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Timestamp: 2019-01-22 08:47:19+00:00

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﻿ SENTENCIA T-602 DE OCTUBRE 22 DE 1998
SENTENCIA T-602 DE 22 DE OCTUBRE DE 1998
CONTENIDO:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA DE UNA SUCURSAL BANCARIA. PRIMACÍA DE LA BUENA FE, PRESUNCIÓN DE LA BUENA FE, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y AGOTAMIENTO DE LAS FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL TRABAJO, INSTITUCIÓN FINANCIERA, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PRESUNCIÓN DE LA BUENA FE, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Sentencia T-602 de octubre 22 de 1998
Ref.: Exp. T-170217
Acción de tutela contra la sucursal de Bancafe en Belén de Umbría —Risaralda—, por una presunta violación de los derechos al trabajo, la honra y el debido proceso.
— Procedencia de la acción de tutela en contra de una sucursal bancaria.
Santafé de Bogotá, D.C., veintidós de octubre de mil novecientos noventa y ocho.
La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos por los Juzgados Penal Municipal y Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, según los artículos 86 y 241 de la Carta Política; corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas adoptar la sentencia respectiva, de acuerdo con el reglamento interno, y el auto de la Sala de selección número siete del 16 de julio de 1998.
El inciso final del artículo 86 de la Carta, dice: “la ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión” (énfasis fuera de texto). En desarrollo de esta norma, el legislador estableció la procedencia de este mecanismo judicial de protección contra acciones u omisiones de particulares y, específicamente en el numeral 4 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, precisó: “cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización” (subraya la Corte).
Así, se hace relevante que el magisterio, según afirmó el tesorero general del departamento de Risaralda, tiene un convenio con Bancafe para el pago de todos los docentes, razón por la cual a la peticionaria se le consigna su salario como profesora de la vereda “La Planta”, en una cuenta de ahorros que tiene en esa entidad. Añadió este funcionario en comunicación del 23 de abril de 1998, que “no existen otros mecanismos para el pago del magisterio, ya que el convenio con Bancafe es general para todo el magisterio” —folio 43—.
Y según consideró la Corte Constitucional en la sentencia T-014 de 1995(1):
“Podrá decirse que estando permitido el pago por cheque o por giro postal no habrá motivo para considerar anormal el pago mediante consignación en la cuenta bancaria del trabajador. Esto no contradice el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 139, que ordena “el salario se paga directamente al trabajador o la persona que él autorice por escrito” porque el banco es un simple intermediario y quien puede manejar el dinero es el titular de la cuenta”.
7. Si la docente es totalmente ajena al convenio suscrito entre su empleador y la entidad bancaria para el pago de su salario, y no hay otro mecanismo disponible para cancelarlo, entonces ella se vio precisada a abrir una cuenta de ahorros en la sucursal demandada; de esta manera, el banco adquiere una posición dominante en su relación con la actora, porque ya no depende de la entidad sólo el correcto manejo de los dineros que ella consigne, sino el pago oportuno de su salario —que por otro medio no es viable—; eso hace que la relación no sea meramente comercial, sino que le sean aplicables las normas laborales pertinentes y, por tanto, al juzgar esta relación se debe presumir que la trabajadora está en condición de indefensión frente a la sucursal pagadora de su salario, con más razón, cuando ésta no es a la vez su patrono, y tampoco parte en una relación de trabajo sometida a las acciones y limitaciones propias de la legislación laboral. Así, en este caso, procede la acción de tutela instaurada por María Herlinda Moncada Ramírez en contra de la sucursal de una entidad bancaria privada.
El gerente de la sucursal demandada, Hermán de Jesús Zuluaga Palacio, en declaración rendida ante el Juez Penal Municipal de Belén de Umbría reconoce que dispone de recursos judiciales para procurar el pago de lo que, reclama, debe la actora a la sucursal; a propósito manifestó: “citamos a la señora para conciliar y tratar de recuperar esa suma, sin embargo no aceptó alternativas de pago, por lo cual le hemos dado un plazo para su cancelación, antes de iniciar un proceso judicial... De todas maneras la cuenta de la señora continúa bloqueada porque así nos lo permite el reglamento del banco” (se resalta a folio 33). Además, el señor Zuluaga Palacio confesó en la declaración ya citada, que fue advertido sobre el procedimiento legal a seguir, y lo desestimó con el ánimo de negociar: “el abogado del banco preguntó que por qué no se había denunciado penalmente —a la clienta—, pues no se hizo con el ánimo de que se negociaba con ella”. Y pretende el gerente de Bancafe de Belén de Umbría, que su actuación es legítima, porque se fundamentó en las normas que regulan la utilización de las tarjetas débito.
Al respecto, citó el artículo 2º del reglamento del contrato de tarjeta débito que dice, según copia que obra en el expediente a folio 29: “el banco se reserva el derecho de retener o impedir la utilización de la(s) tarjeta(s) cuando lo estime conveniente, sin que para ello haya lugar al pago de indemnización alguna”, y el artículo 5º ibídem: “...el usuario titular será responsable ante el banco hasta la culpa leve, por usos o retiros indebidos de fondos que se hagan con su(s) tarjeta(s) y su número clave de identificación, conforme a la investigación que para tal efecto adelante el banco”.
Planteado en esos términos el conflicto a juzgar, el juez de tutela procedió en la primera instancia a hacer una diferenciación necesaria: un problema es si la actuación de la sucursal demandada es legitima frente al contrato de tarjeta débito, y otro, si se justifica en lo que hace a la cuenta de ahorros.
El contrato de tarjeta débito entre la actora y Bancafe, regula el manejo de su cuenta con la tecnología de circulación conocida como moneda plástica, a cambio de una cuota de mantenimiento; como tal acceso no es necesario para que se cumpla oportunamente con la obligación de pagar el salario, nada impide, desde el punto de vista de los derechos fundamentales que reclama la peticionaria, que la entidad bancaria aplique el artículo 2º del reglamento en su relación con ella y, después de lo ocurrido, le retenga o impida utilizar la tarjeta, al menos mientras procede con la investigación a la que está obligada por el artículo 5º del mismo estatuto.
Pero, ni el gerente de la sucursal aduce que existe norma que lo autorice a retener los salarios que le consignen a la actora en su cuenta de ahorros, ni de existir tal norma podría aplicarse sin violar los derechos fundamentales de ésta última. Debe señalarse a Bancafe que, de lo que se paga a la trabajadora a título de salario, no puede retener cantidad distinta a la que el asalariado autorice por escrito, las correspondientes a retención en la fuente y seguridad social, y las que ordene la autoridad judicial competente(2). Así, la sucursal de Belén de Umbría sólo puede bloquear a la peticionaria su cuenta de ahorros, en caso de que le garantice una manera diferente, y al menos tan eficaz como esa, para cancelarle oportuna e íntegramente su salario.
(2) Código Laboral, art. 149 descuentos prohibidos. 1. El patrono no puede deducir, retener o compensar suma alguna de salario, sin orden suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial. Quedan especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador para con el patrono, sus socios, sus parientes o sus representantes; indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados, o pérdidas o averías de elementos de trabajo; avances o anticipos del salario; entrega de mercancías, provisión de alimentos y precio de alojamiento”.
La entidad bancaria procedió a pedir explicaciones a la señora Moncada, luego de que se produjera una serie numerosa de retiros de su cuenta de ahorros, inmediatamente después de que, por error, los empleados del banco omitieran descontar un retiro que la accionante hizo por ventanilla; después de oirla, la sucursal sostiene que ella no obró de buena fe, pues a más de entregar la tarjeta suministró el código personal de identificación, los retiros se limitaron a la suma en la que se equivocó el banco, y se hicieron con tal rapidez que llevan a pensar a la entidad que si ella no incurrió en la conducta abusiva, participó en su realización o al menos la facilitó.
Pero la demandante no está de acuerdo con esas conclusiones; ni aún bajo la amenaza de un procedimiento penal en su contra, estuvo dispuesta a llegar a un acuerdo con la sucursal y, bajo esas circunstancias, la única opción legitima que le quedaba a la sucursal de Bancafe, como anotó oportunamente su asesor jurídico, era acudir a las acciones civiles correspondientes, o denunciar los hechos como presuntamente constitutivos de un delito, y hacerse parte civil dentro del proceso que se iniciara de esa manera. Acorde a derecho no podía la sucursal, como de hecho lo hizo, arrogarse las funciones del fiscal para decidir si se adelantaba o no una acción penal, de la que en este caso es titular el Estado y no Bancafe, ni las del juez civil para decidir que se embargaban y retenían los dineros que a cualquier título le fueran consignados a la peticionaria en su cuenta de ahorros. Para sopesar y declarar el grado de culpa que le corresponde a la actora en los retiros irregulares, y la clase de responsabilidad que de acuerdo con el ordenamiento debe exigírsele, el banco tiene que acudir ante los funcionarios judiciales competentes; como omitió hacerlo y procedió a cobrarse por propia mano, violó los derechos de María Herlinda a la presunción de inocencia y a ser juzgada con el lleno de las formalidades propias de cada juicio.
La Corte no desconoce el derecho que asiste a la entidad bancaria de recuperar el dinero que haya sido retirado de manera indebida, pero también la peticionaria tiene derecho a que se presuma la buena fe en sus actuaciones —artículo 83 de la C.P.—, a que se le respete la presunción de inocencia —C.P. artículo 28—, y a que ésta sólo pueda desvirtuarse como resultado de un proceso judicial adelantado con la observancia de todas las garantías constitucionales —artículo 29 ibídem—. Como tampoco compete a la Corte Constitucional juzgar si la conducta desplegada por la peticionaria es constitutiva de delito, en la parte resolutiva de este fallo se dispondrá que, a través de la secretaría general de la corporación, se remita copia de la actuación surtida a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
Pero, la actuación de la entidad demandada no sólo violó el derecho al debido proceso de la actora; es un claro ejemplo de extralimitación en el ejercicio del propio derecho, que vulnera lo establecido por el constituyente en el artículo 95 superior sobre los deberes de todos, y directamente afectó, de manera contraria a derecho, la garantía constitucional consagrada en el artículo 53 para el pago oportuno de los salarios; en efecto, la docente cumplió con la tarea que le fue asignada por su superior, el patrono consignó oportunamente el salario que aquella causó con su labor, pero la trabajadora no pudo disponer de su remuneración porque un intermediario financiero encargado contractualmente de realizar el pago, decidió apropiar los dineros devengados por la docente, y destinarlos a cubrir una obligación no convenida con ella ni declarada judicialmente —de serlo, se desprendería del contrato de la cuenta—.
Según se afirmó en la solicitud de amparo, María Herlinda no tiene cómo sufragar sus necesidades mínimas y las de sus hijos menores, mientras la decisión demandada no se varíe; y según se desprende del expediente, tal reclamo es cierto porque la cuota alimentaria que recibe la actora también se consigna en la cuenta de ahorros de ella en Bancafe, y la misma resultó afectada por la decisión de esa sucursal bancaria, consistente en cambiar la destinación de los depósitos, y abonarlos todos al pago de lo que se niega a reclamar por la vía judicial debida.
1. Confirmar las sentencias proferidas por el juez único penal municipal y el juez único promiscuo del circuito de Belén de Umbría, mediante las cuales se concedió la tutela solicitada por la señora María Herlinda Moncada Ramírez.
2. Ordenar a la secretaría general de la corporación remitir copia de la actuación surtida a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
3. Comunicar esta sentencia al Juzgado Penal Municipal de Belén de Umbría para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

References: artículo 86
 artículo 42
 artículo 139
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 28
 artículo 95
 artículo 53
 artículo 36