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Timestamp: 2017-10-18 10:57:35+00:00

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LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Abogalista.com
LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
■ A B S T R A C T :
El presente trabajo, tiene por objeto plantear una reflexión consistente en la posibilidad de trasladar la figura de la Mediación, como Alternative Dispute Resolution, en el ámbito de la Administración Pública para resolver aquellos conflictos con la Administración Pública (entre distintas administraciones públicas / funcionarios / administración y particular) a fin de evitar acudir a la vía judicial (Jurisdicción Contencioso - Administrativa). Es decir trasladar el mismo sistema Mediación aplicado al Derecho Privado (Mediación Civil y Mercantil) al Derecho Público (Mediación Contencioso-Administrativo).
Puesto que la Mediación en este ámbito, en los tiempos que corren, ofrecería un abanico de ventajas (ahorro, control, fomento del dialogo, cooperación, implicación, confianza, eficacia y rapidez de la actuación administrativa) así como que la inserción de la mediación en éste ámbito no vulnera ninguno de los principios fundamentales de la mediación y respecto al procedimiento en sí, sería el mismo que en la Mediación Civil con motivo a que la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa nos remite subsidiariamente a la LEC.
■ I N T R O D U C C I Ó N :
En mi experiencia como letrado, especializado en Derecho Público, de diferentes Corporaciones Locales desde el año 2006, he tenido la ocasión de asistir a numerosos contenciosos en diversas materias de Derecho Urbanístico, Medio Ambiente, Régimen Local, materia tributaria local, contratación administrativa, cuestiones de personal, responsabilidad administrativa de la Administración Pública, Régimen Disciplinario… etc. Muchos de estos conflictos, considero que se podrían haber resuelto a través de la Mediación, puesto que unas veces se trata de señalar defectos meramente formales de los actos administrativos (falta de notificación, error aritmético, discrepancias entre la realidad física y los datos obrantes en el catastro….etc), otros reclamación de indemnizaciones o cantidades de dinero… y poder ofrecer así respuesta inmediata al asunto en cuestión o solución al conflicto planteado.
Sin embargo se opta por el camino dilatorio de la vía judicial. Al ser muy lento, la jurisdicción contencioso administrativa, parece práctica habitual en las Administraciones Públicas, estirar el procedimiento del Acto Administrativo impugnado, y la actuación de estas mismas, muchas veces es agotar la vía Administrativa y más tarde la vía litigiosa de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Puesto que desde que se impugna dicha actuación hasta que se dicte sentencia firme pueden haber pasado una legislatura (4 años) y que aparezca un nuevo gobierno que responda a las actuaciones de su predecesor.
Cabe señalar, que el concepto de la administración pública, en la actual crisis, ha quedado devaluado con motivo a que los particulares acaben siempre en la vía de la Jurisdicción contencioso administrativa y deban esperar un largo tiempo a fin de que se resuelva un asunto que les urgía la imperiosa necesidad en un momento dado. Al igual que al ciudadano le da la sensación de que las actuaciones de la entidad pública no han tenido en cuenta para nada a las alegaciones del particular en vía Administrativa, ya que sucede en la mayoría de veces, que por el colapso de actuaciones de la Administración, no responde a los recursos o reclamaciones planteados por el particular en vía administrativa, dando de una imagen de pasiva o que presta un servicio impersonal, cuando no olvidemos que las administraciones están por y para atender las necesidades de los ciudadanos: satisfacer y velar por el interés general.
A ello, se le une también contribuye el costumbrismo o cultura popular por impugnar toda actuación Administrativa de los organismos públicos, y no sentarse a mantener un dialogo (comunicación colaborativa) con los representantes de la misma. Hoy en día nos encontramos con un colapso judicial de numerosos y farragosos recursos contenciosos administrativos. Además de que las resoluciones judiciales son lentas y producen un desgaste emocional. Ahora con la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal que modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en su nueva redacción del artículo 139 se procede a concienciar que a los ciudadanos que a partir de octubre de 2011 se aplicaran las costas a la parte que pierda el Recurso Contencioso Administrativo. Por lo que a partir de ahora los Pleitos Contenciosos Administrativos llevaran un coste para una de las dos partes (pago de la dirección letrada del procedimiento).
