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Timestamp: 2017-12-12 12:03:04+00:00

Document:
DESPENALIZACIÓN DE TRES CAUSALES DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DE EMBARAZO. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
Sesión 36ª, en miércoles 2 de agosto de 2017
(De 16:20 a 20:24)
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Como ya lo anuncié, corresponde poner en discusión el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, con urgencia de "discusión inmediata".
Comisión Mixta: sesión 35ª, en 1 de agosto de 2017.
Comisión Mixta: sesión 36ª, en 2 de agosto de 2017.
Sesiones 83ª, en 24 de enero de 2017 (queda pendiente la discusión en general); 84ª, en 25 de enero de 2017 (se aprueba en general); 30ª, en 12 de julio de 2017 (queda pendiente la discusión en particular); 31ª, en 17 de julio de 2017 (queda pendiente la discusión en particular); 32ª, en 18 de julio de 2017 (se aprueba en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La divergencia suscitada entre ambas Cámaras deriva del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 119 del Código Sanitario contenidos en el numeral 1) del artículo 1, incorporados por el Senado, referidos a la autorización judicial para proceder a la interrupción del embarazo.
La Comisión Mixta, como forma de resolver la divergencia entre ambas Cámaras, acordó incorporar al referido artículo 119 del Código Sanitario los incisos cuarto, quinto y sexto despachados por el Senado en el segundo trámite constitucional.
La Comisión aprobó su proposición con los votos a favor de los Senadores señores Araya, Girardi y Rossi y de los Diputados señores Núñez, Soto y Torres. Se pronunciaron en contra los Senadores señores Chahuán y Larraín y los Diputados señora Nogueira y señor Monckeberg.
Corresponde informar que la Cámara de Diputados, en sesión del día de hoy, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
Cabe hacer presente que los señalados incisos cuarto, quinto y sexto propuestos tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 21 votos favorables.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, tal como lo dije en la sesión anterior en que se discutió este proyecto, a través de su texto estamos decidiendo quizás uno de los temas más importantes que nos ha tocado votar en el Parlamento en todo su período democrático. Con nuestro voto estamos dilucidando si podemos autorizar a alguien, en este caso a la mujer, para que decida sobre la vida de otro ser humano como una forma de dar solución a un grave problema que la aqueja.
Nosotros, quienes hemos estado en contra del aborto, sentimos que tenemos un desafío como país, como Estado, como sociedad: que ninguna mujer embarazada en Chile encuentre que su maternidad representa un problema por cuestiones familiares o laborales; por miedo a perder el empleo o a no ser contratada, o por la posibilidad de gestar un futuro embarazo, entre otros factores.
A mi entender, la mujer en nuestro país tiene derecho a vivir su maternidad en libertad y sin temores de este u otro tipo.
Según el planteamiento ideológico de algunos parlamentarios de las bancas del frente, este proyecto apunta en la dirección de avanzar en derechos y "la libertad de decidir" para las mujeres. Pero yo me pregunto, sinceramente, ¿puede un ser humano decidir sobre la vida de otro? ¿O acaso las mujeres que no abortan, las que no pueden o no quieren hacerlo, son esclavas, no son libres?
En ese sentido, nosotros queremos reivindicar el derecho del no nacido a existir, a desarrollar su vida porque tiene estructura y genética propia; porque es un ser único e irrepetible al que, sin lugar a dudas, le asiste todo el derecho a existir. Es mucho más libre defender la vida que la muerte; es mucho más libre dar viabilidad a esa vida que está en el vientre materno que tirarla al tacho de basura de un hospital o de alguna clínica argumentando que aquí se obliga a una persona o que se condena a una mujer porque no tiene derecho a abortar, a decidir sobre la vida de su hijo.
Finalmente, quiero rescatar lo que sostuvo el doctor Jorge Becker, gineco-obstetra, especialista en esta materia y en medicina materno-fetal: "Cuando una mujer usa la ley de aborto es porque ya sabe que tiene un hijo vivo adentro. Por lo tanto, el origen de la vida pasa a un nivel secundario".
Al escuchar los testimonios y fundamentos del voto a favor en este proyecto de muchos de los parlamentarios de las bancadas del frente, pareciera que las madres solo tuvieran algo dentro del útero. Pero en realidad, señor Presidente, lo que claramente tienen es un hijo, un ser humano, un ser en gestación que está por nacer. Porque cuando una mujer embarazada visita a su ginecólogo y este, mediante una ecografía, le muestra su útero, ella no dice "vengo a ver a mi feto", "vengo a ver a mi embrión", "vengo a ver a este cúmulo de células" u otras denominaciones que aquí se han utilizado. Ella señala "quiero saber cómo está mi hijo o hija".
¡Eso es precisamente lo que dice una madre! Y a las mujeres que son madres en esta Sala les consta que así es.
Y a uno, que ha sido padre -en el caso de nuestra familia nos ha costado tener hijos-, realmente le sorprenden algunas intervenciones que plantean como solución la muerte de un ser humano que no se puede defender.
La vida que está en el vientre materno, el feto, el ser en gestación, es un paciente al cual los médicos le hacen un diagnóstico, un control sano, tal como lo realizan los pediatras, como bien señala el doctor Jorge Becker. Si está enfermo, los doctores ven si se puede tratar. Y en caso de que no sea tratable, queda fuera del alcance médico. Pero este proyecto intenta acabar con su vida a través de tres causales, que son dramáticas. Yo les planteo a los parlamentarios de en frente y a quienes están a favor de esta iniciativa: si al feto no lo consideran un paciente, ¡saquen los ecógrafos del sistema de salud de Chile! ¡Para qué los tienen! Así nos ahorramos recursos y nos olvidamos de esta realidad.
Considero que eso no es así, señor Presidente. Lo que la mujer tiene en el vientre materno es un ser humano indefenso, que puede clasificarse en muchas categorías: estar enfermo, estar sano, ser más grande, más pequeño, pero finalmente es un ser humano.
Y en este proyecto se plantea un paquete con una situación que se dice que es dramática, la que se utiliza como argumento para hacer algo mucho peor que la violación, mucho peor que el caso de un niño con pocas condiciones o que está enfermo. Lo que se propone definitivamente como solución nunca es una solución. La muerte de un ser humano nunca puede ser una solución, señor Presidente.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, ayer estuvimos varias horas discutiendo la materia en la Comisión Mixta. Por lo tanto, quisiera más bien hacer un par de reflexiones.
La primera será en general y la segunda en particular, respecto a lo que estamos discutiendo hoy, que son algunos incisos que no se aprobaron en la Cámara de Diputados por falta de quorum.
En primer lugar, desde un punto de vista general, quiero señalarle al Senador Prokurica -por su intermedio, señor Presidente- que aquí hay una discusión tremendamente válida y legítima respecto de cuál es el momento en que uno puede hablar de "persona humana".
De hecho, si uno analiza nuestra Constitución y la de otros países, prácticamente en todos ellos existe algún tipo de disposición que dice relación con la protección de la vida prenatal. Pero esas mismas naciones tienen leyes en las que se plasma el hecho de que la mejor manera de proteger la vida prenatal no es la penalización de todas las formas de interrupción del embarazo.
Por lo tanto, no hay ninguna contradicción entre asignar un derecho de protección a la vida prenatal y, a la vez, legislar para despenalizar la interrupción del embarazo en casos excepcionales, como lo estamos haciendo. Muy por el contrario. Lo que se ha visto es que cuando se penalizan las formas de interrupción del embarazo en toda circunstancia lo que ocurre es que simplemente hay más abortos. Por eso la regulación es importante.
Quiero señalar también que la propia Carta Fundamental hace una diferencia entre la vida del que está por nacer y la persona humana. Por consiguiente, es perfectamente posible jerarquizar, que es lo que estamos haciendo en este proyecto.
Pero a pesar de lo que dice la Constitución chilena, de lo que disponen las legislaciones de otros países, este es un tema en el cual no nos pondremos de acuerdo aquí, en este Senado, ni en este país, porque cada persona va a tomar sus propias decisiones de acuerdo a su moral y a su forma de ver la vida. Por lo tanto, insisto -lo he dicho muchas veces- en que es preferible que en casos como este el Estado no intervenga imponiendo un camino, sino que más bien plantee alternativas en situaciones excepcionales, como las que se han indicado aquí.
Deseo señalar también que el mismo argumento que se ha esgrimido para votar en contra de esta iniciativa se podría emplear para no permitir la criopreservación de embriones con motivo de la fertilización asistida.
Todos sabemos perfectamente bien que hoy en varias clínicas de nuestro país -lamentablemente, en el sector público bastante menos, lo que genera un nivel de inequidad importante- se congelan embriones. Cuando se estimula la ovulación de una mujer para desarrollar el proceso de fertilización asistida se fecundan varios óvulos. Por tanto, hay varios embriones y no se implantan todos ellos: muchos se congelan. Entonces, con esa lógica, de asignarle el mismo derecho de protección a un embrión que a una persona humana ya nacida, deberíamos prohibir la fertilización asistida, que es un camino por el cual optan muchas familias con deseos de tener hijos y que por distintas razones médicas no pueden tenerlos.
Pienso que lo relevante de esta legislación es que estamos dando un paso muy significativo en materia de recuperación de la autonomía de nuestras mujeres. Autonomía que se perdió en 1989, pero que estuvo presente en la legislación chilena por más de cincuenta años, sin que ello significase un aumento de los abortos.
Es más. Gracias al ex Presidente Eduardo Frei Montalva, quien instauró el método de planificación familiar, disminuyeron marcadamente los abortos en nuestro país como medida de planificación familiar.
Por lo tanto, la historia nos muestra que la instauración del método de planificación familiar, el otorgamiento de derechos sexuales y reproductivos a nuestras mujeres es el camino por el cual debiésemos transitar y no la criminalización, como sería votar en contra de esta iniciativa.
Eso quería expresar respecto de las consideraciones generales que fueron parte del debate pasado.
Ahora, en cuanto a lo que se discutió ayer en la Comisión Mixta, es importante señalar que si no reponemos los incisos que se rechazaron por falta de quorum en la Cámara Baja el proyecto no tendrá un procedimiento para resolver situaciones muy extremas en el caso de las menores de 14 años que son violadas y que, producto de ello, quedan embarazadas.
Parto diciendo, y es importante tenerlo en mente, que se equivocan quienes sostienen que aquí se les quita a los padres la autorización o el derecho preferente para educar a sus hijos. Muy por el contrario. Se establece que el padre es quien, en primer lugar, puede determinar el nivel de discernimiento, de autonomía o de madurez que puede tener una niñita para tomar una decisión.
Por eso mismo se le pide la autorización al padre, a la madre o al representante legal cuando una menor de 14 años ha decidido interrumpir el embarazo.
Pero hay tres hipótesis que no están cubiertas, y por lo mismo es importante reponer estos incisos.
La primera de ellas es en caso de que no haya un representante legal. Si no lo hay, indudablemente la voluntad de la niña menor de 14 años será refrendada por un tribunal.
La segunda es cuando hay dos voluntades que chocan: la del representante legal y la de la menor. Allí es importante entender que esta tiene un grado de autonomía. Lo que señalo se basa en el principio de autonomía progresiva, que sí está en el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño -ayer se decía en la Comisión Mixta que dicho principio no se encontraba en la Convención-, que se relaciona con que la autonomía es un proceso continuo que se va desarrollando a medida que va evolucionando y progresando la madurez de una niña o de cualquier ser humano.
Por lo tanto, la voluntad de la niña no puede ser pasada a llevar. Por lo mismo, si hay una contradicción entre la voluntad del representante legal y la de la menor, corresponde que haya una instancia que vele por el bien superior del niño. Y eso le compete a los tribunales.
Y la tercera alternativa es bastante obvia considerando que un gran porcentaje de las más de setenta niñas menores de 14 años que quedan embarazadas producto de una violación en Chile son abusadas por familiares o por cercanos a la familia. Entonces, en muchos casos ocurrirá que el equipo médico, que además tiene experiencia en estos temas, va a pensar que informarle a la familia para requerir su autorización podría poner en riesgo la integridad física o psíquica de la menor o podría hacer que exista coacción hacia ella.
En dichos casos, naturalmente, el equipo médico deberá entregar los antecedentes para que el tribunal de familia resuelva respecto -lo señalo una vez más- del bien superior del niño.
En consecuencia, quiero felicitar al Gobierno por impulsar esta iniciativa, pues sin duda alguna estamos dando un paso importante en materia de derechos sexuales y reproductivos, de derechos de las mujeres y en cuanto a democracia.
Además, creo que debiéramos felicitarnos todos los parlamentarios que durante más de una década hemos estado impulsando una normativa como esta, porque nuestro país tenía un déficit importante en cuanto a derechos humanos de las mujeres.
Por lo tanto, voy a votar a favor de la reposición de los referidos incisos, que lamentablemente se cayeron en la Cámara de Diputados por falta de quorum, señor Presidente.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, hemos dedicado varias horas y días a discutir este proyecto, que es tremendamente importante, pues repone la dignidad y los derechos de las mujeres.
Se trata de una iniciativa en la que nunca nos vamos a poner de acuerdo, lo cual es legítimo, porque aquí hay miradas diferentes. Y como es válido que eso ocurra, resulta obvio que no puede haber órdenes de partido.
Pero una cosa es discutir sobre ciencia, la que puede ayudarnos a determinar en qué momento se gesta una vida humana, y otra distinta son las convicciones religiosas y que una Iglesia en particular pueda incidir en la manera en que se vota.
Aquí debería pronunciarse cada uno de acuerdo a sus convicciones, mirando siempre el bien superior.
No tengo ninguna duda, señor Presidente, respecto de estas tres causales extremas. Hablo del riesgo de vida de la madre, de la inviabilidad del feto, pero sobre todo de la violación -y lo he expresado en esta Sala-, que es el acto más brutal y atentatorio contra la dignidad de una mujer, contra el respeto a una mujer, contra su condición de ser humano.
Tampoco tengo ninguna duda de que tratándose de una niña violada sistemáticamente, de 11, 12 o 13 años, que ni siquiera posee la madurez física ni psicológica para llevar adelante un embarazo, como sociedad debemos legislar para darle ¡la opción! de decidir si continúa o no con el embarazo.
No tengo duda alguna de que hemos de velar por dar esa oportunidad a las mujeres, que tienen conciencia, porque somos seres humanos ¡conscientes!, con plena conciencia de nuestros actos.
Este proyecto implica despenalizar, terminar con la persecución.
Cuando yo dije aquí, en la Sala, que había habido más de mil y tantos casos de persecución penal por intentos de aborto, un Senador expresó: ¡Bien presos están!, ¡bienvenido sea! Pero yo soy profundamente contraria a ese criterio.
Creo que ha llegado la hora de terminar con la penalización por interrumpir un embarazo. ¡Qué más sanción puede haber para una mujer, para sus derechos, para su intimidad! ¡Qué más penalización si más encima tiene que tomar una decisión difícil como esa! Pero, además de eso, ¿la vamos a penalizar? Es decir, ¿la vamos a castigar doblemente?
Esto ya lo discutimos, señor Presidente.
Yo entiendo perfectamente que debemos pronunciarnos acerca de lo que afortunadamente se repuso en la Comisión Mixta.
A mí me duele que haya Senadores que -lo hacen legítimamente- vayan a acudir al Tribunal Constitucional.
Me duele que dicho organismo, que está integrado por diez personas, vaya a decidir sobre lo que hemos discutido durante dos años y medio y que afecta la vida de millones o de miles de mujeres.
Me duele que sean diez personas las que resuelvan el asunto. No ha habido ocasión, cuando hemos intentado hacer reformas profundas, en que Chile Vamos o la Derecha de este país no haya acudido al Tribunal Constitucional. Lo hicieron con la reforma laboral, con la reforma educacional, y ahora, por supuesto, a raíz de la interrupción del embarazo.
No estoy diciendo que no sea legal recurrir a este Tribunal. Pero me duele la forma en que él se halla constituido y que no esté cumpliendo con lo que debiera ser su cometido. Porque una cosa es que se pronuncie respecto de si una legislación atenta contra derechos constitucionales y otra diferente es que se convierta en una tercera Cámara, que está alterando de cierta manera la voluntad de la soberanía popular, expresada a través de quienes estamos aquí, que fuimos elegidos ¡para legislar!, pensando en el bien superior, en el conjunto del país.
