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Timestamp: 2018-01-17 05:12:43+00:00

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SENTENCIA DEL TS DE 16-03-2015
Abono del 40 % de la indemnización de la extinción del contrato al amparo de lo establecido en el artículo 33.8 del ET.
Resolución denegatoria que es dictada pasados tres meses desde la solicitud.
Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Esteban frente a la sentencia del TSJ de Madrid de 9-1-2014 dictada en el recurso de suplicación formulado por D. Esteban contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid de 13-11-2012 dictada en virtud de demanda formulada por D. Esteban frente al FOGASA sobre Impugnación de Acuerdo Administrativo en Materia Laboral.
El 13-11-2012, el Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid, dictó sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva:
"Que desestimando la demanda interpuesta por D. Esteban frente a FOGASA debo absolver y absuelvo a la demandada de todas las pretensiones en su contra".
D. Esteban presentó el 8-3-2011 solicitud del FOGASA, para que le abonara el 40% de la indemnización derivada de la extinción de su contrato, al amparo de lo establecido en el art. 33.8 ET.
El 1-7-2011, se emite resolución del Secretario General de la demandada por la que se deniega la prestación.
El actor considera que la resolución denegatoria impugnada es contraria a derecho por haberse dictado en contra del acto presunto estimatorio de la pretensión al haber transcurrido más de 3 meses desde la solicitud de la prestación y conforme establece el art. 28.7 del RD 505/85 de 6-3.
El actor presentó con carácter previo, demanda de recurso contencioso administrativo, que fue turnada al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid, en donde se dictó sentencia por la que se estimó la falta de Jurisdicción alegada por la demandada y declarando la competencia del Orden Jurisdiccional Social".
La citada sentencia fue recurrida en suplicación por D. Esteban dictándose por el TSJ de Madrid sentencia en la que consta la siguiente parte dispositiva:
"Que debemos desestimar el recurso de suplicación interpuesto por la representación de D. Esteban, contra la sentencia de 13-11-2012 dictada por el Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid en sus autos seguidos a instancia de D. Esteban frente al FOGASA, en reclamación por Resolución de Contrato, y en su consecuencia, confirmamos dicha sentencia en todos sus términos".
D. Esteban, mediante escrito presentado el 27-2-2014 formuló recurso de casación para la unificación de doctrina, en el que se alega como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por el TSJ de Madrid de 11-11-2013 y la infracción de los arts. 43.1.2 y 3 a) de la LRJPAC, Ley 30/92 y por inaplicación del art. 28.7 del RD 505/1985 de 6-3 sobre Organización y Funcionamiento del FOGASA.
El Ministerio Fiscal que presentó escrito en el sentido de estimar la procedencia del recurso.
PRIMERO.- La cuestión debatida en el presente recurso de casación unificadora es determinar si debe entenderse estimada por silencio positivo la solicitud al FOGASA de abono del 40% de la indemnización correspondiente a un trabajador cuyo contrato se ha extinguido, por aplicación del art. 33.8 del E.T., cuando la resolución expresa de dicho organismo, se dicta en plazo superior a los 3 meses a que se refiere el Real Decreto 505/1985, de organización y funcionamiento del FOGASA; y si esta resolución tardía, desestimatoria de la pretensión, carece de eficacia para enervar el derecho del administrado ganado anteriormente por silencio positivo.
Considera el actor que la resolución denegatoria es contraria a derecho por haberse dictado la misma una vez transcurrido el plazo de 3 meses desde la solicitud de la prestación conforme establece el art. 28.7 RD 505/1985, de 6-3.
En dicha sentencia se razona que debe destacarse, además del art. 28.7 del Real Decreto 585/1985 en relación con el art. 43 apartados 1 y 2, de la Ley 30/92 , que el actor presentó la demanda rectora varios meses después de serle notificada la resolución administrativa que ahora se impugna, hechos que hacen aplicable la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia del TS de 27-7-1984, que declara que no queda privada de eficacia la resolución tardíamente pronunciada, pues si recayese resolución expresa el plazo para formular el recurso que proceda se contaría desde la notificación de la misma.
