Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43557029
Timestamp: 2020-08-08 14:09:11+00:00

Document:
Sentencia de Constitucionalidad nº 019/93 de Corte Constitucional, 25 de Enero de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 43557029
Sentencia de Constitucionalidad nº 019/93 de Corte Constitucional, 25 de Enero de 1993
Dec. 2737/89. Codigo del menor. Art. 167, 169, 174, 182, 184, 187, 201 y 301. El menor infractor. Exequibles
V. EL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
Sentencia citada en: 115 sentencias, 12 artículos doctrinales, una disposición normativa
Sentencia C-019/93
Se inadmitió la demanda en lo que hace relación con el artículo 169, inciso primero, por no haberse integrado en debida forma la proposición jurídica, puesto que no se demandó también el artículo 277, numeral 13 del mismo Código, con el cual integra unidad normativa. Se consideró que un pronunciamiento sobre el primero resultaría inocuo, pues subsistiría el segundo.
PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Naturaleza/DEBIDO PROCESO/SENTENCIA CONDENATORIA/PREVALENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL
La doble instancia no pertenece al núcleo esencial del debido proceso, -pues la ley puede consagrar excepciones-, salvo cuando se trata de sentencias condenatorias, las cuales siempre podrán ser impugnadas. El concepto de "sentencia condenatoria" contradice la filosofía y naturaleza de la legislación de menores, a cuyo amparo, el juez puede imponerle medidas al menor infractor de carácter protector y pedagógico, pero nunca de naturaleza condenatoria. Sin embargo, si alguna de esas medidas es privativa de la libertad, podrá ser siempre impugnada a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, que, ha sido incorporada a nuestra legislación interna. Todo lo cual se reafirma, además, con el artículo 93 de la Carta, que establece que los tratados y convenios internacionales -ratificados por el Congreso- que reconocen los derechos humanos, prevalecen en el orden interno. El artículo 167 del Código del Menor habrá de entenderse en el sentido de que los procesos relativos a menores infractores de la ley penal son de única instancia, salvo en los casos en los que durante su transcurso o al final del mismo se tome una medida que, -si bien protectora o pedagógica-, sea privativa de la libertad. Dichas medidas podrán ser objeto de impugnación ante una instancia superior, sin perjuicio de los recursos de reposición que el mismo Código ya contempla.
DERECHOS DEL NIÑO/DEBIDO PROCESO PUBLICO
El derecho a un debido proceso público hace parte del núcleo esencial del debido proceso. Pero en caso de conflicto con los derechos de los niños, (como el derecho a un desarrollo armónico e integral), han de prevalecer estos últimos. La publicidad alrededor de un proceso de menores infractores, puede perjudicar de manera grave la vida, honra y buen nombre de los mismos, lo cual iría en contradicción con sus derechos constitucionales fundamentales prevalentes.
Cuando el Código del Menor habla de aprehensión, no se refiere a la figura de "detención preventiva" consagrada en la Constitución, sino al acto físico por el cual se restringe el derecho de locomoción del menor mientras se resuelve lo pertinente para su mejor protección. La "aprehensión" del dicho Código, y la "detención preventiva" de la Carta, son dos figuras totalmente distintas, razón por la cual, en principio, no podría haber contradicción entre una y otra. Pese a lo anterior, tales figuras son análogas en sus efectos.
DERECHOS DEL MENOR-Aprehensión
El artículo 184 del Código del Menor deberá interpretarse en el sentido de que los menores sean puestos a disposición del juez o autoridad competente el primer día hábil siguiente a la fecha de su aprehensión, siempre y cuando ese término no exceda las 36 horas contempladas en el artículo 28 de la Constitución Nacional. Si lo excediere, el menor deberá ser puesto a disposición de la autoridad permanente competente más cercana, para que este tome las medidas temporales que sean pertinentes, mientras su situación pueda ser conocida por un juez especializado de menores. El derecho que tienen los menores a un juez especializado, no puede aplicarse en detrimento del derecho que tienen a la libertad y a que se les resuelva su situación en los perentorios términos constitucionales. Todo lo cual lleva a la forzosa conclusión de que es urgente la creación de la figura de los jueces permanentes de menores.
