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Timestamp: 2020-06-01 06:52:45+00:00

Document:
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 32, de 25/09/2012
cve: DSCG-10-CM-32
Año 2012 X Legislatura Núm. 32
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre los siguientes extremos:
- Informe de fiscalización de las subvenciones y préstamos a empresas privadas y familias e instituciones sin fines de lucro, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en ejecución del "Plan Avanza" convocatorias 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000057 y número de expediente del Senado 771/000053) ... (Página2)
- Informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza, ejercicios 2006 y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000071 y número de expediente del Senado 771/000071) ... (Página9)
- Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus organismos y de las sociedades por ella participadas, ejercicios 2002 a 2004. (Número de expediente del Congreso 251/000014 y número de expediente del Senado 771/000016) ... (Página18)
- Informe Anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000015 y número de expediente del Senado 771/000015) ... (Página18)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y PRÉSTAMOS A EMPRESAS PRIVADAS Y FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, CONCEDIDAS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO EN EJECUCIÓN DEL "PLAN AVANZA" CONVOCATORIAS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000057 y número de expediente del Senado 771/000053)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. En primer lugar, vamos a dar la afectuosa bienvenida a don Ramón Álvarez de Miranda, nuevo presidente del Tribunal de Cuentas; por tanto, es hoy su primera comparecencia ante esta Comisión, y estoy seguro de que esta y las sucesivas serán de enorme valor para nuestro trabajo parlamentario.
El buen funcionamiento de esta Comisión y el darle el sentido a la misma depende de una estrecha relación y comunicación con el tribunal, como así ha venido siendo en la última legislatura y como estoy absolutamente convencido de que va a serlo en esta X Legislatura. En estos complejos momentos que vive nuestro país, tanto el tribunal como la Comisión tenemos con nuestra labor de fiscalización una importante labor de cara a los ciudadanos, que hoy más que nunca están preocupados del uso de los fondos públicos, de los fondos de todos los españoles.
Don Ramón, bienvenido; esta es su casa. Sin más, vamos a empezar el primer punto del orden del día, que es el informe de fiscalización de las subvenciones y préstamos a empresas privadas y familias e instituciones sin fines de lucro, concedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en ejecución del Plan Avanza, convocatorias 2006 y 2007. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, señor presidente, por sus atentas palabras.
Es para mí una satisfacción y un honor dirigirme a sus señorías en esta primera comparecencia tras la elección del nuevo pleno en el tribunal. Y es de justicia dedicar unas especiales palabras de recuerdo y consideración a mi antecesor, don Manuel Núñez Pérez, para agradecerle el buen número de años que dedicó a la presidencia del tribunal y a la comparecencia ante esta Cámara, aportando su trabajo, sus ideas, su gran y contagioso entusiasmo y su compromiso permanente con el Tribunal de Cuentas y con esta Cámara.
Sin más, paso a presentarles a ustedes el informe relativo al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en ejecución del Plan Avanza, convocatorias 2006 y 2007.
El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó este informe en su sesión de 22 de diciembre de 2011, habiéndose llevado a cabo por iniciativa del propio tribunal, y cuyo objeto ha consistido en la fiscalización de las ayudas de diversa naturaleza, como subvenciones y préstamos sin interés, otorgados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a favor de empresas y sujetos privados en el marco del denominado Plan Avanza. La fiscalización se refiere a las convocatorias de estas ayudas realizadas en los ejercicios 2006 y 2007.
El Plan Avanza contenía un conjunto de medidas dirigidas al desarrollo de la conocida como sociedad de la información o del conocimiento y a promover el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Estas medidas estaban dirigidas tanto a las administraciones públicas como a las empresas y familias e instituciones sin fines de lucro, siendo las ayudas relacionadas con estos últimos destinatarios las fiscalizadas en el presente informe.
El presupuesto definitivo asignado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a las ayudas fiscalizadas ascendió a 871 millones de euros en 2006 y a 1.192 millones de euros en 2007, lo que representa aproximadamente el 85 % del presupuesto asignado al Plan Avanza en esos dos años. Las ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el Fondo Social Europeo. El órgano responsable de la ejecución del Plan Avanza es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información, Setsi, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, responsabilidad compartida con los anteriores ministerios de Administraciones Públicas y de Educación. Las actuaciones fiscalizadoras se realizaron fundamentalmente en la Dirección General de la Sociedad de la Información, unidad dependiente de la Setsi.
Entre los objetivos que se establecieron para la realización de la fiscalización se incluyen los relativos a la comprobación de que el procedimiento para la convocatoria, adjudicación, pago, justificación y control se ajustaba a la legislación aplicable; la verificación de que los beneficiarios de las ayudas reunían los requisitos exigidos y cumplían las obligaciones previstas en la normativa; la comprobación del correcto pago y registro contable y presupuestario de las ayudas; y la verificación del cumplimiento de los plazos y condiciones establecidos para la amortización de las ayudas otorgadas bajo la modalidad de préstamo.
Respecto de los principales resultados de la fiscalización a la que se refiere esta comparecencia, cabe resaltar, como conclusión general, la adecuada tramitación y otorgamiento de las ayudas analizadas, así como el cumplimiento de la normativa aplicable y la correcta amortización de los préstamos concedidos.
No obstante lo anterior, se han detectado ciertas deficiencias en la tramitación del procedimiento de concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva, entre las cuales cabe citar las siguientes: Se sobrepasó el plazo de seis meses previsto en la normativa y en las correspondientes bases reguladoras para la resolución de concesiones de ayudas en todas las convocatorias analizadas. Se observó una gestión no uniforme de las ayudas plurianuales sin que existan razones que lo justifiquen. Aunque en las convocatorias de 2007 se verificó una mejora en el uso de los medios telemáticos respecto a las del primer año, aún no se disponía de un expediente electrónico completo. No se elaboró un informe de resultados de los planes de actuación con el fin de comprobar la correcta realización de las actividades subvencionadas, ni constaba en los expedientes el resultado de las comprobaciones realizadas en cumplimiento de dichos planes. La mayoría de los recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones de reintegro se resolvían en un plazo superior a un año y medio, lo que demoraba el ingreso de tales reintegros al no efectuarse los mismos hasta una vez resueltos los recursos. No se había incorporado a la base nacional de datos de la Intervención General de la Administración del Estado la información de las subvenciones fiscalizadas.
Por lo que se refiere a su aplicación presupuestaria, se ha observado que las ayudas concedidas en régimen de concurrencia competitiva presentaban un elevado grado de ejecución, a excepción de determinadas líneas de ayudas que presentaban un menor grado de ejecución presupuestaria y de justificación de las obligaciones reconocidas, como el programa de extensión de banda ancha, debido a que su coste ha sido inferior al previsto, o el programa Avanza-Pyme 2/2007.
Respecto a la justificación de las ayudas, no se detectaron deficiencias relevantes, habiéndose encontrado únicamente defectos aislados en la justificación de algunos expedientes en las ayudas Avanza Formación, I+D Profit y Ciudadanía Digital, referidos a la admisión de justificantes sin reunir los requisitos exigidos en las instrucciones de justificación, sobre los cuales el órgano gestor manifestó en sus alegaciones que ya había iniciado el correspondiente expediente de reintegro.
En cambio, sí se verificaron incidencias y debilidades en las comprobaciones sobre la línea ICO Plan Avanza, entre las cuales se puede hacer referencia a las siguientes: La existencia de un muy bajo grado de ejecución de estas ayudas, en concreto, el 31 % de los fondos asignados, presentando además un elevado número de errores y deficiencias en la justificación de los préstamos analizados, principalmente como consecuencia de no haberse acreditado la conexión a Internet a que estaban destinadas las ayudas. Un elevado índice de errores detectados en los expedientes examinados correspondientes a las líneas Préstamos TIC, Jóvenes Universitarios y Ciudadanía Digital. En tercer lugar, el excesivo retraso en la comprobación de la justificación de los préstamos concedidos, excediendo el plazo máximo en algunos casos hasta en tres años. La débil e incompleta supervisión de la línea realizada por la comisión técnica de ejecución y seguimiento. La imposibilidad de verificar completamente la amortización de los préstamos por falta de información desglosada de los préstamos analizados, si bien el Instituto de Crédito Oficial certificó el ingreso de la totalidad de las amortizaciones.
Asimismo, han sido fiscalizados los acuerdos suscritos con la Asociación para la Implantación y Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre y con la Fundación I+D+i, con el fin de canalizar las subvenciones nominativas concedidas. Los acuerdos examinados adolecían de la falta de concreción de las actividades a realizar por la entidad beneficiaria de la subvención. Además, se observaron debilidades en el seguimiento y justificación de tales acuerdos.
En el informe, finalmente, se recogen diversas recomendaciones, todas ellas dirigidas al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la actualidad Industria, Energía y Turismo. Un conjunto de estas recomendaciones se refiere a la mejora del seguimiento y control de la línea de financiación ICO Plan Avanza, como la realización de previsiones rigurosas y realistas a efectos de la dotación de fondos de dicha línea. Otro grupo de recomendaciones va dirigido a las propuestas de subsanación de las debilidades
ya expuestas sobre los procedimientos de concesión, pago, justificación y seguimiento de las ayudas, incluyendo la generalización de la gestión telemática de todas ellas desde la solicitud hasta el reintegro, en su caso. Finalmente, se propone delimitar con mayor precisión, en los convenios suscritos por el ministerio, el objeto y las actividades a realizar por cada una de las partes, debiendo aquel, además, verificar el cumplimiento de tales convenios y las condiciones de justificación de las ayudas.
Con ello termino, presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa). El señor Salvador tiene la palabra.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muy brevemente intervendré en este primer punto, porque luego tengo que estar en otras comisiones. En todo caso, yo me uno a las palabras de bienvenida del presidente de la Comisión, y quisiera también felicitarle en nombre de mi partido por su nombramiento, y también unirme a la reflexión que hizo el presidente de la Comisión al principio de la misma sobre la oportunidad y la necesidad en nuestro sistema, hoy más que nunca, de esta institución.
Únicamente quiero trasladarles una reflexión genérica, a la vista del orden del día. Los informes que vamos a evacuar hoy tienen cinco años, se refieren a ayudas, a presupuestos de cinco, seis, siete, ocho e incluso diez años. De alguna manera muestran un problema, o un debate o una cuestión que tenemos que afrontar entre ustedes, el tribunal, y nosotros, y es que respecto a las cuestiones que aquí vamos a estudiar hoy ha pasado demasiado tiempo como para que efectivamente la función de control y de fiscalización que pudiera tener el tribunal tenga una real virtualidad. Yo no sé hasta qué punto de estos informes pudiera derivarse o en su momento su pudo derivar algún tipo de responsabilidad, pero seguramente hoy estarían prescritas. Si este tribunal quiere tener esa función de controlar, deberíamos hacer una reflexión de cómo buscar una fórmula, y yo creo que hoy tecnológicamente seguro que se puede hacer, para agilizar y para reducir los tiempos de los informes. Porque, por un lado, afecta a la credibilidad de la propia institución, pero, por otro lado, si no cumple esa función, las distintas administraciones se relajan en su ejecución, en lo correcto que debe ser el servicio que prestan. Y al final, si nos sentimos no controlados, es el camino más fácil para que exista corrupción. Yo creo que deberemos buscar entre todos la fórmula para reducir los tiempos y que efectivamente el tribunal cumpla su función, que yo espero y deseo que lo podamos hacer juntos reflexionando, más allá de los informes puntuales a que tengamos que venir en cada Comisión; y yo desde luego me ofrezco a participar y a intentar que efectivamente este tribunal tenga el lustre que yo creo que se merece.
El señor PRESIDENTE: El señor Bel tiene la palabra.
El señor BEL ACCENSI: Simplemente, quiero decir unas palabras muy breves para dar también la bienvenida, en nombre de mi grupo, Convergència i Unió, a don Ramón Álvarez en esta primera comparecencia. Quiero agradecerle la predisposición, felicitarle, como ya le hicimos llegar, por su nombramiento, y pedirle que también lo traslade a todo el pleno.
Precisamente queríamos hacer también una reflexión, como hacía el anterior interviniente. Sabemos que acaban de llegar y, por tanto, no van a poder ahora cambiar toda la dinámica llevada en el tribunal, pero sí queremos instarles a que trabajen con la máxima celeridad y que los informes sean presentados con la mínima dilación. Cuando estamos hablando de presentar informes, como lo haremos a lo largo del día de hoy, del año 2002, con diez años de retraso, seguramente el mismo tribunal, esta Comisión, todos acabamos perdiendo cierta credibilidad. Sé que no es imputable en este momento a los miembros del pleno, pero en todo caso en nombre de mi grupo quiero instarles a ver cómo se puede avanzar en esta vía, y también ofrecerles nuestra modesta colaboración desde esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: La señora Vázquez Morillo tiene la palabra.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: El portavoz de mi grupo quería pronunciar unas palabras antes de entrar en el tema.
El señor CÍSCAR CASABÁN: En primer lugar, y después de la elección del nuevo pleno del Tribunal de Cuentas, comparece hoy por vez primera su presidente, don Ramón Álvarez de Miranda. Quiero, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, expresarle nuestra felicitación, darle la bienvenida a esta Comisión y también desearle lo mejor en el desempeño de su responsabilidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Vázquez Morillo.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Yo también deseo felicitar al señor Álvarez de Miranda y desearle los mejores éxitos en la responsabilidad que va a desempeñar.
Hablaremos del informe que nos ocupa, que es verdad que es de los años 2006 y 2007. Nosotros también nos comprometemos a colaborar para que se avance en el estudio de los informes y podamos ir un poco más al día. Lo estuvimos haciendo la legislatura pasada, pero los informes crecen y crecen e intentaremos ya en esta legislatura ponernos más al día.
El informe que estamos analizando hoy es la fase inicial del Plan Avanza, puesto que se aprobó en noviembre de 2005. Fue, por lo tanto, una de las primeras medidas que puso en marcha el Gobierno socialista para impulsar las nuevas tecnologías y la sociedad de la información. Fue en noviembre de 2005, como he dicho, pero previo a su aprobación se creó la ponencia dentro del Catsi para realizar un diagnóstico de la situación y proponer los objetivos que debería contener ese plan. Como consecuencia de esos informes y de las recomendaciones, que hay que destacar que fueron aprobadas en el Senado en junio de 2005, se elaboraron las grandes líneas del Plan Avanza. El análisis de la situación que realizó esta ponencia arrojaba datos como que en 2003, por ejemplo, estábamos muy distantes de los que daba la Unión Europea, teníamos muy poca inserción en las nuevas tecnologías: por ejemplo, la ponencia del Catsi decía que el 62 % de las microempresas no le veían utilidad a las nuevas tecnologías; por lo tanto, todavía no había calado en la sociedad. Hoy, por ejemplo, el 58 % de esas empresas de menos de 10 trabajadores tiene Internet, y el 97 % de las de más de 10 trabajadores. Encontrábamos también que el número de usuarios de Internet se había estancado en 2004 y llegaba aproximadamente al 32 %, mientras que en 2011 ese dato ya está en el 67,2 %.
