Source: https://tc.vlex.es/vid/2010-431063614
Timestamp: 2019-09-15 12:26:34+00:00

Document:
STC 44/2013, 25 de Febrero de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 431063614
Número de Recurso: 8932-2010
STC 044/2013
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 28 de diciembre de 2010, la Confederación General del Trabajo (CGT) interpuso recurso de amparo contra las resoluciones citadas en el encabezamiento.
La Confederación General del Trabajo presentó demanda sobre impugnación de convenio colectivo por considerar que los arts. 24 y 25 del IV convenio colectivo de la empresa Gas Natural SDG, S.A., contenían una doble escala salarial con relación a los complementos de antigüedad y jornada partida, en virtud de la fecha de ingreso en la empresa, lo que atentaba contra el derecho a la igualdad de los trabajadores y la prohibición de discriminación (art. 14 CE). Por tal motivo, se solicitaba que se declarase la ilegalidad y nulidad de los preceptos citados en los siguientes términos:
-Artículo 24, apartado b) Trienio de valor único, declarando la nulidad de la distinción establecida en el art. 24 del IV Convenio Colectivo entre los trabajadores ingresados antes y después del 15/12/1994 respecto de la antigüedad, y se reconozca el derecho de los incorporados con posterioridad a las citadas fechas a que se les abone el complemento de antigüedad de acuerdo con el apartado a) del referido artículo.
-Artículo 25.1 del IV convenio colectivo de Gas Natural SDG, S.A., 2004-2006, al que remite expresamente, en cuanto al párrafo in fine , respecto de la supresión del referido plus y el párrafo segundo, del que se eliminará la referencia de estar devengando el referido plus, declarando la nulidad de la distinción establecida por el art. 25.1 del IV Convenio Colectivo entre los trabajadores ingresados antes y después del convenio colectivo de 2006 respecto del complemento de jornada partida, y se reconozca el derecho de los reincorporados con posterioridad a las citadas fechas a que se les abone el referido complemento de acuerdo con lo regulado para los que lo vinieran percibiendo con antigüedad.
Por escrito de fecha 23 de febrero de 2009, la entidad demandada, Gas Natural SDG, S.A., presentó escrito en el que solicitaba a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional la terminación del proceso por carencia sobrevenida de su objeto al amparo del art. 22 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (LEC), dado que, tras la iniciación del litigio, los preceptos convencionales impugnados y cuya nulidad pretendía la CGT, ya no formaban parte del ordenamiento jurídico, al haber sido derogados como consecuencia de la aprobación de un posterior convenio colectivo (convenio colectivo 2007-2009 de Gas Natural SDG, S.A., cuyo registro y publicación se dispuso por resolución de 21 de octubre de 2008, de la Dirección General de Trabajo).
Por medio de Auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de 5 de marzo de 2009, se declaró la finalización del citado procedimiento sobre impugnación de convenio colectivo por carencia sobrevenida de objeto. Señala la Sala que en la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos (en la que se ataca directamente la legalidad de sus disposiciones de forma colectiva), la acción puede ser ejercitada en cualquier momento mientras el convenio colectivo mantenga su vigencia, de forma que, a sensu contrario , no cabe ejercitarla cuando el mismo ya no está vigente. Se añade que si el convenio está derogado por uno posterior, como era el caso, carece de objeto pronunciarse sobre la legalidad de los preceptos que ya no se integran en el ordenamiento jurídico aplicable.
