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Timestamp: 2019-08-17 15:49:29+00:00

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EPP - European People's Party - Resolución aprobada por el Congreso del PPE de Bucarest (Rumanía) del 17 al 18 de octubre de 2012
Resolución aprobada por el Congreso del PPE de Bucarest (Rumanía) del 17 al 18 de octubre de 2012
Congreso del PPE de Bucarest (Rumanía) del 17 al 18 de octubre de 2012
Declaración sobre la economía social de mercado
«…al igual que el sistema de Estados naciones de los siglos XIX y XX no logró asegurar una paz duradera, la Unión Europea, en su etapa actual de integración, se mostrará igualmente incapaz de responder a los retos demográficos y derivados de la globalización a los que Europa se enfrenta actualmente. Europa debe comprometerse con el modelo de economía social de mercado. El futuro de los ciudadanos y las naciones de Europa se basa en una comunidad de responsabilidad y solidaridad, unida en la economía social de mercado» [1].
El Partido Popular Europeo (democratacristianos):
– Considerando que la Unión Europea no sólo es un mercado único, sino una comunidad política basada en valores.
– Considerando que la economía social de mercado tiene su origen en la herencia filosófica y religiosa de Europa.
– Considerando que el objetivo acordado de una economía social de mercado altamente competitiva, destinada a lograr el pleno empleo y el progreso social, está previsto en el Tratado de Lisboa.
– Considerando que la economía social de mercado, fundamentada en la elección personal, los derechos de propiedad privada, la competencia leal y avalada por una sólida legislación social y medioambiental, es nuestra idea para Europa.
– Considerando que los Tratados requieren que la Unión Europea, en la definición y ejecución de sus políticas y actividades, «tenga en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social y un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana».
– Considerando que la idea de economía social de mercado precisa un equilibrio entre los principios de libertad y solidaridad y, en particular, la necesidad de conciliar la libre competencia entre personas responsables con las obligaciones del bien común.
– Considerando que la seguridad jurídica, la subsidiariedad y la responsabilidad personal aumentan la confianza y han de conllevar solidaridad.
– Considerando que la noción de economía social de mercado pone la economía al servicio de la sociedad y, por lo tanto, está orientada no sólo hacia resultados sino principalmente a lograr una dignidad humana libre de controles injustificados.
– Considerando que los monopolios, los cárteles, la manipulación de precios y la distorsión de la competencia mediante el abuso de poder económico es la antítesis de lo que los ciudadanos de Europa han acordado en el Tratado de Lisboa.
– Considerando que el principio de negociación colectiva y el derecho laboral garantiza la igualdad de trato de los trabajadores a la vez que se respeta la libre circulación de personas y servicios, impidiendo un empeoramiento de las normas sociales, lo que socavaría la cohesión de la Unión Europea.
– Considerando que los sistemas de incentivos que disocian el riesgo y la responsabilidad contradicen el espíritu de la economía social de mercado.
– Considerando que una economía de mercado que sirve únicamente a los intereses del capital no puede calificarse de social.
– Considerando que las excesivas desigualdades en la distribución de la renta debilitan la cohesión social.
– Considerando que, en relación con la dignidad humana, es necesario prestar mayor atención a la lucha contra la pobreza y la defensa de la calidad del empleo.
– Considerando que la economía mundial se multiplicó por siete durante los primeros 1.800 años d.C. y que, desde entonces, se ha multiplicado por setenta, lo cual indica que la economía social de mercado puede aportar beneficios extraordinarios al bien común.
– Considerando que este éxito ha sido posible gracias a la constante reforma del sistema económico libre para superar los retos planteados día a día.
– Considerando el papel esencial y constructivo de la cooperación social en la continua reforma de nuestra economía social de mercado; por ejemplo, mediante la responsabilización, implicación y participación de los trabajadores en la gestión de las empresas.
El PPE reafirma su compromiso con la economía social de mercado en Europa y en el mundo, basada en estos principios, y tratará de influir y configurar el programa interno e internacional de la Unión Europea con objeto de establecer dichos principios como los valores en los que debe cimentarse la economía social de mercado.
Resolución aprobada por el Congreso del PPE de Bucarest (Rumanía)
La lucha contra la explotación del trabajo infantil – La aplicación de un programa de trabajo humanitario
215 millones de niños son víctimas del trabajo infantil en todo el mundo. 115 millones trabajan en condiciones peligrosas. Trabajan como empleados domésticos y en los sectores agrícola, minero e industrial. Algunos son utilizados como niños soldado y forzados a ejercer la prostitución. La mayoría de las ocasiones no acuden al colegio. El trabajo los afecta física y emocionalmente. No sólo pierden su infancia, sino también sus oportunidades de futuro. La elevada prevalencia del trabajo infantil contrasta enormemente con los convenios internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño o las convenciones relativas al trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo, en concreto la Convención 138 de la OIT sobre la edad mínima y la Convención 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. El Partido Popular Europeo reconoce la intocable dignidad de los seres humanos. De nuestra interpretación de la dignidad humana, deducimos algunas nociones fundamentales sobre el trabajo humanitario, que constituyen la base de nuestras políticas. La supresión del trabajo infantil y el trabajo forzoso son uno de nuestros objetivos, y también, uno de los objetivos estratégicos del programa de trabajo humanitario (la denominada Iniciativa de Trabajo Decente) de la OIT. Nuestros objetivos incluyen, además de la aplicación de normas laborales básicas (libertad de asociación, no discriminación y fomento de oportunidades de empleo con ingresos razonables), el fortalecimiento de la seguridad social y el diálogo industrial.
La lucha contra la explotación del trabajo infantil y las condiciones laborales inhumanas precisa una doble estrategia. Por un lado, se deben eliminar las causas, especialmente la inmensa pobreza en el tercer mundo y los países en desarrollo y, por otro, impedir la comercialización de productos fabricados en condiciones infrahumanas.
Luchar contra la pobreza y promover la educación. Emplear instrumentos de política comercial.
Más transparencia en la producción humanitaria y el consumo sostenible.
Fomentar la producción humanitaria y el consumo sostenible en los sectores económicos. Aumentar los intercambios en la Unión Europea.
Instamos al PPE a abordar con más detalle estas cuestiones en su Grupo de Trabajo 2 sobre
«Política Económica y Social».
Resolución aprobada por el Congreso del PPE de Bucarest (Rumanía), del 17 al 18 de octubre de 2012
La lucha contra el desempleo juvenil – Allanar el camino hacia una política europea eficaz contra el desempleo juvenil
La Unión Europea afronta altos índices de desempleo juvenil con una media de 22,6% en marzo de 2012 y máximos de 51,1% en España y 51,2% en Grecia. Estas cifras desalentadoras han hecho que cerca de dos millones de jóvenes europeos hayan abandonado el mercado laboral prolongando sus estudios o dejando de buscar trabajo.
Según una reciente publicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo juvenil en el mundo ha alcanzado su índice más alto en dos décadas y es presumiblemente siga aumentando en 2012.
En enero de 2012, el Consejo Europeo presentó en sus conclusiones una serie de medidas a adoptar por los Estados miembros para reducir el desempleo.
La Comisión Europea presentó en abril de 2012 su conjunto de medidas relativas al empleo que fijan directrices para que los Estados miembros fomenten la creación de empleo.
El PPE adoptó una resolución sobre jóvenes emprendedores en el Congreso de 2011 celebrado en Marsella.
Estar en paro constituye un estigma a largo plazo para las jóvenes generaciones que ven gravemente amenazadas sus perspectivas de futuro en el mercado laboral.
El desempleo juvenil afecta gravemente a la viabilidad de nuestra economía social de mercado y debilita las esperanzas de una rápida recuperación económica, la confianza en los dirigentes políticos europeos y el apoyo a la UE, lo que puede provocar el auge del extremismo y populismo políticos.
Los jóvenes constituyen una mano de obra ambiciosa, innovadora y llena de energía para sus empleadores, que debe ser cultivada.
El número de jóvenes que ni estudian, ni trabajan ni siguen una formación (los NiNi´s) ha aumentado durante los últimos años.
Muchos jóvenes se enfrentan actualmente a barreras específicas, como mayores probabilidades de perder sus puestos de trabajo durante períodos de recesión económica, contratos temporales y competencia con trabajadores de más experiencia.
Se necesita un pleno compromiso financiero para reducir los índices de desempleo juvenil.
La formación educacional no siempre responde a las necesidades de los mercados laborales.
Hace falta una mejor coordinación entre las ofertas educativas y las necesidades del mercado laboral.
La demanda de mano de obra cualificada sigue en aumento en la UE y los índices de desempleo juvenil se han mantenido bajo control en aquellos lugares en los que se han creado estructuras cualitativas de formación profesional y educacional. En la actualidad la UE carece de la coordinación necesaria entre sus dispersos instrumentos. Precisa una política económica, social y educativa más coordinada para elaborar una estrategia completa en la que se impliquen tanto las empresas privadas y los sistemas de educación pública (sistema dual) como los interlocutores sociales.
Muchos jóvenes prestan valiosos servicios a la comunidad de forma voluntaria o como parte de sus actividades extraescolares, pero a menudo los empleadores no reconocen esos esfuerzos ni las competencias que han adquirido.
Las prácticas de alta calidad, que proporcionan una auténtica experiencia laboral, son valiosas herramientas que introducen a los jóvenes en el mercado laboral. Sin embargo, la reglamentación de las prácticas en la mayoría de Estados miembros es inadecuada, pudiendo dar lugar a abusos.
Las diferencias entre generaciones en lo relativo a los regímenes contractuales pueden alterar el sistema económico ya que los jóvenes son una mano de obra ajustable a corto plazo de la que el empleador puede deshacerse cuando lo desee, libre de cualquier responsabilidad.
El mercado laboral no debe discriminar entre generaciones y que es preciso potenciar la flexibilidad y la flexiguridad en todas las generaciones.
El desempleo afecta de lleno especialmente a las jóvenes parejas, que pueden verse obligadas a abandonar cualquier intención de formar una familia, lo que tendría un impacto aún más negativo en las perspectivas demográficas de Europa.
Considera indispensable que la UE se comprometa financiera y políticamente (a través del próximo Marco Plurianual) reforzando las medidas encaminadas a la reducción del desempleo juvenil. Los fondos actuales de la UE deben emplearse con mayor eficacia, mientras que los aún no utilizados deben destinarse a establecer un entorno adecuado para la creación de empleo, sobre todo entre los jóvenes.
Insta a la UE y a sus Estados miembros a centrar la política educativa en la empleabilidad de los jóvenes. Los sistemas educativos deben dotar a los estudiantes del conocimiento, las habilidades y las competencias apropiados para adaptarse mejor a las necesidades del mercado laboral.
Cree que deben aumentarse las oportunidades de adquirir experiencia práctica durante la enseñanza secundaria o superior. La combinación de estudio y trabajo debe constituir el principio básico del mayor número posible de itinerarios de formación.
Subraya la necesidad de brindar a los jóvenes más oportunidades de formación profesional, lo que garantiza una mejor integración en el entorno laboral y un mayor rendimiento en el lugar de trabajo.
