Source: http://antiokupas.blogspot.com/2011/09/
Timestamp: 2017-06-27 07:01:37+00:00

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ANTI-OKUPAS: septiembre 2011
Pués bien, pese a los 13 años de okupaciòn por el morro, una vez que la Justicia, tras muchos años mirándose al ombligo, emitió una resoluciòn decretando el desalojo de los okupas y la demoliciòn del edificio, amparada esta por la correspondiente licencia municipal, fué preciso un desalojo policial de los que hacen época, al encontrarse con una resistencia numantina, que necesitò casi ocho horas de asalto con los mas sofisticados medios y que que terminó con 31 detenidos y varios heridos. A defender a sus niños salieron corriendo sus papás, padrinos y alcahuetes políticos, con la vieja cantinela del victimismo y la violencia policial desproporcionada, y olvidando las agresiones de sus cachorros a unos funcionarios de policía que actuaban en ejercicio legìtimo de sus funciones cumpliendo una orden judicial. Denuncia de la que terminó hacièndose eco el "Ararteko"; extraño nombre con que los vascos denominan a su Defensor del Pueblo; quien curiosamente, hasta ahora no se había preocupado de la situaciòn sufrida por los propietarios quienes le dan de comer con el pago de sus impuestos, ni parece que vaya a preocuparse de los destrozos causados por los okupas y sus simpatizantes. Curiosa manera de defender al pueblo de los delincuentes.
Está claro que los nacionalistas que controlan el Gobierno y el Parlamento catalánes no piensan acatar la sentencia del Tribunal Supremo para dar cabida al Castellano, como lengua vehícular de la Enseñanza en Cataluña, y que el PSOE, y con ello el Gobierno de la Naciòn, no piensa mover un dedo para que tal insumisiòn sea sancionada como se merece, e incluso está dispuesto a que los políticos nacionalistas insumisos, al igual que hacen los okupas, sigan campando a sus anchas como si nada hubiera pasado; terminando con ello de destrozar, el ya de por si escaso crédito y prestigio de que goza la Justicia en nuestro País. En ésta labor de deslegitimaciòn, han colaborado desde el propio Gobierno de la Naciòn, hasta la Santa Madre Iglesía, pasando por todo el arco político nacionalista. El primero lo hizo nada menos que a través de tres de sus ministros ( Caamaño, Blanco y Chacón ) y del ex-ministro, ex-vicepresidente y candidato a Presidente Alfredo Ppunto; rematado todo ello, por el "supervisor de nubes", con su ambiguedad calculada y con sus declaraciones, como ya nos tiene acostumbrados, contradictorias con sus acciones. Justo igual que el Ministro de Educación Angel Gabilondo, ( ese que apoya la huelga de la enseñanza en la Comunidad de Madrid ), quien está tan a favor de que se cumpla la Sentencia del Supremo como del sistema de inmersion ilingüística que aquella considera no ajustado a derecho. ¿ Ustedes lo entienden ? . Pues yo también.
Y la tercera a través de un carrusel de declaraciones de toda clase de polìticos nacioanlistas, cuya rueda aún sigue girando a día de hoy. Y todo, mientras con una vergonzante desfachatez el Ex-presidente "Montilla" y el presidente "Mas", llevan escolarizando a sus hijos en centros privados donde no existe la inmersión lingüistica en catalán y donde el Castellano es lengua vehicular de la enseñanza. Por sus estridencias y por sus resultados, las actitudes de los nacionalistas catalanes, al igual que las de los okupas, cada día se parecen más a las pataletas infantiles, que terminan siempre por salirles gratis y por conseguir todos sus objetivos de un papá Estado blandiblu y carente de autoridad, que termina por financiar todos sus caprichos y ceder a sus pretensiones, permitiendo que rebasen, una y otra vez, todas las líneas rojas, con tal de no aplicar la mano dura a las constantes `provocaciones y "gamberradas" del "niño" que, sintiéndose impune, cada día suben de tono. Y como ocurre también con los okupas y las okupaciones, ¿Quien indemniza a las víctimas por los restrasos de mas de cinco años en el restablecimiento por la Justicia, de sus derechos lingüísticos conculcados ?
