Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0015_ES.html
Timestamp: 2020-08-13 10:34:13+00:00

Document:
INFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte
Procedimiento : 2018/0138(COD)
Ciclo relativo al documento : A8-0015/2019
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sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte
(COM(2018) 0277 – C8-0192/2018 – 2018/0138(COD))
Ponente: Dominique Riquet
VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISÓN COMPETENTE PARA EL FONDO
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0277),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0192/2018),
– Vistos los dictámenes motivados presentados por el Senado checo, el Bundestag alemán, el Parlamento irlandés y el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,
– Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0015/2019),
(1) El Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo22 establece un marco común para la creación de redes interoperables de vanguardia para el desarrollo del mercado interior. Las redes transeuropeas de transporte (RTE-T) tienen una estructura de doble nivel: la red global garantiza la conectividad de todas las regiones de la Unión, mientras que la red básica comprende únicamente aquellos elementos de la red que son de la máxima importancia estratégica para la Unión. El Reglamento (UE) n.º 1315/2013 define objetivos obligatorios relativos a la finalización: finalizar la red básica a más tardar en 2030 y la red global a más tardar en 2050.
(1) El Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo22 establece un marco común para la creación de redes interoperables con una estructura de doble nivel en la Unión, al servicio de los ciudadanos, para el desarrollo del mercado interior y para la cohesión social, económica y territorial de la Unión. Las redes transeuropeas de transporte (RTE-T) tienen una estructura de doble nivel: la red básica comprende aquellos elementos de la red que son de la máxima importancia estratégica para la Unión, mientras que la red global garantiza la conectividad entre todas las regiones de la Unión. La red básica debe servir de acelerador transfronterizo y multimodal para un espacio único europeo de transporte y movilidad. El Reglamento (UE) n.º 1315/2013 define objetivos obligatorios relativos a la finalización: finalizar la red básica a más tardar en 2030 y la red global a más tardar en 2050. Además, el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 se centra en las conexiones transfronterizas que mejorarán la interoperabilidad entre los distintos modos de transporte y contribuirán a la integración multimodal del transporte de la Unión, y también debe tener en cuenta la dinámica de evolución del sector del transporte y de las nuevas tecnologías en el futuro.
22 Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1).
(2) Sin perjuicio de la necesidad y del calendario obligatorio, la experiencia ha puesto de manifiesto que muchas inversiones destinadas a finalizar la RTE-T se enfrentan a complejos procedimientos de concesión de autorizaciones, procedimientos de contratación pública transfronteriza y otros procedimientos. Esta situación pone en peligro la puntual ejecución de los proyectos y, en muchos casos, da lugar a retrasos considerables y a un aumento de los costes. A fin de abordar estas cuestiones y permitir la finalización sincronizada de la RTE-T, es necesaria una actuación armonizada a escala de la Unión.
(2) Sin perjuicio de la necesidad y del calendario obligatorio, la experiencia ha puesto de manifiesto que muchas inversiones destinadas a finalizar la RTE-T se enfrentan a la multiplicidad, la lentitud, la falta de claridad y la complejidad de los procedimientos de concesión de autorizaciones, los procedimientos de contratación pública transfronteriza y otros procedimientos. Esta situación pone en peligro la puntual ejecución de los proyectos y, en muchos casos, da lugar a retrasos considerables y a un aumento de los costes, genera incertidumbre entre los promotores de proyectos y los posibles inversores privados y puede, incluso, dar lugar al abandono de proyectos en mitad del proceso. En estas condiciones, la finalización sincronizada de la RTE-T en los plazos previstos por el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo requiere una actuación armonizada a escala de la Unión. Además, los Estados miembros deben adoptar decisiones sobre sus planes nacionales de infraestructura de acuerdo con los objetivos de la RTE-T.
(2 bis) El presente Reglamento se aplicará únicamente a los proyectos de la Unión reconocidos como de interés común en virtud del Reglamento (UE) n.º 1315/2013 y relativos a la red básica de la red transeuropea de transporte. Los Estados miembros pueden decidir también ampliar el ámbito de aplicación a la red global.
(3) En los marcos jurídicos de muchos Estados miembros se da un tratamiento prioritario a determinadas categorías de proyectos sobre la base de su importancia estratégica para la economía. El tratamiento prioritario se caracteriza por plazos más cortos, procedimientos simultáneos o plazos limitados para los recursos, garantizando al mismo tiempo que se alcancen asimismo los objetivos de otras políticas horizontales. Cuando exista tal marco dentro de un marco jurídico nacional, debe aplicarse automáticamente a proyectos de la Unión reconocidos como proyectos de interés común con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1315/2013.
(3) En los sistemas jurídicos de muchos Estados miembros se da un tratamiento prioritario a determinadas categorías de proyectos sobre la base de su importancia estratégica para la Unión. El tratamiento prioritario se caracteriza por plazos más cortos, procedimientos simultáneos y/o simplificados o plazos limitados para completar el procedimiento de concesión de autorización o para los recursos, garantizando al mismo tiempo que se alcancen asimismo los objetivos de otras políticas horizontales. Cuando existan tales normas sobre tratamiento prioritario en un marco jurídico nacional, deben aplicarse automáticamente a proyectos de la Unión reconocidos como proyectos de interés común con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1315/2013. Los Estados miembros que no dispongan de tales normas sobre tratamiento prioritario deben adoptarlas.
(4) Con el fin de mejorar la eficacia de las evaluaciones ambientales y racionalizar el proceso de toma de decisiones, cuando la obligación de efectuar evaluaciones relativas a cuestiones medioambientales de los proyectos de la red básica se deriva simultáneamente de la Directiva 2011/92/UE, modificada por la Directiva 2014/52/UE, y de otros actos legislativos de la Unión, como la Directiva 92/43/CEE, la Directiva 2009/147/CE, la Directiva 2000/60/CE, la Directiva 2008/98/CE, la Directiva 2010/75/UE, la Directiva 2012/18/UE y la Directiva 2011/42/CE, los Estados miembros deben velar por que se prevea un procedimiento conjunto para el cumplimiento de los requisitos de estas Directivas.
(4) Con el fin de mejorar la eficacia de las evaluaciones ambientales y racionalizar el proceso de toma de decisiones, cuando la obligación de efectuar evaluaciones relativas a cuestiones medioambientales de los proyectos de la red básica se deriva simultáneamente de la Directiva 2011/92/UE, modificada por la Directiva 2014/52/UE, y de otros actos legislativos de la Unión, como la Directiva 92/43/CEE, la Directiva 2009/147/CE, la Directiva 2000/60/CE, la Directiva 2008/98/CE, la Directiva 2010/75/UE, la Directiva 2012/18/UE y la Directiva 2011/42/CE, los Estados miembros deben velar por que se prevea un procedimiento conjunto para el cumplimiento de los requisitos de estas Directivas. Por otra parte, la determinación precoz de los impactos ambientales y el inicio de un debate en una fase temprana con la autoridad competente sobre el contenido de las evaluaciones ambientales pueden reducir los retrasos durante la fase de concesión de autorizaciones y, en general, mejorar la calidad de las evaluaciones.
(4 bis) Dada la multiplicidad de evaluaciones ambientales derivadas de las numerosas Directivas europeas o de las normas nacionales que son necesarias para la concesión de las autorizaciones de los proyectos de interés común de la red básica de la RTE-T, sería conveniente que la Unión estableciera un procedimiento común, simplificado y centralizado, que respete las exigencias de dichas Directivas, con el fin de contribuir a los objetivos fijados por el presente Reglamento para una mayor racionalización de las medidas.
(5) Los proyectos de la red básica deben ir acompañados de procedimientos de concesión de autorizaciones integrados para permitir una gestión clara del procedimiento global y proporcionar un punto de entrada único para los inversores. Los Estados miembros deben designar a una autoridad competente de conformidad con sus marcos jurídicos nacionales y sus estructuras administrativas.
