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Timestamp: 2016-10-26 23:57:03+00:00

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⭐ALTERNATIVAS AL ENCARCELAMIENTO PARA DELITOS RELACIONADOS CON LAS DROGAS
ALTERNATIVAS AL ENCARCELAMIENTO PARA DELITOS RELACIONADOS CON LAS DROGAS
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José Luis Ortega Alcaraz
1 ALTERNATIVAS AL ENCARCELAMIENTO PARA DELITOS RELACIONADOS CON LAS DROGAS Preparado por la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo sobre Alternativas al Encarcelamiento Este documento toma como base los insumos del Grupo de Trabajo sobre Alternativas al Encarcelamiento, se realizó bajo la coordinación del Gobierno de Colombia como Secretaria Técnica, con el acompañamiento y apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), ofrece una selección de alternativas al encarcelamiento que se han iniciado en diferentes países. Este documento es una referencia y por lo tanto no vinculante. El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la posición ni de la OEA ni de ninguno de los Estados Miembros de la OEA.2 CREDITOS Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia Yesid Reyes Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA) Paul Simons Gobierno de Colombia Secretaría Técnica del Grupo a cargo del Ministerio de Justicia y del Derecho Javier Andrés Flórez Henao Claudia Paola Salcedo Vásquez Con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia Relations Sonia Eljach Líder Técnico Legal Rodrigo Uprimny Grupo de Soporte Técnico: Diana Guzmán Corina Giacomello Julius Lang Alberto Amiot Editores: Juan Carlos Garzón Vergara Diana Esther Guzmán Rodrigo Uprimny Adriana Henao Brendan Hughes James Duguid Equipo SE-CICAD: Antonio Lomba Adriana Henao James Duguid Cristobal Puig Agustina Cocha Colaboradores: Sergio Chaparro James Cooper Jorge Vicente Paladines Jorge Parra Claudio Pavlic Bruce Zagaris Diseño Gráfico: Alejandro Ahumada Manjarrés Agradecimientos especiales: Miguel Samper, Ex Viceministro de Justicia de Colombia Julián Wilches, Ex Director de Política Contra las Drogas Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia). Richard Baum, Jefe Sección de Política Internacional, Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, La Casa Blanca, Estados Unidos. Ana María Rueda, Asesora Dirección de Política Contra las Drogas Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia. Arthur G. Wyatt, Jefe Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Donantes Gobierno de Colombia, Gobierno de España (co-financiando dos de los talleres de discusión en centros de la AECID) y el Gobierno de los Estados Unidos (a través de la iniciativa Closing the Gap). Asistentes de investigación Irene Lee, Jinni Trusko, Natalia Zarate, Olga Morales Este documento toma como base los insumos del Grupo de Trabajo sobre Alternativas al Encarcelamiento, se realizó bajo la coordinación del Gobierno de Colombia como Secretaria Técnica, con el acompañamiento y apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), ofrece una selección de alternativas al encarcelamiento que se han iniciado en diferentes países. Este documento es una referencia y por lo tanto no vinculante. El contenido de esta publicación no refleja necesariamente la posición ni de la OEA ni de ninguno de los Estados Miembros de la OEA. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Organización de los Estados Americanos OEA 23 INFORME TÉCNICO SOBRE ALTERNATIVAS AL ENCARCELAMIENTO PARA LOS DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS Organización de los Estados Americanos OEA Secretaría de Seguridad Multidimensional SSM Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para los Delitos Relacionados con Drogas 34 OAS Cataloging in Publication Data Inter American Drug Abuse Control Commission. Informe técnico sobre alternativas al encarcelamiento para los delitos relacionados con drogas / Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. p. ; cm. (OAS. Documentos oficiales ; OEA/Ser.L) ISBN Drug abuse and crime America. 2. Drug abuse Treatment America. 3. Alternatives to imprisonment America. 4. Criminals Rehabilitation America. I. Title. 2. II. Working Group on Alternatives to Incarceration. III. Series. IV. Organization of American States. Secretariat for Multidimensional Security. OEA/Ser.L/XIV Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Organización de los Estados Americanos OEA 45 PRÓLOGO Con el convencimiento de que las respuestas al problema de las drogas deben ser integrales, enfocándose en las perspectivas de la salud y los derechos humanos, el Gobierno de Colombia, con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), se ha propuesto impulsar el debate sobre alternativas que nos permitan poner en el centro al individuo, superando los enfoques basados únicamente en la represión. El Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas, realizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), afirma que la aplicación de un enfoque punitivo para responder al consumo, ha tenido como consecuencia que las poblaciones más vulnerables al uso problemático se vean inhibidas a recurrir a la información oportuna, a los servicios de salud pública y, en general, a los programas de prevención y tratamiento. Por otro lado, estudios académicos e informes de organizaciones de la sociedad civil, han señalado que la represión indiscriminada a través de la aplicación de medidas severas para el consumo y porte en pequeñas cantidades, ha recaído especialmente sobre los eslabones más débiles. Esta situación ha agravado el problema de hacinamiento carcelario que enfrentan varios países de la región. Bajo este marco, la política de drogas ha entrado en tensión con la garantía y el respeto de los derechos humanos. Preocupa especialmente la situación de las mujeres y la feminización de los delitos de drogas. Dada esta realidad, es necesario entender al delito como un fenómeno social y no un simple acontecimiento de la naturaleza. Por consiguiente, la reacción del Estado frente al mismo debe comenzar por el análisis de su origen dentro de la comunidad, porque solo determinando las razones que llevan a algunos de sus integrantes a desarrollar conductas desviadas, se