CODIGO DEL MENOR-Edad
Cuando una persona ha cumplido dieciocho años, y comete una infracción penal, la medida de rehabilitación que se le hubiera impuesto cuando era menor cesará, se modificará o suspenderá, según el caso, pues esa persona, ha quedado ya a disposición de la justicia ordinaria, no le es aplicable el Código del Menor. No puede hablarse de doble juzgamiento, pues se trata de un hecho distinto a aquel que llevó a tomar, en un principio y a su favor, la correspondiente medida de rehabilitación. Desafortunadamente, en la norma se habla de dieciseis años y no de dieciocho. La jurisprudencia y la doctrina tienen establecido que se trata de un error de transcripción. Donde dice dieciseis debe leerse dieciocho, pues todo el sistema del Código está construído sobre la base de que son menores los que aún no han cumplido los dieciocho años. Ellos son inimputables para todos los efectos penales, razón por la cual mal podrían quedar a disposición de la justicia ordinaria antes de esa edad.
DERECHO A LA INFORMACION-Prevalencia
Entre los "derechos de los demás" está el derecho a la información y a la no censura. Que, si bien importantes en el Estado social de derecho, siempre deberán ceder cuando entren en conflicto con los derechos prevalentes y fundamentales de los niños y, en particular, con el derecho a la intimidad.
Ref: Proceso D-120
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 167, 169 (inciso primero), 174 (inciso primero), 182 (numeral tercero), 184, 187 (inciso final), 201 (numeral cuarto) y 301 del Decreto Extraordinario 2737 de 1989 "Código del Menor".
- El Estado y el menor
- La protección especial del niño
- La justicia de menores
- El Código del menor
- La doble instancia
- La intimidad del menor
E.E.A., C.J.E.A. y L.D.P.A..
Sentencia aprobada mediante Acta
Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y tres (1993).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-4 de la Constitución Política, los ciudadanos E.E.A., C.J.E.A. y León D.P.A. instauraron el 27 de Marzo de 1992, ante esta Corte Constitucional, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 167, 169 inciso primero, 174 inciso primero, 182 numeral tercero, 184, 187 inciso final, 201 numeral cuarto y 301 del Decreto Extraordinario 2737 de 1989 por el cual se expide el Código del Menor.
El seis de Julio de 1992, la Secretaría General de la Corte Constitucional envió el expediente al despacho del Magistrado Ponente, quien, en auto del 17 de Julio del mismo año, decidió inadmitir la demanda en lo que hace relación con el artículo 169, inciso primero, por no haberse integrado en debida forma la proposición jurídica, puesto que no se demandó también el artículo 277, numeral 13 del mismo Código, con el cual integra unidad normativa. Consideró que un pronunciamiento sobre el primero resultaría inocuo, pues subsistiría el segundo. Se admitió la demanda en relación con todos los demás artículos, por cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 2o del decreto 2067 de 1991.
Se ordenó la fijación en lista del negocio en la Secretaría General por el término de 10 días, para asegurar la intervención ciudadana a que se refieren los artículos 241 -1 de la Constitución Nacional y 7o, inciso 2o del decreto 2067 de 1991. Simultáneamente se envió copia de las diligencias al Despacho del señor P. General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, como en efecto lo hizo.
Se comunicó la iniciación del proceso al señor Presidente de la República; al Presidente del Congreso; a la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- ; al Defensor del Pueblo y a la Consejería Presidencial para la Mujer, el Niño y la Juventud.
El 28 del Julio de 1992, la Secretaría General de la Corte Constitucional informó que el término de ejecutoria del auto admisorio venció en silencio, razón por la cual el Magistrado Ponente, en auto de agosto 4 de 1992, decidió rechazar la demanda en lo que hace relación con el artículo 169 inciso primero, por cuanto dentro del término legal los demandantes no integraron en debida forma la proposición jurídica, pese al requerimiento que se les hizo en el auto de Julio 17. Se dió así aplicación al artículo 6o del decreto 2067 de 1991.
Las disposiciones impugnadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial No 39.080 del 27 de noviembre de 1989, son las que a continuación se transcriben. Se subraya en ellas lo que es materia de acusación parcial.