Pero pasemos a analizar, el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña , la Sentencia del Tribunal Supremo de la que aquel constituye un mero incidente de ejecuciòn de la misma y la doctrina del Tribunal Constitucional, para comprobar como las declaraciones que se están realizando y las incitaciones a la insumisiòn y con ello a la secesiòn de facto, están basadas en una sarta de obviedades, medias verdades o clamorosas mentiras. Y gordas. Y es que lo que subyace a tanta declaraciòn de indignación nacionalista es ni mas ni menos que no se atraven a decir claramente lo que piensan: Que tanto el Tribunal Constitucional, como el Supremo, y las leyes en que se basan, son tribunales y leyes ajenas a Cataluña, y por ello susceptibles de no ser reconocidos ni acatadas sus mandatos y decisiones. Los hechos tienen su origen en una resoluciòn de la Consejería de Educaciòn del Gobierno de Cataluña de fecha 2 de mayo de 2006 denegando la solicitud de un ciudadano español residente en Barcelona para "que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relaciòn al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria, y para que toda las comunicaciones, ciriculares y cualquier otra documentaciòn, tanto oral como escrita, dirigidas por el centro escolar lo sean en castellano, lengua oficial en todo el territorio del Estado"; Con el fin de que para que dos hijos suyos, uno de ellos estudiante de 2º de ESO en el centro docente SIL y otro de 3º de primaria en el centro docente del CARME, puedan ejercer dichos derechos constitucionalmente reconocidos y hasta entonces denegados .
Uno de los argumentos de la citada resolución de la Consejería de Educacion era que " de acuerdo con la ley 1/1998 de 7 de enero de política lingúistica, la lengua vehícular en la enseñanza es el catalán". " Artículo 20.1 : El catalán, como lengua propia de cataluña, lo es también de la enseñanza, en todos los niveles y modalidades educativos".
5 .- Por lo que establece el Decreto 142/2007 de 26 de junio, que establece la ordenaciòn de las enseñanzas de la educaciòn primaria, y en cuyo artículo 4 define a la lengua catalana como el eje vertebrador de un proyecto educativo plurilingüe y declara que : " El catalán, como lengua propia de Cataluña, será utilizado normalmente como lengua vehicular de la eneseñanza y aprendizaje y enlas actividades internas y externas de la comunidad educativa" (... ), añadiendo que " (...) "el proyecto lingüístico establecerá pautas de uso de la lengua catalana para todas las personas miembros de la comunidad educativa y garantizará que las comunicaciones del centro sean en esa lengua" De todo ello, el Tribunal Supremo en su sentencia concluye que " normativamente se excluye al castellano como lengua vehicular, y, es obvio, que no tiene esa condición por el hecho de que determinadas materias se imparten en castellano, como es la lengua y literatura castellana. Desde ese punto de vista el castellano queda reducido a lengua de estudio, pero no es lengua vehicular o docente. Y tampoco es cierto teniendo en cuenta lo que se acaba de afirmar que el catalán sea la lengua empleada prioritariamente sino que normativamente se la considera como única a tenor de la Ley 1/1998 que expresamente no menciona al castellano".
Estimamos el recurso contencioso administrativo núm. 485/2006 interpuesto por la representación procesal de D. Feliciano Sánchez López y deducido contra la resolución de la Consejería de Educación, de 2 de mayo de 2006, que desestimó las solicitudes presentadas por D. Feliciano Sánchez López, en nombre de sus hijos, Lucía y José, estudiantes de 2º de ESO en el centro docente SIL, y 3º de primaria en el centro docente Escola del Carme, respectivamente, para que el castellano sea reintroducido como lengua vehicularde forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria, y para que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que le sean dirigidas por el centro escolar lo sean en castellano, lengua oficial en todo el territorio del Estado, porque la competencia en la materia corresponde a su titular, y estime las solicitudes en cuanto al reconocimiento de su derecho a recibir las comunicaciones, por parte de la Administración Educativa, en lengua castellana siempre que así lo solicite, que anulamos por no ser conforme con el Ordenamiento Jurídico y declaramos el derecho del recurrente a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en consecuencia y para ello la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán, y de igual modo declaramos el derecho del recurrente a que todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que le sean dirigidas por el centro escolar lo sean también en castellano".
