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Timestamp: 2020-01-25 20:10:44+00:00

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﻿ Sentencia 42374 de junio 20 de 2012
SENTENCIA 42374 DE 20 DE JUNIO DE 2012
CONTENIDO:OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR DE INDEMNIZAR AL EMPLEADO EN LA OCURRENCIA DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO. EL EMPLEADOR ESTÁ OBLIGADO A INDEMNIZAR TOTAL Y ORDINARIAMENTE LOS PERJUICIOS AL TRABAJADOR CUANDO ESTE PRUEBE LA CULPA SUFICIENTE O LEVE EN LA OCURRENCIA DEL ACCIDENTE DE TRABAJO O LA ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA DEMOSTRACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO EN LA OBSERVANCIA DE LOS DEBERES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RELACIONADOS CON LOS TRABAJADORES ES PRUEBA SUFICIENTE DE LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, CULPA DE LA VÍCTIMA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES
Sentencia 42374 de junio 20 de 2012
Radicación 42374
La Corte resuelve el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de PROCESADORA DE LECHES S.A. —PROLECHE S.A.— contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 3 de diciembre de 2008, en el proceso ordinario que ROSA MARLENE CUERVO NIETO, en nombre propio, y el de sus menores hijos SANDRA XIMENA, IVETT DANIELA, y DIEGO ENRIQUE REINA CUERVO promovieron contra la sociedad recurrente.
Al Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, le correspondió conocer del proceso ordinario promovido por ROSA MARLENE CUERVO NIETO, en nombre propio, y en el de sus menores hijos SANDRA XIMENA, IVETT DANIELA, y DIEGO ENRIQUE REINA CUERVO contra PROCESADORA DE LECHES S.A. —PROLECHE S.A.—, con el objeto de que se declarara la responsabilidad civil de la demandada por los perjuicios, materiales y morales, causados con ocasión del accidente de trabajo, acaecido el 30 de abril de 2002, en el que perdió la vida su esposo y padre, Jesús Daniel Reina Bojacá, “por fallas en la seguridad industrial de los equipos de trabajo y del Jefe de Mantenimiento de la planta (…), sin perjuicio de la responsabilidad laboral a que se halla obligada con los sobrevivientes”. Pidió, entonces, que se condenara a la empresa a reparar dichos perjuicios, en cuantía de $ 140.000.000, por lo menos, que deberán actualizarse, a más de los intereses legales, y las costas del proceso.
Apoyó las pretensiones en los servicios subordinados que prestó Jesús Daniel Reina Bojacá a la sociedad demandada, desde el 19 de abril de 1993 hasta el 30 de abril de 2002, cuando se produjo su deceso por causa del accidente presentado durante el desempeño de las labores propias de su oficio de mecánico, y en cumplimiento a la orden impartida por el jefe de mantenimiento, de hacer presencia en el sitio donde se produjo el siniestro que le costó la vida, atribuible a culpa del empleador, toda vez que no se hizo el seguimiento de rigor a una caldera recién reparada, que fue objeto de modificaciones, sin observar las medidas de seguridad requeridas. Aseveró que el salario que devengó sus esposo durante los 3 últimos meses fue de $ 619.205.
La sociedad demandada (fls. 52 a 57), admitió los extremos de la relación de trabajo, la fecha de la muerte de su trabajador, la reparación de que fue objeto la caldera por una firma externa, y su entrega el día de los hechos, así como las fallas que presentó el artefacto hacia las 5 de la tarde, y los 45 años de edad con que contaba el cónyuge de la actora, para la fecha de su deceso. Sobre el parentesco de los demandantes con el señor Reina Bojacá, dijo atenerse a los registros civiles que se adjuntaron a la demanda inicial; los restantes supuestos fácticos, los negó, o los remitió a prueba.
Propuso las excepciones de cumplimiento de las obligaciones por parte del empleador, inexistencia de la obligación de indemnización, y culpa de la víctima. Llamó en garantía a la Administradora de Riesgos Profesionales Suratep.
La entidad recién mencionada (fls. 336 a 338), se opuso a las pretensiones de la demanda inicial y las de la empleadora, en tanto estimó que la responsabilidad de que trata el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, es ajena a la cobertura que en materia de seguridad social le incumbe. Propuso las excepciones de cumplimiento de las obligaciones que corresponden a la ARP, y prescripción.
La primera instancia culminó con sentencia absolutoria, fechada el 16 de enero de 2006, con costas a la parte actora.
