Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/06/registro-oficial-26-de-junio-del-2000
Timestamp: 2020-07-12 16:22:22+00:00

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Registro Oficial. 26 de JUNIO del 2000
Lunes 26 de Junio del 2000
\n 507\n Increméntense\n los montos de los subsidios a favor de las madres de familia;\n de las personas mayores de 65 años y personas discapacitadas;\n y, refórmase el Decreto No. 1186, publicado en el Registro\n Oficial No 272 de 8 de septiembre de 1999.
\n SB-2000-0568\n Suspéndase\n por veinte años la autorización concedida a la\n firma auditora externa
\n Hansen Holm & Co. Cía. Ltda. para realizar auditorías\n externas.
\n 74-99 José Manuel Ipiales\n Pupiales en contra de Angel Yodardo Gordillo López
\n 82-99 Atilio Mártires\n Sellan Palma en contra de la Compañía Refrescos\n S.A.
\n 183-99 Clara Mercedes Changoluisa\n Calapaqui en contra de Marcelo Córdova Espinel y otra.\n
\n 201-99 William Muñoz\n Bernal en contra de Petroproducción.
\n 205-99 Francisco Eugenio Córdova\n Amaya en contra de IZUCORP S.A. y otra.
\n 224-99 Delio Antonio Vera Quiroz\n en contra del INDA.
\n 305-99 George Acuria Arriaga en contra\n de Autoridad Portuaria de Guayaquil.
\n 306-99 Angel Palacios Marín\n en contra del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.
\n 310-99 Héctor Alfredo\n Patiño Morán en contra de Autoridad Portuaria de\n Guayaquil.
\n 315-99 Juana Maria Villafuerte\n en contra de Eduardo Vayas Salazar.
\n -\n Cantón Santo Domingo: Que\n permite normar los requisitos que deben cumplir, así como\n los
\n pagos que realizará el usuario por concepto de tasas retributivas\n por los servicios técnicos y
\n administrativos, que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado\n otorga
\n IP-2000\n Interpretación\n prejudicial de los artículos 81, 83, literal a), 89, 93,\n 104, 105, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5º. del Tratado\n que crea el
\n Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por el\n Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de\n lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso\n Interno No. 3924. Actor: Cervecería BACKUS & JOHNSTON\n S.A., marca: CRISTAL ORO 17
\n 6-IP-2000 Interpretación\n prejudicial de los artículos 81 (de oficio) y 82, literal\n d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo\n de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República\n de
\n Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección\n Primera. Proceso Interno No. 5288. Actor: LABORATORIOS BUSSIE\n BUSTILLO Y CIA. S.C.A Marca NUTRISAL .
\n 08-IP-2000 Interpretación\n prejudicial del articulo 83, literal a) de la Decisión\n 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada\n por el Consejo de Estado de la República de Colombia,\n Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,\n dentro del Proceso Interno No. 5393, promovido por la Sociedad\n ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: FITNES.
\n 364\n Por la cual\n se resuelve el recurso de reconsideración presentado por\n el Gobierno de Bolivia
\n contra la Resolución 317 de la Secretaría General\n que contiene el Dictamen 48-99 de
\n Incumplimiento por no otorgar permisos de Transporte Aéreo\n No Regular de Carga Internacional
\n solicitados por la empresa Ciclos del Perú S.A.
\n 365 Precios de Referencia\n del Sistema Andino de Franjas de Precios para la segunda quincena\n de
\n marzo del 2000, correspondientes a la Circular No. 120 del 6\n de marzo del 2000
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 129, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 29 de 18 de septiembre de 1998, se estableció\n el subsidio a favor de las madres de familia pobres, con al menos\n un hijo menor de dieciocho años, cuyo ingreso familiar\n no supere un millón de sucres, siempre que ni ellas ni\n sus cónyuges, silo tuvieren, perciban salario fijo; y,\n el subsidio a personas mayores de sesenta y cinco años,\n cuyo ingreso familiar no supere un millón de sucres, siempre\n que el beneficiario no perciba salario fijo;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 682, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 149 de 16 de marzo de 1999, se incrementó\n el valor del mencionado subsidio, y se estableció un subsidio\n de setenta y cinco mil sucres a favor de las personas que tengan\n un grado de discapacidad de por lo menos el setenta por ciento,\n cuya edad se encuentre entre los dieciocho y sesenta y cuatro\n años y que no estén comprendidos en los supuestos\n indicados anteriormente;
Que, con Decreto Ejecutivo No. 1186 de 19 de agosto de 1999,\n publicado en el Registro Oficial No. 272 de 8 de septiembre de\n 1999 se encargó la administración del subsidio\n establecido mediante los decretos Nos. 129 y 682 publicados en\n los Registros Oficiales Nos. 29 y 149 de 18 de septiembre de\n 1998 y 16 de marzo de 1999 respectivamente, al Consejo Nacional\n de Modernización del Estado;
Que, la crisis económica que afecta al país,\n obliga al Gobierno Nacional a tomar medidas que permitan mantener\n y cumplir los objetivos por los cuales se estableció el\n mencionado subsidio;
Que, el artículo 1 de la Ley para la Transformación\n Económica del Ecuador, que sustituye los artículos\n del 1 al 5 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del\n Estado, establece en la República del Ecuador el régimen\n monetario fundamentado en el principio de plena circulación\n de las divisas internaciones de libre transferibilidad en el\n exterior;
Que, el articulo 4 de la norma citada en el considerando anterior,\n determina que todas las operaciones realizadas por o a través\n de las instituciones del sistema financiero se expresarán\n en dólares de los Estados Unidos de América;
Que, la eliminación de la indigencia, la superación\n de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes\n y, la distribución equitativa de la riqueza, constituyen\n objetivos permanentes de la economía ecuatoriana, conforme\n lo manda el artículo 243 de la Constitución Política\n de la República; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo\n 171 de la Constitución Política de la República,
ARTICULO 1. - Se incrementa en USD$ 54,00 dólares anuales\n el monto del subsidio a favor de las madres de familia que de\n acuerdo a las disposiciones correspondientes tienen derecho a\n percibir el mismo. En consecuencia, el sub-sidio para estas personas\n será de USD$ 126 dólares anuales.