El indicador de convergencia del que habla el informe que estamos analizando hoy indicaba una evolución negativa, por ejemplo desde el año 2003, según el gráfico que se presenta, que tenía una convergencia del 82 %, hasta principios de 2005, que bajó al 77 %. A partir de ahí, ese índice de convergencia empezó a crecer hasta el 84,1 %, que incluye también el informe, en el primer trimestre de 2006. Así pues, los avances en la sociedad de la información, que se han dado además muy rápido en nuestro país, podemos achacarlos en buena parte a la puesta en marcha del Plan Avanza, que hizo por ejemplo que la inversión en nuevas tecnologías se triplicara en el periodo 2005-2008 con respecto a la de 2000-2004.
El informe del Tribunal de Cuentas, como nos ha dicho su presidente, se centra en los ejercicios 2006 y 2007 de esas ayudas concedidas a empresas, familias y entidades sin ánimo de lucro en las modalidades de subvenciones y préstamos. La profundidad del análisis, como ha hecho otras veces, tan importante, con tanto detalle, la verdad es que convierte en experto a quien lo analiza con papel y bolígrafo, porque no puede ser de otra forma, y no me imagino los recursos y el tiempo que requerirá el tribunal para hacerlo. Por eso yo, como en otras ocasiones, quiero felicitar al tribunal por este trabajo.
Por otro lado, si bien la gestión de la Administración siempre es mejorable, tal y como se especifica a lo largo del informe y en las conclusiones, en general la gestión de la puesta en marcha del Plan Avanza ha sido aceptable por cuanto -cito literalmente-: las subvenciones y los préstamos se han otorgado conforme a las prescripciones establecidas; han sido pagadas y registradas presupuestariamente conforme a la normativa aplicable; se han cumplido los plazos y condiciones establecidos para las amortizaciones; los procedimientos de tramitación de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva han sido adecuados, y las ayudas han tenido un alto grado de ejecución, excepción hecha, como ha dicho el presidente, de la línea ICO Plan Avanza, sobre todo por el tema de no haberse dado de alta en Internet.
No todos los informes que hemos analizado en esta Comisión tienen el mismo grado de satisfacción, teniendo en cuenta la complejidad que siempre hemos visto aquí en otros informes en el trámite de las subvenciones. Tenemos que tener en cuenta también que esta es la fase de puesta en marcha del Plan Avanza, y tal vez por eso sea que la mayoría de las incidencias hagan referencia al cumplimiento de plazos.
En la línea de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, y por si no se han subsanado todavía en ejercicios siguientes algunas de las recomendaciones que hace, me consta, por ejemplo, que la informatización de todos los procesos se ha hecho ya, y es una de las recomendaciones, si acaso en el tema de plazos o, por ejemplo, la actuación de las entidades colaboradoras no ha mejorado, presentaremos alguna resolución al respecto.
Quiero terminar destacando la importancia de seguir impulsando el desarrollo de la sociedad de la información porque ya sabemos que ello contribuye a aumentar la productividad y la competitividad de nuestro país. Por eso yo espero ver esa prioridad puesta en los presupuestos generales del Estado que conoceremos pasado mañana.
El señor PRESIDENTE: El señor Suárez, por el Grupo Popular, tiene la palabra.
El señor SUÁREZ LAMATA: Aunque no intervendré yo en esta cuestión, sí quería comenzar dándole la bienvenida en nombre de mi grupo parlamentario a don Ramón Álvarez de Miranda, deseándole todo tipo de éxitos; sin lugar a duda, sus éxitos también serán en parte los éxitos de esta Comisión. Quiero manifestarle que de la misma forma que este grupo parlamentario ha venido colaborando de forma constructiva, tanto en esta Comisión como con el propio Tribunal de Cuentas, así lo pensamos seguir haciendo. Y yo me quiero unir también a las palabras del señor presidente en el comienzo cuando hacía una mención especial del anterior presidente del Tribunal de Cuentas. Yo hago extensiva esa felicitación por ese importante trabajo a todos los consejeros que han cesado, y mi reconocimiento y el reconocimiento de mi grupo parlamentario a don Manuel Núñez por tantos años dedicado al interés general. En definitiva, no deja de ser una labor importante la del tribunal, al final, la fiscalización, el control y la defensa del interés general.
El señor PRESIDENTE: El señor Araújo tiene la palabra.
El señor ARAÚJO GIL: Señorías, en esta también mi primera intervención ante esta Comisión mixta respecto de este informe de fiscalización de las subvenciones y préstamos a empresas privadas y familias e instituciones sin fines de lucro concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en ejecución del Plan Avanza, convocatorias 2006 y 2007, quiero agradecer, en primer lugar, al equipo técnico del Tribunal de Cuentas la intensa labor que vienen realizando, y también especialmente la efectuada en este informe. En segundo lugar, también quiero agradecer, como no podía ser de otra manera, la intervención de su presidente, y también felicitarle por su nombramiento y desearle lo mejor en toda su trayectoria como presidente del Tribunal de Cuentas y en su trayectoria personal; y también mi reconocimiento personal al anterior presidente, don Manuel Núñez Pérez.
En una intervención de las sesiones anteriores de esta Comisión, una compañera manifestaba su interés en empezar la lectura de los informes por el final, es decir, por las conclusiones y recomendaciones, para tener una impresión global de la lectura después detallada del informe. En este caso, quiero confesar que yo he seguido ese mismo procedimiento y, sin embargo, con ello solo he logrado tener un sabor agridulce desde el principio.
Creo que es de todos conocida la importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación en nuestra sociedad. Yo creo que todas las fuerzas representadas en esta Comisión coincidimos en el reconocimiento del papel prioritario que tienen estas en la sociedad nuestra, en el efecto multiplicador que tienen las inversiones en este campo y, es más, que están siendo y serán sin duda un factor clave en la recuperación de nuestra economía y en la mejora de nuestra productividad.
Mediante el Plan Avanza que hoy analizamos se realizó un gran esfuerzo presupuestario por parte del anterior Ejecutivo, en colaboración con otras administraciones y entidades, y ha tenido continuidad, como bien se ha explicado, con el Plan Avanza 2, logrando una importante implantación de la sociedad de la información en nuestro país. El Plan Avanza continúa desarrollándose con una estrategia definida entre el periodo 2011 y 2015. Pero tendrán que coincidir conmigo en que es una lástima también que la labor realizada perfectamente por el Tribunal de Cuentas nos llegue cinco años después de su realización.
Una vez más, quiero recalcar desde el Grupo Parlamentario Popular que reclamamos que los informes se presenten en un periodo máximo de un año desde la fecha de la actuación pública. Es evidente, tal como se ha comentado por los grupos anteriores, que no podemos estar informando de las actuaciones diez años después de ellas, en este caso entre cinco y seis años. Aquí me gustaría que el presidente del Tribunal de Cuentas me tranquilizara contestándome afirmativamente, aunque sea de una manera -se lo pido- intuitiva por su larga experiencia, en el sentido de que las recomendaciones recogidas en el informe como mejoras se llevaron a cabo en los ejercicios posteriores, y no tan solo algunas de ellas parcialmente. Me estoy refiriendo a que si el ministerio ajustó en los siguientes ejercicios la dotación de los fondos ICO Plan Avanza a unas previsiones rigurosas y realistas; también si se redujeron los errores en la justificación en la modalidad de los préstamos TIC; si también se realizaron seguimientos periódicos
de las cuentas bancarias de los fondos; si se solventaron los retrasos en la tramitación de las ayudas aprobando resoluciones de concesión en el primer semestre del año; si se definieron adecuadamente los objetivos y actividades a realizar por cada una de las entidades firmantes en los convenios suscritos; y, por último, si el ministerio cumplió con su obligación de revisar las cláusulas de los convenios y exigió el cumplimiento de las condiciones de justificación. Me temo de todas formas que su respuesta será que no. De ahí, mi sabor agridulce, señor presidente, pues un gran esfuerzo de toda la sociedad española queda eclipsado por una aplicación deficiente de los recursos públicos, en este caso por parte del anterior Ejecutivo del Gobierno socialista.
De todas formas, quiero entrar un poco en el fondo del informe. El Plan Avanza 2006-2007 para el desarrollo de la sociedad de la información y de convergencia con Europa y entre comunidades autónomas y ciudades autónomas se fijó como objetivo inicial global que el gasto en las tecnologías de la información y la comunicación sobre el producto interior bruto se situara en el 7 % en 2010, difundiendo los beneficios de la sociedad de la información y dotando de recursos económicos a las administraciones públicas para la prestación de los servicios de su responsabilidad, y a las empresas privadas y familias e instituciones sin fines de lucro mediante subvenciones y créditos. La evaluación y el seguimiento de estos objetivos no se ha realizado.
También se calculó -ya se ha comentado en esta Comisión- que con una aportación de 5.544 millones de euros durante el periodo 2006-2010, con esta aportación de dinero público en España se conseguiría un efecto del plan de casi 300.000 millones de euros; el seguimiento y la evaluación de este objetivo tampoco se ha realizado.
Es cierto que la entidad pública red.es, actuando como oficina técnica, definió una serie de indicadores que han permitido el seguimiento parcial de esas actuaciones: la medición del impacto de los objetivos estratégicos, del grado de satisfacción de los usuarios, y que definió en especial -y ya se ha citado también-, el indicador de convergencia del Plan Avanza. Pero lo importante es que -estoy completamente seguro de que está recogido en el informe, y lo cito literalmente-: no se ha elaborado un informe de resultados de los planes de actuación realizados en cumplimiento de lo establecido en el artículo 85 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones para comprobar la realización por los beneficiarios de las actuaciones subvencionadas; ni en el expediente se deja evidencia expresa del resultado de las comprobaciones efectuadas en cumplimiento del mencionado plan -y acabo la cita literal de las conclusiones del informe-. Por tanto, no sabemos con certeza en qué medida el esfuerzo realizado ha servido para algo, y ese es el dato que nos interesa como responsables políticos de dichas actuaciones.
Por otra parte, también es necesario resaltar que la dotación económica del plan en 2006 fue de un crédito definitivo de 870.610 miles de euros, y en 2007 de 1.192.092 miles de euros, según se recoge en el informe. Y sin embargo, en la página web del Plan Avanza se dice textualmente que se han aprobado 2.394 proyectos en las cuatro áreas del Plan Avanza, movilizando presupuesto de 1.444 millones de euros, con una aportación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 388.500 miles de euros, de los que se han beneficiado empresas y entidades locales sin fines de lucro. Quisiera que aquí en este punto el presidente del Tribunal de Cuentas pueda aclararme el motivo de la diferencia entre ambas cantidades.
En la actividad fiscalizadora, también de cada uno de los apartados del plan, se recoge una serie de incidencias, algunas de las cuales personalmente considero de gran trascendencia. Y aquí en el informe y en la lectura del informe por parte del presidente no se le ha dado. Me estoy refiriendo como ejemplo a los convenios de colaboración entre la Setsi y la Fundación I+D+i, Ciencia, Tecnología y Empresa, y en los acuerdos de colaboración entre el ministerio y la Asociación para la Implantación y el Desarrollo de la Televisión Digital Terrestre. No dudo que el Tribunal de Cuentas haya considerado adecuadamente su importancia y las responsabilidades contables derivadas.
Respecto a las conclusiones, también quiero destacar: en primer lugar, las deficiencias del apartado dedicado al procedimiento seguido en la tramitación de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva; en segundo lugar, el bajo grado de ejecución de las ayudas ICO Plan Avanza a pesar de su elevada dotación, así como las deficiencias y errores detectados en su justificación, y también hay que destacar el retraso en algunos casos de más de un año en su comprobación; en tercer y último lugar, la sustitución de la aprobación expresa del comité de seguimiento del convenio suscrito con la Asociación para la Implantación y Desarrollo de la TDT por unos informes de una empresa de auditoría externa.
Como conclusión -y ya termino, señor presidente-, al margen de las deficiencias de ejecución detectadas y pese al grado de ejecución alcanzado, en algunos casos superior al 90 %, lo más importante habría sido saber si el esfuerzo realizado ha servido para algo. Y creemos que sí, pero no lo sabemos con
certeza ni en qué medida, porque es solo un informe el que tenemos ante la mesa de corrección contable, pero falta un informe de resultados. Si después de decir que se han gastado en este periodo 2.032 millones de euros en el Plan Avanza 2006-2007 no se dice inmediatamente para qué ha servido, se corre el riesgo, por tanto, de que pueda pensarse que se han malgastado estos 2.032 millones de euros.
Señorías, tengan la seguridad de que el Gobierno del Partido Popular, en unas circunstancias en las que además los recursos son particularmente escasos, orientará todas sus actuaciones y ayudas a la obtención de resultados, de retornos concretos y evaluables, en este ámbito y en otros más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): En primer lugar, agradezco las palabras de felicitación y de bienvenida formuladas por los diferentes portavoces parlamentarios.
Entrando de manera directa en las cuestiones planteadas, recojo la inquietud formulada en esta Cámara por el retraso en la presentación de los informes por parte del Tribunal de Cuentas, que implica lógicamente un reto para el tribunal en la agilización de sus procedimientos y en la agilización de la realización de sus trabajos. El nuevo pleno del tribunal está comprometido, efectivamente, en avanzar en esa línea. Por otra parte, también en las conversaciones mantenidas con la Mesa de la Comisión mixta existe el interés por parte del tribunal, y también entiendo que por parte de la propia Mesa, de que se produzca una mayor agilización en la presentación de los informes que quedan pendientes de poder analizar, que lógicamente supondrá una mayor puesta al día en la presentación y en la utilidad de los trabajos. En todo caso, también hay que tener en cuenta que el trabajo del tribunal es un trabajo sometido a garantías que no son las habituales en los procedimientos tradicionales de auditoría. Esas garantías implican que aquellas instituciones y personas afectadas tienen el derecho y la posibilidad de formular en todo caso sus alegaciones y sus observaciones a la realización de estos trabajos, con lo cual el procedimiento de trabajo del tribunal es un procedimiento reglado que no puede obviar y que necesariamente tiene que contar con un procedimiento posterior a la propia elaboración del informe, que en muchos casos representa gran parte de la justificación de este retraso; y entre otras cuestiones, también hay que entender que un tribunal es un órgano colegiado donde la discusión de los informes no es solo la elaboración del informe por un ponente, sino la realización de un trabajo en equipo y común que lleva también a la realización de trabajos adicionales sobre la formulación inicial de un proyecto de informe. Con todo ello quiero decir que el tribunal se compromete, y está comprometido el nuevo pleno, en la agilización de los procedimientos e intentaremos estar a la altura de la demanda que aquí se nos ha formulado.
