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Timestamp: 2018-10-20 07:10:59+00:00

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Resolución de TEAC, 00/31/2005, 19-04-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/31/2005 de 19 de Abril de 2007
Núm. Resolución: 00/31/2005
La naturaleza jurídica del escrito presentado por la entidad es de "solicitud de rectificación de una autoliquidación", ya que la inicialmente presentada tenía cuota diferencial a devolver y lo que solicita es una mayor devolución respecto de la ya obtenida, que fue reconocida como procedente por la Administración Tributaria. A efectos del plazo señalado para el abono de los intereses de demora en el artículo 145 de la LIS (Ley 43/1995) es procedente asimilar una autoliquidación presentada fuera de plazo a una solicitud de rectificación de una autoliquidación presentada igualmente fuera del plazo previsto para la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades.
En la Villa de Madrid, a 19 de abril de 2007 se reúne este Tribunal Económico-Administrativo Central en Sala para fallar la reclamación económico-administrativa interpuesta por D. ... y D. ... en representación de X, S.A. (antes Y, S.A.), con CIF ... y domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra el acuerdo del Inspector Jefe de la Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas, de 21 de julio de 2004, por el que se estima la solicitud de rectificación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2000, ordenando la devolución de 338.633,47 € más los correspondientes intereses de demora.
PRIMERO: Por autoliquidación del impuesto y ejercicio señalado, presentada en plazo, se declaró una cuota diferencial a devolver de 694.972.454 pts., que fué efectivamente devuelta.
Como consecuencia de la actuación inspectora sobre el Grupo fiscal ... en revisión de los ejercicios 1996 a 1999, se incoaron actas de conformidad, el 27-6-03, por el impuesto sobre sociedades y tales ejercicios. De tales actas resultó: de una parte, que la base imponible del ejercicio 2000 debía reducirse en determinada cantidad al ser no ser imputable a tal ejercicio un ingreso que la Inspección imputó a otro anterior; y, de otra, que la deducción por I + D aplicada en el año 2000 había sido excesiva. El resultado conjunto de tales ajustes en la liquidación del ejercicio 2000 arrojaba una cuota diferencial a devolver de 751.316.323 pts, superior en 56.343.870 pts. a la declarada en la autoliquidación originaria.
El 7-10-03, se presenta declaración complementaria por el impuesto con escrito solicitando la devolución de ingresos indebidos, al amparo del R.D. 1163/90, por el exceso señalado.
SEGUNDO: Por acuerdo de 21-7-04 del Inspector Jefe de la Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas se ordena la devolución de la cantidad solicitada como exceso de cuota diferencial negativa y el pago de intereses de demora por el tiempo transcurrido desde el 8-4-04 hasta el mandamiento de pago.
Respecto a los intereses de demora se dice textualmente:
"CONSIDERANDO que procede el abono de intereses por cuanto han transcurrido seis meses desde la presentación de la solicitud de rectificación, calculados al 4,75%, sobre 338.633,47 euros desde el 8 de abril de 2004 hasta el mandamiento de pago".
De otra parte, el acuerdo hace constar que, puesto que la declaración originaria era "a devolver" no se trata de una solicitud de devolución de ingresos indebidos, sino de una solicitud de rectificación de autoliquidación.
TERCERO: Notificado el acuerdo anterior el 14-9-04, con fecha 8-10-04, se interpone contra el mismo la presente reclamación económico-administrativa. Notificada la puesta de manifiesto del expediente para alegaciones el 16-5-05, se presentan éstas el 15-6-05 manifestando, en síntesis:
- Que la disconformidad con el acuerdo recurrido se refiere exclusivamente al cálculo de los intereses de demora, en concreto a la determinación del periodo de generación de los mismos. Específicamente, la disconformidad se centra en el día inicial de dicho cómputo.
- Procede el abono de intereses de demora desde que se realizaron indebidamente los correspondientes ingresos, y ello ocurríó al desembolsar los correspondientes pagos fraccionados a cuenta del impuesto del ejercicio 2000, dado que la recurrente los determinaba sobre la base imponible resultante al final de los meses de marzo, septiembre y noviembre del año 2000, y que el exceso de cuota diferencial negativa cuya devolución se ordena obedece fundamentalmente a la incorrecta inclusión de un ingreso que la Inspección imputó a ejercicio anterior. Por ello estamos propiamente ante una solicitud de devolución de ingresos indebidos.
Si se quiere y para simplificar, cabe computar el exceso ingresado en el último pago fraccionado del ejercicio, que se realizó el 20-12-00, procediendo el abono de intereses de demora desde tal fecha. Así se deriva del art. 2.2 del R.D. 1163/90 regulador del Procedimiento para la realización de Devoluciones de Ingresos Indebidos, a cuyo tenor: "También formarán parte de la cantidad a devolver:
b) El interés de demora regulado en el artículo 58.2.c) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, aplicado a las cantidades indebidamente ingresadas, por el tiempo transcurrido desde la fecha de su ingreso en el Tesoro hasta la de la ordenación del pago, .......".