A dicho requerimiento, en un desvergonzado escrito, la Consejería de Educación Catalana, respondía al mismo diciendo : (...) "para poder garantizar la exigencia legal del pleno dominio de las dos lenguas oficiales catalana y castellana al finalizar la enseñanza obligatoria es necesario continuar con el actual modelo educativo, no permitiendo el estado de normalización lingüística de la sociedad catalana el cambio del modelo educativo actual si se quieren garantizar los mismos resultados que en la actualidad".
Las reacciones públicas al Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por ende a la sentencia del Tribunal Supremo, por parte del orondo Ministro de Justicia, y el sesteante ( 1, 2 )Ministro de Fomento y Portavoz del Gobierno de la Nación, constituyen una burla, no solo al Tribunal Supremo, sino a todos los Españoles a quienes representan. Según Europa Press, el Ministro de Justicia ha dicho venido a decir que :
3.- Es verdad que El Tribunal Constitucional reconoció en una sentencia, que el catalán puede ser la lengua vehìcular de la enseñanza. Algo que por otra parte la Sentencia del tribunal Supremo no niega .Sin embargo es igualmente cierto,, que la sentencia para nada cuestiona semejante doctrina del Tribunal Constitucional; sino que se limita, como hace igualmente el Tribunal Constitucional ( algo que el Ministro calla ) a exigir que el castellano o español, sea tambien, como lengua del Estado y por tanto cooficial, lengua vehícular de la enseñanza en Cataluña y no una mera asignatura más, como ocurre en la actualidad, según constata la citada Sentencia del Tribunal Supremo . 4.- Es verdad que , las leyes del Parlamento Catalán desarrollan esa sentencia a que alude el Ministro, y que las leyes de Cataluña que sean constitucionales vinculan a todos, en suambito territorial; pero no es menos cierto que la legalidad de las leyes de Cataluña deriva de la legalidad de su Estatuto de Autonomía y la de éste, a su vez, de la Constituciòn Española. Y no es menos cierto, que el Tribunal Constitucional en su sentencia 31/2010 ( a la que el Ministro ni los nacionalistas aluden ) sobre la Constitucionalidad de determinados artículos del Estatuto de autonomía catalán de 2006 declaró inconstitucionales ( fundamentos jurídicos 14 y 24 ) determinados artículos de dicho estatuto relativos al uso de las lenguas, cuando su interpretación conduzca a negar al Castellano la condiciòn de lengua vehícular de la enseñanza en Cataluña.
Ante tantas mentiras y tan gordas, cada día es mas cierta la histórica y lapidaria frase del candidato AlfredoPPunto : "Los españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad" ¡ AMEN !. Publicado por
Las actitudes que desde hace muchos años vienen adoptando los nacionalistas , en este país llamado España, y las situaciones conflictivas que con ello vienen provocando, tienen muchos puntos en común, con las de okupas tradiconales, así como con la de los actuales "indignados". Dichas actitudes y situaciones, aùn cuando tienen una larga tradición, se han exacerbado en los últimos años; y recientemente están alcanzando el paroxismo, con motivo del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dando un plazo de dos meses a la Generalidad, para que de cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo, que les obliga a modificar el actual sistema de inmersiòn linguística, para ajustarlo a las prescripciones constitucionales, de conformidad con la interpretaciòn que el Tribunal Constitucional la sentencia 31/2010.
El guirigay de reacciones y declaraciones políticas y llamamientos a la insumisiòn, que han seguido al mencionado Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, constityen un paradigma de esa indignante actitud de estos ya viejos "indignados de cuello blanco". Para que se entienda, intentaré resumir en que consiste el núcleo del problema:
El artículo 3 de la Constitución española, que regula en uso de la lengua oficial del Estado y de las respectivas Comunidades Autónomas, dice : 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
Asimismo, el artículo 35 del Estatuto, que establece los derechos lingústicos en el ámbito de la enseñanza,en su apartado 1 ha terminado de enfarragar la cuestión en beneficio de la política de inmersión lingústica catalana, al decir, en su apartado primero : " Todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán,de acuerdo con lo establecido por el presente Estatuto. El catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no universitaria ".
