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Timestamp: 2018-11-17 08:40:06+00:00

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CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C, Consejero Ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil catorce (2014), Radicación: 11001-03-26-000-2014-00037-00 (50219)
7.3.- Métodos de interpretación de las normas jurídicas.
7.3.1.- Bien conocida es la necesidad de que los operadores jurídicos emitan sus decisiones al amparo de las normas que rigen una determinada materia. En este contexto, estos operadores se ven en la necesidad de acometer profundas reflexiones jurídicas tendientes a auscultar el sentido y alcance de las normas jurídicas para la resolución de un caso. Por tal razón, la legislación y la doctrina han establecidos diversos criterios de interpretación de las disposiciones jurídicas a fin de desentrañar pasajes oscuros de las normas o servir como instrumentos de guía al Juez para atribuir determinado significado al ordenamiento jurídico.
7.3.2.- En lo que corresponde a la legislación colombiana, los artículos 27 al 30 del Código Civil recogen, en suma, los métodos de interpretación establecidos por Savigny, a saber: los criterios textual, sistemático, histórico y teleológico. A continuación se hará una exposición de los mencionados criterios, empezando por el textual; seguidamente se expondrá la postura que defiende este Despacho sobre la interpretación de las normas jurídicas.
7.3.3.- El modelo de interpretación textual.
7.3.3.1.- La interpretación textual de una determinada disposición hace referencia a la formulación de normas jurídicas con fundamento, esencialmente, en dos tipos de ejercicios por parte del intérprete, i) el primero que refiere al entendimiento de la estructura sintáctica de la disposición, a fin de comprender los signos gramaticales, la naturaleza de los enunciados allí fijados (sujeto, verbo, predicado, etc), su función y las repercusiones para el entendimiento de la estructura de la oración; y ii) segundo, consistente en la comprensión semántica de los términos que componen la disposición jurídica, punto en el que se ha establecido que hay lugar a interpretar las palabras bien sea en el sentido natural y obvio que la comunidad de hablantes le haya atribuido o siguiendo los significados técnicos que tengan, si es del caso.
7.3.3.2.- De este modo, el ordenamiento jurídico remite a una valoración eminentemente extrajurídica, pues en vez de fijar el sentido o alcance dado al término, prefiere que se llegue a ello a partir de los usos sociales[1]; donde cabría distinguir, según cada caso, los significados literales, ordinarios y técnicos de las palabras[2]-[3].
7.3.3.3.- En el sistema del derecho positivo colombiano una regla en este sentido se encuentra instituida en el artículo 27 del Código Civil que establece que “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, el artículo 28 del mismo Código que, textualmente, enseña: “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal.” Así como el artículo 29 que establece que “Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den lo que profesan la misma ciencia o arte…”; en este orden de ideas, esta es la base legal para que los operadores jurídicos, en general, fundamenten la aplicación de los términos mencionados en la Ley y que no encuentren significado establecido dentro del ordenamiento jurídico.
7.3.3.4.- Sin embargo, diversas posturas jurídicas se han alzado en contra de este tipo de método de interpretación o de su preeminencia sobre los demás, planteándose la necesidad de recurrir a otros cánones interpretativos a fin de obtener el sentido y significado de la Ley (que es la obtención y concreción de normas jurídicas), sin que ello implique su completo abandono; pues para algunos la reflexión textual o gramatical de una disposición se constituye, apenas, en el paso inicial para el ejercicio interpretativo, esto es “no parece que sirva como único criterio a la hora de determinar un significado. Más bien se constituye en un presupuesto de toda interpretación…”[4]; de modo, entonces, que puede calificársele como útil más no suficiente para extraer el sentido y alcance de los términos empleados por la Ley.
7.3.3.5.- Súmese a lo anterior dos fuertes críticas a este método de interpretación que abogarían por darle un uso restringido y de la mano de otros elementos de juicio. La primera de estas es el hecho de que las interpretaciones orientadas a partir de este criterio pueden caer dentro de un ejercicio meramente exegético, pues el marco de valoración del partícipe de la práctica jurídica se circunscribe a meros análisis sintácticos y semánticos de la disposición legal, haciendo del Juez (y los intérpretes), en palabras de Montesquieu, “la boca que pronuncia las palabras de la ley; unos seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza, ni el rigor de aquella.”[5]-[6]
7.3.3.6.- En segundo lugar, una crítica más radical a la interpretación textual o gramatical de las disposiciones jurídicas centra su objetivo en la (infundada) creencia de la posibilidad absoluta de conocer y obtener un significado unívoco que en los usos sociales se hacen de las palabras de la Ley; se trata de un cuestionamiento a la que puede ser denominada la tesis de la objetividad absoluta.
