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Juris Pru | Derecho laboral | Caso de ley
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Reglamento Interno Listo
34414(20-10-09) sala penal juriprudencia
La Reincorporación en La Administración Pública Caso Huatuco Huatuco
YPF. PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA.
1 Programa de propiedad participada.
1.1.Competencia.
1.2 Prescripción.
1.3 Solución del fondo del asunto.
1.3.1 Criterios pre "Antonucci".
1.3.2 Criterios post "Antonucci".
1.3.3 Criterios post ley 25471.
1.4 Modo de fijar la reparación.
Desagregación del promedio para cada caso concreto.
Cómputo de intereses. Desde qué momento. Capitalización de intereses.
Número de trabajadores considerados.
Valor final de la acción. Precio actual o precio de cancelación del PPP.
Precio de la acción. $ 10 o $ 19.
Cuestión del valor dólar.
Cómputo de intereses.
1.5 Efectos de los acuerdos rescisorios
1.6 Alcances de la condena. YPF SA.
1.7 Criterio para imponer costas.
1.8 Planteos en ejecución relativos al monto fijado.
1.9 Régimen de consolidación de deudas. Cuestión de orden público.
2.- Oras empresas. Gas del estado. Aerolíneas Argentinas. Banco hipotecario.
Con posterioridad al dictado del fallo "Albornoz, Domingo Acencio c/ YPF SA y otro s/ proceso de conocimiento" (Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 17/11/98) la totalidad de las Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declara la incompetencia del fuero del Trabajo para entender en reclamos de programas de propiedad participada.
La acción destinada a la percepción del programa de propiedad participada no es de aquellas causas comprendidas en los términos de los artículos 20 y siguientes de la LO, puesto que la misma escapa al alegado contrato de trabajo entre YPF y el actor para dirigirse, centralmente, contra el Estado Nacional (Ministerio de Economía), poniendo en tela de juicio eventuales beneficios que no parecen comprometer -sustancialmente- aspectos legales del derecho del trabajo, puesto que, como lo precisa la propia ley 23696, la condición de adquirente comprendido en uno de estos programas "…no implica para el trabajador en tanto tal, independientemente de su condición de adquirente modificación alguna en su situación jurídica laboral…" (art. 45 ley 23696); resultando, en cambio, esta cuestión, alcanzada por la aptitud jurisdiccional a que se refiere el artículo 40 del decreto ley 1285/58. Del dictamen del Procurador General, al que remite la CSJN. "Albornoz, Domingo Acencio c/ YPF SA y otro s/ proceso de conocimiento". Fecha: 17/11/98. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La hipótesis de reclamo de PPP se separa nítidamente de la evaluada en "Tarifa, Carlos c/ YPF SA. s/ proceso de conocimiento", S.C.Comp.275, L.XXXIII, fallada el 21/10/97, controversia que, amén de involucrar a trabajador y empleador, lo fue respecto de una prestación -se dijo- accesoria a un despido incausado, y de raigambre -verosimilmente- indemnizatoria la que además, merece destacarse, se distinguió muy especialmente del régimen instaurado por el artículo 8 inciso c) de la ley 24145. Del dictamen del Procurador General, al que remite la Corte.
"Albornoz, Domingo Acencio c/ YPF SA y otro s/ proceso de conocimiento". Fecha: 17/11/98. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Resulta competente para entender en los reclamos de propiedad participada la justicia nacional en lo civil y comercial federal. Del dictamen del Procurador General, al que remite la CSJN. "Albornoz, Domingo Acencio c/ YPF SA y otro s/ proceso de conocimiento". Fecha: 17/11/98. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Corresponde la remisión de las actuaciones a la Justicia Federal en lo Civil y Comercial, como lo indica el Sr. Fiscal General y de conformidad con lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa: “Albornoz Domingo Acencio c/YPF S.A.” del 17/11/98. Causa 26684/00. “Fernández Jorge y O. C/Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero”.Fecha: 28/08/01. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I. Vilela. Vazquez Vialard.
Corresponde declarar la incompetencia del fuero laboral por aplicación de la doctrina “Albornoz Domingo c/Y.P.F. S.A. y otro" de la CSJN. Causa 9446/03 Fecha: 7/10/03. “Vieyra Marcelo Angel y otros c/Ministerio de Economía
y Obras y servicios Públicos y otro s/part. Accionariado Obrero"
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. Rodríguez. González.
El reclamo tendiente al reconocimiento de sus derechos a acciones clase “C” de YPF SA o en su defecto el pago en efectivo del valor de tales títulos sólo guarda una relación mediata con el contrato de trabajo, ya que si bien el presupuesto fáctico del mismo es que hayan sido dependientes de YPF, el crédito no se deriva de dicha relación, sino de un sistema autónomo, cual es las leyes que dispusieron la privatización de la empresa. Tal premisa lleva a sostener que la Justicia Nacional del Trabajo resulta incompetente para entender en estos reclamos (Conf.CSJN 17/11/98 in re “Albornoz Domingo c/YPF S.A.). (Del voto del doctor Eiras, por la mayoría). Causa 11970/97 Fecha: 5/5/99.“Núñez Juan A. y otros c/Y.P.F. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III. Guibourg.Porta.Eiras.
Como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema en “Tarifa c/YPF” (del 21/10/97,
donde se discutía un reclamo con fundamento en el art. 13 de la ley 24145), esta Sala declaró la competencia del fuero para entender en este tipo de acciones (a partir del caso “Antelo c/YPF”). Sin embargo, al decidir en los autos “Albornoz, Domingo Acencio c/YPF S.A. y otro s/proceso de conocimiento” (17/11/98), la Corte Suprema de Justicia de
Nación estableció la competencia de la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Comercial para conocer en aquellas causas donde se reclama la entrega de acciones de
propiedad participada. Adhiero a esa doctrina por estrictos motivos de economía procesal, sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión contraria en virtud de estimar, como lo hiciera en los casos “Núñez Juan A. y otros c/YPF S.A.” y “Medina c/YPF”, que el reclamo de autos se halla estrechamente relacionado con la invocación del contrato de trabajo del que depende (del voto concurrente del doctor Guibourg con el criterio de la mayoría). 11002/99.Fecha: 30/09/99“Llache Domingo y otros c/YPF y otro s/Part.Accionariado Obrero”
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III. Guibourg. Eiras.
Oportunidad para declarar la incompetencia. La declaración de incompetencia sólo puede ser efectuada ab initio (arg.art. 4 CPCC y 67 L.O.) o al resolver la que hubiese opuesto el demandado (art. 347 inc. 1 CPCCN y 76 L.O.). Después de ello, ni las partes ni el juez de oficio pueden argüir o declarar la incompetencia (art. 352 CPCC), basándose su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se prolonguen indefinidamente.
11970/97
Fecha: 5/5/99. “Núñez Juan A. y otros c/Y.P.F. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero”.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III. Guibourg.Porta.Eiras.
Corresponde remitir las actuaciones a la Justicia Federal en lo Civil y Comercial, por compartir el dictamen del señor Fiscal General del Trabajo en concordancia con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Albornoz Domingo A. c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.” (sentencia del 17/11/98). Causa 12917/03 Fecha: 21/11/03 “Fillaster Osvaldo Ruben y otros c/Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos s/Part.Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala IV. Guthmann. Moroni.
Corresponde declarar la incompetencia del fuero laboral por aplicación de la doctrina “Albornoz Domingo c/Y.P.F. S.A. y otro" de la CSJN. Causa 1893/03 Fecha: 30/3/04. SI 22382."Rivero, Jorge Omar y otros c/ Estado Nacional, Ministerio de Economía s/part. accionariado obrero" Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala V. Rodríguez. García Margalejo.
Corresponde declarar la incompetencia del fuero laboral por aplicación de la doctrina “Albornoz Domingo c/Y.P.F. S.A. y otro" de la CSJN. 109/01 Fecha: 18/04/01."Guido, Fabián Alejandro y otros c/Ministerio de Economía y Obras y servicios Públicos y otro s/part. Accionariado Obrero” Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VI. De la Fuente. Fernández Madrid.
Tal como lo puntualiza el Sr. Fiscal General en su dictamen 26741, la cuestión de competencia ha quedado zanjada a partir del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la contienda negativa resuelta en autos “Albornoz Domingo A. c/Y.P.F. S.A. y otro s/Proceso de conocimiento”, en el que, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Procurador General, se consideró que la causa del citado precedente debía tramitar ante el Fuero Federal. Entre los fundamentos expuestos se resalta que la controversia no es de aquellas comprendidas en los términos del art. 20 y siguientes de la L.O., puesto que la misma escapa al alegado contrato de trabajo entre Y.P.F. y el actor, para dirigirse, centralmente, contra el Estado Nacional (Ministerio de Economía), poniendo en tela de juicio eventuales beneficios que no parecen comprometer -substancialmente- aspectos legales del derecho del trabajo.- 22993/98.Fecha: 26/04/99 “Rindertsma Santiago Adolfo y otros c/Y.P.F. S.A. y otro s/Part. Accionariado obrero.” Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VII. Boutigue.Ruiz Díaz.Billoch.
La contienda promovida por los sujetos legitimados para obtener el reconocimiento de su calidad de accionistas de YPF S.A. no es una contienda laboral. Esto, que surge de la misma naturaleza de la pretensión, ha sido definitivamente establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al resolver la cuestión de competencia planteada en la causa: “Albornoz, Domingo A. c/. Y.P.F. S.A. s/Proceso de conocimiento” (fallo del
17/11/98).
Causa 2178/98 Fecha: 26/02/99“Milano, Héctor Alfredo c/YPF SA. Y otro s/Participación Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VIII. Morando. Billoch.
Corresponde declarar la incompetencia de la justicia nacional del Trabajo para entender en las demandas promovidas por los trabajadores de YPF SA, tendientes a obtener el reconocimiento de sus derechos sobre las acciones clase "C", correspondientes al régimen de propiedad participada de dicha empresa y en el marco de las disposiciones emergentes de las leyes 23969, 24145, decretos 2778/90, 584/93 y 1106/93 y restante normativa de aplicación (cf. "Albornoz, Domingo A. c/ YPF S.A. y otro s/ proceso de conocimiento" CSJN 17/11/98). SI 3067. Fecha: 31/5/99. "Parraga, Felix Hugo c/ YPF y otro s/part. accionariado obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala IX. Balestrini. Pasini.
La condición de adquirente de un programa de propiedad participada no implica para el trabajador en tanto tal, independientemente de su condición de adquirente, modificación alguna en su situación jurídica laboral; resulta esta cuestión alcanzada por la aptitud jurisdiccional a que se refiere el art. 40 del decreto ley 1285/58. Tal situación se diferencia de lo tratado en el caso "Tarifa, Carlos c/ YPF s/proceso de conocimiento", en el que se involucraba una prestación accesoria a un despido incausado y de raigambre - verosimilmente- indemnizatoria, distinguiéndose muy especialmente del régimen instaurado por el art. 8 de la ley 24145. En tales casos, la justicia competente es la civil y comercial federal (del dictamen del Procurador General de la Nación, al que adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re CSJN Competencia No. 387 XXXIV "Albornoz, Domingo c/ YPF SA s/ proceso de conocimiento", del 17/11/98). Causa 1895/03. Fecha 23/7/03. SI 9677. "Ruiz Díaz, Marcelo y otros c/ Estado Nacional, Ministerio de Economía s/ part. accionariado obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala X. Simón. Corach.
Excepciones. Competencia material. PPP. Acciones clase “C”. Frutos. Competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. Apartamiento del Criterio de la CSJN en el caso “Albornoz”. En el caso, el trabajador dedujo demanda contra YPF S.A. y contra el Ministerio de Economía por considerar que debía integrar el programa de Propiedad Participada pues se desempeñaba como dependiente de YPF a la fecha de entrada en vigencia de la ley 23.696 y de YPF S.A. a la fecha de su constitución. Ante el reconocimiento de lo reclamado por sentencia definitiva se consideró con derecho a reclamar los frutos producidos por las acciones Clase “C” de las que resultara titular por haberse desempeñado como empleado al año 1991.El reclamo en cuestión versa respecto de derechos reconocidos como consecuencia de un vínculo de dependencia laboral, por lo que resulta ser la materia propia a resolver por un Tribunal del Trabajo, puesto que el actor no reclama en su calidad de accionista sino por su condición de trabajador excluido del Programa que fuera cancelado, y tales cuestiones, como propias de la aplicación de los referidos programas, resultan encuadrables en el diseño del art. 21, inc. “a” de la ley 18.345. Ello supone un apartamiento del criterio sustentado por la CSJN en autos “Albornoz, Domingo Acencio c/YPF SA s/Part. Accionariado Obrero” (CSJN: Competencia N°387. XXXIV). Sala VII, S.I. 30.064 del 21/11/2008 Expte. N° 5.397/07 “Clark, Egberto c/YPF SA y otro s/cobro de dividendos”.
Corresponde declarar la aptitud jurisdiccional de la justicia (civil y comercial) federal por aplicación del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Albornoz, Domingo Acencio c/ YPF". Dictamen 38428. Fecha 1/7/04. "Mirabelli, Oscar Ramón y otros c/Ministerio de Economía s/ part.accionariado obrero". En igual sentido, dictamen 26741 del 29/3/99 en autos "Rindertsma, Santiano c/YPF s/ part. accionariado obrero". Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
1 .2. PRESCRIPCION
Plazo bienal (art. 256 LCT)
Plazo decenal (art. 4023 CC)
Pirroni. Puppo.
Rodríguez. González.
García Margalejo. Morell.
De la Fuente. Fernández Madrid.
Ruiz Díaz. Rodríguez Brunengo.
Morando. Billoch.
Pasini. Zapatero de Ruckauf.
Simón. Scotti.
Plazo. El derecho reclamado a acceder a las PPP se funda en la normativa específica de reforma del Estado, emitida en el marco de las leyes 23.696 y 23.697 y que desborda el
Si bien el actor debía ser empleado de la demandada para
marco del contrato de trabajo.
acceder al P.P.P. esa sola circunstancia no habilita la aplicación del art. 256 L.C.T., sino que se impone la aplicación del plazo decenal del art. 4023 del Código Civil, atento la ausencia de una norma especial. En mérito a ello, cualquiera sea la fecha que se tome para el cómputo del plazo señalado, esto es la fecha de corte fijada en el fallo “Antonucci” como cualquiera posterior (desvinculación del actor o implementación del programa), la acción no se encuentra prescripta al haber sido iniciada el 13 de febrero de 1998.- Causa 1229/98. Fecha: 30/12/02. “Comas, Luis Alberto c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part.Accionariado obrero”. En igual sentido, SD 80145 del 25/11/02, en autos “Llarull, Jorge c/Y.P.F. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero"; SD del 26/8/03, en autos “Zenteno Ernesto Esteban c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero”; SD del 23/8/02 en autos "Castro c/ YPF". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I. Pirroni. Puppo.
No corresponde aplicar el plazo bianual de prescripción dispuesto en el art. 256 de la L.C.T., ya que inequívocamente la naturaleza de la cuestión debatida supera el contexto del Contrato de Trabajo, que sólo se vislumbra como un elemento causal generador de un derecho que no proviene del marco regular de nuestra disciplina, por lo que ante la carencia de una norma específica, se impone aplicar el plazo decenal al que alude el art. 4023 del Código Civil, ya que cualquier duda que pudiera suscitar la cuestión, debe ser resuelta a favor del plazo más extenso, en la inteligencia de que como predica nuestro más Alto Tribunal de la Nación, la prescripción en materia patrimonial debe ser analizada con criterio sumamente restrictivo porque, si bien es una defensa legítima, no debe olvidarse que podría contrariar algunos principios de equidad. Causa: 17093/97. Fecha: 29/09/00. “Montenegro, Sara Ramona c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/part.accionariado obrero”. En igual sentido, SI 47041 del 15/5/00 "López, Ramón Serapio c/ YPF". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. Rodríguez. González.
No resulta aplicable el art. 256 de la L.C.T., ya que no se trata de un crédito que provenga de la relación laboral. Por lo tanto, ante la ausencia de una norma precisa, corresponde aplicar el plazo decenal previsto por el art. 4023 del Código Civil, ya que cualquier duda que pudiera suscitar la cuestión debe ser resuelta a favor del plazo más extenso, toda vez que la prescripción en materia patrimonial debe ser analizada con criterio sumamente restrictivo. (del voto del doctor Eiras, por la mayoría) Causa 27901/97. Fecha: 28/04/04.“Allocco, Ana María c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/Part.Accionariado Obrero”. En igual sentido, SD 75547 del 30/12/97 "Garijo, Victoriano c/ YPF SA; SD 76607 del 22/5/98, "Martínez, José c/ YPF SA"; SD 85422 del 18/11/03 "Lazarte, Luis cY YPF". SD 88802 del 8/6/07 “Carbajales, Carlos y otros c/ Estado Nacional s/ ley 23696”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III. Porta. Eiras
Los fallos in extenso se encuentran disponibles en la base de jurisprudencia de la página de la CNAT.
El derecho que se pretende sólo encontraría fundamento en la permanencia del contrato de trabajo ya que, de cualquier modo, sólo alcanza a empleados; y, en este entendimiento, resulta aplicable el art. 256 de la L.C.T. (del voto del doctor Guibourg, por la minoría) Causa 11970/97 Fecha: 5/5/99, SD 78837 "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF" SD 88802 del 8/6/07 “Carbajales, Carlos y otros c/ Estado Nacional s/ ley 23696”.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III. Guibourg.
El reclamo concierne a un sistema de participación singular vinculado al atípico proceso de privatización que tiene por respaldo una normativa específica concerniente a la genérica reforma del Estado, en el marco de las leyes 23696 y 23697 y cuya reglamentación concreta proviene de la ley 24145. En consecuencia no es asimilable al supuesto descripto en el art. 256 L.C.T., y ante la carencia de una norma precisa se impone aplicar el plazo decenal al que alude el art. 4023 del Código Civil.- Causa 47401/95. Fecha: 21/05/98.“Ceballos Juan Pablo c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.” Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala IV. Moroni. Lasarte.
Aplicación por analogía del criterio del plenario "Veloso".(En los casos de reclamos de propiedad participada) debe considerarse el plazo decenal previsto por el art. 4023 del Código Civil, ya que el mismo corresponde a la opinión sustentada por la mayoría de esta Cámara en el acuerdo plenario 297 "Veloso c/YPF". (del voto de la doctora Rodríguez, por la mayoría) Causa 26608/97 Fecha 26/9/02"Lagos, Antonio y otros c/ YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA s/ part. accionariado obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala V. Rodríguez. García Margalejo.
Sobre la prescripción de la acción, dejada de lado la norma del art. 256 de la LCT quedaría subsistente la norma del art. 848 del Código de Comercio, inciso 1, según la cual se prescriben por tres años las acciones que se deriven del contrato de sociedad, lo cual correspondería analizar en cada caso particular; sin embargo corresponde adherir a la opinión mayoritaria sobre el punto sustentada por la Procuración General del Trabajo mediante dictamen en la causa "Bardi, Miguel Angel y otros c/ YPF SA" y diversos pronunciamientos de esta Cámara dictados en su consecuencia, que entienden que correspondería aplicar la prescripción de plazo decenal del art. 4023 del C.Civil. *(del voto de la doctora García Margalejo, en concurrencia con el voto de la doctora Rodríguez). Causa 26608/97 Fecha 26/9/02 "Lagos, Antonio y otros c/ YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA s/ part. accionariado obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala V. Rodríguez. García Margalejo.
