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Timestamp: 2019-05-25 08:00:54+00:00

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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 4 de Julio de 2003, L. 276. XXXVII - Jurisprudencia - VLEX 40144638
L. 276. XXXVII.
La Providencia S.A. c/ Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios.
Vistos los autos: "La Providencia S.A. c/ Ferrocarriles Argentinos s/ daños y perjuicios".
) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda promovida por La Providencia S.A. contra Ferrocarriles Argentinos S.A. que, en sustancia, perseguía la indemnización por daños y perjuicios "por el hecho de no haber puesto a disposición de la proveedora" -la sociedad actora- los vagones necesarios para el retiro de la piedra balasto adquirida por la demandada a aquélla según diversas órdenes de compra correspondientes a los años 1972 y 1975 (cfr. fs.
125/140 vta.).
Contra tal decisión, Ferrocarriles Argentinos S.A. interpuso el recurso ordinario de apelación que resultó concedido a fs. 1555/1555 vta.
) Que dicho recurso es formalmente procedente, pues se dirige contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es parte y el monto disputado en último término, sin sus accesorios, supera el mínimo establecido en el art.
ap. a) del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de esta Corte. El memorial de agravios obra a fs. 1565/74 vta. y su contestación a fs. 1581/1599 vta.
) Que para arribar a la decisión favorable a la pretensión de actor, la cámara a quo desestimó, en primer lugar, el agravio relativo a la ausencia de tratamiento de la extinción de la acción como defensa de fondo de la demandada.
Expresó al respecto que "tal excepción fue rechazada implícitamente en virtud de que la demanda fue admitida en su totalidad". No obstante ello -sostuvo- "puede subsanarse dicha omisión en esta instancia", pues el planteo preterido en su tratamiento se basaba en una hipótesis falsa: "la supuesta
cancelación total del precio pactado en los contratos de provisión. En realidad, al momento de promoverse la demanda no se encontraba extinguida la obligación principal, que es el pago total de precio pactado (que incluye precio básico más reajustes derivados de los mayores costos) y menos aun la obligación accesoria". Agregó que la propia demandada "reconoció en la instancia administrativa previa al juicio, la existencia de su mora" y el derecho al cobro de los daños, estableciendo como sola condición para su pago la necesidad de probarlos" (fs. 1505/1506 vta.).
) Que con relación a la alegada falta de examen de las cláusulas de reajuste de precios de las órdenes de entrega en cuestión -que según la demandada serían "representativos de la variación en todos los elementos constitutivos del costo, incluídos los gastos indirectos y generales. Por lo que no se considerará ninguna variación por separado ... ni tampoco por ningún otro elemento no mencionado" y que en consecuencia, el juez no evaluó "el hecho de que se efectuaron concesiones recíprocas que fueron compensando el equilibrio económico del contrato"el a quo también desestimó el agravio (1505 vta./1506 vta.).
Sostuvo al respecto que tales cláusulas comprenden exclusivamente los costos y sus posibles variaciones, con el fin de limitar la mecánica de ajuste de precios estrictamente a la aplicación de fórmulas polinómicas convenidas, "lo cual no tiene que ver con el reclamo de autos, ... que se refiere -concretamente- a la reparación de los efectos dañosos derivados de la mora culpable". Con relación a las compensaciones, expresó que "la prueba contable le resulta adversa" a Ferrocarriles Argentinos S.A.
) Que la cámara también descartó los agravios de la demandada a tenor de los cuales frente a las opciones que tenía la actora por el alegado incumplimiento, ésta no intimó
Corte Suprema de Justicia de la Nación fehacientemente a su parte y luego, al finalizar el contrato, pretendió "el lucro cesante por obligaciones accesorias de otras principales que ya se cumplieron", por lo que solicitó la aplicación del art. 1638 del Código Civil. Expresó al respecto que la prueba documental rendida demostraba que sí existieron intimaciones y que el Reglamento General de Contrataciones -art. 71 inc. b)- establece la mora de puro derecho, "es decir por el simple vencimiento del plazo contractual"; descartó también la aplicación del art. 1638 del Código Civil, "en virtud de que se refiere a la reparación de los efectos dañosos de la locación de obra y aun en estos supuestos, sólo puede ejercerse mientras no se halle incurso en mora" (fs. 1506 vta.).
