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Timestamp: 2020-07-10 19:52:09+00:00

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Contingencias comunes: prestaciones (II) - Isipedia
Contingencias comunes: prestaciones (II)
1.1.2 Período de cotización
1.1.3 Cese en el trabajo
1.2 Prestación
1.2.1 Base reguladora de la pensión
1.2.2 Cuantía de la pensión
1.2.3 Responsabilidad
1.3 Jubilación gradual y flexible
1.4.1 Con el trabajo
1.4.2 Con otras prestaciones de la Seguridad Social
1.5 Revalorización de pensiones y pensiones mínimas
1.6 Pensión de jubilación en su modalidad no contributiva
2 Muerte y supervivencia
2.1 Sujeto causante
2.2 Beneficiarios. La prestación temporal de viudedad
2.2.1 Pensión de viudedad
2.2.2 Pensión de orfandad
2.2.3 Prestaciones a favor de familiares
2.3 Contenido de la protección
2.3.1 Pensión de viudedad
2.3.2 Pensión de orfandad
2.3.3 Prestaciones a favor de familiares
2.3.4 Auxilio por defunción
2.4 Compatibilidad, límites y gestión
3 Prestaciones familiares
3.1 Beneficiarios: requisitos de acceso a las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva
3.1.1 Beneficiarios de la asistencia económica por hijo menor o acogido a cargo
3.1.2 Beneficiarios de la prestación por nacimiento o adopción de un tercer o sucesivos hijos
3.1.3 Beneficiarios de la prestación por parto o adopción múltiples
3.1.4 Disposiciones comunes
3.2 Prestaciones económicas: la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, minusválido o no. La prestación por nacimiento o adopción de tercero o sucesivos hijos. La prestación por parto o adopción múltiples
3.3 Dinámica de las prestaciones
3.3.1 Nacimiento de las prestaciones familiares
3.3.2 Duración de la asignación económica por hijo a cargo
3.3.3 Extinción y suspensión de la asignación económica por hijo a cargo
3.4 Pago de las prestaciones
3.5 Prestación de naturaleza no económica
4.1 Personas protegidas
4.1.1 Situación legal de desempleo
4.1.2 Clases de desempleo
4.2.1 Nivel contributivo
4.2.2 Nivel asistencial
4.2.3 Incompatibilidades
4.3 Gestión y régimen disciplinario del desempleo
4.3.1 Gestión
4.3.2 Régimen de obligaciones y disciplinario
La regulación vigente del sistema de protección de la vejez proviene de la LGSS de 1974 con modificaciones en 1985 y 1997, habiéndose integrados en la vigente LGSS.
Posteriormente se produciría el Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social de 2001 por el Gobierno la CCOO, la CEOE y la CEPYME, en la que se incluyeron un conjunto de medidas en relación con la flexibilidad de la edad de jubilación para hacer ésta más gradual y progresiva.
Uno de los pilares básicos del Régimen público de SS que los poderes públicos deben mantener para todos los ciudadanos por mandato constitucional, del art. 41 Ce, está constituido por la exigencia de garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (art. 50 CE). La prestación económica por causa de jubilación, en forma de pensión vitalicia y única para cada beneficiario, se dirige a aquellos que, alcanzando una determinada edad, cesan en el trabajo y sufren una pérdida de las rentas salariales que constituyen el medio básico de subsistencia de la mayor parte de la población trabajadora y de sus familias.
Junto a esta modalidad la LGSS contributiva, se contempla otra no contributiva dirigida a quienes, con las condiciones y requisitos que se detallarán, no puedan acceder a la pensión ordinaria de jubilación.
Lo son las personas incluidas en el campo de aplicación del Régimen General de la SS que reúnan las condiciones que a continuación se detallan.
Pero la LGSS prevé que la edad ordinaria de acceso a la jubilación pueda ser rebajada por RD en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad y en el caso de personas minusválidas con grado de minusvalía igual o superior al 65 %.
Se establece que la edad ordinaria de 65 años se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el tiempo efectivamente trabajado un coeficiente de 0.25, que aumentará al 0.50 si el trabajador minusválido acredita la necesidad del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida ordinaria.
Además de estos supuestos excepcionales se desarrollan la anticipación de la edad de jubilación a los 64 años como medida de fomento del empleo, la jubilación parcial y contrato de relevo y la jubilación anticipada con coeficientes reductores.
Jubilación a los 64 años de edad
En relación con el requisito de la edad, y como medida de fomento del empleo la LGSS autoriza con carácter general al Gobierno para rebajar la edad de acceso a la pensión de jubilación siempre que ello conduzca a la sustitución del trabajador jubilado por otro en situación de desempleo.
Para causar derecho a la pensión de jubilación a los 64 años, y sin aplicación de coeficientes reductores, cuando se establezca en convenio colectivo el empresario lo sustituya simultáneamente a su cese por jubilación, por otro trabajador inscrito como desempleado en la correspondiente oficina de empleo, contratado al amparo de cualquiera de las modalidades de contratación excepto a tiempo parcial y el eventual, con una duración mínima de un año. Si durante la vigencia del contrato se produjera el cese del trabajador, el empresario deberá sustituirlo, en el plazo máximo de 15 días, por otro trabajador desempleado por el tiempo que reste para alcanzar la duración mínima del contrato.
Independientemente del supuesto anterior y también como medida de fomento de empleo se reconoció la jubilación parcial anticipada, aprovechando la introducción en el sistema de contratación de la figura de contrato de relevo.
Los trabajadores que reúnan las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión de jubilación con excepción de su edad, que será inferior en, como máximo 5 años a la exigida con carácter general, podrán acceder a la jubilación parcial en las condiciones previstas en el ETT.
En este caso el trabajador que accede a la jubilación parcial debe pactar previamente con su empresa una reducción de su jornada de trabajo y de su salario de entre un mínimo de un 25 % y un máximo de un 85 %, lo que supone su paso a la situación de trabajador a tiempo parcial, y simultáneamente la empresa debe celebrar un contrato de trabajo, denominado de relevo, con un trabajador en situación de desempleo con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente.
La tercera vía de acceso anticipado a la jubilación es a la que podrán acceder los trabajadores que teniendo cumplidos los 61 años de edad se encuentren inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante al menos 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación, acrediten un periodo mínimo de cotización efectiva de 30 años y cuyo cese en el trabajo se deba a extinción contractual no imputable a la libre voluntad del trabajador.
A estos efectos se entiende como libre voluntad extintiva la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que lo impida, decide poner fin a la misma. Se presumirá que el cese en la relación laboral se produce de forma involuntaria cuando la extinción del contrato de trabajo se haya producido por expediente de regulación de empleo, despido, extinción por causas objetivas, ejercicio por el trabajador de la facultad de resolver el contrato en caso de traslados, modificación sustancial de condiciones de trabajo y despido provocado, extinción del contrato temporal y resolución durante el periodo de prueba.
Se podrá acceder a la jubilación con unos coeficientes reductores por cada año que le falte al trabajador para cumplir los 65 que oscilan del 6 % con 40 años de cotización al 8 % con 30 años.
Para tener derecho a la pensión de jubilación se requiere también tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos 2 deben estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.
Es decir se requiere que del mínimo exigible de 15 años de cotización, 2 de ellos estén comprendidos dentro de los 15 años anteriores al hecho causante, pudiendo los restantes trece cumplirse en cualquier momento de la vida laboral del trabajador.
En caso de que se accediera a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada al alta, pero sin obligación de cotizar, el periodo de 2 años deberá están comprendido dentro de los 15 años anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar.
Se puede acceder a la pensión de jubilación desde una situación de alta con cotización, desde una situación de alta sin cotización, pero también desde una situación en la que el trabajador no se encuentre en alta o asimilada. No constituye requisito para causar el derecho a la pensión de jubilación el que el trabajador se encuentre en situación de alta o asimilada al alta en el momento del hecho causante, con objeto de permitir el acceso a la pensión a aquellos que cotizaron a lo largo de su vida laboral pero que por distintas circunstancias no se encuentren en alta en el citado momento.
Pero se exigen los requisitos generales, por tanto haber cumplido 65 años, no pudiendo en este caso acceder a la jubilación anticipada, y el periodo mínimo de 15 años con al menos 2 entre los 15 inmediatamente anteriores al día de presentación de la solicitud una vez cumplidos los 65 años.
Finalmente, el régimen de pensiones actualmente vigente se aplica a trabajadores que a lo largo de su vida laboral estuvieron afectados por distintos regímenes, lo que ocasiona no pocos problemas de derecho transitorio en relación con el cómputo de las cotizaciones o el reconocimiento de la prestación. A tal respecto la LGSS establece los criterios generales a seguir en estos casos especialmente el cómputo de los periodos de cotización de quienes estuvieron comprendidos en el campo de aplicación del Seguro de Vejez e Invalidez (SOVI).
Los afiliados al antiguo “retiro obrero” se les computan las cotizaciones hechas al mismo y, en todo caso, una cotización de 1800 días, si son necesarios para completar el periodo de cotización necesario para tener derecho a pensión.
