Source: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3828
Timestamp: 2019-10-24 02:27:05+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2015-3828
Documento BOE-A-2015-3828
«BOE» núm. 85, de 9 de abril de 2015, páginas 231 a 253 (23 págs.)
BOE-A-2015-3828
d) El 6 de junio de 2012 la representación procesal de la Sociedad Española de Ornitología-Birdlife, WWW-ADENA y de la Fundación Oso Pardo, presenta un escrito en el que solicita que no se tenga por ejecutada la Sentencia de 8 de enero de 2008 por la mera publicación oficial en el «Boletín de la Junta de Castilla y León» de 1 de junio de 2012 de la Orden FYM/366/2012, de 16 de abril, por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos de la Sentencia núm. 20/2008, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, en el procedimiento ordinario 0000858-2006, así como de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2012, en lo relativo a las costas judiciales.
f) El 14 de noviembre de 2013 el órgano judicial dictó providencia por la que se acuerda oír a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la procedencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con la Ley 5/2010, por la posible infracción de los siguientes preceptos constitucionales: a) art. 24.1, en relación con el artículo 117.3 CE, en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, «por cuanto que las siete disposiciones adicionales de la citada Ley 5/2010 se configuran como preceptos legales aprobados ad casum, con el propósito de eludir la ejecución de la sentencia firme de fecha 8 de enero de 2008, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 858/2006 (que declaró la nulidad del Decreto 13/2006, de 9 de marzo, por el que se modifica el anexo I del Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el plan de ordenación de los recursos naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, e impedir de esa forma su ejecución, con perjuicio de los derechos e intereses de los recurrentes y de las personas afectadas por el fallo de la mencionada sentencia. Ley autoaplicativa que impide un control de la misma intensidad que el que le correspondería realizar a los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa (STC 129/2013, de 4 de junio)»; b) art. 9.3 CE, en relación al principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, pues el órgano judicial considera que la norma se ha aprobado con la finalidad de «eludir y frustrar la ejecución de la sentencia firme de fecha 8 de enero de 2008», ya que la razón del fallo de la misma «fue que con la modificación introducida por el citado Decreto anulado se suprimía la prohibición de establecer estaciones de esquí alpino anteriormente establecida en el PORN sin acreditar ni justificar que hubieran cambiado las circunstancias tenidas en cuenta al establecer la prohibición, ni evaluar adecuadamente ni asegurarse que la nueva actividad que se permitía no causaría perjuicio a la integridad del espacio natural protegido y todo ello con independencia de que cada proyecto de instalación tuviera que quedar sujeto a esa previa evaluación ambiental, viniendo a reproducir la Ley cuya constitucionalidad se cuestiona el contenido del Decreto anulado convalidándolo mediante su elevación de rango, sin datos de ninguna clase que permitan valorar su racionalidad»; c) art. 23 CE, en relación con el art. 9, en cuanto la convalidación de la norma impide la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos; d) art. 24.2 CE, al privar a los ciudadanos de la posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria para defender sus derechos legítimos y examinar la regularidad jurídica de este tipo de autorizaciones y, finalmente, infracción de los principios constitucionales de «división de poderes, generalidad de la ley, reserva de jurisdicción, jerarquía normativa, reserva de la Administración de la acción ejecutiva y control judicial de la actividad administrativa», así como del principio de igualdad en la ley.
Respecto al fondo del asunto se remite para fundamentar la duda de constitucionalidad a la doctrina de la STC 203/2013. Aplicando esa doctrina el órgano judicial llega a la conclusión de que «en la ley de que se trata se reproduce literalmente el contenido del Decreto 13/2006, de 9 de marzo, por el que se modifica el Anexo I del Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia), declarado nulo por la sentencia de la Sala de 8 de enero de 2008». Señala la Sala que «las Exposiciones de Motivos de ambas normas coinciden literalmente, salvo la inclusión de un par de párrafos en la Ley 5/2010. Párrafos que no van dirigidos a dar explicación alguna por la que un Decreto de la Junta de Castilla y León, el Decreto 140/1998, precisa ser modificado por un norma con rango de Ley; no se menciona en la Exposición de Motivos la sentencia de la Sala de 8 de enero de 2008 en la que se indicaba la necesidad de modificar el Decreto con los mismos trámites, entre los que se encuentra el esencial de la necesaria evaluación de impacto ambiental por exigirlo tanto la norma reglamentaria como el art. 6.3 de la Directiva 92/43/CEE, teniendo en cuenta el objetivo prioritario del Plan, que es la conservación y protección de los recursos naturales y se justifica la modificación por las mismas razones económico-sociales que se rechazan en la mencionada sentencia. Es de señalar que a la fecha en que entra en vigor la Ley 5/2010 sigue vigente el art. 32 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León que atribuye a la Junta de Castilla y León, mediante Decreto, la aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Y tanto esta Ley, como la Ley 4/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establecen que corresponde a los PORN la determinación de las limitaciones generales y específicas que respecto de los usos y actividades hayan de establecerse en función de la conservación de los espacios y especies a proteger, con especificación de las distintas zonas, en su caso (arts. 26 y 19, respectivamente)».
4. Mediante providencia de 6 de mayo de 2014, el Pleno, a propuesta de la Sección Segunda, acuerda admitir a trámite la presente cuestión y reservarse para sí el conocimiento de la misma; dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el artículo 37.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, así como al Gobierno de la Junta de Castilla y León y a las Cortes de Castilla y León, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes; comunicar la presente resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.3 LOTC, permanezca suspendido el proceso hasta que este Tribunal resuelva definitivamente la presente cuestión. Finalmente se ordenó publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Tras exponer los antecedentes del caso, señala que tanto la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo como la doctrina especializada, vienen considerando que los instrumentos de ordenación territorial, como cabría calificar, con arreglo al art. 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, a los planes, programas o proyectos susceptibles de aprobación, ostentan la naturaleza de disposiciones de carácter general. Indica también que, a su juicio, la norma autonómica ha utilizado la cobertura legal que le dispensa el art. 45 de la Ley estatal 42/2007, conforme al cual la aprobación de los planes, programas o proyectos se someterá a una adecuada evaluación de las repercusiones, y si a pesar de las conclusiones negativas y a falta de soluciones alternativas debiera realizarse el plan o programa por razones imperiosas de interés público de primer orden, las Administraciones públicas competentes tomarán las medidas precisas para la salvaguarda para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Y que la concurrencia de razones imperiosas sólo podrá declararse para cada supuesto concreto: a) mediante una ley; b) mediante acuerdo motivado y público –por lo que a las Comunidades Autónomas respecta– del órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma.
