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Timestamp: 2018-11-15 02:29:34+00:00

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El mundo de la enseñanza en la época del General Primo de Rivera
El Rastro de la Historia. NÚMERO TRES
EL MUNDO DE LA ENSEÑANZA EN LA ÉPOCA DEL GENERAL PRIMO DE RIVERA (1923-1930)
Adaucto Pérez
Si el hombre es un ser incompleto que en el transcurso de su vida va aprendiendo hasta su eterno viaje, llevará como compañera inseparable la educación, la formación o la enseñanza. Fue el siglo XIX, en sus partes tardías, cuando se popularizó una enseñanza primaria para todos. Arranque con continuación imparable. En un época de gran interés para la Historia de la España contemporánea, la que va desde 1923 a 1930, Dictadura del General Primo de Rivera, el mundo de la enseñanza presentó un panorama harto interesante que desde la perspectiva de hoy no es sólo crónica, sino auténtica historia con claves aun vigentes
El mundo de la enseñanza planteaba problemas de indudable interés. Se arrastraba el enfrentamiento de los miembros más laicos del Estado en contra de los intereses de la Iglesia que tendía al control de los centros educativos para, a través de ellos, ejercer el influjo social y llegar al pacto con las clases medias tras la ruptura habida en el siglo XIX por el tema de las desamortizaciones. De particular interés es la cuestión durante el Directorio con el general Primo de Rivera al frente, porque convergen, de una parte, los intereses eclesiales, y, de otra, la emergencia de una forma nueva de Estado que dice querer intentar la construcción de una nación fuerte e incluso parece copiar rasgos modernos que han aparecido en Europa. Pero tal planteamiento no llegará a conducirse a la consecuencia lógica que habría sido la tirantez entre ambos poderes por el control de la enseñanza. El régimen, que contó con el apoyo casi total de la Iglesia, aunque inició una política de revitalización estatal de la enseñanza primaria, acabó permitiendo el control de la Iglesia por doble partida. De un lado, legisló a favor de introducir y consagrar los valores religiosos en la escuela estatal; del otro, permitió el crecimiento de los centros religiosos privados, a los que llegó a dar privilegios que fueron, incluso, contestados desde las propias filas de apoyo a la Dictadura. Régimen político que a pesar de su nombre, Manuel Tagüeña con toda su militancia social comunista no dudó en calificar de < "dictadura" bonachona y paternal>.
Un quiero y no puedo en una etapa de fuerte dinamismo (balbuceos premonitorios de posteriores dictaduras) en donde había que conjugar la abundancia legislativa con los problemas del presupuesto y que finalizó con la concurrencia al fracaso, fruto de las contradicciones internas que el régimen representaba.
La Iglesia y el régimen
El apoyo de la Iglesia católica al régimen del general Primo de Rivera fue decisivo. Las apetencias controladoras de la Iglesia en materia educativa, además de ser fuente de ingresos económicos, se veían ahora potenciadas por la situación política. La Iglesia, mayoritariamente aceptada en España, atraviesa un periodo de revitalización que contrasta con las trabas que gobiernos liberales han ido poniendo en su camino en años pasados. En este contexto de regeneracionismo cristiano no era extraño que los católicos españoles secundaran al gobierno y que los religiosos apoyaran decisivamente al régimen. El Marqués de Estella (don Miguel Primo de Rivera) fue llamado "el ilustre caudillo de nuestra España", "salvador de la Patria", "restaurador y fortalecedor de la monarquía cristiana".
Con estas premisas, el Dictador y su ministro de Educación, el catedrático vallisoletano Eduardo Callejo, iniciaron una andadura de regeneración social, uno de cuyos ejes cardinales era el mundo de la enseñanza.
Las dos ideas fundamentales que presiden la ideología de Primo de Rivera son su nacionalismo español y su religiosidad católica. Así lo describen los conocedores de su vida y obra: "A despecho de la imagen más bien machista de Primo de Rivera, éste tenía una visión fundamentalmente católica de una sociedad moral y sexualmente ascética, en la cual las enseñanzas de la Iglesia, más que "el espíritu de los nuevos tiempos", debían fijar las normas de la conducta pública…La educación debía ser religiosa y patriótica".
La confluencia de lo nacional español y lo religiosos eran principios básicos para la Dictadura. La escuela, con su enorme importancia, en la formación de ciudadanos, quedaba comprometida en la tarea. Un decreto de febrero de 1924 ordenaba destituir a cualquier maestro que enseñara a sus alumnos doctrinas opuestas a la unidad de la patria u ofensivas a la religión.
La figura del docente resultaba de importancia extrema. La concienciación por la acción o la importancia del ejemplo del maestro quedaban de manifiesto en las instrucciones emitidas por las autoridades civiles como la circular de 7 de junio de 1926 del Gobernador Civil de Cuenca:"Si la educación tiende a crear buenos hábitos y estos se forman con la repetición de hábitos, preciso será, para dar una educación religiosa, que se practiquen ejercicios de piedad por educadores y educandos, siendo la asistencia a misa en días festivos…lo menos que puede pedirse como práctica religiosa a profesores y escolares, exigencia que un Estado católico puede y debe imponer a sus funcionarios…Ordeno por la presente a todos los maestros que estén al frente de escuela, ya nacional, ya privada…, la asistencia a los actos de culto y, principalmente, a la Santa Misa en días festivos…Los alcaldes procurarán vigilar el cumplimiento de esta orden…, dando cuenta inmediata a este Gobierno civil de los casos de incumplimiento que castigaré con el mayor rigor".
En este contexto donde la opinión del Estado era nítida no resultaba extraño que por ejemplo, las peticiones para abrir una escuela no oficial evangélica cayeran en saco roto o que la lucha por el control de la enseñanza que se arrastraba desde principios de siglo y que algunas tarascadas tuvo con el Conde de Romanones de Ministro de Instrucción Pública, se saldaran de forma favorable a la Iglesia, que aumentaría su potencial educativo y recibiría del Estado ayudas por la atención a niños pobres.
Esta extensión de la Iglesia en el mundo de la enseñanza presentaba también aspectos negativos y posiblemente larvaba explosiones posteriores, bárbaras, injustificables pero que desde el análisis hay que tenerlas en cuenta. Para algunos historiadores, "el hecho de que en 1929 millares de clases primarias no tuvieran maestros debe atribuirse no sólo a ineficacia administrativa, sino también a presión clerical, pues al mismo tiempo cuatro mil maestros esperaban todavía se les asignaran escuelas" La erupción de anticlericalismo posterior a la Dictadura, que ya vaticinara Cambó, más debió obedecer a la resistencia en superar las desigualdades sociales que fomentaba la Iglesia, que al problema lingüístico, señalado por el político catalán como posible detonante. Aunque es cierto que en algunas zonas de España religión y lengua aparecían con frecuencia mezcladas. Era el caso de Cataluña.
El conflicto lingüístico en la enseñanza escolar
Dentro de las tres iglesias que en España ha habido, según la clasificación realizada por Guy Hermet, la vasca, la catalana y la propiamente española, la segunda de ellas crearía problemas a Primo de Rivera por parte de algún significado representante. El primitivo apoyo de la burguesía catalana al golpe septembrino y el descontento después, tuvo a gran parte de la Iglesia de Cataluña con marcado descontento hacia la unidad lingüística impuesta por el Dictador. El sentimiento de esta parte del clero presentaba una evidente contradicción que basculaba entre el afecto a las normas de la más fiel ortodoxia impuestas por Primo de Rivera (que abarcaban todos los ámbitos, desde las escuela hasta los espectáculos) y su fidelidad a Cataluña o al catalanismo y el deseo de utilizar la propia lengua, que chocaba con el afán monolingüístico de Primo de Rivera. Así se explica el apoyo masivo de párrocos y prelados y las críticas del obispo Vidal, antaño entusiasta del golpe. Pero en este apartado la opinión del General era tajante y apeló, incluso, a la Santa Sede para que visara positivamente su política con relación a la iglesia de Cataluña, obteniendo de aquella el beneplácito, que conllevaba "sacrificar el ala extremista del particularismo catalán con el fin de salvar sus relaciones congénitas con el régimen más fervorosamente católico -de hecho ultramontano- de Europa".