"DECRETO NUMERO 2737 DE 1989
(27 de noviembre de 1989)
"Por el cual se expide el Código del Menor.
"en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 56 de 1988 y oída la Comisión Asesora a que ella se refiere,
"TITULO QUINTO
Del menor autor o partícipe de una infracción penal
Artículo 167.- Los Jueces de Menores o los Promiscuos de Familia conocerán en única instancia de las infracciones a la ley penal en que intervengan como autores o partícipes los mayores de doce (12) años y menores de dieciocho (18) años, con el objeto principal de lograr su plena formación y su normal integración a la familia y a la comunidad.
Artículo 169.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 165, los Defensores de Familia conocerán de las infracciones a la ley penal en que intervengan como autores o partícipes los menores de doce (12) años, con la finalidad de ofrecerles la protección especial que su caso requiera y procurar su formación integral. También conocerán de las contravenciones en que intervengan como autores o partícipes los menores de dieciocho (18) años.11 Según como se explicó, en lo que toca con este artículo 169, la demanda fue rechazada.
Artículo 174.- Las actuaciones judiciales o administrativas a que se refiere el presente título serán secretas. En consecuencia, no podrán expedirse certificaciones de las diligencias practicadas durante el proceso.
Artículo 182. - En el proceso se investigará especialmente:
El estado físico, mental, edad del menor y sus circunstancias familiares, personales y sociales.
Artículo 184.- Los menores deberán ser puestos a disposición del Juez o autoridad competente el primer día hábil siguiente a la fecha de su aprehensión.
Antes de tomar cualquier medida, el Juez deberá en todos los casos entrevistar personalmente y en forma privada al menor, con el objeto de indagar su historia personal, su personalidad y las circunstancias socio-familiares que le rodean.
Artículo 201.- Las medidas de rehabilitación impuestas al menor cesarán, se modificarán o suspenderán:
Por haber quedado a disposición de la justicia ordinaria, en razón de una infracción penal cometida después de cumplida la edad de dieciséis años.
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION
Artículo 301.- En la transmisión o publicación de los hechos delictivos en los que aparezca involucrado un menor como autor, partícipe o testigo de los mismos, no se le podrá entrevistar, ni dar su nombre, ni divulgar datos que lo identifiquen o puedan conducir a su identificación
Esta misma prohibición se aplica a los casos en que el menor es víctima de un delito, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a establecer su identidad o la de su familia si ésta fuera desconocida. En cualquier otra circunstancia, será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
A continuación se transcriben los breves y concisos cargos de inconstitucionalidad que, contra las normas transcritas, hacen los demandantes:
"El artículo 167 del Código del Menor, en su expresión ´conocerán en única instancia de las infracciones a la ley penal´ atenta contra el derecho fundamental de toda persona a impugnar las sentencias condenatorias, derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional".
"El artículo 174 inciso primero del Código del Menor... presenta una violación al artículo 29 de la Constitución Nacional totalmente evidente, al prohibir que los procesados tengan derecho a un debido proceso público cuando dice "En consecuencia, no podrán expedirse certificaciones de las diligencias practicadas durante el proceso".
"El artículo 182 -3 ...es inexequible ... puesto que ... es contrario al artículo 42 de la Constitución Nacional en su principio sobre la inviolabilidad de la honra y la intimidad familiar, además, se investigan hechos que no pertenecen al acto que se le imputa al menor".
"El artículo 184 del Código del Menor, es contrario al artículo 28 inciso segundo de la Constitución Nacional porque el término que coloca del primer día hábil posterior a la captura del menor para ponerlo a disposición del juez competente, puede rebasar el término establecido por la Constitución Nacional para el mismo efecto, que es de 36 horas. También entorpece el derecho a la defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional....
"El artículo 187 inciso final del Código del Menor plantea que el juez puede entrevistar al menor en forma privada, lo que es contrario a lo expresado en el artículo 29 de la Constitución Nacional, cual es el derecho que tiene todo sindicado a la existencia de un abogado durante todo el proceso y a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas...