(5) Los Estados miembros deben designar a una autoridad competente única de conformidad con sus marcos jurídicos nacionales y sus estructuras administrativas para que los proyectos relativos a la red básica se puedan beneficiar de la integración de los procedimientos de concesión de autorizaciones, así como de un punto de contacto único para los inversores que haga posible una gestión eficaz y clara del procedimiento global. En caso necesario, la autoridad competente única debe poder delegar sus responsabilidades, obligaciones y tareas en otra autoridad al nivel regional, local o administrativo adecuado.
(6) El establecimiento de una autoridad competente única a escala nacional que integre todos los procedimientos de concesión de autorizaciones («ventanilla única») debe reducir la complejidad, mejorar la eficiencia y aumentar la transparencia de los procedimientos. Asimismo, debe mejorar la cooperación entre los Estados miembros, cuando proceda. Los procedimientos deben promover una cooperación real entre los inversores y la autoridad competente única y, por lo tanto, deben permitir la delimitación del campo en la fase previa del procedimiento de concesión de autorizaciones. Dicha delimitación del campo debe integrarse en la descripción detallada de solicitud y seguir el procedimiento establecido en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2011/92/UE, modificada por la Directiva 2014/52/UE.
(6) El establecimiento de una autoridad competente única a escala nacional que integre todos los procedimientos de concesión de autorizaciones («ventanilla única») debe reducir la complejidad, mejorar la eficiencia y la coordinación y aumentar la transparencia y la velocidad de los procedimientos y de la adopción de las decisiones. Asimismo, debe mejorar la cooperación entre los Estados miembros, cuando proceda. Los procedimientos deben promover una cooperación real entre los inversores y la autoridad competente única y, por lo tanto, deben permitir la delimitación del campo en la fase previa del procedimiento de concesión de autorizaciones. Dicha delimitación del campo debe integrarse en la descripción detallada de solicitud y seguir el procedimiento establecido en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2011/92/UE, modificada por la Directiva 2014/52/UE.
(6 bis) Cuando los proyectos de interés común se consideren proyectos prioritarios de la Unión, se debe poder establecer una autoridad competente conjunta acordada entre las autoridades competentes únicas de dos o más Estados miembros o de Estados miembros y terceros países, a fin de cumplir las obligaciones derivadas del presente Reglamento.
(8) Habida cuenta de la urgencia para concluir la red básica de la RTE-T, la simplificación de los procedimientos de concesión de autorizaciones debe ir acompañada de una fecha límite en que las autoridades competentes deben tomar una decisión global en relación con la construcción del proyecto. Esta fecha límite debe favorecer una mayor eficiencia en la tramitación de los procedimientos y bajo ninguna circunstancia debe transigir con los elevados niveles de protección del medio ambiente y participación del público de la Unión.
(8) Habida cuenta de la urgencia para concluir la red básica de la RTE-T antes de 2030, la simplificación de los procedimientos de concesión de autorizaciones debe ir acompañada de una fecha límite en que las autoridades competentes deben tomar una decisión global en relación con la construcción del proyecto. Esta fecha límite debe garantizar una mayor eficiencia en la tramitación de los procedimientos y bajo ninguna circunstancia debe transigir con los elevados niveles de protección del medio ambiente, transparencia y participación del público de la Unión. Los proyectos deben evaluarse en función de los criterios de madurez establecidos por el Mecanismo «Conectar Europa» para la selección de proyectos. Al llevar a cabo estas evaluaciones debe tenerse en cuenta el cumplimiento de los plazos establecidos en el presente Reglamento.
(10) Los proyectos de infraestructura transfronterizos de la RTE-T se enfrentan a dificultades específicas en lo que respecta a la coordinación de los procedimientos de concesión de autorizaciones. Los coordinadores europeos deben estar facultados para controlar estos procedimientos y facilitar su sincronización y finalización.
(10) Los proyectos de infraestructura transfronterizos de la RTE-T se enfrentan a dificultades específicas en lo que respecta a la coordinación de los procedimientos de concesión de autorizaciones. Los coordinadores europeos a los que se refiere el artículo 45 del Reglamento (UE) n.º 1315/2013 deben estar facultados para controlar estos procedimientos y facilitar su sincronización y finalización a fin de garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos por el presente Reglamento.
(12) La Comisión no participa sistemáticamente en la autorización de proyectos individuales. No obstante, en algunos casos, determinados aspectos de la preparación de proyectos son objeto de autorización a escala de la Unión. Cuando la Comisión participe en los procedimientos, dará prioridad a los proyectos de interés común de la Unión y garantizará la seguridad a los promotores de proyectos. En algunos casos, podría ser necesaria la aprobación de la ayuda estatal. En consonancia con el Código de buenas prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales, los Estados miembros pueden pedir a la Comisión que se ocupe de los proyectos de interés común de la red básica de la RTE-T que consideran prioritarios con calendarios más predecibles con el planteamiento del conjunto de casos o la planificación pactada.
(12) La Comisión no participa sistemáticamente en la autorización de proyectos individuales. No obstante, en algunos casos, determinados aspectos de la preparación de proyectos son objeto de autorización a escala de la Unión. Cuando la Comisión participe en los procedimientos, dará prioridad a los proyectos de interés común de la Unión y garantizará la seguridad a los promotores de proyectos. En algunos casos, podría ser necesaria la aprobación de la ayuda estatal. Sin perjuicio de los plazos establecidos por el presente Reglamento y en consonancia con el Código de buenas prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales, los Estados miembros deben poder pedir a la Comisión que se ocupe de los proyectos de interés común de la red básica de la RTE-T que consideran prioritarios con calendarios más predecibles con el planteamiento del conjunto de casos o la planificación pactada.
(13) La ejecución de proyectos de infraestructura de la red básica de la RTE-T debe contar también con el respaldo de las directrices de la Comisión que aportan más claridad en lo que respecta a la ejecución de ciertos tipos de proyectos al tiempo que respeta el acervo de la Unión. Por ejemplo, el Plan de acción para la naturaleza, las personas y la economía23 prevé que esas directrices aporten mayor claridad con vistas a respetar las Directivas sobre aves y hábitats. Deben ponerse a disposición para los proyectos de interés común ayudas directas relacionadas con la contratación pública que garanticen la mejor relación calidad-precio para el erario público24. Además, debe ponerse una asistencia técnica adecuada a disposición en virtud de los mecanismos creados para el marco financiero plurianual 2021-2027, con el fin de prestar ayuda financiera para los proyectos de interés común de la RTE-T.
(13) La ejecución de proyectos de infraestructura de la red básica de la RTE-T debe contar también con el respaldo de las directrices de la Comisión que aportan más claridad en lo que respecta a la ejecución de ciertos tipos de proyectos al tiempo que respeta el acervo de la Unión. Por ejemplo, el Plan de acción para la naturaleza, las personas y la economía23 prevé que esas directrices aporten mayor claridad con vistas a respetar las Directivas sobre aves y hábitats. Deben ponerse a disposición para los proyectos de interés común ayudas directas relacionadas con la contratación pública que garanticen una minimización de los costes externos y la mejor relación calidad-precio para el erario público24. Además, debe ponerse una asistencia técnica adecuada a disposición en virtud de los mecanismos creados para el marco financiero plurianual 2021-2027, con el fin de prestar ayuda financiera para los proyectos de interés común de la RTE-T.
24 COM(2017) 573 final.
(15) Por razones de seguridad jurídica, los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento no estarán sujetos a las disposiciones del presente Reglamento.
(15) Por razones de seguridad jurídica, los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento no estarán sujetos a las disposiciones del presente Reglamento, salvo que se decida lo contrario con el acuerdo de los interesados.
Artículo 1 – párrafo 1
El presente Reglamento establece los requisitos aplicables al procedimiento administrativo seguido por las autoridades competentes de los Estados miembros en relación con la autorización y la ejecución de todos los proyectos de interés común en la red básica de la red transeuropea de transporte.