Al respecto, no puedo dejar de recordar lo que se nos señaló cuando diez Diputados firmamos, como autores, la moción que establecía el divorcio vincular, es decir, poder disolver el vínculo y que fuera posible contraer nuevamente matrimonio. ¡Qué no se nos dijo! Entre otras cosas, que éramos "divorcistas", "antifamilia"; que íbamos a terminar con la familia, la sociedad; que estábamos incurriendo en lo peor, pues el matrimonio era uno solo, sagrado, para el resto de la vida.
Me parece que ya debiéramos haber aprendido que vivimos en una sociedad laica; que los legisladores estamos obligados a sancionar leyes pensando en el conjunto de la sociedad, no en nuestros principios religiosos. Esto último es lo que alegaban cuando presentamos el proyecto sobre divorcio vincular, que finalmente logramos que se aprobara.
Hoy día decimos lo mismo. Porque estamos hablando de los derechos de la mujer a preservar su vida, su integridad, su intimidad, su profundo ser como ser humano, cuando, ni más ni menos, esa mujer o esa niñita son violadas y producto de ello se origina un embarazo no deseado.
Yo creo, señor Presidente, que vamos a dar un gran paso. Confío en que se va a aprobar el informe de la Comisión Mixta. Y espero que el Tribunal Constitucional no actúe como, desgraciadamente, a veces lo hace: que termina cercenando proyectos que reflejan en la Sala la voluntad de sus integrantes. Porque quienes estamos aquí sentados fuimos elegidos por la ciudadanía y estamos legislando no solo por convicciones y conciencia -porque las mujeres tenemos conciencia-, sino también por estar convencidos de que se deben respetar los derechos humanos, los derechos reproductivos, el derecho a la dignidad, el derecho a la intimidad, el derecho a no ser violentada.
Entendemos que hubo un error y se explicó, pero no queremos oír frases como las que escuchamos alguna vez en la sesión en que tratamos el punto, que fueron francamente dolorosas, porque si hay algo inaceptable, deleznable, criminal, es una violación, ¡y no tiene ninguna justificación ni existe nada que pueda disminuirlo o morigerarlo!
Lo concreto es que hoy día podemos dar un paso importante como sociedad al permitir la opción -cada persona decidirá con su conciencia, o lo hará su familia si es una niñita- de interrumpir un embarazo, conforme a las tres causales explicadas hasta la saciedad, que son extremas.
Nos han dicho una y otra vez -porque no hay nada mejor que la posverdad- que aquí únicamente estamos legislando sobre el aborto libre. ¡No, señores! No se trata del aborto libre, sino de la interrupción del embarazo por tres causales extremas. Y lo que estamos haciendo entonces es permitir una opción bajo alguna de ellas, sin penalizar a aquellas mujeres que deciden interrumpir su embarazo y reconociendo, por lo tanto, que las mujeres tienen conciencia y capacidad de tomar decisiones que sin duda las afectan directamente. Perdón, nos afectan directamente, porque son nuestros cuerpos, nuestras conciencias, nuestra biología, nuestra psiquis. En consecuencia, estamos en condiciones de tomar decisiones que pueden ser difíciles.
Por eso, señor Presidente, expreso con mucha firmeza que apoyo con toda mi fuerza, como mujer, como madre, la interrupción del embarazo en estas tres causales extremas.
Creo que estamos finalmente no solo devolviéndole a la mujer dignidad, sino también reconociéndole un derecho humano. Con ello, a mi juicio, nos ponemos a tono con muchas de las convenciones internacionales que hemos ido adoptando como país.
En último término, pienso que estamos transitando en un camino, como lo hicimos ayer con el divorcio, como lo hicimos con el acuerdo de unión civil, y probablemente algún día tendremos que seguir con el matrimonio igualitario, porque las sociedades, afortunadamente, van evolucionando y dejando atrás muchos de los prejuicios que nos han acompañado por siglos.
Es solo cosa de recordar cómo estuvimos sometidas las mujeres; cómo no teníamos ni derecho a voto; cómo no podíamos administrar nuestros intereses, nuestro patrimonio, o lo que fuera.
Sin embargo, hoy día estamos cada vez más conscientes y más bien luchamos por una representación equitativa.
En consecuencia, por el bien de las mujeres, por lo que esto significa, me alegro de que la Comisión Mixta haya repuesto los incisos, porque sin ellos se impedía a esa niña, que eventualmente resultaba embarazada producto de una violación, acudir al tribunal de familia para tener la opción de decidir. Por falta de quorum, esos incisos se cayeron en la Cámara de Diputados.
En definitiva, considero que hoy día vamos a hacer historia al reponer los incisos en cuestión, pues de una vez por todas nuestro país podrá contar con una ley sobre despenalización de la interrupción del embarazo.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, aun a riesgo de reiterar argumentos ya dichos en numerosas oportunidades, quiero, antes de referirme exactamente al informe de la Comisión Mixta, hacer tres precisiones.
La primera se relaciona con los fundamentos de las distintas posiciones.
Ayer, en nombre del respeto a las diferentes posturas, nuevamente lo que nosotros hemos planteado se caracterizó como "defensa de principios religiosos" o como "última expresión de la Derecha conservadora".
Yo creo que esa no es la manera de respetar los fundamentos de otros: es una forma oculta, oblicua de manifestar una vez más superioridad moral.
En esta materia yo no actúo por principios religiosos -los tengo-, pues me parece que el derecho a la vida es simplemente una consideración racional indispensable para la convivencia; es un valor esencial de nuestras convicciones.
No se necesita creer en el quinto mandamiento de la Iglesia para estar a favor de condenar el homicidio.
Por lo tanto, no descalifiquemos las otras opciones ni las desacreditemos, porque si lo hacemos ensuciamos la discusión.
Señor Presidente, varias veces yo he dicho que este debate es sumamente complejo, ya que partimos de principios y de valores distintos. Sin embargo, no pretendo sostener que los míos son los buenos y los de ustedes o los de otros los malos, ni menos caricaturizar o ridiculizar las posiciones adversas afirmando: "¡Pero no se preocupen, pues igual los respeto!".
Se requiere -repito- entender que esta materia es sumamente compleja. Y, con independencia de los resultados, me parece que debemos respetar nuestras posiciones acerca de ella, porque no se trata de expresiones simples, o superficiales, o fundadas en malas causas, sino de argumentaciones muy profundas.
En segundo término, reitero aquí, en la Sala, mi molestia por el hecho de que ayer en la Comisión Mixta, tras solicitarles a las Ministras presentes, y en particular a la de la Mujer y la Equidad de Género, quien ha oficiado de vocera en estas materias, que se refirieran a un informe de la Corte Suprema relacionado con el asunto en debate, lamentablemente no tuve ninguna respuesta.
La Ministra ya individualizada fue requerida varias veces: no tuvo ninguna respuesta.
Fue requerida incluso por el Presidente de la Comisión, y expresó que, en realidad, ella no tenía nada que decir.
Me parece, señor Presidente, que eso constituye una falta de respeto hacia el Congreso Nacional: era una Comisión Mixta. Porque los ministros no vienen al Parlamento exclusivamente para dejar testimonio de su presencia, sino además para hacerse parte del debate.
Si no, ¿cómo dialogan el Gobierno y el Congreso?
Ayer no le pedí a la referida Ministra estar de acuerdo, sino dar una explicación acerca de lo que se hallaba en debate en la Comisión Mixta.
Lamentablemente, no la recibí.
No quiero entrar en detalles sobre otras conductas a mi juicio inapropiadas. Solo subrayo esa.
Opino que hay que respetar los fueros del Congreso Nacional. Y el primero que debe hacerlo es el Ministro de Estado, quien además es colegislador.
En tercer lugar, tocante al Tribunal Constitucional, ante todo debo recordar que el actual, en su configuración y en sus atribuciones, fue producto de la reforma que entró a regir en septiembre de 2005. Y esa modificación de la Carta fue trabajada por muchos Senadores, de distintos sectores, y con bastante acuerdo en algunos temas; en otros, menos.
En el caso del Tribunal Constitucional hubo pleno acuerdo. Y se registró una discusión pormenorizada para actualizar dicho órgano al máximo nivel internacional en la materia.
Por consiguiente, que algunos lo descalifiquen ahora porque no les da siempre la razón cuando recurren a él me parece inaceptable.
Uno debe aceptar las reglas de la democracia. Y en esta materia no hay discusión.
Ahora, particularmente, decir que nosotros buscamos recurrir al Tribunal Constitucional cada vez que perdemos en el Parlamento implica faltar a la verdad.
Quiero recordar que durante el Gobierno de Sebastián Piñera la Concertación recurrió al Tribunal Constitucional en seis oportunidades.
Hace pocos días el Ministro de Hacienda hizo reserva de constitucionalidad a propósito del proyecto sobre gratuidad en la educación por estimar que una norma aprobada en la Cámara de Diputados era inapropiada. Y tiene pleno derecho a recurrir a aquella instancia.
Nosotros sentimos que a todos nos asiste el derecho a ir al Tribunal Constitucional cada vez que una mayoría política altera una norma fundamental. Y será ese órgano el que determine si quien recurre a él tiene o no razón.
Tal derecho no solo no se puede conculcar: además, debe ser respetado.
Ya lo han demostrado los hechos: quienes hoy disparan en contra, ayer, sin embargo, recurrieron al mencionado Tribunal.
¡Cuidado con la incoherencia!
Voy ahora al tema concreto que nos convoca, señor Presidente.
Primero: las normas que se cayeron en la Cámara de Diputados ayudan a asegurar la posibilidad del aborto libre.
Deseo que en esta materia no sigamos con eufemismos.
Ya sabemos que si una menor de 14 años consiente una relación sexual y a raíz de ella queda embarazada puede solicitar autorización, por aplicación del precepto respectivo, para el aborto.
No ha de mediar necesariamente violación para que una menor de 14 años tenga derecho a recurrir al aborto. Y eso se llama "aborto libre"; se llama, simplemente, "aborto por voluntad de la madre".
Entiendo que el propósito del proyecto es que en caso de violación se disponga de aquel derecho. Y eso por lo menos tiene una explicación.
Las causales de interrupción del embarazo previstas en este proyecto se remiten a situaciones excepcionales.
Pues bien: en aquel caso no es así.
Al respecto, yo quiero subrayar que por tal vía, la que se franquea mediante las normas sugeridas, se está consagrando el aborto libre para menores de 14 años que tienen una relación sexual consentida -no han sido violadas- y producto de ella quedan embarazadas.
Segundo: dicho planteamiento incurre en una situación de mucha gravedad, incluso desde el punto de vista de los tratados internacionales.
A propósito de tratados internacionales, no olvidemos la convención, que aprobamos, donde se establecen los derechos de la niñez, que se fundan en el interés superior del niño, por lo cual se les dan a los padres atribuciones especiales, particularmente tratándose de menores de 14 años.
Aquí se está rompiendo el principio de la corresponsabilidad de los padres.
Son ambos padres los que deben concurrir: así lo dice nuestra legislación.
Lo dispone, desde luego, según las últimas modificaciones que le introdujimos, el Código Civil en su artículo 222, cuyo inciso segundo establece: "La preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual procurarán", etcétera. Y el artículo 224 expresa: "Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal (...) de sus hijos.".
Aquí estamos rompiendo ese principio, que se halla instalado en nuestro Código Civil y en la Convención sobre los Derechos del Niño, y que lo queremos incorporar en el proyecto sobre acompañamiento a los hijos enfermos graves.
En mi concepto, ¡eso es completamente improcedente!
Empero, por aquel camino no solo se rompen principios claves, lo que abre paso a una posible inconstitucionalidad: además, se atenta contra el derecho preferente de los padres a participar en la educación y crianza de sus hijos.
La Constitución, en el artículo 19, número 10°, inciso tercero, dice: "Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.".
¡Díganme Sus Señorías si acaso estamos protegiendo el interés superior del niño cuando le damos a uno de los padres el derecho a participar y al otro no!
La señora PÉREZ (doña Lily).- ¿Y si el otro es el violador?
El señor LARRAÍN.- Ese es un tema distinto.
Estamos hablando de los padres.
Y respecto de eso, Senadora, supongo que usted estará de acuerdo con el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos.
Estamos hablando de una persona inocente.
Además, quiero informarle -por si no lo sabe- que el procedimiento en comento no se aplica solo en el caso de la violación: se aplica respecto de las tres causales.
Por lo tanto, se trata de un procedimiento que avanza en esa línea.
Debo recordar que la Corte Suprema señaló que tales mecanismos eran inadecuados, pues establecían plazos insuficientes y un proceso que no era racional ni justo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Les advierto a quienes están en las tribunas que no es posible hacer manifestaciones.
¡Por favor!, les pido que se comporten como corresponde en el Senado.
El Honorable señor Larraín dispone de un minuto adicional.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, decía yo que, aparte establecer el aborto libre; aparte no respetar los derechos de los padres -porque no hay corresponsabilidad- y negarles el derecho preferente de educar a sus hijos, estamos contradiciendo los postulados de un procedimiento racional y justo -a ello se van a referir otros Senadores-, porque, por ejemplo, los plazos que se fijan son completamente incumplibles para llevar a cabo un proceso justo en términos de la Constitución.
Por último, la Carta Fundamental mandata a la ley para que proteja la vida del que está por nacer.
Yo vuelvo a preguntarme: la ley en proyecto, en la forma como resuelve estos asuntos, ¿está protegiendo la vida de quien está por nacer?
Definitivamente, ¡no!
Por muchas y muy respetables razones, ella ha seguido otro camino, el cual contradice lo que establece nuestra Constitución Política, que defiende el derecho a la vida.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario General de la Presidencia, don Gabriel de la Fuente.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero referirme a las materias tratadas ayer en la Comisión Mixta y hacerme cargo de algunas observaciones que formularon principalmente los Senadores y los Diputados de Chile Vamos en cuanto a la presunta inconstitucionalidad de las normas que aprobamos en dicha instancia.
Me remitiré primero a la posible vulneración del principio de la corresponsabilidad parental. Y, en esta línea, voy a hacerme cargo de las observaciones que formuló en su minuto la Corte Suprema.
El argumento para estimar que se vulneraría el mencionado principio producto de la aprobación de las normas pertinentes es que permiten acudir a la autorización a solo uno de los representantes legales de la menor, y no a ambos según aquel principio.
Sobre este punto, hay que tener presente que, en su informe, el Máximo Tribunal no afirma categóricamente la vulneración de tal principio, sino que señala que se "podría llegar a contradecir el principio de corresponsabilidad y el acuerdo de cuidado personal compartido establecido en la ley N° 20.680 y en el Código Civil".
De esa forma, la Corte Suprema se pone ante una situación eventual e hipotética. Pero no existe una aseveración absoluta en tal sentido.
Por lo demás, cabe hacer notar que varias de las otras observaciones formuladas por el Máximo Tribunal con ocasión del análisis de las normas respectivas fueron recogidas durante la tramitación de este proyecto en la Comisión de Constitución, y posteriormente, aprobadas tanto en el Senado cuanto en la Cámara de Diputados.
Asimismo, hay que tener en cuenta que las observaciones sobre la eventual transgresión al principio de corresponsabilidad parental no inciden en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. Por tal razón, la observación de la Corte Suprema tiene que ver más bien con una apreciación del sistema jurídico en general que no impide una valoración por parte del legislador, quien podrá estimar del caso hacerle adecuaciones al referido principio y no afectar, en tal medida, lo relacionado con la organización y atribuciones de los tribunales, que es precisamente el objeto del informe que se le pide al Máximo Tribunal.
Es necesario considerar que el principio de corresponsabilidad se vincula a la crianza y la educación de los hijos y tiene como fin ulterior el interés superior del niño, niña o adolescente.
En tal sentido, se trata de un principio que dirige el actuar de los padres con respecto a los hijos, y no a la inversa.
