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Timestamp: 2017-01-16 12:14:38+00:00

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Régimen político y discurso La reproducción de la democracia gobernable. Notas sobre las elecciones parlamentarias Proceso constituyente Horizontes políticos para la construcción de la democracia popular en Colombia · Construcción de paz y restricción ﬁscal en Colombia Nuestra América Venezuela: Sedición, estetización política y unidad popular · En Ecuador: Vacila una hegemonía en ciernes Capitalismo en crisis Ucrania, la desestabilización y el factor económico Mujeres rebeldes Indignación colectiva como medida ante los abusos contra el género femenino Editorial La otra política: Cumbre de las clases subalternas del campo
Jairo Estrada Álvarez Director Jesús Gualdrón Sandoval Jefe de redacción Álvaro Vásquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, César Giraldo Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, María Teresa Cifuentes Traslaviña, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza, Ricardo Sánchez Ángel, Sergio De Zubiría Samper, Víctor Manuel Moncayo Cruz Consejo editorial Beatriz Stolowicz (México), Julio Gambina (Argentina), Ricardo Antunes (Brasil), Antonio Elías (Uruguay) Consejo asesor internacional Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo Editorial de la Revista. Tatianna Castillo Reyes Diseño y diagramación Espacio Crítico Ediciones Publicación auspiciada por Espacio Crítico Centro de Estudios www.espaciocritico.com ISSN-2215-8332 Nº 42, Marzo de 2014. Bogotá, Colombia
Horizontes políticos para la construcción de la democracia popular en Colombia. A 14 propósito de los límites institucionales de la Carta Política de 1991
20 Colombia: Hacia una nueva constituyente
Construcción de paz y restricción fiscal en
Nuestra América 26 política y unidad popular
Venezuela: Sedición, estetización En Ecuador: Vacila una
32 hegemonía en ciernes Capitalismo en crisis 36 y el factor económico
Ucrania, la desestabilización
Indignación colectiva como medida ante 40 los abusos contra el género femenino
Ana Milena Gómez Márquez Paula Andrea Tarquino Ospina
La otra política: Cumbre de las 44 clases subalternas del campo
La reproducción de la democracia gobernable
Notas sobre las elecciones parlamentarias
os resultados de las elecciones parlamentarias han puesto una vez más en evidencia la estrechez del sistema político y de representación existente en el país, así como el fracaso de los diseños de la Constitución de 1991 y de sus desarrollos legales en lo referido a la pretensión de la construcción de un régimen político democrático (liberal) e incluyente. Aunque numerosos análisis manifiestan sorpresa y hasta desencanto frente a los resultados, la realidad es que éstos –siendo rigurosos– no están nada distantes de lo esperado. Lo que ha ocurrido es una nueva escenificación del régimen de democracia gobernable que se ha impuesto en el país durante las últimas décadas tras el fin del Frente Nacional y la “salida política” a la crisis de representación de fines de la década de 1980 con el proceso constituyente y la expedición de la Carta de 1991. Dicho régimen ha devenido en una democracia de la simulación, a la que se encuentran adheridos el clientelismo histórico y los grandes poderes económicos y mafiosos (incluido el paramilitarismo), y en el que las opciones alternativas han sido sometidas al disciplinamiento hasta reducirlas a la condición de
una (necesaria) oposición política y, en el mejor de los casos, para que se autodefinan como alternativas en el sistema1. La experiencia de los últimos lustros de Nuestra América demuestra que si bien la democracia gobernable se erigió en el proyecto político para garantizar la reproducción del régimen de dominación de clase, su capacidad choca con los límites impuestos por las propias condiciones de su reproducción. No se trata solamente de la organización del sistema político y de representación de acuerdo con las leyes del mercado capitalista, que de por sí ya conlleva restricciones inherentes a empresas electorales en competencia por electores y recursos públicos; se trata de la imposibilidad –pese a ingentes esfuerzos– de reducir el ámbito de la política a la “democracia electoral”, cuando ésta, la política, se escenifica en la totalidad de la conflictividad social y de clase. Aunque a primera vista, los cambios políticos más significativos que ha vivido la Región se expresaron como resultado de victorias electorales, en realidad éstas estuvieron precedidas por importantes procesos de acumulación de fuerzas y de magníficas movilizaciones sociales y populares, por el tránsito de “movimientos destituyentes” hacia “movimientos constituyentes”2. Una de las principales enseñanzas de estos movimientos consiste precisamente en comprender que la política no se agota en el sistema político y de representación, sin que ello signifique que éste sea un escenario a desconocer. El despliegue de la potencia constituyente también se fundamentó en la descomposición y el derrumbe del sistema político y de representación imperante, cuando parecía exhibir fortaleza y solidez. Allí operó lo que Harvey afirma
1	Ver por ejemplo, Jorge Enrique Robledo, “Qué modelo económico promover en Colombia”, Bogotá, febrero 28 de 2014. 2	Ver, Maristella Svampa, Cambio de época. Movimientos sociales y poder político, Siglo XXI Editores, CLACSO, Buenos Aires, 2008.
Nº 42, Marzo de 2014 · Bogotá, Colombia
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/03/08/ actualidad/1394296389_569977.html
El régimen de democracia gobernable ha devenido en una democracia de la simulación, a la que se encuentran adheridos el clientelismo histórico y los grandes poderes económicos y mafiosos (incluido el paramilitarismo), y en el que las opciones alternativas han sido sometidas al disciplinamiento hasta reducirlas a la condición de una (necesaria) oposición política y, en el mejor de los casos, para que se autodefinan como alternativas en el sistema.
que se podría denominar como “la ‘teoría termitera’ del cambio revolucionario: roer los apoyos materiales e institucionales del capital hasta que se derrumbe”3. No es una teoría del derrumbe capitalista; es más bien una teoría de la acción política, de la reivindicación de toda lucha, en todo lugar, por modesta que ésta parezca. En nuestro país, el aparente afianzamiento del régimen de dominación de clase por la vía electoral, transcurre en un contexto de maduración (imperceptible en algunos casos) de la crisis en diversos ámbitos de la vida económica, política, social y cultural; al tiempo que existen múltiples dinámicas, desiguales, diferenciadas, dispersas, del movimiento social y popular, con un inmenso potencial desestabilizador del poder de clase, si logran articularse y coordinarse. La “Cumbre nacional agraria, étnica y popular”, a realizarse del 15 al 17 de marzo, representa un paso del mayor significado en esa dirección. La maduración de la crisis, acompañada de la existencia de movimiento, incluidos sus actuales límites y dificultades, explica la agresividad actual de las clases dominantes y, especialmente de algunas de sus facciones. Para ellas se trata de “la reconstrucción de la gobernabilidad neoliberal por medio de la continuidad y profundización de esquemas de disciplinamiento (criminalización de las luchas, doctrina de seguridad ciudadana), así como la introducción de nuevas lógicas de dominación (imposición de un régimen extractivo-exportador y avances en la constitución de marcos legales supranacionales que apuntan a la militarización del continente)”4. Los diálogos de La Habana con la guerrilla de las FARC-EP, el posible inicio de conversaciones con el
3	Las termitas, insectos roedores, infligen daños irreparables sobre las construcciones de madera, imperceptibles a primera vista. Ver, David Harvey, Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana, Akal Pensamiento crítico, Madrid, 2013, cap. 5. 4	Maristella Svampa, ob.cit., p.84.
ELN, es decir, la perspectiva de avanzar hacia la solución política del conflicto social y armado, son interpretados en términos de una potenciación del campo popular. La perspectiva de un proceso constituyente y de una Asamblea Nacional Constituyente inquieta por las fuerzas que ella pueda desatar. No es casual que los sectores más recalcitrantes de la derecha neofalangista se autodefinan como avanzada contra una presunta amenaza castro-chavista. Los resultados electorales reafirman, en ese sentido, la necesidad de consolidar y potenciar las múltiples dinámicas constituyentes. Su lugar de encuentro puede (y debería) ser la Asamblea Nacional Constituyente. El destino del campo popular no se encuentra signado por las clases dominantes, sino por lo que él mismo pueda labrar. La resistencia contra el neoliberalismo armado, devenida en constituyente, tendrá que seguirse construyendo en medio de la lucha y la movilización social. Los proyectos en curso de las clases dominantes indican que se acercan mayores escenarios de confrontación y polarización social, relegados transitoriamente a un segundo plano por el proceso electoral. Con base en esta introducción necesaria, quiero proponer algunos aspectos que a mi juicio deberían ser considerados al intentar un análisis de los resultados de las elecciones parlamentarias.
Ilegitimidad del sistema político y electoral y crisis de representación política
La configuración de una abstención estructural de largo plazo que en esta ocasión alcanzó un nivel del 56.42% del total nacional de los electores y en Bogotá se acercó al 65% es un dato del mayor significado. Con independencia de los debates acerca de si la abstención es pasiva o activa, es evidente la incapacidad (estructural) de los partidos políticos para incorporar nuevos electores. Cerca de 18.5 millones de colombianos no concurrieron a las urnas. Tal cifra marca al régimen político y al sistema político y electoral con la impronta de la ilegitimidad. A lo que se adiciona la consolidación de un régimen del fraude estructural. El voto en blanco, más allá de las valoraciones sobre sus alcances, da cuenta de un descreimiento informado frente las ofertas electorales. En esta ocasión mostró un aumento significativo al alcanzar el 6.17% de los votantes (incluida la circunscripción especial indígena). Los votos no marcados, el 5.88% podrían identificarse en los mismos términos que el voto en blanco. A ellos se le agregan los votos nulos, 10.38% del total, que en lo básico pueden ser explicados por desconocimiento del sistema de votación. Lo cierto es que sumados todos, se está frente a la no despreciable cifra del 22.43% del electorado, es decir, cerca de 3.210.000; cifra superior a la del partido que alcanzó la mayor votación. En suma, estos datos, son indicadores de tendencias a la crisis de representación política y de la ingeniería electoral. Ésta última se ve acentuada por el voto preferente que además de hacer más confuso el sistema, estimula el surgimiento de microempresas electorales y del mercado de compra y venta de votos.
