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Timestamp: 2017-06-25 03:47:48+00:00

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Conoce la reforma de Ley del TSJ sancionada por la AN | Transparencia Venezuela
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No hay comentarios ↓	La Asamblea Nacional aprobó este jueves 7 de abril, durante su sesión ordinaria, la segunda discusión de la reforma parcial de Ley del Tribunal Supremo de Justicia, la misma que busca aumentar el número de 7 a 15 magistrados en la Sala Constitucional.
La ley, fue propuesta por la diputada Delsa Solorsano (Miranda/UNT) el pasado 29 de marzo, como presidenta de la Comisión de Política Interior; cuenta con 193 artículos y además, busca la selección de un nuevo comité de postulantes judiciales que se encargue de la convocatoria de nuevos aspirantes. El siguiente paso
Fue remitida al Ejecutivo nacional para su promulgación en los próximos 10 días, según el artículo 213 de la Constitución.
Detalla la ley a continuación:
Artículo 7. El Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Constitucional, Político Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, así como en Sala Plena, la cual estará integrada por los Magistrados o Magistradas de todaslas Salas señaladas.
Salas Especiales Artículo 9. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia deberá crear e instalar SalasEspeciales para cada una de las Salas que componen el Tribunal, a solicitud de la Salarespectiva, cuando se acumulen, por materia, cien o más causas para que seandecididas.
Las Salas Especiales que se crearen funcionarán hasta cuando la última de las causassea decidida. Ellas estarán conformadas por un Magistrado o Magistrada de la Salarespectiva y por dos Magistrados o Magistradas Accidentales, que serán designados por la Sala Plena de la lista de suplentes.
Atribuciones del Secretario o Secretaria Artículo 14. Son atribuciones del Secretario o Secretaria del Tribunal Supremo de Justicia y de las respectivas Salas:
Atribuciones del o la Alguacil Artículo 15. Son atribuciones del o la Alguacil del Tribunal Supremo de Justicia y de las respectivas Salas:
Funcionarios o funcionarias subalternos Artículo 16. El Tribunal Supremo de Justicia tendrá los funcionarios o funcionarias que necesite para el cumplimiento de sus funciones. En el caso de estos funcionarios o
funcionarias, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dictará el respectivo estatuto en el cual se establecerá el régimen de carrera de los mismos.
Juzgados de Sustanciación Artículo 17. El Presidente o Presidenta, el Secretario o Secretaria y el o la Alguacil delTribunal Supremo de Justicia constituyen el Juzgado de Sustanciación de cada Sala.
Los Juzgados de Sustanciación de las Salas, salvo el de la Sala Plena, podránconstituirse con personas distintas de las señaladas en el párrafo anterior, cuando así lodecida la Sal Plena.
Recursos contra el Juzgado de Sustanciación Artículo 18. Cada Sala conocerá de las apelaciones y recursos que se intenten deacuerdo con la ley contra las decisiones del respectivo Juzgado de Sustanciación.
El Magistrado o Magistrada de cuya decisión como Juez Sustanciador o JuezaSustanciadora se recurra por ante la Sala de la cual forma parte, no participará en lasdecisiones y deliberaciones de ésta sobre el recurso intentado. En tal caso, la Salaactuará válidamente con sus miembros restantes.
Artículo 19. El Tribunal Supremo de Justicia tendrá una Junta Directiva que estaráintegrada por un Presidente o Presidenta, un Primer y Segundo Vicepresidente oVicepresidenta y tres Directores o Directoras, quienes presidirán, respectivamente, las Salas que conformen.
En ningún caso, el Presidente, el Primer Vicepresidente o Primera Vicepresidenta, elSegundo Vicepresidente o Segunda Vicepresidenta y los tres Directores o Directoras dela Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser miembros de una mismaSala.
Artículo 20. Los integrantes de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y decada una de sus Salas durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. LaSala Plena elegirá, por el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes queestén presentes, la Junta Directiva y la de las restantes Salas del Tribunal Supremo deJusticia, en la forma que establezcan esta Ley y el Reglamento Interno del TribunalSupremo de Justicia. La elección de la Junta Directiva de las Salas se efectuará en laúltima reunión de la Sala Plena cada dos años o en la fecha más inmediata siguiente.
Publicación de las Actas Artículo 21. Las actas correspondientes a los nombramientos de la Junta Directiva delTribunal Supremo de Justicia y de cada una de las Salas deberán ser publicadas en laGaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 22. Son atribuciones del Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo deJusticia:
Presidir y representar al Tribunal Supremo de Justicia o delegar dicha representaciónen alguno de los Vicepresidentes o Vicepresidentas, Directores o Directoras u otroMagistrado o Magistrada.
Ejercer la supervisión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, InspectoríaGeneral de Tribunales, Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacionalde la Magistratura.
Convocar la Sala Plena a sesiones extraordinarias, cuando lo creyere conveniente olo solicite la mayoría absoluta de los Magistrados o Magistradas.
Suscribir, junto con el Secretario o Secretaria, las actas de las sesiones o audienciasde la
Sala Plena, una vez que hayan sido aprobadas.
Dar cuenta a la Sala Plena de la inasistencia de aquellos Magistrados o Magistradas y demás funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas que se hubieren separadode sus cargos sin licencia previa.
Conceder licencia hasta por siete días continuos a los Magistrados o Magistradas, funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas que la soliciten por causajustificada.
Velar por el mantenimiento del orden e imponer las sanciones correspondientes aquienes lo infrinjan.
Decidir sobre las quejas por demoras o cualesquiera otras faltas en el despacho delos asuntos e informar acerca de ellas a la Sala Plena, cuando así lo exija su gravedad.
Decidir sobre las quejas que formulen las partes contra los funcionarios o funcionariaso empleados o empleadas, o viceversa.
Disponer, por Secretaría, la devolución de documentos y la expedición de copiascertificadas, de conformidad con la Ley.
Conocer las inhibiciones y recusaciones de los Magistrados o Magistradas y demásfuncionarios o funcionarias de la Sala Plena.
Guardar la llave del Arca que contiene los libros originales de las Actas de instalacióncorrespondientes al Tribunal Supremo de Justicia y las primeras Corte Suprema deJusticia, Alta Corte Federal, Corte de Casación y Corte Federal y de Casación yentregarla a su sucesor legal.
Las demás que le atribuyan la Constitución, esta Ley y otras leyes nacionales y elReglamento Interno del Tribunal Supremo.
Estas atribuciones se asignan, también, a los Presidentes o Presidentas de cada una delas Salas, en sus respectivos ámbitos de competencia, con excepción de las queestablecen los numerales 1, 2, 3, 4 y 19.
Atribuciones de los Vicepresidentes o Vicepresidentas Artículo 23. Son atribuciones de los Vicepresidentes o Vicepresidentas del TribunalSupremo de Justicia:
Colaborar con el Presidente o Presidenta en el mantenimiento de la disciplina internay en la buena marcha del Tribunal.
Dar cuenta al Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de lasirregularidades que observen en la marcha o funcionamiento del mismo y, en particular,de sus respectivas Salas.
Los Vicepresidentes o Vicepresidentas de las Salas suplirán a los Presidentes oPresidentas de éstas en caso de falta y tendrán, además, las atribuciones que les señalenlas leyes y el Reglamento Interno.
Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de laRepública o quien haga sus veces y, en caso afirmativo, conocerá de la causa, previaautorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva.
Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General de la República, del Fiscal o Fiscala General de la República, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, del Defensor o Defensora Público General, de los Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral, de los Gobernadores o Gobernadoras, Oficiales Generales y Almirantes Efectivos y enfunciones de comando, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al o laFiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y, si el delitofuere político, conocerá de la causa hasta la sentencia definitiva.
Dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia condistintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia por lamateria afín a la de ambos.
Artículo 25. Es de la competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo deJusticia:
Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos quedeclaren estados de excepción que sean dictados por el Presidente o Presidenta de laRepública.
Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en lossupuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicosfundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificadosválidamente por la República o cuando incurran en violaciones de derechosconstitucionales.
Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales oparticulares dictados por el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los demásorganismos de rango constitucional, cuyo conocimiento no estuviere atribuido a otroórgano de la Jurisdicción Administrativa en razón de la materia.
Las demandas de nulidad que se ejerzan contra un acto administrativo de efectosparticulares y al mismo tiempo del acto normativo sublegal que le sirve de fundamento,siempre que el conocimiento de este último corresponda a la Sala Político Administrativa.
Las controversias administrativas entre la República, los Estados, los Municipios u otro ente público, cuando la otra parte sea una de esas mismas entidades, a menos que setrate de controversias entre Municipios de un mismo Estado.
Las demandas que se interpongan con motivo de la adquisición, goce, ejercicio opérdida de la nacionalidad o de los derechos que de ella derivan.
Las demandas que le atribuyan la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela o las leyes especiales, o que le correspondan conforme a éstas, en sucondición de máxima instancia de la Jurisdicción Administrativa.
Las demás demandas derivadas de la actividad administrativa desplegada por lasaltas autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público, no atribuidas a otrotribunal.
Las causas que se sigan contra los representantes diplomáticos acreditados en laRepública, en los casos permitidos por el derecho internacional.
Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Nacionales de la JurisdicciónContencioso Administrativa y de las consultas que le correspondan conforme alordenamiento jurídico.
El avocamiento, de oficio o a petición de parte, sobre algún asunto que curse en otrotribunal cuando sea afín con la materia administrativa.
Los juicios en que se tramiten acciones conexas, cuando a la Sala PolíticoAdministrativa le esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas.
Del Recurso Especial de Juridicidad, de conformidad con lo establecido en la ley queregula la jurisdicción contencioso administrativa.
Los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de la jurisdiccióncontencioso administrativa.
Los juicios sobre hechos ocurridos en alta mar, en el espacio aéreo internacional o enpuertos o territorios extranjeros tramitados en la República, cuando su conocimiento noestuviese atribuido a otro Tribunal.
Los juicios para declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias dictadas porautoridades extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales o enla ley.
Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos,actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los que esténdirectamente vinculados con los procesos comiciales, como aquellos que esténrelacionados con su organización, administración y funcionamiento.
Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actosde naturaleza electoral que emanen de sindicatos, organizaciones gremiales, colegiosprofesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales y otrasorganizaciones de la sociedad civil.
Conocer las demandas de amparo constitucional de contenido electoral, distintas a lasatribuidas a la Sala Constitucional.
Competencia de la Sala de Casación Civil Artículo 28. Es de la competencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia:
Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionalesextranjeras, de acuerdo con lo que dispongan los tratados internacionales o la ley.
Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casosque preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley.
Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyanlas leyes, en materia penal.
Artículo 30. Es de la competencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo deJusticia:
Conocer, en alzada, los recursos contencioso-administrativos de nulidad en materiaambiental y agraria.
Conocer las demandas de interpretación acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, siempre que dicho conocimiento no signifique una sustitución delmecanismo, medio o recurso que disponga la ley para dirimir la situación de que se trate.
Conocer cualquier controversia o asunto litigioso que le atribuyan las leyes, o que lecorresponda conforme a éstas en su condición de más alto Tribunal de la República.
Artículo 32. De conformidad con la Constitución de la República, el control concentradode la constitucionalidad sólo corresponderá a la Sala Constitucional en los términosprevistos en esta Ley, mediante demanda popular de inconstitucionalidad, en cuyo caso,no privará el principio dispositivo, pudiendo la Sala suplir, de oficio, las deficiencias otécnicas del demandante por tratarse de un asunto de orden público. Los efectos de dichasentencia serán de aplicación general, y se publicará en la Gaceta Oficial de la República,y en la Gaceta Oficial del Estado o Municipio según corresponda.
Consulta sobre control difuso de la constitucionalidad Artículo 33. Cuando cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia y losdemás tribunales de la República ejerzan el control difuso de la constitucionalidaddeberán informar a la Sala Constitucional sobre los fundamentos y alcance de ladesaplicación que sea adoptada, para que ésta proceda a efectuar un examen abstractosobre la constitucionalidad de la norma en cuestión. A tal efecto deberán remitir copiacertificada de la sentencia definitivamente firme.
Proceso de nulidad de oficio Artículo 34. Conforme a lo que se dispone en el artículo anterior, cuando se declare la conformidad a derecho de la desaplicación por control difuso, la Sala Constitucional podrá ordenar el inicio del procedimiento de nulidad que dispone esta Ley. Igualmente procederá cuando el control difuso de la constitucionalidad sea ejercido por dicha Sala.
Efectos de la revisión Artículo 35. Cuando ejerza la revisión de sentencias definitivamente firmes, la Sala Constitucional determinará los efectos inmediatos de su decisión y podrá reenviar lacontroversia a la Sala o Tribunal respectivo o conocer la causa, siempre que el motivo quehaya generado la revisión constitucional sea de mero derecho y no suponga una nuevaactividad probatoria; o que la Sala pondere que el reenvío pueda significar una dilacióninútil o indebida, cuando se trate de un vicio que pueda subsanarse con la sola decisiónque sea dictada.
Recibir en Sala Plena, el juramento del Presidente o Presidenta de la República, en elcaso que preceptúa el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela.
Iniciar proyectos de ley relativos a la organización y procedimientos judiciales ydesignar a aquellos de sus miembros que deban representarla en las sesiones en queellos se discutan.
Recomendar a los otros Poderes Públicos reformas en la legislación sobre materiasen las que no tenga iniciativa legislativa.
Decidir la creación de los Juzgados de Sustanciación previstos en esta Ley, yatribuirle la sustanciación de los asuntos de su competencia que lo requieran.
Dictar las normas concernientes a los derechos y obligaciones de los empleados oempleadas a su servicio, y organizar el sistema de administración de dicho personal.
Designar a los representantes del Tribunal Supremo de Justicia ante la ComisiónNacional del Sistema de Justicia.
Nombrar y remover a los Secretarios o Secretarias, alguaciles y los demásfuncionarios o funcionarias y empleados o empleadas de su dependencia, o delegar en suPresidente o Presidenta el nombramiento y remoción de estos últimos.
Recibir el juramento que deben prestar los funcionarios o funcionarias y empleados oempleadas del Tribunal Supremo de Justicia o comisionar a su Presidente o Presidentapara hacerlo, si se tratare de estos últimos.
Autorizar a los defensores públicos o defensoras públicas y sus suplentes ante elTribunal Supremo de Justicia.
Ordenar la convocatoria de los suplentes respectivos en caso de falta absoluta, hastacuando la Asamblea Nacional designe al nuevo Magistrado o Magistrada que cubra dicha falta.
Mantener la disciplina interna e imponer las sanciones correspondientes por las faltasen que puedan incurrir funcionarios o funcionarias o particulares de conformidad con laley.
Recibir la cuenta de los asuntos que se sometan a su consideración y darles eldestino correspondiente.
La Sala Plena ejercerá con exclusividad las atribuciones a que se refiere este artículo ensus cardinales 1 al 14. Las señaladas en los demás cardinales también serán ejercidas enlas demás Salas, dentro de los ámbitos de su competencia, conforme a las disposicionesde esta Ley y el Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia.
DE LOS MAGISTRADOS O MAGISTRADAS Y SUPLENTES Capítulo I
Artículo 37. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 263 de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela, para ser Magistrado o Magistradadel Tribunal Supremo de Justicia, el aspirante deberá cumplir con los siguientesrequisitos:
No haber sido condenado penalmente mediante sentencia definitivamente firme ni haber sido sancionado por responsabilidad administrativa de conformidad con lo quedispone la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacionalde Control Fiscal, mediante acto administrativo definitivamente firme.
Renunciar a cualquier militancia político-partidista, y no tener vínculo, hasta elsegundo grado de consanguinidad o el tercer grado de afinidad, con los Magistrados oMagistradas del Tribunal Supremo de Justicia, con el Presidente o Presidenta de laRepública, el Vicepresidente Ejecutivo de la República o Vicepresidenta Ejecutiva de laRepública, los Ministros o Ministras del Ejecutivo Nacional, el Fiscal o la Fiscal General dela República, el Defensor o Defensora del Pueblo, del Defensor o Defensora PúblicoGeneral, el Contralor o Contralora General de la República, los Rectores del ConsejoNacional Electoral y el Procurador o Procuradora General de la República.
No estar unido por matrimonio ni mantener unión estable de hecho con alguno de losMagistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia.
No realizar alguna actividad incompatible con las funciones y atribuciones de losMagistrados o Magistradas de conformidad con la ley.
Tener título universitario de especialización, maestría o doctorado en el área de cienciajurídica.
Los Magistrados y las Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia son responsablespersonalmente por los delitos o faltas que cometan con ocasión del ejercicio de susfunciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar de conformidadcon la ley.
Período y procedimiento de designación Artículo 38. Los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serándesignados o designadas por la Asamblea Nacional, por un período único de doce años,mediante el procedimiento siguiente: Cuando sea recibida la segunda preselección que consigne el Poder Ciudadano, de conformidad con el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la presente Ley, en sesión plenaria que sea convocada, por lo menos, con tres días hábiles de anticipación, la Asamblea Nacional hará la selección definitiva con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de susmiembros. En caso de que no se logre el voto favorable de la mayoría calificada que se requiere, se convocará a una segunda sesión plenaria, de conformidad con este artículo; y si tampoco se obtuviese el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes, se convocaráa una tercera sesión y, si en ésta tampoco se consiguiera el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la Asamblea Nacional, se convocará a unacuarta sesión plenaria, en la cual se harán las designaciones con el voto favorable de lamayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional.
Régimen de incompatibilidades Artículo 39. Los Magistrados o Magistradas podrán ejercer cargos académicos ydocentes siempre y cuando no sea a tiempo completo o no resulten incompatibles con elejercicio de sus funciones, y ser miembros de comisiones codificadoras, redactoras orevisoras de leyes, ordenanzas y reglamentos que, según las disposiciones que las rijan,no constituyan destinos públicos remunerados.
No podrán ser designados simultáneamente Magistrados o Magistradas del TribunalSupremo de Justicia, quienes estén unidos entre sí por matrimonio, unión estable dehecho, adopción o parentesco en línea recta o en línea colateral, dentro del cuarto gradode consanguinidad o segundo de afinidad. En caso de que ocurriese este supuesto, laAsamblea Nacional revocará la última designación y procederá a una nueva selección, deconformidad con esta Ley. Asimismo, los Magistrados o Magistradas no podrán ejercer otro cargo ni profesiones o actividades incompatibles con sus funciones.
