Source: http://realidadyjusticia.es/content/cabas-oeste
Timestamp: 2020-02-20 05:09:16+00:00

Document:
Cabas Oeste | Realidad y Justicia
Enviado por Realidad y Justicia el 25. Octubre 2014 - 21:39
---Página en reestructuración ---
Denuncia Guardia Civil - Seprona
JCCM Consejeria de cultura
JCCM Inspección General de Servicios
En nuestro empeño de dar a conocer el funcionamiento de nuestras Instituciones, la existencia de Empleados Públicos cuyas actuaciones difícilmente encajan con el guión que marca la legalidad, las practicas que utilizan y las razones de que se materialicen, presentamos, actualizado, otro asunto de Patrimonio Histórico. El esquema de desarrollo responde a cada una de las actuaciones llevadas a cabo en cada una de las instituciones que han participado y es el siguiente.
No son pocas las ocasiones en las que escuchamos hablar de la expoliación o destrucción de nuestro Patrimonio Histórico. Llegado el caso es inevitable pensar en desaprensivos sin escrúpulos que poco les importa el Patrimonio Cultural y el Interés General. ¿Alguna vez han pensado que esa destrucción o expolio se pudiera producir o consentir por aquellos que tienen, precisamente, la obligación de protegerlo?
El objeto de este asunto es el derribo de un elemento de Patrimonio Histórico. Se denuncia la destrucción, de lo que siempre se consideró, uno de los últimos restos de la muralla que rodeaba una localidad alcarreña, Escamilla. Lo que se derriba es lo que aparece en las siguientes fotografías
Sin duda ninguna; todos aquellos que tengan una relación independiente con el Patrimonio Histórico, lugareños y aquellos colectivos que realizan su actividad en el sector de la construcción, arquitectos, aparejadores y los propios constructores, habrán observado la singular naturaleza de la construcción a la que pertenecía el muro que se derriba. No serán pocos a los que les resultará suficiente con la imagen de las fotografías, porque una imagen vale más que mil palabras, para determinar la naturaleza del mismo.
Para todos aquellos que carezcan de conocimientos en esos ámbitos, una aproximación a la realidad de esa naturaleza la podemos extraer, entre otras características, del grosor del muro. A continuación, pondremos en relación éste con las medidas de elementos del contexto fotográfico y con su entorno inmediato.
Tanto el documento 1 como el 2 ponen en relación el grosor del muro con la parte trasera que se ve del vehículo y la altura de su piloto, con unas dimensiones de unos 80 y 25 cm respectivamente. En ambos casos se puede ver que el muro supera los 80 y cuatro veces los 25 cm, en consecuencia estaría dentro del abanico de medidas en el que se construían las murallas medievales que el propio Jefe de Servicio de Patrimonio Histórico de la Delegación de Cultura, Miguel Ángel García Valero, concreta en alguno de los documentos contenidos en este asunto "...espesores cercanos al metro o dos metros." Podremos observar fotografías que sitúan la anchura del muro derribado sobre 1,20m.
La propia factura del muro derribado que se observa en la fotografía "relleno interior de mampuestos con argamasa y caras exteriores de hiladas de mampostería" sirve también de ayuda. Dos caras exteriores de hiladas de mampostería que en condiciones normales de construcción no tendrían una anchura menor de 25cm (50cm) vienen a suponer la mitad del muro, y un relleno interior de mampuestos de argamasa la otra mitad. Un total de un metro de anchura como mínimo
Para terminar; una última aproximación la encontramos en la localización del muro que se derriba, calle cabas en el número 6 junto al número 4, y los restos de la muralla que en la pared de este último inmueble todavía siguen existiendo.
No menos relevante es la formalidad legal que rodea este derribo y la posterior construcción. Elemento de juicio, sin duda, para analizar, valorar y crearse una opinión de las actuaciones, privadas y públicas, que con este motivo se realizan. A fecha 24 de septiembre de 2010, más de un año después de la primera denuncia, ni derribo ni construcción están autorizados como los documentos que se acompañan acreditan.
Sin ni siquiera entrar a valorar la naturaleza de la construcción a la que pertenecía el muro derribado, ya presentamos una realidad Institucional desalentadora. Tendremos la oportunidad de comprobar cómo en nuestro Estado de Derecho actuaciones que en ningún momento están dentro de la legalidad, acaban siendo legales. Si además sus conocimientos les llevan a concluir la condición de parte de la muralla del muro derribado, la realidad Institucional se tornará surrealista; que una realidad pueda haber desaparecido en manos de quienes tienen la obligación legal de protegerla no es algo que quede documentado todos los días. En cualquier caso será cada uno quien extraiga sus propias conclusiones.
No obstante; no queremos terminar esta introducción sin hacer referencia al valor didáctico, esclarecedor y de aproximación a las realidades políticas, económicas y sociales que hemos vivido y estamos viviendo en nuestro país como ya hemos apuntado.
En las condiciones que conocemos, entendemos que nada de lo que aquí aparece tendría que haber sucedido y dos son los motivos:
1- Tanto derribo como la posterior construcción carecían de autorización.
2- Mientras alguien, y no importa que sea alguno de los que ha participado en este asunto, no nos diga a qué construcción pertenece el muro que se derriba, porque a alguna construcción ha de pertenecer, un muro de más de cuatro metros de altura y más de un metro de anchura que se eleva sobre el trazado de la antigua muralla, creemos que existen suficientes elementos de juicio para concluir que son restos de ésta.
Denuncia Guardia Civil, SEPRONA.
La primera de las actuaciones de la que sabemos en relación con este tema, es la puesta en conocimiento de los hechos a la Guardia Civil en el Servicio del SEPRONA. Sabemos, por los documentos que se irán aportando, que se cursa visita. Desconocemos los efectos que tiene la misma y en ningún caso las obras se paralizan debido a su ilegalidad. Esta es la denuncia a la que acompañaban algunas de las fotografías que han podido ver en la introducción.
JCCM Delegación de Cultura
El 24 de julio de 2009, en buena lógica como el Órgano Competente Autonómico, se comunica el derribo a la Delegación de Cultura de Guadalajara. Acompañan a la misma dos solicitudes de Información y la correspondiente documentación fotográfica. Se adjunta toda la documentación que genera esta fase.
pdf de la documentacion
Lo más destacado de esta fase escapa a la mirada de cualquiera que lea esta web y es la primera de las sorpresas con las que nos vamos a encontrar en el desarrollo de este asunto. José Antonio Herce Inés, quien mantiene la relación técnica, profesional y de servicio con el propietario de la obra que da lugar a los hechos que se denuncian, es un colaborador de la Delegación de Cultura de Guadalajara. A partir de aquí este asunto adquiere una nueva dimensión, que la actuación de quienes representan a la Delegación de Cultura pueda, insistimos en que siempre en términos hipotéticos, estar encaminada a favorecer los intereses profesionales del Sr. Herce Inés. Habremos de estar pendientes no solo de lo que se hace, también de lo que no se hace, de su conformidad con la legalidad exigida y los efectos que, sobre los intereses de este conocido de la Delegación de Cultura, producen.
