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Timestamp: 2019-05-20 02:53:35+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2007-00022/37370 DE JUNIO 8 DE 2017
SENTENCIA 2007-00022 DE 08 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:CULPA DE LA VÍCTIMA DE QUIEN GOZANDO DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LA POLICÍA POR AMENAZAS CONTRA SU VIDA, DECIDE SALIR DE SU RESIDENCIA SIN DICHO ACOMPAÑAMIENTO. SE PRETENDE LA DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, EN RAZÓN DE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS COMO CONSECUENCIA DE LA MUERTE DE QUIEN GOZABA DE PROTECCIÓN POLICIAL PERMANENTE, TODA VEZ QUE RECIBIÓ AMENAZAS CONTRA SU VIDA. PROTECCIÓN QUE LA ENTIDAD RECONOCE HABER BRINDADO, POR SOLICITUD VERBAL DE LA VÍCTIMA. ASÍ, SE NEGARON LAS PRETENSIONES PUES SE ENCONTRÓ QUE EL DAÑO TUVO COMO ÚNICA CAUSA EL HECHO DE LA VÍCTIMA, DADO QUE DECIDIÓ SALIR DE SU RESIDENCIA, ANTES DE LAS 07:00 AM SIN LA COMPAÑÍA DE LOS AGENTES DE POLICÍA, A HACER DEPORTE. EN ESTE SENTIDO, ES CLARO QUE LA POLICÍA NO SOLO CONOCÍA DEL RIESGO QUE CORRÍA EL SEÑOR SINO QUE LE BRINDABA EL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE MANERA PERMANENTE EN SU VIVIENDA Y FUERA DE ELLA, RAZÓN POR LA QUE NO SE EXPLICA CÓMO JUSTO EL DÍA DE LOS HECHOS LA INSTITUCIÓN POLICIAL NO LO ESTABA PROTEGIENDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, CULPA DE LA VÍCTIMA, AMENAZA, PROTECCIÓN A PERSONA
Sentencia 2007-00022 de junio 8 de 2017
Consejera ponente: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil diecisiete (2017)
Rad.: 08001233100020070002201 (37370)
Actor: G. P. R. T. y otros
EXTRACTOS: «III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Esta corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en proceso de doble instancia(4), seguido ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, tal como lo dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo.
3.2. Asunto que la Sala debe resolver.
Corresponde a la Sala analizar los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia del 6 de mayo de 2009, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico en aras de establecer si existe responsabilidad de la entidad demandada, por los daños ocasionados a los actores como consecuencia de la muerte del señor J. H. R. V., quien gozaba de protección, toda vez que recibió amenazas contra su vida.
3.2.1. El caso concreto.
La parte actora concreta el daño, a partir de los perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte del señor J. H. R. V., a quien la institución policial le venía prestando protección por las amenazas recibidas en contra de su vida.
Conforme lo expuesto, pasa la Sala a establecer el daño, su antijuridicidad y a determinar, si el mismo le resulta imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional; porque, de ser ello así, será menester revocar la sentencia que declaró probada la excepción de “culpa exclusiva de la víctima” y como consecuencia, negó las pretensiones.
3.2.2. Hechos probados.
Serán tenidos en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes en las oportunidades legales(5), que acreditan los siguientes hechos:
1. El señor J. H. R. V. falleció el 23 de mayo de 2006, conforme se evidencia en el registro civil de defunción allegado (fl. 32, cdno. ppal.). Según certificación de la Fiscalía General de la Nación, en la que consta la apertura de la investigación por el delito de homicidio y conforme se registra en noticia publicada en el diario “crónica judicial” del 24 de mayo de 2006, los hechos ocurrieron frente a la cancha de Villa Estadio del Municipio de Soledad, Atlántico (fls. 70-74, cdno. ppal.).
Consta en el protocolo de necropsia muerte por “heridas por proyectil con arma de fuego” (fls. 149-154, cdno. ppal.).
2. El 20 de junio de 2006, el comandante de la estación de Policía de Los Almendros del Departamento de Policía del Atlántico, Freddy Antonio Naranjo Ruíz, hizo constar (fl. 69, cdno. ppal.):
“Que a petición del señor J. H. R. V. (...) quien solicitó verbalmente que le pasáramos revista policiva a su residencia desde las 07:00 horas hasta las 24:00 horas, ya que se encontraba amenazados (sic) al parecer por grupos ilegales. Lo cual se venía realizando la revista policiva desde el mes de enero de 2006 hasta 22-05-06”.
3. El 24 de julio de 2007, el comandante de la estación de Policía Los Almendros del Departamento del Atlántico, Jeifrison Johan Rangel Torres, respondió oficio del tribunal en el que informó que “revisados los archivos de la estación de policía Los Almendros no se encontró documentación alguna sobre antecedentes de vigilancia policiva del señor J. H. R. V. quien fue ultimado el día 23-05-06 en la cancha de fútbol de la Urbanización Villa Estadio de Soledad (Atlántico), así mismo, tampoco se halló documentación referente a solicitud por parte de la víctima sobre su situación de riesgo que vivía en esos momentos” (fl. 159, cdno. ppal.).
Así mismo, el jefe de control interno de la Inspección General de la Policía Nacional respondió que en sus archivos no reposan antecedentes por los hechos objeto de análisis (fl. 177, cdno. ppal.).
4. La Fiscalía Doce de la Unidad de Reacción Inmediata de Barranquilla, en respuesta al tribunal informó que por lo hechos bajo estudio se adelantó la investigación Nº 3729 que se envió a la Oficina de Asignaciones y que las diligencias le correspondieron a la Fiscalía Segunda Seccional de Soledad (fl. 161, cdno. ppal.).
5. Se recepcionó declaración a varias personas que se pronunciaron, entre otros aspectos, respecto de la vigilancia policial. El señor D. R. T. B., vecino de la víctima, sostuvo conocer de las amenazas. De igual manera señaló (fls. 166-168, cdno. ppal.):
“PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI TIENE CONOCIMIENTO DE LAS CIRCUNTANCIAS EN QUE MURIÓ EL SEÑOR J. H. R. V., EN CASO AFIRMATIVO DETÁLLELAS AL DESPACHO. CONESTÓ: Si, yo era una de las personas que muchas veces le hacía los mandados y sí tenía cierto conocimiento de las amenazas que tenía en su contra. También tenía conocimiento de que la policía realizaba patrullajes por las mismas denuncias, es más nosotros llegamos a tener amistad con los agentes que prestaban vigilancia por lo que ya se les veía a todo momento en la casa. Si tenía conocimiento de las circunstancias por lo que fue cerca de donde yo resido, en la cancha de futbol en donde muchas veces nos levantábamos a trotar, a hacer ejercicio con él” PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI PUEDE ESPECIFICAR AL DESPACHO COMO ERA LA VIGILANCIA POLICIAL PARA EL SEÑOR R. V. CONTESTÓ: Era una vigilancia permanente que en muchas ocasiones le molestábamos la vida al señor Jaime diciéndole que si se había sacado a vivir a los agentes. A toda hora uno siempre los veía en la casa, a la hora que uno llegara siempre los veía, de día y de noche, y muchas veces en la madrugada, cuando uno llegaba de una fiesta siempre veía a los agentes pasando cerca de la casa PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI AL SEÑOR J. H. R. V. LO ACOMPAÑABA PERSONAL DE LA POLICÍA EN SUS DESPLAZAMIENTOS FUERA DE LA CASA. CONTESTÓ: Sí muchas veces él se iba en un taxi y los policías lo acompañaban, cuando regresaba igualmente regresaba con los agentes. PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE TENIENDO EN CUENTA LAS RESPUESTAS ANTERIORES QUE USTED SALÍA EN LAS MAÑANAS A HACER EJERCICIO CON EL DR R. V., EXPLÍQUELE AL DESPACHO SI ERA COSTUMBRE DE QUE LA POLICÍA QUE LE PRESTABA LA VIGILANCIA SE ECONTRABA EN DICHO SECTOR. CONTESTÓ: Sí, es más, cuando comenzaron a llegar los agentes a la cancha, ya era un poco más de gente que llegaba a hacer ejercicio. PREGUNTADO: EXPLÍQUELE AL DESPACHO SI LA RESIDENCIA DEL DR. R. V. SE ENCUENTRA UBICADA LEJOS O CERCA DE LA CANCHA DE FÚTBOL. CONTESTÓ: Se encuentra cerca, ni a unos treinta metros exactamente, la casa se encuentra ubicada diagonal a la cancha”.
