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Timestamp: 2019-04-21 22:50:42+00:00

Document:
Registro Oficial. 21 de JULIO del 2003
Lunes, 21 de julio del 2003 - R. O. No. 129
24-128\n Proyecto de\n Ley del Depósito Legal de Bienes Bibliográfico-Documentales
24-129	Proyecto de Ley de Indulto\n a favor de la señora Blanca Roma Monros
CONSEJO\n NACIONAL DE REMUNE-RACIONES DEL SECTOR PUBLICO:
165	Incrementase a partir del primero\n de octubre de 2003, US 10,00 dólares al sueldo básico\n del Magisterio Nacional del sector público
0031-2002-AA Deséchase la demanda\n de incons-titucionalidad presentada por el doctor Gabriel Washington\n Riera Rodríguez y otros
250-2002-RA Revócase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n solicitada por el señor Lupercio Alvarado Reyes
667-2002-RA Confirmase la resolución\n del Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha y niégase\n la acción de amparo constitucional propuesta por el señor\n Julio Rivera Cedeño y otros
698-2002-RA Confírmase la decisión\n del Tribunal Distrital N0 2 de lo Contencioso Adminis-trativo\n de Guayaquil y niégase la acción de amparo constitucional\n incoada por Edison Atahualpa Coloma Verdesoto
710-2002-RA\n Revócase\n la resolución de la Jueza Octava de lo Civil de Pichincha\n y niégase la acción de amparo constitucional solicitada\n por el señor Mohamed Soliman Ibrahim El Aasser
0715-02-RA Revócase la resolución\n del Tribunal Distrital N0 4 de lo Contencioso Administrativo\n de Portoviejo y niégase la acción de amparo constitucional\n propuesta por Maria Célida Cajape García \n
755-2002-RA\n Confirmase la\n resolución del Juez Cuarto de lo Civil de Pichincha y\n niégase la acción de amparo constitucional planteada\n por Fausto Raúl Hidalgo Chuquimarca y otra
761-2002-RA Confirmase la resolución\n del Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Manabí\n y deniégase el amparo constitucional solicitado por el\n señor Edgar Alexander Vargas Rivas
0776-02-RA\n Confirmase la\n decisión del Juez Octavo de lo Civil de Pichincha y niégase\n la acción de amparo constitucional solicitada por Jaime\n Alfredo Benítez Cadena
790-2002-RA Inadmitir la acción\n planteada por Fernando Patricio Albán Escobar
003-2003-HD Confirmase la decisión\n del Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil y niégase\n el recurso de hábeas data interpuesto por el señor\n Sixto Abraham Hurtado Chérrez y otros
030-2003-HC\n Confirmase la\n decisión de la Segunda Vicepresidenta del Concejo del\n Distrito Metropolitano de Quito, encargada de la Alcaldía\n y niégase el recurso de hábeas corpus planteado\n por Marvin Set Figueroa
087-2003-RA\n Deséchase\n la demanda de amparo constitucional formulada por Rubén\n Darío Orellana, por improcedente
0561-2002-RA Niégase la acción\n de amparo inter-puesta por el señor Miguel Gerardo Cadena\n por improcedente y confirmase la resolución del Juez Cuarto\n de lo Penal del Carchi
006-2003-RA Confírmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo solicitado por el\n señor José William Analuisa Valverde y otro
0009-2003-RA Niégase la acción\n de amparo inter-puesta por el señor Washington Ramón\n Ross Vélez y confirmase la resolución del Juez\n Duodécimo de lo Civil de Guayaquil
0022-2003-HC Confirmase la resolución\n emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Enc.,\n que niega el recurso de hábeas corpus interpuesto por\n Juan Pablo Chanchay Sotalín
0024-2003-HC Confirmase la resolución\n emitida por la Alcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito,\n Enc., que niega el recurso de habeas corpus interpuesto por César\n David Pilapaña Pilapaña
0028-2003-HC Confírmase la resolución\n emitida por la Alcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito,\n Enc., que niega el recurso de habeas corpus interpuesto por Fabián\n Patricio Paucar Tomarema
0082-2003-RA No admitir la acción\n de amparo constitucional interpuesta por Kléber Vicente\n León Rugel
0098-2003-RA No admitir por improcedente\n la acción de amparo presentada por el señor David\n Efraín Lucero Lucero
0122-2003-RA Deséchase por improcedente\n la acción de amparo presentada por la señora María\n Piedad Sulca Tutay
0135-2003-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n solicitado por el señor Guido Leonardo Carrasco Rodríguez\n y otros
0137-2003-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n el señor Edison Mario Torres Garófalo
0142-2003-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n Jorge Zambrano Canacúan
0158-2003-RA Niégase la acción\n de amparo inter-puesta por la señora María Carmela\n Asmaza Rodríguez por improcedente y confirmase la resolución\n del Juez Primero de lo Civil de Ibarra
0165-2003-RA lnadmitir la demanda de amparo\n constitucional planteada por el señor Rodrigo Cevallos\n Breilh
0178-2003-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional\n solicitado por Maria lsolina Aguaguiña Sánchez
RJE-PLE-TSE-2-2003\n Declárase\n la extinción del Movimiento Amauta Jatari, Listas 28 y\n dispónese la cancelación de su inscripción\n del Registro de Partidos y Movimientos Políticos \n \n
NOMBRE:	"DEL DEPOSITO LEGAL DE\n BIENES BIBLIOGRAFICOS-DOCUMENTALES"
CODIGO:	24-128.
