Source: https://www.slideshare.net/benavifer/informe-prision-preventiva-2013-cidh
Timestamp: 2017-11-22 04:41:39+00:00

Document:
Informe prision preventiva 2013 cidh
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1. ISBN 978-0-8270-6096-8 Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas Documento publicado gracias al apoyo financiero de España
2. COMISIÓN	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	OEA/Ser.L/V/II.	Doc.	46/13	30	diciembre	2013	Original:	Español	INFORME	SOBRE	EL	USO	DE	LA	PRISIÓN	PREVENTIVA	EN	LAS	AMÉRICAS	2013	Internet:	http://www.cidh.org
3. OAS	Cataloging-­‐in-­‐Publication	Data	Inter-­‐American	Commission	on	Human	Rights.	Rapporteurship	on	the	Rights	of	Persons	Deprived	of	Liberty.	Informe	sobre	el	uso	de	la	prisión	preventiva	en	las	Américas	/	[Preparado	por	la	Relatoría	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	Privadas	de	Libertad	de	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos].	p.	;	cm.	(OAS.	documentos	oficiales	;	OEA/Ser.L)	ISBN	978-­‐0-­‐8270-­‐6096-­‐8	1.	Pretrial	detention-­‐-­‐America.	2.	Prisoners-­‐-­‐Civil	rights-­‐-­‐America.	3.	Prisoners-­‐-­‐Legal	status,	laws,	etc.-­‐-­‐America.	4.	Criminal	procedures-­‐-­‐America.	5.	Detention	of	persons-­‐-­‐America.	6.	Human	rights-­‐-­‐America.	I.	Title.	II.	Series:	OAS.	documentos	oficiales	;	OEA/Ser.L.	OEA/Ser.L/V/II.	Doc.46/13	Documento	publicado	gracias	al	apoyo	financiero	de	España.	Las	opiniones	aquí	expresadas	pertenecen	exclusivamente	a	la	CIDH	y	no	reflejan	la	postura	de	España.	Aprobado	por	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	el	30	de	diciembre	de	2013
4. COMISIÓN	INTERAMERICANA	DE	DERECHOS	HUMANOS	MIEMBROS	José	de	Jesús	Orozco	Henríquez	Tracy	Robinson	Felipe	González	Dinah	Shelton	Rodrigo	Escobar	Gil	Rosa	María	Ortiz	Rose-­‐Marie	Belle	Antoine	******	Secretario	Ejecutivo:	Emilio	Álvarez-­‐Icaza	Longoria	Secretaria	Ejecutiva	Adjunta:	Elizabeth	Abi-­‐Mershed
5. Prefacio	Desde	su	creación	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	ha	dedicado	particular	atención	a	la	situación	de	las	personas	privadas	de	libertad	en	las	Américas.	Desde	sus	primeros	informes	especiales	de	país	relativos	a	Cuba	y	a	República	Dominicana,	hasta	los	más	recientes,	referentes	a	Jamaica	y	Colombia,	la	Comisión	Interamericana	se	ha	venido	refiriendo	consistentemente	a	los	derechos	de	las	personas	privadas	de	libertad.	En	este	sentido,	las	visitas	a	centros	de	detención	han	sido	una	constante	en	las	más	de	90	visitas	in	loco	que	ha	realizado	en	los	últimos	50	años.	Asimismo,	la	Comisión	Interamericana	ha	aprobado	una	gran	cantidad	de	informes	de	casos	contenciosos	y	ha	otorgado	un	número	importante	de	medidas	cautelares	dirigidas	a	la	protección	de	personas	privadas	de	libertad	en	las	Américas.	La	Comisión	Interamericana	ha	constatado	que	el	respeto	a	los	derechos	de	las	personas	privadas	de	libertad	es	uno	de	los	principales	desafíos	que	enfrentan	los	Estados	miembros	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos.	Es	un	asunto	complejo	que	requiere	del	diseño	e	implementación	de	políticas	públicas	a	mediano	y	largo	plazo,	así	como	de	la	adopción	de	medidas	inmediatas,	necesarias	para	hacer	frente	a	situaciones	actuales	y	urgentes	que	afectan	gravemente	derechos	humanos	fundamentales	de	la	población	reclusa.	En	este	contexto,	uno	de	los	principales	desafíos	que	enfrentan	la	absoluta	mayoría	de	los	Estados	de	la	región	es	el	uso	excesivo	de	la	detención	preventiva,	por	eso,	en	razón	de	la	complejidad	y	trascendencia	de	esta	temática,	la	Comisión	Interamericana	por	medio	de	su	Relatoría	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	Privadas	de	Libertad	presenta	este	informe,	con	el	propósito	de	ayudar	a	los	Estados	miembros	de	la	OEA	en	el	cumplimiento	de	sus	obligaciones	internacionales,	y	de	proveer	una	herramienta	útil	para	el	trabajo	de	aquellas	instituciones	y	organizaciones	comprometidas	con	la	promoción	y	defensa	de	los	derechos	de	las	personas	privadas	de	libertad.	La	Comisión	destaca	y	reconoce	la	labor	del	Comisionado	Rodrigo	Escobar	Gil,	Relator	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	Privadas	de	Libertad	en	la	dirección	de	este	informe.	Asimismo,	la	Comisión	agradece	la	contribución	del	Cyrus	R.	Vance	Center	for	International	Justice	por	su	investigación	y	análisis	de	la	jurisprudencia	de	la	Corte	Europea	de	Derechos	Humanos	en	materia	de	prisión	preventiva.	La	elaboración	del	presente	informe	fue	posible	gracias	al	valioso	apoyo	financiero	del	Gobierno	de	España.
6. ABREVIATURAS	UTILIZADAS	Organización	de	los	Estados	Americanos:	OEA	Convención	Americana	sobre	Convención	Americana	Derechos	Humanos:	o	la	Convención	Declaración	Americana	de	los	Declaración	Americana	Derechos	y	Deberes	del	Hombre:	o	la	Declaración	Principios	y	Buenas	Prácticas	de	la	Comisión	Interamericana	sobre	la	Protección	de	las	Personas	Privadas	de	Libertad	en	las	Américas:	Principios	y	Buenas	Prácticas	Reglas	Mínimas	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Tratamiento	de	Reclusos:	Reglas	Mínimas	Reglas	Mínimas	de	las	Naciones	Unidas	sobre	las	Medidas	No	Privativas	de	la	Libertad:	Reglas	de	Tokio	Comisión	Interamericana	CIDH,	Comisión	Interamericana	o	de	Derechos	Humanos:	la	Comisión	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos:	Corte	IDH,	Corte	Interamericana	o	la	Corte	Corte	Europea	de	Derechos	Humanos:	CrEDH	o	Corte	Europea	Convenio	Europeo	de	Derechos	Humanos:	Convenio	Europeo	Relator	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	Relator	sobre	Personas	Privadas	de	Libertad	de	la	CIDH	Privadas	de	Libertad	o	el	Relator	Relatoría	sobre	los	Derechos	de	las	Relatoría	sobre	Personas	Privadas	Personas	Privadas	de	Libertad	de	la	CIDH	de	la	de	Libertad	o	la	Relatoría	Comité	de	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas:	HRC	Comité	contra	la	Tortura	de	las	Naciones	Unidas:	CAT	Subcomité	para	la	Prevención	de	la	Tortura	de	las	Naciones	Unidas:	SPT	Grupo	de	Trabajo	sobre	las	Detenciones	Arbitrarias	de	las	Naciones	Unidas:	GTDA
7. Relator	Especial	sobre	la	tortura	y	otros	tratos	o	castigos	crueles,	inhumanos	o	degradantes	de	las	Naciones	Unidas:	Instituto	Latinoamericano	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Prevención	del	Delito	y	Tratamiento	del	Delincuente:	RT	o	Relator	sobre	la	Tortura	ILANUD
