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Timestamp: 2017-10-18 07:31:45+00:00

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Sinopsis del estatuto de Autonomía de Castilla y León
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Sinopsis del Estatuto de Castilla y León
I) RÉGIMEN PREAUTONÓMICO:
Por Real Decreto Ley 20/1978, de 13 de Junio, se aprueba el Régimen Preautonómico para Castilla y León. En el mismo no se establece un ámbito territorial claramente determinado y delimitado como en los demás. En un primer momento define un ámbito potencial de la actuación de la Institución Preautonómica sobre la base de las nueve provincias que actualmente conforman la Comunidad a las que se unen La Rioja y Cantabria. La decisión de constituir una Comunidad Autónoma no es sin embargo todavía definitiva en este momento como se observa en el artículo 2 del Real Decreto Ley, que dice: "1.- El Consejo General de Castilla y León tiene personalidad jurídica plena en base a la organización de las Provincias de Ávila, Burgos, Palencia, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. En todo caso ello no prejuzga la futura organización de las once provincias bajo alguna de las modalidades que la Constitución establece. 2.- La incorporación de cada una de estas provincias al Consejo General se decidirá con arreglo al procedimiento previsto en la Disposición Transitoria Primera."
Por Acuerdo del Pleno del Consejo General de Castilla y León, de 26 de Octubre de 1979 (Sesión Extraordinaria celebrada en Palencia), se ejercita la iniciativa autonómica en Castilla y León por la vía del Artículo 143 de la Constitución. (BOCGCyL, de 1 de Noviembre).No obstante, se alcanza asimismo un acuerdo de todas las fuerzas políticas de carácter provincial de Santander y Logroño con representación parlamentaria para acceder a la Autonomía Uniprovincial de las Comunidades Autónomas de Cantabria y La Rioja, que finalmente no se incorporaron a la Comunidad de Castilla y León.
La Disposición Transitoria Séptima del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su redacción original regulaba la incorporación de provincias limítrofes a la Comunidad de Castilla y León, si bien esta provisión no terminó llevándose a efecto.
II) ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA:
La Asamblea de Diputados Nacionales, Senadores y miembros de las Diputaciones Provinciales, en su sesión de 7 de Julio de 1982, aprueba el Proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que es publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de 24 de Julio de 1982.
No obstante, el Proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla y León se encontraba en fase de Dictamen de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados cuando se produce la disolución de las Cortes Generales por Real Decreto 2057/1982, de 27 de Agosto.
Por Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales - Congreso de los Diputados, de 3 de Diciembre de 1982, se vuelve a tener por presentado el Proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Durante su tramitación parlamentaria cabe destacar, por su importancia en la configuración territorial, lo manifestado en el Informe de la Ponencia (Boletín Oficial de las Cortes Generales - Congreso de los Diputados, n.º 3-I):
"Con carácter previo al estudio de las enmiendas, debe quedar constancia en el Informe de la manifestación de los representantes del Grupo Parlamentario Popular sobre diversos aspectos del proceso autonómico en la futura Comunidad Autónoma de Castilla y León. Los representantes del Grupo Parlamentario Popular piden que figuren expresamente las siguientes consideraciones:
1.ª El apoyo del Grupo Parlamentario Popular a la petición de los Diputados señores Fraile Poujade y Gila González sobre la provincia de Segovia.
2.ª Los representantes en la Ponencia del Grupo Parlamentario Popular entienden que los acuerdos de la Diputación de León y de los Ayuntamientos de la provincia de Burgos en el sentido de reconsiderar la iniciación del proceso autonómico, debe llevar consigo la suspensión de los trámites parlamentarios del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Hechas estas manifestaciones, los ponentes que representan al Grupo Parlamentario Socialista dejan expresa constancia de su opinión contraria a lo manifestado por los representantes del Grupo Parlamentario Popular y de que el interés de la región exige la continuación de los trámites parlamentarios del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León."
La aprobación final se produce por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de Febrero, y aprobación por motivos de interés nacional de la Ley Orgánica 5/1983, de 1 de Marzo, de aplicación del Artículo 144.c) de la Constitución a la provincia de Segovia.
Con carácter general se puede destacar del Estatuto de Autonomía lo siguiente:
1.- Ámbito territorial: Nueve provincias (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora).
2.- Instituciones Básicas: Cortes, Presidente de la Junta y Junta de Castilla y León.
3.- Elección de Procuradores: la circunscripción electoral es la Provincia, asignándose a cada una un mínimo de tres Procuradores y uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500.
En la actualidad la Cámara la componen 83 Procuradores, distribuidos de la forma siguiente: Ávila: 7; Burgos: 11; León: 14; Palencia: 7; Salamanca: 11; Segovia: 6; Soria: 5; Valladolid: 15; y Zamora: 7.
III) JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
Existen cuantiosa jurisprudencia constitucional que afecta a la legislación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y que interpreta diversos preceptos de su Estatuto. Podemos destacar tres Sentencias que se dictan al hilo de recursos de inconstitucionalidad contra algunos de sus preceptos.
- Sentencia del Tribunal Constitucional 89/1984, de 28 de Septiembre, BOE n.º 261. (Ley Orgánica 4/1983, de 25 de Febrero, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León). En la misma se resuelve un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 54 Senadores que esgrimen la inconstitucionalidad del Estatuto al haber incumplido el artículo 146 de la Constitución, relativo a la legitimidad para promover el proceso autonómico. Ello se debía, a juicio de los recurrentes, a que la Diputación Provincial de León había retirado su consentimiento a formar parte de la nueva Comunidad Autónoma, a pesar de lo cual la LO 4/1983 había incluido esta provincia dentro del ámbito territorial de Castilla y León. El Alto Tribunal desestima el recurso alegando que el requisito de legitimación debía darse en el momento inicial del proceso de constitución de la autonomía, por lo que la retirada de la iniciativa, una vez había comenzado a ser tramitada por las Cortes Generales, no implicaba necesariamente un cambio en el mapa de la región.
- Sentencia del Tribunal Constitucional 100/1984, de 8 de Noviembre, BOE n.º 285. (Ley Orgánica 5/1983, de 1 de Marzo, de aplicación del Artículo 144.c) de la Constitución a la provincia de Segovia). El recurso de inconstitucionalidad se dirige contra la inclusión de Segovia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León ya que estiman que la forma de inclusión de esta provincia incumple lo dispuesto en el artículo 144. Ello se debe a que el 31 de julio la Diputación Provincial había acordado impulsar su constitución como Constitución uniprovincial, si bien posteriormente 179 municipios que representaban el 87,7% de lo totales y el 56,69% de su población censada solicitaron su integración en Castilla y León. El Tribunal Constitucional resuelve desestimando el recurso al considerar válido el proceso de adhesión a la nueva autonomía.
- Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1986, de 11 de Julio, BOE n.º 175, contra la Disposición Transitoria Séptima, apartado 3, de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de Febrero, del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. La Sentencia resuelve dos recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno y el Parlamento Vasco contra el precepto del Estatuto de Autonomía que regula la posible adhesión del Condado de Treviño a la provincia de Álava y, por lo tanto, al País Vasco. En concreto, se exige una mayoría de dos terceras partes de los componentes de los Ayuntamientos interesados y parecer favorable de LA Junta de Castilla y León. Por el contrario, la Ley Orgánica 3/1979, de Estatuto de Autonomía del País Vasco, exigía tan solo la mayoría simple del Ayuntamiento e informe preceptivo, que no vinculante, de la Junta de Castilla y León. El Tribunal Constitucional de nuevo se pronuncia a favor de la constitucionalidad del Estatuto al concluir que la regulación del procedimiento de segregación del Condado de Treviño correspondía realizarla al Estatuto de Castilla y León (región en la que estaba el enclave, por corresponder a la provincia de Burgos) y no al del País Vasco.
IV) REFORMAS DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA:
Acuerdo de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por el Pleno de las Cortes el día 23 de junio de 1988:
Transcurrido el plazo de cinco años establecido en el Artículo 148.2 de la Constitución, se propone la modificación de los Artículos 27, 28 y 29, incrementando las competencias legislativas y de ejecución en las materias siguientes: medio ambiente y conservación de la naturaleza, comercio interior, promoción industrial, Administración Local y publicidad y espectáculos, aprovechamientos hidráulicos de la cuenca del Duero, denominaciones de origen, enseñanza, medios de comunicación social, casinos, juegos y apuestas y Corporaciones de Derecho Público y asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Asimismo se atribuían competencias sólo ejecutivas en las siguientes materias: fundaciones, propiedad industrial, planes de reconversión y reindustrialización, cooperativas, trabajo y empleo, servicios de la Seguridad Social y ordenación farmacéutica.
Remitido el Acuerdo de reforma al Congreso de los Diputados, se publicó el 17 de enero de 1989 (BOCG. Congreso de los Diputados, III Legislatura, serie E-núm.158). Al finalizar la III Legislatura sin haber sido tramitada, la iniciativa se trasladó a la IV Legislatura (BOCG. Congreso de los Diputados, IV Legislatura, serie E, núm. 2, de 27 de noviembre de 1989). Durante esta IV Legislatura, la propuesta de reforma tampoco llegó a tramitarse, por lo que fue de nuevo trasladada a la Vª (BOCG. Congreso de los Diputados, V Legislatura, serie A, núm. 1), durante la cual fue, finalmente, retirada
Proposición de Reforma aprobada por Ley Orgánica 11/1994, de 24 de Marzo:
Con relación a esta propuesta de Reforma se hace preciso indicar que, transcurrido el cambio de Legislatura en las Cortes Generales y debido a los Acuerdos Autonómicos de 28 de Febrero de 1992, las Cortes de Castilla y León aprobaron la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en Sesión Plenaria de 31 de Marzo de 1993.
