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Timestamp: 2019-06-19 07:38:18+00:00

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Justice International - Venezuela Represión Política DDHH Crisis en Venezuela
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Alerta urgente ante potencial afectación de derechos políticos y civiles como consecuencia de represión política
Alerta urgente ante potencial afectación de derechos políticos y civiles como consecuencia de represión política Caracas, Agosto 30 del 2016 Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1889 F Street, N.W. Washington, D.C. 20006 Estados Unidos.- Asunto: Alerta urgente ante potencial afectación de derechos políticos y civiles como consecuencia de la represión política ante manifestaciones de protestas programadas y de carácter espontáneo por suceder en Venezuela por la crisis política, social, económica y humanitaria. Nos dirigimos a ustedes en nombre de Justicia Internacional, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, con el objetivo de solicitar su atención urgente y pronunciamiento oportuno en materia de protección de derechos políticos y civiles del pueblo venezolano. Ante el incremento de las protestas y manifestaciones que han venido ocurriendo como consecuencia de la crisis política, económica y humanitaria que vive el país y la persecución y represión política, además de la alarmante situación de violación de derechos humanos de la que han sido víctimas en diversas ocasiones los ciudadanos venezolanos. Es deber de la CIDH tomar medidas de precaución, ya que, vista las actuaciones de represión por parte de organismos del Estado en distintas ocasiones, así como ataques violentos por parte de grupos armados contra algunos ciudadanos durante las manifestaciones pacíficas de protesta programadas y espontáneas. Es necesario y oportuno que la CIDH tome medidas al respecto, en virtud de que podrían ocurrir hechos de este tipo en días venideros. La presente misiva tiene como objetivo activar mecanismos de protección de los derechos humanos. De conformidad con el artículo 41 y 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos que instruyen a la CIDH en cuanto a los mecanismos de protección que dan potestad a cualquier persona, grupo u organizaciones no gubernamentales a dirigir peticiones y otro tipo de comunicaciones, incluyendo misivas con alertas urgentes sobre la potencial violación de un derecho protegido en el marco de la Convención Americana (artículo 44) o por el sistema universal de los derechos humanos. No es secreto, que el Estado venezolano ha demostrado una conducta sistemática de violación de derechos humanos vinculados a mecanismos de represión política. Se observan repetidas violaciones al derecho, a la manifestación política, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, así como violaciones a la participación política, a la libre expresión del pensamiento, a la libertad y objeción de conciencia, entendiendo que el ejercicio de estos derechos deben ser ponderados en relación con otros, como lo son el derecho a la vida, a la integridad física y al libre tránsito por el territorio nacional. El carácter reincidente de la represión política, corroborado por acciones de similitud evidente en el tiempo, y dada su expansión geográfica en todo el territorio nacional, demuestran el carácter intimidatorio, protagónico y de premeditación que ha observado el Estado venezolano ante la expresión de miembros de la oposición política al gobierno sea este en procesos electorales, actos de protesta, o actos de expresión política consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante destacar que los Estados deben adoptar medidas para promover, mantener y fortalecer el pluralismo, la tolerancia y una actitud abierta con respecto a la disensión en la sociedad, y de igual forma deben respetar y proteger por igual a los que expresan opiniones divergentes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 21 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 15, reconocen el derecho de reunión pacífica y sin armas. La necesidad de defender de forma colectiva el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la protesta y el derecho a revocar electoralmente al gobierno venezolano, tal como lo establece su propia Constitución, además de distinguir a la población venezolana en su totalidad como beneficiario de las acciones que solicitamos en este documento se establece en la medida que la represión política exige protección de derechos universales que afectan, con carácter urgente y en forma inmediata a la población venezolana. En los medios de comunicación de Venezuela y del mundo, en distintos reportes, investigaciones y estudios de profesionales y organizaciones no gubernamentales (ONGs) dedicadas al tema de los derechos humanos, entre otros, se encuentran numerosas referencias a hechos que demuestran la gravedad, amplitud y el alcance de la represión política en Venezuela, asi