Source: https://it.scribd.com/document/240189914/El-Proceso-Penal-Comun
Timestamp: 2020-08-11 09:39:53+00:00

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El Proceso Penal Común | Procedimiento Criminal | Ley procesal
SalvaSalva El Proceso Penal Común per dopo
SALASBETETA
La reforma procesal penal iniciada por el Perú en el año 2006 con la puesta en vigencia del Código Procesal Penal de 2004 –a modo de plan piloto en el Dis- trito Judicial de Huaura– ha alcanzado, de un lado, niveles de eficacia procesal relacionados con la descarga de los despachos judiciales, la celeridad en la trami- tación del procedimiento y la pronta reparación integral para las víctimas de los delitos. De otro lado, la implementación progresiva del nuevo código adjetivo ha evidenciado vacíos y deficiencias de algunas de sus disposiciones, contradiccio- nes de interpretación, así como dificultades prácticas en su aplicación.
Ambos aspectos, tanto los positivos como los negativos, merecen ser comen- tados, a fin de sentar las bases constitucionales del nuevo proceso penal, fijar los cimientos del sistema acusatorio en nuestro país y corregir los defectos que solo la experiencia puede demostrar. Sin duda, que toda reforma procesal tiene impli- cancias jurídicas, pero también sociales, políticas, culturales y económicas, por lo que, no podemos limitar nuestro análisis a uno de esos ámbitos, ello sería res- tarle seriedad a los postulados que exponemos. Y ello es tan cierto, que la mayo- ría de los expertos coinciden en afirmar que no basta con la modificación o da- ción de leyes sustantivas o adjetivas para lograr una real reforma del sistema de administración de justicia penal, sino de un alto grado de inversión por parte del Estado, estabilidad económica, mayor compromiso de la sociedad civil y un cam- bio de mentalidad.
La tan esperada y urgente reforma procesal penal en el Perú ha tenido tam- bién gran repercusión en el mundo académico, donde –saludablemente– se ha in- tensificado el debate y los estudios al respecto en todos los niveles. En el presente estudio hemos plasmado la experiencia adquirida en los diversos foros de capa- citación sobre la reforma a nivel nacional y en nuestra experiencia litigando bajo las reglas del Código Procesal Penal de 2004.
No pretendemos hacer compleja la exposición de nuestro estudio. El tema central de este trabajo es el desarrollo del proceso común, pero previamente, atendiendo a una rigurosidad académica, debemos de partir de un bloque integra- do por los sistemas procesales, sentaremos una nueva visión del proceso, trata- remos los principios y garantías constitucionales procesales. Estudio que resulta
EL PROCESO PENAL COMÚN / ChRiStiAN SALAS BEtEtA
imprescindible para empapar al lector en la nueva mentalidad acusatoria, dando paso a una cultura del respeto de los derechos fundamentales de los intervinien- tes en el proceso y de la búsqueda de soluciones alternativas al proceso judicial.
En la segunda parte, realizamos una introducción al proceso común, tratan- do la acción penal y los medios técnicos de defensa, a fin de ver la dinámica de la imputación y los mecanismos de defensa del imputado. Seguidamente, en la ter- cera parte, iniciamos el tratamiento de la primera etapa de la investigación, la que cuenta con dos subfases: las diligencias preliminares y la investigación prepara- toria formalizada, las que deben ser entendidas como un todo, ya que la investi- gación criminal es única y los actos realizados en ambas subfases apuntan a lo mismo: recabar elementos de convicción, tanto de cargo como de descargo, para sustentar la decisión del fiscal.
En el libro cuarto, desarrollamos el trámite de la etapa intermedia dirigida por el juez de la investigación preparatoria y en la que se controla el requerimien- to del fiscal, sea la acusación o el sobreseimiento. En el quinto libro, nos detene- mos para profundizar en la regulación de la prueba en el sistema acusatorio y, a partir de dicho criterio continuamos con la secuencia de la etapa de juzgamiento. La sexta parte ha sido dedicada a explicar la impugnación en el Código Procesal Penal de 2004, precisando la finalidad, plazos y tramitación de los recursos de re- posición, apelación, casación y queja, así como de la acción de revisión.
Y cerramos nuestro estudio con un cuadro esquemático de las destrezas y técnicas de litigación oral, cuyo contenido constituye apenas el 10% de los cono- cimientos necesarios para dominarlas, pues el otro 90% se encontrará en la prác- tica, en la experiencia de los profesionales del Derecho en las salas de audiencia.
A modo de guía anexamos formatos de actas a nivel policial, disposiciones fiscales, requerimientos y resoluciones judiciales generadas bajo las reglas del Código Procesal Penal de 2004. Esperamos que este trabajo satisfaga en gran me- dida las exigencias del lector y sea de utilidad para esclarecer algunos concep- tos o, en su caso, sirva para generar la polémica, finalidad inherente a todo traba- jo académico.
LOS SISTEMAS PROCESALES y LA NuEvA vISIÓN dEL PROCESO PENAL
1. CONCEPTO dE SISTEMA PROCESAL
Corresponde tratar brevemente los sistemas procesales, a efectos de asi- milar las características en las que se desarrollará el nuevo proceso penal en el Perú. Un sistema procesal es el conjunto de principios e instituciones que con- figuran una determinada manera de concebir el proceso. Así pues, tenemos claro que la forma y ritos del procedimiento, asignación de roles de los suje- tos procesales, atribuciones del órgano jurisdiccional y demás reglas del méto- do que empleará el Estado para administrar justicia dependen del sistema al cual se adhiera. En materia penal tenemos el sistema acusatorio (1) , el inquisitivo (2)
“[Fue] el primer sistema en la historia; desarrollado inicialmente en Grecia, alcanza su mayor apogeo en Roma y en el Imperio Germánico; resurge después en la época de esplendor de las ciu- dades italianas. Cae en desuso completamente en el siglo XVI. Se caracteriza por la división de funciones: acusación y decisión. La primera compet[ía] en un primer momento solo al ofendido y a sus parientes, más tarde se ampli[ó] a cualquier ciudadano. La segunda corresponde al juez, quien estaba sometido a las pruebas que presentaran las partes, sin poder hacer una selección de las mismas ni investigar. El proceso se desarrolla según los principios del contradictorio, de ora- lidad y publicidad”. CALDERÓN SUMARRIVA, Ana y ÁGUILA GRADOS, Guido. Derecho Procesal Penal Didáctico. Escuela de Graduandos Águila & Calderón. Lima, 2001, p. 17. Tam- bién es de rescatar lo dicho por Alberto David Granda, quien afirma que: “(…) Se observa como característica central una marcada división de atribuciones en el desarrollo del proceso, con po-
suficientes para el acusador para perseguir penalmente y ejercer la acción requirente, por
un lado; con facultades y derechos del enjuiciado para defenderse de las imputaciones del prime- ro, por otro lado; y el mérito de decidir el conflicto por parte de un tribunal, en definitiva”. DA- VID GRANDA, Alberto. Derecho Procesal Penal. Tomo I, Editorial Jurídica Nova Tesis, Rosa-
rio, Santa Fe, Argentina, 2000, p. 43. “El sistema inquisitivo aparece con los regímenes monárquicos, se perfecciona con el Derecho
Canónico inquisitio ex officio y se materializa en las legislaciones europeas de los siglos XVI,
XVII y XVIII. Su construcción se atribuye a la Iglesia, desde sus inicios con el Pontificado de
Inocencio III hasta los decretos del Papa Bonifacio VIII. El sistema inquisitivo, en contrapartida al sistema acusatorio puro, se fundamenta en que es derecho-deber del Estado promover la repre- sión de los delitos, lo cual no puede ser encomendado ni delegado a los particulares: inquisitio est magis favorabilis ad reprimendum delicia quam accusatio (la inquisición es más favorable que la
y el mixto (3) .
El sistema acusatorio actual (denominado por algunos: “acusatorio garantis- ta” o “moderno garantista”) se caracteriza por la separación de funciones de los sujetos procesales y por el respeto de garantías procesales constitucionales a fa- vor de quien se ve sometido al procedimiento. En el Perú, este sistema inspiró el fracasado intento de reforma procesal penal de 1991 y el Decreto Legislativo N° 957 (en adelante, CPP de 2004).
Lamentablemente, la legislación peruana (en Lima y otros distritos judicia- les en los que aún no entra en vigencia el CPP de 2004) aún tiene rezagos del sis- tema inquisitivo, ejemplificado en el proceso “sumario”, en el que se evidencia que es el órgano jurisdiccional quien acumula las funciones de instrucción y juz- gamiento, colocándose al imputado como objeto de persecución penal. También contamos (desde 1940) con un proceso “ordinario”, inspirado en un sistema mix- to, que importa la admisión de ciertos matices tanto del acusatorio (acusación fis- cal) como del inquisitivo (instrucción judicial).
Como podrá apreciarse, al año 2011 en el Perú confluyen los tres sistemas procesales. Desorden jurídico que evidencia la ausencia de una política seria, pro- gramada e ininterrumpida por parte del Estado, propiciada por diversos factores de la realidad sociopolítica. Situación que tiñe de extremadamente necesario el actual proceso de reforma procesal penal.
2. dIfERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS PROCESALES ACuSATORIO, INquISI- TIvO y MIxTO
Siguiendo lo expuesto y basados en un impecable trabajo de Ana Montes (4) , consultora internacional del Programa de Fortalecimiento y Acceso a la Justicia,
acusación para reprimir delitos). Bajo este sistema, las funciones de acusación y decisión están en manos de la persona del juez. El proceso se desarrolla bajo los principios de la escritura y el se- creto. Maier al referirse a este sistema señala que el objetivo fundamental del procedimiento era averiguar la verdad, sin reparar que los medios eran humillantes para el acusado. La tortura fue considerada como el medio idóneo para obtener la confesión del acusado”. CALDERÓN SUMA- RRIVA, Ana y otro. Loc. cit. “Este sistema que surge con el advenimiento del Iluminismo y de la Revolución Francesa, por consiguiente del Estado moderno, significó un relativo avance en el proceso penal. En este sis- tema de lo que se trata –señala Leone– es de armonizar dos exigencias aparentemente opuestas:
que ningún culpable escape del castigo y que nadie sea sometido a pena si no se demuestra su res- ponsabilidad y solamente en los límites de ella. En el sistema mixto, el proceso penal se estructu- ra en dos etapas: la fase de instrucción, inspirada en el sistema inquisitivo (escrita y secreta) que se realiza ante el juez. La fase de juicio oral, con marcado acento acusatorio (contradictorio, oral y público) que se realiza ante un tribunal”. Ídem. MONTES CALDERÓN, Ana. Elementos de comparación entre el sistema inquisitivo y el
hemos elaborado un cuadro que pretende mostrar las diferencias puntuales entre los tres sistemas mencionados.
CuAdRO Nº 1: CuAdRO COMPARATIvO dE LOS SISTEMAS PROCESALES
Separación de funciones entre distintos organismos del Estado
Combina características del sistema inquisitivo y del sistema acusatorio
No existe división de funcio- nes. El Poder Judicial concen- tra las funciones de acusación y decisión del proceso.
Existe división de funciones en- tre el Ministerio Público y el ór- gano jurisdiccional. La Fisca- lía tiene la función acusadora y
Es una división de funciones inefi- caz. El Ministerio Público investiga y el Poder Judicial también instru- ye y luego juzga.
juez la de juzgar y ejecutar lo
Ministerio Público: No existe o no participa realmente.
Ministerio Público: A cargo de la dirección de la investigación y titular del ejercicio de la acción penal pública.
Ministerio Público: A cargo de rea- lizar una investigación previa y for- mular la denuncia ante el órgano jurisdiccional.
Poder Judicial: Concentra las funciones de investigación, acusación, juzgamiento y eje- cución de sentencia.
Poder Judicial: A cargo de la función juzgadora y de ejecu- ción de la pena.
Poder Judicial: Realiza una inves- tigación judicial (instrucción) y el superior jerárquico desarrolla el juicio y sentencia.
la investiga-
La policía realiza los actos de in- vestigación. En muchos casos, el fiscal se enteraba del caso recién cuando la policía le derivaba los actuados (atestado), incluso, indi- cando sus conclusiones.
ción con el apoyo técnico de la policía.
La fiscalía tiene, realmente, la di- rección jurídica de la investiga- ción.
ción por parte del fiscal era letra
la fiscalía compete el ejercicio de la acción penal.
La actividad jurisdiccional se inicia con la formalización de la denun- cia fiscal.
sistema acusatorio. En: COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL IMPULSO DE LA ORALIDAD EN EL PROCESO PENAL, AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL y PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ACCESO A LA JUSTICIA. Técnicas del Juicio Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano. Lecturas complementarias. Bogotá, setiembre, 2003, pp. 11-16.
El juez tiene la dirección y el impulso total del proceso des- de el inicio hasta el fin.
El juez no puede iniciar una in- vestigación de oficio.
juzgador iniciaba el proceso ju-
dicial repitiendo los actos ya in- vestigados por la policía y el fiscal
realizando otros. Esta es la fase de instrucción.
El juez resuelve si hay lugar a iniciar el proceso.
Al juez (denominado “de con- trol de garantías”) le compete el control de legalidad de la in- vestigación y ordenar durante la misma la práctica de diligencias que impliquen restricción de de- rechos fundamentales.
Culminada la instrucción, el expe- diente se remite al fiscal superior para que emita dictamen. De ser acusatorio, se devolvían los actua- dos y se daba inicio a la segunda fase: el juzgamiento.
El juez resuelve de oficio sobre la práctica de pruebas.
Las partes deciden qué prue- bas presenta para sustentar su pretensión.
Las partes aportan sus pruebas y
juez puede solicitar la actuación
de pruebas de oficio.
El juez adopta todas las deci- siones en forma unilateral.
El juez no puede adoptar deci- siones sin oír previamente a las partes.
El juez resuelve oficiosamente sobre si una persona debe ser juzgada o si hay lugar a elevar la causa a plenario.
El juez no puede oficiosamente determinar el juzgamiento de un inculpado. Se requiere de la acu- sación fiscal.
El juez de conocimiento (“juez penal –unipersonal o colegia- do–”) dirige el juicio, instruye al acusado sobre sus derechos y son las partes (acusador y de- fensor) las encargadas de pre- sentar sus pruebas.
El juez participa en la actua- ción de las pruebas.
El juez no actúa pruebas. Esta es labor de las partes.
El juez puede decretar pruebas de oficio durante el debate.
De forma excepcional y cuando sea necesario, el juez puede so- licitar pruebas de oficio.
Este sistema responsabiliza a las partes del resultado del pro- ceso y rescata la función del juez como un juzgador y no solo como un tramitador de expe- dientes, papel que desempeña en el sistema inquisitivo.
Inmediación judicial en el debate
Inmediación (en teoría)
Como la investigación la rea- liza el juez instructor, las dili- gencias realizadas tienen valor de prueba, por tanto, no deben repetirse en el debate.
El juez de control de garantías no practica pruebas.
Como la investigación ha sido rea- lizada por el juez instructor, las di- ligencias realizadas tienen valor de prueba.
Por tanto, nada nuevo se aporta en el debate o juicio oral.
Es el juez de conocimiento quien interviene en la práctica de prue- bas en el juicio oral.
Excepcionalmente, el juez de control de garantías interviene las fases previas al juzgamien- to para la actuación de prueba anticipada.
Durante la investigación las dili- gencias realizadas tienen el valor de elementos de convicción, en cuanto sirven para fundamen- tar los requerimientos (medidas cautelares) y la decisión de la fiscalía (acusación).
La fiscalía, como acusador, tie- ne la obligación de probar en el juicio el contenido de su acusación.
Formalismo y ritualismo
Formalidades como garantía de debido proceso
Lo importante del proceso es dejar constancia de todo. For- malidad rigurosa.
Las formalidades legales solo tienen razón de ser en la medida que protegen o garantizan un de- bido proceso de ley y los princi- pios que de este se desprenden, como los de legalidad, presun- ción de inocencia, objetividad y defensa integral.
Perdura el formalismo riguroso.
Oralidad. Sistema de audiencias
Escriturismo, oralidad tergi- versada en lectura de piezas procesales. Culto al expediente
El proceso es escrito. Todos los actos del proceso deben constar por escrito.
El proceso es oral. Impera el ré- gimen de audiencia y se busca lograr la supremacía del derecho sustancial.
Prevalece la escritura, la oralidad no es trascendente.
Culto al expediente. Vale lo que figura en el expediente. Lo que está fuera de las actas no existe.
Las decisiones del juez (sea de control de garantías o de conoci- miento) se adoptan con base en lo debatido por las partes en la audiencia correspondiente.
El juez resuelve basándose en el expediente.
No existe técnicamente el con- cepto de “expediente”, sino de “carpetas”, donde figuran los actuados y que están en poder de los sujetos procesales.
En el juicio oral se deben actuar todas las pruebas admitidas. Las pruebas que no se practi- quen en el juicio no serán valo- radas por el juez.
El juez falla basado en lo que dice el expediente.
El expediente sigue siendo la fuen- te para la decisión del juez.
Trámite secreto
Trámite público y contradictorio. Excepto en la investigación
Reserva de la investigación previa y en la investigación judicial
La instrucción es reservada aun en muchos casos para las partes. La práctica de prue-
La investigación es reservada, en atención a que se busca pro- teger la dignidad del investigado.
La investigación es reservada, pero esta regla se vulnera por cier-
tos intereses, injerencias u oportu- nismo político.
bas se realiza a espaldas del inculpado.
La divulgación de los detalles de la imputación falsa o en la que no se demuestre la participación del sospechoso, podrían afectar su dignidad.
Desde el mismo inicio de la sin- dicación, se debe de garantizar el ejercicio del derecho de de- fensa del investigado.
Por lo demás, el juicio oral es público, oral, contradictorio y se realiza en presencia del juzgador.
