Source: http://ccardenass.org/contenidos/conferencias/Pemexreformaenergetica.html
Timestamp: 2020-08-06 13:23:52+00:00

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Agradezco a mis amigos Diputados al Congreso de Michoacán su invitación, que mucho me distingue, para platicar con todos ustedes sobre una nueva política petrolera, que urgentemente está demandando nuestro país.
En torno a esta urgencia, vivimos una fuerte confrontación política. De un lado se sitúan quienes declaran ver en la vuelta de inversionistas privados a campos de actividad reservados en exclusiva a la Nación, la solución a los problemas y la reactivación de la industria petrolera, y del otro, aquellos que consideramos que es fortaleciendo la industria estatal mediante su modernización, aumento en sus capacidades de producción, integración y alargamiento de sus cadenas productivas como puede dar su mejor contribución al desarrollo del país.
Producto y elementos de esta confrontación son el comienzo, en el Senado de la República, de la serie de sesiones en curso en las que se está discutiendo sobre diversos temas de la política petrolera, el Diagnóstico que en marzo hiciera público la Secretaría de Energía sobre la situación de Petróleos Mexicanos, así como las cinco iniciativas que el Ejecutivo remitiera al Senado el pasado 8 de abril, a las que corrientemente se está llamando de reforma petrolera, y la de modificaciones a la Ley Federal de Derechos que el 6 de mayo enviara el propio Ejecutivo a la Cámara de Diputados.
La posición del gobierno, que se hace manifiesta en las posiciones de su partido en torno al tema, en un Diagnóstico tendencioso y sin conclusiones y en los contenidos de las iniciativas enviadas al Congreso, está del lado de aquellos intereses que pujan por la apertura y entrega de áreas reservadas de la industria petrolera a inversionistas particulares. Es de destacarse que al fijar las posiciones oficiales, se hace énfasis en que no se pretende llevar a cabo ninguna reforma a la Constitución y que en ningún sentido lo propuesto la contradice.
Y ciertamente, no se hace propuesta explícita alguna para modificar la Constitución; sin embargo, sin alterar su texto, con las nuevas leyes y las reformas planteadas a las vigentes, se estaría yendo contra lo que establece y se estaría alentando y auspiciando su abierta violación.
Entre las iniciativas que recibió el Senado, la más importante por su trascendencia según se apruebe tal como está, según se modifique o se deseche, es la relativa a la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, ya que al través de ella el Ejecutivo pretende se cambie el marco regulatorio que actualmente rige a la industria petrolera. En los términos en que está presentada, esta iniciativa resulta claramente contraria y violatoria del texto constitucional.
El artículo 4° que se propone en esta iniciativa, de aprobarse, abriría el paso franco a la violación, pues permitiría la inversión de particulares en áreas de la industria petrolera reservadas de manera exclusiva a la Nación. Dice el texto de este artículo: "Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”, y continúa, "Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”.
Este texto contradice frontalmente al 27 constitucional, que establece que "[Tratándose] del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos... no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos”.
Entonces, al expresarse que la Nación directamente o por conducto de Pemex pudiera celebrar contratos con terceros para maquilar la refinación de hidrocarburos y otorgar permisos a personas en calidad de constructoras, operadoras y/o propietarias para el transporte por ductos, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos, petrolíferos y materias primas petroquímicas, según la interpretación del gobierno, no se está haciendo en la iniciativa referencia a los contratos y concesiones de los que trata la Constitución, sino a otros, y habría que preguntarse entonces, ¿a cuales, a contratos y concesiones que no son ni contratos ni concesiones según la definición constitucional? En fin, lo que se hace evidente es que se trata de pasar por encima de le ley, de provocar y admitir su violación, sin plantearse la reforma de su texto.
El Estado, directamente o por conducto de cualquiera de sus agentes, está constitucionalmente impedido, desautorizado, para contratar o conceder concesiones a personas, físicas o morales, para que, tratándose del petróleo y los hidrocarburos, inviertan éstas en las actividades de esa industria en las que sólo tiene cabida la Nación. Resulta inadmisible, entonces, que mediante el subterfugio de llamar contrato de maquila al contrato-concesión y permiso a la concesión, se pretenda violar impunemente la norma constitucional.
