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001-2010_PRUEBA_A | Intención (Derecho Penal) | Derecho penal
001-2010_PRUEBA_A
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Contenido Genérico Del Tipo Penal
Programa Penal 1
Evolucion Historica Del Proceso Penal Peruano
6_ El lenguaje y su influencia en la redacción de tipos pe…
DERECHO - Teoría Del Delito
Parte de Sheyla
Autoría y Participación en La Imprudencia Medico-sanitaria
Autoria y Participacion -Velasco
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SENTENCIA TC VARIACION MANDATO DETENCION
Fiscal adjunto provincial penal Fiscal adjunto provincial de prevención del delito Fiscal adjunto provincial de delitos aduaneros Fiscal adjunto provincial de delitos de corrupción de funcionarios
1.- María Villegas ha interpuesto demanda de hábeas corpus a favor de su hermano, Genaro Villegas, por la violación de sus derechos a la vida, al debido proceso, a la legítima defensa y a la libertad individual. Solicita que se obligue al Estado peruano a devolver con vida a su hermano o informar dónde se encuentran sus restos mortales, y la anulación del proceso penal que se le siguió en el Fuero Militar, en el cual se le condenó, en ausencia, a cadena perpetua por delito de traición a la patria.
Refiere que el beneficiario de la presente demanda constitucional, que era estudiante de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Piura, el día 2 de octubre de 1992 salió a trabajar, y que nunca más se le volvió ver.
Para el caso de una desaparición forzada, ¿qué tipo de Hábeas Corpus es el que debe plantearse? Señale la alternativa correcta:
a.- Hábeas Corpus preventivo. b.- Hábeas Corpus innovativo. c.- Hábeas Corpus instructivo. d.- Hábeas Corpus conexo.
2.- Respecto al proceso de habeas corpus, señale la alternativa correcta:
a.- Se debe citar al Ministerio Público debido al interés en conflicto. b.- Ambas partes pueden recusar al juez. c.- Únicamente se puede apelar la decisión que pone fin a la instancia. d.- La demanda necesariamente debe presentarse por escrito.
3.- Alejandro De La Cruz Vigo interpone demanda de hábeas corpus a favor de Carmen Julia Pisfil contra el Juez del Tercer Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que pretende ejecutar en el Perú el auto de fecha 29 de enero de 2009 expedido por el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, España, a cargo del Juez español Baltasar Garzón, por afectar sus derechos a la cosa juzgada, a la presunción de inocencia, a la motivación de las resoluciones judiciales y a la legalidad penal. El demandante refiere que el auto judicial español ha incorporado, en indefensión, a la favorecida y a otros ciudadanos peruanos a un proceso penal español sustentado en hechos ya investigados en el Perú.
El Tribunal Constitucional ha señalado que si bien es cierto que los hechos denunciados no guardan relación directa con la libertad individual, no es menos cierto que, del estudio y análisis del expediente, se advierte que los
actos realizados por los demandados evidencian el compromiso de otros derechos fundamentales, distintos de la libertad individual, que merecerían tutela por parte de este Tribunal.
a.- El Tribunal Constitucional debe declarar improcedente la demanda de hábeas corpus, en tanto que el demandante ha debido interponer una demanda de amparo, pues el referido proceso de hábeas corpus no puede reconvertirse en uno de amparo. b.- El Tribunal Constitucional puede convertir cualquier proceso constitucional en otro, si de por medio está la protección de derechos fundamentales en situación de indefensión. Por ejemplo, puede adecuar un proceso de inconstitucionalidad en uno de amparo o hábeas data. c.- La conversión de un proceso constitucional en otro no es obligatoria para los jueces de primera instancia, pero sí para los de segunda instancia y para el propio Tribunal Constitucional. d.- De forma excepcional, vía la conversión de un proceso constitucional en otro, el Tribunal Constitucional puede variar la fundamentación fáctica de la demanda.
4.- Respecto de la aplicación de ley procesal en el tiempo, es correcto mencionar que:
a.- La norma procesal se aplica, por regla general, solo a los procesos que se hayan iniciado luego de su vigencia. b.- La norma procesal se aplica a los procesos que están en trámite, sin excepción alguna. c.- La norma procesal se aplica, por regla general, a los procesos que están en trámite, salvo que esa norma sea una que modifique la competencia. d.- La aplicación de la norma procesal se rige por el principio conforme al cual se aplica a los procesos en trámite, solo sin son más favorables a la parte demandada en un proceso.
5.- Se dicta una norma que exige que para la presentación de todo escrito al interior de un proceso, además de la firma de abogado, se debe adjuntar una constancia de habilitación del abogado o de los abogados que suscriben el escrito. Estas constancias son expedidas por los colegios de abogados, quienes cobran la suma de 30 soles de cada una de ellas. Esa norma:
a.- Es inconstitucional en la medida que eleva injustificadamente los costos del servicio de justicia. b.- Es absolutamente válida. c.- Es constitucional en la medida que así se garantiza el ejercicio legítimo del derecho a contar con un abogado. d.- Es inconstitucional porque restringe el derecho al juez natural.
6.- Un juez que aprecia que una norma legal procesal que debe aplicar a un proceso que está tramitando, lesiona el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, debe:
a.- Aplicarla porque es una norma legal expedida por el Congreso de la República, que es, según la Constitución, el competente para hacerlo. b.- Intenta encontrar una interpretación conforme a la Constitución y que proteja de mejor forma el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y solo si ninguna interpretación posible permite establecer la constitucionalidad de la norma, la inaplica. c.- Inaplicarla automáticamente. d.- Los jueces son boca de la ley, y por ello, deben aplicar las normas legales.