El señor B. S. S., además de precisar que conocía a la víctima en razón de su vecindad, indicó (fls. 169-170, cdno. ppal.):
“PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI TIENE CONOCIMIENTO DE LAS CIRCUNTANCIAS EN QUE MURIÓ EL SEÑOR J. H. R. V., EN CASO AFIRMATIVO DETÁLLELAS AL DESPACHO. CONESTÓ: El señor se encontraba amenazado por un grupo al margen de la ley. Lo extorsionaban. Él tenía protección por parte de la policía y el día que murió se encontraba solo, en una caminata que él acostumbraba en el campo que estaba cerca de su casa PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI PUEDE ESPECIFICAR AL DESPACHO COMO ERA LA VIGILANCIA POLICIAL PARA EL SEÑOR R. V. CONTESTÓ: La vigilancia policiva era constante, en la mañana, a toda hora, pero el día que lo mataron estaba solo. PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI AL SEÑOR J. H. R. V. LO ACOMPAÑABA PERSONAL DE LA POLICÍA EN SUS DESPLAZAMIENTOS FUERA DE LA CASA. CONTESTÓ: Si lo acompañaba personal de la policía fuera de la casa. PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI TIENE CONOCIMIENTO SI EL SEÑOR R. V. ERA CONSTUMBRE (SIC) DE SALIR DIARIAMENTE A HACER GIMNASIA Y SI SIEMPRE HABÍA PRESENCIA POLICIAL EN DICHO SECTOR. CONTESTÓ: Si era costumbre del señor caminar en las mañanas, hacer ejercicio y si había presencia de la policía. PREGUNTADO: EXPLÍQUELE AL DESPACHO SI LA RESIDENCIA DEL DR. R. V. SE ENCUENTRA UBICADA LEJOS O CERCA DE LA CANCHA DE FÚTBOL. CONTESTÓ: Se encuentra cerca, ni a unos treinta metros exactamente, la casa se encuentra ubicada diagonal a la cancha”. Al final de la declaración precisó: “La vigilancia policiva era constante, a toda hora, día y noche y madrugada”.
Por su parte, el señor Á. F. M., quien se identificó como amigo de la víctima, sostuvo (fls. 171-173, cdno. ppal.):
“PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI TIENE CONOCIMIENTO DE LAS CIRCUNTANCIAS EN QUE MURIÓ EL SEÑOR J. H. R. V., EN CASO AFIRMATIVO DETÁLLELAS AL DESPACHO. CONESTÓ: Yo estaba enterado que él tenía protección policial desde una época hacía atrás, lo venían extorsionando, le estaban pidiendo cierta cantidad de dinero PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI PUEDE ESPECIFICAR AL DESPACHO COMO ERA LA VIGILANCIA POLICIAL PARA EL SEÑOR R. V. CONTESTÓ: Él había pedido al comando la policía vigilancia permanente, ya que las amenazas eran continuas y por lo tanto, debía permanecer con vigilancia permanente”. PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI AL SEÑOR J. H. R. V. LO ACOMPAÑABA PERSONAL DE LA POLICÍA EN SUS DESPLAZAMIENTOS FUERA DE LA CASA. CONTESTÓ: Claro, es más la policía permanecía en su casa metida, a cualquier hora se le presentaban los agentes a su casa. Con mucha frecuencia hacían ronda por la casa en donde él vivía. PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI TIENE CONOCIMIENTO SI EL SEÑOR R. V. ERA CONSTUMBRE (SIC) DE SALIR DIARIAMENTE A HACER GIMNASIA Y SI SIEMPRE HABÍA PRESENCIA POLICIAL EN DICHO SECTOR. CONTESTÓ: Si, salía a las 5:00 am a hacer sus ejercicios frente a su casa, allí había un campo. Ciertas veces yo lo encontraba haciendo ejercicio porque él me invitaba y habían uno o dos policías con él (...). PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE, SI LO SABE, QUE PERSONAS COMPONÍAN EL NÚCLEO FAMILIAR DEL SEÑOR R. V. CONTESTÓ: De él dependía su señora, P. R., sus tres hijos. También su segunda señora, L., con sus dos hijos, al igual que su madre, Y. V. PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI EL SEÑOR R. V. CUMPLÍA CON SUS OBLIGACIONES INHERENTES DE PADRE CON TODOS SUS HIJOS Y DE ESPOSO CON LA SEÑORA G. P. R. CONTESTÓ: Era un esposo ejemplar, cumplía con todas sus obligaciones, como padre, como esposo, con todo lo relacionado con su hogar (...). PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI TIENE CONOCIMIENTO SI EL SEÑOR R. V. TENÍA HIJOS EXTRAMATRIMONIALES Y SI CONVIVÍA CON OTRA PERSONA FUERA DE SU ESPOSA. CONTESTÓ. Tenía una señora llamada L., no recuerdo el apellido, con quien tiene dos hijos, una niña y un niño. Ella dependía de él. PREGUNTADO. DIGA EL DECLARANTE, SI TIENE CONOCIMIENTO, SI ADEMÁS DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL SEÑOR R. V., ÉL COMBINABA SUS INGRESOS CON OTRA ACTIVIDAD, Y APROXIMADAMENTE DE CUANTO ERAN SUS INGRESOS. CONTESTÓ: Él tenía unas busetas y también movía unos dineros que prestaba y otras cosas que por lo pronto se me escapan. Más o menos tenía unos ingresos de cinco millones y pico de pesos mensuales.
La señora Y. Y. F. R., sobrina de la víctima manifestó (fls. 174-175, cdno. ppal.):
“PREGUNTADO: DIGA LA DECLARANTE SI TIENE CONOCIMIENTO DE LAS CIRCUNTANCIAS EN QUE MURIÓ EL SEÑOR J. H. R. V., EN CASO AFIRMATIVO DETÁLLELAS AL DESPACHO. CONESTÓ: Sí, el empezó con unas amenazas por teléfono, le pedían 50 millones de pesos y una buseta que él tenía. Que si no les daba lo que ellos le pedían sería asesinado. A parte de las llamadas telefónicas los que lo amenazaban le hicieron varias visitas. Como él se negó a dar la plata él decía que él no trabajaba para darle a nadie lo del fruto de su trabajo. Él le informó a la estación de policía de Los Almendros sobre las amenazas. Ellos lo protegían las 24 horas, estaban pendientes. La patrulla pasaba cada rato por su casa y llegaban. Cuando él iba a hacer una diligencia salían con los policías. Eso lo supe porque él nos comentaba y también yo lo aprecié. A veces cuando yo estaba en casa de él llegaba la patrulla con ellos. La seguridad era permanente. En la madrugada también pasaban vigilándolo. PREGUNTADO: DIGA LA DECLARANTE SI TIENE CONOCIMIENTO SI EL SEÑOR R. V. TENÍA LA CONSTUMBRE DE SALIR DIARIAMENTE A HACER GIMNASIA Y SI SIEMPRE HABÍA PRESENCIA POLICIAL EN DICHO SECTOR. CONTESTÓ: Él todas las mañanas aproximadamente a las 5:00 am salía a trotar o a manejar bicicleta diagonal a su casa. Allí hay un campo. Siempre había policías vigilándolo (...) PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE, SI LO SABE, QUE PERSONAS COMPONÍAN EL NÚCLEO FAMILIAR DEL SEÑOR R. V. CONTESTÓ: Su esposa, G. P. R., sus tres hijos con la esposa (...). Él tenía por aparte dos hijos con L. B. (...) también dependía de él su madre Y. V. y sus hermanos O. R., J. R. y R. R. (...). PREGUNTADO. DIGA LA DECLARANTE, SI TIENE CONOCIMIENTO, SI ADEMÁS DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL SEÑOR R. V., ÉL COMBINABA SUS INGRESOS CON OTRA ACTIVIDAD, Y APROXIMADAMENTE DE CUANTO ERAN SUS INGRESOS. CONTESTÓ: Él aparte de ser abogado, tenía la buseta y también prestaba plata. Más o menos tenía unos ingresos de cinco millones de pesos mensuales”.
