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Timestamp: 2018-12-12 17:01:24+00:00

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Departamento Administrativo de la Función Pública - Jorge ignacio pretelt chaljub
El Departamento Administrativo de la Función Pública intervino en el proceso para defender la constitucionalidad de la norma demandada y solicitar a la Corte Constitucional ordenar ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-608 de 1999, o en su defecto declarar la EXEQUIBILIDAD de la norma demandada, para lo cual expone las siguientes razones:
En primer término, señala que el régimen pensional especial de los Congresistas sí tiene un fundamento constitucional claro en los artículos 150-19, literal e), y 187, por lo que no es posible declarar inexequible la norma demandada por el hecho de que otra norma constitucional restrinja la creación legal de otros regímenes especiales y más cuando la misma acepta y reconoce la existencia y continuidad de algunos de ellos, amparando también, derechos adquiridos de sus beneficiarios.
Resalta que es necesario tener en cuenta que fue voluntad del Constituyente que el Gobierno, a través de una ley marco de prestaciones y salarios, determinara el régimen pensional de los Congresistas, atendiendo a situaciones y circunstancias especiales de su cargo y dignidad.
Respecto de la expresión “asignación” contenida en el artículo 187 Superior, se remite a la Sentencia C-608 de 1999 para verificar que el Congreso está plenamente “autorizado por el propio Constituyente para fijar las bases generales de su asignación pensional, lo cual no puede desconocerse en el Acto Legislativo 01 de 2005, norma que tiene el mismo nivel jerárquico que los preceptos que son el fundamento del régimen pensional especial de los Congresistas.”
Por otro lado, afirma que la jurisprudencia de la Corte defiende que “es legítimo que el Legislador defina el régimen pensional de los servidores públicos y de los trabajadores particulares pues esta Corporación Pública es titular de la cláusula general de competencia y, por ello, goza de la potestad genérica de desarrollar la Constitución y expedir las reglas de derecho”. Lo anterior le permite colegir que el Congreso no excedió sus atribuciones y competencias cuando fijó el marco normativo para que el Gobierno Nacional estableciera las bases generales para el régimen pensional de sus miembros.
En cuanto a la existencia de una cosa juzgada constitucional, el interviniente considera que en la Sentencia C-608 de 1999 se estudiaron los mismos argumentos ahora presentados por los actores. Allí la Corporación declaró la constitucionalidad del régimen pensional de Congresistas en razón a que “las regulaciones contenidas en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 no resultan jurídica ni materialmente desproporcionadas”, lo cual permite concluir que dicho precepto es exequible frente a todo el texto constitucional.
Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, el Departamento Administrativo de la Función Pública solicita a la Corte Constitucional ordenar ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-608 de 1999, o en su defecto declarar la EXEQUIBILIDAD de la norma demandada por resultar jurídica y materialmente improcedentes los cargos formulados en las demandas.
El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, en el término procesal oportuno, emite concepto sobre la constitucionalidad de la norma demandada, solicitando a la Corte que declare la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA, en los siguientes términos:
En primer lugar afirma que no se presenta el fenómeno jurídico de la cosa juzgada constitucional a pesar de que la Corte ya se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma demandada en la Sentencia C-608 de 1999, por cuanto en dicha oportunidad la confrontación se hizo sin que se hubiese adoptado la reforma constitucional del 2005.
En este orden de ideas, no se efectúo el análisis de constitucionalidad frente al artículo ya reformado por el Acto Legislativo 01 de 2005, de tal modo que la violación de esta disposición al derecho a la igualdad se ceñía exclusivamente a la creación de un régimen especial en favor de un grupo, pero con la reforma constitucional se debe considerar que a pesar de existir la prohibición de regímenes especiales, hay una norma vigente que ordena su creación.
Refiere la Sentencia C-1187 de 2005 en la que la Corte se inhibió de pronunciarse de fondo, entre otras normas, del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, ya que en el momento en que se presentó la demanda a la sentencia que daba fin al proceso, se promulgó la reforma del artículo 48 de la Constitución. De dicho pronunciamiento de la Corte concluye que “en virtud de la reforma introducida por el acto legislativo 01 de 2005 el artículo 48 de la Constitución, las reglas constitucionales frente a las cuales se debe examinar la disposición han variado lo cual habilita un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte”.