Siguiendo con la documentación que genera esta fase, entre otros aspectos destacables cabe considerar:
1º La recusación planteada no se tramita en ningún momento, lo que puede perjudicar la actuación del interesado.
2º Tampoco hay abstenciones, lo que puede beneficiar los intereses del Sr. Hece Inés y su cliente.
3º La vista del expediente "Arrabal de la gotera", entre otras cuestiones, se dificulta de manera innecesaria, se puede observar lo burdo de la práctica. La desarrollaremos de manera individualizada en un apartado posterior.
3º Fruto de esta denuncia no se cursa visita al lugar de los hechos por parte de los responsables de Patrimonio Histórico. La trascendencia de este comportamiento se pondrá de manifiesto en la justificación de las conclusiones a las que llega el técnico de patrimonio y conocido del Sr. Herce Inés, Miguel Ángel García Valero, en el informe que realiza cuando cursa visita tras la intervención de la Consejería y la Inspección General de Servicios.
No queremos terminar este apartado sin hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana. Tenemos conocimiento de la posibilidad de que entre los meses de septiembre y octubre de ese mismo año se pudiera haber tramitado desde el Servicio de Patrimonio un asunto similar. Esto pondría de manifiesto una dimensión de voluntariedad en el retraso a la hora de cursar visita al derribo.
Ni que decir tiene que detectar que el derribo y la construcción objeto de este asunto es ilegal, nada de nada.
JCCM Consejería de Cultura
Ante la pasividad y falta de respuesta de la Delegación de Cultura de Guadalajara a la denuncia planteada con fecha 24 de septiembre de 2009, en paralelo con la Inspección General de Servicios (4 de septiembre de 2009), también se pone en conocimiento y se solicita la intervención de la Consejería de Cultura, con Mª Soledad Herrero al frente, en el asunto que nos ocupa. Queremos recordar en esta fase, como lo haremos en otras posteriores, que todo este asunto gira en torno a una construcción que no tiene autorización municipal. Será capaz la Consejería de Cultura de detectar este extremo. Incorporamos el escrito de puesta en conocimiento.
La preocupación por la correcta actuación del Órgano inferior, su Delegación en Guadalajara, se plasma en escrito de 18 de diciembre de ese mismo año que seguidamente incorporamos, en él se observa como el propio Órgano inferior se encarga de elaborar un informe que será la base de la contestación. Tendremos oportunidad de ver como en muchos de sus extremos no es cierto y como se le facilita la posibilidad de rectificarlo con posterioridad a su propio autor, Miguel Ángel García Valero. Insistir en que no se olvide la relación que se establece entre la Delegación de Cultura y el técnico responsable de las obras del inmueble donde se sitúa el derribo.
pdf de la contestación Informe
El documento, tras una síntesis de las cuestiones planteadas, se limita a reproducir las contestaciones ya recibidas del mencionado Órgano inferior y a incorporar un informe de la visita al lugar del derribo. La aquiescencia y el retraso en dar trámite a la denuncia por parte del personal a su servicio en Guadalajara no parece que sea algo que ni siquiera se tenga en cuenta. En cualquier caso ahora sí, bien por la intervención de la Consejería, la Inspección General de Servicios o ambos, no ha quedado más remedio que cursar esa visita.
Afrontamos en esta fase una de las actuaciones más trascendentales del procedimiento, la visita al derribo. De su importancia darán cuenta las actuaciones posteriores. No creemos necesario recordar que una correcta y completa información es la base para unas posteriores y acertadas conclusiones, ni que cualquier error u omisión en el informe al que da lugar puede alterar las apreciaciones que del mismo se pudieran extraer pero, quién puede tener interés en que esto sea así.
Entrando de lleno en el análisis del contenido del informe, vistos y comentados ya los primeros párrafos de la contestación, nos centraremos en el informe de la visita a la obra que se extiende desde el párrafo dos de la página dos hasta el final del documento y que desgrana las conclusiones de la visita al derribo.
Comenzar diciendo que una nueva sorpresa nos espera en el párrafo 5 de la página 2. José Antonio Herce Inés, el que es el Técnico al servicio del dueño del muro derribado y colaborador de la Delegación de Cultura es además el Arquitecto Técnico Municipal de Escamilla. No quedan ahí las cosas; también es un conocido del técnico que realiza el informe, Miguel Ángel García Valero, como en documentos posteriores se podrá contrastar. Podrá el técnico de Cultura ser objetivo e imparcial a la hora de elaborar el informe, es ya el retraso en acudir al lugar del derribo una manifestación de esa falta de objetividad, nos preguntamos. El documento que acredita esta relación es el siguiente.
Lo que no es una sorpresa, porque desde que comenzamos este asunto sabemos que es mentira, y esto puede ser otra respuesta a la pregunta anterior, es que "...fuera informado de la demolición de la edificación preexistente y a su vez informó de la nueva construcción". Sabemos que a fecha 24 de septiembre de 2010 no están los documentos que acreditan esto en el expediente y que lo que se había realizado no tenía autorización, era ilegal. Además el Ayuntamiento de Escamilla nunca ha facilitado la documentación que acredite que ni a mediados de 2009 ni después José Antonio Herce Inés estuviera a su servicio (lo podremos ver).
Hechas estas salvedades, útil sin duda para tener una visión de contexto en lo que queda por seguir viendo; seguiremos adentrándonos en el informe en el orden de su elaboración y así en su primer párrafo, el 3 de la página 2, ya encontramos las primeras contradicciones. Además del libro de Francisco Layna Serrano respecto al Castillo y Murallas de Escamilla y de forma directa, se le olvida al Sr. García, que el Sr. Herce consulta sendos informes en relación con este tema, concretamente: "Informe previo emitido por los servicios técnicos del Ayto. de Escamilla" e "Informe sobre la protección y catalogación del Castillo y Murallas de Escamilla, de la Delegación en Guadalajara de la Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha", salvo que esto también sea mentira. No se acuerda tampoco de la existencia de un Entorno de Bien de Interés Cultural que él mismo recoge en otro informe suyo, en consecuencia proceso formal de tramitación, norma que lo aprueba y plano que lo delimita; salvo que ese informe, lo acompañamos, también sea mentira (invitamos a quien tenga interés a localizar el plano que lo delimita y la norma que lo crea). Añadir a esta documentación la resolución del expediente "Obras de pavimentación C/ Arrabal de la Gotera" de esta misma localidad y de su mismo centro de trabajo en relación con la protección de estos elementos de patrimonio. De forma indirecta cabe remitirse a la normativa sobre Patrimonio Histórico. Sin duda suficiente documentación bibliográfica para hacerse una idea de la formalidad que rodea a lo que nos enfrentamos, así como una muestra del actuar de quien elabora el informe.