El señor L. E. R. M. indicó (fls. 218-219, cdno. ppal.):
“PREGUNTADO: DIGA LA DECLARANTE SI TIENE CONOCIMIENTO DE LAS CIRCUNTANCIAS EN QUE MURIÓ EL SEÑOR J. H. R. V., EN CASO AFIRMATIVO DETÁLLELAS AL DESPACHO. CONESTÓ: El día que él murió, yo escuché la noticia por el noticiero e inmediatamente fui a su casa y ayudé en lo que pude. De acuerdo a lo que el (sic) me informaron, él estaba haciendo ejercicio en un campo y alguien lo mató, lo que me extrañó muchísimo es que él tenía protección de la policía y es algo que nadie entiende como pudo haber pasado. PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI PUEDE ESPECIFICAR AL DESPACHO COMO ERA LA VIGILANCIA POLICIAL PARA EL SEÑOR R. V. CONTESTÓ: Hasta donde yo sé era magnífica, porque en alguna oportunidad llegué a su casa y los encontraba allí, en varias oportunidades los encontré. Él tenía una protección especial porque siempre logré observar ese detalle (...). PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI TIENE CONOCIMIENTO SI EL SEÑOR R. V. ACOSTUMBRABA SALIR DIARIAMENTE A HACER GIMNASIA Y SI SIEMPRE SALÍA ACOMPAÑADO DE PERSONAL. CONTESTÓ: Sí, era su costumbre y además él estaba muy gordo y no se sabe porque él no estaba acompañado de los policías ese día, o que es extraño, eso comentaban los vecinos, que no entendían que había pasado ese día (...)”.
Así mismo, la señora M. E. L. T. precisó (fls. 220-221, cdno. ppal.):
“PREGUNTADO: DIGA LA DECLARANTE SI TIENE CONOCIMIENTO DE LAS CIRCUNTANCIAS EN QUE MURIÓ EL SEÑOR J. H. R. V., EN CASO AFIRMATIVO DETÁLLELAS AL DESPACHO. CONESTÓ: Sí, él salía a trotar todos los días. Tenía vigilancia policiva, no nos explicamos cómo ese día no estaban los policías, la vigilancia que él tenía no estaba presente. Él tenía vigilancia policiva porque a él lo estaban extorsionando, él había denunciado eso y le pusieron vigilancia policiva permanente PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI PUEDE ESPECIFICAR AL DESPACHO COMO ERA LA VIGILANCIA POLICIAL PARA EL SEÑOR R. V. CONTESTÓ: Él tenía vigilancia día y noche, él salía a hacer las vueltas y salía acompañado de los policías. PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE SI TIENE CONOCIMIENTO SI EL SEÑOR R. V. ACOSTUMBRABA SALIR DIARIAMENTE A HACER GIMNASIA Y SI SIEMPRE SALÍA ACOMPAÑADO DE PERSONAL. CONTESTÓ: Sí, siempre salía a trotar al campo que estaba cerca y la policía lo acompañaba. PREGUNTADO: DIGA EL DECLARANTE, SI LO SABE, QUE PERSONAS COMPONÍAN EL NÚCLEO FAMILIAR DEL SEÑOR R. V. CONTESTÓ: Él vivía con la esposa P. R. y 3 hijos (...) y fuera del matrimonio tenía 2 hijos. Él mantenía a la mujer que tenía por fuera del matrimonio, a los dos hijos que tenía con ella, a su esposa y a su mamá, Y. V. (...)”.
6. El señor J. H. R. V. era titular de la tarjeta profesional de abogado Nº XXX del Consejo Superior de la Judicatura (fls. 35, cdno. ppal.). Adquirió el título profesional el 27 de junio de 1997 (fl. 53, cdno. ppal.).
7. Con fundamento declaración extraprocesal rendida por el señor L. E. R. M., contador público, el señor J. H. R. V. “percibió en el año 2006, unos ingresos mensuales promedios de $ 4.534.000,oo (Cuatro Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Pesos M/L), producto de su actividad profesional como abogado” (fl. 75, cdno. ppal.).
La declaración extraprocesal se rindió el 24 de noviembre de 2006, ante el Notario Décimo de la ciudad de Barranquilla y en ella, además de la identificación del declarante, se sostuvo (fl. 77; 95, cdno. ppal.):
“(...) los (sic) dinero depositado en la cuenta número 0240-093916 de la financiera COMULTRASAN eran del señor J. H. R. V. (...), quien ganaba dichos dineros con el producto de su trabajo como ABOGADO LITIGANTE”.
8. Obra en el plenario copia del “Extracto Inteligente” de la cuenta número XXX XXX de la Financiera Coomultrasan a nombre del señor L. E. R. M., en el que se registran movimientos bancarios entre el 31 de enero de 2006 y el 29 de septiembre del mismo año (fls. 78-94, cdno. ppal.). En respuesta a oficio del tribunal, Financiera Coomultrasan allegó los movimientos financieros detallados de la cuenta bancaria atrás señalada perteneciente al señor L. E. R. M. (fls. 195-217, cdno. ppal.).
9. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en respuesta al tribunal indicó que “revisado el sistema cuenta corriente de esta administración local, el contribuyente, J. H. R. V. NIT XXX, no presenta declaración de renta del año 1990 al 2006” (fls. 235-236, cdno. ppal.).
10. El Ministerio del Interior y Justicia respondió al tribunal en el sentido de sostener que revisados los archivos de la entidad no se encontró que la víctima haya solicitado protección (fl. 256, cdno. ppal.). Igualmente, la Oficina de Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación le contestó al a quo que en el sistema de información no se encontró registro o anotación en el que el señor R. V. aparezca como denunciante (fl. 257, cdno. ppal.). En sentido similar se pronunció el jefe seccional de Inteligencia Policial del Atlántico (fl. 258, cdno. ppal.).
11. Obra también, factura por derecho a bóveda por valor de $ 870.000 y por servicio funerario por la suma de $ 1´327.000 de funerales los olivos a nombre de la señora Gloria Ramírez (fls. 97-98, cdno. ppal.)
12. El señor J. H. R. V. nació el 17 de octubre de 1956, hijo de Y. F. V. y cónyuge de G. P. R. T., con quien procreó a D. P., J. L. y J. D. R. R. Así mismo, junto con la señora L. M. B. V., con quien convivía, procreó a A. C. y J. A. R. B.
Así mismo, el señor J. H. R. V. es hermano de los señores O. T., J. E. y R. R. R. V. conforme los registros civiles que obran en autos (fls. 33, 36-44, cdno. ppal.).
3.2.4.(sic) Juicio de responsabilidad.
Como lo relatan los antecedentes, se pretende la declaratoria de responsabilidad del Estado, en razón de los perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte del señor J. H. R. V., quien gozaba de protección policial permanente toda vez que recibió amenazas contra su vida. Protección que la entidad reconoce haber brindado, por solicitud verbal de la víctima. Al tiempo, echa de menos la solicitud que tenía que haber presentado ante el Ministerio del Interior y Justicia para acogerse al programa de protección y advierte que no denunció los hechos ante la Fiscalía General de la Nación.
El a quo negó las pretensiones. Encontró que el daño tuvo como única causa el hecho de la víctima, dado que decidió salir de su residencia, antes de las 07:00 am sin la compañía de los agentes de policía, a hacer deporte.
Los elementos probatorios obrantes en el plenario dan cuenta de que el 23 de mayo de 2006, fue ultimado el señor J. H. R. V. frente a la cancha de villa estadio del municipio de Soledad, Atlántico mientras se encontraba haciendo ejercicio. El Instituto Nacional de Medicina Legal certificó heridas causadas por proyectil con arma de fuego.
