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Timestamp: 2019-11-20 19:51:58+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 506, de 24/09/2003
DIARIO DESESIONES DEL
Año 2003 VII Legislatura
Comisiones. Núm. 506
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MOYA SANABRIA
celebrada el miércoles, 24 de septiembre de 2003
--Designación de las ponencias que han de informar el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y el proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Números de expediente 621/000145 y 621/000146).
--Dictamen del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional. (Número de expediente 621/000139).
Se abre la sesión a las doce horas y veinticinco minutos.
Ruego al señor letrado que compruebe la asistencia de los señores senadores.
Por el señor letrado se procede a la comprobación de los señores y de las señoras senadores presentes.
El señor PRESIDENTE: Alcanzado el quórum para poder empezar a celebrar la comisión, procede aprobar el acta de la sesión anterior, que los señores portavoces tienen sobre la mesa. ¿Algo que alegar sobre ella? (Pausa.) Se aprueba por asentimiento? Así consta.
--DESIGNACION DE LAS PONENCIAS QUE HAN DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CODIGO PENAL Y EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (621/000145 y 621/000146).
El señor PRESIDENTE. Antes de entrar en el orden del día, propongo a la comisión su ampliación, recogiendo todo lo que se hablado tanto en la reunión de Mesa y Portavoces como antes de dicha celebración, en el sentido de designar la ponencia que ha de informar el proyecto de ley
orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. ¿Están conformes? ¿Se puede ampliar el orden del día? (Pausa.) De acuerdo.
Señores portavoces, tengan a bien designar a los miembros de las ponencias.
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ¿quiénes serán los ponentes para el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial?
La señora VINDEL LOPEZ: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular propone a la senadora María José Mora Devis y al senador Alfredo Prada Presa tanto para el Código Penal como para la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Gracias.
Para el Código Penal, el Grupo Parlamentario Socialista propone a este portavoz y a don Hilario Caballero Moya. Para la Ley Orgánica del Poder Judicial, propone al senador Galán y a este portavoz.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador. Veo que tienen ustedes las cosas claras.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señor presidente.
Nosotros también lo tenemos muy claro. El senador que les habla será el ponente en ambas leyes.
El señor PRESIDENTE: Tenemos a bien aceptar su claridad de ideas, señor Capdevila.
Yo les rogaría que antes de terminar la sesión, si hay alguna duda sobre el nombre de los ponentes, se confirmaran porque, como bien saben, después no se pueden modificar. Por lo tanto, si no les importa, dejamos los nombres abiertos hasta que se termine la sesión.
--DICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE PRISION PROVISIONAL (621/000139).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional.
Este proyecto de ley orgánica, que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en el Senado el pasado 3 de julio, fecha de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales». El plazo de presentación de enmiendas, previa ampliación, finalizó el pasado día 18 del presente mes de septiembre.
Se han presentado cuatro propuestas de veto: la número uno, de la senadora De Boneta y Piedra; la dos, de los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares; la tres, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y la cuatro, del Grupo Parlamentario Socialista.
Las enmiendas presentadas a este proyecto de ley han sido 106, distribuidas de la siguiente manera: cinco de la senadora De Boneta y Piedra, 19 de los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, nueve del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, 12 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, 31 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, 12 del Grupo Parlamentario Socialista y 18 del Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia se ha reunido en la mañana de hoy y ha emitido un informe que está a disposición de todas sus señorías.
Por lo tanto, procede debatir las propuestas de veto. Después de los turnos de defensa habrá un turno en contra y, si lo creen necesario, habrá un posterior turno de portavoces.
En su virtud, empezamos con el debate de la propuesta de veto número uno, de la senadora De Boneta y Piedra.
Les hago la advertencia a los señores senadores de que se ha decidido, sobre la base de una llamada de la portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en la que ha comunicado que ha tenido un problema en el transporte, que su turno de defensa del veto sea el último en lugar del turno correspondiente del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la señora De Boneta en defensa de su veto.
La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor presidente.
Voy a consumir este turno de defensa de la propuesta de veto que en nombre de Eusko Alkartasuna presento dando unas pinceladas por las cuales se mantiene como veto lo que en su momento fue una enmienda a la totalidad en el Congreso de los Diputados.
Nos hemos visto obligados a mantenerlo --y presumo que lamentablemente habrá que seguir haciéndolo-- toda vez que no ha habido ningún cambio significativo en este proyecto, y a nosotros nos parece que va a conseguir justamente lo contrario de lo que dice quiere conseguir en la exposición de motivos.
En primer lugar, la exposición de motivos hace una invocación al Pacto de Estado para la Justicia, y dice que se debe abordar la reforma de la prisión provisional de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Obviamente, ese maltrecho Pacto no ha conseguido sus frutos, sino más bien lo contrario. Todos hemos pensado que, efectivamente, lo que pretendía este proyecto de ley era conseguir una legislación más garantista, que respetase escrupulosamente los derechos fundamentales de las personas
y que los criterios de aplicación de la prisión provisional fueran fundamentalmente aquellos que van dirigidos a observarla como algo excepcional y proporcional en su aplicación. Además, va dirigido a evitar ciertos automatismos que se venían produciendo y que, si cabe, se generan aún más con esta reforma en la cual la medida cautelar que supone la prisión provisional y la privación de libertad no se plantea de esa manera, sino como un automatismo dirigido de una forma directa a cuanta más pena prevista para el delito que se impute más prisión provisional.
Entendemos que no es ese el sentido de la prisión provisional ni el sentido de las sentencias ni de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Por lo tanto, si bien sobre el papel en la exposición de motivos se están planteando unos fines y se está haciendo una invocación a unos principios con los cuales estamos absolutamente de acuerdo, en la práctica, cuando se observan los pormenores del proyecto y las modificaciones que se introducen en los artículos concretos, nos encontramos con que lo que se dice en la exposición de motivos es absolutamente papel mojado y, además, en algunos casos se agravan algunas cuestiones que el Tribunal Constitucional ha tenido a bien repetir muchas veces que no pueden producirse teniendo en cuenta esos principios de excepcionalidad y proporcionalidad que debe garantizarse, así como el respeto, en este caso, a la prohibición de tratos crueles y degradantes.
Creemos que el principio de excepcionalidad, subsidiariedad y última ratio, en la medida en que se trata de la restricción del derecho fundamental de la libertad --artículo 17 de la Constitución--, en absoluto se garantiza en este proyecto. Tampoco se garantiza el artículo 24 de la Constitución, que protege la presunción de inocencia de todos los ciudadanos y ciudadanas.
El principio de proporcionalidad pretende que la restricción de la libertad sea proporcional a los fines que se pretenden conseguir y, sobre todo, que no produzca más males que los que trata de evitar. Me he referido antes a la eliminación del automatismo y he hablado de la naturaleza cautelar y no de pena anticipada. Tenemos curiosas situaciones de prisión provisional de algún acusado o acusada que ha saltado a los medios de comunicación y que lamentablemente hemos visto que parece que ha respondido a un error judicial, con lo cual, además de los daños colaterales que se producen con ese planteamiento, está el daño que han podido sufrir las personas en sus derechos fundamentales como consecuencia de esa aplicación alegre de la prisión provisional.
Por lo tanto, entendemos que se están vulnerando varios principios constitucionales y, en este sentido, el agravamiento en algunos casos de la incomunicación prevista en esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que puede ir de cinco a trece días --cinco días, más cinco adicionales, más tres si lo estima oportuno el juez--, nos parece que es un tema lo suficientemente grave como para que los propios organismos internacionales, como Amnistía Internacional, se dirijan a todos los senadores y senadoras y a todos los responsables políticos para decirnos que para acabar con las medidas que propician la tortura desde luego este proyecto es altamente peligroso y produce grave preocupación por el respeto a esos derechos fundamentales.
No me voy a extender más. Creo que en términos generales he hecho referencia a todas las cuestiones a las que se refiere el veto que en nombre de Eusko Alkartasuna planteo y quiero y adelantar que no sé si utilizaré el turno de defensa de enmiendas o no, pero en todo caso, si no lo hiciera así es porque entiendo que con este planteamiento, y teniendo en cuenta que las cinco enmiendas parciales no hacen sino desgranar uno a uno los principios de los que acabo de hablar, de alguna manera quedan suficientemente justificadas y definidas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora De Boneta y Piedra.
Para la defensa de la propuesta de veto número dos, de los señores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, tiene la palabra este último senador.
En la anterior sesión de la Comisión, y posteriormente en el Plenario, pudimos comprobar cómo una ley importante pasa sin pena ni gloria tras los reiterados planteamientos que se hacen desde los diferentes grupos parlamentarios sobre la necesidad de que las cosas hay que hacerlas de forma integral, coherente, con una perspectiva de futuro, no a salto de mata, por decirlo de alguna forma, y dentro de un marco. En un momento en el que se está poniendo en tela de juicio todo lo relacionado con el tema de la Justicia por diferentes motivos que aparecen en los medios de comunicación, parecería lógico que todas las reformas que se llevaran a cabo tuvieran un concepto de reforma global, profundizando en cuanto se plantea reformar tanto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como en la anterior y en futuras reformas del Código Penal. Eso es lo que debería ser. Por tanto, la conclusión que este senador saca es que el Partido Popular no tiene una propuesta integral sobre un modelo de justicia penal como el que este Estado necesita. Este partido aborda cada una de las cosas de forma parcial, atendiendo a campañas publicitarias con claros fines electoralistas que en el fondo no tienen efectividad y que, por tanto, no nos van a servir para mucho.
