Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/90.91sp/Peru10014.htm
Timestamp: 2017-03-28 13:48:30+00:00

Document:
Peru 10014
propuestos; 2. Que tampoco ha presentado observaciones a los informes y no ha dado respuesta a las comunicaciones efectuadas al respecto, y 3. Que no existen en esta Comisión nuevos elementos de juicio que requieran modificar dichos informes originales. LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE: Publicar dichos informes en su Informe Anual 1990-1991. INFORME N° 24/90
CASO 10.014
PERU ANTECEDENTES: 1. Con fecha 11 de mayo de 1987, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió las siguientes denuncias: De acuerdo a informes recibidos, Angel Francisco Pérez Alí, estudiante de 22 años de edad, de la Escuela de Computarización de la Universidad de San Marcos, Lima, fue detenido por la policía seguidamente a los hechos ocurridos en las afueras de ese centro universitario y otras dos universidades en Lima. Desde su detención el 27 de febrero de 1987 se ignora su paradero. Su "desaparición" ha sido denunciada al Procurador General y ante el Fiscal General por las organizaciones locales de derechos humanos. A mediados de febrero de 1987 se llevó a cabo una amplia operación policial en las Universidades de San Marcos, Ingeniería y La
Cantuta, con el pretexto de buscar miembros de las organizaciones terroristas. Cerca de 4 mil policías participaron en la operación que resultó en la detención de cerca de 800 personas y la muerte de un guardia en una de estas universidades. Se alega que algunos de los detenidos han sido torturados al ser sometidos a interrogatorios en Bocanegra, que es una finca de la Policía de Investigaciones del Perú, ubicada en las afueras de Lima. La gran mayoría de los detenidos han sido liberados pero aún permanecen detenidas 34 personas acusadas de
terrorismo. También existe preocupación respecto de la suerte de Dionisia Huamani Tineo y Humberto Orosco, miembros de la comunidad campesina de
Huhuapuquio, en Cangallo, Departamento de Ayacucho, los cuales fueron detenidos el 12 de abril de 1987 por miembros del ejército. Se desconoce su paradero y se ha negado su detención. Se han presentado recursos de Habeas Corpus en su nombre y la Federación Agraria de Ayacucho ha expresado su preocupación al Comandante del puesto político-militar del lugar. 2. Mediante nota del 19 de mayo de l987, la Comisión transmitió las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno de la República del Perú, solicitándole que suministrare la información que estimara oportuna, sin que se hubiere recibido contestación en el plazo reglamentario. 3. Esta solicitud de información fue reiterada por medio de las notas dirigidas a dicho Gobierno con fechas 19 de enero de 1988, 7 de junio de 1988, 22 de febrero de 1989 y 8 de septiembre de 1989, en las cuales se menciona la eventual aplicación del Artículo 42 del Reglamento de la
Comisión, sin que tampoco se recibiere contestación. CONSIDERANDO: 1. Que la Asamblea General por Resolución 666 (XIII-O/83) ha declarado que "la práctica de desaparición forzada de personas en América es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad". 2. Que ha transcurrido el plazo establecido en el Artículo 34, párrafo 5, del Reglamento de la Comisión sin que el Gobierno del Perú haya dado respuesta a la solicitud de información formulada por la CIDH en sus notas indicadas en los antecedentes de este informe, lo que hace presumir que no hay recursos de jurisdicción interna que deban ser agotados (Artículo 46 de la Convención Americana), a la luz del sistema contradictorio en materia de procedimiento establecido en la misma Convención. 3. Que el Artículo 42 del Reglamento de la Comisión dice: Artículo 42 Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de conformidad con el Artículo 34, párrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la información correspondiente, siempre y cuando de otros elementos de convicción no resultare una conclusión diversa. 4. Que el Artículo 1, inciso l, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice: Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 5. Que la República del Perú es Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y que ha ratificado la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, en vista de los antecedentes relacionados y de las consideraciones hechas y de que la Comisión no dispone de otros elementos de convicción que la lleven a concluir en forma diferente, con fundamento en el Artículo 42 de su Reglamento, LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE: 1. Presumir verdaderos los hechos denunciados en la comunicación del 11 de mayo de 1987 relativa a la detención por agentes del estado peruano y la posterior desaparición de: Angel Francisco Pérez Ali, el 27 de febrero de 1987 en Lima y de Dionisia Huamani Tineo y Humberto
Orosco, el 12 de abril de 1987, en Cangallo, Departamento de Ayacucho. 2. Declarar que tal hecho configura una grave violación por parte del Estado peruano al derecho a la vida, la integridad personal, derecho a la libertad personal, y derecho a las garantías judiciales (Artículos 4, 5, 7 y 8,

References: Artículo 42
 Resolución 
 Artículo 34
 Artículo 42
 Artículo 42
 Artículo 34
 Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 42