Exhorta a la UE a poner en marcha mecanismos que fomenten y reconozcan el servicio voluntario, la educación no formal y las actividades extraescolares de los jóvenes como una importante contribución a las sociedades, reforzando así la ciudadanía activa.
Está convencido que las empresas privadas deben ofrecer más periodos de prácticas para ayudar a los jóvenes a adquirir contactos con futuros empleadores y reforzar su posición en el mercado laboral. Asimismo, es preciso contar con mecanismos más eficaces que supervisen los abusos en las prácticas.
Insta a los Estados miembros a identificar y eliminar las barreras que dificultan a los trabajadores circular y trabajar en otros Estados miembros, incentivando, por lo tanto, la movilidad dentro de la UE.
Exhorta a los Estados miembros a fomentar modalidades de trabajo flexibles para todos los grupos de edad en el mercado laboral.
Promueve una mayor protección de los colectivos juveniles vulnerables, la reducción del grupo de jóvenes que no cursan estudios, carecen de empleo y no siguen una formación y la lucha efectiva contra la discriminación (por motivos de edad) en el ámbito laboral.
Subraya que el espíritu emprendedor juvenil es una importante herramienta para reducir el desempleo entre los jóvenes y debe potenciarse aún más mediante la reducción de impuestos, el apoyo financiero, la formación práctica y la disminución de los trámites administrativos.
Considera fundamental que los Estados miembros y las empresas apliquen políticas laborales de modo que las jóvenes parejas no tengan que elegir entre el trabajo y formar una familia, promoviendo el uso de guarderías y mejorando los recursos económicos de dichas parejas.
Opina que debe alentarse a las mujeres a reincorporarse al trabajo después del nacimiento de los hijos mediante condiciones laborales flexibles.
Respaldará el proyecto de un Estatuto del Trabajador Autónomo. Los principales objetivos de este proyecto son ofrecer reglamentaciones unificadas y sistemáticas sobre el trabajo por cuenta propia en la Unión Europea, apoyar la mejora de los derechos laborales y sociales de los emprendedores y articular las medidas necesarias con objeto de apoyar a las nuevas empresas, preservar las existentes y garantizar su sostenibilidad. Recuerda la insustituible importancia de los emprendedores en la creación de crecimiento y riqueza para nuestra sociedad; debemos disminuir las barreras a los inversores y simplificar el marco jurídico para que los emprendedores y los trabajadores autónomos puedan centrarse principalmente en desarrollar sus negocios.
Apoya las recomendaciones de la Comisión Europea recogidas en el conjunto de medidas relativas al empleo para reducir los impuestos sobre el trabajo y tratar de encontrar oportunidades de creación de empleo en algunos sectores clave, como la economía «verde», las TIC y los servicios de asistencia sanitaria.
Se compromete a presentar informes semestrales en el grupo de trabajo 2 del PPE sobre «Política Social Europea» con el propósito de supervisar el desempleo juvenil y determinar los instrumentos legislativos necesarios para que la UE luche de forma eficaz y exhaustiva contra el desempleo juvenil, asumiendo al mismo tiempo los conocimientos especializados de los interlocutores sociales europeos. Asimismo, el grupo de trabajo identificará las mejores prácticas y fijará unas normas mínimas de calidad para unas estructuras sostenibles de formación profesional y educacional que deben ser prioritarias para los Estados miembros de la Unión Europea.
El nombramiento de un candidato común del PPE para la Presidencia de la Comisión Europea
En el marco de los preparativos de las elecciones europeas del año 2014, la nueva Presidencia del PPE debe acordar un procedimiento e iniciar un proceso interno de nombramiento de un candidato común para la Presidencia de la próxima Comisión Europea, a tenor de lo dispuesto en los Tratados, para presentarse ante el electorado europeo como cabeza de lista del PPE durante la campaña electoral.
Mandato a la Unión Europea para que ofrezca ayuda al desarrollo a largo plazo a los países amenazados por el hambre
Nosotros, los miembros de la Unión Europea de Mayores (UEM), proponemos que próximo Congreso Electoral a celebrar en Bucarest acuerde lo siguiente: «La Unión Europea se enfrenta al mayor reto de nuestra época, a saber, la resolución del inminente “conflicto Norte-Sur”, por medio no sólo de dinero, sino también de la provisión de conocimientos expertos económicos e industriales a los países afectados por el hambre y el desempleo».
Piden al PPE que estudie a fondo el susodicho asunto en uno de sus grupos de trabajo.
En un discurso a sus compatriotas, el Presidente de Estados Unidos John F. Kennedy, afirmó lo siguiente: «Durante esta década llegaremos a la Luna, para cuyo fin pondremos a disposición todas nuestras energías y capacidades, así como todos los recursos que poseemos». Diez años más tarde los estadounidenses llegaron por primera vez a la Luna. Nosotros, los miembros de la UEM, esperamos que Europa adopte una postura semejante en el asunto que nos concierne. Imaginemos al Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento de la Unión Europea enviando ahora el siguiente mensaje unánime en relación con el hambre y el número cada vez más elevado de refugiados que huyen de la hambruna y se trasladan a los países del hemisferio norte: «En diez años nadie volverá a padecer hambre». Esta posición política fundamental es equiparable al mensaje principal de la Biblia (el mandamiento de amar) y constituye un elemento esencial de todas las grandes religiones del mundo.
Debido a que acabar con el hambre es también un objetivo de la política de protección medioambiental, instamos a todos los responsables en materia política, económica y social de Europa a que incorporen este llamamiento a la acción a una política medioambiental que no sólo sea objeto de discusión, sino que también se lleve a la práctica. El hecho de no actuar contribuiría a la más grave intensificación del «conflicto Norte-Sur».
La lucha contra las «imágenes de abusos a menores» mediante una actuación comprometida, transversal y coordinada internacionalmente
Las «imágenes de abusos a menores» o la «pornografía infantil» no son simplemente imágene Son manifestaciones de una serie de delitos que van desde la prostitución, la corrupción o el tráfico de menores de 18 años con fines sexuales, hasta la distribución, la recopilación y la consulta de imágenes del abuso cometido, sobre las diversas formas de abuso sexual de niños, a veces incluso provocando su muerte.
A pesar de que la mayoría de las imágenes se pueden encontrar en el «mundo virtual», no hay que olvidar que detrás de cada imagen de abuso a menores, al menos un niño ha sido víctima de abusos sexuales en la vida re
Las imágenes de abusos sexuales a menores no son únicamente el resultado y la representación gráfica del abuso, sino que también pueden incitar a nuevos delitos y convertirse así en un «propagador» del abuso sexual y la explotación infant Por esta razón, la «simple» visualización de imágenes debería estar ya penalizada en todos los Estados miembros del Consejo de Europa.
El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote, CETS nº 201) constituye actualmente la norma más avanzada y completa en este ámbito junto con el Convenio sobre delincuencia cibernética (Convenio de Budapest, ETS nº 185). Deberán completarse en breve con la próxima Directiva de la Unión Europea contra los abusos sexuales, la explotación sexual de menores y la pornografía infant Estos textos constituyen un sólido fundamento jurídico que debe ser reforzado en ciertos aspectos, como la tipificación penal de la visión intencionada de imágenes de abuso infantil (en lo que al Convenio de Lanzarote respecta).
Muchos Estados miembros han comenzado a abordar este asunto elaborando una legislación y políticas más firme Un reforzado intercambio europeo de información y mejores prácticas debería pues contribuir a luchar con más eficacia contra las imágenes de abusos a menores. Para reflejar de manera apropiada la complejidad de esta cuestión, los conceptos de «imágenes de abusos a menores» o de «material de abuso infantil» deben sustituir a largo plazo la expresión de «pornografía infantil» en todos los documentos jurídicos y debates políticos.
Por lo tanto, instamos a los partidos miembros del PPE a:
6.1. En lo referente al Convenio de Lanzarote y el Convenio de Budapest:
6.1.1. Promover la ratificación de dichos Convenios lo antes posible si aún no se ha hecho y animar a los Estados miembros de la Unión Europea a aplicarlos de forma coordinada respecto a la próxima Directiva de la UE en esta materia.
6.1.2. Reforzar su legislación nacional pertinente mediante la creación de una firme base jurídica para la intervención de los organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes con arreglo a los procedimientos, que sean transparentes y plenamente respetuosos con los principios democráticos y los derechos humanos.
6.1.3. Impulsar el fortalecimiento del Convenio de Lanzarote a través de un protocolo adicional que incluya con más detalle los delitos relacionados con las imágenes de abusos a menores.
6.2. Con respecto a las medidas políticas a adoptar:
6.2.1. Elaborar políticas nacionales integrales, incluidas en el contexto de un ordenamiento jurídico favorable al menor, que aborden la cuestión desde todos los ángulos posibles y adoptar un claro «enfoque centrado en la víctima» con el objeto de identificar a las víctimas y los delincuentes lo más rápido posible, frenar los abusos y asistir a las víctimas.
6.2.2. Crear mecanismos eficaces destinados a interrumpir la distribución online comercial y no comercial de imágenes de abusos a niños, otorgando prioridad a la rápida retirada de contenido ilegal cuando sea posible.
6.2.3. Entablar un diálogo con el sector privado para que asuma la responsabilidad de notificación inmediata de imágenes de abusos infantiles y coopere con los organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de las leyes.
6.2.4. Por un lado, fomentar más intercambios sistemáticos de información a escala europea e internacional y, por otro, seguir investigando sobre las imágenes de abusos a menores y los delitos afines.
Por los derechos humanos de los reclusos en los Estados miembros del Consejo de Europa
Nos sentimos preocupados por los frecuentes informes difundidos en los medios de comunicación de muchos de los Estados miembros del Consejo de Europa relativos a las malas condiciones que padecen las personas encarceladas. Queremos reconocer la urgente necesidad de dar respuesta a este asunto por medio de un informe analítico de carácter exhaustivo, que podría servir para formular recomendaciones destinadas a proteger los derechos de los presos y fomentar el intercambio de buenas prácticas en los Estados miembros.
Los últimos informes publicados por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura hacen hincapié en el aumento excesivo del número de reclusos en las cárceles, la creciente presencia de jóvenes presos extranjeros y reclusos muy jóvenes, el notable incremento del número de presos en espera de sentencia final y el aumento de suicidios entre las personas encarceladas. Al amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 5), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 7), del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (Serie de Tratados Europeos núm.126), de la Convención Europea de Derechos Humanos (artículo 3) y de varias Resoluciones adoptadas por la Asamblea Parlamentaria durante los últimos años que no han sido aplicadas en su integridad, debemos considerar, con carácter de urgencia, la conveniencia de volver a debatir la idea de adoptar una Carta Europea de las Prisiones [Doc. 10097 (2004)]. Pedimos al PPE que dé respuesta a la cuestión de si existen condiciones mínimas para garantizar que la sentencia se convierte de conformidad con el Derecho europeo, en un medio de salvación personal y si las prisiones y los centros de reclusión alternativos promueven la reintegración de los presos en la sociedad.