La política del Gobierno en materia de justicia penal y penitenciaria se caracteriza por un significado de contenido represivo y un recorte sutil en principios y derechos constitucionales en un momento en el que se pretenden justificar derechos en el marco de la Unión Europea y en el que en nuestro país la violencia y la inseguridad ciudadana tienen unos límites que no son tampoco como para alarmarse no parece lógico que se aborden mecanismos como los que se plantean aquí. Por otro lado, esa conclusión a que llega el Partido Popular de que más cárcel significa mayor seguridad, para nosotros es rotundamente falsa, más aún si se tienen en cuenta los modelos en que se inspira, como el de Estados Unidos. Ese criterio de más presos,
de más cárceles masificadas sin que se resuelvan los problemas de fondo, nos va a conducir clarísimamente a unas medidas meramente electorales, a unos titulares, sin lograr en profundidad ese objetivo de reforma de todo lo relacionado con la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal.
En Izquierda Unida nos oponemos totalmente a este proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional por lo que acabo de decir, porque con él se pretende puramente una actitud de cara a los medios de comunicación sin que se quiera abordar verdaderamente nada. En cualquier caso, quiero hacer mención brevemente a dos o tres cuestiones.
Consideramos desde Izquierda Unida que esta reforma vulnera la Constitución y supone un claro retroceso respecto de la evolución legislativa que hasta ahora se ha venido produciendo, y me refiero a las reformas que se hicieron sucesivamente en los años 1980, 1983 y 1985.
Para nosotros resulta especialmente llamativo que se utilice como pretexto el ajustar a la normativa las sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional, cuando muchas de las que aquí se plantean van en sentido contrario a las recomendaciones o a lo que se indica en ellas.
Además, la doctrina de dicho tribunal ha establecido claramente que la prisión provisional debe ser una medida excepcional subordinada a procedimiento, muy breve, por tanto, y aceptable en caso de delito grave, subsidiaria y prorrogable sólo para impedir la fuga o impedir que se estorbe y dificulte la investigación. Sin embargo, no se garantizan los principios de legalidad, subsidiariedad, excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, proporcionalidad y temporalidad.
La reforma que el Gobierno quiere llevar a cabo modifica sólo elementos parciales, pero repito que en el fondo no hay una intención de abordar todo lo que parece pretenderse. Eso sí, considera que esto va a servir de instrumento para eliminar la delincuencia ciudadana, la callejera, y que meter a más gente en la cárcel va a ser sinónimo de seguridad ciudadana, pero como he dicho antes creo que ése es un camino erróneo que no va a conducir a conseguir todos los objetivos que nosotros pretendemos. El proyecto del Gobierno no logra compatibilizar el binomio que debe darse siempre en un sistema penal justo: la seguridad ciudadana y la protección de las víctimas por una parte, y por otra las garantías del imputado que no ha sido juzgado y que, en consecuencia, debe gozar en todos los aspectos del principio de presunción de inocencia. Y a ello debe unirse la intencionalidad del Partido Popular de que haya más gente en la cárcel --vuelvo a repetirlo--, sea del modo que sea, para que esas personas no anden sueltas por la calle ya que parece que así se garantiza que haya menos delincuencia, eso en un país como el nuestro, que es el que tiene mayor número de presos preventivos de toda la Unión Europea, con procesos muy dilatados hasta que se les juzga y, por tanto, con largos períodos de prisión provisional. De lo que se trata, a nuestro juicio, es de imponer una política represiva pero no de buscar todos y cada uno de los objetivos.
En conclusión, señorías, es un poco más de lo mismo, a lo que ya nos tiene acostumbrados el Partido Popular: electoralismo, grandes titulares con luces de neón. Pero así no se resolverá el problema y habrá, por tanto, dos realidades: esa luminotecnia de luces de neón acompañada de grandes frases y mensajes, una cruda realidad, y seguir sin resolver los problemas que afectan a la Justicia y en este caso concreto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta reforma debería haber sido fruto de una profunda reflexión y no debía haberse hecho así, a matacaballo.
Por último quiero decir que me reservo la posibilidad de defender más tarde mis enmiendas. De no ser así, deseo que se den por defendidas en el momento en que corresponda.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cuenca.
Tal y como hemos expuesto antes, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no va a defender ahora su veto.
Tiene la palabra la senadora Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, para defender su veto número 4.
La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
El mantenimiento del veto por el Grupo Parlamentario Socialista en el día de hoy en esta comisión supone para nosotros la subsisentencia de un desacuerdo de fondo que en el Congreso de los Diputados se articuló mediante un texto alternativo que aquí mantenemos como eje de nuestras enmiendas particulares y también como fundamentación del presente veto.
En la justificación escrita de nuestro veto referente a la exposición de motivos decimos que no se han producido cambios sustanciales que hayan merecido por nuestra parte la reconsideración de no presentar el veto, pero ello no quiere decir, señorías, que no coincidamos en algunas cosas en relación con la regulación que hace el proyecto remitido por el Gobierno y modificado a lo largo de su tramitación en el Congreso. He de decir en primer lugar que coincidimos plenamente en los principios que deben regir precisamente la regulación legal de la prisión provisional, que de forma brillante se recogen en la exposición de motivos del proyecto de ley, aunque sin embargo, diferimos en la aplicación y desarrollo de esos principios a lo largo del texto articulado. Estamos totalmente de acuerdo con la oportunidad y necesidad de regular la prisión provisional por mandato constitucional y jurisprudencial del Tribunal Constitucional, así como también por mandato del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y del propio Comité de los Derechos Humanos de la ONU. También estamos de acuerdo con la finalidad de adecuar y actualizar las garantías constitucionales en este proceso penal, que es el que sin duda más afecta al derecho fundamental a la libertad, a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva. Pero como les decía, señorías, diferimos en la forma y el contenido con que se han trasladado esos principios y su jurisprudencia constitucional al texto de Gobierno, ligeramente retocado en la tramitación del Congreso y, ahora, en Ponencia. En ambos casos se han incorporado importantes enmiendas de CiU y en el trámite llevado a cabo en
el Congreso también se introdujo alguna sugerencia del Grupo Parlamentario Socialista, aunque parece ser que aquí todavía no estamos en esa fase.
Entendemos que esas modificaciones no son suficientes para retirar hoy nuestro veto, cuya justificación doy por reproducida en todos sus términos tal y como ha sido publicado en el boletín oficial del Senado del día de ayer, con objeto de no reiterarme y sin perjuicio de que en el Pleno podamos ampliarlo o reconsiderarlo. A pesar de dar por reproducido el contenido íntegro de la justificación del veto a estos efectos y para que conste en el «Diario de Sesiones», quiero resaltar algunos extremos que mantienen su vigor y el apoyo a este veto.
En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista quiere señalar que el proyecto de ley tiene un enfoque equivocado, aunque éste se haya ido minorando a lo largo de la tramitación llevada a cabo en el Congreso y ahora en Ponencia. La prisión provisional se regula más como una medida de seguridad que como una medida cautelar, y para nosotros eso es un enfoque absolutamente negativo para la finalidad, la eficacia y la eficiencia que estas medidas deben tener en el proceso penal. Como consecuencia de ese enfoque equivocado, el proyecto de ley concibe la prisión provisional como una pena anticipada y no como el establecimiento de los mecanismos necesarios que aseguren, fundamentalmente, el buen fin del proceso, lo que unido a la evitación de la reiteración delictiva constituye el fundamento constitucional de las medidas cautelares.
En ese sentido, traigo a colación la propuesta del Consejo General del Poder Judicial en base al Libro Blanco de la Justicia, así como las sugerencias formuladas por la salas de gobierno sobre la limitación de los derechos fundamentales en el curso del proceso. Quiero recordar a sus señorías, porque creo que nosotros hemos seguido estas pautas a la hora de realizar nuestro trabajo en la reforma de modernización de la justicia, lo que decía el apartado primero de la recomendación 52: Se procederá a la determinación legal de manera concreta y expresa de todas las actuaciones judiciales limitativas de derechos fundamentales, bien se trate de medidas cautelares o de actos de investigación --prisión preventiva, intervención de comunicaciones, intervenciones corporales--, adaptando la legislación a las nuevas técnicas y actividades relacionadas con el ejercicio de los derechos fundamentales y precisando adecuadamente los presupuestos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, así como el procedimiento de ejecución de las mismas y su eficacia probatoria. En el apartado segundo de la recomendación 52 se apunta que, en el caso específico de la prisión provisional, solamente se podrá adoptar esta medida cuando exista peligro de fuga del imputado o de la instrucción, desaparición o alteración de las pruebas en función de la gravedad del delito y de la pena prevista, suprimiendo toda referencia a la alarma social y estableciendo un catálogo de medidas cautelares alternativas a la prisión. Nos parece que estas importantes pautas no se recogen debidamente en el proyecto de ley que ahora debatimos.
En segundo lugar, quiero decir que el proyecto de ley no concibe la prisión como una medida excepcional y subsidiaria, ya que no regula medida alternativa alguna; realmente, las medidas son ínfimas y sólo figura alguna excepción prevista en caso de enfermedad, no por la materia sino por razón de la situación personal. Para nosotros la existencia de medidas cautelares supone un uso exclusivo y también abusivo de la prisión provisional, ya que los jueces se encuentran sin alternativa para asegurar el proceso y prevenir la reiteración delictiva. Cuando leemos algunos preceptos de esta ley nos da la sensación de que no hay más finalidad que barrer las calles, tal y como anunciaba el señor Aznar y algún representante y portavoz del Gobierno.
En tercer lugar, para nosotros este proyecto de ley sigue permitiendo la imposición de la prisión provisional, aunque la pena sea inferior a dos años, cuando se trate de delincuentes habituales; habitualidad que, en este caso, se aprecia en gran medida por los antecedentes policiales, como recoge el artículo 503.2. De igual modo, se permite una duración de la prisión provisional que también en algunos casos puede ser superior a la duración de la pena que se puede imponer.
En cuarto lugar, quiero señalar que, desde nuestro punto de vista, el proyecto de ley no aborda la regulación de medidas cautelares en general.