El presente Reglamento establece los requisitos aplicables al procedimiento administrativo seguido por las autoridades competentes de los Estados miembros en relación con la autorización y la ejecución de todos los proyectos de interés común en la red básica de la red transeuropea de transporte relacionados con el Reglamento (UE) n.º 1315/2013, incluidos los proyectos preseleccionados que figuran en la parte III del anexo del Reglamento por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» 2021-2027.
Artículo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
Los Estados miembros podrán decidir ampliar la aplicación de todas las disposiciones del presente Reglamento, en bloque, a los proyectos de interés común de la red global de la red transeuropea de transporte.
a) «decisión global»: una decisión o una serie de decisiones adoptadas por una autoridad o autoridades de un Estado miembro, excluidos los tribunales, que determine si se concede autorización al promotor del proyecto para construir la infraestructura de transporte necesaria para completar un proyecto, sin perjuicio de cualquier decisión adoptada en el contexto de un procedimiento de recurso administrativo;
a) «decisión global»: una decisión o una serie de decisiones adoptadas por la autoridad competente única de un Estado miembro y, cuando proceda, la autoridad competente conjunta, pero excluidos los tribunales, que determine si se concede autorización al promotor del proyecto para construir la infraestructura de transporte necesaria para completar un proyecto, sin perjuicio de cualquier decisión adoptada en el contexto de un procedimiento de recurso administrativo;
b) «procedimientos de concesión de autorizaciones»: todo procedimiento que ha de seguirse o medida que ha de adoptarse ante las autoridades de un Estado miembro, en virtud de la legislación nacional o de la Unión, antes de que el promotor del proyecto pueda ejecutar el proyecto;
b) «procedimientos de concesión de autorizaciones»: todo procedimiento que ha de seguirse o medida que ha de adoptarse ante las autoridades competentes de un Estado miembro, en virtud de la legislación nacional o de la Unión, antes de que el promotor del proyecto pueda ejecutar el proyecto y que se inicia en la fecha de la firma de aceptación de la notificación del expediente por parte de la autoridad competente única del Estado miembro;
c) «promotor del proyecto»: la persona que solicita una autorización relativa a un proyecto privado o la autoridad pública que inicia un proyecto;
c) «promotor de proyecto»: toda persona física o jurídica pública o privada que solicita una autorización para iniciar un proyecto;
Artículo 2 – párrafo 1 – letra d
d) «autoridad competente única»: la autoridad que el Estado miembro designa como responsable de la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Reglamento;
d) «autoridad competente única»: la autoridad que el Estado miembro designa, conforme a su Derecho nacional, como responsable de la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Reglamento;
Artículo 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)
e bis) «autoridad competente conjunta»: una autoridad establecida de común acuerdo entre las autoridades competentes únicas de dos o más Estados miembros o de uno o varios Estados miembros y uno o varios terceros países encargada de facilitar los procedimientos de concesión de autorizaciones relacionados con proyectos transfronterizos de interés común.
1. Cada proyecto de interés común de la red básica de la RTE-T estará sujeto a un procedimiento de concesión de autorizaciones integrado gestionado por una autoridad competente única designada por cada Estado miembro de conformidad con los artículos 5 y 6.
1. Cada proyecto de interés común de la red básica de la RTE-T, incluidos los tramos preseleccionados que figuran en la parte III del anexo del Reglamento por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa», estará sujeto a un procedimiento de concesión de autorizaciones integrado gestionado por una autoridad competente única designada por cada Estado miembro de conformidad con los artículos 5 y 6.
3. Para garantizar un procedimiento administrativo eficiente de los proyectos de interés común, los promotores de proyectos y todas las autoridades afectadas velarán por que se dé el tratamiento más rápido posible a dichos proyectos, incluido en lo relativo a los recursos asignados.
3. Para garantizar un procedimiento administrativo eficiente y efectivo de los proyectos de interés común, los promotores de proyectos y todas las autoridades afectadas velarán por que se dé el tratamiento más rápido posible a dichos proyectos, incluido en lo relativo a la evaluación de los criterios de madurez para la selección de los proyectos y los recursos asignados.
1. A fin de cumplir los plazos establecidos en el artículo 6 y de reducir la carga administrativa para la realización de proyectos de interés común, todas las actuaciones administrativas derivadas de la legislación aplicable, tanto nacional como de la Unión, se integrarán y darán lugar a una única decisión global.
1. A fin de cumplir los plazos establecidos en el artículo 6 y de reducir la carga administrativa para la realización de proyectos de interés común, todos los procedimientos de concesión de autorizaciones derivados de la legislación aplicable, incluidas las evaluaciones ambientales pertinentes, tanto a escala nacional como de la Unión, se integrarán y darán lugar a una única decisión global sin perjuicio de los requisitos en materia de transparencia, participación pública, medio ambiente y seguridad establecidos por el Derecho de la Unión.
2. En el caso de los proyectos de interés común para los que la obligación de efectuar evaluaciones de las repercusiones sobre el medio ambiente se derive simultáneamente de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de otra legislación de la Unión, los Estados miembros velarán por que se prevean procedimientos conjuntos en el sentido de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2011/92/UE.
2. Sin perjuicio de los plazos establecidos en el artículo 6 del presente Reglamento, en el caso de los proyectos de interés común para los que la obligación de efectuar evaluaciones de las repercusiones sobre el medio ambiente se derive simultáneamente de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de otra legislación de la Unión, los Estados miembros velarán por que se prevean procedimientos conjuntos en el sentido de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2011/92/UE.
1. A más tardar el [...] (OP: insértese la fecha correspondiente a un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento), cada Estado miembro designará una autoridad competente única que será responsable de facilitar el proceso de concesión de autorizaciones, incluida la adopción de la decisión global.
1. A más tardar el [...] (OP: insértese la fecha correspondiente a un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento) y, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2010, cada Estado miembro designará una autoridad competente única que será responsable de facilitar los procedimientos de concesión de autorizaciones necesarios para la adopción de la decisión global, de conformidad con el apartado 3 del presente artículo.
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria
La responsabilidad de la autoridad competente única contemplada en el apartado 1 o los cometidos relativos a la misma podrán delegarse a otra autoridad, o ser realizados por otra autoridad, en el nivel administrativo adecuado, por proyecto de interés común o por categoría específica de proyectos de interés común, con arreglo a las condiciones siguientes:
A iniciativa de la autoridad competente única, sus responsabilidad, sus obligaciones o los cometidos relativos a la misma podrán, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1, y de conformidad con el Estado miembro, delegarse a otra autoridad y ser realizados por otra autoridad en el nivel regional, local u otro nivel administrativo adecuado por proyecto de interés común o por categoría específica de proyectos de interés común, a excepción de la adopción de la decisión global a que se refiere el apartado 3 del presente artículo, con arreglo a las condiciones siguientes:
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a
a) solamente una autoridad será responsable por cada proyecto de interés común;
a) solamente una autoridad competente será responsable por cada proyecto de interés común;
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b
b) la autoridad es el único punto de contacto para el promotor del proyecto en el procedimiento conducente a la decisión global con respecto a un determinado proyecto de interés común; y
b) la autoridad competente es el único punto de contacto para el promotor del proyecto en el procedimiento conducente a la decisión global con respecto a un determinado proyecto de interés común; y
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c
c) la autoridad coordina la presentación de todos los documentos e información pertinentes.
c) la autoridad competente coordina la presentación de todos los documentos e información pertinentes.
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2
La decisión global emitida por la autoridad competente única será la única decisión jurídicamente vinculante resultante del procedimiento de concesión de autorizaciones reglamentario. Cuando el proyecto afecte a otras autoridades, estas podrán remitir su dictamen como aportación al procedimiento, de conformidad con la legislación nacional. Este dictamen deberá ser tenido en cuenta por la autoridad competente única.
La decisión global emitida por la autoridad competente única será la única decisión jurídicamente vinculante resultante del procedimiento de concesión de autorizaciones. Sin prejuicio de los plazos contemplados en el artículo 6 del presente Reglamento, cuando el proyecto afecte a otras autoridades, estas podrán remitir su dictamen como aportación al procedimiento, de conformidad con la legislación nacional. La autoridad competente única deberá tener en cuenta estos dictámenes, en particular si se refiere a los requisitos previstos en la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y en la Directiva 92/43/CEE del Consejo.
