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Timestamp: 2019-03-25 12:26:11+00:00

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Personas adultas mayores – Un Buen Plan
En el Perú, como en otras partes del mundo, se viene registrando un incremento en la longevidad de las personas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), actualmente 3’229,876 de los habitantes del país son PAM, lo que equivale al 10,1% de la población total.[1] Según las proyecciones demográficas estimadas, para el año 2020 se espera que esta cantidad aumente a 3’593,054 personas[2] y, para el año 2050, a 8’700,000 personas.[3] Si bien la mayoría de esta población se concentra en Lima, las zonas rurales son las que poseen mayor número de PAM en comparación a las zonas urbanas.
Siendo una población considerable que crecerá aún más en los próximos años, se presentan algunas deficiencias en cuanto a medidas políticas y legislativas que garanticen los derechos de estas personas. Como ya señaló la Adjuntía de la Defensoría del Pueblo para la Administración Estatal, las pésimas condiciones del préstamo de servicios sociales a las PAM generan obstáculos para el acceso a estos servicios, afectando los derechos a una vida con dignidad, a la salud e integridad.[4]
En materia de salud, el 80,4% de la población adulta mayor femenina presenta algún problema de salud crónico (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, etc.) y, en la población masculina, este problema de salud afecta al 67,3%. Además, las PAM mujeres del área urbana son el grupo que más padece este tipo de problemas. Por otra parte, la mayor proporción de personas de 60 y más años de edad, con algún tipo de problema de salud, no asistió a un establecimiento para atenderse (69,6%) y un poco más de la cuarta parte (26,3%) no acudió a un establecimiento de salud porque le queda lejos, o no le genera confianza o se demoran en la atención.[5] Por último, solo el 53,4% de PAM se encuentran afiliadas al Seguro Integral de Salud (SIS).[6]
Con referencia a educación, el 17,5% de la población adulta mayor no cuenta con un nivel educativo o solo tiene nivel inicial; el 43,5% alcanzó estudiar primaria; el 23,6%, secundaria; y, el 15,4%, nivel superior. En este punto, debe advertirse la brecha entre hombres y mujeres: el 26,3% de las mujeres no tienen nivel alguno de educación y los hombres en la misma situación representan el 7,9%, siendo la brecha 18,4 puntos porcentuales. Esta situación es similar en las cifras de alfabetismo, dado que de la población adulta mayor, el 30,3% de mujeres son analfabetas mientras que el 9,3% de hombres lo son.[7] En cuanto al número de personas adultas mayores matriculadas en Centros de Educación Básica Alternativa, solo se registra a 6,638 personas a nivel nacional.[8]
En materia a trabajo y actividad económica, las PAM incluidas en la Población Económicamente Activa (PEA) representan el 58,2%, siendo mayor el porcentaje de hombres que de mujeres, 70,8% y 46,5%, respectivamente. Quienes no forman parte de la PEA representan el 41,8%, donde el porcentaje de mujeres es mayor al de los hombres en 24,3% puntos porcentuales.[9] Adicionalmente, 3,259 PAM de 60 a 64 años tienen con empleos temporales. En virtud a estas cifras, cabe indicar que a la fecha no se cuenta con un Plan de Promoción del Empleo para Personas Adultas Mayores, lo cual se ha trazado como una meta para el año 2021, según el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.[10]
En cuanto a participación en programas sociales, el 28,8% de la población de 65 y más años de edad se beneficia de “Pensión 65”, lo que equivale a 505,000 usuarios.[11] Según el área de residencia, el 61,7% de PAM del área rural acceden a este programa social, mientras en el área urbana, el 22,2% y en Lima Metropolitana, el 5,2% .[12] Además, se tiene registrado que solo 54,683 PAM usuarias de Pensión 65 participan en las actividades de “Saberes productivos”, intervención dirigida a promover acciones de revalorización de este grupo.[13]
Sobre accesibilidad, cabe indicar que del total de la población que padece alguna discapacidad, el 40,2% son PAM. Asimismo, de las mujeres que padecen alguna discapacidad, el 46,6% son adultas mayores; mientras que, en el caso de los hombres la cifra es de 33,5%.[14] Respecto a ello, se registra que solo 250 gobiernos locales del total han incorporado la accesibilidad en la planificación urbana; además, no existen datos sobre las municipalidades provinciales monitoreadas que se hayan adecuado a las normas nacionales respecto a transporte terrestre para PAM.[15]
Finalmente, el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017 (PLANPAM 2013-2017)[16] ha identificado varias situaciones problemáticas que viven las PAM en el Perú, entre ellas la falta de acceso a los servicios de salud, a la educación y a los servicios de pensión, así como los bajos niveles de participación social y la violencia y la discriminación por motivas de edad.[17] Adicionalmente, debe advertirse que el 22,9% de hogares con PAM son unipersonales (solo compuestos por la persona adulta mayor), lo cual puede ser indicativo de situaciones de abandono y soledad.[18] Además, se considera al abandono como una forma común de maltrato hacia las PAM.[19] A esto se suma la falta de capacidades en los tres niveles de gobierno con relación a normas e implementación de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las PAM y la falta de articulación intergubernamental.