"El artículo 201-4... al considerar que el menor, pasa a ser juzgado por un juez ordinario suspendiéndole así la medida aplicada por el juez de menores o promiscuo de familia, por una infracción a la ley penal que también juzgará el juez ordinario. Viola así el artículo 29 inciso 4 de la Constitución Nacional que establece que la persona no podrá ser juzgada dos veces por el mismo delito.
"El artículo 301 del Código del Menor, al prohibir que los medios de comunicación publiquen los nombres de los menores está implantando una censura a los medios de comunicación, contradiciendo lo expresado en el artículo 20 de la Constitución Nacional que manifiesta la libertad de información y de recibir información veraz e imparcial y que también garantiza la no censura. La dignidad e integridad del menor está garantizada por la responsabilidad social de los medios de comunicación".22 Cfr. Folios 2 a 4. No se transcribe el cargo contra el inciso primero del artículo 169, porque en ese punto particular la demanda fue rechazada, por falta de integración de la proposición jurídica.
Según lo acredita el informe rendido por la Secretaría General, dentro del término de fijación en lista presentaron escritos de impugnación a las pretensiones de la demanda la directora del Instituto de Bienestar Familiar, (ICBF) M.R. de U. y el Defensor del Pueblo, J.C.T..
Intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar33 Cfr. Fls 33 a 43
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, opina que existen razones suficientes para justificar la constitucionalidad de todas las normas demandadas, así:
El artículo 167 del Código del Menor -que consagra la única instancia para los procesos en los que los jueces de menores o promiscuos de familia conocen de las infracciones a la ley penal en que intervienen como autores o partícipes los mayores de 12 años y menores de 18 ha sido modificado. En efecto, el artículo 37, literal d) de la ley 12 de 1991, ("por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989" ) le otorga al niño el derecho de "impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente". Debe entenderse que esa segunda instancia correspondería a las Salas de Familia de los Tribunales Superiores de los diferentes distritos judiciales, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
El artículo 174, que le otorga carácter secreto a las actuaciones judiciales o administrativas relativas a menores infractores de la ley penal y prohibe, por tanto, expedir certificaciones de diligencias practicadas durante el proceso, busca proteger, el interés superior del menor, como ya lo manifestó la Corte Suprema de Justicia, al conocer de la constitucionalidad del artículo 350 del mismo Código del Menor: salvaguarda los intereses morales del menor de los efectos posteriores de carácter social de la actuación judicial. Afirma que la reserva de las actuaciones forma parte del debido proceso en los casos de menores y, adicionalmente, se preserva el derecho a la intimidad consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
De la misma manera, el artículo 182-3 del Código del Menor, en el que se ordena investigar especialmente el estado físico y mental del menor, su edad y sus circunstancias familiares, personales y sociales, se explica por el carácter resocializador y rehabilitador del proceso de menores infractores. Por ese carácter, las medidas de protección deben cumplirse, en lo posible, en el medio familiar al cual pertenece el menor. La familia juega un papel fundamental en la responsabilidad de atender y supervisar a sus hijos. Si el medio familiar es nocivo para el menor, debe adoptarse una medida que lo aleje de ese medio. De ahí la necesidad de conocer adecuadamente ese entorno. En opinión de la directora del ICBF, constituye una investigación de carácter social que no viola ni el debido proceso, ni el derecho de defensa.
El artículo 184, por su parte, no contraviene el artículo 28, inciso 2 de la Constitución Nacional, ya que en cuanto la norma ordena que los menores sean puestos a disposición del juez o autoridad competente el primer día hábil siguiente a la fecha de su aprehensión persigue precisamente evitar que los menores sean conducidos a lugares no permitidos y que permanezcan en ellos por término indefinido con violación ostensible de sus derechos, como ocurría en el pasado. La norma pretende que los menores sean conducidos ante el funcionario competente para que este defina su situación, les garantice sus derechos constitucionales y procesales, y les procure una asistencia jurídica adecuada para su defensa. Se complementa con el artículo 16 del mismo Código, que prohibe la detención arbitraria.