Conforme lo anterior, se encuentra acreditado el daño alegado por los actores, consistente en la muerte del señor J. H. R. V., motivo por el que deben analizarse las circunstancias de tiempo modo y lugar a efectos de identificar si el mismo resulta imputable a la demandada.
Para la Sala es claro que la víctima acudió a la estación de policía de Los Almendros, ubicada en el municipio de Soledad, Atlántico y solicitó verbalmente, protección policial debido a que recibió amenazas contra su vida. Igualmente, está acreditado tanto por la certificación emitida por el comandante de la estación el 20 de junio de 2006, como por los testigos, que la entidad policial prestó el servicio solicitado entre el mes de enero y el 22 de mayo de 2006, es decir, hasta el día anterior a la muerte del señor R. V.
Lo anterior, sin perjuicio de que, al año siguiente, el nuevo comandante de estación certificó que “no se encontró documentación alguna sobre antecedentes de vigilancia policiva del señor J. H. R. V.”, tampoco respecto de su solicitud de protección, pues lo cierto es que el análisis en conjunto de los elementos probatorios develan que dicho servicio sí se prestó, hasta el día anterior a la muerte, sin que conozca porqué se interrumpió la protección. Esto es así porque los testigos indagados por la vigilancia policial que recibía la víctima, sostuvieron que se trataba de “una vigilancia permanente (...). A toda hora uno siempre los veía en la casa, a la hora que uno llegara siempre los veía, de día y de noche, y muchas veces en la madrugada, cuando uno llegaba de una fiesta siempre veía a los agentes pasando cerca de la casa”. Otro declarante precisó que “la vigilancia policiva era constante, en la mañana, a toda hora, pero el día que lo mataron estaba solo (...). Se señaló también que “él había pedido al comando la policía vigilancia permanente, ya que las amenazas eran continuas y por lo tanto, debía permanecer con vigilancia permanente”.
Así mismo, la señora Y. Y. F. R., sobrina de la víctima manifestó que “él le informó a la estación de policía de Los Almendros sobre las amenazas. Ellos lo protegían las 24 horas, estaban pendientes. La patrulla pasaba cada rato por su casa y llegaban. Cuando él iba a hacer una diligencia salían con los policías (...). A veces cuando yo estaba en casa de él llegaba la patrulla con ellos. La seguridad era permanente. En la madrugada también pasaban vigilándolo”. El señor L. E. R. M., respecto de la vigilancia policial indicó que “era magnífica, porque en alguna oportunidad llegué a su casa y los encontraba allí, en varias oportunidades los encontré. Él tenía una protección especial porque siempre logré observar ese detalle (...). Finalmente la señora Marlín Esther Larios Tovar precisó que “tenía vigilancia policiva, no nos explicamos cómo ese día no estaban los policías, la vigilancia que él tenía no estaba presente. Él tenía vigilancia policiva porque a él lo estaban extorsionando, él había denunciado eso y le pusieron vigilancia policiva permanente”.
De lo dicho por los declarantes se concluye que los testigos fueron contestes al indicar que el señor J. H. R. V. contaba con el servicio de vigilancia policial permanente, pues coinciden en sostener que los agentes de policía frecuentaban la vivienda de la víctima y lo acompañaban en distintos desplazamientos. Específicamente señalan que los miembros de la policía lo custodiaban en el sitio donde habitualmente hacía deporte a tempranas horas de la mañana.
Conforme lo expuesto, para la Sala es claro que la policía no solo conocía del riesgo que corría el señor Jaime Hernán sino que le brindaba el servicio de protección. Mismo que se prestaba de manera permanente en su vivienda y fuera de ella, razón por la que no se explica cómo justo el día de los hechos la institución policial no lo estaba protegiendo. Lo anterior, con independencia de las horas que aduce la defensa, la víctima solicitó el servicio, pues lo cierto es que, aunque los hechos se hayan presentado antes de la siete de la mañana, los agentes de policía eran conscientes del riesgo que corría la vida del señor R. V., conocían de su actividad deportiva, tanto que de ordinario contaba con protección.
Ahora bien, no comparte la Sala las razones aducidas por el tribunal para negar las pretensiones bajo el argumento de “culpa exclusiva de la víctima”, argumentando que el señor R. V. puso en riesgo su vida, pues salir a hacer deporte en las primeras horas de la mañana, no constituye un riesgo para la vida, por el contrario, denota una actividad responsable. No así de la policía, pues lo deseable tenía que ver con que la víctima hubiese contado con protección. Así mismo, la Institución Policial, tampoco probó la existencia de recomendaciones e instrucciones de autoprotección que la víctima haya desatendido, a partir de las cuales se pueda concluir que su decisión de salir a hacer deporte sea la causa exclusiva y determinante de su muerte.
Así las cosas, para la Sala es claro que el daño alegado por los actores resulta imputable única y exclusivamente a la entidad demandada, en tanto que el día de los hechos no le prestó el servicio de protección al señor J. H. R. V., a pesar de conocer del riesgo que corría su vida, motivo por el que revocará la sentencia recurrida y en su lugar declarará la responsabilidad deprecada.
De acuerdo con lo anterior, pasa la Sala a analizar al reconocimiento de la indemnización a que haya lugar. Para el efecto, se tiene presente que existen pretensiones relacionadas con perjuicios inmateriales y materiales. Así, por concepto de daño moral se solicitó el equivalente a cien salarios mínimos tanto, para la cónyuge como para la compañera. Igual cantidad se solicitó para la madre de la víctima y para cada uno de sus hijos. Finalmente, por este concepto se pide el equivalente a cincuenta salarios mínimos para cada uno de los hermanos.
La pretensión relacionada con los perjuicios materiales, comprende daño emergente por los gastos funerarios asumidos por la cónyuge y lucro cesante por la ayuda económica que han dejado de percibir “la esposa, hijos y madre” de la víctima. En cuanto al lucro cesante se especificó que “descontaremos el 25% del sueldo devengado que sería el sostenimiento personal de la víctima, repartiendo el saldo en 50% para la esposa y resto (sic) para los hijos hasta cumplir la mayoría de edad cada uno según la jurisprudencia del Consejo de Estado” al tiempo que relacionó las cifras a que tendría derecho la cónyuge y los tres hijos menores de edad (D. P. R. R., A. C. y J. A. R. B.).
En lo relacionado con el perjuicio moral, esta corporación unificó los para indemnizar este concepto, en caso de muerte, en sentencia del 28 de agosto de 2014, en la que señaló(6):
Así las cosas, tenemos que el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo.
En consecuencia, para la reparación del perjuicio moral en caso de muerte se han diseñado cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia calidad de perjudicados o víctimas indirectas, los cuales se distribuyen así:
Nivel Nº 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno- filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indemnizatorio de 100 SMLMV.
Nivel Nº 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indemnizatorio.
Nivel Nº 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indemnizatorio.
Nivel Nº 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indemnizatorio.
Nivel Nº 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indemnizatorio.
Así las cosas, para los niveles 1 y 2 se requerirá la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros. Para los niveles 3 y 4, además, se requerirá la prueba de la relación afectiva, y finalmente, para el nivel 5 deberá ser probada la relación afectiva”.
En el sub lite se encuentra acreditado que el señor J. H. R. V. fue hijo de la señora Y. F. V., cónyuge de la señora G. P. R. T. y padre de D. P., J. L. y J. D. R. R., A. C. y J. A. R. B.
Así mismo, se tiene certeza que la señora L. M. B. V. es la madre de dos de los hijos de la víctima y que los testigos se refirieron a ella como su compañera.
También se encuentra probado que el señor J. H. R. V. es hermano de los señores O. T., J. E. y R. R. R. V.
