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Timestamp: 2019-02-20 07:32:12+00:00

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admin, autor en Cuadernos de Ayala
por admin | 11 Ene 2019 | Bibliografía
Es lugar común la creencia de que, en el Reino de España, todo Duque está condecorado, ipso iure, con la dignidad de la Grandeza de España. Pero es una creencia errónea, al menos en parte.
Durante toda la Edad Moderna, hubo Duques que no eran Grandes. La unión de los Duques y la Grandeza es relativamente moderna, y no puede datarse antes de las postrimerías del reinado de Doña Isabel II, pues fue en los años de 1864 cuando se reformó esta dignidad creada en 1520 -más bien fue re-creación de los Grandes de Castilla, que existieron con antelación-. En aquellos días isabelinos, las tres clases de la Grandeza -de primera, de segunda y de tercera u honoraria-, se resumieron en una sola, que es la que llega a nuestros días.
Pero, curiosamente, no existe ninguna disposición legal que una a todos los títulos ducales, dicha suprema dignidad nobiliaria. Sin embargo, el hecho cierto, o mejor dicho la situación de facto, es que en España todo Duque es Grande de España.
Si bien existe alguna excepción muy señalada: la del Ducado de Suárez, creado en el 25 de febrero de 1981 sin la sólita aneja dignidad de la Grandeza de España. Y así también se ha producido la única sucesión que en ese título se ha dado hasta hoy, en 2014. Si nos tomamos la molestia de consultar las páginas del Boletín Oficial del Estado del dia 28 de febrero de 1981, en que aparece el real decreto de creación, notaremos que no solamente no se menciona ninguna Grandeza, sino que el ducado se denomina literalmente título del Reino, a secas. Y en la misma publicación del 3 de diciembre de 2014, en que aparece la sucesión en dicha merced a favor de la nieta del concesionario, se reitera la omisión: la orden ministerial del 18 de noviembre de ese año habla de título, y nada de una Grandeza.
Por eso es un error muy generalizado que la mayor parte de los artistas heráldicos que han reproducido las armerías ducales, las hayan plazado sobre el mando de Grande y hayan incluido el bonete en la corona ducal, pues esas insignias son anejas a la dignidad de Grande, que este Ducado no ostenta.
Concluyamos: este hecho, esta excepción, no deja de ser una anomalía bien llamativa, máxime si consideramos la gran relevancia histórica del concesionario.
No es la única rareza. Es conocida la grave irregularidad que se cometió a la hora de rehabilitar en 1983 el título napolitano de Duque de la Palata, creado en 1646 sin la dignidad de la Grandeza de España -porque entonces no se concebía que fuese aneja a ningún título nobiliario, ni siquiera el ducal-. Y así, ni el concesionario ni ninguno de sus sucesores la ostentaron, ni siquiera de la clase de honoraria. Y, sin embargo, el real decreto de 15 de julio de 1986 por el que se rehabilitó esta merced, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 30 de octubre de aquel año, sí que menciona expresamente la Grandeza de España, que por lo visto se le anejó a la galana. Y que también figura en la orden ministerial de 22 de febrero de 1989, aparecida en el Boletín Oficial del Estado del 8 de marzo siguiente, otorgando la sucesión al hijo de la rehabilitante de 1986.
El hecho es sorprendente, porque ni se podía ni se puede rehabilitar sino una merced honorífica preexistente, pero no una dignidad que jamás había existido.
Una decisión administrativa no solamente irregular en términos históricos y jurídicos, sino manifiestamente ilegal, toda vez que, en esa decisión administrativa de 1986, nos hallamos evidentemente ante el intento de creación de una nueva Grandeza de España -y no de una rehabilitación de una Grandeza antiguamente otorgada-. Y resulta que para crear una nueva merced nobiliaria era y es imprescindible, a tenor de la legislación vigente entonces y ahora -el real decreto de 27 de mayo de 1912, en su artículo 2º-, que se haga por real decreto suscrito por el Rey y por el Ministro de Justicia–como se ha venido haciendo, desde 1978 hasta hoy, con todas y cada una de las creaciones de nuevas Grandezas y Títulos-. Además, en ciertos casos, la ley exige que se hagacon acuerdo del Consejo de Ministros. Unos requisitos y trámites que nunca se exigieron ni siguieron en el caso Palataque nos ocupa.
Por lo que no es aventurado sostener y denunciar, y así lo hacemos nosotros, que esa supuesta creación de la Grandeza aneja al Ducado de la Palata, datada en 1986, es ilegal por faltar el real decreto que la sustente, y manifiestamente nula de pleno derecho.
Sirvan estas breves consideraciones para hacer evidente el hecho de que en España no todos los Duques son Grandes de España de manera automática, sino que existen excepciones, y también irregularidades.
por admin | 7 Nov 2018 | Bibliografía
En Roma ha tenido lugar el recibimiento de SS.AA.II. los Príncipes de Etiopía como maestrantes y protectores de la Maestranza de Caballería de Castilla. El acto se celebró en los espléndidos salones del Circolo degli Scacchidespués de un grato almuerzo, representando en esta ocasión al Diputado Decano Vizconde de Ayala, el doctor don Fabio Cassani Pironti, Conde de Giraldeli, delegado de la Maestranza en Italia. Asistieron al acto, tan sencillo como solemne, los caballeros maestrantes Príncipe Carlo Massimo, el Marqués Giuseppe Ferrajoli, el Príncipe Guglielmo Giovanelli Marconi, el nob. don Antonino Lazzarino de Lorenzo y el caballero Philip Bon, ayudante de campo de la Casa Imperial. El Príncipe Ermias (Addis Abeba, 1960), nieto del negus Haile Selassie, último Emperador de Etiopía es el presidente del Consejo de la Corona de Etopía en el exilio, y de la Haile Selassie Foundation for Ethipia’s Children, y está dedicado a la promoción social, cultural y humanitaria del país, que visita con frecuencia.
por admin | 15 Oct 2018 | Órdenes y condecoraciones
¿Cómo lucirán las condecoraciones tan poco merecidas los últimos exministros agraciados así? Más les valdría quizá guardarlas en un armario, al menos hasta que dentro de algunos años se haya olvidado la afrentosa censura patria…
por admin | 30 Ene 2018 | Órdenes y condecoraciones
S.M. el Rey Don Felipe VI (q.D.g.), se ha servido conceder al profesor Dr. Don Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala y Marqués de la Floresta, la insignia de Comendador de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, de la que ya había sido hecho Caballero por su augusto padre, S.M. el Rey Don Juan Carlos, en 10 de abril de 1997. Su Majestad ha venido en distinguirle así en atención a que, por segunda vez en su vida, con sus esfuerzos, iniciativas y trabajos, ha prestado servicios eminentes y extraordinarios a la Nación.
La Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, fue fundada por el monarca homónimo el 19 de septiembre de 1771, con la finalidad de premiar el mérito en el servicio público, al Rey y al Estado. El lema del que la dotó su fundador desde su creación, «Virtuti et merito», es el mejor indicativo de esa finalidad de la Orden, pues son las virtudes personales y el mérito alcanzado en el servicio a la Corona y a la Nación las prendas personales que deben acompañar a quienes sean agraciados con tan Distinguida Orden. En esto, la Orden Española se significó respecto de las instituciones de honorificiencia de la época de su creación, y desde entonces no ha abandonado ese carácter: hoy en día, la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III se encuentra entre las más antiguas de las que actualmente se conservan en el mundo, y es la más alta distinción honorífica entretodas las Órdenes españolas.
El Dr. Vizconde de Ayala es uno de los más conspicuos representantes de la Nobleza histórica española en el ámbito de la alta Cultura patria, toda vez que es uno de los poquísimos españoles que pueden enorgullecerse de haber merecido tres veces el grado de doctor (en Derecho, en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y en Historia medieval y moderna), logrados en tres Universidades públicas distintas. Cronista de Castilla y León desde 1991, decano de los Correspondientes en Segovia de las Reales Academias de la Historia y de Jurisprudencia y Legislación, antiguo profesor de las Universidades de Valladolid y de Lisboa, capitán de la Marina Mercante y antiguo oficial de la Armada Española, es autor nada menos que de cuarenta y ocho libros, y de más de cuatrocientas cincuenta monografías y artículos, en los que se manifiesta bien a las claras su enorme erudición, sus vastos saberes, y su no menos admirable dedicación -tanto al trabajo académico como al servicio público-.
Comendador de número de las Órdenes de Isabel la Católica, Mérito Civil, Beneficencia y San Raimundo de Peñafort, comendador de la Orden Militar de Santiago de la Espada (Portugal) y de la Orden de la Stella d’Italia, y caballero de la Legión de Honor francesa, a lo largo de su vida ha sido condecorado catorce veces por el Rey de España, y otras diez por varios Gobiernos extranjeros -Francia, Italia, Rusia, Guatemala, Ucrania y otros-.
Ha sido el impulsor de muchas obras de promoción cultural, entre las que se cuentan la reorganización de la Real Junta de Nobles Linajes de Segovia y de la Académie Belgo-Espagnole d’Histoire, y la fundación de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, de la Academia Melitense, de la Real Academia Española de la Mar, y de la Maestranza de Caballería de Castilla, por citar tan solo las más famosas y activas. Y también ha sido uno de los principales autores del Diccionario Biográfico Español, de la Real Academia de la Historia, habiendo redactado más de 400 referencias -el 1% del total de la obra, impresa en cincuenta tomos-.
Últimamente ha dado a luz tres importantes estudios histórico-institucionales, publicados por la Agencia del Boletín Oficial del Estado, en coedición con la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y la Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que tratan de la Real y Americana Orden de Isabel la Católica, la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, y El Tribunal Supremo de Justicia del Reino de España. Y ha sido uno de los comisarios de la magna exposición sobre la Orden Española en el Museo de la Casa de la Moneda, que mostró más de cuatrocientas piezas, procedentes de sesenta museos y colecciones nacionales y extranjeras.
Es por estos méritos y servicios por los que el profesor Marqués de la Floresta, ha merecido la promoción que anunciamos en la Orden Española: actualmente, se cuentan en ella poco más de cuarenta comendadores.
Los mismos méritos y servicios le han procurado la amistad y el afecto de sus numerosos y excelentes amigos, y también la enemiga envidiosa de un puñado de hombres incompletos y de mediocres resentidos. Pero de su animoso carácter y de su hombría de bien, decía con mucha justicia el texto de la placa de homenaje que se entregó en Segovia hace varios años: talento clarísimo, alma noble y corazón de niño.
Su Majestad el Rey ha procedido sin duda con justicia, acierto y oportunidad al otorgar esta preciada y exclusiva Encomienda carolina a nuestro director, buen amigo y mejor maestro. Y todos sus amigos y discípulos nos congratulamos por eso con el Vizconde Marqués, Dios le bendiga.
El consejo de redacción de los Cuadernos de Ayala
por admin | 7 Sep 2017 | Bibliografía
que harán el Duque de Tovar y el Marqués de la Floresta
acto que tendrá lugar en el salón de actos del
el lunes 25 de septiembre de 2017, a las 19’30 horas
por admin | 8 Abr 2016 | Órdenes y condecoraciones
por admin | 19 Feb 2016 | Sin categoría
En mayo de 1815 se reunía por vez primera la Junta de Grandes que, bajo la decidida protección del Rey Don Fernando VII, en octubre de aquel año pasó a denominarse Excelentísima Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España. Acaban de cumplirse, pues, los primeros doscientos años de su fructífera existencia.
A esta bicentenaria y rica historia institucional, dedicamos íntegramente un número de estos mismos Cuadernos de Ayala, el 33 (enero-marzo 2008), descargable en PDF desde nuestra página web. Allí hallará el lector interesado un completo resumen histórico de la Corporación, el elenco de las Grandezas concedidas y reconocidas desde 1520, y el repertorio prosopográfico de todos sus decanos y presidentes.
Regulada actualmente por la vigente orden del Ministerio de Justicia de 8 de octubre 1999, la Diputación de la Grandeza de España es un organismo consultivo del Estado, y a la vez viene desarrollando una interesante actividad cultural.
La Diputación de la Grandeza ha sido durante estos doscientos años, y lo es en la actualidad, la verdadera y genuina Corporación de la Nobleza histórica española, como la más principal de las únicas siete instituciones nobiliarias que gozan de un reconocimiento oficial por parte del Estado -el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, y las cinco Reales Maestranzas de Caballería de Sevilla, Granada, Valencia, Ronda y Zaragoza-.
Es importante no olvidarlo, ya que en estos tiempos de confusión proliferan mucho las entidades privadas de carácter para-nobiliario e incluso pseudo-nobiliario, cuyos asociados o cofrades pretenden con descaro -y a veces hasta con jactancia- arrogarse una condición legal nobiliaria de la que desde luego carecen completamente -aunque puedan ser, y lo son muchos de ellos, descendientes de nobles verdaderos-.
