Source: https://www.scribd.com/document/96697578/Sentencia-de-Tutela-T555-de-2006
Timestamp: 2017-08-19 08:46:42+00:00

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Sentencia de tutela T555 de 2006.
T-555-06
Derecho a la salud en conexidad con la vida digna y la seguridad social de afiliado que trabaja en empresa productora de banano y quien a causa de un accidente de trabajo sufre fuertes dolores en su hombro derecho que le ha merecido varias incapacidades y al ser remitido para una infiltracion en el hombro, la entidad se nego a practicÁrsela aduciendo que dicha afeccion no correspondia a un accidente de trabajo. La eps efectuo la infiltracion pero los dolores continuaron. , razon por la que el medico tratante le sugirio una resonancia magnetica que el iss se niega a practicar. Solicita se ordene el suministro del tratamiento integral y la practica de la resonancia magnetica formulada. Los examenes de diagnostico hacen parte del derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas. Es determinante que las pruebas diagnosticas para la salud y la vida del afectado no pueden condicionarse en su realizacion a razones de indole administrativa o economica. Obligaciones de las administradoras de riesgos profesionales. Calificacion de las patologias. En razon de la diferencia de criterio entre la arp del iss y la eps saludcooop en cuanto al origen de la enfermedad o accidente sufrido por el actor, la practica del examen de diagnostico le correspondera a la eps hasta tanto se produzca la calificacion o clasificacion de la enfermedad, patologia o accidente que afecta al actor. Concedida Sentencia T-555/06 Referencia: expediente T-1315591 Acción de tutela promovida por Danis de Jesús García Jaramillo contra la A.R.P. del ISS Seccional Antioquia. Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil seis (2006). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó (Antioquia) y la Sala Civil, Agraria y de Familia del Tribunal Superior de Medellín, en la acción de tutela instaurada por Danis de Jesús García Jaramillo contra la A.R.P. del ISS Seccional Antioquia. I. ANTECEDENTES.
El accionante, interpuso la presente acción de tutela con base en los siguientes hechos: 1. El señor Danis de Jesús García Jaramillo labora desde hace más de cuatro (4) años con la empresa Agrícola Río Verde, productora de banano, tiempo durante el cual ha cotizado a la A.R.P. del Seguro Social y desde el 23 de diciembre de 2002 a la E.P.S. de Saludcoop. 2. El día 19 de noviembre de 2004, mientras cumplía con la labor asignada, sufrió un fuerte dolor en su hombro derecho, lo que le impidió seguir trabajando. Inmediatamente la empresa lleno el Formato Único de Reporte de Presunto Accidente de Trabajo y fue trasladado a la E.P.S. de Saludcoop para ser atendido. 3. Dicha E.P.S. lo atendió y le suministro un medicamento para que el dolor disminuyera y le otorgó una incapacidad de seis (6) días. 4. En vista de que el dolor no calmaba y luego de ser atendido en dos nuevas oportunidades por diferentes médicos que le suministraron nuevos calmantes y que le dieron una nueva incapacidad, el accionante retornó de todos modos a su trabajo de desmanar (labor que consiste en quitar las manos de plátanos o bananos de los racimos). 5. Luego fue trasladado a otra finca, en donde pasó a cumplir la labor de gurbiar, la cual cumplió por espacio de seis (6) meses, tiempo durante el cual debió aplicarse permanentemente inyecciones de Diclofenalco para calmar el dolor, sin mayores resultados. 6. Al acudir nuevamente a su E.P.S. para recibir atención médica, fue tratado por la doctora Liliana Domínguez, quien no solo le recetó unos nuevos medicamentos, sino que también le dio una incapacidad de cinco (5) días, y le ordenó la realización de siete (7) terapias, las que le fueron practicadas en la clínica de COOSALUD. No obstante, el dolor en el hombro persistió, lo que motivo al accionante a acudir nuevamente a consulta con la doctora Domínguez, quien le dio una nueva incapacidad de cuatro (4) días, y tres (3) terapias más. En esta oportunidad el dolor disminuyó ligeramente. 7. El accionante regresó a su trabajo, pero en los quince días siguientes el dolor reapareció con la misma intensidad de antes, a pesar de estar desarrollando una labor diferente. Nuevamente fue atendido por la doctora Domínguez, quien le da una nueva incapacidad de ocho (8) días y receta otros medicamentos, los cuales si bien le permitían dormir, tan pronto despertaba, el dolor reaparecía. 8. En vista de tal situación, el actor es remitido al doctor Avejaneiro, especialista en ortopedia, quien le ordenó una infiltración en el hombro y una incapacidad de seis (6) días. Presentada la orden a la E.P.S. de Saludcoop, ésta la remitió a la A.R.P. del Seguro Social, entidad que negó dicho procedimiento, argumentado que la afección que presentaba el accionante no correspondía a un accidente de trabajo. Si bien dicha decisión le fue informada a la E.P.S. de Saludcoop, ésta practicó la infiltración requerida.
“Dado que el trabajador tenía antecedentes de enfermedad de origen común previo al presunto accidente de trabajo y que el trabajador solo vino a consultar al médico seis meses después del accidente. del Seguro Social la práctica de la resonancia magnética que le fuera ordenada. En escrito de fecha 21 de diciembre de 2005. razón por la cual solicita que para su protección. SALUDCOOP continuar con el tratamiento ya que se considera que la afección corresponde a una enfermedad común.. razón por la cual corresponde a la E. así como también le suministre el tratamiento integral que requiera para recuperarse de la afección que lo aqueja. ésta era la primera vez que acudía en consulta como consecuencia del accidente en su hombro. frente a los anteriores hechos. pues afirma que desde que empezó a trabajar.P.S. lo que implicó que le fuera dada una nueva incapacidad por ocho (8) días. en los siguientes términos: “Con base en la documentación que aportara el empleador de la época.S. se concluyó por parte de la ARP-ISS que el mecanismo del presunto accidente de trabajo descrito en el informe patronal y los hallazgos al examen físico del informe médico inicial no permitían relacionar la sintomatología del paciente con un evento de tan baja magnitud (accidente de trabajo). ortopedista. Presentada la orden para la resonancia magnética ante Saludcoop E.P. se concluyó que la patología sufrida por el señor GARCIA JARAMILLO no tenía relación con el evento reportado como accidente de trabajo.P. a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas.R. el señor García Jaramillo considera violados sus derechos fundamentales a la salud. respecto del evento sufrido por el señor GARCIA JARAMILLO. el Jefe del Departamento ATEP del Seguro Social.S. luego de varios días. y adjuntada su historia clínica. del Seguro Social. Así se le . Igualmente. el dolor aumentó significativamente. que tal y como lo estableciera el doctor Alcibiades Rosas en un informe.P. esta entidad dio respuesta a la tutela. quien recomendó la realización de una resonancia magnética. se ordene de manera inmediata a la A. de Saludcoop manifestando que no autorizaba la práctica de dicho examen de diagnóstico. Así. Remitida dicha orden a la mencionada A. por cuanto se había concluido que el tutelante presentaba un antecedente de artralgia en el hombro.P.R. 10. se le indicó al actor que la misma debía ser presentada ante la A. fue remitido al doctor Guevara. esta entidad respondió a la E.P. En un posterior documento fechado el 28 de diciembre de 2005. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD ACCIONADA.9. el problema de artralgia del señor García Jaramillo no corresponde a un accidente de trabajo y no permite relacionar la sintomatología actual del paciente con un evento de tan baja magnitud.R. II. Luego de que el mismo doctor Avejaneiro le realizara la infiltración. dio respuesta a la presente tutela. señalando para ello. argumento que el mismo accionante encuentra bastante extraño. suscrito por el Gerente de la Zona Urabá del Seguro Social.