Con este trabajo, procedo a dar un análisis respecto la implantación de la Mediación Contencioso Administrativo, hacer reflexionar mediante las siguientes cuestiones que nos planteamos: ¿si existe mediación en conflictos entre particulares (sean personas Físicas o jurídicas) porque no en las relaciones con la Administración Pública? ¿Qué es lo que cambia del conflicto o que elementos hacen que sea inviable aplicar la mediación en este sendero? ¿Por qué tenemos que excluir la Mediación con las Administraciones Públicas? ¿Acaso se vulnera algún principio fundamental de la mediación?
El objetivo perseguido en este trabajo es:
1º.- Animar a que demos un paso más, si ya hemos puesto en marcha la mediación en conflictos entre particulares (Mediación Civil y Mercantil), ya que a través de Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles se han producido modificaciones en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. ¿Porque no continuar creciendo? ¿Porque no una nueva ley de mediación con las Administraciones Públicas que introduzca modificaciones en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa? ¿Porque no dar un paso más y avanzar dar el paso en frente en el sendero del derecho público? ¿Acaso no ahorraría muchos conflictos, tiempo, dinero y dotaría de eficacia la actuación administrativa de los organismos públicos, si muchos de los conflictos se acudieran a la vía de la mediación?;
2º.- Proponer que se lleve a la practica la Mediación Contencioso - Administrativo, elaborando para ello una nueva ley nacional de Mediación con las Administraciones Públicas, y que se traslade lo establecido en la vigente Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles a éste ámbito. Esto es, trasponer el mismo sistema que se ha implantado en el ámbito privado (Mediación Civil y Mercantil) en el ámbito Público (Mediación Contencioso-Administrativo).
3º.- Sugerir al ICAV a que imparta un módulo o curso de “Experto en Mediación Contencioso - Administrativo” del mismo modo y éxito conseguido con el Curso de Título de Experto en Mediación Civil y Mercantil”.
En definitiva, comprometiendo a que la Administración Pública (sus representantes) haga uso de la comunicación cooperativa mediante la práctica de la mediación para la resolución de sus respectivos conflictos, podemos lograr que la actuación de la administración pública sea productiva, eficaz y rápida a la hora de maniobrar. Ya que dilatar en el tiempo un conflicto mediante la vía judicial, escondiendo la cabeza en el suelo como un avestruz, no resolverá el problema planteado y a la resolución del mismo, no dará respuesta a la necesidad planteada en su día por las partes. Pues tenemos la oportunidad de salir de esta crisis “cogiendo el toro por los cuernos”.
■ M E D I A C I Ó N A D M I N I S T R A T I V A :
1º.- El conflicto con la Administrativa Pública.
Es necesario en primer lugar determinar que hechos o que situaciones son objeto de las relaciones Administrado y Administración Pública.
i. Por una parte, entendemos por Administrado a las personas físicas o jurídicas que están en relación con la Administración Pública, suele sustituirse por el más general de “ciudadano” o por el más concreto de “interesado”. (Art. 30 y Ss LRJAP-PAC)
ii. Por otra parte, entendemos por Administración pública como el aparato organizativo que sirve al Estado, a las Comunidades Autónomas y a los entes Locales. Las Administraciones son personas jurídico-públicas sometidas al derecho Administrativo (LRJA-PAC) gozan de una serie de prerrogativas respecto de las actuaciones que realizan a fin de garantizar el interés público especifico que tienen encomendado y que justifica su existencia.
Por ello las actuaciones Públicas están sometidas al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA); éste mismo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con:
La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.
Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente.
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.
Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.
Las relaciones entre Administrado y Administración Pública generalmente se desarrollan en planos de desigualdad. Así el Administrado suele verse en una posición de inferioridad ante la Administración Pública.