En relación con lo que han sido las observaciones concretas que afectan al trabajo del tribunal, querría decir que efectivamente el Plan Avanza es un plan que establece unas ayudas con un horizonte de 5.000 millones de euros, que en sus años iniciales, y estos dos son los dos años iniciales, tienen un desarrollo de 871 millones de euros en el año 2006 y de 1.192 millones de euros en el año 2007. En relación con la discrepancia que puedan presentar estas cifras con respecto a las que figuran en la página web, debo advertir que lógicamente la labor del tribunal se desarrolla sobre lo que son las cuentas rendidas, las cuentas oficialmente rendidas, y que no hemos efectuado ninguna verificación en relación con las explicaciones o justificaciones que presente la página web del tribunal. Muchas veces la utilización de criterios diferentes a la hora del cómputo de qué es lo que debe ser imputado a cada año puede justificar o explicar esas diferencias, pero la labor que hemos hecho nosotros y la labor que les presentamos a ustedes es sobre las cuentas rendidas, y por lo tanto la fiabilidad que ofrecemos es la del trabajo que hemos podido comprobar que son las cifras que yo les presento a ustedes.
Por lo que se refiere también a las recomendaciones del informe y su efectivo cumplimiento por parte de la secretaría de Estado, he de decirle, señor diputado, que el tribunal no ha hecho un seguimiento de recomendaciones. El tribunal tiene información sobre la evolución posterior, como lógicamente se deduce del conocimiento de la gestión de las entidades por las que hemos pasado, pero una opinión del tribunal necesariamente tiene que estar sujeta a la realización de comprobaciones con las suficientes garantías. Por lo tanto, el que yo le dijera ahora si esas recomendaciones se han cumplido, si yo pienso si se han cumplido o no, sería aventurar unos resultados que, lógicamente, tienen que ser producidos en el curso de una fiscalización y de acuerdo con un procedimiento. Lamento no poder decirle más, en relación con todos los temas que a usted le preocupan y que creo que ha acertado en determinar que son claves, porque indudablemente son aquellas cuestiones que afectan a la verdadera importancia de impacto del Plan Avanza; no le puedo decir más allá de lo que dice el informe.
Respecto a los convenios que usted ha citado y las eventuales responsabilidades contables que se pudieran derivar de los mismos, he de decirle que tanto el fiscal como el servicio jurídico del Estado, en la realización de su trabajo formularon determinadas advertencias que no eran en sí una formulación de indicios de responsabilidad contable, ni mucho menos, sino que alertaban a los gestores concretos de la secretaría de Estado para que aquellas cuestiones derivadas de la gestión ordinaria del organismo en las que se pudiera ver afectado algún tipo de fondo público no reintegrado, fueran efectivamente solventadas en su gestión concreta. Sí le puedo informar de que en la actualidad, en la sección de enjuiciamiento no hay ningún procedimiento abierto derivado de este informe; esa es una información que no implica que en su momento, derivado de la acción posterior y de la información que se pudiera recibir, pudiera existir algún tipo de decisión en esta materia, pero al día de hoy sí le puedo decir que no existe ningún procedimiento abierto en la sección de enjuiciamiento.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, EJERCICIOS 2006 Y 2007. (Número de expediente del Congreso 251/000071 y número de expediente del Senado 771/000071).
El señor PRESIDENTE: Si les parece, iniciamos el segundo punto del orden del día, informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza en sus ejercicios 2006 y 2007. Señor Álvarez de Miranda, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el pasado 29 de marzo de este ejercicio el informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza correspondiente a los ejercicios 2006 y 2007, realizado en cumplimiento de mandato legal y del que, además de a las Cortes Generales, se envió también un ejemplar a las Cortes de Aragón. La fiscalización tuvo por objeto el análisis del cumplimiento de la obligación de rendir cuentas anuales de la universidad y el examen de los estados financieros que las conforman, así como una evaluación de la gestión realizada en los ejercicios fiscalizados, tanto en su actividad docente como en el área de investigación, examinando su organización, analizando sus costes y prestando especial atención a la contratación celebrada, con el objetivo de extender la función fiscalizadora al ámbito de la eficiencia y de economía en la gestión de los recursos públicos.
En el informe se señalan como limitaciones al alcance de la fiscalización que el procedimiento seguido en el pago de las retribuciones percibidas por el personal que participa en determinados proyectos de investigación, abonadas directamente por la Oficina de Transferencias de Resultados de la Investigación y no a través de la nómina que elabora la universidad, no permite mantener el debido control sobre dichas retribuciones, lo que por otra parte pudiera originar la existencia de una contingencia fiscal en relación con el IRPF. Asimismo se indica el hecho de que la universidad no facilitó una relación de la totalidad de las cuentas corrientes gestionadas de forma descentralizada ni la pertinente información sobre la correcta imputación temporal de las obligaciones devengadas.
Entre las principales conclusiones alcanzadas en la fiscalización llevada a cabo se pueden señalar las que se exponen a continuación. Cabe indicar, en primer lugar, por lo que se refiere al sistema de control interno, que la universidad disponía de una unidad de control interno integrada por tres personas, una de ellas auxiliar administrativo, dependiente orgánica y funcionalmente del gerente, que aprobaba su plan de actuación. En relación con las cuentas analizadas, en el informe se destaca que las cuentas del último ejercicio fiscalizado se rindieron al Tribunal de Cuentas fuera del plazo establecido. Si bien las mismas se ajustaban a lo previsto en la normativa aplicable, no había sido objeto de desarrollo normativo la incorporación de determinada información prevista en el Plan general de contabilidad pública y que se considera relevante para las universidades.
La aprobación de los presupuestos de los ejercicios fiscalizados se efectuó con retraso, prorrogando en consecuencia los del ejercicio precedente, lo que supuso una restricción en la función planificadora de los presupuestos. Se reseña en el informe que en ambos presupuestos, junto a los créditos para gastos de personal se incluyen los créditos para pensiones del personal en administración y servicios por importe de un millón de euros para los dos ejercicios, así como los créditos destinados al pago de complementos retributivos al personal docente e investigador, por un importe próximo a los 14 millones para los dos ejercicios, derivados del contrato programa de incentivos suscrito con la Comunidad Autónoma de Aragón. En ambos ejercicios se aprobaron modificaciones presupuestarias, incrementando en un 6,4 % y en
un 8,5 % respectivamente los créditos iniciales. La mayor parte de estas modificaciones se financiaron con remanente de tesorería inexistente, y por ello con el informe desfavorable de la unidad de control interno. Asimismo se aprobaron modificaciones presupuestarias con defectos que debieron haber impedido su tramitación, como su aprobación el último día del ejercicio presupuestario o incluso en el ejercicio siguiente; el no disponer de la financiación necesaria; o por transferir crédito de operaciones corrientes a operaciones de capital sin la necesaria aprobación del Consejo Social. En este sentido se destaca cómo en el capítulo de inversiones reales se tramitaron modificaciones de crédito superiores en ambos ejercicios al 15 % de los créditos iniciales, manteniéndose un reducido grado de ejecución de los créditos definitivos.
Las obligaciones reconocidas ascendieron a 237 y 262 millones de euros en los ejercicios analizados, con un grado de ejecución global del 92 % y del 90 % respectivamente, observándose un incremento a una tasa acumulada anual del 8 % durante los cinco últimos ejercicios. En el mismo periodo la capacidad de financiación creció también a una tasa acumulada del 8 %, originada fundamentalmente por la financiación pública. El 60 % de los derechos reconocidos correspondió al capítulo de transferencias, mientras que los derivados de tasas y precios públicos fueron inferiores al 20 %. El resultado presupuestario del primer ejercicio fiscalizado fue deficitario por importe de 4 millones de euros, mientras que en el segundo ejercicio se alcanzó un superávit de 0,9 millones, si bien no se dispuso de la pertinente información sobre la imputación temporal de las obligaciones devengadas.
En el informe se efectúa asimismo un análisis de las principales rúbricas de los balances examinados, pudiéndose destacar que las necesidades operativas de fondos fueron siempre negativas, disminuyendo progresivamente en el periodo de los últimos ejercicios. Por su parte, la tesorería se mantuvo a niveles muy bajos, lo que motivó, como en ejercicios precedentes, la necesidad de utilizar pólizas de crédito a corto plazo, no existiendo endeudamiento a largo plazo con entidades financieras. Se indica en el informe que, aunque no se pudo conocer la composición de las provisiones para riesgos y gastos, en ejercicios anteriores se recogía en esta rúbrica, junto a otros conceptos, los compromisos adquiridos con el personal en relación con las pagas extraordinarias y los premios de jubilación, no previstos en la normativa aplicable al personal funcionario, a la vez que se señala que la universidad no tenía contabilizados los compromisos futuros por premios de jubilación con vencimiento posterior al último ejercicio fiscalizado.
Por lo que se refiere a los resultados económicos, se resalta que el margen medido como diferencia entre ingresos ordinarios y gastos ordinarios fue negativo en ambos ejercicios, habiendo crecido su importe a una tasa acumulada del 9,5 % en los últimos cinco ejercicios. Las transferencias y subvenciones netas experimentaron un crecimiento del 9,7 %, compensando el incremento de los gastos de personal y de funcionamiento ordinario y propiciando el incremento del resultado económico patrimonial en el periodo considerado. En lo relativo a la gestión docente, las plazas ofertadas por la universidad para el último curso fiscalizado fueron 7.489, mientras que los alumnos ingresados fueron 5.575, lo que supuso haber cubierto globalmente un 74 % de la oferta, si bien en determinadas especialidades la satisfacción de la oferta de plazas fue completa. En términos generales se puede concluir que la capacidad docente de la universidad presentó un exceso con relación a la demanda, habiéndose constatado que en determinadas especialidades el grado de satisfacción no superó el 46 %.
En los últimos cinco años los alumnos matriculados disminuyeron un 4 %, y los créditos matriculados un 7 %; asimismo, los alumnos graduados disminuyeron un 11 % en el mismo periodo, reducción que alcanzó un 34 % y un 16 % respectivamente en las ramas de humanidades y ciencias experimentales. La evolución de los créditos impartidos puso de manifiesto una reducción en los últimos cinco años del 21 %, observándose además internamente un desplazamiento del esfuerzo docente del ciclo largo hacia el ciclo corto y segundo ciclo. Por lo que se refiere a la carga docente, en todas las ramas excepto en las de Ciencias de la Salud, la media de créditos impartidos por profesor equivalente fue inferior a los 24 créditos establecidos en la normativa aplicable. El coste por alumno por curso equivalente oscilaba entre los 16.259 euros en ciencias experimentales y los 5.412 en ciencias sociales y jurídicas. El coste de un titulado a ciclo corto variaba de 22.242 euros en ciencias sociales y jurídicas a los 64.027 euros en técnicas; y en el ciclo largo, de 124.055 euros en ciencias experimentales a 33.854 euros en ciencias sociales y jurídicas.
En los ejercicios fiscalizados se celebraron contratos por importe de 45 y 40 millones de euros respectivamente; en el análisis realizado se observó que en algunos casos la motivación de la necesidad de la contratación estaba amparada en argumentos excesivamente genéricos e imprecisos. Asimismo se constató que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de tres contratos adjudicados por concurso, no se había especificado la forma de valorar los criterios de adjudicación distintos del precio de las ofertas, y en los de otros contratos examinados tampoco se había precisado la forma o método de
valoración y la forma de asignación de las puntuaciones de varios criterios de adjudicación. Estas carencias son contrarias a los principios de transparencia, publicidad y objetividad que rigen la contratación pública. Por otra parte, las bajas ofertadas en varios concursos fueron escasamente valoradas, lo que no es coherente con el principio de economía en la gestión de los fondos públicos. Por otra parte, en la ejecución de los contratos de obra se observaron significativas demoras insuficientemente justificadas y particularmente incongruentes con la valoración de las reducciones en los plazos de ejecución en los respectivos concursos, así como modificaciones que no respondían a acontecimientos nuevos e imprevisibles cuando se prepararon los correspondientes contratos primitivos.
El informe concluye con un apartado de recomendaciones en el que se sugiere la adopción de medidas encaminadas a corregir las deficiencias observadas y a adecuar los recursos humanos y la oferta académica a la demanda social mediante la asignación eficiente de los recursos docentes. Asimismo se recomienda concretar en mayor medida los objetivos perseguidos en la actividad investigadora y proceder a su cuantificación, con el fin de facilitar su seguimiento y evaluación. Igualmente se recomienda mejorar la explotación del sistema de contabilidad analítica implantado utilizando los costes de las distintas actividades realizadas por la universidad para el soporte de la toma de decisiones.
Y esto es todo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Los grupos desean intervenir? El señor Bruguera tiene la palabra.
El señor BRUGUERA BATALLA: También quisiera sumarme, desde la Entesa pel Progrés de Catalunya, el grupo parlamentario del Senado, a la felicitación al presidente, a don Ramón Álvarez de Miranda, y al agradecimiento al señor Núñez por la labor que ha realizado en esta Comisión, en la que hemos coincidido poco, puesto que yo soy nuevo en esta legislatura en la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas.
Respecto al tema que nos ocupa, quisiera hacer una reflexión: se ha hablado, también lo dije en la anterior sesión de la Comisión, de que tenemos muchos temas pendientes; también lo estuvimos hablando en la reunión de Mesa y portavoces, y de alguna manera tenemos que tener la voluntad política de encontrar fórmulas para ponernos al día lo antes posible. Este caso es un ejemplo bastante claro, es decir, en el caso de la Universidad de Zaragoza estamos hablando de una competencia que es de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el caso de que dicha comunidad tuviese Tribunal de Cuentas, este es un tema que no pasaría por esta Comisión mixta, sino que iría, lógicamente, a la comisión correspondiente del Parlamento aragonés. Por lo tanto el Tribunal de Cuentas en este caso actúa de alguna manera por delegación en sustitución de la no existencia, ya que voluntariamente la comunidad autónoma ha decidido utilizar los servicios del Tribunal de Cuentas español y no tener uno propio.
En estos casos una fórmula para agilizar los trámites sería que en esta Comisión mixta de las Cortes Generales, lógicamente, se dé cuenta del informe, pero que el debate político se realizara junto con el presidente o miembro del Tribunal de Cuentas de España en Aragón; en este sentido, no voy a entrar en el fondo del informe, puesto que no es un tema que competa a esta Comisión; sí en la forma, y por lo tanto desde mi punto de vista el informe ha sido un análisis completo, riguroso, exhaustivo, y que cumple todos los requisitos de prestigio y de solvencia. Respecto al fondo, repito, me parece que podríamos encontrar alguna fórmula, no sé si cambiando o modificando alguna cosa, alguna cuestión jurídica del funcionamiento de esta Comisión; sin embargo, hay que dar cuenta de que se cumplen los requisitos, pero el debate político a quien le tocaría realizarlo no es a esta Comisión mixta, sino a la correspondiente de la comunidad autónoma de la que se trate, en este caso de la de Aragón.
El señor PRESIDENTE: La señora Alegría tiene la palabra.
La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Quiero comenzar mi intervención también sumándome a las palabras de todos los miembros que me han antecedido en el uso de la palabra, agradeciendo y dando la bienvenida al presidente, al señor Álvarez de Miranda, y deseándole sobre todo toda la fortuna en su quehacer diario. Quiero además agradecerle su exposición, que ha sido muy extensa y detallada. Voy a empezar ya a adentrarme en el informe de fiscalización de la Universidad de Zaragoza en los años 2006 y 2007. Tras la lectura detallada y minuciosa del informe de 107 páginas, y valorando muy positivamente el contenido del mismo, quiero centrar mi intervención especialmente en las conclusiones y recomendaciones que establece el Tribunal de Cuentas, pues en mi opinión son los aspectos quizá más relevantes de este informe.
