Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2001/06/registro-oficial-8-de-junio-del-2001
Timestamp: 2019-12-15 16:08:24+00:00

Document:
Registro Oficial. 8 de JUNIO del 2001
Viernes 8 de Junio del 2001
\n -\n Proyecto de Ley de creación de zonas económicas\n especiales de producción y comercio
\n - Proyecto de Ley de ejercicio\n profesional de los ingenieros bursátiles e ingenieros\n en finanzas
\n - Proyecto de Ley de escalafón\n y sueldos de los ingenieros bursátiles e ingenieros en\n finanzas
\n 181-2000 José Jorge\n Jaramillo Triviño en contra del Ministerio de Obras Públicas\n
\n 296-2000 Segundo Ortega Oleas en contra de Servicios\n Marítimos y Aéreos Cía. Ltda
\n 320-2000 Toribio Ramos\n Arce en contra de la Federación Deportiva\n del Guayas
\n 323-2000 Roberto Quinto Camacho\n en contra del Ing. Eduardo Piedra y otros
\n 328-2000 Enma Cecilia\n Coello Veintimilla en contra de la Empresa Eléctrica Regional\n Centro Sur C.A
\n 350-2000 Magdalena Rodriguez Reyes en contra de\n Jorge W. Guerrón Bolaños y otros
\n 352-2000 Sergio Freddy \n Intriago Cantos en contra de la Compañia Naviera \n Agmaresa S.A. y otra
\n 371-2000 Arq. Pedro Luis Aldás Macías\n en contra de Petrocomercial
\n 380-2000 Nel Pimentel Tobar en contra de Autoridad\n Portuaria de Esmeraldas
\n 387-2000 Julio Cárdenas Quiroga en contra\n de ENPROVIT
\n 390-2000 Pedro Nieto Murillo en contra de\n EPAP-G
\n 391-2000 Zoila\n Ernestina Cáceres Rueda en contra de Autoridad Portuaria\n de Guayaquil
\n 396-2000 Eddy Aleaga Espinoza en contra de Autoridad\n Portuaria de Guayaquil
\n 410-2000 Luis Morocho Chango en contra del Dr.\n Galo Vayas Salazar y otra
\n 413-2000 Edgar Montenegro Córdova en contra\n de Schlumberger Surenco S.A
\n 415-2000 Washington Eduardo\n Ramos Cárdenas en contra de la empresa almacenes Eljuri\n Cía. Ltda.
\n 419-2000 Oswaldo Morales Yánez\n en contra de Importadora Vega S.A
\n 422-2000 Manuel Marcillo Flor\n en contra de Refrescos S.A
\n 424-2000 Luis Enrique Moreira\n Vera en contra de Humberto Torres Lara
\n 429-2000 Hugo Venancio Montes Sánchez en\n contra de la empresa Arce Construcciones Civiles Cia. Ltda
\n 434-2000 José Jaramillo\n Arévalo en contra de Humberto Portilla López
\n 437-2000 Luis Gaudencio Guillén\n Macías en contra del Centro de Rehabilitación de\n Manabí
\n 441-2000 Jenny Cecilia Falconí Donggilio\n en contra de Eternit Ecuatoriana S.A
\n 447-2000 Héctor Hugo Flores Ruiz en contra\n del IESS
\n - Cantón Guamote: Que\n expide el Reglamento para la integración de la Comisión\n de calificación de ofertas y adjudicación\n de contratos de bienes muebles y suministros, ejecución\n de obras públicas y la prestación de servicios\n no regulados por la Ley de Consultoría
\n - Cantón Manta: Por\n servicios de rastro de la Ilustre Municipalidad
\n - Cantón Manta: Que\n reforma la Ordenanza por servicios técnicos y administrativos\n
\n - Cantón Azogues: Para\n la protección del medio ambiente y control de riesgos\n naturales
\n - Cantón Gualaceo: Sustitutiva\n que reglamenta el manejo de desechos sólidos y establecimiento\n de tasas retributivas por la recolección de basura, residuos\n y desperdicios
-\n Cantón Montúfar: Para\n la determinación, administración, control y recaudación\n del impuesto de patentes municipales
\n - Cantón Montúfar:\n Que crea el Departamento de Educación y Cultura
\n - Cantón Babahoyo:\n Que reforma la Ordenanza que regula los factores de cálculo\n del impuesto predial urbano
\n - Cantón Azogues: Que\n reforma la Ordenanza para la determinación y recaudación\n del impuesto anual al juego .
-\n Cantón Azogues:\n Que reforma la Ordenanza para la creación y cobro del\n timbre municipal
\n - Cantón Gualaceo:\n Que reglamenta el manejo, custodia, registro y control\n de los fondos de caja chica para el Departamento\n de Dirección Financiera
\n - Cantón Baba:\n Que reglamenta el cobro de la tasa de supervisión\n y fiscalización por la ejecución de\n obras, prestación de servicios y consultoria\n que contrae la Municipalidad
\n - Cantón Ambato: Sustitutiva\n a la Ordenanza para la determinación, administración,\n control y recaudación del impuesto de patentes municipales\n \n
NOMBRE: "DE CREACION DE ZONAS ECONOMICAS\n ESPECIALES DE PRODUCCION Y COMERCIO".
CODIGO: 22 - 680.
INGRESO: 23 - 05 - 2001.
\n A COMISION: 24 - 05 - 2001.
La Constitución Política de la República\n en el Capítulo IV, De los Regímenes Especiales,\n Art. 238, señala que el Estado ecuatoriano creará\n regímenes especiales para la dotación de obras\n y servicios en zonas de menor desarrollo relativo, especialmente\n en las provincias limítrofes.
