Source: https://monsieurdevillefort.wordpress.com/2017/02/
Timestamp: 2017-05-26 20:39:15+00:00

Document:
febrero | 2017 | MONSIEUR DE VILLEFORT
CHAE CHAN PING v UNITED STATES (1889): CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES RESTRICTIVAS DE LA INMIGRACIÓN.
Esta entrada pretende contar una historia a los lectores del blog que tiene un protagonista relevante (los Estados Unidos) y un objeto específico: las restricciones a la inmigración. Pero no se asusten, no me estoy refiriendo a las polémicas actuaciones llevadas a cabo por el presidente Donald Trump, sino por una legislación aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1888 restringiendo la entrada de inmigrantes chinos, y la sentencia del Tribunal Supremo que avaló la misma. Como tendrán ocasión de verificar a continuación, la música suena extrañamente familiar, salvo por los nacionales concretos afectados por la restricción migratoria.
Share this:FacebookMe gusta:Me gusta Cargando...	de Monsieur de Villefort
 Publicado en Derecho norteamericano	0	Feb
 Publicado en Opinión	0	Feb
HERNÁNDEZ v MESA O EL PEOR CASO EN EL PEOR MOMENTO: MÉXICO v ESTADOS UNIDOS EN LOS TRIBUNALES..
Este martes día 21 de febrero de 2017 tendrá lugar la vista oral del caso Hernández v Mesa, cuyo resultado puede contribuir a enturbiar aún más si cabe las ya difíciles relaciones que actualmente existen entre los Estados Unidos y México. Porque dicho pleito ha de resolver si un miembro de las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos de América, encargado de vigilar la frontera mexicana, puede ser sometido a un proceso para exigirle responsabilidad civil por la muerte a tiros de un adolescente mexicano.
EL ACUERDO DE 27 DE ENERO DE 2017 DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO RELATIVA AL RECURSO DE CASACIÓN CIVIL: DUDAS SOBRE SU AUTORIDAD E INTERPRETACIÓN.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha intentado emular a su hermana melliza, la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Lo ha hecho aprobando el Acuerdo de Pleno (no jurisdiccional) 27 de enero de 2017 sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. Dicho Acuerdo se ampara en los artículos 264.1 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio y en el artículo 483.1 de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Pues bien, en las redes sociales al comentar dicho acuerdo han incidido en el hecho que el Tribunal limita la extensión de los recursos a veinticinco folios. En concreto, el “párrafo fatal” del Acuerdo lo encontramos en el apartado III.3.1, cuyo tenor literal es el siguiente:
Bien, a este respecto cabe plantearse dos cuestiones. La primera, si la Sala de lo Civil se encuentra autorizada para establecer dicha limitación. La segunda, la interpretación que ha de efectuarse de dicho párrafo.
I.- LA SALA DE LO CIVIL NO ESTÁ AUTORIZADA PARA ESTABLECER UNA EXTENSIÓN MÁXIMA.
En primer lugar, el Acuerdo de la Sala de lo Civil carece de apoyatura jurídica para establecer dicho límite. En efecto, en su Preámbulo se apoya en el artículo 264.1 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio en la redacción que tiene dicho precepto desde la reforma del año 2015, según la cual: “Los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirán para la unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales, especialmente en los casos en que los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala o Tribunal sostuvieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicación de la ley en asuntos sustancialmente iguales. A esos efectos, el Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, por sí o a petición mayoritaria de sus miembros, convocará Pleno jurisdiccional para que conozca de uno o varios de dichos asuntos al objeto de unificar el criterio.” En ningún momento se contiene en dicho precepto una habilitación a la Sala para establecer dicha limitación, sin que pueda sostenerse que la expresión “coordinación de prácticas procesales” avale el imponer un límite en la extensión del recurso.
