Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2017/se201700229.html
Timestamp: 2019-03-25 03:44:21+00:00

Document:
se201700229
SENTENCIA: 229/2017.
EXPEDIENTE: 1075/2013.
La demanda contencioso administrativa de fs. 17 a 23, planteada por la Administración Aduanera impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 1382/2013 emitida el 13 de agosto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la contestación de fs. 34 a 38, réplica de fs. 61 a 63 vta., dúplica a fs. 66 a 67, la contestación del tercero interesado de fs. 93 a 102; los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.
La Administración Aduanera, mediante Nota AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012, solicitó al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) la autenticidad del Certificado CM-PT-04-0072-2011 correspondiente al vehículo que ampara el Documento Único de Importación (DUI) 2011/543/C-2092, petición respondida por IBMETRO el 4 de julio de 2012, mediante nota IBMETRO-DML-CE- 01272/12, en el que se señala que el indicado certificado no existe y no está registrado en ninguno de los archivos IBMETRO-Central La Paz, haciendo conocer además, por tanto los certificados mencionados no tienen la validez requerida ya que estos no fueron realizados bajo procedimientos establecidos por IBMETRO.
Asimismo, en la nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio, dicha institución concluyó que la revisión de los códigos y números de los certificados recibidos, estos no se encuentran registrados en los archivos y base de información de la entidad.
Con ese antecedente, se evidenció que la Agencia Despachante de Aduana ADA “SAA SRL”, al momento de efectuar el despacho aduanero de la DUI Nº 2011/543/C-2092 de 1 de noviembre de 2011, presentó un certificado medio ambiental no validado o presuntamente falso, por lo que se estableció que no contaba con la Certificación Medioambiental emitida por IBMETRO, estableciendo indicios de la comisión de contravención tributaria por contrabando.
Al amparo de la Resolución de Directorio (RD) 01-004-09 de 12 de marzo de 2009 que aprueba el Procedimiento de Control Diferido y de conformidad a lo señalado en el art. 96 y último párrafo del art. 181 del Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley N° 317, se emitió el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-041/2012 de la DUI 2011/543/C-2092, en la que se puede observar de manera más amplia el trabajo realizado, la identificación de las personas sindicadas, identificación de los medios de prueba y/o medios empleados para la comisión del Contrabando Contravencional, descripción de la mercadería objeto de contrabando y demás datos que ayudaron a determinar la contravención aduanera.
Trascribiendo los arts. 48 del Decreto Supremo Nº 27310; 85 de la Ley General de Aduanas; 65 y 148 del Código Tributario Boliviano; y 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, indicó que el citado art. 48 del Decreto Supremo Nº 27310, señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, que la verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante las esas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior; es decir, que todo aquello que no haya podido ser determinado, puede ser sujeto a una fiscalización según corresponda, teniendo presente que el término faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine qua non para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del Código Tributario Boliviano (CTB).
Por lo citado señaló que el procedimiento seguido a consecuencia del Control Diferido Regular es totalmente válido al haberse determinado en el mismo que la DUI no cuenta con documentos de soporte válidos, por lo que el sujeto pasivo adecuó su conducta a lo establecido en el inciso b) del art. 181 del CTB ya que está transportando un vehículo infringiendo los requisitos esenciales por normas aduaneras, tales como, el inciso k) del art. 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y 119 del mismo texto normativo, modificado por la disposición adicional tercera del Decreto Supremo Nº 572 de 14 de julio de 2010. En caso de no contar con la acreditación mediante certificación que la mercancía es apta para su consumo o utilización, la Administración Aduanera en coordinación con la entidad, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías.
Reiteró que en el procedimiento de Control Diferido Regular, se estableció claramente que el certificado de IBMETRO que fuera presentado como documento de soporte de la DUI, no existe y no está registrado en ninguno de los archivos de IBMETRO-Central La Paz conforme se estableció en la nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio; además que el funcionario que firma no se encontraba en funciones.
Concluyó señalando que IBMETRO ha certificado que los documentos utilizados en los despachos aduaneros no fueron emitidos por la misma, con ello se demuestra que los mismos fueron fraguados, por lo que corresponde a la autoridad jurisdiccional e investigativa determinar quienes o quien es el responsable.
Solicitó se declare probada la demanda contencioso administrativa, revocando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1382/2013 de 13 de agosto por consiguiente se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-020/2012 de 27 de diciembre.
