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Timestamp: 2019-10-15 10:55:02+00:00

Document:
STS 283/2019, 5 de Marzo de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 773753541
STS 283/2019, 5 de Marzo de 2019
Número de Recurso: 4520/2017
Número de Resolución: 283/2019
Número del procedimiento: 4520/2017
R. CASACION núm.: 4520/2017
Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 4520/2017, interpuesto por la procuradora doña Ana Isabel Arranz Grande, en nombre y representación de REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, contra la sentencia de fecha 13 de junio de 2017, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estimó el recurso de apelación núm. 480/2016 sobre impuesto de bienes inmuebles (IBI). Ha sido parte recurrida el Ayuntamiento de Madrid, representado por el Letrado del Ayuntamiento de Madrid.
El objeto del presente recurso de casación lo constituye la sentencia de 13 de junio de 2017 de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (recurso de apelación 480/2016 ) que estima el recurso de apelación del Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia de 27 de abril de 2016 del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 34 de Madrid (PO 378/2015), en materia de IBI, ejercicios 2010 y 2011.
REAL MADRID CLUB DE FUTBOL impugnó ante el juzgado contencioso administrativo la resolución de 1 de julio de 2015 del Tribunal Económico Administrativo Municipal de Madrid, así como el Acuerdo de Liquidación del IBI del 2010 y 2011 resultante del procedimiento de comprobación limitada de 20 de agosto de 2012 con relación al inmueble sito en la Ciudad Deportiva Real Madrid de CM. Sintra 4 del Parque de Valdebebas en Madrid.
La pretensión anulatoria de la recurrente contra las liquidaciones se basaba en la inexistencia de hecho y base imponible sobre la que liquidar el Impuesto en virtud de las sentencias del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2012 (RCA 2092/2011 ) y de 30 de mayo de 2014 (RCA 2362/2013 ).
En el proceso contencioso-administrativo 378/2015, el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 34 de Madrid dictó sentencia el 27 de abril de 2016 , estimado el recurso y anulando las liquidaciones, de acuerdo con la argumentación que, en síntesis, encierra el siguiente párrafo de su Fundamento de Derecho Cuarto:
"A partir de lo hasta aquí expuesto, las pretensiones ejercitadas en la demanda habrán de acogerse pues no se explica que, sin faltar al principio de buena fe -que la propia Administración invoca en su escrito de contestación a la demanda, para oponerlo, sin razón alguna, a la actuación de la entidad actora-, pueda el Ayuntamiento demandado haber girado unas liquidaciones por el concepto tributario que nos ocupa en relación con un inmueble cuya naturaleza de urbana le ha sido firme y reiteradamente negada por el Tribunal Supremo; todo ello sin que haya ejercitado sus facultades y competencias delegadas para instar la modificación de los datos catastrales en los que se apoya para liquidar el IBI, aun sabiendo como sabe que los mismos no son ni ajustados a la realidad ni, menos aún, respetuosos con los pronunciamientos jurisdiccionales dados en los procesos en los que dicha Entidad Local fue parte."
Debemos igualmente recordar, que conforme al 61.3 TRLHL a los efectos del IBI tendrán la consideración de bienes urbanos los definidos como tales en las normas reguladoras del Catastro y finalmente, que art 7.2 RDL 1/2004 define también como bienes urbanos no solo el clasificado o definido por el planeamiento como urbano sino también: " el suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación urbanística o en su defecto por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica".
- Preparación del recurso. La procuradora doña Ana Isabel Arranz Grande en nombre y representación de REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, mediante escrito fechado el 19 de julio de 2017 preparó recurso de casación contra la sentencia dictada el 13 de junio de 2016 por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid .
Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identifica como infringidos los artículos 217.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre) ["LGT"]; los artículos 47 y 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre) ["LPAC"]; y la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
En particular, cita las siguientes sentencias: Sentencia de 28 de septiembre de 2012 (casación 2092/2011 ). Sentencia de 13 de diciembre de 2013 (casación 1003/2011). Sentencia de 30 de mayo de 2014 (casación 2362/2013 ). Igualmente, considera infringida la Sentencia de la Sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 10 de junio de 2014 (recurso de apelación 2031/2012 ).
