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Timestamp: 2019-12-07 12:54:32+00:00

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1_9788413134611 by Editorial Tirant Lo Blanch - Issuu
El asunto se afronta en estas páginas desde distintos ámbitos, como el del CEDH (valorándose el alcance de la disidencia ideológicamente motivada al amparo de la libertad de pensamiento, conciencia y religión del artículo 9 CEDH, según ha sido interpretado por el TEDH); o el de la Carta de Derechos de la Unión Europea (evaluándose la protección que el artículo 10.2 de la Carta otorga a la objeción de conciencia). Se abordan también conﬂictos de conciencia determinados, como el que se genera en el ámbito educativo (frente al servicio público de enseñanza), en el de la interrupción voluntaria del embarazo; o el que puede surgir a un farmacéutico o a un juez en el ejercicio de sus funciones. Se expone, en ﬁn, un supuesto más novedoso, el de la “objeción de conciencia empresarial”, surgida en el contexto del ordenamiento jurídico estadounidense.
En el presente trabajo se efectúa una aproximación jurídica a diversas situaciones relacionadas con el conﬂicto que se produce cuando el cumplimiento de un deber jurídico resulta contrario a la conciencia del ciudadano. ¿Cómo ha de enfrentar el ordenamiento jurídico esta situación si la persona está dispuesta a colocar la exigencia de su conciencia por encima de la ley? No hay una respuesta unívoca a cuál sea la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia, pero la posición de la que se parte en estas páginas, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional mayoritaria, es la de que el derecho fundamental a la libertad de conciencia no habilita directamente al incumplimiento de las leyes, pues ello supondría la relativización de los mandatos jurídicos y, como aﬁrmase el Tribunal Constitucional, pondría en entredicho la propia idea de Estado.
LAURA GÓMEZ ABEJA Editora
ABRAHAM BARRERO ORTEGA DANIEL CAPODIFERRO CUBERO LAURA GÓMEZ ABEJA ANTONIO LÓPEZ CASTILLO LORENZO MARTÍN-RETORTILLO BÁQUER VÍCTOR J. VÁZQUEZ ALONSO
LAURA GÓMEZ ABEJA Autores
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Índice Presentación..............................................................................................	11 LAURA GÓMEZ ABEJA
Prólogo.....................................................................................................	17 A vueltas con la objeción de conciencia. Las enseñanzas de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.................................	17 LORENZO MARTÍN-RETORTILLO BÁQUER
Libertad y objeción de conciencia en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea............................................................................	23 ABRAHAM BARRERO ORTEGA
I.	Consideraciones preliminares......................................................	23 II.	Sujetos.........................................................................................	25 III.	La opción a favor de la genérica libertad de pensamiento, conciencia y religión..........................................................................	26 IV.	El contenido esencial de la libertad de pensamiento, conciencia y religión........................................................................................	29 1.	Vertiente objetiva...................................................................	29 2.	Vertiente subjetiva..................................................................	33 3.	Igualdad y no discriminación por razón de pensamiento, conciencia y religión....................................................................	35 V.	Límites o restricciones.................................................................	36 VI.	La objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales.....	40 VII.	Bibliografía..................................................................................	43 Objeción de conciencia y servicio público de enseñanza. Una aproximación jurisprudencial al derecho fundamental de los padres a que sus hijos no reciban enseñanzas en disconformidad con sus convicciones..................	45 ANTONIO LÓPEZ CASTILLO
I.	Consideraciones introductorias....................................................	45 II.	De la iusfundamentalidad de la pretensión constitucional y convencional de los padres a una enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones...........................................................................	48 III.	Aproximación a la casuística jurisprudencial constitucional y convencional en atención a dos de sus típicas manifestaciones.....	53 1.	De la alternativa negación del sistema de escolarización obligatoria…................................................................................	53