) Que en cuanto a la aplicación del tope indemnizatorio previsto en el art. 54 del Reglamento General de Contrataciones, tal defensa tampoco encontró cabida. Expresó la cámara que "dicha norma consagra la facultad de rescisión unilateral y anticipada del ferrocarril, imponiéndole una obligación resarcitoria tarifada" (fs. 1506 vta./1507).
) Que el agravio de la recurrente que se dirige a cuestionar la afirmación del a quo referente a que Aal momento de promoverse demanda no se encontraba extinguida la obligación principal...@ debe declararse desierto a tenor de lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En efecto, la apelante se afirma en el hecho según el cual en la demanda se había reclamado de manera exclusiva la obligación accesoria, originada -según transcripción del escrito inicial- en los "daños moratorios ocasionados, no por la deuda del dinero, sino por el hecho de no haber puesto a disposición de la proveedora dentro de los plazos previstos los vagones indispensables ..." (fs. 127 y 1567). Así, argumenta con base en los arts. 505, 525 y 624 del Código Civil y
concluye que "las acciones que se deducen en autos se han extinguido al cumplimentarse totalmente las obligaciones contractuales, salvo en aquellos casos en que en forma inequívoca -y por aplicación del art. 624 del Código Civil- el adjudicatario hubiera reservado al recibir el pago su derecho de reclamar daños moratorios".
Tal argumento omite considerar que el a quo había señalado que la recurrente se había "basado en una hipótesis fáctica falsa: la supuesta cancelación total del precio pactado en los contratos de provisión" (fs. 1506). Una adecuada refutación de lo expresado exigía por parte de la apelante, al menos, la demostración de la ausencia de prueba sobre tal aserto y un desarrollo suficiente que articulase la cuestión de hecho -esto es, que la obligación principal se encontraba efectivamente extinguida- con las consideraciones de derecho en juego. Así, toda la construcción argumental de la demandada referente a las obligaciones principales y accesorias, prescinde de los propios términos de la sentencia, que -independientemente de aquello que fue objeto del reclamo en estos autos- consideró que "no se encontraba extinguida la obligación principal" y esa cuestión "fáctica", en palabras del a quo, no mereció una sola mención con apoyo en las constancias de la causa.
Cabe agregar, a mayor abundamiento, que aunque se considerara extinguida la Aobligación principal@ del contrato, según solicita la apelante, y se aplicara el sublite el art.
624 del Código Civil, como también aquélla pretende -norma que sería Aaplicable al caso de autos incluso por analogía@ (fs. 1567 vta.)- la solución tampoco variaría.
En efecto el mencionado precepto, que da por extinguida la deuda accesoria (intereses) cuando se da recibo sin formular reserva por el pago de la obligación principal (capital),
Corte Suprema de Justicia de la Nación establece una presunción iuris tantum. Se ha dicho que A. ese carácter puramente presuntivo, y no definitivo, que tiene el recibo del capital respecto de la cancelación de los intereses, es que se ha aceptado el reconocimiento de adeudar intereses efectuado por el deudor después de satisfecho el capital@ (L.J.J., Tratado de Derecho Civil, Obligaciones II, Bs.As. 1970, 942 in fine, con cita del precedente de esta Corte transcripto en L.L. t.48, pág.274 y en Fallos: 208:336).
Esto resulta decisivo por los reconocimientos efectuados por la demandada en el sentido de adeudar daños moratorios de la clase reclamada por la actora (ver próximo considerando). Esos reconocimientos bastan para impedir el juego de la presunción extintiva del art. 624 del Código Civil.
) Que, con relación al mismo agravio, la cámara señaló también que "...la propia demandada reconoció en la instancia administrativa previa al juicio la existencia de su mora y el derecho al cobro de los daños, estableciendo como sola condición para el pago de los mismos la necesidad de probarlos (A tal fin F.A ordenó una auditoría interna que le resultó desfavorable)", cfr. fs. 1506 y vta.
Frente a tal fundamentación, la demandada sólo se- ñala que la mencionada auditoría "dio lugar luego a denuncias ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, e incluso, a causas penales cruzadas entre funcionarios de la propia Ferrocarriles Argentinos" y agrega que "nada de eso meritúa el a quo" (fs. 1568 vta.).
Lo reseñado hasta aquí da lugar a un doble orden de reflexiones. En primer lugar, se observa una absoluta ausencia de refutación respecto del decisivo fundamento según el cual la demandada había reconocido la mora y el derecho al cobro de los daños con la sola condición para su pago de Ala necesidad de probarlos" (fs.
1506/vta.).
Esta afirmación queda corroborada con las constancias de fs. 15 y 66, -reconocidas
por la demandada a fs.
199y las de fs.
60 y 63, estas últimas invocadas por el sentenciante de primera instancia sin cuestionamiento por parte de la demandada en su apelación ante el a quo (fs. 1369 vta.).
En segundo lugar y en lo atinente a la "auditoría interna" -sobre cuyas características y consecuencias nada aporta al Tribunal la demandada- corresponde señalar que el a quo hizo hincapié en la decisión de "ordenar" tal auditoría, de modo tal que las derivaciones de ésta -que, se reitera, no resultan del memorial- nada agregan a la fundamentación de la sentencia. En efecto, las restantes motivaciones del fallo relativas a la procedencia sustancial del reclamo, prescinden absolutamente de las conclusiones de tal auditoría, todo lo cual lleva a descartar aquella argumentación de la demandada -por impertinente- en los términos del art. 265 del Código Procesal citado.
) Que idéntica suerte debe correr el agravio relativo a que las cláusulas de las órdenes de compra, según la apelante, fueron examinadas "ligeramente" por el a quo (fs.
1569). El planteo (punto 3 de fs. 1569) constituye en esencia una reiteración de lo expresado a fs. 1430, pues carece del más mínimo desarrollo, que era particularmente necesario si se pretendía una interpretación extensiva del art.
54 del mencionado Reglamento, previsto expresamente para el caso de rescisión por culpa de la demandada. Por esa razón, el agravio debe ser declarado desierto.
10) Que en lo relativo a las Aconcesiones recíprocas" que habrían convenido las partes, la absoluta ausencia de refutación respecto del fundamento del a quo, según el cual "la prueba contable le resulta adversa a F.A. (ver fs. 698 vta. y 699 y fs.
953)" lleva a idéntica declaración de deserción.
Corte Suprema de Justicia de la Nación 11) Que el mismo defecto se observa con relación al agravio vinculado con la falta de "intimación fehaciente" por parte de la actora, toda vez que la fundamentación del a quo basada en el Reglamento General de Contrataciones sobre el punto, no fue siquiera aludida por la demandada en el memorial sub-examine. Ello determina que deba declarase la deserción de este agravio.
12) Que el titulado Asegundo agravio" del recurrente se relaciona con la ausencia de argumentos del a quo para concluir en la no aplicación del tope indemnizatorio del art.
54 del Régimen General de Contrataciones de Ferrocarriles Argentinos. En este aspecto, el recurso exhibe idénticas falencias, pues el recurrente omite cuestionar el argumento decisivo que permitió a la cámara concluir en que no debía aplicarse la disposición reglamentaria citada, esto es, que aquélla sólo contempla los casos de rescisión anticipada y unilateral del contrato por parte de la empresa estatal.
La solución a la que se arriba, por lo demás, no se modifica con la cita de los precedentes de Fallos: 307:1828 y 312:1461, toda vez que en ninguno de ellos se decidió la aplicación de esa previsión al cumplimiento tardío de la obligación, de modo que carecen de relación con el argumento que debía rebatirse a fin de obtener la modificación de la decisión.
13) Que seguidamente, la demandada cuestiona que el a quo no aplicara en el caso la previsión del art. 1638 del Código Civil. Este aspecto del recurso debe correr la misma suerte de los anteriores. En efecto, la cámara entendió que aquélla no podía prevalerse de la citada disposición legal en virtud de que se encontraba incursa en mora, conclusión que no
ha merecido en el memorial reflexión alguna.
La cita del precedente de Fallos: 316:1025 es irrelevante a ese fin, por cuanto en esa decisión no se aborda la cuestión. Por lo demás, tampoco se han alegado en el caso circunstancias de hecho similares a aquellas de las que esta Corte hizo mérito en la causa recién referida para admitir la limitación de la indemnización (ver considerando 18).
14) Que, finalmente, corresponde declarar desierto el recurso ordinario en cuanto a la forma en que fueron impuestas las costas, pues el recurrente no ha esgrimido que en el caso concurra el supuesto de hecho que autorice la aplicación del art. 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuya cita constituye el único fundamento de este agravio.
Por ello, se declara desierto el recurso ordinario interpuesto en los términos del art. 265 del Código Procesal.
En su mérito, se confirma la sentencia apelada, con costas (art. 68 del citado código). N. y devuélvase. EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia) - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - GUILLERMO A. F.
