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1 LA INTERPRETACIÓN DEL ART. 47 CDFUE COMO EXPRESIÓN DE LA LABOR HERMENÉUTICA DEL TRIBUNAL DE LUXEMBURGO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTÁNDAR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS * CIRO MILIONE Profesor Titular (A) de Derecho Constitucional Universidad de Córdoba Sumario I. La Unión Europea ante el reto de los derechos fundamentales y la Carta de Niza tras 16 años desde su aprobación. II. El Capítulo VI «Justicia» de la CDFUE. III. Conclusiones: el alcance de la Carta tras las SSTJ de 26 de febrero de 2013, asuntos C-617/10 y C-399/11. I. PREMISA: LA UE ANTE EL RETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA CARTA DE NIZA TRAS 16 AÑOS DESDE SU APROBACIÓN. Volviendo nuestra mirada a los últimos veinte años de vida de la Unión Europea, podemos percibir el reflejo de una fase de inflexión de ese proyecto común. Las etapas de este lento proceso involutivo son bien conocidas y arrancan del intento frustrado de dotar a nuestra unión política de un texto fundacional que naufraga inexorablemente en el año 2004, ante la frustración de una parte de la ciudadanía europea llamada a ratificar con su voto un texto críptico e inexplicablemente avaro en materia de principios y derechos. * El presente estudio se enmarca en el ámbito del proyecto I+D «Contruyendo un estándar común de protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea» (DER P, Subprograma de proyectos de investigación fundamental no orientada, convocatoria del año 2013 del Ministerio de Economía y Competitividad, línea de Excelencia). Quisiera agradecer el Prof. Miguel J. Agudo Zamora por sus inestimables aportaciones que enriquecen ahora este trabajo y por su amable labor de revisión. Cualquier error, omisión o imprecisión es exclusivamente imputable al autor.
2 656 CIRO MILIONE El largo periodo de desaceleración de la economía global que ha seguido a los hechos ligados a la Constitución Europea y, sobre todo, la gestión política de la crisis social, consecuencia de dicha desaceleración, han servido para reafirmar en la opinión pública europea el convencimiento de que nuestro modelo de Unión es extremadamente lento e ineficaz a la hora de compatibilizar y si cabe, anteponer las demandas de libertad y derechos de la ciudadanía a las lógicas del mercado. Ese «pecado original» imputado al proyecto de unificación europea desde sus principios, el de haber nacido bajo los auspicios de intereses principalmente económicos e incidentalmente sociales, parece no haber sido borrado todavía. Sin embargo, estos mismos 20 años nos devuelven también imágenes de otra índole, instantes en los que Europa actuó más coherentemente con sus principios fundacionales, inspirados en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y derechos humanos. Entre otros, destacan dos momentos claves para una afirmación más efectiva de esos valores en el marco europeo: la aprobación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), proclamada solemnemente en Niza el 7 de diciembre de 2000, y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (de diciembre 2007) el 1 de enero del año 2009 que vino a otorgar a la Carta, hasta entonces mera declaración de principios, igual valor jurídico que el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). A partir de esa fecha la Carta ha pasado a constituir objeto de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contribuyendo este último, a través de una intensa labor interpretativa, a la definición del alcance de sus preceptos. Como señala López Martin, el papel de los órganos jurisdiccionales ha sido clave en el proceso de integración europeo, un factor de arraigo y de desarrollo de la organización política supranacional. A los jueces se debe la capacidad de dar eficacia y efectividad a los principios y normas comunitarias y al TJUE, en particular, el haber «contribuido a asentar el sistema jurídico de las Comunidades» 1. En este estudio hemos decidido centrarnos en un precepto particular de la CDFUE, el art. 47 por el que se proclaman algunos principios claves de la tutela judicial efectiva. La razón de esta elección descansa en la constatación de que dichos principios, además de formar parte de un conjunto de garantías 1 Lopez Martin, A. G., «Capítulo 13. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial», en Beneyto Perez, J. M., (Dir), Maillo Gonzalez-Oruz, J. y Becerril Atienza, B. (Coord.), Tratado de Derecho y de Políticas de la Unión Europea, Tomo II, Derechos Fundamentales, Aranzadi Thomson-Reuters, 2009, p. 795, que además recuerda «es patente el lugar central que ocupan las exigencias de la tutela judicial efectiva en la protección de dichos derechos (humanos y libertades individuales). Sin juicio equitativo, sin tutela judicial efectiva, mal puede hablarse del respeto de los derechos humanos y de un verdadero sistema democrático». En este mismo sentido, Pastor Ridruejo, J. A., «La tutela judicial efectiva en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Temas escogidos», en Mariño Menendez, F. (Ed.), El Derecho internacional en los albores del siglo xxi: Homenaje al profesor Juan Manuel Castro-Rial Canosa, Madrid, Trotta, 2002, p. 521.
