Source: http://smartleges.com/en/law-library/directiva-presidencial-3-de-1994-directiva-presidencial-responsabilidades-de-las-entidades-del-estado-en-el-desarrollo-de-la-estrategia-nacional-contra-la-violencia-quot-seguridad-para-la-gente-quo/2008166
Timestamp: 2019-04-24 09:01:30+00:00

Document:
Directiva Presidencial 3 de 1994, Directiva Presidencial RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA, "SEGURIDAD PARA LA GENTE", Versión 03/05/1994
DIRECTIVA PRESIDENCIAL RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA, "SEGURIDAD PARA LA GENTE"
Versión: 03-05-1994
Directiva Presidencial 3 de 1994 de 03-05-1994
Versión 03/05/1994
En el mes de Mayo de 1991 el Gobierno Nacional consagro su política integral para la lucha contra la violencia que afecta al país en el documento "Estrategia Nacional contra la Violencia". Posteriormente, y a fin de asegurar la adecuada participación de los diferentes organismos e instituciones que intervienen en ella, se dictó la Directiva Presidencial No.05.
En desarrollo de esta política, en el mes de Noviembre de 1993 el Gobierno Nacional presentó "Seguridad para la Gente", "documento que representa un paso adelante dentro de la Estrategia, orientado hacia los aspectos más cotidianos de la violencia.
La Directiva Presidencial No. 05, que sigue en vigencia y debe desarrollarse cabalmente, se enriquece y complementa con la presente Directiva, la cual refuerza algunas disposiciones a fin de garantizar su aplicación integral.
La presente Directiva trata por' una parte, lo relativo a la seguridad ciudadana de la segunda parte de la Estrategia, "Seguridad para la Gente", señalando las responsabilidades de los gobernadores, alcaldes y la Fuerza Pública en el manejo de¡ orden público, así como los mecanismos con que cuentan para cumplir eficazmente con sus funciones en este campo. Por otra parte, describe de manera detallada las acciones de coordinación interinstitucional y las respectivas competencias de las distintas entidades estatales en lo que respecta al fortalecimiento de la Justicia, a las políticas para enfrentar los diversos agentes de violencia y a la defensa y promoción de los derechos humanos. Así mismo, busca abrir un mayor espacio de liderazgo civil en los asuntos de seguridad.
SEGURIDAD PARA LA GENTE DIRECTIVA PRESIDENCIAL
1. PLANEAMIENTO DE LA SEGURIDAD
A fin de lograr un manejo integral de la problemática de la violencia en el país, es fundamental consolidar un planeamiento de la seguridad que también se articule con políticas socioeconomicas y abra espacios para una mayor interacción de la comunidad con las autoridades. En cumplimiento de estas metas, los Consejos de Seguridad, a través de las instancias que en ellos participan, según lo estipula la Directiva Presidencial No. 05 deL28 de diciembre de 1991, deberán desempeñar un papel prioritario. Dentro de este marco:
1. 1. A través de los Consejos de Seguridad departamentales y municipales, los gobernadores y alcaldes deben continuar desarrollando planes de seguridad que reflejen las necesidades y problemáticas específicas de sus regiones y permitan el desarrollo de las políticas generales establecidas por el Presidente de la República. Los planes de seguridad deben establecer objetivos y plazos precisos, fijar criterios de análisis y efectuar la evaluación de las políticas de seguridad propuestas. Estos deberán estar integrados a los planes de desarrollo departamentales y municipales. La Consejería para la Defensa y Seguridad Nacional brindará la asesoría pertinente. Los planes de seguridad respectivos deberán ser remitidos a dicha Consejería, antes de la terminación de este semestre, a fin de conformar un banco de datos que recoja las experiencias en materia de seguridad a nivel nacional.
1.2. Los gobernadores y alcaldes podrán invitar a los personeros y defensores del pueblo de su localidad a analizar la problemática regional para la elaboración de los planes de seguridad cuando lo consideren conveniente.
1.3. Las Comisiones Departamentales de Policía y Participación Ciudadana deberán contribuir al desarrollo de los planes de seguridad.
1.4. Los gobernadores y alcaldes deberán establecer y/o fortalecer los fondos de vigilancia y seguridad para el desarrollo de los planes específicos de seguridad y convivencia ciudadana.
1.5. Con el fin de impulsar la elaboración de planes de seguridad, el Ministerio de Gobierno y la Consejería para la Defensa y Seguridad Nacional, en coordinación con los gobernadores y alcaldes, deberán realizar foros y encuentros municipales.
2. ROBUSTECIMIENTO DE LA JUSTICIA
2.1. Para combatir la impunidad y lograr una administración de justicia eficaz, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Departamento Nacional de Planeación colaborarán con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público, a través del Consejo Superior de la Judicatura, en la consolidacion y puesta en marcha el Plan de Desarrollo de la Justicia.
2.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho apoyará a la Rama Judicial para garantizar el acceso a los servicios de justicia a la ciudadanía en todo el territorio' nacional, para así consolidar su presencia institucional.
2.3. La Fiscalía General de la Nación continuará la política de sometimiento a la Justicia, según lo establecido en la Ley 104 de 1993, a fin de desvertebrar las organizaciones criminales y terroristas, así como para incrementar la cooperación ciudadana con la justicia.
2.4. El Ministerio de Justicia y del Derecho a través del Consejo Directivo del Fondo de Seguridad de la Rama Judicial y del Ministerio Público, y con la colaboración de la Consejería para la Defensa y Seguridad Nacional, acelerarán la integración del Sistema de Seguridad para miembros de la Rama Judicial, cuando por razón de sus funciones sea necesaria la protección correspondiente, como elemento fundamental de la lucha contra la impunidad.
2.5. Nuevo régimen de contravenciones
El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa a través de la Policía Nacional, la Consejería para la Defensa y Seguridad Nacional y la Consejería para la Modernización del Estado trabajarán conjuntamente en la actualización del régimen de contravenciones y su manejo. Para ello:
2.5.1. Efectuaran un análisis del tratamiento de contravenciones y sus sanciones a fin de darles una regulación coherente. Ello requiere una revisión del Código Nacional de Policía para definir las conductas que pueden ser consideradas infracciones y el establecimiento de sanciones y medidas correctivas acordes a su naturaleza y gravedad.