En cuanto al plazo prescriptivo de las acciones clase C de YPF SA, tengo vertida mi opinión antes de ahora, que es de aplicación el decenal previsto en el art. 4023 del C. Civil (Del voto del DR. Morell). CNAT Sala V Expte nº 10528/98 sent. 67257 23/9/04 "Trinca, Antonio c/ TPF SA y otro s/ art. acc. obrero" (GM.- M.-)
En razón de compartir los fundamentos brindados por el señor Fiscal General en el dictamen No. 23988 del 5/12/97, en el sentido de que el reclamo de PPP se funda en una normativa específica concerniente a la genérica reforma del Estado, emitida en el marco de las leyes 23696 y 24.145, que desborda el régimen legal regulador del contrato de trabajo y teniendo en cuenta el criterio sumamente restrictivo con el que debe analizarse la prescripción en materia patrimonial, corresponde aplicar en el caso, el plazo decenal previsto en el art. 4023 del Código Civil. (Del voto del doctor De la Fuente en mayoría, al cual adhiere el doctor Fernández Madrid.). Causa 8908/98. Fecha 12/06/00. “Díaz, Fernando c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VI. Capón Filas. De la Fuente. Fernández Madrid.
En precedentes referidos a los reclamos relacionados con la participación accionaria, he sostenido la naturaleza laboral de la obligación demandada y la aplicación del art. 256 de la L.C.T. que establece el plazo de dos años para que opere su prescripción, y salvo que hubiera mediado un acto interruptivo o suspensivo de la misma entre la extinción del contrato de trabajo y la interposición de la demanda, cabría la procedencia de la excepción opuesta en ese sentido. El carácter laboral del crédito se encuentra avalado por la circunstancia de que el reconocimiento del derecho que se pretende, resulta inescindible de la calidad que invoca el accionante de haber sido trabajador dependiente de la empresa, condición sin la cual ningún fundamento jurídico podría tener la pretensión que se formula. Por ello y teniendo en cuenta que el derecho sólo se genera mientras el trabajador se encuentre trabajando, los dos años correspondientes al plazo de la prescripción liberatoria debe contarse desde el momento en que él se desvincula de la empresa. (Del voto en minoría del doctor Capón Filas). Causa 8908/98. Fecha 12/06/00. “Díaz, Fernando c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VI. Capón Filas. De la Fuente. Fernández Madrid.
En orden a que el reclamo se vincula a un sistema de participación muy específico propio del proceso de privatización regulado por una normativa particular que no es asimilable a la hipótesis del art. 256 LCT, sobre todo, entre otras razones, por la sola vinculación mediata del derecho que se alega con el contrato de trabajo todo matiz dudoso, de existir, debe ser resuelto por un plazo de prescripción más extenso que, en la especie, cuadra con el decenal que establece el art. 4023 del Código Civil. Causa 8934/98 SD 37031 del 2/10/03 "Morales González c/ YPF SA s/PPP".
Aplicación por analogía del criterio "Albornoz". En materia de prescripción, la contienda promovida por los sujetos legitimados para obtener el reconocimiento de su calidad de accionistas de Y.P.F. S.A. no reviste carácter laboral. Esto que surge de la misma naturaleza de la pretensión ha sido definitivamente establecido por la Corte Suprema de Justicia al resolver la cuestión de competencia planteada en la causa “Albornoz Domingo A. c/Y.P.F. S.A. y otro s/proceso de conocimiento” (fallo del 17/11/98). La Corte hizo suyo el dictamen del señor Procurador General de la Nación del que se desprende, como una de las diversas consecuencias relevantes para esta causa y similares que, para los casos en los que se ha introducido la defensa de prescripción, no rige el art. 256 L.C.T., sino el art. 4023 del Código Civil. Causa 26641/97. Fecha: 28/05/02. “Merino Juan Bautista y otros c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VIII. Morando. Billoch.
Aplicación por analogía del criterio "Albornoz". Dado que el más Alto Tribunal en autos “Albornoz Domingo A. c/Y.P.F. S.A. y otros/ proceso de conocimiento”, del 17/11/98, ha reconocido autonomía propia a las acciones impetradas por los trabajadores en los que se ventilan reclamos referidos al Programa de Propiedad Participada de Y.P.F. S.A., no cabe
sino concluir que resulta inaplicable al caso el art. 256 de la L.C.T. que prevé un plazo de dos años de prescripción para los derechos emergentes de la relación laboral imponiéndose aplicar en el caso –a fin de no contrariar principios de equidad- el plazo decenal al que alude el art. 4023 del Código Civil. Causa 4070/98. Fecha: 18/12/03. “Díaz Segundo Bonifacio c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero”. En igual sentido, SI 3086 del 1/6/99 en autos “Frías Domingo B. C/Y.P.F. S.A.
s/Part.Accionariado
Obrero”
Existe consenso jurisprudencial en aplicar el plazo decenal previsto en el art. 4023 del Código Civil en relación con el cómputo del plazo de prescripción. En efecto, se trata de reclamos derivados de una peculiar privatización y tendientes a que se indemnice por no haberse otorgado el carácter de accionista en el programa de propiedad participada, lo cual obsta a la aplicación del art. 256 de la L.C.T. y, consecuentemente, conlleva a hacer jugar el citado artículo 4023 del Código Civil. Causa 3757/98. Fecha: 20/11/03 “Lloret, Juan Carlos c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/Part.Accionariado Obrero”. En igual sentido, SD 5837 del 19/3/99 in re “Luna, Eduardo c/Y.P.F. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero” Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala X. Simón. Scotti.
El reclamo de propiedad participada concierne a un sistema de participación singular vinculado al atípico proceso de privatización y tiene por respaldo una normativa específica concerniente a la genérica reforma del Estado, emitida en el marco de las leyes 23696 y 23697 y cuya reglamentación concreta, proveniente de la ley 24145, no es asimilable al supuesto descripto en el ya citado art. 256 de la LCT porque su cauce desborda claramente el marco del contrato de trabajo, que sólo aparecería como un elemento causal generador de un derecho que no proviene del marco regulador de nuestra disciplina. Causa 24245/95 Dictamen 23988 del 5/12/97 en autos "Bardi, Miguel Angel y otros c/ YPF s/PPP". Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Ante la carencia de una norma específica que regula la prescripción de los reclamos de propiedad participada se impondría aplicar el plazo decenal al que alude el art. 4023 del Código Civil y cualquier duda que podría suscitar la cuestión debería ser resuelta a favor del plazo más extenso porque, como sostuvo la CSJN, la prescripción en materia patrimonial debe ser analizada con criterio sumamente restrictivo porque, si bien es una defensa legítima, no debe olvidarse que podría contrariar algunos principios de equidad. Causa 24245/95 Dictamen 23988 del 5/12/97 en autos "Bardi, Miguel Angel y otros c/ YPF s/PPP". Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Bermúdez.Rodríguez.
Fernández Madrid. De la Fuente.
Fecha de corte: 7/7/93. La ley 23696 dispuso que Yacimientos Petrolíferos Fiscales estaba sujeta a privatización y previó que en esa y otras empresas en tal situación se organizarían programas de propiedad participada, para que los trabajadores dependientes, usuarios y productores que en ese momento estaban relacionados con la empresa estatal, tuvieran derecho a adherirse a ellos adquiriendo las acciones correspondientes. En ese contexto normativo deberá establecerse si el actor manifestó su voluntad de adherirse al programa referido adquiriendo a título oneroso las acciones cuyo importe reclama. En este sentido, dado que la baja del actor es anterior al 7/7/93, fecha en que el organismo estatal fue privatizado, no cumplió con el requisito de onerosidad exigido por la norma legal para la calificación del empleado-adquirente en el programa de propiedad participada. Causa 4050/98. 03/12/99. “Diesel, Carlos Alberto c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales y otro s/Part.Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I. Vázquez Vialard. Puppo.
El hecho de que el Estado no haya obrado con la transparencia necesaria, al no publicar las resoluciones administrativas que creaban y organizaban las acciones de propiedad participada, no configura fundamento suficiente para otorgar al peticionante derecho alguno sobre las acciones que no fueron abonadas, en tanto no reunió los recaudos para acceder a la titularidad. La adquisición de las acciones se iba produciendo paulatinamente, de acuerdo a lo que fuera voluntariamente acordado, diseñándose un sistema que implicaba restricciones a la libre disponibilidad de tales acciones, sin que se advierta que ello contradiga los objetivos tenidos en cuenta al fijarse las pautas generales de los programas de propiedad participada. SD 75739. Fecha: 22/3/00. "Fredes, Horacio c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA y otro s/ part. acc. Obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I. Vilela. Puppo.
Fecha de corte: 7/7/93. Sobre el tema del reconocimiento del derecho de las acciones clase “C” de Y.P.F. S.A. debe destacarse que la ley 23696 constituyó el marco normativo que autorizó al Poder Ejecutivo a proceder a la privatización de las empresas del Estado pero careció de operatividad por sí misma, ya que requería que fuera integrada mediante la instrumentación correspondiente, por lo que a los efectos de implementar la mutación proyectada por dicha norma legal debieron emitirse otros dispositivos jurídicos de diverso origen, que comenzaron con el decreto 2778/91 que dispuso la transformación de la empresa en sociedad anónima, y que posteriormente se complementó por medio de las resoluciones conjuntas 462/93 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 482/93 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, las que pusieron de manifiesto el apartamiento del régimen de propiedad participada de aquellos trabajadores que ya no
integraban el plantel del ente privatizado a la época del acuerdo general de transferencia o que habrían optado por el retiro voluntario, por lo que ningún derecho derivado de dicho sistema puede invocarse en tanto la desvinculación laboral se hubiese operado con anterioridad al 7/7/93, al considerarse a esa fecha como la de efectiva instrumentación del P.P.P. ya que la misma constituyó el momento en que se colocaron en los mercados de valores las acciones clase “D”, habiéndose depositado en el banco fideicomisario el 27/10/93 los dividendos correspondientes a las acciones clase “C”, empezando así a generarse derechos económicos a los empleados adherentes al sistema.- Causa: 17093/97. Fecha: 29/09/00. “Montenegro, Sara Ramona c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/part.accionariado obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. Rodríguez. González.
Fecha de corte: 7/7/93. Sólo los trabajadores cuyo cese se produjo después del 7/7/93 son los que tienen derecho a adquirir los títulos en el marco del llamado programa de propiedad participada. Esto es así, toda vez que la ley 23696 es de naturaleza programática y recién a partir de la fecha indicada se colocaron en los mercados de valores de las acciones clase "D", habiéndose depositado el 27/10/93 en el banco fideicomisario los dividendos correspondientes a las acciones clase "C", oportunidad ésta en la que recién comenzaron a generarse los derechos económicos de los empleados adherentes. SD 85772. Fecha: 30/4/99. "Yavi, Norberto c/ YPF SA s/ PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. Bermúdez. Rodríguez.
El decreto 2778/90 (B.O. 11.1.91) decidió a partir del 1ro. de enero de ese año la transformación de la sociedad estatal en sociedad anónima, YPF S.A., según lo dispuesto por la ley 19.550 y, previo cumplimiento de la ley 23.696, sus acciones serán ofrecidas en bolsas y mercados bursátiles y también en licitaciones, YPF S.A. debía iniciar inmediatamente, los trámites a tales fines. Ésta es la fecha de privatización de la empresa porque la ley 24.145 (B.O. 6.11.92) dispone y el decreto 546/93 (B.O. 5.4.93) lo ratifica que el Estado Nacional asume todos los créditos y todas las deudas de Y.P.F. sociedad del Estado existentes al 31 de diciembre de 1990, debiendo mantener indemne a YPF S.A. de todo reclamo que se realice por esas cuestiones (art. 1 del decreto 546 y art. 9, tercer párrafo, de la ley 24.145).(Del voto de la doctora Porta, por la mayoría). Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.
No debe confundirse la privatización de la empresa estatal YPF, con la privatización de su capital social dispuesta por la ley 24.145, en virtud de la cual el Estado Nacional y las provincias debían enajenar conjuntamente, mediante los procedimientos previstos por dicha normativa, y en proporción a sus respectivas tenencias, las acciones de las que resultaren titulares en un porcentaje no inferior al 50% del capital social de YPF S.A. (art. 9). (Del voto de la doctora Porta, por la mayoría). Causa: 11970/97 Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.
El legislador dispuso la privatización de YPF y ésta se concretó cuando se transformó en sociedad anónima (31.12.90), aún cuando para entonces su capital social estuviera en manos del Estado. Corrobora esta conclusión la circunstancia de que tanto la ley 24.145 como el decreto 546/93 dispusieran que el Estado sólo asumiría los pasivos de la empresa existentes a aquella fecha a la vez que confería una garantía de indemnidad a la sociedad anónima. Asimismo, la Resolución 72/95 de fecha 27.5.95 del Ministerio de Economía y de Obras y Servicios Públicos que invoca la empresa en su responde robustece aquella conclusión dado que instruyó al Banco de la Nación Argentina para que distribuyera las acciones Clase C de YPF S.A. entre todos los empleados de dicha empresa al día 7 de julio de 1993 que hubieran comenzado su relación laboral con anterioridad a la privatización de la misma. (Del voto de la doctora Porta, por la mayoría). Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.
El régimen de Propiedad Participada no era meramente programático en el esquema de la ley 23.696. Conviene recordar como regla de interpretación que las condiciones deben cumplirse de manera en que las partes verosimilmente quisieron y entendieron que habían
de cumplirse (art. 533 del Código Civil). La voluntad unilateral es fuente de derecho en el plano de las relaciones individuales (en sentido análogo, SD Nro. 71.642 del 31.5.96, in re "Spahn, Mario Andrés y otros c/ Autolatina Argentina S.A.", del registro de esta Sala y mi voto en Fallo Plenario Nro. 291 del 28.10.97, Acta 2255, en autos "López, Luciano Andrés c/ Y.P.F. S.A."), cuanto más cuando, como en el caso, esta expresión emana del Estado, en concreto del Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de la facultad reglamentaria que le compete y ello adquiere singular relevancia cuando se advierte que el Estado era por entonces tanto el empleador y propietario del ente a privatizar como el titular de la totalidad de las acciones de YPF S.A., parte de las cuales debía destinar a su personal. (Del voto de la doctora Porta, por la mayoría). Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.
Quienes prestaban servicios para la empresa estatal en diciembre de 1990 y a partir de enero de 1991 pasaron a depender de la sociedad anónima tienen derecho -en principio- a
ser parte del programa en discusión. Las disposiciones posteriores de jerarquía inferior no pueden afectar aquel derecho por cuanto no se trata de leyes dictadas por el Congreso.
Como destacara el Dr. Morando "
interna, que sólo se extiende a los aspectos procesales de ejecución a cargo del respectivo departamento de lo dispuesto en las normas superiores atributivas de derechos, carece de
voto de la doctora Porta, por la mayoría). Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero".
todo efecto frente a los potenciales titulares del derecho a participar del
resolución ministerial acto de virtualidad normativa
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.
La ley 23.696 no creó derechos a favor de los particulares sino que, en lo central, otorgó facultades a otro poder del Estado para que, eventualmente y de acuerdo con algunas modalidades que se pautaban, creara tales derechos.(Del voto del doctor Guibourg, por la minoría) Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.
La razón por la cual algunas líneas argumentales entienden que este decreto implica la privatización de YPF se encuentra vinculada al modo en que el término “privatización” sea definido; esto es, si consideramos definitoria la aplicabilidad de las mismas normas que regulan la actividad privada (y consideramos que el Estado actúa en esas mismas condiciones) o si, por el contrario, entendemos relevante la participación de los particulares (en alguna medida) en la composición y el gobierno de la sociedad. Aun cuando en el caso se previó la aplicación de la ley 19.550, no debe olvidarse que esta misma norma regula la actividad de aquellas sociedades anónimas en que la participación del Estado sea mayoritaria e introduce normas que pueden considerarse una excepción al universo jurídico que regla la actividad entre los particulares: es necesaria la autorización legal para la enajenación de acciones que implique la pérdida de la situación mayoritaria del Estado y no resulta factible una declaración de quiebra (arts. 313 y 314 de la mencionada ley). En el caso, la transferencia de YPF se operó el 7 de julio de 1993, oportunidad en que las acciones de la referida sociedad fueron colocadas en el mercado de valores. (Del voto del doctor Guibourg, por la minoría) Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.
La ley 23.696, que incorporó el novedoso sistema de propiedad participada, no previó más que un conjunto de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo, quien quedaba en condiciones de decidir, de acuerdo con sus propios criterios de oportunidad y conveniencia, las empresas que podían ser privatizadas, la modalidad más adecuada para llevar adelante tal proyecto, la posibilidad de constituir un programa de propiedad participada, la selección de la clase de sujetos que podrían incluirse en tal programa y la medida de tal participación. La actividad parlamentaria desarrollada en el tiempo que transcurriera a partir del dictado de la ley 23.696 confirma que el Poder Ejecutivo no ha reglado del modo esperado, al menos por parte de los legisladores, la participación de los
trabajadores en la propiedad de las empresas que resultaron privatizadas (Diarios de Sesiones 1.424-D-98, 2.026-D-98, 5.370-D-97). Sin embargo, tampoco en tales declaraciones se establece qué norma concreta habría sido violada por el Poder Ejecutivo; por el contrario, el cuestionamiento parece dirigirse al modo en que el Ejecutivo habría reglamentado cuando, cabe recordarlo, tenía amplísimas facultades para ello. En consecuencia, la ley 23.696 y los decretos sucesivos sólo establecieron un programa, donde resultaba indispensable el dictado de normas operativas posteriores. Para la hipótesis de que alguna de estas normas fuera considerada operativa, esta operatividad en modo alguno podría considerarse configurada antes de concretarse la privatización, hecho que ocurrió con la firma del acuerdo general de transferencia. (Del voto del doctor Guibourg, por la minoría). Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.
Fecha de corte: 7/7/93. Aun cuando diversos actos que suponen el funcionamiento del programa no transcurrieron sino en 1994, el programa estuvo en vigencia entre el 7 de julio de 1993 (fecha de la privatización) y el 30 de mayo de 1997 (oportunidad en que el decreto 638 del Poder Ejecutivo aceptó la venta de las acciones clase "C"). Quienes se desempeñaban en YPF S.A. al 7 de julio de 1993 tenían derecho, no ya a algún número determinado de acciones, sino a ser incluídos en el programa. Ante la referida falta de publicidad de las normas que instrumentaron el sistema y la ausencia de elementos que permitan sostener que el Estado había notificado de algún modo fehaciente al trabajador la posibilidad de ingresar al mismo, no corresponde exigir al trabajador el cumplimiento de recaudo alguno. La implementación del programa, aunque escasamente prolija y decididamente informal, resultó ser retroactiva y es ésta, entonces, la medida de la obligación del Estado. (Del voto del doctor Guibourg, por la minoría) Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III, Guibourg. Porta. Eiras.
Fecha de corte: 7/7/93. La ley 23696 enunció pautas programáticas de las cuales el derecho pretendido recién nacerá con la pertinente reglamentación del área ejecutiva y tal operatividad no se había concretado, al menos hasta el 7/7/93, fecha de la efectivización de la transferencia de YPF, razón por cual quienes egresaron con anterioridad a dicha fecha carecen de titularidad al pretendido beneficio. (Del voto del doctor Moroni, por la mayoría, al que adhirió doctor Lasarte). SD 84312. Fecha: 13/9/99. "Alvarez, José Fernando c/ YPF y otro s/ PPP". En igual sentido, "Sepúlveda, Rubén c/ YPF SA s/ PPP" SD 84168 del 31/8/89. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IV. Moroni. Lasarte. Guthmann.
