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Timestamp: 2019-12-11 03:37:59+00:00

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La Dirección General de Cultura y Educación diseñará estrategias de educación en ámbitos virtuales orientadas a favorecer su desarrollo con los máximos Niveles de calidad y pertinencia y deﬁnirá los mecanismos de regulación correspondientes. Para la obtención de la validez nacional de estos estudios, las instituciones educativas deberán adecuarse a la normativa del Consejo Federal de Educación y a los circuitos de aprobación, control, supervisión y evaluación específicos que a tal fin establezca la Dirección General de Cultura y Educación.
TÍTULO III ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA Y GOBIERNO ESCOLAR
Artículo 56°.
El Gobierno y Administración del Sistema Educativo Provincial es una responsabilidad del Poder Ejecutivo Provincial que la ejerce a través de la Dirección General de Cultura y Educación, y que conforme a las disposiciones de la presente Ley, tiene idéntico rango al establecido en el artículo 147º de la Constitución Provincial y goza de autarquía administrativa, técnica y financiera, con capacidad para actuar en el ámbito del Derecho Público y Privado.
La Dirección General de Cultura y Educación implementa la Organización, Administración y Ejecución de la Política Educativa garantizando la utilización eficiente y transparente de los recursos presupuestarios y financieros, edilicios, humanos y didácticos como modo de asegurar el efectivo cumplimiento de lo establecido en esta Ley, conforme a lo estipulado en las Constituciones Nacional y Provincial.
Artículo 58°.
El Sistema Educativo Provincial se organiza sobre la base de Regiones educativas, concebidas como la instancia de conducción, planeamiento y administración de la política educativa. Cada Región Educativa comprende a uno o más de un distrito conforme a los componentes comunes que los agrupen y que son determinados por la propia Dirección General de Cultura y Educación. Por la vía reglamentaria la Dirección General de Cultura y Educación, instrumentará una instancia organizativa a nivel distrital de participación comunitaria.
La Dirección General de Cultura y Educación dispondrá de órganos centrales y descentralizados como Tribunales de Clasificación.
Los Tribunales centrales para cada Nivel o Modalidad funcionarán concentrados en una sola dependencia de la Administración Central.
Son funciones de estos órganos centrales:
Velar por la correcta aplicación de la normativa pertinente.
Fiscalizar la correcta valoración de los datos que figuren en la foja de servicios de cada miembro del personal docente o en el legajo de los aspirantes, a efectos de su debida ubicación en la clasificación general.
Verificar anualmente la clasificación del personal titular en ejercicio.
Fiscalizar los listados por orden de méritos, de los aspirantes a ingreso en la docencia, provisionalidades y suplencias.
Dictaminar en los pedidos de ascensos, reincorporaciones, traslados, permutas, permanencia en actividad y en todo movimiento del personal que reviste carácter definitivo.
Dictaminar en los pedidos de servicios provisorios interregionales.
Analizar y dictaminar en materia de plantas orgánico-funcionales de los establecimientos educativos.
Intervenir cuando medie recurso jerárquico en subsidio en los reclamos sobre calificación y servicios provisorios cuando la decisión prevenga del pertinente órgano descentralizado, teniendo su decisión carácter final.
Verificar que los aspirantes a participar en concursos reúnan los requisitos establecidos a tal fin y confeccionar las nóminas correspondientes.
Dictaminar en las licencias motivadas por estudios especiales, trabajos de investigación en el país o en e extranjero, por obtención de becas para perfeccionamiento cultural y profesional.
Dictaminar en los servicios provisorios y permutas interjurisdiccionales, de acuerdo con la legislación vigente.
Elaborar los anteproyectos de actos Administrativos propios de su competencia
Artículo 60ª
Dictaminar en los pedidos de servicios provisorios regionales.
Dictaminar en reubicaciones transitorias.
Intervenir en carácter de informantes en todo asunto que deba ser resuelto por los órganos centrales.
Intervenir como órgano de control en los listados por orden de méritos de aspirantes a provisionalidades y suplencias.
Realizar la valoración de títulos y antecedentes en caso de concurso y confeccionar los respectivos listados cuando se los soliciten.
CAPÍTULO II DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
Corresponde a la Dirección General de Cultura y Educación en materia educativa:
La creación, financiamiento, administración, contralor, supervisión y la dirección técnica de todas las dependencias y establecimientos educativos de gestión estatal.
La supervisión, el contralor y la dirección técnica de la tarea educativa que prestan las instituciones de Gestión Privada
La celebración de convenios con todas aquellas instituciones públicas o privadas, de cualquier ámbito o nivel jurisdiccional o geográfico, disciplina o campo del saber o del quehacer productivo, laboral o de cualquier otro tipo, que aseguren la concreción de los fines y objetivos de la política educativa provincial estipulados por esta Ley.
Corresponde a la Dirección General de Cultura y Educación en materia cultural:
Difundir, en forma articulada con otros organismos del Gobierno, a través del Sistema Educativo Provincial todas las expresiones culturales de nuestro pueblo, enfatizando los valores nacionales, y el conocimiento e importancia de los bienes culturales e históricos reaﬁrmando la identidad bonaerense.
Propiciar el diálogo intercultural entre las identidades locales, regionales y nacionales, a través de los programas de enseñanza.
Difundir la investigación educativa científica y tecnológica.
CAPÍTULO III LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
La institución educativa es la unidad pedagógica del sistema, responsable de los procesos de enseñanza y de aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por esta ley. Para ello, articula la participación de las distintas personas que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, padres, madres y/o tutores, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, ex alumnos, personal administrativo y auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el carácter integral de la educación, miembros integrantes de las cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución.
La organización de las instituciones educativas se rige de acuerdo a los siguientes criterios generales que se adecuarán a los Niveles y Modalidades:
Promover la vinculación intersectorial e interinstitucional con las áreas que se consideren pertinentes, a ﬁn de asegurar la provisión de servicios sociales, psicológicos, legales, psicopedagógicos y médicos que garanticen condiciones adecuadas para el aprendizaje.
Promover iniciativas respecto de la experimentación y de la investigación pedagógica.
Mantener vínculos regulares y sistemáticos con el contexto social, desarrollar actividades de extensión y promover la creación de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e intervengan frente a la diversidad de situaciones que presenten los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y sus familias.
Promover la participación de la comunidad a través de la cooperación escolar y de otras formas complementarias en todos los establecimientos educativos.
Promover experiencias educativas fuera del ámbito escolar, con el ﬁn de permitir a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores conocer la geografía nacional y provincial, experimentar actividades físicas y deportivas en ambientes urbanos y naturales y tener acceso a las actividades culturales de su localidad y otras.