Artículo 40. Los Magistrados o Magistradas prestarán juramento de ley, en sesiónespecial ante la Asamblea Nacional, dentro de los diez días siguientes a su elección; sinembargo, los que no concurrieran al acto de juramentación, o por cualquier circunstanciano hubieren sido juramentados ante la Asamblea Nacional, se juramentarán ante elTribunal Supremo de Justicia.
Los Magistrados o Magistradas se incorporarán al Tribunal Supremo de Justicia al díasiguiente de su juramentación o, posteriormente, en la fecha más inmediata que señale el órgano ante el cual se hayan juramentado.
Artículo 41. Si alguno de los Magistrados o Magistradas no tomare posesión del cargodentro de los veinte días siguientes a su designación, ni durante el lapso que al efecto leseñale el Tribunal en Sala Plena, se considerará que no ha aceptado el cargo y laAsamblea Nacional hará una nueva designación.
Principio de continuidad Artículo 42. Los Magistrados o Magistradas continuarán en el ejercicio de sus funciones,hasta tanto sean sustituidos por quienes deban reemplazarlos.
Orden de sustitución Artículo 43. En caso de que todos los Magistrados o Magistradas que sean designadosno concurran en la misma fecha a tomar posesión de su cargo, el Presidente o Presidentadel Tribunal Supremo de Justicia determinará el orden en que aquellos deban serreemplazados.
Jubilación Artículo 44. Los Magistrados o Magistradas tienen derecho al disfrute de vacacionesanuales y a que sean jubilados en los términos y condiciones que disponga el estatutocorrespondiente.
Artículo 45. Los o las suplentes de los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremode Justicia serán designados o designadas por la Asamblea Nacional por un período deseis años, durante el mes de enero del año correspondiente, mediante el voto de lamayoría absoluta de los Diputados o Diputadas presentes en la sesión que se celebrepara tal fin, y podrán ser reelegidos por períodos iguales.
Artículo 46. Los o las suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, deberán cumplir losmismos requisitos exigidos en la Constitución de la República y en la presente ley paraser Magistrado o Magistrada.
El Tribunal Supremo de Justicia establecerá, mediante Reglamento, la asignacióneconómica de los o las suplentes por el cumplimiento con sus funciones.
Tanto la Asamblea Nacional como el Tribunal Supremo de Justicia velarán, en sus casos,para que las listas de suplentes se mantengan actualizadas y para que en ellas seespecifique el orden de los suplentes disponibles que deberán suplir las faltas de losMagistrados o Magistradas.
Artículo 47. En caso de falta absoluta de un Magistrado o Magistrada, la AsambleaNacional procederá a la designación por un nuevo periodo de doce años, según elprocedimiento que preceptúa esta Ley. Mientras se hace la designación, la falta absolutaserá suplida, temporalmente, por el o la suplente correspondiente, quien podrá serpostulado o postulada para el nuevo periodo.
Suplencias Artículo 48. Para la suplencia de las faltas absolutas de los Magistrados o Magistradas,hasta tanto se produzca el nombramiento por parte de la Asamblea Nacional en lostérminos de esta Ley, se convocará a los o las suplentes en el orden de su designación.
Se entiende por orden de designación, el que aparezca establecido en las listas desuplentes que sean elegidos o elegidas por la Asamblea Nacional para cada Sala. Seconsiderará que dichas listas forman una sola, y se convocará a sus integrantes,comenzando por el primer suplente de la lista correspondiente a la Sala en que se hayaproducido la falta.
Agotamiento de las listas de suplentes Artículo 49. Si se excusaren todos los suplentes, o no hubiese a quien convocar porhaberse agotado las listas de los mismos, mientras la Asamblea Nacional provea loconducente para suplir la falta absoluta, podrá continuarse la sustanciación de los asuntosen curso, siempre y cuando el número de los Magistrados o Magistradas que falte noexceda de la mayoría absoluta de los miembros que integren el Tribunal Supremo deJusticia en Sala Plena o la Sala respectiva.
Artículo 50. La falta absoluta de uno o más Magistrados o Magistradas en una de lasSalas no afecta el normal funcionamiento de las otras.
Artículo 51. Las faltas temporales de los Magistrados o Magistradas, serán llenadas porlos o las suplentes, en el orden de su designación. Cada Sala apreciará si la faltatemporal de alguno de los Magistrados o Magistradas que la integran exige o no lainmediata convocatoria de quien deba sustituirlo. En todo caso, la convocatoria deberárealizarse si la falta temporal excede de diez días continuos.
Artículo 52. En caso de faltas accidentales, los o las suplentes de cada Sala suplirán lasfaltas mediante designación aleatoria, mediante el método de insaculación.
Artículo 53. La inhibición o la recusación de los Magistrados o Magistradas podrá tenerlugar hasta cuando venzan los lapsos de sustanciación, si es el caso, o dentro de los tres días siguientes al momento en que se produzca la causa que las motive.
Normas supletorias Artículo 54. Los Magistrados o Magistradas y demás funcionarios o funcionarias delTribunal Supremo de Justicia, estarán sujetos, supletoriamente, a las reglas que sobreinhibición y recusación establecen las normas procesales en vigor.
Inhibición o recusación de todoslos Magistrados o Magistradas Artículo 55. Si se inhibieren o fueren recusados todos los Magistrados o Magistradas queintegran alguna de las Salas, conocerá de la incidencia el Presidente o Presidenta de laSala Plena, a menos que éste o ésta también sea uno de los inhibidos o recusados, encuyo caso conocerá de la incidencia el Primer Vicepresidente o Vicepresidenta; y si éste oésta también se hubiere inhibido o fuere recusado, resolverá el Segundo Vicepresidente oVicepresidenta. Si éste o ésta también se inhibe o es recusado conocerán los Directores oDirectoras en orden de antigüedad. Y si tampoco éstos pudieren conocer, lo hará aquelde los Magistrados o Magistradas, no inhibido, ni recusado, a quien corresponda decidirconforme a una lista que elaborará la Sala Plena en el día hábil siguiente a aquel en quehubiere designado su Directiva o, posteriormente, en la fecha más inmediata.
Decisión de la incidencia por suplentes Artículo 56. En caso de que ninguno de los Magistrados o Magistradas pudiere conocerde la incidencia, conocerán de ella los o las suplentes en el orden establecido en la listaque a tal efecto elaborará también el Tribunal en Sala Plena, en la misma oportunidadindicada en el artículo anterior. Asimismo, se convocará a los o las suplentes, cuando seinhiban o sean recusados todos los Magistrados o Magistradas del Tribunal en SalaPlena.
Convocatoria de suplentes Artículo 57. Cuando la inhibición sea parcial y se produjere en el Tribunal en Sala Plena,se procederá según lo dispuesto en este capítulo. Pero, si se produjere recusación oinhibición en otras Salas, el conocimiento de la incidencia corresponderá al Presidente oPresidenta de la respectiva Sala, a menos que se hallare entre los recusados o inhibidos,en cuyo caso, conocerá su Vicepresidente o Vicepresidenta, y si éste también estuvieseimpedido, decidirá el Magistrado o Magistrada o suplente no inhibido, ni recusado, a quiencorresponda conocer, teniendo en cuenta el orden en que aparezcan en las listas de queformen parte, respectivamente. La convocatoria de los o las suplentes compete alPresidente o Presidenta de la Sala respectiva.
Listas incompletas de suplentes Artículo 58. La circunstancia de que alguna lista de suplentes esté incompleta, no impideque se convoque a los demás que figuren en ella, en los casos en que sea procedente.
Pero al quedar incompleta alguna lista de suplentes, el Presidente o Presidenta delTribunal lo comunicará a la Asamblea Nacional, a los fines previstos en esta Ley.
Salas Accidentales Artículo 59. Declarada con lugar la recusación o inhibición, se constituirá la respectivaSala Accidental con los o las suplentes a quienes corresponda llenar la falta.
Licencia por enfermedad o misión oficial Artículo 60. Los Magistrados o Magistradas podrán obtener licencia para que se separentemporalmente del cargo, por motivo de enfermedad, desempeño de misión oficialcompatible con el cargo, u otra causa que la Sala Plena considere justificada. Si vencidala licencia el Magistrado o Magistrada no se reincorporare, ni hubiere obtenido prórroga,se considerará que ha renunciado al cargo, a menos que una causa justificada se lo haya impedido.
Licencia por motivos graves Artículo 61. En caso de separación del cargo de un Magistrado o Magistrada porenfermedad, o por cualquier otro motivo grave a juicio de la Sala Plena, aquél tendráderecho a su remuneración completa hasta por seis meses. Si la licencia fuere paradesempeñar misión oficial, el Magistrado o Magistrada devengará sus dotaciones legalesdurante el tiempo de la misión. Mientras dure la licencia, dicha falta temporal será suplida por el o la suplente correspondiente.
Causales de remoción Artículo 62. Los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán serremovidos de sus cargos en los términos que establece el artículo 265 de la Constituciónde la República, y serán causas graves para ello las siguientes:
Las que establecen la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y el Código de Ética delJuez Venezolano y la Jueza Venezolana.