Dicho de otra forma, es un principio que les da lugar a derechos a los padres entre sí respecto de los hijos.
De ese modo, incluso aunque pudiera considerarse que se transgrede dicho principio, que se halla establecido en beneficio de los padres, esto al final del día, dada la manera como figura en las normas que aprobamos en la Comisión Mixta, se está haciendo en beneficio de un principio incluso superior: el interés superior del niño, niña o adolescente y el respeto de su autonomía progresiva.
Por lo demás, se trata de un principio que sirve como criterio para guiar y modelar el actuar de los padres y el ejercicio del cuidado personal respecto de sus hijos, especialmente cuando los progenitores se encuentran separados.
Como principio, puede haber inspirado la modificación de la ley N° 20.680, llamada por algunos "Ley amor de papá". Sin embargo, no se trata propiamente de un principio plasmado en la ley, sino en una de sus manifestaciones: el cuidado personal compartido, que se encuentra regulado en el Código Civil.
La decisión en este caso la toma la menor de edad. De manera que mal podría argumentarse en el sentido de que esa decisión va en contra del interés superior de la niña.
En el caso de la menor de 18 años se está resguardando el que se le dé la opción de elegir a cuál de los representantes legales solicitará su autorización. Y probablemente será aquel al que sienta más cercano o aquel del que espera mayor empatía ante el difícil momento de afrontar un embarazo derivado de una violación.
Finalmente, quiero reiterar que ese principio no tiene consagración legal expresa. Incluso, de considerarse que la tiene, por la aprobación de la ley N° 20.680, su carácter sería meramente legal y, como consecuencia de ello, perfectamente podría modificarse, morigerarse o regularse mediante otra ley, como lo hacemos mediante las normas contenidas en el informe de la Comisión Mixta.
Un segundo punto que se planteó en la Comisión Mixta y que fue muy defendido por los parlamentarios de Chile Vamos apunta a que las disposiciones cuestionadas vulnerarían el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, por lo que este proyecto sería inconstitucional.
Sus Señorías argumentaron ayer en aquel órgano -ya lo habían hecho durante las sesiones de las distintas instancias legislativas en que se discutió este proyecto- que al permitirse a las menores de edad abortar podrían hacerlo incluso sin la autorización de los padres.
Es un caso hipotético en que se pone la Comisión Mixta: cuando el equipo médico estima que requerir la autorización de uno de los padres puede resultar perjudicial para la menor.
Cabe hacer presente que la Constitución, en su artículo 19, N° 10°, inciso primero, consagra el derecho de todas las personas a la educación. Y luego, en su inciso tercero, señala: "Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos".
En tal sentido, el marco en que debe entenderse ese derecho preferente es precisamente el del derecho a la educación, que se halla regulado por la Carta Fundamental.
Esta iniciativa trata de contemplar causales específicas -son bastante dramáticas, por lo demás- conforme a las cuales las mujeres pueden interrumpir su embarazo. Al efecto, plantea situaciones que justifican aquella conducta y evitan el castigo por acciones que, de no mediar la autorización que se prevé, serían penadas por la ley.
No se trata de un proyecto que aborde materias propiamente educacionales o vinculadas con el modelo educativo.
En consecuencia, es perfectamente posible que los padres inculquen a las menores de edad valores en cuanto a lo malo, inadecuado o indebido de practicar aborto.
Sin embargo, llegado el momento de tomar la decisión, es precisamente la niña quien tiene el derecho de hacerlo, atendidas las especiales circunstancias en que se encuentra y, como señalé anteriormente, su autonomía progresiva.
En todo caso, se debe tener especial cuidado con el apellido de ese derecho: "preferente".
En esa línea, es lógico que los primeros llamados a tomar la decisión en el caso de una menor de 14 años sean los representantes legales. Y así lo establece el proyecto. De hecho, hemos de recordar que la norma que discutimos se refiere a la autorización sustitutiva para poder practicar un aborto.
No obstante, si concurren determinadas causales que le impidan a la menor contar con dicha autorización, es perfectamente lícito -y necesario- que el legislador establezca un sistema conforme al cual la autorización sea dada por otra persona capacitada para hacerlo. Y, atendida la especialidad requerida, son precisamente los jueces con competencia en materia de familia quienes deben resolver, situación que se recoge en las normas que estamos discutiendo.
En síntesis, el derecho preferente de los padres es para educar a sus hijos. Y ese derecho no se pasa a llevar en forma alguna con este proyecto, ya que aquellos siguen teniendo plenas facultades para educarlos.
Lo que no se puede permitir es que, como consecuencia de la extrapolación de tal derecho para considerarlo una facultad que les permita a los padres hacer lo que quieran con sus hijos, se prive a las niñas del acceso a una prestación de salud que el Congreso Nacional ya ha legitimado y que pasará a ser un derecho para ellas.
Por último, y como argumento radicalizado de lo anterior, hay que recordar que el inciso final de la norma constitucional que consagra el derecho a la educación expresa: "Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación".
Entonces, legítimamente, cabe preguntarse si aquello significa que la comunidad debiera también opinar respecto a la posibilidad de que una menor de edad se someta a un aborto.
¡A nadie se le ocurriría emitir un juicio en tal sentido!
Ello, a mi entender, da bastantes luces sobre lo erróneo del planteamiento de los parlamentarios de la Alianza por Chile en orden a que se vulneraría el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos si se aprobara la norma, como lo hizo ayer la Comisión Mixta.
Deseo consignar que la disposición le proporciona una salida, al final del día, a la menor de 14 años que desea abortar con motivo de una violación y no cuenta con autorización para ello, sea porque su representante legal no es habido, sea porque le es negada. De esta forma, un tercero imparcial con conocimientos en la materia, como el juez de familia, se la podrá entregar en forma supletoria.
Concluyo señalando que vamos a apoyar el texto, porque, como lo he expresado en reiteradas ocasiones, creo que nuestra Constitución permite legislar en la materia.
Reitero un argumento: en ningún caso se consagra el aborto libre. Se sigue estableciendo un derecho para que la mujer pueda decidir, en tres situaciones muy puntuales, si lleva a término su embarazo o se somete a la otra intervención, lo que también es un reconocimiento, obviamente, del derecho a su dignidad.
El señor ROSSI.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A las 18:30.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, quisiera referirme a tres aspectos del proyecto, dos de los cuales mencionaré brevemente, para extenderme en el tercero.
El primero es la comprobación del doble estándar de muchos parlamentarios de la Nueva Mayoría -fundamentalmente, en la Cámara de Diputados- que critican duramente a los de Chile Vamos por recurrir al Tribunal Constitucional y afirman que eso significa vulnerar el derecho del Congreso, en democracia, a dictar leyes.
Quiero recordar que ellos han seguido el mismo camino en innumerables oportunidades, como se ha dicho, y que los integrantes del citado organismo jurisdiccional, modificado íntegramente, son elegidos por tres poderes del Estado: el Presidente de la República, el Legislativo y el Judicial.
Aquí no se puede usar dos sombreros. Cuando el propósito era derogar el control preventivo de identidad, no hubo ningún problema en que la función del Tribunal fuera valorada por los señores Diputados de la Nueva Mayoría que llegaron a esa instancia. Ahí valía. Mas no ocurre otro tanto si se trata de la Oposición actual.
Ese doble estándar no se puede admitir.
El Tribunal Constitucional existe en nuestro país desde 1970. En años posteriores fue utilizado varias veces por el propio Gobierno de Salvador Allende. Y la petición de que intervenga cuando se infringe la Carta Fundamental, según la opinión de algunos señores parlamentarios, es legítimo, lícito y bueno.
Por lo tanto, la descalificación parece absolutamente injustificada e inaceptable.
En seguida, en el Senado fueron rechazadas dos proposiciones respecto de la causal de la violación.
Una de ellas fue una indicación del Honorable señor Zaldívar en el sentido de que el juez tenía todas las posibilidades de dejar sin pena a la mujer que en tal caso, en forma dramática, recurriera a un aborto.
Pero no solo se trataba de eso. Su Señoría agregó -y nosotros lo respaldamos- que incluso estábamos en condiciones de incorporar la eximente de responsabilidad penal que expresamente dice relación con "El que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable.".
Lo digo porque es falso el planteamiento de que quienes estamos en contra de la causal queremos, en realidad, la cárcel para estas mujeres. ¡Eso no es verdad!
Repito que una norma decía relación ¡con una eximente de responsabilidad penal para ellas! Lo planteó ese señor Senador. El debate duró veinte horas y simplemente no se escuchó.
Y una indicación también de su autoría, menos radical que la anterior, le daba al juez la potestad definitiva de no aplicar ninguna pena en circunstancias en que existiera una grave afectación del honor de la víctima.
Por lo tanto, descarto el argumento usado en forma indebida, porque ninguno de nosotros pretende que la mujer que aborte por la causal de violación, en forma dramática, termine presa.
Y hubo otras opciones, pero simplemente no existió una oportunidad para que fueran acogidas, porque la mayoría se impone. No hubo ninguna voluntad de avanzar.
El tercer punto al que quiero referirme es el más delicado, a mi juicio. Todavía no he escuchado a alguien que pueda rebatirlo con profundidad, no con descalificaciones. El texto exhibe una gran falencia -y estimo que no es lo que quisieron los autores-: facilita la impunidad del violador.
Voy a ponerlo de una manera distinta: no contiene ninguna disposición para impedirla.
No creo que las damas presentes -en el ejercicio de su legítimo derecho, pueden ser partidarias del aborto, así como nosotros nos hallamos en la posición contraria- quieran ese resultado. Porque partiremos del supuesto de que nadie desea que un violador quede libre.
Y quiero demostrar por qué el proyecto no involucra ninguna norma de protección a la mujer violada.
Primero, se establece que cuando ella concurre a un centro médico para que se le practique un aborto por ese hecho, el médico jefe del establecimiento debe reportarle la información al fiscal, quien tiene el deber de iniciar una investigación. Ello no es voluntario.
Segundo, la mujer no está obligada a comparecer ante este último.
Me van a argumentar que hoy día ni siquiera tiene que hacer la denuncia. Pero, como se trata de mejorar las cosas y no de empeorarlas, veamos cómo protegerla del violador.
Como más del ochenta por ciento de estos delitos son cometidos por personas que habitan en el mismo hogar, de acuerdo con lo que me dijo hace un rato la señora Ministra, lo probable es que la afectada que vaya a someterse al aborto por la violación jamás delate -o será muy difícil que lo haga- al autor cercano a su familia o que viva en su casa, porque si pide que lo investiguen y tiene que volver a ese domicilio, sufrirá todo tipo de venganzas y seguramente de maltrato y violencia. Por lo tanto, estará intimidada, asustada, y no se atreverá a denunciar.
Ya conozco lo que se me opondrá: "Hoy día ocurre así". ¡Pero por qué no avanzamos en enfrentar la situación! ¿Por qué no quisieron hacerlo cuando planteamos que era absolutamente razonable establecer medidas especiales de protección? ¡Lo dije en la discusión general y en la discusión particular!
Era una cuestión de voluntad permitir que el fiscal tomase todas las decisiones necesarias al respecto, de tal manera de impedir que la mujer violada por alguien cercano a su hogar fuere objeto de venganza el día de mañana.
¡No hay una letra sobre el particular!
Como este es un debate en que distintas posiciones son legítimas, vamos a ver si en nuestro país realmente aumenta, disminuye o se mantiene el enorme número de violadores impunes.
Porque hay dos cuestiones separadas: una dice relación con la brutalidad del delito, y la otra, con la impunidad del autor. Esta última es la que a mí personalmente me preocupa.
Estoy seguro de que ninguno de los miembros del Senado quiere que los violadores queden impunes, pero se genera un círculo vicioso cuando no se adoptan medidas de protección para la mujer. En tal caso, ¿qué hará la que va a someterse a un aborto al haber sido violada por un familiar cercano que habita en la misma casa y el fiscal inicia una investigación en la que tendrá que interrogar, de oficio, a una cantidad de personas que probablemente también viven ahí?
¡El proyecto no contiene disposición alguna -repito- que establezca medidas de protección especial!
Revisé la agenda corta antidelincuencia, y solo se refiere a los testigos, no a los afectados por los delitos.
Los fiscales nos han dicho hasta la saciedad, en la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana y en la de Constitución, que se requiere urgentemente un estatuto de protección a las víctimas.
Esta era una gran oportunidad para avanzar en ello. Se lo planteamos al Gobierno. Sin embargo, no hay ninguna norma al respecto.
No creo que se haya procedido de mala fe, porque nadie va a querer que un violador quede impune. Pero, por desgracia, tengo que dejar constancia de que la forma como se redactó el articulado conducirá finalmente a que este, en el caso expuesto, goce de un grado de impunidad que no se justifica. El individuo actuará de manera reiterada contra la mujer que vive en la misma casa, la que, dramáticamente, irá a hacerse un aborto. Iniciada la investigación, ella no se atreverá nunca a denunciar, volverá a vivir en el mismo lugar después de la intervención y seguirá siendo violentada.
Alguien me dirá: "Eso mismo puede ocurrir hoy día". Pero la razón de la labor del legislador es avanzar en la solución del problema de la impunidad y no simplemente omitir disposiciones como las que señalo.
Hemos sostenido numerosos debates sobre la materia en los que se ha afirmado que no es verdad lo que exponemos; que ese efecto no se registra. El resultado es que el propio Gobierno ha cambiado muchas normas que no había que modificar, de acuerdo con lo que se nos dijo en el pasado. Y a mí me alegra, porque no creo que debiéramos transformar el asunto que nos ocupa en una pelea entre el Gobierno y la Oposición.
Solo quiero dejar testimonio de que, conforme a los estudios que he podido realizar y mis consultas a expertos en Derecho Penal, existe un vacío de la ley que lamentablemente permitirá que muchos violadores puedan mantener su delito en la impunidad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¡Es la última vez que le dirijo una advertencia el público presente!
Si no hay objeciones, el Honorable señor Patricio Walker me reemplazará por algunos minutos en la Presidencia.
--Pasa a presidir la sesión el Senador señor Patricio Walker, en calidad de Presidente accidental.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, llegamos al día final de la intervención de esta Corporación en el proyecto de ley sobre la despenalización de tres causales de interrupción del embarazo.
Agradeceré que Su Señoría ponga atención en lo que voy a expresar.
Considero que se equivocan quienes plantean que se trata de un asunto de carácter político.
Aquí escucho, de pronto, acusaciones cruzadas en cuanto a quienes han recurrido o a quienes quieren recurrir al Tribunal Constitucional por esta u otras materias. Los parlamentarios tendrán siempre todo el derecho del mundo para hacerlo cuando reúnan las firmas necesarias. Ese organismo es para verificar la constitucionalidad de nuestras leyes.
Lo que no corresponde al derecho de ninguno de ellos es politizar algo que tiene que ver con lo más profundo de una persona, como es la conciencia de la mujer, en este caso. ¡No es posible afirmar que quien se encuentre en alguna de las tres causales es de Izquierda, de Derecha o de Centro; de Oposición o de Gobierno! ¡Eso es absurdo! ¡La que se halla en tan dramática situación va a proceder con ley o sin ella, señoras Senadoras y señores Senadores!
La Corte de Apelaciones de Santiago abordó la semana recién pasada el caso de un médico expulsado de la Clínica Alemana y sancionado por el Colegio Médico al recetar misoprostol, medicamento que se vende a través de las páginas web y provoca un aborto. Esta es una realidad. El hecho ocurrió en 2012 en un establecimiento privado. Es un caso ya juzgado por los tribunales de justicia.
A eso estamos haciendo referencia. ¿Por qué no transparentamos lo que sucede en nuestro país?
¿Quiénes son hoy día las condenadas? ¿Quiénes son las penalizadas por alguna de las tres causales: inviabilidad fetal de carácter letal, o sea, incompatible con la vida; violación, que significa un drama -admiro a las que siguen adelante igual con el embarazo y comprendo a las que no lo hacen-, y riesgo vital?
Pido que la gente lea el proyecto en todas sus partes, porque es impresionante la cantidad de cosas dichas que no corresponden a la verdad.