2.5.2. Promoverán, con los gobernadores y alcaldes, la revisión de los códigos de policía departamentales y municipales.
2.5.3. Diseñarán mecanismos para fortalecer el papel y funciones de los inspectores de policía como funcionarios cívicos.
2.5.4. En colaboración con los gobernadores y alcaldes, desarrollarán instrumentos que garanticen una mayor coordinación y complementación entre las autoridades municipales y la fuerza policiva para el control, prevención y sanción de las conductas contravencionales.
2.6. Consolidación de la Fiscalía General de la Nación y del sistema acusatorio
El Consejo Superior de la Judicatura contará con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho, del Departamento Nacional de Planeación, a través de la Unidad de Justicia y Seguridad, y del Consejo Nacional de la Policía Judicial, en la consolidación de las funciones de la Fiscalía General de la Nación y en el fortalecimiento el nuevo sistema acusatorio. El Ejecutivo apoyará a la Fiscalía General de la Nación en el desarrollo de la Ley 104 de 1993. Para tal fin, se adelantarán las siguientes acciones:
2.6.1. Implementar, mediante un proceso planificado y coordinado con las distintas entidades que participan en el sistema de justicia penal, las reformas introducidas por el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación.
2.6.2. Vigorizar las funciones de Policía Judicial establecidas en el Artículo 250 de la Constitución y desarrollar los programas del Consejo de Policía Judicial, en especial los relacionados con capacitación en técnicas forenses y criminalísticas.
2.6.3. Continuar los programas de capacitación para los nuevos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual se deben establecer convenios con universidades, centros de investigación, laboratorios y demás organismos públicos y privados, dentro y fuera del país, que dispongan de tecnología especializada que pueda ser útil en la investigación judicial.
2.6.4. El Ministerio de Justicia y del Derecho revisará el Nuevo Código de Procedimiento Penal para determinar los problemas y vacíos de los procedimientos de investigación criminal y de implementación del sistema acusatorio que dificulten la persecusión y sanción del delito. Adicionalmente, fortalecerá los mecanismos y la coordinación de la investigación criminal entre la Fiscalía General de la Nación, la fuerza pública y los demás organismos de seguridad.
2.6.5. Desarrollar, a través del Instituto Nacional de Medicina Legal, el Programa de Identificación Plena de las Víctimas de Homicidio (N.N.), como instrumento que contribuirá a la investigación de los delitos contra la vida e integridad personal y en particular, permitirá efectuar un seguimiento expedito de los casos de desaparición.
2.6.6. La Dirección Nacional de Estupefacientes solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la Nación para la implementación de un programa para la capacitación de las unidades incautadoras y de las direcciones y jueces regionales para la correcta disposición de los bienes que debe administrar, en razón a vínculos con los delitos de narcotráfico y conexos.
2.7. Una Administración de Justicia eficaz
Bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y del Derecho y con la colaboración del Ministerio de Gobierno, de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional, del Plan Nacional de Rehabilitación, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de los gobernadores y alcaldes y de los inspectores de policía, y según lo establece la Ley 104 de 1993, se definirá el marco de aplicación de los mecanismos institucionales no judiciales como la conciliación, el arbitramiento y la desjudicialización de algunas conductas, y se promoverá su desarrollo, a fin de agilizar la administración de justicia. Para cumplir con estas metas, se adelantarán las siguientes acciones:
2.7.1. Mecanismos no judiciales para la solución de conflictos y la descongestión de despachos:
2.7.1.1. La Dirección de Conciliación y Prevención del Ministerio de Justicia y del Derecho elaborará los cronogramas de actividades y diseñará las medidas necesarias para desarrollar los mecanismos de conciliaci0n y arbitraje.
2.7.1.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho adelantará un estudio tendiente a identificar las causas de la congestión judicial con miras a proponer soluciones legislativas.
2.7.1.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho con el apoyo del Ministerio de Gobierno impulsará la organización de centros de conciliacion y arbitramiento coordinados por las alcaldías municipales.
2.7.1.4. El Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia y del Derecho brindarán apoyo a los gobernadores y alcaldes para el diseño de mecanismos de conciliación no júdicial así como para la capacitación de conciliadores y árbitros en equidad.
2.7.1.5. Bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y del Derecho en coordinación con el Ministerio de Gobierno, de la Dirección General de la Policía Nacional y de los inspectores de policía, se determinarán las competencias y funciones de Oficiales, suboficiales y personal del Cuerpo Ejecutivo de la Policía Nacional como conciliadores no judiciales, y se proporcionará la capacitación necesaria.
2.7.1.6. El Ministerio de Justicia y del Derecho preparara un proyecto de ley para definir el papel y funciones de los conciliadores en equidad y de los jueces de paz.
.12.7.1.7. El Ministerio de Justicia y del Derecho diseñará un sistema de difusión de los mecanismos de conciliación no judiciales para que los funcionarios judiciales procuren la utilización de la conciliación y el arbitraje antes que el proceso judicial.
2.7.1.8. El Ministerio de Comunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, apoyará y asesorará el desarrollo de una campaña de información a la ciudadanía sobre los mecanismos de resolución de conflictos.
2.7.1.9. El Ministerio de Justicia y del Derecho en coordinación con el Ministerio de Gobierno y con la participación de la Policía Nacional, preparará la presentación de un proyecto de Ley para reglamentar las funciones, calidades y procedimientos de la actividad de los jueces de paz y los mecanismos para su elección. Asimismo, diseñará un programa de capacitación y actualización permanente para el ejercicio de esta función.
2.7.1.10. El Ministerio de Justicia y del Derecho, con la colaboración de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Gobierno, promoverá la creación de Centros de Orientación al Ciudadano que operarán en las alcaldías, a fin de poner en funcionamiento un sistema, de información acerca de las instancias institucionales de solución de conflictos.
