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Timestamp: 2018-12-16 10:27:17+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/2920/2005, 22-11-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2920/2005 de 22 de Noviembre de 2007
Núm. Resolución: 00/2920/2005
No se ha producido el cese de la actividad agrícola, ni la desafectación de los bienes, pues al valorar las pruebas no resultan concluyentes los indicios alegados por el contribuyente. La ganancia obtenida debe tributar como rendimiento de la actividad según el artículo 41.2 de la Ley del IRPF (Ley 18/1991).
En la Villa de Madrid, a 22 de noviembre de 2007, vista la reclamación económico-administrativa que, pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en virtud del recurso de alzada interpuesto por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 31 de mayo de 2005, recaída en los expedientes nº ... y ..., por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 1998 y sanción, cuantía de 439.973,83 € la mayor.
PRIMERO: Por la Inspección de Hacienda de la Delegación de ... fue incoada con fecha de 16 de marzo de 2001, acta modelo A.02 número ... al interesado, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y período de referencia, en la que se hizo constar, en resumen, que mediante escritura pública de fecha 17 de junio de 1.998 D. ... y su esposa Dña. ... transmitieron una parcela de terreno con varias edificaciones por precio declarado de 220.000.000 pesetas (1.322.226,63 €) y la forma de cobro pactada en la propia escritura la siguiente: 50.000.000 pesetas (300.506,05 €) el día 17/06/1998; 60.000.000 pesetas (360.607,26 €) el día 2/11/1998; 60.000.000 pesetas el día 15/3/1999; 30.000.000 pesetas (180.303,63 €) el día 15/06/1999; y 20.000.000 pesetas (120.202,42 €) el día 1/9/1999. El motivo de la firma del acta en disconformidad es la tributación de esta operación, pues por parte del actuario se entiende que a la fecha de venta, 17 de junio de 1.998, el bien estaba afecto a la actividad, debiendo incluirse la plusvalía como ingreso de la misma actividad, con base en lo dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley 18/1.991, del I.R.P.F., en tanto que los contribuyentes, y así lo declararon, estimaron que como consecuencia del cese en la actividad, con fecha 15 de junio de 1.998, el incremento generado debía de tener el tratamiento descrito para bienes no afectos a actividad empresarial, todo ello por aplicación del apartado 3 de ese mismo precepto.
SEGUNDO: Con esa misma fecha, 16 de marzo de 2.001, por la Inspección de los Tributos se notificó al obligado tributario el acuerdo de inicio de expediente sancionador por infracción tributaria grave consistente en dejar de ingresar dentro de los plazos reglamentariamente establecidos una parte de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 1.998., y se propone la imposición de una sanción de 32.994.174 pesetas (198.298,98 €), esto es, el 50 por 100 de la cuantía dejada de ingresar, resultado de aplicar la sanción mínima prevista en el artículo 87.1 (50 por 100) de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
TERCERO: Una vez efectuado el correspondiente informe reglamentario por el actuario y practicadas las alegaciones por el interesado, el Inspector Jefe dictó acuerdo en fecha 22 de mayo de 2001, manifestando que: "la operación se ha hecho dentro del seno de la actividad empresarial porque no ha habido un cese real y efectivo", que "determinadas circunstancias probadas y ya desarrolladas, inducen a pensar que se ha buscado el cese, una vez perfeccionada la venta, para obtener una mejor tributación" y que "en consecuencia se estima la existencia de un ingreso de la actividad no declarado por valor de 201.230.880 pesetas y no se considera, como declaró el contribuyente, un incremento de patrimonio irregular de 25.138.158 pesetas". En esta misma fecha, 22 de mayo de 2.001, por el Inspector Jefe se dictó acuerdo ratificando la propuesta formulada por el instructor del expediente sancionador, e imponiendo a la ahora reclamante una sanción de 32.994.174 pesetas (198.298,98 €), esto es, el 50 por 100 de la cuantía dejada de ingresar, resultado de aplicar la sanción mínima prevista en el artículo 87.1 (50 por 100) de la Ley General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio. Interpuesto recurso de reposición, fue desestimado por acuerdo de fecha 20 de julio de 2.001, notificado al recurrente con fecha 24 de julio.
