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Timestamp: 2017-01-19 23:49:59+00:00

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Decreto 183/2010, de 23 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico (Vigente hasta el 25 de Diciembre de 2012).
Vigencia desde 16 de Diciembre de 2010. Esta revisión vigente desde 16 de Diciembre de 2010 hasta 25 de Diciembre de 2012
CAPÍTULO I. Definiciones y procesos administrativos
Concepto, reglas y principios generales
Titular de un establecimiento de alojamiento turístico
Inscripción en el Registro de Turismo de Cataluña
Solicitud de informe previo de adecuación del proyecto técnico a la normativa turística
Informe preceptivo de planeamiento urbanístico
Control administrativo de la actividad
Sistema voluntario de categorización
Inspección y disciplina administrativa
Derecho de acceso y permanencia
CAPÍTULO II. Condiciones de contratación
SECCIÓN 1. Contrato turístico de alojamiento
SECCIÓN 2. Servicios, precios y facturación
Atención y horarios de apertura
Publicidad de establecimientos y de servicios
Camas complementarias
Hoja de notificación de precios
Requisitos turísticos de las facturas
Hojas oficiales de reclamación/denuncia
SECCIÓN 3. Reservas
Contestación a las peticiones de reserva
Objeto de la reserva
SECCIÓN 4. Identificación de las personas usuarias, disfrute de la estancia y desalojo
Disfrute de las unidades de alojamiento
TÍTULO II. Disposiciones específicas por modalidades de establecimientos de alojamiento turístico
Baremos de calidad
CAPÍTULO III. Establecimientos de camping
Unidades de acampada
Albergues fijos y semimóviles
Planes de emergencia en materia de inundabilidad
Cierre de los límites
Ampliación discontinua
Obligaciones de la persona titular del establecimiento de camping
CAPÍTULO IV. Establecimientos de turismo rural
Casas de payés o establecimientos de agroturismo
Modalidades de casas de payés
Modalidades de alojamientos rurales
Contenido de la declaración responsable
Requisitos técnicos de las masías y las casas de pueblo compartidas
Requisitos técnicos de las casas de pueblo independientes y las masoverías
Capacidad de los establecimientos de turismo rural
Tramitación de acuerdo con el Decreto 106/2008, de 6 de mayo
. Requisitos técnicos mínimos
. Baremos de calidad
D 159/2012 de 20 Nov. CA Cataluña (establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico) Norma afectada por
DOGC 30 Diciembre. Corrección de erratas en el D 183/2010, de 23 Nov. CA Cataluña (establecimientos de alojamiento turístico) D [CATALUÑA] 183/2010, 23 noviembre rectificado por Corrección de erratas («D.O.G.C.» 30 diciembre). D [CATALUÑA] 183/2010, 23 noviembre, derogado por la disposición derogatoria primera del D [CATALUÑA] 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico («D.O.G.C.» 5 diciembre) el 25 de diciembre de 2012.
El Decreto legislativo 3/2010, de 5 de octubre, de adaptación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios del mercado interior, ha supuesto una importante modificación de la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña, que comporta una reordenación del sector turístico y la eliminación de barreras legales y administrativas que dificultaban a los prestamistas de servicios turísticos el desarrollo de sus actividades. Esta revisión ha de afectar el propio régimen de intervención administrativa y también los requisitos que la normativa exige para la prestación de los diferentes tipos de servicios turísticos.
El artículo 171 del Estatuto de autonomía, en sus apartados a), c) y d), atribuye a la Generalidad, entre otros, competencia exclusiva en la ordenación, regulación y clasificación de empresas y establecimientos turísticos así como en la regulación de los derechos y deberes específicos de las personas usuarias y prestamistas de los servicios turísticos y de los medios alternativos de resolución de conflictos.
