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Timestamp: 2017-03-29 01:30:23+00:00

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Iniciativa de Planeación Democrática, por Eréndira Jiménez - codigotlx
Iniciativa de Planeación Democrática, por Eréndira Jiménez
C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA:
Honorable Asamblea, La suscrita Diputada Eréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, integrante de esta LXI Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los Artículos 28, 45, 46 fracción I, 48, 54 fracciones I, II, y III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; así como los artículos 9 fracción I y 10 Apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; y artículos 114, 118, y 119 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala; someto a la consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que emite: la REFORMA A LOS ARTÍCULOS; 22, 29, 54, 70, 91, 93, 99, 100 Y 105 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE TLAXCALA, TODOS ELLOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que la Planeación del desarrollo en nuestro país, de acuerdo con el investigador Francisco García Moctezuma [1] del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, (cito textual) “…legalmente inició en 1929, ( y es) tal vez el más antiguo del subcontinente latinoamericano, aunque caracterizado por proyectos inconclusos, los más de ellos de corto alcance y de una duración no mayor a seis años, inconexos entre sí, onerosos en su momento para el erario nacional y con exiguos resultados, casi en todos los casos, en comparación con sus ambiciosas metas ampliamente difundidas para asegurar su aceptación social;” Que siguiendo al mismo investigador, este señala en su estudio denominado: “La Planeación del Desarrollo Regional en México 1900-2006”, que “En 1930 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley sobre Planeación General de la República, que constituyó el primer antecedente jurídico para que el Estado mexicano emprendiera acciones de planeación sobre su desarrollo. De dicha ley surgió la Comisión Nacional de Planeación… (y) Tres años más adelante se aprobó el primer Plan Sexenal 1934–1940,...”.(fin de la cita). En la etapa temprana de planeación en nuestro país, ésta estaba estrechamente guiada hacia la construcción de vías terrestres y grandes obras de infraestructura eléctrica, hidráulica y portuaria, que necesitaba con urgencia el México de esa época, recién salido de sus conflictos armados revolucionario y posrevolucionario, para poder detonar su desarrollo y paso de una sociedad rural a una urbano-industrial;
Que de igual Manera García Moctezuma señala que:“Al concluir el sexenio gubernamental de 1934–1940, se había ya diseñado la superestructura jurídica fundamental en los órdenes federal, estatal y municipal, que darían al Estado su papel rector en la planeación de la vida económica y social de México... Lo que denota que en nuestro país y sus entidades, la actividad de la planeación para el desarrollo tiene ya una historia de más de 80 años, en los que ha enfrentado en proceso evolutivo aún inconcluso, que requiere de modernizarse para convertirlo en una real herramienta para el ejercicio de la democracia, más allá del puro ejercicio electoral;
Que el investigador Hugo Esparza Valdivia[2] de la Universidad Autónoma Metropolitana señala en su estudio “La Planeación en México”, que:(cito textual) “en 1953 se crea el Comité de Inversiones del Gobierno Federal, el cual estaba integrado por funcionarios de las secretarías de Hacienda y de Economía Nacional, misma que en 1954 cambiaría a Comisión de Inversiones, cuya atribución radicaba en que se encargaba de proyectar la inversión pública federal, basados en un inventario de obras en proceso que servía de base para definir anualmente el programa de inversiones”, (fin de la cita), lo que en los hechos era equivalente a ser un organismo encargado de la planeación federal, mismo que consideraba la necesidad de llevar a su término las obras inconclusas existentes (cosa que en nuestros tiempos no siempre sucede), para con ello evitar dilapidación de recursos públicos;
Esparza, continua señalando que, en 1958, una modificación a la entonces Ley de Secretarías y Departamentos de Estado (antecedente de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), creó la Secretaría de la Presidencia (antecesora de las posteriores Secretaría de Programación y Presupuesto y Secretaría de Desarrollo Social), misma que absorbió al Comité de Inversiones, por lo que se le encomendó ser el responsable de la elaboración de los planes nacionales, regionales y sectoriales, así como de manejar la inversión pública destinada a ellos;
Que el Investigador Alfonso Narváez López [3] del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su estudio denominado “Los Comités de Planeación del Desarrollo Estatales y Municipales, señala que el antecedente institucional de estos fueron los denominados “Comité Promotor del Desarrollo Económico COPRODE, que datan de 1971”, los que gradualmente fueron instalados en las entidades del país, tocando el turno de creación a Tlaxcala en enero de 1975, estos organismos otorgaban a los gobernadores de los Estados atribuciones casi absolutas sobre la planeación y su vínculo con el Gobierno Federal era a través de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional CONADER creada en 1975, la cual estaba integrada por diversos funcionarios federales encabezados por el titular de la Secretaría de la Presidencia, esas facultades casi absolutas en materia de planeación, no siempre resultaron ser lo más conveniente para la toma de decisiones que inciden no solo sobre de quien la toma, sino sobre miles de familias a quienes no siempre le resultan adecuadamente satisfactoria dichas obras;
Continuando con Narváez López, este señala que “en 1976 a raíz de la publicación de la Ley de Asentamientos Humanos, que confería a la Secretaría de la Presidencia atribuciones en materia de desarrollo Urbano, se le ampliaron funciones a los COPRODE y se modificó la CONADER para pasar a ser la Comisión Nacional de Desarrollo Regional y Urbano;