Representación política oligárquica, plutocrática, corrupta, clientelista y mafiosa
La composición del Senado y de la Cámara de Representantes expresa una representación que en su mayoría puede caracterizarse como oligárquica, plutocrática, corrupta, clientelista y mafiosa. En ese sentido, el nuevo Congreso no da cuenta de cambio significativo alguno. Sin que estén presentes los verdaderos dueños del país, el sistema político y de representación mantiene un cierre hermético, que se sustenta en núcleos familiares perfectamente identificables. Nuevas entradas son posibles gracias a la movilización de recursos económicos exorbitantes para la compra de clientelas, o a la reproducción de poderes territoriales construidos forzadamente con base en la violencia narcotraficante y paramilitar. Es sintomático que se hayan identificado 33 senadores y 36 representantes con herencias de la llamada parapolítica. Solamente en algunas honrosas excepciones se manifiesta el llamado voto de opinión en centros urbanos, que generalmente se orienta hacia sectores democráticos y progresistas; aunque no puede desconocerse la importancia de un sector de opinión de derecha, especialmente de capas medias, que en esta ocasión explica parte de la votación del Centro Democrático.
http://es.rbth.com/politica/2014/03/07/se_repite_en_crimea_el_escenario_de_kosovo_38089.html
Identidades programáticas en aspectos esenciales del proyecto de dominación de clase
En sentido estricto, no puede hablarse de la existencia de una oposición política, si ésta se comprende en términos del cuestionamiento del régimen de dominación de clase y de posturas antisistémicas. En los asuntos fundamentales del proyecto político económico neoliberal, no hay diferencias notables entre el Partido Social de la Unidad Nacional, el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal y Opción Ciudadana. Durante el siguiente cuatrienio, debe esperarse la continuidad
http://en.wikipedia.org/wiki/Raytheon http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/ quien-detiene-vladimir-putin-articulo-478266
y profundización de la política neoliberal de las últimas décadas, tal y como ha ocurrido en el actual gobierno. No hay nada que indique que desde el nuevo Congreso se impulsará un giro en el modelo de acumulación de extracción minero-energética y de financiarización o en la organización institucional del poder. Seguramente se expresarán matices en aspectos más puntuales de la política, en especial en relación con políticas sectoriales. En lo esencial, el Congreso representa en su inmensa mayoría diversos matices y acentos de la derecha. La ultraderecha neofalangista presionará para reforzar las políticas de seguridad y militarización.
Cambios menores en la representación de las facciones del bloque dominante en el poder
Si se privilegia la sindéresis, no puede afirmarse que el proceso electoral haya producido el surgimiento de una nueva fuerza política, el Centro Democrático, ni que estemos en presencia de un cambio sustancial del mapa político. No puede considerarse como nueva expresión de la política una fuerza surgida desde hace varios lustros en medio del poderío narcotraficante y paramilitar de las últimas décadas y que logró construir un consenso de clase que le permitió gobernar durante dos cuatrienios presidenciales. Si se mira desde ese punto de vista, se trata más bien de un intento de cohesionar una concepción de la política en declive, debilitada por la recomposición en el bloque en el poder impuesta por el gobierno de Santos. Desde luego que su irrupción organizada, ahora con el remoquete del Centro Democrático, amplía el espectro ideológico del debate político; le resulta, además, de suma utilidad a Santos para mostrarse como “reserva democrática” de la sociedad y agitar el coco de la ultraderecha. Se fabrica de esa forma una “nueva oposición”: la oposición de (ultra)derecha. Y, si se presume que existe una oposición de izquierda, Santos y su Unidad Nacional aparecen en el centro,
Los resultados electorales reafirman las condiciones de cierre estructural del sistema político y de representación para intentar cambios políticos sustanciales por la vía electoral y refuerzan la necesidad urgente de propiciar las condiciones para una reestructuración democrática del Estado, incluida una reforma política y electoral democrática.
reforzando la idea de la “tercera vía”. Por lo pronto, no hay nada que indique que el Centro Democrático logrará construir un bloque parlamentario con capacidad de redefinir la orientación actual del proyecto político de la dominación de clase. Ello solo sería posible si se diera un triunfo electoral de su candidato presidencial, hecho muy improbable. Su presencia en el Senado, aunque de importancia, es minoritaria; y en la Cámara es definitivamente secundaria. Si bien es cierto que se debe prestar atención y mantener la alerta, no es conveniente sobrevalorar la fuerza del militarismo y la ultraderecha.
Debilidad de los sectores nacionalistas, progresistas y de izquierda institucional
Los resultados electorales reafirman las condiciones de cierre estructural del sistema político y de representación para intentar cambios políticos sustanciales por la vía electoral y refuerzan la necesidad urgente de propiciar las condiciones para una reestructuración democrática del Estado, incluida una reforma política y electoral democrática. El mencionado bloqueo estructural conduce a que fuerzas que se consideran alternativas, apenas alcancen el estatus de oposición minoritaria y sean disciplinadas para autocomprenderse como tal. La democracia gobernable ha producido una tendencia a la institucionalización de la oposición, que se ha acompañado de un abandono gradual de las concepciones de izquierda hacia el nacionalismo y el progresismo, con la excepción de algunas individualidades. La heterogeneidad en la representación del Polo Democrático Alternativo, la tendencia
de su sector predominante a definirlo como expresión política a favor de un (buen) capitalismo nacional, así como las notorias ambivalencias y contradicciones de la Alianza Verde, que incluye un abanico de grupos que oscilan en el progresismo socialdemócrata y la derecha tecnocrática, son expresión de ello. A esta situación ha contribuido la propia ingeniería electoral, que presiona a privilegiar el pragmatismo por encima de los acuerdos programáticos, promueve alianzas y cálculos a la larga ilusorios y fantasiosos. Precisamente por los rasgos del sistema político y de representación, la presencia de sectores nacionalistas, progresistas y de izquierda institucional en el Congreso merece en todo caso reconocimiento, pese a su evidente condición de minoría. Se trata sin duda de un (potencial) aliado importante de la movilización y la lucha popular, al que se le debe sumar la Unión Patriótica. Su fallido intento de posicionarse como fuerza parlamentaria, tras un ciclo largo de
persecución y exterminio, además de mostrar un error de apreciación en su conducción política, confirma la inexistencia de condiciones para un ejercicio de la política en los estrechos espacios institucionales.
Presidencialismo, poderes fácticos y levedad del Congreso
Diversos análisis posteriores a las elecciones parten de una premisa equivocada. Además de reducir la política a los espacios institucionales, le conceden al Congreso un lugar que en sentido estricto no corresponde con las realidades de la organización institucional del poder de clase. Aunque es indiscutible que el Congreso posee la función de validación de las relaciones de poder pues las legitima a través de la “democracia de la representación” y las dota con el don de la legalidad, debe señalarse que los verdaderos centros de decisión se encuentran, por una parte, en los poderes fácticos, esto es, en los grupos económicos (especialmente
financieros) y el latifundio organizado, incluidas sus organizaciones gremiales, en las corporaciones transnacionales con presencia en el país, en los organismos multilaterales, en las agencias calificadores de riesgo y en la omnipresencia –no siempre perceptibledel imperialismo estadounidense. A ellos se suma, por otra parte, el excesivo poder presidencial que, además de condensar los intereses de las clases dominantes en su conjunto, posee el monopolio de normatización de la iniciativa política, sea ésta de alcance constitucional o comprometa ella desarrollos legales. Las mayorías del Congreso, expresadas en coaliciones, como ha sido el caso de la “Unidad Nacional”, devienen en simples agentes del Ejecutivo, desvelando su carácter esencialmente subsidiario. En las condiciones actuales no hay nada que indique, por lo pronto, la configuración de una nueva mayoría opuesta a los designios presidenciales. Ni siquiera el Centro Democrático que ha logrado despertar temores en algunos sectores de la opinión pública.
El destino de los diálogos con la insurgencia no depende del Congreso
El Congreso elegido es una institución de la continuidad de las políticas del régimen de dominación de clase. Su función se perfila en términos de profundización del proyecto político-económico de la facción que actualmente predomina en el bloque oligárquico de poder, así como en la contención de las demandas sociales y populares que vendrán como resultado de la esperada continuidad de la movilización y lucha de las clases subalternas. Por los rasgos ya señalados de la organización institucional
Aunque es indiscutible que el Congreso posee la función de validación de las relaciones de poder pues las legitima a través de la “democracia de la representación” y las dota con el don de la legalidad, debe señalarse que los verdaderos centros de decisión se encuentran, por una parte, en los poderes fácticos, esto es, en los grupos económicos (especialmente financieros) y el latifundio organizado, incluidas sus organizaciones gremiales, en las corporaciones transnacionales con presencia en el país, en los organismos multilaterales, en las agencias calificadores de riesgo y en la omnipresencia –no siempre perceptible– del imperialismo estadounidense.
http://www.flickr.com/photos/usnavy/6358225195
del poder de clase, no debe esperarse que juegue –por iniciativa propia– un papel determinante en el curso de los diálogos de La Habana. Éste dependerá más bien de los poderes fácticos y de las definiciones del Ejecutivo, así como de las decisiones de la insurgencia, y de la capacidad que logre desplegar el movimiento social y popular para contribuir a consolidar la perspectiva de una solución política. Y desde luego de la misma tendencia de la guerra. Aunque Santos y su coalición de Unidad Nacional han hecho del proceso de paz una bandera electoral, no han dejado atrás la perspectiva de una salida militar, como lo demuestra la persistencia en el aumento del gasto en seguridad y defensa y el diseño conjunto de la estrategia de guerra con el Departamento de Estado, la CIA y la inteligencia británica e israelí. Lo anterior, no implica menospreciar el papel del Congreso electo en lo referente al proceso de paz, sino valorarlo es sus reales dimensiones. Es obvio que habrá una marcada oposición militarista y de ultraderecha que hará escuchar su voz. Pero no será ésta la que determine el discurrir de la Agenda pendiente. También es claro que el Congreso es una institución por la se tendrán que tramitar asuntos que comprometen la perspectiva de una solución política. No obstante, en el contexto del proceso político general, el lugar del Congreso se encontrará en función de cómo se sitúe en el debate nacional que se ve venir por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, no sólo como mecanismo de refrendación de eventuales acuerdos con la insurgencia, sino como parte de la búsqueda de alternativas a la crisis en diversos campos de la vida nacional.