Es imperativo establecer regímenes especiales para\n las provincias fronterizas, y al amparo de la Constitución\n Art. 243, objetivos permanentes de la economía, promover\n un desarrollo socialmente equitativo, regionalmente equilibrado,\n ambientalmente sustentable y democráticamente participativo.
Como resultado de la dolarización, la producción\n nacional en varias líneas ha perdido competitividad, debido\n a los bajos niveles de productividad, que han ocasionado una\n severa contración de las ventas y el movimiento fronterizo,\n generando mayores índices de desocupación y subocupación.
NOMBRE: "DE EJERCICIO PROFESIONAL\n DE LOS INGENIEROS BURSATILES E INGENIEROS EN FINANZAS".
CODIGO: 22 - 681.
AUSPICIO: H. WILFRIDO LUCERO
\n BOLAÑOS.
\n INGRESO: 23 - 05 - 2001.
Es deber del Estado ecuatoriano reconocer los valores profesionales\n y académicos de los ingenieros bursátiles e ingenieros\n en finanzas dentro de sus principales actividades en los sectores\n públicos y privados del país.
Es conveniente y necesario dotarles de un marco jurídico\n que garantice el desempeño de sus funciones a través\n de una Ley de Ejercicio Profesional.
El ejercicio profesional de los ingenieros bursátiles\n e ingenieros en finanzas, contribuye al desarrollo socioeconómico\n del país, en sus diferentes áreas.
NOMBRE: "DE ESCALAFON Y SUELDOS\n DE LOS INGENIEROS BURSATILES E INGENIEROS EN FINANZAS".
CODIGO: 22 - 682.
Los profesionales indicados, con el fin de garantizar su desarrollo\n profesional dentro de las actividades del Estado, tanto en el\n sector público como privado y procurar la investigación\n científica y la especialización, pretenden lograr\n un adecuado régimen de remuneraciones que esté\n de acuerdo con su formación académica y profesional.
Es necesario dotar del marco legal necesario a los profesionales\n del sector bursátil y de finanzas, para de esta manera\n estimular el ejercicio de su profesión con la expedición\n y vigencia de su ley y de escalafón y sueldos.
En el sector público, prestan sus servicios profesionales\n un reducido número de personas especializadas en éstas\n dos áreas de las finanzas, por lo que no representan una\n carga significativa para el Presupuesto General del Estado.
N0 181 - 2000
JUICIO LABORAL QUE SIGUE JORGE JARAMILLO\n CONTRA M.O.P.
Quito, marzo 21 del 2001. las 09h30.
VISTOS: A fin de resolver el recurso de casación interpuesto\n por el Ing. José Macchiavello Almeida, Ministro de Obras\n Públicas, de la sentencia pronunciada por la Tercera Sala\n de la Corte Superior de Portoviejo que, al confirmar el fallo\n del Juez Primero del Trabajo de Manabí acepta la acción\n intentada por José Jorge Jaramillo Triviño; una\n vez radicada, por sorteo, la competencia en esta Sala, se considera;\n PRIMERO. - El recurrente en la calidad que consta de autos, al\n impugnar la decisión manifiesta que se han interpretado\n equivocadamente los Arts. 181 y 571 (592) del Código del\n Trabajo; toda vez que, el Ministerio a su cargo dio fiel cumplimiento\n a la ley al concluir las relaciones de trabajo con el actor afirma,\n además, que no procede la reliquidación del rubro\n que corresponde a la estabilidad, toda vez que el contrato colectivo\n en el que se acordó la misma entró en vigencia\n a partir del 11 de marzo de 1992 y la separación del demandante\n se produjo en noviembre de 1993, cuando éste ya se había\n beneficiado de 20 meses, razón por la cual faltaban únicamente\n 28 meses para completar dicha estabilidad, la cual cubrió\n el Ministerio al haber cancelado el 50% conforme a lo establecido\n en el Art. 181 del cuerpo de leyes de la materia; SEGUNDO - Examinado\n el proceso, este Tribunal, precisa lo que sigue: a) A fs. 16\n - 17 y 18 del primer cuaderno consta la fotocopia del documento\n denominado "Acta de Finiquito de la Relación Laboral"\n que suscribieron los contendientes, la cual demuestra que la\n entidad demandada pagó al accionante la suma de S/. 22'469.\n 192; b) Es de importancia en esta controversia, dilucidar el\n pago de la estabilidad como consecuencia del despido intempestivo.\n Dicha protección al trabajador conforme a la cláusula\n séptima del contrato colectivo, es la de cuatro años\n o sea cuarenta y ocho meses; c) La contratación colectiva\n amparaba a los trabajadores desde marzo de 1992 y la relación\n laboral concluyó en noviembre de 1993, cuando habían\n transcurrido 20 meses de la garantía de estabilidad; d)\n Lo anterior permite concluir entonces que, el trabajador tan\n solo tenía derecho a que se le solucione por los 28 meses\n restantes; e) En la cláusula séptima del Séptimo\n Contrato Colectivo se garantizaba la estabilidad, sin precisar\n como debía solucionarse la violación de la misma\n y, para que no quede sin sanción el proceder del empleador\n cuando la violare, de acuerdo con lo establecido en el Art. 18\n del Código Civil, esta Sala reiterando el criterio sustentado\n en casos similares, determina que en el caso planteado deben\n aplicarse los Arts. 1605 ibídem y 181 inciso segundo del\n Código del Trabajo; de consiguiente, el trabajador tenía\n derecho a "una indemnización equivalente al cincuenta\n por ciento de la remuneración total por todo el tiempo\n que faltare para la terminación del plazo pactado";\n TERCERO. - La entidad demandada satisfizo al accionante la indemnización\n antes referida como aparece del documento de fs. 16 - 17 y 18.\n - Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA\n Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, al aceptarse la impugnación\n formulada, se desecha la demanda. - Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Jaime Velasco Dávila, Hugo Quintana Coello\n y Miguel Villacís Gómez.