Durante los más de cuatro años en que se dilató, vergonzosamente, la resoluciòn por el Tribunal Constitucional de los Recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra el Estatuto Catalàn, tanto por el Partido Popular como por el Defensor del Pueblo, la Generalidad llevó a cabo una política linguística en la enseñanza que, por su relegación del Castellano como lengua vehicular en la enseñanza, generó multitud de recursos contenciosos por ciudadanos que reclamaban el derecho de sus hijos a recibir enseñanza en lengua castellana al mismo nivel que recibìan en lengua catalana. Uno de esos recursos, es el que dió lugar al proceso contencioso administrativo, que en ùltima instancia ha resuelto el Tribunal Supremo de forma definitiva y firme, en su sentencia de fecha 9 de Diciembre de 2010; de la cual el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dando un plazo a la Generalidad, para que cumpla con el contenido del fallo de dicha sentencia firme del mas alto tribunal, no es más que un simple recordatorio de que La Generalidad de Cataluña lleva más de ocho meses sin dar cumplimiento al fallo de dicha sentencia firme del Tribunal Supremo.
¿ Por qué tampoco se han cumplido las otras cuatro sentencias ( 1 , 2 , 3, y otra de fecha 10-05-2011 ) de la Sala III del Tribunal Supremo con un fallo semejante, publicadas hasta la fecha, después de la que ahora se cuestiona ? ¿Cuantas sentencias han de poner los tribunales encima de la mesa para que la Generalidad cumpla o, en su defecto, alguien le haga cumplir su obligación de acatarlas ?
El problema por tanto reside en el hecho de que hasta ahora los polìticos nacionalistas catalanes han venido realizando, soterradamente y con el consentimiento de los sucesivos gobiernos de los partidos mayoritiarios de ámbito nacional, una labor de ingenería social y política de medio plazo , claramente tendente a la segregación de Cataluña del resto de España; la cual se está llevando a cabo, por la vía de hecho, en gran parte a través de la imposiciòn de lengua catalana en la educaciòn y la cultura; para terminar extendiendo su influjo a todos los ámbitos de la vida política , social y económica; y esta sentencia, con base en la Constitución y en la interpretaciòn que de la misma ha venido haciendo el Tribunal Constitucional, y en particular de la llevada a cabo con motivo de la aprobaciòn del Estatuto de Cataluña de 2006, constituye un torpedo jurídico a la línea de flotaciòn de esa política de hechos consumados. Por ello, desde que se conociera el "ultimatum", del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no han parado de producirse indignantes declaraciones de "indignados" catalanistas y representantes del Gobierno y Parlamento catalán negando la mayor. Es decir : la legitimidad de ningun otro poder ajeno a la Generalidad de Cataluña, para dictar su política lingüística; proclamando, su voluntad de ciscarse en el mandato de la sentencia del Tribunal Supremo; y por ende en todas las que sigan por el mismo camino. En este sentido pueden verse, por orden de apariciòn, las declaraciones del Presidente de la Generalidad Arturo Mas ( 1, 2 ) ; de su Vicepresidenta, Juana Ortega; De su Consejera de Enseñanza Irene Rigau, ( 1 , 2 ) del Consejero de Cultura Ferrán Mascarell; del portavóz del Gobierno de la Generalidad Francisco Homs, y hasta el expresidente Montilla.
Pero lo mas esperpéntico es que, junto a todas esas voces en defensa del actual modelo de inmersiòn lingústica de cataluña, que instaura el monopolio del catalán como lengua vehicular exclusiva de la enseñanza, se han alzado, sorprendentemente, desde el propio Gobierno de la Naciòn, otras, como la de la Ministra de Defensa, Carmen Chacón y el Ministro de Justicia Francisco Caamaño, en apoyo, mas o menos explícito, de las tesis catalanistas y en contra de lo establecido en el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que no hace otra cosa que remitirse al contenido del fallo del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010. ¿Como se explica que nada menos que el Ministro de Justicia y la Ministra de Defensa hagan semejantes declaraciones cuestionando una resolución judicial firme del mas alto Tribunal ? ¿ No habremos puesto los españoles a la zorra a cuidar nuestras gallinas ?