AUSPICIO:	H. GUADALUPE LARRIVA GONZALEZ.
COMISION:	DE EDUCACIÓN, CULTURA\n Y DEPORTES
\n INGRESO:	03-07-2003.
\n A COMISION:	09-07-2003.
Toda la producción intelectual plasmada en libros o\n en Otro tipo de publicaciones, constituye el testimonio de nuestra\n sociedad y las manifestaciones propias de nuestra cultura. Todo\n este patrimonio debe ser recopilado en bibliotecas con el objeto\n de que oriente el pensamiento de las actuales y venideras generaciones,\n coadyuvando así al cultivo del intelecto nacional.
El fomento y desarrollo de la cultura, asÍ como la\n promoción, preservación y divulgación del\n acervo y patrimonio cultural del Ecuador en lo que se refiere\n a material bibliográfico y documental, deben ser protegidos\n mediante norma adecuadas.
La educación es deber del Estado y derecho de las personas,\n y el mecanismo para afirmar la identidad nacional debe ser el\n propiciar el acceso a la cultura de todos los ecuatorianos.
NOMBRE:	"INDULTO A FAVOR DE LA\n SEÑORA BLANCA ROMA
\n MONROS.".
CODIGO:	24-129.
AUSPICIO:	H.	MARIA	AUGUSTA RIVAS.
\n INGRESO:	08-07-2003.
El artículo 130, numeral 15 de la Constitución\n Política de la República y los artículos\n 105 y 106 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,\n facultan al Congreso Nacional, indultar por delitos comunes cuando\n medien motivos humanitarios o se trate de casos trascendentales,\n con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.
De los exámenes médicos practicados a la ciudadana\n española Maria Blanca Roma Monros, que se encuentra detenida\n en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito,\n cumpliendo una pena de ocho años de reclusión ordinaria\n por tráfico de drogas, se desprende que padece de SIDA\n y faringitis crónica, requiriendo controles permanentes\n y exámenes de laboratorio, con regularidad, los que son\n costosos con lo que se agrava su drama, a más de estar\n lejos de su familia y con sus padres al borde de la muerte, por\n lo que se presenta el proyecto de indulto.
Es deber y atribución del Parlamento ecuatoriano velar\n por el cumplimiento de las normas que sobre derechos humanos\n estipulan la Constitución Política de la República,\n los instrumentos internacionales y demás leyes vigentes.
Nº\n 165
Que mediante Resolución N0 136. publicada en el Registro\n Oficial N0 544 de 28 de marzo de 2002, fijó el sueldo\n básico del Magisterio Nacional del sector público;
Que es objetivo del Gobierno Nacional mejorar los niveles\n de eficiencia. concomitantemente con los niveles remunerativos\n de los servidores que laboran en el sector educativo por su importante\n contribución al desarrollo del país:
Que el Gobierno Nacional con fecha II de junio de 2003. llegó\n a un acuerdo con la Unión Nacional de Educadores, entre\n otros puntos, para revisar sus niveles salariales;
Que de acuerdo a lo prescrito en las leyes para la Reforma\n de la Finanzas Públicas y de Transformación Económica\n del Ecuador, es facultad privativa del Consejo Nacional de Remuneraciones\n del Sector Público. CONAREM determinar y fijar la política\n remunerativa de los servidores públicos de las instituciones\n del Estado; y.
Art. 1.- Incrementar, a partir del primero de octubre de 2003.\n .US 10.00 dólares al sueldo básico del Magisterio\n Nacional de sector público, establecido en Resolución\n Nº 136, expedida el 21 de marzo de 2002 por este organismo.\n Y, a partir del 1 de enero de 200-1 un incremento adicional de\n $ 10,00 al mismo sueldo básico.
Art. 2.- Aprobar el pago, por una sola vez, a favor de los\n servidores del Magisterio Nacional del sector público,\n de un bono extraordinario de US 10.00 dólares a pagarse\n en los meses de julio, agosto y septiembre de 2003, el cual no\n formará parte del cálculo para los incrementos\n salariales posteriores.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a los doce días del mes de junio de dos mil tres.
f) lng. Vicente C. Páez. delegado del Ministro de Economía\n y Finanzas, Presidente del CONAREM.
f.) Ab. Carlos Díaz Guzmán. Ministro de Trabajo\n y Recursos Humanos (E). miembro del CONAREM.
f.) Dr. Angel Torres Moncayo. Director del Servicio Civil\n y Desarrollo Institucional (E). Secretario del CONAREM.
f)	Dr. Angel Torres Moncayo. Director del Servicio Civil y\n Desarrollo Institucional (E). Secretario del CONAREM.
EXPEDIENTE No. 0031-2002-AA
No. 0031-2002-AA
Quito. 28 de abril de 2003.
El señor Gabriel Washington Riera Rodríguez,\n en su calidad de Secretario General de la Federación Provincial\n de Jubilados de Pichincha, y más de mil ciudadanos, solicitan\n se declare la inconstitucionalidad por el fondo, de los actos\n administrativos constantes en las resoluciones de 8 de noviembre\n de 2001 y 13 de mayo de 2002, dictadas por el Subsecretario de\n Bienestar Social en uso de sus facultades el primero y el segundo,\n como delegado del Ministro de Bienestar Social.