Los motivos por los que el Administrado se ve en una situación de inferioridad o en una situación no equitativa respecto a la Administración, puede deberse entre otros factores a los siguientes:
- El administrado en muchas ocasiones no conoce a la Administración Pública (las potestades de la Administración Pública, su funcionamiento y su regulación legal)
- El administrado no sabe a quien dirigirse
- El administrado desconoce o no goza de información y medios necesarios para saber el estado del procedimiento Administrativo.
- El Administrado se encuentra ante un acto administrativo que no conoce
- En muchas ocasiones el Administrado no conoce sus propios derechos
Esta situación de no equidistancia entre Administrado y Administración Pública marcará el conflicto que pueda surgir entre ambas partes. Lo marcará en relación al motivo del conflicto y también determinará su gestión.
Anteriormente hemos visto que las relaciones con la Administración Pública son necesarias para nuestra vida diaria y que si los Actos Administrativos nos fallan se origina un conflicto.
Muchas veces tratamos los conflictos con la administración Pública meramente como cuestiones jurídicas mercantiles, económicas, de ganancias y pérdidas y nos equivocamos.
Cuando surge un conflicto con la Administración Pública, el Administrado se ve afectado no tan solo por la parte de la Actuación Administrativa realizada o llevada a cabo que no responde a sus pretensiones o necesidades sino que también se siente afectado en un aspecto personal. Dicho aspecto puede hacer referencia a su situación emocional, a su relación con otras personas, ya sean dentro del ámbito familiar, de amistades, profesionales, vecinales…Este aspecto en muchas ocasiones no se tiene en cuenta y es fundamental para poder entender el abasto del conflicto y su posible solución.
Cuando nos encontremos ante un conflicto de consumo, tendremos que tener presente:
1. Los conceptos generales del conflicto
2. Que se entiende por Acto Administrativo e Interés Público
3. Los problemas que surgen entre los Administrados y las Administraciones Públicas.
4. La situación de inferioridad por parte del Administrado
5. Los aspectos personales que afectan al Administrado en relación al conflicto con la Administración Pública.
6.La legislación aplicable al caso en relación a aquellos aspectos que sean materia indisponible por parte de las partes.
2º.- Principios Fundamentales de la Mediación Contencioso - Administrativo:
# Conviene recordar que la Mediación se rige por los siguientes PRINCIPIOS BÁSICOS:
1. La mediación se inicia de forma totalmente voluntaria y esa voluntariedad se extiende a lo largo de todo el proceso, por tanto, las partes pueden dejar la mediación en cualquier momento. También la persona mediadora puede dar por finalizada la mediación, cuando entienda que no se ajusta a las finalidades que le son propias.
2. Las partes, cuando lo consideren necesario, pueden solicitar la suspensión del proceso de mediación para pedir asesoramiento a sus abogados, peritos u a otros profesionales relacionados con los temas que sean objeto de la mediación
3. Las partes dan contenido a la medición y asumen la toma de decisiones con la ayuda de la persona mediadora y por tanto tienen la última responsabilidad sobre los acuerdos alcanzados.
4. Las partes aportan la información necesaria para abordar los temas a gestionar y tratar de alcanzar las mejores decisiones consensuadas y plenamente informadas.
5. Las partes y la persona o personas mediadoras tienen que asistir personalmente a las reuniones de mediación. No es posible la participación a través de representantes o intermediarios, aunque si pueden utilizarse medios técnicos que faciliten la comunicación a distancia cuando la presencialidad simultanea de las partes no sea posible.
6. Toda la información tanto oral como escrita es confidencial. Las partes se comprometen a no utilizar la información aportada por la otra parte, como prueba ante el juez, también se comprometen a no citar al mediador como testigo ni perito en ningún procedimiento judicial ni administrativo relativo al objeto de la mediación. Se exceptúa la información sobre aquellos temas que puedan suponer una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de una persona.
7. Las partes y la persona mediadora actuaran en todo momento de acuerdo a la buena fe.
8. En los procesos de mediación con menores o personas discapacitadas, se tomaran las decisiones que correspondan, atendiendo al interés superior del menor o de las personas discapacitadas afectadas.