Narváez cita que “en febrero de 1981, el Gobierno Federal y los gobernadores de los Estados firmaron el Convenio Único de Coordinación, mediante el cual los COPRODE se sustituirían por los Comités de Planeación para el Desarrollo COPLADE, cuyo decreto fue expedido mediante con fecha 5 de febrero y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero del mismo año, estableciéndose con ello el marco jurídico de los COPLADE en los Estados y municipios, los cuales surgieron para otorgarles a los habitantes y autoridades de los Estados, la responsabilidad de planear su propio desarrollo, mediante formas democráticas de participación ciudadana, para vincular esta con el Sistema Nacional de Planeación; Que a partir de los años 80´s, a los COPLADE se les otorgó la responsabilidad de ser el órgano rector de la planeación estatal del desarrollo y ser el único conducto de propuesta entre los Estados y la Federación y los Ayuntamientos, lo cual fue concebido como un organismo abierto a la población con modalidades de participación amplias, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la modalidad de organismo público descentralizado, hecho que si bien en el papel redujo la casi absoluta facultad de los gobernadores sobre la planeación, en la práctica en lo concerniente a la participación de los ciudadanos, esta ha sido muy restringida, acotada, dirigida o simulada, lo que deja como asignatura aún pendiente, el dar vida real a un proceso democrático de planeación, en el que los ciudadanos tengan opciones de participación directa en la toma de decisiones; Retomando a Esparza Valdivia, este señala que en diciembre de 1982 se hicieron reformas a la Constitución Federal, para elevar a rango constitucional la planeación del desarrollo, que dio pauta para crear la nueva ley de Planeación lo que sienta las bases para el Sistema Nacional de Planeación Democrática, estableciéndose como etapas para la planeaciónla formulación, la Instrumentación, el control y la evaluación, dicho sistema esta jurídicamente sustentado en los artículos 25, 26 y 73 de nuestra Carta Magna[4];
Que el Investigador Gabriel Sánchez Luna[5], del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, señala que: “A partir de 1983, con la publicación de la Ley de Planeación, cada Ejecutivo Federal elabora, de manera sistemática, su plan nacional de desarrollo…”. Lo que fue complementado de acuerdo con el propio investigador “en 1993 con la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, que derogó a la de 1976, se hicieron los ajustes necesarios para adecuar la planeación del desarrollo y la planeación urbana.” Esta etapa segunda de la planeación en nuestro país viene relacionada con la recién aprobada reforma política de 1977, que gradualmente fue obligando a los gobiernos: federal y locales a dar un mínimo de apertura democrática, más caracterizado por la simulación obligada que por una voluntad verdadera;
Que con la desaparición de la Secretaría de Programación y Presupuesto en 1992, la responsabilidad de coordinar las tareas para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo recayó como señala el investigador Sánchez Luna, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en ese mismo año se definió en la misma ley que la facultad de elaborar los programas regionales y especiales recae en la Secretaría de Desarrollo Social;
Que en Tlaxcala, en diciembre del año 2002, mediante el Decreto Número33[6] emitido por el Poder Legislativo a iniciativa del Ejecutivo estatal, se creó el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, documento que en la motivación presentada por las comisiones conjuntas de Finanzas y Fiscalización y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, señala en su numeral II (cito textual) “Que con esta reforma en materia fiscal se pretende cumplir los objetivos tales como elevar la recaudación, simplificar la administración tributaria y otorgar generalidad a las contribuciones, lo cual implica gravar de igual manera a todas las personas físicas o morales que se encuentren en una misma situación, abolir los privilegios y reducir exenciones al mínimo indispensable, establecer una equidad de cargas fiscales, dar eficiencia y trato justo a la administración tributaria, distribuir las fuentes y atribuciones fiscales para fortalecer el potencial recaudatorio del Estado y los municipios; otorgar mayor transparencia sobre el ejercicio a aplicación de los recursos públicos,…” (abro un paréntesis en la cita para señalar que hasta aquí es clara la intención de la iniciativa sobre el Código en comento, misma que es el de recaudar de forma más conveniente las tributaciones que son facultad de la entidad y de ejercer la función punitiva sobre los causantes que incumplan con sus obligaciones al respecto, tal y como es la naturaleza propia de un instrumento jurídico destinado a cobrar impuestos, lo que no deja lugar a duda sobre la pertinencia de éste);
Que sin embargo, en la iniciativa de creación del Código Financiero al retomar lo citado en el numeral II, este continua señalando una vez que define las causas técnico fiscales de su creación que son: (cita textual) “… en función de una adecuada planeación, programación, presupuestación y rendición de cuentas, que conlleve en su conjunto a alcanzar los objetivos planeados” (fin de la cita), argumento este último que pierde relación con toda función tributaria, ya sea en su fase recaudatoria o punitiva, y aparece como ubicado casi a la fuerza y sin mayor sustento, simplemente para tratar de justificar de alguna manera la derogación de la Ley de Planeación que acompañó a la iniciativa en comento;
Que como consecuencia colateral de la iniciativa de creación del Código financiero del año 2002, en el régimen transitorio de ésta, en su artículo segundo se señala que: “Se abrogan en forma específica el Código Fiscal del Estado, publicado en el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 1981; la Ley de Hacienda del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 30 de diciembre de 1983; la Ley de Planeación del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 4 de abril de 1984, La Ley de Hacienda Pública del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 7 de abril de1998; la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, publicada en el Periódico Oficial de fecha 28 de diciembre de1983; Ley Municipal del Impuesto Predial, publicada en el Periódico Oficial de fecha 30 de diciembre de1983; Ley de Catastro del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de fecha 28 de diciembre de1983; Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial de fecha 19 de noviembre de1999; así como las reformas y adiciones efectuadas a las mismas.” (fin de la cita);
Que de las 8 abrogaciones a instrumentos jurídicos locales citadas en el numeral anterior, 7 de ellas tenían relación directa con la función tributaria, sin embargo una de ellas, la referente a la Ley de Planeación no, ya que ésta es una parte de la función sustantiva del proceso de la administración, cuya finalidad es dar estructura a los “qué, cómo, cuándo, dónde, y para qué de las acciones del gobierno en busca del desarrollo, por lo que pretender argumentar como elemento de la simplificación administrativa la inclusión de la planeación en un instrumento hecho para cobrar impuestos resulta a la distancia insostenible;
