quinto (5) Civil Municipal de Sincelejo decidió no tutelar los derechos fundamentales alegados por considerar que la accionada no cumple con los requisitos exigidos en la normatividad vigente para ser beneficiario en el sistema de salud. Cuaderno 1).. iii) la judicatura como requisito de grado de Derecho y su fundamento 1 Cédula de ciudadanía No. contra Clínica Las Peñitas SAS. El problema jurídico que plantea la acción interpuesta consiste en determinar si la negativa por parte de Clínica Las Peñitas SAS a practicar la cirugía AMIGDALECTOMÍA. Respecto a la historia clínica de la accionante. 1. caso en el cual el afiliado se denominará cotizante dependiente y tiene derecho a los mismos servicios que los beneficiarios. al considerar que la accionante no ostenta la calidad de beneficiaria por cuanto se encuentra realizando el servicio de judicatura AD HONOREM y por ende no presenta el recibo de pago de matrícula del periodo académico que demuestre la calidad de estudiante.009 Since. Para resolver el problema jurídico planteado el análisis de la Sala se va a concentrar en determinar i) el derecho a la salud como derecho fundamental y su protección constitucional. Vencido el término para que la accionante efectuara contestación al auto de requerimiento de diecisiete (17) de mayo de 2011 decretado por esta Corporación. no fue posible obtener respuesta alguna. depende económicamente de sus padres. servicio que hace parte de su formación académica y es requisito esencial de grado de Derecho.SALUDCOOP en calidad de cotizante. Apoya su petición en el supuesto cumplimiento de los requisitos legales para continuar como beneficiaria del régimen de salud de su padre. El Juzgado Segundo (2) Civil del Circuito confirmó el fallo de primera instancia. por cuanto encontró que la accionante no acredita la calidad de estudiante en la forma exigida por la normatividad que regula lo relativo a la afiliación del grupo familiar para ser beneficiaria de los servicios de salud. numeral 9o. . Historial de – La Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud – de la joven Karina de la Ossa Robechi 1. a los egresados de los programas académicos de derecho. esto es. razón por la cual la negativa de la entidad accionada fue ajustada a derecho. III. Además. Por último.
2000). Sin embargo. diversas “ medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho” . de 1988 (art.N. E/C. que todos los aspectos cobijados por éste sean tutelables. también reconocen el derecho a la salud.” 3 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. en razón a lo dispuesto en el artículo 44 de la constitución y se tutelaba el ámbito básico cuando el peticionario era un sujeto de especial protección. Doc. debía tener conexidad con los derechos a la vida. la jurisprudencia de la Corte Constitucional consideró en relación con el derecho a la salud. así como a su familia. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Sociales y Culturales con fundamento en la cual el Comité fijó el sentido y los alcances de los derechos y obligaciones derivados del Pacto. de 1965.constitucional. la integridad personal y la dignidad humana. de 1979. de 1989. Análogamente. pueden estar 2 El derecho a la salud se reconoce en el inciso iv) del apartado e) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. la Corte avanzó en el sentido de considerar que el derecho a la salud es fundamental de manera autónoma cuando se puede concretar en una garantía subjetiva derivada de las normas que rigen el derecho a la salud. de 1981 (art. . la vivienda. procede concederlo por tutela. la salud y en especial la alimentación. 11). mientras que en el párrafo 2 del artículo 12 se indican. (22º período de sesiones. pues dado que los derechos no son absolutos. también ha dicho que por ser un derecho fundamental no implica per se. Son varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la salud 2. El derecho a la salud como derecho fundamental y su protección constitucional. y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos.12/2000/4 (2000). la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales contiene una de las disposiciones más completas y exhaustivas sobre el derecho a la salud. 16). 4 Sentencia T-016 de 2007. así como en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.”3. que para ser amparado por vía de tutela. A partir de su postura inicial la jurisprudencia de la Corte evolucionó y ha reconocido a la salud con el carácter de derecho fundamental autónomo. contemplado en los planes obligatorios. U. 10). a título de ejemplo. el derecho a la salud ha sido proclamado por la Comisión de Derechos Humanos. la asistencia médica y los servicios sociales necesarios’. así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. El artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma en su párrafo 1º que ‘toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure. Observación General 14. argumentó que se protegía como derecho fundamental autónomo tratándose de los niños. 3. Con la sentencia T-858 de 2003. Reiteración de jurisprudencia. y iv) finalmente. La Observación General 14 del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos. En su párrafo 1º determina que los Estados partes reconocen “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. en el apartado f) del párrafo 1 del artículo 11 y el artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. recordó que: “la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. se dará solución al caso concreto. Inicialmente. Varios instrumentos regionales de derechos humanos. Por otra parte. el vestido. 4 Sin embargo. Sociales y Culturales). la protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la salud se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional. Sociales y Culturales de Naciones Unidas. como la Carta Social Europea de 1961 en su forma revisada (art. En tal medida consideró que siempre que se requiera el acceso a un servicio de salud. (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos.