como su carácter sistemático y/o generalizado. Estos hechos, discutidos brevemente en el anexo a continuación y presentados en mayor detalle en su respectiva documentación, están relacionados con una serie de eventos y períodos emblemáticos de la historia reciente de Venezuela, a saber: la crisis postelectoral de las elecciones presidenciales del 2013; la masacre del 12 de febrero del 2014 y las manifestaciones subsecuentes de los años 2014-2015; elecciones parlamentarias de diciembre del 2015; y las manifestaciones por la crisis política, economica y humanitaria del año en curso. Queremos agradecerle de antemano por su buena pro con respecto a esta iniciativa en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. Conociendo igualmente la obligación de la CIDH de actuar respecto a tales peticiones y comunicaciones de conformidad con el inciso “f” del articulo 41 previamente citado, pasamos a alertar a la Comisión sobre las potenciales afectaciones a derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos ante el aumento de la protesta ciudadana y la manifestación pacífica en Venezuela ante la crisis política, económica y humanitaria que vive ese país en virtud de las actuaciones de los organismos del Estado venezolano en materia de represión política, y en consecuencia solicitamos a CIDH realice labores de monitoreo y observancia de la protesta pacífica convocada por los distintos factores de oposición para este 1º de septiembre del presente año. Como se puede apreciar en la breve cronología anexa que describe la relación entre la protesta y la represión política en fechas recientes en Venezuela, tanto el carácter de la conducta, como las violaciones sistemáticas por parte de los distintos cuerpos de seguridad del Estado venezolano, justifican esta carta de alerta con motivo de las movilizaciones a realizarse el 1º de septiembre, organizadas por la oposición al gobierno, con el objeto de alertar a la CIDH sobre esta situación y solicitar que el Estado venezolano tome medidas que permitan proteger los derechos consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, en materia de protección de derechos humanos, y específicamente sobre los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos. Dado el patrón de conducta observado por parte del Estado venezolano y su carácter violatorio de los derechos antes mencionados. Solicitamos que las acciones de protección sean de carácter colectivo en la medida que la represión política no ha distinguido grupo o región en específico. Igualmente, la represión política ha mostrado un carácter sistemático que se ha venido radicalizando en el tiempo. Así mismo y de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, y su artículo 44 solicitamos a la CIDH cumpla con el mandato de velar por los derechos humanos, y exhorte al gobierno venezolano a que cumpla con su obligación de garantizar el respeto e integridad de las personas que ejerzan el derecho a la manifestación pacífica, así como velar por las garantías individuales. Sin nada más que comunicarle, en nombre de Justicia Internacional, me despido atentamente, su servidor, Omar Arenas Pérez Abogado Internacionalista- Justicia Internacional www.JusticiaInternacional.org Tlf: +1(650)8140730 (Directo) Tlf: +1(650)3181852 (Whatsapp) Anexo: El Derecho a la Manifestación Pacífica y la Represión Política en Venezuela Crisis Post-elecciones presidenciales del 2013 La referencia a la represión política post-elecciones presidenciales del 2013 no sólo es importante por la desmesurada violencia estatal observada en ese momento. Más importante aún es el hecho que esta represión se considera el origen de un patrón de conducta, de un proceso sistemático de represión estatal observado hasta la fecha el cual ha sido objeto de denuncias por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de la Haya. El documento anexo “La Masacre del 12 de Febrero o del Día de la Juventud”, presenta en mayor detalle los hechos acontecidos durante las protestas ocurridas en el período post electoral de la elección presidencial del 2013. Igualmente, discute su relación con otro hecho emblemático que marcó el inicio de una nueva etapa de represión: La Masacre del 12 de Febrero del 2014. Masacre del 12 de febrero y manifestaciones subsiguientes El 12 de Febrero del año 2014, día de la juventud en Venezuela mueren dos estudiantes en manifestaciones en Caracas a manos de miembros de la fuerza pública. En los meses posteriores las cifra de muertos en manifestaciones llegaron a 43 en el 2014. Estas muertes formaron parte de una ola de represión sin precedentes en Venezuela y el mundo, cuyo saldo para finales de año fue de magnitud alarmantes. Para finales del 2014, el Foro Penal Venezolano, una ONG que ha tenido una actuación destacada en la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos, observaba que desde el 4 de febrero a la fecha, se habían realizado 3408 detenciones en Venezuela relacionadas con las manifestaciones ocurridas