Ante esta diversidad de propuestas de Reforma de Estatutos de Autonomía (Reforma de 1988 antes citada que no se había tramitado aún), y de acuerdo con la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre procedimiento a seguir para la tramitación de Reformas de Estatutos de Autonomía, y en cumplimiento de lo que dispone su Norma Decimosexta, Apartado Tercero, que establece: "Los Parlamentos Autonómicos que hubiesen remitido a la Cámara una Propuesta de Reforma de Estatuto que al aprobarse la presente Resolución se encontrase pendiente de tramitación, podrán optar entre el mantenimiento de aquella Propuesta o la presentación de un nuevo texto, a cuyo efecto la Mesa de la Cámara remitirá a los mismos la pertinente comunicación." El Parlamento de Castilla y León, en Sesión Plenaria n.º 36, de 31 de Marzo de 1993, ejercitó la opción de la nueva Propuesta de Reforma de Estatuto de Autonomía aprobada en esta misma Sesión Plenaria.
Esta reforma incorpora nuevas competencias de desarrollo normativo y de ejecución incluidas en los Acuerdos Autonómicos de 28 de Febrero de 1992, asumiendo las competencias que la Ley Orgánica 9/1992, de 22 de Diciembre, había transferido a la Comunidad Autónoma.
Proposición de Reforma aprobada por Ley Orgánica 4/1999, de 8 de Enero:
Aspectos importantes de la Reforma:
1. Supresión de la limitación de los periodos ordinarios de Sesiones a 120 días al año, por lo que se establece, al igual que en las Cámaras Legislativas, dos periodos de Sesiones: entre Septiembre y Diciembre el primero; y entre Febrero y Junio el segundo. Se incluye la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos.
2. Inclusión de nuevas facultades del Presidente de la Junta de Castilla y León:
- Disolución anticipada de las Cortes.
- Supresión de la limitación del número de Consejerías
3. Creación de Instituciones Autonómicas
- Procurador del Común.
- Consejo de Cuentas
Propuesta de Reforma aprobada por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre:
El 29 de noviembre de 2006, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó con un voto en contra de los 79 asistentes, el texto de la tercera reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad. La propuesta de reforma fue remitida al Congreso de los Diputados para su tramitación ante as Cortes Generales. El Pleno del Congreso de 30 de octubre de 2007 aprobó la iniciativa (127/000008) por 299 votos a favor, ninguno en contra y 13 abstenciones; a continuación pasó al Senado, donde, el 21 de noviembre siguiente quedaba definitivamente aprobada también por una amplia mayoría de 250 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.
Esta tercera reforma ha pretendido reforzar la capacidad de autogobierno de la Comunidad, para ello ha incorporado algunas importantes novedades como la redacción de un preámbulo o el reconocimiento de los derechos sociales de los ciudadanos de Castilla y León, además de asumir nuevas competencias y reforzar el nivel competencial ya existente. Todo ello ha supuesto la modificación de la estructura del propio Estatuto, al introducir nuevos títulos y capítulos y cambiar algunos de los artículos existentes.
Aspectos importantes de la reforma son los siguientes:
1 Comunidad histórica y cultural
Primero el Preámbulo y después el artículo 1 definen a Castilla y León como una "comunidad histórica y cultural reconocida" que tiene su origen en los antiguos Reinos de León y de Castilla, y que se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la Constitución y del presente Estatuto de Autonomía. El artículo 5 dispone que la lengua castellana y el resto del patrimonio lingüístico de la Comunidad son objeto de especial protección y apoyo. Se da con ello un reconocimiento no solo al castellano como lengua común, sino al leonés, cuya especial protección será objeto de regulación, y al gallego, protegido en los lugares en que habitualmente se utilice.
