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Timestamp: 2020-02-18 10:49:13+00:00

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CASACION 6543-2017 LIMA | Debido al proceso | Caso de ley
El hecho que un administrado pretenda inscribirse ante la municipalidad como contribuyente del impuesto predial de un inmueble del cual es poseedor, ello no implica un reconocimiento de la propiedad sobre el bien; por lo que, la Municipalidad no puede rechazar aquel pedido, pues, ésta actúa solo como ente recaudador.
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Secretario De Sala - Suprema:MAYAUTE SUAREZ
Marlene Del Carmen FAU 20159981216 soft
Fecha: 17/01/2019 13:21:10,Razón: RESOLUCIÓN
Corte Suprema de Justicia de la República JUDICIAL,D.Judicial: CORTE SUPREMA /
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente CONTENIDO
CASACIÓN N.° 6543-2017
Sumilla: El hecho que un administrado pretenda
inscribirse ante la municipalidad como contribuyente
del impuesto predial de un inmueble del cual es
poseedor, ello no implica un reconocimiento de la
propiedad sobre el bien; por lo que, la Municipalidad
no puede rechazar aquel pedido, pues, ésta actúa
solo como ente recaudador.
Lima, diez de julio
LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.-------------------------
I. VISTO, el expediente principal y acompañados; la causa seis mil
quinientos cuarenta y tres guion dos mil diecisiete; de conformidad con el
dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en
audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada con los señores
Jueces Supremos Rueda Fernández (Presidenta), Wong Abad, Sánchez
Melgarejo, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; luego de verificada la
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación
interpuesto por la demandante Municipalidad Distrital de Chorrillos,
mediante escrito de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, obrante
a fojas doscientos setenta y dos, contra la sentencia de vista de fecha
veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos sesenta,
que confirmó la sentencia de primera instancia, del treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, a fojas ciento noventa y ocho, que declaró infundada la
demanda de acción contencioso administrativo.
III. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO
PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACION
Mediante auto calificatorio del recurso, de fecha ocho de mayo de dos mil
diecisiete, a fojas cincuenta y uno del cuaderno de casación, este Supremo
Tribunal declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la
Municipalidad Distrital de Chorrillos, por la causal de infracción normativa
por vulneración al debido proceso. Alega que, el Juez de primera
instancia ha inaplicado una norma de derecho material, como es el artículo
9 del Decreto Supremo N.° 156-2004-EF, Ley de Tribu tación Municipal, que
reconoce la posibilidad de afectar con el pago del impuesto predial a la
persona que tenga la calidad de ocupante. Que en el caso de autos, el
demandado pretende inscribir en calidad de poseedor contribuyente, el
predio ubicado en la calle Niña del Mar, manzana G, lote 18 de la
urbanización La Encantada, del distrito de Chorrillos, que conforme a la
base de datos del sistema registral, se encuentra inscrito a nombre de
contribuyente desconocido, cuando lo cierto es que, su persona es
poseedor contribuyente del predio contiguo, esto es, del lote 19, quien
consigna como su domicilio fiscal, en calle Niña del Mar, manzana G, lote
19 de la urbanización La Encantada del distrito de Chorrillos; por lo tanto, si
considera al referido administrado como contribuyente de un predio que
nunca ejerció la posesión, se le estaría otorgando no sólo el derecho de
contribuyente responsable, sino también la posibilidad de un futuro reclamo
de derechos de propiedad sobre el predio.
El señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo mediante Dictamen
N.° 2166-2017-MP-FN-FSCA, de fecha doce de diciembr e de dos mil
diecisiete, a fojas sesenta y seis del cuaderno de casación, opinó que se
declare infundado el recurso de casación interpuesto por la entidad recurrente,
y en consecuencia no casar la resolución de vista.