CAPÍTULO IV EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
El Director General de Cultura y Educación debe reunir los requisitos exigidos para ser Senador. Es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, dura cuatro (4) años en su mandato, puede ser reelecto y debe ser idóneo para la gestión educativa. El ejercicio del cargo es incompatible con el de toda otra función pública, con excepción del desempeño en la docencia universitaria y gozará de un sueldo igual al fijado por el presupuesto para el cargo de Ministro Secretario del Poder Ejecutivo. El Director General de Cultura y Educación es personalmente responsable del manejo de los bienes que administra.
El Director General de Cultura y Educación podrá ser removido por el procedimiento establecido en el artículo 146º de la Constitución de la Provincia.
El Director General de Cultura y Educación designará y será asistido por un (1) Subsecretario de Educación, un (1) Subsecretario Administrativo y un (1) Auditor General con nivel de Subsecretario. Estos funcionarios serán equiparados al solo efecto salarial al sueldo fijado por el presupuesto para el cargo de Subsecretario de los Ministerios del Poder Ejecutivo.
Al Director General de Cultura y Educación le corresponden las siguientes competencias de las cuales no podrá delegar las mencionadas en los incs. a., b.,c., e., g., h, k., l., m. y q.
Nombrar, promover y remover a todo el personal de la Dirección General de Cultura y Educación, cualquiera fuere el régimen estatutario en que se encontrare comprendido; aprobar las plantas, estructuras orgánico funcionales de su dependencia y las previsiones presupuestarias por proyectos internos del ente; priorizar el control de la calidad en la prestación de las tareas educativas;
Presidir el Consejo General de Cultura y Educación, el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, el Directorio de la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales conforme a lo establecido en el Dec.1525/03 del Poder Ejecutivo Provincial y el Consejo Consultivo de los establecimientos educativos de Gestión Privada, interviniendo en sus deliberaciones, con voz y voto
Proyectar el presupuesto de la Dirección General de Cultura y Educación y elevarlo anualmente al Poder Ejecutivo para su cumplimiento constitucional, estableciendo en él un fondo destinado exclusivamente a la producción y distribución de textos escolares en soporte papel y/o digital u otros formatos disponibles, garantizando el derecho de acceso al libro a todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores del sistema educativo.
Disponer la publicación -impresa en papel, en versión digital y en los medios tecnológicos que pudieran surgir- financiamiento y distribución de la Revista Anales de la Educación Común de circulación obligatoria en todos los establecimientos educacionales de la Provincia, en la que se difundirán las diferentes perspectivas pedagógicas y culturales en torno a los temas educativos, así como de la política institucional de la Provincia en materia educativa, con el objeto de enriquecer los saberes docentes y de la comunidad educativa en general. Así como establecer mecanismos de intercambio editorial entre las producciones propias de la Dirección General de Cultura y Educación con otras publicaciones académicas; con universidades nacionales y privadas, centros de investigación, bibliotecas escolares y populares, instituciones educativas nacionales, de otras jurisdicciones e internacionales y organizaciones sociales y comunitarias;
Autorizar con su firma y la del Subsecretario del área respectiva o la del Vicepresidente 1º del Consejo General de Cultura y Educación, las resoluciones de la Dirección General de Cultura y Educación;
Autorizar el movimiento de fondos y suscribir órdenes de pago, firmar contratos y escrituras. Podrá asimismo celebrar contratos de locación de servicios u obra a los efectos de cubrir la realización de tareas profesionales o técnicas que por su complejidad o especialización no puedan ser cumplidas por el personal permanente;
Presentar a ambas Cámaras de la Legislatura, anualmente, un informe completo del Estado del Sistema Educativo, con un resumen de los datos estadísticos y una reseña de las mejoras y adelantos introducidos en el año precedente;
Concurrir a las Cámaras de la Legislatura, cuando sea citado de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la Provincia;
Publicar, informar y difundir, por medios gráficos y/o digitales, acerca de las resoluciones que dicte el Director General de Cultura y Educación y las disposiciones y comunicaciones de los Subsecretarios, el Auditor General y funcionarios con rango de director provincial, director de repartición técnica docente y director de repartición administrativa, atinente a la organización y administración de organismos desconcentrados, las instituciones educativas y sus agentes. Las normas referidas en el párrafo precedente deberán ser publicadas además en el portal educativo de Internet;
Promover relaciones con Entidades u Organismos análogos del país o del exterior, con el objeto de estimular el intercambio de ideas e información, relacionadas con problemas educacionales;
Ejercer en el ámbito de su competencia las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por las Leyes vigentes;
Autorizar la creación y funcionamiento de las instituciones educativas que constituyen el Sistema Educativo de la Provincia;
Aceptar toda cesión, legado o donación o institución hereditaria que se efectúe para ser aplicada a cualquier sector del área de su competencia;
Ejecutar las acciones de apoyo psico-comunitario y pedagógico destinadas a contrarrestar las causas de deserción, repitencia y sobreedad escolar, así como proveer lo necesario para la atención de la salud escolar en concertación con los demás organismos de la Provincia;
Fortalecer las bibliotecas escolares y especializadas existentes y propiciar la creación y adecuado funcionamiento en aquellos establecimientos que carezcan de las mismas.
Establecer el sistema de evaluación, calificación y promoción para los distintos Niveles educativos de la Provincia, expedir títulos y certificados de estudio;
Celebrar convenios con el Estado nacional, los Estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como con cualquier institución de la Sociedad Civil, a los efectos que estime convenientes, ad referéndum del Poder Ejecutivo, quien los deberá
remitir a la Legislatura, para su ratificación; Disponer sobre el régimen de otorgamiento de becas, premios, subsidios, ayudas y seguros para alumnos y para capacitación y/o perfeccionamiento del personal docente;
Promover, resolver, y fiscalizar lo referente a la adquisición y/o edición y distribución de textos escolares, recursos audiovisuales y demás material didáctico, mobiliario y útiles;
Ordenar la realización de censos escolares especiales e inventarios generales;
Disponer la venta de los inmuebles del dominio privado de la Provincia de Buenos Aires, afectados a la Dirección General de Cultura y Educación, con la correspondiente intervención de Fiscalía de Estado. El producido de la venta ingresará directamente a la partida y cuenta especial de la Dirección General de Cultura y Educación;
Sustanciar los sumarios administrativos disciplinarios al personal docente;
Auspiciar y declarar de Interés Educativo eventos, congresos, seminarios, cursos y toda otra actividad educativa que así lo requiera en el marco de la política provincial para el área;
Establecer el período lectivo y escolar;
Programar congresos y seminarios pedagógicos a nivel distrital, provincial, nacional e internacional para promover el intercambio de experiencias que hacen a su competencia.