JUSTICIA PARA EL CRECIMIENTO:
IMPULSAR LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE JUSTICIA PARA APOYAR PLENAMENTE EL CRECIMIENTO Y LA ESTABILIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA
Desde siempre, el Partido Popular Europeo ha fomentado políticas de la Unión Europea que contribuyan sustancialmente al crecimiento y a la creación de empleo en un mercado interior eficiente. En vista de la actual crisis financiera y económica, debemos garantizar la movilización de todas las políticas de la UE a fin de apoyar plenamente el crecimiento y la estabilidad, y que los instrumentos jurídicos de la UE, así como las políticas nacionales, puedan desempeñar un papel importante en el cumplimiento de este objetivo.
Los ordenamientos judiciales eficaces de todos los Estados miembros de la UE y un marco reglamentario firmemente sustentado en el Estado de Derecho pueden contribuir sustancialmente a crear un entorno favorable para los inversores y una seguridad jurídica para las empresas y los consumidores. A su vez, sienta los pilares estructurales básicos para el necesario crecimiento económico sostenible. Las medidas adoptadas en el ámbito nacional y de la UE orientadas a consolidar un marco jurídico firme y seguro constituyen, por tanto, un aspecto central de las reformas estructurales que se están llevando a cabo actualmente en todos los Estados miembros de la Unión.
2. El PPE insta a la creación de ordenamientos judiciales eficientes en todos los Estados miembros de la UE
El crecimiento económico, la eficiencia institucional y el Estado de Derecho están directamente relacionados. El PPE considera que tribunales independientes y eficaces que ejerzan e impongan la justicia con rapidez y de un modo fiable son factores clave para aumentar la confianza de las empresas y los ciudadanos y para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, incluidos los procedimeintos justos y los derechos de propiedad. Los ordenamientos judiciales disfuncionales suponen un obstáculo importante para los negocios, ya que afectan a la seguridad de los derechos de propiedad y a la confianza. Los gravosos y confusos procedimientos jurídicos, que implican largos retrasos en el ordenamiento judicial, afectan gravemente a la ejecución eficaz de todas las actividades económicas, ya que añaden inseguridad jurídica y costes adicionales a la aplicación de la legislación y los contratos. Asimismo, los pagos atrasados y el tiempo necesario para obtener una resolución del sistema judicial ponen límites a las finanzas y aumentan la inseguridad de las empresas. Esto tiene como resultado que los largos retrasos propician insolvencias y quiebras e incrementan el desempleo, además de influir en el crédito y los tipos de interés para las empresas, en la recaudación de impuestos, en los conflictos laborales, etc. Las pequeñas y medianas empresas, que, según el PPE, deben ser el centro de todas las políticas económicas, son especialmente vulnerables.
Las medias adoptadas en el ámbito nacional, orientadas a aumentar la eficiencia de los ordenamientos judiciales y reducir los retrasos, fomentan un marco empresarial más favorable a la inversión. El trabajo en curso en los países del programa (Irlanda, Portugal y Grecia) y las reformas generales en los demás países de la UE muestran lo mucho que una justicia rápida y eficiente puede contribuir al crecimiento; por ejemplo, propiciando seguridad y confianza en torno a la protección de las inversiones.
En el ámbito de la UE, las políticas de justicia orientadas al crecimiento ayudarán a las economías europeas a generar más transacciones comerciales y empleo, a la vez que se reducirán los trámites administrativos. Asimismo, en el campo de la justicia, Europa debe ahora aumentar al máximo las oportunidades de crecimiento que ofrece su mercado interior. Concretamente, el Mercado Único Digital ofrece potencial de crecimiento a las empresas y simplifica las operaciones comerciales transfronterizas. Una vez consolidado, el Mercado Único Digital plenamente operativo podría incrementar el PIB de la UE en 110.000 millones de euros al año y conseguir importantes ganancias de bienestar para los consumidores europeos de la región valoradas en unos 204.000 millones de euros. Sin embargo, los consumidores y las empresas siguen comprando y vendiendo en lugares próximos a su lugar de origen. Les frena la falta de confianza, surgida a menudo de las divergencias reales o percibidas en las legislaciones nacionales, especialmente en lo que se refiere a las operaciones comerciales transfronterizas o a las transacciones a través de internet. Creemos que las propuestas realizadas en materia de justicia contribuirán de manera decisiva a completar el Mercado Único y a ofrecer la seguridad jurídica necesaria para que empresas y ciudadanos realicen operaciones comerciales transfronterizas. La Comisión Europea, los Ministros de Justicia de los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo deben, asimismo, hacer más hincapié en las medidas orientadas a aumentar el crecimiento en el ámbito de la justicia.
3. La reducción de los trámites administrativos en los procedimientos judiciales civiles y mercantiles
a. El acceso fácil a la justicia
Para conseguir que el Mercado Único funcione correctamente, es preciso que los consumidores y las empresas puedan acceder fácilmente a la justicia. En Europa, el acceso a los tribunales debe ser previsible y transparente. Con objeto de consolidar la confianza en los ordenamientos judiciales, garantizar una cooperación positiva entre los tribunales de los Estados miembros y la libre circulación de las resoluciones judiciales en la UE, es necesario agilizar y simplificar el reconocimiento y la aplicación transfronterizos de las resoluciones en los procedimientos judiciales civiles y mercantiles.
b. El procedimiento judicial aplicable a las demandas de poca cuantía
Una mejor ejecución de las demandas mercantiles puede ayudar sustancialmente a mejorar el marco empresarial. La supresión de trámites innecesarios en la ejecución de las resoluciones judiciales relativas a litigios transfronterizos puede reducir los trámites administrativos y los costes. Para hacer cumplir estos objetivos, se han adoptado una serie de medidas prácticas en forma de procedimientos europeos para demandas de poca cuantía y órdenes de pago.
El PPE insta a las instituciones de la UE y a las autoridades nacionales a que intensifiquen sus acciones para conseguir que el procedimiento judicial aplicable a las demandas de poca cuantía (en vigor desde 2009 para cantidades inferiores a 2.000 euros) sea más ampliamente conocido y utilizado. La Comisión de la UE debe, además, analizar con carácter prioritario si este procedimiento aplicable a las pequeñas demandas debe o no extenderse a demandas que oscilan entre 2.000 y 10.000 euros.
El reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales transfronterizas de forma rápida y sencilla
En un mercado interior operativo, una sentencia sobre asuntos civiles y mercantiles dictada por un tribunal de un Estado miembro de la UE debe ser reconocida y ejecutada de forma rápida y sencilla en los demás Estados miembros de la Unión. Es por ello, que el PPE ha solicitado la supresión del costoso y anticuado procedimiento de exequátur en asuntos civiles y mercantiles durante mucho tiempo. Un exequátur supone, de media, un coste de 2.000 euros a una empresa o persona física en una causa judicial sencilla, y casi 13.000 euros en causas complejas. El exequátur también implica la molestia innecesaria de someterse a procedimientos intermedios que, en ocasiones, pueden tardar hasta doce meses. Ya es hora que las instituciones de la UE den por concluida la reforma del Reglamento de Bruselas I, cuyo propósito es simplificar el marco legal y reducir el coste de las transacciones transfronterizas. Ello acercará el marco jurídico de la UE al del mercado interior de Estados Unidos, donde todas las sentencias dictadas por los tribunales en un Estado tienen, automáticamente, plena fe y acreditación en todo el territorio estadounidense.
d. La orden europea de retención de cuentas
La nueva normativa en materia de cobro transfronterizo de deudas ayudaría a las empresas europeas a recuperar el 63% de las deudas transfronterizas no cobradas. El hecho de ofrecer a los acreedores más seguridad en cuanto al cobro de sus deudas aumentará la confianza en el comercio dentro del Mercado Único de la UE, especialmente en momentos de incertidumbre económica. Por ello, el PPE exhorta a las instituciones de la UE a que se pongan de acuerdo cuanto antes sobre la creación de una orden europea de retención de cuentas sencilla, que proteja eficazmente los intereses de los acreedores en todo el mercado interior y que, a su vez, ofrezca protección adecuada a los deudores. La aplicación de esta orden facilitaría el cobro de hasta 600 millones de euros de deuda comercial transfronteriza al año.
e. Los procedimientos judiciales inteligentes en materia de quiebra
Los procedimientos judiciales inteligentes en materia de quiebra podrían ser imprescindibles para garantizar la protección y supervivencia de algunas empresas y defender los puestos de trabajo, ya que en lugar de liquidarse, tendrían acceso a fondos para subsistir. Modernizar el Reglamento en materia de quiebra de la UE a fin de reforzar el mercado interior propiciará un régimen de quiebra o concurso de acreedores moderno y favorable al crecimiento en toda Europa. El PPE insta a la Comisión Europea a que presente cuanto antes propuestas para simplificar la normativa sobre el reconocimiento transfronterizo de quiebras, que empiece a trabajar en la elaboración de propuestas para adecuar y modernizar la normativa nacional en materia de quiebra, basándose en un sistema en el que los acreedores están adecuadamente protegidos y en que las empresas legítimas puedan tener una «segunda oportunidad» real, y que fomente el espíritu emprendedor de los europeos.
4. Las reformas de la legislación de la UE en materia de protección de datos para fomentar el Mercado Unico Digital
Unas normas europeas modernas sobre protección de datos podrían incentivar vigorosamente el desarrollo de la economía digital en todo el Mercado Único de la UE. Simplificar el marco jurídico por medio de una única reglamentación reducirá las cargas administrativas de las empresas y eliminará las barreras de acceso al mercado, en especial para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. En lugar de tener que lidiar con un mosaico de 27 normativas diferentes y, a menudo, contradictorias, que se interponen en el camino de las empresas europeas que desean realizar operaciones transfronterizas, una legislación modernizada y uniforme sobre protección de datos eliminará las barreras de acceso al mercado y permitirá ahorrar alrededor de 2.300 millones de euros anuales en trámites administrativos.
Al mismo tiempo, el reforzamiento de los derechos a favor del particular podría dar respuesta a las inquietudes de los consumidores en materia de protección de datos personales a la hora de comprar por internet, así como aumentar la confianza en la adquisición de productos en el entorno digital. Actualmente, el 70% de los ciudadanos europeos se muestra preocupado por el modo en que las empresas tratan sus datos personales. Al aumentar la confianza del consumidor en internet, se incentivan las compras online y se da un nuevo impulso al Mercado Único Digital. Por consiguiente, el PPE exhorta a las instituciones de la UE a que aceleren la reforma de la normativa de la UE en materia de protección de datos.
5. Una normativa común en materia de compraventa para incentivar el comercio transfronterizo a través de internet
Mientras que las empresas intentan recuperarse de la crisis económica, las acciones específicas de la UE deben orientarse a que la realización de compraventas transfronterizas en el Mercado Único sea más sencilla y económica, principalmente eliminando las barreras al comercio. Por ello, hace ya varios años que el PPE respalda la adopción de una normativa común europea en materia de compraventa opcional que impulse el comercio y aumente la confianza de los consumidores en la adquisición transfronteriza de bienes, sin por ello afectar a las tradiciones jurídicas nacionales. En la actualidad, existen distintas normas de Derecho contractual a escala nacional y distintas normas obligatorias nacionales en materia de protección del consumidor. Los comerciantes que deseen hacer uso del mercado interior han de adaptar sus contratos a 27 legislaciones nacionales, lo cual les impiden beneficiarse de las economías de escala. Actualmente, sólo el 6% de las compras que se realizan por internet implican transacciones transfronterizas en la UE; a menudo, los comerciantes no ofrecen sus productos a otros Estados miembros debido a las diferencias en las normas contractuales.
En este contexto, el PPE aplaude que la actual Comisión Europea haya propuesto finalmente un instrumento opcional en forma de Reglamento sobre una normativa común en materia de compraventa europea. Un instrumento opcional tiene la ventaja de conciliar tres importantes objetivos políticos sectoriales, todos muy relevantes para el PPE:
– El objetivo del Mercado Único como instrumento opcional permitiría a los comerciantes ofrecer productos a todos los Estados miembros en virtud de un solo régimen de Derecho contractual.
– La libertad contractual como laaplicación delas normas del instrumento opcional siempre depende de la elección de los comerciantes y los consumidores.
– El principio de subsidiariedad como instrumento opcional no interfiere en las distintas tradiciones jurídicas de los Estados miembros, sino que deja intactos los códigos civiles nacionales y la normativa en materia de Derecho contractual.
Europa busca nuevas oportunidades de crecimiento, por lo que la propuesta de la Comisión Europea es especialmente oportuna. Se ha demostrado que el comercio bilateral entre países cuyo ordenamiento judicial se basa en un origen común (como el Derecho consuetudinario inglés o la tradición jurídica nórdica), es un 40% superior al comercio entre dos países sin esta similitud. Cabría esperar que un régimen de Derecho contractual europeo común opcional tuviera el mismo efecto en el comercio y el crecimiento en toda Europa. En la actualidad, sólo el 7% de los consumidores europeos compra a través de internet desde otro Estado miembro, y solamente un 9,3% de las empresas vende a través de las fronteras de la UE. Aquellas empresas que deseen realizar transacciones transfronterizas deberán adaptarse hasta a 26 Derechos contractuales nacionales diferentes, traducirlos y contratar abogados con un coste medio adicional de 10.000 euros para cada mercado de exportación adicional. Los comerciantes europeos renuncian a 26.000 millones de euros en transacciones transfronterizas cada año, a causa de las barreras disuasorias del Derecho contractual.
Debemos seguir eliminando barreras en favor de las empresas y aumentar al máximo las opciones de los consumidores. Esto es aún más importante en la actualidad, ya que nos enfrentamos al reto de impulsar el crecimiento y crear empleo. Por ello, el PPE insta a todas las instituciones de la UE a que trabajen en esta propuesta a tiempo y de manera efectiva. Deben centrarse en garantizar que las normas opcionales sean sencillas y se elaboren de una manera fácil y clara, que suscite el interés inmediato de los profesionales.
Por primera vez, la Comisión Europea no ha propuesto sustituir la legislación nacional existente por la de la UE, sino poner a disposición y a elección de los comerciantes un instrumento armonizado adicional, lo cual le convierte en un elemento decisivo en la elaboración del Derecho europeo. Este instrumento ofrece una muy buena oportunidad en lo que respecta al desarrollo del marco de la justicia en Europa, algo que supone una contribución fundamental a la defensa de la libre circulación. Asimismo, el funcionamiento del mercado interior y el crecimiento de la economía digital, a la vez que se respetan los distintos ordenamientos y tradiciones jurídicos de los Estados miembros, así como el principio de subsidiariedad, también se beneficiarán del instrumento propuesto. Por lo tanto, se exhorta a los Ministros de Justicia de los Estados miembros de la UE y al Parlamento Europeo a trabajar activamente en el primer instrumento opcional propuesto. El PPE vería también positivamente que el Consejo Europeo debatiese, antes del mes de julio de 2013, las experiencias prácticas vividas con este primer instrumento opcional. Asimismo, debe considerarse la posibilidad de celebrar un debate más general sobre el valor añadido de los instrumentos opcionales en la elaboración del Derecho de la UE en áreas más específicas donde exista un claro potencial de crecimiento, como el Derecho contractual en materia de seguros.
6. La lucha contra las acciones empresariales ilícitas
Las empresas actúan en entornos con numerosas normas que garantizan una actividad equilibrada. Es necesario exigir el cumplimiento de dichas normas para establecer un marco inversionista y empresarial seguro y fiable. Sin embargo, aquéllas no deberían ser objeto de la amenaza constante de numerosas y confusas disposiciones, lo que podría derivar en una mayor necesidad de asumir el riesgo de la actividad económica. Al mismo tiempo, ha de reflexionarse sobre la necesidad de reconocer las prohibiciones transfronterizas a la hora de desempeñar una actividad económica allí donde lo decidan los tribunales. De lo contrario, la actividad del mercado interior se verá perjudicada por las empresas infractoras.
7. La protección del dinero de los contribuyentes europeos
El PPE considera que el presupuesto de la UE debe seguir reorientándose a inversiones en iniciativas que fomenten el crecimiento. Con objeto de garantizar que el valor añadido de cada euro del presupuesto de la UE se eleve al máximo, es necesario combatir el fraude en detrimento del presupuesto de la UE con la misma determinación en todos los Estados miembros. Ello exige sancionar el fraude al presupuesto de la UE en todos los Estados miembros con medidas penales disuasorias similares. Una mejor coordinación entre las autoridades nacionales y los organismos de la UE, incluida la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) y Eurojust, haría más eficaz la lucha común contra los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE. Por otro lado, el establecimiento de una Fiscalía Europea en consonancia con los objetivos del Tratado de Lisboa garantizará que dichos delitos sean enjuiciados eficazmente en todo el continente. El PPE insta a la Comisión Europea a que se haga finalmente uso de la disposición pertinente del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 86) para establecer, a tenor del reforzamiento de Eurojust, una Fiscalía Europea consagrada a esta importante labor. En tiempos de consolidación fiscal, es más importante que nunca evitar que caiga un solo euro del presupuesto de la UE en manos de delincuentes.
Résolucion aprobada por el Congreso del PPE de Bucarest (Rumanía) del 17 al 18 de octubre de 2012
LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA
La seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea constituye una prioridad fundamental para el Partido Popular Europeo. Casi ningún otro asunto político refleja con mayor claridad la diferencia entre el PPE y el resto de movimientos políticos. Según la encuesta del Eurobarómetro de noviembre de 2011, los principales retos para la seguridad europea son la crisis económica y financiera (34%), seguida del terrorismo (33%) y la delincuencia organizada (21%). La seguridad y la estabilidad son, por tanto, de la máxima importancia para los ciudadanos europeos. El objetivo del PPE es proteger la integridad física, económica, social y medioambiental (medioambiental en el sentido más amplio) de los ciudadanos europeos. Para nuestra familia política no hay libertad sin seguridad y la seguridad es una condición previa fundamental para la libertad. Los ciudadanos europeos únicamente pueden ser libres y vivir sus respectivas vidas en paz si no se ven amenazados por el temor a ataques terroristas y a la peligrosa delincuencia organizada, incluida la corrupción, los delitos por motivos religiosos, la radicalización y el extremismo, así como la delincuencia económica. A este respecto, los delitos penales de menor gravedad, en particular los cometidos repetidamente en cifras elevadas, también tienen un impacto considerable y debilitan la sensación de seguridad de los ciudadanos. Sólo es posible garantizar la seguridad de los ciudadanos de la UE si se respetan plenamente los derechos fundamentales, la primacía del Derecho, el principio de subsidiariedad y las normas relativas a la protección de datos y privacidad.
2. La delincuencia organizada, la corrupción, la falsificación y el blanqueo de capitales
En el ámbito de la libertad de circulación de las personas, es de vital importancia garantizar un alto grado de apoyo y protección a las víctimas de la delincuencia. En principio, un ciudadano comunitario que sea víctima de un delito debe recibir siempre el mismo apoyo y protección, con independencia del lugar de la Unión en que se encuentre. Algunos ciudadanos son víctimas de ciertos tipos de delitos muy graves como el tráfico de seres humanos, contra el que debemos actuar con suma firmeza. Todos los aspectos relativos a la Justicia y Asuntos de Interior están involucrados, ya que como actividad económica ilegal, el tráfico de seres humanos es una de las fuentes principales de ingresos de la delincuencia organizada, como delito contra la dignidad humana, es una grave violación de los derechos humanos fundamentales que la Unión no puede tolerar, y como actividad transfronteriza ilegal, es un importante área de cooperación en la UE y de acuerdos de asociación entre la Unión Europea y terceros países. Además, es de tal naturaleza y complejidad que, si se quiere abordar de forma eficaz, es preciso adoptar gran número de medidas políticas de carácter sectorial, además de las medidas en Justicia e Interior. La Directiva comunitaria sobre el tráfico de seres humanos de 2011 y la estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016), adoptada este año por la Comisión Europea, constituyen una base adecuada para luchar contra el tráfico de seres humanos.
Igualmente, proteger a nuestros hijos y salvaguardar los derechos de la infancia debe ser una preocupación fundamental para la Unión. El abuso sexual y la pornografía infantiles en internet constituyen una lacra para nuestra sociedad que debemos combatir con eficacia. En época de crisis económica y financiera, la prevención y la lucha contra la grave delincuencia organizada, especialmente la corrupción y el blanqueo de dinero, tienen una prioridad aún mayor en la Unión Europea, ya que socavan el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, la buena gobernanza y pueden provocar el uso indebido de los recursos de la UE; perjudican al sector privado y distorsionan el mercado interior de la Unión. Éstas son las líneas generales destacadas en las conclusiones del Consejo Europeo al fijar las prioridades de la UE para la lucha contra la delincuencia organizada entre 2011 y 2013 (ciclo de políticas de la UE). Por consiguiente, la salvaguarda de la economía lícita y la seguridad de los ciudadanos figuran entre las prioridades del PPE. Por ello, mantenemos un firme compromiso con la promoción del cumplimiento de la legislación y la cooperación judicial entre los Estados miembros y con terceros países a fin de buscar herramientas legislativas y operativas comunes para abordar con eficacia los fenómenos delictivos. Es necesario aumentar la confianza entre los Estados miembros de la Unión mediante un mayor intercambio de mejores prácticas.
La delincuencia no debe ser rentable, por lo que resulta esencial que los Estados miembros cooperen en la lucha contra la delincuencia organizada y encubierta, y pongan freno a los ingresos delictivos por medio de la identificación. No se tolerará la delincuencia que genere delincuencia y ésta deberá ser reducida al mínimo. Por otro lado, el blanqueo de capitales, el fraude relacionado con cuentas bancarias y tarjetas de crédito y otras formas de delincuencia financiera organizada tienen un denominador común, a saber, están organizados a escala europea y poseen un aspecto transnacional. Por ello, creemos que es necesario buscar las respuestas en el ámbito europeo.
La falsificación, la violación de los derechos de propiedad intelectual y la piratería de productos han aumentado considerablemente, poniendo en peligro la salud y la seguridad de los ciudadanos y consumidores europeos. Lo mismo sucede con la lucha contra las drogas, de las que las organizaciones delictivas obtienen unos beneficios anuales cercanos a los 230.000 millones de euros. Considerando el carácter altamente rentable de los delitos relacionados con la droga y que tienen importantes consecuencias y cuentan con redes delictivas no sólo locales sino también internacionales, es sumamente importante centrar la atención conjunta y dirigir las actividades nacionales hacia la identificación de organizaciones y grupos delictivos estructurados. La cooperación internacional y las acciones comunes son las claves para lograrlo. El PPE mantiene estrechos vínculos con la Comisión especial del Parlamento Europeo sobre delincuencia organizada, cuyo objetivo es formular recomendaciones sobre cómo luchar con más eficacia contra el crimen organizado en la UE. Algunos instrumentos legislativos, como la Directiva contra el blanqueo de capitales, ya han sido concluidos con éxito. Con el objeto de reforzar el conjunto de instrumentos disponibles de la UE en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, el PPE seguirá desempeñando un destacado papel de apoyo a la propuesta recientemente presentada sobre confiscación y recuperación de bienes embargados y respaldará las propuestas relativas al conjunto de medidas anticorrupción presentadas por la Comisión Europea en 2011. Las medidas nacionales y europeas adoptadas deben incluir la prevención del delito y la observancia de la legislación vigente, dado que la delincuencia organizada precisa un enfoque multidisciplinar que permita prevenirla y contrarrestarla.
La creciente ampliación de fronteras de la Unión Europea, espacio en el que las personas, las ideas, la tecnología y los recursos circulan libremente, hace imprescindible una acción europea colectiva para luchar contra el terrorismo. La Unión Europa se ha comprometido a luchar contra el terrorismo y a brindar una mejor seguridad y protección a sus ciudadanos. La buena cooperación entre los Estados miembros de la Unión, fortalecida por la aplicación de documentos estratégicos como la estrategia antiterrorista de la UE y su plan de acción, ha desempeñado un papel fundamental en la prevención de varios ataques terroristas. Sin embargo, las actividades terroristas, como los intentos de atentados en vuelos transatlánticos (p. ej., en los Países Bajos y Francia), los ataques y tentativas de ataques contra instalaciones y ciudadanos estadounidenses en el territorio de la Unión Europea involucrando a civiles europeos (p. ej., en Alemania), los asesinatos de ciudadanos comunitarios y no comunitarios por parte de islamistas violentos (p. ej., en Francia y Bulgaria), las amenazas contra la libertad de opinión y libertad de expresión (p. ej., en Dinamarca y Alemania), el terrorismo provocado por partidos de extrema derecha (p. ej., en Alemania y también en Noruega) y algunas otras actividades adicionales son una trágica realidad en Europa.
El terrorismo representa una grave amenaza para nuestra seguridad, los valores de nuestras sociedades democráticas y los derechos y libertades de los ciudadanos europeos. El terrorismo es, por lo tanto, una actividad delictiva e injustificable en todas las circunstancias. Los acuerdos SWIFT y PNR (Registro de nombres de pasajeros) con Estados Unidos, el acuerdo PNR con Australia, las negociaciones en curso con Canadá sobre un acuerdo PNR y con Estados Unidos sobre un acuerdo marco de protección de datos, ponen de manifiesto el compromiso del PPE para luchar contra el terrorismo internacional a la vez que garantiza un alto grado de protección de los datos de los ciudadanos de la UE. El PPE hará todo lo posible por lograr una Directiva equilibrada sobre el uso de datos del Registro PNR para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas y delincuencia grave. Además, la UE debe seguir dando prioridad a aquellas actividades que prevengan la aparición del terrorismo.
4. La seguridad de las fronteras de la UE y la gestión fronteriza
Actualmente viven 400 millones de personas en el espacio Schengen, compuesto por 22 Estados miembros de la UE junto con Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein. El PPE considera que la libre circulación de personas en la UE, ya sean trabajadores asalariados, autónomos, estudiantes u otros ciudadanos europeos, contemplada en los artículos 20 y 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales, constituye uno de los principales logros de la integración europea según el cual es necesario preservar y reforzar en beneficio de los ciudadanos de la UE. Nuestras medidas para proteger a los ciudadanos de la UE no sólo se limitan a luchar contra la delincuencia transfronteriza. El PPE está firmemente comprometido con otros aspectos de la seguridad, como la protección de las fronteras exteriores. Nuestro partido fue quien luchó por una mejor gobernanza del espacio Schengen y la creación y las consiguientes disposiciones presupuestarias de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa de las Fronteras Exteriores (Frontex) y otras instancias de seguridad afines de la UE. El espacio Schengen debe basarse en la confianza mutua entre todos los Estados miembros y el principio de libre circulación y cooperación en la seguridad de las fronteras exteriores. Solamente puede hacerse efectivo si todos los Estados miembros asumen sus responsabilidades íntegramente.
Habida cuenta de la complejidad del cometido y los retos de los Estados miembros en el ámbito de la gestión fronteriza y la lucha contra la delincuencia transnacional, el PPE insta a la Comisión Europea a presentar con celeridad propuestas para la creación del sistema de entrada y salida de la UE y del programa de viajeros registrados. Al tomar en consideración que más de la mitad de los inmigrantes ilegales llega a la Unión con el fin de quedarse, la plena aplicación del sistema de entrada y salida de la UE, junto con un uso más eficaz de las nuevas tecnologías en los controles fronterizos automatizados, supondrían importantes medidas para aumentar la seguridad y la protección de la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar unos controles fronterizos más rápidos y cómodos para los viajeros de buena fe. Los sistemas que ya están en uso deben tener en cuenta también la experiencia, las prácticas y los sistemas ya utilizados en los diferentes Estados miembros. La seguridad interna de los ciudadanos en este contexto queda garantizada con los mecanismos específicos que permiten a las autoridades controlar e intervenir en caso de posibles amenazas en el espacio Schengen. La futura gobernanza de Schengen es una de nuestras principales prioridades. Conseguir el equilibrio adecuado entre un espacio sin controles fronterizos así como los pertinentes controles y contrapesos nacionales y europeos representan el único camino viable para garantizar la continuidad del éxito de Schengen en los próximos años. El PPE seguirá tratando de alcanzar estos objetivos respetando plenamente la soberanía nacional de los Estados miembros y asegurando que el sistema se arraigue firmemente en el método comunitario con todos los vínculos necesarios a las instituciones de la Unión Europea. Además, instamos a la Comisión Europea a seguir buscando opciones políticas que puedan reforzar el espacio Schengen.
El PPE exige que se fortalezcan las herramientas existentes destinadas a ayudar a los Estados miembros en la protección de sus fronteras exteriores e instamos a que se potencien las capacidades operativas de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa de las Fronteras Exteriores (Frontex).
5. La cooperación policial y judicial: Europol y Eurojust
La cooperación policial, judicial y aduanera tiene por objeto garantizar un alto grado de seguridad a los ciudadanos de la UE. La orden europea de búsqueda y captura ha sido una de las herramientas más eficaces en la lucha contra la delincuencia y el fortalecimiento de la cooperación judicial. Los ciudadanos de europeos deben tener garantías suficientes para que la desarticulación efectiva de las redes delictivas se vea complementada por la coordinación de enjuiciamientos criminales justos y eficaces. La confianza mutua entre las administraciones judiciales constituye una prioridad. Los Estados miembros de la UE aún deben ratificar y aplicar algunos instrumentos para la cooperación judicial y policial. El PPE está trabajando con ahínco en el establecimiento de una orden europea de investigación que solvente las dificultades actuales a la hora de obtener información y pruebas en causas judiciales transfronterizas.
Los acuerdos de extradición de la UE con terceros países y los convenios de asistencia jurídica mutua ponen de manifiesto el compromiso del PPE de luchar contra la delincuencia organizada en todo el mundo. Siempre hemos sido partidarios de poner en práctica la estrategia de seguridad interior de la UE. La Unión debe estar preparada para responder ante la aparición y el desarrollo de amenazas. Es preciso que las organizaciones comunitarias realicen evaluaciones periódicas de riesgos y amenazas; éste es el motivo por el que el PPE apoya a las tan necesarias agencias como Europol, Eurojust, Frontex y el Centro de Inteligencia (IntCen), cuya labor aporta valor añadido a las autoridades policiales y judiciales del mismo modo que la observancia de las legislaciones nacionales. El PPE considera que Europol constituye un instrumento muy importante en la prevención y la lucha contra la delincuencia grave organizada. Por ello, apoyamos firmemente la mejora de su eficacia, eficiencia operativa y de su responsabilidad.
El PPE piensa que debe reforzarse la obligación de los Estados miembros de proporcionar de modo proactivo la información e inteligencia correspondiente a las competencias de Europol. Asimismo, se deben potenciar las capacidades operativas de Eurojust mediante el apoyo y la intensificación de la coordinación, como también de la cooperación entre los investigadores y los fiscales nacionales.
6. La protección de datos y la seguridad cibernética
a) Las reformas de la legislación europea sobre protección de datos
Los avances de los últimos veinte años muestran que la era digital ha influido en la economía en las estrategias de seguridad, en las comunicaciones, en las responsabilidades estatales y en todos los aspectos de la vida cotidiana. Independientemente del lugar en el que estemos, la tecnología nos permite crear, almacenar y enviar paquetes de datos. Las personas ya no pueden moverse sin dejar rastros digitales. El PPE sigue considerando que internet es el medio del futuro dada su rapidez, flexibilidad, carencia de limitaciones, rentabilidad y su inherente carácter internacional. Tales avances, a la vez que brindan numerosas oportunidades, plantean retos a la protección de los derechos humanos fundamentales y, especialmente, el derecho de privacidad y la protección de datos personales.
El PPE cree firmemente que la privacidad es un derecho humano fundamental e inalienable, dado que las personas necesitan un espacio íntimo de privacidad para su desarrollo individual. Además, consideramos que un moderno marco legislativo europeo en materia de protección de datos favorecerá mucho el avance de la economía digital en el Mercado Único de la UE. La simplificación del entorno jurídico mediante un conjunto único de normas reducirá las trabas administrativas a las empresas y eliminará las barreras de acceso al mercado. En vez de tener que lidiar con 27 legislaciones diferentes y a menudo contradictorias, la modernización y refundición de la legislación sobre protección de datos suprimiría los obstáculos de acceso al mercado y permitirá ahorrar cerca de 2.300 millones de euros al año en formalidades administrativas.
