Source: http://peronismolibre.blogspot.com/2010/01/
Timestamp: 2018-07-16 02:58:04+00:00

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PERONISMO LIBRE: enero 2010
NO ALCANZA CON QUE EL PODER CENTRAL SE DECIDA A RESPETAR LA FORMA FEDERAL DE GOBIERNO…
TAMBIEN ES IMPORTANTE QUE LOS GOBIERNOS PROVINCIALES LO EJERZAN
El “Poder Federal” de los Estados Provinciales no constituye una concesión “graciosa” del poder central ni un “adorno folklórico” que Gobernadores y Legisladores Provinciales utilizan en sus discursos proselitistas.
Es potestad indelegable de las Provincias.
Y su preservación una grave responsabilidad de las autoridades constituidas de las mismas.
Hoy asistimos a la humillante paradoja según la cual, gobiernos regionales notablemente perjudicados por el avance de un sistema anticonstitucional y unitario que exprime a las fuerzas productivas provinciales con impuestos confiscatorios y agobiantes, no encuentran mejor solución a sus embarazos financieros que aumentar la “opresión impositiva” a sus propios comprovincianos.[1]
SOBRAN RAZONES DESDE UN PRUDENTE CRITERIO CONSTITUCIONAL Y ECONÓMICO PARA TILDAR DE IRRAZONABLE EL AUMENTO DE IMPUESTOS Y TASAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES…
No se solucionan problemas atacando los síntomas y agravando las causas.
El ahogo financiero de las Provincias tiene como fuente primaria la concentración del cobro y del usufructo de los impuestos en manos del poder central.
La actual situación convierte en cómplices a Gobernadores, Legisladores e Intendentes.
Los datos que muestran el despojo son elocuentes:
La masa total de impuestos al inicio de la Democracia durante el Gobierno del Dr. Alfonsín se distribuía de la siguiente manera: 45% para la Nación y 55% para las Provincias.
Durante el Gobierno de Menem esta ecuación se invirtió resultando: 55% para la Nación y 45% para las Provincias.[2]
Durante la actual administración llegamos al extremo: La Nación (la Kaja K) concentra el 75% del total recaudado subsistiendo para el resto de las Provincias y Municipios un 25% residual.
Este abuso violento es la causa del ahogo financiero que sufren Provincias y Municipios.
Esto no se soluciona aumentando los impuestos a los “comprovincianos productivos”
Este escenario no sólo es grave por sus resultados económicos, sino que opera en evidente violación al principio federal de gobierno instituido por nuestra Constitución Nacional.
El federalismo político deviene en simple declamación retórica si no lo acompaña el federalismo económico y fiscal.
Y esto, nuevamente, no se soluciona aumentando los impuestos a los comprovincianos.
La carga impositiva desalienta la actividad económica al punto de disminuir la base de recaudación de las mismas Provincias (Ejemplo: Ingresos brutos) así como de aquellos impuestos que son coparticipables (Ganancias, IVA).
Esto, una vez más, no se soluciona, sino que se agrava, con más impuestos.
Las Provincias cuyas producciones han sido afectadas por las retenciones son damnificadas por doble vía:
Las retenciones afectan la principal fuente de riqueza del interior. Con esto, además de consolidar una intolerable discriminación (al sector agropecuario y al interior), se lacera gravemente la aptitud recaudatoria de los Estados Provinciales[3].
Las retenciones no son coparticipables salvo en un escasísimo 16% (No un 30% como se ha publicitado)[4]
Este atropello, vale la pena repetir, no se soluciona con más impuestos.
La “OPRESION IMPOSITIVA al ciudadano” ha llegado a su límite.
Los impuestos confiscatorios son anticonstitucionales, indefendibles y contradictorios con sus mismas finalidades.
Investigaciones de varias Universidades demuestran que el costo de cualquier producto contiene un 50% de carga impositiva acumulada durante las diversas etapas de la cadena de valor.
Un Argentino medio debe trabajar hasta Agosto para el fisco y sólo a partir de allí puede gozar de lo que ha obtenido con su esfuerzo.
Para quien produce, estos guarismos empeoran. A diario somos testigos de la increíble circunstancia según la cual algún agente económico que podría invertir generando riqueza y empleo decide no hacerlo agobiado por presiones impositivas insostenibles.
Tratándose de actividades agropecuarias esto empeora. En años de malas cosechas las retenciones consumen el 100% de la renta y más aún, avanzan sobre el capital de trabajo. Increíble.
Sin embargo y a pesar de esta “opresión impositiva” vergonzosa los argentinos no gozan de servicios de salud, educación, justicia y seguridad acordes… debiendo contratar –quien puede hacerlo- estos mismos servicios en el campo privado, después de haber aportado para gozarlos con creces en el público.
Esto, que duda cabe, no se soluciona con más impuestos.
Aunque parezca extravagante en boca de quienes defendemos la libertad de comercio e industria, la propiedad privada y la transparencia de los precios hoy podríamos coincidir incluso con Karl Marx y afirmar a coro que las “relaciones de producción” impuestas por el poder central unitario oprimen a las “fuerzas productivas provinciales” apropiándose de la “plusvalía” de quienes crean, trabajan y se esfuerzan, en beneficio de una clase parasitaria y explotadora alienada en su propia maquinaria de poder.
Este perverso sistema de explotación tampoco se soluciona con más impuestos.
Según nuestra Constitución Federal las Provincias preceden a la Nación y conservan todo el poder que no fue expresamente delegado por la misma (Const. Nac. Art. 121).
La rapacidad fiscal del poder central unitario, que hiere de muerte a nuestras Provincias y a sus habitantes sería imposible sin una larga cadena de complicidades y delegaciones anticonstitucionales.
Ahora bien, la calificación de “traición a la patria” que prescribe el artículo 29 de nuestra Constitución Nacional alcanza, según la misma Constitución, no sólo a quienes formulen o firmen estas delegaciones, sino a quienes las “consientan” (aunque no las hayan formulado ni firmado).
Tolerar, continuar o preservar el actual estado de “avasallamiento fiscal” significa claramente “consentir”.
Compensar sus nefastas consecuencias con más impuestos significa “consentir”.
Los ciudadanos no podemos consentir.