Fecha de corte: 1/1/91. La fecha de corte a tener en cuenta para el trabajador que se desvinculó de la empresa con anterioridad al reclamo de las acciones clase "C" es aquella en la cual se transformó la sociedad estatal en sociedad anónima, es decir, cuando se privatiza el ente en si (no cuando se lo habilita para que en el marco de la ley 23696, artículo 9 párrafo 2, anexo 1 párrafo 3, pueda concretar concesiones, asociaciones y/o contratos de locación en áreas de exploración y explotación o constituir sociedades mixtas para áreas de recuperación asistida). Dicha fecha es el 1/1/91, ya que la ley 23696 del 17/8/89 sólo impone una decisión de carácter general y programática, implementada recién por el decreto 2778 del 31/12/90. (Del voto de la doctora Guthmann, por la minoría). SD 84312. Fecha: 13/9/99. "Alvarez, José Fernando c/ YPF y otro s/ PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IV. Moroni. Lasarte. Guthmann.
Fecha de corte: 14/11/92 (ley 24145). Si la relación de trabajo se extinguió unos meses antes de la publicación de la ley 24145, el autor no reunía el requisito para acceder al derecho a las acciones de propiedad participada establecido por la ley citada y el decreto 546/93. En consecuencia, los efectos patrimoniales del despido quedan determinados por las normas en vigencia al tiempo de ejercer el poder de denuncia del empleador. La ley 23696 no altera tal conclusión porque sólo traza una directiva a tener en cuenta en los procesos de privatización de empresas públicas, pero no cercena el poder del patrono, simétrico al del trabajador, de poner fin a la relación de trabajo por su sola voluntad, sin otra consecuencia que el pago de las tarifas indemnizatorias al tiempo del acto extintivo. SD 63253. Fecha: 7/7/00. "Guanca, Marcelino c/ YPF s/ despido".
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala V. Morell. Lescano.
Fecha de corte: 7/7/93 La real privatización de la empresa, tal como sostuviera en numerosos precedentes siendo magistrada de primera instancia (juzgado 43) se produjo con la transferencia de los activos de YPF al capital privado concretándose mediante la oferta de las acciones en los mercados de valores, tomándose como fecha de corte el 7/7/93. Esta opinión coincide con los votos de la minoría del caso "Antonucci, Roberto c/ YPF SA y otro s/ part. acc. obrero" del 20/11/01 de la CSJN. De todas maneras, y dejando a salvo mi opinión, el recurso debe resolverse de acuerdo a la pauta sentada en el fallo aludido, votos de la mayoría. Se aclara que la opinión de la suscripta es la misma aún después del dictado de la sentencia en el caso "Gerry", no obstante lo cual es de destacar que al día de la fecha, debe considerarse asimismo el dictado de la ley 25471 que fue vetada totalmente por el decreto 1477/01 y promulgada de hecho conforme la insistencia del Poder Legislativo el 3/10/02. Dicha norma reconoce el derecho a acceder al PPP a los ex agentes de YPF Sociedad del Estado encuadrados en el art. 1º o sea quienes se desempeñaban en relación de dependencia con YPF SA al 1/1/91 y que hubiesen comenzado su relación laboral antes de esa fecha. por su parte. el decreto 1077/03 estableció el valor promedio para el cálculo de la indemnización que el Estado Nacional reconoce a aquellos ex agentes y reglamenta el procedimiento a seguir.(Del voto de la Dra. Garcia Margalejo). CNAT Sala V Expte nº 7451/98 sent. 67235 21/9/04 "Dominguez, Esteban c/ YPF SA y otro s/ part. acc. obrero". (GM.- M.-)
Fecha de corte: 1/1/91. El derecho del actor a la percepción de las acciones clase "C" (PPP) nace con el dictado de la ley 23696 con a) la declaración formulada en la misma norma de que YPF sociedad del Estado era una empresa sujeta a privatización y de b) su transformación en SA, operada en virtud del decreto No.2778 de fecha 31/12/90. El dictado de normas posteriores tendientes a brindar precisión a aspectos relacionados con la mecánica de adquisición y pago de las acciones, pago de dividendos, etc., no constituye fundamento válido para limitar el universo de los trabajadores (potenciales adquirentes del capital accionario de la empresa a privatizar), a aquellos cuyos contratos de trabajo hubieren continuado vigentes a la fecha de sus dictados, porque no se trata de disposiciones autónomas sino de normas complementarias de la ley 23696. (del voto del doctor Fernández Madrid, en mayoría, al que adhirió el doctor De la Fuente). SD 51234. Fecha: 19/5/99. "Piutrin, Julio c/ YPF SA s/ PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. SalaVI. Fernández Madrid. De la Fuente. Capón Filas.
Si cuando se decide la privatización de YPF SE existen cuarenta mil trabajadores, cien mil usuarios y diez mil productores, todos ellos podrán ser sujetos adquirentes de las acciones, participar en el capital y en el gobierno de la empresa. Ahora bien, si cuando se concreta el programa, treinta mil trabajadores ya no trabajan más, cincuenta mil usuarios cambiaron de marca en el mercado y tres mil seiscientos productores proveen exclusivamente a la competencia, carece de sentido que participen en la empresa los que no trabajan en ella ni consumen sus productos ni proveen sus insumos, porque carecen de interés en una empresa que les resulta existencialmente ajena. (Del voto del doctor Capón Filas, por la minoría). SD 51234. Fecha: 19/5/99. "Piutrin, Julio c/ YPF SA s/ PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. SalaVI. Fernández Madrid. De la Fuente. Capón Filas.
Los antiguos trabajadores que entre la privatización de YPF (1/1/91) y la concreción del PPP (2/12/94) que hubieran dejado de trabajar tienen derecho a ser indemnizados por el perjuicio causado desde la Administración a sus intereses siempre que, estando trabajando, hubiesen iniciado ante juez competente la acción para que fijara un tiempo oportuno para cumplir la obligación de concretar el PPP. Como ninguna de las normas reseñadas impone un término a la administración para concretar el PPP, su obligación carece de plazo (CC 509). A partir de ahí, los interesados hubieran podido accionar para que un juez establezca el plazo dentro del cual la Administración hubiera debido implementar el programa. Firme la sentencia, la Administración ya no dispone de una facultad intemporal sino debe cumplir su cometido en el plazo establecido. Vencido el mismo, la Administración incumple su obligación con todas las consecuencias del caso, entre ellas, indemnizar a quien ha perjudicado por no haber concretado el PPP. Si el interesado simplemente guardó silencio ante la tardanza de la Administración, al no haber habido incumplimiento moroso por parte de ésta, carece de derecho indemnizatorio alguno. (Del voto de Capón Filas, por la minoría). SD 51234. Fecha: 19/5/99. "Piutrin, Julio c/ YPF SA s/ PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. SalaVI. Fernández Madrid. De la Fuente. Capón Filas.
No habiendo plazo determinado o determinable, la obligación carece de exigibilidad, esto es, no ha completado su formación, no reuniendo todos los elementos esenciales para llevar aparejada ejecución en caso de incumplimiento. (Del voto de Capón Filas, por la minoría). SD 51234. Fecha: 19/5/99. "Piutrin, Julio c/ YPF SA s/ PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. SalaVI. Fernández Madrid. De la Fuente. Capón Filas.
Fecha de corte: 1/1/91. La fecha de corte, elemento definitorio de pertenencia o no al sistema de los ex -dependientes de YPF Sociedad del Estado, que es el ente sujeto a privatización, es el 1 de enero de 1991, fecha en la que aquélla se convierte efectivamente en YPF SA- Quienes se hallaban entonces en situación de dependencia de aquélla, y que pasaron a ser empleados de ésta, para lo cual ningún acto ni trámite era menester, tienen derecho a la adjudicación de acciones clase "C", a través de una opción de carácter individual a título oneroso. Causa 1307/99 SD 35688 del 18/9/01 "Acosta, José c/ YPF SA s/PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VII. Ruiz Díaz. Billoch. Morando.
Fecha de corte: 1/1/91. La fecha de corte, elemento definitorio de la pertenencia o no al sistema de los ex dependientes de Y.P.F. Sociedad del Estado –que es el ente sujeto a privatización- es el 1 de enero de 1991, fecha en la que aquélla se convierte efectivamente en Y.P.F. Sociedad Anónima. Quienes se hallaban, entonces, en situación de dependencia de aquélla, y que pasaron a ser empleados de ésta, para lo cual ningún acto ni trámite era menester, tienen derecho a la adjudicación de acciones clase “C”, a través de una opción de carácter individual, a título oneroso. Causa 2178/98. Fecha: 26/02/99. “Milano, Héctor Alfredo c/ Y.P.F. S.A. y otro s/ Part. Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VIII. Morando. Billoch.
La ley 23696 reguló en forma genérica todo el régimen legal aplicable a los PPP, determinando que la adopción e implementación de este instituto en la privatización de cualquiera de los entes del Estado a privatizar, es totalmente facultatitva de la autoridad de aplicación (basada en el criterio de conveniencia u oportunidad), dado que constituye una modalidad más de las previstas para llevar a cabo la privatización de las unidades económicas cuya titularidad estaba en cabeza del Estado. SD 5857. Fecha 31/5/99. "Crapella, Pedro c/ YPF SA y otro s/part. acc. Obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala IX. Zapatero de Ruckauf. Pasini.
Fecha de corte: 14/11/92 (ley 24145). Sólo aquellos empleados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales cuyo vínculo se hallare vigente a la fecha de entrada en vigencia de la ley 24145 (14/11/92) tienen derecho a adquirir en el PPP de YPF SA, siempre y cuando no fuere personal eventual, contratado, funcionarios o asesores designados en representación del gobierno o sus dependencias (cfr. inc. a) art 22 ley 23696). Esto es así porque recién con la ley 24145 se dispuso la adopción de un programa de propiedad participada que combinó la privatización de los activos de la sociedad con la privatización de sus acciones (art. 9 de la ley citada). SD 5857. Fecha 31/5/99. "Crapella, Pedro c/ YPF SA y otro s/part. acc. Obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala IX. Zapatero de Ruckauf. Pasini.
Fecha de corte: 1/1/91. Resulta inadmisible descartar el derecho a estar incluido dentro del programa de propiedad participada a quienes se alejaron de la empresa antes de que se devengaran los dividendos en base a los cuales se abonarían las acciones. El hecho de que así se hubiera instrumentado posteriormente no implica que hasta ese momento no fuesen adquirentes plenos (aún cuando no habían abonado el precio) dado que una cosa es la forma de cancelación del precio y otra muy distinta la titularidad de las acciones o el derecho a ellas. SD 5829. Fecha 19/3/99. "Antonucci, Roberto c/ YPF SA y otro s/ PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala X.
Fecha de corte: 1/1/91. El artículo 22 de la ley 23696, que es la causa fuente de todo el sistema, sólo se refiere a los "empleados del ente a privatizar" y utiliza un lenguaje amplio para luego aclarar cuáles son las taxativas exclusiones. (…) Los trabajadores tenían derecho a adherirse al sistema y a acceder a las acciones y existe responsabilidad del Estado por no haberles permitido la inclusión en el diseño mismo de la propiedad
participada. Se imponía una convocatoria precisa de los trabajadores en el ámbito de un sistema que debía prescribir la forma en que éstos expresarían su intención de adherir. Dictamen 25549 del 1/9/98 en autos "Blanco Zalazar, Diego Ramón c/ YPF s/PPP". Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
1.3.2. CRITERIOS POSTERIORES AL FALLO "ANTONUCCI" DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL 20/11/01
Tanto del texto como del mensaje de elevación de la ley 23.696 se desprende que existía la clara intención de que las medidas a adoptarse no generasen perjuicio a los trabajadores cuya salvaguarda fue reflejada de diversos modos (arts. 41 a 45 de la ley). (por la mayoría) Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López, Vázquez. Voto: Disidencia: Belluscio, Petracchi, Bossert. Abstención:
Fayt. A. 530. XXXV. Antonucci, Roberto c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.
y otro s/ part. accionario obrero. 20/11/01 T. 324, P. 3876
Los programas de propiedad participada aparecen como instrumento eficaz en orden a tornar efectivos los derechos consagrados a favor de los trabajadores en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. (por la mayoría) Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López, Vázquez. Voto: Disidencia: Belluscio, Petracchi, Bossert. Abstención:
El decreto 2778/90 da cumplimiento a la condición impuesta en la ley de reforma del Estado en su art. 23 al transformar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales en una sociedad anónima para luego posibilitar la implementación del programa de propiedad participada y faculta al Ministerio de Economía como autoridad de aplicación para llevar a cabo lo necesario para ofrecer las acciones y obligaciones en los mercados de valores a fin de transferirlos al capital privado. (por la mayoría) Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López, Vázquez. Voto: Disidencia: Belluscio, Petracchi, Bossert. Abstención:
Debido a que el capital accionario aún se encontraba en poder del Estado, no puede asignársele al decreto 2778/90 los alcances de una efectiva privatización de Y.P.F., pero el hecho de que la misma no se encontrara concluida no importaba la consecuencia de negar el derecho al personal del ente existente al momento de su transformación en sociedad anónima, de beneficiarse con el programa de propiedad participada que se implementara ya que ese derecho deriva de la ley 23.696 y de la manifiesta intencionalidad del decreto 2778/90, expresada en sus considerandos. (por la mayoría) Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López, Vázquez. Voto: Disidencia: Belluscio, Petracchi, Bossert. Abstención:
El dictado de la ley 24.145, al convalidar lo dispuesto por el decreto 2778/90, importó otorgarle la jerarquía de una ley y retrotraer sus efectos a la fecha de su vigencia, ratificando la generación del derecho en favor de los trabajadores de beneficiarse con el programa de propiedad participada desde ese momento. (por la mayoría) Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López, Vázquez. Voto: Disidencia: Belluscio, Petracchi, Bossert. Abstención:
La intención del decreto 628/97 de convalidar lo dispuesto en las resoluciones ministeriales posteriores a la ley 24.145 no puede surtir efecto pues a la inoponibilidad que las signa su falta de publicación en el Boletín Oficial, se suma una ausencia de razonabilidad y un exceso en el ejercicio de las competencias ministeriales, todo lo cual conspira contra su adecuación al texto constitucional. (por la mayoría) Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López, Vázquez. Voto: Disidencia: Belluscio, Petracchi, Bossert. Abstención:
La literalidad de los textos reguladores del marco de propiedad participada previstos en el art. 22 de la ley 23.696 hacen permanente referencia al empleado adquirente del ente a privatizar y no a quien reúne tal condición en un ente ya privatizado. (por la mayoría) Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López, Vázquez. Voto: Disidencia: Belluscio, Petracchi, Bossert. Abstención:
y otro s/ part. accionario obrero. 20/11/01 T. 324, P. 3876.
La ley 23.696 es de índole eminentemente programática y prevé un conjunto de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para decidir la modalidad más adecuada para llevar adelante el proyecto de privatización, la posibilidad de constituir un programa de propiedad participada, la selección de la clase de "sujetos adquirentes" a incluir en su diseño y la medida concreta de esa participación accionaria, por lo que dicha norma y los reglamentos sucesivos sólo establecen un estatuto para las privatizaciones en el que resulta indispensable el dictado de disposiciones complementarias (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert). Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López, Vázquez. Voto: Disidencia: Belluscio, Petracchi, Bossert. Abstención:
El programa de propiedad participada aparece como un nuevo mecanismo de adquisición de capital accionario cuya naturaleza se asemeja a la de un núcleo de interés económico o centro de interés patrimonial consituido sobre la base jurídica de los institutos de las sociedades comerciales y los contratos, de derecho privado pero con un alto contenido social que permite la adecuación de los medios de producción a la nueva economía (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert). Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López, Vázquez. Voto: Disidencia: Belluscio, Petracchi, Bossert. Abstención:
La transferencia de los activos de Y.P.F. al capital privado solamente pudo concretarse mediante la oferta de las acciones en los mercados de valores pues la misma ley 24.145 reconoce que su titularidad era del Estado Nacional aunque la forma societaria era de "anónima", por lo que si las acciones continuaron en su poder hasta que pudieron ser vendidas en el mercado, previa aprobación del Congreso, no puede sostenerse válidamente que la transformación del tipo societario convierte en privado a ese capital público (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert). Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López, Vázquez. Voto: Disidencia: Belluscio, Petracchi, Bossert. Abstención:
La privatización y el consecuente derecho de preferencia de los empleados a participar en el programa de propiedad de las acciones clase "C", no tuvo origen sino hasta que, mediante la sanción de la ley 24.145, Y.P.F. S.A. -propiedad accionaria del Estado- ofertó sus acciones para ser adquiridas en los mercados abiertos de valores (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert). Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López, Vázquez. Voto: Disidencia: Belluscio, Petracchi, Bossert. Abstención:
Fayt. A. 530. XXXV. Antonucci, Roberto c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/ part. accionario obrero. 20/11/01 T. 324, P. 3876.
La índole programática de la ley 23.696 impide reconocer derecho de preferencia al programa de propiedad participada a quien cesó con anterioridad al momento de concretarse la privatización mediante el cambio en el capital de la empresa, quien no pudo invocar ningún derecho consolidado en tanto no investía a ese momento la calidad de empleado (Disidencia de los Dres. Augusto César Belluscio, Enrique Santiago Petracchi y Gustavo A. Bossert). Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mayoría: Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López, Vázquez. Voto: Disidencia: Belluscio, Petracchi, Bossert. Abstención:
otro s/ part. accionario obrero. 20/11/01 T. 324, P. 3876.
Modifica criterio y admite como fecha de corte el 1/1/91 fijada por la CSJN
Mantiene criterio Fecha de corte julio 1993
Vilela. Puppo. Pirroni.
González. Bermúdez.Rodríguez.
Catardo. Morando
La información que se incluye aquí comprende sólo a los votos que consideraban una fecha posterior al 1/1/91 (fuera esta el 14/11/92 o el 7/7/93) ya que quienes consideraban la fecha del 1/1/91 mantienen su criterio coincidente con este posterior fallo de la Corte.
La CSJN en la causa “Antonucci Roberto c/Y.P.F. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero” (20/11/01) ha expresado que no puede asignársele al decreto 2778/90 los alcances de una efectiva privatización del ente tal como lo formula en su pronunciamiento. La privatización de la empresa no se encontraba concluída, lo cual no importa empero, la consecuencia de negar el derecho del personal de YPF existente al momento de su transformación en sociedad anónima, de beneficiarse con el programa de propiedad participada que se implementara, pues ese derecho resulta del plexo de las normas aludidas y de la manifiesta intencionalidad del decreto 2778/90 expresada en sus considerandos. El dictado de la ley
24145, al convalidar lo dispuesto por el citado decreto importó otorgarle la jerarquía de una ley y retrotraer sus efectos a la fecha de su vigencia, ratificando lo allí establecido en orden
a la materia debatida en la causa. En mérito a ello y según la fecha de desvinculación del
accionante que resulta posterior a la fecha de corte establecida en dicho fallo (1/1/91), cabe concluir que le asistió derecho a reclamar por daños y perjuicios.- 1229/98. Fecha: 30/12/02. “Comas, Luis Alberto c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part.Accionariado obrero”.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I. Pirroni. Puppo. En igual sentido, SD 80956 Fecha 26/8/03. "Zenteno, Ernesto c/ YPF SA s/ PPP". Vilela. Puppo.