Frente a la anterior resolución judicial, la parte actora interpuso recurso de casación (núm. 51-2009) en el que se denunciaba la infracción de los artículos 22 (en relación con los arts. 82 y 86 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores), 411 y 413 LEC, así como de los arts. 9.3 y 24 CE. En este sentido, se sostiene que la interpretación del art. 22 LEC realizada por la Audiencia Nacional resultó rigorista y formalista, pues no cabía apreciar la pérdida sobrevenida del objeto del proceso cuando el interés de esa parte actora no resultaba satisfecho con la falta de vigencia del convenio colectivo impugnado, sino que precisaba su expulsión del ordenamiento jurídico vigente al tiempo de la formulación de la demanda. En definitiva, a juicio del sindicato recurrente, el proceso no debía verse afectado, como regla general, por las modificaciones que se produjesen una vez iniciado el mismo, debiendo resolverse teniendo en cuenta la situación jurídica objeto del pleito tal y como se hallara en el momento de la presentación de la demanda. Por todo ello, se termina solicitando la estimación del recurso, la declaración de la inexistencia de carencia sobrevenida de objeto, y la consiguiente continuación del procedimiento y estimación de las pretensiones articuladas en la demanda.
El recurso de casación fue desestimado por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 15 de septiembre de 2010. La Sala, aplicando lo decidido en su anterior Sentencia de 23 de junio de 2010 (recaída en recurso formulado con relación al I convenio colectivo de la empresa Gas Natural Distribución SDG, S.A.), recuerda que la norma que surge de la negociación colectiva acostumbra a tener vocación coyuntural o limitada en el tiempo, condicionada en muchas ocasiones, entre otras cosas, por circunstancias del mercado o por la propia posición de las partes negociadoras, por lo que tiene unos periodos de vigencia relativamente cortos; también indica que la impugnación directa del convenio que se fundamenta en la ilegalidad no está sujeta a plazo y puede hacerse a lo largo de su vigencia, pero que finalizada esta, habrá de apreciarse la falta de acción. Después, añade que la desaparición del objeto del recurso es uno de los modos de terminación del proceso y que, en concreto, en los recursos directos contra disposiciones generales la ulterior derogación de estas últimas determina la desestimación de los recursos correspondientes dado que, aunque en su momento pudiesen estar fundados, la derogación sobrevenida de la norma priva a la controversia de cualquier interés o utilidad real, doctrina que se ha aplicado no sólo con relación a la impugnación de disposiciones generales sino también de resoluciones o actos administrativos singulares. A tenor de lo anteriormente expuesto, se termina diciendo (en aplicación de la doctrina de esa Sala de lo Social, de la Sala Tercera de ese mismo Tribunal, y de la doctrina constitucional que se sintetiza) que dado que la pretensión de la parte se contraía a la anulación de los preceptos del convenio colectivo impugnado, carecía de objeto pronunciarse sobre la legalidad de preceptos que ya no se integraban en el ordenamiento jurídico aplicable, al haber sido derogados por el posterior convenio colectivo.
El sindicato recurrente fundamenta su demanda de amparo en la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en conexión con el principio de igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE), derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), y principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE). Asimismo, en el suplico de la demanda, se cita como vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), al que también se hace referencia al justificarse la especial trascendencia constitucional del recurso.
Tras reclamar y recibir las actuaciones correspondientes, la Sala Segunda de este Tribunal mediante providencia de 10 de noviembre de 2012, acordó la admisión a trámite del recurso de amparo y, en aplicación del art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir comunicación a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional a fin de que emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento de amparo, excepto la parte recurrente en amparo, para que pudiesen comparecer en el mismo si lo estimasen conveniente dentro del plazo de diez días.
Por medio de escrito con fecha de registro de 10 de enero de 2012, la Letrada doña Blanca Suarez Garrido, en representación de la federación estatal de industrias textil-piel, químicas y afines de Comisiones Obreras (CC OO), se personó como parte recurrida en el recurso de amparo.
Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, de fecha 20 de febrero de 2012, se acordó: tener por personado y parte en el procedimiento al Procurador don Luis Fernando Álvarez Wiese, en nombre y representación de Gas Natural SDG, S.A., acordándose entender con él las sucesivas actuaciones, a condición de que dicho Procurador presentase escritura de poder original que acreditara debidamente su representación en el plazo de diez días; unir a las actuaciones el escrito presentado por la letrada doña Blanca Suárez Garrido en nombre de CC OO y conceder a esta última un plazo de diez días para que compareciese por medio de Procurador, conforme a lo dispuesto en el art. 81.1 LOTC; y, finalmente, dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para que pudiesen formular alegaciones conforme a lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
Atendiendo a los requerimientos realizados en la anterior diligencia de ordenación, CC OO se personó en el recurso de amparo mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha de 6 de marzo de 2012, a través de la Procuradora de los Tribunales doña Olga Romojaro Casado. Así mismo, por medio de escrito con fecha de registro de 13 de marzo de 2012, el Procurador don Luis Fernando Álvarez Wiese aportó copia de poder en acreditación de la representación de la empresa Gas Natural SDG, S.A.
Por escrito con fecha de registro de 29 de marzo de 2012, la representación procesal de la empresa Gas Natural SDG, S.A., presentó escrito de alegaciones. En él se afirma, en primer lugar, que el recurso de amparo resulta inadmisible al no haberse justificado suficientemente su especial trascendencia constitucional, ya que la parte recurrente se habría limitado a reiterar los planteamientos de legalidad ordinaria realizados ante la propia Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo. En segundo lugar, se niega la vulneración del art. 24 CE ya que las resoluciones judiciales recurridas habrían utilizado una vía legítima y específicamente regulada en el art. 22.1 LEC (de aplicación supletoria en el proceso laboral) que permite la terminación anticipada del procedimiento por pérdida sobrevenida del interés litigioso (en este caso, como consecuencia de la derogación del convenio colectivo impugnado). Se precisa, además, que en el momento de presentación de la demanda (12 de agosto de 2008), el convenio colectivo impugnado ya había sido sustituido por otro nuevo, pues se había alcanzado el oportuno acuerdo que tan solo estaba pendiente de publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. Se cita después con relación al art. 22 LEC, la STC 102/2009, de 27 de abril, según la cual “para que la decisión judicial de cierre del proceso por pérdida sobrevenida del objeto resulte respetuosa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva es necesario que la pérdida del interés legítimo sea completa”. Y, en el caso de autos, no cabría duda de ello, por cuanto la pretensión por la que se accionó se limitaba a solicitar la anulación y expulsión del ordenamiento jurídico de los preceptos convencionales impugnados, lo cual deviene ahora irrealizable al no formar parte el texto del ordenamiento jurídico. No se podría identificar, tampoco, el “interés legítimo” al que se refiere la citada Sentencia constitucional, con otros supuestos intereses sindicales, pues estos últimos, aun siendo plenamente respetables, no están implicados en la pretensión ejercitada que es la que delimita el interés legítimo en esta modalidad procesal. Posteriormente, se recuerda la consolidada doctrina del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en supuestos de impugnación de normas reglamentarias, situación que guardaría gran paralelismo con la impugnación de convenios colectivos, y conforme a la cual, aquellos recursos que pretendan expulsar del ordenamiento jurídico normas que, supuestamente, son ilegales, perderán su objeto cuando, al tiempo de dictarse la Sentencia, la norma haya sido ya derogada (se citan, entre otras muchas, Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 29 de abril y 16 de mayo de 2008). Se adiciona que los efectos derivados de la impugnación de convenios colectivos tienen una semejanza con los efectos que provoca la anulación de una norma a través de un procedimiento de impugnación de normas en la jurisdicción contencioso-administrativa. De este modo, tanto el art. 72.