Al resolver la apelación interpuesta por los demandantes, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, revocó la sentencia del a quo, y condenó a la enjuiciada a favor de los accionantes por diferentes sumas, a título de perjuicios materiales y morales, con costas en ambas instancias a la demandada.
En lo que interesa al recurso, comenzó el juzgamiento por advertir que “la noción de culpa tiene que ver con la falta de <aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios>, como lo asentó la Sala de Casación Laboral (…) en fallo del 10 de abril, en lo cual retomó sin duda la definición consagrada en el artículo 63 del Código Civil”; memoró que a partir de lo normado por el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, se trata de una responsabilidad de orden contractual, y que, una especie de culpa es la imprevisión de lo que hubiera podido preverse “dado su desarrollo mental y conocimiento de los hechos, en el que la culpa se aprecia teniendo en cuenta el modo de obrar de un hombre prudente y diligente considerado como arquetipo”.
Aseveró que, no obstante que se demostró buen mantenimiento de los equipos, capacitación a los operarios, así como la entrega de elementos de protección, de manuales de seguridad industrial y salud ocupacional, etc., también se acreditó que la caldera que hizo explosión, presentaba problemas de funcionamiento, como lo indica el informe técnico (fls. 66 y 67), y lo corroboran las versiones entregadas por los testigos Galeano (fl. 405), Caicedo (fl. 412), y especialmente la del operador de la caldera Darío Piedrahita (fl. 381), a la que connotó de especial importancia; la reprodujo a espacio, y la confrontó con la de Omar Barragán (fl. 397), jefe de mantenimiento, dándole credibilidad a la primera, pues el segundo “incurre en algunas contradicciones con respecto de otras pruebas, como por ejemplo, al negar que la máquina estuviera presentando fallas, lo que es desmentido por el jefe de mantenimiento industrial y por otros testigos que ejercen como operadores de caldera o encargados de mantenimiento (…)”; de esta suerte concluyó en que:
“De las pruebas mencionadas se infiere que en efecto la máquina venía presentando problemas de funcionamiento, lo cual hizo necesario someterla a reparaciones por parte de una firma especializada, que la entregó a empleados de la empresa una vez terminados los trabajos de arreglo, pero es evidente que un rato después empezaron a manifestarse inconvenientes, los cuales fueron conocidos por el jefe de mantenimiento de la planta de Chía, señor Barragán Uribe, el gerente y el superintendente de mantenimiento, lo que debió llevar a no seguir intentando prender o mantener prendido el equipo, y a que esos altos funcionarios impartieran instrucciones al operador en esa dirección, pues un sentido elemental de la prudencia debió permitirles suponer que si inmediatamente después de una reparación el equipo presenta problemas, sobre todo, como los que se presentaron en este caso, es porque los arreglos no fueron completos ni se erradicaron todos los imperfectos, previsión que tenía mayor importancia dada la peligrosidad de los equipos, por cuanto se trata de elementos que funcionan con gas o combustibles y por lo mismo son altamente propensos a explosiones graves si no se asegura su funcionamiento en óptimas condiciones, como lo dice el testigo Galeano (fls. 406 y 407).
Reprodujo un pasaje de dicho testimonio y, en respaldo de lo que calificó como actitud “poco diligente y cuidadosa de la empresa”, aludió a los resultados de la investigación del accidente adelantada por Suratep, “en el que señala como plan de acción <definir procedimientos de operación de Caldera, para todas las posibles causas de fallas en casos de emergencia> y <divulgar dicho procedimiento a los operadores de las Calderas y fijar en lugar visible de las mismas> (fl. 64), de donde se deduce que tales procedimientos no existían para la fecha del accidente, lo que era indispensable por las características y peligrosidad de los equipos”. Finalizó con la siguiente exposición:
“De manera que si bien la empresa cumplió con un conjunto de medidas encaminadas a evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo, frente al evento que aquí se analiza no procedió con la misma diligencia y cuidado pues ante los problemas que presentó la máquina inmediatamente después de la reparación, lo prudente era no seguir insistiendo en prenderla o mantenerla prendida; y como es claro que de dichas anomalías se enteraron los directivos, entre ellos el gerente, que estuvo presente en el sitio donde está instalado el aparato, han debido ordenar suspender la manipulación del equipo o por lo menos estar pendientes de su evolución, pero no lo hicieron así y el operador y el difunto siguieron intentando ponerla en funcionamiento con el luctuoso resultado que ya se reseñó. De manera que hubo culpa del empleador en el accidente de trabajo analizado, sin que sea necesario calificar su intensidad por cuanto en la hipótesis del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo el patrono responde por culpa levísima, y tanto por los actos propios como por los de sus dependientes; situación que descarta, de paso y en forma terminante, que el infortunio se haya originado en culpa exclusiva de la víctima”.
