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Timestamp: 2019-04-26 06:26:09+00:00

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Riesgos del trabajo, facultades jurisdiccionales y competencia
Se declara la inconstitucionalidad de la Ley 14997 -Provincia de Buenos Aires-, en cuanto adhiere al régimen legal instituido por la Ley 27348.
Causa nº 38953 - "Marchetti Jorge Gabriel c/ Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires s/ accidente de trabajo - acción especial" - TRIBUNAL DEL TRABAJO Nº 1 DE QUILMES (BUENOS AIRES) – 05/02/2018
“En concreto: las provincias no pueden desligarse de su facultad/deber de administrar justicia en sus respectivos territorios, ni adherir a invitación alguna en tal sentido a través de una simple ley, sin violentar la Constitución Nacional. Máxime cuando -como en el caso en tratamiento- tal adhesión no solo implica una renuncia de carácter general a dictar las normas de procedimiento, sino consentir incluso que sea la nación quien las sustituya en tal tarea a través de la actuación de un organismo administrativo como es la Superintendencia de Riegos del Trabajo.”
“Por todo ello, la Ley Provincial 14.997 en cuanto adhiere expresamente al régimen legal instituido por el Título I de la Ley 27.348, delegando en el poder administrador nacional su facultad jurisdiccional y la competencia que detenta en orden al dictado de la normativa procedimental aplicable, vulnera las imposiciones de los artículos 5, 75 inciso 12, 121 y 122 de la Carta Magna y, en suma, las bases de nuestro sistema federal de gobierno, por lo que no cabe otro camino a seguir que decretar su inconstitucionalidad.”
“(…) el Tribunal RESUELVE: 1°) Declarar la competencia del Tribunal para entender en la presente causa (artículo 2 Ley 11.653), la inconstitucionalidad de la Ley 14.997 y la consecuente inaplicabilidad al caso de autos de los artículos 1 a 4 de la Ley 27.348 y su modificación al artículo 46 de la Ley 24.557 y la inconstitucionalidad de los artículos 8 apartado 3, 21, 22 y 46 –en su texto original- de la Ley 24.557 y del Decreto 717/96 (…).”
En la ciudad de Quilmes, a los días 5 de Febrero de 2018, se reúnen en la Sala de Acuerdos los Señores Jueces que integran para esta oportunidad el Tribunal del Trabajo Nº 1 de ésta ciudad, Doctores Máximo Alberto Campanari y Horacio Andrés Casquero, con la Presidencia del Doctor José Facundo Rodriguez Ponte, a efectos de resolver en la causa Nº 38953, caratulada "MARCHETTI JORGE GABRIEL C/ FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL". Practicada la designación que determina el artículo 44 de la Ley 11.653 resultó el siguiente orden de votación: RODRIGUEZ PONTE- CAMPANARI- CASQUERO..
Así, ante tal situación, entiendo que, en ejercicio de la atribución constitucional que emana del artículo 31 de la Constitución Nacional (conf. doctrina causas S.C.B.A. L. 67.598 del 2-10-02 "Blanco" y L. 83.781 del 22-12-04 "Zaniratto" entre otras; y C.S.J.N. en causa B. 1160.XXXVI "Recurso de hecho. Banco Comercial de Finanzas S.A. del 19-8-04), y persuadido de que pesa sobre todos los jueces “el deber de transformarse en efectivos y eficaces defensores de la Constitución, declarando la invalidez de cualquiera sea la regla que vaya en contra de la Carta fundamental” (conf. voto del Dr. de Lazzari en la causa C. 98.802, "B., J. M. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", sent. Del 5/6/13), corresponde me avoque a controlar la constitucionalidad de la norma en cuestión.
Creo que la Ley 14.997 de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto acepta la "invitación" cursada por el Gobierno Nacional a través del artículo 4º de la Ley 23.748 y adhiere a la normativa prevista en los artículos 1 a 3 y en el apartado 1 del artículo 46 de la misma norma, resulta claramente inconstitucional.
