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Timestamp: 2018-04-26 19:28:46+00:00

Document:
Sergio Morales Sevilla
1 EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA SENTENCIA TC/0069/12 Referencia: Expediente No. TC , relativo a la Acción Directa en Inconstitucionalidad incoada por la sociedad comercial Seguros Cibao, S. A., contra la Sentencia No , del seis (6) de mayo de dos mil diez (2010), dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y la Resolución No , del once (11) de enero de dos mil doce (2012), dictada por el Procurador General En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, República Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año dos mil doce (2012). El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray Guevara, Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, jueces; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos de la Constitución y 36 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales No , de fecha trece (13) de julio de 2011, dicta la siguiente sentencia: Página 1 de 9
2 1.- Pretensiones del accionante República Dominicana I.- ANTECEDENTES 1.1. La sociedad comercial Seguros Cibao, S. A., representada por el Presidente de su Consejo de Administración, señor Apolinar Rodríguez Almonte, mediante instancia de fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012), apoderó al Tribunal Constitucional de una acción de inconstitucionalidad contra: la Sentencia No , del 6 de mayo de 2010, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia que canceló el Contrato de Fianza No. 3503, de la empresa Seguros Cibao, S. A., y por el alegado cobro de lo indebido ejecutado por el Dr. Radhamés Jiménez, ex Procurador General 1.2. Los planteamientos de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, en síntesis, que la accionante entiende que la norma acusada provoca que esta situación de desigualdad es una franca violación a la Constitución de la República, que prohíbe toda situación que tienda quebrantar el orden, la paz, la seguridad, la igualdad, la justicia, la libertad, y otros derechos que tenemos todos los dominicanos ante la Ley, que han sido asumidos en nuestro ordenamiento jurídico Constitucional, como lo expresa el artículo 40 de la misma. 2.- Hechos y argumentos jurídicos de la accionante 2.1. La accionante pretende que se proclame la inconstitucionalidad de la Sentencia No , del seis (6) de mayo de dos mil diez (2010), dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia que canceló el Contrato de Fianza número 3503, de la empresa Seguros Cibao, S. A., y el supuesto cobro de lo Página 2 de 9
3 indebido ejecutado por el Dr. Radhamés Jiménez, anterior Procurador General de la República y, para justificar dicha pretensión, alegan lo siguiente: a) Que el Procurador General de la República, le suspendió la firma de contratos de fianzas a SEGUROS CIBAO, S. A., para chantajéala (sic), todo en razón de no haber cumplido con el Pago de la Garantía Económica otorgada al afianzado, SR. SATTAR QUERESHI, contrato 3503, del , contrato cancelado por Resolución No , del , del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional; b) Que los hechos abusivos e ilegales cometidos por el DOCTOR RADHAMES JIMENEZ, contra SEGUROS CIBAO, S.A., caracterizan de igual modo vulgares violaciones a los principios constitucionales que consagran la libertad de trabajo, libertad de empresa y el derecho de propiedad, comercio e industria, protegidos por el precitado artículo 50 Y 51 de la Ley Sustantiva del Estado, pues a consecuencia de dicho hecho el exponente corre el riesgo de enfrentarse a un colapso económico irreversible. Pues es previsible que sus propiedades serán canibalizadas ; c) Que según se advierte, las nociones de abuso e ilegalidad en perjuicio de lo impetrante, son evidencia abrumadora de tal suerte, que probados los sobrados méritos de admisibilidad que militan en favor del propio recurso. d) Principios fundamentales violados por el DOCTOR RADHAMES JIMENEZ, ya que viola nuestra Constitución de lo República en el art. 40, elementos provenientes de los enmiendas V y VI de la Constitución de los Estados Unidos, que establecen el due procces of low (sic), así el artículo 40, Página 3 de 9
4 3.- Pruebas documentales República Dominicana 3.1. Como forma de fundamentar su calidad e interés legítimo para incoar la acción en declaratoria de inconstitucionalidad, los accionantes aportaron como pruebas documentales: 1) Copia certificada de la Certificación de la Dirección General de Migración; 2) Copia certificada de la Sentencia No ; y 3) Copia de la Carta u Oficio No dirigida por el Dr. Radhamés Jiménez a Seguros Cibao, S. A. 4.- Intervenciones Oficiales 4.1. Opinión del Procurador General de la República Mediante dictamen de fecha diez (10) de abril de dos mil doce (2012), el Procurador General de la República solicitó: Que procede declarar inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta contra la Resolución No , dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en fecha 06 de mayo de agosto (sic) de 2010, por supuesta vulneración de los artículos 68, 69, 148 y 151 de la Constitución de la Republica y, para justificar dicha pretensión, alega lo siguiente: En la especie, se trata de una acción directa de inconstitucionalidad dirigida contra una decisión de un Tribunal de la República, lo cual a juicio del Ministerio Público es improcedente, toda vez (sic) lo que en desarrollo del mandato contenido en la parte in fine del art. 277 de la Constitución, el Página 4 de 9