por medio de la regulación ofrecida por el Congreso de la República y por las autoridades que participan en el Sistema de Seguridad Social. en un intento de reafirmar el carácter fundamental del derecho a la salud menciona el alcance de este derecho. en todo caso. como fue precisado por esta Sala de revisión en sentencia T-016 de 2007.poseen un matiz prestacional. “(ii) La segunda dimensión en la cual es protegido este bien jurídico es su estructuración como derecho. la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que el derecho a la salud no es de aquellos cuya protección puede ser solicitada prima facie por vía de tutela7. para lo cual estableció: “…En abundante jurisprudencia esta Corporación ha señalado que la protección ofrecida por el texto constitucional a la salud. económicos o culturales. No obstante. se da en dos sentidos: (i) en primer lugar. fielmente orientado a la consecución de los altos fines a los cuales se compromete el Estado. todos los derechos constitucionales fundamentales – con independencia de si son civiles. como bien jurídico que goza de especial protección. “Significan de modo simultáneo.-577 de 1995 y C-1204 de 2000. Con el ánimo de ratificar la vocación de derecho fundamental al derecho a la salud. La prestación de este servicio debe ser realizado bajo el impostergable compromiso de satisfacer los principios de universalidad.restringidos por los criterios de razonabilidad y proporcionalidad fijados por la jurisprudencia. solidaridad y eficiencia que. el diseño de las políticas encaminadas a la efectiva prestación del servicio público de salud debe estar. dirección y reglamentación corresponde al Estado. según lo establece el artículo 2° del texto constitucional. sociales. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones estatales de orden negativo o de abstención). . La sentencia T-200 de 2007. también. económicos. de medio ambiente . por lo que se pronunció de la siguiente manera: “De acuerdo con la línea de pensamiento expuesta y que acoge la Sala en la presente sentencia. Los derechos todos son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. políticos. económicos y culturales son derechos fundamentales que implican obligaciones de carácter negativo como de índole positiva 5. tal como lo enseña el tramado de disposiciones que componen el articulado superior y el bloque de constitucionalidad. En el mismo sentido. y por ello su implementación práctica siempre dependerá de una mayor o menor erogación presupuestaria. la Sala Séptima de Revisión de la Corte en la sentencia T-016 de 2007. las prestaciones a las cuales se encuentran obligadas las instituciones del Sistema adquieren el carácter de derechos subjetivos…”. en una decantada línea que ha hecho carrera en los pronunciamientos de la Corte Constitucional. T-585-08 sobre el derecho a la vivienda y T-580-07 sobre el derecho a la seguridad social. según dispone el artículo 49 superior. orientan dicho servicio 6. 7 Sentencia T-557 DE 2007. En pronunciamientos más recientes esta Corporación ha señalado que los derechos civiles y políticos así como los derechos sociales. la salud es un servicio público cuya organización. admitir que en el Estado social y democrático de derecho 5 Ver las sentencias T-016-07 y T-1041-06 sobre el derecho a la salud. sociales. culturales.de la manera como estos derechos se hacen efectivos en la práctica. se ha considerado que una vez se ha superado la indeterminación de su contenido –que es el obstáculo principal a su estructuración como derecho fundamental. 6 Sentencia C. reconoció el carácter fundamental de todos los derechos sin diferenciar si se tratan de derechos políticos. la fundamentalidad de los derechos no depende –ni puede depender. de acuerdo al artículo 49 de la Constitución. El Estado ha de abstenerse de realizar acciones orientadas a desconocer estos derechos y con el fin de lograr la plena realización en la práctica de todos estos derechos es preciso. que el Estado adopte un conjunto de medidas y despliegue actividades que implican exigencias de orden prestacional. En este sentido. Sobre el particular. civiles.