El primer bloque de mi intervención se va a centrar en la valoración de los cinco primeros puntos de dichas conclusiones. Hablan estas conclusiones de la existencia de la unidad de control interno, que depende orgánica y funcionalmente del gerente. Bien, esta observación es tan compartida y utilizada por la Universidad de Zaragoza que me consta que ya la ha hecho suya la propia universidad, y que este funcionamiento que se observa en estas conclusiones ya en la actualidad no es así. Cita también este informe que la Universidad de Zaragoza trabajó durante un tiempo con presupuestos prorrogados de ejercicios anteriores. Cabría hacer aquí un pequeño paréntesis: podemos entender, puedo entender que a lo mejor al Tribunal de Cuentas le puede parecer, digamos, por utilizar una expresión fuera de norma empezar un ejercicio sin los presupuestos aprobados. No obstante, cabe señalar aquí que la fecha de aprobación de los mismos fue el 28 de febrero de 2007. Si comparamos esa fecha con las fechas en las que aprueban los presupuestos otras universidades, casi podría calificarse de éxito. De hecho, he leído los informes de otras universidades, y sinceramente, la fecha de presentación de las cuentas por parte de la Universidad de Zaragoza casi podría calificarse, repito, de positiva. Y me explicaré.
La universidad de Zaragoza hace, por supuesto, una previsión presupuestaria, porque los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Aragón se aprueban el 31 de diciembre. No cabe olvidar que de los presupuestos de la comunidad depende más del 80 % de muchas de las partidas que se aprueban en los presupuestos de la universidad. Por tanto, cómo puede la universidad concretar los presupuestos para aprobar en los órganos de gobierno, es decir, en su Consejo de Gobierno y en el Consejo Social; si los presupuestos de la comunidad autónoma se aprueban el 31 de diciembre, parecería lógico que la universidad necesite un mínimo plazo para hacerlo oportuno. Por tanto, aun reconociendo la conveniencia de la recomendación de que hay que agilizar quizá la presentación de estos presupuestos, hay que tener en cuenta lo que acabo de explicar; además no hay que olvidar o hay que resaltar, más bien dicho, que en la Universidad de Zaragoza siempre ha existido una previsión presupuestaria.
Expone también el informe que se detectan modificaciones presupuestarias al final de año, y eso es una realidad. Pero una realidad que se asienta en las siguientes circunstancias: ¿cuándo se firman los contratos-programa con las comunidades autónomas? Pues la última semana de diciembre o los primeros días de diciembre. ¿Cuándo se concretan algunos pagos de convocatorias o proyectos? También en diciembre. Además no cabe olvidar que los ejercicios presupuestarios son anuales, pero los cursos académicos no. Entonces, hay un impacto de los tres primeros meses de curso académico que afecta al ejercicio presupuestario, y tiene que haber en ese periodo una concentración de modificaciones presupuestarias. La segunda parte de las conclusiones y recomendaciones que hace el informe, que vendrían a ser casi desde el punto 6 hasta el 24, viene a decirnos grosso modo que la evolución en el descenso del número de alumnos no se traduce en reducción del capítulo 1, es decir, de personal. Sobre esta apreciación sí que querría hacer constar lo siguiente: primero, que descender el número de alumnos no significa paralelamente descender el número de grupos que tienen que atender los docentes. Y me explicaré: si en una titulación, por ejemplo, de humanidades se ha bajado de 20 alumnos a 11, el grupo ha de existir, y el grupo necesita un docente tanto si estamos hablando de 11 como de 20 alumnos; por tanto, claro que habrá ajustes, por ejemplo en el caso de las prácticas; si hay prácticas no se puede poner el mismo número de prácticas, pero hay sesiones que evidentemente no se pueden suprimir.
Quiero señalar igualmente una especificidad de la Universidad de Zaragoza en los cursos 2006 y 2007, y es que hablan de que se incrementó el número de profesores; sin embargo no veo que se tuviese en cuenta la siguiente especificidad, y es que en los cursos 2005 y 2006 se ofertaron la licenciatura de Filosofía y la diplomatura de Óptica y Optometría. Esto quiere decir que en septiembre y octubre de 2005 arrancó un nuevo grupo de Filosofía que necesitaba profesores; pero es que en septiembre de 2006 ya se atiende a este segundo curso de Filosofía y a otro nuevo grupo de primero. Lo mismo pasó en Óptica y Optometría: es decir, arrancan nuevas necesidades que hay que atender y que, por tanto, provocan nuevas contrataciones. Además de estas titulaciones, en la Universidad de Zaragoza se pusieron en marcha la especialidad de Odontología en Huesca y de Bellas Artes en Teruel, es decir, que quizá no se puedan hacer o no se deban hacer ecuaciones básicas a la hora de analizar los ítems a los que se refieren estos puntos, porque si tenemos en cuenta los datos que acabo de proporcionar, no solo nos podemos centrar en contar número de alumnos, también hay que tener en cuenta la planificación académica que hay detrás y que pueden justificar estos números.
Otra observación que quiero resaltar de este informe es que se relacionan los recursos personales con la actividad docente. Pareciera como si la actividad investigadora no se tuviera en cuenta, o como si otras actividades de los profesores no contaran. Por tanto, en mi opinión no se puede simplificar -si me
permiten la expresión- el trabajo del profesor universitario solo a las horas que imparte de clase. Porque si tenemos esa visión amputamos directamente la labor investigadora de los docentes. Quiero resaltar aquí, como ha hecho también el propio tribunal, que reconoce en su informe que la Universidad de Zaragoza es de las pocas universidades que tenía una planificación estratégica con objetivos. Esta planificación, además, se prorrogó en los cursos 2006 y 2007.
En lo que concierne al coste de personal, estoy de acuerdo en que no se puede hacer con carácter general e igualitario, porque todos entendemos que hay titulaciones que tienen un mayor grado de experimentalidad, que justifican por ejemplo que en una especialidad como Medicina el número de profesores/alumnos es distinto que en otras especialidades como alguna del ámbito humanitario. En consecuencia, a la hora de hablar de costes hay que tener en cuenta siempre el índice de experimentalidad. Por otro lado, en el curso 2006-2007 seguían existiendo unos complementos retributivos que percibían los docentes y que se habían aprobado ya en los correspondientes presupuestos autonómicos.
Habla también el informe de la existencia de un número elevado de cuentas corrientes. Esta observación, he comprobado que es reiterativa en la mayoría de los informes que se hacen a las universidades, y creo que hay que explicar que estas cuentas corrientes están referidas o relacionadas con los proyectos de investigación. Puedo entender que la existencia de un número cuantioso de cuentas corrientes quizá dificulte la gestión, pero hay que entender por otro lado que es la única manera que permite mejorar el trabajo de los investigadores y agilizar el sistema.
Sobre las tres últimas consideraciones que hace el tribunal y a modo de conclusión, solo me cabe decir que hay constancia, porque además siempre la ha habido, por parte de la institución de aclarar hasta el límite todas las cuestiones que se le requieren. La Universidad de Zaragoza, me consta, ha tomado nota de las consideraciones realizadas por este tribunal, y no me cabe duda de que pondrá todas las medidas necesarias para mejorar aquellas cuestiones que redunden en la mejora de la calidad de la universidad. De hecho, me consta que de las apreciaciones que se recogen en este informe ya se han subsanado, arreglado y concretado casi el cien por cien de las mismas. Además recuerdo aquí que hace bien poco, aproximadamente un mes y pico, se cerraron las diligencias abiertas para el curso 2004-2005 y se han cerrado positivamente.
Para terminar, quizás hoy porque es un día especial y distinto el que estamos viviendo en las calles que rodean este Congreso, quiero poner en valor el papel de una institución pública como es el de la Universidad de Zaragoza; una universidad que, por cierto, está muy bien valorada por la mayoría de los aragoneses y aragonesas, en la que, como habrán podido detectar, me incluyo. He de añadir que en la opinión de mi grupo, el informe que nos ha presentado este tribunal, respetándolo, como no puede ser de otro modo, nos ha parecido quizás excesivamente crítico con aspectos que suelen ser habituales y homólogos a la mayoría de las universidades, y sin embargo hemos echado en falta que no se hayan resaltado los puntos fuertes en la gestión económica y financiera de la universidad, que los tiene.
Quizá por mi desconocimiento me gustaría que se me pudiera explicar cómo es posible que un 25 de septiembre de 2012 estemos viendo la fiscalización de los ejercicios 2006 y 2007. Digo esto porque, entendiendo que el objetivo de estos informes es redundar en la mejora del funcionamiento de las universidades, quiero entender que si estos informes tuvieran una mayor celeridad o los pudiéramos conocer en 2008, la Universidad de Zaragoza seguramente tendría más oportunidad de resolver los problemas más a corto plazo.
El señor PRESIDENTE: El señor Suárez tiene la palabra.
El señor SUÁREZ LAMATA: Quiero comenzar mi intervención dándole las gracias al presidente del tribunal, señor Álvarez de Miranda, por el magnífico relato de un informe que -por lo menos yo así lo entiendo- entra en un detalle a un nivel muy importante y que hace una foto fija interesante de lo que ha sido la gestión de la Universidad de Zaragoza durante los años 2006 y 2007; magnífica universidad, yo la conozco, yo estudié allí, y por lo tanto en ese aspecto es una institución valorada en Aragón, con unos años muy importantes de historia y que forman ya parte de lo que es la comunidad aragonesa; pero a raíz de lo que le hemos oído al presidente algunos puntos de la gestión dejan mucho que desear, por lo menos referidos a esos dos ejercicios.
Agradezco el esfuerzo del tribunal en el análisis de las cuentas, que más allá de un análisis descriptivo de lo que es pura y dura contabilidad, entra a analizar aspectos de gestión y aspectos importantes a los que ahora me referiré. Agradezco también el compromiso del presidente del tribunal en intentar solventar el problema, una queja que ha sido reflejada por todos los grupos parlamentarios, que viene siendo habitual en esta Comisión, que es esa disfunción temporal que hay entre los hechos acontecidos, la
emisión del informe y cuándo se analiza en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. Pero también quiero decir que esto ha sido objeto de debate permanente y constantemente, y que somos conscientes, por lo menos este grupo parlamentario es consciente, de que acortar los plazos es complicado, salvo que se modifique la legislación. Porque, al final, si uno analiza cuándo llegan los informes al tribunal y lo que tardan en salir, lo que tardan en emitirse, lógicamente uno puede llegar a la conclusión de que no es tanto tiempo; luego habrá que analizarlo desde un punto de vista mucho más amplio, que es más aquella reflexión, que ya digo que no comparto, hecha por el representante de la Entesa de que las cuestiones autonómicas se residencien en la autonomía. Porque hay una Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, hay un artículo 1 y hay un artículo 4 que claramente dicen cuáles son las funciones del Tribunal de Cuentas: fiscalización de todo el sector público. Por lo tanto mi grupo parlamentario no entendería que el Tribunal de Cuentas tuviera que renunciar a esa competencia, más allá de que se pueden buscar puntos intermedios de colaboración con los OCEX para agilizar esta cuestión.
Del informe, lo ha dicho el señor presidente, quiero resaltar una primera cuestión que me ha llamado la atención: el órgano de control interno de la Universidad de Zaragoza, usted lo ha dicho, tiene tres miembros. Son 5.179 personas las que trabajan en la universidad, y solamente se destinan tres para una función que entiendo importante, como es el control de toda la gestión. Esta es una de esas cosas que debería llevarnos a reflexionar, porque habrá que preguntarse por qué la universidad, que es la punta de lanza del conocimiento, la vanguardia de muchas cosas; y hay que ir también a otros informes para comprobar ese miedo que parece que se tiene al control interno de la gestión de los fondos públicos en las universidades. Esta es una de esas cuestiones que habrá que reflexionar en esta Comisión, incluso habrá que dar traslado a donde proceda, que las universidades deberán poner un empeño o un esmero mayor si cabe en armarse, en organizar un sistema de control que sea mucho más eficaz y eficiente, porque si no luego pasan las cosas que pasan y que perfectamente ha relatado el señor presidente. Porque es fácil justificar, de hecho ya lo hemos oído en esta Comisión, que con un número tan exiguo los funcionarios, las personas que realizan ese control están desbordadas, las cosas de palacio van muy despacio, y al final en ese maremágnum se comete una serie de actuaciones que desde luego no son deseables en la gestión pública.
Me voy a referir a ellas, pero no sin antes hacer mención de un informe, magnífico informe que ya realizó el propio Tribunal de Cuentas referido a la universidad pública en general en el año 2003, y que yo entiendo que debería haber sido ya referencia, ese informe, para el resto de universidades públicas para lo que es gestión de fondos; fundamentalmente ahí se hacían menciones a planes estratégicos, se hacían menciones a conciliación de oferta y demanda, control de personal, todos esos defectos que al final el señor presidente ha narrado. En definitiva, de ese informe cabía extraer conclusiones importantes para buscar eso que tantas veces aquí se habla: eficacia, eficiencia, economía, transparencia; y que hoy, si cabe más que nunca, es lo que están pidiendo los ciudadanos a los responsables de cualquier institución pública.
Le voy a preguntar sobre cuestiones, porque uno va viendo la dinámica -yo soy nuevo en esta Comisión- de estas comisiones, y al final se da por bueno o se da por normal o uno se encoge de hombros y dice: con esto, como se repite mucho, no pasa nada. Pero me gustaría, señor presidente, que en la medida que pueda, y si no en otra Comisión, explique el alcance de determinadas cuestiones que venimos oyendo en informes, pero especialmente en este informe. Porque se dice que la Universidad de Zaragoza no facilita las obligaciones devengadas o reconocidas en los años 2006 y 2007; que las imputa, no se sabe muy bien cómo ni cuánto; que a su vez imputa en el ejercicio 2006-2007 obligaciones reconocidas de 2005; que también opera de la misma forma con los ingresos. Porque al final, con esta operativa -esta es la pregunta que le hago-, ¿usted considera correcta esta forma de actuar, en este caso en estos dos ejercicios? Porque puedo concluir que en función de la decisión que tome el órgano gestor, al final el resultado de las cuentas, de la gestión de esa universidad es uno u otro; si yo decido imputar más ingresos o más gastos en función de lo que me convenga, al final pueda aparecer el resultado que alguien, bienintencionada o menos bienintencionadamente haya decidido que aparezca.
Se ha hecho aquí referencia a un buen número de cuentas, y es una función de la UCI, de la unida de control interno, el analizar la coherencia interna de los saldos, lo que coloquialmente se entiende por conciliación de saldos. Pero yo le pregunto al presidente del tribunal si el tribunal ha podido analizar, ha podido estudiar la coherencia interna de los saldos, porque difícilmente se puede hacer cuando no se facilitan esos saldos, que es lo que se desprende del propio informe. Esto no deja de ser sorprendente, porque en definitiva esta es una de esas cuestiones que en lo que es la contabilidad o la intervención es básica: los saldos tienen que coincidir con la contabilidad.
