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Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública. TÍTULO II. NORMAS DE GESTIÓN Y ACCIÓN ADMINISTRATIVA (Vigente hasta el 01 de Enero de 2013).
Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública (Vigente hasta el 01 de Enero de 2013).
Vigencia desde 01 de Enero de 2005. Esta revisión vigente desde 07 de Diciembre de 2011 hasta 01 de Enero de 2013
TÍTULO IINORMAS DE GESTIÓN Y ACCIÓN ADMINISTRATIVA
Capítulo ILa acción administrativa en materia de comercio interior
Modificación de determinados preceptos de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears 1. Se añade un nuevo apartado, el apartado 8, al artículo 15, con la redacción siguiente:
Capítulo IILa acción administrativa en materia de trabajo y formación
Modificación de determinados preceptos de la Ley 7/2000, de 15 de junio, de creación del Servicio de Empleo de las Illes Balears 1. Se modifica el párrafo segundo del artículo 1, que pasa a tener la redacción siguiente: «La finalidad de la entidad creada es la planificación, gestión y coordinación de las políticas de empleo, con funciones concretas de información, de orientación y de intermediación en el mercado laboral, el fomento del empleo en todas sus vertientes y el desarrollo de la formación profesional ocupacional».
a) El Consejo General b) La Comisión Ejecutiva
c) El presidente d) El vicepresidente e) El director».
«3. El presidente es el titular de la consejería competente en materia de trabajo o la persona que se nombre por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la consejería. En este caso, el presidente tiene que someter su gestión a las directrices del consejero competente en materia de trabajo. Le corresponden las siguientes atribuciones:
Capítulo IIILa acción administrativa en materia de pesca y actividades subacuáticas
Se modifican los apartados 1 y 5 y se añade el apartado 6 al artículo 20 de la Ley 14/1998, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, con la redacción siguiente «1. Mientras no se apruebe la ley de infracciones y sanciones en materia de pesca en aguas interiores de las Illes Balears, será de aplicación el régimen sancionador previsto en esta disposición y, supletoriamente, la legislación estatal vigente en materia de pesca marítima.
5. Se considerarán como infracción grave en materia de actividades subacuáticas las siguientes:
a) Realizar la actividad subacuática profesional sin la titulación correspondiente.
b) Desarrollar la actividad subacuática profesional sin la autorización correspondiente de la dirección general competente en materia de pesca.
c) Practicar actividades subacuáticas, deportivas o profesionales a menos de 250 metros de cualquier arte o aparejo de pesca profesional debidamente señalizado.
d) Practicar el buceo de esparcimiento en zonas de reserva sin la autorización correspondiente.
6. La competencia para la imposición de las sanciones corresponderá a los siguientes órganos:
a) Al director general competente en materia de pesca cuando la cuantía de la multa no sobrepase los 60.000,00 euros y otras sanciones accesorias.
b) Al consejero competente en materia de pesca cuando la cuantía de la multa esté comprendida entre 60.001,00 euros y 150.000,00 euros y otras sanciones accesorias.
c) Al Consejo de Gobierno cuando la cuantía de la multa ascienda a más de 150.000,00 euros y otras sanciones accesorias».