las puede combatir de manera adecuada. La utilización irreflexiva del derecho penal, muchas veces traducida en la proliferación de nuevos delitos, el aumento de las penas y el encarcelamiento indiscriminado de un gran número de infractores de la ley, puede generar transitorias sensaciones de alivio en la sociedad. Sin embargo, su utilización como única forma de reacción estatal no solo deja intacto el origen del problema, sino que además desgasta al aparato judicial en cuanto a su operatividad y, lo que es más importante, frente a la comunidad que puede llegar a valorar su actuación como poco eficiente, ante la percepción de que su reiterada intervención no logra acabar con los problemas que pretende resolver. En el tema de la lucha contra las drogas, las últimas cuatro décadas muestran que esta lucha ha sido desarrollada sobre el supuesto de que las conductas relacionadas con todas las sustancias ilícitas deben ser controladas de la misma manera, y en el entendido de que todos los eslabones que componen la cadena del narcotráfico merecen el mismo tratamiento. Esta percepción es desde luego equivocada y merece un replanteamiento que permita enfoques y respuestas diferenciales por parte Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para los Delitos Relacionados con Drogas 56 del Estado, no solo para los diversos tipos de droga, sino tambien para las distintas personas que forman parte del problema. Es necesario resaltar que el derecho penal está concebido como la más grave de las formas de reacción del Estado frente a comportamientos desviados, y por eso debe ser la última de las herramientas a las que se acuda para tratar de solucionar los problemas sociales. Pero además, su utilización debe estar estrictamente restringida a aquellos casos en los que un individuo abandona su esfera de libertad individual para afectar de manera indebida derechos ajenos. El problema de los pequeños cultivadores es un poco menos simple, pero justamente debido a su complejidad merece un estudio más detenido antes de decidir si la intervención del derecho penal es la única aternativa posible para combatirlo y, en caso afirmativo, si lo es en todos los casos. Así, por ejemplo, la sola represión resulta insuficiente si el Estado no le ofrece a los pequeños cultivadores alternativas reales para mejorar sus condiciones de vida, en forma tal que tengan la posibilidad de escoger, en igualdad de condiciones, entre ajustar sus conductas a los parámetros de la legalidad o ir en contra de ella. Por eso los esfuerzos del Estado colombiano en los últimos años no se han enfocado de manera exclusiva en la erradicacion de los cultivos, sino que se han venido complementando con la intervención social en esas regiones. En el otro extremo de la cadena se encuentran las grandes organizaciones criminales que suelen aprovecharse de las necesidades de los consumidores de drogas y de los pequeños campesinos para amasar grandes fortunas mediante la producción y distribución de drogas ilícitas a gran escala. Su ambición por el dinero fácil y el poder que del mismo suelen derivar, ha conducido en los últimos años a una gran escalada de violencia en países como Colombia, donde son miles las personas asesinadas en medio de venganzas entre grupos criminales dedicados al tráfico y distribución de drogas. No cabe duda de que frente a esta clase de conductas, la intervención del derecho penal es indispensable. Pero debe tenerse en cuenta que si bien aplicar una severa sanción a quien así se comporta es perfectamente válido, esa reacción del Estado es insuficiente si adicionalmente no se combate de manera eficaz e integral el tráfico ilícito de drogas a cargo de las organizaciones criminales, porque en los casos mencionados esa es la verdadera causa del problema. Desde una perspectiva de política criminal, los países afectados por el problema de las drogas debemos reconocer que la estrategia de atacar a todos los eslabones de la cadena del narcotráfico mediante la aplicación única y aislada del derecho penal, ha diluido los esfuerzos y recursos de la justicia, y no ha logrado terminar definitivamente con estas organizaciones criminales. Teniendo en cuenta este contexto y asumiendo el compromiso de continuar y profundizar el debate regional sobre la política de drogas, el Gobierno de Colombia, en calidad de presidente de la CICAD, propuso, en el marco del Quincuagésimo Cuarto Periodo Ordinario de Sesiones de la CICAD realizado en el mes de diciembre de 2013 en Bogotá, la creación de un Grupo de Trabajo encaminado a identificar propuestas alternativas al tratamiento penitenciario. Esta iniciativa fue respaldada y aprobada en el seno de la Comisión en el mes de mayo de Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Organización de los Estados Americanos OEA 67 Este Grupo de Trabajo tuvo como objetivo central: Identificar y analizar alternativas al encarcelamiento a partir de la evidencia disponible y bajo una perspectiva que fortalezca la salud pública y privilegie los derechos humanos. Tres elementos de este objetivo fueron los que, a nuestro entender, guiaron el desarrollo de este informe. Primero, la evidencia, que implica analizar e intercambiar experiencias, bajo una perspectiva rigurosa que nos permita identificar qué ha funcionado y en qué debemos mejorar. Segundo, la salud pública, un eje central que pone el énfasis en la prevención, la no estigmatización de los usuarios de drogas y el reconocimiento de sus derechos. Tercero, los derechos humanos, los cuales implican humanizar la política de drogas al establecer la protección del individuo en un entorno de garantía de oportunidades e inclusión social como el objetivo principal. Es importante destacar que progresivamente los países de la región han venido impulsando respuestas alternativas al enfoque punitivo, especialmente para el consumo y porte para el consumo, entendiendo que el problema del uso de drogas es un asunto que tiene que ser abordado desde la salud pública y que los limitados recursos con los que cuenta el Estado deben usarse de manera eficiente. Dentro de estas alternativas se encuentra la descriminalización del consumo de droga, la suspensión de sanciones penales al consumo y la adopción de sanciones