Movimiento constituyente y bloque de poder contrahegemónico
Lo hasta aquí expuesto reafirma, por una parte, la necesidad de producir un quiebre del sistema político y de representación, si se pretende avanzar hacia una transición política que abra los caminos de la verdadera democratización política, económica, social y cultural. Tal quiebre no puede provenir desde adentro de un régimen con blindajes institucionales y armados. Su desmoronamiento sólo será posible mediante la escenificación de la política en la calle, en la lucha y la movilización, en la “guerra de posiciones”. En el movimiento, devenido en constituyente, se encuentra la posibilidad real de producir un cambio en la correlación social de fuerzas. La articulación y coordinación de la dispersión creativa del campo popular hacia un bloque de poder contrahegemónico es una necesidad del momento actual de la lucha de clases.
Horizontes políticos para la construcción de la democracia popular en Colombia
A propósito de los límites institucionales de la Carta Política de 1991
Docente Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia
Nuevo momento de la movilización social
a vitalidad de las luchas y las dinámicas de la movilización social que están liderando en años recientes las clases y los sectores sociales populares en Colombia, y que se expresan tanto en la diversidad de movimientos indígenas, campesinos, de mujeres, de afrodescendientes, de estudiantes, de jóvenes, de mineros artesanales, de trabajadores sindicalizados, de pescadores, para mencionar algunos casos, como en los procesos de articulación que han emergido y que han permitido definir unos elementos comunes de la resistencia social y que se pueden apreciar con claridad en las apuestas políticas de la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, COMOSOC, MIA, CNA, Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, entre otros, expresan un nuevo momento del proceso social y plantean unos novedosos horizontes políticos para la reconstrucción democrática. Este nuevo momento político de la lucha social visibiliza de manera clara y frontal un rechazo al monopolio del poder delegado ejercido por las clases dominantes y plantea la necesitad vital de avanzar en el fortalecimiento y reconocimiento del poder popular como el sujeto protagónico del proceso político. Así las cosas, la posibilidad de la re-construcción democrática o, mejor aún, de la constitución de un proyecto político
contrahegemónico pasa necesariamente, al decir de los actores sociales populares, por la existencia y materialización de las garantías plenas para el ejercicio soberano del poder popular. La configuración elitista, excluyente y autoritaria del campo de lo político, así como la esquizofrénica negación por parte de las clases gobernantes de la sujeción de lo constituido a lo constituyente, viene siendo recientemente problematizada y puesta en cuestión por un amplio movimiento social popular. Este proceso de resistencia social expresa tanto un rechazo a las formas autoritarias de ordenar y dinamizar la acción política, como una apuesta por avanzar en la construcción de un proyecto contrahegemónico que realmente permita sentar las bases para la construcción de la democracia popular en Colombia. De ahí el lugar protagónico que ha cobrado en el movimiento social la discusión sobre el poder popular y la arquitectura jurídica que se requiere para avanzar en este proceso. Y precisamente en este contexto se pone de presente la necesidad de reflexionar sobre qué tanto el ordenamiento político existente genera las condiciones para la democratización y la participación social y popular que requiere el campo político en Colombia, en especial en un eventual contexto de fin de la confrontación armada entre las insurgencias y las fuerzas armadas del Estado colombiano. Este texto busca justamente proporcionar algunos elementos de trabajo que contribuyan a esta discusión.
http://www.knesekguns.com/wp-content/ uploads/2013/12/heckler-and-koch-no-compromise.jpg
Constitucionalización del neoliberalismo
La Carta Política de 1991 nace bajo las convocantes narrativas de la democracia participativa y la búsqueda de la paz. Sin embargo, el articulado en que se soporta se constituye en el andamiaje jurídico fundamental para garantizar la entronización de un modelo neoliberal que hoy se encuentra en crisis a nivel mundial. A fin de proporcionar algunos elementos que permitan soportar esta afirmación, a
Nº 42, Marzo de 2014 · Bogotá, Colombia Proceso constituyente
La propuesta de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente se entiende como un escenario de posibilidad para que las diversas formas comunitarias de organización política y económica de los territorios, propias de los sectores sociales populares, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, entre otras, sean reconocidas y validadas jurídicamente en una nueva Carta Política.
continuación presentamos de manera general algunos componentes del articulado que recrean el espíritu neoliberal de la Carta1.
El Pacto Político del 91 consagra en el artículo 40 una serie de derechos políticos de carácter fundamental, los cuales han sido considerados como los principales dinamizadores del proceso democrático en Colombia. No obstante, es posible afirmar que estos mecanismos adolecen, entre otras, de dos dificultades para materializar el ideal democrático que persiguen. Por una parte, encontramos que la expresión del poder constituyente en algunos escenarios estratégicos para la reproducción del modelo económico queda eclipsada en las disposiciones del poder constituido, lo ocurrido con el municipio de Piedras en el Tolima y Tauramena en Casanare es ilustrativo al respecto. Esto en razón de que pese a que la comunidad rechazó por medio de una consulta popular dos proyectos de explotación minero-energética, su determinación fue desconocida por parte del Ejecutivo al considerar que las decisiones sobre la dirección general de la economía, la explotación de recursos naturales y el uso del subsuelo es de su responsabilidad exclusiva, tal como lo consagran los artículo 332 y 334 de la Carta Política 2. Por otra parte, encontramos que el reconocimiento de estas formas de participación política expresan una lectura restrictiva y exclusivamente institucionalizada de la acción política, negando de
1	Existen múltiples frentes para abordar esta discusión; aquí por razones de espacio nos limitaremos a dos dimensiones del análisis. 2	Recordemos que la Corte Constitucional dejó en firme la semana pasada esta posición al declarar exequible el artículo 37 de la ley 685 del 2001 (Código de Minas) que reglamenta dichos artículos. Este artículo señala que “ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería”.
Democracias restrictivas y no garantías para el ejercicio de la oposición política
esta manera que el campo de lo político desborda la dimensión de lo político-electoral, o lo político-institucional. En relación con reglamentaciones que no dan garantías a la oposición política encontramos la ley 1453 de 2011 (la reforma al código penal), la cual reglamenta el artículo 37 de la Carta y establece un marco punitivo a ciertas expresiones de la protesta social. De igual manera, la disposición del umbral en el artículo 108, que consagra que aquellos partidos o movimientos políticos que en las elecciones no alcancen el 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional perderán su personería jurídica, se constituye en una grave amenaza para agrupaciones de la oposición que no comparten la estrategia clientelar de las grandes maquinarias electorales3. Tenemos, entonces, un régimen político que desautoriza y criminaliza la política no estatal y que, en consecuencia, como lo problematiza Lucio Oliver (2013), no permite una contraposición de proyectos políticos en lucha por la hegemonía, sino que en tanto reconoce exclusivamente la “política formal” termina siendo un ejercicio legitimador de la imposición de políticos y de políticas que expresan la voluntad del bloque de poder dominante y estatal.
Régimen económico disciplinador y un patrón de acumulación primarizador y extractivista
La feria minero energética que hoy vive de manera descarnada el país se soporta
3	Al cierre de este artículo no se contaba con información consolidada de las elecciones para el Congreso del 9 de Marzo para poder valorar el fenómeno.
de manera especial en los artículos 58, 80, 332, 334, 360 de la Constitución política de Colombia en los que se declara, entre otras cosas, que la industria minera en todas sus ramas y fases es de utilidad pública e interés social. Estos artículos son reglamentados en la ley 685 de 2001 que sirve de soporte a las resoluciones que discriminan el porcentaje del territorio nacional que serán entregados en concesión: valga recordar la resolución 045 de 2012, en la cual se declaran 22.262.646 hectáreas del territorio nacional como áreas estratégicas para la minería (esta cifra no incluye, por supuesto, las 5.324.493 de hectáreas ya concesionadas). Menciono aquí, solamente para alertar, que 17 millones de hectáreas se concentran en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Chocó. Frente al tema del ordenamiento territorial tenemos el título XI y su ley reglamentaria, la 1454 de 2011, que tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la organización político- administrativa del territorio colombiano. En ella se establece de manera muy precisa que uno de los principios que debe orientar el desarrollo territorial es que sea económicamente competitivo y fiscalmente sostenible. En lo que se refiere a un régimen económico disciplinador es fundamental destacar, entre otros aspectos, las modificaciones a los artículos 347, 356 y 357 a través de las cuales se establecen restricciones al monto del crecimiento del sistema general de participaciones destinado para gastos generales en las entidades territoriales. Esta reforma constitucional no tenía otro propósito que cumplir los acuerdos establecidos con el FMI en 1999 sobre ahorro fiscal y
La coyuntura de las negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP abre un escenario de posibilidad para impulsar un proceso de transformaciones sociales que conduzcan a la apertura del sistema político, al reconocimiento de otras formas de organización y gestión territorial y, en consecuencia, a sentar las bases para avanzar en la construcción un modelo de desarrollo económico realmente democrático.
saneamiento de las finanzas públicas, sacrificando el gasto social y reduciendo los recursos disponibles para ejecución por parte de los entes territoriales. Y el establecimiento del principio de sostenibilidad fiscal y del sistema general de regalías mediante la modificación de los artículos 334, 339, 346, 360 y 361. Estos y otros elementos denotan las cerrojos jurídicos que plantea el ordenamiento existente para avanzar en eso que se ha denominado “la construcción de una democracia popular en Colombia” y ponen en evidencia, tal como a inicio del siglo XX lo problematizará Rosa Luxemburgo, que es imposible esclarecer alguna relación absoluta y general entre el desarrollo capitalista y la democracia. Siguiendo a esta autora podríamos considerar que allí donde tengamos algo de democracia, esto no se debe al impulso democrático de las clases dominantes sino que es una conquista lograda precisamente luchando contra ellas. Y es justamente este reconocimiento el que nos pone en el escenario de una discusión sobre los alcances de una Asamblea Nacional Constituyente.