8. INFORME	SOBRE	EL	USO	DE	LA	PRISIÓN	PREVENTIVA	EN	LAS	AMÉRICAS	ÍNDICE	Página	I.	INTRODUCCIÓN	........................................................................................................	1	A.	Contexto	y	propósito	del	presente	informe	...............................................	1	B.	Principios	en	los	que	se	sustenta,	estándares	fundamentales	y	contenidos	................................................................................................	5	C.	Marco	jurídico	y	metodología	...................................................................	10	D.	Alcance	del	concepto	de	prisión	preventiva	y	terminología	utilizada	......	13	II.	ANÁLISIS	DEL	USO	DE	LA	PRISIÓN	PREVENTIVA	EN	LA	REGIÓN	...........................	14	A.	Monitoreo	reciente	de	la	CIDH	y	los	mecanismos	del	Sistema	Universal	...................................................................................................	14	B.	Información	estadística	presentada	por	los	Estados	................................	19	C.	Algunos	aspectos	generales	relevantes	de	la	perspectiva	regional	..........	24	D.	Causas	del	uso	excesivo	de	la	prisión	preventiva	.....................................	34	1.	2.	E.	III.	Las	políticas	criminales	que	proponen	mayores	niveles	de	encarcelamiento	como	solución	a	los	problemas	de	seguridad	ciudadana	..............................................................	34	Las	amenazas	a	la	independencia	judicial	..................................	46	Costos	financieros	de	la	prisión	preventiva	..............................................	53	ESTÁNDARES	INTERNACIONALES	RELEVANTES	RELATIVOS	A	LA	APLICACIÓN	DE	LA	PRISIÓN	PREVENTIVA	.....................................................	56	A.	El	derecho	a	la	presunción	de	inocencia	y	el	principio	de	excepcionalidad	de	la	prisión	preventiva	............................................................................	56	B.	Condiciones	para	su	aplicación	.................................................................	60	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Fundamentos	legítimos	o	causales	de	procedencia	...................	60	Causales	de	justificación	no	válidas	o	insuficientes	....................	62	Criterios	de	necesidad,	proporcionalidad	y	razonabilidad	.........	66	Autoridad	competente,	proceso	decisorio,	motivación	e	indicios	.....................................................................................	72	Asistencia	legal	efectiva	(defensa	pública)	.................................	78	Control	judicial	y	recursos	..........................................................	80	Revisión	periódica,	debida	diligencia	y	priorización	del	trámite	..................................................................................	82	Aplicación	por	segunda	vez	y	liberación	posterior	a	la	sentencia	absolutoria	...........................................................	84	ix
9. 9.	C.	IV.	Niños,	niñas	y	adolescentes	........................................................	85	Derecho	de	reparación	por	aplicación	indebida	de	la	prisión	preventiva	.................................................................................................	87	EL	USO	DE	OTRAS	MEDIDAS	CAUTELARES	DISTINTAS	DE	LA	PRISIÓN	PREVENTIVA	...........................................................................................................	88	V.	DERECHOS	HUMANOS	DE	LAS	PERSONAS	PRIVADAS	DE	LIBERTAD	EN	PRISIÓN	PREVENTIVA	.......................................................................................	95	A.	Separación	y	tratamiento	acorde	con	el	derecho	a	la	presunción	de	inocencia	..............................................................................................	95	B.	Otras	consideraciones	relevantes	respecto	a	las	condiciones	de	detención	de	las	personas	en	prisión	preventiva	................................	99	1.	2.	3.	4.	C.	VI.	VII.	VIII.	Derecho	a	la	defensa	en	juicio	....................................................	99	Contacto	familiar	......................................................................	103	Derecho	al	voto	........................................................................	104	Aislamiento	solitario	y	módulos	de	alta	seguridad	...................	106	Efectos	del	uso	excesivo	de	la	prisión	preventiva	en	los	sistemas	penitenciarios	.........................................................................................	108	REGISTROS	DE	DETENIDOS,	TRANSPARENCIA	DE	LA	FUNCIÓN	PENITENCIARIA	Y	GESTIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN	RELATIVA	AL	USO	DE	LA	PRISIÓN	PREVENTIVA	.........................................................................	112	A.	Registros	de	detenidos	...........................................................................	112	B.	Transparencia	de	la	función	penitenciaria	..............................................	114	C.	Gestión	de	la	información	relativa	al	uso	de	la	prisión	preventiva	........	116	CONCLUSIONES	.....................................................................................................	119	RECOMENDACIONES	............................................................................................	121	A.	De	carácter	general	relativas	a	políticas	del	Estado	...............................	121	B.	Aplicación	de	otras	medidas	cautelares	distintas	de	la	prisión	preventiva	...............................................................................................	123	C.	Marco	legal	y	aplicación	de	la	prisión	preventiva	...................................	124	D.	Condiciones	de	detención	......................................................................	127	E.	Defensa	jurídica	......................................................................................	129	F.	Independencia	de	los	operadores	de	justicia	.........................................	130	G.	Registros	y	estadísticas	...........................................................................	131	x
10. INFORME	SOBRE	EL	USO	DE	LA	PRISIÓN	PREVENTIVA	EN	LAS	AMÉRICAS	I. INTRODUCCIÓN	A.	Contexto	y	propósito	del	presente	informe	1. Desde	hace	más	de	una	década	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(en	adelante	“la	CIDH”	o	“la	Comisión”)	ha	considerado	que	la	aplicación	arbitraria	e	ilegal	de	la	prisión	preventiva	es	un	problema	crónico	en	muchos	países	de	la	1 región .	En	su	reciente	Informe	sobre	los	Derechos	Humanos	de	las	Personas	Privadas	de	Libertad	en	las	Américas	la	CIDH	señaló	entre	los	problemas	más	graves	y	extendidos	en	la	región,	el	uso	excesivo	de	la	prisión	preventiva;	y	destacó	que	esta	disfuncionalidad	del	sistema	de	justicia	penal	es	a	su	vez	la	causa	de	otros	problemas	como	el	hacinamiento	y	la	falta	de	separación	entre	procesados	y	condenados.	2. Esta	situación,	al	igual	que	otros	problemas	estructurales	relativos	al	respeto	y	garantía	de	los	derechos	de	las	personas	privadas	de	libertad,	también	ha	sido	identificada	sistemáticamente	en	las	Américas	por	los	mecanismos	de	monitoreo	de	las	Naciones	Unidas	cuyo	mandato	está	relacionado	con	la	salvaguarda	de	los	derechos	humanos	de	las	personas	procesadas	penalmente	y/o	privadas	de	libertad,	como	el	Comité	de	Derechos	Humanos	(HRC),	el	Comité	contra	la	Tortura	(CAT),	el	Subcomité	contra	la	Tortura	(SPT),	el	Grupo	de	Trabajo	sobre	las	Detenciones	Arbitrarias	(GTDA)	y	el	Relator	Especial	sobre	la	tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	degradantes	(RT).	