7.- Para el Título Preliminar del Código Procesal Penal 2004:
a.- La ilegitimidad de la prueba se sanciona únicamente disciplinando en lo funcional al agente que obtuvo la prueba b.- La ilegitimidad de la prueba se sanciona sólo si la obtención de la prueba fue delictuosa c.- La ilegitimidad de la prueba se sanciona excluyendo ésta del acervo probatorio d.- La ilegitimidad de la prueba en ningún caso se sanciona si su aporte es eficaz para esclarecer los hechos investigados o juzgados
8.- Las fuentes de la reforma y del Código Procesal Penal de 2004 son:
a.- El Código de Procedimientos Penales de 1939 b.- El Código de Procedimientos Penales de 1939 y el Decreto Legislativo 124, que regla el procedimiento sumario c.- Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y las Constituciones de 1979 y 1993 d.- El Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal de 1991
9.- Según el Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004:
a.- El derecho del imputado a contar con defensa técnica o letrada es renunciable b.- El derecho del imputado a ejercer su defensa material no es renunciable c.- El derecho del imputado a contar con defensa técnica o letrada no es renunciable d.- La defensa técnica del imputado es la que practica el propio imputado
10.- Según el Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004:
a.- La ley procesal penal rige de manera inmediata, por lo que se aplica incluso a los procesos en trámite b.- La ley procesal penal rige de manera inmediata, pero no para los procesos en trámite
c.- La ley procesal penal que rige es la que estuvo vigente cuando se cometió el delito objeto del proceso d.- La ley procesal penal rige en el tiempo del mismo modo que la ley penal material o sustantiva
11.- El ejercicio de la acción penal, según el Código Procesal Penal de 2004:
a.- Ocurre sólo cuando el representante del Ministerio Público dispone la formalización de la investigación preparatoria b.- Ocurre únicamente cuando el representante del Ministerio Público formula acusación escrita c.- Se produce cuando el Juez Penal emite sentencia d.- Puede ser objeto de abstención cuando el Fiscal aplica algún criterio de oportunidad
12.- Para el Código Procesal Penal de 2004, son medios de defensa técnica:
a.- Las cuestiones prejudiciales y las cuestiones previas b.- Las excepciones y la apelaciones de autos, por tratarse de incidentes c.- Las cuestiones prejudiciales, más no la excepción de naturaleza de juicio porque esta última no sobresee el proceso d.- Las cuestiones previas, si se respaldan en la dación de una amnistía
13.- Según el Código Procesal Penal de 2004, la acción civil es ejercida:
a.- Tanto por el Fiscal como por el actor civil. b.- Tanto por el Fiscal como por el Actor Civil, simultáneamente c.- Por el Fiscal si es que el agraviado no se ha constituido el Actor Civil d.- Por el Fiscal, en cualquier caso
14.- Las Salas Penales Superiores, según el Código Procesal Penal:
a.- Tienen competencia para procesar a los adolescentes infractores de la ley penal b.- Tienen competencia para revisar las decisiones adoptadas por la justicia nativa, comunal o ronderil c.- Tienen competencia para revisar todo tipo de impugnaciones d.- Se encargan, entre otras tareas, de resolver las impugnaciones contra la sentencias de los Juzgados Penales Colegiados o unipersonales.
15.- La transferencia de competencia judicial, bajo las pautas del Código Procesal Penal de 2004:
a.- Opera cuando surgen circunstancias insalvables que impiden el normal desarrollo de la investigación o del juzgamiento b.- Se dispone cuando dos jueces se disputan el conocimiento de una misma causa c.- Se ordena cuando hay conexión subjetiva al atribuirse a una misma persona la comisión de varios hechos delictuosos d.- Se ordena para fines de acumulación
16.- La recusación está prevista por el Código Procesal Penal de 2004:
a.- Para los fiscales b.- Para los especialistas o auxiliares jurisdiccionales c.- Para los Fiscales Superiores d.- Para los magistrados a cargo de los órganos jurisdiccionales
17.- La función investigadora del Fiscal, según el Código Procesal Penal de
a.- Debe ser objetiva, es decir, dirigida a practicar actos de investigación que sirvan para comprobar la imputación o para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. b.- Debe ser objetiva, esto es, orientada exclusivamente a indagar las circunstancias que permitan comprobar la imputación c.- Debe ser imparcial, pues su labor es semejante a la que desarrolla el órgano jurisdiccional, en cuanto al empeño en buscar la verdad d.- Debe ser exclusivamente persecutoria
18.- La policía, según la reglas del Código Procesal Penal de 2004:
a.- Si puede realizar actos de investigación aun cuando el Fiscal no los ordene b.- No puede realizar actos de investigación si no son ordenados por el Fiscal c.- No puede realizar actos de investigación sin la presencia del Fiscal, porque de hacerlo obstruiría la dirección de la pesquisa que a éste compete d.- Si puede realizar actos de investigación sólo cuando ha detenido en flagrancia al imputado
19.- El defensor del imputado, bajo las reglas del Código Procesal Penal de
a.- Tiene derecho a obtener copia simple de las actuaciones del proceso, pero no de manera ilimitada debido a la reserva de la investigación preparatoria. b.- Tiene derecho a obtener copia simple de las actuaciones del proceso, pero no a interrogar directamente a los testigos durante la investigación preparatoria c.- Tiene derecho a obtener copia simple de las actuaciones en cualquier estado del procedimiento d.- Tiene derecho a obtener copia simple de las actuaciones, aunque el Fiscal haya impuesto secreto sobre algún documento incorporado al proceso.
