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Timestamp: 2019-10-20 22:19:31+00:00

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Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Sala 1ª de lo Civil, 25 de Junio de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 31813979
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Sala 1ª de lo Civil, 25 de Junio de 2002
Ponente: JOSE A. TROYANO
HANJIN SHIPPING CO. APELA CONTRA EL AUTO DEL 23 DE FEBRERO DE 1999 DICTADO POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARITIMO QUE NENITA CANEDO Y OTROS LE SIGUEN A HANJIN SHIPPING CO
Dentro del proceso ordinario marítimo declarativo y de condena, interpuesto por NENITA L. CANEDO, G.P.A., L.L.L. y otros contra HANJIN SHIPPING CO. LTD., la firma de abogados DE CASTRO Y ROBLES, apoderados judiciales de la parte demandada, ha interpuesto recurso de apelación contra dos resoluciones, ambas de fecha 23 de febrero de 1999, y mediante las cuales el Juez Marítimo resuelve excepción de transacción e incidente de declinatoria de competencia por Forum Non Conveniens, que fueron interpuestos por la parte recurrente.
En consideración de que se trata de dos resoluciones apeladas dentro de un mismo proceso, por economía procesal y en base a lo normado por el artículo 1143 del Código Judicial, aplicable supletoriamente, ambas apelaciones serán resueltas en esta única resolución.
El proceso ordinario marítimo declarativo y de condena fue promovido con el objeto de que el Tribunal Marítimo declare que es nulo el Contrato de Finiquito y Relevo de Responsabilidad suscrito entre HANJIN SHIPPING CO. LTD. y los herederos y beneficiarios de los tripulantes desaparecidos como consecuencia de un abordaje cuya responsabilidad se le adjudica a la M/N HANJIN MADRAS de propiedad de la referida sociedad demandada, quien debe ser condenada a pagar la suma de US$6.560.439.80, en concepto de daños y perjuicios causados, más los intereses, gastos y costas del proceso.
Como fundamento de la demanda se señala que el Contrato de Finiquito y Relevo de Responsabilidad objeto de la presente demanda es nulo en todo aquello que no se derive de la relación contractual de trabajo, por haber existido vicio del consentimiento, presión y coerción en los herederos y beneficiarios de los tripulantes fallecidos, siendo responsable de estas acciones intencionales, fraudulentas e ilegales la demandada HANJIN SHIPPING CO. LTD.
Corrido el traslado de la demanda fue contestada oportunamente por la firma de abogados DE CASTRO & ROBLES quienes en su condición de gestores oficiosos de la demandada, solicitan se niegue las declaraciones solicitadas en la demanda y la petición de condena y adicionalmente en su defensa presentan: 1) INCIDENTE DE DECLINACION DE COMPETENCIA POR FORO NO CONVENIENTE (FORUM NON CONVENIENS); y 2) EXCEPCION DE TRANSACCION.
En resoluciones de la misma fecha (23 de febrero de 1999) dictadas por el Tribunal Marítimo, en su orden, se niega el Incidente de previo y especial pronunciamiento de transacción (fs.1036-1044) y se resuelve NO ACOGER la solicitud de "FORUM NON CONVENIENS". (fs.1045-1054).
En vista de que uno de los Incidentes planteados versa sobre declinación de competencia hacia un tribunal extranjero por "Forum non Conveniens", estima la Sala que lo más conveniente y a ello procederá, es analizar en primer lugar esta incidencia, ya que de ser viable la misma y trasladar la competencia del Tribunal Marítimo hacia otra jurisdicción, se le estaría imposibilitando para continuar conociendo del negocio y por ende de la "Excepción de Transacción", objeto también del recurso de apelación que nos ocupa.
INCIDENTE DE DECLINACION DE COMPETENCIA
POR FORUM NON CONVENIENS
La parte demandada HANJIN SHIPPING CO. LTD., al contestar la demanda y con fundamento en el artículo 19, ordinales 1 y 2 del Código de Procedimiento Marítimo, solicita al Tribunal Marítimo que se abstenga de seguir conociendo de la presente causa y que la remita a los Tribunales Filipinos por ser éstos los más apropiados o convenientes.
La incidentista presenta distintos argumentos a fin de fundamentar la conveniencia de que se decline la competencia y sean los Tribunales de Filipinas los que asuman el conocimiento de la presente demanda. Dentro de estos argumentos, en el económico se plantea el costo elevado que representaría el tener que practicar pruebas en el extranjero en caso de mantenerse la competencia en el Tribunal Marítimo Panameño. Desde el punto de vista de una correcta administración de justicia, se plantea que la demanda guarda relación con una serie de hechos, situaciones y personas en Filipinas, de donde resulta que los Tribunales Filipinos son más convenientes para decidir este reclamo y administrar justicia dada la oportunidad que tiene el juzgador de apreciar directamente el testimonio de las partes, testigos y de observar su conducta al efectuarse el interrogatorio.
El referido Incidente es resuelto por el Juez Marítimo mediante Resolución dictada el 23 de febrero de 1999 (fs.1045-1054) en la que decidió "NO ACOGER la solicitud de 'FORUM NON CONVENIENS' presentada por la parte demandada del presente proceso, HANJIN SHIPPING CO. LTD.", a quien condenó además al pago de la suma de B/.500.00 en concepto de costas.
La representación judicial de la incidentista-demandada solicita a la Sala la revocatoria de la resolución dictada por el Tribunal Marítimo, de fecha 23 de febrero de 1999 y que se ordene declinar el conocimiento de la presente causa en favor del foro filipino, sustentando dicha petición en lo siguiente:
Que la causa debe ser declinada a los Tribunales Filipinos con fundamento a la doctrina de FORUM NON CONVENIENS enmarcada dentro de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 19 del Código de Procedimiento Marítimo.
