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Timestamp: 2020-07-14 03:07:30+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 227/09 de Corte Constitucional, 30 de Marzo de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 58924669
Ley 794 de 2003, articulo 11 (parcial) “por la cual se modifica el codigo de procedimiento civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones”. La norma en comento dispone las causales para la ineficacia de la interrupcion de la prescripcion y la operancia, correlativa, de la caducidad, dentro de las cuales, la acusada en particular incluye como tal el evento en el cual la nulidad del proceso comprende la notificacion del auto admisorio de la demanda. El cargo gira alrededor de la supuesta afectacion de los derechos de acceso a la justicia, a una tutela judicial efectiva y la prevalencia del derecho sustancial en razon de la preceptiva demandada impone, a quien actua como demandante en un proceso civil, una especie de sancion consistente en la ineficacia de la interrupcion del termino de prescripcion sin consideracion a la naturaleza de la causal o la actitud procesal asumida por el demandante. La libertad de configuracion del legislador y sus limites en materia procesal. Sobre el particular se puntualizo que, de acuerdo con el desarrollo de la doctrina constitucional en la materia, la competencia normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: (i) que atienda a principios y fines del estado; (ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que en materia de procedimiento civil puede comprender la inobservancia de derechos como el debido proceso, la defensa y el acceso a la administracion de justicia; (iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la defincion de las formas y (iv) que permita la realizacion material de los derechos y del principio de la primacia del derecho sustancial sobre las formas. En ese orden de ideas, se admitio la viabilidad de la imposicion de ciertas cargas, por parte del legislador, a la ciudadania que pretenda el ejercicio de sus derechos y el acceso a la administracion de justicia. En concreto, la norma impugnada asigna al interesado un carga legitima y de correlativas consecuencias gravosas, pero que, sin embargo, permite un entendimiento del que podría inferirse que la misma consecuencia gravosa prevista en la norma, para el demandante descuidado, puede imponerse al cumplido. Se resolvio declarar la exequibilidad de la norma por los cargos estudiados, en cuanto se refiere a las causales de nulidad “en el entendido de que la no interrupcion de la prescripcion y la operancia de la caducidad solo aplica cuando la nulidad se produce por culpa del demandante”. Exequible.
Sentencia citada en: 164 sentencias, 13 artículos doctrinales, una disposición normativa, 2 noticias
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la Ley 794 de 2003 ''Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones''.
Actor: F.J.A.Q..
Bogotá DC., treinta (30) de marzo de dos mil nueve (2009).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano F.J.A.Q. demandó el numeral 3° del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el art. 11 de la Ley 794 de 2003. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
''ARTÍCULO 11. El artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, quedará así:
Cuando el proceso termine por haber prosperado algunas de las excepciones mencionadas en el numeral 7 del artículo 99 o con sentencia que absuelva al demandado Numeral declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-662 - 04 de 8 de julio de 2004, Magistrado Ponente Dr. R.U.Y., "...en cuanto se refiere a la excepción de falta de jurisdicción prevista en el numeral 1 del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, en el mismo auto, el juez ordenará remitir el expediente al juez que considere competente, mientras el legislador no regule de manera distinta el tema", e INEXEQUIBLE "... en cuanto se refiere a la excepción de compromiso o cláusula compromisoria prevista en el numeral 3º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, en el mismo auto, el juez señalará un plazo judicial razonable para que las partes inicien el trámite de integración del correspondiente tribunal de arbitramento, mientras el legislador no regule de manera distinta el tema".
Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda."
En este orden de ideas, en los procesos que han sido presentados ante la jurisdicción civil, se debe declarar la nulidad insubsanable ''desde el auto admisorio de la demanda'', y remitirlos a la jurisdicción laboral. Es en este momento que opera la regla que establece el precepto acusado, en el sentido que se aplica la ineficacia de la interrupción de la prescripción y opera la caducidad de la acción. Como consecuencia de ello, en esta eventualidad se evidenciaría el carácter desproporcionado de la medida que se acusa, debido a que los términos de prescripción y caducidad son diferentes en las jurisdicciones laboral y civil: por lo general de 10 años ante la jurisdicción civil y de 3 años ante la laboral. De tal manera que en aquellos procesos que lleven más de tres años ante la jurisdicción civil y cuya nulidad se produzca ''a partir del auto admisorio de la demanda'', la acción habría caducado según el precepto demandado.