1.1.	Una referencia preliminar a propósito de la jurisprudencia incipiente del TC......................................................	54 1.1.1.	Referencia previa a propósito de un supuesto de pretendida enseñanza privada en centros sin homologar carentes de las condiciones mínimas requeridas...........................................................	54 1.1.2.	Una somera glosa a propósito de un supuesto de alternativa pretensión de enseñanza en el hogar en que, lejos de incurrir en dejación alguna o abandono, los padres se responsabilizan de las enseñanzas de unos hijos a los que, por diversas razones, de fondo y de forma, pretenden mantener al margen del sistema de escolarización obligatoria legalmente establecido............................	54 1.2.	Un repaso a la casuística jurisprudencial en el marco del CEDH............................................................................	58 1.2.1.	Una sumaria referencia a propósito del asunto Leuffen...............................................................	59 1.2.2.	Y un somero apunte en relación con el asunto Konrad...............................................................	60 2.	…a los supuestos relativos a la pretendida exención o excusa de materia o contenido curricular (y otras cosas más)............	63 2.1.	Res simile aut disimile....................................................	63 2.2.	De la diversa objeción opuesta a materias y contenidos curriculares....................................................................	66 2.2.1.	Un repaso a la jurisprudencia convencional en la materia...............................................................	66 2.2.2.	Una referencia complementaria a propósito de la jurisprudencia española relativa a la pretendida objeción a la asignatura de educación para la ciudadanía..........................................................	73 IV.	Consideraciones finales, a modo de recapitulación......................	78 V.	Bibliografía..................................................................................	82
Un modelo regulatorio inacabado: la objeción de conciencia ante la interrupción del embarazo.........................................................................	85 DANIEL CAPODIFERRO CUBERO
I.	Introducción................................................................................	85 II.	Reconocimiento y desarrollo normativo del supuesto..................	88 1.	Situación anterior a la LO 2/2010..........................................	88 2.	Las previsiones de la regulación estatal y su despliegue en la normativa autonómica...........................................................	91 III.	La compleja determinación de los titulares del derecho...............	95
IV.	La concreción de las actuaciones rechazables en ejercicio de la objeción de conciencia.................................................................	101 V.	Previsiones y omisiones de la regulación de las pautas formales para el ejercicio del derecho.........................................................	107 1.	El carácter anticipado de la declaración de objeción..............	108 2.	Consecuencias de la exigencia de forma escrita: el establecimiento de un registro de objetores.........................................	109 3.	Cuestiones procedimentales indeterminadas en la LO 2/2010...................................................................................	111 4.	Los posibles límites del derecho a la objeción de conciencia...	114 VI.	La objeción de conciencia a la interrupción del embarazo en la sanidad privada...........................................................................	117 VII.	Valoraciones finales.....................................................................	122 VIII.	Bibliografía..................................................................................	123
Un (¿nuevo?) supuesto legitimado de objeción de conciencia: el farmacéutico y la píldora poscoital....................................................................	125 LAURA GÓMEZ ABEJA
I.	Introducción................................................................................	125 II.	Antecedentes de la STC 145/2015...............................................	127 III.	Alcance de la STC 145/2015........................................................	130 IV.	Los argumentos de la STC 145/2015. Análisis crítico..................	136 1.	La “duda razonable” sobre el efecto abortivo de la píldora poscoital................................................................................	136 2.	El farmacéutico como sujeto legitimado para ejercer la objeción de conciencia al aborto...................................................	139 3.	Códigos deontológicos y normativa autonómica como fuentes reconocedoras del derecho a la objeción de conciencia.....	145 4.	Cuestiones importantes soslayadas por la STC 145/2015......	146 4.1.	La legislación de aplicación............................................	146 4.2.	La farmacia como establecimiento sanitario privado de interés público................................................................	147 4.3.	Los derechos de la mujer................................................	149 V.	El legislador y la legitimación de la objeción de conciencia farmacéutica.........................................................................................	152 VI.	Conclusiones...............................................................................	154 VII.	Bibliografía..................................................................................	156 Juez y conciencia: una “objeción” inviable................................................	159 LAURA GÓMEZ ABEJA