El imputado es objeto de investigación
El imputado es sujeto de derechos y parte procesal
El imputado es objeto de investigación y sujeto de derechos
El inculpado es objeto de in- vestigación, por tanto, no tiene derechos. No conoce los actos de investigación, no participa de esta, solo tiene derecho a un abogado cuando ya existe una instrucción en su contra. Su declaración no es un medio de defensa sino un medio de prueba. Su silencio e inactivi- dad constituye una presunción de culpabilidad.
El acusado es sujeto de dere- chos, por tanto, debe ser oído durante todo el proceso y su si- lencio no debe ser interpretado como indicio en su contra. Tie- ne derecho a conocer los actos de investigación, solicitar actos de investigación, participar en las diligencias, ser tratado como inocente, a que sea su acusador quien desarrolle todos los actos necesarios para probar su cul- pabilidad sin que él esté obli- gado a probar su inocencia, ser asesorado por un abogado y du- rante el debate actuar como par- te procesal en igualdad de opor- tunidades con su acusador.
El imputado es objeto de investiga- ción en la instrucción judicial y el juzgamiento lo coloca como pre- sunto culpable.
La detención es la regla general
La libertad es la regla general y la excepción es la detención
La detención opera como regla general para la mayoría de los delitos.
La libertad es la regla general y
En la práctica, la detención opera
detención la excepción.
Rige el sistema de prueba de tarifa legal e íntima convicción
Rige el sistema de libertad de prueba y sana crítica razonada
Se exige la sana crítica, pero en la práctica se utiliza la íntima convicción
El sistema de determinación de la prueba es el de tarifa le- gal (prueba tasada), es decir, se determina cuáles son las pruebas válidas y admisibles y en algunos casos el valor que debe dársele a ellas.
Existe el sistema de libertad pro- batoria. Los hechos y la respon- sabilidad pueden establecerse por cualquier medio de prueba ofrecido por las partes. Pero di- cha libertad tiene un límite, que la obtención u ofrecimiento de dichos medios de prueba no atenten contra derechos funda- mentales (prueba ilícita).
Se exige la sana crítica como sis- tema de valoración de la prueba, pero en la práctica se utiliza la ín- tima convicción, pues existe un déficit de motivación de decisio- nes judiciales (ausencia de moti- vación, aparente motivación, defi- ciente motivación, etc.)
Las pruebas se tasan por la cantidad y no por la calidad.
El juez falla con base en su in- tima convicción. Lo que hace que no tenga que dar expli- caciones sobre la decisión adoptada.
El juez debe fallar con base en el sistema de sana crítica razo- nada, es decir que debe apreciar las pruebas con base en las le- yes de la lógica, el conocimien-
to y las reglas de la experiencia
y fundamentar el valor que le da
Rige el principio de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal
Principio de racionalidad y discrecionalidad de la acción penal
Existen alternativas y excepciones a la obligatoriedad, pero no son utilizadas
Mediante el principio de obli- gatoriedad, el Estado, a través del órgano jurisdiccional, está obligado a iniciar un proceso penal cuando tenga conoci- miento de la existencia de un hecho delictivo.
El principio de racionalidad per- mite que el titular de la acción penal (Ministerio Público) valo- re el costo beneficio para la jus- ticia, para el inculpado y para la víctima, de abrir un proce- so o de abstenerse de hacerlo teniendo en cuenta elementos como la mínima participación, la pena natural, el perjuicio causa- do, etc. La fiscalía busca una solución alternativa, la aplicación de jus- ticia restaurativa, la aplicación de diversos criterios de opor- tunidad, la negociación y otros mecanismos de simplificación procesal.
Existen alternativas y excepcio- nes a la obligatoriedad, pero no son utilizadas por los operadores jurídicos.
El objeto del proceso es castigar
El objeto es solucionar de la mejor forma el conflicto generado por la violación de la ley. Admite sistemas alternativos a la pena. Principio de oportunidad. Sistemas de agilización
El objeto del proceso es, primero, sancionar al responsable del delito y, luego, restablecer la paz social alterada. En la práctica, la víctima del delito no goza de una reparación integral
Se busca solucionar el conflic- to generado por la comisión del delito. La pena debe cumplir de manera conjunta sus finalida- des preventiva, sancionadora y resocializadora.
El objeto del proceso es, primero, sancionar al responsable del deli- to y, luego, restablecer la paz so- cial alterada.
toda costa un fin de imponerle
culpable, a
modo de escarmiento. Pena
Se admiten formas de concluir el proceso, distintas a la sentencia.
En la práctica, la víctima del deli- to no goza de una reparación in- tegral ni se logra resocializar al condenado.
Lo que importa es reparar inte- gralmente a la víctima del delito y aplicar una sanción al respon- sable que permita su reinserción en la sociedad.
3. CARACTERÍSTICAS dE uN PROCESO BASAdO EN EL SISTEMA ACuSATORIO
A efectos de contar con un esquema elemental para continuar con nuestro es- tudio, precisamos las características más resaltantes que un proceso basado en el sistema acusatorio evidencia:
• el proceso como conjunto de garantías constitucionales. El proceso penal importa un conjunto de principios y garantías constitucionales que guían y gobiernan su desenvolvimiento, así como el rol de los sujetos procesales. En un proceso basado en el sistema acusatorio la dignidad humana, como pilar del Estado Democrático de Derecho, es un derecho fundamental cuyo respe- to se exige al máximo durante el desarrollo del proceso penal. La libertad es otro derecho fundamental que constituye una regla general en el nuevo pro- ceso y que puede ser restringida solo bajo los supuestos legalmente estable- cidos, de modo que, la detención pasa a ser la medida excepcional en el pro- ceso. El derecho de defensa, como derecho irrestricto, no se activa a partir de la acusación fiscal, sino desde el mismo momento en que la persona tiene conocimiento de que se ha iniciado una indagación o investigación prelimi- nar en su contra. La presunción de inocencia, la igualdad procesal, el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, la cosa juzgada, entre otros, son los principios y garantías que desarrollaremos en el siguiente capítulo.
• El fin del proceso. El fin único del proceso penal no es la imposición de la pena sino solucionar de la mejor manera el conflicto derivado del delito. De modo que, la legalidad y la racionalidad dan origen a la oportunidad como posibilidad de orientar todo comportamiento humano, especialmente de las personas que ejercen autoridad, aplicando medidas alternativas al procedi- miento y a la pena.
• reparación integral para la víctima. Las víctimas no solo tienen derecho a una reparación económica sino a una reparación integral. Ello implica que no pueden desconocerse sus derechos en el proceso penal. La víctima tiene derecho a la verdad, la justicia y la reparación, para ello la ley le debe garan- tizar –y las autoridades materializar– los derechos a la información, protec- ción física y jurídica, petición, intervención y reparación integral.
• las funciones de acusación y juzgamiento. El sistema acusatorio se carac- teriza esencialmente por la clara división de funciones que los sujetos proce- sales deben de cumplir en el proceso penal. La separación de funciones impli- ca que las dos fases fundamentales de la persecución penal que tiene a cargo el Estado sean desarrolladas por órganos diferentes. Así, el nuevo marco
procesal encarga la imputación penal al Ministerio Público (5) , órgano con- stitucional autónomo y el juzgamiento, al Poder Judicial (6) , órgano jurisdic- cional. Esta división garantiza que el juzgador –al momento de desarrollar el juicio y emitir sentencia– no se vea afectado por el prejuicio que genera la labor investigadora. Todo investigador busca hallar elementos de convic- ción que acrediten la responsabilidad del investigado en la comisión de los hechos. En cambio, un decidor –como lo es el juez– debe de ser imparcial.
• el director de la investigación. La investigación es dirigida por el Minis- terio Público, órgano constitucional autónomo que le añade una calificación jurídica y que, asimismo, cuenta con la titularidad de la acción penal públi- ca. El fiscal ejerce la acción penal atendiendo al principio de legalidad pro- cesal, que lo obliga a ejercerla ante la existencia de elementos de convicción sobre la existencia de un hecho punible y la presunta responsabilidad del investigado.
• Disponibilidad de la acción penal. El principio de legalidad procesal se en- cuentra inspirado en los de obligatoriedad e indisponibilidad de la acción pe- nal. Por el principio de obligatoriedad se obliga al titular de la acción penal pública a ejercerla ante el conocimiento de la presencia de elementos de con- vicción de la comisión de un delito. En tanto que, por el principio de la indis- ponibilidad de la acción penal no se le permite opción distinta a la de ejercer- la. No obstante, el principio de legalidad procesal encuentra una excepción en los criterios de oportunidad, los cuales tienen su justificación en el prin- cipio de disposición de la acción penal. Cuando hablamos de los criterios de oportunidad nos referimos a la facultad que tiene el titular de la acción penal (Ministerio Público) para abstenerse de ejercitarla, contando con el consenti- miento del imputado y presupuestos de falta de necesidad y merecimiento de
artículo iV del título Preliminar del CPP de 2004: titular de la acción penal
El Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el
deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio.
2. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constituti- vos de delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.
Los actos de investigación que practica el Ministerio Público o la Policía Nacional no tienen
carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición. artículo V del título Preliminar del CPP de 2004: Competencia judicial
1. Corresponde al órgano jurisdiccional la dirección de la etapa intermedia y, especialmente, del
juzgamiento, así como expedir las sentencias y demás resoluciones previstas en la Ley.
2. Nadie puede ser sometido a pena o medida de seguridad sino por resolución del órgano juris-
diccional determinado por la Ley.
pena. La aplicación del criterio de oportunidad en el Perú es reglada, ya que la ley define los límites y los controles que se aplican para su otorgamiento, conforme al artículo 2 del CPP de 2004. Más adelante desarrollaremos este tema a profundidad.
• intervención del juez de control de garantías. Si bien el fiscal dirige la in- vestigación preparatoria, cuando la formaliza se somete a la supervisión del juez de control de garantías (“juez de la investigación preparatoria” en el CPP de 2004), a fin de que este controle la legalidad y el respeto de los dere- chos del imputado durante los actos de investigación del fiscal, decida acerca de los pedidos de las partes (medidas coercitivas, cesación de medidas coer- citivas, autorización para actos de búsqueda de prueba, etc.) y, posteriormen- te, será ese mismo juez quien controle la procedencia de la acusación o, de ser el caso, del sobreseimiento.
• e l juicio oral. Ya en etapa de juzgamiento, la decisión acerca de la respon - sabilidad del acusado y la pena a imponérsele recae en el juez de conoci- miento (“juez penal –unipersonal o colegiado–”). El juzgamiento constituye la fase del proceso en la que se determina la responsabilidad del acusado en atención a las pruebas que se actúen en la audiencia. El juzgamiento impli- ca que el acusador ha realizado previamente una investigación objetiva, de modo tal que la acusación se encuentra sustentada, ello garantiza que no se la acusará de forma arbitraria e injusta. En el juicio oral se materializan los principios procesales de publicidad, oralidad, inmediación, concentración y contradicción.
EL dISEÑO CONSTITuCIONAL dEL NuEvO PROCESO PENAL
1. LOS dEREChOS fuNdAMENTALES EN EL PROCESO PENAL
Como hemos precisado, en el desarrollo de un proceso penal los operadores del sistema de administración de justicia deben de respetar un conjunto de dere- chos, libertades, garantías y principios a favor de los involucrados. Lo interesan- te es que muchas de tales garantías procesales no se encuentran expresamente es- tablecidas en el código adjetivo, ya que, básicamente, se hallan contenidas en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos rati- ficados por el Perú.
En primer lugar, los derechos humanos son aquellos inherentes a la persona, sin los cuales su desarrollo y realización no sería posible. Bajo la clasificación por generaciones de los derechos humanos tenemos:
• Derechos humanos de primera generación: que protegen los derechos de libertad.
• Derechos humanos de segunda generación: que protegen los derechos eco- nómicos y sociales.
• Derechos humanos de tercera generación: que protegen los derechos de solidaridad.
• Derechos humanos de cuarta generación: que protegen los derechos de la so- ciedad tecnológica (7) .
Por su parte, los derechos fundamentales son derechos humanos positivi- zados, es decir, contenidos en la Constitución Política. Son derechos públicos
LÓPEZ GARRIDO, Diego y otros. Nuevo Derecho Constitucional Comparado. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 162 y ss.
subjetivos consagrados en la carta magna, como por ejemplo, la libertad, la dig- nidad, la igualdad, etc.
Los derechos fundamentales pueden ser, y de hecho son al mismo tiempo, aunque considerados desde un punto de vista distinto, libertades públicas, garan- tías institucionales o principios procesales (8) .
En ese sentido, existen los denominados derechos fundamentales procesales, que –entendidos en sentido amplio– son aquellos principios procesales, libertades públicas y garantías institucionales reconocidos por la Constitución que se apli- can directa o indirectamente en el proceso, como son la igualdad procesal, el de- recho de defensa, la presunción de inocencia, etc. (9) .
2. dEREChOS, LIBERTAdES PúBLICAS, PRINCIPIOS y gARANTÍAS PROCE- SALES
Como resulta conocido, los derechos –desde un punto de vista subjetivo– son las facultades con las que cuenta una persona para exigir el respeto de toda situa- ción que le favorece, conforme al ordenamiento jurídico vigente. Un derecho es una potestad individual (10) de proceder o no conforme a los límites legales impu- estos por una autoridad.
Las libertades abarcan un campo más amplio que el de los derechos y su esencia es fundamentalmente política (11) . Las libertades públicas son un concepto parecido al de los derechos fundamentales y tienen una trascendencia en relación al Estado, como por ejemplo, el derecho a la libertad (12) .
Los principios son los fundamentos de algo, se entienden como proposicio- nes o verdades que sustentan el saber o la ciencia jurídica (13) . Los principios pro- cesales son aquellas máximas que configuran las características esenciales de un
GÓMEZ COLOMER, Juan Luis. El Proceso Penal Español. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 58 y ss. Ídem. CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III, vigésima sexta edición, Editorial Eliastra, Argentina, 2003, p. 152. ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal Penal. Segunda edición, Editorial Al- ternativas, Lima, 1999, pp. 56 y 57. BURGOS MARIÑOS, Víctor. El Proceso Penal Peruano. Una investigación sobre su constitu- cionalidad. Disponible en línea al mes de agosto de 2010: <www.cybertesis.edu.pe/sisbib/2002/ burgos_mv/html/index-frames.html>. FLORES POLO, Pedro. Diccionario de Términos Jurídicos. Tomo II, Editores Importadores S.A., Lima, p. 340.
proceso, pudiendo coincidir o no con un derecho fundamental procesal, por ejem- plo, el principio de imparcialidad de los jueces o el de igualdad procesal (14) .
En específico, entonces, los principios del proceso penal brindan un mar- co general de concepción, actuación, deber ser y hacer de los sujetos procesales frente a ellos y definen la estructura del proceso, considerando en esta las fases de este, el papel que desempeñan los intervinientes y el perfil de cada uno de ellos.
Los principios consignados en el ordenamiento penal como normas recto- ras deben ser fundamentos o criterios finalistas de orientación, interpretación y aplicación al caso concreto por parte del juzgador, de los operadores del sistema y de la sociedad en general. Para ello, los grandes referentes son la Constitución Política, el bloque de constitucionalidad, los tratados de derechos humanos y el Derecho Penal internacional.
Por su parte, las garantías importan el aseguramiento y/o protección contra algún riesgo o necesidad. Las identificamos con el concepto de tutela, amparo o protección jurídica (15) .
Las garantías son el amparo que establece la Constitución y que debe prestar el Estado para el efectivo reconocimiento y respeto de las libertades y derechos de la persona individual, de los grupos sociales, e incluso del aparato estatal, para su mejor actuación y desenvolvimiento (16) .
La mayoría de las Constituciones de Latinoamérica han incorporado un con- junto de garantías genéricas y una extensa relación de garantías específicas. Las garantías genéricas son las normas generales que guían el desenvolvimiento de la actividad procesal. En ocasiones sirven para reforzar el contenido de las garantías específicas. Estas últimas se refieren a aspectos puntuales y concretos del proce- dimiento y a la estructura y actuación de los sujetos procesales (17) .
Como garantías genéricas se consideran: el derecho a la tutela jurisdiccio- nal, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso. Estas garantías refuerzan e, incluso, dan origen a las garantías específicas como: la del juez natural, publicidad, pluralidad de instancia, cosa juzgada, etc. Existiendo, además, una marcada interrelación entre ellas.
BURGOS MARIÑOS, Víctor. Loc. cit. FLORES POLO, Pedro. Ob. cit., p. 12. ORÉ GUARDIA, Arsenio. Ob. cit., pp. 56 y 57. SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen I, Grijley, Lima, 1999, p. 51.
Así, tenemos que las garantías procesales son las seguridades que se otor- gan para impedir que el goce efectivo de los derechos fundamentales sea con- culcado por el ejercicio del poder estatal, ya sea limitando ese poder o repelien- do el abuso.
Hablar de garantías es hablar de mecanismos jurídicos que impiden un uso arbitrario o desmedido de la coerción penal. A la par que la Constitución Política reconoce derechos constitucionales, también establece una serie de mecanismos procesales con el objeto de tutelarlos, pues los derechos sin garantías no son sino afirmaciones programáticas, desprovistas de valor normativo.
3. LOS PRINCIPIOS y gARANTÍAS dEL PROCESO PENAL
Cabe precisar que los principios pueden ser al mismo tiempo garantías. Víctor
Cubas Villanueva (18) empleó el término de “garantías constitucionales del proceso penal” para referirse al cúmulo de principios, derechos y libertades fundamental- es reconocidas por la Constitución, y que a su vez, se encuentran garantizados por ella misma, a través del carácter de norma fundamental que dota al ordenamiento
y en especial, a las normas que regulan la función penal del Estado, de unidad y coherencia. Noción con la que coincidimos.
El Perú, siendo un Estado Democrático de Derecho, debe velar por el respeto
y la protección de los derechos fundamentales de toda persona sometida a la ju-
risdicción. Por ello, el Estado debe basar el desenvolvimiento del proceso penal
en las normas contenidas en la Constitución. Es pues, la carta magna la que de- fine los límites o restricciones del poder estatal.