P. ordenó a la A.P. Seccional Antioquia – Urabá. 1. concedió la tutela. cubriendo las prestaciones asistenciales y económicas que demande su protección. las prestaciones asistenciales y económicas deben ser reconocidas por la EPS a la cual se encuentra vinculado el usuario y por eso respetuosamente solicito declarar improcedente la presente acción de tutela en cuanto a la ARP-ISS se refiere. el cual se encarga de prevenir. accidente o muerte. la cual en sentencia del 14 de febrero de 2006. asumir su atención. y ésta responsabilidad corresponde asumirla a la E. 2. que previo al reconocimiento por parte de una administradora de riesgos profesionales. pues consideró que la enfermedad que afecta al accionante no corresponde a una enfermedad común. IV. debe existir una calificación del origen de la enfermedad. contenidos en la Ley 776 de 2002 y en su Decreto 1295 de 1994. Consideró el ad quem que dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud se encuentra incluido el Sistema de Riesgos Profesionales. siguiendo los lineamientos de este sistema. proteger y atender a los trabajadores ante las contingencias generadas por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.S.S. negó el amparo solicitado. la norma establece que la misma deberá ser considerada como de origen común. En sentencia del 3 de enero de 2006.S. es claro que dicha calificación no se ha cumplido. y por eso no se autorizó la RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA ni se reconocieron las incapacidades.hizo saber a la EPS a la cual se encontraba afiliado el usuario. examen que se debía llevar a cabo en un término prudencial de 10 días. que en las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión. Agraria y Familia del Tribunal Superior de Antioquia.P.P. y así se ha seguido tratando como se demuestra con el anexo de Reporte Médico de Enfermedades Profesionales y/o Accidentes de Trabajo.R. y dado que dicha calificación no se ha efectuado.” III. Señaló que desde un principio. PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE. Impugnada la anterior decisión. afirmación que se desprende del anexo de Formato Único de Reporte de Presunto Accidente de Trabajo. revocó la sentencia y en su lugar. se revocó la decisión de primera instancia y en su lugar se negó la acción de tutela. y vistas las circunstancias del presente caso. es claro. que requiriera el accionante. Así. correspondiéndole en consecuencia a la E. el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó (Antioquia). del Seguro Social. Así. adelantara las diligencias tendientes a autorizar la realización de la Resonancia Magnética. el accionante ha recibido atención médica por parte de la E. Por lo anterior. De esta manera. o es de origen común. con el fin de determinar si la contingencia es de origen profesional o si es de origen común. Por esta razón. “Entonces. conoció la Sala Civil. a la cual se encuentra afiliado respecto de una afección calificada como accidente de trabajo. si la enfermedad es de origen común. de una prestación asistencial o económica. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN. . y por lo tanto no se ha determinado si la patología que afecta al accionante es una enfermedad profesional o accidente de trabajo. de Saludcoop.
Unidad Básica de Apartadó. en la cual dio un informe técnico del estado de salud del señor Danis de Jesús García Jaramillo. SALUDCOOP. estaba desmanando y se le safó el hombro derecho. Dicho profesional Forense pertenece al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense. residente en Choridó Pueblo. afiliado a Saludcoop y como A. motivo por el cual entabla acción de tutela.P. Unidad Básica de Apartadó. En el momento actual. dirigida a la E. SALUDCOOP en la que indica que no se autoriza la resonancia magnética de hombro derecho ordenada al señor García Jaramillo por no existir relación entre la dolencia y el presunto accidente de trabajo. Seccional Antioquia. unión libre.. del Seguro Social no le autorizan un examen de resonancia magnética nuclear por lo que entabla acción de tutela. relacionado con el presunto accidente de trabajo sufrido el 19 de noviembre de 2004 por el señor García Jaramillo.O. “ANTECEDENTES MÉDICOS DE IMPORTANCIA: Cirugía por quiste en cuello en 2001. “DANIS DE JESÚS GARCÍA JARAMILLO: Masculino de 24 años de edad. ya que la sintomatología de dolor y limitación en el hombro derecho. ahora resulta que en la A. tramitados por la E. otro ortopedista le ha solicitado examen de resonancia magnética nuclear. Dentro de las pruebas aportadas al expediente y de las solicitadas por el juez de tutela obra un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. escolaridad primaria. oficios varios en finca bananera. . ha sido atendido por ortopedistas. pero en el Seguro Social le niegan la atención como accidente de trabajo. Informe Técnico Médico Legal realizado por un Profesional Especializado Forense. “ENFERMEDAD ACTUAL Y SINTOMAS: En noviembre 2004 estaba desmanando y se le safó el hombro.S.P.Folio10. fotocopia del Formato Único de Reporte de Presunto Accidente de Trabajo. Dirección Regional. ARP – ISS de fecha diciembre 14 de 2005. . le impide un adecuado desempeño de su trabajo. Carta suscrita por el Médico S. Dirección Regional Noroccidente. . el paciente ha sido perjudicado en su trabajo por el frecuente ausentismo laboral. 2 hijos.R.P.Folios 38 y 39. “MOTIVO DEL EXAMEN: Sufrió accidente de trabajo en noviembre 2004. se ha considerado que fue un accidente laboral y lo han incapacitado. fotocopias de los reportes de enfermedades y/o accidentes de trabajo.S. que realizó un examen al señor García Jaramillo el día 3 de enero de 2006. Noroccidente.Folios 11 a 29. . le han hecho infiltración.R. realizado el 2 de enero del presente año. Seccional Antioquia. al Seguro Social. así como de la historia clínica del accionante..Folio 4.P. ha sido sometido a fisioterapia y no mejora. le hicieron acta de accidente de trabajo.