Lo interpuso la demandada; lo concedió el tribunal y, admitido por la Corte, se procede a resolver.
Acusa la violación directa, por infracción directa del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.
En la demostración, luego de copiar el párrafo de las motivaciones, relativo al cumplimiento parcial de las obligaciones que incumben al empleador por parte de la empresa, y de aseverar que la culpa patronal fue hallada en el procedimiento desplegado el día del accidente, enlista los nombres de quienes comparecieron a declarar, y advierte que 3 de ellos no tuvieron conocimiento directo de los acontecimientos. Enseguida, sostiene que de los dichos de los testigos directos, especialmente del de Darío Piedrahita, se desprenden los acontecimientos que resumió en 8 ítems, y pasa a copiar otra reflexión del ad quem, relativa a la falta de diligencia y cuidado de la empresa, de lo cual desprende que para dicho juzgador, “existió culpa del empleador al no suspender la manipulación del equipo o por lo menos estar pendientes de su evolución”.
Señala que el experto en mantenimiento de calderas era el fallecido señor Reina, con experiencia superior a 8 años, y que sus jefes Santiago Eslava, Omar Barragán y Enrique Vargas, no lo eran tanto, por manera que “era él quien sugeriría la suspensión de las actividades de la caldera”; estima importante no olvidar que cuando dichas personas se marcharon de la planta, la caldera funcionaba bien, y no se les informó vía telefónica sobre la anormalidad presentada, por lo tanto, dice, se enteraron después del siniestro y, en ese orden, la no suspensión de la operación de la máquina fue decisión del extinto Reina Bojacá, que no de sus superiores, lo cual está dentro del marco de “su libertad profesional [para] tomar las decisiones que mejor se ajusten a cada una de las situaciones que se les presenta”, con mayor razón si, como en este caso, el operario y el encargado de mantenimiento de las calderas, contaban con experiencia suficiente para ese menester.
Aduce que, en consecuencia, dado que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo exige la prueba de culpa suficientemente comprobada, lo que no ocurrió en este caso, resulta inaplicable dicho precepto legal, “por lo tanto existe una violación directa de la ley sustancial por infracción directa, al aplicar una norma inaplicable al caso concreto”.
Para terminar, bajo el título de “alcance de la impugnación para el cargo primero”, pide que se case la sentencia acusada y, en su lugar, confirmar en su integridad la sentencia de primera instancia”.
Formula reparos de orden técnico a la sustentación del recurso, como no señalar la actividad que debe realizar la Corte en su función de juzgador de instancia, a más de una clara equivocación en la escogencia de la vía de ataque. Añade que el ad quem sí aplicó la norma que la censura considera inaplicada; que los testimonios, no son prueba apta para fundar un error de hecho en casación, y que por la vía directa no es dable debatir aspectos probatorios. En lo que denominó “oposición jurídica”, presenta su personal apreciación sobre los temas que fueron analizados por el tribunal.
Dado que estos cargos comparten identidad de objeto, y se enderezan por la vía directa, así como argumentación complementaria, se resolverán en conjunto, tal cual lo autoriza el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, en concordancia con el 162 de la Ley 446 de 1998.
El tribunal, luego de realizar un exhaustivo examen de toda la variedad de elementos de juicio incorporados al expediente, del cual infirió que, a pesar de que la accionada había demostrado la puesta en práctica de ciertas medidas relacionadas con la prevención de accidentes de trabajo, coligió que la negligencia y falta de cuidado de la demandada se hizo manifiesta por la insistencia en mantener en funcionamiento o de reiniciar la caldera que ocasionó el siniestro, no obstante las fallas que presentó después de haber sido reparada; concluyó, entonces, en que medió culpa del empleador, por lo que estimó innecesario incursionar en la medición de la intensidad de esa culpa, “por cuanto en la hipótesis del artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo el patrono responde hasta por culpa levísima (...), lo cual significa, sin duda, que hizo producir efectos a la regla derecho sustancial que la censura acusa de no aplicada. De esta suerte, el tribunal no pudo haber infringido directamente dicha norma, en tanto, precisamente, fue la que le resultó útil para dirimir la controversia.
En sentido estricto, tampoco interpretó el contenido de la norma citada, pues no desarrolló ningún ejercicio hermenéutico en aras de desentrañar el sentido o alcance del precepto legal, sino que simplemente la aplicó a los supuestos fácticos que tuvo por demostrados, asumiendo que bastaba la culpa levísima del empleador para abrir paso a la reparación de perjuicios, sin fundamentar tal afirmación.