5 artículo. 53 y siguientes de la ley orgánica (sic) del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales ha establecido el procedimiento de la revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales como la vía procesal para someter una decisión judicial al examen del Tribunal Constitucional, a cuyos fines establece los presupuestos, plazos y requisitos procesales que deben ser observados, lo que no ocurre en la especie. 5.- Síntesis del conflicto II.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL En la especie se plantea a este Tribunal la inconstitucionalidad de la Sentencia No , de fecha seis (6) de mayo de dos mil diez (2010), dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sentencia que canceló el Contrato de Fianza No. 3503, de la empresa Seguros Cibao, S. A., y el supuesto cobro de lo indebido efectuado por el entonces Procurador General a) Conforme a los hechos invocados por la accionante, la Sentencia No , del seis (6) de mayo de dos mil diez (2010), dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primer Instancia del Distrito Nacional, debió (sic) ser ordenada la captura o extradición del señor SATTAR QHERSHI (A) SHIMMY. (sic), pero no lo hizo, como se pude (sic) comprobar su parte dispositiva que transcrita textualmente expresa lo siguiente: 'FALLA: PRIMERO: Declara el estado de rebeldía al imputado SATTAH QHERSHI, toda vez que no ha comparecido al tribunal no obstante haber sido citado debidamente, en consecuencia se ordena: a) La cancelación de las fianzas otorgadas al imputado SATTAR QHERSHI a través de los contratos 0682, de la Compañía Dominicana de Seguros, C. por A.; 3503 a través de Seguros Cibao, S. A; y el No de la Imperial de Seguros, S. A., Página 5 de 9
6 en consecuencia, se ordenan la ejecución de la garantía económica concedida al imputado; b) Publicación de sus datos en los medios de comunicación para su búsqueda y arresto; c) Se ordena el embargo conservatorio sobre los bienes del imputado con el fin de asegurar su eventual responsabilidad civil por la cantidad de Tres Millones Noventa y Cinco Mil Dólares (US$ 3,095,000.00) a favor del ciudadano Wilfried Hoedt; d) Se ordena embargo conservatorio sobre los bienes del imputado con el fin de asegurar su eventual responsabilidad civil por la cantidad de siete (sic) Millones de Dólares (US $7,000,000.00), a favor del ciudadano Jitendra Dahja. SEGUNDO: Se sobresee el presente proceso hasta tanto el imputado comparezca o sea compelido a ello. I (sic) por ésta, nuestra sentencia, así se pronuncia, ordena, manda y firma, PILAR RUFINO DIAZ, Juez Presidente; INGRID FERNANDEZ MENDEZ, Juez Sustituta de Presidente; DANIEL J. NOLAZCO OLIVO; Juez miembro, certifico ANA J. CALDERON PENA, Secretaria'. b) Adicionalmente indican que [l]a Sentencia No , del (sic) 6 de mayo de 2010, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, al cancelar dicho contrato, independientemente de que el mismo estaba vencido, ya que fue otorgado por tres (3) meses, y no podía ser ejecutado, menos aún por el Estado Dominicano. 6.- Competencia Este tribunal se encuentra formalmente apoderado de una acción directa de inconstitucionalidad en contra de la Sentencia No , dictada en fecha seis (6) de mayo de dos mil diez (2010), por el Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y de la Resolución No , del once (11) de enero de dos mil doce (2012), dictada por el Doctor Página 6 de 9
7 Radhamés Jiménez, Procurador General de la República, por lo que es competente para conocer de la presente acción en declaratoria de inconstitucionalidad, en virtud del artículo 185 de la Constitución y el 9 de la Ley No , Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que establecen que los particulares tienen calidad para accionar en inconstitucionalidad cuando sean titulares de un derecho o interés consagrado por la Constitución 7.- Inadmisibilidad de la acción La presente acción en declaratoria de inconstitucionalidad es inadmisible por las razones siguientes: 7.1. Este Tribunal Constitucional ha sido apoderado de un recurso de inconstitucionalidad contra la Sentencia No , dictada en fecha seis (6) de mayo de dos mil diez (2010), por el Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y la Resolución No , del once (11) de enero de dos mil doce (2012), dictada por el Doctor Radhamés Jiménez, Procurador General 7.2. La acción directa de inconstitucionalidad está prevista contra leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma sustantiva El control constitucional de las decisiones judiciales es ejercido por el Tribunal Constitucional mediante el recurso de revisión constitucional previsto por el artículo 53 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, No , del trece (13) de junio de dos mil once (2011) En lo concerniente a la Resolución No , del once (11) de enero de dos mil doce (2012), dictada por el Procurador General de la República, estamos en presencia de un acto que no tiene carácter normativo ni alcance Página 7 de 9
8 general, razón por la cual no se encuentra en la esfera de los que son alcanzados por la acción directa en inconstitucionalidad La precitada Resolución No , del once (11) de enero de dos mil doce (2012), del Procurador General de la República, es una actuación de dicho funcionario enmarcada dentro de las relaciones de la Administración del Estado con los particulares; que en virtud del artículo 165, numeral 2 de la Constitución son los tribunales superiores administrativos los competentes para conocer los recursos contenciosos contra actos de esa especie, cuando sus disposiciones sean contrarias a derecho y si éstos no son conocidos por los tribunales contencioso administrativos de primera instancia. En mérito a los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional, en nombre de la República y por mandato de la Constitución DECIDE: PRIMERO: DECLARAR inadmisible la Acción Directa de Inconstitucionalidad interpuesta por la sociedad comercial Seguros Cibao, S. A., en contra de la sentencia No , dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el dieciocho (18) de junio de dos mil diez (2010), y la Resolución No , del once (11) de enero de dos mil doce (2012), dictada por el Procurador General SEGUNDO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley Orgánica No del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante y a la Procuraduría General Página 8 de 9
9 CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal Constitucional que anteceden, en la sesión del pleno celebrada el día, mes y año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal Constitucional que certifico. Julio José Rojas Báez Secretario Página 9 de 9

References: Resolución 
 artículo 40
 Resolución 
 artículo 50
 artículo 40
 Resolución 
in fine
 Resolución 
 artículo 185
 Resolución 
 artículo 53
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 165
 Resolución 
 artículo 7