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﻿ SENTENCIA SC033-2015 DE ENERO 15 DE 2015
SENTENCIA SC033-2015 DE 15 DE ENERO DE 2015
CONTENIDO:PROCESO ORDINARIO DE SIMULACIÓN. NO EXISTE ALGUNA LIMITACIÓN PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE LA SIMULACIÓN, YA SEA ABSOLUTA O RELATIVA, POR ENDE, EL INTERESADO PUEDE ACUDIR LIBREMENTE A CUALQUIER ELEMENTO DE PRUEBA. NO OBSTANTE, OBTENER LA PRUEBA DIRECTA ES MUY COMPLEJO, POR LO CUAL LA ACREDITACIÓN DE LO APARENTADO SUELE DARSE A TRAVÉS DE LOS INDICIOS. ASÍ, EL PARENTESCO, LA AMISTAD ÍNTIMA, LA FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DEL ADQUIRENTE, LA RETENCIÓN DE LA POSESIÓN DEL BIEN POR PARTE DEL ENAJENANTE, EL COMPORTAMIENTO DE LAS PARTES EN EL PROCESO, EL PRECIO ÍNFIMO, LA FORMA DE PAGO Y ACTITUDES SOSPECHOSAS SON ALGUNOS DE LOS INDICIOS QUE PUEDEN DAR CUENTA DE LA SIMULACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN SUFICIENTE VALOR PROBATORIO PARA CONVENCER AL JUEZ DE QUE EL NEGOCIO ES FICTICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PARENTESCO, SIMULACIÓN, PRUEBA DIRECTA, INDICIO, RECURSO DE CASACIÓN
Sentencia SC033-2015 de enero 25 de 2015
SC033-2015
Rad.: 11001 31 03 027 2006 00307 01
En el plano negocial, se caracteriza por constituir un acuerdo generatriz de una apariencia contractual creada intencionalmente revistiéndola de realidad con el entendimiento recíproco, convergente y homogéneo de las partes de esta significación y, aún cuando, por su virtud, se remeda la celebración de un acto dispositivo de intereses no celebrado (simulación absoluta) o diferente del estipulado en cuanto al tipo negocial, su contenido, su función (simulación relativa) o las partes, tiene entidad real, fáctica y jurídica, obligando a los contratantes al tenor del compromiso simulado, único, prevalente y vinculante respecto para estos.
En consecuencia, si de simulación absoluta se trata, inter partes, la realidad impone la ausencia del acto dispositivo exterior inherente a la situación contractual aparente y la permanencia de la única situación jurídica al tenor de lo acordado, y, en caso de la simulación relativa, esa misma realidad precisa, entre las partes, la prevalencia del tipo negocial celebrado, el contenido acordado, la función autónoma que le es inherente, ora los sujetos; a este respecto, lo aparente no está llamado a generar efecto alguno entre las partes y, frente a terceros, in casu, dentro del marco de circunstancias concretas se definirán las diferentes hipótesis que pueden suscitarse entre éstos conforme deriven derechos del titular real o del titular aparente en la cual, por principio se privilegia el interés de quien actuó de buena fe con base en la apariencia en preservación de ésta, la regularidad y certidumbre del tráfico jurídico y de las relaciones jurídicas negociales (CSJ SC 30 de julio de 2008, rad. 1998-00363-01). Pronunciamiento reiterado por la Corporación, entre otras, en decisiones de 30 de agosto de 2010, rad. 2004-00148-01; 16 de diciembre de 2010, rad. 2005-00181-01; y, 13 de octubre de 2011, rad. 2002 00083-01).
4. Pero, al margen de qué mecanismo o medio de persuasión logre permear el juicio del sentenciador, cierto es, que, como toda decisión judicial, la proferida debe estar, inomisiblemente, apalancada en las pruebas allegadas por los extremos de la contienda o aquellas que buenamente haya dispuesto el funcionario incorporar de manera oficiosa y, por supuesto, en la medida en que cumplan las exigencias previstas en la ley en torno a los términos u oportunidades para su petición y aducción (arts. 174, 179, 180 y 183 del C. de P.C.); además, atendiendo la naturaleza del instrumento probativo pertinente, en el mismo debe encontrarse ese poder de convicción para dar por establecido el hecho tema de prueba y, como en el asunto de marras, la labor demostrativa gira alrededor del indicio, con mayor veras, el juzgador ha de estar atento a razonar en forma tal que al plasmar su decisión la misma traduzca la realidad de lo acontecido.