Manifiesta que el 7 de septiembre de 2001, la Directiva de\n la Federación Provincial de Jubilados de Pichincha, conformada\n y presidida por él, fue reconocida e inscrita en el Ministerio\n de Bienestar Social, previo el trámite correspondiente,\n para luego ser posesionada en sus funciones. Sin embargo, el\n Econ. Fernando Moreno, jubilado, presentó una impugnación\n a la directiva presidida por el accionante aduciendo que se habían\n violado los Estatutos de la Federación de Jubilados de\n Pichincha, lo cual no es real pues la elección había\n sido realizada cumpliendo todos los requisitos estatutarios y\n legales, con la presencia del Dr. Jaime Baquero, funcionario\n de Asesoría Jurídica del Ministerio de Bienestar\n Social, quien posesionó a tal directiva. Con el desconocimiento\n de la directiva electa, se han ejecutado actos ilícitos\n e ilegales, consiguiendo revocar la inscripción de la\n directiva.
Agrega que en la resolución de 13 de mayo de 2002.\n se dispuso convocar a nuevas elecciones y que las decisiones\n emitidas se han tomado en base a resoluciones inmotivadas.
Alega el demandante que se han violado los siguientes artículos\n de la Constitución: Art. 23, números 19 y 26, referentes\n a la libertad de asociación y la seguridad jurídica:\n y, 24, números 10, 12, 13. 14 y 17, que contienen principios\n que conforman el debido proceso.
El 5 de febrero de 2003 se califica la demanda y se la admite\n a trámite: en virtud del sorteo realizado conforme a la\n ley, esta Sala asume la competencia de la causa el 19 de febrero\n de 2003, y corre traslado al Ministro y Subsecretario de Bienestar\n Social a fin de que contesten en el término de 15 días.
El Ministro de Bienestar Social y la Subsecretaria de Desarrollo\n Humano de dicha institución, contestan la demanda señalando\n en lo principal que los actos impugnados fueron dictados de acuerdo\n a lo establecido por la ley, los Estatutos de la Federación\n de Jubilados, y que fueron emanados de autoridad competente.\n Confunden estas autoridades la acción de inconstitucionalidad\n planteada con la acción de amparo constitucional, al señalar\n que no existe acto ilegítimo y por lo tanto el accionante\n no reúne los requisitos de los Arts. 95 de la Constitución\n y 46 de la Ley del Control Constitucional, señalando que\n los actos impugnados fueron dictados de acuerdo a lo establecido\n por los Arts. 176 y 179, números 1 y 6 de la Constitución;\n 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva; y, 10, literales d) y j) del\n Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio de Bienestar\n Social.
Con estos antecedentes, esta Sala pasa a hacer las siguientes.
PRIMERA.- Esta Sala es competente para conocer la presente\n causa, conforme a lo dispuesto por el Art. 276. número\n 2: y. 277, número 5 de la Constitución: así\n como a los Arts. 23 y siguientes de la Ley del Control Constitucional:
SEGUNDA.- No existe omisión de solemnidad sustancial\n alguna que pueda influir en la decisión de la causa, por\n lo que el proceso es válido y así se lo declara;
TERCERA.- Los demandantes impugnan dos resoluciones del Subsecretario\n del Ministerio de Bienestar Social, la una dictada en base a\n sus facultades propias y la otra por delegación del Ministro\n del ramo. Las alegaciones que se realizan en la demanda se limitan\n a establecer que la autoridad que emitió los actos impugnados\n lo hizo incumpliendo disposiciones legales y los Estatutos de\n la Federación Provincial de Jubilados de Pichincha, mencionando\n varios hechos que tienen que ver con una impugnación que\n había sido presentada por uno de los miembros de dicha\n federación. De lo expuesto se observa que se pretende\n que, a través de una acción de inconstitucionalidad,\n se revise si los actos impugnados cumplieron o no con los procedimientos\n legales y estatutarios, sin hacer una fundamentación debida\n sobre las supuestas violaciones constitucionales que contienen\n dichos actos, pues solamente se mencionan varios numerales de\n los Arts. 23 y 24 de la Constitución como normas violadas,\n sin que exista explicación alguna sobre la forma como\n se cree que dichas disposiciones han sido violadas;
TERCERA.- A folios 11 y 12 del expediente, consta una copia\n de la resolución dictada por el Subsecretario General\n de Bienestar Social en su calidad de delegado del Ministro de\n Bienestar Social de 13 de mayo de 2002, dentro del recurso presentado\n contra la revocatoria de la inscripción del Comité\n Ejecutivo de la Federación Provincial de Jubilados de\n Pichincha decidida el 8 de noviembre de 2001; mediante dicha\n resolución, se ordena proceder a realizar un nuevo proceso\n electoral, luego de haber sido revisada la impugnación\n que se presentara en contra del proceso por el cual fuera electo\n el Dr. Gabriel Riera Rodríguez; en la decisión\n de 13 de mayo de 2002, se señala que la elección\n de la directiva impugnada había sido realizada sin tomar\n en cuenta disposiciones estatutarias que la invalidaron; igualmente,\n en la resolución de 8 de noviembre antes mencionada, se\n hace un análisis de la impugnación presentada contra\n la inscripción de la antes mencionada directiva, y como\n es obvio también se fundamenta en la revisión de\n la documentación constante en el expediente tramitado\n y las normas estatutarias pertinentes;