tiene entre otras funciones. Cobertura.A. por lo que ante el abandono del Estado. de las instituciones administrativa y políticas y siendo latente la amenaza de trasgresión el juez de tutela debe hacer efectiva su protección mediante este mecanismo sin excepción. Al respecto.. suscriba la fiduciaria La Previsora Ltda. con independencia patrimonial. nivelando nacionalmente con las siguientes adiciones: a. El Consejo Directivo acordó que los beneficiarios del sistema de salud de los docentes son los existentes hoy en día en el modelo vigente. económica y educativa. con el fin de llenar los vacíos mencionados anteriormente. a nivel departamental. en el cual dispuso lo siguiente respecto de la cobertura del régimen: “2. El régimen de seguridad social en salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. en la cual el Estado debe tener más del 90% del capital. partiendo de este presupuesto le corresponde al Estado como principal tutor dotarse de los instrumentos necesarios para garantizar a los ciudadanos la prestación de la salud en condiciones que lleven consigo la dignidad humana. Los hijos del afiliado entre 18 y 25 años que dependan económicamente del afiliado y que estudien con dedicación de tiempo completo. esta Corporación en sentencia T. 4.no todas las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios – económicos y educativos. cuyos recursos deben ser administrados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta. el que queda librado a la discrecionalidad del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a lo que se establezca en los contratos de prestación de servicios que. La Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como una cuenta especial de la Nación. en especial. así como recomendar las entidades con las cuales contratar la prestación de dichos servicios. b. con el objetivo de satisfacer el goce efectivo de sus afiliados. a favor de aquellas personas ubicadas en situación de desventaja social. los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se encuentran exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la Ley 100 de 1993. Los hijos del afiliado. también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter positivo o de acción)”.indispensables que les permitan elegir con libertad aquello que tienen razones para valorar. contable y estadística. cuyo actual administrador de los recursos es la Fiduciaria “La Previsora” S. En virtud de tal compromiso se debe promover el acceso a la salud mediante el Sistema General de Seguridad Social en Salud. la de garantizar la prestación de los servicios médico-asistenciales de sus afiliados. Precisamente por el carácter especial antes descrito.348 de 1997 encontró vacíos e inconsistencias en esa normativa. y efectuar el pago de las prestaciones sociales de éste personal. sin personería jurídica. por mandato expreso del artículo 279 de dicha normatividad. Con la entidad regional prestadora de servicios de salud que resulte seleccionada luego del proceso contractual (…)”. Por ello. cuando tengan un incapacidad permanente y dependan económicamente del afiliado . De ahí el matiz activo del papel del Estado en la consecución de un mayor grado de libertad. Lo anterior se refiere a una clara concepción establecida en la Corte acerca del carácter de derecho fundamental de la salud que envuelve un contenido prestacional. no consagra el régimen de beneficiarios de los servicios de salud. Este Fondo Nacional tiene por objeto atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren afiliados. el Fondo Nacional del Magisterio procedió a modificar su normativa a través del Acuerdo N ° 04 del 22 de julio de 2004. En consecuencia. Dicho Fondo. sin límite de edad. que no permitía identificar con claridad el cubrimiento de los beneficiarios afiliados a dicho régimen y se pronunció de la siguiente manera: “(…) el sistema legal de seguridad social en salud de los educadores estatales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