7.3.3.7.- Esta crítica discute el hecho de que una interpretación literal de las disposiciones echa de menos que las palabras no se presentan en la realidad como entidades fijas cuyo conocimiento pueda ser determinado o aprehendido de manera objetiva, única y universal (como si se tratare de una cosa perceptible a partir de la experiencia sensible); por el contrario, valiosos aportes al respecto ponen de presente en muchas ocasiones la alta complejidad e, inclusive, indeterminación del lenguaje[7], ya que este se muestra como flexible o relativo, dependiente de las circunstancias socio-culturales de una comunidad hablantes y variable en el tiempo (lo que hoy puede entenderse por un término posiblemente en un tiempo futuro no lo será); esto se debe, como lo señala Nino a que la relación entre las palabras y la realidad no es natural sino convencional[8]; lo que explica porque muchas de las veces “la apelación al lenguaje común no siempre es un argumento resolutivo”[9].
7.3.3.8.- En un grado menor, también se puede hacer uso crítico de la formulación expuesta por HLA Hart, quien ha planteado la existencia de una desmembración de las interpretaciones de una disposición jurídica, en lo que se ha denominado como la textura abierta de las normas jurídicas. Un grupo de tales interpretaciones caen dentro de lo que se ha denominado el núcleo duro de significado de la norma (donde la postura dada no es objeto de discusión y se entiende como derivación obvia, natural o lógica de los enunciados normativos), mientras que otros significados de la disposición pueden recaer dentro de la zona de penumbra (zona de incertidumbre sobre si determinado hecho se encuentra regulado o no por la norma que se extrae de la disposición), como consecuencia de la vaguedad de los términos en que se ha redactado la disposición[10].
7.3.3.9.- Las anteriores observaciones dejan claro que el uso de la interpretación textual de las palabras de la Ley no puede ser tenido como único, exclusivo o excluyente como criterio clarificador del sentido y alcance de un enunciado.
7.3.3.10.- Por ello tanto el Código Civil y la doctrina sobre la materia han desarrollado otros criterios de interpretación y aunque para los fines de esta providencia no es posible hacer un inventario completo de todos los existentes se mencionarán sucintamente algunos, para desembocar, finalmente, en la postura jurídica que este Despacho prohíja por considerarla, en la mayor medida de las posibilidades, como ajustada al ordenamiento jurídico y satisfacer suficientemente las obligaciones que se imponen a nivel convencional, constitucional y legal para las autoridades públicas (administrativas y jurisdiccionales) al momento en que van a proferir una decisión. Se trata de los criterios sistemático, histórico y teleológico.
7.3.4.- Criterio sistemático. Según este criterio, la norma que se extraiga de una disposición jurídica debe encontrarse en armonía con otras normas, fines o principios del ordenamiento jurídico, de tal modo que no exista contradicciones, incompatibilidad o incongruencia entre diversas disposiciones que componen un conjunto normativo. Este criterio obedece a la idea según la cual el ordenamiento jurídico puede ser concebido bajo la idea de un sistema, de allí, entonces, que la coherencia y unidad se califiquen como sus características[11]. Esto implica, entonces, que por vía de este método puede el intérprete limitar, precisar o ampliar el radio de acción de una determinada disposición al contrastarla con otras normas consonantes con la materia que trata, pues toda disposición ha sido proferida en el marco de un amplio conjunto de disposiciones de igual jerarquía, con las que debe operar de manera consonante[12].
7.3.4.1.- Una de las manera en que se manifiesta el criterio sistemático está en la llamada interpretación adecuadora, que se ampara fundamentalmente en la fuerza normativa que tienen las disposiciones constitucionales y, en general, las de mayor jerarquía jurídica, y que postula que la interpretación que se debe dar a una disposición debe encontrarse en consonancia con aquella que se extraigan de la norma jurídica superior, de manera que entre las posibles interpretaciones que se puedan dar a una disposición, el operador deberá preferir aquella que en la mayor medida se encuentre acorde con el espíritu de la disposición superior[13].