9. Es conveniente que las partes reciban asesoramiento legal, a lo largo del proceso de mediación, si no lo han recibido de forma previa, en todos aquellos temas en que sea necesario. Es imprescindible la intervención letrada en la redacción del convenio regulador.
10. La persona mediadora actúa en base al principio de imparcialidad, de igualdad de trato respecto a las partes y de neutralidad respecto a los acuerdos finales, que en todo caso, deben reflejar la voluntad de las partes.
11. La persona mediadora conduce el proceso de mediación, ayudando a las partes a tratar de forma colaborativa cada uno de los puntos discrepantes, favoreciendo los intereses comunes y el logro de consenso.
12. Cada sesión tendrá una duración máxima de 120 minutos. El proceso de mediación no superará los 60 días hábiles, aunque si las personas usuarias y el mediador lo estiman oportuno, pueden pedir, de forma consensuada, una prórroga de dos meses adicionales.
13. Al terminar el proceso de mediación las partes y la persona o personas mediadoras firmaran un acta final, en la que debe manifestarse si se han alcanzado o no cuerdos y en su caso, los acuerdos y compromisos alcanzados.
PRINCIPIOS DE MEDIACIÓN BÁSICOS:
► Voluntariedad.
► Principio Dispositivo.
► Imparcialidad.
► Neutralidad.
► Confidencialidad.
► Principios Informadores de la Mediación
→ Pleno Respeto de los principios de Igualdad y Contradicción.
→ Las partes en Conflicto deberán prestar colaboración y Apoyo permanente a la actuación del Mediador.
→ Los mediados y Mediador, actuaran conforme a los Principios de la buena fe y Respeto.
3º.- El mecanismo Procesal de la Mediación en relación con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa:
La incidencia de la mediación Administrativa respecto los plazos de prescripción y caducidad seria la misma la producida en la mediación Civil y Mercantil (como se produce la suspensión en la mediación: Art. 4 del Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles) trasposición del artículo 8 de la Directiva 2008/52/CE que señala:
“el comienzo de la mediación suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones. A estos efectos se considerará iniciada la mediación con la presentación de la solicitud por una de las partes o desde su depósito, en su caso, ante la institución de mediación.
Por lo que el inicio de la mediación Administrativa suspende los plazos de prescripción y caducidad, pero no resuelve la norma es los efectos que tendrá sobre las actividades procesales realizadas antes del inicio del proceso, esto es la práctica de:
- Revisión de los Actos en vía Administrativa (Arts. 102 y Ss LRJA-PAC) o de Reclamación Previa al ejercicio de las Acciones Civiles y Laborales (Arts. 120 y Ss LRJA-PAC) nada impide que se suspenda el plazo para presentar la demanda si se inicia el procedimiento de mediación. Esta institución tiene como finalidad la preparación del proceso, por lo que no se ha alterado la situación fáctica preexistente y lo único que se ha realizado es permitir que el demandado pueda preparar el proceso de una forma más adecuada y evite una sentencia absolutoria por desconocer alguno de los elementos.
- Medidas cautelares (Arts. 129 y Ss LRJCA) cuando las mismas se solicitan con carácter previo al inicio del proceso y se adoptan se corre el riesgo de que se utilicen de forma abusiva. Para evitarlo se exige por el legislador que se inicie el proceso judicial en un breve plazo de tiempo. Por lo que acudir a una mediación cuando ya se han adoptado unas medidas cautelares implica alterar la igualdad de las partes. La parte demandada contra la que se haya adoptado una medida cautelar se sentirá presionada a aceptar un acuerdo por la resolución judicial. Además es contradictorio que se acuda a este sistema en este caso cuando ya se ha judicializado el conflicto obligando a que el órgano jurisdiccional decida sobre la cuestión de fondo al pronunciarse sobre el “fumus boni iuris”. Por ello entiendo que en principio si se solicita una medida cautelar previa al inicio del proceso la mediación no es el medio más adecuado para resolver el conflicto planteado ya que la decisión final vendrá influida por la judicial expresada en el auto de medidas cautelares. Pero ello no impide que las partes puedan acudir voluntariamente a la misma, bien antes de iniciar el proceso judicial o una vez pendiente el proceso.