Manifiesta incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médicaque designe el Tribunal Supremo de Justicia previa autorización de la Asamblea Nacional.
Realizar actividades incompatibles con sus funciones, por sí o por interpuestaspersonas.
Ejercer simultáneamente otro cargo público remunerado, salvo lo que se dispone paracargos académicos o docentes a que se refiere esta Ley.
Incumplir o incurrir en negligencia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones ydeberes.
Que sus actos públicos atenten contra la respetabilidad del Poder Judicial y de losórganos que represente.
Cometer hechos graves que, constitutivos o no de delito, pongan en peligro sucredibilidad e imparcialidad y comprometan la dignidad del cargo.
Cuando ejerzan influencia directa en la designación de quienes cumplan funcionespúblicas.
Cuando hubiere suministrado datos falsos con motivo de su postulación comoMagistrado o Magistrada a la fecha de la misma, que impida conocer o tergiverse elcumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ley y en la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela.
Cuando la actitud pública de los Magistrados o Magistradas atente contra elfuncionamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de alguna de sus salas o del PoderJudicial.
Cuando infrinjan algunas de las prohibiciones que están establecidas en laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes.
Audiencia y decisión Artículo 63. Una vez que sea calificada la falta y sean recibidas las actuaciones delConsejo Moral Republicano, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional deberáconvocar, dentro de los diez días hábiles siguientes, a una sesión plenaria para escucharal interesado o interesada y resolver inmediatamente sobre la remoción planteada.
DEL COMITÉ DE POSTULACIONES JUDICIALES Capítulo I
Naturaleza. Sede. Reglamento Interno Artículo 64. El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor de la AsambleaNacional para la selección de los candidatos o candidatas a Magistrados o Magistradasdel Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente asesorará a los Colegios ElectoralesJudiciales para la elección de los jueces o juezas de la competencia disciplinaria. Su sede estará en la Asamblea Nacional y sus gastos correrán a cargo de ese mismoórgano. El Comité de Postulaciones Judiciales dictará su Reglamento Interno de organización y funcionamiento.
Designación y funcionamiento Artículo 65. El Comité de Postulaciones será designado y funcionará por un período dedos años, por mayoría simple de la Asamblea Nacional, como máximo órgano representativo de la sociedad venezolana; tendrá once miembros principales, con susrespectivos suplentes, cinco de los cuales serán elegidos del seno del órgano legislativonacional, y los otros seis miembros, de los demás sectores de la sociedad, los cuales seelegirán en un procedimiento público.
La Asamblea Nacional designará a uno de los integrantes del Comité de PostulacionesJudiciales, como Presidente o Presidenta de dicho órgano.
Competencias del Presidente oPresidenta del Comité
Artículo 66. Corresponderá al Presidente o Presidenta del Comité de PostulacionesJudiciales convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité; asimismo, lecorresponderá elaborar la agenda que presentará a la consideración del Comité en las reuniones correspondientes.
Artículo 67. El Comité de Postulaciones Judiciales tendrá como función esencialseleccionar, mediante un proceso público y transparente y con atención a los requisitosque sean exigidos constitucional y legalmente, los candidatos a Magistrados oMagistradas del Tribunal Supremo de Justicia que deban ser presentados al PoderCiudadano para la segunda preselección en los términos que establece en el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Poder Ciudadano deberá,salvo causa grave, respetar la selección que provenga del Comité de PostulacionesJudiciales.
Requisitos para ser miembro del Comité Artículo 68. Los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales deberán serciudadanos o ciudadanas venezolanos, de reconocida honorabilidad y prestigio en elejercicio de las funciones o profesión que ejerzan o les haya correspondido ejercer.
También deberán ser mayores de treinta y cinco años y no haber sido condenadospenalmente mediante sentencia definitivamente firme, ni haber sido sancionados porresponsabilidad administrativa, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de laContraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, mediante acto administrativo definitivamente firme.
Quórum de deliberaciones y decisiones Artículo 69. El Comité de Postulaciones Judiciales se instalará al día siguiente de laúltima designación de sus miembros; se escogerá de su seno un Vicepresidente oVicepresidenta y fuera de él un Secretario o Secretaria. Para sus deliberaciones, requerirála presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y tomará sus decisiones con elvoto favorable de la mayoría de los presentes.
Artículo 70. El proceso de preselección de candidatos o candidatas será público; a estosefectos, el Comité de Postulaciones Judiciales convocará a los interesados mediante unaviso, que se publicará en no menos de tres diarios de circulación nacional, el cualcontendrá los requisitos que deben reunir de conformidad con la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela y la presente Ley, y el lugar y plazo de recepción delas mismas. Este último no será menor de treinta días continuos.
Publicidad de los postulados o postuladas Artículo 71. Una vez concluido el plazo para las postulaciones, el Comité dePostulaciones Judiciales publicará, el día hábil siguiente, en un diario de circulaciónnacional, los nombres de los postulados o postuladas con indicación expresa de que losinteresados podrán impugnar ante ese mismo órgano, mediante prueba fehaciente, acualquiera de los candidatos y candidatas, en un plazo de quince días continuos, que secomputarán desde la publicación de la lista. Vencido dicho lapso, el Comité dePostulaciones Judiciales se pronunciará sobre las objeciones que hayan sido recibidas enun lapso de ocho días continuos, y notificará por cualquier medio al afectado o afectada,para una audiencia dentro de los tres días siguientes, para que exponga sus alegatos yprobanzas que contradigan las impugnaciones en su contra.
Artículo 72. Para el mejor cumplimiento de su cometido, el Comité de PostulacionesJudiciales podrá requerir de todo órgano o ente público o privado, información relacionadacon alguno de los candidatos o candidatas postulados. El ente u órgano requerido deberáresponder en un lapso no mayor de cinco días continuos, salvo en los casos debidamentejustificados por su complejidad.
Artículo 73. El Comité de Postulaciones Judiciales aprobará, por las dos terceras (2/3)partes de sus integrantes, el baremo que se utilizará para la preselección de lospostulados o postuladas. El Comité de Postulaciones preseleccionará, entre lospostulados o postuladas, un número no inferior al triple de los cargos de Magistrados o Magistradas del Tribunal, y al día siguiente remitirá al Poder Ciudadano la lista de preseleccionados con sus respectivos expedientes.
Segunda preselección Artículo 74. El Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, dentro delos diez días continuos a la recepción de la documentación enviada por el Comité dePostulaciones Judiciales, hará una segunda preselección que será presentada a laAsamblea Nacional, con el propósito de que realice la selección definitiva dentro de loscinco días continuos siguientes a la recepción de la documentación que sea enviada porel Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano.
DE LA DIRECCIÓN, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL Capítulo I
Organización Artículo 75. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura es un órgano que dependejerárquica y funcionalmente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
La Sala Plena regulará la organización y funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de laMagistratura y de sus oficinas regionales.
Designación del Director o Directora Ejecutivo Artículo 76. El Director o Directora Ejecutivo de la Magistratura será la máxima autoridadgerencial y directiva del órgano y lo representará.
El Director o Directora Ejecutivo de la Magistratura será designado o designada pormayoría simple de la Sala Plena y será de libre nombramiento y remoción.
Atribuciones del Director o Directora Ejecutivo Artículo 77. El Director o Directora Ejecutivo de la Magistratura tendrá las siguientes atribuciones:
Ejecutar y velar por el cumplimiento con los lineamientos sobre la política, planes,programas y proyectos que sean dictados por la Sala Plena del Tribunal Supremo deJusticia, que deban seguir la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y sus oficinasregionales.
Decidir, dirigir y evaluar los planes de acción, programas y proyectos institucionalessegún los planes estratégicos y operativos y el presupuesto asignado, de conformidadcon la política, lineamientos y actos que emanen de la Sala Plena del Tribunal Supremode Justicia.
Informar a la Sala Plena sobre las actuaciones de la Dirección Ejecutiva de laMagistratura y sus oficinas regionales.
Evaluar trimestralmente los informes de gestión que le presente la CoordinaciónGeneral de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Proponer a la Sala Plena la normativa sobre la organización y funcionamiento de losórganos que integren la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y sus oficinas regionales.
Velar por la correcta aplicación de las políticas y normas internas de la DirecciónEjecutiva de la Magistratura, así como por la integridad y calidad de los procesos internosque se desarrollen en dicha dirección y en sus oficinas regionales.
Decidir sobre los asuntos concernientes al manejo administrativo y operativo de laDirección Ejecutiva de la Magistratura y sus oficinas regionales.
Nombrar y remover a los miembros de la Coordinación General de la DirecciónEjecutiva de la Magistratura.
Promover la realización de estudios de importancia estratégica para incrementar laeficiencia institucional de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial.
Decidir sobre el ingreso y remoción del personal de la Dirección Ejecutiva de laMagistratura, de conformidad con lo que establezca la Sala Plena.
Promover el desarrollo técnico y gerencial en los diferentes niveles de la DirecciónEjecutiva de la Magistratura.
Coordinar la gestión operativa de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, bajo loslineamientos del Director o Directora Ejecutivo de la Magistratura.