El proceso penal establecido en el CPP de 2004 coincide con la conclusión a la que hemos arribado. La Constitución Política y el Título Preliminar del nuevo código adjetivo establecen los cimientos esenciales de esta nueva regulación del proceso penal, evidenciando una marcada tendencia al sistema acusatorio, con rasgos adversariales y garantistas. Este nuevo proceso tiene una estructura esen- cialmente constitucional.
Con base en lo expuesto, seguidamente, desarrollaremos los principios y las garantías del nuevo proceso penal.
CUBAS VILLANUEVA, Víctor. “Las Garantías Constitucionales del Proceso Penal”. En: APECC. Revista de Derecho. Año I, Nº 1, Lima, 2004.
3.1. Principios y garantías procesales comunes a todos los procesos
Como hemos adelantado, la Constitución Política reconoce un conjunto de derechos, principios y garantías procesales de los que se derivan consecuencias que, en suma, limitan el poder del Estado. A decir de Alzamora Valdez, el queha- cer de los sujetos procesales se halla gobernado por principios, que son categorías lógico-jurídicas, muchas de las cuales han sido positivizadas en la Constitución o en la ley, cuya finalidad es señalar el marco dentro del cual debe desenvolver- se la actividad procesal (19) .
Denominamos principios a las proposiciones jurídicas de carácter general y abstracto que dan sentido o inspiran a las normas concretas y que, a falta de estas, pueden resolver directamente los conflictos (20) .
Siguiendo a Díez-Picazo (21) , cuando hablamos de principios generales del Derecho hacemos referencia a aquellos principios no legislados ni consuetudina- rios mediante los cuales se integran las lagunas de la ley y de los cuales se sirve el juzgador para no dejar de administrar justicia.
Por su parte, los principios procesales son una expresión monodisciplinaria de los principios generales del Derecho y, vistos en su conjunto y al interior de un ordenamiento, sirven para describir y sustentar la esencia del proceso, así como para poner de manifiesto el sistema procesal por el que el legislador ha optado. Esa es pues la razón por la que aparecen en la parte inicial (Título Preliminar) de un ordenamiento (22) . No obstante ello, hay varios principios procesales que no ne- cesariamente figuran en un código, pero forman parte de la sistemática de este.
La aplicación de los principios procesales exige una interpretación reflexiva que trasciende su sentido literal o histórico, privilegiándose los valores vigentes en la sociedad al momento de su aplicación. Es importante que el juez advierta que los principios son pautas orientadoras de su decisión, en tanto este los somete al cotejo con las necesidades y los intereses sociales al tiempo de su uso.
Ramos Méndez, refiriéndose al proceso penal, señala que la Constitución ha incorporado un conjunto de garantías genéricas y una extensa relación de garan- tías específicas. Se trata, en ambos casos, de una vasta relación de cláusulas de relevancia constitucional que definen los aspectos orgánicos de la jurisdicción
ALZADORA VALDEZ, Mario. Derecho Procesal Civil. Teoría General del Proceso. Editorial
Sesator, Lima, 1974, pp. 237 y 238. ARMENTA DEU, Teresa. Lecciones de Derecho Procesal Penal. Editorial Marcial Pons, Ma-
drid, 2003, p. 69. DÍEZ-PICAZO, Luis. Experiencias jurídicas y teoría del Derecho. Editorial Ariel, Barcelona,
1975, p. 202. EISNER, Isidoro. Planteos procesales. Editorial La Ley S.A., Buenos Aires, 1984, p. 48.
penal, la formación del objeto procesal y régimen de actuación de las partes (pro- ceso), así como de la actuación formal de la pretensión punitiva y de su resisten- cia hasta la sentencia definitiva (procedimiento) (23) .
En el mismo ámbito, Ferrajoli sostiene que mientras las garantías penales o sustanciales subordinan la pena a los presupuestos sustanciales del delito (lesión, acción típica y culpabilidad), las garantías procesales o instrumentales permiten la efectividad de esas garantías, en tanto se afirme la presunción de inocencia, la separación entre acusación y juez, la carga de la prueba y el derecho del acusado a la defensa. La principal garantía constitucional, que sirve de presupuesto de to- das las demás, es la de jurisdiccionalidad (nulla cullpa sine indicio), en virtud de la cual se exige la acusación, la prueba y la defensa (24) .
Tenemos, entonces, que los principios y garantías de la función jurisdiccio- nal consagrados en el artículo 139 de la Constitución son aplicables a todos los ti- pos de procedimientos, sean penales, civiles, constitucionales, laborales, etc. Así tenemos como básicas y comunes a todos los procedimientos:
a) Principio de la exclusividad y obligatoriedad de la función jurisdiccional
La unidad y la exclusividad del ejercicio de la función jurisdiccional por el Poder Judicial es uno de sus principios básicos. No existe ni puede establecerse –dice la carta magna– jurisdicción alguna independiente, con excepción de la mi- litar y la arbitral (art. 139, inc. 1, Const.). Asimismo, las comunidades campesinas y nativas pueden administrar justicia en el ámbito de su jurisdicción y con base en sus costumbres, en tanto, no vulneren derechos fundamentales (art. 149, Const.).
Nadie puede irrogarse en un Estado de Derecho la función de resolver con- flictos de intereses jurídicos, sea en forma privada o por acto propio. Esta activi- dad le corresponde solo al Estado, a través de sus órganos especializados. El Es- tado, pues, tiene la exclusividad del encargo.
La obligatoriedad significa que si una persona es emplazada por un órgano jurisdiccional, debe someterse necesariamente al proceso instaurado contra él. Siendo que, para cuando el proceso acabe, dicha persona estará obligada a cum- plir con la decisión que se expida en el proceso del cual formó parte. Así tenemos que ni su actividad ni su omisión podrán liberarla de la obligatoriedad de cumplir
RAMOS MÉNDEZ, Francisco. El proceso penal. Tercera lectura constitucional. Tercera edi- ción, José María Bosch Editor, Barcelona, 1993, p. 9. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Editorial Trotta, Madrid, 1995, p. 539.
con lo que se decida, pudiendo ser compelida a ello a través del uso de la fuer- za estatal (25) .
Es este un principio elemental sin el cual la vida en comunidad se haría im- posible en forma civilizada, pues es fundamento de la existencia misma del Esta- do, como organización jurídica. Sus consecuencias son la prohibición de la justi- cia privada y la obligatoriedad de las decisiones judiciales (26) .
b) Principio de obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley
Casi todas las normas procesales contienen prescripciones de obligatorio cumplimiento, pero este rasgo no es absoluto. Hay algunas normas procesales que regulan opciones a fin de que los interesados decidan la actuación más con- veniente para sus intereses.
El procedimiento para ser tal, no se configura simplemente por la secuencia ordenada de actos procesales, requiere que estos cumplan una forma preestable- cida que los conduzca y permita interpretarlos congruentes con la etapa del liti- gio que atraviesan.
Estas formas condicionan la manifestación exterior del acto, comprometien- do su contenido, van dirigidas a las partes, terceros, auxiliares y al mismo órga- no jurisdiccional. Cuando las reglas adjetivas señalan el modo de ser de los ac- tos que componen el proceso, se habla del principio de legalidad de las formas (27) .
c) Principio de la independencia de los órganos jurisdiccionales
Si el juez no fuera soberano en la decisión que toma para resolver un caso concreto, entonces el proceso judicial solo sería un pretexto para protocolizar una injusticia obtenida con base en un factor externo que pervierte la voluntad del juzgador (28) .
MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I, Temis De Belaúnde & Mon- roy, Bogotá, 1996, pp. 80-108. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso. Tomo I, Editorial Universidad S.R.L., Buenos Aires, 1984, pp. 21 y 22. GOZAÍNI, Oswaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo I, Volumen 1, Ediar S.A. Editora, Buenos Aires, 1992, p. 342. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal. Aguilar S.A. de Edi- ciones, Madrid, 1966, p. 47.
El principio de independencia (29) significa que la actividad jurisdiccional (ex- clusiva del juez) no debe verse afectada por ningún tipo de poder o elemento ex- traño que presione o altere su voluntad.
Para que se pueda obtener el fin de una recta administración de justicia es in- dispensable que los funcionarios encargados de tan delicada y alta misión pue- dan obrar libremente en cuanto a la apreciación del Derecho y de la equidad, sin más obstáculos que las reglas fijadas por ley para emitir su decisión. El principio de independencia del órgano jurisdiccional rechaza toda coacción ajena en el de- sempeño de sus funciones (30) .
El término “imparcialidad” proviene del vocablo impartial que significa “que no es parte”. La imparcialidad no solo debe ser entendida como una calidad del órgano jurisdiccional, sino también como el deber de todos los que participan en la actividad judicial de proteger tal estado, compromiso que alcanza a las par- tes interesadas en el conflicto contenido en el proceso judicial.
La imparcialidad es un requisito esencial para el juzgador, sin el cual este ve- ría desnaturalizadas sus funciones y atribuciones. El juez, pues, debe de resolver en atención a la razonabilidad, legalidad y probanza de los argumentos vertidos por las partes durante el desarrollo del juicio. Todo elemento extraño –como in- clinaciones políticas o religiosas, prejuicios, sobornos, entre otros– perturbarán la imparcialidad del juez y, por ende, la legalidad y justicia que todo fallo judi- cial debe tener.
e) Principio de motivación de las resoluciones judiciales
El juzgador debe fundamentar todas y cada una de sus decisiones, salvo aquellas que por su propia naturaleza son simplemente impulsivas del tránsito procesal o “de mero trámite”.
Una exigencia de este tipo impone a los otros protagonistas del proceso una serie de deberes. Así, las partes deberán sustentar todas las peticiones que formu- len o todas las absoluciones que realicen a los planteamientos de la otra parte. De igual manera, las partes deberán fundamentar los medios impugnatorios que usen, garantizando así un sistema procesal coherente, lógico y racional.
La independencia es aquella condición de libertad en la que una persona o institución no depen-
de de otro u otros para desenvolverse o desarrollar sus funciones. Por su parte, la autonomía im- plica la capacidad de regularse por sí mismo. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso… Ob. cit., p. 22.
Es indispensable que los funcionarios judiciales expliquen y fundamenten sus decisiones, a menos que se trate de simples órdenes para el impulso del pro- ceso (31) . Caso contrario, la decisión sería arbitraria y atentaría contra el derecho de defensa.
Para el cumplimiento del deber constitucional de motivación de las resolu- ciones jurisdiccionales, el juzgador debe de manejar adecuadamente las reglas de las máximas de la experiencia, reglas de la lógica y categorías jurídicas.
La infracción del deber constitucional de motivar las resoluciones se puede dar de cuatro diferentes maneras:
• Falta absoluta de motivación.- Tiene lugar cuando la resolución no expre- sa el más mínimo argumento (real o aparente) que fundamente la decisión adoptada. Existe una total ausencia de motivación.
• Motivación aparente.- En este caso la resolución aparece prima facie como fundamentada. El juzgador glosa algunas razones del porqué ha tomado la decisión. Decimos que se trata de una motivación aparente porque, en cuan- to nos adentramos en la profundidad y razonabilidad de la fundamentación, sin quedarnos solo en el aspecto formal, descubrimos que no existe ningún fundamento (32) ; que se han glosado frases que nada dicen (que son vacías o ambiguas) o que carecen de contenido real (no existen elementos de prueba que las sustenten). Es necesario dejar en claro que la motivación aparente no constituye, en estricto, motivación alguna y no debe ser considerada como una motivación real (33) .
• Motivación insuficiente.- Se incurre en esta infracción cuando se viola el principio lógico de razón suficiente, es decir, se consignan solo algunos de los argumentos que llevaron a tomar la decisión, pero no todos los que van a generar la convicción. (34)
• Motivación incorrecta.- Se presenta cuando en el proceso de motivación se infringen las reglas de experiencia o de la lógica, se interpretan o aplican incorrectamente las normas jurídicas, o se recurre a criterios que carecen de cualquier fundamento.
FERNÁNDEZ, Raúl. “Los Errores in cogitando en la Jurisprudencia Cordobesa”. En: ALVERO-
NI. La naturaleza del razonamiento judicial (El razonamiento débil). Córdoba, Colombia. 1993, p. 117. GHIRARDI, Olsen. “La Estructura Lógica del Razonamiento Judicial”. En: Derecho y Sociedad.
Nº 13, Lima, 1998, p. 231. Ibídem, p. 103.
En este nivel es necesario advertir sobre un tema de fundamental importan- cia, que no ha sido tomado en cuenta debidamente: la motivación de la pena que se impone. En tanto la sentencia penal condenatoria no solo se encuentra conforma- da por el pronunciamiento del juzgador sobre la realización de un hecho punible, sino que, además, por el pronunciamiento sobre la pena que corresponde imponer (salvo en los casos de reserva del fallo condenatorio), el derecho a la fundamenta- ción de las resoluciones jurisdiccionales resulta exigible, también, en el extremo de la sentencia condenatoria que se refiere a la pena judicialmente determinada (35) .
f) Principio de la doble instancia o pluralidad de instancias
En primer lugar, debemos de tener en cuenta que existen dos definiciones de relieve jurídico acerca de la instancia. La primera se conecta de modo directo con el impulso del procedimiento, ya que a los tribunales no les corresponde la inicia- ción de la administración de justicia, que se confía a los interesados o a los per- judicados. En este aspecto instancia equivale a iniciativa procesal y a la posterior actividad mediante solicitudes, peticiones o súplicas, de carácter escrito o verbal, esto último en el curso de diligencias, audiencias o vistas (36) .
La otra acepción básica de instancia en lo procesal se relaciona con la jerar- quía de los tribunales o conjunto de actuaciones practicadas desde la iniciación litigiosa hasta la sentencia definitiva. Así, se llama primera instancia al ejercicio de la acción ante el primer juez que conoce el asunto y segunda instancia al ejer- cicio de la misma acción ante el juez o tribunal de apelación con el objeto de que reforme la sentencia del primer juez (37) .
Debemos concluir, afirmando que todo proceso debe ser conocido por dos jueces de distinta jerarquía, cuando así lo requieran los interesados por medio de un recurso de impugnación. Ello en aplicación del derecho que toda persona tie- ne de impugnar las decisiones judiciales.
g) Principio de la cosa juzgada
Inspirado en la Constitución Política, el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Penal establece la interdicción de la persecución penal múltiple, señalando que:
Véase: GARCÍA ARÁN, Mercedes. Fundamentos y Aplicación de Penas y Medidas de Seguri- dad en el Código Penal de 1995. Editorial Aranzandi. Navarra, España, 1997, p. 64. CHOCLÁN MONTALVO, José Antonio. Individualización Judicial de la Pena. Función de la Culpabili- dad y la Prevención en la Determinación de la Sanción Penal. Editorial Colex. Madrid, España, 1997, p. 172. ABREGU, Martín. “La Sentencia”. En: El nuevo Código Procesal Penal de la Na- ción. Análisis Crítico. Editores del Puerto, Buenos Aires, Argentina, 1993, p. 218. CABANELLAS, Guillermo. T. IV. Ob. cit., p. 442. Ibídem, p. 443.
“Nadie podrá ser procesado, ni sancionado más de una vez por un mismo he- cho, siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio rige para las sanciones penales y administrativas. El Derecho Penal tiene preemi- nencia sobre el Derecho Administrativo.
La excepción a esta norma es la revisión por la Corte Suprema de la senten- cia condenatoria expedida en alguno de los casos en que la acción está indi- cada taxativamente como procedente en este Código”.
Al respecto debemos de precisar que para que los fines del proceso se con- creten es indispensable que la decisión final que se obtenga en este sea de exi- gencia inexorable. Esta calidad de indiscutibilidad y de certeza en su contenido es una autoridad intrínseca que acompaña a las resoluciones judiciales y recibe el nombre de cosa juzgada.
Debemos de precisar, sin embargo, que no todas las decisiones últimas de un proceso están investidas de la autoridad de la cosa juzgada, esta solo se presenta en aquellas resoluciones en las que haya un pronunciamiento sobre el fondo, es decir, sobre el conflicto que subyace en el proceso.
Para que la autoridad de la cosa juzgada acompañe a una resolución es nece- sario que se presente alguna de estas situaciones:
• Que se hayan agotado todos los medios impugnatorios posibles de ser dedu- cidos contra ella; o
• Que haya transcurrido el plazo legal correspondiente sin haberse interpuesto impugnación alguna contra esta.
En el primer supuesto diremos que la resolución fue ejecutoriada y, en el se- gundo, que fue consentida. En ambos casos, la resolución quedará firme.
La cosa juzgada implica asignarle un carácter definitivo e inmutable a la de- claración de certeza contenida en la sentencia. Por consiguiente, el principio de la cosa juzgada está orientado a evitar la continuación de la controversia cuando ha recaído sobre ella la decisión del órgano jurisdiccional, vale decir, no puede plan- tearse nuevamente el litigio (entre las mismas partes y respecto del mismo petito- rio e interés para obrar) si ya fue resuelto.
De esta manera habrá seguridad jurídica, fortaleciéndose, además, la función jurisdiccional al conferirle plena eficacia.
3.2. garantías genéricas del proceso penal
Conforme a lo expuesto, las garantías genéricas son las normas generales que guían el desenvolvimiento de la actividad procesal y las garantías específicas
se refieren a aspectos puntuales y concretos del procedimiento. En el ámbito del proceso penal tenemos como garantías genéricas al debido proceso, el derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho de defensa.
a) el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
El artículo 139.3 de la Constitución Política establece un derecho autónomo en el que se integran diversas manifestaciones y que engloba: el derecho para ac- ceder al proceso judicial, el derecho a obtener una resolución de fondo fundada en derecho; el derecho a los recursos legalmente previstos y el derecho a la eje- cución de las resoluciones judiciales.
El artículo I del Título Preliminar del CPP de 2004 establece que:
“1. La justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales estable- cidas conforme a este código. Se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable.
Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio, desarrollado conforme a las normas de este código.
Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este código. Los jue- ces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia.