Respecto de los trabajadores contratados a tiempo parcial disfrutan de protección de la SS frente a la totalidad de situaciones y contingencias que se hallen previstas con carácter general en el respectivo Régimen de la SS en el que figuren encuadrados. Ahora bien, para acreditar los periodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación ( también a incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y maternidad, se exceptúa la protección por desempleo) se computan exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización. Para hallar los días teóricos de cotización el número de horas efectivas trabajadas se divide por 5 que es el equivalente diario de 1826 horas anuales, la explicación de la división por 5 es que se establece en 40 años semanales la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y proyectando esa duración sobre el conjunto de las semanas laborales del año se ha fijado en 1826 horas la jornada máxima anual. Dividida esa jornada por 365 días resulta una media de 5 horas diarias.
Además, para facilitar el acceso a estos trabajadores a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente al número de días teóricos de cotización obtenidos como se acaba de indicar se le aplica un coeficiente multiplicador del 1’5 resultando de ello el número de días que se considera acreditados para la determinación de los periodos mínimos de cotización.
Como exigencia para el reconocimiento de la pensión de jubilación se incluye la de que, cumplida la edad requerida y las restantes condiciones, el trabajador cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena. El cese puede haberse producido con antelación, pues se puede acceder a la pensión sin estar en situación de alta.
En nuestro derecho laboral, tradicionalmente, el mero cumplimiento de una edad determinada no es una causa de extinción del contrato de trabajo. No es procedente, por tanto, la extinción unilateral del contrato de trabajo por parte del empresario por el mero hecho de que el trabajador cumpla la edad de jubilación sino que la extinción deberá producirse si, cumplida la edad de jubilación, el trabajador opta voluntariamente por acceder a la pensión.
Por ello el ETT regula como causa de extinción del contrato de trabajo, no el cumplimiento de la edad que da acceso a la jubilación sino el que se produzca la jubilación del trabajador, además la LGSS exige como requisito para acceder a la pensión de jubilación el cese en el trabajo por cuenta ajena.
El ETT en su redacción original incluyó que la extinción de los contratos de trabajo, tendrán el límite máximo de edad que fije el Gobierno, que establecería la edad máxima de 69 años. A lo que se pronunciaría el TC declarando tal precepto inconstitucional, pero dicho TC mantuvo la constitucionalidad de la posibilidad de establecimiento a través de la negociación colectiva de edades de jubilación.
Desde entonces se han mantenido dos posiciones distintas en la doctrina respecto de lo que ha supuesto tal derogación. Por un lado se ha entendido que se ha suprimido la posibilidad de establecer sistemas de jubilación forzosa por cumplimiento de edad aun cuando hubiera sido pactado en convenio colectivo y las cláusulas de esa naturaleza deberían ser consideradas nulas, por carecer de cobertura legal, y por otro lado se considera que se ha desincentivado los pactos de jubilación forzosa con la mera desaparición de la cobertura legal expresa, pero ello no impide negociar edades de jubilación forzosa con la finalidad de promover el empleo de nuevos trabajadores y permitiendo completar los periodos de cotización para acceder a la jubilación.
La polémica fue resuelta por el TS cuya doctrina se inclinó por la primera posición, entendiendo que no era posible incluir en los convenios colectivos cláusulas de jubilación forzosa .
Finalmente el ET vuelve a permitir en convenio colectivos cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de SS, siempre que se cumplan los requisitos:
Vinculación de la medida a objetivos de política de empleo que deberán expresarse en el convenio colectivo, como la mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos trabajadores o cualquiera otros que se dirijan a favorecer la calidad del empleo.
Que el trabajador cuyo contrato vaya a extinguirse por cumplimiento de la edad de jubilación tenga cubierto el período mínimo de cotización y demás requisitos para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.
La prestación de la SS con ocasión de la jubilación consiste en una pensión vitalicia que se determinará de la forma que a continuación se señala de acuerdo en los art. 162 y ss de la LGSS.
La pensión de jubilación se calcula aplicando un tipo a una base reguladora. La base reguladora será el conciente que resulte de dividir por 210 ( cifra que se obtiene sumando a 180 meses, es decir 15 años, 30 meses de pagas ordinarias, calculando 2 por año) las bases de cotización del interesado durante los 180 meses inmediatamente anteriores a aquél en que se produzca el hecho causante, teniendo en cuenta que el cómputo de las bases se realizará en su valor nominal en los últimos 24 meses y el resto de bases se actualizara de acuerdo con la evolución del IPC desde el mes en que aquéllas correspondan.
Ante la posibilidad de que el periodo de 15 años que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieren meses durante los cuales no hubiera existido obligación de cotizar se tendrá en cuenta para ocupar dicho vacío la base mínima de cotización de entre todas las existentes en cada momento para mayores de 18 años.
La existencia de periodos prolongados de falta de cotización durante esos últimos 15 años, sustituidos por una simulada cotización por la base mínima, puede llevar una notable reducción de la pensión para aquellos que cotizaron en niveles retributivos más altos o más continuos a lo largo de su vida laboral. Efecto perjudicial que podría corregirse por la vía de tener en cuenta periodos más prolongados para el cálculo de la base reguladora.
Para evitar elevaciones abusivas de la base reguladora por la vía de elevar los salarios y sus bases de cotización durante los últimos años del periodo de cómputo la LGSS establece ciertas cautelas:
Para la determinación de la base reguladora no se podrán computar los incrementos de las bases de cotización producidos en los 2 últimos años que sean consecuencia de aumentos salariales superiores al incremento medio interanual experimentado en el convenio colectivo aplicable. Se exceptúan de esta regla los incrementos que sean causa de antigüedad, ascensos reglamentarios de categoría profesional u otros conceptos retributivos establecidos con carácter general.
En ningún caso se computarán aquellos incrementos salariales que se hayan pactado exclusiva o fundamentalmente en función del cumplimiento de una determinada edad próxima a la jubilación.
La pensión de jubilación se determinará aplicando a la base reguladora un tipo o porcentaje según una escala prevista en la LGSS y que comienza en el 50 % para los primeros 15 años de cotización y va aumentando un 3 % por cada año adicional de cotización comprendido entre el 16º y el 25º y un 2 % por cada año adicional a partir del 26º hasta alcanzar el 100 % a los 25 años de cotización.
Este límite máximo del 100 % tradicional ha sido alterado por la Ley 35/2002 que tiende a incentivar la permanencia en el empleo y a premiar con porcentajes adicionales en el cálculo el retrasar el acceso a la jubilación.
Para ello, si al cumplir los 65 años el trabajador tuviera ya acreditados 35 años de cotización, por cada año con cotización de retraso en el acceso a la pensión de jubilación, se sumará al 100 % un 2 % adicional. En el supuesto de que el interesado no tuviese acreditados los 35 años de cotización, el porcentaje adicional se aplicará, siempre cumplidos los 65 años, desde la fecha en que se acrediten.
En cualquier caso la pensión de jubilación no podrá superar el tope máximo que se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
La responsabilidad del pago de la pensión incumbe a la Entidad Gestora de la SS a la que se atribuya la gestión de la misma, es decir al INSS y a la TGSS. Ello siempre que el empresario haya cumplido con sus obligaciones de alta y cotización respecto del trabajador afectado, pues en otro caso la responsabilidad corresponde al propio empresario incumplidor.
Pero en tal supuesto debe tenerse en cuenta:
Si el empresario resulta responsable por falta de afiliación o alta o por falta de ingreso de las cotizaciones, será la Entidad Gestora y no el empresario quien abonará la prestación al trabajador o a sus causahabientes. Por ello el empresario hará efectiva su responsabilidad mediante el ingreso en la TGSS del capital necesario para que se procede con él al abono de dichas prestaciones.
Sin perjuicio de lo anterior y de acuerdo con la LGSS de 1966, vigente por no haberse desarrollado reglamentariamente, reconocido el derecho a la pensión de jubilación a un trabajador que estuviese en alta pero respecto del que el empresario no se encontrara al corriente de sus cotizaciones, la TGSS anticipará al beneficiario al pago de la pensión, incluso cuando se trate de empresas desaparecidas o de aquellas que por su especial naturaleza no puedan ser objeto de procedimiento de apremio, repitiendo después contra el empresario deudor. Si efectuado el anticipo el empresario resulta insolvente, la Entidad gestora continuará abonando la pensión y conservará la acción frente a aquél.
Esta regla supone el reconocimiento para las pensiones de vejez del principio de automaticidad de las prestaciones.
Por otro lado el pensionista tiene derecho a las prestaciones familiares en los términos previstos en la LGSS.
Cumplidos los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación, el derecho a su reconocimiento en la modalidad contributiva es imprescriptible, sin perjuicio de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los 3 meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud en los supuestos de jubilación en situación de alta.
Como consecuencia del Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social suscrito en 2001 por el Gobierno, CCOO, CEOE y CEPYME se promulgo la Ley 35/2002 que estableció un sistema de jubilación gradual y flexible, modificando la LGSS para incluir un conjunto de medidas en relación con la flexibilidad de la edad de jubilación a fin de dotar a la misma de caracteres de gradualidad y progresividad, como se dice en su Exposición de Motivos.