Antes me he referido a un ámbito, el personal, y ahora voy a hablar de las medidas plenamente sustitutivas, de la regulación inexistente y, a nuestro juicio, absolutamente necesaria. En nuestro proyecto hemos intentado solventar esta medida, no sólo previendo la aplicación de medidas cautelares sustitutivas de la prisión provisional de determinados colectivos: mujeres embarazadas o en período de lactancia, mayores de 70 años, toxicómanos, enfermos psíquicos, sino también de forma general previendo medidas cautelares sustitutivas de la prisión provisional con las que se pueden conseguir los efectos que se pretenden mediante esta figura.
Por último, he de decir que la regulación de la prisión incomunicada nos parece bastante deficiente y no adecuada a los principios, no sólo constitucionales, sino también a los criterios que derivan de la interpretación del comité de los derechos humanos de la ONU y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Todo esto, señorías --y con esto concluyo--, nos lleva a constatar las diferencias existentes en cuanto al contenido del proyecto de ley, discrepancias que alejan en este momento al grupo mayoritario y al Grupo Parlamentario Socialista. Se ha incumplido el Pacto para la reforma de la justicia en este punto concreto, en la medida que en el punto 17.d del mismo se preveía la reforma de la prisión provisional de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Nosotros entendemos que no se ha dado y, por eso, nos encontramos hoy con la persistencia de cuatro vetos a este proyecto de ley.
Señor presidente, esto es todo lo que queremos decir, por ahora, desde el Grupo Parlamentario Socialista en relación con nuestro veto. No obstante, si me lo permite y para acelerar en lo posible el ritmo de la comisión, quiero hacer una referencia global al conjunto de las enmiendas que hemos presentado al proyecto de ley.
Hemos presentado un total de doce enmiendas que van de la 46 a la 57 en las que proponemos una regulación que constituye una auténtica medida cautelar y no una medida de seguridad para intentar paliar el fracaso de las medidas políticas del Gobierno en materia de seguridad ciudadana.
Entendemos que nuestras enmiendas son más leales a la interpretación constitucional en cuanto a la regulación de medidas restrictivas de derechos constitucionales como son los derechos fundamentales a la libertad, recogida en el artículo 17 de nuestra Constitución y el artículo 5.9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y de la presunción de inocencia y de la tutela judicial efectiva, como figura en el artículo 24.
Nuestra regulación se ha esforzado en delimitar el cumplimiento de las características que, según la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debe tener esta medida cautelar. Es destacable su carácter de excepcionalidad y subsidiariedad, previendo medidas alternativas, así como su naturaleza instrumental dirigida a conseguir un fin que, realmente, coincide con los fines recogidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y regulados en la parte general del texto que presentamos. También cabe destacar su carácter provisional y proporcional, y baste señalar las sentencias 128/95 y 47/2000 del Tribunal Constitucional.
Señorías, sin duda, podríamos dedicar mucho tiempo a la consideración de cada una de las enmiendas. En una de ellas queremos dar cumplimiento a la necesidad de hacer una ordenación del articulado distinta a la que figura en el proyecto de ley que estamos debatiendo, dado que a través de estas doce enmiendas lo que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene es una regulación global que coincide con el texto alternativo debatido en el Congreso de los Diputados por nuestro grupo y por el suyo. Por eso, conozco la dificultad de encajar ambas andaduras y de contemplar nuestras enmiendas, a la vista de lo reseñado en los distintos artículos. Pero quiero decirles que a pesar de eso seguimos con el ánimo abierto y constructivo de intentar mejorar en lo posible el contenido de esta ley y que esto no es incongruente --sino todo lo contrario-- con que sigamos manteniendo --aquí sí-- un debate en paralelo entre el proyecto que estamos debatiendo y el proyecto que representa en conjunto el contenido de nuestras 12 enmiendas. Digo que nos parece congruente porque con ello ponemos más en evidencia y articulamos las discrepancias de fondo que, honestamente, en estos momentos siguen separando al Grupo Parlamentario Socialista del grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular.
Reitero nuestra voluntad de seguir reconsiderando algunas de las cuestiones de las que hemos tenido oportunidad de hablar hoy en ponencia y también con anterioridad a estos días. Por eso hago una última advertencia, señor presidente, y con esto termino: vamos a pedir una votación separada del dictamen que posibilite que consideremos con cierta serenidad de aquí al Pleno no sólo algunas de las enmiendas que se han introducido de CiU, sino también las que ha introducido el Grupo Parlamentario Popular en el dictamen. Sabemos que a la prisión provisional afectan muy pocas de ellas, concretamente cuatro, y que el resto afectan a otros extremos, algunos de los cuales nos parecen muy interesantes y queremos evaluarlos con más detenimiento. Fundamentalmente quiero referirme a las enmiendas número 72 y 74, que hacen referencia a la utilización del ADN en la regulación del proceso penal. Precisamente hoy en el Congreso, en la Comisión de Justicia, se está debatiendo una proposición no de ley --importante, creo yo-- para definir y delimitar de qué manera debe regularse el uso del ADN en el proceso penal. Queremos reconsiderar el resultado de ese debate y las distintas opiniones que se viertan por los grupos parlamentarios y, por lo tanto, repito, señor presidente, la propuesta de votación separada del dictamen va a posibilitar que nos abstengamos sin que eso suponga un enjuiciamiento de inicio sobre el contenido de algunas de las enmiendas que incorporan tanto Convergència i Unió como el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Martínez.
A la vista de lo manifestado, le ruego que me traslade la votación separada tal como la va a pedir.
La señora MARTINEZ GARCIA: Señor presidente, le he hecho llegar al letrado una petición concreta de los tres bloques en que nosotros pedimos que se proceda a la votación.
El señor PRESIDENTE: Conforme, se lo agradezco.
Damos la bienvenida a la comisión a la senadora Etxegoyen. Esperamos que no se haya visto afectada su persona por los problemas que ha habido hoy en el tráfico.
Si está en disposición, señora Etxegoyen, tiene la palabra para la defensa del veto número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.
En esta mi primera y accidentada intervención ante la Comisión de Justicia en sustitución de nuestro portavoz, el senador Zubia, lo primero que esta portavoz eventual tiene que señalar es que agradece a la Mesa, al señor letrado y a los portavoces de los diferentes grupos la forma en que han solventado el percance que ha sufrido esta portavoz, que se ha incorporado tarde a la comisión. Les agradezco la amabilidad y la sonrisa con la que han sabido sortear los inconvenientes que haya podido causarles. Desde luego siempre es de agradecer y creo que es de justicia así decirlo.
En segundo lugar, he de decir que el veto que mi grupo ha presentado al presente proyecto de ley lo fue al texto que conocíamos y que vino del Congreso. Evidentemente, a la vista de la presentación de una serie de enmiendas del grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, no hemos tenido tiempo de evaluar y de ponderar el contenido de las mismas y la responsabilidad y el sentido común indican que cuando menos quede constancia de que el sentido y los términos en los que el veto fue redactado se referían al texto original. En su caso tendremos que comprobar si, efectivamente, alguna de las cautelas que voy a pasar a
resumir muy brevemente y que justificaron y motivaron la presentación del veto pueden haber quedado solventadas con la incorporación de las enmiendas --supongo que así habrá sido en el texto de la ponencia y en alguna otra.
Hecha esta salvedad, paso a defender muy brevemente el veto presentado por este grupo puesto que entendíamos que el presente proyecto de ley se presentaba a su modificación en clave excesivamente oportunista y en función de una serie de urgencias, conveniencias o intereses claramente políticos; considerábamos, además, que era un proyecto de ley a todas luces incompleto, parcial y, como tal, llamado a participar de una buena dosis de provisionalidad.
El texto que se nos proponía procede a reformar nuevamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal --en este caso en relación con la prisión provisional-- y, según entendía esta portavoz, suponía un claro retroceso respecto de la evolución legislativa de carácter garantista contenida en sus últimas reformas --aquélla que comenzó en el año 1980 y la última de las cuales, si no me equivoco, data del año 1995--. Nos resultaba cuando menos llamativo que se utilizara --en algún momento así se hacía-- el pretexto de ajustar la normativa actual a las sentencias del Constitucional en esta materia, cuando contradictoriamente a ello percibíamos que el proyecto contenía toda una serie de exposiciones que revelan a todas luces una perversión de este sistema.
Hay otra serie de cuestiones más puntuales que no voy a pasar a analizar, sin embargo sí quiero señalar que, a mi entender, la doctrina del Tribunal Constitucional establece claramente los principios sobre los que se sustenta la prisión provisional --cuales son: la legalidad, la subsidiariedad, el principio de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, proporcionalidad y temporalidad-- y, dígase lo que se diga --o lo que se decía--, la reforma que se nos propuso no los garantizaba en modo alguno o cuando menos de forma suficiente.
En definitiva, entendíamos suficientemente justificado nuestro veto --así lo he querido manifestar ante sus señorías en esta comisión-- y rechazábamos el proyecto de ley en los términos que conocemos por considerarlo incompleto y parcial, subrayando su provisionalidad y carácter oportunista, con base y fundamento en cuatro conclusiones más concretas: primera, que no era acorde con la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional en tanto que no puede entenderse como conforme a los principios generales, pero sobre todo a los de excepcionalidad, proporcionalidad y subsidiariedad; segunda, no se respeta suficientemente la presunción de inocencia y todo lo que ello supone; tercera, la regulación de la detención o prisión incomunidadas concretamente conculcaba las debidas garantías del detenido o preso; cuarta, y como resumen, porque la pretendida reforma resultaba regresiva y, a nuestro entender, estaba llamada a ser ineficaz.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Etxegoyen.
Para el turno en contra de los cuatro vetos que han sido defendidos, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Mora.
La señora MORA DEVIS: Gracias, presidente.