De igual forma, se incrementa en USD$ 36,00 dólares\n anua-les el monto del subsidio establecido a favor de las personas\n mayores de sesenta y cinco años, y personas discapacitadas\n beneficiarias del subsidio. En consecuencia, el subsidio para\n estas personas será de USD$ 72 dólares anuales.
ARTICULO 2. - Refórmase el Decreto Ejecutivo No. 1186,\n publicado en el Registro Oficial No. 272 de 8 de septiembre de\n 1999, en los siguientes artículos:
- En el articulo 3, inciso tercero, cámbiese S/. 1.800.000\n sucres anuales por USD$ 126 dólares anuales.
- En el articulo 4, incisos primero y segundo, cámbiese\n S/. 500.000 por USD$ 20 dólares americanos; y, S/. 900.000\n sucres por USD$ 72 dólares americanos.
- En el artículo 5, primero y tercer incisos, cámbiese\n S/. 500.000 sucres, por USD$ 20 dólares americanos; y\n S/. 900.000 sucres, por USD$ 72 dólares americanos.
- El artículo 12 dirá:
"Art. 12.- El máximo número de beneficiarios\n inscritos y calificados como habilitados para el cobro del subsidio\n será aquel que pueda ser atendido con el techo anual de\n USD$ 121'780.500 dólares americanos".
ARTICULO 3.- De la ejecución del presente decreto que\n entrará en vigencia a partir del primero de junio del\n 2000, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial,\n encárguese al señor Ministro de Economía\n y Finanzas.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 19 de junio del 2000.
f) Ing. Luis G Iturralde M., Ministro Finanzas de Economía\n y Es fiel copia del original. - Lo certifico:
f.) Marcelo Santos Vera, Secretario Administración\n Pública. General de la
N0 SB -\n 2000 - 0568
Que mediante resoluciones N0 SB - 95 - 2065 de 8 de junio\n de 1995 y No. SB - 96 - 0221 de 24 de diciembre de 1996. se calificó\n a la firma auditora externa HANSEN HOLM & CO. CIA. LTDA.,\n a fin de que pueda prestar servicios de auditoria externa en\n las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos;
Que el articulo 83 de la Ley General de Instituciones del\n Sistema Financiero establece la obligación de que toda\n institución del sistema financiero tenga un auditor externo,\n calificado en cuanto a su idoneidad y experiencia por la Superintendencia\n de Bancos, la misma que llevará el registro correspondiente;
Que mediante oficio N0 INBGF - 98 - 02099 de 19 de agosto\n de 1998, se autorizó a Filanbanco SA. la suscripción\n del contrato de auditoría externa con la firma HANSEN\n HOLM & CO. CIA. LTDA., para el ejercicio económico\n de 1998;
Que en el informe de 18 de diciembre de 1998, emitido por\n la firma HANSEN HOLM & CO. CIA. LTDA. relacionado con el\n destino de los recursos otorgados por el Banco Central del Ecuador\n al amparo de lo previsto en los artículos 24 y 26 de la\n Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, se expresa\n que "... en nuestra opinión excepto por lo mencionado\n en el numeral cuarto y de las posibles situaciones que pudieran\n derivarse de haber contado con la información descrita\n en el párrafo quinto, la información antes indicada\n remitida por Filanbanco SA. al Banco Central del Ecuador correspondiente\n al periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 25 de noviembre\n de 1998, es adecuada y de acuerdo con nuestro mejor saber y entender,\n cubre los requerimientos del Banco Central del Ecuador y de la\n Superintendencia de Bancos";
Que se ha evidenciado la existencia de discrepancias significativas\n entre lo afirmado en su informe por la firma auditora externa\n HANSEN HOLM & CO. CIA. LTDA. y lo encontrado por la comisión\n especial de Quito de la Superintendencia de Bancos, a través\n de memorando N0 INSEF - 2000 - 830 de 13 de junio del 2000, la\n cual, precisa que la mencionada firma auditora externa no ha\n mencionado en sus informes las inversiones que Filanbanco Trust\n registró en su balance, sin documentación de soporte,\n mientras se encontraba vigente el crédito de liquidez\n otorgado por el Banco Central del Ecuador, lo cual se desprende\n adicionalmente del memorando N0 INSEF - 2000 - 0863 de 15 de\n junio del 2000, preparado por la Intendencia Nacional de Supervisión\n de Entidades Financieras;
Que los antecedentes anotados ponen en evidencia la falta\n de la firma para ejecutar auditorias externas en las entidades\n del sistema financiero y configuran la causal de suspensión\n prevista en el numeral 2.2 del articulo 2 de la Sección\n III "Prohibiciones y sanciones", Capítulo I\n "Normas para la contratación y funcionamiento de\n las auditoras externas que ejercen su actividad en las entidades\n sujetas al control de la Superintendencia de Bancos", del\n Subtítulo III "Auditorias" del Título\n VIII "De la contabilidad, información y publicidad",\n de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia\n de Bancos y de la Junta Bancaria; y,
ARTICULO 1. - Suspender por veinte años contados a\n partir de la fecha de expedición de la presente resolución,\n la autorización concedida a la firma auditora externa\n HANSEN' HOLM & CO. CIA. LTDA., para realizar auditorias externas\n en las entidades controladas por la Superintendencia de Bancos,\n por encontrarse incursa en la causal prevista en el numeral 2.2\n del artículo 2 de la Sección III "Prohibiciones\n y sanciones", Capitulo I "Normas para la contratación\n y funcionamiento de las auditoras externas que ejercen su actividad\n en las entidades sujetas al control de la Superintendencia de\n Bancos", del Subtítulo III "Auditorias"\n del Titulo VIII "De la contabilidad, información\n y publicidad" de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria.