Los intentos de salvar el deseo uniformador y la costumbre de aprendizaje en lengua autóctona tenían sus paladines como ocurríó con José Sanmartí, párroco de Alós de Oril que en el 1927 y en un largo escrito de veinticuatro páginas criticaba el rigorismo de que los maestros no pudieran traducir a los niños palabras del castellano al catalán y señalaba una especie de esquizofrenia que se producía entre la enseñanza del catecismo que se hacía en catalán porque así estaba dispuesto por el Diocesano y la prohibición, luego, a los mismos niños en las escuelas de que utilizaran su lengua vernácula. Este hecho era para el párroco "ridículo, antipedagógico y dificultoso" y aprovechaba la misiva para denunciar, en el papel fiscalizador de la escuela que la Iglesia ejercía, el que hubiera maestros que los días de catecismo daban licencia a sus alumnos "como si se tratara de cosa de menor provecho" . Pedía que el Estado, a través de la Inspección de enseñanza realizara controles inesperados, sorpresivos y, si así se produjeran abandono de maestros, "mejor que mejor, pues así no desaparecerán más que los holgazanes, que verdaderamente los hay".
Carta muy razonada la del párroco de San José de Seroiro, quien tras comentar la función religiosa que ha obrado y el Te Deum celebrado por salir Primo de Rivera ileso de un atentado, ponía el dedo en la llaga de la contradictoria cuestión entre la enseñanza religiosa y el monolingüismo, ya que la legislación y la reglamentación eran múltiples en la defensa de la instrucción religiosa pero la Real Orden del 13 de Octubre de 1925 ordenaba a los inspectores de enseñanza que "si hubiera obras no escritas en español o contuviesen doctrinas o tendencias contrarias a la unidad de la Patria o contra bases del régimen social, las harán retirar inmediatamente de las manos de los niños y procederán a formar expediente al maestro". Surgía la pugna porque, vigente aún la Ley de 9.12.1857, su artículo 87 señalaba que "la doctrina cristiana se estudiará por el catecismo que señale el prelado de la diócesis". Para salir del atolladero legal proponía la edición de un catecismo único y en español. Seguro que algo muy del gusto del Dictador y de su ministro Callejo.
Muy contrario a la utilización de la lengua particular y favorable al generalizado uso del castellano era Fernando Leal Crespo, Inspector de Enseñanza Primaria en Las Baleares y autor del libro La Enseñanza del idioma en donde abogaba porque la escuela fuera el primer lugar de aprendizaje del idioma nacional. Parecida opinión, pero con la carga añadida de la vehemencia era la del Presidente de la Unión Patriótica de Tarrasa, que pedía la exigencia en el cumplimiento con energía de la enseñanza del castellano en las escuelas oficiales y privadas y resultaba aleccionador el papel que otorgaba a la escuela este upetista que, con la utilización de la más elemental lógica, advertía no solo de hechos pasados sino de vaticinios futuros : "No hay duda que fue la escuela la principal arma de que se valieron los catalanistas para arrancar el amor patrio…" Y especialmente considera a la institución privada como hacedora de males: "No olvide que la escuela privada es donde mayor desarrollo ha tenido el morboso microbio separatista, por cuyo motivo no se ocultará a V.E. que debe ser predilectamente vigilado y encauzado por la inspección y demás autoridades"
La escuela como centro educativo de primer orden, vigilado por el Estado y ayudado en la tutela de las costumbres por otras fuerzas y muy especialmente por la Iglesia (que desde la Ley Moyano imponía el control religioso de párrocos sobre aquellas), fue instrumentado, desde un principio, por el Directorio. En este apartado habría que incluir la obligatoria enseñanza de la religión en la escuela y en la enseñanza secundaria con la reforma de la misma, las destituciones de maestros que enseñaran a sus alumnos "doctrinas opuestas a la unidad de la patria u ofensivas de la religión" o la vigilancia y restricciones que se ejercieron contra centros educativos liberales como el Museo Pedagógico, las Normales del Instituto Escuela y la Escuela Superior del Magisterio.
El interés por mantener las instituciones que reforzaran la castellanización -españolización de Cataluña se ponía de manifiesto en el informe que se pasó a Primo de Rivera referido a la Residencia de Estudiantes Normalistas de Barcelona, cuya labor era definida como cultural, profesional y patriótica. De aquel informe se desprendían las excelencias de la institución "obteniendo hornadas de maestros que desvirtúen en las escuelas de Cataluña la propaganda contra la unidad de la Patria que durante tanto tiempo ha envenenado el alma de este noble pueblo". Se apadrinaba la petición de ayuda económica para la Residencia con varios escritos del Capitán General de aquella Región. La respuesta resultó un tanto limitada porque si bien una Real Orden dispuso el pago de los alquileres, también se hacía notar que era esa la única obligación con la que pensaba cargar el Estado. Había que compaginar la uniformidad lingüística con los Presupuestos del Estado, sacudidos por múltiples frentes.
La situación social de los maestros
No fueron precisamente "felices" los años veinte para el Cuerpo del Magisterio, imbricado en la política regeneracionista del Dictador. Según comentaba Bartolomé Cossío en 1924 "la ausencia de alumnos normalistas procede de que nadie que se estime en algo quiere ser hoy maestro de escuela porque no se le retribuye convenientemente". Hermanos menores de otros funcionarios tal y como se deduce en los telegramas que pedían la equiparación con otros funcionarios si recibieran la gratificación por residencia para los destinados en el norte de África.
Gentes en principio ajenas al sentimiento corporativo de los maestros, como el alcalde Cuatretante se solidarizaban con ello y en Mayo del 25 dirigía un telegrama solidario con los docentes: "atienda próximo presupuesto creación escuelas y equiparación económica Magisterio demás funcionarios del Estado."
Otro alcalde, el de Galdo, enviaba el siguiente telegrama:"Situación económica angustiosa por que atraviesan maestros nacionales en esta localidad muéveme dirigirme a Vuecencia ordene con toda urgencia trámite disponer R.O. 26 agosto último a fin les sean abonados gratificación residencia, al igual que a los demás funcionarios públicos residentes en Canarias. Punto. Saludo"
La esperanza aún les quedaba a algunos de que la equiparación se conseguiría: "Los de la primera categoría y algunos otros ilusos esperan a que nos equiparen a los demás funcionarios (hasta 12.000 pesetas…). Otra anomalía hay en los escalafones…, y es el haber uno para cada sexo… Debieran ambos sexos refundirse en un sólo escalafón."
En el año 1928 la Confederación de Maestros de Santander pedía la dedicación de 500.000 pesetas de los presupuestos para acabar con el segundo escalafón infamante, que no existía en ninguna carrera. El Presidente de la Confederación Nacional de Maestros pedía desde Belorado (Burgos) mejoras urgentes para quienes cobraban menos de cinco pesetas diarias.
También la jubilación contaba con detalles discriminatorios. Mientras que los demás funcionarios la tenían obligatoria a los sesenta y nueve años, los maestros la tenían a los setenta y dos.
Los maestros se agrupaban en nueve escalafones para la cobranza de sus emolumentos, los más voluminosos eran el séptimo y el noveno, con tres mil y dos mil pesetas anuales respectivamente. Además mientras que el escalafón séptimo agrupaba a 15.461 maestros y el noveno a 8.994, el primero de los escalafones con una suculenta dotación de 8000 pesetas agrupaba tan solo a 176 individuos y el segundo, de 7.000 ptas. a 316 docentes. Aun suponiendo la buena voluntad del Estado para el remedio de la situación no se aplicaba aquí la política uniformadora que informaba otros espacios.
Y resultaba que la situación era realmente dura, los refranes infamantes acerca de la situación económica de los maestros cobraban plena vigencia. No era que la Dictadura hubiera conducido a ello, sino que se arrastraba un lastre secular. La "republicanización" de muchos maestros pocos años después no será ajena a los aumentos de sueldo que recibirán siendo ministro el radical socialista Marcelino Domingo. En ocasiones la ideología comienza por el estómago.
Había notables diferencias con otros trabajadores. Los salarios por industrias oscilaban entre las 6,50 y las 11 pesetas diarias con variaciones según el tipo de fábrica y la región de trabajo. Los maestros se sentían discriminados en sus percepciones, y así "en diciembre de 1928. La Asociación de Maestros llegó a quejarse de que el salario mínimo decretado por el gobierno para los trabajadores industriales fuera más alto que el que ganaban los maestros."