I.	Introducción................................................................................	159 II.	Precisiones conceptuales sobre la conducta pretendida y el deber exigido.........................................................................................	161
III.	Lo que la Constitución no dice....................................................	165 IV.	Lo que la ley no dice....................................................................	167 V.	Lo que la ley no debería decir (a la vista de los intereses concurrentes)........................................................................................	170 VI.	“La objeción de conciencia como un derecho fundamental”… y otros argumentos a rebatir...........................................................	177 VII.	A modo de conclusión.................................................................	183 VIII.	Bibliografía..................................................................................	184 Objeción de conciencia corporativa vs. derechos de las trabajadoras.........	187 ¿Cuál es el alcance de Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc?......................	187 VÍCTOR J. VÁZQUEZ ALONSO
I.	Introducción................................................................................	187 II.	La Primera Enmienda y la objeción de conciencia a obligaciones legales: de la acomodación requerida a la acomodación permitida................................................................................................	191 III.	Las razones de la mayoría: conciencia del empleador cristiano y protección federal de la libertad religiosa.....................................	204 IV.	Reflexiones en torno a Hobby Lobby y a la “corporativización” de la libertad religiosa..................................................................	211 V.	Bibliografía..................................................................................	221
Presentación En las siguientes páginas distintos autores efectúan una aproximación jurídica a diversas situaciones relacionadas con el conflicto que se genera cuando el cumplimiento de un deber jurídico resulta contrario a la conciencia de un ciudadano obligado a satisfacerlo. La materialización del choque entre la obligación jurídica y la de la conciencia personal podría no llegar a producirse si el ciudadano finalmente decidiera atender a la primera de ellas, bien porque la demanda de su conciencia no llegase a tener un peso definitivo en el caso concreto; o por miedo a las consecuencias aparejadas al incumplimiento; o acaso por el deseo de no desviarse de lo que socialmente se espera que haga; o bien, en fin, por cualesquiera otros —innumerables— motivos. El problema —jurídico— se plantea cuando la persona está dispuesta a poner la exigencia de su conciencia por delante de la de la ley. ¿Cómo ha de enfrentar esta situación el ordenamiento jurídico? ¿Igual que si el incumplimiento no estuviese ideológicamente motivado o, por el contrario, siendo sensible de alguna forma a la especial “naturaleza ética” de este tipo de disidencia legal? No hay una respuesta unívoca a esta pregunta, ni entre la doctrina científica ni a nivel jurisprudencial. Si a ello añadimos que existen numerosas exigencias legales que en los últimos años han provocado este rechazo ideológico en una parte de sus destinatarios, puede afirmarse sin duda que la oposición a la obligación jurídica por razones de conciencia —cuyas diversas modalidades a menudo se aglutinan en el imaginario colectivo, con mayor o menor acierto, dentro de la genérica categoría de objeción de conciencia— es un asunto de constante actualidad. Dos reflexiones me interesa formular en estas líneas de presentación del trabajo. La primera es la relativa a cierta apropiación del concepto de objeción de conciencia por una parte más conservadora de la sociedad que aquélla más progresista con la que años atrás se había venido asociando. La aprobación de ciertas leyes en España en los últimos tiempos ha sido vista por algunos de aquellos sectores como una afrenta a postulados morales esenciales, fundamentalmente desde la perspectiva de la moral católica. Si hasta hace unos años objetar al cumplimiento de la ley se identificaba con una actitud pro-