La interpretación de la Corte Suprema de Justicia en la causa “Antonucci" (20/11/01) hace
mérito de la literalidad de los términos utilizados por la ley 23696 al otorgar las preferencias para la adquisición de las acciones a los empleados del “ente a privatizar” (art. 16.2). Esta inteligencia de las normas se halla corroborada, además, por la ley 24145, en tanto convalida lo dispuesto por el decreto 2778/90, que importa otorgarle jerarquía de ley
a la norma dictada por el P.E.N. y retrotraer sus efectos a la fecha de su vigencia,
ratificando en su consecuencia, lo allí establecido en orden a la materia debatida. Asimismo, el Alto Tribunal rechazó los argumentos relativos a que la fecha de corte debe
situarse para los empleados que mantuvieran la relación de dependencia al 7/7/93, así como
referido a la suscripción del Acuerdo General de Transferencia. Finalmente remarcó que
contínuo uso de la expresión “personal de la empresa” tanto en el decreto 2778/90, como
en las leyes 24145 y 24474 no puede tener otro significado que el de referirse a los trabajadores existentes al momento de su privatización, así como que la literalidad de los textos reguladores del marco de propiedad participada previstos en el art. 22 de la ley 23696 hacen permanente referencia al empleado adquirente del ente a privatizar y no a quien reúne tal condición en un ente ya privatizado.- Causa: 24079/00. Fecha: 06/08/03. “Mazzini, Miryam Susana y otros c/Ministerio de Economía y otro s/Part.Accionariado Obrero”.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. González. Bermúdez.
El 20 de noviembre de 2001, en autos “Antonucci, Roberto c/Y.P.F.”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en sentido incompatible con el que sustento en relación con la fecha que establece el límite al derecho a participar en los programas de propiedad participada. Sin mengua del respeto debido a la investidura del alto Tribunal, la doctrina por él establecida no es jurídicamente obligatoria para los tribunales inferiores, que conservan la atribución de juzgar según su propio criterio, aunque desde luego lo que
decidan se halle sujeto a eventual revocación por vía de recurso extraordinario. Esta última consideración me ha llevado en otros casos a acatar la doctrina del Superior por razones de economía procesal sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión en contrario. La aplicación de esta actitud se halla sujeta, sin embargo, a razones de conciencia. En el presente tema, a partir de mi voto en la causa “Núñez” tengo una fuerte convicción en sentido general coincidente con el voto de la minoría en el caso “Antonucci” y prefiero mantenerla en la presente decisión aun en las condiciones precedentemente señaladas.(del voto del doctor Guibourg, por la minoría) Causa No. 47660/95. SD 83447 del 15/4/02. "Testa, Hugo Daniel c/ YPF SA" Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III.
La temática sometida a consideración ha sido abordada en numerosos precedentes, adoptando el criterio trazado por la Corte Suprema en la causa “Antonucci Roberto c/Y.P.F. S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”, remarcando que la ley 23696 expresa un verdadero sistema destinado a la transformación del Estado, donde se destaca como elemento singular la política de privatizaciones, presentándose así la norma como un verdadero estatuto para las mismas, estableciendo entre otros aspectos la protección del trabajador de la empresa “sujeta a privatización”, desprendiéndose de su texto la clara intención de que las medidas a adoptarse no generasen perjuicio a los trabajadores, cuya salvaguarda fue reflejada de diversos modos. Asimismo el Alto Tribunal rechazó los argumentos relativos a que la fecha de corte debe situarse para los empleados que mantuvieran la relación de dependencia al 7/7/93, así como el referido a la suscripción del Acuerdo General de Transferencia, descartando la intención posterior del decreto 628/97 de convalidar lo dispuesto en las disposiciones ministeriales que avanzaron sobre la reglamentación de los P.P.P. de la ley 23696, no sólo por su falta de publicación en el Boletín Oficial sino por la ausencia de razonabilidad y su exceso en el ejercicio de las competencias ministeriales. (Del voto de la Dra. Rodríguez). Causa: 11168/98 Fecha: 10/12/02. “Sosa, José Alfredo c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otros. s/ Part. Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala V. Rodríguez. García Margalejo. Morell.
Sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión sobre la controversia, considero que el recurso debe resolverse de acuerdo con la pauta sentada por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Antonucci, Roberto c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/ Part. Accionariado Obrero” (votos de la mayoría); ello por haber expresado el Alto Tribunal que es indiscutible el carácter obligatorio de sus decisiones y que los jueces tienen el deber de conformar las suyas a las de ese Tribunal. Por tales razones y aunque mi opinión personal coincide con el criterio de los votos en disidencia en el citado caso “Antonucci” que llegaron a la conclusión de que la transferencia de los activos de Y.P.F. al capital privado solamente pudo concretarse mediante la oferta de las acciones en los mercados de valores, propiciaré se revoque la sentencia de grado que rechaza la acción contra el Estado Nacional (del voto de la doctora García Margalejo). Causa No. 11168/98. Fecha: 10/12/02. “Sosa, José Alfredo c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otros. s/ Part. Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala V. Rodríguez. García Margalejo. Morell.
Las cuestiones litigiosas de autos han sido zanjadas definitivamente por la doctrina sentada por la CSJN en la sentencia "Antonucci", a la que corresponde atenerse. Causa No. 11168/98. Fecha: 10/12/02. “Sosa, José Alfredo c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otros. s/ Part. Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala V.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Antonucci, Roberto c/ Y.P.F. S.A. y otro s/ part. Accionariado Obrero” del 20/11/01 estableció como pautas de aplicación del programa de propiedad participada de Y.P.F., continuando en lo sustancial, los puntos de vista expuestos por esta sala en la causa “Milano, Héctor Alfredo c/ Y.P.F. S.A. s/ part. Accionariado obrero” (SD 27.508 del 26/2/99) los siguientes: 1) que la privatización de Y.P.F. tuvo lugar el 1/1/91, fecha desde la cual se constituyó en sociedad anónima regida por la ley 19.550 (conf. decreto 2778/90); 2) que son sujetos legitimados para participar en dicho programa los trabajadores del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia –al momento de la firma del acuerdo general de transferencia, conforme las resoluciones ministeriales conjuntas dictadas con posterioridad a la ley 24.145-, salvo personal eventual, contratado y funcionarios y asesores designados en representación del gobierno o sus dependencias (cfr. art. 22 de la ley 23.696). Agregó que “
… por su parte, las resoluciones conjuntas 1.507/94 del M.E.y O.S.P. y 1.270/94 del M.T. y S.S., aprobaron tal acuerdo, el formulario de adhesión al programa, el convenio de sindicación de acciones y el contrato de fideicomiso. Posteriormente, por res. 72/95 del M.E. y O.S.P. se instruyó al Banco de la Nación Argentina a fin de que proceda a distribuir las acciones clase “C” de Y.P.F. entre todos los empleados de dicha empresa que al 7 de julio de 1993 se encontraban en relación de dependencia. La intención posterior del dec. 628/97 de convalidar lo dispuesto en ellas no puede surtir efecto, pues la inoponibilidad que les signa su falta de publicación en el Boletín Oficial, se suma una ausencia de razonabilidad y un exceso en el ejercicio de las competencias ministeriales, todo lo cual – afirma el Alto Tribunal- conspira contra su adecuación al texto constitucional”. Causa No. 26641/97. Fecha: 28/5/02 "Merino, Juan Bautista y otros c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales y otro s/ Part. Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VIII. Morando. Billoch.
A la luz de la doctrina sentada por la CSJN en la causa "Antonucci, Roberto c/ YPF SA s/ PPP" del 20/11/01, la cual debe ser lealmente acatada en resguardo de la seguridad jurídica, la sala revisa el criterio y adopta el del más alto Tribunal por razones de buen orden institucional y economía procesal, sin perjuicio de dejar a salvo la opinión. Causa 1133/98 Fecha 31/10/02 "Nievas, Samuel c/ YPF s/ PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala IX. Balestrini. Zapatero.
1.3.3. CRITERIOS POSTERIORES A LA LEY 25471
En la causa no sólo se cuestionó la fecha, llamada de "corte", sino también, en algunos casos, que no se haya reconocido a los reclamantes derecho alguno por no haber existido una adhesión expresa al PPP: y, en otros, que no se hubiese admitido las diferencias por el valor de mercado de las acciones que le hubiesen correspondido de no haberse producido la extinción del vínculo. El art. 2 de la ley 25471 reconoce una indemnización económica a los agentes que no hubiesen podido acogerse al PPP por causas ajenas a su voluntad o en razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos. Dicha reparación económica resulta de valuar la cantidad de acciones que cada ex agente hubiera debido percibir según las pautas del art. 27 de la ley 23696 sobre la base de los datos de ingreso y egreso -si correspondiere-, estado de cargas de familia y nivel salarial al egreso, categoría laboral y antigüedad en la empresa (inciso a). Además contempla la diferencia económica entre el valor de los libros de tales acciones -el que hubieran debido saldar los ex agentes-, y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones financieras por su venta (inciso b). El anexo que acompaña el decreto 1077/03 establece el valor de mercado por acción en $ 29,25, mientras que el valor de libros por acción resultó de $ 18,05, ambos vigentes a julio de 1997, con una tasa de interés equivalente a la tasa activa. Del dictamen del Procurador General, al que adhirió la mayoría. "Gerry, Roberto c/ YPF s/PPP", sentencia del 26/8/03. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Parece necesario que en la presente causa se resuelva conforme a derecho, previo a escuchar a las partes, en la medida que no resultaría insustancial pronunciarse efectivamente cuando no hacerlo implicaría confirmar una decisión que pudiese provocar una consecuencia contraria al tema decidido por el máximo Tribunal en el antecedente "Antonucci" y que, además, ha sido ratificado por normas nacionales adecuadas a dicho pronunciamiento y que pudiera dar respuesta al reclamo de los actores. Del dictamen del Procurador General, al que adhirió la mayoría. "Gerry, Roberto c/ YPF s/PPP", sentencia del 26/8/03. Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si el actor se desvinculó con posterioridad a la fecha de corte establecida en el fallo "Antonucci" le asiste derecho a reclamar por daños y perjuicios. El mentado criterio fue reiterado por el Supremo Tribunal en el caso "Gerry c/ YPF". Causa 3089/98. SD 81716 del 21/5/04 "Romero, Lucio Gaspar c/ YPF s/PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I. Vilela. Puppo.
Dado que los trabajadores formaron parte del programa, suscribieron en tal carácter el acuerdo general de transferencia y consintieron la forma en que se liquidarían las acciones, no resulta aplicable al caso el reconocimiento efectuado en el art. 2 de la ley 25471.
Causa No. 24231/97. SD 80460 del 17/3/03. "Santana, Armando c/YPF SA s/PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I. Pirroni. Vilela.
El dictado de la ley 25471 no ha tornado abstracto el reclamo de reparación por PPP, ya que sólo contempla el pago de una indemnización para quienes se encuentran dentro del supuesto allí establecido, lo cual no obsta la posibilidad de que la pretensión se acoja mediante una decisión judicial, que reconozca el derecho de los trabajadores por haberse negado la posibilidad de participar en el programa de participación accionaria de la demandada. Causa 24079/00. SD 91852 del 6/8/03 "Mazzini, Miryam Susana y otros c/ Ministerio". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. González. Bermúdez.
Corresponde hacer lugar a la acción, dado que se encuentra fuera de discusión que el trabajador se hallaba en situación de dependencia al 1/1/91, que constituye el presupuesto al que cabe condicionar el reconocimiento del derecho a participar en el capital accionario de YPF SA, que incluso ha sido recepcionado por la ley 25471, que extiende el reconocimiento de estos derechos a la totalidad del personal dependiente de la empresa en tal situación de egreso. Causa 24079/00. SD 91852 del 6/8/03 "Mazzini, Miryam Susana y otros c/ Ministerio". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. González. Bermúdez.
El decreto 1077/03 complementa, en cierto modo, la ley 25471, ya que en su artículo 1 fija la indemnización reconocida en el art. 2 de la ley en la suma de $ 23.728. No puede soslayarse que como surge del considerando del decreto dicha suma estipula como "valor promedio a partir del cual se fijará el monto indemnizatorio que corresponderá a cada beneficiario", de los encuadrados en el art. 1 de la ley 25471, de modo que no incluye a los ex agentes con juicio pendiente que el propio decreto 1077/03 prevé que pueden acogerse mediante el procedimiento que para aquellos que hubieran o no obtenido sentencia se indica en los arts. 2 y 3, ya que de haberse fijado como regla general dicha indemnización para todos los casos, podría producirse la alteración de la cosa juzgada en procesos en curso. De cualquier modo, el importe que resulte del cálculo nunca podrá ser inferior al previsto en el decreto 1077/03, en cuyo supuesto se reconocerá el mismo con los intereses que la indicada norma determina. Causa 24079/00. SD 91852 del 6/8/03 "Mazzini, Miryam Susana y otros c/ Ministerio". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. González. Bermúdez.
Toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el art. 22 de la ley 23.696, los empleados que tenían derecho a intervenir en el programa de propiedad participada eran (los) “…del ente a privatizar”, no cabe sino concluir que tal norma se refiere al personal de Y.P.F. que se encontraba prestando servicios para la misma al momento de dictarse la norma jurídica que declaró la empresa sujeta a privatización y la convirtió en una sociedad anónima, esto es el decreto 2778/90, pues a partir de entonces la concreción del Programa de Propiedad Participada se tornaba imperativo. En consecuencia, el derecho a ser titular de las acciones compete a aquellos empleados que se encontraban bajo relación de dependencia con Y.P.F. al 1/1/91 (cfs. Arts. 22 ley 23696, 23 decr.1105/89 y 1 decr.2778/90, en sentido análogo, Corte Suprema de Justicia de la Nación, sent. del 20/11/01 “Antonucci, Roberto c/Y.P.F. y otro s/Part. Accionariado Obrero”). (Del voto mayoritario de la Dra. Porta, al cual adhiere el Dr. Eiras).- Causa: 27901/97. Fecha: 28/04/04. “Allocco, Ana María c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III. Guibourg. Porta. Eiras.
Nacimiento del derecho con el dictado de la ley 25471. La ley 25471 redefinió el alcance del art. 8 ap. c) de la ley 24145 y reconoció una indemnización económica a favor de los ex agentes de YPF Sociedad del Estado (…) que no hayan podido acogerse al Programa de Propiedad Participada, por causas ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo o que, incorporados, hubiesen sido excluídos. De tal modo, para estar incluído en el ámbito de aplicación personal de la nueva norma deben cumplirse los siguientes recaudos: a) haber sido empleado de YPF, b) haber ingresado con anterioridad al 1/1/91 pero permanecer en el desempeño a esa fecha (art. 1); y c) haber visto imposibilitado el acceso al programa de propiedad participada “por causas ajenas a su voluntad, en razón de la demora en la instrumentación del mismo” o, incorporado, haber sido excluído (art. 2). La decisión legislativa actual introduce una atípica modificación del marco legal de una pretensión durante el trámite respectivo e impone un nuevo análisis de
la cuestión a partir de las normas sobrevivientes. La liberalidad dispuesta por esta norma me impone, así, una reconsideración del criterio que he sostenido sistemáticamente a partir del caso “Núñez, Juan A. y otros c/Y.P.F. S.A.s/Part.Accionariado Obrero”(sent. 5/5/99, donde se explicitaba la improcedencia de los reclamos de los trabajadores), y que he mantenido, incluso, después de la decisión adoptada por la Corte Suprema en “Antonucci”. (Del voto en minoría del Dr. Guibourg).- Causa 27901/97. Fecha: 28/04/04. “Allocco, Ana María c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III. Guibourg. Porta. Eiras.
Nacimiento del derecho con el dictado de la ley 25471. La ley 25.471, que superó un primer veto y fue finalmente promulgada y reglamentada, reconoce una indemnización económica por la imposibilidad de ejercer dudosos derechos que se encontrarían prescriptos incluso cuando se computaran los más generosos plazos legales; tal
reconocimiento alcanza a quienes habían iniciado una acción y no obtuvieron una acogida favorable o lograran sumas inferiores a las que ahora trae la ley, a quienes tienen su juicio en trámite (que pueden esperar el resultado y después optar por las sumas reconocidas en la norma, si son mayores) y a quienes no iniciaron juicio. Que una pretensión individual venza tantos obstáculos legales y se instale de un modo tan definitivo como supone el reconocimiento de una deuda a través del dictado de una ley constituye una situación ciertamente atípica y cargada de matices ajenos al marco en el que una causa individual debe ser resuelta. Sin embargo, frente a este nuevo sistema de normas, cuya constitucionalidad nadie podría discutir, sólo cabe acceder a la pretensión resarcitoria en los términos del propio reconocimiento del Estado. (Del voto en minoría del Dr.
Guibourg).-
La ley 25471 y el decreto 1077/03, por los que se reconoce el pago de una indemnización a favor de los agentes de YPF, en los supuestos y condiciones que en este se establecen y se fija el valor promedio para su cálculo, no contienen pautas obligatoriamente aplicables a los casos pendientes, alcanzan a quienes formularon reclamo judicial y aún no tuvieron sentencia firme a la fecha de vigencia del mentado decreto e incluso a aquéllos qe no iniciaron juicio, permitiendo también reclamar diferencias (en el mismo sentido CNCiv. Y Com. Fed Sala II “Narváez, René c/ Estado Nacional” sent. Del 13/5/04, enre muchos otros). En el precedente “Gerry, Rob erto c/ YPF SA” (fallo del 26/8/03), la CSJN no estableció pauta alguna. CNAT Sala VIII Expte n° 12402/05 sent. 27403 9/10/06 “Saucedo, Octaviano c/ Ministerio de Economía s/ part. Acc. Obrero” (C.- M.-)
Los fallos "Gerry, Roberto E. y otros c/ YPF S.A. y otro", 26/08/2003 y "Buteler Oliva, Luis A. y otros c/ YPF S.A. , 05/09/2006 -en lo sustancial- concuerdan con lo decidido por Sala VIII a partir del caso "Milano, Héctor Alfredo c/ YPF S.S. y otro s/ part. acc. obrero", 26/02/99 y como consecuencia del criterio que de ellos resulta, coincidente con el artículo 1º de la Ley 25.471, cabe admitir la demanda porque el actor era personal dependiente de la empresa al 1º de enero de 1991, que es la fecha que se considera aludida en el art. 22 inc. a) de la Ley 23.696. Sala VIII, SD 34094 del 30/04/2007 Expte. 28.372/97 "Aparicio, Raúl Angel c/ YPF S.A. y otro s/ part. accionariado obrero". (C.-M.).
De acuerdo a lo normado por la ley 25561 y dec. 214/2002, el valor de venta de la acción propuesto en la sentencia guarda relación con el determinado en la ley 25471 y dec. 1077/03, que establece el valor promedio para el cálculo de la indemnización que el Estado Nacional reconoce a los ex empleados de YPF S.A.; norma que no puede soslayarse. No es ocioso agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al pronunciarse en el caso "Gerry Roberto y otros c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro" (26/08/03) de alguna manera llama la atención sobre el dictado de esa normativa. (Voto en minoría De la Fuente). Causa 1939/1998. Fecha: 24/05/2004. "Comeron Enrique c/YPF. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo., Sala VI., Fernández Madrid. Capón Filas. De la Fuente.
