Source: http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2016/
Timestamp: 2017-06-27 03:46:22+00:00

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En la ya extensa
jurisprudencia del Tribunal de Justicia acerca de la aplicación del fuero del
“lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso” (art.
7.2 Reglamento 1215/2012 o RBIbis y art. 5.3 Reglamento 44/2001) a acciones de
responsabilidad extracontractual respecto de actividades desarrolladas a través
de Internet, la sentencia de anteayer
en el asunto C-618/15, Concurrence,
no parece representar un progreso significativo, más allá de constatar que en
el caso de las acciones derivadas del incumplimiento de las prohibiciones de
venta en un determinado territorio, es lugar de manifestación del daño el
territorio al que va referida la prohibición y en el que demandante afirma
haber sufrido una reducción de ventas, que es lo que se limita a establecer el
fallo. Se trata de una aportación puntual coherente con la interpretación del
artículo 7.2 respecto de los ilícitos en el ámbito de los llamados ilícitos “concurrenciales”,
en los que el mercado afectado resulta determinante al apreciar el lugar de
manifestación del daño. Ahora bien, ese restringido contenido del fallo parece
contrastar con el objeto de la cuestión prejudicial planteada por la Cour de cassation francesa, que lo que
preguntaba al Tribunal de Justicia es si en ese tipo de situaciones ese fuero
de competencia “¿debe interpretarse…en el sentido de que… el distribuidor…
perjudicado tiene derecho a ejercitar una acción de cesación… ante el tribunal
en cuyo territorio sean accesibles los contenidos publicados o hayan sido
accesibles, o es preciso que exista otro factor de conexión?” En realidad el
Tribunal de Justicia no parece responder a la pregunta que le había sido
planteada. Esa falta de respuesta unida a la evolución previa de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia respecto de ese fuero y en particular
sus sentencias en materia de infracción de derechos de autor en los asuntos Pickney y, especialmente, Hejduk, podrían llevar a pensar que el
Tribunal de Justicia da por bueno que la mera accesibilidad del sitio de
Internet en el territorio afectado por la exclusiva al que se refiere la
demanda resulta suficiente para fundar la competencia con base en el artículo
7.2 RBIbis. No obstante, de la sentencia Concurrence
también cabe derivar que no en todos los casos será así. Leer más
Tras la reciente controversia
acerca de la pretendida orden en el marco de un procedimiento penal español de
prohibir la publicación de determinada información personal también a medios
extranjeros (mediante la solicitud de auxilio judicial a la autoridad alemana),
puede resultar de interés hacer referencia a algunos recientes –y futuros-
desarrollos en el ámbito civil, en el que sí cabe que en determinadas
situaciones la competencia de un tribunal se extienda al conjunto de los daños
causados por la difusión de cierta información a través de Internet y que las
medidas que adopte un órgano jurisdiccional español sean susceptibles de
beneficiarse en el extranjero del régimen de reconocimiento y ejecución de
resoluciones en materia de Derecho privado que corresponda.
sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, las propuestas acerca de
la eventual participación del Reino Unido en el sistema de la patente unitaria
habían sido percibidas en gran medida como ejercicios voluntaristas por tratar
de salvaguardar la puesta en marcha de dicho sistema, habida cuenta de la
importancia del Reino Unido en el mismo y de que en principio la ratificación
por el Reino Unido es requisito para la entrada en vigor del Acuerdo sobre el
Tribunal Unificado de Patentes (TUP) conforme a su art. 89. La impresión
más extendida era que las propuestas de ese tipo si el Reino Unido sale de la
Unión no sólo plantean significativas objeciones desde la perspectiva de su
viabilidad sino también en el plano político (véase aquí y aquí). Ahora bien,
esta semana el gobierno del Reino Unido ha anunciado
su propósito de continuar con los trámites para la ratificación del Acuerdo TUP.
Al igual que el grueso de las cuestiones que a día de hoy rodean al llamado
Brexit, las perspectivas de este anuncio son inciertas. La puesta en marcha del
sistema no depende sólo del Reino Unido (en concreto, entre las ratificaciones
que son presupuesto para la entrada en vigor del Acuerdo TUP todavía está
pendiente la de Alemania). El anuncio del Gobierno británico hace referencia a
su intención de desempeñar un papel pleno y activo en la Unión “for as long as we are members of the EU”,
pero muestra su voluntad de poner en marcha tan pronto como sea posible el Tribunal
Unificado de Patentes y cabe suponer que con intención de seguir participando
en él tras el abandono de la Unión, con base en que el Acuerdo no regula qué
sucede cuando un Estado que ya participa en el mismo deja de ser miembro de la
Unión. En este contexto, cobra un renovado interés la reflexión acerca del
eventual funcionamiento del sistema de la patente unitaria con un Estado no
miembro de la Unión o que deja de serlo una vez puesto en marcha el sistema.
Habida cuenta de la pluralidad de
regímenes de reconocimiento de resoluciones extranjeras que conviven en nuestro
sistema, la delimitación entre ellos para concretar el aplicable en el caso
concreto presenta en muchas ocasiones no sólo gran complejidad sino también notable
importancia. No obstante, la STS (Civil) del pasado 6 de octubre (ECLI:ES:TS:2016:4287) proporciona un
ejemplo de cómo en otras situaciones esa importancia ha de ser relativizada. El
Tribunal Supremo pone de relieve que la aplicación de un régimen incorrecto por
el órgano judicial que se pronuncia sobre el reconocimiento y ejecución carece
de consecuencias cuando la solución a la que se ha llegado al respecto es la misma
que se habría alcanzado aplicando el régimen correcto, incluso aunque se haya
seguido un procedimiento distinto pero que no ha supuesto la vulneración del
derecho de defensa de quien invocó sin éxito el régimen de reconocimiento que debía
haber sido aplicado. Esta sentencia del Tribunal Supremo reviste también
interés con respecto al significado del control de la notificación de la
resolución extranjera a la demandada como motivo de denegación del
carácter territorial de los derechos de autor y derechos conexos constituye un
obstáculo a la difusión por medio de Internet más allá de las fronteras
nacionales de programas de radio y televisión, en la medida en que estos
programas incorporan contenidos objeto de tales derechos, como obras musicales
o audiovisuales, respecto de los que los organismos de radiodifusión o quienes retransmiten
los programas únicamente han adquirido derechos para territorios concretos, típicamente
en el ámbito europeo de carácter estatal. Para facilitar la posibilidad de
difundir esos programas a través de Internet en el conjunto de la Unión, la reciente
Propuesta de Reglamento en la materia contempla la extensión respecto de
ciertos servicios en línea del principio del país de origen a partir del modelo
establecido para la radiodifusión por satélite en la Directiva 93/83/CEE, cuyas
disposiciones no son de aplicación a la prestación de servicios en línea.
Ciertamente, a ese enfoque responde la “Propuesta de Reglamento por el que se
establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y determinados
derechos afines a los derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones
en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de
programas de radio y televisión” (COM(2016)594 final), adoptada en el marco de la Estrategia para el Mercado Único
Digital. El recurso al principio del país de origen que contempla el nuevo
Reglamento supone una excepción muy relevante pero puntual a la aplicación del
criterio lex loci protectionis. Leer más
El préstamo de libros electrónicos como equivalente funcional del préstamo de libros en papel y sus implicaciones Frente al criterio ampliamente
extendido en la legislación y la práctica de los Estados miembros en el sentido
de que el derecho de préstamo de obras amparadas por el derecho de autor –así como
la excepción a tal derecho a favor de las bibliotecas- no incluía el préstamo
de libros electrónicos sino sólo las obras en soporte tangible, la importante sentencia de ayer del Tribunal de
Justicia en el asunto C-174/15, Vereniging
Openbare Bibliotheken, lleva a cabo una interpretación de la legislación de
la Unión en el sentido de que el préstamo de libros electrónicos está
comprendido también en el derecho de préstamo y, en consecuencia, puede asimismo
llegar a beneficiarse de la excepción prevista en el artículo 6.1 de la
Directiva 2006/115 –objeto de transposición en nuestro ordenamiento en el art.
