Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5298
Timestamp: 2020-08-09 00:20:08+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 38/2005
SENTENCIA 38/2005, de 28 de febrero
ECLI:ES:TC:2005:38
En el recurso de amparo núm. 43-2001 promovido por doña Teresa Díaz García, representada por el Procurador de los Tribunales don Francisco Velasco Muñoz-Cuellar y bajo la asistencia del Letrado don Francisco Romero Paricio, contra la Resolución del Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza de 1 de febrero de 1999 por la que se cesa a la recurrente como Secretaria del Consejo Social de la mencionada Universidad. Ha comparecido la Universidad de Zaragoza, representada por el Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds Martínez y asistida por el Letrado don Jesús Solchaga Loitegui. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado ante este Tribunal el 4 de enero de 2001 se interpuso el recurso del que se ha hecho mención en el encabezamiento al amparo del art. 43 LOTC, por considerar la parte recurrente que la decisión del Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza de 1 de febrero de 1999 por la que se acordó su cese como Secretaria del Consejo Social de esa Universidad vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), lesión que también se imputa a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 22 de noviembre de 1999, y Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Zaragoza, de 26 de junio de 1999 (recaídas en los autos núm. 184/99 sobre despido), por no reparar la lesión producida por la referida resolución administrativa.
a) Doña Teresa Díaz García, recurrente en amparo, fue contratada por la Universidad de Zaragoza en el año 1987 como Secretaria del Consejo Social de dicha entidad (siendo entonces su Presidente don Aurelio Biarge López) por medio de un contrato laboral común de carácter temporal al amparo del Real Decreto 2104/1984, de 21 de noviembre. Esa contratación se encargó por la Universidad a una empresa de selección, que finalmente eligió a la recurrente entre ochenta candidatas. Con fecha de 31 de diciembre de 1988 se extinguió el mencionado contrato, celebrándose otro de alta dirección al amparo del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, sin que se produjera ningún cambio de sus prestaciones laborales.
b) En el mes de junio de 1991 cesa como Presidente del Consejo Social el Sr. Biarge y el Rector de la Universidad pregunta al nuevo Presidente en funciones si confirma o no a la demandante de amparo como Secretaria del Consejo al objeto de proceder a la prórroga de su contrato o a su extinción, comunicando aquél al respecto su decisión de mantenerla en su puesto, lo que también sucedería con los ulteriores Presidentes del Consejo Social.
c) Con fecha de 6 de mayo de 1993 la recurrente solicitó a la Universidad que le fueran abonadas las cantidades correspondientes a ropa de trabajo de los ejercicios económicos 91/93, petición que fue denegada por Resolución de 17 de mayo de 1993 sobre la base de que el complemento reclamado sólo se abonaba a los trabajadores con relación laboral común y la demandante tenía un contrato laboral de alta dirección.
d) Disconforme con la denegación de su solicitud, la recurrente presentó con fecha de 30 de julio de 1993 demanda contra la Universidad de Zaragoza con el objeto de que su relación laboral se calificase como común (lo que dio lugar a los autos núm. 691/93), y por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Zaragoza, de 30 de noviembre de 1993 se estimó su pretensión.
e) Con fecha 20 de junio de 1994 la demandante solicitó el complemento por ropa de trabajo relativo a los ejercicios 91, 92, 93 y 94 que se venía abonando al personal laboral, y la Universidad nuevamente le denegó su solicitud.
f) Recurrida por la Universidad de Zaragoza la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Zaragoza, de 30 de noviembre de 1993, se dicta Sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 15 de febrero de 1995, que confirmó la Sentencia de instancia.