El Plan de medidas para la facilitación de trámites a la actividad económica y empresarial y la simplificación administrativa, acordado por el Gobierno de la Generalidad en fecha 17 de julio de 2007, se concretó, con respecto a los establecimientos de alojamiento turístico, en el Decreto 106/2008, de 6 de mayo, de medidas para la eliminación de trámites y la simplificación de procedimientos por facilitar la actividad económica. Este decreto prevé una serie de medidas de simplificación y racionalización de los requisitos a presentar para su inscripción o autorización turística. Entre las previstas, se determinaba la preceptiva presentación ante la Oficina de Gestión Empresarial de la Generalidad de Cataluña, por la persona titular del establecimiento, de una declaración responsable, acompañada de la documentación exigida normativamente, entre ella, la licencia de actividad o comunicación de inicio de actividad municipal, a fin y efecto de inscribir el establecimiento de alojamiento turístico en el Registro de Turismo de Cataluña (en lo sucesivo, RTC) y habilitar, así, inmediatamente, su inicio de actividad.
La voluntad firme por parte de la Administración turística de la Generalidad de Cataluña de implementar procesos administrativos de legalización de actividades basados en el modelo de ventanilla única, determina la necesidad de emprender un nuevo paso adelante, a través de este decreto, en el proceso de simplificación administrativa de los requerimientos para la legalización de los establecimientos de alojamiento turístico impulsado por el Decreto 106/2008, de 6 de mayo y el Decreto legislativo 3/2010, de 5 de octubre. La inscripción en el RTC de un establecimiento de alojamiento turístico o de las modificaciones de la actividad señaladas al efecto, se realiza mediante la declaración responsable aportada en iniciar el trámite de la habilitación de la actividad ante el ayuntamiento u organismo competente o bien ante la Oficina de Gestión Empresarial. Esta inscripción se integra, pues, en el proceso de concesión de licencia o de comunicación de inicio de la actividad, en su caso, sin añadir nuevas cargas a la persona titular de la actividad, más allá de las que preceptivamente corresponden según el régimen de intervención administrativa aplicable, de acuerdo con el resto de normativa sectorial y municipal.
En este contexto, y con el fin de garantizar la eficacia de la intervención administrativa en los procesos de habilitación del inicio de actividad y control a posteriori de la actividad, resulta imprescindible la definición de mecanismos que garanticen una adecuada comunicación y colaboración entre administraciones, la municipal, a través de los correspondientes ayuntamientos, y la de la Generalidad de Cataluña, a través de la Oficina de Gestión Empresarial y la dirección general competente en materia de turismo. A estos efectos, el decreto prevé un sistema de interrelación administrativa que culmina con la utilización de plataformas digitales bidireccionales de comunicación administrativa.
A la vez, la finalidad que la Administración pretende lograr no es otra que un adecuado control de los establecimientos de alojamiento turístico, una óptima clasificación de las modalidades de servicio, un marco de competencia leal y la garantía de la defensa de los derechos de las personas usuarias turísticas como consumidoras específicas mediante mecanismos de inspección y sanción eficaces y eficientes.
La dispersión y, en algunos casos, obsolescencia de la normativa aplicable entorno a establecimientos de alojamiento obliga a la Administración turística catalana a iniciar un proceso de racionalización, actualización y simplificación normativa. No en balde, la necesidad de encauzar un proceso de racionalización, sistematización y actualización de la normativa turística vigente en Cataluña es un mandato del propio Plan estratégico de turismo de Cataluña 2005-2010 (en lo sucesivo, PETC), instrumento de planificación gubernamental que determina la política turística del Gobierno de Cataluña y, por extensión, la del Departamento competente en materia de turismo, desde su aprobación. El Programa 9 del PETC expone claramente que con el fin de definir un marco normativo más favorable a la actividad turística y su desarrollo coherente a la naturaleza de motor económico del país es necesaria la adaptación de las normativas referentes a establecimientos de alojamiento turístico. La conclusión es clara, Cataluña tiene, en la actualidad, un marco normativo complejo e insuficiente por lograr los retos de futuro del sector.
