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Timestamp: 2018-07-23 09:46:33+00:00

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Décima Época Semanario Judicial de la Federación 27675 1 de 1
Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco. Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sesión ordinaria correspondiente al veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete.
VISTOS, para resolver, los autos de la contradicción de tesis 8/2017, originada con motivo de la denuncia de contradicción presentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por la determinación tomada al resolver el recurso de queja **********/2017, y al estimar que lo ahí resuelto guarda contradicción con lo considerado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Circuito, al fallar en el recurso de queja **********/2017; y,
I. Antecedentes de la denuncia de contradicción de tesis. Mediante el oficio número **********, de tres de marzo de dos mil diecisiete (fojas 1 a 3), la Magistrada presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunció al Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por ese órgano de control constitucional, al resolver el recurso de queja **********/2017, de su índice; y, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Circuito, en el recurso de queja **********/2017.
El criterio del tribunal denunciante es que no es procedente otorgar la suspensión provisional del acto reclamado consistente en el bloqueo de las cuentas bancarias que reclama la parte quejosa.
El criterio del otro tribunal es que sí procede otorgar la suspensión provisional, pues con la negativa de dicha medida cautelar, se causarían daños a la parte quejosa, repercutiendo en el interés colectivo, ya que al no permitirle la disposición de los recursos que se encuentran en las cuentas que se aseguraron, se le impediría cumplir con sus obligaciones como patrón, tales como enterar cuotas de seguridad social, pago de nómina, impuestos, créditos bancarios, entre otros.
II. Trámite de la denuncia de la posible contradicción de tesis. Por acuerdo de siete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 24 a 25 vta.), el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis; proveyó, para la debida integración del expediente, que se solicitara a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano contendiente, para que informara si aún subsistía el criterio que sostuvo en el recurso de queja **********/2017, o en su caso la causa para tenerlo por superado o abandonado; y, se le requirió para que remitiera copia certificada correspondiente a la sentencia en la que sustentó dicho criterio, en virtud de que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Circuito, había adjuntado a su denuncia copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja **********/2017, del que derivó la denuncia.
En el propio acuerdo de admisión, se ordenó comunicarlo a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de que informara si existía alguna contradicción de tesis radicada en el Máximo Tribunal del País, que guardara relación con la temática planteada.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, respondió afirmativamente (foja 32), es decir, que el criterio que sustentó en dicho recurso de queja, se encontraba vigente, y remitió las copias certificadas de las constancias que le fueron solicitadas.
La coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante oficio CCST-X-118-03-2017, comunicó que de la consulta realizada en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión de las denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que el punto a dilucidar guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis, oficio que fue acordado mediante auto de presidencia de treinta de marzo de dos mil diecisiete (foja 74).
III. Auto de turno. Por auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 75), se turnó el asunto al Magistrado Óscar Naranjo Ahumada, integrante del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
Así en sesión extraordinaria de once de septiembre de dos mil diecisiete, el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, determinó por mayoría de votos desechar la propuesta del proyecto de tesis y, por ende, returnar el asunto para la reelaboración del proyecto de resolución correspondiente al Magistrado Juan Manuel Rochín Guevara.
IV. Auto de returno. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete (foja 93), se turnó el asunto al Magistrado Juan Manuel Rochín Guevara, integrante del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo;
PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis fue denunciada por la Magistrada presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; por tanto, dicha Magistrada cuenta con legitimación para denunciar la posible contradicción de los criterios contendientes, de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Criterios contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, por orden de su emisión, son las siguientes:
A) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de treinta de enero de dos mil diecisiete, resolvió, por unanimidad, el recurso de queja **********/2017 (fojas 33 a 61), interpuesto por la parte quejosa en el juicio de amparo de origen **********, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ejecutoria en la cual consideró, en la parte conducente, lo siguiente:
"VI.-Los agravios son sustancialmente fundados.
"En efecto, como lo alega la parte quejosa, este Tribunal Colegiado advierte que con la negativa de la suspensión provisional se causan daños a dicha parte, que repercuten en el interés colectivo, pues al no permitirle la disposición de los recursos que se encuentran en las cuentas que le fueron aseguradas, se le estaría impidiendo cumplir con sus obligaciones como patrón, entre ellas, enterar cuotas de seguridad social, el pago de la nómina, impuestos, créditos bancarios de cualquier tipo que hubiere contratado con anterioridad, así como el desarrollo de las actividades para las cuales fue creada.
