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L.-Conflictos Jurisdiccionaleso: Ii. - Notas | Jurisdicción | Caso de ley
L.-Conflictos Jurisdiccionaleso: Ii. - Notas
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II PLENO LABORAL.pdf
l.-CONFLICTO S
JURISDICCIONALE S
CUESTIONES DK COMPETENCIA: 1. La caza, ¿problema civil o problema
El plazo para la decisión del Seje del Estado. 2. Vía de hecho en la ex-
propiación forzosa. Procedencia del interdicto de recobrar. 3. Bienes de dominio público que son desajeclados y convertidos en patrimoniales: procedencia de la vía inlerdictal transcurrido el plazo del aíio. 4. Prohibición de las intromisiones en la competencia ad- ministrativa. 5. El embargo no se entiende concluido hasta la entrega ejecliva de los bienes. La excesiva duración del procedimiento. 6. Actuación del Tribunal de lo conten- cioso-administrativo en dejensa de la ejecución del jallo anterior. Pervivencia de Tribu- nales Provinciales de lo Contcncioso-administrativo. Conflicto entre Gobernador civil y Tribunal, de lo Contendoso-administrativo: la judicialización de dichos Tribunales. 7. La Dirección General de Seguridad no puede desahuciar, por el hecho de jubilarse, al poli-
cía armado a quien le había arrendado una vivienda. Incidencia del Derecho común so- bre las relaciones especiales de sujeción.
La caza, ¿problema civil o problema administrativo? para la decisión del Jefa del Estado.
A) El Decreto 218/1968, de 1 de febrero (B. O. del 12), resuelve en
favor de la autoridad judicial el conflicto que había surgido entre el Juzgado de Instrucción de Haro y el Gobernador civil de Logroño. El al- cance del conflicto se deduce claramente de los términos del primer Resultando :
«Resultando que cuando se tramitaba en el Juzgado de Ins- trucción de Haro el recurso de apelación de la sentencia de 27 de junio de 1964, dictada por el Juez de Paz de la villa de San Vi- cente de la Sonsierra, en la que se condenaba a diversas penas a don Fernando Gerardo Díaz y otros, por supuestas infracciones de la Ley de Caza, en el término municipal de San Vicente de la Sonsierra, cometidas en 1963, que los denunciantes afirmaban cons-
nes de conflictos
11 de noviem-
29 IIÍ; febrero
1968, ambos
tituído todo el por el Ayuntamiento en coto de caza en 1953, en tanto que los denunciados negaban la validez legal de tal constitu- ción, se recibió en dicho Juzgado de Instrucción de Haro un oficio del Gobernador civil de Logroño, de fecha 26 de agosto de 1964, en el cual, de acuerdo con el informe previo del Abogado del Es- tado, cuya copia acompañaba, de requerir de inhibición en la apelación referida, alegaba como razón del requerimiento la exis- tencia de una cuestión prejudicial encuadrable en el artículo 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativa a la legalidad de la constitución del Coto de San Vicente de la Sonsierra, la revisión de la cual entendía que, como acordada por el Ayuntamiento y aprobada por el Gobernador, corresponde en definitiva a la juris- dicción contencioso-administrativa, previo un recurso de reposición que agote la vía gubernativa, apoyando el requerimiento en la re- gla del artículo 15 de la Ley de Conflictos Jurisdiccionales».
de esta intervención
civil, el Juez
trucción mantiene su competencia, afirmando, entre otras cosas, que,
«aunque existiese una cuestión previa, no sería de naturaleza admi- nistrativa, sino civil, porque la constitución de un coto de caza no es una facultad emanada de las atribuciones administrativas, sino del derecho de propiedad privada».
En el centro de la cuestión se sitúa, por tanto, el problema de si la calificación como de «acotado» de un determinado terreno propiedad de un Ayuntamiento tiene carácter administrativo o tiene, por el con- trario, carácter civil. Se trata, como se sabe, de un viejo e irresoluto problema (1), a cuya sombra se amparan, con bastante frecuencia, in- tentos de perturbar la marcha normal del pronunciamiento de la jus- ticia. En la resolución del caso presente, el Juez de conflictos entiende que no se trata de una cuestión previa de carácter administrativo. La parte más interesante de la argumentación se encuentra contenida en los Considerandos tercero y cuarto :
«Considerando que la posibilidad de que se dé tal cuestión previa administrativa no quiere decir que efectivamente exista en este caso, en el cual, si aparece una cuestión previa, cifrada en la determinación de si el lugar en que estaban cazando los denuncia- dos está legalmente acotado para la caza, ésta no es de carácter administrativo, puesto que no lo son ni el derecho a cazar en un determinado terreno acotado, que la Ley de Caza de 16 de mayo de 1904 reserva a sus dueños o arrendatarios o a las personas auto-
(1) Me remito genéricamente a mi trabajo Unidad de jurisdicción para la Administra- ción pública, aparecido en el núm. 49 de esta REVISTA (1966), págs. 143 y sigs., donde se recoge la bibliografía fundamental sobre el tema.
rizadas por ellos por escrito, ni el acotamiento mismo, en el que sólo requiere el artículo 9 de la dicha Ley de Caza "la visibilidad de la acotación", y el artículo 7 de su Reglamento, de 3 de julio de 1903, la colocación visible de hitos, cotos o mojones para de- terminar sus linderos, pero no un acto administrativo de declara- ción del acotamiento. En cuanto a lo primero, el Tribunal Supre- mo tiene afirmado, en 21 de enero de 1942, que el artículo 9 de la Ley reserva explícitamente a los dueños de los predios el d::re- cho a caza en ellos, que nadie podrá ejercitar sin su permiso o autorización expresas cuando dichos predios están cerrados o aco- tados. En cuanto a lo referido, no puede considerarse como una acción de índole administrativa el cumplimiento de la obligatorie- dad (que estableció la redacción que el dicho artículo 9 de la Ley de Caza recibió por Real Decreto de 12 de junio de 1924 y que ha quedado con simple rango reglamentario, según la Orden de 23 de marzo de 1933) que tienen los propietarios de un Municipio de formar un coto cerrado cuando lo acuerden ellos mismos, en pro- porción no menor de cuatro quintas partes de la propiedad y del número de propietarios, puesto que todo ello aparece dentro de la esfera de la propiedad privada y el Ayuntamiento no tiene otra disposición que la que sobre el aprovechamiento de la caza en los bienes comunales o de propios lo reconoce, dentro de las facultades dominicales, el artículo 198 de la Ley de Régimen Local.