2.7.1.11. El Ministerio de Justicia y del Derecho presentará al Congreso Nacional un proyecto de Ley mediante el cual se posibilite terminar, a través de la conciliación, procesos ya iniciados que sean susceptibles de transacción y mediante arbitramiento, aquellos procesos susceptibles de arbitraje.
2.7.1.12. El Consejo Superior de la Judicatura, con el apoyo del Ministerio de Justicia y de¡ Derecho y de¡ Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), diseñará un sistema de evaluación del desempeño de los despachos judiciales, mediante índices de rendimiento y gestión, con indicadores para cada tipo de cargo, con el fin de estimular la eficiencia del sector judicial.
2.7.1.13. Reglamentar la creación de inspecciones móviles de policía con el objecto de hacer más fácil y accequible al ciudadano la posibilidad de presentar sus quejas y elevar sus denuncias para combatir la impunidad.
2.7.2. Sistema Carcelario y Penitenciario
Una prioridad para mejorar la seguridad ciudadana es ofrecer verdaderas condiciones de rehabilitación a los transgresores de la ley, así como desarrollar un sistema de reclusión que se adapte a las necesidades del país. En cumplimiento de estos objetivos, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, implementarán las siguientes acciones:
2.7.2.1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario desarrollará el nuevo Código Carcelario y Penitenciario (Ley 65 de 1993),
2.7.2.2. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario desarrollará y fortalecera prioritariamente los pabellones y centros de reclusión de máxima seguridad y concluirá la construcción de los seis nuevos centros carcelarios. A mediano plazo, diseñará y desarrollará un sistema de reclusión en centros regionales, para lo cual se creará una red de información que agilice la destinación de los internos a los diferentes establecimientos carcelarios.
2.7.2.3. Colaborar con la Defensoría del Pueblo para que pueda coordinar e impulsar programas de capacitación del personal directivo y de seguridad de las cárceles en técnicas de seguridad, prevención de enfermedades, dirección de actividades laborales y de recreación que mejoren la seguridad y bienestar del recluso y promuevan su rehabilitación.
2.7.2.4 E1 Ministerio de Justicia y del Derecho intensificará y ampliará la ejecución y cobertura del Programa de Rehabilitación Integral del Recluso en los campos de la educación, salud y capacitación laboral. Para tal efecto hará las coordinaciones necesarias con los Ministerios de Salud, Trabajo y Educación procurando el bienestar de los reclusos y su capacitación para reintegrarse al trabajo productivo y a la sociedad.
2.7.2.5. El Ministerio de Justicia y del Derecho implementará el sistema de información penitenciario, el cual ha de contribuir a la formación de políticas en ese ámbito y a alimentar la base de datos de la Dirección de Políticas Jurídicas y Desarrollo Legislativo.
2.7.2.6. El Ministerio de Justicia y del Derecho articulará un sistema para evaluar el comportamiento del delito teniendo en cuenta la información obtenida por el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Medicina Legal y DIJIN, La base de datos del Ministerio permitirá establecer el número y perfil de los colombianos presos en el exterior que puedan gozar del beneficio de la repatriación.
2.7.2.7. El Ministerio de Justicia y del Derecho elaborará un estudio estadístico sobre las causas y cuantía de las candenas patrimoniales al Estado.
2.8. Fortalecimiento de la capacidad investigativa de la rama jurisdiccional
2.8.1. Las diferentes entidades del Estado encargadas de la investigación judicial cooperarán en el establecimiento de sistemas compatibles e interconectados para la identificación de personas vinculadas a procesos penales.
2.8.2. Las diferentes entidades del Estado que trabajan en el área de la investigación judicial procurarán armonizar sus sistemas de estadística criminal mediante el intercambio de información, a fin de lograr una unificación conceptual y una compatibilidad técnica en la elaboración de dichas estadísticas.
2.8.3. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional impulsarán de manera coordinada programas encaminados a capacitar técnicos en criminalística y formar profesionales en criminología. Se deberán fortalecer los centros en crimininalística y crimonología de los cuales dispone la Policía Nacional.
2.8.4. Con el fin de optimizar la utilización de los recursos humanos y materiales destinados a la Policía Judicial, el Consejo Nacional de Policía Judicial, en coordinación con la Policía Judicial de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y de¡ Derecho, la Policía Nacional, y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), velará por la adecuada distribución, ubicación y dotación de las unidades investigativas.
3. ROBUSTECIMIENTO DE LA FUERZA PUBLICA
Para la plena instrumentación de las políticas de seguridad resulta imprescindible persistir en los esfuerzos de modernizacion y
robustecimiento de la Fuerza Pública. El Ministerio de Defensa coordinará con las instancias pertinentes del Gobierno las siguientes acciones:
3.1. El Ministerio de Defensa mejorará la presencia de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional, prioritariamente con las Fuerzas Militares en las fronteras y con la Policía Nacional en todas las cabeceras municipales.
3.2. El Ministerio de Defensa incrementará el pie de fuerza de la Policía Nacional para consolidar una presencia de por lo menos 114 mil efectivos en 1997.
3.3. El Ministerio de Defensa fortalecerá la capacidad de movilización y transporte de la Fuerza Pública y la capacidad helicoportada de las Fuerzas Militares. Sin embargo, mientras se completa el plan de desarrollo de la Fuerza Aérea, se pueden arrendar aeronaves de ala rotatoria.
3.4. Para el incremento del control y vigilancia de las áreas marítimas y del espacio aéreo colombianos, a fin de neutralizar todas las formas de tráfico ilícito, el Ministerio de Defensa:
3.4.1. Continuará el desarrollo de operaciones conjuntas de cobertura y control en las áreas marítimas nacionales del Mar Caribe y del Océano Pacífico así como de los ríos navegables, por parte de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea.
3.4.2. La Fuerza Pública y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), incrementarán la inteligencia en puertos y fronteras, orientada especialmente al control del narcotráfico, contrabando de armas, municiones y explosivos y demás actividades criminales.
3.4.3 Gestionará ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y el Ministerio de Hacienda la aprobación de los traslados o adiciones presupuestales de inversión y funcionamiento, requeridos para continuar con el desarrollo de los medios a flote, aeronavales y de apoyo que conformen el Cuerpo de Guardacostas.
