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Timestamp: 2019-07-18 02:25:38+00:00

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Derecho de Daños en el Ambiente a la luz del Derecho Argentino y el Código Civil y Comercial – AL DÍA | ARGENTINA
Derecho de Daños en el Ambiente a la luz del Derecho Argentino y el Código Civil y Comercial
Autor: Palacios, Amanda E. – Torres Raineri , Marta L. A. – Ver más Artículos del autor
Cita: MJ-DOC-10307-AR | MJD10307
Por Amanda E. Palacios (*) y Marta L. A. Torres Raineri (**)
El presente trabajo analizará, los cambios y eventuales conflictos que pudieran producirse, a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, con la consagración de nuevos principios que vienen a enriquecer y reformular el derecho de daños, y el factor de atribución del mismo, ello producirá una revisión de institutos clásicos del Derecho, particularmente con el nuevo paradigma de la «constitucionalización del derecho privado», artículos 1° y 14° del CCCyC.
Los códigos que siguieron al francés, los del siglo XIX, sólo admitieron, los factores subjetivos de atribución: la culpa y el dolo. La culpa definida en el artículo 512 del Código Civil como la omisión de las diligencias necesarias; la negligencia, imprudencia o impericia, conforme a las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Y el dolo configurado por la intención de dañar. Clasificando a los ilícitos según estos factores: el delito como ilícito doloso y el cuasidelito como ilícito culposo.
El recurrir a la culpabilidad, como factor de imputación, se funda, es innegable, en la responsabilidad como «reproche»; tiene por ende un fundamento moral de sanción o castigo al agente; al dañador que busca perjudicar o bien que actúa con torpeza o descuido. Para el Código Civil en su versión originaria, al menos de una manera expresa, este era el factor subjetivo el único admisible.
La aparición de la llamada doctrina del riesgo, como factor objetivo -riesgo meramente creado o bien riesgo-, se produce a comienzos del siglo XX, tiene como ámbito específico el de los accidentes de trabajo. La lógica era que el empresario es responsable de pleno derecho, independientemente de todo culpa de su parte, de los accidentes acaecidos con motivo del trabajo a sus obreros y empleados.Quien crea con su actividad un riesgo del cual se desprende un daño carga con las consecuencias.
Con la reforma de 1968, ley 17.711, ese principio pasa al Código Civil, explicitado en el artículo 1113 , con motivo del daño que originan las cosas riesgosas. Y luego, por vía de la doctrina y jurisprudencia, se expande; pasa a fundar otros supuestos y a actuar como factor de atribución del daño que, causado por el dependiente, debe indemnizar el principal -artículos 43 y 1113, primer párrafo-; del causado por los animales feroces o no domésticos; del que nace de un actuar abusivo, etcétera (1).
La Constitución Nacional histórica, de 1853, enuncia a los llamados derechos individuales, entre ellos el derecho de libertad, propiedad, a comerciar, a trabajar, son los «derechos de primera generación».
La evolución y transformación de la sociedad determinó en cierto momento el paso del resguardo de los derechos individuales a la incorporación de los derechos colectivos.
La sociedad en su conjunto, comienza a exigir la protección de otro tipo de prerrogativas, se integran a este sistema de derechos políticos y civiles, aquellos denominados en doctrina como de «segunda generación», que yacen sobre un diverso valor fundante: solidaridad.La evolución de este sistema de derechos no termina con la incorporación de los sociales, culturales y económicos a nuestra ley fundamental, sino que producto de las agresiones que el sistema imperante produjo sobre determinados bienes jurídicos en particular el medio ambiente nacen los «derechos de tercera generación».
A partir de la reforma constitucional de 1994, han quedado plasmados en la Constitución Nacional, los hoy denominados Derechos de Tercera Generación, nacidos como consecuencia y en el contexto del desmedido desarrollo de la Sociedad Industrial.
Los artículos 41° y 43° de la CN jerarquizan el cuidado del medio ambiente a través de la protección directa del mismo consagrando además el amparo colectivo como primer remedio a los daños ambientales.
Asimismo la Ley 25.675 General del Ambiente introduce en nuestro Derecho una serie de reformas estructurales, al consagrar legalmente las categorías del daño ambiental colectivo, la introducción de los principios de precaución y prevención y un régimen especial de responsabilidad colectiva ambiental, como además Procesal o ritual, dando forma definitiva al denominado proceso ambiental colectivo, en punto a la legitimación de obra activa, perfil del juez, medidas cautelares, régimen probatorio, efectos de la cosa juzgada (2).
El Código Civil y Comercial protege al medio ambiente a través de los artículos 14° , 240° y 241° y consagra los deberes de prevención del daño y reparación del mismo en el Título 5°, Sección 2da.: función preventiva y punición excesiva, artículos 1710 , 1711 , siguientes y concordantes.
De la responsabilidad civil: que ensancha fronteras, contenidos, para comprender pretensiones reparatorias, preventivas y precautorias; asimismo cambia la naturaleza esencial del Derecho de Daños, que salta de patrimonial y personal individual -en escala de un episodio discreto a personal plural- de dimensiones colectivas; también se registran mudanzas en la visión de los sujetos de derecho:en la naturaleza y la comunidad como objeto y al mismo tiempo titular de derechos tutelados… (3).
– Evolución del Derecho de Daño Ambiental
La concepción clásica de la responsabilidad -consagrada en el Código Civil Francés de 1804, seguida por la mayoría de los códigos del siglo XIX, en Europa y América- estaba preocupada por la «proliferación» de los daños, por su multiplicación al infinito, para ruina de los agentes y enriquecimiento indebido de las víctimas, busca así limitar los perjuicios jurídicamente relevantes, merecedores de una indemnización, por la vía de la «tipificación»: los llamados, «numerus clausus»; sólo existen tales derechos cuando el legislador expresamente los reconoce en una norma.
Se habló entonces de una «daño jurídico» indemnizable, por oposición al mero daño, sin consecuencias jurídicas.
Semejante concepción resultó, avanzado el siglo XX, inadmisible, por estrecha o injusta. Los nuevos daños, los no previstos, los propios de los nuevos tiempos, quedaban insatisfechos. Y la imaginación de los dañadores, no lo olvidemos, es más aguda que la del legislador. De donde fue necesario, por obra de la doctrina y la jurisprudencia, pasar del daño tipificado al no tipificado; de la violación de un derecho subjetivo a la contradicción con un interés lícito, y, de manera relevante, del daño patrimonial, de traducción dineraria inmediata, al daño a la persona.