Quito, 4 - IV - 200 1.
N0 296\n - 2000
JUICIO LABORAL QUE SIGUE SEGUNDO ORTEGA\n CONTRA SERVICIO MARITIMOS Y AEREOS
Quito, marzo 1 del 2001; las 09h50.
VISTOS: A fs. 25 y siguientes del cuaderno de segunda instancia,\n Segundo Ortega Oleas, actor, deduce recurso de casación\n de la sentencia dictada por la Quinta Sala de la H. Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil, en la que se confirma la que a su turno\n dictara el Juez Segundo de Trabajo del Guayas, declarando sin\n lugar la demanda planteada por el recurrente en contra de Servicios\n Marítimos y Aéreos Cía. Ltda.. Siendo el\n estado del proceso el de pronunciarse sobre el recurso aludido,\n para hacerlo, se considera: PRIMERO. - La competencia de la Sala\n se encuentra establecida y asegurada por el sorteo de ley cuya\n razón actuarial consta a fs. 1 del cuaderno de este nivel\n y de conformidad con el Art. 1 de la Ley de Casación;\n SEGUNDO. - El recurrente puntualiza en el escrito que contiene\n su recurso, las normas legales y contractuales que a su criterio\n han sido infringidas en la sentencia impugnada, fundándolo\n en la causal 1era. del Art. 3 de la Ley de Casación y\n fundamentándolo en síntesis en los siguientes términos:\n Que el Art. 95 del Código del Trabajo ha sido inobservado\n por la Sala de instancia al dar al acta de finiquito de fs. 27\n a 28 el carácter de cesa juzgada, cuando dicho finiquito\n es impugnable, pues entraña una renuncia de los derechos\n del trabajador, que en tal acta se hace figurar tiempo de servicio\n y remuneración última diferentes de las reales;\n que por otro lado agrega el casacionista, la parte demandada\n "Servicios Marítimos Aéreos Cía. Ltda.";\n habitualmente lo hace rotar entre dos compañías\n más, Italian SPA Navigazioni y Sudamericana de Vapores,\n haciendo figurar como que ha prestado servicios en otros sitios\n y para otros empleadores; TERCERO. - Del análisis que\n se ha practicado sobre las diversas actuaciones que tienen que\n ver con la impugnación, esta Sala destaca lo siguiente:\n El asunto central del recurso de casación planteado por\n el actor se refiere al desconocimiento que hace la Sala respecto\n del derecho que tiene de impugnar el acta de finiquito que corre\n a fs. 27 a 28, teniendo razón en esta parte por cuanto\n tal impugnación no sólo es procedente cuando no\n se ha practicado ante el Inspector del Trabajo y no se la ha\n pormenorizado, sino también cuando en tal liquidación\n se ha omitido algún derecho del trabajador o se ha calculado\n indebidamente el monto del mismo. Practicada entonces la revisión\n del contenido del acta en mención se encuentra lo siguiente:\n en primer lugar, no tiene ningún sustento la aseveración\n contenida en la sentencia impugnada en el sentido de que "De\n otra parte, de autos no existe prueba que justifique que ha existido\n presión para que suscribe el documento de finiquito..."\n pues en la demanda sólo dice el actor que firmó\n el acta "bajo protesta, presionado por mi inconformidad\n con los valores y situaciones falsas..". Esta Sala repara\n señaladamente en que obra de autos fs. 118 y siguientes\n el carné del IESS del que aparece claramente que el actor\n prestó sus servicios a la empresa demandada desde el 1\n de junio de 1969 hasta el 23 de septiembre de 1997; por otro\n lado, nótese también que según el acta de\n fs. 23 a 24, la empresa demandada y la asociación de trabajadores\n de esa compañía, convienen en que habiendo sido\n afiliados por otras compañías, a partir de enero\n de 1992 tales afiliaciones serán absorbidas por la demandada,\n y que el tiempo de servicio para las otras empresas será\n reconocido por dicha demandada al momento que el trabajador se\n retire o jubile. Todos estos antecedentes conducen inequívocamente\n a concluir que la certificación dada por el IESS contenida\n en el carné que corre a fs. 118 y siguientes es idónea.\n En cuanto a las remuneraciones percibidas por el actor al momento\n de su despido intempestivo, que no ha sido cuestionado, ha de\n estarse al juramento deferido, fs. 223, esto es S/. 466.555,oo\n por no haber otro elemento de juicio con el que se pueda acreditar\n dicha remuneración; CUARTO. - Según lo dicho procede\n el reclamo del actor en cuanto solicita en la demanda se le reliquide\n los valores a que tiene derecho, en los siguientes términos:\n 1) Por despido intempestivo, S/. 11'633.875,oo; 2) Diferencia\n de liquidación por despido intempestivo a dirigente sindical\n con el recargo de ley: S/., 466.555 x 12 = 5'598.660, suma de\n lo cual el Juez retendrá el 50% para la asociación\n de trabajadores, esto es el actor recibirá 2'799.330,oo\n más el 50% de recargo con arreglo al Art. 187 del Código\n del Trabajo, o sea S/. 1'399.665,oo, lo que da un total por este\n concepto de S/. 4'198.995,oo; 5) bonificación por desahucio:\n S/. 1 16.638,oo x 28 S/. 