3.4.4. Gestionará ante el el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y el Ministerio de Hacienda la asignación de los recursos para el desarrollo del Sistema de Comando, Control y Comunicaciones e Inteligencia de la red de control para la vigilancia de las costas y control del tráfico marítimo. Así mismo, asignará los recursos necesarios para que la Armada Nacional y la Fuerza Aérea puedan cumplir las misiones de vigilancia y control y para que el Comando Unificado del SUR (CUS) fortalezca su capacidad operativa.
3.4.5. Impulsará el desarrollo de las obras de infraestructura de la Red de Radares de la Cuenca del Caribe (CBRN) y el programa de instalación de radares para las zonas del Pacífico y sur del país.
3.4.6. Coordinará con la Aeronáutica Civil para que los radares ATC (Control de Tráfico Aéreo) puedan ser utilizados por la Fuerza Aérea.
3.5. El Ministerio de Defensa continuará con la profesionalización y especialización de la institución militar. En los próximos dos años, la meta es que el cuerpo de soldados profesionales aumente en 10 mil hombres con el fin de conformar dos nuevas brigadas móviles.
3.6. El Ministerio de Salud colaborará con el Ministerio de Defensa en el desarrollo y fortalecimiento de las medidas de evaluación del perfil de personalidad de los aspirantes, a fin de garantizar la vinculación de personas idóneas a la institución. Igualmente, colaborará en el fortalecimiento de apoyo psicosocial a la Fuerza Pública en el cumplimiento de sus tareas.
3.7. El Ministerio de Defensa continuará el mejoramiento de las condiciones salariales de acuerdo a los planes de nivelación de la Policía y de las Fuerzas Militares establecidos, para proporcionarles las condiciones de bienestar que corresponden a su difícil misión.
3.8. El Ministerio de Defensa preparará un proyecto de Ley de Guardacostas para ser presentado al Congreso de la República en la presente vigencia, cuyo propósito sea el de fortalecer la capacidad para velar por la Seguridad Marítima.
3.9. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), realizará un estudio de sus recursos humanos y técnicos a fin de determinar sus necesidades y requerimientos.
3.10. A fin de consolidar la Reforma a la Policía Nacional, la Policía Nacional debe:
3.10.1. Impulsar el desarrollo del Nuevo Estatuto Orgánico de la Policía.
3.10.2. Consolidar el Estatuto de Carrera.
3.10.3. Impulsar el programa de Policías Bachilleres.
3.10.4. Analizar el desempeño y funciones de la Policía Cívica en las principales ciudades del país.
3.10.5. Analizar el funcionamiento de la Policía de Menores a fin de proponer las reformas pertinentes.
3.10.6. La Policía Nacional, en un plazo de un (1) mes, recogerá las evaluaciones del Programa de los Centros de Atención Inmediata (CAI) que a la fecha se hayan efectuado, a fin de proponer planes coincidentes con la experiencia regional y local de los mismos y con criterios operativos.
3.10.7. La Policía Nacional continuará fortaleciendo el sistema de Centros Automáticos de Despacho (CAD), dando prioridad a las ciudades que registran los mayores índices de criminalidad, e impulsando su empleo como instrumento de consulta.
3.10.8. La Polícía Nacional, en coordinación con gobernaciones y alcaldías, programará reuniones periodicas en cada jurisdicción a las que se vinculen las diferentes autoridades de Policía (alcaldes e inspectores de policía), para facilitar el planeamiento y desarrollo de la actividad policial.
3.11. El Comisionado Nacional para la Policía con el apoyo del Ministerio de Defensa y de la Consejería para la Defensa y Seguridad Nacional, trabajarán en el desarrollo de dicha Oficina de acuerdo a la Ley 62 de 1993 y a los principios de participación ciudadana. Para ello, adelantará las siguientes tareas:
3.11.1. Definir, en un plazo de dos (2) meses, los procedimientos para el trámite y recepción de quejas de la ciudadanía, así como para el seguimiento de los procesos a que haya lugar.
3.11.2. Promover reformas institucionales a fin de consolidar un esquema de control interno con énfasis en lo preventivo.
3.12. La Policía Nacional, junto con el Ministerio de Defensa, instalarán el Sistema Nacional de Participación Ciudadana en asuntos de Policía.
4. TECNIFICACION DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA DEL ESTADO
En aras de desarrollar un sistema de inteligencia estratégica como complemento a la acción de la justicia y la fuerza pública, a fin de preventir y combatir el crimen, se adelantarán las siguientes acciones:
4.1. El Consejo Superior de la Defensa y Seguridad Nacional deberá crear mecanismos permanentes de análisis de inteligencia estratégica, coordinados con las agencias a través de la Consejería para la Defensa y Seguridad Nacional, para fortalecer la toma de decisiones al más alto nivel. Esta tarea debe traducirse en la producción, sustentación y obtención de las aprobaciones correspondientes de los documentos primarios y de los documentos de consolidación de la defensa nacional (Decreto 1573 de 1974).
4.2. El Ministerio de Defensa reforzará las instancias de coordinación entre las distintas agencias del Estado, de modo que se adopten medidas oportunas y haya un mejor intercambio de información, mediante la inducción del planeamiento estratégico. Este debe reflejarse en la producción de los documentos secundarios en lo atinente a la defensa y seguridad nacional.
4.3. El Ministerio de Defensa mejorará los sistemas de comunicación para que en los próximos tres años todos los organismos que cumplen funciones de inteligencia se encuentren interconectados. Así mismo, el Ministerio de Defensa, conjuntamente con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) continuará el programa de sistematización a fin de garantizar una eficiente coordinación de los mismos.
4.4. Continuar con los esfuerzos que cumplen tanto la Junta de Inteligencia Nacional como las Seccionales para la obtención de información, coordinación de acciones, seguimiento de temas y fijación de prioridades para la utilización racional de recursos en función de los requerimientos del Consejo Superior de Defensa y Seguridad Nacional.