De acuerdo con lo anterior y siguiendo criterios de unificación, la Sala procede al reconocimiento de perjuicio moral conforme la siguiente tabla:
Nombre Salarios mínimos legales vigentes a la ejecutoria de esta sentencia reconocidos
Y. F. V. (madre) 100
G. P. R. T. (cónyuge) 100
L. M. B. V. (compañera) 100
D. P. R. R. (hija) 100
J. L. R. R. (hijo) 100
J. D. R. R. (hijo) 100
A. C. R. B. (hija) 100
J. A. R. B. (hijo) 100
O. T. R. V. (hermana) 50
J. E. R. V. (hermano) 50
R. R. R. V. (hermano) 50
En lo atinente al daño emergente, se encuentra probado que la señora G. P. R. T. canceló por derecho a bóveda la suma de $ 870.000 y por servicio funerario el valor de $ 1´327.000 a funerales Los Olivos. La suma de los dos valores asciende a $ 2´197.000 cifra que será reconocida previa actualización conforme la fórmula utilizada para tal fin:
Ra= R (ipc final)
(Ipc inicial)
Ra= $ 2´197.000 (137,71(7))
(86,38(8))
Ra= $ 3´502.533,8
Conforme lo expuesto la entidad demandada pagará a favor de la señora G. P. R. T. la suma de tres millones quinientos dos mil quinientos treinta y tres pesos con ocho centavos ($ 3´502.533,8) por concepto de daño emergente.
Ahora bien, respecto del lucro cesante esta corporación en sentencia del 15 de abril de 2015 unificó los criterios a tener en cuenta para la liquidación con el acrecimiento. Sobre el punto precisó(9):
“Además de que existe suficiente prueba testimonial que corrobora el apoyo económico que cada fallecido le brindaba a su grupo familiar, esta colaboración también se infiere de las exigencias constitucionales relativas a la protección del núcleo básico de la sociedad y, en especial, del deber ser decantado a la luz del modelo abstracto del buen padre, sobre el que durante siglos se ha estabilizado la unidad y los vínculos de solidaridad familiar, los que no tendrían que afectarse por la pérdida de alguno de sus integrantes y de ocurrir tendría que ser compensada sin mengua, particularmente cuando se trata de alguno de los proveedores del grupo familiar. Mismo que se da a la manera de distribuir los recursos acorde como acrecen algunas necesidades del grupo familiar en tanto otras se solventan. Siendo así, para efectos de la liquidación de la ayuda dejada de percibir, se acogerá el planteamiento de las demandas y el recurso para calcular el aporte del padre a los hijos, hasta cuando los descendientes no discapacitados cumplan 25 años, época en la que se supone la independencia. Parámetro que ya viene siendo utilizado en la jurisprudencia de la corporación.
Para la Sala, también deviene razonable y ajustado a la eficacia de la protección constitucional del núcleo familiar, a las exigencias de justicia, equidad y reparación integral, de que tratan las disposiciones de los artículos 2°, 42, 90 y 230 constitucionales, 16 de la Ley 446 de 1998 y al deber ser exigible conforme con el modelo abstracto de buen padre que se predica de cada uno de los progenitores, el sólido y reiterado planteamiento de los accionantes en el sentido de que la porción que deja de percibir un hijo, al cumplir la edad de ordinaria independencia económica, debe acrecer la de sus hermanos y madre y así sucesivamente.
Ahora, el acrecimiento es una institución general que también tuvo importante desarrollo en la organización familiar, gracias al diligente cumplimiento de los deberes del paterfamilias, en especial el de mantener indiviso el patrimonio que sirve a los fines de satisfacción de las necesidades del grupo.
Establecido que el modelo abstracto del buen padre de familia constituye un deber ser general, conforme con el cual cada uno de los progenitores se debe objetivamente a la protección de la unidad familiar, en cuanto indispensable para procurar la satisfacción de las necesidades básicas de sus miembros y que el derecho y principio general del acrecimiento sirve a esos fines y deber ser, corresponde a la Sala analizar la procedencia y fundamentos de su aplicación a la indemnización del lucro cesante por la pérdida de la ayuda económica, sufrida a consecuencia de la muerte accidental o violenta de la persona que tenía a su cargo la protección de la unidad familiar.
A partir de 1991, se dio un nuevo fundamento y con ello un impulso a la responsabilidad patrimonial, al amparo de la redefinición del Estado social de derecho; la prevalencia de los derechos inalienables y fundamentales; la eficacia material de las demás garantías y principios, entre ellos los de justicia, equidad y reparación integral; el deber de las autoridades de proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, demás derechos, libertades y las cláusulas generales, de que tratan los artículos 2°, 42, 90 y 230 constitucionales y 16 de la Ley 446 de 1998, antes que en el derecho común.
Ahora, a juicio de la Sala, la autonomía que se reconoce al fundamento constitucional y axiológico de la responsabilidad patrimonial del Estado no se traduce en la sustracción absoluta de las demás ramas del derecho, en cuanto sirven a la eficacia material de los principios y garantías constitucionales. Y no puede serlo en ese sentido, por la potísima razón de que si la fuente de la responsabilidad se encuentra en el régimen constitucional y este permea o “constitucionaliza” las demás ramas del derecho, lo procedente tiene que ver con la adecuación y eficacia en la disciplina de la responsabilidad patrimonial de los principios e instituciones del ordenamiento, en tanto sistema regido por los principios de unidad y coherencia que emanan de la supremacía y carácter vinculante de las normas constitucionales, que sirven a la reparación justa, equitativa e integral.
Así, en lo que toca con el reconocimiento del lucro cesante, esta Sección, al amparo del fundamento jurídico y axiológico sobre el que ha sostenido la autonomía de la responsabilidad patrimonial del Estado, ha construido un criterio jurisprudencial de cara a la indemnización integral de la pérdida de los ingresos dejados de percibir por el lesionado, el fallecido y los miembros del grupo que percibían ayuda económica de aquel, apoyado en elementos desarrollados en otros campos del ordenamiento, como i) la presunción de la capacidad laboral y el salario mínimo legal, definidos desde el régimen laboral; ii) la proyección de vida probable de la víctima, adoptada mediante actos administrativos para el cálculo actuarial en materia de pensiones(10); iii) el incremento del salario en un 25%, por concepto de las prestaciones sociales en materia laboral; iv) la deducción de las prestaciones por la misma causa, pagadas conforme con el ordenamiento que rige la seguridad social; v) la deducción del 25% de los ingresos por concepto de los gastos propios de la víctima, con apoyo en las reglas de la experiencia y vi) la tasación de la obligación en valor presente, como se concibe desde el derecho común, con sujeción a índices de precios al consumidor y funciones de actualización en el tiempo de series uniformes de pagos (fórmulas utilizadas para estimar el lucro consolidado y el futuro), que sirven a los regímenes financiero y de política macroeconómica.
En ese orden, considera la Sala en esta oportunidad que existen importantes razones que ameritan la indemnización del lucro cesante con acrecimiento, en cuanto i) la aplicación de ese principio general no afecta la autonomía del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado; por el contrario, se aviene con las exigencias relativas a la protección constitucional de la unidad y los vínculos de solidaridad familiar, afectados con el hecho dañino imputable a la entidad pública y con los principios de justicia, equidad y reparación integral, de que tratan las disposiciones de los artículos 2°, 42, 90, 230 constitucionales y 16 de la Ley 446 de 1998 y ii) el perjuicio a ser indemnizado comprende la afectación del derecho al incremento que se habría generado desde la víctima con condición de buen padre de familia hacia cada uno de los miembros del grupo. Esto si se considera que la ocurrencia del daño no tendría que afectar la unidad patrimonial y el deber ser de su permanencia, al margen de su movilidad.
En esas circunstancias, resulta claro que siendo el hecho dañino del derecho de acrecimiento imputable a la entidad estatal, la víctima no tiene por qué soportar la afectación o pérdida de ese interés jurídicamente protegido.
Sin que de cara a la indemnización integral de ese perjuicio resulte válido oponer los límites vigentes en la jurisprudencia de la corporación, derivados de los supuestos acogidos para el reconocimiento del lucro cesante, esto es los relativos a la liquidación individual sin consideración a la concurrencia originada en la unidad del núcleo familiar y al pago anticipado del daño futuro cierto, si se considera que esas reglas pretorianas deben acompasarse con la protección integral del derecho fundamental a mantener la unidad familiar, incluido el patrimonio requerido para la satisfacción de las necesidades del grupo familiar y los principios de justicia, equidad y de reparación integral con sujeción a los que debe tasarse la indemnización de los perjuicios ocasionados por la afectación de ese derecho, como lo exigen las disposiciones de los artículos 2°, 90, 230 constitucionales y 16 de la Ley 446 de 1998.