Que en relación con el desarrollo de los instrumentos de planeación en la entidad, en julio del año 2013, este Poder Legislativo emitió el Decreto número 177[7], mediante el cual reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala y el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, como parte del régimen transitorio de la reforma citada, se fusionaron algunas dependencias, y entre ello se le traspasaron las atribuciones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala a la hasta entonces Secretaría de Finanzas, que en el mismo acto jurídico se transformó en Secretaría de Planeación y Finanzas, con lo que se convirtió en la entidad responsable de la coordinación de las tareas de planeación pública en el Estado;
Que la fusión entre el COPLADE y la Secretaría de Finanzas, podría ser considerada como una homologación al criterio implícitamente expresado por la Ley Federal de Planeación, misma que en las fracciones I y II de su artículo 14 señala que:
Ley Federal de Planeación:
Que en esta fusión podría considerarse que se aplicaron criterios de simplificación, como los invocados en el párrafo primero del artículo único del resultando, de la exposición de motivos del decreto 177 del 2013, el cual señala que: “…es necesario que se reordene el quehacer público, y se reorganicen y adelgacen estructuras”, lo quese cumple al ubicar en una sola unidad administrativa a dos entes relacionados con la planeación, una de ellas el COPLADE que la tenía asignada como parte de lo que ha sido la evolución histórica de la Planeación en nuestro país, y otra la Secretaría de Finanzas, que era corresponsable en función de la aplicación de parte de sus funciones encomendadas, sin embargo, la analogía aplicada para construir esta fusión, no consideró el hecho de que aún y cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es responsable de coordinar la Planeación y los trabajos del Plan Nacional de Desarrollo, sus atribuciones están separadas en La Ley Federal de Planeación y en el Código Fiscal de la Federación, a diferencia de nuestra entidad a donde ambas normas jurídicas se fusionaron en una sola;
Que en nuestro país,de acuerdo con una revisión a los marcos jurídicos de los estados fundada en la página de la Secretaría de Gobernación denominada “Orden Jurídico Nacional”[8], la responsabilidad sobre las tareas de planeación en los estados, están asignadas bajo tres criterios, por una parte en 18 de las 32 entidades la dependencia responsable de coordinar la planeación es el COPLADE o un organismo similar, en 13 estados es la Secretaría responsable de las Finanzas con variantes en su denominación, y en una de ellas (Guanajuato) la planeación es responsabilidad básica de una instancia denominada Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado, sin embargo en 31 de las 32 entidades (con excepción de Tlaxcala) existe una instancia similar al COPLADE con sus variantes denominativas como se aprecia en el cuadro siguiente:
Cuadro 1.ORGANISMOS RECTORES DE LA PLANEACIÓN EN LOS ESTADOS DEL PAÍS:
ÓRGANOS RECTORES DE LA PLANEACIÓN
COPLADE y Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional Baja California
Secretaría de Planeación y Finanzas y COPLADE e INEPLAN
Secretaría de Finanzas y COPLADE
Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno y COPLADE
COPLADE y Secretarías de Economía y de Hacienda
COPLADE Coahuila
COPLADE y Secretaría Técnica y de Planeación: de la Oficina del Gobernador
Secretaría de Finanzas y de Administración y COPLADE
Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado ,y COPLADE
COPLADE y Secretaría de Desarrollo Social (delegado federal)
COPLADE y Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional
COPLADE Michoacán
Secretaría de Finanzas y Coordinación der Programación y Evaluación
Secretaría de Programación y Finanzas, y COPLADE
COPLADE y Secretaría de Finanzas
Secretaría de Planeación y Finanzas y COPLADE Quintana Roo
Secretaría de Planeación y Finanzas, y COPLADE
COPLADE Sinaloa
Secretaría de Finanzas, COPLADE y Sub Comité para el Desarrollo Metropolitano Municipal Yucatán
Consejo Estatal de Planeación y Secretaría de Administración y Finanzas
Que la coincidencia espacial y temporal de los individuos en cualquier latitud, genera en éstos la obligación de alcanzar acuerdos para establecer normas que procuren su mejor convivencia y para definir criterios uniformes en la conducción de la sociedad en un mismo sentido para la búsqueda del bien común y el desarrollo de oportunidades iguales para todos sus miembros;
Que la historia de la sociedades que han evolucionado, está guiada por notables ejemplos de organización para el trabajo en busca el desarrollo; organización que ha permitido el paso de las sociedades primarias a las modernas de forma paulatina y constante, definiendo el escenario mediante el cual las regiones se incorporaron al sistema mundo estableciendo quienes de ellas han sido ganadoras en este proceso, y quienes no lo fueron;
Que la ruta de la evolución para los pueblos, ha estado diferenciada entre quienes se atienen a la espera contemplativa y resignada de que las cosas sucedan por designio del destino y quienes han tenido un pensamiento racional liberal, sobre de que todo lo imaginario puede ser real, de que todo lo real fue imaginado alguna vez y con base en ello construyen día a día un camino ascendente en busca del progreso; Que en la organización evolutiva de la sociedad, las herramientas de la administración aun y antes de que esta fuese concebida como disciplina del quehacer humano, han jugado un papel fundamental para coordinar los esfuerzos de hombres y mujeres en las tareas que han ido tejiendo el entramado político, económico y social de sus hábitats y las formas de interrelación entre sus habitantes y de estos para con los de otros pueblos vecinos;
Que el proceso administrativo y sus diferentes fases, Planeación, Organización, Dirección y Control, como eje fundamental de toda administración, facilita la eficaz distribución del trabajo en las sociedades, comenzando con la Planeación que busca crear el futuro deseado anticipando los qué, cómo, cuándo, dónde, quién y con qué ha de alcanzarse dicho futuro;
Que la planeación como etapa primera del proceso administrativo, es la fase de establecimiento de los criterios para lograr el desarrollo deseado por una sociedad, a aplicarse en un espacio temporal definido, con objetivos y metas medibles, considerando en ellos, la atención a todas las demandas y aspiraciones de los grupos que componen a la sociedad sin exclusión, marginación o diferenciación alguna;
Que el Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su párrafo primero que:
“Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.”