desde el día de la juventud, dentro de los cuales se encuentran 2576 estudiantes y 279 menores de edad o adolescentes, indicando: “El Foro Penal ha observado y compartido con representantes de la ONU que esta cifra de detenidos por manifestaciones podría ser la más alta del mundo en un país donde no hay guerra o conflicto armado, más aún si se analiza por número de habitantes. Muy seguramente es la mayor cantidad de estudiantes detenidos por protestar en la historia”. Para mayo del 2016, la misma ONG afirmaba: “Desde enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2016, ha registrado 5.853 detenciones, arrestos o encarcelaciones vinculadas con diferentes manifestaciones, por expresiones en redes sociales, y protestas por escasez de alimentos, recortes eléctricos programados y falta de agua, contra el gobierno en Venezuela. Actualmente, 1.998 personas se encuentran con medidas restrictivas a su libertad y bajo procesos judiciales, y 96 se mantienen tras las rejas y 20 personas detenidas en Aroa, Estado Yaracuy, que a pesar de haber sido decretada su liberación bajo anza, el 9 de junio de 2016, se encuentran todavía encarceladas por irregularidades procesales.”El documento anexo “Reporte sobre la Represión Política Reporte sobre la Represión del Estado Venezolano Enero 2014 - Junio 2016” contiene un descripción detallada de los hechos de represión alegados para este período emblemático en relación a la persecución y represión política en Venezuela. Elecciones parlamentarias Diciembre 2015 La violencia se ha convertido en una práctica habitual en los procesos electorales venezolanos donde entes paramilitares y grupos armados embisten de forma violenta contra los ciudadanos que se expresan electoralmente, muchas veces infringiendo daño a la integridad física de ciudadanos indefensos, estos grupos armados, afectos al gobierno, portan armas de fuego de alto calibre, y en ocasiones las utilizan para amedrentar a candidatos y a sus seguidores, durante actos y campañas electorales, también se han presentado situaciones de violencia, al igual que en visitas y asambleas ciudadanas programadas en distintos puntos del país. La falta de pronunciamientos condenatorios y denuncia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la complacencia de los entes policiales y otros organismos encargados del orden público ante estos hechos que amenazan derechos fundamentales como la libre expresión política, la participación ciudadana y el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, debe ser no sólo condenada sino denunciada por toda misión electoral ajustada a la observación electoral garante del respeto y normal funcionamiento de los principios fundamentales de derechos humanos. El 25 de noviembre del 2015 fue asesinado el dirigente del partido Acción Democrática Luis Manuel Díaz en un acto electoral en Altagracia de Orituco. La OEA, Unasur y Amnistía Internacional condenaron el hecho y llamaron a que se hiciera una investigación independiente. Desde el punto de vista de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el asesinato de Díaz sería la epítome de una serie de ataques violentos presuntamente perpetrados por grupos afectos al gobierno a distintas actividades de campaña opositoras a lo largo del país durante esa campaña electoral. Los hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones, no sólo son un aspecto de preocupación en la etapa pre-electoral. Experiencias previas, como el caso de la elección presidencial del 2013 previamente citado, sugieren que el sistema de monitoreo electoral internacional y de derechos humanos debe ser vigilante en cuanto al uso del amedrentamiento y la amenaza a la integridad física durante el mismo proceso de elección y la etapa post-electoral, así como en distintos actos y recorridos de carácter político. Manifestaciones en relación a la crisis humanitaria a finales 2015-2016 La crisis que originó las protestas del 2014 recrudece hacia finales del 2015. Hoy por hoy Venezuela vive una crisis social, política y económica de considerable magnitud. La lucha por el poder en Venezuela se ha traducido en una crisis política y de derechos humanos conocida ampliamente por la comunidad internacional. Hoy por hoy Venezuela ocupa el segundo lugar en las estadísticas de muertes violentas per cápita en el mundo. El día a día de la economía de la familia venezolana se ve afectada por la inflación más alta del mundo y niveles de desabastecimiento de productos y en consecuencia de servicios básicos sin precedentes históricos para este país suramericano. Dos referencias claves para entender en su amplitud y gravedad la crisis venezolana actual son la carta convocatoria de la reunión del Consejo Permanente interpuesta por Luis Almagro Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como su subsecuente discurso, centro de la reciente discusión en el Consejo Permanente sobre la activación de la Carta Democrática Interamericana para el caso venezolano. Almagro expone