Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/23406
Timestamp: 2020-06-05 01:03:00+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 93/2013
SENTENCIA 93/2013, de 23 de abril
ECLI:ES:TC:2013:93
b) En segundo lugar se alega la lesión del art. 149.1.8 CE, que establece la competencia exclusiva del Estado sobre “las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio”. Así, se sostiene que la Comunidad Foral carece de competencia para regular las formas de matrimonio con lo que la aprobación de la Ley Foral 6/2000 vulnera también el art. 2 LORAFNA, el cual dispone que la Comunidad Foral de Navarra ejercerá sus competencias (en este caso, la competencia exclusiva en materia de Derecho civil foral) sin afectar a las competencias del Estado inherentes a la unidad constitucional, entre las que se cuenta la potestad de regular las reglas relativas a las formas de matrimonio, tal y como establece el art. 149.1.8 CE.
c) En tercer lugar, afirman los Diputados recurrentes que la Ley compromete los derechos al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) y al de elección de no casarse (art. 32 CE). En el propósito de la Ley Foral está que quienes no contraigan matrimonio (formalmente) queden sometidos, materialmente, a sus efectos, al estimar que la sustancia de la relación que contempla es equiparable al matrimonio. Pero esto tiene también su reverso: quienes no quieren contraer matrimonio por sus efectos quedan sometidos a sus consecuencias en virtud de una prescripción imperativa que declara irrenunciables determinados derechos establecidos por la Ley. Esta conecta el concepto de “pareja estable” a una situación de puro hecho como la convivencia, bien durante un plazo (de un año), bien sin exigencia de plazo alguno (en la imprecisa e insegura expresión de “mera convivencia”) en los casos en que la pareja llegue a tener descendencia común (art. 2.2). Sólo en último lugar se menciona la voluntad de los miembros de la pareja expresada en documento público como causa de constitución de la pareja estable. Y únicamente en este último caso puede decaer el motivo de impugnación, por no imponerse a la voluntad individual ninguna relación coactiva. De esta manera el derecho negativo a no contraer matrimonio queda verdaderamente coartado en la Ley impugnada: quienes no han manifestado en ningún momento su voluntad de contraer matrimonio resultan sometidos a una regulación análoga o semejante a la del matrimonio mismo, sin posibilidad alguna de una acción de exclusión voluntaria de sus presupuestos o de sus efectos. Se prohíben expresamente los que supongan una fijación de una duración determinada de la pareja estable o la sometan a condición (art. 5.2). La misma libertad de pactos para los miembros de la pareja estable se ve coartada por la existencia de algunos contenidos mínimos y, por tanto, irrenunciables (art. 5.1). La Ley Foral instituye, así, una especie de vínculo conyugal forzoso, con efectos y consecuencias reconocidos en la Ley como similares a los que derivan de la propia celebración del matrimonio.
a) Estima que la Ley Foral impugnada lesiona la competencia estatal contemplada en el art. 149.1.8 CE, que establece la exclusiva competencia del Estado sobre “las relaciones jurídico civiles relativas a las formas de matrimonio”, ya que se proyecta sobre un vínculo entre dos personas definido por “una relación de afectividad análoga a la conyugal”, diferenciado del matrimonial exclusivamente por el dato negativo de la ausencia de las formalidades de su celebración. No se pretende con la ley proteger a la familia, sino regular una relación conyugal, partiendo la Ley Foral de la identidad sustantiva de ambas relaciones como presupuesto de su propia regulación.
1. El recurso de inconstitucionalidad que nos ocupa ha sido promovido por ochenta y tres Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, en el que impugnan la Ley Foral de Navarra 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables. Los recurrentes fundamentan el recurso, en síntesis, en los siguientes motivos: a) La citada norma legal ha sido dictada en relación con una materia perteneciente al marco de las competencias que corresponden al Estado; concretamente, las referidas a la regulación de “las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio” (art. 149.1.8 CE), razón por la que debe ser declarada inconstitucional en bloque. b) La Ley 6/2000 incurre en el vicio formal de no indicar que se trata de una ley foral de mayoría absoluta. c) La Ley compromete los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad personal y familiar y a no casarse (arts. 10.1, 18.1 y 32.1 CE), en la medida en que impone determinados efectos jurídicos a personas que no han expresado su deseo de casarse. d) Por último, argumentan que los distintos preceptos en los que se articula la Ley Foral incurren en diversos motivos de inconstitucionalidad; que en algunos casos son un mero reflejo de las alegaciones ya realizadas y en otros supuestos resultan de otras consideraciones suplementarias. Así, entre otros aspectos, estiman que el art. 2.3, que establece una norma conflictual, invade la competencia exclusiva del Estado central referida a las “normas para resolver los conflictos de leyes” (art. 149.1.8 CE); que el art. 8, en la medida en que permite la adopción a las parejas estables homosexuales, sería inconstitucional por vulnerar el art. 39.2 CE; o que los arts. 12 y 13, referidos a los efectos fiscales o a la materia “función pública”, deben ser declarados inconstitucionales por incluirse en una ley foral de mayoría absoluta.