g) Con fecha de 3 de abril de 1995, la recurrente en amparo recibe comunicación del Secretario General de la Universidad de Zaragoza, en la que, con relación a un modelo de encuesta remitida por ella a los Secretarios de los Consejos Sociales de las Universidades españolas, se le rogaba que en lo sucesivo se abstuviera de realizar juicios de valor sobre aspectos relacionados con la institución que estimaba inadecuados y de exactitud dudosa, mencionando que su actuación excedía de sus competencias y que podía llegar a ser constitutiva de falta grave. No obstante, dado que el Presidente del Consejo Social puso en conocimiento del Rector que él había dado el visto bueno a las manifestaciones de la recurrente, el Secretario General, por nuevo oficio de 6 de junio de 1995, dejó sin efecto su anterior comunicación, aclarando que la misma en ningún caso constituyó advertencia de falta grave.
h) El 6 de febrero de 1996 la recurrente solicita nuevamente a la Universidad el complemento por ropa de trabajo de los ejercicios 91 a 95, mencionando que el Tribunal Superior de Justicia había confirmando lo decidido por el Juzgado respecto al carácter común de su relación laboral, y que, en consecuencia, tenía derecho a la percepción de las cantidades reclamadas. Con fecha de 1 de abril siguiente, el Gerente de la Universidad le contesta que se está estudiando por parte del Gabinete Jurídico de la Universidad la ejecución de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia y que, una vez concluido su estudio se procedería a la ejecución de la misma y al abono, si procedía, de dicho complemento.
i) Con fecha de 27 de enero de 1999, con entrada en el Registro General de la Universidad el 1 de febrero siguiente, el Presidente del Consejo Social de la Universidad comunica al Rectorado que con base en la Ley aragonesa 10/1996, de 23 de diciembre, del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza y al Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Social de la misma, aprobado por Decreto del Gobierno de Aragón 132/1998, de 23 de junio, cesa a la Secretaria del mismo —la hoy demandante de amparo—, con fecha y efectos de 1 de febrero, por pérdida de la confianza, y nombra con efectos de 2 de febrero de 1999 a don Manuel Bruned Bellido como Secretario del Consejo Social, rogando al Rector se adoptara cuantas medidas fuesen precisas para hacer efectivos el cese y nombramiento.
j) El Rectorado cesa con efectos de 1 de febrero de 1999 a la demandante invocando como causa del cese la pérdida de confianza en la misma del Presidente del Consejo Social, poniendo a su disposición el recibo de finiquito que comprende una indemnización de 5.092.349 pesetas, así como la de 279.033 pesetas por falta de preaviso. Igualmente, al propio tiempo se nombra a don Manuel Bruned Bellido con carácter eventual para el desempeño del puesto de Secretario del Consejo Social con efectos de 2 de febrero de 1999, haciendo constar que será revocado de acuerdo con el art. 37.2 del Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Social y, en todo caso, de conformidad con el art. 20.2 de la Ley 30/1984, cesando necesariamente cuando se produzca el cese del Presidente que le nombró.
k) Con fecha de 17 de febrero de 1999 la recurrente interpone reclamación previa contra la Universidad de Zaragoza al considerar que su despido era nulo por violación de derechos fundamentales, alegando la infracción de los arts. 1.1, 9.2, 14, y 23.2 CE, al considerar que su cese constituía un acto de represalia por haber accionado contra la Universidad para obtener la declaración de relación laboral común.
l) Con fecha de 26 de febrero de 1999 se convoca una sesión extraordinaria del Consejo Social a instancia de siete de sus miembros, con el único orden del día de la anulación del despido de la recurrente y su adscripción a otras funciones dentro del Consejo Social. En el acta de la mencionada sesión consta que el Presidente del Consejo señala que desde hacía más de ocho meses había puesto en conocimiento de la mayoría de los Consejeros su intención de cesar a la recurrente; que le había comunicado a esta última su decisión en marzo de 1998, concediéndole un tiempo para que pudiera buscar trabajo; y que se había contactado con distintas personas y miembros del Consejo a los efectos de poder cubrir ese puesto, habiendo aceptado el puesto el Sr. Bruned ya en mayo de 1998. También consta en acta que, aunque los Consejeros reconocían el derecho del Presidente a cesar a la Secretaria por la pérdida de confianza, entendían que, dado el problema humano que provocaba el cese, tenía que haberse buscado una solución para crear un Gabinete Técnico dentro del Consejo y contratar a la demandante como secretaria del mismo, aprovechando sus conocimientos y experiencia, llegando a estimar cuatro de los Consejeros de la parte social que el despido era consecuencia de la negativa del Rector a acatar una sentencia firme y que incluso podía haber una cuestión personal contra la recurrente. El resto de los Consejeros de la parte social estuvieron conformes, en general, con los razonamientos expuestos por el Rector y Consejeros de la parte académica, invocando la buena voluntad en búsqueda de alguna solución.