administrativas, así como la derivación de estos casos al servicio de tratamiento y educación, entre otras. Este informe debe servir para que los Estados que están comprometidos a fondo en la lucha contra el problema de las drogas, de manera abierta e informada, admitan que hay un amplio y variado espectro de alternativas a disposición del Estado para combatir no sólo todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, sino incluso los delitos relacionados de manera directa e indirecta con las drogas. Para el Ministerio de Justicia y del Derecho, para el Grupo de Trabajo y para la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, es muy grato ofrecer a los países, a los hacedores de políticas y a la opinión pública en general, un documento con un abanico de alternativas al encarcelamiento que contribuya a enriquecer el entendimiento de uno de los temas más graves en el problema de las drogas. Yesid Reyes Alvarado Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para los Delitos Relacionados con Drogas 78 Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Organización de los Estados Americanos OEA 89 INFORME TÉCNICO SOBRE ALTERNATIVAS AL ENCARCELAMIENTO PARA LOS DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS Índice PRÓLOGO... 5 Antecedentes I. Introducción: encarcelamiento relacionado con las drogas II. La necesidad de buscar alternativas al encarcelamiento III. Limitaciones de búsqueda: criterios claves y principios fundamentales IV. Inventario de medidas alternativas al encarcelamiento: evidencias de un camino promisorio a. Alternativas que limitan la entrada al sistema judicial penal b. Alternativas al encarcelamiento durante el proceso penal c. Alternativas para poblaciones carcelarias V. Conclusiones Glosario Bibliografia Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para los Delitos Relacionados con Drogas 910 Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Organización de los Estados Americanos OEA 1011 Antecedentes Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptaron la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y su Plan de Acción , acordando explorar vías para ofrecer servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción social a infractores de la ley penal dependientes de drogas, como medida alternativa al encarcelamiento, y en algunos casos, a su prosecución penal 3. Por otro lado, la OEA preparó el informe titulado "El Problema de las Drogas en las Américas" por mandato de los Jefes de Estado reunidos en la VI Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, en abril de Este informe identificó diversos desafíos relacionados con las drogas que demandan respuestas de política pública por parte de los Estados Miembros. Entre los desafíos que se identifican en el informe se encuentra el aumento de la población carcelaria por delitos de drogas y el consecuente hacinamiento; la falta de acceso a tratamiento y el difícil acceso a servicios sociales por parte de los usuarios dependientes de drogas, así como la vulnerabilidad y los riesgos a los que están expuestos determinados grupos sociales, como los jóvenes, las mujeres y la población de escasos recursos. Del mismo modo, en la Declaración de Antigua, Guatemala, "Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas", adoptada el 6 de junio de 2013, los Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA "alientan a los Estados Miembros, de conformidad con su legislación nacional, a que continúen fortaleciendo sus acciones y políticas, incluyendo un enfoque de género según corresponda, tendientes a reducir el hacinamiento carcelario, con la promoción del mayor acceso a la justicia para todos, respetando la proporcionalidad entre el daño y la pena y el apoyo de alternativas al encarcelamiento 4. Posteriormente, en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, celebrada también en Guatemala en septiembre de 2014, se vuelve a hacer énfasis en esta necesidad con el siguiente objetivo: Promover, según corresponda, de conformidad con la legislación nacional, alternativas al encarcelamiento, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el enfoque de género, la gravedad de la conducta cometida y la adecuación de la condena, con miras a evitar el delito, logrando la rehabilitación y reinserción en la sociedad de personas encarceladas a fin de garantizar el bienestar de las personas y las comunidades, y reduciendo el hacinamiento carcelario, con pleno respeto de los derechos humanos 5. Para afrontar estos desafíos, el gobierno de Colombia, a cargo entonces de la presidencia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), propuso la creación de un Grupo de Trabajo para generar propuestas alternativas al encarcelamiento para los delitos relacionados con las drogas en el Quincuagésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la CICAD, 1 Adoptada por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en su cuadragésimo séptimo período ordinario de sesiones, mayo de Adoptado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en su cuadragésimo primer período ordinario de sesiones en San Salvador, El Salvador, Artículo 22 de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas Disponible en: 4 Declaración de Antigua, Guatemala "Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas". Disponible en: 5 Reflexiones y lineamientos para diseñar y hacer un seguimiento de políticas integrales que traten el problema mundial de las drogas en las Américas. Disponible en: Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para los Delitos Relacionados con Drogas 1112 que se llevó a cabo en diciembre de 2013 en Bogotá, Colombia 6. En el Quincuagésimo Quinto Período Ordinario de Sesiones que se llevó a cabo en Washington, DC en abril de 2014, la CICAD aprobó la creación de este Grupo de Trabajo, en el marco de la CICAD, y encomendarle que elabore un informe técnico sobre las alternativas existentes al encarcelamiento para los delitos relacionados con las drogas de conformidad con las convenciones internacionales de fiscalización de drogas, tomando en cuenta los marcos normativos de cada país y los contenidos de la Estrategia Hemisférica y el Plan de Acción , e instruirle que presente sus avances a la CICAD 