37.2 LPI- en relación con el préstamo de libros por las bibliotecas públicas.
Curiosamente, a diferencia de lo que con frecuencia ocurre en el ámbito de la
propiedad intelectual, se trata de un pronunciamiento que, pese a ampliar el
alcance de un derecho exclusivo de los autores (el de autorizar el préstamo de
sus obras) resulta también favorable para los usuarios (y las bibliotecas), en
la medida en que posibilita que resulten de aplicación con respecto a los
libros electrónicos los privilegios que para las bibliotecas derivan de la
excepción prevista a su favor sobre el préstamo de libros. Como se puso de
relieve en las Conclusiones del Abogado General en este asunto, el modelo
actual construido sobre la base de que el préstamo de libros electrónicos
quedaba al margen del derecho de préstamo, constituyendo una modalidad de
comunicación al público de modo que las bibliotecas no podían llegar a
beneficiarse respecto de tales libros de la excepción al derecho de préstamo,
se ha traducido en que, a diferencia de lo que sucede con los libros en papel,
la "lógica del mercado", mediante la celebración de contratos de licencia entre
los editores y las bibliotecas, domine el préstamo público de libros
electrónicos, en detrimento de la posición de los autores, que no perciben una
remuneración adecuada, y del desempeño por las bibliotecas de las funciones que
les son propias en relación con el acceso a la cultura y la ciencia (apdos. 33 a
39 de las conclusiones del Abogado General Szpunar).
Los días 31 de octubre y 1 de
noviembre se ha desarrollado en el marco del Center for Transnational
Litigation, Arbitration and Commercial Law de la Universidad de Nueva York
(NYU) el Seminario titulado «The Impact of EU Law on International Commercial Arbitration». El congreso ha tratado
algunos de los aspectos más controvertidos de la interacción entre el arbitraje
comercial y de inversiones y el Derecho de la Unión Europea. Conforme a lo
previsto en el programa, el Seminario ha estado organizado básicamente en siete
paneles, incluyendo cada uno de ellos la presentación de dos ponencias
relativas a un mismo tema para dar pie al debate entre los asistentes. Entre
las principales cuestiones objeto de análisis cabe reseñar el tratamiento de
las antisuit injunctions en el marco arbitral y la eventual repercusión del
Brexit; la posición de los órganos arbitrales y las perspectivas de evolución
en lo relativo al tradicional rechazo al planteamiento de cuestiones
prejudiciales ante el Tribunal de Justicia; el significado de las normas
internacionalmente imperativas como limite al acceso a la justicia arbitral en
la práctica de los tribunales de algunos Estados miembros; la relevancia de los
Reglamentos Roma I y Roma II en el arbitraje comercial internacional; la
posibilidad por parte de los árbitros de dar efecto a normas internacionalmente
imperativas; el recurso al arbitraje en relación con los litigios relativos a
los daños derivados de la infracción del Derecho de la competencia; las
relaciones entre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el arbitraje; así
como a la interacción entre el Derecho de la Unión y el arbitraje de
inversiones. Leer más
Como destacaba en
la entrada sobre la sentencia del
Tribunal de Justicia de ayer en el asunto Nikiforidis,
el Tribunal ha venido a establecer que en relación con el régimen de los
contratos internacionales el artículo 9.3 del Reglamento Roma I no es aplicable
cuando de lo que se trata no es propiamente de la aplicación de una norma
internacionalmente imperativa extranjera sino de su mera toma en consideración,
es decir, de la posibilidad de tener en cuenta tales normas extranjeras como
circunstancia de hecho relevante al aplicar la ley que rige el contrato
internacional. A modo de ejemplo de la práctica española reciente ilustrativa
de la toma en consideración de normas de esa naturaleza al margen del artículo
9.3 del Reglamento Roma I, en línea con el planteamiento adoptado por el
Tribunal de Justicia, cabe hacer referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial (Civil) de Madrid (Sección Undécima) de 30 de marzo de 2016 (ECLI:ES:APM:2016:4159). La sentencia de
la Audiencia toma en consideración, sin hacer referencia al Reglamento Roma I, normas internacionalmente imperativas rusas
(que, por cierto, responden en este caso a objetivos no compartidos por nuestro
ordenamiento) como elemento fáctico relevante a la hora de decidir sobre una
demanda de resolución de contrato e indemnización, y, en concreto, al valorar, en
relación con un acuerdo entre partes españolas y regido por el Derecho español que
debía ser ejecutado en Rusia, si la entrada en vigor de ciertas normas internacionalmente
imperativas rusas dio lugar a una situación de imposibilidad sobrevenida para
el cumplimiento de la obligación. Publicado por
las disposiciones más controvertidas y de más compleja aplicación del
Reglamento Roma I se encuentra su artículo 9, relativo a las “leyes de policía”
o normas internacionalmente imperativas, y especialmente su apartado 3, acerca
de la posibilidad de dar efecto a las normas internacionalmente imperativas de
terceros Estados, es decir, que no pertenecen ni a la ley del foro ni a la ley
del contrato. Reflejo de la controversia suscitada por esta cuestión es, de una
parte, que con respecto al antecedente de esta norma en el Convenio de Roma de
1980 –artículo 7.1- se previó excepcionalmente que los Estados miembros
pudieran formular reservas de modo que excluyeran su aplicación, y de otra y
mucho más relevante ahora, es que el texto del artículo 9.3 del Reglamento Roma
I introdujo importantes modificaciones con respecto al artículo 7.1 del
Convenio de Roma, de modo que resultara aceptable para algunos Estados,
especialmente el Reino Unido. La sentencia hecha pública hoy por el Tribunal de Justicia en el asunto Nikiforidis, C-135/15, EU:C:2016:774,
resulta clave a partir de ahora para fijar el alcance del artículo 9.3 y
precisamente lo hace de modo que, en una primera valoración, limita el
significado práctico de las modificaciones introducidas en el artículo 9.3 del
Reglamento Roma I. La sentencia también presenta interés de cara a concretar el
ámbito de aplicación temporal del Reglamento, especialmente con respecto a los
contratos de larga duración celebrados inicialmente antes de la fecha de
aplicación del Reglamento (17 de diciembre de 2009). El litigio principal en el
marco del cual se plantea la cuestión es muy peculiar, en concreto la
posibilidad de que un tribunal alemán dé efecto a medidas griegas para la reducción
del déficit en relación con la rebaja del salario de los empleados del sector
público respecto de un profesor –el Sr. Nikiforidis- de una escuela de primaria
situada en Alemania y gestionada por Grecia cuando la ley aplicable al contrato
de trabajo es la ley alemana. En todo caso, las consideraciones que siguen se
limitan a reflejar brevemente las aportaciones de la nueva sentencia con
respecto a las dos cuestiones antes mencionadas y relevantes con carácter
general para la interpretación del Reglamento Roma I. Leer más
célebre sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Usedsoft, su sentencia de anteayer en el asunto Ranks y Vasiļevičs, (C-166/15, EU:C:2016:762),
constituye su aportación más significativa con respecto al régimen del mercado
de segunda mano de programas de ordenador. Cabe recordar que en Usedsoft el Tribunal concluyó que el
agotamiento derivado de la venta de un programa de ordenador (dejo expresamente
abierta la posibilidad de una interpretación distinta en relación con otro tipo
de obras) se produce también cuando el programa no se ha puesto a disposición
del comprador en formato material sino mediante la descarga de la copia a
través de Internet, estableciendo además que todo ulterior adquirente de la
copia del programa puede invocar el agotamiento del derecho de distribución a
los efectos de ser considerado un adquirente legítimo y gozar del derecho de
reproducción previsto en el artículo 5.1 Directiva 2009/24 sobre la protección
jurídica de los programas de ordenador (100.1 LPI). El planteamiento entonces
adoptado por el Tribunal de Justicia determina que en los casos de venta de
programas de ordenador descargados en línea se produzca a estos efectos una
equiparación de la posición del adquirente con la de los compradores de
software en soportes tangibles (CD-ROM, DVD… o incorporados en cualquier hardware),
de modo que quedan facultados para revender a terceros los programas de
ordenador que adquirieron mediante la descarga a través de Internet (si bien
para no violar el derecho del titular al revender un programa deben hacer
inutilizable la copia descargada en su ordenador). En la sentencia Ranks y Vasiļevičs el Tribunal aborda básicamente
la cuestión de cuál debe ser el tratamiento de la comercialización de copias
materiales no originales realizadas por el adquirente de una copia de un
programa –con licencia de uso ilimitado- en soporte tangible sin consentimiento
del titular pero amparadas en el derecho a una copia de salvaguardia (art. 5.2 Directiva
2009/24 y art. 100.2 LPI), en particular si tales copias pueden ser objeto de
reventa aplicando criterios similares a los establecidos en Usedsoft cuando el soporte original se
ha deteriorado y el adquirente inicial borra su copia o deja de usarla. No
obstante, la nueva sentencia contiene pronunciamientos de gran importancia
acerca del alcance del derecho a revender una copia de un programa de ordenador
adquirido con una licencia de uso ilimitado en un soporte físico que ha sido
dañado, destruido o extraviado.