7.3.5.- Criterio Histórico. Este método se encuentra ligado a la interpretación textual, pero se particulariza de aquel en tanto que concibe como parámetro para obtener el entendimiento de una disposición la comprensión de la intensión que tenía el legislador al momento de expedir la norma, así como las necesidades o circunstancias sociales – contextuales que motivaron su adopción (acorde con los antecedentes legislativos)[14]. En este orden de ideas, este criterio juzga como acertada, y por lo tanto merecedora de continuidad[15], aquella consideración que se ofreció respecto de la disposición en la época de su promulgación (en desmedro de una lectura actual o contemporánea).
7.3.6.- Criterio Teleológico. En este caso la interpretación se lleva a cabo de la mano de los fines perseguidos bien sea por el creador de la norma (subjetivo)[16] o por la finalidad operativa que se espera obtener con una norma de ese sentido (perspectiva pragmática o de efecto útil)[17]. Así mismo, si se le conecta con el método sistemático implica que los valores y fines del ordenamiento jurídico son los criterios inspiradores de este método de interpretación. Como consecuencia, el alcance y sentido de las normas jurídicas debe hacerse en consonancia con la finalidad objetiva que se persigue por parte del legislador y por los principios y fines que inspiran el ordenamiento jurídico.
7.4.- Criterio del Despacho. Ahora bien, como se advirtió supra este Despacho ve la necesidad de fijar una postura frente a la cuestión que es objeto de pronunciamiento. En el sub judice se plantea la solicitud de suspensión de efectos jurídicos de una disposición que establece como criterio de interpretación (para el asunto regulado en el Decreto 1510 de 2013) el sentido “natural y obvio” de las palabras.
7.4.1.- El Despacho llama la atención a acerca de la existencia de una obligación que impone el sistema jurídico (a nivel convencional, constitucional y legal) de que las autoridades públicas sustenten de manera suficiente las razones por las cuales adopta una determinada decisión jurídica, tal como recientemente ha sido expuesto por la Subsección C de esta Sección:
“La Sala verifica que el deber de motivar una sentencia judicial deviene exigible desde la doble perspectiva convencional y constitucional. Desde la primera de éstas, los artículos 8 y 25 de la Convención, relativos a las garantías judiciales y la protección judicial permiten establecer los lineamientos generales a partir de los cuales se consagra el ejercicio de una labor judicial garante de los Derechos Humanos. En el campo específico del deber de motivar las decisiones judiciales, la Corte IDH ha sostenido que “las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias[18]. La motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión.”[19] (Resaltado propio), justificándose esta exigencia de los funcionarios judiciales en el derecho que tienen los ciudadanos de ser juzgados “por las razones que el derecho suministra”[20] además de generar credibilidad de las decisiones judiciales en un Estado que se precie de ser democrático.
A su turno, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la falta de motivación siquiera mínima de motivación de una decisión judicial lleva a decir que ésta “reproduce las simples inclinaciones o prejudicios de quien debe resolver un asunto”[21], siendo constitutivo de una vía de hecho[22] y, por otro lado, también ha precisado que en el ejercicio de aplicación de las normas jurídicas los jueces pueden apoyarse en los precedentes judiciales y en las reglas de validez de la labor hermenéutica, respetando la autonomía de la que constitucionalmente gozan los jueces[23].”[24]
7.4.2.- En cuanto al deber de motivación de las decisiones que adopten las autoridades administrativas se tiene que la jurisprudencia constitucional ha resaltado que la configuración de esta exigencia se ajusta a la cláusula de Estado de Derecho, el principio del debido proceso administrativo, el principio democrático y el de publicidad[25]; así mismo, ha llamado la atención sobre el hecho de que no se trata de cualquier tipo de motivación sino que ésta debe satisfacer rigurosos requerimientos como es el hecho de mostrar una justificación interna y otra externa[26], que hagan ver que la decisión además de ser racional satisface los postulados de la razonabilidad; en términos del Tribunal Constitucional: “deberá basarse en una evaluación que contenga razones y argumentos fundados no sólo en reglas de “racionalidad”, sino también en reglas de carácter valorativo, pues con la racionalidad se busca evitar las conclusiones y posiciones absurdas, y con la “razonabilidad” se pretende evitar conclusiones y posiciones que si bien pueden parecer lógicas, a la luz de los valores constitucionales no son adecuadas.”[27]
7.4.3.- En este orden de ideas, la labor de interpretar el ordenamiento jurídico y justificar la toma de decisiones se concibe como un ejercicio complejo consistente en el ofrecimiento de las mejores razones en apoyo de una determinada postura jurídica. Así, la interpretación es inacabada, evolutiva y constructiva[28], (por oposición a aquellas posturas que la consideran como una mera aprehensión de un significado previo dado por el creador de la disposición).