Las tres causales de interrupción del embarazo son sumamente sensibles. ¿Ustedes creen que una mujer quiere encontrarse ante una de ellas? Lo dudo mucho.
Por eso, insisto en que el problema es humano y no político.
Y al menos confío en que nuestro Tribunal Constitucional no se dejará tironear políticamente ni para un sí ni para un no.
En ningún país occidental cristiano existen un organismo de esa índole o una Corte Suprema -y desafío a los Senadores presentes a demostrar lo contrario- que se haya pronunciado en contra de mujeres por las causales de interrupción del embarazo.
Y aludo a naciones tremendamente conservadoras en las que incluso no hay separación entre la Iglesia y el Estado, como las de Irlanda y de Italia, donde no hay ninguna jurisprudencia de sanciones penales en tal sentido por parte de dichas entidades.
No es cuestión del aborto libre ni de que una mujer utilizará la intervención por creer que constituye un método de planificación familiar. Porque no lo es.
Las tres causales son dramáticas. Las dos primeras involucran una incompatibilidad vital -en un caso, de la madre, y en el otro, de la criatura en gestación- y la tercera es la más compleja por mediar la violación.
No es real el argumento de que los progenitores no tienen nada que decir.
Ya lo mencionó el señor Presidente de la Comisión de Constitución. ¿Qué pasa cuando el padre es el violador?
Por eso es que le pregunté al Honorable señor Larraín si van a consultarle.
El señor LARRAÍN.- Es obvio que no.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Entonces, se trata de uno solo, no de ambos. La interrogante ya tiene una respuesta.
¿Qué pasa cuando ha tenido lugar una separación? Dependerá de si se vive con el padre, con la madre o con los abuelos.
En consecuencia, no nos hallamos ante la búsqueda de la impunidad de delitos, sino de transparentar una situación determinante, en la práctica, de la muerte o de la pérdida del derecho de ser madre producto de una intervención realizada a la mala, de manera ilegal y que involucra un ilícito.
¿Y quiénes son las perjudicadas y penalizadas? Nuestras mujeres de clase media, de la clase trabajadora y las más pobres. ¡Hay un manto de hipocresía total!
Si alguien de recursos incurriera en alguna de estas tres causales, ¿qué haría su familia? Para que no se cometiera un delito, le proporcionaría un viaje a Canadá, a Brasil.
Si se presenta una inviabilidad fetal de carácter letal y la madre quiere seguir adelante con el embarazo y conocer a su hijo, ¡bien por ella!
¿Y vamos a criminalizarla si no es capaz de enfrentarlo? ¿La penalizaremos, como ocurre hoy día, en circunstancias de que puede contar con recursos y su familia llevarla a Brasil para superar el problema?
Si carece de medios, ¿qué tiene que hacer? ¡Dejarse manosear por cualquiera que la intervenga y perder incluso la posibilidad de ser madre después!
¡Estamos legislando acerca de eso! Y esta es la realidad.
Por lo tanto, como madre, como mujer, me siento profundamente responsable de que cada una, como persona autónoma y responsable, resuelva en el seno familiar conforme a su conciencia, sus valores, su fe religiosa, su espiritualidad, sin coerción ni del Estado ni de ningún grupo. Y lo anterior, apoyada, en el caso del acompañamiento, por organismos estatales o privados. Estoy convencida de que eso es lo correcto.
Entonces, me la juego por esta decisión, pues creo en las mujeres.
Estimo que ellas deben resolver de acuerdo con su formación y creencia.
¡Y que nadie indique con el dedo ni a las que decidan, en forma heroica, seguir adelante con un embarazo causado por una violación y arriesgar su vida, ni a aquellas que resuelven interrumpirlo!
Por esa razón, voto a favor del informe de la Comisión Mixta.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- ¡Silencio en las tribunas!
No corresponde emitir manifestaciones.
El señor HARBOE.- Señor Presidente.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- Está inscrito a continuación el Senador señor Chahuán.
El señor HARBOE.- Quiero plantear un punto reglamentario.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- Tiene la palabra, Su Señoría, a ese efecto.
Señor Presidente, ha habido varias intervenciones. En la mitad de ellas, en las que se ha hablado a favor de este proyecto, las mismas señoras en tribunas han realizado manifestaciones.
Anteriormente, el Presidente titular del Senado les advirtió en dos oportunidades que ello está prohibido.
Le pido que ojalá solicite el desalojo de esas personas para que sigamos un debate razonable.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- Hago presente a los asistentes en las tribunas que el Reglamento prohíbe estrictamente hacer manifestaciones.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, se está legislando sobre uno de los temas -yo diría- más importantes que ha pasado por el Congreso Nacional en los últimos años.
La materia se relaciona con la necesidad ineludible de preservar el derecho madre, el derecho basal, el derecho sobre el cual se construyen todos los demás: el derecho del que está por nacer.
Tal como señalaron en su oportunidad las dos Ministras de Salud de la actual Administración, este no es un problema de salud pública. Chile cuenta con la segunda mejor cifra de salud materna del continente: mejor incluso que Estados Unidos, solo superado por Canadá.
En ese contexto, se afirmó que en este proyecto iba a primar una idea matriz: el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo.
Nosotros, que somos progresistas, señalamos que los derechos de una persona terminan cuando comienzan los de otros y reconocemos en el vientre materno un ser único, irrepetible, trascendente, con dignidad y derechos que deben ser cautelados.
Nuestro marco legal y constitucional se afianza en los instrumentos internacionales vigentes ratificados por Chile, como el Pacto de San José de Costa Rica, el cual establece que los países que lo suscriben deben propender a la defensa de la vida desde la concepción.
Por eso la iniciativa en análisis es tan relevante.
Además, estuvimos dispuestos a llevar a la letra de la ley el concepto de la lex artis medica (ley de la práctica médica) a efectos de salvaguardar las responsabilidades de los equipos sanitarios cuando enfrenten situaciones de crisis en las hipótesis que plantea el proyecto.
Se señaló, a través de una indicación que suscribieron los Senadores Zaldívar y Patricio Walker y tantos otros colegas de Chile Vamos respecto de la primera causal, que era posible incluir en el texto legal la práctica médica.
Hoy día no se sanciona a ningún equipo sanitario que, por realizar una intervención para salvar la vida de una madre embarazada, interrumpe el embarazo como un efecto no deseado ni buscado. Nuestra legislación penaliza al que maliciosamente, dolosamente, interrumpe un embarazo.
Pues bien, respecto de dicha indicación, las Ministras que han analizado esta materia, en particular la de la Mujer y la Equidad de Género, señalaron que su contenido no era parte de las ideas matrices del proyecto.
¡Cómo no va a ser parte de las ideas matrices legislar a ese respecto!
¡Se nos pidió en la Comisión de Salud que declaráramos inadmisible esa indicación!
Eso revela, nada más y nada menos, cuál es el objetivo final de esta iniciativa.
Del mismo modo, se presentó una indicación en la segunda causal que buscaba también llevar a la letra de la ley la práctica médica. ¿Para qué? Para adelantar el parto a partir de la semana 22, en determinadas condiciones del feto. Se nos dijo que no. Y se reiteró que ello era incompatible con las ideas matrices del proyecto.
Claramente, estamos frente a una visión que pretende poner sobre la mesa el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo.
Además, durante el debate se señaló incluso que había un derecho a abortar consagrado constitucionalmente.
¡No hay ningún instrumento internacional que establezca el derecho a interrumpir una vida intrauterina como una prestación de salud!
Dicho lo anterior, entremos a la fase final: resolver la discrepancia ocurrida entre ambas Cámaras respecto de una materia que nos parece relevante de abordar.
Una mujer menor de 14 años no tiene la capacidad legal de consentir una relación sexual. Esta es entendida por nuestra legislación penal como una violación impropia.
Algunos señores Senadores han señalado claramente que eso no solo abre la puerta al aborto libre respecto de la menor de 14 años, sino que también genera una discusión sobre una norma que tuvo su historia al inicio de esta tramitación legislativa, a lo cual deseo hacer referencia.
En el proyecto original, presentado en la Cámara de Diputados, se contemplaba la alternativa de un procedimiento judicial.
¿Qué se planteó en la Cámara Baja? La siguiente hipótesis: una menor de 14 años embarazada que desea interrumpir una vida intrauterina y no cuenta con el consentimiento de sus padres debía recurrir ante un juez con competencia en familia para que este interprete el interés superior de la niña.
Pues bien, en esa instancia la norma fue rechazada con el voto de los Diputados democratacristianos más los de Chile Vamos.
¿Qué generó eso? Que cuando se inició la discusión de la iniciativa en el Senado los propios asesores de los Ministros dijeron: "Mire, como en este caso no tenemos los votos para aprobar la alternativa del procedimiento judicial, vamos a saltarnos esta opción y estableceremos que un médico, un facultativo, podrá interpretar el interés superior del niño".
¡Un médico, un facultativo, podría interpretar el interés superior del niño!
¡Quién se hacía responsable en caso de que en ese procedimiento sanitario, en esa prestación médica, se generara alguna dificultad!
¿Sería responsable el Estado?
¿Sería responsable el equipo médico?
¿Quién respondía finalmente por la salud de esa menor?
En la Comisión de Constitución, escuchadas las argumentaciones del Senador Espina -por su intermedio, señor Presidente-, se estableció que efectivamente una menor de 14 años no tiene capacidad para consentir una relación sexual. Pero ahí se abre una situación compleja: pese a no contar con capacidad para consentir, sí podía tomar la decisión de interrumpir una vida intrauterina.
Pues bien, llegado a ese punto, hemos sostenido que, sin lugar a dudas, la iniciativa genera dos complejidades: primero, abre la puerta al aborto libre en las menores de 14 años, puesto que no se distinguen las causales que se aplican y, segundo, vulnera el derecho a la corresponsabilidad de los padres y el derecho preferente de ellos a educar a sus hijos.
Esas son las dos principales complejidades.
Tal derecho, por lo demás, está consagrado en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo.
Por lo tanto, es un tema relevante.
Se nos ha dicho que, en virtud del principio de autonomía progresiva, la menor de 14 años podría tomar la decisión de interrumpir el embarazo. Sin embargo, conforme a ese mismo principio, esa misma menor no puede decidir qué comprar durante el recreo en su liceo y tampoco adquirir un cigarrillo.
¡Pero sí puede tomar la decisión de interrumpir una vida intrauterina!
Nosotros presentamos, como Chile Vamos, un proyecto de ley alternativo. Nos habría gustado que el Ejecutivo hubiese estado dispuesto a escucharnos a ese respecto. Era una iniciativa sobre protección integral de la maternidad, que asumía como pieza angular la necesidad de establecer el derecho a acompañamiento a las mujeres con embarazos complejos.
¡Porque a la mujer no se la puede dejar sola!
Y ahí estamos todos de acuerdo.
¡No es admisible un marco legal y constitucional que vele y opte por la vida, pero deje a la mujer en el más completo abandono!
Y en eso coincidimos todos.
Por eso nosotros pedimos un acompañamiento real: económico, psicológico, con preferencia de horas médicas tanto durante el embarazo como después del parto.
Pero eso hoy día no ocurre, porque tenemos un Estado fallido en esa materia. ¡Un Estado fallido!
Además, enfrentamos una dificultad adicional.
El señor WALKER, don Patricio (Presidente accidental).- Sí, señor Senador.
¿Qué se requiere entonces? Entender que el Estado no es neutro. Este debe velar por la protección de la maternidad.
El proyecto de ley que presentamos los Senadores de Chile Vamos buscaba no solo crear un sistema de acompañamiento integral, sino también modificar una serie de cuerpos legales. Se pretendía, por ejemplo, perfeccionar la Ley de Adopción a efectos de establecer un plazo más acotado para la declaración de susceptibilidad; incluir la posibilidad de tener parejas o padres acompañantes, y velar para que las prestaciones de salud en ese ámbito estuviesen garantizadas.
Señor Presidente, creo que hoy día está siendo vulnerado el derecho más importante, el derecho basal: el derecho a la vida del que está por nacer.
Por eso, voto en contra del informe de la Comisión Mixta.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, esta discusión es terapéutica para el Senado, para el Congreso y para la sociedad chilena, porque dice relación con aspectos culturales y antropológicos.
La situación actual solo tenía justificación en el pasado, especialmente durante nuestro proceso evolutivo y la historia de los primeros sapiens y de los sapiens modernos también, quienes vivían bajo la perspectiva tribal y donde el rol de la mujer estaba orientado y condicionado, fundamentalmente, a las tareas del hogar y a la reproducción.
Esa lógica se ha mantenido a lo largo de la historia y ha sido refrendada por las visiones religiosas. Hace dos mil años era normal concebir el papel de la mujer en la sociedad orientado a la reproducción y a las tareas familiares, mientras que el hombre debía defender, procurar la alimentación, servir en el ejército, etcétera.
De hecho, cuando uno mira las distintas religiones, particularmente las cristianas, nota una primacía del rol del hombre por sobre el de la mujer.
Y eso se ha mantenido culturalmente a lo largo de la historia de la humanidad.
Sin embargo, el problema es que persistir en esa cultura y en esa visión antropológica finalmente implica una condena de por vida para la mujer al ámbito de lo privado y un impedimento para participar en lo público. En cierta manera, es prisionera de esa visión cultural machista.
Creo que ya es tiempo de que eso evolucione.
Por lo mismo, siempre los sectores conservadores, que quieren mantener esa posición cultural, se han opuesto a todo mecanismo que propicie la liberación de la mujer.
¿Y esta en qué consiste? En su liberación sexual. Cuando la mujer libera su sexualidad, se deshace de aquellas ataduras. Entonces las tareas de la familia y de lo privado empiezan a ser compartidas con los hombres, aunque hoy día, en pleno siglo XXI, esos roles siguen siendo monopólicos de la mujer y no participativos para los hombres.
Ustedes, las bancadas de enfrente, se han opuesto sistemáticamente a todo lo que significa la liberación de la mujer en esas materias.
¡Por eso se opusieron a que en Chile se impartiera educación sexual!
¡Por eso se opusieron al condón, que nunca fue abortivo!
¡Por eso los mismos que hoy día recurren por este proyecto al Tribunal Constitucional antes lo hicieron contra la píldora del día después y la "te" de cobre!
¿Por qué? Porque ese es el mecanismo que usan para mantener un yugo sobre la mujer, por cuanto conciben que la responsabilidad principal de esta recae en las tareas del hogar.
¡No vaya la mujer a involucrarse en otras funciones que no sean las esenciales, especialísimas y de privilegio relativas a la maternidad y al rol de la familia...!
Por eso dichos sectores en su minuto se opusieron a que las mujeres participaran y votaran en las elecciones.
¡Esta es una larga historia de lucha!
De lo que estamos hablando acá es de si la mujer en Chile va tener el estatus de persona. No se trata solo del derecho a decidir en relación con un embarazo, sino de si la mujer podrá liberarse de ese condicionamiento cultural, de ese prototipo que la obliga a dedicarse preferencialmente a las tareas de lo privado y no de lo público.
Y el derecho básico que le permite a la mujer concretar ese ejercicio es el de liberar su sexualidad y decidir en los aspectos que consagra este proyecto.
¡Por eso privan a la mujer de esa libertad!
¡Por eso el embarazo adquiere un rol de supremacía: porque forma parte de la esencia misma del rol que se le atribuye a la mujer!
En definitiva, una mujer embarazada es objeto de una muerte civil. ¡No tiene derecho a decidir!
Lo que hacen los sectores conservadores machistas es transformar a la mujer en una cosa, en un útero, que pierde toda su dimensión de persona, su dimensión psicológica, su dimensión social.
¡De eso tenemos que liberar hoy día a la mujer!
Incluso, cuando se habla de violación, se dice: "¡No! Es que las mujeres tienen que pensar antes, tienen que prevenir".
Pero ¿qué pasa cuando hay violación? ¡La mujer no decide nada! ¡Es el violador el que decide!
Cuando se le impide a ella tomar la decisión de con quién tiene un coito o de si acepta la anidación de ese óvulo fecundado, en cierta manera se está relativizando el hecho de la violación, ¡porque se considera más importante el embarazo que el violador!, ¡porque se considera más importante el hecho de estar embarazada que la tortura de la que esa mujer fue objeto!