A la vista de la norma autonómica cuestionada y de la doctrina constitucional (STC 203/2013) estima el Abogado del Estado que, aunque ninguna ley se encuentra vinculada por el principio de jerarquía respecto de una ley previa, lo cierto es que el legislador, tanto el estatal como el autonómico, no ha establecido una reserva formal de ley para la aprobación de los planes, ni ha determinado tampoco las razones o causas generales susceptibles de actualización al caso concreto, por las que la utilización de la ley resulta ser o puede llegar a ser la medida adecuada de aprobación. Así, pues, continua el Abogado del Estado «ante la falta de reserva material o formal de ley para la aprobación de, en este caso, primero el Plan ordenador y luego la Declaración misma de Parque Natural, debemos concluir con la doctrina constitucional general acerca de la viabilidad de las leyes singulares, que la utilización a tales efectos o fines, de esa clase de instrumento ordenador (la ley singular), resulta adecuada a la Constitución si dicha utilización obedece única y exclusivamente a una situación excepcional, pues el legislador se halla sujeto a los mismos límites constitucionales que el resto de leyes singulares que hayan sido dictadas en atención al supuesto de hecho excepcional que las justifica. Su canon de constitucionalidad es, como ya dijo la STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 11.a, la razonabilidad y proporcionalidad de la misma al supuesto de hecho (singular) sobre el que se proyecta. La ley singular sólo será compatible con el principio de igualdad cuando la singularidad de la situación resulte inmediatamente de los hechos, de manera que el supuesto de la norma venga dado por ellos y sólo quepa al legislador establecer las consecuencias jurídicas necesarias para alcanzar el fin que se propone».
En segundo lugar argumenta que se han incumplido los presupuestos procesales con vulneración de los arts. 24 y 117 CE, en la medida en que ha abierto artificiosamente un incidente de ejecución con la única finalidad de promover la cuestión de inconstitucionalidad. Con ello se estaría vulnerando «el derecho de esta parte al debido proceso como soporte de su derecho a la tutela judicial efectiva y, sobre todo del derecho a la seguridad jurídica». Entiende a este respecto que la sala proponente de la cuestión no se atiene a las normas de competencia y procedimiento que rigen el proceso, conducta procesal susceptible de ser enjuiciada por el Tribunal Constitucional «declarando la inconstitucional aplicación de las normas reguladoras del procedimiento con vulneración –por abuso– de los artículos 117.3 en relación con el 24 CE para concluir inadmitiendo la cuestión de inconstitucionalidad».
Estima también que en el presente caso realmente no existe un proceso abierto, ni siquiera ejecutivo, «toda vez que, como se ha dejado indicado, el proceso finalizó con la correcta expulsión del ordenamiento jurídico llevada a cabo por la sentencia que declaraba la nulidad del Decreto impugnado». Para el Letrado de la Junta «se utilizan las normas procesales con una finalidad opuesta a la perseguida por la CE y en ella consagrada. Y se hace doblemente al forzar un improcedente incidente de imposibilidad legal de ejecución sin respeto de ninguno de los presupuestos necesarios para su apertura y se vulnera frontalmente el proceso constitucional contenido en la LOTC para el procedimiento regulador de la cuestión de inconstitucionalidad al aparentar la existencia del presupuesto esencial para su promoción que en realidad ni existe ni puede existir».
Tampoco resultaría procedente la apertura de un incidente de ejecución por imposibilidad legal de ejecutar la Sentencia a raíz de la promulgación de la Ley 5/2010, por cuanto el incidente de ejecución de Sentencia ya había finalizado y lo que se hace es forzar la interpretación de las disposiciones de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa relativas a los incidentes de ejecución de sentencia, (arts. 105.2 y 109) «combinando la legitimación y el plazo reconocido en uno de ellos con el objeto al que se dirige el otro, con la única finalidad de dar cabida a la promoción de una cuestión de inconstitucionalidad a todas luces improcedente».
Además, se alega que no se ha justificado por el órgano judicial en qué medida la decisión sobre la ejecución de sentencia depende de la validez de la norma en cuestión, ni en la providencia de 14 de noviembre de 2013 ni en el Auto de 28 de marzo de 2014. Así, aprecia en la providencia el flagrante incumplimiento del necesario juicio de relevancia. Deficiencia que pretende ser suplida en el Auto de planteamiento, obviando que el juicio de relevancia ha de ofrecerse en la providencia por la que se da traslado para alegaciones a las partes. Tampoco en el mencionado Auto se realiza adecuadamente, pues «La Sala proponente no efectúa consideración alguna que permite al Tribunal Constitucional llevar a cabo su necesario control sobre el juicio de relevancia desde la perspectiva que se acaba de mencionar». A lo que añade que «Se ofrece además una redacción confusa e ininteligible de la conexión de lo que resuelva el Tribunal Constitucional sobre la Ley 5/2010 con la ejecución de la Sentencia que anulaba el Decreto 13/2006, donde la única conclusión clara a que puede llegarse es que se pretende, a través de la inadecuada vía del incidente de ejecución, obtener un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Ley que es irrelevante a todas luces en la Resolución que se dice pendiente de dictar sobre la imposibilidad legal de ejecutar».
