Source: http://joseantonioartusi.blogspot.com/2016_03_01_archive.html
Timestamp: 2017-06-29 12:17:36+00:00

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José Antonio Artusi: 03_16
TEXTO COMPLETO DE LA DECLARACIÓN DEL CONGRESO PROVINCIAL DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL DE ENTRE RÍOS SITUACION NACIONAL A 100 días del inicio del gobierno nacional de Cambiemos, el Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos considera necesario efectuar un balance y poner en perspectiva los retos y desafíos que tendrá que enfrentar de aquí en adelante. La estrategia política y electoral que derivó en la construcción del frente Cambiemos, del que la Unión Cívica Radical fue activo impulsor y protagonista, demostró ser la adecuada para lograr el objetivo básico que el escenario del 2015 reclamaba: evitar la continuidad del Frente para la Victoria en el poder y lograr de ese modo la alternancia en el gobierno y la restitución del equilibrio político en nuestro país.
El esfuerzo comprometido y responsable de militantes, dirigentes y candidatos de la Unión Cívica Radical a lo largo y a lo ancho del país fue clave para el logro de aquel triunfo y no hubiera sido posible sin él. El radicalismo entendió que era hora de privilegiar los reclamos más legítimos de un sector mayoritario de la sociedad en pos de recuperar la República, aún a sabiendas que ello conllevaría a tener que declinar en muchos casos legítimos intereses partidarios o personales. El peso de la gravosa hipoteca dejada por 12 años de desgobierno del peronismo kirchnerista no puede dejar de exhibirse con total claridad a la sociedad argentina. Hemos heredado problemas de todo tipo, y consideramos necesario alertar acerca de la dimensión y la gravedad de tales déficits a la hora de analizar los aciertos y errores de la administración encabezada por el Presidente Macri al intentar solucionarlos. En el campo económico, a pesar del “viento de cola” que sopló durante buena parte de las gestiones kirchneristas de la mano de la recuperación de los precios de nuestros bienes exportables y la baja de las tasas de interés, nos dejaron un país con altísima inflación y déficit fiscal, que no aprovechó adecuadamente la mejor oportunidad de la historia para modificar en profundidad su estructura productiva. El atraso tarifario, la distorsión del mercado de cambios, la destrucción del INDEC, las trabas al sector agropecuario y agroindustrial, la desinversión en materia de infraestructura, el atraso tecnológico, el manejo irresponsable de la deuda externa, la falta de acceso al crédito y muchas otras cuestiones conspiraron para debilitar la economía argentina y postergar su desarrollo. En el campo social, más allá de cierta retórica grandilocuente vociferada por los aparatos oficiales de propaganda, la realidad indica que no se avanzó de manera significativa en términos de reducción de la pobreza y la indigencia, y hoy tenemos un país con una distribución del ingreso más desigual que en los ´90. La marginación social y las dificultades de los sectores más desposeídos para satisfacer derechos humanos básicos como el acceso al trabajo digno, la educación, la salud y la vivienda son evidentes. En materia de inseguridad y penetración del narcotráfico hemos involucionado de manera notable. En la esfera política tuvimos durante más de una década gobiernos que desplegaron un autoritarismo populista, clientelar y demagógico, que intentó hasta sus últimos días ocultar su verdadero rostro a través del bombardeo de un sistema de propaganda en medios públicos y privados con generoso y poco transparente financiamiento estatal. La voluntad de hegemonía política se evidenció en la falta de diálogo con la oposición, la descalificación sistemática de todo aquel que osara cuestionar el falaz relato oficial, la degradación del Congreso como ámbito de debate plural y construcción de acuerdos, la manipulación de la Justicia, y la deliberada destrucción del federalismo fiscal como método de disciplinamiento de gobernadores e intendentes. Todo ello en el marco de un escandaloso e inédito clima de corrupción y saqueo de recursos públicos como parte de una estrategia de construcción política y búsqueda de la eternización en el poder por parte de funcionarios y empresarios que no pueden bajo ningún punto de vista justificar el sideral aumento de sus patrimonios. No puede obviarse que el gobierno de Cambiemos debió comenzar a trabajar desde esta pesada herencia para encarar el enorme desafío de encarrilar a la Argentina en la senda de la reconstrucción de las instituciones republicanas y en la generación de condiciones económicas que permitan progresar de manera sostenida hacia una sociedad más justa y solidaria.
Es por ello que valoramos los anuncios del Presidente Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación vinculados con el objetivo de profesionalizar y transparentar el Estado al servicio de todos los ciudadanos, en especial de los que menos tienen. Consideramos imperioso avanzar de manera decidida y rápida en la concreción de algunos anuncios efectuados en esa oportunidad, dirigidos a recomponer el poder adquisitivo de los argentinos de menos recursos y comenzar a resolver las numerosas deudas sociales que dejó la anterior administración: devolución del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria, actualización automática de los montos de jubilaciones y asignaciones familiares, acceso verdaderamente universal a la AUH, aumento del mínimo no imponible y corrección de las escalas del impuesto a las ganancias en los salarios, atención de los juicios jubilatorios y diseño de una respuesta sustentable al reclamo del 82% móvil, universalidad de la educación a partir de los 3 años, etc.. Muchas de estas propuestas vienen siendo objeto de iniciativas de legisladores de nuestro partido.
Saludamos en especial el compromiso de llegar al fin del presente mandato presidencial con la concreción por ley del Ingreso Ciudadano a la Niñez como un derecho universal, y como antesala de un sistema integral de seguridad social basado en la noción del ingreso ciudadano, que nos permita construir una sociedad más equitativa y acorde con el ideal de la democracia social que siempre defendimos y defenderemos.
Algunas medidas dolorosas pero inevitables que debieron tomarse para revertir desequilibrios que se acumularon de manera irresponsable en el pasado deberán no obstante tener como complemento acciones destinadas a morigerar sus efectos sobre los sectores más vulnerables de la población. A modo de ejemplo, dejar sin efecto los aumentos de las tarifas eléctricas en las zonas del país que no dispongan de red domiciliaria de provisión de gas natural, tal como ha sido propuesto por legisladores nacionales de la UCR. En el plano institucional, a 100 años del inicio del primer gobierno del Presidente Hipólito Yrigoyen, cuyo legado progresista y transformador reivindicamos con legítimo orgullo, consideramos también necesario avanzaren el camino de la reforma política y electoral, en pos de garantizar la transparencia y pureza de los comicios y jerarquizar los partidos políticos como actores insustituibles del sistema representativo. Creemos a su vez que es menester dar pasos concretos en pos de hacer efectivo el derecho al acceso a la información pública para transparentar la gestión, prevenir la corrupción y fomentar la posibilidad efectiva de la participación ciudadana. El reciente proyecto de ley de acceso a la información pública presentado por diputados nacionales de nuestro partido constituye un testimonio concreto de este compromiso.
En lo atinente al federalismo, no podemos dejar de señalar que lo que no quiso hacer el kirchnerismo en 12 años lo deberá hacer el gobierno de Cambiemos en 4: restituir a las provincias de manera gradual y sostenible el 15% de la coparticipación que se destina a la ANSES y ya es una realidad concreta la eliminación de las retenciones a las economías regionales, recomponiendo de esta manera el federalismo fiscal y la autonomía de las provincias, en un marco de diálogo respetuoso y construcción común de un proyecto integral de desarrollo. Consideramos también, que estamos ante el peligro de cometer errores que podrían ser difíciles de reparar. Es el caso, por ejemplo, del decreto 267/2015 del Gobierno nacional en materia de comunicaciones, que ha abierto la puerta a una preocupante distorsión en el campo de los negocios de la provisión de servicios de radio y televisión.
Hacemos nuestras en ese sentido las palabras del Presidente del Comité Nacional de la UCR, José Corral: “somos parte de un Gobierno al que apoyamos, pero sin dejar de decir lo que pensamos, porque esa es también nuestra función”.- SITUACION PROVINCIAL Tras doce años de gobiernos surgidos del peronismo, 4 de Busti y 8 de Urribarri, ha quedado claramente demostrada, a pesar de la formidable oportunidad que significó el contexto internacional, la incapacidad de estas gestiones para administrar con transparencia y eficiencia el Estado provincial.
Especialmente preocupante es el incontrolable déficit fiscal y el endeudamiento heredado de la gestión de Sergio Urribarri, producto de 8 años de manejo irresponsable y hasta temerario de las cuentas públicas provinciales. Este desgobierno de las finanzas ha tenido como consecuencia la generación de enormes dificultades para continuar con la ejecución de obras públicas que se encontraban en marcha, provocando en muchos casos la paralización de las mismas. El déficit crónico como producto de un desmedido aumento del gasto público, sin que ello implique mejores prestaciones a los ciudadanos, ha llevado a la necesidad de un creciente endeudamiento a tasas usurarias, incluso para solventar gastos corrientes. Al momento de la finalización del mandato se hizo incluso evidente que el gobierno provincial tenía serias dificultades para abonar los sueldos de la administración pública, circunstancia que desde la UCR veníamos denunciando reiteradamente. De no haber sido por los adelantos de coparticipación que se instrumentaron desde el gobierno nacional estas dificultades hubieran sido aún mayores en los primeros meses de la gestión del Gobernador Bordet.
Condenamos el oportunismo hipócrita de reclamar que se cumpla de inmediato la restitución a las provincias del 15% de la ANSES por parte de quienes no lo hicieron, ni como gobernador ni como intendentes, en los últimos 8 años. Si el Gobernador Bordet considera que incurriría en incumplimiento de los deberes de funcionario público si no reclamara lo que de todos modos el gobierno nacional se ha comprometido a reconocer, está tácitamente reconociendo que el Gobernador Urribarri incurrió en dicho incumplimiento, a pesar de la propuesta que hicieran diputados radicales en ese sentido durante su primer mandato. Consideramos injusto que todos los entrerrianos tengan que pagar la fiesta populista de Urribarri, con aumentos desmedidos de impuestos en una provincia que ya de por sí es una de las que mayor carga impositiva ejerce sobre sus ciudadanos y productores, afectando de esta manera la competitividad de nuestra economía y colocando a la provincia en una situación desventajosa en el contexto de la Región Centro y la Mesopotamia.
Mientras el desmanejo del gobierno provincial se venía ocultando sistemáticamente a la ciudadanía, los hechos de corrupción se iban enquistando en el seno del poder, acompañando al descalabro financiero hechos ilícitos que además configuraban verdaderos “papelones” del gobernador Urribarri y algunos de sus funcionarios, entre tantos otros la presentación en Uganda de la fábrica de cosechadoras truchas financiada con fondos públicos, la cancelación fraudulenta de deudas millonarias de contribuyentes ante la ATER, la contratación directa – sin ningún tipo de licitación ni control – de la organización de eventos de la cumbre del Mercosur en la ciudad de Paraná, el financiamiento con fondos públicos del “sueño entrerriano” que incluyó hasta un parador en la costa atlántica, la contratación directa en innumerables oportunidades de publicidad oficial en diversos medios, el enriquecimiento desmedido del ex gobernador y sus familiares y la participación injustificada en sociedades de constitución por personas y en domicilios que resultan, por lo menos, sospechosos.
Sin perjuicio de que el actual gobernador miró para el costado cuando se sucedían los hechos antes indicados, e incluso ponderaba sin sonrojarse al gobierno de su antecesor, creemos que es una obligación ineludible para el actual gobierno provincial el dar la información necesaria y precisa del real estado de situación en que se recibió la administración.
Consideramos a su vez que el Sr. Gobernador debe dar muestras concretas de un compromiso en pos de transparentar la administración y luchar en serio contra la corrupción. No constituye un buen ejemplo en este sentido la obstinación en designar funcionarios acusados de conductas reñidas con la correcta administración de bienes públicos. Es a su vez imprescindible que el Poder Judicial actúe investigando y condenando a los culpables de hechos de corrupción que no deben quedar impunes. A pesar de haber transcurrido casi 8 años de la sanción de la reforma de la Constitución Provincial, muchos de los nuevos derechos e institutos incorporados al texto constitucional carecen de aplicación práctica como producto de la falta de voluntad política que el peronismo ha tenido tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. Constituyen asignaturas pendientes, entre otras, el garantizar el derecho al acceso a la información pública, la reglamentación de la publicidad oficial, el derecho a un ingreso mínimo (Art. 24), el Consejo Económico y Social, la designación del Defensor del Pueblo (a pesar de contar con la ley), el ente a cargo de la política ambiental, el fiscal anti-corrupción (art. 208), el régimen de comunas, etc.. El radicalismo ha presentado a través de sus legisladores numerosos proyectos tendientes a reglamentar y aplicar estos institutos, y aspiramos a que en el actual período se avance de manera significativa en este sentido.
Al igual que en el ámbito nacional, consideramos necesario que los poderes del Estado, los partidos políticos, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil se involucren en un debate amplio que nos permita generar acuerdos en torno a una profunda reforma política y electoral. Nuestros bloques legislativos han presentado en los dos últimos períodos legislativos iniciativas en tal sentido, que ponemos a disposición de todos como aportes a la discusión de ideas. Los entrerrianos tenemos una provincia endeudada y quebrada, con un Estado ineficiente y opaco, que no presta como corresponde los servicios básicos que la ciudadanía demanda, con notorios déficits de infraestructura que dificultan que el aparato productivo se pueda insertar de manera competitiva en la región y en el mundo en la era de la información. La salud y la educación públicas evidencian una crisis estructural que hace que muchos entrerrianos deban buscar en el sector privado las respuestas que el Estado debería brindar, generando de esta manera una sociedad fragmentada y que condena a muchos ciudadanos a recibir prestaciones insuficientes, en lo que constituye una injusticia flagrante, incompatible con la sociedad solidaria con la que soñamos. Como en el escenario nacional, la inseguridad y la penetración del narcotráfico y sus vínculos mafiosos con el poder se han agravado de manera notoria.
A diferencia de lo que sucedió a nivel nacional, la constitución del Frente Cambiemos no alcanzó para lograr un cambio de signo político en el gobierno provincial, pero sí constituyó la herramienta electoral que permitió recomponer el equilibrio en la Legislatura y en muchos concejos deliberantes, así como recuperar numerosos municipios y comunas, en su mayoría gobernados por hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical, entre ellos la ciudad capital de la provincia. El cambio que no fue posible en el 2015 deberá serlo en 2019 y por ello exhortamos a los partidos políticos con los que construimos Cambiemos a consolidar esta experiencia frentista, sobre la base del respeto mutuo y el diálogo permanente, de manera que trabajando en el fortalecimiento del frente afrontemos el desafío electoral de las legislativas de 2.017 y de cambio de gobierno del 2019 asegurando un triunfo en ambas instancias.-
Se observan algunas dificultades en este sentido, por lo menos por ahora, dificultades que no tienen que ver solamente con la falta absoluta de integración de dirigentes de nuestro partido en los distintos cargos que dependen del Gobierno Nacional en Entre Ríos, sino con la inexistencia de un espacio institucional donde se debata, se definan y se asuman las distintas tomas de decisiones políticas que se encuentran definiendo unilateralmente en nombre del frente.
No emitimos juicio, y tampoco avalamos, la decisión de incorporar a cambiemos dirigentes del peronismo que no integran la coalición, pero si pretendemos ser parte del ámbito donde se planifican y se toman este tipo de decisiones.-
Por ello exigimos concretamente la conformación de una mesa provincial de Cambiemos, que deberá ser integrada mayoritariamente por la UCR y el PRO, donde se definan las políticas y se tomen las decisiones hacia el interior del espacio y hacia la sociedad, y que hasta que ello no suceda se desista de avanzar unilateralmente en la toma de decisiones.- El radicalismo entrerriano debe aportar a la consolidación de Cambiemos desde su propia identidad y su propia historia, que reivindicamos con orgullo a 125 años de la fundación de nuestro partido. Convocamos por lo tanto a todos nuestros militantes y dirigentes a trabajar denodadamente en pos de la unidad, fortalecimiento, modernización y movilización de la Unión Cívica Radical.
En todos los departamentos, a lo largo y a lo ancho de la geografía provincial, en todas sus comunas y municipios, siendo oposición u oficialismo, los radicales seguimos teniendo el enorme desafío de construir una alternativa política que interprete los anhelos de los entrerrianos, para construir la provincia próspera, democrática, igualadora y libertaria que soñaron nuestros próceres.- Paraná, 19 de Marzo de 2016.
DIPUTADOS DE CAMBIEMOS AVALAN PROYECTO DE LEY NACIONAL PARA EXIMIR DEL PAGO DE IVA A COOPERATIVAS DE AGUA POTABLE
En la sesión del Martes 15 ingresó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de declaración de autoría del diputado José Antonio Artusi (Cambiemos) por el que propone avalar la eximición del pago del IVA a las cooperativas de agua potable. El texto completo de la iniciativa es el siguiente: LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS DECLARA que vería con agrado que la Cámara de Diputados de la Nación aprobara el proyecto de ley Expediente 4834–D–2015, de autoría del diputado nacional Jorge D´Agostino, por el que se propone modificar el Artículo 7º de la Ley 23.349, eximiendo del pago del impuesto al valor agregado a los servicios de provisión de agua corriente, cloacales y de desagüe, incluídos el desagote y limpieza de pozos ciegos, prestados por cooperativas de servicios públicos regularmente constituidas. FUNDAMENTOS Honorable Cámara: Pretendemos a través del presente proyecto interesar a la Cámara de Diputados de la Nación en el pronto y favorable tratamiento de un proyecto de ley de autoría del diputado Jorge D´Agostino, por el que se propone modificar el Artículo 7º de la Ley 23.349, eximiendo del pago del impuesto al valor agregado a los servicios de provisión de agua corriente, cloacales y de desagüe, incluídos el desagote y limpieza de pozos ciegos, prestados por cooperativas de servicios públicos regularmente constituidas. En los fundamentos de la citada iniciativa, que compartimos, el legislador manifiesta: “Por el presente Proyecto de Ley que pongo a consideración de esta Honorable Cámara brego porque sea eliminado para las cooperativas de agua potable la carga impositiva del Impuesto al Valor Agregado, tributo que importa un 21% en relación a estas entidades y que con la transformación en Ley de este proyecto descendería ese porcentual a 0%. Por un principio de justicia se solicita la eliminación de este impuesto para poner en pie de igualdad a las cooperativas con el mismo servicio público que es prestado por empresas del Estado Nacional y/o por las Municipalidades en muchas ciudades de la República. De este modo los usuarios del servicio tendrán trato equitativo. Traigo a colación la naturaleza jurídica de las Cooperativas de Servicios Públicos las cuales no poseen fines de lucro, desarrollando estas prestaciones en lugares donde la mano del Estado o de la Empresa Privada no llega ni llegará jamás por la baja rentabilidad del sector. Las cooperativas son hijas dilectas de un Estado que ha olvidado a vastos sectores de la población nacional y que incluso se debieron crear por la inexistencia de entidad municipal en esas regiones. Es menester dar un aliciente a la actividad de las cooperativas las cuales lejos de poseer ganancias poseen déficits que en algunos casos comprometen su vigencia a futuro. Profundizando sobre las Cooperativas debo afirmar que nacidas todas luego de los Años '60 del Siglo XX, son hoy cerca de dos mil y ellas proveen de agua potable y otros servicios públicos a la gran mayoría de las ciudades cuya población es inferior a los 50 mil habitantes, siendo las proveedoras de agua a más de 4 Millones de nuestros compatriotas que bien se beneficiarían si se los pone en pie de igual con el resto de los consumidores de agua de Argentina. El agua como tal, tiene el carácter de Derecho Humano según la Resolución 64/292 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la cual exhorta a los Estados a pronunciarse en pro de la gratuidad y la seguridad del líquido vital para los sectores más vulnerables. Nuestra Constitución y varias de sus homónimas de las provincias federadas se han pronunciado de manera análogo a la resolución pre citada con antelación.”
Nuestra Constitución Provincial establece en su artículo 76 que el Estado “estimulará la tendencia cooperativista”, y que “brindará tratamiento impositivo adecuado a su naturaleza”. A su vez en el Artículo 85 se dispone que “el acceso al agua saludable, potable y su saneamiento es un derecho humano fundamental” y que “el servicio público de suministro de agua potable no podrá ser privatizado, a excepción del que presten las cooperativas y consorcios vecinales en forma individual o conjunta con el Estado, los municipios, las comunas, los entes autárquicos y descentralizados, las empresas y sociedades del Estado”. Por lo que queda claramente de manifiesto la sintonía existente entre la norma propuesta y el espíritu de nuestro texto constitucional. La sanción y aplicación de la ley que impulsamos tendría especial significación en nuestra provincia, donde son numerosas las cooperativas que brindan el servicio de provisión de agua potable. Por todo lo expuesto solicitamos el pronto y favorable tratamiento del presente proyecto.-
Los datos del expediente pueden consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consulta_exp_rta_uno.php?exp_numero=21073 Leer más...
El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) presentó junto a sus compañeros de bloque un proyecto de declaración por el que se solicita que se dé máxima prioridad a la Defensa Norte de Concepción del Uruguay y a la planta de tratamiento de líquidos cloacales que formaba parte del proyecto original de la Defensa Sur, además de las necesarias reparaciones en el muro de hormigón en su sector Este. A continuación el texto completo de la iniciativa del diputado radical: LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS DECLARA: - Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de los organismos competentes, otorgue máxima prioridad a la concreción del proyecto de la Defensa Norte contra inundaciones en la ciudad de Concepción del Uruguay. - Que corresponde a su vez peticionar que se tengan en cuenta tanto en el proyecto ejecutivo de la Defensa Norte como en el diseño de los programas vinculados, los siguientes objetivos:
a) Garantizar la permanencia en el área y el acceso efectivo al derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado para el desarrollo humano a los actuales pobladores de las zonas afectadas.
e) Prever la realización de obras de equipamiento comunitario tendientes a contemplar la previsible densificación.
f) Procurar una razonable recuperación por parte del Estado de la plusvalía generada por las inversiones públicas. - Que considera necesario peticionar que el Poder Ejecutivo Provincial dé respuestas concretas a las demandas de ciudadanos y de la Municipalidad de Concepción del Uruguay tendientes a solucionar las falencias evidenciadas durante la última creciente del río Uruguay en el sector Este de la Defensa Sur, consistente en un muro de hormigón. - Que corresponde solicitar que se incluya en las obras de infraestructura a financiar con fondos internacionales, la concreción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Concepción del Uruguay.- FUNDAMENTOS Honorable Cámara:
El día 2 de Diciembre de 2009 presentamos en esta Cámara un proyecto de resolución por el que pretendíamos interesar al Poder Ejecutivo Provincial en la prioridad a otorgar a la Defensa Norte de Concepción del Uruguay, obra largamente postergada desde hace 3 décadas, a pesar de haber estado incluída en el proyecto original de defensas contra inundaciones.
En los fundamentos de aquella iniciativa sosteníamos conceptos que nos interesa reiterar en esta oportunidad, dado que consideramos que no han perdido vigencia:
“En Setiembre de 1987, merced a un convenio entre la Municipalidad de Concepción del Uruguay y la lamentablemente desaparecida empresa nacional estatal “Agua y Energía Eléctrica”, se elaboró por parte de la Gerencia de Proyecto de Paraná Medio de dicha empresa un minucioso estudio de Factibilidad Técnico-Económica de Obras de Defensa e Hidráulicas Complementarias.
En el Tomo VI de dicho estudio, correspondiente a la Evaluación Económica y Social, se consignaba que “el proyecto es evaluado en forma independiente para los cuatro propósitos que lo integran:
- Defensa contra crecientes del río Uruguay de la planta urbana de la ciudad, tanto en forma separada como conjunta para los dos barrios (La Concepción y Cantera 25 de Mayo) a defender por medio de terraplenes y con obras de control del paso del agua pluvial con sus correspondientes estructuras y equipamiento electromecánico.
- Drenaje de aguas pluviales de la planta urbana por medio de varios sistemas de conducción.
- Vías de comunicación terrestre sobre el coronamiento de las defensas, conformadas por carreteras de vinculación con sus correspondientes obras complementarias (iluminación, señalización, etc.)
Para el propósito de Defensa es empleado el análisis económico de Costo-Beneficio, cuantificándose además distintos efectos sociales de las crecidas, en tanto que para cada uno de los otros propósitos y teniendo en cuenta la preponderante intangibilidad de sus beneficios, se plantean éstos en forma cualitativa, mientras que los costos se presentan de acuerdo al nivel alcanzado en el desarrollo de sus respectivos proyectos”.
Como es sabido, la Defensa Sur, luego de innumerables dilaciones y sin la planta de tratamiento de líquidos cloacales ni las vías de comunicación sobre el coronamiento; es de todos modos hoy una realidad, que protege al barrio La Concepción y que ha evitado males mayores como consecuencia de la actual inundación, que deben sufrir sobre todo los pobladores del barrio Cantera 25 de Mayo. Es por ello que la Defensa Norte se presenta como una asignatura pendiente de la ciudad, a la que se le debe dar máxima prioridad en pos de la mejora de calidad de vida de nuestro pueblo y de la recuperación urbana de un amplio sector en una ubicación estratégica y con un altísimo potencial de desarrollo urbano.
En el punto IV del mencionado Tomo, se señala que “a los efectos de la ponderación estimada de los daños producidos por crecidas en el área urbana de la ciudad de Concepción del Uruguay se ha llevado a cabo un análisis pormenorizado de los aspectos más salientes del mencionado impacto, y por sobre todo, aquellos que se consideraron “tangibles”, es decir cuya valoración económica es factible. La determinación de cuáles son esos aspectos está basada en la observación de eventos similares en todo el litoral argentino, particularmente en la misma ciudad de Concepción del Uruguay”.
Los autores del estudio enumeran que los “puntos o ítems considerados son:
1.- DAÑOS A VIVIENDAS
1.1.- Daños a los edificios
1.2.- Daños al mobiliario
2.- DAÑOS AL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
2.1.- Daños a los edificios
2.2.- Daños al mobiliario
2.3.- Derivación funcional
3.- DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
3.1.- Daños a las calles pavimentadas
3.2.- Daños a las calles de tierra
3.3.- Daños a la instalación de agua corriente
3.4.- Daños a la instalación de desagües cloacales
3.5.- Daños a la instalación de energía eléctrica
3.6.- Daños a la instalación telefónica
4.- EVACUACIÓN Y ALOJAMIENTO
4.1.- Evacuación o traslado
4.2.- Alimentación, salud y otros
4.3.- Preparación y mantenimiento de albergues
5.- LUCRO CESANTE
5.1.- Lucro cesante de comercios afecftados
6.- DEFENSAS DE EMERGENCIA
7.- PLUS VALOR DE LA TIERRA
7.1.- Plus renta anual de tierras inundables”.
En el punto IX “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL PROPÓSITO DEFENSA” se asegura que “el proyecto de defensa contra crecidas es factible económicamente para los dos barrios considerados en forma aislada, soportando satisfactoriamente las pruebas de sensibilidad a la modificación de las variables consideradas críticas en el análisis.
A su vez, en el punto XIII “ANÁLISIS ECONÓMICO COMO PROYECTO MULTIPROPÓSITO”, se asevera que “se puede concluir que, para las variables críticas de referencia, el Proyecto Multipropósito en cualquiera de sus combinaciones planteadas tiene un piso de viabilidad económica, originado por los beneficios del Propósito de Defensa y los costos de todos los propósitos considerados y expresados monetariamente. Toda consideración de beneficios intangibles mejorará la aptitud demostrada por los coeficientes de evaluación obtenidos.”
Todas estas citas, extraídas de un estudio de hace más de 22 años, deberían eximirnos de mayores comentarios. Urge actualizarlo, y en base a las conclusiones que seguramente surgirán, otorgar a esta importante obra la prioridad que se merece.
… No se trata de una fatalidad del destino; se trata de un problema que puede y debe evitarse, con obras de ingeniería que obviamente son de una escala mucho menor a la de la Defensa Sur.
Es importante señalar también que no se trata de reivindicar la obra como la mera solución a un problema puntual que afecta a un conjunto de vecinos, sino como una iniciativa estratégica de desarrollo urbano, que beneficiará al conjunto de la población y permitirá a la ciudad integrar un área hoy degradada y segregada, pero que tiene sin embargo un magnífico potencial por su cercanía al centro y a sitios de interés paisajístico y ambiental.”
Por otro lado, la reciente creciente del río Uruguay dejó en evidencia notorias falencias en el muro de hormigón ubicado en el sector Este de la Defensa Sur, con filtraciones que demuestran patologías constructivas que deben corregirse de manera eficaz a la mayor brevedad posible, máxime ante la posibilidad de que fenómenos climáticos de lluvias intensas en la cuenca del alto Uruguay generen crecientes con mayor frecuencia.
Finalmente, con un criterio de integralidad y recordando el carácter de obra multipropósito que tuvo el proyecto original de defensas, cabe reiterar una vez más el reclamo en pos de concretar un sistema de tratamiento de los líquidos cloacales de la ciudad de Concepción del Uruguay, que hoy lamentablemente se vuelcan crudos y afectan de este modo la calidad de las aguas de arroyos y del río Uruguay.
Ante la posibilidad cierta de que la provincia acceda a financiación de organismos internacionales para afrontar el costo de estas obras entendemos necesario que se lo haga con una mirada integradora, que dé cuenta de la magnitud y la complejidad de los problemas a resolver.
Por lo expuesto, solicitamos el pronto y favorable tratamiento del presente proyecto.
El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) presentó un pedido de informes acerca de los consorcios de viviendas en la provincia de Entre Ríos. La iniciativa, que cuenta con la firma de la totalidad del bloque del Frente Cambiemos, solicita al Poder Ejecutivo Provincial que brinde información sobre diversas cuestiones vinculadas con la ejecución de programas de viviendas financiadas por el gobierno nacional y administrados por la Unidad Ejecutora de Programas Especiales a través de consorcios integrados por municipios y otros entes públicos. El legislador radical señaló que es "notoria la falta de transparencia y de mecanismos de contralor que caracterizan a estas operatorias", y enfatizó que "a diferencia de las viviendas del FONAVI y de los programas federales que están a cargo del IAPV, estos conjuntos están fuera del alcance de las auditorías que anualmente realiza la Secretaría de Vivienda de la Nación, en cumplimiento de la legislación vigente". Artusi manifestó que "las precisiones sobre este tema brindadas por el Poder Ejecutivo en el informe que se nos entregó en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura son absolutamente insuficientes, por lo que pedimos que se garantice el derecho a la información, en resguardo de la correcta administración de fondos públicos que deben estar destinados a satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables de la población". El texto completo del pedido de informes es el siguiente: LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 117 DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL, SOLICITA AL PODER EJECUTIVO SE SIRVA INFORMAR: Primero: Acerca del monto y destino de las erogaciones comprendidas en el Programa de Desarrollo de la Infraestructura Social de Entre Ríos (PRODISER) creado por Ley nº 10.197, desde su inicio al 31 de Diciembre de 2015, detallando en especial: a) Erogaciones destinadas a la adquisición de terrenos. b) Erogaciones destinadas a la realización de las obras y gastos que incluyan las variables materiales tales como paredes, techos, aberturas, etc. c) Erogaciones destinadas a costos jurídico-notariales, tales como regularización del dominio y escrituración. d) Erogaciones destinadas a instalación de servicios básicos tales como agua potable, electricidad, saneamiento, etc. Segundo: Acerca de los ingresos percibidos por el Fondo para la Infraestructura Social de Entre Ríos (FISER) desde su creación al 31 de Diciembre de 2015, detallando: a) Los recursos recibidos del Estado provincial, de los estados municipales y de sus organismos pertinentes. b) Los recursos recibidos del Gobierno nacional. c) La recaudación neta del impuesto a la transmisión gratuita de bienes establecido por Ley nº 10.197.
d) Lo recaudado en concepto de canon abonado por parte de los destinatarios. e) Los aportes recibidos de organismos internacionales si los hubiere. f) Donaciones y legados de entes públicos, mixtos y/o privados. Tercero: Acerca la organización, estructura y personal afectado, incluída su remuneración, de la Unidad Ejecutora a cargo de la administración de los recursos afectados al Fondo para la Infraestructura Social de Entre Ríos (FISER) y de la ejecución del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Social de Entre Ríos (PRODISER). Cuarto: Acerca de la cantidad y composición de los consorcios de gestión a cargo de las obras de viviendas sociales en el marco del PRODISER. Quinto: Acerca de los mecanismos de contralor implementados por los consorcios de gestión y/o por organismos provinciales a los efectos de asegurar la transparencia y eficiencia del gasto.
Sexto: Acerca del destino de las erogaciones efectuadas a partir de “la inversión anual de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación”, que pasó de “un Presupuesto Anual en 2013 de 64 millones de pesos a 550 millones de pesos en 2014 y 2.700 millones en 2015”, tal como consigna en la página 237 (Unidad Ejecutora de Programas Especiales) del Informe de Gestión del Poder Ejecutivo Provincial correspondiente a la Apertura del 137º Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial. Séptimo: Acerca de la localización, características y costos de las 258 viviendas ejecutadas, las 3918 en ejecución, y las 1912 que tienen convenios firmados en el marco de los programas a cargo de la Unidad Ejecutora de Programas Especiales, tal como se consigna en la página 237 del Informe de Gestión mencionado en el punto sexto. Octavo: Acerca de los procedimientos de selección de los beneficiarios del PRODISER implementados en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley nº 10.197.
Ingresó en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Entre Ríos que tuvo lugar el 1º de Marzo de 2016 un proyecto de resolución presentado por los legisladores del bloque Cambiemos por el que se propone crear dos nuevas comisiones permanentes en el ámbito de la Cámara, la de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, y la de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. La iniciativa, de autoría del diputado José Antonio Artusi, lleva la firma de la totalidad de los integrantes del bloque. La creación de una comisión específica abocada a tratar cuestiones vinculadas con la seguridad en el seno del cuerpo había sido uno de los compromisos que diputados de Cambiemos habían contraído en una reunión convocada por entidades intermedias que tuvo lugar el día viernes pasado en la Sociedad Rural de Villaguay.
En los fundamentos del proyecto se sostiene que proponen "introducir modificaciones en el reglamento de la Cámara, a los efectos de dotarla de mejores herramientas para el tratamiento y consideración de algunas cuestiones que concitan la atención ciudadana y que requieren respuestas efectivas por parte del Estado. Propiciamos concretamente la modificación de la nómina de comisiones permanentes de asesoramiento, creando dos nuevas y desdoblando dos existentes. Consideramos necesario crear dos nuevas comisiones, la de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, y la de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. A su vez, proponemos desdoblar las actuales comisiones de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente y la de Salud Pública y Desarrollo Social. Las comisiones a crear tendrían que dictaminar en cuestiones, claramente identificadas en su denominación, que actualmente conviven en otras comisiones junto a asuntos y proyectos de la más variada índole, impidiendo de esta manera que dos problemáticas de enorme significación tengan el adecuado ámbito de tratamiento en esta Cámara, con la jerarquía y prioridad que la temática amerita. Las comisiones a desdoblar, con igual criterio, pretenden crear comisiones con competencias más acotadas, que permitirían trabajar con mayor especificidad y eficacia a la hora de analizar las cuestiones y proyectos sometidos a consideración."
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL 2016 Anoche participamos de la primera sesión ordinaria del año de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. En nombre del bloque Cambiemos rendí homenaje a un gran militante y dirigente de la UCR que nos dejara hace pocos días, "Rubito" Sosa. Entre otros proyectos del bloque, ingresaron dos proyectos de mi autoría: un pedido de informes por el que solicitamos que se de a conocer el informe particularizado de la auditoría del FONAVI y Programas Federales de Vivienda del año 2014 correspondiente a la provincia de Entre Ríos y un proyecto de resolución en el que proponemos crear dos nuevas comisiones en el ámbito de la Cámara de Diputados; la de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito y la de Vivienda, Hábitat y Ordenamiento Territorial. Los textos de ambos proyectos pueden consultarse en los siguientes enlaces:
http://hcder.gov.ar/consulta_exp_rta_uno.php?exp_numero=21053 http://hcder.gov.ar/consulta_exp_rta_uno.php?exp_numero=21056

References: Artículo 7
 Artículo 7
 Resolución 
 resolución 
 artículo 76
 Artículo 85
 resolución 
 ARTÍCULO 117
 artículo 1
 resolución 
 resolución