el Magistrado Sustanciador. “(4) No realizarle el examen solicitado por el ortopedista tratante en forma prioritaria o dejar que pase el tiempo para autorizarlo no lo pone en peligro de morirse. Mediante Auto de fecha 30 de mayo de 2006.P. el viaje lo puede hacer por vía terrestre o por vía aérea. consideró necesario vincular al trámite de esta tutela a la E. Se le aprecia hombro caído derecho. Por tal motivo puso en su conocimiento el expediente de tutela a efectos de que se pronunciara sobre la misma en un término de tres (3) días. entidad a la cual se encuentra afiliado el señor Danis de Jesús García Jaramillo. Afebril al tacto. “(5) En Apartadó no existen los recursos para la realización del examen. camina por sus propios medios.P. en caso de que el paciente deba trasladarse o otra ciudad lejana. En respuesta a dicho Auto.” V. mediante escrito allegado a la Corte el día seis (6) de junio del presente año.S. dolor sobredimencionado en todo el contorno articular del hombro derecho. no lo tiene en inminente peligro de muerte. de Saludcoop. el Gerente Regional de Saludcoop E. pero si agrava su sintomatología y se pierden esperanzas de un tratamiento oportuno. “CONCLUSIONES: “(1) Masculino de 24 años de edad con antecedente de accidente de trabajo y dolor en hombro derecho con limitación para los movimientos articulares de esa región. por cuanto dicha entidad podía verse afectada con la decisión que llegase a tomarse por esta Corporación en el trámite de Revisión. “(2) Su enfermedad no es grave.“EXAMEN FÍSICO: Consciente. “EXAMENES COMPLEMENTARIOS: Radiografía de hombro normal. “(3) La realización de una resonancia magnética nuclear solicitada por su médico especialista tratante es un procedimiento diagnóstico necesario para establecer el origen y estadio actual de su enfermedad y así poder establecer pautas de tratamiento. orientado.. PRUEBAS ORDENADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL. “DIAGNÓSTICO: Artropatía hombro derecho. dio respuesta a la presente acción de tutela en los siguientes términos: “ANTECEDENTES . no reviste las características de urgencia médica pero si debe hacerse ya con prioridad debido al avance manifiesto de la enfermedad.S. Tiene fines diagnósticos. tiene disminución del 50% de los movimientos de rotación del hombro derecho.
motivo por el cual fue levantada el acta respectiva. El aludido usuario es paciente de 25 años de edad con diagnóstico de dolor crónico en hombro derecho secundario a accidente de trabajo sufrido el 19 de noviembre de 2004. y fue ocasionada por un accidente de trabajo y no es la EPS quien debe asumir los costos derivados de la misma sino la ARP – ISS.El señor DANIS DE JESÚS GARCÍA JARAMILLO. Seccional Antioquia y en contra del ISS ARP. pero la ARP ISS no la autoriza y se niega a asumir los costos del tratamiento por considerar que “el mecanismo del accidente de trabajo descrito en el informe patronal y los hallazgos al examen físico del informe médico inicial no permiten relacionar la sintomatología actual del paciente con un evento de tan baja magnitud. representado legalmente por el Dr. EL PROPIO PACIENTE NIEGA HABER PRESENTADO SINTOMAS ANTES DEL TRAUMA O REALIZADO ALGUNA CONSULTA SOBRE EL PARTICULAR. revoca la sentencia proferida dentro de la acción de tutela de la referencia y en su lugar negó el amparo. .‟ Dicho fallo fue impugnado por la ARP ISS. y le es solicitada la realización del examen de resonancia magnética de hombro derecho. El fallo de segunda instancia proferido el 14 de febrero de 2006. Seccional Urabá. Por otra parte. GUILLERMO LEÓN ACEVEDO o quien haga sus veces para que en el termino de 48 horas a partir de la notificación del fallo adelanten todas las diligencias tendientes a autorizar la realización de la resonancia magnética que requiere el paciente y se llevara a cabo en el prudencial termino de 10 días. terapia física e infiltraciones. GUSTAVO A URIBE MILLER. El trabajador tiene antecedente de artralgia de hombro derecho previa al Accidente de Trabajo del 19 de noviembre de 2004.” La patología que presenta el paciente es de tipo laboral. debe anotarse que existe tutela anterior instaurada por los mismos hechos y que fue fallada en enero de 2006 en la cual se decidió: „ordenar al ISS ARP. representado legalmente por el Dr. Así consta en los registros de las notas de Historia Clínica y si bien la ARP-ISS anota antecedente de artralgia de hombro anterior al accidente laboral. después de la fase aguda del accidente de trabajo el trabajador solo consultó por artralgia de hombro derecho seis meses después y la patología actúa (sic) del paciente no es consecuencia del evento en mención. Ha recibido manejo por médico general y ortopedista en repetidas oportunidades con medicamentos. con el argumento ya expuesto anteriormente que la patología que presenta el paciente en la actualidad es de origen común y no por accidente de trabajo a pesar del informe patronal donde se certifica el mismo. se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Régimen Contributivo a través de SALUDCOOP EPS en calidad de cotizante desde el 23 de diciembre de 2002.
prestaciones por enfermedad. prestaciones familiares. “Se entiende por enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador. La teoría de la seguridad social reconoce en ella nueve ramas básicas: asistencia sanitaria. pero son las aseguradoras de riesgos profesionales quienes emiten las autorizaciones y asumen las prestaciones económicas. proteger y atender a los trabajadores cuando son víctimas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. “El objeto del sistema de riesgos profesionales es prevenir. o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.Dentro del sistema de riesgos profesionales la función de la EPS es prestarle servicios a sus afiliados que sufran accidentes o enfermedades laborales. desempleo. y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional‟ (artículo 8° del Decreto 1295/94). “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA. los riesgos profesionales. para enfrentar las contingencias resultantes. cabe la protección tutelar. además. Bajo tal espectro se colige la improcedencia de la presente acción de tutela por falta de legitimación en el extremo pasivo. lo que modernamente se denomina servicios sociales. una invalidez o la muerte (artículo 9 del decreto 1295/94). accidentes de trabajo. muerte y supervivencia y. no incluye a la totalidad de las nueve ramas antes indicadas pero no dejó por fuera los riesgos profesionales. entre ellas las incapacidades y las prestaciones. “El artículo 48 de la Constitución Política se refiere a toda la seguridad social. invalidez. y que haya sido determinado como enfermedad profesional por el gobierno nacional. vejez. “Al respecto la Ley 776 de 2002 por medio de la cual se dictan normas sobre la organización. que diseñó el sistema de seguridad social. entendiendo por tales „el accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada. están amparados constitucionalmente y si su afectación viola por conexión un derecho fundamental. maternidad. una perturbación funcional. “La ley 100 de 1993. “En consecuencia. por hacer parte de la seguridad social. administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales establece: . “Se entiende por accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica.