Cita precedente "Gerry".De acuerdo a la doctrina fijada en la causa: “Gerry Roberto E. Y otros c/Yacimientos petrolíferos Fiscales S.A. y otro” (sent. Del 26/08/03) por la Corte Suprema de Justicia, y en razón de que las pautas utilizadas por el voto mayoritario del Tribunal para establecer el importe del resarcimiento objeto de condena, dan como resultado una suma inferior a la que se obtiene por aplicación de las previstas en la ley 25471 –la ley refiere un valor de mercado por acción de $29,25, un valor de libros por acción de $18,05 y como fecha de inicio del curso de los intereses moratorios el mes de julio de 1997, en tanto la Sala consideró un valor de mercado de $29,50; un valor de libros por acción de $19 y como inicio del curso de los intereses moratorios la fecha de promoción de la demanda que en el caso se ubica el 3 de junio de 1998-; a los fines de establecer el importe de la indemnización objeto de condena, en la medida que el importe por capital resulte superior al establecido en autos, corresponde observar las pautas previstas en la Ley 25471 y normas reglamentarias, tanto en lo atinente al capital como a los intereses moratorios (tasa de interés y lapso comprendido en su curso). Causa 1465/98.Fecha: 30/03/02.“Rodríguez, José Alfredo c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VI. Fernández Madrid. De la Fuente.
Cita precedente "Gerry". Cabe aplicar en la causa la reciente doctrina sentada por la C.S.J.N. in re “Gerry, Roberto y otros c/ Y.P.F. S.A. y otro del 26/8/03 que en el punto materia de debate es análoga a lo resuelto por dicho Tribunal en autos “Antonucci Roberto c/ Y.P.F. S.A. y otro s/ part. Accionariado Obrero” del 20/11/01, criterio que ya ha sido receptado por esta Sala en precedentes similares, adoptándoselo por razones de buen orden institucional y economía procesal, sin perjuicio de dejar a salvo la opinión personal de los miembros de este Tribunal. Por ello, siendo que el actor se desvinculó de Y.P.F. el 17/5/91, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto 2778/90, tenía derecho a ejercer la opción de adquirir las acciones clase “C” de Y.P.F. S.A. bajo el régimen de propiedad participada de la ley 23.696, toda vez que la relación laboral se hallaba vigente al 1/1/91, fecha en la cual conforme al artículo 1 del decreto 2778/90 se transformó Y.P.F. Causa No. 4070/98. Fecha: 18/12/03. “Diaz, Segundo Bonifacio c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/ Part. Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala IX. Pasini. Zapatero de Ruckauf.
La fecha decisiva a la que debía mantenerse el vínculo laboral para tener acceso los trabajadores a las acciones de Y.P.F. S.A., en función del Programa de Propiedad Participada es el 1 de enero de 1991. Ello fue cuando se declaró a dicha sociedad como sujeta a privatización de acuerdo a los artículos 8 y 9 de la ley 23.696. Esta posición emana del caso “Antonucci, Roberto c/ Y.P.F. S.A. y otro s/ Part. Accionariado Obrero” (sent. del 20/11/01 C.S.J.N.), e incluso de lo dispuesto por la ley 25.471, la que no sólo ha aclarado el artículo 8 apartado c) de la ley 24.145 en el sentido de que el personal de Y.P.F. S.A. en condiciones de acceder al PPP es el que se encontraba en relación dependencia con la misma al 1 de enero de 1991, sino que, incluso, ha reconocido el derecho a obtener una indemnización por parte del Estado Nacional a quienes –encuadrados en la pauta anterior-, no hubieran podido acogerse a dicho programa por causas ajenas a su voluntad, tal es, en suma, lo decidido también por la Corte en el caso “Gerry Roberto c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro” (SD 26/8/03). Causa 6156/01. Fecha: 25/11/03. “Gutierrez, Martín Claudio c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales y otro s/ Part. Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala X. Scotti. Simón.
1.4. MODO DE FIJAR LA REPARACIÓN.
Pirroni. Vilela. Puppo.
Bermúdez. González.
Moroni. Guthmann.
Margalejo.
C.Filas.
Billoch. Ruiz Díaz.
Billoch. Morando.
Pasini. Zapatero
La ley 25471 reconoce una indemnización económica por la imposibilidad de ejercer dudosos derechos que se encontrarían prescriptos incluso cuando se computaran los más generosos plazos legales; y tal reconocimiento alcanza a quienes habían iniciado una acción y no obtuvieron una acogida favorable o lograran sumas inferiores a las que ahora trae la ley, a quienes tienen su juicio en trámite (que pueden esperar el resultado y después optar por las sumas reconocidas en la norma, si son mayores) y a quienes no iniciaron juicio. De modo que sólo cabe acceder a la pretensión resarcitoria en los términos del propio reconocimiento del Estado. En función de lo normado por el art. 2 inc. A de la
citada ley y el decreto 1077/03 (art. 1 y anexo), las variables que resultan relevantes son las siguientes: una antigüedad mayor o menor a diez años, el carácter de trabajador convencionado o fuera de convenio, el nivel salarial inferior o superior a $1.500 y la situación frente a las cargas de familia. La incidencia de cada variable en el cálculo se fija según las normas reglamentarias históricamente consideradas (PEAD). La suma resultante no llevará intereses ya que éstos se encuentran incluídos en el promedio fijado por el
(Del voto en
minoría del Dr. Guibourg).- Causa 27901/97. Fecha: 28/04/04. “Allocco, Ana María c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”.
decreto 1077/03, salvo mora posterior a la etapa del art. 132 de la L.O
Si se considera el promedio que corresponde a cada trabajador es posible, a partir de tal promedio, calcular la fluctuación probable según la incidencia de las variables legales, que son la antigüedad (mayor o menor de diez años), la categoría (convencionada o fuera de convenio), los ingresos (inferiores o superiores a $ 1.500) y las cargas de familia (sin cargas de familia y con cargas, según fuera o no familia numerosa). Las combinaciones posibles alcanzaban los 24 casos y la imprecisión del método reside en que cada categoría resulta considerada como comprensiva de un número idéntico de trabajadores, ya que la prueba simultánea relativa a la condición en que se encontraba cada trabajador y la incidencia de tal condición a partir de la situación en la que se encontraban todos los demás trabajadores resultaba imposible en la práctica. Cada categoría es considerada como integrada por 1.666,66 trabajadores. Tal método es coincidente con el que la mayoría de la Sala que integro ha calculado la reparación por propiedad participada antes del dictado de la ley. En función de lo normado por el artículo 2 inc. a de la ley 25471 y el decreto 1077/03 (art. 1 y anexo) se detallan, en la segunda columna, las variables que resultan relevantes: una antigüedad mayor o menor a diez años, el carácter de trabajador convencionado o fuera de convenio, el nivel salarial inferior o superior a $ 1.500 y la situación frente a las cargas de familia. La incidencia de cada variable en el cálculo se fija según las normas reglamentarias históricamente consideradas (PEAD); con el mismo procedimiento que esta Sala ha aplicado por mayoría para el cálculo de la condena y que resulta coincidente con las pautas genéricamente consideradas por el sistema normativo actual, entiendo que el promedio legalmente fijado ($ 23.728) puede desagregarse en los casos posibles según el cuadro que sigue:
Situación del trabajador Antigüedad - Categoría - Salario - Cargas
De acuerdo al método expuesto, es posible desagregar las sumas correspondientes a cada trabajador, según las situaciones particulares consideradas por la normativa aplicable. (Del voto en minoría del Dr. Guibourg).- Causa 27901/97. Fecha: 28/04/04. “Allocco, Ana María c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III. Guibourg. Porta. Eiras.
Procede condenar al Estado Nacional a pagar al actor en concepto de indemnización por todo concepto la suma que será valuada conforme las pautas establecidas por el art. 2 inc. "a" y "b" de la ley 25.471, a las que corresponde atenerse. El señor perito contador deberá
calcular dicho resarcimiento en la etapa prevista en el art. 132, ley 18345. Importe que llevará intereses moratorios a la tasa del 12% anual, desde la fecha de iniciación del juicio
en que el actor constituyó en mora a la demandada y hasta el 31/12/01, a partir de dicha
fecha en atención a la supresión de la convertibilidad monetaria y las nuevas variables económicas vigentes en virtud del dictado de la ley 25561, de conformidad con lo acordado por Acta nro. 2357 de fecha 7/5/02, regirá la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según cálculo difundido por la Prosecretaría General de la Cámara. (Voto de la Dra. Rodríguez en minoría respecto al cómputo de intereses.) Causa 11168/98. Fecha: 10/12/2002. Sosa, José A. c/YPF. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero. En igual sentido, SD 66199 del 23/12/02 "Saez, Nemesio c/ YPF SA s/ PPP".
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo., Sala V., Rodríguez. García Margalejo. Morell.
pretensión resarcitoria en los términos del reconocimiento efectuado en la ley 25471 y
decreto reglamentario, debe calcularse tomando como parámetro el valor promedio
establecido en el decreto 1077/2003 ($23.728 al 31/12/2002), considerando las variables relevantes como: mayor o menor antigüedad de 10 años, el carácter del trabajador convencionado o fuera de convenio, la remuneración menor o superior a $1.500 y las cargas de familia. Todo ello, según cuadro de cálculo confeccionado a partir del promedio legalmente fijado con su desagregación en los casos posibles, que detalla el Dr. Guibourg
en su voto (en minoría) de la sentencia 85796 de la Sala III en la causa “Allocco, Ana maría c/Y.P.F. y otro s/part.accionariado obrero” (28/4/04).- (En idéntico sentido: SD. 67235 del 21/09/04, expte. 7451/98 “Domínguez, Esteban Justino c/Y.P.F. S.A. y otro” del registro de la misma sala).- CNAT. Expte. 10528/98. SD. 67257. Fecha: 23/09/04. “Trinca, Antonio Aldo c/Y.P.F. S.A.
y otro s/Part.Accionariado Obrero”. Sala V. García Margalejo. Morell.
De la lectura del decreto 1077/03 surge que no existe valor alguno a considerar ni en dólares ni en relación con la Bolsa de Comercio de New York ni con la de esta ciudad de Buenos Aires, el art. 1 de aquel reglamento se refiere a "pesos" y lo mismo sucede con el "Anexo" del decreto. En el caso se había establecido una indemnización sustitutiva de la prestación original y reparatoria del perjuicio ocasionado y por ello no se condenó a pagar un determinado número de acciones ni se estableció un crédito de monto indeterminado. Para más, la sentencia dictada en la causa ya habría adquirido valor de cosa juzgada y no preveía un mecanismo de cálculo o adecuación como el pretendido por la accionante. CNAT Sala V Expte nº 6516/98 sent. 67418 23/12/04 "Guzman, Miguel c/ YPF SA y otro s/ PPP" (GM.- B.-)
A los fines de determinar la reparación, no puede soslayarse la operatividad de la ley
25.471 y del Anexo del decreto 1077/03, habida cuenta que en caso contrario se daría un supuesto diferente al contemplado en el art. 4 de dicha ley. Por ello, ha de estarse a las previsiones de la ley 25471 (art. 2º) –en la medida que no resulte inferior al monto que se acogiera en la anterior instancia- y disponer que el experto contable en la etapa del art. 132 de la L.O., determine la reparación por daños y perjuicios conforme el procedimiento
establecido en el art. 2º de dichomcuerpo normativo y en el Anexo del decreto 1077/03, importe al que se adicionarán los intereses –tasa activa cartera general del Banco de la Nación Argentina- sin capitalización, desde el 1º de julio de 1997 hasta la fecha de cancelación. – Causa No. 4070/98. Fecha: 18/12/03. “Díaz, Segundo Bonifacio c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala IX. Pasini. Zapatero de Ruckauf.
1.4.2. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.
El art. 2 de la ley 25471 reconoce una indemnización económica a los agentes que no hubiesen podido acogerse al programa de propiedad participada por causas ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos. Dicha reparación ecomómica resulta de valuar la cantidad de acciones que el ex agente hubiera debido percibir según las pautas del art. 27 de la ley 23696, sobre la base de los datos de ingreso y egreso –si correspondiere-, estado de las cargas de familia y nivel salarial al egreso, categoría laboral y antigüedad en la empresa (inciso a). Además contempla la diferencia económica entre el valor de libros de tales acciones –el que hubiera debido saldar el ex agente-, y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones fnancieras por su venta (inciso b). A su vez, el art. 31 de la misma ley 23696 permite acreditar al pago del precio de las acciones “los dividendos anuales, hasta su totalidad, de ser necesarios” y si estos resultaran insuficientes, hasta el cincueta por ciento de la participación en las ganancias instrumentada en el bono previsto en el art. 29. (Del dictamen del Procurador General de la Nación Dr. Nicolás Becerra 17/10/03, al que adhieren los Ministros Petracchi, Highton de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti y Argibay). CSJN B 4135 XXXVIII “Buteler Oliva, Luis c/ YPF SA y otro s/ part. Acc. Obrero”
5/9/06.
La ley 25471, amén de reconocer explícitamente un derecho adquirido a los ex agentes de YPF SA, contribuye a facilitar la solución de los litigios presentes y futuros, proponiendo una respuesta a los temas debatidos en los actuados de referecnia que debe ser interpretada en armonía con las disposiciones de la ley 23696 que moficica y demás regulaciones que participan del plexo normativo relacionado con el programa, incluyendo las opciones que ofrece el propio decreto reglamentario. (Del dictamen del Procurador General de la Nación Dr. Nicolás Becerra 17/10/03, al que adhieren los Ministros Petracchi, Highton de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti y Argibay). CSJN B 4135 XXXVIII “Buteler Oliva, Luis c/ YPF SA y otro s/ part. Acc. Obrero”
No debe soslayarse que los programas de propiedad participada aparecen como instrumento eficaz en orden a tornar efectivos los derechos consagrados a favor de los trabajadores en el art. 14 bis de la CN (Fallos 321:3037). Y también que a partir de tales premisas la interpretación que haya de realizarse deberá tener en cuenta que la inconsecuencia o la falta de previsión del legislador no se supone y por esto se reconoce como princpio inconcuso que la exégesis de las normas debe hacerse siempre evitando que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y suponga la integral arminización de sus preceptos (cfr. Fallos 321: 1614; 321:562, entre otros). En consecuencia, para resolver la presente causa conforme a derecho debe preservarse la armonía entre los textos legales mencionados de modo de evitar una decisión que pudiese provocar una consecuencia contraria a lo decidido por VE en los antyecedentes “Antonucci” y “Gerry”. (Del dictamen del Procurador General de la Nación Dr. Nicolás Becerra 17/10/03, al que adhieren los Ministros Petracchi, Highton de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti y Argibay). CSJN B 4135 XXXVIII “Buteler Oliva, Luis c/ YPF SA y otro s/ part. Acc. Obrero”
Cuando la entrega de acciones clase “C” se hubiera tornado una obligación de cumplimiento imposible, el Estado Nacional debe afrontar el pago de una suma de dinero en concepto de indemnización por el perjuicio que le ocasionó al actor al frustrar su derecho. El monto de tal reparación deberá determinarse conforme lo dispuesto por el art. 165 CPCCN y 56 LO, multiplicando la cantidad de acciones que le hubieran correspondido al accionante por el valor
de las mismas. En este sentido, el derecho del demandante tiene que mensurarse actualmente tomando como eje el valor de los títulos que por la inoperancia del Estado Nacional en la implementación del programa no fuera asignado en su oportunidad. Esto es, debe valorarse la “pérdida de chance”, lo cual implica evaluar el daño no sólo en cuanto a la cuantificación monetaria sino también con respecto al momento en que deberá realizarse la medición. Deberá pues tomarse la diferencia entre el valor asignado a la acción por el art. 2 de la ley 25.471 y el art. 1 del decreto 1.077/2003 y el valor al momento de la condena. (Del voto del Dr. Pirroni, en mayoría). Sala I, S.D. 84.910 del 28/11/2007 Expte. N° 28.677/1997 “Birschens Mabel Ana c/YPF S.A.
y otro s/Part. Accionariado Obrero”. (V.-Pi.-Pirolo).
En cuanto a las pautas para la determinación del daño por la falta de entrega de las acciones clase “C”, deben tomarse los parámetros y variables fijados en el art. 2 de la ley 25.471 y el art. 1 del decreto 1.077/2003, con los patrones que se especificaron en el Anexo respectivo, esto es $ 29,25 el valor de venta de la acción, atendiendo a la doctrina emanada de los precedentes “Antonucci” y “Gerry” de la CSJN. (Del voto del Dr. Vilela, en minoría). Sala I, S.D. 84.910 del 28/11/2007 Expte. N° 28.677/1997 “Birschens Mabel Ana c/YPF S.A.
Condena alternativa. El Estado debe entregar al actor la cantidad de acciones clase "C" que le correspondan y que fijará el perito contador en la etapa del art. 132 LO. En caso que la obligación se hubiera tornado de cumplimiento imposible, la misma debe resolverse mediante el pago de una suma de dinero en concepto de indemnización por el perjuicio que el Estado le ocasionó al actor al frustrar su derecho, a ser determinada también en el proceso de ejecución de sentencia, a partir de considerar la suma que surge de multiplicar la cantidad de acciones que le hubieran correspondido al actor, por el precio de venta de las mismas de $ 29.25; al monto que resulte deberá adicionársele los dividendos que hubieran correspondido al accionante, también a determinarse en el proceso de ejecución de sentencia. Del total, deberá deducirse también el precio que el actor legalmente debió abonar por estas acciones (cada una $ 19). Causa No. 30001/98 Fecha 20/12/02. "Triguero, Guillermo c/ YPF SA s/ PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I. Pirroni. Vilela
La generación del derecho a favor de los trabajadores resultó a partir de la vigencia del decreto 2778/90 ratificado por la ley 24145, es decir el 1 de enero de 1991. El art. 2 de la ley 25471 reconoce una indemnización económica a los agentes que no hubiesen podido acogerse al P.P.P., por causas ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluídos. Dicha reparación económica resulta de valuar la cantidad de acciones que cada ex agente hubiera debido percibir según las pautas del art. 27 de la ley 23696, sobre la base de los datos de ingreso y egreso -si correspondiere-, estado de cargas de familia y nivel salarial al egreso, categoría laboral y antigüedad en la empresa. Además contempla la diferencia económica entre el valor de los libros de tales acciones -el que hubieran debido saldar los ex agentes-, y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones financieras por su venta. El decreto que acompaña el decreto 1077/03 establece el valor de mercado por acción en $ 29,25, mientras que el valor de libros por acción resultó de $18,05, ambos vigentes a julio de 1997, con una tasa de interés equivalente a la tasa activa cartera general del Banco de la Nación Argentina desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2002. Causa 3089/98. Fecha: 21/05/2004. Romero Lucio G. c/YPF. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo., Sala I., Vilela. Puppo.
Frente a la inconveniencia de remitir al mecanismo establecido en el art. 2 de la ley 25471 en base a las pautas trazadas por el decreto 1077/03, debido a las diferencias de matices que en cada situación se presentan para determinar la indemnización, particularmente en lo que concierne a la cantidad y al precio de las acciones (incisos a) y b) de la ley citada), resulta aconsejable aplicar el criterio sentado por esta Sala, en los autos "Aransenchuk, Rodolfo c/ YPF y otro", SD 90960 del 31/10/02), y ordenar que el perito contador en la etapa del art. 132 de la LO fije los daños y perjuicios de conformidad a la suma equivalente al valor de las acciones que le hubieran correspondido a cada actor al momento del efectivo cumplimiento, con intereses de 12% anual desde la fecha de promoción del reclamo hasta el 21/12/01 y a partir de esa fecha la tasa activa. Causa 24079/00. SD 91852 del 6/8/03 "Mazzini, Miryam Susana y otros c/ Ministerio". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. González. Bermúdez.