Es por tal carácter oficial por lo que Su Majestad el Rey Se ha dignado recibir en solemne audiencia a todos los Grandes de España y Títulos del Reino que la conforman; el acto ha tenido lugar en el Palacio Real de El Pardo, en la mañana del 16 de junio de 2015. Aún más: Su Majestad se ha dignado además dirigir a todos unas palabras cargadas de intención y de significado, para que quien quiera oír, oiga, y para que quien quiera entender, entienda. El Rey confirma la secular vinculación de la Nobleza histórica española con la Corona, pero a Grandes y Títulos nos exige un esfuerzo mayor que el de los demás ciudadanos: Nobleza obliga!
Por su relevancia, este número de Cuadernos de Ayala las reproduce fielmente, seguidas -trastocando su orden cronológico-, con el discurso que en nombre de la Corporación dirigió a los Reyes su actual Decano el Duque de Híjar.
El bicentenario de la institución se ha celebrado dignamente con varios actos de los que daremos cumplida noticia; además, se ha tenido el acierto de crear una insignia de la Corporación, para el uso de los Grandes y Títulos.
La Diputación de la Grandeza desempeña un papel muy relevante, no solo en cuanto se refiere a la alta representación que ostenta, no solo en cuanto es depositaria de los valores y la tradición nobiliaria, sino también en cuanto se refiere a la dirección de los asuntos nobiliarios, Y lo hace con prudencia y con solvencia, habiendo merecido siempre un gran respeto, tanto por parte de la mayoría de los Grandes y Títulos, como del conjunto de la sociedad española.
Quiera Dios que la existencia de la ya venerable y respetable Diputación y Consejo de la Grandeza de España perdure durante otros tantos años como los que han pasado desde su establecimiento, para bien de España y de su Nobleza histórica.
El Vizconde de Ayala y Marqués de la Floresta
por admin | 29 Sep 2014 | Órdenes y condecoraciones
por admin | 19 Jun 2014 | Sin categoría
Sorprende mucho la completa ausencia, hoy en día, de todo debate sobre la forma monárquica del Estado. Quiero decir de debate serio y constructivo, porque no puede llamarse debate a la constante campaña de ataques que, con bajísimo perfil de racionalidad y desde partidos de un sectarismo político notorio, viene sufriendo durante los últimos años la Corona. Y es que quizá hablar hoy sobre los valores de la Monarquía, en los albores del tercer milenio, es decir supuestamente en plena era del progreso y de la notable ausencia de principios políticos -aparte los espirituales y morales, materia siempre discutible-, pudiera parecer un ejercicio vano de vetustas teorías políticas o histórico-jurídicas.
Sin embargo, si prescindimos de otras teorías políticas aparentemente más en boga -pero tan vetustas o más que las monárquicas-, como lo son las republicanas, tanto de raíz liberal como de raíz marxista, y nos atenemos a la realidad, esta nos muestra de un modo palmario que la Monarquía española es un régimen en pleno vigor, y la Corona una institución política viva que goza del respeto y de la adhesión de una gran mayoría -aunque sea silenciosa- de los ciudadanos españoles.
Sólo por ello su estudio no solamente no será vano, sino más bien muy necesario, tanto en términos de politología como en términos histórico-jurídicos, y siempre desde el punto de vista de la actualidad española -no voy a entrar en lo que fue o significó la Monarquía ni en otras épocas de nuestra historia ni en otros países: doy por supuesto que el público conoce esas realidades-.
LA TRATADÍSTICA MONÁRQUICA
Un somero examen de la tratadística monárquica, nos muestra que en la actualidad apenas se han dedicado estudios a la Monarquía española como régimen, sistema o institución. No existe un debate serio sobre ella, aunque sí que han aparecido con frecuencia numerosos trabajos sobre la Persona que actualmente la encarna, es decir sobre S.M. el Rey Don Juan Carlos, cuyos cuarenta años en el Trono hemos de celebrar en menos de dos años. Es cierto: durante el último cuarto de siglo han aparecido numerosas biografías del Monarca, de la Real Familia, y muchas glosas y comentarios de su actuación política durante su ya largo reinado; pero apenas unas pocas páginas dedicadas a la Institución, a sus fundamentos teóricos y a su funcionamiento constitucional; luego me referiré a ellos por menor.
No siempre fue así: tanto en los días de la baja Edad Media, como en los de la Monarquía Universal Hispánica regida por la Casa de Austria, como también en los dos primeros siglos del reinado de la Casa de Borbón, los tratados sobre la teoría y los principios monárquicos fueron numerosos y de un gran interés en el plano del estudio de las ideas políticas y de las instituciones jurídicas en que aquellas se reflejaban. En los días de los Reyes Católicos escribía su tratado sobre aquella monarquía el clérigo Antonio de Villalpando. Pocos decenios más tarde escribirán sus tratados Francisco de Vitoria (De Indis, 1539), sus discípulos Martín de Azpilicueta (en 1528) y Diego de Covarrubias y Leyva (Opera Omnia, 1558); Domingo de Soto (De iustitiae et de iure, 1557), Alfonso de Castro, Luis de Molina, el P. Francisco Suárez (Tractatus de legibus ac Deo legislatore, 1612), Sebastián Fox Morcillo (De natura Philosophiae, 1554), o Benito Arias Montano (1527-1598). Pero quizá el más clásico de los tratados sobre este régimen político, vinculado estrechamente a la firme defensa del catolicismo, sea el del padre Juan de Mariana, publicado en Toledo en 1599 y dedicado al Rey Don Felipe III bajo el título De Rege et regis institutione (traducido como Del Rey y de la Institución Real). La obra de Mariana, en la que se criticaba la corrupción de los ministros regios y se justificaba el tiranicidio, resultó muy polémica, hasta el punto de que sería encausado por ella, siendo condenada su doctrina por la Sorbona y el Parlamento de París. También es de recordar, para el estudio de la teoría monárquica en aquellos días de la Casa de Austria, algún escrito de Baltasar Gracián, como por ejemplo cuanto afirma en su obra El Político Don Fernando el Católico: en la monarquía de España, donde las Provincias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los climas encontrados, assí como es menester gran capacidad para conservar, assí mucha para unir.
Los teóricos españoles, aunque reconocían el origen divino del poder regio, no justificaban el absolutismo, sino que reconocían la importancia política de la representación popular: ya en 1528, Azpilicueta afirmaba que el reino no es del Rey, sino de la comunidad. La Monarquía española jamás fue considerada como un fin en sí misma, sino que siempre se consideró como el mejor medio, el más idóneo, para el gobierno temporal del pueblo cristiano.
La llegada de los Borbones al trono español impuso aquí las tesis absolutistas de Jean Bodin (1530-1596), cuyos principios basados en el origen divino de la realeza estaban ya plenamente arraigadas en la Monarquía francesa de Luis XIV. La lucha entre ambas concepciones del poder monárquico, la hispana y la foránea, va a impregnar todo nuestro siglo XIX.