En cuanto a las causas de inadmisibilidad de la cuestión señala, en primer lugar, la relativa a la vulneración de las formalidades esenciales del trámite de audiencia en el procedimiento a quo. Así, argumenta que la providencia por la que se abre el trámite de audiencia «no contiene ningún razonamiento argumental, aunque sea sucinto, en el que se expliciten las motivaciones que conducen al órgano judicial remitente a considerar que la ley cuestionada es aplicable al trámite de ejecución de sentencia del que está conociendo, y a conjeturar que su fallo pueda depender de la constitucionalidad de la Ley 5/2010». Tales carencias en la providencia habrían «dificultado sustancialmente a las partes conocer adecuadamente y alegar sobre los términos en los que se produce la duda de constitucionalidad del órgano juzgador». Un segundo defecto imputable a la providencia y determinante de la inadmisión de la cuestión o, al menos de la reducción de su objeto, sería el relativo a la falta de identidad entre los preceptos del bloque de la constitucionalidad invocados en la providencia y en el auto de planteamiento como presuntamente vulnerados por la Ley de Castilla y León 5/2010 cuestionada, en la medida en que el Auto alude al art. 45.4 de la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y de la biodiversidad, sin que la providencia haga referencia a ello.
Tampoco se entienden adecuadamente cumplidas las exigencias del juicio de relevancia, en la medida en que el Letrado de las Cortes de Castilla y León considera que «la resolución que haya de dictar la Sala promotora para resolver el incidente de ejecución no puede vincularse a que la ejecución de la sentencia en sus propios términos consista en hacer efectivos los fundamentos de aquélla, como establece el órgano judicial remitente cuando afirma que dicha ejecución conlleva la modificación del Plan de Ordenación por los mismos trámites observados para su aprobación, con la correspondiente evaluación de impacto ambiental, y con el objetivo de conservar y proteger los recursos naturales». La Ley 5/2010 hubiera sido relevante para el supuesto de que la misma hubiera pretendido convalidar o sanar actuaciones administrativas realizadas al amparo del Decreto 13/2006 anulado, pero tal cuestión hubiera debido suscitarse en un procedimiento distinto de éste, sin que pueda formularse ahora en una suerte de actuación preventiva del órgano judicial a quo.
Niega seguidamente que la Ley 5/2010 sea una ley singular autoaplicativa pues establece preceptos con naturaleza abstracta que pueden ser aplicados de manera indefinida sin agotar su eficacia, y que disponen también de la condición de la generalidad por la indeterminación de sus destinatarios. Por esta razón ninguna trascendencia tiene para determinar su constitucionalidad la doctrina respecto a las leyes singulares de esta condición, por lo que ha de descartarse la vulneración del art. 24.1 CE por este motivo. Tampoco es una ley singular desde el punto de vista de suponer un ejercicio excepcional de la potestad legislativa, ya que para ello no basta que responda a una situación excepcional. Para que la inconstitucionalidad concurra es necesario acreditar que la norma carece de una justificación objetiva y razonable y que es desproporcionada a la excepcionalidad de la situación que justifica su aprobación. En este caso la intervención del legislador en un ámbito habilitado al reglamento por la ley (la aprobación o modificación del plan de ordenación de los recursos naturales de un parque natural) no reviste la condición de un supuesto de hecho excepcional, pues la ley genérica de referencia (Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la Comunidad de Castilla y León) establece únicamente el procedimiento para la aprobación original de los planes de ordenación de los recursos naturales, pero no dispone nada acerca del procedimiento a seguir para su modificación, ni establece tampoco que la intervención del legislador sólo pueda acontecer en circunstancias excepcionales o singulares, ni impide que la norma legal incorpore previsiones que se contienen en el correspondiente al plan de ordenación de los recursos naturales.
Finalmente se alega que la Ley 5/2010 no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva pues «lo que ha hecho el legislador de Castilla y León es atribuir un nuevo régimen jurídico a un ámbito material anteriormente regulado en un reglamento, y lo ha hecho en el ejercicio normal de su potestad legislativa, a través de una regulación intrínsecamente general y sobre la que no se ha alegado ninguna tacha de inconstitucionalidad acerca de su contenido». Asimismo, la imposibilidad de atribuir a la ley cuestionada la vulneración del art. 24.1 CE impide considerar que vulnera el art. 117.3 CE.
En cuanto al fondo del asunto, señala que la norma legal imposibilita los efectos derivados del fallo de la Sentencia de 8 de enero de 2008 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo proponente de la presente cuestión de inconstitucionalidad, dado su rango normativo, lo que impide al órgano jurisdiccional adoptar medida alguna destinada a remover los obstáculos que imposibiliten su cumplimiento. Hace inviable el contenido de la resolución judicial, pues viene a reproducir el contenido de la normativa reglamentaria que había sido declarada nula por su incompatibilidad con el plan de ordenación de los recursos naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia) del parque natural. La Ley autonómica crea un nuevo marco normativo que afecta directamente al objetivo prioritario del plan de ordenación de los recursos naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia) del parque natural de conservar y proteger el espacio natural pues habilita la construcción de estaciones de esquí alpino prohibidas por el plan y de facto soslaya la normativa y las condiciones exigidas legal y reglamentariamente para la modificación del plan de ordenación de los recursos naturales, que es la norma básica para la protección, uso y gestión del parque. De esta manera, el legislador autonómico ha venido a sustituir al ejecutivo autonómico de la Comunidad de Castilla y León en su labor reglamentaria para llevar a cabo la reforma del plan de ordenación de los recursos naturales, subsanando la deficiente actuación administrativa.
Alude el escrito del Ministerio Público a la doctrina de la STC 129/2013, para después señalar que la Ley 5/2010 supone la adopción de decisiones materialmente administrativas por parte del legislador, pero esta cuestión no es determinante ya que ninguna ley está vinculada por lo que dispone una ley previa. En consecuencia, aunque inicialmente la competencia para la modificación del plan de ordenación de los recursos naturales por vía reglamentaria le es atribuida por la legislación autonómica a la Administración de la Comunidad Autónoma, las Cortes de Castilla y León gozan de libertad para legislar sobre cualquier materia y abordar su regulación aunque exista un mecanismo administrativo para su normación. Ahora bien, para el Fiscal General del Estado, la Ley 5/2010 reuniría los requisitos que la doctrina constitucional ha exigido para considerar que estamos en presencia de una ley singular puesto que «se ha dictado para un supuesto concreto propiciar la posibilidad de construcción de una estación de esquí alpino en San Glorio (León) en el Parque natural, aboliendo obstáculos normativos, como la prohibición contenida en el PORN del Espacio Natural de construir estaciones de esquí alpino y aunque esta derogación pueda propiciar la instalación, en el Parque de otras estaciones de esquí, la referencia expresa a dicho proyecto de estación de esquí no por ello aparece que la ley nace con vocación de generalidad». Concluye el Ministerio público que la Ley 5/2010 no respondería a circunstancias excepcionales de extraordinaria trascendencia y complejidad que imponen una actuación legislativa y que no son remediables a través de los instrumentos normales de los que dispone la Administración autonómica. Por ello, el Fiscal concluye que la aprobación de la Ley 5/2010 sólo persigue dar solución a una situación singular, propiciar la construcción de una estación de esquí alpino en San Glorio (León). Con esa actuación el legislador autonómico «ha vulnerado el art. 24.1 C.E. al eludir la efectividad de la sentencia de 8 de enero de 2008, cuya real ejecución del fallo ha venido a impedir».