las incertidumbres vinculadas al Brexit se encuentra el futuro de la patente
europea con efecto unitario, en cuya configuración precisamente la posición del
Reino Unido fue determinante de la exclusión de las normas sustantivas de
Derecho de patentes del contenido Reglamento 1257/2012 y su traslado Acuerdo
TUP, como vía elegida, al no ser un instrumento de Derecho de la Unión ni un
convenio en el que participe la UE, para marginar Tribunal de Justicia en la
interpretación del Derecho material de patentes. Al margen de las
incertidumbres (y, tal vez, también posibilidades) que abre el nuevo escenario,
lo cierto es que en el sistema diseñado el efecto unitario de la patente
europea deriva de la aplicación en cada caso de la ley nacional designada en
virtud del artículo 5.3 Reglamento 1257/2012, de modo que los criterios de
conexión de sus artículos 5 y 7 se configuran como determinantes para concretar
el régimen de la patente unitaria, lo que condiciona que el régimen del derecho
varíe según donde se localicen los elementos (como el domicilio del
solicitante) en función de los cuales se determina la legislación nacional
aplicable supletoriamente.
de estas cuestiones relativas a la determinación de la normativa aplicable
trata el artículo titulado “La patente con efecto unitario y su régimen
jurídico”, publicado ahora en el número 1 de 2016 de la Revista de Direito Intelectual, editada por la Associação Portuguesa de Direito Intelectual, y que puede
carácter unitario de las marcas de la Unión y el que produzcan los mismos
efectos en todo su territorio no impiden que en determinadas circunstancias las
medidas de prohibición que puedan adoptarse en caso de infracción de tales
marcas excluyan parte del territorio de la Unión, de modo que no prohíban el
uso por parte del infractor demandado en las zonas que quedan al margen de la medida. Así
lo ha venido a confirmar la sentencia
del Tribunal de Justicia de 22 de septiembre de 2016, C-223/15, combit Software, ECLI:EU:C:2016:719, que
confirma lo ya ha apuntado por el Tribunal en su sentencia de 12 de abril de
2011, C-235/09, DHL Express, con
alguna aportación adicional.
"En materia de Derecho
internacional privado la nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria opta
básicamente por remitirse de manera genérica a otras disposiciones de nuestro
ordenamiento, incluidos los convenios internacionales y los instrumentos de la
UE. La aplicación de las normas de competencia internacional puede plantear
significativas particularidades en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, en
especial, con respecto a la concreción de las reglas relevantes, el alcance de
ciertos mecanismos de flexibilización, la actividad de los operadores no
jurisdiccionales y la coordinación con las reglas de competencia interna. En el
ámbito del Derecho aplicable, la peculiar vinculación entre normativa material
y procesal dificulta su delimitación y aconseja la coordinación entre los
criterios de competencia y la determinación de la ley aplicable. Los intereses
objeto de protección en los expedientes de jurisdicción voluntaria pueden
justificar un tratamiento parcialmente diferenciado en lo relativo a la
aplicación del Derecho extranjero. En materia de reconocimiento de
resoluciones, ámbito en el que la nueva Ley sí incluye ciertas disposiciones
específicas, presenta gran interés el análisis de las resoluciones susceptibles
de reconocimiento, el régimen de inscripción registral, los motivos de
denegación del reconocimiento y la coordinación con las normas incluidas en
otras recientes reformas".
El párrafo anterior es el resumen
del artículo “Ley de la Jurisdicción Voluntaria y Derecho internacional
privado”, incluido en el tomo XVI del Anuario español de Derecho internacional
privado, que puede consultarse aquí. Publicado por
En apenas una semana el Tribunal
de Justicia ha pronunciado dos importantes sentencias en relación con el
régimen de responsabilidad de ciertos prestadores de servicios de la sociedad
de la información en caso de infracción de derechos de propiedad intelectual.
Tras la sentencia GS Media, a la que
dediqué la anterior entrada, resulta de interés reseñar ahora la sentencia pronunciada ayer por el
Tribunal en el asunto C-484/14, Mc Fadden,
relativa a un litigio entre un titular de derechos de autor y la empresa que
gestiona una red local inalámbrica gratuita de acceso a Internet sin
restricciones, a través de la cual un usuario puso gratuitamente a disposición
del público en Internet una obra musical, sin autorización de los titulares de
derechos. La sentencia Mc Fadden se pronuncia, en primer lugar,
sobre una serie de cuestiones que, si bien relevantes en relación con la
posición de los proveedores que facilitan acceso gratuito a Internet a través
de redes WLAN (más conocidas como Wi-Fi) como elemento accesorio respecto de su
actividad principal (como es habitual en ciertos comercios o establecimientos
de hostelería), cabe considerar que no resultaban especialmente controvertidas,
como es la posibilidad de que tales proveedores puedan beneficiarse de la
limitación de responsabilidad prevista en el artículo 12 de la Directiva
2000/31 sobre el comercio electrónico (DCE), traspuesto en el artículo 14 de la
Ley 34/2012 de servicios de la sociedad de la información y el comercio
electrónico (LSSI), así como las condiciones a las que se subordina tal
limitación. Ahora bien, más allá de esas cuestiones, la sentencia en el asunto Mc Fadden presenta una gran importancia por
abordar la compleja y controvertida cuestión de qué medidas tendentes a poner
fin o evitar infracciones a través de sus redes pueden adoptarse frente a esos
intermediarios incluso cuando se benefician de la limitación de
responsabilidad. Es un ámbito en el que la ponderación entre los derechos fundamentales
implicados, de una parte el derecho a la propiedad intelectual, de otra,
básicamente el derecho a la libertad de empresa y el derecho a la información
de los usuarios, resulta particularmente compleja, y en el que el Tribunal de
Justicia opta por distanciarse, con un criterio más restrictivo, de la posición
adoptada en sus conclusiones por el
sentencia en el asunto C-160/15, GS Media,
hecha pública ayer por el Tribunal de Justicia, constituye un hito de
importancia fundamental en lo relativo al tratamiento de los enlaces o
hipervínculos incluidos en páginas web que dirigen a contenidos que se hallan disponibles
libremente en Internet pero sin autorización del titular de los derechos de
autor, de cara a precisar en qué circunstancias tales enlaces han de ser
considerados actos de comunicación al público (en el sentido de los artículos
3.1 de la Directiva 2001/29 y 20 de la Ley de Propiedad Intelectual -LPI-) que infringen
los derechos del titular sobre las obras afectadas. La nueva sentencia
representa, según el propio Tribunal, un complemento de sus célebres
resoluciones en los asuntos Svensson
(Sentencia de 13 de febrero de 2014, C‑466/12) y BestWater International (Auto de 21 de octubre de 2014, C‑348/13),
que viene a descartar ciertas interpretaciones amplias de esos precedentes que
tendían a reforzar la posición de los proveedores de enlaces frente a la de los
titulares de derechos de autor. No sólo por la trascendencia de la materia que
aborda y en relación con la cual establece los límites a la licitud de una
práctica tan habitual en Internet como la inclusión de enlaces, sino también
por las previsibles dificultades de interpretación del estándar que proporciona
basado en una apreciación casuística de la existencia de comunicación pública y
la compleja coordinación del criterio establecido con otras normas de nuestro
ordenamiento, la nueva sentencia y su aplicación habrán de ser objeto de
análisis detallado en el futuro. Baste ahora una sintética referencia al alcance
de su aportación y a algunas de esas previsibles dificultades de interpretación
y coordinación. Leer más
se ha publicado en el Diario Oficial el Reglamento(UE) 2016/1191, de 6 de julio de 2016, por el que se facilita la librecirculación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinadosdocumentos públicos en la Unión Europea, cuyas disposiciones, en su mayor
parte, serán de aplicación a partir del 16 de febrero de 2019 (art. 27). En
síntesis, el Reglamento tiene como logro básico la eliminación, respecto de un
conjunto muy significativo de documentos públicos, de la exigencia de
legalización o apostilla para que los expedidos en un Estado miembro puedan
utilizarse a efectos oficiales en otro Estado miembro, de modo que logra entre
los Estados miembros una mayor simplificación de la que ya resultaba de la
participación de todos ellos en el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961
sobre la Apostilla. Además, el Reglamento incorpora medidas destinadas a
facilitar ciertos trámites relativos a la presentación de documentos públicos,
en concreto, la aportación de copias certificadas y traducciones, creando los
que denomina impresos estándar multilingües como ayuda a la traducción. Se
trata de un instrumento de un alcance mucho más limitado que el ambicioso plan
contemplado por la Comisión en su Libro Verde “Menos trámites administrativos
para los ciudadanos: promover la libre circulación de los documentos públicos y
el reconocimiento de los efectos de los certificados de estado civil”, de 14 de
diciembre de 2010, COM(2010) 747 final, pues, entre otros aspectos, el
Reglamento 2016/1191 no afecta en ningún caso al reconocimiento en un Estado
miembro de los efectos jurídicos relacionados con el contenido de un documento
público expedido en otro Estado miembro. En consecuencia, uno de los aspectos
centrales contemplados en el Libro Verde, como era el relativo al
reconocimiento recíproco entre los Estados miembros de las situaciones
jurídicas constatadas por los certificados de estado civil, queda al margen del
nuevo Reglamento, condicionado por el significativo grado de disparidad
existente entre las legislaciones materiales de los Estados miembros sobre
Derecho de familia y estado civil, que no resultan modificadas por el
Reglamento. En todo caso, para valorar –someramente- el significado del nuevo
Reglamento cabe abordar tres cuestiones: su ámbito de aplicación, el alcance
limitado de la simplificación que establece, así como las relaciones del nuevo instrumento
con los convenios internacionales en la materia.