5. dependan económicamente de su padre educador. elegirá entre la elaboración y sustentación de la monografía jurídica o 1a realización de la judicatura. entre otras. el servicio de judicatura se presenta como la práctica a través del la cual se le permite a los estudiantes de derecho que culminaron efectivamente el plan de estudio ofrecido por la universidad. junto con otros requisitos.1262 de 2008. lo siguiente: “esta norma busca asegurar que los recursos dispuestos por el fondo para la prestación de los servicios de salud de los docentes y sus beneficiarios.” De tal forma. entendida como la actividad jurídica que realizan los estudiantes de derecho como requisito para obtener el título de abogado. . para que una vez terminada. T. 9 Sentencia C.1053 de 2001 la Corte Constitucional se refirió a la normatividad vigente sobre la práctica de judicatura. mediante el Acuerdo N ° 013 del 30 de diciembre de 2004 .” (Subrayas fuera de texto) (…)” Posteriormente. el estudiante pueda optar por el título de Abogado.P. La Corte Constitucional. de acuerdo con la ley. El requerimiento de mayores exigencias para la concesión del grado de abogado se inscribe en una ponderación entre “ la limitación constitucional a la libertad de escoger profesión u oficio. la citada jurisprudencia señaló: “… el artículo 23 del Decreto 3200/79.c. Ejecutiva.P. cuando el hijo del docente sea beneficiario del afiliado. consistente en la facultad del legislador de exigir títulos de idoneidad como requisito para el ejercicio de las ocupaciones que conlleven riesgo social (Art. la cual se encuentra consignada en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999. cobije a quienes por razones de sus estudios en la jornada diurna. Dentro de esta categoría. del sector privado sometidas a la inspección y vigilancia de las Superintendencias. Ver. y durante dos años. C008/01. adquirir mayores conocimientos y experiencia. Al respecto. consideró como finalidad legítima de ésta última exigencia concerniente al carácter diurno de los estudios. o como monitor de los consultorios jurídicos a cargo de las facultades de Derecho. indica que estas prácticas pueden desarrollarse. igualmente se inscribe el ejercicio del litigio con buen crédito y reputación moral. En sentencia C. que implica la potestad de las instituciones de educación superior para que. en sentencia T.)”9.) y la protección de la autonomía universitaria.1053 de 2001 se declaró inexequible la expresión “antes de la entrada en vigencia de la presente ley”. norma que estipula que “[e]l estudiante que haya terminado las materias del pénsum académico antes de la entrada en vigencia de la presente ley8. según lo dispone el artículo 31 del Decreto 196/71. en diversas instituciones de la Rama Judicial. Los nietos del docente hasta los primeros 30 días de nacido. bien sea en la modalidad de judicatura remunerada o AD-HONOREM. La judicatura como requisito de grado de Derecho y su fundamento constitucional. dando al estudiante la opción de realizar diferentes funciones de carácter jurídico. T-310 de 1999. Del mismo modo. desarrollando actividades que dan la posibilidad de integrar la teoría del derecho a la realidad social. En desarrollo de lo anterior. 26 C. siendo mayores de edad.749 de 2009. de forma remunerada. continua y por el término de un año. distintas normas permiten ejercer la judicatura ad honorem por el 8 En sentencia C. C-589 de 1997. determinen el contenido de sus programas académicos y los requisitos exigibles para obtener los grados correspondientes (Art. el Consejo Directivo del Fondo en cuestión aprobó ciertos cambios en las condiciones para la prestación de los servicios de salud de los afiliados y beneficiarios del Fondo. partiendo del supuesto de que quien estudia en la jornada nocturna puede procurarse durante el día un ingreso económico que le permite afiliarse al SGSSS como cotizante”.492 de 1992. exigiendo al hijo mayor de 18 y menor de 25 años que para ser beneficiario debía demostrar su condición de “estudiante diurno”. el legislador ofrece diversas alternativas en instituciones del Estado colombiano para el desarrollo de la práctica jurídica. 69 C.