En este sentido, consideran los recurrentes que el foro más conveniente es la jurisdicción de los Tribunales Filipinos por lo siguiente:
- Así se pactó en el contrato de trabajo de los marinos fallecidos, quienes eran nacionales filipinos; y que además contiene una cláusula remisoria o de sumisión jurisdiccional.
-Porque en Filipinas existe toda una gama de instituciones, tribunales, leyes, reglamentos, etc., establecidos para la mejor tutela de los derechos de los marinos filipinos y sus familiares /beneficiarios, especializados en esa materia y a los cuales no se tiene acceso en la República de Panamá;
-Porque todas las personas involucradas en la constitución de la relación laboral de los marinos fallecidos son filipinos o se encuentran en dicho país;
-Porque las personas involucradas en el manejo de los reclamos de los demandantes en Filipinas, y que pudieron testificar sobre legitimidad de los mismos para las diversas acciones legales, son filipinos o se encuentran en Filipinas.
Que la causa se debe declinar a los Tribunales Filipinos por razones de orden público surgidas de la cláusula remisoria de jurisdicción, o de sumisión jurisdiccional contenida en los contratos de trabajo de uso obligatorio por las autoridades filipinas, supuesto de sumisión jurisdiccional que recoge el numeral 3 del artículo 19 del Código de Procedimiento Marítimo y que viene a constituir una limitante y condicionante a la discrecionalidad amplia (mas no absoluta), con que cuenta el Juez Marítimo para acceder o no a declinar competencia con fundamento en los ordinales 1 y 2 del artículo 19 ibídem.
Continúa argumentando la recurrente, en cuanto al aspecto anterior relativo al orden público, el respeto que debe tener el Tribunal Marítimo Panameño por la legislación de orden público y social del gobierno filipino al exigir en los contratos de trabajo de marinos, cláusulas de remisión o sumisión jurisdiccional.
Adicionalmente, cita precedentes del Tribunal Marítimo y de la Sala Civil mediante los cuales se declinó competencia a las esferas jurisdiccionales filipinas en vista de que los contratos celebrados por los marinos, en los cuales se basaban los reclamos extracontractuales por éstos presentados, contenían cláusulas de sumisión jurisdiccional, ya sea ésta constituida por los propios Tribunales Filipinos o por los Árbitros Laborales del "National Labor Relations Comission" (NLRC).
Finalmente se alega que al negarse el Incidente de Declinatoria de Competencia, el Juez Marítimo incurrió en error in judicando toda vez que su negativa se fundamenta en que la jurisdicción de los Tribunales Filipinos y sus leyes sólo se aplican cuando las reclamaciones se limitan estrictamente a aspecto laborales y que no da cobertura a reclamaciones extracontractuales y ello, según la recurrente, no es así, ya que la cláusula de sumisión de jurisdicción contenida en los contratos celebrados por los marinos se aplica a reclamos por pretensiones o causas de pedir extracontractuales que pueden tener base en alegadas violaciones legales, culpa o negligencia mediante contratos que al tiempo que regulasen relaciones estrictamente laborales cubriese cualquier aspecto derivado, o que fuese consecuencia directa o indirecta, de la relación de trabajo.
OPOSICION A LA APELACION
La firma de abogados CARREIRA PITTI P.C. ABOGADOS, apoderada de la parte demandante, al sustentar su oposición al recurso de apelación, lo hace en la forma que resumidamente se expone a continuación.
En primer lugar considera que en la presente causa es imposible la aplicación de la cláusula remisoria de sumisión jurisdiccional del contrato de trabajo por cuanto que, aparte de que lo que se reclama es una obligación extracontractual, la parte demandante y la parte demandada no son entre sí, partes del contrato de trabajo a que alude la demandada en el Incidente de Declinatoria de Competencia por Forum non Conveniens y por lo tanto no se puede hacer valer ninguna cláusula de sumisión jurisdiccional contenida en los contratos de trabajos respectivos.
Que en la presente causa se está demandando a HANJIN SHIPPING CO. LTD., quien no guarda relación laboral alguna, ni con los marinos difuntos y mucho menos con sus herederos que son los demandantes, siendo que la pretensión se fundamenta en la responsabilidad civil extracontractual, lo que descarta la aplicación de elementos eminentemente contractuales.
La anterior situación, de acuerdo a la demandante, deja sin fundamento el cargo de la apelante en el sentido de que se vulneraría el orden público de acuerdo a las Leyes Filipinas que pudiese surgir de la cláusula remisoria y sumisión de jurisdicción contenida en los contratos de trabajo que lo que buscan es proteger a sus nacionales en las relaciones laborales, pero que no abarca relaciones distintas y externas a ello, como las que se plantean en el presente caso.
Otro de los argumentos utilizados por los demandantes -opositores a la apelación- contrario a la posición de los apelantes, consiste en que no se han demostrado los elementos de conveniencia para declinar el presente proceso a la jurisdicción de las Filipinas, razón por la cual el Juez Marítimo no tenía que aplicar el criterio discrecional que le otorga el artículo 19 del Código de Procedimiento Marítimo, por no darse en este proceso los supuestos de conveniencia a que hacen referencia los ordinales 1 y 2 de la antes referida disposición legal.
Como punto de descargo a las alegaciones de la apelante, los opositores-demandantes sostienen que al tratar de demostrar la conveniencia de declinar la competencia, se comete el error de establecer que son los Árbitros de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales (NLRC), de Filipinas, los que atenderían la presente reclamación por ser el foro para reclamos de tripulantes filipinos y sus dependientes con la conveniencia para éstos de ser tribunales arbitrales especializados. Que el error consiste en que tal conveniencia, en caso de declinatoria, no se produciría por cuanto que a las partes en este proceso no les liga una relación laboral que tenga que ser dirimida por estos Tribunales Arbitrales, sino por otros Tribunales competentes para conocer demandas civiles por culpa o negligencia, y la demandada no ha señalado ni demostrado la conveniencia de estos otros Tribunales.