La entrega a inversionistas particulares de campos de actividad -de mercados y oportunidades altamente lucrativas- reservados a la Nación de manera exclusiva, la está buscando el gobierno mediante la introducción de argucias legaloides en la legislación secundaria, con las que pretende ocultar sus verdaderos fines. Me referí ya al artículo 4° del proyecto de Ley reglamentaria, pero habrá que ver también lo que expresa el 2°, que busca incorporar expresamente la categoría de "áreas estratégicas en la industria petrolera", para diferenciarlas de aquellas donde pudiera aceptarse la inversión privada en la que la propia ley define como industria petrolera, así como en el 11, apartado III, en el que se pretende facultar a la Secretaría de Energía para que ésta regule, por una parte, actividades "estratégicas" y por otra, actividades a las que llama "permisionadas", que no tienen cabida, que no existen ni deben existir en las áreas reservadas en exclusiva a la Nación.
Una cuestión más que hace ruido en este tema es la siguiente: en el artículo 3° inciso V de la iniciativa para crear la Comisión del petróleo, de aprobarse, se facultaría a ésta para "otorgar y revocar los permisos... de trabajos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos, dentro de los proyectos de inversión previamente autorizados por la Secretaría de Energía". Nos está diciendo ese texto que sería esa dependencia, en caso de crearse, la que otorgara o revocara los permisos de exploración y explotación, que por disposición constitucional sólo puede llevar a cabo la Nación. Esto es, Pemex y sus organismos subsidiarios son, de acuerdo con el artículo 4° de la ley vigente, los únicos organismos a los que puede autorizarse la exploración y explotación de hidrocarburos y, evidentemente, la autoridad tiene facultades para revocar los permisos correspondientes. Sin embargo, de este texto se desprende la idea que puede haber otros concesionarios -que bien puede suponerse serían particulares-, lo que resultaría claramente contradictorio con la disposición legal.
La última iniciativa que llegó al Congreso, la de reformas a la Ley Federal de Derechos, pretende, al igual que en el fondo las otras cinco, sentar bases para la inversión privada en áreas reservadas, en este caso la explotación en aguas profundas, al expresar en su artículo 257 Quáter que Pemex Exploración y Producción hará un pago por derecho, del qué esta subsidiaria o un tercero podrá hacer las deducciones que en el proyecto de reformas se establecen. ¿A qué tercero se refiere, a qué tercero se le estarían haciendo las deducciones? ¿A un inversionista privado que explote campos en aguas profundas? De ser así se estaría, como en los casos anteriores, violando la Constitución.
Cabe recordar, antes de pasar a otras cuestiones, que la reforma a esta ley en 1958, que cobrara vigencia en el 60, tuvo, entre otros, el propósito de dar precisión sobre las actividades que quedaban reservadas a la Nación, que constituyen lo que la propia ley en su artículo 3° define como "la industria petrolera" y que son la exploración, la explotación, la refinación, la elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos de su refinación, el gas y los denominados petroquímicos básicos.
Dicho lo anterior, de acuerdo a la Constitución y a las leyes correspondientes, en las áreas de la industria petrolera reservadas en exclusiva a la Nación, no procede el otorgamiento a inversionistas privados de concesiones o contratos, ni tienen cabida en ellas actividades que pudieran calificarse de "permisionadas ", pero ¿a qué viene, por qué tantas vueltas y revueltas con estas iniciativas para finalmente acabar en la violación a la Constitución? ¿Qué es lo que está en el fondo de las pretensiones reformadoras de la administración?.
El gobierno actual tiene la pretensión de entregar la explotación en aguas profundas, la refinación, el transporte, el almacenamiento y la distribución de petróleo, gas y petroquímicos básicos a inversionistas privados. No se atreve a plantear con franqueza ante la Nación una propuesta de reformas constitucionales y es por eso que se mueve por vericuetos de leguleyos, buscando así complacer a inversionistas privados y a intereses de dentro y de fuera que pretenden una industria petrolera mexicana plenamente a su servicio.