3 LA INTERPRETACIÓN DEL ART. 47 CDFUE COMO EXPRESIÓN DE LA LABOR HERMENÉUTICA 657 democráticas esenciales 2, desarrollan una función determinante en la tutela y protección de las demás situaciones jurídico-subjetivas reconocidas en la Carta. Y, en efecto, la proclamación de cualquier derecho, fuere cual fuere su contenido sustancial, sin la previsión de instrumentos jurídicos dirigidos a asegurar su efectividad, vacía de todo sentido ese reconocimiento y hace de ese derecho una mera declaración de principios, cuyo respeto descansa en la buena voluntad de los poderes públicos. Además, desde un punto de vista meramente estadístico, hay que considerar que, con diferencia, el art. 47 es el precepto de la Carta más analizado, y, por lo tanto, más permanente e ininterrumpidamente interpretado, por el Tribunal de Luxemburgo 3. Por lo tanto, decenas de resoluciones del TJUE han intentado establecer con precisión sus contornos, y esta labor hermenéutica como en parte veremos todavía sigue produciéndose. II. EL CAPÍTULO VI «JUSTICIA» DE LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (CDFUE) La CDFUE dedica su Capítulo VI al tema de la Justicia, desarrollando en cuatro distintos preceptos (arts ) lo que algunos consideran como los principios básicos del Derecho procesal de la Unión 4. Más concretamente, el art. 47 CDFUE reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva para toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el 2 Consideraciones que, mutatis mutandis, Soyer, J. C. y De Salvia, M. («Article 6», en Petitti, L. E., Decaux, E., Imbert, P. H., (Coord.), La Convention Européenne des Droits de l Homme. Commentaire article par article, Ed. Economica, París, 1995, pp. 240 y 241) han llevado a cabo respecto a un precepto, cuyo contenido esencial coincide con el art. 47 CDFUE: el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). 3 Una consulta de la base de datos del TJUE (disponible en línea en lo pone en evidencia: al 13 de mayo de 2016, el precepto más interpretado por esa Corte es el art. 47 con 169 resoluciones, seguido por el art. 51 («Ámbito de aplicación de la Carta») con 85 y por el art. 21 («No discriminación») con 56. Las mismas consideraciones valen por la norma correspondiente al art. 47 CDFUE en el CEDH: el art. 6. El mismo Tribunal de Estrasburgo indica en su publicación Overview (disponible en línea en echr.coe.int/documents/overview_ _eng.pdf, p. 5, fecha de consultación 19/01/2016) que «More than 42% of the violations found by the Court concern Article 6 of the Convention, whether on account of the fairness or the length of the proceedings.» En este sentido, vd. Russo, C., Quaini, P. M., La Convenzione Europea dei diritti dell uomo e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, Milano, 2000, pp Cfr. Chiavario, M., «Diritto a un processo equo», en Bartole, S., Conforti, B., Raimondi, G., (Coord.), Commentario della Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, Ed. Cedam, Milano, 2001, pp En este sentido, Faggiani, V., «El derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», en Revista General de Derecho Europeo, n.º 33, 2014, pp. 2 y 4, citando Coppetta, M.ª G., «Verso un proceso penale europeo?», en Coppetta, M.ª G., (Coord.), Profili del processo penale nella Costituzione europea, Giappichelli, Universitá degli Studi di Urbino «Carlo Bo». Facoltá di Scienze Politiche. Istituto Giuridico, 2005, p. 12, para hacer referencia al «núcleo de un derecho constitucional procesal de la Unión Europea.»
4 658 CIRO MILIONE ordenamiento jurídico de la Unión hayan sido objeto de violación. Asimismo, la norma reconoce el derecho a un proceso público, al plazo razonable, a un juez independiente, imparcial y establecido previamente por la ley, a la representación legal y a la asistencia jurídica gratuita. El art. 48 CDFUE, por su parte, introduce el derecho a la presunción de inocencia y a los derechos de defensa. El art. 49 CDFUE hace referencia al principio de legalidad, por el que nadie podrá ser condenado por una acción u omisión que, en el momento en el que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o el Derecho internacional. Asimismo, la norma establece que no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. En el tercer párrafo de dicho precepto se prescribe que la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción. Por último, el art. 50 CDFUE consagra el principio del ne bis in idem que viene a actuar, además, como mecanismo de coordinación entre jurisdicciones nacionales. Así, el precepto establece que nadie podrá ser acusado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley. La inclusión en la CDFUE de un capítulo dedicado exclusivamente a la Justicia viene a reafirmar una de las razones de ser de este Tratado: reforzar la protección de los derechos fundamentales en el contexto político de la Unión. Todo ello hace comprensible que el legislador europeo, a través de los arts CDFUE, haya querido dotar su propio sistema jurisdiccional de instrumentos capaces de garantizar aquel conjunto de valores y principios que constituyen la base de la Unión. Sin embargo, el Capítulo VI no introduce nuevas garantías procesales ajenas al patrimonio de tradiciones constitucionales de los Estados miembros, o desconocidas por el CEDH o por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o del TJUE. Al igual que para los cinco capítulos anteriores, la Carta, en lugar que renovar el acervo de situaciones jurídico-subjetivas, viene a sistematizar, refundir y a dar «mayor proyección» a los derechos políticos, civiles, económicos y sociales de toda persona residente en el territorio de la Unión. Como recuerda SOBRINO HEREDIA «la Carta reproduce y sistematiza un derecho positivo ya existente, pero dotándolo de una actualización ineludible derivada de la necesidad de reforzar la protección de los derechos fundamentales a tenor de la evolución de la sociedad, del progreso social y de los avances científicos y tecnológicos.» 5 5 En este sentido, Sobrino Heredia, J. M., «Preámbulo», en Mangas Martin, A., (Dir.), Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Comentario artículo por artículo, Fundación BBVA, 2008, p. 99.