La exhaustividad en el análisis de los elementos que rodean el lugar del derribo comienza con una glosa del libro del mencionado historiador, párrafo 4 de la misma página, del que desconocemos su objeto y utilidad, para qué lo introduce y qué nos aclara respecto de la cuestión de fondo. En el párrafo 5 podemos observar la fecha de la elaboración, la fecha en la que cursa la visita y lo que no hay, ni hay muro ni restos del muro, posiblemente consecuencia lógica del retaso en dar curso a la denuncia. También podemos ver que en la localidad no hay Carta Arqueológica, en buena lógica no se puede ver y convierte en innecesaria cualquier razón exigida para su consulta y una nueva contradicción derivada del informe de fecha 5 de septiembre de 2005, que acabamos de ver.
Inmersos en el párrafo 6 de la página 2 y primero y segundo de la 3; se procede al estudio pormenorizado de las construcciones adyacentes, un examen minucioso en busca de restos de la muralla medieval. Repetidas veces se concreta que el estudio es de las fachadas de la parte izquierda del inmueble donde se derriba el muro, constatando la dificultad de identificar restos de la muralla. Así las cosas; observamos la ausencia de referencia alguna a la parte derecha, qué hay a ese lado del inmueble que no llama la atención del inspector, del que recordemos es conocido del Técnico que asesora al propietario de la obras, y por qué la ausencia de referencias a esta zona. A simple vista se puede ver, coronado por una higuera, uno de los restos de muralla que todavía quedan allí. Las siguientes fotografías, incorporadas ya en la introducción, y la visita de todo aquel que lo desee dejan constancia de lo que aquí decimos, el muro derribado estaba a la altura del vehículo que aparece en la imagen. El trazado y el grosor de la muralla (el jalón colocado encima tiene 1m de longitud), elementos básicos, definitivos y concluyentes para extraer cualquier conclusión, quedan perfectamente delimitados.
Termina el informe con la incoación de un expediente, a buenas horas, que si no va a arrojar luz sobre lo sucedido, sí será una muestra del proceder de nuestras Instituciones y concretamente del Servicio de Patrimonio de la Delegación de Cultura de Guadalajara y su máximo responsable. Asusta pensar que realidades materiales, con las evidencias que describe la documentación que se aporta, no se puedan identificar o, lo que es peor, puedan desaparecer. Si es así, tratamos y trataremos de desvelar cómo.
Hechos los comentarios que hemos creído oportunos respecto del informe que incorpora la contestación, continuamos presentando la documentación de generada en la tramitación. Continuamos con la contestación que el escrito despierta en el interesado y que dirige a la Consejería, en la que destapa las contradicciones que contiene el informe, alguna más de las que hemos apuntado en su examen.
Preguntas concretas y en apariencia intrascendentes quedan sin respuesta y abren paso a un planteamiento cuando menos curioso, una sentencia del TC en relación con el desarrollo de actividades paralelas a la función pública cuando pudieran afectar negativamente al desarrollo de esta última. Así la doctrina constitucional; hemos podido conocer que el autor del informe, Miguel Ángel García Valero, desarrolla actividades docentes como profesor tutor en el Grado de Geografía e Historia, también en carreras equivalentes en planes académicos anteriores, y en diferentes asignaturas en el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Guadalajara. Retraso, contradicciones y errores sobre los que no queremos pensar que podrían tener su origen en el incumplimiento, otra vez, de una sentencia de TC. Que sus actividades fuera de la Administración lo distraigan de sus obligaciones de Empleado Público, sin duda, derivado del cumplimiento de esta sentencia, ya no cabe hablar de exceso de trabajo como justificación al retraso en cursar visita al derribo.
Llegados a esta fecha se ha procedido ya a ver el expediente de obras de la C/ Arrabal de la Gotera, como en la fase dedicada a la Inspección General de Servicios se tiene la posibilidad de comprobar, y al parecer su examen no está exento de irregularidades de las que también se da traslado a la Consejería en cuestión.
En este caso, porque no siempre es así, hemos tenido la suerte de que la Administración ha contestado a las manifestaciones de los escritos de referencia, vamos a poder seguir viendo el interés que la actuación del personal a su servicio les despierta. Se denuncian irregularidades en el informe y la vista del expediente y es a su propio autor a quien se le encarga el apreciarlas, porque es otro informe suyo el que ocupa el contenido de la contestación. Se confía en su objetividad e imparcialidad y se le brinda la oportunidad de que justifique o modifique las irregularidades que se denuncian. Se renuncia al deber de control, una manera de hacer oídos sordos y mirar para otro lado ante las irregularidades que se plantean, algo que por otra parte es muy habitual en la actuación administrativa.
No sabemos si después de ver y leer esta nueva contestación a alguien le pueden quedar dudas de por qué los controles administrativos no funcionan. Por otra parte; no son pocas las veces que escuchamos que "El papel lo aguanta todo". Desde esta página estamos en condiciones de afirmar, y este mismo asunto deja constancia, de que el papel aguanta lo que quien lo tiene que leer quiera que aguante. Axiomas, cuestiones básicas, los propios contenidos en él recogidos, documentos previos o posteriores, la realidad que describen o las denuncias de terceros, son, entre otros, buenos indicadores de que las cosas van por distinto camino al que el papel pueda estar reflejando. No obstante; no hay muchas alternativas, mirar para otro lado o buscar que hay de cierto o incierto. En ocasiones pareciera que hay empleados públicos que no buscan para no encontrar y no descubrimos nada nuevo. Incorporamos y comentamos esta nueva contestación.
pdf de la contestación Consejeria
Abundando en la contestación de Miguel Ángel García Valero; los puntos 1 y 2 son más de lo mismo, sobra retórica y faltan las oportunas referencias a los artículos de la Ley que justifican sus requerimientos. Petición razonada no es lo mismo que petición individualizada, en una clara incongruencia con lo que se pregunta. Ni aclara por qué se exige justificar la condición de interesado cuando la doctrina de TC lo deja claro. Uno de los efectos, perseguido o indirecto, dificultar la participación del ciudadano.
El punto 3 junto con el nº 5, son para enmarcar. Son para verlos antes de salir de casa y hacernos una idea de lo que nos espera cuando crucemos el umbral de la puerta a la salida, máxime si vamos a lidiar con la Administración. La rotundidad con la que el primer informe recogía que "La única documentación bibliográfica existente para el castillo y recinto amurallado de Escamilla la encontramos en la obra de F. Layna Serrano" y que "El municipio de Escamilla no cuenta con ningún tipo de planeamiento urbanístico ni con carta arqueológica, que permita la delimitación y corroboración del recinto murado y su correspondiente nivel de protección", desaparece como justificación de la falta de interés por el derribo. El jefe del Servicio que durante varios meses no impulsa la tramitación de la denuncia que da origen a este asunto, después de aclarar que el objeto de la misma está desaparecido, se despacha con que "[...] no podemos pronunciarnos técnicamente [...] sin al menos una inspección visual de este elemento hoy desaparecido". Por suerte el Sr. García no es el único que tiene conocimientos en esta materia y ahora, con los datos que aquí aportamos, corresponde a quienes los posean sacar sus propias conclusiones. Ha habido que recordarle actuaciones previas para que modifique su justificación.
No queremos dejar pasar por alto dos aspectos que se pueden poner en relación con otros puntos de este informe o documentos de este asunto. El primero, la descripción de la factura del muro derribado. El segundo, el tratamiento a la documentación fotográfica aportada.
En el punto 4 comienza de manera expresa, el ya comenzado de manera tácita, eterno rectificar del Sr. García, la corrección de errores. Ya sabemos que la fecha en la intervención del Arquitecto Municipal es un error de entidad menor. Recordar aquí la sentencia del TC 178/1989 por si la realización de actividades paralelas a la función pública fueran las causantes de estos repetidos lapsus, le impidieran estar centrado en su actividad administrativa.
Lo más importante del punto 5; es el reconocimiento expreso de que sobre las murallas existe una protección genérica otorgado por la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español. El Sr. García donde dijo digo, ahora dice Diego; ahí es nada, totalmente lo contrario y sin duda una de las características de sus actuaciones. Otro error imperdonable de quien ha elegido estar del lado de la Ley y tiene la obligación legal de hacer de ésta el guión de su actuación. Si el muro derribado era muralla estaba protegido.
Respecto del expediente de la calle Arrabal de la Gotera, que se recoge en el apartado dedicado a la Inspección General de servicios como hemos indicado, queremos destacar que la descripción de la fábrica del muro que se pretendía derribar es descrita por el Sr. García de forma idéntica a la que realiza del muro de la calle Cabas oeste derribado, otra aproximación a la naturaleza de éste. Por otra parte es suficiente que el Ayuntamiento reconozca que el muro es parte de la muralla para que no cuestione su naturaleza. En nuestro asunto, si se han dado cuenta, nadie ni del Ayuntamiento ni siquiera de la localidad ha participado en este tema salvo el Sr. Herce, y ya sabemos que con claros intereses profesionales, y, como veremos en un punto posterior, sin que la Corporación Municipal sepa de los trámites que realiza Cultura.
Respecto del expediente del garaje; nos llama la atención la justificación en la que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico basa su resolución, "Al estar en un entorno de Bien de Interés Cultural". Hemos de decir que en Escamilla no hay entornos de Bien de Interés Cultural que ponga límites de uso a la propiedad privada. Bastará con que busquen el Decreto o el Real Decreto que lo establece y el plano que lo delimita, características o requisitos de esta figura de protección, para confirmar su inexistencia y así lo reconoce la propia Riánsares Serrano Morales en el documento que se aporta al final de este párrafo. Además, como ya ha quedado de manifiesto, el Registro de Bienes de Interés Cultural recoge con tal calificación únicamente la Iglesia Parroquial de la localidad. Por último, recordar también que los límites a la propiedad privada han de estar establecidos por Ley, artículo 33 de la Constitución Española. Así las cosas; estaría bien que alguien nos aclarara cuáles son los inmuebles que están obligados a remitir sus proyectos de obra a la Delegación de Cultura y cómo saben los propietarios cuáles son las posibilidades de construcción de los mismos.
Antes de dejar que en el punto 6 cada lector saque sus propias conclusiones, queremos recordar que la contestación que se comenta está modificando, en un porcentaje muy elevado o casi en su totalidad, el informe del que se denuncian irregularidades. Ni que decir tiene; que recogía manifestaciones que se mantienen en la contestación que analizamos que no son ciertas, entre otras cuestiones. Destacando la nula colaboración del Ayuntamiento de Escamilla recogida en el punto 7, llegamos al punto 8 en donde se nos presenta al autor del informe elaborado en la visita al lugar del derribo y Jefe del Servicio de Patrimonio Miguel Ángel García Valero y al que llevamos haciendo referencia repetidamente en este asunto.
Y en el punto 9, la guinda del pastel. Si el Ayuntamiento de Escamilla no tiene conocimiento de las actuaciones llevadas a cabo desde Cultura ¿quién autoriza y a quién representa el Sr. Herce a intervenir, o al intervenir, en este asunto como Arquitecto Técnico? ¿Qué hace el arquitecto municipal interviniendo en un asunto municipal en el que tiene intereses profesionales sin que el Consistorio lo sepa? ¿De verdad mandan en nuestros pueblos, los Alcaldes y Concejales democráticamente elegidos?
También recoge este escrito la contestación a las irregularidades observadas en la vista del expediente de la calle Arrabal de la Gotera. La fotografía de la página 3, efectivamente, no corresponden a ese expediente que se consulta. La constatación de que los expedientes administrativos se pueden alterar de manera intencionada o fortuita, pero se alteran. Otro de los ya repetidos errores materiales. Entendemos que correctamente aplicada la Ley de Archivos de Castilla la Mancha, este error es innecesario, evitable y que no se tendría que haber producido. Un expediente de 1997, con más de cinco años desde su finalización, debe ser gestionado por el personal cualificado encargado de los archivos centrales o intermedios y no por quienes sólo deberían gestionar los archivos de oficina de apoyo a la gestión. Sin duda lo que se pone de manifiesto, independientemente de la falta de cualificación del Sr. García en esta materia y de que puede estar invadiendo competencias de otros Empleados Públicos, el control total de la actividad que gestiona. La justificación del error en la abundante documentación generada por los expedientes del interesado se verá cuestionada, nuevamente, cuando se le solicite que concrete las referencias de los expedientes que la contienen, como veremos en el apartado de la Inspección General de Servicios, al no dar contestación.
Solicitaba el Sr. García al Ayuntamiento de Escamilla el expediente Administrativo de la construcción denunciada y será con fecha 24 de septiembre de 2010 cuando se le remita. Ya lo adelantábamos en la introducción como un documento destacado en el desarrollo de este asunto. Constatará que las manifestaciones de su conocido el Sr. Herce que recogía en su informe inicial eran mentira, no informó la nueva construcción y que además sus trabajo lo está realizando sobre un derribo y una construcción ilegales, sin autorización. Si nos centramos en la contestación manuscrita del Alcalde, incluso, ni estaba al servicio del Ayuntamiento, podemos ver como el escrito, documento 3, hace referencia, a "...la Arquitecto Municipal" con lo que ni siquiera pudo ser informado de la demolición. Veremos como en el apartado dedicado al Ayuntamiento la solicitud de esta información no es atendida.
No podemos terminar sin contestar a la pregunta que formulábamos al principio de este apartado, y sí, el Sr. García ya conoce que la construcción del cliente de su conocido, colaborador de la Delegación de Cultura y Arquitecto Municipal, es ilegal. No tenemos constancia de que lo ponga en conocimiento de la Consejería de Cultura, representada por Luis Martínez García, ni de las autoridades competentes.
Ante la pasividad y falta de respuesta de la Delegación de Cultura de Guadalajara a la denuncia planteada, con fecha 4 de septiembre de 2009, tanto el derribo como la actuación de esta Delegación se pone en conocimiento de la Inspección General de Servicios que se tramitará en paralelo con la puesta en conocimiento a la Consejería de Cultura.
Asistimos a una actuación, la de la Inspección General de Servicios, innecesaria. Está demás el recordar aquí que tanto nuestra Constitución como la Ley 30/92 someten la actuación de la Administración al Derecho y que su estructura es jerárquica. Además de la obligación legal de actuar conforme las normas establecen las actuaciones quedan bajo el control del superior jerárquico, la Inspección General de Servicios, desarrolla una actividad que pueden y deben realizar otros Órganos, los jerárquicamente superiores.