Existe, además, otro argumento poderoso para dudar de la legalidad de esa medida. Frente a la ausencia de previsión expresa tanto en la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio como en la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por el contrario el artículo 87.bis.3 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, introducido por la Ley Orgánica 7/2015, sí que contiene una habilitación expresa para que la sala pueda establecer dicha limitación. Y es que el precepto de la ley procesal contencioso-administrativa dispone que: “La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación.” Aquí sí se contempla expresamente dicha habilitación a la Sala de Gobierno para establecer una extensión máxima, siendo dicho precepto (y no otro) el invocado como título habilitante en el que se ampara el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo de veinte de abril de dos mil dieciséis sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación ante la Sala Tercera; ahora bien, dado que el precepto se ubica en la Ley 29/1998 de 13 de julio, únicamente puede efectuarse al amparo de dicha habilitación legal para establecer requisitos tanto formales como de extensión en el orden contencioso-administrativo, pues ni forzando la interpretación legal hasta extremos generosísimos podría entenderse la misma utilizable fuera de dicho orden y aplicable en la jurisdicción civil y/o social.
A mayor abundamiento, tampoco cabría que la Sala de lo Civil inadmitiese un recurso de casación por no cumplir con los requisitos establecidos en el Acuerdo del Pleno. Y ello porque artículo 483.2.2º de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en la nueva redacción vigente tras la entrada en vigor de la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015, establece que procede la inadmisión del recurso: “Si el escrito de interposición del recurso no cumpliese los requisitos establecidos, para los distintos casos, en esta Ley.” Habla de la Ley, y por tanto únicamente puede inadmitirse un escrito si no cumple los requisitos que establece la ley procesal civil, entre los cuales no se incluye ningún límite de extensión.
II.- LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA PERMITE INTERPRETAR QUE EL LÍMITE DE 25 FOLIOS NO SE REFIERE A TODO EL RECURSO, SINO A CADA UNO DE LOS MOTIVOS.
A expensas de lo dispuesto en el punto anterior, y aun cuando a efectos dialécticos admitiésemos que la Sala tiene habilitación legal para establecer dicho límite máximo, cabe una interpretación muy distinta de la efectuada por los medios. Partiendo de la ubicación sistemática del mismo, conviene tener muy en cuenta la rúbrica de los apartados en los que se encuentra situado. En efecto, el apartado 3 del Acuerdo lleva por rúbrica “Requisitos de los recursos”; el III.3 se titula “Requisitos del desarrollo de cada motivo del recurso”, si tenemos en cuenta, además, que la frase inicial del párrafo transcrito habla del “desarrollo de cada motivo”, cabe lícitamente concluir que la limitación de veinticinco páginas no está referida a todo el escrito, sino a cada uno de los motivos. En cuanto que cada motivo puede ocupar un máximo de veinticinco folios, la extensión total del recurso puede ser, lógica y evidentemente, mayor. Sin duda alguna se podrá decir que la interpretación es un tanto “forzada”, pero creo que no lo es menos que la efectuada por la propia Sala a la hora de invocar los títulos habilitantes para efectuar el recorte en la extensión de los recursos.
Dicho lo anterior, una cuestión es que la Sala carezca de habilitación legal para adoptar dicho acuerdo y otra muy distinta que no tenga bastante razón en lo deseable (e incluso más que deseable, necesario) que los letrados no se extiendan innecesariamente, y que efectúen o cuando menos intenten llevar a cabo una labor de síntesis, pues en bastantes ocasiones puede decirse mucho más con menos palabras, y en modo alguno los vocablos “extensión” y “claridad” van cogidos de la mano.