Con todo, cumple acotar que lo que la línea jurisprudencial de esta Sala de la Corte ha decantado, es que conforme al texto del precepto legal varias veces citado, el éxito de la pretensión indemnizatoria está supeditado a la cabal demostración de la culpa del empresario en la producción del resultado dañoso para el asalariado como, por ejemplo se dejó dicho en sentencia de 5 de septiembre de 2000, Radicación 14718:
“En efecto, la mentada disposición es categórica al tener como supuesto indispensable de la indemnización plena el que la culpa del empleador en la ocurrencia del siniestro sea suficientemente comprobada, lo que excluye que el punto sea materia de presunción alguna o que la carga de probar lo contrario corresponda a quien proporciona el trabajo, tal como lo entendió el ad quem en este asunto. Interpretación que, por otra parte, es la que de manera explícita ha dado la Sala de Casación Laboral de la Corte en repetidas ocasiones, para lo cual basta consultar, entre otras, la sentencia de 30 de marzo de 2000, donde en lo esencial se dijo:
‘... resulta pertinente anotar que no encuentra la Corte que haya sido equivocada la interpretación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que el patrono ‘está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios’ cuando haya sido suficientemente comprobada su culpa en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, pues, como ha tenido oportunidad de precisarlo, entre otras en las sentencias memoradas por el tribunal en su fallo, dicha obligación queda a su cargo cuando —como expresamente dice la norma— ‘exista culpa suficientemente comprobada del patrono’, exigencia legal que no permite que sea dable presumir dicha culpa incluso en aquellos casos en que realice ‘actividades peligrosas’. Ello por cuanto no puede pasarse por alto que fue el surgimiento del maquinismo y de la moderna industria lo que obligó a dictar leyes que regularan de manera especial los accidentes de trabajo.
Con este breve recuento de la evolución que ha tenido la reparación de los perjuicios por los riesgos de trabajo —señala el fallo materia de esta reproducción parcial, luego de hacer una síntesis de los diferentes momentos que la figura ha tenido en Colombia— se facilita determinar el contenido y alcance de los preceptos legales que regulan la materia, conforme a los cuales la regla general es la de que el empleador responde objetivamente por los daños que el trabajador sufra a consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, por lo que constituye una situación excepcional la indemnización total y ordinaria por perjuicios, y únicamente procederá si la enfermedad profesional o el accidente de trabajo ocurre por existir ‘culpa plenamente comprobada del patrono’”.
En cuanto al grado de la culpa en esta clase de controversias, en sentencia de 30 de junio de 2005, Radicación 22656, dijo esta Sala de la Corte:
Esa ‘culpa suficiente comprobada’ del empleador o, dicho en otros términos, prueba suficiente de la culpa del empleador, corresponde asumirla al trabajador demandante, en acatamiento de la regla general de la carga de la prueba de que trata el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, a este compete ‘probar el supuesto de hecho’ de la ‘culpa’, causa de la responsabilidad ordinaria y plena de perjuicios laboral, la cual, por ser de naturaleza contractual conmutativa es llamada por la ley ‘culpa leve’ que se predica de quien, como buen padre de familia, debe emplear ‘diligencia o cuidado ordinario o mediano’ en la administración de sus negocios.
No puede olvidarse, además, que ‘la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo’, tal y como lo pregona el artículo 1604 del Código Civil, por tanto, amén de los demás supuestos, probada en concreto la omisión del empleador en el cumplimiento de sus deberes de protección y seguridad, en otras palabras, de diligencia y cuidado, se prueba la obligación de indemnizar al trabajador los perjuicios causados y, por consiguiente, si el empleador pretende cesar en su responsabilidad debe asumir la carga de probar la causa de la extinción de aquella, tal y como de manera genérica lo dice el artículo 1757 del Código Civil”.
Si bien, el juez de apelaciones estimó dispensable la gradación de la culpa, y se conformó con decir que bastaba la culpa levísima, tal desatención dista de tener la entidad suficiente para desarticular la estructura del fallo, en tanto su soporte fundamental se encuentra en la acreditación de la culpa de la empresa, y la ausencia de prueba de la diligencia y cuidado exigidas a la misma, aspectos que no discute la censura, dada la modalidad de ataque seleccionada.
En consecuencia, los cargos no son estimables.
Denuncia interpretación errónea del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, y la infracción directa del artículo 63 del Código Civil.