Agrega que no existe ninguna justificación para que el legislador hubiese establecido el texto demandado, si se tiene en cuenta que la finalidad de la prescripción y de la caducidad es la de no perpetuar la posibilidad de reclamar imponiendo la obligación al interesado de acudir a la justicia, carga que se cumple con la presentación oportuna de la demanda, con independencia de la jurisdicción ante la cual se produzca tal hecho ''toda vez que la administración de justicia es una y sólo una''.
2.2. El segundo cargo lo hace consistir en que el texto acusado viola el mandato constitucional de prevalencia del derecho sustancial, para este caso, el derecho de acceso a la justicia, por que la única carga razonable exigible al ciudadano es que éste acuda a la justicia para que no dilate indefinidamente la posibilidad de reclamar: ''interpuesta la demanda, el ciudadano cumple con su deber''.
A juicio del demandante no existe ninguna diferencia entre los fines de seguridad jurídica que orientan las figuras de la prescripción y la caducidad tanto en la jurisdicción ordinaria como en la contencioso administrativa; por esta razón no encuentra justificación alguna para que se de un trato diferente en las dos jurisdicciones, incluso, señala, se justificaría un trato más gravosos en la jurisdicción contenciosa toda vez que ''implica accionar contra el interés general de la sociedad representada en el Estado''.
2.4. Finalmente, estima que las razones que condujeron a la declaratoria de inexequibilidad del numeral 2° del artículo 91 del C.P.C Corte Constitucional. Sentencia C-662 de 2004.., consistentes en que no puede limitarse el acceso a la Administración de Justicia, cuando el demandante ha actuado diligentemente y el error se presenta por causas no imputables a él, son aplicables respecto del contenido material del inciso 3° de la misma disposición.
El ciudadano F.G.M. en su condición de apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia, intervino en el presente asunto con el fin de solicitar un pronunciamiento inhibitorio al estimar que el cargo en que se sustenta la demanda carece de certeza.
A su juicio, el planteamiento del actor parte de una interpretación errónea del numeral 3° del artículo 91 del C. de P.C., según la cual la nulidad a que alude el precepto es aquella que cobija el auto admisorio de la demanda, cuando la norma explícitamente alude a su notificación. Para el inteviniente esta diferenciación tiene relevancia puesto que según su particular interpretación, el numeral 3° del artículo 91 ''guarda íntima relación con el numeral 8° del artículo 140 del C.P.C.'' y bajo tal entendimiento señala que la disposición acusada se refiere a la nulidad que recae ''no sobre todo el proceso, si no sobre una parte, en este caso sobre las actuaciones procesales subsiguientes a la expedición del auto admisorio o mandamiento ejecutivo, específicamente a partir de la notificación del mismo''.
El ciudadano J.C.N.S., investigador del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia, presentó una serie de consideraciones encaminadas a defender la constitucionalidad de la norma demandada:
El ciudadano G.H.V., en su condición de Decano (E) de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, allegó comunicación a la Secretaría de esta Corporación en la cual solicita que se declarara la exequibilidad de la norma demandada. A continuación se reseñan los apartes relevantes de su intervención:
3.3.1. La norma demandada no tiene los alcances ni genera los efectos que el demandante le asigna. Destaca que la sentencia C-662 de 2004 proferida respecto del inciso 2°, impacta el inciso tercero por cuanto señala: (...) si bien la norma acusada es inexequible (numeral 2° del art. 91 C.P.C.) para el caso de la excepción de falta de jurisdicción, el juez de conocimiento que declare la prosperidad de dicha Excepción deberá remitir el expediente al juez de la jurisdicción correspondiente, de manera tal que se precise en forma concluyente a quien corresponde el proceso, o se suscite, si es el caso el conflicto de jurisdicciones que finalmente deberá resolver el Consejo Superior de la Judicatura, sentando claridad para las partes, en la materia'' (Énfasis del demandante).
(i) Que se declare la INEXEQUIBILIDAD de la expresión ''la notificación d'' contenida en el artículo 11 de la Ley 794 de 2003, y
(i) Que se declare la EXEQUIBILIDAD de la expresión ''Cuando la nulidad del proceso comprenda el auto admisosrio de la demanda'' contenida en el artículo 11 de la Ley 794 de 2003, bajo el entendido que en los casos donde el funcionario judicial decrete la nulidad del proceso por falta de jurisdicción o de competencia, lo remitirá al juez o tribunal competente sin que haya interrupción de la prescripción y sin que opere la caducidad.