5 LA INTERPRETACIÓN DEL ART. 47 CDFUE COMO EXPRESIÓN DE LA LABOR HERMENÉUTICA El alcance del derecho a la tutela judicial efectiva en el primer párrafo del art. 47 CDFUE Investigar, de manera pormenorizada, el alcance de cada vertiente y de cada una de las garantías consagradas por el Capítulo VI de la Carta de Niza excedería inevitablemente los límites de este trabajo. Por ello es preciso acotar nuestra atención a lo que puede considerarse como el núcleo esencial del derecho a la tutela judicial efectiva en la CDFUE, es decir al art. 47. En efecto, no sería correcto poner sobre un mismo plano los principios recogidos en dicha norma con los que introducen los otros tres artículos pues, como señala MIGUEZ MACHO, únicamente el art. 47 CDFUE «se refiere a derechos fundamentales relacionados con la administración de la justicia en general; el resto recogen garantías frente al ejercicio de jus punendi por los Poderes públicos, y garantías que no tienen carácter procesal solamente, sino también sustantivo.» 6 La forma más eficaz de esclarecer el contenido del art. 47 CDFUE nos conduce, en primer lugar, a intentar recabar su «interpretación auténtica» investigando las intenciones de los actores políticos-institucionales que determinaron su contenido normativo, para reconstruir cuáles fueron los principios inspiradores y cuáles las determinaciones sustanciales de este precepto. Para todo ello, podemos hacer referencia a las «Explicaciones sobre las Cartas» transcritas por el Praesidium 7, a sabiendas de que su trascendencia e importancia se limitan al ámbito meramente hermenéutico 8, careciendo las mismas de todo valor jurídico. Asimismo, es imprescindible analizar el corpus jurisprudencial del TJUE, fruto de la labor interpretativa de esta suprema instancia. El primer párrafo del art. 47 CDFUE halla su fundamento en el art. 13 CEDH que prescribe el derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional. Sin embargo, el Praesidium aclara que el alcance de la protección garantizada por la Carta es más extenso, pues exige que dicho recurso se celebre ante un órgano jurisdiccional. Según argumentan las explicaciones, este derecho constituye un 6 Miguez Macho, L., «Los derechos de justicia en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», Ruiz Miguel, C., Estudios sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Universidade de Santiago de Compostela, 2004, pp Diario Oficial de la Unión Europea C 303/ , también disponibles en European Unión Agency for Fundamental Rights [en línea], < (Consulta: ). 8 En este sentido, cabe recordar el contenido del tercer apartado del art. 6.1 del Tratado de la Unión Europea (TUE), por el que «Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y aplicación y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones.» Al mismo modo, el art CDFUE otorga a las Explicaciones el valor de criterios hermenéuticos, estableciendo que deberán ser «tenidas debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros».
6 660 CIRO MILIONE principio general del Derecho de la Unión 9, razón por la que «el artículo 47 se aplica respecto de las instituciones de la Unión y de los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión, para todos los derechos que garantiza el Derecho de la Unión.» No obstante, las explicaciones ponen de relieve que la referencia a este principio no tiene por finalidad modificar el sistema de control jurisdiccional establecido en los Tratados ni, en particular, las normas relativas a la admisibilidad de los recursos interpuestos directamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El primer párrafo del art. 47 CDFUE se fundamenta como recuerda Lopez Escudero 10 en la constatación de que la aplicación del Derecho de la Unión es descentralizada. En efectos, compete a los jueces nacionales conocer de las causas que traen su origen de este sistema normativo, siendo el ámbito de competencia reservado al Tribunal de Justicia relativamente limitado. Por ello, podemos entender que dicho precepto se encuentre estrechamente relacionado con el art TUE 11, por el que los Estados miembros deben establecer vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión 12. Este principio ha sido además enfatizado por el Tribunal de Justicia en la STJ de 19 de junio de 1990, asunto C-213, al afirmar que «corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales, en virtud del principio de cooperación establecido por el 9 Vd. Sentencia del Tribunal de Justicia (STJ) de 15 de mayo de 1986, asunto 222/84, donde se recuerda que «El control jurisdiccional [ ] es la expresión de un principio general del Derecho que es básico en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Este principio está igualmente consagrado por los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de Como ha sido reconocido en la declaración común del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, de 5 de abril de 1977 (DO C 103, p. 1), y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conviene tener en cuenta, en el marco del Derecho comunitario, los principios en los que se inspira dicho Convenio»; asimismo, véase la STJ de 15 de octubre de 1987, asunto 222/86, y la STJ de 3 de diciembre de 1992, asunto C-97/ Lopez Escudero, M., «Artículo 47. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial», en Mangas Martin, A., (Dir.), Carta, ob. cit., pp Introducido por el art.1.20 del Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (DOUEC, n.º 306, de 17 de diciembre de 2007). Algo que ha suscitado las críticas de una parte de la doctrina por la ausencia en este precepto de cualquier referencia al papel del juez nacional como sujeto plenamente legitimado a juzgar cuestiones de Derecho de la Unión que se planteen en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales, con la única excepción de las cuestiones prejudiciales cuya resolución compete al Tribunal de Justicia. En este sentido, vd. Informe del Grupo de Reflexión sobre el futuro del sistema judicial de las Comunidades Europeas, enero 2000; Alfonso Dastis, D. y Gijs De Vries, D., «Propuestas para garantizar mayor eficiencia y eficacia en los métodos de trabajo del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia», CONTRIB 277, CONV 620/03, p. 5, que afirman «Uno de los rasgos principales del sistema jurídico de la UE es que su respeto y ejecución está garantizado por los tribunales nacionales, que, por lo tanto, actúan como parte de «la estructura jurisdiccional de la UE». Todo el procedimiento de las decisiones prejudiciales por parte del TJE o del TPI se basa en este entendimiento. Parece apropiado que un elemento tan importante de la UE como «comunidad de derecho» sea reconocido explícitamente en el futuro Tratado»; estas últimas referencias doctrinales citadas además por Alonso Garcia, R., «Lisboa y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», en Papeles de Derecho Europeo e Integración Regional. Working Papers on European Law and Regional Integration, n.º 1, 2010, p Asimismo se ha pronunciado el Tribunal de Luxemburgo con la STJ de 25 de julio de 2002, asunto C-50/00, estableciendo que «corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que permita garantizar el respeto a la tutela judicial efectiva».