Y si bien en la labor de la ponderación de la prueba indiciaria el juez se encuentra asistido de cierta autonomía o poder discrecional, no puede desentenderse, cuando se trata de litigios de esta naturaleza, del deber en que se encuentra, como lo advierte Héctor Cámara en su obra, de sondear con esmero hasta los más insignificantes detalles que rodean el hecho, porque un indicio que a prima facie parezca insignificante, puede darle el hilo conductor de la investigación’ (cas. Marzo 26/1985, mayo 10/2000, Exp. 5366), siendo necesario ‘que los indicios y las conjeturas tengan el suficiente mérito para fundar en el Juez la firme convicción de que el negocio es ficticio; lo cual sólo ocurrirá cuando las inferencias o deducciones sean graves, precisas y convergentes. Vale decir, la prueba debe ser completa, segura, plena y convincente; de no, incluso en caso de duda, debe estarse a la sinceridad que se presume en los negocios (In dubio benigna interpretatio ad hibenda est ut magis negotium valeat quam pereat)’ (cas. Junio 11/1991) CSJ SC, 13 de octubre de 2011, rad. 2002 00083-01).
No debe olvidarse, al respecto, que el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, le atribuye categóricamente al juzgador la libertad de ponderar las pruebas y obtener a partir de ellas su propio convencimiento, siempre y cuando, claro está, las examine conforme a los mandatos de la lógica, la ciencia y a las reglas de la experiencia, labor en la que, en principio, no puede ser desplazado por la Corte, dada la autonomía que en el punto tiene el Juzgador (CSJ SC 24 de marzo de 1998, rad. 4658).
7. Por manera que la única posibilidad de que la Corte se inmiscuya en la sentencia opugnada, cuando la inconformidad concierna con defectos de hecho o de derecho, alusiva a la actividad probativa cumplida por el juez de segunda instancia, sólo deviene posible si el dislate denunciado se muestra alejado de un mínimo de razonabilidad, coherencia y lógica; y, en cuanto que dicho desvío se erige decisivo o determinante de la resolución proferida, es decir, que sin la presencia de esa equivocación, las resultas de la sentencia hubiesen sido similares.
Empero, como la soberanía del juzgador de instancia en el punto no puede desbocarse hacía la arbitrariedad, cabalmente, porque su ponderación debe ser razonada, la labor del recurrente en casación sube de punto cuando trata de cuestionar la crítica que de la prueba haga el tribunal, pues puede acontecer que éste la hubiese percibido en su realidad objetiva, sólo que al razonar sobre ella, o sea, al pasarla por el tamiz que la lógica, la experiencia y la ciencia conforman, le reste credibilidad, ‘... de modo que sería vana una confrontación entre lo que el medio dice con lo que el tribunal afirmó de él, desde luego que en tal evento ambos coincidirían. Por el contrario, debe circunscribirse a demostrar que el fallador, desligado de toda lógica y sensatez, valoró antojadiza e inicuamente la prueba, o que la supuesta regla de la experiencia de que se vale, raya en lo absurdo, o porque se equivoca manifiestamente al creer ver en el proceso la hipótesis de aquella regla, sin que ella en verdad exista’.
Empero, en tratándose del recurso de casación, la cuestión asume un cariz distinto, pues no se trata de persuadir a la Corte en los términos anotados, sino la de convencerla, por medio de la demostración pertinente, de que la apreciación del recurrente es la única racionalmente posible, ejercicio que, ni por asomo, aquí se advierte. (CSJ SC, 4 de julio de 2002, rad. Nº 6316).