20.- La víctima, para el Código Procesal Penal de 2004:
a.- Sólo puede apelar las resoluciones judiciales si se ha constituido como actor civil b.- Sólo puede impugnar las resoluciones judiciales si ha sido considerada como tercero de buena fe c.- Puede impugnar las resoluciones judiciales a través del Fiscal que, conforme al modelo reformista, es su defensor
d.- Puede impugnar sentencias absolutorias y autos de sobreseimiento aunque no se haya constituido en actor civil
21.- Para el Código Procesal Penal de 2004 la valoración judicial de la prueba:
a.- Se rige por las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia b.- Se rige por el criterio de conciencia
c.- Se rige por las reglas de la lógica, la ciencia, las máximas de la experiencia
y el criterio de conciencia
d.- Se rige por las reglas de la lógica, la ciencia y las inferencias indiciarias
22.- La confesión, según el Código Procesal Penal de 2004:
a.- No es un medio de prueba porque se corresponde con el modelo inquisitorial, no acusatorio b.- No es un medio de prueba porque la declaración del imputado es aleatoria y depende de que ejercite o no su derecho a guardar silencio c.- Si es un medio de prueba siempre que tempranamente haya sido recogida por la policía d.- Es un medio de prueba cuando es prestada ante el Juez o el Fiscal en presencia del abogado del confeso
23.- En el ámbito de la coerción, el Código Procesal Penal de 2004:
a.- Instituye como instrumentos equivalentes o sinónimos la detención preliminar judicial y la prisión preventiva
b.- Instituye como instrumentos diferentes la detención preliminar judicial y la prisión preventiva, siempre que la primera también se adopte o disponga en audiencia c.- Dispone que la detención preliminar judicial no se despache en audiencia
si el delito es flagrante
d.- Regla que la detención preliminar judicial sólo opera en caso de delito grave no flagrante.
24.- El proceso común del Código Procesal Penal de 2004:
a.- Está compuesto por la investigación preparatoria, la etapa intermedia, el plenario y el juzgamiento b.- Está compuesta por la investigación preliminar, la investigación preparatoria formalizada, la etapa intermedia, la audiencia de control de la acusación y el juzgamiento c.- Está integrada por la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento d.- Está compuesta por la investigación preparatoria y el juzgamiento, como etapa principal de control
25.- Tratándose del recurso de casación, el Código Procesal Penal de 2004 norma que:
a.- Procede únicamente contra sentencias condenatorias o absolutorias emitidas por el Juzgado Penal Unipersonal, siempre que se impugne la fijación de los hechos del caso b.- Procede contra resoluciones que imponen prisión preventiva porque éstas afectan el derecho fundamental a la libertad c.- Es un recurso extraordinario, no ordinario d.- Es un recurso que permite la revisión de sentencias condenatorias firmes
26.- Una universidad local ha sancionado con la expulsión a un alumno por haber fumado marihuana al interior de sus instalaciones. Sin embargo, en tanto que el reglamento disciplinario no ha establecido qué sanción corresponde a cada tipo de falta, el Tribunal Constitucional ha declarado fundada la demanda interpuesta por el estudiante y ha ordenado su reincorporación a dicho centro de estudios.
Dentro del debate sobre la “constitucionalización del Derecho”, es correcto afirmar que:
a.- El juez constitucional no puede cuestionar la tipificación de una determinada conducta como infracción disciplinaria. b.- El juez constitucional puede cuestionar la tipificación de una determinada conducta como infracción disciplinaria, pero solamente en el caso que la conducta tipificada sea oscura o ambigua. c.- El juez constitucional puede cuestionar tanto la tipificación de una determinada conducta como infracción disciplinaria, como el establecimiento de esa determinada conducta tipificada como infracción “muy grave”, “grave”, “leve” o “muy leve”. d.- El juez constitucional puede cuestionar la tipificación de una determinada conducta como infracción disciplinaria, pero no puede cuestionar el establecimiento de esa determinada conducta tipificada como infracción “muy grave”, “grave”, “leve” o “muy leve”.
27.- Frente a los disturbios en el sur del país, donde varios grupos de manifestantes no solo han tomado las carreteras, sino que han incurrido en actos de vandalismo y delincuencia, en protesta por la regulación recientemente adoptada sobre restricciones a la minería informal, el Gobierno ha decretado un estado de emergencia por sesenta días, y ha dado cuenta de ello al Congreso de la República.
Uno de los representantes de los manifestantes ha interpuesto una demanda de amparo contra este referido decreto (de declaración de estado de excepción). Al respecto, escoja la alternativa correcta:
a.- Como ha señalado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante la vigencia de un estado de excepción ocurre la suspensión, y no la restricción, de determinados derechos. b.- En el Perú rige el modelo del contralor amplio. En consecuencia, la declaratoria en sí de un régimen de excepción es una cuestión política no justiciable.
c.- El juez constitucional puede analizar el fundamento de la declaratoria del estado de excepción, para determinar, en términos constitucionales, si nos encontramos en una de las causantes habilitantes para su declaratoria. d.- En el Perú rige el modelo del contralor parcial. En consecuencia, el juez constitucional no puede cuestionar la declaratoria en sí, sino la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas tomadas a su amparo.
28.- Un ciudadano plantea una querella por delitos de injuria y difamación contra dos magistrados del Tribunal Constitucional por el contenido de los votos que emitieron en una causa de Hábeas Corpus. En dicho proceso constitucional, los referidos magistrados señalaron en su voto singular que dicho querellante debía abstenerse de seguir restringiendo de modo abusivo la libertad personal del agraviado.