Uno de los objetivos primordiales de la Ley consistía en posibilitar la prolongación de la actividad laboral de los trabajadores en edad de jubilación permitiendo la compatibilidad entre el percibo de una pensión de jubilación parcial y el desarrollo de actividades laborales también a tiempo parcial.
Lo que habría de redundar no sólo en beneficio del propio trabajador que deseara continuar en activo parcialmente sino también del propio sistema de pensiones y del conjunto de la sociedad receptora de la utilidad de dichas actividades.
Así pues existe la posibilidad para las personas que accedan a la jubilación de compatibilizar el percibo de la pensión con un trabajo a tiempo parcial, por tanto con una jornada y salario reducidos entre un mínimo de un 25 % y un máximo del 85 % respecto de un trabajador a tiempo completo comparable.
Consecuentemente se produce una minoración de la pensión de jubilación en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista.
Al pensionista que opte por tal pensión de jubilación se le exige comunicar a la Entidad Gestora tal circunstancia con objeto de que proceda a reducir la pensión en la proporción correspondiente antes señalada. La minoración de la cuantía de la pensión tendrá efectos desde el día que comienza la realización de las actividades.
A su vez, las cotizaciones efectuadas por las actividades realizadas a tiempo parcial, simultáneamente con el percibo parcial de la pensión de jubilación, lógicamente han de tener un efecto positivo en la pensión íntegra que se perciba una vez producido el cese en el trabajo:
Se procederá a calcular de nuevo la base reguladora, mediante el cómputo de las nuevas cotizaciones.
Se procederá a modificar el tipo aplicable a la base reguladora, teniendo en cuenta el nuevo periodo de cotización adicional.
Si el trabajador procediera de una jubilación anticipada, el nuevo periodo de cotización adicional surtirá efectos para disminuir o, en su caso, suprimir, el coeficiente reductor que se hubiese aplicado.
Durante el percibo de la jubilación flexible se mantendrá la condición de pensionista a efectos del reconocimiento y percibo de las prestaciones sanitarias.
En cuanto a la exención de cotización respecto de los trabajadores con 65 años cumplidos y que acrediten 35 de cotización.
Tradicionalmente el acceso a la prestación económica por causa de jubilación con la exigencia de que el trabajador cese o haya cesado en el trabajo por ello, la LGSS establece la regla general de que el disfrute de la pensión de jubilación será incompatible con el trabajo del pensionista, afectando a todo trabajo, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a su inclusión en el campo de aplicación del Régimen General o de alguno de los regímenes especiales de SS.
Por tanto debe comunicarse todo trabajo a fin de que se suspenda el percibo de la pensión, reanudándose su percepción al dejar el trabajo que dio lugar a la suspensión. En caso contrario se estará obligado a reintegrar su importe, siendo responsable subsidiario el empresario salvo que se pruebe que ha habido buena fe.
La regulación de un sistema de jubilación gradual y flexible constituye una importantísima excepción a la regla general tradicional de incompatibilidad entre percepción de la pensión de jubilación y el trabajo del pensionista que ahora queda reducida a los supuestos de percepción de la pensión de jubilación en su totalidad. El trabajador que reúna los requisistos legales puede acceder a la pensión, minorándose la pensión de jubilación en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo.
Con otras prestaciones de la Seguridad Social
Debe tenerse en cuenta que las pensiones por riesgos distintos, como la jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, son incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, salvo disposición legal o reglamentaria en contrario.
Conforme a esa regla quien pudiera tener derecho a dos o más pensiones optará por una de ellas, con una excepción como es la pensión de viudedad, de viudo o la viuda, que es compatible no solo con rentas de trabajo sino también con las pensiones de jubilación o incapacidad permanente a la que pudiera, también, tener derecho.
De nuevo debe hacerse referencia a la pensión de jubilación flexible, incompatible con la pensión de Incapacidad permanente que pudiera corresponder por la actividad desarrollada pero compatible con las prestaciones de incapacidad temporal o de maternidad derivadas de la actividad efectuada a tiempo parcial.
Finalmente hay que tener en cuenta que el trabajador pensionista de jubilación flexible comunique a la Entidad Gestora el cese en el trabajo a tiempo parcial que vinera desarrollando se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación, modificada su cuantía, en su caso, por el cómputo de las cotizaciones efectuadas tras la suspensión parcial del percibo de la pensión de jubilación.
Revalorización de pensiones y pensiones mínimas
La pretensión constitucional de que los poderes públicos garanticen la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (art. 50 CE) se ha reflejado en la regla general de revalorización recogida en la LGSS según la cual las pensiones de la SS en su modalidad contributiva serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año.
Cuando no se cumplan las previsiones de inflación, es decir, cuando el IPC acumulado, correspondiente al periodo comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización, se procederá a la correspondiente actualización, abonando la diferencia, en su caso, en un pago único antes del 1 de abril del ejercicio posterior.
Los sucesivos RD de revalorización vienen estableciendo, de acuerdo con lo previsto en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado, un cuadro de cuantías mínimas de todas las pensiones en su modalidad contributiva. A estos efectos la LGSS reconoce el derecho a percibir los complementos de pensión necesarios para alcanzar dicha cuantía mínima.
Las cuantía mínimas varían en función de la clase de pensión (Jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o a favor de familiares). Así pues, el importe de la pensión se complementa, en su caso, en la cuantía necesaria para alcanzar las cuantías mínimas, salvo que el pensionista perciba rendimientos íntegros del trabajo personal por cuenta propia o ajena y/o capital.
Tanto las pensiones de jubilación, contributivas y no contributivas, como las restantes pensiones del sistema de la SS, así como las abonadas por los sistemas o regímenes de previsión de las CCAA y CCLL, tienen la consideración, junto con otras pensiones y subsidios, de pensiones públicas.
Y a todas les es de aplicación la LGSS que indica que cualquier prestación de carácter público que tenga por finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones económicas de la SS en su modalidad contributivas, forma parte del Sistema de la SS y está sujeta a los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. Se excluye la modalidad no contributiva de la aplicación de estos principios con objeto de permitir a las distintas CCAA determinar complementos de las pensiones no contributivas a los pensionistas residentes en ellas, en función de sus peculiares criterios normativos.
La LGSS regula una modalidad de protección de la situación de jubilación de naturaleza no contributiva, a la que tienen derecho las personas que, habiendo cumplido 65 años de edad, residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante 10 años entre la edad de 16 años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales, además 2 años deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación, y además se requiere carecer de rentas o ingresos suficientes, pues esta pensión pretende hacer frente a situaciones de necesidad, garantizando unos ingresos mínimos a quienes carecen de otra cobertura o ingresos.
Se considera que se produce tal situación cuando la suma, en cómputo anual, de ingresos y rentas sea inferior al importe de la propia pensión de jubilación no contributiva, estableciéndose reglas reductoras de la cuantía cuando en una misma unidad económica concurre más de un beneficiario con derecho a pensión de esta misma naturaleza o se produce convivencia con personas no beneficiarias y que tienen otras fuentes de ingresos.
La pensión se conserva mientras se mantengan en el beneficiario las condiciones reseñadas, extinguiéndose en caso contrario o por fallecimiento del beneficiario, sin que esta última situación origine prestaciones de muerte y supervivencia.
Las CCAA, en el ejercicio de sus competencias, pueden aprobar complementos de las pensiones no contributivas para los pensionistas residentes en ellas, sin que estas medidas estén necesariamente afectadas por los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad que fundamentan la acción protectora del sistema de nuestra SS.
En esta contingencia cubierta por la SS el hecho causante está constituido por el fallecimiento del trabajador y las prestaciones tienen como finalidad la protección de los familiares que dependían del trabajador o pensionista fallecido. La muerte del trabajador origina por un lado gastos adicionales por el propio fallecimiento y por otro pérdida de las rentas de naturaleza salarial o las prestaciones de SS de las que disfrutara el trabajador fallecido y constitutivas del sustento de los familiares a su cargo. La muerte origina, pues una situación de necesidad en las personas dependientes económicamente del trabajador fallecido que trata de ser paliada por el sistema de SS.
El requisito de contar con determinados periodos de cotización previa para acceder a las prestaciones el que marca la diferencia entre la protección del riesgo de muerte derivada de enfermedad común y el de muerte derivada de contingencias profesionales y accidente no laboral.