Está de moda en los últimos años hablar de las duplicidades de los Órganos administrativos, aquí podremos ver como Consejería de Cultura e Inspección General de Servicios intercambian actuaciones y someten la actuación del personal de la Delegación de Guadalajara a control, al mismo control. Cuestión distinta es el depurar responsabilidades.
Después de recurrir a la intervención de la Inspección General el 18 de diciembre se recibe contestación de la Consejería de Cultura, comentado en su apartado específico, la misma que contiene el informe de la visita al derribo del Jefe de Servicio de Patrimonio Histórico.
Como se apunta en otras fases; parece que ahora sí, no queda más remedio que cursar visita a la obra denunciada. Suficiente para seguir viendo la realidad de la aplicación del derecho por algunos de nuestros Empleados Públicos. Después de más de cuatro meses perdidos en visitar el lugar de los hechos que han servido para que desaparezca, ante los ojos de personal cualificado, parte de las evidencias materiales sobre la naturaleza de la construcción a la que pertenecía el muro derribado, como ya se apuntaba.
Realizada la visita al derribo fruto de la intervención de la Consejería, la Intervención General o los dos, se pone de manifiesto el incorrecto proceder de la Delegación de Guadalajara y del personal a su servicio. Se sigue desatendiendo y siguen quedando pendientes pretensiones del interesado, por ejemplo ver el expediente de la C/ Arrabal de la Gotera. La tramitación de esta pretensión la veremos a continuación, lo que lleva aparejado, otra vez, que hay obligaciones que se incumplen y derechos que se conculcan, pérdidas de tiempo, gastos innecesarios y una realidad de nuestra Administración Pública poco tranquilizadora.
La tramitación de esta originaria pretensión se concreta en los siguientes escritos.
pdf vista expediente
El que siga este asunto desde el principio recordará la forma burda y torticera en la que Riánsares Serrano Morales materializaba este Derecho, fijaba el momento del acceso al expediente antes de que el interesado pudiera tener conocimiento del mismo. Queremos destacar el comportamiento de esa Delegación y su responsable desde ese momento hasta el requerimiento de la Inspección General de Servicios que va a facilitar de nuevo ese acceso. De nuevo Empleados Públicos dejan de estar al servicio de la Ley y su actuación requiere ser reconducida por otros Órganos o Servicios, y en ningún caso se depuran responsabilidades.
Dicho lo anterior; queremos hacer un alto en el último de los escritos que hemos presentado, el escrito de 12 de febrero de 2010 con registro de salida desde la Delegación de Cultura 143672 y en su contenido, concretamente la frase "debido a que no pudo personarse en la fecha comunicada en escrito de esta Delegación Provincial de fecha 4 de agosto de 2009". Cualquiera que no conozca lo sucedido y lea ese escrito es posible que entienda como una muestra de buen hacer y generosidad por parte de la Srª. Serrano el facilitar de nuevo el acceso al expediente. Desde aquí que sabemos que es fruto de un tirón de orejas lo entendemos como una muestra de cinismo e hipocresía de toda una Delegada de Cultura, un cargo público. Hace falta tener la cara dura y poca vergüenza para redactar y justificar de esta manera este nuevo acceso al expediente de la C/ Arrabal de la Gotera del que incorporamos su contenido.
pdf expediente C/ Arrabal de la Gotera
Como hemos podido observar durante todas las fases de este asunto, no ha sido fácil acceder a ver este expediente. La sucesión de actuaciones que integran los actos administrativos quedan o deberían quedar plasmadas físicamente en documentos y estos recogidos en sus respectivos expedientes para dejar constancia de todo aquello que se lleva a cabo por quienes los tramitan. Aciertos, desaciertos e incluso irregularidades se consolidan en los mismos, por lo que no resulta extraño que se pretendan dejar que el olvido, esconder o dejar que el paso del tiempo sea su protector.
Efectivamente la existencia misma de este expediente sigue confirmando las contradicciones del informe que elabora Miguel Ángel García Valero en su visita al derribo. Respecto del castillo y murallas de Escamilla hay algo más que el libro de un historiador provincial, hay actuaciones de su propio Servicio, y que decir de la veracidad de algunos de los extremos que el informe recoge. Nos limitamos aquí únicamente a plasmar la contradicción entre las dos actuaciones habida cuenta que son conocidas o se conocerán por quienes se interesen por este asunto.
Incorporados los documentos del expediente, lo primero que observamos es que ningún Empleado Público se hace responsable de esta actuación. Se repiten las actuaciones anónimas. Destacar, por otra parte, el contenido de la página 3, las fotografías que se acompañaron con las denuncias del derribo de la C/ Cabas Oeste al SEPRONA y a la Delegación de Cultura. Fotografías de 2009 en un expediente administrativo de 1997 y en un asunto diferente. Veremos las explicaciones que desde la Delegación de Cultura se ofrecen al respecto, se apresurará el Sr. García Valero a justificar la no intencionalidad de su existencia. No es la primera vez que observamos desde esta asociación que los expedientes administrativos, por las razones que sean, modifican el contenido que deberían de tener, como en este caso.
Sin detenernos en la solicitud, se pretende derribar un trozo de muralla para despejar el trazado de una calle, y el resto de la documentación fotográfica del contenido de la página 8, la resolución, nos ha llamado la atención.
Las habilidades y destrezas de los componentes de aquella Comisión. Con la documentación fotográfica que aporta el Ayuntamiento son capaces de identificar y concretar que el muro que se pretende derribar pertenece a la muralla que rodeaba la localidad, como así es. No hemos dudado nunca que las fotografías son, como siempre lo han sido, un elemento decisivo, no sólo para determinar la naturaleza del muro derribado sino para evidenciar la realidad de las actuaciones de nuestras Instituciones Públicas en general y de la Delegación de Cultura y su Servicio de Patrimonio en particular. Ya tuvimos la oportunidad de referirnos al panorama Institucional que se plantea si de las mismas llegan o han llegado ya a la conclusión que el muro derribado era muralla.
En contra de lo que Miguel Ángel García Valero recoge en alguno de sus informes, no es necesario que haya Carta Arqueológica que delimite y corrobore el trazado del recinto murado ni su correspondiente nivel de protección para que los restos de la muralla existentes queden protegidos por el mero hecho de formar "parte del legado histórico y cultural de la localidad".
Nos ha llamado la atención en las actuaciones de la Delegación de Cultura, tanto presentes como pasadas, la ausencia a referencia concretas a fundamentos de derecho que justifiquen su manera de proceder y garanticen a los ciudadanos su sometimiento al Derecho, como nuestra Constitución y la Ley 30/92 exigen.
Visto y comentado el expediente de la calle Arrabal de la Gotera, se denuncian las irregularidades observadas, la incorporación de fotografías actuales, en escrito de 24 de febrero de 2010 a la Consejería de Cultura al que se da contestación en escrito de 24 de agosto de ese mismo año. Los comentarios al respecto están contenidos en el apartado específico de esa Consejería reproduciendo aquí nuevamente el mencionado escrito al objeto de centrar y contextualizar los comentarios.