LOPEZ - JUAN CARLOS MAQUEDA.
) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala III, confirmó, con costas, la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda interpuesta por La Providencia S.A. contra Ferrocarriles Argentinos S.A., condenando a esta última al pago de los daños y perjuicios derivados de la demora en que incurrió en la suplencia de vagones para la carga de piedra balasto que la actora debía proveerle en el marco de diversos contratos de suministro. Contra ese pronunciamiento, la parte demandada interpuso el recurso ordinario de apelación (fs.
1539/1540), que fue concedido (fs. 1555/1555 vta.). El memorial de la recurrente consta a fs. 1565/1574 y fue contestado por la parte actora a fs. 1581/1599 vta.
) Que el recurso ordinario de la parte demandada es formalmente admisible toda vez que ha sido dirigido contra una sentencia definitiva recaída en una causa en que la Nación es Cal menos, indirectamenteC parte, y el valor cuestionado supera el mínimo establecido por el art. 24, inciso 6° del decreto-ley 1285/58 y sus modificaciones, y la resolución de esta Corte 1360/91.
) Que la cámara rechazó el agravio de la demandada consistente en que el juez de primera instancia no había tratado la invocada "falta de acción", que aquélla había fundado en que la obligación principal a su cargo estaba cumplida y, en consecuencia, se hallaba extinguida la obligación accesoria. En este sentido, la apelante sostuvo que en las cláusulas de reajuste de precios aplicables a los contratos en cuestión se había estipulado que no se consideraría ninguna
Corte Suprema de Justicia de la Nación variación aparte de las contenidas en aquéllas.
) Que el a quo entendió que la aludida "falta de acción" había sido rechazada implícitamente toda vez que la demanda fue admitida en su totalidad. Afirmó que no era cierto que al momento de promoverse la demanda se encontrara cancelada totalmente la obligación principal. Sostuvo, asimismo, que la demandada había reconocido en sede administrativa la existencia de la mora y el derecho al cobro de los daños que se acreditaren, a cuyo fin ordenó una auditoría interna, que le fue desfavorable. En lo referente a las cláusulas de mayores costos, señaló que nada tenían que ver con el reclamo de reparación de los efectos dañosos de la mora culpable.
) Que la cámara descartó también, con base en la prueba, los planteos de la apelante en lo relativo a las supuestas Acompensaciones" que equilibraron la ecuación económica del contrato y a la falta de intimación fehaciente de la actora para que supliera los vagones. Sobre este último aspecto agregó que, conforme al artículo 71, inciso b, del Reglamento General de Contrataciones de Ferrocarriles Argentinos, la mora se producía de pleno derecho.
Finalmente, el a quo consideró inaplicable el tope indemnizatorio del artículo 54 del citado Reglamento General de Contrataciones de la demandada, e improcedente el ejercicio de la potestad conferida a los jueces en el artículo 1638 del Código Civil.
) Que los agravios expuestos en el recurso ordinario de apelación pueden resumirse así: a) la demanda debe ser rechazada porque la obligación principal a cargo de Ferrocarriles Argentinos está cancelada, razón por la cual también se ha extinguido la obligación accesoria. Por lo demás, la auditoría interna a que aludió la cámara fue objeto de investigación administrativa y judicial, debido a sus irregu-
laridades; b) corresponde aplicar al sub lite el límite tarifado establecido en el artículo 54 del Reglamento General de Contrataciones de Ferrocarriles Argentinos para los casos de rescisión culpable de la apelante; c) en el supuesto de que no se atiendan los agravios anteriores, debe hacerse uso de la potestad morigeradora del monto indemnizatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1638 del Código Civil. La apelante solicitó, finalmente, que se distribuyeran las costas de todas las instancias conforme a las pautas del artículo 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
) Que el primer agravio debe ser desechado pues la recurrente no desvirtúa, con apoyo en las constancias de la causa, el argumento de la cámara en el sentido de que, al momento de promoverse la demanda, no se encontraba totalmente extinguida la obligación principal y de que existía un reconocimiento de la deuda efectuado por la apelante en sede administrativa.
Al respecto, cabe señalar, en primer lugar, que el aludido reconocimiento de la mora en el cumplimiento de la prestación y la existencia de daños derivados de aquélla están corroborados con las constancias de fs. 15 y 66, admitidas por la demandada a fs.
199, y de fs.