las condiciones en que se desarrolle. por medio del Legislador. y adicionalmente.P. circunstancia que resulta de la vocación definida para el servicio a la comunidad inherente a la profesión. y (v) el ejercicio de la judicatura ad honorem en las ligas y asociaciones de consumidores y usuarios. 2º C. Con todo lo anterior. que ven intervenidos sus derechos y libertades por la asesoría que brinden estos profesionales. cargos autorizados por la Ley 878 de 2004. conforme lo dispuesto en los artículos 55 y siguientes de la Ley 23 de 1991. 6. servicio que hace parte de su formación académica y es requisito esencial de grado de Derecho. adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. el servicio de judicatura. como requisito de grado de la profesión de Abogado en el contexto de la configuración legislativo del Congreso. a la seguridad social y a la vida digna por parte de Clínica Las Peñitas SAS como consecuencia de la negativa para la práctica de la cirugía AMIGDALECTOMÍA. da la posibilidad al estudiante de conocer a fondo el ordenamiento jurídico inherente a la función social que entraña la profesión. redunda necesariamente en la idoneidad de estos y. esto es: tiene 25 años de edad. la práctica de la judicatura permite que el Estado. Así las cosas. (iv) auxiliar jurídico ad honorem en la Procuraduría General de la Nación y en el Congreso de la República. se inscribe dentro del ciclo académico de la carrera de derecho. representado en (i) los ciudadanos usuarios de sus servicios. que las instituciones del Estado sirvan como plataforma a los egresados de las facultades de derecho adquirir una mayor experiencia laboral.” Ahora bien. es el Congreso el órgano facultado para regular el servicio de judicatura. al igual que como abogado o asesor jurídico de entidad sometida a inspección.término de nueve meses. constituye una función social que contribuye a la consecución de los fines esenciales del Estado. las Fiscalías Delegadas y la justicia penal militar. En el presente asunto la ciudadana Karina de la Ossa Robechi considera vulnerados sus derechos fundamentales a la salud. esto es. Apoya su petición en el supuesto cumplimiento de los requisitos legales para continuar como beneficiaria del régimen de salud de su padre. según lo regula el Decreto 1862 de 1989. depende económicamente de sus padres. (ii) auxiliar del Defensor de Familia. la naturaleza de los cargos que puede desempeñar el egresado y las características que deben cumplir las instituciones que acogen a los practicantes. práctica regulada en los artículos 21 y 22 de la Ley 24 de 1992. consecuencialmente. dentro de los principios y valores constitucionales. en la satisfacción del interés general. como son (i) auxiliar judicial en organismos de la Rama Judicial. . según lo regula la Ley 1086/06 objeto de análisis en esta sentencia.). Ello debido a que el otorgamiento de espacios para que los futuros abogados y abogadas desarrollen habilidades que solo pueden adquirirse en la práctica profesional. además de ser un requisito de grado previsto por el Legislador. el servicio de judicatura. Análisis del caso concreto. vigilancia y control de cualquiera de las Superintendencias establecidas en el país. en los casos que el profesional acceda al servicio público conforme las condiciones de mérito previstas en la Constitución y la ley. (ii) el adecuado cumplimiento de los fines estatales (Art.” De acuerdo al diseño constitucional. Así lo señaló esta Corporación en sentencia C749 de 2009 “la exigencia de la judicatura es una expresión ajustada a la Constitución de la competencia del Congreso para establecer requisitos y condiciones para el ejercicio de profesiones que impliquen riesgo social. y se encuentra realizando la judicatura AD-HONOREM. (iii) defensor público de la Defensoría del Pueblo. regule la libertad de profesión u oficio.
caso en el cual el afiliado se denominará cotizante dependiente y tiene derecho a los mismos servicios que los beneficiarios. el Acuerdo N ° 04 del 22 de julio de 2004. para los precisos efectos de la carrera de derecho. Por consiguiente. De manera que el problema jurídico a solucionar consiste en determinar si la negativa por parte de Clínica Las Peñitas SAS a practicar la cirugía AMIGDALECTOMÍA. consagra que para que los hijos de los afiliados ostenten la calidad de beneficiario del régimen excepcional del Magisterio es necesario que se encuentren “entre 18 y 25 años. puede inferirse que. por cuanto no cumplía con el requisito de “ presentación y pago de recibo de matrícula” del periodo académico cursado. . deriva en una vulneración del derecho a la salud. quienes se encuentran en proceso de formación académica para optar el título de abogado. Nótese que en la citada norma el Legislador hace referencia a la categoría “estudiante” para referirse a quienes habiendo culminado el pénsum académico. para el momento de la interposición de la acción de tutela. si bien es expresa y clara la referencia antes descrita. la joven Karina de la Ossa Robechi se encontraba realizando el servicio de judicatura AD HONOREM en la Alcaldía Municipal de Sincelejo. por un lado.1053 de 2001 se declaró