4.3. Toda vez que la demanda se orienta a garantizar el derecho de acceso real y efectivo a la administración de justicia, estima pertinente aclarar que una nulidad que afecte la notificación del auto admisorio de la demanda, no tiene por qué afectar a la presentación de la misma y su aceptación judicial, por tratarse de actos procesales previos a la notificación que se ajusta a los requerimientos legales pertinentes y, por tanto, el actor no puede asumir una sanción procesal que no le corresponde, lo cual iría en contra de la vigencia de un orden justo. Con fundamento en esta consideración la Procuraduría solicita se declare inexequible la expresión ''la notificación d'', contenida en el artículo 11 de la Ley 794 de 2003. Estima que con la eliminación del señalado segmento ''la norma adquiere el sentido que realmente requiere''.
4.4. Con el fin de preservar el derecho de acceso a la justicia, una vez presentada la demanda el juez tiene el inexcusable deber de pronunciarse a través de la admisión o el rechazo de la demanda acerca de los requisitos de jurisdicción y competencia, y aún, provocar si es del caso, el conflicto de competencia. Y una vez admitida ''por haber cumplido todos los requisitos legales'' el Estado debe resolver de fondo la demanda, lo que implica que ''ningún error judicial que surja dentro del proceso por causas no imputables al demandante debe serle trasladado al mismo''.
4.5. Visto el antecedente jurisprudencial establecido en la sentencia C- 662 de 2004, referido al numeral 2° del artículo 91 del C.P.C., la Procuraduría lo considera aplicable al precepto impugnado, por lo que solicita declarar la exequibilidad de la norma que prevé la no interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad cuando la nulidad del proceso comprenda el auto admisorio de la demanda, ''bajo el entendido que en los casos donde el funcionario judicial decrete la nulidad del proceso por falta de jurisdicción o de competencia, lo remitirá al juez o tribunal competente, sin que haya interrupción de la prescripción y sin que opere la caducidad''.
En concepto del representante del Ministerio Público, la norma acusada debe ser declarada parcialmente inexequible de tal manera que la ineficacia de la interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad se produzca ''Cuando la nulidad del proceso comprenda el auto admisorio de la demanda'' (no su notificación). No obstante estima que, aún así, la sentencia que se profiera debe ser interpretativa a fin de garantizar que en los eventos en que la nulidad se origine en falta de jurisdicción o de competencia, el proceso sea remitido al juez competente, sin que se interrumpa la prescripción, ni opere la caducidad. Ello por cuanto una vez admitida la demanda por haber cumplido con los requisitos legales, el Estado debe pronunciarse de fondo sobre ella.
Cuestión previa. Aptitud sustantiva de la demanda
Para absolver esta cuestión previa, se impone recordar que la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 2º del Decreto 2067 de 1992, ha precisado Ver por ejemplo la sentencia C-1052 de 2001 (MP. M.J.C.E., en la cual, la Corte, al declararse inhibida de pronunciarse acerca de la inconstitucionalidad de algunas normas demandadas, realizó una síntesis de los criterios que ha sentado esta Corporación en la materia. que no obstante el principio pro actione que guía el ejercicio de la acción pública de inexequibilidad, para que las demandas de inconstitucionalidad revistan idoneidad para provocar un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional, deben contener: (i) el texto de la norma demandada, (ii) las disposiciones constitucionales violadas, y (iii) las razones por las cuales la norma acusada vulnera tales disposiciones. Así mismo, dichas razones deben ser: claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes para que se configure un cargo apto.
En relación con el atributo de claridad referido a los cargos ha puntualizado que es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, en principio, releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental, no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa Ib..
De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política, a través de la formulación de, por lo menos un cargo constitucional concreto, contra la norma demandada. El juicio de constitucionalidad se fundamenta así en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos ''vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales'' que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.
El demandante dirige su acusación contra el contenido del numeral 3° del artículo 91 del Código de Procedimiento Penal, específicamente en lo concerniente a las causales de nulidad originadas en ausencia de jurisdicción y competencia, previstas en el artículo 140 del C.P.C. (num. 1° y 2°), norma a la que implícitamente remite el precepto acusado. Conforme a éste, en los procesos civiles, la ineficacia de la interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad se produce, entre otros eventos, ''cuando la nulidad del proceso [por falta de jurisdicción y competencia] comprende la notificación del auto admisorio de la demanda''.