7 LA INTERPRETACIÓN DEL ART. 47 CDFUE COMO EXPRESIÓN DE LA LABOR HERMENÉUTICA 661 artículo 5 del Tratado, proporcionar la protección jurídica que se deriva para los justiciables del efecto directo de las disposiciones del Derecho comunitario». Por estas mismas razones, es posible enlazar el contenido del primer párrafo del art. 47 CDFUE con el principio de cooperación leal establecido por el art. 4.3 del TUE (anteriormente, art. 10 del Tratado de la Comunidad Europea, TCE) en virtud del cual se afirma, entre otros, el deber de los Estados miembros de adoptar todas las medidas generales y particulares para asegurar un apropiado cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. 2. El derecho a un proceso justo y las demás garantías procesales previstas por el segundo párrafo del art. 47 CDFUE El segundo párrafo del art. 47 CDFUE constituye una norma con un contenido particularmente amplio y complejo, pues consagra un abanico de garantías (derecho de acceso a los tribunales, derecho a un proceso justo, derecho a un proceso público, a un juez imparcial, independiente y establecido por la ley, derecho al plazo razonable, derecho a la representación legal, etc.) que ya venían contempladas en el art. 6 CEDH. El TJUE ha puesto en evidencia, en repetidas ocasiones, que el derecho de acceso a los tribunales primordial en la perspectiva de la tutela judicial efectiva constituye uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho en los que se inspira la Unión. Así lo vemos claramente en distintas resoluciones del Tribunal de Luxemburgo que introducen el principio del «efecto directo» 13 y el principio de «supremacía del Derecho de la Unión» 14. Asimismo, particularmente relevante es la STJ 19 de noviembre de 1991, asuntos C-6 y C-9/90, que introduce el concepto de «responsabilidad del Estado miembro», al recordar el Tribunal que «el Tratado CEE ha creado un ordenamiento jurídico propio, integrado en los sistemas jurídicos de los Estados miembros y que se impone a sus órganos jurisdiccionales, cuyos sujetos no son sólo los Estados miembros, sino también sus nacionales y que, al igual que impone cargas a los particulares, el Derecho comunitario también genera derechos que entran a formar parte de su patrimonio jurídico [ por lo que ] incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales encargados de aplicar, en el marco de sus competencias, las disposiciones de Derecho comunitario, garantizar la plena eficacia de tales normas y proteger los derechos que confieren a los particulares.» 13 Vd., entre otras, la STJ de 5 de febrero de 1963, asunto 26/62, con la que el Tribunal afirma que «el artículo 12 del Tratado (CEE) tiene un efecto directo en Derecho interno, en el sentido de que los nacionales de los Estados miembros puedan invocar, basándose en este artículo, derechos que el Juez nacional deba proteger». 14 Vd., entre otras, la STJ de 15 de julio de 1964, asunto 6/64, por la que«la primacía del Derecho comunitario está confirmada por el artículo 189, a cuyo tenor los Reglamentos tienen fuerza «obligatoria» y son «directamente aplicables en cada Estado miembro» que esta disposición, que [ ] carecería de alcance si un Estado pudiera unilateralmente destruir sus efectos mediante un acto legislativo oponible a las normas comunitarias [ ] que del conjunto de estos elementos se desprende que al Derecho creado por el Tratado [ ] no se puede oponer, en razón de su específica naturaleza original una norma interna, cualquiera que sea ésta, ante los órganos jurisdiccionales, sin que al mismo tiempo aquél pierda su carácter comunitario y se ponga en tela de juicio la base jurídica misma de la Comunidad».
8 662 CIRO MILIONE Con la STJ de 16 de diciembre 1976, asunto C-33/76, la suprema instancia europea intensifica el alcance del derecho de acceso a los tribunales introduciendo, además, dos principios básicos para una efectiva garantía de la eficacia del Derecho de la Unión: el principio de equivalencia y el principio de efectividad. En ese contexto, el Tribunal de Luxemburgo reconoce que «a falta de normativa comunitaria en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales de los recursos en vía jurisdiccional que hayan de procurar la salvaguarda de los derechos que en favor de los justiciables genera el efecto directo del Derecho comunitario», estableciendo que dichas normas en ningún caso pueden ser menos favorables que las correspondientes a recursos similares de carácter interno («principio de equivalencia») ni que hagan imposible en la práctica, o excesivamente difícil, el ejercicio de tales recursos («principio de efectividad») 15. Por su parte, el Praesidium, que también detecta en el segundo párrafo del art. 47 CDFUE numerosas coincidencias con el primer párrafo del art. 6 CEDH, aclara que «en el Derecho de la Unión, el derecho a un tribunal no se aplica únicamente a litigios relativos a derechos y obligaciones de carácter civil». Así lo pone de manifiesto el mismo Tribunal de Justicia con la STJ de 23 de abril de 1986, asunto 294/83, al afirmar que «la Comunidad Econó mica Europea es una comunidad de Derecho, en la medida en que ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional fundamental que constituye el Tratado [ ] Cuando la aplicación administrativa de estos actos compete a las instituciones comunitarias, las personas físicas y jurídicas pueden interponer un recurso directo ante el Tribunal de Justicia contra los actos de aplicación de que sean destinatarias o que les afecten directa e individualmente e invocar, en apoyo de este recurso, la ilegalidad del acto general de base. Cuando su ejecución sea competencia de las instancias nacionales, aquéllas pueden alegar la invalidez de los actos de alcance general ante los órganos jurisdiccionales nacionales e inducirles a consultar al Tribunal de Justicia a este respecto mediante las cuestiones prejudiciales.» No obstante, el catalogo de garantías previsto por dicho precepto goza de un alcance general que trasciende la actividad jurisdiccional referida meramente al ámbito civil o penal. Al principio de este epígrafe dedicado al segundo párrafo del art. 47 CDFUE señalábamos que este precepto no se limita a establecer el derecho de acceso a los tribunales, sino que recoge un catálogo muy amplio de principios inherentes a la 15 Vd., en este mismo sentido, las SsTJ de 16 de mayo 2000, asunto C-78/98; de 9 de marzo de 1978, C-106/77; de 19 de junio de 1990, C-213/89; de 14 de diciembre de 1995, C-430/93 y C-312/93; de 5 de octubre de 2006, C-368/04; de 20 de septiembre de 1990, C-5/89. Sobre dichos principios, véase además el Informe del Consejo de Estado sobre la inserción del Derecho Europeo en el ordenamiento español, E 1/2007, de 14 de febrero de Asimismo, Roldan Barbero, J., «La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE: su estatuto constitucional», en Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2003, n.º 16, pp ; y Lopez Escudero, M., «Artículo 47», ob. cit., pp