3'265.864,oo. Respecto de las otras\n reclamaciones puntualizadas en la demanda con distintos numerales,\n no proceden, en el caso del número 3) es decir, por los\n meses que faltaban para concluir el contrato colectivo, por cuanto,\n en el número 1) está contenida la indemnización\n por tal concepto. En el caso del número 4) porque no hay\n prueba idónea de haberse inobservado los Arts. 230 y 239\n del Código del Trabajo y los casos de los numerales 6),\n 7), 8), 9), 10) y 11) de la demanda inicial por cuanto no hay\n los parámetros necesarios para establecer si existió\n o no diferencia en los pagos a los que se refiere tales numerales,\n ni prueba idónea suficiente en cuanto, al recargo de las\n horas nocturnas pagadas por error, según lo sostiene el\n actor; QUINTO. - Respecto a las liquidaciones que de manera general\n reclama el actor, en la demanda relativos al pago de varios rubros,\n señalados con asteriscos, no ha lugar por cuanto no existen\n del proceso los elementos de juicio necesarios para establecer\n la existencia de diferencias; es decir, no se ha dicho en la\n demanda cuánto se le debía pagar y cuánto\n se le pagó. Finalmente, es improcedente el pago de Fondos\n de Reserva, por cuanto obra del proceso información suficiente\n según la cual el actor ha sido afiliado por la parte empleadora\n al IESS. Por las consideraciones anotadas, esta Primera Sala\n de lo Laboral y Social, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA\n REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta parcialmente el recurso\n planteado por el actor y casando la sentencia dictada por la\n Quinta Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil,\n dispone que la parte demandada pague al recurrente los rubros\n y valores detallados en el considerando cuarto de la presente\n providencia, esto es los números 1, 2 y 5 que totalizan\n S/. 19'128.734,oo, suma de la cual deberá descontarse\n lo que por tales conceptos, esto es indemnización por\n despido intempestivo, S/. 5'646.870, bonificación por\n desahucio S/. 1'254.860,oo e indemnización como dirigente\n sindical S/. 1'882.290,oo, recibidos según el acta de\n finiquito de fs. 27 y 28. Publíquese, notifíquese\n y devuélvase.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA..
Quito, marzo 21 del 2001; las 09h15.
VISTOS: Atendiendo al pedido de aclaración formulado\n por la parte demandada, se puntualiza lo siguiente: las referencias\n que se hacen en el pedido que se provee contenidas efectivamente\n en el considerando tercero de la sentencia dictada por esta Sala,\n no tienen nada de contradictorio en relación con prueba\n practicada en el juicio, m menos; violan el Art. 60 del contrato\n colectivo en lo relativo a la modalidad del trabajo que se consagra\n en tal disposición, como "no continua". En primer\n lugar las referencias que se dan según las cuales "el\n documento válido para determinar efectivamente el tiempo\n de servicio es el que ha sido incorporado por el actor a fs.\n 1 a 16 del proceso, emitido por el IESS..." es verdad en\n cuanto a la emisión del documento, más no en cuanto\n a la foliatura, pues esta corresponde a la "reforma del\n Estatuto de la Asociación de Trabajadores" de la\n demandada, que no dice relación alguna con el pedido de\n aclaración, de tal manera que en estos términos\n nada podría aclararse. Sin embargo, debe destacarse lo\n siguiente: el Art. 60 del contrato colectivo, supuestamente violado,\n fue celebrado por la compañía demandada, por lo\n que sólo la obliga a ésta y no a las otras cuyo\n tiempo de servicio absorbió de acuerdo al acta respectiva,\n y si bien es cierto puntualiza que las actividades no son continuas\n y que los trabajadores laboran cuando hay buques de línea,\n no precisan los términos de tal falta de continuidad,\n garantizándoles estabilidad en tales condiciones, de tal\n forma que para tal empresa pudo el actor laborar uno o más\n días en el mes y otros números de días en\n otras compañías. Esta consideración se ve\n reforzada cuando los propios peticionarios sostienen que el actor\n trabajaba al mismo tiempo para otras empresas navieras entre\n ellas la Sudamericana por ejemplo, respecto de las cuales, incluyendo\n la Italian S.P.A., DINAVIGAZZIONE, la demandada, asumió\n según actas de fs. 23 a 24 las obligaciones con el IESS\n durante el tiempo que prestaron sus servicios para tales empresas.\n Nótese en esta parte que el acta antes señalada\n impone a la parte demandada reconocer a los trabajadores el tiempo\n de servicio que han estado afiliados a las compañías\n respectivas, y para tal efecto no hace ninguna limitación\n de días trabajados sino que se les reconoce el tiempo\n que "han venido siendo afiliados". Por eso es que esta\n Sala reconoció como tiempo de servicio el que consta en\n el carné del IESS. En cuanto a la remuneración,\n la diminuta información que obra de autos no permite precisar\n lo que realmente percibió el actor por ese concepto, por\n eso es que se acudió al juramento deferido tal como lo\n dispone el Código Obrero. Por lo expuesto, siendo clara\n la resolución dictada por esta Sala no procede la petición\n de aclaración formulada por los demandados, por lo que\n se la deniega. Notifíquese.
Certifico. - Dra. Consuelo Heredia Y.
Razón: Es fiel copia de su original.
N0 320\n - 2000
JUICIO LABORAL QUE SIGUE TORIBIO RAMOS
\n CONTRA FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS.
Quito, marzo 27 del 2001; a las 15h10.