La referida "invitación" se formula en los siguientes términos "Art. 4 - Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente Título. La adhesión precedentemente referida, importará la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 del presente y en el apartado 1 del artículo 46 de la Ley N° 24557 y sus modificatorias, así como la debida adecuación, por parte de los estados provinciales adherentes, de la normativa local que resulte necesaria".
Es decir que, no solo se trata de "adherir" expresamente sino de la implícita "delegación" en favor de la administración nacional, de "la totalidad de las competencias necesarias" de las cuales están constitucionalmente investidas las provincias.
En ese marco, el artículo 5 de la Constitución Nacional impone a las provincias asegurar la administración de justicia (además del régimen municipal y la educación primaria), como una de las funciones esenciales que hacen a su existencia misma como entes autónomos. No se trata de las facultades "no delegadas" previstas por el artículo 121 de la Carta Magna, sino de aquéllas que aparecen expresamente "reservadas" por los estados provinciales como atribuciones exclusivas y no delegables (Quiroga Lavié, Humberto, "Derecho Constitucional", Depalma, 1993, pág. 736 y siguientes).
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que: "El poder de policía de las provincias es irrenunciable y su pretendida delegación es extraña a las atribuciones del Poder Ejecutivo o de las legislaturas provinciales. Los poderes no delegados o reservados por las provincias no pueden ser transferidos al gobierno de la nación, mientras no lo sean por la voluntad de las provincias expresada en congreso general constituyente". (C.S.J.N. en autos "Giménez Vargas Hnos. Soc. Com. e Ind. c/Poder Ejecutivo de la Provincia de Mendoza", sent. del 9/12/1957, "Fallos", 239:343).
Desde la doctrina y en igual sentido, se ha sostenido que "las autonomías provinciales -y las atribuciones que en su mérito le competen- constituyen un principio indisponible de Derecho Público" (Spota, Alberto Antonio (h), "Aproximación al concepto de autonomía provincial a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", L.L. 2011-A, 902).
Asimismo y sobre este específico punto, en oportunidad de exponer ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Honorable Senado de la Nación, criticando la invitación contenida en el artículo 4 del entonces proyecto que luego se transformara en la Ley 27.348, el Dr. Rolando Gialdino, sostuvo que: "Se trata, en realidad, de una invitación constitucionalmente inadmisible pues induce a que los estados provinciales realicen actos claramente repudiados por los artículos 5, 75 inc. 12), 121 y 122 de la Constitución Nacional. Tiene juzgado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el célebre caso Jiménez [Giménez] Vargas que los poderes no delegados o reservados por las provincias no pueden ser transferidos a la nación en tanto no lo sean por la voluntad de las provincias expresada en Congreso General Constituyente. Además, esta inválida y grave delegación también menoscabará el derecho constitucional de toda persona a su juez natural" (Cfr. Versión taquigráfica de la Reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores de la Nación del 23/11/2016, publicada por la Dirección General de Taquígrafos).
El artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires garantiza -entre otros derechos-: "... la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia ...".
Entiendo que corresponde prestar una especial atención al término "irrestricto", el que de ninguna manera puede considerarse que ha sido utilizado al azar por los constituyentes provinciales. El mismo significa -según la Real Academia Española- "ilimitado", "que no tiene límites".
En una clara conceptualización, la Suprema Corte Provincial ha dicho que: "... de la enfática garantía del art. 15 de la Constitución de la Provincia en cuanto asegura la tutela judicial continua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia no puede desprenderse otra cosa que en cualquier ordenamiento procesal las reglas que fijan la competencia tienden ante todo a facilitar el objetivo que la ley sustancial procura y a posibilitar la actuación de las partes, no a complicarla o perturbarla..." (S.C.B.A. en causa C. 94.669, "Álvarez, Avelino y otra contra El Trincante S.A. y otros. Daños y perjuicios", sent. del 25/9/2013).