9 LA INTERPRETACIÓN DEL ART. 47 CDFUE COMO EXPRESIÓN DE LA LABOR HERMENÉUTICA 663 tutela judicial efectiva. Esto es particularmente cierto respecto de una serie de garantías el derecho a un plazo razonable, el derecho al juez natural, el derecho a la imparcialidad judicial, el derecho a un intérprete, el derecho a la motivación de los actos judiciales, el derecho a la asistencia letrada, etc. que han sido ampliamente interpretadas por el Tribunal de Justicia. En primer lugar, en relación con el derecho a un juez natural, cabe señalar entre todas, la STJ de 13 de diciembre de 2012, asunto T-199/11 P. En esta resolución el Tribunal de Luxemburgo incorpora criterios interpretativos del TEDH (Sentencia del 22 de junio de 2000, caso Coëme y otros c. Bélgica; Sentencia de 20 de julio de 2006, caso Sokurenko y Strygun v. Ucrania) para afirmar que el concepto de «juez natural» atañe al órgano judicial cuya composición y competencia hayan sido previamente establecidas por la ley, como medida para «garantizar la independencia del Poder Judicial sobre el Ejecutivo». Asimismo, el TJUE aclara que este requisito no impide que dichos órganos puedan interpretar libremente las normas que regulan su organización y funcionamiento. Por esta razón, esta misma instancia desestima el recurso de una parte que había considerado violado su derecho a la tutela judicial efectiva sobre la base de la reasignación de su caso a una sala del Tribunal de la Función Pública con una composición distinta a la original 16. La misma STJ de 13 de diciembre de 2012, asunto T-199/11 P, adquiere importancia también en relación con el derecho a la imparcialidad judicial. Al respecto, el Tribunal de Luxemburgo define como «piedra angular del derecho a un proceso justo» la existencia de garantías relativas a la composición de la Corte, atribuyendo al juez de la Unión el deber de velar por el estricto cumplimiento de este principio sobre todo cuando se haya invocado la violación de ese derecho y la disputa en este punto no parezca manifiestamente infundada. A continuación, el Tribunal de Justicia señala que el requisito de la imparcialidad atañe a dos aspectos distintos: subjetivo y objetivo. Desde la primera perspectiva, es necesario que ningún miembro del órgano judicial muestre parcialidad o delate la existencia de prejuicios personales. Este tipo de imparcialidad se considera presunta hasta prueba de lo contrario y dicha presunción no puede ser derrotada sobre la base de meras suposiciones, sospechas o impresiones carentes de prueba. En relación a la parcialidad objetiva, el Tribunal de Luxemburgo se limita a indicar que todo tribunal debe ofrecer garantías suficientes para descartar a este respecto cualquier duda legítima El TJUE además alega que, sobre la base de una asentada doctrina (Sentencia de 15 de octubre de 2002, asuntos C 238/99 P, C 244/99 P, C 245/99 P, C 247/99 P, C 250/99 P a C 252/99 P y C 254/99 P; y Sentendia de 2 de octubre de 2003, asunto C 182/99 P), no existe el derecho de la parte a que la composición del tribunal encargado de su causa no varíe durante todo el tiempo del procedimiento. 17 En este mismo sentido, vd. STJ de 1 de julio de 2008, C 341/06 P y C 342/06 P. El TJUE, en realidad, sobre este punto hace suya la doctrina del TEDH. Señalamos entre todas las SSTEDH de 17 de enero de 1970, caso Delcourt c. Bélgica; de 30 de octubre de 1991, caso Borgers c. Bélgica; de 1 de octubre de 1992, caso Piersack c. Bélgica. Cfr. Milione, C., El derecho, ob. cit., pp
10 664 CIRO MILIONE Cabe señalar, por último, que en numerosas ocasiones el TJUE ha recordado que el principio de imparcialidad no se aplica como tal a la Comisión Europea, por carecer dicha institución de la naturaleza de tribunal a la luz del art. 47 CDFUE y del art. 6 CEDH 18. Sin embargo, en la STJ de 27 de junio de 2012, asunto T-372/10, después de haber recordado este mismo concepto (apartado n.º 57), el Tribunal de Luxemburgo señala que en el marco de procedimientos administrativos, como los concernientes al art. 101 (legislación antitrust) del TFUE, la Comisión debe ciertamente respetar, a lo largo de los mismos, los principios generales del Derecho de la Unión entre los que se encuentra el derecho a un proceso equitativo. No obstante, el TJUE concluye afirmando que «el hecho de que la Comisión, órgano administrativo, ejerza a la vez las funciones de instrucción y de sanción de las infracciones del artículo 101 TFUE no constituye un incumplimiento de esa exigencia de imparcialidad, toda vez que sus decisiones están sometidas al control del juez de la Unión.» 19 Siempre en materia de legislación antitrust, una resolución del Tribunal de Luxemburgo sirve para aclarar el alcance del derecho a los medios de prueba. La referencia es a la STJ de 25 de enero de 2007, asunto C-411/04 P, con la que la suprema instancia europea adopta las conclusiones del Abogado General L.A. Geelhoed (de 12 de septiembre de 2006) en virtud de las cuales, en el Derecho comunitario de la competencia, la aportación de las pruebas debe centrarse en documentos, con la condición de que el juez encargado del procedimiento debe velar rigurosamente por la confidencialidad de las informaciones en ellos contenidas, para no frustrar los intereses legítimos de las empresas demandadas. Por todo ello, en dicha materia particularmente sensible, el TJUE declara que no puede ser de aplicación la doctrina del TEDH que niega la admisibilidad de medios de prueba documentales proporcionados por terceros cuyo anonimato deba garantizarse. En palabras del mismo Tribunal de Luxemburgo «en asuntos del Derecho comunitario de la competencia la prueba testifical sólo desempeña un papel secundario, mientras que los documentos escritos ocupan un lugar central [ ] en estas circunstancias no cabe interpretar el principio de que toda persona tiene derecho a un proceso equitativo en el sentido de que los documentos que contengan pruebas de cargo han de ser descartados automáticamente como medio de prueba cuando ciertos datos deben permanecer confidenciales. Esta confidencialidad puede aplicarse también a la identidad de los autores de los documentos y de las personas que los hayan remitido a la Comisión». En relación con el derecho a un plazo razonable, el Tribunal de Luxemburgo subraya en la Sentencia de 27 de junio de 2012, asunto T-372/10, que esta garantía constituye un principio general del Derecho de la Unión consagrado en el 18 STJ de 29 de octubre de 1980, asuntos de 209/78 a 215/78 y 218/78; Sentencias del Tribunal General de 14 de mayo de 1998, asuntos T 348/ En este mismo sentido, SsTJ de 11 de marzo de 1999, asunto T 156/94; de 14 de mayo de 1998, asunto T 348/94.