La Doctora Ripoll de U. considera que el artículo 187, inciso final, que ordena al juez entrevistar en forma privada al menor, tampoco viola la Constitución. Pues -observa- que durante todo el proceso este se encuentra asistido por el defensor de familia y su apoderado, de modo que todo el tiempo se cumple el debido proceso; igualmente, los padres pueden intervenir en el proceso. El juez puede utilizar con provecho para el menor, además de la colaboración de los padres, la propia historia socio-familiar que en forma privada le manifieste el menor, máxime cuando éste pone de presente la influencia negativa de su familia o en ésta se observa una actitud hostil hacia el menor. El conocimiento de la personalidad, el ambiente, las normas morales y sociales que rigen su vida familiar, entre otros aspectos, se logra mediante un acercamiento íntimo y personal con el menor. Solo así se puede determinar la medida adecuada en cada caso.
Rechaza enfáticamente la afirmación de la demanda según la cual el artículo 201-4 consagra un doble juzgamiento. Afirma que todo el decreto se ocupa del procedimiento que se aplica a los mayores de 12 años y menores de 18 que sean autores o partícipes de una infracción a la ley penal y señala las medidas de protección tendientes a su rehabilitación.
La confusión que produce la edad de 16 años contenida en este artículo, ya fué objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia. Según esa jurisprudencia, de acuerdo con el sistema del Código, es menor el que aún no ha cumplido los 18 años, y por lo tanto, hasta esa edad es inimputable para efectos penales. Todas las normas del Código tienen completa y específica vocación de aplicabilidad hasta que el menor deje de serlo a los 18 años. Un examen del tránsito legislativo del decreto permite concluir inequívocamente que, por olvido, se dejó en esta norma la edad de 16 años, a pesar de que debió cambiarse a 18. Así debe entenderse. No es una excepción sino un error de transcripción, razón por la cual no hay doble juzgamiento.
Por último, la directora del ICBF afirma que el artículo 301 del Código del Menor, que prohibe entrevistar y dar el nombre de los menores en la transmisión o publicación de los hechos delictuosos en los que ellos aparezcan involucrados como autores, partícipes o testigos, no vulnera el artículo 20 de la Constitución Nacional. Por el contrario, dicho precepto protege el derecho a la intimidad del menor, consagrado en el artículo 44 de la Constitución Nacional. Los jóvenes son particularmente vulnerables y los efectos de su individualización como delincuentes son en extremo perjudiciales. De allí la importancia de protegerlos contra la divulgación de su nombre o identificación por los medios. Por lo demás, éstos perfectamente pueden cumplir su función social sin divulgar los nombres de los menores. La libertad de dar y recibir información no se ve afectada a nivel social, si se omite el nombre del menor autor de una infracción. La Corte Constitucional ha señalado que entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información, prevalece el primero.
Intervención del Defensor del Pueblo44 Cfr. Fls 44 a 49
El Defensor del Pueblo, Dr. J.C.T., estima que todos los artículos demandados son constitucionales, con fundamento en argumentos tales como los siguientes:
El artículo 167, referente a la única instancia en los procesos de menores, no es inconstitucional por cuanto el artículo 31 de la Constitución Nacional establece que "toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagra la ley " .El constituyente defirió en el legislador la posibilidad de establecer los procesos que pueden ser de única instancia. La jurisprudencia ha establecido que la doble instancia a través de apelación o consulta no es parte esencial del debido proceso, ni lo exige la Constitución. Así que no consagrar la doble instancia, no viola el debido proceso. Por otra parte, el derecho del sindicado a impugnar la sentencia condenatoria consagrado en el artículo 29 de la Carta, no se predica de los menores, sino de los procesos que involucran el poder punitivo del Estado, que son aquellos donde hay sindicados. Las sentencias de menores no hacen tránsito a cosa juzgada, deben ser revisadas permanentemente, y por ello no se viola el debido proceso.
El artículo 174, relativo al carácter secreto de las actuaciones judiciales o administrativas relacionadas con el menor infractor, protege su ámbito personal, sus intereses morales y su personalidad. Evita las consecuencias perjudiciales que del conocimiento de las actuaciones judiciales pueda derivarse, dado que su difusión y publicidad puede obstaculizar la integración del menor al medio, en condiciones favorables.