4. A la hora de adoptar la decisión global, la autoridad competente única velará por que los requisitos pertinentes en virtud del Derecho internacional y de la Unión se respeten y justificará debidamente su decisión.
4. A la hora de adoptar la decisión global, la autoridad competente única velará por que los requisitos pertinentes en virtud del Derecho internacional y de la Unión se respeten y justificará debidamente su decisión, sobre la base de las disposiciones legales aplicables.
5. Si un proyecto de interés común requiere que se adopten decisiones en dos o más Estados miembros, las autoridades competentes respectivas adoptarán todas las medidas necesarias para una cooperación eficaz y eficiente y la coordinación entre sí. Sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la legislación aplicable de la Unión y el Derecho internacional, los Estados miembros procurarán establecer procedimientos conjuntos, en particular en relación con la evaluación de los impactos ambientales.
5. Cuando un proyecto de interés común requiera que se adopten decisiones en dos o más Estados miembros, o en uno o más Estados miembros y en uno o más terceros países, las autoridades competentes respectivas adoptarán todas las medidas necesarias para una cooperación eficaz y eficiente y la coordinación entre sí o podrán crear una autoridad competente conjunta, sin perjuicio de los plazos establecidos en el artículo 6, encargada de facilitar el procedimiento de concesión de autorizaciones. Sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la legislación aplicable de la Unión y el Derecho internacional, los Estados miembros procurarán establecer procedimientos conjuntos, en particular en relación con la evaluación de los impactos ambientales.
5 bis. Para garantizar la aplicación eficaz del presente Reglamento y, en particular, de su artículo 6 bis, la autoridad competente única comunicará a la Comisión la fecha de inicio del procedimiento de concesión de autorizaciones y la decisión global, tal como se señala en el artículo 6.
2. La fase previa a la solicitud, que abarca el período comprendido entre el inicio del procedimiento de concesión de autorizaciones hasta la presentación del expediente de solicitud completo a la autoridad competente única, no deberá, en principio, exceder de dos años.
2. La fase previa a la solicitud, que abarca el período comprendido entre el inicio del procedimiento de concesión de autorizaciones hasta la presentación del expediente de solicitud completo a la autoridad competente única, no deberá, en principio, exceder de dieciocho meses.
3. Con el fin de poner en marcha el procedimiento de concesión de autorizaciones, el promotor del proyecto deberá remitir por escrito una notificación a la autoridad competente única de los Estados miembros de que se trate con respecto al proyecto e incluirá una descripción detallada del proyecto. A más tardar dos meses después de la recepción de esa notificación, la autoridad competente única deberá acusar recibo de la misma o, si considera que el proyecto no está suficientemente maduro para entrar en el procedimiento de concesión de autorizaciones, rechazará por escrito la notificación. Si la autoridad competente única decide rechazar la notificación, deberá justificar su decisión. La fecha de firma del acuse de recibo de la notificación por parte de la autoridad competente se considerará el inicio del procedimiento de concesión de autorizaciones. Si afecta a dos o más Estados miembros, la fecha de aceptación de la última notificación por parte de la autoridad competente interesada se considerará la fecha del inicio del procedimiento de concesión de autorizaciones.
3. Con el fin de poner en marcha el procedimiento de concesión de autorizaciones, el promotor del proyecto deberá remitir por escrito una notificación a la autoridad competente única de los Estados miembros de que se trate, o en su caso, a la autoridad competente conjunta, con respecto al proyecto e incluirá una descripción detallada del proyecto. A más tardar un mes después de la recepción de esa notificación, la autoridad competente única deberá aceptarla o, si considera que el proyecto no está suficientemente maduro para entrar en el procedimiento de concesión de autorizaciones, rechazará por escrito la notificación. Si la autoridad competente única decide rechazar la notificación, deberá justificar su decisión. La fecha de firma del acuse de recibo de la notificación por parte de la autoridad competente se considerará el inicio del procedimiento de concesión de autorizaciones. Si afecta a dos o más Estados miembros, la fecha de aceptación de la última notificación por parte de la autoridad competente interesada se considerará la fecha del inicio del procedimiento de concesión de autorizaciones.
Artículo 6 – apartado 4 – parte introductoria
4. En un plazo de tres meses a partir del inicio del procedimiento de concesión de autorizaciones, la autoridad competente única, en estrecha cooperación con el promotor de proyecto y otras autoridades afectadas y teniendo en cuenta la información presentada por el promotor del proyecto sobre la base de la notificación a que se refiere el apartado 3, establecerá y comunicará al promotor del proyecto una descripción detallada de solicitud, que contendrá:
4. En un plazo de dos meses a partir del inicio del procedimiento de concesión de autorizaciones, la autoridad competente única, o en su caso, a la autoridad competente conjunta, en estrecha cooperación con el promotor de proyecto y otras autoridades afectadas y teniendo en cuenta la información presentada por el promotor del proyecto sobre la base de la notificación a que se refiere el apartado 3, establecerá y comunicará al promotor del proyecto una descripción detallada de solicitud, que contendrá:
Artículo 6 – apartado 4 – letra -a (nueva)
-a) la autoridad competente encargada, en el nivel administrativo apropiado, en caso de delegación por la autoridad competente única, de conformidad con el artículo 5, apartado 2;
Artículo 6 – apartado 4 – letra b – inciso i
i) las decisiones y los dictámenes que se han de obtener;
i) las decisiones, los permisos, los dictámenes y las evaluaciones que se han de obtener;
Artículo 6 – apartado 4 – letra b – inciso ii
ii) las autoridades, las partes interesadas y el público que puedan verse afectados;
ii) las autoridades, las partes interesadas y el público que puedan verse afectados o ser consultados;
Artículo 6 – apartado 4 – letra b – inciso iv
iv) las principales etapas que deben superarse y sus plazos con vistas a la adopción de la decisión global;
iv) las principales etapas que deben superarse y sus plazos con vistas a la adopción de la decisión global, así como el calendario global previsto;
Artículo 6 – apartado 6
6. El promotor del proyecto presentará el expediente de solicitud basado en la descripción detallada de solicitud en el plazo de 21 meses a partir de la recepción de dicha descripción detallada de solicitud. Una vez trascurrido dicho plazo, la descripción detallada de solicitud deja de considerarse aplicable, salvo que la autoridad competente única decida prorrogar dicho plazo sobre la base de una solicitud justificada del promotor del proyecto.
6. El promotor del proyecto presentará el expediente de solicitud basado en la descripción detallada de solicitud en el plazo de 15 meses a partir de la recepción de dicha descripción detallada de solicitud. Una vez trascurrido dicho plazo, la descripción detallada de solicitud deja de considerarse aplicable, salvo que la autoridad competente única decida prorrogar, por propia iniciativa, dicho plazo, como máximo por seis meses, o sobre la base de una solicitud justificada del promotor del proyecto.
Artículo 6 – apartado 8
8. La autoridad competente única examinará la solicitud y adoptará una decisión global dentro del plazo de un año a partir de la fecha de presentación del expediente de solicitud completo con arreglo al apartado 7. Los Estados miembros podrán fijar una fecha límite anterior, según proceda.
8. La autoridad competente única examinará la solicitud y adoptará una decisión global y vinculante dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de presentación del expediente de solicitud completo con arreglo al apartado 7, salvo que la autoridad competente única decida prorrogar, por propia iniciativa, dicho plazo, como máximo por tres meses, justificando su decisión. Los Estados miembros podrán fijar una fecha límite anterior, según proceda.