7.4.4.- Lo anterior encuentra pleno sentido cuando se entiende que los jueces y los funcionarios administrativos, quienes tienen poder decisorio, tienen la obligación jurídica y política de erradicar la arbitrariedad en la toma de decisiones[29]; razón por la cual ellos y, en general, todos los partícipes de la práctica jurídica tienen la obligación de fundamentar de manera racional y razonable las posturas que defienden; más aún cuando, en la mayoría de los casos, es claro que la adopción de una decisión jurídica no se sigue lógicamente a partir de un ejercicio de subsunción de una norma jurídica en un caso concreto[30].
7.4.5.- Es por esta razón que se ha dicho que la formulación de argumentos jurídicos consistentes pueden ser explicados a partir de un método de doble razonamiento, comoquiera que debe existir una justificación externa[31], en donde el operador proponga a la luz del ordenamiento vigente la fundamentación de las premisas mayores que empleará como referente normativo para adoptar la decisión; mientras que, hecho lo anterior, deberá exponer una justificación interna[32], que implica la aplicación lógico deductiva de las premisas mayores a los hechos que se encuentran acreditados en un caso. Este último punto puede revestir las características propias de un razonamiento estructurado como un silogismo, por lo cual son plenamente aplicables los argumentos lógico deductivos así como sus respectivas falacias.
7.4.6.- Al hilo de esta última consideración, es importante resaltar que las decisiones judiciales adoptadas deben satisfacer una pretensión de corrección, la cual consiste en que lo decidido debe considerarse, sin más, como racionalmente fundamentado a la luz del ordenamiento jurídico vigente[33]. Su justificación reside en el hecho de que un ordenamiento jurídico[34] y las decisiones de sus operadores debe aspirar a ser justos, de modo tal que si, por ejemplo, una decisión falta a esa pretensión ello “no la priva necesariamente de su carácter de decisión judicial válida, pero la hace ser defectuosa en un sentido relevante no sólo moralmente”[35].
[1] Chiassoni caracteriza la interpretación textual como una actividad que involucra estas dos actividades, en los siguientes términos: “la interpretación textual de las disposiciones puede ser caracterizada –desde la perspectiva de la lingüística y de la filosofía del lenguaje contemporánea- como una actividad que involucra, junto a consideraciones atinentes a la sintaxis de los enunciados del discurso de las fuentes y a la semántica de los términos en estos contenidos (aquello a lo que los términos se refieren en un determinado contexto), también consideraciones pragmáticas –relativas a los contextos extralinguisticos del a producción y el uso de las propias disposiciones – cuya influencia está extendida y es determinante.”. CHIASSONI, Pierluigi. Técnicas de interpretación jurídica. Breviario para juristas. Madrid, Editorial Marcial Pons, 2011 p, 67. En sentido similar la Corte Constitucional en sentencia C-893 de 2012, en donde señaló: “La interpretación textual atribuye el significado a los preceptos normativos a partir de las reglas semánticas y sintácticas del lenguaje empleado”.
[2] Zuleta Puceiro pone de presente que en la interpretación a partir de los argumentos lingüísticos es posible encontrar tres variantes o tipos de argumentos, siendo estos el significado literal, el ordinario y el técnico. El primero de estos es definido por el autor como “el significado que se desprende de tomar los términos que lo componen en la acepción directa de las palabras que lo componen.”; el ordinario, como el “significado que las palabras asumen tanto en la comunicación ordinaria como en el lenguaje técnico del derecho.”; mientras que el tercero hace referencia a “términos tanto técnico-jurídico como a términos técnicos correspondientes a otras especialidades.”. ZULETA PUCEIRO, Enrique. Interpretación de la Ley. Casos y materiales para su estudio, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2003, p. 49-50.