4º.- Las Partes:
A.- Mediado: Administración Pública y / o Administrado.
* Iniciar voluntariamente el procedimiento de mediación, así como desistir del mismo en cualquier momento.
* Conocer previamente las características y finalidad del procedimiento de mediación y el coste aproximado del mismo.
* Ser tratados con el adecuado respeto y consideración durante el procedimiento de Mediación.
* Recibir copia del documento de aceptación, del acta de la sesión inicial, de los documentos de asistencia de las sesiones, así como del acta final, en la que contenga el acuerdo alcanzado.
* Presentar queja o reclamación por prestación inadecuada del servicio, insatisfacción con el mismo o incumplimiento de cualquiera de los derechos que les asisten.
* Cualquier otro derecho que se desprenda del contenido de la legislación vigente así como de sus normas de desarrollo.
* Cumplir el procedimiento de mediación en todos sus términos.
* Actuar de buena fe, de forma respetuosa y con predisposición a la búsqueda de acuerdos en todo el proceso.
* Satisfacer, en su caso, los honorarios y gastos ocasionados a la persona mediadora, excepto para los supuestos de mediación gratuita.
* Asistir personalmente a las sesiones del proceso de mediación.
* Firmar el compromiso de aceptación de la mediación, los documentos de asistencia de las sesiones y las actas del procedimiento.
* Cumplir con los acuerdos adoptados en el procedimiento de mediación.
* Cualquier otro deber que se establezca en la legislación vigente, así como de sus normas de desarrollo.
B.- El Mediador, Abogado especialista en Derecho Público:
Se entiende por Mediador aquel “profesional cualificado, imparcial y neutral, sin poder de decisión, sujeto a la confidencialidad y secreto profesional, que interviene previo requerimiento de todos los interesados involucrados en el conflicto a gestionar de manera positiva sus desacuerdos y diferencias, para que por ellos mismos lleguen a acuerdos, sobre el problema que les afecta, que beneficien los intereses y necesidades de cada una de las partes”.
A priori la legislación autonómica ha venido exigiendo, hasta ahora, que la persona mediadora debía estar colegiada en ejercicio en el colegio profesional respectivo, y según el desarrollo reglamentario, acreditar una experiencia mínima durante los últimos años y una formación específica, en torno a doscientas horas, homologada, e impartida por los colegios profesionales o por centros docentes universitarios. De estas horas de formación, en algunos casos, se pueden restar las correspondientes a las materias que correspondan a la profesión básica respectiva de la persona que solicita la homologación como mediador. No obstante, esto choca con lo establecido en el Art. 11 del Real Decreto-ley 5/2012, de ámbito estatal.Observamos que no se requiere que el mediador tenga que ser titulado universitario, aunque sí se le exigirá formación específica en mediación, impartida por instituciones debidamente acreditadas, además de suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación profesional en los conflictos que medie.
A la vista de las funciones propias del Mediador, considero que es imprescindible que este mismo tenga conocimientos jurídicos suficientes (Derecho Público) para poder comprobar si el acuerdo de mediación que le someten las partes para resolver el conflicto es conforme a derecho o no. Debe tenerse en cuenta que en caso de que lo avale y finalmente el acuerdo no fuera ejecutado por ser contrario al ordenamiento jurídico incurriría en responsabilidad el mediador y la institución de mediación en caso de existir. Tanto la directiva comunitaria como la Ley Estatal que proponemos de Mediación Contencioso - Administrativo tienen por objeto la mediación en el ámbito de la Administración Pública. Siendo el objeto así delimitado es estrictamente jurídico. Desde esta perspectiva las competencias que el legislador exige al mediador hace necesario que esté tenga unas habilidades que es el conocimiento del ordenamiento jurídico. En la actualidad ésta se acredita a través la posesión del título de grado en derecho y el postgrado que habilite para el ejercicio profesional. Considero que el grado de exigencia al mediador debe ser el mismo que el que requiere la LEC para que las partes inicien un proceso judicial y que está previsto en el artículo 31 LEC. Además, para poder intervenir como mediador sería necesario que tuviera una formación en otras habilidades que se requieren, para lo que no creo que baste con la asistencia a un curso de formación, sino que debe completarse con un máster de postgrado con un nivel de exigencia adecuado a la habilitación que le dará y en la especialidad correspondiente. Por lo que para poder ser Mediador en este tipo de mediaciones consideramos que es necesario que se le requiera: 1º) La experiencia de cinco años ejerciendo libremente funciones de Mediador y Abogado; 2º) La experiencia de cinco años prestando servicios de Asesoría Jurídica y Asistencia Letrada para alguna Entidad Pública (Ayuntamiento, Generalitat, Mancomunidad… Etc) y 3º) La superación de un curso o Master Postgrado: Curso de Experto en Mediación Administrativa.