Resolver, ejecutar y evaluar todas las acciones tendientes al cumplimiento de la presente Ley y de la Ley de Educación Nacional;
CAPÍTULO V LOS SUBSECRETARIOS
Son requisitos para ejercer el cargo de Subsecretario ser idóneo en el área de su competencia y ajustarse a los principios doctrinarios de la presente Ley.
El Subsecretario de Educación diseña las estrategias de aplicación de la política educativa en las regiones educativas, define los aspectos pedagógicos y didácticos con las Direcciones de Nivel y Modalidad y colabora en su difusión para su aplicación en las instituciones y los establecimientos escolares a través de los diferentes niveles de supervisión.
El Subsecretario Administrativo asiste al Director General de Cultura y Educación en los aspectos del gobierno y administración del Sistema Educativo Provincial emanados de los principios de esta Ley y las disposiciones que a tal efecto se establezcan, garantizando la utilización eficiente y transparente de los recursos presupuestarios y financieros, edilicios, humanos y didácticos.
CAPÍTULO VI EL AUDITOR GENERAL
El Auditor General tiene a su cargo auditar y evaluar acerca de la utilización eficiente y eficaz de los recursos humanos y materiales y el seguimiento y perfeccionamiento de los sistemas de control interno, tendiente a la optimización de las herramientas de gestión de la Dirección General de Cultura y Educación, tanto en el Nivel Central como en los organismos descentralizados de la administración territorial y las instituciones educativas.
CAPÍTULO VII LA INSPECCIÓN GENERAL
La inspección es la función de supervisión del sistema educativo que se desarrolla a través del trabajo de los inspectores Jefes Regionales de Gestión Estatal y de Gestión Privada, Distritales, de Infraestructura, los Presumariantes, los Inspectores de Enseñanza y los Secretarios de Asuntos Docentes distritales. Dicha función constituye un factor fundamental para asegurar el derecho a la educación, teniendo como ﬁn la atención de los aspectos pedagógicos y administrativos que inciden en la calidad de los procesos escolares.
El objetivo de la inspección consiste en garantizar las adecuadas intervenciones en el marco del planeamiento estratégico, para asegurar la educación y el mejoramiento continuo de las actividades que se desarrollan en los Establecimientos Educativos. Los principios de acción del rol de inspección se basan en la detección de logros y dificultades, resolución reflexiva de problemas y orientación hacia apoyos especializados
para lograr con la concreción de las metas de la Política Educativa en todas las escuelas de las Provincia.
La inspección de los establecimientos educativos de todos los Niveles y Modalidades, tanto de Gestión Estatal como de Gestión Privada, está a cargo de un organismo de inspección general.
La Subsecretaría de Educación, a través del organismo mencionado en el artículo inmediato precedente tiene a su cargo la coordinación, conducción y articulación de las regiones educativas, sobre la base de los objetivos formulados en esta Ley, a través de los Inspectores Jefes Regionales, de quienes dependerán, a su vez, los Inspectores Jefes Distritales y de Enseñanza.
Artículo 78°.
Los inspectores tienen la obligación de capacitarse y actualizarse en forma continua para el ejercicio de sus funciones, para lo cual la Dirección General de Cultura y Educación deberá garantizar la capacitación específica para el rol.
CAPÍTULO VIII EL INSPECTOR JEFE REGIONAL
Artículo 79°.
Los Inspectores Jefes Regionales son los responsables de articular y planiﬁcar las estrategias y líneas de intervención en función del desarrollo regional de la política educativa de la Provincia. Esta responsabilidad la cumplen en referencia con las definiciones técnico-pedagógicas emanadas de las Direcciones de Nivel y/o Modalidad y de los demás organismos de la Gestión Central. Dependen técnica y funcionalmente del órgano general de Inspección definido en el artículo 76º y son designados por el Director General de Cultura y Educación
Artículo 81°.
Representar regionalmente, en el caso del Inspector Jefe Regional de Educación Pública de Gestión Estatal, a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Constituir un equipo de trabajo con el Inspector Jefe Regional de Educación de Gestión Privada, los Inspectores Jefes Distritales, los Inspectores de Enseñanza, los Consejos Escolares, las Secretarías de Asuntos Docentes Distritales, los gremios docentes y otros actores, organismos e instituciones de la región para planificar estrategias en el marco del Planeamiento Educativo Regional.
Propiciar la integración y coordinación de necesidades educativas regionales.
Disponer de los recursos humanos, materiales, didácticos, de equipamiento, infraestructura y asistencia técnica a través de un uso eficiente.
Supervisar el sistema educativo a través del trabajo de los inspectores Jefes Distritales, en el caso de la Educación de Gestión Estatal, y de los Inspectores de Enseñanza.
Intervenir en la detección de logros y dificultades, la resolución reflexiva de problemas y la orientación hacia apoyos especializados para dar cumplimiento a las metas de la política educativa en todos los establecimientos educativos en los Distritos y en las Regiones.
Concretar los objetivos generales del Planeamiento Educativo Regional
Difundir el marco normativo y legal, los lineamientos de la Política Educativa Provincial y los consensos logrados en los diferentes Niveles y Modalidades para la Región.
CAPÍTULO IX EL INSPECTOR JEFE DISTRITAL
El Inspector Jefe Distrital es designado por el Director General de Cultura y Educación, y depende técnica y funcionalmente del órgano general de Inspección definido en el artículo 76º, siendo su superior jerárquico inmediato el Inspector Jefe Regional.
Son funciones del Inspector Jefe Distrital
Representar distritalmente a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires
Constituir un equipo de trabajo con los Inspectores de Enseñanza, los Consejos Escolares, las Secretarías de Asuntos Docentes distritales y otros actores, organismos e instituciones del Distrito para planificar estrategias en el marco del Planeamiento Estratégico Distrital.
Propiciar la integración y coordinación de necesidades educativas distritales.
Supervisar el sistema educativo a través del trabajo de los Inspectores de Enseñanza.
Intervenir en la detección de logros y dificultades, la resolución reflexiva de problemas y la orientación hacia apoyos especializados para dar cumplimiento a las metas de la política educativa en todos los establecimientos educativos del Distrito.
Concretar los objetivos generales del Plan Estratégico Distrital
Relevar, identiﬁcar y comunicar situaciones problemáticas del Distrito y diseñar con el equipo de inspectores de enseñanza la solución de las mismas.
Difundir el marco normativo y legal, los lineamientos de la Política Educativa Provincial y los consensos logrados en los diferentes Niveles y Modalidades para el Distrito.
