Source: https://es.scribd.com/doc/78103480/9/Dr-Jose-Daniel-Hidalgo-Murillo
Timestamp: 2016-05-03 15:09:35+00:00

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Dr. José Daniel Hidalgo Murillo for Revista Nuevo Sistema de Justicia Penal 01
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Profesor de Derechos Humanos, Universidad Panamericana.
mo alternativo o política criminal
A partir de la reforma de la Constitu-
ción Política del 18 de junio del 2008,
solución de controversias y la aplica-
ción de criterios de oportunidad son
dos grandes puertas que se abren el
Sistema de Justicia Penal en México.
Dos procedimientos, dentro del siste-
ma acusatorio, que nos permiten
repensar el derecho procesal penal, el
derecho penal y el debido proceso
penal, para lo cual conviene superar
algunas “copias” que, desde antaño,
nos han introducido en un “túnel” de
criterios criminológicos –a mi criterio
equívocos- y procedimentales, que
han obligado “discutir” la “justicia”
penal, desde una órbita distinta –falsos
paradigmas de política criminal- al
acometido de la justicia legal.1
No ignoro que copiar es, muchas
veces, un acto de prudencia. De esta
realidad surge la iuris prudentia que
nos enfrenta a precedentes y antece-
dentes de valoración de la norma al
caso concreto. Lo bueno –como ha
ocurrido con lo clásico- crea adhesio-
nes. El derecho inglés se ha fortaleci-
do como ciencia del derecho por los
precedentes jurisprudenciales; el
derecho alemán es teoría del derecho,
por ese constante acudir a las fuentes
jurídicas legales, jurisprudenciales y
No deja de preocuparme, sin embargo,
que “abiertas las puertas” por la Cons-
titución, las cerremos en la legislación
En efecto, el proceso penal es, desde
su objeto, un “juego” de estrategias
que obedece –o debe obedecer- una
clara política criminal que, igualmente,
debe mantenerse n constante revisión
de sus efectos y resultados. Se
encuentra en juego el orden, la paz, la
seguridad y la tranquilidad pública.
Con los mecanismos alternativos de
solución de controversias, pensados
desde el derecho de las víctimas y
ofendidos y, la aplicación de criterios
de oportunidad, pensados desde el
Ministerio Público, se superan muchas
deﬁciencias del sistema de justicia
penal y –desde la Constitución Políti-
ca-, se fortalecen los “aportes” más
importantes del sistema acusatorio.
Por un lado, se “rompe” con el mono-
polio de la acción penal y, por otro, con
el principio de obligatoriedad de la
acción penal pública.
Ha sido “común” que esa política
criminal se “mida” desde el órgano de
poder que, hasta la fecha, ha sido el
más incapaz de proyectar la legislación
hacia una política criminal: el poder
legislativo. En efecto, el Poder Legis-
lativo ha fracasado en el método, en
los ﬁnes y en los medios para lograr la
seguridad ciudadana. En el método,
pues la “burocracia” parlamentaria” y
los distintos “juegos de poder” han
impedido al legislativo ofrecer una
respuesta rápida –según las necesida-
des del momento-. Es común escuchar
políticas de agravación de las penas,
introducción de la pena de muerte o las
penas perpetuas, la proliferación de
delitos graves queevitan la excarcela-
ción de las personas sometidas a proce-
so, etc. Pero, es igualmente equívoca
su política desde los ﬁnes, cuando el
“imputado” es el gran ignorante de la
política criminal misma que, de hecho,
ha hecho burla de una frase propia de la
doctrina, anquilosada en los libros, la
prevención general y particular –positi-
va y/o negativa-, porque, entre otras
razones, los medios –la ley, en deﬁniti-
va- sólo ha servido para causar antino-
mias, lagunas y modos de interpreta-
ción desfavorables a esa política crimi-
En alguna oportunidad he escrito,
siguiendo el criterio del Código de
Procedimientos Penales del Estado de
Oaxaca, que los criterios de oportuni-
dad son –como un género de la espe-
cie- mecanismos alternativos de
solución de controversias y, consecuen-
temente, han de procurar, en su aplica-
ción, la reparación del daño. Pensar así
exige analizar los criterios desde los
derechos de la víctima. Pero, por otro
lado, es la única institución en la que la
reforma constitucional no exigió la
reparación del daño como requisito, lo
que nos permite pensar que obedece a
la potestad del Ministerio Público para
“redeﬁnir” la política criminal.
1 Con estas dos, son muchas las nuevas instituciones jurídicas introducidas a través de la reforma constitucional, mismas que exigen dos posiciones. La primera es amoldar el sistema acusatorio a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; otra,
amoldar la Constitución Política al sistema acusatorio. Desde la doctrina, existe la tentación de hacer lo segundo. Sin embargo, desde la realidad mexicana, cada día me convenzo más de la importancia de lograr lo primero. Los conceptos de reinserción
social; principio de proporcionalidad; derechos de las víctimas; juez de control; anticipos de prueba; monopolio de la acción penal pública; obligatoriedad de la acción penal pública, etc., deben estudiarse para dar una respuesta mexicana. Por eso, aunque
tengamos la tendencia a copiar legislaciones, conviene mucho, mucho, sentarnos a repensar el derecho para México.
La importancia de los criterios de opor-
tunidad y, la necesidad de exigir o no la
reparación del daño es el objeto de
este artículo. Si el péndulo se dirige a
la reparación del daño, dichos criterios
serán, necesariamente, mecanismos
alternativos de solución de controver-
sias; por el contrario, si el péndulo se
encamina a la política criminal, la legis-
lación no exigirá, necesariamente, la
reparación del daño. En consecuencia,
las codiﬁcaciones que exijan la repara-
ción del daño en la aplicación de crite-
rios de oportunidad, volcarán el proce-
dimiento hacia los derechos de la
víctima y, entonces, su aplicación
obedece al principio de alternatividad.
Las que, por el contrario, ignoren la
reparación del daño, concebirán los
mecanismos como “política criminal”
del Ministerio Público. No se trata de
una diferencia sutil, sino esencial para
el éxito de la ﬁgura.
Eﬁcacia de los criterios de
La doctrina ha enfocado en dos modos
procesales, la aplicación, como estrate-
gia, de una política criminal. La prime-
ra, tal como se dijo, acudiendo al Poder
legislativo para que, agravando penas
o procedimientos, convirtiendo accio-
nes en hechos delictivos, o, creando
penas y multas, favorezca situaciones
de prevención. Muchas de estas “políti-
cas” han causado el efecto contrario,
porque los “formalismos” procedimen-
tales han causado modos de “corrup-
ción” de los funcionarios llamados a
administrar justicia. Claro ejemplo de
esto es el “recurso de amparo” tramita-
do para “suspender” la privación tempo-
ral de libertad como acto reclamado,
convertido en “negocio” de abogados,
ministerios públicos y jueces, ante la
detención en ﬂagrancia de algunos
ciudadanos. Tal parece que la legislación
se crea para corromper el trámite.
Por el contrario, una segunda estrategia
de política criminal ha sido ofrecer al
Ministerio Público la decisión de sancio-
nar o prescindir de la sanción de las
conductas ilícitas, bajo criterios de opor-
tunidad previamente establecidos. En
estos casos, los hechos siguen siendo
delito dentro de un gran catálogo de
tipos penales y las penas siguen estando
vigentes. Son las circunstancias de
tiempo, modo, época, lugar, personas y
efectos del hecho las que permiten –ad
casum- su aplicación o no, conforme,
claro está, a las disposiciones –límites y
potestades- que ofrece la ley. Entonces,
la legislación permite los mismos objeti-
vos, aunque en un programa de puertas
que -a criterio del órgano al que corres-
ponde la seguridad del Estado-, se abren
o se cierran a conveniencia. De ese
modo, “hoy” es posible y conveniente
perseguir una serie de hechos delictivos
que “mañana” conviene dejar en el
2 Cfr: Artículo 98, segundo párrafo, del Código Modelo. 3 Cfr: Artículo 85 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. 4 Cfr: Artículo 79, IV del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California. 5 Cfr: Artículo 88
del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos. 6 Cfr: Artículo 196 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca. 7 Cfr: Artículo 90 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas. 8 Cfr: Artículo 94 del
Código de Procedimientos Penales del Estado de Durango. 9. Cfr: Artículo 110 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México. 10 Cfr: Artículo 110 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México. Publicado en el Periódico
Oﬁcial el 9 de febrero del 2009. 11 Cfr: Al respecto, artículo 98 del Código Modelo. Aunque no asume el desglose de los criterios que hace el Estado de México, centra especialmente esos procedimientos en la negociación criminal, coherente con los
problemas de seguridad que enfrenta el país
Esos criterios de oportunidad, conjunta-
mente, con procedimientos de concilia-
ción, mediación, negociación, acuerdos
reparatorios, perdón de la víctima,
suspensión condicional del proceso y
procedimiento abreviado devienen en
mayormente eﬁcaces para la solución
del conﬂicto, visto este desde el bien
común, sin dejar de considerar, igual-
mente ad casum, el bien particular. Sin
embargo, su eﬁcacia estriba, en primer
lugar, en la protección del principio pro
libertate que crea conﬁanza, para los
ciudadanos, en las instituciones de
administración de justicia y, en segundo
lugar, en la facilidad de cumplir los
acuerdos, en razón de los modos estra-
tégicos de los acuerdos mismos. Sin
embargo, esos criterios de oportunidad
pueden ser aplicados sin considerar “el
conﬂicto” sino, para resolver otros
casos pendientes, es decir, priva el
principio pro societate, y, por ende, no
se sujetan a los derechos de las
Desde la aplicación de criterios de opor-
tunidad, conviene analizar el modo
como cada entidad federativa ha asumi-
do los efectos de la justicia restaurativa.
Lo anterior porque el Estado de Oaxaca
será el único que considera los criterios
de oportunidad, como mecanismos
alternativos de terminación del proceso,
es decir, como formas de justicia restau-
rativa, cuando los demás Estados y el
mismo Código Modelo los asume como
una limitación, en razón de la política
criminal del Ministerio Público, de la
persecución penal, más propiamente,
desde la acción penal pública. Aún así,
el Código Modelo exigirá, como requisi-
to para su aplicación, la reparación del
daño.2
Los Códigos de Chihuahua; 3
California;4
Morelos;5
Oaxaca;6
Zacatecas;7
Durango;8
México,9
igualmente exigen reparar, con
lo cual, en parte admiten, con Oaxaca,
que se trata de un mecanismo alternati-
vo de solución de controversias.
El criterio legislativo del Estado de
Oaxaca parece acertado cuando, en
razón de “pena natural”, “reparación
integral del daño” y “negociación crimi-
nal” los criterios de oportunidad, en
mucho, resuelven conﬂictos, particular-
mente, cuando el imputado mismo
procura coadyuvar con la administración
de justicia en la aplicación de esos
criterios. Nótese, por ejemplo, que el
Estado de México ha introducido trece
criterios de oportunidad.10
En estos trece
criterios se incluye los criterios que han
asumido las demás entidades federati-
vas, aún cuando los Estados de Oaxaca,
Zacatecas y Durango no hayan admitido
criterios de oportunidad para la “nego-
ciación criminal”, es decir, para que el
imputado pueda cooperar con el Minis-
terio Público en la averiguación de la
verdad en relación con los mismos
hechos u otras causas pendientes a nivel
Estatal, en la Federación, o, en otros
Estados.11
En casi todas las legislaciones
se consigna que “el ministerio público
deberá aplicar los criterios de oportunidad
12.Cfr:Artículo110delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadodeMéxico.13.Cfr:Artículo110,fracciónI.,delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadodeMéxico.EnelmismosentidolafracciónI,delosartículos83delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadodeChihuahua;
artículo196delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadodeOaxaca;artículo88delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadodeMorelos;artículo90delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadodeZacatecas;artículo79delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadode
BajaCalifornia;artículo94delCódigodeProcedimientosdelEstadodeDurangoyartículo98delCódigoModelodelProcesoPenalAcusatorioparalosEstadosdelaFederación.14.Cfr:Artículo110,fracciónII.,delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadodeMéxico. Enelmismo
sentidolafracciónII,delosartículos83delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadodeChihuahua;artículo88delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadodeMorelos;artículo79delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadodeBajaCaliforniayartículo98delCódigoModelo
delProcesoPenalAcusatorioparalosEstadosdelaFederación.LosCódigosdeOaxaca,ZacatecasyDurangonoadmitenlanegociaciónconelimputadoenestesentido.15.Cfr:Artículo110,fracciónIII.,delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadodeMéxico.Enelmismosentidola
fracciónIII,delosartículos83delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadodeChihuahua;artículo196delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadodeOaxaca;artículo88delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadodeMorelos;artículo90delCódigodeProcedimientosPenales
delEstadodeZacatecas;artículo79delCódigodeProcedimientosPenalesdelEstadodeBajaCalifornia;artículo94delCódigodeProcedimientosdelEstadodeDurangoyartículo98delCódigoModelodelProcesoPenalAcusatorioparalosEstadosdelaFederación.
sobre la base de razones objetivas y sin
discriminación, valorando cada caso en
lo individual, según los criterios genera-
les que al efecto se hayan dispuesto por
Estado”. Y, si como hemos dicho, todas
las codiﬁcaciones admiten que “en los
casos en que se veriﬁque un daño, éste
deberá ser previamente reparado en
forma razonable”,12
se entiende –o debe
entenderse- que el criterio legislativo
que ha prevalecido, hasta este momen-
to en las entidades federativas es -con
el criterio de Oaxaca-, que con éstos se
busca, igualmente, la solución, por lo
menos reparadora, del conﬂicto.
Bajo la otra postura, los criterios de
oportunidad, supeditados o no a la
reparación del daño, son, principalmen-
te un objetivo de estrategia en la políti-
ca criminal del Ministerio Público (Cfr:
art 21 CPEUM) que procuran “encau-
sar” la investigación por delito hacia
objetivos más puntuales, de especial
interés para la seguridad, la tranquilidad
y la paz social y, la propia solución del
conﬂicto o, por lo menos, la posibilidad
de que el Ministerio Público pueda
dedicar tiempo a hechos delictivos de
mayor interés nacional o estatal, para lo
cual debe discriminar entre aquellos de
menor repercusión social.
Sea una u otra la ﬁnalidad procesal, la
legislación considera de “bagatela” y,
por ende, permite el archivo del suma-
rio, “cuando se trate de un hecho que
por su insigniﬁcancia, por lo exiguo de la
contribución del partícipe por su
mínima culpabilidad, no afecte el
interés público”,13
salvo que haya sido
cometido por un servidor público
estatal o municipal en ejercicio de sus
funciones. La misma “negociación
criminal” procura, en la aplicación de
criterios de oportunidad, la solución del
mismo u otro conﬂicto relacionado.
Procede en el Estado de México
“cuando el imputado haya realizado
una conducta cuando estaba a su alcan-
ce para impedir la ejecución del hecho
delictuoso o haya contribuido decisiva-
mente al esclarecimiento de la partici-
pación de otros imputados en el mismo
hecho en otro más grave”.14
La aplicación de criterios de oportuni-
dad por “pena natural” igualmente
resulta un mecanismo alternativo de
solución de conﬂicto. En el Estado de
México se entiende “cuando el imputa-
do haya sufrido, como consecuencia
directa del hecho, un daño físico o
psíquico, grave o irreparable que le
incapacite para el ejercicio de sus
ocupaciones ordinarias o cuando
tratándose de un delito culposo haya
sufrido un daño de carácter moral de
difícil superación”, lo que igualmente
ocurre con los criterios en que prevalece
el principio de “exceso de pena” que, en
el Estado de México se entiende en dos
fracciones del artículo 110 de comenta-
rio, es decir, “cuando la pena que corres-
ponda por el delito de cuya persecución
se prescinda, carezca de importancia en
consideración a la pena ya impuesta, a
16 Cfr: Artículo 110, fracción IV y V, del Código de Procedimientos Penales del Estado de México. En el mismo sentido el artículos 83 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua; artículo 196 del Código de Procedimientos
Penales del Estado de Oaxaca; artículo 88 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos; artículo 90 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas; artículo 79 del Código de Procedimientos Penales del Estado de
Baja California; artículo 94 del Código de Procedimientos del Estado de Durango y artículo 98 del Código Modelo del Proceso Penal Acusatorio para los Estados de la Federación.
la que corresponde por los restantes
hechos o caliﬁcaciones o a la que se le
impondría en un procedimiento trami-
tado en el extranjero” o, “cuando el
inculpado sea entregado en extradición
por la misma conducta o por diversa, en
el caso de que la sanción impuesta por
el requirente reste trascendencia a la
que se le pudiese imponer”.16
El Estado de México, sin embargo,
agrega algunos otros criterios de opor-
tunidad. De conformidad con el artículo
110 procede “cuando la realización del
procedimiento implique riesgo o
amenazas graves a la seguridad exterior
del Estado”; “cuando exista colabora-
ción del inculpado para evitar la consu-
mación de delitos graves o lograr la
desarticulación de organizaciones crimi-
nales”; “cuando el inculpado haya
sufrido, por su conducta culposa, daño
grave que haga desproporcionada o
inhumana la aplicación de la sanción”;
“cuando el delito no siendo grave,
afecte un bien jurídico individual y se
haya reparado el daño causado, deter-
minándose objetivamente la ausencia
de interés público en la persecución”;
“cuando el reproche de culpabilidad
hacia la conducta sea de tan secundaria
consideración que haga a la sanción
penal una respuesta desproporcionada”;
“cuando la persecución penal de un
delito que comprende problemas socia-
les más signiﬁcativos, siempre y cuando
exista y se produzca una solución
alternativa, adecuada a los intereses de
las víctimas y la sociedad”; “cuando se
emplee cualquier mecanismo alternati-
vo para la solución del conﬂicto, previsto
en el presente ordenamiento” y,
ﬁnalmente, “cuando el imputado se
encuentre afectado por una enferme-
dad incurable, en estado terminal,
según dictamen pericial, o tenga más de
70 años y no exista mayor daño al
No podemos sostener con esto que
haya un único mandato constitucional
al determinar, por un lado, “mecanis-
mos alternativos” (Cfr: art, 17) y, por
otro, “criterios de oportunidad” (Cfr:
art. 21). Procesalmente hablando se
trata de objetivos procesales distintos.
Sin embargo, si el archivo de algunas
causas penales –por aplicación de
criterios de oportunidad- permite
dedicar tiempo a otras, de mayor grave-
dad o importancia social, es claro que,
por un lado, la aplicación de esos
De ese modo, “hoy” es posible y conveniente perseguir
una serie de hechos delictivos que “mañana” conviene
dejar en el archivo.
al determinar, por un lado, “mecanismos
alternativos” (Cfr: art, 17) y, por otro,
“criterios de oportunidad” (Cfr: art. 21).
Procesalmente hablando se trata de
objetivos procesales distintos. Sin
embargo, si el archivo de algunas causas
penales –por aplicación de criterios de
oportunidad- permite dedicar tiempo a
otras, de mayor gravedad o importancia
social, es claro que, por un lado, la
aplicación de esos criterios resultan ya
una decisión de “política criminal” y, por
otro, un modo de “resolver” o “coadyu-
var” a resolver esos y otros conﬂictos,
con lo cual se logra el mismo objetivo al
que se enfrenta el proceso desde la
Unidos Mexicanos y desde los Códigos
acusatorios vigentes que hemos venido
Del estudio de la legislación nacional y
latinoamericana es posible distinguir al
menos veinticuatro criterios de opor-
tunidad que, a la vez se pueden clasiﬁ-
car en cinco apartados: bagatela, pena
natural, negociación criminal, repara-
ción del daño y exceso de pena.
a. Criterios de oportunidad por baga-
La bagatela no surge del bien jurídico
legislativamente protegido sino del
bien jurídico persecutoriamente prote-
gido; es decir, la diferencia entre la
protección general y abstracta de
protección de la ley penal y, la protec-
ción particular y concreta de la
decisión jurisdiccional. En todo caso,
es posible dilucidar los siguientes crite-
rios por bagatela:
a. Aplicación de criterios de oportuni-
dad, cuando, por las circunstancias del
caso se trate de un hecho insigniﬁcante.
b. Aplicación de criterios de oportuni-
caso se trate de un hecho de mínima
culpabilidad del autor o del partícipe o
exigua contribución de éste.
c. Aplicación de criterios de oportuni-
dad cuando en atentados contra
bienes jurídicos de la administración
pública o recta impartición de justicia,
la afectación al bien jurídico funcional
resulte poco signiﬁcativa y la infrac-
ción al deber funcional tenga o haya
tenido como respuesta adecuada el
reproche y la sanción disciplinarios.
d. Aplicación de criterios de oportuni-
dad cuando en delitos contra el patri-
monio económico, el objeto material
se encuentre en tan alto grado de
deterioro respecto de su titular, que la
genérica protección brindada por la ley
haga más costosa su persecución penal
y comporte un reducido y aleatorio
e. Aplicación de criterios de oportuni-
dad cuando la imputación subjetiva
sea culposa y los factores que la deter-
minan caliﬁquen la conducta como de
mermada signiﬁcación jurídica y
f. Aplicación de criterios de oportuni-
dad cuando el juicio de reproche de
culpabilidad sea de tan secundaria
consideración que haga de la sanción
penal una respuesta innecesaria y sin
g. Aplicación de criterios de oportuni-
dad cuando la persecución penal del
delito cometido por el imputado,
como autor o partícipe, diﬁculte,
obstaculice o impida al titular de la
acción orientar sus esfuerzos de
investigación hacia hechos delictivos
de mayor relevancia o trascendencia
para la sociedad, cometidos por él
mismo o por otras personas.
h. Aplicación de criterios de oportuni-
dad cuando los condicionamientos
fácticos o psíquicos de la conducta
permitan considerar el exceso en la
justiﬁcante como representativa de
menor valor jurídico o social por
explicarse el mismo en la culpa.
i. Aplicación de criterios de oportuni-
dad cuando, en tráﬁco de drogas, la
cantidad decomisada al imputado
permita presumir la tenencia para el
consumo, sin que exista prueba de su
La experiencia ha permitido ver en la
bagatela, más que una política crimi-
nal que, necesariamente comporta
una estrategia en la “persecución” de
los delitos de “mayor” importancia,
una política “administrativa” de
reducción del trabajo de los ﬁscales
del Ministerio Público y, consecuen-
temente, una desnaturalización de la
ﬁgura jurídica. En otros ámbitos más
reducidos, la bagatela se utiliza como
una ﬁgura que facilita “cobrar” por el
servicio y que, desgraciadamente,
reduce la acción del Ministerio Públi-
co a la corrupción de sus funcionarios.
Igualmente ocurre que, por deﬁcien-
cia de las autoridades, muchas causas
importantes devienen en “bagatela”
por la ausencia de “acción-reacción”
ante la delincuencia: un hecho de
importancia pierde signiﬁcado en su
persecución por el paso del tiempo.
b. Criterios de oportunidad por repa-
ración integral el daño.
Es común encontrar, en México, que
los acuerdos reparatorios sean objeti-
vo de los mecanismos alternativos de
solución de controversias, parte del
plan de reparación del procedimiento
de suspensión condicional del proceso
y, del propio procedimiento abreviado.
Esto nos ha permitido sostener que el
proceso penal que se concibe desde el
artículo 20, apartado C, fracción IV
nos enfrenta a un Sistema Procesal
Penal Reparatorio. Pues bien, la repa-
ración del daño es igualmente un
objetivo en la aplicación de criterios de
oportunidad. Bajo esta tesis es común
encontrar, por reparación, los siguien-
dad cuando el imputado haya produci-
do la reparación integral, a entera satis-
facción de la víctima, del daño particu-
lar o social causado, en delitos de conte-
nido patrimonial sin violencia sobre las
personas o en delitos culposos.
dad cuando se afecten mínimamente
bienes colectivos, siempre y cuando
se dé la reparación integral y pueda
deducirse que el hecho no volverá a
dad cuando la persecución penal de
un delito comporte problemas socia-
les más signiﬁcativos, siempre y
cuando exista y se produzca una
solución alternativa adecuada a los
intereses de las víctimas.
En Costa Rica, en el capítulo referente
a la extinción de la acción penal se
incluyó, como causal de extinción de
la acción penal pública, la reparación
integral del daño. Esta reparación
integral del daño será concebida en
México, a partir del código de Chihu-
ahua, como “acuerdos reparatorios”
que, como hemos estudiado, no han
sido considerados dentro de los
modos de justicia restaurativa o, por
lo menos, como sinónimo de concilia-
ción, mediación y negociación,
aunque esos tres institutos procuren
el acuerdo reparatorio.
En efecto, el artículo 30 del Código
Procesal Penal de Costa Rica dispone,
como causa de extinción de la acción
penal “j) por la reparación integral, a
entera satisfacción de la víctima, del
daño particular o social causado,
realizada antes del juicio oral, en
delitos de contenido patrimonial sin
grave violencia sobre las personas o
en delitos culposos, siempre que la
víctima o el Ministerio Público lo
admitan, según el caso”.
En algún momento el equipo técnico
de trabajo redactor del Código
Modelo se propuso esta norma como
causal de extinción asumiendo la
legislación de Costa Rica. Sin embar-
go, a pesar de la norma, la experiencia
ofrecía otros resultados. Con funda-
mento en esa experiencia luego se
analizó las consecuencias, entre ellas,
el problema que suscita –también en
la opinión pública- el “delinquir con la
ﬁnalidad de ‘pagar’ si me atrapan”.
De hecho, Costa Rica sufrió, poste-
riormente una reforma al artículo 30
citado disponiéndose que “esta
causal procede siempre que, durante
los cinco años anteriores, el imputado
no se haya beneﬁciado de esta
medida o de la suspensión del proceso
a prueba. El plazo señalado se compu-
tará a partir de la ﬁrmeza de la resolu-
ción que declara la extinción de la
acción penal. Para tales efectos el
Registro Judicial llevará un archivo de
los beneﬁciados”.
La experiencia costarricense sirvió
para introducir la misma ﬁgura, por su
conveniencia procesal en cuanto
forma de solución del conﬂicto, pero,
no como causal de extinción de la
acción sino, como criterio de oportu-
nidad. De ese modo, en el artículo 98
del Código Modelo se dispuso que el
ministerio público podrá prescindir,
total o parcialmente, de la persecu-
ción penal, limitarla a alguna o varias
infracciones o a alguna de las perso-
nas que participaron en el hecho,
cuando: “b) el imputado haya produ-
cido la reparación integral, a entera
satisfacción de la víctima, del daño
particular o social causado, en delitos
de contenido patrimonial sin violencia
sobre las personas o en delitos culpo-
sos”. La idea que prevaleció en los
redactores del proyecto era evitar la
crítica sufrida en Costa Rica y, conse-
cuentemente, ante la reparación
integral del daño como criterio de
oportunidad, el ministerio público
tuviera la libertad de continuar o no
con la persecución penal a pesar de
que el imputado haya resarcido a la
víctima y ofendido.
c. Criterios de oportunidad por pena
Aunque en el derecho penal ha preva-
lecido, en la mayoría de los supuestos,
la “doble sanción” o, la “supremacía
de la sanción penal” sin detrimento de
las demás sanciones judiciales o admi-
nistrativas, el criterio de oportunidad
por “pena natural” tiene como objeti-
vo poder archivar una causa penal
cuando el imputado haya sufrido a
consecuencia del hecho daño físico o
psíquico. Se trata de un supuesto
amplio e igualmente abstracto de
“daño” que podría incluir, posterior-
mente, otros supuestos.
De ese modo, “hoy” es posible y conveniente
perseguir una serie de hechos delictivos que
“mañana” conviene dejar en el archivo.
“... encausar la investigación por delito hacia objetivos
más puntuales, de especial interés para la seguridad, la
tranquilidad y la paz social ...”
El Sistema Acusatorio ha introducido,
como criterio de oportunidad, el de
pena natural. En nuestro medio se
comprende, en esa clasiﬁcación, los
dad cuando el imputado haya sufrido,
a consecuencia del hecho, daño físico
o psíquico grave que torne despropor-
cionada la aplicación de una pena.
dad cuando el imputado, en ocasión
de una infracción culposa, haya sufrido
un daño moral de difícil superación.
d. Criterios de oportunidad por
exceso de pena.
El Sistema Acusatorio no ignora la
doctrina relacionada con los princi-
pios de prevención y, consecuente-
mente, el “valor” que se otorga a la
pena en relación con la prevención
particular negativa. Sin embargo, no
ignora, igualmente, que el exceso de
pena cuando, por ejemplo, se ha
sobrepasado el máximo de pena
previsto en la legislación que no
cuenta con penas perpetuas o, por la
edad del imputado, resulta un absur-
do procesal. Se trata, en deﬁnitiva,
de un problema de acumulación de
causas que, si bien beneﬁcia al impu-
tado, otras muchas lo perjudica, entre
ellas, el atraso del trámite por la
distinta rapidez en su distinto diligen-
Esto ha signiﬁcado, dentro de las
técnicas procesales, las políticas de
acumulación y des acumulación.
Sin embargo, desde los criterios de
oportunidad por exceso de pena se
busca, más particularmente, no perder
el tiempo en causas iniciadas –de
menos importancia, por complicación
de trámite o, por su insigniﬁcancia-
cuando existen ya causas penales
pendientes de juicio o, cuando ya
existe condena en el país, en otra
entidad federativa o, en otro país.
Dentro de esta lógica se concibe:
dad cuando la pena o medida de segu-
ridad que pueda imponerse por el
hecho o la infracción de cuya persecu-
ción se prescinde, carezca de impor-
tancia en consideración a la pena o
medida de seguridad ya impuesta.
dad por la pena que se debe esperar
por los restantes hechos o delitos a la
dad por la pena que se le impuso o se
le impondría en un proceso tramitado
en la jurisdicción local o en el extranje-
dad cuando la persona fuere entrega-
da en extradición a causa de la misma
da a la Corte Penal Internacional a
causa de la misma conducta punible.
da en extradición a causa de otra
conducta punible y la sanción a la que
pudiera llevar la persecución en
México carezca de importancia al lado
de la sanción que le hubiera sido
impuesta con efectos de cosa juzgada
contra él en el extranjero.
dad cuando la realización del procedi-
miento implique riesgo o amenaza
graves a la seguridad exterior del
Como puede notarse, el Sistema de
Justicia Penal se centra en una pena
que respeta los principios de propor-
cionalidad y coherencia, renunciando
a la sanción, por la sanción y, centrán-
dose en la reinserción social.
e. Criterios de oportunidad por nego-
ciación criminal.
La posibilidad procesal de que el
imputado coopere con la investiga-
ción criminal ha permitido el desarro-
llo de criterios de oportunidad. Con
ese objetivo, la legislación comparada
nos permite analizar las siguientes
posibilidades procesales:
dad cuando se trate de asuntos de
delitos graves, tramitación compleja o
delincuencia organizada y el imputa-
do colabore eﬁcazmente con la inves-
do brinde información esencial para
evitar que continúe el delito o se
perpetren otros, ayude a esclarecer el
hecho investigado u otros conexos.
do proporcione información útil para
probar la participación de otros impu-
En este tipo de criterios se exige que la
participación o colaboración del impu-
tado en la investigación se realice
siempre que la acción penal de la cual
se prescinde total o parcialmente
resulte considerablemente más leve
que los hechos punibles cuya persecu-
ción facilita o cuya continuación evita.
Este criterio ha creado algunas nuevas
ﬁguras procesales. La más importante
y exigente es la del testigo protegido.
Sin embargo, dentro del mismo
supuesto se concibe la cooperación de
ese imputado como agente encubierto
y, consecuentemente, las entregas
vigiladas que únicamente exigen
evitar el agente provocador.
¿Conviene supeditar la política crimi-
nal a la reparación del daño?
La clasiﬁcación que hemos hecho
obedece al artículo 21 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos
Mexicanos que permite, a la legisla-
ción secundaria, ﬁjar criterios, sin
exigir, en estos casos –lo que no obvia
que lo deﬁna la legislación secunda-
ria- la reparación del daño. La legisla-
ción plasma, entonces, una política
general y los criterios de oportunidad
facilitan el principio de discrecionali-
dad, a través de una política criminal
particular, que se concreta, en razón
de las circunstancias de tiempo, modo
y lugar, al caso concreto.
Se sostuvo arriba que en la legislación
Mexicana solo el Estado de Oaxaca ha
considerado los criterios de oportuni-
dad como mecanismos alternativos
de solución de controversias, a lo que
se suma que el mismo Estado de
Oaxaca y los Estados de Chihuahua,
Zacatecas, Morelos, Baja California,
Estado de México, Durango y Nuevo
León han exigido que, como requisito
para su aplicación, se repare el daño.
La reparación del daño no signiﬁca,
únicamente, pagar a la víctima o al
ofendido el daño causado por el
delito, sino que incluye, igualmente,
que al Estado y a la sociedad, como
igualmente víctimas, se repare en el
orden, la tranquilidad, la seguridad y
la paz social, lo que en parte se logra
cuando se aplican algunos de los
distintos criterios de oportunidad. La
cooperación del imputado en la propia
causa o causas conexas o paralelas,
que, a la vez, permiten su comproba-
ción como “testigo” protegido o
“agente” encubierto produce, entre
otras, la consecución de la verdad en
esas otras causas, lo que deviene en
beneﬁcio para la misma sociedad o el
Estado. Si el archivo de causas pena-
les por bagatela permiten al Ministe-
rio Público encaminar sus esfuerzos a
la investigación de causas penales
importantes y, a la postre, se logra su
objetivo, es claro, entonces, que el
criterio de oportunidad obtuvo su
ﬁnalidad y, consecuentemente, logró
la solución de otros conﬂictos. Lo
mismo puede decirse de la pena natu-
ral y el exceso de pena. No es por
tanto incoherente lo que propone el
Sin embargo, la aplicación de criterios
de oportunidad debe encaminarse, si
en serio se aplican como mecanismos
de solución de controversias, bajo los
que no solo la reparación integral del
daño, como criterio de oportunidad,
deviene en mecanismo alternativo de
solución de controversias, pues la
misma aplicación de criterios –dentro
de una clara política criminal- está
resolviendo o permitiendo resolver
otros y el mismo conﬂicto. Pero, en
algunos casos, “reducir” la aplicación
del criterio, a la exigencia de reparar el
daño, quita importancia a la misma
naturaleza del criterio cuando, por
ejemplo, su aplicación interesa, priori-
tariamente al derecho de la víctima u
ofendido directo, en razón de otras
víctimas u ofendidos indirectos, como
ocurre en los casos de cooperación
Esto puede signiﬁcar, desde la redac-
ción de las normas, asumir tres postu-
ras distintas, con un solo objetivo o,
por el contrario, con tres objetivos
distintos. En el primer caso, centrar la
aplicación de criterios en la reparación
del daño y, por ende, como mecanis-
mo alternativo de solución de contro-
versias. (Oaxaca) En segundo lugar,
exigir con la aplicación del criterio,
como política criminal, la igual repara-
ción del daño. (Chihuahua) En este
segundo caso, es posible que, con
mayor interés, el Estado asuma la
reparación del daño, para facilitar la
c. Solución de controversias en
cuanto se procure, con su aplicación,
y aunque renuncien, aparentemente,
a la protección del bien particular, al
fortalecimiento del bien común.
Ahora bien, ¿es conveniente supedi-
tar los criterios de oportunidad, como
modos de ser de una política criminal
del Ministerio Público, a la reparación
del daño? Como política criminal, los
mismos supuestos analizados supra
requiere de por lo menos las siguien-
tes exigencias procesales:
a. Que el Ministerio Público pueda
aplicar criterios de oportunidad, aún
cuando la víctima no se haya satisfe-
cho en la reparación del daño.
b. Que el Ministerio Público pueda
aplicar criterios de oportunidad, en
delitos de acción pública, aún cuando
pueda existir oposición de la víctima.
Para sostener una postura ecléctica
–que exige con la política criminal, la
reparación del daño- puede decirse
“.. según se ponga el
acento en uno u otro
interés, la legislación
secundaria será la que
deﬁna el objetivo pro-
cesal en la aplicación
de criterios de oportu-
aplicación del criterio de oportuni-
dad. En tercer lugar, permitir el
criterio de oportunidad aunque no
se repare el daño y aunque la vícti-
ma se oponga a su aplicación, en
razón de un bien mayor, de especial
interés del Estado. (Baja California)
Estas tres posturas nos permiten
concluir que, según se ponga el
acento en uno u otro interés, la
legislación secundaria será la que
deﬁna el objetivo procesal en la
aplicación de criterios de oportuni-
Si se exige la reparación del daño y
se supedita su aplicación a esa repa-
ración, los criterios conforman un
mecanismo alternativo más de solu-
ción de controversias. Si, por el
contrario, su aplicación se centra en
el interés del Estado y, por ende, a la
política criminal de la Procuraduría o
del Ministerio Público, los criterios
de oportunidad no pueden centrarse
en esa reparación y, por ende, no
pueden considerarse como mecanis-
mos alternativos de solución de
conﬂictos. La ﬁgura acepta, a la vez,
una postura ecléctica.
La Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos ha abierto una
puerta importante para la eﬁcacia del
Sistema Acusatorio Mexicano,
concediendo un mayor poder de
decisión de la política criminal en el
Ministerio Público. Esa puerta no
encuentra cerradura que impida al
legislador secundario decidir qué
razones deben admitirse en las distin-
tas entidades federativas o en la
propia federación. Es posible admitir
los dieciséis criterios que introduce
Colombia, los trece que acoge Estado
de México, los nueve del Código
Modelo, los cinco de Chihuahua y
Morelos o los tres de Oaxaca, Duran-
go y Zacatecas. Tampoco existe
límite en relación con la reparación
del daño o los mismos objetivos
procesales de esos criterios. De
hecho, no hay límite para alegar razo-
nes y ampliar criterios.
¿Qué es lo que más conviene al país?
¿Qué es lo que más conviene a cada
entidad federativa? Es esta la gran
pregunta a la que ahora nos enfrenta
la reforma constitucional. La única
respuesta clara es que, dadas las tres
posiciones sostenidas, la cuestión no
se resuelve copiando legislaciones
ajenas. Se trata de una demanda que
los códigos vigentes, los proyectos de
código en proceso y, aquellas entida-
des federativas y la federación que no
han iniciado la reforma deben respon-
Hace un año sostuve que la reparación
integral del daño debe ser uno de los
tantos criterios de oportunidad. Hace
unos meses sostuve que los criterios
de oportunidad deben exigir la repara-
ción del daño, porque son, por su
naturaleza, mecanismos alternativos
de solución de controversias. Hoy me
atrevo sostener que los criterios de
oportunidad son, prioritariamente,
mecanismos de aplicación de la políti-
ca criminal del Ministerio Público y,
por ende, no pueden estar supedita-
dos al interés de la víctima y, conse-
cuentemente, a la reparación del
daño.*
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