La Autoridad General de Impugnación Tributaria, se apersonó al proceso y respondió negativamente la demanda con memorial presentado el 14 de agosto de 2014, que cursa de fs. 34 a 38, señalando que no obstante estar plena y claramente respaldada en sus fundamentos técnico-jurídicos la resolución impugnada, cabe remarcar y precisar lo siguiente:
Apuntando los antecedentes administrativos del caso, señaló que el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-041/2012, indica en el Acápite Relación Circunstanciada de los hechos, respecto al punto Falta de Certificado Medio Ambiental emitido por IBMETRO que: “(…) la Agencia Despachante de Aduana SAA SRL al momento de efectuar el despacho aduanero de la Declaración Única de Importación DUI 2011/543/C-2092 de 01/11/2011, presentó un certificado Medio Ambiental presuntamente falso (…)”; asimismo la Resolución Sancionatoria estableció la existencia de la contravención aduanera de contrabando contra Marcelo Sánchez Zambrana, conforme el inciso b) del art. 181 del CTB, por lo que existe una contradicción de argumentos entre el sujeto pasivo y la Administración Aduanera respecto a la prueba principal, puesto que Augusto Jhonny Carballo Zeballos asegura que este documento es plenamente valido; motivo por el cual dicha prueba se encuentra supeditada al pronunciamiento en la vía penal, es decir, que se requiere previo pronunciamiento sobre la veracidad o no del mencionado certificado medio ambiental, concluyendo que la instancia jerárquica se ve imposibilitada por mandato expreso del art. 197.II. b) de la Ley 3092.
III.- DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.
En el caso de autos, la Administración Aduanera controvierte la decisión de anular lo obrados, con reposición hasta el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-041/2012, ordenando que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del Certificado Medio Ambiental, la Administración Aduanera dicte nueva Acta de Intervención Contravencional.
Al efecto el art. 48 del Decreto Supremo Nº 27310 señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100 del CTB, en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, la verificación de calidad, origen, u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante esas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior; es decir, que todo aquello que no haya podido ser determinado puede ser sujeto a una fiscalización según corresponda, concluyendo que el término faculta a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior, más no la obliga o establece como requisito sine qua non para validar las conclusiones del procedimiento del control posterior y los consiguientes actuados, por lo que la Resolución de la AGIT no interpreta correctamente la normativa conforme establece el art. 8 del CTB.
Por su parte, la autoridad demandada indicó que la AGIT no ingreso al análisis de fondo del asunto, porque de resolverse el fondo del asunto en base a una prueba cuya legalidad está observada, se infringiría el inc. b) Parágrafo II del art. 197 de la Ley 3092, razón por la que la instancia jerárquica anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Acta de Intervención Contravencional, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del Certificado Medio Ambiental N° CM-PT-04-0072-2011, la Administración Aduanera dicte nueva Acta de Intervención, si corresponde, fundamentos que desvirtúan los argumentos del demandante.
IV.1.- Que, el 25 de mayo de 2012, la Administración Aduanera solicitó la remisión de 77 DUI a la ADA “SSA SRL”, tramitadas ante la Administración de Aduana Frontera Avaroa, detalladas en anexo adjunto con su documentación en originales de respaldo. El 1 de junio de 2012 la mencionada ADA, mediante Nota Cite: SAA-208/2012, remitió la documentación requerida (fs. 17 a 24, Anexo 2).
IV.2.- A instancias de la Jefatura de la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Potosí, el 6 de junio de 2012 y con nota AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012 (fs. 26, Anexo 2), la Administración Aduanera, solicitó a IBMETRO certificación de autenticidad de setenta y siente (77) certificados emitidos por esa entidad, entre ellos la DUI C-2092 que dio origen al presente proceso.
IV.3.- En respuesta IBMETRO, con nota IBMETRO DML CE 01272/2012 de 4 de julio de 2012, remitió el Informe IBMETRO-DML-INF-240/12 de 29 de agosto, el cual indica que un vez concluida la revisión de los códigos y números de los Certificados, se informa y corrobora que los mismos no se encuentran registrados en los archivos y base de información de IBMETRO. Además, que los funcionarios que figuran y firman los certificados, no se encontraban prestando funciones en las fechas de emisión (fs. 30 a 37, Anexo 2).
IV.4.- El 27 de septiembre de 2012, la Gerencia Regional Potosí, emitió el Informe AN-UFIPR-I-078/2012, que da cuenta de haberse realizado el aforo documental, la decodificación del VIN del vehículo importado, la falta de certificado de IBMETRO, por lo que sugiere anular la DUI C-2011/543/C-2092, debido a que no existe certificado medioambiental emitido por IBMETRO. Finalmente, estableció indicios de la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el inciso b) del art. 181 del CTB e indicios de la existencia de delitos penales por la falsedad del certificado de IBMETRO (fs. 43 a 51 del Anexo 2).
IV.5.- El 5 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Augusto J. Carballo Zeballos con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-041/2012 de 28 de septiembre, emitida su contra y de quienes resultaren coautores, cómplices, instigadores y encubridores, estableciendo indicios de la comisión de la contravención tributaria de contrabando, otorgando un plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 61 a 69 del Anexo 2).