Previamente a argumentar las motivaciones en contra de los vetos que se han presentado en la mañana de hoy, voy a intentar someramente hacer una reflexión acerca del momento, del tiempo y del oportunismo a que este proyecto de ley se ve sometido.
Estamos hablando de un proyecto de ley bajo unas influencias anteriores a la ruptura del pacto, bajo influencias directas de la ruptura del pacto y, posteriormente, estaremos hablando de un proyecto de ley bajo las influencias de después de la ruptura del Pacto de Estado por la Justicia.
Solamente desde este punto de vista cabe entender las posiciones de algunos grupos parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra, en concreto el Grupo Parlamentario Socialista. Pero luego entraremos en ello porque antes quiero contradecir los argumentos vertidos por la señora De Boneta y Piedra en la defensa del veto y a la vez aseverar que de su discurso no se deduce cuál es el articulado que permite un automatismo que cree que subsiste en la ley; insiste en ello pero no acaba de concretar en qué artículo se puede ver ese automatismo.
En cuanto a la excepcionalidad, es un principio que estamos invocando en el texto que se propone desde el comienzo del articulado tanto respecto de los requisitos como de los fines que ha de perseguir y del procedimiento a seguir. El principio invocado de la proporcionalidad está recogido en todos los aspectos del proyecto de ley, tanto en la forma de aplicación, como en el tiempo de aplicación y en las medidas alternativas, cosa de la que no se ha hablado.
Por lo que se refiere a las medidas cautelares y a que no se concibe la institución de la prisión provisional como una pena anticipada, además de no escuchar ningún argumento en firme acerca de esta aseveración, nosotros, por contra, decimos que tanto en la reforma que pretendemos del 508 como en las sucesivas estamos precisamente atendiendo a esas medidas cautelares y a lo que es pura y simplemente una medida cautelar, cual es la prisión provisional.
A mayor abundamiento, de las enmiendas parciales que han sido presentadas no se desprende que se vayan a preservar estos principios que se invocan en el veto. Cuando se baja a las enmiendas al articulado no aparece por ninguna parte nada que señale que se van a preservar estos principios, sino todo lo contrario, se dejan en una línea dubitada los mecanismos legales que va a tener que usar el juez a la vista de un supuesto como es el que contempla precisamente este proyecto: la institución de la prisión provisional. Con esto doy por terminada la argumentación en contra del veto número 1.
En cuanto al veto número 2, volvemos a incidir en las dudas y en la no concreción en el veto ni en las enmiendas al articulado de los principios que se invocan, que, además no se invocan ex novo ni exclusivamente por el grupo Eusko Alkartasuna ni por Izquierda Unida, sino que inspiran precisamente el proyecto que estamos debatiendo. A senadora le gustaría encontrar el momento procesal oportuno para aclarar algunas aseveraciones contradictorias en el veto como es decir que España no es, en el marco de la
Unión Europea, un país con una violencia e inseguridad ciudadana realmente alta, cuando en esta Cámara se escuchó lo contrario a propósito de la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana. E igual se ha dicho respecto del veto número 1, de las enmiendas tampoco se desprende que se vayan a postular estos principios de excepcionalidad y proporcionalidad.
No obstante, tenemos tiempo en el trámite parlamentario que nos ocupa, y yo no dudo que encontraremos un momento para aclarar estas posturas y , sobre todo, --y es de lo que aquí se trata-- de concretarlo en unas enmiendas respecto del texto que se presenta a las que este grupo está y seguirá estando abierto.
Para mayor claridad en la exposición, sin perjuicio de que la senadora portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos haya intervenido en último lugar, voy a contestar ahora al veto número 3.
Volvemos a incidir en lo mismo, se postulan unos principios; todos postulamos los mismos principios que, además, no son nuestros; es una recomendación, es una doctrina acrisolada del Tribunal Constitucional a la que no nos podemos reducir porque trae una causa, trae unos principios, trae unos tratados europeos. No podemos reducirnos a ella , salvo que queramos estar fuera de la legalidad y yo creo que ninguno de los ponentes, ni de los senadores ni de los intervinientes, en los trámites parlamentarios ni, por supuesto, ningún ciudadano que quiera una seguridad jurídica, está dispuesto a tener una ley que no vigile, que no preserve los principios constitucionales que precisamente está recordando el Tribunal Constitucional en una crisolada doctrina.
Por eso, no entiendo que se mantengan posturas desde el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en el sentido de que este proyecto de ley no se articula bien con la doctrina del Tribunal Constitucional. Precisamente la institución de la prisión provisional tiene cuatro reformas --ésta va a ser la quinta--, y no entiendo cómo se pueden mantener estas argumentaciones.
De todas formas, el trámite parlamentario nos va a dar oportunidad de concretar tanto verbalmente como mediante las enmiendas que haya podido presentar al artículo en qué discrepa este proyecto de ley respecto de la doctrina del Tribunal Constitucional.
Además, se vierten argumentaciones tales como que no se preserva la presunción de inocencia, cuando precisamente uno de los argumentos del Grupo Parlamentario Popular para mantener el proyecto de ley es preservar la presunción de inocencia y no confundirla con la no aplicación efectiva de la ley. Nadie tiene derecho a incumplir la ley y quedar indemne, ningún ciudadano que quiera vivir en un Estado de derecho o que viva en un Estado de derecho. Precisamente esa presunción de inocencia es uno de los principios que inspira el proyecto de ley que se presenta.
Mención aparte merecen los argumentos vertidos por el Grupo Parlamentario Socialista porque aquí es donde se ve más claramente la virulencia con la que incide el momento en la tramitación de un proyecto de ley, siguiendo la pauta de consenso y de diálogo que hemos seguido hasta la fecha, no sé si decir hasta ayer, hasta anteayer o hasta hace unas horas, pues no sé que pasará después.
Le voy a recordar a la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista lo que decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Ollero, el 17 de junio en el Congreso a propósito de la institución de la prisión provisional: «Agradecemos también que en su intervención el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista haya reconocido --como es de justicia-- la voluntad del Grupo Parlamentario Popular de integrar al máximo puntos de vista y enmiendas, escudando así el afán de consenso que el Gobierno viene demostrando y que se plasmó de manera particular en el citado pacto.» Si estamos hablando del mismo proyecto de ley, si estamos hablando de los mismos partidos, si estamos hablando de las mismas intenciones, si estamos hablando de preservar los mismos principios, si estamos hablando de acomodarnos a la misma doctrina del mismo Tribunal Constitucional, si estamos reconociendo esa labor conjunta entre los dos grupos, ¿cómo puede explicarse que se mantengan argumentos de esta índole de discrepancia en la forma y en el contenido? Vamos a abordar la discrepancia en la forma. Debo recordar a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que cuando suscribimos el Pacto para la Justicia estábamos viendo dos formas diferentes de abordar la reforma de la justicia, una la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y para ello nos pusimos en marcha y de consuno designamos unos técnicos a quienes se les encomendó la labor de abordar una reforma tan importante como es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y otra, en la que además estábamos de acuerdo, la urgente necesidad de abordar la reforma que hoy pretendemos abordar, la institución de la prisión provisional. ¿Por qué? Porque el nivel de delincuencia lo aconsejaba y porque la adaptación a la doctrina del Tribunal Constitucional lo aconsejaba. Incluso, en el segundo párrafo de la justificación del veto presentado aquí en el Senado, ustedes hablan de que es una necesidad ineludible. Por tanto, son argumentos someros pero que vienen a desvelar la falta de concreción de la diferencia en cuanto a la forma, que consistía en abordar lo más necesario -- y ustedes lo están reconociendo-- aunque ahora no les parezca bien que sea lo más necesario; se entiende, se presume o deduce porque ustedes afirman que carece precisamente de una reforma absoluta de la cautela tutelar. ¡Pero si no hace más de dos años dijeron lo contrario! ¡Pero si no hace más de tres meses afirmaron lo contrario! Por ello, se observa una incidencia absoluta sobre un compromiso que no se sabe por qué se adopta pero que viene a desvirtuar la filosofía de esta comisión; doy fe de la admiración que ella me suscitaba, y tengo que reconocerlo públicamente con todo orgullo, porque consideraba admirable la forma en que se trataban los asuntos preservando esa justicia básicamente formada por operadores de la misma que entendíamos que no debían incidir tanto argumentos políticos como de legalidad. Y en esto estamos, precisamente abordando un aspecto muy complicado como es limitar derechos fundamentales a una persona.
Parece sorprendente cuanto menos que, con los principios inspiradores que se han adoptado en la tramitación de asuntos de menos enjundia, sea la reforma de la institución de la prisión provisional en este proyecto de ley la víctima de un oportunismo político. En este sentido, me gustaría dejar bien patente el malestar que produce en la buena marcha de la comisión estas incidencias que deben ser absolutamente ajenas a los intereses y a los derechos fundamentales de los presuntos culpables.
Los argumentos de rechazo son muy sencillos, y ustedes coinciden con nosotros: primero, es preciso adecuar la legislación de la institución de la prisión provisional a la doctrina del Tribunal Supremo; segundo, el proyecto de ley forma parte de materias acordadas en el pacto, como ya se ha dicho; tercero, la ruptura del pacto está fundamentado en una decisión electoralista y no legislativa, y aludo a un reconocimiento expreso de la propia portavoz del Grupo Parlamentario Socialista cuando en sus primeras palabras, para situarnos en el campo de actuación, se refiere textualmente a la subsistencia de un desacuerdo de fondo. Pero me gustaría saber si el origen del mismo procede respecto de los requisitos; del procedimiento; de la duración; de las medidas alternativas; de la vista que celebra el juez; de la notificación; de la motivación, etcétera. ¿Respecto de qué? ¿De qué cuestión de fondo que pertenezca a este proyecto, y no de una ruptura de pacto de Estado cuando de todos son conocidas las divergencias que existen incluso dentro del mismo grupo parlamentario sobre la oportunidad de romper o no ese pacto de Estado? Por tanto, someramente, tiempo tendremos en el Pleno de profundizar en la materia, apuntando estas inconveniencias que han surgido y han interrumpido una buena tramitación parlamentaria como presumía esta ley, ya que poseía todos los condicionamientos para que hubiera sido una ley más del consenso y del diálogo --tenemos una experiencia de dos años--; fatalmente motivos ajenos, no a nuestros intereses sino a los derechos fundamentales de las víctimas, vienen a cercenar un consenso y un diálogo que desde ningún punto de vista hemos deseado; de hecho, el ministro señor Michavila, en los primeros momentos de crisis del Pacto de Estado por la Justicia, realizó un ofrecimiento de diálogo que ha tenido por respuesta una rueda de prensa asociada con unos grupos políticos que no han suscrito el pacto.