gresista de cambio social, de lucha por el reconocimiento de derechos frente a normas opresivas (se trataría de una pretensión de ejercicio de la libertad de conciencia lato sensu, no necesariamente religiosa), más recientemente es el sector más reaccionario de la sociedad el que defiende el incumplimiento de las normas por razones de conciencia religiosa frente a leyes más progresistas, que han reconocido derechos más “actuales” (se trataría de ejercer, ahora sí, la concreta libertad de conciencia religiosa) tales como —por referirme a algún ejemplo paradigmático— el de la mujer a decidir sobre su maternidad o el de la persona a contraer matrimonio con otra del mismo sexo. La objeción de conciencia actualmente, pues, tiende a poseer una naturaleza diferente, por cuanto hoy en día no se trata de un conflicto de la conciencia con normas restrictivas de derechos y libertades, sino precisamente con normas —o con la legítima expectativa de su vigencia general— a través de las cuales se han articulado determinados derechos y libertades conquistados mediante la lucha por un mayor desarrollo democrático; derechos que es evidente que aún no han sido asumidos como tales por una parte de la sociedad. Una segunda cuestión que querría matizar es la que alude a la posición adoptada en este trabajo sobre la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia. Los autores coinciden en un aspecto esencial: todos ellos rechazan que exista una objeción de conciencia con carácter general, esto es, niegan su consideración como un derecho fundamental, su condición de facultad expresiva de la libertad de conciencia que habilite sin más a incumplir las exigencias legales por razones de conciencia. Se trata de un asunto importante pues, como he indicado antes, no existe unanimidad en la doctrina científica sobre este particular. Sí es la posición mayoritaria entre los constitucionalistas, pero no la única, y desde luego no es ni una cosa ni la otra entre los numerosos eclesiasticistas, filósofos del Derecho, y administrativistas que se han ocupado del asunto. La defensa de la objeción de conciencia como manifestación de un derecho fundamental, su posible ejercicio al amparo de la libertad de conciencia reconocida en nuestra Constitución (mediante la expresión inclusiva de “libertad ideológica, religiosa y de culto” de nuestro artículo 16.1 CE) sin necesidad de interpositio legislatoris, ha tenido y sigue teniendo mucho predicamento. Desde esta perspectiva, se considera que el conflicto entre el deber moral y el legal ha de ser dirimido casuísticamente por el juez.
Se trataría de un conflicto entre un derecho fundamental, la libertad de conciencia, y el interés perseguido por la norma que se pretenda incumplir, que el juez tendría que resolver ad casum. A la defensa de esta tesis ha animado, sin duda, la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, que inicialmente sostuvo una postura que casaba con las anteriores afirmaciones. También aviva su defensa el hecho de que, de tanto en cuanto, algunos tribunales de la jurisdicción ordinaria hayan emitido resoluciones en las que se remiten a aquella primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional, obviando la que se aquilataría con posterioridad hasta hoy sobre la objeción de conciencia con carácter general en todos los pronunciamientos del alto Tribunal. Sea como fuere, la posición de la que se parte en estas páginas, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es la de que el derecho fundamental a la libertad de conciencia no habilita directamente al incumplimiento de las leyes, pues ello supondría la relativización de los mandatos jurídicos y, como afirmase el Tribunal Constitucional, pondría en entredicho la propia idea de Estado. Cada autor se ha ocupado —ya más concretamente— de distintos aspectos de la disidencia ética o moralmente motivada frente a la norma. El profesor Martín-Retortillo Báquer, en las primeras páginas, hace una breve reflexión sobre el alcance de la objeción de conciencia al amparo de la libertad de pensamiento, conciencia y religión del artículo 9 CEDH. El autor aborda certeramente la objeción de conciencia desde la perspectiva de la jurisprudencia del TEDH, como muestra la elección que hace de las resoluciones de este Tribunal —algunas ya lejanas, otras muy recientes—, que le permiten concluir afirmando el carácter excepcional de la objeción de conciencia, y desaconsejar como principio la iniciativa de los jueces para su reconocimiento. El profesor Barrero Ortega, en segundo lugar, se detiene en la libertad de conciencia y la objeción de conciencia en otro ámbito: el de la Carta de Derechos de la Unión Europea, cuya particularidad por lo que ahora interesa reside en la especial mención que el artículo 10.2 de la Carta dedica a la segunda de estas categorías. No existe consenso social y político suficiente a nivel europeo en relación con la conciencia disidente. Como indica Barrero Ortega, la remisión a las leyes nacionales no puede entenderse sino como el expreso reconocimiento del margen de apreciación de que dispone el legislador estatal en este
