Source: https://suontraj-merida.blogspot.com/2008/10/
Timestamp: 2020-08-12 04:02:18+00:00

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SUONTRAJ SECCIONAL MÉRIDA: octubre 2008
Presidenta del TSJ visitó III Exposición Judicial
La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, visitó la III Exposición Judicial de Orientación al Ciudadano que se realiza en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura con la finalidad de explicar al público en general las funciones, objetivos y competencias de los organismos que integran el sistema judicial.
Durante su recorrido por los stands del TSJ, la DEM, la Inspectoría de Tribunales, la Defensa Pública, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, la Oficina Nacional de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la República estuvo acompañada del Director Ejecutivo de la Magistratura, Francisco Ramos Marín, y del Coordinador Julio César Rojas, así como también de los directores de la Institución anfitriona del evento.
Al finalizar la visita afirmó que se había creado una especial expectativa sobre esta exposición y reconoció el esfuerzo que realizaron los entes participantes. Destacó que lo significativo de la muestra es el efecto que puede tener en el público. "Lo más importante del acceso a la justicia no es solamente abrir las puertas de los tribunales sino mostrarle a los justiciables todas las posibilidades que tiene y que les ofrece el Poder Judicial para defender sus derechos". Agregó que este tipo de eventos contribuye al acceso y administración de la justicia.
"Estamos muy agradecidos con la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y con todos los otros órganos del Poder Judicial que han participado de una manera eficiente y con una gran alegría. He podido captar un gran entusiasmo y sobre todo un claro sentido de lo que debe ser la colaboración", concluyó.
FOTO: Magistrada Luisa Estella Morales en compañía del Director Ejecutivo de la DEM, Francisco Ramos Marín
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s jueves, octubre 30, 2008
Reforma a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo estará incluida en la agenda legislativa de este año
Comisión permanente de desarrollo social integral evaluó agenda legislativa.
En la culminación del presente período se presentarán los informes de las cuatro leyes procesadas asignadas
Morela Chirinos Valdez /Prensa AN
La Reforma a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo estará incluida en la agenda legislativa de de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, para este segundo periodo de 2008, como resultado de la evaluación hecha este miércoles por la citada instancia legislativa. La reforma a este texto legal será coordinada por el diputado Malaquías Gil y en fecha próxima consignará un proyecto de plan de trabajo y la conformación de un equipo para este fin.
Asimismo, la presidenta de la Subcomisión de Drogas, diputada María Alejandra Ávila, expresó que el proyecto de Reforma de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se presentará para la segunda discusión, ante la plenaria de la Comisión durante la última semana de noviembre.
Igualmente, el presidente de esta instancia, diputado Oscar Figuera, indicó que en el presente período legislativo se entregarían los informes sobre las cuatro leyes procesadas actualmente: Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y Profesiones Afines, Ley Especial de la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y de los Asentamientos Urbanos Populares y la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Comedores para los Trabajadores y Trabajadoras, recordó el diputado Figuera.
El Presidente de la Subcomisión de Salud, Higiene y Seguridad Industrial, diputado Briccio Urdaneta, expuso la problemática observada in situ conjuntamente con la diputada María Alejandra Ávila, en el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Mérida, la cual es crítica, tanto en la estructura física como en la denuncia de las presuntas irregularidades cometidas por la exdirectora del mencionado hospital. Asimismo, propuso invitar al Ministro del Poder Popular para la Salud, ciudadano Jesús Montilla a la realización de una Mesa de Trabajo y explique el Plan Nacional de Salud, para canalizar la situación real y determinar el tiempo para la solución del mismo, resaltó el diputado Briccio Urdaneta.
TSJ recibirá Bs. 451 millardos para pago de salarios y aguinaldos
Este martes, la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por un monto de 451 mil 830 millones de bolívares (Bs.F. 451,83 millones), que serán destinados al gasto de personal, lo que incluye salarios y aguinaldos.
El presidente de dicha comisión, diputado Ricardo Sanguino, agregó que el monto beneficiará a 27 mil 27 empleados, entre activos y jubilados del máximo tribunal del país.
Asimismo, señaló que se aprobó un crédito adicional por 167 millardos de bolívares al Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo (Menpet), que serán transferidos a la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (Cadafe) para cubrir insuficiencias contractuales con 19 mil trabajadores (tres mil son jubilados).
La citada comisión autorizó, además, una operación de crédito público con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 75 millones de dólares, a fin de dar continuidad a las labores de regulación y trasvase de Valle Quibor y conservación de la Cuenca Río Yacambú, estado Lara.
Por otra parte, se permitió a los ministerios del Poder Popular para la Defensa (MD) y para las Finanzas (MF) realizar reprogramaciones en los desembolsos contemplados en la Ley Especial de Endeudamiento para el ejercicio fiscal 2007 por 3,47 millardos y 2,87 millardos de bolívares, respectivamente.
Sanguino indicó que, en lo que va de año, se han aprobado 123 créditos adicionales por un monto total 26 billones 787 millones de bolívares.
INSPECTORIA DE TRIBUNALES ESTARÁ RECIBIENDO DENUNCIAS EN EL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MÉRIDA DESDE EL LUNES 27-10-2008 HASTA EL 07-11-2008
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s domingo, octubre 26, 2008
IGT inauguró dos Oficinas de Quejas
Con el propósito de atender y solventar los reclamos de los justiciables, la Inspectoría General de Tribunales inauguró, el 9 y 16 de octubre, dos Oficinas de Quejas. La primera ubicada en la sede del Centro Financiero Latino y la segunda en la sede del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente.
En el primer acto y luego del tradicional despeje de cinta, la presidenta del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, Marjorie Acevedo, aseguró que esta iniciativa "ratifica y refuerza la transparencia y la optimización del sistema de justicia". Asimismo, resaltó la importancia de que exista un lugar donde "las quejas de los ciudadanos sean oídas y respondidas de manera oportuna, sin llegar a la denuncia".
La coordinadora de la Región Capital y del estado Vargas, inspectora Dora Molero Parra, explicó que este recinto tiene carácter conciliador y que su función es servir como mediador entre el justiciable y el juez para la resolución del problema.
Por su parte, la presidenta de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y titular de la Inspectoría General de Tribunales, Magistrada Yris Peña Espinoza, acotó que con esta apertura "nosotros le estamos dando la cara al justiciable, para que la Inspectoría General de Tribunales tenga presencia en todos los circuitos judiciales del país, sobre todo en el Área Metropolitana de Caracas que es uno de los sectores con mayores causas".
En la segunda inauguración, realizada en el Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente, la Magistrada Peña manifestó sentirse complacida y reiteró la importancia de "descentralizar el poder disciplinario, para llevar a cada rincón de Venezuela la Inspectoría de Tribunales, a los fines de que los ciudadanos puedan tener un control social más efectivo sobre la labor que realizan los jueces del país".
La presidenta del Circuito Judicial de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Área Metropolitana de Caracas, Rosa Reyes Rebolledo, dijo que esta oficina "va a permitirle al usuario sentirse más seguro y con la certeza de que tiene un Poder Judicial firme y fuerte".
En ambos actos también estuvo presente el juez rector de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Alfredo Montiel, quien expresó que esta inauguración "es una demostración de avance para la institucionalidad, la seguridad jurídica y para poner en relieve todas las inquietudes de los justiciables".
FOTO: Autoridades del Poder Judicial durante la inauguración
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s sábado, octubre 25, 2008
Presupuesto judicial del 2009 tiene una insuficiencia de 57%
El TSJ solicitó BsF. 10,2 millardos, pero el Gobierno apenas le asignó 4,4 millardos
El 2009 se vislumbra como un año para la austeridad en el Poder Judicial. A esta conclusión se llega si se comparan los 4,4 millardos de bolívares fuertes que el Gobierno le asignó a esta rama del Poder Público, en el proyecto de presupuesto para el próximo año, con los 10,2 millardos que le solicitaron desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La diferencia entre lo pedido por el máximo juzgado, a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), y lo asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas es de 57%.