"Además, el motivo por el cual se llevó a cabo el congelamiento de las cuentas, está fundado en el hecho de que las personas físicas ********** o ********** e ********** o **********, aparecen en la lista de personas bloqueadas que emite de manera confidencial la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita y para que los activos no puedan ser usados o transferidos para favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de cualquier delito de los previstos por el Código Penal Federal; y dichas personas, al tener relación con la empresa ahora recurrente, se entiende que tienen injerencia en el uso de los recursos contenidos en las cuentas aseguradas; sin embargo, no se tiene constancia alguna de que a la fecha la empresa quejosa sea la que aparece directamente en la lista de personas bloqueadas; por tanto, no procede que se le prive totalmente de sus recursos y se le impida hacer frente a las obligaciones a que se encuentra sujeta en su calidad de empleador.
"Al respecto, el Juez de Distrito consideró que, al conceder la medida suspensional, se estaría infringiendo lo establecido por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues se afectaría el orden público e interés social. El numeral es del texto literal siguiente:
"‘Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"‘I. Que lo solicite el quejoso; y
"‘II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público...’
"Al tenor del numeral transcrito, tenemos que, el actuar del juzgador para conceder la suspensión de los actos reclamados, se encuentra sujeto a que se cumplan los requisitos en él contenidos, esto es, que la medida debe ser solicitada por el quejoso y que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"Por su parte, conforme al artículo 129 de la ley de la materia, se establecen, de manera enunciativa y no limitativa, los casos en los que, de concederse la suspensión, se considera que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Al respecto, el Juez de Distrito, advirtió que era improcedente la concesión de la suspensión provisional, en virtud de que, conforme a lo manifestado por las autoridades responsables, se actualizaba la situación establecida en la fracción II del referido numeral, es decir, que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando la concesión de la suspensión, permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. Al respecto, el numeral dice:
"‘Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:
"‘III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos ...’
"Ahora, de las constancias que obran en autos, en concreto de las manifestaciones de la directora de Procesos Legales ‘A’ de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al momento de rendir su informe previo en relación a la demanda inicial, se advierte que el diez de noviembre de dos mil dieciséis, el director de Procesos Legales ‘B’ de la Dirección General de Procesos Legales, emitió el oficio **********, el cual se traduce en la materialización del acuerdo de bloqueo **********, dictado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y que en el referido oficio, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del Sistema SIARA (Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad), identificara entre otros a las personas mencionadas, como clientes o usuarios en el sector financiero y suspendiera de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con éste, imposibilitándole tanto la apertura de nuevas cuentas, como la cancelación de las vigentes, así como impedirle la disposición de los recursos que las cuentas bloqueadas contengan, con el fin de evitar que se siguiera cometiendo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto y sancionado por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, al cual recayó el folio **********; ello, en virtud de que las personas señaladas fungen como ‘representantes legales’ en las cuentas de la empresa recurrente **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, y de que ********** o **********, aparece además como ‘beneficiario’ de las mismas (fojas 71 a 76 del cuaderno incidental).
"De lo anterior se infiere, que de manera indiciaria, las personas que figuran en la lista de personas bloqueadas se encuentran identificadas por posible manejo de recursos de procedencia ilícita; sin embargo, al no contar con elementos probatorios que demuestren la comisión de un delito y acrediten que los recursos son de procedencia ilícita, y que además la empresa quejosa pudiera estar involucrada, no se le puede impedir hacer frente a sus obligaciones, pues dichas cuestiones son materia del estudio de fondo del asunto, que en su caso serán dilucidadas al momento de dictar la sentencia en el juicio principal, en donde se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, como lo es el acuerdo ********** reclamado, el cual se emitió con el fin de inhibir la comisión de delitos previstos por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
"Aunado a lo anterior, debe decirse que las medidas suspensionales no deben prejuzgar en forma alguna, las cuestiones sobre las que debe versar el estudio de fondo del asunto que en su caso lleguen a dictarse en el juicio de garantías del cual deriva el incidente de suspensión del que proviene la resolución reclamada, pues es obligación del juzgador, considerar la situación en concreto y dictar las medidas pertinentes para evitar que la parte que solicita la suspensión se vea perjudicada, procurando que tampoco se impida a las autoridades responsables continuar con sus investigaciones y cumplir con las obligaciones que la ley les confiere, como en el caso, para integrar su investigación de manera adecuada y en todo caso proceder como corresponda.