inexequible la expresión “antes de la entrada en vigencia de la presente ley”. que dependan económicamente del afiliado y que estudien con dedicación de tiempo completo” . tanto aquellos que se encuentran cursando las materias previstas en el pénsum académico o aquellos que han terminado las materias y se encuentra realizando alguna de las exigencias previstas en la citada norma. deben cumplir con el requisito de judicatura o monografía jurídica para obtener el título de abogado.Los jueces de instancia denegaron el amparo solicitado por considerar que la demandante no cumple con los requisitos exigidos en la normatividad vigente para ser beneficiario en el sistema de salud. cuando le informaron que no podría practicarse la cirugía agendada para el día 26 de mayo de 2011. puesto que no acredita la calidad de estudiante. Por otro lado. presentan la posibilidad de afiliación mediante la categoría de “ otro miembro dependiente”. elegirá entre la elaboración y sustentación de la monografía jurídica o 1a realización de la judicatura. La normatividad que regula el régimen de afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. el servicio de judicatura.”(Subrayas fuera del texto). Por lo cual. es claro que los destinatarios de la exigencia son los estudiantes de la carrera de derecho. es lógico que tiene dicha calidad aquella persona que se encuentra ejecutando alguno de los pasos legalmente establecidos para obtener un título profesional en un programa académico formal. que certifique su calidad de estudiante. al considerar que la accionante no ostenta la calidad de beneficiaria por cuanto se encuentra realizando el servicio de judicatura AD HONOREM y por ende no presenta el recibo de pago de matrícula del periodo académico que demuestre la calidad de estudiante. así la ley en su articulado no se refiriera directamente a la categoría de “estudiante”. Además. entre los cuales se encuentra el pénsum académico. 10 En sentencia C. la realización de una monografía jurídica o tesis de grado y el consultorio jurídico. ostentan la calidad de estudiante para el Legislador. a la seguridad social y a la vida digna de la accionante. Pues bien. Como se desprende de la resolución 0352 (Folio 11 Cuaderno 1). la Ley 552 de 1999 en su artículo 2° estipula que “[e]l estudiante que haya terminado las materias del pénsum académico antes de la entrada en vigencia de la presente ley10. De lo anterior. debe entenderse que el proceso de formación legalmente establecido para adquirir el título de abogado se encuentra compuesto por varios elementos.
servicio que hace parte de su formación académica y es requisito esencial de grado de Derecho. De esta forma. y que tenía la calidad de estudiante. las circunstancias fácticas que impulsaron la interposición de la acción de tutela de la referencia han cambiado. advirtió que fue contratada en la misma institución. se hace imperativa la necesidad de inaplicar la normatividad del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio11 (Folio 32. que hasta el momento no se ha practicado la cirugía solicitada. A raíz de lo anterior. Cuaderno 2) que prevé: “…Para acreditar la calidad de estudiante de los hijos entre 19 y 25 años. según manifiesta la petente. cuaderno 2). como pudo corroborarse por la página de consultas de afiliaciones del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA – (Folio 11. De modo tal que en el presente asunto resultó inconstitucional negar la cirugía de AMIGDALECTOMÍA. en cuanto se encontraba realizando la judicatura AD-HONOREM. por cuanto. dependía económicamente de él (Folio 13. mucho menos. Karina de la Ossa Robechi. 1122-09-2008. en cuanto la misma no se aprecia como idónea. 001 de 2008. Por las razones expuestas. a un grupo considerable de las personas que tienen la calidad de estudiantes. así como también por estar cumpliendo alguno de los requisitos adicionales que la ley exige para obtener el título de esta profesión –eventos en los cuales no siempre se exige que se pague una matrícula en la institución de educación superior -. se traslada la obligación de la prestación de las obligaciones médico asistenciales a su favor. tenía para entonces 25 años de edad (Folio 15. puesto que la accionante cumplía con todos los requisitos para continuar con la calidad de beneficiaria del régimen de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.10 –Grupo Familiar -. la joven Karina de la Ossa Robechi se encuentra afiliada a la EPS SALUDCOOP en calidad de cotizante. no siempre que se tenga la calidad de estudiante se podrá demostrar por medio de un recibo que acredite el pago de una matrícula. Cuaderno 1). esto es. se encuentra afiliada en calidad de cotizante en la EPS SALUDCOOP desde el tres (3) de marzo de 2012 (Folio 20. que dependen económicamente del afiliado y que cursen estudios formal y de educación para el trabajo y desarrollo humano. necesaria ni. Por consiguiente. el señor Jesús de la Ossa Vergara se encuentra afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Folio 12. del cual hace parte integral los Términos de Referencia de la Convocatoria Pública NO. en el caso objeto de estudio la exigencia