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Timestamp: 2020-08-11 07:29:34+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2004-01810/41329 DE FEBRERO 14 DE 2018
SENTENCIA 2004-01810 DE 14 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL NO SON SUFICIENTES, POR SÍ SOLOS, PARA AFECTAR EL DERECHO A LA PROPIEDAD SOBRE LOS PREDIOS AFECTADOS CON EL CORRESPONDIENTE ACTO ADMINISTRATIVO. DEBIDO A SU CONTENIDO EMINENTEMENTE PROGRAMÁTICO, LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL NO SON SUFICIENTES, POR SÍ SOLOS, PARA AFECTAR EL DERECHO A LA PROPIEDAD SOBRE LOS PREDIOS AFECTADOS CON EL CORRESPONDIENTE ACTO ADMINISTRATIVO, Y QUE CORRESPONDE A LOS PARTICULARES TITULARES DE ESE DERECHO DE DOMINIO LLEVAR A CABO LOS USOS QUE CONSIDEREN PERTINENTES DENTRO LOS LINEAMIENTOS DE DESARROLLO PLASMADOS EN EL RESPECTIVO PLAN. SIN EMBARGO, PESE A SU CARÁCTER PROGRAMÁTICO, EL POT ES UN NEGOCIO JURÍDICO UNILATERAL DE LA ADMINISTRACIÓN QUE, PUEDE SER CALIFICADO COMO UN ACTO ADMINISTRATIVO, Y EN ESTE SENTIDO, CUANDO ACTOS DE ESE TIPO PRODUCEN DAÑOS QUE NO DEVIENEN DE LA SUPUESTA ILEGALIDAD DE AQUÉLLOS, ES POSIBLE PROMOVER LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA PARA BUSCAR EL RESARCIMIENTO DE LOS PERJUICIOS, SIN QUE NECESARIAMENTE TENGA QUE ALEGARSE LA INVALIDEZ DE LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DE LA ADMINISTRACIÓN. POR TANTO, PARA EFECTOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA RELACIONADA CON LA SUPUESTA AFECTACIÓN A BIENES INMUEBLES POR VIRTUD DE LA EXPEDICIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, NO ES RELEVANTE LA CONDICIÓN DE PROPIETARIO O POSEEDOR AL MOMENTO DE LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA, PUES LO IMPORTANTE ES DEMOSTRAR ESAS CALIDADES AL MOMENTO EN QUE, SE CAUSÓ EL DAÑO CUYO RESARCIMIENTO SE PERSIGUE. ADEMÁS, FRENTE AL TEMA DEL ROMPIMIENTO DE LAS CARGAS PÚBLICAS POR LA MODIFICACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO POR LA EXPEDICIÓN DE NUEVOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, HA DICHO LA CORTE CONSTITUCIONAL QUE, AUNQUE NO LE ES DABLE AL PROPIETARIO DEL INMUEBLE OPONERSE A LA POLÍTICA PÚBLICA PUES PREVALECE EL INTERÉS GENERAL SOBRE EL PARTICULAR, SÍ TIENE DERECHO PEDIR LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS QUE SE CAUSEN POR LA ALTERACIÓN DE LAS CARGAS PÚBLICAS QUE NORMALMENTE DEBEN SOPORTARSE EN CONDICIONES DE IGUALDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ACTO ADMINISTRATIVO, UTILIZACIÓN DEL SUELO, DERECHO A LA PROPIEDAD
Sentencia 2004-01810/41329 de febrero 14 de 2018
Rad.: 25000-23-26-000-2004-01810-01
Exp.: 41329
Actor: José Antonio Di Terlizzi Trujillo y otros
7. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso que, por su cuantía (fl. 5, cdno. 1)(2), tiene vocación de doble instancia.
8. Junto con la demanda, y en diferentes momentos del litigio, fueron allegados varios documentos en copia simple y, además, se arrimó el informe técnico elaborado por peritos avaluadores adscritos a la Cámara de Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, que es una entidad privada contratada para los aludidos efectos por la parte demandante. En relación con los aludidos medios de convicción, es necesario efectuar las precisiones que pasan a mencionarse.
8.1. En lo tocante con las copias simples, la sala considera que podrán ser apreciadas de acuerdo con el criterio establecido por la Sala Plena de Sección Tercera, quien dijo que cuando las reproducciones no autenticadas han obrado en el plenario a lo largo del proceso, y han sido susceptibles de contradicción por las partes sin que estas las tacharan de falsas, pueden ser apreciadas y son idóneas para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues de lo contrario se desconocería el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, y también el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, lo que a su vez iría en contra de las nuevas tendencias del derecho procesal(3). Tal postura ha sido mantenida también por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo(4).
8.2. De otra parte, en relación con el informe técnico privado aportado por la parte actora, considera la sala que, en aplicación del criterio jurisprudencial recientemente adoptado por la Subsección B de la Sección Tercera(5), dicho medio de convicción es admisible y valorable, pues así lo establecen el artículo 10 de la Ley 446 de 1998(6) y el numeral primero del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991(7).
8.2.1. Al respecto, el texto del artículo 10 de la Ley 446 de 1998, que es idéntico al del numeral primero del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991, es el siguiente:
8.2.2. En contra de la posibilidad de valorar el peritaje aportado por uno de los sujetos procesales, podría argumentarse que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, los dictámenes o conceptos de expertos aportados por las partes, deberían tenerse como un mero alegato de estas. El texto de dicha previsión normativa es como pasa a citarse:
“ART. 238.—(…) Para la contradicción de la pericia se procederá así:
7º. Las partes podrán asesorarse de expertos, cuyos informes serán tenidos en cuenta por el juez, como alegaciones de ellas.
8.2.3. No obstante, en relación con la interpretación de dichas previsiones normativas, se refiere la postura manifestada por el procesalista Hernán Fabio López Blanco, quien sostiene que el Decreto 2651 de 1991 y la Ley 446 de 1998 efectuaron una derogación tácita de lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, de tal forma que el concepto de expertos aportado por algún interviniente procesal puede ser valorado como un medio de convicción, y no solo como un mero alegato. Dice el mencionado autor:
4.7. Lapruebapericialpracticadaunilateralmenteporlaspartes
El artículo 10 de la Ley 446 de 1998 dispone en su numeral 1º que: “Cualquiera de las partes, en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios producidos por instituciones o profesionales especializados. De existir contradicción entre varios experticios, el juez procederá a decretar el peritazgo correspondiente” con lo cual se mantiene, pues realmente la disposición se inició en el Decreto 2651 de 1991, la posibilidad de lograr dictámenes periciales a instancia de una de las partes y poderlos hacer valer en el proceso como tales.
La importancia de esta norma está en que se abre un nítido camino para que lo que constituye eminentemente una prueba pericial se haga valer dentro del proceso como tal y no, como estaba sucediendo, se le pretenda disfrazar bajo el manto del denominado testigo técnico o como si fueran parte de los alegatos de conclusión, lo que se daba precisamente por lo estrecho de la normatividad en materia de decreto y práctica de la prueba pericial.
Con la modificación que se comenta, cada parte puede acudir a los expertos técnicos, científicos o artísticos provenientes de “instituciones o profesionales especializados”, en busca de que se emita un dictamen pericial respecto de determinados aspectos que requieren de esta prueba y como dictamen pericial se portan al proceso.
No se trata, como pudiera inicialmente suponerse, de buscar al experto para que diga lo que se acomode con nuestro particular interés, sino de solicitarle sus servicios para que de manera imparcial haga el trabajo y llegue a conclusiones que responden con la realidad, igual a como hubiera sucedido si el experticio se hace dentro del proceso, aspecto que dará al empleado las bases de seriedad y convencimiento adecuadas para que pueda ilustrar el criterio del juez, dada la dificultad de quitar efecto al mismo si los expertos que contrata la otra parte o, incluso, los que designa el juzgado, lo hallan ajustados a la realidad.
La ocasión adecuada para presentar estos experticios no es tan amplia como la prevista para las pruebas recaudadas de común acuerdo, que se pueden allegar hasta antes del fallo de primera instancia, pues está limitada a las oportunidades para solicitar pruebas establecidas por el estatuto procesal civil, o sea con la demanda, su contestación, los traslados adicionales y los escritos o respuestas a incidentes, de ahí que la parte contraria cuenta con la ocasión para controvertir el experticio presentado por la otra y perfectamente puede acompañar otros estudios similares que pongan de presente imprecisiones o fallas en el primero, de modo que en este evento el juez puede, de estimarlo necesario, decretar otro dictamen pericial (…) ya con las reglas usuales para esta prueba dentro del proceso.
Se observa que aun cuando la norma no lo exige, resulta conveniente que en él se adicionen los datos y cualificaciones profesionales, experiencia, etc., de su autor en orden a dar mayor soporte al mismo.
Estimamos que cuando la norma indica que puede provenir de “profesionales especializados” hace referencia a personas dedicadas profesionalmente a la actividad respectiva pero no puede colegirse que necesariamente tiene que ser una persona graduada en la universidad, como una precipitada interpretación de la norma pudiera sugerir.
4.7.1. El artículo 10 numeral 1º de la Ley 446 de 1998 y la derogatoria del numeral 7º del art. 238 del C. de P.C. Hemos analizado que en virtud de lo dispuesto en el artículo 10, numeral 1º de la Ley 446 de 1998 que las partes pueden contratar de manera unilateral la producción de “experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados”, lo que tal como ya se demostró, constituye un dictamen pericial.