En el plan de ingresos y egresos de 2008 esa brecha era de 47%. En esa ocasión las autoridades judiciales solicitaron 6 millardos de bolívares fuertes y les otorgaron 3,2 millardos. No obstante, a mediados de este año el Parlamento le aprobó recursos adicionales por el orden de 515 millones.
Los fondos extraordinarios fueron destinados a cancelar un bono de 11 mil a cada trabajador activo y de 8 mil bolívares fuertes a cada jubilado, en compensación por el retraso en la aprobación del nuevo contrato colectivo.
Planes en veremos
Se intentó conversar telefónicamente con Francisco Ramos, director de la Magistratura, sobre las repercusiones que tendrá esa insufiencia de recursos sobre los proyectos del TSJ y la instancia que él dirige, pero el funcionario lo rechazó, alegando que sólo desde el alto tribunal se hablaría de este asunto. Sin embargo, fuentes de la instancia que administra los fondos del Poder Judicial admitieron que varias iniciativas podrían no ejecutarse.
"Si no nos dan los recursos y si se cumple el anuncio del ministro Alí Rodríguez, respecto a que no se aprobarán créditos adicionales el próximo año, entonces obviamente no se podrán ejecutar determinados proyectos, pues si no, no podríamos pagar los sueldos o los servicios", agregó el informante.
El consultado también informó que de los 10,2 millardos que solicitó el Poder Judicial, 8,9 millardos eran para la DEM, 898 millones para el TSJ y 381 millones para la Defensa Pública. Asimismo, precisó que sólo el máximo juzgado recibió lo que estaba pidiendo.
Todo para los sueldos
Las autoridades de la Defensa Pública tendrán que administrar muy bien los fondos en 2009, pues 83% de su presupuesto está comprometido para el pago de sueldos y salarios del personal que labora en la institución encargada de representar a todas las personas que están sometidas a juicio y que no cuentan con recursos económicos para pagar un abogado. De los 381 millones de bolívares fuertes que solicitaron, el Gobierno les asignó, en el proyecto de ingresos y egresos del Estado, 272 millones; y de ellos 228 millones están en la partida de "gastos de personal"; mientras que 22 millones serán para servicios no personales, 17 millones se usarán para comprar bienes y 5 millones serán para materiales y suministros. Así se lee en el documento entregado el martes al Legislativo.
"No podremos abrir nuevos despachos ni contratar nuevos defensores públicos. Habrá que pensar muy bien cuál proyecto se pone en marcha y cuál no", afirmó un informante, quien acto seguido agregó: "¿Cómo pretenden que hagamos para cumplir con todas las obligaciones que nos impone la nueva Ley de la Defensa Pública si no nos dan los recursos?".
En entrevista concedida a este diario en marzo pasado, la directora de esta institución y presidenta de la Sala Penal del TSJ, magistrada Deyanira Nieves, informó que la Defensa Pública hoy por hoy no sólo representa a quienes están sometidos a juicio penal, sino que también velan por los derechos de los niños y adolescentes cuando sus padres fallecen o se divorcian y representan a los campesinos en los procesos por la tenencia de la tierra.
Sin embargo, en las áreas contencioso-administrativo y civil y mercantil todavía no actúan. "Garantizarles representación legal a todos los que la necesiten. Ese es nuestro norte y estamos trabajando en ello", afirmó Nieves en esa ocasión.
Por cuarto año seguido, el TSJ invertirá dinero en su sede
En el presupuesto de 2009 se contempla crear los juzgados anticorrupción.
Desde 2006 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) viene destinando una partida para mejorar "la infraestructura física y la plataforma tecnológica" de su sede; y el venidero año no será la excepción, pues en los próximos 12 meses el máximo juzgado prevé invertir 63,8 millones de bolívares fuertes para este pro-pósito.
Así consta en el proyecto de presupuesto para 2009 que el Gobierno le entregó este martes a la Asamblea Nacional.
Si se totalizan las partidas previstas en los últimos cuatro años, se observa que se le han asignado 168,2 millones de bolívares fuertes al máximo juzgado para adecuar su sede. El motivo para esto está en las diversas construcciones y remodelaciones puestas en marcha en este lapso.
En 2006, la directiva del TSJ, entonces encabezada por el ma-gistrado Omar Mora Díaz (Sala de Casación Social) y en la que la actual presidenta, magistrada Luisa Estella Morales (Sala Constitucional), ocupaba la primera vicepresidencia, decidió construir un preescolar, un tercer estacionamiento, remodelar la plaza ubicada al frente del edificio del ente rector del Poder Judicial y levantar una cerca alrededor de éste.
Las obras debían estar con-cluidas en el primer semestre de 2007. Sin embargo, sólo la valla, el jardín de infancia y las remo-delaciones a algunas dependencias ya fueron terminadas, aunque se entregaron varios meses después de lo previsto y en todas ellas se registraron incrementos en sus costos originales. Las empresas contratistas achacaron las demoras a la falta de material y a incumplimientos en los pagos.
La Auditoría Interna del TSJ y luego la Contraloría General de la República determinaron que se cometieron algunas fa-llas al momento de entregar los contratos de estas obras.
Más y mejores tribunales
El proyecto de presupuesto no sólo contempla recursos para mejorar las instalaciones del TSJ, sino también de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). Al organismo encargado de administrar los fondos del Poder Judicial se le asignaron 82,1 millones para mo-dernizar su sede central ubicada en Chacao. Igualmente el borrador prevé 1,6 millardos para el "fortalecimiento de las dependencias judiciales a nivel nacional". Es de suponer que de esta partida saldrán los recursos para crear los tribunales agrarios, de violencia contra la mujer, los contencioso administrativos, los especializados en delitos contra el patrimonio público y la admi-nistración de justicia, anunciados en el documento.
En enero de 2006, el entonces presidente del TSJ, magistrado Omar Mora, prometió que en marzo de ese año serían inaugurados 16 juzgados antico- rrupción. Sin embargo, casi tres años después ninguno de esos despachos ha abierto aún sus puertas.
Cumpliendo con la bicha
De ser aprobado el proyecto entregado por el ministro de Finanzas, Alí Rodríguez, el Poder Judicial administrará 4,4 mi-llardos de bolívares, lo cual supone un incremento de casi 30% con respecto al período anterior cuando le fueron otorgados 3,3 millardos. El monto previsto por el Ejecutivo equivale a 2,6% del presupuesto, es decir, 0,6% más de lo que la Constitución de 1999 obliga al Estado a conceder al sistema de administración de justicia.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s jueves, octubre 23, 2008
Ratificada privación de libertad de tres ingenieros
A solicitud del Ministerio Público, fue ratificada la medida de privación de libertad contra tres ingenieros, funcionarios de la empresa Electrificaciones del Caroní (Edelca), quienes serían los presuntos responsables de la falla eléctrica ocurrida el domingo 19 de octubre.
En la audiencia de presentación, los fiscales 41 nacional y 2° de Puerto Ordaz, Cristian Quijada y Robert Mujica, respectivamente, imputaron a los ingenieros Adán Ramos Salazar, Honny Vásquez Fuentes y Rodolfo Ortega Gómez, quienes están adscritos al área de Protección de la Dirección de Redes Regionales de la Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre, en Macagua,
Los fiscales imputaron el delito de favorecimiento culposo de sabotaje o daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 en concordancia con el 8 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Además, de interrupción indebida de bienes y suministro de servicio público, según el artículo 360 del Código Penal.
El Tribunal 5° en funciones de Control del segundo circuito judicial del estado Bolívar, en Puerto Ordaz, el cual ratificó la privación de libertad, ordenó que los referidos funcionarios permanezcan recluidos en la sede del Comando de la Guardia Nacional en Macagua.