Al mismo tiempo, el reforzamiento de los derechos de las personas físicas puede dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos sobre la protección de los datos personales al comprar online y aumentar la confianza a la hora de adquirir productos en el mundo digital. En la actualidad, un 70% de los ciudadanos europeos está preocupado por la forma en que las empresas tratan sus datos personales. La mejora de la confianza online de los consumidores nos permitirá promover la compra a través de internet y dar un nuevo impulso al Mercado Único Digital. Por ello, el PPE exhorta a las instituciones europeas a asegurar que la reforma de la legislación sobre protección de datos de la UE por medio de un Reglamento comunitario único se adopta sin demoras injustificadas y beneficia a las PYME.
b) La seguridad cibernética
Como parte de un mundo cada vez más interconectado, los Estados, las infraestructuras de información críticas, las empresas y los ciudadanos dependen del funcionamiento fiable de internet y de las tecnologías de la información y la comunicación. Los ataques a gran escala contra los sistemas de información y otras formas de delincuencia cibernética están supeditados a la rápida evolución de la tecnología, como el aumento de la vulnerabilidad de la industria, las infraestructuras críticas, el Estado y la sociedad; la tendencia a nuevas modalidades de ataques cibernéticos, con el uso del ciberespacio por parte de los delincuentes, el espionaje cibernético, los terroristas y para fines potencialmente militares, las usurpaciones de identidad en internet y los abusos infantiles online. Las respuestas deben ser innovadoras y flexibles; por ejemplo, brindar apoyo a las investigaciones cibernéticas transfronterizas, formar a los cuerpos de seguridad y adoptar medidas legislativas. La disponibilidad del ciberespacio y la integridad, la autenticidad y la confidencialidad de los datos almacenados, se han convertido en recursos vitales del siglo XXI. Garantizar la seguridad cibernética es, por tanto, uno de los principales retos para el Estado, las empresas y la sociedad, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
El PPE considera que la resistencia de las redes y una mayor seguridad cibernética dependen de un grado adecuado de preparación y prevención. Creemos firmemente que la cooperación y el intercambio de conocimientos especializados entre los Estados miembros y entre el sector público y el privado, al igual que educar a los ciudadanos sobre los desafíos que plantea el ciberespacio, son dos de los aspectos que más contribuyen al aumento de la seguridad cibernética. Por ello, instamos a la adopción de una completa estrategia cibernética europea que incluya medidas reglamentarias y no reglamentarias en la que estén implicados no sólo los ciudadanos, las empresas y las autoridades nacionales, sino también instancias esenciales de la Unión como la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) y el Centro Europeo de Ciberdelincuencia.
La seguridad y delincuencia cibernéticas no son más que dos ejemplos que ilustran la interrelación existente entre la seguridad interna y la dimensión exterior de la UE. Por ello, es necesario seguir integrando la dimensión exterior de las políticas de la Unión relativas a la libertad, la seguridad y la justicia en las políticas de justicia y asuntos de interior de la UE.
La seguridad y la libertad están estrechamente relacionadas entre sí y, de hecho, son condiciones instrumentales la una de la otra. En todos los asuntos relativos a la seguridad, el PPE hace todo lo posible por alcanzar el equilibrio adecuado entre el objetivo de defender la libertad y las medidas necesarias para lograrlo. El futuro Fondo para la Seguridad Interior debe contribuir también a este respecto. La visión de futuro del PPE se basa en respetar el principio de subsidiariedad a la vez que se reconoce la necesidad de adoptar más medidas que mejoren la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea. A este respecto, es imprescindible para el PPE que se discutan los posibles aspectos de una armonización mínima de las legislaciones penales en el marco del Tratado de Lisboa. En este sentido, el PPE es la fuerza impulsora de la protección de la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea.
Resolución aprobada por el Congreso del PPE de Bucarest (Rumanía) del 17 al 18 de septiembre de 2012
La libertad religiosa en el mundo actual
El Partido Popular Europeo,
– Reconociendo la importancia de la libertad de pensamiento, conciencia, fe y religión;
– Recordando que Europa ha aprendido el valor de esta libertad muy arduamente y que se han perdido millones de vidas humanas en conflictos causados por la intolerancia religiosa;
– Observando que la grave experiencia histórica del nazismo y del comunismo puso de manifiesto a todo el mundo que la libertad de conciencia, fe y religión es inseparable de la dignidad humana y constituye el auténtico pilar de la democracia;
– Reconociendo la fragilidad de la libertad de religión;
– Reafirmando su empeño y liderazgo en la lucha mundial por la libertad religiosa, ya que no existe ninguna razón que permita perdonar el asesinato, la tortura u otro tipo de persecución de personas inocentes, ni tampoco que permita perdonar nuestro mudo consentimiento.
Condena firmemente todos los actos de violencia derivados de la intolerancia religiosa contra miembros de comunidades religio
Hace hincapié, una vez más, que el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, fe y religión constituye un derecho humano fundamental y constata que las violaciones del derecho de libertad religiosa casi siempre van acompañadas de la violación de otros derechos humanos y libertades fundamentale
Muestra su inquietud por la seguridad de los cristianos en algunos países, en especial debido a que su seguridad ha empeorado durante los últimos año
Considera que el creciente éxodo de cristianos de algunos países, especialmente en Oriente Medio, es un hecho muy grave, por lo que insta a los gobiernos a adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger a dichas personas y familias contra la violencia del mismo modo que facilite el establecimiento de una sociedad tolerante.
Reconoce que los problemas derivados de la intolerancia y la discriminación religiosas están presentes no sólo fuera de Europ Durante los últimos años se ha producido un número cada vez mayor de actos inaceptables, como la ridiculización, la obscenidad asociada a personas sagradas y símbolos cristianos, el hecho de que profesores y padres hayan tenido problemas por mostrar su desacuerdo con una ética sexual definida por el Estado, el vandalismo (sobre todo, contra lugares de culto y cementerios), el insulto, la difamación y los estereotipos negativos. Además, aunque la objeción de conciencia es un principio aceptado e incluso consagrado en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, se han producido manifestaciones en la vida diaria que prueban que este principio no se observa o que incluso se deniega.
Observa que la igualdad ante la Ley entre la religión dominante, las iglesias minoritarias y las asociaciones de no creyentes no está siendo respetada del todo en muchos países del mundo.
Expresa su firme convicción que la libertad de pensamiento, conciencia, fe y religión se protege de mejor manera cuando se fijan los límites constitucionales necesarios para garantizar la tolerancia y el respeto mutuo entre todos los grupos religiosos; no obstante, subraya que dichos diálogos requieren la existencia de un gobierno democrático y una clara separación de poderes.
Pone énfasis en la importancia del diálogo político a la hora de promover la libertad religiosa y la libertad de conciencia como derechos humanos fundamentales; sin embargo, recuerda que este diálogo debe dar resultados concretos y está convencido que un mundo con espíritu dialogante será más seguro y humano.
Exhorta al Consejo Europeo, a la Comisión Europea y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión a supervisar rigurosamente los asuntos relativos a la libertad de religión, así como la situación de las comunidades religiosas, incluida la cristian
Insta a los representantes de la Unión Europea, a los representantes políticos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados democráticos del mundo y a los representantes de las regiones y comunidades locales, a incluir los asuntos relativos a la libertad de religión en el orden del día de las cuestiones a debatir en reuniones bilaterales, siempre que sea pertinente.
Exhorta a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea a aplicar medidas contra aquellos Estados que a sabiendas no protegen las vidas y los derechos de comunidades religio
Insiste en que, como norma, debe denegarse el acceso preferente a los mercados europeos a aquellos países que no sean capaces de proteger a sus minorías religiosas contra la violencia y la persecución.
Insta a la Comisión Europea a garantizar que las organizaciones no gubernamentales que luchan a favor de la libertad de religión y conciencia en países peligrosos reciban las pertinentes ayudas económicas y políticas de la Unión Europe
El Mercado Único europeo como vía para convertir a Europa en la principal economía del mundo
La Unión Europea se encuentra actualmente en un momento decisivo de su historia. El indiscutible liderazgo económico y político de Europa y las sociedades occidentales, principales potencias mundiales que generaban nuevas ideas, innovaciones, crecimiento económico y prosperidad, se ha estancado. Mientras que otras economías emergentes crecen a una velocidad sin precedentes, la Unión Europea registra un declive del crecimiento económico y un endeudamiento excesivo. Las perspectivas de la economía europea en los últimos años han sido desalentadoras y la reciente crisis ha repercutido en todos los sectores de nuestras sociedades, lo que se ha traducido en pérdidas de empleo y bienestar social. La visión de futuro de la Estrategia de Lisboa para convertir a la UE en «la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo» antes del año 2010, no ha justificado las esperanzas depositadas en ella.
No obstante, la Unión Europea sigue siendo de hecho la mayor economía mundial y posee valiosos y excepcionales recursos económicos. Como tal, se enfrenta a mayores oportunidades y a retos más importantes. Europa tiene motivos de sobra para ser optimista en este nuevo panorama mundial, pero ha de estar dispuesta para acometer cambios, reformas e innovaciones. La salida de la crisis no se producirá sin que se consoliden los presupuestos y esto no se hará sin reformas que impulsen el crecimiento. Los Estados miembros de la UE que adoptaron medidas rápidas y sólidas para reformar y reestructurar el gasto público han registrado crecimiento económico en los últimos dos años. Ha llegado el momento de materializar reformas estructurales de gran envergadura que permitan la creación de nuevos puestos de trabajo y un crecimiento sostenible. La reforma integral del Mercado Único debe ser el eje central de estas medidas. Instamos a los Estados miembros a mostrar la voluntad política de aplicar con carácter prioritario las decisiones adoptadas en la UE hasta el momento. Las reformas estructurales deben elaborarse y llevarse a la práctica en colaboración con los interlocutores sociales y con representantes de los sectores económicos y empresariales.
Ha llegado la hora de que la UE, con un 70% del PIB dependiente del sector servicios, esté a la altura de las circunstancias y afronte con decisión los obstáculos administrativos y el incumplimiento del Derecho Comunitario, especialmente en lo que respecta a la Directiva de Servicios. Al igual que ocurrió con el Acta Única Europea en 1986, que preparó el terreno para un Mercado Único más abierto y con menos normas y cargas administrativas, ahora necesitamos un firme compromiso político destinado a hacer reformas concretas que establezcan una verdadera libertad de circulación de bienes, personas, servicios y capitales en Europa. Asimismo, instamos a la reglamentación responsable de los mercados financieros. Debemos reforzar nuestros bancos y desincentivar las conductas irresponsables para que los contribuyentes no tengan que rescatar a los bancos en quiebra. La economía social de mercado precisa un marco jurídico europeo y mundial. Para aprovechar al máximo el Mercado Único, debemos informar mejor a los ciudadanos acerca de las oportunidades que se presentan en este campo, apelando a su papel como consumidores. Sólo los ciudadanos mejor informados podrán contribuir al logro de un Mercado Único completamente operativo. Declaramos, por lo tanto, que es necesario adoptar a la mayor brevedad las siguientes medidas en colaboración con los gobiernos nacionales y los organismos internacionales pertinentes:
Garantizar el cumplimiento de la legislación relativa al Mercado Único
Se ha calculado que los posibles beneficios económicos derivados de la aplicación de la Directiva Europea en materia de Servicios oscilan entre los 102 y los 332 mil millones de euros, que representan un crecimiento potencial de entre 0,8 y 2,6% del PIB. Sin embargo, a pesar de la fortaleza de su acervo, el potencial existente en éste y otros ámbitos del Mercado Único se ve afectado negativamente por su insuficiente aplicación, por lo que se deben adoptar medidas tanto a escala europea como nacional. Por ello, exhortamos a los Estados miembros a intensificar sus esfuerzos para asegurar que la legislación relativa al Mercado Único se transponga y aplicaque por completo, oportunamente y ambiciosamente. La adopción de medidas concretas en este ámbito también tiene una extrema importancia para la credibilidad del funcionamiento de la Unión. Los Estados miembros, cuando procedan a la transposición de directivas, deben hacerlo de manera uniforme y adoptar al mismo tiempo todas las nuevas disposiciones pertinentes para cerciorarse que la transposición refleje las soluciones alcanzadas en la UE. Asimismo, los Estados miembros deben elaborar y difundir tablas de correlación con objeto de aumentar la transparencia en el proceso de garantizar la aplicación del Derecho Comunitario.
En la UE hace falta legislar menos y mejor. A la hora de regular el Mercado Único, la Comisión Europea debe optar por reglamentos como instrumento jurídico preferente en vez de directivas, siempre que corresponda y que no sea necesaria mayor discreción al aplicar la legislación de la UE. Esto es porque los reglamentos comunitarios poseen claras ventajas en cuanto a eficacia y eficiencia, y crean a su vez igualdad de oportunidades para ciudadanos y empresas con mayor potencial para el cumplimiento privado de la normativa.
Asimismo, la Comisión debe ser más exigente al asegurar la puesta en práctica y el cumplimiento de todas las normas acordadas en los Estados miembros. Los actuales procedimientos de infracción son demasiado lentos. La Comisión debe tener la posibilidad de recurrir a «procedimientos de infracción de urgencia» para hacer cumplir el acervo del Mercado Único. Respaldamos y animamos a la Comisión Europea a hacer un uso decidido de sus competencias y aprovechar al máximo todos los mecanismos sancionadores de los que dispone. También es preciso garantizar la creación de una red de funcionarios públicos a cargo de la aplicación de toda la nueva legislación de la UE y coordinada por la Comisión, para mejorar la calidad de su puesta en práctica y asegurar la plena aplicación del Reglamento sobre el sistema de información del Mercado Interior en todos los Estados miembros. Igualmente, la Comisión debe trasladar mecanismos innovadores, como el procedimiento de evaluación mutua de la Directiva de Servicios, a nuevos ámbitos en aras de una aplicación más efectiva del Derecho Comunitario. Las instituciones deben acordar un calendario vinculante y medidas concretas para hacer cumplir la legislación sobre el Mercado Único. Felicitamos a la Comisión Europea por haber cumplido su obligación, conforme a la Directiva de Servicios, de informar sobre las medidas adoptadas para abrir los mercados de servicios. Quedamos a la espera de recomendaciones sobre la adopción de medidas adicionales destinadas a consolidar el Mercado Único en el ámbito de los servicios.
Dar un gran impulso que haga realidad la libre circulación
La plena aplicación de las normas ya adoptadas es un paso decisivo, pero no suficiente. El objetivo de Europa de convertirse en la primera economía mundial del conocimiento se ve hoy en día gravemente obstaculizado por un mercado de servicios fragmentado y la falta de ambición de los Estados miembros a la hora de poner en práctica la reglamentación correspondiente. El pleno potencial del Mercado Único de la UE sólo puede materializarse si se fomenta la libre circulación en todos los sectores y profesiones. Por lo tanto, instamos a la Comisión Europea y a los Estados miembros a suprimir las barreras a la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Al revisar medidas conformes a la Directiva de Servicios, los principios fundamentales deben centrarse en medidas que aumenten al máximo el impacto en el crecimiento económico, eliminen obstáculos, exijan el cumplimiento de las normas ya adoptadas y reduzcan costes a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Considerando que la fragmentación del régimen común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la UE en 27 regímenes nacionales de IVA constituye uno de los principales obstáculos para un comercio intracomunitario eficaz, impidiendo de este modo a los ciudadanos beneficiarse de un verdadero Mercado Único. Los diferentes sistemas de recaudación del IVA constituyen una barrera para el comercio electrónico transfronterizo y dificultan la culminación de un mercado único digital, entre otras cosas. Los ingresos en concepto de IVA deben recaudarse a escala nacional, y debe tenerse en cuenta que los tipos de IVA fijados por los Estados miembros suponen un importante instrumento presupuestario.
A este respecto, se deben considerar las siguientes medidas:
La creación por parte de los Estados miembros de ventanillas únicas eficaces que contribuyan a la reducción de los trámites administrativos relacionados con el sector empresarial.
La incorporación de un modelo lingüísticamente neutro para el logro de una factura europea.
La puesta en marcha de un portal internet sobre el IVA de la Unión Europea con la participación de los Estados miembros para asegurar que las empresas puedan acceder fácilmente a información precisa y fiable relativa a la legislación del IVA en todos los Estados miembros.
Debe facilitarse el derecho de los ciudadanos a circular y residir libremente en otro Estado miembro. La creación de una tarjeta profesional europea favorecería el aumento de la movilidad. Debemos actuar conjuntamente para promover el buen funcionamiento de los mercados laborales, que ofrecen oportunidades de trabajo y, sobre todo, fomentar una mayor participación en el mercado laboral entre los jóvenes, las personas mayores, las mujeres, los inmigrantes y sus descendientes así como los discapacitados. Debemos potenciar la movilidad laboral en favor de un mercado laboral europeo más abierto e integrado e instar a los Estados miembros a abrir a la competencia las profesiones protegidas para trabajadores y profesionales, tanto de los propios países como de otros Estados miembros. Los trabajadores salientes deben poder trasladar fácilmente sus derechos relativos a pensiones a otros Estados miembros de la UE. Es fundamental contar con un sistema sencillo y eficaz de reconocimiento de títulos que apoye la movilidad de los profesionales en toda Europa. Aplaudimos, por lo tanto, la revisión por parte de la Comisión Europea de la Directiva sobre Cualificaciones Profesionales y exhortamos a todas las instituciones a finalizar dichas negociaciones lo antes posible, tratando de reducir las trabas y las diferencias. Sin embargo, la Comisión debe dar un paso más y hacer uso de la nueva disposición del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre educación, que permita a la UE actuar con el fin de promover la creación de un sistema europeo de reconocimiento de títulos académicos e intensificar el apoyo al Proceso de Bolonia.
Hay que simplificar la reglamentación vigente y brindar a las PYMES verdaderas oportunidades de crecimiento mediante la libre comercialización de sus productos y servicios en el Mercado Único europeo. Garantizar una mayor transparencia y simplificación administrativa en relación con la libertad de establecimiento es esencial para ofrecer nuevas oportunidades a las PYMES. Debemos actuar firmemente para mejorar las oportunidades de inversión de las nuevas y pequeñas empresas innovadoras y de las de rápido crecimiento. Debemos asegurar que las PYMES puedan operar en toda Europa por medio del reconocimiento mutuo, la reducción de los trámites administrativos, la creación de una ventanilla única para el IVA y la mejora de su acceso a los servicios financieros. Es de especial interés para las PYMES que también garanticemos el establecimiento de condiciones iguales para todo el mundo sobre la aplicación efectiva del Derecho Comunitario en todos los Estados miembros. El PPE ha contribuido considerablemente a alcanzar el objetivo fijado para 2012 de reducir un 25% los trámites administrativos. Ahora exigimos un nuevo y ambicioso objetivo basado en indicadores claros que permita disminuir, antes del año 2015, los trámites burocráticos otro 25%. Debemos acordar objetivos sectoriales y aprovechar así el gran potencial de ahorro valorado en unos 40 mil millones de euros mediante la reducción de las trabas administrativas.
La creación de un Mercado Único Digital europeo es primordial para impulsar la competitividad, el crecimiento económico y crear puestos de trabajo altamente cualificados. La economía digital está en rápida expansión, pero el comercio transfronterizo sigue siendo escaso y la creatividad se ve afectada negativamente dada la compleja variedad de regímenes nacionales en materia de derechos de autor. Al eliminar las barreras para las empresas y empresarios europeos, la economía digital puede servir de punta de lanza para lograr un Mercado Único competitivo. La economía asociada a internet actúa como un importante catalizador del crecimiento económico. Debemos acelerar la difusión y adopción de banda ancha de alta velocidad y la creación de las condiciones adecuadas para tener en Europa una próspera economía de servicios basada en la informática en la nube. Hay que actuar en la Unión Europea para ofrecer a las empresas y consumidores europeos la confianza y los medios para realizar operaciones comerciales online. Para ello, es fundamental simplificar la concesión de licencias, establecer un marco jurídico eficaz para la gestión y autorización de derechos de autor, implantar un régimen paneuropeo de concesión de licencias relativas al espectro radioeléctrico y disponer de un sistema seguro y asequible de pagos online transfronterizos. Instamos a los Estados miembros a concluir con celeridad las negociaciones sobre la patente europea, como la relativa a la patente comunitaria europea. Al vincular la agenda digital con el desarrollo del comercio electrónico y de nuevos servicios en internet, como la sanidad, el comercio, la banca y el aprendizaje, la infraestructura digital puede constituir un factor esencial para la apertura generalizada del Mercado Único. Aunque se han adoptado importantes medidas para garantizar la libre circulación de bienes dentro de la Unión, algunas directivas de la UE aún vulneran el principio de libre circulación de bienes y el reconocimiento mutuo. Por ello, exigimos una legislación unificada y responsable sobre productos que abarque a todos, incluidos los productos derivados del tabaco.
Debemos cumplir nuestro compromiso de establecer antes del año 2014 un auténtico, eficiente y eficaz Mercado Único Energético. Todos los Estados miembros deben aplicar plenamente y con prontitud el tercer paquete energético dentro de los plazos acordados. Es preciso mejorar la interconexión energética para ayudar a mantener la seguridad del suministro. Además, se deben adoptar medidas urgentes que supriman las barreras reglamentarias y de planificación a la inversión en infraestructuras y permitan el despliegue del potencial del Mercado Único y el apoyo al crecimiento sostenible. Aguardamos con interés la próxima Comunicación de la Comisión Europea sobre el funcionamiento del Mercado Único, que debe incluir una evaluación del grado de liberalización y apertura del mercado energético en los Estados miembros. La culminación del Mercado Único Energético debe ir acompañada de la plena ejecución del tercer paquete energético y de las normas legales de la UE sobre la competencia en todas las empresas extranjeras y sus filiales operativas en la UE, contribuyendo, de ese modo, a la seguridad energética de la Unión. Los Estados miembros de la UE avanzan a buen ritmo para lograr sus objetivos sobre energías renovables, aunque dichos progresos deben sustentarse en una verdadera planificación de infraestructuras europea que se componga de una red de energía eléctrica e instalaciones de almacenamiento, así como de suministro y corredores de gas, que desempeñarán un papel aún más importante como fuente compensatoria. Muchos de los países vecinos más cercanos de los Estados miembros tienen aptitud y capacidad para suministrar a la red eléctrica europea energía más ecológica y eficiente con respecto a las emisiones de carbono. Es preciso realizar un esfuerzo conjunto que facilite el transporte eficiente de electricidad entre los Estados miembros y sus países vecinos.
Debemos reiterar nuestro compromiso con la innovación mediante la puesta en marcha del Espacio Europeo de la Investigación, creando el entorno óptimo para que empresarios y personas innovadoras puedan comercializar sus ideas y crear empleo, situando así la innovación orientada a la demanda en el punto central de la estrategia europea de investigación y desarrollo. Un Espacio Europeo de la Investigación plenamente operativo depende de la movilidad, tanto de las personas como de las ideas. Se debe reforzar el fomento de programas sobre la movilidad académica y mejorar la infraestructura europea en materia de investigación. Las políticas que promueven la innovación deben elaborarse para apoyar no sólo a empresas existentes sino también a las que aún no se han creado. El potencial europeo de crecimiento económico se puede materializar únicamente si los nuevos participantes en el mercado compiten en igualdad de condiciones.