Los caminos de la paz: hacia una Asamblea Nacional Constituyente
Las discusiones y problematizaciones recreadas ponen de presente la complejidad a la que se enfrenta el movimiento social popular para avanzar en la materialización de un proyecto político que tenga como horizonte de sentido la construcción de una democracia de carácter popular. En este sentido, la coyuntura de las negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP abre un escenario de posibilidad para impulsar un proceso de transformaciones sociales que conduzcan a la apertura del sistema político, al reconocimiento de otras formas de organización y gestión territorial y, en consecuencia, a sentar las bases para avanzar en la construcción un modelo de desarrollo económico realmente democrático. En este sentido, la propuesta de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente se entiende como un escenario de posibilidad para que las diversas formas comunitarias de organización política y económica de los territorios, propias de los sectores sociales
populares, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, entre otras, sean reconocidas y validadas jurídicamente en una nueva Carta Política. La apuesta entonces es por generar unas bases normativas que garanticen que expresiones y experiencias de participación política comunitaria dejen de ser ignoradas, negadas y, en el peor de los casos, criminalizadas bajo el derecho vigente. Por lo tanto, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente puede constituirse en una plataforma política estratégica para avanzar hacia el impostergable camino de la democratización de la sociedad desde las bases populares. Con este escenario no se estaría planteando que un nuevo pacto político va transformar per se las relaciones fundamentales que sustentan la dominación de clase capitalista, tan solo consideramos que puede generar unas condiciones más favorables para la construcción de una correlación de fuerzas más positiva para el movimiento social colombiano. Así y siguiendo de nuevo a Rosa Luxemburgo, bajo la lectura que de ella hace Atilio Borón4 (2010), podemos decir que “si las reformas afianzan la capacidad de organización y lucha de las clases populares, si elevan el nivel de su conciencia política, si promueven políticas que debilitan los dispositivos de dominio de la burguesía, y si todo esto se cristaliza en nuevas correlaciones de fuerza cada vez más favorables al campo de lo popular y en arreglos constitucionales y legales que ratifiquen con todo el peso de la institucionalidad estatal los avances de las clases populares”, éstas cobran un lugar estratégico en el camino hacia la emancipación social.
http://a.mytrend.it//301/o.png http://bispro.deviantart.com/art/Lockheed-Martin-QF-35D-UCAV-169019442
4	Rosa Luxemburgo. ¿Reforma social o revolución? Estudio introductorio de Atilio Borón (2010). Buenos Aires, Ediciones Luxemburg.
http://www.bloomberg.com/image/iCveFb8a1nO0.jpg
Construcción de paz y restricción fiscal en Colombia:
Politólogo Profesor de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia
¿Qué implica presupuestalmente la construcción de una paz estable y duradera?
a construcción de paz en Colombia incluye objetivos en materia de justicia correctiva y justicia distributiva. Es decir, objetivos y medidas de política pública que eliminen las injusticias que causan la guerra (desigualdad, pobreza y profundización de modelos de desarrollo que agravan dichas situaciones) y las injusticias provocadas por la guerra (desplazamiento, víctimas, vulnerabilidad socioeconómica extrema). Para algunos, estos conceptos de justicia pueden ser contradictorios o sustitutos, pues la justicia correctiva (o transicional) al concentrarse en las injusticias causadas por la guerra, mira hacia el pasado, puede tener una clara tendencia individualista y puede llevar a la reconstrucción de órdenes sociales injustos (porque se puede reparar a ricos y pobres de manera similar). Al contrario, la justicia distributiva (o social) –que se concentra en las injusticias que causaron la guerra– mira hacia el futuro, planteando la necesidad de establecer un orden socioeconómico más justo sustentado en arreglos institucionales que involucren colectivamente a la sociedad. El dilema se presenta cuando los recursos de los que dispone una sociedad son escasos y debe elegirse entre reparar o reconstruir el orden
destruido por la guerra, o edificar un nuevo orden sustentado en principios de justicia redistributiva. Hay quienes consideran que ambos tipos de justicia son esenciales para conseguir una paz estable y duradera. Otros insisten en la necesidad de establecer formas de complementariedad en las que, no obstante, la justicia correctiva esté sometida a principios de justicia distributiva. En ambos casos, sin embargo, las posibilidades de avanzar en uno u otro camino dependerán del relajamiento de la restricción impuesta por los recursos escasos, definidos en gran medida por la política del presupuesto público del país. Aparece, pues, la política fiscal como un aspecto fundamental para garantizar el tránsito hacia una sociedad más justa en materia transicional y social. De otro lado, es preciso insistir en que, más que la ausencia de conflictos, el escenario pos-negociación en Colombia puede implicar la visibilización de múltiples conflictos, hasta hoy eclipsados por la persistencia del conflicto armado. Bajo este punto de vista, se requeriría trasladar el acento desde los objetivos de estabilidad y fin de la violencia que muchas veces dominan los conceptos y discursos sobre construcción de paz hacia el imperativo de la visibilización y cualificación de los conflictos. Es decir: si bien es claro que el fin de la guerra no significa construcción de paz, también se requiere aclarar que la construcción de paz no debe significar el fin de los conflictos. Es en este punto en que reaparece nuevamente la política fiscal, no únicamente como factor esencial en los avances de justicia correctiva y distributiva sino como instrumento clave para la regulación de los conflictos. En efecto, el volumen y la composición del gasto, así como la distribución de las cargas fiscales, están determinados por conflictos y compromisos sociales y económicos entre grupos y clases sociales. El balance fiscal constituye la materialización de compromisos institucionales tendientes a regular los conflictos sociales emergentes, en un contexto de relativa armonía social y prácticas redistributivas.
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La construcción de paz implica, por lo tanto, exigentes esfuerzos presupuestales. El incremento del gasto público constituirá un factor clave para alcanzar una sociedad más justa y capaz de regular sus conflictos. En otras palabras, la construcción de paz y la profundización democrática que ella implica serán el correlato de la capacidad de la sociedad colombiana para visibilizar sus conflictos y regularlos con grados mínimos o inexistentes de violencia y desigualdad. En este contexto resulta fundamental, entonces, el manejo fiscal progresista y equitativo. Sin embargo, ¿Está preparada la estructura fiscal colombiana para atender los retos de la construcción de paz en materia de justicia correctiva y distributiva? O, al contrario, ¿se requieren cambios institucionales que preparen fiscalmente al país para atender los conflictos sociales que se visibilizarán y dinamizarán en el escenario posnegociación?
Regla fiscal para Colombia: dispositivos constitucionales y legales
Desde el Consenso de Washington de 1990 la política fiscal en Colombia fue concebida como la piedra angular del ajuste macroeconómico. Un presupuesto público en equilibrio garantizaría un manejo fiscal consecuente con el fortalecimiento de la inversión privada, el mantenimiento de la inflación baja, el control del endeudamiento público y la garantía de la estabilidad cambiaria y externa. La centralidad otorgada a la política fiscal como eje del ajuste neoliberal fue tan radical que, cuando Juan Manuel Santos fungía como Ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), no existió la más mínima duda en proponer presupuestos públicos de “sangre, sudor y lágrimas”. Esta tendencia se ha profundizado con la formulación de una Regla Fiscal para Colombia. En efecto, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la deuda del Gobierno Nacional Central, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha sometido al país a las exigencias fiscales impuestas por el capital financiero para alcanzar “el grado de confianza” funcional a los intereses de los prestamistas nacionales e internacionales. La regla fiscal se ha incorporado en el orden constitucional y jurídico del país a través del Acto Legislativo que estableció “el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho, y con la promulgación de la “Ley de Incidente Fiscal”, según la cual “El Procurador General de la Nación o uno de los Ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrán solicitar la apertura de un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será obligatorio. Se oirán las explicaciones de los
La contradicción entre las fuertes presiones del gasto público y la férrea ley de hierro que se impone bajo el criterio de sostenibilidad fiscal es evidente. ¿Se requiere, entonces, una nueva constituyente para ajustar la institucionalidad fiscal a los imperativos de justicia y regulación equitativa de los conflictos que exige una paz estable y duradera? Definitivamente, sí.
proponentes sobre las consecuencias de la sentencia en las finanzas públicas, así como el plan concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede modular, modificar o diferir los efectos de la misma, con el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad fiscal”. Es claro entonces que, con base en dichos entramados institucionales y en contravía de las exigencias presupuestales de la construcción de paz, el gobierno ha afianzado (¡a nivel constitucional!) un modelo de política fiscal que impone férreas restricciones a las posibilidades de regulación de los conflictos, y a la minimización de los factores que causan la guerra y de las consecuencias provocadas por la guerra. Las preguntas que surgen son claras: ¿Cómo atender, por ejemplo, las reivindicaciones campesinas, estudiantiles y de las víctimas sin una política presupuestal dispuesta para la construcción de paz? ¿Son la Regla Fiscal y la Ley de Incidente Fiscal dispositivos jurídicos y fiscales que ponen en entredicho la voluntad real del gobierno para avanzar en la construcción de paz? ¿Cómo conciliar las presiones de gasto concernientes a la construcción de paz con aquellas relativas a la agenda interna de competitividad (por ejemplo, en materia de infraestructura) sobre las cuales tiene tanto interés el gobierno? ¿Se advierte en el horizonte una nueva reforma tributaria? ¿O se avanzará, más bien, en procesos de reasignación de gasto, por ejemplo, desde el rubro de seguridad y defensa hacia el sector social? La dinámica de los conflictos sociales que se visibilicen en el escenario posnegociación tendrá la última palabra. Sin embargo, la restricción impuesta desde el punto de vista de la consagración constitucional de la Regla Fiscal implica que un primer escenario de disputa puede ser la estructura constitucional misma del país; en particular, el entramado fiscal que fija restricciones para la regulación justa de los conflictos emergentes.
Perspectivas: ¿Una nueva constituyente?