El numeral 7º del art. 238, norma original del Código, disponía que “Las partes podrán asesorarse de expertos, cuyos informes serán tenidos en cuenta por el juez, como alegaciones de ellas”, norma que estimamos que ha sido derogada tácitamente por el numeral 1º del art. 10 de la Ley 446 de 1998 (en verdad la derogatoria operó desde el también derogado numeral 1º del art. 22 del decreto 2651 de 1991 que era idéntico a la reciente disposición en lo que a este numeral concierne), pues si las partes quieren emplear informes de expertos ya no podrán ser tenidos como “alegaciones de ellas”, lo que suponía la posibilidad de presentarlos con los alegatos de conclusión, lo cual restaba la debida contradicción a los mismos, sino que deberán soportarlos “en las oportunidades procesales para solicitar pruebas”, lo que resultaría atinado porque permite el oportuno debate de ellos.
Es por eso que si la reciente disposición señala que los experticios obtenidos por iniciativa de una de las partes se deben hacer valer dentro de las oportunidades probatorias, se ha derogado la posibilidad de que se presenten como si fueran parte de los alegatos de conclusión y, de así suceder, el juez no podrá tenerlos en cuenta por no haber sido incorporados al proceso dentro de las ocasiones debidas.
Y es que, lo reiteramos, presentarlos junto con los alegatos tal como lo permitía el numeral 7º del art. 238 del C. de P.C. se prestaba a situaciones que no correspondían con un bien entendido sentido del debido proceso, pues no tenía oportunidad la parte contraria de combatir, al menos en la instancia respectiva, el experticio que se presentaba como si fuera parte del alegato, dado que una vez precluido el término para su presentación lo que sigue es el proferimiento de la sentencia, de ahí que estimemos atinada la nueva regulación y consiguiente derogatoria que se comenta(8).
8.2.4. Además, esta Subsección B ya ha tenido la oportunidad de revisar casos en los que las partes aportan al proceso dictámenes realizados a sus instancias, y ha dicho que los mismos pueden valorarse conforme a lo establecido en las normas arriba citadas, con la condición de que la prueba haya sido allegada en las oportunidades procesales pertinentes, admitida dentro del proceso, y se haya corrido traslado de la misma a la parte contraria para que la conociera y pudiera controvertirla(9).
8.2.5. En el caso concreto, el dictamen elaborado por la Cámara de Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, fue aportado por la parte demandante, y en el correspondiente auto de pruebas se admitieron los documentos allegados por las partes de conformidad con el valor que la ley les otorgara, sin que en momento alguno del proceso se presentara objeción alguna frente al mencionado concepto técnico. Además, la autora del peritaje acreditó su conocimiento técnico en relación con los temas sobre los que conceptuó. Ello quiere decir que el aludido medio de prueba es plenamente admisible y valorable.
9.1. Los señores José Antonio Di Terlizzi Trujillo, Martha Patricia Di Terlizzi Bretón, Jorge Enrique Di Terlizzi Bretón, Claudia Lucía Di Terlizzi Bretón y María Cristina Di Terlizzi Bretón, en comunidad y proindiviso, fueron propietarios del lote de terreno identificado con la cédula catastral Nº 01-00-00-54-0064-000 y la matrícula inmobiliaria Nº 50N-79758, ubicado en el municipio de Chía en el Nº 1-18 de la avenida “Antonio María Pradilla”, con cabida de 16 919 metros cuadrados. Tal como se deja constancia en las anotaciones 8 y 9 del certificado de tradición y libertad expedido el 6 de agosto de 2003 (fls. 90 y s.s., cdno. 1), la adquisición del predio por parte de los demandantes se hizo a través del modo de sucesión por causa de muerte. En los términos expresados en el documento:
Anotación Nº 8 fecha: 06-08-2003, radicación: 2003-61268
Doc: Oficio 441 del: 28-07-2003 Banco inmobiliario del municipio d de Chía.
Se cancela anotación Nº 7
Especificación: 0793 cancelación oferta de compra bien urbano (cancelación).
Personas que intervienen en el acto (…)
Banco Inmobiliario Municippio de Chía.
A: Di Terlizzi Trujillo Carlos José.
A: Di Terlizzi Trujillo José Antonio.
A: Trujillo Di Terlizzi María Elvira.
Anotación: Nº 9 fecha: 06-08-2003 radicación: 2003-61272
Doc: Escritura 4085 del 31-08-2001 Notaría 6 de Bogotá
Especificación: 0109 Adjudicación en sucesión (modo de adquisición)
De: Di Terlizzi Trujillo Carlos José
A: Di Terlizzi Bretón Martha Patricia 12.5%
A: Di Terlizzi Bretón Claudia Lucía 12.5%
A: Di Terlizzi Bretón María Cristina 12.5%
A: Di Terlizzi Vretón Jorge Enrique 12.5% (fl. 90, cdno. 1).
9.2. Desde el año 1990 el municipio de Chía había manifestado su interés por adquirir el predio de propiedad de los demandantes, con el fin de llevar a cabo obras de interés urbanístico. Es así como desde el Acuerdo 17 de 1990, el concejo municipal resolvió:
“ART. 1º—Autorízase al Sr. alcalde del municipio de Chía, para adelantar la negociación directa y voluntaria con el propietario del predio identificado con la cédula catastral Nº 01-00-054-064, situado en la manzana 64 del plano urbano del municipio y comprendido dentro de los siguientes lindero (…).
“ART. 2º—La destinación del predio será para la continuación del complejo institucional educativo, cultural y deportivo del municipio (…) (fls. 64 y s.s., cdno. 1)”.
9.3. Posteriormente, mediante Acuerdo 17 del año 2000, el Concejo Municipal de Chía aprobó un nuevo plan de ordenamiento territorial en el cual se dispuso expresamente que el área de la avenida “Pradilla” con carrera 7ª, donde se encontraba el predio identificado con cédula catastral 01-00-00-54-0064-000 y matrícula inmobiliaria Nº 50N-79758 que posteriormente sería adquirido por sucesión por los demandantes, sería afectado con la designación de área recreativa de uso público y parte del “sistema verde municipal”. Se refieren los apartes pertinentes de la referida norma.
9.3.1. Así en el artículo 20 se definieron las áreas recreativas de uso público, incluidos los predios necesarios para la instalación de ese tipo de bienes, de la siguiente forma:
“ART. 10.—Áreas recreativas de uso público:
Son áreas de uso público destinadas a la articulación, encuentro y recreación (sic). La recreación puede ser activa o pasiva. La primera requiere de la presencia de infraestructuras o instalaciones para el albergue o disfrute de los usuarios. La segunda solo requiere del paisaje para su contemplación.
Son zonas de reserva para uso recreativo público las áreas o inmuebles necesarios para la futura construcción de ese tipo de obras o proyectos o para su ampliación, las cuales deben ser tenidas en cuenta para definir afectaciones en predios que soliciten licencia de parcelación, subdivisión, urbanización o construcción. Estas zonas de reserva deben ser definidas en detalle y delimitadas sobre planos por la oficina de planeación municipal (…) (fl. 20, cdno. 1).
9.3.2. En el artículo 51 se hizo mención expresa de la afectación al lote del que eran propietarios los demandantes, como parte del sistema de áreas verdes urbanas del municipio de Chía. Tal como lo dispone el artículo en mención:
“ART. 51.—Sistema de áreas recreativas y culturales de uso público.
Es el conjunto de espacios públicos que establecen relaciones entre los elementos constitutivos de soporte físico natural y la estructura física construida del municipio, para desarrollar el sentido de pertenencia, convivencia e identidad de los habitantes.
El sistema de áreas verdes urbanas de Chía que conforman el espacio público efectivo está constituido por las siguientes áreas:
— Zona de afectación para uso recreativo y cultural en el lote de terreno ubicado en la esquina noroccidental de la avenida Padilla con carrera 7ª, al frente del coliseo cubierto hasta los predios de la Casa de la Cultura Alberto Lleras Camargo, tal como se indica en el plano de ordenamiento urbano, en su área total (…) (fl. 28, cdno. 1 —vuelto—).
9.3.3. En el artículo 53 se estableció expresa prohibición para levantar urbanizaciones y desarrollos habitacionales en las zonas designadas para las áreas recreativas de uso público. En las palabras del precepto:
“ART. 53.—Afectaciones por reserva para espacio público efectivo.
Las franjas y áreas requeridas para la conformación de las áreas recreativas de uso público quedan afectadas como zonas de reserva para uso recreacional, tal como han sido delimitadas en el mapa de ordenamiento urbano de la cabecera municipal de Chía, los cuales forman parte integrante del presente acuerdo. En estas franjas o áreas, la administración municipal no podrá autorizar urbanizaciones ni construcciones de ningún tipo, salvo las necesarias para el uso recreacional permitido en ellas (fl. 28, —vuelto—, cdno. 1).
9.3.4. Semejante limitación se dispuso para las áreas comprendidas dentro del “sistema verde municipal”, tal como lo reglamentó los artículos 99 y 99.1 del plan de ordenamiento territorial:
“ART. 99.—Sistema verde municipal de Chía.
Son áreas verdes y/o semiduras de recreación urbana activa y/o pasiva localizadas en el plano número 3º de detalle de suelo urbano. Son los correspondientes al parque Ospina Pérez y al parque principal, ya construidos y por construirse, el parque del Concejo y demás señalados en el plano; se denominan UVRE, Unidades Verdes Recreativas del Área Urbana.
99.1. Áreas recreativas de uso público.