Como la querella ha llegado a la Corte Suprema, por el rango que ostentan los magistrados del Tribunal Constitucional, es correcto afirmar que
a.- Los miembros del Tribunal Constitucional no tienen inviolabilidad de votos y opiniones, por ello son pasibles de ser procesados por los cargos imputados. En ese caso, correspondería solicitar al Congreso el levantamiento de su inmunidad, por lo que debería remitirse lo actuado al Congreso y hacer la solicitud de levantamiento del fuero correspondiente. b.- Los miembros del Tribunal Constitucional gozan de inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas, por lo que cuentan con inviolabilidad de votos y opiniones. Por lo tanto, carecen de responsabilidad penal por los votos y las opiniones emitidas. c.- Los cargos imputados a los miembros del Tribunal Constitucional pueden ser canalizados en la causal de infracción de la Constitución, por lo que – siguiendo la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional- correspondería seguírseles un antejuicio y no un juicio político. d.- Los cargos imputados a los miembros del Tribunal Constitucional son delitos de naturaleza común y no funcional. Por lo tanto, no corresponde aplicar aquí el supuesto de inmunidad de arresto y proceso, sino más bien el de acusación constitucional vía antejuicio.
29.- Ernesto Vargas Silva ha interpuesto una demanda de amparo contra la Asociación Civil Ciudadanos Comprometidos, con el propósito de que se declare la nulidad del último acuerdo en la Asamblea General Ordinaria, donde se ha decidido por mayoría la reelección indefinida de los miembros del Consejo Directivo de la Asociación. El demandante estima que dicho acuerdo lesiona no solo el estatuto de la Asociación, sino que también transgrede la Constitución, pues la norma fundamental establece una fórmula democrática de gobierno, razón por la cual interpone la demanda de amparo.
Al respecto, de acuerdo con la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre el derecho de asociación, es incorrecto afirmar que:
a.- El contenido constitucionalmente protegido del derecho de asociación consiste en los derechos de asociarse, no asociarse y autoorganizarse.
b.- La demanda es procedente porque no existe otra vía igualmente satisfactoria para la impugnación de los acuerdos sociales adoptados. c.- Debe distinguirse el ejercicio del derecho de asociación del desarrollo de determinadas actividades bajo su amparo, para el cual sí se requerirá las autorizaciones correspondientes. d.- La impugnación de acuerdos sociales no forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho de asociación.
30.- Juan Pérez ha sido condenado a veinte años de pena restrictiva de la libertad por el delito de terrorismo. Ha cumplido los primeros tres años en el penal de Piedras Gordas en Lima. Sin embargo, como consecuencia de algunos incidentes ocurridos entre los internos del pabellón en el que se encuentra este sentenciado, el INPE ha decidio su traslado, por razones de seguridad, al establecimiento penitenciario de Yanamayo, en Puno.
Frente a ello, la familia de Juan Pérez ha interpuesto una demanda de Hábeas Corpus con la finalidad de revertir tal situación y pueda ser trasladado a un centro penitenciario a menor altura sobre el nivel del mar. Se argumenta que la salud del recluso se encontraría resquebrajada por tal cambio de altitud.
Al respecto, ¿qué tipo de Hábeas Corpus sería el planteado en este caso? Escoja la alternativa correcta.
a.- Hábeas Corpus instructivo. b.- Hábeas Corpus restringido. c.- Hábeas Corpus correctivo. d.- Hábeas Corpus traslativo.
31.- En el caso Juan de Dios Lara Contreras (Expediente 01412-2007-PA/TC) el Tribunal Constitucional acordó: “DEJAR sin efecto el precedente vinculante establecido en la STC 3361-2007-AA/TC, y conforme a lo estipulado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, SENTAR como nuevo precedente lo siguiente: “Todas las resoluciones evacuadas por el Consejo Nacional de la Magistratura, en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales deben ser motivadas, sin importar el tiempo en que se hayan emitido; este criterio deberá ser tenido como fundamento a tener obligatoriamente en cuenta por los jueces de toda la República como criterios de interpretación para la solución de casos análogos”.
De acuerdo con la técnica del precedente, que hemos incorporado con el actual Código Procesal Constitucional, es correcto afirmar que:
a.- Es un caso de overruling retroactivo. b.- Es un caso de overruling. c.- Es un caso de prospective overruling. d.- Es un caso de anticipatory overruling.
32.- Como suele ocurrir en las campañas electorales presidenciales peruanas, distintos candidatos señalan como propuestas de gobierno la necesidad de adicionar nuevos supuestos a la pena de muerte para combatir determinados
casos graves de delitos o delincuencia. Así, plantean establecer procedimientos de reforma del texto de 1993 con el objeto de incluir nuevos supuestos a los dos contenidos en el artículo 140º de la norma fundamental.
Como usted sabe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado en una opinión consultiva la imposibilidad de que ello ocurra, salvo el supuesto de que el Estado peruano decida denunciar el Pacto de San José de Costa Rica.
Al respecto, el que no sea posible la inclusión de nuevos supuestos de pena de muerte en nuestro ordenamiento nacional corresponde a que nos encontraríamos frente a un tema de límites al poder de reforma. En consecuencia, es incorrecto afirmar que:
a.- Es un límite implícito. b.- Es un límite heterónomo. c.- Es un límite material. d.- Es un límite expreso.
33.- El inciso 3 del artículo 173º del Código Penal señala que “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: (…) 3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años. (…) Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena para los sucesos previstos en los incisos 2 y 3, será de cadena perpetua”.
El Segundo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, en ejercicio del control difuso que le asiste a cualquier juez en cualquier proceso bajo su conocimiento, ha inaplicado el referido inciso 3 del artículo 173 del Código Penal, por considerar que, al establecer una pena desproporcionada, sin tener en consideración la posibilidad que tiene el menor (de 18 años y mayor de 14) de ejercer su consentimiento y libertad sexual, resulta inconstitucional.