"En definitiva, cuando la compañía solicitó, en octubre de 2003, la devolución de un ingreso indebido, lo hacía como consecuencia de la rectificación, no sólo de la declaración-liquidación originaria de 2000, sino de los pagos fraccionados efectuados en 2000 (a cuenta del impuesto de dicho ejercicio). No obstante, habiendo transcurrido con mucho el momento de la presentación de la declaración-liquidación originaria de 2000 (en la que la cuota diferencial se calcula detrayendo de la cuota líquida las retenciones y pagos fraccionados) no tenía sentido solicitar la rectificación de los pagos fraccionados, sino la de la declaración-liquidación definitiva (y así fue como actuó la compañía). Ello no obstante, debe entenderse que la rectificación solicitada (y la consiguiente devolución requerida) lo es de la declaración-liquidación y de los pagos fraccionados".
- "Subsidiariamente, para el caso de que se entienda que los excesos ingresados en los pagos fraccionados ........................... no deben devolverse hasta el transcurso del periodo de franquicia (seis meses) desde la finalización del plazo voluntario de declaración del Impuesto de 2000 (25 de julio de 2001), al menos deberían calcularse intereses desde el 25 de enero de 2002".
Así se sentenció por la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 2/69/1994 (sentencia de 4-6-96), en el que se planteaba si el periodo de franquicia del que goza la Administración para el cómputo de intereses de demora en la devolución del exceso de las retenciones soportadas debía computarse desde la declaración originariamente presentada en plazo, o desde la fecha de presentación de la declaración complementaria. La Audiencia Nacional resolvió que tal periodo de franquicia (entonces de 12 meses y 30 días a contar desde el fin del periodo voluntario de declaración) tenía que computarse a partir del momento en que se presentó, en plazo voluntario, la correspondiente declaración.
Recurrida tal sentencia por la representación del Estado, el Tribunal Supremo, en sentencia del 21-12-01, desestimó la casación confirmando la sentencia de la Audiencia Nacional.
"Lo cierto es que la Administración ha estado disfrutando indebidamente de un importe que no le correspondía,................... El perjuicio sufrido por la compañía debe, pues, ser compensado mediante el abono de los correspondientes intereses compensatorios desde la fecha en la que se presentó la declaración originaria".
Y no cabe oponer a esto el art. 120 de la nueva Ley General Tributaria (Ley 58/03), que "ha extendido el periodo de franquicia de seis meses a los casos de rectificación de autoliquidaciones", pues, de una parte, tanto el ingreso indebido como la solicitud de su devolución son anteriores a la entrada en vigor de dicha ley, y por otro lado el art. 120 se refiere exclusivamente a los casos de rectificación de autoliquidación que originen "una devolución derivada de la normativa del tributo", caso distinto al que nos ocupa que deriva de la realización de unos ingresos indebidos con los pagos fraccionados.
PRIMERO: Concurren los requisitos de competencia, legitimación y presentación en plazo hábil que son presupuesto de admisión a trámite de la presente reclamación, en la que, como cuestión única, se plantea la determinación de la fecha inicial del periodo de devengo de intereses de demora a favor de la recurrente como consecuencia de la declaración complementaria del impuesto presentada junto con la correspondiente solicitud de devolución adicional.
SEGUNDO: El acuerdo de devolución del exceso de cuota diferencial negativa, resultante de la declaración complementaria presentada, no explicita apoyo normativo alguno al establecer la procedencia del pago de intereses de demora por el periodo que arranca de los seis meses posteriores a la presentación de la "solicitud de rectificación de autoliquidación" (esto es, a partir del 8-4-04).
Desde luego, tanto la solicitud de rectificación de autoliquidación (en la terminología del acuerdo impugnado), que es de 7-10-03, como el fin del plazo de presentación de la declaración del ejercicio 2000 (el 25-7-01) y mucho más la conclusión de los plazos de presentación de los pagos fraccionados de tal ejercicio, son anteriores, no ya a la entrada en vigor de la Ley 58/03 General Tributaria (LGT en adelante), sino a su promulgación. Y así lo reconoce implícitamente el acuerdo recurrido, en su primer Considerando al decir que: "...... , de acuerdo con lo dispuesto en las Disposiciones transitorias tercera y quinta de la Ley 58/2003, General Tributaria, los procedimientos tributarios iniciados antes del 1 de julio de 2004 (fecha de su entrada en vigor), como es el caso que nos ocupa, se rigen por la normativa anterior a la misma hasta su conclusión, salvo en lo referente, por lo que aquí afecta, al plazo de interposición del recurso de reposición y al procedimiento económico-administrativo".