Vista la contestación a de los escritos de 23 y 24 de febrero de 2010, con fecha 15 de abril de 2011 y registro de entrada 722816, se cursa un escrito de 16 folios en donde se sintetizan las irregularidades que observa el interesado en el conjunto de las actuaciones y las razones de su apreciación. Recordemos en este momento que en la fecha en la que se redacta este escrito la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha ya tiene conocimiento que este asunto se circunscribe en un contexto de ilegalidad, el Ayuntamiento de Escamilla le comunicó el 24 de septiembre de 2010 que la construcción objeto de la denuncia carece de autorización en una doble dimensión, derribo y edificación de garaje. Continuamos incorporando esa extensa síntesis.
pdf Síntesis de irregularidades
Sobre este documento ya hemos tenido la oportunidad de analizarlo de manera indirecta durante el desarrollo de las diferentes fases de este asunto, nos ha servido en cierta medida de guión. Así las cosas; hay algunas cuestiones novedosas o que nos parece interesante no pasar por alto.
Nos ha llamado la atención la condición de Empleado Público del dueño del inmueble en donde se produce el derribo y se construye el garaje, concretamente es Policía Nacional, un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, quienes velan porque se cumpla la Ley y el orden, ¿caprichos del destino? Poco tenemos que decir al respecto, preguntarnos si podemos estar y dormir tranquilos y fiarnos de alguien en este país en el mejor de los casos.
Es la primera vez que se hace referencia a la posibilidad de que existan comportamientos penales. Todos tenemos, cuando menos, una intuición de lo que es la prevaricación, la falsedad documental, la usurpación de funciones públicas, la desobediencia, la corrupción, la dejación de funciones públicas, la obligación de perseguir el delito, la destrucción del patrimonio Histórico. Los que se han interesado por este asunto y han visto los documentos que hemos aportado podrán sacar su propias conclusiones al respecto. No nos parece oportuno abundar más en este aspecto o dimensión concreta del tema.
Que se puedan estar estableciendo límites al uso de la propiedad al margen de los procedimientos formalmente establecidos, que los Empleados Públicos puedan estar haciendo y deshaciendo a su antojo en las propiedades privadas, diciendo que se hace o se deja de hacer, nos deja sin palabras, no damos crédito. Que esto se esté consintiendo es increíble. Que la voluntad de los Empleados Públicos no tenga el oportuno soporte legal, ya estamos viendo el desarrollo de este asunto, y no se exijan responsabilidades a esas conductas, nos deja en el más absoluto de los desamparos a los ciudadanos, el porqué habrá que preguntárselo a quienes tienen la obligación de controlarlo.
No queremos seguir sin hacer una referencia a la importancia de la concreción y especificidad de las preguntas que se dirigen a la Administración. Si ya la correcta aplicación de la Ley de Archivos de Castilla la Mancha habría evitado que documentos de diferentes expedientes se mezclaran, las preguntas que el interesado plantea en la página 14, va a dejar por tierra la justificación del Sr. García respecto a la aparición de un documento actual en un expediente antiguo. O existen los expedientes que sirven de justificación o estamos y se le consiente un despropósito más a este Empleado Público. No son pocas las cuestiones que quedan sin respuesta en este asunto, en no pocas ocasiones, caminos que evidencia el incorrecto proceder de nuestros Poderes Públicos, como aquí hemos podido apreciar.
Aunque hay más documentos, que aportaremos al final de este comentario, vamos a terminar haciendo algunas consideraciones a la contestación que la Inspectora General de Servicios, Elvira Sánchez-Garrido Gamarra. Ya hemos tenido oportunidad de ver alguna contestación similar a la que se facilita en el escrito que se comenta. Una vez más podemos ver como se pretende trasladar la ciudadano la sensación de que está equivocado como el siguiente texto refleja: "El derecho de todos los ciudadanos a recibir contestación expresa de la administración a las cuestiones que plantean, alcanza hasta la recepción de dicha contestación, pero no implica que el contenido de la resolución final tenga que seguir necesariamente los criterios que el ciudadano espera obtener".
Plasma la contestación la manera de hacer de nuestra Administración Regional y tenemos que cuestionar la contestación de la Inspectora, no porque el contenido de la resolución tenga que seguir los criterios que el ciudadano espera obtener, que sin duda está en función de cuáles sean, si no porque las resoluciones tienen que cumplir una serie de requisitos legales, sin duda criterios, que van a condicionar su contenido.
Sin ir más lejos, sin entrar en la naturaleza del muro que se derriba, entendemos que las resoluciones administrativas no pueden versar sobre cuestiones ilegales ajenas a su competencia. Hasta el 3 de mayo de 2011, casi dos años, todas las actuaciones efectuadas por la Administración Regional se realizan sobre el derribo de un muro y la construcción de un garaje que carecen de la debida autorización municipal. Qué hace la JCCM realizando actuaciones en un asunto que no está autorizado y en ocasiones emitiendo informes que dan cobertura a esa ilegalidad, "Según nos ha informado el arquitecto técnico municipal, José Antonio Herce Inés, el pasado año 2008 fue informado de la ejecución de la demolición de la edificación preexistente y a su vez informó la nueva construcción", es una buena pregunta para la Inspectora.
Además de la obligación de resolver; otro requisito es que la contestación o resolución decida todas las cuestiones planteadas y aquellas otras que se deriven del procedimiento. No son pocas las cuestiones que se han planteado que han quedado sin la correspondiente contestación y qué decir de las que han surgido en el desarrollo de las actuaciones llevadas a cabo.
Qué decir de la necesidad de que las resoluciones se emitan en el plazo correspondiente que eviten la desaparición de los elementos de juicio necesarios para llegar a las oportunas conclusiones, que eviten que los técnicos no se puedan pronunciar porque los restos del objeto de la denuncia ya han desaparecido.
Que sea objetiva, que el contenido de la misma no se base en la actuación de empleados públicos que tengan intereses en el asunto o conocidos de estos. Que elementos relevantes no queden fuera de la valoración y el análisis.
Que sea congruente con la denuncia que se formula. El derribo denunciado sólo si no es muralla no estará protegido, no se ha determinado a qué construcción pertenecían aquellos restos.
Está demás decir que ha de estar fundada en Derecho y expresamente motivada en determinados casos. No hemos visto mucho derecho en las actuaciones realizadas, sí un derecho dinámico que va y que viene, como tampoco en las actuaciones llevadas a cabo previamente.
Por último; reclamar que el contenido de las contestaciones de la Administración sea veraz nos lleva a pensar que no estamos tan lejos de aquellos países que sólo escuchar su nombre nos sobrecoge, las denominadas repúblicas bananeras.
Requisitos, criterios, que de cumplirse no nos cabe la menor duda que los contenidos de las contestaciones no hubieran sido los que hemos tenido oportunidad de ver. Algunos habrían podido terminar o evitar, incluso, el desarrollo de las actuaciones realizadas. En cualquier caso una muestra de cómo funciona la Inspección General de Servicios de cuya actuación quedan dos documentos que aportamos a continuación.