"Además, como enseguida se verá, no se considera que al conceder la medida provisional, se impida a las autoridades responsables acatar lo que disponen el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el diverso 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que dicen:
"Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"‘Artículo 15. Compete a la Unidad de Inteligencia Financiera:
"‘X. Recibir y recopilar, en relación con las materias a que se refiere este artículo, las pruebas, constancias, reportes, documentación e informes sobre las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita e integrar los expedientes respectivos;
"‘XI. Coordinarse con las autoridades fiscales para la práctica de los actos de fiscalización que resulten necesarios con motivo del ejercicio de las facultades conferidas conforme al presente artículo;
"‘XIII. Denunciar ante el Ministerio Público de la Federación las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, allegándose los elementos probatorios del caso;
"‘XIV. Coadyuvar, en su caso, con las autoridades competentes, en representación de la secretaría, en los procesos penales relativos a las conductas a que se refiere la fracción anterior de este artículo;
"‘XV. Coordinar el seguimiento de las denuncias formuladas por esta unidad, desde su presentación y, en su caso, hasta el ejercicio de la acción penal, así como de los reportes de análisis de operaciones presentados ante la autoridad competente ...’
"Ley de Instituciones de Crédito
"‘Artículo 115. ...
"‘Las instituciones de crédito, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a:
"‘I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo código, y
"‘II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre:
"‘a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y
"‘b. Todo acto, operación o servicio, que realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas.
"‘Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción I de este artículo.
"‘La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión ...’
"Como se desprende de los numerales transcritos, compete a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que aquí interesa, recibir y recopilar pruebas, constancias, reportes, documentación e informes sobre las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita e integrar los expedientes respectivos; coordinarse con autoridades fiscales para la práctica de actos de fiscalización; denunciar ante el Ministerio Público de la Federación, las conductas que pudieran tener relación con la comisión de delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita; así como coordinar el seguimiento de las denuncias formuladas por esa unidad.
"Por su parte, el diverso numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que las instituciones de crédito están obligadas a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que se encuentren relacionadas con la comisión de delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del articulo (sic) 400 Bis del mismo código; entre otros. Asimismo, establece que las instituciones crediticias deberán suspender de forma inmediata cualquier acto, operación o servicio con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá carácter de confidencial. Dicha lista tendrá como objetivo prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos del Código Penal Federal antes mencionados; además, establece que la obligación de suspensión dejará de surtir efectos únicamente cuando la secretaría elimine de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión.
"Analizado todo lo anterior, este Tribunal Colegiado, considera que si bien la sociedad se encuentra interesada en que las autoridades cumplan con las obligaciones que por ley les corresponde y acaten sus funciones en beneficio de la colectividad y más aún cuando éstas vayan encaminadas a evitar la comisión de delitos o su continuación, también es de interés colectivo, que mientras no exista una resolución emitida por autoridad competente en la que se determine que están acreditados los extremos necesarios para la configuración de un delito, los patrones y sujetos obligados deben cumplir con sus obligaciones, entre ellas, realizar el pago de nómina a sus trabajadores, al cual tienen derecho por disposición constitucional, conforme a lo que dispone el artículo 123 constitucional.
"En esas condiciones, se revoca la resolución recurrida y se concede la suspensión provisional a **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, para el único efecto de que, las autoridades responsables ordenen a las instituciones bancarias respectivas, el destrabe o descongelamiento de las cuentas bancarias **********, **********, **********, ********** de **********, **********, **********, **********, así como la diversa ********** de **********, **********, **********, únicamente para que se le permita a la quejosa realizar el pago de cuotas de seguridad social, impuestos, nómina o créditos bancarios que haya contratado con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, así como para la compra de insumos y todo aquello que sea necesario para su funcionamiento con el fin de cumplir el objeto social para el cual fue creada, movimientos que deberán efectuarse exclusivamente a través de transferencias electrónicas identificadas, así como la disposición en efectivo de la cantidad máxima de $********** (**********) mensuales, con el fin de solventar sus gastos corrientes y realizar las actividades que como empresa le corresponden.
"En el entendido que no podrá expedir cheques a favor de persona alguna y tampoco podrá disponer del resto de los fondos contenidos en las cuentas sujetas a aseguramiento para otros fines, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva.
"Ello, con el objeto de mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que los actos se consumen de manera irreparable y se haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitándole perjuicios de difícil o imposible reparación que la ejecución de los actos pudieran ocasionarle durante el tiempo que esté vigente la presente medida.