m) La reclamación previa efectuada por la parte recurrente fue desestimada por Resolución de 17 de marzo de 1999 de la Universidad de Zaragoza, en la que se afirma que la Universidad estaba conforme con que la relación laboral de la demandante era común, pero que se trataba de un contrato para obra o servicio que tenía prevista su finalización al mismo tiempo que la duración del mandato del Presidente del Consejo. Se señala también que la Universidad había cumplido las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Social y por el Tribunal Superior de Justicia, ya que, si bien habían declarado que el vínculo laboral que unía a las partes era común, no lo habían calificado como indefinido.
n) Con fecha de 18 de marzo de 1999 la recurrente presenta demanda por despido contra la Universidad de Zaragoza (que dio lugar a los autos núm. 184/99), con el fin de que se declarase el despido nulo, o subsidiariamente improcedente, alegando la infracción del derecho fundamental a la garantía de indemnidad (art. 24.1 CE) por entender que su cese constituía una represalia frente a sus reivindicaciones económicas y salariales; del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por el incumplimiento de las resoluciones judiciales que calificaban su relación como laboral; y del derecho a permanecer desempeñando funciones públicas (art. 23.2 CE). A todo ello, se añade que el cese era también nulo por defectos formales (falta de notificación), por discriminatorio (art. 14 CE) en razón del sexo, estado y condición, y por vulnerar el principio de legalidad, de jerarquía normativa e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9 CE), dada su falta de causa.
o) La demanda por despido fue desestimada por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Zaragoza, de 26 de junio de 1999, al entender que el puesto ocupado por la demandante era de designación directa, suponía una contratación eventual para obra o servicio determinado, y que tal carácter de la contratación no resultaba desvirtuado por el hecho de que los sucesivos Presidentes del Consejo hubiesen otorgado a la actora su confianza hasta el momento del cese. Por todo lo cual, niega las lesiones de los derechos fundamentales invocados y declara que el cese acordado no era sino consecuencia natural del tipo de relación que vinculaba a las partes.
p) Contra la anterior resolución judicial, la demandante presentó recurso de suplicación (núm. 762/99), y por Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 22 de noviembre de 1999, se estima parcialmente su recurso al declarar la improcedencia del despido por entender la Sala que el bloque normativo de legislación administrativa que se aducía para justificar la procedencia del cese carecía de eficacia sobre una relación laboral ordinaria y que la "pérdida de confianza" (alegada por la demandada como causa del cese) no era una causa legal de extinción de la relación laboral. Rechaza, asimismo, la lesión de los derechos fundamentales invocados por la recurrente al considerar que la decisión de cese impugnada no denotaba su violación o la existencia de discriminación alguna. En este sentido, la Sentencia de suplicación afirma que el hecho de que el Consejo Social de la Universidad no hubiera dado cumplimiento a la declaración de relación laboral ordinaria y continuara considerando a la actora como personal de alta dirección, no infringía, tal y como esta aducía, su derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto no se había planteado en ningún momento una inejecución de sentencia o una ejecución irregular o arbitraria. Prosigue diciendo que en el caso de autos, el cese cuestionado no había infringido la garantía de indemnidad por ser constitutivo de una represalia contra la pretensión de tutela formalizada por la actora tendente a la declaración de su relación laboral como ordinaria, ya que el cese se había adoptado tres años después de la Sentencia de esa Sala que de tal forma la declaró y partía de una determinada interpretación del contrato y del cargo —que estimaba temporal y de confianza—, que era acorde con el modo en que se había calificado en un principio por los contratantes.
q) Contra la anterior resolución judicial, la recurrente interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina, que fue inadmitido por Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 26 de octubre de 2000 (rec. núm. 1019-2000), por falta de relación precisa y circunstanciada de la contradicción y falta de contradicción.