¡Tal visión es un premio al violador y una señal de complacencia hacia el hecho de la violación, que es un acto de tortura!
Ciertamente la violación es un acto de tortura, y nadie puede tener un hijo producto de una circunstancia de esa naturaleza, a menos que sea deseado.
Cuando se condena a una mujer que ha sido violada a la cárcel por ejercer un derecho, se comete un acto de tortura. ¡Eso dicen todos los organismos de derechos humanos! En Chile el Estado comete tortura cuando castiga a una mujer con presidio por esa situación.
Y es cierto que en nuestro país hay prisión por ese motivo. Basta revisar el Código Penal para darse cuenta de que contempla penas de cárcel para la mujer que decide ejercer el derecho del que estamos hablando.
Entonces, es evidente que aquí estamos frente a una situación relevante.
Aquí los sectores conservadores han intentado establecer que un ser humano completo, una persona con vida psicológica, con vida social, con vida emocional, tiene los mismos derechos que un óvulo fecundado.
¡Eso es una aberración! ¡Es una aberración desde el punto de vista de hacerlo obligatorio!
Yo entiendo esa postura bajo el prisma de una concepción religiosa. Pero ustedes no pueden imponerle a toda la sociedad un criterio que la ciencia jamás ha avalado.
En el mundo occidental, en el mundo democrático, incluso en muchos lugares fuera de occidente, se ha consagrado con claridad que la persona tiene un derecho jerárquicamente superior al de un óvulo fecundado.
En la actualidad los avances científicos, como la reprogramación celular mediante la tecnología CRISPR-Cas9, permiten que cualquier célula del organismo pueda dar origen a un ser humano completo.
¡Eso es algo aberrante, y lo será aún más hacia el futuro!
Pero, además, ni siquiera ustedes practican lo que predican. Porque, cuando se trata de discutir sobre el riesgo de vida de la madre, hasta los sectores conservadores entienden que existe una jerarquía y que ese óvulo fecundado no tiene el mismo valor que la vida materna. ¡Y ahí sí que están dispuestos a apoyar la norma! ¡Y ahí, claro, dejan de llamarlo "aborto" y utilizan un eufemismo!
Sin embargo, eso también es una interrupción del embarazo, y para ese caso no hay justificación alguna. Es tan de sentido común que cuando está en riesgo la vida materna debe privilegiársela a ella y no al óvulo fecundado que se les cae toda la argumentación.
Además, me parece patológico que, frente a un feto inviable, que carece de posibilidades de vivir, hagan la del "perro del hortelano": no comen ni dejan comer. Porque a un óvulo fecundado sin opciones de sobrevivencia quieren darle el mismo estatus que a la mujer, que constituye un ser humano completo.
Son situaciones que realmente rayan en algo que resulta incomprensible en el siglo XXI.
Yo no digo que no sea respetable para quienes sustentan esa postura, pero, ¿por qué imponérsela al resto de la sociedad? Existe una visión autoritaria de no respetar al legítimo otro en un tema valórico. Nunca nos vamos a poner de acuerdo en el origen de la vida los que creen en un origen divino (los creacionistas) y aquellos que creemos en la evolución.
¡Hasta el Papa es más progresista! ¡Hasta la Laudato si' es más progresista que los sectores conservadores de nuestra sociedad, pues hasta el Papa reconoce la evolución! Porque tenemos un Papa moderno, mucho más moderno que varios de nuestros sectores más conservadores.
Esta es una institución democrática. ¿Por qué recurrir al Tribunal Constitucional? ¿Por qué, cuando no logran ganar en democracia, cuando no logran sobreponerse a aquellos que representamos la soberanía popular, se instrumentaliza un Poder del Estado para consagrar el derecho o la visión de una minoría que no es legítima?
Y no lo digo solo porque una posición sea mayoritaria en la sociedad, sino porque la democracia representativa se da en un órgano democrático, que constituye la representación de la soberanía popular.
Claro, ya lo hicieron tranquilamente en el pasado contra la píldora del día después y contra la "te" de cobre, y hoy lo vuelven a hacer contra un derecho fundamental.
Acá estamos hablando de mínimos civilizatorios, de mínimos democráticos. Chile es uno de los seis países en el planeta que comete esta aberración, esta violación de los derechos humanos, que atenta contra la mujer, que la considera una cosa y no una persona.
Es una verdadera lástima que estemos en esta discusión y no incursionemos en debates que vayan más allá.
Para mí, una mujer es siempre sujeto de derecho. Ella nunca pierde su derecho a decidir, en ninguna circunstancia, por ser persona. Y nunca lo va a perder frente a un germen de vida como lo es un óvulo fecundado, que no es persona, porque no tiene vida social, porque no tiene vida psicológica, porque no tiene vida emocional.
Evidentemente, yo estoy por el aborto, con plazos. No estamos discutiendo eso, pero este es un mínimo democrático.
¡Le están haciendo un tremendo daño a la sociedad!
Para mí, este es un momento de triunfo, porque ha triunfado la democracia, la razón y la diversidad, tan necesarias.
La señora GOIC.- Señor Presidente, estamos llegando al final del debate de este proyecto, el que, sin duda, ha sido complejo. Ha sido largo, intenso, con posiciones que probablemente, como muchos han señalado, no se van a encontrar. Pero yo quiero reiterar que esta dificultad ya estaba, porque estamos frente a una iniciativa que nos pone en los límites, que nos pone en circunstancias excepcionales.
A mi juicio, eso es lo importante, pues, en mi caso, la respaldo en situaciones donde, por supuesto, se enfrentan dos objetivos, dos personas legítimas, dos realidades diría más bien: la realidad de una mujer a la que no se le puede pedir una conducta heroica y donde lo más importante es respetar su decisión, desde lo más íntimo, y la realidad de una vida que en muchos casos puede prolongarse.
El conflicto está ahí, en que uno no puede separar esa vida que se inicia en la mujer, con toda su dignidad, como en ocasiones pareciera plantearse en el debate.
Yo quedo contenta con el texto que hoy despachamos como proyecto. Creo que es muy distinto del que inicialmente se nos presentó. Y nos ha hecho enfrentar una realidad que muchas veces tratamos de invisibilizar; una realidad donde casi siempre resultan invisibilizadas las mujeres, a quienes se las castiga, se las victimiza, se las vuelve a vulnerar. Y esa es, sin duda, una ganancia del debate que hemos tenido y de la respuesta que democráticamente aquí hemos discutido y votado, y que yo espero que prospere.
El cambio en la pena que hoy día existe: esa es la respuesta a las mujeres que se hallen en las tres situaciones límite: cuando esté en riesgo su vida; cuando tenga un diagnóstico doloroso de inviabilidad, y cuando su embarazo sea producto de una violación.
Hoy día es discutible si se van o no a la cárcel, pero no existe ninguna duda de que la respuesta que damos, como Estado, es la cárcel. Y ahora la estamos cambiando por una política pública que acoge a la mujer, que la acompaña.
Y yo nuevamente quiero hacer un reconocimiento: al trabajo realizado por las bancadas de la Democracia Cristiana, tanto en la Cámara como en el Senado; a las diversas iniciativas que nuestros parlamentarios presentaron en la misma línea; a la buena disposición del Gobierno y del equipo de cada uno de los Ministerios para trabajar en un programa de acompañamiento que representa una política pública que vamos a tener que seguir fortaleciendo y que no solo garantiza un derecho para las mujeres, independiente de su sistema de salud, sino que también es respetuosa de su decisión.
Este no es un proyecto que busque promover el aborto o que las mujeres terminen con su embarazo: busca acogerlas en su decisión más íntima, enfrentadas a una realidad que es dramática, no solo para ellas, sino también, muchas veces, para sus parejas y sus familias. Incluso, en la discusión se abrió la posibilidad de que el acompañamiento lo ejercieran o ejecutaran otras organizaciones. Y probablemente es algo que vamos a tener que seguir perfeccionando.
Uno aspira a una sociedad donde, frente a situaciones complejas, difíciles, podamos dar respuestas; no a una sociedad donde nos tapemos los ojos, donde enjuiciemos al otro, sino a una sociedad que efectivamente se haga cargo de nuestros dolores.
Hoy día lo que estamos haciendo es reponer la normativa para las menores, lo que quizás es el tema más duro, más complejo. Hablamos de realidades donde las niñas son violadas por familiares, la mayor parte de las veces en sus casas y bajo el silencio cómplice de quienes deberían protegerlas.
Yo entiendo las dificultades que ello nos pone. Estamos hablando, además, de niñas que inician su actividad sexual mucho antes, con mayor precocidad. Sin embargo, siento que lo que estamos haciendo, como país, es sacarnos la venda de los ojos frente a realidades que por lo general tratamos de callar. Ahora las vamos a enfrentar.
Si el proyecto, así como está, permite que niñas violadas y vulneradas en la soledad sean acompañadas, constituye un paso. Pero vamos a tener que seguir apoyándolas, vamos a tener que seguir buscando mecanismos para fortalecer una política pública que evite que esas situaciones se repitan.
Evitar los abortos que se van a seguir produciendo porque quedan fuera de las tres causales debe ser el siguiente paso que demos, generando espacios de confianza, que muchas veces hoy no existen, que les permita a las adolescentes tomar una decisión responsable respecto de su sexualidad activa, no enfrentar el temor a un castigo, y atreverse a plantear lo que les está pasando.
Repito: muchas situaciones que quedan fuera de las tres causales van a seguir ocurriendo en nuestro país.
Yo espero que tras este debate nosotros avancemos en algo que compartimos y en lo cual, sin duda, existe unanimidad: la prevención y protección de la maternidad.
Pero quiero insistir en que ahora estamos entregando una herramienta importante, que reivindica a las mujeres y a las familias en situaciones difíciles, y que respeta tanto a aquellas que, legítimamente, deciden continuar, apoyándolas y acompañándolas, como a las que, por situaciones muy personales, no son capaces de seguir adelante.
Termino reiterando la necesidad de seguir potenciando el acompañamiento. Creo que esa es la vía: la de la acogida, la de poner los recursos del Estado en función de las mujeres, en función de las familias.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, hoy día venimos a discutir acá el informe de la Comisión Mixta, pero el debate tiende -y yo lo entiendo, naturalmente- a irse a la discusión más de fondo.
Hemos hablado antes a propósito de esta materia varias veces. Está en las actas del Senado y, tan o más importante desde el punto de vista comunicacional, está en los cuatro o cinco videos de Youtube que debe tener cada uno de nosotros, donde abundan las intervenciones que hicimos durante los últimos quince días o tres semanas con motivo del proyecto que regula la despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales.
Creo que fue el Senador Larraín quien pidió, de manera correcta a mi juicio, no ensuciar el debate. Yo le encuentro razón. El tema es muy apasionante, pero estoy de acuerdo con mi colega.
Yo tal vez me he equivocado a ratos -espero que no- y cuando hablé por primera vez dije que este era un asunto superdelicado, en el cual no me sentía con la verdad.
Yo no tengo la verdad, pero tampoco se la concedo a nadie aquí. Tengo una opinión, que es distinto. Y una responsabilidad, que es marcar acá cómo voy a votar en esta materia.
Por la misma razón, cuando se pide acá no ensuciar el debate, a mí no me gusta que me digan que no soy provida. ¡No, yo soy provida! Estoy a favor de la vida de una mujer de carne y hueso, que existe y que tal vez está enfrentada a perder su vida por un embarazo inviable, o de la vida de una mujer, adulta, joven o niña, que ha sido violada. Esas vidas me preocupan también.
En cuanto a la vida del que está por nacer, la misma Constitución lo dice: "del que está por nacer". Habla de "el que". No lo define como persona, ni la Constitución ni la ley. Y eso es así en todas las legislaciones del mundo, porque es distinto un nonato de una persona que ya existe. Y tanto es así, que se puede analizar la discusión que hubo acá con la famosa "indicación Zaldívar" -con su permiso, señor Presidente-.
¿Qué hacía dicha indicación, en el fondo? Reponía el aborto terapéutico que existió en Chile durante 58 años, desde 1931 hasta 1989, aunque un poquito más acotado, porque solo lo permitía en el caso de peligro letal para la madre, no en los casos de simple peligro para su salud.
Entonces, yo pregunto: ¿por qué esa indicación se planteó ahora y durante 25 años, cuando algunos quisimos reponer el aborto terapéutico, se votó en contra? Yo ya era Senador cuando aprobé una iniciativa similar, que finalmente fue rechazada.
Y la "indicación Zaldívar" describía lo mismo que hacen los médicos cuando tienen que optar entre dos bienes jurídicos -para ponerlo en legal, porque aquí siempre hablamos en términos legales-: entre la vida del que está por nacer ("el que", sin definir si es persona o no) y una vida humana real, que es la de la mujer.
¿Qué se argumentó acá? La lex artis -suena más elegante, pero, en el fondo, es la práctica médica- hace que los médicos nunca se pierdan. Creo que fue el Senador Francisco Chahuán, allá enfrente, quien afirmó: "Si los doctores nunca se pierden, y entre la vida de la madre y la del que está por nacer siempre prefieren la vida de la madre, no hay para qué legislar".
¡Cómo no vamos a legislar! ¡Al contrario, pues!
En consecuencia, acá ha habido un cambio -quiero decirlo-, que yo valoro, en un sector de la sociedad chilena que siempre ha andado rezagado en estos pasos, para no ser tan peyorativo. Ha andado rezagado como tres pasos detrás de la sociedad chilena históricamente. Estuvo rezagado en el divorcio; estuvo rezagado en materia de hijos ilegítimos; estuvo rezagado en la píldora del día después, y estuvo rezagado en un tema que siempre pongo, porque me gusta: el de la instrucción primaria obligatoria, a principios del siglo XX. La Derecha chilena retrasó nueve años esa ley, que aseguraba que los niños asistieran obligatoriamente al colegio hasta cuarto básico, porque tenía una mirada distinta. Y yo siento que se ha quedado atrás.
Dicho eso, pienso que el problema ni siquiera es el Tribunal Constitucional en cuanto tal. Es legítimo recurrir a él. Cualquiera puede hacerlo. Yo lo hice a propósito de la Ley de Pesca. Me fue más o menos bien en una parte y en otra no me fue bien. Pero el punto no es el Tribunal perse; es su composición, que obedece al sistema binominal: "tú nombras uno, yo nombro otro". Hoy es reflejo de dicho sistema y no de la sociedad chilena. Esa es la verdad.
Está en la Constitución. Y cuando hablamos de temas reales, ¡eso es! ¿Por qué yo la quiero cambiar? Si le digo esto a cualquier persona en el cerro Barón, en Placilla, en Barrancas (San Antonio), me responden: "Senador, yo tengo problemas más importantes: el consultorio, el abuso sexual, las jóvenes embarazadas".
¿Saben por qué me gusta esta discusión? Creo que fue una Senadora la que, a propósito del Tribunal Constitucional, reclamó: "No politicemos el debate". Y nos llamó a todos a mirarlo distinto. Me parece que fue la Senadora Lily Pérez. Y yo entendí adónde apuntaba su discurso. Pero, a mi juicio, es todo lo contrario: este es uno de los temas que yo más politizaría en Chile, pues visibiliza lo que hacemos acá en un asunto concreto, que le llega a la gente adentro. ¿O ustedes creen que no le llega a la gente cuando le cuentan que una joven violada no tiene la posibilidad de que el Estado la ayude a tomar una decisión y debe irse presa?
Lo mismo ocurre en el caso de la inviabilidad fetal. ¿O ustedes le van a pedir a una mujer que concurra cada diez días a un consultorio para que finalmente le digan: "El feto inviable ya murió. En consecuencia, recién ahora vamos a interrumpir su embarazo para poder extraerlo"? ¡Algo que iba a ser inviable, y sin embargo no se le da la posibilidad!