ámbito, sobre el que la Unión no tiene competencias. El legislador nacional sería el único capacitado para regular supuestos concretos de objeción, buscando soluciones normativas menos lesivas para la libertad de conciencia del disidente ideológico que la que deriva de su exigencia sin excepciones. El profesor López Castillo se refiere a un concreto supuesto de objeción de conciencia, la que pretende ejercerse en el contexto del servicio público de enseñanza. En España la cuestión ha tenido trascendencia en relación con la formación en valores democráticos, a cuenta del rechazo de algunos padres frente a la imposición a sus hijos de cursar obligatoriamente asignaturas de educación para la ciudadanía. El autor aborda este asunto, pero también la objeción en el ámbito educativo en un sentido más amplio, conforme se ha planteado en el contexto del Consejo de Europa, exponiendo pormenorizadamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a cuestiones tales como el homeschooling o la garantía de una educación pública objetiva, crítica y pluralista, que afectan a los derechos incididos en este contexto, fundamentalmente el derecho a la educación, la libertad de conciencia de los menores y de sus padres, y el de estos últimos a asegurar esa educación conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. El supuesto que aborda seguidamente el profesor Capodiferro Cubero puede considerarse “un clásico” entre las objeciones de conciencia. Se trata de la objeción frente a la interrupción voluntaria del embarazo. El autor examina concretamente la regulación de este supuesto en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de mayo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, valorando positivamente la previsión normativa de la objeción al aborto tras años de silencio por el legislador, pero mostrándose crítico con la imprecisión del precepto (artículo 19 de la LO 2/2010) en aspectos esenciales como el tipo de obligaciones rechazables, la propia titularidad del derecho, o su ejercicio en determinadas circunstancias. Quien suscribe dedica unas páginas a la objeción de conciencia del farmacéutico, supuesto ciertamente controvertido a cuenta de la STC 145/2015, en la que el Tribunal amparó a un farmacéutico que había sido sancionado por no disponer en su farmacia (como se le exigía legal y reglamentariamente) de la píldora poscoital. He tratado
de exponer cómo, a mi juicio, el pronunciamiento tiene un alcance limitado, pues no modifica la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la objeción de conciencia con carácter general. No obstante, como trato de señalar en sentido crítico, la sentencia genera una gran inseguridad jurídica, constituyéndose el propio pronunciamiento en un motivo esencial a favor de la legitimación de este supuesto de objeción de conciencia por el legislador. He destinado, asimismo, otro capítulo a la objeción judicial, rechazando firmemente cualquier regulación de este supuesto por el legislador. Ni la objeción judicial podría ejercerse sin más, claro está, al amparo de la libertad de conciencia del artículo 16.1 CE, ni tal supuesto tendría cabida en el ordenamiento, pues su mera previsión sería, en mi opinión, contraria a múltiples exigencias constitucionales, gravitando todas ellas en torno a la principal, que sería el sometimiento exclusivo al imperio de la ley que impone a jueces y tribunales el artículo 117.1 CE. Las páginas escritas por el profesor Vázquez Alonso, finalmente, se centran en un novedoso supuesto de “objeción de conciencia empresarial”, en un contexto también diferente, el del ordenamiento jurídico estadounidense. El autor repasa la doctrina del Tribunal Supremo Federal sobre la objeción de conciencia y su enfrentamiento con el legislador federal, recordando cómo el Tribunal había defendido, desde la doctrina Employment Division v. Smith (1992), que la acomodación de la ley a la conciencia no tenía cabida por vía judicial, sino que había de estar prevista en la propia norma. En cambio, en el caso objeto de estudio, Burwell v. Hobby Lobby (2017), el Supremo estaría abriendo la puerta a la inobservancia, en ese contexto empresarial, de ciertas normas (concretamente, normas que garantizan la no discriminación por razones de orientación sexual) por parte de los ciudadanos. El autor se hace eco, en estas páginas, de una idea ya expresada en líneas anteriores, pero en el concreto ámbito del ordenamiento estadounidense: el hecho de que el incumplimiento de la norma por razones de conciencia sea un comportamiento cuya demanda se arrogan ahora los sectores más conservadores. El debate sobre el incumplimiento del deber jurídico por razones de conciencia, pues, está siempre de actualidad, como muestra este trabajo colectivo. La desobediencia de facto de alguna exigencia legal,
la demanda de reconocimiento de exención de una obligación jurídica, o la emisión de algún pronunciamiento judicial sobre el particular, mantienen siempre abierta la puerta al debate sobre la objeción de conciencia, que en estas páginas se ha intentado desarrollar de forma desapasionada y con el mayor rigor jurídico, esperando que su examen interese al lector.