Los Señores Gobernadores, los Señores Legisladores Provinciales, tampoco.
Nuestras potestadas federales devienen abstractas si no se ejercen los Derechos Económicos de Provincias que hoy están siendo “salteadas” como no ocurrió nunca en nuestra historia (siquiera durante el reinado de la Corona Española).
Por muchísimo menos se desataron en nuestro país en el siglo XIX sangrientas guerras entre federales y unitarios –que no hubieran imaginado en sus sueños más delirantes que un día se apropiarían del 75 % de lo recaudado en todo el país-.
No vale esgrimir el argumento del “mientras tanto” ni del “hasta tanto…”. Los impuestos son inflexibles a la baja e inmunes a todo intento de eliminación. “Mientras tanto y hasta tanto” se instauró el provisorio impuesto a los réditos en 1932 para no desaparecer nunca; el aumento del IVA del 13 % al 18%; el nuevo aumento del 18% al 21% más tarde; el impuesto al cheque en algún momento y las retenciones para financiar la guerra del Paraguay en el siglo XIX
O somos un país federal o somos un país unitario y feudal sometido eternamente a “alianzas de vasallaje” con el poder central
Las Gobernaciones no pueden trasladar a sus pueblos las consecuencias del latrocinio depredatorio de un grupo mesiánico que gobierna sin la menor consideración a la Constitución Nacional, el Estado de Derecho y el Federalismo.
Las autoridades de Provincia (Estados preexistentes a la Nación que conservan todo el poder que “expresamente” no hayan delegado) no tienen opción: O están al frente de sus Provincia en la recuperación de su histórica y legítima autonomía federal o son cómplices del poder central unitario.
No alcanza con que el poder central se decida alguna vez a respetar la forma federal de Gobierno.
Es fundamental que los Gobiernos Provinciales lo ejerzan.
Dr. Gabriel Vénica(MBA) gvenica@uade.edu.ar
[1] Aumento de inmobiliario, de Ingresos Brutos, eliminación de exenciones, tasa vial, etc. etc.
[2] A pesar de haberse desprendido la Nación de infinidad de empresas públicas deficitarias y de haber absorbido las Provincias la mayoría de las escuelas y hospitales, antes manos de la Nación.
[3] En el caso de la Provincia de Santa Fe el daño causado por las retenciones es notable, no sólo porque la producción agropecuaria constituye gran parte de su PBI, sino por el impacto de este impuesto distorsivo y antitecnológico en la Industria Metalmecánica fabricante de maquinaria agrícola que tiene su epicentro en esta Provincia.
[4] Cuando se habla de “coparticipar” el 30% se evita aclarar que de este 30% coparticipable el 14% corresponde a la Nación. Con lo cual del total de retenciones sólo vuelven a las Provincias (cuando vuelven) el 16%.
Posted by Diana Ferraro at 17:48
Labels: Gabriel Vénica, Política Económica
Esa pinza para la eliminación del peronismo real, cara a los antiguos oídos “gorilas”, ya de origen radical o liberal, y fundamentalmente útil para todas las social-democracias que aún se creen una solución fundante y duradera, podría ser, después de todo, nada más que la historia argentina siguiendo su curso y dejando atrás un movimiento significativo en su momento pero hoy acabado. Sin embargo, también podría ser lo que la realidad política argentina muestra que es: un mal cálculo político, pensando que la Argentina está sólo destruida por su escaso republicanismo, y no por el abandono de las políticas económicas liberales que la reintrodujeron en su camino de grandeza en los 90. El mal cálculo político que tolera que, por ejemplo, nadie reclame al Poder Judicial por su extraordinaria permisividad con la ocupación ilegal del PJ por los Kirchner. Ocupación a reafirmarse en las próximas semanas, por otra parte.
Posted by Diana Ferraro at 16:12
Fábula de genios
y mortales
“es un genio al odiar
a cualquiera (…)
intentará destruir
de lo suyo”.
Charles Bukowski, Genio de la multitud
Las últimas semanas han colmado de stress al matrimonio presidencial. Trascienden menos las melancolías de Néstor Kirchner porque ha decidido amurallarse en Olivos y salir poco al descampado, aunque se sabe por ocasionales contertulios que tiene tendencia a alterarse con más velocidad que la habitual y hasta se comentan algunos altercados con su esposa, la Presidente. Provocados, por supuesto, por las desdichas de la gestión.
Ella es la que más exhibe la exasperada mortificación que le provocan las últimas frustraciones. Como a su marido, le cuesta asimilar las crecientes resistencias que la realidad opone ahora a sus designios: por caso, la saca de quicio no haber logrado en más de cuarenta días que se obedezca su decreto “de necesidad y urgencia” destinado a tomar el control sobre los (en principio) 6.500 millones de dólares del Fondo del Bicentenario. También a su marido, pero a diferencia de él, ella es la que exhibe el rostro desencajado, la voz altiva y la crispación de los gestos ante cámaras y micrófonos; ella la que se expone en los escenarios, aunque lo haga siempre rodeada por un elenco más o menos estable de asistentes incondicionales. No obstante, por más devoto que sea el público, hasta los vítores y los aplausos pueden suscitar momentos sombríos cuando el protagonista tiene propensión al vacío.
Ocurrió la última semana, en la Biblioteca Nacional, durante un acto. Algún fiel, con ánimo lisonjero le gritó: “¡Genia!”. Y la señora vaciló. Hay que conocerla: doce años atrás, cuando todavía le concedía entrevistas al diario La Nación, la dama confesó que había soñado con ser cantante lírica y que el piropo que más le llegaba era: “¡Qué inteligente es!”. Resulta comprensible que aquel “¡genia!” de su adicto de la Biblioteca la abrumara amablemente: se tomó dos o tres segundos antes de levantar un reparo, que reiteró tres veces, como para reforzar su convicción: “Soy mortal, soy mortal, soy mortal”… Y como para dar una prueba agregó una frase reveladora y fatal: “Si fuera un genio, haría desaparecer a algunos”.
Un ratito más tarde, la señora corrigió el concepto. “No haría desaparecer a nadie”, aclaró. ¿Qué duda cabe? Muchísima gente dice “te mataría” y no por ello se convierte en un asesino real.