ARTICULO 2. - Reformar en este sentido las resoluciones N0\n SB - 95 - 2065 de 8 de junio de 1995 y N0 SB - 96 - 0221 de 24\n de diciembre de 1996.
ARTICULO 3. - Disponer que se tome nota de la presente resolución\n al margen del registro de la firma auditora externa, se comunique\n del particular a todas las entidades controladas por la Superintendencia\n de Bancos, a la Superintendencia de Compañías y\n a la firma Coopers & Lybrand L. L. P.
Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los dieciséis días del mes de junio del 2000.
Lo certifico: Quito, Distrito Metropolitano 16 de junio del\n 2000.
f) Dr. Julio Maya Ribadeneira, Secretario General de la Superintendencia\n de Bancos.
f) Dr. Julio Maya Rivadeneira, Secretario General. Quito,\n a 16 de junio del 2000.
N0 74 -\n 99
ACTOR: José María Ipiales\n Pupiales.
\n DEMANDADO: Angel Gordillo López.
Quito, a 23 de mayo del 2000: a las 11h00.
VISTOS: Angel Yodardo Gordillo López, en su calidad\n de demandado, interpone recurso de casación de la sentencia\n dictada por la Segunda Sala de la H: Corte Superior de Justicia\n de Ibarra, que modifica el fallo de primer nivel, que declara\n parcialmente con lugar la demanda, con las reformas introducidas\n en los razonamientos, dentro del juicio que por reclamaciones\n de índole laboral sigue en su contra José Manuel\n Ipiales Pupiales. Cumplido el trámite respectivo, la causa\n se encuentra en estado de dictar resolución y para hacerlo\n se considera: PRIMERO. - Esta Sala es competente para conocer\n y resolver el recurso en mención, en virtud de lo prescrito\n en el Art. 200 de la Constitución Política de la\n República, publicada en el Registro Oficial N0 1 de 11\n de agosto de 1998 y Arts. 1 y 2 de la Ley de Casación,\n así como por el sorteo legal practicado, cuya razón\n obra de autos. -SEGUNDO. - Fundamenta su recurso en las causales\n 1ª, y 3ª, del Art. 3 de la Ley de Casación.\n Asevera el recurrente que se han violado las siguientes normas\n de Derecho: Arts. 7, 380, 360. numeral 1o. del Código\n del Trabajo y Arts. 117, 119 y 121 del Código de Procedimiento\n Civil. En síntesis, manifiesta que el fallo dictado por\n el Tribunal de Apelación se aparta de los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba. así como\n también de las reglas de la sana crítica, sin tomar\n en cuenta la prueba presentada y debidamente actuada, así\n como también - los precedentes jurisprudenciales obligatorios.\n Que dentro de autos se estableció mediante pruebas testimoniales\n e instrumentales que el accionante debido a su acostumbrado estado\n de ebriedad sufrió el accidente de trabajo, constituyéndose\n en culpa grave del trabajador y por consiguiente aquello es un\n eximente de responsabilidad patronal, por lo que no pueden aplicarse\n las normas en caso de duda, en el sentido más favorable\n a los trabajadores. - TERCERO. - Realizada la confrontación\n que corresponde de la sentencia recurrida con el escrito de interposición\n del recurso constante de fs. 18 a fs. 19. del cuaderno de segunda\n instancia y luego del estudio y análisis del proceso,\n la Sala procede a realizar las siguientes observaciones: a) El\n motivo de la litis es determinar si el trabajador Manuel Ipiales\n Pupiales, terminó su relación de trabajo al tercer\n día de labores, en circunstancias en que trabajaba en\n estado de ebriedad y que por su culpa sufrió el lamentable\n accidente de trabajo. b) El derecho a la indemnización\n por riesgos del trabajo se encuentra estipulada en el Art 356\n del Código del Trabajo. donde se establece que dicho derecho\n corresponde a toda clase de trabajadores, salvo lo dispuesto\n en el Art. 359, el mismo que tiene concordancia con el Art. 38\n del antes citado cuerpo de leyes. El primero, establece que:\n ". . . El empleador está obligado a cubrir las indemnizaciones\n y prestaciones establecidas en este titulo, en todo caso de accidente\n o enfermedad profesional, siempre que el trabajador no se hallare\n comprendido dentro del régimen del Seguro Social y protegido\n por éste, salvo los casos contemplados en el artículo\n siguiente". El segundo, estipula que: "...los riesgos\n provenientes del trabajo son de cargo del empleador y cuando,\n a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal,\n estará en la obligación de indemnizarle de acuerdo\n con las disposiciones de este Código, siempre que tal\n beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de\n Seguridad Social...". Adicionalmente, los Arts. 66 y 193\n de la Ley de Seguro Social Obligatorio, confirman que la responsabilidad\n patronal deviene sólo cuando no se haya afiliado al trabajador\n al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el presente\n caso, con la prueba testimonial constante a fs. 77 vta., así\n como de la documentación certificada de fs. 19 a fs. 45\n y el reconocimiento tácito que hace el demandado al contestar\n la demanda, se ha comprobado que el actor sufrió un accidente\n de trabajo el día 12 de enero de 1995, siendo llevado\n de inmediato al Hospital San Vicente de Paúl de la ciudad\n de Ibarra, donde ha sido sometido a una intervención quirúrgica\n habiendo sido amputado a nivel del brazo derecho, siendo evidente\n la responsabilidad patronal. c) Cuando un trabajador sufre un\n accidente de trabajo, el empleador está en la obligación\n de indemnizarle, siempre que tal beneficio no sea concedido'\n por el IESS; en el presente caso, como el trabajador no ha sido\n afiliado al IESS según constancia de fs. 79 y como se\n encuentra reconocida y establecida la relación laboral,\n corresponde al accionado probar que ha satisfecho los