2. Carta de derechos sociales
Una importante novedad es el Título I (arts. 7 al 18), de nueva factura, que bajo la denominación Derechos y principios rectores incluye un catálogo de derechos de los castellanos y leoneses, derechos de participación en los asuntos públicos y derechos de naturaleza social que vinculan a los poderes públicos de la Comunidad. Además, define los principios rectores que han de orientar las políticas públicas de la Castilla y León y da cuerpo jurídico a la idea de un Estatuto de autonomía no sólo como norma institucional básica sino como garante de los derechos y principios ahora reconocidos. Al respecto, hay que mencionar las novedades introducidas en la regulación estatutaria del Procurador del Común de Castilla y León que hace el art. 18. Además del cambio de su ubicación sistemática en el texto, la principal modificación introducida por el mencionado artículo es la relativa al ámbito de actuación de la Institución, ya que describe su labor de protección y defensa más allá de los derechos fundamentales de los ciudadanos que antes contemplaba, extendiéndola ahora a todos los derechos constitucionales y a los derechos y principios reconocidos en el Estatuto. Dentro de este apartado habría que destacar la consagración que hace el Estatuto del diálogo social como uno de los principios rectores de la acción política del Gobierno de la Comunidad. Se prevé la creación del denominado Consejo del Diálogo Social, con el fin de institucionalizar la colaboración de la Junta con los agentes sociales (art. 16.4).
El Título II, ahora denominado Instituciones de autogobierno de la Comunidad, regula de forma más completa los mecanismos básicos del régimen parlamentario (Cortes, Presidente y Junta) e introduce un nuevo capítulo, dedicado al Poder Judicial en la Comunidad. Este capítulo abre el camino a la una futura transferencia de competencias en materia de justicia y, en concreto, su art. 42 posibilita la creación por ley del Consejo de Justicia de Castilla y León.
4. Reconocimiento y autonomía de los entes locales
También de nueva factura es el Titulo III, que regula la organización territorial y donde se describe un marco general para el desarrollo de la autonomía de los municipios, provincias y demás entes locales. En este sentido, el Estatuto introduce una reforma municipalista que propone un impulso de la autonomía local, mediante la transferencia y delegación de competencias de la Comunidad a los Ayuntamientos, Diputaciones y otros entes locales, ejercicio condicionado a la participación de éstos en los ingresos de la Comunidad. El artículo 46 después de definir a las comarcas, reconoce la pluralidad y singularidad de sus territorios, entre los que se encuentran realidades como la comarca del Bierzo. Por su parte, el artículo 51 dispone la creación del Consejo de Cooperación Local de Castilla y León, órgano de cooperación entre la administración regional y local , que permitirá a las entidades locales participar en la toma de decisiones del gobierno autonómico.
5. Relaciones de la Comunidad de Castilla y León
El Título IV, también de nueva incorporación, regula con mayor precisión las relaciones de cooperación con el Estado y con las demás Comunidades Autónomas, relaciones presididas por el principio de solidaridad y lealtad institucional. Al respecto, el artículo 59 contempla la creación de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado, organismo de composición paritaria y que se configura como el marco general de cooperación entre ambas partes. Además, se prevé la creación de mecanismos de relación de Castilla y León con las instituciones y órganos de la Unión Europea y de participación activa en todas aquellas cuestiones de la política europea del Estado que afecte a las competencias e intereses de la Comunidad Autónoma.
6. Nuevas competencias
El Titulo V adapta el nivel competencial de la Comunidad ampliándolo y perfilando con mayor precisión algunas de las materias más sensibles como la educación, la sanidad, la seguridad pública y la gestión del agua. Dentro de las nuevas competencias asumidas, destacan la posibilidad de crear una policía autonómica (art. 72) y las relacionadas con una ampliación de la responsabilidad de la Junta en la gestión de las aguas del Duero. La redacción del artículo 75 habla de competencia exclusiva cuando las aguas discurran íntegramente dentro del territorio de Castilla y León, en materia de proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos. Además, deberá emitir un informe preceptivo sobre cualquier decisión estatal que implique transferencia de aguas fuera del territorio de la Comunidad. En relación con la asunción de nuevas competencias y con los diversos debates de reforma estatutaria producidos consideramos de interés destacar el artículo 77.3, el cual dispone que las Cortes y la Junta de Castilla y León velarán por que el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto sea actualizado en términos de igualdad respecto de las demás Comunidades Autónomas.
El Estatuto consagra que la Comunidad Autónoma dispondrá de los recursos suficientes para atender de forma estable y permanente la gestión y el desarrollo de sus competencias. Incluye que el sistema de financiación autonómica deberá ponderar los factores de extensión territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población de Castilla y León. Aunque no le da nombre, el Estatuto reserva la posibilidad de crear un organismo para la gestión de tributos propios y cedidos (art. 86.3).
V) DESARROLLO LEGISLATIVO CON EXPRESIÓN DEL DERECHO VIGENTE, EN ESPECIAL CON SU ORGANIZACIÓN
En primer lugar, las normas que se refieren a la organización y al funcionamiento de las Instituciones de la Comunidad:
1º.- Régimen electoral:
Ley 3/1987, de 30 de Marzo, Electoral de Castilla y León:
El Artículo 11 del Estatuto de Autonomía regula la denominación de los miembros de las Cortes de Castilla y León, que será la tradicional de Procuradores y serán elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto mediante un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio.
