Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520459.html
Timestamp: 2019-03-24 23:28:37+00:00

Document:
as201520459
Auto Supremo: 459/2015 Sucre: 19 de Junio 2015 Expediente: CB – 46 - 15 – S Partes: Nelly Panozo Aguilar c/ Alberto Félix Pérez Ferrel, Julieta Becerra
Antezana, y probables herederos de Trinidad Blanca Pérez Aguilar,
Walter Terrazas Ibáñez, y presuntos interesados
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 576 a 583, interpuesto por Nelly Panozo Aguilar, contra el Auto de Vista Nº REG/S.II/ASEN.129/24.11.2014 de 24 de noviembre de 2014, de fs. 570 a 572 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre acción pauliana seguido por Nelly Panozo Aguilar contra Alberto Felix Pérez Ferrel, Julieta Becerra Antezana, y probables herederos de Trinidad Blanca Pérez Aguilar, Walter Terrazas Ibáñez, y presuntos interesados; la respuesta al recurso de fs. 586 a 589 y vta., el Auto de concesión de fs. 598; los antecedentes del proceso, y:
Nelly Panozo Aguilar, adjunto literales a 35 fs., demanda el 12 de mayo de 2008, amparada en los arts. 1446 y 1447 del Código Civil, y art. 59 del procedimiento civil, manifestando que debido a la deuda a su padre Ismael Panozo Claros, Trinidad Blanca Pérez Aguilar suscribió el 22 de abril de 1998, reconocimiento de crédito en tres partidas ($us.7.500 5 de julio de 1996; $us.1.000 6 de agosto de 1996; $us.1.700 5 de septiembre de 1996), recibiendo un total de $us.10.200 con 2.5% de interés mensual. La deudora fallece en 8 de enero de 1999, y el 19 de agosto de 1999, su padre y luego ella como apoderada, demanda el pago en la vía ejecutiva solicitándose el gravamen del inmueble de la deudora ubicado en la ciudad de Santa Cruz, Barrio San Jorge de 360 m2, con el que garantizó la deuda. Se acredita la copropiedad de Trinidad Blanca Pérez Aguilar del inmueble por compra mediante documento de 8 de junio de 1988 y minuta de venta de 12 de febrero de 1998, registrado el 10 de junio del mismo año, con matricula donde consta el derecho propietario sobre 360 m2. Walter Terrazas Ibáñez por documento de 27 de diciembre de 1994, reconoció que el bien jamás le correspondió en la mitad siendo que en su totalidad de Trinidad Blanca Pérez Aguilar, reconocimiento de derecho que se plasmó en la minuta de 20 de marzo de 1995, ante notario y registro bajo partida computarizada como sub inscripción el 29 de marzo de 1995, por lo que la totalidad del bien constaba solo a nombre de Trinidad Blanca Pérez Aguilar.
Una vez iniciada la demanda ejecutiva se procedió al gravamen preventivo de una parte del bien bajo matricula 7011990014017 asiento Nº 4 sobre la inscripción de 172,5 m2 mediante orden judicial. Trinidad Blanca Pérez Aguilar transfirió 360 m2 a Alberto Félix Pérez Ferrel y Judith Becerra mediante minuta de venta y crédito de 30 de enero de 1998, protocolizada el 12 de febrero de 1998, en cuyas cláusulas se describe el lote de 360 m2, lote Nº 5, Manzana 1, UV 73, especificándose la matrícula 7011990043179 de 10 de junio de 1998 y folio Nº 0103750, de esta venta los compradores (Pérez Becerra) inscriben anotación preventiva el 7 de diciembre de 2000 asiento Nº 5. Pero luego existe otro folio de compraventa del lote Nº 6 efectuado por “Blanca Pérez Aguilar” señalándose folio computarizado 0188390 y otro folio real 7.01.1.99.0014017 venta por 172 m2 SOBRE EL QUE PESA EL GRAVAMEN obtenido en su favor, de 4 de octubre de 1999, del que luego inscribieron anotación preventiva los esposos Pérez Becerra el 7 de diciembre de 2000. No obstante que el bien inmueble transferido a los compradores Pérez Becerra mediante escritura de 12 de febrero de 1998, registrada bajo matricula como anotación preventiva en el folio 7.01.1.99.0043179 de 17 de febrero de 1998 sobre 360 m2, lote Nº 5 en el asiento Nº 1 a nombre de Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana y pese a estar inscrito bajo partida computarizada el derecho de propiedad de Trinidad Blanca Pérez Aguilar, aparece la venta bajo partida original de derecho propietario (fs. y partida Nº 593 de 10 de junio de 1998 Libro Tercero), supuestamente efectuado por Blanca Pérez Aguilar y Walter terrazas Ibáñez.