Tales avances se inscriben en un proceso de humanización del derecho, de mayor respeto a la persona humana.
El desarrollo o evolución del «daño» está dado, también, por el paso «de la punición a la reparación» y del «daño causado al daño temido».
Respecto a los requisitos de daño: para que prospere una demanda resarcitoria, el daño debe existir (la certidumbre) no ser puramente imaginario, nacido de la fantasía o del temor.Pero, doctrina y jurisprudencia admiten que pueda tratarse no de un «daño actual», sino de un «daño futuro», siempre que su probabilidad de llegar a existir sea abonada científicamente; no un mero daño hipotético o conjetural. Por lo general se reclama como daño futuro la continuidad o permanencia de uno actual o el agravamiento del que ya se padece.
Ello ocurre con el «daño ambiental», nacido de actividades industriales; con el argumento del «desarrollo sustentable» se predica también una tolerancia mínima.
La Constitución Nacional, artículo 41, en ocasión de ocuparse del daño ambiental dispone que: «…para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo».
La doctrina coincide que toda persona tiene el deber, en cuanto dependa de ella, de evitar causar un daño no justificado, un perjuicio injusto, y a esos fines debe adoptar las medidas razonables para evitarlo. Y, por lo demás, cuando algún perjuicio se ha producido, nace otro deber, el de disminuir su importancia o magnitud, unido inseparablemente al deber de no agravarlo.
En ese sentido el artículo 1710 del C. C. y C. establece:
«Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de:»
»a) evitar causar un daño no justificado;»
»b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa;»
»c) no agravar el daño, si ya se produjo».
Es significativo señalar el cambio de «filosofía», de espíritu, de concepción, acerca del Derecho de Daños:del daño ocurrido al daño temido; de la reparación a la evitación (4).
Mientras que para la concepción clásica de la responsabilidad el tema central era la «punición» o castigo del agente y de ninguna manera la prevención o evitación del daño, el Derecho de Daños actual tiene una «función social» (5); socializar es atender a las consecuencias en la comunidad, en la convivencia pacífica y equilibrada (Miguel Reale). Primero prevenir, con conductas diligentes, cuidadosas, celosas y prudentes. Y luego, frente al error o al fracaso, reparar o recomponer, para satisfacción de la víctima inocente. La punición no es propia del Derecho de Daños; puede colocarse de «rondón» en algunas situaciones; así en los «daños punitivos». Mira a la víctima inocente, a quien busca reparar siendo para ello indiferente el carácter lícito o ilícito del hecho dañador, y deja de lado, como cuestión secundaria, la sanción al victimario.
– Caracterización o tipificación del Ambiente
El Artículo 41 d e la Constitución Nacional, protege al ambiente sin definirlo, no obstante ello se puede inferir de acuerdo con Rossatti, que este artículo protege no solo la salud humana sino el equilibrio ambiental, en ese sentido desde el punto de vista científico, se considera al ambiente no solo como un conjunto de elementos, sino básicamente como un conjunto de complejas relaciones cuyo equilibrio debe ser mantenido y desde un punto de vista metacientífico considera al hombre involucrado en la protección de la casa grande y no meramente rodeado de un entorno sobre el que se autoasigne facultades de dominio y apropiación (6).
En los últimos años toma especial importancia el concepto de desarrollo sustentable ya consagrado en la Constitución Nacional, pero desde el preservación de la biodiversidad teniendo en consideración las generaciones futuras. El desarrollo sustentable de un país no debe ser equiparado al progreso económico o al crecimiento sostenido.Una economía puede crecer pero si lo hace reproduciendo o aumentando la desigualdad de la población en términos de acceso a los bienes sociales primarios no puede hablarse de desarrollo (7).
– Soluciones del Código a la problemática ambiental:
Durante un prolongado lapso, el Derecho Civil ha intentado buscar soluciones jurídicas para afrontar la problemática ambiental. Las de corte analógico, serán perfectamente aplicables cuando se vea conculcado el derecho de propiedad: directa o indirectamente.
Así, las instituciones civiles que propone la doctrina nacional, son concretamente:
El artículo 1973(REF: LEG66465.1793) del Código Civil y Comercial (8) contempla «las inmisiones inmateriales y la normal tolerancia»; dispone que existe una obligación de soportar ciertas molestias producto de ruidos, olores, humos, etc., cuando ellas no excedan de la normal tolerancia. Conforme a lo expuesto habrán de ser diferenciadas las inmisiones tolerables, de las que no lo son, tarea ésta que deberá ser resuelta por el magistrado interviniente en cada caso concreto, pues no existen a este respecto criterios tasados, sino que éstos deberán tomarse de acuerdo a las condiciones del lugar en que la inmisión se genera. Siguiendo la lectura de la norma encontramos que el juez, al resolver aplicando el Art. 1973 del CC y C, tiene el deber de contemporizar las exigencias de la producción y el respeto debido al uso regular de la propiedad; asimismo tendrá en cuenta la prioridad en el uso.
La figura del daño ambiental, hoy constitucionalmente consagrada y las inmisiones, normativizadas en el artículo 1973 del Código Civil y Comercial, no son términos que puedan relacionarse como de género y especie, sino que se corresponden con realidades jurídicas distintas. Ello así, ya que las últimas se encuentran íntimamente relacionadas con el derecho de propiedad, mientras que el daño ambiental actúa en la esfera del derecho ambiental. CLAUDIO KIPER (9), expresa que el derecho a la preservación del medio ambiente está expresamente reconocido por la Constitución Nacional (arts.41 y 43), en los pactos internacionales sobre derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional (art. 75, inc.22 , Const. Nac.), y en otros tratados y documentos internacionales.
Además, hay que tener en cuenta, a los efectos de resolver este punto, que el moderno Derecho de Daños pone el acento en la prevención más que en la reparación. En cuanto a las vías preventivas tendientes a evitar el llamado daño ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que en este ámbito le incumbe al Estado, se ha acudido frecuentemente al artículo 1973. En este sentido, se sostiene que, en presencia de una instalación industrial que procese elementos cuyos desechos, efluentes o efluvios puedan ser contaminantes del medio ambiente, ante el solo peligro de que ello se produzca, cualquier vecino o no que se halle expuesto a sufrir el perjuicio puede ejercer la acción denunciando los hechos al juez.