Artículo 6 bis (nuevo)
Procedimiento de concesión de autorizaciones y asistencia financiera de la Unión
1. De conformidad con el procedimiento descrito en el artículo 6 del presente Reglamento, el estado del proyecto se tendrá en cuenta en la evaluación de los proyectos por lo que respecta a los criterios de madurez para la selección de los proyectos contemplados en el artículo 13 del Reglamento (UE) .../... [por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa»]
2. Los retrasos en las etapas y los plazos establecidos en el artículo 6 justificarán una investigación del estado del proyecto y una revisión de la ayuda financiera recibida por la Unión en el marco del Mecanismo «Conectar Europa», conforme a lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE).../... [MCE], y podría dar lugar a una reducción o a la retirada de la ayuda financiera.
1. Para los proyectos que afecten a dos o más Estados miembros, las autoridades competentes de los Estados miembros afectados ajustarán sus calendarios y llegarán a un acuerdo sobre un programa conjunto.
1. Para los proyectos que afecten a dos o más Estados miembros o a uno o más Estados miembros o a uno o más terceros países, las autoridades competentes de los Estados miembros afectados ajustarán sus calendarios y llegarán a un acuerdo sobre un programa conjunto.
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis. En esos casos, para facilitar el procedimiento de concesión de autorizaciones, las autoridades competentes únicas de dos o más Estados miembros o uno o más Estados miembros y uno o más terceros países podrán, de mutuo acuerdo, crear una autoridad competente conjunta, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 5.
2. El coordinador europeo a que se refiere el artículo 45 del Reglamento (UE) n.º 1315/2013 estará facultado para seguir de cerca el procedimiento de concesión de autorizaciones para los proyectos transfronterizos de interés común y facilitar los contactos entre las autoridades competentes en cuestión.
2. El coordinador europeo a que se refiere el artículo 45 del Reglamento (UE) n.º 1315/2013 estará facultado para seguir el procedimiento de concesión de autorizaciones para los proyectos transfronterizos de interés común y facilitar los contactos y la cooperación entre las autoridades competentes en cuestión y, si procede, con una autoridad competente conjunta.
3. Sin perjuicio de la obligación de cumplir los plazos establecidos en el presente Reglamento, en caso de que no se respetase el plazo para la decisión global, la autoridad competente informará inmediatamente al coordinador europeo pertinente de las medidas adoptadas o que se vayan a adoptar para concluir el procedimiento de concesión de autorizaciones con el mínimo retraso posible. El coordinador europeo podrá solicitar a la autoridad competente que le informe con regularidad sobre los progresos realizados.
3. Sin perjuicio de la obligación de cumplir los plazos establecidos en el presente Reglamento, en caso de que no se respetase el plazo para la decisión global, la autoridad competente única informará inmediatamente a la Comisión y, cuando proceda, al coordinador europeo pertinente de las medidas adoptadas o que se vayan a adoptar para concluir el procedimiento de concesión de autorizaciones con el mínimo retraso posible. La Comisión, y cuando proceda el coordinador europeo, podrán solicitar a la autoridad competente única que les informe con regularidad sobre los progresos realizados.
2. En caso de que los procedimientos de contratación pública se lleven a cabo por una entidad común creada por los Estados miembros participantes, esa entidad aplicará las disposiciones nacionales de uno de estos Estados miembros y, como excepción a lo dispuesto en estas Directivas, dichas disposiciones se determinarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57, apartado 5, letra a), de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, o en el artículo 39, apartado 5, letra a), de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, según proceda, a menos que se disponga lo contrario en un acuerdo entre los Estados miembros participantes. Un acuerdo de esta naturaleza deberá en cualquier caso contemplar la aplicación de una única legislación nacional en el caso de los procedimientos de contratación dirigidos por una entidad común.
2. En caso de que los procedimientos de contratación pública se lleven a cabo por una entidad común creada por los Estados miembros participantes, esa entidad, así como sus filiales, cuando proceda, aplicarán las disposiciones nacionales de uno de estos Estados miembros y, como excepción a lo dispuesto en estas Directivas, dichas disposiciones se determinarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57, apartado 5, letra a), de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, o en el artículo 39, apartado 5, letra a), de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, según proceda, a menos que se disponga lo contrario en un acuerdo entre los Estados miembros participantes. Un acuerdo de esta naturaleza deberá en cualquier caso contemplar la aplicación de una única legislación nacional para los procedimientos de contratación dirigidos por una entidad común y, cuando proceda, sus filiales, para la totalidad del proyecto.
A petición del promotor del proyecto o un Estado miembro, de acuerdo con los programas de financiación de la Unión pertinentes y sin perjuicio del marco financiero plurianual, la Unión facilitará asistencia técnica para la aplicación del presente Reglamento y la facilitación de la ejecución de proyectos de interés común.
A petición del promotor del proyecto o un Estado miembro, de acuerdo con los programas de financiación de la Unión pertinentes y sin perjuicio del marco financiero plurianual, la Unión facilitará asistencia técnica, de consultoría y financiera para la aplicación del presente Reglamento y la facilitación de la ejecución de proyectos de interés común en cada etapa del proceso de inversión.
No obstante, los artículos 4, 5, 6 y 7 se aplicarán en un Estado miembro determinado a partir de la fecha en que la autoridad competente única haya sido designada por dicho Estado miembro de conformidad con el artículo 5, apartado 1.
La Comisión publicará en el Diario Oficial un anuncio cuando estas disposiciones sean aplicables en un Estado miembro.
La Unión necesita una red de infraestructuras modernas y eficaces a lo largo y ancho de Europa que conecte a sus ciudadanos y sus empresas y respalde el mercado único. Para llevarla a cabo, los Estados miembros han definido las redes europeas de transporte (RTE-T), que implican una red global, pero por encima de todo una red básica, auténtica columna vertebral de la Unión. En esta red pueden distinguirse los proyectos de interés común, que son objeto del presente Reglamento y proporcionan un gran valor añadido europeo.
La realización de las RTE-T es indispensable para lograr un crecimiento sostenido y duradero de la Unión y garantizar la competitividad de ésta frente a una competencia mundial cada vez mayor. La Unión y los Estados miembros se han dado de plazo hasta 2030 para ultimar la red básica. Se calcula que solo esta realización generará 4 500 millones de euros adicionales, esto es, el 1,8% del PIB de la Unión, además de 13 millones de empleos-año hasta 2030.
MOTIVOS E INTERESES DEL REGLAMENTO
Si no se hace nada por acelerar el ritmo, este objetivo de 2030 no podrá cumplirse. La realización de las infraestructuras de la red básica de las RTE-T se enfrenta a graves dificultades, de dos órdenes:
– El primero es el financiero: En un contexto de penuria presupuestaria para los Estados miembros y de un presupuesto europeo muy restringido, las necesidades de inversión son enormes. Se calcula que la inversión necesaria para finalizar la red básica de la RTE-T asciende a unos 500 000 millones EUR entre 2021 y 2030, y a unos 1,5 billones EUR con la red global de la RTE-T para 2050.
– El segundo es el regulador y operativo: El presente Reglamento aspira a aliviar los obstáculos reguladores que plantean enormes problemas para los promotores de proyectos y para la realización de las RTE-T. En particular, el ponente quisiera señalar que con el paso de los años la creciente complejidad y la multiplicidad de los estudios, evaluaciones y consultas necesarias para los proyectos han hecho que cada vez sea más difícil su realización. Así, por ejemplo, para los proyectos de grandes infraestructuras, el tiempo medio entre la fase de elaboración y el cierre del expediente para ejecución es de unos ocho años. Este alargamiento de los plazos supone para los operadores una enorme incertidumbre, un aumento considerable de los gastos de estudios y del coste final de las obras y una multiplicación de los recursos. Estas circunstancias desaniman no solo a los promotores de los proyectos, sino también a sus colaboradores, en particular los financieros, ante la naturaleza aleatoria y a la vez prolongada de los procedimientos y sus resultados. La situación se ha hecho tan gravosa que puede hasta resultar prohibitiva para los promotores, con algunos de los proyectos abortados antes incluso de todo desarrollo, por evaluarse como excesivamente inseguros ante la complejidad de los procedimientos.