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado el recurso mediante auto de 6 de septiembre de 2017 , ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo y emplazó a los litigantes para que comparecieran ante esta Sala Tercera.
- Admisión del recurso. La sección de admisión de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el recurso de casación por medio de auto de 12 de julio de 2017 , en el que aprecia la presencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada en estos literales términos:
" 1º) Admitir el recurso de casación RCA/4520/2017, preparado por la Procuradora doña Ana Isabel Arranz Grande, en representación de Real Madrid Club de Fútbol, contra la sentencia dictada el 13 de junio de 2017 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de apelación 480/2016 .
Determinar si la anulación del planeamiento urbanístico, que clasifica un sector como suelo urbanizable, conlleva que los terrenos afectados vuelvan a tener la clasificación de suelo no urbanizable y, en consecuencia, no puedan tener la consideración de suelo urbano a efectos catastrales, dando lugar a la nulidad de las declaraciones giradas del Impuesto de Bienes Inmuebles.
) Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación los artículos 217.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 47 y 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como 61.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 7.2 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. [...] "
- Interposición del recurso (síntesis argumental de la parte recurrente en casación). La procuradora doña Ana Isabel Arranz Grande en nombre y representación de REAL MADRID CLUB DE FUTBOL interpuso recurso de casación mediante escrito de 19 de enero de 2018 en el que indica que las normas infringidas por la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, son el art. 217.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT 2003 ), así como los arts. 47 y 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA 2015).
Razona que tales infracciones han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución recurrida, ya que la Sala de instancia declara que la realidad del terreno y de las edificaciones aboca a considerar el suelo como urbano, pese a que el planeamiento urbanístico fue declarado nulo por la STS de 28 de septiembre de 2012 (recurso 2092/2011 ).
Por ello, defiende que la anulación del Plan General de Madrid debería haber arrastrado la nulidad de las liquidaciones del IBI de los ejercicios 2010 y 2011, al estar viciadas por haber sido dictadas al amparo de unas disposiciones nulas, dado que en esos años el suelo estaba calificado como rústico.
- Oposición al recurso interpuesto (síntesis argumental de la parte recurrida en casación). El letrado del Ayuntamiento de Madrid, en nombre y representación de dicho Ayuntamiento, emplazado como recurrida en este recurso de casación, presentó escrito de oposición el 3 de abril de 2018, en el que solicitaba la desestimación del recurso de casación y la confirmación de la sentencia recurrida.
Argumenta que a tenor del artículo 7.2 del texto refundido de la ley de catastro las construcciones existen, y que él sólo declarado no urbanizable está ya urbanizado por lo que a tenor de dicha disposición es posible considerar el suelo como urbano también a efectos catastrales y que, en todo caso, la improcedencia de la valoración catastral es competencia de la administración estatal, deben combatirse a través de los recursos correspondientes y que el ayuntamiento debe aplicar forzosamente dicha valoración.
- Votación, fallo y deliberación del recurso . De conformidad con el artículo 92.6 de la Ley de la Jurisdicción , y considerando innecesaria la celebración de vista pública atendiendo a la índole del asunto, mediante providencia de fecha 23 de abril de 2018, quedó el recurso concluso y pendiente de señalamiento para votación y fallo
En primer lugar, se recoge una cuestión, claramente urbanística, consistente en determinar (1) "si la anulación del planeamiento urbanístico, que clasificaba un sector como suelo urbanizable, comporta que los terrenos afectados vuelvan a tener la clasificación de suelo no urbanizable."
En segundo término, el auto de admisión parece anudar la respuesta al anterior planteamiento a que los terrenos ya no puedan ser considerados urbanos desde el punto de vista catastral al expresar (2) "y, en consecuencia, no puedan tener la consideración de suelo urbano a efectos catastrales"
En tercer lugar, el auto de admisión parece asumir de forma implícita -como consecuencia jurídica de lo anterior- que al anularse el plan que, a su vez, justificó el valor catastral del inmueble como urbano, las liquidaciones quedarían afectadas de nulidad, (3) "dando lugar a la nulidad de las declaraciones giradas del impuesto de bienes inmuebles", aunque debe entenderse que, en lugar de declaraciones giradas, se trataría de liquidaciones giradas, que fueron, precisamente, los actos administrativos impugnados en instancia.