rubros\n reclamados; y como no lo ha hecho, a lugar a las pretensiones\n planteadas en los numerales 3 y 4 de su demanda, en base de los\n recibos de fs. 108 y 109 del cuaderno de primer nivel, esto es,\n satisfacer lo que corresponde al valor de las curaciones e indemnizaciones\n emanadas del accidente del trabajo. Procede asimismo, a falta\n de pago de solución la indemnización por los 4\n días de labores (del 9 al 12 de enero de 1995), más\n el triple de recargo en atención al Art. 93 del Código\n del Trabajo, pago que se realizará de acuerdo al salario\n mínimo vital para los trabajadores agrícolas. -\n CUARTO. - En mérito de lo expuesto, se concluye que el\n Tribunal de Alzada al dictar el fallo recurrido incurrió\n en el error de no aplicar las normas de los Arts. 119 y 121 del\n Código Adjetivo Civil que fueron determinantes en la parte\n dispositiva de la sentencia. - QUINTO. - Por las consideraciones\n expuestas, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte\n Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa parcialmente la sentencia recurrida\n y se dispone que el demandado Angel Yodardo Gordillo pague al\n actor los derechos que le corresponde de acuerdo con el literal\n c) del considerando Tercero de este fallo. El Juez a - quo proceda\n a realizar la liquidación de los valores que se mandan\n a pagar en esta instancia, sin la intervención de peritos.\n Llámese la atención al Dr. Licinio Mencías\n Cháves, Juez Provincial del Trabajo de Imbabura, por la\n notoria demora injustificable en el despacho del presente juicio,\n razón por la cual se le multa en S/. 200,00 en atención\n a los Arts. 31 y 32 del Reglamento sobre Arreglo de Procesos\n y Actuaciones Judiciales. Igualmente llámese la atención\n al señor Guillermo A. Rueda, Secretario de la Judicatura,\n por su evidente desconocimiento de las normas procesales, al\n no dar cabal cumplimiento al Art. 1063 del Código Adjetivo\n Civil y Art. 8 del Reglamento sobre Arreglo de Procesos y Actuaciones\n Judiciales. Para el efecto, se dispone el envío de atento\n oficio a la Dirección de Recursos Humanos, para los fines\n legales consiguientes. Notifíquese y devuélvase.\n Cúmplase con lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Casación.
N0 82 -\n 99
ACTOR: Atilio Sellan Palma..
\n DEMANDADO: Cía. Refrescos SA
Quito, a 29 de mayo del 2000; a las\n 15h00.
VISTOS: Atilio Márteres Sellan Palma, interpone recurso\n de casación de la sentencia dictada por la Quinta Sala\n de la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que reforma\n el fallo de primer nivel, donde se declara parcialmente con lugar\n la demanda, dentro del juicio que por reclamaciones de índole\n laboral sigue en contra de la Compañía Refrescos\n SA., en la persona de su representante legal, admitido al trámite\n respectivo, la causa se encuentra en estado de dictar resolución\n y para hacerlo se considera: PRIMERO. - Esta Sala es competente\n para conocer y resolver el recurso en mención, en virtud\n de lo prescrito en el Art. 200 de la Constitución Política\n de la República, publicada en el Registro Oficial N0 1\n de 11 de agosto de 1998 y Arts. 1 y 2 de la Ley de Casación,\n así como por el sorteo legal practicado, cuya razón\n obra de autos. - SEGUNDO. - El actor fundamenta su recurso en\n las causales 1ª, y 3ª, del Art. 3 de la Ley de Casación.\n Asevera que se han aplicado erróneamente las siguientes\n normas de derecho: numerales 1°, 2°, 4° y 6°\n del Art. 35 de la Constitución Política de la República;\n Art. 592 del Código de Trabajo; Art. 119 del Código\n de Procedimiento Civil; y, Art. 4 del contrato colectivo, En\n síntesis manifiesta, que la sentencia dictada por el Tribunal\n de Alzada, se aparta de los preceptos jurídicos aplicables\n a la valoración de la prueba, así como también\n de las reglas de la sana crítica, sin tomar en cuenta\n la prueba presentada y debidamente actuada. Tampoco se toma en\n cuenta los principios constitucionales de derecho social, intangibilidad,\n irrenunciabilidad, así como las disposiciones legales\n aplicables en caso de duda, en el sentido más favorable\n a los trabajadores. Que al no aplicarse la cláusula 4ta.,\n del Décimo Tercer Contrato Colectivo, que se refiere a\n la vigencia del mismo y a la estabilidad contractual del trabajador\n con la empresa, ha dejado de percibir la indemnización\n que por derecho le garantizaba dicha disposición, dando\n el Tribunal de Apelación un valor indebido al acta de\n finiquito, donde solamente se considera el aspecto formal del\n mismo. - TERCERO. - Realizadas las confrontaciones correspondientes\n de la sentencia recurrida con el escrito de interposición\n del recurso constante de fs. 16 a fs. 20 del cuaderno de segunda\n instancia, y luego del estudio y análisis del proceso,\n la Sala procede a realizar las siguientes observaciones: a) Ante\n la inasistencia 'del demandado a la audiencia de conciliación\n donde debía contestar la demanda, constante a fs. 9 del\n cuaderno de primer nivel, por lo dispuesto en el Art. 117 del\n Código de Procedimiento Civil, es obligación del\n actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el\n juicio, mientras el demandado no está obligado a producir\n pruebas, si su contestación ha sido simple o absolutamente\n negativa. b) No existe controversia alguna con respecto a la\n existencia de la relación laboral entre las partes, sino\n que la contradicción surge con respecto a la impugnación\n del documento de finiquito, el mismo que se encuentra aparejado\n a fs. 11 y 12 de los autos de primer nivel, ésto es, que\n no le han pagado los valores que corresponden a la