Órganos Auxiliares Artículo 80. La Inspectoría General de Tribunales, la Inspectoría General de la DefensaPública y la Escuela Nacional de la Magistratura son órganos dependientes jerárquica,organizativa y funcionalmente de la Sala Plena.
Inspectoría General de Tribunales Artículo 81. La Inspectoría General de Tribunales tendrá como función esencial lainspección y vigilancia, por órgano de la Sala Plena, de los tribunales de la República deconformidad con la ley.
Inspectoría General de la Defensa Pública Artículo 82. La Inspectoría General de la Defensa Pública tendrá como función esencialla inspección y vigilancia, por órgano de la Sala Plena, de la Defensa Pública deconformidad con el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela y la ley.
La Inspectoría General de la Defensa Pública estará dirigida por el Inspector o InspectoraGeneral de la Defensa Pública, el cual será de libre nombramiento y remoción de la Sala Plena.
Escuela Nacional de la Magistratura Artículo 83. La Escuela Nacional de la Magistratura es el centro de formación de losjueces y de los demás servidores del Poder Judicial, conforme a las políticas que seandictadas por la Sala Plena.
Esta institución debe cumplir con la función esencial e indelegable de profesionalizaciónde los jueces mediante la formación y capacitación continua de lo que debe ser el nuevojuez o jueza venezolana, para lo cual mantendrá estrechas relaciones con lasuniversidades del país y demás centros de formación académica.El Director o Directora de la Escuela Nacional de la Magistratura será de librenombramiento y remoción de la Sala Plena.
Artículo 84. Las políticas, organización y funcionamiento de la Escuela Nacional de laMagistratura, así como sus orientaciones académicas, corresponderán a la Sala Plena; yla planificación la ejercerá en coordinación con la Comisión de Formación e Investigaciónde la Comisión Nacional del Sistema de Justicia.
Principios del proceso Artículo 85. Los procesos que se preceptúan en la presente ley, constituyen instrumentosfundamentales para la realización de la justicia y se regirán por los principios degratuidad, simplicidad, economía, uniformidad, inmediación, oralidad y realidad. No sesacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.
El Tribunal Supremo de Justicia en cada una de sus Salas favorecerá la utilización de lasherramientas tecnológicas disponibles para la sustanciación de las causas sometidas a su conocimiento, para la implementación de trámites transparentes y expeditos.
Artículo 86. El Tribunal Supremo de Justicia conocerá y tramitará, en la Sala a la quecorresponda, los recursos de casación cuando la cuantía exceda de tres mil unidadestributarias (3.000 U.T.), sin perjuicio de lo que dispongan las normas procesales en vigor.
Requisitos para actuar ante el Tribunal Supremo de Justicia Artículo 87. Para actuar en cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia se requiere la asistencia jurídica de abogado o abogada que cumpla los requisitos que exige el ordenamiento.
Artículo 88. Los medios alternativos para la resolución de conflictos podrán utilizarse encualquier grado y estado del proceso, salvo que se trate de materia de orden público, oaquellas no susceptibles de transacción o convenimiento, de conformidad con la Ley.
Artículo 89. El Tribunal Supremo de Justicia conocerá de los asuntos que le competen ainstancia de parte interesada; no obstante, podrá actuar de oficio en los casos que disponga la ley.
Identificación de la Sala Competente Artículo 90. En las demandas o solicitudes que se dirijan al Tribunal Supremo de Justicia deberá indicarse la Sala a la que corresponde el conocimiento del asunto. Sin embargo, la omisión de este requisito o la indicación incorrecta de la Sala no impedirá que se remita ala Sala competente.
Notificaciones Artículo 91. Las notificaciones de las partes e interesados o interesadas podrán ser practicadas por cualesquiera de las siguientes formas:
Mediante correspondencia postal que sea efectuada a través de correo público oprivado.
Artículo 92. Las notificaciones que sean practicadas conforme a lo que se establece enlos numerales 1, 2 y 3 del artículo anterior surtirán efectos el día de despacho siguiente aque su práctica conste en autos.
Cuando la notificación se lleve a cabo conforme a lo que se establece en el cardinal 4 delartículo anterior, ella surtirá efectos al quinto (5°) día de despacho siguiente a cuando supráctica conste en autos y su publicación en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia.
Notificación por cartel Artículo 93. Cuando fuese imposible efectuar la notificación por cualesquiera de los medios que dispone el artículo 91, ésta se practicará mediante la fijación de un cartel en la Secretaría de la Sala, que contendrá la identificación completa de las partes, el objeto de la pretensión, el término de comparecencia que sea aplicable y clara advertencia delas consecuencias procesales de su incumplimiento. En la misma oportunidad, se publicará el cartel en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia.
Perención Artículo 94. La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año por inactividad de parte actora, antes de la oportunidad delos informes o de la fijación de la audiencia, según el caso.
Improcedencia de la perención rtículo 95. No se podrá declarar la perención de la instancia en los procesos quecomprendan materia ambiental; o cuando se trate de pretensiones que estén dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, el patrimonio público, o el tráfico de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Efecto del desistimiento y la perención Artículo 96. El desistimiento de la apelación o la perención de la instancia dejan firme lasentencia apelada o la actuación objeto de la demanda, salvo que lesionen normas
deorden público.
Apelación contra el Juzgado de Sustanciación Artículo 97. Contra las decisiones del Juzgado de Sustanciación se oirá apelación en unsolo efecto, en el lapso de tres días de despacho siguientes a la fecha de su oportunapublicación. Las Salas decidirán en el lapso de diez días de despacho siguientes al recibodel expediente, previa sustanciación de la incidencia correspondiente.
Normas supletorias Artículo 98. Las reglas del Código de Procedimiento Civil regirán como normassupletorias en los procesos que cursen ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sinembargo, cuando en el ordenamiento jurídico no se preceptúe un proceso especial aseguir se podrá aplicar el que las Salas juzguen más conveniente para la realización de lajusticia, siempre que tenga fundamento legal.
Designación de ponente Artículo 99. En los asuntos que sean sometidos al conocimiento del Tribunal Supremo deJusticia, el Presidente o Presidenta de la Sala respectiva, designará un Magistrado oMagistrada ponente, dentro de los tres días hábiles siguientes, computables desde elmomento en que se hubiere dado entrada al asunto. Las ponencias serán asignadas enestricto orden cronológico de acuerdo con la fecha y hora de presentación de las respectivas actuaciones.
Reserva de ponencias Artículo 100. El Presidente o Presidenta de cada Sala actuará como Magistrado o Magistrada ponente en aquellas causas que le correspondan, y en los asuntos que él o ella se reserve.
Proyectos de sentencias Artículo 102. El Magistrado o Magistrada ponente deberá presentar, a los demás Magistrados o Magistradas, un proyecto de sentencia para su consideración en Sala.
Votación de las sentencias Artículo 103. Para que sean válidas las decisiones se requiere el voto de la mayoríaabsoluta de los miembros que conformen la Sala respectiva. En caso de empate, sesuspenderá la deliberación y se convocará a una segunda reunión. Si el empate persiste,el voto del Presidente o Presidenta de la Sala respectiva, será considerado doble.
Voto Salvado o Concurrente Artículo 104. El Magistrado que disienta de la decisión o de su motiva, anunciará su voto salvado o concurrente, según corresponda, que deberá consignar por escrito en el que fundamente las razones de su desacuerdo, dentro de los tres días de despacho siguientes a la aprobación del proyecto de sentencia. Este escrito deberá ser firmado por todos los Magistrados o Magistradas de la Sala respectiva y se agregará a la sentencia.
Firma y publicación de la sentencia Artículo 105. La sentencia y el voto salvado o concurrente de los Magistrados o Magistradas se publicarán con la firma de todos los Magistrados o Magistradas que hubieren asistido a la sesión en la que se aprobó la sentencia, con inclusión de los que hubieren disentido.
Sin perjuicio de lo anterior, la decisión podrá publicarse, aunque no haya sido suscrita portodos los Magistrados o Magistradas que integren la Sala respectiva, si sus firmantesconstituyen, por lo menos la mayoría absoluta de quienes la conforman, y entre losfirmantes se encuentre la mayoría que esté conforme con ella.
Competencia Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre,cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.
Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de gravesdesórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico queperjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.
Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, encuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente desu jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así comoque las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxitoen la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud deavocamiento, la Sala oficiará al Tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo, ypodrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa y la prohibición de realizarcualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten endesacato a la suspensión o prohibición que se expida.
Sentencia Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro Tribunal competente en la materia, así como, adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido.
Artículo 110. Corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declarar sihay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República o dequien haga sus veces y, en caso afirmativo, previa autorización de la Asamblea Nacional,conocer de la causa hasta sentencia definitiva, sea cual fuere la naturaleza del delito, deacuerdo con las reglas del proceso ordinario previsto en el Código Orgánico ProcesalPenal.
Competencia para el enjuiciamiento de Altos Funcionarios Artículo 111. Corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declarar sihay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva; de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del Tribunal Supremo de Justicia; de los Ministros o Ministras; del Procurador o Procuradora General de la República; del o la Fiscal General de la República; del Contralor o Contralora General de la República; del Defensor o Defensora del Pueblo; del Defensor o Defensora Público General, de los Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral; los Gobernadores o Gobernadoras; Oficiales, Generales y Almirantes de la Fuerza Armada Nacional en funciones de comando y de los Jefes o Jefas de misiones diplomáticas de la República.