CAPÍTULO X EL INSPECTOR DE ENSEÑANZA
Los inspectores de enseñanza dependen administrativa y funcionalmente del organismo general de Inspección descripto en el artículo 76º de esta Ley y, en lo técnico-pedagógico de las Direcciones de Nivel o Modalidad, siendo su superior jerárquico inmediato el Inspector Jefe Distrital
La tarea del inspector de enseñanza se desarrolla en el marco de la estructura Distrital y Regional determinada por la normativa específica, sobre la base del trabajo colegiado, las decisiones por consenso, la organización por redes temáticas y la construcción de una agenda de trabajo precisa y en el marco de los principios emanados de esta Ley.
CAPÍTULO XI LAS SECRETARÍAS DE ASUNTOS DOCENTES
Recepcionar la inscripción de los aspirantes de Ingreso a la Docencia y de los aspirantes para provisionalidades y suplencias. Listados 108 a) y b).
Inscribir a los aspirantes y conformar el Listado 108 a) y b) in fine, de emergencia y difícil cobertura, así como para la implementación de programas especiales a solicitud del Nivel Central.
Recepcionar, intervenir y diligenciar los recursos de calificación docente, de órdenes de mérito, de Listados de aspirantes de Ingreso a la Docencia, a provisionalidades y suplencias, de Puntaje Anual Docente.
Realizar actos administrativos de asignación, limitación y reconocimiento de funciones transitorias a partir de la solicitud –debidamente fundada- de autoridad competente.
TÍTULO IV DE LOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
CAPÍTULO I DE LOS ALUMNOS
Participar en la formulación de proyectos y en la elección de espacios curriculares complementarios que propendan a desarrollar mayores grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de aprendizaje.
Artículo 89°.
Respetar la libertad de conciencia, las convicciones y la dignidad, la autoridad legítima, la integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
CAPÍTULO II DE LOS PADRES, MADRES Y TUTORES
Artículo 90°.
Los padres, madres o tutores de los alumnos tienen derecho a:
Elegir, para sus hijos o representados, la institución que responda a sus convicciones educativas, pedagógicas, ﬁlosóﬁcas, éticas o religiosas.
Tener conocimiento y participar de la formulación de las pautas y normas que rigen la organización de la convivencia escolar.
Artículo 91°.
Contribuir al buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del establecimiento educativo.
CAPÍTULO III DEL PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, PROFESIONAL, AUXILIAR Y DE SERVICIO
Artículo 92°.
El personal técnico-administrativo, profesional, auxiliar y de servicio tiene como misión principal contribuir a asegurar el funcionamiento del Sistema Educativo y de las instituciones educativas, conforme al régimen de derechos y obligaciones que establece la normativa específica, incluyendo:
el derecho a participar en el gobierno de las instituciones educativas, de acuerdo a las normas legales pertinentes;
el derecho a la capacitación estatal gratuita, permanente e integral a lo largo de toda la carrera y en servicio.
el acceso a la información pública de modo libre y gratuito.
la estabilidad en el cargo titular en tanto su desempeño sea satisfactorio, de conformidad con la normativa vigente para la relación de empleo público y privado y la presente ley.
la libre asociación y al respeto integral de todos sus derechos como ciudadanos.
la negociación colectiva paritaria.
los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social.
el acceso a programas de salud laboral y prevención de las enfermedades profesionales.
el desarrollo de sus tareas en condiciones adecuadas de seguridad e higiene de acuerdo a la normativa provincial y nacional vigente.
CAPÍTULO IV DE LOS DOCENTES
Artículo 93°.
Al desarrollo de sus carreras profesionales y al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, lo establecido para la relación de empleo estatal y privado y la presente ley.
A la capacitación estatal gratuita, permanente a lo largo de toda la carrera, en servicio y con puntaje.
CAPÍTULO V FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES
Artículo 95°.
La formación docente se realiza en los Institutos Superiores de Formación Docente que dependen del Nivel de Educación Superior y se integra con una formación básica común y una formación especializada, con una duración de cuatro (4) años. El desarrollo de prácticas docentes de estudios a distancia debe realizarse de manera presencial.
No podrá incorporarse a, ni ejercer, la carrera docente quien haya sido condenado o procesado por delito de lesa humanidad, o haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el artículo 36º de la Constitución Nacional y el Título X del Libro Segundo del Código Penal, aún cuando se hubieren beneficiado por el indulto o la conmutación de la pena.
Artículo 96°.
La Dirección General de Cultura y Educación, conforme los acuerdos que se establezcan en los organismos federales con competencia en la materia, define los criterios básicos concernientes a la capacitación docente en el ámbito de su incumbencia, en concordancia con lo dispuesto en la presente ley. Con tal objetivo, garantiza el funcionamiento de los Institutos Superiores de Formación Docente, los planes y programas de capacitación gratuita, con reconocimiento y con puntaje, en servicio, a lo largo de toda la carrera y los Centros de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIE) que son los organismos descentralizados distritales destinados al desarrollo de ofertas de formación docente continua, que articulen la administración de la biblioteca pedagógica distrital, el relevamiento de documentación y la sistematización de experiencias educativas e investigación con las dependencias de la Administración Central con responsabilidades específicas al respecto. Asimismo, propiciará la vinculación de estas instituciones con las universidades de la Provincia de Buenos Aires, dispone la capacitación estatal y regula la oferta de capacitación privada.
A tal fin dispondrá de un área específica para:
Elaborar e implementar planes y programas de formación docente contínua ofreciendo una diversidad de propuestas y dispositivos que fortalezcan el desarrollo profesional de los docentes en todos los niveles y modalidades del sistema para poder responder a las exigencias de una realidad educativa multidimensional y compleja.
Optimizar la articulación entre los Centros de Capacitación, Información e Investigación Educativa, los Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica, las Unidades Académicas y las Universidades, en lo relativo a la formación docente continua.
Articular acciones de capacitación con los diferentes niveles educativos y modalidades del sistema educativo provincial
Coordinar y administrar el funcionamiento de la Red Federal de Formación Docente Continua (Jurisdicción Provincia de Buenos Aires)
Evaluar y monitorear las instituciones registradas en la Red Federal de Formación Docente Continua (Jurisdicción Provincia de Buenos Aires) y los planes, programas y proyectos de capacitación que las mismas presenten
TÍTULO V. ÓRGANOS Y POLÍTICAS DE LA EDUCACIÓN
CAPÍTULO I EL CONSEJO GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
El Consejo General de Cultura y Educación se integra con el Director General de Cultura y Educación en su carácter de Presidente nato del mismo y diez (10) Consejeros designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados, con las incompatibilidades expresadas en la normativa vigente y las condiciones requeridas para ser Diputado. La composición de los diez (10) es la siguiente:
Seis (6) de ellos representarán a diferentes espacios e instituciones de la Cultura y la Educación y serán propuestos por el Poder Ejecutivo.
