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Timestamp: 2013-12-08 16:50:32+00:00

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voselsoberano.com | Jueves 05 de Noviembre de 2009 21:06	Analista internacional de política exterior de los Estados Unidos
Camuflaje Legal del Golpe Militar en HondurasEs difícil convencer al mundo de que el golpe militar contra la soberanía del pueblo hondureño es algo secundario, que la violenta detención y expulsión de la máxima autoridad de la nación ha sido un acto de justicia y que ambos hechos son constitucionales y que son incuestionables porque provienen de una Constitución con petrificaciones que solamente el gobierno montado después del golpe militar sabe interpretar y que nadie en el mundo tiene las cualidades especiales para entender tal Constitución con petrificaciones. Pero no es así. Muchas naciones cuentan con expertos y con experiencias democráticas muy ricas de las cuales, paradójicamente, han sido extractados tanto la estructura como el contenido de muchos apartes de la Constitución de Honduras. Esta no es una Constitución sofisticada ni pionera de las democracias más avanzadas, por el contrario contiene anquilosamientos y petrificaciones que sorprenden a cualquier constitucionalista contemporáneo. La Constitución de Honduras es relativamente simple y fuera de sus vacíos e intangibles no tiene ningún misterio especial o alguna cláusula que el mundo no haya conocido ya.
Antecedentes:El día de su posesión, enero 27 del 2006, el presidente José Manuel Zelaya Rosales propone la Ley de Participación Ciudadana, ley 3-2006, que corresponde fielmente al Título I, Capítulo I, “ARTÍCULO 2.- La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. “ y al Título I, Capítulo I, “ARTÍCULO 5.- El gobierno debe sustentarse en el principio de la democracia participativa del cual se deriva la integración nacional, que implica participación de todos los sectores políticos en la administración pública a fin de asegurar y fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad política y en la conciliación nacional.” Ambos artículos de la Constitución de la República de Honduras que garantizan la mayor participación democrática de los hondureños. De esta ley y de estos artículos constitucionales surgen los decretos presidenciales PCM-005-2009, PCM-019-2009, PCM-020-2009 y PCM-027-2009, que desde un principio han sido claros en la mente, las palabras y las acciones de Zelaya y muy bien conocidas promesas de su campaña presidencial. No hay ninguna conversión al “Chavismo” ni las políticas de Zelaya, altamente democráticas, estaban haciendo de Honduras ninguna Siberia, por el contrario son pilares en la modernización y el avance de Honduras.
El cuerpo del delito:Es la pregunta del Decreto Ejecutivo Número PCM-020-2009 para una encuesta:*“¿Está de acuerdo que en las elecciones generales del 2009 se instale una Cuarta Urna en la cual el pueblo decida la convocatoria una Asamblea Nacional Constituyente?Si___ No___ “
Estas 29 palabras, que no dicen ni implican, ni insinúan ni conllevan la intención de que el presidente Manuel Zelaya se va a presentar para reelección el próximo 29 de Noviembre del 2009, o en el 2013, o en el 2017, o en el 2021 o en ningún otro año, que de ninguna manera promueven la re-elección del presidente Zelaya en ningún momento, que por ninguno de los significados de estas 29 palabras se puede deducir o inferir que su intención es reformar el Título V, Capítulo VI, “ARTÍCULO 239 de la Constitución de la República de Honduras que reza: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado.”, que con ninguna de las 29 palabras de la pregunta del Decreto Ejecutivo Número PCM-020-2009 se está apoyando directa o indirectamente la reforma del Título V, Capítulo VI, artículo 239 de la Constitución de la República de Honduras, que con ninguna de estas palabras se está quebrantando el susodicho Artículo 239 de la Constitución. Es una pregunta clara y directa que para cualquier persona letrada del mundo, en cualquier idioma; cualquiera entiende que lo que esta pregunta hace es indagar si se instala o no otra urna, una cuarta urna, para decidir si se convoca o no a una Asamblea Nacional Constituyente.
Si la pregunta del Decreto Ejecutivo Número PCM-020-2009 no es clara o puede prestarse para mal entendidos, entonces, lo que la experiencia de nuestra civilización nos enseña es el requerimiento de solicitarle al ejecutivo, con el mayor respeto, que nos provea de todas las explicaciones necesarias. Por supuesto, los que se aferran al poder hegemónico sobre Honduras y se aterran titánicamente por tener que compartir el poder con otros se dedicaron a volver esa pregunta en el cuerpo de un delito que jamás se cometió y a construir alrededor de él, con la mayor diligencia y velocidad, todas las especulaciones imaginables para criminalizar al líder de la nación y conductor de los cambios necesarios para Honduras.Manuel Zelaya ha puesto sus amigos y su estilo de vida al servicio de Honduras, como hace una persona entregada a su país y no solo a sus negocios. Pero, aún gentes de negocios pidieron al gobierno espurio que no terminara las relaciones con el ALBA, porque la exportación de legumbres y leche, entre otras, beneficiaban a Honduras. Eso es un ejemplo de cómo los intereses económicos, sociales y prácticos siempre deben estar a salvo de la influencia de pasiones ideológicas.
Los cargos:El Ministerio Público, el Fiscal General de la República y el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo no pueden pretender tener certeza de infalibilidad y por eso existen otras instancias de la ley para corroborar o apelar los juzgamientos hechos. Fue una falla de la justicia misma que estas revisión y verificación no estén incluidas en su estructura, ¿Cómo puede un sistema de justicia garantizar su juzgamiento si éste carece de revisión y verificación? La desobediencia de un fallo del juzgado exige la argumentación de quien desobedece y si la desobediencia tiene un asidero en la razón y la justicia debe reconsiderarse el fallo o llevarse a otra instancia donde se pueda tener en cuenta una gama más amplia de aspectos del supuesto delito que se imputa. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y la Corte de Apelaciones del Contencioso Administrativo demostraron desenfoques jurídicos, y la desatención del presidente no puede interpretarse solamente como un error del presidente como si el juzgado no cometiera errores o no hubiera pasado por alto consideraciones que harían cambiar diametralmente su fallo. Era y es obvio y claro que las Cortes estaban llevando a cabo una misión de criminalización del presidente y no la de hacer justicia y menos aún de escuchar la argumentación de la contraparte, y esta es la falla más grande e inexcusable del sistema de justicia hondureño.
(Cuerpo del delito:) Pregunta del Decreto Ejecutivo Número PCM-020-2009 para una encuesta:“¿Está de acuerdo que en las elecciones generales del 2009 se instale una Cuarta Urna en la cual el pueblo decida la convocatoria una Asamblea Nacional Constituyente? Si___ No___ “
Cargo 1:No existió ningún delito contra la forma de gobierno por parte del presidente Manuel Zelaya, porque el Código Penal de Honduras, Título XII, Capítulo II, ARTICULO 328 reza fielmente: “Delinquen contra la forma de Gobierno y serán sancionados con reclusión de seis a doce años, quienes ejecutaren actos directamente encaminados a conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, algunos de los fines siguientes: 1)…, 2)…, 3) Despojar en todo o en parte al Congreso, al Poder Ejecutivo o a la Corte Suprema de Justicia, de las prerrogativas y facultades que les atribuye la Constitución.” En lo pertinente habla explícita y categóricamente de la Corte Suprema de Justicia no del poder Judicial tampoco de los Tribunales de Justicia y no especifica ni hace mención del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Lo que se especifica y a lo que se refiere con toda claridad es a la Corte Suprema de Justicia. No hay margen de duda, el numeral determina y singulariza con toda nitidez a la Corte Suprema de Justicia.
La situación jurídica constituyó un caso urgente de revisión de inconstitucionalidad, porque lo primero a determinar era si un decreto presidencial que funciona como una ley para toda la nación era constitucional o no. Si era constitucional el problema quedaba resuelto y la responsabilidad de su solución pasaba al pueblo soberano y las convicciones de cada uno de los ciudadanos hondureños. Si no lo era, entonces el presidente Zelaya sería culpable de un decreto inconstitucional que lo destituye ipso-facto y sin apelación de su cargo. El argumento principal sería que el presidente quiere volver a una situación anterior a 1957, previa a 1982 cuando la actual Constitución fue escrita, y que demanda la aplicación del Título IV, Capítulo II, “ARTÍCULO 186.- Ningún poder ni autoridad puede abocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas en materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época en favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del ministerio público o de oficio. Este recurso se interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia. La ley reglamentará los casos y la forma de revisión.”