Dicha decisión judicial se sustenta además en dos plenos jurisdiccionales de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República (el Acuerdo Plenario No. 7-2007/CS-116, de fecha 16 de noviembre de 2007, y el Acuerdo Plenario No. 4-2008/CS-116, de fecha 18 de julio de
Al respecto, es incorrecto afirmar que:
a.- Cualquier juez, en cualquier proceso a su conocimiento, debe preferir la Constitución sobre cualquiera otra norma de menor rango. Igualmente, debe preferirse la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior.
b.- El juez puede inaplicar una norma aun cuando no sea relevante para resolver la controversia, siempre que aplique el criterio de interpretación conforme con la Constitución. c.- De no ser impugnada la decisión del Segundo Juzgado Penal de Tumbes, la sentencia expedida por dicho órgano debe ser elevada en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. d.- Si el Tribunal Constitucional hubiera confirmado la constitucionalidad de dicha norma en un proceso de inconstitucionalidad, posteriormente ningún Juez puede ejercer control difuso respecto de ella.
34.- Marque la opción correcta:
a.- Todos los bienes jurídicos que protege el Derecho penal tienen directamente el carácter de derechos fundamentales en la terminología constitucional. b.- El Derecho penal es una suerte de disciplina complementaria del Derecho constitucional, en la medida que su misión consiste en brindar protección a través de la sanción penal a los derechos reconocidos por la Constitución. c.- El Derecho constitucional representa un marco dentro del cual el Derecho penal decide qué derechos fundamentales, en forma de bienes jurídicos penales, debe proteger y cómo debe hacerlo. d.- El legislador tiene la obligación de sancionar penalmente toda conducta que lesione un bien jurídico que cuente con respaldo constitucional expreso, toda vez que esto último es indicativo del merecimiento de pena.
35.- Marque la opción incorrecta
a.- Si bien la Teoría del Delito se mantenido hasta nuestros días básicamente inalterable en la ordenación de sus categorías en tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, el contenido de las mismas han experimentados notables transformaciones. b.- Si alguien coloca droga en la maleta de un adulto con una discapacidad mental severa (incapaz absoluto) y dicho contenido es descubierto en el control aeroportuario, el adulto incapaz no responde penalmente por carecer de capacidad de culpabilidad. c.- En el ámbito de la antijuridicidad el Derecho Penal resuelve los eventuales conflictos entre bienes jurídicos que se puedan verificar como consecuencia de relaciones sociales problemáticas, como el caso de la legítima defensa de terceros. d.- La comprobación de un déficit de culpabilidad en el momento de la comisión de un delito, no excluye o minimiza de manera automática la responsabilidad penal, toda vez que hay que descartar la existencia de algún supuesto de actio libera in causa o de incapacidad provocada por el autor.
36.- Marque la opción correcta
Juan es un moto-taxista que fue capturado y acusado de cómplice de un delito de hurto, por haber trasladado hace varios días hasta un mercado de compra venta de cosas robadas, a una persona que acababa de hurtar un
televisor plasma de una tienda de electrodomésticos y que a mano alzada, en la calle, contrató sus servicios como cualquier cliente.
a.- Juan es responsable del hurto a título de cómplice, porque resulta evidente de los hechos que con su conducta contribuyó con el autor de dicho ilícito. b.- Juan no es responsable del delito de hurto a título de cómplice, porque su conducta se mantuvo en el ámbito de su rol social como transportista sin que realizara nada que suponga una adhesión al plan criminal del autor. c.- Juan no es responsable de hurto a título de cómplice, sino que es autor de un delito de omisión de denuncia por no denunciar los hechos inmediatamente después de prestar el servicio de transporte. d.- Juan no es responsable del delito de hurto a título de cómplice porque sabía que la persona que lo contrató había hurtado el televisor, por ende actuó sin Dolo.
37.- Marque la opción correcta:
Pedro saluda efusivamente a un amigo con varias palmadas en la espalda que le provocan un atoramiento salival que a su vez le obstruye la traquea hasta producirle la muerte por asfixia.
a.- Pedro es autor de un delito de lesiones dolosas con resultado preterintencional de muerte. b.- Pedro no es responsable penalmente de la muerte de su amigo porque su conducta no califica como una que genera el riesgo jurídico penalmente desaprobado del tipo penal de homicidio. c.- Pedro es responsable de un delito de homicidio a título de dolo eventual, ya que debió representarse como muy posible la asfixia de su amigo. d.- Pedro es responsable de un delito de homicidio culposo al infringir el deber de cuidado al saludar efusivamente a su amigo.
38.- Marque la opción incorrecta:
Rodolfo es un conocido ladronzuelo de barrio que se resistió a ser detenido sin orden judicial, provocándole lesiones al personal policial que lo acusa de tener la misma marca de zapatillas que los asaltantes que fueron captados en un vídeo tres días atrás robando a mano armada en un centro comercial.
a.- Rodolfo es víctima de un delito de abuso de autoridad con la agravante genérica de prevalimento del artículo 46-A del Código Penal. b.- Rodolfo es responsable de un delito de lesiones en concurso con un delito de violencia contra la autoridad. c.- Las lesiones provocadas por Rodolfo deben ser valoradas en el marco de la legítima defensa del inciso 3) del artículo 20 º del Código Penal. d.- Rodolfo no tiene la obligación legal de soportar una detención sin orden judicial y al margen de la flagrancia delictiva.
39.- Marque la respuesta correcta
Sergio es un joven de 16 años que fue reclutado de manera forzosa por el Ejército para realizar el servicio militar y, debido a su corta edad, llora todas las noches en el cuartel pidiendo que lo liberen. Con la finalidad de castigar ejemplarmente esa conducta, considerada afeminada por sus superiores, su jefe inmediato dopó a Sergio con un poderoso disolvente y le introdujo objetos por el conducto rectal, los mismos que al alojarse en el intestino le vienen provocando dolores intensos y graves problemas de salud.
a.- El jefe de Sergio debe responder de un delito de lesiones, cuya gravedad dependerá de los días de tratamiento médico o incapacidad para el trabajo que diagnostique un médico. b.- El jefe de Sergio debe responder por un delito de abuso de autoridad al que debe aplicarse la agravante genérica de prevalimento o de abuso de la función pública regulada en el artículo 46-A del Código Penal. c.- El jefe de Sergio debe responder por un delito de lesiones al que debe aplicarse la agravante genérica de prevalimento o de abuso de la función pública regulada en el artículo 46-A del Código Penal. d.- El jefe de Sergio debe responde por un delito de tortura en su modalidad agravada, toda vez que es previsible para cualquier persona que la introducción de objetos en el intestino, vía rectal, produzca daños en la salud de la víctima.
40.- No configura un supuesto de causa de justificación:
a.- Cumplimiento de un deber. b.- Estado de necesidad justificante. c.- Estado de necesidad exculpante. d.- Ejercicio legítimo de un derecho.
41.- Marque la respuesta correcta
a.- La consumación en el delito de hurto se verifica con la mera desposesión del bien al sujeto pasivo por parte del sujeto activo. b.- La consumación en el delito de hurto se verifica a partir del momento en el que el sujeto activo tiene contacto físico con el bien objeto de la conducta. c.- El momento consumativo del delito de hurto está determinado por la efectiva capacidad de disposición del bien mueble por parte del sujeto activo, todo lo anterior constituye la fase de imperfecta realización. d.- El momento consumativo del delito hurto está determinado por la falta de control del sujeto pasivo respecto del bien mueble sobre el que recae la conducta del sujeto activo.
42.- El bien jurídico protegido en los delitos de tráfico ilícito de drogas es:
a.- La salud pública. b.- El sistema económico. c.- La salud individual. d.- El estado de salud mental de cada persona.
43.- Marque la opción correcta
Jorge y dos amigos se encuentran con la posibilidad de sustraer un celular del bolso de una parroquiana distraída y emprenden hacia ella. Deciden que Jorge será el que sustraiga el bien, mientras que los dos amigos se reparten funciones de “vigilancia” y eventual “contención” ante una posible alerta de descubrimiento o captura. Finalmente, cuando se encontraban en plena huida fueron capturados por efectivos policiales de la zona y llevados a su Despacho para determinar su situación jurídica. Según el costo de marcado, el valor del celular no supera los S/. 600 nuevos soles.
a.- Jorge y sus amigos deben ser procesados bajo la imputación del delito consumado de hurto agravado del inciso 6) del artículo 186º del Código Penal,
toda vez que actuaron mediante “
b.- Sólo Jorge debe responder por una falta de hurto y no sus amigos, dado que en las faltas sólo responde el autor y nos los partícipes de acuerdo al Código Penal. c.- La conducta es impune dado que no alcanzó la fase de consumación y la tentativa, según el Código Penal, no es punible en el caso de faltas. d.- Jorge y sus amigos deben ser procesados bajo la imputación de una falta
contra el patrimonio a título de coautores.
concurso de dos o más personas”.
44.- Marque la respuesta correcta
a.- En las faltas, la tentativa no es punible en ningún caso. b.- Por imperativo de la accesoriedad de la participación, la sanción del autor en las faltas habilita la sanción de los partícipes. c.- Las formas culposas de las faltas sólo serán sancionadas cuando se encuentren expresamente tipificadas. d.- En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad por la comisión de faltas.
45.- Marque la opción incorrecta
a.- En los delitos de difamación por medio a la prensa, tratándose de la difusión de hechos, la única manera de excluir la responsabilidad del autor es a través de la prueba de la verdad absoluta de lo difundido. b.- En los delitos de difamación por medio de la prensa, tratándose de la difusión de hechos, la parte acusadora debe probar la infracción por el autor de determinados deberes de diligencia en la comprobación de la verosimilitud de lo difundido. c.- En los delitos de difamación por medio de la prensa, la responsabilidad de los propietarios y directores de los medios de comunicación, sólo es posible si se cumplen las exigencias de la autoría y participación. d.- En los delitos de difamación por medio de la prensa, tratándose de la difusión de hechos lesivos al honor, debe valorarse en sede de antijuridicidad si se trata de hechos de relevancia pública, verosímiles y que no incurran en manifiesta desproporción.
46.- Marque la opción correcta sobre la responsabilidad penal del jefe encargado del área de emergencia.
Javier Pérez es asegurado de ESSALUD. Una noche, al regresar de una fiesta con su esposa, fue agredido sin ningún motivo por un grupo de delincuentes. Producto de ello, Javier fue víctima de lesiones causadas por arma punzo cortante a nivel de la espalda. Inmediatamente, su esposa procedió a llevarlo al único hospital de ESSALUD que había en el alejado pueblo donde vivían, a efectos de que fuera atendido por el sangrado que padecía. Sin embargo, al llegar al tópico de emergencia, el jefe encargado de la sección le dijo que no podían atenderlo toda vez que el seguro sólo cubre accidentes de trabajo y no accidentes ocasionados por terceros. Javier murió camino a otro nosocomio, debido a la lejanía de éste (3 horas). El resultado de la autopsia determinó que la muerte se debió al sangrado que no fue oportunamente controlado. Acerca de la responsabilidad penal del jefe encargado del área de emergencia, marque la respuesta correcta.
a.- El médico sólo podría ser responsable del delito de omisión pura, contenido en el artículo 127º del Código penal: Omisión de auxilio a persona en peligro. b.- El médico sería responsable penalmente del delito de homicidio doloso en comisión por omisión, debido a que se cumplen todos los elementos típicos del mismo. c.- El médico no puede ser responsable del delito de homicidio culposo en comisión por omisión, debido a que la esposa de Javier era la única que ostentaba la posición de garante. d.- La conducta del médico no es relevante jurídico- penalmente.
47.- Marque la opción correcta:
a.- Los delitos de peligro, al no exigir para su configuración la existencia de un resultado dañoso, no pueden ser objeto de reparaciones civiles en sede penal. b.- No existe diferencia sustancial o estructural alguna entre los delitos de omisión pura y los delitos de comisión por omisión u omisión impropia, ya que en ambos casos resulta exigible para la consumación la producción de un resultado dañoso. c.- Los delitos de peligro abstracto no plantean problema alguno de constitucionalidad con las exigencias del principio de lesividad (exclusiva protección de bienes jurídicos) y legalidad penal. d.- La posibilidad de que un delito pueda ser realizado a través de formas comisivas y omisivas, depende en buena medida de la redacción típica que se haga de la conducta incriminada.
48.- Marque la opción correcta sobre la aplicación de la ley penal en el tempo.
En julio del año 2006, Pablo secuestró a Pamela. En esta fecha, el delito de secuestro tenía como sanción entre 15 y 20 años de pena privativa de libertad. Sin embargo, en noviembre del mismo año, el Congreso publicó la Ley N° 1000 “Ley Anti- Secuestros” que modificó el Código Penal y estableció como pena para este delito entre 20 y 30 años de pena privativa de libertad. Pablo es descubierto y por ende Pamela liberada de su cautiverio en el mes de diciembre del año 2006.
a.- Se aplica a Pablo el artículo del Código Penal vigente al momento del inicio del secuestro, pues lo contrario implicaría una aplicación retroactiva desfavorable prohibida por el principio de legalidad. b.- Se aplica a Pablo la Ley N° 1000, en virtud del principio de temporalidad normativa. c.- Se aplica a Pablo el artículo del Código Penal vigente al momento del inicio del secuestro en virtud del principio de favorabilidad. d.- Se le aplica la Ley N° 1000 que modifica el Código Penal porque a pesar de incrementar la pena, constituye una medida importante para reprimir tan grave delito.
49.- Marque la opción correcta:
a.- Los tipos penales que incluyen elementos de intención distintos del dolo, suelen admitir únicamente dolo directo excluyendo el dolo eventual. b.- A diferencia de la culpa consciente, el dolo eventual exige en menor medida el elemento cognitivo que abarca a los elementos del tipo objetivo. c.- A diferencia del dolo de segundo grado, en el dolo eventual el autor prevé como seguro el resultado. d.- En el dolo eventual, el agente considera improbable la realización del resultado y, además, confía en que evitará lo que se ha representado.
50.- El delito de posesión de drogas para fines de comercialización admite:
a.- El dolo eventual. b.- El dolo directo. c.- El dolo indirecto. d.- El dolo concreto.
51.- Elija la opción incorrecta:
a.- El instigador se limita a provocar en el autor la resolución delictiva sin tener el dominio del hecho. b.- El cómplice debe actuar dolosamente, de donde se deduce la inexistencia de una complicidad culposa. c.- El instigador determina al sujeto a realizar un injusto doloso, por tanto, toma parte del dominio del hecho principal. d.- El cómplice favorece un hecho ajeno, por tanto, puede afirmarse que no tiene el dominio del hecho principal.
52.- Marque la opción correcta sobre las funciones jurisdiccionales en materia penal de las rondas campesinas.
a.- Las rondas campesinas tienen potestad sancionadora respecto de la transgresión de sus normas consuetudinarias, tanto las destinadas a la protección de los intereses comunales como de sus miembros. b.- El criterio determinante que habilita la competencia y la legitimidad del ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las rondas campesinas, es
que el hecho a enjuiciar se haya verificado en el espacio geográfico de la comunidad. c.- El derecho a la identidad étnica y cultural en el marco del ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las rondas campesinas tiene carácter absoluto, es decir, no admiten matizaciones derivadas del Derecho estatal. d.- La validez del ejercicio de la potestad punitiva de las rondas campesinas no depende del respeto a la predeterminación, en el derecho consuetudinario, de las conductas a enjuiciar y de sus correspondientes sanciones.
53.- Sobre el delito de homicidio calificado realizado para facilitar u ocultar otro delito y el tipo de robo con muerte subsecuente, marque la respuesta correcta.
a.- En el delito de homicidio para facilitar u ocultar la comisión de otro delito, este sólo pude ser de naturaleza dolosa. b.- En el caso del robo con muerte subsecuente, este resultado sólo puede ser atribuido a título de culpa. c.- El delito de robo con muerte subsecuente constituye un delito cualificado por el resultado, por ello, la muerte es atribuida a título de dolo. d.- El delito de homicidio calificado realizado para facilitar u ocultar otro delito constituye un delito preterintencional.