“A efectos de la aplicación de este ley Foral se considera pareja estable la unión libre y pública, en una relación de afectividad análoga a la conyugal, con independencia de su orientación sexual, de dos personas mayores de edad o menores emancipadas sin vínculo de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o colateral hasta el segundo grado, siempre que ninguna de ellas esté unida por un vínculo matrimonial o forme pareja estable con otra persona.”
“Se entenderá que la unión es estable cuando los miembros de la pareja hayan convivido maritalmente como mínimo un período ininterrumpido de un año salvo que tuvieran descendencia común, en cuyo caso bastará la mera convivencia, o salvo que hayan expresado su voluntad de constituir una pareja estable en documento público.
En el caso de que un miembro de la pareja o ambos estén ligados por vínculo matrimonial, el tiempo de convivencia transcurrido hasta el momento en que el último de ellos obtenga la disolución o, en su caso, la nulidad, se tendrá en cuenta en el cómputo del período indicado de un año.”
“En defecto de pacto los miembros de la pareja estable contribuirán, proporcionalmente a sus posibilidades, al mantenimiento de la vivienda y de los gastos comunes, mediante aportación económica o trabajo personal. Se considerará contribución a los gastos comunes el trabajo doméstico, la colaboración personal o profesional no retribuida o insuficientemente retribuida a la profesión o a la empresa del otro miembro, así como los recursos procedentes de su actividad o de sus bienes, en proporción a sus ingresos respectivos y, si éstos no fueran suficientes, en proporción a sus patrimonios.
No tendrán la consideración de gastos comunes los derivados de la gestión y la defensa de los bienes propios de cada miembro, ni, en general, los que respondan al interés exclusivo de uno de los miembros de la pareja.”
5. El segundo motivo por el que se impugna el conjunto de la Ley Foral 6/2000 es el de que dicho texto normativo invadiría la competencia estatal referida a las “relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio” (art. 149.1.8 CE), argumentando los Diputados recurrentes, como fundamento exclusivo de su queja, que se produce tal vulneración de la competencia exclusiva del Estado porque la norma impugnada no hace otra cosa que introducir en el ordenamiento jurídico navarro una nueva forma de matrimonio, para lo que la Comunidad Foral de Navarra carece de competencias. Las representaciones procesales del Gobierno y del Parlamento de Navarra defienden la constitucionalidad de la normativa impugnada, que se inscribe, a su parecer, en el art. 48.1 LORAFNA, precepto en el que se dispone que “Navarra tiene competencia exclusiva en materia de Derecho civil foral”, sin que con la misma se pretenda regular una forma de matrimonio, ni, por tanto, vulnerar la competencia estatal.
Ahora bien, el declarado objeto de la regulación del legislador foral no es el matrimonio sino la convivencia estable more uxorio desarrollada al margen del matrimonio, según la definición establecida en el art. 2.1 de la Ley Foral 6/2000. Importa en este momento destacar que, como afirmamos en la STC 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 3, en la Constitución, el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son realidades equivalentes. El matrimonio es una institución social garantizada por nuestra norma suprema, y el derecho a contraerlo es un derecho constitucional (art. 32.1), cuyo régimen jurídico corresponde a la ley por mandato constitucional (art. 32.2) mientras que “nada de ello ocurre con la unión de hecho more uxorio, que ni es una institución jurídicamente garantizada ni hay un derecho constitucional expreso a su establecimiento”.
6. También tiene naturaleza competencial la concreta queja que los recurrentes dirigen contra el art. 2.3, precepto al que dedican un apartado específico, por entender que incurre en una particular vulneración competencial. Dicho artículo dispone que la regulación establecida en la Ley Foral resultará de aplicación “a las parejas estables cuando, al menos, uno de sus miembros tenga la vecindad civil navarra”.
Según afirman los recurrentes, tal vulneración se produce porque la norma establece una serie de condiciones objetivas cuya concurrencia produce ex lege, no solo la identificación de lo que se considera “pareja estable”, sino también la asignación correspondiente de un estatuto jurídico compuesto de derechos y deberes que, en general, operan con independencia de la propia voluntad de los miembros de la pareja. La Letrada del Parlamento de Navarra niega las vulneraciones aducidas, considerando que la norma contiene unas mínimas previsiones de Derecho necesario en relación con los aspectos más básicos que se derivan de una relación de pareja, y que se encuentran plenamente justificados por tratarse de supuestos de responsabilidad que han de asumir las personas como consecuencias necesarias de sus propios actos.
Elemento esencial de la constitución de la pareja de hecho es, por tanto, su conformación extramuros de la institución matrimonial por decisión propia de sus integrantes, adoptada en ejercicio de su libertad personal, y que “se vincula con sus convicciones y creencias más íntimas” (STC 47/1993, de 8 de febrero, FJ 4). Dado que la posibilidad de elegir una u otra opción —matrimonio o pareja de hecho— se encuentra íntimamente vinculada al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), el Estado no puede imponer una opción o limitar las posibilidades de elección salvo en virtud de los condicionamientos que pudieran resultar de las normas de orden público interno (SSTC 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 3; y 51/2011, de 14 de abril, FJ 8). El libre desarrollo de la personalidad quedaría afectado tanto si los poderes públicos trataran de impedir o de reprimir la convivencia more uxorio, como si trataran de imponer el establecimiento, contra la voluntad de los componentes de la pareja, de un determinado tipo de vínculo no asumido de consuno por éstos, “de manera que aquel tipo de convivencia no formalizada se viera expuesta a una gravosa y penosa suerte o a soportar sanciones legales de cualquier índole” (STC 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 2). Y esa libertad, así como la paralela prohibición de interferencia en su lícito ejercicio por parte de los poderes públicos, no queda limitada a la dimensión interna, “sino que alcanza también la expresión de las propias libertades a tener una actuación coherente con ello y a no sufrir sanción o injerencia de los poderes públicos por su ejercicio” (STC 66/1994, de 28 de febrero, FJ 3; y ATC 204/2003, de 16 de junio, FJ 2).
La unión de hecho, en cuanto realidad social relevante, sí puede ser objeto de tratamiento y de consideración por el legislador respetando determinados límites, ya que supondría una contradictio in terminis, convertir en “unión de derecho” una relación estable puramente fáctica integrada por dos personas que han excluido voluntariamente acogerse a la institución matrimonial, con su correspondiente contenido imperativo de derechos y obligaciones. No es irrelevante, en este sentido, como hemos señalado en anteriores resoluciones “el dato de que la relación more uxorio se basa, precisamente, en la decisión libre y, en principio, no jurídicamente formalizada de los convivientes de mantener una relación en común que, también en principio, no produce el nacimiento de ningún derecho u obligación específicos entre ellos (STC 184/1990, fundamento jurídico 3)” (STC 155/1998, de 13 de julio, FJ 3). El problema queda, por tanto, cifrado en los límites que la propia esencia de la unión de hecho impone al legislador cuando éste decide supeditar su reconocimiento a ciertas condiciones o atribuir determinadas consecuencias jurídicas a tal unión. Obviamente, el límite principal con el que se tropieza es la propia libertad de los integrantes de la pareja y su autonomía privada, por lo que una regulación detallada de los efectos, tanto personales como patrimoniales, que se pretendan atribuir a esa unión, puede colisionar con la citada libertad, si se impusieran a los integrantes de la pareja unos efectos que, precisamente, los sujetos quisieron excluir en virtud de su decisión libre y constitucionalmente amparada de no contraer matrimonio. Por ello, el régimen jurídico que el legislador puede establecer al efecto deberá ser eminentemente dispositivo y no imperativo, so pena de vulnerar la libertad consagrada en el art. 10.1 CE. De manera que únicamente podrán considerarse respetuosos de la libertad personal aquellos efectos jurídicos cuya operatividad se condiciona a su previa asunción por ambos miembros de la pareja.
Para efectuar tal análisis hemos de acudir a las normas que establecen el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley, contenidas esencialmente en su art. 2 donde, tras recoger una definición de pareja estable “a efectos de la aplicación de esta Ley Foral” (apartado 1), se ofrece en el párrafo primero del apartado 2 una especificación de dicha definición, señalando en qué supuestos asigna el legislador navarro a una pareja la condición de estable ipso iure. Los dos primeros supuestos —un año de convivencia o hijos en común— conducen a la atribución ex lege de la condición de pareja estable por la mera concurrencia de alguna de tales circunstancias, dando lugar a una calificación jurídica de determinadas situaciones de hecho, a la que se asociará la aplicación del contenido de derechos y obligaciones incluido en la regulación legal, prescindiendo de la voluntad conjunta de los integrantes de la unión de hecho de someterse a las previsiones de la Ley Foral. Lo cual es claro que no resulta respetuoso del derecho fundamental consagrado en el art. 10.1 CE. Únicamente resultaría acorde con tal derecho y respetuoso de la libre voluntad de los integrantes de la pareja, una regulación de carácter dispositivo, como es la que se acoge en el tercero de los supuestos enunciados en párrafo primero del art. 2.2 de la Ley Foral, referido a las parejas que hayan expresado en documento público su voluntad de constituirse como pareja estable; supuesto que los propios recurrentes entienden que respeta la libre voluntad de los sujetos.
b) Al art. 3 se le reprocha que, al permitir que la existencia de la pareja estable pueda ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en derecho, vulnera, por su inconcreción, el principio de seguridad jurídica. Nuestra doctrina respecto a este principio la sintetiza la STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 9, en los términos siguientes: “Hemos dicho, con relación al principio de seguridad jurídica previsto en el art. 9.3 CE que ha de entenderse como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados (STC 15/1986, de 31 de enero, FJ 1), como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho (STC 36/1991, de 14 de febrero, FJ 5), o como la claridad del legislador y no la confusión normativa (STC 46/1990, de 15 de marzo, FJ 4). De tal modo, que si en el Ordenamiento jurídico en que se insertan las normas, teniendo en cuenta las reglas de interpretación admisibles en Derecho, el contenido o las omisiones de un texto normativo produjeran confusión o dudas que generaran en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la previsibilidad de sus efectos, podría concluirse que la norma infringe el principio de seguridad jurídica (SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; 142/1993, de 22 de abril, FJ 4; 212/1996, de 19 de diciembre, FJ 15; 104/2000, de 13 de abril, FJ 7; 96/2002, de 25 de abril, FJ 5; y 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 5).”
c) Las quejas que se dirigen al art. 4 —relativas a la disolución de la pareja estable— son tanto de naturaleza competencial, por remisión a la queja general más atrás examinada sobre vulneración del art. 149.1.8 CE, como de naturaleza sustancial, referidas a la vulneración del art. 10.1 CE. Por lo que se refiere al primer aspecto, establecido que la presente Ley Foral no regula una nueva forma de matrimonio, no se puede considerar desatendido el primer precepto constitucional reseñado.
11. El capítulo II de la Ley Foral —que regula el contenido de la relación de pareja— es objeto de varias impugnaciones que analizaremos siguiendo el mismo orden en el que han sido planteadas.
Concretamente, al desarrollar esa impugnación general se refieren a los dos primeros apartados del art. 5 como claramente vulneradores de dicha libertad, por el carácter imperativo de la regulación, que llega a establecer una prohibición en el apartado 2. En efecto, el apartado 1 parece asentarse inicialmente en el principio de libertad de pactos entre los integrantes de la pareja, pero, al referirse a las compensaciones económicas establecidas en los apartados 4 y 5 del propio art. 5 para el caso de disolución de la pareja, establece que habrán de respetarse, “en todo caso, los derechos mínimos contemplados en la propia Ley Foral, los cuales son irrenunciables hasta el momento en que son exigibles”. Esto es, los derechos mínimos que la Ley establece en este punto se imponen sobre los pactos que puedan alcanzar los integrantes de la unión de hecho y, por tanto, sobre la libre voluntad de éstos, por lo que se produce efectivamente la vulneración de la libertad consagrada en el art. 10.1 al imponerles unos efectos patrimoniales que no han asumido voluntariamente mediante el correspondiente pacto.
Partiendo de que la Comunidad Foral ostenta competencias para regular la adopción (art. 48 LORAFNA y ley 73 de la Compilación de Derecho civil foral de Navarra), hay que señalar que esta cuestión ha quedado resuelta por este Tribunal, y de manera muy clara en la reciente STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 12, en la que se ha hecho hincapié en el fundamental dato de la preponderancia del interés del menor sobre el de quienes pretendan adoptarlo, interés que ha de ser preservado en todo caso y que se tutela mediante el escrutinio al que se somete a los eventuales adoptantes con independencia de su orientación sexual. En este sentido, se citaba la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su Sentencia de 26 de febrero de 2002 (asunto Frette c. Francia), en la que se “recuerda que ‘La adopción es dar una familia a un niño, y no un niño a una familia y el Estado debe asegurarse de que las personas elegidas como adoptantes sean las que puedan ofrecerle, desde todos los puntos de vista, las condiciones de acogida más favorables’ (§ 42) y, a este respecto, no existe certeza que permita afirmar actualmente que esas condiciones no puedan ser proporcionadas por una pareja homosexual”. Y añadimos a continuación que “[e]l ordenamiento jurídico, que no reconoce un derecho fundamental a adoptar, prevé mecanismos suficientes en las disposiciones que regulan la adopción nacional (arts. 175 y ss. CC y disposiciones autonómicas equivalentes, y Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor) e internacional (Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional), como para garantizar la preservación del interés superior del menor en el proceso de adopción, garantía contemplada también en el art. 21 de la Convención de los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el día 30 de noviembre de 1990, como fin primordial por el que deben velar los Estados. Nuestra propia jurisprudencia ya ha establecido que, en los procedimientos de adopción, ‘se configura como prevalente el interés superior del menor. Principio que con carácter general proclama la mencionada Convención, al disponer que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño (art. 3.1). Y que nuestra legislación en materia de menores define como rector e inspirador de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionadas con el niño, tanto administrativas como judiciales (exposición de motivos, arts. 2, 11.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil y de la Ley de enjuiciamiento civil; arts. 172.4, 173.3 y 4, y 173 bis CC; arts. 1826 y 1827 LEC).’ (STC 124/2002, de 20 de mayo, FJ 4)”.
14. Nos resta por determinar, finalmente, el alcance en el tiempo de nuestra declaración de inconstitucionalidad, a cuyo efecto no podemos soslayar la existencia de situaciones personales y patrimoniales de distinta índole consolidadas al amparo de la Ley Foral impugnada durante el tiempo transcurrido en la sustanciación del presente recurso de inconstitucionalidad. Dotar de eficacia ex tunc a nuestra declaración de inconstitucionalidad podría producir importantes perjuicios a las parejas estables cuya relación se haya desarrollado durante este tiempo de conformidad con las previsiones de dicha Ley, por lo que hemos de seguir la doctrina recogida, entre otras, en las SSTC 54/2002, de 27 de febrero, FJ 9, 365/2006, de 21 de diciembre, FJ 8, y 161/2012, de 20 de septiembre, FJ 7, en las que declaramos que, en supuestos como el que ahora nos ocupa, y atendiendo a la pluralidad de valores constitucionales que concurren, se ha de traer a colación el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al que responde la previsión contenida en el art. 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Conforme a este precepto las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes “no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada”, en los que se haya hecho aplicación de las leyes inconstitucionales. Ahora bien, como establecimos en la STC 365/2006, en su fundamento jurídico 8 “la modulación del alcance de nuestra declaración de inconstitucionalidad no se limita a preservar la cosa juzgada. Más allá de ese mínimo impuesto por el art. 40.1 LOTC debemos declarar que el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) también reclama que —en el asunto que nos ocupa— esta declaración de inconstitucionalidad sólo sea eficaz pro futuro, esto es, en relación con nuevos supuestos o con los procedimientos administrativos y procesos judiciales donde aún no haya recaído una resolución firme”, puesto que “el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) reclama la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas; no sólo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes”.
1º Estimar parcialmente el presente recurso de inconstitucionalidad y, en su virtud:
1. Voto particular que formula el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, al que se adhiere el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, respecto de la Sentencia dictada por el Pleno en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5297-2000.
1. Tal como afirman los parlamentarios recurrentes —y en ello coincide a su vez el Abogado del Estado— la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables, vulnera la competencia estatal ex art. 149.1.8 CE, que establece la competencia exclusiva del Estado, “en todo caso”, sobre “las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio”, ya que la regulación de la Ley Foral se proyecta sobre un vínculo entre dos personas definido (art. 2.1 de la Ley Foral) por “una relación de afectividad análoga a la conyugal”, con la pretensión de equiparar estas relaciones more uxorio con la institución matrimonial, para lo cual la Comunidad Foral de Navarra carece de competencia. Razón por la que la Ley Foral 6/2000 debe ser declarada inconstitucional y nula en su integridad.
2. En efecto, sólo el legislador estatal ostenta competencia para regular las uniones de hecho estables como una institución jurídica análoga al matrimonio. Esta competencia exclusiva del Estado se fundamenta en el propio tenor de la expresión “formas de matrimonio” que emplea el art. 149.1.8 CE, para referirse a la competencia exclusiva del Estado “en todo caso”. Es notorio que la Constitución, en el momento de su aprobación en 1978, partía entonces de que el “matrimonio” era el único modo de dotar de efectos jurídicos a las uniones estables entre parejas; pero esa literalidad del art. 149.1.8 CE no impide entender que el término “matrimonio” que emplea el precepto constitucional ha de abarcar cualquier otra regulación jurídica de las parejas estables ligadas por una relación de afectividad análoga a la conyugal, aunque esa otra institución jurídica no lleve, claro está, el nomen iuris de matrimonio (pero cumpla la misma función social de la institución matrimonial). Tal entendimiento del art. 149.1.8 CE se impone a la luz de la finalidad del precepto constitucional, que al atribuir en exclusiva al Estado la competencia sobre “las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio”, lo que persigue es que la regulación jurídica de las parejas estables (con la denominación de “matrimonio” u otra), sea igual para todos los españoles, lo que únicamente se consigue si el Estado es el competente para regular la institución de las parejas estables.
3. Lo anterior bastaría para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley Foral impugnada en su integridad. Pero resulta que, en segundo lugar, concurre un motivo añadido para afirmar que la Ley Foral 6/2000 incurre en un exceso competencial que vulnera la competencia estatal exclusiva ex art. 149.1.8 CE, ahora en cuanto a la cláusula general de este precepto constitucional que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de “legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan”. Este título competencial no ha sido invocado autónomamente por los parlamentarios recurrentes, aunque sí ha sido traído a colación al proceso constitucional por el Gobierno y el Parlamento de Navarro, y en todo caso nada impide a este Tribunal examinar la controversia sometida a su consideración a la luz, igualmente, de dicho título competencial, de conformidad con lo previsto en el art. 39.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y conforme tiene declarado reiteradamente nuestra doctrina, pues este Tribunal no se encuentra necesariamente vinculado por el encuadramiento competencial que realicen las partes en el proceso (por todas, STC 77/2012, de 16 de abril, FJ 3).
Como tuvimos ocasión de recordar en nuestra STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 76, “el art. 149.1.8 CE, además de atribuir al Estado una competencia exclusiva sobre la ‘legislación civil’, también ‘introduce una garantía de la foralidad civil a través de la autonomía política’ (STC 88/1993, de 12 de marzo, FJ 1) que no consiste en la ‘intangibilidad o supralegalidad de los Derechos civiles especiales o forales, sino en la previsión de que los Estatutos de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio aquéllos rigieran a la entrada en vigor de la Constitución puedan atribuir a dichas Comunidades competencia para su conservación, modificación y desarrollo’.” De suerte que la competencia exclusiva en materia de Derecho civil o foral a que se refieran los Estatutos de Autonomía de estas Comunidades Autónomas (en el presente caso el art. 48 LORAFNA), “ha de entenderse ceñida estrictamente a esas funciones de ‘conservación, modificación y desarrollo’ del Derecho civil o foral propio “que son ‘la medida y el límite primero de las competencias … atribuibles y ejercitables’ por las Comunidades Autónomas en virtud del art. 149.1.8 CE (STC 88/1993, FJ 1)”.
2. Voto particular que formula el Magistrado don Juan José González Rivas respecto de la Sentencia de 23 de abril de 2013, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5297-2000.
En efecto, frente a la mayoría, que considera que “esta cuestión ha quedado resuelta por este Tribunal, y de manera muy clara en la reciente STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 12” (fundamento jurídico 12), he de recordar que manifesté en su momento mi discrepancia con la ratio esgrimida en el citado fundamento jurídico 12 de la STC 198/2012, lo que me lleva ahora, para mantener una posición coherente, a reiterar que, como ya indiqué en aquel Voto particular, “el legislador ordinario está vinculado por los parámetros constitucionales expresamente prefijados en los arts. 32 y 39 CE, de los que se infiere la imposibilidad de desarrollar una relación de filiación adoptiva por dos adoptantes del mismo sexo”, criterio que, como también desarrollé en aquel Voto, es concorde con la jurisprudencia que ha interpretado los arts. 8 y 14 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (SSTEDH de 26 de febrero de 2002, asunto Fretté c. Francia; de 24 de junio de 2010, asunto Schalk y Kopf c. Austria; y de 30 de noviembre de 2010, asunto P.V. c. España).
Don Pascual Sala Sánchez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas.
Type and record number Recurso de inconstitucionalidad 5297-2000
Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables.
Competencias sobre legislación civil, principio de seguridad jurídica, derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y familiar, protección de la familia: nulidad de diversos preceptos legales autonómicos. Votos particulares.
Se impugna la constitucionalidad de la Ley Foral de parejas estables que atribuye, de manera automática, efectos personales y patrimoniales a las parejas que hayan convivido maritalmente por un período ininterrumpido mínimo de un año o que hubiesen tenido descendencia común, en cuyo caso basta la mera convivencia o que hayan expresado su voluntad de constituir una pareja estable en documento público.
La Sentencia rechaza la impugnación global de la Ley, al entender que el legislador foral no ha instituido una nueva forma de matrimonio sino que, en el marco de sus competencias, regula determinados efectos jurídicos de las parejas de hecho. La Sentencia estima parcialmente el recurso y declara nula la norma sobre conflicto de leyes que determina la aplicación preferente del ordenamiento foral cuando solo uno de los miembros de la pareja tenga vecindad civil navarra, dado que esta competencia legislativa pertenece con carácter exclusivo al Estado, ex art. 149.1.8 CE. Se anulan las disposiciones imperativas de la Ley Foral que prescinden de la voluntad de los integrantes de la pareja estable, por resultar contrarias al derecho al libre desarrollo de la personalidad, al principio de autonomía de la voluntad y al régimen dispositivo consustancial a las características de ese tipo de uniones.
Las reglas contenidas en el articulado de la Ley Foral impugnada que se imponen a los integrantes de la pareja estable prescindiendo de su voluntad vulneran la libertad de decisión consagrada en el art. 10.1 CE, al responder básicamente a un modelo imperativo alejado del régimen dispositivo que resultaría acorde a las características de las uniones de hecho y a las exigencias del libre desarrollo de la personalidad [FFJJ 9, 10 b) y c), 11 b) a d), 13].
El precepto impugnado, que establece la aplicación de la Ley Foral 6/2000 al supuesto en que uno de los dos miembros de la pareja estable tenga vecindad civil navarra, invade las competencias que corresponden al Estado, ya que contiene una norma de solución de conflictos de leyes cuando dicha competencia se halla reservada al Estado con carácter exclusivo por el art. 149.1.8 CE [FJ 6].
Doctrina sobre la competencia exclusiva reservada al Estado por el art. 149.1.8 CE en cuanto a las normas para resolver los conflictos de leyes (SSTC 72/1983, 226/1993) [FJ 6].
No se produce invasión alguna de la competencia exclusiva estatal sobre las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ex art. 149.1.8 CE, por el hecho de que la Comunidad Foral de Navarra haya decidido regular las parejas estables y atribuir determinas consecuencias jurídicas a las uniones de hecho, ya que las evidentes diferencias entre el matrimonio y la convivencia extramatrimonial impiden su equiparación conceptual [FFJJ 5, 11 a)].
El matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son realidades equivalentes, ya que el matrimonio es una institución social garantizada por nuestra norma suprema y el derecho a contraerlo es un derecho constitucional, ex art. 32.1 CE, cuyo régimen jurídico corresponde a la ley por mandato constitucional, ex art. 32.2 CE, mientras que nada de ello ocurre con la unión de hecho more uxorio, que ni es una institución jurídicamente garantizada ni hay un derecho constitucional expreso a su establecimiento (STC 184/1990) [FJ 5].
No siendo el matrimonio y la convivencia extramatrimonial situaciones jurídicamente equivalentes, el legislador, dentro de su libertad de decisión, puede deducir razonablemente consecuencias de la diferente situación de partida (SSTC 184/1990, 199/2004) [FFJJ 5, FJ 11 a)].
La valoración de conjunto de la Ley impugnada permite rechazar su impugnación global por vulneración de la competencia del art. 149.1.8 CE, pues el legislador foral no está creando una forma de matrimonio distinta de las previstas por el legislador estatal y, por otra parte, puede regular determinados efectos jurídicos derivados de la relación entre los que conviven de hecho, en el ejercicio de las competencias de que dispone, atendiendo a las previsiones de la LORAFNA en materia de derecho civil, función pública o régimen tributario
El derecho a contraer matrimonio, o a no contraerlo, se limita a asegurar la capacidad de elección pero no a asegurar los mismos efectos, pudiendo el legislador ordinario atribuir consecuencias a una y a otra manifestación, de manera que la primera se constituya en un auténtico derecho subjetivo, mientras que la segunda no sea más que una mera libertad jurídica, integrada en el mismo derecho fundamental, y cuyo contenido se ciñe a la posibilidad de optar o a la existencia de una alternativa de acción (STC 198/2012, ATC 204/2003) [FJ 7].
La Ley Foral impugnada define la pareja estable no sólo como unión libre sino también ‘pública’, lo que implica un consentimiento por parte de los integrantes de la misma en cuanto a permitir el conocimiento ajeno de una parte de su intimidad, por lo que no puede entenderse vulnerado el derecho a la intimidad personal, ex art. 18.1 CE [FJ 9].
Doctrina sobre la noción y efectos jurídicos de las uniones de hecho y su vinculación al libre desarrollo de la personalidad y al derecho a la intimidad personal (SSTC 45/1989, 198/2012) [FJ 8].
Doctrina sobre el contenido del derecho a la intimidad personal, ex art. 18.1 CE (SSTC 12/1994, 173/2011) [FJ 8].
El interés preponderante del menor sobre el de quienes pretendan adoptarlo ha de ser preservado en todo caso, tutelándose mediante el escrutinio al que se somete a los eventuales adoptantes, con independencia de su orientación sexual (STC 198/2012; STEDH caso Frette c. Francia, de 26 de febrero de 2002) [FJ 12].
El deber de protección integral de los hijos que se deriva del art. 39.2 CE no queda afectado por lo previsto en el precepto impugnado, que reconoce a los miembros de una pareja estable la posibilidad de adoptar de forma conjunta, pues la normativa del Código civil, a la que remite la legislación foral en lo no previsto en ella, determina que la resolución judicial que constituya la adopción tendrá siempre en cuenta el interés del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad, idoneidad que nada puede tener que ver con su orientación sexual (STC 198/2012) [FJ 12].
La aplicación a los miembros de las parejas estables de la normativa relativa al personal al servicio de las Administraciones públicas de Navarra sobre licencias, permisos, situaciones administrativas, provisión de puestos de trabajo, ayuda familiar y derechos pasivos, encuentra legítimo acomodo en la competencia establecida en el art. 49.1 b) LORAFNA, sin que con ello resulten afectados los derechos y obligaciones esenciales de los funcionarios públicos establecidos en la legislación básica del Estado [FJ 13].
Doctrina sobre la distribución de competencias en materia de función pública (SSTC 31/2010, 81/2013) [FJ 13].
Doctrina sobre el principio de seguridad jurídica previsto en el art. 9.3 CE (SSTC 15/1986, 136/2011) [FJ 10 b)].
El principio constitucional de seguridad jurídica, ex art. 9.3 CE, reclama que esta declaración de inconstitucionalidad sólo sea eficaz pro futuro, ya que dicho principio reclama la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas, y no sólo las decididas con fuerza de cosa juzgada, sino también las situaciones administrativas firmes (SSTC 54/2002, 161/2012) [FJ 14].
Artículo 2.2 párrafo 1 inciso sobre período de convivencia marital (anula)
Artículo 2.2 párrafo 2 (anula)
Artículo 3 inciso sobre transcurso del año de convivencia (anula)
Artículo 5 apartados 2, 3, 4, 5 (anula)
Artículo 5.1 in fine (anula)
Artículo 1826, f. 12
Artículo 1827, f. 12
En general, ff. 1, 8, 11, 12
Artículo 16.1.1, f. 6
Artículo 172.4, f. 12
Artículo 173 bis, f. 12
Artículo 173.3, f. 12
Artículo 173.4, f. 12
Artículo 175, f. 12
Artículo 176, f. 12
Artículo 1255, f. 8
Ley 149, f. 13
Ley 199, f. 13
Ley 253 (redactado por la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio), f. 13
Ley 304.5 (redactado por la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio), f. 13
Ley 341 (redactado por la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio), f. 13
Ley 62, f. 11
Ley 73, f. 12
En general, ff. 4, 13, VP I
Libro II, título IV, f. 13
Ley 74, f. 12
Leyes 165 a 171, f. 13
Artículo 9.2, ff. 3, 8
Artículo 9.3 (seguridad jurídica), ff. 4, 10, 14
Artículo 10.1, ff. 1, 7 a 11, 13
Artículo 14, ff. 3, 6, 10, 11, 13
Artículo 18.1, ff. 1, 7 a 9
Artículo 32, ff. 3, 5, 7, 8, VP II
Artículo 32.1, ff. 1, 5, 7
Artículo 39, f. 5, VP II
Artículo 39.1, ff. 3, 8, 10
Artículo 39.2, ff. 1, 12
Artículo 149.1.8, ff. 1, 5, 6, 10, 11, VP I
Disposición adicional primera, f. 13
Artículo 40.1, f. 14
En general, ff. 2, 4, 6, 13
Artículo 3.1, f. 13
Artículo 39.1 a), f. 13
Artículo 45.3, ff. 5, 13
Artículo 48, ff. 5, 12, VP I
Artículo 48.1, ff. 5, 13
Artículo 48.2, f. 4
Artículo 49.1 b), ff. 5, 13
Artículo 50.1 a) (redactado por la Ley Foral del Parlamento de Navarra 6/2000, de 3 de julio), f. 13
Artículo 75, f. 2
Reglamento del Parlamento de Navarra, de 2 de febrero de 1995
Artículo 11.2, f. 12
En general, ff. 1, 2 a 7, 9 a 14, VP I
Capítulo I, ff. 3, 10
Capítulo II, ff. 3, 11 a 13
Capítulo III, ff. 3, 13
Exposición de motivos, in fine, f. 3
Artículo 2.1, ff. 3, 5, 9, 10, VP I
Artículo 2.2, ff. 3, 9, 10
Artículo 2.2.1, ff. 9, 10
Artículo 2.2.2, f. 9
Artículo 2.3, ff. 1, 3, 6, 9, 10
Artículo 3, ff. 3, 9, 10
Artículo 4, ff. 3, 10
Artículo 4.1 f), f. 10
Artículo 4.3, ff. 3, 10
Artículo 5, ff. 9, 11
Artículo 5.1, ff. 3, 9, 11
Artículo 5.2, ff. 3, 9, 11
Artículo 5.3, ff. 3, 11
Artículo 5.4, ff. 3, 11
Artículo 5.5, ff. 3, 11
Artículo 6.3, ff. 3, 11
Artículo 6.4, ff. 3, 11
Artículo 7, ff. 3, 9, 11
Artículo 8, ff. 1, 3, 9, 12, VP II
Artículo 9, ff. 3, 11
Artículo 11, ff. 9, 13
Artículo 11.1, f. 13
Artículo 11.2, f. 13
Artículo 11.3, f. 13
Artículo 12, ff. 1 a 3, 13
Artículo 12.1, ff. 2, 9, 13
Artículo 12.2, ff. 2, 13
Artículo 12.3, f. 2
Artículo 13, ff. 1 a 3, 9, 13
Artículo 13.1, ff. 2, 13
Artículo 13.2, ff. 2, 13
Artículo 13.3, ff. 2, 13
Disposición adicional, ff. 3, 9, 10
Decreto Foral Legislativo del Gobierno de Navarra 250/2002, de 16 de diciembre. Aprueba el texto refundido de las disposiciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones
Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo. Régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los montepíos de las administraciones públicas de Navarra
Disposición adicional tercera, apartado 1, f. 13
Ley 54/2007, de 28 de diciembre. Adopción internacional
Decreto Foral Legislativo del Gobierno de Navarra 4/2008, de 2 de junio. Aprueba el texto refundido de la Ley Foral del impuesto sobre la renta de las personas físicas
Ley Orgánica 7/2010, de 27 de octubre. Reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra
Ley Foral del Parlamento de Navarra 3/2011, de 17 de marzo. Custodia de los hijos en los casos de ruptura de la convivencia de los padres
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de febrero de 2002 (Frette c. Francia)
§ 42, f. 12
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de noviembre de 2010 (P.V. c. España)
Administración públicaAdministración pública, f. 13
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, f. 5, VP I
Competencias del EstadoCompetencias del Estado, ff. 5, 6, 13, VP I
Competencias en materia de derechos civiles especialesCompetencias en materia de derechos civiles especiales, ff. 5, 13, VP I
Competencias en materia de función públicaCompetencias en materia de función pública, f. 13
Competencias en materia de función pública localCompetencias en materia de función pública local, f. 13
Competencias en materia de legislación civilCompetencias en materia de legislación civil, ff. 5, 6, VP I
Derecho a contraer matrimonioDerecho a contraer matrimonio, ff. 5, 7
Derecho al libre desarrollo de la personalidadDerecho al libre desarrollo de la personalidad, ff. 7, 8, 9, 10, 11
Efectos temporales de la declaración de inconstitucionalidadEfectos temporales de la declaración de inconstitucionalidad, f. 14
Libertad de configuración del legisladorLibertad de configuración del legislador, ff. 5, 11
Principio de seguridad jurídicaPrincipio de seguridad jurídica, Doctrina constitucional, f. 10
AdopciónAdopción, f. 12, VP II
Conflicto de normasConflicto de normas, f. 6
Interés superior del menorInterés superior del menor, f. 12, VP II
Legislación civilLegislación civil, ff. 5, 6, VP I
MatrimonioMatrimonio, ff. 5, 7, 11
Personal laboralPersonal laboral, f. 13
Principio de autonomía de la voluntadPrincipio de autonomía de la voluntad, ff. 7 a 11
Protección de menoresProtección de menores, f. 12
Unión de hechoUnión de hecho, ff. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, VP I, VP II
Comunidad Foral de NavarraComunidad Foral de Navarra, ff. 5, 13, VP I

References: resolución 
 resolución 

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 5
in fine

Artículo 1826

Artículo 1827

Artículo 16

Artículo 172

Artículo 173

Artículo 173

Artículo 173

Artículo 175

Artículo 176

Artículo 1255

Artículo 9

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 14

Artículo 18

Artículo 32

Artículo 32

Artículo 39

Artículo 39

Artículo 39

Artículo 149

Artículo 40

Artículo 3

Artículo 39

Artículo 45

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 75

Artículo 11
in fine

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 4

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Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 12

Artículo 12

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 13