en estos documentos la “alteración del orden constitucional y como la misma afecta gravemente el orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela”. Almagro incluye igualmente el tema de la crisis alimentaria y humanitaria en el sector salud en Venezuela, como parte de los hechos alegados en la discusión que justificaría la activación de un diálogo sobre el estado de la democracia en Venezuela en el marco de la normativa estipulada en la Carta Democrática Interamericana. Cabe destacar, que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en el primer semestre de 2016 al menos 3.507 protestas. Un promedio de 19 protestas diarias en todo el territorio nacional. El saldo en el mes de junio representa un incremento de 24% en comparación con las protestas documentadas en los primeros seis meses de 2015. En los primeros seis meses del año en curso, el OVCS documentó 3.507 protestas, caracterizadas por: Protestas populares, protestas masivas, protestas espontáneas, protestas por alimentos, servicio de agua potable y electricidad, además de protestas nocturnas en todo el territorio nacional. Estas manifestaciones han generado enfrentamientos con la fuerzas del orden público, sobre las cuales, la CIDH se pronunció en los siguientes términos: “La CIDH expresa su profunda preocupación por los hechos de violencia y tensión derivados de este contexto de escasez de alimentos y medicinas en Venezuela. En dicho contexto han proliferado grupos especuladores conocidos popularmente como “bachaqueros”, hechos de corrupción, enfrentamientos entre particulares, saqueos de tiendas y centros comerciales y violencia ejercida en el marco de las distintas manifestaciones que han venido ocurriendo de forma espontánea, y actos de protesta social… En el contexto de protestas contra la inflación y la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos, se habrían registrado enfrentamientos de manifestantes con la fuerza pública en los que habrían resultado personas muertas y heridas. La Comisión reitera que el uso de la fuerza en el contexto de una protesta social debe ser excepcional y debe estar regido por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La CIDH ha manifEstado su preocupación ante la declaración del Estado de excepción y emergencia económica en Venezuela en su comunicado de prensa del 1 de junio de 2016 y ha continuado realizando el monitoreo de dicha situación.” La organización Amnistía Internacional (AI) advirtió igualmente que el Estado de excepción declarado por el Gobierno de Nicolás Maduro el pasado mes de mayo "pone en mayor riesgo la frágil situación de los derechos humanos" en ese país. también señalan que Venezuela atraviesa una crisis grave, que afecta los derechos de la población, caracterizado por el desabastecimiento de alimentos y medicinas, los altos índices de homicidios y violencia, y el bajo nivel de generación eléctrica. En la víspera de la llamada “Toma de Caracas” a realizarse el 1 de septiembre del corriente ha recrudecido la persecución política contra miembros de la oposición venezolana. El más afectado ha sido el partido Voluntad Popular el cual declara ser víctima de una arremetida en su contra. A través de un vídeo esa organización argumenta que en los últimos tres días varios de sus miembros han sido objeto de acciones: “el primer día le revocan a Daniel Ceballos, ex alcalde de la ciudad de San Cristóbal, su arresto domiciliario y lo trasladan a la cárcel “26 de Julio”, el mismo día trasladan a Francisco Márquez y a Gabriel San Miguel a la cárcel de Tocuyito, un penal común, al siguiente día allanan la casa de Lester Toledo, diputado por el Estado Zulia, fueron a casa de Delson Guarate, alcalde de un municipio en el Estado Aragua, y recientemente, a solo 4 días de la convocatoria para la gran marcha del 1 de septiembre, ocurre la detención arbitraria del dirigente Yon Goicoechea”. Sobre este último, la prensa reporta el día de hoy que Goicochea no ha tenido acceso hasta el momento a abogados ni familiares. Otras medidas de amedrentamiento, señala un Comunicado de la Secretaría General de la OEA, incluyen: “la orden de aprehensión contra el Alcalde Warner Jiménez, el acoso a la sede de Voluntad Popular, la detención de Carlos Melo, traslado de Raúl Baduel y Alexander Tirado a la cárcel de alta peligrosidad 26 de julio, retención de la Diputada María Hernández...”. El comunicado concluye haciendo un llamado en defensa de los derechos humanos en Venezuela:” Particularmente se llama al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a permitir, en el más amplio marco de libertad y de garantías ciudadanas, las manifestaciones de la expresión popular y a evitar medidas que puedan alentar la violencia y generar climas de confrontación, tales como la programación en el mismo día de marchas y manifestaciones pro gubernamentales.” Nota: ver documento original en los anexos. Los enlaces del documento base están activos para su referencia, podemos enviar aparte a solicitud.