Las resoluciones son recurribles, en los casos y en el modo previsto por la Ley. Las sentencias o autos que ponen fin a la instancia son susceptibles de recurso de apelación.
El Estado garantiza la indemnización por los errores judiciales”.
Procedamos a tratar cada uno de estos derechos que integran la tutela juris- diccional efectiva:
• El derecho de libre acceso a la jurisdicción.- Mediante este derecho se ga- rantiza al individuo la posibilidad de acceder al proceso jurisdiccional, pro- moviendo o solicitando su inicio ante el órgano legalmente competente o concurriendo válidamente al proceso ya iniciado en los casos en que tuviere algún interés en la resolución jurídica del mismo (en los casos del imputado o el tercero civil).
El derecho de acceso a la justicia debe ser entendido como aquel que to- das las personas tienen de ser oídas por el órgano jurisdiccional. El acceso al órgano jurisdiccional se debe manifestar no solo en la posibilidad de for- mular peticiones concretas (solicitudes probatorias, oposiciones, alegatos,
impugnaciones, etc.), sino también en que se pueda instar la acción de la jus- ticia en defensa de los derechos e intereses legítimos de las personas.
En el proceso penal peruano es el Ministerio Público el órgano constitu- cionalmente autónomo que tiene la exclusividad para promover la acción pe- nal pública, sin embargo, ello no obsta que los ciudadanos tengan el derecho de formular denuncias y, si el fiscal las rechaza, puedan instar el control je- rárquico del Superior.
Una vez promovida la acción penal, los agraviados están autorizados a cons- tituirse en parte civil. La víctima, en consecuencia, no está legitimada para reclamar la imposición de una pena al presunto delincuente, pero sí para acu- dir directamente al órgano judicial reclamando una indemnización.
• El derecho de libre acceso al proceso en las instancias reconocidas.- Con- forme ha sido concebida en la doctrina jurisprudencial constitucional espa- ñola, esta consecuencia del derecho a la tutela judicial efectiva constituye una mera continuación del derecho de acceso al proceso (38) .
Esta garantía se refiere a la posibilidad de que deben tener las partes de ac- ceder a los recursos e instancias correspondientes en tanto se encuentren le- galmente previstas. Esta garantía no debe entenderse como un derecho a la pluralidad de instancias, sino que solo constituye un derecho a acceder a las instancias –por ende al recurso que la posibilita– ya legalmente previstas. Hablamos pues del derecho de impugnación.
• El derecho a obtener una resolución motivada jurídicamente que ponga fin al proceso.- Los derechos de libre acceso a la jurisdicción y al proceso en sus instancias reconocidas perderían razón de ser, en cuanto partes inte- grantes del superior derecho a la tutela judicial efectiva, si el sujeto no tuvie- ra también el derecho a una resolución motivada jurídicamente que ponga fin al proceso.
De nada serviría que se le haya permitido al sujeto comparecer al proceso, en sus instancias legalmente previstas, si no se prevé también un derecho para que el órgano jurisdiccional no pueda eludir dar la respuesta jurídica cuya búsqueda dio origen al proceso, o dé una que resulte siendo ambigua. Sin embargo, no es cualquier respuesta la que satisface el derecho a la tutela ju- dicial efectiva, sino que es necesario que esta, además de ser clara, deba en- contrarse debidamente motivada, tanto desde una perspectiva fáctica como jurídica.
CHAMORRO BERNAL, Francisco. La Tutela Judicial Efectiva. Derechos y Garantías Proce- sales derivados del artículo 24.1 de la Constitución. Editorial Bosch, Barcelona, 1994, p. 83.
Como ya comentamos, el derecho a la motivación de la resolución que pon- ga fin al proceso se encuentra incluido en la garantía específica de motiva- ción de resoluciones jurisdiccionales consagrada en nuestra carta magna (art. 139) cuando prescribe: “Son principios y derechos de la función jurisdiccio- nal: (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hechos en que se sustentan”.
• El derecho a la efectividad de la tutela judicial.- Conocido como el dere- cho de ejecución de resoluciones judiciales. El contenido del derecho a la tu- tela judicial efectiva se complementa con el derecho que se tiene a que la re- solución que pone fin al proceso pueda ser operativizada en la realidad. De nada serviría permitir el acceso al proceso y lograr la obtención de una reso- lución que le ponga fin de forma favorable, si es que el pronunciamiento ju- dicial queda solo en eso, un pronunciamiento, y no puede conseguir virtuali- dad en la realidad.
Conforme ha señalado San Martín Castro, las resoluciones judiciales firmes no son meras declaraciones de intenciones, sino que es necesario que se eje- cuten obligatoriamente, inclusive de modo coactivo en los casos en que vo- luntariamente no se cumpla el pronunciamiento contenido en ella (39) .
En suma, la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho público a tener acce- so al sistema judicial y a obtener de este una resolución fundada en derecho –y
por tanto, motivada–. A ello se añade el derecho a no sufrir indefensión, esto es,
a poder ejercer en el proceso, en apoyo de la propia posición, todas las facultades
legalmente reconocidas. Si bien el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ha sido equiparado por algunos autores con el due process of law del Derecho anglo- sajón, lo cierto es que para los países latinos, su configuración como derecho fun- damental, que rige no solo el proceso sino que incluso lo fundamenta como me- canismo legítimo para la solución de los conflictos, es ya indiscutible.
b) el derecho al debido proceso
Nos vemos obligados a precisar que el concepto de debido proceso que se usa en la mayor parte de los países latinoamericanos es una importación limitada del concepto del debido proceso legal anglosajón.
Así, en la Carta Magna inglesa se señalaba que ningún hombre sería deteni- do ni puesto en prisión o fuera de la ley excepto por “el juicio legal de sus pares
o conforme a la Ley de la Tierra”. Según la doctrina inglesa, la expresión “juicio
SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal
legal de sus pares” y “Ley de la Tierra” equivale al actual concepto inglés de de- bido proceso legal o due process legal.
El debido proceso fue introducido formalmente en la Constitución de los Es- tados Unidos, a través de la V Enmienda (1791). Progresivamente fue evolucio- nando y pasó a configurarse como una garantía de justicia (40) . De ese modo, la no- ción del Estado de Derecho exige que todo proceso esté informado por la justicia y la equidad (41) .
El due process legal actual del sistema jurídico de los Estados Unidos es mu- cho más complejo, ya que es el fruto de siete siglos de evolución del ordenamien- to anglosajón y hoy reconoce derechos procesales fundamentales que se originan de los enunciados generales conocidos como Bill of Rigths.
Debe entenderse siempre el due process legal como la “válvula reguladora” de los derechos vida, libertad y propiedad, y más aún, se considera actualmen- te como el principio informador de todo su ordenamiento jurídico y consiste en dos garantías:
• El due process procesal, por el cual nadie puede ser privado de la vida, la li- bertad o propiedad sin un proceso ajustado al fair trail o juicio limpio; y
• El due process sustantivo, por el cual no se pueden delimitar estos derechos sin un motivo justificable.
En nuestro sistema, el concepto de debido proceso se limita al ámbito del fair trail y con este fin comprende a todas las garantías que estén en concordan- cia con el fin de dotar a una causa penal de los mecanismos que protejan a la per- sona sometida a ella. Comprende incluso a derechos que no se encuentran expre- samente positivizados, pero que en virtud de esta garantía se pueden invocar por responder a sus fines.
En un primer acercamiento, la naturaleza del debido proceso (42) resultaría siendo de lo más amplia, pues como ha señalado Mixán (43) , su teleología se
En la evolución de esta garantía americana se pueden identificar garantías específicas, tales
como: el derecho a ser adecuadamente emplazado y a gozar de un tiempo razonable para prepa- rar la defensa; el derecho a ser juzgado por un juez imparcial; el derecho a la tramitación oral de la causa y a la publicidad; el derecho a la prueba, que importa derecho a las solicitudes probato- rias, a la participación en la actuación probatoria, a investigar sobre la prueba antes del juicio y a la carga de la prueba por la acusación; y el derecho a ser juzgado con base en el mérito del pro- ceso y a tener copias de las actas. ESPARZA LEIBAR, Iñaki. El Principio del Proceso Debido. José María Bosch Editor, Barcelo- na, 1995, p. 241.
Ob. cit., p. 54.
MIXÁN MÁSS, Florencio. Categorías y Actividad Probatoria en el Procedimiento Penal. BLG. Trujillo, 1996, p. 104.
refleja en su función de síntesis de las garantías destinadas a concretar la legitimi- dad procesal. En efecto, según un sector de la doctrina a través del debido proce- so se precipitan todas las garantías, derechos fundamentales y libertades públicas de las que es titular la persona en el Estado Social y Democrático de Derecho (44) .
Para Carocca es necesario precisar sus contornos en cuanto a la funcionali- dad que le puede corresponder en el sistema procesal y, en este sentido, sin de- jar de ser una cláusula con la que se busque que el proceso penal se encuentre informado por los valores de justicia y equidad, que le dan su ratio, se la debe concebir como aquella garantía general mediante la cual se va a dotar de rango constitucional a todas aquellas garantías específicas que no han sido reconoci- das expresamente en la Constitución, pero que se encuentran destinadas a asegu- rar que el proceso penal se configure como un proceso justo (conforme con los fines constitucionales) (45) . Su utilidad radicaría en que permitiría situar a las ga- rantías procesales que no aparecen expresamente reconocidas en la Constitución, es decir, se trataría de una cláusula de carácter residual o subsidiaria (46) .
Para nuestro ordenamiento jurídico de raíz eurocontinental, el debido proce- so es una cláusula de carácter general y residual o subsidiaria, por tanto, consti- tucionaliza todas las garantías establecidas por la legislación ordinaria, en cuan- to ellas son concordes con el fin de justicia a que está destinada la tramitación de un caso judicial penal o cuyo cumplimiento ocasiona graves efectos en la regula- ridad del procedimiento (47) .
A nuestro parecer, en el caso peruano, estamos ante un error sistemático de ubicación, pues la Constitución Política consagra entre los principios y derechos de la función jurisdiccional, una serie de principios y garantías procesales, in- cluida la observancia del debido proceso. Cuando, en realidad, el debido proceso contiene a tales garantías, por lo que no se le puede considerar una más de ellas.
En suma, debemos de tener muy en claro que, el debido proceso identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo proceso para asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad de su resultado.
Ob. cit., p. 56.
Véase: CAROCCA PÉREZ, Alex. Garantía Constitucional de la Defensa Procesal. Editorial Bosch, Barcelona, 1998, p. 90-A; SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal Ob. cit., p. 55.
Véase: CAROCCA PÉREZ, Alex. Garantías Constitucionales
Loc. cit; PICÓ I JUNOY, Joan.
Las Garantías Constitucionales del Proceso. José María Bosch Editor, Barcelona, 1997, p. 131. CAROCCA PÉREZ, Alex. “Las Garantías Constitucionales del Debido Proceso y de la Tutela Jurisdiccional Efectiva en España”. En: Revista Jurídica del Perú. Año XLVI, Nº 2, abril-junio.
Trujillo, 1996, p. 70.
Finalmente, siguiendo al Tribunal Constitucional, corresponde diferenciar la tutela judicial efectiva del debido proceso. La primera supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción. En cambio, el derecho al debido proceso significa la observancia de los derechos fundamentales esen- ciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades esta- tuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestable- cido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer (48) .
Características esenciales del debido proceso:
• el ne bis in idem.- El artículo 139 (inciso 13) de la Constitución Política del Perú establece el principio ne bis in idem, al prohibir la reapertura de proce- sos culminados con resolución firme. Este principio se encuentra también re- conocido en los tratados, como por ejemplo, el artículo 14 inciso 7) del Pac- to Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 8, inciso 4) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El principio ne bis in idem tiene una dimensión material y procesal. Según la primera, nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho, lo que im- porta la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación impide que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Según la dimensión procesal, nadie puede ser juzgado dos ve- ces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no puede ser obje- to de dos procesos distintos. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en un mismo orden jurídico (49) .
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ. Sentencia del TC N° 8123-2005-PHC/TC. Ídem.
En tal sentido, la Constitución Política señala dos exigencias: 1) Que, no es posible aplicar una doble sanción, siempre que se presente la triple identi- dad de sujeto, hecho y fundamento; y 2) Que, en el concurso aparente de le- yes se impide que por un mismo contenido de injusto puedan imponerse dos penas.
Desde la perspectiva procesal, el ne bis in idem es un derecho constitucional que impide que una persona sea enjuiciada dos veces por el mismo delito y su fundamento se halla en las exigencias particulares de libertad y seguridad del individuo.
En materia penal es de entender que el Estado solo tiene una oportunidad para hacer valer su pretensión sancionadora, si la pierde, ya no puede ejercer- la, así se invoquen defectos técnicos o diferentes perspectivas jurídicas para resolver el caso.
La garantía del ne bis in idem, como inadmisibilidad de persecución penal múltiple se asienta sobre tres requisitos concurrentes, tres identidades (50) :
- En primer lugar, funciona en los casos en que la persecución penal se di- rige contra la misma persona en la que ya ha recaído un pronunciamiento final o que viene siendo perseguida. Para este supuesto no importa la cali- ficación jurídica que se haya hecho de la participación en el hecho del su- jeto perseguido, si concurrió como autor, cómplice o instigador, sino so- lamente que se trate de la misma persona (eadem persona). En el tema de la posibilidad de que haya una aplicación del ne bis in idem en abstracto, no referido a una persona específica, se ha discutido si la desestimación – que puede ocurrir cuando todavía no ha sido correctamente individualiza- do el imputado– puede producir un efecto erga omnes. Contestándose que la desestimación no produce el efecto abstracto de cosa juzgada, sino que se trata, simplemente, del rechazo –por inadmisible– de una denuncia, que puede ser admitida nuevamente si se modifican las condiciones por las que antes fue rechazada (51) .
- En segundo lugar, se necesita que se trate del mismo hecho punible (ea- dem res). Este requisito no hace referencia alguna a la calificación jurídi- ca que haya tenido la conducta, sino al hecho fáctico por el cual se ha o
Véase: BACRE, Aldo. Teoría General del Proceso. Tomo III, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1992, p. 446; QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio. Teoría General del Proceso. Edi- torial Temis, Bogotá, 1995, p. 222. BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Editorial Ad-Hoc. Buenos Aires, 1993, p. 165.
se viene procesando (52) . Así, por ejemplo, no importará que el hecho haya sido calificado en un primer proceso, en el que se absolvió al imputado, como delito de homicidio simple y posteriormente se pretenda procesar, nuevamente, por el mismo supuesto fáctico pero calificándolo jurídica- mente como asesinato. En este extremo, es necesario dejar debidamente sentado que, conforme señala generalmente la doctrina, para que opere la garantía del ne bis in idem no es necesaria una identidad absoluta en los supuestos de hecho, sino que solo se debe mantener la estructura básica de la hipótesis fáctica. Es decir, que en términos generales el hecho sea el mismo. Caso contrario sería muy fácil burlar esta garantía mediante la in- clusión de cualquier detalle o circunstancia que ofreciera una pequeña va- riación en la hipótesis delictiva (53) .
- Finalmente, se debe de exigir que se trate del mismo motivo de persecu- ción (eadem causa petendi). Esto significa que el ne bis in idem solo fun- ciona en sede penal en los casos en que ambos procesos tengan por norte la aplicación de una sanción. Así, por ejemplo, no funcionaría la garan- tía en los casos en que el otro proceso careciera de connotaciones sancio- nadoras, por ejemplo, se tratara de un proceso civil en el que el agravia- do del delito pide la reparación del daño causado (siempre que no se haya constituido en actor civil en el proceso penal). En este caso, se trataría de la misma persona, el mismo hecho, pero el fundamento (o acción) sería distinto.
En atención a lo expuesto, entonces queda claro que la cosa juzgada deriva del ne bis in idem y es la calidad que adquiere una resolución firme al haber sido ejecutoriada o consentida. Una resolución es ejecutoriada cuando con- tra ella se han interpuesto, en el tiempo y forma preestablecidos, los medios impugnatorios señalados por la ley. En tanto que, es consentida cuando no se ha interpuesto impugnación alguna contra la resolución, entendiéndose por admitido el fallo del juzgador. Por lo que, la resolución firme (54) se tor- na inimpugnable, inmutable y coercible, es decir, adquiere la calidad de cosa juzgada.
El artículo 90 del Código Penal señala que “[n]adie puede ser persegui- do por segunda vez en razón de un hecho punible sobre el cual se falló
MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal argentino. Tomo 1, Volumen B, Segunda edición, Edito- rial Hammurabi, Buenos Aires, p. 380.
BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal
Ob. cit., p. 167.
La sentencia es la resolución judicial que se pronuncia sobre el fondo del asunto en litigio. Por su parte, los autos ejecutoriados también tienen eficacia equivalente a la sentencia (por ejemplo: el auto de sobreseimiento).
definitivamente”. De dicha disposición se desprende que para verificar la existencia o no de una persecución penal múltiple se requiere la conjunción de tres identidades distintas: 1) Identidad de la persona perseguida penal- mente (identidad subjetiva eadem persona): que se trate de la misma perso- na; 2) Identidad del objeto de persecución (identidad objetiva eadem res):
que se trate de los mismos hechos; y 3) Identidad de la causa de persecución (identidad de acción eadem causa petendi): que las acciones obedezcan al mismo propósito y que esté resuelto por resolución firme.
En conclusión, el contenido del ne bis in idem posee mayor amplitud que el de la cosa juzgada (55) , pues, el primero, no solo comporta la prohibición de una persecución subsiguiente, es decir, cuando la imputación ya ha sido ma- teria de un pronunciamiento final por parte del órgano jurisdiccional corres- pondiente, sino que también se encuentra referido a la prohibición de una persecución paralela, es decir, que la persona sea perseguida al mismo tiem- po en dos procesos diferentes (56) .
• El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.- Esta es otra caracte- rística del debido proceso. Para que la actividad jurisdiccional alcance sus objetivos de justicia es necesario que el proceso se tramite con celeridad (57) . Como su denominación lo indica, este derecho garantiza que el proceso pe- nal se lleve adelante y finalice sin que existan dilaciones indebidas en su tramitación.