Pero en el último medio siglo, como decía, apenas han aparecido textos ni tratados sobre el principio esencial de la Monarquía, sobre sus valores políticos. Y, curiosamente, aparecieron con mayor asiduidad durante el régimen del General Franco, es decir glosando un sistema monárquico que después no llegaría a existir: así, los estudios de Luis Díez del Corral (seguidor de Von Stein en esta materia), del letrado Carlos Puyuelo Salinas (La Monarquía y la República, 1967), o de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (El principio monárquico, Madrid, 1972).
Ya en el trono Don Juan Carlos, los estudios sobre el tema monárquico se han dirigido, insisto de nuevo en ello, más hacia su Persona y acción política personal, que hacia los principios teóricos del régimen. Sólo en los últimos años inmediatos, notamos un creciente interés hacia el estudio del sistema y de sus valores jurídico-políticos; aunque casi siempre desde un punto de vista mecanicista o positivista, es decir constitucionalista: así, por ejemplo, los artículos producidos por el grupo de constitucionalistas que encabeza el catedrático Torres del Moral en la UNED; los del letrado de las Cortes don Manuel Fernández-Fontecha Torres (De nuevo sobre la posición constitucional del Rey, 1995); o las Jornadas Parlamentarias que se celebraron hace poco en el Congreso para debatir sobre el Título II de la Constitución.
Pero, dejando aparte esos estudios de orientación exclusivamente positivista, apenas encontramos en la bibliografía actual algunos trabajos sobre otros aspectos de la institución monárquica, tan importantes o más que los que se evidencian en nuestra Constitución. Me refiero, por ejemplo, a los poco conocidos estudios de Julián Marías (El Reino de España al cabo de veinte años, 1995); y de don Sabino Fernández-Campo, Conde de Latores, sobre La función real en España (Madrid, 1996). También a los numerosos y acertados artículos de don Luis María Anson y a las conferencias impartidas por el letrado madrileño don Carlos María Texidor Nachón. De todos ellos podemos extraer una información preciosa al efecto que nos ocupa aquí.
Los positivistas a que antes he hecho breve referencia nos ofrecen una visión limitada y parcial de la realidad monárquica: ello es así porque creen que todo lo que atañe y define nuestra Monarquía está contenido en el Título II de la Constitución. Yo, como Marías, Latores, Texidor y Anson, no lo creo así: la Monarquía española es una institución de hondas raíces históricas que, sin duda alguna, preexiste a la vigente Constitución de 1978: la Corona preexiste a la actual norma jurídica suprema, y por eso le son de aplicación sus propias normas históricas -a veces fundadas en usos y costumbres muy aceptadas-, que son previas al acuerdo constitucional. Acertaba Guillermo Gortázar (La Corona en la Historia de España, 1995) al afirmar, que las interpretaciones coyunturalistas o personalistas de la Monarquía española, desde 1978, ignoran el dato fundamental del papel histórico de la Corona a lo largo de los siglos: el de hacer visible y representar la constitución histórica de España.
Por otra parte, la Constitución de 1978 no recogió, porque no podía hacerlo, sino las grandes líneas jurídicas que rigen la posición y la acción política de la Corona. Todos los demás principios y usos de nuestra Monarquía secular han quedado en una situación indefinida, para permitir así tanto al Rey como a los políticos, una mayor libertad de acción. Y esa situación constitucional ha quedado indefinida; deliberadamente, en mi opinión: si siempre es fácil definir los poderes de un monarca absoluto, quizá no lo es tanto hacerlo con los de un monarca constitucional. Yo no he de entrar a considerar si esta actitud política ha sido o no la acertada, me limito a señalar la realidad de los hechos, cuando en estos días se está replanteando esta delicada cuestión.
Quiero decir con todo lo anterior, que la Corona es una institución metajurídica, o sea que excede a lo puramente jurídico, y que por ello su realidad política y su influencia social son mucho más amplias y mucho más notables que el papel que expresamente le otorga la Constitución de 1978. Y ello es así, entre otras razones, pero sobre todo, precisamente por su larga tradición histórica, que arranca en España desde el siglo VII al menos. Es el pueblo el que impone y exige esa relación irracional -no positivista- que mantiene con sus Reyes.
Por eso mismo, todo estudio que pretenda aproximarse a la Institución, y lo haga desde un punto de vista estrictamente positivista o más bien constitucionalista, resultará en gran medida fallido: no creo que sea posible definir ni estudiar nuestro sistema monárquico sin un profundo conocimiento de su rico pasado histórico, ni de su especialísima relación directa con la ciudadanía -aspectos ambos que no se contienen en el Título II de la Constitución-.
LOS VALORES POLÍTICOS DE LA MONARQUÍA
Pero pasaré ya a una breve glosa de los valores políticos de la actual Monarquía española, que es mi objeto principal. Y porque esa glosa ha de ser breve, la haré de una manera meramente enumerativa, sin entrar a desarrollar los muchos aspectos que cada uno de esos valores políticos encierra, ni a verificarlos con ejemplos que creo son de todos conocidos.
En primer lugar, un valor monárquico unánimemente reconocido es que el Rey no es solamente un mero Jefe del Estado -tal es en los regímenes republicanos-, sino mucho más: la Persona en la que se encarna la Nación entera, el símbolo vivo de su ser y de su historia, como reconoce el artículo 56 de la Constitución. De ahí su prestigio, su influencia social, que se manifiesta de modo tan evidente en las gentes con ocasión de las visitas y de los viajes regios por el territorio español. La relación afectiva y sentimental del pueblo con sus Reyes es, en sí misma, un valor político notabilísimo, que a veces se ha denominado con mayor o menor acierto, la mística monárquica, que obedece quizá al deseo inconsciente de protección paternal que descubre el aspecto infantil que en toda persona subyace. Y también el deseo de sentirse acogido solidariamente, de formar parte de una colectividad cuya referencia constante es, precisamente, el Rey. Es por eso que con mucha frecuencia ciudadanos en apuros, que no han encontrado auxilio en los Tribunales ni en las ventanillas de la Administración, acuden al Rey; sabiendo casi siempre que poco puede hacer el monarca por ellos, pero deseando que al menos Él conozca sus pesares.
