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Timestamp: 2019-11-19 03:57:59+00:00

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1. el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión
consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Ricardo Nicolás
Canese Krivoshein, en los términos de los párrafos 96 a 108 de la presente
2. el Estado violó el derecho de circulación consagrado en el artículo 22 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de
dicho tratado, en perjuicio del señor Ricardo Nicolás Canese Krivoshein, en los
términos del los párrafos 119 a 135 de la presente Sentencia.
3. el Estado violó el principio del plazo razonable, el derecho a la presunción de
inocencia y el derecho a la defensa consagrados, respectivamente, en el artículo 8.1,
8.2 y 8.2.f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el
artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Ricardo Nicolás Canese
Krivoshein, en los términos de los párrafos 139 a 167 de la presente Sentencia.
4. el Estado violó el principio de retroactividad de la norma penal más favorable
consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Canese Krivoshein, en los términos de los párrafos 182 a 187 de la presente
5. esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos de
los párrafos 205 y 211 de la misma.
6. el Estado debe pagar la cantidad de US$ 35.000,00 (treinta y cinco mil
dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda paraguaya,
por concepto de indemnización del daño inmaterial ocasionado al señor Ricardo
Nicolás Canese Krivoshein, en los términos de los párrafos 206 y 207 de la presente
7. el Estado debe pagar al señor Ricardo Nicolás Canese Krivoshein la cantidad
total de US$ 5.500,00 (cinco mil quinientos dólares de los Estados Unidos de
América), por concepto de las costas y gastos. De este monto total, la cantidad de
US$ 1.500,00 (mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América)
corresponderá a los gastos en que incurrió el señor Canese Krivoshein ante la
Comisión Interamericana y la cantidad de US$ 4.000,00 (cuatro mil dólares de los
Estados Unidos de América) corresponderá a las costas y gastos que el señor Canese
Krivoshein deberá reintegrar a sus representantes por los gastos asumidos en el
procedimiento internacional ante el sistema interamericano de protección de los
derechos humanos, en los términos de los párrafos 214, 215 y 217 de la presente
8. el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación
nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta
Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la
misma, en los términos del párrafo 209 de la presente Sentencia.
9. el Estado deberá cumplir las medidas de reparación y de reembolso de costas
y gastos dispuestas en los puntos resolutivos 6, 7 y 8 de la presente Sentencia,
dentro del plazo de seis meses contados a partir de la notificación de ésta, en los
términos del párrafo 216 de la presente Sentencia.
10. el Estado debe cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el
pago en dólares de los Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en
moneda paraguaya, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre
ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de
América, el día anterior al pago, en los términos del párrafo 218 de la presente
11. los pagos por concepto de daño inmaterial y costas y gastos establecidos en
la presente Sentencia, no podrán ser afectados, reducidos o condicionados por
motivos fiscales actuales o futuros, en los términos del párrafo 220 de la presente
12. en caso de que el Estado incurriese en mora, deberá pagar un interés sobre la
cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en el Paraguay.
13. si por causas atribuibles al beneficiario de las indemnizaciones no fuese
posible que éste las reciba dentro del indicado plazo de seis meses, el Estado
consignará dicho monto a favor del beneficiario en una cuenta o certificado de
depósito en una institución bancaria paraguaya solvente, en dólares estadounidenses
o su equivalente en moneda paraguaya y en las condiciones financieras más
favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias del Paraguay. Si al
cabo de diez años la indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta
al Estado, con los intereses devengados.
14. supervisará el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará
por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en
el presente fallo. Dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación
de esta Sentencia, el Paraguay deberá rendir a la Corte un primer informe sobre las
medidas tomadas para dar cumplimiento a esta Sentencia.
El Juez ad hoc Camacho Paredes hizo conocer a la Corte su Voto Razonado
Concurrente, el cual acompaña esta Sentencia.
Redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José,
Costa Rica, el día 31 de agosto de 2004.
Antônio A. Cançado Trindade Manuel E. Ventura Robles
Diego García-Sayán Emilio Camacho Paredes
VOTO CONCURRENTE RAZONADO DEL JUEZ AD HOC
Comparto los fundamentos de la presente sentencia, razón por la por la cual
me adhiero a la misma. Las cuestiones planteadas y las responsabilidades
determinadas me han suscitado algunas reflexiones que me veo en la obligación de
consignar en este voto.
1. El procesar penalmente no implica criminalización de conducta alguna,
pues la injuria y la difamación están tipificadas en la ley penal (arts. 150 y 151 Ley
1.160) y (370-difamación- y 372-injuria- Antiguo Código Penal); es decir el proceso
se inició en base a disposiciones jurídicas plenamente vigentes en ese entonces e
inclusive en la actual legislación penal. En consecuencia, no se puede pretender en
forma automática culpar al Estado paraguayo por el hecho de haberse iniciado
una causa penal. Corresponde, como lo hizo la Corte IDH, analizar detenidamente
el inicio y la substanciación de la causa, la actuación de los magistrados que
permitieron la comisión de graves irregularidades procesales, atentatorias contra los
derechos fundamentales del recurrente y que evidencia, en este caso concreto, que
una voluntad externa pudo más que la recta administración de justicia.