* Participar, cuando se solicite su intervención, en un proceso de mediación.
* Renunciar a iniciar un proceso de mediación, o a continuarlo cuando aprecie falta de voluntad por alguna de las partes, exista una imposibilidad manifiesta para llegar a un acuerdo, concurra cualquier otra circunstancia que haga inviable el procedimiento.
* Percibir los honorarios o cuantías económicas que correspondan.
*Facilitar a las partes en conflicto una información veraz y completa.
* Cualquier otro que se establezca en la legislación vigente, así como sus normas de desarrollo.
* Informar a las partes en conflicto de las características y finalidad del procedimiento de su coste económico.
* Conducir el procedimiento de mediación, facilitando la comunicación entre las partes para alcanzar un acuerdo satisfactorio.
* Ejercer la actividad mediadora conforme a la buena fe.
* Propiciar que las partes tomen sus propias decisiones y que dispongan de la información y el asesoramiento suficientes para que desarrollen los acuerdos de manera satisfactoria libre, voluntaria y exenta de coacciones.
* Mantener la neutralidad e imparcialidad, respetando las posiciones de las partes, y preservar su igualdad y equilibrio durante el proceso de mediación.
* Redactar, firmar y entregar a las partes el documento de aceptación, las actas y los justificantes de la celebración y asistencia a las reuniones.
* Mantener la reserva y secreto profesional, salvo los hechos delictivos o amenazas para la vida o integridad físicas de las personas.
5º.- Las ventajas y diferentes modelos de Mediación Contencioso - Administrativo:
El conflicto que se deriva der las relaciones con la Administración Pública es un conflicto que puede resolverse o mejor dicho gestionarse mediante sistemas de ADR por los siguientes motivos:
a. Porqué existen distintas materias que regulan diferentes aspectos de las relaciones con la Administración Pública. Encontramos normas en el derecho civil, mercantil, administrativo, Tributario y penal que recogen y regulan distintos aspectos de las relaciones con la Administración Pública y los conflictos que puedan derivarse.
b. Porqué el Administrado se siente desamparado ante un conflicto con la Administración Pública y generalmente no acude a la vía judicial.
No acude a la vía judicial por desconocimiento de su funcionamiento, porqué piensa que le costará más dinero del que ya ha perdido, porqué tiene prisa en resolver el conflicto y la vía judicial la considera lenta, porqué no sabe los pasos que tiene que seguir, porqué piensa que quizá pueda perder o “no hay para tanto”, porqué piensa que el solo no pude ganar ya que la empresa o comercio tiene más poder que él.
c. Por la influencia del conflicto con la Administración Pública en muchos aspectos de la vida individual, social y económica de las partes.
Por todos estos aspectos la gestión de los conflictos con la Administración Pública mediante sistemas de ADR se hace mucho más necesaria para garantizar los derechos de los Administrados que de otra forma podrían llegar a quedar desamparados. Uno de los sistemas que puede pues utilizarse en la resolución de conflictos con la Administración Pública puede ser la mediación.
Una vez analizadas las características básicas de la mediación podemos hablar de “Mediación Administrativa” siempre que el conflicto que surja sea consecuencia de una relación de con la Administración Pública, esto es que dicho conflicto se haya originado como consecuencia de la existencia de una relación con un organismo de la Administración Pública.