Pueden causar derecho a las prestaciones por muerte y supervivencia las personas incluidas en el campo de aplicación del Régimen General que, además de cumplir con los requisitos particulares de esta prestación, tengan la condición de afiliados y en alta o en situación asimilada al alta al sobrevenir el fallecimiento, los preceptores de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o maternidad, que cumplan el periodo de cotización que, en su caso, esté establecido, y los pensionistas por incapacidad permanente y jubilación, éstas dos últimas en su modalidad contributiva, teniendo en cuenta ciertos requisitos y consideraciones:
Respecto de la exigencia de que el trabajador se encontrara en el momento del hecho causante en alta o en situación asimilada al alta hay que tener en cuenta la salvedad de que también tendrá derecho a la pensión de viudedad el cónyuge superviviente cuando el causante, a la hora del fallecimiento, no se encontrase en alta o en situación asimilada al alta, siempre que el mismo hubiera completado un periodo mínimo de cotización de 15 años. La LGSS aplica también esta salvedad a las pensiones de orfandad y a las prestaciones a favor de familiares.
El trabajador fallecido debe haber completado un periodo mínimo de cotización de 500 días dentro de los 5 años anteriores al fallecimiento para causar derecho a las pensiones de viudedad, orfandad y a favor de familiares si la muerte es debida a enfermedad común. Si la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exige periodo previo de cotización.
Para causar derecho a las prestaciones de muerte y supervivencia desde la situación de pensionista de jubilación o incapacidad permanente evidentemente no se exigen requisitos de alta y cotización.
Beneficiarios. La prestación temporal de viudedad
Las prestaciones se reconocen a distintos beneficiarios posible en función de la relación de parentesco o de dependencia económica que pudiera tener con el causante.
Tendrán derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, salvo que concurra alguna causa de extinción, quienes hubieran tenido una relación conyugal con el causante, es decir, se requiere existencia de un vínculo matrimonial. Además el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo.
De la unión extramatrimonial, aun mediando convivencia, no deriva derecho a pensión de viudedad, salvo que el beneficiario no hubiera podido contraer matrimonio con el causante por impedirlo la legislación anterior a la citada Ley del Divorcio.
Respecto del requisito de la convivencia habitual entre los cónyuges ha desaparecido de la LGSS.
En casos de separación legal o divorcio el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien sea o haya sido cónyuge legítimo y en la cuantía proporcional al tiempo vivido con el cónyuge fallecido, con independencia de las causas que hubieran determinado la separación o el divorcio.
El derecho a la pensión de viudedad para el cónyuge superviviente nace a partir de la fecha del fallecimiento del causante y se mantiene mientras no concurra alguna de las causas de extinción:
Contraer nuevo matrimonio. Pero podrán mantener el percibo de la pensión de viudedad, aun contrayéndolo, los pensionistas de viudedad en los que concurran estos requisitos:
Ser mayores de 61 años o menores de esa edad en determinadas condiciones de incapacidad o minusvalía.
Constituir la pensión la principal o única fuente de ingresos.
Tener el matrimonio unos ingresos anuales que no superen dos veces el importe del salario mínimo interprofesional.
Declaración en sentencia firme de culpabilidad en la muerte del causante, se extiende a quien fuere condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio o de lesiones, cuando la ofendida por el delito fuere su cónyuge o excónyuge perderá la condición de beneficiario de la pensión de viudedad, salvo que medie reconciliación.
El fallecimiento del pensionista.
Son sus beneficiarios los hijos del causante, cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación, matrimonial o no, o por adopción, siempre que, al fallecer el causante, fueran menores de 18 años o estuvieran incapacitados para el trabajo. No obstante, si el hijo del causante no efectuara trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o realizándolo, los ingresos obtenidos en cómputo anual fueran inferiores al 75 % del SMI podrá ser beneficiario siendo menor de 22 años o de 24 si no sobrevive ninguno de los padres, si los 24 años se cumplen durante el curso académico la pensión de orfandad se prolonga hasta el comienzo del curso siguiente.
La pensión de orfandad se extingue por cumplimiento de la edad fijada en cada caso; por cesar en la incapacidad que otorgaba el derecho a la pensión; por contraer matrimonio; o por fallecimiento.
Podrán ser de dos tipos, pensiones y subsidios temporales. Se exige relación de parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad y concurrencia de los requisitos que para cada uno de ellos se establecen y que se refieren a circunstancias de edad, incapacidad para el trabajo, convivencia y carencia de medios de subsistencia.
Por otro lado, en todo caso se reconocerá derecho a pensión a los hijos o hermanos de pensionistas de jubilación o invalidez de naturaleza contributiva siempre que hubieren convivido con el causante y a sus expensas, sean mayores de 45 años y solteros, divorciados o viudos, acrediten dedicación prolongada al cuidado del causante y carezcan de medios propios de vida.
Cuando el causante fuese trabajador en activo, o se encontrase en situación asimilada al alta, al tiempo del fallecimiento, la base reguladora de la pensión vitalicia de viudedad será el cociente que resulte de dividir por 28 las suma de las bases de cotización del interesado durante un periodo ininterrumpido de 24 meses elegidos por el beneficiario dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al hecho causante.
Si fuese pensionista de jubilación o incapacidad permanente, la base reguladora será la misma que sirvió para determinar dicha pensión, aun cuando la cuantía de la pensión de viudedad que finalmente resulte se incrementará con las revalorizaciones que para las pensiones por muerte se hayan producido desde la determinación de la base reguladora inicial.
El porcentaje a aplicar a la base reguladora correspondiente para determinar la cuantía de la pensión es del 52 %, pero será del 70 % cuando la pensión de viudedad constituya la principal o única fuente de ingresos del pensionista, tales ingresos no superen determinada cuantía y el pensionista tenga cargas familiares.
Su cuantía será para cada huérfano al resultante de aplicar un tipo del 20 % sobre idéntica base reguladora que para la pensión de viudedad. Tal porcentaje se incrementará con el correspondiente a la pensión de viudedad en caso de orfandad absoluta y, de existir varios huérfanos con derecho a pensión, el incremento se distribuirá entre todos por partes iguales.
Será para cada uno de los beneficiarios del 20 % sobre la misma base reguladora que la de la pensión de viudedad, y si no hubiese cónyuge sobreviviente, la pensión a favor de familiares se incrementará con el porcentaje correspondiente a la pensión de viudedad distribuido por partes iguales.
La cuantía del subsidio a favor de familiares será igual a la señalada para las pensiones de la misma naturaleza, pero con una duración máxima de 12 mensualidades.
El fallecimiento del causante da derecho a la percepción de un auxilio por defunción para hacer frente a los gastos de sepelio a quien los haya soportado y que permanece inalterable en su cuantía, 5.000 pesetas.
Compatibilidad, límites y gestión
La pensión de viudedad es compatible no sólo con cualesquiera rentas de trabajo del cónyuge viudo sino que frente a la regla general de que las pensiones son incompatibles entre sí cuando coinciden en un mismo beneficiario, la pensión de viudedad es compatible también con la pensión de jubilación o invalidez a que el cónyuge viudo pudiera tener derecho. Compatible incluso con las pensiones del seguro Obligatorio de Vejez e invalidez.
La pensión de orfandad es compatible con cualquier renta del trabajo del cónyuge sobreviviente, del propio huérfano así como, en su caso, con la pensión de viudedad que el cónyuge causante perciba. Pero si el beneficiario de la pensión de orfandad es mayor de 18 años y sus ingresos del trabajo superan el 75 % del SMI la pensión de orfandad se suspende.
La suma de las cuantías de las pensiones por muerte y supervivencia, derivadas del mismo sujeto causante, no podrán superar el importe de la base reguladora que corresponda en su determinación inicial pero sí en las revalorizaciones periódicas que procedan. A efectos de este límite las pensiones de orfandad tendrán preferencia sobre las pensiones a favor de otros familiares y respecto de éstas últimas también existe un orden de preferencia.
La gestión y reconocimiento de prestaciones corresponde al INSS que las abona a través de la TGSS.
El derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia es imprescriptible, sin perjuicio de que los efectos económicos del reconocimiento de la prestación sólo se produzcan a partir de los 3 meses anteriores a la fecha en que se presentó la correspondiente solicitud. De la regla de imprescriptibilidad se exceptúa el auxilio por defunción, que prescribe a los 5 años.
La LGSS no da un concepto de prestación familiar, por ello la doctrina las define como la protección que el sistema de la SS concede a la familia para atender las cargas derivadas de la atención y cuidado de los hijos a cargo estableciendo prestaciones a las que se accede a través de las dos modalidades de protección, contributiva y no contributiva.
La primera idea es que existen varias prestaciones familiares: la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, la asignación económica por hijo minusválido a cargo, la prestación económica por nacimiento o adopción de un tercer o sucesivos hijos, y la prestación económica por parto o adopción múltiples.
A ellas se debe añadir una prestación, de naturaleza no económica, consistente en la consideración como de periodo de cotización efectiva, a efectos de algunas prestaciones, determinados años del período de excedencia que los trabajadores disfruten en razón del cuidado de hijo o de otros familiares.
Hay que partir también de que las prestaciones familiares de naturaleza económica del sistema de la SS son de carácter no contributivo, quedando sólo la prestación de naturaleza no económica como contributiva.
Para profundizar en estas prestaciones debe especificarse qué se ha de entender por hijo a cargo o qué hijos dan derecho a la prestación, o sea quién es sujeto causante de las distintas prestaciones.