Este decreto tiene, finalmente, la voluntad de formar parte de un proceso de codificación de la normativa turística en Cataluña, por esto se estructura en dos títulos. El título I es una regulación transversal de los elementos comunes que caracterizan el servicio de alojamiento turístico, con independencia de sus grupos y modalidades. Se trata de un tronco regulatorio común, donde se determina la naturaleza de los servicios turísticos de alojamiento, los mecanismos y garantías respecto a su comercialización, los sistemas y procesos de control de la actividad, así como los instrumentos de coordinación de las administraciones a tal efecto. El título II, «parte especial», determina en cada uno de sus capítulos la regulación técnica específica que corresponde a cada grupo y modalidad de alojamiento turístico.
Cada título se estructura en capítulos, secciones y artículos. El decreto incorpora diez disposiciones adicionales, tres de transitorias, y una de derogatoria. Finalmente, el decreto adjunta dos anexos; el primero en lo referente a requisitos técnicos mínimos de los establecimientos hoteleros, exigibles en función de cada categoría concreta, y el segundo en lo referente a baremos de calidad.
Para los establecimientos de camping, la propuesta supone una modernización de los parámetros de servicio y de los requisitos técnicos exigidos para su funcionamiento y una mejora de la sistemática de intervención administrativa preceptiva a los efectos de su legalización. Así pues, los establecimientos de camping crecen en el porcentaje admitido para albergues fijos y para un nuevo concepto de albergue, el semimóvil, sin que en ningún caso se cuestione el elemento consustancial del establecimiento de camping, como es el reconocimiento de espacio suficiente para albergues móviles o espacios libres. Dada la especial complejidad de la gestión y prestación de servicios previstos en esta modalidad de establecimientos de alojamiento turístico, así como de la relación de sus usuarios entre sí y con el propio establecimiento y el medio donde se inserta, la reglamentación del capítulo III del título II presenta una exhaustividad específica que no precisan el resto de modalidades.
Respecto a los establecimientos hoteleros, la novedad más destacada es la introducción de parámetros de calidad del servicio en la categorización de los establecimientos más allá de los puramente métricos o cuantitativos. Así pues, se introducen criterios de servicios de cariz prestacional, mobiliario y equipamientos de las habitaciones, acceso a servicios complementarios, servicios de restauración, servicios de telecomunicaciones, etc. Asimismo se introducen elementos de flexibilidad en la rigidez métrica de las superficies exigidas con el fin de facilitar la rehabilitación de edificios, la conservación del patrimonio histórico y artístico y una adecuada adaptación a la heterogeneidad del producto en clave territorial.
Con respecto a los establecimientos de apartamentos turísticos, la entrada en vigor de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, modificó uno de los rasgos esenciales de esta figura, tal y como la regulaba la Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña, que era su condición de vivienda, y por lo tanto, el hecho de disponer de cédula de habitabilidad. La Ley del derecho a la vivienda estableció una dicotomía entre viviendas por un lado, y establecimientos de alojamiento turístico por otro; dicotomía que solo admite una excepción: los establecimientos de turismo rural. Por esto, los apartamentos turísticos fueron definidos de nuevo por el Decreto 106/2008, de 6 de mayo, de medidas para la eliminación de trámites y la simplificación de procedimientos por facilitar la actividad económica, como edificios y conjuntos continuos formatos por unidades de alojamiento, y no por viviendas.
El Decreto 164/2010, de 9 de noviembre, de regulación de las viviendas de uso turístico, que despliega la ley mencionada, atribuye a esta nueva figura la posibilidad de alojamiento en viviendas, sin ninguna limitación edificatoria, es decir, viviendas aisladas en el sí de un edificio comunitario, edificios enteros o conjuntos. Este marco legal es, en consecuencia, el que determina la definición de los apartamentos turísticos que se contiene en este decreto, como edificios y conjuntos, no de viviendas, sino de unidades de alojamiento que, en lugar de disponer de cédula de habitabilidad, tienen que estar habilitados por iniciar la actividad.