Algunas precisiones sobre el alcance normativo del precepto acusado y la delimitación de la acusación
Uno de esos fenómenos con potencialidad para tornar ineficaz la interrupción del término de prescripción y abrir el paso a la caducidad, es la nulidad del proceso que comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda. Aunque de conformidad con la ley procesal civil (Art. 140 C.P.P.) Artículo 140. Causales de nulidad. ''El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
Cuando corresponda a distinta jurisdicción.
Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
Cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas de deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley.
P.. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece''. los motivos legales de nulidad del proceso son nueve (9), la demanda únicamente hace referencia a los numerales 1° y 2° del artículo 140 del C.P.C., según los cuales el proceso es nulo, en todo o en parte, cuando corresponde a distinta jurisdicción, y cuando el juez carece de competencia. De tal manera que este pronunciamiento se circunscribirá al numeral 3° del artículo 91 del C.P.C., exclusivamente en cuanto a las causales de nulidad previstas en los numerales 1° y 2° del artículo 140 C.P.C.
Al respecto conviene precisar que, de conformidad con el artículo 90 del C.P.C ''Artículo 90. Interrupcion de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquélla, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado. (...)''.., para que la presentación de la demanda revista idoneidad para interrumpir el término de prescripción e impedir que opere la caducidad, se requiere que el auto admisorio de aquélla se notifique al demandado dentro del término de un (1) año, contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante de dicha providencia. Pasado este término, los señalados efectos sólo se producirán a partir de la efectiva notificación al demandado del auto admisorio.
En virtud de la prescripción, en su dimensión liberatoria (a la que se refiere el precepto acusado), se tiene por extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; por ello en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia real o supuesta del titular Cfr. Corte Constitucional sentencias C-666 de 1996, M.P.J.G.H.; C-662 de 2004, M.P.R.U.Y. y Corte Suprema de Justicia. Sala de casación Civil. Sentencia de noviembre 8 de 1999. Exp. 6185, M.P.J.S.B... (Se destaca).
En tanto que la figura procesal de la caducidad ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. La caducidad es entonces un límite temporal de orden público, que no se puede renunciar y que debe ser declarada por el juez oficiosamente. Corte Constitucional, sentencia C-622 de 2004.
El sentido de la disposición acusada es el de prever una sanción procesal para el demandante que se ha equivocado, de manera grave, al elegir la jurisdicción o el juez con competencia, partiendo de la premisa de que se trata de una materia objetivamente establecida en la normatividad .
4.1. La Libertad de configuración del Legislador y sus límites en materia procesal.
La relevancia de esta atribución constitucional, ha sido destacada por la Corte, al señalar que tal prerrogativa le permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.), y del acceso efectivo a la administración de justicia (artículo 229 C.P.). Además, son reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1993. M.P.J.S.G.. .
Tal y como lo ha afirmado esta Corporación, el proceso no es un fin en sí mismo, sino que se concibe y estructura como un instrumento para la realización de la justicia y con la finalidad superior de lograr la convivencia pacífica (Preámbulo y artículo 1° de la Carta) Corte Constitucional. Sentencia C-095 de 2001. M.P.J.G.H.G.. Ver también sentencia C-316 de 2002. M.P.M.G.M.C.. de los asociados. De allí que las normas procesales, propendan por asegurar la celeridad, oportunidad y eficacia de las respuestas jurisdiccionales, y por la protección de los derechos e intereses de las partes, intervinientes y demás sujetos vinculados al proceso.
En estos términos, mientras el legislador, no ignore, obstruya o contraríe las garantías básicas previstas por la Constitución, goza de discreción para establecer las formas propias de cada juicio, entendidas éstas como ''el conjunto de reglas señaladas en la ley que, según la naturaleza del proceso, determinan los trámites que deben surtirse ante las diversas instancias judiciales o administrativas'' Corte Constitucional. Sentencia C-562 de 1997. M.P.V.N.M.. . Por ende, es extensa la doctrina constitucional Ver entre otras las sentencias C-742 de 1999, C-384 de 2000, C-803 de 2000, C-591 de 2000, C-596 de 2000, C-1717 de 2000, C-680 de 1998. que ha reiterado que acorde a lo establecido en los artículos 29, 150 y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del legislador precisamente, para fijar tales formalidades procesales. Corte Constitucional. Sentencia C-1104 de 2001. M.P.C.I.V..