Caracas, August 30 of 2016
1889 F Street, N.W. Washington, D.C. 20006 U.S.-
Subject: Urgent alert to the potential impact of political and civil rights as a result of political repression at scheduled protest demonstrations and of a spontaneous nature, due to happening in Venezuela in protest of the political, social, economic and humanitarian crisis We are writing to you on behalf of Justicia Internacional, an organization dedicated to the defense of human rights, with the aim of requesting your urgent attention and timely pronouncement regarding the protection of political and civil rights of the Venezuelan people, given the increase in protests and manifestations that have been occurring as a result of the political, economic and humanitarian crisis that the country is experiencing and the political persecution and repression that has affected citizens of that country, in addition to the alarming situation of violation of human rights of which they have been victims on several occasions the Venezuelan citizens. It is the duty of the IACHR to take precautionary measures, since, given the acts of repression by State agencies on different occasions, as well as violent attacks by armed groups against some citizens during scheduled and spontaneous peaceful protests, It is necessary and opportune for the IACHR to take measures in this regard, because events of this type could occur in the coming days. The purpose of this letter is to activate mechanisms for the protection of human rights. In accordance with Article 41 and 44 of the American Convention on Human Rights that instruct the IACHR regarding the protection mechanisms that give authority to any person, group of persons or non-governmental organizations to direct petitions and other communications, including letters with urgent warnings about the potential violation of a protected right within the framework of the American Convention (article 44) or through the universal system of human rights.
Caracas, Agosto 30 del 2016
1889 F Street, N.W.
Asunto: Alerta urgente ante potencial afectación de derechos políticos y civiles como consecuencia de represión política ante manifestaciones de protesta programadas y de carácter espontáneo por suceder en Venezuela en protesta por la crisis política, social, económica y humanitaria
Nos dirigimos a ustedes en nombre de Justicia Internacional, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, con el objeto de solicitar su atención urgente y pronunciamiento oportuno en materia de protección de derechos políticos y civiles del pueblo venezolano, ante el incremento de las protestas y manifestaciones que han venido ocurriendo como consecuencia de la crisis política, económica y humanitaria que vive el país y la persecución y represión política que ha afectado a ciudadanos de ese país, además de la alarmante situación de violación de derechos humanos de la que han sido víctimas en diversas ocasiones los ciudadanos venezolanos.
Es deber de la CIDH tomar medidas de precaución, ya que, vista las actuaciones de represión por parte de organismos del Estado en distintas ocasiones, así como ataques violentos por parte de grupos armados contra algunos ciudadanos durante las manifestaciones pacíficas de protesta programadas y espontáneas, siendo necesario y oportuno que la CIDH tome medidas al respecto, en virtud de que podrían ocurrir hechos de este tipo en días venideros.
La presente misiva tiene como objeto activar mecanismos de protección de los derechos humanos. De conformidad con el artículo 41 y 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos que instruyen a la CIDH en cuanto a los mecanismos de protección que dan potestad a cualquier persona, grupo de personas u organizaciones no gubernamentales a dirigir peticiones y otro tipo de comunicaciones, incluyendo misivas con alertas urgentes sobre la potencial violación de un derecho protegido en el marco de la Convención Americana (artículo 44) o por el sistema universal de los derechos humanos.
No es secreto, que el Estado venezolano ha demostrado una conducta sistemática de violación de derechos humanos vinculados a mecanismos de represión política. Se observan repetidas violaciones al derecho a la manifestación política, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, así como violaciones a la participación política, a la libre expresión del pensamiento, a la libertad y objeción de conciencia, entendiendo que el ejercicio de estos derechos deben ser ponderados en relación con otros derechos, como lo son el derecho a la vida, a la integridad física y al libre tránsito por el territorio nacional.
El carácter reincidente de la represión política, corroborado por acciones de similitud evidente en el tiempo, y dada su expansión geográfica en todo el territorio nacional, demuestran el carácter intimidatorio, protagónico y de premeditación que ha observado el Estado venezolano ante la expresión de miembros de la oposición política al gobierno sea este en procesos electorales, actos de protesta, o actos de expresión política consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Es importante destacar que los Estados deben adoptar medidas para promover, mantener y fortalecer el pluralismo, la tolerancia y una actitud abierta con respecto a la disensión en la sociedad, y de igual forma deben respetar y proteger por igual a los que expresan opiniones divergentes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 21 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 15, reconocen el derecho de reunión pacífica y sin armas.
La necesidad de defender de forma colectiva el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la protesta y el derecho a revocar electoralmente al gobierno venezolano, tal como lo establece su propia Constitución, además de distinguir a la población venezolana en su totalidad como beneficiario de las acciones que solicitamos en este documento se establece en la medida que la represión política exige protección de derechos universales que afectan, con carácter urgente y en forma inmediata a la población venezolana.