CUARTO: No conforme con los anteriores acuerdos, el interesado interpone sendas reclamaciones económico-administrativas ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., que en fecha 31 de mayo de 2005, dictó resolución estimando en parte las pretensiones del reclamante considerando ajustada a derecho la liquidación practicada en relación con la cuota e intereses de demora, y anulando la liquidación de la sanción.
QUINTO: Contra la anterior resolución, notificada el 16 de junio de 2005, el interesado interpone recurso de alzada el 14 de julio siguiente ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, alegando en defensa de su derecho: 1) que el contribuyente se jubiló el 15 de junio de 1998 y que dos días más tarde procedió a la venta del inmueble en el que venía desarrollando su actividad empresarial, haciéndose constar en el documento público de compraventa una serie de cláusulas encaminadas a poder efectuar una liquidación ordenada de los demás elementos afectos a la actividad empresarial y a lograr las máximas garantías en el cobro de la parte aplazada. Que el cese por jubilación supone que todos los elementos afectos a la actividad empresarial se desafecten de forma automática y pasen a pertenecer al ciudadano con carácter particular, por lo que en caso de transmisión la plusvalía no debe incluirse como ingreso de la misma actividad, tal como afirma la Administración con base en lo dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley 18/1.991, del IRPF, sino que al haberse producido el cese en la actividad, con fecha 15 de junio de 1.998, el incremento generado debía de tener el tratamiento descrito para bienes no afectos a actividad empresarial, todo ello por aplicación del apartado 3 de ese mismo precepto. En defensa de su derecho aporta al expediente copia de los siguientes documentos: declaración censal de baja (mod. 037) presentada el 15 de junio de 1.998, declaración de baja del Impuesto sobre Actividades Económicas, presentada en la misma fecha, parte de baja presentado ante la Tesorería de la Seguridad Social el mismo día, y cartas a los trabajadores comunicándoles el pase a la situación de jubilación y el fin de la relación laboral, que por tanto procede la nulidad de la liquidación impugnada y en consecuencia de la sanción impuesta.
PRIMERO: Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, para conocer en segunda instancia de la presente reclamación económico-administrativa en que la cuestión que se plantea consiste en determinar si lo que se ha producido es la transmisión ínter vivos de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo o si, por el contrario, se ha producido el autentico cese de la actividad y desafectación de los bienes, y la transmisión del negocio no se trata de la última operación empresarial.
SEGUNDO: Que dicha cuestión se reconduce a un tema de prueba consistente en si ha existido, o no, un auténtico cese de la actividad y desafectación de los bienes con la jubilación del reclamante venta del patrimonio empresarial. Que el art. 41 de la Ley 18/91, establece, en sus apartados Dos y Tres que: "Dos. Para la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales se incluirán los incrementos y disminuciones de patrimonio derivados de cualquier elemento patrimonial afecto a las mismas y, en su caso, el que resulte de la transmisión "inter vivos" de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo.