En este contexto, el ponente celebra la presente propuesta de Reglamento de la Comisión llamada a racionalizar y abreviar los procedimientos administrativos para la autorización y realización de los proyectos de interés común relacionados con la red básica de la RTE-T. Esta racionalización no afecta a la naturaleza ni al contenido de los trámites administrativos y reglamentarios, que competen en todo momento a los Estados miembros, en virtud del principio de subsidiariedad. Por el contrario, la organización, los plazos, la simplificación y la instauración de una ventanilla única son disposiciones introducidas por el Reglamento al objeto de reducir sensiblemente las incertidumbres y los costes.
 Plazos
Así pues, el ponente acoge favorablemente y respalda la introducción de plazos claros y precisos en todas las etapas del procedimiento de concesión de autorizaciones. Del mismo modo, se introduce también una duración máxima para el conjunto de este procedimiento (menos de tres años), lo que supone una mejora significativa respecto a la actual situación.
 Autoridad competente única
La racionalización deseada pasa seguidamente por la instauración en cada Estado miembro de una ventanilla única para los promotores de proyectos, plasmada en la designación de una autoridad competente única que se ocuparía de todos los procedimientos de concesión de autorizaciones y sería la que adoptaría la decisión global única. El ponente tiene en cuenta, en cualquier caso, la posibilidad de que los Estados miembros deleguen esta competencia a otra autoridad si se trata de un nivel más pertinente para la adopción de la decisión, a condición de que se preserve el principio de una autoridad competente única y de un punto de contacto único para los promotores.
 Proyectos transfronterizos
Por otra parte, por cuanto respecta a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos para los proyectos trasfronterizos desarrollados por una entidad común a varios Estados miembros, el ponente ha reforzado la propuesta de la Comisión al prever un derecho único aplicable a la totalidad de proyecto para la entidad común, incluidas sus filiales.
 Tratamiento prioritario
Asimismo, el ponente destaca la capital importancia de los proyectos de interés común (que son los únicos proyectos objeto del presente Reglamento), así como su considerable valor añadido europeo para la realización de los objetivos de la Unión, y por ende el tratamiento prioritario que deberían dispensarles los Estados miembros en sus ordenamientos jurídicos.
 Coherencia con el Mecanismo «Conectar Europa»
Por lo demás, el ponente introduce en el Reglamento una nueva disposición, que tiene en cuenta el cumplimiento del calendario fijado por el mismo como uno de los criterios de selección de los proyectos presentados al Mecanismo «Conectar Europa».
El ponente está convencido de que un Reglamento de esta índole puede contribuir notablemente a la realización exitosa de las RTE-T en la Unión, reduciendo el riesgo de retrasos, aumentando el nivel de certidumbre para los promotores de proyectos y los inversores en todo el transcurso de los procedimientos aplicables y reforzando a la postre la participación de los inversores privados. Una aprobación rápida de este Reglamento permitiría asimismo que se beneficiaran los proyectos de interés común financiados al amparo del nuevo programa Mecanismo «Conectar Europa» II a partir de 2020.
OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo Regional (19.11.2018)
Ponente de opinión: Demetris Papadakis
En un contexto en el que la Unión se esfuerza por convertirse en un líder mundial en innovación, digitalización y descarbonización, la Comisión Europea ha adoptado tres «paquetes de movilidad» de carácter legislativo con el objetivo principal de hacer que el transporte sea más seguro, más accesible y más limpio, al tiempo que se garantiza la competitividad de la industria europea y la creación de empleo. La propuesta de Reglamento sobre la racionalización de las medidas para promover la finalización de red transeuropea de transporte (RTE-T) se inscribe en el tercer paquete de medidas de movilidad «Europa en movimiento».
Un transporte eficiente, inteligente y sostenible resulta fundamental para el correcto funcionamiento del mercado interior de la Unión y es importante para garantizar la competitividad, crear nuevas oportunidades empresariales y de empleo, proteger el medio ambiente y atenuar el cambio climático mediante el fomento de una movilidad de bajas emisiones. Por lo tanto, es importante impulsar las inversiones en infraestructuras de transporte con un valor añadido significativo de la UE, en particular mediante el desarrollo de la RTE-T.
La RTE-T consta de dos niveles de planificación: la red global (que abarca todas las regiones europeas y que debe finalizarse antes de 2050) y la red básica (las conexiones más importantes, que debe finalizarse antes de 2030).
La finalización de la red RTE-T, haciendo especial hincapié en las conexiones transfronterizas y en los plazos establecidos, reducirá los cuellos de botella, colmará las lagunas existentes en términos de enlaces, en particular en las secciones transfronterizas, y mejorará la interoperabilidad entre los distintos modos de transporte.
Sin embargo, se teme que, debido a problemas detectados en relación con retrasos e incertidumbres jurídicas, no se cumpla el plazo de 2030 establecido para la finalización de la red básica de la RTE-T.
El objetivo general de la propuesta de la Comisión es abordar los retrasos y el elevado grado de incertidumbre en relación con la ejecución real de los proyectos de la RTE-T. Las causas principales de los problemas detectados son las siguientes:
i) múltiples fases y autoridades que intervienen en los procedimientos de concesión de autorizaciones;
ii) ausencia de plazos o plazos no aplicados debidamente;
iii) distintos procedimientos de contratación pública para proyectos de la RTE-T transfronterizos;
iv) dificultades de coordinación para la ejecución de proyectos transfronterizos;
v) sensación de incertidumbre con respecto a los procedimientos de control de las ayudas estatales.
Por lo tanto, la propuesta de la Comisión se centra en:
- un refuerzo de la coordinación de los procedimientos de contratación pública para proyectos de la RTE-T transfronterizos;
- la simplificación y la fijación de plazos para las normas de concesión de autorizaciones;
- la simplificación de los documentos y procedimientos administrativos en todos los modos de transporte;
- la reducción de los retrasos constatados en los proyectos de infraestructura;
- la facilitación de la participación de inversores privados;
- la clarificación de las normas relativas a las consultas públicas.
La Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) es fundamental para garantizar un desarrollo sostenible de las regiones europeas. El ponente de opinión subraya la necesidad de garantizar que la RTE-T tenga en cuenta las regiones periféricas e insulares, las regiones ultraperiféricas y las regiones transfronterizas vecinas. Por lo tanto, el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) es una herramienta importante en este sentido.
El ponente de opinión reconoce el valor añadido del MCE en relación con la RTE-T, ya que existe un efecto de palanca en el crecimiento sostenible y en el empleo, así como en la cohesión social, económica y territorial. Con el fin de maximizar el efecto de la financiación de la Unión, el ponente de opinión apoya la utilización óptima de los regímenes de financiación pública y privada, también a la luz de la combinación del Mecanismo «Conectar Europa» y de Horizonte 2020 con el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y otros instrumentos financieros.
El ponente de opinión hace hincapié en la necesidad de que la Comisión, los coordinadores europeos y a las partes interesadas presten igual importancia a los proyectos de la RTE-T de menor y de mayor tamaño, así como a los beneficios a corto, medio y largo plazo que pueden generar tales proyectos.
La Comisión Europea ha calculado que las inversiones necesarias para finalizar la red básica de la RTE-T ascenderán a unos 500 000 millones EUR entre 2021 y 2030, lo que contribuirá a la creación de 13 millones de puestos de trabajo al año hasta 2030 y a la generación de ingresos adicionales equivalentes al 1,8 % del PIB de la Unión.
Por otra parte, el ponente de opinión reconoce la importancia de salvaguardar los aspectos medioambientales relacionados con la planificación y ejecución de la RTE-T mediante el fomento del transporte de bajas emisiones y el cumplimiento de los objetivos en materia de bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Además, todos los aspectos relativos a la salud y al bienestar social relacionados con el transporte deben estar igualmente protegidos.
La ejecución efectiva de los proyectos de la RTE-T también se basa en la participación de las partes interesadas desde la fase inicial de la planificación de la infraestructura de transporte y en la organización de consultas con el público, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales pertinentes de manera eficiente y oportuna. El diálogo social y cívico a escala nacional, regional y local puede hacer aportaciones clave para impulsar la aceptación pública de proyectos de infraestructuras de transporte, aumentar la credibilidad y reducir los conflictos en las fases posteriores del proyecto.
