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Timestamp: 2018-07-16 08:34:50+00:00

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Entidades de mediación penal en menores
Entidades de mediación penal en adultos
Juzgados con proyectos piloto mediación penal adultos
El actual sistema de justicia penal ha puesto de manifiesto efectos negativos que afectan tanto al delincuente como a la víctima, y por extensión, a la sociedad en su conjunto. La duración de los procesos judiciales, con la resolución muchas veces tardía de los mismos, provoca que la imposición de la pena pierda su carácter resocializador. Las penas son más efectivas por su pronta aplicación que por su dureza o severidad. Pero aún en los casos en que la respuesta judicial llegue de manera rápida, el sistema de justicia penal tampoco proporciona una respuesta satisfactoria en algunas ocasiones. El juez penal está sometido a imperativos jurídicos que no le permiten alejarse de la pura determinación de si la persona imputada ha participado en el hecho enjuiciado, si está tipificado como un ilícito penal, y si de esto se deduce la imposición de una pena. Y ello sin recoger otro tipo de consideraciones de interés social: el pasado de la persona delincuente, su futuro, el objetivo corrector y resocializador de la pena, el resarcimiento de los daños causados. En muchos casos, las penas impuestas sólo producen un mal privado a la persona delincuente, pero ningún bien público.
La tendencia de los últimos años a aplicar los sistemas alternativos de resolución de conflictos en el sistema penal ha comenzado a implantarse progresivamente, no sólo basándose en la idea de mitigar la sanción penal, sino también poniendo la mirada en la víctima como protagonista del proceso. Tampoco podemos obviar otras razones de tipo práctico, principalmente el retraso con que se resuelven los procedimientos judiciales.
Desde principios de la década de los ochenta surgen en Europa diversas iniciativas de justicia restaurativa bajo la forma de mediación, que partieron del Consejo de Europa, y posteriormente de la Unión Europea. La Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI), relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal declara que “los Estados miembros procurarán impulsar la mediación en las causas penales [...]. Velarán para que pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la mediación”.
De esta manera, la denominada “justicia restaurativa” se presenta como una nueva manera de afrontar la resolución de las cuestiones derivadas de la comisión de un delito, alcanzando a todas las personas implicadas, que resuelven el conflicto con el objetivo principal de la reparación de los daños, materiales o inmateriales. Se trata de una nueva visión de la justicia penal, donde la participación y las necesidades de la víctima son fundamentales, así como el sentido de la responsabilidad de la persona delincuente, con el fin de su reinserción social.
En España, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, introdujo la conciliación y la reparación del daño como formas de solucionar un conflicto ocasionado por un acto delictivo. Desde que se excluye a los menores del derecho penal de adultos (Artículo 19 del Código Penal: “Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código”), es esta Ley Orgánica la que regula de manera íntegra y específica la responsabilidad penal del menor, en cuestiones tanto de derecho material como procesal, y como establece en su Exposición de Motivos, aunque su naturaleza es penal en el aspecto procesal, en lo material es esencialmente sancionadora-educativa.
En lo que se refiere a la mediación penal en personas adultas, el Código Penal establece como circunstancia atenuante en el artículo 21.5º “la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del juicio oral”.
La mediación puede favorecer esa reparación, que en su sentido más amplio, no se limita al concepto de responsabilidad civil recogido en el artículo 110 del Código Penal.
Incluso el Código Penal en su artículo 130.5º prevé como causa de extinción de la responsabilidad criminal el perdón del ofendido, que se podría alcanzar a través de la mediación.
Voluntariedad, pues sólo cuando las partes están dispuestas a someterse de forma voluntaria es posible la mediación.
Confidencialidad, una vez que las partes se someten a mediación, lo tratado en las sesiones será estrictamente confidencial, y sólo los acuerdos serán conocidos por el juzgado. Incluso si no se llegara a acuerdos, lo expuesto por las partes no podrá ser utilizado en contra de éstas en el juicio.
Gratuidad, esto es, los costes económicos no repercuten en la víctima ni en el infractor, pues son asumidos por la Administración de Justicia.
Neutralidad, quien realice la mediación, ya sea un/una profesional individual o un equipo de profesionales, no podrá tomar partido por una u otra parte. La neutralidad conducirá a las partes al acercamiento de posturas, al no observarse partidismo por la persona mediadora.