Así, a los integrantes del grupo familiar que dejaron de percibir la ayuda económica del fallecido se les liquidará el lucro cesante con el acrecimiento al que tienen derecho, por el hecho de extinguirse la concurrencia de cada uno de los demás miembros que limitaba la participación en los recursos destinados a la satisfacción de las necesidades del núcleo familiar.
A esos efectos se fijan las cuotas de participación de forma que, alcanzada la edad en que de ordinario se logra la independencia económica de los hijos no discapacitados o agotado el tiempo de la expectativa de vida, la participación dejada de percibir por cada uno se reparte entre los restantes a los que, conforme con las reglas de la liquidación, aún les asiste el derecho a la porción y así sucesivamente. Se debe tener en cuenta, además, que a partir de la fecha en que todos los hijos alcanzan la autonomía económica, el trabajador habría aumentado las reservas para sus propias necesidades. Y, en esas circunstancias, la distribución será del 50% de los ingresos totales para cada consorte, cónyuge o compañero(a), siendo este porcentaje la proporción que se reconocerá al cónyuge supérstite, a partir de entonces.
Aplicando los criterios de liquidación del lucro cesante señalados en la jurisprudencia vigente, se procede con el acrecimiento, como sigue:
1. Se establece la renta mensual del fallecido, destinada a la ayuda económica del grupo familiar, a partir de los ingresos mensuales devengados por aquel al momento del deceso. Los salarios no integrales se incrementan en un 25%, por concepto de prestaciones sociales. Del ingreso mensual obtenido se deduce el 25% correspondiente a los gastos personales del trabajador. El valor así calculado se actualiza con el índice de precios al consumidor. El resultado final es la renta actualizada (Ra).
2. Se determina el tiempo máximo durante el cual se habría prolongado la ayuda económica al grupo familiar (Tmax). Al efecto se toma el menor valor, en meses, resultante de comparar el periodo correspondiente al miembro del grupo familiar que hubiere recibido la ayuda durante más largo tiempo, teniendo en cuenta la edad de 25 años, en la que se presume la independencia económica de los hijos no discapacitados y la expectativa de vida en los demás casos, con el periodo correspondiente a la expectativa de vida del fallecido. Asimismo, se halla el tiempo consolidado o transcurrido desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha la sentencia (Tcons), y el tiempo futuro (Tfut), que corresponde al periodo que falta para completar el tiempo máximo de la ayuda económica, esto es, (Tfut) = (Tmax)-(Tcons).
3. Con la renta actualizada (Ra) se calcula la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir por el fallecido, durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), aplicando las fórmulas acogidas por la jurisprudencia vigente.
Así, la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir por el fallecido, durante el tiempo consolidado (Rc), se calcula aplicando la siguiente ecuación:
Rc = Ra x (1+i)n
Donde: i = al interés mensual legal (0,004867) y n = (Tcons).
Y la renta destinada a la ayuda económica para el grupo familiar, dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo futuro (Rf), se calcula aplicando la siguiente ecuación:
Rf = Ra x ((1+i)n-1)
Donde: i = al interés mensual legal (0,004867) y n = (Tfut).
4. Luego, se distribuye entre los actores beneficiarios la renta dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo consolidado (Rc) y el tiempo futuro (Rf), teniendo en cuenta i) el periodo durante el que cada uno de ellos la habría percibido; ii) que de existir cónyuge o compañero(a) supérstite e hijos, se asigna el 50% del lucro cesante para el primero, la otra mitad a los hijos por partes iguales y, siendo único beneficiario, al cónyuge o compañero(a) supérstite se le asigna el 50% de la renta dejada de percibir por el trabajador y iii) que la porción dejada de percibir por uno de los beneficiarios acrecerá, por partes iguales, las de los demás.
Al efecto, se halla el valor de la renta a distribuir (Vd) como lucro cesante entre los beneficiarios, en cada uno de los periodos en los que debe hacerse el acrecimiento, dividiendo el valor de la renta dejada de percibir —(Rc) o (Rf)— por el tiempo consolidado o futuro —(Tcons) o (Tfut)—, según corresponda y multiplicando el resultado por el número de meses del periodo en el que se va a distribuir (Pd). En los cálculos se utilizarán cifras con dos decimales, salvo en el caso del interés legal señalado.
Así, por ejemplo, siendo beneficiarios de la ayuda económica el cónyuge supérstite o compañero(a) permanente y tres hijos menores de 25 años, i) se hace una primera asignación de la renta entre los cuatro beneficiarios, distribuyendo el valor correspondiente al número de meses que le faltan al primer hijo para cumplir los 25 años edad (Pd1), en las proporciones señaladas; ii) en el segundo periodo (Pd2) se distribuye el valor de la renta correspondiente a los meses que le faltan al segundo hijo para alcanzar la independencia económica, asignando al cónyuge o compañero(a) permanente supérstite el 50% del valor a distribuir más la tercera parte de la porción que le habría correspondido al primer hijo que cumplió los 25 años edad, y a cada uno de los dos hijos restantes, la tercera parte del valor a distribuir más la tercera parte de la porción del acrecimiento; iii) en el tercer periodo (Pd3) se distribuye el valor de la renta correspondiente a los meses que le faltan al tercer hijo para alcanzar la edad de 25 años, asignando al cónyuge o compañero(a) permanente supérstite el 50% del valor a distribuir más la mitad de la porción que le habría correspondido al segundo hijo que cumplió la edad de autonomía económica, y al hijo restante, la otra mitad del valor a distribuir más la mitad de la porción del acrecimiento y iv) en el cuarto periodo (Pd4) se asigna al cónyuge o compañero(a) permanente supérstite el 50% de la renta pendiente por distribuir, comoquiera que la otra mitad corresponde al incremento en las reservas para las necesidades del trabajador.
Ahora bien, en el sub lite es claro que el señor J. H. R. V. además de que ejercía la profesión de abogado desde el 27 de junio de 1997, otras actividades comerciales. No obstante, el análisis en conjunto de los elementos probatorios obrantes en el plenario con el fin de establecer el monto devengado por la productividad del señor R. V., no resultan suficientes para afirmar como pretende la actora que percibía un monto superior a los cuatro millones de pesos.
Lo anterior es así porque, tratándose de una cifra como la solicitada, la víctima al menos contaría con un registro contable de sus negocios que permitiera acreditar lo pedido, más allá de lo dicho por los testigos y lo certificado por un contador quien se fundamentó en una declaración extrajuicio. Elementos que no ofrecen la certeza requerida respecto del monto mensual devengado.
Aunado a lo anterior, la copia del “Extracto Inteligente” de la cuenta número XXX XXX de la Financiera Coomultrasan es clara en evidenciar que pertenece a persona distinta de la víctima (al señor L. E. R. M.) y tampoco ofrece certeza suficiente el hecho de que un tercero en una declaración extra proceso señale que esa cuenta la utilizaba el señor R. V. para el manejo de sus dineros.
Ahora bien, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales certificó que “revisado el sistema cuenta corriente de esta administración local, el contribuyente, J. H. R. V. NIT XXX, no presenta declaración de renta del año 1990 al 2006”.
Los anteriores elementos son indicativos de que el señor R. V. percibía un monto inferior al solicitado. Así las cosas, considerando que no se encuentra acreditada la suma que percibía la víctima por la actividad económica, la Sala seguirá el criterio según el cual percibía al menos el salario mínimo de esa época ($ 408.000) incrementado en un 25% ($ 102.000) por concepto de prestaciones sociales, es decir, la suma de $ 510.000. No obstante, considerando que dicho valor resulta inferior al salario mínimo legal vigente a la época de esta providencia ($ 737.717), la Sala acogerá éste como base para la liquidación.