3. Con fundamento en ese itinerario procesal, la parte actora alega en su demanda de amparo la vulneración del art. 24.1 CE al considerar que la decisión del Rector de la Universidad de Zaragoza de 1 de febrero de 1999 de cesarla en su puesto de Secretaria del Consejo Social de dicha Universidad vulnera la garantía de indemnidad por constituir un acto de represalia por haber accionado judicialmente contra la Universidad (proceso sobre declaración de relación laboral común). En este sentido, afirma que ha sido la primera Secretaria del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, que fue elegida entre ochenta concursantes por una empresa de selección y que su nombramiento se aprobó por unanimidad por el Pleno del Consejo. Desde 1987 —año en el que inició su trabajo— hasta 1999, han sido varios los Presidentes del Consejo Social y con todos ellos ha trabajado sin que se haya planteado el más mínimo problema. Afirma que no ha habido conflictividad alguna entre ella y la Presidencia del Consejo Social a lo largo de doce años, ni tampoco con el Consejo Social (cuya composición también ha sufrido variaciones), con el Rector Sr. Vicente Camarena Badía o su equipo rectoral. A lo largo de su relación laboral con la Universidad sólo ha resultado ser conflictiva para el Rector don Juan José Badiola Díez (elegido en 1991 y reelegido en 1995), según dice este último en la comunicación que dirigió en el mes de septiembre de 1997 al Presidente del Consejo Social solicitando el cese de la recurrente, en el que se aducía expresamente que "era conflictiva para el equipo rectoral".
4. La Sección Primera, por providencia de 18 de febrero de 2002, acordó la concesión de un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, pudiesen efectuar alegaciones en relación con la eventual carencia de contenido constitucional de la demanda.
5. Por escrito de 4 de marzo de 2002 cumplimenta el trámite conferido la recurrente en amparo solicitando la admisión a trámite de la demanda al entender que existen indicios suficiente de que su cese, acordado el 1 de febrero de 1999 por la Universidad de Zaragoza, tiene su causa exclusiva en el ejercicio de una acción declarativa ante los Tribunales de Justicia contra la Universidad en la que se interesaba la calificación de su relación laboral como ordinaria.
6. Con fecha de 7 de marzo de 2002 presenta su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal en el que interesa se proceda a reclamar las correspondientes actuaciones judiciales seguidas ante el Juzgado de lo Social núm. 4 de Zaragoza, al resultar necesario para poder pronunciarse acerca del hipotético concurso de indicios sobre los que sustentar la posible vulneración de la garantía de indemnidad, y en su caso, sobre la solidez de los argumentos de la demandada para rebatir los indicios apuntados.
7. Por diligencia de ordenación de la Sección Primera de 12 de marzo de 2002 se requiere al Juzgado, conforme a lo solicitado por el Fiscal, que remita testimonio de los autos en aplicación de lo previsto en el art. 88 LOTC.
8. Con fecha de 26 de marzo de 2002 la parte recurrente presenta escrito al que acompaña Auto de sobreseimiento de la querella de 8 de febrero de 2000 de la Audiencia Provincial de Zaragoza recaído en diligencias previas núm. 1881/99 a las que hace referencia en su demanda de amparo, insistiendo en la arbitrariedad de la decisión de cese cuestionada.
9. Recibido el testimonio de las actuaciones del Juzgado y el escrito y documento adjunto de la parte recurrente, por providencia de la Sección Primera de 8 de abril de 2002 se acuerda conceder conforme al art. 50.3 LOTC plazo común de diez días para que el Ministerio Fiscal y la parte recurrente pudiesen ampliar las alegaciones formuladas en relación con la posible carencia de contenido constitucional de la demanda de amparo.
