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Timestamp: 2019-08-17 21:09:12+00:00

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Consideraciones sobre imprudencia médica | Alvarez Abogados Tenerife
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Este podría ser el marco, digamos sociológico, de lo que aquí vamos a abordar, a saber, la imprudencia profesional médica desde el punto de vista jurídico, debiendo, por más obvio que pueda parecer, precisar que solamente en el caso en que recaiga una sentencia condenatoria que declare la imprudencia profesional podemos decir y afirmar que en ese caso concreto enjuiciado hubo imprudencia profesional. Hemos de partir, pues, de un estudio somero sobre la imprudencia en general.
El profesor Mezger, afirma que «actúa imprudentemente el que infringe un deber de cuidado que personalmente le incumbe y puede prever la aparición del resultado».
Estructura del delito imprudencia
En palabras de Mezger la «culpa» es «reprochabilidad», «la forma de culpabilidad conocida con el nombre de «culpa» es, según su naturaleza, idéntica al reproche normativo de culpabilidad». Continúa el profesor muniqués afirmando que «donde basta la «culpa» para el castigo, basta cualquier forma de culpabilidad pura».
Según el citado profesor «un fino indicio para probar esta identidad entre «culpa» y «culpabilidad» es que, en lo países de habla alemana, la palabra latina «Culpa» se emplea tanto para designar la «culpa» en sentido estricto como para designar la «culpabilidad» en general».
En la estructura adoptada el denominado «deber objetivo de cuidado» no desempeña ninguna función ni conceptual, ni estructural, que pueda desplegar en la práctica resultados como los que aparentemente se pretenden con la citada categoría, es decir, contribuir a la delimitación de la imprudencia de forma segura y objetiva.
Para Cobo del Rosal y Vives Antón «mediante el recurso al cuidado normalmente exigible, determinaremos en muchas ocasiones si el hecho antijurídico puede reprocharse al autor. Pero la infracción de ese cuidado no es ni el objeto del reproche ni su fundamento.
La referencia al modelo normativo del cuidado generalmente exigible representa un instrumento auxiliar en la formulación del juicio de reproche, al que cabe conceder un cierto valor heurístico pero que no constituye un propio elemento del delito culposo».
La imprudencia en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la jurisprudencia menor
– SAP Madrid de 14 mayo 2014 -EDJ 2014/88836-:
«Examinada la jurisprudencia -cfr., por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2005, Pte. Sr. Sánchez Melgar (EDJ 2005/37485)- el cuerpo de doctrina que existe en torno del delito imprudente es el siguiente:
«… Y para ello debemos recordar la doctrina jurisprudencial sobre este tipo de delitos.
Nuestra Sentencia 636/2002, de 15 abril -EDJ 2002/13402-, con relación al delito de homicidio imprudente, previsto en el art. 142 CP -EDL 1995/16398-, nos dice que la jurisprudencia de esta Sala ha declarado que la «imprudencia» exige:
La imprudencia viene integrada por un «elemento psicológico» (que consiste en el poder y facultad humana de previsión y que se traduce en la posibilidad de conocer y evitar el evento dañoso) y un «elemento normativo» (representado por la infracción del deber de cuidado) (v., ad exemplum , SS. de 5 marzo 1974 y 4 febrero 1976).
Se caracteriza, en suma, la imprudencia grave por imprevisiones que eran fácilmente asequibles y vulgarmente previsibles, así como por la desatención grosera relevante, de la que es exigible a cualquier persona (v. «ad exemplum», la S. 18 diciembre 1975).
Mientras que en la infracción de la norma de cuidado se contiene el desvalor de la acción, es en la resultancia de la acción imprudente donde reside el desvalor del resultado. Desvalor que en uno y otro caso admite graduaciones y niveles de los que depende la distinción entre el delito y la falta…»
Así las cosas, a mayor omisión de las elementales normas de cuidado, mayor habrá de resultar de la imprudencia».
– SAP Madrid de 8 mayo 2014 -EDJ 2014/88994- (que sienta la diferencia entre la imprudencia penal y la imprudencia civil):
«Los hechos deben enjuiciarse fuera del ámbito de la jurisdicción penal. Todo indica que, en principio, concurren los requisitos que configuran la imprudencia. Como es sabido, el delito y la falta imprudentes aparecen estructuralmente configurados por la infracción de un deber de cuidado interno (deber subjetivo de cuidado o deber de previsión), que obliga a advertir la presencia de un peligro cognoscible y el índice de su gravedad, y por la vulneración de un deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a comportarse externamente de forma que se controle o neutralice la situación de riesgo previamente advertida. Esta situación de riesgo no permitido puede haber sido creada por el autor o incluso por personas o factores ajenos a él, siempre que en este segundo caso su deber de garante le obligue o neutralizar o controlar el riesgo ilícito que se ha generado.
En segundo, porque el Código Civil, en sus artículos 1902 y siguientes -EDL 1889/1-, sanciona las formas de imprudencia, en las que el legislador quiso que operase el principio de «intervención mínima» del derecho penal y que pueden recoger el hecho, con las importantes ventajas añadidas, de invertir la carga de la prueba y operar de forma más amplia la responsabilidad objetiva. Pues no podemos pasar por alto que la falta de cuidado acreditada, hasta el momento, es la del propio perjudicado, quien no acomodó su velocidad y trayectoria a las condiciones de la pista, de la nieve y de su grado de pericia en el esquí.»
– SAP Burgos de 7 mayo 2014 -EDJ 2014/85545- (que estudia la diferencia entre la imprudencia grave -delito-y la imprudencia leve -falta-):
«A este respecto, el Tribunal Supremo, en Sentencias como la de 23 diciembre 2009, establece como requisitos comunes de las lesiones por imprudencia, las que siguen:
Además, en cuanto a la relación de causalidad, el Alto Tribunal ha reiterado que, «No basta con la causalidad natural, sino que ha de haber imputación objetiva: La jurisprudencia viene sosteniendo que la relación entre la acción y el resultado no se limita sólo a la comprobación de la causalidad natural, sino que depende de la posibilidad de la imputación objetiva del resultado de la acción, y esto sólo ocurre cuando la conducta ha creado un riesgo no permitido, es decir, jurídicamente desaprobado y el resultado producido es la concreción de dicho peligro» (STS 844/99, 29-5 -EDJ 1999/8953-).
Finalmente, para distinguir ambos ilícitos ha establecido que, «como ya expresábamos en nuestra sentencia de 18 septiembre 2010 (EDJ 2001/33603) – exponente de otras muchas-, las infracciones culposas o por imprudencia, sean delito o falta, están constituidas por los siguientes elementos: a) la producción de un resultado que sea la parte objetiva de un tipo doloso; b) la infracción de una norma de cuidado, cuyo aspecto interno es del deber de advertir la presencia del peligro, y cuyo aspecto externo es el deber de comportarse conforme a las normas de cuidado previamente advertido; y c) que se haya querido la conducta descuidada, con conocimiento del peligro o sin él, pero no el hecho resultante de tal conducta.
Mientras que en la infracción de la norma de cuidado se contiene el desvalor de la acción, es en la resultancia de la acción imprudente donde reside el desvalor del resultado. Desvaloración que en uno y otro caso admite gradaciones y niveles de los que depende la distinción entre el delito y la falta. En efecto en el delito de imprudencia con resultado de muerte (art. 152.1º C.P. -EDL 1995/16398-) es necesario que la imprudencia sea grave, convirtiéndose en la falta del artículo 621 del Código Penal cuando la imprudencia es leve. En el caso de las lesiones imprudentes del artículo 152, la gravedad en la culpa es exigencia del tipo delictivo, convirtiéndose en falta en los casos de levedad en la imprudencia aunque el resultado lesivo fuese de los previstos como delito (art. 621), como también se rebaja a la categoría de falta de lesiones la causada por imprudencia grave, cuando el resultado lesivo es el previsto en el apartado 2 del artículo 147, es decir cuando sea de menor gravedad atendidos e medio empleado y el resultado producido»
La reducción o la categoría de falta exige, pues, una menor desvaloración de la acción, apreciable en los casos de levedad en la imprudencia, o bien una menor desvaloración del resultado».
– SAP Salamanca de 28 abril 2014 -EDJ 2014/84106- (sobre clases de imprudencia):
«Como elementos esenciales de la imprudencia se pueden señalar, abundando en los criterios antes citados que marca el TS, los siguientes:
En el orden penal, la consideración como falta de la imprudencia exige un resultado lesivo que objetivamente reúna los requisitos del art. 147 CP -EDL 1995/16398-, es decir, que se trate de lesiones que precisen para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico posterior, requisito que sí concurre en el caso que nos ocupa, lo que lleva el añadido de exigir una cierta entidad lesional, además de una imprudencia que no puede ser una imprudencia cualquiera sino aquella que, sin ser grave, contenga un mínimo de reprochabilidad que justifique la intervención del Derecho Penal».
– El citado AAP Toledo de 15 marzo 2011 -EDJ 2011/83870- establece lo siguiente:
«Así, ante las peculiaridades que presenta el caso concreto de autos entendemos oportuno recoger algunas consideraciones básicas cuando nos situamos ante una actuación médica presuntamente defectuosa que origina un resultado lesivo para la vida o la integridad física de la persona afectada que desarrollamos bajo los siguientes epígrafes:
3.- Definición del concepto de «Imprudencia», rasgos generales que la dibujan.