Ahora, en lo relacionado con los afectados por el monto dejado de devengar con ocasión de la muerte del señor J. H. R. V. se señaló que este perjuicio lo sufrió la madre la víctima, su esposa y sus hijos menores de edad(11). Respecto de la primera no existe prueba en el plenario, más allá de lo dicho por algunos testigos, lo que no resulta suficiente para probar tal detrimento, especialmente si se considera que la víctima tenía constituida su propia familia y que la señora Y. F. V. de R. tenía otros hijos, mayores de edad que están en capacidad de apoyarla económicamente.
Teniendo en cuenta que para el 23 de mayo de 2006, fecha de la defunción, el señor J. H. R. V. [nacido el 17 de octubre de 1956] contaba con 49,57 años, se deduce que le quedaban 32,5 años de vida probable y que a su cónyuge G. P. R. T., [nacida el 17 de junio de 1964] de 41,92, le esperaban 44,7 años —536,4 meses—, de conformidad con la resolución 1555 expedida por la Superintendencia Financiera el 30 de julio de 2010, por la cual se actualizan las tablas de mortalidad de rentistas hombres y mujeres(12).
Así mismo, al tiempo del fallecimiento del señor R. V., su hija A. C. R. B. [nacida el 11 de abril de 1998] tenía 8,11 años, estaba a 16,89 años —202,68 meses— de cumplir 25 años; a D. P. R. R., [nacida el 31 de octubre de 2000] de 5,64 años, le faltaban 19,36 años —232,32 meses— para cumplir la misma edad y a J. A. R. B.(13), [nacido el 18 de julio de 2002] de 3,84 meses, le faltaban 21,16 años —253,92 meses—.
Siendo así, la cónyuge supérstite hubiera recibido la ayuda durante más largo tiempo, comoquiera que su expectativa de vida es mayor que el periodo faltante para que todos los hijos no discapacitados cumplan la edad de 25 años. Entonces, el tiempo máximo (Tmax) a liquidar será de 32,5 años, o sea, 390 meses de vida probable del fallecido J. H. R. V., pues como estadísticamente hubiera vivido menos que su cónyuge, a partir de entonces ésta no recibirá apoyo de aquél, así lo sobreviviera. De los 32,5 años ya se han consolidado (Tcons) 11,04 años, es decir, 132,52 meses —[desde el 23 de mayo de 2006 hasta el 8 de junio de 2017]—, quedando futuros (Tfut) otros 21,46 —257,48 meses—.
Entonces, durante los 132,52 meses de lucro cesante consolidado, considerando que ninguno de los hijos ha adquirido los veinticinco años de edad, no hay lugar a acrecimiento y se asignará la mitad de la renta consolidada dejada de percibir por el fallecido en ese periodo a la cónyuge, y la otra mitad, a los tres hijos respecto de quienes se solicitó el reconocimiento por este concepto.
El señor J. H. R. V. percibió ingresos mensuales en el año 2006, por valor de $ 737.717, acogiendo el salario vigente a la época de la sentencia se incrementará en un 25%, por concepto de prestaciones sociales [$ 184.429,25] y se le reducirá el 25% de gastos personales del fallecido [230.536,56], resultando, entonces, una renta mensual destinada a la ayuda económica del grupo familiar, dejada de percibir por el fallecido, de $ 691.609,69.
Con este valor se calcula la renta dejada de percibir por el fallecido durante el tiempo consolidado, así:
Rc = Ra x (1+i)n-1
Donde i = al interés mensual legal (0,004867) y n = Tcons. Desde la fecha en que ocurrieron los hechos (23 de mayo de 2006) hasta el 8 de junio de 2017 Tcons = 132,52 meses.
Rc = $ 691.609,69 x (1+0,004867)132,52-1
Rc = $ 128’312.229,59
Se tiene, entonces, que durante el tiempo consolidado (132,52 meses) la cónyuge y los hijos menores de edad del fallecido dejaron de percibir una renta total de $ 128’312.229,59 destinada al apoyo que el cónyuge y padre habría brindado, si viviese, al grupo familiar.
Y, asimismo, se calcula la renta dejada de percibir por la cónyuge y los hijos menores de edad del fallecido, si éste viviese, durante el tiempo futuro, así:
Donde: i = al interés mensual legal (0,004867) y n = (Tfut). Desde el 9° de febrero de 2016 hasta completar la expectativa de vida probable del fallecido, Tfut = 257,48 meses.
Rf = $ 691.609,69 x ((1+0,004867)257,48-1)
0,004867(1+0,004867)257,48
Rf = $ 172´210.812,81
O sea que durante el tiempo futuro (257,48 meses), la cónyuge y los hijos dejaron de percibir una renta total de $ 172´210.812,81, que el fallecido, si viviese, habría destinado a los beneficiarios del grupo familiar.
Como ya se enunció, en el lucro cesante consolidado, no hay lugar a liquidar con acrecimiento y se procede a signar la mitad de la renta consolidada dejada de percibir por el fallecido en ese periodo a la cónyuge, y la otra mitad, a los tres hijos respecto de quienes se solicitó, así:
Valor de la renta a distribuir
$ 98.929.719,76 Total lucro cesante consolidado
G. P. R. T. $ 64’156.114,79
A. C. R. B. $ 21’385.371,59
D. P. R. R. $ 21’385.371,59
J. A. R. B. $ 21’385.371,59
Total renta distribuida $ 128’312.229,59
Para la liquidación del lucro cesante futuro (desde el 9 de junio de 2017 hasta completar la expectativa de vida probable del fallecido, Tfut = 257,48 meses), con acrecimiento para cada uno de los actores beneficiarios, se considera que durante los primeros 70,06 meses de lucro cesante futuro (Pd1), mientras A. C. cumple 25 años de edad, se asignará la mitad de la renta futura dejada de percibir por el fallecido en ese periodo a la cónyuge, y la otra mitad, a los tres hijos. Durante los siguientes 30,66 meses (Pd2), mientras D. P. cumple los 25 años de edad, se asignará la mitad de la renta dejada de percibir para la cónyuge más la tercera parte de la porción que le habría correspondido a A. C., y a cada uno de los hijos D. P. y Juan Andrés, una tercera parte de la otra mitad más una tercera parte de la porción del acrecimiento. En los siguientes 20,57 meses (Pd3), mientras J. A. cumple 25 años, se asignará el 50% de la renta dejada de percibir en ese periodo a la madre más el 50% de la porción que le habría correspondido a D. P., y a J. A., una cuarta parte del valor a distribuir en este periodo más la otra mitad de la porción del acrecimiento. Y en los restantes 136,19 meses (Pd4), el valor de la renta a distribuir se asignará a la señora G. P. R. T., descontando los mayores gastos personales que habría tenido el fallecido, como ya se indicó.
En los primeros 70,06 meses de lucro cesante futuro (Pd1), mientras A. C. R. B. cumple los 25 años de edad, se asigna el valor de la renta futura a distribuir (Vd) en ese periodo. Al efecto, se calcula el valor mensual de la renta futura (Rf/Tfut) y el valor resultante se multiplica por el número de meses del periodo a asignar. O sea:
Vd = (Rf/Tfut) x Pd1
Vd = ($ 172´210.812,81) x 70,06 m
257,48 m
Vd = $ 46´858.356,16
Así, el valor de la renta futura a distribuir en el primer periodo, de 70,06 meses, es de $ 46´858.356,16. De los cuales se asigna el 50% a la cónyuge, señora G. P. R. T., esto es la suma de $ 23’429.178,08 y la otra mitad por partes iguales, o sea la suma de $ 7´809.726,02, a cada uno de los hijos, A. C. R. B., D. P. R. R. y J. A. R. B.