Considera igualmente irrelevante la opositora los otros argumentos sobre la conveniencia de la declinatoria, habida cuenta de que tal declinatoria tiene como base una relación de trabajo, la cual no se da en el presente caso por cuanto que la demandada HANJIN SHIPPING CO. LTD., no era la empleadora de los marinos fallecidos, sino un tercero ajeno a dicha relación laboral, aclarando además que ya en Inglaterra se dictó sentencia en primera instancia en la que se condenó a la demandada en este proceso como responsable del abordaje en el que perdieron la vida los marinos filipinos.
Con respecto a la conveniencia de declinar por razón de las pruebas que se deben recabar en Filipinas, incluyendo testimoniales y que nuestros tribunales no tienen la capacidad de receptarlos, la opositora de la apelación considera improcedente tal argumentación por cuanto que ya en el proceso se aportó la decisión de responsabilidad del abordaje determinándose al culpable, HANJIN SHIPPING CO. LTD., lo que demerita en todo aspecto la necesidad de tomar testimonios y demás en las Filipinas y además, nuestra Ley (artículo 260 del C.P. M.) prevee la posibilidad de tomar testimonios fuera de la República de Panamá, mediante carta rogatoria o la designación de un funcionario o persona facultada para recibir juramento y tomar declaraciones.
Finaliza la opositora solicitando la confirmación de la resolución apelada.
POSICION DE LA SALA
Después de lo expuesto, para la Sala es claro que estamos frente a un Incidente de Declinatoria por "Forum non Conveniens" cuyo fundamento en nuestra legislación procesal marítima, está recogido en el artículo 19 y en lo que atañe al presente litigio, en los ordinales 1, 2 y 3 del referido artículo, que son los que sirven de sustento a la controversia planteada.
En innumerables ocasiones la Sala ya se ha pronunciado sobre el denominado "forum non conveniens" como uno de los supuestos contenidos en el artículo 19 del Código de Procedimiento Marítimo como fundamento para declinar competencia hacia otra jurisdicción, así como también otros supuestos en él consagrados con igual finalidad, como son los supuestos de "sumisión jurisdiccional" y "litispendencia".
De estos supuestos, como queda dicho, el incidentista alega la necesidad de declinar la competencia con fundamento en el "forum non conveniens" y en el supuesto de "sumisión jurisdiccional" contenidos en los ordinales 1, 2 y 3 del artículo 19 del Código de Procedimiento Marítimo que a continuación transcribimos.
"Artículo 19. Los Tribunales Marítimos podrán abstenerse, a instancia de parte, de conocer o de continuar conociendo de un proceso por causas que surjan fuera del territorio de la República de Panamá, en cualquiera de los siguientes casos:
Cuando deban practicarse pruebas testimoniales y los testigos residan en el extranjero, y sea altamente oneroso para cada una de las partes la práctica de tales pruebas en el extranjero, o la comparecencia de los mismos ante el Tribunal.
Cuando las partes hayan convenido por contrato escrito en someter sus controversias a arbitraje o a un tribunal en país extranjero.
No obstante lo anterior y en base a la facultad discrecional, ya reconocida por la Sala en fallos anteriores, que el artículo transcrito le otorga al juzgador para declinar la competencia, mediante la resolución recurrida (fs.1045-1054) el Juez Marítimo resolvió "no acoger la solicitud de "FORUM NON CONVENIENS" presentada por la parte demandada del presente proceso, HANJIN SHIPPING CO. LTD.".
La Sala llama la atención y considera necesario aclarar que en este aspecto de la controversia sólo se limitará al análisis de la materia referente al "FORUM NON CONVENIENS", excluyendo lo relativo al tema de la "sumisión jurisdiccional" contenida en el ordinal 3°del artículo 19 del Código de Procedimiento Marítimo y que fuera alegado en apelación por el recurrente por cuanto que como se extrae de las alegaciones expuestas, el fundamento de las mismas lo hace descansar en los contratos de trabajo celebrados por los marinos fallecidos, contratos los cuales contienen una cláusula de sumisión de jurisdicción a las autoridades filipinas.
A tales efectos el incidentista trae a colación precedentes sobre situaciones similares en las que la Sala declinó competencia en base a este supuesto de "sumisión jurisdiccional" contenido en el ordinal 3° del artículo 19 del Código de Procedimiento Marítimo. No obstante y sin entrar a analizar el fondo de este planteamiento por las razones que más adelante se expondrán, se considera que los mismos no tienen cabida, habida cuenta que en este proceso, las partes no son las mismas que las que figuran en los contratos de trabajo contentivos de la cláusula de sumisión jurisdiccional. Es decir, a primera vista se observa que ni la parte demandante, ni la parte demandada son o fueron a su vez, los trabajadores ni los empleadores en los mencionados contratos de trabajo.
En este sentido, la Sala en la labor de revisión de los precedentes citados por el incidentista en sustento a sus alegaciones, pudo observar que la situación en ellos planteada era distinta, por cuanto que en aquellos procesos los demandantes sí fungían como parte en la relación laboral que generaron las reclamaciones que fueron atendidas por el Tribunal Marítimo y por la Sala como tribunal de segundo grado, de manera que entre ellas sí se podían hacer valer cláusulas pactadas, excepciones y defensa con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad.