Trascribe los preceptos legales que estima infringidos, y afirma que, contrario a lo argumentado por el fallador de segundo grado, en el sentido de que la empresa responde hasta por culpa levísima, “De acuerdo con una interpretación hermeneutica (sic) de la norma, es plausible señalar que la culpa a la cual hace referencia el artículo 216 Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, sea la culpa leve descrita por el legislador en el artículo 63 del Código Civil”.
Por ello, asegura, se presentaron las violaciones denunciadas, por manera que “es falso manifestar que en la hipótesis señalada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, se refiere a que el patrono responde hasta por la culpa levísima, por cuanto el legislador ha sido claro en determinar que en los casos donde no se especifica el tipo de culpa, se entiende que la misma corresponde a ‘culpa leve’”.
El alcance de la impugnación es el mismo del cargo anterior.
Dice que el fallo gravado es violatorio de la ley sustancial por indebida aplicación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, e infracción directa del artículo 7º del Decreto 1295 de 1994, y los artículos 255 y 256 de la Ley 100 de 1993.
Tras copiar, nuevamente, el artículo 216 de la codificación sustancial del trabajo, y de subrayar y resaltar parte de su texto, manifiesta que, conforme con dicha preceptiva, del valor de la indemnización ordenada, deben descontarse “las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en el capítulo II, título VII, de la primera parte del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social”, reguladas por los artículos 7º del Decreto 1295 de 1994, y 255 y 256 de la Ley 100 de 1993, que copió.
Que tales prestaciones, según la prueba documental, y la declaración de parte rendida por la accionante, fueron la pensión de sobrevivientes, “e indemnización por la muerte del causante”, que al no ser restadas de las condenas impuestas, generan enriquecimiento sin causa a favor de los actores.
En el alcance de la impugnación, pide casar la sentencia acusada y, en su lugar, “modificar el numeral segundo de la parte resolutiva, ordenando descontar del monto de la indemnización el valor en dinero reconocido a los demandantes por parte de la llamada en garantía, por concepto de prestaciones derivadas del accidente de trabajo (pensión de vejez (sic), y devolución de aportes por muerte del trabajador)”.
Reitera la glosa formulada al segundo cargo, acerca de la deficiencia técnica que implica incluir en un mismo cargo dos submotivos de violación excluyentes, a más de no indicar si la acusación se dirige por la senda fáctica, o la jurídica.
La oposición no tiene razón en los reparos que formula, dado que es perfectamente posible que en un mismo cargo concurran la infracción directa y la aplicación indebida, siempre que se trate de normas jurídicas diferentes, y la segunda modalidad no se apoye en errores de hecho o de derecho. En cuanto al fondo de la denuncia, afirma que la censura ignora la intelección de la Sala de Casación Laboral sobre el punto.
Sin embargo, el cargo deviene infundado, dada los reiterados pronunciamientos de esta Sala de la Corte, entre otros varios, el que cita y trascribe la opositora. En sentencia de 23 de noviembre de 2010, Radicación 37754, se expuso:
“Para la Corte, es equivocado el entendimiento que el censor da a las normas denunciadas, por cuanto una es la responsabilidad subjetiva derivada del accidente de trabajo que asume el empleador, y otra, muy distinta, es la objetiva a cargo de la entidad administradora del régimen de riesgos profesionales, pues mientras aquella requiere de la culpa suficientemente comprobada del siniestro laboral, esta se causa con la sola ocurrencia del infortunio.
Ese sistema dual de responsabilidades derivado de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, no resulta incompatible, porque si bien es cierto, ambas cubren el mismo riesgo, esto es, el que se genera por la propia naturaleza del trabajo que se realiza, los supuestos fácticos para su causación y la fuente de donde emergen son diferentes, situación que conduce a concluir que no es procedente descontar de la indemnización plena y total de perjuicios, lo que haya cancelado la administradora de riesgos profesionales por el mismo siniestro, tal como lo ha advertido la corporación en reiteradas ocasiones.
En efecto, la Corte en sentencia del 26 de enero de 2010, Radicación 35271, al rememorar otras en ese mismo sentido, reiteró el criterio que a ese respecto ha venido imperando, así como el alcance del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, en cuanto indicó:
‘Esta acusación plantea la controversia jurídica de si en los casos de responsabilidad patronal en la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional conforme al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, puede el empleador culpable descontar del monto de la indemnización correspondiente, lo pagado por la administradora de riesgos profesionales por el mismo evento.
La tesis de que es procedente el descuento tendría sustento jurídico según la censura, en el mismo artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994.