 Publicado en Derecho español	0	Feb
OTRA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SIN AUTOTUTELA) ES POSIBLE: EL EJEMPLO DE McLANE v. EEOC
El devenir tanto fáctico como jurídico del asunto McLane Company Inc v. Equal Employment Opportunity Commission, cuya vista oral ante el Tribunal Supremo tendrá lugar el próximo día 21 de febrero de 2017, nos ofrece un claro ejemplo de que otra Administración es posible. Y cuando digo “otra Administración” me refiero a que la misma esté sometida a un régimen jurídico y a unos principios de actuación radicalmente distintos sin que por ello se resienta en modo alguno el funcionamiento de los entes públicos ni de los órganos judiciales. Y basta simplemente echar un vistazo a la cuestión jurídica que ha de resolver el Tribunal para ofrecernos una pista de por dónde van los tiros: “Whether a district court’s decision to quash or enforce an EEOC subpoena should be reviewed de novo, which only the Ninth Circuit does, or should be reviewed deferentially, which eight other circuits do, consistent with this Court’s precedents concerning the choice of standards of review.” (Si la resolución de un juzgado de distrito anulando u ordenando ejecutar una citación de la EEOC [Comisión para la Igualdad de Oportunidades Laborales] debe ser objeto de una apelación ordinaria (algo que hace únicamente el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito) o el recurso debe ser limitado, como hacen otros ocho Tribunales de Circuito aplicando la doctrina de este Tribunal relativa a los criterios de revisión). Orillemos el hecho de que el discrepante sea precisamente el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito (que parece mantener una incruenta batalla con el Tribunal Supremo, órgano éste que ha desautorizado al anterior en numerosas ocasiones), es claro que el jurista español quizá de forma inmediata se pregunte ¿Pero es que una orden o citación de un ente público tiene que ser avalada por un órgano judicial? ¿No tiene presunción de legalidad y es inmediatamente ejecutiva, trasladando al ciudadano la carga de impugnar la validez de la misma ante los Tribunales de Justicia? Pues la respuesta es clara, rotunda e indubitada: no.
Resumamos los antecedentes fácticos. En el año 2008 una trabajadora de la empresa recurrente se incorporó a su puesto tras haber disfrutado de un periodo de baja por maternidad. La empresa le informó que, según la política empresarial, los nuevos trabajadores que la empresa contrate así como los que se incorporen a la misma tras un periodo de incapacidad que supere los treinta días, habrían de superar unas pruebas físicas. La trabajadora, que al no superar dichas pruebas fue despedida, puso los hechos en conocimiento de la Equal Employment Opportunity Commission, agencia administrativa encargada de velar por el cumplimiento de la Civil Rights Act (Ley de Derechos Civiles) de 1964, alegando discriminación por razón de sexo. La empresa no sólo reconoció que, en efecto, exige dichas pruebas físicas a todas las personas que se incorporen (ya sea por vez primera o por regresar de una situación de incapacidad superior a treinta días) con independencia de su género masculino o femenino, pero indica que únicamente se practican a los empleados que desempeñen sus funciones en puestos que exijan esfuerzos físicos para el desempeño ordinario de sus tareas. No sólo eso, sino que facilitó las pruebas efectuadas por todos sus trabajadores, pero sin facilitar los datos personales de los mismos, sino identificándolos únicamente por el número de su expediente en la empresa y precisando el sexo (masculino o femenino) del trabajador. No obstante, la Agencia le solicitó los expedientes completos, es decir, incluyendo los datos personales de los trabajadores, algo a lo que la empresa se negó alegando que ello suponía facilitar datos personales de los trabajadores.
Hasta aquí, la situación puede ser más o menos familiar al jurista español. Pero, ¿Qué ocurrió a continuación? Veamos cómo describe la situación el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito: “The EEOC then issued an administrative subpoena demanding production of the withheld information. McLane petitioned the EEOC to revoke or modify the subpoena, but the agency denied the petition. Upon McLane´s continued refusal to provide the disputed information, the EEOC filed this subpoena enforcement action” (La EEOC dictó resolución administrativa solicitando se le facilitase la información omitida. McLane solicitó la anulación o revocación de dicho acto, pero la agencia lo desestimó. Ante la contumaz negativa de McLane a entregar la información solicitada, la EEOC incoó acción judicial tendente a la ejecución de su acto).
Sin duda alguna, las similitudes y diferencias con nuestro sistema saltan a la vista:
1.- Existe una norma legal que prohíbe la discriminación por razón de sexo, la Civil Rights Act que data del año 1964. Esta música es familiar, pues evoca nuestra Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Lo único que puede causar cierta sorpresa es que la legislación estadounidense preceda en casi cuatro décadas a la española.