De un lado, los "indignados"catalanistas, parecen olvidar, que su legitimidad no les ha caido del cielo. Por el contrario dimana de la Constituciòn de 1978. La cual, por cierto además de aprobada en Cortes Constituyentes con el voto favorable del Partido que ahora gobierna en la Generalidad y votada en referendum por abrumadora mayoría de todos los españoles, fué redactada con intervención, como ponente, de algún miembro de ese mismo partido, que ahora pretende ignorarla. Por otra parte ¿ Donde estaban todos esos actuales defensores del ultracatalanismo separatista y contrarios a la Constituciòn que sustituyó al régimen de la dictadura Franquista, durante los 40 años que durò la misma ? Si reniegan de la Constitución y de la interpretaciòn de la misma realizada por el Tribunal Constitucional, y con base en ella de la decisión del Tribunal Supremo, acordando la equiparaciòn del Castellano y el Catalán como lenguas vehiculares de la enseñanza en Cataluña :
¿ Por qué entonces se han mostrado parte en el proceso, en lugar de ignorarlo ? ¿ Por qué, en suma, reconocen la legitimidad del Tribunal, mientras dura el proceso, para negársela una vez obtenida una sentencia, solo cuando esta es desfavorable ?. ¿ Por qué anuncian ahora que recurrirán la decisión judicial, cuyo contenido declaran que no piensan acatar en sus estrictos términos ?
¿ Acatarán la decisión si, como es presumible, la resolución del recurso les resulta desfavorable , o terminarán por romper la baraja ? Pues,sin ir mas lejos, hoy mismo, la consejera de Educaciòn acaba de responder a esta pregunta en sentido negativo, dando a entender claramente cual es la funciòn del recurso, que no es otra que ganar tiempo para pasar un año más sin cumplir la resolución judicial . La táctica de estos indignantes indignados catalanistas, es exactamente la misma táctica torticera que, diariamente utlizan los okupas e "indignados" , aprovechando las deficiencias de nuestras leyes y la lentitud de nuestra Justicia : . Ganar tiempo mientras llega la sentencia que decreta la ilegalidad de la okupaciòn y el "desalojo", para después volver al hipócrita victimismo, haciendo bueno el lema " un desalojo otra okupaciòn" . Y la analogía es aún mayor si tenemos en cuenta que en ambas situaciones, todo ello se produce con la aprobación activa o pasiva de los Gobernantes que deberían impedir esta burla al Estado de Derecho.
Y el gurigay y las llamadas victimistas a la insumisión y la desobediencia civil e institucional es igualmente semejante. E igualmente gratuito o muy barato es el precio que todos estos okupas, e "indignantes indignados" terminan pagando por esa constante provocaciòn y vulneraciòn sistemática de la legalidad vigente. ¿ Aplicará el gobierno o el Parlamento de la Nación la misma contundencia con estos políticos que amenazan y promueven la insumisión a las sentencias judiciales firmes que la aplicada a recientemente a los controladores aéreos ? . Contundencia de la que el ahora candidato Afredo Ppunto incluso presume
¿ Como podemos creer en la democracia cuando las leyes en que se basa nuestra democracia, , son sistemáticamente incumplidas o o se llama a su incumplimiento con total impunidad, incluso por , incluso por los padres de la patria ? Esto si que resulta indignante. Pero, aparte de quien suscribe ¿ Donde están aquí los indómitos y ubicuos indignados ? Pues por lo que parece, ni están, ni se les espera.