Hasta hoy no es clara la manera como el Gobierno ajustará su presupuesto a las exigencias de la construcción de paz. Desde el punto de vista de los gastos, sería ingenuo pensar que los conflictos emergentes no demandarán grandes esfuerzos fiscales. Por ejemplo, de acuerdo con estudios realizados por Asociación Nacional de Instituciones Financieras, el costo económico de las protestas sociales en el año 2013 ascendió a 1.8 billones de pesos, lo cual obligó al gobierno a asignar cerca de 1.5 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación para atender las demandas del sector cafetero y transportador y a postergar para 2015 el inicio del desmonte del Impuesto a las Transacciones Financieras (4x1000). A esta cifra faltaría sumarle el costo presupuestal de las protestas y conflictos que se presentaron en el sector de la Justicia, el sector agrícola de la papa y por parte de los trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia. Para el futuro se esperan, además, demandas provenientes de los sectores educativo y de la salud, de las víctimas del conflicto armado y de los procesos de reinserción. A ello habría que sumarle los costos fiscales del cambio en el Régimen de Transferencias a departamentos y municipios que perderá vigencia en 2016. Sin embargo, desde el punto de vista de los ingresos, las perspectivas de reformas gubernamentales insisten en la necesidad de reducir aún más el recaudo tributario (que asciende actualmente al 14.5% del PIB; es decir, menos de la mitad que en Brasil y Chile). Además, la reforma tributaria aprobada recientemente es más bondadosa en términos del impuesto a la renta de las empresas, y el impuesto al patrimonio perderá vigencia este año. A ello se suma que en el documento de Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno hace la proyección de que el gasto del gobierno central reduce su participación en la riqueza nacional en más de 2 puntos del PIB, es decir, 16 billones de pesos, para 2017. La contradicción entre las fuertes presiones del gasto público y la férrea ley de hierro que se impone bajo el criterio de sostenibilidad fiscal es evidente. ¿Se requiere, entonces, una nueva constituyente para ajustar la institucionalidad fiscal a los imperativos de justicia y regulación equitativa de los conflictos que exige una paz estable y duradera? Definitivamente, sí.
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Sedición, estetización política y unidad popular
n el presente artículo se hace un breve análisis de los recientes acontecimientos de sedición desplegados en Venezuela por parte de un sector de la derecha de ese país. En líneas generales, se denota el regreso de la oposición a los cauces conspirativos asumidos y fracasados hace más de una década, el notable esfuerzo de los grandes medios de comunicación por acentuar “la estetización de la política”1 y, particularmente, por construir y agenciar un imaginario de “crisis total” en Venezuela, que reclama una contundente intervención extranjera, por una parte, y, por otra, la prudencia y sensatez con la que el pueblo bolivariano ha sorteado la situación, manteniendo su convicción de llevar adelante el proceso de transformaciones democráticas y populares emprendidas hace 15 años.
1	“El fascismo ve su salvación en que las masas lleguen a expresarse (pero que ni por asomo hagan valer sus derechos). Las masas tienen derecho a exigir que se modifiquen las condiciones de la propiedad; el fascismo procura que se expresen precisamente en la conservación de dichas condiciones. En consecuencia, desemboca en un esteticismo de la vida política. A la violación de las masas, que el fascismo impone por la fuerza en el culto a un caudillo, corresponde la violación de todo un mecanismo puesto al servicio de la fabricación de valores culturales. Todos los esfuerzos por un esteticismo político culminan en un solo punto. Dicho punto es la Guerra. (…)”. Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (Epílogo).
El retorno de la estrategia conspirativa
Convocada por Leopoldo López, quien encabeza la siniestra tendencia de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) denominada “Voluntad Popular”, la derecha venezolana puso en marcha desde el 12 de febrero de 2014 una estrategia tendiente a la desestabilización social, económica y política de Venezuela que lleve al derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Hacen parte de dicha estrategia el acaparamiento de alimentos2 y la especulación con los precios de los mismos realizada por los grandes comerciantes y distribuidores, las acciones sediciosas de calle como los disturbios, atentados y guarimbas, las operaciones mediáticas locales y globales de manipulación y desinformación y las gestiones diplomáticas de altos funcionarios y agentes de gobiernos extranjeros que, con simulada neutralidad, convocan al cese de la violencia gubernamental y la paz. Cabe decir que hace 25 años, cuando el pobrerío de Caracas estalló en rabia contra el neoliberalismo, y el gobierno de Carlos Andrés Pérez en una cruenta represión de dos días causó más de 300 muertos, esas mismas clases sociales, medios de comunicación y gobiernos extranjeros que hoy se rasgan las vestiduras con base en montajes, guardaron cómplice silencio sobre la masacre, expresando y reiterando una y otra vez su respaldo al gobierno genocida. La puesta en marcha de dicha estrategia marca un retorno de la oposición a posiciones similares a las adoptadas hace poco más de una década, cuando se desenvolvieron el golpe de Estado de abril de 2002 y el paro empresarial y petrolero de enero/febrero de 2003. En aquel entonces, las contundentes derrotas recibidas por el bloque de la oposición –en el que
2	Se calcula que una tercera parte de los alimentos que se producen en Venezuela, más los que se importan de varios países, salen de contrabando a Colombia. Ver: Eleazar Díaz Rangel, “El desabastecimiento”, Últimas Noticias, febrero 9 de 2014.
Nº 42, Marzo de 2014 · Bogotá, Colombia Nuestra América
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Es evidente el regreso de la oposición a los cauces conspirativos asumidos y fracasados hace más de una década, el notable esfuerzo de los grandes medios de comunicación por acentuar “la estetización de la política” y, particularmente, por construir y agenciar un imaginario de “crisis total” en Venezuela, que reclama una contundente intervención extranjera, por una parte, y, por otra, la prudencia y sensatez con la que el pueblo bolivariano ha sorteado la situación, manteniendo su convicción de llevar adelante el proceso de transformaciones democráticas y populares emprendidas hace 15 años.
confluían la ex gerencia de Petroleros de Venezuela (PDVSA), la dirigencia de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), un sector del alto mando militar y los partidos del puntofijismo bajo nuevas siglas– condujeron a la derecha en su conjunto a aceptar el ordenamiento constitucional establecido en 1999 –contra el cual decían estar– y al empleo del referendo revocatorio como última táctica de su deslegitimado y disperso accionar. Después de los fracasos de 2002 y 2003, de los reveses sufridos en el referendo revocatorio de agosto de 2004 y la aplastante derrota consumada en las presidenciales de diciembre de 2006, la derecha no tuvo más opción que el repliegue y la aceptación, a regañadientes, del curso de transformaciones nacional-populares que tomaba el proceso político en Venezuela. Ante el fracaso de la estrategia conspirativa, la derecha término plegada a las vías legales de acción política, de modo que mantuvo un moderado respeto por los mecanismos institucionales y electorales como los medios privilegiados para la canalización de su hostilidad hacia el gobierno. Esta pauta de conducta ha venido modificándose drásticamente desde marzo de 2013 luego de la muerte del presidente Hugo Chávez. La ausencia de Chávez llevó a la derecha a hacer cálculos errados sobre el futuro político del país. Para esta, el proceso político quedaba huérfano de conducción y sin horizonte; así, sus expectativas de retomar el control del Estado se agigantaron. Sin embargo, bastaron dos procesos electorales en el año 2013 (presidenciales de abril y municipales de diciembre) para constatar que sus posibilidades de gobernar el país siguen siendo nulas. La muerte de Chávez acrecentó la expectativa del imperialismo norteamericano y la derecha venezolana de echar abajo los cambios sociales alcanzados, de truncar el proceso de reformas políticas y económicas en curso y de enterrar las iniciativas integradoras y
emancipadoras de la región, manifiestas en procesos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Puesta ante un escenario de marginalidad en el debate político durante los próximos seis años, la derecha, en cabeza de Leopoldo López y María Corina Machado, azuzada y respaldada por el imperialismo, ha retornado a la estrategia de la conspiración. El sector que estos representan, si bien es poco significativo numéricamente dentro del conjunto de la derecha, goza de un importante respaldo mediático local y global, el cual es su única fortaleza. La apuesta de este sector, que sobresale por la ausencia de banderas programáticas, por su inmadurez y torpeza política y su escualidez propositiva, es la desestabilización del país para propiciar la inmediata intervención norteamericana. A casi un mes del comienzo de la ofensiva desplegada por la derecha puede decirse que ésta no prosperó porque en torno a la defensa del proceso político existe una colosal muralla constituida por la unidad de las Fuerzas Armadas y el pueblo venezolano en torno al proyecto nacional y popular.
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La puesta en escena guarimbera
La coyuntura propiciada a partir del 12 de febrero tuvo un ingrediente de contexto adicional, constituido por las medidas que en materia económica aplicó el gobierno a fin de controlar la tónica especulativa desatada por parte de las grandes cadenas comerciales a fines del año 2013. En Venezuela, la burguesía comercial beneficiada con una tasa de cambio privilegiada, ha aprovechado enormemente tal ventaja para acrecentar sus dividendos y a la vez
desangrar la economía mediante la fuga de divisas3. Para atenuar tales prácticas, el gobierno expidió en diciembre de 2013 la Ley de Precios Justos que fija un tope de 30% al beneficio comercial; la reacción frente a tal medida no se ha hecho esperar y es una de las causas inmediatas del malestar de la burguesía y la clase media. El 11 de febrero de 2014, el periódico El Universal de Caracas, uno de los que más se queja de ausencia de libertad de expresión, publicó en su página editorial el llamado de Leopoldo López a movilizarse en contra del “gobierno ineficiente, corrupto y antidemocrático”, que constituye una “amenaza nacional, representada por una cúpula podrida y corrupta que ha secuestrado al Estado venezolano, convirtiéndolo en delincuente”4. Simultáneamente en las redes sociales se convocó a marchar para “ponerle fin a la dictadura” con la consigna: “Saquemos a Maduro”. La marcha finalizó convertida en un ataque al edificio de la Fiscalía y en un enfrentamiento armado entre sediciosos y agentes estatales. Durante las dos semanas siguientes en el contexto de la movilización opositora en diversos lugares del país –y en confusas circunstancias– hubo 14 muertos5. Las grandes cadenas globales y los monopolios mediáticos regionales manipularon en un frente común contra el gobierno bolivariano cada acontecimiento a fin de posicionar el imaginario de la escasez alimentaria, la hambruna, el silenciamiento, la represión, la dictadura, el totalitarismo y la guerra civil en Venezuela. Altos funcionarios y agentes de gobiernos enemigos se sumaron al coro mediático e incluso el secretario general de la obsoleta Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulsa, propuso la intervención directa de actores externos en Venezuela. Si se tiene en cuenta la intensa actividad intervencionista desplegada por las agencias norteamericanas en Venezuela6, no es dable pensar que las acciones de la oposición, comenzando por la escasez de ciertos alimentos, sean espontáneas y aisladas, y que sus resultados sean accidentales. Los manuales norteamericanos sobre operaciones encubiertas aplicados en Chile para derrocar el gobierno de Salvador Allende y empleados hasta el presente en contra de la revolución cubana tienen mucho que decir respecto a lo que viene aconteciendo en Venezuela.