En segundo lugar, y como se deduce del valor anteriormente expuesto, resulta que el Rey de España lo es de todos los españoles sin distinción de partidos, credos ni clases sociales. Y este es sin duda, también, uno de los valores políticos fundamentales del régimen monárquico, porque en el republicano todo presidente electo, por muy ecuánime que sea en el desempeño de su magistratura, tiene el vicio original de haberla ganado dentro de un partido -el que le propuso y presentó a las elecciones-. Todos los Reyes de España, desde la célebre Carta a los españoles (1874) que suscribió Alfonso XII -conocida como Manifiesto de Sandhurst, claramente inspirado por Cánovas-, han proclamado este principio, y lo han aplicado durante sus respectivos reinados, incluido el actual monarca, que en su investidura se declaró Rey de todos los españoles, sin distinciones ni privilegios. Así, el ciudadano no tiene en el Rey a un hombre de partido, sino a una figura imparcial y apartidista, que es patrimonio común de todos y de ninguno. Y no esta actitud no dimana en manera alguna un principio más o menos teórico, más o menos abstracto, sino una realidad cotidiana: en el actual Rey han hallado acogida todos los hombres de España, de cualquier procedencia social o política, hasta el punto de haber logrado la reconciliación de todos los españoles después de la Guerra Civil y del régimen franquista. La Corona ha acertado en ser igual para todos, constantemente.
En tercer lugar, la Monarquía nos ofrece una continuidad histórica, y sobre todo política, que no solo evita las soluciones de continuidad en la Jefatura del Estado y lo que ellas conllevan, sino que dota a su alta magistratura de unos conocimientos y de una información que en materia política trascienden al gobierno de turno, siempre coyuntural y transitivo. Es más, como ya advertía el general Fernández-Campo, esa preparación regia va a facilitar la estabilidad política, porque va a permitir la anticipación a los problemas que pueden surgir y que surgen constantemente. Esta tarea de prevención es, a mi juicio, muy importante en la función regia.
En cuarto lugar, y como consecuencia de lo anterior, la Corona dota al sistema monárquico de una notable estabilidad, pues que no depende de intereses coyunturales ni de las próximas elecciones. El Rey, al ser diferente del común de los ciudadanos, y estar su persona apartada de las preocupaciones personales que afectan a cualquier ciudadano (incluso al dedicado a la política), como son las económicas o las responsabilidades políticas, no está sujeto a esos aconteceres y puede ejercer su magistratura en medio de una serenidad notable. Es más, la estabilidad política que produce la Monarquía no solamente se manifiesta en términos de realidad práctica, sino sobre todo en términos psicológicos: la población en general no percibe de manera agresiva las mudanzas y novedades políticas que le afectan directamente -el cambio de los tiempos-, pues de la imagen del Rey emana una permanencia que se percibe de manera tranquilizadora.
En quinto lugar, la Monarquía ofrece una esperanza y una garantía de futuro: es decir que frente a la acción de los políticos, siempre coyuntural, de menor alcance temporal y muy sujeta a los acontecimientos inmediatos, el Rey es ante todo el estadista que orienta la acción pública a largo plazo, es decir hacia el futuro. Y esa garantía no es teórica o inverosímil, sino real y bien real: de entrada, porque como bien recordó hace pocos años Antonio Fontán, la capacidad de unir a los españoles quizá solamente la tenga la actual Monarquía española. Porque faltando esa unión, nuestro futuro como nación no estaría apenas asegurado.
En sexto lugar, la Monarquía ofrece un valor moral de una importancia mucho mayor de la que los positivistas refieren: se trata del ejemplo público. Ya denunciaba Maquiavelo que el hombre, todo hombre, no es de ordinario demasiado virtuoso, pero desea que quienes lo representen lo sean más que él, y quieren que sus actividades cotidianas estén inspiradas o alentadas por Quien encarna a la Nación: los gobernados se identifican míticamente con valores como virtud y justicia, y el Rey -mito viviente- ha de servir como ejemplo para que la sociedad se impregne de tales valores. Inconscientemente, la colectividad, el pueblo, conservan vivo ese carácter sacro y paternal de las viejas Monarquías, y exigen que quienes encarnan la actual sean ejemplares. En acertadas palabras del Conde de Latores, la acción del Rey ha de constituir un constante modelo para los ciudadanos, ostentando en todo momento la más elevada autoridad moral, que sirva de contraste a las conductas públicas o privadas que carezcan de ella. Y el Rey lo hace, utilizando precisamente una de las escasas parcelas en las que su soberanía es efectiva y total, por no necesitar del refrendo ministerial: la de los mensajes regios, acerca de los cuales ha escrito brillantes páginas Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.
En séptimo lugar, otro de los valores monárquicos es la competencia del Rey en las materias de su cargo, que se alcanza a través de largos años de formación, bien como Príncipe heredero, bien como monarca reinante. Y en ello la propia Constitución vigente se conforma, hasta el punto de prevenir en su artículo 62.g que Su Majestad sea inmediata, permanente y constantemente informado de todo acontecimiento relevante que pueda afectar a España. Y es que esta competencia y esa formación influyen decisivamente en otro de los valores al que antes hice referencia: el de la estabilidad y continuidad de la política española, porque los gobiernos pasan, pero el Rey -con un superior caudal de experiencia y de competencia- permanece.
En octavo lugar, creo que entre los valores políticos monárquicos debemos considerar también la discreción con la que el Rey desempeña sus funciones. Sí: la Corona es una institución más de influencia que de poder; y esa influencia suele ejercerse de manera muy discreta. Es por eso frecuente que los periodistas y los politólogos nos preguntemos con frecuencia ¿qué hace el Rey? (sobre todo cuando los no monárquicos plantean esta otra: ¿para qué sirve el Rey?). Pero ya el profesor Paul Orianne distinguía en la función pública tres componentes: ser, decir y hacer: la función del Rey es, esencialmente, la de ser; y más ocasionalmente, la de decir o la de hacer.
En noveno lugar, la ambigüedad y la indefinición constitucional de los poderes del Rey también me parecen un valor político en sí mismo, incluso una gran ventaja: porque ello permite al Rey un mayor margen de acción política que, en ciertas situaciones, es muy necesario. Tal indefinición es, por cierto, inusual en todo régimen republicano, donde el Jefe del Estado tiene sus poderes perfectamente establecidos y perfectamente delimitados. Así, el artículo 56.1 de la Constitución, en el que se establecen los fundamentos de la función regia, se limita a señalar que el Rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Nada más, pero nada menos: es muy posible que la mayor fuerza de esta competencia regia radique precisamente en su falta de concreción, pues al ser tan amplia y tan vaga admite toda clase de interpretaciones y la posibilidad de aplicaciones muy variadas.