Tres. (...) Se entenderá que no ha existido desafectación, salvo en los supuestos de cese en el ejercicio de la actividad, si se llevase a cabo la enajenación de los bienes o derechos antes de transcurridos tres años desde la fecha de aquélla. (...)". Que este Tribunal ha manifestado en resolución de fecha 1 de junio de 2006, R.G. 987-04:
"Que dicho precepto determina, por tanto, que si el sujeto pasivo cesa en la actividad, produciéndose por ello la desafectación de todos los elementos que componían el patrimonio empresarial o profesional de su titular en este supuesto no regía el plazo cautelar de tres años, de tal suerte que la plusvalía o minusvalía puesta de manifiesto con ocasión de la transmisión de todos o algunos de los elementos que conformaban dicho patrimonio pasaba a estar sujetos al IRPF bajo el régimen de los incrementos o disminuciones contenido en los artículos 44 y siguientes de la Ley. No obstante, tal y como manifesta el Tribunal de instancia en su resolución recurrida, esta segunda situación, merece ser puntualizada: en primer lugar, dentro de esta situación deben distinguirse, dos circunstancias, según que el cese fuera o no previo a la transmisión: si el cese se produce como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte del patrimonio empresarial, dicha transmisión constituiría la última operación de la actividad, estando por ello los incrementos o disminuciones de patrimonio sujetos al régimen propio de los rendimientos procedentes de la actividad económica a la que estuvieron afectos los bienes y derechos transmitidos; en cambio, si la transmisión se verifica con posterioridad al cese, los bienes o elementos transmitidos, por no estar afectos a actividad alguna (toda vez que ésta concluyó, dejando de tener el patrimonio empresarial o profesional de vida propia para convertirse en un conjunto de elementos patrimoniales inactivos), el incremento o disminución estaría sujeto al régimen recogido en los artículos 44 y siguientes de la Ley del IRPF. En segundo lugar, para que los incrementos o disminuciones de patrimonio originados por la transmisión de bienes y derechos estuvieran sujetos al régimen previsto en los artículos 44 y siguientes de la Ley era preciso el efectivo cese de la actividad, cese que -como el inicio- constituye un hecho, cual es, la efectiva inactividad, de tal suerte que, la unidad patrimonial deje de tener «vida propia», sin que para ello sean concluyentes, más que como indicios o presunciones reveladoras, ciertos datos formales tales como la baja en la actividad a los efectos fiscales (censo de empresarios, IVA, IAE, etc.), de previsión social (jubilación, etc), o cualquier otro signo de características similares. Luego, sin perder de vista que lo que verdaderamente importa es la efectividad del cese de la explotación, esto es, el cese de la actividad de producción o distribución de los bienes y servicios objeto de la misma, era perfectamente lícito que la Administración lleve a cabo actuaciones de comprobación e investigación dirigidas a constatar tal circunstancia, a fin de corroborar si, pese a las bajas formales, el sujeto pasivo cesó o no efectivamente en el ejercicio de su actividad".
TERCERO: Que del examen del expediente se observa que la Inspección, para fundamentar que la operación de enajenación es la última operación de la actividad económica ejercida por el interesado, basa sus argumentos, en tres hechos: a) que el cese de la actividad, 15 de junio de 1998, y la venta de la finca rústica, 17 de junio de 1998, son casi simultáneos; b) que en la escritura de venta se dice en la estipulación cuarta que "La sociedad compradora podrá tomar posesión de los terrenos que no se encuentran, afectos por la actividad de ... que actualmente desarrolla la parte vendedora, informando previamente a dicha parte vendedora, a partir de la fecha de esta escritura. Del resto del terreno tomará posesión al finalizar el último plazo del precio aplazado", es decir, catorce meses y medio después de dicha fecha, lo que implica que no ha existido cese de la actividad; y c) que siempre, incluso en los supuestos de jubilación, se requiere una previa desafectacion, traslado al patrimonio particular, para posteriormente proceder a su venta.
Que, el interesado, en cuanto al cese de la actividad, aporta tal y como se ha puesto de manifiesto en el antecedente de hecho quinto de la presente resolución, declaración censal de baja (mod. 037) presentada el 15 de junio de 1.998, declaración de baja del Impuesto sobre Actividades Económicas, presentada en la misma fecha, parte de baja presentado ante la Tesorería de la Seguridad Social el mismo día, y cartas a los trabajadores comunicándoles el pase a la situación de jubilación y el fin de la relación laboral en fecha de 15 de junio de 1998. Asimismo manifiesta que, ante la expresión contenida en la estipulación cuarta de la escritura, y en la que la Inspección fundamenta su liquidación, lo único que implica es, la necesidad de contar con un tiempo para eliminar los residuos y restos de su actividad retirando material de desecho y obsoleto, pero lo que de ninguna manera significa es que el interesado siguiera ejerciendo la actividad, pues tal y como consta en la propia escritura el obligado tributario es jubilado, habiendo causado baja en el IAE y sin personal laboral para ejercer su actividad, de hecho, la inspección actuaria no ha podido constatar la existencia de ningún rendimiento empresarial posterior a la fecha de la venta y que pudiera derivarse de la supuesta actividad.