A nivel nacional, se han implementado algunas medidas para abordar la problemática del adulto mayor. Así, tenemos a la Política Nacional en relación a las Personas Adultas Mayores[20], el PLANPAM 2013-2017, la Red Nacional de Personas Adultas Mayores[21] y la Ley Nº 30490 de la persona adulta mayor[22] entre los instrumentos principales.
En cuanto a los gobiernos regionales, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que estos definen, norman, dirigen y gestionan sus políticas regionales y ejercen sus funciones generales y específicas (educación, cultura, salud, trabajo, población, entre otros[23]) en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales[24]. Debe notarse que, en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, los gobiernos regionales se encargan de “formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientando para que la asistencia social se torne productiva para la región con protección y apoyo a los […] adultos mayores y sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad”[25].
Con referencia a gobiernos locales, la Ley Orgánica de Municipalidades dispone que el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función[26]. Además, en materia de servicios sociales, las municipalidades difunden y promueven “los derechos […] del adulto mayor; propiciando espacios para su participación a nivel de instancias municipales”[27], así como “espacios de participación, educativos y de recreación destinados a adultos mayores de la localidad”[28]. Por otra parte, las municipalidades provinciales establecen “canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de derechos de […] adultos mayores”[29]; mientras que, las municipalidades distritales organizan, administran y ejecutan “los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de […] adultos mayores […] y otros grupos de la población en situación de discriminación”[30].
Ahora bien, con ese marco resulta evidente que los gobiernos regionales y locales tienen competencia para velar por los derechos de los ciudadanos y, en algunas materias, se menciona expresamente a las PAM. No obstante, es la Ley de la Persona Adulta Mayor la que busca consolidar de manera más específica un marco normativo que garantice sus derechos, a fin de mejorar su calidad de vida y propiciar su integración al desarrollo social, económico, político y cultural de la Nación[31]. En cuanto a los gobiernos regionales y locales, la Ley de la Persona Adulta Mayor establece determinadas funciones que se detallarán a continuación:
Los gobiernos regionales y locales conforman espacios para abordar la temática de las PAM, pudiendo constituir comisiones multisectoriales, consejos regionales y mesas de trabajo[32]. Además, en coordinación con el Gobierno Nacional, realizan intervenciones dirigidas a prevenir, promover, atender y rehabilitar la salud de la persona adulta mayor[33]. Por último, remiten la información necesaria al MIMP, para que este reporte el cumplimiento de la ley al Pleno del Congreso de la República[34].
Los gobiernos locales pueden suscribir convenios, alianzas estratégicas, entre otros, con organizaciones e instituciones de naturaleza pública y privada, para la promoción e implementación de políticas, funciones y servicios relativos a la persona adulta mayor[35]. Asimismo, con la promoción del MIMP[36], estos crean los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM), cuyas funciones son las siguientes:
“a) Promover estilos de vida saludables y práctica del autocuidado.
b) Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias pertinentes.
c) Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instancias pertinentes, con especial énfasis en la labor de alfabetización.
d) Prestar servicios de orientación socio legal para [PAM].
e) Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y emprendimientos.
f) Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, deportivo, intergeneracional y de cualquier otra índole.
g) Promover la asociatividad de las [PAM] y la participación ciudadana informada.
h) Promover la participación de las [PAM] en los espacios de toma de decisión.
i) Promover los saberes y conocimientos de las [PAM].
j) Otros que señale el reglamento de la presente ley”[37].
A través de sus tres niveles de gobierno, el Estado tiene las siguientes funciones:
Incorporar contenidos sobre envejecimiento y vejez en los planes de estudio de la Educación Básica, según corresponda, en especial sobre los temas de estilos de vida saludable y cultura previsional[38].
Diseñar, promover y ejecutar políticas, planes, programas, proyectos, servicios e intervenciones dirigidos a la participación de la persona adulta mayor en actividades turísticas, artísticas, culturales, recreativas, de esparcimiento y deportivas[39].
Garantizar el derecho a entornos físicos inclusivos, seguros, accesibles, funcionales y adaptables a las necesidades de las PAM. Esto implica facilitar su acceso y desplazamiento; emitir normas que les permitan el acceso en igualdad de condiciones a medios de transporte, servicios, información y comunicaciones; y, fortalecer las capacidades de sus recursos humanos en accesibilidad universal para este grupo[40].