2.- Existe un organismo específico a quien la ley encomienda velar por el cumplimiento efectivo de sus previsiones, y ese no es otro que la Equal Employment Opportunity Commission (Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo), agencia administrativa encargada de llevar a efecto el cumplimiento de las leyes antidiscriminatorias, y a quien al efecto se apodera con las funciones de investigación de las denuncias que se presenten sobre la base de una discriminación laboral. A continuación puede intentar lograr un acuerdo entre las partes y, en caso de que no sea posible, a entablar acciones judiciales en defensa de los derechos de los trabajadores afectados. En este punto la melodía suena algo más lejana y débil, pues en Norteamérica se ha optado por centralizar las competencias en un único órgano mientras que la legislación española contempla hasta tres (Comisión Interministerial de Igualdad, Unidades de Igualdad, Consejo de Participación de la Mujer). Pero ninguno de los tres órganos españoles tiene la potestades que ostenta el organismo estadounidense.
3.- En el caso concreto enjuiciado, ante la negativa empresarial a cumplir voluntariamente con el acto administrativo, la Agencia solicita judicialmente se condene a la empresa a llevar a su debido cumplimiento dicho acto. Aquí ya no es que la música suene débil, es que apenas podemos intuir un susurro. ¿Acaso no existe en los Estados Unidos una previsión similar a nuestro artículo 98.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, según el cual “Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos”? ¿Acaso se desconoce el principio de autotutela ejecutiva, según el cual las Administraciones públicas no precisan acudir a los órganos judiciales para llevar a puro cumplimiento sus propios actos, pudiendo hacerlo por sí mismas? Pues aunque suene extraño a nuestra mentalidad, lo cierto es que no, existe ni tal precepto ni tal principio general.
En definitiva, un modelo muy distinto al europeo o continental, pero ni peor ni menos eficaz, cuando menos desde el punto de vista de los derechos ciudadanos. Simplemente, más garantista.
DIEZ TÍTULOS BÁSICOS EN ESPAÑOL PARA ADENTRARSE EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO NORTEAMERICANO.
La semana pasada un compañero me solicitaba que le facilitase un listado de artículos o de obras que le permitiesen adentrarse aun de forma somera en la historia y ordenamiento jurídico norteamericano, si bien me acotó bastante el ámbito al rogarme que me limitase a indicarle los que estuviesen disponibles en lengua castellana. La tarea era (y continúa siendo) ciertamente complicada, pues no son muchas las obras que aborden temas de derecho americano e incluso existen algunos magníficos estudios que en su día se efectuaron están totalmente descatalogados y es casi imposible encontrarlos incluso en librerías de viejo.
No obstante, deseo compartir con los lectores de este blog el listado de obras que recomendé a mi colega de profesión, esperando que les sean útiles.
1.- La revolución americana, de Gordon S. Wood, Mondadori, 2015. Se trata de una breve síntesis escrita en 1991 que ha sido traducida al español en 2015. Esta obra aborda las causas que llevaron a las colonias a enfrentarse con su metrópoli, expone las bases económico-sociales en las que se encontraba la ya nueva nación así como el camino que recorre desde el Tratado de Paz de París (1783) hasta la aprobación y entrada en vigor del texto constitucional de 1787. Pese a su brevedad, es imprescindible para situar en su contexto el constitucionalismo norteamericano.
2.- El concepto de constitución en los orígenes del constitucionalismo norteamericano, de Horst Dippel, publicado en el sexto número de la revista Fundamentos, Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, dedicado a los conceptos de Constitución, Junta General del Principado de Asturias, 2010. Sin duda alguna este artículo es complementario del anterior, y aborda la mutación que los rebeldes americanos hicieron de la constitución inglesa que decían defender, transformando dicha constitución en “su” idea de constitución.
3.- El inglés jurídico norteamericano, de Enrique Alcaraz Varó, Miguel Ángel Campos Pardillos y Cynthia Miguélez, 3ª edición, Ariel, 2006. Aun cuando esta obra en principio está orientada a familiarizar al lector con los términos y conceptos básicos manejador en el argot legal estadounidense, el mismo constituye un compendio básico o elemental de las distintas ramas del ordenamiento jurídico a la par que aprovecha para introducirnos de forma somera en el engranaje básico de cada una de ellas.
4.- El sistema político de los Estados Unidos, volumen coordinado por Yolanda Casado Rodríguez, Tecnos, Madrid, 2017. A esta obra le hemos dedicado con carácter monográfico un recentísimo post, al que nos remitimos íntegramente.
5.- La Administración por Agencias en los Estados Unidos de América, de Angel Manuel Moreno Molina, coedición Universidad Carlos III y Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995. Se trata de una detallada exposición del sistema administrativo norteamericano, si bien el estudio se limita al ámbito organizativo, es decir, a la descripción de los distintos tipos de agencias (ejecutivas, independientes).
6.- Algunas reflexiones sobre el Derecho Administrativo norteamericano. A propósito de una exposición sistemática del mismo, de Eduardo García de Enterría, publicado en el número 85 (enero-abril de 1978) de la Revista de Administración Pública. Aun cuando en principio se trata de una reseña bibliográfica (informa de la salida al mercado del Administrative Law, de Bernard Schwartz, autor por el que el maestro Enterría sentía cierta predilección), las veintidós páginas del ya entonces veterano administrativista español se convierten en una lección magistral de Derecho administrativo estadounidense. Por cierto, una anécdota curiosa: Bernard Schwartz fue un grandísimo tratadista estadounidense especializado en temas de derecho administrativo; pero lo que no todo el mundo sabe es que hubo un celebérrimo actor de Hollywood, Tony Curtis, cuyo nombre real era precisamente ese: Bernard Schwartz.
7.- La participación pública en el procedimiento de elaboración de los reglamentos en los Estados Unidos de América, de Juan José Lavilla Rubira, Civitas, Madrid, 1991. Aun cuando el objetivo último de esta obra es la de analizar la intervención de los ciudadanos en la actividad de rulemaking (uno de los ámbitos de actuación de las agencias administrativas, que junto con el adjudication constituye el grueso de la actividad administrativa norteamericana), la primera parte de la obra constituye una exposición magistral de esa actuación bifronte, efectuada con un rigor y una claridad impresionantes.
8.- El alcance del control judicial de las Administraciones Públicas en los Estados Unidos de América, de Julio V. González García, McGraw Hill, Madrid, 1996. Como su propio título indica, esta obra trata de acercar al lector español al ámbito del control de la actividad de las Agencias administrativas estadounidenses por los órganos judiciales.
9.- ¿El ocaso de Chevron? Auge y fracaso de la doctrina de la deferencia judicial hacia el ejecutivo, de Jorge Pérez Alonso, publicado en el número 184 (enero-abril 2011) de la Revista de Administración Pública. Este artículo pretende analizar de forma monográfica la doctrina Chevron de deferencia judicial hacia el ejecutivo, sus antecedentes jurisprudenciales y las matizaciones que, con posterioridad a dicha sentencia, el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha efectuado para negar en determinados supuestos esa “deferencia”.
10.- Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, de Miguel Beltrán de Felipe y Julio V. González García, segunda edición, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2006. En principio se trata de una recopilación de las cuarenta y dos sentencias más relevantes del Tribunal Supremo a lo largo de su historia, iniciándose con Marbury v. Madison y finalizando con Lawrence v. Texas, pasando por sentencias tan célebres como los casos Dred Scott v. Sandford, Lochner v. New York, Buck v. Bell, Korematsu v. United States, Brown v. Board of Education of Topeka, Grinswold v. Connecticut, Roe v. Wade, United States v. Nixon, Clinton v. Jones y, cómo no, Bush v. Gore. Pero a dichas sentencias se antepone un impagable estudio preliminar de los autores que sirve a cualquier interesado para tener un conocimiento mucho más que aceptable de la historia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
 Publicado en Derecho español	1	Feb
EL JUEZ NEIL GORSUCH COMO CANDIDATO A CUBRIR LA VACANTE DE SCALIA. NO SE PRODUCE NINGUNA “ALTERACIÓN” DEL EQUILIBRIO INTERNO DEL TRIBUNAL SUPREMO ESTADOUNIDENSE.
Ayer, martes 31 de enero de 2017, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo público el nombre de su candidato para cubrir la vacante que hace ya casi un año existe en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tras el fallecimiento de Antonin Scalia: se trata del Neil Gorsuch, actual juez del Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito, cargo para el que fue nombrado a propuesta del Presidente George W. Bush hace justo una década. Ahora bien, en este punto, como en tantos otros, la prensa española ha aprovechado la ocasión para describir al juez peyorativamente como “conservador” e incluso algún sector (en este caso, ha de reconocerse que minoritario) ha llegado a hablar de “alteración del equilibrio” en la más alta institución judicial. Lo cierto es que si uno analiza las noticias que ofrecen los medios españoles en lo que respecta al nuevo presidente ello daría lugar para varias antologías del disparate o diversos monólogos del Club de la Comedia. Vayamos por partes.