# Las características de la mediación en conflictos con la Administración Pública podemos decir que son:
1. Principio de voluntariedad, las partes son libres de acogerse a la mediación y también de desistir en cualquier momento.
2. Principio de imparcialidad, la persona mediadora tiene el deber de ser imparcial y, en consecuencia, debe ayudar a los participantes a alcanzar los acuerdos pertinentes sin imponer ninguna solución ni medida concreta. Si en un momento determinado hay un conflicto de intereses entre las partes y la persona mediadora, ésta debe declinar la intervención.
3. De acuerdo con el principio de confidencialidad, la persona mediadora y las partes deben mantener el deber de confidencialidad sobre la información de que se trate. Las partes se comprometen a mantener el secreto y, por tanto, renuncian a proponer la persona mediadora como testigo en algún procedimiento que afecte al objeto de la mediación. Por otra parte, la persona mediadora también debe renunciar a actuar como perita en los mismos casos.
Los documentos y las actas que elaboren a lo largo del proceso de mediación tienen carácter reservado. Sin embargo, la persona mediadora no está sujeta al deber de confidencialidad y está obligada a informar a las autoridades competentes de los datos que puedan revelar la existencia de hechos delictivos perseguibles de oficio.
Estas podríamos decir que son las características básicas de la mediación con la administración. Pero creemos que es importante hacer mención especial a la primera de las características la voluntariedad.
La voluntariedad es un aspecto esencial en cualquier proceso de la mediación para su buen funcionamiento.
Cuando hablamos de mediación Administrativa la parte que en su caso solicitará la mediación, debería de ser el Administrado. El Administrado acude a un servicio de ayuda e información al ciudadano, ya sea o a los servicios de las comunidades autónomas o de las entidades Locales de atención al Administrado.
Conseguir o aceptar la mediación por parte del Administrado es tarea sencilla, son sus intereses que están en juego, otra cosa distinta es la aceptación por parte de la Administración Pública.
# Un buen mediador debe tener el perfil siguiente:
- Ser imparcial y neutral: no inclinarse a favor de ninguna de las partes y no dejarse implicar en el conflicto.
- Debe dar seguridad a las partes.
- Saber reconducir las situaciones a términos objetivos.
- Tener capacidad de síntesis y de adaptación rápida a situaciones nuevas.
- Tener capacidad de convicción, de seducir a las partes, para que lleguen a acuerdos.
- Tener imaginación y capacidad de improvisación.
- Saber escuchar y tener la paciencia justa.
# Las ventajas de la utilización de la mediación para la resolución de conflictos surgidos de las relaciones con la Administración Pública podemos decir que son las mismas que en cualquier otro ámbito de relaciones, así podemos decir:
1.- Las relaciones personales entre las partes, si es que han existido o en su caso tienen que mantenerse, no se verán más perjudicadas de lo que podían estar, o se mejorará la relación personal o en su caso no empeorará.
2.- El Administrado verá de forma rápida satisfechos sus intereses y necesidades. En tema de Actuaciones Administrativas el tiempo es esencial.
3.- La Administración Pública verá recompensada su actitud por parte del Administrado, se potencia la confianza y colaboración.
4.- Se reducen gastos, tanto para el empresario y para el consumidor.
5.- Se facilita un espacio donde poder comunicarse y clarificar posiciones, intereses y necesidades, pudiendo cada parte exponer las suyas y escuchar las de la otra parte.
6.- Se humaniza y personaliza la relación con la Administración Pública; “Tu Administración te escucha”.
- Es un método de gestión del conflicto voluntario, pacífico, privado y confidencial.
- Que promueve la imparcialidad y neutralidad.
- De menor coste que la instancia judicial.
- Que genera un clima de confianza y la apertura del diálogo pacífico y constructivo de las partes.
- Que favorece la asunción de responsabilidades.
- Incorpora habilidades de comunicación, interrelación y de negociación que mejora las relaciones entre las partes.
- Fomenta la cultura de pacto.
- Es flexible en cuanto a contenidos, formas y procedimiento.