77ª Conferencia de la International Law Association Entre los días 7 y 11 de agosto se ha celebrado en Johannesburgo la 77ª Conferencia bianual de la International Law Association. Entre los Comités que han celebrado una sesión en el marco de la Conferencia se encuentra el dedicado a la propiedad intelectual y el Derecho internacional privado. La sesión se centró en la presentación y discusión del Tercer Informe del Comité, que da cuenta del estado de sus trabajos y por primera vez recoge un borrador parcial de las Directrices que el Comité pretende elaborar. El tercer informe del Comité sobre propiedad intelectual y Derecho internacional privado de la ILA, así como los presentados por el resto de los comités en la Conferencia de Johannesburgo se encuentran accesibles aquí. Publicado por
Entre la de momento limitada
jurisprudencia del Tribunal de Justicia acerca de los Reglamentos sobre la ley
aplicable a las obligaciones contractuales (Reglamento n.º 593/2008 o Roma I) y
sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Reglamento n.º
864/2007 o Roma II), su sentencia de ayer en el asunto C‑191/15, Verein für Konsumenteninformation, está
llamada a tener una gran importancia, especialmente en relación con la
delimitación entre ambos Reglamentos cuando se trata del ejercicio de acciones
de cesación frente a condiciones generales por su carácter abusivo, así como
con respecto a la valoración de las cláusulas de elección de la ley aplicable y
el funcionamiento de la regla de conflicto sobre competencia desleal. Por otra
parte, la sentencia aborda también relevantes cuestiones en materia de
protección de datos, si bien en este sector cabe entender que su aportación es
menor. Las cuestiones objeto de análisis son de gran importancia para la
práctica cotidiana en el contexto del comercio electrónico, como refleja que el
litigio principal surge en relación con el pretendido carácter abusivo de
ciertas condiciones generales de un operador tan significativo en ese mercado
como Amazon. Con respecto a los hechos del litigio principal, planteado ante
los tribunales austriacos, cabe destacar que enfrentaba a una asociación austriaca para la defensa de
los consumidores y a Amazon EU, sociedad domiciliada en Luxemburgo que forma
parte del grupo internacional Amazon. Esa sociedad a través de un sitio de
Internet bajo un nombre de dominio con la terminación «.de», dirigía sus actividades a los
consumidores que residen en Austria con los cuales celebra contratos de venta
electrónica; entre sus condiciones generales figuraba una según la cual los
contratos de compraventa quedaban regidos por el Derecho de luxemburgo. En una
primera y breve valoración de la sentencia cabe diferenciar cuatro aspectos: 1)
Leyes aplicables en relación con la cesación del uso de cláusulas ilícitas; 2)
Interacción entre los artículos 6 y 4 del Reglamento Roma II, 3) Precisiones
sobre el carácter abusivo de las cláusulas sobre ley aplicable y 4) Cuestiones
de ley aplicable en materia de protección de datos.
delimitación entre los fueros especiales en materia contractual y
extracontractual (arts. 7.1 y 7.2 Reglamento 1215/2012 o arts. 5.1 y 5.3
Reglamento 44/2001) constituye una de las cuestiones más controvertidas en la
aplicación de las reglas de competencia del Reglamento Bruselas I bis. La sentencia pronunciada hoy por el
Tribunal de Justicia en el asunto C-196/15, Granarolo
SpA, ilustra cómo la elaboración de nociones autónomas que aseguran una
delimitación uniforme entre ambas reglas de competencia puede resultar
seriamente comprometida por las divergencias entre los derechos materiales de
los Estados miembros (o incluso otras legislaciones que puedan resultar
aplicables a una reclamación), por ejemplo, con respecto a la posibilidad de
apreciar que las relaciones comerciales de larga duración puedan tener su
origen en una relación contractual tácita o la previsión de acciones de
indemnización fundadas en la ruptura repentina de relaciones comerciales de
larga duración al margen de la existencia de un contrato entre las partes.
sentencias pronunciadas ayer por el Tribunal de Justicia relativas a la
interpretación del Reglamento Bruselas I, la sentencia en el asunto C-70/15, Lebek,
presenta el interés de que lleva a cabo una interpretación amplia del concepto
de “recurso” empleado en el artículo 34.2 del Reglamento 44/2001 –RBI- (art.
45.1.b del Reglamento 1215/2012 –RBIbis-). Como es conocido, la circunstancia
de que el demandado no haya recurrido contra una resolución en el Estado de
origen cuando tuvo la posibilidad de hacerlo resulta determinante de que no
pueda oponerse a su reconocimiento y ejecución pese a que la resolución se haya
dictado en rebeldía y no se le hubiera entregado la cédula de emplazamiento o
documento equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiera
defenderse. Por ello, la interpretación amplia que adopta la sentencia Lebek tiene como consecuencia que reduce
aún más las posibilidades de oponerse al reconocimiento y ejecución de las
resoluciones adoptadas en rebeldía en el marco del RBI y del RBIbis. Si quien
se opone al reconocimiento o ejecución no alegó su derecho a solicitar la
exención de la preclusión cuando pudo hacerlo, no cabe denegar el
reconocimiento de una sentencia dictada contra él en rebeldía con base en el
art. 34.2 RBI (art. 45.1.b RBI bis) aunque no hubiera tenido inicialmente la
posibilidad de interponer un recurso ordinario. Leer más
Como se intuye del contenido de
su fallo, la aportación de la sentencia
del Tribunal de Justicia de 7 de julio en el asunto C-222/15, Höszig, es en principio modesta.