Pero debemos de considerar que no toda dilación o retraso en la tramitación del proceso puede identificarse como una infracción de la garantía comenta- da, sino que las dilaciones indebidas han sido entendidas como supuestos ex- tremos de funcionamiento anormal de la administración de justicia, con una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o lo tolerable, y además imputable a la negligencia o inactividad de los órganos encargados de la administración de justicia (58) .
El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se debe complementar con un principio de celeridad procesal, en el sentido que, en cuanto a los funcio- narios estatales les sea posible la resolución del conflicto de carácter criminal
Véase: MIXÁN MÁSS, Florencio. Derecho Procesal Penal. Tomo 1. Segunda edición. Editorial Marsol. Trujillo, 1990, p. 241 y ss.; ORÉ GUARDIA, Arsenio. Manual de Derecho Procesal…
Ob. cit., p. 41 y ss.; SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal y ss.
Ob. cit., p. 61
MAIER, Julio B. J. Derecho Procesal Penal argentino
Ob. cit., p. 163.
ESPARZA LEIBAR, Iñaki. El Principio del Proceso Debido
Ob. cit., p. 214.
RAMOS MÉNDEZ, Francisco. El Proceso Penal
se tiene que dar en el menor tiempo posible. Esto no importará lógicamente una pérdida de garantías.
En conclusión, el proceso penal debe realizarse dentro de un plazo razonable a fin de que se resuelva la situación procesal del imputado, quien tiene dere- cho a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción a la liber- tad que comporta el enjuiciamiento penal.
• El derecho a un juez imparcial.- Líneas atrás hemos desarrollado el prin- cipio de la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales y a este nivel vol- vemos a repasarlo, ubicándolo como una de las garantías que caracterizan al debido proceso.
Nos encontramos pues, frente a una de las garantías más importantes de cual- quier tipo de proceso, en vista de que el primero de los requisitos estructura- les que ha de cumplir necesariamente cualquier juez o Tribunal, para poder ser considerado como tal, es el carácter o condición de tercero ajeno al con- flicto cuya solución se demanda (59) .
La actividad judicial es, ante todo, una actuación “desinteresada”, pudiendo afirmarse que la legitimación judicial se encuentra antitéticamente opuesta a la de las partes, en tanto que la legitimación de estas se determina por la titu- laridad de un derecho o la existencia de un interés en el proceso, la del juez provienen precisamente de esa ausencia de interés con el objeto procesal (60) .
Mixán Máss indica que la imparcialidad impone la rigurosa aplicación del
principio de la identidad: “el juez es juez, nada más que juez”. Y entre el juez
las partes resulta aplicable el principio de tercio excluido: “o bien es parte
bien es juez, no hay posibilidad intermedia” (61) .
• El derecho al juez natural.- El principio de juez natural funciona como un instrumento necesario de la imparcialidad y como una garantía frente a la po- sible arbitrariedad de la actuación del poder penal del Estado en perjuicio del acusado que podría facilitarse mediante la asignación posterior al momento del acaecimiento del hecho que se le imputa, de un juez especialmente desig- nado, no para juzgarlo imparcialmente (es decir, libre de mandatos políticos, de prejuicios o de presiones sobre el caso), sino para perjudicarlo.
GIMENO SENDRA, Vicente; MORENO CATENA, Víctor y CORTÉS DOMÍNGUEZ, Valen-
tín. Derecho Procesal Penal. Segunda edición, Editorial Colex, Madrid, 1997, p. 94. Ibídem, p. 33 y ss.
MIXÁN MÁSS, Florencio. Derecho Procesal Penal
El órgano judicial debe presentar cuatro caracteres indispensables:
- Competencia o la aptitud que la ley le confiere para ejercer su jurisdic- ción en un caso concreto.
- Independencia, implica que no se encuentre subordinado a ninguna de las partes del proceso o entidad externa.
- Imparcialidad, el juez es un tercero neutral para decidir el proceso con objetividad; y
- Estar establecido con anterioridad por la Ley, es decir que debe haber sido designado previamente al hecho que motiva el proceso, de acuerdo al mecanismo constitucional para su nombramiento.
• El derecho a ser oído.- Es la facultad que tiene el justiciable de ser escu- chado por el órgano jurisdiccional. Este derecho se canaliza principalmente a través de la declaración del imputado. Acto predispuesto por las leyes pro- cesales para que aquel decida libremente si prefiere ejercer su defensa ma- terial guardando silencio o a través de manifestaciones verbales en descar- go o aclaración del hecho que se le atribuye y que se le ha hecho conocer previamente junto con las pruebas existentes en su contra, en forma detalla- da, y con el encuadramiento legal recaído, porque solo así podrá defenderse íntegramente.
Si el imputado ejerce su defensa guardando silencio, esta actitud no podrá ser utilizada como presunción en su contra (manifestación del derecho al com- portamiento procesal pasivo), aspecto del que deberá ser informado debida- mente por la autoridad judicial responsable del acto. Asimismo, le corres- ponde la última palabra siempre al imputado.
• La prohibición de compeler a declarar o a reconocer la culpabilidad.- Nos encontramos frente a la garantía que tiene la persona para decidir libre- mente si declarará o no cuando viene siendo objeto de una persecución pe- nal, así como, respecto de cual habrá de ser el contenido de su declaración.
Los funcionarios encargados de la persecución penal no están legitimados para compeler al individuo a declarar y, mucho menos, a declarar de una de- terminada manera.
Conforme ha señalado Binder, el imputado tiene el señorío y el poder de de- cisión sobre su propia declaración. Consecuentemente, solo él determinará
lo que quiere o lo que no le interesa declarar (62) , lo que tendrá que hacer de manera voluntaria y libre.
Esto significa que no se pueden utilizar medios violentos para conseguir la declaración, pero significa también, que no se puede utilizar ningún mecanis- mo que menoscabe la voluntad del imputado (v. gr. mediante la adminis- tración de psicofármacos, sueros de la verdad, hipnosis, etc.). No se pueden emplear tampoco preguntas capciosas o sugestivas, ni amenazar al imputa- do con lo que le podría suceder en caso que no confiese, entre otros recursos similares (63) .
Esta garantía tiene por finalidad desterrar aquellas concepciones inquisitivas que buscaban afanosamente lograr la confesión del imputado, incluso en des- medro de su dignidad como persona humana (64) .
Entre las consecuencias más importantes de este derecho se encuentra el hecho de que de ninguna manera se puede obligar ni inducir siquiera al im- putado a reconocer su culpabilidad, pero también se contiene el derecho que se tiene a que de la negativa a declarar, del silencio del imputado frente a pre- guntas concretas o, incluso, frente a su mentira no se puedan extraer conclu- siones de culpabilidad (65) .
• La publicidad del proceso.- Con ello se asegura la transparencia de las de- cisiones judiciales, pues así estarán sometidas a un control popular. Además, con ella se concreta uno de los principios del sistema democrático: la publi- cidad de los actos del gobierno. La publicidad tiende a asegurar la defensa en su sentido más amplio. Los juicios deben ser públicos porque no puede existir credibilidad en la justicia si el trámite de los expedientes es realizado a puertas cerradas. Sobre este aspecto profundizaremos más adelante.
c) el derecho a la presunción de inocencia
El artículo 2.24.e de la Constitución establece a favor de las personas un ver- dadero derecho subjetivo a ser consideradas inocentes de cualquier delito que se les atribuya, mientras no se declare judicialmente que existen pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad del procesado.
Ibídem, p. 180.
EDWARS, Carlos Enrique. Las Garantías Constitucionales en Materia Penal. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1996, p. 107.
Véase: SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal
Ob. cit., p. 57; BINDER, Al-
berto. Introducción al Derecho Procesal Penal
tías Constitucionales
Ob. cit., p. 107 y ss.
Ob. cit., p. 180; EDWARS, Carlos. Las Garan-
El artículo II del Título Preliminar del CPP de 2004 indica que:
“1. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamen- te motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad pro- batoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.
2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido”.
Mediante esta garantía se reconoce el derecho de la persona que viene siendo sujeto de una persecución criminal de ser considerado y tratado como inocente por el ordenamiento jurídico en su conjunto hasta que no exista un pronunciamien- to judicial firme en el sentido de que el sujeto ha realizado un comportamiento delictivo.
Ya de inicio se debe advertir que el derecho a la presunción de inocencia no solo es una garantía que impone la consideración al imputado como inocente, sino que su efecto más importante lo produce en cuanto exige que la persona que viene afrontando un procedimiento criminal sea tratada, en los diversos sectores del ordenamiento jurídico y la vida social, como una persona de la que aun no se ha comprobado responsabilidad penal alguna.
En cuanto a la consideración como inocente, uno de los sectores más im- portantes en los que debe actuar esta garantía lo encontramos en la información que se debe proporcionar sobre el estado del imputado en el proceso, tanto por los sujetos procesales, como, especialmente, por los agentes de los medios de comunicación.
El principio de inocencia exige que la detención tenga una aplicación excep- cional, de última ratio, toda vez que se trata de un medio de coerción procesal de contenido idéntico a la más clásica de las sanciones criminales, la pena privati- va de libertad.
La responsabilidad penal solo se declara mediante una resolución debida- mente fundamentada, la que ha de quedar firme. Siendo que para su emisión se parte de la exigencia de auténticos actos de prueba y del principio de libre valora- ción o criterio de conciencia por los jueces ordinarios en su valoración.
A decir de Jaen Vallejo: “Los imputados gozan de una presunción iuris tan- tum, por tanto, en el proceso ha de realizarse una actividad necesaria y suficien- te para convertir la acusación en verdad probada (certeza). Las pruebas, para ser
tales, deben merecer la intervención judicial en la fase del juicio oral, cuya obli- gatoriedad y publicidad impone la Constitución, salvo los supuestos de prueba anticipada y prueba preconstituida. Asimismo, deben haber posibilitado el princi- pio de contradicción y haberse actuado con escrupuloso respeto a las normas tu- teladotas de los derechos fundamentales, pues de lo contrario son de valoración prohibida” (66) .
Para que pueda aceptarse el principio de presunción de inocencia es necesa- rio que de lo actuado en la instancia se aprecie un vacío o una notable insuficien- cia probatoria, debido a la ausencia de pruebas, a que las practicadas hayan sido obtenidas ilegítimamente o que el razonamiento de inferencia sea ostensiblemen- te absurdo o arbitrario, debiendo decaer cuando existan pruebas directas o de car- go, o simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad inculpatoria.
Así, tenemos que la presunción de inocencia constituye la máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio, que permite a toda persona conservar un estado de “no autor” en tanto no se expida una resolución judicial firme. La afirmación que toda persona es inocente mientras no se decla- re judicialmente su responsabilidad es una de las más importantes conquistas de los últimos tiempos (67) .
En resumen, la presunción de inocencia significa:
• Que nadie está obligado a demostrar su inocencia, pues esta se presume.
• Que solo, a través de una sentencia fundada en derecho, se podrá declarar la responsabilidad penal del acusado;
• Que nadie puede ser tratado como culpable mientras no exista esa declara- ción judicial firme; y
• Que no puede haber ficciones de culpabilidad: la sentencia absolverá o con- denará, no existe otra posibilidad.
Este derecho tiene dos efectos. A nivel extraprocesal, es un derecho subjeti- vo por el cual al sindicado se le debe tratar como inocente. Es decir, que nadie, ni la policía ni la fiscalía ni los medios de comunicación, pueden señalar a alguien como culpable hasta que una sentencia lo declare como tal, a fin de respetar su
JAÉN VALLEJO, Manuel. La Presunción de Inocencia en la Jurisprudencia Constitucional. Editorial Akal, Madrid, 1989, p. 24. COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL IMPULSO DE LA ORALIDAD EN EL PRO- CESO PENAL, AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTER- NACIONAL y PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y ACCESO A LA JUSTICIA. Técni- cas del Juicio Oral en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano. Libro del Discente. Bogotá, 2003, p. 23.
derecho al honor e imagen. Y, a nivel procesal, el mismo trato de no autor hasta que un régimen de pruebas (68) obtenidas debidamente produzca condena.
d) el derecho de defensa
Cuando la primera parte del numeral 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú consagra como uno de los fundamentos de la función jurisdic- cional: “[e]l principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso” (69) , extiende dicha protección constitucional a cualquier momento y tipo de procedimiento (penal, civil, constitucional, laboral, etc.), reconociéndolo como requisito esencial para la válida constitución de un proceso.
Por su parte, el artículo IX del Título Preliminar del CPP de 2004 (70) prescri- be que:
“1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputa- ción formulada en su contra, y a ser asistida por un abogado defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o dete- nida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a
Este régimen de pruebas, a fin de condenar, exige para destruir la presunción de inocencia:
· La inversión de la carga de la prueba. O sea, que quien acusa tiene que probar la culpabilidad y que nadie está obligado a probar su inocencia, pues esta se encuentra presupuesta. El Minis- terio Público, titular del ejercicio de la acción penal y de la carga de la prueba, debe demostrar la responsabilidad del imputado en la comisión de un delito, con las pruebas pertinentes lo- gradas en una investigación apoyada en la ciencia, debiendo producir certeza en el juzgador; pues cuando existe duda el juzgador resolverá la situación absolviendo al imputado, en apli- cación del principio universal del in dubio pro reo.
· El despliegue de una actividad probatoria mínima. Esta “mínima actividad probatoria” está re- ferida a que las pruebas actuadas sean de cargo y que hayan sido practicadas en juicio. Salvo los casos de prueba preconstituida o anticipada.
· Las pruebas deben haber sido producidas con las debidas garantías procesales.
· Las pruebas deben haber sido valoradas libremente con criterio de conciencia por jueces ordi- narios, independientes e imparciales.
La excepcionalidad de las medidas coercitivas. La presunción de inocencia es un límite a la imposición de estas medidas, pues al exigirse el trato de “no autor”, solo será aplicable una medida coercitiva en casos excepcionales, cuando sea estrictamente necesario el Código Pro- cesal Penal (Decreto legislativo N° 957, publicado el 29 de julio de 2004). Constitución Política del Perú:
Artículo. 139.- Son principios y garantías de la función jurisdiccional:
(…)14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. Código Procesal Penal (Decreto legislativo N° 957, publicado el 29 de julio de 2004).
intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala.
3. El proceso penal garantiza, también, el ejercicio de los derechos de informa- ción y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brin- darle un trato acorde con su condición”.
Nuestro ordenamiento jurídico –a la par con las normas internacionales– con- cibe al derecho de defensa como pilar de cualquier tipo de procedimiento y, por ende, como una manifestación del debido proceso, entendido este como el proce- so en el que se respetan las garantías constitucionales a favor de los intervinientes.
Importante es señalar que el derecho de defensa es, a su vez, principio y ga- rantía. Constituye un principio porque sirve de fundamento para el desarrollo del proceso y para la interpretación de la norma adjetiva. Es una garantía porque el ordenamiento jurídico dota de mecanismos legales para hacerlo valer durante el proceso.
En ese sentido y de modo general, podemos definir el derecho de defensa como la garantía constitucional que le asiste a toda persona que posee un interés directo en la resolución jurídica del proceso penal para poder comparecer ante los órganos de persecución pertinentes, a lo largo de todo el proceso, a fin de poder resguardar con eficacia sus intereses en juego.
Según Julio Maier, “el derecho de defensa no solo se limita a la protección del imputado, sino también a otras personas que pueden intervenir en el proceso, como el actor civil o el tercero. El Ministerio Público, desde la perspectiva de la defensa como limitación del poder estatal, no tiene derecho de defensa, sino un conjunto de facultades o armas para cumplir su función persecutoria” (71) .
Este derecho de defensa tiene dos dimensiones: 1) como derecho subjetivo, es un derecho fundamental que pertenece a todas las partes en el proceso, cuyas notas características son su irrenunciabilidad y su inalienabilidad; y 2) como ga- rantía del proceso, tiene un carácter objetivo institucional, la defensa constituye
MAIER, Julio B. J. Derecho Procesal Penal argentino… Ob. cit., p. 307.
un verdadero requisito para la validez del proceso, siempre necesaria, aun al mar- gen o por sobre la voluntad de la parte, para la validez del juicio.
Limitando el análisis del derecho de defensa al ámbito del proceso penal, lo podemos definir como el derecho público constitucional que asiste a toda perso- na física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defen- sor y se les concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el de- recho constitucional a la libertad del ciudadano.
Existiendo una imputación nace el derecho de defensa, lo que importa reco- nocer que el imputado tiene, en cuanto posibilidad procesal, el derecho de acce- der al proceso o a la investigación, esto es, a ser oído por la autoridad en todas y cada una de las instancias en que la causa se desenvuelva.
La defensa, en tanto derecho fundamental, es ejercida tanto por el imputado cuanto por su abogado defensor, de ahí su carácter dual: privada o material y pú- blica o formal. La defensa material comprende el derecho del imputado a hacer valer su propia defensa, ya sea contestando la imputación, negándola, guardando silencio, o bien conformándose con la pretensión del fiscal. La defensa técnica se erige como un servicio público imprescindible que se presta aun contra la volun- tad del imputado y viene a complementar la capacidad del imputado para estar en juicio penal, con lo que se busca garantizar el principio de igualdad de armas y resistir eficazmente la persecución penal.
Conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, “el derecho de defen- sa contiene en su seno dos principios relevantes del Derecho Penal: el princi- pio de contradicción y el principio acusatorio; por el primero se exige que exista una imputación del delito precisa y clara, que debe ser conocida por el procesa- do y que, finalmente, pueda ser oída en juicio; por el segundo principio, se tiene la vinculación del órgano jurisdiccional en observancia de la acusación fiscal y acorde a las normas que rigen el proceso penal peruano, así como que el ejercicio de la acusación será por órgano distinto al juzgador” (72) .
a) El principio de contradicción.- Según Gimeno Sendra, el principio de con- tradicción “se constituye sobre la base de dotar a las partes –acusador y acu- sado– del proceso penal, la posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la jurisdicción a fin de poder hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante la introducción de los hechos que las fundamentan y su correspondiente
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ. Sentencia del TC N° 04799-2007-PHC/TC. Fundamento a.9.
práctica de pruebas, así como cuando se le reconoce al acusado su derecho a ser oído con carácter previo a la condena” (73) .