La revelación oratoria de la presidente no se refiere a lo que pueda hacer en la realidad, sino más bien al curso de sus fantasías, a los mecanismos de compensación psicológica que la consuelan por el hecho de que ya el gobierno ha perdido la capacidad de que hacía gala hasta hace algunos meses de transformar sus deseos o sus decisiones en hechos. No sabe ya qué ocurrirá con la pretendida apropiación por el Ejecutivo de miles de millones de las reservas del Banco Central, frenada ya en dos instancias por la Justicia, no sabe qué ocurrirá con la renegociación de la deuda defaulteada que le prometió su ministro de Economía, no sabe cómo cubrirá los gastos que preveía.
En virtud de aquellas fantasías a veces desbocadas o de los embelecos conspirativos fraguados en Olivos, la señora de Kirchner decidió esta semana comunicarle a las autoridades chinas que no podía cumplir con una visita de estado programada por más de un año junto con la República Popular –la segunda potencia del mundo, el principal cliente de Argentina. Alegó públicamente que no se atrevía a dejar el Poder Ejecutivo en manos del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, que no llegó a ese puesto (ni, seguramente, lo abandonará por obra de genio alguno) sino porque el matrimonio Kirchner lo eligió como número dos de su boleta electoral y cosechó, en definitiva, la misma cantidad de votos que la hoy presidente.
La coartada para no viajar a China resulta muy poco sustentable. En rigor, cualquier excusa es irrelevante: lo decisivo son los hechos.
El gobierno volvió a demostrar que subordina absolutamente la política exterior y la inserción de Argentina en el mundo a la política doméstica. Se trata de otra asignatura en la que el matrimonio presidencial se distancia de Juan Perón. Este recordaba que la política doméstica es un asunto de segundo orden, “una cosa casi de provincias”, frente a la importancia de “la política internacional, que se juega adentro o afuera de los estados”.
El otro hecho: la presidente admitía ante el mundo la debilidad en la que se siente, tan grande que ni siquiera puede dejar su país por una visita de la importancia que revestía el viaje a China. El gobierno dice una cosa con las palabras y otra distinta con su práctica.
“Nunca estuvo en riesgo la gobernabilidad ni lo estará, por una razón sencilla: estoy gobernando”, había sostenido la señora de Kirchner el martes 19, en conferencia de prensa. Simultáneamente renunciaba a cumplir los compromisos diplomáticos establecidos por su gobierno para el viaje a Beijing, se confesaba inquieta por la conducta institucional de su vicepresidente y no conseguía echar por decreto a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central ni dotar al Fondo del Bicentenario de “efectividades conducentes”.
Si la señora de Kirchner se siente impulsada a desmentir problemas de gobernabilidad es porque su gobierno erosiona crecientemente su autoridad al pretender imponer actos ilegales, o al transitar procedimientos irregulares. Fundamentalmente, ella desgasta su gobierno al dar muestras de que no comprende un hecho político básico: lo que ella (y antes, su marido) podían hacer con poco o ningún inconveniente ya se vuelve arduo o imposible, porque han perdido poder y legitimidad (lo que quedó sancionado por el comicio del 28 de junio y por la intención del propio gobierno de ignorar ese pronunciamiento). Sin autoridad y sin poder para tomar decisiones per se, sin voluntad de cohabitar razonablemente con los otros poderes del Estado, el gobierno K se llena de chichones al chocar con los límites que ya no puede transgredir como antes.
Hasta cuando retrocede para subsanar transgresiones legales anteriores, el gobierno sigue chocando y provocándose daños. Al registrar que su intención de echar a los panzazos a Martín Redrado no se concretaba, la señora de Kirchner decidió someterse al “consejo” del Congreso que le impone la Ley.
Se trató de una evidentísima marcha atrás. Pero la señora quiso vestir la reversa con tonos de ofensiva, de modo que su vociferante jefe de gabinete (amenazado de juicio político) se dirigió a la Cámara de Diputados pidiéndole a su presidente que convocara de manera “urgente” a las comisiones que deben actuar, insistió en la vigencia del decreto firmado por la presidente y se refirió a Redrado como “quien persiste en permanecer en un cargo del que ha sido removido”.
Por su parte, la señora de Kirchner le enviaba una nota a Julio Cobos para que convocara a la comisión especial para el martes a las 10, atropellando en los detalles las atribuciones del vicepresidente. Aníbal Fernández agregaría unos puntos a su estilo dialoguista al decir que “Redrado no entra más al Central”. Sólo falta que se sume Guillermo Moreno y le haga al presidente del Central o a Julio Cobos el gesto del degüello (filo interior de la mano derecha deslizándose sobre la yugular) que en su momento le dedicó a Martín Lousteau, mientras aún eran ambos colegas de gabinete.
Si bien se mira, para que el paso atrás de la señora de Kirchner se encuadre en la ley, lo primero que debería hacer es derogar el decreto 18 de 2010 (firmado junto a todos los ministros en la primera reunión de gabinete de la familia de Kirchner en más de seis años) por el que se pretendió echar sin más al presidente del Banco Central.
La Ley Orgánica del Banco Central establece con claridad meridiana que “la remoción de los miembros del directorio será decretada por el Poder Ejecutivo Nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Honorable Congreso de la Nación.” Indiscutible el decreto debe ser posterior al consejo del Congreso. El DNU de la presidente es legalmente inválido.
Por otra parte, el propio texto de ese DNU, pensado para eludir al Congreso, es contradictorio con el tratamiento legislativo, ya que establece en su artículo 2: “Exceptúase de la aplicación del segundo párrafo del artículo 9º de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA aprobada por la Ley Nº 24.144 la remoción dispuesta en artículo 1º del presente”. Es decir la Presidente pretendió anular una ley por decreto, precisamente en el fragmento que establece la participación del Congreso. Esa participación que ahora solicita.
El gobierno actúa como un autito chocador tanto en las marchas como en las contramarchas. Y, como los autitos chocadores, maniobra en un sentido o en otro, pero no va a ningún lado.
La nueva relación de fuerzas que las elecciones impusieron en el Congreso y la creciente autonomía del Poder Judicial (el siempre ocurrente Jefe de Gabinete lo llama Partido Judicial) están marcando los límites de la pista.
Los autitos chocadores son una experiencia lúdica del principio de acción y reacción. El poder también responde a leyes físicas y no hay genio que las haga desaparecer.