A.- Comenzando la exposición con el primero de los puntos reseñados MARCO LEGAL EN EL QUE SE INCARDINA EL DERECHO A LA SALUD Y A LA ATENCION SANITARIA. (CONTENIDOS DEL MISMO) la Constitución en su artículo 43 -EDL 1978/3879- consagra el derecho a la protección de la Salud, bajo la rúbrica general de «Los principios rectores de la política social y económica». Tal declaración de principios deberá informar no solo la actuación de los poderes públicos de acuerdo con el contenido de las leyes que lo desarrollan, sino también la práctica de los órganos judiciales. La norma con rango de Ley que desarrolla el contenido del derecho a la salud está representada por la Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de abril -EDL 1986/10228-. Conforme a la misma son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional (art. 2 -EDL 1986/10228-).
Como regla general todo acto médico practicado por facultativo o por cualquier otra persona integrada dentro del personal sanitario debe estar dirigido bien a la prevención de la salud, bien a la curación del enfermo mediante la aplicación del tratamiento médico o quirúrgico adecuado, atendidas las circunstancias específicas del caso concreto, en función del estado de la ciencia y técnicas médicas («Lex Artis»).
La prestación de servicio que desarrolla el personal sanitario, especialmente los facultativos, debe estar dirigida a prevenir o, en su caso, a lograr la curación del paciente, pero sin obligarse a obtener un resultado concreto. Es decir, la obligación que contrae el personal sanitario es «de medio» no «de resultado»; se obligan no a curar al enfermo, sino a suministrarle los cuidados que requiera.
La «Lex Artis» representa el patrón que ayudará al operador jurídico en cada caso concreto (con las múltiples variables que pueden concurrir) a medir la diligencia del médico en su actuación.
Centrándonos en el ámbito del Derecho Penal la importancia de los bienes jurídicos en juego (vida, integridad física de las personas) así como la entidad objetiva y subjetiva de las conductas que han podido determinar su lesión, justifica su análisis e inicial apreciación dentro de este ámbito. No obstante la línea divisoria entre el mero ilícito civil y el penal es difusa y no siempre fácil de delimitar ya que, como es sabido, toda esta materia está impregnada de un fuerte relativismo y casuismo. Nuestro T.S. viene reiteradamente declarando la dificultad extrema que plantea el problema de la responsabilidad médica por tratarse la medicina de una ciencia por definición inexacta. Inexacta en sí mismo, como toda ciencia empírica y valorativa (Ej. ante un mismo paciente con determinados síntomas, varios médicos pueden ofrecer un diagnóstico distinto e incluso ante el mismo diagnóstico, distintos tratamientos) o circunstancias imprevisibles (eficacia de la medicación, resistencia de la naturaleza del enfermo, estado psicológico…etc.). El «quid» de tan imprecisa cuestión estriba en valorar la cantidad de error, el «quantum» de su inexcusabilidad, que es precisamente lo que da lugar al reproche, cuya valoración entra en el ámbito de lo penal, con exclusión de los errores de diagnóstico o en la ejecución del acto médico debido.
Así lo que se incrimina y puede dar origen a la responsabilidad penal no son los errores de diagnóstico o de ejecución del acto médico debido, al no ser exigible la infalibilidad, siempre que no se aprecie una extrema gravedad atendiendo a las directrices que fija la doctrina científica. Se sostiene, con referencia estos supuestos que, si bien entre el daño ocasionado al enfermo por el acto del médico que se atuvo a la «Lex Artis ad hoc» puede existir una relación causal meramente natural, esta, por si sola, es insuficiente, en la generalidad de los casos, para dar lugar a una responsabilidad ya sea penal, ya civil que lleve consigo el deber de resarcimiento de los daños causados. En contraposición a lo anteriormente declarado, el tratamiento médico no indicado o erróneamente seleccionado, el aconsejable pero practicado contrariamente a la técnica curativa en uso o la omisión del tratamiento correcto habitualmente aceptado, implica una vulneración del deber objetivo de cuidado que difícilmente pueden sustraerse a una recriminación culpabilística con independencia de la valoración de su intensidad. Así el diagnóstico emitido sin reflexión, sin tener en cuenta los conocimientos imperantes o sin poner en juego los medios razonablemente disponibles puede ser origen de responsabilidad penal y civil cuando la equivocación sea inexcusable y revele una conducta culpable. El reproche viene dado no tanto por el error de juicio como por la dejación de atenciones o comprobaciones sobre los que aquél ha de asentarse, cuando se acusa la omisión de medidas o prevenciones en relación al cuadro de exigencia básica comúnmente aceptada en el ejercicio y praxis de cualquier especialidad (Sentencia Sala 2ª de 29 de marzo de 1988).