Sin embargo, la mayoría de esta Sala de la Corte no acepta tal postura porque no es posible argumentar su propia culpa y menos que sea dable beneficiarse de ella, pues nadie puede lucrarse del daño ajeno. Así lo consignó en sentencia de 10 de marzo de 2005, Radicación 23656, donde reiteró entre otras las sentencias de 15 de mayo de 1991, Radicación 9981; de 21 de marzo de ese año, Radicación 4097; de 23 de noviembre de 1993, Radicación 5865; y de 9 de noviembre de 2000, Radicación 14847. Se expresó así la corporación en la primera de las citadas decisiones:
‘El tribunal se basó en la sentencia de la Corte del 8 de mayo de 1997 (Exp. 9389) para decir que las prestaciones que el Seguro Social reconoció a la cónyuge del trabajador fallecido (la pensión para sobrevivientes), no podían afectar el lucro cesante que judicialmente le reconoció.
Es por ello que se mantiene el criterio jurisprudencial expresado por la entonces denominada Sala Plena de Casación Laboral, conforme al cual en ninguna de las hipótesis consagradas por los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 83 del Acuerdo 155 de 1963, le es dado a quien causó el perjuicio descontar suma alguna de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de Seguros Sociales, pues, se insiste en este aspecto, dicha entidad de previsión social cubre el riesgo laboral propio de la denominada responsabilidad objetiva del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, mas no la responsabilidad que se deriva de la culpa del empleador en la causación del accidente o de la enfermedad (Sent. 08/05/97, Exp. 9389)’.
El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo dice que, cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en el capítulo que la contiene.
Ahora, en este recurso, la sociedad recurrente sostiene que la interpretación del artículo 216 del Código Sustantivo Trabajo, puesta en relación con el nuevo ordenamiento de la Ley 100 de 1993 y con los decretos de la proposición jurídica, debe ser esta: que el empleador culpable del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sí puede deducir las prestaciones económicas que haya pagado el Seguro Social al trabajador o a sus causahabientes de lo que adeude por su propia responsabilidad ordinaria de perjuicios.
Se procede a examinar esa argumentación de la recurrente, en este orden: 1. El alcance de la sentencia de la Corte que citó el tribunal; 2. El alcance de la normatividad que acusó el cargo en casación. 3. La relación de los dos temas anteriores, en orden a precisar si el tribunal transgredió o no la ley sustancial; o mejor, para determinar el alcance del artículo 216 del Código Sustantivo Trabajo.
El otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente reglamento por parte del instituto exonera al patrono de toda otra indemnización según el Código Sustantivo del Trabajo o según el derecho común por causa del mismo accidente o enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere producido por acto intencional o por negligencia o culpa del patrono procederá a demandar el pago de esta indemnización, la que quedará a su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que el instituto acordare por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios el saldo, si lo hubiere.
Lo dispuesto en el inciso anterior no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes de derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el instituto de acuerdo con las normas de este reglamento’.
Pese a la equívoca redacción de la norma transcrita, ella no permitía la tesis de la sociedad recurrente, que desde luego se funda en otro sistema legal. Pero la Corte despejó el equívoco en la sentencia del 8 de mayo de 1997. Es importar recordar [sic], en resumen, las razones que tuvo en cuenta para fundar su tesis: 1) El poder normativo de los reglamentos del Seguro está limitado por su objeto social: es entidad aseguradora de los riesgos originados en la prestación de servicios subordinados; la ley no le dio al Seguro la atribución de determinar las consecuencias de la culpa del patrono en la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, pues esas consecuencias corren a cargo exclusivo del empleador culpable. 2) La competencia que le reconoce la ley al Seguro para subrogar al patrono en la asunción de riesgos laborales está dentro del ámbito de las prestaciones, de los servicios sociales o de las medidas de seguridad social que deben amparar a sus beneficiarios, como lo prescribe el artículo 7º del Decreto-Ley 433 de 1971; pero el Seguro no está legalmente facultado para regular las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que ocurran por la culpa suficientemente comprobada del patrono. El Seguro tampoco está legalmente facultado para aminorar la carga patrimonial del patrono en esa materia, por lo cual, asume toda la responsabilidad ordinaria por mandato del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; y, por lo mismo, el Seguro subroga al patrono únicamente en el riesgo que da lugar a la denominada responsabilidad objetiva. 3) Si, por su equívoca redacción, el artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 consagrara el derecho del empleador culpable del accidente para descontar del monto de la indemnización ordinaria lo pagado por el Seguro por prestaciones en dinero, la norma sería inaplicable, al igual que el artículo 1º del Decreto 3170 de 1964 que lo aprobó. 4) El Seguro reconoce prestaciones para cuyo cálculo toma en cuenta variables como el salario, los años de servicios, el número de cotizaciones, la edad del trabajador, la vida probable, etc. En cambio, no toma en cuenta los perjuicios realmente producidos, lo cual marca una diferencia entre la indemnización a que se refiere el artículo 216 del Código Sustantivo Trabajo, que busca reparar la totalidad del daño ocasionado por el patrono culpable, con la actividad aseguradora del instituto. 5) No es cierto que el trabajador se beneficie doblemente (con la indemnización plena y con las prestaciones económicas del Seguro), puesto que el Seguro ha sido tomado por el mismo accidentado, de modo que el patrono no puede restar de la indemnización total y ordinaria de perjuicios lo pagado por el Seguro Social en virtud del cubrimiento de un riesgo que no ha sido asegurado por él.