Considerando que faltando el carácter administrativo de la cues- tión previa suscitada, falta también el fundamento para que la Ad- ministración reclame la inhibición del órgano judicial compe- tente».
En base a estos razonamientos, concluye el fallo afirmando la com- petencia del Juez de Instrucción, con lo cual formalmente se superan en este caso concreto los obstáculos surgidos a un determinado enjuicia- miento. Digo formalmente, porque este fallo, que es de 1 de febrero de 1968, se produce:
«de conformidad con lo consultado por el Consejo de Estado y previa deliberación por el Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de abril de 1965».
Resulta, por tanto, que desde que el fallo es aprobado en Consejo de Ministros hasta que es aprobado por el Jefe del Estado transcurren casi tres años. Esto significa que la suspensión del enjuiciamiento se pro- longa considerablemente. Pero sobre este problema quiero insistir una vez que me haya ocupado de la cuestión de fondo dirimida y re- suelta en esta contienda.
B) Se trata de ver si el problema de la constitución de un coto pue-
de constituir una cuestión prejudicial de carácter administrativo. Se ha aludido antes al trasfondo procesal —enjuiciamiento o no enjuicia-
miento de diversas personas— que el problema tiene; pero creo que, al margen de dicho planteamiento, la presente cuestión de competen- cia da pie para formular alguna reflexión acerca del problema de fondo. Es decir •—y me permito utilizar, bien que en distinto sentido, las pa- labras del Juez de Instrucción al sostener la competencia—, la inter- vención en lo referente a la caza, ¿es una facultad emanada de las atri- buciones administrativas o deriva, por el contrario, del derecho de pro- piedad privada?
Ya se sabe que el derecho de caza es de esas materias que el Código civil remite a la regulación de las Leyes especiales (art. 611). Se trata, igualmente, de una de esas materias objeto de peloteo, que se disputan y reparten autores de diversas disciplinas, y cuya diferente calificación tie- ne, además, importantes efectos jurisdiccionales, como bien claramente se deduce del caso presente. La Ley de Caza —se pregunta ROYO-VIIXA- NOVA—, ¿es civil o administrativa? (2). Pues bien, íntimamente relacio- nado con este interrogante cabe plantearse el problema de la posible publicatio del sector de la caza: ¿hay, debe haber, un planteamiento público del sector de la caza, o la caza no será más que algo relacionado con el derecho de propiedad privada? ¿Se debe habilitar la intervención de alguna forma de organización que supere el planteamiento de todo el sector de la caza como algo derivado de la propiedad privada, para dar entrada a consideraciones más generales, más amplias? Con frecuen- cia —aunque habría que establecer muchas salvedades— la referencia al derecho civil como algo contrapuesto al derecho administrativo no hace más que reflejar la tensión existente en posibilidades como las apun- tadas. Pues bien, el planteamiento recibido en relación con la caza, pa- rece bastante terminante: «En el derecho vigente —y en el anterior—
Esta opi-
nión de GUAITA (3), generalizada entre los mismos administrativistas (4), me parece suficientemente expresiva (5). Es el criterio que ha seguido, en definitiva, el Juez de Conflictos en el caso ahora contemplado.
Y sin embargo, no han dejado de formularse opiniones en sentido
contrario. Me referiré aquí sólo a la de GARCÍA DE ENTERRÍA, que abor- dó el tema brillantemente en la Lección magistral de unas oposiciones
a Cátedra (6). Según este autor: «En el Derecho romano, la caza sería
un derecho privado, porque partía de un sistema de libertad total; pero esto ya no tiene sentido prolongado en su situación histórica, to-
la caza está regulada fundamentalmente
por normas civiles
(2) A. y S. ROYO-VILLAJÍOVA, Elementos de Derecho administrativo, II, 25. a ed., Va- lladolid, 1964-65, pág.588. (3) GÜAITA, Derecho administrativo especial, III, Zaragoza, 1964, pág. 283. (4) Véase, por todos, ROYO-VILLANOVA, loe. cit. (5) Esto no significa que la señalada doctrina deje de destacar una serie de puntos en los que se manifiesta claramente la intervención pública: otorgamiento de licencias, fijación de épocas de caza, etc., etc. Cfr., por ejemplo, GUAITA, op. cit., págs. 284-285.
Desgraciadamente, dicha lección no ha sido publicada. Las citas que voy a ha-
cer a continuación en el texto están tomadas de la conferencia sobre el mismo tema pronunciada en el Colegio Mayor Menéndez Pelayo, de Madrid, el 22 de noviembre de 1965. Es obvio que los defectos de transcripción sólo a mí pueden imputarse.
talmente distinta, en que la libertad de caza no existe en parte alguna, y más bien existe una tendencia rigurosa, como hemos visto (7), hacia un estancamiento riguroso de la misma «El derecho de cazar es un derecho público, porque solamente es pú- blicamente organizable, porque el otro término de la relación que este derecho supone tiene que ser, necesariamente, la colectividad».
« El lugar sistemático de configuración del derecho de caza, pues,
no es el derecho de propiedad y no es tampoco concretamente el dere-
«El problema más importante del derecho de caza es
su liberalización en relación con la efectiva protección de las especies Ahora bien, desde el Derecho civil, esto es muy difícil de organizar
El Derecho administrativo, sin embargo, está más adiestrado técnica-
etc., etc. Estos textos
mente para el tratamiento de estos problemas
reflejan un planteamiento opuesto radicalmente al antes recogido, al mismo tiempo que contienen una respuesta bien decidida al problema de la publicatio del sector de la caza. Planteamiento que cobra, además, especial relieve por el cambio de opiniones iniciado en relación con la futura Ley de Caza.
C) La presente resolución de competencias permite suscitar otro pro-
blema, de carácter procedimental ahora, pero de grandes consecuencias en el terreno de lo sustancial, como sucede casi siempre con los plantea- mientos procedimentales. Es el problema, ya enunciado más arriba, de si el Jefe del Estado, una vez que el Consejo de Ministros ha deliberado acerca del expediente del conflicto, debe promulgar el Decreto resoluto- rio en un plazo determinado, o si cabe, por el contrario, la posibilidad de que demore indefinidamente dicha promulgación. Y cabe plantearse
este interrogante a la vista del presente conflicto, porque en él la deli-
beración del Consejo
de Ministros se produjo el 9 de abril de 1965,
mientras que la fecha del Decreto es de 1 de febrero de 1968, es decir, casi tres años posterior. Esta demora en la resolución puede enjuiciarse, en primer lugar, desde la perspectiva de la rapidez y eficacia de la administración de justicia. Sobre esta perspectiva se ha insistido recientemente desde dis- tintos sectores. Valga, por todos, la referencia al planteamiento de PKIETO
Pero no es sólo un planteamiento de eficacia o rapidez el que inte- resa. Es que con frecuencia la demora en la resolución puede arrastrar consigo unas consecuencias que signifiquen, de hecho, lo contrario de lo que en su día declare el fallo (9). Por eso es un principio consagrado
(7) Se había referido con anterioridad al problema del sometimiento de importantes especies a la técnica de los permisos especiales; también el problema de los acotamien- tos masivos, etc.