“En este orden de ideas. „PARÁGRAFO 2°. ya que lo único que ha hecho. según sea el caso.R. tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se refieren el Decreto . instituciones y procedimientos destinados a prevenir.„Artículo 1°. de Saludcoop. AL MOMENTO DE REQUERIR LA PRESTACIÓN. „Parágrafo 1°. por corresponder esta responsabilidad a la A. o como consecuencia de ellos se incapacite. SERÁN RECONOCIDAS Y PAGADAS POR LA ADMINISTRADORA EN LA CUAL SE ENCUENTRE AFILIADO EL TRABAJADOR EN EL MOMENTO DE OCURRIR EL ACCIDENTE O EN EL CASO DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS. “En el caso concreto. VI. proteger y atender los efectos que puedan ocasionar el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. es por ello que debe buscarse la responsabilidad en la ARP que se niega a autorizar el servicio. como consta en las notas de historia clínica. Competencia. del I. respecto de los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES Y ECONÓMICAS DERIVADAS DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO O DE UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL. en los términos de la presente ley o del Decreto .S. A LA CUAL SE ENCUENTRA AFILIADO EL EMPLEADO.P. 1. que se define como un conjunto de normas. y como se reportó en su debida oportunidad a la ARP ISS. es cumplir con las normas que reglamentan la prestación de servicios de salud del POS.R.P. “Por lo anterior. (Subraya y negrilla fuera del texto original). La existencia de patologías anteriores no es causa para aumentar el grado de incapacidad. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que. es un claro ejemplo de enfermedad profesional como lo afirma el propio accionante. lo sufrido por el usuario. ni las prestaciones que correspondan al trabajador. . se invalide o muera.S. la improcedencia de la tutela contra dicha entidad. el trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho.S. a prestaciones asistenciales que serán brindadas por la entidad promotora de salud y a prestaciones económicas QUE ESTARÁN A CARGO DE LA A.ley 1295 de 1994 y la presente ley. por tanto.P.‟ (Mayúsculas dentro del texto original) “En este contexto.ley 1295 de 1994. es indiscutible que será ésta última quien deberá asumir los costos derivados del tratamiento. Derecho a las prestaciones. sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. esta entidad no está violando ninguno de los derechos fundamentales invocados. y aquellas que determinan las competencias para los actores del Sistema de Seguridad Social.” Concluye solicitando la E. las Administradoras de Riesgos Profesionales forman parte del sistema general de riesgos profesionales.
y que aún persiste. Se advierte que el actor viene padeciendo de una fuerte dolencia en su hombro derecho. 3. a pesar de las varias consultas médicas. frente a la negativa de autorizar y/o realizar el correspondiente examen de diagnóstico requerido por el actor. Es así como esta Corporación. Exámenes de diagnóstico hacen parte del derecho a la salud y a la vida en condiciones dignas. Para resolver este problema jurídico debe la Sala en primer lugar hacer un recuento de jurisprudencia sobre los exámenes de diagnóstico y su relación con el derecho a la salud. en el entendido de que la vida humana merece una especial protección por el ordenamiento constitucional.R. deberá señalarse cuales son los efectos de las actuaciones u omisiones de las entidades aquí accionadas. que se originó en noviembre del año 2004. procedimientos e incapacidades que se le han dado. de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. luego entrar a recordar el trámite que debe seguirse para calificar una enfermedad como de origen profesional o accidente de trabajo o de origen común. como la salud y la integridad física. que el posible tratamiento que se le pueda dar al actor. ha de indicarse. La Corte ha sido reiterativa en su jurisprudencia concerniente al tema del derecho a la salud en tanto a más de considerarse como un servicio público. 2. es un derecho prestacional protegible por vía constitucional. el derecho a la vida comprende necesariamente los derechos a la salud e integridad física. Ahora bien. el cual le permitirá iniciar un tratamiento para recuperar su buena salud. porque lo que se predica del género. . también es claro que otros derechos conexos a la vida. en reiterada jurisprudencia ha señalado que la salud y la integridad física son objetos jurídicos identificables. está supeditado a la realización de un examen de diagnóstico. el cual la A. con lo cual se puede advertir la importancia y el derecho que tiene toda persona enferma a la realización de un examen de diagnóstico. merecen una protección en similares circunstancias. Además. por cuanto alega que la patología que afecta al accionante corresponde a una enfermedad común y no a una enfermedad profesional o accidente de trabajo. también cobija a cada una de las especies que lo integran.Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia.P. del Seguro Social se niega a autorizar. Problema jurídico. Por ello. Posteriormente. pero nunca desligados de la vida humana que los abarca de manera directa. Debe la Sala de Revisión entrar a determinar si se han violado los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida y a la seguridad social del señor Danis de Jesús García Jaramillo.
bajo pretextos puramente económicos. esta Corporación. lo más lejano posible al sufrimiento. y la oportunidad del mismo. establecer su nivel de evolución. en procura de una vida en condiciones dignas. por tanto. pone igualmente en peligro aquellos derechos fundamentales con los cuales tiene directa relación. la jurisprudencia constitucional ha permitido que el juez de tutela ampare los mencionados derechos teniendo en cuenta la prevalencia de los preceptos constitucionales superiores. ha considerado como parte fundamental e integral en la prestación oportuna y profesional del servicio público de salud. ello podría comprometer. Así. entre otros. el desconocimiento de este derecho. Implica. permitirá a los médicos tratantes detectar una enfermedad. sino que podría incluso. De igual manera. se niega o retrasa de manera injustificada la realización de un examen de diagnóstico. en la sentencia T-171 de 2003 M. vulnera el principio del respeto a la dignidad humana y el derecho fundamental a la vida. pudiéndose así establecer el tratamiento a seguir para la pronta recuperación del paciente. impone a la persona afectada. Si por el contrario no se actúa de manera diligente. Ahora bien. tanto física como en el plano de la operatividad mental.De esta manera. poner en peligro la propia vida de la persona. es decir. en tanto su violación o amenaza. es claro entonces. En esta medida. aún justificados en normas legales o reglamentarias. Al respecto. Rodrigo Escobar Gil. tratamientos inacabados. el cual no puede entenderse como una existencia sin dignidad. sino que implica. y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser. por consiguiente. no solo el derecho a la salud de la persona enferma. Por ello. a sabiendas que dicha condición se puede evitar o aliviar. la Corte sostuvo que el derecho a la salud se entiende como “la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional. la Corte ha señalado en varios de sus pronunciamientos que el derecho a la vida no se restringe a la simple existencia biológica. la demora injustificada en el diagnóstico y. en aquellos eventos en los cuales la salud y la vida de las personas se encuentran grave y directamente comprometidas a causa de operaciones no realizadas. Al respecto señaló la Corte que: “El aplazamiento injustificado de una solución definitiva a un problema de salud. que supone la extensión de una afección o un malestar. el derecho al diagnóstico. diagnósticos dilatados. y la obligación de tener que tolerar un permanente estado de enfermedad. una prolongación en sus dolencias físicas. la importancia en la realización de un examen de diagnóstico. en la iniciación de un posible tratamiento que logre el restablecimiento . en desarrollo del derecho a la salud y de la protección constitucional que éste derecho merece. Visto lo anterior. además. una acción de conservación y otra de restablecimiento”. la posibilidad de que el individuo lleve una vida en condiciones dignas.P. que el derecho a la salud puede ser protegido por vía de acción de tutela. drogas no suministradas. propias a todo ser humano.