3	“La burguesía teniendo el grueso del poder económico, impulsa un feroz vaciamiento de capitales: Venezuela ha sufrido una fuga de capitales (en el período de control de cambio) de alrededor de 150 mil millones de dólares, un equivalente aproximado de 43% del PIB del año 2010. (En el país) 400 mil capitalistas apropian 60% del PIB, en detrimento de más de 13 millones de trabajadores que sólo captan un 40%”. Manuel Sutherland, “Siete apuntes sobre las protestas en Venezuela”, Aporrea, febrero 17 de 2014. 4	Leopoldo López, 12 de febrero, El Universal, Caracas, febrero 11 de 2014. http://www.eluniversal.com/ opinion/140211/12-de-febrero 5	Telesurtv, “Así ocurrieron las 14 muertes por violencia de la derecha en Venezuela”, febrero 26 de 2014. 6	Según Golinger desde 2002 hasta el presente los Estados Unidos han transferido mediante sus agencias e instituciones “promotoras de la democracia y la sociedad civil” más de 100 millones de dólares para apoyar las actividades de la oposición al gobierno bolivariano.
El desesperado retorno de la derecha por los cauces conspirativos y su apuesta por la estrategia de la desestabilización interna, para favorecer una intervención externa, da cuenta de una derrota estratégica de su tenebroso y proestadounidense “proyecto político”. Las violentas acciones desplegadas por la derecha no le permiten sumar, en cambio son bastante útiles a los planes norteamericanos de intervención en Venezuela. A pesar de todas la especulaciones tejidas en torno a la futura autosuficiencia energética de Estados Unidos, el petróleo latinoamericano continúa estando en primer lugar en el orden del día de los planes imperiales, así quedó demostrado con la reciente reforma energética mexicana que selló la entrega de los hidrocarburos a las compañías norteamericanas. Y el despojo del petróleo a Venezuela pasa por el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro y el descarrilamiento del proceso de independencia y soberanía emprendido por el comandante Hugo Chávez en 1999. La derecha no ha quemado todos sus cartuchos y es muy probable que vengan, como hace una década, días de intensas confrontaciones sociales. Esta vez la revolución bolivariana tiene en su haber numerosas conquistas, ha sedimentado valiosos logros que le permitirán enfrentar con tenacidad los lances de la derecha. Por ahora, la derrota de la ofensiva derechista es propicia para profundizar el proceso de transformaciones sociales acentuando políticas que lleven a alcanzar la soberanía alimentaria y la diversificación productiva, a establecer el control nacional sobre la banca y el comercio exterior, a la distribución igualitaria de la renta y el ingreso y a avanzar en la consolidación de los procesos de unidad continental bolivariana y latinoamericana.
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Sociólogo ecuatoriano Colaborador de la International Gramsci Society (IGS) Director de la Revista Espacios
ace apenas un año, en febrero de 2013, con un triunfo electoral, el noveno en seguidilla, que garantizaba a Rafael Correa no solo su reelección hasta el 2017 sino el control de los 2/3 del poder legislativo, parecía inevitable calificar la situación de hegemónica, no solo por el dato de la estabilidad política, no poca cosa en un país, como el Ecuador, caracterizado por una constante inestabilidad política, sino por una adhesión popular que parecía absorta ante el nuevo liderazgo. En enero de 2014, al iniciar el séptimo año consecutivo de mandato, Correa se ubicaba en el selectísimo grupo de presidentes de la República con una secuencia similar en el cargo: apenas son cuatro los primeros mandatarios en la historia republicana del Ecuador que tienen ese récord, incluido el actual en funciones. Adicionalmente, este indiscutible respaldo popular se le concedía en nombre de una revolución, la “revolución ciudadana”, y bajo la legitimidad de un proceso constituyente y una Constitución de vanguardia (derechos de la naturaleza y buen vivir, entre lo destacado), que, sin embargo, hacia 2014 va siendo intercambiada por un desarrollismo de “cambio de la matriz productiva”. Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados electorales del 23 de febrero de 2014 llaman a ser bastante cautos sobre la solidez de la hegemonía en ciernes, si nos atenemos a los preceptos de “construir poder popular”, y nos presentan una fase de vacilación, de pérdida de su capacidad de convocatoria y liderazgo, especialmente en tratándose
de los sectores populares. Más aún si a los resultados electorales se les concede el atributo de otorgar o quitar la legitimidad política. ¿Qué nos dicen las elecciones de febrero de 2014 en el Ecuador, cuyo propósito fue renovar los gobiernos locales a nivel municipal y provincial? En primer lugar, indican una pérdida sustancial del electorado directamente adherente al partido político del presidente Rafael Correa, el movimiento Alianza País, listas 35, que en febrero de 2013 había obtenido el 62% de la votación para las elecciones de parlamentarios provinciales y ahora solo logra el 37% a nivel nacional. En segundo lugar, una pérdida en los bastiones electorales que fueron la cuna del ascenso político del presidente Rafael Correa, como son las ciudades de Quito y Cuenca: en ambas se pierde la alcaldía que estaba en manos de Alianza País. Cuando Correa se presentó por primera vez a elecciones, a finales de 2006, fueron cruciales los respaldos electorales obtenidos en Quito y Cuenca, caracterizados por una fuerte politización, una numerosa clase media y la incorporación de población migrante a los perímetros productivos. En tercer lugar, y lo que es trascendente para la hipótesis de que la hegemonía en ciernes ha entrado en una fase vacilante, se evidencia una pérdida de la capacidad de liderazgo de Rafael Correa para revertir una tendencia adversa de disputa política. Por lo tanto vale la pena detenerse un momento en este punto. El diagnóstico que realizan la dirección de Alianza País y el propio Correa un mes antes del 23 de febrero sobre la disputa electoral en torno a la alcaldía de Quito es el correcto: la derecha se ha unido en torno al candidato Mauricio Rodas, está en movimiento una campaña orquestada junto con los grandes medios de comunicación, y ellos están captando la votación indecisa. La situación es apremiante.
http://es.wikipedia.org/wiki/ Operaci%C3%B3n_Pilar_Defensivo
Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados electorales del 23 de febrero de 2014 llaman a ser bastante cautos sobre la solidez de la hegemonía en ciernes, si nos atenemos a los preceptos de “construir poder popular”, y nos presentan una fase de vacilación, de pérdida de su capacidad de convocatoria y liderazgo, especialmente en tratándose de los sectores populares. Más aún si a los resultados electorales se les concede el atributo de otorgar o quitar la legitimidad política.
La respuesta que dan a la situación de apremio es muy similar a la que habían dado antes frente a momentos similares: Rafael Correa se apersona de la campaña en Quito bajo el supuesto de que su capacidad de liderazgo es capaz de revertir la tendencia; de lo que se trata es de poner al presidente y sus logros de gobierno (carreteras, aeropuertos, modernización) como el criterio dirimente de un futuro promisorio. Mas en este caso el remedio fue peor que la enfermedad. No solo no se revertió la tendencia, a la final en la alcaldía de Quito el candidato de País obtiene el 39% de la votación frente al candidato de la derecha que obtiene el 59%, sino que esto repercute a nivel nacional, pues pierde en 18 de las 22 alcaldías capitales de provincia. En cuarto lugar, es importante decir que no solo la derecha se unió en Quito, sino que hubo una campaña orquestada y bien planificada para golpear a los candidatos de Alianza País y al gobierno de Rafael Correa a nivel nacional. Sería una ingenuidad creer que estamos ante un hecho que tiene como protagonistas a actores políticos locales; la emergencia de Mauricio Rodas, por ejemplo, formado en las escuelas de gobernabilidad de la derecha mexicana y con auspicios de fundaciones gringas, responde a intereses económicos y políticos de carácter transnacional. En quinto lugar, para completar el panorama, dos partidos aliados al presidente Rafael Correa lograron mejorar sus resultados electorales, como son el Movimiento Avanza, que lidera su ministro González, y el Partido Socialista-Frente Amplio. En sexto lugar, nos permiten constatar que en el partido de gobierno, Alianza País, son evidentes las consecuencias de un liderazgo personalista y vertical de Rafael Correa, que impide no solo que otras figuras puedan afirmarse, sino que mella cualquier consolidación ideológica. En séptimo lugar, cabe mencionar que la izquierda a la izquierda de Correa logro pervivir a los afanes del
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gobierno por su eliminación: el movimiento Pachakutick alcanzo alcaldías y prefecturas precisamente en las regiones de disputa respecto del extractivismo, como son las provincias amazónicas de Orellana, Morona y Zamora, mientras que el Movimiento Popular Democrático logro la prefectura en la provincia de Esmeraldas y varias alcaldías del interior. En el Ecuador actual la situación de correlaciones de fuerza se torna compleja, con un revés electoral de Alianza País y una derecha fortalecida, lo que, empero, no necesariamente implica un escenario de próxima derrota en las elecciones de 2017; tampoco eso era lo esencialmente en disputa en este febrero. Lo verdaderamente en disputa, lo que unió a la derecha, es la pugna por participación y reparto alrededor del eje fundamental de la estrategia económica del gobierno, lo que se ha denominado “el cambio de la matriz productiva”, y eso mismo es lo que ha debilitado duramente la perspectiva de un proyecto hegemónico con participación popular.