Prólogo A vueltas con la objeción de conciencia. Las enseñanzas de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Periódicamente reaparece en nuestra sociedad el tema de la objeción de conciencia de modo que concretas aspiraciones personales tratan de imponerse frente a la pauta general, decididamente marcada por la regulación legal. Yo mismo he tenido oportunidad de abordarlo no hace mucho desde la óptica de la objeción al servicio militar (me remito así al capítulo quinto de mi libro Estudios sobre la libertad religiosa, Reus, Madrid, 2011). Con motivo de unas elecciones recientes en España, la prensa dio noticia, sin concretar demasiado, de que alguna junta electoral había eximido, en base a sus creencias, a una persona de su obligada presencia en la mesa electoral. Desde otra perspectiva, ha sido también objeto de atención una sentencia del Tribunal Constitucional, la 145/2015, en relación con el amparo solicitado por los titulares de una farmacia del centro de Sevilla, que habían sido sancionados por no disponer en su establecimiento de preservativos ni de la llamada píldora del día siguiente; sentencia polémica, sin duda, con varios votos particulares, y que da la impresión se explica dada la ideología del ponente. Lo cierto es que el tema está interesando a la doctrina, lo que dará pie a que se mantenga un vivo debate: recordaré así el libro recogiendo la tesis doctoral de Laura Gómez Abeja, tan interesante, dirigida en Sevilla por Abraham Barrero (Las objeciones de conciencia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2016, con prólogo del propio Barrero); este mismo autor ha publicado un interesante trabajo sobre el tema, “La objeción de conciencia farmacéutica”, siendo de recordar también los artículos de Jacinto Maravel Matos, muy crítico con la referida sentencia del Tribunal Constitucional, así como el de José Javier Ordóñez Echevarría, titulado “Objeción de conciencia y bioética”. Por mi parte, recordaré que al abordar el problema he venido prestando atención casuísticamente a la relevante jurisprudencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dedicado al tema, por lo que bueno será
Lorenzo Martín-Retortillo Báquer
ahora centrarse y sistematizar sus casos más significativos. Advirtiendo que frente al universo inabarcable de la conciencia, con tal posible amplitud de contenidos y aspiraciones, importa en la sociedad el paso firme que garantiza la ley, con su solución general, reflejo, no se olvide, de la opinión de la mayoría que, como regla general es fruto de la correspondiente discusión pública. Punto de partida inexcusable será la igualdad ante la ley, como criterio propio del Estado contemporáneo, tal y como reflejan en general las constituciones y las declaraciones de derechos. Bien sabido es cómo el Convenio Europeo de Derechos Humanos pretendía hacer efectivos cuanto antes los postulados de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Pues bien, ésta se inicia afirmando en el artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, recalcando en el artículo segundo que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, etc. Criterios, señaladamente el de igualdad ante la ley, que luego el Derecho usual recalca, proclamando como hace el artículo 20 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que “todas las personas son iguales ante la ley”, y, por su parte, el artículo 9.1 de la Constitución española, en la misma línea, afirmará que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Afirmado lo cual, y destacada la importancia de la igualdad ante la ley, cierto es que será posible también adoptar otra perspectiva y recordar que vivimos en una sociedad pluralista, en un mundo además de confluencias e intercambios, en el que si se va a afirmar con énfasis una solución general desde la neutralidad del Estado y la obligación de que no sea confesional, también es cierto que se asumen con naturalidad las posibles respuestas diferentes de los ciudadanos. Es decir, panorama general uniforme, con trascendencia unitaria al exterior, pero desde el conocimiento de que en tal sociedad conviven muy diferentes mentalidades y puntos de vista. Se abre así la puerta a que en ocasiones pretendan afirmarse y hacerse presentes esas diferentes opciones, lo que en definitiva significa la oportunidad para que pueda manifestarse la posible objeción de conciencia. Puestos a orientarnos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cabe preguntarse por la atención que dedica a