En efecto, con relación a la proyección de la nulidad del planeamiento urbanístico sobre la consideración catastral de un determinado bien inmueble como rústico o urbano (cuestión 2), incluso aunque diésemos una respuesta positiva al primer planteamiento, esto es, que anulado el plan "revive" la clasificación anterior (suelo no urbanizable de especial protección), lo cierto es que la realidad urbanística y la catastral no siempre coinciden, entre otras razones, porque el propio legislador parece admitir que "catastralmente" una finca pueda ser considerada como urbana, pese a que "urbanísticamente" no goce de dicha condición.
El adecuado planteamiento del litigio exigirá analizar esta posibilidad con relación a las circunstancias del caso, esencialmente a partir del estudio del artículo 7.2 del TRLCI y de nuestra sentencia de 30 de mayo de 2014 (recurso 2362/2013 )
Precisamente, la resolución de 1 de julio de 2015 del Tribunal Económico Administrativo Municipal de Madrid (referida a la liquidación), combatida directamente ante el juzgado, consideró que no tenía competencia para revisar la legalidad de los actos catastrales emanados de los órganos de la Administración General del Estado y que su análisis debía limitarse exclusivamente a comprobar si las actuaciones municipales tributarias se ajustaron estrictamente a los datos obrantes en el Catastro inmobiliario en la fecha del devengo del impuesto.
Esta argumentación, por lo demás, la ha mantenido de forma constante el Ayuntamiento de Madrid, lo que reclama el análisis de las relaciones entre gestión catastral y gestión tributaria, teniendo en consideración, entre otras, nuestras recientes sentencias 196/2019, de 19 febrero (rec. 128/2016 ) y 273/2019, de 4 de marzo (rec. 11/2017 ).
Ahora bien, el contexto urbanístico que rodea este asunto es mucho más complejo, pues la nulidad de pleno derecho declarada por la sentencia del Tribunal Supremo de 2007 respecto de la revisión del PGOUM, es decir, del plan matriz, determinó (1) la nulidad en cascada de los sucesivos instrumentos de planeamiento de desarrollo, (2) el fracaso de los intentos de justificar a posteriori la desclasificación de terrenos de suelo no urbanizable de especial protección, para pasar a suelo urbanizable no programado y, en definitiva, (3) la no prosperabilidad de los intentos de subsanar o validar la nulidad de la revisión efectuada en 1997 .
-La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid de 10 de junio de 2014 anuló el Proyecto de Reparcelación del citado ámbito de Valdebebas - aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid el 25 de noviembre de 2009-, al considerar que se trataba de un acto de gestión urbanística dictado en desarrollo y ejecución de unos instrumentos urbanísticos de planeamiento cuya nulidad fue declarada por el Tribunal Supremo
Tampoco prosperaron los sucesivos instrumentos de planeamiento de desarrollo que se aprobaron, por cuanto el plan matriz (PGOU, revisado) era ya nulo de pleno derecho. Esta circunstancia es importante destacarla a los efectos de tener presente que durante los ejercicios 2010 y 2011 a los que se refiere el presente recurso, ni si quiera existía, en consecuencia, instrumento urbanístico de desarrollo que incidiera sobre la nueva clasificación del suelo como suelo urbanizable no programado, abstracción hecha de la nulidad de esa clasificación.
Cabría considerar que dicha habilitación se produjo con posterioridad, por la nueva revisión aprobada en 2013 que, en efecto, resultó avalada por el Tribunal Supremo pero no su aplicación retroactiva. Por tanto, la anulación del carácter retroactivo de esa revisión de 2013 desactiva la argumentación del Ayuntamiento de que al aprobarse retroactivamente dicha revisión los terrenos seguían manteniendo la consideración de urbanos también en los años 2010 y 2011, argumentación que omite dar cuenta de la anulación de la previsión retroactiva.
Como hemos expresado, el auto de admisión plantea la necesidad de resolver, en primer término, una cuestión eminentemente urbanística, la relativa a determinar "si la anulación del planeamiento urbanístico, que clasificaba un sector como suelo urbanizable, comporta que los terrenos afectados vuelvan a tener la clasificación de suelo no urbanizable."