Básicamente el Tribunal confirma que cuando un acuerdo atributivo de
competencia se incluye en las condiciones generales de contratación mencionadas
en los instrumentos en los que constan los contratos entre las partes y
transmitidas cuando se concluyeron, cabe apreciar que efectivamente existe un
acuerdo de prórroga de jurisdicción, en la medida en que se cumplen los
requisitos formales exigidos en el artículo 23.1 del Reglamento 44/2001 –RBI- (que
se corresponde en lo sustancial con el art. 25.1 Reglamento 1215/2012 –RBI bis-)
y tales requisitos tienen como objetivo garantizar que se acredita el
consentimiento de las partes con respecto a la cláusula atributiva de
competencia. Además, de manera coherente con la práctica negocial ampliamente
extendida, confirma que la exigencia de que el acuerdo designe como competente “un
tribunal o los tribunales de un Estado miembro” puede cumplirse mediante la
designación de los tribunales de una ciudad de un Estado miembro. Además, la
sentencia ilustra que, habida cuenta de que el artículo 1.2.e) del Reglamento 593/2008
(Roma I) excluye de su ámbito de aplicación los convenios de elección del
tribunal competente, dicho Reglamento, y en particular su artículo 10 relativo
a la existencia y validez del contrato, no resulta aplicable con respecto a las
cláusulas atributivas de competencia. No obstante, otros aspectos de la validez
de tales acuerdos pueden resultar controvertidos tanto en la aplicación del
Reglamento Bruselas I bis como del Convenio de La Haya de 2005 sobre acuerdos
de elección de foro.
jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia sobre la interpretación del
concepto de intermediario a los efectos de los artículos 9.1.a) y 11 de la Directiva
2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, su sentencia de hoy en el asunto C-499/15,
Tommy Hilfiger Licensing, presenta la
particularidad de que va referida a la comercialización de productos con
supuesta infracción de marcas no en un entorno virtual sino en un mercado
tradicional o físico, en el que determinados puestos de venta son arrendados
por una empresa a comerciantes en cuyos puestos se comercializan las mercancías
con infracción de marca. La cuestión que aborda la sentencia es si las
disposiciones de la Directiva acerca de la posibilidad de que los titulares de
derechos soliciten la adopción de mandamientos judiciales destinados a impedir una
infracción o su continuación contra los intermediarios cuyos servicios se
utilicen por terceros para infringir sus derechos de propiedad intelectual son
aplicables no sólo en el entorno electrónico o virtual sino también con
respecto al arrendador de espacios de venta en un mercado tradicional o físico.
I. Planteamiento Durante
las dos últimas décadas y en el marco de la cooperación judicial en materia
civil la Unión Europea se ha dotado de un conjunto de reglamentos que unifican
las normas relativas a los litigios internacionales en materia civil y
mercantil, salvo en determinadas parcelas que han quedado por el momento al
margen. El particular estatus del Reino Unido en relación con el Espacio de
libertad, seguridad y justicia, en el que se enmarca la cooperación judicial en
la UE, ha permitido que no quedara vinculado por algunos de esos reglamentos
–de modo que nunca ha sido un Estado miembros a sus efectos-, pero también es
cierto que el Reino Unido ha influido de manera significativa en el contenido
de los instrumentos en cuya adopción ha participado, sin perjuicio de que hayan
existido notables desavenencias como refleja la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia en lo relativo al forum non
conveniens o las antisuit injunctions.
Por otro lado, de cara al futuro la salida del Reino Unido puede mermar la
singular influencia que a nivel internacional han venido ejerciendo algunos de
esos reglamentos como modelo para otros ordenamientos y en negociaciones
internacionales, favorecida, junto por su alta calidad técnica, por la
vinculación de estos instrumentos con el conjunto de los países (Inglaterra más
otros de la Europa continental) de los que proceden los grandes sistemas
jurídicos que se han expandido por los cinco continentes. Más allá de la
nostalgia, apenas unas horas después de hacerse público el resultado del
referéndum celebrado en el Reino Unido, se impone reflexionar acerca de la
repercusión de su salida de la Unión Europea sobre la aplicación del conjunto
de instrumentos de la Unión que regulan la competencia judicial, la ley
aplicable y el reconocimiento de resoluciones judiciales en materias de Derecho
privado. Es obvio que las implicaciones del Brexit vendrán condicionadas por el
marco de relaciones entre el Reino Unido y la Unión que se pueda acordar
conforme al artículo 50 TUE, sobre lo que de momento no existen certezas. En
todo caso, punto de partida del análisis debe ser cuál será la situación en
ausencia de tal acuerdo o si el mismo no incluye previsiones sobre las
cuestiones aquí tratadas; lo que ha de complementarse con algunas reflexiones
acerca de las alternativas posibles. En relación con las alternativas, cabe con
carácter general apuntar que si bien en algunos de estos sectores en las
relaciones entre los Estados miembros y terceros Estados –condición que pasará
a tener el Reino Unido- desempeñan un papel significativo los convenios
bilaterales –basta pensar en lo que sucede en el caso de España con el
reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras-, cualquier futuro
convenio que pueda celebrarse con el Reino Unido en las materias en las que
existe normativa de la UE deberá serlo por la propia UE, sin que sus Estados
miembros tengan ya posibilidad en estas materias de concluir convenios
bilaterales, habida cuenta del alcance de las competencias exclusivas externas
de la Unión. Pese a tener competencia para ello, de momento, la UE no ha
concluido convenios bilaterales en estas materias con ningún Estado, lo que
permite aventurar que tal vez tampoco esté dispuesta a dedicar muchos recursos
a corto plazo a hacerlo con el Reino Unido.
ocho sentencias pronunciadas el pasado 13 de junio por la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Supremo resolviendo recursos de casación contra sentencias de la Audiencia Nacional, relativas
a resoluciones sancionatorias de la Agencia Española de Protección de Datos con
respecto al ejercicio del derecho al olvido frente al buscador Google, han
venido a confirmar la posición previamente mantenida por esa Sala en sus sentencias
de 11, 14 y 15 de marzo, en el sentido de considerar únicamente responsable del
tratamiento a Google Inc., como entidad que gestiona el motor de búsqueda, y no
a Google Spain SL. Como elemento singular de las nuevas sentencias destaca que se
han pronunciado después de que el pasado 5 de abril la Sala de lo Civil del TS
adoptara un criterio diferente al interpretar el concepto de responsable del
tratamiento en materia de responsabilidad civil por vulneración del derecho al
honor derivada de la ilicitud en el tratamiento de los datos personales por el mismo
buscador de Internet tras el ejercicio del derecho de oposición por el afectado.
La Sala de lo Contencioso dedica un Fundamento Jurídico específicamente a
abordar las implicaciones de la sentencia de la Sala de lo Civil (se reproduce
al final de este comentario, como Anexo, el Fundamento Jurídico Undécimo de la
STS (Contencioso) de 13 de junio, Recurso: 984/2015, Resolución: 1385/2016),
por lo que resulta de interés volver sobre esta cuestión, tomando como punto de
partida el comentario que ya le
dediqué, para valorar la aportación de las nuevas sentencias.
El reciente informe del Grupo de
Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) de la UNCITRAL/CNUDMI sobre la labor
realizada en su 49 periodo de sesiones dedica especial atención (págs. 13 a 19)
a presentar la evolución de sus trabajos en materia de “reconocimiento y
ejecución transfronterizos de sentencias relacionadas con casos de insolvencia”.
Ese documento debe ser puesto en relación con otros, en particular dos Notas de
la Secretaría previas, que recogen el texto más reciente del Proyecto de ley
modelo en la materia así como una propuesta sobre el mismo del Gobierno de EEUU
(disponibles aquí ESP / ENG ). La
lectura de estos documentos se presta a diversas reflexiones, tanto sobre la posible
evolución de estos trabajos de la UNCITRAL y su interés desde la perspectiva
española y de la UE, como en relación con las principales dificultades para la
elaboración de normas uniformes en la materia, por ejemplo, al hilo del ámbito
de aplicación del Proyecto de ley modelo y de los debates sobre los controles a
los que debe subordinarse el reconocimiento y ejecución de resoluciones. Especial
interés presenta la mención incluida en el último párrafo del mencionado
informe del Grupo de Trabajo V, que hace referencia junto a la eventual adopción
de la ley modelo a la posibilidad de elaborar un convenio internacional en la
sentencia de ayer en el asunto C‑12/15, Universal Music International Holding, el Tribunal de Justicia ha reafirmado el criterio de que el lugar
donde se producen los daños patrimoniales (por ejemplo, la ubicación de la
cuenta bancaria desde la que se realiza el pago) que son consecuencia directa de un acto ilícito cometido en otro Estado
miembro no es por sí sólo lugar del hecho dañoso a los efectos de atribuir
competencia con base en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) 1215/2012 (Reglamento
Bruselas I bis). En el litigio principal, la reclamación se dirigía contra tres
abogados por los daños causados por su supuesta negligencia en la redacción de
un contrato de opción de compra de participaciones.
La propuesta de Reglamento de la UE sobre bloqueo geográfico y otras formas de discriminación en el comercio electrónico En
el marco de la Estrategia para el Mercado Único Digital la Comisión Europea presentó
el pasado 25 de mayo su Propuesta de Reglamento sobre las medidas contra el
bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de la
nacionalidad o del lugar de residencia o de establecimiento de los clientes en
el mercado interior, COM(2016) 289 final.
La Propuesta parte de que ciertos obstáculos creados por los comerciantes, bien
mediante el bloqueo o la limitación del acceso de clientes a sus interfaces en
línea (sitios web, aplicaciones…) bien por el empleo de condiciones generales
de acceso a sus bienes o servicios diferentes, son incompatibles con el mercado
interior y el desarrollo del llamado mercado único digital, al compartimentar
geográficamente el territorio de la UE y discriminar principalmente por razón
de la residencia de los clientes. Según la Comisión este tipo de medidas son
determinantes del bajo volumen de contratos transfronterizos en el seno de la
UE frente al potencial del comercio electrónico, aunque también contempla que
en ocasiones tales medidas son necesarias para garantizar el cumplimiento de un
requisito legal. Junto a la dirección IP del usuario, elementos de
geolocalización relevantes en la práctica son la dirección proporcionada por el
cliente, su lengua o el Estado de emisión de su instrumento de pago. La Propuesta
impone prohibiciones significativas a los comerciantes, si bien la
determinación de su alcance requiere un análisis detallado. Aunque la
iniciativa aparece orientada a proporcionar certeza, la interacción de esas
prohibiciones con las situaciones en las que el empleo de instrumentos de
geolocalización para bloquear o limitar el acceso a sitios web o aplicaciones es
admisible puede resultar controvertida, así como el alcance de las
restricciones previstas desde la perspectiva de la libertad de empresa y la
autonomía contractual, y también la repercusión de la normativa propuesta sobre
el funcionamiento de importantes normas de nuestro sistema de Derecho
internacional privado. Leer más
Novedad significativa del Reglamento
(UE) 2016/679 es su enfoque en lo relativo al ámbito de aplicación territorial de
la legislación europea sobre protección de datos, en la medida en que modifica algunos
de los criterios utilizados en la Directiva 95/46/CE, con el propósito de
establecer un régimen mejor adaptado al entorno de la sociedad de la
información, en el que resulta habitual el tratamiento de datos personales en
el marco de la comercialización de bienes y servicios a distancia, con
frecuencia por responsables establecidos en terceros Estados. El nuevo
Reglamento en su artículo 3 mantiene el criterio –objeto de interpretación en
la conocida sentencia Google Spain del
Tribunal de Justicia- según el cual su normativa es aplicable al tratamiento de
datos personales en el contexto de un establecimiento del responsable o del
encargado en la Unión, con independencia de dónde tenga lugar el tratamiento.
Por el contrario, con respecto a los responsables y encargados no establecidos
en la UE, el Reglamento abandona el criterio recogido en el artículo 4 de la Directiva
95/46/CE. Como refleja también el artículo 3 LOPD, la Directiva hacía depender
la legislación aplicable del lugar de situación de los medios –automatizados o
no– a los que se recurriera para el tratamiento de datos personales, mientras
que el Reglamento sustituye ese enfoque por otro basado en que el responsable establecido
en un tercer Estado dirija su oferta de bienes o servicios a la Unión o
controle en la Unión el comportamiento de interesados. Leer más
A partir del 25 de mayo de 2018 será
aplicable el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, general deprotección de datos, que deroga la Directiva 95/46/CE y sustituirá desde
entonces, en las materias que regula, a las legislaciones nacionales sobre
protección de datos, sin perjuicio de que en ocasiones puntuales el Reglamento
contemple que sus normas puedan ser especificadas o restringidas por el Derecho
de los Estados miembros (por ejemplo, en relación con la edad aplicable al
consentimiento para el tratamiento por los niños en virtud del art. 8). Aunque
el Reglamento se basa en los mismos objetivos y principios que la Directiva que
deroga, la transformación tecnológica y social que ha tenido lugar en las
últimas dos décadas y muy especialmente el desarrollo de la sociedad de la
información condicionan la significativa evolución normativa que representa
este Reglamento, como reflejan, por ejemplo, las disposiciones sobre la
información que debe facilitarse a los interesados (esp. arts. 13 y 14), la
regulación del llamado derecho al olvido (art. 17), el derecho a la
portabilidad de los datos (art. 20), el derecho a no ser objeto de la elaboración
de perfiles (art. 22), la protección de datos desde el diseño y por defecto
(art. 25) o el derecho del interesado a ser informado de la violación de la
seguridad de datos que entrañe un alto riesgo para sus derechos y libertades (art.
34). La trascendencia del cambio legislativo se acentúa como consecuencia de la
sustitución de un marco basado en la mera armonización por otro de unificación
y consiguiente supresión de la diversidad de legislaciones nacionales entre los
Estados miembros. El alcance de los cambios que el nuevo Reglamento introduce
justifica repartir una primera valoración del mismo, incluso tan sólo de sus
aspectos internacionales, en varias entradas, para abordar de manera separada,
por ejemplo, las cuestiones que se suscitan en materia de competencia, de
determinación de la ley aplicable incluyendo el ámbito territorial de
aplicación de la legislación sobre datos personales, o en relación con la
trasferencia internacional de datos. Esta primera reseña estará centrada en las
cuestiones internacionales relativas a la competencia de las autoridades de
control y de los órganos judiciales.
Oponibilidad de las cláusulas de jurisdicción incluidas en folletos de emisión de bonos Varias
sentencias del Tribunal de Justicia han abordado en los últimos meses la
aplicación de instrumentos de Derecho internacional privado de la Unión Europea
al ámbito de la emisión de obligaciones. La más reciente de esas sentencias es
la de 20 de abril en el asunto C-366/13, Profit Investment. Entre otros aspectos, esta nueva sentencia se pronuncia acerca
de la oponibilidad de una cláusula atributiva de competencia incluida por un
emisor de bonos en el folleto de emisión, en particular con respecto a ulteriores
adquirentes de los bonos en el mercado secundario. En el caso concreto, la
eficacia de dicha cláusula a favor de los tribunales ingleses resultaba relevante
para apreciar la eventual incompetencia de los tribunales italianos para
conocer de una demanda interpuesta por una empresa que había adquirido los
bonos de un intermediario en el mercado secundario.
resultaba previsible, la sentencia
del Tribunal de Justicia en el asunto C-572/14, Austro-Mechana, de 21 de abril, ha venido a confirmar el
planteamiento recogido en las Conclusiones del Abogado General en este asunto,
a las que dediqué esta reseña, cuyo
contenido es ahora aplicable en gran medida a la sentencia. A diferencia de la
relevante jurisprudencia previa del Tribunal de Justicia relativa al artículo
5.2 de la Directiva 2001/29/CE sobre los derechos de autor en la sociedad de la
información, y en especial a la limitación de la reproducción para uso privado,
esta sentencia no tiene por objeto valorar la configuración de ese límite y la
compatibilidad con el Derecho de la UE de los mecanismos de compensación
previstos en las normas nacionales de transposición. Por el contrario, la sentencia
aborda el tratamiento en el ámbito de la competencia judicial internacional del
ejercicio de acciones por parte de una sociedad de gestión colectiva de
derechos de autor para obtener el pago de la compensación equitativa derivada
de la comercialización en el foro (Austria) de ciertos soportes de grabación –sometidos
a canón por copia privada- por sociedades domiciliadas en el extranjero.