El monto que se fije como reparación integral del daño nunca puede ser inferior a fijado en el decreto 1077/03. Causa No. 16759/98. SD 92069 del 10/10/03 "Ledesna, Héctor c/ YPF SA s/ PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. Bermúdez. González.
La determinación de la reparación por PPP la realizará el perito contador en la etapa del art. 132 LO a partir de determinar una suma de dinero equivalente al valor de las acciones que le hubieran correspondido a cada coactor en el momento del efectivo cumplimiento (conf. arts. 519, 520 y cctes. C.C.), con intereses moratorios al 12% anual desde la fecha de promoción del reclamo hasta el 21/12/01, y a partir de esta fecha, en atención a la fecha de supresión de la convertibilidad monetaria y las nuevas variables económicas vigentes en virtud del dictado de la ley 25561, de conformidad con lo acordado en la Resolución de la Cámara de fecha 7/5/2002 (acta nro. 2357), regirá la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos personales, según el cálculo difundido por la Secretaría General de la Cámara, dejando a salvo que el importe que resulte no podrá ser inferior al previsto en el decreto 1077/03, en cuyo supuesto se reconocerá el mismo con los intereses que la indicada norma determina. Causa 24079/2000. Fecha: 06/08/2003. "Mazzini Miryam S. y otros c/Ministerio de Economía y otro s/part.accionariado obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo., Sala II., González. Bermúdez.
Para determinar el monto de la reparación conforme lo dispuesto por el art. 165 del CPCCN. y 56 de la ley 18345, la mayoría del Tribunal tomó especialmente en cuenta el número estimado de trabajadores que prestaban servicios al 1º de enero de 1991 (que se fijaron en 40.000 de acuerdo a la pública información), el número total de acciones que debían ser distribuídas entre éstos (35.300.000, representativas del 10% del capital social), el número de acciones que habría correspondido a cada uno de los accionantes en función de su antigüedad, de su categoría laboral, de su salario y de sus respectivas cargas de familia, el precio que legalmente debió abonar por tales acciones ($19), el precio en que el Estado Nacional colocó tales acciones al tiempo en que se canceló el programa (alrededor de $32) y la diferencia que existe entre ambos valores, suma representativa de la ganancia final que se habría obtenido por cada una de las acciones a las que los actores tuvieron derecho.-(del voto de la doctora Porta, por la mayoría). Causa 27901/97. Fecha: 28/04/04. “Allocco, Ana María c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III. Porta. Eiras.
Resarcimiento de los trabajadores por la falta de implementación del programa de participación accionaria que al momento de la privatización de YPF se hallaban prestando servicios. Para determinar económicamente el resarcimiento de los trabajadores que al momento de la privatización de YPF se hallaban prestando servicios por la falta de implementación del programa de participación accionaria, por medio de una indemnización por daños y perjuicios, el perito contador deberá proyectar el porcentaje que representa la pérdida de chance respecto del valor que correspondía a la cotización de los títulos a esa época, sobre el valor de la acción al momento de practicarse la liquidación y luego multiplicar la suma obtenida por la cantidad de acciones que le corresponda a cada uno de los coactores, siendo la suma obtenida la indemnización a la que resulta acreedor cada uno de ellos. En cuanto a los intereses, la fijación de la reparación pecuniaria por la “pérdida de chance” derivada de no haberse podido acceder al régimen de participación accionaria, los torna procedentes debiendo así integrar el lucro cesante sufrido por el acreedor que, al no poder disponer del capital, se vio privado de invertirlo. Sala II, S.D. 95.076 del 26/06/2007 Expte. Nº 26.618/1997 “Mendoza Isaac y otros c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”. (P.-M.).
Indemnización para los ex agentes que no se acogieron al PPP. En el caso de la indemnización correspondiente a un ex agente de YPF que no se acogió al régimen de PPP, a los fines de calcular el resarcimiento, el valor de libros que cabe descontar por acción es el vigente en el mes de julio de 1997, correspondiente al balance de YPF S.A. al 31 de diciembre de 1996, es decir $18,05, conforme anexo del dec. 1077/2003. Asimismo, a los fines de reparar el perjuicio sufrido por el actor, se lo debe colocar en situación similar a la que hubiese correspondido a todos y cada uno de los agentes que estaban en condiciones del art. 8, ap. c) de la ley 24.145 (en la redacción del art. 1 de la ley 25.471), que eran las 36.935 personas que integraban al 1/1/91 el plantel de trabajadores a quienes el legislador ofrecía la participación en el programa bajo examen. En cuanto a los intereses, deben correr desde la fecha de venta de las acciones. Así, al venderse las acciones Clase “C” y transformarse en acciones Clase “D” en julio de 1997, operó el incumplimiento definitivo y la simultánea constitución en mora de la demandada, pues es
sabido que cuando el cumplimiento de la obligación ya no resulta factible por obra del
deudor, éste no cae por ello en mora, prescindiéndose de la exigencia de pago por resultar
tal exigencia estéril. (Del voto del Dr. Guisado, en mayoría).
Sala IV. S.D. 92.276 del 31/05/2007. Expte. Nº 28.565/97. “Barci Antonio José Camilo c/YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/Part. Accionariado Obrero”. (Gui.-Gu.-M.).
Indemnización para los ex agentes que no se acogieron al PPP.
A los fines de calcular la indemnización de un ex agente de YPF que no se acogió al
régimen de PPP, en cuanto al modo de establecer el valor de los títulos, por resultar de cumplimiento imposible la entrega de las acciones (el Estado Nacional en lugar de entregarlos oportunamente las enajenó) y siendo la única solución jurídica el pago de una indemnización compensatoria dineraria, arts. 505 inc. 3 ss. y ccs.; 889 y 1083 del Cód. Civil
por la “pérdida de la chance del trabajador” perjudicado, corresponde fijar la diferencia entre
la cotización de las acciones clase “C” a la fecha en que fueron enajenadas (07-07-93, Dto
1077) es decir $29,25 y el precio de compra que el actor hubiera debido abonar por ellas, entendiendo como tal el valor cartular fijado en $10, en el estatuto de YPF S.A. (texto aprobado por el Decreto 1106/93). (Del voto de la Dra. Guthmann, en minoría). Sala IV. S.D. 92.276 del 31/05/2007. Expte. Nº 28.565/97. “Barci Antonio José Camilo c/YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/Part. Accionariado Obrero”. (Gui.-Gu.-M.).
Beneficiarios que dejaron de pertenecer al programa por extinción del vínculo. Compensación económica. Del decreto 584/93 se deriva con absoluta claridad que cuando el beneficiario dejara de pertenecer al programa en virtud de la extunción del vínculo laboral antes de recibir efectivamente las acciones, debía percibir una compensación económica por maeio del “Fondo de Garantía y recompra”. Resulta evidente entonces que quienes egrasaban de las filas de la empresa ya habían adquirido el derecho a ser titulares de las acciones y podían exigir onerosamente la entrega de un porcentual de las acciones a quienes se desempeñaban en la empresa al 1/1/91, quienes si bien es cierto debían desprenderse de ese derecho en caso de que cesaran en sus tareas antes de haberlas recibido, esa cesión revestía un carácter oneroso. CNAT Sala X Expte n°19353/98 sent. 15479 3/9/07 “Rolla, Jorge y otros c/ Estado Nacional y otros s/ PPP” (Sc.- St.-)
De acuerdo a la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con remisión al precedente "Gerry" (26/8/03) y teniendo en cuenta que el actor egresó con posterioridad al 1 de enero de 1991, corresponde admitir la queja, revocar la sentencia recurrida y condenar al Estado Nacional a abonar la suma que resulte de aplicar las pautas previstas en la ley 25471 (BO 4/10/02) y disposiciones reglamentarias de la misma, tanto en lo atinente a capital como a intereses moratorios. Causa 427/98. SD 56675 Fecha 20/11/03 "Ledesma, Leónidas c/ YPF SA s/PPP". En el mismo sentido, causa 9793/98 SD 56896 del 23/2/04 "Hernández, Omar c/ YPF". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VI. Fernández Madrid. De la Fuente.
Dado que el resarcimiento objeto de condena da como resultado una suma inferior a la que se obtiene por aplicación de las previstas en la ley 25471, a los fines de establecer el importe de la indemnización deben observarse las pautas previstas en la ley 25471 y normas reglamentarias. Causa 111377/98 SD 57028 del 30/3/04 "Sánchez de Bock c/ YPF SA s/PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VI. Fernández Madrid. De la Fuente.
El abandono de la paridad cambiaria a partir de enero de 2002 con la consecuente fluctuación de la cotización del dólar norteamericano, trajo aparejada la modificación de esos valores por lo que deber ser calculados al valor que tenía dicha moneda a la fecha de la sentencia. (Del voto del doctor Fernández Madrid, por la mayoría) Causa 1939/98 "Comeron, Enrique c/ YPF SA s/PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VI. Fernández Madrid. De la Fuente. Capón Filas.
Si el valor de venta de la acción propuesto en la sentencia guarda relación con el determinado en la ley 25471 y dto. 1077/03, que establece el valor promedio para el cálculo de la indemnización que el Estado reconoce, esta norma no puede ser soslayada. (Del voto del doctor FDe la Fuente, por la mayoría) Causa 1939/98 "Comeron, Enrique c/ YPF SA s/PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VI. Fernández Madrid. De la Fuente. Capón Filas.
El monto de condena se fija en la oportunidad del art. 132 LO.
SD 31575 del 13/11/03 "Bado, Alfonso Ludovico c/ YPF Sas/ PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VIII. Billoch. Morando.
El resarcimiento correspondiente ante la exclusión de un trabajador del programa de propiedad participada, debe estar constituído por una suma representativa del valor actual de las acciones que le pertenezcan al demandante según los parámetros existentes al 1/1/91 en cuanto a la cantidad de adquirentes potenciales, deducido, claro está, el precio de compra ($19 según el art. 6 decreto 628/97). Causa No. 3757/98. Fecha: 20/11/2003. "Lloret Juan Carlos c/YPF. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo., Sala X., Simón. Scotti.
Acciones liquidadas en una fecha posterior a la fecha de corte (1/1/91). Dado que en el caso las acciones liquidadas a los actores no fueron todas las que les hubieran correspondido de haber accedido al derecho desde 1/1/1991 (fecha de corte), y ante la imposibilidad material del Ministerio de Economía para restituir las acciones propiamente dichas, dado que ya no cuenta con las mismas, resulta adecuado reconocer una compensación con el pago de una suma de dinero. En este sentido debe mensurarse el detrimento sufrido, valorando las expectativas reales de contenido económico que se vieran perdidas, lo que constituye en el derecho de daños lo que la doctrina y jurisprudencia ha denominado “pérdida de chance” y que se fundamenta en una probabilidad cierta con asidero objetivo fundado en los antecedentes y características conocidos y constantes que permitan hacer una predicción razonable de futuro. Sobre tal base la reparación justa y adecuada del perjuicio debe ponderar el precio al que las acciones de YPF cotizan en el mercado de Buenos Aires, por lo cual la diferencia que surge como pérdida de chance entre el precio pagado por acción por los adquirentes y el valor de libros debe ser actualizado según el precio actual de la acción. Asimismo los intereses, en el marco de la cobertura de la “pérdida de chance” derivada de no haberse podido acceder al régimen de participación accionaria, habrán de integrar el lucro cesante sufrido por el acreedor que, al no disponer del capital, se vio privado de invertirlo (arts. 519 y 1069 del Cód. Civil). Corresponde que dichos intereses sean fijados de acuerdo a los previsto en el Acta 2357, conforme Resolución de Cámara Nº 8del 30.5.02, desde el momento de la sentencia –ya que el daño resarcible se fija a valores actuales- y hasta el efectivo cumplimiento de la obligación. Sala VII, S.D. 40.068 del 27/04/2007 Expte. Nº 21.556/1997 “Gómez, Luis Tomás y otros c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”. (RD.- RB.).
Cómputo de intereses. La suma fijada como indemnización devengará intereses según la tasa activa cartera general del Banco de la Nación Argentina, sin capitalización, aplicada en el período comprendido entre el 1 de julio de 1997 y el 31 de diciembre de 2002. (Del voto del Dr. Vilela, en minoría). Sala I, S.D. 84.910 del 28/11/2007 Expte. N° 28.677/1997 “Birschens Mabel ana c/YPF S.A. s/Part. Accionariado Obrero”. (V.-Pi.-Pirolo.).
Cómputo de los intereses. Los intereses en el marco de la fijación de la reparación pecuniaria por la “pérdida de chance” derivada de no haber podido acceder al régimen de participación accionaria, habrán de integrar el lucro cesante sufrido por el acreedor que, al no disponer de capital, se vio privado de invertirlo (arts. 519 y 1.069 del Cód. Civil), desde el año 1997 (en que se produce la venta de las acciones) hasta el efectivo cumplimiento de la obligación a una tasa del 12% anual. (Del voto del Dr. Pirroni, en mayoría). Sala I, S.D. 84.910 del 28/11/2007 Expte. N° 28.677/1997 “Birschens Mabel Ana c/YPF S.A. s/Part. Accionariado Obrero”. (V.-Pi.-Pirolo).
1.4.2.1. NUMERO DE TRABAJADORES CONSIDERADOS.
Se considera el número de trabajadores existentes al 1/1/91 que, en general, se estima alrededor de los 40.000.
Sala I. Causa No. 30001/98 Fecha 20/12/02. "Triguero, Guillermo c/ YPF SA s/ PPP". Sala II. Causa 27941/97. Fecha: 3/10/02 "Arasenchuk c/ YPF SA" Sala III. Causa 27901/97. Fecha: 28/04/04. “Allocco, Ana María c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”.
Sala V. Causa 1323/98 Fecha 16/2/04. "Pérez, Francisco c/ YPF" Sala VII Causa No. 24706/97 SD 36788 del 18/6/03. "Villagran Pedro c/ YPF SA s/ PPP". Sala VIII. Causa No. 12402/05 sent. 27403 9/10/06 “Saucedo, Octaviano c/ Ministerio deEconomía” Calcula sobre un plantel de 35000 al 1/1/91. Sala X Causa No. 3757/98. Fecha: 20/11/2003. "Lloret Juan Carlos c/YPF. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero". Criterio mantenido en Expte n° 19353/98 sent. 15479 3/9/07 “Rolla, Jorge c/ Estado Nacional y otros s/ PPP” (Sc.- St.-)
1.4.2.2. VALOR FINAL DE LA ACCION. PRECIO ACTUAL O PRECIO DE CANCELACION DEL PPP.
Precio cancelación: $ 29,25
Pirroni. Vilela. Puppo
Rodríguez. Bermúdez.(liq.)
Porta. Eiras (sentencia)
Guthmann. Moroni.
Boutigue.
Fernández Madrid. C.Filas
R.Brunengo. Ruiz Díaz
Simón. Scotti. (liquidación)
Sala I. Causa No. 30001/98 Fecha 20/12/02. "Triguero, Guillermo c/ YPF SA s/ PPP"; SD 80287 del 30/12/02 "Comas, Luis A c/ YPF".
Debe considerarse el valor de la acción al momento del efectivo cumplimiento. Causa 27941/97. Fecha: 3/10/02 "Arasenchuk c/ YPF SA" Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II. Rodríguez. Bermúdez.
En atención a que esta Sala ha establecido el cálculo de la reparación con anterioridad a la salida de la convertibilidad y que las acciones de YPF cotizan en el mercado de Buenos Aires a razón de $112 cada una, vistas las pautas fijadas por la ley 25471 y el decreto 1077/03 no es acertado mantener el valor de las acciones que se tomó en cuenta al decidir el caso “Núñez”, pues el resarcimiento que resulta a partir de su cómputo no constituye una adecuada reparación de todos los daños sufridos por los actores, ocasionados a partir de la pérdida de chance que implicó la falta de ingreso al programa. En cambio es acertado mantener los restantes criterios de determinación del daño expuestos en “Núñez” relativos al número de trabajadores involucrados, a las condiciones personales que resultan relevantes para la participación en el programa y al precio que aquéllos debieron abonar por cada acción. En este sentido, es necesario destacar que el precio de $19 por acción es el que el Estado Nacional fijó cuando las acciones no cotizaban en bolsa y es el que, de haberse constituído adecuadamente el programa, los actores posiblemente debieron haber abonado. (Del voto de la Dra. Porta en mayoría, al que adhiere el Dr. Eiras).- Causa 27901/97. Fecha: 28/04/04. “Allocco, Ana María c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III. Guibourg. Porta. Eiras.
En cuanto al modo de establecer el valor final de los títulos, toda vez que resulte de cumplimiento imposible la entrega de las acciones (el Estado Nacional en lugar de entregarlas oportunamente los enajenó) y como la única solución jurídica es el pago de una indemnización compensatoria dineraria, arts. 505 inc. 3 y ccs; 889 y 1083 del C. Civil por la "pérdida de chance del trabajador" perjudicado, corresponde fijar la diferencia entre la cotización de las acciones clase "c" a la fecha en que fueron enajenadas (7/7/93, decreto 1077) es decir $29,25 y el precio de compra que el actor hubiera debido abonar por ellas, entendiendo como tal el valor cartular fijado en $10. en el estatuto de YPF SA (texto aprobado por el decreto 1106/93). Debido a que desde el 1/1/91 y hasta el fin de la convertibilidad los valores a los efectos que aquí interesan resultan homogéneos, la diferencia por "pérdida de chance" a la fecha de enajenación de las acciones sería de 19,25 por acción ( $29,25 - 10) y representaría más o menos el 65,81% del valor de cotización al
7/7/93.
CNAT Sala IV Expte nº 11278/97 sent. 89959 20/9/04 "Moreira, Julio c/ YPF y otro s/ part. acc. obrero" (G.- M.-)
La ley 25471 reconoce el derecho a acceder al PPP a los ex agentes de YPF Soc. del Estado encuadrados en el art. 1º o sea quienes se desempeñaban en relación de dependencia con YPF SA al 1/1/91 y que hubiesen comenzado su relación laboral antes de esa fecha. Por su parte el decreto 1077 estableció el valor promedio para el cálculo de la indemnización que el Estado Nacional reconoce a aquellos ex agentes y reglamenta el procedimiento a seguir.(Del voto de la Dra. García Margalejo, en mayoría). CNAT Sala V Expte nº 26608/97 sent. 67438 10/2/05 "Lagos, Antonio y otros c/ YPF SA y otro s/ PPP" (B.- GM.- M.-)
En lo atinente al valor de las acciones corresponde estar al valor nominal fijado en $ 10 en el estatuto de YPF SA, y que es el que debe descontarse del precio de lo obtenido por la venta, esto es $ 29.25 valor de cotización de la acción en la Bolsa de Nueva York al mes de julio de 1997, oportunidad en que se vendieron las acciones clase "C". Causa No. 24706/97 SD 36788 del 18/6/03. "Villagran Pedro c/ YPF SA s/ PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VII. Rodríguez Brunengo. Ruiz Díaz.