El citado art. 28.7 dispone que el plazo máximo para que el FOGASA dicte resolución
"será de 3 meses, contados a partir de la presentación en forma de la solicitud"
Dicha disposición no establece ninguna excepción, por lo que se aplica a la totalidad de los expedientes cuya tramitación corresponde al Fondo.
La referida normativa no regula los efectos que para el administrado pudiera tener el incumplimiento del referido plazo, razón por la que ha de acudirse a la Ley 30/92 que en su artículo 2.2 comprende al FOGASA en su ámbito de aplicación.
El artículo 43.1 de esta Ley dispone que, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista
"el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado... para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en que una norma con rango de ley.... o una norma de Derecho Comunitario establezcan lo contrario"
excepción que no se da en el caso de autos, donde sí se dictó, en cambio, resolución expresa extemporánea.
El nº 2 de este artículo establece, a su vez, que
"la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento"
Y el nº 3 del mismo precepto condiciona el sentido de la resolución expresa, al disponer que
"en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo".
Podemos adelantar, por tanto, que entendemos como doctrina correcta la de la sentencia de contraste, que se apoya en la sentencia de este TS de 25-9-2012, doctrina coincidente con la sentencia de la misma Sala de 15-3-2011, que interpretan y aplican la legislación vigente, al contrario que la sentencia en que se apoyó la recurrida, anterior a las leyes administrativas y reglamentos vigentes.
Como señala con acierto el Ministerio Fiscal, la exposición de motivos de la ley 30/92 anuncia que el silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser un instituto jurídico formal, sino la garantía que impida que los derechos de particulares se vacíen de contenido cuando Administración no atiende eficazmente y con la celeridad debida las funciones para las que se ha organizado.
Así, la sentencia de la Sala Tercera de 2-2-2012 precisa que el silencio administrativo pueda tener lugar ante cualquier clase de solicitud, siempre que su contenido sea real y posible desde el punto de vista material y jurídico.
En el caso examinado, sobre rechazo del FOGASA al abono del 40% de la indemnización derivada de la extinción del contrato, podemos traer a colación nuestra sentencia de 26-12-2013, expresiva de que la responsabilidad del FOGASA por el 40% de la indemnización legal de despido ex art. 33.8 del E.T. es una responsabilidad directa, que constituye un beneficio legal a favor de las empresas que cuentan con una plantilla inferior a 25 trabajadores independientemente de la situación económica empresarial.
Como señala la sentencia de la Sala Tercera de 17-7-2012
"una vez operado el silencio positivo, no es dable efectuar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto, pues, si bien es cierto, que según el art. 62.1 f) de la Ley 30/92 son nulos de pleno derecho los actos presuntos "contrarios" al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, no es menos cierto que para revisar y dejar sin efecto un acto presunto (nulo) o anulable la Administración debe seguir los procedimientos de revisión establecidos por el art. 102, o instar la declaración de lesividad."
TERCERO.- En conclusión, de acuerdo con el razonado informe del Ministerio Fiscal, procede la estimación del recurso interpuesto, debiendo reconocerse el derecho del recurrente a la prestación solicitada, al operar el silencio administrativo positivo el 8-6-2011, careciendo de eficacia enervatoria la resolución expresa dictada el 1-7-2011, por ser denegatoria de la petición.
Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por D. Esteban frente a la sentencia del TSJ de Madrid de 9-1-2014 dictada en el recurso de suplicación número 964/13.
Casamos y anulamos dicha sentencia y, resolviendo el debate de suplicación, estimamos el recurso de esta clase interpuesto por el actor contra la sentencia de instancia dictada por el Juzgado de lo Social nº 36 de Madrid de 13-11-2012, que revocamos, estimando la demanda rectora de estos autos. Sin costas.
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References: artículo 33

Resolución 
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 Real Decreto 
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 artículo 2
 artículo 43
 resolución 
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