PRIETO CASTRO, La actualización y la coordinación de las Leyes de justicia como
¡actores para el desarrollo, Madrid,1963.
En el Decreto que ahora se comenta es evidente que, aunque se afirme la com-
petencia judicial, al suspenderse durante tanto tiempo el enjuiciamiento, se debilita ex- traordinariamente, de hecho, la postura del órgano judicial.
en el Derecho procesal el del señalamiento a los Jueces y Tribunales de plazos para llevar a cabo todas sus actuaciones y en concreto, para dic- tar sentencia.
Muy frecuentemente se señalan también a los Jefes de Estado plazos dentro de los cuales deben llevar a cabo las actuaciones que les competen. Puede recordarse aquí, y es un mero ejemplo, el plazo señalado por la Constitución de Estados Unidos (de 1787) al Presidente, en relación con la aprobación de Leyes, plazo que, parodiando la expresión del pro- cedimiento administrativo, ofrece un supuesto de silencio legislativo:
«Todo proyecto que hubiese sido aprobado por la Cámara de Represen- tantes y el Senado será sometido al Presidente de los Estados Unidos antes de pasar a ser Ley. Si él lo aprueba, lo firmará; de lo contrario,
lo devolverá, junto con sus observaciones
viese un proyecto dentro de los diez días de haberle sido presentado
(no contando los domingos), el proyecto se convertirá en Ley lo mismo
Si el Presidente no devol-
que si lo hubiera firmado
(Sección 7, 2).
En el Derecho español se puede encontrar un ejemplo de señala- miento de plazo al Jefe del Estado, en el artículo 16 de la Ley de Cor- tes, en la versión posterior a la Ley Orgánica del Estado: «El Presidente de las Cortes someterá al Jefe del Estado, para su sanción, las Leyes aprobadas por las mismas, que deberán ser promulgadas en el plazo de un mes desde su recepción por el Jefe del Estado». A la vista de estos antecedentes procede plantearse cuál es la solu- ción que da la Ley de Conflictos Jurisdiccionales de 17 de julio de 1948 (LCJ) al problema ahora examinado. El articulado de la misma va sujetando a plazo las distintas actuaciones de los órganos judiciales y de los órganos administrativos inferiores, teniendo en cuenta, además, que el artículo 6.° considera los plazos como improrrogables. Creo que no es necesario reproducir aquí todo el planteamiento de la LCJ. Alu- diré sólo a los trámites finales. Cuando el expediente llega a la Presi- dencia del Gobierno, se fija un plazo de ocho días para pasar las actua- ciones al Consejo de Estado (art. 32). Al Consejo de Estado se le otorga un plazo de dos meses para proponer la decisión motivada (art. 33), que deberá remitirla a la Presidencia del Gobierno. También a los Mi- nistros se les fija el plazo de un mes para poder intervenir (art. 35). Sin embargo, nada dice en orden a plazo la LCJ al regular la actuación del Jefe del Estado. Esta actuación está contemplada en el artículo 37, que dispone: «Ultimado el trámite, con o sin intervención del Consejo de Ministros, se adoptará decisión por el Jefe del Estado. Esta decisión será irrevocable; se entenderá motivada y en forma de Decreto, y para su cumplimiento se comunicará a los contendientes y se publicará en el Boletín Oficial del Estado». Se regulan, por tanto, una serie de pecu- liaridades, pero nada se dice de un posible plazo dentro del cual se deba actuar. Todo da a entender que se trata de una importante laguna de la regulación específica, con la particularidad de que dicha laguna permite, como demuestra el presente caso, que pueda tenerse que el alcance efectivo del fallo —al demorarse indefinidamente la resolución— pueda quedar minusvalorado.
2. Vía de hecho en la expropiación forzosa. Procedencia del inter-
dicto de recobrar.
185/1968, de 25 de enero
O. de 5 de febrero),
solver la cuestión de competencia surgida entre el Gobernador civil de Murcia y el Juez de Primera Instancia de Muía, la decide a favor del órgano judicial. El problema suscitado aparece descrito en los dos pri- meros Resultandos, de la siguiente manera :
«Resultando que en ]2 de junio de 1967, don José Aroca Ulan entabló ante el Juzgado de Primera Instancia de Muía un interdic- to de recobrar la posesión contra don Francisco Martínez Galindo, alegando que éste había ocupado el día 6 de junio de 1967 dos fincas de la propiedad del actor y había comenzado a abrir zanjas en ellas para el paso de aguas. Resultando que cuando se tramitaba tal interdicto por el Juz- gado se recibió en el mismo en 27 de junio de 1967 un escrito del Gobernador civil de Murcia, fechado en el día anterior, en el cual, de acuerdo con el dictamen del Abogado del Estado, que acompa- ñaba, requería la inhibición al Juez en dicho interdicto, invocanda que sobre las referidas fincas había un expediente de urgencia de expropiación forzosa por parte de la Mancomunidad de los Cana- les del Taibilla para las obras de aprovechamiento de aguas resi- duales en la estación depuradora de la Sierra de la Espada, que suponía la ocupación de parcelas en tales fincas, que el ocupante era el contratista de las obras y que, conforme al artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración y al 103 de la Ley de Procedimiento Administrativo, no procede acción interdit'tal contra las actuaciones de los Órganos administrativos en materia de su competencia y por el procedimiento legal establecido».