60 y 63, estas últimas invocadas por el juez de primera instancia, sin que esa circunstancia haya sido motivo de agravio de la recurrente en su apelación ante la cámara (fs. 1369 vta.).
Por su parte, las invocadas irregularidades de la "auditoría interna"a que se alude en el memorial de agravios no tienen relevancia alguna para la decisión del asunto, pues tanto el juez de primera instancia como la cámara prescindieron absolutamente de las consideraciones de esa auditoría y basaron la procedencia del reclamo en otros argumentos y en
Corte Suprema de Justicia de la Nación las pruebas producidas en autos.
) Que, además, es infundado el agravio pues la recurrente reitera los argumentos que ha sostenido desde la contestación de la demanda, sin considerar que no existe vinculación entre el cumplimiento de la obligación principal a su cargo Cel pago total del precio pactadoC y los reclamos de la actora, derivados de la mora en el cumplimiento de la prestación accesoria de provisión de vagones, en lugar de centrar sus quejas en la efectiva prueba de los daños y en si ellos eran una consecuencia directa e inmediata de la demora de la comitente (doctrina de Fallos: 310:2824 y 312:2022).
1569). El planteo constituye en esencia una reiteración de lo expresado a fs. 1430 y carece del mínimo desarrollo en orden a demostrar que los términos utilizados para el reajuste de aquéllas no sólo resarcían los mayores costos incurridos, sino también los daños derivados de la mora imputada a la comitente.
10) Que tampoco puede prosperar el recurso en lo relativo a las supuestas "concesiones recíprocas" entre las partes y a la alegada falta de intimación fehaciente de la actora para que la demandada cumpliera con su obligación, pues la apelante no se ha hecho cargo de los argumentos de la cámara, que rechazó esos planteos con base en la prueba y en la normativa aplicable a los contratos en examen.
11) Que, establecido que la demandada incurrió en mora y que debe responder por los daños reclamados por la contratista, corresponde examinar el agravio referente a la
aplicación del artículo 54 del Reglamento General de Contrataciones de Ferrocarriles Argentinos, a fin de determinar el alcance de la reparación por la que deberá prosperar la demanda.
12) Que en este aspecto cabe recordar que el artículo 1198 del Código Civil establece que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión, regla cuya aplicación a los contratos administrativos ha sido reiteradamente decidida por esta Corte (Fallos:
305:1011; 310:2278; 315:158 y 1299; 316:212 y 382; 319:469, entre otros).
13) Que la interpretación de las cláusulas contenidas en el marco contractual en examen indica que debe atenderse al modo en que se encuentra regulada en aquél una situación de mayor gravedad que la que funda el reclamo de autos, cual es la rescisión del contrato por culpa exclusiva del Ferrocarril.
En ese supuesto, el artículo 54 dispone que "cuando un contrato fuera rescindido por culpa de la Empresa, el adjudicatario tendrá derecho a que se le reconozcan en concepto de gastos directos e improductivos y como única y total indemnización hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del total contratado o que falte cumplir y aquellos materiales que fueron incorporados hasta el momento de la rescisión, serán pagados una vez que el contratante determine su valor corriente en plaza al momento de su incorporación, si no existieren otros elementos concretos de su valor, sin lugar a reclamación alguna por lucro cesante, por intereses de capitales requeridos para financiación ni por ningún otro concepto", es decir, reconoce en forma clara y precisa una única indemnización tarifada (Fallos: 307:1828).
Corte Suprema de Justicia de la Nación 14) Que el sistema de indemnizaciones tarifadas era propio de los contratos que celebraba Ferrocarriles Argentinos. De tal modo, en el marco del sinalagma contractual, no sólo se limitaba la reparación a pagar por la comitente en el caso de rescisión culpable, sino que también se establecía que la indemnización por demoras en que incurriera el contratista no podía exceder el 15% del monto del contrato que se hubiere adjudicado y que hubiere sido cumplido fuera de los plazos estipulados y siempre que dicho monto indemnizatorio no superara el tope máximo de la garantía de adjudicación (art.
71 inc. c, apartado 2°, del Reglamento General de Contrataciones de Ferrocarriles Argentinos, y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la demandada, fs. 74 del expediente administrativo 10.408/76).
En consecuencia, el reclamo de la actora no puede prosperar sino hasta el porcentaje establecido en el citado artículo 54, cuyos términos fueron reseñados en el considerando precedente.