10. Con fecha de 19 de abril de 2002 el Ministerio Fiscal presenta su escrito de alegaciones interesando la admisión a trámite de la demanda de amparo por entender que la demanda no carece manifiestamente de contenido ya que la recurrente en amparo ha aportado suficientes indicios de la discriminación alegada que no han sido desvirtuados por la Universidad demandada.
11. Con fecha de 22 de abril de 2002, cumplimentando el trámite conferido en el proveído de la Sección Primera de 8 de abril de 2002, la recurrente en amparo presenta escrito en el que solicita la admisión a trámite de la demanda de amparo, ratificándose en lo que había alegado en su precedente escrito de 1 de marzo de 2002.
12. Por providencia de la Sección Primera de 13 de mayo de 2002 se acuerda admitir a trámite la demanda de amparo y que se emplace a quienes fueran parte en el procedimiento con excepción de la recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer en el proceso constitucional.
13. Por escrito de 4 de junio de 2002 el Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds Martínez se persona en nombre de la Universidad de Zaragoza y solicita que se le tenga por parte en el procedimiento.
14. Por diligencia de ordenación de la Sección Primera de 14 de junio de 2002 se tiene por personado y parte al Procurador don Ramiro Reynolds Martínez en nombre de la Universidad de Zaragoza y, conforme a lo previsto en el art. 52 LOTC, se acuerda dar vista de las actuaciones por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que dentro de dicho término pudiesen presentar alegaciones.
15. Con fecha de 27 de junio de 2002, el Ministerio Fiscal presenta escrito de alegaciones. Comienza diciendo que el estudio de las actuaciones revela que la demanda por despido interpuesta ante el Juzgado de lo Social en fecha 18 de marzo de 1999 por la recurrente se justificaba en razón de una pretendida hostilidad del Rector de la Universidad frente a la Secretaria del Consejo Social, que aquél trataba de enmascarar con la invocación del supuesto carácter conflictivo de la demandante. La citada demanda, abundaba en tal apreciación, situando el origen de la difícil relación profesional entre la demandante y el Rector en el hecho de haberse opuesto a la aprobación de determinados gastos de representación cuando éste ostentaba la presidencia del Consejo Social y los presentaba en la Secretaría del citado organismo para su abono, estimando la demandante, en consecuencia, que su despido (calificado como cese por la Universidad) vulneraba sus derechos fundamentales. Advertida la demandante por el Juzgado acerca de la falta de concreción de los hechos en los que fundamentaba las pretendidas lesiones constitucionales y requerida para que en el plazo de cuatro días procediera a subsanar tal defecto bajo apercibimiento de proceder a la inadmisión a trámite de la demanda en caso de no hacerlo, la demandante procedió a ampliarla mediante escrito de fecha 6 de abril de 1999, en el que hace referencia a dos concretos hechos, a saber: las repetidas y genéricas insinuaciones ofensivas para su condición femenina y su condición de VIP (sic), "con referencias de mal gusto, como: ...no está bien vestirse y desnudarse de linaje según las pelas que hay por medio" Y en segundo lugar, "la animadversión del rector hacia su persona, de la que ha hecho gala en diferentes ámbitos".
En tercer lugar, señala el Fiscal que consta en el ramo de prueba de los autos 184/99 seguidos en el Juzgado de lo Social núm. 4 de Zaragoza la remisión de sendas cartas de apoyo a la demandante, por parte de determinados representantes del sindicato UGT, así como de miembros integrantes del Consejo Social de la Universidad (folios 63,64, y 65), en las que muestran su solidaridad con la cesada protestando por un acto que entienden injustificado, llegando a promover un pleno extraordinario del referido Consejo a celebrar en fecha 26 de febrero de 1999 y cuyo primer punto del orden del día (folio 67) pretendía la "anulación del despido".También señala el Fiscal que el acta correspondiente al citado pleno (folio 68) revela la oposición de varios consejeros —en minoría— que reprochan a la presidencia "su poco respeto por la sentencia de un Tribunal Superior de Justicia", estimando que su comportamiento puede obedecer a una mera "cuestión personal".