Que aún y cuando el Estado tiene por mandato constitucional la tarea de “rectoría” del desarrollo nacional, esta responsabilidad no puede, ni debe ser entendida como una facultad unilateral para decidir al arbitrio sobre las alternativas para alcanzar el desarrollo de todo un pueblo, sino como la responsabilidad de coordinar los trabajos para incorporar todas las aspiraciones de sus gobernados, a un estrategia que si bien no puede ser absolutamente satisfactoria para todos, si al menos no debe excluir las razones más elementales de las necesidades de cada uno de los grupos sociales que habitan dentro del territorio que le da razón de existir al Estado;
Que la encomienda de fungir como rector del desarrollo debe ser interpretada semánticamente como sinónimo [9] de dirigir o presidir y esta acción dentro de un sistema democrático de gobierno como el que presume ser el nuestro, va siempre acompañada de un parlamento, cámara, consejo o similar con tareas deliberativas y de validación, corrección, enmienda o rechazo a las propuestas o iniciativas de quien preside, dirige o rige, lo que sirve como elemento de interpretación a la naturaleza semántica del texto del artículo 25 constitucional federal, mismo que complementa su imposición jurídica con el artículo 26 de nuestra carta magna;
Que el artículo constitucional federal número 26 en su apartado “A” establece que: “Artículo 26.
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.”;
Que el párrafo primero del apartado A del numeral 26 constitucional federal, establece con claridad el mandato de organizar “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional”, a donde se observan tres elementos gramaticales componentes del mandato que son en primer término “un sistema de planeación”, lo que establece un principio de orden para la acción gubernamental regido por principios y normas relacionadas con la administración; en segundo término está el componente “democrática”, que advierte que dicho sistema no es unipersonal ni arbitrario, sino que debe basarse en la posibilidad de participación abierta para todos los entes integrantes de la “polis”, entendida ésta como la forma conceptual heredada de los griegos de su modelo de sociedad, caracterizada ésta por los componentes habitantes-ciudad-estado, o su forma presente utilizada población-territorio-gobierno;
Que en tal sentido la presencia del componente gramatical, “democrática”, impone la necesidad de consultar a los ciudadanos, en cuanto a los criterios a utilizarse en el sistema de planeación, así mismo el tercer componente “del desarrollo nacional”, refuerza al término democrática, ya que el desarrollo nacional debe y es asunto de todos quienes habitan la nación, o al menos de quienes manifiesten su voluntad de participar en su construcción, y aunque podría intentar sostenerse que nuestro sistema de representación faculta a los legisladores a asumir la voz de esa voluntad, la praxis hace NO posible el que una sola voz conozca y asuma lo que sienten, necesitan, aspiran o desean los integrantes de todo un conglomerado social, del que jamás llega a conocer a la totalidad de sus integrantes;
Que en tal virtud, la aplicación plena del espíritu del párrafo primero del apartado A del artículo 26 constitucional federal, se encuentra aún pendiente de cumplirse a cabalidad, y requiere, de que se dé una mayor apertura y valor a la participación ciudadana para incidir en la toma de decisiones sobre acciones que impactan directamente su vida;
Que en el contenido del párrafo segundo del citado apartado del artículo 26, se afianza la necesidad de aperturar a los ciudadanos el espectro de decisiones más allá de lo puramente comicial, ya que dicho párrafo contiene dos elementos centrales, y el primero de ellos impone que; “La planeación será democrática y deliberativa”, lo obliga a la necesidad de discutir o debatir sobre las diversas alternativas que puedan existir para lograr el desarrollo, y el segundo elemento esencial del párrafo señala que el sistema “recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”, y la única posibilidad de llevar a la realidad la recolecta de aspiraciones y demandas es a través de espacios de deliberación a donde estos puedan de forma organizada expresar sus propuestas, y posterior a ello, para cerrar el círculo democrático de la planeación democrática, dichos ciudadanos deben tener la posibilidad de verificar la incorporación de todas la aspiraciones antes de su publicación, y posterior a ello, poder participar en su supervisión y evaluación constante, hasta el momento de la conclusión y entrega de las acciones y obras derivadas de los mandatos del plan y programas diseñados para el desarrollo;
Que en continuación de los dos párrafos iniciales del apartado A del 26 constitucional, el párrafo tercero de éste tiene como elemento central la facultad de ley para que el Ejecutivo establezca los procedimientos de participación y consulta popular y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”, mandato de ley que NO debe ser interpretado como una patente para diseñar procedimientos de participación a modo o para acotar, simular u obstaculizar la participación y la consulta popular, sino para que éstas sean de forma ordenada pero abierta, reglamentada pero sin exclusiones, y que a la vez alcancen en su apretura a las fases de control y evaluación en favor de la participación ciudadana;
El 26 constitucional federal contiene en el cuarto y último párrafo de su apartado A, la cita al papel del Congreso de la Unión en el sistema de planeación democrática y deliberativa, el cual necesariamente remite a los artículos 73 (de las facultades del Congreso) en sus fracciones XXIX-D y XXIX-Q, y 74 (facultades exclusivas de la cámara de diputados) fracción VII, los cuales imponen que:
VII. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado;”;