A pesar de las anteriores manifestaciones del Gobernador civil, el Juez decidió sostener su competencia, pues la ocupación se había realizado- prescindiendo absolutamente de los trámites y procedimientos señalados. Puede contemplarse aquí evidentemente un supuesto de lo que la doctrina denomina vía de hecho en la expropiación forzosa, ante la cual recobran todo su vigor las acciones interdíctales (10). De ahí la ló- gica del presente fallo, que se formula de acuerdo con una doctrina ya tradicional, y que en este caso concreto se apoya en los siguientes ra- zonamientos, contenidos en el Considerando tercero :
«Considerando que la prohibición de interdictos contenida tan- to en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis- tración como en el artículo 103 de la Ley de Procedimiento Admi- nistrativo, como en el número 6 del artículo 52 de la Ley de Ex- propiación Forzosa, requiere inexcusablemente que la Adminis-
por torios, GARCÍA DF ENTF.KHÍA, LOS principios
1956, págs. 100 y sigs.
de la nueva Ley de Ex-
tración haya actuado, al invadir los terrenos ajenos, dentro de su
competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente esta- blecido, lo que, sin dejar lugar a dudas, no se ha producido en este caso, en que el contratista de las obras procedió por sí y ante
a tomar los bienes cuando todavía no se había dado cumplimiento
las concretas y minuciosas prescripciones que en dicho artícu-
52 de la Ley de Expropiación forzosa requiere para la ocupación
de urgencia, por lo que no puede entenderse que tales preceptos
se opusieran al interdicto que estaba planteado».
3. Bienes de dominio público que son desafectados y convertidos en
patrimoniales: procedencia de la via interdictal transcurrido el plazo del año.
El Decreto 114/1968, de 18 de enero (B. O. del 29), resuelve el liti- gio surgido en torno a unos bienes que habían sido de dominio público
—formaban
al objeto de construir casas para funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.
descritos de la si-
río— , pero que fueron desafectados
del álveo de
Los hechos que daban lugar al conflicto
guiente manera en los tres primeros Resultandos:
«Resultando que la representación de don Francisco Roca Lo- zada y demás condóminos de la propiedad que se acredita en la
certificación del Registro de la Propiedad de Granada, incorporada
a las actuaciones, presentó ante el Ministro de Obras Públicas, en
31 de agosto de 1965, reclamación previa a la interposición de un interdicto de recobrar contra el Patronato de Casas para funcio- narios, técnicos y empleados de Obras Públicas, para que los refe- ridos condóminos fuesen reintegrados en la posesión de los terre- nos que abarcan la espalda de la finca mencionada hasta el límite con las porciones de tierra que formarán en su día el paseo de la margen derecha del río Genil, terrenos poseídos desde tiempo in- memorial e ininterrumpidamente por la familia Roca y sus arren- datarios (arrendatarios que existieron hasta el año 1964, en que también demolieron las edificaciones existentes para convertir la totalidad de la finca en solar edificable), y que, sin embargo, han venido a ser ocupados sin permiso alguno en los primeros días de enero de 1965 por unos obreros que dicen pertenecer a la Empresa constructora "ECONSA" y que han comenzado a instalar unos pilo- tos de hormigón para construir, 6egún manifestación posterior, dos bloques de viviendas para el Patronato de Casas de que se ha he- cho mérito.
Resultando que la representación de los condóminos, al no ob- tener respuesta ninguna a su reclamación administrativa previa, presentó el 15 de diciembre siguiente demanda ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Granada, solicitando que
se declarara haber lugar al interdicto de recobrar la posesión de los
terrenos de referencia y que se repusieran las cosas al estado an- terior a la perturbación, con demolición de lo indebidamente cons- truido a costa del Patronato demandado, accediendo el Juez a te- ner a la representación por comparecida y por parte en el litigio y a disponer la práctica de la información testifical propuesta, cuyo resultado fue conforme con los hechos alegados en la demanda, compareciendo además el Abogado del Estado en representación del Patronato de Casas para solicitar Ja suspensión del procedimien- to, en tanto evacuaba la consulta reglamentaria con la Dirección General de lo Contencioso del Estado. Resultando que el Subsecretario de Obras Públicas y Presi- dente del Patronato de Casas delegó en 23 de marzo de 1966 la representación de tal Patronato al Ingeniero Jefe provincial de Obras Públicas, otorgándole simultáneamente la facultad de pro- poner al Gobernador civil de Granada entablase la cuestión de competencia que pudiera plantearse con el Juzgado de Primera
día 31 del mismo mes,
previo el informe favorable del Abogado del Estado, requiriendo
de inhibición, el Gobernador civil dirigió en 29 de abril de 1966
al Juzgado de referencia, apoyándose en la siguiente argumenta-
ción fundamental: que los terrenos respecto de los que se inter- puso interdicto de recobrar por don Francisco Roca Lozada y otros habían sido de dominio público, como correspondientes al álveo
del río Genil, cuyo deslinde y amojonamiento se realizó en 1954
y 1955, siendo consentidos por todos los propietarios colindantes,
hasta que se desafectaron y adscribieron en 8 de mayo de 1963 (Orden ministerial de Hacienda) al Patronato de Casas para fun- cionarios, técnicos y empleados del Ministerio de Obras Públicas para el cumplimiento de sus fines, comenzando la construcción de un bloque de viviendas sin que existiera servidumbre alguna sobre tales terrenos, siendo improcedente por todo ello la acción inter- dictal interpuesta, como se desprende del artículo 36 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, que prohibe los interdictos contra la Administración cuando ésta actúa en ma- teria de su competencia y siguiendo el procedimiento iégalmente establecido».
Instancia número 1, como así lo hizo el
siguientes argumentos :
de la autoridad judicial en base a los
«Considerando que, invocándose por la Abogacía del Estado la circunstancia de que en el presente caso se trata, mediante el in- terdicto interpuesto por don Francisco Roca Lozada, de impugnar
o dejar sin efecto una resolución administrativa firme, como es el
deslinde realizado en los años 64 y 65 de la finca en cuestión, pre- cisa examinar en primer término este problema, cuya resolución afirmativa impediría entrar en el fondo del asunto.
Considerando que, evidentemente, las diligencias de deslinde
realizadas en los años 54 y 55, y comprensivas
posesión se discute, son manifiestamente firmes por haber inter- venido en dichas diligencias los interesados y haber consentido las mismas sin impugnación alguna, siendo consecuencia lógica de di- chas diligencias de deslinde la atribución a la Administración de la posesión de las fincas comprendidas en él, ya que si bien no existe en nuestra legislación ninguna manifestación expresamente aplica- ble al caso que se examina respecto a la eficacia del deslinde, e9
inequívoco a este respecto lo dispuesto en el artículo 15 de la vi- gente Ley de Montes, que, para las materias en ella reguladas, hace derivar del deslinde no sólo la propiedad, sino también la situación posesoria; doctrina que evidentemente ha de entenderse de apli- cación general.