Teniendo en cuenta todo lo que precede, el Fiscal afirma que la práctica totalidad de los indicios anteriormente relacionados hacen alusión a las Sentencias dictadas respectivamente por el Juzgado de lo Social y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declararon la laboralidad de la relación entre la demandante y la Universidad, existiendo en el debate del subsiguiente proceso laboral —origen del actual recurso de amparo— una constante referencia al contenido de aquéllas, sobre las que se trata de cuestionar su verdadero sentido, reinterpretándolas y dándolas un parcial e interesado significado, a lo que cabe añadir la expresa referencia que a las citadas Sentencias hacen algunos de los vocales del Consejo Social, en cuanto manifiestan sus dudas acerca de la voluntad de su Presidente en orden a acatar aquellas resoluciones desfavorables para la Universidad, aún después de haber transcurrido más de cuatro años desde la conclusión del primer proceso laboral.
A lo anterior añade que del acta de la vista oral no se desprendía la existencia de invocación ni debate alguno sobre los hechos que habrían determinado la pérdida de confianza en la Secretaria del Consejo Social. Y, a este respecto señala que si bien era cierto que al calificar la Universidad la terminación de la prestación de servicios como un "cese" por pérdida de confianza, no se requeriría de la exposición de los concretos hechos que lo motivaron, no lo era menos que ante la interposición de la demanda por despido, era conveniente a los intereses del Rectorado la invocación de los hechos en los que se basaba la unilateral decisión extintiva de la relación existente, a fin de conjurar, con ello, el riesgo — finalmente producido en la Sentencia de la Sala de lo Social— de que se declarase el despido como improcedente por ausencia de causa.
16. Con fecha de 9 de julio de 2002 la representación procesal de la Universidad de Zaragoza presenta escrito de alegaciones en el que sostiene la extemporaneidad de la demanda de amparo por entender que, dado que la parte recurrente impugna el acto administrativo del Rector de la Universidad de Zaragoza, así como las Sentencias del Juzgado y del Tribunal Superior de Justicia que no repararon la lesión denunciada, la interposición del recurso extraordinario de casación para la unificación de doctrina era "infundado" e "impertinente" a los efectos de agotar la vía judicial. En cuanto al fondo, y para el caso de no estimarse la extemporaneidad alegada, niega la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad, reprochando a la demandante la exposición de unos hechos parciales y en parte inexactos y sesgados, que alteran el relato de hechos declarados probados en la vía judicial. A continuación transcribe el fundamento jurídico tercero de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia recurrida, en la que se niega la lesión del derecho fundamental invocado. Tras ello, expresa su desacuerdo con la afirmación de la recurrente de que no existiese conflictividad entre ella y el Presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, señalando al respecto que "hizo méritos sobrados en 1998 para perder la confianza" del entonces Presidente del Consejo. Dicho lo cual, señala que este ultimo tiene potestad discrecional para cesar a la Secretaria del Consejo según la Ley de Cortes de Aragón 10/1996, de 23 de diciembre, en cuanto pierda en ella la confianza, y ello con independencia de la interpretación judicial de las circunstancias concurrentes en el caso en el que se calificó la relación laboral como común, pero sin pronunciarse los órganos judiciales sobre su carácter temporal o indefinido. Se niega, igualmente, que resulte factible apreciar relación de causalidad entre el ejercicio de acciones judiciales por la recurrente contra la Universidad (1993) y su cese (1999), tal y como así lo apreció la Sala de lo Social, en una resolución absolutamente razonable y motivada. Y añade que el recurso de amparo no puede convertirse, tal y como pretende la recurrente, en una nueva instancia. Finalmente, indica que, en cualquier caso, si se entendiese que la "vía judicial procedente" comprendía el recurso de casación para la unificación de doctrina, el Auto de inadmisión dictado por el Tribunal Supremo no podría haber vulnerado el derecho a la garantía de indemnidad, toda vez que se limitó a examinar si concurrían los requisitos formales para la admisión del recurso. Reitera, asimismo, que, si tal como reconoce la demandante en su demanda de amparo, "es comprensible el razonamiento del Tribunal Supremo y no se puede afirmar en modo alguno que haya desconocido la garantía de indemnidad", no se entiende el motivo por el cual se interpuso ese extraordinario recurso.
17. Con fecha de 10 de julio de 2002 presenta su escrito de alegaciones la representación procesal de la recurrente en amparo solicitando se le otorgue el amparo con base en los antecedentes de hecho y fundamentos expuestos en su demanda de amparo y precedentes escritos cumplimentando el trámite previsto en el art. 50.3 LOTC.
18. Por providencia de fecha 24 de febrero de 2005, se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 28 de dicho mes y año.
1. Como ha quedado expuesto en los antecedentes de hecho, la parte recurrente alega la vulneración de la garantía de indemnidad en cuanto manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por la Resolución del Rectorado de la Universidad de Zaragoza de 1 de febrero de 1999 en virtud de la cual se acordó su cese como Secretaria del Consejo Social, y cuya lesión no habría sido reparada en la vía judicial por las Sentencias del Juzgado de lo Social núm. 4, de 26 de junio de 1999, y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 22 de noviembre de 1999 (en autos sobre despido núm. 184/99). Alega la recurrente que el cuestionado cese constituye una acto de represalia de su empleadora como consecuencia de un previo ejercicio contra ella de acciones judiciales tendentes al reconocimiento del carácter laboral ordinario de su relación contractual (autos núm. 691/93), procedimiento instado por la recurrente al negarle la Universidad demandada el abono de determinadas cantidades (complemento por gastos de ropa de trabajo) sobre la base de la inexistencia de una relación laboral de tal carácter, sino especial de alta dirección.
2. Antes de entrar en el análisis del fondo de la queja formulada hemos de examinar si concurre algún óbice procesal que impida un pronunciamiento de este Tribunal sobre el fondo, a pesar de que en su día se admitiera a trámite la demanda de amparo, en tanto que la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción de amparo, que puede tener lugar de oficio o a instancia de parte, puede llevarse a cabo en la Sentencia que ponga fin al proceso constitucional (SSTC 213/2003, de 1 de diciembre, FJ 2; y 20/2004, de 23 de febrero, FJ 3).
3. Entrando ya en el fondo, hemos de comenzar recordando la doctrina de este Tribunal relativa a la denominada "garantía de indemnidad", que es el derecho fundamental que la recurrente en amparo considera lesionado. Hemos mantenido que la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías procesales, sino que tal derecho puede verse lesionado igualmente cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial, produzca como consecuencia una conducta de represalia por parte del empresario. Por tal razón, hemos dicho que el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza (entre las más recientes, recogiendo anterior doctrina, SSTC 5/2003, de 20 de enero, FJ 7; 55/2004, de 19 de abril, FJ 2; y 87/2004, de 10 de mayo, FJ 2).
También es preciso tener presente la importancia que en estos supuestos tiene la regla de la distribución de la carga de la prueba. Según reiterada doctrina de este Tribunal, cuando se alegue que determinada decisión encubre en realidad una conducta lesiva de derechos fundamentales del afectado, incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a un derecho fundamental. Pero para que opere este desplazamiento al demandado del onus probandi no basta que el demandante tilde de discriminatoria la conducta empresarial, sino que ha de acreditar la existencia de indicios que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción a favor de semejante alegato y, presente esta prueba indiciaria, el demandado asume la carga de probar que los hechos motivadores de su decisión son legítimos o, aun sin justificar su licitud, se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales. No se impone, por tanto, al demandado la prueba diabólica de un hecho negativo —la no discriminación—, sino la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y su carácter absolutamente ajeno a todo propósito atentatorio de derechos fundamentales (por todas, SSTC 66/2002, de 21 de marzo, FJ 3; 171/2003, de 29 de septiembre, FJ 3; 49/2003, de 17 de marzo, FJ 4; 17/2003, de 30 de enero, FJ 4; y 188/2004, de 2 de noviembre, FJ 4).