Que el contenido citado sobre las fracciones de los artículos 73 y 74 constitucionales federales, que es complemento obligado para la interpretación del párrafo cuarto del apartado A del artículo 26 del mismo texto constitucional, deja en claro el papel del congreso en materia de planeación democrática, y no permite aplicar una incorrecta apreciación sobre ello, si se pretendiera asignar al congreso el ser la expresión de la voluntad popular en una consulta popular, la cual deben pertenecer a los ciudadanos de forma directa, en un sistema de planeación democrática como el mandatado en el propio 26 constitucional federal, en sus párrafos primero al tercero de su apartado A;
Que el contenido de los artículos 25, 26, 73 y 74 constitucionales federales citados son argumento pertinente para que nuestro marco jurídico local sea social y políticamente escalado y se lleve el concepto de democracia en Tlaxcala más allá de la pura práctica comicial, y se le ubique en el de la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, como en esencia fue el espíritu de la “democratia”[10] Ateniense, misma que las sociedades occidentales hemos tratado de seguir como modelo, aunque solo sea hasta hoy en lo enunciativo, por lo que sería altamente significativo que nuestro Estado fuese pionero en hacer una reforma para empoderar al ciudadano; Que la reforma que se propone, es de una mayor profundidad y significancia de lo que han sido las reformas vinculadas con el puro ámbito político-electoral, ya que se inscribe en lo que sería un ámbito político-social, que abriría el camino para gradualmente ir empoderando a los ciudadanos en la toma de las decisiones que impactan de forma directa la vida de sus comunidades y sus familias;
Que no es concebible que en pleno siglo veintiuno y a casi un siglo de haberse promulgado las actuales constituciones políticas; federal de 1917 y local de 1918, continuemos circunscribiendo el debate sobre la democracia al puro aspecto de los procesos electorales y con ello sigamos postergando el hacerlo en otros rubros más trascedentes de la democracia, que significarán a esta como una auténtica forma de vida y no solo como un mecanismo para dirimir elecciones de autoridades y representantes;
Que no es aceptable que nuestra sociedad siga atenida a una voluntad casi unipersonal en la toma de decisiones sobre la planeación de los asuntos públicos, ya que una de las cualidades de la democracia debe ser precisamente “hacer público lo que es público” y no mantenerlo sujeto a intereses personales o grupales, que velan más por la permanencia en la detentación del poder que por el bienestar de todos y cada uno de los grupos que componen a una sociedad; Que en resonancia de lo establecido en la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su Artículo 99 establece que: “La planeación del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para el Poder Público. La ley definirá los niveles de obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción a los que concurrirán los sectores público, privado y social en esta materia y establecerá los requisitos y especificaciones que deberá cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales”; mandato que para su praxis afronta algunas imprecisiones en las leyes secundarias locales;
Que en sustento de lo expresado en los dos párrafos anteriores, el artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala textualmente señala que: “Es objeto del poder público el integral y constante mejoramiento de la población del Estado, con base en el perfeccionamiento de la democracia política, económica y social.” contenido que sirve de base para impulsar en nuestra legislación local, reformas que transformen de fondo a nuestro sistema de gobierno y den pauta a expresiones democráticas más amplias aprovechando la amplitud semántica de la redacción actual de nuestras leyes superiores, tanto federales como locales;
Que no obstante el mandato constitucional federal expresado en sus artículos 25, 26 y 73, y la motivación aspiracional del artículo 28 de nuestra constitución local, la práctica de celebrar consultas populares como parte de un sistema de planeación democrática en nuestro Estado, al menos hasta hoy, es o una práctica simbólica, o una controlada, o simplemente inexistente, como producto de su ambigua mención en nuestro texto constitucional local, el cual en su Artículo 22 que refiere a los derechos políticos de los ciudadanos, cita en su fracción IV como parte de estos el: “Participar conforme a las leyes de la materia en las consultas populares, plebiscitarias y de referéndum”, derechos que faltan de ser debidamente reglamentados para poder llevarlos de lo conceptual a la práctica real;
Que el Artículo 29 del mismo texto constitucional local, en el inciso “a” de su Apartado A señala que: “La consulta popular será un proceso permanente y procurarán realizarla los poderes públicos”, este enunciado resulta falaz, ya que citar que la consulta popular será un proceso permanente que procuraran realizar los poderes públicos, sin que exista un marco regulatorio para ello, resulta simplemente una redacción para salir del paso sin tener que cumplir con el mandato;
Que la participación popular no debe ser vista, ni como graciosa concesión, ni como algo que inoportuna a las autoridades para actual al libre albedrío, sino como un rasgo insoslayable de lo que es un verdadero sistema democrático, mismo que no puede verse sujeto solo al ejercicio del voto comicial, sino que debe aspirar a involucrar cada vez más a la sociedad en la toma directa de decisiones sobre acciones que inciden de forma directa en su vida;