Por tanto, como manifiesta el reclamante, dicho acuerdo no puede basarse en el art. 120.3 párrafo 2º de la nueva LGT, que ordena el cómputo del plazo de seis meses para la devolución de los excesos ingresados consecuencia de la normativa del tributo a partir de la solicitud de rectificación cuando ésta se presenta fuera del plazo voluntario de declaración, diciendo:
"Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 de esta ley sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación".
TERCERO: El interesado alega que presentó una solicitud de devolución de ingresos indebidos.
La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1163/1990, de 21 de septiembre, por el cual se regula el procedimiento para la realización de devoluciones de ingresos indebidos de naturaleza tributaria señala:
2. Esta solicitud podrá hacerse una vez presentada la correspondiente declaración-liquidación o autoliquidación, y antes de haber practicado la Administración la liquidación definitiva o, en su defecto, de haber prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Cuando la Administración haya girado una liquidación provisional, el obligado tributario podrá aún instar la rectificación o confirmación de su declaración-liquidación o autoliquidación inicial, si la liquidación provisional ha sido practicada rectificando aquéllas por motivo distinto del que ahora origina la solicitud del obligado tributario.(...)
El artículo 110.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala: "El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter".
Ciertamente, dado que la declaración complementaria presentada obedece fundamentalmente (en términos cuantitativos) a la exclusión de un ingreso que la Inspección imputó a ejercicios anteriores y así lo acredita el acuerdo impugnado, los excesos ingresados se produjeron en los pagos fraccionados hechos (art. 38.3 LIS), momento (o momentos) desde el cual la Administración tuvo en su poder los mismos, sin embargo, no se presentaron declaraciones complementarias por tales pagos fraccionados, sino por la declaración del impuesto, por lo que la naturaleza jurídica del escrito presentado por la entidad es el de una "solicitud de rectificación de autoliquidación" toda vez que la autoliquidación inicialmente presentada tenía cuota diferencial a devolver y lo que solicita el interesado con la "autoliquidación rectificativa" presentada es una mayor devolución respecto de la ya obtenida, mayor devolución que fue reconocida como procedente por la Administración Tributaria, procedimiento de rectificación de autoliquidación regulado por la citada D.A. Tercera del RD 1163/1990.
CUARTO.- Centrada así la cuestión, el artículo 145 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre de 1995, del Impuesto sobre Sociedades señala: "1. Cuando la suma de las retenciones e ingresos a cuenta, de los pagos fraccionados y de las cuotas pagadas por las sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal sea superior al importe de la cuota resultante de la autoliquidación, la Administración tributaria procederá, en su caso, a practicar liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración.
5. Reglamentariamente se determinará el procedimiento y la forma de pago para la realización de la devolución de oficio a que se refiere el presente artículo".
A efectos del plazo señalado para el abono de los intereses de demora en el artículo 145 de la Ley 43/1995 este Tribunal entiende que es procedente asimilar una autoliquidación presentada fuera de plazo a una solicitud de rectificación de una autoliquidación presentada igualmente fuera del plazo previsto para la presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades. Este criterio supone la interpretación lógica y finalista de la norma, ya que cuando la entidad presentó su declaración originaria, la Administración Tributaria desconocía que el interesado tuviera derecho a una devolución mayor a la solicitada. Además, la nueva Ley General Tributaria aprobada por medio de la Ley 58/2003, aunque no es de aplicación al presente caso, confirma dicho criterio como anteriormente se ha señalado.
Este criterio ha sido mantenido por este Tribunal Central en su resolución de fecha 26 de septiembre de 2003 (RG:1328/2000), al señalar: "(...) Por lo tanto, en este caso, presentada la segunda declaración, o mejor, la solicitud de rectificación, que equivale a aquélla, la Administración disponía -entonces- de 12 meses para practicar liquidación provisional y si dentro de tal plazo no la hubiere girado, en los 30 días siguientes debería realizar de oficio la devolución correspondiente; ello quiere decir que, presentada el 11 de noviembre de 1993 la declaración rectificativa y solicitud de devolución, el día 11 de noviembre de 1994 vencieron los 12 meses y pasados 30 días más (hábiles, según el art. 48 de la Ley 30/1992, la Administración debió realizar la devolución, incurriendo en mora si no la realizó, como efectivamente no lo hizo, por lo que debe satisfacer intereses desde el 20 de diciembre de 1994 -y no desde el 12, como dice el acuerdo de la gestora- (los 30 días vencían el 19 de diciembre), hasta la fecha de la propuesta de pago [art. 2.º 2 b) del RD 1163/1990 y art. 145 de la Ley del IS]; teniendo en cuenta que si resultase a devolver una cantidad superior a la inicialmente reconocida, sobre la diferencia en más habrían de satisfacerse intereses desde la fecha inicial expresada en cada caso hasta la de la nueva propuesta de pago. (...) " Más recientemente este Tribunal también se ha pronunciado en el mismo sentido en Resolución de 20-04-2006 (RG 2990/03).