Y si bien, al juez constitucional le corresponde garantizar al máximo esa libertad configurativa que tiene el legislador; dicha potestad, sin embargo, no puede ser absoluta ni arbitraria Corte Constitucional. Sentencia C-309 de 2002. M.P.JaimeC.T., sino que debe desarrollarse conforme a los límites que impone la misma Carta Fundamental Corte Constitucional. Sentencia C-204 de 2001. M.P.A.M.C.. .
En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos Corte Constitucional. Sentencia C-728 de 2000 y C-1104 de 2001. M.P.C.I.V., entre otras. que en el caso procesal civil puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.) Corte Constitucional. Sentencia C-1512 de 2000. M.P.Á.T.G.; iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas Corte Constitucional. Sentencias C-1104 de 2001. M.P.C.I.V. y C-1512 de 2000.M.P.Á.T.G.. y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.) Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 2002. M.P.R.E.G...
De allí que no se estimen válidas, las disposiciones procesales ''que anulan u obstaculizan irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción'' Corte Constitucional. Sentencia C-346 de 1997. M.P.A.B.C., precisamente porque un objetivo constitucional legítimo es el de ''realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial'' Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 1999. M.P.J.G.H.G..
En casos similares al aquí se planteado, la jurisprudencia de esta Corte ha destacado el carácter fundamental del derecho de acceso a la administración de justicia y su integración al concepto de núcleo esencial del derecho al debido proceso. Ver las Sentencias T-006/92, C-059/93, T-538/94, C-037/96, C-215/99 y C-1195/2001, entre otras. Bajo esa premisa, el acceso a la administración de justicia es considerado igualmente, un derecho de configuración legal, y en tal medida, sometido a las consideraciones del legislador en torno a su regulación y ejecución material.
Por lo tanto, ''los mecanismos de acceso, los procedimientos, las formas y todas las actividades que constituyan atributos inescindibles del proceso, que aseguren la posibilidad de hacer exigible una causa con las garantías constitucionales pertinentes, y permitan obtener una pronta respuesta jurisdiccional, son instrumentos definidos por el legislador y necesarios para asegurar la viabilidad de un orden justo''.
De allí que haya sido calificado como un derecho de contenido múltiple o complejo, cuyo marco jurídico de aplicación compromete, en un orden lógico: ''(i) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (ii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas; (iii) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso, y, entre otros, (v) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos.''. Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 2002. M.P.R.E.G.. (Las subrayas no son del texto original).
Para destacar la dimensión material del derecho de acceso a la justicia, la Corte ha puntualizado, que el acceso a la justicia, no puede ser meramente nominal, o simplemente enunciativo, sino que resulta imperativa su efectividad, a fin de asegurar una protección auténtica y real de las garantías y derechos objeto del debate procesal. Por lo tanto, y de conformidad con el principio de efectividad que se predica de todos los derechos fundamentales, es necesario que el acceso y el procedimiento que lo desarrolla, sea igualmente interpretado a la luz del ordenamiento superior, ''en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley. Cfr. Corte Constitucional sentencias C-037 de 1996 M.P.V.N.M.; C-426 de 2002 M.P.R.E.G.; C-1195 de 2001. MM.PP. M.J.C.E. y M.G.M.C..).
Ha enfatizado así mismo que, acorde con la Constitución, las particularidades de los procesos deben estar dirigidas a asegurar la prevalencia del derecho sustancial, el principio de eficacia de los derechos y la protección judicial efectiva. De allí, que sean entendidas como constitucionales justamente, las normas procesales que tienen ''como propósito garantizar la efectividad de los derechos'' y su eficacia material, y que además propendan por la optimización de los medios de defensa de las personas. Tal efectividad resulta ser entonces un principio y una garantía que debe ser asegurada por las disposiciones procesales fijadas por el legislador Criterio reafirmado en la sentencia C-564 de 2004 M.P.R.U.Y...
De conformidad con el artículo 95-7 de la Constitución, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Carta, tales como el debido proceso y el acceso a la justicia, implica así mismo el ejercicio de responsabilidades que también se pueden consolidar en el ámbito procesal y sustancial. Corte Constitucional. Sentencias C-095 de 2001. M.P.J.G.H.; C-662 de 2004 M.P.R.U.Y.. Resulta plausible entonces que en los diversos trámites judiciales, la ley asigne a las partes cargas para el ejercicio de los derechos y del acceso a la administración de justicia Corte Constitucional. Sentencia C-1512 de 2000. Á.T.G.. , que sometidas a los límites constitucionales previamente enunciados, resultan plenamente legítimas.