[3] Sobre este punto, entre nosotros, Fernando Vélez establecía un criterio de prevalencia en casos de significados diferentes, al amparo de la regla del artículo 28 del Código Civil. Dicho autor señalaba que “si una palabra tiene un sentido en lenguaje culto o técnico, pero se usa generalmente en otro, será éste el preferido para interpretar la ley. Es natural que prevalezca el sentido que todos dan a una palabra sobre el que puede darle el Diccionario de la lengua o una ciencia o arte que pocos conocen.”. VÉLEZ, Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano Tomo I, 2° edición, París, editorial París-América. p. 35. En sentido parece estar Chiassoni autor que dentro del análisis semántico-pragmático incluye elementos como i) la estructura de la disposición, ii) el contexto lingüístico específico de la disposición, iii) el intertexto del a disposición y iv) los específicos contextos extralinguisticos de la disposición; incluyendo en este último punto los usos culturales, políticos, sociales, institucionales, históricos, etc. CHIASSONI, Pierluigi. Op. Cit. p. 66.
[4] DE ASIS ROIG, Rafael. Jueces y Normas. La decisión judicial desde el Ordenamiento. Madrid, Editorial Marcial Pons, 1995, p. 205.
[5] Montesquieu, Charles Louis de Secondat. Del Espíritu de las leyes. Primera Parte, Libro XI, Capitulo 6.
[6] Sobre este punto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha señalado: “En efecto, los jueces están conminados de manera permanente y continua a interpretar las normas, incluso cuando se considera que una determinada disposición jurídica es clara y unívoca, pues en estos eventos el Juez, previamente, ha desarrollado un ejercicio hermenéutico para arribar a tal conclusión.
Afortunadamente, ya hace mucho tiempo que se superaron las concepciones formalistas y deductivistas de la interpretación, según las cuales la actividad judicial se limitaba a la simple verificación del derecho y a su aplicación automática a unos determinados hechos y, en consecuencia, el Juez sería simplemente “la boca que pronuncia las palabras de la ley; unos seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza, ni el rigor de aquella.”[6]
Pretender que el Juez no desarrolle ningún ejercicio hermenéutico ni argumentativo ante una expresión legal (Como por ejemplo la incluida en el artículo 152 del C. C. A: “manifiesta infracción de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma”), sino que aplique sin consideración alguna la disposición, es desconocer abiertamente la necesaria relación entre interpretación, argumentación, actividad judicial y el deber de los jueces de motivar sus decisiones, postulado propio de toda sociedad enmarcada en los preceptos del Estado social y democrático de derecho.”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Auto de 22 de marzo de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp. 38924.
Sobre este punto véase también la sentencia C-820 de 2006 de la Corte Constitucional donde acomete un juicioso estudio crítico de diversos modelos teóricos e interpretativos y su impacto, actual, en la actualidad; a manera de conclusión provisional en dicho fallo se señala: “17. La breve referencia a las escuelas de interpretación del derecho que surgen con posterioridad a la exégesis muestra que, principalmente después de la segunda guerra mundial, la doctrina especializada ha reconocido: i) que la labor interpretativa del juez no sólo se expresa en los casos de aplicación de las leyes claras, sino también de las leyes cuyo contenido es oscuro, esto es, que no sólo se interpretan las leyes oscuras y, ii) que la interpretación judicial no se reduce a la reproducción mecánica de la ley, sino que implica la determinación de las normas aplicables a casos concretos.”
[7] Sobre este punto Guastini sostiene: “Debe observarse, sin embargo, que el significado ordinario raramente es unívoco y preciso. Toda expresión (término o sintagma) de uso común tiene un significado vago. Muchas expresiones de uso ordinario, si no todas, están sujetas a empleos diversos, y a cada uno corresponde un significado distinto (o, al menos, un diferente matiz de significado). Las propias reglas gramaticales son a veces muy elásticas.”. GUASTINI, Riccardo. Estudios sobre la interpretación jurídica. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999, p. 27.
[8] “Los símbolos [como son las palabras] tienen sólo una relación convencional con los objetos representados; la representación no emana de una conexión causal con el fenómeno representado, sino de convenciones establecidas implícitamente por los hombres; es decir, de reglas que permiten hacer referencia a ciertos hechos, cosas, relaciones, usando determinadas figuras, ruidos, objetos, etc.” NINO, Carlos Santiago. Introducción al análisis del Derecho. 6° edición, 1995, Barcelona, Editorial Ariel, p. 248.