También la Audiencia Nacional en su Sentencia de fecha 16 de marzo de 2006 (Rec. nº 987/2003), con cita expresa de la STS a que alude el interesado, confirmó dicho criterio para un supuesto similar al señalar: "(...) Este criterio aparece confirmado en las STS 29-9-2000 y 21-12-2001 de tal manera que transcurrido el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, el plazo de 6 meses, sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración Tributaria, el contribuyente tendrá derecho al abono del interés de demora regulado en el artículo 58.2 c) de la Ley General Tributaria sin necesidad de efectuar requerimiento a tal efecto. A estos efectos, dicho interés se devengará desde la finalización del plazo de que dispone la Administración Tributaria para practicar liquidación provisional hasta la fecha en que se ordene el pago de la correspondiente devolución.
La referida interpretación se encuentra ratificada por lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades, en la redacción dada por Ley 66/1997, de 30 de diciembre precepto que después de fijar en 6 meses el plazo para que la Administración practique liquidación provisional, a contar desde el término del plazo establecido para la presentación de la declaración, añade: Cuando la declaración hubiera sido presentada fuera de plazo, los seis meses a que se refiere el párrafo anterior se computarán desde la fecha de su presentación, y si bien es cierto que dicho precepto no resulta de aplicación al supuesto que se enjuicia por razones temporales, no es menos cierto que constituye un criterio interpretativo importante a tener en cuenta.
En el supuesto que nos ocupa la aplicación de la doctrina expuesta comporta, de un lado, que no pueda accederse a lo pretendido por la parte respecto a que el dies a quo del cómputo de los intereses de demora se fije en el 30 de junio de 1993, pues no nos encontramos ante un ingreso indebido sino ante un exceso en las retenciones en que la normativa que resulta aplicable viene constituida por el artículo 31.3 de la Ley 61/1978 que concede a la Administración un plazo de doce meses para practicar liquidación provisional, de tal forma que si no se gira dentro del referido plazo, como aquí ocurrió, deberá realizar de oficio la devolución correspondiente en los 30 días siguientes, momento a partir del cual incurre en mora y, por tanto, está obligada a abonar los correspondientes intereses. De otro lado, también comporta que el referido plazo de doce meses se ha de contar desde que se presentó la segunda declaración, o lo que es igual, desde que se rectificó la declaración inicialmente presentada, y no desde que se presentó la declaración inicial, como pretende la recurrente, toda vez que sólo desde dicha fecha podrá la Administración conocer y valorar los datos sobre los que habrá de pronunciarse para efectuar la liquidación provisional prevista en el art. 31.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
En consecuencia, aplicando este criterio legal, y habiéndose presentado por la entidad hoy recurrente su solicitud de rectificación en fecha 11 de noviembre de 1993, resulta que la Administración disponía, a partir de tal fecha, de un plazo de doce meses para practicar liquidación provisional, plazo que venció el 11 de noviembre de 1994, debiendo proceder a la devolución en el plazo adicional de 30 días, incurriendo en mora a partir de dicha fecha, lo que comporta que deba satisfacer intereses de demora desde el 20 de diciembre de 1994, tal y como determina la resolución del TEAC combatida, y todo ello sin perjuicio de la reformatio in peius a que se alude en la referida resolución. (...)".
EL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, en la reclamación económico-administrativa interpuesta por X, S.A. (antes Y, S.A.) contra el acuerdo del Inspector Jefe de la Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas, de 21 de julio de 2004, por el que se estima la solicitud de rectificación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2000, ordenando la devolución de 338.633,47 € más los correspondientes intereses de demora, en SALA ACUERDA: Desestimarla, confirmando el acuerdo impugnado.
Sentencia ADMINISTRATIVO AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 361/2015, 22-06-2017
Orden: Administrativo Fecha: 22/06/2017 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Calderon Gonzalez, Jesus Maria Num. Recurso: 361/2015
Resolución de TEAC, 00/5095/2001, 17-09-2004
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 17/09/2004 Núm. Resolución: 00/5095/2001
Resolución de TEAC, 00/5056/2001, 29-10-2004
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 29/10/2004 Núm. Resolución: 00/5056/2001

References: Resolución 
 artículo 145
 artículo 58
 artículo 26
 Real Decreto 
 artículo 110
 artículo 145
 artículo 145
 resolución 
 Resolución 
 artículo 58
 artículo 145
 artículo 31
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