En criterio de la Corte Suprema de Justicia que ha sido acogido por esta Corporación Sala de Casación Civil, M.P.H.M.G., auto del 17 de septiembre de 1985, que resolvió una reposición, Gaceta Judicial TOMO CLXXX - No. 2419, Bogotá, Colombia, Año de 1985, pág. 427. Criterio acogido en la sentencia C-662 de 2004., las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso Corte Constitucional. Sentencia C-1512 de 2000. M.P.Á.T.G.. .De allí que la posibilidad de las partes de acudir a la jurisdicción para hacer efectiva la demanda de sus derechos en un término procesal específico, son cargas procesales que puede válidamente determinar el legislador en los términos señalados.
La jurisprudencia de esta Corte, se ha apartado explícitamente de avalar un criterio de desconocimiento de las responsabilidades de las partes en el proceso, lo cual, ha estimado, atentaría contra los mismos derechos que dentro de él se pretenden proteger, y llevaría al efecto contrario: a la inmovilización del aparato encargado de administrar justicia, Corte Constitucional. Sentencia C-1104 de 2001. M.P .Clara I.V.. o al menos a la afectación significativa de su debido funcionamiento, lo que revertiría a la postre en un perjuicio al interés general. Autorizar libremente el desconocimiento de tales cargas, implicaría el absurdo de permitir que se propenda por perseguir intereses a través de la jurisdicción sin limitaciones ni restricciones procesales, incluso alegando libremente la propia culpa o negligencia Corte Constitucional. Sentencia C-1512 de 2000. M.P.Á.T.G., perspectiva que a todas luces inadmite el derecho y que por consiguiente ha desestimado esta Corporación Corte Constitucional. Sentencia C-662 de 2004. M.P.R.U.Y...
El contenido normativo acusado por el actor en este juicio, impone al demandante en el proceso civil las siguientes cargas: (i) el deber de presentar la demanda dentro del término exigido en la ley procesal para el ejercicio de la acción, pues de lo contrario no tendría sentido los efectos que genera la norma acusada sobre ineficacia de la interrupción de la prescripción y operancia de la caducidad (Art. 91.3); (ii) el deber de cumplir con los requisitos para que la presentación de la demanda despliegue su función de mecanismo de interrupción del término de prescripción y de evitar la operancia de la caducidad (Art. 90); y (iii) la exigencia de no errar en la selección de la jurisdicción y del juez con competencia funcional en la formulación de su reclamo (Art. 140 num. 1 y 2). El incumplimiento de estas cargas le puede acarrear la pérdida del derecho sustancial y la imposibilidad de volver a demandar por haberse consolidado la prescripción Tanto la prescripción como la caducidad son fenómenos de origen legal cuyas características y efectos debe indicar el legislador, estas figuras procesales permiten determinar con claridad los límites para el ejercicio de un derecho. En virtud de la prescripción, en su dimensión extintiva (a la que se refiere el precepto acusado), se tiene por extinguido un derecho que, por no haberse ejercitado, se puede presumir que el titular lo ha abandonado; por ello en la prescripción se tiene en cuenta la razón subjetiva del no ejercicio, o sea la negligencia real o supuesta del titular. (Cfr. Corte Constitucional sentencias C-666 de 1996, M.P.J.G.H.; C-662 de 2004, M.P.R.U.Y. y Corte Suprema de Justicia. Sala de casación Civil. Sentencia de noviembre 8 de 1999. Exp. 6185, M.P.J.S.B.. o la caducidad La figura procesal de la caducidad ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. La caducidad es entonces un límite temporal de orden público, que no se puede renunciar y que debe ser declarada por el juez en cualquier caso, oficiosamente''. (Sentencia C-662 de 2004). El fin de la caducidad ''es preestablecer el tiempo en el cual el derecho puede ser útilmente ejercitado; (...) en la caducidad se considera únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado, prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular y aún la imposibilidad jurídica''. (Corte Suprema de Justicia. Sala de casación Civil. Sentencia de noviembre 8 de 1999. Exp. 6185, M.P.J. santos B.. respectiva, derivadas del transcurso del tiempo durante el trámite procesal.
Para determinar si esas cargas impuestas al demandante son desproporcionadas como lo señala el demandante, corresponde indagar (i) si la limitación que introduce el contenido normativo acusado persigue una finalidad que resulta acorde con el ordenamiento constitucional; (ii) si la configuración normativa que contiene dicha limitación es potencialmente adecuada para cumplir el fin estimado, y (iii) si hay una proporcionalidad en esa relación, en el sentido que la limitación no sea manifiestamente innecesaria o claramente desproporcionada Cfr. Sentencia C-662 de 2004..