Los de dentro, para beneficiarse con las utilidades que genera la industria del petróleo, manejándola de acuerdo a sus particulares intereses. Los de fuera, que son básicamente los de los grandes negocios petroleros norteamericanos, para que nuestros hidrocarburos sigan contribuyendo a sostener su economía bélica y de dispendios energéticos, para asegurarse suministros cercanos, para seguir beneficiándose de los mercados mexicanos altamente lucrativos que se les han entregado, como los de los combustibles y los fertilizantes. Y en todo esto, no deben faltar jugosas comisiones, evidentemente no declaradas, para quienes en el pasado y en el presente han tomado o puedan tomar las grandes decisiones en la política petrolera del país.
Una violación potencial más a la Constitución se encuentra en la eventual aprobación del artículo 46 de la iniciativa de nueva Ley orgánica de Petróleos Mexicanos. Dice su texto que Pemex podrá celebrar contratos "sujetos al buen desempeño y generación de resultados", contratos en los que "se pacte una remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad", y que "Petróleos Mexicanos podrá pactar incentivos tendientes a maximizar la eficiencia o el éxito de la obra o servicio", es decir, contratos que estarían vinculados a que Petróleos Mexicanos fije un premio o no pague al contratista por el trabajo que le encomendara, según el desempeño del contratista, según sea el resultado. Se busca con ese texto, claramente, que se puedan autorizar los contratos que la iniciativa llama de desempeño, que no son otra cosa que los contratos de riesgo, contratos cuyo pago se vincula a los resultados obtenidos, prohibidos expresamente por nuestras leyes.
Cabe aquí revisar y dar seguimiento a la evolución de los textos constitucionales y las leyes en materia de petróleo, en los que puede verse con claridad cómo se llegó a su situación actual.
A raíz de la Expropiación, al cambiar la condición de la industria petrolera, se hizo necesario expedir una nueva Ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, que entró en vigor el 9 de noviembre de 1940. En ella se establecía que el gobierno federal podía celebrar contratos con particulares para que éstos, por cuenta de aquel, pudieran llevar a cabo trabajos de exploración y explotación, ya sea mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los productos que se obtuvieran. Es decir, podía pagarse al contratista con producto -petróleo y/o gas-, en función de los precios de éstos, pero sin relación alguna con los resultados o la productividad de la operación. Desde ningún punto de vista se trataba de contratos de riesgo.
El propio Ejecutivo de entonces, envió al Congreso una iniciativa más, que fue aprobada y promulgada el 27 de diciembre de 1939, mediante la cual se reformó el párrafo VI del artículo 27, que proscribió el régimen de concesiones, excluyó a los particulares y dejó sólo al Estado a cargo de la explotación del petróleo, que entró en vigor igualmente el 9 de noviembre de 1940.
Desde esa fecha y hasta 1958, según se expresa en la exposición de motivos de la ley reglamentaria actualmente vigente, no se celebró ningún contrato para la explotación de petróleo, a excepción de uno que se suscribió en noviembre de 1946 con un particular mexicano, que no llegó a operar y fue finalmente cancelado.
Debe decirse, sin embargo, que en 1949 Pemex firmó 16 contratos de riesgo con pequeñas empresas norteamericanas, para explorar y perforar en zonas previamente acordadas y si éstas resultaban productivas, Pemex se encargaría de la explotación, participando a la empresa correspondiente entre el 15 y el 18% de la producción. De estos contratos, sólo cuatro se pusieron en ejecución y fueron más las complicaciones burocráticas y tan insignificante su contribución a las actividades de Pemex, que en 1958 se decidió, mediante la reforma de la ley, cerrar el paso a que en el futuro se celebraran este tipo de convenios. Es así como se llegó a la ley vigente y a la adición, en el 27 constitucional, de la prohibición a la celebración de contratos para la explotación de hidrocarburos, podría bien decirse que en particular de contratos de riesgo, pues en el artículo 6° de la propia ley vigente desde 1960, se prevé la celebración entre Pemex y particulares de contratos de obras y de prestación de servicios.
La Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo no debe reformarse. Debe mantenerse tal como está y rechazarse la iniciativa presentada por el Ejecutivo al Senado el 8 de abril. Para llevar a cabo los cambios necesarios a la política petrolera vigente, para modernizar y reactivar esta industria, para orientarla a objetivos de soberanía y crecimiento económico, no debe modificarse esta ley y menos aún la Constitución. Es más, para recuperar que la industria petrolera se desarrolle en función de esos objetivos, es preciso mantener inalterado el 27 constitucional.
El Diagnóstico que dio a conocer la Secretaría de Energía sobre Pemex presenta una visión tendenciosa, alarmista y catastrófica del organismo y las actividades que realiza, destacando supuestas insuficiencias y carencias en su capacidad de ejecución, falta de recursos para invertir e indisponibilidad de tecnologías para el trabajo en aguas profundas.
El Diagnóstico no dimensiona la capacidad de ejecución de la que supuestamente carece Pemex o la que consideraría necesaria para llevar a cabo lo que estima debe hacerse en la industria del petróleo, tampoco señala la magnitud y origen de los recursos necesarios para ejecutar lo que supuestamente hace falta y sólo hace ver que Pemex no cuenta con recursos y que se requeriría de créditos -seguramente se piensa en más pidiregas- o de inversiones de particulares, y tampoco precisa cuáles son las tecnologías a las que debe accederse para trabajar aguas profundas con las que no cuenta Pemex o no están disponibles en los mercados nacionales o internacionales, a no ser en el esquema de asociación y de compartir riesgos. Se habla de urgencias, aunque los tiempos están ausentes de las consideraciones oficiales.
Respecto a las tecnologías para trabajar en aguas profundas y ultra profundas, debe aclararse que no se trata de tecnologías patentadas, de fórmulas que se apliquen con carácter universal. Cada proyecto reclama un diseño y una ejecución particulares y organizar la realización de uno y otra está al alcance y en las capacidades de Petróleos Mexicanos. Sin tener acceso a las tecnologías, según el gobierno, Pemex, reconocido así por el propio gobierno, ya ha realizado la perforación de 7 pozos en aguas profundas o sea, que si dispone de las tecnologías para ese tipo de trabajos, además de que ha ordenado la construcción de varios equipos para realizar trabajos también en aguas ultra profundas. Una contradicción más y un argumento más que se maneja falazmente buscando substituir dineros de la Nación por dineros privados, en una actividad en la que éstos no caben.
El Diagnóstico señala también que existen rezagos y es frecuente escuchar de altos funcionarios de la administración que inversiones que se hicieron y se hacen en el extranjero para abastecer mercados mexicanos generan empleos y derramas económicas en otros países en vea de hacerlo en el nuestro. Desde luego que existen rezagos, es esa una de las consecuencias de tres décadas de políticas antinacionales, años transcurridos sin que se construya una sola refinería en nuestro territorio, a pesar de tenerse conciencia que aumentaba día a día la necesidad de importar refinados. Lo mismo ha sucedido en materia de exploración y en reposición de reservas, en el mantenimiento y extensión de las redes de ductos, en las terminales de almacenamiento, las plantas petroquímicas y en toda la industria estatal. Ese abandono ha sido intencionado. Se prefirió ceder mercados muy lucrativos, que pudo haber cubierto la industria estatal de haber sido favorecida como lo han sido productores extranjeros. Se ha aplicado concienzudamente la estrategia ordenada a los últimos gobiernos del país por organismos financieros internacionales, de poner a Pemex "a punto de privatización". Y las últimas administraciones han sido obedientes y en extremo eficientes en ello.
Un primer paso para recuperar a la industria petrolera para el país, debiera ser el de enmarcar las asignaciones presupuéstales de Pemex en criterios técnicos, económicos y estratégicos para su modernización y expansión, y no seguir dejando que la política petrolera la decida la Secretaría de Hacienda, en función de maximizar la aportación de Pemex a los ingresos fiscales que recauda el gobierno.