Usted también ha hecho referencia a las modificaciones de crédito, que en un 42 %, es decir, en un porcentaje muy importante se hacen con cargo a un remanente de tesorería, que casualmente el propio informe de la unidad de control hace un informe contrario porque dice que no es real el remanente de tesorería, es decir, en román paladino que al final estaban hinchados los ingresos y, por lo tanto, parecía poco serio financiar determinadas cuestiones de otros ejercicios con cargo a una cifra inexistente. Le pregunto: qué efecto, a su juicio, tiene sobre la imagen fiel que debe ser o representar la contabilidad, y qué efectos reales, que esta es la cuestión, provoca esa forma de actuar que -insisto- no es la primera vez que sucede en la Universidad de Zaragoza. En estos días que se habla de tensiones de tesorería, también me gustaría saber, si puede explicarlo el señor presidente, qué supone un descenso importante del fondo de maniobra, que es lo que se produce en los años 2006 y 2007, cuando se están financiando activos con circulantes. Eso tiene unas consecuencias que ha venido arrastrando la universidad. Ciertamente, claro que tiene virtudes la Universidad de Zaragoza; es verdad que tuvo un plan de actuación y que es de las pocas universidades que utiliza una contabilidad analítica, pero sorprendentemente el módulo que debería funcionar de gastos de personal para imputar lo que proceda a la actividad investigadora no funciona. Yo le pregunto si es posible conocer, por lo tanto, todo el gasto que se realiza o se produce en la Universidad de Zaragoza en actividad investigadora. Hay algo que puede parecer muy técnico, pero que también tiene sus consecuencias importantes, y lo uno a la pregunta que le he formulado sobre la estructura de financiación. Al final no se tiene un registro de obligaciones con financiación afectada. Me gustaría -ya entiendo que esto es técnico- que el presidente pudiese explicar a qué nos puede llevar eso, porque evidentemente tiene consecuencias y puede tenerlas aun importantes, sobre todo porque la Universidad de Zaragoza tiene subvenciones finalistas, y no pocas precisamente.
En el campo de la contratación usted ha dejado constancia de un buen número de irregularidades. No deja de sorprender la primera: un convenio de infraestructuras, firmado entre la universidad y el Gobierno de Aragón, que no lo firma nadie y en el que no hay membrete ni del Gobierno ni de la universidad, es decir está en unos folios en blanco. Son de esas cuestiones que a uno le cuesta entender. En cualquier caso yo supongo que tendrán explicación, como la tendrá que los informes jurídicos no sean ni favorables ni desfavorables; no se emiten en ningún sentido, luego quien tiene que tomar la decisión no sé cómo lo habrá hecho. Usted lo explicaba: pliegos de condiciones administrativas en las que la forma o el método de valoración no se ven reflejados. Con lo cual yo le pregunto: los licitadores y los posibles adjudicatarios ¿cómo saben si su oferta es la mejor o no? Insisto, estas cuestiones se repiten en otros informes, pero al final todos llevan a la misma conclusión, y hago aquí un paréntesis. Si hablamos de buena gestión, de transparencia, de eficacia y eficiencia, es con todo esto con lo que hay que empezar a acabar, porque si no difícilmente se pueden alcanzar esos principios. En los contratos de suministros, usted también ha hecho referencia por encima, hay una cosa que me ha llamado la atención: ¿cómo es posible que haya facturas emitidas antes de adjudicar el contrato? ¿Qué hay que suponer, que ya se sabía quién iba a ser el adjudicatario, puesto que hay facturas con fecha emitidas con anterioridad? Yo creo que son cuestiones de esas que estéticamente a uno le hacen reflexionar. Hay una afirmación dura del tribunal cuando dice que en los contratos de consultoría hay importantes irregularidades en un gran número de facturas, incluso llegan a no existir; es decir no se aportan determinadas facturas en el informe que emite la universidad.
Desde el punto de vista de la gestión -la portavoz del Grupo Socialista se ha esmerado en explicarlo, yo se lo agradezco; además es una explicación razonable- hay una cifra que, nos guste o no nos guste, está ahí: 7.489 plazas y 5.557. Si este fuera un país con muchísimos recursos y rico, nada que decir; pero estamos en la situación en la que estamos, no somos Suecia y tenemos ratios en este aspecto mejores que Suecia, por lo tanto yo creo que sobre esta cuestión tendrá que reflexionar la universidad, así como sobre los costes en estos momentos por alumno, porque evidentemente hay otras ratios de otros países, incluso de universidades privadas en este país, con cifras muy por debajo de lo que en estos momentos maneja la Universidad de Zaragoza. Insisto, en una situación económica complicada y difícil, al final donde todo el mundo se está ajustando el cinturón, todas las administraciones se están ajustando el cinturón, creo que en el ámbito de la gestión también corresponderá al mundo universitario, de Zaragoza y del resto de España, hacer reflexiones.
Ya usted ha mencionado algo en su exposición, pero yo querría saber si se ha incoado algún expediente de responsabilidad contable deducido de este informe, y si le consta -aunque la portavoz del Grupo Socialista que me ha antecedido en el uso de la palabra ya ha dicho que le consta a ella que se han seguido las recomendaciones del tribunal- al presidente del tribunal si se ha hecho algún seguimiento, y sobre todo en qué aspectos se ha mejorado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Señor Bruguera, en relación con su intervención, no creo que sea mí cometido entrar a opinar sobre cómo debe articularse el control sobre las diferentes... el que pueda ejercer los órganos de control externo o el que pueda ofrecer el tribunal. En relación con la problemática de las universidades públicas existió una fiscalización horizontal realizada por el Tribunal de Cuentas en colaboración con los órganos de control externo, y derivado de esa fiscalización se formuló la petición de que el Tribunal de Cuentas incrementara y desarrollara fiscalizaciones específicas de cada una de las universidades públicas, para intentar de alguna manera profundizar en lo que en aquel informe se pudo valorar. Por lo tanto, el cometido del tribunal en el desarrollo de este informe está atendiendo precisamente a esa demanda; intentamos haberle dado el resultado adecuado.
En relación con las palabras de la señora Alegría, a la que también agradezco su felicitación por mi primera comparecencia, es importante en el terreno del presupuesto poner en valor las recomendaciones y conclusiones del Tribunal de Cuentas. El presupuesto es un instrumento de planificación, de gestión y de control. El presupuesto, lógicamente, debe estar elaborado de manera acompasada con el propio presupuesto de la comunidad autónoma. Con independencia de que efectivamente la aprobación del presupuesto se pueda producir en fecha muy cercana al inicio del ejercicio económico, no tiene sentido que la labor presupuestaria comience en los primeros días del ejercicio de ejecución, porque entonces precisamente la planificación y el control de la gestión y de la labor presupuestaria, entendemos, por lo menos a juicio del tribunal, que pierde su significado. En ese sentido, el tribunal ha querido manifestar estas deficiencias de carácter presupuestario, como lo hace en cualquier otro tipo de entidad pública. Este es un elemento tradicionalmente puesto de manifiesto por el tribunal en relación con la gestión de los ayuntamientos en los que efectivamente se produce una situación muy parecida; es decir, que el presupuesto se aprueba en el segundo, en el tercero o en el cuarto trimestre del ejercicio, restándole al propio presupuesto una capacidad de gestión y de planificación que debe tener.
En cuanto a lo que ha manifestado también de una cierta impresión de que el tribunal ha sido excesivamente crítico en este informe y que no ha valorado que efectivamente en el resto de universidades públicas puedan existir situaciones similares, y que por otra parte en la Universidad de Zaragoza existen puntos fuertes que el tribunal no ha valorado, le quiero indicar que efectivamente en el informe que conjuntamente se realizó por parte del tribunal respecto de las universidades públicas se manifestó, y así se explicó, que la visión crítica respecto de determinados aspectos de la gestión universitaria alcanzaba al conjunto de universidades. No es exclusivo de una universidad en concreto, pero eso no nos puede llevar, lógicamente, a que el tribunal no elabore las correspondientes conclusiones que se derivan de su trabajo, y por lo tanto no entienda como injustas las conclusiones y recomendaciones del tribunal, toda vez que usted misma ha reconocido que la propia universidad las ha cumplido en gran parte. Por lo tanto, yo creo que valor tienen en la medida en que han podido propiciar, aunque solo sea en pequeña parte, una mejora de la gestión universitaria que usted ha explicado aquí. En relación con su última apreciación relativa a cómo efectivamente conocemos el 25 de septiembre de 2012 el resultado de un análisis derivado de los ejercicios 2006 y 2007, le reconozco que tiene toda la razón en su formulación. De la misma manera que al comienzo hice el propósito de enmienda de que en manos del tribunal pueda estar para mejorar esta situación, se lo vuelvo a repetir a usted en los mismos términos.
Sobre la intervención del señor Suárez, es uno de los puntos primeros del informe la debilidad manifestada en lo que podríamos denominar el control interno. Usted sabe que cuando una organización tiene un control interno escaso o escasamente armado los riesgos derivados de la gestión multiplican innecesariamente las comprobaciones que tiene que hacer el auditor, tienen que ser mucho más profundas; eso en parte también justifica el exhaustivo trabajo desarrollado por el tribunal, porque si una organización tiene un control interno en el que se confía, las pruebas de cumplimiento que el tribunal tiene que hacer disminuyen, dado que se considera que la organización tiene su propio sistema de confianza, por lo tanto la labor de fiscalización, como digo, no debe llegar a tantos elementos. Usted manifiesta la preocupación respecto del corte de operaciones y quiere conocer la opinión del tribunal de en qué medida ese corte de operaciones, es decir, cómo la imputación de obligaciones y la imputación de derechos, puede afectar a los resultados del ejercicio. Tiene usted toda la razón. Es una de las principales cuestiones de una adecuada gestión corriente, que el corte de operaciones se realice de una manera acertada y que, por otra parte, no sea objeto de modificación en sus criterios para que esos criterios puedan predeterminar el
resultado del ejercicio que se está analizando, mediante la imputación de unas obligaciones o no a un ejercicio o a otro. El tribunal ha manifestado las debilidades planteadas en estas rúbricas, y yo no le puedo hacer estimaciones ni proyecciones de lo que podría resultar de un mejor corte de operaciones derivado de estos dos ejercicios. En relación con las cuentas corrientes -indudablemente la existencia de un volumen muy grande de cuentas corrientes que lleva a que en determinadas ocasiones no se ha podido ni siquiera conocer el saldo y el resultado de muchas o de algunas de ellas- es un elemento básico de control interno que efectivamente puede estar justificado por la existencia de pequeñas cajas pagadoras en las diferentes unidades de proyectos de investigación, pero que en ningún momento está justificado que estén fuera del alcance del control de lo que es la propia universidad, por lo tanto de que puedan justificar en tiempo rápido cuál es la situación de esas cuentas corrientes.
En relación con las preocupaciones manifestadas por el señor Suárez respecto de los remanentes de tesorería y el descenso importante del fondo de maniobra, yo no tengo mayores precisiones que realizar que las que contiene el informe; incluso la imagen fiel de las cuentas de la entidad es la que se deriva, lógicamente, de los resultados del informe de fiscalización. Respecto a la contratación administrativa, los contratos sin firma, convenios y la ausencia de informes jurídicos de licitación o adjudicación, yo creo que en muchas ocasiones las preguntas que usted formula tienen contestación en la propia pregunta. Poca cuestión podría añadir yo más que la repetición del propio contenido del informe, que creo que en estos apartados es suficientemente explícito. Sobre la adecuación de la oferta a la demanda universitaria, entiendo que esto es un principio general y de buena gestión, en la medida en que las universidades y cualquier institución pública deben planificar teniendo en cuenta la realidad del mercado al que se dirigen, por lo tanto deben hacer los ajustes necesarios para que esos excesos de oferta sean los mínimos que se puedan analizar. Respecto de la apertura o no apertura de expedientes de responsabilidad contable, en la sección de enjuiciamiento existe un procedimiento abierto en la actualidad que se encuentra simplemente turnado y que no tiene, por lo tanto, elementos procesales de los que yo le pueda informar, y lógicamente se le dará curso por la propia sección de enjuiciamiento que a estos efectos tiene perfecta autonomía dentro del tribunal.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cuestión? (Pausa). El señor Bel tiene la palabra.
El señor BEL ACCENSI: No es que haya intervenido en el primer turno, pero a raíz de la línea de debate sugerida por el señor Bruguera y contestada por el señor Suárez respecto del tema competencial, quiero recordarles que, de acuerdo con el artículo 112 del Estatuto de Autonomía de Aragón, es la Cámara de Cuentas de Aragón el órgano fiscalizador de la gestión económica, financiera, contable y operativa del sector público de la comunidad autónoma. Es más, según publica el Diario Oficial de Aragón de 5 de enero de 2012, la resolución del presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, que dispone la publicación del programa de fiscalización para el año 2012 de la institución, incluye en su apartado 13 la fiscalización de la Universidad de Zaragoza. Simplemente, yo creo que este debe ser un elemento de reflexión -y coincido en la exposición del señor Bruguera-, sobre todo en tanto en cuanto no solapar fiscalización. Los recursos son escasos, también de los órganos de fiscalización, y es difícil de entender y sobre todo de explicar a nuestros conciudadanos que una misma universidad tenga que ser fiscalizada por diferentes órganos de fiscalización, puesto que todos deben tener su credibilidad, obviamente el Tribunal de Cuentas y también la Cámara de Cuentas de Aragón. Simplemente quería instar a esta Comisión, no tanto al presidente del Tribunal de Cuentas, porque coincido en que no es su competencia, para poder evitar este tipo de solapamientos.
El señor PRESIDENTE: Sobre estos segundos turnos de palabra, tras los informes de fiscalización y la intervención del presidente se abre un turno de debate en los grupos para aclarar las cuestiones que el presidente ha planteado. Son razonables las consideraciones políticas en ese primer turno, en el que yo jamás he opinado, pero me parece ya excesivo que en el segundo turno sigamos con las consideraciones políticas. El segundo turno deberíamos ajustarlo simplemente a aquellas consideraciones o aclaraciones sobre el informe del presidente. Soy bastante flexible en el uso de los tiempos, no creo que a ningún miembro de esta Comisión le haya cortado en el uso de la palabra, pero me gustaría que... Tenemos este informe, va a haber luego unas propuestas de resolución en las que los grupos, después de escuchar al presidente y tras sus aclaraciones, vamos a plantear lo que consideremos adecuado y conveniente. Entonces, rogaría que se utilizara este segundo turno de palabra solo para el estricto cumplimiento de la
función en la que estamos aquí en este momento, que es la aclaración del informe después de la intervención del presidente. (El señor Suárez Lamata pide la palabra).
El señor Suárez, creo que quiere tomar la palabra.