Finalmente la exigencia relativa a acertar en la selección de la jurisdicción Esta Corte, acogiendo doctrina del Consejo Superior de la Judicatura, ha señalado que conforme a la Constitución actual pueden ser entendidas como jurisdicciones en sentido lato: la ordinaria, la contencioso - administrativa, la constitucional, la especial (la de indígenas y jueces de paz), la coactiva y la penal militar, sin ser esta una enumeración excluyente. Sobre el particular el Consejo Superior de la Judicatura - organismo competente para resolver conflictos entre jurisdicciones - ha afirmado en este sentido que: ''Desde el punto de vista de la naturaleza o del tipo de relaciones reguladas normativamente, se distinguen dentro de la jurisdicción ordinaria las que se refieren a ramas o áreas del derecho como son la civil, de familia, agraria, laboral, etc., las cuales constituyen especialidades de esa determinada jurisdicción y no jurisdicciones independientes, habida cuenta de que integran una misma jurisdicción''. (Consejo Superior de la Judicatura. Sala Disciplinaria. Auto de enero 25 de 1993. M.P., Á.E.U.. y la competencia, so pena de ocasionar la nulidad insubsanable del proceso De conformidad con el último inciso del artículo 144 del código de procedimiento civil, son insubsanables las nulidades provenientes de ''falta de jurisdicción o de competencia funcional''., persigue la finalidad, perfectamente válida desde la perspectiva constitucional, de preservar el principio de juez natural y el debido proceso. De manera que tal exigencia ha sido considerada a priori por esta Corporación como una carga debidamente fundada en preceptos constitucionales, en la medida en que, aparentemente, se encuentra avalada por criterios jurídicos objetivos que le permiten al demandante, desde un comienzo, discernir válidamente y con corrección, ante quien debe dirigir la acción. Corte Constitucional. Sentencia C-662 de 2004. Fundamento 30.
La medida que establece el precepto acusado encubre una sanción - la pérdida del derecho de acción - que se muestra como razonable en relación con las personas que al acudir a la jurisdicción abandonan los deberes que le señala el orden jurídico para el ejercicio de sus derechos, o incurren en manifiestos errores en el ejercicio de los mismos. Sin embargo, en virtud de la forma indiscriminada y genérica como está prevista la consecuencia gravosa contemplada en el precepto acusado, ésta se impone también al demandante diligente que ha ejercido su acción jurisdiccional en tiempo, que no ha dado lugar a la declaratoria de la nulidad, y que sin embrago debe soportar un menoscabo desproporcionado de sus derechos.
No obstante, tal como está concebida la norma acusada, ésta también permite entender que la misma sanción procesal - ineficacia de la interrupción de la prescripción y operancia de la caducidad - es aplicable al demandante que ha acudido de manera oportuna y diligente a la justicia, cumpliendo con las cargas procesales que le imponen las normas legales, y sin embargo, debido a factores que no le son imputables, como pueden ser las discusiones doctrinarias o jurisprudenciales sobre las normas de competencia, se ve enfrentado a la pérdida de su derecho sustancial así como de la oportunidad para accionar. Este sentido, permitido por la configuración del segmento normativo acusado, resulta inconstitucional por imponer al demandante, que se encuentra en tal circunstancia, unas cargas desproporcionadas.