Ahora sí terminamos esta fase sin que, como ya es costumbre, sepamos si la Inspección General de Servicios ha detectado la ilegalidad del las obras sobre las que desarrolla sus actuaciones. Se termina también todo lo relativo a actuaciones de la Administración Regional y continuaremos con otras instituciones y Poderes Públicos, sin duda más razones para seguir entendiendo todo lo que hasta ahora hemos podido ver. Especial relevancia tendrá las actuaciones llevadas a cabo con la Comisión Europea.
De primera mano han podido ver cómo funcionan algunas de nuestras instituciones y la realidad de nuestra Administración Regional. Ahora es el momento de que, al margen de nuestros comentarios, saquen sus propias conclusiones.
Fiscalía de Guadalajara
Superada la fase relativa a la Administración, aunque no habría hecho falta, se da traslado de los hechos a otro de los poderes del Estado, el Poder Judicial. En este caso mediante su Órgano colaborador, el Ministerio fiscal con sede en Guadalajara. Esto es lo que la Constitución de 1978 recoge al respecto de esta Institución en su artículo 124 puntos 1 y 2.
"1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad".
No parece que tenga excesiva complejidad entender el mandato constitucional atribuido al Ministerio Fiscal. La defensa de la mera legalidad, ni siquiera es necesario que la conducta sea delictiva, y el interés público tutelado por la Ley, forman parte de las funciones Constitucionales atribuidas a esta institución. Pensar que estamos en la Institución indicada para que la formalidad legar de sus primeros pasos en una actuación que no la conoce, para poner orden allí donde reina la sinrazón, parece más que razonable. Así es que se pone en conocimiento de esta institución con el oportuno escrito y documentación que aquí incorporamos.
pdf de la documentación enviada a la Fiscalía
No podemos facilitar la totalidad del escrito de denuncia inicial, que incorporaremos si tenemos la ocasión de conseguirlo, pero no parece aportar nada que llegados a este punto no conozcamos ya. Este escrito además de recoger las cuestiones ya conocidas extiende los hechos que se ponen en conocimiento de la Fiscalía a "la posterior actuación de la Administración", alcanzando una doble dimensión, derribo y la actuación de los empleados públicos que intervienen en las actuaciones llevadas a cabo por las diferentes Administraciones competentes.
Una amplia documentación fotográfica, en parte ya conocida, se hace llegar a la Fiscalía. Se incorpora la localización temporal del muro derribado, documento 3, que existía con posterioridad al incendio de Pareja del 19 de agosto de 2000, y espacial, sobre el trazado de la muralla, como se ha venido apuntando en las diferentes fases de este asunto. Se incorporan también, página 3 del escrito, unas fotografías del interior de la construcción que se centran en la parte que limitan los inmuebles de los números 4, 6 y la calle cabas oeste, donde estaba el muro que se derriba y por donde discurre, exactamente, el trazado de la muralla medieval. En este punto la nueva construcción reviste el muro que los separa con dos o casi dos bloques de hormigón (42cm+42cm) y con el grosor de la pared que da a la calle (unos 50cm), describiendo aproximadamente la misma anchura que venimos considerando del muro derribado y de los restos de muralla que todavía se conservan.
En documentos posteriores, escritos de 5 de mayo y 1 de octubre de 2010, se documentan las contradicciones de la actuación de la Delegación de Cultura en Guadalajara y que de las mismas son conocedores y advertidos. Se introduce una nueva dimensión en ellas, que el inmueble calificado como Castillo no lo sea. Ya hemos tenido ocasión de ver en escrito dirigido a la Inspección General de Servicios, que la JCCM no ha contestado a aquella solicitud en la que se les pedía que concretaran las características que ha de reunir un inmueble para ser considerado como tal.
Así las cosas; llegamos a la contestación de la Fiscalía Provincial de Guadalajara en la que se comunica al denunciante el acuerdo de archivo de las diligencias iniciadas con motivo de su denuncia. Es la contestación de la Delegación de Cultura, institución en la que colabora José Antonio Herce Inés el técnico al servicio del dueño del inmueble donde se produce el derribo, y contenido del informe ya conocido de la visita realizada por Miguel Ángel García Valero, conocido del mencionado técnico, la base en la que se justifica el mismo. Recordar que en la fecha de esta contestación la Delegación de Cultura ya tiene conocimiento, desde el 24 de septiembre, de que la construcción es ilegal.
Una vez más observamos que otra institución, la Fiscalía Provincial de Guadalajara, pasa por este asunto sin detectar que los hechos y las actuaciones realizadas se desarrollan en torno a una construcción que no cuenta con la debida autorización del municipal, no tienen la autorización del Ayuntamiento en el que presta sus servicios como Arquitecto Técnico José Antonio Herce; sí, el técnico al servicio del dueño del inmueble en el que se produce el derribo. Observamos también que en ningún momento se pronuncia o hace referencia alguna a la dimensión relativa a las actuaciones de los empleados públicos que están interviniendo o han intervenido en este tema y también denunciadas.
Una fase más, y diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, afrontamos en el desarrollo de este asunto. El día 15 de abril de 2011 se registra escrito dirigido a la Comunidad Europea. Nos parece importante destacar y retener en la memoria la fecha de en la que se inicia esta denuncia, ya sabemos que todas las actuaciones llevadas a cabo, y no son pocas, se realizan en torno a unos hechos que son ilegales. También sabemos que Ayuntamiento de Escamilla y JCCM saben de la ilegalidad de las obras. Aquella Institución que nos ilusionara cuando nos incorporamos a ella, sin duda por la madurez de la mayor parte de las democracias que la componían, va a tener conocimiento de la gestión de este asunto por parte de las Instituciones españolas que han conocido del mismo.
En este primer escrito observamos que se sigue insistiendo en el cambio de planteamiento, ya no se contempla sólo el derribo sino también la actuación de los Poderes Públicos que intervienen, y, lo que bien puede ser la explicación a lo que durante todo este asunto estamos viendo, la relación Empleados Públicos-Poder Judicial independientemente de las cuestiones de fondo de este escrito.
Pasando de puntillas por los primeros párrafos del escrito que no recogen nada que no sepamos, el tercer párrafo de la página 2 puede ser la explicación a las conductas que se han venido denunciando, a que las denuncias relativas a la actuación de los Empleados Públicos no se tengan en consideración por los responsables de las Instituciones a las que se da cuenta, a que todo este asunto se desarrolle sobre unos hechos ajenos a la legalidad establecida, a que haya informes que recogen extremos que no son ciertos, que incluso modifican la legalidad aplicable y que obvian realidades existentes.