Adicionalmente y desde el punto de vista del Derecho Procesal propiamente, la Sala considera que el análisis relativo al tema de la "sumisión jurisdiccional" o "remisión jurisdiccional" no es pertinente, en esta instancia, por las razones que pasamos a exponer a continuación.
1) De una lectura al libelo del Incidente de Declinatoria de Competencia, (Ver fojas 455-477) se observa con toda claridad que el fundamento del mismo y los hechos que lo sostienen, giran sólo y únicamente, en torno al supuesto de "Forum non Conveniens", dejando el Incidentista por fuera, es decir, excluyendo de su reclamación o de su pretensión, Declinación de Competencia por el supuesto de "sumisión jurisdiccional".
2) Delimitada en el tribunal de primera instancia la pretensión del incidente por los hechos en que él mismo se fundamenta, se delimitó el campo probatorio o la materia sujeta a prueba durante la audiencia oral llevada a cabo para probar los hechos alegados por el incidentista, resultando que esta actividad probatoria se circunscribió, por parte del incidentista demandado, el demandante y el Juez a la materia relacionada con el "Forum non Conveniens".
3) Fijado por el incidentista el tema del debate y consecuentemente el tema "ad probationem", la resolución apelada se limitó únicamente a lo que fue materia del debate del incidente, decidiendo no acoger la solicitud de "Forum non conveniens".
No obstante lo anterior, observa la Sala que al sustentarse la apelación ante esta superioridad, el Incidentista agrega un nuevo elemento y alega hechos que no fueron propuestos en su pretensión original, ni fueron debatidos en la audiencia, ni considerados por el Juzgador en el fallo objeto de esta apelación, como lo son los hechos relativos a la "sumisión de jurisdicción" pactada en los contratos de trabajo, como fundamento adicional para declinar la competencia a los tribunales de las Filipinas.
En otras palabras, el apelante pretende, en esta instancia, adicionar cosas distintas a las cuestiones que fueron y son objeto central del debate del incidente, situación ésta que impide a la Sala su análisis de fondo pues, entre otras cosas, ello podría llevar a incurrir en incongruencia y por otro lado, más importante aún, estaríamos frente a un proceso en el que los hechos quedarían sustraídos de la oportunidad del debate, faltando el principio de contradicción como rector del proceso en el que la contraparte, a fin de evitar a toda costa un estado de indefensión, tiene todo el derecho de conocer los hechos anticipadamente para poder combatirlos.
Es indiscutible que la ratio del fallo de primera instancia se fundamentó en los hechos que fueron debatidos y que habían delimitado el objeto de la pretensión del incidente y conocer en segunda instancia de hechos nuevos incorporados por vía del recurso de apelación, equivaldría a aceptar modificar el objeto del incidente, el cual como sabemos, en todo proceso es fijado por las partes en la primera instancia a través de la pretensión contenida en la demanda, contrademanda, incidente o excepciones con las correcciones, modificaciones y adiciones en los momentos y en la forma que señala el Código de Procedimiento Marítimo, pero que definitivamente no es este el momento procesal, ni es el recurso de apelación, el que pueda ser utilizado para estos efectos.
De atender este aspecto de la controversia, la Sala estaría excediéndose del ámbito de sus facultades en detrimento del derecho de defensa de una de las partes del proceso, razón de sobra, repetimos, para que la Sala se abstenga de resolver sobre la falta de competencia del Juez Marítimo para conocer de la presente causa en virtud de la cláusula remisoria o de sumisión jurisdiccional, contenida en los contratos de trabajo de los marinos fallecidos cuyos beneficiarios o herederos constituyen la parte demandante en este proceso, aparte de que el no atender este aspecto de la controversia, no impide analizar, como se hará más adelante, la declinatoria de competencia planteada en base al "forum non conveniens", ya que la declinatoria es un efecto procesal de ambas causas.
Realizada la necesaria aclaración anterior, se avoca la Sala al estudio del tema relativo al "Forum non Conveniens", alegado por el recurrente en su recurso de apelación, como fundamento del Incidente de Declinatoria de Competencia el cual fue rechazado por el Juez Marítimo mediante la resolución apelada de fecha 23 de febrero de 1999 (fs.1045-1054), que resolvió: "No ACOGER la solicitud de "FORUM NON CONVENIENS" presentada por la parte demandada del presente proceso, HANJIN SHIPPING CO. LTD.".
De una lectura al referido auto se puede extraer de su parte motiva, que los argumentos que sirvieron de base para no acceder a la solicitud de forum non conveniens, fueron los siguientes:
Que la incidentista no demostró que la reclamación que nos ocupa, de naturaleza extracontractual, por culpa o negligencia, se pueda ventilar y ser de conocimiento o de competencia de los tribunales filipinos y además, porque se desconoce el hecho de que si pudiese ser de competencia de aquellos tribunales, no se sabe si la acción ya se encuentra prescrita de acuerdo a las leyes filipinas; y
Que el incidentista no ha presentado evidencias, ni convencido al juzgador de que con fundamento en los ordinales 1 y 2 del artículo 19 del Código de Procedimiento Marítimo, de la necesidad de practicarse pruebas testimoniales con testigos que residan en el extranjero, y que tal práctica de pruebas en el extranjero o en el Tribunal resulta altamente oneroso para cada una de las partes. Igualmente consideró el Juez a-quo que el incidentista no logró evidenciar respecto a la necesidad de practicar una inspección judicial y que ésta deba llevarse a cabo en el extranjero.
Después de un análisis de los alegatos expuestos por el incidentista recurrente en su escrito de apelación, la Sala se muestra de acuerdo con el proceder y la decisión tomada por el Juez Marítimo la cual avala, en primer lugar, por cuanto que en el proceso no existe suficiente evidencia de que en efecto, una reclamación de la naturaleza de la que nos ocupa pueda ser sometida o de competencia de los tribunales filipinos y por otro lado, ante tal disyuntiva, debe prevalecer en el Organo Jurisdiccional Panameño, el interés ineludible de garantizar a toda persona el derecho a la Tutela Judicial Efectiva, en cuya virtud debemos reconocer que nuestros Tribunales gozan de toda la capacidad Constitucional y legal necesaria que requiere todo estado de derecho para impartir justicia.
Por la misma razón, y además porque, como bien lo señala el Juzgador de primera instancia, no ha quedado suficientemente evidenciado que resulta "altamente oneroso para cada una de las partes la práctica" de pruebas testimoniales en el extranjero, máxime cuando nuestra legislación procesal marítima y procesal civil, aplicable supletoriamente, facilitan y permiten sin mayores dificultades, la práctica de este tipo de pruebas, así como la inspección judicial, tal cual lo señalan los artículos 221, 223 y 260 del Código de Procedimiento Marítimo, aún cuando este último medio de prueba, como bien lo señala el a-quo, "no se ha evidenciado el elemento de una necesidad de inspección judicial... y que dichas diligencias deben ser efectuadas en el extranjero".
Ya ha sido sentado por la Corte que quien alega la no conveniencia de un foro jurisdiccional para atender un asunto, es a quien le corresponde la tarea de probar la conveniencia o inconveniencia alegada, y además la necesidad de tal acreditación a la cual queda supeditada la decisión del Tribunal Marítimo. En este sentido, nos permitimos transcribir la parte pertinente de la Sentencia dictada por la Sala, de fecha 1° de diciembre de 1998, que señala lo siguiente:
"El forum non conveniens, que, como es sobradamente conocido, es una institución procesal proveniente del sistema legal anglosajón, y concretamente, de los Estados Unidos de América, permite el cambio del foro jurisdiccional en donde se ventila una controversia. En nuestro ordenamiento, dicha institución ha sido incorporada, para poderse aplicar, por determinación del Tribunal Marítimo, cuando se acredita la existencia de dificultades en la práctica de determinadas pruebas, o porque se ha acreditado que resulta indispensable para una mejor administración de justicia, en el caso concreto. La declinatoria, en este caso, la analiza y decide el juez, al ponderar la existencia de los supuestos que se encuentran tasados en la ley ritual para desasirse del conocimiento de un asunto para el cual tiene la necesaria competencia." (Subraya la Sala)
Al parecer de la Sala, los argumentos anteriores son suficientes para que con la facultad discrecional contemplada en el primer párrafo del artículo 19 del Código de Procedimiento Marítimo con respecto a los supuestos contenidos en los ordinales 1 y 2 del referido artículo, el J., sin que se entienda como una liberalidad absoluta, pueda decidir, como lo ha hecho, sujeto a las constancias procesales y evidencias suficientes, sobre la conveniencia o no de la declinatoria de competencia solicitada con fundamento al "Forum non Conveniens", liberalidad que subsiste en estos casos en los que no entran en juego los principios que rigen la remisión o sumisión de jurisdicción, en donde como es sabido, no goza el juzgador de una discrecionalidad tan amplia por cuanto que aquí se encuentra limitado por el principio de la autonomía de la voluntad que en nuestra legislación procesal marítima se recoge en los ordinales 3 y 4 del artículo 19 del Código de Procedimiento Marítimo.
Aclarada la situación respecto al Incidente de Declinatoria por "forum non conveniens", en el sentido de que éste es improcedente y por tanto le compete al Tribunal Marítimo conocer el presente caso, se pasa entonces a analizar la apelación respecto a la Excepción de Transacción introducida por la demandada.
EXCEPCION DE TRANSACCION
Como se señaló en líneas anteriores, la parte demandada en este proceso, HANJIN SHIPPING CO. LTD., al contestar la demanda, interpuso, además del Incidente ya estudiado, "Excepción de Transacción", con fundamento en los artículos 74, ordinal 8, en concordancia con los artículos 79 y 80, todos del Código de Procedimiento Marítimo, tal cual consta de fojas 477 a 478 del expediente.
La excepción de transacción, de acuerdo a la constancia en autos (fs.1036-1044), fue resuelta por el Juez Marítimo mediante resolución fechada 23 de febrero de 1999, en la que resolvió "NEGAR el incidente de previo y especial pronunciamiento de transacción, presentado por la parte demandada, HANJIN SHIPPING CO. LTD.".
La referida resolución, sobre la cual recayó el recurso de apelación que nos ocupa, sustenta su decisión básicamente en las siguientes motivaciones:
Que de acuerdo a la excepción propuesta, los demandantes, en su nombre y en representación de los herederos, suscribieron contratos de finiquito y relevo de responsabilidad, contratos éstos que constituyen una transacción por cuanto que los mismos versan sobre las pretensiones expuestas por los demandantes en la demanda;
Que el punto medular consiste en determinar si los finiquitos, en realidad constituyen una transacción válida, de tal manera que le ponga término a la presente controversia debido a que las partes decidieron resolver su controversia mediante esa forma expresa.
Que para poder considerar la transacción como excepción, es indispensable determinar primero la validez de los finiquitos para lo cual se requiere una serie de pruebas que por encontrarse el proceso en una etapa inicial no se cuenta con ellas.
Que el Tribunal considera que debido a las condiciones y circunstancias en que se celebraron los finiquitos, se violaron disposiciones del Código Civil de Filipinas como son los artículos 24, 1337, 1332, 2038 y 1330, que contemplan la anulabilidad de los contratos, cuando los mismos adolecen de vicio del consentimiento o de la voluntad real expresada por las partes como consecuencia de la figura conocida como "undue influence" o "indebida influencia", que de acuerdo a traducción libre del artículo 1337 del Código Civil de Filipinas se produce "... cuando una persona toma ilegítima ventaja de su poder sobre la otra persona, privándolo a éste de una razonable libertad de elección", y que se exterioriza mediante determinadas circunstancias como "la debilidad mental, la ignorancia o bien, encontrarse en situación de preocupación económica (financial distress)".
Que como consecuencia de lo anterior y encontrarse los dependientes de los marinos en situación de necesidades económicas apremiantes, estamos frente a una situación de "influencia indebida".
Además, agrega el fallo de primera instancia, que los pactos que celebraron los demandantes son de contenido jurídico de difícil comprensión para una persona, incluso para un abogado sin conocimientos especiales, situación que afecta el libre consentimiento produciendo la anulabilidad del contrato, al tenor de lo dispuesto en los artículos 1332, 2038 y 1330 del Código Civil de Filipinas.
Que en virtud de que los herederos se encontraban en la situación antes expuesta, se concluye que existió vicio del consentimiento denominado "undue influence" y por tanto los actos son anulables de acuerdo a la Ley de Filipinas. Señala el Juez a-quo que lo expuesto crea dudas respecto a la validez de los finiquitos, razón por la cual se debe desestimar la petición incidental (la excepción de transacción) y entrar a los aspectos de fondo del juicio, es decir, a probar la procedencia o no de los daños reclamados por culpa o negligencia.
La demandada incidentista HANJIN SHIPPING CO. LTD., al sustentar su apelación, lo hace de la siguiente manera:
Que los marinos fallecidos eran empleados de la M/N MINERAL DAMPIER y la otra M/N HANJIN MADRAS, con la que ocurrió el abordaje era de propiedad de la demandada.
Que los herederos y beneficiarios de los mismos fallecidos firmaron con los representantes de la motonave para la cual éstos laboraban (M/N MINERAL BAMPIER), un documento titulado "Release and Quitclaim", es decir, "Finiquito y Renuncia de Reclamos", como contraprestación al pago de sumas de dinero en concepto de beneficios e indemnizaciones.
Que los beneficiarios, herederos, ahora demandantes, fueron asistidos por abogados y al momento de la firma lo hicieron en presencia de testigos y ante Notario Público.
Que en adición a los finiquitos, los demandantes firmaron declaraciones juradas y afirmaciones ante Notario Público, en las que ratificaban su entendimiento del acuerdo y su libre voluntad al ejecutar el mismo.
Que el finiquito y renuncia a reclamos es total, final e incluye todo tipo de reclamación, incluso por culpa o negligencia de cualquiera de las naves involucradas en el abordaje, entre ellos M/N HANJIN MADRAS, de propiedad de la demandada HANJIN SHIPPING CO. LTD. y la M/N MINERAL DAMPIER de la cual eran empleados los marinos fallecidos.
Que la legislación, precedentes y jurisprudencias filipinas, refuerzan los hechos fundamentales de la excepción de transacción, dándole validez y obligatoriedad a los finiquitos o transacciones firmadas por los demandantes.
Que dentro de las circunstancias en que se firmaron los finiquitos o transacciones, los apelantes argumentan que no hubo violencia, intimidación, amenaza, influencia indebida, necesidad extrema, fraude o violación del orden público.
Finalmente, los apelantes le endilgan al fallo apelado errores de apreciación en su análisis y en la aplicación del Derecho Filipino, razón por la cual solicitan a la Sala su revocatoria y que se declare probada la excepción de transacción presentada.
En su oportunidad la parte demandante al oponerse al recurso de apelación relativo a la excepción de transacción (fs.1522-1548), lo hace en los términos que resumidamente se exponen a renglón seguido.
Que en el presente caso se debe tener presente y considerar la situación procesal envuelta consistente en que la pretensión o petición de fondo de la demanda es precisamente la declaratoria de nulidad de los finiquitos o transacciones firmadas por los demandantes, y que la demandada pretende utilizar como fundamento de la excepción de transacción presentada.
Que los precedentes (caso DIAMOND A) a que hace alusión la demandada y en el que se concedió excepción de transacción, no son de aplicación en el presente caso por tratarse de procesos y situaciones distintas.
Que tanto en el derecho panameño como el filipino, son de aplicación las mismas causales de nulidad comunes a todos los contratos y en el presente caso existen pruebas que acreditan el vicio del consentimiento y la ilicitud de las transacciones cuyas nulidades se solicitan.
Para resolver lo pertinente, la Sala observa que la discusión en la presente excepción gira en torno a lo planteado por el Incidentista en el sentido de que se reconozca por parte del Tribunal Marítimo los efectos de la cosa juzgada que produce el contrato de transacción y que persigue que algo que ya fue discutido y acordado por las partes, dándole fin a sus desavenencias evitando un pleito futuro, vuelva a ser objeto de contienda y litigio entre ellos, tal cual lo preveen los artículos 1500 y 1506 del Código Civil, que a continuación transcribimos.
Artículo 1500. La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado.
Artículo 1506. La transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada.
De la resolución apelada se observa que el Tribunal Marítimo decidió negar el incidente de previo y especial pronunciamiento de transacción, basándose para ello en los supuestos vicios de que adolecen las transacciones o finiquitos que celebraron los demandantes y que, según ellos, afectan su validez y ocasionan su nulidad como contrato de transacción.