¿Dónde se ha visto que dos entidades que han suscrito unos acuerdos, en un momento de crisis, de interpretación, de renovación o de revisión del mismo busquen a otros ajenos al mismo para emitir públicamente una posición política distinta y contraria? Con toda seguridad, estas cuestiones se fundamentarán en el Pleno donde espero se dé una contestación satisfactoria a estas preguntas que no sólo las hago yo sino cualquier ciudadano que esté medianamente informado de la tramitación de este proyecto de ley , así como una cumplida respuesta a estas dudas que he planteado. De la misma forma, mantengo un ofrecimiento firme e inagotable de consenso en pro del beneficio de lo que estamos tratando, de preservar los principios inspiradores de la doctrina del Tribunal Constitucional respecto de los presuntos culpables.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Mora.
¿Desean los señores portavoces hacer uso de la palabra? (Asentimiento.) Esta Presidencia ya lo temía y ruego que se ciñan exclusivamente al contenido del proyecto de ley que se está dictaminando y que no entren en otras cuestiones ajenas a esta cuestión. Lo digo para que la Presidencia no se vea obligada a llamar la atención sobre determinadas cuestiones que no se relacionen con este debate.
Turno de portavoces. Tiene la palabra la senadora De Boneta.
Intentaré manifestar en nombre de Eusko Alkartasuna nuestra posición, después de haber escuchado el argumento en contra de nuestro veto y del resto de los vetos, así como ceñirme a la petición del señor presidente, aunque no es fácil, teniendo en cuenta las razones dadas en contra de los mismos.
No obstante, voy a ser muy directa, y tengo que decir que no he entendido algunas cuestiones referentes a que nuestro veto no tiene sentido, por ejemplo, la negativa de que este proyecto pone en peligro la presunción de inocencia sobre la base de que acude a la prisión preventiva para defender la presunción de inocencia de las víctimas. No he entendido nada.
También se ha referido a preservar los derechos fundamentales de las víctimas, lo que se lleva a cabo desde luego aplicando el Derecho pero no con la prisión provisional como única medida cautelar; y concretamente se ha referido a la intervención de esta senadora de Eusko Alkartasuna en la defensa del veto, y en ningún caso hemos afirmado que exista un automatismo en la aplicación de la medida o un atentado en cuanto a la presunción de inocencia. Creo que es algo que queda reflejado por escrito y además se deduce del contenido de las enmiendas parciales.
Señoría, cuando proponemos textos alternativos para los artículos 502 a 506, textos en los que especificamos los requisitos que entendemos se deben cumplir para aplicar las medidas cautelares --me refiero a las medidas cautelares personales, no hablo sólo de la prisión preventiva--, cuando indicamos los presupuestos para aplicar esas medidas, además de la prisión provisional, y modificamos una serie de artículos, estamos dando «sensu contrario» una argumentación sobre aquellos casos en los que en nuestra opinión se está faltando a los principios de subsidiariedad, excepcionalidad, proporcionalidad, etcétera. De cualquier forma, como tendremos ocasión de debatir más detenidamente esta cuestión, no voy ahora a incidir más en ella.
Preguntaba su señoría sobre el artículo que provoca el automatismo de la gravedad de la pena, pues bien, es el artículo 503.1.1º, cuya modificación proponemos.
Por otra parte, con nuestra referencia a la incomunicación y las consecuencias para los derechos y libertades de su aplicación automática, e incluso de su agravamiento --con cinco días adicionales a los cinco previstos, más tres a juicio
del juez en determinados casos--, estamos afirmando, pero no sólo nosotros, sino también el Comité contra la Tortura de la ONU o Amnistía Internacional, que esas medidas son peligrosas de cara a la garantía de los derechos y libertades fundamentales de los imputados.
Así pues, creo que han quedado bastante claras las distintas posiciones existentes sobre este proyecto de ley, posiciones todas ellas muy respetables. Entiendo perfectamente que ustedes tengan miedo a la libertad o a las libertades y primen extraordinariamente la seguridad sobre la libertad. Lo entiendo y, como digo, es una posición legítima, que además puede encontrar eco en la sociedad en determinados momentos.
Pero eso no es óbice para que nos preocupe que algunos principios contemplados en la Constitución relativos a la defensa de las libertades queden de alguna manera tocados, por decirlo así, debido a la regulación que se propone, precisamente cuando se argumenta que esta regulación quiere ser más garantista. Pero como entendemos que no lo es, hemos presentado una alternativa concreta a todos y cada uno de esos artículos a través de nuestra enmienda a la totalidad y de las cinco enmiendas parciales.
Sigo pensando, y los argumentos de la portavoz del Grupo Popular, senadora Mora, no me han convencido, que este proyecto de ley se podría mejorar si se modificaran algunos artículos, que además he comprobado que preocupan al resto de los grupos parlamentarios. Por otro lado, en nuestro caso no ha habido ningún cambio de actitud, que es la misma que venimos manteniendo desde la presentación de nuestras enmiendas en el Congreso, y que no obedece a ningún rifirrafe o disputa particular en relación con el Pacto de Estado de la Justicia, sino a que creemos que este proyecto de ley no cumple ni de lejos con los objetivos que con él se persiguen, e incluso en algunos casos va en contra precisamente de los objetivos que quiere defender.
Como he dicho, tendremos ocasión de hablar más detenidamente de todas estas cuestiones --ya he hecho alguna referencia a nuestras enmiendas parciales--, por lo que ahora no quiero extenderme más. Existe una discrepancia de fondo sobre la forma de entender las libertades y derechos fundamentales, las garantías que se deben ofrecer a todos los ciudadanos y la protección que se debe prestar a las posibles víctimas de un delito. Como digo, hay una contraposición a ese respecto, por lo que hay quien, como el Partido Popular, prima una cuestión, y quienes estamos primando otra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Boneta.
¿Grupo de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Etxegoyen.
Haciendo caso de su recomendación, voy a intentar ceñirme a lo que la senadora Mora ha manifestado sobre el veto presentado por mi grupo parlamentario.
La portavoz del Grupo Popular se ha referido en primer lugar a una serie de recelos, que esta portavoz ha intentado explicar, que mantiene mi grupo parlamentario al pensar que de alguna forma se quiebran los principios que la doctrina del Tribunal Constitucional, de forma unánime y pacífica, ha postulado sobre la prisión provisional, principios que reflejan una acrisolada doctrina y que todos los grupos decimos defender.
Y he querido entender que criticaba el hecho de que invocáramos esos principios, sin precisar el porqué de nuestros recelos.
Pues bien, me remito a la enmienda número 26 de mi grupo parlamentario --y con lo que voy a decir la doy ya por defendida--, que precisamente justifica nuestras cautelas y nuestra afirmación acerca de que el presente proyecto de ley quiebra absolutamente esa doctrina acrisolada, esa línea garantista que el Tribunal Constitucional mantiene de forma unánime y desde hace muchos años. Y cuando menos me parece absolutamente paradójico y de muy poco rigor jurídico --lo digo con todo respeto-- afirmar que la prisión provisional no es, efectivamente, algo inamovible; de hecho, ya ha sufrido una serie de reformas, y esta es la quinta. Eso es evidente. No debemos pensar que un precepto es inamovible, que no se puede modificar, y tampoco tenemos por qué reducirlo a lo que establezca la doctrina del Tribunal Constitucional. Debemos preguntarnos el porqué.
Pero muchos grupos políticos, de diferentes ideologías y planteamientos, consideran que esta quinta reforma lo que hace es precisamente quebrar la línea que han seguido las cuatro reformas anteriores. Por tanto, deberíamos preguntarnos a qué obedece esa actitud, y por lo menos contestar con un poco más de rigor a ese respecto.
Señorías, hay que tener en cuenta que la prisión provisional es una medida cautelar. En este sentido, la presente reforma no concibe la prisión provisional, por mucho que la senadora Mora haya intentado defenderlo, como una garantía procesal, que lo es, sino que, muy al contrario, elimina su carácter cautelar, convirtiéndola en una medida de seguridad e instrumento de la lucha contra la criminalidad, que bien está, pero no es lo único que se debería considerar, por lo que a nuestro entender se configura como una auténtica pena anticipada. Pero eso no es lo que propugna el Tribunal Constitucional, y precisamente esa es la línea que se quiebra. Y si se quiere quebrar, cuando menos deberían ponerse sobre la mesa argumentos que fueran más allá de las meras invocaciones a la seguridad o al oportunismo del momento, sin rechazar la opinión del contrario diciendo que invoca ese principio pero que no baja al ruedo, algo que en este caso no se le puede achacar a mi grupo a la hora de defender su veto.
Otra cuestión a la que se ha hecho referencia es la presunción de inocencia. Digamos que todo deriva del mismo hilo. Si, como nosotros creemos, la nueva regulación atenta contra el principio de excepcionalidad, deja de ser una excepción para convertirse en la regla general, disminuyendo así la facultad de los jueces para apreciar y ponderar las circunstancias que se produzcan en cada caso, de manera que la prisión provisional huye de su tradicional carácter cautelar y pasa a cumplir fines punitivos.