Añade Chamorro Bernal que “se debe aclarar que el efectivo ejercicio del de- recho a la contradicción requiere de otro derecho que funciona como su subs- trato, el derecho a la igualdad procesal” (74) . El cual implica la obligación del órgano jurisdiccional de brindar un trato igualitario a las partes, sin discrim- inaciones de índole alguno, permitiéndoles tener acceso a la información de las actuaciones procesales, información del caso, en suma, procurando que se respete la igualdad de armas para desenvolverse en el proceso.
Entendido así, este principio se vulnera cuando el juez proporciona, oculta o niega información del proceso a una de las partes, cuando se parcializa a favor de una de ellas e, incluso, cuando el legislador crea o resta privilegios procesales carentes de fundamentación constitucional favoreciendo o perju- dicando indebidamente a una de las partes.
b) el principio acusatorio. Es aquel según el cual no cabe la posibilidad de que quien investiga, emita sentencia sobre el mismo hecho. Por ello, el juez no puede ser instructor y juzgador a la vez, debiendo recaer la prime- ra función, en el titular de la acción penal pública y la segunda en el órgano jurisdiccional.
Así pues, lo que caracteriza al principio acusatorio es la calidad del Minis- terio Público como titular de la acción penal pública. Este órgano constitu- cionalmente autónomo es el único que puede activar las funciones del Poder Judicial en los casos de delitos pasibles de acción penal pública.
Siguiendo a San Martín Castro, “[c]on la expresión principio acusatorio se denomina un conjunto de garantías referidas a la distribución de roles y las condiciones en que se debe de realizar el enjuiciamiento del objeto del pro- ceso penal” (75) . Así, tenemos las siguientes garantías:
- la asignación de la investigación y el enjuiciamiento a dos órganos distintos. Esto en razón de que siendo la actividad instructora una activi- dad esencialmente inquisitiva, es necesario prevenir un prejuzgamiento y evitar que el imputado sea juzgado por un órgano falto de imparciali- dad (76) , toda vez que la actividad inquisitiva comporta ir avanzando con la
GIMENO SENDRA, Vicente y otros. Derecho Procesal Penal… Ob. cit., p. 56.
CHAMORRO BERNAL, Francisco. La Tutela Judicial Efectiva… Ob. cit., p. 142.
SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Vol. I… Ob. cit., p. 122.
GIMENO SENDRA, Vicente y otros. Derecho Procesal Penal… Ob. cit., p. 85.
intención de descubrir elementos de prueba que digan de la culpabilidad del imputado.
El derecho a la defensa no se podría hacer valer debidamente frente a un juzgador que se encuentre “contaminado” –consciente o inconsciente- mente– con la idea de culpabilidad del procesado.
- la falta de identidad entre el órgano encargado de la persecución y el órgano encargado del juzgamiento. Es necesario distribuir los roles de persecución y juzgamiento entre funcionarios diferentes. Entregar en monopolio estas funciones ocasiona efectos perjudiciales para la defensa del imputado, pues no va a enfrentar a un sujeto que posea medios simi- lares a los suyos, sino que se va a enfrentar al “amo y señor del proceso”; se deberá “defender” del sujeto que, en el momento de la expedición de la sentencia, va a decidir sobre su futuro. Se tendrá que cuidar, entonces, de no atacar a su oponente, por el fundado temor a represalias.
Esta separación de roles no solo evita la parcialización del juzgador, sino que también impide una situación de desventaja del imputado frente al órgano jurisdiccional. La persona sometida al proceso ya no es un simple objeto de una inquisición por el juez omnipotente a quien debe guardarse de atacar, sino un sujeto procesal y un contrincante del fiscal, con quien puede debatir vehementemente.
- La necesidad de congruencia entre la acusación y la sentencia. El ór- gano jurisdiccional no es totalmente libre en el momento de expedir la sentencia sino que tendrá que limitarse a pronunciarse por los hechos que fueron acusados por el fiscal, no podrá introducir nuevos hechos.
Asimismo, el órgano jurisdiccional se encuentra condicionado por la ca- lificación jurídica que se haya realizado del hecho en la acusación, no po- drá sentenciar por un tipo penal que comporte mayor gravedad que el tipo por el que se ha acusado, pues el imputado no ha tenido la oportunidad de ejercer su defensa jurídica respecto de esta figura criminal.
- La prohibición de la reformatio in peius. Se exige que en la segunda o sucesivas instancias no se pueda agravar más a un apelante de lo que ya lo estaba por la sentencia recurrida, salvo que el apelado impugne también independientemente la sentencia o se adhiera a la apelación ya iniciada.
Esta prohibición comporta una continuación de la vinculación del juzga- dor por los límites objetivos y subjetivos trazados por la acusación y la
defensa, pero ahora ya en segunda instancia (77) , con su respectivo funda- mento en el derecho de defensa.
En conclusión, podemos sostener respecto al derecho de defensa que:
• Es un pilar esencial del proceso penal y –como hemos adelantado– admite dos modalidades:
- La defensa material que realiza el propio imputado ante el interrogatorio de la autoridad policial o judicial. Consiste en la actividad que el imputa- do puede desenvolver personalmente haciéndose oír, declarando en des- cargo o aclarando los hechos que se le atribuyen, proponiendo y exami- nando pruebas y participando en los actos probatorios y conclusivos, o bien absteniéndose de realizar cualquiera de estas actividades.
- La defensa técnica que está confiada a un letrado que elabora la estrategia defensiva y propone pruebas, que asiste y asesora jurídicamente al impu- tado y lo representa en todos los actos procesales no personales.
• Debe de proporcionársele al imputado toda la información del hecho que se investiga. De esta manera se garantiza el conocimiento efectivo que debe te- ner el imputado del hecho que se le atribuye, el cual debe comprender la ca- lificación jurídica y la relación histórica del hecho, con indicación de las circunstancias de tiempo, lugar y modo, posibilitándose así el ejercicio del derecho de defensa. Esta información debe ser previa y sin demora, es decir, realizarse antes de cualquier acto procesal.
• El imputado es libre para decidir si declara o no durante el proceso penal. Esta garantía se encuentra consagrada por los tratados internacionales que establecen el derecho de toda persona a no ser obligado a declarar contra sí mismo, ni a declararse culpable.
• Debe de garantizarse la comunicación entre el imputado y su abogado defen- sor. Esta comunicación previa a la realización de cualquier acto procesal tie- ne por finalidad que el defensor asesore jurídicamente y se extiende aun a los periodos de incomunicación. La incomunicación no impide las conferencias entre el inculpado y su defensor, sin embargo, el juez competente las podrá denegar de considerarlas inconvenientes.
• El imputado tiene el derecho de preparar adecuadamente su defensa, para lo que debe de disponer de los medios y tiempo necesarios.
• Para los fines de la defensa del imputado, su abogado puede interrogar a los testigos ante el tribunal, así como obtener la comparencia de los testigos o peritos que puedan aportar al proceso.
• El imputado tiene la posibilidad de recurrir el fallo condenatorio ante un tri- bunal superior. Aquí es donde aparece el derecho a la impugnación, que es distinto al principio de la pluralidad de instancias.
3.3. garantías específicas del proceso penal
Las garantías específicas se refieren a aspectos puntuales y concretos del pro- cedimiento y a la estructura y actuación de los órganos penales. A continuación, desarrollamos las principales.
a) La garantía de la investigación oficial
La investigación oficial consiste en que la persecución penal es promovida por un órgano del Estado, es decir, no queda librada a la discreción del lesionado o incluso al compromiso, existente o no, de cualquier ciudadano. Dicha garantía importa que las investigaciones se llevan en forma debida y correcta, con la nece- saria firmeza, pero, al mismo tiempo, con la mayor moderación posible.
En tanto la persecución del delito es función del Estado, la Constitución con- fiere ese deber al Ministerio Público, titular de la acción penal pública y director de la investigación. La Constitución, el Código Procesal Penal de 1991 y el Có- digo Procesal Penal del 2004, enfatizan que el Ministerio Público es el conductor o director y artífice de la investigación.
El fiscal debe acordar todas las diligencias que considere convenientes o úti- les para la comprobación del delito e identificación de los culpables, guiándose por los principios de legalidad e imparcialidad.
La obtención de la verdad no es propiamente la material, sino la verdad ob- tenida por vías formalizadas, es decir, una verdad forense, y es a esta a la que se dirige la comprensión en el proceso penal. La averiguación de la verdad no pue- de hacerse a cualquier precio.
El Derecho Procesal despliega una amplia y estructurada serie de prohibicio- nes de prueba que impiden al fiscal y al órgano jurisdiccional adquirir y aprove- char datos cuyo conocimiento sería de gran interés (78) .
HASSEMER, Winfried. Fundamentos del Derecho Penal. Editorial Bosch, Barcelona, 1984, pp. 186 y 187.
b) el principio de igualdad procesal
Esta garantía derivada genéricamente del inciso 2 del artículo 2 de la Consti- tución política va de la mano con el principio de contradicción. De ese modo, se tiene que, por un criterio de justicia, tanto la parte acusadora como la parte que defiende al imputado tengan la posibilidad de actuar en igualdad de condicio- nes en el proceso penal. Es decir, que las partes dispongan de iguales derechos y oportunidades similares en el procedimiento a fin de expresar lo que convenga a sus intereses y sirva para sustentar su posición.
El numeral 3 del artículo I del Título Preliminar del CPP de 2004 estable- ce que:
“(…) 3. Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia.
Entonces, desde el punto de vista procesal, este principio, instituido como un derecho fundamental, garantiza que ambas partes procesales gocen de los medios
de ataque y de defensa y de la igualdad de armas para hacer valer sus alegaciones
y medios de prueba, cuya vulneración produce indefensión.
La igualdad está referida a la obligación concerniente al órgano jurisdiccio- nal de proporcionar a las partes igualdad de armas, es decir, disponer de los me- dios necesarios para hacer valer sus respectivas pretensiones. Pero este principio también obliga al juzgador a aplicar la ley con igualdad.
c) el principio de publicidad
Esta garantía, prevista en el inciso 4 del artículo 139 de la Constitución, con-
tiene el control que ejerce la sociedad sobre el funcionamiento de los operadores del sistema de administración de justicia penal. Como bien, sabemos es el pue- blo de quien emana la potestad de administrar justicia, pero por asuntos de orden
y democracia, dicha labor ha sido encomendada al Estado, quien la administra a
través del Poder Judicial. La publicidad permite que la colectividad supervise y controle que tal labor sea bien desarrollada. En tal sentido, la publicidad del pro- ceso implica que la sociedad puede asistir a las salas de audiencia para presenciar el desarrollo del juicio.
Esta garantía, a la vez derecho para los ciudadanos, no es absoluta, sufre ex- cepciones. La Constitución señala que si bien la publicidad del juicio no puede impedirse en los supuestos de responsabilidad de funcionarios públicos, delitos
cometidos por medios de la prensa y los que se refieren a derechos fundamenta- les garantizados por la Constitución, sí puede excluirse en los casos dispuestos por la ley, como son los referidos a la intimidad personal o a la seguridad nacio- nal, por ejemplo.
Por ende, siendo la actividad procesal una función pública, constituye una garantía de su eficacia que los actos que la conforman se realicen en escenarios que permitan la presencia de quien quisiera conocerlos. El servicio de justicia debe dar muestras permanentes a la comunidad de que su actividad se desenvuel- ve en un ambiente de claridad y transparencia. Para ello, no hay mejor medio que convertir en actos públicos todas sus actuaciones. Este conocimiento por parte de los justiciables de la actividad judicial, les concede la seguridad de que el servi- cio se brinda correctamente. Sirve de medio para el fortalecimiento de la confian- za del pueblo en sus jueces y a la seguridad jurídica.
El fundamento del principio de publicidad (79) es que el servicio de justicia es un servicio social. Esto significa que lo que ocurre en los tribunales no es de inte- rés exclusivo de los litigantes, sino de la sociedad, a efectos de que pueda estable- cerse una relación de confianza entre los órganos jurisdiccionales y la comunidad.
En suma, la publicidad significa que no debe haber una justicia secreta, ni procedimientos ocultos, ni fallos sin antecedentes ni motivaciones (80) . Los inte- grantes de la sociedad tienen el derecho de supervisar el buen manejo que el órga- no jurisdiccional hace del ius puniendo, a fin de controlar no solo la actuación del juzgador, sino también el desenvolvimiento de las partes y, de ese modo, reclamar ante una arbitrariedad o abuso del derecho, o, en su caso, ver con mayor confianza el funcionamiento de un sistema de justicia transparente y justo.
d) el principio de oralidad
Desde una visión estricta, como la sustentada por Roxin, “[u]n proceso es oral si la fundamentación de la sentencia se realiza exclusivamente mediante el material de hecho, introducido verbalmente en el juicio. Lo rigurosamente oral es la ejecución de la prueba, los informes de las partes y la “última palabra” del imputado (la oralidad, si bien tiene la ventaja de la expresividad, frescura y ra- pidez, tiene como consecuencia los peligros de la falta de atención y del olvi- do) mientras que puede ser escrita la instrucción, la fase intermedia, la prueba documental –que en juicio habrá de ser leída–, la sentencia y el procedimiento
Este principio se encuentra fuertemente afectado en el inconstitucional proceso penal sumario,
pues al resolverse en una sola etapa, llamada instrucción, la publicidad de la actuación probato- ria, queda excluida totalmente, generando con ello, márgenes de alta probabilidad de justicia de gabinete. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso… Ob. cit., p. 25.
recursal” (81) . Entonces, en un proceso regido por el principio de oralidad no todos los actos procesales necesariamente se realizan de forma verbal. Por tanto, lo de- cisivo para la calificación de un proceso como oral es su fase probatoria, en tanto que, el proceso es escrito si la sentencia se elabora conforme al resultado de las actas que integran el expediente.
No obstante, consideramos que el principio de oralidad se manifiesta en di- versos momentos del procedimiento, como por ejemplo, cuando las partes sus-
tentan verbalmente sus requerimientos ante el juez de investigación preparato- ria, cuando exponen sus alegatos en la audiencia de juicio oral ante el juez penal, cuando oralizan sus medios probatorios e, incluso, apreciamos la oralidad cuando
el juzgador emite su fallo en audiencia y cuando la parte lo impugna oralmente,
salvo que reserve su derecho a impugnar dentro del plazo de ley.
La oralidad, entonces, es un principio que rige no solo la audiencia de juicio
oral, sino todo el procedimiento. Este principio permite que el juzgador tenga una mejor apreciación del debate y de la información que se desprenda de la audien- cia, todo lo cual le permitirá llegar a un convencimiento mucho más vinculado
a la realidad, a la “verdad” y, consecuentemente, emitir un fallo adecuadamente fundamentado y justo.
e) el principio de inmediación
Por el principio de inmediación, las partes deben de ofrecer las pruebas, soli- citarlas, practicarlas y controvertirse en la audiencia del juicio oral, la misma que, por supuesto, se desarrolla ante el juzgador. De ese modo, el juez decidirá con base en las pruebas actuadas en la audiencia del juicio oral. Pero esta regla, ad- mite una excepción en el caso de la prueba anticipada. La cual se practica en cir- cunstancias que la hacen necesaria y justificada, ante la imposibilidad de actuar- la durante el juicio oral.
Lo dicho significa que, por regla general, la actividad probatoria ha de trans- currir ante la presencia del juez encargado de pronunciar la sentencia (en el juicio oral). Es decir, que la sentencia se forma exclusivamente sobre el material proba- torio formado bajo la directa intervención del juez en el juicio oral.
Entonces, se dice que un procedimiento está presidido por el principio de in- mediación cuando el juez o tribunal están obligados a formar su íntima convic- ción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral.
ROXIN, Claus. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 115.
Ahora bien, tema trascendente es el de la legitimidad de la prueba que se aporte al proceso. Al respecto, el artículo Vlll del Título Preliminar del CPP de 2004 establece:
“1. Todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo.
3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio”.
f) Principio de contradicción
Cuando hablamos de contradicción no solo nos referimos a la dación del de- bate entre las partes, sino que se les asegure la información acerca de los actos y las pruebas de la parte contraria, es decir, igualdad de armas. La contradicción no está reservada para la fase del juicio oral, este es un principio que tiene plena vi- gencia desde la etapa de investigación, pues aquí es donde se determinan las me- didas restrictivas de los derechos fundamentales del investigado y en la que se ob- tienen los elementos de convicción que sustentan la acusación.
Por la contradicción el imputado tiene el derecho de refutar la sindicación formulada por el fiscal, desvirtuar los cargos imputados en su contra, aportar las pruebas favorables a su defensa y controvertir las aportadas por el acusador, así como, contradecir disposiciones del órgano jurisdiccional.
Consiste en que todos los actos del proceso deben realizarse con conoci- miento de las partes. Todo acto procesal debe ocurrir con la información previa y oportuna a la parte contraria. Puede que la actividad que el informado realice des- pués de producido el acto informativo se realice o no, ello es secundario, la im- portancia del principio de contradicción radica en que dicho acto haya sido cono- cido en el momento oportuno.
Como podemos apreciar, la idea no es que en la práctica se produzca el con- tradictorio sino que las partes tengan el derecho pleno e irrestricto de ejercerlo, por lo que, decimos bien al afirmar que el principio de contradicción es abstracto.
El principio de bilateralidad de la audiencia o del contradictorio expresa que, salvo excepciones limitadas, el juez no podrá actuar su poder de decisión sobre
una pretensión, si la persona contra quien aquella ha sido propuesta no ha tenido la oportunidad de ser oída (82) .