garantía\n de estabilidad establecida en la Cláusula Cuarta del Décimo\n Tercer Contrato Colectivo celebrado entre la empresa demandada\n y los trabajadores de la misma. c) De fs. 13 a fs. 25 del cuaderno\n de primera instancia, aparece en fotocopias certificadas el contrato\n colectivo antes citado; en su cláusula 4ta., se habla\n de la vigencia y de la estabilidad, y en la parte última\n dice: "...Si el empleador violare lo pactado en esta norma\n se estará a lo dispuesto en la Ley . A criterio de esta\n Sala, la palabra "Ley" se refiere al Código\n del Trabajo, que es lo que rige para el actor en este caso. En\n resumen, en este contrato colectivo no se pacta expresamente\n pluralidad de indemnizaciones y por tanto sólo procede\n el pago que disponen los Arts. 189, 185 y 188 del Código\n del Trabajo vigente, que es precisamente lo percibido por el\n trabajador. d) El recurrente cuestiona el acta de finiquito afirmando\n el incumplimiento de lo dispuesto en el Art. 592 del Código\n del Trabajo; pero sin que realmente se observe que en la misma\n se haya producido las violaciones de carácter constitucional\n y legal enunciados por el accionante, ya que de la revisión\n del citado instrumento se aprecia que la liquidación ha\n sido realizada y practicada ante el Inspector del Trabajo del\n Guayas, en forma pormenorizada, de manera que el actor ha sido\n satisfecho tanto en lo correspondiente a las indemnizaciones,\n por su separación de la empresa, como en lo relativo a\n los otros derechos laborales. De tal manera, que el acta de finiquito\n contiene los requisitos formales que debe reunir un documento\n de liquidación de obligaciones laborales para que sea\n válido y no se ha demostrado que dicho instrumento implique\n renuncia de derechos del trabajador. - CUARTO. - De todo lo anteriormente\n expuesto, se concluye que el Tribunal de Alzada, al dictar la\n sentencia materia de casación, observó fielmente\n tanto las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo\n como las del Código Adjetivo Civil; por tanto, no existe\n aplicación indebida, falta de aplicación o errónea\n interpretación de las normas de derecho que pudieran haber\n influido en la decisión de la causa. - QUINTO. - Por lo\n expuesto, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte\n Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación\n interpuesto por el actor. Notifíquese y devuélvase.\n Cúmplase con lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Casación.
Certifico que es fiel copia del original. Quito, 12 de junio\n del 2000.
N0 183\n - 99
ACTORA: Clara Changoluisa Calapaqui.
\n DEMANDADOS: Marcelo y Mercedes Córdova Espinel.
Quito, a 30 de mayo del 2000; a las\n 11h00.
VISTOS: Marcelo y Mercedes Córdova Espinel, en su calidad\n de demandados, interponen recurso de casación de la sentencia\n dictada por la Primera Sala de la H. Corte Superior de Justicia\n de Latacunga, que confirma el fallo de primer nivel, que acepta\n la demanda, con la reforma introducida en el razonamiento, dentro\n del juicio que por reclamaciones de índole laboral sigue\n en su contra y de otro, Clara Mercedes Changoluisa Calapaqui.\n Admitido a trámite el recurso, y elevados los autos a\n esta Sala, la causa se encuentra en estado de resolver y para\n hacerlo se considera: PRIMERO. - Esta Sala es competente para\n conocer y resolver el recurso en mención, en virtud de\n lo prescrito en el Art. 200 de la Constitución Política\n de la República, publicada en el Registro Oficial N0 1\n de 11 de agosto de 1998 y Arts. 1 y 2 de la Ley de Casación,\n así como por el sorteo legal practicado, cuya razón\n obra de autos. - SEGUNDO. - Del análisis del escrito que\n contiene la interposición del recurso de casación\n presentado por la parte demandada, constante de fs. 8 a fs. 9\n vta. del cuaderno de segundo nivel, la Sala observa que el mismo\n no cumple con las exigencias del Art. 6 de la Ley de Casación\n y de manera concreta con el numeral cuarto del precitado artículo.\n - TERCERO. - El recurso de casación no es una tercera\n instancia, sino un medio extraordinario para impugnar sentencias\n ejecutoriadas con el propósito de obtener su anulación;\n y por ello, el escrito que contenga tal impugnación debe\n ceñirse a la técnica especial que exige este recurso.\n En el presente caso, el escrito de interposición del recurso\n de casación formulado por los demandados, no cumple con\n los requisitos que exige el Art. 6 de la Ley de Casación,\n puesto que si bien señalan las causales primera y segunda\n del Art. 3 de dicha ley, no explica de qué manera ha influido\n en la parte dispositiva de la sentencia cada una de las causales\n en que fundamenta su recurso. Lo manifestado por los recurrentes\n en su escrito es tan solo un mal alegado de instancia donde creen\n ver infracciones que no existen, juzgando e interpretando que\n sus razones y argumentos son los únicos que deben ser\n fundamento del fallo impugnado, tanto más que no precisan\n en qué forma el fallo de segunda instancia ha violado\n las normas de derecho que cita. En definitiva, el escrito presentado\n por los accionados es anti-técnico en su formulación.\n - CUARTO. - En consecuencia, siendo improcedente el recurso de\n casación presentado por la parte actora, por no cumplir\n con los requisitos que exige la Ley de Casación, esta\n Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia,\n ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD\n DE LA LEY, rechaza el recurso de casación interpuesto\n por los accionados. Notifíquese y devuélvase. Cúmplase\n con lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Casación.