Que en la actualidad ante la carencia de una Ley Estatal de Planeación, la correspondencia normativa sobre al señalamiento hecho por el párrafo primero del artículo 99 constitucional local respecto de que “…la ley definirá los niveles de obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción (respecto de la planeación para el desarrollo) …y establecerá los requisitos especificaciones que deberá cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y planes municipales”, se encuentra situada en el Código Financiero para el Estado de Tlaxcala, ya que la última versión de la Ley Estatal de Planeación que databa del mes de abril del año 1984, fue derogada en diciembre del año 2002, mediante el decreto número 33 de fecha 31 de diciembre de 2002, emitido por la 57 legislatura del Estado a Iniciativa del Ejecutivo Estatal, decreto que traspasó sus disposiciones de dicha ley al Código Financiero recién creado;
Que la naturaleza del instrumento jurídico fiscal denominado Código Financiero o Fiscal en su caso, tiene por objeto regular y establecer todo lo relativo a los impuestos fiscales que pagan las actividades comerciales que se realizan, el monto a pagar, y quienes deben pagarlo, así como las sanciones a quienes no lo cumplan, así mismo establece las obligaciones, formas y montos en que las personas físicas y las morales, contribuirán a los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas;
Que lo que impone un Código de naturaleza fiscal está hecho básicamente para cobrar impuestos, por lo que resulta poco pertinente el utilizarlo como norma jurídica para la planeación, ya que un instrumento jurídico destinado a regular la planeación tiene naturaleza de ley descriptiva y una referente a cobrar impuestos es de naturaleza descriptiva, lo que les hace no compatibles por naturaleza;
Que Las leyes descriptivas se diferencian de las prescriptivas porque no imponen ningún tipo de sanción ni pena, son solo para informar o regular algún tema, en cambio las prescriptivas, también llamadas "prohibitivas", imponen una determinada conducta que de no realizarse tendrá una pena en consecuencia;
Que de las 32 entidades federativas que integran la República Mexicana, 31 de ellas cuentan con una Ley de Planeación (con algunas variantes denominativas), que claramente establecen su calidad de instrumento jurídico rector de la planeación en su correspondiente entidad como se aprecia en el cuadro número 1, siendo Tlaxcala el único Estado que no tiene una ley como tal, debido a que la regulación sobre la planeación fue remitida al Código Financiero;
CUADRO 2[11]. ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SOBRE LA PLANEACIÓN POR ESTADO:
ORDENAMIENTO JURÍDICO SOBRE PLANEACIÓN
Ley de Planeación del Desarrollo Estatal Regional del Estado de Aguascalientes
Ley de Planeación Para el Estado de BC
Ley de Planeación del Estado de BCS
Ley de Planeación de la Ciudad de México
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila
Ley de Planeación del Estado de Guerreo
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo
Ley de Planeación del Estado de Michoacán
Ley Estatal de Planeación Nayarit
Ley de Planeación de Estado de Querétaro
Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios
Que en razón de un principio de orden jurídico, se hace pertinente emitir una Ley de Planeación para nuestra entidad, y separar dicha normatividad del Código Fiscal, para que cada instrumento jurídico atienda a lo que debe ser su naturaleza, la primera el regular el cumplimiento del mandato constitucional sobre el ejercicio de la planeación pública estatal y municipal, y el segundo recaudar tributaciones y sancionar a quienes estando obligados a ello lo evadan o lo eludan;
Que si bien la intención evitar la duplicidad en el gasto y de racionalizar los recursos públicos de la entidad en la que se fundó la fusión del COPLADET a la Secretaría de Planeación y Finanzas emitida mediante el decreto 177 del año 2013, podría considerarse administrativamente pertinente, la falta de una ley específica en materia de planeación podría no serlo, y mucho menos lo es la radicación de esta actividad nodal del ejercicio gubernamental en un instrumento jurídico hecho para cobrar impuestos, tal y como lo hiciera el Decreto Número 33 del año 2002;
Que la emisión de una nueva Ley de Planeación para el Estado, debe ser vista jurídica, política y socialmente como la oportunidad para que Tlaxcala, avance de forma sustantiva en el desarrollo de la democracia y no solo en reproducir ordenamientos concentradores de la facultad de decidir sobre el desarrollo, que debe ser abierta a los ciudadanos, en razón de que sus alcance y consecuencias le afectan de forma directa en su vida y en la de todas las familias tlaxcaltecas;
Que en razón de los puntos anteriormente expuestos, y con la finalidad de llevar a Tlaxcala a ser la entidad más avanzada en materia de planeación democrática y contraloría social para el desarrollo en nuestro país, así como para que nuestro Estado se ubique en un siguiente plano dentro del avance de la democracia como forma de vida y de gobierno, me permito proponer una serie de reformas para la creación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y Contraloría Social del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que van desde la modificación a nuestro texto constitucional local, para continuar con la iniciativa de emisión de la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, y las consecuentes reformas a las leyes que se relacionan con la creación del Sistema enunciado en el presente párrafo, mismas que son; la Ley Orgánica de la Administración Pública; la Ley Orgánica del Poder Legislativo; Municipal; la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios; El Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Laboral de los Servidores Públicos, todas ellas del Estado de Tlaxcala, mismas que deberán ser presentadas una vez que se aprobará la Reforma a la Constitución de nuestro Estado, la cual describo a continuación:
Que de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA. Se hace necesaria la modificación de los artículos: 22, 29, 54, 70, 91, 93, 99, 100 y 105; nueve en total de este ordenamiento jurídico, para emitir la creación del Sistema de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, enmiendas que constan de:
Artículo 22, señala los Derechos Políticos de los Ciudadanos.