2.- Hubo una seria restricción de la libertad personal y particularmente de la
libertad de tránsito (art. 41 CN) y 22 de la Convención, al impedirse la salida del
país, a pesar de los reiterados permisos solicitados. Resulta ilegal e
inconstitucional, abiertamente arbitraria e injustificable la actitud de los agentes
judiciales que negaron en forma reiterada el permiso de salida del país, tratándose
de una persona que ha demostrado con creces su arraigo en el país, que estaba
debatiendo un asunto de interés público. Además, se trataba de un candidato a
Presidente a la República, concejal municipal, con ejercicio profesional y con toda
su familia viviendo en el país.
El Juez de Primera Instancia no permitió la apertura de la causa a prueba!.
El Juez no permitió que declaren los testigos ofrecidos. Además los querellantes no
fueron aludidos y aún así continuo la demanda.
3.-Las resoluciones judiciales más relevantes para una adecuada
comprensión del caso, son las siguientes:
Con la S.D. 17 del 22 de marzo de 1994, el Juez de Primera Instancia lo
condena a 4 meses de penitenciaria a una multa de 14.950.000 Gs., el Acuerdo y
Sentencia N18 de fecha 4 de noviembre de 1997, Tribunal de Apelación en lo
Criminal, Tercera Sala. Modificó la sentencia y lo condenó a dos meses de
penitenciaría y 2.969.000 Gs. de multa. Por difamación. Lo absolvió de
injuria.-
El Acuerdo y Sentencia Nº 179-2 de mayo de 2.001- Corte Suprema
de Justicia, confirma la condena impuesta por el Tribunal de Apelación.
El Acuerdo y Sentencia N1.362 del 11 de diciembre de 2.002 de la Corte
Suprema de Justicia. Hizo lugar al Recurso de Revisión y anuló las
Resoluciones Judiciales: S.D: 17-22-III-94 Primera Instancia, primer turno
criminal y el A. y S. Nº18- 4 de noviembre de 1997- Absuelve de culpa y
pena a Canese.
El Acuerdo y Sentencia Nº804, de fecha 27 de abril de 2.004. de la
C.S.J.. hace lugar al recurso de aclaratoria interpuesto por el Sr. Canese en contra
del A. Y S. Nº 1362 de fecha 11 de diciembre de 2.002 e impone las costas de todo
el juicio a la parte querellante.
La CSJ consideró que hubo falta de impulso del accionante (seis meses)- A.I.
1645., lo que configura una renuencia a utilizar las facultades ordenatorias
reconocidas en la legislación procesal y, fundamentalmente, la obligación de aplicar
la Constitución por encima de cualquier argucia u obstáculo procesal, al menos en
casos como el presente, en que el transcurso del tiempo hacía cada día más evidente
la arbitrariedad de que era objeto el Ing. Canese. (Ver Sapena, Josefina.
Jurisprudencia Constitucional. Arbitrariedad1). A este respecto, la Corte
Interamericana tiene firmemente establecida que los jueces “como rectores del
proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de
no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la
impunidad”2, que es lo que ha ocurrido en forma manifiesta en el caso en estudio,
en directo perjuicio de los derechos constitucionales del Sr. Canese.
4.- El A. I. Nº409 de fecha 29 de abril de 1994, Juez de Primera Instancia
en lo Civil, 1er Turno. Impide la salida.- La solicitud de autorización para salir del
país es todo un capítulo especial y así fue considerada por la Corte IDH, pues
evidentemente no se trataba de una argucia para la fuga. El Juez, los jueces que
denegaron los pedidos de salida, y los que permitieron que se mantenga durante
tanto tiempo, evidentemente incurrieron en la violación de las garantías
constitucionales y de los derechos reconocidos en la Convención. Obviamente en su
momento deberá separarse y determinarse las responsabilidades, pues es distinta la
responsabilidad del juez que denegó el pedido, del que permitió que se mantenga
tanto tiempo y de aquel que tomó intervención durante poco tiempo.
5.- La libertad de prensa y el interés público. El debate se estableció en el
marco del interés público, aspecto que evidentemente no fue considerado
por los magistrados intervinientes. Sólo así se comprende la extrema rigurosidad
en los criterios adoptados, que convirtieron un simple juicio de difamación e injuria,
al menos en el campo de las medidas cautelares, en un caso paradigmático de
arbitrariedad judicial. Más de ocho años sin que ninguna instancia judicial utilizara
sus facultades ordenatorias para reconducir por sus cauces normales el proceso.