En las notas para el presupuesto de la Primera Enseñanza en 1927 se tenía en cuenta el aumento de sueldo para algunos maestros. El propio ministro Callejo hablaba de "maestros con un jornal de 5-6 pesetas diarias, cuando el de un bracero como mínimum es de 7 a 10 pesetas" y "…en casi todos los demás cuerpos del Estado para los que se exigen análoga o menor preparación tienen sueldos superiores."
El superávit del Estado en el año 27 permitió atender deficiencias sociales como la redención de prendas empeñadas por cuenta del Estado, el proyecto de casas baratas, la declaración de intenciones del paso de la propiedad de la tierra "a los que directamente y con capacidad la cultiven en forma y por métodos que beneficien para ellos, para los propietarios y para la economía general y del Estado". ; y dentro de este lote de mejoras, otro argumentos de los que esgrimió el Gobierno en su haber y lo halló en el aumento llevado al nuevo presupuesto de unos cinco millones de pesetas "para pago de los maestros destinados a las mil quinientas escuelas que se habían creado en el año anterior, y al establecimiento de setecientas escuelas más".
Pero estos esfuerzos se demostraban insuficientes.
Era en marzo de 1929 cuando Rufino Carpena, representante de una Asociación de Maestros, pretextaba felicitar al gobierno por la concesión de seguridad a los obreros manuales para pedir que "los sueldos de los maestros no estén por bajo que los jornales de los trabajadores aludidos". No debió mejorar mucho la situación porque el 7 de Enero de 1930, cuando al Directorio le quedaba tres semanas de vida, una carta que hacía referencia a la Asamblea de la Confederación Nacional de Maestros suplicaba no se tuviera en cuenta el acuerdo de que maestros con oposiciones aprobadas percibieran tres mil pesetas. Este Carpena que presidía una Comisión Gestora de Maestros Nacionales con Hijos, llegó a remitir dos tomos encuadernados conteniendo instancias de maestros en donde pedía la constitución de un solo escalafón para todo el Magisterio, un sueldo mínimo de tres mil pesetas, la ayuda familiar para hijos legítimos y la posibilidad de ascenso cada cuatro o cinco años. El maestro Carpena acompañaba un librito Razón y Justicia en donde figuraban los fragmentos más representativos de las cartas recibidas de otros colegas. El texto enviado a Primo de Rivera reflejaba patetismo "Suplicándole redima de una vez para siempre a unos 40.000 individuos que en míseros hogares de honrados maestros nacionales gimen lastimosamente, cual se refleja en multitud de cartas y escritos como los de la presente colección".
Este tipo de reivindicación, que esperaba de la concesión del poderoso más que de la incipiente lucha sindical por medio de la presión y hacia unos concretos objetivos era la forma habitual de posicionarse el Magisterio, carente de un sentimiento de clase. Tal postura se incardinaba en las coordenadas que el General entendía para los sindicatos, sin que ello reste un ápice de la conciencia social del Dictador, las pruebas bien lo acreditan.
Las entidades corporativas que agrupaban a los maestros desplegaban una estrategia carente de alharacas, sin acciones de fuerza, pero de expresión contundente. Cuando en 1928 se confeccionaron los Presupuestos Generales del Estado se aprestaron las asociaciones para hacer campañas en pro de las mejoras. De las numerosas peticiones enviadas al gobierno entresaco las siguientes:
"Maestro nacional por oposición con tres mil pesetas de sueldo, dieciocho años de servicio en propiedad y tres de interino. Pues bien, Excelentísimo Sr. después de veintiún años de servicios, para obtener un ascenso de 500 pesetas he de tardar aún algunos años más".
Más dura la situación que se denunciaba desde Bilbao: "¿Qué pueden hacer 8.000 maestros con 2.000 pesetas anuales, o se, cinco pesetas diarias? ¿Qué pueden hacer 18.000 maestros con 3.000 pesetas, o sea, 7.85 diarias?
"Soy padre de siete hijos a los cuales no puedo proporcionar carrera ni oficio, pues sin embozo he de decir que padecemos ¡hambre!"
"Huyo de comparaciones enojosas pues para patentizar nuestro caso las considera superfluas"
Aguda la observación que desde Bilbao se hace en una amplia carta de cuatro hojas: "Siempre que no hay dinero, ahora se ha dado fin a la pesadilla y sangría, tanto de verdadera sangre como de dinero, de Marruecos" y se veía en los intentos de regeneración administrativa de Primo de Rivera la posible solución "gracias a su gestión administrativa va mejorando la Hacienda pública".
Las desigualdades dentro del Cuerpo del Magisterio eran sangrantes. La más terrible, la de las sustitutas que carecían de derecho para pertenecer a la "lista única", denunciado por la maestra Angeles Aceveda, quien afirmaba percibir un salario de 2,50 pesetas diarias. En ocasiones el sueldo del sustituto era tan ridículo que ahuyentaba a posibles interesados, aunque aparecían quienes estaban dispuestos a ejercer un pluriempleo ya que, por lo visto, o era enorme su vocación docente o les sobraba mucho tiempo en su primera dedicación . Tal extremo quedaba explicado en la carta de Adolfo Sáiz, párroco de Los Tremellos (Burgos) quien se ofrecía "de conformidad con lo propuesto en algunas ocasiones por VE de que en los pueblos rurales se encarguen los párrocos de dar escuela siempre que me paguen la sustitución, o sea, lo que corresponde, que es medio sueldo y se me pague lo dispuesto para el material" Dejando de lado la función social que pudiera estar en el ánimo del sacerdote no estaría muy distante la necesidad de los párrocos rurales, quienes, fervientes admiradores del Dictador, subsistían misérrimamente con una dotación de 1.500 pesetas anuales. Un complemento era también lo que ofreció el Marqués de Estella en 1929 a los oficiales de Infantería que se reconvirtieran en maestros en pequeñas ciudades de provincia.
Los negros tintes de la pobreza, el naturalismo descarnado, la ponzoña del hambre, los cuadros de la pintura social que un Ramón Casas, un Joaquín Sorolla o un Rafael Romero de Torres pudieron haber plasmado en sus lienzos- denuncia quedaban esculpidos en los escritos de los maestros jubilados, textos patéticos orlados por una gloriosa caligrafía en una España analfabeta y que denunciaba sin más, su situación de hambre. Un maestro de Oimbra (Orense) con ochenta y dos años "sin más recurso de vida que novecientas ochenta pesetas que disfruto de jubilación, que no llega para pan necesario" o la carta manifiesto de Zacarías Sanz Jadraque en la que denuncia que los maestros jubilados a los setenta años cobraban de tres a siete reales diarios "ni para pan necesario" . Todo ello, por supuesto, en la petición al hombre justo, al "padre", que era Don Miguel, al que se le brindaba la idea de que las mejoras necesarias podían tener como fecha el 1 de Octubre "dedicado por el Gobierno de Su Majestad al Maestro".
Reconocimientos honoríficos, pero también haberes y pensiones. Y resultaba que aunque Cossío había denunciado un posible absentismo en la dedicación hacía el magisterio, la realidad posterior a sus palabras no le darían la razón. Una carrera de corto recorrido con posibilidad de un salario fijo, con centros para su formación en casi todas las capitales españoles y la esperanza de mejoras movió a muchos estudiantes a matricularse en las Escuelas de Magisterio que registraron un muy significativo aumento del alumnado: de 16.905 en el curso 23-24 a 36.031 en el 29-30.
Para el conocimiento del Magisterio en este tiempo resulta revelador el documento Derechos Pasivos del Magisterio Nacional. Dictamen y voto particular de Comisión de Funcionarios Aquel informe proponía incorporar al Magisterio al régimen general de las clases pasivas del Estado, el descuento sobre los sueldos para allegar más fondos, un conocimiento cierto de que los haberes de pasivos eran totalmente insuficientes toda vez que en su gran mayoría eran inferiores a las 1.500 pesetas y la conveniencia de que las jubilaciones voluntarias pasaran de los sesenta a los sesenta y cinco años. En aquella comisión de siete funcionarios hubo quienes mostraron su disconformidad con los otros porque entendían que muchos maestros percibían complementos en la educación de adultos y, además disfrutaban de vivienda.