No cabe duda que la aportación al proceso estos protocolos actualizados constituye una enorme ayuda para el Juzgador en su tarea de individualización de la «Lex Artis ad hoc » aplicable al supuesto concreto, introduciendo, por otro lado, elementos de certeza, seguridad y confianza entre los propios profesionales afectados.
No obstante son muy raros los procedimientos judiciales en los que se aportan protocolos para contribuir o fijar la «Lex Artis» en el caso concreto.
En otro orden de cosas, para determinar cual sería el nivel de exigencia o deber de cuidado objetivo ha de acudirse al módulo general en el respectivo ámbito de actuación. Como regla general, el deber objetivo de cuidado ha de medirse con referencia a unos índices mínimos de generalidad y objetividad, de modo que, si bien han de ser tenidas en consideración las circunstancias de todo orden concurrentes en el momento «ex ante» a la ocurrencia del evento lesivo, también ha de ponerse en relación con la conducta que, formulando un juicio retrospectivo, sería exigible en una situación pareja con similares connotaciones. De este modo, aunque podrían quedar fuera del ámbito penal, determinadas actuaciones de profesionales que, observando el deber de cuidado del profesional medio, no aplican todo su esfuerzo en al ejercicio de su actividad (la jurisprudencia de la Sala 2ª del T.S. afirma en reiteradas resoluciones que ha de quedar fuera del ámbito penal la falta de extraordinaria pericia o cualificada especialización. SS. 10-3-59, 8-10-63, 5-2 y 8-6 de 1981 y 4-9-91) pueden, sin embargo, dar lugar a una responsabilidad civil basada en la culpa.
En epígrafes anteriores, al reflejar el marco legal en el que se incardina el derecho a la salud y a la atención sanitaria, hacíamos ya referencia a la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente, en la que ya en su artículo 2 2.3.y 6 –EDL 2002/44837- se establece que «2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley.
3.- El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada entre las opciones clínicas disponibles».
6.-Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no solo a la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica , y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente».
Artículo 8 -EDL 2002/44837–.- Consentimiento informado.
3.- No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico, a su»Lex Artis» ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. En la historia clínica del paciente quedará constancia razonada de las anotaciones relacionadas con estas previsiones.
a) DE CARÁCTER TEMPORAL.- La información debe proporcionarse de manera continuada o periódica. Así no es suficiente con informar al paciente en una sola ocasión o que se condicione su ampliación a una alteración o modificación relevante en la evolución del enfermo, debiendo adaptarse a las circunstancias del caso concreto, procurando no crear o inducir sensaciones en el paciente de «olvido».
c) DE FONDO: La información debe ser lo más completa posible, referida no solo al diagnóstico sino también al pronóstico de futura evolución, características del proceso, alternativas del tratamiento, complicaciones posibles, secuelas … etc.
La referencia que planteamos a la idea de «lealtad» no es gratuita. En la actualidad, debido al aumento de las reclamaciones formuladas contra el personal facultativo de grado superior y medio en las diferentes órdenes (penal o civil, o meramente disciplinaria) se ha creado un nuevo marco de relación del que se hacen eco los autores conocidos bajo la expresión «medicina defensiva»: fenómeno que se ha traducido en perniciosas consecuencias para todos en general (facultativos, pacientes y beneficiarios del sistema de asistencia sanitaria).
El deber de información, desde esta nueva perspectiva, puede resultar problemático en los casos de riesgos previsibles cuya materialización en hipótesis puede acontecer pero es poco probable, en los supuestos de «diagnóstico fatal» o en aquellos en que una referencia al cúmulo de probabilidades, incluidas las remotas, pueda ser contraproducente para el enfermo, acentuando el sentimiento de ansiedad y angustia que experimenta en general cualquier persona ante la expectativa inmediata de una intervención quirúrgica o tratamiento médico.
B.- EL CONSENTIMIENTO. – REQUISITOS.- Como veremos más adelante el consentimiento es uno de los ejes esenciales sobre los que debe girar la actividad médica. Para que el consentimiento sea eficaz, esto es, para que pueda adquirir plena eficacia jurídica, ha de reunir una serie de requisitos que pueden enunciarse así:
CAPACIDAD.- Es preciso que el sujeto tenga «capacidad natural» de discernimiento que le permita advertir el significado y consecuencias esenciales de sus decisiones.