Cargo 2:No existió ningún delito de traición a la patria, porque el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo no tiene ninguna prueba, ni ninguna evidencia ni ninguna causa, ni ningún hecho, absolutamente nada que no le permita concluir que una nueva Constitución no pueda contener los artículos pétreos. Y porque el Título II, Capítulo I, “ARTÍCULO 373.- La reforma de esta Constitución podrá decretarse por el Congreso Nacional, en sesiones ordinarias, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros. El decreto señalará al efecto el artículo o artículos que hayan de reformarse, debiendo ratificarse por la subsiguiente legislatura ordinaria, por igual número de votos, para que entre en vigencia“ se refiere a la aprobación de cualquier reforma de la constitución y no a cómo debe iniciarse una nueva constitución, algo contrario a cómo se ha creído hasta hoy. El indiscutible punto central de esta Constitución es la protección de los artículos pétreos, que son parte fundamental de la decisión, decreto o conclusión, y no cómo se inicie o proceda con el material reformatorio; por lo que el artículo 373 se refiere de una manera estricta y exclusiva a la decisión, a la conclusión, al decreto, a la aprobación que define los artículos de la reforma. Un decreto presidencial es una decisión y una conclusión del presidente, y un decreto del Congreso es también una decisión y una conclusión del Congreso. No existe una contradicción en el contenido del verbo decretar.El artículo 373 es muy claro al referirse a la parte conclusiva y definitoria de decretar la reforma de la Constitución por parte del Congreso.
Ya existe el caso reciente de diciembre del 2008 cuando los mismos miembros del Congreso Nacional dirigidos por Roberto Micheletti propusieron y desarrollaron reformas a los artículos pétreos 239 y 240. Este último reza así: Título V, Capítulo VI, “ARTÍCULO 240.- No pueden ser elegidos Presidente de la República: 1. Los Designados a la Presidencia de la República, Secretarios y Subsecretarios de Estado, Miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, Magistrados y Jueces del Poder Judicial, Presidentes, Vicepresidentes, Gerentes, Subgerentes, Directores, Subdirectores, Secretarios Ejecutivos de instituciones descentralizadas, Contralor y Subcontralor General de la República, Procurador y Subprocurador General de la República, Director y Subdirector de Probidad Administrativa, que hayan ejercido sus funciones durante los seis meses anteriores a la fecha de elección del Presidente de la República;” Dos detalles importantes son de anotar aquí, que no fue el Congreso, sino la Corte Suprema de Justicia la que determinó que esas reformas a esos dos artículos pétreos, 239 y 240, eran inconstitucionales y que fue del señor Roberto Micheletti bajo cuya autoridad se propusieron y desarrollaron esas reformas a los dos artículos pétreos, de donde al proponerlos y debatirlos fue él y otros congresistas quienes violaron in-fraganti el Titulo VII, Capítulo I, “ARTÍCULO 374.- No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior [373], el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente.” Micheletti y miembros de su Congreso jamás fueron destituidos ipso-facto de su cargo como funcionarios públicos por infringir el pétreo artículo 374 de la Constitución de la República de Honduras como consta en las actas del Congreso, una documentación que constituye prueba contundente y evidente, y tampoco sus casas fueron violentadas, ni fueron secuestrados exigiendo su expatriación a cambio de sus vidas.
Lo que la Constitución establece es que sea el Congreso el que decida si un artículo reformista se aprueba o si un artículo reformista no se aprueba, porque atenta contra un artículo pétreo, y que esto lo haga el Congreso dónde deben estar todas las representaciones del pueblo hondureño. Y deja campo a que la aprobación también la haga otro poder, cuando usa la expresión “podrá” en lugar de decretará, y ya la Corte Suprema de Justicia lo hizo el pasado 19 de noviembre del 2008.Si argüir que los decretos PCM-020-2009 sobre el procedimiento y PCM-027-2009 sobre la ejecución de la encuesta abogan por una asamblea constituyente para derogar el artículo fósil 239 no tiene ningún asidero, veracidad ni fundamento legal, pero especular que esos decretos también establecen la re-elección del presidente Manuel Zelaya es ya tratar de encontrar la Amazonia en la luna. No existe ningún decreto del presidente Manuel Zelaya que reforme la Constitución. Fuera de los decretos PCM-020-2009 sobre el procedimiento y PCM-027-2009 sobre la ejecución de la encuesta no existe ningún otro decreto del Presidente Manuel Zelaya y menos uno que reforme la Constitución.
La argumentación para una violación del artículo 373 es vaga, insustancial, insuficiente y especulativa por provenir de una sesgada y maliciosa imaginación y no de evidencia fáctica.Cualquier argumento penal contra el presidente Manuel Zelaya aquí es denunciante y condenatorio de quienes lo esgrimen, porque la irracionalidad de estos cargos es prueba evidente de la obstinada desesperación por criminalizar al presidente Zelaya.
Cargo 3:No existe ningún abuso de autoridad por parte del presidente Manuel Zelaya, porque el Título XIII, Capítulo III, “ARTICULO 349. Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales;“ considera con el mismo rango a las autoridades judiciales y administrativas, y las administrativas se refieren al poder ejecutivo como son los decretos presidenciales con los cuales el presidente administra asuntos de la nación. Como en este numeral no se dice que los decretos judiciales están por encima de los administrativos o a la inversa, esto es causa y razón fáctica de una audiencia privada de las partes para conciliar sus diferencias o una intervención de la Corte Suprema de Justicia para resolver el conflicto. La Corte Suprema de Justicia volvió aquí a fallar en sus funciones y en su competencia.
Cargo 4:No existe ninguna usurpación de funciones de parte del presidente Zelaya, porque el Título II, Capítulo V, ARTÍCULO 51 de la Constitución reza: “Para todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales habrá un Tribunal Nacional de Elecciones, autónomo e independiente, con jurisdicción y competencia en toda la República, cuya organización y funcionamiento serán establecidos por esta Constitución y la Ley, las que fijarán igualmente lo relativo a los demás organismos electorales.”
La nueva Constitución puede estar ya escrita, pero sin una asamblea constituyente que la debata y un Congreso que la apruebe y promulgue es como comprar el vestido de novia antes de tener el novio.En el decreto presidencial PCM-020-2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta y sin ninguna objeción legal válida, firmado por el presidente Manuel Zelaya, constitucionalmente elegido, se sobreentiende que un voto de Si o No es un sondeo preliminar para otro futuro voto de opinión sobre la conveniencia de Si hacer o No hacer una Constituyente; y que esa votación, que no es ninguna elección de ninguna persona ni ninguna disposición de gobierno que afecte la composición y el ejercicio del gobierno después de sus resultados, de ninguna forma pertenece a la competencia del Tribunal Nacional de Elecciones, sino de manera natural y apropiada al Instituto Nacional de Estadística, como el decreto presidencial lo establece. Por lo tanto ordenar su ejecución no contradice ninguna ley ni artículo de la Constitución de Honduras.
El presidente José Manuel Zelaya Rosales emitió y corrigió sus decretos de manera loable y con impecable lealtad a la Constitución y las leyes de Honduras. Él tiene toda la razón al encargar al Instituto Nacional de Estadística, INE, una votación de opinión, que no elige a nadie ni nada que cambie la estructura o función del gobierno como si ocurre en las elecciones de las que es constitucionalmente responsable el Tribunal Nacional de Elecciones.El constituyente primario es el pueblo soberano de Honduras.
El poder legislativo:Es dudoso que exista una auténtica carta de renuncia, como dice el Congreso Nacional de Honduras, de parte de una persona acusada de no querer renunciar a su cargo, sino eternizarse en él.
El poder Judicial:Es inverosímil que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo estuviera actuando de manera improcedente en las propias narices de la Corte Suprema de Justicia fabricando la misma sentencia una y otra vez impugnando y criminalizando a la máxima y más respetable autoridad de la nación en una materia que es original y exclusiva de la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Aunque inverosímil la Corte Suprema de Justicia de Honduras en lugar de guiar al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo simplemente se arrodilló ante él y sin ningún trabajo previo sobre el asunto termina aceptando las deliberaciones de revisión e inconstitucionalidad de un juzgado menor al que no le correspondía hacer esas deliberaciones y las deliberó mal.
¿Cómo pudo el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo ocuparse de un documento, PCM-005-2009, al que no le requirió llenar los requisitos de procedimiento, emitir una disposición sin una causal y, peor aún, extender esa sentencia mecánica y a-priori a otro decreto, PCM-020-2009, que llenó los requisitos legales y que es diferente al primero en forma y contenido? La sola diferencia de palabras es importantísima, porque es en ellas dónde reside el significado legal del mismo. Y mayor vergüenza deberían tener los miembros del sistema judicial hondureño cuando ninguno de ellos se percató de que la sentencia no solo era extensión de un documento sobre el que el Juzgado no debería estar deliberando a otro sobre el que tampoco debió deliberar, y que el juzgado llegó al extremo de declarar a-priori que cualquier decreto presidencial sobre el tema de ahí en adelante era ilegal. ¿No hay un solo miembro de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que haya podido advertir que no se puede declarar ilegal a-priori ningún decreto y con menor razón los presidenciales que son parte del ejercicio normal de ser presidente, y que las sentencias a-priori no existen?Cómo pudo ser posible que ni un solo miembro de la Corte Suprema de Justicia se haya puesto, aunque fuera por curiosidad a comparar los decretos presidenciales PCM-005-2009 y PCM-020-2009 y ver sus diferencias de contenido, forma, validez de procedimiento y observar que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo no podía extender la decisión sobre un decreto presidencial sin efecto, porque nunca fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta a otro decreto que si aparece publicado y que difiere del primero. Es decir, ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia estuvo por encima del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo para ver que una decisión inválida por insuficiencia de procedimiento e indagación no podía extenderse a otra que si había cumplido con los requisitos procedimentales y además preguntarse ¿por qué el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo estaba sentenciando un documento que no había cumplido el procedimiento legal para ser considerado legalmente y que era de competencia constitucional?
Queda completamente claro que no se trataba de ninguna aplicación del procedimiento legal, ningún seguimiento de la Constitución y ningún objetivo que uniera a la nación, lo que la Corte Suprema de Justicia estaba buscando y encubriendo simple y escuetamente era el enmascaramiento del golpe militar contra la República de Honduras, y por eso la Corte Suprema de Justicia tenía que encomendar el Golpe Militar contra el estado de Honduras solo al Ejército, porque sería absurdo propiciar un golpe policial de estado.Lo que tenemos aquí no es un presidente que está desobedeciendo a las Cortes, sino unas Cortes dirigidas a la criminalización y no a la justicia y la concordia para con la rama Ejecutiva del poder.
Las Fuerzas Armadas:El Ejército esta bajo el comando del poder Ejecutivo y su máximo Comandante General es el presidente de la República de Honduras José Manuel Zelaya Rosales y los generales de las Fuerzas Armadas de Honduras le deben a su máximo jefe ejemplo de obediencia y lealtad como es lo normal y esperable de la disciplina y la conducta de un militar profesional. No corresponde a los generales la tarea de deliberar las órdenes de sus superiores. Ese sería el peor ejemplo que podrían dar a sus propios soldados. Los generales no reciben órdenes de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución no deposita la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas en el poder judicial ni en el poder legislativo, sino única y exclusivamente en el poder ejecutivo. Hay razones prácticas y sabias para ello. Si el Presidente de la República le da una orden a su ejército, su ejército está en la doble obligación de obedecerlo, uno inmediatamente, después de confirmar que es una orden auténtica y real de su Comandante General y dos porque es además una orden del Presidente de la República de Honduras, el jefe máximo de la patria a la que ellos ha jurado defender y proteger. Las Fuerzas Armadas no son un poder independiente y la Constitución hondureña lo señala claramente en Título V, Capítulo X, “ARTÍCULO 278.- Las órdenes que imparta el Presidente de la República a las Fuerzas Armadas, por intermedio del Jefe de las mismas, deberán ser acatadas y ejecutadas.”
Los militares, congresistas y juristas golpistas, en clara actitud antipatriótica infringieron la ley y sus irresponsables actuaciones deben sujetarse al Código Penal de Honduras:Título XII, Capítulo I, ARTÍCULO 323. “Quien ofendiere al Presidente de la República en su integridad corporal o en su libertad será penado con ocho a doce años de reclusión.”
Capítulo II, ARTÍCULO 328. “Delinquen contra la forma de Gobierno y serán sancionados con reclusión de seis a doce años, quienes ejecutaren actos directamente encaminados a conseguir por la fuerza, o fuera de las vías legales, algunos de los fines siguientes:1) Reemplazar al Gobierno republicano, democrático y representativo por cualquiera otra forma de Gobierno.”
La situación actual:La Corte Suprema de Justicia de la República de Honduras actúo con plena culpabilidad, buscando una posición pasiva que no la delatara frente a la opinión pública y esto explica por qué permitió que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de primera instancia, tratara un tema de revisión de inconstitucionalidad que le corresponde original y exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, y por qué asume el papel soslayado de aceptar completamente la petición, aquí detallada, del Fiscal General de la República para facilitar el golpe militar de estado contra la República de Honduras.
La situación que actualmente tenemos en Honduras es sui-generis para el poder ejecutivo. Si el presidente legítimo constitucionalmente elegido por el constituyente soberano Manuel Zelaya Rosales no termina completamente el tiempo que le faltaba a su presidencia, sin ningunas condiciones “legales” y no legales, entonces su presidencia sería incompleta y como la Constitución de Honduras no incluye la posibilidad de presidencias incompletas, con el agravante de sufrir un golpe de estado, ni dice que quien no haya completado la presidencia no pueda ser reelegido, es obvio que constitucionalmente estamos ante un caso de excepción que habilita al presidente Manuel Zelaya para ser re-elegido excepcionalmente. Nadie puede negar que la presidencia del legítimo y constitucionalmente elegido presidente de Honduras ha sido fracturada, nadie puede negar que un acto de violencia forzó la falta “absoluta” del presidente legítimo y elegido por el pueblo soberano de Honduras, nadie puede negar que tal brutal acción fue consentida por el poder judicial en coincidencia y con aquiescencia del poder legislativo y que ambos poderes violaron al poder ejecutivo, nadie puede negar que las acciones sincronizadas de los poderes judicial y legislativo contra el poder ejecutivo de Honduras creo un galimatías legal alrededor de la legitimidad de la presidencia de Manuel Zelaya, tampoco se puede negar que eso convierte el caso del presidente Manuel Zelaya en un caso excepcional frente a la Constitución, y que por lo tanto si no se le reconoce el derecho a completar su período presidencial el presidente Manuel Zelaya queda en condición de excepción frente a la Constitución para ser reeligido como presidente de la República de Honduras sin más discusiones bizantinas ni galimatías jurídicos.Este cínico golpe militar contra la República de Honduras tiene la censura total del Vaticano en las palabras del Sumo Pontífice Benedicto XVI, la censura completa suficientemente conocida de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Organización de los Estados Americanos y de los Estados Unidos, todas autoridades nacional e internacionalmente reconocidas. Esto le da mucho mayor peso al hecho de que el fracturado período del presidente Manuel Zelaya sea una excepción constitucional y merezca su reelección si su derecho a completar el período presidencial constitucional es negado.
Conclusión:Hoy las elecciones del 29 de noviembre se han convertido en el sello del golpe militar contra la República de Honduras con la indisimulable intención de que el Presidente legítimo de la nación y elegido constitucionalmente por el pueblo soberano, José Manuel Zelaya Rosales, nunca termine su legítimo período presidencial. Las elecciones del 29 de noviembre son nulas si el completo término constitucional de la presidencia del presidente Manuel Zelaya no se ha cumplido o si su reelección no es incluida como excepcionalidad constitucional en esas elecciones.

References: artículo 239
 Artículo 239
 artículo 373
 artículo 373
 artículo 374
 artículo 373
 ARTÍCULO 51
 ARTÍCULO 323
 ARTÍCULO 328