CUARTA.- De la lectura de las resoluciones impugnadas, esta\n Sala no advierte la existencia de violación alguna a los\n artículos constitucionales señalados en la demanda.\n Cabe mencionar que en una acción de inconstitucionalidad\n como la presentada por los demandantes, el Tribunal Constitucional\n debe revisar si el texto del acto o actos impugnados contienen\n o no violaciones a la Constitución vigente, lo cual resultará\n del contraste de los mismos con las normas constitucionales que\n hubieren alegado las partes; en el caso que nos ocupa, tal contraste\n no es posible llevarlo a cabo, por cuanto las resoluciones impugnadas\n han sido dictadas dentro de un trámite administrativo\n en el que se han revisado los documentos pertinentes y se han\n analizado las normas pertinentes, sin que los demandantes hayan\n demostrado que para llegar a tales decisiones se hubiera violado\n la Constitución, lo cual no se encuentra justificado desde\n ningún punto de vista con la mera enunciación de\n varios artículos de la misma. No es competencia del Tribunal\n Constitucional realizar pronunciamientos dentro de una acción\n de inconstitucionalidad, respecto de si los actos impugnados\n han sido dictados en base a las normas legales y estatutarias\n que los rigen, ni revisar los hechos que provocaron tales actos;\n éstas son cuestiones de legalidad y deben ser canalizadas\n a través de la vía jurisdiccional correspondiente;
QUINTA.- Cabe recordar a los accionantes lo dispuesto por\n el Art. 14 del Reglamento de Trámite de Expedientes del\n Tribunal Constitucional, contentivo de los requisitos de la demanda\n de inconstitucionalidad contra actos administrativos, que en\n sus literales d) y e) señala: d) La fundamentación\n de hecho y de derecho que determine la violación alegada\n del o de los preceptos constitucionales, e) Las pruebas en que\n funda su pretensión jurídica, de ser el caso; y,.
Con base en las consideraciones realizadas, esta Sala,
1.-	Desechar la demanda de inconstitucionalidad presentada\n por el Dr. Gabriel Washington Riera Rodríguez y más\n de mil ciudadanos.
2.-	Publicar la presente resolución en el Registro\n Oficial. -Notifíquese.
f.) Dr. Luis Rojas Bajaña. Presidente. Segunda Sala.
f.) Dr. Mauro Terán Cevallos, Vocal. Segunda Sala.
f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno. Vocal, Segunda Sala
RAZON.- Siento por tal que el informe que antecede fue aprobado\n por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, a los veintiocho\n días del mes de abril dcl año 2003.- Lo certifico.
f.) Dr. Roberto Lovato Gutiérrez. Secretario.\n Segunda Sala.
Fiel copia del original.- SEGUNDA SALA.- f.) Secretario de\n Sala.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
No. 250-2002-RA
Magistrado ponente: Dr. Mauro Terán\n Cevallos
CASO No. 250-2002-RA
Quito, a 8 de julio de 2003; las 09h41.
El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional\n en virtud de la apelación interpuesta por el Intendente\n General de Policía de Manabí, en la acción\n de amparo constitucional propuesta en su contra por el señor\n Lupercio Alvarado Reyes, en su calidad de Presidente de la Compañía\n Yessamin SA., quien manifiesta, en lo principal. lo siguiente:
Que el 11 de enero de 2002, el Intendente General de Policía\n de la provincia de Manabí dispuso la clausura del local\n denominado New York de propiedad de su representada, por contravenir\n lo dispuesto en el Reglamento Especial de Casinos Bingos Mecánicos,\n expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 402. publicado en el\n Registro Oficial No. 87 de 30 de mayo de 2000, esto es, por no\n cumplir con "[...] las condiciones necesarias para el funcionamiento\n de sala (sic) de juegos de máquinas tragamonedas. además\n que contraria expresamente cl Reglamento debido a que las máquinas\n tragamonedas únicamente deben funcionar en locales cerrados,\n en hoteles de lujo y primera categoría: TODO LO CUAL ES\n ILEGAL. E INCONSTITUCIONAL, como incluso ya ha sido declarado\n el antes mencionado Reglamento SIN EFECTO LEGAL DEL ORDEN QUE\n FUERE, el inciso final del artículo 1, del artículo\n 3 y de la Disposición Transitoria del Reglamento Especial\n de Casino - Bingos Mecánicos dictado en DECRETO Ejecutivo\n # 402, publicado en el Registro Oficial # 87 del 30 de mayo del\n 2.000; mediante sentencia que se encuentra ejecutoriada y en\n plena vigencia cuya copia acompaño por lo que se torna\n ilegal e inconstitucional desde todo punto de vista; así\n como también los artículos antes mencionados fueron\n declarados INAPLICABLES, por parte del señor (sic) JUEZ\n DE LO CIVIL DEL CANTON SANTA ELENA".
Que el Intendente General de Policía de Manabí\n concedió el permiso de funcionamiento para dicho local\n de máquinas tragamonedas sobre la base de las resoluciones\n judiciales, constitucionales y administrativas que el accionante\n acompaña.
Que el local de propiedad de su representada no incumple las\n disposiciones del reglamento que invoca el Intendente General\n de Policía de Manabí, su negocio es lícito,\n no perjudica a ninguna persona ni afecta a la moral y seguridad\n públicas.
Que el acto de clausura es ilegítimo e inconstitucional\n toda vez que el Intendente de Policía de acuerdo al nuevo\n Código de Procedimiento Penal no tiene esas atribuciones,\n por lo que se violan los artículos 23 numerales 16, 17\n y 19 de la Constitución de la República.