La lucha por el sustento, aunque fuera flaco, era una realidad y queda de manifiesto en múltiple documentación. Existen denuncias sin comprobar contra las oposiciones de maestros de Granada en 1926 y es digno de mención que la "línea directa" abierta a instancias del General permitía todo este tipo de reclamaciones porque, como se comunicaba al Jefe de Secretaría del Ministerio de Instrucción Pública desde la Secretaría de Presidencia, es "deseo expreso del señor Presidente que no se persiga a nadie de los que a él se dirijan denunciándole algún hecho". Lo que es una muestra espléndida del populismo de Primo de Rivera, de sus intentos de resolución por la tremenda, agarrando al toro del caciquismo por los cuernos. Se pedía investigar las oposiciones de Zaragoza y que fueran anuladas las de Santiago de Compostela, en donde un Tribunal fue sometido a investigación judicial por "prevaricación, cohecho y falsedad" . En Barcelona también se hubieron de suspender las oposiciones mientras los concejales de la ciudad pedían la continuación de las pruebas.
Más de competencia profesional y de necesidad de una decente retribución que de afán moralizador (aunque de esto último se disfrace) fue la protesta que, desde Zamora, se hizo sobre "la expusión de los maestros jóvenes de las clases de muchachas adolescentes, pues sólo pueden surgir inmoralidades". Más que un estado de libido alterado potencialmente perturbador, era el deseo (no carnal, claro) por cubrir aquella plaza. La denunciante, maestra interina, que adornaba su puritana preocupación con gruesas faltas de ortografía, confirmaba la lucha interna entre las distintas y discriminatorias situaciones,(aunque en este caso la discriminación estuviera más que justificada). Otros maestros se quejaban de que el mayor enemigo del maestro interino era el maestro propietario. En sus cartas de denuncia se quejaban de la situación ruinosa en que se encontraba sus escuelas. Coincidía aquella apreciación con la realizada por el Decano de la Facultad de Medicina de Madrid, doctor Requesens: "Nada más antihigiénico que los edificios donde se da instrucción oficial a los escolares. Son casas insalubres, y la falta de aireación, la ausencia de luz solar y la sobra de suciedad se manifiesta en todas las dependencias".
La necesidad de escuelas
Escuelas y dotaciones insuficientes aunque la existencia de "conocimientos" (algo tan nuestro) amortiguaba las carencias. Y para demostrarlo ahí estaba la concesión de material para la escuela de Collado Villalba (Madrid), cuya maestra, esposa del Secretario del Pueblo y amigos del Jefe de la Secretaría particular del General, se consiguió satisfacer.
Una de las mayores críticas contra la Dictadura era el abandono de las tareas culturales, el enfrentamiento con los hombres de ciencia… Desde fuera de nuestras fronteras "se tacha por expatriados políticos y muchos intelectuales españoles e hispanoamericanos al gobierno de Primo de reaccionario y obscurantista". Miguel de Unamuno lo había calificado de "gobierno de pretorianos, de espadotas, de analfabetos enemigos de la enseñanza y del progreso". Gentes afines a la Dictadura, para contrarrestar tales críticas, propusieron un ambicioso proyecto de atención a la escuela primaria. La recuperación era posible si se construían cinco mil escuelas con un gasto de cien millones de pesetas, adquiribles en contribución extraordinaria o mediante empréstito.
En las Notas para el Presupuesto de la Primera Enseñanza de 1927, aun reconociendo el esfuerzo realizado hasta entonces con la creación de dos mil ochocientas escuelas en el último trienio se echaban en falta veintitrés mil maestros más, para que "cada 60 niños tenga uno". España, según el mismo informe, se encontraba a la cola en lo referido a maestros por habitantes: mientras que las tasas de Alemania, Francia e Italia por cada mil habitantes se encontraban en 4,3; 3,05 y 2,3; España se encontraba en el 1,4.
A don Alfonso XIII, porque durante la dictadura el Jefe del Estado era un rey complaciente con la misma, se envió un proyecto del Real Decreto de construcción de Escuelas Normales y Anejas en donde se indicaba "que tendrán derecho para obtener los beneficios otorgados, las Corporaciones oficiales, las Asociaciones, las Sociedades y, aún, los particulares". Una engorrosa fórmula ordenaría la prelación para los beneficiarios de la construcción de escuelas: K =log.8/P; 1-c/C=log.p/P x 1-c/C.
Por la apremiante necesidad escolar, la buena disposición para crear escuelas y no muy lejanos los ánimos adulatorios, nació un gran proyecto de creación de grupos escolares "Marqués de Estella". En aquella iniciativa intervenían como promotor y principal responsable el Doctor Asensio y Ortiz de Zárate a la sazón Director de la Academia de Medicina y Farmacia, el Director General de Enseñanza Primaria, el Obispo y el Alcalde de Madrid, además del periodista Delgado Barreto. Se diseñaba el intento como "grupos escolares que lleven su nombre - el de Primo de Rivera- y sean a la vez, templos de formación ciudadana y monumentos que perpetúen este periodo de nuestra historia y el nombre de quien lo simboliza y representa."
Múltiples lugares de España bautizaron con el apellido de don Miguel o con su título nobiliario los nuevos centros escolares. Pero aquellos lugares a donde no llegó la eclosión de la Primaria, mostraron su enfado como lo acredita el escrito que desde Híjar hacía referencia a la falta de escuelas, al desbarajuste de la enseñanza elemental que conllevaba "el que miles de familias renieguen de los actuales administradores". Había denuncias de "miles de escuelas sin proveer desde hace más de un año y opositores esperando destino desde hace tres meses"
El esfuerzo del Directorio es reconocido por los tratadistas de la época a pesar de las deficiencias. Para Shlomo Ben Ami, antiguo embajador de Israel en España y hoy ministro de su nación, además de especialista en el periodo de Primo de Rivera: "En lo referido a la asignación de fondos para fines sociales, no hay duda de que la Dictadura no se refugió en la ortodoxia económica y en la cicatería. Entre 1.920 y 1.929 los gastos gubernamentales en educación subieron el 58%, se construyeron 8.000 nuevas escuelas primarias y la matrícula escolar subió el 23% "
La lucha contra el analfabetismo
Fue también una seria preocupación del momento la lucha contra el analfabetismo. Un país fuerte y regenerado no se podía permitir altas tasas de analfabetismo.
Los esfuerzos iniciados desde la segunda mitad del siglo anterior no habían conseguido la erradicación de esa lacra. Confluían en el fenómeno razones de índole social, el lucro cesante y la falta de una acción seriamente planificada para acabar con tal estado de cosas.
También había quien culpaba a los maestros de su zona de la incultura de los niños y de su analfabetismo. A tales consecuencias llegaba el director de El Noroeste Zamorano para quien tanto el Estado como el municipio habían dedicado verdaderos sacrificios con las mejoras de sueldo y con la construcción de casas para maestros y locales confortables como escuelas. La respuesta de los docentes no había correspondido la postura de la Administración porque "resultan inadaptables a las aldeas" ."Los maestros de Sanabria van los lunes a los mercados abandonando la escuela, anticipan las vacaciones y se toman los días de buen tiempo para realizar excursiones cinegéticas y visitas a otros compañeros." La Inspección de Enseñanza no hacía nada ante tales desmanes y algunos maestros como el de Riego de Lomba "factotum del gremio y antiguo político que lleva más de cinco años sin dar clase por no reunir condiciones el local y no desear él que jamás las reúna", parecían acaparar las condiciones requeridas para condenar al analfabetismo a quienes cayeran en sus manos.
Aunque no era esta zona de España la región más preocupante en cuanto a la tasa de analfabetismo: "Si analizamos el analfabetismo por provincias se observa que se mantiene la tónica general. Son las regiones andaluzas y la manchega las más afectadas junto a las grandes capitales como Madrid, que ven aumentados sus índices tanto por el crecimiento vegetativo como por los trasvases de población, que en el resto de las provincias disminuyen progresivamente"
En Andalucía y como respuesta a un folleto enviado por el Inspector Jefe de Enseñanza de Cádiz se veía la solución en disposiciones legales que ampliaran los beneficios concedidos a otras zonas, como el Valle de Arán. Se especulaba con la creación en Andalucía de maestros y escuelas ambulantes "llevar la enseñanza a todas partes in aumento de gasto en el presupuesto" Y lo que aún era más loable, la organización de una enseñanza post-escolar que "llene el vacío entre la escuela y el cuartel" Maestros y curas rurales, colaboradores estos últimos de los docentes, percibirían unos complementos que levantaban la cifra a una cantidad total de ocho millones de pesetas. Para compensar tal gasto se pensó en que los municipios corrieran con el material de los centros cuyo monto venía a suponer cantidades similares a las que se iban a distraer con la enseñanza de adultos.