En los casos de INCONSCIENCIA O DE EXTREMA URGENCIA no es posible realizar una información completa y acto seguido recabar el consentimiento del paciente, debiendo resolverse apelando a la prudente aplicación de la denominada doctrina del «CONSENTIMIENTO PRESUNTO».
Tal modo de actuar persigue defender la licitud de la intervención médica sin desconocer por ello correlativamente la disponibilidad de la propia integridad corporal humana y del derecho de autodeterminación. Arropada bajo este manto, cuando se halle debidamente acreditado que no pudo recabarse el consentimiento del paciente y, en su defecto, de sus allegados, la intervención médica terapéutica practicada conforme a la «Lex Artis» por motivos de urgencia o ante una situación de riesgo vital grave constituiría una conducta lícita y, por tanto, atípica con independencia del éxito o del fracaso de la misma».
[[QUOTE1: «El Tribunal Supremo ha tenido ocasión para pronunciarse sobre esta imprudencia profesional médica»]]
[[QUOTE1: «partiendo de la premisa de la necesidad de contemplar el caso concreto sin que puedan ofrecerse criterios genéricos.»]]
«Ha de recordarse que, conforme establece la sentencia del TS de 25-9-2000 -EDJ 2000/27968- es doctrina de dicho Alto Tribunal, manifestada, entre otras, sentencias de 17.12.79, 4 y 26.2, 20.2, 22.4.80, 18.1 y 13.1.82, 2.10.84, 14.5 y 13.12.85, 27.2.86, 26.4 y 8.5.88, 12.11 y 7.12.90, 7.5 y 1.7.91, 26.3.94 y 22.9.95 -EDJ 1995/4567-, la que enseña que en la imprudencia punible deben concurrir los siguientes elementos: A) Un comportamiento activo u omisivo voluntario, sin intención de provocar el resultado lesivo originado -ausencia de dolo directo- ni aceptación de tal resultado, en el caso de haber sido previsto -ausencia de dolo eventual-. B) Previsibilidad del peligro originado o del aumento del riesgo ocasionado por el comportamiento del acusado, y falta de permisión social de tal peligro o tal aumento de riesgo. Dicho elemento de previsibilidad se suele calificar en la jurisprudencia de psicológico o subjetivo e implica la posibilidad de conocer las consecuencias lesivas y dañosas del comportamiento del inculpado, y por tanto también de las circunstancias concurrentes con tal conducta y de los mecanismos que del comportamiento y las circunstancias pueden desencadenar los resultados lesivos
Con relación a la imprudencia médica la sentencia del Tribunal Supremo nº 1188/1997 de 3 de octubre -EDJ 1997/6352-, recuerda que ese Alto Tribunal ya en su sentencia de 29-2-96 -EDJ 1996/52214-, tiene declarado que «la exigencia de responsabilidad al médico presenta siempre graves dificultades porque la ciencia que profesan es inexacta por definición, confluyen en ella factores y variables totalmente imprevisibles que provocan serias dudas sobre la causa determinante del daño, y a ello se añade la necesaria libertad del médico que nunca debe caer en audacia o aventura. La relatividad científica del arte médico (los criterios inamovibles de hoy dejan de serlo mañana), la libertad en la medida expuesta, y el escaso papel que juega la previsibilidad, son notas que caracterizan la actuación de estos profesionales.- La profesión en sí misma no constituye en materia de imprudencia un elemento agravatorio ni cualificativo -no quita ni pone imprudencia, se ha dicho-, pero sí puede influir, y de hecho influye, para determinar no pocas veces la culpa o para graduar su intensidad. La primera modalidad surge cuando se produjere muerte o lesiones a consecuencia de impericia o negligencia profesional, equivalente al desconocimiento inadmisible de aquello que profesionalmente ha de saberse; esta «imprudencia profesional», caracterizada por la transgresión de deberes de la técnica médica, por evidente inepcia, constituye un subtipo agravado caracterizado por un «plus» de culpa y no una cualificación por la condición profesional del sujeto, de suerte que a su lado conviven las modalidades comunes de imprudencia, la «culpa profesional sin impericia» en las categorías de temeraria y de simple, por el orden de su respectiva gravedad» (v. sentencia de 8 de junio de 1994 -EDJ 1994/5198-).