Se propone anexar una fracción para ser la V, que de forma expresa señale el derecho de los tlaxcaltecas a participar de forma directa, organizada, responsable y permanente en las tareas de planeación democrática, así como en las de la contraloría social para el desarrollo sobre los mandatos derivados de la planeación.
Artículo 29, describe el sistema político del Estado.
Se requiere modificar el párrafo primero de este artículo, para inscribir al sistema, de planeación democrática para el desarrollo y a la contraloría social, como parte insoslayable y fundamental de nuestro sistema político.
De igual manera, agregar una párrafo segundo al inciso “a” del Apartado A del presente artículo, para señalar que en materia de consulta popular para la planeación democrática, esta se realizará con lo que disponga la ley de planeación.
Artículo 54, describe las facultades del Congreso.
Se propone incluir dentro de las facultades del legislativo, las referentes al sistema de planeación democrática y contraloría social para el desarrollo, modificando la fracción XII y agregándose dos fracciones más para ser las LX y LXI al presente artículo.
Artículo 70, señala las Facultades y Obligaciones del Gobernador.
Se propone modificar las fracciones VII, VIII y XXXIV, referentes al informe del Gobernador, el presupuesto de egresos y los planes de desarrollo respectivamente, con la finalidad, de adecuarlos a lo propuesto por el sistema de planeación democrática y contraloría social.
Artículo 91, indica que los ayuntamientos administrarán libremente su Hacienda Municipal.
Es necesario modificar su párrafo sexto para adecuar lo referente al presupuesto de egresos de los ayuntamientos con lo establecido en los planes de desarrollo.
Artículo 93, señala que es obligación de los ayuntamientos atender y promover la prestación de los servicios públicos generales que requiera la comunidad.
Se propone modificar los párrafos sexto, séptimo y octavo del citado artículo, para adecuarlos a lo propuesto en la ley de planeación democrática.
Artículo 99, describe que la planeación del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para el Poder Público.
Es necesario modificar los párrafos primero al cuarto, para establecer en ellos lo referente al Sistema Estatal de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo.
Artículo 100, refiere sobre los planes de desarrollo estatal y los municipales.
Se propone modificar el texto del artículo para incluir todo lo referente al sistema de planeación democrática y contraloría social para el desarrollo.
Artículo 105, contiene las responsabilidades del Órgano de Fiscalización Superior.
Es necesario modificar el artículo para agregar lo referente al sistema de planeación democrática y contraloría social para el desarrollo.
En razón de lo expuesto en los numerales que integran la presente exposición de motivos, presento ante el Pleno de esta soberanía, la:
INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS; 22, 29, 54, 70, 91, 93, 99, 100 Y 105 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE TLAXCALA, TODOS ELLOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
Artículo 22.- Son derechos políticos de los ciudadanos:
V. Participar conforme a lo establezcan las leyes, en el proceso de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus municipios. ARTÍCULO 29. Párrafos primero y segundo…
Apartado A. Los poderes públicos deberáninsoslayablementeauscultar la opinión de la ciudadanía, mediante la consulta popular, el referéndum y el plebiscito, y para tal efecto se entiende:
a) La consulta popular será un proceso permanente, debidamenteordenado y reglamentado, y deberán realizarla los poderes públicos;
b) a c)…
ARTÍCULO 54. Son facultades del Congreso:
Decretar el presupuesto de egresos del Estado a iniciativa del Ejecutivo, con base al apego de este a lo dispuesto por la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
Párrafos segundo a quinto…
XIII a LIX…
LX. Participar en el Consejo de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, conforme a lo establecido por la ley de la materia, y ser garante del cumplimiento de los lineamientos establecidos en esta. LXI. En sesión de Pleno una vez escuchada la lectura del reporte que haga el Presidente del Congreso respecto del Informe sobre el Estado de la Administración Púbica Estatal remitido por el Titular del Ejecutivo, emitir opinión sobre este, la cual puede ser de reconocimiento general; de reconocimiento parcial, o de NO reconocimiento general al contenido del informe respecto al Plan, de conformidad con el procedimiento que establezca la ley de la materia.
VII. Rendir por escrito al Congreso del Estado, el informe sobre la situación general que guardan los diversos rubros de la administración pública, dentro de los primeros cinco días del mes de diciembre de cada año. En el último año de gobierno, el informe se presentará en los primeros quince días del mes de agosto, precisando en éste respecto a los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo para el Estado, los cumplimientos totales, los cumplimientos parciales, y los pendientes de ejecución de conformidad con lo estipulado en la ley de la materia;
VIII. Presentar al Congreso a más tardar el día quince de noviembre de cada año, los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que habrán de regir en el año siguiente, especificando en éste la relación de cada partida con los lineamientos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, y con los planes secundarios y programas derivados del Plan de conformidad con lo estipulado en la ley de la materia;
IX a XXXIII…
XXXIV. Elaborar, efectuar y revisar periódicamente los planes de desarrollo del Estado, así como los parciales y especiales derivados de aquéllos, con base a lo establecido por la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala;
XXXV a XL…
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos, con base en sus ingresos disponibles, y en apego a lo establecido en su propio Plan deDesarrollo Municipal, así como a lo establecido en laLey de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala, debiéndose publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. El registro, control y publicación de las operaciones obedecerán a los lineamientos específicos establecidos por el Congreso.