[9] GUASTINI, Riccardo. Op. Cit, p. 27. Para ahondar en los puntos que afectan la interpretación literal (vaguedad y ambigüedades semántica, sintáctica y pragmática) véase GUASTINI, Riccardo. “Problemas de interpretación” En: Revista Isonomía, No. 7, 1997, p. 121-131. Información consultada el 13 de mayo de 2014 en el enlace web: http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/04704174522681695209079/isonomia07/isonomia07_03.pdf
[10] HLA Hart desarrolló este punto con apoyo de un ejemplo que refleja a la perfección los conceptos de núcleo duro y zona de penumbra en la aplicación de una norma jurídica, el caso de la prohibición de los coches en el parque: “Una noema jurídica prohíbe introducir un vehículo en un parque público. Esta prohibición rige claramente para un automóvil, pero ¿qué decir de las bicibletas, patines, automóviles de juguete? ¿qué decir de los aviones? ¿deben o no ser considerados “vehículos” a los fines de la regla? Si hemos de comunicarnos de algún modo con los demás, y si, como es el caso en las formas más elementales del derecho, hemos de expresar nuestras intenciones para que un cierto tipo de conducta esté reglado por normas, entonces es necesario que las palabras generales que usamos –tales como “vehículo” en el supuesto que considero- tengan algún ejemplo típico respecto del cual no existan dudas acerca de la aplicación de aquellas. Tiene que haber un núcleo de significado establecido, pero también habrá una penumbra de casos discutibles en los que las palabras no resultan obviamente aplicables ni obviamente no aplicables. Cada uno de estos casos tendrá algunas notas en común con el ejemplo típico, les faltarán otras o aparecerán en ellos características que no estaban presentes en aquél (…) Las situaciones de hecho no nos aguardan netamente rotuladas y plegadas; su clasificación jurídica no está escrita en ellas para que los jueces simplemente las lean.” HART, HLA, Derecho y Moral. Contribuciones a su análisis. Buenos Aires, Editorial Depalma, 1962, p. 25-26 [traducción, entre otros, del texto “el positivismo jurídico y la separación entre derecho y moral”].
[11] Frente al uso del criterio de interpretación sistemático esta Corporación ha sostenido: “La ley, generalmente, está formada por un conjunto armónico de reglas estrechamente relacionadas entre sí, las cuales se complementan y adicionan de manera recíproca. Ciertamente que cualquiera de los ordenamientos que en ella se contienen regula una hipótesis determinada, pero todos aparecen ordinariamente vinculados en forma tal con el resto de las disposiciones del estatuto, que en la mayor parte de los casos sólo es posible obtener el verdadero sentido de un precepto a través del análisis integral de todo el conjunto normativo o de todo el grupo de mandamientos relacionados.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 15 de octubre de 1963, exp. 2633. La Corte Constitucional, a su vez, ha precisado que la interpretación sistemática “considera la norma como parte de un todo cuyo significado y alcance debe entonces fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece” Sentencia C-032/1999.
[12] “las normas que un legislador sanciona, se insertan en un sistema integrado también por otras normas; por lo cual, de la combinación de las normas que un legislador dicta con las otras que ya pertenecen al sistema o formen parte de él en un futuro, podrán derivarse consecuencias no advertidas quizá por dicho legislador, o bien surgir problemas lógicos –como contradicciones, lagunas, redundancias- que no se presentan en las normas aisladas, sino una vez que entran en relación con el resto del sistema jurídico.” NINO, Carlos Santiago. Op. Cit, p. 248.
[13] Al respecto Guastini precisa: “Las distintas formas de interpretación adecuadora tiene por objeto (y efecto) evitar que surjan antinomias entre normas de distinto grado jerárquico o entre normas particulares y principios generales, según los casos. Por esta razón, la interpretación adecuadora puede ser siempre –y por lo general es- argumentada ulteriormente recurriendo al dogma de la coherencia del derecho.”. GUASTINI, Riccardo. Op. Cit, pág. 49.
[14] “cuando el sentido literal de una norma no permite establecer claramente su campo de aplicación, debe el intérprete acudir a referencias extrajurídicas de interpretación. Una de ellas es la referencia histórica, a través de la cual se persiguen no sólo los antecedentes jurídicos de la disposición cuestionada, sino también aquellas circunstancias de orden fáctico y político que le dieron origen; es posible que dichos antecedentes arrojen luces suficientes acerca del verdadero y preciso sentido que encierra la norma que se quiere interpretar.” (Resaltado propio). Corte Constitucional, Sentencia C-544/1993.