3. De	igual	forma,	a	nivel	técnico	otros	actores	calificados	como	ILANUD	han	considerado	que	“un	caso	de	especial	gravedad	dentro	del	panorama	[regional]	del	aumento	de	las	poblaciones	penitenciarias	es	el	de	los	presos	y	presas	sin	condena”,	y	que	por	tanto,	“la	región	deberá	continuar	sus	esfuerzos	para	mantener	niveles	más	prudentes	2 de	presos	y	presas	a	la	espera	de	sentencia” .	A	este	respecto,	el	Informe	de	la	Reunión	de	Expertos	de	Alto	Nivel	sobre	revisión	de	las	Reglas	Mínimas	de	las	Naciones	Unidas,	celebrada	en	Santo	Domingo,	dio	cuenta	de	algunas	de	las	causas	comunes	que	a	nivel	regional	tienen	incidencia	en	los	altos	índices	de	personas	en	prisión	preventiva,	como	lo	son:	el	retardo	en	el	trámite	de	los	procesos	penales,	la	ausencia	de	asesoría	legal	adecuada,	la	influencia	de	la	opinión	pública,	y	la	“tendencia	de	los	fiscales	y	jueces	a	que	se	ordenen	mandatos	de	detención	para	aquellas	personas	cuyo	proceso	está	en	trámite,	3 en	vez	de	recurrir	a	otras	medidas” .	1 CIDH.	Quinto	informe	sobre	la	situación	de	los	derechos	humanos	en	Guatemala,	OEA/Ser.L/V/II.111.	Doc.	21	rev.,	adoptado	el	6	de	abril	de	2001,	(en	adelante	“Quinto	informe	sobre	la	situación	de	los	derechos	humanos	en	Guatemala”),	Cap.	VII,	párr.	26.	Cuatro	años	antes,	la	CIDH	ya	había	dicho	que	la	prisión	preventiva	constituía	“un	problema	serio	en	varios	países	miembros	de	la	OEA”.	CIDH.	Informe	No.	2/97,	Caso	11.205,	Fondo,	Jorge	Luis	Bronstein	y	otros,	Argentina,	11	de	marzo	de	1997,	párr.	8.	2 Instituto	Latinoamericano	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Prevención	del	Delito	y	Tratamiento	del	Delincuente	(ILANUD),	Cárcel	y	Justicia	Penal	en	America	Latina	y	el	Caribe,	2009,	págs.	78	y	79.	3 UNODC,	Informe	de	la	Reunión	de	Expertos	de	Alto	Nivel	(de	América	Latina	y	el	Caribe)	sobre	la	revisión	de	las	Reglas	Mínimas	para	el	Tratamiento	de	Reclusos,	celebrada	del	3	al	5	de	agosto	de	2011	en	Santo	Continúa…
11. 2	4. Esta	realidad	del	uso	excesivo	de	la	prisión	preventiva	en	las	Américas	ha	sido	reconocida	incluso	en	otras	instancias	de	la	propia	Organización	de	Estados	Americanos	(OEA),	como	la	Tercera	Reunión	de	Autoridades	Responsables	de	Políticas	Penitenciaria	y	Carcelarias,	en	la	cual	se	hizo	referencia	al	“amplio	uso	de	la	detención	preventiva”,	llegándose	a	estimar	que	en	la	región,	“más	del	40%	de	la	población	carcelaria	4 se	encuentra	en	detención	preventiva” .	5. Todo	ello	a	pesar	de	la	existencia	normas	internacionales	vinculantes,	derivadas	del	derecho	internacional	de	los	tratados,	que	son	muy	claras	en	reconocer	el	derecho	a	la	presunción	de	inocencia	y	la	excepcionalidad	de	la	detención	preventiva;	del	5 amplio	reconocimiento	de	estos	derechos	a	nivel	constitucional	en	la	región ;	y	del	compromiso	político	expresado	al	más	alto	nivel	por	los	Estados	desde	hace	veinte	años	en	6 el	marco,	de	las	Cumbres	de	las	Américas ,	en	el	cual	“los	gobiernos	se	comprometieron	a	adoptar	las	medidas	necesarias	para	remediar	las	condiciones	infrahumanas	en	las	cárceles	y	reducir	al	mínimo	el	número	de	detenidos	en	espera	de	juicio”	(Plan	de	Acción	de	Miami,	1994).	6. Frente	a	este	panorama,	la	Comisión	Interamericana	considera,	en	primer	lugar,	que	el	uso	excesivo	de	esta	medida	es	contrario	a	la	esencia	misma	del	Estado	7 democrático	de	derecho ,	y	que	la	instrumentalización	en	los	hechos	del	uso	de	esta	…continuación	Domingo,	República	Dominicana,	párrs.	9-­‐14,	disponible	en:	http://www.unodc.org/documents/justice-­‐and-­‐ prison-­‐reform/Reports/Report_High_Level_EGM_Santo_Domingo_3-­‐5_August_2011_Spanish.pdf	4 OEA,	Tercera	Reunión	de	Autoridades	Responsables	de	Políticas	Penitenciarias	en	Carcelarias,	Palabras	de	Apertura	del	Embajador	Adam	Blackwell,	Secretario	de	Seguridad	Multimodal,	en	nombre	del	Secretario	General	de	la	OEA,	disponible	en:	http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_actividades_carceles.asp	;	en	un	sentido	similar,	las	Recomendaciones	de	la	Segunda	Reunión	de	Autoridades	Responsables	de	las	Políticas	Penitenciarias	y	Carcelarias	de	los	Estados	de	la	OEA	(Valdivia,	2008),	instaron	a	los	Estados	a	la	aplicación	de	la	prisión	preventiva	de	acuerdo	con	las	normas	del	debido	proceso	y	respetando	los	principios	de	excepcionalidad	y	proporcionalidad	(B.ix).	Y	en	la	primera	reunión	de	este	tipo	(Washington,	2003),	las	autoridades	responsables	de	políticas	penitenciarias	y	carcelarias	de	los	Estados	de	la	OEA	ya	identificaban	como	otro	de	los	grandes	retos	de	la	región	en	este	ámbito	al	“alto	porcentaje	de	reclusos	que	está	aún	en	espera	de	juicio”	(Informe	de	la	Reunión).	Ambos	documentos	están	disponibles	en:	http://www.oas.org/dsp/espanol/cpo_documentos_carceles.asp.	5 A	este	respecto	véase:	Constitución	de	la	Nación	Argentina	Art.	18;	Constitución	Política	del	Estado	Plurinacional	de	Bolivia	Arts.	23	y	116;	Constitución	de	la	República	Federativa	de	Brasil	Art.	5;	Constitución	Política	de	la	República	de	Chile	Arts.	19.3	y	19.7;	Constitución	Política	de	Colombia	Arts.	28	y	29;	Constitución	Política	de	Costa	Rica	Art.	37;	Constitución	de	Dominica	Art.	3.4;	Constitución	del	Ecuador	Arts.	76.2,	77.1,	77.9	y	77.11;	Constitución	de	la	República	de	El	Salvador	Arts.	12	y	13;	Constitución	Política	de	la	República	de	Guatemala	Arts.	13	y	14;	Constitución	Política	de	la	República	de	Honduras	Arts.	69,	84,	89,	92	y	93;	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos	Arts.	16,	18	y	19;	Constitución	Política	de	Nicaragua	Arts.	33	y	34;	Constitución	Política	de	la	República	de	Panamá	Arts.	21	y	22;	Constitución	Nacional	del	Paraguay	Arts.	12,	17	y	19;	Constitución	Política	del	Perú	Arts.	2.24.b,	2.24.e,	2.24.f	y	139.10;	Constitución	de	la	República	Oriental	de	Uruguay	Arts.	7,	15	y	16;	y	Constitución	de	la	República	Bolivariana	de	Venezuela	Arts.	44.1,	44.5	y	49.2.	6 Véase	a	este	respecto:	(a)	III	Cumbre	de	las	Américas	2001,	Quebec,	Canadá,	Plan	de	Acción,	disponible	en:	http://www.summit-­‐americas.org/III%20Summit/Esp/III%20summit-­‐esp.htm;	(b)	II	Cumbre	de	las	Américas	1998,	Santiago,	Chile,	Documento	sobre	Derechos	Humanos,	disponible	en:	http://www.summit-­‐ americas.org/Human%20Rights/HUMAN-­‐RIGHTS-­‐SP.htm;	y	(c)	I	Cumbre	de	las	Américas	1994,	Miami,	EEUU,	Plan	de	Acción,	disponible	en:	http://www.summit-­‐americas.org/Miami%20Summit/Human-­‐Rights-­‐sp.htm.	7 CIDH.	Comunicado	de	Prensa	23/13	–	CIDH	culmina	147º	periodo	ordinario	de	sesiones,	anexo.