Este es un tema esencialmente político. Y creo que nuestro deber es debatirlo, conversarlo, escuchar la opinión de los chilenos, la nuestra propia y, al mismo tiempo, socializar cómo vamos a votar acá, así como la mirada que tenemos de la sociedad chilena, porque nuestra pega, supuestamente, es la de representar a nuestros ciudadanos y ciudadanas; para empezar, a aquellos que nos dieron su respaldo, que yo no sé quiénes son, pero que intuyo cómo piensan, atendido que les di a conocer mis discursos cuando les pedí el apoyo, entre los cuales estaba, sin duda, el relativo a la interrupción del embarazo.
Entonces, este es un tema político, de los mejores que hay que discutir. Y que cae en un buen año, porque este 2017 nosotros tenemos que elegir, del mismo modo como ahora yo tengo que pronunciarme "sí" o "no" al informe de la Comisión Mixta, "sí" o "no" a que una joven pueda decidir si interrumpe su embarazo. Tal vez alguna diga: "Yo llevo mi embarazo a término y voy a ser madre, aunque sea producto de una violación, o aunque con ello ponga en peligro mi vida".
Todo eso hay que socializarlo, hay que contar cómo uno vota, porque, si no, la gente piensa que nosotros no hacemos nada acá. Y este debate da para eso, pues les llega a la médula a las chilenas y a los chilenos.
Las mujeres contrarias al aborto, tal vez por respeto, no le hablan a uno. Y yo lo entiendo. Dicen: "Él está a favor de la interrupción del embarazo en tres causales. ¡Para qué le voy a decir algo!". Pero las que están a favor levantan la mano. Creo que son muchas. Y, aunque fueran pocas, de igual modo instaría a quienes hoy día van a votar en contra a que defendieran su posición con fuerza, en forma transparente y dijeran: "Yo rechazo la interrupción del embarazo en tres causales. ¡Y a mucha honra!".
Yo veo a un sector muy sólido en eso. Puede que no sea mayoritario, pero es sólido. En la Cámara de Diputados votaron como tabla en contra. Lo mismo hicieron aquí, con un candidato que se quedó callado mientras nosotros desarrollábamos este debate.
Me parece que eso es malo.
¡Uno tiene que visibilizar lo que piensa! Los que quieren liderar a Chile deben señalar lo que piensan en esta materia. Pero uno se quedó callado; no dijo nada en toda la semana. Salió con una conferencia de prensa el día sábado, después de que habíamos votado.
El señor ESPINA.- ¿Quién?
El señor LAGOS.- El Presidente Sebastián Piñera.
El señor PROKURICA.- ¡Está equivocado, Senador Lagos!
El señor LAGOS.- ¡Pero por favor! ¡Fue así!
El señor PROKURICA.- ¡Está equivocado!
El señor LAGOS.- ¡No, Senador, no estoy equivocado! Esa semana no pronunció una palabra y estuvo acá, en el Senado.
El señor MONTES.- ¡Que no lo interrumpan, señor Presidente!
El señor LAGOS.- ¡Sí, que no me interrumpan! ¡Después tendrán derecho a decirme lo que quieran!
A lo que voy, señor Presidente, es a que este es un tema por esencia político, por el cual nos van a medir. Y eso es bueno, porque de repente hay mucha gente que tal vez piensa como ustedes y yo puedo estar equivocado, porque, como dije, no tengo la verdad, pero sí una opinión. Y siento que a uno lo eligen para eso: para tomar decisiones, para liderar. ¡Para eso nos dieron su respaldo!
Desde ese punto de vista, señor Presidente, voy a votar favorablemente. No tengo la verdad en esta materia, aunque sí una opinión fuerte. Estoy convencido de lo que pienso y creo interpretar a mucha gente.
Lamento que durante 25 años, cuando quisimos reponer el aborto terapéutico, nos hayan dicho que no; sin embargo, a la hora nona, cuando ven que una mayoría va a aprobar las tres causales, aparecen, ya en forma muy tardía, para reponer el aborto terapéutico.
Por eso, pienso que hay un sector que camina varios pasos atrás de la sociedad chilena. Pero está bien: son cosas que cuestan. Es como cuando en su momento hablamos de los derechos de los homosexuales. ¡Costó tanto conseguir el acuerdo de unión civil! No se pudo sacar en el Gobierno anterior, hasta que finalmente salió.
Sé, señor Presidente, que estas cosas a veces generan disconformidad y estrés; no obstante, hay que decirlas porque, si no, la política nunca va avanzar y todos vamos a seguir metidos en lo que estamos a diario, que a veces es difícil de explicar. Esto, sin embargo, se expresa bien ante los ojos de los chilenos. Todos tienen opinión. No es la misma, pero todos tienen opinión acerca de esta materia. Con la reforma tributaria se confundían un poco. ¡Hasta nosotros nos confundimos! En este tipo de temas, eso sí, estamos claritos. Podemos estar equivocados, pero sabemos lo que queremos. Y por eso es importante expresarlo y votar en consecuencia.
Señor Presidente, ¡por favor!, a las personas que están en las tribunas se les ha advertido cinco veces. Usted lo hizo en tres ocasiones, y el Senador Patricio Walker, en dos.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito guardar silencio a las tribunas.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, quisiera hacer un par de comentarios en relación con el importante debate que estamos sosteniendo.
La verdad es que las exposiciones de algunos colegas parecen querer revivir todo lo que hemos estado discutiendo durante las últimas semanas, lo cual puede resultar un poco reiterativo.
Quiero centrarme básicamente en lo que estamos votando hoy para evidenciar la incongruencia que existiría si nos pronunciáramos positivamente acerca de este texto.
Sin embargo, varios señores Senadores se han referido al tema del Tribunal Constitucional. Y, tal como expresé durante la sesión anterior, yo no voy a recurrir a ese Tribunal en este caso porque considero que la causal número 1), el aborto terapéutico, no es aborto y, en consecuencia, no me parece jurídicamente coherente hacerlo.
Pero una y otra vez aparece el tema del Tribunal Constitucional, y la verdad es que esta es una muy buena oportunidad para que, como ha señalado el Senador Lagos Weber -por su intermedio, señor Presidente-, aclaremos las posiciones, pues la ambigüedad de las bancadas del frente con relación a esta materia es completa.
El asunto aquí es muy simple: hay quienes creemos en la democracia constitucional. Esta, que existe en Chile desde 1970, significa algo muy simple: que si el Congreso legisla violando la Carta Fundamental, hay un órgano constitucional que lo revisa.
Este punto es el que las bancadas del frente no se allanan a admitir en un sentido o en otro, y caen en una completa ambigüedad.
Es muy simple: los que creen en la democracia constitucional sostienen que debe haber un organismo que, cuando se legisla violando la Carta Fundamental, puede revisar esa decisión. Así funcionan la mayoría de las democracias en el mundo. Por ejemplo, gran parte de las europeas. La democracia norteamericana también tiene esa facultad de revisión, radicada en la Corte Suprema.
Entonces, hay que resolver algo tan simple como lo siguiente: creemos o no en la democracia constitucional.
Los que sí creemos afirmamos que si se legisla violando la Carta Fundamental alguien tendrá que revisarlo. Los que no creen en la democracia constitucional, ¡no comparten esa revisión!
Considero que las bancadas del frente no han resuelto este tema, y se mantienen en una completa ambigüedad: a veces sí, a veces no. ¡Por qué no lo dicen con claridad!
La segunda crítica, señor Presidente, es que, a vuelo de pájaro, se dice: "no estamos de acuerdo con la actual integración del Tribunal Constitucional, con su mecanismo de nombramiento".
Quiero recordar -esto es importante para lo que se va a fallar en un tiempo más- dónde surge este sistema de nombramiento. En la reforma constitucional del año 2005, bajo la presidencia del Presidente Lagos.
Yo quiero hacer presente a los Honorables colegas cómo se nombran los miembros del Tribunal: tres son designados por Presidentes de la República. ¡Imagino que nadie en este Hemiciclo sostendrá que el Presidente de la República, quienquiera que sea, no puede participar en el nombramiento del Tribunal! Sería completamente absurdo.
Tres de los integrantes son nominados por la Corte Suprema. ¿Algún señor Senador tiene alguna objeción a este procedimiento? Sería muy absurdo, porque si hay un nombramiento donde participan todos los poderes del Estado, es precisamente en el de los miembros del Máximo Tribunal.
Y, por último -y esto simplemente ya es la paradoja máxima-, los otros cuatro miembros los nombra el Senado.
Entonces, se dice: "¡Ah! Pero se hace con lógica binominal".
¡Qué argumento más absurdo! Si eso fuera así, señor Presidente, significaría que el propio Senado se autolimita y autocuestiona en el ejercicio de sus facultades.
Entonces, la pregunta correcta sería: ¿El Senado también está dispuesto a autocuestionarse, por ejemplo, cuando se nombra al Contralor General de la República? ¿O a miembros del Banco Central? ¿O a todas las autoridades?
Esto es lo más absurdo que se puede sostener.
Aquí los señores Senadores ejercen una facultad que la Constitución y la ley les otorga. Nosotros participamos en un conjunto de nombramientos. Hasta ahora no he escuchado que alguien objete nuestra participación para nominar, por ejemplo, a los miembros del Banco Central, al Contralor General de la República o a los integrantes de la Corte Suprema. ¿Y por qué sí respecto al Tribunal Constitucional?
Lo que ocurre es que en las bancadas del frente hay personas que no creen en la democracia constitucional.
¡Esa es la verdad, y no lo quieren reconocer!
Dicho eso, señor Presidente, haré un muy breve comentario acerca de lo que estamos votando, esto es, qué debe ocurrir en el caso de un embarazo de una menor de catorce años.
Que no se diga que la norma que se desea aprobar busca proteger la situación dramática de que un progenitor pueda ser el causante de esa violación, porque hay un inciso que señala que en esa hipótesis -y me parece razonable- el médico inmediatamente podrá invocar la intervención de un juez para los efectos de la autorización.
Por lo tanto, no estamos ante la hipótesis de que un progenitor, una pareja pueda ser causante de esta conducta atroz que es la violación.
Entonces, la pregunta que hay que hacerse es por qué en ese caso se establece la norma en comento.
La disposición señala -en dos palabras- que se escoge a uno de los dos padres. ¡Porque sí! ¿Por qué a uno de los dos?
Y, en el evento de que la voluntad de ese padre sea contraria a la interrupción del embarazo, se podrá recurrir a un tribunal, al que le será posible desoír la opinión de los padres.
Señor Presidente, yo no puedo entender que el Congreso, y particularmente el Ejecutivo, haga tabla rasa del informe que emitió la propia Corte Suprema sobre esta materia. Aquí tengo el informe firmado por el Presidente de la Corte Suprema de la época, señor Sergio Muñoz, ¡a quien imagino que nadie considerará un juez no progresista...!
¿Qué dice el Máximo Tribunal sobre el particular? Lo siguiente: "Hacer bastante la autorización para interrumpir el embarazo de uno de los representantes legales de la niña menor de 14 años, a elección de ésta si tuviere más de uno, podría llegar a contradecir el principio de corresponsabilidad y el acuerdo de cuidado personal compartido establecido en la ley N° 20.680 y el Código Civil.".
Señor Presidente, hay exactamente dos páginas de fundamento en que la Corte Suprema sostiene que esta norma no solo afecta lo que estamos viendo, el cuidado personal compartido, sino que "sería aconsejable contemplar una fórmula que permita a los padres el ejercicio legítimo del derecho de corresponsabilidad parental".
Esto, simplemente, es algo para meditar. En nuestro ordenamiento jurídico una menor de catorce años, por lo pronto, no se puede casar. Nadie en Chile puede contraer matrimonio con menos de dieciséis años. Y entre dieciséis y dieciocho años se requiere la autorización de los padres, quienes pueden negarla sin invocar motivo alguno.
Una persona de menos de catorce años no puede comprar cigarrillos.
Una persona de menos de catorce años no puede comprar alcohol en ningún establecimiento comercial.
Voy más lejos, señor Presidente, no puede comer comida chatarra -esas son las normas-. ¡No puede comprar artículos normales de alimentación!
Y otra cosa aún más normal. ¡Si no está su padre no puede ir al cine a ver una película calificada para mayores de dieciocho años!
Les pregunto a las distinguidas Ministras aquí presentes ¡qué razón puede existir para esta incongruencia brutal!
En Chile, de conformidad con este proyecto, una menor de catorce años -y no insistamos en la tesis de que el progenitor es el culpable- no puede ir al teatro, no puede comprar cigarrillos, no puede comprar alcohol, no puede comer comida chatarra, ¡pero puede decidir por sí sola abortar!
¡Cuál es el fundamento! Por qué no lo exponen. Que no se diga que es el tribunal, porque este tribunal no se halla obligado a seguir la opinión de los padres.
El señor DE URRESTI.- ¡El tribunal!
El señor ALLAMAND.- Pero aunque lo fuera, ¡cómo va a ser razonable! ¡Qué justificación existe!
¡Por qué, si hay un mínimo de coherencia, no modificaron el conjunto de las otras normas!
¡Cómo va a ser razonable que ustedes consideren que una niña menor de catorce años puede invocar su derecho, contravenir a su padre, e incluso ir ante el tribunal para los efectos de abortar, y no para comprar cigarrillos! ¿Qué fundamento hay? ¿Qué razón existe?
La señora MUÑOZ.- ¡Fue violada!
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, la legislación tiene que tener un umbral de razonabilidad. ¡Tiene que tener un umbral de razonabilidad! Y esta no lo tiene.
Me interesa que quede en la Versión Oficial de esta sesión que se está aplicando una norma completamente absurda, incoherente, totalmente alejada del sentido común.
El señor HARBOE.- Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención, quiero recomendar al Senador que me antecedió en el uso de la palabra que revise el texto que estamos votando, porque se incluye en él justamente, a proposición de la Comisión Mixta, la hipótesis del padre que abusa de la menor. En consecuencia, votar en contra de esta disposición es aceptar que el padre o el representante legal de una niña violada de catorce años pueda tomar la decisión sin intervención del tribunal, lo cual sería una completa contradicción. Y yo no creo que el señor Senador pretenda validar la decisión de un progenitor que ha violado a su hija.
La libertad es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de cada persona.
Hoy no estamos celebrando la aprobación de un texto legal cualquiera. Hoy estamos celebrando un acto de libertad, libertad que luego de cuarenta años estamos devolviendo a la mitad de la población: las mujeres de nuestra patria.
Sí, pues la ley que hoy día nos rige es coactiva; es la coerción del Estado; es, podríamos decir, una verdadera "ley maldita", que criminaliza a la mujer que en situaciones límites decide libremente interrumpir su embarazo. Establece una sanción penal, el Derecho más estricto que puede tener un Estado, con sus agentes, para imponer una visión de la sociedad.
¡Qué distinto sería si esa misma ley fuera permisiva! Pero no, es prohibitiva. Y no solo prohibitiva: criminalizadora.
Digamos las cosas como son: la ley sanciona con pena de cárcel a quien interrumpe su embarazo, y no distingue en qué circunstancias: 386 mujeres formalizadas, 149 condenadas. Esto no es teoría; es la práctica.
He conversado con muchos fiscales que confiesan que les produce una profunda contradicción tener que perseguir a las mujeres que han debido interrumpir el embarazo en situaciones límites.
Esta ley no respeta a quien piensa distinto. Y la forma de no respetar esa libertad es, como decía, con el Derecho más severo, el Derecho Penal.
Entonces, los mismos que hablan y vociferan permanentemente sobre la libertad en materia económica o de regulaciones no respetan esa libertad cuando se trata de la mitad de la población, de un tema de conciencia. La verdad es que solo la respetan cuando se trata de su visión y no la del resto.
¿Cómo comprender entonces a quienes se oponen a este proyecto, quienes quieren seguir por la vía de la criminalización? Porque no estamos hablando aquí de imponer una multa, una amonestación, sino de criminalizar, de meter a la cárcel a mujeres en situaciones límites.
Este no es el aborto libre; ¡son tres causales dramáticas! No hay ninguna mujer que, hallándose en cualquiera de esas tres causales, pueda estar feliz. Y no hay ningún hombre que tenga derecho a hacerle perseverar en el sufrimiento.
Las causales son riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal, violación.