El Artículo 20.a) de la Ley Electoral de Castilla y León señala que no se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción.
Las causas de inelegibilidad e incompatibilidad son, con carácter general, las mismas que las contempladas en el Artículo 7.2. de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Además se incluyen como causas de inelegibilidad las contempladas en el Artículo 3.2. de la Ley Electoral de Castilla y León: Los Secretarios Generales y Directores Generales de las Consejerías, y los asimilados a ellos; El Director General del Ente Público previsto en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y los Directores de sus Sociedades; Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobierno de la Nación; Los Parlamentarios de las Asambleas de otras Comunidades Autónomas y los miembros de las Instituciones Autonómicas que por mandato estatutario o legal deban ser elegidos por dichas Asambleas; Los miembros de los Consejos de Gobierno de las restantes Comunidades Autónomas, así como los cargos de libre designación de dichos Consejos; y quienes ejerzan funciones o cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero."
Todas las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad. Además de los comprendidos en el artículo 155.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, son también incompatibles los Parlamentarios Europeos y los miembros del Consejo de Administración del Ente Público a que se refiere el artículo 3.2 b) de la Ley Electoral de Castilla y León. Según regula el Artículo 7 de la Ley Electoral de Castilla y León, integran la Administración Electoral, la Junta Electoral Central, la Junta Electoral de Castilla y León, las Provinciales y de Zona, así como las Mesas Electoral.
Ley 4/1991, de 20 de marzo, de modificación de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, electoral de Castilla y León (BOCyL nº. 59, de 26 de marzo de 1991). Esta ley ha introducido algunos cambios en la legislación electoral de Castila y León, cambios que afectan, fundamentalmente, a la composición y competencias de la Junta Electoral de Castilla y León, al sistema de recursos ante la Administración electoral y al control y fiscalización de los gastos electorales y al modo de financiación de los partidos políticos.
2º Designación de Senadores:
Ley 7/1987, de 8 de mayo, por la que se regula el procedimiento de designación de Senadores representantes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL n.º 64, de 11 de Mayo de 1987). En la actualidad, de acuerdo con el número de habitantes, corresponde designar tres Senadores.
Ley 1/2000, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 7/1987, de 8 de mayo, por la que se regula el procedimiento de designación de Senadores representantes de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL nº. 48, de 9 de marzo de 2000). La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, operada por la Ley Orgánica 4/1999, de 8 de enero, modificó, entre otros aspectos, el régimen de los Senadores que han de representar a la Comunidad según lo previsto en el artículo 69.5 de la Constitución. En concreto, se eliminó la obligatoriedad de que dichos Senadores ostentaran la condición de Procuradores de las Cortes de Castilla y León. Esta circunstancia hizo necesario adaptar la Ley 7/1987 a la regulación referida.
3.º Reglamento de las Cortes de Castilla y León:
Aprobado por el Pleno de las Cortes de Castilla y León, en Sesión extraordinaria celebrada en el Alcázar de la ciudad de Segovia, el día 24 de Febrero de 1990. (BOCyL n.º 45, de 5 de Marzo de 1990). Modificado el Artículo 15.3.
El 11 de mayo de 2005 el Pleno de las Cortes aprobaba la Reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León. ( BOCyL nº 146, de 29 de julio de 2005). Las principales novedades residen, entre otras, en la ampliación de las sesiones plenarias, en la introducción de la iniciativa legislativa de los ciudadanos y Ayuntamientos, en la regulación de los trámites de control de la acción de gobierno, en la inclusión de la cuestión de confianza del Presidente de la Junta y en la ampliación de los derechos y deberes de los Procuradores.
4.º Ley de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León:
Ley 3/2001, de 3 de Julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL n.º 131 de 6 de Julio de 2001.) (Se modifica el artículo 84, por Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León)
5.º Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos:
Ley 4/2001, de 4 de Julio, reguladora de la iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León. (BOCyL n.º 132 de 9 de Julio de 2001).
6.º Procurador del Común:
Ley 2/1994, de 9 de marzo, de Procurador del Común de Castilla y León (BOCyL n.º 52, de 16 de Marzo de 1994).
Ley 11/2001, de 22 de noviembre, de Modificación de la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León.( BOCyL nº 231, de 28 de noviembre de 2001)
7.º Consejo de Cuentas:
Ley 2/2002, de 9 de Abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León (BOCyL n.º 76, de 22 de Abril de 2002).