"La suspensión surte sus efectos desde luego, siempre y cuando los actos reclamados obedezcan a los antecedentes narrados en la ampliación de demanda de garantías y que dichos actos provengan de las autoridades señaladas como responsables; empero dejará de hacerlo si los actos reclamados derivan de la existencia de créditos fiscales determinados o, si de concederse, se permitiera la consumación o continuación de un delito o sus efectos, que se encuentre debidamente acreditado.
"Sin que con la anterior determinación se estén dando efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en su caso conceda el amparo y protección de la Justicia Federal; pues únicamente se le está permitiendo a la recurrente el uso limitado de los recursos con los que cuenta para realizar actividades legales, como el cumplimiento de sus obligaciones, que como patrón o sujeto obligado le corresponden, mientras dure la vigencia de la presente medida y con el fin de evitar mayores daños y perjuicio que los que se pretenden evitar, con lo cual no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.
"Por último, no es aplicable al caso en concreto, la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro:
"‘CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. AUN CUANDO EL QUEJOSO DESCONOZCA ESE ACTO O SUS MOTIVOS, ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN CON EFECTO RESTITUTORIOS EN SU CONTRA.’; toda vez que, lo contenido en dicha tesis parte de un supuesto distinto, relativo a cuando la quejosa está en la lista de personas bloqueadas, mediante acuerdo emitido por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; caso en el que no podrá disponer ampliamente del dinero depositado en la cuenta bancaria que defiende, en beneficio del interés social; porque con dicha limitante lo que se pretende es proteger el sistema financiero mexicano, a través de las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita."
B) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión de quince de febrero de dos mil diecisiete, resolvió, por unanimidad, el recurso de queja **********/2017 (fojas 4 a 23), interpuesto por la parte quejosa en el juicio de amparo de origen **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ejecutoria en la cual consideró, en la parte conducente, lo siguiente:
"SÉPTIMO.-Los agravios hechos valer son infundados.
"Como el juzgador federal precisó inicialmente y se desprende de la ampliación de la demanda de amparo, la suspensión se solicitó para que no se ejecutaran el oficio ********** y el acuerdo **********, ambos emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con ello se permitiera que las instituciones bancarias responsables estén en posibilidad de realizar operaciones, actos o servicios con la agraviada o con personas no indicadas en la lista que actúen en su representación, en vinculación con las cuenta bancaria **********, de la institución **********, **********, **********, y así poder disponer de los recursos económicos para afrontar sus obligaciones frente a terceros.
"En el auto recurrido, el Juez negó la suspensión provisional de los actos reclamados consistentes en la inconstitucionalidad del artículo 15, párrafos noveno y décimo, de la Ley de Instituciones de Crédito, así como el capítulo XV de las discusiones de carácter general y el acuerdo ********** de **********, al estimar que les revestía el carácter de consumados, y en relación a las consecuencias jurídicas de dichos actos, negó la medida cautelar, al no cumplirse el requisito establecido en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que de otorgarse, se atentaría contra disposiciones de orden público y se alteraría el interés social, ya que la orden de inmovilización de las referidas cuentas bancarias obedece a una orden de bloqueo emitida por escrito y por autoridad en cumplimiento a las obligaciones que la ley respectiva le marca, al haber detectado actividades irregulares que pudieran constituir un delito, de tal manera que de concederse la suspensión se permitiría la consumación o continuación de conductas que constituyen, derivan o son producto de delito y la continuación de actividades prohibidas por la ley.
"En los agravios la parte quejosa recurrente manifiesta, en lo medular, que el Juez de Distrito actuó en contravención a lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que de concederse la medida cautelar solicitada no se contravendrían disposiciones de orden público, ya que si bien la materia que nos ocupa está relacionada con un lavado de dinero, con ello no se impediría su continuación, ni que las autoridades responsables siguieran investigando o previniendo conductas vinculadas con tal situación, pues del contenido del acto reclamado, se aprecia que se incluyó en la lista de personas bloqueadas a dos personas físicas y una empresa que no son la quejosa; sin embargo, como una de éstas es apoderado de la agraviada, se suspende cualquier acto, operación o servicio para la quejosa, cuando lo que en su caso resulta procedente es permitirle realizar operaciones por conducto de cualquier apoderado diverso.
"Como se anticipó, son infundadas estas alegaciones.
"Para sustentar lo anterior, en primer término, conviene tener presente el contenido de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 138, 139 y 150 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente:
"‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.-Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 128
 artículo 129
 artículo 400
 artículo 400
 resolución 
 artículo 15
 artículo 400
 resolución 
 artículo 123
 resolución 
 artículo 15
 artículo 128
 artículo 128
 artículo 103