En los siguientes 30,66 meses de lucro cesante futuro (Pd2), mientras D. P. cumple los 25 años de edad, se asigna el valor de la renta futura a distribuir (Vd) en ese periodo. Esto es:
Vd = (Rf/Tfut) x Pd2
Vd = ($ 172´210.812,81)x 30,66 m
Vd = $ 20’506.383,10
Y la porción que le hubiere correspondido a la primer hija (la mitad del valor de Vd, o sea $ 10’253.191,55 divido entre tres –hijos-), esto es $ 3.417.730,51, acrece por partes iguales las cuotas de los demás beneficiarios. Entonces, a la señora G. P. R. T. le corresponde la suma de $ 11’392.435,05 y a cada uno de los hijos D. P. y Juan Andrés, la suma de $ 4´556.974,01.
En los siguientes 20,57 meses de lucro cesante futuro (Pd3), mientras Juan Andrés cumple los 25 años de edad se asigna el valor de la renta futura distribuir (Vd) en ese periodo, calculado como ya se indicó:
Vd = (Rf/Tfut) x Pd3
Vd = ($ 172´210.812,81) x 20,57 m
Vd = $ 13.757.870,20
Y la porción que le hubiere correspondido a la segunda hija (la mitad del valor de Vd, o sea $ 6.878.935,1, divido entre dos —hijos—), esto es $ 3.439.467,55, acrece por partes iguales las cuotas de los demás beneficiarios. Entonces, a la señora G. P. R. T. le corresponde la suma de $ 8’598.668,87 y al hijo J. A. R. B., $ 5.159.191,32.
Y en los últimos 136,19 meses de lucro cesante futuro (Pd4), o sea el restante de la expectativa de vida probable del fallecido, se asigna el valor de la renta consolidada a distribuir (Vd) en ese periodo, a la cónyuge supérstite. Así:
Vd = (Rf/Tfut) x Pd4
Vd = ($ 172´210.812,81) x 136,19 m
Vd = $ 91´088.203,34
Teniendo en cuenta que estos $ 91´088.203,34 corresponden al 75% [al inicio se le dedujo de la base el 25% de gastos propios del causante] de los ingresos que hubiera percibido el fallecido luego de que todos sus hijos alcanzaran 25 años, de esta base se le reconocerá a la cónyuge supérstite el 50% de los ingresos remanentes, esto es, la suma de $ 45’544.101,67, pues en esas circunstancias de independencia económica de los hijos, el trabajador habría aumentado las reservas para sus propias necesidades, quedando con esta distribución, el 50% de los ingresos restantes para cada consorte.
En síntesis, las sumas liquidadas por concepto de lucro cesante futuro son las siguientes:
LIQUIDACIÓN LUCRO CESANTE FUTURO
Futuro primeros 70,06m (pd1) Futuro siguientes 30,66m (pd2) Futuro siguientes
20,57m (pd3)
136,08 m (pd4)
Total lucro cesante futuro
Valor de la renta a distribuir $ 46´858.356,16 $ 20’506.383,10 $ 13.757.870,20 $ 91´088.203,34 $ 172´210.812,81
G. P. R. T. $ 23’429.178,08 $ 11’392.435,05 $ 8’598.668,87 $ 45’544.101,67 $ 88’964.383,67
A. C. R. B. $ 7´809.726,02 0 0 0 $ 7’809.726,02
D. P. R. R. $ 7´809.726,02 $ 4´556.974,01 0 0 $ 12’366.700,03
J. A. R. B. $ 7´809.726,02 $ 4´556.974,01 $ 5.159.191,32 0 $ 17’525.891,35
Incremento reservas para necesidades del fallecido. Valor no acrecido (50%) 0 0 0 $ 45’544.101,67 $ 45’544.101,67
Total renta distribuida $ 46´858.356,16 $ 20’506.383,10 $ 13.757.870,20 $ 91´088.203,34 $ 172´210.812,81
Siendo esta la liquidación final de la indemnización por el lucro cesante a cada uno de los actores:
Actor Lucro cesante consolidado Lucro cesante futuro Total lucro cesante
G. P. R. T. $ 64’156.114,79 $ 88’964.383,67 $ 153’120.498,46
A. C. R. B. $ 21’385.371,59 $ 7’809.726,02 $ 29’195.097,61
D. P. R. R. $ 21’385.371,59 $ 12’366.700,03 $ 33’752.071,62
J. A. R. B. $ 21’385.371,59 $ 17’525.891,35 $ 38’911.262,94
Finalmente, no se condenará en costas, puesto que, de conformidad con el artículo 55 de la ley 446 de 1998, hay lugar a ello cuando la conducta de alguna de las partes así lo amerite y, en el sub lite, no se encuentra elemento que permita deducir tal aspecto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”
REVOCAR la sentencia proferida el 6 de mayo de 2009 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico por medio de la cual declaró probada la excepción de “culpa exclusiva de la víctima” y negó las pretensiones y en su lugar dispone:
PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los perjuicios ocasionados a los actores derivados de la muerte del señor J. H. R. V.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales, Y. F. V. (madre), G. P. R. T. (Cónyuge) L. M. B. V. (compañera), D. P. R. R., J. L. R. R, J. D. R. R., A. C. R. B., J. A. R. B. (Hijos), la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno. Y para O. T. R. V., J. E. R. V., R. R. R. V. (hermanos) la suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar las siguientes sumas por concepto de perjuicios materiales:
a) Por daño emergente:
La suma de tres millones quinientos dos mil quinientos treinta y tres pesos con ocho centavos ($ 3´502.533,8) a favor de la señora G. P. R. T.
b) Por lucro cesante:
— La suma de ciento cincuenta y tres millones ciento veinte mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con cuarenta y seis centavos ($ 153’120.498,46) a favor de la señora G. P. R. T.
— La suma de veintinueve millones ciento noventa y cinco mil noventa y siete pesos con sesenta y un centavos ($ 29’195.097,61) a favor de A. C. R. B.
— La suma de treinta y tres millones setecientos cincuenta y dos mil setenta y un pesos con sesenta y dos centavos ($ 33’752.071,62) a favor de D. P. R. R..
— La suma de treinta y ocho millones novecientos once mil doscientos sesenta y dos pesos con noventa y cuatro centavos ($ 38’911.262,94) a favor de J. A. R. B.
CUARTO: DENEGAR las demás súplicas de la demanda.
En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al tribunal de origen.
Consejeros: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente de la Subsección—Danilo Rojas Betancourth—Stella Conto Díaz del Castillo».
4 El 15 de enero de 2007, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa fuera conocido en segunda instancia por esta corporación era de $ 216.850.000 conforme la Ley 446 de 1998 y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de “ochocientos sesenta y dos millones setecientos treinta y un mil quinientos noventa y tres pesos con 13/100 ($ 862´731.593.13)”, por concepto de lucro cesante.
5 No podrán ser valoradas las declaraciones rendidas extraprocesalmente ante notario por la señora G. P. R. T. por ser parte en este asunto (fls. 77; 95-96, cdno. ppal.).
6 Consejo de Estado. Sentencias del 28 de agosto de 2014, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
7 IPC mayo de 2017, consultado en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc.
8 IPC mayo de 2006 consultado en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc.
9 Consejo de Estado. Sentencia de Unificación del 15 de abril de 2015, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, Exp. 19.146.
10 Elementos estos relativos a los “criterios técnicos actuariales” que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 ordena aplicar en la tasación del daño.
11 No se solicita reconocimiento para la compañera, razón por la que no se estudiará su procedencia.
12 Se toma la resolución 1555 que aunque fue expedida por la Superintendencia Financiera el 30 de julio de 2010, ésta se basa en las experiencias de 2005-2008, es decir dentro del periodo en que se produjo la muerte del señor R. V. (23 de mayo de 2006). El artículo cuarto de la resolución establece: “Que con base en los mencionados estudios y una vez obtenidos los comentarios y observaciones de otras entidades interesadas, se hace necesaria su actualización, motivo por el cual esta superintendencia ha elaborado nuevas tablas de mortalidad para los rentistas, discriminadas por sexo, tomando como base la experiencia obtenida para el período 2005-2008”.
13 El perjuicio material por lucro cesante se solicitó a favor de la cónyuge G. P. R. T. y los hijos A. C. R. B., D. P. R. R. y J. A. R. B.

References: artículo 129
 resolución 
 artículo 55
 artículo 16
 resolución 
 resolución