Sostiene que la Ley 5/2010 supone la consagración legislativa de un texto normativo que había sido previamente declarado nulo por los Tribunales de Justicia, identidad de contenido entre la norma legal y el Decreto anulado que también fue señalado por el órgano judicial que plantea la cuestión. En cuanto a los concretos preceptos constitucionales que se consideran infringidos estima que la norma vulnera el art. 24.1 CE en relación con el art. 117.3 CE. Igualmente se considera vulnerado el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos del art. 9.3 CE, ya que la norma establece una regulación ad hoc para eludir la prohibición de instalaciones destinadas a la práctica del esquí alpino favoreciendo así determinados intereses privados. A las anteriores vulneraciones añade también las relativas al art. 23 CE, en cuanto que la tramitación legal habría eludido la información pública así como las del art. 14 CE, de las competencias estatales del art. 149.1. 23 CE, en concreto el apartado segundo del art. 21 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de matrimonio natural y de la biodiversidad y de los principios «de separación de poderes –al suponer una verdadera injerencia del poder legislativo en la Administración de Justicia–; de generalidad de la Ley –al tratarse de una Ley ad causam–; el de reserva de jurisdicción -al interferir el legislativo en las funciones jurisdiccionales-; el de jerarquía normativa –al vulnerar normativa básica estatal–; y el de control judicial de la actividad administrativa –al elevar lo que era un reglamento a rango de ley para evitar su fiscalización por la jurisdicción ordinaria–».
2. Los Letrados de la Junta y de las Cortes de Castilla y León han planteado óbices procesales determinantes, caso de ser apreciados, de la inadmisión de la presente cuestión por incumplimiento de las condiciones procesales. Por ello, y previo a cualquier enjuiciamiento de fondo, lo procedente es examinar tales objeciones, pues «no existe ningún óbice para realizar un pronunciamiento de inadmisión de una cuestión de inconstitucionalidad en la fase de resolución de la misma, esto es, mediante Sentencia, dado que la tramitación específica del art. 37.1 LOTC no tiene carácter preclusivo y cabe apreciar en Sentencia la ausencia de los requisitos, tanto procesales como de fundamentación, requeridos para el válido planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad» (por todas, STC 42/2013, de 14 de febrero, FJ 2).
En concreto, el Letrado de la Junta de Castilla y León sostiene que, en rigor no existe un proceso en cuyo seno se plantee la cuestión de inconstitucionalidad, ya que la Sentencia habría sido ejecutada mediante la Orden FYM/366/2012, de 16 de abril, por la que se dispone la publicación del fallo en el «Boletín Oficial de Castilla y León», de suerte que con su actuación, el órgano judicial estaría vulnerando los arts. 24.1 y 117 CE. En segundo lugar sostiene que la providencia omite el preceptivo juicio de relevancia, omisión que no puede ser subsanada en el posterior Auto, en el que, por lo demás, tampoco se realizaría adecuadamente. La representación procesal de las Cortes de Castilla y León plantea que se han incumplido los requisitos exigibles al trámite de audiencia en cuanto que la providencia no contiene referencia alguna a las razones por las que el órgano judicial entiende que la norma es aplicable al caso. A lo anterior añade que la providencia no menciona uno de los preceptos del bloque de la constitucionalidad que se entienden vulnerados, el art. 45.4 de la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural y de la biodiversidad. Una segunda causa de inadmisión sería la inadecuada formulación de los juicios de aplicabilidad y relevancia en el propio Auto, en cuanto que la Ley 5/2010 no sería de aplicación al incidente de ejecución en cuyo seno se ha planteado la cuestión.
a) Comenzando nuestro análisis por el primero de los óbices planteados por el Letrado de la Junta de Castilla y León, que considera que la cuestión no se ha planteado en el seno del debido proceso, basta para desestimarlo con constatar que tal proceso existe, ya que, como argumenta el órgano judicial, la cuestión se ha planteado en el seno de un incidente de los previstos en el art. 109 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), en el que lo que se plantea es si se ha producido la «total ejecución de la sentencia», a la que alude dicho precepto legal, en la medida en que la decisión de la Sentencia habría podido ser dejada sin efecto mediante la reproducción por el legislador autonómico de la regulación declarada nula, evitando así la efectividad de la decisión judicial. Así, en el incidente en cuyo seno se plantea la cuestión, se persigue asegurar el pleno cumplimiento de la conclusión alcanzada por la Sentencia de 8 de enero de 2008, en aras a la protección de la legalidad ambiental, evitando lo que, a juicio de las partes que lo instan, es una ejecución meramente aparente que tiene por finalidad sortear lo en su momento decidido por el órgano judicial, privándolo de virtualidad, para impedir precisamente que dicho control judicial sobre la preponderancia de los valores que determinaron la protección del espacio pueda llevarse a cabo, impidiendo así la aplicación de lo razonado por el Tribunal al resolver el litigio.
b) En cuanto a las denunciadas deficiencias sufridas en el trámite de audiencia, que ambas representaciones procesales vinculan a la ausencia en la providencia de apertura de dicho trámite de cualquier referencia acerca de la aplicabilidad y relevancia de la norma cuestionada al caso, procede advertir que, como recuerda la STC 166/2012, de 1 de octubre, FJ 3, «Para cumplir adecuadamente con el trámite previsto en el artículo 35.2 LOTC, el juez no está obligado a detallar cada uno de los extremos de la cuestión de inconstitucionalidad sobre cuya conveniencia pueden pronunciarse las partes. Basta ‘identificar mínimamente la duda de constitucionalidad (indeterminación relativa) ante quienes han de ser oídos, para que sobre la misma puedan versar las alegaciones, exigiendo en todo caso tal indeterminación relativa que las partes hayan podido conocer el planteamiento de la inconstitucionalidad realizado por el órgano judicial y, atendiendo a las circunstancias del caso, situarlo en sus exactos términos constitucionales y pronunciarse sobre él, de modo que se haga posible cumplir con total garantía la finalidad del trámite’ (por todas, STC 166/2007, de 4 de julio, FJ 6)».