Flexibilidad, sobre todo en los tiempos para llevar a cabo un proceso de mediación. Si éste estuviese cerrado a un determinado número de sesiones o un plazo concreto, generaría efectos negativos sobre las partes implicadas.
Bilateralidad, pues cada parte tiene derecho a ser escuchada, a tener posibilidad de explicarse, de defenderse. Y ello ha de ser equilibrado para las partes.
Oficialidad, esto es, le corresponde al Juez, con el acuerdo del Ministerio Fiscal la derivación de los casos al Servicio de Mediación. Esta derivación puede ser de oficio o a instancia de las partes implicadas en el proceso.
¿Qué ventajas tiene la mediación penal?
Posibilita el diálogo entre las partes sobre el hecho delictivo y sus consecuencias: se ayuda a la víctima a expresar el dolor sufrido, y a superar sus sentimientos de desconfianza, miedo, rencor o venganza.
Permite a la víctima recuperar su papel protagonista, recogiendo su opinión, sus necesidades, permitiéndole encontrar el resarcimiento más satisfactorio para ella.
Permite agilizar la respuesta social ante la comisión de un delito, aportando al sistema judicial un instrumento flexible que además ahorra costes judiciales.
Fomenta la cultura del diálogo para la resolución de conflictos.
La mediación puede iniciarse en cualquiera de las fases del procedimiento penal, esto es, en la fase de instrucción, de enjuiciamiento y/o de ejecución, y en los casos de delitos o de faltas que sean susceptibles de ser mediados.
Si el proceso de mediación comenzase en la fase de ejecución de la pena, ésta se suspende mientras se está en el proceso mediador.
¿Qué tipo de delitos y faltas son susceptibles de mediación penal?
Un primer criterio para decidir sobre la idoneidad de la mediación penal será el de las condiciones subjetivas de las personas que protagonizarían la resolución mediada, tanto en función de sus diversas capacidades personales como de la situación coyuntural en que se encuentren.
En relaciones enconadas entre partes, en su caso con múltiples denuncias repetidas o cruzadas.
En faltas y delitos contra la propiedad (robos, hurtos, daños).
En delitos y faltas de lesiones, maltrato, amenazas.
En injurias y calumnias.
En delitos contra la seguridad vial con víctimas.
En delitos de violencia familiar.
En delitos contra los derechos y deberes familiares.
En los delitos que se producen en el ámbito de la violencia de género, debido al posible desequilibrio de poder o tensión emocional entre las partes, NO podrá iniciarse un proceso de mediación penal, al estar vetado por la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Si una vez iniciado el proceso de mediación, el personal técnico que lo realiza detectara las circunstancias contempladas en la ley referida, en su artículo 44.5, especialmente la evidencia de violencia de género, el personal técnico deberá paralizar la mediación y poner en conocimiento del Juzgado que derivó el caso para que sea tratado conforme a la ley.
La mediación no sólo es adecuada para las faltas y delitos como lesiones, amenazas, injurias o incumplimiento de relaciones familiares entre personas con relación previa. Las experiencias que se están desarrollando al amparo del Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial del CGPJ, así como otras experiencias en el ámbito comparado europeo, demuestran su idoneidad, al menos, para faltas y delitos como hurtos, daños y robo con fuerza o con violencia o intimidación. En estos delitos en los que no hay relación cercana entre las partes, la mediación también puede comportar una mayor satisfacción a la víctima (recibir explicaciones, conciliar miedos ocasionados por el delito, recibir una efectiva reparación económica), así como la asunción de responsabilidad mayor de la persona infractora al situarla ante su víctima.
En el ámbito penal, la mediación debe contemplar dos esferas distintas. Una esfera es la referida a personas menores, esto es, aquellas cuya edad está comprendida entre 14 y 17 años, y que han cometido un delito o falta. Regulada en la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, ésta contempla la mediación en el art. 19, en el que se considera el sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima, en aquellos hechos en los que por falta de violencia o intimidación graves, y/o delitos menos graves o faltas, el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima.
La otra esfera a tener en cuenta en el sistema penal es cuando los hechos se producen entre personas mayores de edad. Como ya hemos señalado, en este caso la mediación aún no ha sido regulada, por lo que su situación viene dada por el voluntarismo del Consejo General del Poder Judicial, instando a los juzgados a poner en marcha proyectos piloto para la resolución alternativa de conflictos.