11 LA INTERPRETACIÓN DEL ART. 47 CDFUE COMO EXPRESIÓN DE LA LABOR HERMENÉUTICA 665 segundo párrafo del art. 47 CDFUE, que además concierne y vincula a la misma Comisión cuando esta actúe en el marco de sus procedimientos administrativos 20. Para apreciar la razonable duración de un proceso, el Tribunal señala la necesidad de examinar las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, del contexto de éste, de las diferentes fases del procedimiento seguido, de la complejidad del asunto y de su trascendencia para las diferentes partes interesadas 21. Por su parte, la STJ de 27 de marzo de 2014, asuntos T 56/09 y T 73/09, nos indica que la excesiva duración de un proceso no implica necesariamente la anulación de la decisión que lo concluye. En efecto, el Tribunal señala que «en materia de aplicación de las normas sobre competencia, un plazo cuya duración exceda de lo razonable sólo puede constituir un motivo de anulación de una decisión en la que se constaten infracciones si se demuestra que la violación de este principio ha vulnerado los derechos de defensa de las empresas de que se trate. Fuera de este supuesto específico, el incumplimiento de la obligación de pronunciarse en un plazo razonable no influye en la validez de los procedimientos administrativos». Aunque el segundo párrafo del art. 47 CDFUE no haga referencia a esta garantía en términos explícitos, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales puede considerarse un principio insoslayable del derecho a la tutela judicial efectiva 22. El Tribunal de Luxemburgo ha hecho referencia al deber de los órganos jurisdiccionales de motivar sus actuaciones en distintas sentencias aclarando algunos aspectos básicos de esta garantía procesal. Así, en la STJ de 25 de octubre de 2001, asunto C 120/99, la suprema instancia europea pone de relieve la necesidad de que la motivación se adapte a la naturaleza del acto de que se trate y muestre de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que haya emanado dicho acto. Sin embargo, este último requisito no supone para el tribunal el deber de seguir exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en la controversia, pues es incluso admisible una formulación implícita de la motivación siempre que permita a los interesados conocer los fundamentos que justificaron la 20 Así en las SsTJ de 21 de septiembre de 2006, asunto C-105/04 P; de 15 de octubre de 2002, asuntos C 238/99 P, C 244/99 P, C 245/99 P, C 247/99 P, C 250/99 P a C 252/99 P y C 254/99 P; de 30 de septiembre de 2003, asunto T 196/ Ibídem y además en la STJ de 16 de septiembre de 1999, Partex/Comisión, T 182/96. El propio TEDH ha indicado estos mismos criterios para determinar la excesiva duración de un proceso. Entre otras queremos destacar las SsTEDH de 6 de mayo de 1981, caso Buchholz c. Alemania; de 13 de julio de 1983, caso Zimmermann y Steiner c. Suiza; de 23 de abril de 1987, caso Erkner y Hofauer c. Austria; de 25 de marzo de 1999, casos Unión Alimentaria Sanders S.A. c. España y Pélissier y Sasi c. Francia; de 12 de mayo de 1999, caso Ledonne c. Italia; de 4 de abril de 2000, caso I.S. c. Eslovaquia; de 4 de abril de 2001, caso Academy Trading Ltd. y otros c. Grecia; de 25 de septiembre de 2001, caso Kizilöz c. Turquía; de 15 de noviembre de 2001, caso Cerin c. Grecia; de 23 de abril de 1998, casos Adolf c. Austria; Süssman c. Alemania; Doustaly c. Francia; de 25 de septiembre de 1998, caso Portington c. Grecia; de 26 de octubre de 2000, caso Kudla c. Polonia. Cfr. Milione, C., El derecho, ob. cit., pp Vd. en este sentido STEDH de 21 de enero de 1999, caso García Ruiz c. España.