8.º Consejo Consultivo:
Ley 1/2002, de 9 de Abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León. (BOCyL n.º 76 de 22 de Abril de 2002.) (Modificada por Ley 12/2005, de 27 de diciembre, reguladora del Estatuto de los ex Presidentes de Castilla y León)
9º Estatuto de los ex Presidentes de la Junta de Castilla y León:
Ley 12/2005, de 27 de diciembre, reguladora del Estatuto de los ex Presidentes de la Junta de Castilla y León (BOCyL nº. 249, suplemento, de 28 de diciembre de 2005) (Deroga el artículo 7.6 y modifica el 7.4 y la disposición adicional segunda de la Ley 1/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo Consultivo de Castilla y León).
En segundo lugar, las Leyes previstas en el Titulo Preliminar del Estatuto de Autonomía de Castilla y León:
1.º Ley de Sedes:
El Artículo 3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León dice:
"1. Una Ley de las Cortes de Castilla y León, aprobada por mayoría de dos tercios, fijará la sede o sedes de las instituciones de autogobierno.
2. La Junta de Castilla y León determinará la ubicación de los organismos o servicios de la Administración de la Comunidad, atendiendo a criterios de descentralización, eficacia y coordinación de funciones y a la tradición histórico-cultural."
Hasta la Segunda Legislatura no se produjo la aprobación de la Ley 13/1987, de 29 de Diciembre, por la que se determina la Sede de las Instituciones de Autogobierno de Castilla y León y la Ley 14/1987, de 29 de Diciembre, por la que se determina la Sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. (BOCyL n.º 5, de 11 de Enero de 1988). Además la Disposición Adicional Primera de la Ley 13/1987 dice que "Las Cortes de Castilla y León determinarán su ubicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo único, conforme al procedimiento establecido en su propio Reglamento. En tanto no se produzca dicha ubicación en la ciudad de Valladolid, se mantendrá como sede la actualmente establecida en el Castillo de Fuensaldaña."
El 19 de agosto de 2003 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León la resolución de la Presidencia por la que se anunciaba la licitación de las obras de construcción de la nueva sede del Parlamento en la ciudad de Valladolid, con un plazo de ejecución de 28 meses. La Mesa de las Cortes, en su reunión de 18 de febrero de 2004, procedió a la adjudicación del contrato de construcción.
2.º Comunidades situadas en otros territorios:
Ley 5/1986, de 30 de Mayo, de Comunidades Castellano-Leonesas asentadas fuera del territorio de la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL n.º 62, de 6 de Junio de 1986).
En tercer lugar, las Leyes que desarrollan el Estatuto de Autonomía, de entre las que destacan:
- Ley 7/1986, de 23 de Diciembre, de la Hacienda de la Comunidad de Castilla y León.(BOCyL n.º 151 de 29 de Diciembre de 1986. Corrección de errores BOCyL n.º 18, de 9 de Febrero de 1987) (Se deroga, salvo los artículos 122, 122 bis y 131, por Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León).
- Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales. (BOCyL n.º 5, de 9 de Enero de 1989. Corrección de Errores BOCyL n.º 22 de 1 de Febrero de 1989). (Se deroga el artículo 48.4, por Ley 2/2006, de 3 de mayo ,de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León).
- Ley 13/1990, de 28 de Noviembre, del Consejo Económico y Social. (BOCyL. n.º 241, de 14 de Diciembre de 1990. Corrección de errores BOCyL n.º 10, de 15 de Enero de 1991. Corrección de errores BOCyL n.º 46, de 6 de Marzo de 1991).
- Ley 1/1991, de 14 de Marzo, por la que se crea y regula la Comarca de El Bierzo. (BOCyL. n.º 55, de 20 de Marzo de 1991. Corrección de errores BOCyL n.º 59, de 26 de Marzo de 1991).
- Ley 7/1991, de 30 de Abril, por la que se regula el Fondo de Compensación Regional. (BOCyL n.º 100 de 28 de Mayo de 1991. Corrección de errores BOCyL n.º 103, de 31 de Mayo de 1991).
- Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema Sanitario. (BOCyL n.º 77, de 27 de Abril de 1993. Corrección de errores BOCyL n.º 81, de 3 de Mayo de 1993) (Se deroga lo indicado de los artículos 48, 51, 53 y 54, por Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León).
- Ley 10/1994, de 8 de julio, de museos de Castilla y León. (BOCyL n.º 135, de 13 de Julio de 1994. Corrección de errores BOCyL n.º 137, de 15 de Julio de 1994 y BCyL n.º 144, de 27 de Julio de 1994).
- Ley 21/1994, de 15 de diciembre, de creación de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León. (BOCyL n.º 243, de 20 de Diciembre de 1994. Corrección de errores BOCyL n.º 246, de 23 de Diciembre de 1994).