” En consecuencia. cuyo aporte es pagado totalmente por el empleador. y al suministro de tratamientos y medicinas. la terapéutica indicada y controlar así oportuna y eficientemente los males que lo aquejan o que lo pueden afectar. las de carácter asistencial como i) asistencia . es determinante que las pruebas diagnósticas para la salud y vida del afectado. entendido este como “la seguridad de que. pues ello contraviene los derechos a la vida y a la salud de los afiliados.P. no solamente cuando se demuestre que sin ellos el paciente puede morir. atenta contra los derechos a la salud en conexidad con la vida. de los trabajadores vinculados por contrato de trabajo o empleados públicos. el Decreto 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002. sino cuando se suspenden injustificadamente tratamientos que son necesarios para recuperar el restablecimiento de la salud perdida o cuando se niegan diagnósticos que revelarían o descartarían una anomalía en la salud. la no inclusión del mismo en el P. hospitalaria y terapéutica.” Por esta razón.R. puede contribuir a la mejoría total en la salud de la persona que las padece. ii) indemnización por incapacidad permanente parcial.O. entidades encargadas de proteger y atender las contingencias generadas por accidentes de trabajo y enfermedades de origen profesional. se encuentra a cargo de las Administradoras de Riesgos Profesionales (A. Obligaciones de las Administradoras de Riesgos Profesionales. si los facultativos así lo requieren. 4. recordando que: “…no se puede oponer como argumento de la no realización de una examen médico. no pueden condicionarse en su realización a razones de índole administrativa o económica. o cuando menos aminorar su sufrimiento y dolor.S. Calificación de las patologías. Rodrigo Escobar Gil. llevando su condición de vida a unas instancias más dignas.). no limitándose en consecuencia a la atención médica quirúrgica. si este fue formulado por el médico tratante. con miras a establecer. iii) pensión de invalidez. de cualquier patología. y v) auxilio funerario. De esta manera. la Corte sostuvo que: “No es normal que se niegue o se retrase la autorización de exámenes diagnósticos que los mismos médicos recomiendan.P. pues toda confirmación que se haga a tiempo. por consecuencia.” Concluye la misma Sentencia.de la salud perdida o su consecución. sino que comporta igualmente el derecho al diagnóstico. le serán practicados con la prontitud necesaria y de manera completa los exámenes y pruebas que los médicos ordenen. en reciente jurisprudencia la Corte ha sostenido que el derecho a la seguridad social es más amplio de lo que inicialmente se ha señalado. con el objeto de precisar la situación actual del paciente en un momento determinado. El Sistema General de Riesgos Profesionales regulado por la Ley 100 de 1993.” Y en sentencia T-178 de 2003 M. iv) pensión de sobrevivientes. los trabajadores tienen derecho a varios tipos de prestaciones: las de carácter económico como i) el pago de subsidio por incapacidad temporal.
derivados del accidente de trabajo o la enfermedad profesional. En consecuencia.P. 80 Decreto 1295/94). es necesario agotar de manera previa un procedimiento legalmente reglado a efectos de garantizar no solo la protección de los derechos de la persona afectada. sino también a fin de determinar a qué entidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.P. están a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales correspondiente”. vii) medicamentos. se consideran de origen común. ix) órtesis. Para que tal reconocimiento de prestaciones de orden asistencial o económico se generen.R. las prestaciones asistenciales o económicas a que hubiere lugar. accidente o muerte. el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994 dispone lo siguiente: “Toda enfermedad o patología.R. le corresponde asumir las prestaciones del caso. Así. Decreto 1295/94).médica. viii) prótesis. “La calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional será calificado. v) hospitalización. pues es a partir de tal reconocimiento que el trabajador podrá hacer exigibles de manos de su respectiva A. . “Cuando surjan discrepancias en el origen. así como de entrar a reconocer y pagar de manera oportuna las prestaciones económicas a que hubiere lugar (literal e. y x) reparación y reposición en casos de deterioro o desadaptación profesional (no sólo mediante medidas tendientes a la rehabilitación sino también con medidas de carácter preventivo). según el origen de la patología que afecta al trabajador. en primera instancia por la institución prestadora de servicios de salud que atiende al afiliado. serán prestados a través de la Entidad Promotora de Salud a la cual se encuentre afiliado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.S.). que no hayan sido clasificados o calificados como de origen profesional. las responsables de garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados (literal d. Los gastos derivados de los servicios de salud prestados y que tengan relación directa con la atención del riesgo profesional. “los servicios de salud que demande el afiliado. ya sea la Administradora de Riesgos Profesionales A. vi) odontología. Art.P.P. o la Empresa Promotora de Salud (E.R. En relación con las prestaciones asistenciales el artículo 5 del decreto 1295 de 1994 consagró que. salvo los tratamientos de rehabilitación profesional y los servicios de medicina ocupacional que podrán ser prestados por las entidades administradoras de riesgos profesionales. Art. iii) terapéutica. resulta de vital importancia la calificación del origen del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional del trabajador. ii) quirúrgica. 80. éstas serán resueltas por una junta integrada por representantes de las entidades administradoras de salud y de riesgos profesionales. iv) farmacéutica. legalmente son las A. En consecuencia. “El médico o la comisión laboral de la entidad administradora de riesgos profesionales determinará el origen en segunda instancia.
“De persistir el desacuerdo. o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. se seguirá el procedimiento previsto para las juntas de calificación de invalidez definido en los artículos 41 y siguientes de la ley 100 de 1993 y sus reglamentos. pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad profesional. tanto en el momento inicial como frente a sus secuelas. Enfermedad Profesional. una perturbación funcional. Ahora bien. y que sobrevenga en el trabajador una lesión orgánica. “ Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. sino que dichas actuaciones deben surtirse en su integridad para así definir el origen de la patología y poder reconocer las prestaciones asistenciales y económicas previstas por el SGSSS. “Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa.” “Artículo 11.. (. Accidente de trabajo. En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades profesionales. conforme lo establecido en el presente decreto” . la Ley 776 de 2002 establece que las ARP deben responder íntegramente por las prestaciones (asistenciales y económicas) derivadas de un accidente laboral presentado bajo su cobertura. 2°. y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el Gobierno Nacional. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. independientemente de que el trabajador se encuentre afiliado o no a esa administradora al exigirse la prestación. aún fuera del lugar y horas de trabajo. En todo caso. es muy claro al establecer las diferencias conceptuales entre un accidente de trabajo y una enfermedad profesional: “ Artículo 9°. cuando el transporte lo suministre el empleador. una invalidez o la muerte.. Se considera enfermedad profesional todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador. el Decreto 1295 de 1994.” De conformidad con la norma transcrita es claro que no solo existen instancias claramente definidas y funciones igualmente determinadas para efectos de calificar las diferentes patologías. o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.) Par.