Así lo sostuvo el Máximo Tribunal Provincial al sostener que: “Conforme el imperativo mandato constitucional emanado del art. 75 inc. 23 de la Constitución de la Nación en cuanto exige promover medidas de acción positiva que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por ella y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de las personas con discapacidad, exige retirar los ápices procesales frustratorios de sus derechos (cfr. Preámbulo y arts. 1, 2, 3.a y e, 4.a, 5.3 y 4, 13, 28 y concs., CDPD; 1, 18, 31, 33, 75 incs. 22 y 23, Const. nacional; 15 y 36.5, Const. provincial; 355, 647 y concs., CPCC) (...) Cuando una persona discapacitada requiere el acceso a la justicia en defensa de su derecho alimentario procede la dispensa de todo valladar formal como mecanismo de promoción de la igualdad real de oportunidades a través del ajuste razonable de los procedimientos legales dirigidos a paliar la profunda desventaja social que aquélla padece y la efectiva tutela de sus derechos (arg. Preámbulo y arts. 1, 2, 3.a y e, 4.a, 5.3 y 4, 13, 28 y concs., Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -CDPD- y Protocolo facultativo, aprobados mediante ley 26.378)” (S.C.B.A. en causa C. 119.722 sentencia del 16/08/2017).
Entiendo que tal normativa viola (por los argumentos ya expuestos): los artículos 5, 18, 75 inciso 12, 92 inciso 2, 109 y 121 de la Constitución Nacional, los artículos 1, 15, 39 y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre (Bogotá 1948), el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica - 1969) y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Así la Excma. Suprema Corte Provincial se ha pronunciado por la invalidez constitucional de los artículos 21, 22 y 46 de la Ley 24.557, entre muchos otros, en los precedentes registrados como L. 75.708, "Quiroga" (sentencia del 23-IV-2003), L. 79.867 "Fernández" (sentencia del 21-VI-2006), L. 96.717 "Gutiérrez" (sentencia del 11/04/2007) y L. 94.232 "Clavijo" (sentencia del 25/02/2009).
Asimismo, dicha definición ha encontrado respaldo en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo in-re C. 2.605 XXXVIII "Castillo, Angel Santos c/ Cerámica Alberdi" del 7-IX-2004 y fue luego reafirmada por el Alto Tribunal en las causas "Paccetti, Daniel c/Duvi S.A. s/enfermedad"; "Serleto, Roberto c/Línea Expreso Liniers" y "González, Eduardo c/Duvi S.A. s/Enfermedad" (todas fechadas el 10 de mayo de 2005) entre muchas otras, y específicamente en autos “O. 223. XLIV. RECURSO DE HECHO Obregón, Francisco Víctor c/ Liberty ART” del 17/4/2012.
Resérvense en Secretaría las placas radiográficas acompañadas.
Fuente: elDial.com - AAA657
Riesgos cubiertos por las aseguradoras de riesgos del trabajo
Accidentes de trabajo: Cualquier acontecimiento súbito y violento que ocurra por el hecho o en ocasión del trabajo
Establécense los exámenes médicos en salud que quedarán incluidos en el sistema de riesgos del trabajo
Visto el Expediente N° 221. 545/16 del Registro de esta superintendencia de riesgos del
Convenio entre la superintendencia de riesgos del trabajo y el sindicato la fraternidad
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en adelante la srt, representada por su
Seguro general de riesgos del trabajo formulario de aviso de accidente de trabajo
Cámara de Apelaciones del Trabajo y Minas de 1a Nominación de Santiago del Estero
Autos: La Caja Aseguradora de Riesgos de Trabajo A. R. T. S. A. c. Barraza Dardo Alfonzo

References: artículo 46
 artículo 44
 artículo 31
 artículo 4
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 5
 artículo 121
 artículo 4
 artículo 15
 artículo 18
 artículo 10
 artículo 8
 artículo 14