Continua la citada sentencia del Tribunal Supremo nº 1188/1997 de 3 de octubre -EDJ 1997/6352-, (recordando la ese mismo Tribunal de 5 de julio de 1989 -EDJ 1989/6864-) que «existe ya un cuerpo de doctrina jurisprudencial extenso y pormenorizado respecto a la llamada imprudencia médica. En este sentido, hay que recordar lo siguiente:
3) Que la determinación de la responsabilidad médica ha de hacerse en contemplación de las situaciones concretas y específicas sometidas al enjuiciamiento penal huyendo de todo tipo de generalizaciones.- Por ello y expresando una vez más la alta consideración que la Medicina y la clase médica merecen por la transcendencia individual y social de su tarea y los sacrificios, muchas veces inmensos, que su correcto ejercicio imponen, hay que poner de relieve que la imprudencia nace cuando el tratamiento médico o quirúrgico incide en comportamientos descuidados, de abandono y de omisión del cuidado exigible, atendidas las circunstancias del lugar, tiempo, personas, naturaleza de la lesión o enfermedad, que olvidando la «Lex Artis» conduzcan a resultados lesivos para las personas».
«En primer lugar y para centrar la cuestión conviene señalar, como hace la sentencia de esta misma Audiencia Provincial, Sección 16, de 12.3.2007 -EDJ 2007/63371-, que la culpa profesional propia, que aparece en el artículo 152.3 del Código Penal -EDL 1995/16398-, es un subtipo agravado que viene a englobar de un lado la impericia profesional, en la que el agente activo pese a ostentar un título que le reconoce su capacidad científica o técnica para el ejercicio de la actividad que desarrolla, contradice con su actuación aquella presunta competencia, ya porque en su origen no adquiriese los conocimientos precisos, ya por una inactualización indebida, ya por una dejación inexcusable de los presupuestos de la Lex Artis de su profesión, que le conduce a una situación de ineptitud manifiesta, o con especial transgresión de deberes técnicos que solo al profesional competen y que convierten la acción u omisión del profesional en extremadamente peligrosa e incompatible con el ejercicio de aquella profesión.
El primer elemento de seguridad profesional exigible es la adaptación de los comportamientos del sanitario a la Lex Artis profesional. La Lex Artis, en tanto que conjunto de criterios de buena práctica al no existir una reglamentación general que imponga las normas de cuidado para el ejercicio de la medicina, debe ser el más importante nexo de unión entre medicina y ordenamiento jurídico. Y hay que aportar además que existen diversos niveles. Uno primero es el de los criterios científicos generales de actuación o Lex Artis propiamente dicha. Otro, es el de los criterios prudentes de actuación en condiciones determinadas de tiempo, lugar, recursos, etc., lo que se ha denominado Lex Artis ad hoc. Y finalmente, los criterios prudenciales de actuación del profesional sanitario ante un enfermo concreto y en una situación concreta».
«El ejercicio profesional de la Medicina tiene en nuestros días una trascendencia social innegable, por los inestimables servicios que puede llegar a prestar, al serle encomendada la custodia de nuestra salud y de nuestras vidas, incluso. El médico tiene la excepcional tarea de dar la bienvenida y la despedida a nuestras vidas. Ello ha supuesto la necesidad de que los médicos estén en la posesión de un número cada vez mayor de conocimientos y técnicas, así como de una especialización cada vez más marcada en su ámbito de acción. Ello ha conducido, a su vez, a que el tratamiento del paciente y el diagnóstico previo de su enfermedad deban ser encomendados a una pluralidad de profesionales especializados en cada una de las respectivas facetas. La Medicina se ha convertido, por ello, en una actividad compleja e interdependiente.
Pues bien, lo cierto es que cuando el profesional opera en escenario o actividad distintos al de su especialidad, es muy fácil proclamar que por muy imprudente que haya sido su quehacer u omitir no habrá incurrido en culpa profesional, pero si el suceso acaeció dentro de la esfera o ámbito de acción de su profesión, oficio, técnica, arte o ciencia, no es nada fácil concebir el tipo de imprudencia o negligencia que no quede inmerso de lleno en la inepcia o negligencia propia y genuina de esa actividad, es decir, que cuando el profesional actúa dentro del estrecho marco de su especialidad los límites entre la «culpa del profesional» y la «culpa profesional» son indecisos y confusos, y la aplicación del párrafo tercero del artículo 152 del C.P. -EDL 1995/16398-, muy discutible y dudosa a menos que se eleve lo que tenía que ser excepcional y por tanto circunstancial al rango de figura primaria normal y ordinaria que es lo que no parece querer el legislador.
Es por ello por lo que la Jurisprudencia ha puesto el énfasis para su distinción en dos elementos básicos diferenciadores, a saber: -que no basta con que el responsable del resultado sea a la vez profesional del arte o ciencia en cuyo ejercicio se condujo imprudentemente. – Y que se debe de entender que la imprudencia profesional es falta de aptitud para el desempeño del cometido concreto de que se trate.