para que. podrán acudir directamente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. establecen los lineamientos que se deben seguir a fin de garantizar la pronta y eficiente determinación.P. las diferencias persisten. calificación o clasificación de la enfermedad o accidente en que se ha visto involucrado un trabajador. Con todo. correspondiente. situación que no es óbice que para que la atención médica requerida por dicha persona se pueda prestar por parte de la E. como los Decretos 1295 de 1994 y 2463 de 2001.En este contexto. si aún así. esta Corte ha señalado lo siguiente: “En lo que se refiere específicamente al accidente de trabajo las hipótesis previstas en los artículos 9 y 10 del Decreto Ley 1295 de 1994 buscan proteger al trabajador de los siniestros ocurridos „con causa o con ocasión‟ de las actividades laborales de las que el empleador obtiene provecho. que puede darse a través de ordenes (poder de subordinación) o mediante autorización de ciertas actividades (accidentes de trabajo por actividades deportivas por cuenta o en representación del empleador).S. y se niega terminantemente la realización del procedimiento respectivo. teniendo en cuenta que el término para resolver sobre la calificación es de treinta (30) días calendario. Con el anterior procedimiento. sino que los términos y las funciones establecidos a cada una de las .R. o por asumir el transporte de sus trabajadores y el consecuente riesgo que se deriva de él”. apoyado en procesos ajenos a la competencia de la A.. al trabajador y a los demás interesados. Debe recordarse que tanto en la Ley 776 de 2002. que cuando se desconoce el término legal existente para resolver sobre la calificación de la contingencia. es claro que se vulnera el derecho al debido proceso.R. la clasificación o calificación de una enfermedad o accidente de trabajo es fundamental dentro del proceso que se debe agotar para establecer qué entidad debe asumir la asistencia y pago de las prestaciones a que hubiere lugar.P. y quede establecida el origen de la patología o accidente. luego de calificada la contingencia que afecta su salud. bien en el lugar de trabajo o fuera de él o de las horas de trabajo pero siempre con la intervención del empleador. a la cual se encuentre afiliado el trabajador. La calificación del origen de la contingencia debe realizarse de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 12 del Decreto 1295 de 1994 y el artículo 6 del Decreto 2463 de 2001. o de la E. actividades que pueden ser desarrolladas. se determine la responsabilidad en cabeza de la A. término en el cual se deberá cumplir con el procedimiento contemplado en estos artículos y comunicar la decisión sobre el origen de la contingencia al empleador. se aprecia como de vital importancia no solo el respeto al debido proceso en el agotamiento del trámite de calificación de una contingencia sufrida por un trabajador. si existen discrepancia en la calificación hecha.S.P. Debe advertirse en todo caso. las entidades interesadas deberán establecer una junta compuesta por miembros de ambas instituciones que diriman sus diferencias y califiquen adecuadamente la enfermedad o el accidente como de origen común o profesional.P. Pero. En relación con el caso de los accidentes de trabajo.
En razón a esta situación.R.P.R. sufrió un accidente de trabajo el 19 de noviembre de 2004. especialista en ortopedia. y se le prestaran igualmente.S. la realización del examen de diagnóstico denominado resonancia magnética. a la A. le ordenaron terapias e infiltraciones y le dieron las incapacidades pertinentes. al considerar que la patología que presentaba el señor García Jaramillo en su hombro derecho no tenía relación con un evento de tan baja magnitud como lo fue el presunto accidente de trabajo. todos los demás procedimientos médicos necesarios para su recuperación. que le afectó su hombro derecho. motivo por el cual su empleador cumpliendo los trámites iniciales diligenció el respectivo Formulario Único de Informe de Presunto Accidente de Trabajo. correspondiente.P. el accionante consideró que le estaban siendo violados sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida y a la seguridad social.P. para la correspondiente atención médica. cuando dicha orden médica fue remitida por la E. Danis de Jesús García Jaramillo quien labora en una finca bananera. previa elaboración del Formulario Único de Informe de Presunto Accidente de Trabajo. motivo por el cual interpuso esta acción de tutela a fin de que se le ordenara a la A. 5.P.S. en aras de salvaguardar sus derechos e intereses. un médico de dicha E. . No obstante. documento con base en el cual el actor fue atendido en la E.entidades.S. pero para ello. en este caso Saludcoop. no solo saber con exactitud el tipo de patología que afecta al actor.S. Ante esta situación. quienes le suministraron diferentes medicamentos. las demás consultas que se deriven de esta situación laboral en la que el trabajador resulta lesionado. el tramite inicial a seguir por parte del empleador es la remisión del trabajador a la E.P. del Seguro Social. pues se exige una pronta y eficiente resolución del problema que aqueja al trabajador. y visto que ya había transcurrido más de un año sin obtener mejoría en su salud.S. Así.P. además de que el trabajador presentaba un antecedente de artralgia. de Saludcoop. Caso concreto. Como ya se advirtió en anteriores consideraciones.. en virtud de lo dispuesto por el artículo 12. la E. entidad a la cual éste se encuentra afiliado.P. del Seguro Social.S. deben ser tratadas y evaluadas como evolución directa del presunto accidente de trabajo. motivo por el cual la afección que aqueja al accionante debe ser tratada como enfermedad común. sin que la lesión de su hombro hubiere mejorado sustancialmente. el accionante debió ser atendido en repetidas oportunidades por los médicos de dicha E. sino también se podría así establecer el posible tratamiento a seguir para lograr su recuperación.P. luego de cumplido este primer trámite. examen de diagnóstico que permitiría. a la cual éste se encuentra afiliado. en estos eventos cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo o una situación repentina que compromete su salud. Posteriormente. esta no autorizó dicho examen. impartió una orden para que le fuera practicada una resonancia magnética.