Deseos de buena administración obligaban al gobierno a pensar "el que sea de cuenta de los pueblos el material porque es una medida de buen gobierno, no sólo porque une más la escuela al pueblo, sino porque sería una acción moralizadora que evitaría que los mercaderes que están en los atrios del templo de la enseñanza, se llevaran una gran parte de esta partida del Presupuesto". Tal medida, propuesta por el Director General de Enseñanza Primaria manifestaba una buena dosis de astucia: gastando lo mismo se tenía más, y se evitaba que el reparto de fondos de material, al no ser mandado por el Estado- ente abstracto, lejano, sino por los Ayuntamientos, estuviera más controlado.
Personas que ofrecían su desinteresado estudio de la problemática ponían una nota de humor en tan arduo problema. Al lado de la conducta ejemplar, caritativa y social que algunas órdenes religiosas cumplían o de las evidentes innovaciones de otras como Las Escuelas del Ave María, era el escarmiento y las leyes duras quienes podían acabar o mitigar el analfabetismo existente. Así opinaba el Capellán de la Prisión de Palencia: "Ya que fallan los medios dispuestos por el Estado" proponía el sorteo de los quintos analfabetos para África, y tenerlos un año más en sus destinos bien titulados para que nadie se llamara a engaño como "Regimientos de Analfabetos" para que lograran la necesaria instrucción (Eso es caridad y lo demás bobadas). Llegado el momento de entrar en quintas, les sería exigido a los mozos un certificado expedido por el maestro para conocer su nivel de alfabetización y se impondrían severas penas a los padres de los analfabetos consistentes en el aumento de las contribuciones, la privación del voto y la negativa a la concesión del pasaporte. Se confeccionarían unos certificados de aptitud ciudadana. Los casos imposibles, los irrecuperables, tenían también solución: A " Los vagos conocidos como "gitanos", se les imposibilitaría el mercar" .
La lucha contra el analfabetismo obtuvo excelentes resultados, para Ben Ami: "El descenso total en la tasa del analfabetismo en los años veinte, fue la más alta del siglo hasta los años sesenta:8,7% para hombres y 9,15% para las mujeres"
La Segunda Enseñanza.
Fue en junio de 1926 cuando se acometía el tema de la Segunda enseñanza en España. Las justificaciones que se hacían para el cambio eran las típicas utilizadas en cualquier tipo de reforma y se fundamentaban en que los periodos establecidos anteriormente venían siendo consideradas como término y no como transición para otros estudios. Se veía la necesidad de coordinar la enseñanza primaria, la secundaria y la universitaria. También se argumentaba que la preparación de los alumnos que llegaban a los institutos era insuficiente y lo mismo ocurría cuando aquellos pasaban a la universidad. Y por supuesto se tenía muy en cuenta que la reforma planteada tenía que ser soportable al país en lo tocante al presupuesto.
El título de bachiller, en opinión de la Administración, debía habilitar para el acceso de la universidad, pero con la nueva estructuración se podría pedir para carreras como Comercio o para profesiones extrauniversitarias cuatro años de bachillerato general. El hecho de acortar el bachillerato reduciéndolo a cuatro años para el nivel elemental se justificaba como "un gran alivio económico para las clases modestas que ahora no pueden dar a sus hijos carreras universitarias". Las necesidades de personal con una cualificación intermedia que satisficiera las demandas que planteaba el nuevo desarrollo económico se tenían muy en cuenta para el diseño del Bachillerato general. La exigencia de este tipo de estudios para profesiones como la de Practicante las dignificaba y prestigiaba, tal y como se aprecia en los telegramas de agradecimiento de los Colegios de Practicantes de Vizcaya, Barcelona, Melilla y Valencia.
El artículo 2 del proyecto de Reforma presentaba al Bachillerato con un año de preparatorio, cuatro cursos para el Bachillerato politécnico o general y dos años para el Bachillerato universitario con las especialidades en Ciencias y Letras. La Religión pasaba a ser obligatoria (aunque se olvidó su colocación en el proyecto del 2º curso de Politécnico). Cobraba esta asignatura una importancia evidente si se contrastaba con el Plan de 1903 (antecedente de la Reforma en opinión del ministro de Educación) en donde se situaba como voluntaria y no estaba presente en todos los cursos. Otra novedad era la Educación Física también obligatoria en la totalidad de los niveles.
El proyecto llevaba ya implícitos los gérmenes de la discordia. Un primer motivo de desavenencia con el profesorado de institutos estuvo en la disposición de que fueran los catedráticos de universidad los encargados de impartir el Bachillerato universitario y sólo cuando no fueran suficientes serían los catedráticos de instituto, con arreglo a distribución práctica y ordenados por el catedrático universitario, quienes lo impartieran.
Otro motivo radicaba en la casi nula contraprestación económica que la Reforma significaba para los docentes.
En la línea de control del gasto público presentaba la reforma la cualidad del ahorro, porque se consideraba absurdo y despilfarrador que una misma enseñanza se diera por profesorado distinto en varios Centros. Teniendo en cuenta que las jornadas de trabajo eran de dos o tres horas de enseñanza matutina, lo que representaba la mitad de la jornada tenida en algunos países europeos, se podía ir a la extinción del personal duplicado "sin aumentar el número de catedráticos de Universidad ni de Instituto". Se intentaba que "cada catedrático no tenga trabajo sensiblemente mayor que el actual, que por no implicar obligación alguna no precisa aumento de retribución". Este juego malabar de Callejo no sería con todo el punto más conflictivo. Tal lugar quedaba reservado para la imposición del texto único.
El texto único
Los catedráticos de instituto elaboraban sus propios textos que imponían a sus alumnos sin que, al parecer, sobrepasaran una mediocre terminación, cobrada, eso sí, a precios desorbitados. Eso, al menos, se desprende de múltiples escritos de protesta como la carta fechada en mayo de 1926 y dirigida al general Primo de Rivera a la que se acompañaba un informe de un nuevo proyecto para libros de textos. Para mayor facilidad del legislador, se permitía el comunicante incluir el texto del decreto que debería aplicarse, en el que solicitaba que una comisión de profesores eligiera el texto único, que el precio fuera igual para toda España y que aquellos profesores que obligaran a la compra de sus libros fueran considerados "reos del delito de estafa".
En junio de 1926 el malestar por la situación de la Segunda Enseñanza se manifestaba también en carta del Marqués de Santa María del Villar, en donde además de quejarse de las numerosas asignaturas existentes fijaba su atención en el tema de los libros de texto: "Y esto es ya más escandaloso (...) libros que se compran y no estudian, mal papel pagado a precio de oro, publicaciones de geometría en donde no consta ni un solo dibujo (...) De no poderse llegar como debiera al texto único (…) ¿no podría hacerse una selección para quitar tanta inutilidad aunque se estropee el negocio de los libros de texto?."
El caso es que el razonamiento del ministro Callejo se encontraba muy próximo al de los discrepantes citados. Errores en los libros, abusos en los precios y carencia de condiciones pedagógicas martirizando y deformando intelectualmente a los alumnos. Lo ideal, según el ministro, era que no hubiera libros de texto pero sería pueril pensar así por lo que se necesitaba una solución intermedia.
Aunque para Callejo no era el problema fundamental de la enseñanza, representaba un paso importante la elaboración de un texto bueno y económico al que el Profesor pudiera hacer las ampliaciones precisas con los "límites del amor a la patria y del respeto a la Religión del estado, a la moral cristiana y a las instituciones políticas instauradas."
En consecuencia para el curso 1926-27 se establecía la utilización del texto único que sería "de lenguaje claro y sencillo, con la extensión precisa para un conocimiento adecuado y cuando se necesitara "cumplida ilustración gráfica esta sería todo lo completa que se estime preciso para la mejor comprensión del alumno sin que aquella se cercene por razones de economía"
En el concurso para determinar qué texto se elegía podrían participar "todos los españoles que lo deseen sin trabas de ninguna clase y sin necesidad de títulos profesionales", pero el art. 6 del proyecto tenía una redacción equívoca y contradictoria con al anterior ya que anunciaba que "sólo podrían concurrir al concurso los catedráticos numerarios de instituto que sean autores únicos, o en colaboración con otras personas de las obras presentadas." Si el elegido fuera catedrático de instituto se le concedería derecho preferente para la provisión de vacantes y distinciones varias.