nuestro argumento la normativa que aquél aplica, es decir, el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El análisis nos lleva a constatar que éste no lo incluyó de manera directa en la lista de derechos que garantiza, pero no es menos cierto que incluye una referencia indirecta de peso. Será en su artículo cuarto, apartado 3,b), al abordarse la prohibición de trabajos forzados, cuando se afirme que no se considerará como tal cualquier servicio sustitutorio al servicio militar “en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima”. Es decir, la objeción no quedó plasmada como un derecho autónomo pero sí asumida de forma significativa. De hecho, en la práctica, el argumento de la objeción hará su aparición periódicamente. Siendo de interés dejar constancia de que, en el ámbito interno, muy tempranamente, el Tribunal Constitucional hizo uso del criterio, extrayendo la regla directamente de la Constitución, y aplicándolo a la prestación del servicio militar, decisiones que inició como ponente doña Gloria Begué. Pero ahora se trataba de analizar los supuestos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recordando, ante todo, que la mayor parte de casos se apoyan en la libertad religiosa, de creencias o ideológica, partiendo de la amplitud de opciones que abre el artículo nueve del Convenio. Lo que no implica asumir obviamente que cualquier opción derivada de la libertad religiosa haya de estar permitida. En este sentido hay una línea jurisprudencial abundante e inequívoca, a la vista de los límites que se reconocen en el apartado segundo del precepto, con sus referencias a la moral pública y al orden, a la salud o a la protección de los derechos y libertades de los terceros. Contando también, de otra parte, con la idea del sometimiento inexcusable a las que, tomando la expresión generalizada en Estados Unidos de América, se denominan “leyes neutrales”. Como ya he tenido oportunidad de recordar en otra ocasión —en mi trabajo “Libertad religiosa, construcción de templos y exigencias urbanísticas (precisiones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos)”, recogido ahora en mi citado libro Estudios sobre libertad religiosa”—, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América distingue en su jurisprudencia relativa a la libertad religiosa una categoría de leyes que son “aparentemente neutras” (facially neutral laws). Estas leyes no pretenden regular directamente una práctica religiosa pero pueden, pese a todo, tener
consecuencias restrictivas al ejercicio de la libertad de culto. Según la jurisprudencia de la instancia americana, tales leyes pueden exigir un comportamiento incompatible con una práctica religiosa o proscribir un comportamiento exigido según los ritos especiales de una religión. La postura en la materia del Tribunal Supremo —siguiendo sus palabras en el conocido caso Employment Division of Oregon v. Smith, 494 U.S. 872, 879 (1990)— es la siguiente: Nunca se ha aceptado que las convicciones religiosas de alguien pudiesen sustraerse a la aplicación de la legislación pertinente en vigor que prescriba cierto tipo de comportamientos cuya regulación corresponde al Estado (…) La jurisprudencia admite con firmeza que el desarrollo del libre ejercicio de la religión nunca sustrae a un individuo de su obligación de acatar una ley válida y neutra de aplicación general debido a que dicha ley proscribe (o prescribe) un comportamiento que su religión prescribe (o proscribe).
Se trata de una doctrina del todo lógica, que ha sido asumida con normalidad también en el ámbito europeo. En este sentido me permitiré insistir de nuevo en un par de casos bien significativos de la jurisprudencia a los que ya he dedicado atención en otra ocasión — me remito de nuevo a “Libertad religiosa, construcción de templos y exigencias urbanísticas. Precisiones de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en Estudios sobre la libertad religiosa—. Ante todo, una ya lejana decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos en el asunto Iskon y otros c. Reino Unido, de 8 de marzo de 1994, referente a la “Sociedad Internacional para la conciencia Krishna”. Se considera normal que dicha organización religiosa se instale en un casón en un barrio residencial del cinturón verde de Londres, con usos restringidos y protegidos. El problema surgió cuando la utilización desborda las previsiones, hasta el punto de que el intensivo uso de la sede (oficios, visitas, utilización nocturna, aparcamientos masivos, etc.) llega a deteriorar la normalidad del uso protegido, lo que hará que las autoridades, a instancias de los vecinos, reaccionen paralizando las actividades para reducir los excesos, situación que confirman las instancias judiciales a las que habían recurrido, y que terminaría dando por buena la Comisión Europea de Derechos Humanos. Y es que no todo queda cubierto por el paraguas de la libertad religiosa.
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References: artículo 9
 artículo 10
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 16
 artículo 117
 artículo 20
 artículo 9