Source: http://eualdaia.org/spip.php?article3699
Timestamp: 2019-02-16 08:31:32+00:00

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Según las estadísticas, en los primeros seis meses de 2017 murieron 300 trabajadores y trabajadoras en accidentes laborales, un incremento del 8,4% (datos del Ministerio de Empleo). Y todo indica que 2017 acaba de terminar con un nuevo aumento de las muertes en el trabajo, por lo que ya son cinco años consecutivos en los que se mantiene esta tendencia al alza de la siniestralidad laboral, iniciada en 2013, un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral del PP. Tendencia que los sindicatos señalan (coincidimos) que se debe principalmente a la alta precariedad laboral, al trabajo a tiempo parcial no deseado, a la excesiva rotación de empleos y a la corta duración de las contrataciones. Factores todos ellos que además dificultan bastante la implantación de medidas de prevención y seguridad en el trabajo.
En el País Valencià, los sindicatos igualmente advierten del aumento "paulatino" de los accidentes laborales, ya que en 2016 se registraron un total de 42.062 accidentes laborales, lo que supone 2.567 casos más y un incremento del 6,5% con respecto a los registrados en 2015. De forma que, desde hace 6 años, el aumento de la siniestralidad ha experimentado un ritmo "constante y paulatino", debido a las malas condiciones del mercado de trabajo que además son padecidas mayoritariamente por los colectivos más vulnerables como la juventud, las personas inmigrantes y las mujeres. Solo durante el 2016, el 58,1% de los partes presentados en la Comunitat Valenciana corresponden a mujeres frente al 41,9% de los hombres.
Ante esta situación, está claro que los Ayuntamientos, como garantes de los DERECHOS de la ciudadanía en general y de la clase trabajadora en particular, deben ser ejemplo de una política preventiva eficiente y eficaz, incluso ante la empresa privada y la sociedad civil en general. Todo ello, por una obligación ética individual de los y las representantes de la corporación además de moral por ser la institución del ayuntamiento, referente colectivo por su especial responsabilidad social. Esta obligación afecta a dos ámbitos inseparables: al territorio y la población; pero también, a la organización municipal.
En cuanto al ámbito del territorio y la población, la disminución de la tasa de accidentes y siniestrabilidad debería ser objeto de compromiso entre la Corporación, el empresariado, los sindicatos y mutualidades de accidentes con implantación en el municipio. Con la idea de poder establecer metas y objetivos que puedan minorar la tasa de accidentes y destacar las actuaciones que en esta materia pudieran acogerse las empresas del municipio. Lógicamente, para ello, debería crearse un lugar de encuentro. Este foro debería ser el Consejo Económico y Social propio del municipio de Aldaia, aún no puesto en marcha.
En cuanto al ámbito de la organización municipal, cabe mencionar la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y disposiciones complementarias de desarrollo de la misma, además del Plan de Prevención y la efectiva actuación del Comité de Seguridad — que debería tener una activa tarea preventiva—, estableciendo no solo responsabilidades, sino un código de prácticas responsables de actuación cuando, desgraciadamente acaece el accidente. Este código debería basarse en las prácticas y actuaciones propias, administrativas, del ayuntamiento ante las consecuencias indeseadas de la incapacidad total o absoluta del personal, sino también sociales. Es decir, prácticas que agrupen la responsabilidad, la transparencia, el deber de consulta y de negociación.
La responsabilidad de la corporación emana de los preceptos establecidos en el artículo 78 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en similar redacción el art. 22 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales; también el art.36.3 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, entre otras disposiciones.
En segundo lugar, el artículo 26 a).1), eficacia del interés general; .3), imparcialidad; .7), responsabilidad y26 b): principios de actuación de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, refuerzan estos valores.
En cuanto al deber de negociación emana del artículo 37 i) y j) de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Personal Empleado Público.
Por último, es competencia del Ayuntamiento Pleno al amparo del artículo 22 de la 7/85 de 2 de Abril Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Apartado .a), control y fiscalización; .e) en cuanto a los presupuestos y cuentas y; .j) en cuanto actuaciones judiciales., si de las actuaciones se desprende en cualquier momento, la modificación o alteración del presupuesto, circunstancia muy probable cuando se produce una reclamación patrimonial
Por un lado, consistiría en la investigación efectiva del accidente y sus causas; por otro, en la actuación transparente e independiente del gobierno y la corporación ante las consecuencias del accidente acaecido para no procrastinar el reconocimiento del derecho derivado del propio deceso o siniestro.
La incapacidad por accidente de trabajo, tras no recuperar el empleado la funcionalidad precisa para el puesto que ocupaba, (por accidente en el trabajo o in itínere, defunción o sentencia judicial) es una contingencia que exime al ayuntamiento de infracción en el orden social (dado que las administraciones públicas se encuentran exentas de tales sanciones). Tampoco el ayuntamiento debe abonar la pensión al trabajador o trabajadora, puesto que le corresponde a la Seguridad Social, ni tan siquiera su capitalización, que corre a cargo de la Mutua de Accidentes. Además, el siniestro, así entendido, está cubierto por la entidad aseguradora que tiene contratada el ayuntamiento para tal contingencia. Solamente debe, y sólo cuando lo dictamina la autoridad laboral y/o judicial, abonar el denominado recargo de prestaciones establecido en el artículo 164 Real Decreto Legislativo 8/2015, de la Ley General de la Seguridad Social. Éste, tan solo se aplica cuando como consecuencia de un accidente de trabajo, o enfermedad profesional, se ha producido por una deficiente aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales, —es decir, por dejación de la labor de vigilancia—y consiste en que el trabajador o la trabajadora pasa a ser beneficiado de una prestación económica de la Seguridad Social (entre el 30 y 50%), cuando lo dictamina la autoridad laboral o judicial— es decir, un bonus fijo, que no experimenta incrementos anuales.
No parece sensato ni acorde a la sensibilidad social el hecho de que, tras haberse producido un accidente con su consecuente incapacidad laboral, el ayuntamiento, sin resolución fundamentada, motivada y negociada recurra dicho dictamen o sentencia de forma discrecional, amparándose exclusivamente en un interés económico o cargo a las arcas municipales; pues el personal empleado fallecido o incapacitado no deshonra al ayuntamiento, es el ayuntamiento el que le menosprecia y perjudica, dudando de su incapacidad. Humilla al personal empleado y/o a sus familias, puesto que la contingencia reconocida por las autoridades laborales y/o judiciales independientes, incluso, a veces, por la entidad aseguradora que abona la póliza, el ayuntamiento las ignora y denigra. Estas acciones obligan a las familias a defenderse y gastar sus propios recursos para defenderse del propio ayuntamiento causante de su adversidad. Con recursos dilatadores, a diferentes instancias, el ayuntamiento desatiende las actuaciones firmes laborales/judiciales, esquivando, a corto plazo o largo las decisiones y Sentencias firmes —por la saturación de los servicios públicos del a Justicia—. El único propósito de recurrir los accidentes se puede excusar en la asunción de la responsabilidad (aunque se incrementen los costos para el empleado y sus familias para defender su derecho y del ayuntamiento por tener que abonar, los servicios jurídicos de defensa externos y los recargos e intereses de mora). Un accidente se fundamenta en su propia evidencia y resulta a todas luces insoslayable.
Excepcionalmente en estos accidentes laborales, podrían derivarse responsabilidades patrimoniales por responsabilidad civil. Estas son objeto de cobertura por los seguros municipales, salvo que se encuentren fuera de cobertura por negligencia manifiesta.
Obviamente, ninguna de esas decisiones le compete ni a la Corporación ni a los empleados accidentados. Un código ético, de prácticas responsables, municipal debe significar la aceptación de la responsabilidad o, por el contrario, nos situaríamos en la tesitura de convertir todos los accidentes del personal empleado público en una contienda judicial eterna, de confrontación, que quebraría los principios de buen gobierno: eficacia, eficiencia, independencia, imparcialidad y responsabilidad. No se trata de que el ayuntamiento renuncie a sus prerrogativas, sino que estas ofrezcan las garantías de un código de prácticas responsables.
Si alguien, ante la declaración de una incapacidad por accidente laboral, debiera velar por sus intereses, económicos comprometidos, debería ser la Seguridad Social que paga la pensión; o la Mutua de Accidentes, que la capitaliza. Cualquier otra acción administrativa adicional por parte del ayuntamiento convierte a la persona empleada, o a sus descendientes —aún puede ser peor: víctimas—, en sujeto de difidencia. Controvertidamente, alterando la buena fe de Tribunales y autoridades laborales, son las secuelas opinadas por el gobierno municipal —cuestionadas en su esencia—. Impugnando lo indisputable, incluso ante la certidumbre de la defunción o de la salud notoriamente perjudicada. Resulta paradójico y absurdo. Convendría en pro del principio de transparencia, antes de recurrir las Sentencias y las Actas de la Inspección de Trabajo, motivar la oportunidad del mismo, negociarlo y consultarlo al conjunto de la Corporación que representa los legítimos intereses del Ayuntamiento de Aldaia. Recurrir por recurrir, no es ético, tampoco moral.