Cuatro (4) Consejeros deberán pertenecer a la docencia estatal y ser propuestos por el Poder Ejecutivo de una lista de candidatos elegidos en un número igual al doble de los Consejeros a asignarse
Artículo 98°.
Los Consejeros pueden ser removidos de sus cargos por el procedimiento establecido por el artículo 146º de la Constitución de la Provincia.
Artículo 99°.
El Director General de Cultura y Educación convocará por intermedio del Boletín Oficial y otros órganos de difusión a la docencia en ejercicio de los establecimientos Educacionales estatales, para que elija por voto secreto, directo y obligatorio (8) ocho candidatos para ser presentados ante el Poder Ejecutivo La elección seguirá la norma que deberá dictarse al respecto.
Para poder resultar electo, el docente deberá tener una antigüedad no menor a cinco (5) años en la docencia estatal en la Provincia y contar con título habilitante en los términos del artículo 61º de la Ley 10.579 y modificatorias o la norma que la reemplace.
Podrá ser electo el personal docente titular, provisional y/o suplente. En estos últimos dos casos, se deberá contar con cinco (5) años de desempeño en el cargo, módulos u horas cátedra por los que se realiza la postulación.
Los Consejeros durarán un año en su función y podrán ser reelectos. Los Consejeros serán retribuidos con un sueldo igual al ﬁjado para la categoría de Director Provincial. En todos los casos conservarán todas las boniﬁcaciones que le correspondieren por su cargo, de acuerdo al régimen de empleo público provincial del que provinieren o en el que tuvieren cargos de base. En caso de que dichos funcionarios fueren docentes tendrán derecho a licencia especial sin goce de haberes y su desempeño será computado como ejercicio activo de la docencia a todos sus efectos.
En caso de vacancia de un consejero proveniente de la docencia estatal, se propondrá al Poder Ejecutivo la cobertura del cargo con alguno de los docentes que hubiese resultado electo y que no hubiera sido designado como consejero general, hasta cubrir el lapso que restare del mandato del consejero general que hubiere provocado la vacante.
Artículo 102°.
El Consejo General de Cultura y Educación en primera sesión procederá a designar, dentro de sus miembros, a los vicepresidentes Primero y Segundo del Cuerpo. El período de sesiones ordinarias del Consejo General de Cultura y Educación comprenderá desde el 1º de Febrero hasta el 31 de Diciembre de cada año. El Consejo General de Cultura y Educación puede sesionar con la mitad más uno del total de sus miembros.
El Consejo General de Cultura y Educación cumple funciones de asesoramiento. Su consulta es obligatoria en los siguientes temas: planes y programas de estudio, diseños curriculares de todos los Niveles, Modalidades, y establecimientos educativos experimentales, ante proyectos de leyes, estatutos y reglamentos relacionados con el ordenamiento educativo, la administración escolar y la carrera docente, y en cuestiones de interpretación de la normativa educativa o casos no previstos.
Puede asesorar también en materia de:
La categoría a otorgar a los establecimientos Educativos.
A los efectos de emitir dictamen, el Consejo General de Cultura y Educación podrá requerir de los Organismos Estatales y Privados los informes que considere necesarios.
CAPÍTULO II EL PLANEAMIENTO EDUCATIVO
Este organismo debe disponer de medios de comunicación, información, producción y divulgación de conocimiento propios que cumplirán con los objetivos de dar publicidad a sus actos de Gobierno, garanticen el acceso a la información educativa pública, publicar las prácticas y saberes derivados de la actividad escolar y educativa cotidiana, brindar alternativas tecnológicas para la formación en todos sus aspectos y cubrir, de forma complementaria, la función de servicio público que implica la difusión de noticias y hechos educativos en su más amplio sentido.
Diseñar, desarrollar y difundir líneas de planeamiento educativo y formular prospectivas, proyectos, planes y programas educativos.
Coordinar e integrar el desarrollo y la administración de un Sistema de Información para la gestión educativa a través del Centro de Documentación e Información Educativa (CENDIE).
Diseñar, coordinar y ejecutar tareas de censos, relevamiento, procesamiento y análisis de información necesaria para la gestión y la toma de decisiones sobre los establecimientos educativos, los recursos humanos y materiales disponibles y necesarios y expedirse sobre la creación de los nuevos, su ubicación o la eventual ampliación de los existentes, estableciendo prioridades de acuerdo a los planes de gobierno y los recursos disponibles
Coordinar el armado y organización de los contenidos de la información que se presente para su gestión conceptual y estética, y los criterios de publicación en soporte digital a través de la página Web oficial de la Dirección General de Cultura y Educación (Portal abc.gov.ar) y/u otros medios de difusión impresa o digitalizada existentes o a crearse.
Dirigir operativamente la Editorial de la Dirección General de Cultura y Educación generando los contenidos, organizando las colecciones y definiendo las publicaciones que tengan como origen y/o destino los distintos Niveles, Modalidades, dependencias y/o áreas; registrándolas, analizándolas y procesándolas para su inclusión en el archivo único.
Proyectar contenidos educativos, realizando las acciones que garanticen la provisión de textos escolares y otros recursos materiales y tecnológicos, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 80º de la Ley de Educación Nacional, diseñando materiales para directivos y docentes de acuerdo a los objetivos y metas que se desprendan de los planes, programas y proyectos que los originen.
Articular y coordinar acciones con otros organismos e instituciones del Estado y de la Sociedad Civil a través de convenios, planes, programas y proyectos, a efectos de deﬁnir y ejecutar estrategias que contribuyan al planeamiento educativo.
Implementar operativos de evaluación generales así como específicos de programas educativos nacionales y provinciales, de experiencias innovadoras y de instituciones educativas según los parámetros curriculares establecidos por los Niveles y Modalidades, cuyos resultados globales constituyen insumos para las acciones de mejoramiento de la calidad de la educación.
Coordinar y administrar los planes, proyectos y programas generales de investigación, información, comunicación, producción, relevamiento, análisis, evaluación, asistencia técnica y suministro de información bibliográfica y normativa legal de la Dirección General de Cultura y Educación, así como los que deriven de nuevos procesos tecnológicos, simbólicos o culturales, en función de soportes tradicionales, digitales o virtuales, y que establezcan articulaciones con todos los Niveles y Modalidades educativas y pedagógicas para el cumplimiento de sus objetivos generales y particulares.