En los medios de comunicación de Venezuela y del mundo, en distintos reportes, investigaciones y estudios de profesionales y organizaciones no gubernamentales (ONGs) dedicadas al tema de los derechos humanos, entre otros, se encuentran numerosas referencias a hechos que demuestran la gravedad, amplitud y el alcance de la represión política en Venezuela, asi como su carácter sistemático y/o generalizado. Estos hechos, discutidos brevemente en el anexo a continuación y presentados en mayor detalle en su respectiva documentación, están relacionados con una serie de eventos y períodos emblemáticos de la historia reciente de Venezuela, a saber: la crisis postelectoral de las elecciones presidenciales del 2013; la masacre del 12 de febrero del 2014 y las manifestaciones subsecuentes de los años 2014-2015; elecciones parlamentarias de diciembre del 2015; y las manifestaciones por la crisis política, economica y humanitaria del año en curso.
Queremos agradecerle de antemano por su buena pro con respecto a esta iniciativa en defensa de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos.
Conociendo igualmente la obligación de la CIDH de actuar respecto a tales peticiones y comunicaciones de conformidad con el inciso “f” del articulo 41 previamente citado, pasamos a alertar a la Comisión sobre las potenciales afectaciones a derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos ante el aumento de la protesta ciudadana y la manifestación pacífica en Venezuela ante la crisis política, económica y humanitaria que vive ese país en virtud de las actuaciones de los organismos del Estado venezolano en materia de represión política, y en consecuencia solicitamos a CIDH realice labores de monitoreo y observancia de la protesta pacífica convocada por los distintos factores de oposición para este 1º de septiembre del presente año.
Como se puede apreciar en la breve cronología anexa que describe la relación entre la protesta y la represión política en fechas recientes en Venezuela, tanto el carácter de la conducta, como las violaciones sistemáticas por parte de los distintos cuerpos de seguridad del Estado venezolano, justifican esta carta de alerta con motivo de las movilizaciones a realizarse el 1º de septiembre, organizadas por la oposición al gobierno, con el objeto de alertar a la CIDH sobre esta situación y solicitar que el Estado venezolano tome medidas que permitan proteger los derechos consagrados en la Constitución y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, en materia de protección de derechos humanos, y específicamente sobre los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos. Dado el patrón de conducta observado por parte del Estado venezolano y su carácter violatorio de los derechos antes mencionados. Solicitamos que las acciones de protección sean de carácter colectivo en la medida que la represión política no ha distinguido grupo o región en específico. Igualmente, la represión política ha mostrado un carácter sistemático que se ha venido radicalizando en el tiempo.
Así mismo y de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, y su artículo 44 solicitamos a la CIDH cumpla con el mandato de velar por los derechos humanos, y exhorte al gobierno venezolano a que cumpla con su obligación de garantizar el respeto e integridad de las personas que ejerzan el derecho a la manifestación pacífica, así como velar por las garantías individuales.
Sin nada más que comunicarle, en nombre de Justicia Internacional, me despido atentamente, su servidor,
Omar Arenas Pérez
Abogado Internacionalista- Justicia Internacional
www.JusticiaInternacional.org
Tlf: +1(650)8140730 (Directo)
Tlf: +1(650)3181852 (Whatsapp)
Anexo: El Derecho a la Manifestación Pacífica y la Represión Política en Venezuela
Crisis Post-elecciones presidenciales del 2013
La referencia a la represión política post-elecciones presidenciales del 2013 no sólo es importante por la desmesurada violencia estatal observada en ese momento. Más importante aún es el hecho que esta represión se considera el origen de un patrón de conducta, de un proceso sistemático de represión estatal observado hasta la fecha el cual ha sido objeto de denuncias por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional de la Haya. El documento anexo “La Masacre del 12 de Febrero o del Día de la Juventud”, presenta en mayor detalle los hechos acontecidos durante las protestas ocurridas en el período post electoral de la elección presidencial del 2013. Igualmente, discute su relación con otro hecho emblemático que marcó el inicio de una nueva etapa de represión: La Masacre del 12 de Febrero del 2014.
Masacre del 12 de febrero y manifestaciones subsiguientes
El 12 de Febrero del año 2014, día de la juventud en Venezuela mueren dos estudiantes en manifestaciones en Caracas a manos de miembros de la fuerza pública. En los meses posteriores las cifra de muertos en manifestaciones llegaron a 43 en el 2014. Estas muertes formaron parte de una ola de represión sin precedentes en Venezuela y el mundo, cuyo saldo para finales de año fue de magnitud alarmantes. Para finales del 2014, el Foro Penal Venezolano, una ONG que ha tenido una actuación destacada en la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos, observaba que desde el 4 de febrero a la fecha, se habían realizado 3408 detenciones en Venezuela relacionadas con las manifestaciones ocurridas desde el día de la juventud, dentro de los cuales se encuentran 2576 estudiantes y 279 menores de edad o adolescentes, indicando: “El Foro Penal ha observado y compartido con representantes de la ONU que esta cifra de detenidos por manifestaciones podría ser la más alta del mundo en un país donde no hay guerra o conflicto armado, más aún si se analiza por número de habitantes. Muy seguramente es la mayor cantidad de estudiantes detenidos por protestar en la historia”.