El señor SUÁREZ LAMATA: Claro, después de oír al señor presidente, entenderá que al haber sido aludido... Yo solo quiero hacer dos consideraciones: la primera de ellas es que la Cámara de Cuentas de Aragón empezó a funcionar el año pasado, por lo tanto este informe difícilmente lo podía haber emitido o formulado, y es así. Quiero decirle al portavoz de CiU que ha intervenido que conozco perfectamente el Estatuto de Autonomía de Aragón, no en vano lo voté, la modificación. En cualquier caso esto es un ordenamiento jurídico, el que tenemos en este país, que es el que es, y mientras las leyes sigan siendo las leyes -la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es clara en este aspecto, ya lo he dicho- lógicamente será cuestión de esta Comisión, a lo mejor, analizar fórmulas de colaboración para intentar que no se produzcan solapamientos; pero de ahí deducir que el tribunal renuncie a una competencia que tiene claramente atribuida, desde luego el Grupo Parlamentario del Partido Popular no está en esas tesis.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, DE SUS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES POR ELLA PARTICIPADAS, EJERCICIOS 2002 A 2004. (Número de expediente del Congreso 251/000014 y número de expediente del Senado 771/000016).
- INFORME ANUAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA, EJERCICIO 2005. (Número de expediente del Congreso 251/000015 y número de expediente del Senado 771/000015).
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con el orden del día. Como así lo plantearon Mesa y portavoces, los puntos 3.º y 4.º se tramitarán de manera conjunta. Por tanto, vamos a empezar con el trámite de los informes de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus organismos y de las sociedades por ella participadas en sus ejercicios 2002 a 2004, que es el punto 3.º; y también conjuntamente el punto 4.º, informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2005.
El señor Álvarez de Miranda tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): La primera de estas dos fiscalizaciones, cuya aprobación por el Pleno del tribunal tuvo lugar el 30 de noviembre de 2010, tiene su iniciativa en el acuerdo de 24 de mayo de 2005 de la Comisión Mixta Congreso-Senado para relaciones con el Tribunal de Cuentas, instando a realizar una fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus organismos autónomos y de las sociedades por ella participadas referida al periodo 2002-2004. Como antecedente que dio lugar a dicho acuerdo en la comisión mixta se encuentra el informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de sus sociedades mercantiles participadas, ejercicios 1998 a 2001, que fue aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 28 de octubre de 2004. Respecto de la segunda fiscalización, el informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta correspondiente al ejercicio 2005, elaborado en virtud de lo previsto en los artículos 2 y 13 de la ley orgánica y 28 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal del Cuentas, también fue aprobado por el Pleno en su sesión de 30 de noviembre de 2010. Ambos informes también fueron remitidos a la Asamblea de Ceuta y al Consejo de Gobierno de la ciudad autónoma, acordándose su publicación en el boletín oficial de la misma conforme a lo establecido en la ley.
El ámbito subjetivo al que se refieren ambos informes comprende la totalidad del sector público en la Ciudad Autónoma de Ceuta, incluyendo la Administración autonómica, 4 organismos autónomos, 14 sociedades mercantiles (dos de ellas constituidas durante el periodo fiscalizado), 2 fundaciones (una de ellas en disolución desde marzo de 2003), un consorcio y un ente de derecho público. Un aspecto que ha afectado al desarrollo de los trabajos de ambas fiscalizaciones es el relativo a las limitaciones al alcance, que han afectado, entre otros aspectos, a la falta de contabilización y registro en el inventario general de un número significativo de bienes; a la situación jurídica de dos de las sociedades mercantiles participadas, que se encontraban sin actividad; a la falta de información sobre el importe de las modificaciones presupuestarias y de las obligaciones pagadas en los proyectos financiados con cargo al Fondo de compensación interterritorial, y a otras operaciones de la Administración autonómica y de sus empresas participadas.
La rendición de las cuentas generales tuvo lugar con significativos retrasos, siendo especialmente relevante la demora en la rendición de la cuenta del ejercicio 2005, que se efectuó con más de un año de retraso con respecto al plazo legal. Las cuentas individuales recibidas presentaban diversas deficiencias en cuanto a su contenido, si bien la documentación omitida fue aportada en el curso de la fiscalización o
bien justificada su no cumplimentación. No se habían rendido las cuentas relativas a siete sociedades mercantiles, dos fundaciones y un consorcio. Durante las actuaciones fiscalizadoras se aportaron tales cuentas excepto las de dos sociedades inactivas (Heliceuta, S.A. y Teleceuta, S.A.) y las de la fundación pública Patronato de viviendas San Daniel. Por lo que se refiere a los resultados de fiscalización relativos a la Administración general de la ciudad autónoma, se ha analizado la liquidación de los presupuestos de los cuatro ejercicios fiscalizados, observándose un grado de ejecución de los créditos definitivos del 83 % aproximadamente, y un grado de realización de las previsiones de ingresos que osciló entre el 79 % y el 89 %. No obstante, ambos informes recogen salvedades relevantes referidas principalmente a gastos contabilizados erróneamente e ingresos no aplicados al presupuesto, al registro de las disposiciones de fondos en operaciones de endeudamiento financiero y a la contabilización de las transferencias procedentes del Estado y de la Unión Europea. En particular destaca el uso recurrente de la figura del reconocimiento y contabilización de gastos en ejercicios posteriores al de su realización, que si bien está previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, su utilización debe ser excepcional puesto que supone regularizar gastos incurridos anteriormente, vulnerando la limitación de los créditos.
La Ciudad Autónoma de Ceuta cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria para los ejercicios 2003 (primero en el que entró en vigor la normativa de estabilidad), 2004 y 2005. En cambio, se excedió el límite de endeudamiento en estos ejercicios, al ser la deuda financiera viva al término de cada uno de ellos superior a la existente al inicio de los mismos, incumpliendo el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de 2003. Respecto de su situación patrimonial, la Administración no disponía de un inventario actualizado y completo de los bienes del inmovilizado material, sin que haya podido cuantificarse el importe pendiente de registro contable. Tampoco se había registrado en cuentas el importe de los derechos de cobro frente a los adquirientes de viviendas de protección pública como consecuencia del traspaso de las competencias en materia de vivienda por la Administración del Estado, suponiendo tales derechos un importe superior a 50 millones de euros al cierre del ejercicio 2005. Entre las bajas del inmovilizado figuraba la venta, entre 2003 y 2004, de cinco solares del Patrimonio Municipal del Suelo cuyo destino fue la construcción de vivienda libre, cuando debieron destinarse a construir viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Aunque el resultado económico patrimonial registrado en el ejercicio 2005 presentaba un ahorro de más de 4 millones de euros, esta magnitud estaba afectada por importantes salvedades y limitaciones, entre las que se destaca la ausencia de dotaciones a la amortización por depreciación de los elementos del inmovilizado, la falta de dotaciones de las provisiones para insolvencias de las cuentas deudoras, el incorrecto registro de las altas y bajas del inmovilizado y las sobrevaloración de los ingresos procedentes del Fondo de cohesión y del Fondo de compensación interterritorial. Por lo que se refiere al remanente de tesorería, presentaba saldo positivo en los cuatro ejercicios fiscalizados, por importe de 19, 31, 23 y 30 millones de euros respectivamente. Sin embargo, de acuerdo con las salvedades expuestas en ambos informes, su importe real debe estimarse considerablemente inferior, disminuyendo en 12, 15, 3 y 12 millones respectivamente. El sector público institucional de la ciudad de Ceuta estaba formado por cuatro organismos autónomos y el ente público Consejo Económico y Social, que aún no habían adaptado sus estatutos al nuevo régimen jurídico establecido en la Ley 57/2003 de Medidas para la modernización del gobierno local. Estas entidades obtuvieron unos resultados de explotación antes de subvenciones negativos, financiándose su actividad ordinaria fundamentalmente mediante transferencias y subvenciones de la Administración ceutí. El sector público empresarial se encontraba integrado por 14 sociedades mercantiles con participación directa o indirecta mayoritaria en su capital. Destaca la recurrente situación deficitaria de los resultados de explotación de estas empresas, teniendo que ser cubierta mediante transferencias de la Administración de la ciudad, que llegaron hasta a 38 millones de euros en 2004 y a 27 millones en 2005.
Entrando a continuación en el análisis de los resultados de fiscalización sobre determinadas áreas específicas, cabe hacer referencia en primer lugar al sistema de control interno, observándose que la intervención de la ciudad no efectuaba controles financieros y de eficacia ni había implantado las medidas organizativas adecuadas. Las principales debilidades de control interno se refieren a las áreas de inventario general de bienes de gastos de personal y de gestión tributaria. Respecto al inventario general de bienes, que incluía únicamente los elementos de la Administración autonómica, presentaba importantes carencias por la ausencia de registro de un significativo volumen de inmuebles procedentes del Estado y de la Conferencia Hidrográfica del Sur, así como de las inversiones destinadas al uso general ejecutadas por Procesa; no había un registro específico de bienes afectos al Patrimonio Municipal del Suelo ni de los bienes del patrimonio histórico-artístico. Además existía un elevado número de elementos registrados sin
valoración. En el ejercicio 2005 se inició un proceso de regularización y actualización del inventario general, incluyendo en el mismo los bienes y derechos de los organismos y empresas de la ciudad. Por lo que se refiere al endeudamiento financiero y a los avales concedidos, se ha observado un incremento de la deuda al cierre de los ejercicios 2003, 2004 y 2005, lo que supone un incumplimiento del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como ya se ha indicado anteriormente. A pesar de ello no se elaboraron los programas anuales de endeudamiento previstos en dicho acuerdo. Las empresas públicas presentaban al cierre del ejercicio 2005 unas deudas financieras totales por importe de 62 millones de euros, destacando especialmente las de la sociedad Emcivesa, destinadas a financiar el plan de inversiones de la ciudad, y Procesa, para financiar los proyectos que ejecutaba por encomienda del Gobierno y de la Asamblea ceutíes. En el análisis de los gastos de personal se han evidenciado deficiencias e incumplimientos relevantes de la normativa, entre los cuales se puede citar: ausencia de una relación de puestos de trabajo de la Administración autonómica; percepción simultánea de varias remuneraciones (de la Administración y de las empresas públicas), sin constar la autorización de compatibilidad para ejercer varias funciones e incumpliendo el texto refundido del régimen local; existencia de hasta 16 conceptos retributivos diferentes, cuya regularidad no ha podido ser comprobada; y contratación de personal a través de su filial Procesa, que según la Inspección de Trabajo prestaba servicios a la Administración autonómica y que finalmente acabó incorporándose a la misma.
En relación con las subvenciones y ayudas, su importe fue descendiendo a lo largo del periodo fiscalizado. En el caso de la Administración de Ceuta, la mayoría de las subvenciones se concedieron de forma directa, sin respetar los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, puesto que la normativa aplicable, contenida en las bases de ejecución de los presupuestos anuales, no exigía la aprobación de bases reguladoras ni la realización de convocatorias públicas. Se han detectado deficiencias en la justificación de las subvenciones concedidas por las consejerías de Bienestar Social y de Sanidad, así como la falta de un plan sistemático de seguimiento del uso y ocupación de las viviendas subvencionadas en el marco del plan de viviendas. En el caso de la sociedad Procesa se observó la falta de realización de las actuaciones y comunicaciones previstas en el reglamento comunitario relativo a las irregularidades y al reintegro de las cantidades indebidamente abonadas. También se han analizado la contratación pública y la suscripción de convenios, tanto por la Administración de Ceuta como por sus organismos y sociedades mercantiles, habiéndose detectado significativas deficiencias. Las principales deficiencias detectadas se refieren, entre otras, a la falta de justificación y de acreditación de la necesidad de contratar, a la insuficiente motivación de los informes de valoración de las ofertas y a la ausencia de un adecuado establecimiento de los criterios de valoración de las ofertas y de adjudicación de los contratos, lo que contraviene los principios de publicidad, transparencia y objetividad que han de informar la contratación pública. En la mayoría de los contratos adjudicados por concurso los pliegos de cláusulas administrativas particulares no especificaban los criterios de adjudicación ni recogían los correspondientes baremos de puntuación. Además se aprecia una escasa valoración de las bajas económicas, en contra del principio de economía. Se han detectado asimismo contratos adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad, sin haberse acreditado que los adjudicatarios eran los únicos capacitados para contratar. Se abusó de la tramitación de emergencia sin haberse justificado su aplicación. También se apreció la práctica indebida del fraccionamiento del objeto de los contratos para poder acudir a la figura de los contratos menores. En los contratos de obras hubo deficiencias generalizadas en las actuaciones preparatorias, como la ausencia del acta de replanteo o la falta de justificación de la plena posesión y disponibilidad real de los terrenos.
Respecto de los contratos de consultoría y asistencia y de servicios, no se acreditó la insuficiencia de medios propios para cubrir las necesidades objeto de contratación. Por lo que se refiere a la ejecución de los contratos se produjeron demoras injustificadas no amparadas por la concesión de las correspondientes prórrogas. En el caso concreto de las obras y de los contratos de consultoría y asistencia relativos al proyecto Centro Cultural y Comercial de la Manzana del Revellín se detectaron significativas irregularidades: los contratos de movimientos de tierras, cimentación y vallado de la parcela y de la primera fase del centro cultural y comercial fueron adjudicados mediante el procedimiento negociado sin publicidad a la empresa acordada entre la Administración y la empresa titular de la parcela, sin la concurrencia de otras ofertas. El contrato de tasación para fijar definitivamente el precio de las obras se adjudicó directamente a un arquitecto designado discrecionalmente sin tramitación de expediente alguno, lo que supone un incumplimiento de la legislación contractual. Hubo una importante demora en la ejecución de la primera fase del contrato del centro cultural y comercial, sin que conste la imposición de penalizaciones, además de no haberse aportado el acta de recepción de las obras. Los dos informes contienen una serie de
recomendaciones para la mejora de los procedimientos de gestión, entre las cuales se pueden señalar las siguientes: la potenciación del control interno de la Administración y en el resto del sector público ceutí; la actualización del inventario general de bienes; el impulso de la liquidación ordenada de la fundación Patronato de viviendas San Daniel, instada por la Asamblea de Ceuta en 2003; así como la regularización de la situación de las sociedades mercantiles inactivas y revisión exhaustiva de los procedimientos de gestión en diversas áreas, como los de subvenciones o gastos de personal. De modo particular se hace referencia al área de la contratación pública, debiendo procurarse una mayor transparencia e introduciendo en los pliegos de cláusulas administrativas particulares mayor precisión y claridad en los baremos y criterios de adjudicación, y en la apreciación de la temeridad de las ofertas.
El señor PRESIDENTE: El señor Zarrías Arévalo tiene la palabra.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Me uno a las felicitaciones de mi portavoz y del resto de portavoces al señor Álvarez de Miranda, y quiero agradecer su presencia en esta Comisión y desearle suerte, porque, en los tiempos que corren, la suerte no crea usted que es algo baladí.
Vamos a analizar el informe de fiscalización de 2002-2004, y también el informe anual del año 2005. Si antes se ha puesto de manifiesto por parte de algunos portavoces lo dilatado desde que se produce el hecho, la fiscalización y la comparecencia ante esta Comisión, en el caso que nos ocupa es, si cabe, aún más grave; estamos prácticamente en el décimo aniversario de cuando se empezó a poner en marcha este procedimiento. Por lo tanto, me uno a la petición de agilización y me comprometo en nombre del Grupo Socialista a intentar, en las propuestas de resolución, aportar alguna idea que evite que esto que estamos hoy tramitando vuelva a suceder, siendo consciente de la normativa vigente, siendo consciente del papel del tribunal y siendo consciente del papel que tiene esta Comisión. Merece la pena porque ganaríamos todos en credibilidad.