Coordinar y administrar los planes, proyectos y programas que aporten propuestas de habilitación de experiencias educativas y pedagógicas innovadoras, alternativas, creadoras y creativas que articulen con la educación común y que la complementen enriqueciéndola, resaltando y destacando aquellos derechos, contenidos y prácticas que distinguen las diferentes situaciones sociales y los repertorios culturales, así como las relaciones que se establecen entre ellos, tanto temporal como permanentemente, que se desarrollen como actividades propias.
La Dirección General de Cultura y Educación prescribirá la enseñanza de contenidos educativos, social y científicamente pertinentes, mediante Diseños Curriculares y documentos de desarrollo curricular para cada Nivel y para las Modalidades que corresponda. Los Diseños Curriculares serán revisados periódicamente. A tales efectos la Dirección General de Cultura y Educación contará con una dependencia específica encargada del planeamiento curricular.
La Dirección General de Cultura y Educación considerará en los Diseños Curriculares los contenidos comunes establecidos por la Ley de Educación Nacional, los acuerdos establecidos por el Consejo Federal de Educación en el marco de la legislación vigente, así como los que emanen de la presente Ley.
En forma particular, deberán formar parte de los contenidos curriculares en todas las escuelas del Sistema Educativo Provincial:
La causa de la soberanía territorial, política, económica y social de nuestra Nación, en particular de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de acuerdo con lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional.
El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 25.633.
El conocimiento de los derechos de los niños, y adolescentes establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Ley nacional 26.061 y la Ley provincial 13.298.
El acceso y dominio de los saberes de la información y la comunicación y de sus técnicas y tecnologías formarán parte de los contenidos curriculares de todos los Niveles educativos, siendo indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento y la conformación de una ciudadanía plena de derechos. Los medios de comunicación no constituyen un elemento anexo, más o ajeno al sistema escolar, sino que se conforman como sujetos educadores de máxima importancia, que deben articular con las instituciones educativas a través de las respectivas prescripciones curriculares y del desarrollo de un diálogo preciso, continuo y progresivo que atienda y apunte a la plena integración comunicacional y educativa de sus saberes y prácticas.
La recuperación plena de las identidades culturales de las naciones y pueblos originarios, basados en los derechos establecidos como memoria histórica en las leyes nacionales 23.302, 24.071, en el convenio internacional de la OIT 169/89 y en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.
La integración conceptual y operativa de las prácticas y saberes de los procesos científicos, tecnológicos, de desarrollo e innovación productiva, atendiendo a las características de las concepciones de independencia económica, soberanía territorial y cultural y autonomía política de la Nación.
CAPÍTULO III LAS POLITICAS SOCIOEDUCATIVAS
La Dirección General de Cultura y Educación en articulación con otros organismos provinciales específicos, como el Ministerio de Desarrollo Humano, Salud, Trabajo, Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos y otros, diseñará y desarrollará políticas de inclusión y promoción de la igualdad educativa, destinadas a modiﬁcar situaciones de desigualdad, exclusión, estigmatización educativa y social y otras formas de
discriminación que vulneran el derecho a la educación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos.
Las políticas de promoción de la igualdad educativa deberán asegurar las condiciones necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la integración y la acreditación del tránsito educativo de todos los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en todos los Niveles y Modalidades, principalmente los obligatorios. A tal efecto, La Dirección General de Cultura y Educación, impulsará políticas concurrentes al logro de estos objetivos, las que comprenderán la provisión de textos escolares, recursos pedagógicos, culturales, materiales, tecnológicos y de apoyo económico a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, familias y escuelas que se encuentren en situación socioeconómica desfavorable.
La Dirección General de Cultura y Educación, en conjunto con otros organismos provinciales específicos adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en la escuela de las alumnas en estado de gravidez. Asimismo debe asegurar la continuidad de estos estudios luego de la maternidad mediante condiciones de facilitación de las prescripciones organizativas y curriculares, evitando cualquier forma de discriminación que las afecte, en concordancia con el artículo 17º de la Ley 26.061 y la Ley provincial 13.298.
Las autoridades educativas competentes participarán del desarrollo de sistemas locales de protección integral de derechos establecidos por la Ley 26.061 y la Ley Provincial 13.298, junto con la colaboración de organismos gubernamentales y no gubernamentales y otras organizaciones sociales.
Las autoridades educativas competentes garantizarán la inclusión de aquellos niños que estén en espacios educativos no formales, a través de la aplicación de dispositivos pedagógicos que faciliten este tránsito educativo.
La Dirección General de Cultura y Educación aplicará las políticas que mejor respondan a las situaciones descriptas y a la idiosincrasia y realidades de contexto del territorio bonaerense, disponiendo para esto de los recursos provenientes de fondos provinciales y de las partidas de programas nacionales. Estos recursos se orientarán a garantizar el otorgamiento de becas y a la generación de espacios y propuestas pedagógicas que posibiliten el acceso, permanencia y terminalidad educativas de todos los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que contemplen las nuevas configuraciones sociales y educativas.
La Dirección General de Cultura y Educación dispondrá de un área específica para la atención de la política-Socio-Educativa a los efectos de dar cumplimiento a los principios de esta Ley, que tendrá como objetivos:
Elaborar y proponer nuevas articulaciones pedagógicas, políticas y técnicas, desde la concepción de que los niños y jóvenes son sujetos de derecho y que la educación es un bien social.
Transformar las acciones asistencialistas en acción social educativa orientada a garantizar los procesos de inclusión educativa y social.
Propiciar el abordaje de contenidos vinculados a la formación ciudadana y al respeto de los derechos humanos e todos los espacios generados para impulsar estrategias de inclusión.
Realizar las articulaciones necesarias entre políticas y programas para su aplicación de manera integral en cada región geográfica y educativa, y entre las distintas Modalidades y Niveles.
Promover la aplicación de políticas públicas orientadas a la niñez, a los procesos de apropiación de bienes simbólicos y culturales, al ejercicio del juego como potencial educativo y de formación, propiciando la instrumentación de propuestas y programas que posibiliten el desarrollo de las infancias.
Promover la aplicación de políticas públicas orientadas a los jóvenes, impulsando propuestas y programas que generen espacios de participación, formación ciudadana, respeto y valoración de las culturas juveniles.
Promover el asociativismo y cooperativismo escolar y social.
CAPÍTULO IV LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
La Dirección General de Cultura y Educación tendrá a su cargo la Administración de la infraestructura escolar a través de un organismo técnico administrativo específico a ﬁn de garantizar la construcción y habitabilidad de los espacios necesarios para el desarrollo de la enseñanza. Para el cumplimiento de sus incumbencias, este organismo implementará un sistema de supervisión de la infraestructura escolar en el territorio, designando para ello inspectores de infraestructura regionales, los que aseguran la colaboración, participación y articulación con las funciones específicas que tienen los Consejos Escolares en cada Distrito.