La tutela cautelar es fundamental como institución, puesto que, según entiendo, es lo que permite que los intereses llevados a un pleito subsistan mientas éste se tramite. Y en el ámbito de lo penal, que es del que estamos hablando, hay un valor cautelar importantísimo, todo un derecho fundamental al que la senadora Mora ha hecho referencia, que no es otro que el de la presunción de inocencia, artículo 24. 2 de la Constitución, derecho éste que sólo existe mientras existe el proceso y que nunca puede devolverse por sentencia. Es decir, cuando acaba el proceso, sea la sentencia condenatoria o absolutoria, cualquier cosa que hubiera acontecido en el proceso que vulnere o conculque la libertad del detenido del reo o, en su caso, del condenado o absuelto, deviene irreparable, porque solamente encuentra protección en la tutela cautelar efectiva. Y eso no tiene nada que ver con el derecho fundamental de las víctimas, que es un nuevo principio jurídico. Dicho de otro modo, tiene que ver y no tiene que ver, pero, desde luego, no están en confrontación.
Y si hay que ponderar una y otra tutela, eso no puede hacerse bajo ningún concepto vulnerando el principio de presunción de inocencia. Entiendo, pues, que el respeto constitucional a la presunción de inocencia exige que la tutela en el procedimiento penal, que es este, sea tratada con la máxima delicadeza y exquisitez, cuestión que a juicio --repito-- de esta portavoz --lo digo desde el mayor de los respetos y con toda la humildad de una jurista que no tiene ningún otro valor en este tema que su pasión por el Derecho-- se obvia en el proyecto de ley que nos ocupa.
La señora Mora ha señalado que espera, en el trámite de esta comisión y en el ulterior debate que pueda haber en el Pleno, que si todos hablamos de los principios fundamentales, del respeto a la doctrina constitucional, de respeto a la Constitución en lo que se refiere a la medida de la prisión provisional o a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en general tengamos la oportunidad de reconducir el asunto, y le aseguro, senadora Mora, que ese deseo, esa oportunidad de encontrarnos en el camino también lo busco yo y trabajaré, cuando menos si me toca defenderlo en el Pleno, en la misma línea.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Etxegoyen.
El representante del Grupo de Entesa Catalana de Progrés me ha manifestado que no hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Capdevila.
Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió respecto a los vetos presentados por los demás grupos parlamentarios. Quiero reiterar lo ya manifestado por mi grupo en el Congreso de los Diputados. Agradecemos la presentación de este proyecto de ley, que se debatió en el Congreso de los Diputados y hoy debatimos en esta Cámara. Es una iniciativa que reiteradamente ha sido solicitada por mi grupo. Hubo resoluciones, con ocasión del debate sobre el Estado de la Nación del año 2001, reproducido en el año 2002, y se presentaron varias enmiendas con ocasión de la tramitación de otras leyes, que concluyó en el debate y tramitación de la ley de juicios rápidos, aprobándose una enmienda de mi grupo e incorporada al texto una disposición adicional que instaba al Gobierno a la presentación de este proyecto de ley sobre la prisión provisional.
Creemos que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular que lo sustenta están cumpliendo con la obligación legal de presentar este proyecto de ley y con una exigencia --se ha dicho por activa y por pasiva durante este debate-- de los principios constitucionales impuestos y exigidos por el Tribunal Constitucional y por los propios mandatos de la carta magna.
La posición de mi grupo ya se dijo en el Congreso de los Diputados y se repite ahora, es la de apoyar el proyecto de ley que debatimos.
Aprovechemos el contenido del mandato constitucional para hacer compatible el binomio de la seguridad ciudadana y de protección de las víctimas con las garantías del imputado pendiente de juicio, que no es ni más ni menos que la presunción de inocencia a que ha hecho referencia la senadora Etxegoyen.
Quiero hacer referencia a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular relativa al acercamiento de posturas y puntualizar las discrepancias entre este mandato constitucional y principios impuestos por el Tribunal Constitucional respecto del texto presentado. A través del debate y tramitación en el Congreso de los Diputados se han incorporado diversas enmiendas, por lo que se ha atemperando la rigurosidad del texto presentado en un principio. La senadora Etxegoyen se ha referido al texto original de su propio veto, que ha variado desde la presentación en el Congreso de los Diputados a la formulación en el Senado. Aceptamos discutir y atemperar estas discrepancias que puedan existir respecto de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios y la propuesta que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, senadora Mora.
También quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario Popular por la aceptación de cinco enmiendas durante el trámite de ponencia en esta Cámara, que son las números 77, 99, 100, 101 y 102. Señor presidente, de las 31 enmiendas tenemos que quitar las incorporadas al texto. Retiramos la enmienda 76 por la incorporación al texto de la enmienda 77. Nuestra posición es la de seguir negociando las enmiendas que restan de aquí al Pleno y, por tanto, mi grupo no apoya los vetos presentados en este acto.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Martínez.
La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señor presidente.
Nada más lejos de mi carácter, señor presidente, que acometer no este debate sino cualquier debate con virulencia. Siempre lo hago con convicción y algunas veces con más vehemencia, pero esta mañana ni tan siquiera eso, ya
que he mantenido un tono absolutamente sosegado y tranquilo. Además, lo que he pedido a lo largo de mi intervención es sosiego. He anunciado que necesitaba un poco más de sosiego y tiempo para analizar algunas de las cosas que se han incorporado al informe de la ponencia, incorporadas unas por el Grupo Parlamentario Popular y otras por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Habla de oportunismo como base fundamental del mantenimiento del veto. Yo resumiría en dos los ejes argumentales: uno el oportunismo por parte de este grupo parlamentario y otro la falta de consistencia del contenido, porque según usted no existen discrepancias entre la posición del Grupo Parlamentario Popular y la posición del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Socialista presentó un texto alternativo en el Congreso en abril, cuando nadie tenía en mente ninguna circunstancia especial como la que está en estos momentos en el ambiente, que es la ruptura del pacto o más bien la desvinculación que del pacto ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista. Pero quiero recordarle que en el debate que hubo en el Congreso de los Diputados en junio el señor Ollero decía que había una escenificación de discrepancias porque estaba próximo el debate sobre el Estado de la Nación. Ahora dicen ustedes que tampoco existen discrepancias y que es otra escenografía por nuestra parte porque acaba de sufrir un percance serio y grave el Pacto de Estado de la Justicia. No ha mencionado --eso se lo reconozco y se lo agradezco-- las elecciones. El ministro, el secretario de Estado, directores generales, todos los portavoces del Gobierno, y el portavoz del Gobierno el primero, dicen que hemos roto el pacto por electoralismo y usted ahora dice que por oportunismo nos sumamos a la campaña de ruptura del pacto.
Señora Mora, quiero decirle que oportunismo ninguno. Hay contradicciones de fondo que yo le voy a explicar, si quiere, con más detalle, y espero que a lo largo de esta semana y del debate en pleno podamos verlo con detenimiento. Quiero decir que el único portavoz, por lo que afecta a la intervención que hago, que ha traído a este debate la contaminación de este veto por la ruptura del Pacto de Estado de la justicia ha sido usted. Yo sólo he hecho una referencia última y final a que por los contenidos en que fundamentábamos el mantenimiento del veto se resumían en que había un incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo 17 del pacto de la justicia, que decía que íbamos a modificar la prisión provisional, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y nosotros honestamente, acertados o no, pensamos que el proyecto de ley presentado por el Gobierno y modificado en parte en la tramitación parlamentaria hasta ahora no cumple con esa jurisprudencia constitucional. Esa es la primera base seria y discrepante que en estos momentos mantenemos en este veto.
Por tanto, quiero rechazar de plano cualquier alusión al oportunismo de esta iniciativa. Si el pacto de la justicia gozaba de regular o mala salud era algo que se venía viendo desde hace tiempo no sólo por las razones que están más de moda estos días, como es la instrumentalización que están haciendo determinadas instituciones de la Justicia al servicio del Partido Popular e incumplimiento de los compromisos presupuestarios que teníamos, sino también por iniciativas parlamentarias como ésta, señor presidente. Porque quiero recordar a sus señorías que hemos presentado textos alternativos no sólo al estatuto orgánico del ministerio fiscal, sino también hemos presentado vetos en esta Casa a la ley que aprobamos la semana pasada relativa a las medidas de seguridad ciudadana, violencia doméstica y de inserción de inmigrantes. Y en esta ley, como también en aquéllas, lo único verdaderamente cierto es que tenemos serias discrepancias que nos gustaría resolver. Pensamos que el texto alternativo que allí presentamos, y que hemos articulado aquí mediante enmiendas, es bastante más completo y acorde con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, así como con la de los organismos que sientan jurisprudencia y doctrina en materia de derechos humanos. Por otra parte, también podría usted convencerse a base de explicaciones y aceptarnos el veto, motivo por el que creo que insiste en que le especifiquemos cuáles son los artículos para ver si los puede modificar.
Según usted es incongruente que yo diga que ello es ineludible. Pero, señoría, claro que es ineludible; y nosotros no eludimos nada, sino todo lo contrario. Fíjese usted si es cierto que nosotros no eludimos el problema que hemos presentado un texto alternativo al que estamos tramitando, porque ello es necesario y lo estamos esperando desde hace mucho tiempo. Hay grupos parlamentarios que han desarrollado mucha actividad parlamentaria destinada a que este proyecto salga adelante, pero lo que sucede es que hay una fractura fundamental entre su posición y la nuestra. Ustedes regulan la prisión provisional como única medida cautelar para que el proceso se pueda llevar a cabo con la eficacia y garantías que exige la Constitución, y nosotros decimos que no, que hacen falta otras medidas cautelares sustitutivas a la prisión provisional.