Agotado el punto de la cosa juzgada, el actor explica que a pesar de que la norma se encuentra derogada aún continúa produciendo efectos jurídicos, razón por la cual la Corte puede pronunciarse de fondo. El interviniente considera que se presenta derogatoria tácita de la norma acusada por inconstitucionalidad sobreviniente:
“Advirtiendo de antemano que la ocurrencia de este fenómeno en el presente caso no conduce a un pronunciamiento inhibitorio, resulta procedente aclarar que la disposición acusada debe entenderse derogada tácitamente por inconstitucionalidad sobreviniente y que desde la incorporación de los Congresistas al Régimen General de Pensiones con la expedición del Decreto 1293 de 1994 produce efectos solo por vía de excepción”.
El inciso 7 del artículo 48 de la Constitución prohíbe la existencia de regímenes especiales en pensión, salvo lo consignado en los parágrafos siguientes, así nos encontramos frente a una norma que sigue teniendo efectos considerando que es posible aplicarla a través del régimen de transición creado en el parágrafo transitorio 4.
Agrega que “no obstante lo anterior, conforme a la jurisprudencia Constitucional, aun cuando pueda predicarse la tolerancia del fenómeno de la derogatoria tácita por inexequibilidad sobreviniente, cuando la norma jurídica continua produciendo efectos jurídicos la Corte Constitucional debe emitir un pronunciamiento de fondo” para sustentar la anterior afirmación cita las Sentencias C-155 de 1999 y C-558 de 1996.
Afirma el interviniente que la Corte Constitucional ha mantenido una línea en la que los preceptos pensionales “continúan produciendo efectos jurídicos lo que hace procedente el Control de Constitucionalidad”, para lo cual cita dos ejemplos de sentencias en donde la Corte se pronuncia sobre la inexequibilidad de normas pese a estar derogadas, Sentencia C-012 de 1994, que estudió la constitucionalidad del artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y la Sentencia C-840 de 2005, en la cual se analizó la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
Teniendo en cuenta lo anterior, sostiene que no se concibe el argumento que la norma no está produciendo efectos “de manera general impersonal y abstracta”, porque no se puede determinar cuántos y cuáles parlamentarios cumplen o no los requisitos del régimen de transición.
Finaliza este argumento diciendo “Es que no puede pasarse por alto, que con la expedición del Decreto 1293 de 1994 los Senadores y Representantes a la Cámara fueron incorporados al Sistema General de Pensiones SALVO QUE FUESEN BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, y esto no impidió que la Corte se pronunciara sobre el Régimen Especial cuyos parámetros se fijaron en la Sentencia C-608 de 1999”.
Por otra parte, considera que en esta oportunidad la Corte está frente a la posibilidad de pronunciarse sobre un tema tan trascendental y relevante jurídicamente, como es determinar de forma expresa cómo se adecua a la Constitución el régimen pensional de Congresistas.
Concluye el interviniente diciendo que aunque la Corte ya se pronunció sobre la exequibilidad de la norma demandada en este caso, por medio de la Sentencia C-608 de 1999, al haberse presentado la reforma constitucional del 2005, coexistir diversas interpretaciones de la norma acusada y reunirse los presupuestos para un pronunciamiento de fondo, es necesario que la Corte profiera un fallo, declarando la exequibilidad condicionada por lo siguiente:
“Debe entenderse que las expresiones “por todo concepto”, no pueden entenderse en el sentido de que cualquier ingreso del Congresista sea considerado dentro de la base sobre la cual se calcula el monto de la pensión.
• Debe interpretarse que el “ingreso mensual promedio” a tomarse en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión del congresista, y que se menciona “tanto en el texto del artículo 17 que establece el mínimo de la pensión, como en su parágrafo”, está relacionado directamente con lo recibido por el congresista aspirante a la pensión durante su último año de trabajo, y no puede determinarse a partir de “la totalidad de los rubros que, de manera general y abstracta, han cobijado a todos los miembros del Congreso”.