4. A la luz de la doctrina precedente y de los antecedentes expuestos, la resolución del presente recurso de amparo requiere comprobar si la recurrente ha acreditado la existencia de indicios suficientes que generen la razonable sospecha o apariencia de que la Resolución del Rectorado de la Universidad demandada que acordó su cese como Secretaria del Consejo Social constituyó un acto de represalia por haber ejercitado su derecho a la tutela judicial efectiva en reclamación de la declaración del carácter ordinario de su relación laboral y, si existiendo tal prueba indiciaria, la demandada ha probado que su decisión se presenta razonablemente ajena al móvil atentatorio del derecho fundamental invocado.
5. A pesar de haber acreditado la parte recurrente la existencia del anterior panorama indiciario, la parte demandada no ha cumplido, sin embargo, con su carga de probar que la decisión cuestionada obedeciese a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio del derecho fundamental invocado.
6. Las consideraciones que anteceden conducen a la estimación del amparo y sólo nos resta determinar el alcance de los pronunciamientos previstos en el art. 55 LOTC. Con este fin, procede declarar la nulidad de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Zaragoza de 1 de febrero de 1999, por la que se acuerda el cese de doña Teresa Díaz García como Secretaria del Consejo Social de esa Universidad, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente de garantía de indemnidad, así como de las Sentencias recurridas que no declararon la nulidad del despido de la recurrente por apreciar que no se había producido tal lesión.
Estimar la demanda de amparo interpuesta por doña Teresa Díaz García y, en su virtud:
1º Reconocer a la recurrente su derecho a la garantía de indemnidad (art. 24.1 CE).
2º Declarar la nulidad de las Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 22 de noviembre de 1999 y del Juzgado de lo Social núm. 4 de Zaragoza, de 26 de junio de 1999.
3º Declarar la nulidad de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Zaragoza de 1 de febrero de 1999.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 43-2001
Promovido por doña Teresa Díaz García contra el Rector de la Universidad de Zaragoza por su cese como Secretaria del Consejo Social de la mencionada Universidad.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (indemnidad): indicios de que el cese o despido de una trabajadora por pérdida de confianza fue una represalia por haber pleiteado contra la Universidad.
Desde el momento en que la recurrente plantea su ilicitud desde la perspectiva constitucional, la decisión de cese cuestionada, incluso en el supuesto de ser una potestad discrecional del Presidente del Consejo Social, queda limitada por el respeto a los derechos fundamentales (SSTC 190/2001 y 79/2004) [FJ 5].
A pesar de haber acreditado la parte recurrente la existencia de un panorama indiciario, la parte demandada no ha cumplido, sin embargo, con su carga de probar que la decisión cuestionada obedeciese a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio del derecho fundamental invocado [FJ 5].
Doctrina constitucional sobre el concepto de recurso manifiestamente improcedente (SSTC 49/2003, 83/2004 y 129/2004) [FJ 2].
Doctrina constitucional sobre la denominada garantía de indemnidad (SSTC 199/2000, 198/2001 y 87/2004) [FJ 3].
Cuando se alegue que determinada decisión encubre en realidad una conducta lesiva de derechos fundamentales del afectado, incumbe al autor de la medida probar que obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio a un derecho fundamental (SSTC 66/2002, 49/2003 y 188/2004) [FJ 4].
Procede declarar la nulidad de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Zaragoza, por la que se acuerda el cese de la recurrente como Secretaria del Consejo Social de esa Universidad, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad, así como de las Sentencias recurridas que no declararon la nulidad del despido por apreciar que no se había producido tal lesión [FJ 6].
Garantía de indemnidadGarantía de indemnidad, Vulnerado, ff. 1, 3, 4, 5
Garantía de indemnidadGarantía de indemnidad, ff. 1, 2

References: Resolución 
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 Real Decreto 
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 Resolución 
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