El incremento sobre el costo del texto, gravado en un 40%, se desglosaría en un 10% para el autor, un 5%(en libros) para los alumnos con matrícula de honor y el 25% restante para alumnos "pobres" con lo que podrían sufragarse los libros e impuestos del timbre de las matrículas siempre que su aprovechamiento académico fuera superior al aprobado.
La urgencia en la aplicación del texto único quedaba amortiguada por la disposición transitoria de la ley que permitía, a petición del Claustro de Profesores, se pudieran utilizar libros de texto durante el curso 26-27.
Lo cierto es que la medida del único texto causó malestar entre los profesores de instituto y hay quien opina que tal medida supuso una innovación favorable, aun cuando no fuera buscada, para los centros privados. La posibilidad única de los institutos oficiales de realizar exámenes se veía amortiguada con la existencia de un único texto para la preparación de los pruebas.
Similar urgencia corría la aplicación de la ley, tanto era así que las protestas de padres y de claustros de profesores solicitando una entrada gradual de la disposición como parecía lo lógico cayeron en saco roto.
La necesidad de dar relieve a la ley de Reforma de la Enseñanza le movió a Callejo a hablar de la necesidad de un prefacio al texto legal "que ha de ser en lenguaje viril y categórico defendiendo el derecho indiscutible del Estado a encauzar y matizar la instrucción en sus primeros grados". Esta obligación estatal resultaba muy significativa porque, como veremos más adelante, el Estado fue acusado de favorecer en los niveles superiores de la enseñanza los intereses privados mientras que desde sectores eclesiales se hicieron referencias a las limitaciones que el Estado debía tener en materia educativa. Es decir que no satisfacía ni a los que entendían que el Estado debía proporcionar una adecuada oferta educativa ni a los que suponían que, el Estado al margen, ellos eran los encargados de dominar la situación.
La enseñanza secundaria oficial abarcaba el 30 % del total, el resto era de enseñanza privada. Los fuertes núcleos de población eran los reductos preferidos por las Órdenes religiosas y la carencia de centros de bachillerato oficiales o privados fuera de los núcleos urbanos importantes desarrolló la proliferación de alumnos libres. Las siguientes palabras de Díaz de la Guardia bien pueden aplicarse también a la enseñanza secundaria:"El colegio privado pronto se convirtió en España en uno de los signos externos de estima social. Muchos maestros nacionales de zonas urbanas comprobaban que las familias que lograban ciertas mejoras en sus niveles de vida arrancaban sistemáticamente a sus hijos de la escuela pública, consideraciones pedagógicas al margen, para llevarlos a otra privada.
El asedio de la competencia religiosa en los niveles secundarios quedaba también de manifiesto en la carta dirigida al dictador de un modesto profesor de literatura licenciado en Filosofía y dedicado a la enseñanza privada: "...pero hemos llegado a tal extremo con la competencia religiosa que hoy día nos es imposible ganar para vivir y mantener a nuestras familias". Pedía se pusiera fin al intrusismo, ya que eran numerosos los centros religiosos en donde el personal docente carecía de titulación, y que directores y claustrales fueran obligados a ser licenciados en Ciencias o Letras, y de esta forma "una muchedumbre de personas de alguna ilustración y poco pan se lo agradecerían eternamente".
Para iniciar cualquier tipo de reforma se hace preciso contar con el beneplácito de los interesados si se quiere obtener éxito en ello, y los profesores de instituto además de no ver con buenos ojos una reforma que les restaba atribuciones en favor de los profesores universitarios y que les suprimía pingües beneficios económicos en el tema de los textos, estaban quejumbrosos de sus salarios porque opinaban eran los que menos subida habían tenido al compararse con otros cuerpos. Utilizando los años 1911 y 1926 y mientras que los sueldos de los inspectores de la Enseñanza habían pasado de 2992 pesetas a 8108, los de los profesores de las Normales de maestras de 2842 a 7889, los de Artes e Industrias de 3145 a 7798 o los de las Normales de maestros de 3372 a 7883, las percepciones para Instituto tan solo habían pasado de 5432 ptas. a 7646 y se consideraban discriminados y postergados en la política retributiva del Directorio. El gobierno había adoptado tímidas medidas para paliar en algo la situación como era el reparto entre el personal docente del importe de las matrículas de las permanencias de estudiantes en los Institutos. La situación desfavorable se agudizaba con los Auxiliares de Instituto con haberes oscilantes entre las 4000 y las 1500 pesetas anuales y tocaba fondo con los profesores ayudantes, sustitutos de los catedráticos en su ausencia, y que no cobraban nada.
En consecuencia, no podían resultar muy favorables las reacciones de los docentes. El Presidente de la Asociación de Licenciados y Doctores Catedráticos de Instituto escribía una carta a Primo de Rivera, acompañando copia de una instancia dirigida al Ministro de Instrucción Pública. En la epístola y tras un "Mi respetado Jefe" comentaba el desfavorable ambiente (con posibilidad de que fuera artificioso) que había en contra de los Institutos. Pedía que los profesores fueran escuchados. Se quejaba de la privación del derecho a examinar a los alumnos que había pasado a los catedráticos de universidad, de la irracionalidad de asignaturas sueltas en el Plan de las que "el alumno debe examinarse años después cuando racionalmente están olvidadas", de la omisión de la Lengua Nacional y de la prelación otorgada a asignaturas que requerían conocimientos posteriores.
No obstante el descontento y las irregularidades, en Mayo del 29 hubo muchos telegramas de agradecimiento por el aumento de la población escolar de la Segunda Enseñanza. Se había pasado de 264 centros en el curso 23-24 (de los que 204 eran privados) a 384 centros (94 eran oficiales) al finalizar la Dictadura y resultaba significativo el aumento de mujeres que accedían a la Segunda enseñanza y que pasaban de 7302 a 10507 en ese tramo de tiempo.
Valoraba también la reforma una carta de Enrique Herrera Oria (hermano del creador del propagandismo católico español Ángel Herrera) y autor del libro Moderna orientación de la enseñanza superior y secundaria. Para Herrera, la Dictadura había hecho mejorar cualitativamente la enseñanza secundaria, alababa el Bachillerato universitario y las prácticas, pero consideraba al Elemental muy deficiente por la rudimentaria organización del sistema de exámenes. Denunciaba el que profesores había que se saltaban la obligatoriedad del texto único. Primo de Rivera, a quien estaba dedicado el libro, pasó al Director General de Enseñanza Superior y Universitario el texto para que fuera consultado y se tuviera en cuenta en lo que de atendible fuera.
Y esa preocupación para don Miguel era lógica porque para el Dictador el tema del texto único era de vital importancia, no opinaba como su ministro que no fuera éste el asunto más trascendente; al menos eso se desprende de un telegrama de Primo de Rivera a Callejo del 3 de Octubre de 1929: "La ocasión de apertura de curso me ha proporcionado información poco satisfactoria sobre el uso en algunos institutos de los textos únicos, idea vertebral de la reforma de la Segunda Enseñanza que encuentra dificultades y resistencias que estoy seguro que V. E. que con su talento, celo y carácter va logrando dar eficacia, elevación y dignidad a cuanto en nombre de la Patria y el Rey le ha tocado regentar sabrá vencer. Punto. Le saludo con la mayor consideración y afecto".
El tono revelaba, con la firmeza de la redacción, la preocupación de un gobernante al que se le cambiaban las tornas, las cañas, lanzas y confirmaba su apoyo con el ministro a quien más varapalos iban dirigidos por el problema estudiantil.
El problema estudiantil universitario
El paso de una sociedad rural a una sociedad más industrial, el consiguiente abandono del campo y el crecimiento de las ciudades; la modernización técnica; el intercambio de mercancías y de personas a los que contribuyó decisivamente el ferrocarril; la expansión de las ideas por la difusión de la radio, los periódicos o los viajes fueron factores determinantes en provocar la protesta contra un orden estático y tradicional que no se ajustaba al correr de los nuevos tiempos.
La Dictadura había realizado intentos plausibles para la ampliación y la mejora de las condiciones de la vida universitaria. En tal sentido estuvieron el Decreto de Restablecimiento al patrimonio universitario, la reorganización de los Colegios Mayores o el inicio en el 1927 de la construcción de la Ciudad Universitaria en Madrid.
