Source: https://tc.vlex.es/vid/2001-l-1994-stc-248002
Timestamp: 2019-11-21 12:21:33+00:00

Document:
STC 57/2005, 14 de Marzo de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 248002
Número de Recurso: 4062-2001
Recurso de amparo 4062-2001. Promovido por doña María Jesús A.L. frente a la Sentenica de la Sala de lo Conteniodo-Administrativo del Tribunal Supreior de Justicia de Madrid que desestimó su recurso sobre liquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas de 1994. Supuesta vulneración del derecho a la igualdad: tributación por la pensión de alimentos fijada en un convenio de separación matrimonial (STC 1/2001).
Sentencia citada en: 413 sentencias, 24 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 4062-2001, promovido por doña María Jesús A.L., en su propio nombre y en el de sus dos hijos menores, bajo la representación procesal del Procurador de los Tribunales don Roberto Primitivo Granizo Palomeque y con la asistencia de la Letrada doña Elisa Peleteiro Gómez-Reino, contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 26 de junio de 1998, en materia de impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 1994. Ha comparecido el Abogado del Estado en la representación que ostenta y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 16 de julio de 2001, el Procurador de los Tribunales don Roberto Primitivo Granizo Palomeque, en nombre y representación de doña María Jesús A.L., que actúa en su propio nombre y en el de sus hijos menores, interpuso recurso de amparo contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 26 de junio de 1998, en materia de impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 1994 y, sólo en la medida en que no repara la lesión constitucional, también contra la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha de 26 de junio de 1998, por la que se estima parcialmente el recurso núm. 1808/98 interpuesto contra la anterior resolución. La parte actora entiende que dicha resolución judicial ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley reconocido en los arts. 14 y 31.1 CE.
Don Joaquín García Morillo (cónyuge de doña María Jesús y padre de los dos menores recurrentes) estuvo casado en primeras nupcias con doña Carmen Turrión Fernández, de la que se divorció mediante Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 23 de Madrid de 15 de marzo de 1989, en la que se acordaba que los dos hijos comunes quedarían "bajo la guarda y custodia de su madre, residiendo de forma permanente con ella", y se fijaba como contribución del padre a los alimentos de los hijos "la cantidad de 92.976 pesetas mensuales", que se revisaría anualmente. Así, la pensión satisfecha durante el año 1994 ascendió a 1.478.316 pesetas.
En la autoliquidación del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 1994, presentada el día 28 de junio de 1995 por el Sr. García Morillo, éste redujo la base imponible en la cuantía de la pensión por alimentos abonada a sus hijos, resultándole una cuota negativa a devolver de 444.152 pesetas. Dicha autoliquidación fue rectificada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que practicó una liquidación provisional sin reducir la base imponible en la citada cuantía, liquidándole, de un lado, una cuota positiva a ingresar de 855.808 pesetas (774.470 pesetas de cuota más 81.338 pesetas de intereses de demora) y, de otro lado, una sanción de multa de 387.235 pesetas.
Contra los anteriores actos administrativos se interpusieron sendas reclamaciones ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid (núms. 18416/96 y 2166/97), quien de forma acumulada las desestimó por Resolución de 26 de junio de 1998. En estas reclamaciones se planteaba la inconstitucionalidad del art. 71.2 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas, por su contradicción con los arts. 14 y 39 CE, al impedirle reducir la base imponible en el importe de las anualidades fijadas a favor de sus hijos por decisión judicial, estableciéndose así una discriminación "respecto de quienes satisfacen pensiones o alimentos por resolución judicial a sus ex cónyuges". El Tribunal Económico-Administrativo Regional excusó conocer de esta cuestión al no ser de su competencia, por corresponder "el enjuiciamiento de la legalidad de las disposiciones generales a la jurisdicción contencioso-administrativa, y el control de la constitucionalidad de las leyes al Tribunal Constitucional".