54.- Marque la opción incorrecta:
a.- En sentido estricto o técnico, no basta con afectar únicamente bienes jurídicos individuales como la vida, la salud o la libertad, para calificar a tales conductas como delitos contra los derechos humanos. b.- Los denominados delitos contra los derechos humanos suponen la presencia de una serie de elementos de intencionalidad, de medios comisivos o de contexto, que precisamente explican o justifican su mayor reproche respecto de los delitos comunes. c.- Cualquier delito contra bienes jurídicos individuales como la vida, la salud o la libertad que se cometa por parte de un funcionario público abusando de sus funciones o cargo, califica como un delito contra los derechos humanos. d.- Lo denominados delitos contra los derechos humanos, constituyen figuras típicas complejas cuya adecuada interpretación requiere del concurso de varias fuentes normativas como la Constitución y los tratados de derechos humanos, además del Código Penal.
55.- Marque la opción incorrecta
a.- No todos los delitos consistentes en violaciones a los derechos humanos regulados en los tratados de derechos humanos, se encuentran tipificados como tales en la legislación penal nacional. b.- Para aplicar en sede nacional un delito consistente en una violación de derechos humanos, basta que la conducta se encuentre más o menos regulada en un tratado de derechos humanos, sin que se encuentre tipificada (conducta y sanción) en nuestra legislación penal.
c.- Para aplicar en sede nacional un delito consistente en una violación de derechos humanos, no basta que la figura típica se encuentre más o menos descrita en un tratado de derechos humanos, sino que la conducta y su correspondiente sanción deben estar tipificadas en la legislación nacional. d.- En la legislación penal nacional sólo se encuentran tipificados algunos delitos consistentes en violaciones a los derechos humanos, bajo el título de “Delitos contra la humanidad”.
56.- Marque la opción correcta
a.- Los tratados de derechos humanos, en general, pueden ser utilizados como parámetro de interpretación complementaria del contenido y alcance de los tipos penales tipificados como “Delitos contra la humanidad” en el Código Penal. b.- Todos los “Delitos contra la humanidad” tipificados en el Código Penal exigen que el sujeto activo tenga necesariamente la calidad de funcionario o servidor público. c.- Ninguno de los “Delitos contra la humanidad” tipificados en el Código Penal admiten como sujeto activo a los particulares, es decir, a personas distintas a un funcionario o servidor público. d.- Todos los “Delitos contra la humanidad” tipificados en el Código Penal constituyen, en estricto, delitos consistentes en violaciones a los derechos humanos conforme a los tratados internacionales de derechos humanos.
57.- Marque la respuesta correcta:
a.- Únicamente la parte del fallo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene naturaleza vinculante para todos los jueces de la República en materia penal. b.- En caso de discrepancia entre una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional y otra de la misma naturaleza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se debe elegir la solución que mejor favorezca a los derechos fundamentales en juego. c.- Todos y cada uno de los considerandos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, independientemente de su conexión necesaria con la decisión final, tienen naturaleza vinculante para todos los jueces de la República en materia penal. d.- Todas las sentencias del Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante para todos los jueces de la República.
58.- Marque la opción incorrecta:
a.- En ningún caso los delitos “Contra la humanidad” tipificados en el Código Penal pueden ser considerados delitos de función militar o policial, toda vez que protegen bienes jurídicos personales y no de naturaleza castrense o policial. b.- El núcleo del injusto en el delito de desaparición forzada del artículo 320º del Código Penal, consiste en la omisión del funcionario o servidor público, de brindar información, cuando ésta le es requerida, sobre el paradero o el destino de la víctima.
c.- Los delitos “Contra la humanidad” tipificados en el Código Penal se juzgan en el denominado fuero militar policial cuando el funcionario o servidor público que los comete tiene la condición de militar o policía y actuó con ocasión o a propósito el ejercicio de sus funciones. d.- En ningún caso los delitos “Contra la humanidad” tipificados en el Código Penal pueden ser juzgados por el denominado fuero militar policial, toda vez que el bien jurídico protegido no tiene naturaleza castrense o policial.
59.- Marque la opción correcta
a.- El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional sólo puede ser aplicado por ésta última, ya que se trata de una norma destinada a regular su funcionamiento. b.- Todos los delitos “Contra la humanidad” que se encuentran tipificados en el Código Penal son imprescriptibles, en la medida que son delitos de lesa humanidad. c.- El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional forma parte del derecho interno y por ende sus disposiciones pueden ser utilizadas como referencia interpretativa por los tribunales penales nacionales. d.- El Perú ha cumplido con adecuar su legislación penal al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, por lo que la aplicación de dicho tratado por los tribunales penales nacionales resulta innecesaria.
60.- En el año 2013 el Estado peruano emite una ley en la cual establece que en cualquier caso, la indemnización que se otorgue por errores judiciales no puede ser mayor a 3 UITs vigentes a la fecha en que se produjo el error judicial. Una organización de Derechos Humanos ha solicitado que se decrete la inconstitucionalidad de la ley pero el Tribunal Constitucional rechazó dicha demanda. Esta organización lo convoca y le solicita su opinión a efectos de denunciar estos hechos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Señale la respuesta correcta que debería dar:
a.- En este caso no existe afectación a ningún derecho reconocido por la Convención Interamericana de Derechos, por lo cual la denuncia debería desestimarse. b.- La denuncia deberá ser planteada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al ser este el organismo competente tramitar las denuncias. c.- La denuncia puede ser presentada en cualquier momento. No es relevante que se haya notificado la sentencia que rechazó definitivamente la demanda de inconstitucionalidad pues se trata de un daño continuado. d.- Es mejor acudir a la Corte de la Haya puesto que la Comisión Interamericana dilata más la emisión de sus fallos.
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References: artículo 140
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 artículo 46
 artículo 20
 artículo 46
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 artículo 186
 artículo 127
 resolución 
 artículo 320