NOTA : Publicada esta entrada, el Portavoz del Gobierno de la Generalidad, Francisco Homs, ha realizado unas nuevas declaraciones, claramente tendentes a dilatar en el tiempo, echando balones fuera, el cumplimiento de la setencia del Tribunal Supremo, de la que el auto que ahora se recurre en reposición; el cual no es mas que un mero incidente de ejecuciòn de la sentencia del Tribunal Supremo. Auto que únicamente viene a recordar que tras mas de ocho meses desde que fuera dictada la sentencia por el Tribunal Supremo, aún está pendiente de su cumplimiento. Expandiendo tinta de calamar, en dichas declaraciones trata de justificar, el recurso de reposiciòn interpuesto contra el Auto, planteando falaces cuestiones de fondo, como la falta de legitimidad del Tribunal Supremo para dictar la sentencia que dictó; olvidando, por una parte que, dicha sentencia , no ha sido recurrida y que por tanto ha devenido firme; y por otra que, el Tribunal Constitucional, al resolver, en el año 2010 el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular contra el Estatuto de Autonomía de Cataluñade 2006 , ya dejó muy claro en su sentencia lo que el Auto recurrido pone de manifiesto al reclamar el cumplimiento de la Sentencia del Supremo : Que el Catalán no puede ser considerada como lengua vehicular de la enseñanza de forma preferente frente al Castellano ; como lo demuestran meridianamente los fragmentos de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, sobre el Estatuto de Autonomía de 2006 que se muestran a continuación. NUEVO AQUELARRE DE DECLARACIONES, PLAÑIDERAS , VICTIMISTAS, FALACES, Y AMENAZANTES ( 1 , 2 , 3 )
( ... ) Toda lengua oficial es, por tanto —también allí donde comparte esa cualidad con otra lengua española—, lengua de uso normal por y ante el poder público.También, en consecuencia, lo es el castellano por y ante las Administraciones públicascatalanas, que, como el poder público estatal en Cataluña, no pueden tener preferencia porninguna de las dos lenguas oficiales ( ... )
( ... ) La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña, sin perjuicio, claro está, de la procedencia de que el legislador pueda adoptar, en su caso, las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de existir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas pudiera tener. No admitiendo, por tanto, el inciso “y preferente” del art. 6.1 EAC una interpretación conforme con la Constitución, ha de ser declarado inconstitucional y nulo ( ... )
( ... ) El catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña. En la medida en que el concreto régimen jurídico de los derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza se regula en el art. 35 EAC remitimos al enjuiciamiento de ese precepto la exposición de las razones que abonen nuestro pronunciamiento sobre la constitucionalidad del modelo lingüístico de la enseñanza establecido en el Estatuto. Pero desde ahora hemos de dejar sentado en nuestra argumentación que, como principio, el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza ( ... ) ( ... ) nada impide que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza encatalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza.Pero nada permite, sin embargo, que el castellano no sea objeto de idéntico derecho nidisfrute, con la catalana, de la condición de lengua vehicular en la enseñanza ( ... )
( ... ) el deber constitucional de conocer el castellano (art. 3.1 C.E.) presupone la satisfacción del derecho de los ciudadanos a conocerlo a través de las enseñanzas recibidas en los estudios básicos” (STC 337/1994, FJ 10) ( ... ) ( ... ) Siendo así que, ambas lenguas han de ser no sólo objeto de enseñanza, sino también medio de comunicación en el conjunto del proceso educativo, es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares, siendo en tales términos los particulares titulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de ellas. Por tanto resulta perfectamente “legítimo que el catalán, en atención al objetivo de lanormalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo”, aunque siempre con el límite de que “ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma” (STC 337/1994, FJ 10) ( .... ) ( ... ) En consecuencia, el segundo enunciado del art. 35.1 EAC no es inconstitucional interpretado en el sentido de que con la mención del catalán no se priva al castellano de la condición de lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza. Por lo mismo, el solo reconocimiento de un derecho a recibir la enseñanza en catalán (primer enunciado del apartado 1 del art. 35 EAC) no puedeinterpretarse como expresivo de una inadmisible voluntad legislativa de excepción, de suerteque la interpretación constitucionalmente admisible es la que conduce a la existencia de esederecho a la enseñanza en castellano. Lo mismo ha de decirse del primer enunciado delapartado 2 del art. 35 EAC. En consecuencia, el apartado 1 y el primer inciso del apartado 2 del art. 35 EAC admitenuna interpretación conforme con la Constitución en el sentido de que no impiden el libre yeficaz ejercicio del derecho a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular y deaprendizaje en la enseñanza.Interpretado en esos términos, el art. 35, apartado 1 y primer inciso del apartado 2, no escontrario a la Constitución, y así se dispondrá en el fallo ( ... ) http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/08/barcelona/1315498027.html

References: resolución 
 Artículo 20
 artículo 4
 resolución 
 artículo 3
 artículo 35
 resolución 
 resolución 
 resolución