Ellos no saben de sus sufrimientos y criminalizan su actuación. A la que opina, piensa, siente o actúa distinto, en pleno ejercicio de su libertad, en un momento de sufrimiento, quieren sancionarla.
Nuestro proyecto es libertario y respeta la libertad de la mujer. No es el Estado, no es la Iglesia, no es una fundación los que tendrán derecho a decidir por la mujer. Y tampoco será este Parlamento, porque, a diferencia de la actual legislación, nuestro proyecto no impone una obligación, sino que confiere un derecho.
El derecho de la mujer es inviolable, irrenunciable. Y también, para algunos, es intransable.
En este sentido, resulta evidente que racionalmente no hay justificación para tal barbaridad jurídica: criminalizar a la que sufre. Por eso pensamos -y yo lo pienso de verdad- que se basan en creencias, en convicciones de cada uno de ellos.
Pero cabe preguntar: ¿es rol del legislador imponer en una ley prohibitiva sus creencias o visiones religiosas? ¿Es correcto coartar la libertad de otros -o de otras, en este caso- por la convicción propia?
Al decir del filósofo español Fernando Savater, fanático es aquel que cree que sus convicciones no solo constituyen derechos, sino obligaciones, y no solo para él, sino para toda la sociedad.
Hemos visto mucho de eso.
Hoy Chile será más libre, más laico, más tolerante, más digno, al respetar a la mujer.
Hoy triunfa la libertad, la no imposición de una visión sobre otra y el fin de la criminalización de quien piensa o actúa distinto.
¿Saben por qué? Porque, a diferencia de ustedes, nosotros sí respetamos a quienes piensan distinto. Porque este proyecto de ley no impone ninguna obligación. Y creemos en la libertad también de aquellas que legítimamente, encontrándose en cualquiera de las tres causales, decidan perseverar en su embarazo. No las vamos a criminalizar, como ustedes lo hacen hoy día; las vamos a acompañar. Y es más: vamos a poner recursos públicos de todos los chilenos para acompañarlas. Y tampoco para disuadirlas; para acompañarlas, pues entendemos que están sufriendo.
Eso es lo que hace este proyecto de ley. Porque las mujeres, a partir de hoy, serán más libres para decidir.
Señor Presidente, otros afirman que aquí habrá impunidad para los violadores. Déjeme decirle que no habrá más impunidad que la que existe hoy.
Dijo el mismo Senador: "¿Por qué no lo corregimos ahora?" Porque sería una barbaridad, pues, corregirlo solo para las mujeres violadas embarazadas que quieren abortar. Es decir, para todo el resto de las mujeres violadas, embarazadas o no, no se corregiría.
O sea, les nace hoy día la preocupación, a propósito de la interrupción del embarazo y no de la protección que debe tener una mujer que ha sido vejada, violada, atentada en su dignidad.
No, señor Presidente. Yo desafío a que ese Senador u otros presenten un proyecto de ley para discutir de verdad las condiciones en materia de delito de violación, pero para cualquier mujer violada, no solo para la que busca interrumpir su embarazo.
Señor Presidente, otros buscan decir que este proyecto es inconstitucional. Es la propia Constitución la que distingue en las palabras: por un lado, habla de "personas" y, por otro, de "la vida del que está por nacer". Distingue los conceptos, pues no son lo mismo.
Ahora, es legítimo que quieran torcer la interpretación, la exégesis constitucional, pero déjenme decirles que esa tesis que intentó imponer en su oportunidad el Comisionado Jaime Guzmán fue rechazada por amplia mayoría en la Comisión Constituyente.
Que sepa toda la nación que por la supervivencia y el triunfo de la libertad estamos dispuestos a pagar cualquier precio o costo electoral. Los líderes políticos no estamos para imponer nuestras convicciones, sino para plasmar en la ley aquello que consideramos necesario para hacernos cargo de realidades sociales.
Tampoco nos es lícito actuar para el aplauso fácil. A quienes ejercemos liderazgos políticos los ciudadanos nos exigen posiciones, visiones de sociedad. Y eso es lo que estamos votando, por un Chile más digno, más laico, más pluralista, más tolerante, más libre, que hoy día comienza a reconocer la libertad de las mujeres.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, ¿qué estamos votando hoy? ¿Acaso la posibilidad de entregarle a una menor, a una niña de 14 años la decisión de practicarse libremente un aborto, por sí misma, por su sola voluntad?
Lo que estamos votando hoy día, señor Presidente, es cómo protegemos a una niña de 14 años o menos que, en conformidad a la ley y a la propia vida, no tiene una voluntad formada y, por consiguiente, no cuenta en ningún caso con autodeterminación sexual. Todo lo anterior, en la circunstancia extrema de que se encuentre embarazada producto de una violación.
¿Dejaremos, como Estado, que esta niña, que ha sido víctima de un delito atroz que marcará brutalmente el resto de su vida, quede en situación de abandono?
¿El Estado preferirá mirar para el lado en vez de enfrentar esta realidad, por incómoda que a algunos les parezca?
Tengo la convicción de que no podemos mirar para el lado, sino que debemos asumir este drama, este dolor, y proteger a esa menor que ha sido víctima de violación.
La controversia del texto emanado de la Comisión Mixta, cuya propuesta se encuentra sometida a nuestra votación, apunta a la posibilidad de que, frente a la negativa o ausencia del representante legal de la niña violada, sea un tribunal de justicia el que resuelva sobre la procedencia de interrumpir el embarazo. Hablo de la denominada "autorización judicial sustitutiva".
Como primera consideración en favor del texto aprobado por la Comisión Mixta, debo señalar que en la generalidad de los casos el violador de la niña es un familiar directo (padre, abuelo, tío). Y son precisamente esos parientes los que por ley -¡por ley!- detentan la calidad de representantes legales.
¿Le vamos a entregar a quien tal vez violentó sexualmente a la niña la facultad de decidir respecto de una medida de protección para esa víctima?
¡Mi respuesta es un rotundo no, señor Presidente!
Por otra parte, en caso de que se pida la autorización judicial sustitutiva, el juez tiene que tomar en consideración elementos objetivos, como el informe del equipo médico que atendió a la víctima -a esta menor de 14 años-, la opinión fundada de un profesional médico y todos los demás factores necesarios para proteger a la niña.
¡Porque estamos hablando de una niña de 14 años o menos que fue violada!
En un tema como este, en que se debe legislar sobre la forma de proteger a una niña que ha sido violada, que ha sido víctima de un delito, que ha sido abusada, que está desprotegida, no hay espacios ni para ideologías ni para fanatismos.
¡Solo cabe actuar humanamente, amparando y protegiendo a niñas que no pueden seguir siendo silenciadas!
En su oportunidad, en la discusión en general voté a favor y dije que bajo ningún punto de vista "abortaría" la idea de legislar. Y también señalé que teníamos que ser capaces de enfrentar esta situación como Estado, como país.
Luego, durante la discusión en particular voté que sí respecto de la causal número 1).
En cuanto a la número 2), manifesté que se produciría una situación que desprotegería a las mujeres que no viven en Santiago, Valparaíso o Concepción, que son las ciudades donde están los especialistas.
Por intermedio de la Mesa, les pedí a las Ministras presentes llevar a cabo un proceso para que todas las mujeres en Chile, sin excepción, sin distinción, tengan la posibilidad, en caso de inviabilidad fetal, de contar con especialistas en su región, para que no deban viajar bajo su propio costo a la capital.
En relación con la causal número 3), en ese entonces voté en contra y argumenté respecto de por qué me hacía sentido pronunciarme de esa manera.
Pero lo que ahora estamos votando se refiere a la protección que el Estado de Chile debe entregarle a una niña de 14 años que ha sido violentada sexualmente.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, tras escuchar diversas intervenciones esta tarde en la Sala, quiero llamar la atención sobre algunas que consideran al aborto un derecho; más aún, un derecho humano.
Con franqueza, no puedo compartir tales expresiones ni esa forma de pensar.
Porque el derecho a la vida es el principal derecho humano. Por lo tanto, el aborto no puede tener dicha calidad. Del derecho a la vida surgen todos los demás derechos consustanciales a nuestra naturaleza humana, a nuestra dignidad humana.
De hecho, la Constitución Política señala: "La ley protege la vida del que está por nacer". ¡Del que está por nacer!
¿Y cómo se protege la vida?
¿Puede alguien, de manera razonable, sostener que se protege a través del aborto?
¡Muy por el contrario, se protege evitando el aborto y haciendo que los seres humanos que se encuentran en el vientre materno nazcan y se desarrollen!
Por lo tanto, resulta una completa contradicción plantear que se protege la vida del que está por nacer al promover el aborto.
Varios parlamentarios han expresado que recurrir al Tribunal Constitucional respecto de este proyecto de ley es un acto antidemocrático, en circunstancias de que todos hemos reconocido en nuestro ordenamiento institucional que ese organismo existe precisamente para obligarnos a todos, en particular a los Diputados y Senadores, que no somos dueños de Chile, a sujetarnos a las normas constitucionales que nos rigen.
Además, se trata de la Carta Fundamental que juramos respetar el día que asumimos nuestros cargos.
Esa es nuestra primera obligación como parlamentarios.
Y si cuando despachamos proyectos de ley surgen dudas de constitucionalidad respecto de algunas normas, por uno u otro lado, es del todo legítimo pedir al Tribunal Constitucional dirimir esas diferencias.
No hay nada de antidemocrático en ello.
Señor Presidente, yo firmé el requerimiento que un grupo de Senadores de Chile Vamos ha presentado al Tribunal Constitucional. Y en él se incluye la primera causal, porque sostuvimos largamente y dedicamos muchas horas a argumentar que en ese caso no existe aborto. Dijimos que se trata de un procedimiento médico cuya finalidad no es interrumpir la vida del feto ni del embrión, sino que salvar la vida de la madre.
Por lo tanto, no hay ninguna contradicción.
La mayoría del Congreso -Diputados y Senadores- afirma que en la primera causal existe aborto. Nosotros creemos lo contrario.
¡Qué bueno que un organismo nos pueda decir, a la luz de nuestro ordenamiento constitucional e institucional, no quiénes tienen razón y quiénes no, sino qué doctrina debimos seguir todos los parlamentarios!
Señor Presidente, voto en contra de este informe de Comisión Mixta, de esta propuesta, porque considero que profundiza en algo que encuentro muy muy pernicioso.
He escuchado distintas intervenciones en la Sala. Y por favor no me digan que no. Cuando afirman que el aborto es un derecho humano, ¿en qué están pensando? ¡Están pensando en el aborto libre! ¡Y todos sabemos que es muy probable que para allá vayan!
Se dice que este procedimiento se aplicaría solo cuando se trate de la violación de una niña de 14 años. Pero tengo entendido que puede ser en cualquiera de las tres causales.
Entonces, señor Presidente, a mí me parece que estamos llegando mucho más lejos de lo que se nos plantea en el discurso oficial y de lo que se ha señalado incluso en el proyecto de ley (que la interrupción voluntaria del embarazo solo sería en tres causales). Todos sabemos que, finalmente, se está buscando el aborto libre.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¡Ahora es en serio la advertencia!
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, este proyecto está por ser despachado de nuestro Parlamento, y hace rato que la ciudadanía -chilenas y chilenos- ha dado su total respaldo a la existencia en nuestro país de la interrupción del embarazo en tres causales. Según la información de las encuestas, más del 70 por ciento de nuestros compatriotas apoya esta iniciativa.
Por eso, valoro este momento, como un momento de triunfo, en el que estamos dando un paso sustantivo en una larga lucha que se inició en 1991, cuando junto a otros parlamentarios -Diputados en esa época- presentamos un proyecto que buscaba reponer el artículo 119 del Código Sanitario.
Fíjese, señor Presidente, por los alegatos que escucho a los colegas de la Derecha, que al parecer perdimos 26 años de haber podido contar con una legislación que no penalizara, que no criminalizara la interrupción del embarazo en la primera causal. Porque hoy día sostienen que no constituye aborto la interrupción del embarazo cuando se busca salvar la vida de la madre.
En 1991 asistí, junto con la ex Diputada Cristi, a todos los foros, a todos los canales de televisión, y se me enrostraba que el proyecto que habíamos presentado era abortista. Pero ahora no es aborto. Es muy extraño que hoy día se haya cambiado de opinión tan radicalmente y que se nos hubiese impedido a las mujeres durante tanto tiempo ampararnos en una legislación que rigió desde 1931.
Pero así es la vida, y la realidad al final da la razón.
Señor Presidente, este también es un momento de triunfo porque se reivindica la capacidad de las mujeres para decidir como personas en situaciones tan dramáticas como ocurre en algunas de las causales que aquí se invocan. En verdad, este es un momento que dignifica nuestra condición de personas. Porque somos personas, con derechos humanos. Y en ese sentido, entonces, lo valoro como un momento muy importante.
Asimismo, esta es una oportunidad para solicitar al Tribunal Constitucional que resuelva sobre este proyecto a partir de un análisis jurídico y no confesional.
En mi opinión y en la de varios colegas este proyecto se ajusta perfectamente a la letra de la Constitución, que trata de una manera distinta a la persona -pienso que la Carta Fundamental nos considera personas a las mujeres- y al embrión. Aquí ya se hizo alusión a esta materia, que fue largamente debatida en la Comisión Ortúzar durante la dictadura.
También se ha señalado que si nosotros consideramos que los fallos del Tribunal Constitucional son ideológicos, no se apegan a análisis jurídicos, sino que, en este caso, son confesionales, no estamos reconociendo la democracia constitucional que expresa el Tribunal Constitucional.
A mi juicio, esta es una paradoja sumamente grande, por lo que debemos hablar con sinceridad.
El Tribunal Constitucional es guardián de una Carta Fundamental instalada en dictadura. Y la Derecha siempre apela a que el 2005 se realizó una reforma constitucional. ¡Pero si eso fue un tratamiento cosmético! ¡El año 2005 aún había Senadores designados! En esa oportunidad, hubo un pacto para poder modificarla en algunos aspectos. La Concertación -la alianza de Gobierno de la época- no tenía mayoría para implementar reformas constitucionales que requirieran un alto quorum.
Entonces, se reitera que el Tribunal Constitucional es guardián de la democracia constitucional. ¡Por favor! ¡Si se trata de una Constitución instalada en dictadura y que hasta hoy día no hemos podido cambiar!
Señor Presidente, este proyecto ya fue aprobado, será despachado hoy día por el Senado y ha contado también con la aprobación y el respaldo de la ciudadanía. Esperamos, entonces, que el Tribunal Constitucional no tuerza una vez más la soberanía popular representada en esta Sala.
Termino reiterando que este es un momento de enorme triunfo, porque es el resultado de largas luchas de las mujeres, de sus organizaciones y también del valor y la decisión de la Presidenta Bachelet y de su Gobierno de sacar adelante este proyecto.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, considero que este es un día histórico. Pero hay días históricos buenos y malos. Y este es uno malo.
Este es un día histórico porque habrá recuerdos relevantes, pues podrán efectuarse 2 mil 550 abortos a partir de la publicación de la ley en proyecto: 50 por la primera causal; 500 por la segunda, y 2 mil por la tercera, según informó la Ministra en la Comisión de Hacienda.
Entonces, alguien dice que es un día histórico. Pero lo será debido a que habrá 2 mil 550 personas -yo pienso, con todo respeto, que son personas, no cosas, como algunos señalan- que podrán desaparecer. Por lo tanto, no encuentro dónde puede estar el jolgorio, la alegría, el entusiasmo o la sensación de triunfo.
A mí me chocan esos comentarios.
Entiendo que alguien argumente en forma distinta, pues yo no me siento dueño de la verdad. Pero hablar de triunfo cuando en virtud de una ley se faculta para que 2 mil 550 seres anualmente dejen de existir es una visión que no puedo compartir.
Yo tengo una visión distinta, en el sentido de que se trata de un momento triste, que espero sea revertido por el Tribunal Constitucional -voy a explicar luego mis razones-. Pero me impacta que se asuma esta legislación con esa suerte de entusiasmo.