12. 3	medida	como	una	forma	de	justicia	expedita	de	la	que	eventualmente	resulta	una	suerte	de	pena	anticipada,	es	abiertamente	contraria	al	régimen	establecido	por	la	Convención	y	la	Declaración	Americanas,	y	a	los	principios	que	inspiran	a	la	Carta	de	la	Organización	de	8 los	Estados	Americanos .	Por	otro	lado,	el	uso	de	la	detención	preventiva	es	un	factor	importante	de	la	calidad	de	la	administración	de	justicia,	y	por	lo	tanto,	directamente	relacionado	con	la	democracia.	7. La	CIDH	reconoce	el	deber	que	tienen	los	Estados	de	mantener	el	orden	público	y	proteger	del	delito	y	la	violencia	a	todas	las	personas	bajo	su	jurisdicción.	Sin	embargo,	reitera,	el	principio	largamente	establecido	en	el	Sistema	Interamericano	de	que	“independientemente	de	la	naturaleza	o	gravedad	del	crimen	que	se	persiga,	la	investigación	de	los	hechos	y	eventual	enjuiciamiento	de	determinadas	personas	deben	desarrollarse	dentro	de	los	límites	y	conforme	a	los	procedimientos	que	permitan	9 preservar	la	seguridad	pública	en	el	marco	del	pleno	respeto	a	los	derechos	humanos” .	Asimismo,	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(en	adelante	“la	Corte	Interamericana”	o	“la	Corte”)	ha	establecido	que	“[e]l	concepto	de	derechos	y	libertades	y,	por	ende,	el	de	sus	garantías,	es	también	inseparable	del	sistema	de	valores	y	principios	que	lo	inspira.	En	una	sociedad	democrática	los	derechos	y	libertades	inherentes	a	la	persona,	sus	garantías	y	el	Estado	de	Derecho	constituyen	una	tríada,	cada	uno	de	cuyos	10 componentes	se	define,	completa	y	adquiere	sentido	en	función	de	los	otros” .	8. Como	se	desarrolla	en	este	informe,	el	uso	excesivo	de	la	prisión	preventiva	es	un	problema	complejo	producido	por	causas	de	distinta	naturaleza:	cuestiones	de	diseño	legal,	deficiencias	estructurales	de	los	sistemas	de	administración	de	justicia,	amenazas	a	la	independencia	judicial,	tendencias	arraigadas	en	la	cultura	y	práctica	judicial,	entre	otras.	9. Al	mismo	tiempo,	el	uso	no	excepcional	de	esta	medida	contribuye	a	agravar	otros	problemas	ya	existentes	en	la	región,	como	los	altos	niveles	de	hacinamiento	penitenciario,	lo	que	genera	una	situación	de	hecho	en	la	que	se	ven	vulnerados	otros	8 A	este	respecto,	la	CIDH	ha	considerado	“absolutamente	inaceptable,	que	de	hecho,	la	prisión	preventiva	se	transforme	en	la	forma	usual	de	administración	de	justicia,	sin	debido	proceso,	juez	y	sentencia.	CIDH.	Informe	sobre	la	situación	de	los	derechos	humanos	en	República	Dominicana,	OEA/Ser.L/V/II.104.	Doc.	49	rev.	1,	adoptado	el	7	de	octubre	de	1999.	(en	adelante	“Informe	sobre	la	situación	de	los	derechos	humanos	en	República	Dominicana”),	Cap.	VI,	párr.	224.	En	este	sentido,	la	Carta	Democrática	Interamericana	expresamente	señala	que	“la	Declaración	Americana	de	los	Derechos	y	Deberes	del	Hombre	y	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos	contienen	los	valores	y	principios	de	libertad,	igualdad	y	justicia	social	que	son	intrínsecos	a	la	democracia”.	9 Corte	IDH.	Caso	Yvon	Neptune	Vs.	Haití.	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	6	de	mayo	de	2008.	Serie	C	No.	180,	párr.	38.	Este	principio	fundamental	del	Sistema	Interamericano	fue	formulado	por	la	Corte	desde	su	primera	sentencia	de	fondo	en	los	siguientes	términos:	“por	graves	que	puedan	ser	ciertas	acciones	y	por	culpables	que	puedan	ser	los	reos	de	determinados	delitos,	no	cabe	admitir	que	el	poder	pueda	ejercerse	sin	límite	alguno	o	que	el	Estado	pueda	valerse	de	cualquier	procedimiento	para	alcanzar	sus	objetivos,	sin	sujeción	al	derecho	o	a	la	moral”.	A	partir	de	la	primera	sentencia	de	la	Corte	Interamericana,	en	el	Caso	Velásquez	Rodríguez	Vs.	Honduras.	de	29	de	julio	de	1988.	Serie	C	No.	4,	párr.	154.	10 Corte	IDH.	El	Hábeas	Corpus	Bajo	Suspensión	de	Garantías	(arts.	27.2,	25.1	y	7.6	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos).	Opinión	Consultiva	OC-­‐8/87	del	30	de	enero	de	1987.	Serie	A	No.	8,	párr.	26.
13. 4	derechos	fundamentales	de	los	reclusos,	como	el	derecho	a	la	integridad	personal.	En	la	absoluta	mayoría	de	los	países	de	la	región	las	personas	en	prisión	preventiva	están	expuestas	a	las	mismas	condiciones	que	las	personas	condenadas,	y	en	ocasiones	a	un	trato	peor	que	éstas.	Las	personas	en	prisión	preventiva	sufren	grandes	tensiones	personales	como	resultado	de	la	pérdida	de	ingresos,	y	de	la	separación	forzada	de	su	familia	y	comunidad;	además	padecen	el	impacto	psicológico	y	emocional	del	hecho	mismo	de	estar	privados	de	libertad	sin	haber	sido	condenados,	y	por	lo	general	son	expuestos	al	entorno	de	violencia,	corrupción,	insalubridad	y	condiciones	inhumanas	presentes	las	cárceles	de	la	región.	Incluso	los	índices	de	suicidios	cometidos	en	prisiones	son	mayores	11 entre	los	presos	en	prisión	preventiva .	De	ahí	la	especial	gravedad	que	reviste	esta	12 medida	y	la	necesidad	de	rodear	su	aplicación	de	las	máximas	garantías	jurídicas. 10. La	Comisión	ha	observado	también	que	la	aplicación	de	esta	medida	afecta	de	manera	extendida	y	desproporcionada	a	personas	pertenecientes	a	grupos	económicamente	más	vulnerables,	quienes	por	lo	general	encuentran	obstáculos	en	el	acceso	a	otras	medidas	cautelares,	como	la	fianza,	ni	pueden	afrontar	los	gastos	que	implica	la	representación	de	un	abogado	privado,	contando	solo	con	la	defensa	pública	y	sus	limitaciones.	11. Asimismo,	el	mantener	cantidades	considerables	de	personas	privadas	de	libertad	en	espera	de	juicio	no	es	una	buena	práctica	desde	el	punto	de	vista	de	la	gestión	penitenciaria	por	los	costos	que	implica.	La	aplicación	no	excepcional	de	esta	medida	conlleva	además	a	que	los,	generalmente	escasos,	recursos	del	sistema	penitenciario	sean	insuficientes	para	atender	las	necesidades	de	la	creciente	población	reclusa.	12. Por	otro	lado,	el	mantener	a	una	persona	bajo	régimen	de	detención	preventiva	por	un	período	prolongado,	puede	crear	una	situación	de	hecho	en	la	que	los	jueces	sean	mucho	más	propensos	a	dictar	sentencias	condenatorias	para,	en	cierta	forma,	13 avalar	su	decisión	de	haber	encarcelado	ya	al	acusado	durante	el	juicio .	Así,	una	eventual	sentencia	absolutoria	sería	un	reconocimiento	de	que	se	privó	de	libertad	por	mucho	tiempo	a	un	inocente.	Desde	esa	perspectiva,	la	prolongada	detención	sin	juicio	de	una	persona	constituye,	en	cierta	forma,	una	presunción	de	culpabilidad.	13. En	este	contexto,	el	presente	estudio,	al	igual	que	el	anterior	Informe	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	Privadas	de	Libertad	en	las	Américas,	surge	de	la	convicción	de	la	Comisión	Interamericana	de	que	el	respeto	de	los	derechos	de	las	11 OMS,	Departamento	de	Salud	Mental	y	Abuso	de	Sustancias,	Prevención	del	Suicidio	en	Cárceles	y	Prisiones,	2007,	págs.	8	y	10,	disponible	en:	http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75425/1/	WHO_MNH_MBD_00.7_spa.pdf.	12 Con	respecto	a	los	efectos	negativos	del	encarcelamiento	preventivo	véase	en	general:	Open	Society/Justice	Initiative,	The	Socioeconomic	Impact	of	Pretrial	Detention,	2011;	Open	Society/Justice	Initiative,	Pretrial	Detention	and	Torture:	Why	Pretrial	Detainees	face	the	Greater	Risk,	2011;	Open	Society/Justice	Initiative,	Pretrial	Detention	and	Health:	Unintended	Consequences	deadly	Results,	2011.	13 A	este	respecto	véase	también:	ONU,	Grupo	de	Trabajo	sobre	Detenciones	Arbitrarias,	Informe	Anual	presentado	al	Consejo	de	Derechos	Humanos,	A/HRC/4/40,	publicado	el	3	de	enero	de	2007,	párr.	68;	y	ONU,	Relator	Especial	sobre	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes,	Informe	provisional,	A/64/215,	publicado	el	3	de	agosto	de	2009,	párr.	42.