(…) Sucede, entonces, que por regla general las conclusiones razonables a que arribe en el punto quedan a salvo de reproche, y se mostrarán así impermeables al ataque en casación (sentencia de 11 de julio de 1990 y 24 de enero de 1992)’ (cas. Octubre 24/2006, Exp. 00058-01), pues, ‘… en la prueba por indicios se trata fundamentalmente de que el juzgador, por el hecho conocido, pase a descubrir el hecho que se controvierte’, ‘… no existe duda alguna acerca de que por regla general el debate sobre su mérito queda cerrado definitivamente en las instancias, y que la crítica en casación se reduce a determinar si por error evidente de hecho o de derecho estuvieron admitidos como probados o como no probados los hechos indicativos; si todas las conjeturas dependen exclusivamente de un indicio no necesario; y si la prueba por indicios es o no de recibo en el asunto debatido. Pero en lo que atañe a la gravedad, precisión, concordancia y nexo de los indicios con el hecho que se averigua, el sentenciador está llamado por la ley a formar su íntima convicción, que prevalece mientras no se demuestre en el recurso que contraría los dictados del sentido común o desconoce el cumplimiento de elementales leyes de la naturaleza’ (LXXXVIII, 176; CXLIII, 72); y ‘… aún en el evento de que surgieran dudas a través del nuevo examen de los indicios, es bien claro que el recurso extraordinario no podría fundarse en base tan deleznable como el estado dubitativo para decretar el quiebre de la sentencia objeto de acusación’ (LXXXVIII, 176 Y 177), (cas. Febrero 16/1996, CCXL, pp. 194, reiterada en Sentencia S-029 de marzo 15/2000, Exp. 5400, cas. Julio 16/2001, Exp. 6362, cas. Octubre 24/2006, Exp. 00058-01)’ (cas. civ. sentencia de 30 de julio de 2008, Exp. 41001-3103-004-1998-00363-01) –la Sala hace notar– CSJ SC, 13 de octubre de 2011, rad. 2002 00083-01).
8. Ahora bien, el asunto traído a esta corporación, por razón del recurso extraordinario, como se recordará, alude a la decisión del tribunal, reprobada por el recurrente, cuyo fundamento involucra, entre otras pruebas, la Escritura Pública Nº 0741 de 12 de marzo de 1997, exhibida tanto en primera como en segunda instancia. Precisamente, respecto de este elemento persuasivo se esgrimió el discurso impugnativo del tercer cargo, pues como lo reclama el censor, ante el a-quo, el instrumento público se incorporó en copia carente de la nota de autenticidad, mientras que otro igual llevado ante el ad quem, se adujo de manera extemporánea, no obstante que su procedencia y autoría sí fue atestada.
Al respecto, oportuno resulta comentar que existe una particular circunstancia que trunca la acogida de la queja formulada, en cuanto el actor, en la demanda de simulación, numeral 15, acápite de pruebas (fl. 125, cuaderno principal), solicitó que la Escritura Pública Nº 0741 de 12 de marzo de 1997, aunque la aportó en copia simple, fuera tenida como tal. En ese momento y, durante el trámite de primera instancia, no reparó en el texto o legalidad de dicho instrumento público, por tanto, en esta oportunidad, reluce inviable cuestionar ese elemento de prueba. Es evidente la contradicción.
“Es aplicable en este punto la tesis sostenida por la Sala, consistente en que un comportamiento como el que aquí se le atribuye al demandado ‘en cuanto concluyente e inequívoco en poner de manifiesto una aquiescencia tácita respecto del valor demostrativo integral de un terminado medio probatorio a pesar del vicio existente, excluye la posibilidad de que aquel, cambiando su posición y contrariando en consecuencia sus propios actos anteriores en los que otros, particulares y autoridades, fundaron su confianza, pretenda obtener ventaja reclamando la descalificación de dicho medio por estimarlo inadmisible’ (Cas. Civ., sentencia del 27 de marzo de 1998, expediente Nº 4993) (CSJ SC 30 de junio de 2011, rad. 1998 00238 01).
“(…) la oficina falladora le otorgó valor suficiente a los indicios derivados de la relación de parentesco entre vendedores y compradores; del móvil para simular; el tiempo de sospecha; el precio; la persistencia del enajenante en la posesión; la falta de demostración del recibo del dinero con que se pagó y de su inversión, inferencias que igualmente tienen respaldo testimonial; elementos probatorios que en conjunto lo llevaron a tener por cierta la irrealidad de las compraventas atacadas por el actor (…)” -folio 111 ib-.
“(…) procede la Sala a analizar el material de prueba con que se ha abastecido el contradictorio con el propósito de establecer si los hechos indicadores destacados habilitan de manera natural y lógica la inferencia de la irrealidad del negocio, para lo que es importante reflexionar” (fl. 112, cuaderno del Tribunal).
i) ‘La cercanía corporativa existente entre el ente moral –vendedor inicial– y las personas naturales (…) introducen serio motivo de duda’, aunque agregó que no siempre tal circunstancia conduce, fatalmente, a considerar que los actos que se celebren bajo esas condiciones son simulados.
ii) El desconocimiento por parte del inicial comprador (Luis Fernando Ramírez), de las condiciones de la negociación ‘genera una grave sospecha’, ‘inferencias de fantasía que se agudizan más si se tiene en cuenta la forma como posteriormente vendió, a mitad del precio de compra’ –la Sala hace notar–.