VISTOS: El señor abogado José Luis Contreras\n Ricaurte, p.s.p.d. y como Presidente encargado, de la Federación\n Deportiva del Guayas, interpone recurso de casación respecto\n de la sentencia dictada por la Quinta Sala de la H. Corte Superior\n de Justicia de Guayaquil, en la que se confirma en todas sus\n partes la que en su oportunidad dictara el Juez Quinto del Trabajo\n del Guayas, declarando con lugar, parcialmente, la demanda planteada\n por Toribio Ramos Arce en contra de la parte recurrente. Siendo\n el estado del proceso el de pronunciarse sobre el recurso planteado,\n para hacerlo, se considera: PRIMERO. - La competencia de la Sala\n se encuentra establecida y asegurada por el sorteo de ley, cuya\n razón actuarial consta a fs. 1 del cuaderno de este nivel\n y de conformidad con el Art. 1 de la Ley de Casación;\n SEGUNDO. - Al plantear su recurso la parte demandada precisa\n como normas infringidas los Arts. 386 (que fundamenta el principio\n "non bis in idem - no dos veces sobre lo mismo.) 118, 121\n y 319 del Código de Procedimiento Civil y la garantía\n constitucional que asegura el debido proceso y para no dejar\n en la indefensión consagrada en el N0 17, del Art. 24\n de la Constitución; así mismo determina como causales\n en que se funda el recurso las señaladas como 1era. y\n 3era. del Art. 3 de la Ley de Casación, apoyando el recurso,\n en síntesis, en los siguientes fundamentos: que la no\n aplicación del Art. 386 del Código de Procedimiento\n Civil, según el cual, el que desistió de una demanda\n no puede proponerla otra vez, etc., atenta contra las garantías\n básicas del debido proceso, lo que se corrobora con las\n constancias procesales dentro de las cuales aparece que se solicitó\n y ordenó el envió desde el Juzgado Cuarto de Trabajo,\n lo actuado dentro del juicio 14 - 96 en el que el actor demanda\n a la Federación, indemnización por despido intempestivo,\n habiendo desistido de tal demanda. Destaca el recurrente que\n si bien es cierto que el envío del juicio se cumplió\n tardíamente, esto es cuando se había dictado la\n sentencia de primera instancia, fue agregada al proceso antes\n de remitirlo por apelación al superior. Agrega el impugnante,\n luego de hacer citas doctrinarias, que la Sala de instancia no\n podía soslayar o pasar por alto el desistimiento de la\n primera instancia y que además, consta de autos la documentación\n que demuestra los pagos efectuados por la demandada por los conceptos\n e indemnizaciones que dieron lugar al desistimiento de la primera\n demanda; TERCERO. - Centrado el recurso de casación en\n que la Sala de instancia no atendió el desistimiento hecho\n por el actor respecto de una primera demanda en la que reclamaba\n valores que el actor pretende nuevamente en el presente juicio,\n y analizadas que han sido las actuaciones que tienen que ver\n con la sentencia impugnada, se observa lo siguiente: lo primero\n que se debe dejar puntualizado es que, efectivamente, la demandada,\n dentro del juicio 14/96 trabado entre las partes litigantes,\n solicitó y el Juez ordenó, todo en el término\n de prueba, que se oficie al Juez que sentenció tal proceso\n requiriéndole dicho juicio, el mismo que fue agregado\n a los autos luego de haberse dictado la sentencia de primera\n instancia, por lo que, obviamente no pudo ser valorado como prueba.\n Esta Sala considera que la negligencia del Secretario o del Juez\n requerido, para oficiar o contestar respectivamente, fuera de\n término, respecto del juicio mencionado como parte de\n prueba por el demandado, no puede convalidar una prueba mal actuada,\n siendo en todo caso, tales funcionarios y la parte procesal respectiva\n interesada en impulsar el proceso las responsables de tal situación.\n Así, en la providencia de fs. 14 del presente juicio,\n el Juez ordena oficiar al Juzgado respectivo para que remita\n copia certificada del juicio 14/96 entre las partes litigantes;\n mas, si bien es cierto a fs. 104 la Jueza requerida al remitir\n contestando el requerimiento, dice: que ".. remito a usted\n en 8 fojas útiles el juicio verbal sumario N0 14/96 -\n 2...", aparece que tal proceso es diminuto, destacándose\n particularmente que no hay constancia de haber quedado a firme\n la providencia de fs. 112 vta., en que se ordena que el actor\n reconozca su firma y rúbrica o el desistimiento; lo que\n es más, si bien es cierto aparece a fs. 113 el acta de\n reconocimiento respectiva levantada el 7 de marzo de 1996, acto\n seguido aparece una diligencia con fecha 8 de marzo del mismo\n año, es decir después del reconocimiento de firma,\n relativa a la "providencia que antecede", lo que presupone\n que después del acta de reconocimiento de firmas se firmó\n una providencia, que no consta de los autos. Esta condición\n de diminuta de la copia del juicio respectivo impide que se le\n dé valor probatorio alguno, aun en el supuesto de que\n hubiere sido agregado oportunamente. Por las consideraciones\n anotadas, y habiéndose centrado el recurso en el argumento\n de no haberse valorado el desistimiento del actor dentro de otro\n juicio en que reclamó iguales valores y rubros, y no habiéndose\n probado que tal desistimiento surtió los efectos legales\n respectivos, esta Primera Sala de lo Laboral y Social, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n desecha el recurso planteado por la parte demandada. Publíquese,\n notifíquese y devuélvase.
Es fiel copia de su original. - Quito, 5 - IV - 200 1.
N0 323\n - 2000
JUICIO LABORAL QUE SIGUE ROBERTO QUINTO\n CONTRA COMPAÑIA COANDES.
Quito, febrero 13 del 2001; las 11h00.