De la asignación económica, que tendrá esa consideración el menor de 18 años, cualquiera que sea la naturaleza legal de su filiación, así como los menores acogidos, en acogimiento familiar, permanente o preadoptivo, siempre que conviva con el beneficiario y a sus expensas.
Se entenderá, salvo prueba en contrario, que existe dependencia económica cuando el hijo o el menor acogido conviva con el beneficiario, no rompiendo la convivencia la separación transitoria motivada por razón de estudios, trabajo de los padres o acogedores, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares. Se considera que el hijo está a su cargo, aun cuando realice un trabajo lucrativo, por cuenta propia o ajena, siempre que continúe conviviendo con el beneficiario de la prestación y que los ingresos percibido en concepto de rendimiento del trabajo no superen el 75 % del SMI, en cómputo anual.
Además tal condición se mantiene aunque la afiliación del causante como trabajador suponga su encuadramiento en un régimen de SS distinto a aquél en el que esté afiliado el beneficiario de la prestación. Se presume que el hijo menor o acogido no está a cargo del beneficiario cuando sea preceptor de una pensión contributiva, a cargo de un régimen público de protección social, distinta de la pensión de orfandad o de la pensión a favor de familiares de nietos o hermanos.
Si el hijo a cargo es discapacitado, tiene que ser reconocido por los órganos competentes, tener un grado de discapacidad igual o superior al 33, 65 o 75 %, y en el último caso se exige, además el que precise el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida diaria, como vestirse, desplazarse, comer o análogos.
De la prestación económica por nacimiento o adopción de tercer o sucesivos hijos, sujeto causante es el 3º hijo (y/o sucesivos) nacido, siempre que reúna las condiciones que expresa el CC.
Para el cómputo de este 3º o sucesivo hijos, serán tenidos en cuenta todos los hijos, con independencia de su filiación, comunes o no comunes, que convivan en la unidad familiar y estén a cargo de los padres. Si estuviese afectado por una minusvalía igual o superior al 33 % computará el doble.
De la prestación económica por parto o adopción múltiples, lo son los hijos nacidos de partos múltiples, cuando el número de nacidos sea igual o superior a dos, y reúnan también las condiciones que establece el CC así como los adoptados en número igual o superior a dos. Si el sujeto causante está afectado por una discapacidad igual o superior al 33% computará doble.
La causa de las prestaciones familiares es atender las necesidades que surgen del exceso de gastos que lleva aparejado el nacimiento de un hijo o el que uno de ellos sea discapacitado, así como los mayores gastos que genera una familia numerosa y el cuidado de varios hijos de forma simultánea.
Beneficiarios: requisitos de acceso a las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva
Desde la reforma producida en 2003, las prestaciones familiares, de naturaleza económica, de la SS son de carácter no contributivo. Son los beneficiarios: La asignación por hijo o menor acogido a cargo. La prestación por nacimiento o adopción de tercer hijo o sucesivos. La prestación por parto o adopción múltiple.
Beneficiarios de la asistencia económica por hijo menor o acogido a cargo
Son beneficiarios en modalidad no contributiva quienes reúnan los siguientes requisitos:
Residir legalmente en territorio español, acreditado mediante certificación de inscripción en el correspondiente padrón municipal. Se considera cumplida esta condición en el supuesto de trabajadores trasladados por su empresa fuera del territorio español, que se encuentren en situación asimilada a la de alta y coticen en el correspondiente régimen de la SS español.
Tengan a su cargo un hijo o menor en quien concurra los requisitos para ser considerado sujeto causante, que resida en el territorio español. En los casos de separación o divorcio, el derecho al percibo de la asignación se conservará para el padre o la madre por los hijos menores que tenga a su cargo.
No se perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores al límite de ingresos que fije la Ley de Presupuestos Generales del Estado anual. Si el hijo o menor acogido es discapacitado no se exige límite de recurso económicos.
No tengan derecho ni el padre ni la madre a prestación de esta misma naturaleza en cualquier régimen público de protección social.
Indica la LGSS que también son beneficiarios, y en razón de lo que hubiera correspondido a sus padres, los huérfanos de padre y madre y los abandonados, siempre que no se encuentren en régimen de acogimiento familiar, permanente o preadoptivo, menores de 18 años o discapacitados en un grado igual o superior al 65 %. Asimismo los hijos discapacitados mayores de 18 años huérfanos absolutos que no hayan sido incapacitados judicialmente y conserven su capacidad de obrar.
Beneficiarios de la prestación por nacimiento o adopción de un tercer o sucesivos hijos
Beneficiarios son los que, teniendo dos o más hijos, tengan un nuevo hijo con motivo de un nacimiento o adopción, siempre se produzca en España, y es preciso que el padre, la madre o en su defecto la persona que reglamentaria se establezca reúna los requisitos señalados en el apartado anterior con los números 1, 3 y 4 para ser beneficiario de la asignación por hijo o menor acogido a cargo en su modalidad no contributiva.
Serán tenidos en cuenta, para el cómputo del tercer o sucesivos hijos, todos los hijos, con independencia de su filiación, comunes o no comunes, que convivan en la unidad familiar y estén a cargo de los padres. Los hijos afectados por una minusvalía igual o superior al 33% computarán doble.
También tienen derecho a la prestación quienes, con independencia del número de hijos, lleguen a tener, con el nacimiento o la adopción, tres o más hijos.
Si el nacimiento o adopción tienen lugar en el extranjero, se reputará producido en España, cuando se acredite que el hijo se ha integrado de manera inmediata en un núcleo familiar con residencia en territorio español.
Beneficiarios de la prestación por parto o adopción múltiples
Beneficiarios de la prestación por parto o adopción múltiple producido en España son las personas, padre o madre, o en su defecto las personas que reglamentariamente se establezca que reúna los requisitos recogidos en los apartados 1 y 4 citados para causar asignación económica por hijo menor o acogido a cargo en su modalidad no contributiva.
Se pone de manifiesto una serie de disposiciones comunes de aplicación a todas las prestaciones familiares en su modalidad no contributiva, una afecta a la condición de beneficiario, las otras al régimen de incompatibilidades siendo:
Cuando en el padre y madre concurran las circunstancias necesarias para tener la condición de beneficiarios, el derecho a percibirla sólo podrá ser reconocido a favor de uno de ellos.
Se establecen las siguientes incompatibilidades: las prestaciones familiares son incompatibles con la percepción, por parte del padre o de la madre, de cualquier prestación análoga establecida en los restantes regímenes públicos de protección social, en cambio son compatibles todas las prestaciones familiares entre sí. Las prestaciones económicas por nacimiento o adopción del tercer o sucesivos hijos y por parto o adopción múltiples, causadas por un mismo sujeto. La prestación económica por parto y adopción múltiples con el subsidio especial de maternidad por parto múltiple.
y en el supuesto específico de asignación económica por hijo o menor discapacitado a cargo, ésta es incompatible con la condición por el hijo de pensionista de invalidez o jubilación en la modalidad no contributiva, así como con la pensión de orfandad.
Prestaciones económicas: la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, minusválido o no. La prestación por nacimiento o adopción de tercero o sucesivos hijos. La prestación por parto o adopción múltiples
Según la LGSS las prestaciones familiares de la SS, en su modalidad no contributiva, consistirán en una asignación por hijo o menor a cargo, una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de tercer o sucesivos hijos, una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.
La LGSS prevé distintas cuantías para las diferentes prestaciones. Entre ellas, la diferencia fundamental es que las asignaciones económicas por hijo o menor a cargo, minusválido o no, se devengan en función de las mensualidades a que, dentro de cada ejercicio económico, tenga derecho el beneficiario, mientras que las prestaciones por nacimiento de tercer o sucesivos hijos y por parto o adopción múltiples son de pago único en una cantidad a tanto alzado.
En concreto tratándose de la asignación económica por hijo o menor a cargo, la LGSS establece las siguientes prestaciones:
La asignación económica por hijo o menor a cargo de menos de 18 años.
La asignación económica por hijo o menor a cargo de menos de 18 años y con grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
La asignación económica por hijo o persona a cargo de más de 18 años y con discapacidad en grado igual o superior al 65 %.
La asignación económica por hijo o persona a cargo de más de 18 años y con discapacidad en grado igual o superior al 75 % y, como consecuencia, de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida.
Respecto a las otras prestaciones, las de por nacimiento o adopción de tercer o sucesivos hijos y por parto o adopción múltiples es de cuantía única, fijándose de una vez en caso de nacimiento o adopción del tercer o sucesivos hijos, y relacionada con el importe del SMI cuando se trate de adopción o parto múltiples.
Dinámica de las prestaciones
Se analiza aquí el nacimiento, la duración y la extinción o, en su caso, pérdida o suspensión del derecho a la prestación. Las prestaciones económicas de pago único, no tienen vida jurídica.
Caso distinto es el de la asignación económica por hijo a cargo de la que sí se analiza su duración y extinción.
Nacimiento de las prestaciones familiares
El derecho a las prestaciones familiares nace cuando concurran las condiciones de acceso a las mismas y se produzca el hecho causante, esto es, el nacimiento del hijo o hijos. En el caso, de la asignación económica por hijo discapacitado a cargo se requiere el reconocimiento del grado de minusvalía por el órgano competente, que se determina valorando tanto los factores físicos, psíquicos o sensoriales como los factores sociales también han de valorar la situación de dependencia y necesidad de concurso de otra persona, caso de que el grado de reconocimiento sea del 75 %.
Requiere la previa presentación ante el INSS de la pertinente solicitud, aportando los documentos necesarios para la acreditación de las circunstancias determinantes del derecho, salvo que se trate de hechos, datos o circunstancias que la Administración de la SS deba conocer por sí misma.
El reconocimiento del derecho surte efecto a partir del día primero del trimestre natural inmediatamente siguiente al de la presentación de la solicitud.
Duración de la asignación económica por hijo a cargo
La asignación económica durará hasta que exista alguna causa de suspensión o extinción del derecho.
Durante su percepción, los beneficiarios están obligados a comunicar al INSS, en el plazo de 30 días, contados desde la fecha en que se produzcan, cualquier variación que haya tenido lugar en la situación familiar, así como los cambios de residencia. Asimismo, deben presentar cada año una declaración expresiva de los ingresos habidos durante el ejercicio presupuestario anterior.
Extinción y suspensión de la asignación económica por hijo a cargo
No existe precepto alguno que relacione las causas de suspensión y extinción deduciéndose que serán las que supongan variación en la situación familiar que lleguen a generar la extinción del derecho así como la pérdida de la condición de residente o traslado de residencia fuera del territorio español.
Se extingue por fallecimiento del hijo a cargo, por cumplir éste los 18 años y por no tener, por mejoría, un grado de minusvalía igual o superior al 65 o 75 % tras practicarse la correspondiente revisión.
La asignación económica quedará suspendida o extinguida en aplicación del derecho sancionador de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
La gestión y la administración de las prestaciones familiares la tiene encomendada el INSS. El pago de la asignación económica por hijo a cargo se efectúa por la TGSS, realizándose con carácter general por semestres vencidos, salvo la asignación por hijo discapacitado a cargo mayor de 18 años que se realiza por mensualidades vencidas. El de las prestaciones económicas por nacimiento o adopción de tercer o sucesivos hijos y por parto o adopción múltiples, se produce de una sola vez.
Prestación de naturaleza no económica
Dentro de las prestaciones familiares, en su modalidad contributiva, se establece una prestación de naturaleza no económica que consiste en la consideración como periodo de cotización efectiva a los efectos de prestaciones de SS por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, y maternidad y paternidad, los dos primeros años del período de excedencia que los trabajadores, disfruten en razón del cuidado de cada hijo o menor acogido, en los supuestos de acogimiento familiar permanente o preadoptivo, aunque éstos sean provisionales. El primer año del período de excedencia que los trabajadores disfruten en razón del cuidado de otros familiares hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe una actividad retribuida. La LGSS establece también que las cotizaciones realizadas en determinados supuestos de reducción de jornada contentemplados en el ET se computen incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo.
Beneficiario es el trabajador por cuenta ajena que disfrute de estos periodos de excedencia laboral. El cómputo de un nuevo periodo de cotización efectiva se inicia por cada disfrute de excedencia laboral a que puedan dar lugar los sucesivos hijos, menor acogido o familiar.
El período considerado como de cotización efectiva surtirá efectos tanto para la cobertura del período mínimo de cotización como para la determinación de la base reguladora y el porcentaje aplicable, en su caso, para el cálculo de la cuantía de la prestación y se considerará a los beneficiarios en situación de asimilado al alta, durante dicho período, para acceder a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. Asimismo los beneficiarios mantendrán el derecho a la prestación de asistencia sanitaria de la SS.
Para ejercitar este derecho las empresas deben comunicar a la TGSS, en el plazo de 15 días a partir de que se produzca, el inicio y la finalización del disfrute por sus trabajadores de los periodos de excedencia. La omisión de dicha comunicación, podrá ser objeto de la sanción correspondiente.
Después de haber contado con una ley reguladora específica la protección por desempleo pasó a ser regulada por el Tít. III de la LGSS, aunque sigue vigente en al medida en que no se oponga a la LGSS, el reglamento de la Protección por Desempleo mediante el RD 625/1985, mientras no se proceda al referido desarrollo.
La cobertura legal de la contingencia de desempleo puede considerarse como exigencia del mandato constitucional, del art. 41. a los poderes públicos para que mantengan un régimen público de SS que garantice prestaciones suficientes especialmente en caso de desempleo.
El riesgo cubierto es el desempleo, pero no a toda situación de carencia de empleo se le otorga protección, Teniendo en cuenta que la situación de desempleo exige que el trabajador quiera y pueda trabajar, pues solo se otorga en el nivel contributivo, a quienes perdiendo su empleo o vean reducida su jornada ordinaria de trabajo, es decir, hayan dispuesto de una actividad laboral previa y se encuentren en alguna de las situaciones legales de desempleo.
La protección alcanza a los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General y a los de los Regímenes Especiales que tengan cubierta esta contingencia. A ellos se añaden los trabajadores contratados en régimen de derecho administrativo y los funcionarios de empleo al servicio de las AAPP. La protección alcanza a los trabajadores a tiempo completo o parcial, para los que cada día trabajado se computa como día cotizado, cualquiera que haya sido la duración de la jornada, lo que supone que la jornada reducida no afecta al computo de los días cotizados y únicamente se refleja en la cuantía de la prestación, al estar la base reguladora de ésta relacionada con la cotización por las horas realizadas.
Por otro lado el Gobierno queda autorizado por la LGSS para ampliar la cobertura de la contingencia de desempleo a otros colectivos, lo que se ha hecho respecto de los socios trabajadores de cooperativas de trabajo, trabajadores de estiba portuaria, clases de tropa y marinería profesional y otros colectivos así como a los emigrantes retornados, en determinadas condiciones. Pero quedan excluidos los trabajadores vinculados con contratos para la formación.
Los trabajadores referidos para acceder a la protección deben encontrarse en alguna de las situaciones legales de desempleo que son:
Cuando se extinga la relación laboral por:
Expediente de regulación de empleo o por resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal.
Muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual cuando determinen la extinción del contrato de trabajo. El trabajador acreditará la situación legal de desempleo por esta causa mediante la comunicación escrita en la que se le notificó la extinción de la relación laboral o mediante el acta de la conciliación administrativa o judicial o la resolución judicial definitiva.
Despido, en cuyo caso la decisión del empresario de extinguir dicha relación se entenderá, por sí misma y sin necesidad de impugnación, como causa de situación legal de desempleo. El trabajador acreditará esta situación mediante la carta de despido o en su defecto el acta de conciliación administrativa o judicial o la resolución judicial definitiva declarando la procedencia o improcedencia del despido, o con la certificación de la empresa o informe de la Inspección de Trabajo y SS en los que consten el cese involuntario en la prestación de trabajo y su fecha de efectos.
Despido basado en causas objetivas acreditará la situación mediante la comunicación escrita en la que se le notificó la extinción en los términos previstos en el ETT o el acta de conciliación administrativa o judicial o la resolución judicial definitiva. También la decisión del empresario de despedir se entiende por sí misma y sin necesidad de impugnación.
Resolución voluntaria del trabajador por traslado a otro centro de trabajo, por modificación sustancial de condiciones de trabajo y por justa causa. O porque se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de cioléncia de género.
Desistimiento del empresario durante el periodo de prueba, siempre que la extinción de la relación laboral anterior se hubiese debido a alguno de los supuestos de situación legal de desempleo, o hubiese transcurrido un plazo de 3 meses desde dicha extinción.
Cuando se suspenda la relación laboral en virtud de expediente de regulación de empleo o resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal o por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
Cuando se reduzca en una 1/3 parte, al menos, la jornada, en los términos del desempleo parcial.
Cuando los trabajadores fijos de carácter discontinuo carezcan de ocupación efectiva, en los términos que se establecen reglamentariamente.
Cuando los trabajadores emigrantes retornen a España por extinguírseles la relación laboral en el país extranjero, siempre que no obtengan prestación por desempleo en dicho país y acrediten cotización suficiente.
Cuando la sentencia que declare la improcedencia del despido fuese recurrida y la opción del empresario hubiera sido por la indemnización, el trabajador se considerará en situación legal de desempleo durante la tramitación del recurso.
Así pues, salvo que concurran estas circunstancias los trabajadores no se encuentran en situación legal de desempleo. No obstante la LGSS contempla algunos supuestos que no dan lugar a prestaciones de desempleo al concurrir la voluntariedad del trabajador en la extinción del contrato: cuando cesen voluntariamente en el trabajo, cuando el parado no acredite su disponibilidad para buscar activamente empleo, cuando declarado improcedente o nulo el despido la fecha de reincorporación al trabajo no se ejerza tal derecho por parte del trabajador o no se solicite la ejecución de sentencia, cuando no haya solicitado el reingreso en plazo, teniendo derecho a ello, como sucede en casos de excedencia.