CUARTO: Que, el Tribunal de instancia basa su resolución en la de este Tribunal Central de fecha 6 de junio de 2003, R.G. 4742-00, 4925-00, en la que sea manifestaba que:
"SEXTO: En cuanto a la cuestión de fondo, es decir, la calificación a efectos fiscales del incremento patrimonial originado por la enajenación de la cartera de seguros con motivo de la jubilación de su titular, la misma ha sido ya resuelta por este Tribunal Central en diversas resoluciones, entre ellas la de 20 de marzo de 2001 (R.G. 2330/98) cuyos fundamentos de derecho se transcriben.
SEGUNDO: Se aduce, en primer lugar, que el incremento patrimonial producido no puede ser considerado como pretende la Inspección como computable a efectos de la determinación del rendimiento neto de la actividad empresarial (art. 41 Ley 18/1991), sino como un incremento patrimonial de los regulados en los artículos 44 y siguiente de la citada Ley y que, por aplicación de la citada normativa, en concreto de los coeficientes correctores, no cabría liquidar tal incremento. De la relación de hechos consignados en los antecedentes de la presente resolución resulta que el citado incremento patrimonial se produjo como consecuencia de la cesión por precio a un tercero, en 1992, de la cartera de clientes que la hoy reclamante poseía como consecuencia de su actividad profesional de agente mediador de seguros; dicha cesión se produjo como consecuencia de la jubilación del interesado.
TERCERO: Sentado lo anterior, el artículo 41. Dos de la Ley 18/1991 dispuso que: para la determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales o profesionales se incluirán los incrementos y disminuciones de patrimonio derivados de cualquier elemento patrimonial efecto a las mismas y, en su caso, el que resulte de la transmisión "inter vivos" de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo". Pues bien, a la vista del expediente y del citado precepto, esta Sala no puede sino compartir el criterio sustentado por la Inspección y por la resolución aquí recurrida; en efecto la citada transmisión de la cartera de clientes, en el presente caso, constituye, si se quiere, el último acto profesional realizado por el interesado con motivo de su jubilación, no constando, por otra parte la existencia de ningún otro".
Que no obstante lo anterior, este Tribunal Central no ignora la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de mayo de 2004, alegada por el interesado, en la que se contempla el supuesto de cese de la actividad de farmacia por jubilación, y al respecto hay que decir que, en primer lugar, se trata de una sola sentencia lo que implica que no es de obligado acatamiento al no crear jurisprudencia, y en segundo lugar, que en el presente expediente este Tribunal considera que la jubilación, la baja en el IAE, y el fin de la relación laboral de los trabajadores son indicios, no concluyentes, a los efectos de acreditar la efectividad del cese de la explotación, tal y como este Tribunal Central ha manifestado en la resolución anteriormente citada, máxime cuando el propia escritura de venta se declara en la estipulación cuarta que "La sociedad compradora podrá tomar posesión de los terrenos que no se encuentran, afectos por la actividad de fabricación de persianas que actualmente desarrolla la parte vendedora, informando previamente a dicha parte vendedora, a partir de la fecha de esta escritura. Del resto del terreno tomará posesión al finalizar el último plazo del precio aplazado", es decir, catorce meses y medio después de dicha fecha, lo que implica que no ha existido cese de la actividad. Por ello procede desestimar el recurso interpuesto
EL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, conociendo el recurso de alzada interpuesto por D. ..., contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 31 de mayo de 2005, recaída en los expedientes nº ... y ..., por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 1998 ACUERDA: desestimar la reclamación interpuesta y confirmar la resolución impugnada y en consecuencia la liquidación practicada.
Sentencia Administrativo Nº 243/2004, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, 26-03-2004
Orden: Administrativo Fecha: 26/03/2004 Tribunal: Tsj Comunidad Valenciana Ponente: Altarriba Cano, Carlos Num. Sentencia: 243/2004

References: Resolución 
 artículo 41
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 artículo 87
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