Los años primeros de la Dictadura no encontraron contestación por parte del estudiantado, que manifestó su apatía. Agrupados los más progresistas en torno a una Unión de Estudiantes Liberales y a una Unión Escolar, de tono republicano y, cerrando filas, los más conservadores en la Agrupación de Estudiantes Católicos apenas si hubo litigios con el Directorio. Estos últimos llegaban a hacer una profesión de fe en el abandonismo político al afirmar:"Quédense para mejores plumas y más completas posturas las disquisiciones políticas y el estudio de problemas trascendentales en los cuales nosotros con la natural despreocupación de la juventud, no queremos intervenir".
No resulta extraño que años después, a algún líder, católico también, pero no profesional, se le indigestara esta Asociación católica.
Todavía 1928 veía telegramas de agradecimiento al Dictador desde la Universidad de Barcelona al comienzo del curso académico por la atención que D. Miguel prestaba a la cultura. Pero el halago, la calma o la apatía pronto verían su final. La entrada de las clases medias en el ambiente universitario cambiaría el panorama. Se produjo el choque entre las costumbres; por un lado, un poder anclado en los valores tradicionales (aun teniendo fuertes dosis de innovaciones técnicas) y por otro, la mentalidad más progresista que representaban esas clases medias.
Siguiendo el relato del historiador Ben Ami: "El activismo estudiantil era, para decirlo con palabras de los deprimidos conservadores, el reflejo del "colapso de la autoridad paterna en la sociedad urbana". El ultramontanismo cultural y educativo de Primo de Rivera resultó completamente desfasado respecto a la nueva atmósfera universitaria." Y como actores de la protesta la figura del nuevo estudiante procedente de la clase media y con tendencias próximas al radicalismo".
Aquel choque de mentalidades se daba con claridad en el caso del catedrático Jiménez de Asúa quien "dio muestra de su capacidad de escándalo" con la conferencia pronunciada en la Universidad de Murcia sobre "El aspecto jurídico de la eugenesia y la maternidad consciente", por la que sufrió una suspensión de un mes de empleo y sueldo. La medida fue contestada por la Federación Universitaria de Estudiantes que convocaría a una huelga de 24 horas, apedrearía el diario católico El Debate y abriría una suscripción a favor del catedrático.
Era la primera acción de fuerza que la FUE, nacida en el año 27. realizaba. El curso eugenésico, prohibido por el gobierno, contó, además de con la protesta interna, con la de afincados en otros países, caso de Mejico, desde donde manifestaban sentirse molestos por la prohibición de algo "que está permitido en los demás países cultos". Y no les faltaba razón a los mejicanos porque en la Alemania nazi al poco tiempo se dictarían normas legales, que no conferencias, en tal sentido. No faltaron tampoco telegramas a favor de la prohibición por parte de los Sindicatos Católicos, de la Juventud Católica, de las Asociaciones de Padres de Familia, de la Legión Católica, de la Liga contra la Pública Inmoralidad etc.
Desde Cataluña, lugar - apoyo para el golpe del 23, La Veu de Catalunya transformaba en lanzas las cañas de otro tiempos; aunque reconocía que la figura de don Miguel salvaba las contradicciones:"...Como adversarios leales bien podemos decir que si el régimen actual viene aguantando tantos años, es debido muy principalmente a un conjunto de cualidades del general Primo de Rivera que le han permitido sostenerse en un lugar tan difícil".
Será en 1929 cuando el conflicto entre el gobierno y los estudiantes cobre la mayor virulencia. Para David Jato "todo el año 29 será de constante rebelión estudiantil". Los espectaculares fríos de aquel Enero, con temperaturas de 17 y 18 grados bajo cero encontraban su contrapunto en el ánimo caliente de los universitarios encoraginados por el Artículo 53 de la Ley Callejo de Reforma Universitaria . Pocas veces tan acertado el nombrar una ley con el nombre de su ministro propulsor, más si tenemos en cuenta que el artículo de marras, que posibilitaba la concesión de tí1ulos a universidades privadas, había sido rechazado por la Asamblea Nacional y sólo la pertinacia de Callejo había vuelto a colocarlo. Desde las propias filas de la Unión Patriótica, el partido del Dictador, no se podía admitir que Deusto (jesuitas) y El Escorial (agustinos) pudieran expedir títulos oficiales ni que "un catedrático acuda con dos frailes a formar tribunal".
Frente a las actitudes de disidencia y crítica contra el artículo 53, hubo también personajes que, contrarios a los movimientos de agitación, apoyaban desde una óptica ultraeclesial al citado artículo, al Ministro Callejo y a Primo de Rivera. Para la publicación integrista El Observador los artículos aparecidos en el ABC de la pluma del catedrático Royo Villanova ("más ignorante que herege" sic) eran contrarios a una correcta interpretación del Decreto de Reforma, que era plausible. Más aún, el mencionado texto legal se quedaba corto porque no otorgaba la colación de grado sin que se verificaran los exámenes de final de curso, porque el artículo 53 hablaba de otorgar el grado, pero preveía exámenes de mayor extensión para los alumnos de Deusto y de El Escorial. Para El Observador,, publicación gaditana, se requería no sólo lo la libertad de enseñanza universitaria sino la libertad en la concesión de títulos. El deseo de algunos sectores de la Iglesia de hacerse con un espacio en la enseñanza universitaria se ponía de manifiesto. La dialéctica entre lo que un Estado fuerte - de tipo autoritario- debía controlar en el mundo de la enseñanza y las prerrogativas a las que la Iglesia estimaba tener derecho preludiaban fuerte fricciones a pocos años vista.
El 6 de Febrero moría la reina madre, Maria Cristina, y en ese mes la Asamblea Estudiantil, orquestada por la FUE, pedía a los sindicatos de estudiantes católicos su adhesión, emplazaba al gobierno en un periodo máximo de ocho días a retirar el artículo 53, reclamaba una mayor participación en el Patronato de Gobierno de la Universidad e incluso solicitaba el indulto para los cadetes de Artillería sublevados recientemente. La protesta, que posiblemente se le había escapado de las manos a la Federación Universitaria, fue respondida de forma tajante por Primo de Rivera que avisó de la pérdida de matrícula para quienes no entraran en clase y represalió al líder de la FUE, Antonio Maria Sbert "fabricando un mártir para mayor moral de los disconformes", con lo que se consiguió además la solidaridad de los profesores universitarios. La sanción contra Sbert podía quedar razonada desde el gobierno, pero caía en saco roto para universitarios y profesores:
"...Se ha dispuesto además la detención de un estudiante ya veterano por la prolongación indefinida de sus estudios, bien caracterizado de agitador y cabecilla, el Sr. Sbert que queda de hecho excluido definitivamente de poder figurar en ningún centro del Estado y de adquirir título ni empleo oficial de ninguna clase".
La espiral de acción- represión generó un clima de violencia y deterioro no sólo en la Universidad sino también en las calles. Así, se registró el asalto a la Rectoral por lo que la policía invadió el recinto universitario y se suspendieron las atribuciones de claustros y autoridades universitarias. La calle de Alcalá, la Puerta del Sol o la Carrera de San Jerónimo eran lugares predilectos para la manifestación, y las madrileñas calles de Barquillo y Los Madrazo eran punto obligado para la algarada estudiantil porque allí radicaban el domicilio oficial y el particular del Dictador.
Las detenciones de estudiantes se sucedieron y la cárcel modelo de Madrid pasó a conocerse como "Ciudad Universitaria". Lejos de amedrentarse la Junta Central del Movimiento Estudiantil encabezaba la agitación que, con equipos pictográficos, decoraba las fachadas madrileñas para disfrute y solaz del respetable caminante que llegaría a observar un "Se alquila" pintado en el Palacio de Oriente.
En el mes de Marzo, el propio gobierno, en las notas de inserción obligada enviadas a los periódicos, reconocía los problemas: "sería pueril negar la aparición de algunas nubes en el claro horizonte en que hasta hace muy poco podía tender su mirada la Dictadura".
El 16 de Marzo, Primo decretaba el cierre de la Universidad hasta octubre de 1930, la pérdida de matrícula y la responsabilidad de los padres en actos cometidos por estudiantes menores de 18 años. Rector, decanos y directores fueron destituidos y se nombraron desde el gobierno Comisarías Regias. Más allá de nuestras fronteras el tema se hinchó, en opinión del gobierno, y éste incluso cursa órdenes a los representantes de España en el extranjero para entablar acciones civiles y pedir indemnizaciones "a quienes inventen y propalen noticias contra los intereses materiales de la nación".