“El indicio aunque desdeñado en épocas pretéritas tiene ganado, en los tiempos que corren, un sitial importante y destacado en el campo del derecho probatorio, reconociéndose que puede suministrar al juez convicción íntima –certeza o probabilidad– acerca de la ocurrencia de los hechos desconocidos, pero en su apreciación éste debe ser muy cauteloso, como se anticipó, debiendo sopesar de manera muy juiciosa, de una parte, las razones que lo llevan a creer en la existencia del hecho desconocido, y de la otra, los motivos para no creer en él» (CSJ SC 27 de junio de 2005, rad. 0333 01) –La Corte resalta–.
Puestas así las cosas, al sentenciador le sobrevenía el compromiso probatorio de, acoger los indicios deducidos por el funcionario de primera instancia o, en caso contrario, exteriorizar las razones por las cuales, en palabras de esta corporación, no creía en ellos. Sin embargo, como se dejó señalado, el Tribunal no adujo argumento alguno (art. 187 C. de P. C.), para abandonar aquella prueba indiciaria a partir de la cual, el a-quo, apalancó el fallo opugnado.
(…) el hecho indicador, de ordinario, presenta un doble cariz: el que indica algo de una manera más o menos probable y el que –aunque menos verosímil– puede contradecirlo y eventualmente podría llegar a ser el real –contraindicio–, y como los dos no pueden ser verdaderos al mismo tiempo, conforme al principio filosófico de la contradicción que enseña que una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo, se requiere confrontar los dos extremos, de manera tal que de su cotejo pueda deducirse cuál de los dos es el pertinente.
Lo anterior deja ver que la apreciación de los indicios tiene que ser efectuada de manera dinámica, vale decir, confrontando los indicios con las circunstancias, con los motivos que los puedan desvanecer o infirmar, sea que tales circunstancias afloren del mismo hecho indicador o de otras pruebas que aparezcan en el proceso, lo que ha llevado a la Sala precisar que ‘dentro de las circunstancias y condiciones que determinan la eficacia probatoria del indicio, cabe destacar las que conciernen a la ausencia de “contraindicios” que infirmen su poder demostrativo, amén de que, por mandato del artículo 250 del Código de Procedimiento Civil, ‘El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás ´pruebas que obren en el proceso’ (cas. civ. 10 de mayo de 2000, Exp. 5366)’ –La Corte resalta–.
Es requisito, entonces, para la eficacia de la prueba indiciaria, la ausencia de contraindicios y de motivos infirmantes de las inferencias que de ellos se tiene, que le quiten convicción a los primeros, como lo informa el profesor Devis Echandía en el tomo III del compendio de pruebas, editorial Abc, Bogotá, 1988, pág., 520 y lo ordena el artículo 250 del C. de P. C., al expresar que en la apreciación de los indicios se tendrá en cuanta su relación con las demás pruebas que obren en el proceso.
Debe sumarse que el valor del fundo, expuesto por las mismas partes, rondaba los $200.000.000.oo. M/te., sin embargo, la transferencia se hizo por menos de la mitad. Agrégase que para la enajenación del predio se designó como representante para esos efectos a Francisco Javier y, este, al formalizar la venta por cuenta del señor Ramírez, lo hizo en favor de Diego Francisco Ocampo, su hijo, quién, en un comienzo, cuando se concertó la protección de los bienes, fue señalado por la representante legal de la sociedad, por insinuación de Francisco, para que recibiera el inmueble.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que el doce (12) de abril de dos mil doce (2012), profirió la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de simulación que presentó Norma Constanza Ocampo de Ramírez contra Diego Francisco Ocampo Tobar; Luis Fernando Ramírez Montoya e Inversiones Agropecuarias Sinforoso Ocampo C. y Cía. S. en liquidación.
Con el fin de que concurra a tomar posesión, se señala la hora de las 11.30 del día ____ 26____del mes de febrero del año que avanza. La Secretaría le comunicará el nombramiento en la forma y términos regulados en el artículo 9º del C. de P. C.

References: in casu
In dubio
 artículo 187
 resolución 
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 9