Por ende, debemos de entender que todo acto procesal puede merecer réplica del oponente y, en su caso, prueba que lo desmerezca o descalifique. De acuerdo al principio constitucional que garantiza la defensa en juicio se ha establecido el régimen de la bilateralidad, según el cual todos los actos del procedimiento deben ejecutarse con intervención de la parte contraria (83) .
g) los principios de concentración y de celeridad
El principio de concentración tiende a reunir en un solo acto determinadas cuestiones. El material de hecho se concentra en el juicio oral, a fin de que la ac- tividad probatoria se desarrolle en una audiencia única y en el menor número de sesiones. El principio de concentración cuenta con tres dimensiones: a) la conti- nuidad de la audiencia, b) la preclusión de las actuaciones y c) la sentencia dicta- da por el juez de juzgamiento.
• La continuidad del desarrollo de la audiencia permite que no se pierda la ila- ción del debate, la rápida culminación del caso y es la mejor forma en que los principios de inmediación, oralidad, contradicción y publicidad se cumplan al máximo. El juicio oral debe desarrollarse en una sola audiencia, la cual –cuando sea justificado– debe de culminarse en la menor cantidad de sesio- nes posibles.
• La preclusión significa que una vez transcurrida la oportunidad para practi- car determinado acto, no cabe solicitar su realización posteriormente. Esto evidencia la importancia de la seriedad y dedicación que cada parte debe cumplir en su actividad durante el proceso. Asimismo, permite que el proce- dimiento se acelere, evitando dilaciones indebidas.
• Y, por último, el sentido del fallo deberá ser expresado por el juez en la mis- ma audiencia, a fin de garantizar que su decisión es producto de lo actuado en el debate.
Por su parte, el denominado principio de aceleración (die Beschleuningungs- prinzip) o de celeridad del procedimiento es otro de los principios procedimenta- les que conforman la sucesión temporal de los actos procesales.
Este principio de celeridad presenta tres importantes manifestaciones:
GOZAÍNI, Oswaldo Alfredo. Derecho Procesal Penal Español… Ob. cit., p. 276. ALSINA, Hugo. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Tomo I, Edi- torial Ediar, Buenos Aires, 1963, p. 457.
• Desde el punto de vista de la legalidad ordinaria, la celeridad del procedi- miento ha de obtenerse mediante la adecuada combinación de los principios de preclusión, eventualidad y concentración del procedimiento;
• Desde el punto de vista de la legislación constitucional, constituye un autén- tico derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2) y
• Desde el punto de vista de la política legislativa, al haberse convertido el principio de celeridad, junto con el de eficacia, en uno de los postulados de la justicia social contemporánea, ha de informar las sucesivas reformas legislativas.
Así, desde una perspectiva constitucional el principio de celeridad se ma- nifiesta también como un auténtico derecho fundamental, que a todo ciudadano asiste, para gozar de un proceso sin dilaciones indebidas o a que su causa sea re- suelta dentro de un plazo razonable.
El principio de celeridad se trata de un derecho subjetivo constitucional que asiste a todos los sujetos que sean parte en un procedimiento penal, de carácter autónomo, aunque instrumental del derecho a la tutela y que se dirige frente a los órganos del Poder Judicial (aun cuando en su ejercicio han de estar comprometi- dos todos los demás poderes del Estado), creando en ellos la obligación de actuar en un plazo razonable el ius puniendi o de reconocer y, en su caso, restablecer in- mediatamente el derecho a la libertad.
4. REfLExIONES: IMPORTANCIA dE LOS PRINCIPIOS y gARANTÍAS PROCE- SALES
• A este nivel tenemos claro que los principios constituyen axiomas que ins- piran el sistema procesal bajo el cual se rige un proceso judicial. Los princi- pios procesales no son meras guías de la elaboración del procedimiento sino que establecen los criterios esenciales a seguir en el proceso, tanto por el ór- gano jurisdiccional como por los sujetos procesales. Criterios que buscan el respeto de derechos fundamentales de la persona sometida a la jurisdicción.
• Así, en materia procesal penal, dependiendo del sistema procesal que se adopte, los principios fijarán los criterios obligatorios que habrán de seguir estrictamente los sujetos procesales, en aras del respeto de derechos fun- damentales. Pero la obligatoria observancia de los principios procesales no solo le es impuesta a las partes, sino también al Estado y a la ley misma.
• Para aclarar esto último, recordemos que el Estado es el principal obliga- do a respetar y velar por el respeto de los derechos fundamentales, por lo que, siendo los principios procesales fundamentos que los establecen en el
proceso, aquel está obligado a respetarlos y hacerlos cumplir. Del mismo modo, hemos indicado que los principios procesales se hallan en la Consti- tución, instrumentos internacionales sobre derechos humanos y en el título preliminar del código adjetivo, pero si alguna disposición contenida en este cuerpo legal o en otra ley de inferior jerarquía, los principios procesales ten- drán prioridad sobre aquellos.
• En un sistema acusatorio, los principios dotan su propio esquema macro o global de concepción y actuación y determinan la estructura del proceso, atendiendo a sus fases y el rol de los sujetos procesales.
• Todos los principios y garantías tratados en este Capítulo conforman el pro- ceso penal basado en un sistema acusatorio. Los principios de oralidad, pu- blicidad, igualdad y contradicción –ya desarrollados– son la base del proce- so penal acusatorio.
• En suma, los principios procesales del sistema acusatorio deben de ser em- pleados como fundamentos interpretativos ante cualquier controversia res- pecto a las disposiciones del código adjetivo, vacío o deficiencia. Y las ga- rantías procesales constituyen los instrumentos o mecanismos legales a través de los cuales las partes pueden hacer valer sus derechos en el proceso.
EL gARANTISMO:
NuEvA vISIÓN dEL PROCESO PENAL
EL gARANTISMO: NuEvA vISIÓN dEL PROCESO PENAL
1. EL PROCESO COMO uN SISTEMA dE gARANTÍAS CONSTITuCIONALES
Tratar de sentar conceptos básicos acerca del proceso no es una tarea sen- cilla, por el contrario, resulta compleja, dado que para nuestro estudio hemos de hallar justificaciones doctrinales a fin de dar un concepto del proceso penal acor- de a los principios del sistema acusatorio. No obstante, con lo dicho en el Capí- tulo anterior tenemos una base para justificar la nueva concepción que debemos de tener del proceso.
A nivel doctrinal, hallamos diversas definiciones de proceso. Marcone Mo- rello resume los postulados de diversos autores y refiriéndose al significado de la palabra “proceso” cita al profesor uruguayo Eduardo J. Couture, quien señala que, etimológicamente, “proceso” deriva del verbo griego prosekxo o prosekso que significa “venir de atrás” e “ir para adelante” (84) . Para otros autores, la palabra proceso viene de la voz latina procedere, que significa “avanzar en un camino ha- cia determinado fin” (85) .
El profesor argentino Hugo Alsina señala que desde que se ejerce la acción penal hasta que el juez la acuerda o la niega en la sentencia, media una serie de actos llamados de procedimiento (“de procedere”, que quiere decir “actuar”), cuyo conjunto toma el nombre de proceso. Para J. Ramiro Podetti, el proceso es un fenómeno específico, jurídicamente regulado, que nace con la petición de pro- tección jurídica del acto ante el poder jurisdiccional, se desarrolla gracias al ejer- cicio por el órgano y los sujetos de las diversas facultades que integran la acción, mediante las formas procesales y tiene por fin la actuación del derecho objetivo, en procura de la satisfacción del interés individual de los sujetos y en general del mantenimiento inalterado del orden jurídico estatal. Carlos A. Ayarragaray pos- tula que el proceso no es más que una manera de resolver conflictos o atribuir
MARCONE MORELLO, Juan. Diccionario Jurídico Penal y Ciencias Auxiliares. Primera edi-
ción, A.F.A. Editores S.A., Lima, 1995, pp. 1732-1734. CALDERÓN SUMARRIVA, Ana y otro. Derecho Procesal Penal Didáctico… Ob. cit., p. 16.
facultades en leal controversia. Según el chileno Fernando Alessandri, proceso es el agregado de los escritos, documentos y actuaciones que sucesivamente se presentan y verifican durante el juicio. El mexicano Juan José Gonzalez Busta- mante señala que el proceso es una expresión genérica. Suele darse este nombre al instante dinámico de cualquier fenómeno. Se habla del proceso químico, del proceso físico, de proceso patológico, etc. En el orden jurídico, proceso es el de- sarrollo de las tres funciones del Estado. Es el conjunto de actividades que son in- dispensables para el funcionamiento de las jurisdicciones. Finalmente, para Carn- elutti, proceso es la secuela de actos desarrollada para resolver la litis (86) .
Estas son algunas de las definiciones clásicas que se han dado al proceso, pero que –a nuestro juicio– no cubren las exigencias del concepto para diferenciarlo del procedimiento (87) . Y para poder satisfacer tal necesidad académica debemos de partir por establecer la finalidad del proceso. Según Marcone, “[l]a finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incer- tidumbre, ambas con relevancia jurídica. Su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. Se promueve solo a iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar” (88) . Posición con la que coincidimos y que, básicamente, se justifica a partir de una concepción utilitaria del proceso, según la cual este es una herramienta legal empleada por el Estado, o mejor dicho, por el órgano espe- cializado del Estado, para ejercer jurisdicción y dar solución a los diversos con- flictos con relevancia jurídica surgidos entre los integrantes de la sociedad.
Si vemos al proceso judicial como un mecanismo de resolución de conflic- tos heterocompositivo, es decir como aquel en el que es un tercero quien decide acerca de la solución de la controversia, evidenciamos su función instrumental y utilitaria, pero a la que debemos de agregarle características básicas, como son:
MARCONE MORELLO, Juan. Loc. cit.
GUILLERMO CABANELLAS diferencia entre proceso y procedimiento de la siguiente manera:
“Sin romper la unidad del derecho adjetivo, en que uno y otro se integran, caben diferenciaciones esenciales entre ambos. De modo característico, el procedimiento es la forma; y el proceso, el fon- do. El primero actúa de continente o molde; el segundo, de contenido o fisonomía. Aquel indica el cauce; este conduce a la admisión o al rechazamiento. El procedimiento constituye el camino; el proceso, el vehículo que permite recorrerlo a las partes y a los órganos públicos que lo transitan. (…) el procedimiento es uniforme, dentro de las varias especies de juicios, de la diversidad de las instancias y de las distintas resoluciones. En cambio, el proceso varía con cada demanda y contes- tación, en cada querella y en la defensa que se le opone. El procedimiento es permanente, mientras no se reforme la ley; el proceso varía con cada actividad o inacción de las partes y adquiere fiso- nomía distinta con las diferentes diligencias. El procedimiento pertenece al orden legal y a la ob- servancia de los jueces. El proceso corresponde a la iniciativa de las partes y a la decisión de los juzgadores, indeterminable la primera y de complejidad extrema la segunda, a través de actos per- sonales de impulso, exégesis y decisión (…)”. CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclo- pédico de Derecho Usual. Tomo VI, Editorial Heliastra S.R.L., Argentina, 2003, p. 434. MARCONE MORELLO, Juan. Ob. cit., p. 1730.
a) que debe de existir un órgano público competente y especializado encargado de ejercer jurisdicción (para el caso peruano, el Poder Judicial); b) que dicha fun- ción jurisdiccional se encuentre sustentada y regulada en la Constitución, a través de principios y garantías; y c) que su instauración genera derechos y obligaciones para los sujetos procesales. En ese sentido, el proceso debe de ser visto desde una perspectiva garantista, lo que implica que dicha herramienta debe de estar dotada de un conjunto de garantías constitucionales que regulen el poder-deber del Esta- do para resolver conflictos jurídicos, a fin de evitar la posible comisión de abusos
y decisiones arbitrarias por parte de aquel en agravio de los justiciables.
Como podemos apreciar, respecto a la definición del proceso existen varias teorías y dependiendo de cuál se adopte se podrá discernir con mayor facilidad del procedimiento. Siguiendo las nuevas corrientes, coincidimos con la teoría del garantismo procesal (89) sustentada por el profesor Antonio María Lorca Navarre- te, quien define al proceso como un sistema o conjunto coherente de garantías constitucionales caracterizado por ser una realidad autónoma (no dependiente de
otra), sustantiva (su contenido se haya en la Constitución Política), no mecanicis- ta (no es un trámite), comprometida (porque importa el compromiso del Estado para resolver el conflicto al justiciable) y dinámica (porque cambia a la par de la Constitución y esta, de acuerdo a las exigencias de la realidad). Bajo tal defini- ción, el proceso, en sí mismo, no sería un conjunto de actos concatenados –eso es
procedimiento–, sino el conjunto de garantías que dirigen su desenvolvimiento
orientan la actividad de los sujetos procesales, en aras de solucionar de mane-
ra definitiva el conflicto jurídico. Visto así, el procedimiento se hace aplicable a diversos aspectos de la vida, de modo tal que, no puede haber proceso sin proce- dimiento –por ejemplo, el proceso penal–, pero sí puede haber procedimiento sin proceso –por ejemplo, el procedimiento administrativo–. En suma, la Constitu-
ción Política y los Títulos Preliminares de los códigos adjetivos donde se encuen- tran plasmadas las reglas del proceso, en tanto que, la regulación de los trámites
o procedimientos siguen las disposiciones contenidas en los respectivos códigos procesales o leyes especiales.
Bajo esta línea de pensamiento, en materia penal, la forma en que el Estado ejerce el monopolio del ius puniendi (potestad sancionadora) es a través del proce- so penal, el cual está constituido por un conjunto de garantías constitucionales. A decir de Clariá Olmedo, “la denominación del proceso penal es ya universalmen-
te aceptada. “Proceso” en cuanto entidad abstracta de realización jurídica por la vía
jurisdiccional, y “penal” en cuanto su objeto y fines se concretan en la relevancia ju- rídico-penal de un hecho imputado. Se distingue del “procedimiento penal”, porque
Véase: LORCA NAVARRETE, Antonio María. Estudios sobre Garantismo Procesal. Primera edición, Instituto Vasco de Derecho Procesal, País Vasco, 2009.
este es la concretación del proceso; es su rito que la ley le fija en particular para adecuar su desenvolvimiento a la causa y a la fase procesal de su tratamiento” (90) .
Por su parte, BINDER señala que, frente a la pregunta de qué es o cómo se define el proceso penal, existen dos opciones o criterios para responder. La pri- mera, tradicional y propia del estamento burocrático, es la que indica que el pro- ceso consiste en una sucesión de etapas o actividades, esto es, trámites, cuyo co- nocimiento y manejo deriva de la práctica cotidiana, encaminados a concretar las consecuencias de la norma penal sustantiva. La otra posición afirma, en cambio, que el proceso penal no se agota en la posición epidérmica de su secuencia y me- nos en un amasijo de trámites; sostiene, más bien, que es un mecanismo de re- solución o redefinición de conflictos surgidos dentro del colectivo social por el acaecimiento de un hecho delictuoso (91) .
Como ya lo comentamos, la existencia del debido proceso evita que el Esta- do aplique directa y abusivamente el Derecho Penal, pues es evidente que duran- te la tramitación del proceso se pueden cometer abusos o violaciones a los dere- chos fundamentales de las personas que se han visto sometidas a él, es allí donde aparece la justificación de nuestra conceptualización del proceso penal: todo Es- tado de derecho debe de contar con un debido proceso penal (trámite legal dota- do de garantías constitucionales), a fin de que la decisión del juzgador logre, no solo reparar integralmente a la víctima, sino que permita restablecer la paz social alterada por el delito.