56 y su informe final a la CICAD El Grupo de Trabajo fue conformado por expertos designados por los Estados Miembros que contaron con el apoyo de un Grupo de Soporte Técnico (GST). El Gobierno de Colombia estuvo a cargo de la coordinación del grupo y el Ministerio de Justicia y del Derecho ejerció la Secretaría Técnica, para lo cual se apoyó en un "Líder Técnico Legal". El primer encuentro del Grupo de Trabajo y el Grupo de Soporte Técnico se llevó a cabo en la ciudad de Antigua, Guatemala, del 16 al 20 de junio de 2014, y contó con la participación de representantes de quince países del hemisferio 8. Los representantes compartieron experiencias en alternativas al encarcelamiento y las respuestas de los sistemas de justicia, desde un enfoque de salud pública y de los derechos humanos. En Cartagena de Indias se celebró un segundo "Diálogo de Alto Nivel" entre los días 20 y 21 de octubre de 2014 en el que se compartió un primer borrador del Informe Técnico que el Grupo de Trabajo presentaría en la quincuagésima sexta sesión de la CICAD en Guatemala (noviembre de 2014). En esta ocasión, los representantes de quince países del hemisferio 9 tuvieron la oportunidad de comentar dicho documento, y ampliar el debate sobre esta temática para que el informe pudiera contemplar la diversidad de perspectivas y experiencias. Como resultado de estas reuniones y en desarrollo de su mandato, el Grupo de Soporte Técnico, bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y del Derecho y con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, presenta el Primer Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para Delitos Relacionados con Drogas. El principal objetivo del Informe Técnico es identificar alternativas al encarcelamiento que hayan sido utilizadas en diferentes países del mundo para delitos relacionados con drogas. La intención es ofrecer a los Estados Miembros un conjunto amplio de posibilidades que les permitan avanzar en el diseño e implementación de políticas que sean al mismo tiempo prometedoras y más respetuosas de los derechos humanos. La primera y la segunda parte del Informe Técnico presentan el contexto del proyecto, exponiendo las razones por las cuales se justifica diseñar e implementar alternativas al encarcelamiento en materia de drogas. La tercera parte presenta los enfoques metodológicos y los principios que han guiado el trabajo del GST. La cuarta parte propone un sistema de categorización sobre la base de la etapa en la 6 Informe Final del Quincuagésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la CICAD. Disponible en: 7 Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas Disponible en: action_eng.asp 8 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Estados Unidos. 9 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Organización de los Estados Americanos OEA 1213 que se ofrecen las alternativas, brindando algunos ejemplos específicos. La quinta parte presenta seis estrategias amplias que subyacen, ya sea en forma individual o combinada, a los estudios de caso considerados, reconociendo al mismo tiempo consideraciones prácticas basadas en los contextos de los Estados Miembros de la OEA. En cumplimiento de lo acordado en el Quincuagésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones de la CICAD, el Gobierno de Colombia, a cargo de la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo y en ocasión de la reunión de la CICAD 57, presenta este Informe Técnico, que toma como base los insumos del GST. Este documento, elaborado por un grupo de expertos en la materia del hemisferio, con el acompañamiento y apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD, ofrece una visión global de las alternativas al encarcelamiento que se han iniciado en todo el mundo. I. Introducción: encarcelamiento relacionado con las drogas El marco moderno internacional del control de drogas está integrado por tres Convenciones de las Naciones Unidas: la de 1961, la de 1971 y la de El Artículo 36(1) de la Convención de 1961 y el Artículo 22 de la Convencion de 1971 establece que la posesión y la distribución de drogas son delitos, y que los más graves debían ser castigados en forma adecuada, especialmente con penas de prisión. Este enfoque en la disuasión y el castigo quedó reforzado por el Artículo 3(2) de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 1988 que (con cláusulas de garantías) insta específicamente a las Partes a que regulen la posesión de drogas para consumo personal como un delito. El Artículo 39, 23 y 24 de las convenciones de 1961, 1971 y 1988 respectivamente, permite a los países adoptar medidas más estrictas o severas si son recomendables o necesarias para proteger la salud pública y el bienestar o evitar o suprimir el tráfico ilícito. En este sentido, ninguna parte de las convenciones requiere que los delitos menores relacionados con las drogas sean castigados con encarcelamiento o alguna otra sanción particular. La interpretación de estas obligaciones, en la forma de leyes de drogas adoptadas por los Estados Miembros, ha presentado tres rasgos comunes. Primero, se trata de políticas en varios Estados Miembros, que han tenido un fuerte componente punitivo, haciendo uso preferente del derecho penal para responder al problema de las drogas, en vez de utilizar otros instrumentos, como las estrategias de prevención. En segundo lugar, el establecimiento de penas criminales en el campo de drogas ha tendido a ser expansiva, con un aumento significativo tanto en las conductas asociadas a las drogas que son criminalizadas como a las penas previstas para delitos relacionados con ellas. En tercer lugar, el uso de penas criminales se ha manifestado de manera indiferenciada en muchos Estados Miembros, imponiendo penas severas similares a una amplia gama de conductas con consecuencias diferentes. Estas tendencias han tenido como trasfondo, sectores de la opinión pública y posiciones políticas que demandan resultados inmediatos para un problema que es complejo y dinámico. El aumento de la población carcelaria por delitos relacionados con drogas está relacionado con una tendencia positiva al aumento progresivo de actividades prohibidas, así como con la duración de las penas en materia de drogas. Tambien es el resultado de muchos infractores menores relacionados Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para los Delitos Relacionados con Drogas 1314 con las drogas que han entrado al sistema de justicia penal en muchos países. Este fenómeno tiene lugar en el contexto de un aumento de la población carcelaria en muchos Estados Miembros 10. Se podría considerar también a la prisión preventiva cuando los delitos menores relacionados con las drogas están involucrados. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más del 40% de la población penitenciaria en el hemisferio sin distinguir tipo de delito se encuentra esperando la resolución del proceso, con porcentajes que varían del 30% al 85% 11 dependiendo del país. La situación de encarcelamiento en el hemisferio se ha resumido en el informe de UNODC "Estadísticas internacionales sobre la Delincuencia y la Justicia", publicado en 2010, que utiliza datos de 2007 para destacar la proporción de la población penitenciaria bajo prisión preventiva, y las tasas de ocupación, en las diferentes regiones. Para las Américas, en 11 países, la proporción de la población penitenciaria en prisión preventiva era superior al 50%, y en otros 10 países, la tasa de ocupación penitenciaria supera el 150% (cifras más recientes están disponibles en el sitio web del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios). En algunos países, los delitos relacionados con las drogas representan la primera o la segunda causa de encarcelamiento de mujeres, y en los hombres entre la segunda y cuarta causa. Aunque quienes se encuentran encarcelados por drogas son, en su mayoría hombres, cada vez más son mujeres en condiciones de vulnerabilidad, las que participan en el negocio y son encarceladas por esta razón 12. En los últimos diez años, la tasa de encarcelamiento de las mujeres en América ha registrado el mayor aumento a nivel internacional 13. Una mirada detallada a la composición de la población reclusa por drogas muestra que en la mayoría de los países estos infractores, los cuales son arrestados, condenados y encarcelados, son por lo general los eslabones más débiles de la cadena del tráfico 14. Estos infractores son de mayor cantidad que los narcotraficantes de alto nivel, y son mucho más fáciles de detener y procesar, pero su encarcelamiento hace una contribución mínima a la interrupción de las actividades de las organizaciones de tráfico de drogas. En algunos países, estos individuos, han sido objeto de sanciones criminales significativas y fueron generalmente sorprendidos en posesión de cantidades de drogas para uso personal, distribuidores de pequeñas cantidades, o que fueron mal remunerados sin un rol significativo en la organización de tráfico (también conocidos como "mulas" 15 ). Estas personas, asi como otros infractores menores, tienden a vivir en condiciones de vulnerabilidad social. 10 Transnational Institute (TNI) & Washington Office for Latin America (WOLA), Sistemas sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América (Amsterdam/Washington DC, TNI & WOLA, 2010). 11 CIDH, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, OEA: Washington, Buenos Aires: Defensoría General de la Nación (Office of the Public Defender), 2012, pg World Female Imprisonment List del Centro Internacional para Estudios Penitenciarios (ICPS) 14 Metaal, Pien, and Coletta Youngers. Systems Overload Drug Laws and Prisons in Latin America. Amsterdam: Transnational Institute / Washington Office on Latin America, Este informe reconoce que el término "mula" puede tener connotaciones peyorativas y acoge con beneplácito las sugerencias de términos alternativos que describan con precisión, este grupo único de infractores. Para la definición de mula utilizada en este informe: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction A definition of drug mules for use in a European context. Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Disponible en: papers/drug mules Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Organización de los Estados Americanos OEA 1415 Esta tendencia en materia de delitos relacionados con las drogas se basa en la necesidad de reprimir un conjunto de conductas que resultan perjudiciales para la salud pública, así como el combate al narcotráfico como desafío a la seguridad pública. En la práctica, la eficacia de estas medidas ha sido puesta en cuestión, pues han recaído principalmente en los actores que son fácilmente reemplazables. Adicionalmente, el encarcelamiento a gran escala no es siempre la manera más efectiva de usar los recursos policiales y judiciales 16. La dependencia del consumo de drogas también pone a las personas en situación de vulnerabilidad. Además, la adicción a las drogas, es de naturaleza crónica y, por lo tanto, el tratamiento en la cárcel puede ser necesario. De acuerdo con la Oficina de Estadisticas de Justicia, en los Estados Unidos, aproximadamente el 70 por ciento de los individuos en prisiones estatales y cárceles locales han utilizado regularmente drogas antes de su encarcelamiento, una tasa mucho más alta que en la población en general. 17 Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés), no proporcionar tratamiento para las personas dependiente de drogas en el sistema judicial contribuye al ciclo ininterrumpido de abuso de drogas y la comisión de delito. Dentro de los efectos negativos relacionados con el tratamiento inadecuado del abuso de drogas, encontramos la comisión de nuevos delitos, gastos adicionales en el sistema penitenciario, en los tribunales y en el sistema penal en general; más visitas a las salas de urgencia de los hospitales, abuso y negligencia con la población infantil, pérdida de custodias, y costos en el sistema de seguridad social 18. Por último, estas tendencias deben examinarse en el contexto de la promoción de la seguridad pública en los Estados Miembros de la OEA. Según un informe del Latinobarometro sobre la opinión pública en los países de Latinoamérica, al menos el 80% de los encuestados percibieron que la delincuencia ha aumentado durante el año anterior, para cada año desde 1995 y hasta el Estas percepciones reflejan el alto nivel de inseguridad experimentada en algunos de los Estados Miembros. En la