El Ministerio del Trabajo conceptuó sobre la demanda solicitando que se declare la EXEQUIBILIDAD de la norma.
El interviniente se opone a los cargos de los demandantes en los siguientes términos:
Aduce que la Ley 100 de 1993, en su artículo 289, derogó todas las disposiciones que le sean contrarias, “así que la norma demandada está derogada tácitamente puesto que la Ley 100 estableció los criterios generales para liquidar las pensiones a la luz del nuevo régimen pensional.”
No obstante lo anterior, se hizo un tránsito normativo para respetar derechos adquiridos y expectativas ciertas de quienes estaban próximos a obtener su pensión, por tanto se creó el régimen de transición del artículo 36 de la misma, así que, al aplicar este artículo se le conceden efectos ultractivos a las normas que regulan las pensiones hasta ese momento, teniendo en cuenta que sólo se mantienen vigentes los criterios de edad, tiempo y monto de la prestación.
La ultractividad de una norma ha sido motivo de varios pronunciamientos de la Corte, al presentarse una norma tácita o expresamente derogada, pero que en virtud de un régimen de transición sigue produciendo efectos, así, refiere como ejemplo el análisis del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, en la Sentencia C-540 de 2008:
“11.- Con todo, si bien es cierto en el caso bajo examen ha operado el fenómeno de la derogatoria tácita, no lo es menos que el artículo 1° de la Ley 33 de 1985 rige de manera ultractiva y aún produce efectos jurídicos en nuestro ordenamiento. Esto obedece a que, en consideración a la existencia de una multiplicidad de regímenes pensionales anteriores a la reforma introducida por la Ley 100 de 1993, y con el propósito de proteger la expectativa legítima de adquirir el derecho a la pensión en las condiciones particulares de cada régimen, la misma Ley, en su artículo 36, previó un régimen de transición, según el cual “[l]a edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley”.
Aunado a lo anterior se concluye que, así como los Congresistas fueron incorporados al Sistema General de Pensiones en virtud del Decreto 1293 de 1994, reafirmando el criterio de derogatoria tácita, su régimen especial aún vive conforme al régimen de transición propuesto en la Ley 100 de 1993, de igual modo la norma hoy demandada está vigente, en cuanto contempla beneficios propios del mismo régimen y sigue produciendo efectos en el presente y futuro en concordancia de la norma transicional que soporta la principal.
Respecto del alcance de los efectos jurídicos del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 sostiene que en expresiones como “por todo concepto” se debe restringir a los ingresos que tengan carácter remuneratorio de la actividad propia de Senador o Representante, concordante con el artículo 187 de la Constitución Política, y es en este punto donde la Corte debe entrar a pronunciarse para que las entidades y organismos relacionados con la Seguridad Social en Pensiones, tengan claridad sobre el tema y se puedan “materializar los preceptos que el constituyente delegado quiso incorporar con la Reforma del Acto Legislativo 01 de 2005, referentes a la igualdad material frente al sistema y la sostenibilidad financiera del mismo”.
En relación a la sostenibilidad financiera considera que es cierto que el inciso 7 del artículo 48 Superior consagra que toda la normativa expedida posterior al Acto Legislativo 01 de 2005, debe asegurar la sostenibilidad financiera, pero de igual forma es cierto que, de acuerdo con el mismo inciso, el Estado debe garantizar y respetar los derechos adquiridos para lo cual crea periodos de transición a favor de quienes pueden verse afectados con la modificación del ordenamiento jurídico, sin desconocer los criterios que se tuvieron en cuenta para hacer dicha modificación o permitiendo la perpetuidad de los beneficios otorgados transitoriamente.
Finalmente, frente a la violación de derechos constitucionales y demás normas enunciados por los actores, afirma que no resultan de recibo pues sus argumentos no son viables en la medida que el legislador “ampara derechos constitucionales y legales para los pensionados que les asiste el régimen de transición, y no existen fundamentos razonables referentes a la violación de los mismos, no es conducente con relación a la norma acusada”.