I.- JUEZ “CONSERVADOR”. Que Donald Trump iba a nombrar a una persona con determinado perfil era algo que cualquier persona que hubiese visto los debates presidenciales entre el entonces candidato republicano y su rival demócrata, Hillary Clinton, debía tener claro. Pero es que, además, es algo absolutamente lógico y normal desde la propia fundación de los Estados Unidos que el Presidente intentará nombrar jueces próximos a su propia concepción del Derecho. Thomas Jefferson dejó bien claro en su primera campaña presidencial en 1800 que uno de sus objetivos sería cubrir las vacantes con nombramientos que rompiesen el monopolio federalista en el Tribunal. Franklin D. Roosevelt, tras fracasar en su intento de alterar por vía legislativa la composición del Tribunal Supremo, logró reorientar su jurisprudencia eligiendo varios jueces de su propia cuerda ideológica (por ejemplo, elevando a la judicatura al hasta entonces senador Hugo Black). Richard Nixon también hizo de los nombramientos judiciales uno de los ejes de su campaña. Tres supuestos, los citados, que se encuentran lo suficientemente distantes en el tiempo y en la ideología. La diferencia entre ellos fue que mientras dos (Jefferson y Nixon) fracasaron, uno (Roosevelt), tuvo éxito. Por ello, que Donald Trump haya elegido a un juez que comparta sus valores no es en modo alguno extraño, pues se ha limitado a hacer lo mismo que sus cuarenta y cuatro predecesores en el cargo.
Por cierto, una curiosidad respecto al nuevo candidato que afecta muy directamente al ámbito jurídico-administrativo. Es bastante conocido entre los administrativistas que en los Estados Unidos rige la llamada doctrina Chevron de la “deferencia judicial” hacia el ejecutivo, tesis que se enuncia por vez primera en el caso Chevron v. Natural Resources Defense Council, doctrina vigente pese a las numerosas matizaciones que el propio alto tribunal ha introducido a la misma. Pues bien, Neil Gorsuch ha manifestado ya en público su discrepancia con dicha tesis, y lo ha hecho en fechas muy recientes y en un ámbito que le es propio: en concreto, el 23 de agosto de 2016 en un extenso voto particular a la sentencia Hugo Rosario Gutiérrez-Brizuela v. Loretta Lynch.
II.- ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO DEL TRIBUNAL SUPREMO. Atención a las consecuencias que de la noticia saca el diario El Comercio (y, por extensión, supongo que todos los diarios del grupo Correo) al dar la noticia: “inclina la balanza del tribunal en favor de los conservadores”, frase que además destaca en negrita. Esto es rigurosamente falso, como cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de la evolución del Tribunal en los últimos cuarenta años sabe, pero quizá pedirle eso al articulista sea mucho. Quizá se hubiera sorprendido (o quizá ya lo sabía) que si Obama hubiera podido consumar su intento de cubrir la vacante sí hubiera alterado ese equilibrio. Intentaremos explicarlo de una forma clara y comprensible, remontándonos al año 1994, dado que no es necesario, a estos efectos, remontarnos más atrás.
1.- Periodo 1994-2005. En el año 1994, el presidente Bill Clinton nombra a Stephen Breyer para ocupar el asiento que dejara libre en el Tribunal Supremo la renuncia de Harry Blackmun. Desde 1994 hasta 2005 no se produce ninguna vacante. En ese periodo hay siete magistrados que deben su cargo a presidentes republicanos y tan sólo dos a presidentes demócratas. En concreto, los jueces son los siguientes: William Rehnquist (nombrado por Nixon en 1972 y promovido a chief justice por Reagan en 1986), John Paul Stevens (nombrado por Gerald Ford en 1976), Sandra Day O´Connor (nombrada por Reagan en 1981), Antonin Scalia (nombrado por Reagan en 1986), Anthony Kennedy (nombrado por Reagan en 1987), David Souter (nombrado por George H.W.Bush en 1990), Clarence Thomas (nombrado por George H.W. Bush en 1991), Ruth Bader Gisburn (nombrada por Clinton en 1993) y Stephen Breyer (nombrado por Clinton en 1994).