Cuando se alude al “valor actual de las acciones”, debe entenderse referido al valor que tuvieren a la fecha de la sentencia definitiva, que deberá multiplicarse por el número de acciones que corresponda, en el caso, el de 956 que deriva de aplicar el PEAD al 1º de enero de 1991. Las sumas resultantes llevarán los intereses fijados en la sentencia, esto es, desde la fecha de iniciación del pleito, bien que hasta el 31/12/01, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 25344 y 25575 (art. 58) y demás normativa concordante.- Causa 29061/97. Fecha: 26/04/04.“Cuevas Héctor Omar c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/part.accionariado obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VIII. Morando. Billoch.
Sala X. Causa No. 3757/98 Fecha 20/11/03 "Lloret, Juan c/ YPF s/PPP".
1.4.2.3. PRECIO DE LA ACCION.
Precio final de la acción. Precio actual o precio de cancelación del P.P.P Al haberse tornado una obligación de cumplimiento imposible la entrega de acciones clase “C” , el Estado Nacional debe afrontar el pago de una suma de dinero en concepto de indemnización por el perjuicio que le ha ocasionado al actor al frustrar su derecho. El monto de tal reparación deberá determinarse conforme lo dispuesto por el art. 165 CPCCN y 56 LO., multiplicando la cantidad de acciones que le hubieren correspondido al accionante por el valor de las mismas. En este sentido, el derecho del demandante tiene que mensurarse actualmente, tomando como eje el valor de los títulos que por la inoperancia del Estado Nacional en la implementación del programa no fuera asignado en su oportunidad. Esto es, debe valorarse la “pérdida de chance”, lo cual implica evaluar el daño no sólo en cuanto a su cuantificación monetaria, sino también con respecto al momento en que debería realizarse la medición. Deberá pues tomarse la diferencia entre el valor asignado a la acción por el art. 2 de la ley 25.471 y el art. 1 del decreto 1.077/2003 y el valor al momento de la condena. (Del voto del Dr. Pirroni, al que adhiere el Dr. Vilela por razones de economía procesal). Sala I, S.D. 84.975 del 27/12/2007 Expte. N° 9.740/1998 “Lorenzo Jorge Virgilio c/YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”. (Pi.-V.).
En cuanto al valor nominal de las acciones, si bien el estatuto de Y.P.F. S.A. aprobado por decreto 1106/93, fijó el precio de las mismas en $10, ese importe se corresponde con el valor nominal del capital accionario. Teniendo en cuenta que las acciones clase “C”, destinadas a la implementación del P.P.P., no cotizaban en bolsa, asistió derecho al Estado a fijar el precio de $19, teniendo en cuenta que las mismas fueron vendidas a $29. Se debe descontar de los $19 a pagar por el actor toda suma que se hubiera generado en concepto de dividendos con anterioridad a la venta, a ser determinada por el Sr. Perito Contador en la etapa procesal oportuna (art. 132 L.O.). Causa 9299/98. Fecha: 10/02/04. “Delgado Flavio c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/Part.Accionariado Obrero”. En igual sentido SD 80287 del 30/12/02 "Comas, Luis A c/ YPF". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I. Pirroni. Vilela.
El precio que corresponde considerar es $ 19.
Causa 27901/97. Fecha: 28/04/04. “Allocco, Ana María c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala III. Eiras. Porta.
El precio de compra que corresponde descontar es $ 19.
Causa 1323/98 Fecha 16/2/04 "Pérez, Francisco c/ YPF SA s/ PPP".
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala V.
lo atinente al valor de las acciones corresponde estar al valor nominal fijado en $ 10 en
estatuto de YPF SA, y que es el que debe descontarse del precio de lo obtenido por la
venta, esto es $ 29.25 valor de cotización de la acción en la Bolsa de Nueva York al mes de julio de 1997, oportunidad en que se vendieron las acciones clase "C". Causa No. 24706/97 SD 36788 del 18/6/03. "Villagran Pedro c/ YPF SA s/ PPP".
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VII. Rodríguez Brunengo. Ruiz Díaz.
El precio de compra que corresponde descontar es $ 10.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala VIII. Billoch. Morando.
Sala X. Causa No. 3757/98. Fecha: 20/11/2003. "Lloret Juan Carlos c/YPF. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero".
1.4.2.4. CUESTIÓN DEL VALOR DÓLAR.
En relación con la cuestión relativa a si corresponde fijar la indemnización en pesos o en
dólares, dado que en el caso de autos se trata de determinar los daños y perjuicios ocasionados al actor, es decir que se busca fijar una suma que permita resarcir un daño, la suma de $ 29,50 resulta un indicativo más establecido en moneda de curso legal. Causa 9299/98. Fecha 10/2/04. "Delgado, Flavio c/ YPF SA s/ PPP".
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala I. Pirroni. Vilela.
El valor de venta de las acciones de Y.P.F. en la Bolsa de Nueva York, reconoce como
pauta la cotización vigente a julio de 1997, época en que en nuestro país regía la paridad 1 a 1 entre el dólar y el peso. El abandono de esa equivalencia a partir de enero de 2002 con
la consecuente fluctuación de la cotización del dólar norteamericano trajo aparejada la
modificación de esos valores por lo que deben ser calculados al valor que tenía dicha moneda a la fecha de la sentencia. Por ello, para la determinación del capital de condena debe considerarse un valor de venta de las acciones equivalente a $ 85.- por acción. (del voto del doctor Fernández Madrid, por la mayoría, al que adhiere el doctor Capón Filas). Causa 1939/1998. Fecha: 24/05/2004."Comeron Enrique c/Y.P.F. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero"
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo., Sala VI., Fernández Madrid. Capón Filas.
consideración del valor de venta de la acción equivalente al valor de cotización actual
del dólar norteamericano se aparta de lo dispuesto en las normas que regularon la pesificación que sobrevino con el dictado de la ley 25561 y del decreto 214/02. (del voto del doctor De la Fuente, por la minoría). Causa 1939/1998. Fecha: 24/05/2004."Comeron Enrique c/Y.P.F. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero"
Por razones de aplicación analógica y de equidad no puede desconocerse el valor promedio para el cálculo de la indemnización que establecen la ley 25471 y el decreto 1077/03. (del voto del doctor De la Fuente, por la minoría). Causa 1939/1998. Fecha: 24/05/2004."Comeron Enrique c/Y.P.F. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero" Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo., Sala VI., Fernández Madrid. Capón Filas.
A los fines de determinar el crédito correspondiente a los trabajadores a raíz de la
privatización de YPF, la aplicación del art. 8 del decreto 546/93 implicaría un serio menoscabo al patrimonio de los accionantes en tanto la proyección sobre el caso de la ley
25541 y sus decretos reglamentarios en especial el decreto 214/02 les provocaría un daño en tanto una cosa es convertir los dólares a los pesos vigentes y otra muy distinta es convertir los pesos convertibles de la ley 23928 a los pesos de la ley 25561. Por ello, cabe declarar la inconstitucionalidad del antedicho art. 8 del Decreto 546/93. CNAT Sala VII Expte n° 545/03 sent. 39572 22/9/06 “Akemeier, Federico y otros c/ YPF SA s/ part. Acc. Obrero” (RB.- F.-)
1.4.2.5. CÓMPUTO DE INTERESES.
Desde 7/97
Vilela. Puppo.
F. Madrid. De la Fuente.
Ruiz Diaz. Billoch
Zapatero. Balestrini.
Sala I. Causa No. 30001/98 Fecha 20/12/02. "Triguero, Guillermo c/ YPF SA s/ PPP". Causa 1778/98. Fecha: 26/08/03.“Zenteno Ernesto Esteban c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/Part.Accionariado Obrero”. Sala II. Causa 24079/2000. Fecha: 06/08/2003. "Mazzini Miryam S. y otros c/Ministerio de Economía y otro s/part.accionariado obrero". Sala III. Sólo se liquidarán intereses a la tasa prevista por el Acta Nº2357 dictada por esta Cámara el 7.5.2002, para el caso de que la demandada no abone el monto de la condena dentro de los diez días de dictado el presente pronunciamiento. Causa: 27901/97. Fecha:
28/04/04. “Allocco, Ana María c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Porta. Eiras. Sala IV. Causa 11278/97. Fecha 20/9/04 "Moreira, Julio c/ YPF y otro s/ PPP". Sala V. Causa 11168/98. Fecha: 10/12/2002 "Sosa José A. c/YPF S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero. Sala VI. Causa No. 427/98 Fecha 20/11/03 "Ledesema c/YPF" Sala VII. Causa 24706/97. Fecha 18/6/03 "Villagran, Pedro c/ YPF SA s/ PPP". Sala VIII. Causa No. 26641/97 Fecha 28/5/02 "Merino Juan c/ YPF" Sala IX. Causa No. 4922/98 Fecha 23/12/03 "Paéz Hugo c/YPF s/PPP" Sala X Causa No. 3757/98. Fecha: 20/11/2003. "Lloret Juan Carlos c/YPF. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero".
Exclusión de intereses posteriores a la fecha de corte de la liquidación. La liquidación sólo debe incluir intereses hasta la fecha de corte (31/12/2004), sin perjuicio de la reexpresión del crédito en sede administrativa (no judicial), de acuerdo a las tasas que correspondan según las normas de consolidación de la deuda pública. En este sentido las deudas consolidadas por las leyes 23.928 y 25.344, a cancelar en moneda nacional, según el art. 5, inc. “a” de la resolución 378/2004 del Ministerio de Economía y Producción, dispone que “hasta la fecha de corte se calcularán (los intereses) aplicando las normas legales vigentes. A partir de la fecha de corte y hasta el 14 de marzo de 2004, se adicionará la tasa de interés a que refiere la comunicación “A” 1828 pto. I publicada por el Banco Central de la República Argentina”. De ello se sigue, que no existe ningún lapso sin intereses legales, ya que, entre la “fecha de corte” y la de emisión de los nuevos bonos (el 14 de marzo de 2004), se aplica la tasa de interés prevista en la comunicación del Banco Central. Por lo tanto la reexpresión del crédito hasta el 14 de marzo de 2004 debe hacerse en sede administrativa (y no en sede judicial).
C.N.A.T. S. IV. S.D. 91.262 del 27/03/2006. Expte. 1635/1998. “SUAREZ, Enrique Humberto c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”. (Gui.-M.).*
Fecha de corte de los intereses. La fecha a partir de la cual deben correr los intereses en la sentencia de condena a la demandada en la causa por pedido de inclusión en el programa de
participación programado, es a partir del 16/7/1997, fecha en que fueron vendidas las acciones, y hasta el 31/12/1999 (12% anual) por tratarse de obligación consolidada (ley 25.344) sin perjuicio de lo que pueda corresponder por el período posterior a la fecha de corte por aplicación de dicha normativa y sus reglamentaciones, marco normativo que regirá la forma de cancelación del crédito. (Del voto mayoritario de la Dra. García Margalejo, al cual adhiere el Dr. Morell). Causa 11168/98. Fecha: 10/12/2002 "Sosa José A. c/YPF S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo., Sala V., García Margalejo. Morell. Rodríguez.
Los intereses que corresponde adicionar por no haberse podido acceder al régimen de participación accionaria, se fijan en una tasa del 12% anual (conf. acta 2357 CNAT) y tal como lo resolviera esta Sala en otras oportunidades (ver SD 88910 28/3/03 "Bergamo, Carmen c/ YPF y otro") desde el momento en que el deudor vendió las acciones clase "c" que correspondían a los trabajadores de YPF SA (Conf. decreto 628/97). CNAT Sala IV Expte nº 11278/97 sent. 89959 20/9/04 "Moreira, Julio c/ YPF y otro s/ part. acc. obrero" (G.- M.-)
Fecha de corte de los intereses. Los intereses moratorios se calcularán según una tasa del 12% anual , desde la fecha de iniciación del juicio en que el actor constituyó en mora a la demandada y hasta el 31/12/01, a partir de dicha fecha en atención a la supresión de la convertibilidad monetaria y las nuevas variables económicas vigentes en virtud del dictado de la ley 25.561, de conformidad con lo acordado en la Resolución de Cámara de fecha 7/5/02 (Acta 2357) regirá la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según cálculo difundido por la Prosecretaría General de la Cámara. (Del voto minoritario de la Dra. Rodríguez).- Causa 11168/98. Fecha: 10/12/2002. "Sosa José A. c/YPF S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo., Sala V., García Margalejo. Morell. Rodríguez.
El importe de condena devengará un interés del 12% anual desde el momento que las acciones clase "C" fueron puestas a la venta de acuerdo al decreto 628/97, esto es el 16/7/97 y hasta el 31/12/01, y desde el 1/1/02 en adelante a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General de la Cámara (CNAT.Acta 2357 del 7/5/02). Causa No. 3757/98. Fecha: 20/11/2003. "Lloret Juan Carlos c/YPF. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo., Sala X., Simón. Scotti.
1.5. EFECTOS DE LOS ACUERDOS RESCISORIOS.
La condición necesaria para incorporarse al PPP en YPF SA era hallarse vinculado por una relación de trabajo subordinado permanente con la empresa estatal a privatizar. De manera que si el actor había suscripto un acuerdo desvinculatorio por el cual percibía una suma de dinero y se comprometía a "no reclamar por ninguna causal ni derecho que le pudiera corresponder", tal cláusula tiene el carácter de liberatoria (CSJN "Gatarri" y "Marchese"), es categórica y comprensiva de la pretensión encaminada a la obtención de acciones derivadas del sistema de PPP. SD 63272. Fecha 12/7/00 "Olague, Omar c/ YPF s/PPP". Morell. Lescano.- Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala V.
1.6. ALCANCES DE LA CONDENA
La condena alcanza sólo al Estado Nacional.
Sala I. Causa No. 30001/98 Fecha 20/12/02. "Triguero, Guillermo c/ YPF SA s/ PPP". Sala II. Causa 27941/97. Fecha: 3/10/02 "Arasenchuk c/ YPF SA" Sala III. Causa: 11970/97. Fecha: 5/5/99. SD 78837. "Núñez, Juan Alberto y otros c/ YPF SA y otro s/part. accionariado obrero". Sala IV. Causa 1611/98 Fecha 21/11/03 "Pacheco, Carlos c/ YPF SA"
Sala V. Causa 11168/98. Fecha: 10/12/002 "Sosa José A. c/YPF. S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero" Sala VII. Causa 24706/97, SD 36788 del 18/6/03 "Villagrán c/ YPF SA s/ PPP". Sala VIII. 2178/98. Fecha: 26/02/99.“Milano, Héctor Alfredo c/ Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. Y OTRO S/Part.Accionariado Obrero”. Sala IX. Causa 1133/98. Fecha: 31/10/02 “Nievas, Samuel Lorenzo c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. Y OTRO S/Part.Accionariado Obrero”. Sala X. Causa No. 3757/98. Fecha: 20/11/2003 “Lloret Juan Carlos c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales y otro s/Part.Accionariado Obrero”.
1.7. CRITERIOS PARA IMPONER COSTAS.
Las costas se imponen al Estado Nacional. Las de YPF SA se imponen en el orden causado.
Sala I. Causa No. 30001/98 Fecha 20/12/02. "Triguero, Guillermo c/ YPF SA s/ PPP". Sala II. Causa 24079/00. SD 91852 del 6/8/03 "Mazzini, Miryam Susana y otros c/ Ministerio". Sala III. Causa 27901/97. Fecha: 28/04/04. “Allocco, Ana María c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”. Sala IV. Causa 1611/98 Fecha 21/11/03 "Pacheco, Carlos c/ YPF SA" Sala VI. Causa 840/98 Fecha 12/11/03 "Venitez c/ YPF SA s/ PPP". Sala VII. Causa 24706/97, SD 36788 del 18/6/03 "Villagrán c/ YPF SA s/ PPP". Sala VIII. Causa No. 26641/97 Fecha 28/5/02 "Merino Juan c/ YPF" Sala X. Causa No. 3757/98 Fecha 20/11/03 "Lloret, Juan c/ YPF s/PPP".
Las costas se imponen en el orden causado
Sala IX. Causa 4922/98 "Páez, Hugo c/ YPF SA s/ PPP".
1.8. PLANTEOS EN EJECUCION RELATIVOS AL MONTO FIJADO
En los casos en que la legislación sobreviniente afecta causas en trámite es razonable que se admitan consecuentes presentaciones de las partes. Sin embargo, las partes, a más de un mes de notificadas de la sentencia no realizaron manifestación alguna ni peticiones que creyeran convenientes, por lo que debe desestimarse la nulidad planteada. En relación con las normas invocadas por la presentante (ley 25471 y dto. 1077/03), no es ocioso aclarar que la modificación pretendida por la actora sólo sería factible si el monto originalmente fijado fuera inferior al establecido por el decreto 1077/03 ya que, tal como lo define la ley 25471, esos montos funcionan como mínimos oponibles incluso a sentencias firmes. Tal hipótesis no se configura en el caso, pues el monto actual de condena fijado por la Sala asciende, con los intereses respectivos, a la suma de $ 32.169,90 (capital fijado por la sala más un interés total de 180,47%), mientras que el que deriva de la aplicación del decreto alcanza a la suma de $ 30.976,90 (monto del decreto más tasa activa). Causa 13440/98. Fecha: 28/05/2004. "Choque Teresa c/YPF S.A. y otro s/Part.Accionariado obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo., Sala III. Guibourg. Porta. Eiras.
Si a los fines de establecer el monto de la indemnización de condena se utilizó como parámetros datos tales como el importe de la cotización de la acción, determinándose una suma fija y no un valor susceptible de reajuste de acuerdo a las posibles modificaciones que experimente la acción en el mercado de valores, no corresponde la readecuación del monto de condena. En este estadio del proceso (liquidación aprobada mediante auto respectivo) el tratamiento del planteo necesariamente conlleva la alteración de la cosa juzgada que emana de pronunciamientos firmes, con la evidente afectación del principio de estabilidad de las decisiones judiciales, que en la medida que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es exigencia de orden público y posee jerarquía constitucional.
Causa 1927/1998. Fecha: 11/05/2004. "Meis Osvaldo O. c/YPF. S.A. y otro s/Part.Accionariado Obrero". En igual sentido, causa 1315/98 SI 26564 10/12/03 "Pavón, Néstor c/ YPF SA s/PPP"; causa 1256/98 SI 26535 del 26/11/03, "Páez Villalba c/ YPF"; SI 26865 del 16/4/04 "Di Fabrizzio, Adolfo c/ YPF SA s/ PPP". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo., Sala VI., Fernández Madrid. De la Fuente. Capón Filas.