Usos prohibidos: residenciales de todo tipo, comerciales, industriales, institucionales, uso múltiple (…) (fl. 41, cdno. 1).
9.3.5. De acuerdo con la certificación expedida el 20 de junio del año 2000, ese día fue publicado el Acuerdo 17 del año 2000, lo que implica que estuvo vigente a partir de entonces (fl. 79, cdno. 1).
9.4. Sobre las limitaciones de uso y goce que pesaban sobre el predio identificado con la cédula catastral Nº 01-00-00-54-0064-000, el Jefe de la División de Urbanismo del municipio de Chía dejó la siguiente constancia en el oficio del 5 de marzo de 2002:
En atención al asunto de la referencia me permito informarle que el predio donde se pretende adelantar el funcionamiento de un parqueadero y centro artesanal, se encuentra afectado dentro del sistema verde municipal, razón por la cual se encuentra congelado para cualquier tipo de actividad, tanto a nivel de construcción como de explotación comercial, comoquiera que el municipio está adelantando los trámites con el propietario del inmueble, para la adquisición del mismo (fl. 84, cdno. pbas. 2)(10).
9.5. El municipio de Chía oficializó su interés en adquirir el predio identificado con cédula catastral Nº 01-00-00-54-0064-000 y matrícula inmobiliaria Nº 50N-79758, lo que hizo mediante oferta calendada el 29 de enero de 2003 en la que se consignó lo siguiente:
Como representante legal del municipio de Chía (Cundinamarca), me permito hacer oferta de compra por enajenación voluntaria directa, del predio de la referencia en las condiciones que se enuncian:
Matrícula inmobiliaria: 50N-79758
Cédula catastral: 01-00-00-54-0064-000
Dirección: Avenida Pradilla 1-18 Villa Lucrecia
Diagonal 13 Nº 7-18
Precio: El precio que se ofrece es la suma de ochocientos cincuenta y ocho millones ochocientos dos mil pesos m/cte ($ 858.802.000) precio establecido según avalúo comercial realizado por Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Presento ante ustedes la oferta descrita anteriormente para que dentro de un término de quince (15) días hábiles se realice el pronunciamiento a que haya lugar por parte de los propietarios del bien o de su apoderado (fls. 91 y 92, cdno. pbas. 2).
9.5.1. La anterior oferta estuvo soportada en el avalúo efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el cual se determinó que el valor comercial del inmueble en cuestión, ascendía a la suma de $ 858 802 000. Se citan las partes pertinentes del informe:
El propósito del siguiente informe es realizar el avalúo comercial de un lote de terreno con sus respectivas construcciones el cual se encuentra localizado en la zona urbana del municipio de Chía al cual le corresponde la nomenclatura domiciliaria diagonal 13 # 7-18 y hace parte del sistema de áreas recreativas y culturales de uso público.
1.7. Sector: El inmueble objeto del presente avalúo se localiza en el sector institucional y cultural del casco urbano donde se encuentra la Casa de la Cultura, el Coliseo La Luna, las instalaciones del Instituto de Recreación y Deportes, y el estadio. Se ubica en la parte central del casco urbano en cercanías del centro comercial de Chía donde funciona el almacén Cafám.
1.11. Destinación actual: En la actualidad en el inmueble se desarrollan básicamente dos tipos de actividades: una comercial ya que en la casa principal funciona una tienda o almacén de venta de antigüedades y otra de carácter residencial donde habita el encargado celador del predio (…).
5.1. Delimitación del sector: El inmueble objeto de avalúo se localiza en inmediaciones del sector conocido como el barrio Osorio en cercanías de la zona institucional y cultural de municipio donde funcionan dependencias tales como la Casa de la Cultura, el Coliseo La Luna, El Estadio, Tránsito y Transportes, el Instituto de Recreación y Deportes, etc. En este sector se encuentran también ubicados algunos centros comerciales donde funcionan almacenes de cadena tales como Cafam y Merquefácil, y se localizan locales comerciales en corredor comercial. El sector se encuentra delimitado por la Avenida Pradilla, la diagonal 178 y la carrera 9ª.
Normativamente el inmueble objeto de avalúo hace parte del sistema de áreas recreativas y culturales de uso público, y según el artículo 99 del POT y el plano 3 de detalle del suelo urbano, pertenece al sistema verde municipal de Chía o a las Unidades Verdes Recreativas del Área Urbana UVRE.
5.2. Actividad predominante: en esta zona del municipio existe una actividad mixta donde se desarrollan actividades de tipo institucional representadas por la presencia de la Casa de la Cultura, el Coliseo La Luna, el Estadio Municipal, la Oficina de Tránsito y Transportes, el Instituto de Recreación y Deportes, etc.
También existen actividades de tipo residencial representadas en predios o inmuebles de tipo unifamiliar desarrollados por autoconstrucción y unidades de tipo multifamiliar desarrollados en tipología de apartamentos con mayor normalidad en casas pertenecientes a conjuntos cerrados.
5.6. Valorización: las perspectivas de valorización en este sector del municipio son moderadas y se sustentan principalmente por la cercanía al centro administrativo municipal, con la existencia de un desarrollo vial consolidado en el sector, con la cercanía a la zona institucional, cultural y recreativa del municipio. Estas características determinan cierto grado de apetencia por parte de los demandantes de lotes para construcción de vivienda tipo 3 y 4 en el municipio con la posibilidad, además, de establecer un uso residencial, realizar también un aprovechamiento en términos de comercio tipo corredor comercial.
7.1.2. Áreas: El área de terreno es de 16.919 metros cuadrados y fue tomada del archivo magnético que reposa en la seccional de catastro de Cundinamarca. Esta área también fue reportada por la entidad solicitante en el oficio de fecha 3 de diciembre de 2002 por medio del cual se solicita la cotización del avalúo respectivo. Sin embargo, dicha área queda sujeta a verificación por parte de la entidad solicitante.
Usos prohibidos: residenciales de todo tipo, comerciales de clase II y III o de clase I. No relacionados con la actividad recreativa; usos industriales, institucionales de clase II y III y uso múltiple.
El inmueble objeto de avalúo presenta dos construcciones desarrolladas sobre él definidas como la casa principal del predio y una casa auxiliar y ordeñadero.
8. Método de avalúo.
Para la obtención del valor comercial de terreno que se presenta en la zona, se desarrolló un estudio de mercado de libre oferta y demanda teniendo en cuenta las características propias del inmueble objeto de avalúo; además se realizó una investigación directa presentando el predio en las condiciones actuales y propias.
La investigación directa se realizó con personas conocedoras del mercado inmobiliario de Chía y Bogotá a los cuales se les referenció el predio objeto del presente avalúo tanto en sus variables endógenas como en las variables exógenas. Para ello se indicaron las características individuales del mismo tales como área, topografía, norma de zona verde municipal que pesa sobre el inmueble, etc.; de igual manera en la consulta se describió el entorno del inmueble, su localización, sus vías de acceso, la normatividad que pesa sobre el mismo y su ubicación en la zona institucional, recreativa y deportiva del municipio.
9. Análisis de antecedentes.
Realizando la investigación de antecedentes en el IGAC se encontró que este mismo predio fue avaluado por medio de la radicación 752 de julio 13 de 2001 la cual arrojó valores de $ 48.000 por metro cuadrado de terreno y construcciones con valores de $ 150.000 m2 y $ 100.000 / m2 para un total de $ 858.370.000.
Las consideraciones más importantes que se analizaron para el avalúo desde el punto de vista de ventajas y desventajas son las siguientes.
Para determinar el justiprecio del inmueble se tomaron en cuenta el método de comparación de mercado y el método de investigación directa.
En la aplicación de estos métodos se analizaron los indicadores de valor que se refieren a inmuebles con características similares al que se evalúa.
Se consideraron entre otros factores los siguientes:
Área del lote de terreno.
Localización del inmueble en zona verde municipal.
Afectación del predio y normatividad del mismo como parte del sistema de áreas recreativas y culturales de uso público del municipio.
11. Investigación económica.
11.1. Investigación directa: En el siguiente cuadro se relacionan los datos obtenidos de la investigación directa con inmobiliarios conocedores del mercado, además de los cálculos pertinentes de desviación estándar y coeficiente de correlación.
Avalúo final: 858.802.000 (fls. 131 a 161, cdno. pbas. 2).
9.6. La oferta presentada en los términos antes aludidos fue aceptada por los propietarios del predio identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 50N-79758. Ello se hizo mediante oficio del 12 de febrero de 2003 en el cual se consignó:
1º. Teniendo en cuenta que la oferta por la suma de ochocientos cincuenta y ocho millones ochocientos dos mil pesos ($ 858.802.000), que se les hace a mis representados, recoge exactamente el precio establecido según avalúo comercial realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que se nos hace conocer, precio que no puede ser incrementado por la administración según mandato legal, comedidamente le manifiesto que mis poderdantes aceptan dicha oferta.
2. Sin embargo, quiero observar al señor alcalde que el avalúo realizado en esta y otra ocasión anterior por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como este lo reconoce expresamente, es el resultante del inmueble bajo las normas establecidas en el plan de ordenamiento territorial - POT (Acu. 17/2000, art. 99), que consideró el uso del predio de propiedad de mis mandantes como sistema verde municipal, predio que con anterioridad a ello era zona mixta comercial urbana y residencial urbana.