Por lo expuesto, y fundamentado en los artículos 46\n y 47 de la Ley del Control Constitucional, requiere la adopción\n de medidas urgentes destinadas a cesar la lesión de sus\n derechos; solícita que se suspendan los efectos de la\n clausura dispuesta por el Intendente General de Policía\n de Manabí, y pide que se proceda al levantamiento de los\n sellos de clausura y se disponga la apertura del local.
En audiencia pública efectuada el 14 de enero de 2002\n ante el Juez Undécimo de lo Penal de Manabí, el\n demandante se ratificó en los fundamentos de hecho y de\n derecho de su demanda. Por su parte, la autoridad demandada,\n por inter-medio de sus abogados defensores, manifestó\n lo siguiente:
Que el acto administrativo impugnado se debe a la conclusión\n de un trámite interno que se sustenta en el oficio remitido\n por el Gobernador de la provincia al despacho del Intendente\n General de Policía de Manabí, cuyo antecedente\n es el oficio de 4 de enero de 2002, suscrito por la Ministra\n de Turismo (E), en el que hace conocer la existencia de los juegos\n ubicados en la ciudad de Manta. El Gobernador de la provincia\n remitió el oficio No. 015-MLC-GM al Intendente General\n de Policía de Manabí, en el cual solicitó\n dar cumplimiento a la petición de la Ministra y a lo prescrito\n por el Decreto Ejecutivo No. 402, publicado en el Registro Oficial\n de 30 de mayo de 2000. A su vez, el Intendente General de Policía,\n mediante oficio No. 29-IGPM-HAA de 9 de enero de 2002. solicitó\n al Comisario Nacional Primero del cantón Manta que realice\n las clausuras respectivas y que se informe del cumplimiento de\n esa disposición.
Que a la Intendencia General de Policía de Manabí\n solamente le correspondió ejecutar la disposición\n emanada del Ministerio de Turismo, lo cual se realizó\n en base al decreto mencionado. Por tanto, ni la Intendencia ni\n la Gobernación de Manabí han violado ningún\n trámite o disposición legal alguna.
Que la Intendencia General de Policía de Manabí\n ha actuado de acuerdo a órdenes superiores, pues el Ministerio\n de Turismo es el ente que rige y controla los juegos relacionados\n con casinos y bingos, tal como lo estipula el Decreto Ejecutivo\n No. 402, publicado en el Registro Oficial de 30 de mayo de 2000.\n Además, la Intendencia se somete a las resoluciones de\n la Corte Suprema de Justicia, publicadas en el Registro Oficial\n No. 378 de 27 de julio de 2001.
Por todo lo expuesto solicita que se rechace el recurso de\n amparo presentado, ya que no tiene ningún fundamento legal\n ni jurídico.
El Juez Undécimo de lo Penal de Manabí resolvió\n declarar con lugar la acción de amparo constitucional\n propuesta por el señor Lupercio Alvarado Reyes en representación\n de Yessamin SA., considerando que el Intendente General de Policía\n de Manabí ha violado derechos constitucionales de la compañía\n que representa el accionante.
PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver\n la presente causa, de conformidad con el artículo 276,\n numeral 2 de la Constitución de la República, y\n los artículos 12, numeral 3 y 62 de la Ley del Control\n Constitucional;
SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial que influya\n en la decisión de la causa, por lo que el proceso es válido\n y así se lo declara;
TERCERO.- Del contenido del artículo 95 de la Constitución\n de la República y de la normativa de la Ley del Control\n Constitucional, se desprende que el amparo es procedente cuando\n se reúnen, de manera simultánea y unívoca,\n los siguientes requisitos: a) La presencia de una acción\n u omisión ilegítimos, en principio, de autoridad\n pública; b) Violación de un derecho reconocido\n por la Constitución o por un instrumento internacional\n vigente; y. c) Existencia de un daño grave e inminente;
CUARTO.- A fojas 4 de los autos consta la resolución\n del Juez Quinto de lo Civil de Guayaquil de 18 de julio de 2000,\n las 15h00 horas, en la cual se dice: "[...] declara que\n el Reglamento Especial de Casinos y Salas de Juego (Bingos-mecánicos),\n contenido en el Decreto Ejecutivo No. 402 de 22 de Mayo de 2000,\n publicado en el Registro Oficial No. 87 de 30 de Mayo de 2000,\n tiene disposiciones contrarias a los derechos garantizados por\n la Constitución Política de la República\n del Ecuador en su artículo 23 numerales 4, 16 y 2; así\n como el Art. 47 de la Ley de Modernización del Estado,\n por lo que dispone que se suspendan definitivamente los efectos,\n del orden que fueren, del inciso final del Art. 1, del Art. 3\n y de la disposición transitoria Primera del Decreto Ejecutivo\n No 402, publicado en el Registro Oficial No. 87 de 30 de Mayo\n de 2000 [...]" (lo resaltado es de la Sala).
El artículo 274 de la Constitución de la República\n faculta a cualquier Juez o Tribunal para que, de oficio o a petición\n de parte, declare la inaplicabilidad de un precepto jurídico\n contrario a la Norma Suprema, mas de ninguna manera se permite\n que dicho Juez o Tribunal pueda "disponer que s suspendan\n definitivamente" los efectos de una norma jurídica,\n competencia ésta que está reservada exclusivamente\n al Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo\n 276. numeral 1 de la Constitución de la República.\n De ahí que la disposición del Juez Quinto de lo\n Civil de Guayaquil no tenga eficacia en absoluto, y mal pudieron\n observarla los jueces Vigésimo de lo Penal y Décimo\n Séptimo de lo Civil del Guayas en sus respectivas resoluciones\n de fojas 7 y 16 de los autos;
QUINTO.- El artículo 274 de la Constitución\n de la República dice:
"Cualquier juez o tribunal, en las causas que conozca,\n podrá declarar inaplicable de oficio o a petición\n de parte, un precepto jurídico contrario a las normas\n de la Constitución o de los tratados y convenios internacionales\n sin perjuicio de fallar sobre el asunto controvertido.
"Esta decisión no tendrá fuerza obligatoria\n sino en las causas en que se pronuncie. El juez, tribunal o sala\n presentará un informe sobre la declaratoria de inconstitucionalidad,\n para que el Tribunal Constitucional resuelva con carácter\n general y obligatorio" (lo resaltado es de la Sala).
De esta disposición se desprende que la declaratoria\n de inconstitucionalidad, para tener efecto general y obligatorio,\n debe ser resuelta por el Tribunal Constitucional, previo informe\n del Juez. Tribunal o Sala que la pronuncie. Además, de\n conformidad con el artículo 65 de la Ley del Control Constitucional,\n la declaratoria de inconstitucio-nalidad debe ser publicada en\n el Registro Oficial.
En la especie, el Juez Décimo Séptimo de lo\n Civil de Santa Elena no ha cumplido con lo dispuesto en el inciso\n segundo de la norma constitucional transcrita, de manera que\n este Tribunal no ha tenido conocimiento, y por consiguiente,\n no ha resuelto sobre la declaratoria de inconstitucionalidad\n pronunciada por él, respecto de los artículos 1\n inciso final, 3, 56 y disposición transitoria del ya aludido\n Decreto Ejecutivo No. 402. y del Acuerdo Ministerial No. 85 del\n Ministro de Gobierno, publicado en el Registro Oficial No. 297\n de 2 de abril de 2001. Por consiguiente, dichas disposiciones\n y acuerdo ministerial no han sido declarados inconstitucionales\n con efecto general y obligatorio, no se han suspendido sus efectos:
SEXTO.- El artículo 48 de la derogada Ley Especial\n de Desarrollo Turístico como el artículo 16 de\n la vigente Ley de Turismo, establecen la competencia del Ministerio\n de Turismo para regular y controlar dicha actividad. El artículo\n 1 del Acuerdo Ministerial No. 85, expedido por el Ministro de\n Gobierno y publicado en el Registro Oficial No. 297 de 2 de abril\n de 2001, el cual se encuentra vigente hasta la fecha, dispone:\n "Los intendentes generales de Policía no podrán\n otorgar permisos de funcionamiento para locales destinados al\n funcionamiento parcial o total de máquinas tragamonedas\n y otros equipos y máquinas destinados a los juegos de\n azar, sin previo informe favorable del Ministerio de Turismo".
En el presente caso, a fojas 45 de los autos consta el "Permiso\n Policial Provisional" otorgado a la compañía\n del accionante por el Intendente General de Policía de\n Manabí el 1 de diciembre de 2001, con una vigencia de\n hasta el 31 de diciembre de 2001. Sin embargo, no consta de autos\n que se haya obtenido el informe favorable del Ministerio de Turismo\n para el otorgamiento de dicho permiso, además de que éste\n era de carácter provisional temporal, sin que exista en\n el proceso prueba de su renovación con informe de la autoridad\n del turismo. De esta manera se observa, por una parte, que el\n Intendente General de Policía de Manabí no pudo\n otorgar por sí mismo el permiso provisional de fojas 45\n de los autos, y, por otra, que el funcionamiento del local denominado\n "New York" no reunió nunca los requisitos legales\n y continuó operando sin la autorización de la autoridad\n competente:
SEPTIMO.- Lo manifestado en el considerando anterior permite\n aseverar que el acto de clausura del local 'New York" es\n legitimo, pues la Ministra de turismo tiene competencia para\n controlar y regular la actividad turística, la misma que\n comprende los casinos, salas de juego (bingo-mecánicos),\n hipódromos y parques de atracciones estables de conformidad\n con los artículos 3. literal f) de la antigua Ley Especial\n de Desarrollo Turístico y 5 literal f) de la Ley de Turismo.\n Además, dicha legitimidad proviene del objetivo de evitar\n que funcionen clandestinamente y sin autorización los\n locales antes indicados, debido a que el control de los mismos\n es necesario por cuanto se trata de lugares en donde se apuesta\n dinero y existe la posibilidad de que se perjudique a la ciudadanía,\n lo cual explica el artículo 47 del Reglamento Especial\n de Casinos y Salas de Juegos que dice: "De conformidad con\n la Ley Especial de Desarrollo Turístico serán clausurados\n inmediatamente y sin más trámite los locales o\n establecimientos que se encuentren realizando actividades de\n casino o salas de juego (Bingo-mecánicos), que no cuenten\n con el Registro la licencia Unica Anual de Funcionamiento"\n Por último, el artículo 28, literal a) del Estatuto\n del Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva entonces vigente, establecía la atribución\n de los gobernadores para "Supervisar la actividad de los\n órganos de la Administración Pública Central\n e Institucional en la provincia y servir como agentes de coordinación\n cooperación de éstas con los entes y órganos\n de la Administración Pública Seccional. Por su\n parte, el artículo 44 ibídem determinaba la atribución\n de los Intendentes de Policía de "Ejecutar las disposiciones\n del Gobernador de la Provincia y demás superiores jerárquicos".\n De esta manera se puede ver que el Gobernador de Manabí\n y el Intendente General de Policía de la misma provincia\n estaban facuItados para actuar como lo hicieron:
Por los considerandos expuestos. y en uso de sus facultades\n constitucionales y legales, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional.