El gobierno está fundamentalmente proponiendo que se admitan dineros de inversionistas privados para operar actividades reservadas de la industria petrolera. Las razones que aduce para ello carecen de solidez y admitirlo sería ir en contra del interés nacional.
Una política sana sería la de buscar que Pemex financiara sus actividades principalmente a partir de los ingresos que genera. No puede aceptarse que no ha habido, no hay y no habrá dinero, cuando se está viendo que en los últimos años el excedente petrolero ha ido de 10 000 a 18 000 millones de dólares y que este año seguramente rebasará los 20 o 25 000. Con mucho menos que esa cifra se pueden construir las refinerías que evitarían una sangría económica al país, que sólo el año pasado alcanzó los 16 000 millones de dólares, o cubrir el pasivo de mantenimiento, estimado por el Director General de Pemex en 3 000 millones de dólares, y con precios altos del crudo que se prevén aun para los años próximos, de liberar esos excedente a Pemex, se le liberaría de problemas, carencias e insuficiencias.
Y en función de recursos y concretamente en materia de legislación, debiera preverse que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría se estableciera que los excedentes petroleros quedaran a disposición de Pemex, para invertirlos en los programas que se le autoricen, preverse asimismo que la Ley de Ingresos no le imponga la obligación de congelar el llamado superávit primario, que sólo en lo que corresponde a este año ascenderá a unos 15 000 millones de dólares y desde luego, decidirse a ir al fondo, que es la realización de una verdadera reforma fiscal, que despetrolice las finanzas públicas y establezca como principal fuente de recursos públicos, los impuestos que se recauden de las personas físicas y morales que obtienen los ingresos más elevados en el país.
Una nueva política, patriótica y racional, debiera llevar a Petróleos Mexicanos y a la industria petrolera a recuperar el papel de impulsores del crecimiento económico y la industrialización, de motores de la formación de capital nacional, proveedores de energéticos baratos para la economía del país, de contribuyentes a una balanza de pagos sana, convirtiendo a Pemex, con esa visión, en un ente productivo de alcances globales, que obtuviera sus ingresos principales de la venta de productos con alto valor agregado, tecnología y capacidad empresarial.
Para ello, nuestra industria petrolera no debe seguirse desarrollando como en las últimas décadas, en función de un solo objetivo prioritario que ha sido el de producir crudo, sujeta a los intereses políticos coyunturales de la Secretaría de Hacienda. Por eso, al mismo tiempo que se revisa la legislación en la materia, como sucede actualmente, debe precederse a la elaboración de un plan de desarrollo-plan de trabajo-plan de negocios de Petróleos Mexicanos, de la industria petrolera y del sector energético en su conjunto, de corto, mediano y largo plazos, que considere actividades debidamente dimensionadas, recursos necesarios y sus fuentes, así como los tiempos de ejecución, que fuera aprobado por el Senado y al que éste supervisara en su realización.
El punto de partida de cualquier plan de desarrollo de la industria petrolera, de cualquier diseño de política petrolera, está en la determinación de dos cifras: la plataforma anual de explotación, es decir, la extracción que se haga de hidrocarburos de los yacimientos en aprovechamiento, y el índice de reposición de reservas, para mantener una relación adecuada entre los volúmenes que se explotan y la vida de las reservas.
Hoy andamos mal. México cuenta con reservas probadas para 9.2 años y la reposición de reservas apenas alcanza el 25% y no el 100% como debiera como mínimo. Ello se debe a más de un cuarto de siglo de mala política petrolera, que no cuida ni presente ni futuro y que sólo ha tenido como objetivo que la explotación del petróleo aporte a los fondos fiscales del gobierno, y ha obedecido también, a que no se ha dado importancia a la fijación de esas cifras, que se presentan perdidas en la iniciativa de presupuesto de ingresos, que prepara la Secretaría de Hacienda y aprueba el Congreso.
Fijar esas cifras debiera ser función prioritaria del Senado y ser objeto de legislación especial, de modo que se fijaran no con criterios fiscales, sino de acuerdo a una racionalidad de presente y futuro, tomando en cuenta la necesidad primordial de alargar la vida de las reservas y de empezar a dar curso a las medidas que conduzcan al cambio de la base energética del país.
Un hecho que no debe perderse de vista es que la producción de nuestros yacimientos más importantes, de acuerdo a datos oficiales, ha declinado del 2004 a la fecha en 472 mil barriles diarios y mantiene la tendencia a la disminución de la producción; en los últimos años la plataforma de explotación se ha estado moviendo en el orden de los 3 millones de barriles por día; de mantenerse esa extracción, el país dispone de reservas probadas para satisfacer el consumo interno y aportar el resto a la exportación de crudo, como ya se señaló, sólo para 9.2 años.
Si el potencial de producción disminuye; si la tasa de restitución de reservas ha sido insuficiente; si es altamente previsible que los recursos explotables en la próxima década difícilmente podrán sostener la actual plataforma de producción; si el país requiera sólo de 1 700 000 barriles diarios para atender la demanda interna y no de 3 millones; si conocer el potencial de los recursos prospectivos, aquellos que todavía no se conocen, apenas detectados y en su mayor proporción ubicados en aguas profundas, y empezar a obtener producción de ellos va a tomar 8 o más años y los porcentajes de éxito en la perforación en aguas profundas son, en el mejor de los casos, del orden del 10%; si la explotación de cualquier nuevo depósito va a tener costos más elevados que los actuales y demandará de tecnologías más complejas, resulta obvia la necesidad de poner en práctica una política de manejo de las reservas que prolongue su vida, que reduzca gradualmente la exportación de crudo hasta eliminarla, que fomente la exportación de productos con alto valor agregado y evite situaciones traumáticas para el país, ante el agotamiento reconocido de nuestros yacimientos y de las reservas mundiales. Por todo esto, entre otras razones, no debe seguir siendo la Secretaría de Hacienda la que maneje la política petrolera del país.
Un último tema: México comparte con los Estados Unidos una frontera submarina de 2 900 km. Se ha detectado que existen yacimientos de hidrocarburos, en aguas profundas, que están partidos por esa frontera. Su aprovechamiento, de acuerdo a la práctica internacional, debiera derivar beneficios para ambas naciones. En el lado norteamericano se explotan ya depósitos submarinos en aguas cercanas a la frontera y se prevé que zonas situadas a escasos kilómetros de ella inicien producción en el año 2010. Frente a esta situación, independientemente de que del lado mexicano se pudieran intensificar los trabajos tendientes al mejor conocimiento y en su momento a la explotación de esos recursos, es urgente que el gobierno mexicano lleve a cabo negociaciones con el norteamericano para establecer los términos en base a los cuales debiera realizarse su explotación, fijando con claridad cómo debieran compartirse los beneficios que por derecho pudieran corresponder a cada país, independientemente que la explotación se realice desde uno o desde el otro lado de la frontera.
En fin, mucho más habría que decir de la industria petrolera y de Petróleos Mexicanos, de la puesta en práctica de un verdadero sistema de planeación para el sector energético; de no dejar a Pemex fuera de la industria del gas licuado, ni de los proyectos de regasificación o como proveedor de gas para la Comisión Federal de Electricidad; de la estructura, facultades y campos de actividad de Pemex que se plantean en la iniciativa de su nueva ley orgánica; de la integración desequilibrada que se pretende dar a su Consejo de Administración; del manejo que en esa misma iniciativa se propone de los excedentes petroleros, que cuando Pemex pudiera disponer del 100% de ellos sólo tendría acceso efectivo a no más del 10%; de los bonos ciudadanos que no serían sino un instrumento más de riesgo; de los pasivos ambientales y laborales, que se presentan y contabilizan como si el organismo se encontrara en liquidación; del fomento a la utilización de las energías renovables y no convencionales; del estímulo y prioridad que a partir de la actividad petrolera debe darse a la industria de la construcción y en general a la empresa mexicana; del fortalecimiento del Instituto Mexicano del Petróleo; de la creación de un organismo especializado en el comercio y desarrollo del gas natural en el que participen Pemex y la CFE; de las políticas ambientales que deben acompañar a la industria energética; de reconocer que los ahora clasificados como petroquímicos básicos no son petroquímicos sino petrolíferos y que debieran recuperarse corno básicos los que efectivamente lo son; de la necesidad de revisar y dar racionalidad a los precios de transferencia entre subsidiarias de Pemex; del fomento a las prácticas de ahorro de energía, etc.