Es una redacción similar a la de su antecesor, el 83 del Acuerdo 155 de 1963, de manera que por este solo aspecto, si el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 fuera puesto en relación con el 216 del Código Sustantivo del Trabajo, no sería útil para dar por sentada la posibilidad de descontar las prestaciones económicas del Seguro Social de la indemnización ordinaria de perjuicios.
El artículo 139-11 de la Ley 100 de 1993 confirió al Presidente de la República precisas facultades extraordinarias pro tempore para ‘Dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores’; luego nada indica que en esta atribución de facultades legales, el Presidente de la República pudiera regular las consecuencias de la culpa patronal del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.
El Decreto-Ley 1295 de 1994, según su encabezamiento, determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales. El artículo 13 se limita a señalar quiénes son los afiliados al dicho sistema; el 34 consagra el derecho a las prestaciones; el 49 establece que, en caso de muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales, como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y sus reglamentos; pero esa norma nada dice sobre la responsabilidad por culpa patronal en el accidente de trabajo o en la enfermedad profesional. El artículo 50 se limita a fijar el monto de la pensión de sobrevivientes y el 53 a precisar las condiciones de la devolución de saldos y de la indemnización sustitutiva cuando ocurre la muerte del asegurado. El artículo 78 dice que el Instituto de Seguros Sociales continuará administrando los riesgos profesionales de conformidad con sus reglamentos, lo cual no le da la razón a la sociedad recurrente. Pero sí conviene precisar que la tesis de los opositores sobre esta norma no es acertada, puesto que ella no remite a los reglamentos anteriores de una manera incondicional sino subordinada a lo dispuesto en el Decreto 1265 que se estudia, puesto que la norma dice que los reglamentos del Seguro Social ‘... deberán ajustarse a lo dispuesto en este decreto...’. Y el 97 fija la vigencia del sistema general de riesgos profesionales.
Afirma que el fallo gravado viola directamente, por infracción ídem, el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, “al contener (...) en su parte resolutiva declaraciones o disposiciones contrarias”.
Copia la norma procesal mencionada, así como el primer numeral del pronunciamiento del tribunal, del que subraya y resalta el no que se repite en la trascripción, y dice que:
“... lo que está revocando el tribunal es exactamente lo contrario a lo dispuesto por el juzgado de primera instancia. El juzgado de primera instancia declaró que el accidente de trabajo en que perdió la vida Jesús Daniel Reina Bojacá no se debió a culpa patronal y absolvió de las pretensiones de la demanda”.
En este sentido al manifestar que revoca la sentencia, ‘en cuanto no declaró que el accidente de trabajo en que perdió la vida Jesús Daniel Reina Bojacá no se debió a culpa patronal y absolvió de las pretensiones de la demanda’, entraría en una contradicción debido a que la negación de la negación constituye una afirmación, la cual puede leerse de la siguiente forma:
REVOCAR la sentencia apelada, en cuanto declaró que el accidente de trabajo en que perdió la vida Jesús Daniel Reina Bojacá se debió a culpa patronal.
Por lo tanto si se revoca la sentencia apelada, en los términos señalados por el honorable tribunal, conclusión necesaria sería la absolución de la demandada, lo cual es contrario a lo señalado por el juzgado de primera instancia, y al numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia.
En conclusión existe una infracción directa al artículo 304 Código de Procedimiento Civil, debido a que la sentencia no es clara”.
El alcance de la impugnación para este cargo, es igual al de los dos primeros.
La hace conjuntamente para las dos últimas acusaciones; asevera que es un error de técnica mayúsculo “formular dos cargos con fundamento en normatividad procesal...”, a no ser que se acude a la violación “de medio a fin”.