Las recientes sentencias del Tribunal Supremo sobre Google Spain SL y Google Inc. desde la perspectiva del Derecho internacional privado Bienintencionada,
pero cuestionable en su argumentación, resulta la STS (Sala Primera, de lo
Civil) 210/2016, de 5 de abril (Rec. 3269/2014), que opta de manera expresa por
una interpretación de un concepto autónomo de Derecho de la UE (“responsable
del tratamiento de datos personales”) contraria a la efectuada sólo días antes
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mismo TS -entre otras, STS 574/2016, de 14 de marzo (Rec. 1380/2015)-, y
lo hace con un planteamiento en el que llama la atención la manifiesta
desconfianza del TS (Civil) con respecto a los mecanismos desarrollados en el
ámbito del Derecho internacional privado de la UE para la tutela de una parte
débil merecedora de especial protección o para la efectividad de un derecho
fundamental como el derecho a la protección de datos también frente a empresas domiciliadas
fuera de la UE. Desde la perspectiva del Derecho de la UE, tal vez no haya
ningún precedente de un tribunal supremo de un Estado miembro que con días de
diferencia interpreta de manera expresamente contradictoria un concepto tan
relevante del Derecho de la UE, sin plantear una cuestión prejudicial al
Tribunal de Justicia. Leer más
La armonización en materia de
fusión de sociedades no ha ido unida en el seno de la Unión Europea a la formulación
de reglas de conflicto en sentido propio. Se trata, además, de un sector en el
que ocasiones se plantean relevantes problemas de delimitación entre las normas
sobre ley aplicable que afectan a cuestiones en las que subsisten diferencias
entre las legislaciones nacionales, como las relativas a la protección de los acreedores.
Por ello, entre otros motivos, la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de abril de 2016, KA Finanz, AG, C-483/14, resulta de interés. Su origen se encuentra en un litigio ante los tribunales
austriacos en relación con unos bonos subordinados emitidos por una sociedad
con sede en Chipre y en cuya emisión se había designado la ley alemana como
aplicable a los bonos. La sociedad emisora fue absorbida por una
sociedad con sede en Austria frente a la que reclama otra sociedad
también con sede en Austria que había suscrito los bonos.
bien el sistema del Reglamento Bruselas I bis no regula la eficacia de los
acuerdos de prórroga de jurisdicción a tribunales de terceros Estados (cuestión
a la que en nuestro sistema interno ahora se refiere el art. 22 ter 4 de la
LOPJ), la existencia de tales acuerdos no puede ser un obstáculo a la
competencia de los tribunales de un Estado miembro en determinadas situaciones,
en particular, cuando tal competencia resulta de las reglas sobre fueros
exclusivos, de los llamados fueros de protección o de la regla sobre sumisión
tácita en aquellas situaciones en las que, conforme al artículo 26 RBI bis el
demandado haya comparecido y no haya impugnado la competencia. La STJ de 17 de marzo de 2016, C-175/15, Taser International ha venido a confirmar que la sumisión
tácita a los tribunales de un Estado miembro (Bulgaria) fundada en el artículo
26 RBI bis prevalece sobre la sumisión expresa con independencia de que el
acuerdo atribuyera competencia a los tribunales de un Estado miembro o de un
tercer Estado (en el caso concreto, EEUU), por lo que cuando existe sumisión
tácita el artículo 26 RBIbis se opone a que el tribunal del Estado miembro
pueda declararse incompetente de oficio con base en el acuerdo de sumisión
expresa con independencia de que éste fuera referido a los tribunales de un
Estado miembro o de un Estado tercero. Leer más
ya dijera el Tribunal Constitucional en su célebre sentencia 61/2000, de 13 de
marzo (FJ 4), la ordenación de la competencia judicial internacional debe
responder a la exigencia (constitucional) de “asegurar una posibilidad razonable,
según las circunstancias, de accionar ante la justicia”, exigencia que puede
resultar incumplida en particular en situaciones –como la que dio lugar a esa
sentencia- en las que la decisión sobre la competencia judicial internacional
se adopta con base en normas ajenas a este sector del ordenamiento. Salvando
las distancias, esa constituye también una conclusión básica de la reciente
sentencia del TEDH que motiva esta entrada, la STEDH de 1 de marzo de 2016 en el asunto Arlewin c. Suecia. La
sentencia, que condena a Suecia por la violación del artículo 6.1 CEDH (derecho
a un proceso justo) tiene su origen en la negativa de los tribunales suecos a
conocer de una demanda por intromisión en el derecho al honor en relación con
ciertas informaciones aparecidas en un programa de televisión sueco si bien
difundido desde el Reino Unido, y presenta el interés adicional de que el TEDH
analiza la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la aplicación del Reglamento
Bruselas I, así como el alcance del criterio del país de origen de la Directiva
2010/13/UE sobre servicios de comunicación audiovisual y su falta de relevancia
para determinar la competencia judicial internacional en materia civil.
una práctica muy habitual la reproducción o redifusión de contenidos en
Internet sin consentimiento de quien los difundió inicialmente, en muchas
ocasiones mediante la puesta a disposición o el mantenimiento en línea de
contenidos que ya no figuran en el sitio web en el que en su momento fueron
difundidos. Se trata de una práctica ampliamente extendida que, incluso cuando
va referida a contenidos que habían sido puestos lícitamente a disposición del
público en general, puede plantear relevantes cuestiones de responsabilidad en
situaciones en las que la reproducción o redifusión de los contenidos se
produce sin consentimiento de quien los difundió inicialmente; tanto responsabilidad
de quien reproduce los contenidos como eventualmente de quien los difundió en
un principio cuando su ulterior utilización puede menoscabar derechos de
terceros. En este contexto, con respecto a la eventual infracción de derechos
de marca resulta de singular interés la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2016, Daimler, C-179/15, relativa a la imputación de la
responsabilidad en supuestos de reproducción de anuncios con inclusión de la
marca de un tercero.
cuenta del particular desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
acerca de los límites a la licitud del empleo de marcas ajenas como palabras
clave determinantes de la aparición de publicidad en motores de búsqueda en
Internet, no es de extrañar que la aportación de la sentencia del Tribunal Supremo 105/2016 de 26 de febrero de 2016
sea limitada. En todo caso, el contraste entre el caso enjuiciado en esta
sentencia y otros que han dado lugar a pronunciamientos diferentes de
Audiencias Provinciales relativos a la utilización de los mismos signos como
palabras clave o adwords por otros demandados resulta ilustrativo de la
aplicación en la práctica española de la jurisprudencia del Tribunal de
a la situación en el ámbito internacional, en el marco específico de la Unión
Europea la evolución de las normas sobre reconocimiento y ejecución establecidas
en el sistema del Reglamento Bruselas I ha facilitado la eficacia recíproca de
las medidas provisionales y cautelares, incluso de algunas medidas que tienen
características muy singulares como son las llamadas freezing injunctions inglesas. Precisamente la configuración de
estas medidas de “congelación” o de prohibición de disposición de bienes
condiciona las peculiaridades que puede plantear su eficacia en otros Estados
miembros. Desde esta perspectiva, las recientes conclusiones de la Abogado General Kokott en el asunto C-559/14, Meroni, presentan interés en relación
con el encaje y tratamiento de ese tipo de medidas en el sistema del Reglamento
Bruselas I (bis), y especialmente con respecto a la repercusión, como
circunstancia que puede afectar a su eficacia extraterritorial, de que la
prohibición de disposición afecte no sólo al demandado en el litigio principal
sino también a terceros que no son parte en el procedimiento en Inglaterra pero
están en estrecha relación con el patrimonio del demandado.
resolución extranjera no reconocida en España no puede desplegar en nuestro
país sus efectos procesales, como el de cosa juzgada material para oponerse a la
tramitación de un proceso pendiente en España. En una época de transformación
de nuestro sistema de reconocimiento y ejecución de fuente interna, como
consecuencia de la adopción de la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional
en materia civil (LCJI), puede resultar de especial interés la muy ilustrativa sentencia del Tribunal Supremo del pasado 26 de noviembre, pues además el resultado alcanzado en la misma no
habría resultado distinto de ser aplicable el nuevo marco normativo (conforme a
la disp. transitoria única de la LCJI sus normas sobre reconocimiento y
ejecución resultan de aplicación a las demandas de exequátur –cabe entender
también que a las peticiones de reconocimiento incidental- planteadas con
posterioridad a la entrada en vigor de la LCJI).
