Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-alava-27-04-2012-110681
Timestamp: 2019-09-18 05:16:43+00:00

Document:
Núm. Resolución: R120031
El Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de octubre de 2011, reitera que para acudir a la notificación edictal es preciso, además de la demostración del intento de entrega por dos veces, la prueba de la entrega del "aviso de llegada" en el buzón del destinatario, pues de ello depende que éste tenga conocimiento del intento de notificación y pueda, por tanto, acudir en plazo a recoger el envío. Como en este caso no existe prueba alguna que desvirtúe la afirmación de que no se dejaron los correspondientes avisos de llegada, se ha notificado defectuosamente, y, por tanto, no se ha producido la extemporaneidad de la reclamación.
En Vitoria-Gasteiz, a veintisiete de abril de dos mil doce. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 117/12, interpuesta por , contra la resolución del Jefe de la Sección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 13 de julio de 2011, que confirma las liquidaciones núms. 2010/304.135, 304.136 y 305.570 giradas por los ejercicios 2006, 2007 y 2008 del citado tributo, y contra tres providencias de apremio aprobadas por el Director de Hacienda, el 15 de febrero de 2012, por el impago de las deudas derivadas de las citadas liquidaciones.
Primero. En las autoliquidaciones del IRPF de los ejercicios 2006 y 2007, la reclamante practicó una deducción por inversión en vivienda habitual de 2.752,22 € y de 2.760 €, respectivamente, por las entregas a cuenta del precio de la vivienda que, sita en la dirección del encabezamiento, adquirió en virtud de escritura pública de 26 de diciembre de 2007. Asimismo, en el ejercicio 2008, aplicó una deducción de 2.760 € por la amortización e intereses del préstamo que financió la referida compra.
Las liquidaciones mencionadas en el encabezamiento las suprimen porque no ha quedado acreditada la ocupación efectiva de la vivienda, por la interesada, en el plazo de un año desde su adquisición. Contra ellas, la Sra. formuló el 11 de agosto de 2010 recurso de reposición en el que, además, solicitó la suspensión de la ejecución de las liquidaciones impugnadas que arrojan unas deudas tributarias de 3.240,70 €, 3.066,85 € y 2.886,66 € respectivamente.
Segundo.La resolución que las confirmó se intentó notificar los días 19 y 20 de julio de 2011, en el domicilio señalado en el recurso -Plaza , núm. , -, con el resultado de ausente. Tras ello, se publicó anuncio en el BOTHA, de 14 de octubre de 2011, en el que se citó a aquélla para ser notificada por comparecencia.
Ante el impago de las deudas derivadas de las citadas liquidaciones, el Director de Hacienda aprueba, el 15 de febrero de 2012, las providencias de apremio de referencia que recargan las mismas en un 10% o un 20% en función de cuando se produzca su ingreso. Dichos actos recaudatorios fueron notificados personalmente a la interesada, el 1 de marzo siguiente, en la calle , núm., , de Amurrio, (anterior domicilio fiscal de la reclamante), con indicación de que contra los mismos podía formularse recurso de reposición o, alternativamente, reclamación económico-administrativa, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación.
Tercero. Contra la resolución que confirma las liquidaciones señaladas y contra las tres providencias de apremio, la Sra. interpone la presente reclamación, el 4 de abril de 2012, en la que solicita: 1. Que se admita la misma, como formulada en tiempo y forma, por cuanto la resolución impugnada fue incorrectamente notificada por comparecencia, ya que no consta que cuando se intentó la preceptiva notificación personal se depositara el aviso de llegada, lo que, conforme tiene asentado el Tribunal Supremo -en sentencias de 12 de diciembre de 1997 y de 8 de octubre de 2009- supone la incorrecta utilización por la Administración Tributaria de la notificación por comparecencia, subsidiaria a la personal. En prueba de ello aporta fotocopia de la cartulina del aviso de recibo que consta en el expediente en el que no aparece dicho extremo; 2. En relación con las liquidaciones impugnadas, que se mantengan las deducciones autoliquidadas con fundamento en la ocupación efectiva de la vivienda a partir del verano de 2008, en prueba de lo cual aporta fotocopia de la siguiente documentación: contrato de suministro eléctrico suscrito con Iberdrola; varios recibos bancarios correspondientes a dichos suministros en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2008; los gastos de comunidad satisfechos en los meses de agosto a noviembre de 2008; y la comunicación del Ayuntamiento de Bilbao del cambio de titularidad catastral del inmueble adquirido.