Según decía su señoría el principio de presunción de inocencia no se cuestiona, y ello no es así, pues no se da otra alternativa que ir a la cárcel. Asimismo dice que en el artículo 508 ustedes solucionan este tema, y esto tampoco es así. En el artículo 508 ustedes han introducido la posibilidad de arresto domiciliario cuando haya una enfermedad que el internamiento pueda agravar o dificultar, y me alegro de ello, pero nosotros vamos más allá y pretendemos que se apliquen medidas cautelares sustitutivas a la prisión provisional a determinados colectivos, como las mujeres embarazadas, las mujeres que están en período de lactancia, los mayores de setenta años, los toxicómanos, etcétera.
Sé que usted conoce el texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista tan bien o mejor de lo que yo conozco el proyecto que estamos debatiendo, y por tanto, entiendo que como argumento retórico me invite a que le especifique los artículos. No obstante, quisiera recordarle que en la justificación ya hacemos alguna mención a ello, así como en otras cuestiones que sin duda tendremos ocasión de debatir y que estuvimos viendo ayer, en la sesión de trabajo que llevamos a cabo y que considero fue interesante.
Dice usted que todos estamos de acuerdo en cuanto a los principios se refiere y que éstos son los mismos. Por supuesto que lo son, señoría, se trata de los principios que ha sentado la jurisprudencia y que todos venimos reiterando. Muchos de los artículos del proyecto de ley empiezan enumerando
esos principios, pero cuando uno sigue leyendo hacia abajo puede ver cómo esos principios no cristalizan adecuadamente en las medidas que se proponen. En estos momentos seguimos teniendo importantes diferencias.
Nosotros no estamos de acuerdo con la forma de regular el estatuto de la prisión provisional, pero, además, tampoco estamos de acuerdo con cómo se regula la duración de la misma porque entendemos que no es proporcional, que en muchos puntos se supera la proporcionalidad que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Así pues, hacemos casus belli, aunque sin virulencia, en cuanto al tema de regular medidas cautelares sustitutivas en cantidades industriales --y permítame que utilice esta expresión--, pues entendemos que tenemos que dotar a los jueces de instrumentos válidos y eficaces que, respetando al máximo no sólo la presunción de inocencia, sino también las garantías de la víctima y las cautelas para frenar el riesgo de la reiteración delictiva, puedan hacer que se cumplan las garantías que el proceso y el respeto a esos derechos exige mediante otras medidas que no sean la de la prisión.
Estos días están sucediendo cosas en este país que deberían hacernos reflexionar más sosegadamente respecto de algunas de las soluciones planteadas. No quiero entrar ahora en el tema del oportunismo, porque, señora Mora, para oportunismo el del Ministerio de Justicia. Quizá algunas de las medidas que se proponen son estupendas y las apoyaremos, pero lo cierto es que se está respondiendo con una inmediatez que me atrevería a decir que busca el efectivismo publicitario, y la verdad es que hay algunas respuestas que requieren más sosiego. Así me estoy refiriendo, por ejemplo, a la incorporación que se ha hecho al dictamen --que es lo que estamos debatiendo hoy; el veto al dictamen completo del ADN-- cuando le he dicho que hay un borrador de un proyecto de ley del ministerio desde 1999.
Se debate hoy una proposición no de ley que está registrada en el Congreso de los Diputados desde hace más de un año, y ahora el señor ministro quiere dar respuesta al caso King y a la alarma social que hay en estos momentos. Mire usted lo que decía el ministro en la rueda de prensa que se celebró ayer: Justicia creará un sistema de alerta para evitar las excarcelaciones sin juicio. Pero, señoría, lo que tiene que funcionar es la inspección de Justicia, es decir, la inspección del Consejo General del Poder Judicial, porque tiene gracia que haya que poner un piloto rojo que advierta a los jueces y fiscales que se les cumplen los plazos impuestos por quienes no tienen competencia jurisdiccional sobre ellos. En cuanto a los medios, éstos tienen que ponerlos el Consejo General del Poder Judicial si es que son medios lo que les falta. En definitiva, señoría, lo que quiero decir es que espero que podamos seguir trabajando en estos temas a lo largo del tiempo que resta entre este debate y el Pleno.
Por otra parte, también le decía que hemos pedido una votación separada precisamente para abstenernos respecto del bloque de contenidos que se han incorporado esta mañana al informe de forma que podamos reconsiderarlos con más detenimiento y apoyarlos en su momento. Así, por ejemplo, esta mañana el informe de la ponencia se ha aprobado por mayoría, y yo quiero adelantar que vamos a apoyar muchas de las incorporaciones que recoge, como, por ejemplo, todo lo que han introducido respecto de los juicios rápidos, pues se trata de preceptos que aprobamos cuando tramitamos la ley de juicios rápidos y entendemos que algunos de ellos vienen a mejorar el funcionamiento de ese procedimiento, en unos casos porque son cuestiones que han incorporado ustedes por la experiencia, y en otros porque ahora nos dan la razón cuando antes no nos la dieron.
Y quisiera terminar refiriéndome a lo que ha dicho su señoría en cuanto a la forma y el cómo debemos trabajar y a la labor conjunta que debemos desarrollar. En mi opinión todo es susceptible de mejora; siempre se pueden mejorar los procedimientos de trabajo, la coordinación y la colaboración que se exige entre grupos parlamentarios que se suponen están vinculados por un pacto importante de modernización de un servicio tan fundamental como es el de la Justicia, pero no me diga usted que traer al Senado en segunda y única instancia reformas que afectan, aprovechando la ley de prisión provisional, a la modificación de varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificada hace un año a través de los procedimientos de juicios rápidos y abreviados es un procedimiento correcto. De las 18 enmiendas que han presentado sólo tres afectan a la prisión provisional, y todo lo demás lo han traído aquí en última instancia, porque que yo sepa no han tenido ningún contacto, ni con el conjunto de los grupos parlamentarios en general, ni con el Grupo Parlamentario Socialista en particular. ¿Que hemos tenido oportunidad de hablar de ello? Sí la hemos tenido. ¿Que debemos seguir haciéndolo? También es cierto, pero no me diga usted que no habría sido mejor hacerlo antes que después de estar incorporadas al Boletín Oficial de esta Casa.
Y termino como he empezado, señor presidente. Hay razones de fondo para el mantenimiento del veto. Ojalá que en lo que resta de tramitación podamos retirarlo, y ojalá también que, con independencia de que no lo hagamos, podamos apoyar muchas y buenas mejoras a esta ley, porque he de decir que en estos momentos algunas de las transacciones que estamos estudiando entre los dos grupos son muy interesantes, son cuestiones que demanda mi grupo parlamentario, pero debemos ponderar debidamente si el alcance de las transacciones que se ofrecen son proporcionales a las diferencias que nos separan. Espero que el hecho de que no retiremos el veto --si es que en última instancia no lo hacemos en el Pleno-- no impida que el Grupo Parlamentario Popular introduzca esas mejoras legislativas, como he dicho antes, a través de enmiendas y de toda la tramitación que aún queda pendiente.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Mora.
La señora MORA DEVIS: Con la venia de la Presidencia intervendrá muy brevemente para contestar a la portavoz de Eusko Alkartasuna con una aclaración. No sé si se trata de un lapsus de expresión o de comprensión.
Yo estaba hablando sobre los presuntos inocentes, que no sobre
las presuntas víctimas, pues las víctimas siempre lo son seguras, mientras que los inocentes son quienes lo son de forma presunta. Conforme a ello quizás entenderá su señoría cómo mantenía esta portavoz la argumentación de que se invocaban principios comunes a todos los grupos, pero que no se centraban en lo sustantivo de la ley.
En cuanto a la posición adoptada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos quisiera hacer otra aclaración. Considero que respecto del veto de su grupo no he predicado el que se invocaran principios y no se dieran razones. Esto, salvo un lapsus que pudiera haber tenido esta senadora, se refería a Eusko Alkartasuna. En cuanto a la cuestión de fondo, yo sugeriría a la portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que hiciera un estudio comparativo de los dos textos, del vigente y del que se pretende reformar, para que observara la línea iniciada desde la primera reforma hasta las sucesivas otras cuatro. Estoy convencida de que a la vista de dicho estudio no le será fácil sostener que este proyecto de ley quiebra la línea seguida desde la primera reforma de la institución de la prisión provisional.
Quiero agradecer sinceramente --y lo reitero-- el ofrecimiento de trabajo, diálogo y estudio de todas las enmiendas que se han presentado, formulado por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y precisamente lo agradezco desde la mayoría suficiente del grupo parlamentario al que represento.
Igualmente agradezco la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que ha venido a puntualizar el trámite de este proyecto de ley.
Por lo que se refiere a las impresiones vertidas por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, sólo quiero hacer una observación. La señora portavoz se ha referido --y creo haberlo recogido textualmente-- a la subsistencia de un desacuerdo de fondo; si antes no había ese desacuerdo de fondo y ahora subsiste, que es de fondo y no se refiere a la forma del proyecto, entiendo que se tiene que hablar de una oportunidad en este trámite. Quisiera decirle a la señora portavoz que, en tanto en cuanto tienen un texto alternativo desde el mes de abril, hay más de diez enmiendas transaccionales de las que hemos podido disfrutar, y que han salido del Congreso de los Diputados, y eso es algo muy importante. Son más de diez enmiendas a las que me gustaría que todos nos remitiéramos de nuevo, y así ver que efectivamente se ha avanzado muchísimo, tanto como que es injustificado --como entiende este grupo-- el veto que ustedes presentan.