1. Mediante escrito de fecha diez de diciembre de dos mil trece, a fojas nueve,
la Municipalidad Distrital de Chorrillos, interpuso demanda de acción
contenciosa administrativa, a fin que se declare la nulidad de la Resolución del
Tribunal Fiscal (RTF) N.° 15818-11-2013, del diecis iete de octubre de dos mil
trece, que resolvió:1) declarar nula la Resolución Gerencial N.° 255/2008-GR-
MDCH de fecha veinte de mayo de dos mil ocho; y, 2) revocar la Resolución
Gerencial N.° 072/2008-GR-MDCH, del trece de febrer o de dos mil ocho. La
ciatada Municipalidad señala como fundamentos de su demanda los
• El administrado Bernardo Rodríguez Chlimper solicita su inscripción
como contribuyente del predio ubicado en la calle Alameda Niña del
Mar manzana G, lote 18, urbanización La Encantada, del distrito de
Chorrillos, del cual indica ser posesionario; sin embargo, de los
actuados resulta que el mismo aparece en la base de datos como
contribuyente del lote contiguo (lote 19).
• Con la fiscalización realizada en el lote 18 de la manzana G de la calle
Niña del Mar en la urbanización La Encantada, se verificó que dicho
predio es un terreno de mil cincuenta y ocho metros cuadrados (1058
m2) en el que no vive nadie; tanto es así, que dicho lote de terreno se
encuentra registrado con contribuyente desconocido; según la base de
datos del sistema predial, con deudas tributarias por conceptos de
impuesto predial y tasa de arbitrios desde el año mil novecientos
• Resulta obvio que el administrado al no ser posesionario del lote cuya
inscripción como contribuyente pretende, no es deudor tributario, por lo
tanto, no es contribuyente ni responsable del cumplimiento de la
prestación tributaria respecto a dicho bien; es decir, que la
municipalidad no se encuentra bajo ningún concepto obligada a aceptar
algún pago, ni de inscribir al administrado como contribuyente. Si bien
es cierto que, la posesión no es sinónimo de propiedad, también lo es
que esta, es el ejercicio de uno o más poderes inherentes a la
• El considerar al administrado como contribuyente de un lote sobre el
cual nunca ejerció la posesión, le estaría otorgando no solo el derecho
de contribuyente responsable del predio, sino también, el futuro
reclamo de derechos de titularidad como propietario del terreno, pese a
que se ha logrado determinar la procedencia de la anulación de la
declaración jurada de autovaluo manual y la ficha de fiscalización
correspondiente del predio en cuestión, esto es, lote 18, de la manzana
G, de la calle Niña del Mar en la urbanización La Encantada, dejando
sin efecto tales documentos a nombre del administrado.
2. El Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, MEF), mediante escrito
de fecha cuatro de marzo de dos mil catorce, a fojas cuarenta y tres, contestó
la demanda, argumentando lo siguiente:
• La petición del codemandado Bernardo Rodríguez Chlimper tenía como
fin que se le reconozca como contribuyente respecto del predio ubicado
en la calle Alameda Niña del Mar, manzana G, lote 18 de la
urbanización La Encantada, del distrito de Chorrillos, y no como
propietario del inmueble, como pretende entender la Municipalidad
Distrital de Chorrillos, toda vez que la inscripción o la nulidad del código
de contribuyente en el Registro de Contribuyentes de la Municipalidad
no afecta el derecho de propiedad, por el contrario, la Administración
está obligada a recibir declaraciones y pagos correspondientes que el
codemandado u otros presenten.
• La recepción de Declaraciones Juradas de autoevaluo y la inscripción o
nulidad de la inscripción en el registro de contribuyentes, no afecta el
derecho de propiedad del codemandado ni de terceros, por cuanto, tal
como se ha explicado, la vía correspondiente para tal fin, no es la
administrativa sino la judicial.
• La RTF N.° 15818-11-2013 contiene una motivación c lara y congruente,
cuyas conclusiones son producto de la actuación probatoria en el
procedimiento administrativo, dentro del marco del principio de
legalidad, por lo que, no vulnera los principios constitucionales ni el
3. El codemandado Bernardo Rodríguez Chlimper, mediante escrito del
veinticinco de abril de dos mil catorce, a fojas setenta y siete, contestó la
demanda, argumentando lo siguiente:
• Lo afirmado por la Municipalidad demandante es falso, toda vez que el
codemandado, si es posesionario del lote 18, de la manzana G, de la
calle Niña del Mar, en la urbanización La Encantada, de lo que la
Municipalidad tiene pleno conocimiento, pues existen hasta procesos
judiciales, habiendo incluso iniciado un trámite notarial de prescripción
• La RTF N.° 15818-11-2013 ha sido emitida sin contr avenir ninguna
norma; en efecto, la resolución materia de impugnación ha sido
discutida por el órgano competente, toda vez que el Tribunal Fiscal
resuelve controversias en materia tributaria y aduanera en última
instancia administrativa, dentro del marco de un debido procedimiento
4. Mediante resolución número cinco del uno de setiembre de dos mil catorce,
a folios ochenta y tres, se fijaron como puntos controvertidos:
• Determinar si corresponde declarar la nulidad de la RTF N.° 15818-11-
2013 en el extremo que declaró nula la Resolución Gerencial N.°
255/2008-GR-MDCH y revocó la Resolución Gerencial N.° 072/2008-
GR-MDCH.
5. Culminado el trámite correspondiente, el Vigésimo Segundo Juzgado
Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante
sentencia, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil quince, a fojas ciento
noventa y ocho, declaró infundada la demanda, por las siguientes razones:
• El impuesto predial se calcula sobre la base del valor del inmueble y no
implica un reconocimiento respecto a la propiedad o posesión del
mismo, ya que no existe la exigencia legal referida a que el
contribuyente tenga el deber de probar su calidad de propietario o
• Ni la identificación asignada al contribuyente ni la presentación de la
referida declaración jurada lo convierte en propietario o poseedor del
inmueble; por lo tanto, no definen el derecho de propiedad o posesión
del recurrente ni de terceros, ya que la determinación del pago del
impuesto predial no implica un reconocimiento de la propiedad o de la
posesión del predio, considerando a su vez que la Administración
Tributaria no tiene competencia para emitir pronunciamiento respecto a
la propiedad o posesión de un inmueble.
• Se debe tener presente que, mediante reiterada jurisprudencia, el
Tribunal Fiscal ha establecido el criterio referido a que la recepción de
la declaración jurada presentada por el contribuyente no afecta el
derecho de propiedad o posesión; por lo que, lo resuelto en el
procedimiento administrativo materia de autos no constituye un hecho
6. La Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de
Justicia de Lima mediante sentencia de vista, del veintiuno de febrero de dos
mil diecisiete, obrante a fojas doscientos sesenta, confirmó la sentencia de
primera instancia en todos sus extremos, bajo los siguientes argumentos:
• El hecho que se inscriba al codemandado como contribuyente respecto
del predio ubicado en la calle Alameda Niña del Mar, manzana G, lote
18, de la urbanización La Encantada, en el distrito de Chorrillos, no lo
hace propietario del mismo, puesto que, quien se considere
contribuyente o sujeto obligado al pago tiene que efectuar las
declaraciones y el correspondiente pago de acuerdo a lo establecido en
los artículos 9 y 14 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación
• Asimismo, la Administración Tributaria no puede dejar de recibir los
mismos al ser solo un ente recaudador y no el competente para
dilucidar el conflicto de derecho de propiedad que pudiera existir entre
las partes, lo cual corresponde ser esclarecido en sede judicial; en ese
sentido, procedía la inscripción del aludido codemandado como
contribuyente de la Municipalidad demandante.
En el caso de autos, la cuestión jurídica objeto de control en sede casatoria,
consiste en determinar en principio, si la sentencia de vista infringe o no las
reglas del principio al debido proceso, ello a efecto de verificar si el Colegiado
de mérito consideró al momento de emitir su decisión, lo plasmado en el
artículo 9 del Decreto Supremo N.° 156-2004-EF, Ley de Tributación
1.1. El artículo 384 del Código Procesal Civil (modificado por el artículo 1 de
la Ley N.° 29364) establece que: “El recurso de casación tiene por fines la
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia.”
1.2. Siendo así, estamos ante un medio impugnatorio extraordinario donde la
parte afectada por la decisión de la Sala Superior puede solicitar al máximo
órgano de justicia cumpla con evaluar dicho pronunciamiento, debiendo
precisar que esta evaluación únicamente recaerá respecto a errores de
derecho y no implica un reexamen de lo actuado ni una revalorización de los
1.3. Habiéndose declarado procedente el recurso de casación por la causal
de infracción normativa procesal, relacionada con el debido proceso, es
necesario efectuar algunas precisiones en torno al derecho fundamental a
2.1. En principio, se debe señalar que el derecho fundamental al debido
proceso, tal como lo ha precisado el Tribunal Constitucional, es un derecho
continente pues comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de
2.2. Al respecto, Faúndez Ledesma sostiene que el debido proceso “por su
naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente estructurado,
que a la vez está conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos
que constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se refieren
a las estructuras, características del Tribunal o instancias de decisión, al
procedimiento que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las
garantías con que debe contar la defensa”1.
