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Timestamp: 2018-12-09 19:59:52+00:00

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﻿ SENTENCIA 2012-00257/10503-24 DE JUNIO 8 DE 2016
SENTENCIA 2012-00257 DE 08 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:ABOGADOS QUE AGREDAN A UN COLEGA FÍSICAMENTE SERÁN SANCIONADOS DISCIPLINARIAMENTE. PARA EL ALTO TRIBUNAL, PROVOCAR O INTERVENIR VOLUNTARIAMENTE EN RIÑAS O ESCÁNDALO PÚBLICO ORIGINADO EN ASUNTOS PROFESIONALES CONFIGURA LA FALTA DESCRITA EN EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 1123 DEL 2007. EN EFECTO, LA SALA INDICÓ QUE, QUE SI CON BASE EN LAS PRUEBAS, SE HACE EVIDENTE QUE EL PROFESIONAL DEL DERECHO HA PROVOCADO DE FORMA VOLUNTARIA UNA RIÑA AL PRETENDER QUE SE LE CONCEDIERA LA RAZÓN A SUS PETICIONES, EL TOGADO SERÁ RESPONSABLE DISCIPLINARIAMENTE. ENFATIZA ENTONCES LA CORPORACIÓN QUE A SU JUICIO, LOS ABOGADOS DEBEN PROCURAR ACUDIR A LA LEY CUANDO CONSIDERAN QUE SE HAN ADOPTADO DECISIONES IRREGULARES, PERO NUNCA A LOS GOLPES E INSULTOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:JUEZ, ABOGADO, VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA PERSONA, LEY DEL ABOGADO, PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA ABOGADO, ESTATUTO DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO
Sentencia 2012-00257/10503-24 de junio 8 de 2016
Rad.: 500011102000 2012 00257 01 (10503-24)
Aprobado según Acta de Sala Nº 52
Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.
Mediante certificación expedida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados, se estableció que el doctor Hernán Fernández González se identifica con la cédula de ciudadanía número 71.933.936 y porta la tarjeta profesional No. 113.636, vigente para la época de los hechos. (Folio 12 c.o 1ra instancia).
El proceso disciplinario adelantado en contra el abogado Hernán Fernández González tiene su génesis en la queja presentada por el señor Henry Rincón Jiménez, quien señaló que el abogado, lo había agredido física y verbalmente cuando se estaba adelantando una audiencia de lanzamiento, el 12 de marzo de 2012, en la vereda la Unión Alta, finca San Antonio, Jurisdicción del Municipio del Retorno Guaviare, dentro del proceso policivo de perturbación a la posesión, situación que al parecer aconteció antes que se le reconociera personería para actuar al acusado en representación de la parte querellada. (Folios 1 a 9 c.o.)
4. De la nulidad.
El abogado investigado como primer punto de impugnación nuevamente solicita se decrete la nulidad de la actuación argumentando que se le violó el debido proceso, debido a que si bien siempre fue enterado de las audiencias que se adelantaban él no podía asistir debido a sus múltiples ocupaciones como abogado penalista, por lo cual se le asignó una defensora de oficio que a su juicio, no realizó una buena defensa y reiterando los argumentos ya plasmados cuando solicitó la nulidad en primera instancia.
Al respecto esta colegiatura indica que dicha causal de nulidad por violación al debido proceso ya fue planteada por el profesional del derecho investigado en primera instancia siendo resuelta en la sentencia de forma adversa a los intereses del disciplinado, pues a todas luces no se tipifica, ya que el abogado no puede alegar una nulidad por violación al derecho a la defensa cuando él mismo abandonó su propio caso, además esta colegiatura no puede entrar a estudiar nuevamente los argumentos del inculpado, según se indica en el artículo 100 de la Ley 1123 de 2007 así:
ARTÍCULO 100. Solicitud. El interviniente que alegue una nulidad deberá determinar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular una nueva, sino por causal diferente o por hechos posteriores. (sfdt)
Por tanto, esta Sala en vista que los argumentos son los mismos esgrimidos en sede de primera instancia se abstendrá de realizar pronunciamiento frente al tema, en armonía con lo señalado en el artículo 100 de la Ley 1123 de 2007.
El inculpado presentó escrito de apelación en término el 24 de septiembre de 2015, habiéndose notificado por edicto el 19 de septiembre de la misma anualidad, razón por lo cual esta Sala procede a resolver los puntos esgrimidos en el recurso de alzada.
En el segundo punto de apelación indicó el disciplinado que no hay pruebas que demuestren su conducta y además las recaudadas son inconducentes e inanes, es decir la agresión física que pudiere dar lugar a la sanción no fue suficientemente demostrada.
Al respecto esta Sala observa que se allegaron a la investigación las siguientes pruebas:
Copia del Acta del 12 de marzo de 2012, dentro de la diligencia realizada en el Municipio del retorno (Guaviare) dentro de la querella policiva por perturbación a la propiedad, interpuesta por el doctor Henry Rincón Jiménez, como representante del señor José Eleito Bohórquez, contra el señor Maicol Esneider Vargas Lampiño, apoderado por el abogado Hernán Fernández González, en la que se dejó constancia de la interrupción de éste último al interrogatorio que se le realizaba a su cliente y frente a la agresión física contra su colega. (Folios 3 al 9 y 71 a 77 c.o.)
Declaración del señor Jorge Enrique Valderrama Sánchez, Inspector de Policía del Municipio El Retorno Guaviare, quien atendió la diligencia de lanzamiento el 12 de marzo de 2012, en la que se suscitaron los hechos materia de investigación quien señaló que efectivamente el abogado inculpado había interrumpido la diligencia para que el señor Vargas Lampiño, no respondiera al interrogatorio que se le estaba formulando y con posterioridad a agresión física y verbal recibida por el aquí quejoso. (Folios 134 a 135 c.o.)
Por tanto, para esta Sala tal como lo indicó el Ministerio Público existen elementos de juicio que dan suficiente certeza para demostrar la comisión de las faltas atribuidas al profesional del derecho, máxime si el acta de la diligencia de lanzamiento del 12 de marzo de 2012 fue firmada por el propio abogado investigado y dentro de ella se demuestra que el profesional del derecho no permitió que el señor Vargas Lampiño respondiera el interrogatorio y también sobre las agresiones verbales y físicas recibidas por el abogado quejoso.
De igual forma se cuenta con la declaración del Inspector de Policía, quien bajo juramento constató lo ya señalado en el acta, además el disciplinado en sus alegatos finales señaló que no había permitido que su cliente absolviera el interrogatorio para “prepararlo mejor”, entorpeciendo así el correcto desarrollo de las diligencias.
Por tanto, el material probatorio referido, compromete la responsabilidad disciplinaria del profesional, más allá de toda duda razonable, encajándose su conducta en las faltas endilgadas en el pliego de cargos.
Finalmente, el Ministerio Público al rendir concepto indicó que se debería reducir la sanción a censura, advirtiendo que finalmente la diligencia de lanzamiento no fue suspendida y además que el disciplinado carece de antecedentes disciplinarios.
Al respecto, esta colegiatura señala que al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.
“La relación que debe existir entre la falta cometida y la sanción a imponer es una cuestión que debe resolver en cada caso el juzgador. En esa tarea resulta obligado aplicar la pena consagrada en la ley de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto. El juicio de proporcionalidad - que debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la ley (C.P., art. 230) - es necesariamente individual. A la luz de sus criterios podrá estimarse si el castigo impuesto guarda simetría con el comportamiento y la culpabilidad del sujeto al cual se imputa”.
Ahora, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinariamente reprochable cometida por el abogado Hernán Fernández González, quien debía actuar conforme a la dignidad de su profesión, conductas tipificadas a título de dolo y además como se observa a folio 163 del cuaderno de primera instancia en la sentencia la Sala a quo tuvo en cuenta que el disciplinado carece de antecedentes disciplinarios, razón por la cual se deberá confirmar la sanción de dos meses en el ejercicio de la profesión impuesta en la sentencia materia de apelación, la cual cumple con los criterios legales y constitucionales exigidos para tal efecto.
Asimismo, se cumple también con el principio de razonabilidad entendido como la idoneidad o adecuación al fin de la pena, justifica la sanción disciplinaria impuesta al abogado Hernán Fernández González, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993:
Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia del 8 de agosto de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante la cual se sancionó al abogado Hernán Fernández González con dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, por haber incurrido en la falta descrita en el artículo 30 numerales 1º y 3º de la Ley 1123 de 2007.
1. No acceder a la solicitud de nulidad deprecada por el disciplinado, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
2. CONFIRMAR la sentencia del 8 de agosto de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante la cual se sancionó al abogado Hernán Fernández González con dos meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, por haber incurrido en la falta descrita en el artículo 30 numerales 1º y 3º de la Ley 1123 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva.

References: ARTÍCULO 30
 artículo 19
 artículo 100

ARTÍCULO 100
 artículo 100
 artículo 13
 artículo 30
 artículo 30