Brindar protección social a las PAM que se encuentren en situación de riesgo como violencia, pobreza o pobreza extrema, dependencia o fragilidad, o sufra trastorno físico o deterioro cognitivo[41].
Fomentar el buen trato a favor de la persona adulta mayor a través de acciones dirigidas a promover y proteger sus derechos fundamentales, priorizando el respeto por su dignidad, independencia, autonomía, cuidado y no discriminación[42].
Promover una imagen positiva del envejecimiento, reconociendo públicamente a las PAM y a las instituciones públicas y privadas destacadas por sus actividades desarrolladas a favor de este grupo[43].
Promover intervenciones intergeneracionales que permitan a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y PAM compartir conocimientos, habilidades y experiencias de manera que se genere una conciencia de respeto y apoyo mutuo[44].
Formular, diseñar e implementar planes, programas, proyectos y servicios destinados al cumplimiento de la ley, en armonía con la política nacional vigente para las PAM, considerando sus necesidades, características y condiciones culturales[45].
Finalmente, la Resolución Ministerial Nº 095-2017-MIMP crea la Red Nacional de Personas Adultas Mayores, la cual tiene como objetivo contribuir a desarrollar acciones para la implementación y ejecución de las medidas contenidas en el PLANPAM 2013-2017, a través del trabajo concertado y la participación integral de todas las Instituciones comprometidas en su cumplimiento, entre otros[46]. En ese sentido, se crean Mesas como un mecanismo que viabilice el trabajo coordinado de la Red Nacional entre el MIMP, Gobiernos Regionales y Locales y la Sociedad Civil para cumplir con los lineamientos de políticas definidos en el PLANPAM 2013-2017 y las funciones conferidas en la Ley de la Persona Adulta Mayor[47].
Resulta pertinente traer a colación ciertas prácticas implementados a nivel nacional e internacional que podrían calificar como positivas en tanto plantean medidas para que sus gobiernos regionales y locales actúen en materia de PAM.
En el Perú, el Gobierno Regional de Arequipa creó un Registro Único Regional de Organizaciones de Adultos Mayores para establecer un registro de las organizaciones activas a efectos de poder coordinar acciones articuladas[48]. Asimismo, el Gobierno Regional del Callao conformó una Mesa Regional para la atención de las PAM, en la que se incluye instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales y de base[49]; y aprobó su Plan Regional para las Personas Adultas Mayores 2013-2021[50].
En la Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre envejecimiento y derechos de las personas mayores en América Latina y El Caribe de 2017, se reportó lo siguiente: en Brasil, se formaron 2.868 consejos de derechos de las personas mayores en el ámbito subnacional (estaduales, distritales y municipales); en Argentina, un 92% de los gobiernos locales contaban con organismos propios dedicados a la atención de las PAM, la mayoría de los cuales tenía rango de dirección provincial; en Bolivia, los gobiernos autónomos departamentales estaban adquiriendo protagonismo en las acciones a favor de las PAM.[51] Finalmente, la Comisión Permanente de Personas Mayores de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos (RAADH) del MERCOSUR realizó la campaña regional “Vivir con dignidad y derechos a todas las edades”, con el objetivo sensibilizar sobre el contenido de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, iniciativa saludada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.[52]
Propuestas para los Planes de Gobierno
En base a lo expuesto, se plantean las siguientes propuestas para los planes de gobierno:
Coordinar con las entidades estatales a nivel nacional, en especial con el MIMP, para la elaboración de los respectos planes regionales para las PAM, atendiendo a las particularidades y necesidades de cada zona. Cada Plan debe tomar en cuenta los enfoques de derechos humanos, interculturalidad, intergeneracional y género.
Capacitar a los funcionarios públicos de cada gobierno regional y local, en especial a los técnicos encargados de la temática de PAM, en materias de no discriminación, empleo, seguridad social, salud y educación, con el apoyo de las entidades estatales involucradas en estas materias. Cada capacitación debe incluir los enfoques de derechos humanos, interculturalidad, intergeneracional y género.
Promover la asociatividad de las PAM a través de la elaboración de un registro único de organizaciones de PAM a nivel regional y local para que los CIAM cuenten con dichos datos. Esto debe acompañarse con campañas de difusión y convocatorias para que un mayor número de PAM participen a través de estas organizaciones.
Promover espacios de encuentro —como mesas de diálogo, eventos y campañas— entre las PAM y la población en general para conocer las problemáticas de la población adulta mayor. Estos espacios contarían con el apoyo de las organizaciones de PAM y de la sociedad civil pertinentes.
Fortalecer la lucha contra la discriminación mediante la implementación de medidas como la promoción del empleo de las PAM y la erradicación de la violencia o maltrato, desde un enfoque intercultural y de género.