Posted by Diana Ferraro at 19:25
Posted by Diana Ferraro at 15:21
Labels: Diana Ferraro, Peronismo y Liberalismo
El poder y la impotencia
Nueve días atrás, apenas iniciado el intermezzo que protagonizan el Poder Ejecutivo y Martín Redrado, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, sugirió que lo que estaba en discusión en ese tironeo era quién tomaba las decisiones en la Argentina, quién gobernaba. Bien: la respuesta que dejan estos diez días es una ironía del kirchnerismo: las decisiones las toman varios, pero cada vez es menos claro quién gobierna, porque esas decisiones las obedecen pocos; el poder que el gobierno se esfuerza en concentrar, parece evaporarse.
Aquel mismo día de Reyes, en un paréntesis de sus reflexiones públicas sobre el poder, Aníbal Fernández anunció al país que Martín Redrado ya no era presidente del Banco Central y aseguró que ya había sido designado su reemplazante: Mario Blejer. Puede constatarse que ni una ni otra cosa se ha cumplido. Es más: todavía no se han concretado los objetivos de los últimos dos decretos (“de necesidad y urgencia”) de la Presidente. El Fondo del Bicentenario no tiene fondos y Martín Redrado sigue como Presidente del Banco Central. Reflejo del vaciamiento del poder: Redrado es legalmente número uno del Central, pero aunque ocupe ese despacho, no lo gobierna, ya que su directorio se lo impide. A la vez, el directorio, que en su rebeldía muestra obediencia a Olivos, tampoco ha conseguido que su orden principal –traspasar 6.500 millones de dólares del Central al Poder Ejecutivo- se efectivizara, porque la disposición fue resistida por la línea profesional del Banco.
La lógica hipercentralista del kirchnerismo, obsesionada por concentrar poder, termina diluyéndolo.
Tanto el propio, como el de las instituciones que toca. Y, por cierto, el poder de la Argentina.
El embargo de reservas del Banco Central depositadas en el banco de la Reserva Federal de Nueva York, por disposición de un juez de los Estados Unidos representa, sin duda, un golpe durísimo contra nuestro país.
Señala Pascual Albanese en un análisis reciente y a la vista de ese embargo : “pese a participar formalmente del Grupo de los 20, esta acentuación de su estado de marginamiento de la comunidad financiera internacional hace que la Argentina padezca hoy la situación de aislamiento externo más grave de su historia desde la guerra de Malvinas en 1982”.
Ese embargo –provisoriamente levantado el viernes por el juez Thomas Griessa, mientras prepara una definición de fondo – era previsible. En primer lugar por el natural activismo de los bonistas insatisfechos: la deuda incumplida con aquellos que no aceptaron el canje del año 2005 dejó al país (aunque el gobierno mirara todos estos años para otro lado) en un default que se ubica, por su monto, en tercer lugar en el mundo, después del ruso de fines de los años 90 y del que nuestro país declaró en 2001.
El Banco Central ha contado para la protección de sus reservas frente a la amenaza de embargos con la ostentación de su autonomía, que le permite diferenciar sus cuentas de las del Estado, que es el suscriptor de la deuda pendiente de pago.
Fue este argumento el que estalló con la firma del decreto (“de necesidad y urgencia”) de la señora de Kirchner tanto como de la abundante argumentación suministrada en su defensa por el jefe de gabinete, el ministro de Economía Amado Boudou y su viceministro, Roberto Feletti. No es sorprendente que los llamados “fondos buitres” aportaran al juez Griessa esos testimonios (decreto, declaraciones) como prueba de que el argumento de la autonomía del Banco Central no era más que una excusa, una careta: la Presidente decidía tomar de esos fondos con un úkase y Economía admitía que con ellos pensaba afrontar gasto corriente, aunque la primera coartada del Fondo del Bicentenario fuera garantizar el pago de deuda del año en curso.
El embargo de Griessa venía a darle la razón a los reparos que esgrimía Redrado ante el traspaso de dólaresque le reclamaba la Presidente, objeciones que habían sido expuestas ya en diciembre por muchos economistas y por varios opositores.
El fracaso de la estrategia y los modales del Ejecutivo quedaron descarnadamente expuestos en varios planos:
· Sus movimientos han incrementado las vulnerabilidades del país.
· Su pretensión de hacer caja, una vez más, manoteando fondos ajenos para garantizarse la continuidad del disciplinamiento de las jefaturas políticas territoriales chocó con un obstáculo muy resistente. Sin los dólares del Banco Central el gobierno deberá afinar el lápiz, reducir gastos, incumplir promesas políticas.
·Se posponen sine die las conversaciones destinadas a reestructurar la deuda, que entusiasmaban a Boudou y a los bancos intermediarios. De un lado, la atmósfera de arbitrariedad creada por la pretensión de quedarse con los fondos del Central parecía un elemento disuasivo. A eso se ha sumado la reticencia de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), que objeta la información provista, en particular la elaboración estadística del INDEC.
· La pretensión de imponer sus decisiones a otros poderes e instituciones se topó ahora con una resistencia que, para el oficialismo (que no ha elaborado aún la magnitud de las derrotas que ha sufrido desde su pelea contra el campo hasta las elecciones de junio), resultó inesperada: resistió Redrado, actuó con independencia la Justicia, se movilizó el Legislativo para reclamar que los decretos presidenciales sean examinados por el Congreso (en rigor,la única “necesidad y urgencia” de esos decretos de la señora de Kirchner reside en su pretensión de eludir el escrutinio de Cámaras donde el kirchnerismo ya no cuenta con las mayorías automáticas de que dispuso hasta el fin de las sesiones ordinarias).
El gobierno se ha pialado en su propio lazo. Acostumbrado a confundir gobierno con mando centralizado y a arrinconar a quienes define como adversarios, su debilidad política queda al desnudo cuando manda y no consigue ser obedecido; cuando fracasa en el logro de sus objetivos. Al transformar cada situación en una pulseada de poder, convierte cada derrota en un desafío a la gobernabilidad.
Con aquella lógica el matrimonio presidencial rechaza los gestos con que sectores de la oposición aspiran a darles una salida elegante. Es que esa salida implicaría someter al Congreso el problema del Fondo del Bicentenario y el Ejecutivo se encierra en su concepción, según la cual puede gobernar tres meses por año por decreto, sin consultar al Poder Legislativo.