En décimo lugar, y en relación con la indefinición de sus competencias constitucionales a que acabo de referirme, considero también un valor político en sí misma la circunstancia, apenas notada por los tratadistas, de que la Monarquía ha carecido siempre y sigue careciendo de un programa político como tal -dejo aparte el llamado estilo real, que no es más que un conjunto de pautas de comportamiento, pero no un verdadero modelo político-; al contrario de lo que acontece en los regímenes republicanos, en los que el candidato ha de tener un programa propio y someterlo al voto de sus conciudadanos. No, la Monarquía española se ha consolidado sin necesidad de ofrecer o presentar previamente un programa de acción política concreto, y además sin estar tampoco sustentada por todo un ideario teórico de sus fundamentos políticos.
En undécimo lugar, la figura del Rey, como más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales (artículo 56 de la Constitución), constituye en sí misma un valor político muy notable. Ciertamente, la mística monárquica y la larga permanencia del Rey en los foros internacionales, son en sí mismas unas ventajas notables para España. Sin embargo, no se ha prestado apenas atención a este importantísimo aspecto de nuestras relaciones internacionales, salvo las breves pero luminosas páginas del profesor Mario Hernández Sánchez-Barba, y del hispanista Charles T. Powell, ambas publicadas en 1995. Porque aún hay más: es que nuestras relaciones con las repúblicas de la antigua América hispana no serían las mismas si al frente del Estado español hubiese habido o hubiera en adelante un presidente republicano, porque la figura del Rey de España tiene allí una importancia muchísimo mayor, y son muy numerosas las anécdotas que dan testimonio de ello (desde la de Fidel Castro ofreciendo al Rey el trono de Cuba, a las de tantos pueblos indígenas aún convencidos de que el verdadero poder para arreglar sus asuntos lo seguía ostentando el Rey de España). Desde Hispanoamérica se ve al Rey como una esperanza tras una larga espera: lo expresó con claridad y precisión el presidente de Costa Rica cuando hace ya muchos años recibió allí a nuestro Rey: Majestad, os estábamos esperando desde hace cuatrocientos años.
Y, ya en último lugar, no me parece ocioso traer a colación los aspectos económicos del sistema monárquico, siempre más beneficiosos para el Erario que el republicano. Porque, dejando aparte la casualidad de que la dotación presupuestaria de la Casa de S.M. el Rey -es decir de la Jefatura del Estado- sea de las más bajas de toda Europa (por ahora asciende a unos ocho millones de euros aproximadamente), resulta que el Estado español mantiene un notabilísimo ahorro en la sólita convocatoria de elecciones presidenciales que se verifica en los vecinos Estados republicanos; ahorro que cabe cifrar en varias decenas de millones en cada quinquenio. Y en estos tiempos de penurias esto no es en modo alguno un valor político menor.
La Monarquía española es una institución sólidamente instaurada en la sociedad española, y su restauración fue posible en 1975 porque la Dinastía estaba vigente y porque había puesto sus valores y sus principios a la altura de los tiempos, manteniéndose hasta ahora porque ha cumplido rigurosamente sus funciones políticas y sociales. Pero no hay que olvidar nunca que todo régimen político se desgasta, y ninguno suele durar más allá de cuarenta años, como la Historia nos enseña: alcanzado ese tiempo, tiene que adaptarse y reformarse desde dentro, so pena de que lo sustituyan desde fuera. En este sentido, es de notar que la Monarquía española es un sistema muy flexible y adaptable al devenir de los tiempos, precisamente porque su papel y su desempeño están, lo repito, indefinidos en gran medida. Esta es una ventaja política muy notable.
Las reglas, escritas o no, por las que se ejerce la acción de la Corona son múltiples, complejas y minuciosas. De ellas depende el éxito o no del monarca. La relación afectiva y sentimental -irracional al fin- que el pueblo mantiene con sus Reyes es, por eso mismo, muy delicada. El desempeño de la máxima magistratura nacional debe ser por eso, y sobre todo, ejemplar: cualquier desliz o error en este aspecto ya hemos visto que puede llegar a ser gravísimo.
También goza la Monarquía española, y en especial Quien ahora la encarna, del aprecio universal de las naciones y de los pueblos. Sin embargo, un peligro se cierne sobre su porvenir, y es el de la futura conformación política de la Unión Europea.
Y aunque no estimo yo necesario ni conveniente que el desempeño de las funciones regias sea minuciosamente establecido y regulado por una norma positiva, si creo muy oportuna la promulgación de la Ley de la Corona en la que al menos se definan algunos de sus fundamentos. Por ejemplo, no deja de ser sorprendente que en España no se sepa con exactitud, de una manera oficial, quiénes, de entre los familiares del Rey, forman parte integrante de la Familia Real (el Infante Don Carlos no aparece en la página web de la Casa del Rey ¿quiere esto decir que todo un Infante de España no forma parte de la Familia Real?). O, lo que es más grave aún, que no exista un orden oficial de sucesión a la Corona, aparte del muy genérico e inexacto que contiene la Constitución.
Es necesario recoger en un texto legal esos asuntos fundamentales, pero no otros como el llamado estilo real, norma no escrita pero que existe y es la que ha guiado el desempeño de la función regia durante el último cuarto de siglo. Es preciso recoger esa doctrina, como complemento práctico de la Constitución y de las leyes atinentes a la Corona, manteniendo siempre el equilibrio para que no se exagere ni la excesiva racionalidad normativa, ni el sentimentalismo igualmente excesivo.
Finalmente, creo importante que se potencie la imagen del Rey en términos de eficacia, aunque su labor se realice sobre todo en el plano de la confidencialidad. Es tarea difícil y contradictoria entre la reserva general que en su actuación debe observar el Rey, y la necesidad de informar y convencer al público de la utilidad de sus funciones y actuaciones.
El Rey es, en fin, un símbolo de la Nación española que procura en el desempeño de sus funciones la integración política y social de la comunidad sobre la cual reina, y tal integración supone, además, una gran capacidad de guía, tanto de la vida social como de la vida política, y lo mismo en el campo de la vida española que de las relaciones internacionales. De tal modo que la escasez de su potestas constitucional se compensa con una excelente auctoritas social.
En palabras de Antonio Fontán, la monarquía es una herencia de la historia, pero también una esperanza y una garantía para el futuro nacional. Esa capacidad para conservar, y esa mayor que hace falta para unir, las posee la actual monarquía española, y quizá solo ella.
Dr. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala
Se publica ahora mi nuevo libro Todos los cuentos infames, que es una antología de relatos ya editados y/o algunos inéditos. Una selección de mis cuentos más desalmados, que por influencia del recientemente fallecido Medardo Fraile me he decidido a publicar. Berta, mi hija, me ha dibujado la portada que me parece de lo más expresivo, muy en consonancia con el título. La publicación, de la que estoy muy satisfecho, se debe a la Editorial Bendita María, en su colección Fábula, que ya editó hace relativamente poco tiempo mi Diccionario del Diablo.