14. 5	personas	privadas	de	libertad	es	uno	de	los	principales	desafíos	que	enfrentan	los	Estados	miembros	de	la	OEA,	y	el	uso	excesivo	de	la	prisión	preventiva	uno	de	los	temas	que	requieren	mayor	atención.	14. En	este	sentido,	el	presente	informe	busca	contribuir	a	la	disminución	de	los	índices	de	personas	sometidas	a	detención	previa	al	juicio	en	los	Estados	miembros	de	la	OEA,	ayudándolos	en	el	cumplimiento	de	sus	obligaciones	internacionales	por	medio	de	los	estándares	y	las	recomendaciones	que	proporciona.	Asimismo,	aspira	a	servir	como	una	herramienta	útil	para	el	trabajo	de	aquellas	instituciones	y	organizaciones	comprometidas	con	la	promoción	y	defensa	de	los	derechos	de	las	personas	privadas	de	libertad.	15. El	presente	estudio	se	presenta	también	en	el	marco	de	la	solicitud	hecha	por	la	Asamblea	General	de	la	OEA	a	la	CIDH	de	que	“continúe	informando	sobre	la	situación	en	la	que	se	encuentran	las	personas	sometidas	a	cualquier	forma	de	detención	y	reclusión	en	el	Hemisferio	y	que,	tomando	como	base	su	trabajo	sobre	el	tema,	siga	14 refiriéndose	a	los	problemas	y	buenas	prácticas	que	observe” .	B.	Principios	en	los	que	se	sustenta,	estándares	fundamentales	y	contenidos	16. El	presente	informe	se	sustenta	fundamentalmente	en	el	principio	de	la	presunción	de	inocencia,	el	cual,	como	ya	ha	afirmado	la	CIDH,	es	en	realidad	el	punto	de	partida	para	cualquier	análisis	de	los	derechos	y	el	tratamiento	otorgado	a	las	personas	que	15 se	encuentran	bajo	prisión	preventiva .	Este	derecho	fundamental	implica,	entre	otras	cosas,	que	en	el	caso	de	resultar	necesaria	la	privación	de	libertad	durante	el	transcurso	de	16 un	proceso,	la	posición	jurídica	del	imputado	sigue	siendo	la	de	un	inocente .	De	todas	las	garantías	judiciales	propias	del	ámbito	penal	la	más	elemental	es	quizás	la	presunción	de	inocencia,	expresamente	reconocida	sin	salvedad	ni	excepción	alguna	por	diversos	instrumentos	internacionales	de	derechos	humanos,	tales	como	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	(Art.	11.1),	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	17 (Art.	14.2),	la	Declaración	Americana	(Art.	XXVI)	y	la	Convención	Americana	(Art.	8.2) .	El	14 OEA,	Resolución	de	la	Asamblea	General,	AG/RES.	2668	(XLI-­‐O/11),	aprobada	el	7	de	junio	de	2011,	punto	resolutivo	3;	OEA,	Resolución	de	la	Asamblea	General,	AG/RES.	2592	(XL-­‐O/10),	aprobada	el	8	de	junio	de	2010,	punto	resolutivo	3;	OEA,	Resolución	de	la	Asamblea	General,	AG/RES.	2510	(XXXIX-­‐O/09),	aprobada	el	4	de	junio	de	2009,	punto	resolutivo	3;	OEA,	Resolución	de	la	Asamblea	General,	AG/RES.	2403	(XXXVIII-­‐O/08),	aprobada	el	13	de	junio	de	2008,	punto	resolutivo	3;	OEA,	Resolución	de	la	Asamblea	General,	AG/RES.	2283	(XXXVII-­‐O/07),	aprobada	el	5	de	junio	de	2007,	punto	resolutivo	3;	OEA,	Resolución	de	la	Asamblea	General,	AG/RES.	2233	(XXXVI-­‐O/06),	aprobada	el	6	de	junio	de	2006,	punto	resolutivo	3;	OEA,	Resolución	de	la	Asamblea	General,	AG/RES.	2125	(XXXV-­‐O/05),	aprobada	el	7	de	junio	de	2005,	punto	resolutivo	11;	OEA,	Resolución	de	la	Asamblea	General,	AG/RES.	2037	(XXXIV-­‐O/04),	aprobada	el	8	de	junio	de	2004,	punto	resolutivo	3;	y	OEA,	Resolución	de	la	Asamblea	General,	AG/RES.	1927	(XXXIII-­‐O/03),	aprobada	el	10	de	junio	de	2003,	punto	resolutivo	3.	15 CIDH.	Quinto	informe	sobre	la	situación	de	los	derechos	humanos	en	Guatemala,	Cap.	VII,	párr.	32.	16 CIDH.	Tercer	informe	sobre	la	situación	de	los	derechos	humanos	en	Paraguay,	OEA/Ser./L/VII.110.	Doc.	52,	adoptado	el	9	de	marzo	de	2001	(en	adelante	“Tercer	informe	sobre	la	situación	de	los	derechos	humanos	en	Paraguay”),	Cap.	IV,	párr.	33.	17 CIDH.	Informe	No.	50/00,	Caso	11.298,	Fondo,	Reinaldo	Figueredo	Planchart,	Venezuela,	13	de	abril	de	2000,	párr.	118.