Solicita el interviniente que la Corporación se pronuncie de fondo sobre los efectos jurídicos que pueda estar produciendo la norma demandada en lo concerniente al régimen de transición.
El Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia- CUT, manifiesta que coadyuva la acción de inconstitucionalidad presentada y solicita que se declare la INEXEQUIBILIDAD de la norma demandada por considerarla abiertamente violatoria del derecho a la igualdad consagrado como derecho fundamental en la Constitución Política.
Comienza su intervención definiendo la igualdad en materia legal y constitucional y hace referencia a los diferentes conjuntos de sujetos como gremios, asociaciones, colectividades, sindicatos, grupos, comunidades, cooperativas, etc. También hace alusión a la igualdad entendida en otros campos en donde menciona grupos como de orden religioso, social, laboral, familiar. Señala que dentro del marco del Estado Social de Derecho resulta admisible hacer diferenciaciones siempre y cuando se presenten situaciones determinantes que lo justifiquen, especialmente, cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, lo cual se considera desigualdad positiva.
Por el contrario, la discriminación resulta inconstitucional cuando no existen situaciones de debilidad, tal y como se presenta cuando se establece un régimen de pensiones privilegiado a favor de los Congresistas.
Agrega que al liquidar la pensión de un Congresista se encuentran rubros a los que “la mayoría de trabajadores colombianos no tienen acceso, lo cual, frente a la gran cantidad de personas que devengan un salario mínimo, los cuales sí estarían en el grupo que ostentan debilidad manifiesta en las relaciones laborales”.
Recalca que no es concebible que, basados en un precepto legal, se cree mayor desigualdad concediendo que para liquidar la pensión de un Congresista “se acoja un desproporcionado número de factores prestacionales”, a los cuales un trabajador común no tiene derecho, y en cambio, éstos últimos se conviertan en “víctimas de la transitoriedad de las normas, las cuales ya solo se aplican para los más antiguos, discriminando negativamente a quienes ingresen o retiren con vigencias de nuevas normas (sic)”.
Asegura que en Colombia “no existen políticas encaminadas a proteger el trabajador en su seguridad social, y más bien, los organismos del estado que reconocen pensiones “son manejados negligentemente creando interpretaciones negativas respecto a la aplicación de normas o condición más beneficiosa al trabajador, que hacen que los requisitos de edad, tiempo de servicio o el ingreso base de liquidación sean siempre negativos a los intereses de los trabajadores”.(sic)
Aclara que a pesar de no compartir apartes del artículo 48 Superior, reformado por el Acto Legislativo 01 de 2005, este último le ha quitado toda la fuerza legal al artículo hoy demandado, pues la reforma define cuáles son los regímenes exceptuados, en donde no se encuentran los Congresistas.
Agrega que al conceder pensiones “con valores astronómicos, algunos llegando a los treinta millones de pesos, a pocos funcionarios, se atenta de manera directa contra el concepto de sostenibilidad financiera”.
Advierte que de considerarse que la norma acusada produce efectos, lo hace de manera particular, personal y concreta, respecto de quienes poseen derechos adquiridos antes del Acto Legislativo.
Finaliza precisando, como ejemplo, que en Fonprecon “se paga una de las pensiones más altas del país, de $29.316.086 pesos, y la recibe mensualmente un colombiano que ni siquiera fue congresista, sino Secretario de Comisión”.
Teniendo en cuenta lo anterior solicita la declaratoria de inexequibilidad de la norma demandada.
El Instituto de Seguro Social, emite concepto sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, solicitando a la Corte que emita un fallo INHIBITORIO, en los siguientes términos:
El interviniente considera que no existe vulneración del derecho a la igualdad en razón a que antes de la reforma constitucional del año 2005, resultaba admisible la existencia de regímenes especiales que concedían beneficios diversos a los del sistema general de pensiones.
Señala que la jurisprudencia ya de varios años de la Corte Constitucional ha defendido la existencia de regímenes especiales y concluyó que no viola el principio de igualdad por cuanto existen situaciones fácticas distintas que merecen tratos diferenciados, por tanto el legislador puede “razonablemente regularlas de manera diferente”. Así las cosas el régimen general y el especial no se pueden comparar porque responden a situaciones y supuestos fácticos diversos.