P. es decir. se procedió a su evaluación médica para así clasificar o calificar su patología como de origen profesional. que permita establecer que recibido el paciente. del Seguro Social al juez de primera instancia de esta tutela.P. debe proceder a calificar el accidente o enfermedad del paciente y clasificarlo como de origen profesional o común. Esta información quedó depositada en la carta de fecha 14 de diciembre de 2005. en la información preliminar que depositó el empleador en el Formulario Único de Informe de Presunto Accidente de Trabajo. a través de uno de sus médicos designado para atender el presente caso. Así. Así.S. Ello es claro por cuanto la atención médica prestada al accionante en los meses subsiguientes al presunto accidente de trabajo. la A.P.. al calificar la patología que afecta al accionante como de origen común. de todos modos. atendiendo al accionante. Si bien.P. por lo cual consideró que la afección que aquejaba al accionante no había tenido su origen en un evento de esta naturaleza.inciso primero del Decreto 1295 de 1994. De esta manera. este dictamen controvierte la presunta calificación hecha por la E. de que se trataba de un ACCIDENTE DE TRABAJO.R. pues tal y como se advierte en su historia clínica en cada una de las fechas de las consultas médicas a las que asistió el tutelante. cumplió su función como prestador de los servicios médicos.S. se prestó con base en la información depositada en el formulario Único de Informe de Presunto Accidente de Trabajo. en relación con una artralgia del hombro. la cual se anexó a la comunicación que remitiera la A. de Saludcoop. se tiene como causa u origen de la consulta un ACCIDENTE DE TRABAJO ocurrido meses atrás. al no cumplirse de manera clara con la primera obligación a cargo de la E.R.P. del Seguro Social. que la A. Por su parte. cumplió de manera estricta con lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 12 del Decreto 1295 de 1994. partió del hecho cierto de que la atención médica se otorgaba en relación con una patología considerada como accidente de trabajo.P.R. en el presente caso Saludcoop E.S. del Seguro Social. según la cual el accionante tuvo un . es decir. accidente de trabajo o como una enfermedad de origen común. la atención médica se prestó en repetidas ocasiones bajo éste supuesto. lo que haría suponer que la E. pues no obra en el expediente un documento específico y diferente al mencionado informe.S. concluyó luego del análisis de la documentación relacionada con el trabajador García Jaramillo. ésta patología y sintomatología no presentaba relación alguna con el accidente de trabajo.P. puede advertirse entonces. que en tanto el accionante consultó tan solo sólo seis meses después de la fase aguda del presunto accidente de trabajo. actuó como segunda instancia en el trámite de calificación de un accidente o enfermedad como de origen profesional u origen común. dicha atención siempre se dio con base únicamente. en cuanto a la calificación o clasificación de la patología que aquejaba al trabajador.
la ley prevé la posibilidad de que el caso sea puesto a consideración de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. que de manera previa. podría generar una limitación . De esta manera. y que ha hecho explícito en cada una de las consultas médicas a las cuales ha asistido. De esta manera.P. demuestran las condiciones indignas en que ha tenido que asistir a su trabajo. y una A. mermando su capacidad laboral y causándole.P. señalándoles que el camino a seguir es llevar dichas diferencias a una instancia en las que las dos partes convoquen a una junta conformada por miembros escogidos por ambas partes. así como de las pruebas que obran en el expediente esta etapa en el trámite de calificación de una enfermedad. es claro señalar que las entidades aquí accionadas.R. un persistente ausentismo en su trabajo. la que al tenor de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 12 del Decreto 1295 de 1994. No obstante. no solo restringe su capacidad de trabajo. dilatar. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 y siguientes de la Ley 100 de 1993. razón por la cual. serán las juntas de calificación de invalidez las que.P. y si ello no funciona. tienen posiciones diferentes frente al origen de la dolencia que afecta la salud del accionante y que con el tiempo le ha generado numerosas incapacidades. a la cual se encontraba afiliado. las competentes para dirimir este tipo de controversias. como lo advierte el juez de primera instancia. De esta manera. sino que dicha afección se torna en incapacitante.S.S. y teniendo en cuenta que el Decreto 1295 de 1994 es muy claro en señalar los pasos a seguir cuando existen diferencias de criterios entre una E. imponen al trabajador una carga física mucho mayor que la que se exige en ocupaciones de otra índole. se advierte que ha quedado planteada la controversia en cuanto a la calificación de la patología que afecta el estado de salud del tutelante. y que le ha causado tanto dolor. éstas serán resueltas por una junta integrada por representantes de las entidades administradoras de salud y de riesgos profesionales”. afectando en consecuencia su calidad de vida. “calificación” que se sustenta en esencia en la información contenida en el Formato de Informe de Presunto Accidente de Trabajo. señala que cuando existan “discrepancias en el origen. o accidente como de origen común o profesional. frente a los hechos y las pruebas que obran en el expediente. no se ha surtido. la limitación en uno de sus miembros superiores. injustificadamente la realización de un examen de diagnóstico que permitiría establecer la clase de daño físico que aqueja al actor. Vista la anterior situación. Pero en el eventual caso de que estas diferencias no logren ser resueltas por las instancias o por la comisión mixta que estas entidades conformen. del contexto de los hechos. pues el fuerte dolor que lo ha aquejado permanentemente. en cuanto a la calificación del origen de una enfermedad de un paciente. es que el examen de diagnóstico requerido por el señor García Jaramillo no se cumplido. y consecuencia de ello. Es importante señalar que por lo general todas aquellas actividades que se catalogan como oficios varios. había suministrado el empleador del señor García Jaramillo a efectos de éste último fuera atenido médicamente por la E.accidente de trabajo. y teniendo en cuenta que la ocupación del tutelante le exige un cierto grado de esfuerzo físico.
no solo es la de poder establecer con certeza el tipo de enfermedad que afecta al paciente. 1). el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna. lleve una vida en condiciones indignas. la arbitrariedad y la injusticia. insensible a las necesidades de los ciudadanos. Recordemos que esta Corte en relación con la dignidad humana y con las personas que deben tolerar por largo tiempo el dolor físico en razón a conflictos de orden legal entre las entidades encargadas de prestarle la asistencia médica necesaria. cosifica al individuo y traiciona los valores fundantes del Estado social de derecho (CP art. pues. tal y como viene ocurriendo. el dolor en las condiciones en que se exponen en el presente caso. en detrimento de la salud del actor y en su calidad de vida. psíquica y moral. Su consagración como valor fundante y constitutivo del orden jurídico obedeció a la necesidad histórica de reaccionar contra la violencia. o de sus mismos empleados. La integridad física. hacen insoportable la propia existencia. Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse (CP art. Así dijo la Corte: “El principio fundamental de la dignidad humana no sólo es una declaración ética sino una norma jurídica de carácter vinculante para todas las autoridades (CP art.permanente o discapacidad laboral relativa. en ciertos casos. Una administración burocratizada. desconocen su condición humana y por lo mismo vulneran sus derechos fundamentales. 1). 16). “Salud e integridad física “2. en búsqueda de un nuevo consenso que comprometiera a todos los sectores sociales en la defensa y respeto de los derechos fundamentales. es someter de manera indefinida y sin medir las consecuencias de ello. a que el actor. no se compadece con los fines esenciales del Estado. La autoridad competente que se niega a impartir una orden médica a una persona afectada física y psicológicamente por una lesión puede. sino que al contrario. De lo contrario. la salud. pues tal y como lo advierte el mismo médico legista de Medicina Legal que examino al tutelante. Las autoridades están precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida. vulnerar el derecho a la salud y a la integridad física. la importancia del examen de diagnóstico. dilatar injustificadamente dicho examen. Por ello. son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorrealización individual y social. no se hubiere practicado el mencionado examen de diagnóstico o Resonancia Nuclear Magnética. entendida en un sentido amplio como "vida plena". no se encuentra justificación alguna para que a la fecha en que la acción de tutela fue interpuesta. psíquica y espiritual. . “El hombre es un fin en sí mismo. sino como consecuencia de dicho examen se podría implementar de manera oportuna un tratamiento que permita al señor García Jaramillo recuperar la movilidad en su brazo.