Por esa razón, la venta del predio, por el precio así establecido, no incluye la transferencia, cesión o renuncia del derecho que tienen los actuales propietarios conforme a la Ley 388 de 1997, artículo 48 y 49, a que se les reconozca y pague “la compensación económica directa” que corresponda a la diferencia entre el valor comercial del inmueble limitado por el tratamiento de zona verde, y el valor comercial de inmueble o inmuebles colindantes de dicho predio que no están bajo tratamiento de conservación, tal como fue solicitado por el suscrito mediante escrito presentado a ese despacho el 22 de febrero de 2001.
Esta aclaración busca solo dejar a salvo derechos de los actuales propietarios establecidos en la ley, según la cual, la aplicación de las normas sobre plan de ordenamiento territorial, no implica desconocimiento ni conculcación del derecho de propiedad adquirido conforme a la ley por los ciudadanos y administradores.
Finalmente, nuevamente solicito que por el despacho a su digno cargo se gestione, con cargo a mis representados, el estudio técnico del caso para determinar al valor o precio de esa compensación económica, para que el municipio la reconozca posteriormente dentro de los plazos y condiciones que se establezcan de común acuerdo (fls. 98 y 99, cdno. pbas. 2).
9.6.1. La aceptación de la oferta condujo a la firma de la escritura pública Nº 707 del 23 de julio de 2003, con el siguiente clausulado:
(…) Acto: Compra venta. Valor del acto: $ 858.802.000 - Personas que intervienen en el acto: Comprador: Luis Olivo Galvis Galvis (…) en su calidad de alcalde popular de Chía y como tal representante legal del mismo. Vendedores: José Antonio Diterlizzi Trujillo (…) Martha Patricia Diterlizzi Bretón (…) Jorge Enrique Diterlizzi Bretón (…) Claudia Lucía Diterlizzi Bretón (…) María Cristina Diterlizzi Bretón (…) --- Primero: Objeto: Los VENDEDORES transfieren a título de venta, a favor del municipio de Chía, el derecho de dominio y la posesión plena de los cuales son titulares en común y pro indiviso, sobre un lote de terreno y las construcciones sobre él edificadas, que los vendedores manifiestan bajo la gravedad del juramento que no se encuentra afectado a vivienda familiar, ubicado en la diagonal 13 Nº 7 - 18, o Avenida Pradilla Nº 1-18, Villa Lucrecia, del municipio de Chía, departamento de Cundinamarca, identificado con la cédula catastral Nº 01-00-0054-0064-000 e inscrito en el folioi (sic) de matrícula inmobiliaria Nº 50N-79758 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, Zona Norte, lote que comprende un área aproximada de dieciséis mil novecientos diecinueve metros cuadrados (16.919 M2) que pertenecen al sistema de áreas recreativas y culturales de uso público del municipio de Chía, conforme certifica la oficina de planeación del municipio de Chía, comprendido dentro de los siguientes linderos (…) --- TERCERA.- precio: El precio de esta venta es la suma de ochocientos cincuenta y ocho millones ochocientos dos mil pesos moneda legal ($ 858.802.000) suma que se cancelará con dineros del empréstito autorizado por el Concejo Municipal en el acuerdo 10 de 2002 dentro del presupuesto municipal (…). --- CUARTA.- Antecedentes de la negociación y situación del inmueble: La transferencia del inmueble objeto de este instrumento está antecedida por la oferta de compra realizada por el alcalde popular de Chía al apoderado de los VENDEDORES mediante comunicación de fecha enero 29 de 2003, así como por la aceptación que a dicha oferta hicieron los VENDEDORES, a través de apoderado mediante comunicación de febrero 12 de 2003, radicada en la alcaldía popular de Chía bajo el Nº 051342, cuyas copias se protocolizan junto con este instrumento público para que hagan parte integral del mismo. Los términos y condiciones contenidos tanto en la oferta de compra realizada por la alcaldía popular de Chía, como en la aceptación de la oferta realizada por los VENDEDORES, hacen parte integral de la presente transferencia y en consecuencia tales términos y condiciones se entienden incorporados al presente negocio de compraventa. Los VENDEDORES declaran que el inmueble que venden está libre de demandas civiles, embargos judiciales, hipotecas, anticresis, arrendamientos, pleitos pendientes procesales y extraprocesales, que su derecho de dominio y posesión no está sujeto a condiciones resolutorias, ni tiene limitaciones de dominio, distintas al contrato de arrendamiento referido más adelante y a la afectación registrada por el municipio de Chía el pasado 5 de febrero de 2003 en el folio de matrícula inmobiliaria Nº 50N-79758 de la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, Zona Norte, bajo la especificación: Oferta de compra en bien rural sobre 16.919 M2 (Medida cautelar), ni tiene constituido patrimonio de familia y que en todo caso se obligan al saneamiento de los vendido conforme a la ley (…) PARÁGRAFO CUARTO: El inmueble objeto de esta venta se encuentra afectado como sistema de áreas recreativas y culturales de uso público del municipio de Chía según lo establecido por los artículos 51, 52 y 53 del plan de ordenamiento territorial de municipio (…) (fls. 103 y s.s. cdno. pbas. 2).
9.6.2. El anterior título fue registrado en la oficina de registro de instrumentos públicos mediante anotación Nº 10 visible en el certificado de tradición y libertad calendado el 6 de agosto de 2003. El texto de la anotación es el que pasa a transcribirse:
Anotaqción: Nº 10 fecha: 06-08-2003 radicación: 2003-61276
Escritura 707 del 23-07-2003 Notaría 1 de Bogotá -- Valor acto: $ 858,802,000
Especificación: 0125 compraventa (Modo de adquisición)
De: Di Terlizzi Trujillo José Antonio
De: Di Terlizzi Bretón Martha Patricia
De: Di Terlizzi Bretón Claudia Lucía
De: Di Terlizzi Bretón María Cristina
De: Di Terlizzi Bretón Jorge Enrique
A: municipio de Chía, departamento de Cundinamarca (fls. 90 y 91, cdno. 1).
9.7. Los hoy demandantes en reparación directa contrataron en forma privada la realización de un avalúo por parte de la Cámara de Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, que arrojó como resultado un avalúo de $ 2 199 470 000 pesos m/cte. Para soportar tal conclusión, los avaluadores describieron los siguientes fundamentos en el informe calendado el 23 de febrero de 2004:
Para determinar el valor comercial del inmueble se utilizó el método residual o de potencial de desarrollo, realizando la simulación del proyecto a ejecutar en el predio.
Para el efecto se adelantaron encuestas de opinión con otros expertos en finca raíz, y se actualizó el banco de datos, mediante estudio de ofertas y transacciones.
Se tuvo en cuenta el método de mercado como comparación.
Finalmente, el comité de avalúos de la entidad decidió asumir los valores presentados en el potencial de desarrollo que se adjunta.
Para el desarrollo del potencial de desarrollo se tuvo en cuenta la potencial demanda de la población circundante y el impacto urbanístico que genera el proyecto.
El estudio jurídico del inmueble no está dentro del alcance de los trabajos desarrollados por la Cámara de Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria.
El área del lote es área neta urbanizable.
No se tuvo en cuenta la construcción, toda vez que lo que se busca con el presente es determinar la diferencia en el terreno entre el uso actual y el uso antes de la afectación realizada por el POT.
11. Resultado del avalúo.
Total avalúo: $ 2.199.470.000 (fls. 225 y s.s., cdno. pbas. 2).
9.8. En el marco del presente proceso contencioso administrativo se practicó un dictamen pericial que tenía por objeto efectuar un avalúo comercial del predio materia de litigio. Resulta de importancia reseñar los siguientes puntos de dicho peritaje:
9.8.1. Los autores del informe realizaron un cálculo del precio comercial del terreno para el año 2005, y conceptuaron que el mismo ascendía a la suma de $ 2 346 903 037, incluidas sus mejoras. Para tal efecto, se tuvieron en cuenta los valores del metro cuadrado en áreas urbanizadas en la vecindad, y consideraron los peritos lo siguiente:
Promedio de $ 187.125 este valor del m2 de terreno es urbanizado, pero para el caso que nos ocupa el terreno se encuentra sin obras de urbanismo. Razón por la cual se considera un 30% menos del valor para obras de urbanismo, es decir que el valor de M2 en la actualidad para el predio objeto de la litis es de $ 130.988 M2.
5.1. Área de construcción.
Vivienda antigua………270.00 Mts2………..X $ 120.000M2 = $ 32.400.000
Total valor de la construcción: $ 130.717.065
Total valor del inmueble año 2005: $ 2.346.903.037 (fls. 8 y 9, cdno. dictamen).
9.8.2. De otra parte, en el peritaje se dijo lo siguiente en relación con el precio del predio antes de la expedición del plan de ordenamiento territorial contenido en el Acuerdo 17 de 2000:
1,6919 hectárea (terreno) X 60 (unidades de vivienda)= 101 viviendas por el valor de $ 69.791.400 (precio por unidad para el mercado del año 1999, tomando como base el iPC comparado del año 1999 al año 2005, entonces 101 viviendas por $ 69.791.400 = $ 7.048.931.400 (valor proyecto a desarrollar) X 10% = $ 704.893.140. Valor del terreno para desarrollarlo en el año 1999, sin contar la posibilidad de desarrollar comercio como la norma lo permite en este año de 1999, se aclara que no se avaluó la posibilidad de lo comercial, teniendo en cuenta que el Acuerdo 3 de 1994 tiene múltiples opciones en los referente al comercio (…) (fls. 11 y 12, cdno. dictamen).