De la lectura sosegada, señor Álvarez de Miranda, de los informes, según se va pasando cada uno de los párrafos, cualquier persona que proceda a su lectura irá aumentando su preocupación. Si después de leerlo escucha su precisa e importante intervención, nos encontramos ante un informe que, por calificarlo de alguna forma, es demoledor. Es el tratado de cómo una Administración no debe hacer las cosas. Por tanto, iba a decir que se nos pueden poner los pelos de punta, pero en su caso y en el mío eso es hoy por hoy bastante difícil.
Habla usted de limitaciones de alcance, me imagino que es la jerga que utilizan en el tribunal; yo lo definiría como problemas graves para poder conocer, para tener información y por lo tanto para que el tribunal pueda llevar a cabo su tarea y su trabajo. Y esas limitaciones de alcance o esos problemas para conocer, en algún caso tienen una gravedad relevante. Se deduce de la lectura del informe dificultades en la valoración de activos integrantes en lo que es la insuficiencia de documentación a la hora de aportar como inventarios, en línea con lo que acabo de comentar, documentación insuficiente para lo que significa la valoración de los diferentes bienes inmobiliarios; la ausencia de rendición de cuentas de sociedades importantes, que usted también ha puesto de manifiesto; la inexistencia de un sistema contable de rúbricas presupuestarias específicas para lo que es una contabilización del FCI, deficiencia muy común, desgraciadamente, en alguna que otra comunidad autónoma; inexistencia de información y de documentación para contrastar la determinación, la necesidad o la capacidad de financiación de la comunidad autónoma; dificultad para cuantificar -algo grave- los derechos de cobro derivados de la gestión tributaria; y también, por supuesto, lo que usted ha comentado, donde se pone de manifiesto que la ciudad no facilitó en el transcurso de la fiscalización numerosa documentación determinante para poder llegar a buen fin.
Igual ocurre con organismos autónomos, con entes públicos, con contratos de sociedades mercantiles. Estamos hablando, por tanto, de un problema más que grave que hay que unir a lo que usted comentaba de los acuerdos que luego no se llevaron a la práctica del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en su momento afectaba al conjunto de las comunidades autónomas y a las dos ciudades, tanto Ceuta como Melilla.
Se pone de manifiesto, por tanto, la gestión de personal, la gestión de subvenciones, la gestión de contratación, es decir, una gestión que deja mucho que desear, y de su lectura se desprende la posible existencia de indicios de responsabilidad contable en numerosos supuestos, en torno a unos 50 hechos, según he podido contrastar en la diferente documentación que, tanto de la página web del tribunal como de la que ha recibido este portavoz, tengo sobre la mesa: control insuficiente de los derechos de cobro pendientes de amortización; ausencia de liquidación y recaudación de los cánones de explotación de
diferentes concesiones administrativas, fundamentalmente de los aparcamientos públicos de la ciudad de Ceuta; deficiencias en lo que se refiere al pago de indemnizaciones por razón del servicio a diferentes responsables o altos cargos de la Ciudad Autónoma de Ceuta; así como alguna que otra subvención, fundamentalmente de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y del Consejo Económico y Social. Estamos hablando, por tanto, de indicios de responsabilidad contable de numerosos supuestos. He contado hasta 50, pero me he limitado a subrayar aquellos que creo que pueden tener una mayor trascendencia para sus señorías.
Por último estaría todo lo que significa la existencia de hechos que se podían fundamentar en lo que se refiere a sospechas de comisión de infracciones penales, de algún ilícito penal. En este sentido hay dos claros hechos que se ponen de manifiesto en el informe; lo que se refiere a Envicesa y también a una serie de adjudicaciones hechas por la ciudad y por esas sociedades a las que usted antes hacía referencia, Procesa e Envicesa.
Todo esto en cuanto a 2002, 2003 y 2004, pero si nos vamos al informe anual de 2005 la cosa no cambia de forma sustancial: no se ha rendido cuenta de diez sociedades o entidades que forman parte de lo que usted ha denominado perfectamente sector público de la comunidad autónoma; no se han apreciado cuestiones que seguían siendo un problema en los informes anteriores -un superávit, al final, se convierte en un déficit de 0,3 millones de euros-; el endeudamiento supera de forma considerable los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera -simple y llanamente constato una realidad; supera el 9 % respecto del ejercicio anterior-; igual ocurre con el sector empresarial, que como usted bien ha dicho presenta unas pérdidas de explotación agregadas que casi llegan a los 28 millones de euros. Y ahí entramos de nuevo en la responsabilidad contable. He podido constatar en torno a 12 supuestos que están en responsabilidad contable en materia de subvenciones, en la construcción de nuevas instalaciones, concretamente para la sociedad Obimasa; obras ejecutadas por un importe superior al precio pactado, como puede ser el contrato de limpieza de centros docentes; deficiente justificación de una serie de cuestiones que son importantes hasta llegar, señorías, a lo que son infracciones de carácter penal, que también existen varias, algunas de ellas de una importancia más que significativa.
Me va a permitir que, para ir concluyendo mi intervención, ponga sobre la mesa alguna cuestión. Estamos analizando 2002, 2003, 2004 y 2005, y por el camino que van estos informes, temo que 2006 y 2007 hasta 2012 no sean muy distintos. Por tanto, una de las cuestiones que vamos a plantear en la propuesta de resolución es hacer una fiscalización de carácter general porque nos preocupa muy mucho ya que vemos que la contabilidad de la ciudad de Ceuta está manga por hombro.
Dicho esto sobre irregularidades en lo que se refiere a cuestiones contables e ilícitos penales, quisiera terminar, señor presidente del Tribunal de Cuentas, sabiendo si en el ejercicio de sus funciones por parte de la Abogacía del Estado, por parte de la Fiscalía del tribunal -estoy convencido de que así ha sido-, en vista de estos informes que hemos conocido, cuántos procedimientos están en estos momentos abiertos, si están vivos, y sobre qué aspectos están versando todos estos procedimientos. Reitero la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista por el informe que hemos podido leer con detenimiento, preocupación que, como decía, se ha intensificado tras escuchar su detallado informe, que coincide con lo que pone en los papeles, pero que oído de la boca del presidente del tribunal no deja de ser mucho más significativo..
Le reitero nuestro agradecimiento por sus palabras, le deseo suerte y le vuelvo a felicitar por su nombramiento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Márquez de la Rubia.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: En primer lugar, tal y como han hecho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, quiero agradecer la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas, darle la bienvenida y desearle lo mejor para esta nueva etapa que para él comienza en estas funciones, puesto que su prolongada trayectoria y su dilatada experiencia en funciones similares o al menos dentro del órgano que en este momento preside nos permite esperar lo mejor de su gestión al frente de ese tribunal. Por tanto, bienvenido y, como le decía, los mejores deseos. Los mejores deseos que le expresa alguien que está absolutamente convencido de la importancia de su labor y del tribunal que preside. Alguna portavoz que ha intervenido anteriormente decía que vivimos un día especial o singular. Yo creo que no debería ser más especial ni más singular para los que estamos absolutamente convencidos de la importancia de la democracia parlamentaria, la democracia representativa, y por tanto de las funciones que desempeñamos los que representamos al pueblo español. Esa convicción, por otra parte
se acentúa, se asienta mucho más cuando participamos en órganos como este, esta Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, que de alguna forma lo que quiere es dar debida fiscalización -función del Tribunal de Cuentas- del correcto empleo de los fondos públicos al servicio de todos los ciudadanos. Por eso hablaba de ese convencimiento profundo de la importancia de su labor en esa detección de errores, corrección de los mismos, mejor funcionamiento, perfeccionamiento al fin y al cabo, en el caso que nos ocupa, de la gestión de las administraciones públicas.
Yo estoy particularmente satisfecho de que, en el caso concreto de estos informes que estamos examinando en este momento, por fin se traigan aquí, a debate en esta Comisión. Empleo esa locución adverbial porque es lo primero que tenemos que mencionar, el momento que se está examinando, el momento en que se hace uso de los informes que forman parte del expediente y ahora mismo el momento en el que estamos. Casi todos los que han intervenido anteriormente han comentado que es particularmente significativo que en septiembre de 2012 estemos examinando un informe de fiscalización especial de los años 2002 a 2004 y otro de 2005, pero que a su vez incorporan expedientes que se realizaron o actuaciones que tuvieron lugar incluso previamente. Me he tomado la molestia de ver las actuaciones realizadas y la más antigua de ellas se comenzó a efectuar hace 16 años. Ya sé que esto ha sido reiterativo en las intervenciones de todos los portavoces, pero debo decirlo porque creo que contextualiza adecuadamente el fondo del asunto, las conclusiones y las recomendaciones, y también pone en su lugar algunas de las intervenciones de los portavoces anteriores.
Estamos ante unos informes que se refieren a momentos muy pasados en el tiempo; es un informe récord para esta Comisión -también me he tomado la molestia de mirarlo- en cuanto a cuándo se realizaron los hechos que son sometidos a examen y cuándo se someten al debate de esta Comisión; también lo son en cuanto al momento de aprobación por parte del pleno del Tribunal de Cuentas en relación con el momento en que se efectuaron. Este récord -dudoso récord, permítame que se lo diga- hace que el conjunto de las conclusiones y después las recomendaciones pierdan fuerza, pierdan ese enlace temporal necesario, pierdan actualidad, porque sobre todo deberíamos ver la evolución -yo lo voy a hacer a lo largo del escaso tiempo que tengo en esta comparecencia- no solamente de los informes que se están tomando en cuenta en este momento, sino también a posteriori, puesto que los hechos están ahí, los hechos son tozudos y los hechos son demostrables.
Antes he oído a algún portavoz que los hechos que se relatan en el informe pueden tener un viso de caducidad, si me permite la expresión, en cuanto a lo que estamos hablando, e incluso las acciones a posteriori que se puedan deducir de esos hechos que se relatan en los informes pueden tener algún viso de prescripción, dígase esto sin tener en cuenta las connotaciones jurídicas del mismo, sino que el paso del tiempo también afecta a la fuerza de las conclusiones que se puedan extraer de lo que aquí estamos examinando. Realmente no es posible, no puede admitirse esta dilación en cuanto a la formulación y la aprobación por parte del pleno del Tribunal de Cuentas de informes de esta naturaleza. Estoy de acuerdo, y seguramente así usted me lo va a decir, porque realmente en su intervención inicial ha explicado de alguna forma el porqué y ha expresado su deseo de que estas cosas no se vuelvan a producir. Es cierto que estamos hablando en primer lugar de un informe de fiscalización especial, el de 2002 a 2004, y después de uno ordinario, y las diferencias, yo creo que sus señorías las conocen todos en cuanto a la mayor exhaustividad del informe de fiscalización especial en relación con el ordinario. Eso también es necesario ponerlo en este debate encima de la mesa porque contextualiza tanto el resultado del mismo como el debate a posteriori. También -usted lo ha dicho en el comienzo de su intervención- en este punto en concreto es necesario recordar que este informe de fiscalización especial se produce a continuación de otro informe de fiscalización especial. Es decir, que desde el año 1998 hasta el año 2004 la Ciudad Autónoma de Ceuta se encuentra sometida a informes de fiscalización especial; no hay precedente similar en cualquier otra Administración, no ya autonómica, sino cualquier otra Administración pública. La Ciudad Autónoma de Ceuta se ha visto sometida, yo creo que para beneficio de todos, a un estudio exhaustivo de sus procedimientos, de sus actuaciones, de su gestión administrativa. Y esto es por obra y gracia de la solicitud de los grupos políticos que componen la Asamblea de Ceuta, concretamente en el caso del informe de fiscalización especial 2002-2004, por solicitud del Grupo Socialista en la Asamblea de Ceuta, que fue aceptado unánimemente por todos los grupos políticos en ese momento, que se trasladó a esta Comisión, que a su vez lo tramitó ante el Tribunal de Cuentas. Quiere decir esto que el propio Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta en su momento quería y se adhirió a esa solicitud de fiscalización, en el sentido de conocer que las recomendaciones y las conclusiones de este tipo de informes ayudan a la mejora de la gestión, y por tanto el convencimiento de que es necesario ir mejorando por el camino.
Si yo tuviera que resumir las conclusiones y recomendaciones, lo haría diferenciando el informe de fiscalización especial del ordinario de 2005, porque creo que hay sustanciales diferencias entre las recomendaciones y conclusiones de uno y las recomendaciones y conclusiones de otros; sustanciales diferencias en cuanto a la evolución que se detecta. Por mucho que algún portavoz que me ha precedido no observe ninguna evolución ni ninguna diferencia, yo estoy convencido de que las hay y son fácilmente acreditables con la lectura sosegada, detallada y sin prejuicios de ambos informes. Si tuviera que resumir ambos informes, yo diría que detallan resultados y cosas bastante habituales en todo tipo de administraciones públicas, tanto las autonómicas como las locales. Al señor Zarrías, que tiene una dilatada experiencia, una trayectoria prolongada en la gestión autonómica, no le deben de resultar muy extrañas algunas de las cosas que se contienen en este informe en cuanto a que se producen en las administraciones y que son de necesaria corrección. No estamos de acuerdo con lo que él, desde mi punto de vista precipitadamente, extrae de algunas de las conclusiones que el informe del Tribunal de Cuentas no detalla y que yo ahora entraré a detallar.
Yo creo que este informe denota la necesidad de la corrección de un conjunto de procedimientos, de actuaciones de gestión en cuanto al proceder de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta en ese momento -años 2002, 2003, 2004 y en menor medida 2005- en una serie de ámbitos que sí que se detallan y que usted ha resumido de una manera bastante sintética en cuanto a la gestión. En materia de endeudamiento, en materia de la adecuada gestión del inventario de bienes inmuebles y otro tipo de registros, en materia de retribuciones de personal, de gestión de subvenciones, yo hablaría de procedimientos de contratación o licitación pública de contrataciones, y en materia de gestión de sociedades públicas participadas mayoritaria o de forma total por parte de la Administración. Creo que usted ya tiene conocimiento de los informes que se han producido, ordinarios en este caso a partir de 2005; creo que el de 2006 ya se está elaborado, aunque desconozco si ha sido aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas, pero sí que ha sido remitido para su examen y para la emisión de las alegaciones oportunas a la Ciudad Autónoma de Ceuta, y creo que el de 2007 también está en elaboración. En cualquier caso, tengo constancia de lo que hablaba antes, de la evolución real de la situación de la gestión y los procedimientos desde ese momento hasta el momento que estamos examinando, porque estamos examinando informes que se elaboran con diez años de dilación como mínimo y es necesario saberlo.
