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Timestamp: 2019-10-20 20:19:32+00:00

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Historia institucional del servicio público de electricidad en Corrientes
Categoría: Historia institucional del servicio público de electricidad en Corrientes
Por decreto del 17 de Octubre de 1845 se instituye el alumbrado público de Corrientes ya que hasta entonces cada vecino poseía su propio sistema. En 1897 existían 777 faroles a petróleo y se experimentaba con faroles a gas de acetileno.
A fines del siglo XIX, sólo había luz eléctrica en el molino yerbatero de Resoagli en la bajada de Plácido Martínez al río Paraná.
En 1905 se creó la primera empresa de energía eléctrica.
El servicio público de electricidad en las distintas ciudades de la provincia de Corrientes comenzó su prestación a cargo de diferentes empresas y particulares, que sembraron la simiente que permitió alcanzar el desarrollo que hoy la infraestructura provincial presenta, el que debe ser acrecentado para posibilitar el desenvolvimiento de la economía a través de un sostenido crecimiento agroindustrial que tiene -al sector energético- como pilar fundamental de su accionar.
Logotipo del Sindicato de Luz y Fuerza de Corrientes. Fundado en 1943 con Personería Gremial 660. Adherido a la F.A.T.L.y F. y a la C.G.T.
Haciendo un análisis retrospectivo sobre el desarrollo del servicio eléctrico de la provincia, se encuentra que en la ciudad capital la “Compañía de Electricidad de Corrientes S.A.” tenía a su cargo la prestación del servicio, según Ordenanza Nro. 225 del año 1927; esta concesión fue revocada por la Intervención Nacional de David Uriburu, en 1944, que determinó la expropiación de todos los bienes de la firma concesionaria.
En tanto, en la Ciudad de Goya, hasta el año 1949, el servicio se encontraba a cargo de la Cooperativa de Electricidad de Goya y, en Monte Caseros, hasta el año 1969, se compraba energía a Ferrocarriles Argentinos.
Fue la Compañía Suizo-Argentina de Electricidad la prestataria del servicio entre los años 1914 y 1959, en las ciudades de Curuzú Cuatiá, Mercedes, Paso de los Libres y Bella Vista. Por último, cabe recordar que hasta el año 1959, en las ciudades de Caá Catí y Berón de Astrada, la firma Kupervaser era la encargada de explotar sus usinas.
Esta incompleta enumeración, donde muchos pioneros y arriesgados empresarios de la energía eléctrica escapan a la memoria, recuerda de algún modo a quienes con su dedicación y esfuerzo personal sentaron las bases del servicio público de electricidad, permitiendo a las ciudades de la provincia transitar la era de la energía eléctrica.
Todavía hoy está vigente en la retina de los viejos usineros, aquélla época en que el Sulzer con sus tres pistones y sus 200 kw era la máquina base de las principales usinas y el “carro” con uno o dos caballos y sus escaleras por estandarte, llegaba presuroso a cambiar el fusible de la familia usuaria, que sintonizaba el radioteatro.
Aquella época es en la que la Usina promocionaba la utilización del servicio, mediante la venta de enseres electrodomésticos, como ser plancha, calentador, cocina, radio, con el fin de acrecentar el consumo. Quedan en el recuerdo los célebres debates del Concejo Deliberante de la capital donde se trataba -una vez por año- el aumento tarifario, ya que la tarifa debía cubrir no sólo los requerimientos de la explotación, sino también la expansión del servicio.
- La aparición a nivel nacional de la empresa “Agua y Energía Eléctrica”
Agua y Energía Eléctrica (AyE o AyEE) fue una empresa pública argentina encargada de la producción, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como la evaluación y construcción de obras de ingeniería hidráulica.
Fue creada en 1947, durante el primer Gobierno de Juan Domingo Perón, y privatizada en 1992, junto con otras empresas del Estado, durante la primera presidencia de Carlos Saúl Menem.