Finalmente, la regulación vigente de los establecimientos de turismo rural se integra prácticamente en su totalidad en la parte especial del decreto (capítulo IV del título II). Es necesario recordar en este punto, que las características y exigencias normativas previstas para esta modalidad de alojamiento turístico responden a una filosofía de turismo basada en la proximidad al territorio y la autenticidad de la oferta, hecho que obliga a garantizar una atención personalizada y una relación directa y próxima entre la persona titular del establecimiento y su clientela.
Llegados en este punto hace falta mencionar la previsión de los artículos 61 y 63 consistente al mantener la obligación de empadronamiento de los titulares de los establecimientos de turismo rural. El propio preámbulo del Decreto 313/2006, de 25 de julio, que regula los establecimientos de turismo rural expone que el desarrollo del turismo rural «debe permitir lograr el objetivo de diversificación de rentas de la población rural y la fijación de esta en el territorio», así como «facilitar la sostenibilidad medioambiental, cultural y socioeconómica del territorio» y «lograr el objetivo de mejora de las rentas de las familias que viven en el medio rural y de equilibrio territorial de Cataluña». Son estos unos objetivos claros de política social y cultural que la propia Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa al servicios en el mercado interior define, entre otros, como «razón imperiosa de interés general» (art. 4). Esta identificación legitima la imposición de condiciones a la libertad de establecimiento (art. 10), en este caso el otorgamiento de una habilitación para apertura y explotación de un establecimiento de turismo rural.
La modalidad de establecimiento de turismo rural está íntimamente vinculada, pues, a su explotación por personas sobre las que puedan concurrir las condiciones necesarias para lograr los propios objetivos y la finalidad del decreto, es decir, aquellas personas que residen, de forma efectiva, en el medio rural. El empadronamiento, en este sentido, es prueba fehaciente que este requisito de «fijación» en el territorio queda atendido. Aun cuando una primera aproximación al artículo 14.1.b) de la Directiva de Servicios en el Mercado Interior puede alertar en torno a una supuesta infracción de normativa comunitaria, una atención de los objetivos finalistas que persigue este precepto en el marco de la propia Directiva y, sobre todo, con el propio Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, concretamente su artículo 49, fundamenta su validez.
Este artículo 49 dispone que la libertad de establecimiento comprende el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio en las condiciones establecidas por la legislación del país de establecimiento para sus propios nacionales, restando prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro, basadas en la condición de nacionalidad. Así, el requisito prohibido de residencia «en el territorio nacional para el prestador, su personal, las personas que posean capital social o los miembros de los órganos de gestión y supervisión» como condición de acceso a la actividad se ha de entender en tanto en cuanto suponga una discriminación de unos nacionales de un Estado miembro respeto los nacionales de Estado miembro. En nuestro supuesto, la discriminación positiva, por las razones legítimas expuestas, se da ya entre nacionales de un mismo Estado miembro. Los artículos 61 y 63 del presente decreto no suponen, en consecuencia, una restricción de acceso a la actividad a ningún nacional de otro Estado miembro, dado que estos pueden fijar la residencia y empadronarse en territorio catalán, de forma que acrediten esta condición concreta y dispongan de habilitación debida para explotar un establecimiento de turismo rural.
El texto se ha sometido a la valoración preceptiva del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, que ha emitido dictamen sobre el Proyecto de decreto.
De conformidad con lo que dispone el artículo 39 de la Ley 13/2008, de 5 de diciembre, de la presidencia de la Generalidad y del Gobierno, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del Consejero de Innovación, Universidades y Empresa y de acuerdo con el Gobierno,

References: artículo 171
 resolución 
 artículo 14
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 39