La Dirección General de Cultura y Educación, a través del organismo mencionado, tendrá a cargo la coordinación de las políticas edilicias en función de planificación y control del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura escolar y velará junto al resto de las áreas por una utilización óptima y sustentable de la misma. A estos efectos, se considerarán las propuestas de los organismos sociales, sindicales, profesionales como de otras instituciones locales. Deberá tener en cuenta la incorporación, al diseño y la gestión del espacio físico educativo, las limitantes climáticas, los requerimientos energéticos y las condiciones resultantes de situaciones ambientales globales y locales emergentes del cambio climático y la transformación del patrón energético. Deberán incorporarse conceptos tales como: entorno saludable, en la dimensión mediata, inmediata y social, diseño ambiental y bioclimático, tecnologías de conservación y de sistemas pasivos de acondicionamiento, usos sustentables de la energía, materiales y equipamiento sin impacto en la salud de la comunidad educativa.
CAPÍTULO V LA EDUCACIÓN, EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN
La Ley Nacional de Educación Técnico Profesional 26.058/05 y las disposiciones provinciales específicas, configuran el marco normativo que regula la materia y orienta el conjunto de las decisiones políticas que aseguren la vinculación de la educación con el trabajo y la producción. Asimismo propiciará la formalización de convenios de cooperación e integración con entidades sindicales, empresarias y sociales.
A los efectos del cumplimiento de estos objetivos y propósitos, la Dirección General de Cultura y Educación contará, además del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET) y la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales, con un organismo técnico-pedagógico específico que tendrá a su cargo:
Promover y planificar en forma articulada con los Niveles y Modalidades los fondos previstos por la Ley 26.058/05 para la mejora continua de la Educación Técnico Profesional en todos los Niveles y Modalidades involucrados.
Favorecer la inclusión de los contenidos de la formación para el mundo del trabajo en todos los Niveles y Modalidades, articulando con ellos estrategias conjuntas.
Desarrollar acciones que faciliten el diálogo, el abordaje coordinado y la formalización de acuerdos de cooperación entre los diferentes actores del ámbito de la educación, del trabajo y la producción.
Promover la obtención de fuentes alternativas de financiamiento, generando dispositivos que aseguren una administración transparente.
Diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación para el trabajo que faciliten la integración laboral de los jóvenes a través del desarrollo de prácticas educativas.
Promover y difundir la asociatividad, el cooperativismo, en concordancia con los principios y valores establecidos en la Ley 16.583/64, sus reglamentaciones y la normativa vigente, y la importancia de las acciones de vinculación entre las instituciones de Educación Técnico Profesional y las del ámbito del trabajo y la producción.
Desarrollar un Observatorio de Educación, Trabajo y Producción , en coordinación con el Centro de Investigación y Prospectiva Educativa, que contribuya a la construcción, sistematización y difusión de información relevante respecto de las de las condiciones económicas, socio-productivas y laborales de la Provincia, a fin de orientar la planificación y la toma de decisiones en el ámbito educativo aportando a los procesos de inclusión educativa y para el trabajo y a la promoción en un sentido prospectivo del desarrollo socio-económico local, regional y provincial.
CAPÍTULO VI EL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION Y TRABAJO (COPRET)
Proponer políticas públicas que articulen la educación, el trabajo y la producción en el contexto del desarrollo estratégico nacional, provincial, regional y local.
Favorecer acciones destinadas a la promoción de la formación técnico-profesional integrando las propuestas del empresariado y de los trabajadores, en coordinación con los Niveles y Modalidades.
Promover la formación permanente de jóvenes, adultos y adultos mayores en las diferentes plataformas y lenguajes de las nuevas tecnologías, en formas de producción, de asociatividad y cooperación que faciliten su incorporación al sistema productivo laboral.
Asesorar respecto de capacitación con organismos públicos y privados de acuerdo a las necesidades planteadas por una realidad en transformación.
Contribuir a la vinculación del sistema educativo provincial con los sectores de la producción y el trabajo.
Administrar el Crédito Fiscal Nacional y Provincial de acuerdo a la normativa vigente con el objeto de favorecer la capacitación y actualización de los trabajadores y el equipamiento de las instituciones de educación técnico profesional.
El COPRET estará integrado por una Secretaría Ejecutiva a cargo de un funcionario designado por el Presidente; el equipo técnico administrativo dependiente de la Secretaría Ejecutiva; y los miembros del Consejo Consultivo, que es ad honorem y estará integrado por el Director General de Cultura y Educación quien se desempeñará como Presidente; el Subsecretario de Educación, quien reemplazará al Presidente en caso de ausencia; el Secretario Ejecutivo del COPRET; y representantes del organismo técnico-pedagógico específico de la Educación, el Trabajo y la Producción y la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales, representantes de los Ministerios de Asuntos Agrarios, Producción, Desarrollo Humano y Trabajo, de Universidades Públicas y Privadas, de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), de organizaciones sociales y de entidades colegiadas, sindicales y empresarias, todos con asiento en la provincia de Buenos Aires, los que son designados por el Director General de Cultura y Educación. El Consejo Consultivo asesorará a la Dirección General de Cultura y Educación en materia de educación, trabajo y producción, promoviendo acciones de integración y
complementariedad entre el sistema educativo y los organismos participantes, como órgano de consulta y representación permanente.
CAPÍTULO VII LA AGENCIA DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
La Agencia de Acreditación de Competencias Laborales es el organismo responsable de llevar adelante y coordinar las políticas de certificación y acreditación de saberes adquiridos por los trabajadores en circuitos formales o no formales de sus trayectorias laborales y educativas, definidas en la presente ley y conforme a lo establecido por el Decreto 1525/03 del Poder Ejecutivo Provincial.
Certificar las competencias y saberes socialmente productivos de los trabajadores que lo soliciten, independientemente de la forma como fueron adquiridos.
Acordar el diseño de indicadores y el desarrollo de procedimientos válidos y confiables para la evaluación.
Establecer conjuntamente con los Niveles y Modalidades que correspondan itinerarios formativos para quienes no alcancen la certificación.
Recolectar información de la población a acreditar, para evaluarla en función de los referenciales previamente realizados y acordados con el sistema productivo y laboral, y con los niveles y modalidades del sistema educativo”.
Aportar insumos para el diseño de la oferta de formación técnico profesional del sistema educativo provincial.
Construir los referenciales de cada oficio u ocupación tomando como base el estudio de los procesos de trabajo; el marco económico, productivo y de relaciones laborales en la que se inscribe la tarea; el análisis exhaustivo de la actividad; los contenidos implícitos en la misma así como las certificaciones y contenidos que el sistema educativo otorga en sus diversos niveles y modalidades.