Fallecido el contribuyente el día 14 de julio de 1998, su cónyuge, doña María Jesús A.L., interpuso contra la anterior Resolución recurso contencioso-administrativo (núm. 1808/98) ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En dicho recurso, la parte actora cuestionó nuevamente el art. 71.2 de la Ley 18/1991, que impide la deducción de las pensiones por alimentos abonadas a los hijos, y suplicó el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad sobre el inciso del art. 71.2 citado que estipula la deducibilidad de las pensiones "con excepción de las fijadas a favor de los hijos del sujeto pasivo", por vulnerar el principio de igualdad de los arts. 14 y 31.1 CE, así como el de capacidad económica del art. 31.1 CE y el de protección a la familia del art. 39 CE. Por Sentencia de 13 de junio de 2001 se estimó parcialmente el recurso, con anulación de la sanción impuesta -por falta de prueba de la culpabilidad del infractor-, y confirmación de la liquidación provisional -por no apreciarse la lesión del principio de igualdad-, rechazándose igualmente el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad solicitada.
En su demanda de amparo aduce la parte recurrente la vulneración de su derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 en relación con el art. 31.1, ambos CE). En efecto, imputa la parte actora al art. 71.2 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, una discriminación injustificada, al excluir las pensiones de alimentos satisfechas a los hijos de las que permiten reducir la base imponible, discriminando así no sólo este tipo de pensiones respecto de las de alimentos satisfechas a otros familiares o de las compensatorias al cónyuge, sino entre cónyuges, al darse un trato dispar al cónyuge que presta sus alimentos en el seno del hogar familiar.
Por otra parte, cuestiona la parte recurrente el argumento de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que considera -sobre la base de la doctrina sentada en la STC 1/2001, de 15 de enero- que el trato que la norma dispensa a las anualidades por alimentos en favor de los hijos se justifica por la equiparación con la situación de todos los padres que han de sufragar los gastos que ocasiona la manutención y educación de los hijos sin que exista una resolución judicial que se lo imponga. Y lo cuestiona porque, según su parecer, no puede aceptarse la identidad de situaciones, pues mientras que la atención a los hijos menores en el hogar familiar permite al que satisface su coste un dominio, administración y modulación de las prestaciones en favor de aquellos, así como beneficiarse de las economías de escala propias de la convivencia, no sucede lo mismo, sino todo lo contrario, cuando tales prestaciones se fijan autoritariamente por el Juez o convencionalmente, con aprobación judicial, en una suma de dinero a pagar inflexiblemente. Tan consciente es el propio legislador fiscal de la diferencia, que considera aquellas anualidades por alimentos como una renta sujeta a tributación, aunque exenta (art. 9 de la Ley 18/1991).
Concluye la recurrente, suplicando el otorgamiento del amparo y la declaración de nulidad tanto del acto impugnado como de la Sentencia que lo confirmó, por vulneración -como consecuencia de la inconstitucionalidad del art. 71.2 de la Ley 18/1991- del derecho fundamental a la igualdad del art. 14 en relación con el art. 31.1 CE.
Por providencia de 28 de octubre de 2003, la Sala Segunda acordó admitir a trámite la demanda y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación al Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid y a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a fin de que, en el plazo de diez días, remitiesen certificación o fotocopia adverada del expediente administrativo en el que se dictó la Resolución de 26 de junio de 1998 y de las actuaciones correspondientes al recurso contencioso-administrativo núm. 1758/93, respectivamente, interesando igualmente del órgano judicial que emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, para que, si así lo desean, puedan comparecer, en el plazo de diez días, en el presente proceso constitucional.
Por escrito registrado el día 7 de noviembre de 2003, el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, solicitó que se le tuviese por personado.
Por diligencia de ordenación con fecha de 29 de enero de 2004, la Sala Segunda de este Tribunal acordó tener por personado al Abogado del Estado y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que presenten las alegaciones que estimaran pertinentes, según determina el art. 52.1 LOTC.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 20 de febrero de 2004, el Fiscal cumplimentó el trámite de alegaciones conferido, suplicando la desestimación del recurso de amparo. Parte este Ministerio público, en sus alegaciones, haciendo un relato sucinto de los hechos que han dado lugar al presente recurso y, a tal fin, destaca que en el recurso contencioso-administrativo interpuesto la parte actora defendió la inconstitucionalidad del art. 71.2 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la medida en que no permitía la reducción de la parte reguladora de la base imponible con las anualidades por alimentos fijadas por decisión judicial en favor de los hijos del sujeto pasivo, lo que lesionaría el principio de igualdad establecido en los arts. 14, 31.1 y 39 CE, aportando como términos de comparación la pensión compensatoria en favor del cónyuge, las obligaciones alimenticias en favor de otros parientes, la posición del progenitor que convive con sus hijos y la normativa anterior (art. 7.4 de la Ley 44/1978). Tal pretensión fue rechazada por el órgano judicial al entender que los términos de comparación aportados no eran idóneos para fundar una lesión del principio de igualdad del art. 14 CE.