A partir de: 3 diciembre 2013
Capítulo IVDe la acción administrativa en materia de aguas
Normas en materia de aguas En el ámbito territorial de las Illes Balears se deja sin efecto el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de aguas, el cual debe sustituirse por la norma siguiente:
3. Cuando existan caudales reservados o comprendidos en algún plan del Estado o de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que no sean objeto de aprovechamiento inmediato, podrán otorgarse concesiones a precario que no consolidarán derecho alguno ni darán lugar a indemnización si la administración hidráulica reduce los caudales o revoca las autorizaciones. 4. La administración hidráulica determinará en su ámbito territorial los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y de los vertidos al dominio publico hidráulico que deban establecerse para garantizar el respeto a los derechos existentes, permitir la correcta planificación y administración de los recursos, y asegurar la calidad de las aguas. A tal efecto, y a instancias de la administración hidráulica, los titulares de las concesiones administrativas de aguas y todos aquellos que por cualquier otro título tengan derecho a su uso privativo, estarán obligados a instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto utilizados y, en su caso, retornados.Reglamentariamente se establecerá la forma de cómputo de los caudales efectivamente aprovechados cuando se trate de caudales sobrantes de otros aprovechamientos.Las comunidades de usuarios podrán exigir también el establecimiento de análogos sistemas de medición a los comuneros o grupos de comuneros que se integren en ellas.La obligación de instalar y mantener sistemas de medición es exigible también a quienes realicen cualquier tipo de vertidos en el dominio público hidráulico.Los sistemas de medición serán instalados en el punto que determine la administración hidráulica, previa audiencia a los usuarios. Las comunidades de usuarios podrán solicitar la instalación de un único sistema de medición de caudales para los aprovechamientos conjuntos de usuarios interrelacionados.Todos los abastecimientos de población estable o flotante deberán disponer de contadores en cada uno de los puntos de captación de agua, cualquiera que sea su forma, con la obligación de mantenerlos en perfecto estado y de suministrar a la administración hidráulica la información que requiera.Reglamentariamente, mediante decreto del Consejo de Gobierno, se determinarán las condiciones técnicas generales para la realización de captaciones y abandonos, a las cuales se deberán ajustar los proyectos y su ejecución, a fin de garantizar la protección del dominio público hidráulico ante todo tipo de contaminación. Para las captaciones de abastecimiento público se establecerán unas condiciones específicas.Los sondeos autorizados para otros fines que no sean la captación de aguas subterráneas al amparo de otra legislación, sólo podrán solicitar autorización o concesión de acuerdo con la legislación de aguas, si se pueden adaptar a las condiciones técnicas generales a que se refiere el párrafo anterior. En caso contrario, se deberán abandonar, en aplicación de las condiciones técnicas fijadas reglamentariamente.
Véase D [BALEARES] 108/2005, 21 octubre, por el que se regulan las condiciones técnicas de autorizaciones y concesiones de aguas subterráneas y de ejecución y abandono de los sondeos en el ámbito de las Illes Balears («B.O.I.B.» 29 octubre).
Capítulo VDe la acción administrativa en materia de patrimonio histórico
Modificación de determinados preceptos de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del patrimonio histórico de las Illes Balears 1. Se añade un párrafo al artículo 5, con la redacción siguiente:
Capítulo VILa acción administrativa en materia de patrimonio público local del suelo y en materia de enajenación de bienes patrimoniales
Normas en materia de patrimonio público local del suelo y en materia de enajenación de bienes patrimoniales 1.
Constitución y patrimonio separado 1. Los consejos insulares y los ayuntamientos deben constituir su respectivo patrimonio público local de suelo con el fin de intervenir en el mercado, obtener reservas de suelo y facilitar la ejecución del planeamiento territorial o urbanístico.
Destino Los bienes y derechos de contenido económico que integran el patrimonio local del suelo de conformidad con lo previsto en los instrumentos de ordenación territorial, deberán destinarse a alguno de los siguientes usos de interés social:
Gestión directa o cesión 1. Las administraciones locales, sirviéndose de la modalidad de gestión más adecuada en cada caso, pueden llevar a cabo la urbanización y edificación de los terrenos integrantes del patrimonio público local de suelo, una vez que así lo permita el grado de desarrollo del planeamiento.
Intervención y tutela autonómica
Cesiones onerosas. Concurso 1. Los terrenos pertenecientes al patrimonio público local de suelo con calificación adecuada a los fines establecidos en el punto 1.1 anterior sólo pueden ser enajenados mediante el sistema de concurso. Su precio no podrá ser inferior al valor de repercusión correspondiente al aprovechamiento urbanístico real que le corresponda.
Cesiones entre administraciones Las administraciones públicas y entes instrumentales que dependen de éstas pueden transmitir directa y gratuitamente los bienes del patrimonio público local de suelo, siempre y cuando dichos bienes se dediquen a las finalidades establecidas en los puntos 1.1 y 3 anteriores.
Enajenación de otros bienes patrimoniales La enajenación de los bienes inmuebles de carácter patrimonial que no formen parte del patrimonio público local del suelo debe hacerse mediante subasta o, en los casos en que el precio no sea el único criterio determinante de la enajenación, mediante concurso. A partir de: 29 mayo 2014

References: artículo 15
 artículo 1
 artículo 20
 artículo 55
 Real Decreto 
 artículo 5