Así las cosas; la incorporación de los documentos 1 y 2 del escrito ponen de manifiesto la posibilidad de una escalofriante realidad, que la responsabilidad penal de los empleados públicos sea escasamente operativa, que se persigan en un tanto por mil, ni siquiera por ciento, muy escaso las presuntas conductas penales cometidas por quienes eligen voluntariamente someter sus actuaciones a la Ley y al Derecho y que, presuntamente, el delito pueda ser una herramienta de trabajo al alcance del personal, o de parte del personal, al servicio de nuestras Instituciones Públicas.
pdf del escrito de denuncia
En el documento 1 de este escrito como en el documento 1 del escrito de fecha 19 de julio de 2012 que incorporaremos con posterioridad, podemos observar como los profesores de universidad Serrano Maíllo y Serrano Gómez en su libro “Derecho Penal, parte especial” ponen de manifiesto que presuntamente hay delitos cometidos por los Empleados Públicos que no se persiguen o se hace en un tanto por mil mínimo; del mismo modo el profesor Ramón Parada, en la vigésima edición de su libro “Derecho Administrativo II, organización y empleo público”, en el documento 2 se hace eco de la resistencia de los jueces penales a conocer de los ilícitos de autoridades y funcionarios en esta materia.
¿Qué cuerpo le ha quedado?, posiblemente nada que no intuyéramos pero que cuesta trabajo creer si te lo cuentan o incluso cuando se documenta. No hace falta que Ud., que está siguiendo este asunto, se tome unas cañas para que lo paren en un cruce o en una rotonda y lo traten como al que hace que el alcoholímetro llegue a valores que lo catapultan a los juzgados, vendita presunción de inocencia, mientras que el que le merece ese trato, aunque lo sea, lo más fácil es que se vaya rositas, extraordinaria igualdad de todos ante la Ley. Estado de Derecho en versión española, sin duda, y un criterio para justificar y en el que sustentar el buen hacer de nuestros Poderes Públicos, la ausencia de procesos penales en ese ámbito, que puede no surgir de su inexistencia sino de su falta de control.
En su capacidad de decisión queda el concluir o no si este asunto que nos ocupa forma parte de ese tanto por mil de presuntos delitos cometidos por los Empleados Públicos que no se persiguen. Si grave es que esto pueda estar pasando, no menos grave es que en procedimiento administrativo o en una causa judicial tengamos que enfrentarnos a los resultados de estos comportamientos, informes presuntamente falsos, presuntas usurpaciones de funciones públicas, prevaricaciones y un largo etc. con el consentimiento tácito del órgano superior jerárquico o del juzgador, algo que a la hora de plantear un conflicto judicial a nadie se le ocurre que pueda estar sucediendo. Si su capacidad de decisión le ha llevado a concluir que este asunto forma parte de ese tanto por mil de delitos cometidos por los Empleados Público que no se persigue no vamos a gastar, porque lo está viendo, ni una sílaba en explicar cómo. Otra cosa serían las razones, el porqué que lleva a quienes tienen que velar por que esto no suceda, y sucedido se corrija y se castigue, a mirar para otro lado.
Un correo electrónico comunicando la recepción de la denuncia y solicitando algunos datos es la primera actuación de la Comisión Europea de la que tenemos conocimiento. La subsanación de los mismos y la aportación de nuevos elementos de juicio son nuevos pasos del interesado.
Autorizada la Comisión Europea a revelar la identidad del denunciante en escrito de 13 de junio de 2011, el 19 de julio de 2012 se va a proceder a incorporar a la tramitación en Europa el estado de las actuaciones llevadas a cabo consecuencia de las recomendaciones de la propia Comisión. Planteada la denuncia ante los Tribunales Penales españoles y próxima a su prescripción, no se ha realizado actuación alguna tendente a confirmar, esclarecer y depurar, llegado el caso, las responsabilidades sobre los hechos denunciados. Haciendo alusión al trato de favor que pueden estar recibiendo los Empleados Públicos por parte de las actuaciones judiciales se incorpora otro documento de los profesores Serrano Maíllo y Serrano Gómez en donde sustentarla.
Siguiendo en esta dinámica; se incorpora una nueva denuncia de presuntos comportamientos penales que no llega a ninguna parte y la negativa a facilitar el acceso a ver el expediente que la contiene. Recordemos que un informe recoge, y según el mismo se resuelve, la existencia de un Entorno BIC que la formalidad legal en ningún momento ha creado.
pdf del escrito del 19 de julio de 2012
Así las cosas; llegamos a la resolución de la Comisión Europea que se produce el 22 de octubre de 2012, más de dos años después de que sepamos que la ilegalidad está en el origen y en el discurrir de los hechos que dan el pistoletazo de salida a todas las actuaciones que en este asunto hemos tenido la oportunidad de ver.
En el párrafo segundo de la misma podemos observar que aunque desde la Comisión Europea se entiende perfectamente los extremos que recogía la denuncia que ante la misma se presentaba el 15 de abril de 2011, en el párrafo tercero aparece un nuevo elemento en este asunto, "los fondos estructurales". ¿A santo de qué aparecen aquí los fondos estructurales? Las administraciones competentes, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y el Ayuntamiento de Escamilla, que saben, perfectamente lo que ha pasado y que los hechos no tienen autorización, introducen un nuevo elemento que da una nueva dimensión a la denuncia o no corrigen las apreciaciones que realiza la Comisión Europea. Qué lleva a la aparición de este nuevo elemento y cuál de las tres Administraciones lo incorpora es algo que desconocemos pero evita que la Comisión entre a valorar tanto la naturaleza del muro derribado como la legalidad de las obras efectuadas. Recordemos que la Comisión tiene la práctica totalidad o la totalidad de la documentación generada en las diferentes actuaciones realizadas en este asunto y sabe de los hechos y planteamientos institucionales, así como del proceder de los Empleados Públicos que participan. No nos resulta nuevo ya el denunciar una cosa y resolver sobre otra, la congruencia, parece, se torna, un recurso bastante socorrido y generalizado en que quehacer diario de las actuaciones institucionales públicas.
Por otra parte; si las actuaciones de los poderes públicos que intervienen en todo este asunto no despiertan el interés de la Comisión, la tolerancia de las presuntas conductas penales del personal a su servicio por parte de los juzgados y tribunales españoles, ni se menciona. Y hasta aquí la contestación de la Comisión Europea.
pdf de los comentarios a la resolución
Un último escrito, de 22 de octubre de 2012; servirá para recoger en el último párrafo de la página 1 una síntesis del Derecho Europeo que se vulnera, el sometimiento de los Poderes Públicos que han intervenido al Derecho, la esencia de un Estado Democrático y de Derecho y uno de los requisitos para formar parte de esa gran organización, cuando menos en su dimensión espacial, que es la Unión Europea. Pensamos, incluso, si después de lo que llevamos documentado es necesario explicarlo. Por lo demás es repetir desde la perspectiva del Derecho Europeo lo que ya sabemos.
Ahora será el lector el que, con la documentación que hemos aportado que nos acerca a las Instituciones europeas y su forma de hacer las cosas, podrá valorar su comportamiento, nada que se pueda hacer a diario y menos con la cantidad de detalles que hemos podido ver. No hemos de olvidar que la actuación de la Comisión Europea ni siquiera revela lo que nosotros sabemos desde el primer momento, que todas las actuaciones de las que conoce y las suyas mismas se realizan sobre una construcción que es ilegal.
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References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 33
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 124
 resolución 
 resolución