Quiero hacer la salvedad de que en el segundo párrafo del texto de su veto, señoría, se indica que es una necesidad ineludible. Pero, volviendo a apelar a las más de diez transaccionales del Congreso de los Diputados, ¿cómo se puede estar manteniendo el veto, si realmente es una necesidad ineludible? Me gustará escuchar su opinión en el Pleno respecto a que se sienten vinculados por el pacto; tendremos ocasión de aclararlo en ese debate.
También ha calificado su señoría las manifestaciones de esta portavoz como afirmaciones sin sustantivar, pero yo creo que no ha sido así mi intervención; creo que sí estaban sustantivadas, precisamente por las enmiendas, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Y en cuanto a las modificaciones que usted justificaba de la ley de extranjería, yo no tengo ningún pudor en recordar aquí que estamos conformes en reformarla, y, en tanto que supongan mejoras, no tiene que sorprender que estemos constantemente intentando perfeccionar --aunque no lo consigamos-- las leyes que salen de esta Casa.
Agradezco la posición abierta para mejorar el texto, porque en definitiva viene a cumplir con una doctrina, con unas responsabilidades y con unos principios fundamentales del presunto inocente (La señora Martínez García: ¡Presunto culpable!), que creo que sería una oportunidad desaprovechada, de la que todos nos lamentaríamos, si no lleváramos a buen puerto esta ley, porque se lo merece, en beneficio de todos los ciudadanos.
Terminado el debate de los vetos, procedemos a su votación.
Votamos la propuesta de veto número 1, de la senadora De Boneta y Piedra.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, siete; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto número 1, de la senadora De Boneta y Piedra.
Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto número 2, de los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares.
Votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
A continuación vamos a proceder a la defensa de las enmiendas que no se han incorporado al informe de la ponencia. Después de cada turno de defensa, haremos un
único turno en contra de todas las enmiendas, y, si fuera necesario, el turno de portavoces.
Las enmiendas números 1 a 5, de la senadora De Boneta y Piedra, y las números 6 a 24, de los senadores Cabrero Palomares y Cuenca Cañizares, se han dado por defendidas, en sus propios términos.
Enmiendas números 25 a 33, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Tiene la palabra la senadora Etxegoyen.
Las doy por defendidas en sus propios términos y sólo quiero reproducir aquí los términos exactos de la enmienda número 26, por su contenido y porque además creo que es la que puntualiza, enfatiza y pone en su sitio todas y cada una de las afirmaciones que, con mayor o menor fortuna, he querido poner de manifiesto en la defensa del veto. Conviene recordar que a través de esta modificación legislativa, todos aquellos principios que estamos unos y otros cuando menos invocando emanan de la Constitución, pero sobre todo en lo que se refiere a la prisión provisional --modificación que hoy nos ocupa-- también derivan de la consideración de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico, que consagra el artículo 1.1, de la Constitución Española, que no deberíamos olvidar.
Y en este punto sólo quiero señalar que la presunción de inocencia es importante, y es precisamente el principio que hace que el presunto nunca sea el inocente, sino el culpable, porque el presunto inocente es aquel a quien se le obliga a defender su inocencia, y lo que hay que hacer siempre es probar la culpabilidad.
En nombre de la Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Aleu, para defender las enmiendas números 34 a 45.
El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Aleu.
La enmienda número 76, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, ha sido retirada, y para defender las enmiendas números 78 a 98, y 103 a 106, tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor presidente.
Son en concreto 25 enmiendas las que quedan vivas que, para continuar con la brevedad de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, también voy a dar por defendidas, máxime cuando se nos ha prometido, a través de la senadora Mora, poder negociar alguna de las enmiendas presentadas. Por consiguiente, quizá sea más oportuno defender las enmiendas que mantengamos vivas durante el debate plenario, y poder negociar, de aquí a entonces, las enmiendas que resten, ello sin perjuicio de que con la lectura de las transacciones que se vayan produciendo podamos, asimismo, ir retirando alguna de las enmiendas que hoy aquí mantenemos vivas, pero que en un futuro creo yo que podrán ser retiradas durante la sesión plenaria.
Para la defensa de las enmiendas números 46 a 57, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Martínez.
La señora MARTINEZ GARCIA: Las he dado por defendidas en mi intervención anterior, señor presidente.
En el turno en contra de dichas enmiendas, tiene la palabra el señor Iribas.
El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señor presidente.
En los mismos términos en que nos hemos manifestado ya en la ponencia y en el posicionamiento en contra del veto, que, en definitiva, venía a subsumir lo que era el espíritu y la letra detallada de cada una de las enmiendas que desarrollan el articulado, manifestamos nuestra posición contraria a las enmiendas que no han sido incorporadas al informe de la ponencia.
Respecto a la enmienda número 26, de la que ha hablado la senadora del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, nos hemos ceñido a lo que en el pacto de Estado se señalaba, que era el desarrollo y la regulación del instituto de la prisión provisional, y en concreto a lo que se señalaba en la ley de juicios rápidos como el compromiso a regular en el plazo de seis meses, en lo que, evidentemente, coincidimos no sólo de palabra. Nosotros sostenemos no sólo de palabra sino de hecho el principio de defensa de las libertades y ¡cómo no vamos a decir que la inocencia no sólo no hay que probarla sino que se presume! La presunción de inocencia es un principio constitucional y lo que hay que probar en todo caso es la culpabilidad.
Quiero concretar que, respecto a una de las enmiendas que ha sido incorporada en fase de ponencia, la número 74, a la disposición adicional tercera nueva, tal y como ya hemos comentado con algunos de los ponentes, había un término que era el de «informes legalmente preceptivos» y lo vamos a sustituir, si les parece al resto de portavoces, por «informes legalmente procedentes». Consideramos que el término «procedente» es más amplio que el de «preceptivos» y que mejora el texto del proyecto.
Quería hacer un llamamiento sobre dos cuestiones respecto a las enmiendas, que me parecen importantes. Sin perjuicio de que no prosperen los vetos, del análisis detallado de las enmiendas se deduce que hay muchas posibilidades de acercarse en temas concretos. Yo quisiera que quedase claro el espíritu generoso que ha mostrado el Grupo Parlamentario Popular a la hora de incorporar algunas enmiendas y el talante dialogante que quiere que presida en el debate hasta la culminación del trámite parlamentario. En ese sentido me gustaría hacer un llamamiento
al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió porque creo que se han incorporado enmiendas muy importantes planteadas por ellos y que, sin perjuicio de la retirada de la enmienda 76, que considero razonable y acertada, pediríamos un mayor esfuerzo de generosidad a la hora de retirar algunas enmiendas y centrar el debate en los términos que fueran más sustanciales.
Sólo me queda agradecer la postura de todos los grupos de intentar posibilitar acercamientos que mejoren la regulación del instituto de la prisión provisional y decirles que en ese mismo espíritu nos encontraremos y que confiamos en que de aquí a la culminación de este trámite parlamentario hayamos podido acercar posiciones y regular en la mejor forma posible este instituto de la prisión provisional que, en definitiva, no va a hacer sino garantizar los derechos de todos los ciudadanos, de los detenidos y de las víctimas.
El señor PRESIDENTE: A la vista de cómo se ha producido el debate en la defensa de las enmiendas y el turno en contra, estimo que no hace falta el turno de portavoces. (Pausa.) A la vista de ello, al haber informe de ponencia, he de someter a votación la propuesta contenida en el mismo. Según dicha propuesta, el texto del proyecto de ley orgánica consta de seis artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales precedidas de un preámbulo. Quiero hacer mención de que en ese informe se acaba de hacer una modificación, aceptada por todos los grupos, en el sentido de que en la disposición adicional tercera se sustituye en el renglón segundo la palabra «preceptivos» por la palabra «procedentes». En ese sentido, con esa corrección en el texto del informe vamos a proceder a la votación sobre la base de la solicitud de votación separada que ha formulado el Grupo Parlamentario Socialista.
Vamos a proceder a la votación del artículo primero, y dentro de él de los artículos 502 y 507 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo segundo del proyecto de ley, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, excepto los apartados 4, 5, 8 y 16, y la disposición adicional tercera del texto del informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; abstenciones, siete.
Pasamos a un segundo bloque constituido por el artículo primero, artículos 506, 508 y 511 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo sexto, apartados 4, 5, 8 y 16 del texto del proyecto de ley, que se somete a dictamen, disposición adicional primera y disposiciones finales primera y segunda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 20; abstenciones, dos.
Votamos el resto del informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en contra, seis; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el resto del informe.
--DESIGNACION DE LAS PONENCIAS QUE HAN DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CODIGO PENAL Y EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (Continuación) (621/000145 y 621/000146).
El señor PRESIDENTE: En virtud de lo que dijimos antes de empezar el debate del dictamen de este proyecto de ley hay que rectificar los ponentes de la Ley Orgánica del Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tiene la palabra la senadora Rosa Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Pidiendo perdón por mi precipitación al iniciar la sesión con la designación de ponentes, ratifico que en nombre del Grupo Parlamentario Popular en lo referente al proyecto de ley modificador del Código Penal, serán ponentes la senadora Mora Devis y el senador Prada Presa, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el senador Salvador Armendáriz y la senadora España Moya.
El señor PRESIDENTE:¿Por parte del Grupo Parlamentario Socialista hay alguna modificación? (Pausa.) Quedan designados los ponentes que se dijeron en su momento.
--DICTAMINAR EL PROYECTO DE LEY ORGANI-CA DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL EN MATERIA DE PRISION PROVISIONAL (Continuación) (621/000139).
El señor PRESIDENTE: Una vez efectuada la votación, procede que se designe por la comisión el miembro de la misma que ha de presentar el informe ante el Pleno. (Varios señores senadores: El presidente.) El presidente realizará la presentación del proyecto de ley ante el Pleno del Senado.
Eran las catorce horas y treinta minutos.

References: artículo 24
 artículo 503
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 503
 artículo 24
 artículo 508
 artículo 508
 artículo 1