1.	Revocar la resolución subida en grado, en consecuencia\n negar la acción de amparo constitucional solicitada por\n el señor Lupercio Alvarado Reyes.
2.	Remitir copia de la presente resolución al Consejo\n Nacional de la judicatura para que analice la conducta de los\n jueces Quinto de lo Civil de Guayaquil y Décimo Séptimo\n de lo Penal de Santa Elena; el primero, por haber dispuesto Lite\n se suspendan definitivamente los efectos del inciso final del\n artículo definitivamente los efectos del inciso final\n del artículo 1, artículo 3 y disposición\n transitoria primera del Decreto Ejecutivo No. 402, publicado\n en el Registro Oficial No. 87 de 30 de mayo de 2000; el segundo,\n por haber declarado la inaplicabilidad de dichas normas y de\n la del artículo 56 ibídem, y del Acuerdo Ministerial\n No. 085 expedido por el Ministro de Gobierno, publicado en el\n Registro Oficial No. 297 de 2 de abril de 2001, sin que se haya\n cumplido con la obligación de remitir a este Tribunal\n el informe de que habla el inciso segundo del artículo\n 274 de la Constitución de la República.
3.	Devolver el expediente al Juez de origen para la ejecución\n de esta resolución.
f.) Dr. Luis Rojas Bajaña. Presidente. Segunda Sala.\n
f.) Dr. Mauro Terán Cevallos. Vocal, Segunda Sala.
RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobado el día (8) ocho de julio de (2003) dos mil\n tres.- Lo certifico.
f.) Secretario de Sala.
N0 667-2002-RA
CASO No. 667-2002-RA
Quito. 24 de junio del año 2003:\n las 09h05.
Los señores Julio Rivera Cedeño, Ruperto Cedeño\n Cedeño, Julio César Mantilla Cedeño, José\n Segundo Taipe Maigua, Mario René Tamayo Castro y Víctor\n Hugo Tixe Acosta, por sus propios derechos, presentan acción\n de amparo constitucional, ante el Juez Décimo Tercero\n de lo Civil de Pichincha, en contra del Director Ejecutivo del\n Instituto Nacional de Desarrollo Agrario -INDA- y del Tesorero\n General de la misma institución, fundamentando la acción\n en que los prenombrados funcionarios del INDA, no han cumplido\n las resoluciones que les transferían del régimen\n sujeto al Código del Trabajo al amparado por la Ley de\n Servicio Civil y Carrera Administrativa y además que les\n otorgaban aumentos de sueldos correspondientes a las respectivas\n categorías.
Manifiestan que el incumplimiento de tales resoluciones es\n una violación de las normas constitucionales que les ha\n causado daño inminente, grave e irreparable puesto que\n son padres de familia.
EL Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha niega\n la acción de amparo planteada.
Inconformes con la decisión judicial, los accionantes\n apelan de la resolución indicada.
Luego del sorteo de ley, ha correspondido a esta Sala el conocimiento\n del recurso de apelación planteado.
Con estos antecedentes, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional,\n realiza las siguientes,
PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver la\n presente causa de conformidad con lo dispuesto en el numeral\n 3 del artículo 276 de la Constitución Política\n de la República;
TERCERA.- La acción de amparo constitucional, de conformidad\n con lo prescrito en el artículo 46 de la Ley de Control\n Constitucional, procede cuando existe la concurrencia de los\n siguientes elementos: a).- Que exista un acto ilegítimo\n de autoridad pública; b).- Que ese acto haya causado,\n cause o pueda causar un daño inminente, a más de\n grave e irreparable; y, c).- Que ese acto vulnere los derechos\n consagrados en la Constitución o los consignados en las\n declaraciones, pactos, convenios y demás instrumentos\n internacionales vigentes en el Ecuador;
CUARTA.- En la especie, se debe tomar en cuenta lo siguiente:\n a).- Mediante Resolución No. 1909-DGT-UCS de 1 de marzo\n de 2000. la Directora General del Trabajo al clasificar a los\n servidores del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA).\n transfirió a los accionantes del régimen del Código\n del Trabajo al de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;\n b).- El artículo 3 de la citada Resolución No.\n 1909-DGT-UCS disponía que "hasta que el Consejo Nacional\n de Remuneraciones del Sector Público realice los ajustes\n pertinentes en los términos del artículo 57 de\n la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, los servidores\n públicos que por efecto de esa clasificación pasan\n del régimen del Código del Trabajo al de la Ley\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa continuarán\n percibiendo los beneficios económicos que les han correspondido\n hasta la fecha: (el subrayado es de la Sala); y. c).- La Subsecretaria\n de Presupuestos, mediante Resolución No. 0726 de 18 de\n junio de 2002, aprobó las supresiones y creaciones de\n cargos del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario;
QUINTA.- En todos los pasos administrativos señalados\n en el considerando cuarto no consta la participación,\n de modo alguno, del Director Ejecutivo n del Tesorero General\n del INDA, es decir, que no existe ningún acto administrativo\n de tales funcionarios. lo que demuestra la inexistencia del acto\n ilegitimo de autoridad pública que vulnere los derechos\n de los accionantes consagrados en la Constitución Política\n del Estado; es más, los recurrentes tampoco han señalado\n ni probado cuáles derechos constitucionales han sido violados\n por los funcionarios del INDA, lo cual demuestra la falta de\n fundamento de la acción de amparo constitucional presentada;
SEXTA.- Consecuentemente, la Sala no encuentra cumplidos ninguno\n de los presupuestos para que proceda la acción de amparo\n constitucional:
Por todo lo expuesto, en ejercicio de sus atribuciones, la\n Segunda Sala del Tribunal Constitucional,
1.-	Confirmar la resolución del Juez Décimo\n Tercero de lo Civil de Pichincha y, en consecuencia, negar la\n acción de amparo constitucional propuesta.