El Tribunal Supremo se ha ocupado con carácter general de esta cuestión en numerosas Sentencias que hablan de «la normativa general de carácter socio-cultural, que regula la normal convivencia del grupo social, o con disposiciones específicas de la actividad a que pertenece la conducta que se enjuicia y de las que se derivan los deberes cuyos incumplimientos originan la omisión o falta de diligencia susceptible de ser graduada y ocasionar con ello las diferentes clases de imprudencia». Ahora bien, ¿cuál será la naturaleza del deber de cuidado?.
La Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de 28 febrero 1983 -EDJ 1983/1317- señalaba que «toda infracción culposa consta de un elemento normativo, es decir, de la infracción del deber objetivo de cuidado y del principio altera non laedere, impuestos por la convivencia social que obliga a la adopción de las precauciones o cautelas establecidas por el que tiene el mando en la comunidad o por la necesidad general de que se ejerza cualquier tarea o actividad de modo cauto y precavido, eliminando toda posibilidad de perjuicio o lesión para tercero».
Todo lo anterior ha de ponerse sin duda en relación con lo indicado en el anteriormente, por lo que habrá de concluirse, desde luego, en la distinción entre culpa profesional y culpa del profesional. Recordando a tal efecto lo ya indicado en el sentido de que esta última no es ni impericia, falta de conocimientos o de actualización de los mismos, ni negligencia profesional, sino una imprudencia agravada por la transgresión de deberes técnicos de competencia del profesional, la cual hace muy peligroso el ejercicio de su profesión por el autor, que nos situaría delante del párrafo tercero del artículo 152 del Código Penal –EDL 1995/16398-«.
«En relación al desvalor de la falta de cuidado la STS de 22-02-2002, proclamaba que:
no tomar la más mínima precaución respecto a identificar y preparar la rodilla que debía ser operada, para lo que hubiera sido suficiente consultar el historial clínico de la paciente que estaba a su inmediata disposición… se ubica con toda claridad en el ámbito de la temeridad, es decir, en el marco de la imprudencia temeraria profesional , pues, cuando la culpa recae en un profesional que tiene saberes y posibilidades específicas de actuación, las reglas socialmente definidas alcanzan un mayor grado de exigencia, pues no son ya las comunes exigibles a cualquier persona, sino que incluyen las del conocimiento y aplicación de los saberes específicos para los que ha recibido una especial preparación técnica avalada por un título facultativo que certifican esos especiales y específicos conocimientos en el campo donde desarrolla su actividad profesional , con lo que la inobservancia de esas reglas que deben presidir su actuación generan un plus de antijuridicidad (véase STS de 25-5-99 -EDJ 1999/10317-) y, por consiguiente, un mayor reproche penal en relación con los bienes jurídicos afectados por las actuaciones que requieren un especial cuidado en su ejercicio, de suerte que la imprudencia del profesional en el ejercicio de su campo propio se perfila como una mayor gravedad en función del mayor nivel de exigencia a que éstos están obligados precisamente por disponer de una cualificación técnica sobre la actividad que desarrollan …
La sentencia de instancia -igual que ocurre en el caso aquí a examen- no cuestiona la realidad de una conducta temerariamente imprudente, sino que la acepta sin vacilación cuando de manera expresa afirma que en los hechos enjuiciados «se da un desvalor de la acción, porque tanto el cirujano como el ayudante de quirófano deberían haber comprobado y verificado, ya que ambos tenían medios a su alcance (puesto que el historial médico estaba en la camilla de la paciente) para conocer, comprobar y saber que la rodilla a operar era la rodilla derecha», añadiendo de seguido que»…… los acusados olvidaron las mínimas reglas deontológicas en la ejecución de la actividad médico-quirúrgica…».
El juez o quo entendió que las lesiones causadas no necesitaron para su curación de un tratamiento médico o quirúrgico, pero olvida que, como ya tuvo ocasión de recordar la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial en su auto de 27-4-11 -EDJ 2011/122313-, con cita de las SSTS de 16-12-96 -EDJ 1996/9681- y 26-2-2001 -EDJ 2001/2750-, el actual artículo 147 del Código Penal -EDL 1995/16398- no sólo protege el derecho a la salud física o mental de las personas, sino también, y de manera autónoma, el derecho a la integridad corporal de las mismas, según se constata por la utilización de la conjunción disyuntiva «o» en la descripción de la figura delictiva. Quiere ello decir que el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la integridad física «… no se reduce exclusivamente a aquellos casos en que exista un riesgo o daño para la salud, pues dicho derecho resulta afectado por toda clase de intervención en el cuerpo que carezca de consentimiento del titular» (STC de 16-12-96), y esta diferenciación tiene también su reflejo en el tipo penal.