Tampoco se consideran en situación legal de desempleo los trabajadores durante el ejercicio del derecho de huelga o cierre patronal. Durante estas circunstancias el trabajador permanece en situación de alta especial y se produce la sspención de la obligación de cotizar a la SS por parte del empresario y del propio trabajador, pero el tiempo huelga legal o cierre patronal se asimila a tiempo de cotización efectivamente realizada para alcanzar el tiempo mínimo de cotización de 36º días que da derecho a la prestación por desempleo.
El desempleo será total cuando el trabajador cese en la actividad que venía desempeñando y se vea privado de su salario. La pérdida de empleo que sitúa al trabajador en la situación por extinción de la relación laboral definitiva, como meramente temporal por concurrir la suspensión del contrato por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
El desempleo será parcial cuando el trabajador vea reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo, al menos en una 1/3 parte y siempre que el salario sea objeto de análoga reducción.
La protección no alcanza a todo tipo de reducción de jornada sino que en primer lugar se requiere autorización administrativa previa para dicha reducción mediante procedimiento de regulación de empleo y en segundo lugar que tenga un carácter temporal quedando excluidas las reducciones de jornada definitivas y las extendidas a todo el periodo que resta de la vigencia de un contrato de trabajo temporal.
El desempleo protegido puede ser total alcanzando a situaciones de pérdida del empleo definitiva, exclusión del contrato, o temporal, suspensión del contrato.
Mientras que el desempleo parcial alcanza sólo a reducciones de jornada de carácter temporal.
La LGSS estructura la protección por desempleo en dos modalidades que denomina niveles de protección, uno y otro de carácter público y obligatorio.
El nivel contributivo proporciona prestaciones sustitutivas de las rentas salariales dejadas de percibir como consecuencia de la pérdida o reducción del empleo a los trabajadores. El nivel asistencial tiene un carácter complementario del anterior y garantiza la protección a trabajadores desempleados que se encuentran en determinadas situaciones que no les permiten disfrutar del primer nivel de protección.
La acción protectora de la situación por desempleo comprende también acciones específicas de formación, perfeccionamiento, orientación, reconversión e inserción profesionales.
Acceden a él los trabajadores que se encuentran en la situación legal de desempleo y que además cumplan ciertos requisitos:
Estar afiliado y en alta o situación asimilada, a ellas hay que añadir la excedencia de cuidado de hijo y tener cubierto el periodo de cotización correspondiente (mínimo 360 días) dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al cese en la obligación de cotizar. El periodo correspondiente a las vacaciones anuales retribuidas que no se hubiesen podido disfrutar con anterioridad a la finalización de la relación laboral computa como periodo de cotización. Aunque rige el principio de alta de pleno derecho y de automaticidad de prestaciones de tal forma que el Servicio Público de Empleo pagará las prestaciones ppor desempleo en los supuestos de incumplimiento de las obligaciones de afiliación, alta y cotización, sin perjuicio de las acciones que pueda adoptar contra la empresa infractora y la responsabilidad que corresponda a ésta por las prestaciones abonadas.
Acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar colocación adecuada a través de suscripción del compromiso de actividad, que conlleva la participación en acciones de motivación, información, orientación, formación, reconversión o inserción profesionales.
Encontrarse inscrito como demandante de empleo o formalizar la inscripción en el momento de la solicitud.
No haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, salvo que no acredite periodo de cotización suficiente para acceder a la misma.
Según la LGSS la duración de la prestación por desempleo estará en función de los periodos de ocupación cotizada en los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que ceso la obligación de cotizar con arreglo a cierta escala:
Periodos de cotización (días) Periodos de prestación (días) Desde 360 120 Desde 2160 720 No se tiene en cuenta cotizaciones que hayan sido computadas para el reconocimiento de un derecho de desempleo anterior, salvo que el derecho anterior haya sido reconocido durnate una suspensión por violencia de género.
La LGSS regula la cuantía de las prestaciones por desempleo total y por desempleo parcial.
La cuantía de la prestación por desempleo total varía a lo largo de su duración, pues durante los 180 primeros días es el 70 % del promedio de la base por la que se haya cotizado por esta contingencia durante los 180 días precedentes y a partir del día siguiente el porcentaje es del 60 %. En determinados supuestos de reducción de jornada la base de cotización se computa incrementada hasta el 100%.
El límite máximo es del 175 % del indicador Público de Renta a Efectos Múltiples, IPREM. Incrementado en 1/6, salvo que el trabajador tuviera hijos a su cargo, en cuyo caso el tope máximo puede llegar al 225% y un límite mínimo constituido por el 107% o el 80%, segñun el trabajador tenga o no, respectivamente, hijos a su cargo o no.
La cuantía de la prestación por desempleo parcial se calcula de igual forma que la de desempleo total, pero en proporción a la reducción de la jornada de trabajo.
Respecto a los trabajadores con contrato a tiempo parcial se determinará los periodos de cotización y de cálculo de la base reguladora según su normativa, se señala que para determinar los períodos de cotización, y cálculo de la base reguladora, cada día de trabajo se computará como día cotizado, cualquiera que haya sido la duración de la jornada.
La cuantía de la prestación por desempleo será reducida en proporción a la reducción de la jornada y salario, puesto que la cuantía es reflejo de la cotización por los salarios efectivamente percibidos. Pero para acreditar los períodos de cotización, cada día trabajado computa como día cotizado, con independencia de la reducción del número de hora y salarios.
Junto a estas prestaciones la LGSS incluye el abono de la aportación empresarial correspondiente a las cotizaciones de la SS, salvo en los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato en que la empresa ingresará la aportación que le corresponda, y el 35 % de la aportación del trabajador, descontando de la cuantía de la prestación por desempleo el 65 % restante que corresponde al propio trabajador, todo ello durante el mismo periodo de percepción de la prestación por desempleo. Lo que permite al trabajador acumular derechos para las restantes prestaciones aún cuando no para la propia de desempleo, excepto cuando la prestación se perciba por la suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
Cuando se haya extinguido la relación laboral durante la percepción de la prestación por desempleo no se cotiza por el propio desempleo, ni por las contingencias profesionales, el FOGASA y la FP.
Nacimiento, suspensión y extinción del derecho
La LGSS dispone que el derecho a percibir la prestación se inicia a partir de la situación legal de desempleo siempre que se solicite en los 15 días siguientes. Si se dejara transcurrir el plazo, el derecho se reconocerá a partir de la solicitud. En la fecha de la solicitud se deberá suscribir el compromiso de actividad.
En el caso de que el periodo que corresponde a las vacaciones anuales retribuidas no hay sido disfrutado con anterioridad a la finalización de la relación laboral el nacimiento del derecho a la prestación de desempleo se producirá una vez transcurrido dicho periodo, lo que deberá constar en el Certificado de empresa que se entregue al trabajador, el nacimiento del derecho a la prestación de desempleo se producirá una vez transcurrido dicho período.
El empresario debe cotizar a la SS durante el período correspondiente a los salarios de tramitación que se considerará como de ocupación cotizada a todos los efectos.
En la medida en que la prestación por desempleo está condicionada a la subsistencia de la situación legal de desempleo se establece en la LGSS los casos en los que el derecho a dicha prestación queda en suspenso:
Mientras el titular del derecho esté cumpliendo condena que implique privación de libertad, pero no se suspenderá si el titular tuviese responsabilidades familiares y no disfrutara de renta familiar alguna cuya cuantía exceda del SMI.
Cuando el titular del derecho realice un trabajo por cuenta ajena de duración inferior a 12 meses o por cuenta propia de duración inferior a 24 meses.
En caso de traslado al extranjero para realización de un trabajo o perfeccionamiento profesional por un periodo inferior a 6 meses.
En los supuestos de la Ley de Procedimiento Laboral, hasta que se produzca la resolución definitiva.
El periodo de percepción se reduce por tiempo igual al de la suspensión a que hubiera lugar. Reducción que no se produce en el resto de supuestos. La reanudación se produce de oficio en el primer supuesto y previa solicitud del interesado en el resto.
La extinción del derecho a la percepción se produce en estos casos:
Por comisión de infracciones sancionadas con la extinción de la prestación de desempleo.
Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a 12 meses, o por cuenta propia igual o superior a 24 meses.
Cumplimiento por parte del titular del derecho de la edad ordinaria de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera acreditado el periodo de cotización requerido para la jubilación.
Pasar a ser pensionista de jubilación, o por incapacidad permanente total o absoluta, o por gran invalidez. En caso de incapacidad permanente, se puede optar por la prestación más favorable.
En este nivel las prestaciones son de tres tipos: subsidio de desempleo, abono de cotizaciones a la SS y prestaciones de asistencia sanitaria, en los términos previstos en la propia LGSS.
El subsidio se otorga a los parados inscritos como demandantes de empleo durante el plazo de 1 mes, que carezcan de rentas superiores al 75 % del SMI y que se encuentren en alguna de estas situaciones:
Haber agotado un derecho a prestación por desempleo, carecer de responsabilidades familiares y ser mayor de 45 años en la fecha del agotamiento.