Mediación penal de personas menores
La responsabilidad penal de las personas menores está recogida en la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero. Esta ley, de espíritu sancionador, pero también educativo, recoge en su articulado mecanismos de reparación del daño causado a la persona víctima, y por tanto, plantea la resolución alternativa de conflictos como una posibilidad a la que recurrir en determinados delitos o faltas.
Si bien la ley distingue entre reparación y conciliación, en ambos casos el medio para llevarlo a cabo es la mediación. Si se habla de reparación, la forma contemplada es la de un acuerdo en el que la persona menor se compromete, bien con la víctima, bien con la comunidad, a reparar el daño causado realizando determinadas actividades con una duración establecida. Si, en cambio, la mediación se presenta como conciliación, se requiere la presentación de disculpas de la persona menor infractora ante la víctima y la aceptación de ésta.
En cualquier caso, quienes son protagonistas de la resolución del conflicto son quienes intervinieron directamente en éste, lo que facilita la asunción de responsabilidades por parte del menor infractor y por otra, la reparación física y emocional de la víctima, que acepta las disculpas o la realización de una actividad en beneficio de la comunidad como la forma de resarcir el daño causado.
La mediación penal en personas menores no es posible si ambas partes (menor y víctima) no están de acuerdo en someterse a este proceso, y la voluntad de ambos para resolver el conflicto; pero esa misma voluntariedad hace que pueda abandonarse el proceso en cualquier momento y por diversas causas, tanto de una parte como de la otra.
Parece claro que la persona menor infractora ha de ser necesariamente persona física. Sin embargo, en el caso de la víctima, puede ser persona física pero también persona jurídica (empresas, grandes almacenes, etc.). En cualquier caso, el proceso es similar, puesto que la víctima jurídica delegará en una persona representante de la empresa para acudir al proceso de mediación.
El proceso en la mediación penal con menores tiene peculiaridades que resultan necesarias mencionar:
Una de las partes tiene que ser menor de edad, mientras que el resto de las partes implicadas, no tiene por qué serlo.
Es necesario que se haya iniciado un expediente judicial contra la persona menor.
El juzgado que conoce el caso califica provisionalmente el hecho como una infracción penal.
Si tras la mediación se produce un acuerdo entre las partes, además de ser válido para las partes, produce eficacia en el procedimiento del expediente en el juzgado de menores que lo tramita.
El posterior Real Decreto 1774/2004 de 30 de junio por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal del menor, señala varios artículos en los que se considera la mediación como una realidad a utilizar en determinados casos, y que se pueden considerar la llave que abre los procesos de mediación. Estos artículos son:
Art. 4: Actuaciones de los equipos técnicos.
Art. 5: Modo de llevar a cabo las soluciones extrajudiciales,
Art.8.9: Competencia funcional.
Art. 15: Revisión de la medida por conciliación.
El reglamento es de extraordinaria importancia pues regula el procedimiento de la mediación extrajudicial, que en penal menores, puede tener dos variantes:
Mediación Extrajudicial Pre-sentencial: la mediación se presenta como un método de resolución del conflicto que actúa antes de un procedimiento penal y por tanto, anterior a una sentencia condenatoria.
Mediación Post-sentencial: se recurre a ésta una vez que se ha producido sentencia judicial.
La mediación extrajudicial pre-sentencial está regulada en la ley, y en su reglamento posterior, de forma que el procedimiento es el siguiente:
Se pueden contemplar dos variantes en la mediación extrajudicial en penal menores:
A instancia del Ministerio Fiscal, en el momento en que éste conoce el caso de un menor, el equipo técnico valorará si para los intereses de las partes, es conveniente que el menor y la víctima participen del proceso de mediación. Aquí, la participación del letrado es importantísima, pues éste puede instar a la fiscalía a que aplique el criterio de idoneidad para que el menor se acoja a un proceso extrajudicial. En este caso es la fiscalía quien activa el proceso.
El Equipo Técnico es el que tras la valoración del menor (obligada según el artículo 27 de la L.O. 5/2000) podrá recomendar la entrada del menor en el proceso de mediación al Ministerio Fiscal y al propio letrado del menor. Si equipo técnico y fiscalía lo consideran oportuno, ofrecen esta propuesta al letrado del menor, que se configura no como una solución más, sino que se ha valorado la idoneidad del menor para acceder al proceso de mediación.