La investigación de las circunstancias familiares, personales y sociales, que ordena el artículo 182-3 del Código del Menor es, según el Dr. Córdoba, indispensable para establecer los posibles móviles de su conducta asi como los elementos familiares y comunitarios que pueden apoyar su rehabilitación. Para garantizarle una verdadera protección, es necesario estudiar su entorno social y familiar.
Aunque lo más conveniente sería que el menor fuera presentado en forma inmediata a la autoridad competente, en nuestro ordenamiento ello no es posible puesto que no existen jueces permanentes de menores. De ahí la constitucionalidad del artículo 184, pues con el se evita someter al menor a la justicia ordinaria, y se le proporciona la atención de un juez especializado. No se trata de una detención preventiva (pues esta figura no existe para los menores) y por lo tanto no viola el artículo 28 de la Constitución Nacional. Cuando la norma habla de "aprehensión", se refiere a la privación de la libertad en un primer momento, la cual debe hacerse en condiciones que garanticen la libertad del menor y obedece al tratamiento especial que éste requiere.
La entrevista privada que el juez debe hacerle al menor (art. 187, inciso final) obedece, según el Dr. Córdoba, a la necesidad de conocer todos los aspectos que han podido influir en su conducta. Hace parte del acercamiento que debe existir entre el juez y el menor dentro del marco de un derecho eminentemente tutelar, que le permite a aquel tener suficientes elementos de juicio para proferir una decisión protectora. Por ello, es constitucional.
El artículo 201-4, que establece que las medidas de rehabilitación impuestas al menor, cesarán, se modificarán o suspenderán por haber quedado a disposición de la justicia ordinaria, en razón de una infracción penal cometida después de cumplida la edad de 16 años, tampoco contradice la Constitución, pues en el Código del Menor se estableció como edad penal los 18 años, de manera que los menores de esta edad son considerados inimputables para efectos penales, sin que sea posible excluirlos de esta normativa antes de llegar a la mayoría de edad. Es evidente que la norma acusada presenta una incoherencia dentro del sistema del Código y se ha llegado a la conclusión de que por olvido se conservó la edad de 16 años en este artículo, a pesar de que para todos los efectos cambió a los 18 años. La disposición está en consonancia con todo el Código. En ningún caso puede entenderse que un inimputable menor de 18 años, puede ser sujeto de la justicia ordinaria. A pesar de la inconsistencia, no hay violación constitucional.
El Defensor del Pueblo termina afirmando que el artículo 301, (que prohibe la divulgación de los nombres o entrevistas a los menores infractores), busca proteger su intimidad y liberarlo de una estigmatización nociva para su imagen y desarrollo en sociedad, tanto si es autor como si es víctima. Debe primar el derecho a la intimidad del menor. Y los derechos de los niños prevalecen sobre otros derechos.
El Dr. C.G.A.P., P. General de la Nación, considera que el estudio de las normas demandadas debe hacerse principalmente a la luz del artículo 44 de la Carta Política, que consagra la protección constitucional de los derechos del niño. Desde esa perspectiva, procede a analizar la constitucionalidad de cada uno de los artículos demandados, así:
La única instancia para los procesos de los menores infractores (art. 167) es inconstitucional. Aun cuando el decreto busca despenalizar las infracciones de los menores, lo cierto es que las garantías y beneficios procesales de los mayores e inimputables adultos, son también aplicables a los menores puesto que de todas maneras, a estos se les hace un juicio de conducta, que puede culminar en un reproche y en la aplicación de una medida que -si bien no es pena- sin embargo puede implicar la privación de la libertad (Ej: libertad asistida y ubicación institucional). Hay en juego derechos fundamentales del menor consagrados en el artículo 44 de la Constitución Nacional. El artículo 167 demandado niega la posibilidad de que otro juez revise la sentencia que impone una medida a un menor, sin tener en cuenta que los jueces no son infalibles. La revisión que contempla otro artículo del Código del Menor (que permite modificar la sentencia o dejarla sin efectos porque estas no hacen tránsito a cosa juzgada) no impide la violación eventual del derecho, porque la revisión se hace con relación a las medidas impuestas y no al proceso mismo y al juicio de reproche. No podría, por ejemplo, revisar la tipicidad de la conducta o las causales de justificación. La revisión la hace el mismo juez que tomó la decisión, quien puede persistir en el error. El artículo viola, por lo tanto, el derecho a la igualdad, al debido proceso y los derechos fundamentales de los niños.