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, como el art. 164.3 de la Ley de procedimiento laboral (LPL), disponen la publicación en el boletín oficial correspondiente de las Sentencias anulatorias de las disposiciones generales y convenios colectivos, respectivamente, con el objeto de apartar del ordenamiento jurídico la norma viciada de nulidad. Se prosigue diciendo que es evidente que en el caso de autos no hay ultraactividad posible en el convenio impugnado, al haber sido totalmente derogado por el V convenio colectivo de Gas Natural SDG, S.A., y que siendo el objeto del proceso el que se declarase la nulidad parcial de ciertos preceptos del convenio colectivo que resultó derogado tras la iniciación del litigio, resulta carente de todos sentido una declaración de nulidad que ningún influjo iba a tener desde la perspectiva del interés colectivo, que es el único que se persigue con esa modalidad procesal. Posteriormente, con cita, entre otras, de la STC 128/2009, de 1 de junio, se señala que lo que es realmente determinante para conocer si se ha producido la pérdida de objeto del litigio cuando nos encontramos ante una norma que ha sido derogada y cuya constitucional se discute, es que la norma derogada tenga una incidencia directa y fundamental en el procedimiento a quo determinante del planteamiento de la cuestión litigiosa. Es decir, sería factible la continuación del procedimiento cuando existiese un interés real que pudiese verse afectado e influido directamente en ese procedimiento o en otros en curso. En otras palabras, que de la hipotética declaración de nulidad se derivase una consecuencia práctica y no meramente de carácter consultivo, lo cual en ningún caso sucedería en el presente litigio. En definitiva, la parte recurrente lo que estaría instando en su recurso de amparo es que se dicte una sentencia meramente declarativa sobre la legalidad de unos preceptos que ya han sido derogados, y conforme ha declarado la doctrina constitucional (se cita la STC 210/1972, de 30 de noviembre, FJ 2) con relación a tal tipo de acciones declarativas, es preciso que exista una “verdadera necesidad de tutela jurisdiccional cifrable en el interés en que los órganos judiciales pongan fin a una falta de certidumbre en torno a la relación jurídica de que se trate”. El interés es, pues, requisito de este tipo de acciones, de tal modo que “una resolución judicial que de manera no arbitraria ni irrazonable afirme la inexistencia de la acción meramente declarativa por falta de interés, no atenta contra el derecho a la tutela judicial efectiva”.
Por escrito con fecha de registro de 2 de abril de 2012 el Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones. En primer término, considera que el recurso resulta inadmisible por falta de invocación previa ante los órganos judiciales del derecho a la igualdad (art. 14 CE) y del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE) ya que no fueron invocados oportunamente en el recurso de casación sino de forma novedosa en la demanda de amparo. Además, tampoco se ha formulado respecto a ellos, el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La parte justifica la falta de interposición del incidente, aduciendo que la vulneración ya se había planteado en el recurso de casación. Sin embargo, en este último recurso sólo se denunció la vulneración de los arts. 9.3 y art. 24 CE, no así, la de los arts. 14 y 28.1 CE. Se advierte que, no obstante, se realizará al respecto las oportunas consideraciones, ante la eventualidad de que el Tribunal Constitucional pudiera apreciar la no concurrencia de la causa de inadmisión apuntada.
Por diligencia de ordenación del Secretario de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, de fecha 11 de abril de 2012, se tuvo por personada y parte en el procedimiento a la Procuradora doña Olga Romojaro Casado, en nombre y representación de federación estatal de industrias textil-piel, químicas y afines de CC OO, acordándose entender con ellas las sucesivas actuaciones y darle un plazo de veinte días para formular alegaciones de conformidad con el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
No habiendo presentado escrito de alegaciones las Procuradoras doña Valentina López Valero y doña Olga Romajaro Casado, por providencia de 14 de febrero de 2013, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 25 del mismo mes y año.
El presente recurso de amparo se dirige contra el Auto de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de 5 de marzo de 2009, que puso fin al procedimiento de impugnación de convenio colectivo formulado por el sindicato recurrente en amparo, y contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 15 de septiembre de 2010, que lo confirmó. Como ha quedado recogido en los antecedentes de esta Sentencia, las resoluciones judiciales impugnadas no resolvieron el fondo de la pretensión del sindicato recurrente (declaración de ilegalidad y nulidad de determinados aspectos de los arts. 24 y 25 del IV convenio colectivo de la empresa Gas Natural SDG, S.A.) al apreciar, con apoyo en el art. 22 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (en adelante, LEC), la carencia sobrevenida del objeto del proceso, toda vez que los preceptos cuestionados ya no formaban parte del ordenamiento jurídico al haber perdido vigencia durante la tramitación del proceso como consecuencia de la aprobación de un posterior convenio colectivo (convenio colectivo 2007-2009 de Gas Natural SDG, S.A).