La agresión física que soporta el cuerpo de una persona sometida a una intervención quirúrgica supone un objetivo y real quebranto de la integridad corporal. Por ello mismo, la antijuridicidad de tal acción quedará excluida como elemento consustancial de todo hecho delictivo siempre que tal agresión a la incolumidad corporal protegida constitucional y penalmente, haya tenido lugar con observancia de las normas que configuran la «Lex Artis» que debe regir la actuación del sujeto activo, de suerte que cuando la intervención traumática y agresiva que sufre el ser humano se produce no sólo de espaldas a la «Lex Artis», sino en oposición frontal a la misma, la antijuridicidad de la acción aparece patente y, consecuentemente, el reproche penal si en el hecho concurren los demás requisitos que configuran el tipo.
En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en STS 308/2001 -EDJ 2001/2750- en un caso parecido de intervención con error a la hora de identificar la rodilla que se debía operar o la STS 726/1998 recordando esta última, con cita de las SSTS 29-3-88, 27-5-88 -EDJ 1988/4521-, 5- 7-89 -EDJ 1989/6864-, 1-12-89 -EDJ 1989/10793-, 8-6-94 -EDJ 1994/5198-, 8-5-97 -EDJ 1997/4246- y 16-12-97 -EDJ 1997/10545-, que la imprudencia profesional es aquella en la que el agente activo pese a ostentar un título que le reconoce su capacidad científica o técnica para el ejercicio de la actividad que desarrolla, contradice con su actuación aquella presunta competencia, ya porque en su origen no adquiriese los conocimientos precisos, ya por una inactualización indebida, ya por un dejación inexcusable de los presupuestos de la «Lex Artis» de su profesión, le conduzca a una situación de inaptitud manifiesta, o con especial transgresión de deberes técnicos que sólo al profesional competen y que convierten la acción u omisión del profesional en extremadamente peligrosa e incompatible con el ejercicio de aquella profesión. Esta » imprudencia profesional «, caracterizada, pues, por la transgresión de deberes de la técnica médica, por evidente inepcia, constituye un subtipo agravado caracterizado por un «plus» de culpa y no una cualificación por la condición profesional del sujeto.
En el supuesto que examinamos es perfectamente aplicable la doctrina jurisprudencial que se deja expresada para apreciar la concurrencia de la imprudencia profesional. El recurrente no sólo ha omitido los deberes más elementales que le eran exigibles para evitar el resultado producido, sino que además entraña una mayor reprochabilidad al actuar con máxima dejación y olvido de los deberes técnicos -Lex Artis- que como profesional de la medicina le competían.»
«Es doctrina jurisprudencial reiterada y pacifica que la imprudencia profesional, ámbito en el que se desarrolla la pretensión punitiva accionada en la causa, del apartado 1. 2 º y 3 del art. 152 del Código Penal –EDL 1995/16398- supone la infracción de la «Lex Artis» y de las precauciones y cautelas más elementales e indisculpables a personas que, perteneciendo a una actividad profesional, deben tener unos conocimientos propios de dicha profesión.
Como recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 1996 -EDJ 1996/52214-, y así lo refiere el recurrente en su escrito de recurso «la exigencia de responsabilidad al médico presenta siempre graves dificultades porque la ciencia que profesan es inexacta por definición, confluyen en ella factores y variables totalmente imprevisibles que provocan serias dudas sobre la causa determinante del daño, y a ello se añade la necesaria libertad del médico que nunca debe caer en audacia o aventura. La relatividad científica del arte médico (los criterios inamovibles de hoy dejan de serlo mañana), la libertad en la medida expuesta, y el escaso papel que juega la previsibilidad, son notas que caracterizan la actuación de estos profesionales». Por lo que es preciso recordar que por regla general, el error en el diagnóstico no es tipificable como infracción penal, salvo que por su entidad y dimensiones constituya una equivocación inexcusable; que queda también fuera del ámbito penal, por la misma razón, la falta de pericia cuando ésta sea de naturaleza extraordinaria o excepcional; que la determinación de la responsabilidad médica ha de hacerse en contemplación de las situaciones concretas y específicas sometidas al enjuiciamiento penal huyendo de todo tipo de generalizaciones censurables». Así, la imprudencia nace cuando el tratamiento médico o quirúrgico incide en comportamiento descuidados, de abandono y de omisión del cuidado exigible, atendidas las circunstancias del lugar, tiempo, personas, naturaleza de la lesión o enfermedad, que olvidando la «Lex Artis» conduzcan a resultados lesivos para las personas».

References: artículo 621
 artículo 152
 artículo 147
 artículo 43
 artículo 2

Artículo 8
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 152
 artículo 147