15. 6	derecho	a	la	presunción	de	inocencia	es	desarrollado	con	mayor	amplitud	en	el	Capítulo	III	del	presente	informe.	17. Asimismo,	el	presente	informe,	al	igual	que	el	Informe	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	Privadas	de	Libertad	en	las	Américas,	se	sustenta	en	los	siguientes	tres	principios:	(a)	El	principio	del	trato	humano:	según	el	cual,	toda	persona	privada	de	libertad	será	tratada	con	respeto	irrestricto	de	su	dignidad	inherente	y	sus	derechos	18 fundamentales .	Es	decir,	que	la	reclusión	de	una	persona	no	debe	conllevar	restricciones	o	sufrimientos	que	vayan	más	allá	de	aquellos	que	sean	inherentes	a	la	privación	de	19 libertad .	Como	ha	afirmado	el	RT,	“[e]l	principio	del	trato	humano	de	las	personas	privadas	de	libertad	es	el	punto	de	partida	para	cualquier	examen	de	las	condiciones	de	20 reclusión	y	para	el	diseño	de	los	regímenes	penitenciarios” .	El	principio	del	trato	humano	está	relacionado	con	todos	los	aspectos	del	tratamiento	que	da	el	Estado	a	las	personas	bajo	su	custodia,	particularmente	con	las	condiciones	de	reclusión	y	la	seguridad.	(b)	El	principio	de	la	posición	de	garante	del	Estado:	según	el	cual,	el	Estado	al	privar	de	libertad	a	una	persona	asume	una	posición	de	garante	de	sus	derechos	fundamentales,	en	particular	de	sus	derechos	a	la	vida	y	a	la	integridad	personal.	Lo	que	implica	que	el	ejercicio	del	poder	de	custodia	lleva	consigo	la	responsabilidad	especial	de	asegurar	que	la	privación	de	la	libertad	sirva	a	su	propósito	y	que	no	conduzca	a	la	21 violación	de	otros	derechos	básicos .	En	este	sentido,	es	fundamental	la	satisfacción	de	las	necesidades	básicas	de	la	población	reclusa,	relacionadas,	por	ejemplo,	con	los	servicios	médicos,	alimentación,	provisión	de	agua	potable,	y	sobre	todo	de	condiciones	básicas	de	seguridad	interna	en	los	penales.	Este	principio	está	estrechamente	relacionado	con	el	principio	del	trato	humano.	(c)	El	principio	de	la	compatibilidad	entre	el	respeto	de	los	derechos	fundamentales	de	las	personas	privadas	de	libertad	y	el	cumplimiento	de	los	fines	de	la	22 seguridad	ciudadana :	esto	significa,	que	el	respeto	de	los	derechos	humanos	de	las	18 CIDH.	Principios	y	buenas	prácticas	sobre	la	protección	de	las	personas	privadas	de	libertad	en	las	Américas,	aprobado	por	la	CIDH	mediante	Resolución	1/08	en	su	131º	período	ordinario	de	sesiones,	celebrado	del	3	al	14	de	marzo	de	2008,	(en	adelante	“Principios	y	buenas	prácticas	sobre	la	protección	de	las	personas	privadas	de	libertad	en	las	Américas”),	Principio	I.	19 CIDH.	Informe	sobre	los	derechos	humanos	de	las	personas	privadas	de	libertad	en	las	Américas,	OEA/Ser.L/V/II,	adoptado	el	31	de	diciembre	de	2011,	(en	adelante	“Informe	sobre	los	derechos	humanos	de	las	personas	privadas	de	libertad	en	las	Américas”),	párrs.	66	y	ss.	20 ONU,	Relator	Especial	sobre	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes,	Informe	provisional,	A/68/295,	publicado	el	9	de	agosto	de	2013,	párr.	35.	21 CIDH.	Informe	sobre	los	derechos	humanos	de	las	personas	privadas	de	libertad	en	las	Américas,	párrs.	8,	46	–	65;	CIDH.	Quinto	informe	sobre	la	situación	de	los	derechos	humanos	en	Guatemala,	Cap.	VIII,	párr.	1.	22 A	este	respecto,	la	Declaración	de	Salvador	reafirma	“la	necesidad	de	respetar	y	proteger	los	derechos	humanos	y	las	libertades	fundamentales	en	la	prevención	del	delito	y	la	administración	de	justicia	[…]”;	y	reconoce	que	“un	sistema	de	justicia	penal	eficaz,	justo	y	humano	se	basa	en	el	compromiso	de	proteger	los	derechos	humanos	en	la	administración	de	justicia	y	en	la	prevención	del	delito	y	la	lucha	contra	la	delincuencia”.	Continúa…
16. 7	personas	privadas	de	libertad	no	está	en	conflicto	con	los	fines	de	la	seguridad	ciudadana,	sino	que	por	el	contrario	es	un	elemento	esencial	para	su	realización.	La	seguridad	ciudadana	es	una	de	las	dimensiones	de	la	seguridad	humana,	y	por	lo	tanto,	del	desarrollo	23 humano,	e	involucra	la	interrelación	de	múltiples	actores,	condiciones	y	factores .	18. En	este	sentido,	la	CIDH	reitera	que	las	políticas	públicas	sobre	seguridad	ciudadana	que	implementen	los	Estados	de	la	región	deben	contemplar,	de	manera	prioritaria,	acciones	de	prevención	de	la	violencia	y	el	delito	en	tres	dimensiones:	(1)	prevención	primaria:	programas	de	salud	pública,	educación,	empleo,	formación	para	el	respeto	de	los	derechos	humanos	y	construcción	de	ciudadanía	democrática;	(2)	prevención	secundaria:	medidas	destinadas	a	personas	o	grupos	en	situación	de	mayor	vulnerabilidad	frente	a	la	violencia	y	el	delito;	y	(3)	prevención	terciaria:	acciones	24 individualizadas	y	programas	dirigidos	a	personas	ya	involucradas	en	conductas	delictivas .	19. En	línea	con	este	principio,	el	presente	informe	encuentra	que	el	incremento	del	uso	de	la	prisión	preventiva	y	de	las	penas	privativas	de	la	libertad	en	general	no	son	la	vía	idónea	para	el	cumplimiento	de	los	fines	de	la	seguridad	ciudadana.	La	Comisión	Interamericana	no	ha	encontrado	información	empírica	alguna	que	demuestre	que	un	incremento	en	el	uso	de	la	prisión	preventiva	contribuya	a	disminuir	los	niveles	de	delincuencia	o	de	violencia.	20. La	naturaleza	excepcional	de	la	aplicación	de	la	prisión	preventiva,	de	acuerdo	con	criterios	de	necesidad	y	proporcionalidad,	es	un	elemento	que	necesariamente	debe	estar	presente	en	toda	política	criminal	que	tome	en	consideración	los	estándares	del	Sistema	Interamericano.	Así,	la	Convención	Americana,	establece	un	orden	jurídico	según	el	cual	“nadie	puede	ser	sometido	a	detención	o	encarcelamiento	arbitrario”	(artículo	7.3);	y,	toda	persona	“tendrá	derecho	a	ser	juzgada	dentro	de	un	plazo	razonable	o	a	ser	puesta	en	libertad,	sin	perjuicio	de	que	continúe	el	proceso.	Su	libertad	podrá	estar	condicionada	a	garantías	que	aseguren	su	comparecencia	en	el	juicio”	(artículo	7.5).	Igualmente,	la	Declaración	Americana	dispone	que	“[…]	[t]odo	individuo	que	haya	sido	privado	de	su	libertad	tiene	derecho	a	[…]	ser	juzgado	sin	dilación	injustificada	o,	de	lo	contrario,	a	ser	puesto	en	libertad”	(Art.	XXV).	Es	decir,	el	estar	en	libertad	mientras	dure	el	proceso	penal,	es	un	derecho	del	acusado,	y	como	tal	sólo	puede	ser	restringido	de	manera	excepcional	y	con	estricto	apego	a	las	normas	establecidas	en	los	instrumentos	internacionales	que	lo	establecen.	No	se	trata	pues	de	una	prerrogativa	o	un	beneficio,	sino	de	un	derecho	establecido	para	proteger	bienes	jurídicos	tan	fundamentales	como	la	libertad,	e	incluso,	la	integridad	personal.	…continuación	ONU,	Declaración	de	Salvador	sobre	estrategias	amplias	ante	problemas	globales:	los	sistemas	de	prevención	del	delito	y	justicia	penal	y	su	desarrollo	en	un	mundo	en	evolución,	adoptada	en	el	12º	Congreso	de	las	Naciones	Unidas	sobre	Prevención	del	Delito	y	Justicia	Penal,	celebrado	en	Salvador	(Brasil)	del	2	al	19	de	abril	de	2010.	23 CIDH.	Informe	sobre	seguridad	ciudadana	y	derechos	humanos,	OEA/Ser.L/V/II.	Doc.57,	adoptado	el	31	de	diciembre	de	2009,	(en	adelante	“Informe	sobre	seguridad	ciudadana	y	derechos	humanos”);	Informe	sobre	los	derechos	humanos	de	las	personas	privadas	de	libertad	en	las	Américas	párr.	2.	24 CIDH.	Informe	sobre	los	derechos	humanos	de	las	personas	privadas	de	libertad	en	las	Américas,	párr.	10;	CIDH.	Informe	sobre	seguridad	ciudadana	y	derechos	humanos,	párr.	155.