VISTOS: Roberto Quinto Camacho, actor, interpone a fs. 34\n y siguientes recurso de casación respecto de la sentencia\n dictada a fs. 8 a 9 por la Segunda Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Babahoyo en la que se revoca el fallo de primera\n instancia y se acepta, parcialmente, la demanda planteada por\n el recurrente en contra del Ing. Eduardo Piedra y otros. Siendo,\n el estado del proceso el de pronunciarse sobre el recurso planteado,\n para hacerlo, se considera: PRIMERO. - La competencia de la Sala\n se encuentra establecida y asegurada por el sorteo de ley, cuya\n razón actuarial consta a fs. 1 del cuaderno' de este nivel\n y de conformidad con el Art. 1 de la Ley de Casación;\n SEGUNDO. - En el escrito que contiene el recurso se puntualizan\n las normas que a juicio del recurrente han sido infringidas en\n la sentencia que impugna, fundándolo en las causales 1era.\n y 3era. del Art. 3 de la Ley de Casación, y sustentándolo\n en síntesis, en los siguientes términos: que en\n el literal b) del 2do. considerando de la sentencia atacada,\n se afirma; "en cuanto a los rubros demandados, los accionados\n presentaron los roles considerados en la parte anterior, y al\n efecto se observa"; no es verdad, agrega el casacionista\n que los roles de pago fueron considerados o analizados como prueba,\n pues, de haberse hecho debían admitir en conjunto con\n otros medios, si estaba o no afiliado al IESS, y si existían\n o no las tarjetas de aportación, y no existiendo tales\n tarjetas. "consecuentemente no existen roles de pago".\n Sobre este particular sostiene el recurrente que los roles que\n obran de autos son documentos insolemnes, fraudulentos, nulos\n y que fueron impugnados, no obstante lo cual la Corte Superior\n de Babahoyo los consideró legales y válidos; por\n otro lado agrega el casacionista que la Sala de instancia cometió\n otro error al declarar nulo el nombramiento del perito, contador\n público Santos Baños de Mora, pues no había,\n razón legal para ello, desconociendo su informe que surte\n plenos efectos jurídicos; TERCERO. - Del análisis\n practicado sobre las actuaciones que, tienen que ver con la sentencia\n impugnada, esta Primera Sala advierte lo siguiente: la aseveración\n del actor según la cual el hecho de no estar afiliado\n al IESS por la parte patronal, ni existir las tarjetas de aportaciones\n a dicha institución significa que no hay roles de pago\n y que por lo mismo los que obran de autos son nulos, no tiene\n ningún sustento legal y por lo mismo no merece absolutamente\n el más ligero análisis. En lo que si tiene razón\n el recurrente es en cuanto sostiene que la Sala de instancia,\n procedió ilegalmente al declarar nulo el nombramiento\n del perito y sin ningún valor su informe, por cuanto fue\n nombrado por el Juez a sugerencia del actor, conclusión\n que se basa en la siguiente reflexión: la disposición\n legal invocada por la Sala de instancia como sustento de su pronunciamiento\n en cuanto a la nulidad del nombramiento del perito, simplemente\n abre dos posibilidades: la que el propio Juez escoja a la persona,\n o que las partes de común acuerdo le soliciten para que\n la designe, designación que en los dos casos, puntualiza\n esta Sala, debe recaer en una persona que reúnan las condiciones\n señaladas en el Art. 255 del Código dé Procedimiento\n Civil. Pues bien, en la especie, fue el propio Juez quien escogió\n a la persona que debía actuar como perito sin que importe\n para nada el hecho de que se acoja la sugerencia del respectivo\n colegio profesional, de cualquier institución, o de las\n partes. Si fue el actor que sugirió el nombre del perito,\n no hay ningún impedimento legal impuesto al Juez para\n que recoja tal sugerencia, siempre que la persona de la que se\n trate reúna las exigencias legales. De modo que, siendo\n legal la intervención del perito, los jueces de instancia\n debieron evaluar el informe para establecer si estaba claro en\n cuanto a la expresión de los fundamentos en los que se\n apoya, o era insuficiente para esclarecer el hecho disputado;\n de haber hecho tal evaluación hubieran encontrado, como\n lo encuentra esta Primera Sala, que dicho informe no cumple esas\n exigencias, y hacer uso del derecho que tenían los jueces,\n de no atenerse al criterio del perito y evaluar directamente\n los roles que fueron objeto de la pericia, como lo hacen los\n suscritos magistrados; CUARTO. - Los roles de pago que corren\n a fs. 30 y siguientes, sirven algunos de ellos para acreditar\n que la parte empleadora pago al actor determinados valores; tal\n es el caso de los de fs. 30, 31, 53, 54, 55 y 61 que están\n debidamente notarizados y que refieren valores aceptados con\n su firma por el actor. Los otros roles no tienen ningún\n valor probatorio desde que, aparte de ser insolentes, no están\n aceptados por el actor mediante su firma; QUINTO. - Como la parte\n demandada no ha probado el pago de todos los rubros y valores\n a que tiene derecho el actor y que le reclama en su demanda,\n obviamente está a deberlos en la parte que no los ha sufragado,\n y que son los siguientes: vacaciones de diciembre de 1995 a enero\n de 1997: S/. 252.972,oo; fondos de reserva: de noviembre 28 de\n 1996 a enero 31 de 1997: S/. 82.947,oo, más recargo por\n el Art. 202 del Código del Trabajo, S/. 41.478,50 décimo\n tercer sueldo, diferencia no pagada S/. 31 3.363,oo; décimo\n quinto sueldo del 27 de noviembre de 1995 al 31 de enero de 1996,\n 65 días: S/. 9.027,oo más S/. 50.000,oo del 1 de\n febrero de 1996 al 31 de enero de 1997; décimo sexto:\n diciembre de 1995: S/. 42.280,oo: de enero de 1996 a junio de\n 1996 S/. 302.250,oo; de julio de 1996 a octubre de 1996 S/. 227.969,oo:\n de noviembre de 1996 a diciembre de 1996 S/. 122.593,oo y por\n enero de 1997, S/. 63. 125,oo; bonificación complementaria\n de enero de 1996 a junio de 1996 S/. l'080.000,oo; de julio de\n 1996 a diciembre de 1996 S/. 960.000,oo y por enero de 1997 S/.\n 270.000,oo; compensación salarial: por diciembre de 1995\n 8/. 125.000,oo; de enero de 1996 a junio de 1996 S/. 870.000,oo;\n de julio de 1996 a diciembre de 1996 S/. 930.000,oo, y, por enero\n de 1997 S/. 175.000,oo lo que da un total de S/. 5'918.004,50.\n Por las consideraciones anotadas esta Primera Sala de lo Laboral\n y Social, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta parcialmente el recurso de casación\n deducido por el actor y consecuentemente dispone que la parte\n demandada le pague los rubros y valores señalados en el\n considerando Sto. de la presente providencia, debiendo tener\n presente el Juez de primera instancia al momento de ejecutar\n esta sentencia, que al total de liquidación deben agregarse\n los intereses legales, y descontarse los valores correspondientes\n a los pagos que se le ha hecho de acuerdo al considerando cuarto\n de la presente providencia y el que retiró según\n el folio 95. Publíquese, notifíquese y devuélvase.