Quito, 12 de junio del 2000.
N0 201\n - 99
ACTOR: William Muñoz Bernal.\n
\n DEMANDADO: Petroproducción.
Quito, a 2 de mayo del 2000; a las 10h00.
VISTOS: En el juicio verbal sumario propuesto por William\n Muñoz Bernal contra la Empresa Estatal de Exploración\n y Producción de Petróleos del Ecuador, "Petroproducción",\n ambas partes interponen recurso de casación de la sentencia\n dictada por la Tercera Sala de la H. Corte Superior de Justicia\n de Guayaquil, que reforma el fallo de primer nivel dictado por\n el Juez a - quo, que declara con lugar la demanda. Admitido al\n trámite respectivo, la causa se encuentra en estado de\n dictar resolución y para hacerlo se considera: PRIMERO.\n - Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso\n en mención, en virtud de lo previsto en el Art. 200 de\n la Constitución Política de la República,\n publicada en el Registro Oficial N0 1 de 11 de agosto de 1998\n y Arts. 1 y 2 de la Ley de Casación, así como por\n el sorteo . legal practicado, cuya razón obra de autos.\n - SEGUNDO. - El actor fundamenta su recurso en las causales 1ª,\n y 3ª, del Art. 3 de la Ley de Casación. Asevera que\n se han aplicado erróneamente las siguientes normas de\n derecho: Arts. 211 y 220 del Código de Procedimiento Civil;\n Arts. 4, 5, 6 y 7 del Código del Trabajo; literales a,\n c, d, f y n del Art. 49 de la Constitución Política\n de la República. En síntesis manifiesta, que la\n sentencia dictada por el Tribunal de Alzada, se aparta de los\n preceptos jurídicos aplicables a la valoración\n de la prueba, así como también de las reglas de\n la sana crítica, sin tomar en cuenta la prueba presentada\n y debidamente actuada. Igualmente, no se toma en cuenta las normas\n constitucionales y disposiciones legales aplicable en caso de\n duda, en el sentido más favorable a los trabajadores.\n Que dentro de autos está debidamente demostrado que sí\n existió el despido intempestivo efectuado. La entidad\n demandada fundamenta su recurso en las causales 1ª, 2ª,\n y 3ª, del Art. 3 de la Ley de Casación. Asevera que\n se han infringido las siguientes normas de derecho: Arts. 117,\n 118, 119, 120, 121, 278, 283, numeral 2° del 303, numeral\n 3° del 355, 358 y 361 del Código de Procedimiento\n Civil. En síntesis, manifiesta que existe nulidad de la\n causa, por cuanto uno de los accionados no era el representante\n legal de Petroproducción, que es una filial de Petroecuador,\n ya que éste desempeñaba otro cargo, debiendo jurídicamente\n hacerlo en la persona del Presidente Ejecutivo de Petroecuador,\n por lo que existe ilegitimidad de personería. También\n se ordena en la sentencia que la entidad debe indemnizar al trabajador,\n pero no se determina la cantidad que debe pagarse ni tampoco\n la base para la liquidación a real izarse. - TERCERO.\n - Realizadas las confrontaciones correspondientes de la sentencia\n recurrida con los escritos de interposición de los recursos\n constantes en el cuaderno de segunda instancia, y luego del estudio\n y análisis del proceso, la Sala procede a realizar las\n siguientes observaciones: a) En cuanto al recurso del actor:\n 1. - Que lo manifestado en el escrito del recurso resalta que\n lo que fundamentalmente pretende demostrarse es que no se ha\n hecho una valoración real de la prueba respecto del despido\n intempestivo que aduce el recurrente, y además que no\n se ha cumplido con el Art. 211 y 220 del Código Adjetivo\n Civil; 2. - En la sentencia del Tribunal de Alzada se analiza\n en forma clara y concreta lo relacionado con el despido intempestivo\n y se expresa que las declaraciones testimoniales de Carlos Garzón\n Solano, Walter Villón Lindao, Jorge Galarza Freire y Félix\n Delgado Romero, constantes de fs. 20 a fs. 21 vlta., del cuaderno\n de primer nivel, respectivamente, "...no tienen mérito\n probatorio..., ya que no precisan en que término se dio\n el supuesto despido en la forma que sostiene el accionante, evidenciándose\n que dichos testimonios son complacientes a los intereses del\n actor ; por lo que se desprende, que las declaraciones son escuetas,\n no merecen credibilidad y restan méritos para la imparcialidad\n que requiere la prueba testimonial, por lo que no son idóneos;\n 3.- Es criterio sostenido por la Sala que el despido intempestivo\n es un hecho que ocurre en un lugar y tiempo determinado, más\n del proceso no existe constancia procesal de que haya ocurrido\n el acto del despido intempestivo; 4. - En lo que se relaciona\n a la disposición del Art. 211 del Código Adjetivo\n Civil, tampoco puede ser considerado para que prospere el recurso,\n porque la valorización de la prueba de acuerdo a esa disposición\n responde a un hecho íntimo del juzgador al aplicar las\n normas de la sana crítica y no puede ser cuestionado vía\n recurso de casación; b) En cuanto al recurso de casación\n del demandado Pedro Martínez Evans, en su calidad de Gerente\n y representante legal de la empresa "Petroproducción";\n 1.