En materia de endeudamiento, hay que decir que nos consta que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha ido cumpliendo año tras año los objetivos de estabilidad presupuestaria marcados por el Gobierno del Estado, porque, permítame decírselo, señor Zarrías, y me sorprende que usted lo diga porque ha sido miembro del Consejo de Política Fiscal y Financiera durante algunos años, los objetivos de estabilidad presupuestaria y los límites de endeudamiento que marca el Consejo de Política Fiscal y Financiera no afectan a la Ciudad Autónoma de Ceuta, que en ese concepto tiene un carácter de entidad local, como usted conoce. Esto es un hecho. La carga financiera de la Ciudad Autónoma de Ceuta se ha mantenido a lo largo de todos estos años, y en este momento lo está, de acuerdo con el nivel de endeudamiento permitido por el estatuto de autonomía de la propia ciudad autónoma en su título V, que es particular y muy singular en cuanto al conjunto del Estado, y que marca una carga financiera máxima de un 25 % de los ingresos anuales de carácter corriente -actualmente está en un 17,5 %-; por tanto, creo que la Administración autonómica ha respetado y está respetando en este momento las limitaciones legales en esta materia.
En cuanto a otro aspecto muy criticado, con razón, por parte del Tribunal de Cuentas en sus dos informes que examinamos en este momento, en cuanto a la gestión del inventario de los bienes inmuebles, quiero decirle que a partir de 2005 la Administración autonómica puso en marcha ese proceso de regularización y actualización del inventario, que consistió fundamentalmente en la puesta en marcha de una nueva aplicación informática para la gestión y conciliación de las fechas de inventario con los mayores de contabilidad, y por otra parte aprobar en 2009 el reglamento de inventario de la ciudad de Ceuta, que da cumplimiento, por otra parte, a la recomendación número 2 de este informe, o mejor dicho, del informe de fiscalización especial 2002-2004, consiguiendo de esta forma la depuración y regulación de los derechos y obligaciones pendientes de ejercicios anteriores en los presupuestos anuales.
Otro aspecto en el cual es necesario acreditar que se ha evolucionado de manera correcta en cuanto a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas es el de la gestión de las retribuciones del personal. En este momento, según la prueba de nóminas realizada a posteriori por el propio Tribunal de Cuentas, las retribuciones del personal se realizan de forma correcta, debido en gran medida a la fiscalización de las nóminas, así como a la mejora en la fiscalización de la contabilización de la nómina general, que se lleva a cabo con la colaboración de la Intervención General de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
En el periodo que abarca el informe de fiscalización especial no existía una norma específica, una norma concreta de la Ciudad Autónoma de Ceuta que regulara las subvenciones, un aspecto en el cual se extienden los informes del Tribunal de Cuentas. A partir de 2005, todos ustedes conocen que entró en vigor la Ley General de Subvenciones, y a partir de ese momento se aprobó por parte de la Asamblea de Ceuta, que no tiene competencias legislativas pero sí competencias de desarrollo reglamentario de normativa legislativa emitida por los órganos del Estado, el reglamento autonómico de subvenciones mediante un decreto de presidencia de enero de 2005. A partir de ese momento todas las subvenciones que ha concedido la ciudad son, de acuerdo con la ley y con ese reglamento, de carácter nominativo, recogidas como tales en el presupuesto general de la ciudad o concedidas mediante el procedimiento de concurrencia competitiva según los criterios legales. Dicho reglamento fue modificado a posteriori en el año 2008 para hacer aún más estrictos los requerimientos y la justificación de las subvenciones acordadas.
No quiero extenderme mucho más, pero sí debo tocar al menos los dos grandes ámbitos que también han sido objeto de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en estos informes. En primer lugar, el ámbito de la licitación pública o de la contratación. En materia de contratación le consta a este diputado y al Grupo Popular que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha endurecido en esa materia los requisitos de carácter interno de acuerdo con esas recomendaciones del Tribunal de Cuentas para la contratación, las de carácter menor en sus distintas modalidades, con objeto de permitir un mayor control estipulando elementos tales como las puntuaciones correspondientes, la baremación necesaria, dando mayor peso a algo que usted comentaba, como es las bajas económicas que se podían producir en las ofertas de los distintos licitadores. Se ha duplicado, por otra parte, el personal al servicio del negociado del personal de contratación, que en la actualidad tiene distintos departamentos que se encargan de las distintas fases de ese procedimiento de contratación, de acuerdo, por otra parte, con la evolución sufrida por la normativa en materia de contratos públicos, concretamente las últimas incorporaciones al texto refundido en la Ley de Contratos del Sector Público.
Por otro lado, el estado financiero de las sociedades mercantiles -creo que vendrá reflejado en los informes, tanto el de 2006 como a posteriori, que tendremos ocasión de examinar también en esta Comisión- ha evolucionado de forma positiva sin que actualmente exista sociedad alguna en situación de disolución ni que haya presentado en las últimas cuentas anuales pérdidas en su balance.
Voy a proseguir así, porque la historia de la gestión administrativa en cuanto a todo este tipo de procedimientos de la Ciudad Autónoma de Ceuta en estos últimos años, realmente creo que es una historia de corrección, de perfeccionamiento, y al fin y al cabo de asunción de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en sus últimos informes; algo que yo creo que debería ser positivo, o al menos que debería ser algo de lo que nos felicitáramos todos.
No puedo dejar de mencionar algunos de los comentarios que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista. Creo que excede la labor de esta Comisión introducir sospechas de ilícito penal; de alguna forma sobrepasa la función que nos tiene asignada nuestra misión como representantes de los ciudadanos en estos momentos, puesto que esa función está asignada al propio Tribunal de Cuentas, que todos conocemos que tiene un doble cariz en su función fiscalizadora de las cuentas públicas, pero también una función jurisdiccional en cuanto al ejercicio de ese enjuiciamiento de la responsabilidad contable por incorrecto manejo de bienes o de caudales públicos en cualquiera de sus tres vertientes. Creo que hay que dejar que el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de esa función, examine los expedientes y determine cuáles de ellos deben ser instruidos de esa manera o cuáles no, o simplemente en el curso de esa instrucción cuáles deben decaer porque no existan los correspondientes supuestos que acrediten la continuación del procedimiento o cuáles no. Permitamos, por tanto, trabajar al Tribunal de Cuentas y no vertamos en este debate sospechas que no nos corresponden, en el sentido de que no conocemos ni la jurisdicción aplicable ni los detalles que han llevado al Tribunal de Cuentas a emitir las recomendaciones y las conclusiones que desde nuestro punto de vista no llevan a pensar en absoluto que pueda existir ningún indicio de responsabilidad contable.
Voy a terminar, ya que creo que me he excedido en el tiempo que me correspondía, pero no puedo hacerlo sin reiterar mis felicitaciones al Tribunal de Cuentas, a su presidente aquí compareciente en este momento; y por otra parte, estoy de acuerdo en que en esa elevación de propuestas que hagamos en esta Comisión deberán incluirse algunas que contribuyan a remediar el problema de la dilación entre el momento de elaboración de los informes y el momento de presentación para su examen ante esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: El señor Álvarez de Miranda tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Quiero comenzar por indicar que estos informes fueron aprobados en noviembre de 2010; es un dato a tener en cuenta en la valoración de los retrasos. Y continúo indicando que efectivamente el tribunal tiene trabajo realizado y aprobado en relación con la Ciudad Autónoma de Ceuta relativo a los ejercicios 2006 y 2007. Empezando por este punto, que es uno de los que ha planteado el señor Márquez de la Rubia, a quien le agradezco sus palabras de felicitación, he de indicar que en este informe de 2006 y 2007 hay dos elementos que pueden ser reseñables; uno de ellos es el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, que en los años 2006 y 2007 ha continuado cumpliéndose, y el segundo, en relación con el inventario de bienes al que él hacía referencia, quiero indicar que efectivamente se aprobó un nuevo inventario de bienes y derechos cerrado a 31 de diciembre de 2007, en el que se han incorporado las altas y bajas registradas en contabilidad. Hay que indicar en todo caso que, de acuerdo con lo que se verá en su momento cuando se presente el informe de 2006-2007, existen todavía elementos sin valorar. Estas deficiencias del nuevo inventario se pondrán de manifiesto en su momento en esta Comisión, pero resulta un avance indudable su aprobación, como he dicho, en el ejercicio 2007.
En relación con las demás cuestiones que usted ha manifestado sobre personal y las modificaciones que ha habido, o también en el ámbito de subvenciones o de licitación, yo no tengo en estos momentos capacidad para poderle contestar, en el sentido de que el informe de 2006 o de 2007 puedan representar mejoras en relación con lo que aquí se ha expuesto; en todo caso, cuando sea presentado formalmente el informe le podré dar a usted y a todos rendida cuenta de cómo evoluciona la situación de la Ciudad Autónoma de Ceuta en relación con lo manifestado en este informe.
Hay que indicar que este informe es de carácter especial; es decir, procede de un encargo que realiza la Comisión mixta con una amplitud de ejecución de trabajo extraordinario, es decir, se establece sobre varios ejercicios y sobre el conjunto y totalidad del sector público de Ceuta. Hay que indicar que la fiscalización que aquí se presenta es una fiscalización que ha llevado dentro de su seno varias fiscalizaciones en paralelo, porque lógicamente se deben fiscalizar las sociedades mercantiles, se deben fiscalizar los entes instrumentales y se fiscaliza también la organización y funcionamiento de la Administración autonómica de Ceuta. Por tanto, hay que considerarlo como la ejecución de un trabajo especialmente complejo, en el que lógicamente no está justificado el retraso que hemos tenido, pero hay que comprender que la realización de este tipo de encargos de carácter especial no suele ser y no es fácilmente realizable con las suficientes garantías. Lo que sí les puedo decir es que el resultado del trabajo del tribunal es riguroso y completo del encargo que recibió, y posiblemente los resultados que incorpora el informe así lo pueden avalar, aunque son resultados, como ustedes han dicho correctamente, retrasados.
En relación con las palabras del señor Zarrías, le agradezco la bienvenida que también me ha planteado. Creo que ha definido de manera intuitiva pero muy bien lo que se consideran limitaciones al alcance, y únicamente he de decirle que sería aquella información que de haberse obtenido podría modificar los resultados del trabajo del tribunal. Es una obligación por parte del Tribunal de Cuentas advertir de la existencia de esas limitaciones. Cuando el tribunal entiende que esas limitaciones son el resultado de una acción deliberada por parte del órgano gestor, del órgano fiscalizado, lógicamente el tribunal tiene los procedimientos conminatorios para intentar resolver esas limitaciones. En otras ocasiones nos encontramos ante situaciones en las que efectivamente la información no consta o no ha podido obtenerse por los medios adecuados y en el tiempo necesario.
He de decirle que efectivamente las conclusiones de este informe, como uste manifiesta, son indudablemente duras y rigurosas y que la Administración de Ceuta tiene en este sentido una importante carga crítica por parte del informe realizado. No es menos cierto que la gestión se encuentra directamente influida por la que se produjo en los años 1998-2001, que arrastraba una gran cantidad de problemas derivados de aquel momento y que así lo manifestó el tribunal entonces ante esta Cámara, como es indudable que aquellas cuestiones relativas muchas de ellas a contratación de obras tienen su origen en aquellos años y posiblemente la responsabilidad recae en los gestores que durante aquel tiempo iniciaron aquellos proyectos que hoy se critican.
He de decirle que sobre lo que usted solicita una información más precisa, de los cincuenta hechos que usted ve como supuestos efectivos generadores de responsabilidad, en la sección de enjuiciamiento se han abierto dieciséis procedimientos, que se encuentran o bien turnados o bien en fase de instrucción, de los cuales en la actualidad solo se mantienen vivos diez porque seis de ellos han sido archivados
después del trabajo de investigación desarrollado por la sección de enjuiciamiento, que ha llegado a la conclusión de que o bien no eran supuestos de responsabilidad contable o bien no se podían acreditar de manera suficiente.
Con relación a los ilícitos penales he de decirle que el fiscal del Tribunal de Cuentas es el competente para dar traslado de aquellos supuestos que puede advertir en los informes y que así lo hace habitualmente con este y con cualquier otro informe de fiscalización, dando traslado a la Fiscalía General del Estado de aquellos supuestos que pudieran dar pie a que por parte de esa fiscalía se iniciaran acciones de otro tipo en otras jurisdicciones.
El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno, tiene la palabra el señor Zarrías.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Estamos hablando de los informes de los años 2002, 2003, 2004 y 2005, y no prejuzgo la ilicitud de nadie ni de nada. Simplemente me remito a la lectura detallada de los informes y a las palabras del presidente del tribunal. Dieciocho posibles ilícitos penales. Yo le preguntaría al presidente si conoce si estos posibles ilícitos penales se han trasladado al organismo competente y si están o no prescritos, como parece ser que se han podido plantear por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Es mera información.
El señor PRESIDENTE: Señor Márquez de la Rubia.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Solamente por corregir. A tenor de las palabras del presidente, creo que nos ha comentado que de dieciséis procedimientos de instrucción que se sometieron a la Sección de Enjuiciamiento, en este momento quedaban abiertos diez en tramitación. Esto quiere decir que no ha terminado su instrucción y por tanto no es procedente en este momento decir si de ellos se desprende alguna supuesta responsabilidad contable o incluso algún otro hecho que motive la remisión a la fiscalía propia del Tribunal de Cuentas y a posteriori a la apertura del procedimiento penal correspondiente. Es necesario que en esta Comisión ciñamos los hechos a lo que realmente son: que existen en este momento una serie de procedimientos que están siendo sometidos a una tramitación más especial de la ya tramitada anteriormente en cuanto a su instrucción correspondiente, que quedan vivos diez de todas esas conclusiones de este informe -que no son cincuenta sino muchas más- y que ni siquiera sabemos ahora mismo cuál va a ser la conclusión sobre esos diez procedimientos vivos.
Si he dicho algo que sea incorrecto, me gustaría que fuera corregido por el presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): A la hora de informar sobre cuestiones que afectan a la sección de enjuiciamiento, mi labor exclusivamente debe ser la de dar conocimiento a la Comisión de aquellos procedimientos que en su caso se hubieran abierto y de su estado de tramitación. Yo no puedo entrar en su explicación, ni en su contenido ni en su desarrollo porque son cuestiones propias y autónomas de la sección de enjuiciamiento. Sí he de decirle al señor Zarrías que efectivamente el fiscal formuló, y de manera independiente a los ya indicados, la petición de expedición de testimonio de particulares relativo a una serie de asuntos para darle traslado a la jurisdicción penal. Si el fiscal los ha tramitado o no, es una cuestión de la que no le puedo informar porque es competencia propia del fiscal y es él quien tiene que decir la actuación que ha realizado con relación a estos temas. En cuanto a las palabras, efectivamente los procedimientos abiertos eran dieciséis y en la actualidad quedan vivos, por llamarlos de alguna manera, diez procedimientos en la sección de enjuiciamiento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Álvarez de Miranda.
No hay más asuntos que tratar y levantamos la sesión no sin antes dar las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por sus informes sobre el orden del día de hoy.

References: in fine
IN FINE
in fine
in fine
 resolución 
 resolución 
in fine
in fine
 artículo 85
in fine
 artículo 1
 artículo 4
e contrario
 artículo 112
 resolución 
 resolución 
 resolución