De haber mérito para el enjuiciamiento, se remitirán las actuaciones al o la Fiscal Generalde la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso, para que, de conformidad conlo señalado en el Código Orgánico Procesal Penal respecto a las reglas del procedimientoordinario, inicie la averiguación penal a los fines de dictar el acto conclusivocorrespondiente, sólo si el delito es de naturaleza común. Si el delito es de naturalezapolítica, la Sala Plena conocerá de la causa hasta sentencia definitiva, según las reglasdel procedimiento ordinario previstas en el Código Orgánico Procesal Penal.
Sobreseimiento Artículo 112. Cuando la Sala Plena declare que no hay mérito para el enjuiciamiento delfuncionario o funcionaria decretará el sobreseimiento y archivará el expediente.
Desestimación Artículo 113. La Sala Plena también es competente para conocer y decidir de la solicitudde desestimación de la denuncia o querella o bien, de la solicitud de sobreseimientocontra los altos funcionarios señalados en los artículos anteriores, conforme a lascausales previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. En estos casos, la solicituddeberá ser presentada únicamente por el o la Fiscal General de la República dentro delos treinta días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia o querella.
Rol de la Víctima Artículo 114. Quien se considere víctima en los delitos cuya acción es dependiente de laparte agraviada, podrá solicitar a la Sala Plena que se proceda al antejuicio de méritopara las personas que gozan de tal privilegio; será ella quien aporte las pruebas quehagan verosímiles los hechos objeto de la solicitud. En estos casos, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Plena admitirá o negará para su tramitación tal petición, en fallo apelable ante la Sala Plena en el lapso correspondiente. De ser admisible la solicitud, la Sala Plena deberá enviarla con sus recaudos y el auto de admisión al o la Fiscal General de la República para que dé cumplimiento al cardinal 3 del artículo 285 de la Constitución de la República y, de ser el caso, proponga formalmente el antejuicio de mérito.
Flagrancia Artículo 115. Cuando uno de los funcionarios o funcionarias mencionados en los artículos anteriores fuere sorprendido en la comisión flagrante de un delito, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho tanto al o la Fiscal General de la República como a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la última de los cuales decidirá sobre la libertad del funcionario o funcionaria bajo custodia.
Audiencia Pública Artículo 116. Admitida la solicitud de antejuicio de mérito, la Sala Plena, dentro de los treinta días continuos siguientes, convocará a una audiencia pública. Iniciada la audiencia, el o la Fiscal General de la República expondrá los argumentos de hecho y de derecho en que fundamenta su solicitud. Seguidamente, el funcionario o funcionaria y su defensor o defensora expondrán los alegatos correspondientes y contarán, en conjunto,con el mismo tiempo concedido al máximo representante del Ministerio Público. Se admitirá réplica y contrarréplica. Concluido el debate, la Sala Plena, dentro de los treinta días continuos siguientes, declarará si hay mérito o no para el enjuiciamiento del funcionario, sin que tal decisión prejuzgue acerca de su responsabilidad penal.
Si de las actuaciones cursantes en el expediente, la Sala Plena del Tribunal Supremo deJusticia constata la contumacia en la conducta del funcionario o funcionaria, podrácelebrar la audiencia oral prescindiendo de su presencia y con la sola participación de sudefensor o defensora privada. En caso de no constar el nombramiento de defensor odefensora privada, la Sala Plena proveerá lo conducente a los fines de la designación deun defensor público o defensora pública para que represente a aquél o aquélla en laaudiencia pública, a cuyo efecto habilitará el tiempo necesario para que se imponga delas actas del expediente con suficiente antelación a su celebración.
Artículo 117. Cuando se declare que hay mérito para el enjuiciamiento del Presidente oPresidenta de la República, la Sala Plena participará su decisión a la Asamblea Nacionala los fines de la autorización que prevé en el artículo 266, cardinal 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Normas Supletorias Artículo 118. Se aplicarán supletoriamente a este Capítulo las disposiciones con tenidas en el Código Orgánico Procesal Penal y en el Código de Procedimiento Civil.
Participación Ciudadana Artículo 119. Toda persona tiene derecho a participar de manera organizada, directa y protagónica en la formación de las políticas y control de la gestión del Tribunal Supremo de Justicia, a través de los consejos comunales y las demás formas de organización popular, incluyendo las que corresponden a los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con lo que previsto en el ordenamiento jurídico.
Es obligación del Tribunal Supremo de Justicia, sus órganos auxiliares y todos lostribunales de la República generar las condiciones más favorables para garantizar elejercicio pleno y efectivo de este derecho.
Acceso a información para la participación popular Artículo 120. El Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Junta Directiva y de sus órganos auxiliares, deberá suministrar amplia, oportuna y veraz información sobre su organización, funcionamiento y actividades, con el fin de que el pueblo participe y ejerza control social sobre su gestión pública.
El Tribunal Supremo de Justicia y sus órganos auxiliares deberán crear, mantener yactualizar un sistema de información físico y electrónico que contenga, entre otros, elesquema actualizado de su organización y funcionamiento, así como un mecanismo de comunicación e información electrónica disponible para todas las personas.
Multa Artículo 121. Las Salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa de hastacien unidades tributarias (100 U.T.) a quienes irrespeten, ofendan o perturben con susactuaciones al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia o a sus órganos ofuncionarios o funcionarias; o a quienes hagan uso abusivo de recursos o acciones judiciales; igualmente, sancionarán a las partes que falten el respeto al orden debido en los actos que realicen, o que incumplan, desobedezcan o desacaten las decisiones,acuerdos u órdenes judiciales o llamen públicamente a ello.
Multas por desacato Artículo 122. Las Salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multaequivalente hasta doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a las personas o funcionarioso funcionarias que no acataren sus órdenes o decisiones o no le suministrarenoportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuiciode las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar.
Multa por reincidencia Artículo 123. Si quien hubiere sido sancionado con arreglo a las disposiciones anterioresfuese reincidente la multa será entre doscientas unidades tributarias (200 U.T.) y trescientas unidades tributarias (300 U.T.).
Expulsión de la sede Artículo 124. Los Magistrados o Magistradas de las Salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia podrán expulsar de la sede a cualquier persona que transgreda elorden dentro del recinto o que se encuentre incurso en los supuestos que se describen enlos artículos anteriores, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones en ellos establecidas.
Del reclamo de la sanción Artículo 125. El sancionado o sancionada podrá reclamar por escrito la decisión judicial que imponga las sanciones a que se refieren los artículos 121, 122 y 123 de esta Ley,dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, cuando expondrá las circunstancias favorables a su defensa. El reclamo será decidido por la Sala respectiva dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para reclamar la decisión en la cual la Sala podrá ratificar, revocar o reformar la sanción, siempre y cuando no cause mayor gravamen al sancionado.
Las publicaciones contenidas en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana deVenezuela tendrán fuerza de documento público, sin perjuicio de que los actos en ellacontenidos gocen de autenticidad a partir de su publicación en el expediente por parte dela Secretaría de la Sala correspondiente y sin perjuicio de la potestad de las Salas de fijarlos efectos de sus decisiones en el tiempo.
La Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela podrá tener formatoelectrónico cuando así lo decida la Sala Plena, de conformidad con la ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Capítulo I
Competencia Constitucional y Contencioso Electoral Artículo 127. Hasta tanto se dicten las leyes que regulan las competencias Constitucional y Contencioso Electoral, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante la Sala Constitucional y Electoral, se regirán por los procedimientos que se establecen en el presente título y demás normativas especiales en cuanto sean aplicables.
Demandas sujetas a tramitación Artículo 128. Hasta tanto se dicte la Ley que regula la Competencia Constitucional lasdemandas a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 17 del artículo 25 de esta ley se tramitarán conforme a lo que dispone este capítulo.
Requisitos de la demanda Artículo 129. El demandante presentará su escrito, con la documentación indispensable para que se valore su admisibilidad, ante la Sala Constitucional o ante cualquiera de los tribunales que ejerzan competencia territorial en el lugar donde tenga su residencia,cuando su domicilio se encuentre fuera del Área Metropolitana de Caracas. En este último caso, el tribunal que lo reciba dejará constancia de la presentación al pie de la demanda yen el Libro Diario, y remitirá a la Sala Constitucional el expediente debidamente foliado y sellado, dentro de los tres días hábiles siguientes.
Solicitudes cautelares Artículo 130. En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y laSala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estimepertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares comogarantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta lascircunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto.
Oposición Artículo 131. Cuando se acuerde alguna medida cautelar, transcurrirá un lapso de tres días de despacho para la oposición. Si hubiere oposición, se abrirá cuaderno separado y se entenderá abierta una articulación de tres días de despacho para que los intervinientes promuevan y evacuen pruebas. Dentro de los cinco días de despacho siguientes la Sala sentenciará la incidencia cautelar.
Designación de ponente Artículo 132. En la misma oportunidad en que se dé cuenta de la demanda se designará ponente, quien conocerá de la totalidad del juicio con tal carácter, incluso sus incidencias;la Sala decidirá acerca de la admisión de la demanda dentro de los cinco días de despacho siguientes.