[15] “Se llama “histórica” a la interpretación que adscribe a una disposición uno de los significados que se le atribuyeron en la época que fue creada.”. GUASTINI, Riccardo. Op. Cit, p. 30.
[16] Alexy sostiene que el argumento teleológico “presupone un análisis detallado de los conceptos de fin y de medio, así como de los conceptos vinculados a éstos de voluntad, intención, necesidad práctica y fin”. ALEXY, Robert. Teoría de la Argumentación Jurídica. La Teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. 2º edición, Madrid, Editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, p. 231. En este mismo sentido De Asís: “Por criterio intencional y teleológico entenderé la exigencia de que la interpretación atienda al espíritu y finalidad de las normas. Se trata de un criterio que está relacionado, al menos, con el de la voluntad, con el histórico estricto y con el sistemático.” DE ASIS ROIG, Rafael.
[17] Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido lo siguiente respecto de la aplicación del criterio teleológico para interpretar la Convención ADH: “59. En una interpretación teleológica se analiza el propósito de las normas involucradas, para lo cual es pertinente analizar el objeto y fin del tratado mismo y, de ser pertinente, analizar los propósitos del sistema regional de protección. En este sentido, tanto la interpretación sistemática como la teleológica están directamente relacionadas.” (Resaltado propio) Corte IDH, sentencia de 16 de noviembre de 2009. Caso Campo Algodonero c. Estados Unidos Mexicanos. Sobre el efecto útil, esta misma Corte ha dicho que este criterio resulta aplicable para efectos de obtener el pleno sentido de la Convención Americana de DD.HH “Por ello, la Convención debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión y de la Corte adquiera todo "su efecto útil".” Sentencia de 26 de junio de 1987, Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras.
[18] Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párrs. 144, 153 y 164. Asimismo, la Corte Europea ha señalado que los jueces deben indicar con suficiente claridad las razones a partir de las cuales toman sus decisiones. Cfr. ECHR, Case of Hadjianstassiou v. Greece, Judgment of 16 December 1992, para. 23.
[19] Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 21 de noviembre de 2007 caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador.
[20] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 5 de agosto de 2011, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela
[21] Corte Constitucional, sentencia T-607 de 2000.
[22] Considerado posteriormente como una causal específica de procedibilidad de las acciones de tutela.
[23] Ha dicho la Corte Constitucional que “aunque la Carta Política reconoce la independencia de los jueces, no por ello sus decisiones pueden desligarse de los principios y valores constitucionales. Así las cosas, decisiones anteriores de la Corte identifican entre los criterios ordenadores de la función jurisdiccional, derivados de las dimensiones de la autonomía judicial, dos fronteras definidas: (i) El respeto al precedente jurisprudencial y (ii) La observancia de las reglas de validez de la labor hermenéutica propia de la decisión judicial.” Corte Constitucional, sentencia T-1130 de 2003.
[24] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de febrero de 2014, exp. 27345.
[25] Corte Constitucional, Sentencia SU-917 de 2010. Reiterado en T-204 de 2012, entre otras. En esta última se indicó: “Derivado de lo anterior, la motivación de los actos administrativos proviene del cumplimiento de preceptos constitucionales que garantizan que los particulares tengan la posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos ante las vías gubernativa y judicial, evitando de esta forma la configuración de actos de abuso de poder. De esta forma, le corresponde a la administración motivar sus actos y a los entes judiciales decidir si tal argumentación se ajusta o no al ordenamiento jurídico.”
[26] Corte Constitucional, Sentencia T-472 de 2011.
[27] Corte Constitucional, sentencia C-472 de 2011.