En nombre del cambio de la matriz productiva están en juego grandes proyectos extractivistas, modernización vial e inmobiliaria, alianzas con transnacionales para la conformación de ciudades del conocimiento y la negociación con la Unión Europea. No fue casual que en meses precedentes el gobierno de Correa renunciara al proyecto emblemático del Yasuni-ITT y abriera la exploración petrolera sobre zonas de biodiversidad en la Amazonía. Y la estrategia de cambio de la matriz productiva no considera como ejes de la transformación productiva a las economías populares; ellas quedan relegadas para ser tratadas en el marco de las políticas sociales de “combate a la pobreza”, merecedoras de programas de subsidios, pero no de transformaciones productivas en la estructura del sistema. El modelo político de caudillismo con extractivismo está mostrando sus enormes debilidades, y con eso no se puede construir una hegemonía con bases y perspectivas populares.
Ex Ministro de Economía de Cuba Asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM)
crania se ha convertido en polígono de lucha entre grupos de poder que defienden intereses que poco o nada tienen que ver con las aspiraciones más legítimas del pueblo ucraniano. Más allá de lo aparente, si se examina con detenimiento la confrontación entre los grupos que representan los intereses económicos de Europa occidental y aquellos asociados más estrechamente con la economía rusa, esta pugna ha derivado en un golpe de estado a favor de los primeros, que lograron movilizar el descontento de una parte de la población del país con fuerzas encabezadas por partidos de ultraderecha y la activa participación de bandas mercenarias de ideología fascista. Todo esto ocurre en un contexto de históricas tensiones nacionalistas subyacentes que no pueden ignorarse, pero donde la verdadera raíz de los conflictos actuales se remonta a las consecuencias económicas del derrumbe de la URSS y a la transición a un capitalismo neoliberal, que está en la base de los problemas que enfrenta Ucrania actualmente. Efectivamente, en ese doloroso proceso Ucrania fue uno de los países más golpeados, registrando una caída del 65% de su PIB entre 1989 y 1999, con un crecimiento sistemático de la inflación, que alcanzó un 36,5% anual entre 1995 y el 2004. Luego de una efímera recuperación, la economía fue impactada por la crisis actual registrando una caída del 14,8% del PIB en el año 2009, la mayor contracción de toda la Comunidad de Estados Independientes que agrupa a 11 antiguos miembros de la URSS.
Más recientemente la economía solo ha alcanzado crecer un 10,2% entre 2010 y 2013, no logrando recuperarse aún del impacto de la crisis, además de permanecer a niveles que todavía no recuperan los de 1989. Este deterioro ha conllevado un fuerte desbalance financiero externo, con saldos negativos de cuenta corriente en torno al 8% del PIB, a lo que se suman déficits presupuestarios superiores al 4% desde 2012. De tal modo, el país ha sufrido un fuerte proceso de endeudamiento, y solamente en los últimos cuatro años la deuda externa creció más de 36.000 millones de dólares, alcanzando en 2013 140.000 millones, lo que representa alrededor del 80% de su PIB. Con la aplicación de medidas de ajuste –que a criterio del FMI y la Unión Europea (UE) resultaban insuficientes– y habida cuenta de su elevada vulnerabilidad externa, los sucesivos gobiernos del país han recibido fuertes presiones para acelerar este proceso, las cuales encontraron eco en dirigentes más dóciles a los dictados de Occidente. Esto llevó a la llamada Revolución Naranja, que en 2004 impugnó la victoria electoral de Viktor Yanukóvich y logró imponer a la favorita neoliberal Yulia Timoshenko, que gobernó como primera ministra entre 2007 y 2010. Precisamente durante ese período el FMI otorgó al país un crédito por 16.500 millones de dólares. Sin embargo, con la elección de Yanukóvich como presidente en febrero de 2010 un nuevo préstamo de 15.000 millones del propio organismo fue congelado. De otra parte, Ucrania ha sido también muy dependiente energéticamente, ya que produce solamente un 25% del gas que consume, siendo suministrado un 35% por Rusia y un 40% por países de Asia Central. Rusia ha presionado igualmente al país durante años mediante las tarifas energéticas, generándose una importante deuda por este concepto. Del mismo modo, en fechas más recientes han existido intensas gestiones para incorporar a Ucrania a la Unión
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_ Afganist%C3%A1n_(2001-presente)
Aduanera, que integran Rusia, Kazajstán y Bielorrusia, con el posible ingreso de Armenia este año. En un cálculo que trató de lograr la variante más redituable para salvar la crisis, durante 2013 la administración de Yanukóvich gestionó el posible ingreso de Ucrania a un Acuerdo de Asociación con la UE, para lo cual los socios comunitarios estaban dispuestos a compensar solamente con 1.000 millones de dólares las posibles pérdidas del país por su alejamiento del mercado ruso, adonde iba a parar el 25% de las exportaciones del país. Sin embargo, ese acuerdo suponía el libre comercio con la UE, lo que se traduciría en el desplazamiento de los productos de Ucrania dada su baja competitividad, con las enormes pérdidas que consecuentemente se registrarían. La decisión adoptada por el gobierno ucraniano el 21 de noviembre pasado rechazando ese acuerdo fue el factor que desató las protestas de los interesados en el acercamiento a Europa, lo que unido al estallido de otras tensiones internas subyacentes condujo a la compleja situación actual. Frente a esta coyuntura, el 17 de diciembre, el gobierno ruso otorgó un crédito de 15.000 millones de dólares y la rebaja del 33% en las tarifas del gas, decisiones que fueron suspendidas con el golpe de estado y que colocan a Ucrania en una situación cercana al default financiero actualmente. Los nuevos gobernantes que tomaron el poder tras el golpe de estado, han referido que el país requiere así una inyección de 35.000 millones de dólares entre 2014 y 2015 para hacer frente a sus obligaciones financieras. No obstante, la respuesta de la UE y el FMI ha sido muy cautelosa no avalando de momento esa cifra y poniendo como condición que cualquier financiamiento tendría que cumplir con los programas de ajuste propugnados durante años. De este modo, la actual coyuntura económica se describe por algunos economistas de derecha como Anders Aslund como la supuesta oportunidad para poner en orden la economía del país, reduciendo
Un observador imparcial tendría que reconocer que fueron los impactos de la aplicación de políticas neoliberales en Ucrania por más de 20 años los que han creado las condiciones de enorme vulnerabilidad externa que hoy sufre el país y que se encuentran en los orígenes de los acontecimientos actuales, por más que la propaganda se empeñe en no reconocerlo así.
gastos sociales, eliminando subsidios, congelando salarios, liberalizando precios y abriendo el país a la inversión extranjera, entre otras medidas del recetario neoliberal. Ciertamente, ni el gobierno de Viktor Yanukóvich ni el de su predecesora Yulia Timoshenko tuvieron éxito en desarrollar los cambios estructurales requeridos para que la economía ucraniana pudiera crecer de manera estable y recuperar siquiera el nivel del PIB que tuvo en 1989. Adicionalmente las sucesivas administraciones que han gobernado el país han sido impugnadas por acusaciones de corrupción. En ese sentido la propia Yulia Timoshenko resultó procesada y encarcelada por manejo inapropiado de los fondos públicos y también se ha acusado a Víktor Yanukóvich por la malversación de unos 12.000 millones de dólares. Es así que Ucrania ocupa el 29.º lugar entre los países más corruptos del mundo, según el Índice de Percepción de la Corrupción que calcula la ONG Transparency International. Desde otra perspectiva, la dirección adoptada por el actual gobierno ucraniano está enfilada claramente contra Rusia, no
solamente por lo que puede significar su declarada voluntad de acercamiento a la UE y a Estados Unidos, sino también por el efecto que tiene sobre los empresarios rusos. Al respecto, vale la pena recordar que el grueso del gas que Rusia exporta a Europa pasa por gasoductos ucranianos y ya la incertidumbre que comienza a abrirse paso se refleja en las caídas en la bolsa de las acciones de compañías como GAZPROM. Realmente los acontecimientos por venir pueden llevar a una confrontación que conduzca a lo que algunos analistas han llamado como la II Guerra Fría, o incluso al desmembramiento del país en medio de una guerra civil. Si estos escenarios terribles llegaran a materializarse, un observador imparcial tendría que reconocer que fueron los impactos de la aplicación de políticas neoliberales en Ucrania por más de 20 años los que han creado las condiciones de enorme vulnerabilidad externa que hoy sufre el país y que se encuentran en los orígenes de los acontecimientos actuales, por más que la propaganda se empeñe en no reconocerlo así.
Estudiantes de noveno semestre de Economía Miembros de la Red Socialista de Colombia Mujeres indignadas ante los abusos del machismo y ante la indiferencia
o es la primera vez que en los medios de comunicación se ocupan de la violencia contra la mujer. Diariamente nos enfrentamos a noticias de hombres que golpean a sus novias, esposas y madres, de hombres que violan y matan mujeres en las calles. Pero el tema actual se refiere a los múltiples abusos que sufrimos (muchas veces en silencio) las mujeres en los medios de transporte. Del que se tiene mayor información es del que ocurre en Transmilenio, donde según cifras oficiales, en 2013 se recibieron 109 denuncias de abusos y en lo que lleva este año se han manifestado 9. En este punto, es necesario aclarar que muchos de estos casos no son denunciados, ya sea por miedo al agresor o por vergüenza a que las personas se enteren de que hemos sido abusadas, entre otras, porque la denuncia es vista como un acto que somete a la mujer y a su dignidad a la humillación y la burla pública. Las mujeres tenemos que aguantar desde una palabra obscena que algún hombre nos susurre en la calle hasta presenciar que un hombre se toque sus partes íntimas en un bus de Transmilenio. Es evidente que a pesar de los avances que tanto hombres como mujeres hemos tenido para superar el machismo, aún falta un recorrido importante para que nosotras entendamos integralmente que somos dueñas de nuestro cuerpo y que los hombres entiendan que no pueden decidir por nosotras, independientemente de cómo nos vistamos, actuemos o pensemos; finalmente cada uno es un ser humano dueño de su propia vida, de su cuerpo y de sus actos.