ÚLTIMAS CONDECORACIONES OTORGADAS POR EL ZAR NICOLÁS II DE RUSIA A ESPAÑOLES
por admin | 28 Mar 2014 | Órdenes y condecoraciones
dedicado a su buen amigo el Embajador Yuri P. Korchagin
por el Prof. Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala
A pesar de que las relaciones diplomáticas hispano-rusas datan de mediados del siglo XVII, y de que pasaron a lo largo de los siglos por momentos de notable intensidad -por ejemplo, cuando el Zar Pedro el Grande envió a varios jóvenes nobles a estudiar en Cádiz, en la Real Compañía de Guardias Marinas, allá por el 1719-, la concesión de cruces de las Órdenes Imperiales rusas a ciudadanos españoles solo fue habitual a partir de la alianza hispano-rusa de 1812 contra Napoleón, generalizándose más a partir de la posguerra, y a lo largo del siglo XIX. Los ciudadanos españoles que recibieron condecoraciones rusas fueron numerosos en ese periodo histórico, hasta que la revolución comunista de 1917 dio al traste con la monarquía zarista. Las relaciones diplomáticas hispano-rusas solamente volvieron sostenerse durante el breve periodo de 1933-1939 (sobre todo desde 1936, al estallar la guerra civil española), y ya continuamente a partir del restablecimiento pleno en 1977.
A media mañana del martes 7 de marzo de 1916 fallecía en Madrid, a causa de una pulmonía que lo acabó en cinco días, el que desde 1909 era embajador extraordinario y plenipotenciario de Su Majestad Imperial el Zar Nicolás II, Emperador y Autócrata de todas las Rusias, excelentísimo señor Fyodor Andréyevich Budberg (o Fedor Pavel Andrei Andreyevich von Budberg, llamado en España Barón Teodoro de Budberg). Descendiente de la ilustre y antigua familia de los Budberg de Boeninghausen (Westfalia), radicados en la Curlandia rusa desde la Edad Media, el diplomático, nacido en 1851, había sido antes consejero imperial y embajador en Estocolmo. Era soltero y no tenía parientes cercanos en España.
Inmediatamente de anunciarse el fallecimiento, acudieron a la sede diplomática un representante del Rey Don Alfonso XIII, el presidente del Consejo de Ministros Conde de Romanones, y el Cuerpo Diplomático acreditado en Madrid, en pleno. Además, el ministro de la Guerra envió inmediatamente al palacio de la Embajada de Rusia, un destacamento de oficiales y soldados del Regimiento de Lanceros de Farnesio -del que el Zar Nicolás II era coronel honorario desde 1908-, para que por velasen el cadáver y diesen guardia de honor a la enlutada Embajada. Y es que era habitual en la corte española que cuando en ella fallecía un embajador residente, el entierro y funerales tuviesen carácter de duelo oficial, hasta el punto de que la Gaceta de Madrid publicó el 9 de marzo un real decreto disponiendo que al cadáver se le rindiesen los honores fúnebres que la Ordenanza señala para el capitán general del Ejército que muere en Plaza con mando en Jefe.
Y así, a primera hora de la tarde del viernes 10 de marzo, a pesar de la intensa lluvia que cayó en Madrid, los restos del embajador Barón de Budberg fueron llevados a enterrar con tales honores, es decir con una comitiva militar formada por un piquete de la Guardia Civil, cuatro piezas del 5º regimiento Montado de Artillería, un batallón del Regimiento Inmemorial, el armón de artillería con el féretro (cuyas ocho cintas llevaron los presidentes del Senado y del Congreso, el jefe superior de Palacio, el subsecretario de Estado, el capitán general del Ejército más antiguo y el único de la Armada, y el embajador y el ministro plenipotenciario más antiguos), un zaguanete de Reales Guardias Alabarderos, una sección del Escuadrón de la Escolta Real, el capitán general de Madrid, y cerrando una sección del Lanceros de Farnesio. Las demás tropas de la guarnición cubrieron toda la carrera, con uniforme de gala. Presidió el duelo S.A.R. el Infante Don Carlos de Borbón, en representación del Rey, con el encargado de negocios ruso, el primer secretario señor Georges Solovieff(1) y el cónsul general ruso en Barcelona príncipe Gagarin, a quienes seguían el presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Guerra y de Hacienda, los jefes superiores de Palacio, y los embajadores de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, con otros muchos representantes diplomáticos, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Madrid, la colonia rusa y varias comisiones del Ejército, Armada, Tribunal de las Órdenes, las cuatro Órdenes Militares, Tribunal de Cuentas, Consejo Supremo de Guerra y Marina, Tribunal Supremo, Consejo de Estado, Ministerio de Estado, Senado y Congreso, etcétera. Desde el palacio de la Embajada, sita en el paseo de la Castellana 34, descendió la comitiva fúnebre por el paseo de Recoletos hasta llegar por el Prado a la plaza de Moyano, donde se le rindieron al cadáver los últimos honores. Despedido ya el duelo ante el Real Jardín Botánico, tras los disparos de las salvas y el desfile de las tropas, el féretro sobre el armón y la escolta militar continuaron hasta el Cementerio Británico, donde se dio cristiana sepultura a los restos del infortunado embajador Barón de Budberg(2).
Agradecido el Zar por esas muestras de respeto y cortesía a su difunto embajador -muestras en realidad hechas al Imperio ruso, al que el embajador representaba en España-, tuvo a bien dignarse a conceder varias condecoraciones imperiales -19 cruces y 34 medallas- a varios jefes, oficiales y clases de tropa del Regimientos de Infantería del Rey nº 1, el Inmemorial; de los Regimientos de Lanceros de Farnesio, 5º de Caballería -del que el Zar era coronel honorario desde 1908-, y de Húsares de la Princesa, 19º de Caballería; del 5º Regimiento Montado de Artillería, y del 2º Regimiento de Zapadores Minadores. Esos fueron los Cuerpos armados que rindieron esos honores, tanto en la Embajada haciendo guardia al cadáver (los Lanceros de Farnesio), como haciendo las salvas, cubriendo la carrera y acompañándolo hasta el cementerio (los demás).
Los 53 agraciados por esta muestra del aprecio imperial fueron los jefes, oficiales sargentos, cabos y soldados que siguen:
– Con la encomienda de la Orden Imperial de Santa Ana, D. José Roselló Aloy, teniente coronel del Inmemorial; y D. Miguel Feijoo Pardiñas, coronel de Húsares de la Princesa.