Los accionantes fueron personas privadas, no el Estado paraguayo, se
trataba de un pleito entre particulares donde se debatían asuntos de indudable
interés general. Los socios de Conempa se involucraron con el interés público
y entonces debe admitirse la primacía del mismo sobre el de los
particulares, como expresamente lo consagra la Constitución paraguaya en
su art. 128.
1 Sapena, Josefina. Jurisprudencia Constitucional.
2 Caso Myrna Mack Chang, N211.
Se observa aquí la condena penal como limitación indirecta de la libertad de
expresión, lo que consumó una violación del art. 13 de la Convención Americana.
6.-Prohibición de salir del país y plazo razonable. Desde la S.D. de primera
instancia hasta que quedó firme, pasaron ocho años. Remitiéndonos a los
argumentos expuestos en el fallo, se demuestra una abierta estricción de
salida durante casi ocho años, lo que configuró una flagrante y arbitraria
violación de la presunción de inocencia (art. 17.1), de la libertad y
seguridad de las personas (art.9 CN) y de la defensa en juicio (art.16C.N.),
derechos todos estos reconocidos en la Convención, en su art. 8.1 y 2. Recibió un
trato completamente diferente a los demás procesados, que gozan mayoritariamente
de las garantías procesales, desconociéndose su derecho a la igualdad (arts. 46 y 47
CN). Aquí resalta la actitud de los agentes judiciales intervinientes, que en forma
sistemática y reiterada negaron pedidos de permiso, llegando al extremo inadmisible
de mantener una medida cautelar por más tiempo de la máxima pena posible, lo que
en ese juicio significó, primero apenas 18 meses y luego nada!, al revocar la pena de
prisión el Tribunal de Apelación y anular todo el proceso la Corte Suprema de
7.- Los jueces no aplicaron en su momento la Constitución Nacional ni el
principio Iura Novit Curia, debieron corregir el proceso y no apoyarse en lo que
hacía o dejaba de hacer la defensa, argumento inadmisible cuando están en juego
los derechos fundamentales, que incluso ponían en cuestión la responsabilidad
misma del Estado paraguayo, que concurre solidariamente según lo dispone el
art.106 de la Constitución y en las resoluciones de segunda y tercera instancia nadie
se ocupo de la actuación de magistrados judiciales que permitieron años de medida
8.-En nuestra opinión, la medida cautelar, que fue arbitraria, ilegal e
irracional, fue la que más daño causó. NO SE AGOTÓ LA INSTANCIA CIVIL,
razón por la cual en principio no podría establecerse coactivamente la
indemnización por daño moral, pues se estaría estableciendo una
jurisdicción paralela a la ordinaria, creando un Poder Judicial adicional al
existente, violentando el art. 137 de la Constitución Nacional, que establece la
prelación del ordenamiento jurídico, lo que incluso podría abrir camino a una
equivocada utilización de los tratados internacionales en materia de derechos
humanos. Los tratados y convenios internacionales están ubicados debajo de la
Constitución Nacional y, lo que es aún más evidente, en el caso en cuestión no se
trata de negar derecho alguno, sino de señalar que debió iniciarse la acción civil por
indemnización y el Estado paraguayo está en condiciones de garantizar ese tipo de
juicios, como se evidencia con el caso Napoleón Ortigoza, Hilario Orellado y otros3,
donde se condenó al Estado paraguayo a pagar sumas multimillonarias en concepto
de indemnización y daño moral, a través de acciones civiles que siguieron a la
anulación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia. Esta anuló una
antigua sentencia que había condenado a más de veinte años de prisión a Ortigoza
(y algo menos a los demás citados) en tiempos de la dictadura.
No obstante, debe señalarse que el largo camino seguido por las partes y muy
especialmente el auténtico suplicio padecido por el recurrente, víctima de una
inadmisible medida cautelar y el consecuente daño, requiere un
3 Asi lo establece una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia.
pronunciamiento de esta Corte respecto al reclamo indemnizatorio. Como
quedó establecido en el capítulo de consideraciones de esta sentencia, “la
responsabilidad internacional del Estado se genera de inmediato con el ilícito
internacional, aunque sólo puede ser exigida después de que el Estado haya
tenido la oportunidad de repararlo por sus propios medios”.