La opresión sufrida por las mujeres permea todos los ámbitos de la vida social. La cultura machista, de la cual hacen parte tanto hombres como mujeres1, lleva a que en la conciencia social se considere como una especie de orden natural la supremacía del hombre sobre la mujer. De ahí que ellos “tengan el derecho” de acceder a la corporalidad de la mujer, que, entre otras, es vista como un instrumento de satisfacción sexual2. Darle continuidad a este principio de subordinación de las mujeres frente a los hombres logra, por un lado, perpetuar los abusos hacia la dignidad de las mujeres y, por otro, contribuye a que los esfuerzos por la emancipación de las mujeres sean invisibilizados, satanizados y, en últimas, desconocidos. Sin embargo, es claro que bajo un enfoque dialéctico esa dominación patriarcal genera a su vez un potencial revolucionario en las mujeres. Claramente los casos de violencia intrafamiliar y los abusos sexuales merecen toda la atención de la sociedad capitalina y colombiana; sin embargo, estos hechos –que para algunos son pequeños en comparación con los otros– también merecen que se les dedique un momento en la agenda pública. ¿Será que la sociedad colombiana terminará viendo estos casos de manoseo y obscenidades como algo común, así como una parte de la población ya no se escandaliza con los constantes casos de robos? En realidad, las mujeres esperamos que no, ya que al aceptar estas “pequeñeces” se permite avanzar aún más en el maltrato. Ahora, frente al abuso, funcionarios públicos han decidido implementar en el transporte público un espacio destinado sólo a las mujeres. Se trata de un tipo de “discriminación positiva” para evitar que las mujeres sigan siendo abusadas por los hombres (como
1	Y de la que no se salvan muchos socialistas y militantes de izquierda. 2	Sin entrar a definir el papel que dentro del patriarcado cumple la mujer en la familia, lo cual es tema de otra discusión, que por demás debe darse en todos los espacios (partidos políticos, movimientos sociales, la Iglesia, el Estado, etc.).
http://www.flickr.com/photos/112078056@N07/12159238525
En la medida en que la sanción social sea más profusa, menor será el miedo que la gente tenga de intervenir; estos mecanismos de condena social deben ir acompañados de otros de carácter normativo y legal que castiguen este clase de actos. Es importante que las mujeres tengamos ese apoyo social frente a este tipo de acontecimientos, que simplemente no se deben callar.
en los casos de México, Japón y Brasil). En relación con la medida, se encuentran diferentes perspectivas no solo de parte de la ciudadanía sino también de la opinión pública: por un lado, la Secretaria Distrital de la Mujer, Martha Lucía Sánchez 3, no la considera como una forma de segregación, sino como una medida amparada por la Constitución que servirá para proteger a las mujeres de los abusos en el transporte público; de otro lado, la recién elegida representante a la Cámara, Angélica Lozano4, plantea que no es una solución definitiva y que, por el contrario, no es más que una derrota para la sociedad, por lo que se debería pensar en otras medidas, como los mecanismos de denuncia y la cultura ciudadana. Sumado a esto, es común escuchar entre las ciudadanas inconformismo por la medida, porque la ven como una forma de discriminación, mientras muchos ciudadanos que afirman que no todos pueden ser catalogados como agresores y abusadores. En consecuencia, cabe preguntarse si es esta realmente una solución trascendental que revierta la situación. Creemos que no: aislar a las mujeres no significa que los hombres abusadores (que no son todos) dejen de creer que por el hecho de ser hombres tienen el derecho de tocar una mujer sin su consentimiento. Aislarnos no significa atacar el problema de frente; por el contrario, podría generar mayor segregación y la perpetuación de los abusos5. La solución debe ser un poco más comunitaria o de colaboración si se quiere, en el sentido de que tanto hombres como mujeres que presencien este tipo de
3	Ver entrevista de Blu Radio en: http://www.bluradio. com/58476/vagones-de-transmilenio-para-mujeres-niexcluyen-ni-segregan-segun-distrito 4	Ver artículo de Semana : http://www.semana.com/nacion/ articulo/polemica-por-vagones-para-mujeres-en-transmilenio/379586-3 5	El hecho de que en países un poco más avanzados que el nuestro esta medida esté “funcionando”, no significa que sea la solución.
actos se solidaricen con la víctima y ayuden a generar una especie de escarnio público (sin violencia), que por lo menos genere un sentimiento de vergüenza en el agresor, y no en la agredida; comportamiento que debe ser liderado inicialmente por nosotras las mujeres. En la medida en que la sanción social sea más profusa, menor será el miedo que la gente tenga de intervenir; estos mecanismos de condena social deben ir acompañados de otros de carácter normativo y legal que castiguen este clase de actos. Es importante que las mujeres tengamos ese apoyo social frente a este tipo de acontecimientos, que simplemente no se deben callar. Este es un llamamiento tanto a las mujeres como a los hombres que de verdad consideran que los actos de machismo son repudiables; a que acompañen a sus compañeras (de Transmilenio, de bus, de acera… de vida) en el momento que sientan que son abusadas en su integridad. No podemos seguir dejando avanzar la violencia contra la mujer hasta el punto que lo consideremos algo normal y cotidiano. Debemos aprender a respetarnos mutuamente, con el fin de crear una conciencia colectiva de no agresión ni abuso de la integridad del otro, una conciencia que en últimas busque superar el machismo y la dominación patriarcal. No se pretende con esto un simple gesto de compasión en cuanto a este caso específico que hemos tratado, sino que en realidad nos apropiemos del dolor de la otra o del otro para poder generar cambios estructurales y permanentes en la forma de pensar y actuar de todos los que componemos esta sociedad. Consideramos que modificando el patrón de conducta frente a estos casos catalogados de “no tan graves”, se puede lograr un freno ante las actitudes machistas, lo cual puede llegar a instancias mucho más altas como la reducción de los casos de violencia intrafamiliar.
http://wilpf.org/files/wilpf_commits_nuclear_free.jpg
Darle continuidad al principio de subordinación de las mujeres frente a los hombres logra, por un lado, perpetuar los abusos hacia la dignidad de las mujeres y, por otro, contribuye a que los esfuerzos por la emancipación de las mujeres sean invisibilizados, satanizados y, en últimas, desconocidos.
unto con el inicio de los diálogos de La Habana tendientes a solución política del conflicto social y armado y la realización del Paro Nacional Agrario del año pasado, la Cumbre Nacional Agraria Campesina, Étnica y Popular, del 15 al 17 de marzo, representa uno de los hechos políticos más significativos de las clases subalternas en su historia presente. La Cumbre se ha constituido en lugar de encuentro de múltiples dinámicas constituyentes que, en medio de la movilización y la lucha, han sido gestadas por diversas expresiones organizadas del campo popular. Para el destino de las luchas del pueblo colombiano tiene un profundo significado que campesinos, indígenas, afrodescendientes y otros trabajadores de campo hayan tomado la decisión de avanzar en un proceso de unidad, el cual ha de conducir en primera instancia a la construcción de un pliego único, que unifique en los propósitos de confrontar el modelo económico neoliberal y de condensar las principales aspiraciones de los explotados y dominados del campo para su buen vivir. El pliego único será el instrumento que dotará al movimiento con las herramientas políticas necesarias para llevar a cabo el Paro Nacional, que las organizaciones convocantes de la Cumbre han anunciado para finales del mes de abril. El proceso de unidad en curso se está construyendo con solidez. No es el resultado de acuerdos pragmáticos entre direcciones de aparatos políticos con fines cortoplacistas, como se ha expresado en numerosas experiencias vividas y presentes del campo popular. En esta ocasión, se ha tratado de un proceso construido desde abajo, involucrando de manera directa a los campesinos, indígenas y afrodescendientes y a sus organizaciones. La Cumbre ha estado precedida por una Precumbre preparatoria, celebrada en diciembre de 2013, que, además de reafirmar a voluntad política de las diferentes organizaciones a favor de la unidad, permitió avanzar en la identificación
de aspectos programáticos comunes. A la Precumbre le siguió la realización de 21 cumbres regionales, con las que se ha avanzado en el proceso de unidad desde lo regional y, sobre todo, en la definición y construcción de los componentes del pliego único. En ese sentido, la Cumbre será un punto de llegada y no un encuentro más. Además de expresar un proceso colectivo de construcción social, la Cumbre da cuenta de cambios en la calidad del movimiento popular colombiano. En efecto, es evidente que se viene consolidando la perspectiva de su carácter constituyente. Aunque la resistencia y la reivindicación representan indiscutibles ejes articuladores, debe advertirse que se está en presencia de un proceso de politización en ascenso que se traduce no sólo en la crítica y la acción política contra lo existente, sino que va más allá al situarse en la formulación de alternativas concebidas desde el propio campo popular, que son pensadas además en términos de la construcción de poder popular. En ese sentido, la identificación y la definición de las luchas como acciones en defensa del territorio, entendido éste como relación social, ocupan un lugar central. En la disputa por el territorio se sintetiza en la actualidad la tendencia histórica de la acumulación capitalista y de la conflictividad social y de clase inherente a ella. Si se logra consolidar la autocompresión del carácter constituyente del movimiento, se avanzará en la posibilidad de desatar fuerzas hacia un proceso constituyente, uno de cuyos momentos estelares debe ser la convocatoria y realización de un Asamblea Nacional Constituyente. Para las perspectivas del campo popular, la definición de un nuevo marco jurídico institucional para la acción política resulta del mayor significado. Desde luego que sus aspiraciones no se agotan allí. La Cumbre demuestra otra posibilidad del devenir de la política, más allá de las instituciones. El gran salto hacia la unidad que se está dando tiene la tarea pendiente de estimular y contribuir a fortalecer la lucha y la movilización urbanas y, desde luego, el proceso de unidad con los procesos populares urbanos. En la más amplia unidad del campo popular, en medio de la movilización y la lucha, se encuentran la posibilidad para producir un cambio en la correlación de fuerzas y quebrar la dominación de clase.
Andrés Monroy · http://seryozem. blogspot.com/2013/07/desfile-militardel-20-de-julio-2013.html
*Contraportada:
http://www.flickr.com/photos/ daquellamanera/308777155/
http://www.flickr.com/photos/aliceswanson-/426658434
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