IV.6.- Posteriormente, el 2 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Augusto J. Carballo Zeballos con la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-20/2012 de 27 de diciembre, que declaró probada la comisión de contrabando contravencional en su contra, al no existir la mercancía comisada, se impuso como multa el pago del 100% del valor de la mercancía, así como la captura del vehículo descrito en el Acta de Intervención y la anulación de la DUI 2011-543-C-2092 de 1 de noviembre de 2011. Finalmente, la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación (fs. 77 a 82 Anexo 2).
IV.7.- Planteado recurso de alzada, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, con Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0020/2013 de 6 de mayo (fs. 85 a 91 vta., Anexo 1), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-020/2012 de 27 de diciembre, dejando sin efecto la sanción de multa por el 100% del valor de la mercadería equivalente a Bs. 336.085 así como su ejecución tributaria, disponiendo el comiso del vehículo correspondiente a la DUI 2011/543/C-2092.
IV.8.- Alex Arnez Alcocer y Juan Carlos Loma Sanabria, en representación de Augusto J. Carballo Zeballos y la Gerencia Regional de Potosí de la Aduana Nacional, interpusieron recurso jerárquico, que fue resuelto con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1382/2013 impugnada en el presente proceso, con la que la AGIT anuló la resolución de alzada, con reposición de obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir, hasta el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-041/2012 de 28 de septiembre, inclusive, con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente para determinar la veracidad del Certificado Medio Ambiental CM-PT-04-0072-2011, la Administración Aduanera dicte una nueva Acta de Intervención.
IV.9.- En el curso del proceso contencioso administrativo, se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho hasta la emisión del decreto de autos para sentencia.
V.1.- Respecto al Procedimiento de Control Diferido.
En la demanda contenciosa administrativa, el primer reclamo de la Administración Aduanera está vinculado a una incorrecta interpretación del art. 48 del DS N° 27310, conforme las reglas establecidas por el art. 8 de la Ley 2492 en la que habría incurrido la AGIT, por la que -dice- pretende se determine en una Fiscalización Posterior, un hecho demostrado en el Control Diferido Regular, a cuya consecuencia anuló obrados sin justificativo o normativa específica.
Sobre el particular, analizada la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT -RJ 1382/2013 de 13 de agosto, pronunciada por la Autoridad de Impugnación Tributaria, en sus fundamentos no hace referencia a la disposición legal que supuestamente no fue correctamente interpretada, tampoco se pronuncia sobre un procedimiento de Fiscalización Posterior o Control Diferido Regular.
Es más, la autoridad demanda en su memorial de respuesta a la demanda contenciosa administrativa hizo hincapié en que la AGIT no ingreso al análisis de fondo del asunto, porque de resolverse el fondo del asunto en base a una prueba cuya legalidad está observada, se infringiría el inc. b) Parágrafo II del art. 197 de la Ley 3092.
V.2. Respecto a la determinación de anular obrados con reposición hasta el vicio más antiguo (Acta de Intervención Contravencional), con el objeto de que a partir del pronunciamiento que emita la instancia competente sobre la veracidad del Certificado Medio Ambiental, la Administración Aduanera dicte nueva acta de intervención contravencional si corresponde.
Que conforme a los antecedentes del caso, puede establecerse que mediante Comunicación Interna AN-GRPGR-UFIPR-CI-041/2012 de 24 de mayo de 2012, el Jefe de la Unidad de Fiscalización a.i de la Gerencia Regional de Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia, ante supuestas irregularidades detectadas, entre ellas las supuesta falsedad de certificados medio ambientales, solicitó al Gerente Regional de Potosí de la Aduana Nacional autorice a esa unidad a realizar un Control Diferido Regular a Vehículos Usados Importados por Personas Naturales y Empresas Unipersonales Tramitadas en la Administración de Aduana Frontera Avaroa en la gestión 2011, adjuntado al efecto el detalle de DUI´s. En ese cometido la referida Unidad solicitó a la Agencia Despachante de Aduana (ADA) “SSA SRL la remisión de DUI´s de los vehículos detallados con sus documentos de respaldo originales. Con esa información la Administración Aduanera, solicitó certificación de autenticidad de setenta y siente certificados emitidos por IBMETRO, dicha entidad dando cumplimiento al requerimiento mediante Informe IBMETRO-DML-INF-240/12 de 29 de agosto, indicó que un vez concluida la revisión de los códigos y números de los Certificados, estos no estaban registrados en sus archivos y base de información, que además los funcionarios que figuran y firman los certificados, no se encontraban prestando funciones en las fechas de emisión.