El escenario urbanístico descrito en el fundamento de derecho anterior permite mantener, sin género de dudas, que en 2010 y 2011 no tuvo efecto la revisión del PGOU pues, por lo que se refiere a la reclasificación como suelo urbanizable no programado de lo que era suelo no urbanizable de especial protección, fueron constantes los pronunciamientos de nulidad encadenada que comportó la revisión llevada a efecto en 1997.
En cualquier caso, el efecto primordial de la nulidad de una disposición general, categoría a que pertenecen los instrumentos de planeamiento urbanísticos posee varias notas distintivas que la jurisprudencia de este Tribunal ha perfilado de modo constante y reiterado . En especial, cabe considerar que la declaración de nulidad de pleno derecho de un plan produce efectos erga omnes y ex tunc, de modo que no se ocasionan a partir de la declaración, sino que se retrotraen al momento mismo en que se dictó la disposición general declarada nula. A partir de aquí, recobra su vigencia la normativa urbanística que le precedió y a la que sustituyó el plan anulado porque la nulidad se extiende a los efectos derogatorios que el plan que desaparece del mundo jurídico hubiera podido desplegar ( sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 1988 , rec. de apelación).
Llegados a este punto y, en particular, a la conclusión de que la finca en cuestión tenía durante 2010 y 2011 la clasificación urbanística de no urbanizable de especial protección, debemos indagar sus consecuencias a efectos catastrales.
Analizado el expediente administrativo resulta que el acuerdo de incorporación al catastro de la finca de la sociedad recurrente es de fecha 19 de septiembre de 2011, y determinó la alteración catastral del inmueble de su propiedad como urbano con efectos de 14 diciembre 2009, fecha de publicación del proyecto parcelación "parque de Valdebebas".
En cualquier caso, y sin perjuicio de la trascendencia que ello tenga a los efectos de la liquidación impugnada, no deja de resultar llamativo que la Administración catastral adopte el acuerdo de incorporación al catastro el 19 de septiembre de 2011(cuando ya había sentencias anulando la revisión de 1997, entre otras, la más importante, la sentencia del sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 2007 ) y proceda a habilitar catastralmente como urbano un inmueble erigido ni más ni menos que sobre un terreno no urbanizable de especial protección.
En el momento al que se retrotrae los efectos de la alteración catastral, esto es, el 14 diciembre 2009, ya había entrado en vigor la Ley 36/2006, circunstancia que aconteció el 2 diciembre 2006. Sin embargo, en el presente caso, el acto de alteración catastral toma como referencia para incorporar el inmueble al catastro, un proyecto que reparcelación cuya validez resultaba comprometida desde el momento que se dictó en desarrollo y ejecución de instrumentos urbanísticos de planeamiento anulados por el Tribunal Supremo y ello, con independencia de que, efectivamente, el proyecto de reparcelación fuese anulado por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid de 10 de junio de 2014 .
Ciertamente, no se suscitan muchas sobre el grado de consolidación urbanística alcanzado en dicho ámbito en los años 2010 y 2011, circunstancia que, desde luego, podría justificar a través de una aplicación del principio de proporcionalidad -como así recogen algunos pronunciamientos judiciales, específicamente, con relación a Valdebebas- el mantenimiento de construcciones ilegales.
Ahora bien, una cosa es evitar la demolición a través del principio de proporcionalidad, es decir (desde una perspectiva fáctica) y otra muy diferente tener que avalar (en el plano jurídico en el que nos encontramos) la condición urbana del inmueble por la circunstancia de la existencia de servicios urbanísticos y del grado de consolidación de la edificación, lo que a nuestro juicio resulta improcedente, en particular, porque la alteración catastral se justificó por la aprobación de un proyecto de reparcelación viciado de validez, por constituir ejecución y desarrollo del planeamiento anulado y porque, además, para el caso de que, incluso, si se tuviesen en consideración los servicios urbanísticos existentes en aquel momento, cabría llegar a la misma conclusión, dado que desde el punto de vista estrictamente jurídico pugnaban con la preservación de una determinada clasificación del suelo (urbanizable de especial protección)
Al fin y al cabo, como expresa -desde la perspectiva urbanística- la sentencia de esta Sala Tercera, de 16 marzo 2016 (rec. 2775/2014 ) la mera existencia en una parcela de los servicios urbanísticos no es suficiente para su clasificación como suelo urbano.