Quito, 8 - III - 2001.
N0 328\n - 2000
JUICIO LABORAL QUE SIGUE ENMA COELLO\n CONTRA LA EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR.
Quito, marzo 21 del 2001; a las 10h00.
VISTOS: En el juicio seguido por Ena Cecilia Coello Vintimilla\n en contra de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur\n C.A., en la persona del Ing. Hernán David Verdugo Crespo,\n en su calidad de Gerente General y además, por sus propios\n derechos, la Segunda Sala de la Corte Superior de Cuenca, al\n confirmar el fallo del Juez Segundo del Trabajo del Azuay, acepta\n parcialmente, la acción propuesta. De esta decisión,\n el demandado interpone recurso de casación, una vez radicada,\n por sorteo, la competencia de este Tribunal, para resolver, se\n considera: PRIMERO. - El recurrente estima infringidos los Arts.\n 51 y 60 del Décimo Quinto Contrato Colectivo de Trabajo;\n los Arts. 55 literal c) y 57 último párrafo de\n la Ley para la Reforma de las Finanzas Publicas y el Art. 219\n del Código del Trabajo; fundando su censura en la causal\n lera. del Art. 3 de la Ley de Casación; SEGUNDO. - Afirma\n el compareciente que en la sentencia pronunciada, indebidamente\n se ha concedido a la actora los beneficios tanto en la jubilación\n patronal de conformidad con el Art. 51 del contrato colectivo,\n así como el subsidio en el consumo de energía eléctrica\n en virtud de una disposición contractual que fue denegada\n por las reformas a la Ley de las Finanzas Públicas; TERCERO.\n - El Art. 51 del Décimo Quinto Contrato Colectivo, determina\n "VIGENCIA DE LA JUBILACION PATRONAL. - La Empresa se compromete\n a pagar obligatoriamente la jubilación patronal consistente\n en S/. 150.000 mensuales para 1998 y S/. 200.000 mensuales para\n 1999 a sus trabajadores que hubieren prestado servicios en ella\n por 20 años y que hubieren presentado su renuncia para\n acogerse a este beneficio..."; del texto anotado, se desprende\n que este provecho o gracia es para aquellos trabajadores que\n presentaren su renuncia; mas, en el caso, la relación\n contractual concluyó por voluntad unilateral de la empleadora,\n 'es decir por despido intempestivo a consecuencia de lo cual\n se le pagaron las indemnizaciones que tal situación genera;\n por ello, no ha lugar a que para el cálculo de la jubilación\n patronal se tome en cuenta esta disposición contractual;\n CUARTO. - De conformidad con lo establecido en el Art. 56 letra\n c) de la Ley para la Reforma de la Finanzas Públicas,\n constante en el Suplemento del RO. 181 de 30 de abril de 1999,\n en ningún contrato colectivo se podrá pactar que\n los trabajadores recibirán gratuitamente o de manera subsidiada\n los servicios o bienes que produce la institución del\n Estado o las sociedades en que las instituciones del Estado tengan\n la mayoría de acciones...; de consiguiente, a partir de\n esta fecha, la demandante carece de derecho para hacerse acreedora\n al beneficio determinado en el Art. 60 del Décimo Quinto\n Contrato Colectivo. En tal virtud, aceptándose parcialmente\n la impugnación formulada en los términos del considerando\n tercero de este pronunciamiento, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se reforma la sentencia\n recurrida. - El Juez de primer nivel encargado de ejecutar el\n fallo practicará la liquidación pertinente. - Del\n monto de la caución, devuélvase a la entidad demandada\n el cincuenta por ciento del valor de la misma. - Notifíquese\n y devuélvase.
N0 350\n - 2000
JUICIO LABORAL QUE SIGUE MAGDALENA RODRIGUEZ\n CONTRA JORGE GUERRON.
Quito, febrero 13 del 2001; las 10h50.