Los imputados resultaron detenidos este lunes 20 de octubre, procedimiento ejecutado por funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), en atención a las órdenes de aprehensión existentes, solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por el Tribunal de la causa.
El pasado domingo se generó una falla en el sistema Guri-Malena, que interrumpió el suministro del servicio eléctrico en el Distrito Capital y en los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Guárico, Cojedes, Táchira, Vargas y Zulia, entre otros.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s miércoles, octubre 22, 2008
En las próximas horas se realizará audiencia de presentación de tres ingenieros por falla eléctrica del pasado domingo 19
En las próximas horas se realizará la audiencia de presentación, ante el Tribunal 5° en funciones de Control del segundo circuito judicial del estado Bolívar, de tres ingenieros de Edelca, quienes serán imputados por el Ministerio Público como presuntos responsables de la falla eléctrica ocurrida el domingo 19 de octubre, la cual ocasionó la interrupción del servicio en varios estados del país.
En tal sentido, los fiscales 41 nacional y 2° de Puerto Ordaz, Cristian Quijada y Robert Mujica, respectivamente, presentarán ante el Tribunal a los ingenieros Adán Ramos Salazar, Honny Vásquez Fuentes y Rodolfo Ortega Gómez, quienes están adscritos al área de Protección de la Dirección de Redes Regionales de la Central Hidroeléctrica Antonio José de Sucre, en Macagua.
Los representantes del Ministerio Público imputarán delitos previstos en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y en el Código Penal.
Los tres ingenieros fueron detenidos este lunes 20 de octubre, en las instalaciones de la empresa hidroeléctrica. El procedimiento fue ejecutado por funcionarios de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), en atención a las órdenes de aprehensión existentes, solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por el Tribunal 5° de Control de Puerto Ordaz.
Vale señalar que la investigación del caso se inició tras la avería presentada en el sistema, y que interrumpió el suministro del servicio eléctrico en el Distrito Capital y en algunos estados, entre estos Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Guárico, Cojedes, Táchira, Vargas y Zulia.
Como parte de la investigación se practicaron inspecciones técnicas en las instalaciones de la represa El Guri y en la sede de la empresa Electrificaciones del Caroní (Edelca) en Macagua, por parte de una comisión integrada por funcionarios de la Disip y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s martes, octubre 21, 2008
La Fiscalía solicitó la detención de tres funcionarios por ser los presuntos responsables de la falla eléctrica ocasionada el 19/10/2008
Los estados Zulia, Miranda, Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Guárico, Cojedes, Táchira y Vargas quedaron sin el servicio de electricidad por una falla en el sistema Gurí- Malena, según informó el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Hipólito Izquierdo.
Esa situación motivó a que la Fiscalía General de la República designara a los fiscales del Ministerio Público Cristian Quijada y Robert Mujica para iniciar una investigación en relación a la falla eléctrica.
Una de las primeras actividades que ordenaron los representantes de la vindicta fue efectuar inspecciones técnicas en las instalaciones de la represa del Guri, en el estado Bolívar, y en la sede de la empresa Electrificaciones del Caroní (Edelca) que estuvieron a cargo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísricas (CICPC) y la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
Con pruebas convincentes en sus manos, los fiscales del Ministerio Pùblico solicitaron ante el juez 5º de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, la detención de 3 empleados como presuntos responsables de la falla eléctrica.
TSJ se declara competente para conocer recurso contra reelección de Russián
07:27 PM Caracas.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se declaró competente para conocer el recurso en contra de la decisión de la Asamblea Nacional (AN) de reelegir en su cargo al contralor general de la República, Clodosbaldo Russián.
Esta demanda fue interpuesta el pasado 9 de julio por los abogados Ignacio Luis de León, José Cipriano Heredia y Rafael Antonio De León.
Según los querellantes, la Asamblea Nacional violó el principio de legalidad al designar nuevamente a Clodosbaldo Russián, ya que la Carta Magna no establece esa posibilidad, y con esa acción presuntamente violaron los artículos 2, 7, 137 y 288 de la máxima ley de la República.
Los demandantes, igualmente, indicaron que con el nombramiento de la misma persona que venía ejerciendo el cargo de contralor general de la República con anterioridad también se está vulnerando el artículo 288 de la Constitución Nacional, el cual establece que el contralor general debe ser nombrado por un lapso de siete años, pero sin especificar que el mismo puede designado inmediatamente para un nuevo período, reseñó ABN.
Por ello, los querellantes pidieron a la Sala Constitucional del TSJ que deje sin efecto el acto parlamentario del 20 de diciembre del 2007, mediante el cual se designó a Clodosbaldo Russián como contralor general de la República.
Con ponencia de la magistrada Luisa Estela Morales, esta sala se declaró competente para conocer la demanda de nulidad y la causa fue enviada al Juzgado de Sustanciación de dicha instancia, la cual decidirá sobre la admisibilidad o no de la demanda.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s lunes, octubre 20, 2008
TSJ falla que normas que limiten arbitrajes son inconstitucionales
La interpretación se produjo por la disputa entre Exxon Mobil y el Gobierno
Los arbitrajes, la mediación, la conciliación y cualquier otra forma de resolución de controversias que no implique la intervención de un juez son parte del sistema de administración de justicia y, por tanto, aquella ley o sentencia que pretenda limitar o restringir esas figuras es contraria a la Constitución Nacional de 1999.
La afirmación la realizó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su fallo 1542, de fecha 17 de octubre, en el cual respondió la solicitud de interpretación del artículo 258 de la Carta Magna que un grupo de abogados, en representación de la Procuraduría General de la República, entre los cuales figura la ex magistrada de la extinta Corte Suprema, Hildegard Rondón de Sansó, le planteó. Dicha norma establece: "La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos".
La petición de interpretación de la Procuraduría se produjo como producto de la disputa que Exxon Mobil entabló contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por la decisión del Gobierno de nacionalizar la Faja del Orinoco.
"El mandamiento constitucional a que se refiere el artículo 258 impone el desarrollo, promoción y sana operatividad de los medios alternativos para la resolución de conflictos en el foro venezolano (que compele tanto al legislador como al operador judicial), toda norma legal o interpretación jurídica que lo contraríe debe considerarse reñida al texto fundamental y, por tanto, inconstitucional", se lee en el fallo que redactó la presidenta de la instancia, magistrada Luisa Estella Morales.
Sin riesgo para la soberanía La Sala reiteró su criterio sobre la potestad de los tribunales arbitrales de dictar medidas cautelares, pero aclaró que para que esto proceda es necesario que dichos órganos estén constituidos conforme a la ley y que soliciten al Poder Judicial ayuda para ejecutar su resolución, ayuda que sólo se brindará una vez que el juez al que se pida auxilio revise las actuaciones "todo en absoluto resguardo de la seguridad jurídica y previendo la actuación fraudulenta en perjuicio de terceros".
Asimismo, rechazó que el arbitraje ponga en riesgo la soberanía nacional. Por el contrario, estima que la misma se refuerza con esta figura. Y, acto seguido, blandió su polémico dictamen 1.942 de 2003, en el cual estableció: "Ni los fallos, laudos, dictámenes u otros actos de igual entidad podrán ejecutarse penal o civilmente en el país si son violatorios de la Constitución, por lo que por esta vía (la sentencia) no podrán proyectarse en el país normas contenidas en tratados, convenios o pactos sobre derechos humanos que colidiesen con la Constitución o sus principios rectores".
Por escrito Pese a que señaló que la ley no puede restringir el arbitraje, la Sala indicó para que poder recurrir a esta figura las partes deberían haber expresado por escrito su deseo de hacerlo en el contrato que previamente debieron haber firmado.
Asimismo, indicó que es potestad de los Estados, en su uso de su soberanía, decidir cuáles asuntos pueden ser dirimidos por la vía extrajudicial y cuáles no. "La República puede determinar según razones de oportunidad y conveniencia las condiciones y alcances de sus relaciones internacionales, así como los medios alternativos de resolución de conflictos, toda vez que del texto del artículo 258 de la Constitución son todos ellos parte del sistema de justicia, sin que exista prevalencia de un medio sobre otro", agregó.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s domingo, octubre 19, 2008
Con asombro recibieron en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el contenido de la Ley Orgánica del Sistema Judicial. El tema fue abordado por los magistrados en la reunión de la Sala Plena de este miércoles, pero la instancia no emitió ningún pronunciamiento y decidió diferir el asunto, pues varios de los integrantes del máximo juzgado aseveraron que no habían podido acceder al borrador y, por tanto, no habían podido formarse un criterio.
Sin embargo, trascendió que varios de los integrantes del ente rector del Poder Judicial cuestionaron el texto, por considerar que el mismo supone una vulneración del modelo de administración de justicia diseñado en la Constitución de 1999.
Un magistrado elaboró un documento, al cual El Universal tuvo acceso, en el que se critica la propuesta de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, ente que planificará y coordinará las políticas y planes del sistema judicial; y el cual estará integrado por diputados, magistrados, la fiscal general, la defensora del Pueblo, la procuradora, la defensora Pública; y el ministro del Interior.
En el documento se afirma que esa nueva instancia vulnera el principio de separación y autonomía de los poderes. La razón: "La colaboración entre las ramas de los poderes no puede afectar la autonomía ni el ámbito competencial de cada uno de ellos (...) La separación de poderes sí implica autonomía, la cual no puede ser desconocida ni siquiera por la legislación, por cuanto se trata de un principio constitucional".
En el texto también se afirma que la polémica Comisión "sólo puede ser vista, conforme a la Constitución, como una instancia consultiva y asesora", pues la planificación de las políticas y planes corresponde al TSJ, a los órganos del Poder Ciudadano y al Ejecutivo en materia penitenciaria".
En el documento también se califica de "discutible constitucionalidad" la obligación de dictar la Ley del Estatuto de la Función Pública en el Sistema Judicial contemplada en el artículo 27 del proyecto que ya aprobó la Asamblea Nacional en su primera discusión.
"Resulta atentatoria contra la autonomía funcional y organizativa de las diversas ramas del Poder Público. No parece tomar en cuenta la diversidad de regímenes, roles y funciones que desempeña el personal que labora en el Sistema de Justicia, producto necesario del hecho de la heterogénea integración de éste (jueces, fiscales, defensores públicos, policías, abogados, etc.)", se lee en el escrito.
Corte Primera en la agenda.
La designación de los nuevos integrantes de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, fue otro de los asuntos tratados en la reunión plenaria del miércoles, aunque aquí tampoco se tomó una decisión.
Trascendió que la presidenta de la Sala Político Administrativa, magistrada Evelyn Marrero, llevó los currículos de algunos candidatos, entre los cuales figuran el de Andrés Brito, quien fuera consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante las gestiones de Francisco Carrasquero y Jorge Rodríguez al frente del máximo organismo comicial.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s viernes, octubre 17, 2008
Los trabajadores de Justicia de Colombia suspenden la huelga tras 44 dias
Los empleados de tribunales de Colombia suspendieron hoy la huelga que realizaban para exigir mejoras salariales y que mantenía casi paralizada la administración de Justicia en el país. El presidente de la Asociación Nacional de Empleados de la rama Judicial (Asonal), Fabio Hernández, anunció que se decidió a terminar el paro iniciado el pasado 3 de septiembre tras una votación en la que participaron los más de 14.000 afiliados a la entidad en todo el país y en la que la mayoría se pronunció a favor de poner fin a la huelga.
Hernández precisó que más de 8.500 empleados votaron por suspender la huelga frente a unos 5.600 que apoyaban seguir la protesta. "Hay que acoger esa decisión mayoritaria y creemos que es correcta, dadas las condiciones y la fatiga después de 44 días", expresó el líder sindical y precisó que continuarán dialogando con el Gobierno sobre sus exigencias.
Hernández explicó que la decisión se tomó por “oxigenar el movimiento”. Agregó que van a estar atentos a los compromisos que hizo el Gobierno y del Congreso, de llevar un proyecto de ley que reglamente de manera clara la nivelación de salarios. "Vamos a estar alerta al cumplimiento de los compromisos", dijo el dirigente sindical.
El líder sindical aseguró que seguirán reuniéndose con el Gobierno Nacional. "Suspendimos el paro judicial, pero vamos a continuar sentados en la mesa de negociación", dijo.
Según lo había establecido el Gobierno y la Judicatura, hasta hoy hay plazo para que los funcionarios vuelvan a sus despachos. De aquí en adelante los que no se reintegren pueden ser investigados y sancionados con suspensión o destitución.
El levantamiento del paro judicial ya ha tenido efectos en el complejo judicial de Paloquemao. En la mañana ya se hicieron cinco audiencias en esas instalaciones.
El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, aseguró que, a pesar de levantarse el paro, seguirá la Conmoción Interior. "La Conmoción seguirá porque debemos atender los efectos dañinos del paro judicial", dijo el alto funcionario.
El Ministro, además, manifestó que el acuerdo con el sindicato se hizo sobre la base de entregar 111.000 millones de pesos para la nivelación salarial. "En mayo nos volveremos a sentar y, de acuerdo con los indicadores económicos del momento miraremos la posibilidad de un nuevo ajuste. Pero mientras tanto, seguiremos buscando otras fuentes de recursos que para recaudarlos habría que pedirle al Congreso que dictara una ley", dijo el ministro Valencia Cossio.
Hoy, ya se está hablando de hacer esfuerzos para descongestionar la Justicia. "El gobierno se ha propuesto poner la justicia al día. Estamos hablando con el Consejo Superior de la Judicatura, el lunes nos vamos a reunir con el Consejo de Estado y vamos a presentar un proyecto de ley de descongestión total, para que, de acá al 2010, podamos tener la justicia desatrasada completamente", dijo por su parte el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio.
"Obviamente, esto para el ciudadano va a ser una cosa muy importante, porque va a haber una justicia más pronta más cumplida y más rápida", agregó.
Según cifras divulgadas por el presidente de la República, Álvaro Uribe, hasta la semana pasada había una congestión de más de 160.000 procesos y alrededor de 2.700 detenidos por delitos como homicidio, tenencia de armas y narcotráfico habían quedado libres por el vencimiento de los términos judiciales. Además, se suspendieron más de 25.000 audiencias judiciales.
Lo que está resuelto
Los funcionarios que regresan a los despachos van sobre la base de 131.000 millones de pesos ofrecidos por el Gobierno para la nivelación salarial. Mediante decreto se estableció un incremento del 2% para los jueces y el 4 % para fiscales.
A partir del próximo año un juez penal del circuito especializado y un fiscal delegado ante un juez penal del circuito ganarán el 47,7% de lo que gana un magistrado de tribunal (15'392.811 pesos).
Un juez municipal y el fiscal delegado ante un juez municipal tendrán un sueldo del 34,7 % de lo que gana un magistrado de tribunal Para el otro año los funcionarios tendrán una prima de productividad igual a 25 días de la remuneración mensual. Y a partir del 2010, esa misma prima será igual a 30 días de la remuneración mensual.
Concretar el compromiso del Gobierno de explorar más fuentes de recursos para un eventual reajuste de los 131.000 millones de pesos ofrecidos para nivelación salarial.
Una reunión en mayo del 2009 entre el Gobierno y Asonal para analizar la viabilidad de aumentar la oferta actual, sobre la base del crecimiento económico y la inflación.
El ingreso de provisionales, especialmente fiscales, a la carrera judicial sin pasar por concurso. Es una exigencia de Asonal, pero va en contravía de la meritocracia y de la Constitución.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre la legalidad del paro.