Corresponde declarar la inconstitucionalidad del decreto 1077/03 habida cuenta que reglamentó varios aspectos relativos a las indemnizaciones a las que se refiere, aunque pretendió modificar los alcances de las obligaciones, materia exclusiva del Congreso Nacional (art. 75 inc. 12 de la CN). Lo mismo correspondería para el decreto 821/04 pues el ejercicio de funciones legislativas por el Presidente de la República, fundado en el art. 99 inc. 3 de la CN se expresa a través de dictado de decretos de necesidad y urgencia, pero se encuentra circunscripto a la concurrencia de “circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” y el mismo fue dictado estando el Congreso Nacional en período de sesiones ordinarias. CNAT Sala VIII Expte n° 12402/05 sent. 27403 9/10/06 “Saucedo, Octaviano c/ Ministerio de Economía s/ part. Acc. Obrero” (C.- M.-)
Pretender variar el signo monetario en que se expresara el monto de condena se contradice con el principio de congruencia (conf. arts. 34 inc. 4est; 163 inc. 6est y 277 CPCCN.). En el caso, inició la acción con el objeto de obtener una indemnización, en pesos moneda nacional, por los daños sufridos frente a la frustración de la chance de participación en el programa accionario, y sobre tal baso, se condenó al Estado Nacional a abonar al actor una suma en dicha moneda. Y es mediante el pago de tal signo monetario que el deudor se libera entregando "la especie designada, el día de su vencimiento" (cnf. art. 619 C.C.), por lo que el actor carece de derecho a que se readecúe su crédito considerando el valor dólar. Causa No.20030/2003. Fecha: 19/12/2003. "Labadie José A. c/YPF. S.A. s/Part.Accionariado Obrero". Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo., Sala IX., Balestrini. Zapatero de Ruckauf. Pasini.
1.9. REGIMEN DE CONSOLIDACIÓN DE DEUDAS. CUESTION DE ORDEN PUBLICO
Siendo el régimen de consolidación de deudas de orden público, ello implica que sus disposiciones son imperativas e irrenunciables para los funcionarios y órganos del poder encargados de aplicarla, de ahí que el acreedor no pueda optar por un esquema de cumplimiento de obligaciones diverso al instituído por las normas que rigen el caso, ya que el sistema de cancelación de deudas allí previsto es de orden público. Así, la cancelación de las obligaciones consolidadas debe realizarse conforme con lo dispuesto por los arts. 64 y 66 de la ley 25.827. C.N.A.T. S.III. S.D. 87.577 del 15/03/2006. Expte. 4451/1998. “GONZALEZ, Pedro c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/Part. Accionariado Obrero”. (P.- E.).*
Tratándose del reclamo de un crédito por “astreintes”, accesorio de un crédito contra el Estado Nacional (Y.P.F.) posterior a la fecha de corte, resulta aplicable el régimen de consolidación de deudas (en el caso, la ley 25.344). De acuerdo con el art. 22 de la ley 23.982 es obligación del Estado Nacional comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior a la fecha de corte que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación para su inclusión en la ley de presupuesto del año siguiente. Sólo si tal consideración por el Poder Legislativo no resulta posible en virtud de la omisión del Poder Ejecutivo de cursar tal comunicación o por ser posterior al cierre del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, cuando ello sea imputable el ente deudor o, en su caso, al Ministerio de Economía, el acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito. C.N.A.T. S.III. S.I. 56.895 del 21/03/2006. Expte. 3.741/06. Recurso de hecho interpuesto en la causa “Moscatelli, Roberto Guillermo c/Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/Part. Accionariado obrero”.*
Intereses en deudas consolidadas. Art. 45 ley 26078.
Con relación a los intereses que corresponde aplicar en las deudas consolidadas, se
advierte que el art. 45 de la ley 26078 (ley de presupuesto general) promulgada el 9/1/06
establece “
25725, resulta aplicable exclusivamente a las obligaciones vencidas o de causa o título
prórroga dispuesta en el art. 46 de la ley 25565 y los arts. 38 y 58 de la ley
posterior al 31/12/99, las obligaciones a que se refiere el art. 13 de la ley 25344, continuarán rigiéndose por las leyes y normas reglamentarias correspondientes. En todos los casos, los intereses a liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta la fecha de corte establecida en el 1/4/91 para las obligaciones comprendidas en la ley 25344 y en el 1/1/02 o el 1/9/02 para las obligaciones comprendidas en la ley 25565 y la ley 25725. Desde tal perspectiva, cuando se trate de una deuda consolidada en los términos de la ley 25344, llevará intereses hasta la fecha de corte establecida precedentemente, o sea el
1/1/00.
CNAT Sala I Expte n° 29113/97 sent. 57110 21/10/06 “Cortéz, Dan iel c/ YPF SA y otro s/ Part. Ac. Obrero” (Pir.- V.- P.-) En el mismo sentido CNAT Sala X Expte n° 1109/98 sent. 15506 12/9/07 “Navarro, Félix c/ YPF SA y otro s/ PPP”
YPF. PPP. La consolidación de las obligaciones alcanzadas por el art. 13 de la ley 25.344, opera de pleno derecho después del reconocimiento firme de la deuda en sede judicial o administrativa, y como consecuencia de ello, se produce –en ese momento- la novación de la obligación original y de cualquiera de sus accesorios, por lo que sólo subsisten para el acreedor los derechos derivados del sistema que la misma ley establece: exigir el pago en efectivo en los plazos fijados por la norma o la entrega de los bonos que correspondieren (Fallos 322:1421; 327:4749, entre otros). Por ende, el hecho de que la deuda estatal esté consolidada impone que el interesado se someta a las disposiciones de la ley y su reglamentación, a fin de percibir los créditos que le son reconocidos. (Del Dictamen del Fiscal General, al que adhiere la Sala). Sala VI, S.I. 31.417 del 08/04/2009 Expte. N° 9.229/98 “Kong Fat José Eduardo c/YPF SA y otro s/Part. Accionariado Obrero”.
YPF. PPP. Procedimiento de pago abreviado establecido por la ley 25.471. Supuesto en que no procede. No resulta procedente el pago abreviado establecido por la ley 25471 al trabajador que se acogió a dicho procedimiento en virtud de la inaplicabilidad, al caso, de las disposiciones de los decretos 1077/03 y 821/04. (El primero de esos decretos estableció un procedimiento de pago abreviado para los ex agentes de YPF SA encuadrados en el art. 1 de la ley 25.471. Asimismo, la Resolución M.E.P. 462/04 alude también al “Trámite de cobro por esa diferencia en más reconocida y liquidada de conformidad con el Decreto N°1077/03”. -Anexo I, art. 3.4-). El actor no se encuadra en ninguno de los supuestos previstos en la citada normativa, pues obtuvo sentencia firme con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1077/03, y a resultas de ese fallo, obtuvo el reconocimiento de un importe notoriamente superior al que se le había reconocido en sede administrativa. De ahí que el trámite abreviado no debió ser admitido pues había sentencia firme anterior y no había “diferencia en más” a reclamar. Sala IV, S.D. 94.073 del 27/0472009 Expte. N° 5.859/1998 “Akemeier José Alberto c/YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA y otro s/Part. Accionariado Obrero”. (Gui.-Ferreirós).
Gas del Estado. PPP. Actora que no puede acceder a ningún Programa de Propiedad Participada. Daño patrimonial ocasionado por el Estado Nacional. Dado que Gas del Estado Sociedad del Estado fue declarada sujeta a privatización por la ley 23.696, siendo necesario para ello que dicho “ente a privatizar” se organizara bajo la forma de sociedad anónima, la transformación societaria se materializó a través del Decreto 1189 del 10 de julio de 1992 que estableció la constitución de dos sociedades anónimas transportadoras y ocho distribuidoras, afectándose parte del capital accionario de cada una de ellas al Régimen de Propiedad Participada. Y si bien la actora se desvinculó cuando ya había sido dictado el Decreto 1189/92, el Ministerio de Economía y Producción no pudo informar si la aquélla había sido transferida a alguna de tales sociedades y el Banco de la Nación Argentina (como fideicomisario de los Programas de Propiedad Participada) no la registró como adherente a ningún programa. Es decir, que ha sido el propio Estado Nacional quien no cumplió con la obligación de instrumentar todo el Programa de Propiedad Participada por la privatización de la otrora Gas del Estado, por lo cual es innegable el derecho de la actora a ser indemnizada por este incumplimiento que le ocasiona un daño patrimonial por no poder acceder a dicho Programa C.N.A.T. S.I. S.D. 83.919 del 31/10/2006. Exp. 8.280/03. “MARTORELLI, Martha Beatriz c/ESTADO NACIONAL Ministerio de Economía s/Part. Accionariado Obrero”. (Pu.-V.).
Aerolíneas Argentinas. PPP. La viabilidad del derecho del personal de la antigua Aerolíneas Argentinas SE a un porcentaje de las acciones, encuentra su base normativa en la ley 23.696 por un lado, y en los decretos 1591/89, 1354/90 y 2210/90 (que dispusieron la privatización de Aerolíneas, adjudicaron a un consorcio la parte privatizada y constituyeron Aerolíneas Argentinas S.A. respectivamente) por el otro; y ha sido tratada en profundidad por la CSJN en el caso “Antonucci” (Fallos 324:3876) del 20 de noviembre de 2001, en virtud del cual debe entenderse que todos aquellos dependientes que a la fecha de su privatización eran dependientes de la sociedad del Estado transformada, tienen derecho a recibir el porcentaje de acciones que les corresponda.
Sala VI, S.D. 59.965 del 07/11/2007 Expte. N° 23.456/05 “Agüero Oscar Desiderio y otros c/Estado Nacional Ministerio de Economía y Producción República Argentina s/Part. Accionariado Obrero”. (Font.-FM.).
Aerolíneas Argentinas. Derecho a la adjudicación de acciones clase “C”.
En el caso de Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado la fecha de corte es el 19 de octubre de 1990, fecha del dictado del Decreto N° 2 201 (B.O. 23.10.90), en cuyo art. 2° se
dispuso constituir Aerolíneas argentinas S.A
dependencia de aquélla y que pasaron a ser empleados de ésta, tienen derecho a la adjudicación de acciones clase “C”, a través de una opción de carácter individual, a título oneroso.
Quienes se hallaban entonces en situación de
Sala VIII, S.D. 34.720 del 28/12/2007 Expte. N° 8.110/2006 “Arsen Luis Antonio y otros c/Estado Nacional Ministerio de Economía y Producción República Argentina s/Part. Accionariado Obrero”. (V.-M.).
Aerolíneas Argentinas. Derecho a la adjudicación de acciones clase “C”. La fecha de corte, elemento definitorio de la pertenencia o no al sistema de ex dependientes de Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado –que es el ente sujeto a
privatización-, es el 19 de octubre de 1990, fecha del dictado del Decreto N° 2201 (B.O.
Quienes se hallaban
entonces en situación de dependencia de aquélla y que pasaron a ser empleados de ésta para lo cual ningún acto ni trámite era menester, tienen derecho a la adjudicación de acciones clase “C” a través de una opción de carácter individual, a título oneroso. (Del voto del Dr. Lescano).
23.10.90.), cuyo artículo 2° constituye Aerolíneas Argentinas S.A
Sala VIII, S.D. 34.339 del 17/08/2007 Expte. N° 6.234/2005 “Caligiuri, Francisco Antonio y otros c/Estado Nacional Ministerio de Economía y Producción República Argentina s/Part. Accionariado Obrero”. (L.-C.).
PPP. Aerolíneas Argentinas. Derecho a la adjudicación de acciones clase “C”. Conforme al régimen de la ley 23696 y sus decretos reglamentarios 1105/89, 2686/91 y
584/93, al ser la empresa estatal convertida en un “ente a privatizar” –conforme el art. 21 de
la dicha ley- los trabajadores que eran dependientes al ser el ente declarado “sujeto a
privatización”, adquirieron lo que, en el art. 22 del Dec. 1105/93 y en el art. 2° del Decr. 2686/91, se denomina “adhesión colectiva”, que era el derecho a adquirir en todo o en parte
el capital accionario del ente a privatizar. A la vez, en el mismo “momento” adquirieron el
derecho a lo que las mismas normas denominaron “adhesión individual” que, ciertamente, estaba supeditado a la instrumentación del programa. El doble derecho que surgía de los
arts. 8, 21, y 22 de la ley 23.696 y reconocieron los decretos reglamentarios antes citados, no podía ser cercenado por decretos comunes y, menos aún, por la Res. 462/93 MEy OSP
y 481/93 MTSS, porque, como expresó la corte Suprema de la Nación en el caso
“Antonucci”, al margen de que su falta de publicación las hace inoponibles a los actores, representan un exceso de competencias ministeriales. (Del voto del Dr. Catardo). Sala VIII, S.D. 34.339 del 17/08/2007 Expte. N° 6.234/2005 “Caligiuri, Francisco Antonio y otros c/Estado Nacional Ministerio de Economía y Producción República Argentina s/Part. Accionariado Obrero”. (L.-C.).
Aerolíneas Argentinas. PPP. Entrega de acciones a los trabajadores o en su defecto indemnización sustitutiva por danos y perjuicios. La base normativa para otorgarle al personal de la antigua Aerolíneas Argentinas S.E. el derecho a un porcentaje de las acciones se encuentra constituida por la ley 23.696 y los decretos 1591/89, 1354/90 y 2201/90 que dispusieron, respectivamente, la constitución de una sociedad anónima, la adjudicación por licitación pública a un consorcio privado de los derechos de la ex empresa estatal y la puesta en posesión de la empresa. En virtud de la doctrina establecida por la CSJN en el caso “Antonucci Roberto c/YPF y otro s/part. accionariado obrero” del 20 de noviembre de 2001 los actores, por ser a la fecha de la privatización dependientes de la sociedad del Estado transformada, tienen derecho a recibir el porcentaje de acciones que les corresponda. Por haber tenido derecho a participar y luego adquirir un porcentaje de las acciones de Aerolíneas Argentinas, ante la frustración de ese derecho se impone condenar al Estado Nacional a resarcirlos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 505 inc. 3, 512, 519, 520, 902 y consiguientes del Código Civil por el hecho de haberlos excluido sin causa justificada del programa de participación accionaria que debió implementarse. Sala X, S.D. 16.039 del 21/04/08 Expte. N°6.757/05 “Echeverría Néstor José y otros c/Estado Nacional Ministerio de Economía y Producción República Argentina s/Part. Accionariado Obrero”. (Corach.-Stortini.).
Aerolíneas Argentinas. PPP. Determinación del valor de las acciones. Tanto el art. 56 LO como el art. 165 del CPCCN, establecen que la sentencia fijará el importe de los perjuicios reclamados siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. Y en cumplimiento de la manda normativa, y a los fines de cuantificar el valor de las acciones (Aerolíneas Argentinas S.A.) en virtud del cual se habrá de establecer el monto de la condena pecuniaria, cabe establecer su valor en un importe promedio en el período considerado que puede ser determinado en función de la diferencia
que existe entre el valor inicial de la acción en 1995 ($ 0,10) y el valor informado por la perito como correspondiente al año 2005 ($ 0, 54) Así el valor promedio de cada acción clase B es de $ 0, 32. De dicho importe debe detraerse el precio que los accionantes debieron haber abonado, en virtud del carácter oneroso del sistema; el cual, conforme disposición del decreto 596/95 ascendió a $ 0,10 por acción. Por lo que, a los efectos de establecer la reparación deberá aplicarse dicho valor ($ 0,22) en relación a cada acción a que los accionantes tenían derecho. La suma de condena emergerá de aplicar el valor de la acción (o sea $ 0,22), y luego multiplicarla por la cantidad de acciones que les corresponda a cada uno de los coactores beneficiarios de la condena (de acuerdo al pead individual y al pead general). La suma así obtenida será la indemnización a la que resultan acreedores los actores beneficiarios de la condena. CNAT Sala II, S.D. 95.827 del 10/06/2008 Expte. N° 27.338/2005 “Aguirre Juan Domingo y otros c/Estado Nacional Ministerio de Economía y Producción de la República Argentina s/Part. Accionariado Obrero”. (G.-P.).
Aerolínea Argentinas. PPP. Intereses correspondientes a la indemnización por PPP. La fijación de la reparación pecuniaria por la “pérdida de chance” derivada de la privación de acceso al régimen de participación accionaria, torna procedentes los intereses que deben integrar el lucro cesante sufrido por el acreedor que, al no poder disponer del capital, se vio privado de invertirlo. Los intereses corren desde la fecha de notificación de la demanda, pues la adhesión al PPP es voluntaria y depende de una expresión de voluntad individual (conf. art. 6 del decreto 584/93), y en el caso los demandantes no manifestaron su voluntad con anterioridad a la promoción de las actuaciones. CNAT Sala II, S.D. 95.827 del 10/06/2008 Expte. N° 27.338/2005 “Aguirre Juan Domingo y otros c/Estado Nacional Ministerio de Economía y Producción de la República Argentina s/Part. Accionariado Obrero”. (G.-P.).
Ex Empresas del Estado. PPP. Banco Hipotecario. El Estado Nacional ha omitido implementar en un tiempo razonable el sistema de propiedad participada que comprendía a los trabajadores del Banco Hipotecario Nacional, contra lo dispuesto por las leyes 23696 y 24855. Dicha omisión o imperfección en los instrumentos de implementación del PPP constituye una falta de servicio que hace responsable al Estado Nacional con ajuste a los arts. 1112 y 1074 del Código civil por los daños que ésta provocó y que tengan relación causal adecuada con la ilicitud. La responsabilidad patrimonial del Estado Nacional surge nítida: 1) Omitió cumplir en tiempo oportuno y de manera adecuada con la obligación de implementar el programa de propiedad participada del Banco Hipotecario Nacional, de acuerdo a lo previsto por las leyes referidas y con ajuste a los decretos 924/97 y 1392/98 y sus modificatorios; 2) La señalada omisión es además imputable al Estado a título de culpa y 3) Tal conducta tiene relación causal adecuada con la frustración de los derechos subjetivos invocados por los demandantes, en tanto beneficiarios del PPP en su calidad de trabajadores dependientes al 27 de Septiembre de 1997 y legitimados para acceder al régimen por ley y por una sentencia previa pasada en autoridad de cosa juzgada (Sent. Def. N°29.730, Sala VIII, del 30/04/2001 en los autos “García, Ernesto y otros c/Banco Hipotecario S.A. y otro s/part. accionariado obrero”, Expte. N° 13.353/98). Por todo ello, de conformida d con lo que reglan los arts. 508, 512, 521, 902, 910, 912 y concs. del Cód. Civil, corresponde reconocer una indemnización a los actores. Sala VIII, S.D. 34.580 del 31/12/2007 Expte. N°6.303/2006 “García, Ernesto Ricardo y otros c/Estado Nacional Ministerio de Economía s/part. Accionariado obrero”. (V.-M.-C.).
Aplicabilidad del régimen de propiedad participada a “Edesur S.A.”. La ley 23.696 de “Reforma del Estado” estructuró los procedimientos de privatización de las empresas sobre la base de un acto inicial que las declarara “sujetas a privatización”. En los listados anexos de dicha ley figuran esas empresas y se incluye expresamente en los del anexo I apartado IV a SEGBA. Consecuentemente, no puede ser discutido que “Edesur S.A.” integraba como empresa el régimen en cuestión y tal circunstancia genera la operatividad cabal del Programa de Propiedad Participada. El art. 29 ley 23.696 establece que la obligación de emitir los bonos de participación corresponde al “ente a privatizar” y, como tal, se enmarca en una etapa previa a la concreción misma de la privatización y era el Estado quien debía efectivizar el diseño, que sólo se proyectaría sobre la empresa adquirente una vez implementado, careciendo la misma de facultad para cumplir con un proceso de esencia pública en el marco de la reestructuración estatal. Por ello, cabe aplicar analógicamente a la situación de “Edesur S.A.”, las pautas y parámetros atinentes a “YPF S.A.”. Sala VII, S.D. 40.601 del 22/11/2007 Expte. N° 10.443/05 “Iparraguirre, Enrique c/Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos s/Part. Accionariado Obrero”. (RB.- F.).
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References: artículo 40
 artículo 8
 artículo 4023
 Resolución 

resolución 
 artículo 9
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2