Tras la inscripción del gravamen el 4 de octubre del 1999, a tiempo de hacer el gravamen definitivo, el bien estaba registrado preventivamente a nombre de Félix Alberto Pez Ferrel y Julieta Becerra Antezana con anotación preventiva de venta por lo que se solicitó a cancelación de la inscripción de venta de Trinidad Blanca Pérez Aguilar a favor de los esposos Pérez-Becerra, no se efectivizó pues no había registro de gravamen definitivo pues se dictó sentencia después de tres años.
La escritura de 12 de febrero de 1998, resulta ser un contrato de préstamo y venta de bien inmueble que otorga única y exclusivamente Trinidad Blanca Pérez Aguilar a Félix Alberto Pérez Ferrel y Judith Becerra Antezana registrado bajo el folio 010318119 inscrito el 17 de febrero de 1998. Por segunda vez se inscribió la venta a los esposos Pérez Becerra mediante documento de 11 de febrero de 2002 e inscrita bajo la matricula 14017 de 20 de septiembre de 2002, sobre 172,50 m2 que efectúan Trinidad Blanca Pérez Aguilar con Walter Terrazas Ibáñez. Esta venta sin embargo, es nula pues Trinidad Blanca Pérez Aguilar falleció el 8 de enero de 1999, y Walter Terrazas Ibáñez aclaró que no era dueño del lote en cuestión. La venta del inmueble efectuada por Trinidad Blanca Pérez Aguilar fue de mala fe, los esposos Pérez Becerra con absoluto conocimiento de la deuda de aquélla, efectuaron anotaciones preventivas posteriormente sobre el gravamen preventivo de Ismael Panozo Claros comprando de una persona muerta y de Walter Terrazas quien no es dueño de nada, concluyendo que esta venta es dolosa, por lo que demanda acción pauliana pidiendo la reconstrucción del derecho propietario de Trinidad Blanca Pérez Aguilar, y se declare inexistente la escritura pública de 30 de enero de 1998, protocolo Nº 953 de 12 de febrero de 1998 inscrito bajo la partida computarizada 010318119 por 360 m2, folio inscrito el 17 de febrero de 1998, ordenando la cancelación de la inscripción bajo los folios y asientos respectivos, declarando válida la matrícula Nº 7.01.1.99.0043179
Alberto Félix Pérez Ferrrel y Julieta Becerra Antezana, de fs. 112 a 116 y vta., responden, oponen excepciones de falsedad, ilegalidad, improcedencia, cosa juzgada, prescripción y falta de acción y derecho, y demandan en la vía reconvencional. Arguyen en sus excepciones que son propietarios según Escritura Pública Nº 953/98 de 12 de febrero de 1998 sobre otorgamiento de un préstamo de dinero con garantía hipotecaria que otorga la Cooperativa Jesús Nazareno Ltda., y la transferencia del inmueble efectuado por Trinidad Blanca Pérez Aguilar en la suma de $us. 14.000 en su favor, respecto del lote de terreno de 360 m2 ubicado en la UV 73, lote Nº 5, manzana Nº 1, registrado bajo la partida computarizada 010318119 el 17 de febrero de 1998 en la ciudad de Santa Cruz, respecto de los cuales (préstamo y transferencia) tienen cancelado en su totalidad a la mencionada Cooperativa; de otro lado, adquirieron mediante contrato de compraventa de 11 de febrero de 1998, un bien inmueble de Walter Terrazas Ibáñez y Trinidad Blanca Pérez Aguilar, ubicado en la Urb. San Jorge de la ciudad de Santa Cruz, UV 73, manzana Nº 1, lote Nº 6, en la extensión de 172,50 m2 registrado bajo el folio computarizado 0188390, con matricula 7.01.1.99.0014017 el 20 de septiembre de 2002, y según el estado hipotecario del referido bien inmueble bajo el asiento Nº 2 (anotación preventiva de transferencia de propiedad), el 18 de agosto de 1998, tienen como anterioridad a la actora de quien su gravamen es después a la de ellos con el asiento Nº 4 de 21 de agosto de 2000. La solicitud de revocación de los documentos de esta última venta no cumple con los requisitos de la acción pauliana, art 1446 C.C., para que proceda esta acción es necesario que la deudora conozca y sea consiente del perjuicio que el acto o contrato ocasiona a la acreedora, esto se operó por lo que se desvirtúa que Walter Terrazas Ibáñez y Trinidad Blanca Pérez Aguilar hayan transferido sus dos bienes inmuebles para perjudicar a la acreedora. El inmueble de 360 m2 lo adquirieron de la Cooperativa arriba señalada, como garantía hipotecaria y por posterior transferencia a su favor según la Escritura Pública 953/98 de 12 de febrero, en calidad de privilegio hipotecario. Según el art. 348.I del Código Civil, cuando de daños y perjuicios se trata, la acreedora está obligada a efectuar todas las diligencias, por lo que por su negligencia no puede ahora revocarse los actos de disposición patrimonial que efectuaron porque simplemente a la actora se le ocurre que tal acto le perjudicó, además de su culpa concurrente. Los documentos de préstamo de dinero de 22 de abril de 1998 y 18 de agosto de 1996, a la fecha ha operado la prescripción de la deuda en base al art. 1507 del Código Civil, luego de haber obtenido Sentencia de pago del capital de la deuda, dentro de su demanda ejecutiva, tenía el derecho a accionar en la vía ordinaria en el plazo establecido. Dentro de este proceso se rechazó la cancelación de registro de sus derechos propietarios, la prelación entre los embargante para el cobro de su acreencia, el embargo de la demandante no se ha inscrito en Derechos Reales, estaba en la obligación de trabar el embargo para que la ley se limite a exigir que el crédito tiene caracteres de certidumbre y seguridad.
Por la demanda reconvencional, solicitan se mantenga la eficacia de los contratos de compraventa insertos en la Escritura Pública Nº 953/98 de 12 de febrero, contrato sobre otorgamiento de préstamo de dinero con garantía hipotecaria que otorga la Cooperativa Jesús Nazareno Ltda., contrato sobre otorgamiento de préstamo de dinero con garantía hipotecaria, transferencia de un bien inmueble según títulos que efectúa Trinidad Blanca Pérez Aguilar por la suma de $us.14.000 en su favor, y del documento privado de compraventa de 11 de febrero de 1998, del inmueble adquirido de Walter Terrazas Ibáñez y Trinidad Blanca Pérez Aguilar, toda vez que han comprado de buena fe a título oneroso, y sin tener conocimiento de que los vendedores tenían obligaciones o deudas con terceros.
Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juez Primero de Partido en lo Civil en la ciudad de Cochabamba, mediante Sentencia Nº 18, de 5 de agosto de 2103, de fs. 524 a 531, declaró Improbada la demanda de acción pauliana o revocatoria; Probada la excepción de improcedencia interpuesta por los demandados Alberto Félix Pérez Ferrel, Julieta Becerra Antezana, Walter Terrazas Ibáñez, presuntos herederos de Trinidad Blanca Pérez Aguilar, y presuntos interesados; Probada la acción reconvencional de Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Montaño, manteniéndose la eficacia jurídica de los contratos de compraventa que constan en la Escritura Pública Nº 953/98 de 12 de febrero y del documento privado de compraventa de 11 de febrero de 1998, registrado bajo el folio 0188390 matricula 7011990014017 en 20 de septiembre de 2002, ambos en la ciudad de Santas Cruz.
En grado de apelación, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Auto de Vista de 24 de noviembre de 2014, de fs. 570 a 572 y vta., confirmó la Sentencia apelada; Resolución contra la cual la parte demandante recurre de casación en la forma y en el fondo.
Acusa violación del debido proceso en sus elementos de derechos de defensa, motivación y fundamentación, señalando que en su apelación ha acusado que Walter Terrazas Ibáñez y Blanca Pérez Aguilar aparecen vendiendo el lote Nº 6 de 172 m2 a Alberto Pérez y Julieta Becerra Antezana, sin embargo, en el testimonio de Derechos reales de fs. 26 a 27 y vta., se consigna otra fecha distinta de adquisición del inmueble; que el documento de 11 de febrero de 1998, reconocido, como la anotación preventiva de la venta son fraudulentos e inexistentes, así como la anotación preventiva de 19 de agosto de 1998.
Error de hecho y de derecho.- El documento de venta de 11 de febrero de 1998, como el folio real de fs. 29, acreditan que dicho documento fue forjado con esa fecha, 11 de febrero de 1998, por Trinidad Blanca Pérez Aguilar y Walter Terrazas Ibáñez, y por Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana con la matricula que se creó el 16 de febrero de 1998 para aparentar que los primeros habrían realizado la venta a los segundos antes de suscribir el documento de reconocimiento de deuda de 22 de abril de 1998.
Violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley.- Trinidad Blanca Pérez Aguilar vende el lote 5 de 360 m2 a Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana, mediante documento de 30 de enero de 1998, con registro en 10 de junio de 1998, y matricula 7.01.1.99.0043179 y folio 0103750. Por segunda vez, Trinidad Blanca Pérez Aguilar y Walter Terrazas Ibáñez venden el lote 6 con documento aparente de 11 de febrero de 1998, de 172,5 m2 haciendo constar que se halla inscrito bajo partida computarizada Nº 010318083 folio Nº 1108390 de 16 de febrero de 1998.
En base a estos antecedentes solicita, por el recurso de forma, se anule obrados hasta dictarse nuevo Auto de Vista, y por el de fondo, pide casar dicha Resolución declarando probada la demanda.
Tomando en cuenta que el presente recurso de casación fue interpuesto en la forma y en el fondo, conviene en principio ingresar al análisis de los reclamos venidos en la forma, de los que, de evidenciarse su vulneración o transgresión, ameritará la nulidad de obrados o de la Resolución recurrida, en cuyo caso será intrascendente proceder al análisis de las cuestiones de fondo.
En relación a su acusación de violación del debido proceso en sus elementos de derechos de defensa, motivación y fundamentación, señalando que en su apelación ha acusado que Walter Terrazas Ibáñez y Blanca Pérez Aguilar aparecen vendiendo el lote Nº 6 de 172 m2 a Alberto Pérez y Julieta Becerra Antezana, sin embargo, en el testimonio de Derechos reales de fs. 26 a 27 y vta., se consigna otra fecha distinta de adquisición del inmueble a la fecha que aquéllos declararon en el momento de vender a los esposos Pérez-Becerra; acusó también que el documento de 11 de febrero de 1998, reconocido, como la anotación preventiva de la venta son fraudulentos e inexistentes debido a que no podía consignarse en dicho documento posterior, como tradición de dominio la inscripción de 16 de febrero de 1998 porque hasta esa fecha no había sido presentada en Derechos Reales el documento de 7 de noviembre de 1998; acusando además que la anotación preventiva de 19 de agosto de 1998, también es fraudulenta, sin embargo, el Auto de Vista no emite análisis ni pronunciamiento ni decisión debidamente motivada y fundamentada.
La falta de pronunciamiento en la Sentencia o Auto recurrido, sobre alguna de las pretensiones deducidas en el proceso y reclamadas oportunamente, de conformidad al art. 254 del Código de Procedimiento Civil, constituye una violación formal. Para constatar aquello y revisado el fallo recurrido se observa que en el segundo considerando, punto II, que Trinidad Blanca Pérez Aguilar y Walter Terrazas Ibáñez eran propietarios del inmueble signado con el Nº 6 de 172,5 m2 registrado en Derechos Reales el 16 de febrero de 1988, transferido a favor de Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana, por documento privado de 11 de febrero de 1998, registrado el 20 de septiembre de 2002. En el punto III, se ha establecido que, sobre el último registro propietario existen gravámenes a favor de los demandados Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana, con la anotación preventiva en el asiento B-2 por la transferencia de propiedad a su favor registrado en la partida Nº 060035320 en 19 de agosto de 1998; y, en el punto VII ha señalado que no es evidente la supuesta irregularidad en el registro de propiedad y hasta en su transferencia, porque el tema del registro y la fijación de folios reales corresponde en responsabilidad a los operadores de Derechos Reales, si estuviere acreditado, cosa que no se evidenció en la especie. De ello, se advierte que el Ad quem se ha pronunciado respecto al punto apelado; la exigencia de pronunciamiento como forma esencial del proceso, no implica que deba acusarse su falta o ausencia cuando la autoridad no se pronunció a favor de determinadas pretensiones deducidas en el recurso, sino que bastará que la autoridad se pronuncie sobre el punto objeto de apelación, ya sea negando u otorgando derechos.
Respecto a que la resolución del Tribunal de Alzada no cuenta con una adecuada motivación y fundamentación respecto a los puntos apelados, sino ideas generales sin que haya tocado respecto de las cuestiones resueltas por el A quo incumpliendo el art. 236 del Código de Procedimiento Civil; además de lo señalado por la recurrente respecto a lo que ha de entenderse por motivación y fundamentación, debemos agregar que la fundamentación alude a que ha de expresarse con precisión el o los preceptos legales aplicables al caso; y por motivación el deber de señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, consiguientemente una Resolución o Sentencia debe contener una exacta adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. De la revisión de la Resolución recurrida se advierte que el Tribunal de Alzada en el primer considerando ha expuesto los puntos apelados, y conforme a éstos, en el segundo considerando, ha efectuado la fundamentación legal partiendo del art. 236 del Código Adjetivo de la materia, centrando su análisis en los presupuestos contenidos en el art. 1446 del Código Civil, aplicándolo al caso en concreto, es decir, vinculando el precepto normativo con los hechos, pero además, en este considerando, se observa que el Ad quem ha argumentado sus razones de orden legal, circunstancias y causas que concurren en el proceso, subsumiéndolas en dicho articulado. Con ello, habiendo expresado el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que haya considerado para someter el caso al mismo, el Juez Ad quem ha cumplido con su deber de motivación y fundamentación conforme dispone el art. 115.II de la Norma Fundamental.
Al no haber sustentado la recurrente sus reclamos en la vía del recurso de casación en la forma, se concluye que éste deviene en infundado en virtud de los arts. 271 num. 2) y 273) del Adjetivo Civil.
Acusa error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, señalando que: El documento de venta de 11 de febrero de 1998, como el folio real de fs. 29, acreditan que dicho documento fue forjado con esa fecha, 11 de febrero de 1998, por Trinidad Blanca Pérez Aguilar y Walter Terrazas Ibáñez, y por Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana con la matricula que se creó el 16 de febrero de 1998 para aparentar que los primeros habrían realizado la venta a los segundos antes de suscribir el documento de reconocimiento de deuda de 22 de abril de 1998, entonces sabían del fraude que estaban cometiendo que debe primar como verdad material, ya que la verdad formal es la anotación preventiva de 19 de agosto de 1998 (folio real de fs. 29).
Acusa violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, refiriendo: Trinidad Blanca Pérez Aguilar vende el lote 5 de 360 m2 a Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana, mediante documento de 30 de enero de 1998, con registro en 10 de junio de 1998, y matricula 7.01.1.99.0043179 y folio 0103750. Por segunda vez, Trinidad Blanca Pérez Aguilar y Walter Terrazas Ibáñez venden el lote 6 con documento aparente de 11 de febrero de 1998, de 172,5 m2 haciendo constar que se halla inscrito bajo partida computarizada Nº 010318083 folio Nº 1108390 de 16 de febrero de 1998; respecto de la venta del lote 5 de 172,5 m2, se acredita que el documento de 11 de febrero de 1998, fue forjado con dicha fecha por documento de 11 de febrero de 1998, por Trinidad Blanca Pérez Aguilar y Walter Terrazas Ibáñez, y por Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana, con supuesta protocolización en 8 de mayo de 1998, ingresando el registro de este inmueble el 20 de septiembre de 2002. Este documento se ha forzado para demostrar que Trinidad Blanca Pérez Aguilar y Walter Terrazas Ibáñez realizaron la venta a dichos esposos con anterioridad a suscribir el documento de reconocimiento de deuda de 22 de abril de 1998, a sabiendas del fraude que cometían.
De la certificación de fs. 12 a 13, expedido por Derechos Reales, se acredita que Trinidad Blanca Pérez Aguilar y Walter Terrazas Ibáñez eran propietarios del lote Nº 5 de 360 m2 ubicado en la UV 73, manzana 1, acreditándose que dicho terreno de su propiedad fue cedido en favor de Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana, mediante Escritura Pública Nº 953 de 12 de febrero de 1998, y se encuentra registrado bajo la matrícula Nº 7011990043179 de 17 de febrero de 1998; de otro lado, el lote Nº 6 de 172,5 m2 ubicado en la Urb. San Jorge UV 73, manzana 1, derecho propietario que también correspondía a Trinidad Blanca Pérez Aguilar y Walter Terrazas Ibáñez por escritura privada de 7 de noviembre de 1988, registrado bajo la partida 010318083 de 16 de febrero de 1988, el mismo que mediante compraventa fue transferido a Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana, a través de la escritura privada de 11 de febrero de 1998, registrado bajo la matricula Nº 7011990014017 de 20 de septiembre de 2002, informándose que el mencionado inmueble se encuentra afectado de gravámenes: asiento B-1 anotación preventiva a favor de Cooperativa Fátima (juicio ejecutivo); asiento B-2 anotación preventiva a favor de Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana (transferencia de propiedad registrado bajo la partida 060035320 de 19 de agosto de 1998), asiento B-3 anotación preventiva a favor de Cooperativa Fátima (juicio ejecutivo); asiento B-4 anotación preventiva a favor de Panozo Claros Ismael (juicio ejecutivo de 21 de agosto de 2000 por $us. 10.200); anotación preventiva a favor de Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana (medida preparatoria). De dicha información sobre gravámenes que pesan sobre el inmueble, lote 6, se tiene que su venta (12 de febrero de 1998), se realizó con anterioridad al reconocimiento de deuda que efectuó la vendedora Trinidad Blanca Pérez Aguilar mediante documento privado reconocido de 22 de abril de 1998, de fs. 3 a 4, por lo que en el momento del reconocimiento de deuda el lote de terreno ya no formaba parte de su patrimonio menos constituía garantía, sin embargo, la recurrente si bien señala que Trinidad Blanca Pérez Aguilar y Walter Terrazas Ibáñez, y por Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana, habrían forzado el documento de 11 de febrero de 1998, este hecho no ha sido demostrado en el trámite y menos ha demostrado que los entonces compradores del inmueble Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana sabían del perjuicio que con dicha compra estaban ocasionando al acreedor de su vendedora, conforme el tercer requisito exigido por el art. 1446 del Código Civil, al respecto, el A quo y el Ad quem han señalado que si bien es cierto que los compradores registraron su derecho recién el 20 de septiembre de 2002, después de dos años de la anotación preventiva del acreedor (21 de agosto de 2000), sin embargo, la transferencia ya se había operado con la sola voluntad de las partes.
Respecto del lote Nº 5, la certificación de Derechos Reales hace constar las sub inscripciones a las que está sujeto el inmueble, señalándose que las mismas se encuentran bajo las partidas 020006293 (rectificado), partida Nº 020011907 de 29 de junio de 1997, partida 020012230 de 23 de julio de 1997, sub inscripciones que igualmente se establecen en la certificación de Derechos Reales de fs. 482 a 483 y vta., con la finalidad de aclarar el derecho propietario, límites y superficie del mencionado lote, concluyendo de dichas certificaciones que la deudora Trinidad Blanca Pérez Aguilar, al momento de la transferencia del lote 5, de 360 m2, en fecha 12 de febrero de 1998, a favor de Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana era verdaderamente la propietaria dos meses antes de efectuar el reconocimiento de deuda en favor del padre de la recurrente (22 de abril de 1998), en ese sentido, no se ha demostrado que los co-demandados Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana conocían sobre la deuda que mantenía su vendedora ya que el derecho preferente de cobro y persecución respecto de la acreencia no había sido registrada al momento de la compraventa efectuada en favor de los co-demandados supra referidos, y del registro de la misma en 17 de febrero de 1998, por lo que no podían conocer, o en todo caso, desconocían dicha acreencia menos podían saber que con la compra podrían estar afectando derechos de otras personas, por lo que por estos hechos tampoco se cumple con el numeral 3) del art. 1446 del Código Civil, máxime si los compradores adquirieron para sí el terreno con el préstamo que les otorgó la Cooperativa Jesús Nazareno Ltda., y del folio real de fs. 236, se evidencia que los compradores registraron su derecho propietario el 17 de febrero de 1998 bajo la matricula 7011990043179, así como el registro de la hipoteca en la misma fecha, y la constancia de cancelación de dicha deuda, por lo que por la sucesión de estos hechos tampoco se evidencia que Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana actuaron en colusión o en complicidad con Trinidad Blanca Pérez Aguilar.
De la revisión de antecedentes y datos que informan al proceso, se tiene que de conformidad al art. 1446 del Código Civil: “I. El acreedor puede demandar que se revoquen, declarándose ineficaces respecto a él, los actos de disposición del patrimonio pertenecientes a su deudor, cuando concurren los requisitos siguientes:…”, de dicha disposición se colige que para la procedencia de la acción pauliana deben concurrir cada uno de los requisitos que se encuentran numerados en la norma, de manera simultánea para la procedencia de la revocatoria, es esa la interpretación legal que ha seguido la entonces Corte Suprema de Justicia, y esa línea ha sido asumida por este Tribunal Supremo de Justicia. Al margen, la doctrina coincide en señalar dos condiciones para la procedencia de la acción pauliana: el perjuicio sufrido por el acreedor, dice, en razón de un contrato de enajenación que con un tercero celebre el deudor, y el fraude concertado entre el deudor y el tercero.
Por los antecedentes y datos contenidos en el proceso, se evidencia que la recurrente no acreditó por ningún medio de prueba, los hechos en los que ha fundado su demanda mucho menos ha demostrado la concurrencia de esas exigencias de que dispone la norma, es decir, en el caso de Autos, el fraude que habrían concertado entre la deudora de Ismael Panozo Claros, Trinidad Blanca Pérez Aguilar y Walter Terrazas Ibáñez, con los terceros Alberto Félix Pérez Ferrel y Julieta Becerra Antezana, adquirentes de los bienes que pertenecían a la deudora, y más bien se ha establecido que la recurrente no ha registrado la acreencia oportunamente.
Por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir Resolución de conformidad al art. 271 num. 2) en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por Nelly Panozo Aguilar contra el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2014, de fs. 570 a 572 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre acción pauliana seguido por la recurrente contra Alberto Felix Pérez Ferrel, Julieta Becerra Antezana, y probables herederos de Trinidad Blanca Pérez Aguilar, Walter Terrazas Ibáñez, y presuntos interesados. Con costas.

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