9.8.3. Seguidamente se dice que “según la entidad”, quien allegó varios contratos relacionados con obras de mejoramiento y mantenimiento del inmueble (fls. 33 y s.s., cdno. dictamen), desde la adquisición por compraventa pactada en la escritura Nº 707 del 23 de julio de 2003, el municipio ha efectuado mejoras en el terreno por valor de $ 330 517 065.88 (fl. 12, cdno. dictamen).
9.8.4. El dictamen fue objetado por las partes trenzadas en el litigio, quienes consideraron que los precios determinados en el informe, están basados en apreciaciones subjetivas. En respuesta a las objeciones presentadas, dijo la autora de la prueba técnica:
Así las cosas, para poder emitir mi concepto se analizaron factores como: ubicación del inmueble, desarrollo urbanístico y actividades económicas del sector que se desarrollan (sic), los servicios que se prestan, vías perimetrales, oferta y demanda de predios colindantes al que es objeto del trabajo.
Valor terreno = $ 2.894.080.000 // Valor unitario terreno año 1999 $ 171.055
El predio denominado Villa Lucrecia tiene un área de 16.919 m2 de los cuales en su totalidad es aprovechable (sic).
En lo comercial: me permito precisar que para este fin tuve en cuenta el desarrollo potencial que ha presentado el casco urbano del municipio de Chía, donde como lo indiqué antes, en (sic) ese sector se han desarrollado obras para infraestructura comercial, pues es uno de los puntos de mejor predilección para estas actividades que presenta el área urbana de ese municipio.
(…) Para establecer su variación y afectación negativa directa e indirecta me basé en el desarrollo potencial del municipio en general como ya lo había mencionado, esta zona mixta tiene gran futuro para realizar la actividad que fuese, teniendo como resultados óptimos de gran crecimiento financiero y desde la vigencia del POT causó un gran detrimento y desvalorización el (sic) predio.
Por lo anterior y con relación a lo solicitado por la parte objetante se puntualiza que con la implementación del POT al bien no se dio (sic) el avalúo que realmente le corresponde dado que su (sic) objeto para el cual fue negociado corresponde a uno ajeno al que realmente corresponde, pues a los bienes inmuebles que lo colindan se les dio un tratamiento o destinación comerciales, que al compararlos con el predio que es materia de este trabajo, sus precios son superiores debido a la actividad allí desarrollada.
Con base en lo anterior, cumple precisar que a ese bien le corresponde para el año 2008 un precio de cuatro mil quinientos ochenta y dos millones doscientos noventa y tres mil trescientos treinta y tres pesos ($ 4.582.293.333).
(…) El municipio de Chía en la última década ha tenido lugar a (sic) una multitud de cambios significativos, generadas (sic) por políticas puestas en marcha por las últimas administraciones, otras (sic) de nuevas conductas asumidas por sus habitantes y otros mas (sic) derivados de la dinámica misma del municipio, de su desarrollo y crecimiento (fls. 88 y s.s., cdno. dictamen).
10. Previo al análisis de las cuestiones de mérito suscitadas por el caso de análisis, es necesario que la sala se pronuncie acerca de dos excepciones alegadas por la parte demandada y la delegada del Ministerio Público, cuyas respuestas corresponden a los siguientes interrogantes:
10.1. En primer lugar, ¿es adecuada la escogencia de la acción que hizo la parte actora, si se tiene en cuenta que lo que se busca es el resarcimiento de los perjuicios causados con la expedición del plan de ordenamiento territorial contenido en el Acuerdo 17 de 2000, en el que se resolvió incluir al predio identificado con cédula catastral Nº 01-00-0054-0064-000 dentro del denominado sistema verde municipal? Al respecto debe determinarse si es posible la interposición de una acción de reparación directa para buscar el resarcimiento de los perjuicios que presuntamente se causaron con la expedición de un acto administrativo cuya legalidad no se cuestiona, o si, por el contrario, era necesario interponer la acción de nulidad para verificar la validez de ese negocio jurídico unilateral y, por esa vía, determinar si es procedente la indemnización de perjuicios.
10.2. En segundo orden, la sala se ocupará del reparo formulado por la delegada del Ministerio Público, quien en su concepto manifestó que a los demandantes no les asistía legitimación en la causa por activa, comoquiera que no eran propietarios del predio afectado cuando ocurrió el hecho jurídico del que se predica la generación del menoscabo —expedición del Acuerdo 17 del 2000—, o al tiempo de interponerse la demanda —radicada el 30 de agosto de 2004—, momento este para el cual el predio ya había sido vendido el municipio de Chía mediante escritura pública Nº 707 del 23 de julio de 2003.
10.3. En tercer lugar, bajo la premisa de que fue adecuada la escogencia de la acción que hizo la parte actora —cuya legitimación en la causa también se comprobará—, corresponde establecer si el libelo introductorio fue radicado en forma oportuna. Sobre este aspecto debe determinarse si el término para la interposición de la acción de reparación directa debe contarse desde la expedición del Acuerdo 17 del 2000, como se consideró en la sentencia apelada, o si, en contraste, es factible realizar dicho cómputo a partir del momento en que los demandantes en reparación conocieron el avalúo del predio materia del litigio, o incluso desde la celebración del contrato de compraventa plasmado en la escritura pública Nº 707 del 23 de julio de 2003, acto por medio del cual el municipio de Chía adquirió el inmueble.
10.4. Comoquiera que se revocará la razón de la decisión plasmada en la sentencia de primera instancia, fundamentada esta en la supuesta caducidad de la acción de reparación directa materia del presente proceso, entonces la sala estudiará el fondo de las pretensiones de la demanda. Al respecto se indicará que se tienen por satisfechos los presupuestos de la demanda presentada por los señores José Antonio Di Terlizzi Trujillo, Martha Patricia Di Terlizzi Bretón, Jorge Enrique Di Terlizzi Bretón, Claudia Lucia Di Terlizzi Bretón y María Cristina Di Terlizzi Bretón. Además, se encargará la sala de resolver si está acreditada la responsabilidad por el rompimiento de las cargas públicas que en justicia y condiciones de igualdad debían soportar los aludidos peticionarios.
10.5. Finalmente, sobre la base de que en el sub lite están dados los elementos para declarar la responsabilidad de la entidad demandada, entonces procederá la sala a la determinación de las medidas de reparación a que hay lugar.
11. Al revisar la escogencia de la acción, la sala encuentra que fue adecuada la hecha por los señores José Antonio Di Terlizzi Trujillo, Martha Patricia Di Terlizzi Bretón, Jorge Enrique Di Terlizzi Bretón, Claudia Lucía Di Terlizzi Bretón y María Cristina Di Terlizzi Bretón, en la medida en que dichos peticionarios, si bien afirman que el daño cuyo resarcimiento persiguen se causó con “(…) un acto administrativo que afectó el derecho de propiedad (…)”, lo cierto es que no cuestionan la legalidad del negocio jurídico unilateral de la administración, lo que hace procedente la interposición de la acción de reparación directa, de conformidad con lo que al respecto a sostenido la jurisprudencia unívoca de la Sección Tercera.
11.1. Acerca de ese punto, lo primero que debe tenerse en cuenta es que el plan de ordenamiento territorial ha sido definido por la jurisprudencia como un “acto administrativo de contenido programático”, por medio del cual se fijan los lineamientos para los desarrollos urbanísticos del respectivo ente territorial, lo que hace que ese tipo de decisiones sean susceptibles del control de legalidad por la vía de la acción de nulidad.
11.1.1. Así, en la sentencia del 5 de marzo de 2004 la Sección Tercera del Consejo de Estado precisó que, debido a su contenido eminentemente programático, los planes de ordenamiento territorial no son suficientes, por sí solos, para afectar el derecho a la propiedad sobre los predios afectados con el correspondiente acto administrativo, y que corresponde a los particulares titulares de ese derecho de dominio llevar a cabo los usos que consideren pertinentes dentro los lineamientos de desarrollo plasmados en el respectivo plan. En los términos expresados en la providencia:
El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto integrar la planificación económica y social con la dimensión territorial, organizando las intervenciones sobre el territorio y orientando su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante el logro de los objetivos propuestos en el numeral 2º del artículo 6º de la Ley 388 de 1997.
Bajo estas consideraciones, la sala advierte que el contenido de los planes de ordenamiento territorial es programático, respecto del uso y adecuación del espacio o territorio asignados a un municipio o distrito. Por lo tanto, los planes de ordenamiento territorial no son en sí mismos el origen de la iniciativa, pública o privada, respecto del uso del espacio; sino que son los orientadores de esta iniciativa, adecuándola a las necesidades específicas de cada región(11).
11.1.2. Y en el mismo sentido, en la sentencia del 16 de octubre de 2007, se dice que los planes de ordenamiento territorial corresponden a una facultad regulatoria que recae exclusivamente en el Concejo, quien expide verdaderos actos administrativos que son contentivos de las normas a las que deben sujetarse los particulares y las autoridades públicas para los desarrollos urbanísticos que se pretendan llevar a cabo:
De este contexto normativo se tiene que los alcaldes desempeñan, entonces, un rol de ejecutores de las reglas adoptadas por los Concejos, a los cuales está reservada la facultad constitucional de fijar los criterios y pautas generales, enderezados a ordenar la vida urbana del municipio (L. 388, art. 4º)(12).