década del 2000 al 2010, el promedio de las tasas de homicidio en Latinoamérica aumento en un 12%. A partir del 2005 y hasta el 2010, el número de asaltos también se incremento en la mayoría de los países 20. Estas tendencias en cuanto a percepción pública y la inseguridad real, 16 Nancy La Vigne and Julie Samuels, The Growth & Increasing Cost of the Federal Prison System: Drivers and Potential Solutions, (Urban Institute, Justice Policy Center 2012) y Ram Subramanian and Rebecca Tublitz, Realigning Justice Resources: A Review of Population and Spending Shifts in Prison and Community Corrections (New York, NY: Vera Institute of Justice, 2012), 17 Mumola, C.; and Karberg, J.C. Drug Use and Dependence, State and Federal Prisoners, Washington, DC: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, Disponible en: 18 National Institute on Drug Abuse. Principles of Drug Abuse Treatment for Criminal Justice Populations A Research Based Guide. Bethesda, MD: National Institutes of Health, National Institute on Drug Abuse. NIH publication No Disponible en: drug abuse treatment criminal justice populations. Ver también el Artículo 17(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) que establece: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 19 Lagos, Marta and Lucía Dammert La Seguridad Ciudadana: El problema principal de América Latina. Lima: Corporación Latinobarómetro. Available at: 20 United Nations Development Programme. Regional Human Development Report , Citizen Security with a Human Face: Evidence and proposals for Latin America. UNDP: New York, 12 Nov Available at: port_ pdf Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para los Delitos Relacionados con Drogas 1516 pueden ser impulsoras de algunas políticas públicas, ya que los gobiernos buscan soluciones a estos problemas. II. La necesidad de buscar alternativas al encarcelamiento Actualmente se está evaluando el enfoque que ve al encarcelamiento como la principal respuesta frente a la mayoría de los delitos relacionados con las drogas. Los países están debatiendo e implementando medidas que traten los problemas asociados con las drogas de manera más eficiente y eficaz. De hecho, los Estados Miembros de la OEA han señalado que las respuestas al problema de las drogas incluidos sus costos políticos, económicos, sociales y ambientales, se han convertido en un desafío cada vez más complejo, dinámico y multicausal que genera efectos negativos en la salud, en la convivencia social, seguridad ciudadana, en la integridad de las instituciones democráticas, las políticas públicas, el desarrollo y las actividades económicas y que, bajo el principio de responsabilidad común y compartida, requiere un abordaje integral, equilibrado, multidisciplinario y construido sobre un marco de pleno respeto de derechos humanos y libertades fundamentales 21. Este informe sugiere que esto sólo puede ocurrir si los Estados Miembros buscan alternativas al encarcelamiento para los infractores menores, no violentos, utilizando el encarcelamiento principalmente como una respuesta a los delitos violentos, el tráfico de drogas de alto nivel, y otras amenazas graves a la seguridad. La eficacia de la encarcelamiento a gran escala puede ser cuestionada, ya que a menudo involucra actores que son fácilmente reemplazables en la economía ilícita del tráfico de drogas. Esta noción no debe interpretarse, de ningún modo, como una defensa a la eliminación o reducción de los esfuerzos para llevar a cabo una correcta aplicación de la ley. Sin embargo, en algunos casos, los recursos policiales y judiciales podrían emplearse de manera más eficiente para combatir delitos violentos, de alto nivel relacionados con las drogas, ofreciendo al mismo tiempo alternativas al encarcelamiento para infractores menores relacionados con las drogas, lo cual podría reducir la reincidencia. Como este informe lo describe, hay una gran variedad de servicios alternativos, sanciones y otros métodos de vigilancia que pueden ser de utilidad y menos onerosos. Existen mecanismos más eficientes para hacer frente a los delitos menores relacionados con las drogas, garantizando al mismo tiempo que el uso de las drogas y sus delitos conexos sean reducidos. Es importante destacar que la reducción de estos porcentajes y de los niveles de encarcelamiento, cumple con las obligaciones de los Estados Miembros en virtud de las Convenciones de Naciones Unidas. En primer lugar, como se observó anteriormente, las Convenciones prevén la tipificación de la tenencia de drogas para consumo personal como delito, pero no establecen la pena de prisión por ese delito. En la Convención de 1961, el Artículo 38 ordenaba a las Partes "prestar atención especial al tratamiento, pos tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas". Además, desde la 21 Declaración de Antigua, Guatemala "Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas". 7 de junio de 2013 Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Organización de los Estados Americanos OEA 1617 incorporación del Protocolo de 1972 a la Convención de 1961 (que se reflejó en la Convención de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971), el nuevo Artículo 36.1 (b) establece que "...cuando las personas que hagan uso indebido de estupefacientes hayan cometido esos delitos, las Partes podrán en vez de declararlas culpables o de sancionarlas penalmente...someterlas a medidas de tratamiento, educación, pos tratamiento, rehabilitación y readaptación social..." Asimismo, si bien la Convención de 1988 les exige a los países que tipifiquen la tenencia para consumo personal como delito penal, también amplió el ámbito de aplicación de medidas alternativas o adicionales de rehabilitación a la condena o pena (en el Artículo 3.4 (b, c, and d)). en los casos apropiados de infracciones [de oferta] de carácter leve, las Partes podrán sustituir la declaración de culpabilidad o la condena por la aplicación de otras medidas tales como las de educación, rehabilitación o reinserción social, así como, cuando el delincuente sea un toxicómano, de tratamiento y postratamiento. Las alternativas al encarcelamiento también pueden contribuir a aumentar la eficiencia y la eficacia del sistema judicial 22. Diversos