17. 8	21. A	este	respecto,	desde	hace	más	de	dos	décadas	los	órganos	del	Sistema	Interamericano	han	interpretado	y	aplicado	estas	normas,	estableciendo	que	de	las	mismas	se	desprenden,	en	síntesis,	los	siguientes	estándares:	(i)	La	detención	preventiva	debe	ser	la	excepción	y	no	la	regla;	(ii)	los	fines	legítimos	y	permisibles	de	la	detención	preventiva	deben	tener	carácter	procesal,	tales	como	evitar	el	peligro	de	fuga	o	la	obstaculización	del	proceso;	(iii)	consecuentemente,	la	existencia	de	indicios	de	responsabilidad	no	constituye	razón	suficiente	para	decretar	la	detención	preventiva	de	una	persona;	(iv)	aún	existiendo	fines	procesales,	se	requiere	que	la	detención	preventiva	sea	absolutamente	necesaria	y	proporcional,	en	el	sentido	de	que	no	existan	otros	medios	menos	gravosos	para	lograr	el	fin	procesal	que	se	persigue	y	que	no	se	afecte	desproporcionadamente	la	libertad	personal;	(v)	todos	los	aspectos	anteriores	requieren	una	motivación	individualizada	que	no	puede	tener	como	sustento	presunciones;	(vi)	la	detención	preventiva	debe	decretarse	por	el	tiempo	estrictamente	necesario	para	cumplir	el	fin	procesal,	lo	que	implica	una	revisión	periódica	de	los	elementos	que	dieron	lugar	a	su	procedencia;	(vii)	el	mantenimiento	de	la	detención	preventiva	por	un	plazo	irrazonable	equivale	a	adelantar	la	pena;	y	(vii)	en	el	caso	de	niños,	niñas	y	adolescentes	los	criterios	de	procedencia	de	la	detención	preventiva	deben	aplicarse	con	mayor	rigurosidad,	procurándose	un	mayor	uso	de	otras	medidas	cautelares	o	el	juzgamiento	en	libertad;	y	cuando	sea	procedente	deberá	aplicarse	durante	el	plazo	más	breve	posible.	22. En	los	Principios	y	Buenas	Prácticas	para	las	Personas	Privadas	de	Libertad,	la	Comisión	reafirma	estos	estándares	fundamentales	de	manera	muy	concreta	en	los	siguientes	términos:	La	privación	preventiva	de	la	libertad,	como	medida	cautelar	y	no	punitiva,	deberá	además	obedecer	a	los	principios	de	legalidad,	presunción	de	inocencia,	necesidad	y	proporcionalidad,	en	la	medida	estrictamente	necesaria	en	una	sociedad	democrática,	que	sólo	podrá	proceder	de	acuerdo	con	los	límites	estrictamente	necesarios	para	asegurar	que	no	se	impedirá	el	desarrollo	eficiente	de	las	investigaciones	ni	se	eludirá	la	acción	de	la	justicia,	siempre	que	la	autoridad	competente	fundamente	y	acredite	la	existencia,	en	el	caso	concreto,	de	los	referidos	requisitos	(Principio	III.2).	23. En	cuanto	a	sus	contenidos,	en	el	Capítulo	II	se	realiza	un	análisis	de	la	situación	de	la	prisión	preventiva	en	la	región,	prestando	particular	atención	a	las	razones	por	las	cuales	esta	medida	no	es	utilizada	de	manera	excepcional.	Se	hace	un	recuento	de	los	principales	pronunciamientos	emitidos	por	la	Comisión	Interamericana	y	otros	mecanismos	de	monitoreo	del	Sistema	Universal;	se	presenta	información	estadística	oficial	aportada	por	los	Estados	respecto	de	la	aplicación	de	la	prisión	preventiva	en	sus
18. 9	jurisdicciones;	y	se	destacan	algunos	aspectos	específicos	relevantes	de	la	situación	en	varios	de	los	Estados	miembros	de	la	OEA.	24. En	cuanto	a	las	causas	del	uso	no	excepcional	de	la	prisión	preventiva	se	hace	énfasis	en	las	políticas	criminales	que	proponen	mayores	niveles	de	encarcelamiento	como	solución	a	los	problemas	de	seguridad	ciudadana,	y	que	han	conllevado	una	serie	de	reformas	legales	que	han	generado	una	mayor	aplicación	de	la	detención	preventiva,	tomándose	como	ejemplos	la	situación	en	algunos	países;	y	en	las	amenazas	a	la	independencia	de	aquellas	autoridades	judiciales	encargadas	de	aplicar	la	detención	preventiva,	las	cuales,	como	se	explica,	provienen	fundamentalmente	de	altos	funcionarios	de	otros	órganos	del	Estado,	de	las	cúpulas	de	los	propios	poderes	judiciales,	y	de	los	medios	de	comunicación	y	la	opinión	pública.	Asimismo,	en	este	capítulo	se	realizan	algunas	consideraciones	acerca	de	los	altos	costos	financieros	que	el	uso	de	la	prisión	preventiva	representa	para	el	Estado,	el	detenido	y	sus	familiares,	y	la	sociedad	en	su	conjunto.	25. En	el	Capítulo	III,	relativo	a	los	estándares	internacionales	aplicables	al	uso	de	la	prisión	preventiva,	se	desarrolla	ampliamente	el	derecho	a	la	presunción	de	inocencia	y	sus	implicaciones	prácticas,	así	como	el	principio	de	excepcionalidad	que	debe	regir	la	aplicación	de	esta	medida	y	los	criterios	de	necesidad,	proporcionalidad	y	plazo	razonable	a	los	que	debe	sujetarse.	La	prisión	preventiva	sólo	tiene	como	fines	legítimos	el	prevenir	la	fuga	del	acusado	o	que	éste	interfiera	con	el	desarrollo	apropiado	del	proceso.	En	este	contexto,	se	expone	cómo	los	órganos	del	Sistema	Interamericano	se	han	referido	a	aquellas	causales	de	procedencia	no	válidas	o	insuficientes,	las	cuales	aunque	estén	contempladas	en	la	ley	son	contrarias	al	régimen	establecido	por	la	Convención	Americana.	Además,	se	establecen	algunos	estándares	relevantes	relativos	a	las	actuaciones	judiciales	propias	de	la	aplicación	de	esta	medida;	al	derecho	de	defensa;	al	deber	del	Estado	de	reparar	los	daños	producidos	a	personas	detenidas	en	violación	de	las	disposiciones	del	artículo	7	de	la	Convención	Americana;	y	a	la	aplicación	de	la	prisión	preventiva	a	niños,	niñas	y	adolescentes.	26. El	Capítulo	IV	se	refiere	al	deber	del	Estado	de	establecer	y	promover	la	aplicación	de	otras	medidas	cautelares	distintas	de	la	detención	preventiva,	lo	que	implica	que	los	jueces	tienen	el	deber	de	considerar	la	aplicación	de	tales	medidas,	y	en	su	caso	explicar	por	qué	éstas	no	serían	suficientes	para	mitigar	los	posibles	riesgos	procesales.	Se	plantea	además	que	la	aplicación	de	las	medidas	cautelares	no	privativas	de	la	libertad	no	vulnera	los	derechos	de	las	víctimas	ni	mucho	menos	es	sinónimo	de	impunidad;	y	que	por	el	contrario,	su	desarrollo	y	mayor	utilización	constituye	un	elemento	importante	para	la	modernización	de	la	administración	de	justicia	y	para	la	propia	gestión	penitenciaria,	al	contribuir	a	la	estabilización	del	crecimiento	de	la	población	penal.	27. En	el	Capítulo	V	se	abordan	aquellos	derechos	diferenciados	que	tienen	las	personas	en	prisión	preventiva	frente	al	resto	de	la	población	penal.	En	primer	lugar,	el	de	permanecer	separados	de	los	reos	condenados	y	de	recibir	un	tratamiento	acorde	con	el	derecho	a	la	presunción	de	inocencia.	En	este	sentido	se	desarrollan	algunos	de	los	principales	aspectos	que	deben	caracterizar	las	condiciones	en	las	que	se	mantiene	a	las	personas	detenidas	durante	el	proceso,	especialmente	aquellos	relacionados	con	la