La Corte ha reiterado en sus fallos que “es un principio de Derecho
Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido
un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente”4. Al respecto, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, cuando la
Corte declara que el Estado violó un derecho o libertad protegidos en la Convención,
“dispon[e] que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad
conculcados […y,] si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la
medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de
una justa indemnización a la parte lesionada”. En este caso, de acuerdo a la citada
norma, la Corte dispuso las reparaciones que corresponden al Sr. Canese por los
daños causados por las violaciones a la Convención declaradas en esta sentencia. Es
obligación del Estado cumplir con las medidas de reparación dispuestas por la Corte
No puede obligarse al recurrente de nuevo a iniciar todo el camino
judicial reclamando la indemnización, tampoco puede desconocerse el
ordenamiento constitucional interno del país denunciado así como la
exigencia clara del agotamiento de las vías ordinarias previas. La Corte ha
sentado una jurisprudencia por la cual, ante la comprobación del daño en sede penal
con la correspondiente sanción, también puede exigirse al Estado demandado al
llegar a un acuerdo indemnizatorio con el demandante (ver pps.501 a 507- Faúndez
Ledesma). Además, no debe olvidarse que el afán fundamental del recurrente ha
sido siempre demostrar la arbitrariedad cometida por el Estado y sus agentes
judiciales, especialmente al mantener en forma casi indefinida una medida cautelar
restrictiva, excediendo todo parámetro legal y racional.
Es necesario señalar que hubo arbitrariedad en las resoluciones
judiciales impugnadas, es inadmisible castigar a un ciudadano con una
medida cautelar durante años, superior incluso a la expectativa de pena
máxima existente. Además, se expone al Estado a un incalculable daño
patrimonial, proveniente del deber resarcitorio que nace, justamente por la ilegal
actuación de los magistrados intervinientes. Un Estado de Derecho no puede
permitir este tipo de conducta en sus funcionarios.
Los jueces, como rectores del proceso, tienen la obligación de velar siempre
por el correcto cumplimiento del derecho y así lo ha establecido la Corte CIDH: “A
la luz de lo anteriormente dicho, la Corte considera que los jueces como
rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr.
187; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No.109, párr. 219; y Caso Molina
Theissen. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de
julio de 2004. Serie C No. 108, párr. 39.
judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro
del formalismo y la impunidad”5.
Esto significa que necesariamente la Corte IDH debe ocuparse del
funcionamiento de los órganos judiciales internos del Estado demandado, como se
tiene establecido en el caso Juan Humberto Sánchez: “El esclarecimiento de si el
Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones
de sus órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de
examinar los respectivos procesos internos”6, de manera a establecer si la
integralidad de los procedimientos estuvieron acordes a las disposiciones
internacionales de las que el Estado demandado es signatario.
Los Arts. 15 y 18 del Código Procesal Civil paraguayo consagran facultades
ordenatorias de los magistrados y la obligación de aplicar primeramente la
Constitución, incumplimiento que incluso es pasible de sanción, a estar por lo
dispuesto en la ley 1.084, en concordancia con el principio de prelación de las leyes
reconocido en el art. 137 CN.
9.-En materia de resarcimiento por daño moral y patrimonial no se agotó la
instancia interna, es más, ni siquiera se ha iniciado demanda alguna, pero por las
razones precedentemente expuestas surge la necesidad de estipular el monto.
Lo que en autos queda claramente demostrada es la violación del art. 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos – Garantías Judiciales-al mantener
en forma arbitraria una medida restrictiva sin fundamento jurídico valedero.
Arbitrariedad que además se demuestra con los mismos fallos judiciales dictados en
la causa, todos ellos muy inferiores a los años de duración que tuvo la medida
restrictiva. Nace entonces el derecho previsto en el art. 10 de la Convención
Por otro lado, y lo repetimos, haber mantenido durante años una medida
cautelar no se compadece con ninguno de los principios y garantías en juego:
debido proceso legal (arts. 16 y 17 CN), presunción de inocencia (art. 17.1)
razonabilidad de las decisiones judicales (art. 8 Convención) y art. 46 y cc. de la
Convención Interamericana. Siguiendo los criterios establecidos por la Corte IDH
para la razonabilidad de la duración de un proceso7: a) complejidad del asunto, b)
actividad procesal del interesado y c) conducta de las autoridades judiciales, no
puede convalidarse más de ocho años de medida cautelar y mas de proceso, para
llegar incluso a resoluciones judiciales que anulan todo lo actuado.
Una demora prolongada puede llegar incluso a constituir por sí misma, en
ciertos casos, una violación de las garantías judiciales y eso debe ser señalado por
la CIDH y rectificado por el Estado paraguayo. Finalmente, cabe señalar que el
Estado paraguayo está realizando esfuerzos para avanzar en la vigencia de los
derechos humanos y en el logro de la tutela judicial efectiva y que ha sido la misma
Corte Suprema de Justicia la que dictó las resoluciones correctoras en el caso en
estudio, ubicando así al Paraguay en el buen camino de los derechos humanos.
5 Caso Myrna Mack Chang, N211.-
6 Corte I.D.H. Caso Juan Humberto Sánchez, N120, Sentencia de 7 de junio de 2.003.7
Caso Hilaire, Cosntantine y Benjamin. Sentencia de 21 de junio de 2.002.

References: artículo 13
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 8

artículo 1
 artículo 9
 artículo 63