Establecer ordenanzas para la adopción e implementación de mayor accesibilidad a las PAM en materia de planificación urbana y servicios públicos como salud y transporte.
[1] INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) 2017 Situación de la Población Adulta Mayor: Julio-Agosto-Septiembre 2017 [informe]. Lima. Consulta: 28 de marzo de 2018. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-n04_adulto-jul-ago-set2017.pdf P. 1
[2] Idem, p. 21
[3] FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (UNFPA) 2015 Adultos Mayores en el Perú [informe]. Lima. Consulta: 28 de marzo de 2018. http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/UNFPA-Ficha-Adultos-Mayores-Peru.pdf p.2
[4] DEFENSORÍA DEL PUEBLO
2017 Serie Informes de Adjuntía – Informe No. 35-2017-DP/AAE. Lima. Consulta: 28 de marzo de 2018.
https://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/varios/2017/Informe-Adjuntia-035-2017-DP-AAE.pdf p.78
[5] INEI op.cit., p.8
[6] MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (MINJUSDH) 2018 Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Consulta: 28 de marzo de 2018. http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-nvnet/ar-web/DS002-2018-JUS.PDF p.62
[7] INEI op.cit., p. 4 y 5
[8] MINJUSDH, op.cit., p.60
[9] INEI op.cit., p. 12
[10] MINJUSDH, op.cit., p.64
[11] Idem, p.66
[12] INEI op.cit., p. 7
[13] MINJUSDH, op.cit., p.61
[14] INEI op.cit., p. 11
[15] MINJUSDH, op.cit., p. 65
[16] Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 002-2013-MIMP del 16 de junio de 2013.
[17] MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) 2013 Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-2017. Consulta: 28 de marzo de 2018. https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/archivos/planpam3.pdf p.24-31
[18] Idem, p.23 e INEI op.cit., p. 3
[19] Idem, p.30-31
[20] Aprobada mediante Decreto Supremo Nº 011-2011-MIMDES del 9 de julio de 2011.
[21] Constituida mediante Resolución Ministerial Nº 095-2017-MIMP del 21 de marzo de 2017.
[22] Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, del 21 de julio de 2016.
[23] Artículo 46 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
[24] Artículo 45 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, del 18 de noviembre de 2002.
[25] Artículo 60 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
[26] Artículo V de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, del 27 de mayo de 2003.
[27] Artículo 73, inciso 6, numeral 6.4 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
[28] Artículo 82, inciso 17 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
[29] Artículo 84, inciso 1, numeral 1.2 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
[30] Artículo 84, inciso 2, numeral 2.4 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
[31] Artículo 1 de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, del 21 de julio de 2016.
[32] Artículo 23 de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
[33] Artículo 19 de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
[34] Artículo 37 de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
[35] Artículo 12 de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
[36] Artículo 10 de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
[37] Artículo 11, numeral 11.1 de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
[38] Artículo 21 de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
[39] Artículo 22 de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
[40] Artículo 24 de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
[41] Artículo 25 de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
[42] Artículo 27 de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
[43] Artículo 31 de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
[44] Artículo 32 de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
[45] Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor.
[46] Artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 095-2017-MIMP, Constituyen la Red Nacional de Personas Adultas Mayores.
[47] Artículo 4 de la Resolución Ministerial Nº 095-2017-MIMP, Constituyen la Red Nacional de Personas Adultas Mayores.
[48] Artículo 5 de la Ordenanza Regional Nº 327-AREQUIPA, Declaran de interés prioritario regional la atención integral del adulto mayor y aprueba la creación del Consejo Regional para las Personas Adultas Mayores, del 30 de diciembre de 2015.
[49] Artículos 1 y 6 de la Ordenanza Regional Nº 000017, Conforman la Mesa Regional para la Atención de las Personas Adultas Mayores de la Región Callao, del 8 de septiembre de 2013.
[50] Artículo 1 de la Ordenanza Regional Nº 000019, Aprueban el Plan Regional para las Personas Adultas Mayores 2013­2021 de la Región Callao, del 24 de septiembre de 2013.
[51] COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)
2017 Informe de la Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre envejecimiento y derechos de las personas mayores en América Latina y El Caribe [informe]. Asunción. Consulta: 30 de marzo de 2017.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42238/1/S1700921_es.pdf p.7
[52] COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)
2017 “Comunicado de Prensa No. 166/17: Personas mayores visibilizadas a través de la campaña regional Vivir con dignidad y derechos a todas las edades”. CIDH. Brasilia/Montevideo, 24 de octubre. Consulta: 30 de marzo de 2018. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/166.asp
Idehpucp, Personas adultas mayores, UnBuenPlan

References: Resolución 
 Resolución 
 Artículo 46
 Artículo 45
 Artículo 60
 Artículo 73
 Artículo 82
 Artículo 84
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 Artículo 37
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