Aunque ya hay muchos oficialistas que cuestionan discretamente el rumbo definido desde Olivos y visualizan un acuerdo legislativo como el único camino para atravesar la crisis institucional generada, la resistencia a esa vía se encuentra en la cúspide del kirchnerismo. Los Kirchner asumen ese procedimiento como un insoportable recorte de su mando y, tal como ocurriera frente al campo durante 2008, rechazan los llamados al diálogo.
Sin una salida a la vista que se elabore en el campo político, la tendencia es que el conflicto se judicialice.
La prolongación de la crisis, que se manifiesta en distintas interpretaciones de la Constitución requeriría, así, alguna participación de la Corte Suprema. Con comprensible reticencia, los altísimos magistrados se resisten a cumplir ese papel. Quizás esa gambeta permita eludir otro conflicto de poderes: si actuara –como muchos constitucionales suponen- de modo de confirmar los límites al Poder Ejecutivo, probablemente caería, la Corte también, bajo el cargo de “conspiración” que los Kirchner reservan para explicarse y explicar las dificultades que atraviesan. Ya han incluido en esa conjura ( la “conspiración permanente” de la “máquina de impedir”) al vicepresidente Julio Cobos, a Redrado, a la mayoría de la oposición, a jueces argentinos y extranjeros (Thomas Griessa, ese “embargador serial”, según Boudou),al Grupo Clarín como expresión de los medios de comunicación;antes de ellos, el enviado de Barack Obama, el campo…
“La Presidenta tiene una desconexión con la realidad”, diagnosticó esta semana el moderado Roberto Lavagna. El relato de la conspiración es, más bien, una manifestación de agotamiento ante una realidad que se resiste a los caprichos, una realidad a la que no se puede ya gobernar a los panzazos.
La ilusión de un poder sin contención de las instituciones, superconcentrado se desliza, así, hacia la impotencia. La realidad se observa como un peligro. Esa amenaza se llama ingobernabilidad.
Señala Pascual Albanese en el trabajo que mencionamos antes: “En la Argentina, como ocurre en otros países latinoamericanos frágiles institucionalmente, el término juicio político, más que a un mecanismo constitucional específico, remite a un procedimiento de relevo presidencial impulsado en una situación de extrema conmoción interna y legitimado por la opinión pública, el Congreso y el Poder Judicial. En este contexto tienen que interpretarse las señales de negociación emitidas por la oposición política, especialmente por el radicalismo, para frenar una escalada de confrontación que derive en una crisis institucional desatada por un serio conflicto de poderes. Como ocurrió varias veces en el 2008 durante el transcurso del conflicto agropecuario, cuando la Mesa de Enlace buscaba afanosamente una vía de acuerdo con el gobierno, la respuesta está en manos de Kirchner”.
Posted by Diana Ferraro at 19:40
¿Qué fin tienen la tensión y la división?
Como ha ocurrido en otras oportunidades, fue Néstor Kirchner el que desencadenó una crisis en el gobierno que formalmente encabeza su mujer. El despido o reclamo de renuncia del presidente del Banco Central (más tarde burdamente maquillado de “aceptación” de una renuncia que Redrado habría presentado en fecha incierta y después “perfeccionado” con un despido por decreto de necesidad y urgencia) constituyó la clásica modalidad kirchnerista del panzazo y la atropellada irregular para conseguir algo que quizás podría haber obtenido con modos más corteses.
En rigor, la brusquedad había comenzado el 14 de diciembre, apenas unos días después del cierre de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando Cristina Kirchner anunció por Cadena Nacional la creación del llamado Fondo del Bicentenario, un manotazo del Ejecutivo a las reservas del Banco Central que en principio sería de 6.569 millones de dólares, aunque más tarde, cuando se conoció el Decreto de Necesidad y Urgencia con que el gobierno formalizó la idea, pudo verse que esa cifra no constituía un límite.
El gobierno alegó que el manotazo a las reservas se justificaba para dar a los acreedores señales de seguridad jurídica y solvencia, ya que el fondo –se alegaba-se destinaría a garantizar los vencimientos de la deuda del año en curso.
La provincia de San Luis reaccionó velozmente y se presentó ante la Corte Suprema para discutir el decreto y la creación del Fondo del Bicentenario. No hay necesidad ni urgencia que justifiquen ese decreto: los vencimientos ya estaban contemplados en el presupuesto que aprobó el Congreso (en el momento en que el oficialismo aún contaba con mayoría automática en las Cámaras) y por otra parte, el primer vencimiento importante recién ocurre en agosto. Las reservas –alegó San Luis- están para respaldar la moneda nacional, es decir el trabajo, las inversiones y los patrimonios de los habitantes de la nación.
El planteo de la provincia de San Luis fue rápidamente acogido por la Corte Suprema, signo de la solidez del planteo. La Corte le dio al gobierno diez días para fundamentar la medida, a partir de lo cual el Tribunal daría su posición.
La primera conclusión que rápidamente extrajeron los observadores acerca del Fondo del Bicentenario fue que, con la excusa de honrar los compromisos con los acreedores, el Ejecutivo estaba expropiando fondos del Central para financiar gasto, subsidios y acción política en la última etapa del gobierno, con la mirada puesta en las presidenciales de 2011. Los (en principio) 6569 millones de dólares –unos 25.000 millones de pesos- resultan un botín más que atractivo para gente tan gastadora como los Kirchner. Especialmente en tiempos de su desesperado descenso.
A la sombra alzada por la Corte Suprema sobre el decreto se sumó, a ojos de la familia gobernante, lo que observaron como una resistencia del Banco Central, que demoraba el ansiado traspaso de los fondos. Redrado y un buen número de directores del BCRA no estaban en principio dispuestos a cumplir como mandaderos el vidrioso decreto de necesidad y urgencia de CFK. Para esas autoridades del BCRA el cumplimiento de ese decreto chocaba, en principio con sus responsabilidades y obligaciones específicas establecidas en una ley de la Nación (la que estableció la Carta Orgánica del Banco) y merecía filtrarse a través de diversas consultas de orden jurídico. Particularmente cuando la misma Corte Suprema se abocó al tema por un recurso de la provincia de San Luis. El Banco Central no podía transferir fondos al Ejecutivo sin contar con el respaldo del Congreso; la disposición por decreto estaba en principio observada por la Corte Suprema y resultaba evidente que el Poder Ejecutivo había intentado eludir la opinión de las Cámaras, lanzando el decreto apenas unos días después del cierre de sesiones legislativas y omitiendo además una convocatoria a sesiones extraordinarias.