En principio todo parecería apuntar a una clara mayoría republicana. Pero no. John Paul Stevens y David Souter pronto se realinearon con los jueces nombrados por el presidente Clinton, de tal manera que Sandra Day O´Connor pasó a ser lo que se en argot jurídico se denomina “key vote”, y no eran infrecuentes las ocasiones en que, pese a su conservadurismo, se alineaba más con los conservadores. Lo mismo ocurrió con Anthony Kennedy que, aún siendo mucho más conservador que O´Connor, en materia de derechos civiles se alineaba casi inequívocamente con el ala liberal. Tenemos, pues, tres magistrados inequívoca y sólidamente conservadores (Rehnquist, Scalia y Thomas), cuatro liberales (Stevens, Souter, Gisburn, Breyer) y dos oscilantes (O´Connor y Kennedy).
2.- Periodo 2005-2016. Tras once años sin que se produjese una sola vacante (el periodo más largo en el que el máximo órgano judicial de la federación tuvo una estabilidad semejante) en el siguiente lustro van a producirse cuatro vacantes, dos de ellas cubiertas por un presidente republicano y otras dos por uno demócrata.
A.- Nombramientos efectuados por George W. Bush. En junio del año 2005 Sandra Day O´Connor anuncia su intención de abandonar el Tribunal para cuidar de su marido, enfermo de alzheimer. Tres meses después, William Rehnquist fallece víctima de un cáncer de garganta con el que luchaba desde hacía casi un año. George Bush había propuesto a John Roberts para cubrir la vacante de O´Connor, pero tras el fallecimiento de Rehnquist decide que en vez de aquélla sustituya a éste. Para cubrir la vacante de O´Connor elige al juez Samuel Alito. Por tanto, a un juez conservador sustituye otro conservador, y a uno de los dos jueces oscilantes le sustituye uno conservador.
B.- Nombramientos efectuados por Barack Obama. En el año 2009 David Souter decide retirarse, y es sustituido por Sonia Sotomayor. Un año más tarde, el casi nonagenario juez Stevens abandona su cargo y es sustituido por Elena Kagan. Quiere ello decir que a dos jueces liberales les sustituyen otros dos liberales.
En resumen, que desde el año 2010 el Tribunal Supremo se encuentra equilibrado entre dos sólidos y homogéneos bloques integrados respectivamente por cuatro magistrados conservadores (Roberts, Scalia, Thomas, Alito) y cuatro liberales (Gisburn, Breyer, Sotomayor, Kagan) con un magistrado oscilante, Anthony Kennedy, que si bien es de ideología conservadora siempre se ha aliado con sus colegas liberales en casos como el aborto (pese a ser católico practicante), los derechos de las minorías (la reciente sentencia que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo a él se le debe) y derechos civiles. Por ello, Kennedy ostenta una posición que, en palabras del analista Jeffrey Toobin, le ha otorgado una posición de enorme ventaja.
3.- Vacante de Scalia en 2016. Quien haya leído atentamente el párrafo anterior podrá comprobar que el fallecimiento de Scalia deja una vacante en el bloque conservador, por lo que su cobertura mediante otro conservador no altera para nada el equilibrio interno de la institución. Si Obama hubiera podido cubrir la vacante sí que se hubiera producido un desequilibrio, pues ascenderían a cinco los jueces liberales frente a tres conservadores, con lo cual Anthony Kennedy dejaría de ser clave.
Por todo lo anterior, aconsejo a quien desee informarse de la situación existente en los Estados Unidos que se abstenga de acudir a la prensa e informativos españoles que, en este aspecto, deberían incluir en su emisión la misma advertencia que contienen las cajetillas de cigarrillos: perjudican seriamente la salud.

References: artículo 483
 artículo 264
 artículo 87
 artículo 483
 resolución 
 resolución 
 artículo 98