– Responsabilidad civil, en particular, la problemática del artículo 1757, 2da. parte :
La norma comentada aborda dos temas de máxima jerarquía en el Derecho de Daños:
La responsabilidad del principal, patrón o comitente por el hecho de su dependiente, empleado o auxiliar; el factor objetivo de atribución riesgo creado.
Respecto de las disfunciones que presenta la responsabilidad civil, en sus vinculaciones con el medioambiente; el instituto en tratamiento plantea los siguientes problemas: 1) Nexo causal: sabido es que para que el accionante pueda obtener indemnización al demandar por daños y perjuicios, debe quedar probado que el daño sufrido por el impetrante es consecuencia de un obrar del accionado. Es la prueba del nexo causal uno de los problemas más evidentes, ya que en ciertas ocasiones resulta eminentemente dificultoso establecerlo, más si el daño es resultado de actividades provenientes de diversos agentes, o producto de la concurrencia de diversas causas, o cuando el daño recién se manifiesta pasado un tiempo.Del análisis legal efectuado se desprende que para el caso en que la empresa contaminante demuestre haber actuado de acuerdo con las normas existentes a este respecto, como así también cumplir con lo dispuesto por los órganos de control de la Administración, ya no se presumirá la causalidad, y le corresponderá al perjudicado probarlo. Es de vital importancia el derecho a la información que plasma esta ley con el efecto de facilitar al habitante la prueba del nexo causal.
Este derecho encuentra entre otros condicionamientos a su actuación el hecho de que tal información sea determinante para fundamentar la pretensión, ya que no basta con fundamentar tal petición en una mera sospecha, sino que es preciso demostrar concretamente que determinada empresa ha sido causante del daño.
– Responsabilidad Colectiva y Anónima: Artículo 1760 y sgtes.
La solución del artículo 1760(REF: LEG66465.1760) y sgtes. del Código Civil y Comercial, puede ser extendida a otros casos, en los que comprobado un daño, no se puede identificar a quien lo causó dentro de un grupo determinado de personas (10). CAFFERATTA, sostiene que en el campo de la especialidad, la doctrina hace un tiempo que sostenía su aplicabilidad en materia de responsabilidad civil por daño ambiental (11). La solución prevista, para el caso en que en la comisión del daño ambiental colectivo hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, sería lo estipulado en el artículo 1760 del Código Civil y Comercial, que dispone que «todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad», aunque a su vez, en el ámbito de las relaciones internas, lo será « sin perjuicio, en su caso, del derecho de repetición entre sí», a cuyo fin «el juez podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable.
RÉGIMEN JURÍDICO DE DAÑO AMBIENTAL
Por su importancia se transcribe en su parte pertinente:
Artículo 41 de la Constitución Nacional:«Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo».
»El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley».
»Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales».
»Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos».
– Daño ambiental
Ley 25.675 General del Ambiente:
Artículo 27 : «El presente capítulo establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA. Se define el daño ambiental como toda ALTERACIÓN RELEVANTE que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos».
Artículo 28 : «El que cause el daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva que determine la JUSTICIA ORDINARIA INTERVINIENTE, deberá depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por la presente, el cual será administrado por la autoridad de aplicación.Sin perjuicio de otras acciones judiciales que pudieran corresponder».
– Del fondo de compensación ambiental
Artículo 34 : «Créase el Fondo de Compensación Ambiental que será administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción y estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la PREVENCIÓN y MITIGACIÓN de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de EMERGENCIAS ambientales, asimismo, a la protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente».
»Las autoridades podrán determinar que dicho fondo contribuya a sustentar los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado».
»La integración, composición, administración y destino de dicho fondo serán tratados por ley especial».
– Legitimación de obrar
Artículo 30 : «Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, EL AFECTADO, EL DEFENSOR DEL PUEBLO y LAS ASOCIACIONES NO GUBERNAMENTALES de defensa ambiental, conforme los prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional y EL ESTADO NACIONA L, PROVINCIAL O MUNICIPAL; asimismo, quedará legitimado para la acción de recomposición o de Indemnización pertinente, LA PERSONA DIRECTAMENTE DAMNIFICADA por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción».
»Deducida demanda de daño ambiental colectivo por algunos de lo titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros».
»Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo».
– Responsabilidad Colectiva
Artículo 31 : «Si en la comisión de del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el gradode responsabilidad de cada persona responsable (…)».
– De la responsabilidad civil:
Ley 25.612 de Residuos Industriales:
Artículo 40 . — Se presume, salvo prueba en contrario, que todo residuo definido según los alcances del artículo 2º, es cosa riesgosa en los términos del segundo párrafo del artículo 1757 del CC y C.
Artículo 41 . — En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, no es oponible a terceros la transmisión del dominio o abandono voluntario de los residuos industriales y de actividades de servicio.
Artículo 42 . — El dueño o guardián de un residuo no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero por quien no debe responder, cuya acción pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a las circunstancias del caso.
Artículo 43 : La responsabilidad del generador por los daños ocasionados por los residuos, no desaparece por la transformación, especificación, desarrollo, evolución o tratamiento de éstos, a excepción de:
a) Aquellos daños causados por el mayor riesgo que un determinado residuo adquiere como consecuencia de un manejo o tratamiento inadecuado o defectuoso, realizado en cualquiera de las etapas de la gestión integral de los residuos industriales y de actividades de servicio;
b) Cuando el residuo sea utilizado como insumo de otro proceso productivo, conforme lo determine la reglamentación.
Artículo 29 de la ley 25.675: La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
La responsabilidad civil o penal, por daño ambiental, es independiente de la administrativa. Se presume «iuris tantum» la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen infracciones a las normas ambientales administrativas.
Articulo 10:La responsabilidad del tratamiento adecuado y la disposición final es del generador.