En este sentido, conviene recordar que la vinculación a la realidad a la hora de clasificar el suelo urbano no puede ser de tal naturaleza que se imponga al planificador incluso en aquellos casos en que los servicios o la consolidación de la edificación sean ilegales, procediendo, en tales casos, que la Administración urbanística ejerza sus potestades de restauración del orden urbanístico y de disciplina urbanística, en lugar de aceptar a ciegas o mantener la urbanización ilegal.
Y esto es lo que ocurría en los años 2010 y 2011 con relación al bien inmueble al que se refiere este recurso pues, conforme a todo lo expresado anteriormente, el proyecto de reparcelación que motivó, precisamente, la alteración catastral, constituía ejecución y desarrollo de un planeamiento anulado sin que las construcciones existentes -en aquella época, también contrarias al planeamiento- permitiesen reconducir o intentar justificar la condición de urbano del bien inmueble al que se refiere presente recurso a través de la realidad material que representa su transformación o de los servicios urbanísticos a los que se acaba de hacer referencia.
La lectura de los dos anteriores fundamentos de derecho permite extraer como conclusión que la nulidad de la clasificación del suelo como urbanizable no programado, a partir de la modificación de la anterior clasificación como no urbanizable de especial protección determinó que en 2010 y 2011 el bien inmueble de la recurrente tuviese la consideración de rústico no sólo desde la perspectiva urbanística sino también desde la catastral.
- En las expresadas sentencias hemos tenido oportunidad de reafirmar con rotundidad la distinción entre gestión catastral y gestión tributaria en aquellos tributos que, como el IBI o el IIVTNU, se gestionan de forma compartida por la Administración estatal (catastro) y por la municipal, de manera que corresponde a la primera la atribución del valor catastral a los bienes inmuebles a efectos de determinar la base imponible del IBI y los parámetros del IIVT, debiendo proceder el Ayuntamiento a aplicar dichos valores catastrales.
- En consecuencia, la exacción de IBI se produce mediante procedimientos administrativos que se encuentran secuencialmente relacionados de modo que la validez y eficacia de las actuaciones tributaria dependen de la validez y eficacia de las actuaciones de gestión catastral. El punto de conexión entre gestión catastral y gestión tributaria reside en la determinación de la base imponible del impuesto que viene constituido por el valor catastral, correspondiendo al catastro determinar si el terreno es de naturaleza urbana o rústica; dicho valor constituye el resultado de la gestión catastral y el punto de partida para la gestión tributaria, la gestión tributaria empieza, por tanto, donde termina la gestión catastral, como regla general, y a partir de la resolución que adopte el catastro, el Ayuntamiento liquidará el terreno como rústico o urbano a los efectos del IBI.
- A partir de este diseño, cuando se recurre la liquidación del IBI o de IIVTNU, habiendo alcanzado la valoración catastral firmeza y resultando inatacable ya, por no haberse recurrido ni la ponencia de valores ni la notificación individualizada del valor catastral del inmueble, resulta improcedente fundar la impugnación en la incorrección de la valoración catastral. La regla general, por tanto, debe formularse en el sentido de que impugnándose la liquidación, gestión tributaria, no cabe discutir el valor catastral que adquirió firmeza, gestión catastral.
- No obstante, esa regla general puede ceder ante situaciones excepcionales inspiradas en principios superiores que deben, en determinadas situaciones, prevalecer frente al principio de seguridad jurídica y, en consecuencia, frente al carácter estanco o impermeable de esa distinción entre ambos ámbitos de gestión.