Con fundamento en las anteriores consideraciones y con el propósito de armonizar el principio democrático y de preservación del derecho, con la garantía de acceso efectivo a la justicia, la Corte emitirá una sentencia condicionada Sobre los criterios para determinar cuando es procedente el condicionamiento de una disposición sometida a control la jurisprudencia constitucional ha sostenido de manera reiterada los siguientes criterios: (i) Si una disposición legal está sujeta a diversas interpretaciones por los operadores jurídicos pero todas ellas se adecuan a la Carta, debe la Corte limitarse a establecer la exequibilidad de la disposición controlada sin que pueda establecer, con fuerza de cosa juzgada constitucional, el sentido de la disposición legal, ya que tal tarea corresponde a los jueces ordinarios; (ii) Si todas las interpretaciones de la disposición legal acusada desconocen la Constitución, entonces debe la Corte simplemente retirar la norma del ordenamiento jurídico. En este caso, el objeto de la sentencia sería la disposición, porque todos sus significados son inconstitucionales (Sentencia C-492 de 2000); (iii) Si la disposición legal admite varias interpretaciones, de las cuales algunas violan la Carta pero otras se adecuan a ella, entonces corresponde a la Corte proferir una constitucionalidad condicionada o sentencia interpretativa que establezca cuáles sentidos de la disposición acusada se mantienen dentro del ordenamiento jurídico y cuáles no son legítimos constitucionalmente. En este caso, la Corte analiza la disposición acusada como una proposición normativa compleja que está integrada por otras proposiciones normativas simples, de las cuáles algunas, individualmente, no son admisibles, por lo cual ellas son retiradas del ordenamiento (Sentencia C-499 de 1998). Sobre el desarrollo de estas reglas, se pueden consultar, además, las sentencias C-496 de 1994, C-109 de 1995, C- 690 de 1996, C-488 de 2000, C-557 de 2001 y C-128 de 2002. que repare la inexequibilidad constatada, excluyendo el sentido de la norma que resulta contrario a la Constitución. En ese orden de ideas declarará la EXEQUIBILIDAD del numeral 3° del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003, en cuanto se refiere a las causales de nulidad previstas en los numerales 1° y 2° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, ''en el entendido que la no interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad sólo aplica cuando la nulidad se produzca por culpa del demandante''.
En los eventos en que el demandante ha presentado oportunamente su demanda ante la justicia, el efecto de una declaratoria de nulidad por falta de jurisdicción o competencia debe ser el envío del proceso al funcionario competente, sin que tal hecho genere interrupción de la prescripción En la jurisdicción contencioso administrativa, esta materia está tratada con mayor racionalidad, por cuanto tal como lo establece el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo: ''(...) En caso de falta de jurisdicción o de competencia mediante decisión motivada el juez ordenará remitir el expediente al competente, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión''. , ni operancia de la caducidad.
''Particularmente respecto a la carga argumentativa que debe exponer el actor al formular cargos por vulneración del derecho a la igualdad, esta Corporación ha sentado que no basta con sostener que las disposiciones acusadas establecen un trato diferente sobre ciertas personas que desconoce el artículo 13 superior, sino que resulta indispensable señalar las razones por las cuales dicha diferencia de trato es discriminatoria con argumentos que cuestionen el fundamento de la medida, toda vez que ''la realización de la igualdad no le impone al legislador la obligación de otorgar a todos los sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se encuentran bajo situaciones fácticas similares ni gozan de las mismas condiciones o prerrogativas personales e institucionales'' Corte Constitucional. Sentencia C-1115 de 2004. M.P.R.E.G...
De ahí que la Corte haya sostenido que el concepto de igualdad es relacional y, por tanto, el juicio de igualdad debe recaer sobre una pluralidad de elementos que se denominan ''términos de comparación'' En relación con el carácter relacional de la igualdad, se pueden consultar entre otras las sentencias: T-422 de 1992, C-351 de 1995, T-530 de 1997, C-1112 de 2000 y C-090 de 2001.. De esta forma, se ha establecido que los cargos que refieren a la vulneración del derecho a la igualdad ''deben señalar con claridad los grupos involucrados, el trato introducido por las normas demandadas que genera la vulneración del derecho a la igualdad y qué justifica dar un tratamiento distinto al contenido en las normas acusadas. Entre otras sentencias, ver la C-673 de 2001 (MP: M.J.C.E.).'' Sentencia C-913 de 2004, M.P.M.J.C.E.. Criterio reiterado en la sentencia C-381 de 2008, M.P., C.I.V.H...
PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el numeral 3° del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por la Ley 794 de 2003, en cuanto se refiere a las causales de nulidad previstas en los numerales 1° y 2° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, ''en el entendido que la no interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad sólo aplica cuando la nulidad se produce por culpa del demandante''.
Auto nº 203/12 de Corte Constitucional, 12 de Septiembre de 2012

References: artículo 11
 artículo 91
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 artículo 99
 artículo 97
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 artículo 91
 artículo 91
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 artículo 140
 artículo 11
 artículo 11
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 artículo 2
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 artículo 140
 Artículo 140
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 artículo 91
 artículo 140
 artículo 90
 artículo 1
 resolución 
 artículo 95
 artículo 144
 artículo 91
 artículo 11
 artículo 140
 artículo 143
 artículo 13
 artículo 91
 artículo 140