– Con la cruz de caballero de la Orden Imperial de Santa Ana, D. José Escribano Aguado, capitán del Regimiento Inmemorial del Rey; D. Antonio Sarraiz Valcarce, capitán de Húsares de la Princesa; D. Genaro Ribot Pou, capitán de Lanceros de Farnesio; D. José López García, capitán del 5º Montado de Artillería; y D. Antonio Fernández Albalat, capitán del 2º de Zapadores Minadores.
– Con la encomienda de la Orden Imperial de San Estanislao, D. Francisco Mª de Borbón, comandante del Inmemorial; D. Antonio Santa Cruz Lamayor, teniente coronel de Húsares de la Princesa; y D. Javier de Mencos y Ezpeleta, comandante de Lanceros de Farnesio.
– Con la cruz de caballero de la Orden Imperial de San Estanislao, D. Miguel Fernández de la Puente y D. Manuel Barrera González, tenientes del Inmemorial; D. Jaime de Alós Rivero, teniente de Húsares de la Princesa; D. José Marchesi Butler y D. Joaquín Asenjo Espinosa, tenientes de Lanceros de Farnesio; D. Jaime Altarriba y Porcel, Barón de Sangarrén, y D. Jaime Ferrer Asín, tenientes del 5º Montado de Artillería; y D. Antonio Bustos Ansart, teniente del 2º de Zapadores Minadores.
– Con la medalla al cuello, D. Belisario Calles Pachón, sargento de Lanceros de Farnesio; y D. Adolfo Olaya, sargento del 5º Montado de Artillería (que fue el que condujo el armón con el féretro).
– Con la medalla al pecho, D. Francisco Lucas Hernández, D. Camilo Cuadrado Domínguez, D. Ignacio Toral García y D. Ramón Prieto Santiago, cabos de Lanceros de Farnesio; D. Sergio Herrero Inés y D. Arsenio Santos Sáez, trompetas del mismo Regimiento; D. Eugenio Llanos Castañón, herrador del mismo Regimiento; D. Avelino Osorio Fernández, D. Joaquín Fernández Rodríguez, D. Florentino Manzano Matilla, D. Sabino García Gago, D. Luis Gordón Ramírez, D. Pantaleón González Magro, D. Santos Rodríguez Macías, D. Bartolomé Bermejo Gómez, D. Adolfo García García, D. Francisco Fernández González, D. Félix Rodríguez Asensio, D. Alejandro Rascón Marcos, D. Sixto Ortega Monge, D. Nicasio Álvarez Menéndez, D. Simón Campa Fernández, D. Victorio Palmero Gutiérrez, D. Justo García Sanz, D. José Fernández Fernández, D. Rufino Cano Redondo, D. Mariano Arranz Barbolla, D. Paulino Gómez Juárez y D. Esteban Pérez Salvador, soldados de Lanceros de Farnesio; y D. Antonio Rodríguez, D. Eduardo Martínez y D. Emilio Gómez, soldados del 5º Montado de Artillería (estos últimos fueron los que acompañaron el armón con el féretro).
Recibidos los diplomas en Madrid, y enviados el 28 de octubre de 1916 al Ministerio de la Guerra, por este organismo se autorizó a los agraciados a lucir las respectivas insignias sobre su uniforme militar, con fecha del 4 de noviembre del mismo año, y se les remitieron sus diplomas(3).
Si bien las cruces de las Órdenes Imperiales de San Estanislao y de Santa Ana -con espadas, como dadas a personal militar- no plantean ningún problema de identificación, cosa distinta son las que en la documentación consultada se denominan simplemente medalla al cuello o medalla al pecho. Para aclarar cuáles serían esas medallas al cuello y medallas al pecho, diremos que el artículo 676 del Código del Imperio Ruso, establece las medallas Za userdie o Al celo, de oro y plata, con la efigie del Zar reinante en el anverso y el nombre de la medalla en el reverso, que se otorgaban por el largo servicio continuado, en doce clases nada menos. Esas doce clases eran, de menor a mayor, las siguientes: medalla de plata al pecho con cinta de la Orden de San Estanislao; medalla de plata al pecho con cinta de la Orden de Santa Ana; medalla de oro al pecho con cinta de San Estanislao; medalla de oro al pecho con cinta de Santa Ana; medalla de plata al cuello con cinta de San Estanislao; medalla de plata al cuello con cinta de Santa Ana; medalla de plata al cuello con cinta de la Orden de San Vladimiro; medalla de plata al cuello con cinta de la Orden de San Alejandro Nevski; medalla de oro al cuello con cinta de San Estanislao; medalla de oro al cuello con cinta de Santa Ana; medalla de oro al cuello con cinta de San Vladimiro; medalla de oro al cuello con cinta de San Alejandro Nevski; y por fin la rarísima medalla de oro al cuello con cinta de la suprema Orden de San Andrés(4).
Con estos antecedentes, todo parece indicar que a los soldados españoles se les concedería en 1916 el honor de lucir medallas Za userdie o Al celo, al pecho o al cuello según sus graduaciones, seguramente todas de plata y todas con la cinta de la Orden Imperial de San Estanislao. Tal y como constan representadas más arriba.
Posiblemente a estas gracias imperiales otorgadas a militares españoles, acompañarían otras similares conferidas a personas de la corte alfonsinas y del Cuerpo Diplomático, que hubiesen contribuido a los dichos funerales y honores póstumos al embajador ruso; pero si se dieron, de momento no las conocemos.
Creo que las que se han enumerado habrían sido, pues, las últimas condecoraciones imperiales rusas concedidas a ciudadanos españoles. Porque cuatro meses después, en febrero de 1917, la revolución rusa dio comienzo, y ante la presión del Gobierno Provisional de Kerensky, el Zar Nicolás II abdicó la corona imperial el 2 de marzo. Lo que vino después ya es de la Historia -triste y terrible Historia-.
1) También formaban parte de la legación el segundo secretario Barón Conrad de Meyendorff, el agregado militar capitán Souratoff, y el agregado naval señor Wladimir Dimitriew.
2) Los detalles del fallecimiento, velatorio y entierro del embajador, en la Gaceta de Madrid del 9 de marzo, página 554; y en el diario ABC, de los días 8 y 11 de marzo.
3) Todo lo que antecede consta documentado en el Archivo General Militar de Segovia, 2ª sección, 12ª división, legajo 142.
4) Agradezco a mi buen amigo el conde Stanislaw Dumin, hoy el primer heraldista y genealogista de Rusia, su inapreciable ayuda para llegar a saber estas curiosidades del complejo sistema premial ruso de aquella época.

References: real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 2
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 56
 artículo 62
 artículo 56
 real decreto 
 artículo 676