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Timestamp: 2019-05-25 23:06:04+00:00

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Michigan: state-affiliated adoption agencies must allow LGBT couples to adopt
As part of a settlement, Michigan agreed Friday that state-contracted adoption agencies must follow non-discrimination requirements and allow LGBT couples to adopt or foster children.
The case was brought in September 2017 by two same-sex couples who wished to adopt against the state of Michigan and St. Vincent Catholic Charities (an intervenor defendant). “The American Civil Liberties Union filed the lawsuit on behalf of the couples, arguing that the state of Michigan was violating the Constitution by permitting agencies to use religious criteria to exclude prospective foster and adoptive families.”
Kristy and Dana Dumont, two of the plaintiffs, told the ACLU, “We are so happy that for same-sex couples in Michigan who are interested in fostering or adopting, opening their hearts and homes to a child no longer comes with the risk of being subjected to the discrimination we experienced.”
However, the ACLU noted that Tennessee and Arkansas are working to pass bills that would allow state-funded agencies to exclude LGBT couples from adopting or fostering. In May 2017 Alabama passed a law permitting adoption agencies to exclude same-sex couples under a religious exemption. Texas passed a similar law the following June.
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Fuente: Panorama RIDH
Once meses después del inicio de las protestas ciudadanas en Nicaragua, y luego de incontables denuncias y testimonios de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución en la que manifiesta su preocupación por la situación y pide acciones concretas del Estado y de la alta comisionada, Michelle Bachelet.
En esta resolución adoptada hoy con 23 votos a favor, 3 en contra y 21 abstenciones, el Consejo también deploró las restricciones a la libertad de prensa y de manifestación pacífica y lamentó la falta de garantías para los defensores de derechos humanos.
En julio de 2018, unas 50 ONG locales, regionales e internacionales pidieron al Consejo celebrar una sesión extraordinariapara discutir la situación en Nicaragua y tomar medidas para prevenir su deterioro. Aunque este llamado no prosperó, sí dejó de manifiesto que algunos miembros del Consejo compartían preocupaciones con la sociedad civil, por lo que había un espacio para continuar trabajando juntos.
A partir de entonces, varias de estas organizaciones mantuvieron un cabildeo constante frente a las misiones diplomáticas en Ginebra y fueron sumando apoyos hasta que, el 29 de enero pasado, más de 200 ONG pidieron al Consejo adoptar una resolución que incluyera en sus términos los puntos de la que hoy fue aprobada. Poco tiempo después, varios Estados latinoamericanos lideraron el proceso de negociación que llevó a la adopción del texto final.
¿De qué se trata la resolución?
En virtud de esta resolución, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH) deberá elaborar un informe exhaustivo sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, que será presentado al Consejo en su sesión de septiembre y será discutido con los Estados miembros y con representantes de la sociedad civil. Adicionalmente, la ACNUDH informará oralmente al Consejo acerca de la evolución de la situación en sus sesiones de junio próximo y marzo de 2020.
Además de lo anterior, con el texto adoptado hoy el Consejo instó a Nicaragua a cesar cualquier tipo de violación de los derechos humanos, liberar a las personas privadas de la libertad arbitrariamente y a llevar ante la Justicia a los responsables de violaciones pasadas.
Adicionalmente, el órgano intergubernamental de la ONU pidió a las autoridades cooperar con el sistema interamericano de derechos humanos y con la ACNUDH, los expertos del Consejo y los órganos de supervisión de tratados de Naciones Unidas.
Al presentar la resolución ante el Consejo, Argentina, que tomó la palabra en nombre de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, manifestó que el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados no puede servir como excusa para que se violen los derechos humanos y dijo esperar que el anuncio de la reanudación de los diálogos conduzca a un proceso creíble, incluyente y transparente que permita encontrar una solución a la crisis.
Durante la discusión también intervinieron Bulgaria, en nombre de la Unión Europea, Islandia, Ucrania, Reino Unido, República Checa y Uruguay, quienes manifestaron su apoyo a la resolución.
Nicaragua, por su parte, rechazó la iniciativa por considerar que no refleja la realidad del país ni la voluntad expresada por el Gobierno de avanzar en el diálogo, la reconciliación y la paz. De igual manera, expuso los resultados ya alcanzados en el proceso de diálogo, y mencionó específicamente la decisión, tomada ayer, de liberar en un plazo de noventa días a las personas privadas de la libertad por hechos relacionados con las protestas que empezaron en abril de 2018.
En contra de la resolución se expresaron Cuba y Egipto. China, por su parte, anunció que se abstendría de votar. Al final, entre los 23 votos a favor que logró la resolución estuvieron los de siete de los ocho miembros latinoamericanos del Consejo de Derechos Humanos. El único del grupo que votó en contra fue Cuba.
En este enlace está disponible el texto completo de la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”.
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Posted on 11 de marzo de 2019
Congreso estatal ha dejado en visto 13 recomendaciones de la CEDHJ
El Congreso del Estado no ha respondido a 13 recomendaciones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) le ha dirigido en los últimos dos años. Durante la presentación de su informe de actividades ante el pleno del Legislativo, Alfonso Hernández Barrón, presidente de la CEDHJ, aprovechó para recordar a los diputados que no se han pronunciado en temas como derechos de personas de la diversidad sexual, identidad de género de personas transexuales o los casos de desaparecidos; entre otros.
“Van cinco (recomendaciones al Congreso emitidas en su administración), las tres recomendaciones generales que tiene que ver con el tema de discapacidad, seguridad ciudadana, personas desaparecidas y dos particularmente en relación con la población de la diversidad sexual. Una más con el caso de la magistratura que debe garantizarse la paridad, medidas progresivas para que haya paridad en el Poder Judicial”, precisó.
Hernández Barrón planteó cinco acciones legislativas para que las leyes estatales reconozcan la igualdad entre personas, prevengan la discriminación y busquen el respeto a sus garantías individuales.
Salvador Caro Cabrera, presidente de la Mesa Directiva, dijo que revisarán el estado de las recomendaciones que se acumularon durante pasadas Legislaturas. Aseveró que en el actual periodo se impulsaron reformas para prevenir la violencia contra las mujeres y sostuvo que los cinco puntos planteados son parte de la agenda legislativa.
“Respecto a los procesos que están pendientes en este poder Legislativo se solicita al presidente de la comisión legislativa de derechos humanos y pueblos originarios que, en sesión próxima de trabajo, con presencia de usted, podamos dar el resultado definitivo a cada uno de esos procesos pendientes dándole una respuesta inmediata y contundente”, comentó el legislador.
El presidente de la Comisión refirió el recorte de 2.5 millones de pesos que tuvo la dependencia, sostuvo que pese a la disminución de recursos mantienen los planes de abrir oficinas en municipios fuera del Área Metropolitana de Guadalajara y reforzar el área de capacitación.
Un representante de cada grupo parlamentario fijó postura luego del mensaje del titular de la CEDHJ que no recibió mayores cuestionamientos. Esta fue la primera ocasión en que un presidente de la Comisión comparece en sesión del Legislativo para remitir informe de su gestión.
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Posted on 11 de marzo de 2019 Actualizado enn 11 de marzo de 2019
Guatemala es responsable por no investigar posibles amenazas y presiones indebidas a la jueza Villaseñor Velarde
En la sentencia notificada el día de hoy en el Caso Villaseñor Velarde y otros Vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró al Estado de Guatemala responsable por no investigar indicaciones sobre actos intimidatorios contra la Jueza María Eugenia Villaseñor Velarde, que se produjeron en 1994 y en años posteriores. El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. Los hechos del caso tuvieron lugar desde la década de 1990 hasta 2013, cuando la Sra. Villaseñor se desempeñó como jueza.
Entre 1991 y 1997 la Sra. Villaseñor realizó actos destacados en el marco de su actividad, destacándose entre ellos la participación en causas judiciales de trascendencia pública. Hay información que indica que durante 1994 la Jueza fue objeto de diversos actos de intimidación, que pudieron configurar una sucesión o conjunto de hechos de presiones externas respecto de su actividad judicial, atentando contra la independencia judicial. Distintas fuentes indican que la señora Villaseñor sufrió amenazas directas (inclusive la amenaza o el intento de secuestro de su hija), daños intencionales a sus bienes, intentos de acceder a su domicilio y actos de vigilancia, entre otros hechos.
Asimismo, el 29 de agosto un agente asignado a su seguridad fue retenido, golpeado, drogado e interrogado sobre actividades de la Jueza. También se indicó que entre 1995 y 2013 sucedieron otros hechos, de diversa índole. El Estado brindó seguridad a la señora Villaseñor y a sus familiares durante cerca de 18 años, entre 1994 y 2013. No obstante, no investigó lo ocurrido el 29 de agosto de 1994, ni sobre hechos de amenazas directas que habrían ocurrido ese año. Tampoco dio respuesta a determinadas denuncias posteriores de la Jueza. Consta además que en 2001, en el ámbito policial, se ordenó realizar una investigación, sin que haya información sobre su realización efectiva. Aunado a ello se efectuaron acciones insuficientes para investigar “amenazas” a partir de una denuncia de la Jueza de 2005.
El Tribunal resaltó que, dado que en el caso se indicó una situación de riesgo prolongada en el tiempo y relacionada con la actividad de la señora Villaseñor, la investigación de los hechos podía ser relevante para desactivar dicho riesgo y garantizar la independencia judicial. Entendió que el incumplimiento del deber de investigar generó en la señora Villaseñor una situación de incertidumbre y angustia que afectó su integridad personal. En consecuencia, y debido a la falta de investigación señalada, la Corte concluyó que Guatemala no garantizó el derecho a la integridad personal de la señora Villaseñor, que se vio afectado en relación con su independencia judicial, y que el Estado violó sus derechos a las garantías y protección judiciales. Por ende, declaró que Guatemala violó los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado.
Asimismo, la Corte determinó que el Estado no es responsable por la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de Beatriz Eugenia Villaseñor Velarde, Francis Antonio Villaseñor Velarde y Rosa Antonieta Villaseñor Velarde, quienes son, respectivamente, hija, hermana y hermano de la señora Villaseñor. Tampoco consideró responsable a Guatemala por la violación al derecho a la protección de la honra y de la dignidad respecto de ninguna de las personas nombradas En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó: a) publicar la Sentencia y su resumen oficial, y b) pagar la cantidad fijada en la Sentencia por concepto de indemnización por daño inmaterial.
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México firma la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia de la OEA
México firmó hoy la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, que fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en junio de 2013. Leer el resto de esta entrada »
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Que todos los países reconozcan formalmente el derecho al aire limpio, al agua potable, a los alimentos sanos, a un clima estable, a una biodiversidad próspera y a ecosistemas saludables, tendría grandes beneficios en la lucha para proteger el medio ambiente, según un experto de la ONU en derechos humanos. Leer el resto de esta entrada »
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El Congreso chileno rechaza el cese de tres jueces por dar libertad condicional a violadores de derechos humanos
Por 73 votos contra 64, la Cámara de Diputados no aprobó la acusación constitucional contra los magistrados de la Corte Suprema. Leer el resto de esta entrada »
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References: resolución 
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 artículo 1