15) Que, en particular, respecto de los daños relacionados con la orden de entrega 50.738, la previsión del artículo 54 resulta directamente aplicable, pues la relación contractual fue rescindida por la actora por culpa exclusiva de la comitente (conf. reclamos de fs. 411/4, telegrama de fs.
455 y dictamen de la Gerencia de Asuntos Jurídicos de Ferrocarriles Argentinos de fs. 406/408 del expediente administrativo 7123/71).
16) Que con la solución adoptada no se produce la ruptura de la ecuación económica del contrato. En efecto, la demandante, al acceder a contratar con Ferrocarriles Argentinos de acuerdo con las cláusulas reseñadas, asumió, como parte de su riesgo empresario, la posibilidad de obtener un resarcimiento acotado aun en caso de incumplimiento culpable de la entidad estatal, por lo que no puede pretender, por una vía oblicua como es la de reclamar los daños por incumplimiento
tardío de una prestación accesoria, el pago de una suma mayor que la que habría obtenido en la extrema circunstancia de incumplimiento de la obligación principal de su contraparte.
Estas consideraciones no pudieron dejar de ser efectuadas por la actora al evaluar el negocio al que accedía, razón por la cual, al formular su propuesta, debió obrar con pleno conocimiento de las cosas (arg. art. 902 del Código Civil), pues la magnitud de los intereses en juego le imponía actuar de modo de prever cualquier eventualidad que pudiese incidir negativamente en el resultado económico del contrato, adoptando a ese efecto las diligencias apropiadas que exigían las circunstancias de persona, tiempo y lugar (art. 512 del Código Civil; Fallos: 316:382), lo que, en el caso, obstaba al desconocimiento del régimen de responsabilidad limitada propio de las contrataciones de Ferrocarriles Argentinos, máxime si se considera que alegó ser proveedora únicamente de aquélla (fs. 125 vta.).
17) Que, finalmente, la indemnización concedida en los términos y con los alcances del artículo 54 no implica una merma en la reparación debida ni un menoscabo al derecho de propiedad. Ello es así en virtud de la recta interpretación que cabe asignar a la norma que sirve de sustento a la indemnización. En efecto, el Reglamento General de Contrataciones de Ferrocarriles Argentinos no prevé una solución específica para el caso en examen, por lo que no es irrazonable la aplicación analógica de las normas del mismo cuerpo, lo que impide que se configure una situación abusiva y recompone con equidad la situación del contratista que ha invertido su trabajo y su capital para obtener una utilidad razonable y que ve parcialmente frustrada su ganancia a raíz de la mora en el cumplimiento de ciertas obligaciones de la comitente.
Corte Suprema de Justicia de la Nación 18) Que, por lo demás, la posible aplicación del artículo 54 no fue descartada por la actora en el trámite de su reclamo en sede administrativa, oportunidad en la que esgrimió argumentos contrarios a su aplicación (fs. 72 vta.) y, al comunicar al Gerente de Auditoría Contable y Financiera Interna de la demandada que iniciaría demanda, expresó que "según consultas formuladas a prestigiosos juristas, las limitaciones impuestas por el Reglamento de Contrataciones son inconstitucionales a tenor de las nuevas teorías resarcitorias surgidas de la actual jurisprudencia y doctrina y a la luz del principio de inviolabilidad del derecho de propiedad" (fs.
35/37, anexo E de la prueba documental acompañada), sin perjuicio de lo cual no efectuó planteo judicial sobre la inconstitucionalidad de la norma en cuestión.
19) Que, en razón de lo expuesto precedentemente, se torna inoficioso el tratamiento del último agravio del recurrente, relativo a la aplicación del art. 1638 del Código Civil, pues la cuestión ha sido resuelta de conformidad con las normas administrativas que regían la contratación.
20) Que el modo como se resuelve justifica la variación del porcentaje de imposición de las costas en todas las instancias, en un 80% a la actora y un 20% a la demandada, en razón de los vencimientos recíprocos (arts. 71 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, se hace lugar al recurso ordinario de la parte demandada y se modifica la sentencia apelada en los términos de los considerandos 11 a 18 y 20 de este fallo. Las costas se imponen, en todas las instancias, en un 80% a la actora y un 20% a la demandada. N. y, oportunamente, devuélvanse los autos. AUGUSTO CESAR BELLUSCIO.

References: resolución 
in fine
 resolución 
 artículo 71
 artículo 54
 artículo 1638
 artículo 54
 artículo 1638
 artículo 71
 artículo 54
 artículo 1198
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 54