[28] Este es el punto de vista defendido por R. Dworkin, para quien la interpretación es un proceso continuo donde el Juez debe tener en consideración crítica la cadena interpretativa que le precede para resolver un asunto, comoquiera que debe tener empeño en hacer mejorar progresivamente la práctica jurídica. Sostiene dicho autor: “Cada juez debe verse a sí mismo, al sentenciar un nuevo caso, como un eslabón en la compleja cadena de una empresa en la que todas aquellas innumerables sentencias, decisiones, estructuras, convenciones y prácticas son la historia. Su responsabilidad es continuar esa historia hacia el futuro gracias a su labor de hoy. “debe” interpretar lo que ha venido ocurriendo porque tiene la responsabilidad de hacer progresar esa empresa que tiene entre manos antes que tomar de golpe por su propio camino. De manera que debe establecer, en acuerdo a su propio juicio, hasta dónde habían llegado las decisiones previas, cuál era el asunto primordial o tema de la práctica hasta ese punto y todo esto tomado como un conjunto integral.”. DWORKIN, Ronald. “Cómo el derecho se parece a la literatura” En: RODRÍGUEZ, Cesar (Ed.) La decisión judicial: El debate Hart-Dworkin, Bogotá, Editorial Siglo del Hombre, 1997, p. 167.
[29] “En resumen, en una sociedad moderna la certeza jurídica cubre dos elementos diferentes (a) en el razonamiento jurídico ha de evitarse la arbitrariedad (principio del Estado de Derecho) y (b) la decisión misma, el resultado final, debe ser apropiado. De acuerdo con el punto (b), las decisiones jurídicas deben estar de acuerdo no solo con el Derecho (formal), sino que también tienen que satisfacer criterios de certeza axiológica (moral). (…) El proceso de razonamiento debe ser racional y sus resultados deben satisfacer las demandas de justicia. Además, si una decisión no es aceptable tampoco puede ser legítima – en el sentido amplio de la palabra.”. AARNIO, Aulis. P. 26. La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico. En: Revista Doxa, No. 8 (1990), p. 23-38, especialmente 26.
[30] Son acertadas las palabras de Larenz quien afirmó que “ya nadie puede… afirmar en serio que la aplicación de las normas jurídicas no es sino una subsunción lógica bajo premisas mayores formadas abstractamente”. ALEXY, Robert. Op. Cit, p. 23. De esta postura es partícipe Nino quien afirmó que “la tarea de precisar los textos vagos o ambiguos, eliminar las lagunas y las contradicciones, determinar los precedentes relevantes, etc., por lo común no está guiada por reglas precisas de segundo nivel y, cuando lo está, (…) no es infrecuente que se tropiece con reglas competitivas que aportan soluciones divergentes.”. NINO, Carlos Santiago. Op. Cit, p. 293.
[31] “El objeto de la justificación externa es la fundamentación de las premisas usadas en la justificación interna. Dichas premisas pueden ser de tipos bastante distintos. Se puede distinguir: (1) reglas de Derecho positivo, (2) enunciados empíricos y (3) premisas que no son ni enunciados empíricos ni reglas de derecho positivo.” ALEXY, Robert. Teoría de la Argumentación Jurídica … Op. Cit, p. 222.
[32] “En la justificación interna se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación; el objeto de la justificación externa es la corrección de estas premisas. (…) Los problemas ligados con la justificación interna han sido discutidos bajo el rótulo de “silogismo jurídico”.” ALEXY, Robert. Teoría de la Argumentación Jurídica. Op. Cit, p. 214.
[33] “No se pretende que el enunciado jurídico sea sin más racional, sino sólo de que en el contexto de un ordenamiento jurídico vigente pueda ser racionalmente fundamentado.” Teoría de la argumentación, Op. Cit, p. 208. Sobre este punto Aarnio sostiene: “Muy a menudo, la justificación se refiere - y tiene que referirse - a diferentes tipos de razones materiales, o bien a razones teleológicas o a razones de corrección. En la práctica, esto significa, entre otras cosas, que el derecho tiene que estar conectado con valores y valoraciones. Dicho brevemente: existe una combinación entre derecho y moral. Este mismo rasgo impone precondiciones especiales a la teoría moderna de la interpretación jurídica.” Aarnio, Aulis. Lo racional como razonable. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1991, p. 15.
[34] “La cuestión consiste en saber cuál concepto de derecho es correcto o adecuado. Quien desee responder esta pregunta tiene que relacionar tres elementos: el de la legalidad conforme al ordenamiento, el de la eficacia social y el de la corrección material.” ALEXY, Robert. El concepto y validez del derecho. 2º edición, Barcelona, Editorial Gedisa, 2004, p. 21.
[35] ALEXY, Robert. Teoría de la Argumentación Jurídica … Op. Cit, p. 209.

References: resolución 
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 28
 artículo 152