Hace unos días, aquí en Morelia y probablemente frente a muchos de ustedes, Andrés Manuel López Obrador se congratuló de mi apoyo al movimiento que él encabeza en defensa del petróleo. Me parece -y lo digo con todo respeto al compañero- una declaración desubicada, excluyente y limitativa, pues debiéramos en todo caso congratularnos en coincidir con todos, con quien sea, en una causa patriótica, que nos rebasa a individuos y organizaciones, que circunstancialmente puede tener múltiples cabezas, que no debe estrecharse personalizándola y respecto a la cual debiéramos buscar la concurrencia de la más amplia pluralidad política y social. Yo me congratulo de coincidir con él y con todos aquellos que participan en la lucha por una política petrolera que fortalezca nuestra soberanía. Para muchos, entre los que orgullosamente me cuento, esta no es una lucha de hoy ni de la coyuntura política, sino de profundas convicciones y de muchos años atrás.
A mi me dio gusto, por ejemplo, en las presentaciones que están teniendo lugar en el Senado, haber encontrado y estar encontrando coincidencias, parciales ciertamente pero no por eso menos importantes, con dirigentes políticos y miembros destacados de partidos diferentes a aquel en el que milito, como Beatriz Paredes y David Ibarra, con académicos como Javier Jiménez Espriú y Lorenzo Meyer, con otros compañeros de partido como Arnaldo Córdova, con juristas y técnicos, y encontrar que en esas coincidencias no está tratando de imponerse una visión única, sino que manteniendo las diferencias parciales, se refuercen las coincidencias. Espero que las haya nuevas y más amplias, independientemente de que cada quien impulse la causa de acuerdo a sus propias ideas, recursos y posibilidades. Y me da gusto porque eso deja ver que la causa del petróleo como factor de soberanía es una causa de muchos mexicanos, que se libra desde diferentes posiciones políticas y desde múltiples trincheras, todas vitales en esta lucha.
Yo esperaría, por ejemplo, que nuestros senadores y diputados federales, en sus respectivas Cámaras, buscaran no sólo las coincidencias ya existentes con representantes de otros partidos, sino que buscaran convencer a más legisladores para sumarlos a las posiciones que ellos ya sostienen y defienden, a fin que de hacer mayoría cuando se den las votaciones. Serían acuerdos y alianzas por el momento en función de puntos determinados, coincidencias coyunturales con quienes generalmente se ha estado confrontado. Será importante, de presentarse oportunidades de estas, que la confrontación pasada no sea motivo de descalificaciones que se conviertan en obstáculo para formar las mayorías cuando se llegue a las votaciones. Y lo mismo debiéramos hacer quienes no estamos en las tareas legislativas, buscar las coincidencias, no pretender que nuestras visiones y formas de acción sean las únicas válidas y respetables, alentemos todas las posibles, las de todos, que muy probablemente serán distintas a las nuestras, pero todas útiles, todas necesarias, ninguna desechable.
En un descuido, de la lucha por el petróleo surge la gran coincidencia patriótica y progresista que hoy reclama el país.
En la puesta en práctica de una nueva política petrolera que fortalezca la soberanía de la Nación, estimule el crecimiento de nuestra economía y contribuya a elevar las condiciones de vida de la población, está uno de los grandes retos de la generación a la que pertenecemos. Enfrentemos ese reto con responsabilidad y decisión.

References: artículo 27
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 artículo 4
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 artículo 27