- Es informal, frente a la formalidad y rigidez del proceso judicial.
-Es ágil, de fácil acceso y rápida respuesta.
No es definitiva, no tiene efecto de cosa juzgada, puede retomarse modificando los acuerdos adoptados, por el cambio de situaciones que dieron lugar al acuerdo o por la superación de antiguas situaciones.
1º.- Modelo Tradicional-Lineal (Harvard) Googler y Haynes
Objetivo principal:Llegar al acuerdo. No intenta modificar las relaciones, sino que trata de:
· Disminuir las diferencias entre las partes
· Aumentar las semejanzas, valores e intereses
· Causalidad lineal: el conflicto tiene una causa que es el desacuerdo y se trabaja sobre los problemas resultantes. No tiene en cuenta otras causas, el contexto, ni las relaciones entre las partes, centrándose en el contenido de la comunicación.
· Los sentimientos y las relaciones tienen un papel reducido (al principio y como catarsis).
Método → Racionalidad. Principios establecidos por las partes:
· Aireación del conflicto como catarsis para que las emociones no entorpezcan más adelante.
· Neutralidad del mediador a través de:
1) Imparcialidad: ausencia de prejuicios, valores y creencias.
2) Equidistancia: no realizar alianzas
· Ir del caos al orden
· Crear valor; buscar soluciones creativas y cooperadoras a partir de las diferencias e intereses compartidos.
2º.- Modelo Circular-Narrativo. Sarah Cobb (dentro de la escuela terapeutica)
Objetivo principal: Fomentar la reflexión y mejorar la comunicación y cooperación para llegar a acuerdos.
· Causalidad circular: No hay una única causa que produzca siempre un determinado resultado, sino que existe una causalidad circular que permanentemente se retroalimenta.
· Comunicación circular: No solo se centra en el contenido (mensaje) la comunicación es un todo en el que están las partes, el mensaje y los elementos analógicos de la comunicación que califican el contenido y tienen que ver con las relaciones.
· Aumentar las diferencias para flexibilizar el sistema y lograr un nuevo orden. Considera que las partes llegan en situación de “orden” en posiciones rígidas impidiéndoles encontrar alternativas.
· Legitimar a las personas en situaciones, sentimientos y diferencias.
· Cambiar el significado de la historia que las partes traen a la mediación para construir una historia alternativa que permita ver el problema por todos desde otro ángulo.
3º.-Escuela Transformativa. Folger y Bush
Objetivo principal: Transformación en las relaciones. No importa el acuerdo.
Foco:Las relaciones y los sentimientos. Empowerment y reconocimiento del otro.
■ C O N C L U S I O N E S:
Es por todo lo expuesto, que debemos concluir que, a nuestro entender, resulta posible y viable la práctica de la “Mediación Contencioso - Administrativo” basada en la resolución de Conflictos con la Administración Pública, dado que como hemos visto concurren todos los requisitos, principios y elementos necesarios que lleva consigo la mediación a nivel general. Es más viendo el resultado exitoso de la Mediación Civil y Mercantil (resolución de conflictos entre particulares), debemos seguir los mismos pasos y metodología con que se ha llevado a cabo tal Mediación Privada trasladándola ahora al campo de la Mediación Contencioso - Administrativo (resolución de conflictos con la Administración Pública), esto desarrollar una Ley Nacional de Mediación en asuntos Administrativos del mismo modo que se ha hecho con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Así como que para poder ser Mediador en este tipo de mediaciones consideramos que es necesario que se le requiera:
- La experiencia de cinco años ejerciendo libremente funciones de Mediador y Abogado.
- La experiencia de cinco años prestando servicios de Asesoría Jurídica y Asistencia Letrada para alguna Entidad Pública (Ayuntamiento, Generalitat, Mancomunidad… Etc)
- La superación de un curso o Master Postgrado: Curso de Experto en Mediación Contencioso - Administrativo.
■ N O R M A T I V A . M A R C O J U R I D I C O :
- Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (DOL núm. 136, de 24 de mayo de 2008).

References: artículo 139
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 artículo 31
 resolución 
 resolución 
 resolución