El ponente de opinión señala que, al garantizar que el proyecto contribuya efectivamente al desarrollo regional y local, la percepción del proyecto mejorará automáticamente y aumentará el sentimiento de bien común y de apropiación a escala local.
El ponente de opinión hace hincapié en los beneficios generales para la vida cotidiana de los ciudadanos de la Unión que se derivan de la finalización de la RTE-T. A este respecto, es importante que los Estados miembros adopten las decisiones en relación con sus planes nacionales de infraestructura de conformidad con los objetivos de la RTE-T con vistas a proporcionar una perspectiva integrada que permita una mayor movilidad a todos los ciudadanos de la Unión, factor crítico para la inclusión social y la protección del medio ambiente.
La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Transportes y Turismo, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 171, apartado 2, y su artículo 172,
(1) El Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo22 establece un marco común para la creación de redes interoperables de vanguardia para el desarrollo del mercado interior que debe tener en cuenta la evolución del sector del transporte y las nuevas tecnologías. La planificación, el desarrollo y la explotación de las redes transeuropeas de transporte (RTE-Τ) tienen como objetivo impulsar una movilidad inteligente, segura y sostenible de las personas y las mercancías, garantizando la accesibilidad y la conectividad de todas las regiones de la Unión, incluidas las regiones remotas, insulares y ultraperiféricas, y contribuyendo a un mayor crecimiento económico y competitividad, mientras persiguen objetivos medioambientales, sociales y de desarrollo sostenible. Las RTE-T tienen una estructura de doble nivel: la red global garantiza la conectividad de todas las regiones de la Unión, mientras que la red básica comprende únicamente aquellos elementos de la red que son de la máxima importancia estratégica para la Unión. El Reglamento (UE) n.º 1315/2013 define objetivos obligatorios relativos a la finalización: finalizar la red básica a más tardar en 2030 y la red global a más tardar en 2050, con el fin de lograr una movilidad inteligente, segura y sostenible que contribuya al desarrollo y la conectividad entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales, favoreciendo el desarrollo económico y la cohesión.
(2) Sin perjuicio de la necesidad y del calendario obligatorio, la experiencia ha puesto de manifiesto que muchas inversiones destinadas a finalizar la RTE-T se enfrentan a lentos y engorrosos procedimientos de concesión de autorizaciones, procedimientos de contratación pública transfronteriza y otros procedimientos complejos. Esta situación pone en peligro la puntual ejecución de los proyectos y, en muchos casos, da lugar a retrasos considerables y a un aumento de los costes y genera incertidumbre entre los promotores de proyectos y los posibles inversores privados. A fin de abordar estas cuestiones y permitir la finalización sincronizada de la RTE-T, es necesaria una actuación armonizada a escala de la Unión. En este contexto, los Estados miembros deben adoptar decisiones sobre sus planes nacionales de infraestructura de acuerdo con los objetivos de la RTE-T.
(3) En los marcos jurídicos de muchos Estados miembros se da un tratamiento prioritario a determinadas categorías de proyectos que se benefician de procedimientos acelerados sobre la base de un mayor valor añadido europeo y de su importancia estratégica para la economía. El tratamiento prioritario se caracteriza por la reducción del número de autorizaciones que deben obtenerse, plazos más cortos, procedimientos simultáneos simplificados o plazos limitados para completar el procedimiento de autorización o para los recursos, garantizando al mismo tiempo que se alcancen asimismo los objetivos de otras políticas horizontales. Cuando exista tal marco dentro de un marco jurídico nacional, debe aplicarse automáticamente a proyectos de la Unión reconocidos como proyectos de interés común con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1315/2013, de modo que puedan cumplirse los objetivos principales de estos programas a escala europea.
(4) Con el fin de mejorar la eficacia de las evaluaciones ambientales y racionalizar el proceso de toma de decisiones, cuando la obligación de efectuar evaluaciones, ajustándolas a los objetivos en materia de aire limpio para 2030, relativas a cuestiones medioambientales de los proyectos de la red básica se deriva simultáneamente de la Directiva 2011/92/UE, modificada por la Directiva 2014/52/UE, y de otros actos legislativos de la Unión, como la Directiva 92/43/CEE, la Directiva 2009/147/CE, la Directiva 2000/60/CE, la Directiva 2008/98/CE, la Directiva 2010/75/UE, la Directiva 2012/18/UE y la Directiva 2011/42/CE, los Estados miembros deben velar por que se prevea un procedimiento conjunto para el cumplimiento de los requisitos de estas Directivas. Por otra parte, la determinación precoz de los impactos ambientales y el inicio de un debate en una fase temprana con la autoridad competente sobre el contenido de las evaluaciones ambientales pueden reducir los retrasos durante la fase de concesión de autorizaciones y, en general, mejorar la calidad de las evaluaciones. Además de las evaluaciones ambientales, también se requiere una evaluación completa de las repercusiones sociales en términos de empleo, cohesión de la Unión, salud (reducción de accidentes), calidad de vida, beneficios a escala local e inclusión social.
(5) Los proyectos de la red básica de las RTE-T, tanto a gran escala como a escala más reducida, han de ir acompañados de procedimientos de concesión de autorizaciones integrados para permitir una gestión clara, transparente y cohesionada del procedimiento global y proporcionar un punto de entrada único para los inversores. Los Estados miembros deben designar a una autoridad competente de conformidad con sus marcos jurídicos nacionales y sus estructuras administrativas.
(6) El establecimiento de una autoridad competente única a escala nacional que integre todos los procedimientos de concesión de autorizaciones («ventanilla única») debe reducir la complejidad, disminuir los costes, mejorar la eficiencia y la coordinación y aumentar la transparencia y la velocidad de aprobación de los procedimientos, a fin de permitir la ejecución eficaz de los proyectos y alcanzar los objetivos previstos. Asimismo, debe mejorar la cooperación entre los Estados miembros y fomentar las sinergias entre los distintos instrumentos para el logro de este objetivo, dado que el estímulo a las RTE-T contribuirá a elevar la competitividad de las empresas en el mercado único europeo, favoreciendo el comercio intracomunitario. Los procedimientos deben promover una cooperación real entre los inversores y la autoridad competente única y, por lo tanto, deben permitir la delimitación del campo en la fase previa del procedimiento de concesión de autorizaciones. Dicha delimitación del campo debe integrarse en la descripción detallada de solicitud y seguir el procedimiento establecido en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2011/92/UE, modificada por la Directiva 2014/52/UE.
(7) El procedimiento que establece el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la realización de los requisitos que se definen en el Derecho internacional y de la Unión, incluidas las disposiciones para proteger el medio ambiente y la salud humana.
(7) El procedimiento que establece el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la realización de los requisitos que se definen en el Derecho internacional y de la Unión, incluidas las disposiciones para proteger el medio ambiente y la salud humana sobre la base del fomento de un transporte sostenible y de bajas emisiones y del cumplimiento del objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a niveles bajos.
(8) Habida cuenta de la urgencia para concluir la red básica de la RTE-T, la simplificación de los procedimientos de concesión de autorizaciones debe ir acompañada de una fecha límite en que las autoridades competentes deben tomar una decisión global en relación con la construcción del proyecto. Esta fecha límite debe garantizar una mayor eficiencia en la tramitación de los procedimientos y bajo ninguna circunstancia debe transigir con los elevados niveles de protección del medio ambiente y participación del público de la Unión.
(8 bis) El establecimiento de procedimientos de consulta eficaces y amplios con el público, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades regionales y locales competentes desde las fases más tempranas de la planificación preliminar permitirá abordar los retrasos en los procesos de autorización y de ejecución de los proyectos, así como garantizar que los proyectos reporten ventajas a escala local.
(10) Los proyectos de infraestructura transfronterizos de la RTE-T se enfrentan a dificultades específicas en lo que respecta a la coordinación de los procedimientos de concesión de autorizaciones. Con el fin de evitar retrasos en la ejecución transfronteriza de estos proyectos, los coordinadores europeos, asistidos por las autoridades locales y regionales, deben estar facultados para controlar estos procedimientos y para facilitar su sincronización y finalización, reforzando la cooperación ejecutiva y apoyándose en los proyectos de Interreg sobre movilidad sostenible en áreas transfronterizas.
(11) La contratación pública en los proyectos transfronterizos de interés común debe efectuarse de conformidad con el Tratado y las Directivas 2014/25/UE o 2014/24/UE. A fin de asegurar la eficiente finalización de los proyectos transfronterizos de interés común de la red básica, la contratación pública realizada por una entidad común debe estar sujeta a una única legislación nacional. No obstante lo dispuesto en la legislación sobre contratación pública de la Unión, las normas nacionales aplicables deben ser, en principio, las del Estado miembro en el que tenga su domicilio social la entidad común. Debe seguir siendo posible definir la legislación aplicable en un acuerdo intergubernamental.
(11) La contratación pública en los proyectos transfronterizos de interés común debe efectuarse de conformidad con el Tratado y las Directivas 2014/25/UE o 2014/24/UE. A fin de asegurar la eficiente finalización de los proyectos transfronterizos de interés común de la red básica, la contratación pública realizada por una entidad común debe estar sujeta a una única legislación nacional. No obstante lo dispuesto en la legislación sobre contratación pública de la Unión, las normas nacionales aplicables deben ser, en principio, las del Estado miembro en el que tenga su domicilio social la entidad común, o la legislación aplicable que haya sido definida en un acuerdo intergubernamental.
(12) La Comisión no participa sistemáticamente en la autorización de proyectos individuales. No obstante, en algunos casos, determinados aspectos de la preparación de proyectos son objeto de autorización a escala de la Unión. Cuando la Comisión participe en los procedimientos, dará prioridad a los proyectos de interés común de la Unión y garantizará la seguridad a los promotores de proyectos. En algunos casos, podría ser necesaria la aprobación de la ayuda estatal, mientras que se adoptará un procedimiento de evaluación rápida en los casos en que un proyecto cumpla las normas sobre ayudas estatales, lo que aumentará la seguridad jurídica y la previsibilidad de la inversión. En consonancia con el Código de buenas prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales, los Estados miembros pueden pedir a la Comisión que se ocupe de los proyectos de interés común de la red básica de la RTE-T que consideran prioritarios con calendarios más predecibles con el planteamiento del conjunto de casos o la planificación pactada. Así mismo, la Comisión deberá asegurarse de promover el intercambio de buenas prácticas para asegurar una red transeuropea de transporte exitosa.
(13) La ejecución de proyectos de infraestructura de la red básica de la RTE-T debe contar también con el respaldo de las directrices de la Comisión que aportan más claridad en lo que respecta a la ejecución de ciertos tipos de proyectos al tiempo que respeta el acervo de la Unión, las necesidades de desarrollo y los objetivos de la Unión en materia de cambio climático. Por ejemplo, el Plan de acción para la naturaleza, las personas y la economía23 prevé que esas directrices aporten mayor claridad con vistas a respetar las Directivas sobre aves y hábitats. El mecanismo de evaluación voluntaria previa de los aspectos de contratación de los grandes proyectos de infraestructura debe extenderse a todos los proyectos de la RTE-T. Mediante una combinación de herramientas (servicio de asistencia, mecanismo de notificación e intercambio de información), las autoridades nacionales, regionales y locales y los promotores de proyectos se beneficiarán considerablemente de los conocimientos especializados existentes y obtendrán la mejor relación calidad-precio para el erario público24. Además, debe ponerse una asistencia técnica adecuada a disposición en virtud de los mecanismos creados para el marco financiero plurianual 2021-2027, con el fin de prestar ayuda financiera para los proyectos de interés común de la RTE-T, contribuyendo de este modo a los objetivos de la Comisión en materia de multimodalidad.
(13 bis) La Comisión debe proponer un marco para la obtención de recursos adicionales destinados a proyectos con valor añadido de la Unión, sin reducir la asignación presupuestaria para los instrumentos de la política de cohesión.
d) «autoridad competente única»: una autoridad existente o de nueva creación, fijada por un Estado miembro en el nivel administrativo adecuado, que actúe como punto de contacto para los promotores de proyectos, trabaje en estrecha colaboración con los respectivos coordinadores europeos y facilite la aplicación del presente Reglamento;
3. Para garantizar un procedimiento administrativo ágil y eficiente de los proyectos de interés común, los promotores de proyectos y todas las autoridades afectadas velarán por que se dé el tratamiento más rápido, eficaz y eficiente posible a dichos proyectos, incluido en lo relativo a los recursos asignados.
1. A fin de cumplir los plazos establecidos en el artículo 6, de favorecer las sinergias entre los instrumentos disponibles y de reducir la carga administrativa para la realización de proyectos de interés común, todas las actuaciones administrativas derivadas de la legislación aplicable, tanto nacional como de la Unión, se integrarán y darán lugar a una única decisión global.
2. En el caso de los proyectos de interés común para los que la obligación de efectuar evaluaciones de las repercusiones sobre el medio ambiente se derive simultáneamente de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de otra legislación de la Unión, los Estados miembros velarán por que se prevean procedimientos conjuntos en el sentido de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2011/92/UE. Los Estados miembros también deberán abordar la complejidad de los posibles impactos medioambientales en los proyectos transfronterizos, incluidas, en su caso, las repercusiones en los recursos hídricos o en las zonas protegidas de la red Natura 2000. Se requiere un apoyo especializado en el caso de proyectos en el sector del transporte por vías navegables, que incluye puertos marítimos, puertos de navegación interior y vías navegables interiores, debido a su dependencia con respecto a los recursos hídricos. Dichos proyectos han de evaluarse en el contexto de los requisitos de la Directiva marco sobre el agua.
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
c bis) la autoridad responsable llevará a cabo la coordinación con los Estados miembros en lo que se refiere a los proyectos transfronterizos.
8. La autoridad competente única examinará la solicitud y adoptará una decisión global dentro del plazo de un año a partir de la fecha de presentación del expediente de solicitud completo con arreglo al apartado 7. Los Estados miembros podrán fijar una fecha límite anterior, según proceda, así como aplicar sanciones en caso de incumplimiento de los plazos.
2. El coordinador europeo a que se refiere el artículo 45 del Reglamento (UE) n.º 1315/2013, así como los representantes de las autoridades locales y regionales, estarán facultados para seguir de cerca el procedimiento de concesión de autorizaciones para los proyectos transfronterizos de interés común y facilitar los contactos entre las autoridades competentes en cuestión.
Artículo 9 – párrafo 1
A petición del promotor del proyecto o un Estado miembro, de acuerdo con los programas de financiación de la Unión pertinentes y sin perjuicio del marco financiero plurianual, la Unión facilitará asistencia técnica específica para la aplicación del presente Reglamento y la facilitación de la ejecución de proyectos de interés común.
Artículo 9 – apartado 1 – subpárrafo 1 bis (nuevo)
También es necesaria una asistencia especial para garantizar el mantenimiento de la red con el fin de asegurar la sostenibilidad y el funcionamiento de la infraestructura de las RTE-T. En este contexto, la Comisión y los Estados miembros, junto con el BEI, deben estudiar nuevos regímenes de financiación para facilitar las inversiones en el mantenimiento de la red.
Última actualización: 29 de enero de 2019 Aviso jurídico - Política de privacidad

References: artículo 294
 artículo 172
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 45

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 2

Artículo 5

Artículo 5

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 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
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Artículo 6

Artículo 6
 artículo 5

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 6
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 17

Artículo 7
 artículo 5
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 57
 artículo 39
 artículo 57
 artículo 39
 artículo 5
 artículo 171
 artículo 172
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 2

Artículo 5
 artículo 45

Artículo 9

Artículo 9