A esos reparos –que incluían las eventuales responsabilidades jurídicas que podían caberle al directorio del BCRA si actuaba como reclamaba la Casa Rosada- se sumó otro muy significativo: si el Central admitía el manotazo del Ejecutivo, se desvanecía su autonomía y con ella la muralla que permitió hasta el momento defender las reservas del acoso de los llamados “fondos buitres” ante tribunales esternos, como por caso el que preside en la ciudad de Nueva York el juez Thomas Griessa.
El ministro de Economía, Amado Boudou, no tuvo mucho problema en convencer a Néstor Kirchner de que había que actuar expeditivamente para evitar que los obstáculos que se insinuaban se consolidara e impidieran el traspaso de las reservas del Banco Central a una cuenta del ministerio de Economía. Néstor Kirchner hace un culto de lo expeditivo y lo irritan los límites, los reparos, las lógicas que discuten sus objetivos y sus procedimientos.
Boudou argumentó que la semana que comienza el lunes 11 de enero debía iniciar una gira para interesar a los tenedores de bonos en el canje de la deuda: para entonces debía estar consumado el Fondo del Bicentenario.
Cristina Kirchner inició, así su ofensiva sobre Redrado, la que empezó con el pedido de renuncia. Olivos bien podría haber intentado otros caminos: por ejemplo, la vía de la discusión del tema en el directorio del Banco Central. Allí los Kirchner cuentan con varios incondicionales –no menos de cuatro- entre los nueve miembros del organismo y podían adquirir otros apoyos, como más tarde se verificaría. No hubiera sido una idea ineficaz empezar una presión sobre Redrado por líneas interiores, especialmente considerando que el Presidente del BCRA sólo cuenta en el directorio con dos miembros sugeridos por él, Zenón Biagosch y Carlos Pérez.
En lugar de buscar una solución de ese tipo, Néstor Kirchner optó por la vía dura, que revela su incomprensión o su desprecio del sistema institucional, y su no admisión de las estructuras autónomas.
Kirchner se impacientó por las tribulaciones jurídicas y técnicas y por los reparos del Banco Central y decidió cortar por lo sano. Con la ayuda de alguno de los banqueros del capitalismo de amigos se adelantó a ofrecerle al reconocido Mario Blejer el puesto que Redrado todavía ocupaba. Blejer no se negó al principio, pero retrocedió precipitadamente cuando se dio cuenta del escándalo suscitado por el estilo K y la situación a la que corría el riesgo de someterse. Blejer no asumiría con trapos sucios a la vista.
La (para Olivos) inesperada resistencia de Redrado a la solicitud de renuncia suscitó una situación crítica para la que el comando de Kirchner no tenía respuestas pensadas. La señora de Kirchner tenía planeado viajar a Calafate en la noche del miércoles. Tuvo que postergar el traslado. Ese día y los siguientes, a medida que crecía el rechazo a los métodos oficiales, se la vio irritable, enojada e inusualmente descuidada en su estética.
El gobierno intento durante algunas horas una política de presiones y amenazas solapadas con las que no consiguió abatir la actitud de Redrado. Ni siquiera lo logró cuando llamó a la cancha a la crema de los banqueros privados, que a través de un comunicado de ADEBA le pidieron a Redrado que presentara la renuncia.
A esa altura, el gobierno podía exhibirse rodeado por los banqueros, por la parte de su tropa parlamentaria que no está de vacaciones, por Luis D’Elía y algunos jefes piqueteros y por Hugo Moyano y su sector de la CGT. Del lado opuesto, peronistas disidentes, radicales, miembros de la Coalición Cívica y el Pro y hasta sectores de la izquierda salían en defensa, más que de la figura personal de Redrado, del valor principal que su resistencia representaba: la autonomía del Banco Central y la necesidad de defender con firmeza el camino de la ley.
El gobierno avanzó y pretendio deponer a Redrado con un decreto (los voceros oficiales, ignorando las normas, siempre sostuvieron la idea de que el Presidente del Central debe obedecer a la presidencia de la República “que es la que lo puso”, así como consideraron que era el gobierno y no el Banco Central el que debía disponer de “las reservas que juntó la política presidencial”). Por unas horas –el tiempo que tardó la Justicia en conceder un amparo y reponer a Redrado en su puesto- el gobierno consiguió imponer un presidente provisorio. Ese funcionario, con el respaldo de los miembros kirchneristas del directorio decidió (en una reunión informal y en varios sentidos facciosa que se abriera una cuenta en el Ministerio de Economía para depositar el monto de las reservas asignados al Fondo del Bicentenario.
La decisión de la jueza María José Sarmiento, que devolvió a Redrado a su cargo, también bloqueó el traspaso de fondos del Central al Ejecutivo hasta tanto haya una resolución de sustancia sobre la cuestión (algo que quedará en manos de la Corte Suprema). Esa decisión no podía sino irritar al estilo K., por más que el gobierno descontara que su apelación ante la Cámara contencioso-administrativa le resultaría favorable pues –como señaló el diario La Nación- “es probable que la influencia que ejercen los operadores políticos del Gobierno sobre los jueces que integran la Cámara opere a favor de la posición oficial”. En cualquier caso, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, no se privó de considerar “ridícula” la disposición judicial, el ministro de Interior aventuró que la jueza deconocía la Constitución y el sábado, en Santa Teresita, Néstor Kirchner, dijo que la doctora Sarmienta “es una vergüenza” y exhortó a que “ los poderes internos de la Justicia hagan lo que corresponde por su actitud”.
El mismo sábado, la magistrada citó a la prensa para declarar que se sentía presionada: "Jamás he visto un procedimiento así. Hay un móvil policial en la puerta de mi casa y yo nunca pedí custodia" dijo la jueza. “Acudo a la prensa para que se sepa; tengo 30 años en la Justicia y jamás había visto un procedimiento así, ignoro a qué se debe esta actitud", agregó.
