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Timestamp: 2019-06-27 10:06:46+00:00

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La reforma de la Ley General Tributaria. Novedades en relación con las reclamaciones económico administrativas | GTT
Recuérdese que este derecho fundamental, como todos, incorpora un “contenido esencial”. Y dentro del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva se incluye el derecho a recurrir, que sólo eventualmente en caso de conflicto podría ser objeto de adecuada ponderación. Según la constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional (a partir del FJ 1º de la sentencia 4/1984, de 18 de enero y el FJ 2º de la 102/1984, de 12 de noviembre ) el derecho a recurrir se reconduce al derecho a “conseguir el acceso a la tutela judicial y una resolución fundada en Derecho, así como la ejecución de la misma”, a lo que hay que añadir el derecho a juez ordinario predeterminado por la Ley (sentencia 199/1987, de 16 de diciembre ), y la proscripción de la indefensión (sentencia 227/1994, de 17 de diciembre). El contenido de este derecho, en cualquier caso, excluye lo que el Tribunal Constitucional ha denominado “medidas disuasorias de acceso a la jurisdicción”, que no casarían con dicho contenido esencial. Así, en la sentencia 60/1989, de 16 de marzo se señala que puede constituir una vulneración “en abstracto” del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva la imposición de requisitos o consecuencias, “...no ya impeditivas u obstaculizadoras, sino meramente limitativas o disuasorias del ejercicio de las acciones o recursos legalmente habilitados para la defensa jurisdiccional de derechos o intereses legítimos” (FJ 4º). Lo mismo habría que decir de la imposición de tasas o derechos excesivos o desproporcionados (Auto del Tribunal Constitucional 197/2010).
En esta categoría creemos que se deberían incluir las ponencias de valores, y, además, que se deberían haber mencionado expresamente. Recordemos que el artículo 27,4 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario dispone la recurribilidad en vía económico-administrativa de las ponencias de valores. Las mismas tienen la condición de actos administrativos de carácter general o colectivo - como dice la sentencia del TS de 1 de febrero de 2005 (RJ 1383)- frente a un confusa doctrina del Tribunal Supremo (TS) acerca de su naturaleza reglamentaria (sentencias 25 de febrero de 2010 (RJ 2010/4096) y 31 de mayo de 2010 (RJ 2010/5448). Las reclamaciones contra las ponencias podrán acumularse al amparo de este nuevo supuesto introducido tras la reforma.
La fijación de un baremo administrativo que evalúe las costas responde mucho mejor a su finalidad indemnizatoria, y facilita el que se pueda tener en cuenta que el perjuicio que supone para la Administración afrontar un procedimiento de resolución de recursos no es el mismo que el que supone para un particular tener que hacer frente a dicho procedimiento. La Administración Pública, cuenta con un cuerpo de funcionarios (Abogados del Estado) vinculados a la Administración por una relación estatutaria, que tienen como función el asesoramiento y la representación y defensa en juicio, del Estado-Administración y de sus organismos autónomos (artículo 4 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas) y no tiene que acudir a un profesional, afrontando un gasto extraordinario. Sus retribuciones, al igual que todas las que corresponden a los empleados públicos, se incluyen en la Ley de Presupuestos. Se trata, obviamente, de una retribución que tiene que satisfacer la Administración independientemente del número de reclamaciones y de la actuación concreta de cada abogado del Estado en cada procedimiento. Por tanto, no resulta posible singularizar el coste de un procedimiento para la Administración Tributaria. Lo cual resulta incoherente con la previsión, para el supuesto del proceso contencioso-administrativo, del artículo 50,2 de la Ley 52/97 de 27 de noviembre, según el cual “la tasación de costas a que fuere condenada la parte que actúa en el proceso en contra del Estado, sus organismos públicos, los órganos constitucionales o personas defendidas por el Abogado del estado, se regirá en cuanto a sus conceptos e importes, por las normas generales, con inclusión en su caso, de las correspondientes funciones de procuraduría...”. Por ello, la regulación prevista para las reclamaciones económico-administrativas resulta, comparativamente más coherente.
Frente a estas ventajas comparativas, la reforma de la LGT da un paso atrás, al permitir exigir costas ante la inadmisión del recurso o reclamación, y no sólo ante la desestimación de la reclamación económico-administrativa. Una interpretación rigurosa de la exigencia de costas en vía de admisión puede suponer una disuasión de acudir a la vía económico-administrativa, sin hablar de lo dificultoso que sería apreciar la temeridad manifiesta ante ciertas causas de inadmisión previstas en el artículo 239, 4 de la LGT, como la existencia de acto firme y consentido, que puede ser objeto de discrepancias, o de causas subsanables como la falta de identificación del acto contra el que se reclama o los defectos de legitimación. En cualquier caso, las costas no podrán imponerse hasta que haya transcurrido el plazo o se haya resuelto el recurso de anulación que puede plantearse cuando se considere que se ha declarado incorrectamente la inadmisibilidad de la reclamación - artículo 241, bis, 1, a) de la LGT-.

References: resolución 
 artículo 27
 resolución 
 artículo 50
 artículo 239
 artículo 241