Con lo dicho, no pretendemos restar importancia a los profundos estudios realizados acerca del proceso y que han servido de base doctrinal para muchas teorías, que lo conciben como el camino por recorrer entre la violación de la nor- ma [penal] y la aplicación de la sanción, esto es, como el conjunto de actos pre- vios (instrucción y juzgamiento) a la aplicación de una sanción, realizados exclu- sivamente por los órganos jurisdiccionales (92) . En sí, nuestra posición no excluye del todo las clásicas definiciones del proceso penal (93) , sino que busca superar
CLARIÁ OLMEDO, Jorge A. Derecho Procesal Penal. Tomo I, Rubinzal y Asociados S.A., Santa Fe, Argentina, 2008, p. 210. BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal… Ob. cit., p. 29. CALDERÓN SUMARRIVA, Ana y otro. Loc. cit. En relación con el concepto del proceso penal, el profesor Eric Pérez Sarmiento señala: “Des- de el punto de vista filosófico, el proceso penal, en su sentido jurídico, pertenece al reino de la libertad y en su sentido sociológico, es parte del reino de la necesidad. De la libertad, porque la sociedad, en uso del libre albedrío del ser humano, produce una ley procesal que es producto de las particulares relaciones de poder en un momento dado; y de la necesidad, porque ninguna so- ciedad humana puede vivir sin un método más o menos preciso de persecución del delito. En su sentido jurídico, el proceso penal es el conjunto de actos sucesivos y ordenados, regulados por el Derecho, que deben realizar los particulares y el Estado para la investigación y esclarecimiento de los hechos punibles y para la determinación de la responsabilidad de las personas involucradas
tales concepciones, correctas para un sistema inquisitivo (94) , pero insuficientes para un sistema acusatorio con rasgo garantista y adversarial. (94)
en aquellos y que, si bien implica el uso de medios coercitivos por parte del Estado, también debe comportar el respeto a los derechos fundamentales de la persona y la garantía del derecho a la de- fensa. Esto último marca la diferencia entre la actual comprensión democrática y humanista del proceso penal y las concepciones precedentes, guiadas más por la idea de castigar y hacer pagar a alguien por el delito que a asegurar el verdadero esclarecimiento de los hechos. El proceso penal es cada día más, un método reglado para salvaguardar los derechos de los incriminados en la in- vestigación penal, que aunque socialmente necesaria, conduce no pocas veces a arbitrariedades y atropellos. (…) Sin embargo, el proceso penal también puede ser definido, en sentido sociológico,
como el conjunto de eventos sociales que se desatan con motivo de la investigación de los hechos punibles y del enjuiciamiento de los presuntos responsables, pues en ese devenir suceden acon- tecimientos que pueden dejar huella en el seno de una comunidad o de un país y que afecta a los imputados, a las víctimas, a sus respectivos allegados y a la opinión pública, nada de lo cual es ig- norado por las modernas corrientes del Derecho Procesal Penal y de la sociología jurídica. Pero si analizamos detenidamente la definición jurídica de proceso penal que hemos aportado antes, ob- servaremos que en ella se destacan cinco aspectos muy importantes. En primer lugar, se aprecia que el proceso penal no puede ser otra cosa que un conjunto de actos sucesivos y ordenados di- rigidos a un fin concreto. El vocablo “proceso”, como señala el profesor uruguayo Enrique Vés- covi, siguiendo a más de un centenar de autores, procede de las raíces “pro”, que significa “para adelante” y “cedere”, que implica caminar, avanzar y señala acertadamente, siguiendo a Couture,
el carácter teleológico o de persecución de un fin determinado que presenta tal sucesión dinámi-
ca de actos. En segundo lugar, cada uno de los actos que forman el proceso, en su propia existen- cia, requisitos y límites, así como el orden en que han de sucederse y la oportunidad procesal de su ocurrencia, deben estar regulados por normas jurídicas y, caso absolutamente, por normas jurí- dicas de rengo legal; es decir, que constituyan ley en sentido formal, pues en la inmensa mayoría de los ordenamientos jurídicos de los Estados modernos, el procedimiento penal es reserva legal
por disposición constitucional. En tercer lugar, el proceso penal tiene como objeto la investigación
y el esclarecimiento de hechos punibles. Esta circunstancia confiere una connotación eminente-
mente social al proceso penal, a diferencia de los procedimientos civiles, mercantiles, laborales o
administrativos, pues el proceso penal, al tener como objeto los conflictos generados por hechos punibles, fundamentalmente por los delitos propiamente dichos, tiene un impacto en la concien- cia social mucho mayor que aquellas otras formas de procesos, referidos mayormente a conflictos privados con impacto solamente, por lo general, en la esfera o entorno vivencial de los particula- res implicados. (…) En cuarto lugar, el proceso penal tiene como objetivo la determinación de las responsabilidades de las personas involucradas en presuntos hechos punibles, por lo cual, siempre y cuando haya habido personas señaladas como autoras o partícipes de esos hechos, la situación de estas debe ser definitivamente resuelta y jamás quedar irresoluta o pendiente (…). Finalmen- te, y en quinto lugar, obsérvese que si bien el proceso penal comporta un grado necesario de coer- ción estatal sobre los ciudadanos que, como ya explicamos antes, puede consistir en la adopción de medidas cautelares que limiten su libertad individual y la disponibilidad sobre sus bienes, así como en la obligación de todas las personas de denunciar o de declarar en el proceso. Tales formas de coerción deben estar reguladas en la ley y su adopción tiene que fundarse en principios de ne- cesidad y utilidad.(…)”. PÉREZ SARMIENTO, Eric Lorenzo. Manual de Derecho Procesal Pe- nal. Tercera edición, Vadell Hermanos Editores C.A., Venezuela, 2009, pp. 21-23. (94) Juan Marcone señala diversas definiciones del proceso penal: “Para el profesor peruano A. G. Cornejo el proceso penal es el conjunto de los actos concretos, previstos y regulados en abstracto por el Derecho Procesal Penal, para obtener del órgano jurisdiccional –el juez–, la confirmación de la acción punitiva hecha valer por el órgano ejecutivo –Ministerio Público–, y, eventualmente,
Visto así, el proceso penal tiene por fin inmediato, determinar la existen- cia del hecho punible y la responsabilidad penal de los autores y/o partícipes en su comisión, a fin de aplicar la sanción contemplada en la ley penal. Y como fin mediato, el restablecimiento de la paz social alterada por la comisión del hecho punible, es decir, la búsqueda de la solución del conflicto derivado por el delito.
2. EL PROCESO PENAL PERuANO: EvOLuCIÓN LEgISLATIvA
En el año 1940 entró en vigencia la Ley N° 9024, Código de Procedimien- tos Penales (95) , que estableció el llamado “proceso ordinario”. Este proceso con- sistía en dos etapas: la instrucción, fase de investigación realizada por el juez, y el juzgamiento, fase en la que el órgano jurisdiccional superior realiza el juicio oral y emitía sentencia.
Como podemos apreciar, el proceso ordinario tenía una mixtura de dos siste- mas (inquisitivo y acusatorio). En ese entonces, el sistema procesal peruano se puso a la vanguardia de los códigos procesales de los países de la región. Pero, con el tiempo la conformación del proceso ordinario, insuficiencia e incapacidad de los operadores de justicia, incremento de la población y demás factores propi- ciaron una sobrecarga de los despachos judiciales.
En 1968, se modificó el Código de Procedimientos Penales (96) , a través del Decreto Ley N° 17110, estableciéndose normas procesales tendientes a conse- guir “una pronta y oportuna administración de la justicia penal”, mediante la
para alcanzar su realización de un modo coactivo, constituye aquella actividad judicial comple- ja y progresiva, que es el proceso penal. Hugo Alsina (Argentina) dice: Desde que esa protección se invoca por la interposición de la demanda, que es el modo normal del ejercicio de la acción, hasta que el juez la acuerda o la niega en la sentencia, media una serie de actos llamados de pro- cedimiento (de procedere, que quiere decir actuar), cuyo conjunto toma el nombre del proceso. Para el chileno Rafael Fontecilla Riquelme, el proceso es la relación procesal penal, o sea una re- lación jurídica constituida por un complejo de derechos y deberes recíprocos entre el Ministerio Público, las partes y el juez, regulados por la ley procesal penal y coordinados al fin de actuación de la ley penal. Para Carlos Franco Solís (México) el proceso es la actividad legalmente estable- cida que debe observarse por quienes en él intervienen, para que el juez llegue, en cada caso, a aplicar la ley penal. Javier Piña y Palacios (México), el proceso es el conjunto de actos y hechos jurídicos regulados por el Derecho Procesal Penal que determinan la existencia del delito, de la responsabilidad y participación del agente activo y sujeto pasivo, con el objeto de aplicar la san- ción por el hecho violatorio de la ley. Para Florián, el proceso es el conjunto de actividades y for- mas, mediante las cuales los órganos competentes preestablecidos en la ley, observando ciertos requisitos, proveen, juzgando a la aplicación de la ley penal en cada caso concreto, para definir la relación jurídico-penal concreta y, eventualmente, las relaciones secundarias conexas”. Marcone Morello, Juan. Loc. cit. Ley N° 9024 - Código de Procedimientos Penales, promulgada el 23 de noviembre de 1939. Mediante Decreto Ley N° 17110, de fecha 3 de octubre de 1968, se modificó el Código de Pro- cedimientos Penales.
implantación de un “proceso sumario”, otorgándose la facultad de fallo a los jue- ces instructores en determinados delitos. Este proceso consistía en una sola fase, la instrucción, en la que un juez investigaba y dictaba la sentencia al culminar. No existía fase de juzgamiento, lo que a todas luces atentaba contra derechos funda- mentales de los ciudadanos, siendo por ende inconstitucional.
Conforme Neyra Flores, “con la dación de este decreto ley, se abre paso a un régimen de excepción, que iría restringiendo progresivamente la realización del juicio oral en determinados delitos hasta llegar a una sumarización de los proced- imientos en la totalidad de delitos, lo que inicialmente se constituyó como una ex- cepción, posteriormente lo encontraríamos como una regla” (97) .
Y fue en 1981, a través del Decreto Legislativo N° 124, Ley del proceso pe- nal sumario (98) , que se amplió el número de figuras susceptibles de juzgamiento en la vía sumaria, asimismo, se adecuó el procedimiento a las atribuciones de los fiscales señaladas en la Ley Orgánica del Ministerio Público (la facultad de inter- venir en la investigación policial, de ofrecer pruebas de cargo y de vigilar el pro- ceso penal).
En 1991, se promulgó el Código Procesal Penal (99) , basado en el sistema acu- satorio garantista, pero que nunca llegó a entrar completamente en vigencia, de- bido a la ruptura del régimen democrático en 1992 y a la falta de decisión política por parte de los sucesivos gobiernos, constituyendo uno de los grandes fracasos de la reforma procesal penal en el Perú (100) .
Al año 2000, la justicia penal en el Perú se volvió insostenible. La mayoría de delitos del Código Penal se tramitaban bajo el inefable proceso sumario y gran parte de los casos tramitados ante el Poder Judicial también. Sobrecarga proce- sal, carencia de infraestructura y recursos humanos, deficiencias en capacitación
NEYRA FLORES, José. “Manual de Juzgamiento, Prueba y Litigación Oral en el Nuevo Mode-
lo Procesal Penal”. En: ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. Código Procesal Penal - Ma- nuales operativos - Normas para la implementación. AMAG, Lima, 2007, p. 20. Decreto Legislativo N° 124 - Ley del proceso penal sumario, de fecha 12 de junio de 1981.
Decreto Legislativo N° 638 - Código Procesal Penal, promulgado el 25 de abril de 1991 y publi-
cado el 27 de abril de 1991. Solo entraron en vigencia los artículos 2, 135, 136, 137, 138, 143, 144, 145, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 239, 240, 241, 142, 143, 144 y 145. Derogado por el Decreto Legislativo N° 957. (100) “El siguiente paso para la sumarización del proceso penal se da en 1996, fecha en que se publica
la Ley N° 26689, que enumera de manera taxativa los procesos sujetos a la tramitación ordinaria, convirtiendo la excepción (procedimiento sumario) en regla. En el año 2001, esta lista se precisa aún más y lo que finalmente queda del panorama del proceso es una estructura en la cual el 90% de delitos se tramitan mediante el procedimiento sumario, quedando solo el 10% de los delitos sujetos al trámite ordinario”. NEYRA FLORES, José. Loc. cit.
y calidad de los operadores de justicia, altos índices de corrupción, reclamos so- ciales, entre otros hechos, hicieron necesario un cambio.
3. PROCESO dE IMPLEMENTACIÓN gRAduAL dEL CPP dE 2004
MAPA ACTuAL dE LA IMPLEMENTACIÓN dEL CPP dE 2004
distritos judiciales con el cPP de 2004 vigente
distritos judiciales por implementarse
Gráfico elaborado por el autor - Lima, julio 2010
Así llegamos al 2004, año en que se promulgó el Decreto Legislativo N° 957, Código Procesal Penal (101) por el cual se materializó la adopción del sistema acu- satorio en el Perú. Desde el año 2006, este código adjetivo se viene poniendo en vigencia gradualmente (102) en diversos distritos judiciales del país, conforme al cuadro que presentamos a continuación.
Cuadro Nº 2: Cronograma
Cronograma para la implementación del CPP de 2004
Tacna | Moquegua
Tumbes | Piura | Lambayeque
Puno | Cusco | Madre de Dios
Ica | Cañete
Cajamarca | Amazonas | San Martín
Para el 1 de octubre de 2010, estaba programada la implementación de dicho código en los distritos judiciales de Áncash y Santa, pero el cronograma fue nue- vamente modificado, suspendiéndose su puesta en vigencia.
El 17 de setiembre de 2010 se publicó la Ley N° 29574, mediante la cual se dispuso que el CPP de 2004 sería aplicado a partir del 15 de enero de 2011 en el distrito judicial de Lima, pero solo para los delitos cometidos por funcionarios públicos. Asimismo, se ha indicado que se aplicará en Lima Norte, Lima Sur y Callao a partir del 1 de abril de 2011, retomándose el cronograma para los demás distritos judiciales a partir del mes de junio del mismo año.
El caso es que, a la fecha, el referido código adjetivo se encuentra en vi- gencia en los distritos judiciales de Tumbes, Piura, La Libertad, Lambayeque,
Decreto Legislativo N° 957 - Código Procesal Penal, promulgado el 22 de julio de 2004 y publi-
cado el 29 de julio de 2004. Su proceso de implementación y puesta en vigencia se inició en el año 2006 en el Distrito Judicial de Huaura y se tiene planificado terminarlo en el año 2012 en el Distrito Judicial de Lima. Cronograma de implementación del CPP de 2004. Véase: Decreto Supremo Nº 013-2005-JUS, Decreto Supremo Nº 007-2006-JUS, Decreto Supremo Nº 005-2007-JUS y Decreto Supremo Nº 016-2009-JUS.
Huaura, Cañete, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Madre de Dios, Cajamarca, San Martín y Amazonas.
En suma, en el Perú se viene realizando una reforma procesal –sea porque
las tendencias doctrinarias y legislativas de la región la impulsaron, sea porque
el caótico sistema de administración de justicia lo hicieron urgentemente necesa-
rio– que implica un cambio del sistema mixto a uno acusatorio, caracterizado por diseñar un proceso penal basado en el respeto de los derechos humanos conteni- dos en instrumentos internacionales y en la Constitución Política. Bajo un siste- ma acusatorio el poder sancionador del Estado encuentra límites o barreras que impiden un ejercicio abusivo, arbitrario o ilegal del poder en relación con la per- sona sometida a la jurisdicción.
4. REfLExIONES: EL IdEAL dE EfICIENCIA: gARANTISMO MáS juSTICIA
El CPP de 2004 se inspira en el mandato constitucional de respeto y garantía de los derechos fundamentales de la persona. No obstante, debemos entender que
lo que se aspira realmente es establecer un balance razonable entre el garantismo
y las atribuciones de persecución, coerción y sanción penal del Estado a través
de sus órganos competentes. Hemos, pues, de buscar ese equilibro eficaz para la administración de justicia penal.
Conforme a lo explicado líneas atrás, la visión garantista del proceso se fun- damenta en el principio de limitación del poder que informa a todo Estado De- mocrático de Derecho, en el que el poder de sus autoridades está limitado, entre otros factores, por los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos que se incorporan al derecho interno.
El Título Preliminar del CPP de 2004 recoge los principios de gratuidad de la administración de justicia penal, garantía del juicio previo, la doble instancia, igualdad procesal, presunción de inocencia, interdicción de la persecución pe- nal múltiple, inviolabilidad de la defensa, legitimidad de la prueba, legalidad de las medidas limitativas de derechos, entre otros. Y, en su artículo X, los conside- ra prevalentes en relación con el resto de disposiciones de dicho código, cons- tituyendo una fuente y fundamento para su interpretación. Ello quiere decir que los contenidos interpretativos que desarrollen los operadores judiciales tendrán que ser compatibles con el conjunto de valores, principios y normas de rango constitucional.
INTROduCCIÓN AL PROCESO COMúN La acción y los medios técnicos de defensa
EL NuEvO PROCEdIMIENTO PENAL: EL dENOMINAdO “PROCESO COMúN”
El CPP de 2004 establece un trámite común (103) para todos los delitos con- tenidos en el Código Penal, dejando atrás el procedimiento ordinario (mixto) y el inconstitucional procedimiento sumario (inquisitivo), caracterizado por ser emi- nentemente escrito, reservado y sin juicio oral.
Dicho “proceso común” cuenta con tres etapas (104) : 1) la investigación prepa- ratoria; 2) la etapa intermedia; y, 3) la etapa de juzgamiento o juicio oral.
Cuadro Nº 3: Etapas del proceso común
20 d. u otro que
fije el fiscal
120 d. prorrogables
complejos: 8 m.
prorrogables a 8 m.
El CPP de 2004 regula los siguientes procesos especiales: el proceso inmediato, el proceso por
delitos de función, el proceso de seguridad, el proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal, el proceso de terminación anticipada, el proceso por colaboración eficaz y el proceso por faltas. Según Sánchez Velarde, el proceso común cuenta con cinco etapas: 1) investigación preliminar; 2) investigación preparatoria; 3) Etapa intermedia; 4) Etapa de juzgamiento y 5) Etapa de eje- cución. SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Introducción al Nuevo Proceso Penal. Editorial Moreno SA, Lima, 2005.
2. ROLES dE LOS SujETOS PROCESALES
El denominado “proceso común” ha sido diseñado bajo el sistema acusato- rio (105) , cuyo rasgo esencial radica en la delimitación de funciones de los sujetos intervinientes en el proceso penal. Al respecto, el informe estadístico “La Refor- ma Procesal Penal en Cifras” (106) , a modo de introducción de su primer capítulo, señala: “En la realidad y praxis, con este NCPP (107) inspirado en un sistema acu- satorio, se ha introducido una serie de cambios profundos en la organización y en las funciones de las instituciones que administran justicia, llámese: El Poder Ju- dicial, El Ministerio Público, La Defensoría de Oficio y Policía Nacional, espe- cialmente un cambio de carácter cultural, siendo ello el desafío más difícil a su- perar, dado que los operadores del sistema de justicia penal estaban formados y venían trabajando bajo un pensamiento inquisitivo a usanza del Código de Pro- cedimientos Penales de 1940. En tal sentido, se hace necesario y urgente cam- biar los esquemas mentales y los paradigmas antes descritos, con la finalidad de reorientarlos hacia la nueva lógica del sistema acusatorio. (…)” (108) . Finalmente, en el mencionado informe se concluye que “La nueva forma de trabajo bajo este nuevo régimen, ampara principios de la separación clara de funciones (…)” (109) .
La citada Comisión resume los nuevos roles de los sujetos procesales de la siguiente manera:
“a) Poder Judicial. Con la separación de funciones de investigación y de juzgamiento, así como de la defensa, el juez asume el rol de juzgador imparcial, dejando la investigación en manos del Ministerio Público y la Policía Nacional. Siendo su principal función, bajo este nuevo sis- tema, la de emitir resoluciones; es decir, dictar decisiones a partir de la
“Como bien sabemos, lo acusatorio significa, en esencia, la separación entre las funciones de per-
secución y la de decisión. O dicho de otra manera, el principio acusatorio implica la instauración de un proceso de partes

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 139
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
 resolución 
 artículo 14
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 90
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 139
in dubio
 resolución 
 artículo 2
 artículo 139
 resolución