En cuanto a la supuesta trasgresión del artículo 48 de la Constitución Política, el segundo parágrafo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, es claro al afirmar que a partir de la vigencia de la norma no se podrán consagrar regímenes exceptuados o especiales y los que se encuentran vigentes expirarían el 31 de julio del año 2010, así se consagró una derogatoria tácita del régimen especial de Congresistas, por lo tanto no tiene sentido declarar la inexequibilidad de una norma derogada.
De todas maneras, señala que respecto de la protección de derechos adquiridos, es posible que sí pueda producir efectos para los que son beneficiarios de dicho régimen y cumplieron los requisitos antes del 31 de julio de 2010, o los que siendo servidores públicos se encuentran dentro del tránsito legislativo consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
De otra parte, se tiene que en cuanto a la aplicación del régimen especial de Congresistas en virtud de la transición, es necesario que éste último se aplique de la manera correcta para que sea efectiva la derogatoria del primero, ya que no pueden ser beneficiarios de la Ley 4 de 1992, quienes a la entrada en vigencia del sistema general “dicho Régimen no fuera el aplicable anterior”.
Para ampliar el anterior concepto, el interviniente cita apartes de algunas sentencias de la Corporación como la T-534 de 2001, T-019 de 1999, T-795 de 2011, T-353 de 2012.
Concluye afirmando que, “los congresistas vinculados a partir del 1° de abril de 1994, no tienen derecho a acceder al régimen consagrado en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, toda vez que este no sería el anterior aplicable, por el contrario los beneficiados deberán cumplir con el requisito de tener al 31 de julio de 2010, al menos 750 semanas cotizadas, para que la transición se les mantenga hasta el año 2014”.
PRUEBAS TÉCNICAS SOLICITADAS POR EL MAGISTRADO SUSTANCIADOR
Mediante Auto del 13 de septiembre de 2012, el Despacho del Magistrado Sustanciador, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, solicitó el apoyo técnico de las siguientes instituciones con el fin que informaran al Despacho, en términos generales, lo siguiente “(i) si conoce o ha realizado algún estudio sobre el impacto macroeconómico del régimen especial de Congresistas, (ii) si conoce el número de personas pensionadas que reciben una pensión superior a los 25 salarios mínimos, (iii) si ha realizado algún estudio sobre el impacto a mediano y largo plazo del régimen especial de Congresistas en la estabilidad financiera del sistema de pensiones, (iv) señale el valor del pasivo pensional del régimen de prima media y de los regímenes especiales, específicamente el de los beneficiarios del régimen especial de Congresistas y (v) señale qué medidas ha tomado para disminuir el déficit pensional y cuáles tiene proyectadas adoptar en el futuro.”: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento de Planeación Nacional, al Ministerio del Trabajo, al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, al Seguro Social, a CAJANAL EICE, en liquidación, a COLPENSIONES, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación, al Banco de la República, a la Defensoría del Pueblo, a FEDESARROLLO, a ASOFONDOS, a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales- UGPP- , a la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (Centro Regional en Colombia), al Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia –Facultad de Ciencias Económicas-, a la Directora de la Especialización de Derecho a la Seguridad Social de la Universidad Javeriana, al Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo -Cider- Universidad de los Andes, al Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, a la Universidad del Rosario –Facultades de Economía y Derecho- y a la Universidad Sergio Arboleda.
Se allegaron los siguientes estudios:
El 26 de septiembre de 2012, mediante oficio del 24 del mismo mes y año se remitió por parte de la Secretaria General de FEDESARROLLO las siguientes publicaciones.
Coyuntura Económica Vol. XXXIII No. 1 Marzo-Septiembre 2003 – Autor FEDESARROLLO - Editorial FEDESARROLLO.
Coyuntura Social No. 27 Diciembre 2002 - Autor FEDESARROLLO - Editorial FEDESARROLLO.
Sostenibilidad de Mediano Plazo del Sistema de Salud y Pensiones – Autor Sergio Clavijo Editorial FEDESARROLLO.