Considerando que las posteriores diligencias de desafección del mencionado terreno realizadas en mayo de 1963, y en virtud de las cuales el mismo perdió su carácter de dominio público para pasar a ser dominio privado del Estado, si bien no fueron notificadas a los interesados ni fueron tampoco publicadas, ni tenían por qué serlo, dado su carácter de puro régimen interior patrimonial de la Administración, es lo cierto que fueron conocidas por los intere- dos en las diligencias de otro interdicto anterior al que es objeto de la presente cuestión de competencia, según hace notar la Abo- gacía del Estado en su informe de fecha 1 de junio de 1966, sin que sea contradicho eficazmente por \a otra paTte y sin que, por otra parte, la firmeza de estas últimas actuaciones sea esencial a los efec- tos de la presente cuestión de competencia, pero derivándose de ellas la evidente realidad de que en mayo de 1963, fecha de estas actuaciones, los terrenos indicados eran poseídos en virtud de las mismas por la Administración, cosa tampoco contradicha por los demandantes.
Considerando que a partir de dicha fecha tuvieron lugar los ac- tos posesorios que se atribuyen los demandantes, los cuales no ce- saron hasta principios de 1965, en que la Administración, por sí y ante sí, ejercitó de nuevo su posesión sobre la finca en cuestión mediante la implantación de los pilotes que habían de servir de cimentación a los edificios en ellos proyectados, de lo que se dedu- ce que la Administración, con este acto, trataba de recuperar por sí la posesión perdida a raíz del acuerdo de desafección de mayo de 1963 por actos de los demandantes, encontrándose, en conse- cuencia, en el supuesto de hecho exactamente previsto por el ar- tículo 8." de la Ley de Patrimonio del Estado, texto articulado, aprobado por Decreto de 15 de abril de 1965, según el cual "la Administración del Estado podrá recuperar por si la posesión in- debidamente perdida sobre los bienes o derechos del Patrimonio antes de que se cumpla un año, contado desde el día siguiente al de la usurpación. Transcurrido dicho plazo, la Administración de- berá acudir a los Tribunales ordinarios, ejercitando la acción co- rrespondiente", sin que el último inciso de este artículo, según
de la finca cuya
el cual "no se admitirán interdictos contra las actuaciones de los Agentes de la autoridad en esta materia", tenga otra interpreta- ción posible que referirse precisamente a aquellos actos mediante los cuales la Administración recupere por sí misma la posesión in- debidamente perdida, pero, como es natural, antes del transcurso del año, a que el propio artículo 8.° se refiere; habiendo transcu- rrido dicho plazo, la Administración debe acudir a los Tribunales ordinarios, en cumplimiento del propio precepto legal, ejercitando la acción correspondiente».
Los términos del Decreto no dejan de suscitar algunas dudas en el lector que no conoce a fondo el asunto, pues se habla, por ejemplo, de la inscripción de bienes en cuestión en el Registro de la Propiedad en beneficio de quien ha promovido el interdicto, se habla de posesión in- memorial e ininterrumpida de tales bienes por el mismo y sus causantes,
y se habla, por otro lado, del deslinde y amojonamiento de dichos bie-
nes por la Administración, deslinde al que se reconoce plena virtualidad
y al que no se le ha opuesto, por otra parte, ninguna objeción. En todo
caso, la resolución del presente conflicto da pie para formular algunas
a) En primer lugar no deja de sorprender que efectuada la desafec-
gistro de la Propiedad, de acuerdo con los artículos 42 y siguientes de
Ja Ley del ses después.
de los bienes en mayo
1963, no
(LPE) que
en vigor unos me-
b) Es interesante destacar, por lo que respecta a la eficacia del des-
linde, la aplicación analógica que se hace de la doctrina del artículo 15 de la Ley de Montes, «doctrina que evidentemente ha de entenderse de aplicación general». Se actúa así en la línea de la más reciente doctrina que propugna la construcción de una teoría general del deslinde admi-
nistrativo (11).
c) Es de destacar en el presente caso, y no voy a entrar en pro-
blemas de Derecho transitorio, la no aplicación del artículo 123 LPE (12),
que parece estar pensado para supuestos similares al del presente caso. La desafectación de bienes de dominio público, consecuencia directa de las modernas concepciones sobre el mismo, no deja de producir sus riesgos a la Administración. Pues bien, este artículo 123 LPE suscita el problema hasta qué punto va a poder prevalecer este precepto frente
(11) Véase
guientes y passim.
RIVERO VSERN, El deslinde administrativo, Sevilla, 1967, págs. 67 y si-
(12) El artículo 123 LPE dispone: "La incorporación al Patrimonio del Estado de
los bienes desafectados, incluso cuando proceden del deslinde de dominio
entenderá efectuada hasta la recepción formal por el Ministerio de Hacienda de los bie- nes de que se trate, y en tanto la misma no tenga lugar, seguirán teniendo aquéllos el
carácter de dominio público".
público, no se
a la fuerza tradicional de los interdictos. Creo que el caso presente pue- d«» servir expresivamente de ejemplo.
lo que era álveo de un río —con todas las implica-
tino de los bienes :
pasa de funcionarios del Ministerio competente.
d) En todo caso, no deja
de ser curiosa
ciones del demanio natural—
a solar para
El Decreto 2.706/1967. de 2 de noviembre (B. O. del 13), resuelve la cuestión surgida entre el Delegado de Hacienda de Salamanca y el Juzgado de Primera Instancia número 1 d<- dicha ciudad, en ocasión de un proceso de suspensión de pagos. El fallo de la cuestión constituye un buen testimonio del plantea- miento actual de las relaciones entre los órganos administrativos y los órganos judiciales. Los hechos origen de la cuestión aparecen descritos de la siguiente manera en el primer Resultando :
«Resultando primero: Que con motivo del expediente de sus- pensión de pagos de la razón comercial denominada "Hermanos Vi- llarroel Melgar" y también "Hijos y Herederos de doña Francis- ca Melgar", el Juzgado de Primera Instancia número ] de Sala- manca dirigió en 4 de febrero de 1967 al Delegado de Hacienda de
la provincia un escrito invocando el artículo 9 de la Ley de Sus-
pensión de Pagos de 26 de julio de 1922, para que éste ordenase al Recaudador de Contribuciones correspondiente la suspensión de los procedimientos de apremio seguidos contra dichos comerciantes por delitos a la Hacienda, suspensión que había de mantenerse hasta que concluyese el expediente de suspensión de pagos, y que en lo futuro evitase el despachar embargos y apremios contra ellos. Tal escrito tenia su origen en la providencia dictada por el Juez en la misma fecha, en la que había decretado la suspensión de los
procedimientos de la recaudación de contribuciones».
«Considerando tercero : Que cualquiera que sea la interpreta- ción que ahora quiera darle, el hecho indudable es que el Juez de Primera Instancia número 1 de los de Salamanca suspendió por sí
y ante sí unos expedientes administrativos de apremio, la compe-
tencia administrativa sobre los cuales no puede tampoco dudarse,
y dirigió al Delegado de Hacienda no una petición, sino una or-
den, como claramente se advierte en ese tono imperativo de sus términos, que el propio Juez ha reconocido, disponiendo que se ordenase al Recaudador la suspensión y que en lo futuro no se
despachasen embargos ni apremios fiscales, todo lo cual constituye una clara intromisión en la competencia administrativa, aunque no deba entrarse aquí en los términos de fondo ni en lo que cada una de las dos jurisdicciones hayan de resolver dentro de su ámbito respectivo».
A la vista de las razones utilizadas, no parece extraño que se fallara
la cuestión en favor
de los bienes. La excesiva duración del
El Decreto 2.707/1967, de 2 de noviembre (B. O. del 13), resuelve el conflicto que había surgido entre el Juzgado de Primera Instancia nú- mero 25, de Madrid, y la Delegación de Hacienda de Sevilla, a instancia precisamente de aquél. El objeto del litigio lo constituye, por cierto, el embargo de un automóvil. El alcance del conflicto se deduce clara- mente de los razonamientos contenidos en los Considerandos :
«Considerando: Que la presente cuestión de competencia se suscita por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo a la Dele- gación de Hacienda de Sevilla, por pretender aquella autoridad que ésta dé cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado de Primera Ins- tancia número 25 de los de Madrid, en providencia de 6 de junio de 1964, y se abstenga de poner obstáculos a la entrega del automó- vil MA-11.051 al rematante. Considerando: Que, con carácter previo al examen de fondo de la presente cuestión de competencia, han de examinarse los obstáculos procesales que a dicho examen opone la Delegación de Hacienda, a cuyo respecto ha de tenerse en cuenta que, si bien es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial no atribuye compe- tencia específica a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para esta clase de requerimientos, no es menos cierto que dicha compe- tencia le está expresamente atribuida por el artículo 8.° de la l.ey de Conflictos Jurisdiccionales; y por lo que respecta a la ausencia de informe del Ministerio Fiscal, requerido por el artículo 9.° de dicho texto, su ausencia en las actuaciones que motivan la presente cuestión de competencia no implica su inexistencia, y el precepto indicado no exige que dicho informe se acompañe a las actuaciones, como, por el contrario, exige cuando se trata de autoridades juris- diccionales de ámbito territorial menor. Considerando: Que siendo posible, en consecuencia, entrar en el fondo de la presente cuestión, ha de puntualizarse que en la mism a n o se trat a primariament e <le un a cuestió n d e priorida d d e embargos que haya de resolverse manejando únicamente el crite- rio tradicional utilizado por anteriores Decretos de competencia, sino que se trata, en primer lugar, de puntualizar si el embargo realizado por la autoridad judicial se encuentra totalmente ultima- do ; cuestión fundamental en el presente asunto, porque, caso de
estarlo, habría de jugar el principio recogido en el artículo 13 de
la Ley de 17 de julio de 1948, que impide promover cuestiones de
competencia en asunto fenecido por sentencia firme, y este trata- miento merecen, a efectos de planteamiento de esta clase de cues-
tiones, los procedimientos ejecutivos totalmente ultimados, confor- me vinieron a establecer los Decretos resolutorios de competen- cia 794/1961, de 8 de mayo, y 1.220/1967, de 24 del mismo mes.
Y en segundo lugar, porque en tal supuesto la entrega del vehículo
embargado al rematante sería un aspecto de puro hecho, sin ningu- na consecuencia jurídica.
Considerando : Que ello obliga a analizar la naturaleza de las
llamadas en nuestra legislación diligencias de apremio, y en espe- cial la fase que tiene su punto de partida en el remate y consi- guiente adjudicación de la cosa embargada al rematante. A cuyo respecto ha de señalarse que, efectivamente, la sentencia de 22 de marzo de 1946 puntualiza, en su Considerando segundo, que la
se sustenta sobre una adjudicación judicial
"eficacia del título
debidamente legitimada, hecha al tercerista antes de que tuviere efecto la retención judicial que la parte requirente obtuvo, toda
vez que, cuando ésta se logró, ya había causado estado de derecho
la transmisión que el remate había en principio determinado, por
haberse hecho pago del precio y haberse acordado, por el Juzgado actuante, la entrega del correspondiente testimonio, que había de servir al adjudicatario como título de propiedad de los créditos solemnemente transferidos"; con cuya doctrina queda evidente- mente claro que, en el caso entonces examinado, la expedición por
el Juzgado del testimonio de la adjudicación implicaba la transfe-
rencia al rematante de los créditos entonces objeto de embargo. Mas la doctrina sustentada en esta sentencia ha de entenderse, a la luz de lo sustentado en la sentencia posterior de 26 de junio del propio año 1946, pues no puede olvidarse que en aquella sen- tencia de 22 de marzo el objeto embargado y rematado eran cré- ditos sometidos al régimen de posesión del artículo 438 del Códi- go civil; y, por su parte, la sentencia de 26 de junio de 194'6, en su Considerando noveno, concretó "que en las adjudicaciones y ventas de bienes muebles, subastados judicialmente en ejecución de sentencia, no es de. aplicación, más que en casos especiales y como norma supletoria, lo dispuesto en el párrafo 2.° del artícu- lo 1.462 del Código civil"', sino que rige, por regla general, lo prevenido , con el mism o carácter , en e l párraf o 1.° de dich o ar- tículo, según el cual "se entenderá la cosa vendida cuando se pon- ga en poder y posesión del comprador", declaración, por otra par- te, en consonancia con los artículos 1.409, 1.410 y 1.509 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que sistemáticamente aluden a la tenencia física de la cosa embargada por el Juzgado y a la entrega física de la misma al rematante. Por lo que es manifiesto que en el presente caso la no entrega de la cosa embargada, esto es, del automóvil MA-11.051, al rematante no significa solamente la omisión de una
circunstancia de mero hecho, sino que tiene un alcance jurídico, consistente, por de pronto, en concretar que las diligencias de apremio no se encuentran ultimadas. Considerando: Que en el mismo sentido se manifiesta el De- creto resolutorio de competencia de 20 de diciembre de 1951 (Boletín Oficial del Estado del 3 de enero siguiente), en el que también se trataba de un embargo realizado por la Administración con anterioridad al realizado por la autoridad judicial, en el que asimismo hubo remate y entrega de parte de los bienes embarga- dos al rematante, sosteniéndose entonces que no era obstáculo al juego del principio de prioridad en los embargos "que en el pro- cedimiento de apremio judicial se haya llegado hasta la aprobación del remate y la entrega al rematante de parte de los bienes, pues la adjudicación no puede entenderse terminada con una declara-
ción, sino con el cumplimiento físico de lo que en ella se pretende,
y aún estaba pendiente en el momento de realizarse en el Juzgado
el requerimiento inhibitorio». Tesis sentada en aquel caso, en que ya parte de los bienes embargados habían sido objeto de entrega al rematante; por lo que tal doctrina será de aplicación más in- dudable cuando la entrega ni siquiera ha comenzado a realizarse.