2.-	Notificar la presente resolución.- Publíquese.
f.) Dr. Luis Rojas Bajaña, Vocal y Presidente, Segunda\n Sala.
RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada el día de hoy martes veinte y cuatro de junio\n del año 2003.- Las 09h05.- Lo certifico.
f.) Secretario, Segunda Sala.
No. 698-2002-RA
CASO No. 698-2002-RA
Quito, 25 de junio de 2003; las 09h05.
Edison Atahualpa Coloma Verdesoto, por sus propios derechos,\n plantea recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Distrital\n No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, en contra\n de la Directora Regional II del Instituto Ecuatoriano de Seguridad\n Social con sede en la ciudad de Guayaquil, por haber dispuesto\n el inicio de un sumario administrativo en su contra, por supuestas\n irregularidades cometidas por él, en el Monte de Piedad\n de dicha ciudad en donde desempeña las funciones de Contador.
Manifiesta el accionante que el inicio del sumario administrativo\n es anticipado y que no corresponde a su calidad de servidor amparado\n por el Código del Trabajo y no por la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa. Que esta actitud, es un acto\n ilegitimo de autoridad que viola derechos constitucionales como\n son el del trabajo, el de la legítima defensa y de la\n estabilidad laboral que constan consagrados en el artículo\n 35 y siguientes de la Constitución Política.
El Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo\n de Guayaquil niega el recurso de amparo constitucional.
Inconforme con tal decisión, el accionante apela de\n la indicada resolución.
SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda incidir en la resolución del presente caso. por\n lo que se declara su validez;
TERCERA.- La acción de amparo constitucional según\n lo preceptuado en el artículo 46 de la Ley de Control\n Constitucional, procede cuando existe la concurrencia simultánea\n de los siguientes elementos: a).- Que exista un acto ilegitimo\n de autoridad pública: b).- Que ese acto haya causado,\n cause o pueda causar un daño inminente, a más de\n grave e irreparable; y, c).- Que ese acto vulnere los derechos\n consagrados en la Constitución o los consignados en las\n declaraciones, pactos, convenios y demás instrumentos\n internacionales vigentes en el Ecuador:
CUARTA.- En el presente caso, la disposición para iniciar\n el sumario administrativo no ha procedido de la Directora Regional\n del IESS, funcionaria accionada en la presente causa, sino del\n Director General del IESS, según consta del oficio No.\n 2000121-1569-AJ de 4 de septiembre de 2002. funcionario facultado\n para ello por la ley, los estatutos y reglamentos institucionales.\n Este hecho deviene en falta de legitimación pasiva, que\n en el derecho común se denomina falta de legítimo\n contradictor. De otro lado, el disponer el inicio del sumario\n administrativo -que es una etapa de investigación- no\n constituye de por sí un acto que cause daño inminente\n a más de grave e irreparable, sino que es un mecanismo\n creado por la ley, para comprobar o desvanecer la existencia\n de actos ilegales que un servidor pudiere haber cometido o no.
El accionante argumenta que no procedía el sumario\n administrativo pues él no es un servidor amparado por\n la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, sino que se\n halla bajo el régimen del Código del Trabajo. No\n obstante esta afirmación, se halla acreditada en el proceso\n la existencia de la Resolución No. 882 expedida por el\n Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social\n el II de junio de 1996, en la que se señala taxativamente\n los servidores del IESS que se hallan sometidos al Código\n del Trabajo, resolución que no contempla el cargo de Contador\n que desempeña el recurrente en el Monte de Piedad de la\n ciudad de Guayaquil.
Finalmente, el accionante no ha indicado ni ha demostrado\n qué derechos consagrados en la Carta Política del\n Estado han sido vulnerados por el inicio del sumario administrativo\n en su contra:
QUINTA.- Por lo expresado, la Sala no encuentra cumplido ninguno\n de los requisitos señalados en la Constitución\n ni en la Ley de Control Constitucional, para la procedencia de\n la acción de amparo constitucional propuesta.
Por todo lo expuesto, en ejercicio de

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 130
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 276
 artículo 95
 artículo 23
 artículo 274
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 artículo 65
 artículo 48
 artículo 16
 artículo 47
 artículo 28
 artículo 44
 resolución 
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 artículo 1
 artículo 3
 artículo 56
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 artículo 276
 artículo 46
 Resolución 
 artículo 3
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 artículo 57
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 artículo 46
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