2.3. En ese mismo orden de ideas, se tiene que el derecho al debido proceso
supone el cumplimiento de las diferentes garantías y normas de orden público
que deben aplicarse a todos los procesos o procedimientos, a fin de que las
personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos
ante cualquier acto estatal o privado que pueda afectarlos. Su
contenido presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de
carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el procedimiento
preestablecido, el derecho de defensa y la motivación, etc. En las de carácter
sustantiva o, estas están básicamente relacionadas con los estándares de
razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. A
través de esto último se garantiza el derecho que tienen las partes en un
proceso o procedimiento a que la resolución se sustente en la interpretación y
aplicación adecuada de las disposiciones vigentes, válidas y pertinentes del
orden jurídico para la solución razonable del caso, de modo que la decisión en
ella contenida sea una conclusión coherente y razonable de tales normas”2.
FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. “El derecho a un juicio justo”. En: Las garantías del debido proceso (Materiales
de Enseñanza). Lima. Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y
Embajada Real de los Países Bajos. p. 17
EXP. N.° 02467-2012-PA/TC
3.1. De lo expuesto, cabe precisar que el derecho al debido proceso y la tutela
jurisdiccional efectiva constituyen principios consagrados en el inciso 3 del
artículo 139 de la Constitución Política del Estado, los cuales comprenden a
su vez, el deber de los jueces de observar los derechos procesales de las
partes y el derecho de los justiciables a obtener una resolución fundada en
derecho ante su pedido de tutela en cualquiera etapa del proceso. De allí que
dichos principios se encuentren ligados a la exigencia de la motivación de las
resoluciones judiciales, prevista en el inciso 5 del referido artículo
constitucional, esto es, que los jueces y tribunales expliciten en forma
suficiente las razones de sus fallos, con mención expresa de los elementos
fácticos y jurídicos que los determinaron.
3.2 En cuanto a las patologías de la motivación de las resoluciones judiciales,
en la sentencia recaída en el Expediente. N.º 3943-2006-PA/TC, el Tribunal
Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado
de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:
a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de
toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente
motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es
solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones
mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las
alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un
cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún
sustento fáctico o jurídico;
b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de
motivación interna del razonamiento (defectos internos de la
motivación) se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando
establece previamente el juez en su decisión; y, por otro lado, cuando
existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un
discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo
coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en
ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida
motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la
decisión asumida por el juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de
su corrección lógica o desde su coherencia narrativa;
c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas:
[…] cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido
confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica y,
asimismo, que ‘el control de la justificación externa del razonamiento
resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la
decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser
exhaustivo en la fundamentación y a no dejarse persuadir por la
simple lógica formal’;
d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de
motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho
indispensables para asumir que la decisión está debidamente
motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada
jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las
pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos
generales, solo resultará relevante desde una perspectiva
constitucional si es que la ausencia de argumentos o la ‘insuficiencia’
de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se
está decidiendo;
e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la
debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales
a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con
los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto,
desviaciones que supongan modificación o alteración del debate
procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en
que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad
de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el
dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del
marco del debate judicial generando indefensión, constituye
motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)3.