- Ley 1/1995, de 6 de abril, de Cámaras Agrarias de Castilla y León. (BOCyL n.º 71, de 12 de Abril de 1995. Corrección de errores BOCyL n.º 74, de 19 de Abril de 1995).
- Ley 2/1995, de 6 de abril, por la que se crea la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. (BOCyL n.º 71, de 12 de Abril de 1995. Corrección de errores BOCyL n.º 91, de 15 de Mayo de 1995).
- Ley 1/1996, de 27 de marzo, reguladora de la cuestión de confianza y de la facultad del Presidente de la Junta de disolución de las Cortes de Castilla y León.
- Ley 7/1996, de 3 diciembre, de creación del Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León. (BOCyL n.º 237, de 9 de Diciembre de 1996).
- Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y León. (BOCyL n.º 249, de 29 de Diciembre de 1997. Corrección de errores BOCyL n.º 32, de 17 de Febrero de 1998).
- Ley 1/1998, de 4 de Junio, de Régimen Local de Castilla y León. (BOCyL. n.º 109, de 11 de Junio de 1998. Corrección de errores BOCyL n.º 143, de de 29 de Julio de 1998 y BOCyL n.º 179, de 17 de Septiembre de 1998).
- Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL n.º 236 de 10 de Diciembre de 1998. Corrección de errores BOCyL n.º 223, de 18 de Noviembre de 1999). Se modifican los artículos. 16.1, 22.1 y 24.6 por la Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998.
- Ley 3/1999, de 17 de marzo, del Consejo Escolar de Castilla y León. (BOCyL n.º 59, de 29 de Marzo de 1999).
- Ley 4/1999, de 17 de marzo, de Investigación y Ciencia de Castilla y León. (BOCyL n.º 59, de 29 de Marzo de 1999).
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. (BOCyL n.º 70, de 15 de Abril de 1999).
- Ley 5/2001, de 4 de Julio, de Cajas de Ahorros de Castilla y León. (BOCyL n.º 132 de 9 de Julio de 2001.) (Se derogan determinados preceptos en cuanto se opongan y se modifica por Ley 6/2004, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León).
- Decreto 53/2002, de 4 de Abril, regulador del Fondo de Cooperación Local de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
- Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. (BOCyL n.º 86, de 8 de Mayo de 2002) (Se deroga los artículos 7, 8, 10, 11, 12 y 13.1, por Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León).
- Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León. (BOCyL n.º 139, de 19 de Julio de 2002. Corrección de errores BOCyL n.º 218, de 11 de Noviembre de 2002).
- Ley 12/2002, de 11 de Julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. (BOCyL n.º 139 de 19 de Julio de 2002. Corrección de errores BOCyL n.º 217, de 8 de Noviembre de 2002).(Modificada por Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002, de 11 de julio, del Patrimonio Cultural de Castilla y León).
- Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de fomento y coordinación general de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I) en Castilla y León. (BOCyL n.º 247, de 24 de Diciembre de 2002).
- Ley 1/2003, de 3 de marzo, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla y León. (BOCyL n.º 46, de 7 de Marzo de 2003).
- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León. (BOCyL n.º 65, de 4 de Abril de 2003).
- Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León. (BOCyL n.º 65, de 4 de Abril de 2003).
- Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León.
- Ley 10/2003, de 8 de abril, de creación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. (BOCyL n.º 71, de 14 de Abril de 2003.).
- Ley 12/2003, de 3 de octubre, de reforma de la Ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León. (BOCyL n.º 195, de 8 de Octubre de 2003.)
- Ley 6/2004, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León. (BOCyL nº. 245, suplemento, de 22 de diciembre de 2004) (Deroga determinados preceptos en cuanto se opongan y modifica la Ley 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorros de Castilla y León)
- Ley 7/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León. (BOCyL nº. 246, suplemento 3, de 23 de diciembre de 2004).( Modifica el artículo 47)
- Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 12/2002, de 11 de julio, del Patrimonio Cultural de Castilla y León. (BOCyL nº. 246, suplemento 3, de 23 de diciembre de 2004). (Añade la disposición adicional séptima).
- Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. (Deroga Ley de Ordenación de la Función Pública, texto refundido aprobado por Decreto legislativo autonómico 1/1990, de 25 de octubre) (BOCyL nº. 103, suplemento, de 31 de mayo de 2005).
- Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL nº. 88, de 9 de mayo de 2006)
- Ley 3/2006, de 25 de mayo, de creación del Instituto de la Juventud de Castilla y León. (BOCyL nº. 110, de 8 de junio de 2006)
- Ley 5/2006, de 16 de junio, de Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León y su Consejo General. (BOCyL nº 120, de 22 de junio de 2006)
- Ley 11/2006, de 26 de octubre, del patrimonio de la Comunidad de Castilla y León. (Deroga la Ley 6/1987, de 7 de mayo, de patrimonio de la Comunidad de Castilla y León) (BOCyL nº. 209, de 30 de octubre de 2006)
- Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de ordenación del territorio de la Comunidad de Castilla y León.(BOCyL nº. 241, suplemento, de 18 de diciembre de 2006)
Además, se han aprobado Leyes declarando diversos parques naturales y reservas naturales:
- Ley 1/1986, de 31 de Marzo, de creación de la Reserva Nacional de Caza de "Las Lagunas de Villafáfila". (BOCyL n.º 37 de 9 de Abril de 1986.).
- Ley 5/1989, de 27 de Junio, por la que se declara el Parque de las Hoces del río Duratón. (BOCyL n.º 131 de 10 de Julio de 1989. Corrección de errores BOCyL n.º 135, de 14 de Julio de 1989).
- Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL n.º 101, de 29 de Mayo de 1991. Corrección de errores BOCyL n.º 109, de 10 de Junio de 1991).
- Ley 12/1994, de 18 de Julio, de declaración del Parque Regional de Picos de Europa en Castilla y León. (BOCyL n.º 145 de 28 de Julio de 1994. Corrección de errores BOCyL n.º 151, de 5 de Agosto de 1994).
- Ley 7/1997, de 17 de Junio, de declaración de la Reserva Natural del Valle de Iruelas (Ávila). (BOCyL n.º 119, de 24 de Junio de 1997).
- Ley 4/2000, de 27 de Junio, de declaración del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia). (BOCyL n.º 129 de 5 de Julio de 2000).
- Ley 8/2000, de 11 de Julio, de declaración del Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca). (BOCyL n.º 140 de 19 de Julio de 2000).
- Ley 9/2000, de 11 de Julio, de declaración de la Reserva Natural de Sabinar de Calatañazor (Soria). (BOCyL n.º 140 de 19 de Julio de 2000).
- Ley 5/2002, de 11 de Abril, de Declaración de Parque Natural de Arribes del Duero (Salamanca-Zamora). (BOCyL n.º 79 de 26 de Abril de 2002)
- Ley 6/2002, de 11 de Abril, de Declaración de la Reserva Natural de Riberas de Castronuño-Vega del Duero (Valladolid). (BOCyL n.º 79 de 26 de Abril de 2002)
- Ley 5/2004, de 21 de diciembre, de declaración del Parque Natural de Hoces del Río Riaza (Segovia). (BOCyL nº. 245, suplemento, de 22 de diciembre de 2004)
- Ley 6/2006, de 5 de julio, de declaración de la Reserva Natural de Lagunas de Villafáfila (Zamora). (BOCyL nº 136, de 17 de julio de 2006)
- Ley 10/2006, de 14 de octubre, de declaración del Parque Natural de Montes Obarenes-San Zadornil (Burgos) (BOCy núm. 203, suplemento, de 20 de octubre de 2006.
Por último debemos diferenciar aquellas leyes que han sido aprobadas tras la reforma del Estatuto de Autonomía. En 2008 las Cortes de Castilla y León aprobaron 18 leyes, frente a las 11 de 2009 y las 20 de 2010. Todas ellas pueden ser consultadas en la página web del Parlamento autonómico. Podemos destacar aquellas leyes que más directamente desarrollan previsiones estatutarias:
- Ley 1/2008, de 27 de marzo, de modificación de la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León
- Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León
- Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo
- Ley 6/2008, de 15 de octubre, de modificación de la Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y León
- Ley 8/2008, de 16 de octubre, para la creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional
- Ley 8/2009, de 16 de junio, de transferencia de competencias entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales de Castilla y León
- Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública
- Ley 3/2010, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León
- Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León
Para ampliar esta información se puede consultar la bibliografía básica que se incorpora.
Sinopsis elaborada por: José Luis de María Peña, Letrado Mayor de las Cortes de Castilla y León. Diciembre, 2003.
Actualizada por el equipo de puesta al día del Portal de la Constitución, diciembre 2007.

References: Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Artículo 143
 Real Decreto 
 Artículo 144
 artículo 146
 Artículo 144
 artículo 144
 Artículo 148
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 46
 artículo 51
 artículo 59
 artículo 75
 artículo 77
 Artículo 11
 Artículo 20
 Artículo 7
 Artículo 3
 artículo 155
 artículo 3
 Artículo 7
 artículo 69
 Artículo 15
 artículo 84
 artículo 7
 Artículo 3
 resolución 
 artículo 48
 artículo 47