El carácter secreto de las actuaciones judiciales o administrativas relacionadas con el menor infractor, (art. 174, inciso 1) se explica porque la publicidad en este tipo de procesos puede perjudicar de manera grave e irremediable la vida, honra y buen nombre del menor. Con la norma se protege el interés superior del menor, como lo ha dicho ya la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Es infundado el cargo según el cual la investigación de las circunstancias familiares, personales y sociales del menor (artículo 182-3), desconoce el artículo 42 sobre inviolabilidad de la honra y de la intimidad familiar, pues si la finalidad de las medidas de rehabilitación es la protección, tutela y reeducación, es de crucial importancia conocer el medio familiar. El juez debe emplear todos los medios a su alcance para determinar cuáles son las circunstancias familiares que rodean al menor, ponderar la influencia que estas puedan tener en su comportamiento e imponer, de acuerdo a ello, la medida de rehabilitación más conveniente.
El artículo 184 del Código del Menor, que establece que los menores deberán ser puestos a disposición del juez o autoridad competente el primer día hábil siguiente a la fecha de su aprehensión, es inconstitucional. Cuando la Constitución habla de detención preventiva se refiere al hecho físico de la aprehensión que trae como consecuencia la pérdida de la libertad y el término constitucional de 36 horas no tiene excepciones. Es un mecanismo consagrado para evitar cualquier acto arbitrario de cualquier autoridad en contra del derecho a la libertad. De acuerdo a la norma demandada, si un menor es aprehendido en fin de semana con día festivo, puede permanecer hasta 80 horas sin ser puesto a órdenes de la autoridad competente, lo que violaría su derecho a la libertad. En el caso de los menores, la legislación debe ser cuidadosa en proteger sus derechos fundamentales, y ello no ocurre en el presente caso.
La entrevista privada (art. 187, inciso final), busca que en los procesos adelantados contra menores autores o partícipes de una infracción, exista siempre un contacto directo entre éstos y el juez del conocimiento para que al momento de tomar la decisión correspondiente, éste tenga mayores elementos de juicio relativos a su personalidad y a las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos, lo cual sólo puede obtenerse a través de la inmediación. No puede perderse de vista que la medida que se haya de imponer al menor tendrá un carácter eminentemente tutelar y de rehabilitación. El artículo 166, además, establece que el menor debe estar asistido por el defensor de familia, y se permite la intervención de los padres, razón por la cual no se viola el derecho de defensa.
Considera que hay cierta confusión en los demandantes en lo que toca con el artículo 201-4. Cuando la norma habla de infracción, debe entenderse que se trata de otra infracción diferente a aquella por la cual se le había impuesto la medida de rehabilitación. En consecuencia, no existe de doble juzgamiento. De otra parte, cuando el artículo habla de 16 años, debe leerse 18, de acuerdo a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. El artículo establece que las medidas de rehabilitación impuestas al menor cesarán, se modificarán o suspenderán cuando éste haya quedado a disposición de la justicia ordinaria por una infracción penal distinta a aquella que dió origen a dichas medidas, que hayan sido realizadas después de haber llegado a la mayoría de edad, es decir, siendo imputable. Por lo tanto, es constitucional.
La norma que prohibe las entrevistas y la divulgación de los nombres de menores infractores, testigos o víctimas, protege sus intereses superiores y, en particular su derecho a la intimidad, su honra y su buen nombre; todo con miras a que no se obstaculice la posibilidad de rehabilitación. Entre intimidad e información prevalece la primera porque es consecuencia de la dignidad humana, principio fundamental del Estado Social de Derecho.
Por dirigirse la acusación contra normas que forman parte de un decreto expedido por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias, compete a esta Corporación decidir sobre su constitucionalidad, conforme con lo ordenado por el artículo 241-5 de la Carta Política.
El Estado y el menor
La protección especial del niño y la prevalencia de sus derechos
Los dos principios mencionados han sido consagrados -bajo diferentes formulaciones- en varios instrumentos internacionales. Por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, cuyo principio 2o, es del siguiente tenor:
"El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fín, la consideración fundamental que se atenderá será el interés superior del niño".