Finalmente, solicita también la anulación de las providencias de apremio, además de porque la resolución que confirma las liquidaciones de que traen su causa fue incorrectamente notificada, porque dichas providencias de apremio fueron notificadas en su domicilio fiscal anterior.
Cuarto.Consta en el expediente administrativo la inscripción de la reclamante en el padrón del municipio de Bilbao, en concreto, en la vivienda señalada anteriormente, el 25 de junio de 2009, según el volante de empadronamiento emitido por el Ayuntamiento de esa localidad en esa misma fecha.
Quinto. En la sustanciación de las presentes actuaciones se han observado todos los trámites y prescripciones del Reglamento del Procedimiento de las reclamaciones y recursos en vía económico-administrativa, aprobado por el Decreto Foral 2/07, del Consejo de Diputados, de 30 de enero.
Primero. La presente reclamación plantea una cuestión de previo pronunciamiento, cual es, si la misma, en cuanto a la resolución impugnada y las providencias de apremio recurridas, ha sido formulada en tiempo y forma. A este respecto, el artículo 240 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, dispone que 'La reclamación económico-administrativa se interpondrá ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado'.
Por ello, para determinar si la reclamación ha sido interpuesta en tiempo en relación con el primero de los actos señalados, debe analizarse si el mismo -la resolución enunciada en el encabezamiento- ha sido correctamente notificado. Al respecto, el art. 108 de la citada Norma Foral, relativo a la notificación por comparecencia, establece 'Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado, si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación (…). En este supuesto, se citará al obligado o a su representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios (…)'.
Así pues, la notificación por comparecencia es subsidiaria a la personal, por lo que para que la misma sea válida, es preciso que, con carácter previo, se haya intentado dicha notificación personal por dos veces y de acuerdo al régimen legal que le es de aplicación y que se encuentra recogido, entre otros, en el art. 42.3 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que regula la Prestación de los Servicios Postales, que dice:'Una vez realizados los dos intentos sin éxito, el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal deberá depositar en lista las notificaciones, durante el plazo máximo de un mes, a cuyo fin se procederá a dejar al destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, debiendo constar en el mismo, además de la dependencia y plazo de permanencia en lista de la notificación, las circunstancias expresadas relativas al segundo intento de entrega…'.
El Tribunal Supremo, en sus sentencias de 12 de diciembre de 1997 (Westlaw RJ. 1998/2264) y de 24 de octubre de 2011 (RJ\2012\1458) -fundamento de derecho octavo-, considera esencial, a efectos de acudir a la notificación edictal, no sólo la demostración del intento de entrega por dos veces de las cartas certificadas'sino también la prueba de la entrega del 'aviso de llegada' mediante su introducción en el buzón o casillero correspondiente, o por otro medio, pues del cumplimiento de ese requisito depende que el destinatario tenga conocimiento del intento de notificación y pueda acudir en plazo a la Oficina de Correos correspondiente a recoger el envío (…)' ,estableciendo, además, el Alto Tribunal que 'la constancia de tales extremos es una condición inexcusable para entender que concurren los requisitos para la práctica de la notificación edictal, como forma subsidiaria de la personal (…)'y que su acreditación corresponde a la Administración.
En este caso, la manifestación de la reclamante de que no se depositó el aviso de llegada correspondiente a los dos intentos de notificación personal no puede desvirtuarse por el aviso de recibo que obra en el expediente administrativo en el que no consta dicho extremo. Por ello, de conformidad con lo expuesto, la ausencia de un presupuesto de hecho condicionante de la validez de la notificación por comparecencia conduce a concluir que la Hacienda Foral acudió incorrectamente a la misma, dado su carácter subsidiario, y que, en consecuencia, la presente reclamación contra la resolución que confirma las liquidaciones ha de considerarse formulada en tiempo y forma, convalidando, además, su interposición los defectos apreciados en la notificación, que será eficaz a partir de dicho momento (art. 58.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Segundo.Sin perjuicio de lo anterior, en relación con la impugnación de las providencias de apremio no puede llegarse a la misma conclusión, pues, teniendo en cuenta que dichos actos fueron notificados personalmente a la interesada, tal como consta en el aviso de recibo, el 1 de marzo de 2012, con indicación de los recursos pertinentes y de los plazos para su interposición, ningún efecto puede tener que dicha notificación se haya producido en el domicilio fiscal anterior, porque, de conformidad con lo establecido en el art. 106.2 de la Norma 6/2005, antes mencionada, en los procedimientos iniciados de oficio (como el de apremio) la notificación puede practicarse en el domicilio fiscal, en el centro de trabajo o en 'cualquier otro que permita tener constancia de la recepción por el interesado'. Por ello, la notificación efectuada en el domicilio fiscal anterior de la reclamante con constancia de su recepción por ésta es plenamente ajustada a derecho, ya que cumplió su finalidad y la Sra. tuvo pleno conocimiento de los actos y de los medios, órganos, y plazos para impugnarlos.