Acusa la sentencia por ser “violatoria de la ley sustancial por infracción directa a los artículos 304, y 306 del Código Procesal Civil, al no estar en consonancia con las excepciones propuestas por el demandado”.
Arguye que como el fallador de la instancia inicial dio por demostradas las excepciones de cumplimiento de las obligaciones por el empleador, e inexistencia de la obligación de indemnización, al ser halladas infundadas por el ad quem, en atención a lo establecido en los artículos 304 y 306 del Código Procesal Civil, debió pronunciarse sobre las excepciones restantes propuestas en la contestación de la demanda, y como no lo hizo se produjo su infracción directa.
Dado que los dos cargos incurren en idéntica falencia técnica, es viable desestimarlos conjuntamente. El reproche formal que hace la opositora a estas acusaciones, impide el análisis de fondo que correspondiera emprender, toda vez que, en efecto, carecen de proposición jurídica, que permita a la Corte verificar si se presentaron las trasgresiones que predica la recurrente.
Ha reiterado esta Sala que la exigencia del literal a) del artículo 90 del Código de Procedimiento Laboral, encuentra su razón de ser en que, a partir del carácter dispositivo del recurso extraordinario, gravita sobre quien recrimina la sentencia del ad quem, la carga de demostrar los desatinos que le imputa, lo cual puede hacerse solo a partir de confrontar el fallo con las normas que consagran los derechos sustanciales debatidos en las instancias. De tal suerte, si no se señalan cuáles fueron los preceptos que crean, modifican, o extinguen la situación jurídica sobre la que recayó la contención, no le es dable a la Corte, oficiosamente, escudriñar en el vasto acervo normativo, en procura de descubrir tales reglas jurídicas.
En esa misma línea, conviene recordar que si, como en este evento, la censura se enfoca en la premisa mayor del silogismo, la consecuencia de una deficiencia de esta dimensión, en tanto no se precisa el elenco normativo que la integra, obviamente, es que no se puede realizar el cotejo entre el pronunciamiento cuestionado y la ley.
Con todo, debe admitirse que, ciertamente, el tribunal sí incurrió en el lapsus que señala el censor que, no empece, para nada afecta la coherencia que se deduce de la sola observación del numeral 2º de la parte resolutiva, según el cual, la enjuiciada resultó condenada a pagar perjuicios materiales y morales a la esposa e hijos del extinto trabajador, contrario a lo que había decidido el juzgador de la instancia inicial, por manera que paladinamente la conclusión obvia que se extrae, es que esta providencia fue revocada.
En cuanto a la falta de pronunciamiento del tribunal sobre las excepciones que no declaró probadas el ad quem, en primer lugar, la censura no explica cuál o cuáles fueron esos medios defensivos dejados de analizar y, además, es evidente que en las motivaciones de la providencia se dejó claro que la culpa del accidente profesional, recayó sobre la empresa convocada al juicio, lo que de suyo, descarta la posibilidad de que hubiera mediado imprudencia o negligencia de la víctima; de contera, entonces, es palmario que implícitamente se resolvió la excepción de “culpa de la víctima”, propuesta en la contestación de la demanda. En todo caso, la jurisprudencia de la Sala ha definido que en esta materia, no opera la compensación de culpas.
Lo anterior, sin perjuicio de advertir que, en ambos casos, la demandada ignoró los mecanismos previstos en los artículos 309 y 311 del Código Procesal Civil, aplicables en virtud de la integración normativa autorizada por el ordenamiento adjetivo del trabajo.
No son estimables los cargos y, dado que hubo réplica, las costas del recurso extraordinario a cargo de la persona jurídica recurrente, con inclusión de $ 6.000.000, a título de agencias en derecho.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el juicio promovido por Rosa Marlene Cuervo Nieto, en nombre propio, y de sus menores hijos Sandra Ximena, Ivett Daniela, y Diego Enrique Reina Cuervo contra Procesadora de Leches S.A., Proleche S.A.
Cópiese, publíquese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen.
Magistrados: Camilo Tarquino Gallego—Jorge Mauricio Burgos Ruíz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve—Francisco Javier Ricaurte Gómez.

References: artículo 216
 artículo 63
 artículo 57
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 51
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 177
 artículo 1604
 artículo 1757
 artículo 216
 artículo 63
 artículo 216
 artículo 63
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 7
 artículo 216
 artículo 12
 artículo 216
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 artículo 83
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 artículo 139
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 artículo 50
 artículo 78
 artículo 304
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 artículo 90