Reformas estructurales en todos los Estados miembros
Las reformas estructurales son necesarias para crear nuevos puestos de trabajo y hacer sostenibles nuestros sistemas de seguridad social. Las reformas estructurales pueden restaurar la tan necesaria credibilidad fiscal y sentar las bases del crecimiento y la creación de empleo. Debemos disminuir a corto plazo la tasa de paro femenino y establecer estructuras sociales como guarderías y colegios primarios privados. Es fundamental que las reformas, centradas en una perspectiva a medio y largo plazo, velen por que los salarios no aumenten más que la productividad.
Garantizar la libre circulación de personas, capitales, bienes y servicios en toda Europa constituye la reforma más importante para estimular el crecimiento económico sin agravar aún más el endeudamiento. Debemos actuar con urgencia, tanto en los Estados miembros como en la Unión Europea, para poner fin a las restricciones que dificultan el acceso y la competencia. Acompañada de una consolidación presupuestaria eficiente y oportuna, la reforma del mercado interior de la UE es la mejor manera para que Europa aumente su grado de competitividad y regrese a la senda del crecimiento y de bajas tasas de desempleo.
La Política de Cohesión de la Unión Europea, la clave para mejorar la competitividad y lograr la convergencia en Europa
Como parte fundamental del proyecto europeo, la Política de Cohesión ha contribuido a mejorar la competitividad y lograr la convergencia y el desarrollo en los Estados miembros y la Unión Europea en general. La UE es bien conocida en todo el mundo por su elevado nivel de desarrollo económico, social y cultural, así como por su gran calidad de vida. En este sentido, la UE ha sido el marco de referencia y de fijación de normas para los ciudadanos de fuera de Europa, y son estas cotas elevadas las que hacen tan atractiva a nuestra Unión para la ciudadanía no europea. En tiempos de profunda recesión económica y de mayor competencia internacional, momento en que son necesarias profundas reformas y en que debe mostrarse una sólida voluntad política, la cuestión reside ahora en cómo preservar y difundir esta elevada calidad de vida al mayor número posible de europeos.
La Política de Cohesión de la UE es una política de inversión y desarrollo, que favorece el crecimiento y mejoras en la competitividad, y, por consiguiente, sienta las bases para reducir las diferencias económicas, sociales y regionales en Europa, a través de la convergencia económica. El reforzamiento de capacidades debe seguir siendo una prioridad en el uso de los Fondos Estructurales de la UE. Ésta sólo podrá ser competitiva frente a la creciente competencia mundial, y superar la crisis actual, si es posible aprovechar el potencial de desarrollo de todas las regiones, zonas urbanas y ciudades, lo que propiciaría una respuesta regional flexible a los retos y obstáculos expuestos en la Estrategia 2020 de la Unión Europea. Creemos que la cohesión territorial a largo plazo se obtiene a través de una mayor competitividad y del desarrollo sostenible. Pedimos que se capaciten todas las regiones de Europa para que puedan participar en el Mercado Único, así como que se emprendan iniciativas comunes para invertir en el futuro. La inversión de fondos públicos sólo puede ayudar a crear algunas condiciones previas para el crecimiento. Insistimos en el hecho que las fronteras abiertas, la competencia, los mercados dinámicos, las infraestructuras modernas, las comunicaciones de banda ancha y la investigación constituyen factores esenciales para la competitividad y el desarrollo. Por consiguiente, pedimos que la Política de Cohesión se centre principalmente en las regiones desfavorecidas y que favorezca los cambios estructurales donde proceda. Reconocemos el efecto de apalancamiento de la Política de Cohesión, así como su capacidad para poner en marcha nuevas inversiones públicas y privadas. Los fondos europeos añaden valor a escala nacional, regional y local en lo que respecta al logro de los objetivos de toda Europa. La Política de Cohesión también afecta a quienes contribuyen a su financiación. La UE y los Estados miembros deben garantizar la responsabilidad e implicación adecuadas de las autoridades regionales y locales. Éstas se encuentran entre los principales cofinanciadores y codirectores de los programas de los Fondos Estructurales, junto con los gobiernos centrales. Por ello, el PPE considera necesario cumplir los objetivos europeos mediante la aplicación de un enfoque descentralizado, los principios de gobernanza multinivel y la gestión compartida, basándose en criterios de fomento del crecimiento, que constituyen las principales ventajas de la Política de Cohesión. A través de la gobernanza multinivel, la consecución del principio de subsidiariedad, así como el reconocimiento de la importancia de las autoridades regionales, han aumentado considerablemente. El principio de asociación y el sentido de la responsabilidad de los actores implicados deben reforzarse mediante la introducción de pactos territoriales y regionales en cada Estado miembro con objeto de potenciar el papel de las regiones y los municipios. La Política de Cohesión debe seguir centrada en la cohesión territorial. Conviene enfatizar que el Tratado de Lisboa sumó el objetivo de cohesión territorial a los de cohesión económica y social: este propósito sigue siendo inseparable de los desafíos de cohesión económica y social, y debería reforzar el valor añadido de la Política de Cohesión a escala europea (?). La cohesión territorial también es importante a escala subregional, especialmente en las zonas urbanas (distritos urbanos que atraviesan dificultades, expansión urbana descontrolada); incluso en regiones consideradas ricas. Debemos tener en cuenta que, a pesar de la tendencia a reducir las diferencias interregionales, siguen existiendo grandes desequilibrios. Incluso en algunos Estados miembros están aumentando dichas diferencias como consecuencia de la crisis económica y financiera. La Política de Cohesión debe seguir centrada en reducir las diferencias e implantar un desarrollo armonioso y sostenible en todas las regiones de la Unión, independientemente del Estado miembro en que estén situadas.
Es de suma importancia que la Política de Cohesión fomente y apoye el crecimiento económico sostenible. Ha de conseguirse un incremento de los principales programas de la UE de inversión en I+D+I (Horizonte 2020), en consonancia con la Política de Cohesión. Centrarse en la cohesión y en sus resultados constituye una necesidad, y más aún en tiempos de crisis, lo que se refleja en la propuesta de estrechar vínculos entre la política y los programas nacionales de reformas y desarrollo de los Estados miembros de la UE. La Política de Cohesión, con su enfoque de fondos múltiples, ha de centrarse seriamente en el crecimiento y la competitividad, además de estar vinculada de una forma adecuada y flexible al Horizonte 2020, por el camino hacia el concepto de excelencia. En este contexto, es necesario aprovechar las sinergias entre el programa marco de la UE de investigación y desarrollo (Horizonte 2020) y la financiación de la cohesión. Las actuales propuestas de inversión en proyectos de infraestructura transeuropeos relacionados con el transporte, la energía y el mundo digital (conocidos como la iniciativa «Mecanismo Conectar Europa») deben ser compatibles con los fondos de la Política de Cohesión para garantizar una relación óptima entre los distintos tipos de infraestructura en toda la UE y a escala local, regional y nacional. El PPE apoya los proyectos transfronterizos y los programas multifondos, especialmente cuando añaden valor a las capacidades de movilidad de los ciudadanos europeos, contribuyen a la modernización de las vías de navegación y la infraestructura vial y ferroviaria asó como a un mayor desarrollo del mercado interior de la energía y la ampliación del acceso además de la flexibilización del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Para conseguir el pleno aprovechamiento de su potencial, la Política de Cohesión debe seguir siendo aplicable a todas las regiones de la Unión, aunque debe centrarse principalmente en las regiones desfavorecidas. Los Fondos Estructurales y los programas afines de la Unión deben usarse, principalmente, para apoyar nuevas oportunidades orientadas al futuro y garantizar el desarrollo a largo plazo de las regiones con menor solidez económica. Para ello, es importante asegurar que los fondos específicos de la Política de Cohesión siguen siendo una prioridad en el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, con el PIB como principal criterio. Un porcentaje considerable de los medios financieros asignados a través de los proyectos de cohesión debe seguir destinándose a inversiones en infraestructura y enseñanza superior.
Los recursos presupuestarios, asignados a la Política Agrícola Común dentro del próximo Marco Financiero Plurianual, deben aumentar la competitividad del sector agrícola y apoyar continuamente el proceso de transformación estructural mediante la reestructuración y modernización de las zonas rurales, transformándolas en sectores basados en el conocimiento. Las asignaciones presupuestarias deben fomentar la difusión y el desarrollo de innovaciones en las zonas rurales. Como apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), la innovación y la eficiencia energética son fundamentales para alcanzar los objetivos de la Política de Cohesión; deben priorizarse los Fondos Estructurales y centrase en financiar la competitividad, especialmente la de las PYMES, y reducir el paro juvenil. Los fondos de la UE disponibles en la actual Perspectiva Financiera Plurianual, que aún no se han invertido, deben usarse con rapidez y eficiencia para medidas que hagan frente al elevado desempleo juvenil y faciliten a las PYMES el acceso a los fondos, con la idea de defender la creación de empleo para los jóvenes. La futura Política de Cohesión debe también responder a los retos demográficos en las regiones más débiles y en las desarrolladas, pues todos somos conscientes de las dificultades demográficas regionales sin precedentes que atraviesa Europa, y los ciudadanos de algunas zonas geográficas se ven muy afectados por la pobreza, la discriminación y la exclusión.
Las inversiones en infraestructura de banda ancha y otras tecnologías de la información y la comunicación afines tienen un importante efecto multiplicador en la economía. Proveer a todos los hogares europeos de acceso a internet debe ser, por consiguiente, un criterio importante en los próximos programas de cohesión. Los ciudadanos de más edad (a partir de 65 años), al conformar el grupo social que probablemente tiene menos acceso a internet, necesitan incentivos y programas específicos. Los sistemas de control de la Unión no sólo deben evaluar la legalidad y regularidad de los proyectos financiados con fondos de la UE, sino también determinar su eficacia de manera más exhaustiva y hacer mayor hincapié en la condicionalidad y los resultados obtenidos. Esto tiene por objeto evitar que los fondos de la UE se empleen en financiar proyectos que no generan crecimiento, ya que dichos proyectos pueden provocar una disminución general de la aceptación de los fondos europeos. El PPE apoya firmemente una gestión más eficaz de los fondos de la Unión, que simplifique las normas para sus beneficiarios finales mediante la creación de estructuras administrativas menos complejas.
Las Políticas Estructurales y de Cohesión han de ser flexibles, eficientes y satisfactorias, especialmente en períodos de profunda recesión económica, haciendo hincapié en la necesidad de criterios que garanticen el cumplimiento de las metas y los objetivos de la financiación. Por consiguiente, la Política de Cohesión debe desempeñar una función más relevante en el equilibrio de los efectos adversos derivados de la disminución de la demanda interna y externa. La Política de Cohesión europea es un instrumento concebido para aplicar el principio de solidaridad. Asimismo, hace visibles los logros de la UE, algo sumamente importante para los ciudadanos europeos en tiempos de inestabilidad económica y financiera. Es necesario comunicar mejor la Política de Cohesión en nuestros municipios y regiones. En su condición de fuerza política motriz en Europa, es de importancia políticamente estratégica para el PPE explicar el valor añadido de los recursos y las políticas de la UE, así como su influencia en la vida de los ciudadanos.

References: Resolución 

Resolución 

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 resolución 
 artículo 45

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