4.5. La Fuerza Pública, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, desarrollarán un programa de contrainteligencia para prevenir infiltraciones, de la subversión y del narcotráfico, así como para evitar su corrupción interna, tanto dentro de la Fuerza Pública como dentro de todos los estamentos del Estado. El objetivo es prevenir, detectar y superar todos los riesgos de infiltración y corrupción administrativa, con la colaboración, cuando sea pertinente, de la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Veeduría del Tesoro Público o con personal propio de cada organismo.
5. ACCIONES PARA COMBATIR LOS DELITOS Y ORGANIZACIONES QUE MAS AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
Como parte de la política de prevención del delito, y en especial de los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, hurto de automotores y piratería terrestre, y de combatir a las organizaciones subversivas como los son la guerrilla, los grupos de justicia privada y el narcotráfico, se hace necesario desarrollar una política integral, teniendo en cuenta los aspectos más cotidianos de la seguridad. Para se ello adelantarán las siguientes acciones:
5.1. Medidas de Carácter General para Combatir el Crimen
5.1.1. El Ministerio de Defensa promoverá un mayor acercamiento entre la Fuerza Pública y la ciudadanía para prevenir y perseguir el delito, con la colaboración del Ministerio de Comunicaciones y la Oficina del Comisionado Nacional de Policía.
5.1.2. Con el apoyo del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Salud y la Consejeria Presidencia¡ para la Defensa y Seguridad Nacional, desarrollarán estudios sobre el impacto socioeconómico de la violencia en Colombia mediante la zonificacíón y tipificación de las regiones del país a fin de identificar las conductas delictivas predominantes. Así mismo, establecerán un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Violencia en todo el país.
5.1.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el Plan Nacional de Rehabilitacion, las Consejerías para la Defensa y Seguridad Nacional, de Derechos Humanos y de Paz trabajarán conjuntamente en el análisis de la problemática de la violencia en Colombia para determinar áreas, agentes, factores y problemas críticos, Este se complementará con un programa de análisis estadístico.
5.1.4. El Ministerio de Agricultura,el INCORA y el Plan Nacional de Rehabilitación propondrán mecanismos para el sector agropecuario, buscando generar alternativas a las invasiones y colonizaciones arbitrarias.
5.1.5. El Ministerio de Transporte, con la colaboración del Ministerio de Justicia y del Derecho, desarrollaran un programa para el establecimiento de centros de conciliación especializados en problemas de tránsito, a fin de dar un tratamiento más adecuado y racional a los conflictos derivados de ese sector.5.2. Homicidios
5.2.1. El Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, fortalecerán y crearán Brigadas Especializadas en Homicidios en las regiones más críticas.
5.2.2. La Fiscalía General de la Nación, con la colaboración de¡ Ministerio de Justicia y del Derecho, evaluarán la cadena de pasos judiciales existentes en la investigación de un homicidio para identificar y corregir trabas.
5.2.3. El Ministerio de Defensa y los organismos de seguridad del Estado, continuarán con la política de mayores controles al porte y tenencia de armas. Para ello deberán:
5.2.3.1 Establecer mayores controles para decomisar armas portadas ilegalmente y mejorar el actual sistema de registro de las armas de fuego, municiones y explosivos. El establecimiento de topes máximos anuales de ventas de armas, así como la realización de inspecciones sin previo aviso a compañías de vigilancia, coleccionistas y clubes de tiro, contribuirán a estos propósitos.
5.2.3.2. Con la colaboración del Ministerio de Gobierno, se promoverán campañas de concientización sobre los riesgos del uso de armas de fuego. Así mismo, se continuarán impulsando campañas educativas tendientes a generar una ma yor conciencia sobre los principios de convivencia pacífica, tolerancia y respeto por la vida humana, así como de los riesgos del armamentismo ciudadano.
5.2.3.3. Los alcaldes, con la colaboración del Ministerio de Gobierno, y en coordinación con los Ministerios de Salud y Comunicaciones, trabajarán en el diseño e implementación de medidas de control a los expendios de licor a nivel municipal. Esta medida hace parte de la campaña nacional para generar mayor conciencia sobre los peligros del consumo de alcohol y el uso simultáneo de armas de fuego.
5.3. Secuestro y extorsión
5.3.1. El Ministerio de Defensa, con el apoyo de los Ministerios de Gobierno y de Comunicaciones, continuará promoviendo el desarrollo de mecanismos para incrementar la colaboración ciudadana con las autoridades, así como para fortalecer los instrumentos de coordinación con los sectores de población más afectados.
5.3.2. El Ministerio de Defensa continuará consultando con la Fiscalía General de la Nación y coordinará con el Ministerio de Justicia y del Derecho y demás entidades pertinentes acerca de la organización y entrenamiento de las Unidades Antiextorsión y Secuestro (UNASE), asignando los presupuestos que garanticen su funcionamiento, de conformidad con los criterios de unidad de mando, inteligencia centralizada, administración descentralizada y protección de la integridad física de la víctima.
5.3.2.1. El Ministerio de Defensa en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fortalecerá los sistemas de inteligencia para coordinar con éxito las acciones de las Unidades Antiextorsión y Secuestro (UNASE).
5.3.2.2. El Ministerio de Defensa continuará consultando con la Fiscalía General de la Nación y coordinará con las entidades previstas por la Estrategia Nacional contra la Violencia, lo relativo a la reglamentacion y puesta en marcha de los Comités Evaluadores Antiextorsión y Secuestro.
5.3.2.3. El Ministerio de Defensa, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General de la Nación, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y los gobernadores y alcaldes, y con el apoyo de¡ Ministerio de Comunicaciones, adelantará campañas para la prevención del secuestro a nivel nacional, regional y municipal.
5.3.2.4. Bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación y con la colaboración de¡ Ministerio de Justicia y de¡ Derecho, el Ministerio de Defensa y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se diseñarán y establecerán los mecanismos que aseguren la validez en el recaudo de las pruebas por parte de las Unidades Antiextorsión y Secuestro (UNASE).
5.4. Guerrilla
En la búsqueda, persecución y captura de elementos guerrilleros, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública deberán adelantar las siguientes acciones:
5.4.1. El Ministerio de Defensa a través del Comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección General de la Policía Nacional, con el apoyo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fortalecerá los canales de comunicación al interior de la Fuerza Pública, y de ésta con la comunidad, para mejorar la inteligencia y obtener información que contribuya a la localizacion y captura de cabecillas y a la prevención de acciones criminales.
