Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/social/social-II/2009/as200932202.htm
Timestamp: 2020-04-09 15:03:29+00:00

Document:
200909-Sala Social Segunda-2-202
SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 202
DISTRITO: Santa Cruz PROCESO: C. Tributario.
PARTES: "Pisco" S.R.L. c/ Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes Santa Cruz.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 3052 -3055, interpuesto por Petroleum Industries Services Company "Pisco" S.R.L., representado legalmente por Freddy Adolfo Burgoa Zalles, contra el Auto de Vista de 1º de septiembre de 2004, cursante a fs. 3047-3049, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por el recurrente, contra la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes Santa Cruz, la formulación de la respuesta de fs. 3057 -3062, el dictamen fiscal de fs. 3065-3066, los antecedentes del proceso y
CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso contencioso tributario, el Juez 1º Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario del Distrito Judicial de Santa Cruz, emitió la Sentencia de 7 de mayo de 2004, cursante a fs. 3017-3025, que declaró improbada la demanda de fs. 26-31 interpuesta por Petroleum Industries Services Company "Pisco" S.R.L. representada legalmente por Freddy Adolfo Burgoa Zalles y por consiguiente firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 23/2002 Graco de 24 de diciembre de 2002.
En grado de apelación promovida por el demandante (fs. 3028-3033) mediante Auto de Vista de 1º de septiembre de 2004, cursante a fs. 3047-3049, confirmó la Sentencia de 7 de mayo de 2004, cursante a fs. 3017-3025, con costas.
Este fallo motivó el recurso de casación en el fondo formulado por la parte demandante, conforme a los fundamentos que contiene el memorial de fs. 3052-3055, en el que denunció, que el art. 170 del Código Tributario claramente establece, entre sus incisos la discriminación de los montos exigibles por tributos, intereses y sanciones, según los casos y consideró inaceptable que la administración tributaria no hubiere realizado tal diferenciación, precisamente en los papeles de trabajo adjuntos, se demuestran que los montos del IVA e IT, no fueron discriminados.
Indicó que existen vicios de nulidad al no incluir la discriminación exigida en el acto administrativo de fs. 23; manifestando además que en estos documentos no consta una diligencia de notificación que conste que estos papeles de trabajo fueron puestos en conocimiento del contribuyente.
Consideraron grave el hecho, textual de que en el "...Auto de Vista a fs. 3048 vta. Dice: que sobre que habrían sido agrupados los conceptos y valores del IVA (debito y del I.T., tiene explicación formal porque operan sobre las mismas ventas o transacciones conforme a la L. 843, más como otro elemento de apelación anotan la agrupación con los anteriores, del IUE, que no es una agrupación (o conceptos y cifras no discriminadas)..." (sic).
Señaló que al interpretar el art. 170 del Código Tributario (Ley Nº 1340), en el auto de vista impugnado se salió de su marco regulatorio porque se pretendió justificar la inaplicabilidad de una norma que regula el presupuesto de la acción, porque los requisitos extrañados de discriminación, detalle y especificidad, tiene que ser cumplido por tener relación con el art. 90 del Código de Procedimiento Civil, porque las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio.
También refirió que el art. 170 del Código Tributario, establece que: "La ausencia de cualquiera de estos requisitos vicia de nulidad la resolución." (sic) y que los arts. 98 al 101 del Código Tributario (fs. 23) fueron derogadas por el art. 270 de la Ley de Aduanas; hecho que también fue refrendado por las Sentencias Constitucionales Nº 71/2002-R y 598/2002-R, por lo que señaló que si no existe norma infringida menos puede haber pena alguna.
Manifestó que el debido proceso es una garantía constitucional insustituible que no puede ser soslayada, ni ignorada por el tribunal, cuya labor jurisdiccional obliga a la realización de justicia; continuando su denuncia, explicó que la Resolución Determinativa Nº 23/2002 de fs. 20 no puede establecer ningún tipo de condena, ya que para que exista ésta, debe fundarse en una ley vigente y la nulidad procesal es una sanción que la ley establece, cuando han sido violadas u omitidas las formas esenciales del proceso como en el presente caso determina su no existencia y viabilidad, por lo que siendo los errores que vician la legalidad de un proceso, deben ser corregidos a través de la acción fiscalizadora de los tribunales superiores en grado, corresponde declara la nulidad de todo lo obrado.
Concluyó solicitando se case el auto de vista recurrido y deliberando en el fondo declare probada la demanda con costas y en su defecto se anule obrados hasta el vicio más antiguo.