La tendencia del oficialismo a tensar las situaciones al máximo y avanzar sobre los límites institucionales sin reparar en las consecuencias en términos de conflicto y división interna parece haber llegado en esta ocasión a un punto sensible.
Dirigentes políticos y eminentes constitucionalistas nombraron esta vez dos palabras que hasta el momento, por responsabilidad o por prudencia, muchos han estado evitando: “juicio político”. El prestigioso jurista Félix Loñ, tras declararse “harto de los atropellos a las leyes del matrimonio presidencial”, advirtió que "evidentemente (la señora de Kirchner) se expone al juicio político porque no se justifica el dictado del decreto de necesidad y urgencia" que dispuso la toma de fondos del Banco Central. Luis Juez y Elisa Carrió también esgrimieron advertencias análogas.
El gobierno no tiene otra respuesta a la grave crisis que la de siempre: duplicar la apuesta. ¿No ignoró acaso Néstor Kirchner, hace pocos días, la derrota electoral sufrida en junio? ¿Por qué esperar que corrija sus procedimientos u opte por negociar con quienes lo vencieron –a él, personalmente- en las urnas? El prefiere victimizarse y victimizar el gobierno que formalmente encabeza su mujer, considerando que hay “una conspiración permanente” contra el gobierno. Obvio: todo lo que se resiste al capricho del matrimonio es pasible de ser incorporado a la conjura. En principio, los demonios mayores, según los enumeró Kirchner en la costa bonaerense este sábado, son el vicepresidente Julio Cobos (que está procurando darle una salida política a la encrucijada institucional en la que se encuentran los Kirchner), el diario Clarín (personalizando, inclusive, en su CEO, Héctor Magnetto), por supuesto Redrado, la jueza Sarmiento (tácito: cualquier magistrado que no escuche favorablemente) y todos los “que querían evitar una mayoría hegemónica en el Congreso”. Porque –nunca lo expresó Kichner con tanta claridad- el gobierno no se imagina gobernar sin hegemonía, es decir, no considera posible gobernar con los controles que establece la Constitución. Sucede, sin embargo, que la Cosntitución está vigente y el gobierno –mal que le pese a Kirchner- perdió la hegemonía parlamentaria con las elecciones de junio.
¿Hasta donde (y hasta cuándo) pueden estirarse la brutal tensión y las divisiones que el gobierno impone al país cuando busca restablecer por otros métodos la hegemonía que perdió en las urnas y en la opinión pública? Esa es la pregunta que empiezan a formularse la sociedad y los actores políticos.
Por su interés, y en la búsqueda de respuestas, vale la pena concluir el comentario de esta semana reproduciendo aquí algunas reflexiones y vaticinios que (ya un mes atrás) nos hacía llegar desde el exterior un penetrante observador argentino.
“Los K parecen haberse planteado -mas alla de sus bravuconadas- un copamiento veraniego a todo o nada, ante su incapacidad para negociar (si es que conocen tal termino) una retirada en orden(…) Para ello, parecerían estar planificando “un golpe institucional” (como ellos mismos atribuyen a la oposición) que se enmarque en torno de un conflicto de competencias con alguno de los otros poderes (…) El denominado “golpe institucional”, tipico redoblamiento de las apuestas bajo la metodologia ya clasica de K, deberia lograrse en un período en que todavía reste alguna restricción operativa para el Congreso (es decir antes de marzo), y mientras la situación económica no llegue a deteriorarse plenamente, como normalmente se verifica al comienzo de clases. Si la gestion genera una rebelión tipo cacerolazo, podría dejarse primero actuar a las fuerzas de choque para dar la sensación de que importantes grupos defienden al Gobierno, para luego encogerse de hombros, y en aras de evitar un importante enfrentamiento proceder a un renunciamiento histórico. Dicho renunciamiento seria presentado como el resultado de la imposibilidad de resistir juntamente a la “oligarquía”, las clases medias “gorilas”, y al Imperio, que se habría incorporado indudablemente al complot (si el Sr. Valenzuela no hubiera viajado por sí solo, el propio Gobierno debería en cualquier caso retribuirlo por sus servicios en este sentido)”.
Es posible, efectivamente, que Néstor Kirchner esté perfeccionando la derrota (y repitiendo los escenarios) que el gobierno matrimonial sufrió en ocasión de la pelea contra el campo, a partir de la cual todo fue una fuga hacia adelante (sin excluir la declaración patrimonial que Oyarbide santificó con tanta presteza).
Posted by Diana Ferraro at 19:47
El país atraviesa en estos días una crisis institucional suscitada por decisiones ilegales del Poder Ejecutivo y por su empecinamiento en eludir el debate y la participación legislativa en asuntos que constitucionalmente deben pasar por el Congreso. Antes de estos actos, hemos asistido a otros análogos, en los que el gobierno nacional desobedecía decisiones de la Justicia y hasta usurpaba la condición de árbitro de constitucionalidad de fallos de los magistrados.
En esta ocasión, el Poder Ejecutivo ha optado por tomar control, por la vía de un decreto, sobre una porción significativa e imprecisamente definida de las reservas administradas por el Banco Central y ha transgredido además la ley que estableció la Carta Orgánica de esa Institución con otro decreto destinado a desplazar irregularmente a su Presidente.
Este comportamiento irresponsable no sólo golpea contra el orden institucional del país, sino también contra el patrimonio y el fruto del trabajo de los argentinos. Juega con las reservas que respaldan la solidez del signo monetario y exhibe una arbitrariedad gubernamental que no puede sino dañar - más aún de lo que está hoy dañada- la seguridad jurídica del país. No en vano nuestra Argentina, que fue en la década pasada una de las naciones que más inversión extranjera atraía, ha caído hoy al quinto puesto, en esa materia, no ya en el mundo sino en América Latina. No en vano ha conquistado un puesto en el podio de los países con más inflación del planeta.
Es imprescindible que el Poder Ejecutivo respete los límites constitucionales fuera de los cuales la autoridad se transforma en despotismo. Es imprescindible que los otros poderes constitucionales y el gran mandante –el pueblo soberano- hagan cumplir esos límites y esos deberes, asumiendo con firmeza y sin desmayo sus propias responsabilidades. Hoy más que nunca tienen vigencia las palabras del General Perón: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.