Cuando se acumulen demandas o recursos que se excluyan mutuamente o cuyosprocedimientos sean incompatibles.
Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la demandaes admisible.
Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya eldemandante o de quien actúe en su nombre, respectivamente.
Despacho Saneador Artículo 134. En las demandas que sean de tal modo ininteligibles que resulte imposible su tramitación, se ordenará la corrección en lugar de su admisión. En el caso de que la parte demandante no corrija el escrito dentro del lapso de tres días de despacho, o en el supuesto de que, si lo hiciere, no subsanare la falta advertida, la Sala Constitucional negará la admisión de la demanda.
Auto de admisión Artículo 135. En la oportunidad de la admisión, se ordenará la citación de la parte demandada. Asimismo, se ordenará la notificación del o la Fiscal General de la República,si éste o ésta no hubiere iniciado el juicio, para que consigne su informe acerca de la controversia; al Procurador o Procuradora General de la República, de conformidad con la ley que rige sus funciones, del Defensor o Defensora del Pueblo y así como de cualquier otra autoridad que estime pertinente. Igualmente, se ordenará emplazar a los interesados por medio de un cartel.
Lapso para librar Cartel Artículo 136. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al recibo del expediente y cuando sea verificada la estadía a derecho de la parte demandante, el Juzgado de Sustanciación librará los oficios y el cartel.
Cartel de emplazamiento Artículo 137. El cartel de emplazamiento será publicado por la parte demandante en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, para que los interesados concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación. La parte demandante tendrá un lapso de diez días de despacho, contados a partir del momento en que se haya librado el cartel, para retirarlo y publicarlo y consignaren autos un ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado. Si la parte demandante incumpliere con esta carga se declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente, salvo que existan razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Juzgado de Sustanciación.
Notificación tácita de los interesados Artículo 138. Cuando venzan los lapsos previstos en el artículo anterior, deberá dejarse transcurrir un término de diez días de despacho para que se entienda que los interesados han quedado notificados.
Participación de los intervinientes Artículo 139. Luego del vencimiento del término previsto en el artículo anterior, y una vez que conste en autos haberse efectuado la última de las notificaciones, el Juzgado de Sustanciación se pronunciará, dentro del lapso de tres días de despacho, sobre la participación de los intervinientes; y concluido este lapso comenzará a transcurrir un lapso de diez días de despacho para que consignen los escritos para la defensa de sus intereses y promuevan pruebas, si lo estiman pertinente. En esa oportunidad los intervinientes deberán evacuar las pruebas documentales.
Lapso de pruebas Artículo 140. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapsoque se indicó en el artículo anterior, el Juzgado de Sustanciación providenciará losescritos de prueba; admitirá las que sean legales y procedentes y desechará las queaparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. En el mismo auto, el Tribunalordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos que aparezcanclaramente como no controvertidos entre las partes.En esa oportunidad se fijará la audiencia pública y se remitirá el expediente a la Sala.
Audiencia Pública Artículo 141. En la audiencia pública las partes expondrán sus alegatos. Cuandocomience el acto, el Presidente o Presidenta de la Sala señalará a las partes el tiempo deque disponen para que expongan y de igual modo procederá si manifestaren su deseo deejercer el derecho a réplica o contrarréplica.
Artículo 142. Al inicio de la audiencia pública la Sala expondrá en qué términos quedótrabada la controversia y ordenará, si fuera el caso, la evacuación de las pruebas, en lamisma audiencia o en otra oportunidad. Asimismo, deberá resolver cualquier incidencia enrelación con el control y contradicción de la prueba.
Una vez que oiga a los intervinientes, el Tribunal podrá ordenar la evacuación de laspruebas que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos que aparezcan dudosos u oscuros. Luego de la conclusión de la audiencia pública se levantará un acta, la cual deberá serfirmada por todos los intervinientes y, si se negaren a hacerlo, el Secretario dejaráconstancia de ello. La audiencia será la última actuación de las partes en materia litigiosa.
Desistimiento tácito Artículo 143. La inasistencia de la parte demandante se entenderá como desistimiento dela demanda y se dará por terminado el proceso, a menos que la Sala considere que el asunto afecta al orden público.
Artículo 145.En las causas en las que no se requiera sustanciación, la Sala decidirá en un lapso de treinta días de despacho contados a partir del día en que se dé cuenta del recibo de las actuaciones, salvo lo que preceptúan la Constitución de la República 16 y leyes especiales. No requerirán sustanciación las causas a que se refieren los numerales 5, 6, 10,11, 12, 13, y 14 del artículo 25 de esta Ley. Queda a salvo la facultad de la Sala
Demanda de protección Artículo 147. Toda persona podrá demandar la protección de sus derechos e intereses colectivos o difusos. Salvo lo dispuesto en las leyes especiales, cuando los hechos que se describan posean trascendencia nacional su conocimiento corresponderá a la Sala Constitucional; en caso contrario, corresponderá a los tribunales de primera instancia en lo civil de la localidad donde aquellos se hayan generado.
Requisitos de la demanda Artículo 148. La demanda de protección de derechos e intereses colectivos o difusos deberá presentarse por escrito que deberá contener:
Los datos concernientes a la identificación del demandante y de la persona que actúeen su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido;
Despacho Saneador Artículo 149. Si la solicitud no llenare los requisitos exigidos en el artículo anterior, se notificará al demandante para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de tres días de despacho siguientes desde que conste en autos la notificación. Si no lo hiciere, la demanda será declarada inadmisible, salvo que esté involucrado el orden público, en cuyo caso se ordenará la continuación del proceso.
Demandas ininteligibles Artículo 150. En las demandas que sean de tal modo ininteligibles que resulte imposible su tramitación, se ordenará la corrección del escrito en lugar de su admisión. En el caso de que la parte demandante no corrija el escrito dentro del lapso de tres días de despacho siguientes desde que conste en autos su notificación, o en el supuesto de que si lo hicieren o subsanare la falta advertida, se declarará inadmisible la demanda, salvo que esté involucrado el orden público, en cuyo caso se ordenará la continuación del proceso.
Lapso de admisión Artículo 152. En la misma oportunidad en que se dé cuenta de la demanda o de su corrección, el Tribunal se pronunciará sobre su admisión dentro del lapso de cinco días de despacho siguientes. En el caso de la Sala Constitucional, además, se designará ponente, quien conocerá de la totalidad del juicio con tal carácter, con inclusión de sus incidencias.
Auto de admisión Artículo 153. En el auto de admisión, se ordenará la citación de la parte demandada; la notificación de la Defensoría del Pueblo, si ésta no hubiere iniciado el juicio; del Ministerio Público; y de cualquier otra autoridad que se estime pertinente. Se emplazará a los interesados por medio de un cartel a expensas de la parte demandante.
Cartel de emplazamiento Artículo 154. El cartel de emplazamiento será publicado en un diario de circulación nacional o regional, según el caso, para que los interesados concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación. La parte demandante tendrá un lapso de diez días de despacho, que se contarán a partir del momento en que se haya librado el cartel para retirarlo y publicarlo y consignar en autos un ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado. Si la parte demandante incumpliere con esta carga se declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente; salvo que existan razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Tribunal.
Notificación tácita de los interesados Artículo 155. Cuando venzan los lapsos previstos en el artículo anterior, deberá dejarse transcurrir un término de diez días de despacho para que se entienda que los interesados han quedado notificados.
Participación de los intervinientes Artículo 156. Luego del vencimiento del término previsto en el artículo anterior, y una vez que conste en autos haberse efectuado la última de las notificaciones, el Tribunal se pronunciara, dentro del lapso de tres días de despacho, sobre la participación de los intervinientes; concluido este lapso comenzará a transcurrir otro de diez días de despacho para que se dé contestación a la demanda.
Lapso probatorio Artículo 157. Vencida la oportunidad para dar contestación a la demanda, se iniciara un lapso de diez días de despacho para promover pruebas. En esa misma ocasión deberán evacuarse las pruebas documentales.
Dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de promoción, las partes podrán oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que consideren manifiestamente ilegales o impertinentes. Vencido este lapso, dentro de los cinco días de despacho siguientes el Tribunal providenciará los escritos de prueba, admitiendo las quesean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales e impertinentes. En el mismo auto, el Tribunal ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes y fijará una audiencia pública, la cual tendrá lugar al quinto día de despacho siguiente.
Principio de inmediación y concentración Artículo 158. Al inicio de la audiencia pública el Tribunal expondrá en qué términos quedó trabada la controversia y ordenará, de ser el caso, la evacuación de las pruebas en la misma audiencia o en otra oportunidad. Asimismo, deberá resolver cualquier incidencia en relación al control y contradicción de la prueba.
Audiencia Pública Artículo 159. En la audiencia pública las partes expondrán sus alegatos. Al comenzar el acto, el Tribunal señalará a las partes el tiempo de que disponen para exponer y de igual modo procederá si manifestaren su deseo de hacer uso del derecho a réplica o contrarréplica.
Artículo 160. La inasistencia de la parte demandante a la audiencia se entenderá comodesistimiento de la demanda y se dará por terminado el procedimiento, a menos que el Tribunal considere que el asunto afecta al orden público.