19. 10	garantía	del	derecho	a	defensa,	el	contacto	familiar,	el	ejercicio	del	derecho	al	sufragio	y	la	aplicación	de	medidas	disciplinarias.	En	esta	sección	también	se	analizan	los	efectos	que	produce	la	prisión	preventiva	en	los	sistema	penitenciarios,	principalmente	al	contribuir	al	incremento	de	la	población	reclusa,	y	se	reitera	que	la	sola	construcción	de	establecimientos	penitenciarios	no	es	una	solución	idónea	ni	sostenible	a	este	problema.	28. En	el	Capítulo	VI	se	realizan	algunas	consideraciones	respecto	de	la	gestión	de	la	información	relativa	al	uso	de	la	prisión	preventiva,	partiendo	del	deber	del	Estado	de	mantener	registros	de	detenidos	y	de	asegurar	la	transparencia	de	la	función	penitenciaria.	Se	plantea	que	la	recopilación	de	datos	útiles	que	permitan	analizar	los	principales	aspectos	del	uso	de	la	prisión	preventiva	es	un	elemento	estratégico	en	la	ejecución	de	políticas	públicas	orientadas	a	lograr	un	uso	más	racional	de	esta	medida.	La	ausencia	de	indicadores	se	traduce	en	la	imposibilidad	de	realizar	evaluaciones	y	adoptar	decisiones	sobre	la	base	de	parámetros	objetivos.	29. En	el	Capítulo	VII	de	Conclusiones	se	recogen	las	cuestiones	que	a	juicio	de	la	Comisión	son	las	más	relevantes	en	torno	al	uso	de	la	prisión	preventiva	en	la	región,	a	partir	de	la	información	analizada	en	el	presente	informe.	Además,	se	hace	énfasis	en	el	deber	del	Estado	de	adoptar	políticas	públicas	integrales	relativas	a	la	gestión	penitenciaria	y	se	desarrollan	los	elementos	que	éstas	deben	incorporar.	Finalmente,	se	presenta	un	catálogo	de	recomendaciones	en	siete	áreas	fundamentales	orientadas	brindar	a	los	Estados	herramientas	para	hacer	un	uso	más	racional	de	la	prisión	preventiva	y	ajustar	su	aplicación	a	las	obligaciones	internacionales	que	han	asumido.	C.	Marco	jurídico	y	metodología	30. El	presente	informe	es	en	gran	medida	una	continuación	o	ampliación	del	Informe	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	Privadas	de	Libertad	en	las	Américas,	en	el	que	la	CIDH	consideró	al	uso	excesivo	de	la	prisión	preventiva	como	uno	de	los	problemas	más	graves	y	extendidos	en	la	región	respecto	de	la	situación	de	las	personas	privadas	de	libertad,	y	en	el	que	indicó	que	este	tema,	al	igual	que	otros	de	igual	relevancia	y	25 complejidad,	serían	desarrollados	en	estudios	posteriores .	31. En	ese	sentido,	el	presente	informe	se	fundamenta	en	el	mismo	marco	jurídico	que	el	Informe	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	Privadas	de	Libertad	en	las	26 Américas ,	compuesto	fundamentalmente	por	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	27 Humanos	(en	adelante	“la	Convención”	o	“la	Convención	Americana”) ,	la	Declaración	Americana	de	los	Derechos	y	Deberes	del	Hombre	(en	adelante	“la	Declaración	25 CIDH.	Informe	sobre	los	derechos	humanos	de	las	personas	privadas	de	libertad	en	las	Américas,	párrs.	627-­‐629.	26 CIDH.	Informe	sobre	los	derechos	humanos	de	las	personas	privadas	de	libertad	en	las	Américas,	párrs.	27-­‐37.	27 OEA,	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos,	suscrita	en	San	José,	Costa	Rica	el	22	de	noviembre	de	1969,	en	la	Conferencia	Especializada	Interamericana	sobre	Derechos	Humanos.
20. 11	28 Americana”) ,	y	todos	los	demás	tratados	que	conforman	el	régimen	jurídico	interamericano	de	protección	de	los	derechos	humanos.	Además,	se	toman	en	consideración	otros	tratados	análogos	adoptados	en	el	contexto	de	la	Organización	de	Naciones	Unidas	(en	adelante	también	“el	Sistema	Universal”)	de	los	que	también	son	parte	en	gran	medida	los	Estados	miembros	de	la	OEA.	Además,	se	han	visto	diversas	fuentes	del	derecho	interno	de	los	Estados	miembros	de	la	OEA	en	la	medida	de	lo	pertinente.	32. De	igual	forma,	se	toman	en	cuenta	otros	instrumentos	internacionales	relevantes,	como	los	Principios	y	Buenas	Prácticas	sobre	la	Protección	de	las	Personas	29 Privadas	de	Libertad	en	las	Américas	(en	adelante	“los	Principios	y	Buenas	Prácticas”) ,	adoptados	por	la	Comisión	Interamericana	en	marzo	de	2008	en	el	marco	de	su	131º	período	ordinario	de	sesiones;	las	Reglas	Mínimas	para	el	Tratamiento	de	los	Reclusos	(en	30 adelante	“las	Reglas	Mínimas”) ;	los	Principios	Básicos	para	el	Tratamiento	de	los	31 Reclusos ;	el	Conjunto	de	Principios	para	la	Protección	de	Todas	las	Personas	Sometidas	a	32 Cualquier	Forma	de	Detención	o	Prisión ;	y	las	Reglas	Mínimas	de	las	Naciones	Unidas	33 sobre	las	Medidas	no	Privativas	de	la	Libertad	(Reglas	de	Tokio) ,	entre	otros.	Los	cuales	han	sido	utilizados	consistentemente,	tanto	por	la	Comisión,	como	por	la	Corte	Interamericana	como	pauta	de	interpretación	del	contenido	y	alcances	de	las	disposiciones	de	la	Convención	Americana	en	casos	de	personas	privadas	de	libertad.	33. Como	parte	de	la	metodología	específica	de	este	informe	la	CIDH	publicó	un	cuestionario	que	fue	enviado	a	los	Estados	Miembros	de	la	OEA	y	a	otros	actores	34 relevantes	vinculados	al	tema .	Dicho	cuestionario	fue	contestado	por	un	total	de	dieciséis	35 Estados	Miembros	de	la	OEA :	Bolivia,	Brasil,	Chile,	Colombia,	Costa	Rica,	Ecuador,	El	28 OEA,	Declaración	Americana	de	los	Derechos	y	Deberes	del	Hombre,	aprobada	en	la	Novena	Conferencia	Internacional	Americana	celebrada	en	Bogotá,	Colombia,	1948.	29 CIDH.	Principios	y	buenas	prácticas	sobre	la	protección	de	las	personas	privadas	de	libertad	en	las	Américas.	30 ONU,	Reglas	Mínimas	para	el	Tratamiento	de	los	Reclusos,	adoptadas	en	el	Primer	Congreso	de	las	Naciones	Unidas	sobre	Prevención	del	Delito	y	Tratamiento	del	Delincuente,	celebrado	en	Ginebra	en	1955,	y	aprobadas	por	el	Consejo	Económico	y	Social	en	sus	resoluciones	663C	(XXIV)	de	31	de	junio	de	1957	y	2076	(LXII)	de	13	de	mayo	de	1977.	31 ONU,	Principios	Básicos	para	el	Tratamiento	de	los	Reclusos,	adoptados	y	proclamados	por	la	Asamblea	General	en	su	Resolución	45/111,	de	14	de	diciembre	de	1990.	32 ONU,	Conjunto	de	Principios	para	la	Protección	de	Todas	las	Personas	Sometidas	a	Cualquier	Forma	de	Detención	o	Prisión,	adoptado	por	la	Asamblea	General	de	la	ONU	en	su	Resolución	43/173,	del	9	de	diciembre	de	1988.	33 ONU,	Reglas	Mínimas	de	las	Naciones	Unidas	sobre	las	Medidas	no	Privativas	de	la	Libertad	(Reglas	de	Tokio),	Adoptadas	por	la	Asamblea	General	en	su	Resolución	45/110,	del	14	de	diciembre	de	1990.	34 Este	cuestionario	fue	enviado	a	los	Estados	miembros	de	la	OEA	entre	el	24	y	el	28	de	agosto	de	2012,	y	reiterado	entre	el	12	y	el	15	de	octubre	a	aquellos	Estados	que	en	esa	fecha	aún	no	habían	enviado	sus	respuestas.	De	igual	forma,	este	cuestionario	fue	publicado	en	la	página	Web	de	la	Comisión	Interamericana	en	los	cuatro	idiomas	oficiales	de	la	OEA.	Esta	información	está	disponible	en:	http://www.oas.org/es/cidh/ppl/informes/cuestionarios.asp	35 Nota	de	la	Misión	Permanente	de	Bolivia	ante	la	OEA,	No.	OEA-­‐CIDH-­‐190-­‐12	del	6	de	diciembre	de	2012,	mediante	la	cual	se	remite	comunicación	de	la	Dirección	General	de	Asuntos	Jurídicos	del	Ministerio	de	Continúa…

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