– Daño Ambiental:
La Reforma de la Constitución Nacional de 1994 y la Ley 25.675 General del Ambiente, introducen en nuestro Derecho una serie de reformas estructurales, reflejo de estas adaptaciones de los conceptos clásicos en materia de Derecho sustantivo de fondo al consagrar legalmente las categorías del daño ambiental colectivo, y un régimen especial de responsabilidad colectiva ambiental, como además Procesal o ritual, dando forma definitiva al denominado proceso ambiental colectivo, en punto a la legitimación de obra activa, perfil del juez, medidas cautelares, régimen probatorio, efectos de la cosa juzgada.
El Derecho de Daños ha sufrido un proceso denominado de «descodificación» que consiste en regular fuera del Código Civil temas de daños que pertenecen a dicho Código; ejemplo de ello constituye: La responsabilidad ambiental, por el denominado daño ecológico o ambiental, aparece consagrada en la propia Constitución Nacional, a partir de la reforma de 1994.
LORENZETTI destaca los alcances de la mutación: «El surgimiento de los problemas relativos al medio ambiente {…} incide en la fase de las hipótesis, de planteamiento de los problemas jurídicos», suscitando un cambio profundo que avanza sobre el orden del Código, proponiendo uno distinto, sujeto a sus propias necesidades. El Derecho Ambiental es «descodificante», herético, mutante: «Se trata de problemas que convocan a todas las ciencias a una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. En el caso del Derecho, la invitación es amplia:abarca lo público y lo privado, lo penal y lo civil, lo administrativo y lo procesal, sin excluir a nadie, con la condición de que adopten nuevas características» (12).
En el Derecho ambiental la preservación del medio es muy importante, por cuanto hay conciencia acerca de que una vez dañado, contaminado, poluído, la «limpieza», la vuelta al estado anterior, denominada «recomposición», es harto dificultosa. Hay que cuidar el ambiente, como exigencia de la civilización, del respeto a los semejantes y a las generaciones futuras (13).
Así señala FALBO, Aníbal J. (14), al analizar el caso «Mendoza» (15) que: «La Corte Nacional inaugura una nueva fase en la evolución del derecho ambiental. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las decisiones que ha ido escalonando a lo largo de todo el proceso a partir de aquel hito del derecho ambiental que fuera la resolución del 20 de junio de 2006 ha implementado un proceso judicial ambiental que renueva profundamente el clásico o tradicional. Concretamente, ha diseñado un proceso ambiental que con refinada e inteligente estrategia, ha permitido el dictado de la magnífica sentencia del 872008 que seguidamente se anota, todo ello acorde con el bien colectivo tutelado y coherente con la imperiosa necesidad de su efectiva y tempestiva tutela. Una sentencia que indudablemente pone en evidencia la fuerza y el peso con que la Constitución Nacional exige implementar un nuevo proceso: el ambiental, y cómo esa norma opera, de manera preeminente en el modo y en la forma como se resuelven las cuestiones que, a lo largo del mismo, se susciten . De esa forma, además de decidir eficazmente un conflicto ambiental, la Corte no solo ha mostrado lo que representa un proceso ambiental, poniendo en evidencia hasta donde implica una renovación profunda del proceso clásico, sino también cuales son los fines, los principios y los elementos de una decisión judicial en esta temática.Este último será el aspecto del fallo al que ceñiremos nuestro comentario, no sin antes hacer una rápida referencia a las variadas pautas y directrices, como a los trascendentes principios y postulados, que el mismo establece La sentencia confirma y refuerza los avances que el derecho viene mostrando en materia ambiental y, paralelamente, lo impulsa y orienta hacia nuevos horizontes. A partir de este fallo se anuncia e inicia una nueva etapa muy promisoria para lo ambiental en el país, pues las pautas, directrices, postulados y principios que establece, además de involucrar el proceso y la decisión judicial ambiental se expanden a la órbita administrativa. A su vez, tales postulados, principios, pautas y directrices -como hemos dado en llamar contribuyen a la comprensión, por un lado, y al desarrollo futuro, por el otro, de ese nuevo proceso que es el ambiental y de esa nueva teoría que, a partir del fallo, comienza a avizorarse: la de la decisión judicial ambiental justa. En definitiva, se trata de un excelente fallo que suma a su operatividad y efectividad, valiosísimos principios y enfoques cuya real dimensión solo se podrá conocer con el tiempo, a fuerza de profundizar e interrelacionar cada una de las partes del decisorio entre sí y con el entramado de resoluciones previas al mismo, que forman este bloque de operatividad ambiental que representa la sentencia de la causa “Mendoza”…».
»… El fallo sienta un principio básico de la decisión judicial ambiental cuando establece: “la recomposición y prevención de daños al ambiente obliga al dictado de decisiones urgentes, definitivas y eficaces”. Tal postulado se establece como “principio” por cuanto en la propia sentencia seguidamente se expresa “De acuerdo con este principio…”. Corresponde entonces analizar los elementos de este principio (obligación, urgente, definitiva y eficaz) para comenzar a diseñar las pautas básicas de una decisión judicial ambiental.En primer lugar la sentencia establece que existe una “obligación” para la Justicia, que ante el daño ambiental se halla ante la obligación de dictar decisiones que hagan a la prevención y la recomposición de ese daño…».
– Ahora bien «¿qué se entiende por daño ambiental?»
La ley 25.675 General del Ambiente en su artículo 27 define al «Daño Ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos».
Para JORGE BUSTAMANTE ALSINA (16), es esta una expresión ambivalente, pues designa no solamente el daño que recae en el patrimonio ambiental que es común a una colectividad, en cuyo caso hablamos de impacto ambiental, sino que se refiere también al daño que el medio ambiente ocasiona de rebote (par ricochet) a los intereses legítimos de una persona determinada, configurando un daño particular que ataca un derecho subjetivo y legitima al damnificado para accionar en reclamo de una reclamación o resarcimiento del perjuicio patrimonial o extrapatrimonial que le ha causado.
MOSSET ITURRASPE (17) expresa que «por la materia sobre la cual recae, por el bien jurídico comprometido, encaja difícilmente en las clasificaciones tradicionales: daño patrimonial o daño extrapatrimonial, daño cierto o incierto, daño actual o futuro, y daño personal o daño ajeno. De donde, liminarmente, debemos señalar que las notas características del daño, según la concepción mayoritaria: cierto, personal y directo, son puestas en grave aprieto». El daño ambiental se caracteriza por el efecto principal de la degradación al medio ambiente.
– Intereses Difusos:
Se denominan intereses difusos porque están desparramados o compartidos entre todos cuantos componen esa sociedad o ese grupo, porque no pertenecen individualmente a una persona o varias, sino a «todo» el grupo a que estos intereses afectan, compartidos por todos o igual a otros (18).
El carácter difuso de daño ambiental plantea un marco de complejidad respecto de la identificación del agente productor del daño.Por lo general se trata de casos de prueba difícil, altamente compleja (19).
Es que la contaminación es itinerante, cambiante, se difumina en el tiempo y en el espacio, no tiene límites geográficos ni físicos, ni temporales, ni personales. La ausencia de precisión en las características del daño, su extensión, alcance, prolongación, su carácter muchas veces retardataria, acumulativo, los efectos sinérgicos, constituyen problemas de enorme trascendencia al momento de su determinación (20).
Las reformas sustantivas que contiene la ley 25.675 reflejan la necesidad de encontrar respuestas adecuadas para este singular daño.
Más aún cuando se trata de una regulación especial respecto del daño ambiental colectivo (21).
– Daño Moral Colectivo:
El Derecho Ambiental involucra calidad de vida, recursos naturales, patrimonio artístico y cultural hábitat, desarrollo sustentable, importa varias reformulaciones dogmáticas, toda vez que, como lo señala Atilio ALTERINI, «el daño clásicamente fue un episodio discreto de conflicto privado; el daño ambiental es un episodio de interés general que abarca a todos, a ricos y a pobres, a fuertes y débiles, a gobernantes y gobernados, a los habitantes de hoy, y a sus hijos y a sus nietos» (22).
Jorge GALDÓS; define el daño colectivo o grupal como «el sufrido o padecido por un pluralidad determinada o determinable de sujetos, al conculcarse los intereses lícitos y tutelables, patrimoniales o extrapatrimoniales, que no son susceptibles ni de apropiación o fraccionamiento individual y que resultan diferenciados o diferenciables de otros daños; destacando de esta forma que el interés del grupo es común, no diferenciado e insusceptible de fraccionamiento».
Concordantemente se ha definido el daño moral colectivo o grupal como la «conculcación de intereses extrapatrimoniales plurales de un estamento o categoría de personas, cuya ligazón puede ser, esencialmente, subjetiva u objetiva» (23).
La doctrina judicial registra un antecedente valioso en la materia en el «leading case», resuelto por la CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE AZUL, Sala A, «Municipalidad de Tandilc/ T.A La Estrella SA y otro» , con el brillante voto de Jorge M. GALDÓS, del 22/10/96 (24).
En el caso, un ómnibus de la empresa demandada, luego de desplazarse sin conductor por la pendiente en la calle Avellaneda de la ciudad de Tandil, colisiona contra la fuente y grupo escultórico «Las Nereidas» emplazado en la intersección de dicha arteria con las calles Pujol, 14 de Junio y Diagonal del Parque, provocando al mismo diversos daños. La demanda se planteó por el resarcimiento de perjuicio patrimonial experimentado por el Municipio, consistente en el valor de los materiales y mano de obra necesarios para la restauración del referido grupo escultórico y en la disminución de su valor venal; pretendiéndose igualmente la indemnización del «daño a los intereses difusos o derechos públicos subjetivos» de toda la comunidad tandilense, dada la afectación del goce y disfrute estéticos que posibilitaba la contemplación de esa obra, ahora dañada, del patrimonio cultural de la Comuna.
La sentencia hizo lugar a todo lo reclamado, con la aclaración de que el monto del resarcimiento por daño moral colectivo se destine a un patrimonio de afectación, para las obras de ornato y salubridad del presupuesto municipal, de forma tal que el Estado local, dueño y guardián de la escultura, resarce a través suyo el daño extrapatrimonial de toda la colectividad afectada, «porque aunque difuso o fragmentado, se tutela un derecho general, de incidencia colectiva, que el Estado debe preservar en consonancia con la postura del resarcimiento pleno del daño injustamente causado».
Así se sentó la siguiente doctrina, en relación a las siguientes cuestiones: bienes colectivos; interés difuso o fragmentado; daño colectivo; legitimación para obrar; y en relación al DAÑO MORAL COLECTIVO dijo:El daño moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos; el daño moral no requiere prueba específica alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del accionante; el daño moral constituye toda alteración disvaliosa del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra; a la admisión del daño colectivo ocasionado a una comunidad incluidos sus ocasionales visitantes por la privación del uso, goce y disfrute de un bien relevante del dominio público municipal se llega tanto si se parte del concepto de daño sufrido colectivamente como lesión a un bien público o colectivo, atendiendo a la naturaleza extrapatrimonial y colectiva de ese bien agraviado, como si se centra el enfoque en el estado espiritual disvalioso que recae en la esfera social de una categoría de sujetos, los habitantes de dicha comunidad que disfrutaban del bien, por la afección de una obra del patrimonio cultural local, que ostenta protección normativa constitucional.
– Responsabilidad Ambiental:
En Derecho Ambiental, la reparación del daño importa «recomponer» y «remediar», vocablos estos últimos que son como dos caras de una misma moneda destinada a pagar el daño realizado al entorno. Una cara pretende recomponer, volver las cosas «ex ante» o «statu quo ante»; la otra, remediar o mitigar los efectos negativos a sabiendas de que nunca ese entorno dañado volverá a ser el de antes, pero que vale el intento de recomponerlo en la máxima expresión posible o al menos impedir los eventuales y probables efectos nocivos de tal daño traducido en un impacto negativo en el ambiente.El derecho de cada habitante de la Argentina a un ambiente sano y equilibrado implica correlativamente un deber, que es el de PRESERVACIÓN. Este derecho-deber surge del plexo jurídico ambiental de la Argentina, principalmente del artículo 41 de la Constitución Nacional (2), artículo 28 1º párr.de la CPBUE y de la Ley General del Ambiente 25.675 (artículo 2 , aunque en este ordenamiento sea un cometido estatal) y la Ley 11.723 del Medio Ambiente en la Provincia de Buenos Aires (artículos 2 y 3 ).
Tanto la defensa como la restauración corresponden al Estado y a los ciudadanos. La obligación de remediar se encuentra primordialmente en la Constitución cuando en el artículo 41 leemos que «el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley».
El concepto de Daño Ambiental, dicen LAMBERTI y NOVAK (25), plantea una diferencia sustancial respecto a la noción de daño que se maneja habitualmente a través del Código Civil y el principio establecido por el artículo 1083(REF: LEG66465.1083) (Ley 17.711) que textualmente expresa que «el resarcimiento de daños consistirá en la recomposición de las cosas a su estado anterior, excepto si fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se fijará en dinero. También podrá el damnificado optar por la indemnización en dinero». Cuando el artículo 41 de la C. N. menciona la palabra «prioritariamente» es precisa en el sentido de señalar una prioridad: RECOMPONER el daño in natura retornando el estado de las cosas al momento anterior a su producción y de ser ello imposible mitigar o REMEDIAR los efectos negativos causados al ambiente con una indemnización en dinero que desde el 2002 con la sanción de la Ley 25.675 es parte del Fondo de Compensación Ambiental. También a esos fines se pueden conseguir mediante la ejecución forzada (en una clausura o quite de habilitación, por ejemplo) o por demolición (art.632 CCiv.).
Distintos fallos judiciales advierten que «los nuevos derechos que están en juego no pueden protegerse a través del sistema clásico tradicional del proceso de dos partes, donde cada uno busca solucionar su problema particular: es necesario concebir tutelas adecuadas para los titulares de intereses difusos»; «Las soluciones para esta temática no encajan en esquemas ortodoxos, ni fueron contemplados por los Códigos y leyes individuales del siglo XIX; en consecuencia para recomponer el rumbo y darle adecuada cabida a estos intereses, ciertos institutos han debido variar su ropaje en el ámbito judicial: así, los consagrados principios de defensa en juicio o de contradicción, no pueden concebirse actualmente con un criterio individualista. Se impone revisar los conceptos clásicos: 1) cosa juzgada (en cuanto a los efectos vinculantes); 2) la reparación del perjuicio (teniendo en cuenta no tanto el daño producido sino el daño sufrido), y 3) de responsabilidad civil (buscando prevenir más que curar)» (26).
– Responsabilidad Colectiva Ambiental:
Así, el artículo 31 de la Ley 25.675 General del Ambiente textualmente dice: «Si en la comisión de del daño ambiental colectivo, hubieren participado dos o más personas, o no fuere posible la determinación precisa de la medida del daño aportado por cada responsable, todos serán responsables solidariamente de la reparación frente a la sociedad, sin perjuicio en su caso, del derecho de repetición entre sí para lo que el juez interviniente podrá determinar el grado de responsabilidad de cada persona responsable. En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas, la responsabilidad se hará extensiva a sus autoridades y profesionales, en la medida de su participación».
El artículo 31 de la ley avanza sobre el régimen de responsabilidad colectiva contemplado en el artículo 1760 y sgtes.del Código Civil y Comercial, instaurando la responsabilidad solidaria de la reparación «frente a la sociedad». Asimismo, el último párrafo extiende la responsabilidad, en caso de que el daño sea producido por personas jurídicas, a sus autoridades y profesionales en la medida de su participación.
Por lo expuesto, esta normativa «se relaciona con el presupuesto de causal disyuntiva o alternativa, que se presenta cuando, a raíz de faltar la prueba, no es posible determinar cuál de varios individuos es el autor de un daño que intrínsecamente reúne los requisitos necesarios para que sea resarcible. Esa dificultad probatoria obstaculiza, por ende, la reconstrucción de la relación de causalidad. El problema consiste en establecer si producido un daño y ante la carencia, insuficiencia o imposibilidad de prueba, para individualizar a un responsable singular, es posible condenar a resarcir por responsabilidad colectiva, a cuantos hayan tenido alguna vinculación acreditada con las circunstancias de tiempo y lugar de las cuales derivó ese perjuicio. Es claro que la dificultad probatoria debe estar referida solamente a la identificación del autor material, o del dueño o guardián de las cosas, ya que es imprescindible la acreditación de que el daño lo ha causado alguno de entre individuos determinados» (27).
Por lo expuesto, es de advertir que al derecho ambiental lo integran normas de base interdisciplinaria, que exceden el ámbito jurídico, con rigurosa regulación técnica, reúne normas de derecho privado y de derecho público, con primacía de los intereses colectivos, aunque también hay instituciones de derecho ambiental que producen efectos simultáneos en ambos órdenes. El Derecho Ambiental apunta hacia la órbita de los asuntos sensibles al interés social, presenta como ningún otro derecho, una interrelación estrecha entre la normativa pública (constitucional, penal, administrativa) y privada (civil, comercial, derecho del consumidor) (28). Por estas razones es que el desarrollo teórico derivado de la legislación Civil y Comercial, por sí solo es insuficiente para reparar el ambiente.Es importante resaltar que el Derecho Ambiental es un instituto novedoso que cuenta con elementos no convencionales y que se nutre de otras disciplinas, por lo que preciso conocerlas y usarlas, ya que el dinero o la reparación no siempre se consiguen, y en algunas situaciones llega tarde.
Por esta razón es importante la participación ciudadana en la reparación del ambiente a través de sus muchas variantes, ya sea con información ambiental, con participación en forma de audiencias públicas, evaluaciones de impacto, etc. El ambiente es cosa de todos y por lo tanto todos debemos coadyuvar al mantenimiento de su estado ideal. Y si el productor del daño ambiental no tiene capacidad técnica para recomponer, se le debe cobrar el dinero que cueste la recomposición del mismo, llamando a realizar la labor a científicos, técnicos y vecinos del lugar donde aconteció el menoscabo ambiental. Los ciudadanos, Estado y ONGs se convierten en los actores sociales inmejorables para asesorar y enseñar para la recomposición de los daños ambientales tanto ante la insuficiencia del condenado como por imposibilidad de identificar al delincuente.
El dinero necesario en la Argentina surge del fondo del artículo 34 de la Ley 25.675, pues consideramos que será difícil lograr la participación de aseguradoras en negocios de tan alto riesgo en eventuales siniestros ambientales de envergadura (artículo 22 de la Ley 25.675).