estudios muestran que este tipo de medidas generan mejores rendimientos económicos que enviar las personas a las prisiones sin acceso a un tratamiento. Por ejemplo, un estudio realizado por el Justice Policy Institute demuestra que el tratamiento de drogas en la prisión representa beneficios de entre USD $1,91 y USD $2,69 por cada dólar invertido, mientras que los programas terapéuticos fuera de prisión alcanzan a representar beneficios de USD $8,87 por cada dólar invertido 23. Igualmente, estudios realizados en Inglaterra y Gales muestran que las alternativas al encarcelamiento, incluido el tratamiento residencial y la vigilancia, pueden ser más efectivas en reducir la reincidencia, y que lo hacen con un mejor valor económico que la privación de la libertad. Por otro lado, en aquellos casos en los que la prisión parece ser ineludible, también parecen ofrecer mejores resultados los programas que incluyen tratamiento u otras intervenciones educacionales o vocacionales que la prisión por sí sola 24. Aunque el crimen es un factor clave que contribuye a los altos niveles de inseguridad que experimentan algunos Estados Miembros, la solución para aumentar la seguridad pública no pareciera ser tan simple como el aumento de la encarcelación. En primer lugar, no hay una relación consistente entre los índices de delincuencia y las tasas de encarcelamiento 25. Hay muchos otros factores que contribuyen al aumento o disminución de las tasas de criminalidad, y la relación puede cambiar de un nivel nacional, a uno regional, a un nivel local cuando esto se analiza en un mismo período de 22 Brief, Office of National Drug Control Policy Executive Office of the President Alternatives to Incarceratioon A Smart Approach to Breaking the Cycel of Drug Use and Crime, Criminal Justice https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/fact_sheets/alternatives_to_incarceration_policy_brief_ pdf 23 McVay, Doug, Schiraldi, Vincent & Jason Ziedenberg, Treatment or incarceration? National and State Findings of the Efficacy and Cost Savings of Drug Treatment versus Imprisonment. Justice Policy Institute, Washington, Matrix Knowledge Group, The economic case for and against prison. Matrix Knowledge Group, London, 2007, pág King, Ryan S. Mauer, Marc, and Young, Malcom C Incarceration and Crime: A Complex Relationship. The Sentencing Project. Available at: Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para los Delitos Relacionados con Drogas 1718 tiempo 26. Algunos estudios han proporcionado evidencia de que, en determinadas situaciones y comunidades, los efectos del encarcelamiento por más de un año pueden conducir a un aumento en la posibilidad de reincidencia 27. Con respecto a los infractores menores no violentos relacionados con las drogas, un número de estudios han puesto de manifiesto que el aumento de las tasas de encarcelamiento provee rendimientos decrecientes en términos relacionados con la reducción de la delincuencia, mientras que al mismo tiempo aumentan los costos 28. Por estas razones, vale la pena examinar cómo, en efecto, una encarcelamiento eficiente para los infractores relacionados con las drogas contribuye a aumentar la seguridad pública, y si otras medidas pueden ser igual, o incluso más, eficientes para alcanzar el mismo fin. Teniendo esto en cuenta, algunos Estados Miembros, han reconsiderado y revisado las leyes y prácticas de sentencia vigentes. En los Estados Unidos, esto ha tenido lugar en un contexto de limitaciones económicas significativas, y con un cuerpo de investigación internacional cada vez más grande que ha venido demostrando que otras alternativas pueden brindar respuestas más eficaces a los delitos relacionados con las drogas que las largas condenas de prisión, generando un giro gradual en la política de drogas a nivel estatal 29. Más de 30 estados de los Estados Unidos están abriendo camino a medidas de reforma de penas, reduciendo el encarcelamiento. A la fecha, estos cambios específicos son muy recientes para generar resultados sustanciales y aún no es posible hacer una relación causal clara, aunque en la mayoría de los países afectados, los índices de criminalidad en realidad disminuyeron 30. El impacto promisorio de estas reformas también ha sido reconocido a nivel federal, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha propuesto numerosas iniciativas que podrán reducir sustancialmente la cantidad de reclusos federales. Por ejemplo, la Ley de Sentencias Justas 31, la Iniciativa Smart on Crime 32 y la "Drug Minus Two Amendment" 33 promueven alternativas al encarcelamiento. 34 Bajo este marco, la búsqueda de alternativas al encarcelamiento que respeten las obligaciones internacionales puede contribuir a alcanzar, al menos, cinco objetivos que son fundamentales para los Estados Miembros: 26 Stemen, Don Reconsidering Incarceration: New Directions for Reducing Crime. Vera Institute of Justice. Available at: 27 Bench and Allen, 2003; Chen and Shapiro, 2004; Gaes and Camp, 2009; Cullen, Jonson, and Nagin, 2011; Clear, Frost, et al, Stemen, Don Reconsidering Incarceration: New Directions for Reducing Crime. Vera Institute of Justice. Available at: 29 Subramanian, Ram y Rebeka Moreno. Vera Institute of Justice: Making justice systems fairer and more effective through research and innovation. Drug War Détente? A Review of State level Drug Law Reform, Disponible en: law reform review Uniform Crime Reporting Statistics. Federal Bureau of Investigation, Web. 31 Department of Justice Memorandum for all federal prosecutors: the Fair Sentencing Act of 2010, agosto de Disponible en: sentencing act memo.pdf 32 Department of Justice. Smart on Crime: Reforming the Criminal Justice System for the 21st Century, agosto de Preguntas frecuentes Aplicación retroactiva de la 2014 Drug Guidelines Amendment. Disponible en process/materials on 2014 drug guidelines amendment/ _faq.pdf 34 Además, se han presentado varios proyectos de reforma de leyes en el Congreso de los Estados Unidos que cuentan con el atípico apoyo de ambos partidos. Las respuestas de las políticas, como la "reinversión de justicia han ofrecido enfoques que dejan atrás las políticas "delictivas duras". En cambio, favorecen la aplicación deliberada y basada en datos de recursos a soluciones que generará el mayor retorno a las comunidades y contribuyentes en términos de ahorro de costos, seguridad pública, salud a largo plazo y estabilidad personal para las poblaciones involucradas con la justicia, y la mejora de la comunidad en general. Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD Organización de los Estados Americanos OEA 1819 i) Tratar de una manera más eficiente los problemas de salud pública asociados al consumo ilícito de drogas, y lograr una respuesta más humana y efectiva a los delitos menores relacionados con las drogas. ii) Reducir los impactos negativos en los infractores menores por el encarcelamiento, y contribuir además a reducir el hacinamiento y las violaciones a los derechos humanos que podrían derivarse del mismo. iii) Racionalizar el uso del derecho penal, manteniendo el empleo de la sanción penal como iv) último recurso para los infractores menores. Garantizar la seguridad pública y la seguridad ciudadana, priorizando el uso de los recursos públicos en la lucha contra el crimen organizado. v) Garantizar que los objetivos anteriores se alcancen con el gasto mínimo necesario para maximizar los resultados deseados. Entendiendo que el uso de drogas es un asunto que tiene que ser abordado desde la salud pública y que los recursos limitados con los que cuentan los Estados deben usarse principalmente para combatir la violencia y la criminalidad organizada, algunos Estados Miembros han venido impulsando progresivamente respuestas alternativas al enfoque punitivo en delitos menores, especialmente a aquellos relacionados con la posesión para consumo personal. Este informe es un aporte a este oportuno y necesario debate. III. Limitaciones de búsqueda: criterios claves y principios fundamentales Las definiciones conceptuales y metodológicas empleadas en este informe, se basaron en estudios previos sobre alternativas al encarcelamiento, en especial al informe de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) sobre principios y prácticas prometedoras de alternativas al encarcelamiento 35, complementados por una revisión de literatura académica. Esta investigación requeririó una definición general de las alternativas al encarcelamiento en el contexto de las drogas, el alcance y los límites de la investigación, y la metodología para documentar experiencias prometedoras. Para este informe, alternativas al encarcelamiento se definen como: Todas aquellas medidas (que pueden ser tanto reformas jurídicas como también estrategias, programas o políticas) que buscan: i) Reducir el procedimiento penal 35 Ver UNODC Handbook of basic principles and promising practices on Alternatives to Imprisonment. New York, UNODC, 2005, Disponible en: nt.pdf Informe Técnico sobre Alternativas al Encarcelamiento para los Delitos Relacionados con Drogas 1920 ii) Limitar el uso del encarcelamiento como retribución penal o como sanción, o iii) disminuir el tiempo efectivo de privación de libertad en el caso de encarcelamiento para individuos que hayan cometido delitos relacionados con las drogas. Partiendo de la premisa de que la mayoría de los reclusos del hemisferio son consumidores, personas que transportan pequeñas cantidades, o aquellos con un rol mínimo en las organizaciones criminales, y que las alternativas al encarcelamiento son el camino viable para reducir la reincidencia para estos tipos de infractores, este informe en particular se concentra en delitos menores como: (i) el consumo y la tenencia para consumo personal en aquellos casos en que esos comportamientos son penalizados, así como el consumo problemático en el caso de los infractores dependientes de las drogas, (ii) el cultivo y producción en pequeña escala, en especial cuando se trata de campesinos e indígenas o para consumo personal; y (iii) los pequeños transportistas, los distribuidores no violentos o las mulas. El informe también tiene en cuenta (iv) aquellas personas que han cometido otros delitos menores bajo la influencia de drogas o para sufragar su adicción. Sin embargo, se les recomienda a los Estados Miembros que reflexionen sobre la necesidad de implementar alternativas al encarcelamiento para una amplia variedad de delitos relacionados con las drogas. En este informe se documentan únicamente alternativas dirigidas a personas adultas. Este enfoque no implica un desconocimiento sobre la importancia que tienen estas medidas para los niños, las niñas y los adolescentes 36. De hecho, los Estados Miembros deberían también desarrollar medidas alternativas al encarcelamiento para dicha población, en particular porque la evidencia disponible 37 en algunos países sugiere que el involucramiento de niños, niñas y adolescentes en delitos relacionados con las drogas (como aquellos que actúan como distribuidores, como mensajeros, entre otros roles) es cada vez mayor y, en algunos de estos casos, el consumo asociado no parece tener una clara respuesta en materia de salud pública. La razón de esta limitación en el alcance del estudio fue puramente operativa; la justicia para menores plantea problemas específicos de enorme complejidad, por lo que era imposible abordarlos en este informe debido a las limitaciones de tiempo que existían para realizar la documentación de las experiencias. Para fines prácticos, las características de las alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas, analizadas en este informe fueron: (i) que ya hubieran sido puestas en marcha en uno o varios países y que no fueran simples propuestas; (ii) que ya estuvieran previamente documentadas, y (iii) alternativas de una amplia variedad de países y contextos, de manera que la selección de las experiencias diera a los Estados Miembros un amplio abanico de posibilidades de alternativas al encarcelamiento, que puedan ser adoptadas a su realidad nacional. 36 El Artículo 5(5) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) establece lo siguiente: "Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento". 37 SISTEMA SUBREGIONAL DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN, SOBRE DROGAS EN ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ Y URUGUAY SISUID, Quinto Informe Conjunto. 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