Unamuno, símbolo de la oposición intelectual, atizaba el fuego desde su exilio en Hendaya en cruce de cartas con la FUE. En escrito "A los padres españoles" les reprochaba no seguir el ejemplo de sus hijos:"es sagrado deber de esa juventud despertar en sus desgraciados padres y abuelos, en los de mi generación, el sentimiento de la dignidad que parece se ha dormido, si no ha muerto".
El aplauso que el gobierno había dado el 12 de Marzo a los profesores por "su alto ejemplo de civismo" al acudir a clase, también se termina. Sánchez Román, Américo Castro, Jiménez de Asúa, García Valdecasas, etc. respaldaban la huelga y daban fuerzas a los estudiantes con su postura: "Nuestros catedráticos han advertido que llegaba el momento de sacrificarlo todo en aras de la conciencia. Seamos nosotros, estudiantes y profesores, los que arrojemos la piedra en esta charca pestilente".
Se evidenciaba una de las carencias radicales del Directorio: el entendimiento con los hombres de ciencia. Al enfrentamiento y destierro de Unamuno se unió el enfrentamiento con otros como Fernando de los Ríos con motivo de un desahogo literario del catedrático socialista( si bien el castigo fue de tipo simbólico y por aquello de dejar la autoridad en su sitio) o con Jiménez de Asúa. Pero también, profesores que nunca habían tenido destacada actitud contra el régimen llegaron al enfrentamiento por la cuestiónn universitaria. Este es el caso de Ramón Menéndez Pidal (Presidente de la Real Academia Española de la Lengua y Catedrático de la Universidad Central) quien pidió, ante las medidas de represión adoptadas "Que no perdure el castigo que padece toda la colectividad universitaria", a lo que el Dictador respondía que "el progreso científico será impulsado cuando las universidades se dediquen sólo a la difusión de la ciencia pura y al análisis abstracto de sus principios y deducciones, sabiendo ser neutros con relación a la vida gubernativa del momento".
La agitación había sacudido también en provincias. Barcelona, Sevilla, Oviedo, Salamanca, Santiago y Valencia fueron las más conflictivas, aunque la reanudación de clases se produjo el 1 de abril, tras la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, con bastante normalidad tal y como se desprende de los telegramas cursados por los gobernadores civiles de Valencia, La Coruña y Valladolid. En Oviedo, Barcelona y Salamanca se cerraron algunas facultades.
La falta de tacto de Primo de Rivera o del gobierno, quedaba patente en una nota, casi una declaración de principios antiuniversitarios, que comentaba algo que posiblemente no era incierto del todo, pero muy difícil de mantener por un gobernante. De perdidos al río y sin pelos en la lengua, era una arrogancia innecesaria que ponía banderillas de fuego al colectivo universitario:
"Al gobierno no le preocupa ir suspendiendo, una por una, el funcionamiento de las universidades, o reducir su número hasta haber conseguido que su funcionamiento se ajuste a las normas de disciplina y de orden que han de ser esencias de su vivir, no constituye un problema vital para España, donde es sabido que sobran abogados y médicos... porque en esos intangibles centros de cultura que alegan tantos derechos y tantos merecimientos, sabe el país sobradamente, y lo dicen de boca en boca y lo dicen todos los ciudadanos, y el gobierno no tiene por qué ocultarlo lo difícil que es a un estudiante serio y aplicado llegar a la formación sólidamente, porque un régimen de clases numerosas y breves, con frecuentes faltas de puntualidad y asistencia de los catedráticos o delegación de sus funciones, charlas pintorescas e incoherentes, largas vacaciones, escarceos políticos y otras amenidades de nuestra natural idiosincracia universitaria, no es como para que el país se ponga de luto por la suspensión, en vía de regeneración, de esta actividad nacional..."
El 9 de Abril, Primo de Rivera da marcha atrás y suprime los efectos económicos y administrativos anunciados. Los días siguientes parecían aplacarse los ánimos. La aparente tranquilidad no evitaba la existencia de algún rescoldo porque, por ejemplo, el Rector de Zaragoza enviaba un telegrama cifrado en donde solicitaba algunas autorizaciones en vista de las aglomeraciones de alumnos el 20 de Abril. A finales de ese mes los gobernadores civiles telegrafiaban al Ministerio de Instrucción Pública y al de Gobernación y daban cuenta de la situación de normalidad, a excepción de la Universidad de Valladolid, en donde se habían producido detenciones, entre ellas la del hijo del catedrático Royo Villanova, perteneciente al distrito universitario madrileño.
El día 29 de Abril la Junta Central del Movimiento de Estudiantes solicitaba a los universitarios la no entrada en clase ni la renovación de la matrícula mientras no se revocara el artículo 53. El 21 de Mayo el Dictador ordenaba el restablecimiento de la vida académica y la suspensión del artículo 53 llegaría en Septiembre. El indulto concedido provocó la satisfacción de muchos, que se patentizaba en telegramas de agradecimiento de las Asociaciones de Padres de Familia de Zaragoza, Salamanca, Barcelona, Murcia y de la Junta de Rectores de Universidad.
¿A qué se debía que el Dictador se desdijese? Tal medida de gracia estaba motivada por las Exposiciones Universales de Sevilla y Barcelona. La mayor suavidad y las medidas de tacto que venían siendo solicitadas por distintos colectivos (Cámaras de Comercio, ABC, The Economist) tuvo por detonante la reunión de la Sociedad de Naciones en Madrid. A pesar de ello los estudiantes aún no estaban satisfechos porque querían la rehabilitación de Sbert y persistieron en su actitud de huelga aunque tal medida significaba ya un fracaso y comenzaba una aparente tranquilidad.
El enfrentamiento Primo de Rivera- Sbert sólo ayudaba al desgaste del primero y a aureolar al segundo; pero para el Marqués de Estella era una tema de principios. La dedicación al estudio de Sbert era cuestionado por Primo de Rivera: "Sería difícil incluirle como estudiante efectivo en ninguna carrera ni disciplina pues tránsfuga de unas y otras y sin aplicación para ninguna". De opinión parecida era el Presidente de la Confederación de Estudiantes Católicos, Martín Sánchez Juliá, quien "recogió las dudas primorriveristas sobre la condición escolar de Sbert en una carta que publicó El Debate".
A comienzo del año de 1930, la FUE volvió a la carga con las peticiones de rehabilitar a Sbert, de reintegrar a sus cátedras a los catedráticos renunciante; Ortega y Gasset, Sánchez Román, García Valdecasas, De los Ríos y Jiménez de Asúa y protestaba por los obstáculos que se ponían a las organizaciones estudiantiles no confesionales. La FUE anunciaba una huelga, pero esta vez como parte de un "nuevo movimiento constitucionalista, al que aportaron su esfuerzo los hombres y fuerzas de 1926 y 1929, tenazmente coordinados por don Miguel Villanueva y fortalecidos con la colaboración reciente del comandante Franco y de Miguel Maura, entre otras asistencias civiles de izquierda o de derecha, y militares republicanos de la AMR."
El final del viaje se estaba produciendo. Primo de Rivera, en su última nota oficiosa, no olvidaba a los estudiantes a los que calificaba de "irresponsables gozosos de alborotar". Cuando acabe la Dictadura por la dimisión del Dictador y de sus ministros, será el Duque de Alba quien se encargue de la Educación en el gobierno Berenguer. Pensaba que era posible la reintegración de intelectuales y estudiantes al orden constitucional. Sbert fue recibido triunfalmente a la vuelta de su destierro.
La constitución de 1876, inútil desde hacía décadas se hundía irremediablemente y arrastraba con ella a la "dinastia histórica". Nuevas huelgas y actos de hostigamiento contra los gobiernos de la monarquía o el amparo de políticos republicanos evidenciaban que se trataba de bastante más que un movimiento estudiantil o de una posición de "los estudiantes frente a la Dictadura", parafraseando el libro de López Rey aparecido en 1930.
David Jato Miranda, testigo de su tiempo, estudiante, ilustra de maravilla aquellos momentos:
"Por las calles resonaban los mueras al Rey y el grito deportivo fueísta:
Efe, U, E,; Efe, U, E. / Allá va, allá va / Hurra, hurra / Ra, ra, ra
Solamente con una visión tísica de la política podía creerse que el problema se resolvía con la vuelta a la normalidad constitucional, para pensar así era preciso estar de espaldas al torbellino revolucionario que se acentuaba por días".
RETORNO AL ÍNDICE DEL NÚMERO 3 DE "RASTRO DE LA HISTORIA"

References: artículo 87
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53