Párrafos 7 a 8…
ARTICULO 93. Párrafos primero a quinto…
Los ayuntamientos podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan. Para la definición, planeación y ejecución conjunta de políticas, estrategias, obras, servicios y acciones que tengan por objeto la atención a grupos con mayores niveles de rezago y marginación, elevar el nivel y calidad de la cobertura de servicios, promover el desarrollo municipal, regional estatal o interestatal, la integración equilibrada de las regiones y en general de acciones que permitan la ejecución eficaz de obras, servicios y actividades de su competencia, endicha coordinación o asociación, se apegarán a lo establecido a la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala . En este caso y tratándose de la asociación de algún o algunos municipios de Tlaxcala con uno o más municipios de otra entidad federativa, deberán contar con la aprobación de la Legislatura del Estado y cuidarán que los municipios de otras entidades cuenten con la aprobación de su respectiva Legislatura. Asimismo, cuando a juicio de un ayuntamiento sea necesario, podrá celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguno de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio, conforme a las leyes.
Cuando dos o más centros urbanos, situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas, formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, los estados, y los municipios respectivos, en el ámbito de su competencia, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada su desarrollo, observándose por parte de las autoridades locales lo establecido en la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala.
Se expedirá una ley que promueva, coordine y regule, la conurbación, la asociación y la cooperación entre los municipios, así como la definición y regulación de las zonas metropolitanas y megalopolitanas en que se ubiquen municipios y localidades del Estado.
ARTICULO 99. La planeación democrática del desarrollo económico y social del Estado es obligatoria para el Poder Público. La ley definirá los niveles de obligatoriedad, coordinación, concertación e inducción a los que concurrirán los sectores público, privado y social en esta materia y establecerá los requisitos y especificaciones que deberá cubrir el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales.
En la planeación, conducción, orientación y dirección de las actividades económicas, el Gobierno del Estado tendrá la atribución de coordinar, promover e impulsar a los agentes económicos, para mantener y alentar la libre competencia y el bienestar social, lo cual hará en estricto apego a lo establecido en la ley de la materia. Las estrategias rectoras para alcanzar al desarrollo integral, serán incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo con proyección a largo plazo, y en apego a lo mandatado por la ley de la materia.
ARTICULO 100. Los planes de desarrollo estatal como los municipales, se orientarán para lograr el equilibrio socioeconómico de las comunidades del Estado; atenderán prioritariamente las zonas marginadas y establecerán la forma de aprovechar sus recursos, infraestructura y organización a través de la planeación democrática y la contraloría social para el desarrollo, así como de la participación comunitaria.
El Gobierno del Estado impulsará la organización, promoción, y fortalecimiento del sector social que participa en la economía, en apego a lo establecido en la Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social y a lo estipulado en el Plan Estatal de Desarrollo, a través de políticas públicas que contribuyan a la equitativa distribución de ingresos, así como a la mayor generación del patrimonio de este sector.
ARTÍCULO 105. El Órgano de Fiscalización Superior, tendrá a su cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes del Estado, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, y su correcta aplicación respecto a lo establecido en el Plan de Desarrollo y los programas derivados de él, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas, presentados a través de los informes que rindan en los términos que disponga la ley.
Párrafo segundo…
ARTÍCULO PRIMERO.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.El Congreso del Estado deberá expedir la correspondiente Ley de Planeación Democrática y Contraloría Social para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y sus municipios en un plazo no mayor a sesenta días de que entren en vigor las reformas constitucionales descritas en la presente iniciativa.
ARTÍCULO TERCERO.Se ordena a la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, notifique el presente Decreto a los Ayuntamientos de los Municipios que integran el territorio del Estado de Tlaxcala, para los efectos establecidos en el Artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
ARTÍCULO CUARTO.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ___ días del mes de octubre del dos mi dieciséis.
DIPUTADA ERÉNDIRA ELSA CARLOTA JIMÉNEZ MONTIEL
[1]García Moctezuma Francisco: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-6112010000100009
[2] Esparza Valdivia Hugo:http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/21/23-07.pdf
[3]Narváez López Alfonso:http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/16/pr/pr38.pdf
[4]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
[5]Sánchez Luna Gabriel:http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/86/art/art14.htm
[6]Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala:Tomo LXXXI, Segunda Época, Número Extraordinario.
[7]Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala: Tomo XCII, Segunda Época, Número Extraordinario.
[8]Orden Jurídico Nacional:http://www.ordenjuridico.gob.mx/
[9]http://www.wordreference.com/sinonimos/gramática
[10]Del latín democratia y del griego demokratia; Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos.
[11]http://www.ordenjuridico.gob.mx/ambest.php
Tlaxcala es Ahora un Ejemplo de Bienestar y Desarrollo: MGZ Mtro. Guadalupe García se Estrena Como Director de Radio Universidad Iniciativa Sobre Sistema Penitenciario: Dip. Angélica Zárate Iniciativa Contra Bullying Escolar: Dip. Juana Bustos Supervisa MGZ Obras de Mejora de Imagen Urbana en Papalotla Tweet Visto 255 Imprimir
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References: artículo 14
 Artículo 25
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 artículo 26
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 Artículo 99
 artículo 28
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 Artículo 22
 Artículo 29
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Artículo 22

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Artículo 54

Artículo 70

Artículo 91

Artículo 93

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 105

Artículo 22
 ARTÍCULO 29

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 105
 Artículo 120