Apelación Artículo 162. Contra la decisión que se dicte en primera instancia se oirá apelación en ambos efectos, dentro de los cinco días de despacho siguientes a su publicación o notificación, ante el Juzgado Superior en lo Civil.
Trámite en segunda instancia Artículo 163. Después de que el expediente sea recibido por el Juzgado Superior,transcurrirán cinco días de despacho para que las partes presenten sus escritos ante la alzada. Concluido este lapso, el Juzgado Superior decidirá la apelación dentro de los veinte días de despacho siguientes.
Oposición Artículo 165. Cuando se acuerde alguna medida cautelar, transcurrirá un lapso de tres días de despacho para la oposición. Si la hubiere, se abrirá cuaderno separado y se entenderá abierta una articulación de cinco días de despacho para que los intervinientes promuevan y evacuen pruebas. Dentro de los cinco días de despacho siguientes, el Tribunal sentenciará la incidencia cautelar.
Demandas de protección ante la Sala Constitucional Artículo 166. Cuando la demanda de protección de derechos e intereses colectivos o difusos competa a la Sala Constitucional, el ponente designado conocerá de la totalidad del juicio con tal carácter, incluso sus incidencias.
Normas supletorias Artículo 167. Serán de aplicación supletoria las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil.
Demanda de Habeas Data Artículo 168. Toda persona tiene derecho a conocer los datos que a ella se refieran así como su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados; y, en su caso, exigir la supresión, rectificación, confidencialidad, inclusión, actualización o el uso correcto de los datos cuando resulten inexactos o agraviantes.
Requisitos de la demanda Artículo 170. El habeas data se presentará por escrito ante el Tribunal de Municipio con competencia en lo Contencioso Administrativo y con competencia territorial en el domicilio del solicitante, conjuntamente con los instrumentos fundamentales en los que se sustente su pretensión, a menos que acredite la imposibilidad de su presentación.
Informe del agraviante Artículo 171. Después de la admisión del habeas data el Tribunal ordenará al supuestoagraviante que presente un informe sobre el objeto de la controversia y que remita ladocumentación correspondiente, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. La falta de remisión del informe a que alude este artículo será sancionada con multa conforme al régimen que preceptúa el Titulo IX de esta Ley, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.
Observaciones al Informe Artículo 172. Una vez que sea recibido el informe o sean evacuadas las pruebas que hubieren sido ordenadas por el Tribunal, transcurrirán tres días para que el solicitante formule observaciones. Tras la conclusión de este lapso, el Tribunal decidirá dentro de los cinco días siguientes.
Contenido de la decisión Artículo 173. La sentencia que declare con lugar el habeas data ordenará al agraviante de forma inmediata la exhibición, supresión, rectificación, confidencialidad, inclusión,actualización o el uso correcto de los datos, según corresponda. Quien incumpliere con esta orden será penado con prisión de seis meses a un año, a cuyo efecto el Tribunal oficiará al Ministerio Publico para que inicie la averiguación penal correspondiente.
Apelación Artículo 174. Contra la decisión que se dicte en primera instancia, se oirá apelación en un sólo efecto ante la alzada correspondiente, dentro de los tres días siguientes a su publicación o notificación.
Trámite en Alzada Artículo 175. Después de que el expediente sea recibido por el Juzgado Superior,transcurrirán cinco días de despacho para que las partes presenten sus escritos ante la alzada. Concluido este lapso, el Juzgado Superior decidirá la apelación dentro de los treinta días continuos siguientes.
Artículo 176. En los casos de errores numéricos o materiales, tales como cambio de letras,palabras mal escritas o escritas con errores ortográficos, transcripción o traducción errónea de nombres y apellidos, y otros semejantes, el procedimiento se reducirá a demostrar ante el juez la existencia del error por los medios de prueba admisibles y eljuez, con conocimiento de causa, resolverá lo que considere conveniente.
Solicitudes cautelares Artículo 177. En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar al tribunal y éste podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime pertinentes. El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para garantizar la tutela judicial efectiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y los intereses en conflicto.
Principio de publicidad Artículo 178. Todas las actuaciones serán públicas. El Tribunal, de oficio o a solicitud departe, cuando estén comprometidas la moral y las buenas costumbres, o cuando exista disposición expresa de ley, podrá ordenar la reserva del expediente y que la audiencia sea a puerta cerrada.
Artículo 179. Las notificaciones podrán ser practicadas mediante boleta, o comunicación telefónica, fax, telegrama, correo electrónico o cualquier medio de comunicación interpersonal, dejando el Secretario constancia detallada en autos de haberse efectuado yde sus consecuencias, con arreglo a lo que disponen en los artículos 91, 92 y 93 de la presente Ley.
Demanda contencioso electoral Artículo 180. La demanda contencioso electoral se propondrá ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia por cualquier persona que tenga interés legítimo.
Requisitos de la demanda Artículo 181. En el escrito correspondiente se indicará con precisión la identificación delas partes y contendrá una narración circunstanciada de los hechos que dieron lugar a lai nfracción que se alegue y de los vicios en los que haya incurrido el supuesto agraviante.
Causas de inadmisión Artículo 182. El incumplimiento de los extremos antes señalados provocará la inadmisión de la demanda, salvo que se trate de omisiones no sustanciales que no impidan la comprensión de las pretensiones interpuestas.
Interposición de la demanda Artículo 183. El demandante podrá presentar su escrito ante cualesquiera de los tribunales que ejerzan competencia territorial en el lugar donde tenga su residencia,cuando su domicilio se encuentre fuera del Área Metropolitana de Caracas. En este caso,el tribunal que lo reciba dejará constancia de la presentación al pie de la demanda y en el Libro Diario, y remitirá a la Sala Electoral el expediente debidamente foliado y sellado,dentro de los tres días de despacho siguientes.
Caducidad Artículo 184. La demanda contencioso electoral deberá intentarse en un plazo máximo quince días hábiles contados a partir de que se produzca la publicidad del acto, si se trata de actos expresos; desde la oportunidad en que el interesado tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho, en caso de actuaciones materiales o vías de hecho; desde el momento en que la decisión ha debido producirse, si se trata de abstenciones u omisiones. En caso de actos expresos que dicten los órganos del Poder Electoral, el lapso de caducidad transcurrirá, bien desde la oportunidad en que haya sido notificado personalmente el demandante, o bien desde su publicación en la Gaceta Electoral, según lo que ocurra primero.
Antecedentes administrativos e Informe del demandado Artículo 185. El mismo día o el día de despacho siguiente a la presentación de la demanda o de la recepción del escrito, según el caso, se dará cuenta y se formará expediente.
Admisión de la demanda Artículo 186. En caso en que la demanda no contenga solicitud de medida cautelar, la Sala remitirá al Juzgado de Sustanciación el informe y los antecedentes administrativos el mismo día en que los reciba, a los fines de que éste se pronuncie sobre la admisión dentro de los dos días de despacho siguientes.
Auto de admisión Artículo 187. En el auto de admisión de la demanda, se ordenará la citación del demandado y de los interesados legítimos cuya existencia resulte evidente del examen delos autos.
Oposición a la medida cautelar Artículo 188. Cuando se acuerde alguna medida cautelar, transcurrirá un lapso de tres
días de despacho para la oposición. Si hubiere la oposición, se abrirá cuaderno separado y se entenderá abierta una articulación de tres días de despacho para que los intervinientes promuevan y evacuen pruebas. Dentro de los cinco días de despacho siguientes, la Sala sentenciará la incidencia cautelar.
Participación de los intervinientes Artículo 189. Los intervinientes distintos al demandante deberán comparecer dentro delos cinco días de despacho siguientes a que conste en autos la práctica de la última delas
citaciones o notificaciones que hubieren sido ordenadas.
Cartel de emplazamiento Artículo 190. El cartel deberá ser retirado, publicado en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, y consignado por la parte demandante dentro de los siete días de despacho siguientes a su expedición. Si la parte demandante incumpliere con esta carga, el Juzgado de Sustanciación declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente; sin embargo, podrá remitir el expediente a la Sala cuando estimare que existen razones de orden público que justifiquen la continuación dela causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Juzgado de Sustanciación.
Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del plazo para el retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento, los interesados podrán comparecer y presentar sus alegatos.
Lapso probatorio Artículo 191. Después del vencimiento del lapso de emplazamiento que está previsto en el artículo anterior y de la práctica de la última de las citaciones o notificaciones, se abriráde pleno derecho un lapso probatorio de cinco días de despacho para la promoción depruebas. Las partes podrán oponerse a la admisión de las pruebas dentro un plazo dedos días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de promoción. Vencido esteúltimo lapso, el Juzgado de Sustanciación se pronunciará sobre la admisión de laspruebas, en un plazo de tres días de despacho. El lapso de evacuación será de diez díasde despacho contados a partir de la admisión de las pruebas.
Decisión Artículo 193. Después de la realización del acto de informes orales se remitirá elexpediente a la Sala para que decida en un lapso de quince días de despacho,prorrogable por el mismo lapso, cuando la complejidad del asunto así lo requiera.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional,
en Caracas, a los días del mes de Independencia y 157º de la Federación.
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Error inexcusable de magistrada Gómez Moreno genera impunidad en el caso de Cruz Weffer desde 2013 ›

References: artículo 213

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