S. de Saludcoop en cuanto al origen de la enfermedad o accidente sufrido por el actor. en virtud de lo dispuesto por la Ley 776 de 2002. la práctica del examen de diagnóstico que le fuera ordenado por su médico tratante. psíquica y moral de la persona. Si quien está en el deber de impedirlo no lo hace. psíquica y moral. La autoridad competente que se niega. El dolor intenso reduce las capacidades de la persona. incurre con su omisión en la vulneración del derecho a la integridad personal del afectado. cuando su vulneración o amenaza compromete otros derechos fundamentales como la vida. no le ha sido realizado.R.“Una interpretación estrecha y formalista de la Constitución no tiene en cuenta la función de los derechos fundamentales como límites a las actuaciones u omisiones del Estado. ésta Sala de Revisión de revisión. desconoce el principio de la dignidad humana y vulnera los derechos a la salud y la integridad física.P.S. “Por su parte. establece: „1. quedándole a éste último la posibilidad de ejercer las acciones judiciales para la protección inmediata de sus derechos fundamentales. “Una lesión que ocasiona dolor a la persona y que puede ser conjurada mediante una intervención quirúrgica. se constituye en una forma de trato cruel (CP art.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original). lo que ha ido en detrimento de sus derechos fundamentales y de sus condiciones de vida digna. psíquica y moral‟. De esta manera. atención que se deberá prestar hasta tanto se produzca la calificación o clasificación de la enfermedad. 49). verificada su existencia. impide su libre desarrollo y afecta su integridad física y psíquica. El derecho a la salud (CP art. omite sus deberes. la integridad o el trabajo. .P. o „Pacto de San José de Costa Rica‟. se omite el tratamiento para su curación. patología o accidente que afecta al actor. “El dolor envilece a la persona que lo sufre. Por esta razón. y los Decretos 1295 de 1994 y 2463 de 2001. el artículo 94 de la Constitución impide negar otros derechos inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución. será la E. a tomar las medidas necesarias para evitarlo. goza de carácter fundamental y es susceptible de ser protegido por vía de la acción de tutela. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física. considera que mientras que dicho conflicto o diferencia se resuelve. de Saludcoop la entidad responsable de prestar la atención médica requerida por el accionante. en razón a la diferencia de criterio existente entre la A.P. con lo cual se reconoce la existencia en nuestro ordenamiento jurídico de derechos como la integridad física. “El artículo 5º de la Convención Americana sobre derechos humanos. sin justificación suficiente. 12) cuando. del Seguro Social y la E.
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. Agotado dicho trámite y establecido el origen de la patología que afecta al accionante. ordenará. la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional. se procederán a efectuar los pagos y/o compensaciones a que hubiere lugar entre estas dos entidades. debe advertirse a las entidades aquí accionadas. contadas a partir de la notificación de esta sentencia. que luego de practicarse el mencionado examen. CONCEDER la tutela por . del 14 de febrero de 2006. requerida por el señor Danis de Jesús García Jaramillo. vistas las diferentes prestaciones asistenciales y económicas que se hayan prestado o reconocido al accionante. ordenará. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas.P. Finalmente.P. del Seguro Social. a la E. Para ello. y demás normas relacionadas. REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Civil. VII. del 14 de febrero de 2006. los cuales afecten de manera injustificada la prestación de los servicios médicos requeridos. Con fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia.S. Decreto 1295 de 1994. así como el reconocimiento de las prestaciones asistenciales o económicas a que hubiere lugar. que permita darle un tratamiento encaminado a lograr la recuperación de se hombro derecho. den estricto cumplimiento a los procedimientos legalmente establecidos para la clasificación o calificación de las patologías que afectan a sus afiliados. de SALUDCOOP. sin que sean sus mismos afiliados quienes deban asumir las consecuencias negativas de sus dilatados trámites administrativos y científicos. Agraria y Familia del Tribunal Superior de Antioquia. se le preste la atención médica pertinente. y si aún no lo hubiere hecho. Agraria y Familia del Tribunal Superior de Antioquia.P. La anterior orden se cumplirá mientras las entidades accionadas. y en su lugar. accidente de trabajo.R. y la A. para que a futuro y frente casos como el aquí planteado. enfermedad de origen común o muerte. DECISIÓN. concederá esta tutela por violación de los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida digna y a la seguridad social. RESUELVE Primero. y en su lugar.En consecuencia. en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 776 de 2002. Así mismo. y establecida la patología y estado de la afección del hombro derecho del señor García Jaramillo.S. esta Sala de Revisión revocará la sentencia proferida por la Sala Civil. cumplan de manera estricta cada una de las etapas establecidas en el trámite de calificación o clasificación del origen de una patología como enfermedad profesional. Saludcoop E. proceda a la realización o práctica del examen de diagnóstico denominado RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA.
que luego de practicarse el mencionado examen. proceda a la realización o práctica del examen de diagnóstico denominado RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA. contadas a partir de la notificación de esta sentencia. Decreto 1295 de 1994. ORDENAR igualmente. ORDENAR al Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó (Antioquia). verificar el efectivo cumplimiento de las ordenes impartidas en esta sentencia. La anterior orden se cumplirá mientras las entidades accionadas. Por Secretaría.P. en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 776 de 2002. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Magistrado ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Magistrada . Quinto. o sino adelantar los trámites señalados en los artículos 23. publíquese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. Cuarto. de SALUDCOOP. se le preste la atención médica pertinente. accidente de trabajo o enfermedad de origen común. y la A. que permita darle un tratamiento encaminado a lograr la recuperación de se hombro derecho.S. cumplan de manera estricta cada una de las etapas establecidas en el trámite de calificación o clasificación del origen de una patología como enfermedad profesional. Sexto. y demás normas relacionadas. en razón a las diferentes prestaciones asistenciales y económicas que se hayan prestado o reconocido al accionante. líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 Notifíquese. para que en el futuro y frente casos como el aquí planteado. a la E. y si aún no lo hubiere hecho.R. Agotado dicho tramite y establecido el origen de la patología que afecta al accionante. Conminar a las entidades aquí accionadas. del Seguro Social. y establecida la patología y estado de la afección del hombro derecho del señor García Jaramillo.P. ORDENAR. Segundo.S. se procederán a efectuar los pagos y compensaciones a que hubiere lugar entre estas dos entidades. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas. Saludcoop E. Tercero.P. requerida por el señor Danis de Jesús García Jaramillo. 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. comuníquese.violación de los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida digna y a la seguridad social. den estricto cumplimiento a los procedimientos legalmente establecidos para la clasificación o calificación de las patologías que afectan a sus afiliados.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO Secretaria General .
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 artículo 12
 artículo 6
 resolución 
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 artículo 12
 artículo 41
 artículo 94
 artículo 5
 artículo 36