Por lo anterior, ninguna de las situaciones jurídicas aportadas como término de comparación por la parte actora son válidas a efectos de realizar un juicio de igualdad, porque existen diferencias sustanciales en cada una de ellas que permiten negar carácter discriminatorio a la norma tributaria cuestionada por el recurrente en amparo. El primer supuesto -comparación entre quien satisface la pensión de alimentos a los hijos y el que tiene su custodia- fue resuelto, en sentido de entender que no existía discriminación, por la STC 1/2001, de 15 de enero, en cuyo FJ 3 se recuerda que ninguno de los progenitores tiene derecho a desgravación o reducción de la base imponible por las cantidades que puedan atribuirse a gastos de alimentación, vestido, educación, etc., en favor de los hijos. Además, tampoco la diferencia derivada de la posible opción por la tributación conjunta o individual de quien convive con los hijos es suficiente para fundar una lesión por trato discriminatorio: dicha opción -que se niega, como hemos dicho, no sólo a quienes, como el demandante, se han divorciado sin ostentar la custodia de los hijos, sino a toda persona no integrada en una unidad familiar- responde a lo establecido en la citada STC 209/1988, que declaró discriminatoria la obligada acumulación de rentas de todos los integrantes de una unidad familiar, lo que no permite fundar una queja de trato discriminatorio peyorativo. Además, continúa el Fiscal, en el sistema de la Ley de 1991, la exención de las rentas percibidas por los hijos en concepto de pensión alimenticia está justificada para evitar su doble imposición: dichas rentas se gravaban tributariamente al alimentante, y, por tanto, resultaba justificado que fueran rentas exentas para el alimentista, a diferencia de lo que sucede con las rentas compensatorias en favor del cónyuge, que constituían una cantidad deducible de la base imponible de quien las pagaba y se integraban en la base de quien las percibía.
El Abogado del Estado presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el día 26 de febrero de 2004 suplicando igualmente la desestimación del recurso de amparo. En primer lugar, precisa el Abogado del Estado que el objeto del presente recurso es un inciso del art. 71.2 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas; exactamente el que dice "con excepción de las fijadas en favor de los hijos del sujeto pasivo", mediante el que el legislador prohíbe reducir la base liquidable regular con el importe de tales anualidades de alimentos. Es decir, se trata de un recurso de amparo que ha de encuadrarse en el art. 43 LOTC (STC 47/2001, de 15 de febrero, FJ 3), al imputarse la lesión constitucional al acto administrativo liquidatorio y, derivativamente, a la resolución económico-administrativa y a la Sentencia contencioso-administrativa que lo confirman, al aplicar ambos un precepto legal que se cree inconstitucional. Ahora bien, dado que el verdadero autor de la supuesta violación del derecho a la igualdad sería el legislador que dictó el art. 71.2 de la Ley 18/1991, pues los órganos administrativos se han ceñido a aplicarla, de otorgarse el amparo, sería imperativo proceder como señala el art. 55.2 LOTC.
Por escrito registrado el día 1 de marzo de 2004, la parte actora cumplimentó el trámite conferido, suplicando la estimación del recurso con otorgamiento del amparo, con remisión a lo argumentado en su escrito de demanda.
Por providencia de 10 de marzo de 2005, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 14 del mismo mes y año.
El recurso de amparo se dirige en su encabezamiento, conforme a lo previsto en el art. 43.1 LOTC, contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de 26 de junio de 1998 que confirma la inclusión en la base imponible del recurrente de la cantidad de 1.478.316 pesetas, que se corresponde con la pensión de alimentos satisfecha en favor de sus hijos y, en consecuencia, desestima la reclamación interpuesta contra la liquidación provisional practicada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con fecha 30 de septiembre de 1996, en concepto de impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio de 1994.
Antes de examinar la vulneración denunciada por la parte actora es necesario efectuar varias precisiones sobre el objeto del presente proceso constitucional. Ante todo hay que señalar que, como apuntan el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, el único objeto de este recurso de amparo es la discriminación que la parte actora imputa a las resoluciones administrativas que aplican el art. 71.2 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas (en adelante LIRPF), precepto que excluye la posibilidad de reducir la parte regular de la base imponible en el importe de las anualidades por alimentos satisfechas a los hijos en virtud de una decisión judicial, en contraposición con la posibilidad que asiste a los sujetos pasivos de dicho impuesto, conforme al mismo precepto, de minorar dicha base imponible en la cuantía de las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y de las anualidades por alimentos satisfechas por decisión judicial a parientes distintos de los hijos del sujeto pasivo. En efecto, del examen de las actuaciones se deduce que el cónyuge de la recurrente en amparo minoró, en contra de lo previsto en el art. 71.2 de la Ley 18/1991, la parte regular de su base imponible en el importe de las pensiones por alimentos satisfechas a los hijos por decisión judicial. Frente a tal comportamiento la Administración tributaria le practicó una liquidación provisional incorporando nuevamente a su base imponible, invocando el citado precepto legal, la cuantía de dichas pensiones. A su vez el contribuyente impugnó en vía económico-administrativa dicha liquidación exclusivamente con fundamento en la inconstitucionalidad del art. 71.2 de la Ley 18/1991, al considerar que discriminaba, sin justificación razonable alguna, al pagador de pensiones por alimentos a los hijos frente a quienes abonan pensiones a su cónyuge u otros parientes distintos. Finalmente, la ahora recurrente en amparo interpuso recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones administrativas que confirmaban la liquidación impugnada con fundamento en idénticos argumentos a los expresados en la vía administrativa previa.
Limitado así el recurso de amparo a su único objeto posible, procede analizar la queja relativa al pretendido trato discriminatorio que el legislador dispensa a las personas que, por decisión judicial, tienen que abonar pensiones de alimentos a los hijos -pensiones que, conforme al art. 72.2 LIRPF, no pueden deducirse en la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas-, frente a quienes satisfacen pensiones compensatorias a los cónyuges o pensiones de alimentos a familiares distintos de los hijos que, de acuerdo con el citado precepto, sí admiten la deducción.
Establecido que resultan concernidos los arts. 14 y 31.1, ambos CE, debemos subrayar que, como venimos señalando, la condición sine qua non para que la igualdad protegida en ambos preceptos resulte vulnerada es que se produzca una discriminación entre dos situaciones que puedan considerarse iguales. Y este primer requisito es, precisamente, el que no concurre en este caso, en el que los términos de comparación ofrecidos por la demandante no resultan idóneos para ilustrar la desigualdad que se denuncia.
No obstante, antes de examinar los términos de comparación que ofrece la recurrente conviene determinar cuál es la verdadera naturaleza y finalidad de las anualidades por alimentos a los hijos que la Ley 18/1991 no permite deducir en la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas. A este respecto, debemos recordar que, como señalamos en la STC 1/2001, de 15 de enero, "por imperativo constitucional, los padres tienen la obligación de ?prestar asistencia de todo orden a los hijos? -asistencia que, naturalmente, incluye la contribución a los alimentos- con independencia de que éstos hayan sido concebidos dentro o fuera del matrimonio (art. 39.3 CE), de que se haya producido la nulidad matrimonial, la separación legal o la disolución del matrimonio por divorcio (art. 92 del Código civil, CC), o incluso, en fin, de que el progenitor quede excluido de la patria potestad y demás funciones tuitivas (arts. 110 y 111, in fine, CC); ?alimentos? que, conforme al art. 142 CC, incluyen el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de los hijos, y que deben satisfacerse en medida ?proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe? (art. 146 CC)". Como concluíamos en la citada Sentencia, siendo el de alimentar a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio un deber constitucional de todos los padres, "al excluir la posibilidad de que los padres que deben satisfacer pensiones de alimentos en favor de sus hijos por resolución judicial puedan deducir la cuantía de las mismas en la base imponible del IRPF, como señala el Abogado del Estado, el art. 71.2 de la Ley 18/1991 no hace otra cosa que equiparar la situación de aquéllos a la de todos los padres que -por imperativo constitucional (art. 39.3 CE) y legal (arts. 110, 111 y 143 CC)-, han de sufragar los gastos que ocasiona la manutención y educación de sus hijos sin que exista una decisión judicial que se lo imponga" (FJ 3).
Admitir lo contrario, esto es, reconocer exclusivamente a los padres alimentantes que no conviven con sus hijos el derecho a reducir de la base imponible del tributo el coste de su manutención sería tanto como establecer un privilegio fiscal discriminatorio frente al genérico deber de contribuir del art. 31.1 CE, sin una justificación que, desde el punto de vista constitucional, lo legitime. No debemos olvidar que, conforme a nuestra doctrina, "la exención o la bonificación -privilegio de su titular- como quiebra del principio de generalidad que rige la materia tributaria (art. 31.1 CE), en cuanto que neutraliza la obligación tributaria derivada de la realización de un hecho generador de capacidad económica, sólo será constitucionalmente válida cuando responda a fines de interés general que la justifiquen (por ejemplo, por motivos de política económica o social, para atender al mínimo de subsistencia, por razones de técnica tributaria, etc), quedando, en caso contrario, proscrita, pues no hay que olvidar que los principios de igualdad y generalidad se lesionan cuando ?se utiliza un criterio de reparto de las cargas públicas carente de cualquier justificación razonable y, por tanto, incompatible con un sistema tributario justo como el que nuestra Constitución consagra en el art. 31? (STC 134/1996, de 22 de julio, FJ 8)" (STC 96/2002, de 25 de abril, FJ 7).
Sentado lo anterior, podemos descartar ya en este momento que la pensión compensatoria al cónyuge o la de alimentos a los parientes puedan equipararse, a los efectos de los arts. 14 y 31.1 CE, a los alimentos a los hijos menores. Y es que, efectivamente, además de que el deber de alimentos para con los hijos menores viene establecido expresamente en la Constitución, circunstancia que no acontece con las restantes pensiones que venimos examinando, que constituyen un deber impuesto legalmente, el fundamento, la finalidad y los criterios de determinación de cada una de ellas son claramente diferentes.
Por lo que respecta a la pensión de alimentos a los parientes -el otro elemento de comparación alegado-, su fundamento descansa únicamente en la situación de necesidad perentoria o "para subsistir" (art. 148 CC) de los parientes con derecho a percibirlos -cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos (art. 143 CC)-, se abona sólo "desde la fecha en que se interponga la demanda" (art. 148 CC), y puede decaer por diversos motivos relacionados con los medios económicos o, incluso, el comportamiento del alimentista (art. 152 CC). Por el contrario, los alimentos a los hijos, en la medida en que tienen su origen exclusivamente en la filiación (art. 39.3 CE), ni precisan demanda alguna para que se origine el derecho a su percepción, ni la ley prevé excepciones al deber constitucional de satisfacerlos. En este sentido, no es irrazonable sostener, como hace el Abogado del Estado, que el legislador ha considerado que, mientras que los alimentos a los parientes, en tanto que sólo se satisfacen como consecuencia de una demanda presentada por éstos y tras la correspondiente resolución judicial, constituyen un gasto de carácter extraordinario cuya deducción resulta procedente, los alimentos a los hijos suponen un gasto corriente o mero consumo de renta que, como ocurre con las restantes aplicaciones de renta, no tienen por qué generar un derecho a su reducción de la base imponible del impuesto.
En definitiva, una vez sentada la diferente naturaleza de las pensiones de alimentos a los hijos respecto de las pensiones compensatorias y de alimentos a parientes, es evidente que no se cumple con las exigencias de nuestra doctrina para poder apreciar la vulneración del art. 14, en relación con el art. 31.1, ambos de la Constitución, al ser condición indispensable que los términos de comparación que se aportan para ilustrar la desigualdad denunciada sean homogéneos, requisito esencial que, como hemos visto, no concurre en este caso.
Denegar el amparo solicitado por doña María Jesús A.L..
SAP Melilla 3/2003, 16 de Enero de 2003

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