3.3. En consecuencia, para poder determinar si un pronunciamiento específico
cumplió con el deber de motivación o no, en los términos antes reseñados,
conviene recordar que el cumplimiento de este deber no se satisface con la
sola expresión escrita de las razones que inclinó al juzgador a decidir la
controversia de un modo determinado, sin importar cuáles sean estas; sino
que, por el contrario, exige necesariamente la existencia de una exposición
clara y coherente en la sentencia que no solo explique, sino que justifique
lógicamente la decisión adoptada, en base a las pruebas y demás hechos
acontecidos en el proceso, y en atención a las normas jurídicas aplicables al
CUARTO: Análisis del caso en concreto respecto a la infracción
normativa por vulneración al debido proceso, contenido en el artículo
139, numeral 5 de la Constitución Política del Perú
4.1. En el caso que nos ocupa, se evidencia del recurso de casación que, la
parte recurrente sostiene que la Sala Superior no ha considerado lo
establecido en el artículo 9 del Decreto Supremo N.° 156-2004-EF, Ley de
Tributación Municipal, norma que señala:
Exp. N.° 00728-2008-PHC/TC- LIMA. Giuliana Llamoja Hilares
Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas naturales o
jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza. […]
Cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos
obligados al pago del impuesto, en calidad de responsables, los poseedores
o tenedores, a cualquier título, de los predios afectos, sin perjuicio de su
4.2. Respecto de ello, la Municipalidad recurrente sostiene que el
contribuyente pretende inscribir como poseedor el predio ubicado en la calle
Niña del Mar, manzana G, lote 18 de la urbanización La Encantada, del distrito
de Chorrillos que, conforme a la base de datos del sistema registral, se
encuentra inscrito a nombre de contribuyente desconocido, por lo que, aquella
situación conllevaría a otorgarle la posibilidad que en un futuro reclame
derechos propietarios respecto de aquel predio; sin embargo, como se
advierte de la sentencia de vista, la Sala de mérito en su cuarto considerando
ha cumplido con describir lo contenido en la norma en comento; incluso, hace
referencia al artículo 8 del Decreto Supremo citado, el mismo que establece
que el impuesto predial es de periodicidad anual y grava los predios urbanos y
4.3. Asimismo, en el segundo párrafo alude a lo contenido en el literal a) del
artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal,
aprobado por el Decreto Supremo N.° 156-2004-EF rel acionado con la
obligación de los contribuyentes a presentar declaraciones juradas
anualmente del mencionado concepto.
4.4. Así atendiendo a ello, la Sala Superior en el sexto considerando de la
recurrida concluye que, el hecho que se inscriba como contribuyente al señor
Bernardo Rodríguez Chlimper respecto del predio ubicado en la calle Niña del
Mar, manzana G, lote 18 de la urbanización La Encantada, distrito de
Chorrillos, no lo hace propietario del mismo, pues la Administración Tributaria
tiene como función ser un ente recaudador, por lo que no puede emitir una
decisión sobre la propiedad de un predio.
4.5. Entonces, de la sentencia de vista materia de casación, se verifica que la
misma no ha incurrido en alguna afectación al debido proceso, tutela
jurisdiccional efectiva o motivación que la invalide, ya que el Colegiado
Superior ha efectuado un análisis de los hechos expuestos por las partes, se
ha realizado una valoración conjunta de los medios probatorios y se ha
interpretado y aplicado las normas pertinentes al caso en concreto; de tal
manera que, no se advierte transgresión alguna a los incisos 3 y 5 del artículo
139 de la Constitución Política del Estado.
4.6. Dicho de otro modo, en la resolución emitida por la instancia de mérito,
existe pronunciamiento respecto de la facultad de la Municipalidad, de ser un
ente recaudador; por lo que, el hecho que un administrado solicite su
inscripción como contribuyente del impuesto predial referido a un inmueble
que lo conduce como poseedor, no lo convierte en propietario; de modo que,
no existe razón suficiente para negar aquella solicitud, siendo que la
dilucidación sobre el derecho de propiedad del bien, en caso se produzca
alguna controversia, corresponde a los órganos jurisdiccionales, más no a la
Municipalidad recurrente; de este modo, los fundamentos de la sentencia de
vista se han ceñido estrictamente a lo aportado, mostrado y debatido en el
proceso; por lo tanto, se concluye que se ha cumplido con precisar el por qué
y debido a qué se ha llegado a la conclusión final. En ese sentido,
corresponde desestimar la causal invocada, al ser esta infundada.
Por tales consideraciones y en atención a lo dispuesto en artículo 397 del
Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación
interpuesto por la Municipalidad Distrital de Chorrillos, mediante escrito de
fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, a fojas doscientos setenta y
dos; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha veintiuno
de febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos sesenta; en los
seguidos por la Municipalidad Distrital de Chorrillos contra el Tribunal Fiscal y
otro, sobre acción contencioso administrativa; DISPUSIERON la publicación
de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme a ley; y los
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Sánchez
Melgarejo.-
Cct/jfp
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