Emigrantes retornados de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo o con los que no exista convenio sobre protección por desempleo, acrediten haber trabajado como mínimo 12 meses en los últimos 6 años en dichos países desde su última salida de España y no tengan derecho a la prestación por desempleo.
Haber sido liberado de prisión, o de un centro de internamiento en el caso de menores (mayores de 16 años), y no tener derecho a la prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad lo haya sido por tiempo superior a 6 meses. Incluidos quienes hubiesen concluido un tratamiento de deshabituación de su drogodependencia, siempre que durase más de 6 meses y hayan visto remitida su pena privativa de libertad en aplicación de lo previsto en el CP.
Haber sido declarado plenamente capaz o con incapacidad parcial como consecuencia de un expediente de revisión de incapacidad permanente.
También serán beneficiarios del subsidio por desempleo los parados que no tengan derecho a la prestación contributiva por no haber cubierto el periodo mínimo de cotización siempre que hayan cotizado al menos, 3 meses teniendo responsabilidades familiares o 6 meses careciendo de ellas, y los desempleados mayores de 45 años o 52, en los que concurran ciertos requisitos.
La cuantía del subsidio será igual al 80% del IPREM más las cotizaciones a la seguridad social correspondientes a las prestaciones de asistencia sanitaria, protección a la familia, en su caso y jubilación, para determinados puestos. El tipo se eleva al 107 % o al 133% para los parados de larga duración, mayores de 45 años, en función de sus responsabilidades familiares.
El subsidio se percibirá durante un periodo de 6 meses, prorrogables en determinados casos hasta 30 meses de percepción total. En otros, el periodo de subsidio es igual al de cotización previa.
Dispone la LGSS que la prestación o el subsidio por desempleo serán incompatibles con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los Regímenes de la SS, o con el trabajo por cuenta ajena, con la salvedad de que este sea a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá del importe de la prestación la parte proporcional al tiempo trabajado.
La ley prevé la incompatibilidad de estas prestaciones y subsidios con la obtención de pensiones o prestaciones de carácter económico de la SS, salvo que éstas hubieran sido compatibles con el trabajo que originó la prestación, como es el caso de pensiones de viudedad.
Gestión y régimen disciplinario del desempleo
La gestión de las funciones y servicios derivados de las prestaciones por desempleo, así como el reconocimiento del derecho a las mismas, estaban atribuidas al INEM, pero la LPGE de 1993 anunció que pasarían a ser gestionadas por el INSS, aunque no habiendo sido desarrollada tal disposición continúa con la gestión dicho Organismo. El INEM ha pasado a denominrse Servicio Público de empleo Estatal (SPEE).
Por tanto, es el SPEE a quien corresponde dictar resolución motivada, reconociendo o denegando el derecho a las prestaciones por desempleo, en el plazo de los 15 días siguientes a la fecha en que se hubiere formulado la solicitud.
El pago de la prestación se realiza por mensualidades vencidas, por el SPEE o la propia empresa, pues ésta cumple función de entidad colaboradora asumiendo el pago delegado de la prestación por desempleo parcial.
Corresponde también a la Entidad Gestora exigir por la vía correspondiente el reintegro de los pagos indebidos y controlar el correcto cumplimiento de lo establecido en la Ley, sin perjuicio de las facultades de la Inspección de Trabajo, siendo recurribles ante la Jurisdicción Social.
Se reconoce también la posibilidad de que la Entidad Gestora abone de una sola vez el valor actual del importe total de la prestación por desempleo que pueda corresponder a un beneficiario, siempre que se establezca en un programa de fomento de empleo.
Su finalidad es propiciar la iniciativa de autoempleo de los trabajadores desempleados facilitando su constitución como trabajadores autónomos, la incorporación de forma estable en cooperativas o en sociedades laborales como socios trabajadores o de trabajo y la propia constitución de cooperativas y sociedades laborales. La Entidad Gestora, en estos casos, podrá abonar de una sola vez la prestación por desempleo en los términos regulados y subvencionar la cotización del trabajador a la SS.
Además puede establecer programas de fomento destinados a permitir a los trabajadores desempleados mayores de 52 años compatibilizar el subsidio asistencial de desempleo con el trabajo por cuenta ajena en los términos establecidos, dar anticipos de prestaciones o subsidios para la movilidad geográfica y sustituir a trabajadores en formación por beneficiarios de prestaciones por desempleo.
Por otro lado la LGSS contempla el establecimiento de una ayuda específica para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo denominada “renta activa de inserción”.
Régimen de obligaciones y disciplinario
La LGSS impone determinadas obligaciones a empresarios y trabajadores como proporcionar determinada documentación e información, entrega de documentación a trabajadores, colaboración en la gestión, participación del trabajador en acciones y trabajos temporales de carácter social, comparecencia ante la Entidad Gestora, cumplimiento del compromiso de actividad, etc.
Tanto empresarios como trabajadores se encuentran obligados a abonar las cuotas correspondientes para financiar la contingencia por desempleo, aun cuando la responsabilidad del cumplimiento de la obligación de cotizar recae sobre el empresario. La cotización se destina a financiar las prestaciones del nivel contributivo mientras que las de carácter asistencial corren exclusivamente a cargo de los PGE.
La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica en materia de prestaciones por desempleo las infracciones en que pueden incurrir empresarios y trabajadores estableciendo las sanciones oportunas.
Se entiende por infracciones las acciones u omisiones contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de protección de desempleo.
Infracciones de empresarios, clasificadas en leves, graves y muy graves, siendo entre otras:
Leves: no facilitar a las Entidades Gestoras de la SS datos, certificaciones y declaraciones que estén obligados a proporcionar, u omitirlos, o consignarlos inexactamente. Y no conservar durante 4 años la documentación y soportes informáticos en que se hayan transmitido los datos.
Graves: no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones en materia de afiliación, alta y cotización, no proceder al pago delegado de la prestación por desempleo, no entregar al trabajador el certificado de empresa, no abonar a la Entidad Gestora las prestaciones satisfechas por ésta cuando fuera declarada responsable de la obligación.
Muy graves: dar ocupación como trabajadores a quienes perciban prestaciones por desempleo sin darles de alta en la SS con carácter previo al inicio de la actividad, el falseamiento de documentos y la connivencia de empresarios y trabajadores para obtener indebidamente prestaciones, así como la simulación de la contratación laboral con la misma finalidad. Además incurre en una infracción por cada uno de los trabajadores que obtengan o disfruten fraudulentamente de las prestaciones de la SS.
Sanciones a los empresarios: Pueden imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, atendiendo a la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia, incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la Inspección, cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores o de beneficiarios afectados en su caso, perjuicio causado y cantidad defraudada. Básicamente consisten en multa a imponer por la Autoridad Laboral correspondiente a propuesta de la Inspección de Trabajo y SS. En el supuesto de infracciones muy graves de las que deriven percepciones indebidas por parte de los trabajadores, el empresario responde solidariamente de su devolución.
Infracciones de los trabajadores:
Leves: no comparecer previo requerimiento ante el Servicio público de emplEo o la agencia de colaboración, no devolver el justificante de haber comparecido para cubrir la oferta de empleo y no cumplir con las exigencias del compromiso de actividad.
Graves: rechazar una oferta de empleo adecuada o negarse a participar en trabajos de colaboración social, programas de empleo, incluidos los de inserción profesional o en acciones de promoción, formación, o reconversión profesionales y la percepción indebida de la prestación por desempleo por falta de comunicación de los datos del trabajador que afecten a dicha percepción.
A estos efectos se entiende por oferta de empleo o colocación adecuada la demandada por el trabajador, la que se corresponda a su profesión habitual, cualquier otra que se ajuste a sus aptitudes físicas o formativas y en todo caso la coincidente con la última actividad laboral desempeñada. Además debe ofrecerse en la localidad de residencia habitual del trabajador o en un radio inferior a 30 km con ciertas salvedades.
Transcurrido un año de percepción ininterrumpida de prestaciones por desempleo pueden considerarse adecuadas otras profesiones si a juicio del Servicio Público de Empleo pueden ser ejercidas por el trabajador.
Muy graves: actuar fraudulentamente o en connivencia con el empresario con el fin de obtener prestaciones indebidas, compatibilizar el percibo de prestaciones o subsidio por desempleo con el trabajo por cuenta propia o ajena, salvo en el desempleo parcial y la no aplicación de las prestaciones por desempleo que se perciban según lo que establezcan los programas de fomento de empleo.
Sanciones a los trabajadores: La imposición de sanciones por infracciones leves o graves corresponde a la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo, y por muy graves a la Autoridad Laboral competente, a propuesta de la Inspección de Trabajo y SS.
Las sanciones consisten básicamente en la pérdida temporal de la prestación o subsidio o su extinción según la gravedad de la falta, con reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.
Igualmente podrá excluírseles del derecho a percibir cualquier prestación económica y ayuda por fomento del empleo durante un año. Cabe la suspensión cautelar.

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Resolución 
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