LA RIOJA, 9 DE ENERO DE 2010
Posted by Diana Ferraro at 15:41
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Entre las próximas elecciones y el presente, media un incierto tiempo político en el cual tanto las fracciones peronistas como las liberales pugnarán por la organización y resolución de un espacio de centro-derecha que vendría a oponerse al espacio, en principio, de centro-izquierda del radicalismo. Este último, heredero republicano del kirchnerismo y el duhaldismo, enfrenta sus propios problemas, de los cuales no es el menor cierta posible configuración del peronismo, que podría mantener en el PJ una férrea identidad kirchnerista o deslizarse hacia su identidad melliza, el duhaldismo. Esta última configuración desplazaría hacia la derecha al radicalismo, y buena parte del peronismo y el liberalismo deberían entonces conformar una tercera fuerza situada en el exacto centro del espectro político.
Mientras esta razón histórica, cuya belleza y verdad se expresan en la perfecta simetría del diseño republicano en tránsito hacia un bipartidismo genuino, la fusión peronista- liberal ocupará de todos modos el centro. El PJ puede continuar usurpado por las fuerzas oscuras que le niegan su libre expresión y el radicalismo puede adquirir, para diferenciarse, un tinte más liberal en la economía, pero el proceso profundo de fusión peronista-liberal buscará, de todos modos, su expresión electoral. El aspecto más importante de esta fusión no es entonces la definición del espacio electoral, sino la definición de su espacio ideológico en la conciencia ciudadana, la cual lleva un considerable atraso informativo y formativo, acumulado en la última década de pésimos liderazgos.
No existe un único líder en el espacio peronista-liberal, sino una respetable variedad que debería ir decantando a lo largo de los próximos meses y cuyo filtro sería no sólo el carisma individual frente a una población descreída y decepcionada, sino el talento para dibujar sin oscuridad y con osadía, el proyecto de país deseado. La primera barrera a superar, tanto dentro del peronismo como del liberalismo, es la evaluación de la década del 90. Haciendo caso a la impopularidad actual de esta década, promovida por sus enemigos de entonces y por medios social-demócratas, muchos líderes peronistas o liberales tienden a omitirla, o a apartarse de quienes fueron sus principales protagonistas, Carlos Menem y Domingo Cavallo, equivocándose en el primer paso de su diferenciación.
Si bien los 90 y su secuela hasta fines de 2001, distaron de ser perfectos, aún constituyen el esfuerzo más serio para reencaminar a la Argentina dentro de la mejor tradición de crecimiento liberal o peronista. Renunciar a identificar este primer paso en la dirección correcta, es renunciar a crear en la opinión pública una conciencia de su propio derrotero histórico. En particular, es renunciar a crear una nueva conciencia acerca de la propia responsabilidad de líderes y ciudadanos sobre las oportunidades perdidas y los errores cometidos por ignorancia.
En la última década se ha hecho un extraordinario avance colectivo, en líderes y dirigentes, en todo lo que hace a la conciencia republicana y al modo correcto de funcionamiento institucional de los tres poderes constitucionales. No se ha producido aún un salto equivalente en dos temas: el concepto de elite dirigente, que se confunde una y otra vez con oligarquía, con las consecuencias que están a la vista, y cuál es, finalmente, la organización económica adecuada para el crecimiento y reparto de la riqueza.
En la inevitable zaranda de líderes del espacio peronista-liberal, caerán como arena desdeñable aquellos que por demagogia se nieguen a reconocer el carácter organizativo y jerárquico de toda dirigencia eficiente y de las innegables similitudes del liberalismo y del peronismo en este valor. Volvemos a recordar que el mayor enfrentamiento sociológico del pasado entre liberalismo y peronismo fue por la democratización que este último introdujo en la formación de la elite nacional, y que el mayor rechazo de los restos del antiguo liberalismo por el peronismo actual se funda en el fracaso del peronismo en la conformación de una elite eficaz y respetable. Por lo tanto, quedarán como el oro disponible aquellos dirigentes que, de origen peronista o liberal, reconozcan a su par histórico y reivindiquen sin pudor el concepto de elite dirigente.
La conciencia acerca del esquema organizativo de la economía comprende una valiente revisión de los 90 que clarifique ante la opinión pública el por qué del aparente fracaso final: no se trataba de una dirección errada, como cree hoy quizá la mayoría de la población y más de un dirigente peronista-liberal reblandecido por la habitual demagogia y por la cómoda pátina de la social-democracia europea, sino de una dirección correcta con muchas cosas que quedaron a mitad camino o sin hacer. Por ejemplo, desde el lado peronista, falta comprender que no se podía hacer una reforma veloz de la economía sin los programas sociales de capacitación, organización cooperativa, y de seguro de desempleo, y, desde el lado liberal, que no se podía dejar a la Argentina dentro de una estructura fiscal no completamente federalista. Por caso, en las próximas campañas, la expresión “coparticipación federal” debería caerse para siempre de la boca de los líderes peronistas-liberales, los cuales deberían animarse a reclamar un federalismo fiscal puro y duro, con el Banco Nación como prestamista de primera instancia en una etapa inicial hasta que las provincias completasen su propio proceso individual de modernización, y con un aporte de las provincias a la Nación para los gastos nacionales. En resumen, falta convencer a la población de que una economía capitalista en libertad es la única opción para generar riquezas, también en lo interno, por medio de la descentralización y el federalismo, y que un estado eficiente es aquel que promueve las políticas que generan más riquezas y que contribuye al acceso de éstas por parte de toda la población en modos genuinos, ayudándola a financiar su educación, su capacitación para el trabajo, su salud y su vivienda.
Es posible que en los próximos meses, dirigentes y público permanezcan entretenidos o distraídos por los avatares políticos electorales. Es de esperar que algunos dirigentes aprovechen ese mismo tiempo para construir un vínculo honesto y sólido con la ciudadanía, invitándola a recorrer un camino nuevo, que una las dos grandes tradiciones del centro-derecha en la Argentina: el liberalismo y el peronismo.
Posted by Diana Ferraro at 13:31

References: artículo 29
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 resolución 
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