Para mayo del 2016, la misma ONG afirmaba: “Desde enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2016, ha registrado 5.853 detenciones, arrestos o encarcelaciones vinculadas con diferentes manifestaciones, por expresiones en redes sociales, y protestas por escasez de alimentos, recortes eléctricos programados y falta de agua, contra el gobierno en Venezuela. Actualmente, 1.998 personas se encuentran con medidas restrictivas a su libertad y bajo procesos judiciales, y 96 se mantienen tras las rejas y 20 personas detenidas en Aroa, Estado Yaracuy, que a pesar de haber sido decretada su liberación bajo anza, el 9 de junio de 2016, se encuentran todavía encarceladas por irregularidades procesales.”El documento anexo “Reporte sobre la Represión Política Reporte sobre la Represión del Estado Venezolano Enero 2014 - Junio 2016” contiene un descripción detallada de los hechos de represión alegados para este período emblemático en relación a la persecución y represión política en Venezuela.
Elecciones parlamentarias Diciembre 2015
La violencia se ha convertido en una práctica habitual en los procesos electorales venezolanos donde entes paramilitares y grupos armados embisten de forma violenta contra los ciudadanos que se expresan electoralmente, muchas veces infringiendo daño a la integridad física de ciudadanos indefensos, estos grupos armados, afectos al gobierno, portan armas de fuego de alto calibre, y en ocasiones las utilizan para amedrentar a candidatos y a sus seguidores, durante actos y campañas electorales, también se han presentado situaciones de violencia, al igual que en visitas y asambleas ciudadanas programadas en distintos puntos del país. La falta de pronunciamientos condenatorios y denuncia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la complacencia de los entes policiales y otros organismos encargados del orden público ante estos hechos que amenazan derechos fundamentales como la libre expresión política, la participación ciudadana y el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, debe ser no sólo condenada sino denunciada por toda misión electoral ajustada a la observación electoral garante del respeto y normal funcionamiento de los principios fundamentales de derechos humanos.
El 25 de noviembre del 2015 fue asesinado el dirigente del partido Acción Democrática Luis Manuel Díaz en un acto electoral en Altagracia de Orituco. La OEA, Unasur y Amnistía Internacional condenaron el hecho y llamaron a que se hiciera una investigación independiente. Desde el punto de vista de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el asesinato de Díaz sería la epítome de una serie de ataques violentos presuntamente perpetrados por grupos afectos al gobierno a distintas actividades de campaña opositoras a lo largo del país durante esa campaña electoral. Los hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones, no sólo son un aspecto de preocupación en la etapa pre-electoral. Experiencias previas, como el caso de la elección presidencial del 2013 previamente citado, sugieren que el sistema de monitoreo electoral internacional y de derechos humanos debe ser vigilante en cuanto al uso del amedrentamiento y la amenaza a la integridad física durante el mismo proceso de elección y la etapa post-electoral, así como en distintos actos y recorridos de carácter político.
Manifestaciones en relación a la crisis humanitaria a finales 2015-2016
La crisis que originó las protestas del 2014 recrudece hacia finales del 2015. Hoy por hoy Venezuela vive una crisis social, política y económica de considerable magnitud. La lucha por el poder en Venezuela se ha traducido en una crisis política y de derechos humanos conocida ampliamente por la comunidad internacional. Hoy por hoy Venezuela ocupa el segundo lugar en las estadísticas de muertes violentas per cápita en el mundo. El día a día de la economía de la familia venezolana se ve afectada por la inflación más alta del mundo y niveles de desabastecimiento de productos y en consecuencia de servicios básicos sin precedentes históricos para este país suramericano.
Dos referencias claves para entender en su amplitud y gravedad la crisis venezolana actual son la carta convocatoria de la reunión del Consejo Permanente interpuesta por Luis Almagro Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como su subsecuente discurso, centro de la reciente discusión en el Consejo Permanente sobre la activación de la Carta Democrática Interamericana para el caso venezolano. Almagro expone en estos documentos la “alteración del orden constitucional y como la misma afecta gravemente el orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela”. Almagro incluye igualmente el tema de la crisis alimentaria y humanitaria en el sector salud en Venezuela, como parte de los hechos alegados en la discusión que justificaría la activación de un diálogo sobre el estado de la democracia en Venezuela en el marco de la normativa estipulada en la Carta Democrática Interamericana.
Cabe destacar, que el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en el primer semestre de 2016 al menos 3.507 protestas. Un promedio de 19 protestas diarias en todo el territorio nacional. El saldo en el mes de junio representa un incremento de 24% en comparación con las protestas documentadas en los primeros seis meses de 2015. En los primeros seis meses del año en curso, el OVCS documentó 3.507 protestas, caracterizadas por: Protestas populares, protestas masivas, protestas espontáneas, protestas por alimentos, servicio de agua potable y electricidad, además de protestas nocturnas en todo el territorio nacional. Estas manifestaciones han generado enfrentamientos con la fuerzas del orden público, sobre las cuales, la CIDH se pronunció en los siguientes términos: “La CIDH expresa su profunda preocupación por los hechos de violencia y tensión derivados de este contexto de escasez de alimentos y medicinas en Venezuela. En dicho contexto han proliferado grupos especuladores conocidos popularmente como “bachaqueros”, hechos de corrupción, enfrentamientos entre particulares, saqueos de tiendas y centros comerciales y violencia ejercida en el marco de las distintas manifestaciones que han venido ocurriendo de forma espontánea, y actos de protesta social… En el contexto de protestas contra la inflación y la escasez de alimentos, medicinas y otros bienes básicos, se habrían registrado enfrentamientos de manifestantes con la fuerza pública en los que habrían resultado personas muertas y heridas. La Comisión reitera que el uso de la fuerza en el contexto de una protesta social debe ser excepcional y debe estar regido por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La CIDH ha manifEstado su preocupación ante la declaración del Estado de excepción y emergencia económica en Venezuela en su comunicado de prensa del 1 de junio de 2016 y ha continuado realizando el monitoreo de dicha situación.”
La organización Amnistía Internacional (AI) advirtió igualmente que el Estado de excepción declarado por el Gobierno de Nicolás Maduro el pasado mes de mayo "pone en mayor riesgo la frágil situación de los derechos humanos" en ese país. también señalan que Venezuela atraviesa una crisis grave, que afecta los derechos de la población, caracterizado por el desabastecimiento de alimentos y medicinas, los altos índices de homicidios y violencia, y el bajo nivel de generación eléctrica.
En la víspera de la llamada “Toma de Caracas” a realizarse el 1 de septiembre del corriente ha recrudecido la persecución política contra miembros de la oposición venezolana. El más afectado ha sido el partido Voluntad Popular el cual declara ser víctima de una arremetida en su contra. A través de un vídeo esa organización argumenta que en los últimos tres días varios de sus miembros han sido objeto de acciones: “el primer día le revocan a Daniel Ceballos, ex alcalde de la ciudad de San Cristóbal, su arresto domiciliario y lo trasladan a la cárcel “26 de Julio”, el mismo día trasladan a Francisco Márquez y a Gabriel San Miguel a la cárcel de Tocuyito, un penal común, al siguiente día allanan la casa de Lester Toledo, diputado por el Estado Zulia, fueron a casa de Delson Guarate, alcalde de un municipio en el Estado Aragua, y recientemente, a solo 4 días de la convocatoria para la gran marcha del 1 de septiembre, ocurre la detención arbitraria del dirigente Yon Goicoechea”. Sobre este último, la prensa reporta el día de hoy que Goicochea no ha tenido acceso hasta el momento a abogados ni familiares. Otras medidas de amedrentamiento, señala un Comunicado de la Secretaría General de la OEA, incluyen: “la orden de aprehensión contra el Alcalde Warner Jiménez, el acoso a la sede de Voluntad Popular, la detención de Carlos Melo, traslado de Raúl Baduel y Alexander Tirado a la cárcel de alta peligrosidad 26 de julio, retención de la Diputada María Hernández...”. El comunicado concluye haciendo un llamado en defensa de los derechos humanos en Venezuela:” Particularmente se llama al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a permitir, en el más amplio marco de libertad y de garantías ciudadanas, las manifestaciones de la expresión popular y a evitar medidas que puedan alentar la violencia y generar climas de confrontación, tales como la programación en el mismo día de marchas y manifestaciones pro gubernamentales.”
Nota: ver documento original en los anexos. Los enlaces del documento base están activos para su referencia, podemos enviar aparte a solicitud.

References: artículo 41
 artículo 21
 artículo 15
 artículo 44
 artículo 41
 artículo 21
 artículo 15
 artículo 44