CONSIDERANDO II: Que la jurisprudencia sentada por este tribunal estableció de manera reiterada que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho, utilizada para invalidar una sentencia o auto definitivo en los casos expresamente señalados por ley, pudiendo presentarse como recurso de casación en el fondo o recurso de casación en la forma, sin que exista óbice alguno para que ambos recursos se interpongan al mismo tiempo conforme establece la norma prevista por el art. 250 del Código de Procedimiento Civil.
En ese marco y dada la naturaleza jurídica de cada acción extraordinaria, corresponde señalar que cuando se plantea el recurso de casación en el fondo, se deben circunscribir los hechos denunciados a las causales de procedencia establecidas por el art. 253 del citado procedimiento, destacando que, la valoración de la prueba es una atribución de los juzgadores de instancia incensurable en casacion, razón por la cual, el recurrente tiene la obligación de acreditar la existencia de errores de hecho o errores de derecho. En tanto que, si se plantea en la forma, las denuncias deben adecuarse a las previsiones del art. 254 del adjetivo civil citado. Por las circunstancias anotadas, la forma de resolución para cada uno de los recursos también es diferenciada, así, en el recurso de casación en el fondo, el recurrente debe solicitar la casación del auto de vista, mientras que, en el recurso de casación en la forma, el recurrente debe solicitar la anulación de obrados por la violación de las formas esenciales del proceso.
En autos, se advierte que el recurrente a través del recurso de casación en el fondo, pretende que se analice aspectos o denuncias relativas a las formas esenciales del proceso, cuyo análisis y resolución corresponde al recurso de casación en la forma, hecho que denota el evidente desconocimiento de la adecuada técnica jurídica para la interposición del recurso extraordinario en análisis, toda vez que el recurrente no cumplió con la obligación procesal, precedentemente descrita.
Consiguientemente, el medio procesal idóneo para impugnar el fallo recurrido, ni duda cabe, constituye el recurso de casación en la forma, porque a través de él se abre la competencia del tribunal supremo, a efectos de considerar y resolver las denuncias formuladas sobre las supuestas violaciones de las formas esenciales del proceso, que deben estar enmarcadas dentro del catálogo establecido por el art. 254 del Código de Procedimiento Civil, máxime, si se considera que en virtud a la naturaleza jurídica que caracteriza las acciones extraordinarias en análisis, los aspectos que importan la nulidad o errores "in procedendo" no pueden ser analizadas ni resueltas a través del recurso de casación en el fondo, cuya materia de estudio constituye la existencia de "errores in judicando".
Sin embargo, prescindiendo de consideraciones respecto a las deficiencias del mismo y tomando en cuenta sólo lo alegado, en el marco del derecho que tienen las partes de ser oídas y que sus reclamos aún deficientes, merezcan una respuesta que absuelva su convicción de justicia, este tribunal no encuentra mérito para un pronunciamiento en el fondo, más allá de la declaración de que los de instancia obraron con criterio legal en conocimiento de la causa, al declarar improbada la demanda en sentencia, confirmada en alzada.
Asimismo, con el criterio anteriormente descrito, la acusación de que los arts. 98 al 101 del Código Tributario, Ley Nº 1340, fueron derogados por el art. 270 de la Ley de Aduanas, Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999, no es evidente y el recurrente pretende confundir a este supremo tribunal al señalar este aspecto como infracción, pues el art. 270 de la citada Ley de Aduanas, sólo derogó el art. 99, numeral 1) párrafo segundo, numeral 2) y numeral 5), así como los artículos 102 al 110 del Código Tributario, Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992; consecuentemente los arts. 98 al 101, de la citada norma legal, SE ENCONTRABAN EN PLENA VIGENCIA cuando fue emitida la Resolución Determinativa Nº 23/2002 GRACO de 24 de diciembre de 2002.
En consecuencia, al haberse interpuesto el recurso de casación en el fondo pretendiendo el análisis de las formas del proceso, es lógico concluir que no se abre la competencia de este tribunal a efectos de considerar y resolver las denuncias vertidas, deviniendo por ello la improcedencia de la acción extraordinaria, correspondiendo aplicar lo previsto por los artículos 271 numeral 1) y 272 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil, en aplicación
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución contenida en el art. 60 numeral 1 de la Ley de Organización Judicial, en desacuerdo con el dictamen fiscal de fs. 3065 a 3066, se declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 3052 a 3055 de obrados. Sin costas.
Para resolución interviene la Ministra Beatriz A. Sandoval de Capobianco, Presidenta de la Sala Social Primera, de acuerdo a convocatoria de fs. 3069 vta.

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