Tendencia Económica 106 Febrero de 2011 - Autor FEDESARROLLO – Editorial Reflexiones sobre el Sistema Pensional.
Tendencia Económica 31 Octubre 2004 - Autor FEDESARROLLO – Editorial La Reforma Pensional.
Tendencia Económica 85 Octubre 2009 - Autor FEDESARROLLO – Editorial Resultados Industria Manufacturera.
Sostenibilidad del Seguro Previsional en Colombia - Autor FEDESARROLLO -Editorial FEDESARROLLO (Informe).
¿Por qué se requieren reformas al mercado laboral y sistema pensional? –Autor Economía Colombiana No. 328 de 2009 – Editorial (Informe Especial).
El 28 de septiembre de 2012, recibió esta Corporación oficio suscrito por la Directora de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social OISS, mediante el cual se enviaron las siguientes publicaciones:
Derechos Humanos y Políticas Públicas para el Adulto Mayor – Autor Oscar José Dueñas Ruiz y otros – Editorial Universidad del Rosario.
La Situación de los adultos mayores en la Comunidad Iberoamericana (Perspectiva general) – Autor OISS – Editorial OISS.
La Situación de los adultos mayores en la Comunidad Iberoamericana – Autor OISS – Editorial OISS.
El 1 de octubre de 2012, la Procuraduría Delegada para los Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social remitió lo siguiente:
Publicación “Pensiones: El costo de las Demandas”
Circular 054 del 3 de noviembre de 2010 sobre la “Aplicación Integral del Régimen de Transición – Inescindibilidad de la norma”.
El 12 de septiembre de la anualidad, mediante oficio, la Directora de la OISS informó que la entidad no ha realizado estudios puntuales sobre la situación del sistema pensional en Colombia, así como sus bondades, riesgos, problemas y las proyecciones de su sostenibilidad a futuro, sin embargo, indicó que la OISS ha adelantado los siguientes estudios:
“La situación de los adultos mayores en la Comunidad Iberoamericana”.
“Los derechos humanos y políticas públicas en Colombia y referencias Iberoamericanas (España, Ecuador, Cuba, Costa Rica, Uruguay)”.
El Secretario de la Junta Directiva del Banco de la República, a través de oficio recibido en esta Corporación, el 2 de septiembre de 2012, remitió las siguientes publicaciones:
Reporte Estabilidad Financiera Marzo 2008 – Autor Banco de la República – Editorial Banco de la República.
Reporte Estabilidad Financiera Marzo 2009 – Autor Banco de la República – Editorial Banco de la República.
Reporte Estabilidad Financiera Marzo 2010 – Autor Banco de la República – Editorial Banco de la República.
Pensiones y portafolios: la construcción de una Política Pública – Autor Juan Mario Laserna Jaramillo – Universidad Externado de Colombia.
El 11 de octubre de 2012, se recibió oficio por parte del Defensor del Pueblo, remitiendo las siguientes publicaciones:
Doctrina Defensorial en Seguridad Social No. 2 (Dos Tomos) – Autor Defensoría del Pueblo – Editorial Defensoría del Pueblo.
La Tutela y el Derecho a la Salud 2010 – Autor Defensoría del Pueblo – Editorial Defensoría del Pueblo.
La Tutela y el Derecho a la Salud 2011 - Autor Defensoría del Pueblo – Editorial Defensoría del Pueblo.
Tres Lustros de la Jurisprudencia Constitucional 1992-2006 (Tomo 1 y 2) - Autor Defensoría del Pueblo (1 CD) (1º informe) – Editorial Observatorio de Justicia Constitucional.
Tres Lustros de la Jurisprudencia Constitucional 2007-2011 (Tomo 1 y 2) - Autor Defensoría del Pueblo (1 CD) (2º informe) – Editorial Observatorio de Justicia Constitucional.
Por parte de la Subdirectora del Centro de Investigaciones para el Desarrollo –CDI- de la Universidad Nacional de Colombia, fue remitida la publicación “Pensiones el costo de las demandas” – Autor Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social - Editorial IEMP Ediciones.

References: artículo 187
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 289
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 17
 artículo 187
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 36
 artículo 17