Por su parte, el Ministerio Fiscal sostiene que el recurso de amparo resulta inadmisible con relación a la alegación de la infracción del art. 9.3 CE, al tratarse de un precepto excluido por el art. 53.2 CE de su posible examen a través del recurso de amparo, y respecto a los arts. 14 CE y 28.1 CE, por no haberse cumplido con el requisito de la invocación previa exigido en el art. 44.1 c) LOTC. En este sentido, señala que no se denunció la infracción de estos dos últimos preceptos en el recurso de casación, en el que el sindicato únicamente imputó al órgano judicial la infracción de los arts. 9.3 y 24 CE por haber declarado la terminación del proceso por pérdida sobrevenida de su objeto a través de una interpretación restrictiva del art. 22 LEC.
Partiendo, pues, de que el objeto de nuestro enjuiciamiento es comprobar si la discutida decisión de archivo del proceso contraviene el art. 24.1 CE, debemos comenzar recordando que el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción se concreta en el derecho a la obtención de una resolución fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones deducidas, resolución que debe entenderse como el modo normal de prestación de la tutela judicial. Lo anterior no excluye, sin embargo, que sea constitucionalmente lícita una resolución de inadmisión, que no entre en el fondo de la cuestión, cuando tal decisión se funde en una causa legal que así lo justifique, aplicada razonablemente por el órgano judicial. Ciertamente, el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de prestación de configuración legal, por lo que su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que en cada caso establezca el legislador, de ahí que, en principio, el control sobre la concurrencia de tales presupuestos y requisitos sea una operación jurídica que no trasciende el ámbito de la legalidad ordinaria. Ahora bien, conviene recordar que el derecho a la tutela judicial efectiva excluye que la normativa procesal se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican cuando se trata del acceso a la jurisdicción, y que tal derecho fundamental no exige necesariamente seleccionar la interpretación más favorable a la admisión de entre todas las que resulten posibles (por todas, SSTC 60/1985, de 6 de mayo, FJ 3; 206/1987, de 21 de diciembre; 134/1990, de 19 de julio, FJ 5; 311/2000, de 18 de diciembre, FJ 3; 228/2006, de 17 de julio, FJ 2; 76/2012, de 16 de abril, FJ 3; y 155/2012, de 16 de julio, FJ 3). En definitiva, y conforme a lo anteriormente expuesto, en nuestro enjuiciamiento habremos de partir de que resultan constitucionalmente legítimas desde la perspectiva del derecho fundamental de acceder a la jurisdicción, aquellas decisiones de inadmisión o de finalización anticipada del proceso, sin que se resuelva sobre el fondo de las pretensiones deducidas en él, cuando encuentren amparo en una norma legal interpretada y aplicada razonablemente y sin rigorismo, formalismo excesivo o desproporción.
Teniendo en cuenta la doctrina constitucional que ha sido expuesta, nos corresponde ahora comprobar, en primer lugar, si existía una causa legal para acordar el archivo de la demanda de impugnación de convenio colectivo formulada por el sindicato recurrente en amparo y, en segundo lugar, si la legalidad procesal fue aplicada razonable y proporcionadamente en el supuesto concreto.
Llegados a este punto, debemos analizar ahora los razonamientos utilizados por las resoluciones judiciales para argumentar la decisión de archivo del procedimiento de impugnación de convenio colectivo instado por el sindicato recurrente en amparo, con el objeto de comprobar si se aplicó razonablemente y sin rigorismo, formalismo excesivo o desproporción, la causa legal en la que se fundamentó la decisión controvertida.
SAP Barcelona 114/2016, 17 de Febrero de 2016
STS 260/2005, 28 de Febrero de 2005
STSJ Cataluña 505/2012, 9 de Mayo de 2012

References: in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución