Source: http://abogado-barraganlancharro.blogspot.com/2012/05/ley-11996-de-10-de-enero-de-asistencia.html
Timestamp: 2017-11-23 14:35:44+00:00

Document:
Barragán-Lancharro Abogados (Cáceres): Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (actualizada)
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (actualizada)
1. Justificación de la reforma . Los derechos otorgados a los ciudadanos por los artículos 24 y 25 de la Constitución son corolario evidente de la concepción social o asistencial del Estado Democrático de Derecho, tal y como ha sido configurado por nuestra Norma Fundamental. En lógica coherencia con los contenidos de estos preceptos constitucionales, y al objeto de asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva, el artículo 119 del propio texto constitucional previene que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Con todo ello, nuestra Norma Fundamental diseña un marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una actividad prestacional encaminada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos.
2. Vocación unificadora . A esa finalidad responde la presente Ley, cuyo objeto es regular un sistema de justicia gratuita que permita a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos. Se trata, pues, de una Ley cuyos beneficiarios y destinatarios directos son todos los ciudadanos que pretendan acceder a la tutela judicial efectiva y vean obstaculizado dicho acceso en razón de su situación económica. La finalidad es, por tanto, garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos.
3. Ampliación del contenido material del derecho . Al objeto de remover los obstáculos que impiden que los ciudadanos más desprotegidos accedan a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad, la presente Ley opera una notable transformación en el contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita, configurándolo de forma más amplia.
4. El reconocimiento del derecho . De igual modo, la Ley supone un paso más en la protección de esos ciudadanos más desfavorecidos que necesitan acceder a la tutela judicial para ver realizadas sus legítimas pretensiones o defendidos sus derechos.
5. Actuación administrativa . A pesar de que la evaluación del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a la asistencia jurídica gratuita no es en sentido estricto una función jurisdiccional, así se ha mantenido tradicionalmente en nuestra legislación procesal.
6. Financiación pública . Esta meta legal de proporcionar a los ciudadanos que lo precisen un sistema rápido y eficaz de justicia gratuita se articula, como hasta ahora, sobre la base de un servicio público, prestado por la Abogacía y la Procuraduría, financiado con fondos igualmente públicos. De hecho, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional, el Estado es el responsable del recto funcionamiento del servicio por la sola obligación constitucional de proveer a la defensa de quienes carezcan de recursos; esta jurisprudencia ha dejado claramente establecida la responsabilidad pública en tal sentido, como deber positivo del Estado de garantizar el derecho de acceso a la Justicia o, lo que es lo mismo, a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental que es.
7. Ordenación competencial . La Ley resulta, en fin, respetuosa con la ordenación competencial que deriva de nuestra Norma Fundamental y de los Estatutos de Autonomía, explicitando los Títulos competenciales que, de conformidad con las reglas 3, 5, 6 y 18 del artículo 149.1 de la Constitución Española, habilitan al Estado para establecer la nueva regulación, y permitiendo que ésta pueda complementarse con naturalidad con las normas que dicten las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias estatutarias.
a. Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
d. En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.
a. La subvención se determinará para cada Colegio con un sistema de módulos compensatorios por expediente tramitado.
b. Hasta tanto no se cumpla el mencionado requisito, los Colegios percibirán la cuantía que resulte de aplicar el 8 % al coste económico generado en cada período de liquidación por las actuaciones profesionales mencionadas en el artículo anterior.
a. La indebida percepción de honorarios, derechos o beneficios económicos tendrá siempre la consideración de falta muy grave.
b. La imposición de sanciones por infracciones graves o muy graves, relacionadas con las actuaciones desarrolladas en aplicación de lo establecido en esta Ley, llevará aparejada, en todo caso, la exclusión del profesional de los servicios de asistencia jurídica gratuita.
a. El plazo para la impugnación prevista en el artículo 20 será de dos meses.
b. El plazo para la subsanación de deficiencias contemplado en el artículo 14 será de dos meses, contados a partir de la fecha en que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita notifique la insuficiencia documental.
c. Los documentos presentados estarán redactados o traducidos al castellano, quedando dispensados de cualquier formalidad de legalización o apostilla.
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LOS LITIGIOS TRANSFRONTERIZOS DE LA UNIÓN EUROPEA.
a. La ejecución de sentencias dictadas por los Tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea en los que se hubiera obtenido el beneficio de la justicia gratuita.
b. La ejecución de documentos públicos con fuerza ejecutiva.
a. Los servicios de interpretación.
b. La traducción de los documentos presentados por el beneficiario a instancias del Juzgado o Tribunal o de la autoridad competente y que sean necesarios para resolver el asunto.
c. Los gastos de desplazamiento que corran por cuenta del solicitante, cuando las normas aplicables o el Juzgado o Tribunal requieran su comparecencia personal para la defensa de su pretensión, y el Juzgado o Tribunal decida que no existen otros medios satisfactorios de tomar declaración. Al objeto de considerar si es necesaria la asistencia personal del solicitante, de un testigo o de un perito, los Juzgados y Tribunales tendrán en cuenta lo previsto en el Reglamento (CE) número 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, así como, en su caso, otros convenios o normas aplicables.
d. La defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial cuando, no siendo legalmente preceptiva la intervención de estos profesionales, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante Auto motivado en vista de la complejidad del asunto o para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
a. Asistencia de los servicios de orientación jurídica del Colegio de Abogados correspondiente a la residencia o domicilio del solicitante hasta que se presente la solicitud de justicia gratuita en el Estado miembro donde se halle el Tribunal. Esta asistencia incluirá el asesoramiento al solicitante para que la solicitud vaya acompañada de toda la documentación acreditativa que sea necesaria para que pueda resolverse sobre ella.
b. Traducción de la solicitud y de la documentación acreditativa necesaria que deba presentarse a las autoridades de dicho Estado miembro.
1. El Capítulo I, los artículos 9, 10.1, 12 y 16 a 21 del Capítulo II, los artículos 27 a 29 y 31 a 36 del Capítulo IV, el Capítulo VII, las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, y la disposición derogatoria, se dictan al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artículo 149.1.3, 5 y 6 de la Constitución Española, sobre Relaciones Internacionales , Administración de Justicia y Legislación procesal , respectivamente.
2. Los artículos 25 y 26 del Capítulo III y el Capítulo VI, se dictan en virtud de la competencia del Estado reconocida en el artículo 149.1.18 de la Constitución Española, conforme al cual corresponde a éste dictar las Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas .
1. El Título V del Libro I se denominará Del derecho de defensa y de la asistencia jurídica gratuita en los juicios criminales .
o El inciso primero del número 4. del artículo 4, cuando dice justicia gratuita .
o Los artículos 13 a 50, ambos inclusive.
o Las reglas 3., 4. y 5. del artículo 1.708.
o El artículo 1.719.
o El artículo 119.
o El artículo 120.
o Los artículos 123 a 140, ambos inclusive.
o Los apartados 2, 4 y 5 del artículo 788.
o El último párrafo del artículo 874.
o Los tres primeros párrafos del artículo 876.
o Los artículos 25 y 26.
o El artículo 132.
a. Las normas de organización y funcionamiento de la Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
b. Normalización de los documentos a presentar por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita.
c. El procedimiento para la aplicación de la subvención.
d. El sistema de determinación de las bases económicas y módulos de compensación con cargo a fondos públicos por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.
e. El sistema de provisión de la asistencia pericial gratuita prevista en el apartado 6 del artículo 6.
La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado .
Artículos 7 (apdo. 3), 16 (párrafo segundo), 20 (párrafos tercero y cuarto), 21 (párrafo segundo) y 46 (apdo. 3) :
Redacción según Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
Redacción según Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 10 (apdo. 3):
Redacción según Ley 7/2003, de 1 de abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa por la que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Artículos 2, 3 (apdo. 5), 5, 16, 32 y 33 (apdo. 2); Disposición adicional segunda:
Redacción según Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea.
Capítulo VIII; Disposiciones adicional sexta, adicional séptima y adicional octava:
Añadido por Ley 16/2005, de 18 de julio, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en la Unión Europea.

References: artículo 119
 artículo 149
 artículo 20
 artículo 14
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 119
 artículo 120
 artículo 788
 artículo 874
 artículo 876
 artículo 132
 artículo 6

Artículo 10