Source: http://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=22
Timestamp: 2019-05-22 20:35:08+00:00

Document:
Compromisos derivados de los acuerdo de cumplimiento de recomendaciones contenidos en el Informe No. 60/01 Familiares de Ileana del Rosario Solares Castillo
Caso 11.766, Informe de solución amistosa No. 67/03, Irma Flaquer (Guatemala)
Caso 9111, Informe No. 60/01, Ileana del Rosario Solares Castillo, Ana María López Rodríguez69 y Luz Leticia Hernández (Guatemala)
En el Informe de fondo No. 60/01 de fecha 4 de abril de 2001, la CIDH concluyó que el Estado de Guatemala había violado los derechos de Ileana del Rosario Solares Castillo, Ana María López Rodríguez y Luz Leticia Hernández a la vida (artículo 4), la integridad personal (artículo 5), la libertad personal (artículo 7), las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo y 25) en conjunción con la obligación de garantizar los derechos protegidos en la Convención, según se establece en el artículo 1(1) de la misma. Lo anterior como resultado de la captura y posterior desaparición forzada de Ileana del Rosario Solares Castillo, Ana María López Rodríguez y Luz Leticia Hernández a manos de agentes del Estado guatemalteco, los días 25 de septiembre de 1982 la primera y 21 de noviembre de 1982 las segundas.
1. Desarrolle una imparcial y efectiva investigación de los hechos denunciados que determine las circunstancias y destino de las señoritas Ileana del Rosario Solares Castillo, Ana María López Rodríguez y Luz Leticia Hernández, que se establezca la identidad de los responsables de su desaparición y se les sancione conforme a las normas del debido proceso legal.
2. Adopte medidas de reparación plena de las violaciones constatadas, que incluyen: medidas para localizar los restos de las señoritas Ileana del Rosario Solares Castillo, Ana María López Rodríguez y Luz Leticia Hernández; los arreglos necesarios para facilitar los deseos de su familia con respecto al lugar de descanso final de sus restos; y una reparación adecuada y oportuna para los familiares de la víctima.
En el presente caso el Estado suscribió el 19 de diciembre de 2007 un acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH en su Informe de Fondo No. 60/01 con los familiares de la víctima Ileana del Rosario Solares Castillo, y el 14 de octubre de 2010 con los familiares de la víctima Ana María López Rodríguez.
Los familiares de la víctima Luz Leticia Hernández Agustín han informado al Estado que previo a consensuar una reparación económica o medidas de reparación moral, el Estado debe entregar los restos de Luz Leticia.
El 8 de octubre de 2013, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 60/01.
Respecto de la primera recomendación, esto es, investigar los hechos denunciados sobre la desaparición forzada de Ileana del Rosario Solares Castillo, Ana María López Rodríguez y Luz Leticia Hernández ocurridas en 1982, determinar los responsables y sancionarlos, el Estado informó que ante el Ministerio Público se encontraban dos expedientes de investigación (Expediente MP001/2006/12842 por la desaparición forzada de Ileana del Rosario Solares Castillo y Expediente MP001/2006/67766 por la desaparición forzada de Ana María López Rodríguez y de Luz Leticia Hernández) y que las investigaciones continuaban abiertas. Los peticionarios informaron que tienen conocimiento de que el Ministerio Público continúa con la investigación pero que aún no se ha iniciado proceso penal en contra de ninguno de los responsables.
En relación con la segunda recomendación, respecto a adoptar medidas de reparación, que incluyen: medidas para localizar los restos de las tres mujeres detenidas desaparecidas en 1982 y facilitar los deseos de sus familias sobre el lugar de descanso final de sus restos, el Estado ha informado anteriormente que la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) -organización no gubernamental, autónoma, técnico-científica-, habría realizado diligencias de exhumación y que al concluir los estudios correspondientes la FAFG proporcionaría el resultado de las exhumaciones. Los peticionarios refirieron que a la fecha no han sido localizados los restos de Ana María López Rodríguez.
Sobre el componente de reparación adecuada y oportuna para los familiares de las víctimas, el Estado informó el grado de cumplimiento de los acuerdos suscritos con los familiares de las víctimas Ileana del Rosario Solares Castillo y Ana María López Rodríguez, en los siguientes términos:
Compromisos derivados de los acuerdo de cumplimiento de recomendaciones contenidos en el Informe No. 60/01
Familiares de Ileana del Rosario Solares Castillo
Familiares de Ana María López Rodríguez
Reconocimiento de la responsabilidad Internacional y petición de perdón
Develación de placa conmemorativa en memoria de la víctima
Pago de reparación económica
Capital semilla constitución de una fundación
Reproducción de CD con biografía de la víctima y resumen del caso
Reproducción de folleto educativo
Impulsar aprobación de Ley 3.590 (Que Crea Comisión de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos)
Impulsar juicio y sanción de los responsables de las desapariciones forzadas
Por su parte, los familiares de Ana María López Rodríguez coinciden con el Estado respecto al estado de cumplimiento de cada una de las reparaciones relacionadas con ella.
Por lo expuesto, la Comisión valora las acciones del Estado y concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones reseñadas anteriormente. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
En el Informe No. 57/02 de fecha 21 de octubre de 2002, la CIDH concluyó que el Estado guatemalteco había faltado al cumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 1(1) de la Convención, y había violado, en conjunción con el artículo 1(1) de la Convención: el derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención, en lo referente a Efraín Recinos Gómez, Basilio Guzmán Juárez y Diego Orozco; el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 4 de la Convención, en cuanto a Diego Orozco, a todo el grupo de trabajadores ocupantes y sus familias, que sufrieron el ataque del 24 de agosto de 1994, y especialmente a las once personas que sufrieron graves lesiones: Pedro Carreto Loayes, Efraín Guzmán Lucero, Ignacio Carreto Loayes, Daniel Pérez Guzmán, Marcelino López, José Juárez Quinil, Hugo René Jiménez López, Luciano Lorenzo Pérez, Felix Orozco Huinil, Pedro García Guzmán y Genaro López Rodas; el derecho a la libertad de asociación consagrado por el artículo 16 de la Convención, en cuanto a los trabajadores de la finca La Exacta que organizaron una asociación laboral para exponer sus demandas laborales a los propietarios y administradores de la finca La Exacta y a los tribunales guatemaltecos y que sufrieron represalias por ese motivo; el derecho del niño a la protección especial estipulada en el artículo 19 de la Convención, en lo que se refiere a los menores que estuvieron presentes durante la incursión del 24 de agosto de 1994; el derecho a un debido proceso y a la protección judicial protegidos por los artículos 8 y 25 de la Convención, en cuanto a los trabajadores organizados que procuraron acceso a recursos judiciales en relación con sus demandas laborales, y en cuanto a las víctimas de los sucesos del 24 de agosto de 1994 y sus parientes que procuraron justicia en relación con esos sucesos. Asimismo, concluyó que el Estado de Guatemala había violado los artículos 1, 2 y 6 de la Convención sobre la Tortura en relación con la tortura sufrida por Diego Orozco.
El 9 de junio de 2003 las partes suscribieron un “Convenio de bases para el Cumplimiento del Estado de Guatemala de las Recomendaciones de la CIDH” y el 24 de octubre de 2003 suscribieron un Convenio de Reparación Económica: Además suscribieron un addendum donde el Gobierno se comprometió a erogar 950,000.00 quetzales por concepto de reparación económica.
El 8 de octubre de 2013 la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el presente caso.
El Estado únicamente se refirió a dos de las recomendaciones formuladas por la CIDH en su Informe de Fondo 57/02. En relación con la investigación relacionada con los hechos del presente caso, el Estado reiteró la información que anteriormente había remitido a la CIDH, sobre las diligencias realizadas por el Ministerio Público en el año 2002 y 2008 en relación con órdenes de captura emitidas contra varios sindicados en los hechos ocurridos 24 de agosto de 1994, cuando un grupo de personas atacó a los trabajadores ocupantes de la finca La Exacta y a sus familias y producto del ataque tres trabajadores resultaron muertos al menos once personas sufrieron lesiones graves. Asimismo, en relación con la tercera recomendación de la CIDH sobre reparación, el Estado informó sobre algunas medidas que se han tomado en 2013, principalmente en lo relativo al otorgamiento de 96 viviendas y al acceso a servicios de agua potables. Asimismo, sobre esta recomendación, el Estado había informó anteriormente que en diciembre de 2003 se dio cumplimiento al pago de 950,000.00 quetzales por concepto de reparación económica. Por su parte, los peticionarios señalaron que debido a que el Estado no había realizado avances concretos y significativos en el cumplimiento de las respectivas recomendaciones, no cuentan con información actualizada para presentar a la Comisión.
Por lo expuesto, la CIDH valora la medida adoptada por el Estado por concepto de reparación económica y concluye que se han cumplido en forma parcial las recomendaciones reseñadas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
El 10 de octubre de 2003, mediante Informe No. 66/03, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Emilio Tec Pop. En resumen, los peticionarios habían denunciado que el 31 de enero de 1994, Emilio Tec Pop, de 16 años de edad, se dirigía del municipio del Estor, departamento de Izabal, hacia la cabecera departamental de Cobán, Alta Verapaz, y en horas de la madrugada fue detenido por individuos desconocidos. Treinta y dos días después, el 3 de marzo del mismo año, las autoridades del destacamento militar del Estor entregaron a Emilio Tec Pop a sus familiares. Los peticionarios en este Caso afirmaron que el menor fue detenido contra su voluntad y maltratado física y psíquicamente, denunciando que los soldados amenazaron de muerte a Emilio, lo golpearon y le picaron las manos con un cuchillo.
En el Acuerdo de Solución Amistosa, el Estado se comprometió a 1) Reconocer la responsabilidad del Estado; 2) Otorgar reparación y asistencia a la víctima consistente en el pago de una indemnización de US$ 2,000.00 y dotar un capital semilla de granos básicos al señor Emilio Tec Pop a fin de mejorar su nivel de vida y, 3) Investigar y sancionar a los responsables de los hechos denunciados.
De acuerdo a la información aportada por las partes, consta que el Estado dio cumplimiento a los compromisos relacionados con el reconocimiento de responsabilidad internacional, la reparación y la asistencia.
El 4 de octubre de 2013, la Comisión solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Solución Amistosa.
Respecto al compromiso de investigación y sanción de los responsables, los peticionarios plantearon que la información aportada por el Estado no permite establecer avances concretos y significativos en la investigación, juicio y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos de Emilio Tec Pop.
El Estado por su parte indicó que continúa dando seguimiento a las investigaciones penales orientadas a enjuiciar a los responsables de la detención arbitraria de Emilio Tec Pop.
La CIDH valora las medidas adoptadas por el Estado en materia de reconocimiento de responsabilidad internacional, pago de reparación y entrega de asistencia.
Por lo expuesto, la Comisión concluye que el acuerdo amistoso se encuentra parcialmente cumplido. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
El 10 de octubre de 2003, mediante Informe No. 67/03, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso de Irma Flaquer. De acuerdo a los antecedentes del mismo, el 16 de octubre de 1980 la periodista Irma Flaquer Azurdia fue secuestrada mientras se conducía en un vehículo acompañada de su hijo Fernando Valle Flaquer en la Ciudad de Guatemala. En el hecho resultó herido Fernando Valle Flaquer, muriendo posteriormente en el Hospital General San Juan de Dios. Desde esa misma fecha se ignora el paradero de Irma Flaquer. Asimismo, argumentan los peticionarios que durante el proceso de investigación del Caso por las autoridades guatemaltecas se destacó que si bien el Gobierno de aquella época lamentó formalmente la presunta muerte de Flaquer, hubo pocos esfuerzos oficiales para investigar el hecho. Además, los mínimos esfuerzos de investigación oficial fueron excusados por una ley de amnistía que en 1985 otorgó un indulto general, diluyendo tanto la responsabilidad como la participación que le correspondería a algún sector del aparato estatal.
El 2 de marzo de 2001, las partes acordaron una solución amistosa del caso. Por medio del acuerdo de solución amistosa, el Estado reconoció su responsabilidad institucional por los hechos del Caso y reconoció la necesidad de “proseguir y reforzar firmemente las acciones administrativas y legales orientadas a establecer la identidad de los responsables, establecer la localización de la víctima, así como la aplicación de las correspondientes sanciones penales y civiles”. Asimismo, en el numeral tercero de dicho acuerdo, el Estado se comprometió a estudiar el pliego de peticiones planteado por los peticionarios por concepto de reparaciones, consistente en los siguientes puntos:
De conformidad con el acuerdo de solución amistosa, las partes acordaron “crear la Comisión de Impulso” y establecieron al 19 de marzo del 2001 como la fecha de inicio de sus actividades, tras un acto público a realizarse en la ciudad de Fortaleza, Brasil, en el marco de la reunión semianual de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. A partir de esa fecha y en los treinta días subsiguientes, el Estado y los Peticionarios acordaron que la Comisión debe comenzar las tareas y procesos de investigación del caso de Irma Marina Flaquer Azurdia, así como establecer un cronograma y calendario de actividades para la dignificación de la desaparecida periodista, estableciéndose de antemano la fecha del 5 de septiembre del 2001 – natalicio de la desaparecida periodista – para realizar un acto público, con las partes involucradas, en la Ciudad de Guatemala”.
En el Informe de Solución Amistosa, la Comisión expresó que había sido informada sobre la satisfacción de los peticionarios -SIP- por el cumplimiento de la gran mayoría de los puntos del acuerdo. Sin embargo, continuaba pendiente el cumplimiento de lo siguiente: a) Creación de una beca de estudio para periodismo; b) Creación de una cátedra universitaria sobre Historia del Periodismo, y c) la remisión de la carta a los familiares pidiendo perdón. Asimismo, continúa pendiente la obligación del Estado de investigar la desaparición forzada de la periodista Irma Flaquer Azurdia y la ejecución extrajudicial de Fernando Valle Flaquer.
De acuerdo a la información aportada por las partes durante el seguimiento del Informe de Solución Amistosa, el Estado dio cumplimiento a la entrega de la carta de perdón a los familiares de la víctima en un acto público realizado el 15 de enero de 2009.
En consecuencia, quedaría pendiente de cumplimiento lo siguiente: a) Creación de una beca de estudio para periodismo; b) Creación de una cátedra universitaria sobre Historia del Periodismo, e) Investigar la desaparición forzada de la periodista Irma Flaquer Azurdia y la ejecución extrajudicial de Fernando Valle Flaquer.
El Estado sólo se refirió a la reparación consistente en la creación de una beca de estudios para periodismo, e informó que no ha sido posible cumplir con este compromiso debido a que los procedimientos del Fideicomiso Nacional de Becas y Créditos del Estado (FINABECE) exigen que se indique el tipo de beca y las condiciones en que será entregada. Por lo anterior, señaló que sería necesario realizar la respectiva modificación al acuerdo de solución amistosa entre las partes.
La CIDH observa que estaría pendiente de cumplimiento la creación de una beca de estudio para periodismo y la investigación del caso.
El 10 de octubre de 2003, mediante el Informe No. 68/03, la Comisión aprobó un acuerdo de solución amistosa en el Caso “Comunidad San Vicente de los Cimientos”. En resumen, el 24 de agosto de 1993 el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), en representación de 233 familias indígenas presentaron una denuncia ante la CIDH donde alegaron que durante el conflicto armado, el sector denominado Los Cimientos, ubicado en el Chajul, departamento Quiché, donde vivían 672 familias indígenas propietarias del sector, fue invadido en el año 1981 por el Ejército de Guatemala, estableciendo un cuartel en la zona. Luego de amenazas de bombardeo a la comunidad y ante el asesinato de dos comuneros, la comunidad Los Cimientos fue obligada a abandonar sus tierras en febrero de 1982, dejando sus cosechas de maíz, frijoles, café y sus animales. Un mes después de la huida, algunas familias retornaron al lugar encontrando que sus viviendas habían sido quemadas y sus pertenencias robadas. Posteriormente, la comunidad Los Cimientos fue expulsada nuevamente en 1994. El 25 de junio de 2001, la comunidad fue despojada violentamente de sus tierras, de las cuales era legalmente propietaria, por vecinos y otras personas, aparentemente apoyados por el Gobierno.
El 11 de septiembre de 2002, las partes acordaron una solución amistosa del caso y establecieron los siguientes compromisos:
En relación con la gestión para la creación de una comisión de impulso que verifique el estado del proceso legal seguido en contra de las personas involucradas en los hechos del 25 de junio del 2001 contra los propietarios de las fincas Los Cimientos y Xetzununchaj, el Estado manifestó que el hecho de que no se haya condenado a nadie en el presente caso, no implica que no se haya gestionado el avance respectivo; de hecho, refirió que se capturó e investigó a Mateo Hernández Sánchez (única persona sometida en el presente caso). Por su parte, los peticionarios señalaron que el Estado sigue sin cumplir con su compromiso de investigación, juicio y sanción de los responsables, ya que este caso está en total impunidad desde hace más de 12 años. Asimismo, lamentaron que la única persona sometida a juicio en el presente caso haya quedado libre por la indebida diligencia del Ministerio Público en este caso.
Sobre la cesión de los actuales derechos de propiedad, posesión y hereditarios al Fondo de Tierras, los peticionarios señalaron que la información comunicada por el Estado en 2013, es la misma a la informada desde 2010, por lo concluyen que el Estado no ha avanzado en el cumplimiento de este compromiso. Asimismo, refirieron que se encuentran a la espera de de que la COPREDEH los convoque para continuar y concluir con este proceso.
Sobre el otorgamiento de viviendas, contenido en el compromiso “Para la ubicación y asentamiento de la comunidad, el Gobierno de la República otorgará ayuda humanitaria, techo mínimo y servicios básicos”, los peticionarios informaron que para octubre de 2013, de un total de 103 expedientes de beneficiarios de vivienda, se habían aprobado 65 estudios socioeconómicos, y que quedaba pendiente la aprobación de los restantes 38. Manifestaron también que están a la espera de que el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (FOGUAVI) declare y apruebe las 103 viviendas.
Por otra parte, los peticionarios informaron que el “Convenio Específico” planteado al Estado para la implementación y cumplimiento de algunas medidas de reparación continuaba sin suscribirse.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 16
 artículo 19