- Es incuestionable que en el proceso que se ha ventilado en\n las instancias procedentes, se han cumplido con las solemnidades\n sustanciales comunes a todos los juicios e instancias. Así\n pues, obra de autos que el actor presentó su acción\n contra las personas que a la sazón ejercían las\n funciones de Gerente y representante legal y las de Dirección\n y Administración como Superintendente de Petroproducción,\n del Distrito Peninsular, recayendo en los lngs. Lupercio Arteaga\n Robles y Galo Mejía Sánchez, respectivamente; por\n lo tanto, es errónea la apreciación que formula\n la parte demandada al expresar que existe ilegitimidad de personería\n pasiva; tanto es así que los antes citados representantes\n han venido interviniendo directamente en defensa de sus intereses,\n presentando excepciones y actuando pruebas que legitiman la procedencia\n de la demanda. - CUARTO. - Del análisis efectuado en el\n considerando anterior, estimase que la censura a la sentencia\n no tiene ninguna sustentación legal, puesto que en la\n misma no existe aplicación indebida o errónea interpretación\n de las normas de derecho ni de los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la>prueba, sujetándose\n a las normas procesales y evaluando la prueba en su conjunto,\n con el rigor que determina la sima crítica y el libre\n criterio judicial, peor aún se han violado los Arts. 303\n numeral 20; y 355 numeral 30 del Código de Procedimiento\n Civil. - QUINTO. - Por lo expuesto, esta Tercera Sala de lo Laboral\n y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza\n los recursos de casación de la sentencia materia de impugnación\n interpuestos por los recurrentes. El Juez a - quo proceda a realizar\n la liquidación de los valores correspondientes que se\n mandan a pagar al accionante, sin la intervención de peritos.\n Devuélvase el valor de la caución a la parte que\n la rindió, puesto que han recurrido ambas partes y ninguna\n de ellas se ha perjudicado con la demora del trámite.\n Se llama la atención severamente a los señores\n ministros de la Tercera Sala de la H. Corte Superior de Guayaquil\n y al Secretario Relator, por su notaría demora en el despacho\n del presente juicio, razón por la cual se les multa con\n S/. 200,00 sucres a cada uno, en atención a lo estipulado\n en los Arts. 31 y 32 del Reglamento sobre Arreglo de Procesos\n y Actuaciones Judiciales. Notifiquese y devuélvase. Cúmplase\n con lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Casación.
N0 205\n - 99
ACTOR: Francisco Córdova Amaya.
\n DEMANDADOS: IZUCORP SA. y VENFORTI S A.
Quito, a 15 de mayo del 2000; a las\n 10h30.
VISTOS: Carlos Aníbal Bernitt Zevallos y Carlos Erwin\n De la Paz Bernitt, por sus derechos y por los que representan\n de IZUCORP SA. y VENFORTI S.A., interponen recurso de casación\n del fallo dictado por la Primera Sala de la Corte Superior de\n Justicia de Guayaquil que con modificaciones, confirma la sentencia\n de primer nivel emitida por el Juez Primero Provincial del Trabajo\n del Guayas, que declara con lugar parcialmente la demanda, en\n el juicio verbal sumario de trabajo incoado por Francisco Eugenio\n Córdova Amaya contra los recurrentes y las compañías\n que representan. Realizado el trámite previo que señala\n la Ley de Casación para este nivel, la causa se encuentra\n en estado de dictar resolución y para hacerlo se considera:\n PRIMERO. - Esta Sala es competente para conocer y decidir el\n recurso en mención, en razón de lo prescrito por\n el Art. 200 de la Constitución Política de la República,\n publicada en el Registro Oficial N0 1 del 11 de agosto de 1998\n y el Art. 1 de la Ley de Casación. - SEGUNDO. - Los recurrentes\n atacan la sentencia proveniente de la Sala de Alzada, afirmando\n que en ella se ha violado el Art. 10 del Código del Trabajo\n vigente, por aplicación indebida y errónea interpretación.\n Indican los casacionistas que ellos no ostentan la calidad de\n empleadores como lo confirma la documentación que consta\n en autos, confesión judicial etc., por lo que no se ha\n cumplido con lo que manda la jurisprudencia obligatoria en estos\n casos. - TERCERO. - El análisis de las tablas procesales\n realizado en forma minuciosa así como las confrontaciones\n de las normas jurídicas invocadas con el respectivo escrito\n contentivo del recurso; conducen a la Sala a formular las siguientes\n reflexiones: 1. - El inc. 1° del Art. 10 del Código\n del Trabajo, dice: "La persona o entidad, de cualquier clase\n que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o\n a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador.".\n Esta definición armoniza con la definición del\n contrato individual de trabajo (Art. 8) y el concepto de trabajador\n (Art. 9) que el mismo Código Laboral contiene; 2. - De\n autos constan algunas evidencias demostrativas de la persona\n beneficiaria de los servicios del actor. Así a fs. 39,\n el demandado De la Paz Bernitt. afirma en el número 1,\n ". . que el supuesto perjudicado Francisco Eugenio Córdova\n Amaya fue un trabajador en forma ocasional ; 3. De su parte,\n el demandado Bernitt Zevallos en su confesión de fs. 57\n - 58, al contestar a la pregunta 4 del interrogatorio reconoce\n que el demandante realizó en calidad de guardia privado\n de su negocio, labores de carácter eventual; 4. - El carnet\n de afiliación del Seguro Social de fs. 30, así\n como las copias de roles en los que consta el nombre del demandante\n (fs. 25 - 29) y los testimonios rendidos por César Espinoza\n (fs. 36) y Luis Paredes Villalva (fs. 36 vta.), que merecen credibilidad\n por la razón que dan de sus dichos, no dejan lugar a duda\n respecto a que el actor prestó sus servicios para las\n compañías IZUCORP SA. y VENFORTI S.A., así\n como que Bernitt Zevallos y De la Paz Bernitt realizaban en dichas\n empresas las funciones de administración y dirección.\n Por lo anotado, la Sala concluye que no es admisible el recurso\n de casación. Por las consideraciones antes manifestadas,\n esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema\n de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desestima el recurso de casación\n interpuesto por los demandados. Entréguese el valor de\n la caución que se encuentra consignado, a Francisco Eugenio\n Córdova Amaya. Notifiquese y devuélvase. Cúmplase\n con lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Casación.