Conforme a dicha doctrina el óbice no puede ser admitido pues, sin perjuicio de que, pese a lo que parecen entender ambos Letrados, los juicios de aplicabilidad y relevancia no han de exteriorizarse en la providencia sino en el Auto de planteamiento de la cuestión, es indiscutible que, en este caso, de la redacción de la providencia cabe deducir sin dificultad los motivos que conducen al juzgador a dudar de la constitucionalidad de la norma. De esta manera, como se ha expuesto en los antecedentes, las partes han podido conocer los términos de la duda de constitucionalidad planteada así como expresar su criterio sobre ella a fin de poner a disposición del órgano judicial «un medio que le permita conocer, con rigor, la opinión de los sujetos interesados con el fin de facilitar su reflexión sobre la conveniencia o no de proceder a la apertura de dicho proceso» (STC 121/2010, de 29 de noviembre, FJ 4). Que esto es así lo constata el hecho de que una objeción similar a la ahora examinada ya fue expuesta por la representación procesal de la Junta de Castilla y León en el trámite de audiencia siendo expresamente valorado por el órgano a quo en la fundamentación jurídica del Auto de planteamiento.
Finalmente, por lo que respecta a los óbices relativos al trámite de audiencia, teniendo en cuenta nuestra doctrina según la cual «es preciso que en el Auto de planteamiento de la cuestión no se introduzcan elementos nuevos que los sujetos interesados en el proceso no hayan podido previamente conocer ni, por ello, apreciar o impugnar su relevancia para el planteamiento de la cuestión, privándose así al órgano judicial de la opinión de aquéllos y no facilitándoles su reflexión sobre los mismos, pues ello es susceptible de desvirtuar el trámite de audiencia del art. 35.2 LOTC» (STC 222/2012, de 27 de noviembre, FJ 3), no puede sino compartirse la apreciación del Letrado de la Cámara autonómica en el sentido de que no puede formar parte del objeto de la presente cuestión la posible vulneración del art. 45.4 de la Ley estatal 42/2007, ya que dicho extremo no fue planteado a las partes en el trámite de audiencia y no tuvieron ocasión de pronunciarse sobre él.
c) En cuanto a la deficiente formulación en el Auto de los juicios de aplicabilidad y relevancia, no debemos olvidar que el art. 35 LOTC ha confiado el efectivo planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad prevista en el art. 163 CE al exclusivo criterio del órgano judicial cuando aprecie dudas razonables sobre la constitucionalidad de la norma aplicable al caso que deben resolver (por todas, STC 130/1994, de 9 de mayo, FJ 2). En este sentido, la aplicabilidad al caso de la norma cuestionada es, en principio, materia de legalidad ordinaria, atribuida a los órganos jurisdiccionales y, en este sentido, hemos afirmado que «la selección de las normas aplicables, así como el análisis de su vigencia y derogación, corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria de acuerdo con el art. 117.3 CE». De este modo, según nuestra doctrina, «el control por parte de este Tribunal de la selección de la norma aplicable sólo podrá producirse, en términos generales, si se ha tratado de una decisión arbitraria, manifiestamente irrazonable o si ha sido fruto de un error patente» (por todas, STC 82/2009, de 23 de marzo, FJ 6; y apuntando algunas otras circunstancias concretas, SSTC 90/1990, de 23 de mayo, FJ 4; 233/1991, de 10 de diciembre, FJ 4, y 126/1994, de 25 de abril, FJ 5). A este respecto no podemos ignorar el criterio seguido en recientes pronunciamientos constitucionales, en los que, ante situaciones análogas de previa denuncia del carácter dudoso y discutible de la aplicabilidad de la norma cuestionada en el proceso a quo, que es, en el fondo lo que se discute, hemos exigido un pronunciamiento específico del órgano judicial sobre la aplicación de la norma al caso, a efectos de garantizar que la resolución del litigio depende realmente de la solución que este Tribunal ofrezca sobre la constitucionalidad de la norma (por todas STC 18/2014, de 30 de enero, FJ 4 y las allí citadas). En el presente caso, dicha argumentación existe, pues el órgano judicial ha justificado in extenso, tanto la aplicación del cauce procedimental del art. 109 LJCA, como las razones por las que, a la vista de lo dispuesto en la norma que cuestiona, duda de la total ejecución de su fallo.