VISTOS: Dentro del juicio que por reclamaciones de índole\n laboral sigue Magdalena Rodríguez Reyes en contra de Jorge\n W. Guerrón Bolaños, Carmen Guerrón Renella\n y Cristina Guerrón Renella en calidad de herederos conocidos\n de quien fuera Julia Elena Guerrón Bolaños y por\n tanto propietarios del Hotel Carchi, la Sala Unica de la Corte\n Superior de Tulcán dictó sentencia confirmando\n a su turno el fallo estimatorio emitido cml el primer nivel jurisdiccional.\n En desacuerdo con este pronunciamiento el demandado nombrado\n en primer término planteó recurso de casación.\n Encontrándose radicada la competencia en esta Sala, habiéndose\n dado cumplimiento a lo estatuido en el artículo 11 de\n la ley de la materia y siendo el estado del debate el de dirimir,\n para hacerlo se considera: PRIMERO. - El recurrente al patentizar\n su rechazo y oposición contra la decisión de instancia,\n manifiesta que en aquélla han sido infringidos los artículos\n 7 numerales 14, 16' y 20 el artículo 13, el 18 numeral\n 1ro. del Código Sustantivo Civil, 77, 355' Nro. 4, 360\n Nros. 1ro. y 2do., 364, 365, 366 y 86 del Código Práctico\n Civil. Que fundamenta su impugnación en las tres primeras\n causales del artículo 3 de la Ley de Casación.\n SEGUNDO. - Al razonar en favor de su pretensión expresa\n el casacionista, en síntesis: A). - Que la actora dice\n en su libelo inicial que en el mes de enero de 1991 entró\n a laborar como cocinera - lavandera del Hotel u Hostal "Carchi",\n de la ciudad de Tulcán bajo las órdenes de Julia\n Elena Guerrón Bolaños. B).-Que su empleadora falleció\n el 2 de diciembre de 1997, dejando como herederos conocidos a\n los ahora demandados. C). - Que el día 30 de diciembre\n del año últimamente indicado, a eso de la una de\n la tarde, Jorge Washington Guerrón Bolaños procedió\n a despedirla. D). - Que con tales afirmaciones Magdalena Cecilia\n Rodríguez ha procedido a demandar, como lo ha hecho. E).\n - Que en la audiencia de conciliación el compareciente\n opuso las excepciones de las que se creyó asistido, entre\n ellas las de inexistencia de la relación laboral, y especialmente,\n la de nulidad procesal por estimar que existía violación\n de solemnidades sustanciales; específicamente, las contempladas\n en los numerales 3 y 4 del artículo 35 del Código\n Jurisdiccional Civil, puesto que mediante escritura pública\n otorgada el 25 de julio de 1997 Julia Guerrón Bolaños\n instituyó en su testamento como, herederos a varias personas\n que en número de 11 nombra en su memorial. F). - Que por\n la razón que anota la emplazante "debió citar"\n a todos los herederos mencionados y "muy conocidos"\n en la ciudad de Tulcán, circunstancia que no hizo por\n lo que deviene la nulidad procesal que invoco, a la que suma\n el hecho de que tampoco han sido citados los herederos desconocidos\n y presuntos de la prenombrada causante. G).-Que durante el término\n de prueba el casacionista, con prueba documental demostró,\n no sólo los fundamentos de hecho y de derecho de sus excepciones,\n sino además, la temeridad de la accionante, quien nunca\n laboró en el mencionado establecimiento comercial. H).\n - En otro orden, señala el impugnante que el artículo\n 86 del Código Adjetivo Civil indica expresamente que "la\n afirmación de que es imposible determinar la individualidad\n o residencia de quien debe ser citado la hará el solicitante,\n bajo juramento, sin el cumplimiento de cuyo requisito, el Juez\n no admitirá la solicitud "y que del texto de la demanda\n no aparece el cumplimiento de tal requisito, no obstante el Juez\n de Primer Nivel avocó conocimiento y calificó la\n demanda. 1). - Que cuando se dictó sentencia, tanto el\n Juez de primera instancia, como la Sala sentenciadora, aplicando\n indebidamente e interpretando erróneamente los preceptos\n legales convalidaron en sus respectivos fallos la nulidad procesal\n que denuncia. J). - Que por todo lo expuesto, pide al Tribunal\n que case la sentencia y declare la nulidad del pleito desde la\n demanda, con la consiguiente condena en, costas, a quien corresponda.\n TERCERO. - Resumida en los términos que han quedado consignados\n en los considerandos precedentes la inconformidad del recurrente,\n este Juzgado Pluripersonal en orden a solventar la controversia\n apunta las siguientes precisiones: A). - El ataque de Jorge Washington\n Guerrón Bolaños contra la resolución del\n Tribunal Ad quem se sustenta esencialmente, a pedir que se fulmine\n la nulidad procesal porque considera que junto a los herederos\n emplazados debió también Magdalena Cecilia Rodríguez\n Reyes enderezar su acción contra los herederos desconocidos\n y presuntos de la mencionada de cujus. Al respecto, es necesario\n esclarecer: a). - Que la demanda, instrumento que patentiza la\n acción, es un acto potestativo del actor quien puede dirigirla\n ad libitum contra quien estima que está compelido a satisfacer\n sus pretensiones. b). - Cuando se trata de herederos, el actor\n puede demandar a los que conoce como tales, sin estar obligado\n en consecuencia a hacerlo contra quienes tienen la calidad de\n desconocidos o presuntos. c).-Cuando demanda a todos sin distinción;\n esto es, a los conocidos, desconocidos y a los presuntos, a los\n primeros se les citará en el domicilio o habitación\n indicado para el efecto, y a los últimos, se los citará\n mediante tres publicaciones que se harán en la forma que\n prescribe el artículo 86 del Código Jurisdiccional\n Civil, precediendo a ella el juramento que hará el solicitante\n al Juez respectivo. CUARTO. - En la especie, y al tenor de todo\n cuanto queda expresado, se deduce que la emplazante no estaba\n obligada a demandar en la forma que reclama el accionado; esto\n es, a todos los herederos, por más que hayan sido "muy\n conocidos en la ciudad de Tulcán". En consecuencia,\n no existe nulidad procesal alguna que fulminar como equivocada\n y reiteradamente ha alegado Guerrón Bolaños. QUINTO.\n - También ha argumentado el emplazado impugnante que existe\n aplicación indebida e interpretación errónea\n de normas de derecho, tanto sustantivas como adjetivas y errónea\n interpretación de preceptos jurídicos, pero no\n precisa en cuáles preceptos se ha producido el error in\n iudicando, in procedendo o la violación indirecta de normas\n sustantivas que denuncia, lo cual torna imposible al Juzgador,\n dado lo genér

References: resolución 
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 3
 artículo 35
 resolución 
 artículo 86