Considerando : Que ello viene a significar que las diligencias de embargo realizadas en el presente caso por la autoridad judicial venían de hecho a incumplir lo dispuesto en los artículos 1.409
y 1.410 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que, por los mo-
tivos que fuesen y aun habiendo nombrado depositario del bien embargado, el Juzgado no tenía la posesión efectiva de la cosa em- bargada ; lo cual, a la vista de la jurisprudencia citada, implica que las diligencias de apremio se encuentran abiertas todavía, y en consecuencia, es posible la aplicación del principio de priori- dad en los embargos, tan reiteradamente sostenido en Decretos re- solutorios de cuestiones de competencia. Considerando: Que habiendo realizado la autoridad adminis- trativa su embargo en 3 de mayo de 1960 y la judicial en 14 de diciembre de 1961, y no habiéndose ultimado las diligencias pro- pias de la vía ejecutiva, es visto que la presente cuestión de com- petencia debe resolverse a favor de la autoridad administrativa».
En el presente conflicto ha mediado nada menos que otra resolución de competencias, que terminó señalando que el conflicto inicial estaba mal planteado (13). El resultado final es que se determina en 1967 que debe prevalecer el embargo practicado en 1960 por la autoridad admi- nistrativa, frente al practicado en 1961 por la autoridad judicial. No deja de llamar la atención el hecho de que el procedimiento haya tenido una duración de siete años.
recogid o
en e l núm .
del Dci relo 2.329/19ft5, de 14 de agosto
4 8 de:
RKVIMV
(1965). pág . 249 .
del 11 de septiembre),
de lo contencioso-administrativo en de-
anterior. Pervivencia de Tribunales Pro-
vinciales de lo Contencioso-administrativo.
El Decreto 2.708/1967, de 2 de noviembre (B. O. del 13), resuelve la cuestión de competencia surgida entre el Gobernador civil de Guipúz- coa y el Tribunal Provincial de lo Conlencioso-administrativo de dicha provincia. Los hechos que dieron lugar al conflicto aparecen suficiente- mente referidos en el primer Resultando :
Conflictos entre Gobernador
fensa de la ejecución
«Resultando primero: Que en 11 de enero de 1966, y previo informe favorable del Abogado del Kstado de 13 de noviembre de 1965, del que acompaña copia, el Gobernador civil de Guipúz- coa requirió de inhibición al Tribunal Provincial de la Contencio- so-administrativo de la misma provincia para que no invadiese la competencia del Ayuntamiento de Vergara en el expediente de expropiación forzosa seguido a don Esteban Galarza Cortázar sobre determinadas construcciones para las que en su día le otorgó licen- cia dicho Ayuntamiento. Se trata de una licencia para edificar en- cima de una cubierta tendida sobre el río Deva, concedida por el Ayuntamiento en 7 de mayo de 1947, declarada caducada por el mismo en 8 de noviembre de 1955, pero que fue mantenida en vi- gor por el Tribunal Supremo en sentencia de 3 de mayo de 1961. El Ayuntamiento acordó más tarde, por acuerdo de .10 de abril de 1962, ratificado en 13 de agosto de 1963, expropiar la platafor- ma construida sobre el río y las construcciones que hubiese en ella, por entender que resultaban contrarias al Plan de Ordenación Urbana, y tramitó el expediente de expropiación forzosa, en el cual, en los varios incidentes habidos entre él y el Tribunal Pro- vincial de lo Contencioso-administrativo, con ocasión del manteni- miento por éste da la ejecución de la sentencia del Tribunal Su- premo, que declaraba el respeto a la licencia de construcción, es- timaba el Gobernador que era invadida la competencia municipal».
existencia de defectos de procedimiento que tienen gran importancia en
LCJ :
((Considerando tercero: Que uno de tales defectos consiste en que dicho Tribunal Provincial de lo Contencioso-administrativo, al dictar su auto de 26 de marzo de 1966, en el que decidió no acce- der al requerimiento inhibitorio, dispuso también en tal auto que se alzare la suspensión de la tramitación de los autos, acordada al recibir el requerimiento, sin tener en cuenta que el artículo 20 de la Ley de 17 de julio de 1948 ordena que esa suspensión se mantenga mientras no termine la contienda, aunque tal noriiip se
procedimiento. Considerando cuarto: Que el otro defecto se ha producido al denegar, en su auto de 23 de abril de 1966, la apelación planteada
tanto por el Fiscal de su jurisdicción, como por la representación del Ayuntamiento de Vergara, pretendiendo apoyarse en el artícu-
lo 24 de la Ley de Conflictos Jurisdiccionales, que evidentemente
se refiere a órganos de la jurisdicción ordinaria y sin tener en cuenta ni entonces ni en su otro auto de 7 de mayo de 1966 (y esta vez a pesar de que ya se lo había hecho notar la representación
del Ayuntamiento en su escrito) que el aplicable no es ese artículo, sino el artículo 26 de la misma Ley, que expresamente permite las apelaciones contra los autos en que el órgano jurisdiccional se de- clare competente o incompetente, cuando se trata de un Tribunal
u órgano de jurisdicción especial, si éste tiene un superior jerár-
quico que pueda conocer del recurso y el recurso se encuentre autorizado por la Ley orgánica procesal de la respectiva jurisdic- ción especial. Lo que claramente se da en este caso en que se trata de la jurisdicción contencioso-administrativa, precisamente inclui- da entre las jurisdicciones especiales por el artículo 2 de la misma Ley de Conflictos Jurisdiccionales, y dentro de ella, de un Tribu- nal provincial, de los que subsisten en virtud y con los límites de las disposiciones transitorias 1. a y 2. a de la Ley de lo Contencioso- administrativo de 27 de diciembre de 1956, que tiene como su- periores jerárquicos las correspondientes Salas del TribunaJ Supre- mo, que menciona el artículo 14 de la misma Ley, precisamente para las apelaciones autorizadas expresamente por el artículo 93 de la propia Ley de la Jurisdicción especial.