Es decir, la Sala observa que el a-quo para resolver la excepción planteada, lo hizo fundamentándose en hechos, que hasta donde se puede constatar, de acuerdo a la demanda, son elementos relacionados directamente con la pretensión y por tanto materia de fondo del litigio, tal cual como se desprende de la declaración N°2 del petitum (f.2) y de los hechos DECIMOSEPTIMO y DECIMOCTAVO (fs.10 y 11) del libelo de demanda, que a continuación se transcriben para mejor comprensión:
2. Que el Contrato de Finiquito y Relevo de Responsabilidad suscrito por, los herederos y beneficiarios de los tripulantes desaparecidos, N.L.C., G.P.A., L.L.L., M.S.P., F.A.D., Sr., L.H.J., F.J.L., G.L.H.B. y C.S.M., Jr., es nulo en todo aquello que no se derive de la relación contractual de trabajo, por haber existido vicio del consentimiento, presión y coerción, y que la demandada HANJIN SHIPPING CO. LTD., es responsable de las acciones intencionales, fraudulentas e ilegales y de los perjuicios causados a los demandantes.
DECIMOSEPTIMO: Los actos intencionales y fraudulentos de la demandada HANJIN SHIPPING CO. LTD., de intentar beneficiarse con un relevo de responsabilidad, de naturaleza contractual laboral, por presión, coerción, dolo y negligencia grave para evadir la responsabilidad civil y su respectiva indemnización, y la simulación de la comparecencia de abogados no contratados por los demandantes para que supuestamente actuaran por los demandantes, y de tener dichos supuestos servicios legales al momento de la firma del documento de relevo de responsabilidad, no sólo invalidan, por ilegal y fraudulento el supuesto relevo de responsabilidad sino que permiten exigir el cumplimiento de las obligaciones que emanan del abordaje, a favor de los demandantes y en contra de la demandada HANJIN SHIPPING CO. LTD.
"DECIMOCTAVO: La demandada HANJIN SHIPPING CO. LTD., es responsable, frente a los demandantes no sólo de la responsabilidad por el abordaje, sino de todos los daños y perjuicios que surgen de la acción ilegal, dolosa, fraudulenta, intencional y abusiva en perjuicio de los demandantes con motivo de haber ejercido actos de presión, de coerción, de dolo, de simulación y de negligencia grave para obtener un supuesto relevo de responsabilidad por el abordaje, y dicha conducta es violatoria de la ley filipina, incluyendo los artículos 29, 1332 y 1337 del Código Civil de Filipinas, los cuales establecen:
Artículo 24: En todas las relaciones contractuales, de propiedad u otras relaciones, donde una de las partes esté en desventaja por cuenta de dependencia moral, ignorancia, indigencia, debilidad mental, tierna edad o cualesquiera otra incapacidad, los tribunales deberán ser vigilantes para su protección.
Article 24: In all contractual, property or other relations, when one of the parties is at a disadvantage on account of his moral dependence, ignorance, indigence, mental weakness, tender age or other handicap, the courts must be vigilant for his protection.
Artículo 1332: Cuando una de las partes no es capaz de leer, o si el contrato es en un lenguaje no entendible a ella, y se alega error o fraude, la persona afirmando la validez del contrato está obligada a demostrar que los términos allí expuestos han sido debidamente explicados al otro.
Article 1332: When one of the parties is unable to read, or if the contract is in a language not understood by him, and mistake or fraud is alleged, the person enforcing the contract must show that the terms thereof have been fully explained to the former.
Artículo 1337: Existe influencia indebida cuando una persona impropiamente toma ventaja de su poder sobre la voluntad de otra, impidiendo a la otra libertad razonable de escogencia. Las siguientes circunstancias deben ser consideradas: la confidencialidad, la relación familiar, espiritual, y otras relaciones entre las partes, o el hecho de que la persona que alega haber sido impropiamente influenciada estaba sufriendo de debilidad mental, o era ignorante o estaba en dificultades financieras.
Article 1337: T. is undue influence when a person takes improper advantage of his power over the will of another, depriving the latter of a reasonable freedom of choice. The following circunstances should be considered: The confidential, family, spiritual and other relation between the parties, or the fact that the person alleged to have been undully influenced was suffering from mental weakness, or was ignorant or in financial distress."
De acuerdo a la doctrina y la mayoría de las legislaciones, la transacción es un contrato o negocio jurídico que abarca tanto al derecho privado, por un lado, y por el otro, al derecho procesal o público, en virtud de que a la vez puede ser utilizada como una excepción procesal, como lo es la excepción de transacción invocada, íntimamente ligada los efectos de cosa juzgada en su sentido material, que produce entre las partes, los cuales son similares a los producidos por una sentencia ejecutoriada.
Como es obvio, para que ambos derechos y sus efectos jurídicos se puedan hacer valer, es necesario que surjan de un contrato de transacción válido, es decir, que no esté viciado de nulidad.
En el caso que nos ocupa, como mencionáramos anteriormente, la pretensión en el proceso principal viene dirigida a que se declare la nulidad de las transacciones por supuestos vicios alegados por la parte demandante. La excepción de transacción, en cambio, pretende que se absuelva a la demandada de pagar la indemnización reclamada por cuanto que ésta fue objeto de transacción, que es ley entre las partes, surtiendo los efectos de cosa juzgada, es decir, de sentencia ejecutoriada, lo que impide volver nuevamente sobre el asunto transado.
De lo anterior se observa que de manera prematura y errónea el Juez Marítimo entró a pronunciarse sobre la validez de los finiquitos o transacciones, concluyendo que los mismos adolecen de vicios en el consentimiento, produciéndose por ello la anulabilidad de los contratos tal como lo alegan los demandantes. Es decir, el juzgador para rechazar la excepción planteada ha entrado a considerar elementos o hechos que guardan relación con la "causa petendi", la cual, junto con la pretensión, delimitan el objeto del proceso, que en el caso que nos ocupa, como quedó dicho, es la declaración de nulidad de las transacciones celebradas, mientras que la excepción de transacción, que es sobre la que debe recaer el fallo, tiene como objeto que se exima de la obligación que se le reclama a la demandada, por haberse ésta extinguido.