11.2. Clarificado como está que el plan de ordenamiento territorial es un negocio jurídico unilateral de la administración que, pese a su carácter programático, puede ser calificado como un acto administrativo, entonces debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido unívoca en señalar que, cuando actos de ese tipo producen daños que no devienen de la supuesta ilegalidad de aquellos, es posible promover la acción de reparación directa para buscar el resarcimiento de los perjuicios, sin que necesariamente tenga que alegarse la invalidez de la manifestación de la voluntad de la administración. Sobre la posibilidad de interponer acciones de reparación directa para buscar el resarcimiento de daños causados por actos cuya legalidad no se cuestiona, ha dicho la Sección Tercera en una de sus subsecciones:
Ahora bien, observa la sala que los actores señalaron en la demanda que la alcaldía de la localidad tercera Santa Fe expidió la Resolución 131 AJ de 2000, mediante la cual declaró que la estación de servicio Terpel Sucre constituía una fuente de peligro inminente para la ciudadanía, y, como consecuencia de ello, ordenó su cierre definitivo, decisión que fue confirmada en su totalidad por Resolución 164 AJ del mismo año, por lo que, a primera vista, parecería que el origen del daño antijurídico cuya reparación se pretende habría tenido lugar con la expedición de los actos administrativos mencionados, sin embargo, para la sala es claro que el daño alegado deviene de los perjuicios generados como consecuencia de la imposibilidad de seguir desarrollando la actividad comercial de la estación de servicio, circunstancia que para los actores constituyó la imposición de un sacrifico mayor que rompió la igualdad frente a las cargas públicas, cuyo resarcimiento es posible reclamarlo mediante el ejercicio de la acción de reparación directa.
De conformidad con lo anterior, la sala considera que para efectos de la indemnización solicitada por los actores en la demanda, la acción escogida es la procedente, con fundamento en que en realidad no se cuestiona la legalidad de unos actos administrativos que ordenaron el cierre definitivo de un establecimiento de comercio, como pretende hacerlo ver la parte demandada y el Ministerio Público, sino que se indemnicen los perjuicios materiales e inmateriales que con tal proceder se causaron a sus propietarios, razones que en este punto llevan a confirmar la decisión adoptada por el a quo en la sentencia de primera instancia(13).
11.3. De tal manera que en el presente caso, en donde se alega que el municipio de Chía produjo un daño a los demandantes con la expedición del plan de ordenamiento territorial contenido en el Acuerdo 17 de 2000, y en donde no se cuestiona la legalidad de este acto administrativo, resulta procedente, tal como se dijo en la sentencia recurrida en apelación, la interposición de la acción de reparación directa, de conformidad con lo que sobre el punto ha dicho la jurisprudencia de la Sección Tercera, criterio que en este momento se acompaña.
12. De otra parte, la sala no comparte la alegación sobre la falta de legitimación en la causa por activa que menciona la Procuraduría en su Concepto 12-31 —supra, trámite procesal, párr. 6—, en la medida en que los hoy demandantes en reparación, si bien no eran propietarios inscritos del bien materia de litigio para el momento en que se expidió el Acuerdo 17 de 2000, lo cierto es que tenían la calidad de poseedores del mismo por virtud de las pertinentes normas sobre adquisición derivativa de la posesión por causa de muerte. Además, en la medida en que los demandantes fueron quienes obraron como parte vendedora en la enajenación hecha al municipio de Chía, entonces están legitimados para afirmar, como lo hacen en el libelo introductorio y en otras oportunidades procesales, que son acreedores a una indemnización por haber vendido el predio en cuestión por un precio menor del que consideraban técnicamente justo, detrimento este que, tal como se dice en la demanda, se habría causado por la expedición del plan de ordenamiento territorial del ente municipal accionado, sin que para el efecto sea relevante la condición de propietarios al momento de la interposición de la demanda.
12.1. Al respecto, los demandantes en reparación adquirieron, en su condición de herederos del bien identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 50N-79758, la calidad de poseedores desde la muerte del causante, circunstancia que fue ratificada en la escritura Nº 4085 del 31 de agosto de 2001 mencionada en la anotación Nº 9 del respectivo folio de matrícula inmobiliaria —párr. 9.1, hechos probados—, lo que implica que tenían tal calidad poseedores incluso desde la época en que se produjo la muerte del causante, punto frente al cual han dicho la normatividad y la doctrina sobre la adquisición derivativa de la posesión por causa de muerte, lo siguiente:
§ 38. - Adquisición derivativa por causa de muerte
I. Transmisión ipso iure a los herederos.- Varios artículos del Código Civil se refieren a la adquisición de la posesión por causa de muerte. En primer término, el artículo 757 preceptúa que en el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por ministerio de la ley al heredero, y según el artículo 1013 (2º inciso), una herencia o legado se defieren en el momento de la muerte del causante. En segundo lugar, el artículo 783 agrega que la posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore. El que válidamente repudia una herencia, se entiende no haberla poseído jamás. Por último, el artículo 975 enseña que el heredero tiene y está sujeto a las mismas acciones posesorias que tendía y a que estaría sujeto su autor, si viviese.
Por estos textos legales fácilmente se comprende que el heredero adquiere con la muerte del causante la posesión de las cosas que aquel poseía, es decir, que de la misma manera que la posesión puede transmitirse por acto entre vivos, también puede transmitirse por causa de muerte(14).
12.2. Además, tal como antes se esbozó, para efectos de la legitimación en la causa por activa en la interposición de la acción de reparación directa relacionada con la supuesta afectación a bienes inmuebles por virtud de la expedición de planes de ordenamiento territorial, no es relevante la condición de propietario o poseedor al momento de la interposición de la demanda, pues lo importante es demostrar esas calidades al momento en que, tal como se describe en la respectiva causa petendi, se causó el daño cuyo resarcimiento se persigue. Y dicha condición, en el caso concreto, está plenamente acreditada, pues los señores José Antonio Di Terlizzi Trujillo, Martha Patricia Di Terlizzi Bretón, Jorge Enrique Di Terlizzi Bretón, Claudia Lucía Di Terlizzi Bretón y María Cristina Di Terlizzi Bretón ya eran poseedores del bien en la época en que se expidió el Acuerdo 17 de 2000, y ostentaban la calidad de propietarios del mismo cuando se celebró la escritura pública de compraventa Nº 707 del 23 de julio de 2003 —párrs. 9.6.1 y 9.6.2 hechos probados—.
12.3. Todo lo anterior implica que los peticionarios en resarcimiento sí se encuentran legitimados en la causa por activa y que, por lo tanto, no le asiste razón al Ministerio Público cuando solicita que se dé prosperidad a la excepción relacionada con la supuesta ausencia personería para demandar, pues se trata de un presupuesto que en el presente caso sí está satisfecho y que, por tanto, permite continuar con el análisis de los demás problemas jurídicos planteados.
13. Al estudiarse el tema relacionado con la caducidad de la acción de reparación directa, frente al cual dijo el tribunal de primera instancia que debían denegarse las pretensiones de la demanda por haberse interpuesto esta última en forma extemporánea, considera la sala que dicha conclusión debe revocarse en segunda instancia, pues los accionantes concurrieron oportunamente a la jurisdicción para buscar el resarcimiento del daño causado con la expedición del plan de ordenamiento territorial contenido en el Acuerdo 17 de 2000, punto en el cual es relevante tener en cuenta el hecho de que el avalúo del bien identificado con la matrícula inmobiliaria Nº 50N-79758, y su enajenación mediante escritura pública, se hicieron en forma posterior al hecho dañoso, de tal forma que las consecuencias de este se hicieron visibles también en forma posterior, sin que pudieran apercibirse desde la época de la expedición del acto administrativo que, si bien no se cuestiona en su legalidad, fue el causante del detrimento cuya reparación se reclama.
13.1. Al respecto, ha dicho esta corporación que, por regla general, el término de caducidad de dos (2) años consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo para la acción de reparación directa, se cuenta desde el hecho generador del daño cuyo resarcimiento se persigue, siempre y cuando exista una concomitancia entre la causa y el detrimento pues, según se ha precisado, existen casos excepcionales en los que la ocurrencia del menoscabo no coincide en el tiempo con la época de su causación, y en los que la persona interesada solo tiene conocimiento de la injuria en forma posterior; eventos todos ellos en los cuales la caducidad debe calcularse desde cuando surge el daño, y/o a partir del momento que se tiene conocimiento del mismo sin que haya podido ser apercibido en un instante anterior. En los precisos términos expresados en pronunciamiento de unificación por la Sala Plena de la Sección Tercera:
27. El numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que la acción de reparación directa caduca al vencimiento del plazo de 2 años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente de ocurrida la ocupación (…) temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa, que es el caso que ahora concita la atención de la sala.
28. La aplicación de dicha regla general se exceptúa cuando el conocimiento del hecho solo fue posible en un momento posterior a la ocurrencia del mismo, siempre y cuando que se observe que el interesado no pudo conocer el hecho dañoso en un momento anterior.
29. En dichas situaciones el término de caducidad se cuenta a partir de que el interesado tiene conocimiento del daño cuya indemnización pretende(15), o desde la cesación del mismo cuando el daño es de tracto sucesivo o causación continuada (…).
33. Frente a estos supuestos la sala aclara, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el término de caducidad opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la voluntad de los interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término (…) razón por la cual, en los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte del interesado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada situación que el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el hecho en un momento anterior pues, si no existen tales motivos, no hay lugar a aplicación de los criterios que ha establecido la Sala para el cómputo del término de caducidad en casos especiales(16).
13.2. En el caso concreto, debe tenerse en cuenta también que frente a temas similares, y de forma reciente, la Subsección A de la Sección Tercera ha dicho que el cómputo del término de caducidad en casos en los que se demanda la responsabilidad del Estado por la afectación jurídica de bienes se cuenta, por regla general, a partir del día siguiente a aquel en el que el respectivo gravamen se inscriba en el folio de matrícula inmobiliaria(17). No obstante, en el presente caso dicha regla no es aplicable, comoquiera que respecto de la afectación jurídica del predio no se llevó a cabo una inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria al momento de la expedición del nuevo plan de ordenamiento territorial. Entonces, debe tenerse como fecha de referencia para el cómputo de la caducidad, aquella en la cual se otorgó el contrato de compraventa —párr. 9.6.2, hechos probados—, que lo fue en la celebración de la escritura pública Nº 707 del 23 de junio de 2003 —párr. 9.6.1, hechos probados—, pues fue allí donde se hizo evidente el daño alegado por la parte actora. Además, el monto del precio ofertado y el finalmente aceptado por los vendedores, que sería el elemento frente al cual los peticionarios predican el empobrecimiento, estuvieron determinados al momento de solemnizar el negocio en una escritura pública; a partir de lo cual se concluye que la demanda de reparación directa fue radicada oportunamente el 30 de agosto de 2004.
14. Revisado el fondo del asunto, la sala observa que en el mismo está acreditado el daño cuya indemnización persiguen los demandantes, pues el predio del que eran propietarios en comunidad y proindiviso —párr. 9.1, hechos probados— fue afectado con la expedición del plan de ordenamiento territorial contenido en el Acuerdo 17 del año 2000, por virtud del cual se restringieron los usos del lote de terreno —párr. 9.3, hechos probados— el cual ya no podría ser utilizado para el desarrollo de proyectos inmobiliarios que tuvieran que ver con la vivienda o el comercio —párr. 9.3.3, hechos probados—. Dicha afectación, implicó que los demandantes vendieran al municipio de Chía el terreno —párr. 9.6, hechos probados— por un precio inferior al que fue conceptuado en un dictamen arrimado con el libelo introductorio —párr. 9.7, hechos probados— y en un peritaje practicado en el marco del presente proceso contencioso administrativo —párr. 9.8, hechos probados—. Ello implica el padecimiento de un daño emergente, pues no se obtuvo el rédito esperado con la venta del inmueble del que eran propietarios los hoy peticionarios en resarcimiento. El monto de la indemnización debida será definido en el acápite de liquidación de perjuicios, en caso de ser procedente la atribución de responsabilidad.
14.1. En este punto se aclara que, si bien en la pretensión “cuarta” de la demanda se pide la indemnización del lucro cesante relacionado con la imposibilidad de obtener “(…) licencias constructivas a pesar de haberse elevado las solicitudes en legal forma (…)”, lo cierto es que en el proceso no existe demostración de que los hoy peticionarios en resarcimiento hubieran radicado solicitud alguna en aludido sentido, lo que implica la no demostración del daño por este aspecto reclamado.
15. Al revisar la imputación del daño, observa la sala que surge el débito resarcitorio a cargo de la entidad demandada pues, además de que se acreditó el rompimiento de las cargas públicas por virtud de la expedición del nuevo plan de ordenamiento territorial del municipio de Chía, dentro del proceso no se evidenció la configuración de una causal eximente de responsabilidad por hecho de las víctimas, según lo que pasa a explicarse.
15.1. Así, frente al tema del rompimiento de las cargas públicas por la modificación de los usos del suelo por la expedición de nuevos planes de ordenamiento territorial, ha dicho la Corte Constitucional que, aunque no le es dable al propietario del inmueble oponerse a la política pública pues prevalece el interés general sobre el particular, sí tiene derecho pedir la reparación de los daños que se causen por la alteración de las cargas públicas que normalmente deben soportarse en condiciones de igualdad. En los términos expuestos en la Sentencia C-192 de 2016:
8.17. Así las cosas, una modificación en materia de usos del suelo, aunque inmediatamente exigible, puede tener un impacto en el derecho de propiedad que, aunque no le permita al particular afectado oponerse a su cumplimiento, sí lo habilita para exigir una reparación cuando quiera que se cumplan las condiciones que den cuenta de la existencia de un daño antijurídico(18).
15.2. Al respecto está probado que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi avaluó el bien de los demandantes en la suma de $ 858 802 000 —párr. 9.5.1, hechos probados—, monto que le sirvió al municipio de Chía para formular la oferta de compra por ese mismo valor el 29 de enero de 2003 —párr. 9.5., hechos probados—, proposición que si bien valió alguna manifestación de inconformidad por parte de los demandantes, fue finalmente aceptada tal como fue presentada por el ente territorial, lo cual se hizo mediante oficio del 12 de febrero de 2003 —párr. 9.6, hechos probados—. Ello condujo a que, postreramente, el terreno fuera enajenado al municipio de Chía por medio de la escritura pública Nº 707 del 23 de julio de 2003 —párr. 9.6.1, hechos probados—, inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria el 6 de agosto de 2003 —párr. 9.7, hechos probados—.
15.3. El precio determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el referido informe estuvo determinado por la “(…) afectación del predio y normatividad del mismo como parte del sistema de áreas recreativas y culturales de uso público del municipio (…)” –párr. 9.5.1, hechos probados–, situación que a su vez se causó por la expedición del plan de ordenamiento territorial contenido en el Acuerdo 17 de 2000, en donde hizo mención expresa del terreno propiedad de los demandantes —párr. 9.3.2, hechos probados—, lo que implica que hubo un cambio en el uso del suelo que rompió la igualdad de las cargas que debían soportar los demandantes, lo que implica que surge la obligación de indemnizar dicho menoscabo.
15.4. En contra de lo anterior podría argumentarse que, al haberse aceptado la oferta formulada por el ente territorial sin que antes se exigiera el cumplimiento de las compensaciones de que habla el artículo 48 de la Ley 388 de 1997(19), los demandantes consintieron voluntariamente en que se les pagara el precio determinado en el avalúo efectuado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, lo que implicaría la configuración de un hecho de la víctima. No obstante dicho razonamiento no es de recibo, pues el contrato de compraventa se limitó a la negociación de un bien ya afectado, y lo que en el sub lite se reclama es la diferencia entre el valor del terreno involucrado en el cambio de los usos del suelo, y el valor del mismo inmueble sin ese menoscabo, diferencia esta que fue generada por el hecho generador del daño ocurrido por la adopción del nuevo plan de ordenamiento territorial. Por tal razón, lo vendedores aclararon que se reservarían la posibilidad de presentar las reclamaciones correspondientes, relacionadas con el menor precio recibido por la enajenación —aceptación de la oferta presentada por el municipio, párr. 9.6, hechos probados—.
15.5. Sobre el punto, debe tenerse en cuenta que en la escritura pública de compraventa Nº 707 del 23 de julio de 2003 expresamente se estipuló que la aceptación de la oferta relacionada con esa enajenación, contentiva de la salvedad aludida en el párrafo anterior, haría parte del clausulado del acuerdo de voluntades por medio del cual se transfirió el predio —párr. 9.6.1, hechos probados—, de tal forma que no resulta posible entender que los hoy peticionarios en reparación renunciaron a la compensación, máxime cuando no existe disposición normativa alguna que extinga el derecho a reclamar la misma por el hecho de no haberse reconocido antes de perfeccionarse la transferencia del derecho de dominio.
16. Como se observa, la sala encuentra procedente revocar la sentencia de primera instancia, en cuanto que denegó las súplicas de la demanda, para, en su lugar, proferir un fallo parcialmente favorable a las deprecaciones planteadas por los demandantes en reparación, por estar evidenciado el daño y la atribución del mismo a la entidad demandada.
17. Tal como se precisó párrafos más arriba, en el proceso solo se demostró el daño emergente relacionado con la menor cantidad de dinero que se recibió por la venta del predio identificado con la cédula catastral Nº 01-00-00-54-0064-000, sin que en momento alguno se haya evidenciado un detrimento del mismo género por el fracaso de licencias de construcción solicitadas, cuya prueba no fue arrimada al proceso —párr. 14, análisis de la sala—. Para efectos de la liquidación del menoscabo probado, debe la sala evaluar el mérito probatorio de los informes técnicos obrantes dentro del proceso, uno de ellos practicado dentro del mismo y el otro arrimado junto con el libelo introductorio.
17.1. En efecto, existe en el plenario el informe realizado por la Cámara de Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, en el que se dice que el predio costaba $ 2 199 470 000 pesos sin el cambio de suelo, conclusión a la que se arribó después de adelantarse encuestas de opinión con expertos en finca raíz, con base en el llamado “método de mercado como comparación” —párr. 9.7, hechos probados—. Si se tiene en cuenta este estudio, lo cierto es que entre el precio pagado por la adquisición del inmueble ($ 858 802 000 pesos) y el conceptuado en el informe, se tiene una diferencia de $ 1 340 668 000 pesos, que es precisamente la solicitada por los demandantes en la pretensión tercera de la demanda.
17.2. Del mismo modo, existe en el proceso el informe elaborado por peritos valuadores auxiliares de la justicia, en donde se conceptuó que el precio del inmueble, si no hubiera sido afectado por el plan de ordenamiento territorial, sería de $ 2 346 903 037, para efectos de lo cual se tuvo en cuenta “(…) el desarrollo potencial que ha presentado el casco urbano del municipio de Chía (…)” —párr. 9.8, hechos probados—, lo que implica que en este informe se fijó una diferencia de $ 1 488 101 037 pesos, suma que es mayor a lo solicitado en la pretensión tercera de la demanda.
17.3. Como se observa, aunque los dos informes son coincidentes en afirmar que hubo una devaluación del lote de terreno como consecuencia de la modificación del plan de ordenamiento territorial, también es cierto que solo puede reconocerse como indemnización de perjuicios, a lo sumo, aquella suma que fue solicitada por los demandantes, que para el sub lite lo es la diferencia obtenida con base en el concepto técnico elaborado por la Cámara de Propiedad Raíz - Lonja Inmobiliaria, de tal manera que procederá la sala a hacer la correspondiente actualización a partir del 21 de febrero de 2004 (fecha del dictamen), para con ello estimar cuál es el resarcimiento que debe reconocerse por el daño emergente padecido por los demandantes. Para tal efecto se tendrá en cuenta la fórmula de actualización reiterativamente utilizada por el Consejo de Estado, de acuerdo con la cual: renta actualizada = renta histórica * [índice final de precios al consumidor ÷ índice inicial de precios al consumidor]. Aplicada dicha fórmula al caso concreto, se tiene lo siguiente:
Ra = 1 340 668 000 * [137,99321 ÷ 77,62288]
Ra = $ 2 383 357 598
17.4. En ese orden, como indemnización de los perjuicios por daño emergente padecidos por los demandantes dentro del sub lite, se reconocerá una suma de $ 2 383 357 598 pesos moneda corriente. Como los peticionarios eran propietarios en común y proindiviso del lote materia de la afectación —párr. 9.1, hechos probados—, entonces la referida indemnización deberá ser divida por partes iguales entre todos ellos, tal como se dispondrá en la parte resolutiva, esto último bajo el entendido de que la sucesión fue liquidada tal como se reseñó en el párrafo 9.1 de los hechos probados, en donde se hace mención de un certificado de registro en el que se dice que la adquisición del predio fue por adjudicación de sucesión.
18. La Sala revocará la sentencia apelada, esto es, la proferida el 3 de marzo de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en su lugar se condenará al municipio de Chía a pagar la indemnización por daño emergente según las medidas de reparación que acaban de determinarse.
19. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de alguna de las partes o de los demás intervinientes procesales, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se profiera una condena de ese tipo.
20. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección B—, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 3 de marzo de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar se dispone lo siguiente:
1. DECLÁRASE administrativamente responsable al municipio de Chía —Cundinamarca— por el daño sufrido por los demandantes con ocasión de la expedición del plan de ordenamiento territorial contenido en el Acuerdo 17 del año 2000.
2. Como consecuencia de lo anterior, a título de reparación de los perjuicios materiales por daño emergente, CONDÉNASE al municipio de Chía —Cundinamarca— a reconocer a los demandantes José Antonio Di Terlizzi Trujillo, Martha Patricia Di Terlizzi Bretón, Jorge Enrique Di Terlizzi Bretón y Claudia Lucía Di Terlizzi Bretón, la suma de $ 2 383 357 598 pesos moneda corriente, la cual será repartida por partes iguales entre los mencionados peticionarios.
6. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.
2 A folio 5 del cuaderno 1, se estima el monto de todos los perjuicios patrimoniales cuya indemnización se solicita, en $ 1 340 668 00 pesos m/cte —pretensión tercera—. En la medida en que el recurso de apelación fue interpuesto en vigencia de la Ley 1395 de 2010, entonces la cuantía debe determinarse con la sumatoria de todas las pretensiones estimadas en el libelo introductorio. Así, el numeral 6º del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo tal como quedó después de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, dispone que la cuantía necesaria para que un proceso sea de doble instancia —y conocido en segundo grado por el Consejo de Estado—, debe ser superior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto es $ 179 000 000 con el salario mínimo vigente para el año 2004 —$ 358 000—, que es la época en que se interpuso la demanda de reparación directa. Lo anterior implica que el presente caso puede ser conocido por la sala en sede de apelación.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, sentencia del 28 de agosto de 2013, C.P. Enrique Gil Botero, radicación Nº 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), actor: Rubén Darío Silva Alzate y otros, demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otros.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 30 de septiembre de 2014, C.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación Nº 11001-03-15-000-2007-01081-00 (REV), actor: Adriana Gaviria Vargas, demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
5 En este punto se reiterarán las consideraciones expuestas por la Subsección B en la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección B, sentencia del 30 de junio de 2015, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación Nº 25000-23-26-000-1996-02987-01 (acumulado), actor: Procesadora de Pieles Curtitauros Ltda., demandado: Distrito Capital de Bogotá y otros.
6 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.
7 “Por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales”.
8 López Blanco, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo III: Pruebas, Dupre Editores Ltda., Bogotá - 2001, págs. 241 a 243.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección B—, sentencia del 27 de septiembre de 2013, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación Nº 25000-23-26-000-2002-02325-01 (29405), actor: Adelaida Clavijo Orjuela y otros, demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y otro. Se dijo en esta providencia: “10.2. Por el contrario, sí se apreciará el dictamen pericial denominado “Avalúo Técnico Comercial Nº 0958” allegado junto con la demanda, en consideración a que se cumplieron los requisitos previstos en el artículo 10 de la Ley 446 de 1998 para su valoración (…) dado que fue traído en un momento procesal oportuno para la aportación de material probatorio, fue elaborado por un profesional cuya idoneidad se acreditó debidamente (…) y de él se corrió traslado a la parte demandada en el auto del 16 de mayo de 2003 en el que se decretaron las pruebas del proceso, sin que la parte demandada se opusiera a dicho decreto o a la valoración del experticio”.
10 Otro tanto se consignó en el oficio del 23 de diciembre de 2002 suscrito por una funcionaria de la división de espacio público y vías del municipio: “Damos alcance a nuestra certificación de fecha 5 del presente mes de diciembre para el predio de la referencia ubicado en la diagonal 13 # 7.18 del Barrio Osorio”. // “Que según lo establecido en los artículos 51, 52 y 53 del plan de ordenamiento territorial —POT— del municipio de Chía, el predio de encuentra incluido dentro del sistema de áreas verdes urbanas de Chía que conforman el sistema de espacio público efectivo y que en cuanto al predio expresamente dice: “Zona de afectación para uso recreativo y cultural en el lote de terreno ubicado en la esquina noroccidental de la Avenida Pradilla con carrera 7ª. Y que se extiende por la carrera 7ª, al frente del Coliseo Cubierto hasta los predios de la Casa de la Cultura Alberto Lleras Camargo, tal como se indica en el plano de ordenamiento urbano, en su área total”.”. // “Se expide la presente certificación a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2002” (fl. 88, cdno. pbas. 2).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2004, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, radicación Nº 25000-23-26-000-2003-00120-01 (AP), actor: José Vesner Ramírez Henao, demandado: Municipio de Girardot Cundinamarca.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de octubre de 2007, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación Nº 41001-23-31-000-2004-00351-02 (AP), actor: Mario Arturo Ortiz y otros, demandado: Municipio de Neiva y otros.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A, sentencia del 13 de abril de 2016, C.P. Hernán Andrade Rincón, radicación Nº 25000-23-26-000-2002-01529-01 (37453), actor: Magaly Celmira Chiquiza de Parra, demandado: Distrito Capital de Bogotá.
14 Valencia Zea, Arturo y Ortiz Monsalve, Álvaro. Derecho Civil, Tomo II: Derechos Reales, Undécima Edición, Editorial Temis, Bogotá - Colombia (2007), pág. 93.
15 [5] “Ver sentencia del 7 de mayo de 1998, proferida dentro del proceso radicado Nº 14.297, promovido por William Alberto Londoño contra el Instituto de Seguro Social. Los criterios contenidos en la citada providencia, han sido reiterados en los siguientes pronunciamientos: sentencia del 11 de mayo de 2000, C. P.: María Helena Giraldo Gómez, expediente Nº 12.200; auto del 5 de octubre de 2000, C. P.: María Helena Giraldo Gómez, expediente Nº 18.208; auto del 10 de noviembre de 2000, C. P.: María Helena Girlado Gómez, expediente Nº 18.805; sentencia del 29 de enero de 2004, C. P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez, expediente Nº 18.273; auto de 25 de marzo de 2004, C. P.: Ramiro Saavedra Becerra, expediente Nº 24.647; auto del 22 de marzo de 2007, C. P.: Alier Eduardo Hernández Henríquez, expediente Nº 32.935, entre otros”.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —en pleno—, auto del 9 de febrero de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación Nº 54001-23-31-000-2008-0301-01, actor: Pablo Carvajalino Lázaro y otros, demandado: Empresa Electrificadora de Santander y otros.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera —Subsección A—, sentencia del 26 de abril de 2017, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico, radicación Nº 25000-23-26-000-2007-00138-01 (39646).
18 Corte Constitucional, Sentencia C-192 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, la Ley 2ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”. Dice el artículo 48: “ART. 48.—Compensación en tratamientos de conservación. Los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados por esta carga derivada del ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones económicas, transferencia de derechos de construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten”.

References: artículo 10
 artículo 22
 artículo 10
 artículo 22
 artículo 238
 artículo 238
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 20
 artículo 51
 artículo 53
 artículo 99
 artículo 48
 artículo 6
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 757
 artículo 1013
 artículo 783
 artículo 975
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 48
 artículo 55
 artículo 132
 artículo 10
 artículo 48