Considerando quinto : Que por ello resulta necesario volver la tramitación de la presente cuestión de competencia al momento en que se dictó por el Tribunal Provincial de lo Contencioso-adminis- trativo de Guipúzcoa el auto de 23 de abril de 1966, para dar lugar
a las apelaciones planteadas, debiendo declararse además sin efecto
el levantamiento de la suspensión de la tramitación de los autos
acordado por otro auto del Tribunal de 26 de marzo de 196'6, y teniéndose por nulo lo qus desde entonces se haya actuado en ello,
aunque por un principio de economía procesal no sea necesario repetir las apelaciones ya presentadas contra tal auto».
fallo terminará señalando que está mal planteado el conflicto, siendo preciso retrotraer las actuaciones al momento en que se han producido
Pues bien, aun sin lograrse una resolución
expresa, este fallo
diversas reflexiones:
Es un testimonio el presente
de la pervivencia
NOIAS DE JURISPRUDENCIA
bunales Provinciales de lo Contencioso-administrativo, a tenor de lo pre-
visto en la disposición transitoria 2. a
b) Muy frecuentemente la ejecución de sentencias de los Tribunales
contencioso-administrativos sigue siendo problemática. Del tema me he ocupado en otra ocasión y no voy a insistir ahora. Pero es cierto que, en ocasiones, se producen varias sentencias al objeto de lograr el cumpli- miento de un determinado fallo. Pues bien, en este caso, el conflicto se nos presenta también como consecuencia del intento del Tribunal Provincial de lo Contencioso-administralivo de defender la efectiva eje-
cución de una sentencia del Supremo, frente a las pretensiones, en sen- tido contrario, de determinado Ayuntamiento.
de la Ley de lo Contencioso.
c) Otro aspecto puede ser destacado en el presente caso : el con-
flicto se presenta entre el Gobernador civil y el Tribunal de lo Conten- cioso-administrativo. Quizá no destaque a simple vista la importancia de dicho planteamiento, dado que incluso la LCJ prevé la posibilidad de que los Tribunales de lo Contencioso-administrativo puedan promo- ver cuestiones de competencia (art. 8, 3.°). Sin embargo, a pesar de tal prohibición creo, que el planteamiento efectivo tiene importancia, dado que el criterio tradicional era el que los conflictos se plantearan entre los órganos de la Administración y los Tribunales civiles o penales. Los Tribunales contencioso-administrativos aplicaban, prácticamente, el cri- terio de la Administración; de ahí que no fuera frecuente que suscita- ran conflictos a la misma. El presente conflicto, en que el Tribunal de lo Conlencioso-administrativo aparece enfrentado al Gobernador civil, es un testimonio evidente del proceso de judicialización de la jurisdic- ción contencioso-administrativa, producido, sin ninguna duda, en el sistema de la vigente Ley de lo Contencioso.
7. La Dirección General de Seguridad no puede desahuciar, por el
hecho de jubilarse, al policía armado a quien le había arrendado una vivienda. Incidencia del Derecho común sobre las relaciones especiales de sujeción.
«Una vez más tiene que enfrentarse el Juez de Conflictos con el su- puesto del policía armado que al pasar a la situación de retirado no se muestra dispuesto a abandonar la vivienda que le había proporcionado la Dirección General de Seguridad, mediante un contrato de arrenda- miento. Y nuevamente, el Juez de Conflictos vuelve a entender, apo- yándose expresamente en la interpretación dada por el Tribunal Supre- mo, que está derogado en la actualidad el Decreto de 25 de mayo de 1945, en el que la Dirección General de Seguridad trata de afirmar su compe- tencia para desahuciar al policía armado». Con las anteriores palabras iniciaba, en el último número de esta RF.VISTA, el comentario dedicado al Decreto 1.837/1967, de 22 de julio (B. O. de 24 de agosto). He trans- crito dichas palabras, porque pueden aplicarse igualmente al Decreto 115/1968, de 18 de enero (B. O. del 29). El supuesto contemplado vuel- ve a ser idéntico e idéntica es, también, la argumentación del fallo, que
termina afirmando la competencia de la Audiencia Territorial —tam- bién en este caso de Valladolid— para negar la de la Dirección General de Seguridad. A lo entonces señalado (14), sólo una advertencia quiero añadir. La relación de un policía armado con sus superiores, en concreto, con la Dirección General de Seguridad, constituye un ejemplo típico de lo que se vienen denominando relaciones especiales de sujeción. Una de las notas que caracterizan a quien se encuentra en una de estas relacio- nes especiales de sujeción es, de acuerdo con la doctrina tradicional (15), la limitación de su esfera de posibilidades en relación con sus superiores. Pues bien, en el conflicto estudiado se observa algo que se podría de- nominar como disolución o corrosión de una situación especial de su- jeción, por aplicación del Ordenamiento jurídico común (16). En efecto, la Dirección General de Seguridad pretende la vigencia de normas —como el Decreto de 25 de mayo de 1945— en base a las cuales llevan a cabo, por sí mismas, el pretendido desahucio. La autoridad judicial pretende, en cambio, que debe aplicarse la Ley de Viviendas de Renta Limitada, que exige, para la realización del desahucio, la celebración del procedi- miento judicial contemplado en los artículos 1.570 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento civil. Al fortalecerse la competencia judicial por la decisión del conflicto, se recortan consecuentemente, por efecto de la aplicación del Derecho común sobre viviendas de renta limitada, las po- sibilidades de la Dirección General, en relación con quienes dependen de ella por medio de una relación especial de sujeción.
LORENZO MARTÍN-RETORTILLO BAQUER.
Vid. núm.
1957, págs. 335 y sigs.,
a (15) Véase, por todos, Otto MAYE.-?, Deutsches Venvaltungsrecht, I, 3. a ed., Munich- Leipzig, 1924, págs. 102 y sigs. (16) Para esta problemática puede verse, entre nosotros, Alfredo GALLECO ANABITARTE, Las relaciones especiales de sujeción y el principio de legalidad de la Administración, en esta REVISTA, núm. 34 (1961), especialmente en su parte III, págs. 34 y sigs.
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 artículo 9
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 198
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 artículo 16
 artículo 6
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 artículo 38
 artículo 38
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 artículo 36
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 artículo 26
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 93
 resolución