12 666 CIRO MILIONE adopción de las medidas controvertidas y al órgano jurisdiccional competente disponer de los elementos suficientes para ejercer su control 23. Finalmente, es interesante analizar la última parte del segundo párrafo del art. 47 CDFUE por el que «toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar». Dos resoluciones del Tribunal de Luxemburgo destacan, entre otras, en relación a esta garantía. En ambos casos, la Corte europea está llamada a resolver cuestiones de fondo bien distintas, pero estrechamente relacionadas con la necesidad de proteger los derechos de defensa y representación más básicos de las partes. Hablamos de la STJ de 12 de junio de 2014, asunto C-314/13 y la STJ de 26 de junio de 2007, asunto C-305/05. En la primera resolución, relativa a una solicitud de desbloqueo de fondos para el pago de los honorarios de representación legal, el Tribunal de Luxemburgo evidencia el importante papel desarrollado por la asistencia letrada dentro de los procedimientos judiciales. En efecto, la instancia europea afirma que «el abogado es considerado un colaborador de la justicia, que ha de proporcionar, con plena independencia y para el interés superior de la misma, la asistencia legal que el cliente necesita» 24, razón por la que una demanda firmada por el propio demandante no puede considerarse suficiente para la interposición de un recurso. Así, interpretando el art. 3.1.b) del Reglamento (CE) n.º 765/2006 (del Consejo relativo a la adopción de medidas restrictivas contra el Presidente Lukashenko y determinados funcionarios de Belarús), la Corte europea declara que compete a la autoridad nacional ejercer sus funciones en relación al desbloqueo de fondos para destinarlos exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos de representación legal, en el respeto de los principios consagrados en el art. 47 CDFUE. La STJ de 26 de junio de 2007, asunto C-305/05, sin embargo, se ocupa de resolver una cuestión sustancialmente distinta, aunque concerniente al derecho a la asistencia letrada. El asunto gira en torno a la Directiva 91/308/CEE, del Consejo de 10 de junio de , por la que incumbía a los abogados («profesionales independientes del Derecho») el deber de aportar a las autoridades competentes informaciones sobre el blanqueo de capitales conseguidas en el marco de la relación con sus clientes. El Tribunal de Luxemburgo, estimó que la obligación consagrada en el art. 2bis n.º 5 de la citada Directiva no constituía una violación de los derechos de defensa y representación legal consagrados en el art. 6 CEDH (y por ende en el art. 47 CDFUE) puesto que el deber de informar quedaba circunscrito a una serie de actividades de orden financiero, como tales ajenas al ámbito judicial o de preparación de un juicio. 23 SsTJ de 7 de enero de 2004, asuntos C-204/00 P, C-205/00 P C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, y en la 19 de junio de 1990, asunto C Una exigencia que se radica no sólo en el art. 47 CDFUE, sino en el mismo Estatuto del Tribunal de Justicia (art. 19) y que respalda una amplia jurisprudencia: STJ de 18 de mayo de 1992, asunto C-155/79; de 14 de septiembre de 2010, asunto C 550/07 P; de 6 de septiembre de 2012, asuntos C 422/11 P y C 423/11 P. 25 En su versión modificada por la Directiva 2001/97/CE del Parlamento y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001.
13 LA INTERPRETACIÓN DEL ART. 47 CDFUE COMO EXPRESIÓN DE LA LABOR HERMENÉUTICA El derecho a la asistencia jurídica gratuita en el tercer párrafo del art. 47 CDFUE El derecho a la asistencia jurídica gratuita constituye una exigencia que completa el principio de representación legal descrito en la última parte del epígrafe anterior, y viene a reforzar la idea de que la asistencia letrada es imprescindible y está desvinculada de las circunstancias económicas de las partes para el desarrollo de determinados juicios que destaquen por su complejidad. A este respecto, el Praesidium vuelve a hacer mención del CEDH y particularmente de la jurisprudencia del TEDH 26 para recordar que la razón de fondo de este precepto reside en la necesidad de conceder asistencia jurídica en todas aquellas circunstancias en las que su ausencia pudiera hacer ineficaz la garantía de un recurso efectivo. El tenor literal del tercer párrafo del art. 47 CDFUE sustancialmente coincide con el del art. 6.3 letra c) CEDH, aunque el primer precepto hace particular hincapié en la falta de recursos económicos y en la necesidad de garantizar la efectividad del acceso a la justicia como condiciones para la prestación gratuita de la asistencia jurídica. Sin embargo, el precepto consagrado en el Convenio de Roma vincula dicha prestación a la concurrencia de dos requisitos diferentes: en primer lugar, carecer de los medios suficientes para remunerar al propio defensor; en segundo lugar, que «los intereses de la justicia lo exijan». De los dos supuestos requeridos, el segundo se caracteriza por una formulación dudosa e incierta 27 que dejaría un amplio margen de apreciación a favor de los Estados. Dicha circunstancia parece ser la causa de la indulgencia mostrada por el TEDH a la hora de detectar violaciones del derecho a la asistencia jurídica gratuita 28. No obstante, el Tribunal de Estrasburgo, en distintas resoluciones 29, ha interpretado el alcance de la expresión «intereses de la justicia», ofreciendo una serie de criterios hermenéuticos y supuestos objetivos útiles para detectar violaciones de ese derecho. Entre ellos cabe destacar, en el ámbito penal, la severidad de la pena potencial, la gravedad de la infracción imputada, la situación personal del imputado y, en general en todos los contextos judiciales, los hechos y circunstancias particulares de cada caso concreto, la importancia que para el demandante 26 Véase la STEDH de 9 de octubre de 1979, caso Airey c. Irlanda. 27 La verificación de la carencia de recursos principalmente económicos no representa una tarea problemática, correspondiendo al acusado demostrar esta condición. Véase la STEDH de 25 de septiembre de 1992, caso Croissant c. Alemania. 28 Violaciones que adquieren la sustancia de denegaciones abiertamente arbitrarias de la petición de un abogado de oficio. Véase, por ejemplo, la STEDH de 25 de septiembre de 1992, caso Pahm Hoang c. Francia. 29 SsTEHD de 7 de mayo de 2002, caso McVicar c. Reino Unido; de 16 de julio de 2002, caso P., C. y S. c. Reino Unido; de 15 de febrero 2005, caso Steel y Morris c. Reino Unido.
14 668 CIRO MILIONE tiene el objeto del proceso, la complejidad del Derecho y del procedimiento aplicables, así como la capacidad del demandante de defender eficazmente su causa. Además, el TEDH señala que, en determinadas circunstancias, puede no tenerse en cuenta la situación económica del demandante o la posibilidad de que su recurso prospere 30. Cuando el Estado considere legítimo reconocer la asistencia jurídica gratuita, su obligación no se resuelve únicamente con hacerse cargo de la designación de un abogado. En efectos, el TEDH recuerda que el Convenio, hablando de «asistencia» y no de «designación», pretende garantizar la efectividad del derecho en cuestión 31. Por esta razón, es deber del Estado controlar que la defensa sea asegurada a lo largo de todo el juicio en un sentido real y concreto, conforme a lo que eficazmente establece el preámbulo del CEDH 32. La doctrina del Tribunal de Estrasburgo en esta materia ha sido clave para interpretar el alcance del tercer párrafo del art. 47 CDFUE. Entre todas, lo pone en evidencia la STJ de 22 de diciembre de 2010, asunto C-279/09, que es clave no sólo para definir el alcance de dicho precepto sino, más en general, para entender hasta qué punto se ha producido la incorporación de criterios interpretativos del TEDH por parte del Tribunal de Luxemburgo. En esa resolución, relativa a la legitimidad del reconocimiento del derecho a la asistencia legal gratuita a una persona jurídica, la suprema instancia europea recuerda que la citada doctrina del Tribunal de Estrasburgo exige dicho reconocimiento en todos aquellos casos en los que su falta pudiera hacer ineficaz la garantía de la tutela judicial efectiva (apartado n.º 36). A continuación, interpretando el término «persona» presente en los dos primeros párrafos del art. 47 CDFUE, el TJUE recuerda que dicha expresión se refiere a las personas físicas aunque «desde un punto de vista estrictamente terminológico, no excluye a las personas jurídicas» 33. Asimismo, la Corte recuerda que la inclusión del derecho a la asistencia gratuita se enmarca en el contexto del Capítulo VI de la Carta, 30 STEDH del caso Steel y Morris c. Reino Unido, antes citada, 62. Aunque el mismo Tribunal de Estrasburgo, en el caso Monell y Morris c. Reino Unido, STEDH de 2 de marzo de 1987, acuñó otro criterio, definido «valoración de la sostenibilidad de la pretensión», para indicar la oportunidad de negar la asistencia jurídica gratuita en todos aquellos casos en los que la pretensión resulte inadmisible por considerarse contraria a las normas que rigen el procedimiento o porque, simplemente, es reiterativa de algo anteriormente pretendido y desestimado. 31 Véase, por ejemplo, la STEDH de 13 de mayo de 1980, caso Artico c. Italia. 32 Como ha puesto en evidencia el TEDH (Sentencia de 10 de octubre de 2002, caso Czekalla c. Portugal) de esta forma no se dejaría sin protección al justiciable en todas aquellas hipótesis en las que su defensor de oficio no realice propiamente su función, ya sea por una enfermedad, por un impedimento temporal o permanente, o algo peor por eludir sus deberes o cumplirlos de manera negligente o superficial. Dichas eventualidades, sobre todo estas últimas, podrían conllevar la responsabilidad del Estado por omisión, a continuación que estas carencias o estas incompetencias resultan manifiestas. 33 Interpretación que quedaría corroborada por la contraposición, existente en la versión alemana de la Carta, entre el término «Person» (empleado en el art. 47 CDFUE) y la palabra «Mensch» (utilizada en los Arts. 1, 2, 3, 6, 29, 34 y 35 CDFUE).
15 LA INTERPRETACIÓN DEL ART. 47 CDFUE COMO EXPRESIÓN DE LA LABOR HERMENÉUTICA 669 relativo a la Justicia, en el cual se enuncian otros principios que son de perfecta aplicación a las personas jurídicas 34. No obstante, el TJUE pone de relieve que el derecho contemplado por el párrafo tercero del art. 47 CDFUE, al igual que para otras garantías contempladas en el mismo precepto, no constituye un derecho absoluto, siendo admisible y correspondiente a la práctica de los demás Estados miembros la existencia de límites a esta garantía. Así, recordando nuevamente la doctrina del TEDH, el Tribunal de Luxemburgo señala la necesidad de que los procedimientos de concesión de la asistencia legal gratuita, implantados por las legislaciones nacionales, se inspiren en el principio de seguridad jurídica y de no arbitrariedad 35. Desde esta perspectiva, el TJUE concluye que no posible excluir que el derecho del tercer párrafo del art. 47 CDFUE pueda ser invocado por personas jurídicas. En opinión de la Corte corresponde «al juez nacional comprobar si los requisitos para la concesión de la asistencia jurídica gratuita constituyen una limitación del derecho de acceso a los tribunales que pueda afectar a la propia esencia de este derecho, si persiguen un fin legítimo y si existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido.» Por último, merece la pena señalar que a estos mismos criterios interpretativos relativos al derecho a la asistencia letrada se inspira claramente la Directiva 2003/8/ CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios; y más recientemente la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad. III. CONCLUSIONES: EL ALCANCE DE LA CARTA TRAS LAS SSTJ DE 26 DE FEBRERO DE 2013, ASUNTOS C-617/10 Y C-399/11 Tal como hemos señalado anteriormente, la STJ de 22 de diciembre de 2010, asunto C-279/09, es una clara demostración del importante papel que reviste el 34 A diferencia de lo que ocurre en el Derecho alemán donde dicha garantía procesal adquiere naturaleza de prestación social relacionada con los principios del Estado Social y con el concepto de dignidad humana, razones por las que el Tribunal Constitución Federal ha descartado el reconocimiento del derecho a la asistencia legal gratuita a favor de personas jurídicas. Vd. Sentencia del Bundesverfassungsgericht de 3 de julio de 1973, 1 BvR 153/ SsTEDH de 26 de febrero de 2002, caso Del Sol c. Francia; de 29 de septiembre de 2009, caso Puscasu c. Alemania; de 14 de octubre de 2010, caso Pedro Ramos c. Suiza.
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References: artículo 47
 resolución 
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 189
 resolución 
 artículo 101
 resolución 
 artículo 48
 artículo 730
 Real Decreto