A consecuencia de estas actuaciones se tiene el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-N° 041/2012 de 28 de septiembre de la DUI 2011/543/C-2092, emitida contra Augusto J. Carballo Zeballos, estableciendo indicios de la comisión de la contravención tributaria de contrabando, otorgándole un plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 61 a 69 del Anexo 2). Dicha Acta en el punto “Falta de Certificado Medio Ambiental emitido por IBMETRO” concluye señalando los siguiente: “Por lo señalado, se evidencia que la Agencia despachante de Aduana “SAA S.R.L.” al momento de efectuar el despacho aduanero de la Declaración Única de Importación DUI 2011/543/C-2092 de 01/11/2011, presento un certificado medio ambiental presuntamente falso CM-PT-04-0072-2011 de 31/10/2011 por lo que se establece que no contaba con la Certificación medio ambiental emitida por IBMETRO ….”.
Siguiendo el mismo entendimiento, la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-20/2012 de 27 de diciembre, declaró probada la comisión de contrabando contravencional contra Augusto J. Carballo Zeballos, ordenando expresamente la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta comisión del delito de falsificación de documentación (fs. 77 a 82 Anexo 2).
Como puede establecerse la base de la determinación del hecho contravencional y posterior sanción es la supuesta falsedad del certificado medio ambiental que ampara a la DUI 2011/543/C-2092, así lo ha establecido el Acta de Intervención Contravencional y en la propia Resolución Sancionatoria, conforme los antecedentes referidos. En ese entendido la Administración Aduanera tenía la obligación de dar aplicación al mandato del art. 217 del CTB, en su parágrafo final prevé que la prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme; es decir que siendo la base de la determinación de una responsabilidad contravencional un documento público presumiblemente falso, en aras del respeto al debido proceso la Administración Aduanera no puede asumir la competencia de jurisdicción ordinaria penal y determinar en los hechos la falsedad de un certificado, si no lo ha hecho la instancia competente a través de un debido proceso. En todo caso, ante una situación como la presente la Administración Tributaria teniendo duda sobre la veracidad del certificado medio ambiental, con carácter previo debió realizar la denuncia penal correspondiente para la determinación de la falsedad o no del certificado medio ambiental así como la determinación del o los responsables del mismo.
Que con toda razón la Autoridad General de Impugnación Tributaria concluye que para determinar si los hechos generadores acaecieron o no, dando como resultado el nacimiento de una contravención aduanera de la cual sería responsable el sujeto pasivo, se requiere previamente el pronunciamiento sobre la veracidad o no del certificado medio ambiental, hecho que como bien lo reconoce la Administración Aduanera compete al Ministerio Público, estando por lo mismo imposibilitada por mandato expreso del parágrafo II, inc. b) del art. 197 del CTB de pronunciarse sobre la autenticidad o falsedad del certificado medio ambiental, teniendo el sujeto activo las vías legales para ese fin, por lo que determinó anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT.
VI.3. Conclusión.
Del análisis precedente, éste Tribunal Supremo de Justicia concluye que la Autoridad General de Impugnación Tributaria al pronunciar la Resolución impugnada, interpretó y aplicó correctamente el art. 197-II de la Ley 2492 CTB, al determinar que no tiene competencia para dilucidar cuestiones penales, por lo que no puede pronunciarse sobre la falsedad del certificado de IBMETRO, debiendo esperar el fallo en la vía penal para poder determinar con certeza la probabilidad de comisión del contrabando contravencional; sin embargo, no consideró que el procedimiento de control diferido aprobado por la RD 01-004-09, no prevé que ante la existencia de indicios de la comisión de contrabando contravencional se emita Acta de Intervención, no encontrándose respaldado legalmente el criterio de la AGIT cuando dispone que tras conocerse la determinación de la vía penal se emita una nueva Acta de Intervención en base a dichos resultados; correspondiendo en este caso, que en mérito a las facultades previstas en el art. 48 del DS Nº 27310, y los argumentos expuestos precedentemente, la Administración Aduanera inicie una fiscalización aduanera posterior, a efecto de comprobar el Contrabando Contravencional, esto, conforme el criterio asumido por este Tribunal en casos análogos.
En tal virtud, corresponde a este Tribunal confirmar la nulidad de obrados hasta al Acta de Intervención, inclusive, dispuesta en la Resolución Jerárquica, y bajo fundamentos propios, instruir a la Administración Aduanera, esperar el pronunciamiento en la vía penal, y a partir del mismo, si corresponde, iniciar una Fiscalización Aduanera posterior.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la atribución conferida en el art. 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda de fs. 17 a 23, interpuesta por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional, en su mérito, mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1382/2013 de 13 de agosto dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, con fundamentos propios, ratificándose la nulidad de obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional, inclusive, y disponiendo que con los resultados determinados en la vía penal, la Administración Aduanera, si corresponde, inicie el respectivo proceso de fiscalización.

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