Así pues, notificados los actos de recaudación que se recurren, tal como ha quedado recogido en el Antecedente de Hecho Segundo, el citado 1 de marzo de 2012, cuando se formuló la presente reclamación económico-administrativa, el 4 de abril siguiente, había transcurrido el plazo de un mes previsto para ello, y, por tanto, procede declarar inadmisible por extemporánea la reclamación interpuesta contra dichos actos, de acuerdo con el artículo 244.4.b) de la Norma Foral 6/05, sin que este Tribunal pueda entrar a conocer de la cuestión de fondo planteada, esto es, la concurrencia o no de alguno de los motivos de oposición a las providencias de apremio -falta de notificación de las liquidaciones o suspensión del procedimiento de recaudación-, ya que, como ha señalado el Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de diciembre de 1996 (Westlaw RJ 1996/8873):'La inobservancia de las normas sobre plazos para la interposición de los recursos conduce inexcusablemente a su inadmisibilidad, dado el carácter de orden público procesal que reviste la exigencia de su cumplimiento, y en aplicación también de lo dispuesto en el art. 9de la Constitución, que garantiza los principios de legalidad y seguridad jurídica'.
Tercero.Sentado lo anterior, resta por analizar si las liquidaciones que eliminan las deducciones por inversión en vivienda habitual practicadas por la reclamante en su IRPF de los ejercicios 2006 a 2008 son o no conformes a derecho. A este respecto, cabe señalar que el art. 77 de las Normas Forales 35/1998, de 26 de diciembre, y 3/2007, de 29 de enero, ambas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, vigentes la primera de ellas en el ejercicio 2006 y la segunda en el resto de los períodos controvertidos, establecen una deducción de las cantidades destinadas a la adquisición de la vivienda habitual del 15% (en el 2006) y del 18% (en el 2007 y 2008). A esta adquisición se asimila (de acuerdo al art. 62.1 b) del Decreto Foral 111/2001, de 18 de diciembre, del Consejo de Diputados, aplicable en el 2006, y al art. 68.4 del Decreto Foral 76/2007, de 11 de diciembre, vigente en el 2007 y 2008, ambos decretos aprobatorios de los Reglamentos del IRPF) la 'construcción, cuando el contribuyente satisfaga directamente los gastos derivados de la ejecución de las obras, o entregue cantidades a cuenta al promotor de aquéllas, siempre que finalicen en un plazo no superior a cuatro años desde el inicio de la inversión'.
Por su parte, el art. 61.2 de la primera de las disposiciones reglamentarias citadas y el art. 67.1 de la segunda disponen, en idénticos términos, que para que una vivienda constituya la residencia habitual del contribuyente 'debe ser habitada de manera efectiva y permanente en el plazo de doce meses desde la fecha de adquisición o terminación de las obras'.
De lo expuesto se deduce que para consolidar las deducciones practicadas por las entregas efectuadas a cuenta del precio de una vivienda, con carácter previo a su adquisición, es preciso que dicha vivienda sea ocupada de manera efectiva y permanente en el plazo de doce meses desde su adquisición, salvo que concurra alguna de las circunstancias excepcionales, a las que se refiere la normativa del impuesto, que impidan dicha ocupación.
La regulación expuesta debe completarse con el contenido del art. 101 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, que en relación con la prueba establece que, con carácter general, quien pretende hacer valer su derecho tiene la carga de probar los hechos constitutivos del mismo. Por ello, en este caso, la justificación de la ocupación efectiva de la vivienda en el plazo de doce meses desde su adquisición -hecho del que depende la consolidación o no de los beneficios fiscales controvertidos- corresponde a la reclamante.