de dicho requisito como único medio de prueba de la categoría de estudiante se aprecia como una condición desproporcionada para acceder a la prestación del servicio público de salud. proporcionada en sentido estricto respecto de un fin considerado como legítimo por el ordenamiento constitucional. se avocó conocimiento que la misma terminó el servicio de judicatura AD-HONOREM en la Alcaldía Municipal de Sincelejo el día siete (7) de diciembre de 2011 y obtuvo título de abogada el día dos (2) de febrero de 2012. injustificadamente. lo que sin duda se deriva en una vulneración de los derechos fundamentales a la salud. de manera que dicha exigencia excluye. ítem 2. Cuaderno 1). Por esta razón. por cuanto se encuentra acreditado que el padre de la accionante. a la seguridad social y a la vida de la accionante. Esta exclusión resulta una restricción desproporcionada de los derechos fundamentales de este grupo. razón por la cual. previa presentación de recibo y pago de matrícula de periodo que se curse”. del Fondo Nacional de 11 Contrato de prestación de servicio médico-asistenciales No. . Así las cosas. con base en lo establecido en el decreto 2888 de 2007.El razonamiento anterior permite evidenciar que la calidad de estudiante puede ostentarse por estar cursando uno de los semestres o años académicos que conforman el ciclo de formación de un programa de derecho – situación en la cual el estudiante deberá estar matriculado en el respectivo curso – . el certificado de judicatura que se encontraba ejecutando en ese momento. Si bien el requisito de presentación de recibo y pago de matrícula del periodo académico en la mayoría de los casos parece un requerimiento idóneo para acreditar la calidad de estudiante. Cuaderno 1). por comunicación vía telefónica con la accionante. a la joven Karina de la Ossa se le ha debido entender como estudiante. que su hija. en tanto presentó un documento que permite acreditar dicha calidad. cuaderno 2). si bien se advierte. Ahora bien.
por lo cual no continúa la vulneración a los derechos fundamentales de la actora.. como entidades encargadas de la prestación de los servicios médicos asistenciales del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. para los efectos allí contemplados. en primera instancia. como obligados de la prestación de los servicios médico asistenciales del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. IV.LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. el fallo de veinte (20) de junio de 2011 proferido por el Juzgado Segundo (2) Civil del Circuito de Sincelejo en segunda instancia. y la Unión Temporal del Norte. de encontrarse acreditada la enfermedad que dio lugar a la solicitud de cirugía cuya negativa abrió las puertas a la presente acción. al presente. por cuanto la judicatura es un requisito esencial de grado que hace parte del ciclo académico de la profesión de abogado. Fiduprevisora S. DECISION En mérito de lo expuesto. la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional. publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. para que conozcan del precedente que se establece por medio de la presente providencia. se notificará a la Clínica las Peñitas SAS.Región 7.. en dicho escenario. debe continuarse con la prestación del servicio. Notifíquese. de manera tal que le realicen una nueva valoración con respecto al padecimiento de AMIGDALAS HIPERTRÓFICAS y. la Sala concluye que existe una posibilidad de reparar la vulneración del derecho fundamental. para que conozcan del precedente jurisprudencial contenido en esta providencia. y a la Unión Temporal del Norte – Región 7.A”. en aras de garantizar el derecho de los usuarios del sistema de salud. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Magistrado LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado Ausente en comisión . comuníquese. la Fiduciaria “La Previsora S. Tercero. Segundo. No obstante lo anterior..A.EXHORTAR a la Clínica Las Peñitas SAS. de cumplir con los demás requisitos para ostentar la calidad de beneficiario del sistema de salud. de tal forma que entiendan que el certificado de judicatura. debidamente presentado por un estudiante de derecho. RESUELVE: Primero. Por lo tanto. y el fallo de dos (2) de agosto de 2011 proferido por el Juzgado Quinto (5) Civil Municipal del mismo lugar. la actora tiene derecho para acudir a la EPS SALUDCOOP para poner en conocimiento de los médicos adscritos su condición de salud. hace las veces de recibo de matrícula de estudio. Es así como.Prestaciones Sociales del Magisterio a la EPS SALUDCOOP. será la EPS SALUDCOOP la obligada a practicar la cirugía y el tratamiento integral necesario. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.CONFIRMAR por las razones que se exponen en la presente providencia. Con todo lo dicho.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Magistrada MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General .
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 artículo 49
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 artículo 279
 artículo 23
 artículo 2
 artículo 31
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