La empresa fue creada por decreto 3.967 del 14 de Febrero de 1947, mediante la fusión de la Dirección General de Centrales Eléctricas del Estado y la Dirección Nacional de Irrigación. Con su constitución se definió su objeto social, definido como
“Estudio, Proyecto, Construcción y Administración de las Obras para Riego y Defensa de los Cursos de Agua; de las Obras y Explotación de Centrales Eléctricas, Medios de Transmisión, Estaciones Transformadoras y Redes de Distribución para la Venta de Energía Eléctrica; Compra y Venta de Energía Eléctrica a terceros, sea para sus propias necesidades o a los efectos de su distribución como servicio público, dando la preferencia a los organismos de la Nación, Provincias o Municipios, a las Cooperativas y Sociedades de Economía Mixta integradas exclusivamente por el Estado y los usuarios”.
Posteriormente se incorporaron a Agua y Energía Eléctrica funciones relativas al inventariado y evaluación de cursos de agua y otras fuentes para riego, consumo y generación de energía hidroeléctrica.
En 1949 se creó la figura jurídica de Empresa del Estado, con lo que la empresa pasó a denominarse Agua y Energía Eléctrica Empresa del Estado. Al año siguiente, en 1950, se creaba la Empresa Nacional de Energía (ENDE) para aglutinar a todas las Direcciones generales hasta entonces existentes, entre ellas, la de Corrientes.
Es que que el crecimiento de la demanda, acompañada de la necesidad de desarrollo del servicio, tornaba cada vez más difícil la prestación, por el requerimiento de una inversión que las tarifas no posibilitaban, volviéndose los servicios deficientes. Por ello, y ante la imposibilidad con que tropezaban los prestatarios de mejorarlos, la provincia de Corrientes se vio obligada a hacerse cargo de los mismos, revocando las concesiones otorgadas.
- Participación de la provincia en el desarrollo de los servicios
Es así que por ley Nro. 1.570 sancionada el 21 de Diciembre de 1950, durante la gestión del general Juan Filomeno Velazco, se crea la “Dirección Provincial de Energía” como “organismo técnico- administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Economía, con el carácter de Empresa del Estado Provincial para entender en todo lo referente al Servicio Público de Energía Eléctrica”.
Es dicha ley la que declara como servicio público provincial el suministro de energía eléctrica en todo el territorio, poniendo a cargo de la provincia su prestación derivada de las “usinas recuperadas, las que se instalen en el futuro y las que perteneciendo a esta fecha a concesionarios, sean recuperadas oportunamente”.
Es en este período en que la Dirección Provincial de Energía construye las usinas térmicas de Colonia Liebig, Sauce, Santo Tomé, Gobernador Virasoro, Loreto y San Miguel, encargando la prestación del servicio a entes cooperativos e iniciando el desarrollo energético provincial, que se caracteriza por la habilitación de un importante número de centrales térmicas que abastecen los requerimientos del Interior.
Años después, a nivel nacional, más precisamente en 1958, en el Gobierno de Arturo Frondizi, se transfirió a Agua y Energía Eléctrica la prestación del servicio de energía eléctrica en el Noroeste del Gran Buenos Aires, al finalizar la concesión por 50 años de la Compañía Argentina de Electricidad (CADE), originalmente Compañía Hispano-Argentina de Electricidad (CHADE).
Posteriormente, se crearía la empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) para atender al resto del Gran Buenos Aires, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, así como al Gran La Plata. Esto significaba las antiguas zonas de concesión de la CADE que no quedaron en manos de AyE y de la Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires.
La ley 15.536 de Energía Eléctrica de 1960 reglamentó la actividad del sector, definiendo como ámbito propio de Agua y Energía Eléctrica el Despacho Nacional de Cargas (DNC) y la Red Nacional de Interconexión (RNI) y estableciendo la índole provincial en las tareas de producción y comercialización.
En 1962 se transferirá a SEGBA el servicio de energía eléctrica en los 14 partidos del Gran Buenos Aires a cargo de la empresa.
Paralelamente, en Corrientes, la Administración del doctor Fernando Piragine Niveyro hizo que, a partir del año 1960, se comience la construcción por parte de la provincia y a través de su Dirección Provincial de Energía, de las primeras líneas de media tensión que surcarían el territorio correntino.
Valga recordar a todos aquéllos que, a fuerza de sacrificio, con precarios medios y aún antes de que la cinta asfáltica llegue, construyeron la línea de 33 kv que cubrió los tramos a Empedrado y de allí se prolongó hasta Saladas, obra concluida en el año 1969, en la gestión de Adolfo Navajas Artaza.
Esta etapa comprendía la ejecución de obras destinadas a promocionar el desarrollo del servicio eléctrico, donde el objetivo fundamental era llevar el beneficio de la energía a todos los rincones de la provincia, con un gran esfuerzo, no sólo económico sino también personal, de aquel grupo de entusiastas profesionales, técnicos y obreros que con acendrado espíritu y vocación de servicio, posibilitaron la concreción de estas obras.
Valga recordar los nombres de los ingenieros Méndez, Marder, Vila, Balderiote, Gómez Vara, Veglia y tantos otros que escapan a la memoria, y que aún hoy siguen luchando desde distintas trincheras por el desarrollo energético de la provincia.
- Período de funcionamiento de la Dirección Provincial de Agua y Energía (DIPAE)
Cuatro años después, en 1966, ya en la Administración de Juan Carlos Onganía, se declararon de jurisdicción nacional todos los servicios que al momento prestaba Agua y Energía Eléctrica, quedando claramente establecido su papel. De este modo, AyE quedaba encargada de la operación de la red eléctrica nacional y la generación de energía, deslindándose de su papel como proveedora de servicios a usuarios finales.
En base a esto último, y con fecha 23 de Diciembre de 1966 y por decreto-ley Nro. 2.807 de la Administración de Gustavo Adolfo Revidatti, se crea la Dirección Provincial de Agua y Energía (DIPAE), que tenía por objetivo
“la promoción, estudio, proyecto, ejecución y/o explotación de obras y servicios de aprovechamiento energético, hídrico o saneamiento, incluso las obras de provisión de agua y desagües cloacales, industrias, pluviales y obras sanitarias en general y aquéllas de generación, transporte, distribución, comercialización de energía eléctrica, como así también la coordinación de las obras y servicios precitados prestados por terceros”.
Es durante la vigencia de dicho régimen que la Dirección Provincial de Agua y Energía tuvo a su cargo la prestación del servicio público de electricidad en todas las ciudades de la provincia, a excepción de Capital, Goya, Yapeyú e Itatí, que se encontraban a cargo de la empresa de Agua y Energía de la Nación, y también bajo la vigencia de dicha ley se desarrolló el Plan Nacional de Abastecimiento de Agua Potable para Comunidades Rurales, llegándose a cubrir 30 localidades del Interior de la provincia, incluidas las cabeceras departamentales.
Muchas son las realizaciones concretadas en el período de actuación de la DIPAE, donde se materializó un importante número de interconexiones en 33 kv y 13,2 kv, como así también sus correspondientes estaciones de rebaje; datan de este período -entre muchas otras- las líneas de interconexión en 33 kv Bella Vista-San Roque, Monte Caseros-Mocoretá, Santo Tomé-Gobernador Virasoro, Mercedes-Yofre-Chavarría, etc.; y las estaciones transformadoras de Goya, Bella Vista, San Roque, Empedrado, El Sombrero y Corrientes Capital.
También esta época contó con un entusiasta núcleo de profesionales que, sumándose a quienes los precedieron, continuaron su derrotero, entregando sus esfuerzos tendientes a acrecentar la infraestructura eléctrica de la provincia. A título de merecido homenaje debemos recordar a los ingenieros Retes, Blanco, Espriú, Fidanza, Dolder, Zalda y otros tantos que, siempre acompañados por el espíritu de servicio de todos y cada uno de los integrantes de la Dirección, concretaron esta etapa del quehacer eléctrico en la provincia.
- Etapa de prestación exclusiva por Agua y Energía de la Nación
Con fecha 29 de Diciembre de 1971, en la gobernación de Adolfo Felipe Navajas Artaza, se suscribe entre la provincia y Agua y Energía Eléctrica -Empresa del Estado- el Convenio por el cual aquélla le otorga a esta última la tenencia y el uso de sus instalaciones, muebles e inmuebles afectados a la prestación del servicio público de electricidad, que es asumida desde entonces con exclusividad por dicha Empresa Nacional en todo el territorio provincial.
No obstante ello, la provincia conservó su carácter de Organismo planificador de las necesidades eléctricas provinciales, ejecutando un importante número de obras que tuvieron como principal destinatario la alimentación a importantes sectores rurales, iniciándose así el desarrollo de la electrificación rural de la provincia.
Así fueron favorecidas con el beneficio de la energía eléctrica las comunidades rurales de las colonias de Mocoretá, San Andrés, San Gregorio y Libertad en el Departamento Monte Caseros; Santa Rosa, Concepción, Guayquiraró, Libertador, Villa Olivari, Yatayti Calle, etc., y se dotó de energía a los nucleamientos poblacionales de Palmar Grande, Torrent, Lomas de Vallejos y San Antonio, en la isla Apipé.
Pero debemos destacar que corresponde a este período la ejecución de las obras que dotaron a la provincia de una nueva fisonomía eléctrica cuales fueron las líneas de 132 kv que enlazaron las localidades de Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Mercedes y Paso de los Libres, dando forma al sistema eléctrico del Sudeste correntino, que a través de estas realizaciones se vio interconectado con la central hidroeléctrica de Salto Grande.
La concreción de estas obras posibilitaron contar -en su zona de influencia-, con una oferta de energía que no sólo cubría la demanda, sino que estaba dotada de la reserva necesaria para asegurar, desde el punto de vista eléctrico, el anhelado desarrollo industrial de la provincia. A su vez, ello significó mejorar la explotación del servicio mediante las economías necesarias que permitan a la empresa el autofinanciamiento de su gestión.
En 1973, durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, se creó la Corporación de Empresas Nacionales (CEN) como entidad rectora de todas las empresas del Estado, encargada de su dirección, auditoría y control. Tras la creación de la figura de Sociedad del Estado, la empresa pasó a llamarse -en 1977- Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, al tiempo que se reformaba su Estatuto. El decreto 3.907 estableció en su artículo 5 lo siguiente como objeto social de la empresa:
“La generación, transmisión, transformación, distribución, comercialización, adquisición e intercambio de energía eléctrica así como la prestación del servicio público de electricidad en todo el ámbito y cualquier lugar del país. A tales fines efectuará estudios y proyectos y construirá las obras necesarias, explotará centrales generadoras de energía de cualquier tipo, manejará líneas de transmisión y estaciones transformadoras y operará redes de distribución.
“La ejecución en los cursos de agua de tareas destinadas al riego y a la atenuación de crecidas, como así también el avenamiento y saneamiento de zonas inundables e insalubres, a cuyos fines podrá realizar estudios y proyectos, construir las obras que fueran necesarias y administrarlas.
“El inventario y evaluación de los recursos hídricos en los ríos y otros cursos de agua, sus cuencas y demás fuentes de alimentación, con fines de aprovechamiento energético y riego, para aplicar en sus estudios, proyectos y obras, en coordinación con los organismos políticos y técnicos correspondientes del Gobierno Nacional.
“En general, cualquier tarea por cuenta propia, del Estado Nacional, Provincias o Municipalidades, que se relacionen, directa o indirectamente con los objetivos detallados precedentemente”.
La CEN fue disuelta en 1978 y reemplazada por la Sindicatura General de Empresas Públicas (SiGEP, luego Sindicatura General de la Nación). Durante el autoproclamado Proceso de Reorganización Nacional se determinó, en 1979, que toda Sociedad del Estado debía pagar impuestos nacionales, provinciales y municipales como cualquier otra empresa.
- Las represas Salto Grande y Yacyretá-Apipé
Corrientes es una provincia abastecida en un 90 % por energía hidroeléctrica. Son dos las represas que alimentan su sistema eléctrico: una al Sur (Salto Grande) y otra al Norte (Yacyretá).
La Central Hidroeléctrica Binacional de Salto Grande es una presa y central hidroeléctrica ubicada en el curso medio del río Uruguay, unos 15 kilómetros al norte de las ciudades de Salto (Uruguay) y Concordia (provincia de Entre Ríos, Argentina).
En 1938 se iniciaron los estudios y mediciones del terreno. Como el río es compartido por Uruguay y Argentina, los países tuvieron que ponerse de acuerdo para su aprovechamiento.
En 1946 se firmó un convenio binacional que creó la Comisión Técnica de Salto Grande, integrada por igual número de delegados argentinos y uruguayos. La comisión tenía como cometido: a) Estudiar el comportamiento del río; b) Elegir el lugar más apropiado para construir la presa; c) Diseñar la obra; d) Decidir dónde comprar el equipamiento; y e) Encontrar recursos para pagar el costo de semejante proyecto.
La Comisión fue integrada por los argentinos Jorge Pegoraro y Repetto y por los uruguayos Ulysses Pereira Reverbel, Gervasio de Posadas Belgrano y Pedro Di Lorenzo.
La construcción de la obra estaba prevista en el Plan Quinquenal del primer Gobierno de Juan Domingo Perón. Sin embargo, el Gobierno uruguayo no ratificó el convenio hasta 1958.
Pese a ello, la comisión empezó a funcionar en 1957 con el apoyo de comisiones populares fundadas en ambos países y nucleadas en el Comité Central Uruguayo Proaprovechamiento del río Uruguay y en la Comisión Central Argentina Proobras de Salto Grande, quienes ordenaron, orientaron y ejecutaron los trabajos y estudios que culminaron en 1962 con el proyecto final de obra.
El Comité uruguayo cambió posteriormente el nombre por el de Comité Internacional Pro Represa de Salto Grande y finalmente se convirtió en “Comité popular pro represa de Salto Grande”.
Luego de la ratificación del convenio por Uruguay se comenzó a decidir el emplazamiento de la represa. En 1960, para preparar el proyecto se adjudicó el contrato a un consorcio de firmas de ingeniería que produjo un informe técnico-económico-financiero y un proyecto relativo al aprovechamiento del río en la zona de Salto Grande, que determinó la factibilidad de la obra.
En 1969 se adjudicó un nuevo contrato para revisar y actualizar el proyecto anterior. En Diciembre de 1973 se aprobó y el 1 de Abril de 1974 se autorizó el inicio de las obras al Norte de la desembocadura del arroyo Ayuí Grande, a 6 kilómetros del paraje donde estuvieron los rápidos de Salto Grande aguas abajo, quedando a 18 kilómetros de la ciudad de Concordia y a 13 kilómetros de Salto. En los primeros meses de 1979 se inició la formación del lago y la primera turbina comenzó a producir energía.
El embalse de esta represa provocó la desaparición o anegamiento de varias áreas de la cuenca del río Uruguay Medio, incluyendo bosques, islas y el traslado de poblaciones, como Federación del lado argentino, y Belén y Constitución del lado uruguayo.
En tanto, la represa hidroeléctrica de Yacyretá-Apipé (del guaraní jasy retã, “tierra de la Luna”) es una central hidroeléctrica construida sobre los saltos de Yacyretá-Apipé en el río Paraná. El equipo de la central tiene una potencia instalada total de 3.200 Mw, existiendo un proyecto de ampliación que permitiría incrementar esta capacidad casi al doble, y la energía producida abastece el 15 % del total de la demanda de electricidad argentina.
A través de cada turbina pueden pasar 2.630 millones de litros de agua por hora, o sea que por las 20 turbinas de Yacyretá puede pasar cada hora el equivalente al consumo de agua potable de 13 días de la ciudad de Asunción (capital del Paraguay) o de dos días de la ciudad de Buenos Aires. La Producción Bruta Anual de la Central saltó de 12.149 Gwh a 16.738 Gwh durante el período 2004-2009, lo que significó un crecimiento de la misma en un 37,7 %.
Pese a sus prestaciones, el proyecto de la represa fue objeto constante de críticas durante su planeamiento y construcción, tanto por las consecuencias ecológicas que produjo -entre ellas el anegamiento de un bioma prácticamente único, que condujo a la extinción de numerosas especies endémicas- como por la gestión del emprendimiento, cuyo presupuesto original se excedió varias veces hasta alcanzar los 11.500 millones de dólares y dio origen a múltiples denuncias de corrupción.
Yacyretá se encuentra 320 kilómetros al sudeste de Asunción (Paraguay) y a 200 kilómetros al Este de Corrientes (Capital). Está situada entre las ciudades de Ituzaingó (Argentina) y Ayolas (Paraguay). Se encuentra enclavada en la zona conocida como los rápidos de Apipé. El embalse principal queda en los alrededores de la isla de Yacyretá y Talavera.
Posee dos puentes que conectan a ambos países los cuales son, uno levadizo, que se encuentra a la salida de Ituzaingó y que pasa por encima de una esclusa de navegación utilizada para el traspaso de embarcaciones, y el segundo de hormigón que se encuentra luego de atravesar el complejo edilicio y sala de máquinas, y a metros de Ayolas, sobre al brazo Aña Kua.
Presentado este, el 3 de Diciembre de 1973 se suscribió en Asunción el Tratado de Yacyretá, por el cual los dos Estados se comprometieron a emprender en común la obra. Para ello, se fundó la Entidad Binacional Yacyretá: en condiciones igualitarias para ambas partes, a la cual se le asigna la capacidad jurídica y responsabilidad técnica para realizar los estudios y proyectos, y para su ejecución.
La construcción se comenzó el 3 de Diciembre de 1983; el 26 de Abril de 1989 se firmaron las Notas reversales que definen el esquema definitivo de las obras de protección de los valles de los arroyos afluentes al embalse en margen derecha (paraguaya). En Junio de ese mismo año se cerró el brazo principal del río, y el 19 de Mayo del siguiente el brazo Aña Kua.
El 1 de Junio de 1993 se habilitó la esclusa de navegación para salvar la diferencia de alturas, y el 2 de Septiembre de 1994 la primera unidad de la central hidroeléctrica. Las 20 unidades programadas se pusieron por primera vez en función en su totalidad recién el 7 de Julio de 1998.
Además del dique de la represa, que tiene 808 metros de largo, el embalse consta de una presa de materiales sueltos de casi 65 kilómetros, que cierra los dos brazos del río divididos por la isla Yacyretá; la central hidroeléctrica propiamente dicha se asienta parcialmente sobre ésta, uno de los últimos espolones de la pared basáltica levantada por la falla que recorre en dirección NE-SO el sustrato de la provincia de Corrientes, y a la que se debe la existencia de los saltos.
Los extremos se apoyan en la costa argentina, en la localidad de Rincón Santa María, y en la paraguaya, junto a la de Santos Cosme y Damián. El lago artificial producido por el cierre del cauce del río se alzaría a 21 metros por encima de su nivel previo, y cubriría 1.600 km².
Excavada en el lecho basáltico, una esclusa permite la circulación de embarcaciones de hasta 3,60 metros (12 pies). Un sistema de elevación -diseñado después de que estudios ecológicos demostraran que la presencia del dique inhibiría la reproducción de las especies migratorias del Paraná, en especial el dorado y el surubí-, permite a los especímenes que nadan río arriba salvar los 25 metros de diferencia para desovar en el Alto Paraná.
La casa de máquinas tiene 70 metros de altura, medidos desde los cimientos hasta el techo. La caída de agua (15 metros actualmente; 21,3 metros cuando se alcance la cota 83 msnm), tiene un caudal medio de 8.000 m³/s que pasan por las turbinas y producen energía en forma continua. Para comparar dimensiones, las cataratas del Iguazú tienen 70 metros de altura y un caudal medio de 1.750 m3/s (la quinta parte del caudal turbinado por Yacyretá).
- La situación en Corrientes y la actual Dirección Provincial de Energía (DPEC)
En 1979, durante el Gobierno de Jorge Rafael Videla, los ministerios de Economía e Interior de la Nación determinaron la transferencia de los servicios de distribución de energía eléctrica y riego -todavía a cargo de AyE- a las provincias, a excepción de Formosa, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Chubut, Río Negro y Mendoza. Esta decisión sería refrendada por Decreto-Ley un año más tarde.
Así, los servicios eléctricos de la provincia de Corrientes serían prestados durante nueve años (desde 1972 hasta 1980), por la empresa Agua y Energía, como consecuencia del referido Convenio de Transferencia en uso y tenencia.
El 10 de Septiembre de 1980, durante la gobernación de Luis Carlos Gómez Centurión, por la citada Resolución conjunta de los ministerios de Economía-Interior de la Nación, y por aplicación de la ley nacional 18.586, se dispone la devolución de los servicios a las provincias, lo que se concretó en el Convenio de fecha 10 de Julio de 1980, ratificada por decreto-ley provincial Nro. 3.558/80.
Para poder cumplir con la prestación del servicio público transferido, el Gobierno de la Provincia de Corrientes creó la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) por ley Nro. 3.588 del 2 de Diciembre de 1980, como Ente Autárquico con dependencia funcional de la Secretaría de Estado de Obras y Servicios Públicos.
La DPEC se integró con personal de dos Direcciones provinciales que fueron suprimidas: la Dirección de Energía y la Dirección de Servicios Eléctricos, y con personal de la Divisional Corrientes de Agua y Energía que aceptó su transferencia a la Provincia.
De acuerdo con el artículo 3 del decreto-ley, su objeto será la promoción, estudio, proyecto, ejecución y/o explotación de obras y servicios de aprovechamiento energético, así como la generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, y la coordinación de los mismos servicios prestados por los terceros.
El segundo párrafo del citado artículo 3 convierte a la Dirección Provincial de Energía en la ejecutora de las decisiones en materia energética cuya competencia pertenecía a la entonces Secretaría de Estado de Obras y Servicios Públicos.
La asunción, por la provincia de Corrientes, de la responsabilidad de la prestación de este servicio tan importante, determinó la necesidad de contar con un Organismo especializado, ágil y dinámico, dotado no sólo de los recursos económicos adecuados, sino también de las potestades legales necesarias, para posibilitar el cumplimiento de sus fines, de tal suerte que constituya no sólo el instrumento idóneo de la política energética del Gobierno provincial, sino también que se transforme en el factor que asegure el crecimiento del mercado consumidor, y posibilite el desarrollo económico-social de sus comunidades.
- Proceso privatizador a nivel nacional del servicio de energía
A poco de asumir la presidencia Carlos Menem, se estableció en 1989 la emergencia administrativa en la prestación de los servicios públicos. Se creó la Empresa Federal de Energía Eléctrica (EFEE) incluyendo, entre otras, a Agua y Energía Eléctrica e Hidronor.
Sin embargo, en 1992 se declaró sujetas a privatización total a las empresas nucleadas en la EFEE en el marco de la ley 23.696 de Reforma del Estado de 1989. Al mismo tiempo, la ley 24.065 establecía el Marco Regulatorio Eléctrico. Agua y Energía Eléctrica inició un proceso de saneamiento patrimonial y determinación de las unidades de negocio y forma de privatización de la actividad de generación térmica.
A los fines de la privatización, Agua y Energía Eléctrica S.A. fue dividida en veintitrés unidades de comercialización, una de transporte, nueve de generación térmica, ocho de generación hidráulica, una de generación hidrotérmica y cuatro de transporte de energía eléctrica por distribución troncal.
Ese mismo año, el Despacho Nacional de Cargas se separó de AyE para servir como base a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). La red de alta tensión del Sistema Interconectado Nacional quedaría a cargo de otra empresa a privatizarse, creada sobre la base de activos y actividades de AyE, SEGBA e Hidronor, la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener Sociedad Anónima (TRANSENER). Personal de la empresa pasó a integrar el Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE), que asumió el poder de policía sobre las empresas privatizadas y a privatizarse del sector.
Se completó el proceso de traspaso a las provincias de las actividades de AyE pendiente desde la resolución del gobierno militar de 1980, transfiriéndose un total de 11.342 kilómetros de líneas, 242.000 hectáreas bajo riego y 2.216 agentes y a las provincias de Río Negro y Neuquén las líneas en 132 kv.
Entre ese año y 1995 se dispuso la privatización de las centrales de generación hidráulica de electricidad Hidroeléctrica Diamante, Hidroeléctrica Ameghino, Hidroeléctrica Río Hondo, Hidroeléctrica Futaleufú, Hidroeléctrica Río Juramento, Hidrotérmica San Juan e Hidroeléctrica Tucumán.
Al mismo tiempo se crearon, entre la Secretaría de Energía y profesionales de AyE, grupos de trabajo en las regiones de Cuyo, Patagonia y Noroeste argentino para actuar como autoridad de aplicación en el tema de seguridad de presas, con funciones delegadas hasta tanto se crearan los organismos regionales de seguridad de presas (ORSEP).
La Central Hidráulica Piedras Moras fue terminada al mismo tiempo, procediéndose a su inauguración y simultánea transferencia a la Provincia de Córdoba. El Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles fue transferido a la Provincia de Mendoza para su privatización, incluyendo los 85 agentes que trabajaban en el mismo.
El mismo año se crearon siete empresas sobre activos de AyE —PROINSA, TRANELSA, EVARSA, EMASA, SIEM, IDS e INGENOA-, dando salida laboral a 332 agentes. En 1994 se transfirieron a Mendoza y San Juan toda la infraestructura, instalaciones y personal de la empresa en esas provincias.
La Empresa Nucleoeléctrica Argentina, a su vez recientemente separada de la Comisión Nacional de Energía Atómica, recibió en 1996 el Complejo Hidroeléctrico con Central de Bombeo Río Grande.
En colaboración con la Secretaría de Energía, se prestó asistencia técnica a las provincias de Santiago del Estero, Formosa, La Rioja, Catamarca, San Juan, Río Negro, Salta y Jujuy para la privatización de sus servicios de distribución de energía eléctrica. Pocas provincias, como Córdoba o Santa Fe, mantuvieron a cargo de empresas provinciales la provisión del servicio.
- Liquidación de AyE y nacimiento de EBISA
Finalmente, la empresa AyE fue declarada en liquidación por resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación en 1996, extendiéndose progresivamente el período hasta fines de 1998.
Durante ese año se procedió a la creación de la empresa Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA) para reemplazar el papel de Agua y Energía Eléctrica en las centrales hidroeléctricas binacionales de Salto Grande y Yacyretá.
La Dirección Nacional de Bienes del Estado, luego Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), se hizo acreedora de la totalidad de los bienes de AyE que no fueron privatizados ni necesarios para el proceso de liquidación.
En total, el proceso de privatización de AyE involucró 25 llamados a concurso, 22 transferencias de empresas al sector privado, 9.288 kilómetros de tendido eléctrico en líneas de 500, 330, 220 y 132 kv, 3.740 MVA de potencia de transformación, 11.842 GWh de generación (43 % hidráulica y 57 % térmica), 1.370 MW de potencia y 11.000 empleados.

References: artículo 5
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 resolución