Tras el Informe del equipo técnico, si el menor ha consentido en acceder a mediación, se inicia por parte del equipo técnico la mediación. Éste recaba toda la información posible, que le llega a través de la investigación policial (informes, peritaciones médicas,…), de la denuncia de la víctima y del menor.
Con todo ello, el equipo técnico cita al menor para una sesión en la que deberán estar presentes el propio menor, su familia (o representantes legales) y su letrado defensor. En esta sesión, oirá a quienes se hayan personado en la sesión y valorará la conveniencia del proceso de mediación para el interés del menor.
Que el menor acceda a mediación implica el reconocimiento (completo o parcial) de los hechos, las consecuencias de su conducta y la aceptación de reparar los daños causados.
Con todo lo anterior, si finalmente el menor entiende todo el proceso y accede a mediación, el equipo técnico se pondrá en contacto con la víctima. Si ésta es persona física, la persona mediadora deberá escuchar y valorar el grado de victimización y su predisposición a participar en mediación. Si los daños han sido causados en una persona jurídica (entidades, instituciones públicas, empresas,…) el daño emocional apenas si es determinante; sin embargo se recomienda la mediación en la vertiente de reparación de los daños causados.
Considerando que la víctima sea persona física, la persona mediadora deberá valorar la capacidad y voluntad de la víctima para participar en un proceso de mediación que resuelva el conflicto. Ello condiciona la participación de la víctima en el programa de mediación.
Si la víctima, por distintas razones, no participa en el programa de mediación, no significa la expulsión del menor del proceso de mediación. En este caso, el menor realizaría tareas socioeducativas, en beneficio de la comunidad.
Tras la asunción del menor de la reparación y su ejecución efectiva, el equipo técnico comunica al Ministerio Fiscal el resultado de la mediación y los acuerdos logrados. Si el acuerdo es total y el proceso de mediación se considera exitoso, la Fiscalía dará por concluida la instrucción y solicitará al juez el archivo de las actuaciones. Si no hay acuerdo, se continúan las actuaciones en el expediente del menor por el tribunal.
Servicio de mediación penal en menores en Andalucía
En Andalucía, las entidades que han firmado un convenio con la Consejería de Justicia e Interior para ejecutar el Programa de Mediación Penal Juvenil son las siguientes: ver mapa.
En la siguiente web dispones de un cuaderno con los recursos en toda Andalucía. En la pagina 72 encontrarás toda la información sobre mediación penal en menores.
http://juntadeandalucia.es/vgn/images/portal/cit_12354507/28/39/55109885obj.pdf
También puede consultar el mapa de los Juzgados de Menores en cada provincia.
El proceso de mediación penal menores intrajudicial
En todo caso, la documentación necesaria para completar una Mediación penal con menores y remitirla al ministerio fiscal deberá contener:
Un Informe Final, que recoge lo que se ha trabajado en el proceso de mediación, datos identificativos de las partes implicadas, el número de sesiones que se han requerido, actitudes de las partes ante el proceso de mediación, la voluntad de reparar el daño causado, …
Puede ser que por motivos diversos, el proceso de mediación no pueda iniciarse, o no pueda concluirse, por lo que dicho informe deberá reflejar la inviabilidad.
Un Acta de Acuerdos, en el que se incluye datos sobre el expediente, datos sobre las partes que realizan la mediación, los acuerdos alcanzados a nivel general, y las firmas de las partes, representantes legales y el equipo mediador.
Informe de Seguimiento: es opcional, puesto que las partes pueden decidir voluntariamente someterse a este acuerdo.
Otros documentos: todos aquellos que sean necesarios para hacer constar que los acuerdos se están cumpliendo.
Mediación penal de personas adultas
La mediación en el ámbito del Derecho Penal NO está regulada expresamente por ley a nivel nacional, al contrario de lo que sucede en menores, que sí lo está por una ley orgánica. La Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI) insta a los estados miembros a impulsar la mediación como método de resolución de conflictos también en el ámbito penal. La regulación se hace necesaria en tanto que esta Decisión Marco ponía la fecha límite en el año 2006. El derecho penal español, alude a la Justicia Reparadora, tanto en el artículo 91.2 del Código Penal, que contempla la participación en programas de reparación del daño (con beneficios de reducción de la pena para la persona infractora), en el artículo 110 del Código Penal, que tipifica el contenido de la reparación; también el artículo 21.5 C.P., que trata las circunstancias atenuantes, así como el artículo 88 que contempla la sustitución de la pena de prisión por multa o trabajos en beneficio de la comunidad cuando la persona infractora repare el daño causado. En la actualidad la mediación penal en personas adultas es accesible a través de Proyectos Piloto puestos en funcionamiento por el Consejo General del Poder Judicial en el territorio nacional.
Puede encontrar más ingormación en: http://www.poderjudicial.es/...
El proceso de mediación en materia penal
El proceso de mediación que exponemos a continuación corresponde al expuesto en el Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la realización de mediación penal en Proyectos Piloto. Estos proyectos piloto están dotados de Protocolos de Intervención que se han elaborado a partir de las experiencias puestas en marcha por el CGPJ. Ello no quiere decir que cuando un Juzgado inicia una mediación penal haya que hacerla obligatoriamente así, sino que son recomendaciones que el máximo órgano de jueces y magistrados propone para quienes vayan a iniciar este sistema alternativo de resolución de conflictos, con las máximas garantías para las partes implicadas en un proceso de mediación.
Si la mediación penal se realiza en la fase de instrucción en el juzgado, el Proyecto Piloto, sigue este esquema:
1. SELECCIÓN DEL CASO y DERIVACIÓN AL EQUIPO DE MEDIACIÓN
El/la Juez titular selecciona un caso susceptible de mediación, dependiendo del hecho y de las declaraciones de las partes, y lo envía al Ministerio Fiscal, que muestra su conformidad.
Una vez que el Juzgado, junto con el Ministerio Fiscal ha acordado que un asunto pase a mediación, la Secretaría Judicial pone en conocimiento de quienes ejercen la representación legal de las partes para informarles del proceso, (aunque también depende del momento procesal en que se encuentre el expediente). Se envía una carta a las partes invitándoles a participar en la mediación.
El Juzgado se pone en contacto con el equipo de mediación y le entrega el expediente de mediación, que contiene toda la documentación (denuncias, informes periciales, declaraciones de las partes…) para que sea estudiado por el equipo mediador.
2. CONTACTO CON LAS PARTES y ENTREVISTAS
El equipo mediador se pone en contacto con las partes. En un primer momento, se utiliza la llamada telefónica, aunque también puede realizarse a través de sus representantes legales, o de las personas de contacto que estén incluidas en la denuncia, así como por internet, en definitiva, cualquier medio que agilice el contacto con las partes.
La persona mediadora, en la primera llamada telefónica de contacto, tanto a la parte acusada, como a la víctima del hecho, se presenta y le propone conversar sobre el proceso en el que se encuentra inmerso, si ha recibido del Juzgado la carta informativa sobre mediación, sobre las ventajas, la voluntariedad y le invita a una entrevista individual en la que se determina la fecha y la hora. Por lo general, la persona mediadora también se pone en contacto con su representante legal, para evitar desconfianzas en el proceso.
Se comienza con la parte acusada, pues si ésta no quiere participar en la mediación, se evita que la víctima se desplace a la entrevista. Para prevenir futuros malentendidos o falsas expectativas en la víctima, se prefiere no contactar con ésta hasta que efectivamente la parte acusada ha confirmado su participación en el proceso. Es más, la llamada de contacto con la víctima se deja siempre para el momento final de este primera fase, pues si en esta primera llamada de contacto, la parte acusada, incluso habiéndose mostrado favorable a participar en el proceso, no acudiera a la sesión individual informativa, se generarían expectativas sobre la víctima que probablemente la confundan aún más si luego no se llega a iniciar la mediación.
Se realiza la sesión informativa, con cada parte, en la que se firma un consentimiento informado sobre la sesión.
La decisión de participar en el proceso de mediación es siempre individual y personalísima, es decir, tanto la parte acusada como la víctima pueden y deben recibir asesoramiento jurídico sobre la mediación que van a iniciar, y aunque los abogados defensores de cada parte se opongan a ésta, se les invita a hablar con sus defendidos, pues han de ser éstos quienes finalmente tomen la decisión.
1. PREPARACIÓN DE LA PRIMERA ENTREVISTA INDIVIDUAL
Para la primera entrevista individual, se puede citar a las partes en el Juzgado. En este caso, la sede judicial infiere en el acusado la seriedad necesaria del proceso, y en la víctima la seguridad de que se tratará de un proceso ordenado, regulado y no arbitrario.
También se puede citar a las partes en la asociación que el equipo de mediación tiene. Las ventajas en este caso es que las partes distinguen entre el proceso judicial y el proceso mediador.
El modelo mixto utiliza la sede judicial y la sede de la asociación para determinadas sesiones. El cualquier caso dependerá de las circunstancias que la persona mediadora capte en las conversaciones telefónicas con las partes, y de la disponibilidad de uso de las dependencias.
La sala es fundamental pues el desarrollo de la mediación. Las condiciones de uso han de ser las adecuadas, puesto que será allí donde se expresen emociones, sentimientos, anhelos, por lo que debe tener las características apropiadas para que en ella se expresen situaciones humanas complejas.
2. LA PRIMERA SESIÓN
La presencia de familiares y representantes legales puede perturbar el desarrollo de la sesión de mediación, por ello, una vez que las partes han sido informadas de los aspectos jurídicos del proceso, se les invita a irse para que la sesión se celebre entre las partes directamente implicadas en el hecho y la persona mediadora.
Hay una excepción a esto, pues si el equipo de mediación ha evaluado que para favorecer el proceso de mediación la víctima tenga el apoyo de un familiar o una amistad, o personal técnico, podrá estar presente en la sesión.
En la primera entrevista individual, la parte (la acusada y la víctima de forma separada) deberá sentirse acogida por la persona mediadora, la cual a través de distintas técnicas mostrará cercanía, confianza, seguridad. La persona mediadora le expondrá a la parte el proceso de mediación, le informará de las fases, ventajas, obligaciones, las reglas, etc. de forma clara y comprensible, y se asegurará de que todo ello es comprendido por la persona a la que se lo dirige. Si es así, la persona mediadora le entregará el documento de consentimiento informado para que lo firme. Esto formará parte de los documentos que se adjuntarán en el informe final al Juzgado.
Una vez realizado todo lo anterior, comienza la sesión de mediación propiamente dicha, en la que la parte expone su percepción de los hechos. En esta primera entrevista no es necesario indagar demasiado en detalles, pues resulta de mayor trascendencia que la persona mediadora muestre todas las habilidades necesarias en un proceso de mediación: la escucha, la empatía, la comunicación.
Es posible tomar datos de la narración, pero tampoco deberá ser excesivo, pues para la persona que narra puede ser intimidatorio, puede tener la sensación de que sólo se le escucha para luego «levantar acta». Hay datos que pueden ser relevantes para el proceso, pero si no surgen de forma espontánea en esta primera entrevista no se debe forzar la consecución de información.
Sin perder de vista que la víctima debe ser siempre prioritaria, no podemos dejar en segundo lugar que el objetivo de la mediación es lograr que las dos partes ganen resolviendo el conflicto mediante el acuerdo.
Para la parte acusada, el hecho de participar en la mediación supone dar un paso adelante en la asunción de responsabilidades, pese a que no se llegue a un acuerdo final si el proceso de mediación concluye.
Fase de encuentro de diálogo
En esta fase, cuando por primera vez se encuentre víctima e infractor, la situación deberá estar controlada al máximo. Para ello, la persona mediadora deberá:
Tener los datos previos de las entrevistas individuales.
El consentimiento expreso e inequívoco de las partes para encontrarse.
La decisión técnica de la persona mediadora de la viabilidad de la mediación.
Volver a recordarles a las partes las características del proceso mediador, las ventajas, la voluntariedad y las obligaciones que conlleva.
La complejidad de esta fase, en la que las partes expresarán sus emociones, sentimientos, y con la ayuda de la mediación, buscarán los acuerdos que restauren del daño provocado, puede llevarse a cabo en una o varias sesiones.
Si la sesión va a reunir a las partes implicadas en la misma sala, al mismo tiempo, ha de contar con el consentimiento expreso de las partes para que se produzca. Si las partes se encuentran, exponen sus puntos de vista del hecho y logran alcanzar acuerdos, la mediación habrá logrado su objetivo final (mediación directa). Pero puede ser que las partes no quieran encontrarse, lo que no impide realizar la mediación y llegar a acuerdos (mediación indirecta).
Finalizadas las sesiones de mediación, que habrán sido conducidas según los criterios profesionales de la persona mediadora, ésta habrá puesto en práctica todas las técnicas y habilidades para que los encuentros no hayan sido desequilibrados, canalizando el conflicto de forma que la persona mediadora haya desplegado las características básicas e ineludibles del profesional de la mediación, tales como la objetividad, capacidad de empatía, capacidad para disminuir las hostilidades … así, al final del camino, no sólo las parte se habrán podido expresar, sino que también habrán comprendido los efectos de las acciones que provocaron la situación. De hecho, si la parte acusada propone acuerdos o pide o los acepta, explícitamente se está responsabilizando de sus actos, asumiendo los errores cometidos, y finalmente, compensando y restaurando a la víctima. Y la víctima siente que se le ha escuchado, entendido, y puede cerrar con mayor facilidad este suceso que le ha afectado en su vida cotidiana.
El acuerdo, si finalmente se produce, tendrá una serie de características:
Debe beneficiar a las personas participantes, tanto a la parte acusada como a la víctima, deben sentir que les ha beneficiado de alguna manera. Probablemente los intereses eran distintos al inicio que al concluir el proceso. Pero si el acuerdo es aceptado por ambas partes, sin duda habrá sido más beneficioso que un proceso penal tradicional.
Tiene que ser de posible ejecución, y aquí la intervención de la persona mediadora es fundamental, pues de no ser así se frustrarían las expectativas de la víctima (por ejemplo, si se finaliza con un acuerdo en el que se pide un reembolso económico a quien es insolvente) y el efecto positivo de la mediación deja de serlo. Además la persona mediadora deberá asegurarse de que hay voluntad cierta de reparar el daño causado.
Debe respetar el daño causado.
No debe tener contenido punitivo, es decir, no puede llegarse a un acuerdo en el que la parte acusada sea castigada, sino que repara (de una forma u otra) el daño causado).
Los acuerdos pueden ser de distintas tipos:
De Reparación Material: consiste en la devolución de la cosa sustraída o la obligación de dar una cantidad económica. Dependiendo del momento procesal en el que se inicie la mediación, ésta la puede fijar un perito tasador (en la fase de instrucción) o el Ministerio Fiscal (fase de enjuiciamiento).
Si la parte acusada no pudiera asumir la reparación económica de una sola vez, las partes podrán acordar la devolución en plazos.
De Reparación Simbólica: si la parte acusada no tiene recursos económicos, es insolvente o no podrá afrontar la cuantía, la reparación material no será posible. Por ello se recurre a la reparación simbólica, puesto que el daño causado no sólo repara lo material, sino que también tiene un gran coste emocional. La reparación simbólica intenta restaurar los daños psicológicos y morales de las víctimas. Pueden consistir en trabajos en beneficio de la comunidad, presentación de disculpas a la víctima, en el que se reconocen los hechos, con petición de perdón, asunción de responsabilidades sobre el daño cometido. Así tanto víctima como infractor, y tras todo el proceso de mediación, logran restaurar el equilibrio emocional roto por la infracción.
La reparación se concreta por las partes en un acta que contiene los acuerdos a los que llegaron las partes. El acta, que incluirá los datos de las partes, y los acuerdos a los que llegan, así como las sesiones de mediación que se han necesitado, deberá estar firmada por las partes.
Si no se llega a ningún acuerdo, se informará a las partes que el proceso judicial ordinario continúa, y la persona mediadora remitirá al Juzgado un breve informe indicando que no se ha producido acuerdo, pero no explicará las razones ni dará ninguna explicación sobre las dificultades del proceso mediador y del fracaso de éste.
Fase de seguimiento de acuerdos
El seguimiento de los acuerdos tiene como objetivo conocer el grado de cumplimiento de éstos, así como la posibilidad de readaptar los acuerdos, por distintos motivos, siempre en los plazos establecidos. El equipo de mediación puede asumir el seguimiento; siendo esto así, la persona mediadora se responsabilizará de que los acuerdos se cumplan, y para ello, realizará diversas llamadas de control a las partes, con una periodicidad determinada.
Asimismo, el Juzgado podrá recabar al equipo de mediación los informes oportunos para valorar el grado de cumplimiento de los acuerdos.
Tanto para la mediación penal en adultos en la fase de enjuiciamiento, como en la fase de ejecución, el protocolo es similar, aunque las variaciones dependen del momento procesal y significativamente no resulten notables.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 21
 artículo 110
 artículo 130
 resolución 
 resolución 
 artículo 44
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 27
 resolución 
 artículo 91
 artículo 110
 artículo 21
 artículo 88
 resolución