Sobre este particular, llama la atención la contradicción manifiesta en que incurre el a-quo en la resolución apelada, al señalar la imposibilidad de analizar la anulabilidad o validez de las transacciones como consecuencia de vicios en el consentimiento, entre otras cosas, por encontrarse el proceso en su etapa inicial y no contar con suficientes elementos probatorios para ello, agregando que "aunado al impedimento que acabamos de señalar y que nos coloca un obstáculo para analizar a ciencia cierta la validez de los finiquitos, ..." (fs.1040-1041), y sin embargo, no obstante la aseveración anterior, en la misma resolución entra a hacer apreciaciones y conclusiones jurídicas sobre los referidos finiquitos o transacciones, las circunstancias que rodearon su celebración y la validez de las mismas, para concluir finalmente señalando, aunque en la parte motiva del fallo, que existen dudas que le impiden reconocer la validez de lo pactado por ser atentatoria contra un libre consentimiento, concluyendo "que existió vicio del consentimiento denominado > y por consiguiente es anulable bajo la Ley Filipina..." (f.1043), conclusiones estas que lo llevaron a considerar que la petición de excepción de transacción debía ser desestimada, como en efecto lo hizo en la parte resolutiva al negar el incidente de transacción.
Es obvio que el a-quo se excedió al considerar y decidir asuntos, como es el tema de la nulidad de las transacciones, que es materia de fondo de la controversia, por la vía de una excepción cuyo objeto es la declaración de la extinción de la obligación reclamada a través del reconocimiento de hechos que constituyen la excepción, como lo son que los demandantes recibieron el pago y renunciaron a futuras reclamaciones, de donde se deduce que es la cosa juzgada, como efecto del contrato de transacción, lo que se quiere hacer valer.
Visto lo anterior, nos queda por analizar la excepción presentada desde el punto de vista de su objeto y reconocimiento como medio extintivo de la obligación reclamada, cuando uno de los temas de fondo que se discuten mediante el proceso principal versa precisamente sobre la validez o declaración de nulidad de las transacciones que originan la reclamación y que se pretenden utilizar como medio para que se declare extinguida la obligación indemnizatoria que también se reclama en la demanda.
En este orden de ideas, la lógica jurídica como herramienta que coadyuva para el normal entendimiento y aplicación de la norma jurídica, pareciera indicar que no es posible hacer valer, vía excepción, hechos extintivos de la pretensión u obligación que se reclama, como lo son la existencia de contratos de transacción cuya validez se discute y que constituyen el fondo del asunto a debatir y resolver mediante sentencia, que no es otro que la declaración de nulidad de los finiquitos o transacciones que originan la demanda.
No es posible entablar acción, en este caso excepción de transacción, para hacer valer sus consecuencias jurídico- procesales, como lo es el reconocimiento de la cosa juzgada, cuando es obvio que el éxito de la excepción, como ocurre en el presente caso, depende de la validez de los finiquitos o contratos transaccionales, cuya declaratoria de nulidad es uno de los puntos principales del petitum de la demanda a la cual accede la excepción de transacción, circunstancia ésta que en opinión de la Sala produce el rechazo de la excepción planteada.
Es decir, aunque el incidentista cita como fundamento de derecho el artículo 80 del Código de Procedimiento Marítimo, que al igual que el artículo 78, ibídem, disponen que este tipo de excepciones (transacción) sean resueltas como de previo y especial pronunciamiento, esto es, antes de dictarse sentencia, es fácil advertir que en el presente caso ello no es posible por cuanto que en la actividad procesal, tanto del demandante (en la demanda principal) como del excepcionante, el interés perseguido, aunque contrapuestos, recae sobre un mismo objeto, el cual es, los contratos de transacciones o finiquitos firmados por los demandantes. Esta imposibilidad es manifiesta por cuanto es obvio que la validez de los efectos jurídicos de dichas transacciones, incluso el de cosa juzgada, pende de la decisión de fondo que el Tribunal Marítimo dicte sobre la validez de las mismas.
Lo anterior no es obstáculo para que llegado el momento de dictar sentencia, si en el proceso quedan demostrados los hechos que configuran la excepción, y con ello la extinción o modificación de la obligación que se reclama en la demanda, sea así reconocido por el juzgador, tal cual lo señala el artículo 77 del Código de Procedimiento Marítimo, que dispone al respecto, lo siguiente:
"Artículo 77. Cuando el Juez considere probados los hechos que constituyen una excepción, aunque ésta no se haya propuesto ni alegado, debe reconocerla en el fallo, una vez surtida la tramitación del proceso y decidir el juicio en consonancia con la excepción reconocida; sin embargo, respecto de las excepciones de prescripción y de la compensación, es preciso que se aleguen."
De lo anterior se concluye que la improcedencia de la excepción de transacción planteada debe ser también confirmada, pero por las razones expuestas por la Sala en líneas anteriores.
Por lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA las Resoluciones de fecha 23 de febrero de 1999 dictadas por el TRIBUNAL MARITIMO, mediante las cuales no acoge la solicitud de "FORUM NON CONVENIENS" y NIEGA el incidente de previo y especial pronunciamiento de transacción, presentado por la demandada HANJIN SHIPPING CO. LTD.
Se condena en costas a la parte demandada-incidentista, las cuales se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00).

References: artículo 1143
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 artículo 1337

Artículo 1500

Artículo 1506
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Artículo 24

Artículo 1332

Artículo 1337
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 artículo 80
 artículo 78
 artículo 77