Si bien poseo una discrepancia profunda en casi todo lo que pensamos, agradezco la franqueza del Senador Girardi, quien nos dice la verdad. ¡Él nos dice la verdad de lo que piensa! ¡Pare él el embarazo es una forma de dominación! Señala que este es el mínimo civilizatorio y postula que el tema del aborto no tiene que ver con causales, sino con semanas. Y agrega que este es el principio del camino.
A mi juicio, el Senador Girardi está diciendo una verdad que algunos callan y que desde un punto de vista conceptual encuentro terrible, pues me parece que constituye un debilitamiento brutal del derecho a la vida. Pero esa es una visión respecto de lo que es quien está por nacer.
En mi concepto, el tema de fondo es que hoy día se quiere dar un paso no hacia ese mínimo civilizatorio, sino para que después vengan otros, en donde el derecho a la vida quede mucho más debilitado. Nadie puede manifestar que el derecho a la vida sale fortalecido de esta discusión; nadie puede decirlo. Yo estoy convencido de que sale debilitado.
Chile tendrá un menor apego a la vida una vez que se apruebe esta normativa.
Lo planteado en las distintas intervenciones refleja el paradigma de hasta dónde son valiosos los derechos según las circunstancias que se den. Y pareciera que unos valen mucho y otros no valen nada. Esta legislación va a quedar con esa impronta: la legislación que debilita el derecho a la vida.
Dije que esperaba que esta situación fuera revertida porque, a mi juicio, aquí hay una clarísima vulneración de los derechos y deberes constitucionales establecidos en el artículo 19, en que se asegura "El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona" y se añade "La ley protege la vida del que está por nacer".
Por su intermedio, señor Presidente, le pregunto a la Senadora Muñoz cómo se hace cargo de la disposición que dice "La ley protege la vida del que está por nacer", según la norma constitucional.
¿Cómo se armoniza eso con la constitucionalidad de las normas en cuestión, que, según Su Señoría, se ajustan perfectamente a la Carta Fundamental?
Por más que uno revise, estudie, dé vuelta, trate de formar o de deformar, no es posible.
Al respecto, yo estoy convencido de que el Tribunal Constitucional es la instancia adecuada para zanjar el punto.
Como han dicho otros Senadores, somos una república constitucional que está llamada justamente a ejercer el poder del Texto Fundamental.
Ahora, señor Presidente, yo quiero de una vez por todas terminar con el cinismo que a ratos se observa en el Senado.
Los mismos que reclaman por el hecho de que vamos al Tribunal Constitucional han recurrido a él casi en iguales ocasiones que nosotros: 15 contra 14. Y los fallos han sido miti mota.
Cuando ellos ganan en dicha instancia es porque "se ha impuesto la sacrosanta verdad constitucional".
Sin embargo, basta que uno anuncie que va a recurrir para que digan que ese mismo Tribunal está politizado; que se halla coaptado por intereses oscuros; que algunos de sus miembros son parte de una cosa extraña que no tiene que ver con la defensa de la Constitución sino con otras cosas.
Pónganse de acuerdo: si recurren al Tribunal Constitucional las mismas veces que nosotros, no digan que ese órgano es inicuo.
¡Es el mínimo de coherencia que pido con respecto a ese Tribunal!
Adicionalmente, tampoco tienen derecho a decir -porque las cuñas van quedando- que ese es un Tribunal "binominal"; lo oí hace un rato.
¡Por qué binominal! ¡Si se eligen de a tres!
¡Esto ya es la cuadratura del círculo...!
La Corte Suprema elige tres miembros, quienes ¡son binominales...!
¡Eso sí que violenta la inteligencia!
Y los tres que elige el Presidente de la República, ¡cómo van a ser binominales!
El Parlamento elige cuatro, ¡y van a ser binominales...!
Señor Presidente, algunos creen que se puede estirar la racionalidad como si no pasara nada. Dicen aquí cosas al aire y ponen caras como si alguien las aceptara.
¡Hay que ser coherente!
Uno puede equivocarse, pero debe ser coherente.
Aquí hemos visto una incoherencia. Porque es incoherente decir, sin ninguna argumentación, que lo que se plantea es perfectamente constitucional, a la vista de las normas que se han propuesto.
En el caso específico de la Comisión Mixta percibo, por la argumentación expuesta, que las bancadas del frente tratan de evitar la discusión de fondo.
Acá, como expresó alguien, se está haciendo algo increíble: se le da derecho a una menor de 14 años para que, casi por sí y ante sí (porque si sus representantes legales no están de acuerdo puede recurrir a otras instancias), disponga la realización de un aborto.
O sea, la misma persona que no puede fumar -Senador Girardi-, que no puede tomar decisiones, que no puede hacer prácticamente nada, ¡sí puede abortar, sí puede terminar con la vida de otro!
Entonces, no sé dónde está la coherencia con la cuestión de fondo que se halla en discusión: cómo se defiende la vida.
Porque si tal es la argumentación, hay que ser consistente con ella. No se puede argumentar para un lado sin hacerse cargo de los efectos que eso genera.
En este caso se habla de una menor de 14 años. También, de los representantes legales: los dos; si no, uno. Además, del juez y del médico.
Al final, se va haciendo una secuencia en que pareciera que el contrapeso que se procura instalar es completamente de papel, irreal; no tiene carne ni médula.
Es un paso. Por supuesto. Lo entiendo. Constituye un mínimo civilizatorio. Pero yo les pregunto adónde nos lleva eso.
Yo oí al autor de la idea, quien suele decir que somos iguales que las bacterias y cosas por el estilo. Pero no sé adónde nos lleva la civilización que se ofrece; adónde nos conducen los mínimos planteados; cuáles son los máximos; qué es lo deseable: ¿la deshumanización?, ¿el no respetar la vida de quien está por nacer?
La reflexión es hacia dónde va esa civilización según la cual terminar con la vida de quien está en el vientre materno constituye un mínimo.
Me parece completamente absurdo, absolutamente equivocado.
Yo no soy juez de nadie, pero esa es mi visión sobre el particular.
Señor Presidente, este es uno de esos días que uno quisiera que nunca llegaran.
Este es un momento histórico, pero de un mal camino y de un mal paso.
Me duelen los 2 mil 550 niños que están en el vientre materno y cuya vida, conforme a la ley en proyecto, al informe financiero y a la explicación que dio la Ministra, quedará menos protegida que antes.
Si algunos creen que hay algo que celebrar, les digo con harta humildad que yo no puedo alegrarme del debilitamiento del derecho a la vida, ni tampoco dejar de pensar en aquellos 2 mil 550 niños, quienes, si esta normativa se aplica como está diseñada, van a dejar de vivir.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, en rigor, el debate que teníamos pendiente se relacionaba con el análisis de los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 119 propuesto para el Código Sanitario, donde se regula el procedimiento para que las menores de 14 años puedan expresar su consentimiento o su negativa a la interrupción de un embarazo.
Como vemos, se trata de una norma que recoge ciertos principios vinculados con el ejercicio de derechos de los niños, consagrados por lo demás en instrumentos internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño; que de alguna forma introduce nuestro cuerpo jurídico en una nueva categoría, cual es la de darles calidad de titulares de derechos fundamentales a las menores, y que, al mismo tiempo, reconoce el rol que les corresponde a los padres en este proceso.
Se supone que eso discutíamos.
Naturalmente, en la mayoría de los casos el debate volvió a planteamientos genéricos sobre el proyecto. Y eso nos retrotrajo a una discusión -menos fuerte que la de hoy- que existió en Chile en 1931, cuando se había dado una solución al problema, la que incluso era más amplia que la que se está aprobando esta tarde, pues hablaba de interrupción del embarazo aun en el caso de grave riesgo para la salud de la madre, situación que ahora no se considera. De manera que en 1931 la normativa existente sobre la materia era bastante más drástica.
Pero también me llaman la atención la manera como se discuten las cosas en nuestro país y la incapacidad de asumir lo que se dice.
Aquí hubo parlamentarios que estaban disponibles para votar la primera causal cambiándole el nombre al hecho que iban a protagonizar, como si el cambio de palabras hubiera bastado para ocultar una decisión: la del aborto terapéutico. Pero no querían llamarlo "aborto terapéutico", y estimaron que modificando el nombre salvaban su conciencia (bien frágil es una conciencia que se refugia en palabras para no asumir el fondo de la decisión que se está tomando).
Ahora, considero necesario aclarar que este proyecto establece un principio de justicia al dejar a la mujer la decisión de continuar o no con un embarazo en tres situaciones extremadamente complejas y acotadas. No es una decisión abierta. Y ella incluso puede llevar a continuarlo. Y ojalá fuera así en la mayoría de los casos.
Pero, frente a tal situación, volvemos al hecho de que eso ya se discutió en general y fue aprobado.
Debemos, pues, enfrentar el caso más complejo: el embarazo por violación, que en nuestro país al menos -y probablemente ocurre así en la mayor parte de las naciones del mundo- tiene rostro de niña, puesto que, de acuerdo a las estadísticas oficiales, siete de cada diez mujeres violadas son menores.
Lo mismo pasa con los embarazos: solo una de siete denuncias incluye al agresor, que por lo general es un pariente cercano a la familia.
Según informes técnicos que hemos tenido a la vista, en 89 por ciento de los casos el victimario es alguien cercano.
Por lo mismo, el proyecto, además de la voluntad expresa de la menor en el sentido de acceder o no a la interrupción del embarazo, establecía el requisito de contar con la autorización de los representantes legales.
Aquí se abrió un debate en el que se planeó que bastaría uno de ellos, por varias razones. Por ejemplo, uno de los representantes legales podría ser el autor de la violación a la menor; o bien, podría conocer el hecho y haberlo mantenido en secreto o reserva, por distintas circunstancias, haciéndose cómplice de aquel ilícito.
Por ese motivo, el proyecto se pone no solo en la situación de que exprese su voluntad la menor, sino también en la de que ella cuente con la autorización de al menos uno de sus representantes legales, o bien, si existe una duda razonable en cuanto a la complicidad de los dos progenitores o de ambos representantes, se considere la posibilidad de que un tribunal con competencia en materias de familia otorgue una autorización sustituta de la del representante legal, siempre atendiendo a la voluntad de la menor, que no sea habido, que se halle en una posición confrontacional con respecto a los derechos de la niña, pero también que pueda representar para ella un riesgo grave de maltrato físico o psíquico, de coacción, de abandono, de desarraigo o de otras acciones u omisiones que vulneren aun su integridad, caso en el que la opinión del facultativo debe hacerse constar y por escrito.
En consecuencia, el legislador se puso particularmente en los casos de violación.
Señor Presidente, me parece que estamos ante un proyecto que ha cubierto todos los aspectos complejos que podría tener una normativa sobre esta materia.
Se establecen mecanismos de resguardo, en fin.
Sin embargo, lo principal reside en que se dispone que es la mujer la que, enfrentada a situaciones extremas, debe tomar la decisión final, y no su cónyuge o su pareja, ni un equipo médico, ni un juez de la república.
Considero que aquello es un avance en materia de los derechos de la mujer para decidir en casos en que están en juego su salud y su propia vida.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, tal como han manifestado algunos señores Senadores, especialmente el colega Coloma, creo que hoy es un día triste, sobre todo para quienes creemos en el derecho a la vida del que está por nacer, independiente de cómo se halle en el vientre de la madre.
Es un día triste porque mediante ley se van a violar los derechos humanos de las personas más inocentes: aquellas que están en el vientre materno.
Cuando una madre va adonde el ginecólogo para saber del estado de su embarazo no le pregunta "Cómo está mi feto" o "Cómo está esa cosa que tengo aquí dentro", sino -se halla en la Sala el Senador Girardi, quien es médico y conoce la situación- "Cómo está mi guagua".
Esa mujer quiere enterarse de la situación de quien se encuentra en su vientre, que es un ser humano igual que ella y, por tanto, tiene los mismos derechos que les asisten a todas las personas para venir al mundo.
Reitero, señor Presidente, que hoy es un día triste. Pero tengo bastante fe en que el Tribunal Constitucional va a poner las cosas en su lugar.
Por eso, con mucho orgullo firmé el requerimiento que se presentará ante esa instancia con el fin de que coloque las cosas en su sitio y se respeten la Constitución y el juramento o la promesa que hicimos cuando asumimos como Senadores.
De otro lado, tocante a las tres causales, voy a repetir lo que ya he dicho en cuanto a que en el caso de la primera no había ninguna necesidad para legislar.
En efecto -lo han expresado los propios doctores-, lo que se plantea es lo que ocurre hoy día en Chile cuando una mujer embarazada está en tratamiento médico y, sin que exista intención alguna para provocarlo, tiene lugar un aborto, el que puede ser espontáneo. En el hecho, se pretende salvar ambas vidas. Pero si por alguna razón muere quien se halla en el vientre de la madre, no se presume la intención de haber provocado un aborto.
En lo concerniente a la segunda causal, señor Presidente -y lo han dicho todos los médicos con los que me he entrevistado-, debo señalar que actualmente los exámenes y la tecnología no otorgan ninguna seguridad sobre la situación que existe en la realidad.
Señor Presidente, cuando se votó la idea de legislar conté el caso de una mujer embarazada que trabajaba conmigo y a la que le dijeron que su hijo venía con una malformación que no le iba a permitir vivir y que incluso ponía en riesgo la vida de ella.
En nuestro país existen muchos casos como ese -a lo mejor miles-, pues los médicos también se equivocan, pero no solo cuando realizan exámenes en el vientre materno, sino también al atender pacientes en los hospitales, en las clínicas y en otros centros de salud.
Posiblemente en la información que le entregaron a esa madre había una insinuación al aborto. Pero lo cierto es que ¡ese niño no presentó ningún problema al nacer!
Yo me pregunto, señor Presidente, cuál es la situación psicológica de una mujer cuando, tras un aborto por tal causal, todos se dan cuenta de que no había ninguna malformación. ¿No será para la madre, o para la pareja, o para el matrimonio un dolor que se va a llevar por el resto de su vida debido a una equivocación?
Por eso, hay que tener mucho cuidado a aquel respecto, pues existen numerosos casos, y la comunidad los conoce.
¡Y qué decir de la violación!
¡Dramático! ¡El peor crimen que se puede cometer contra una mujer!
Pero ¿qué responsabilidad tiene el ser humano (porque ya no es cosa, ni feto: si nace, será un ser humano) eventualmente concebido frente al crimen o el ataque de que se hizo objeto a la víctima?
Sin embargo, ¡el que va a pagar por ello será justamente el ser más inocente!
En tal caso, a mi juicio, corresponde defender la vida. Y hay opciones. Por ejemplo, la de la adopción.
Por eso, señor Presidente, debemos trabajar fuertemente en una nueva ley de adopciones, para que, por ejemplo, el niño nacido de una violación pueda tener cuanto antes un hogar que le permita recibir cariño.
En tal sentido, insto ante las ministras y los ministros presentes a que el proyecto del nuevo SENAME -o como se le quiera llamar- sea una realidad lo más pronto posible.
Los niños requieren el máximo apoyo: no solo del Parlamento, sino también del Estado y del resto de nuestra sociedad.
Señor Presidente, una vez más, valoro profundamente el derecho a la vida. La vida es lo más importante que tenemos. Por tanto, debemos defenderla siempre. Y no dejemos de hacerlo porque las encuestas dicen que la mayoría de nuestro país está a favor de este proyecto.
A Cristo lo mataron por una decisión unánime, ¡y era inocente!
Señor Presidente, esta es una de las situaciones que me motivan a estar en el Parlamento: creo que, de los proyectos sometidos a nuestra consideración y votación, este es posiblemente uno de los más importantes y delicados.
Espero que el Tribunal Constitucional haga valer lo que ordena nuestra Carta Fundamental: defender la vida del que está por nacer.
--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (22 votos a favor y 13 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Bianchi, De Urresti, Girardi, Guillier, Harboe, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa la señora Von Baer y los señores Allamand, Chahuán, Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Horvath, Hernán Larraín, Moreira, Ossandón, Pérez Varela y Prokurica.

References: artículo 119
 artículo 1
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 artículo 5
 artículo 222
 artículo 224
 artículo 19
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 artículo 119
 artículo 19
 artículo 119