Y, sin perjuicio de la responsabilidad que ostentan los titulares de ciertos derechos (artículos 9 y 13 TRLCI) no hay que olvidar que compete también al Ayuntamiento preservar la correspondencia entre catastro y realidad urbanística, tanto a través del procedimiento de comunicaciones al catastro (artículos 11 y 14 TRLCI) como promoviendo las correspondientes inspecciones catastrales con el objeto de verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en la normativa catastral, la integridad, exactitud y veracidad de las declaraciones y comunicaciones y la investigación de hechos, actos o negocios que no hayan sido declarados o comunicados o que lo hayan sido parcialmente (artículo 19 TRLCI).
Con independencia de que la recurrente impugnase o no los actos de gestión catastral las posibilidades de reacción para discutir con éxito desde la perspectiva catastral la valoración del bien inmueble y su naturaleza como rústico o urbano eran prácticamente nulas, dada la inestabilidad del marco urbanístico. Además, el acuerdo de incorporación al catastro de la finca de la entidad recurrente fue anterior en más de un año al hecho sobrevenido representado por la sentencia del Tribunal Supremo de 28 septiembre 2012 , toda vez que dicha alteración catastral se produjo el 19 de septiembre de 2011 cuyos efectos, además, se establecieron en retrospectiva, el 14 diciembre 2009.
La interpretación conjunta de los artículos 61.3, 65, 77.1 y 5 del TRLHL, así como de los artículos 4 y 7.2 del TRLCI permite, mediante la impugnación de las liquidaciones por IBI y en las excepcionales circunstancias de este caso, discutir el valor catastral del inmueble (base imponible del impuesto), aun existiendo una valoración catastral firme en vía administrativa, excepcionalidad representada por una situación urbanística de absoluta inestabilidad, derivada de varios recursos jurisdiccionales, declaraciones de nulidad e intentos de subsanación a posteriori, en el marco de la anulación de las disposiciones que clasificaban un sector como suelo urbanizable, con incidencia directa sobre la consideración catastral como urbano o rústico del bien inmueble en cuestión -al comportar que los terrenos afectados volviesen a tener la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección- en virtud de múltiples sentencias, algunas de las cuales, además, fueron dictadas con posterioridad al acto de alteración catastral, de manera que no pudieron ser invocadas frente a dicho acto por los interesados.
Debe partirse del dato de que el 1 de enero de 2010 y el 1 de enero de 2011 -a tenor del artículo 75 TRLHL el IBI se devenga el primer día del periodo impositivo- el bien inmueble cuya titularidad corresponde en un determinado porcentaje a la recurrente tenía naturaleza del bien inmueble rústico.
Planteado así el debate debe rechazarse, no obstante, que no existiese hecho imponible. De acuerdo con el artículo 61 TRLHL constituye el hecho imponible del IBI la titularidad de una serie de derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales, en particular y por lo que afecta al caso que nos ocupa, el derecho de propiedad.
Pues bien, desde el momento que la recurrente acreditó en aquella fecha la titularidad del derecho de propiedad sobre el inmueble sito en la Ciudad Deportiva Real Madrid de CM. Sintra 4 del Parque de Valdebebas en Madrid, es evidente que el hecho imponible concurre, con independencia de que dicha finca fuese rústica o urbana.
Consecuentemente, de conformidad con el artículo 93.1 LJCA , y con arreglo a la doctrina consignada en el fundamento de derecho anterior procede casar y anular la sentencia de 13 de junio de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (recurso de apelación 480/2016 ), en la medida que, de acuerdo con todo lo argumentado, debería haber desestimado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 27 de abril de 2016 del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 34 de Madrid (PO 378/2015), en materia de IBI, ejercicios 2010 y 2011.
) Fijar como criterio interpretativo de esta sentencia el siguiente:
) Declarar haber lugar al recurso de casación núm. 4520/2017, interpuesto por la procuradora doña Ana Isabel Arranz Grande, en nombre y representación de REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, contra la sentencia de fecha 13 de junio de 2017, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , sentencia que se casa y anula.
) Desestimar el recurso de apelación núm. 480/2016 interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid frente a la sentencia de 27 de abril de 2016 del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 34 de Madrid (PO 378/2015), en materia de IBI, ejercicios 2010 y 2011.
) Respecto de las costas de la casación cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.
) Por lo que se refiere a las costas de la instancia cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

References: resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 7
 artículo 92
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 artículo 75
 artículo 61
 artículo 93