En el presente caso esta causa de inadmisión no puede prosperar. Baste decir a estos efectos que, como hemos señalado en diversas ocasiones, el control del juicio de relevancia que corresponde efectuar a este Tribunal no puede extenderse al examen del proceso mismo en que la cuestión se plantea ni al de los presupuestos procesales que le sirven de base, pues, como ya hemos advertido, por esa vía indirecta, se estaría resolviendo un problema de legalidad ordinaria –en este caso, la procedencia de un incidente de ejecución de los previstos en el art. 109 LJCA en cuyo seno se plantea la cuestión– para lo que este Tribunal carece de jurisdicción y de competencia [en un sentido similar SSTC 60/2013, de 13 de marzo, FJ 1 c), y 27/2012, de 1 de marzo, FJ 2 b)]. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el planteamiento de la cuestión es, en este aspecto, correcto, ya que, dependiendo –en la interpretación del Tribunal Superior de Justicia– la decisión del incidente ejecutorio de la validez de la Ley 5/2010 en la medida en que es preciso determinar su incidencia en la efectividad de lo previamente resuelto, concurren los presupuestos para el acceso ante la instancia constitucional a través del cauce de la cuestión de inconstitucionalidad. La resolución judicial que está en el origen del proceso a quo impide que la modificación del plan de ordenación de recursos naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia) para posibilitar un determinado uso en un parque natural se lleve a cabo en la forma prevista por la disposición que ha sido anulada por el órgano judicial. En efecto, como señala el Auto de planteamiento aludiendo a la propia Sentencia de la Sala así como a la posterior del Tribunal Supremo, el derecho de los promotores del incidente se concreta en la posibilidad de «impugnar cualquier acto o disposición reglamentaria que suprimiese la prohibición de estaciones de esquí alpino en el espacio natural protegido sin haberse modificado el Plan de Ordenación siguiendo los mismos trámites observados para su aprobación con la correspondiente evaluación de impacto ambiental y teniendo en cuenta que el objetivo prioritario del Plan no es otro que conservar y proteger los recursos naturales, su vegetación, flora, fauna, gea y paisaje». Dado que la cuestionada Ley 5/2010 presenta, prima facie, similar contenido que la anterior norma reglamentaria, el órgano judicial entiende que se interpondría en la completa ejecución del mandato judicial relativo a la forma adecuada de proceder a la modificación del plan de ordenación de recursos naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia), y que determinó la nulidad decidida en la Sentencia que ahora pretende ejecutarse. En ese sentido la Sala considera que «no es cierto que la ejecución de la sentencia se agote con la publicación mencionada, desde el momento en que al amparo del art. 103.4 LJCA podían los actores instar la declaración de nulidad de pleno derecho de aquellos actos y disposiciones reglamentarias encaminadas a eludir el fallo de la sentencia, lo que tienen vedado en este caso al haberse aprobado la modificación mediante norma con rango de Ley».
Del razonamiento del órgano judicial se desprende que el pronunciamiento de este Tribunal es necesario para resolver el caso sometido a su consideración, en la medida en que el incidente, relativo a «cuantas cuestiones se planteen en la ejecución» –en los términos del art. 109 LJCA– no puede resolverse sin antes despejar la duda de constitucionalidad planteada sobre la disposición legal, pues, como ha señalado también el Fiscal General del Estado, «de su validez depende la eficacia ejecutiva de la Sentencia de 8 de enero de 2008». Así ha dejado constancia de ello el órgano judicial en el Auto, al considerar que su Sentencia no ha sido totalmente ejecutada y exponiendo el nexo de subordinación entre la validez de la norma cuestionada y la resolución del incidente sometido a su consideración, sin que corresponda a este Tribunal reemplazar o sustituir a la Sala en esa valoración, pues la interpretación del sentido del fallo de las resoluciones judiciales es una función estrictamente jurisdiccional que, como tal, corresponde en exclusiva a los órganos judiciales.
Por lo demás, el planteamiento del órgano judicial se ajusta a la doctrina de este Tribunal dictada en relación con la denominada garantía de interpretación finalista del fallo, que infiera de él todas sus naturales consecuencias para la cabal ejecución de lo ordenado, interpretándolo de acuerdo con la fundamentación y con el resto de los extremos del pleito. Así, a la hora de valorar si los Autos judiciales de ejecución respetan o no la Sentencia de la que traen causa, tiene siempre en cuenta tanto el fallo como la fundamentación jurídica de la resolución judicial, hemos destacado que la interpretación y aplicación del fallo no ha de ser literal, sino finalista, en armonía con el contenido total de la Sentencia (STC 148/1989, de 21 de septiembre, FJ 4); de este modo, fallo, fundamentos de las partes, hechos debatidos y argumentos planteados en defensa de las posturas encontradas son manifestaciones de «una línea secuencial que une las alegaciones y pretensiones de la parte actora, con la fundamentación jurídica y argumentación que funda la Sentencia, para desembocar en el fallo y concretos pronunciamientos en ésta contenidos. La función jurisdiccional de decir el Derecho, presupuesto necesario de la ejecución, no permite una consideración aislada de cada uno de dichos momentos y actos procesales, sino que requiere su valoración unitaria y global, pues ésta es la que permite extraer, con mayor grado de certeza, el genuino alcance y significación de las determinaciones del órgano jurisdiccional y de los efectos jurídicos, de naturaleza formal o material, que deben producir aquéllas» (entre otras, SSTC 240/1998, de 15 de diciembre, FJ 3; 83/2001, de 26 de marzo, FJ 4; 146/2002, de 15 de junio, FJ 3, o STC 116/2003, de 16 de junio, FJ 3).
En este examen debemos atenernos a nuestra doctrina sobre la cuestión, sistematizada en la STC 203/2013, FJ 3, en la que señalamos la existencia de diversos tipos de leyes singulares. Así, aludiendo a los supuestos contemplados en las SSTC 48/2005, de 3 de marzo, y 129/2013, de 4 de junio, incluimos en esta categoría a la ley autoaplicativa, «término éste que hace alusión a las leyes que contienen una actividad, típicamente ejecutiva, de aplicación de la norma al caso concreto». Igualmente, citando el caso de la STC 166/1986, de 19 de diciembre, calificamos de ley singular aquella que lo es en atención a los destinatarios a los que va dirigida, indicando que tales leyes de destinatario único serían «otro de los supuestos que nuestra doctrina ha calificado como ley singular». Finalmente, con apoyo en la doctrina de la STC 129/2013, FJ 4, hemos señalado que son leyes singulares «"[a]quellas dictadas en atención a un supuesto de hecho concreto y singular, que agotan su contenido y eficacia en la adopción y ejecución de la medida tomada por el legislador ante ese supuesto de hecho, aislado en la Ley singular y no comunicable con ningún otro" (STC 166/1986, de 19 de diciembre, FJ 10), de modo que una ley que no fuera de destinatario único, ni autoplicativa, adolece de tal naturaleza si ha sido dictada en atención a un supuesto de hecho concreto, esto es, a una situación singular o excepcional».
Las modificaciones del plan de ordenación de los recursos naturales introducidas por la Ley 5/2010 consisten en: excluir de las limitaciones en el uso de aguas a las instalaciones de esquí alpino (art. 12.4); permitir la introducción condicionada de elementos artificiales o infraestructuras para la prestación de servicios como televisión, radio, teléfono o electricidad (art. 17.2); eliminar la prohibición de construcción de estaciones de esquí alpino, como directriz relativa a las actividades deportivas y recreativas que es posible realizar en el espacio natural (art. 23.3), así como la prohibición absoluta de su instalación que se permite en las zonas de uso limitado y uso compatible (art. 63.4); posibilitar, en una de las zonas calificadas como de especial fragilidad del espacio, la realización de movimientos de tierras, actividades extractivas o la instalación de infraestructuras que puedan alterar significativamente el paisaje previa su adecuada evaluación y adopción de las oportunas medidas de integración paisajística [art. 27 c)]; permitir excepcionalmente edificaciones de nueva planta en las zonas de más valor del espacio natural para el desarrollo de la actividad agraria o ganadera, con autorización de la administración del espacio natural y, previo sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, para usos de interés público vinculados al ocio porque se aprecie la necesidad de su emplazamiento en suelo rústico a causa de sus específicos requerimientos en materia de ubicación (art. 29.4) e incluir la construcción de instalaciones de esquí alpino entre las actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental (art. 47.8).
Resta por examinar si nos encontramos ante el último tipo de ley singular al que se alude en la STC 203/2013, FJ 3, que considera leyes singulares a las dictadas en atención a un supuesto de hecho concreto que es el que justificaría la utilización de la ley, en razón del supuesto de hecho que regula pues, en otro caso y pese a que «no cabe deducir de la Constitución la existencia de una reserva reglamentaria, de manera que el legislador no tiene vedada la regulación de materias que no le están materialmente reservadas», la regulación no precisa de norma de rango legal, por lo que la utilización de la ley no respondería al ejercicio normal de la potestad legislativa sino a una situación excepcional que ha de justificar el recurso a una norma de ese rango.
Esta forma de proceder se justifica en la existencia de «diferentes iniciativas de desarrollo económico y empresarial, derivadas de una creciente demanda social por las actividades de ocio, tiempo libre y disfrute en la naturaleza. Entre ellas, se han promovido varias iniciativas para el desarrollo de una estación invernal en la zona de San Glorio en León y sus inmediaciones en Palencia y Cantabria, que incluiría las instalaciones necesarias para la práctica de esquí alpino. Estas actuaciones permitirían, en el caso de que su evaluación ambiental fuera satisfactoria, una oportunidad de desarrollo de estos términos municipales, como ya ha ocurrido en otros territorios de España». Por eso, a solicitud de diferentes ayuntamientos y de las propias Cortes de Castilla y León se promueve la modificación legislativa ahora cuestionada con la finalidad de favorecer «la adopción de las medidas oportunas para permitir la evaluación ambiental de estas actividades, garantizando a través de este procedimiento su compatibilidad con la conservación de los valores que motivaron la declaración de esta zona como Parque Natural». En suma, a falta de una reserva material o formal de ley, la modificación del plan de ordenación de los recursos naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia) en los términos expuestos mediante la inclusión de siete nuevas disposiciones adicionales en la Ley 4/2000, lo ha sido en razón de la singularidad del supuesto de hecho al que se quiere atender, que no es otra que posibilitar, previa la tramitación correspondiente, el eventual emplazamiento de instalaciones destinadas a la práctica del esquí alpino en determinadas zonas del espacio natural protegido en la convicción de que con ello se contribuye al desarrollo económico de la zona.
Por tanto, como en el caso del último de los supuestos examinados en la STC 203/2013, FJ 3, debemos concluir que se trata de una ley singular, en tanto que dictada en atención al supuesto de hecho excepcional que la justifica. Basta constatar que no todos los usos, ni todas las modificaciones de los planes de ordenación de los recursos naturales requieren norma legal, sino solamente este uso y la modificación del plan de ordenación de los recursos de este parque natural. La consecuencia es que «el canon de constitucionalidad que habremos de aplicar es el establecido en la doctrina constitucional para las leyes de esta naturaleza, con las particularidades que derivan de las especiales características de este género de leyes singulares, que no son ni de destinatario único ni autoaplicativas», canon al que aludimos en la STC 129/2013, FJ 4 cuando concluimos que «el canon de constitucionalidad que debe utilizar este Tribunal al ejercer su función de control de este tipo de leyes es el de la razonabilidad, proporcionalidad y adecuación». Así pues, dada la naturaleza de ley singular de la norma cuestionada hemos de comprobar, en primer lugar, si el supuesto de hecho que contempla tiene una justificación objetiva y, de ser así, si la utilización de la ley es proporcionada a la excepcionalidad que se trata de atender y que ha justificado su aprobación (STC 203/2013, FJ 4).
Así, la exposición de motivos alude en primer lugar al deterioro en términos demográficos y económicos que sufren los municipios incluidos en este espacio natural, señalando el surgimiento de «diferentes iniciativas de desarrollo económico y empresarial», entre las que se mencionan las relativas al desarrollo de una estación invernal para la práctica de esquí alpino, lo que, a juicio del legislador supone, en el caso de que su evaluación ambiental fuera satisfactoria, una oportunidad de desarrollo de los términos municipales en los que ubique. En la medida en que tales iniciativas no tenían cabida en la normativa que rige el parque natural, que prohibía expresamente la construcción de instalaciones de esquí alpino, se promueve esta modificación, solicitada por diferentes ayuntamientos y por las Cortes de Castilla y León, a fin de responder a uno de los objetivos perseguidos con la declaración del parque natural, «la promoción del desarrollo socioeconómico de las poblaciones del Espacio Natural y la mejora de sus condiciones de vida, de forma compatible con la conservación de sus valores». Por ello, la norma considera necesaria la adopción de las medidas oportunas para la modificación de la normativa que impide el desarrollo de los proyectos de estaciones de esquí alpino, a fin de permitir la evaluación ambiental de estas actividades, como paso previo a su posible autorización.
En cuanto al carácter arbitrario de la norma en relación con la justificación ofrecida por el legislador, es clara nuestra doctrina que establece la necesidad de manejar dicha calificación con la necesaria prudencia de forma que la aplicación del art. 9.3 CE como canon de control del legislador no le impongan constricciones indebidas y se respeten sus opciones (por todas, STC 174/2013, de 10 de octubre, FJ 6). Así, al examinar un precepto legal impugnado, desde ese punto de vista, el análisis se ha de centrar en verificar si tal precepto establece una discriminación, pues la discriminación entraña siempre una arbitrariedad, o bien, si aun no estableciéndola, carece de toda justificación, lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad, sin que sea pertinente un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias» (por todas, STC 20/2013, de 31 de enero, FJ 8; con cita de la STC 196/2011, de 13 de diciembre, FJ 13).
Tampoco la regulación presenta peculiaridad sustantiva alguna con respecto a cualquier otra modificación de un instrumento de este tipo, que ya hemos visto que corresponde aprobar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Por último, no existe explicación alguna acerca de la prevalencia otorgada al desarrollo socioeconómico de los municipios que integran el espacio natural (objetivo básico, pero no prioritario de la declaración del parque natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, con arreglo al art. 2.4 de la Ley 4/2000), pues conforme a dicha norma el objetivo prioritario ha de ser «conservar, proteger y mejorar los recursos naturales, su vegetación, flora, fauna, gea, agua y paisaje, preservando la diversidad genética y manteniendo la dinámica y estructura funcional de los ecosistemas» (art. 2.1 de la Ley 4/2000).
No cabe entonces sino concluir, como en la STC 203/2013, FJ 8, que «la utilización de la ley no es una medida razonable ni proporcionada a la situación excepcional que ha justificado su aprobación, y por las mismas razones no satisface el segundo de los límites que la STC 166/1986, de 19 de diciembre, predica de las leyes singulares: "la adopción de Leyes singulares debe estar circunscrita a aquellos casos excepcionales que, por su extraordinaria trascendencia y complejidad, no son remediables por los instrumentos normales de que dispone la Administración, constreñida a actuar con sujeción al principio de legalidad, ni por los instrumentos normativos ordinarios, haciéndose por ello necesario que el legislador intervenga singularmente, al objeto exclusivo de arbitrar solución adecuada, a una situación singular. De aquí se obtiene un segundo límite a las Leyes singulares, que es, en cierta medida, comunicable con el fundamentado en el principio de igualdad, en cuanto que esa excepcionalidad exorbitante a la potestad ejecutiva resulta válida para ser utilizada como criterio justificador de la singularidad de la medida legislativa" [FJ 11 B)]».
8. Asimismo, atendiendo a las circunstancias del caso, es posible apreciar que la norma impugnada, en la medida en que reproduce casi miméticamente una regulación reglamentaria previamente declarada nula, vulnera el art. 24.1 CE. Este Tribunal ha afirmado reiteradamente que una de las proyecciones del derecho reconocido en el art. 24.1 CE es el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la efectividad otorgada por el Ordenamiento, lo que implica, de un lado, el derecho a que las resoluciones judiciales firmes se ejecuten en sus propios términos y, de otro, el respeto a su firmeza y a la intangibilidad de las situaciones jurídicas en ellas declaradas (SSTC 171/1991, de 16 de septiembre, FJ 3; 198/1994, de 4 de julio, FJ 3; 197/2000, de 24 de julio, FJ 2; 83/2001, de 26 de marzo, FJ 4, entre otras muchas). Así, en la STC 312/2006, de 8 de noviembre, ya señalamos «que podría producirse una lesión del art. 24.1 CE en aquellos supuestos en los que los efectos obstativos de una ley o del régimen jurídico en ella establecido para una concreta materia fuesen precisamente hacer imposible de forma desproporcionada que un determinado fallo judicial se cumpla, pues siendo indudable que la Constitución reconoce al legislador un amplio margen de libertad al configurar sus opciones, no es menos cierto que también le somete a determinados límites, entre ellos el que se deriva del art. 24.1 CE». Por tanto, señalamos en la misma Sentencia y fundamento jurídico que «no tiene cabida en nuestra Constitución aquella ley o el concreto régimen jurídico en ella establecido cuyo efecto sea el de sacrificar, de forma desproporcionada, el pronunciamiento contenido en el fallo de una resolución judicial firme. Si se quiere, dicho en otros términos, cuando de forma patente o manifiesta no exista la debida proporción entre el interés encarnado en la Ley y el concreto interés tutelado por el fallo a ejecutar. Pues en este caso, atendidas las características del proceso y el contenido del fallo de la Sentencia (SSTC 153/1992, de 3 de mayo, FJ 4, y 91/1993, de 15 de marzo, FJ 3), cabría estimar que tal Ley sería contraria al art. 24.1 en relación con los arts. 117.3 y 118 CE, al faltar la debida proporción entre la finalidad perseguida y el sacrificio impuesto (STC 4/1988, de 21 de enero, FJ 5)» (STC 73/2000, de 14 de marzo, FJ 11).
Ya hemos constatado que, aun cuando la Ley 5/2010 pueda encontrar justificación en una razón atendible, impone un sacrificio desproporcionado de los intereses en juego expresados en el pronunciamiento judicial que hace que el legislador haya superado los límites constitucionales que debe siempre respetar. En particular porque tales supuestos han de ser objeto de un escrutinio especialmente riguroso asentado sobre la interpretación más favorable al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes como parte integrante del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que se traduce en la «garantía de que el fallo se cumpla, impidiendo que las Sentencias y los derechos en ellas reconocidos se conviertan en meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna» (por todas, STC 223/2004, de 29 de noviembre, FJ 6, y las numerosas resoluciones allí citadas).
Voto particular que formula el Presidente, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, al que se adhieren los Magistrados don Pedro González-Trevijano Sánchez y don Ricardo Enríquez Sancho, a la Sentencia que resuelve la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1549-2014
Madrid, a cinco de marzo de dos mil quince.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Pedro González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.
DICTADA en la Cuestión 1549/2014 (Ref. BOE-A-2014-5041).
inconstitucional y nula la Ley 5/2010, de 28 de mayo, de modificación de la Ley 4/2000, de 27 de junio (Ref. BOE-A-2010-9353) y (Ref. BOE-A-2000-13439).

References: artículo 117
 artículo 37
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 35
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución