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Timestamp: 2020-06-07 08:51:28+00:00

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﻿ Sentencia 58702 de abril 10 de 2013
SENTENCIA 58702 DE 10 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL. LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE POR TIERRA, MAR Y AIRE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES, PORQUE SU OBJETIVO ES ASEGURAR LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y OTROS DERECHOS RELACIONADOS. SIN EMBARGO, AUN CUANDO EXISTA LA DEFINICIÓN LEGAL SOBRE LA CALIDAD DE ESENCIAL DE UN SERVICIO PÚBLICO, ESTO NO IMPIDE QUE EL JUEZ DETERMINE SI UNA ACTIVIDAD CORRESPONDE EFECTIVAMENTE A ESA CATEGORÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES, HUELGA, TRANSPORTE
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:500 DE AGOSTO DE 2013, PG.1302
Sentencia 58702 de abril 10 de 2013
Rad.: 58702
EXTRACTOS: «V. Se considera
Para decidir, la Sala abordará el estudio de los tres puntos materia del recurso de alzada, en el mismo orden propuesto por el recurrente.
1. ¿Se pretermitieron o no los trámites y términos establecidos en el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo?
Al historiar los antecedentes del caso quedó dicho que el colegiado de primera instancia estableció, conforme con las pruebas documentales allegadas, que en el Acta 1 del 6 de agosto de 2012 (fls. 34 a 36) consta que la etapa de arreglo directo inició en esa data, y que tal y como lo asentaron las partes, culminaría, como en efecto acaeció, el 25 del mismo mes y año y que el día 26 siguiente (fls. 72 a 75) se llevó a cabo la asamblea en la que se adoptó la decisión de iniciar el cese de actividades a partir del 29 de agosto de 2012, todo lo cual halló ajustado a las exigencias del artículo 445 del Código Sustantivo del Trabajo.
El análisis surtido en la primera instancia, lo comparte en su integridad esta corporación. Ello es así porque reposa en el Acta 1 del 6 de agosto (fls. 34 a 36), en lo que a la apelación interesa, que las reuniones se realizarían los días “14,15, 21 y 22 de agosto de 2012”, en el horario de “12.00 del medio día a 4.00 pm”, y que “la etapa de arreglo directo concluye el día 25 de agosto de 2012”.
Así mismo obra en el expediente (fls. 51 a 56), el acta del 22 de agosto de 2012, de la que importa destacar a efectos de resolver, que esa data fue la acordada por las comisiones negociadoras como la última en la que se reunirían a fin de discutir el pliego de peticiones presentado a la empresa. En dicha sesión, las partes concluyeron que como no existió acuerdo sobre los puntos 6, 7 y 8 del pliego de peticiones, “concluye la etapa de negociación directa tal y como se había convenido (...)”.
Ahora bien, ciertamente las conversaciones concluyeron el 22 de agosto del 2012, conforme a lo acordado por las partes; sin embargo, ello no implica, como lo afirma la censura, que la etapa de arreglo directo hubiera concluido antes del término legal de 20 días (ago. 25), porque en los días siguientes a esta última fecha, previos al vencimiento, las comisiones negociadoras válidamente habrían podido reiniciar las conversaciones.
Diferente sería la decisión, si ese mismo 22 de agosto o en los siguientes 23 y 24, el sindicato y/o los trabajadores hubieran votado a favor de la huelga, porque ello significaría la pretermisión del término legal de 20 días a que se refiere el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo.
Por el contrario, de las pruebas arrimadas al plenario que con acierto valoró el juez de primera instancia, se establece que la asamblea general de la Unión Portuaria se realizó el 26 de agosto de 2012; es decir, luego de concluida la etapa de arreglo directo, y aunque parezca redundante, vencidos los 20 días de que trata el artículo 444 ibídem, asamblea en la que el sindicato optó por declarar la huelga a partir del 29 de agosto de 2012, “esto es trascurridos no menos de dos días de su declaración y no más de 10 conforme al artículo 445 del Código Sustantivo del Trabajo, y corrió por los días 30 y 31 del mismo mes y año”, tal y como lo halló probado el tribunal.
Ahora bien, alega también la recurrente, que el cese de actividades se llevó a cabo mucho antes de que culminara la prórroga de la etapa de arreglo directo, que según lo aduce, ocurrió el 19 de septiembre de 2012, aserción que respalda en la documental del folio 57.
Al respecto, como antes se anotó, dijo el colegiado de instancia que la documental que se titula “Acta de terminación de la prorroga (sic) de la etapa de arreglo directo”, no es prueba suficiente de que al concluir el término inicial de 20 días, el 25 de agosto de 2012, a continuación,
“se hubiere prorrogado de común acuerdo la etapa de arreglo directo. De dicho documento lo que se desprende es que con posterioridad a la huelga, o durante la misma, se iniciaron nuevamente las conversaciones entre la empresa y los trabajadores y ello se evidencia por las fechas relacionadas en tal acta, de la que se deduce que la supuesta prorroga (sic), se inició el primero de septiembre y culminó 2012 (sic) de septiembre, según acuerdo entre las partes en conflicto”.
Tales reflexiones las comparte esta Sala, porque al revisar la prueba fácilmente se deduce que indiscutiblemente no hubo prórroga. Si así hubiera sido, la misma tendría que haber comenzado el día 26 de agosto de 2012, mas no el 1º de septiembre; en consecuencia, habría tenido que terminar el 14 de ese mes y año, y no el 19 como se lee en la correspondiente acta y lo afirma la recurrente.
Se suma a lo anterior que el Representante Legal de la accionante, en comunicación dirigida a la Dirección Territorial del Trabajo el 31 de agosto de 2012 (fl. 77), sobre el particular afirmó en los numerales 2 y 5, que la etapa de arreglo directo concluyó por manera que, resulta inexplicable que en esta instancia afirme, esa misma parte, que hubo prórroga y que ella finalizó el 19 de septiembre de 2012.
En conclusión, del acervo probatorio analizado, surgen razonables las conclusiones del a quo, que se mantienen incólumes.
2. ¿En el trámite de votación del cese de actividades, participó o no el número de trabajadores de TECSA exigidos en la ley?
En la sentencia del tribunal de 1ª instancia, quedaron sentados como hechos relevantes: (i) que hubo un cese de actividades los días 29, 30 y 31 de agosto, de algunos trabajadores de la empresa demandante TECSA, y (ii) que la decisión de iniciar el cese de actividades fue tomada por 66 trabajadores pertenecientes al sindicato Unión Portuaria vinculados directamente a TECSA y 82 trabajadores de empresas intermediarias; así consta al folio 75.
En ese contexto, acusa la recurrente que los trabajadores indirectos no podían participar en la toma de la decisión de huelga y que el número de trabajadores directos (66), no corresponde a lo legalmente exigido, toda vez que para los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2012, la empresa tenía a su servicio 268, 304, 302 y 300 trabajadores, situación que respaldó con las planillas de autoliquidación de aportes al sistema de riesgos profesionales.
Por su parte el a quo al despachar negativamente la pretensión, adujo que la sociedad demandante en quien recaía la carga de la prueba, no demostró que fuera insuficiente el número de trabajadores sindicalizados que votaron a favor de la huelga, al tiempo que precisó que de
“las planillas integradas de autoliquidación de aportes adosadas al presente asunto, no se conoce su autor y al ser un instrumento sin firma para tener valor probatorio conforme al artículo 269 del ordenamiento procesal civil, tendrían que haber sido aceptadas por la parte contra las que se opone”.
Pues bien, la argumentación que se resalta, de entrada entraña una errónea aplicación del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, dado que si bien es cierto que tal disposición exige la aceptación expresa de la parte contra la que se opone el documento sin firma, tal exigencia sólo procede cuando a esa misma parte se le atribuye la autoría del documento. Situación diferente se configura en el sub lite, toda vez que la empresa accionante no pretendió demostrar que las planillas integradas de autoliquidación de aportes provinieran del sindicato demandado.
El sentido y alcance del artículo 269 del ordenamiento procesal civil, ha sido fijado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en prolífera jurisprudencia en la que ha explicado:
“(...) es indispensable que el documento se encuentre firmado por la parte contra quien se opone, en la medida en que mediante la firma ‘el que suscribe no sólo aprueba y hace suyo lo que en el escrito se contiene, sino que pone un signo visible y reconocible, el cual demuestra que el escrito parte de él y que está conforme con sus intenciones. Suprimida la firma, el escrito puede ser un proyecto de documento, un borrador, pero nunca el documento, porque nadie lo ha aprobado ni lo ha hecho propio’(1) (se resalta). De ahí que el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, acorde con lo expresado, exija el reconocimiento expreso para que pueda ser apreciado un instrumento que no ha sido firmado, ni manuscrito por la parte contra quien se presenta”. (subrayas originales)(2).
Y en ocasión más reciente, en relación con documentos electrónicos adosados al proceso, adoctrinó:
“En ese orden de ideas, el reconocimiento regulado por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil se impondrá como insoslayable respecto del mensaje de datos desprovisto de una firma digital, habida cuenta que se trata de un documento que no ha sido suscrito ni manuscrito por su autor y carece de un signo de individualidad que permita imputar autoría y, por ende, ejercer el derecho de contradicción a la persona que la parte que lo aporta señala como su creador”. (destaca la Sala)(3).
No obstante, no procede la revocatoria de la sentencia apelada, dado que, como tantas veces lo ha adoctrinado esta Sala, las planillas de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social son un mero indicio que por si solas no acreditan de manera suficiente la existencia de los contratos de trabajo, y por ende, en el sub lite, tampoco el número de trabajadores vinculados a la empresa.
Siendo ello así, por las razones aquí expuestas, no erró el Tribunal a quo al afirmar que “ni siquiera esta (sic) demostrado en el presente asunto la cantidad de trabajadores que laboran en la empresa (...)”, supuesto fáctico que ineludiblemente ha debido acreditarse a fin de confrontarlo con los postulados normativos consagrados en el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo.
3. ¿La sociedad Terminal Especializado de Contenedores de Buenaventura S.A. (TECSA), es una empresa de servicios públicos esenciales?
Al punto afirmó en su providencia el colegiado de primera instancia, previa revisión del objeto social de la accionante, que su actividad
“no está contemplada en las que enumera el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, y si bien es una actividad conexa al servicio público de trasporte no se puede tener como tal”.
Ciertamente, se lee al folio 18 del plenario, en el certificado de cámara de comercio, que el objeto social de la Sociedad Terminal Especializado de Contenedores de Buenaventura S.A. (TECSA), consiste en “la prestación de los servicios de operación portuaria encaminados al manejo de los contenedores en terminales especializados así como a la administración y explotación de puertos muelles terminales equipos y patios de almacenamiento, principalmente de aquellos especializados en contenedores”, y que para su desarrollo “podrá ejecutar (...) operaciones portuarias” que a continuación describe.
Por su parte la empresa demandante, tanto en la presentación de la demanda como en la alzada, sostiene que su objeto social y sus actividades como operador portuario, están considerados como servicio público esencial, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5º de la Ley 105 de 1993 y el 5 de la Ley 336 de 1996.
Pues bien, la citada ley mediante la cual se adoptó el Estatuto Nacional del Transporte, consagra en su artículo 5º que
“[e]l carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el reglamento para cada modo”.
El tenor literal de la norma sin duda alguna indica que la operación del servicio público de transporte está considerada como esencial. Al tiempo, cumple recordar que la Corte Constitucional en la Sentencia C-450 de 1995, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra, entre otros, el literal b) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, que prohíbe la huelga en las actividades de servicio público concernientes a “las empresas de transporte por tierra agua y aire (...)”, sobre el particular señaló:
“Con respecto al literal b) de la mencionada disposición estima que las actividades de las empresas de transporte por tierra, mar y aire, indudablemente son servicios públicos esenciales, porque están destinadas a asegurar la libertad de circulación (C.P., art. 24), o pueden constituir medios necesarios para el ejercicio o la protección de otros derechos fundamentales (vida, salud, educación, trabajo, etc.)”.
En la misma sentencia, dijo el tribunal constitucional que el derecho a la huelga, pese a que es un derecho protegido por la Carta,
“no es oponible a los derechos fundamentales de los usuarios de los servicios públicos, por el mayor rango que estos tienen en el ordenamiento constitucional. Además, es mayor el perjuicio que se causa en sus derechos fundamentales a los usuarios, cuando aquéllos son afectados, que los beneficios que los trabajadores derivan de la huelga para mejorar sus condiciones de trabajo. Es obvio, que la balanza de los intereses y derechos en conflicto debe inclinarse en favor de los derechos fundamentales”.
Y también precisó:
Por su parte, esta corporación en consonancia con la Corte Constitucional, en sentencia con radicado 40428 del 3 de junio de 2009, razonó:
“Pues bien, de acuerdo con la doctrina constitucional, aun cuando pueda existir la definición legislativa sobre la calidad de esencial de un servicio público, ello no impide que el intérprete pueda determinar si en un caso concreto cierta actividad efectivamente puede ser considerada servicio público esencial en atención a su contenido material.
Y así debe ser, en cuanto el artículo 56 de la Constitución no puede consagrar para el legislador una atribución absoluta de manera que basta solamente la literalidad del texto normativo superior o supralegal para la definición de un asunto, sin que le sea dable al intérprete consultar su espíritu o su finalidad, a la luz de los principios constitucionales”.
En la misma sentencia, concluyó la Sala Laboral de la Corte:
“no puede afirmarse para el caso concreto que el transporte ferroviario de carga que ejecuta la sociedad Fenoco S.A., pueda considerarse como servicio público esencial, pues no aparece evidencia que con dicha actividad se esté procurando la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos fundamentales.
Lo anterior se asevera, por cuanto para el sub-examine el transporte ferroviario de carga, tal como lo ejecuta la empresa demandante, no puede encuadrarse como una actividad que tenga naturaleza esencial en cuanto que asimismo sean esenciales los bienes e intereses que satisface, donde tales servicios no son más que aquellas actividades industriales o mercantiles de las que se derivan prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad, teniendo en cuenta el resultado que con la actividad se oriente a obtener; para lo cual debe existir una marcada relación entre la esencialidad de los bienes y los intereses a satisfacer, para que se pueda hablar de un verdadero servicio público esencial, como bien se enseña en la jurisprudencia constitucional adoctrinada, no solo nacional sino extranjera, como por ejemplo en el fallo del STC-26/1981, de julio 17, que al interpretar el inciso 2º del artículo 28 de la carta política española enseña que:
“Como bienes e intereses esenciales hay que considerar los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes constitucionalmente protegidos.
Hay que considerar que lo esencial es el libre ejercicio de los derechos constitucionales y el libre disfrute de los bienes constitucionalmente protegidos, que, en el plano en el que ahora nos movemos, se traduce en la libertad de movimiento de las personas por el territorio nacional y en la distribución de las mercancías necesarias para la ordenada y organizada vida comunitaria. De esta manera no hay necesariamente un <transporte ferroviario esencial>. Sólo en aquellos casos en que la satisfacción de los mencionados bienes e intereses exija ele funcionamiento del ferrocarril, podrá decirse que es éste esencial para aquel fin”.
En este orden de ideas, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 336 de 1996 y acorde con la jurisprudencia constitucional y laboral precedentes, estima la Corporación que no se equivocó el a quo al determinar que la sociedad Terminal Especializado de Contenedores de Buenaventura S.A., no desarrolla un servicio público esencial, tal y como deriva del objeto social trascrito a espacio, y dado que con el cese de actividades que trascurrió desde el 29 hasta el 31 de agosto de 2012. Además, no se vulneraron derechos fundamentales de la población usuaria de este servicio, ya que no existe prueba en el plenario que así lo acredite.
En suma, examinados los tres pilares de la acusación, conforme a lo expuesto, no encuentra la Sala argumentos que conlleven la revocatoria de la decisión de primer grado. Costas en la alzada a cargo de la recurrente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia del 23 de octubre de 2012, proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso especial de calificación de la suspensión o paro colectivo, que la sociedad Terminal Especializado de Contenedores de Buenaventura S.A. (TECSA) le promovió al sindicato Unión Portuaria.
Comuníquese esta decisión al Ministerio de Trabajo de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 4º de la Ley 1210 de 2008, en armonía con lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Ley 1444 de 2011.
Costas en la alzada como se indicó en la parte motiva.
Cópiese, notifíquese, publíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen».
(1) Francisco Ricci. Tratado de las pruebas. Madrid. T. I. págs. 249 y 250.
(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, expediente 5565, Sentencia del 4 de septiembre de 2000.
(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, expediente 110013110005 20040107401, Sentencia del 16 de diciembre de 2010.

References: artículo 444
 artículo 445
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 artículo 269
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 artículo 444
 artículo 430
 artículo 5
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 artículo 56
 artículo 28
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 artículo 4