Es bien sabido, de otra parte, que en el derecho internacional contemporáneo el interés superior del niño constituye el criterio fundamental para valorar la conformidad existente entre la legislación y las prácticas sobre menores con las obligaciones adquiridas por los países a través de diversos instrumentos.
La referida protección especial también figura en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre derechos del niño, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 10), así como en los estatutos y en los instrumentos de los organismos internacionales especializados que se ocupan del bienestar del niño.
Para los efectos del fallo es pertinente en grado sumo señalar que también la Convención sobre derechos del niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 recoge explícitamente ambos principios. Esta Convención constituye hoy ley de la República, a saber la N° 12 del 22 de enero de 1991.
Su espíritu y filosofía tutelar se traduce claramente en la mayor parte de sus normas. Así, por ejemplo, en el artículo 3o, el cual dispone:
" 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño.
" 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas que sean responsables de él ante la ley y con ese fín, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.
" 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada".
La importancia de adelantar todas las acciones necesarias para la efectividad de los anteriores principios y derechos se pone de presente cuando se repara en que:
"si se mantienen las presentes tendencias, el número de nacimientos anuales en el mundo alcanzará su cuota máxima en el año 2000 y empezará a disminuir a partir de esa fecha. La infancia de los años 90 constituirá, por tanto, la generación más numerosa jamás confiada a la humanidad. Y la actual generación de adultos será justamente juzgada por su manera de afrontar el reto de proteger la vida, el desarrollo, la educación y los derechos de esos niños"55 Cfr. G., J.. P. Estado Mundial de la Infancia 1991 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Los niños en la Constitución de 1991
Esta Corporación ha tenido oportunidad de connotar la finalidad protectora que caracteriza toda la legislación relativa a la infancia como quiera que ella se inspira en el claro propósito de asegurar su felicidad y desarrollo integral. Tal normatividad deben ser interpretada y aplicada en función de dicha finalidad. Al respecto ha dicho:
" La Constitución reconoce el valor y la fragilidad de los niños, y por ello consagra expresamente sus derechos fundamentales y la correlativa obligación familiar, social y estatal de prodigarles asistencia y protección (CN art. 44)
" La inclusión de los derechos fundamentales de los niños en la Carta Política es la culminación de una serie de desarrollos legislativos que apuntan todos a la misma finalidad de proteger a la infancia, garantizándole las condiciones mínimas para su integridad y felicidad. El Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por las leyes 30 de 1987 y 56 de 1988, expidió los decretos 2272 de 1989 y 2737 de 1989, por los cuales organizó la jurisdicción de familia y adoptó el Código del Menor, respectivamente. De otra parte, el Congreso de la República, mediante la ley 12 de 1991, aprobó la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
Sentencia de Tutela nº 451/11 de Corte Constitucional, 26 de Mayo de 2011
Sentencia nº 15.729 de Consejo de Estado - Sección Tercera, de 13 de Julio de 2005

References: artículo 169
 artículo 277
 artículo 93
 artículo 167
 artículo 184
 artículo 28
 artículo 241
 artículo 169
 artículo 277
 artículo 2
 artículo 169
 artículo 6

Artículo 167

Artículo 169
 artículo 165
 artículo 169

Artículo 174

Artículo 182

Artículo 184

Artículo 201

Artículo 301
 artículo 167
 artículo 29
 artículo 174
 artículo 29
 artículo 182
 artículo 42
 artículo 184
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 187
 artículo 29
 artículo 201
 artículo 29
 artículo 301
 artículo 20
 artículo 169
 artículo 167
 artículo 37
 artículo 174
 artículo 350
 artículo 42
 artículo 182
 artículo 184
 artículo 28
 artículo 16
 artículo 187
 artículo 201
 artículo 301
 artículo 20
 artículo 44
 artículo 167
 artículo 31
 artículo 29
 artículo 174
 artículo 182
 artículo 184
 artículo 28
 artículo 201
 artículo 301
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 167
 artículo 42
 artículo 184
 artículo 166
 artículo 201
 artículo 241
 artículo 3