5.4.2. El Ministerio de Defensa a través del Comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección General de la Policía Nacional, con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Transporte, mantendrán los planes de protección especial sobre puntos sensibles de la infraestructura vial y energética y de otras áreas estratégicas del país, y los integrarán al Plan Quinquenal de las Fuerzas Armadas.
5.4.3. En desarrollo del Título V de la Ley 104 de 1993 sobre sanciones por incumplimiento de las órdenes del Presidente de la República en materia de orden público, la Procuraduría General de la Nación reforzará las acciones fiscalizadoras donde existan indicios de coacción de la guerrilla sobre funcionarios públicos. Es deber de todos los ciudadanos y de todas las autoridades denunciar hechos o intentos de coacción de la guerrilla a los funcionarios públicos.
5.4.4. La Unidad de Auditoría Especial de orden público, con la colaboración de las entidades previstas en el capítulo 1, del Título III de la Ley 104 de 1993, desarrollará o implementará medidas para contrarrestar el financiamiento de las actividades subversivas y terroristas.
5.4.5. Reforzar los procesos de consolidación de las zonas en vía de normalización a través de los programas que adelantan el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y la Oficina de Reinserción.
5.5. Narcotráfico y Drogadicción
En desarrollo del Plan Nacional para la Superación del Problema de la Droga se impulsarán medidas de prevención, tratamiento, reinserción, control, represión y de fortalecimiento de la justicia y cooperación internacional:
5.5.1. El Consejo Nacional de Estupefacientes tendrá plazo hasta junio de 1994 para aprobar el documento contentivo del Plan Nacional para la Superación del Problema de la Droga.
5.5.2. Los Consejos Seccionales de Estupefacientes, que tienen la tarea de velar por que a nivel seccional se ejecuten las tareas trazadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes, deberán reunirse antes de finalizar el primer semestre de 1994.
5.5.3. El Ministerio de Defensa a través de la Dirección General de la Policia Nacional, establecerá prioridades para la creación de nuevas unidades de Policía Antinarcáticos.
5.5.4. El Ministerio de Gobierno revisará la legislación pertinente para un control más efectivo del espacio aéreo, marítimo y fronterizo. Para ello contará con el apoyo de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Justicia y de Defensa.
5.5.5. El Comité Asesor para el Desarrollo Alternativo, que de acuerdo con el Artículo 29 del Decreto 2707 de 1993 que regula el Plan Nacional de Rehabiltación, se integra con el Ministro de Agricultura, el Director Nacional de Planeación, el Consejero Presidencia¡ para la Defensa y la Seguridad Nacional, el Consejero Presidencia¡ para la Política Social, el Director Nacional de Estupefacientes y el Director del Plan Nacional de Rehabilitación, coordinará y promoverá programas de desarrollo alternativo para las zonas en donde existan cultivos ¡lícitos.
5.5.6. Para el control de la importación ilícita y desviación de precursores y sustancias quimicas utilizados en la elaboración de estupefacientes:
5.5.6.1. El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia y del Derecho, con la Dirección Nacional de Estupefacientes, continuarán coordinando la ejecución de controles rigurosos de las industrias que utilicen precursores y sustancias quimicas. Para el efecto la Dirección Nacional de Estupefacientes colaborará con la Dirección de Policía Antinarcóticos en la sistematización de la información sobre manipuladores de sustancias químicas.
5.5.6.2. El Ministerio de Defensa continuará coordinando con el Ministerio de Hacienda a través de la Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales la ejecución de controles rigurosos para impedir la importación ílícita y desviación de precursores y sustancias químicas.
5.5.7. Para fortalecer medidas de control a los beneficios económicos que reporta el narcotráfico, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) coordinará con la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa a través de la Dirección General de la Policia Nacional, el Banco de la RepUblica, la SuPerintendencia Bancaria y la Superintendencia de Notariado y Registro, el desarrollo de planes específicos para intervenir el lavado de moneda extranjera, los flujos irregulares de dinero y el enriquecimiento ¡lícito.
5.6. Grupos de Justicia privada
A fin de consolidar las medidas que el Estado ha adelantado para neutralizar la amenaza que los grupos de justicia privada constituyen para la población:
5.6.1. El Ministerio de Defensa a través del Comando General de las Fuerzas Militares y de la Dirección General de la Policía Nacional, y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), evaluará y diseñará instrumentos para facilitar la identificación de cabecillas y el desvertebramiento de grupos de justicia privada.
5.6.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho con la colaboración del Ministerio de Defensa preparará un proyecto de Estatuto de colaboración ciudadana con las autoridades.
5.7. Hurto de automotores y Piratería Terrestre
5.7.1. La Dirección de la Policía Nacional y la Consejería para la Defensa y Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Transporte, impulsará un trabajo de concertación entre los aseguradores, ensambladores, transportadores, vendedores de autopartes y agencias del Estado, mediante la creación de grupos de trabajo, para analizar y proponer medidas encaminadas a combatir el hurto de automotores y la piratería terrestre.
5.7.2. La Dirección de la Policía Nacional, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio de Justicia y del Derecho, del Ministerio de Gobierno, de los alcaldes y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), establecerá los lineamientos para la elaboración de planes policivos para las ciudades más afectadas por el hurto de automotores. Con la participación del sector privado diseñarán y desarrollarán un sistema integral de comunicaciones y seguridad para enfrontar la pirateria terrestre.
5.7.3. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en colaboración con la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, desarrollará mecanismos de cooperación con los países vecinos para coordinar acciones en las zonas fronterizas. encaminadas a combatir el tráfico ilícito de autopartes y automotores.5.7.4. La Dirección de la Policía Nacional continuará fortaleciendo la Policía de Carreteras a fin de garantizar su presencia efectiva en todo el territorio nacional.
6. MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
Como parte del enfoque integral de la seguridad ciudadana, es fundamental que el trabajo de las compañías de vigilancia privada y de los departamentos de seguridad de las empresas se ciña en todo momento a la ley. A fin de promover las reformas necesarias, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, según lo establece el Decreto 2453 de 1993:
6.1. Dara aplicación a las nuevas disposiciones del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, de manera que estos servicios en cualquiera de sus modalidades, permitan disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección, sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de derechos y libertades públicas de la ciudadanía y sin invadir la órbita de competencia reservada a las autoridades.
6.2. Orientará y ejercerá control sobre los procesos de selección, capacitación profesional y entrenamiento del personal, con énfasis en el respeto a los derechos humanos, en la colaboración con las autoridades y en la valoración del individuo.
6.3. Desarrollará mayores controles para que personas no autorizadas ejerzan actividades exclusivas del personal de vigilancia, así como para evitar que los equipos o elementos autorizados a las empresas sometidas a vigilancia privada sean empleados para fines distintos a los permitidos por la ley.
6.4. Evaluará las solicitudes para la tenencia o porte de armas de fuego por parte de estos servicios, tendiente a que su utilización se limite a los casos estrictamente necesarios y estimulará la utilización de sistemas y mecanismos de vigilancia y seguridad no armados.
6.5. Desarrollará mecanismos que faciliten la participación de la comunidad en la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada de acuerdo con lo previsto en la ley.
6.6. Desarrollará un sistema de inspección selectiva a los servicios de vigilancia y seguridad privada, y un sistema de atención de quejas de los usuarios de los servicios y de los trabajadores de los mismos.
6.7. Desarrollará sistemas correctivos y sanciones para los casos de violación a las normas que regulan el servicio de vigilancia privada.
6.8. Asesorará al Gobierno Nacional en la formulación de la política en materia de vigilancia y seguridad privada, con la colaboración de la Consejería de Defensa y Seguridad Nacional.
7. MAYORES OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD
En desarrollo de una política para la juventud, orientada hacia la apertura de oportunipades a fin de lograr su mayor participación e integración en el conjunto de la sociedad, el Programa Presidencia¡ para la Juventud, la Mujer y la Familia, los Ministerios de Justicia y del Derecho, de Defensa, de Trabajo, de Salud - ICBF y de Educación y la Consejería de Derechos Humanos, adelantarán las siguientes acciones:
7.1. El Ministerio de Educación, con el concurso del sector privado, persistirá en esfuerzos tendientes a lograr la expansión de la cobertura de la educación secundaria mediante la creación de 600.000 nuevos cupos de bachillerato para 1995.
7.2. El Ministerio de Trabajo, con la colaboración de los gobernadores y alcaldes, del Programa Presidencia¡ para la Juventud, la Mujer y la Familia y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), propiciará el desarrollo de programas nacionales, regionales y locales, que con el apoyo del sector privado, brinden asesoría, orientación y capacitación a los potenciales creadores de empresa y a los jóvenes en busca de empleo.
7.3. El Ministerio de Justicia y del Derecho continuará con sus esfuerzos por fortalecer el derecho de familia.
7.4. A fin de impulsar las Comisarías de Familia, el Programa Presidencia¡ para la Juventud, la Mujer y la Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) continuarán brindando apoyo técnico en las áreas de capacitación, sistematización y dotación, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de éstas. Así mismo, el Ministerio de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho
instruirán a los Defensores de Familia y a los auxiliares de estos despachos sobre sus responsabilidades en las conciliaciones pertinentes a la legislación de familia.
7.5. El Programa Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia se esforzará por generar instancias para intercambio de experiencias desarrolladas por administraciones locales o regionales en lo concerniente a programas en beneficio de la juventud.
7.6. El Ministerio de Justicia y del Derecho, con la colaboración de¡ Ministerio de Defensa, del Programa Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), conformarán mesas de trabajo para estudiar las reformas del Código del Menor, a fin de ajustarlo y reglamentarlo.
7.7. La Dirección de la Policía Nacional ampliará el pie de fuerza de la Policía de Menores a fin de dotarlos logísticamente para cumplir los preceptos que el Código del Menor le ha impuesto.
7.8. El Ministerio de Justicia y del Derecho con la colaboración del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), del Programa Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y de los gobernadores y alcaldes, evaluará las acciones adelantadas y continuarán apoyando el programa de tratamiento especializado y profesional al menor infractor para su resocialización incluyendo el apoyo a las labores de los jueces de menores y defensores de familia.
7.9. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ajustará el documento CONPES de enero de 1992 a la nueva ley de competencias y recursos, de manera que se dispongan de los recursos necesarios para la reinserción de los menores infractores y contraventores a la vida civil.
7.10. El Programa Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, preparará, en un plazo de seis meses, los proyectos tendientes a una reglamentación básica del Artículo 45 de la Constitución en lo referente a la "participación activa de los jovenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud".
7.11. El Programa Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia continuará apoyando y orientando a las gobernaciones y alcaldías en el establecimiento y reglamentación de mecanismos como los consejos de juventud y otros que constituyan espacios de participación de los jovenes en sus comunidades.
7.12. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) continuará fortaleciendo los programas de capacitación para los jueces de menores y defensores de familia, en relación con los servicios de rehabilitación al menor infractor y contraventor.
7.13. Los gobernadores y alcaldes deberán fortalecer los fondos para la cofinanciación, junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de los Centros de Recepción y Observación así como de las Instituciones Cerradas, Semicerradas y Abiertas y de los Centros de Protección Especial al Menor Contraventor, según se establece en el documento CONPES, "Servicios de Protección y Reeducacion al Menor Infractor y Contraventor" de Enero de 1992.
7.14. ICBF continuará fortaleciendo el programa para menores infractores a quienes el juez les ha decretado la medida de Libertad Asistida.
7.15. La Defensoria de¡ Pueblo, en coordinación con la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, definirá mecanismos especiales para la protección de los derechos humanos de los jóvenes en todo el país, con énfasis en los municipios que registran las situaciones más críticas.
7.16. El Comisionado Nacional para la Policía desarrollará un programa de capacitación y sensibilización de la Fuerza Pública acerca del manejo de protección a los menores que han infringido la ley.
8. DERECHOS HUMANOSPara continuar con la política de promoción y protección de los Derechos Humanos en Colombia, el Ministerio de Defensa a través de la Justicia Penal Militar y la Policía Nacional, el Ministerio de Educación, la Consejería de Derechos Humanos y las distintas agencias de gobierno que trabajan en asuntos relacionados con los Derechos Humanos, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, adelantarán las siguientes acciones:
8.1. Bajo la coordinación de la Consejería de Derechos Humanos se continuara con los programas de educación en derechos humanos y democracia. Esta entidad del Gobierno:
8.1.1. Continuara coordinando con las entidades correspondientes la realización de campañas de divulgación y programas de educación ciudadana sobre los derechos humanos y sus mecanismos de protección, así como de los medios con los que, cuentan los colombianos para denunciar los hechos violatorios de los derechos fundamentales.
8.1.2. Continuará coordinando con el Minísterio`de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) la organización de seminarios y cursos, y la elaboración y circulación de materiales didácticos sobre derechos humanos a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía y a los funcionarios de Policía Judicial, así como sobre las sanciones a que se harán acreedores quienes infrinjan las normas existentes sobre Derechos Humanos.
8.1.3. Coordinará con el Ministerio de Educación el desarrollo de programas educativos en el sistema escolar dirigidos a crear una cultura de respeto a los derechos humanos y a incorporar esta temática en el currículo..
8.2. Colaborarán con la Procuraduría General de la Nación a fin de que pueda preparar y presentar al Congreso el proyecto de ley estatutaria sobre derechos humanos de que trata el literal a) del artículo 152 constitucional.
8.3. El Ministerio de Salud preparará un proyecto de ley sobre educación, protección y promoción de los derechos humanos.de los enfermos (pacientes), con énfasis en los derechos de los enfermos mentales recluidos en centros de detención.
8.4. La Oficina del Comisionado Nacional de Policía, con el concurso de las entidades pertinentes, impulsará las comisiones de participación ciudadana en asuntos de policía.
8.5. Colaboraran con la Procuraduría General de la,Nación para que a través de la Defensoria del Pueblo y con la colaboración de la Consejería de Derechos Humanos y del Comisionado Nacional de la Policía, pueda poner en marcha programas de protección para quienes denuncien violaciones de derechos humanos.
8.6. La Consejería para la Defensa y Seguridad Nacional creara, junto con la Consejería de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional para la Policía y los altos mandos militares y policiales, comités de análisis para determinar las areas más problemáticas y diseñar los correctívos necesarios.
8.7. Colaboraran con la Fiscalía General de la Nación para que en coordinación con el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la Nacion, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Instituto de Medicina Legal, pueda desarrollar del Programa de Identificación Plena de las Victimas de Homicidio (N.N.) como parte de la política de lucha contra la desaparición.
8.8. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos coordinará la formulación de políticas integrales para la atención integral a los desplazados y víctimas de la violencia, contando con la participación de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Gobierno, la Consejería de Paz, el Plan Nacional de Rehabilitación y el Programa de Solidaridad y Emergencia Social.
8.9. Colaborarán con la Procuraduría General de la Nación para que pueda, con la colaboración del Ministerio de. Gobierno y del Ministerio de Justicia y del Derecho, continuar con la creación de Oficinas Permanentes de Derechos Humanos.
8.10. La Policía Nacional, con la colaboración del Ministerio de Salud, el Programa Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia y la Dirección Nacional de Estupefacientes, desarrollarán un programa para atender el problema de la indigencia, con el fin de rehabilitarlos y resocíal izarlos.9. POLITICA DE PAZ Y REINSERCION
9.1. Según lo dispuesto por la política de paz, el Gobierno ha señalado que sólo los grupos guerrilleros que demuestren una verdadera voluntad de reincorporarse a la vida civil, serán beneficiados con planes de reinserción que contemplen garantías jurídicas, social y políticas, así como de seguridad. El Presidente de la República, a través de la Consejería de Paz y el Plan Nacional de Rehabilitación Programa de Reinserción, adelantará diálogos y negociaciones con los grupos que se ciñan a las condiciones establecidas.
De acuerdo al Artículo 15 de la Ley 104 de 1993, "la dirección del proceso de paz corresponde exclusivamente al Presidente de la República como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación. Quienes a nombre del Gobierno participen en los diálogos y acuerdos de paz, lo harán de conformidad con las instrucciones que él les ímparta."
9.2. El objetivo central de la política de rehabilitación es la generación de ámbitos para la convivencia pacífica entre los colombianos a través del fortalecimiento de la democracia participativa, del impulso al proceso de. descentralización y de la promoción del desarrollo rural. De acuerdo a lo establecido por el Decreto 2707 de 1993, corresponde al Plan Nacional de Rehabilitación (PNR):
9.2.1. Desarrollar políticas, planes y acciones para fortalecer a la sociedad civil y su actuación colectiva en forma concertada a fin de contribuir a la desactivación de factores de violencia.
9.2.2. Cumplir, en lo pertinente, en representación del Gobierno Nacional, los acuerdos de paz suscritos con los grupos y movimientos guerrilleros que hayan hecho dejación de sus armas para reincorporarse a la vida democrática del país, y adelantar programas que conduzcan a la rehabilitación y normalización de las zonas afectadas por la confrontación armada.
9.3. Los gobernadores Y alcaldes en coordinación con la Consejería Presidencial para la Paz y el Programa de Reinserción del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), participarán activamente en el proceso de reinsercion y garantizarán el cumplimiento de los compromisos contemplados en los acuerdos políticos en cada uno de los departamentos.
10. COORDINACION DE LAS LABÚRES EXPUESTAS EN LA PRESENTE DIRECTIVA
La Consejería Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional tendrá a su cargo la coordinación de las diferentes tareas encomendadas a cada entidad y velará por su cumplimiento.
En consideración a lo anterior, ruego a ustedes tomar todas las disposiciones pertinentes para la cabal y eficaz ímplementación de la presente Directiva.

References: Artículo 250
 resolución 
 Artículo 29
 Artículo 45
 artículo 152
 Artículo 15