Definir situaciones específicas que permitan la certificación de los saberes construidos en y para la acción de trabajo, de todos los trabajadores y trabajadoras que lo soliciten.
Generar condiciones que faciliten la inscripción de postulantes que aspiren a certificar sus saberes, tomando como base a las distintas organizaciones educativas distribuidas en el territorio provincial, en sus distintos niveles y modalidades.
Establecer conjuntamente con los Niveles y Modalidades que correspondan itinerarios formativos para quienes no alcancen la acreditación propuesta, así como para complementar la formación de quienes habiendo sido certificados y acreditados, lo soliciten.
Analizar la oferta de educación formal y no formal existente con el objeto de su articulación con las actividades específicas de la Agencia.
Contribuir con el producto de los estudios y referenciales de oficios y ocupaciones desarrollados por La Agencia, a la definición de los contenidos de la oferta de formación técnico profesional, que se encuentra bajo la responsabilidad de la conducción del nivel correspondiente.
Las Certificaciones emitidas por la Agencia constituirán un documento de acreditación fehaciente de los saberes construidos por las personas en situación de trabajo, cuya referencia serán las certificaciones existentes en el sistema educativo provincial, en sus diversos niveles y modalidades.
La Agencia estará integrada por un Directorio presidido por el Director General de Cultura y Educación, quien designará a dos funcionarios de su Dirección, pudiendo convocar a un representante por cada uno de los siguientes Ministerios: de Asuntos Agrarios, de la Producción, de Trabajo y de Desarrollo Humano.
También podrá citar a representantes de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), de las organizaciones empresariales, del movimiento obrero y de los movimientos sociales y comunitarios.
El Director General designará a un funcionario a cargo de la Coordinación Ejecutiva, pudiendo contar con un equipo técnico y administrativo para el cumplimiento de las funciones específicas.
CAPÍTULO VIII LA EDUCACIÓN DE GESTIÓN PRIVADA
Los establecimientos educativos de Gestión Privada que perciben algún tipo de aporte estatal y los establecimientos educativos de gestión privada que no cuentan con dicho aporte pero deben su funcionamiento a la normativa vigente, integran el Sistema Educativo Provincial conforme a los principios, garantías, fines y objetivos de la presente Ley.
Los establecimientos educativos de gestión privada estarán sujetos a reconocimiento, la habilitación y a la supervisión de las autoridades educativas provinciales.
Tendrán derecho a brindar educación: La Iglesia Católica y demás confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos; las sociedades, asociaciones, fundaciones, cooperativas y empresas con Personería Jurídica, sindicatos, organizaciones de la Sociedad Civil, y las personas de existencia visible.
Estos agentes, con sujeción a las normas reglamentarias tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
Derechos: crear y solicitar su reconocimiento, organizar, administrar y sostener escuelas; nombrar y promover a su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar; disponer sobre la utilización del edificio escolar; formular planes y programas de estudios con arreglo a los contenidos de los programas y planes de estudios de los establecimientos de gestión estatal; otorgar certificados y títulos reconocidos y aprobar el proyecto institucional.
Obligaciones: responder a los lineamientos de la política educativa provincial; ofrecer una educación que satisfaga necesidades de la comunidad, con posibilidad de abrirse solidariamente a cualquier otro tipo de instituciones; proveer toda la información necesaria para el control pedagógico, contable y laboral que solicite la autoridad de aplicación.
Para obtener el reconocimiento de la creación y la autorización de los Establecimientos educativos de Gestión Privada deberán acreditar:
La existencia de local e instalaciones adecuadas.
Personal idóneo, los que deberán poseer títulos reconocidos por la normativa vigente para ser titular en cargos docentes en establecimientos educativos de gestión estatal.
Un Proyecto Institucional Educativo que, conservando su identidad, pueda contextualizarse en el marco del Sistema Educativo Provincial.
Artículo 131°.
La Dirección General de Cultura y Educación tiene la facultad de clausura ante aquellos establecimientos que, sin reconocimiento legal, realicen actos educativos regulares.
Artículo 132°.
Los Establecimientos educativos creados o que se creen conforme a las disposiciones de la presente, podrán formular, como propuesta, planes y programas de estudio, siempre que los mismos sean ﬁeles a los fines y objetivos generales y del Nivel educativo e incorporen los contenidos mínimos citados para los Establecimientos educativos de Gestión Estatal de igual nivel y modalidad. Éstos deberán ser tramitados para su evaluación y posterior aprobación ante las Direcciones de Nivel correspondientes, con dictamen del Consejo General de Cultura y Educación. En el cumplimiento de estas condiciones la Provincia reconocerá la validez de los estudios que en ellos se realicen y los títulos que expidan.
La Dirección General de Cultura y Educación cuenta con una Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP) dependiente de la Subsecretaría de Educación, que atiende la supervisión y el contralor de las instituciones de gestión privada para el cumplimiento de la educación, que es asesorada por un Consejo Consultivo. Éste es presidido por el Director General de Cultura y Educación e integrado por un Secretario Ejecutivo, designado por el Director General de Cultura y Educación, el Director Provincial de la DIPREGEP; representantes de las entidades sindicales docentes con personería gremial en el ámbito de la Educación de Gestión Privada en la provincia de Buenos Aires, representantes de las entidades reconocidas que agrupen a los establecimientos educativos de gestión privada, representantes de los Establecimientos educativos dependientes de la Iglesia Católica, de establecimientos educativos de confesiones
religiosas reconocidas por el Registro Nacional de Cultos y representantes de los padres de alumnos de estos establecimientos. La participación en este Consejo tiene carácter “ad honorem” y sus funciones son de asesoramiento, de acuerdo a la reglamentación que a tal ﬁn establezca la Dirección General de Cultura y Educación.
La Dirección General de Cultura y Educación, a través de la Subsecretaría Administrativa, verifica el cumplimiento de todos los aspectos administrativos, contables y laborales. Así como cumple con la misión de supervisión general a través del órgano establecido en el artículo 76º de esta Ley

References: Artículo 56
 artículo 147

Artículo 58

Artículo 60
 artículo 146
 resolución 

Artículo 78

Artículo 79
 artículo 76

Artículo 81
 resolución 
 artículo 76
 resolución 
 artículo 76
in fine

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 95
 artículo 36

Artículo 96

Artículo 98
 artículo 146

Artículo 99
 artículo 61

Artículo 102
 artículo 80
 artículo 75
 artículo 17

Artículo 131

Artículo 132
 artículo 76