El “interés general” — es decir quebranto a las arcas municipales— no justifica por sí mismo que el ayuntamiento recurra las actuaciones laborales y judiciales a otras instancias (TSJ o absurdamente al T.S). Pero la propuesta de recurso, en materia de accidentes de trabajo, debería ser, al menos: informado por funcionario público, negociado en la Mesa de Negociación y consultado, previamente a su interposición, al Ayuntamiento Pleno. Aclarando si, la motivación para los citados recursos se ampara en jurisprudencia o discrecionalidad. Para ello resulta imprescindible el informe del funcionariado de habilitación nacional de la corporación, que deben responder al principio de independencia y compromiso público. Dado que, tanto las autoridades como el funcionariado públicos, se encuentran sujetos a responsabilidad, tal y como se desprende de la siguiente sentencia del Tribunal Constitucional que unifica la doctrina en la materia.
«STC 15/2016: De los arts. 139 y 145 LPC se sigue, a modo de síntesis, la consideración de dos momentos y la configuración jurídica de dos acciones diferentes, con objetos distintos, aunque secuenciales y encadenadas: la reclamación del perjudicado, primero (garantizando que, de apreciarse un nexo causal entre perjuicio y funcionamiento del servicio público, pueda ser reparado de forma íntegra e inmediata por el daño objetivo que se le haya ocasionado) y la eventual acción de regreso contra el personal empleado público, después, si se dan los presupuestos establecidos en la norma (responsabilidad subjetiva por dolo, culpa o negligencia graves, de haberse reparado económicamente el daño objetivo derivado del funcionamiento de los servicios públicos). En suma, el tenor literal de los preceptos de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común concernidos acredita inequívocamente que no es condición de la segunda acción, o de regreso, que la acción u omisión dañosa, el dolo, culpa o negligencia graves, potencialmente imputables a un concreto empleado público, fueran objeto de enjuiciamiento, ni de declaración probatoria como causante del perjuicio, en el primer proceso de responsabilidad objetiva de la Administración.»
1.-Código de prácticas responsables. Al objeto de garantizar la transparencia e imparcialidad de las actuaciones municipales, en el supuesto de que el ayuntamiento decida recurrir, en cualquier instancia, el acta de la Inspección Laboral o la sentencia judicial que acuerde la incapacidad permanente por accidente laboral, el denominado recargo o responsabilidad consecuente patrimonial, éste deberá ser informado por personal funcionario de Habilitación Nacional que expresamente explicite la conveniencia de interponer el recurso citando la oportuna motivación y jurisprudencia. La propuesta de resolución de interponer el recurso será motivada y negociada en la Mesa General de Negociación y sometida a consulta del Ayuntamiento Pleno con la documentación de expediente totalmente cumplimentada para que este debata sobre la conveniencia de interponerlo.
2.- De acuerdo con lo establecido en este código de prácticas responsables, si el gobierno municipal se apartara del protocolo de actuación administrativa marcado por el mismo, y recayese sobre el recurso interpuesto por la Corporación, sentencia contraria a la fundamentación esgrimida, procrastinando en el tiempo las consecuencias derivadas del mismo, el Pleno y/o los Grupos en él representados así como los concejales y concejalas podrán efectuar las acciones ya citadas en a STC 15/2016, repercutiendo la acción de regreso sobre el funcionariado a autoridad que contravenga lo aquí acordado.
3.- Este Ayuntamiento también se compromete a trasladar a la Mesa de Negociación con los sindicatos, al amparo del artículo 37.1 e) del EBEP la propuesta de inclusión en los acuerdos laborales del personal (funcionario y laboral) una cláusula de cobertura jurídica con la siguiente redacción:
“Previsión social complementaria y responsabilidad civil.
En aquellos supuestos en los que el personal como consecuencia de su actividad laboral, se vea inmersos en procedimientos judiciales por su accidente de trabajo, la corporación deberá abonar la indemnización que se fije judicialmente en concepto de responsabilidad civil o recargo de la Inspección de Trabajo, siempre que no exista dolo, culpa o negligencia grave del personal empleado municipal. Esta indemnización será compatible con la de cualquier otra póliza individual por la contingencia de accidente de trabajo, con independencia del seguro de accidente y responsabilidad civil que la corporación tenga suscrito. Igualmente se le abonará al funcionario/funcionaria o sus familias, con efectos retroactivos a los accidentes acaecidos en la presente legislatura, como previsión social complementaria, la cuantía que se determine en la Mesa General de Negociación”.
Aldaia, 4 enero 2018
Asamblea abierta para preparar el pleno del 27 de diciembre del Ayuntamiento de Aldaia

References: artículo 78
 Real Decreto 
 artículo 26
 artículo 37
 artículo 22
 artículo 164
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 37