'El Gobierno no invadirá órbita judicial'
El ministro Fabio Valencia Cossio anunció que la estrategia para poner al día a la Justicia tendrá dos etapas. En la primera se utilizará la Conmoción Interior, con decretos que le darán a la Sala Administrativa de la Judicatura facultades para definir planes de descongestión.
Entre las facultades está señalar cuáles procesos pueden ser tramitados y fallados preferentemente. También, definir cuáles pueden ser decididos con el solo análisis de la jurisprudencia.
La Judicatura definirá turnos, jornadas y horarios adicionales de atención y podrá incluso regular las vacaciones de los empleados de la rama, para lograr una mayor celeridad en la actualización. Así mismo, podrá modificar la competencia territorial de los tribunales y juzgados.
Valencia dijo que el Gobierno no usará la Conmoción para invadir la órbita de la Rama Judicial y sugirió que permanecerá en el cargo hasta el 2010: "El presidente Uribe y yo asumimos el compromiso de tener una justicia al día en el 2010", dijo.
Ahora es la Registraduría la que va a paro
A diez días de las consultas internas de los partidos, previstas para el 26 de octubre, el sindicato de la Registraduría anunció que los empleados de ese organismo cesarán actividades.
Édgar Daniel Bohórquez, presidente del sindicato, anunció para hoy un pronunciamiento público en el que expondrán los motivos para la huelga y anunciarán la hora cero.
Los trabajadores están negociando desde hace varios meses una nivelación salarial con el Ministerio de Hacienda, que asciende a 29.000 millones de pesos. Argumentan que ganan 42 por ciento menos que funcionarios de otras instituciones del Estado.
Adicionalmente y soportados en las consultas de los partidos, están pidiendo el pago de la bonificación electoral a la que tienen derecho en los años en que hay elecciones. Según Bohórquez, "las consultas podrían verse afectadas" si el Gobierno no les resuelve la situación.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s jueves, octubre 16, 2008
Colombia: Paro judicial estaría a pocas horas de levantarse, dicen voceros del sindicato
Existe un 'desgaste' con la situación que ha tenido a la justicia parada durante 43 días y agregaron que lo más probable es que hoy o mañana los funcionarios del sector vuelvan a sus oficinas.
A esta hora decenas de trabajadores de la Rama Judicial se acercan al complejo judicial de Paloquemao para decidir, a través de su voto, si continúan con la huelga o no.
En el lugar Asonal Judicial dispuso una urna desde las 9:30 de la mañana hasta las 3.00 de la tarde para que fiscales, jueces y demás empleados depositen su voto.
El objetivo es que el próximo año se vuelvan a sentar con el Gobierno para analizar cómo se puede hacer la nivelación.
El Gobierno y la Judicatura les había dado de plazo a los funcionarios hasta el jueves para volver al trabajo y recibir sueldo
El ultimátum, además, señaló que quienes quieran recuperar su salario deberán comprometerse a reponer el tiempo perdido.
El 50 por ciento del sueldo se les pagará en los tres días siguientes al reintegro, y el otro 50 por ciento cuando hayan recuperado el tiempo.
Ayer, el Gobierno aclaró que no se había comprometido a llevar su oferta para la nivelación salarial de los empleados judiciales a 150.000 millones de pesos anuales.
Si bien la Judicatura asegura que un 80 por ciento de los funcionarios ha regresado a sus despachos, Asonal sostiene que mantiene el cese de actividades y que la suma ofrecida por el Gobierno para la nivelación, 131.000 millones de pesos, sigue siendo muy baja frente a la contrapropuesta de la rama, que el pasado fin de semana llegó a 230.000 millones de pesos.
Durante la negociación Asonal había pedido 400.000 millones de pesos.
El Gobierno explicó que su compromiso consiste en "explorar nuevas fuentes como el arancel judicial y la reunión de fines de mayo de 2009 para examinar el recaudo tributario, la financiación de la Nación y el crecimiento económico".
'Sanciones tomarán tiempo'
La Sala Disciplinaria de la Judicatura pidió a los consejos seccionales reunir las pruebas sobre las personas que no van a trabajar y sobre quienes van a los despachos pero no atienden público.
Esa sala, sin embargo, fue clara al decir que las sanciones van a tardar meses. "En las seccionales hay solo dos magistrados y ellos tendrán que recorrer las zonas para reunir las pruebas. El procedimiento es dispendioso", aseguró un magistrado.
Por ahora, la Judicatura espera la decisión de la Corte Constitucional sobre la legalidad de los decretos de la Conmoción Interior, que puede tardar hasta dos meses; y el fallo sobre la legalidad del paro, que está en manos de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
Ayer, tres conjueces de esa corporación comenzaron el estudio de la demanda y tienen 10 días para resolver.
La presidenta de la Sala Laboral del Tribunal, magistrada Carmen Gnneco, respondió a los cuestionamientos que hizo la Judicatura en el sentido de que hay omisión de ese tribunal para resolver la demanda. "Se demoró porque los 19 magistrados se declararon impedidos", afirmó Gnneco.
Provisionales, seguros este año
Sobre la provisionalidad de la mayoría de los 20.000 funcionarios de la Fiscalía, esta institución se comprometió ayer a que el listado de elegibles para el concurso se publicará solo a partir del 31 de diciembre. Es decir, que este año no habrá remoción de funcionarios.
También la Judicatura se comprometió a aplicar de manera gradual el concurso para empleados de juzgados.
Paralelamente, Asonal se ha movido en el Congreso para lograr que tanto fiscales como funcionarios judiciales sean incluidos en la reforma constitucional que pretende que los empleados nombrados en provisionalidad antes del 2004 lleguen a carrera sin pasar por concursos. A este proyecto le faltan dos debates.
Hasta el momento la petición ha tenido eco relativo entre los congresistas. Por ejemplo, Germán Reyes, representante del Polo Democrático, dijo que apoya la solicitud.
En general ayer en el país, si bien habían regresado a su trabajo un buen número de funcionarios judiciales, seguía habiendo problemas en el servicio. En Bogotá se había normalizado el de los jueces administrativos, pero en el complejo judicial de Paloquemao no se habían reanudado las audiencias. Los funcionarios votan hoy si mantienen el cese de actividades.
Fin de paro desvirtuaría Conmoción Interior
Si Asonal decidiera levantar el paro, que en teoría cumple 43 días hoy, el presidente Uribe, según constitucionalistas consultados por
este diario, tendría que revocar el decreto de Conmoción Interior.
"Si desaparecen las causas del estado de Conmoción Interior, mediante otro decreto el Presidente de la República tendría que levantarlo", afirma el ex presidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán. Agrega que "una prolongación de la medida sería contraria a la Constitución".
Otro experto que pidió reserva de su nombre, coincide en que se debería levantar la Conmoción, como establece el artículo 214 de la Constitución. Añadió, sin embargo, que el Presidente podría dejar por unas semanas más la decisión, argumentando que todavía hay traumatismos por el represamiento de procesos y de sentencias. Bajo el estado de Conmoción, declarado el jueves pasado, han sido expedidos dos decretos.
Con el primero, delitos menores, como hurtos de poca monta, pueden ser atendidos por la Policía o llegar a conciliaciones. El objetivo, dice el Gobierno, es descongestionar a la Fiscalía General en cerca de 20.000 procesos. Esta decisión ya ha tenido reparos de juristas que aseguran que el decreto se caerá en la Corte Constitucional, pues ese mismo tribunal tumbó la Ley de Pequeñas Causas precisamente por darle funciones de fiscales a policías.
El otro decreto estableció que los despachos judiciales podrán contratar empresas de mensajería para que lleven a cabo las notificaciones. En este momento hay 400.000 represadas en todo el país.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s miércoles, octubre 15, 2008
La reducción de la jornada laboral a 6 horas va este año
El ministro del Trabajo y Seguridad Social, Roberto Hernández, informó que su despacho propondrá reformas puntuales a la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) para que sean aprobadas este año, y que la realización de una nueva ley –como estaba previsto– será para el próximo año.
Adelantó que, entre los artículos que serán presentados ante la Asamblea Nacional para ser reformados este año, está la reducción de la jornada laboral, tal como se viene planteando: llevar la jornada diaria de ocho a seis horas.
“Será muy difícil que la Asamblea Nacional pueda aprobar una nueva Ley del Trabajo; se está hablando de reformas puntuales”, resumió.
Otros de los puntos que propondrá el Ministerio del Trabajo, y los que el ministro Hernández llama “puntos álgidos”, son los relacionados con la vuelta a la retroactividad de las prestaciones y la imposición de sanciones más contundentes a los patronos por reclamos laborales. En ese sentido, dijo que es necesario reformar el esquema de sanciones porque las que están en la LOT vigente “son risibles”.
Desde el seno de organizaciones sindicales, se ha venido denunciando que muchas empresas prefieren pagar multas porque son pequeñas y no reenganchar a los trabajadores en caso de que hayan sido despedidos injustificadamente; por eso, se introduce el artículo relativo a las sanciones en la reforma de la LOT. Sectores sindicales han pedido que se establezcan sanciones punitivas más severas. Ese aspecto ha sido referido por organizaciones gremiales, que advierten que las decisiones de la inspectorías del trabajo, en muchos casos, no son tomadas en cuenta.
También se espera incluir en la reforma de la LOT a los trabajadores tercerizados (contratados), a fin de buscar eliminar esa figura.
Vía Ultimas Noticias - Beatriz Caripa
Gobierno y AN tendrán voz y voto en el Poder Judicial
La dirección, gobierno y administración del Poder Judicial podrían dejar de ser competencias exclusivas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y pasar a ser tareas compartidas con el Ejecutivo, el Legislativo, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, de ser aprobado el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Judicial elaborado por la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional.
En el texto publicado en la web del Parlamento se crea la Comisión Nacional del Sistema de Justicia (artículo 9), la cual se encargará de coordinar los planes para la transformación de la administración de justicia, así como fomentar la cooperación y colaboración entre los órganos que forman parte de ella. También tendrá competencias en materia de elaboración del presupuesto y de las políticas de formación del personal que presta servicios en esta rama del Poder Público (artículo 10).
Esta nueva instancia, no prevista en la Constitución de 1999, estará integrada por tres diputados, uno de ellos indígena; por tres magistrados del máximo juzgado del país, entre ellos su presidenta; por el ministro del Interior, por la fiscal general de la República, la defensora del Pueblo, la procuradora general de la República y por la defensora pública, según consta en la norma 9 del borrador.
En la exposición de motivos, los legisladores justifican la creación de este órgano afirmando: "En el nuevo modelo de Estado, no se concibe al Poder Público dividido en compartimientos estancos, rígidamente separados entre sí, fragmentados y descoordinados, sino como instancias de colaboración para el logro de finalidades comunes, que no son otras que las establecidas en la Constitución"
Adelantándose a las posibles críticas en torno a la vulneración del principio de separación de los poderes públicos, los diputados recordaron que la Carta Magna, en su artículo 136, establece el principio de colaboración plena entre los poderes, el cual, según ellos, "permite establecer bases jurídico-constitucionales de la coordinación, complementación, corresponsabilidad e integración en los órganos del Poder Público que concurren y son llamados a articularse en los diferentes sistemas establecidos por el constituyente, entre los que destaca la novísima figura del Sistema de Justicia que el presente proyecto de ley pretende desarrollar".
De vuelta al pasado A simple vista esta comisión se asemeja al extinto Consejo de la Judicatura, organismo que se encargaba de la administración de los fondos del Poder Judicial, del mantenimiento de la infraestructura de los tribunales, de establecer los mecanismos de ingreso y remoción de los jueces y demás funcionarios judiciales. Los miembros de dicho ente eran designados por los magistrados de la otrora Corte Suprema, por el extinto Congreso Nacional y por el presidente de la República.
El constituyente de 1999 desechó este modelo, debido a los constantes señalamientos de intervención de los otros dos poderes en el sistema judicial; y en el texto fundamental rebautizó al cuestionado Consejo bajo el nombre de Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y lo subordinó al TSJ.
De ser aprobado el proyecto, que hoy será debatido en primera discusión por la plenaria del Legislativo, la Comisión Nacional del Sistema de Justicia deberá comenzar a operar en los 30 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial.
Asimismo el texto prevé que una Comisión de Formación e Innovación revise programas de capacitación de jueces, fiscales y demás personal que integra esa rama del Poder Público.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s martes, octubre 14, 2008
CULMINADAS REUNIONES DE LA DISCUSIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO EN EL MARCO DE ACUERDO PREVIO
Mérida (CDS) En las ultimas dos (2) reuniones de fechas 2 y 7 de Octubre del año en curso, fueron aprobadas las siguientes Cláusulas: 19.- SUSPENSION DE LA RELACION INDIVIDUAL DE TRABAJADO; 24.- AREA DE COMIDA; 25.- COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD; 27.- CARNET; 29.- CAPACIDAD LABORAL REDUCIDA; 30.- ATENCIÒN MÈDICO-PSIOLOGICA; 35.- REGISTRO DE CARGA FAMILIAR; 36.- GUARDERIA Y PRESCOLARES; 39.- SISTEMEA DE SEGURIDAD SOCIAL; 12.- PAGO DE SUELDO y 41.- CAUSA Y EFECTO DE LA RELACION DE TRABAJO.
Igualmente les informamos que las Cláusulas con incidencias ECONOMICAS, serán discutidas unas vez llegue el Estudio de Costos que está en el Ministerio de Planificacion y Desarrollo y fue nombrada una comisión a los fines de hacer un seguimiento a diario para lograr que el mismo llegue a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Las cláusulas aprobadas están contenidas en el proyecto unificado de Convención Colectiva de Empleados del Poder Judicial presentada por las organizaciones sindicales para el período 2007-2010 y no sufrieron modificación alguna.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s lunes, octubre 13, 2008
Colombia: EL GOBIERNO DE URIBE NEGADO A RESOLVER CRISIS JUDICIAL
Colombia: Uribe declara el estado de excepción por la huelga de Justicia
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha declarado el estado de excepción en el país, como medio para hacer frente al prolongado paro de los trabajadores de la Justicia. El mandatario ha argumentado la necesidad de ese estado, en los graves daños que ha sufrido el país por el estancamiento de los procesos y la cantidad de delincuentes que han quedado libres o a punto de volver a las calles.
El ministro del Interior, Fabio Valencia, ha indicado que el primer decreto, al amparo de este estado de excepción, busca otorgar al consejo superior de la judicatura unas facultades extraordinarias para garantizar la descongestión de los despachos afectados por la huelga.
Evitar la excarcelación masiva
De este modo, desde la noche del jueves Colombia se encuentra en 'estado de conmoción interior' para hacer frente a una huelga de trabajadores de la justicia y evitar así la salida masiva de presos de las cárceles, según ha anunciado el presidente en una alocución radiotelevisada.
Uribe ha asegurado que ha tomado la decisión tras ser advertido de que la parálisis de los juzgados podría llevar a la excarcelación de peligrosos presos. La medida regirá por 90 días.
"El gobierno no es irresponsable para arreglar un paro a cualquier costo ni asumir compromisos salariales que no se puedan asumir en el futuro, pero el gobierno tampoco ha sido indolente frente a la situación", señaló.
Esta es la segunda ocasión en que Uribe -en el poder desde agosto de 2002- recurre a declarar 'conmoción interior', uno de los tres estados de excepción contemplados por la Constitución.
La Constitución señala que "en caso de una grave perturbación" que "amenace la estabilidad institucional" el presidente podrá declarar el estado de excepción para adoptar decisiones con fuerza de ley.
El presidente ha aseverado que como consecuencia del cese de actividades en la justicia "han quedado en libertad más de 2.720 personas capturadas por la sindicación de delitos de homicidio, lesiones personales, hurto y tráfico de estupefacientes".
Los trabajadores agrupados en la Asociación Nacional de funcionarios de la rama judicial (Asonal), que habían entrado en huelga desde el 3 de septiembre para exigir mejoras salariales, han rechazado la decisión adoptada por el Ejecutivo.
"Es una medida desafortunada e inconstitucional porque para decretarlo se requieren condiciones precisas que aquí no se cumplen", ha asegurado a los periodistas Fabio Hernández, presidente del sindicato.
El lunes, el gobierno había decretado un aumento salarial de 4% para los empleados judiciales y de 2% para los jueces y fiscales, en un intento por conjurar la protesta pero la medida fue rechazada por Asonal.
La huelga ha impedido definir la situación de 90.500 procesos judiciales, mientras que las pérdidas económicas fueron estimadas en 126.700 millones de pesos (unos USD 57 millones), según estimaciones divulgadas por el Consejo Superior de la Judicatura, organismo que coordina la actividad de los jueces.
Se Mantiene firme el Paro de ASONAL JUDICIAL
Desde las nueve de la mañana en las instalaciones de los juzgados de Paloquemao en Bogotá, se reunió los jueces y la junta directiva de la Asociación Nacional judicial, en cabeza de Fabio Hernández ratificaron que el paro continua por la dignidad, la ley cuarta de 1992, la estabilidad laboral y la en defensa de los salarios de los trabajadores de la rama judicial.
Según Juan Carlos Ramos Fiscal de la Junta Nacional, desde que comenzó el paro de ASONAL Judicial, los medios de comunicación como RCN y CARACOL han tratado de desinformar sobre las decisiones del sindicato, en donde algunos periodistas han tratado de levantar el movimiento, diciendo que los trabajadores ya entraron a sus oficinas, pero, esta no es la realidad.
Las personas se mantienen protestando en las instalaciones, en todos los edificios de ASONAL judicial los trabajadores responden con arengas y consignas en defensa de un trabajo decente y digno. Todos los jueces de conocimiento, de garantías y fiscales, seguirán exigiendo sus derechos.
La situación de desinformación comenzó desde el momento que se fallaron varios decretos, en donde los comunicados de prensa no han explicado realmente las decisiones que ha tomado el gobierno, que por claras razones no serán aceptadas por los trabajadores.
Uno de los puntos es que los jueces no aceptan que en el comunicado se de a entender que el salario que les corresponde es del 70 % de acuerdo con lo que devengan los magistrados, cuando en realidad les están ofreciendo el 47 % que es lo que actualmente están ganando porque son los siguientes en la lista de sueldos, después de los magistrados de alta corte y lo que le dicen a los trabajadores frente a la nivelación salarial y que ganaran solo el 47 % y frente a esto no hay equidad salarial.
De acuerdo con esto, se esta aclarando esta situación y se le esta explicando a los trabajadores que esto no beneficia ni logra los objetivos del paro, por estos motivos, se a desinformado a la opinión pública, porque los decretos los expidió el gobierno, no han sido firmados en ningún momento por los representantes de los trabajadores en las mesas negociadoras. En este sentido, se entiende que los medios se han prestado a transmitir información de decisiones que ha tomado el gobierno, en algunos decretos que no son la realidad y que solo han sido dados a conocer a la opinión publica para desestabilizar a los trabajadores que mantienen la protesta.
Luz Marina Martín Tesorera Nacional de ASONAL judicial cometo que el paro continua y que en la Junta Nacional de ASONAL se planeo una reunión para el viernes 10 de octubre, en donde se pensaran las estrategias para continuar con el paro y en este sentido, exigirle al Presidente de la Republica que les solucione la situación en que se encuentran.
fuente: ASONAL JUDICIAL
REALIZADA ASAMBLEA PARCIAL DE CAPOJUD EN EL ESTADO MÉRIDA
Mérida (CDS) Con la presencia del Presidente de CAPOJUD, Stalin Yepez García, se llevó a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Art. 117 de los Estatutos Vigentes de la Caja de Ahorros del Poder Judicial (CAPOJUD) previa convocatoria, la Asamblea Regional de Asociados de la Caja de Ahorros del Poder Judicial agrupados en el Estado Mérida, la cual se llevó a cabo el día 08/10/2008 a las 2:00 pm , en el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Transito y Menores del Estado Mérida ubicado en la Avenida 4 Bolívar, Edif. Palacio de Justicia, 1er. Piso, oficina 12 cuyos puntos considerados: 1.- Memoria y Cuenta e Informe de gestión anual de los Consejos de Administración y Vigilancia año 2007; 2.- Informe de Auditoria Externa año 2007; 3.- Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2008 y 4.- Plan de Actividades e Inversiones año 2008, resultaron aprobados por la Asamblea de Asociados.
En las fotos diversos momentos de la Asamblea.
Publicadas por SUONTRAJ seccional Mérida a la/s viernes, octubre 10, 2008
COLOMBIA. GOBIERNO DE URIBE SE NIEGA A NEGOCIAR CON JUDICIALES.
La ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS JUDICIALES DE COLOMBIA (ASONAL) nos ha hecho llegar esta comunicación que compartimos con ustedes a los fines de que se hagan una idea de la grave crisis por la cual atraviesan los hermanos judiciales de Colombia. Ante la indolencia de un Gobierno que no negocia y que pone en riesgo la Libertad Sindical a cada instante en ese país, persiguiendo a dirigentes sindicales de todas las ramas y que ahora su objetivo son los sindicalistas del Poder Judicial colombiano, nos solidarizamos con los judiciales colombianos que adelantan una justa lucha.
Cartagena (Colombia) 9 de octubre de 2008.
SINDICATO DE JUSTICIA DE CATALUNYA.
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SINDICATO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA UGT ARAGON.
SINDICATO UNITARIO ORGANIZADO NACIONAL DE TRABAJADORES JUDICIALES. SUONTRAJ.
SINDICATO DE SECRETARIOS JUDICIALES- SISEJ.
ACTU- SINDICATO DE AUSTRALIA.
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO EN FRANCIA CGT
EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION- ETUC
Respetados hermanos sindicalistas.
Como miembros y defensores de la lucha sindical a nivel internacional deprecamos apoyo inmediato.
Muy comedidamente el Sindicato de Trabajadores de la Rama Judicial de Colombia ASONAL JUDICIAL se dirige a ustedes a fin de ponerles en conocimiento la grave situación que afronta la justicia colombiana por las injustas e intransigentes determinaciones del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, y requerir de ustedes una manifestación pública de apoyo a nuestra lucha.
Ante la intransigencia del gobierno de este país, al negarse a escuchar las peticiones de ASONAL JUDICIAL (sindicato vocero de los servidores públicos al servicio de la rama judicial) y a materializar el derecho a una nivelación salarial acorde con las necesidades del servicio y la formación profesional, reconocido y ordenado por la Ley 4 de 1992, que se hizo efectivo hace 10 años solo para los magistrados de altas Cortes y Tribunales, y no para los empleados jueces y fiscales, el día 3 de septiembre de la cursante los servidores judiciales que no hemos sido nivelados iniciamos un cese de actividades que hoy cumple 37 días, con el que se busca obtener paradójicamente justicia para la justicia, pero a la fecha no hemos conseguido sino represión y soluciones indignas y humillantes a las problemática y pretensiones planteadas en el PLIEGO DE PETICIONES presentado por ASONAL JUDICIAL.
En el pliego de peticiones presentado por ASONAL se planteó que, obedeciendo estrictamente la ley, para conseguir la nivelación salarial era necesario un aumento del 70 por ciento para los empleados y del 25 por ciento para jueces y fiscales de circuito y municipales, lo cual fue presupuestado en la suma de $700.000.000.000. No obstante, ante la afirmación del gobierno de que era imposible satisfacer tales pretensiones, ASONAL, a efectos de superar la crisis judicial que redunda en perjuicio de toda Colombia, redujo sus pretensiones a la cuantía de $300.000.000.000, que no es irracional ni excesiva, y que a voces de algunos congresistas es fácilmente alcanzable. A cambio solo hemos recibido represión y amenazas.
Es de conocimiento público que las múltiples amenazas que el Consejo Superior de la Judicatura había efectuado en contra del movimiento, tales como el congelamiento de nuestros salarios, el nombramiento provisional de jueces y la militarización de las sedes judiciales se han cumplido.
En relación con el congelamiento de nuestros salarios, es pertinente darles a conocer que los administradores de varias seccionales judiciales, que no de todas, se han abstenido de cancelar los salarios del mes de septiembre a unos empleados y los han cancelado a otros que igualmente se encuentran en cese de actividades laborales, siendo ello una medida ostensiblemente arbitraria y abiertamente violatoria de los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la igualdad, consagrados y reconocidos por la Constitución Nacional, la legislación laboral interna y por tratados internacionales aprobados por el Estado Colombiano, adoptada con el inocultable y también inconstitucional propósito de reprimir por esa vía de hecho la legitima y justa reclamación de los servidores judiciales a lo largo y ancho del país.
En relación con militarización de las sedes judiciales, conveniente es denunciar que el 19 de septiembre de 2008, las instalaciones donde funcionan las UNIDADES DE REACCION INMEDIATA DE BOGOTA fueron objeto de TOMA POLICIAL, los expedientes que allí se tramitaban fueron retirados estos policiales vestidos de civil poniendo en riesgo el proceso en si mismo por cuanto no se tuvo en cuenta las directrices institucionales de la Fiscalia en relación con la reasignación de expedientes y los protocolos de preservación de elementos materiales probatorios y evidencia física estatuidos como cadena de custodia, quienes además lograron en su mayoría desalojar a los compañeros Jueces, Fiscales y empleados cerrando cada sede. Así han sido militarizadas varias sedes judiciales.
De otra parte, y también denunciable a nivel internacional, el pasado 20 de septiembre de la cursante anualidad a eso de las nueve de la noche el Dr. FABIO HERNANDEZ, DIRIGENTE SINDICAL, PRESIDENTE DE ASONAL, MIEMBRO DE LA MESA DE NEGOCIADORA y DELEGADO ANTE MAGISTRATURA DE LA REPUBLICA fue objeto de atentado contra su vida, al propinarse contra su residencia tres disparos dirigidos hacia el lugar donde se encontraba departiendo con su familia, luego, sin investigación alguna el Gobierno Nacional señalo que había sido un hecho fortuito.
A más de lo anterior, el gobierno a través del MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, en su afán de minimizar el gran impacto que ha tenido nuestra movilización, está manipulando los medios de comunicación, que maneja a su antojo, para crear procesos de desinformacion, incitando además, a que nuestros mismos compañeros renuncien al derecho constitucional a la huelga de una parte y de otra, para que se retenga de manera ilegal el pago del salario de los servidores judiciales. Actitud ésta que raya en lo delictual al VIOLAR LOS DERECHOS DE REUNION Y ASOCIACION de los servidores judiciales (articulo 200 de la Ley 599 de 2000).
Todos esos actos a pesar de golpear nuestro movimiento, no han logrado doblegarnos. En medio de este tenso clima y de una gran fortaleza del Cese Nacional e Indefinido de actividades de la Rama Judicial se llevó a cabo en la Casa de Nariño, el viernes 26 de septiembre, una nueva reunión de la Mesa de Trabajo, convocada por el Presidente de la República, Alvaro Uribe Velez y con la asistencia además del Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, así como del equipo económico del Ministerio de Hacienda.
El tema principal de la sesión lo constituyó la nivelación salarial, respecto del cual el Gobierno a través del Presidente Uribe, presentó lo que denominó su última oferta o proposición, quedando entonces ésta, de la siguiente manera:
Para Jueces y Fiscales: conversión de la bonificación por actividad judicial (la que se cancela semestralmente) en salario. Más un incremento salarial de un 3% en año y 4 meses (1.5% en enero 2009 y 1.5% en enero de 2010). Obviamente, ello sería independiente del ajuste legal de cada anualidad.
Para empleados: Un incremento salarial de un 4% en el mismo periodo (2% en enero 2009 y 2% en enero de 2010), independiente del ajuste aludido.
Se crearía una prima con carácter salarial, de 15 días, que se pagaría de la siguiente manera: 5 días en 2009, 5 en 2010 y otros 5 en 2011.
Desde luego que tales propuestas que en su totalidad fueron adoptadas e impuestas de manera unilateral por el Presidente Uribe, mediante 4 decretos expedidos el 7 de octubre de 2008, son no solo humillantes sino además indignas para los servidores judiciales, quienes desde el momento mismo en que fueron formuladas las han rechazado.
El Gobierno pretende desconocer una vez más los contenidos de la Ley 4 de 1992, que enseñan que desde el año 1993 debieron ser nivelados nuestros paupérrimos salarios, los más bajos de todas las ramas del poder público, así como la figura de la negociación y del acuerdo con los trabajadores. Aunque no ha anunciado el rompimiento de la mesa de trabajo, en la práctica la desconoce, pretendiendo con ello a la vez romper el portentoso movimiento que estamos adelantando desde el 03 de septiembre.
Es evidente que cualquier manifestación de apoyo por parte de sus reconocidas y fortalecidas organizaciones de lucha sindical, que llegue al conocimiento del Gobierno de la Republica de Colombia, contribuiría al fortalecimiento del sindicalismo y la lucha obrera justa a nivel internacional, de lo cual sabemos ustedes son líderes. No ignoren este llamado de uno de sus pares a nivel mundial, y de los pocos sindicatos que aun sobreviven a las políticas Neoliberales del gobierno de Colombia. Es su oportunidad de contribuir con el fortalecimiento del sindicalismo a nivel internacional.
SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD, SOLIDARIDAD
Atento a cualquier pronunciamiento de parte de ustedes, y agradeciendo de antemano su atención y ayuda inmediata;
FREDY MACHADO LOPEZ.
Secretario General de ASONAL JUDICIAL.
A nuestro correo los sindicalistas judiciales de COLOMBIA nos han hecho llegar este llamado que colgamos en nuestro blog a los fines de informar a los judiciales del mundo entero de lo que ocurre en esta parte de América Latina.
Sindicalistas del mundo entero… Los empleados judiciales de Colombia llevamos en huelga más de 37 días.
El presidente de la República ha dicho en la TV nacional que “…el paro puede seguir hasta el final de mi gobierno” Y, en la actualidad se tramita una reforma constitucional en la que se busca su tercera reelección.
Corren vientos de intolerancia e injusticia en Colombia. El Gobierno ha ordenado que NO se nos paguen salarios y el movimiento de huelga persiste por DIGNIDAD.
Acudimos a los sindicalistas del mundo para que desde sus países apoyen a sus iguales.
El presupuesto de la rama judicial en Colombia es del 0.4% cuando en los países civilizados corresponde al 6%.
Se lucha por un mayor presupuesto para la Rama Judicial y con ello una mayor independencia y autonomía.
Sus voces de apoyo oportunas son un contrapeso contra un Gobierno que prefiere deambular sin “justicia”, cuando ello es inconcebible en el mundo civilizado.
Solidaridad, solidaridad, solidaridad.
ASOCIACIÒN DE EMPLEADOS JUDICIALES DE COLOMBIA (ASONAL).
FREDY MACHADO LOPEZ
SECRETARIO ASONAL.-
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References: resolución 
 artículo 7
 artículo 360
 artículo 288
 resolución 
 artículo 258
 artículo 258
 resolución 
 resolución 
 artículo 258
 artículo 27
 artículo 214
 artículo 136