Los próximos 14 y 15 de abril está previsto que se celebre la edición de 2016 del Seminario internacional de Derecho internacional privado que venimos organizando desde hace una década en la Universidad Complutense. Hemos hecho público el programa provisional del seminario que se encuentra disponible aquí. Puede accederse a la información relativa a la asistencia e inscripción aquí. Publicado por
jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 5.2 de la
Directiva 2001/29 sobre armonización de los derechos de autor en la sociedad de
la información ha sido decisiva en los últimos años –y lo seguirá siendo en los
próximos meses- en relación con la configuración de la compensación equitativa
atribuida a los titulares de derechos con respecto a las reproducciones para
uso privado, en aquellos Estados miembros que contempla esta excepción en su
legislación. El asunto C‑572/14, Austro‑Mechana,
dará pie a que el Tribunal de Justicia se pronuncié en relación con las
implicaciones que en materia de competencia judicial internacional pueden
presentar ese tipo de reclamaciones, en particular en sistemas en los que la
compensación es debida por la puesta en circulación de ciertos soportes de
grabación en el territorio del Estado miembro correspondiente, como sucede con
la legislación austriaca. Hoy se han hecho públicas las conclusiones del Abogado General en este asunto. Leer más
su sentencia de 2 de febrero en el asunto Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete andIndex.hu Zrt v. Hungary el TEDH ha aplicado por primera vez los
criterios establecidos en su célebre sentencia Delfi c. Estonia a un asunto relativo a
la responsabilidad por comentarios de terceros en páginas web que presentaba
importantes similitudes pero también diferencias muy notables con el asunto Delfi. El resultado alcanzado en esta
ocasión por el Tribunal es el opuesto, en el sentido de que la nueva sentencia considera
que sí se produjo por parte de Hungría una violación del derecho a la libertad
de expresión e información (art. 10 CEDH), habida cuenta de las circunstancias
en las que los tribunales húngaros consideraron responsables a los titulares de
las páginas web en relación con los comentarios difamatorios introducidos por
los terceros. Esa diferencia en el resultado no impide apreciar que la
sentencia de 2 de febrero confirma los criterios establecidos en Delfi, si bien ilustra que el resultado
a que conduce en la práctica su aplicación varía lógicamente en función de las
circunstancias del caso. Por otra parte, la relevancia que en el tratamiento en
Hungría del asunto había tenido el limitado alcance atribuido a ciertas normas
armonizadas en el seno de la UE, como son las relativas al régimen de
responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación, es otro
aspecto que dota de interés a una reflexión sobre esta nueva sentencia
Propuestas de Directiva sobre contratos de suministro de contenidos digitales y compraventa en línea Dos iniciativas legislativas presentadas conjuntamente por la Comisión Europea el mes pasado revisten una especial relevancia para la evolución del régimen del comercio electrónico en la Unión Europea. Se trata de la Propuesta de Directiva relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digitales [COM(2015) 634 final] y la Propuesta de Directiva relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes [COM(2015) 635 final]. Estas propuestas suponen el abandono del enfoque que inspiró la Propuesta de Reglamento relativo a una normativa común de compraventa europea (a cuya crítica dediqué esta entrada). El nuevo enfoque opta por la vía tradicional de la armonización mediante directivas de las legislaciones estatales en materia de consumo, si bien se trata de directivas que llevan a cabo una armonización plena, como la Directiva 2011/83/UE, de modo que en las materias que contemplan impedirían el mantenimiento o adopción de disposiciones nacionales que establecieran una nivel diferente de protección de los consumidores. Objetivo básico común a ambas directivas es favorecer el comercio electrónico transfronterizo, al establecer un marco contractual más claro para los consumidores, reducir la incertidumbre y los costes empresariales que derivan de las diferencias en materia contractual en las legislaciones de los Estados miembros, habida cuenta de que las normas de Derecho internacional privado obligan en tales casos a considerar las diversas legislaciones de los Estados a los que el comerciante dirige su actividad. Muy ilustrativos resultan los considerandos 6 y 7 del Preámbulo de la Propuesta de Directiva sobre compraventa en línea y otras ventas a distancia, que destacan como la necesidad del nuevo marco se justifica por la fragmentación a la que conducen típicamente las normas del Reglamento Roma I en materia de ley aplicable a los contratos de consumo. El modelo de las nuevas propuestas de Directiva resulta más afortunado que el del malogrado Reglamento relativo a una normativa común de compraventa europea, no obstante cabe plantear si desde la perspectiva de los objetivos perseguidos ciertos ajustes en su enfoque y en la interacción con el Reglamento Roma I podrían conducir a un modelo superior. En todo caso, con carácter previo resulta de interés dejar constancia de los rasgos básicos y las cuestiones cuya armonización contemplan las dos nuevas propuestas. Leer más
Free Software, Creative Commons and Alternative Licenses: Spanish Perspectives Hace unos días se ha publicado el libro Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models (A Comparative Analysis), A. Metzger (ed.), Heidelberg, Springer, 2016. En su conjunto, el libro proporciona un valioso análisis comparativo del tratamiento en más de una veintena de Estados de las llamadas licencias alternativas en el ámbito de la propiedad intelectual. Es bien conocido que estas licencias desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del llamado software libre o abierto, así como de cara a la utilización, especialmente en el entorno digital, de múltiples tipos de contenidos, como refleja el empleo extendido de las licencias creative commons. El libro tiene su origen en los trabajos realizados para la sesión “License Contracts, Free Software and Creative Commons / Contrats de Licence, les Logiciels Gratuits et Biens Communs Créatifs” del 19th International Congress of Comparative Law, celebrado en Viena en Agosto de 2014. La estructura de las contribuciones se halla condicionada por el cuestionario elaborado en su momento por el coodinador de la obra, Axel Metzger, con el objetivo de facilitar el posterior análisis comparativo entre los diversos ordenamientos objeto de estudio. Mi contribución relativa a la situación en España, contenida en las páginas 411-430, bajo el título “Free Software, Creative Commons and Alternative Licenses: Spanish Perspectives”, está disponible en abierto como E-Print UCM aquí. Leer más
Quinta edición de Derecho internacional privado: Textos y materiales Acaba de publicarse quinta edición de la obra Derecho internacional privado: Textos y Materiales, Thomson-Reuters Civitas, 2016. Entre sus novedades, esta quinta edición incorpora la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil de 2015, que contiene el nuevo régimen general de reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras, así como las normas de Derecho internacional privado de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, junto con las reformas introducidas en 2015 en las normas de competencia judicial internacional de la LOPJ y de Derecho aplicable del Código civil. Incluye también el nuevo Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia, así como resoluciones relevantes pronunciadas en 2015 por distintos órganos, incluidos el Tribunal de Justica de la UE y el Tribunal Supremo.
Entre los requisitos a los que el artículo 17.1 del Reglamento Bruselas I bis (RBIbis) subordina la aplicación de sus reglas de protección de los consumidores –y en particular la posibilidad de que el consumidor pueda demandar con base en el artículo 18 ante los tribunales de su propio domicilio-, se encuentra la doble exigencia de que: 1) el profesional ejerza actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o que, por cualquier medio, dirija tales actividades a dicho Estado miembro, y 2) que el contrato de que se trate esté comprendido en el marco de dichas actividades. La sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de diciembre de 2015, C-297/14, Hobohm, resulta de interés especialmente por abordar la cuestión de en qué medida este requisito puede cumplirse cuando la demanda va referida a un contrato que considerado por sí solo no se halla directamente comprendido en el ámbito de la actividad dirigida por el profesional al Estado del domicilio del consumidor, pero que presenta un nexo con un contrato celebrado antes entre las mismas partes en el marco de una actividad del profesional dirigida a dicho Estado. Leer más

References: artículo 7
 artículo
7

resolución 
 artículo 6
 artículo 9
 artículo
9
 resolución 
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 34
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 50
 artículo 7
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo
5
 artículo 26
 artículo
26
 artículo 26
 artículo 6

resolución 
 artículo 5
 artículo 17
 artículo 18