N0 224\n - 99
ACTOR: Delio Vera Quiroz.
\n DEMANDADO: El INDA.
Quito, a 19 de mayo del 2000; a las\n 15h00.
VISTOS: Delio Antonio Vera Quiroz, interpone recurso de casación\n de la sentencia dictada por la Tercera Sala de la H. Corte Superior\n de Justicia de Portoviejo, que revoca el fallo de primer nivel,\n declarando, sin lugar la demanda, dentro del juicio que por reclamaciones\n de índole laboral sigue el recurrente en contra del Instituto\n Nacional de Desarrollo Agrario, INDA, en la persona de su representante\n legal. Cumplido el trámite respectivo, la causa se encuentra\n en estado de dictar resolución y para hacerlo se considera:\n PRIMERO. - Esta Sala es competente para conocer cl recurso en\n mención, en razón de lo prescrito en el Art. 200\n de la Constitución Política de la República,\n publicada en el Registro Oficial N0 1 de 11 de agosto de 1998\n y Arts. 1 y 2 de la Ley de Casación, así como por\n el sorteo legal practicado, cuya razón obra de autos.\n - SEGUNDO. - Fundamenta su recurso en las causales primera y\n tercera del Art. 3 de la Ley de Casación. Afirma que se\n ha infringido el Art. 128 de la Constitución Política,\n vigente en 1994. Manifiesta el recurrente que en el fallo de\n segunda instancia, se produce la ilegalidad del mismo, cuando\n se dice y afirma: ".... el accionante era empleado público\n amparado por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y no por el Código del Trabajo. Por todo lo expresado\n y lo que se indica en las actas transaccionales que obran de\n autos....". Se asevera que el actor era un empleado amparado\n por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y luego\n se fundamenta en pruebas estrictamente válidas para una\n relación laboral, exclusivamente amparado por el Código\n del Trabajo, haciéndose una errónea valoración\n de las actas transaccionales, puesto que fueron celebradas al\n amparo del régimen laboral y que son válidas para\n el reconocimiento de su amparo al Código del Trabajo.\n Esta dicotomía, ha llevado al Tribunal a interpretar erróneamente\n el inciso último del Art. 128 de la Constitución\n de la República vigente a la fecha del despido intempestivo,\n determinando que en su nexo de trabajo, estuvo tutelado por la\n Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, sin observar\n los antecedentes jurisprudenciales, que tienen uniformidad sobre\n el tema de la aplicación de la doctrina contenida en lo\n que en su época fue la disposición del Art. 125\n y luego Art. 128 de la Constitución Política, que\n instituyó la premisa de que los juicios seguidos por servidores\n de entidades del sector público creados por la ley para\n prestar servicios públicos, como lo es el INDA, se los\n debe ventilar al amparo de la legislación laboral, con\n excepción de aquellas personas que cumplan funciones de\n Jefatura Departamental hasta la máxima autoridad de cada\n institución. quienes si están sujetos a la Ley\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa. - TERCERO. - Realizada\n la confrontación que corresponde de la sentencia recurrida\n con el escrito de interposición del recurso constante\n a fs. 4 y 4 vta., del cuaderno de segunda y última instancia\n y luego del estudio y análisis realizado del proceso,\n este Tribunal de Casación considera que la parte resolutiva\n de la sentencia de segundo nivel que declara sin lugar la demanda\n tiene asidero legal, por las siguientes razones: a) El propio\n accionante en su libelo inicial indica que su labor en el Instituto\n Nacional de Desarrollo Agrario, INDA, Ex - IERAC, fue de Abogado\n Dos en la Zonal Portoviejo; b) Entre las excepciones opuestas\n por la parte demandada, en la audiencia de conciliación\n (fs. 8 a 9), se aduce la falta de jurisdicción y competencia\n del Juez para conocer la causa, amparándose en lo que\n estípula el Art. 129 de la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa; c) El Art. 577 del Código del Trabajo,\n expresamente manifiesta: "Jurisdicción y competencia\n de los jueces del trabajo. Los jueces del trabajo ejercen jurisdicción\n provincial y tienen competencia privativa para conocer y resolver\n los conflictos individuales provenientes de relaciones de trabajo,\n y que no se encuentren sometidos a la decisión de otra\n autoridad."; d) Existe prueba plena de que el actor estuvo\n amparado por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n concretamente a fs. 47 se encuentra el oficio emitido por la\n SENDA, del cual aparece la nómina de personas que estuvieron\n sujetas a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.\n entre las cuales consta el nombre del accionante, con cédula\n de ciudadanía N0 040044114 - 3. Resolución N0 210,\n fecha: 26 - 04 - 83; certificado N0 5759; puesto: Promotor de\n Reforma Agraria y Colonización 2; e) Supuestos estos antecedentes,\n fluye lógica y jurídicamente que el accionante\n no se encuentra amparado por las normas del Código del\n Trabajo, sino por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,\n según lo dispuesto en el Art. 2; por consiguiente. se\n concluye que el Tribunal ad - quem al dictar el fallo materia\n de casación observó las disposiciones constitucionales\n y demás normas de derecho con apego a la ley, sin que\n exista aplicación indebida, falta de aplicación\n o errónea interpretación de los preceptos jurídicos\n aplicables a la valoración de la prueba. Por las consideraciones\n expuestas, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte\n Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. desecha el recurso de casación\n interpuesto. Notifiquese y devuélvase. Cúmplase\n con lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Casación.
N0 305 - 99
ACTOR: George Acuria Arriaga.
\n DEMANDADO: Autoridad Portuaria de Guayaquil.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TERCERA SALA\n DE LO LABORA

References: artículo 5
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 243
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 2
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