Cuarto.Como se ha dicho, en el expediente administrativo consta que el empadronamiento de la interesada en la vivienda, por la que se practicó las deducciones eliminadas, se produjo el 25 de junio de 2009. A este respecto, hay que señalar que si bien el empadronamiento no es un requisito para la consolidación de las deducciones practicadas, los datos del padrón constituyen prueba de la residencia del vecino en el municipio y del domicilio habitual en el mismo, conforme al art. 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. Por ello, el certificado de empadronamiento aportado determina una presunción de que la interesada ha permanecido en dicha vivienda a partir de esa fecha -25 de junio de 2009-, pero no puede acreditar ese mismo hecho en los doce meses siguientes a su compra, circunstancia de la que dependen las deducciones controvertidas. Por tanto, resulta necesario plantearse si del resto de la documentación aportada puede deducirse dicha ocupación.
Pues bien, de la valoración conjunta de la prueba no puede considerarse acreditada la residencia alegada -aún de manera imprecisa-, ya que la ocupación de la vivienda en el plazo exigido por la normativa no viene respaldada por ninguno de los elementos probatorios aportados. Y es que, ni la suscripción del contrato de suministro de energía, ni los recibos correspondientes a dicho suministro (por los meses de agosto a noviembre de 2008) pueden probar la ocupación efectiva y permanente del inmueble por la interesada, pues como entiende el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en su sentencia de 17 de octubre de 2011, en la que confirma una resolución anterior de este Organismo Jurídico Administrativo: '…Esos documentos no acreditan más que la ocupación mayor o menor de la vivienda de referencia por sus propietarios a falta de constancia de su cesión a otros por virtud de cualquier título, y no su ocupación como vivienda habitual…'.
Por otra parte, tampoco la prueban los recibos correspondientes a los gastos de comunidad del inmueble cuyo abono deriva con carácter exclusivo de la condición de propietaria de la reclamante, y no de la ocupación de la vivienda, ni la comunicación del Ayuntamiento de la modificación de la titularidad catastral del inmueble que tiene su origen en la adquisición de éste y no en la residencia en el mismo.
Quinto.Por lo expuesto y razonado procede desestimar la presente reclamación económico administrativa confirmando las liquidaciones y la resolución impugnadas, por ser conformes a derecho, y declararla inadmisible en cuanto a la impugnación de las providencias de apremio.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 117/12, interpuesta por . contra la resolución del Jefe de la Sección del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 13 de julio de 2011, que confirma las liquidaciones núms. 2010/304.135, 304.136 y 305.570 giradas por los ejercicios 2006, 2007 y 2008 del citado tributo, y contra las providencias de apremio aprobadas por el Director de Hacienda, el 15 de febrero de 2012, por el impago de las deudas derivadas de las citadas liquidaciones,RESUELVE:
Primero:DESESTIMARla misma y confirmar las liquidaciones y la resolución impugnadas por ser conformes a derecho, y;
Segundo:DECLARARLA INADMISIBLEpor extemporánea en relación con las providencias de apremio recurridas.
Sentencia Administrativo Nº 438/2014, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 701/2011, 22-05-2014
Orden: Administrativo Fecha: 22/05/2014 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Aragones Beltran, Emilio Rodrigo Num. Sentencia: 438/2014 Num. Recurso: 701/2011
Sentencia ADMINISTRATIVO AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 44/2014, 27-04-2015
Orden: Administrativo Fecha: 27/04/2015 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Lopez-muñiz Goñi, Jose Luis Num. Recurso: 44/2014
Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 62/2018, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 68/2015, 25-01-2018
Orden: Administrativo Fecha: 25/01/2018 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Gonzalez Ruiz, Francisco Jose Num. Sentencia: 62/2018 Num. Recurso: 68/2015
Resolución de TEAF Álava, 26-05-2006
Órgano: Tribunal Económico-administrativo Foral De álava Fecha: 26/05/2006 Núm. Resolución: R060068
Resolución de TEAF Navarra, 4245, 19-05-2016
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 19/05/2016 Núm. Resolución: 4245

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 artículo 244
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