Por todo ello se concluye que, de producirse un caso de contaminación fuera de los parámetros establecidos por la noción de desarrollo sustentable [lo cual se determinará entre otras maneras, por medio de informes de impacto ambiental], existirá daño ambiental.
Asimismo, cabe aclarar que aun dentro de los parámetros de sustentabilidad, se puede producir algún tipo de inmisión que podrá merecer la actuación de las soluciones previstas por la legislación Civil y Comercial.
4.BIBLIOGRAFÍA:
– CAFFERATTA, NÉSTOR A.: «Principios Generales del Derecho Ambiental», CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN LEY 26994, INFOJUS, julio 2015.
– MORELLO, Augusto M.: «La tutela de los intereses difusos en el Derecho argentino». LEP, La Plata, 1999.
– MORELLO, Augusto M. y CAFFERATTA, Néstor A.: «Visión Procesal de Cuestiones Ambientales». Ed. Rubinzal-Culzoni.
– MOSSET ITURRASPE, Jorge y PIEDECASA, Muguel A.: Código Civil Comentado, Rubinzal-Culzoni, comentario art. 1068 C.C., pág. 2930.
– LORENZETTI, Ricardo: «Las normas fundamentales de Derecho Privado».
– ANDORNO, L.: La responsabilidad por daños al medio ambiente, JA, Derecho ambiental, 9/10/96, pág. 13.
– KIPER, Claudio: «Código Civil Comentado», Derechos Reales, T. II, Rubinzal-Culzoni, comentario art. 2618, C.C., pág. 4142.
– MORALES LAMBERTI, Alicia y NOVAK, Aldo: Instituciones de Derecho Ambiental, Lerner, Córdoba, 2005, p. 234.
– BUSTAMANTE ALSINA, Jorge: Derecho Ambiental, Abeledo-Perrot, 1995, pág. 143.
– BIDART CAMPOS: «Intereses difusos, derecho a la preservación del ambiente y derecho a la salud y la vida», cit., p. 710.
– MORELLO, Augusto M .: La prueba científica, en L.L. 1999-C-897.
– GOLDENBERG y CAFFERATTA: «Daño ambiental. Problemática de su determinación causal», cit., ps. 28 y ss.
– ALTERINI, Atilio: «Mercosur y medio ambiente: Problemas y perspectivas», en D.J. 1998-II-75.
(1) MOSSET ITURRASPE, Jorge y PIEDECASA, Miguel A.: Código Civil Comentado, Rubinzal-Culzoni, comentario art. 1068 C.C., pág. 2930.
(2) MORELLO, Augusto M. y CAFFERATTA, Néstor A.: «Visión Procesal de Cuestiones Ambientales» cit. Ps. 91 y 92. Ed. Rubinzal-Culzoni.
(3) MORELLO, Augusto M. y CAFFERATTA, Néstor A.: «Visión Procesal de Cuestiones Ambientales» cit., Ps. 17. Ed. Rubinzal-Culzoni.
(4) JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA:
– «El daño es esencial en la reclamación por un acto ilícito». CNCiv., sala B, 28984, J. A. 1985-II-396.
– «Es un componente inseparable del acto ilícito» T.S. de Córdoba, Sala CCom.CAdm, 121286, LLC 1987-438.
– «El daño debe ser cierto y actual para que pueda existir resarcimiento». C.S.J. de la Nación 7385, E.D.113612.
– «Sin perjuicio de la exigencia del daño cierto y actual, se puede configurar el denominado “daño temido” que faculta la adopción de medidas cautelares ante el perjuicio aún no ocasionado». CNFed. C.C., sala I, 23877, J.A. 1979-II-385.
– «Vale decir que de no adoptarse las medidas de prevención o evitación, el daño temido se transformaría en efectivo, o se agravaría el ya ocurrido» CCCom. CAdm de San Francisco, 27498, LLC 1999-469.
(5) JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA: MOSSET ITURRASPE, Jorge y A. PIEDECASAS, Miguel A.:Código Civil Comentado, Rubinzal-Culzoni, comentario art. 1109, C.C. pág. 296 y 297.
(6) ROSATTI, Horacio: «La Tutela del Medio Ambiente en la Constitución Nacional Argentina», Daño Ambiental Rubinzal-Culzoni 2008, pág. 13.
(7) ROSATTI, Horacio: «Consecuencias Culturales de la Tutela del Medio Ambiente», Daño Ambiental, Rubinzal-Culzoni 2011, pág. 31.
(8) DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA: Resultan aplicables las disposiciones contenidas en los tratados y declaraciones internacionales y el artículo 41 de la Constitución Nacional, junto a los artículos 2618(ref: Leg1308.2618), 1071 del Código Civil al supuesto de responsabilidad derivada del daño ambiental producido por filtraciones de hidrocarburos. CNCiv., sala H, 11099, J.A. 1999-IV-309.
(9) KIPER, Claudio: Código Civil Comentado, Rubinzal-Culzoni, comentario art. 2618, C.C., pág. 4142.
(10) MORELLO, Augusto M. y CAFFERATTA, Néstor A.: «Visión Procesal de Cuestiones Ambientales» cit., Ps. 129. Ed. Rubinzal-Culzoni, con referencia en cita sobre: ALTERINI, Atilio; AMEAL, Oscar y LÓPEZ CABANA, Roberto: Derechos de Obligaciones Civiles y Comerciales. Nº 1920, Abeledo-Perrot, Bs.As., 1995, p. 813, Nº 6.
(11) MORELLO, Augusto M. y CAFFERATTA, Néstor A.: «Visión Procesal de Cuestiones Ambientales» cit., Ps. 129. Ed. Rubinzal-Culzoni, con referencia en cita sobre: CARRANZA, Jorge: Aproximación interdisciplinaria a la responsabilidad por daño ambiental, en J.A. 1989-IV-705, Nº IVB3C; GIANFELICI, Mario, Responsabilidad civil por contaminación ambiental, en L. L.1983-D-1021; TRIGO REPRESAS, Félix, Responsabilidad civil por daño ambiental, en J.A. 1999-IV-1180.
(12) DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA: LORENZETTI, Ricardo L.: Las normas fundamentales del Derecho Privado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995, p. 483.
(13) «Con la reforma constitucional de 1994 se genera una concepción a partir de la cual el hombre es parte del medio ambiente y por lo tanto se concibe la posibilidad de prevenir y resarcir el daño ambiental independientemente de la afección individual; es así que la Constitución Nacional define un nuevo y particular modo del daño: el daño ambiental que goza de algunas particularidades respecto del daño normatizado por nuestro Código Civil (art.1068 ), y por ello las reglas para su reparación no podrán equipararse a las que otorgan protección a los derechos subjetivos, porque este tipo de daños puede conculcar «derechos reincidencia colectiva». El bien ambiente es, a diferencia de otros bienes, esencialmente limitado, y su consumo irreparable, por lo que las medidas para hacer cesar el daño ambiental resultan indispensable e impostergables.
Cualquier actividad susceptible de empobrecer sustancialmente la calidad de vida, en el caso por la co ntaminación ambiental, de cualquier persona o comunidad, debe ser en primer lugar prevenida o disuadida, y si ya hubiera comenzado a generar el daño habrá de cesar, sin perjuicio de la reparación integral del agravio irrogado, de acuerdo al principio de que quien perjudica al medio ambiente debe resarcir, pero quien resarce no por ello puede seguir produciendo el perjuicio, porque en ello no sólo van comprometidos la salud y bienestar de quienes sufren actualmente la ofensa, sino también las generaciones futuras, a las que no puede de ningún modo conculcárseles sus posibilidades vitales». SCBA, 19598, LLBA 1998943.
– «Y comprende los daños causados desde la omisión de obras necesarias para sanear la contaminación ambiental, que impidió sanear el curso de un arroyo, contaminando el ambiente, aguas, napas subterráneas y envenenando las tierras, causando enfermedades»; J1ª Inst.CCL, 2ª Nom., de Villa Constitución, J.A. 2001I404.
(14) FALBO, Aníbal J.: publicado en Revista de Derecho Ambiental, Abeledo Perrot, Nro. 16, Octubre / Diciembre 2008, pag. 49.
(15) CSJN, causa M 1569. XL. Mendoza, Beatriz Silvia y otros v. Estado Nacional y otros.
(16) JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA: BUSTAMANTE ALSINA, J.: El daño ambiental y las vías procesales de acceso a la jurisdicción, págs. 25/29.
(17) MORELLO, Augusto M. y CAFFERATTA, Néstor A.: «Visión Procesal de Cuestiones Ambientales» cit., Ps. 94. Ed. Rubinzal-Culzoni con referencia en cita sobre el trabajo de MOSSET ITURRASPE: El daño ambiental en el Derecho Privado, en la obra colectiva Daño ambiental cit., p. 73.
(18) BIDART CAMPOS: Intereses difusos, derecho a la preservación del ambiente y derecho a la salud y la vida cit. p. 710.
(19) MORELLO, Augusto M., La prueba científica, en L.L. 1999-C-897.
(20) GOLDENBERG y CAFFERATTA: Daño ambiental. Problemática de su determinación causal, cit., ps. 28 y ss.
(21) MORELLO, Augusto M. y CAFFERATTA, Néstor A.: «Visión Procesal de Cuestiones Ambientales» cit., Ps. 94. Ed. Rubinzal-Culzoni.
(22) MORELLO, Augusto M. y CAFFERATTA, Néstor A.: «Visión Procesal de Cuestiones Ambientales» cit., Ps. 114. Ed. Rubinzal-Culzoni con referencia en cita sobre: ALTERINI, Atilio: Mercosur y medio ambiente: Problemas y perspectivas, en D.J. 1998-II-75.
(23) MORELLO, Augusto M. y CAFFERATTA, Néstor A.: «Visión Procesal de Cuestiones Ambientales» cit., Ps. 118. Ed. Rubinzal-Culzoni con referencia en cita sobre: GALDÓS, Jorge: Daño moral colectivo, daños punitivos y legitimación procesal activa cit., p. 113.
(24) JURISPRUDENCIA y DOCTRINA: Publicado en JA, 1997-III-224, con nota aprobatoria de LORENZETTI, Ricardo L.: «Daño moral colectivo: su reconocimiento jurisprudencial»; LL Actualidad del 25/2/97, con nota de DE LORENZO, Miguel F.: «Lesión a un bien del dominio público, responsabilidad por riesgo y daño moral colectivo»; en Revista de Jurisprudencia Provincial, Nro 11, pág. 878, noviembre de 1996, con nota de MOSSET ITURRASPE, Jorge:«Daño moral colectivo originado en la lesión a un bien cultural. La Municipalidad como legitimada activa»; en E.D., 171-371, con nota de TRIGO REPRESAS, Félix: «Un caso de daño moral colectivo»; en L.L BA, año 4, nro 3, abril 1997, pág. 283, con nota de ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Ídem. fallo íntegro publicado en Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, diario de Jurisprudencia, 1997.
(25) JURISPRUDENCIA y DOCTRINA: MORALES LAMBERTI, Alicia NOVAK, Aldo: Instituciones de Derecho Ambiental, Lerner, Córdoba, 2005, p. 234.
(26) JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA: CFed. de la Plata, sala III, 8888, «Gimenez, Domingo y otra c/Estado Nacional (Ejército Argentino)».
(27) MORELLO, Augusto M. y CAFFERATTA, Néstor A.: Visión Procesal de Cuestiones Ambientales» cit. Ps. 128. Ed. Rubinzal-Culzoni.
(28) DOCTRINA: LORENZETTI, Ricardo L.: «La protección jurídica del ambiente», LL, 1997-E, 1463.
(*) Abogada. Especialista en Derecho Ambiental. Posgrado «Responsabilidad Social Ambiental Empresaria». Profesor Adjunto a/c Derecho Civil Parte General, Universidad Católica de Santa Fe Sede Posadas. Profesor Adjunto Derecho Sucesorio, Universidad Gastón Dachary.
(**) Abogada, Especialista en Derecho de la Empresa. Posgrado «Responsabilidad Social Ambiental Empresaria». Profesor Asociado Simple Derecho Empresario, JTP Semi Derecho Privado I, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Misiones.
N. de la R. 1: Ponencia presentada en el XIII Congreso Internacional de Derecho de Daños organizado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires (Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires – 15 y 16 de septiembre de 2016).
N. de la R. 2: Se reproduce fielmente el original.
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