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﻿ SENTENCIA 9997 DE ABRIL 20 DE 1999
SENTENCIA 9997 DE 20 DE ABRIL DE 1999
CONTENIDO:PRESCRIPCIÓN EN DELITOS DEL CÓDIGO PENAL MILITAR. SE APLICA EL INCREMENTO QUE RIGE PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÓDIGO PENAL MILITAR, EXEQUIBILIDAD DEL CÓDIGO PENAL MILITAR, ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:330 DE JUNIO DE 1999, PÁG.998
•Sentencia 9997 de abril 20 de 1999
PRESCRIPCIÓN EN DELITOS DEL CÓDIGO PENAL MILITAR
SE APLICA EL INCREMENTO QUE RIGE PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS
EXTRACTOS: «Sea lo primero advertir que el procesado para la época en que incurrió en el delito por el cual se le condenó en los fallos de instancia tenía la investidura de servidor público, pues se desempeñaba como capitán de la Policía Nacional en Cali, y en tal virtud cumplía actividades de inteligencia asignadas por sus superiores, en desarrollo de las cuales conoció los documentos secretos contenidos en los informes inicial y corregido por orden del Director de la Sijín que reveló ilícitamente.
Y no consulta el principio de igualdad el hecho de que para el servidor público civil que comete delito por razón o con ocasión de sus funciones o abusando de su investidura, el término de prescripción de la acción penal tenga un incremento de una tercera parte según lo dispone el artículo 82 del Código Penal, mientras que cuando el hecho punible es cometido por un servidor público investido de la calidad de miembro de la fuerza pública, por razón o con ocasión de sus funciones o con abuso de su investidura, ese incremento no tenga operancia porque el Código Penal Militar no lo contempla expresamente. Ante iguales circunstancias de hecho la autoridad competente debe aplicar idénticas soluciones de derecho; este es el apotegma que rige el principio fundamental de igualdad de las personas ante la ley, y debe ser respetado.
Uno de los varios motivos que determinaron la expedición del Código Penal Militar vigente, fue la necesidad de armonizar el régimen penal y procedimental castrense con el sistema penal y de procedimiento ordinarios, respecto de los cuales ya desde la década de los años 70 y de cara a los avances de la delincuencia en el ámbito nacional y la urgencia de crear procedimientos más eficaces de investigación comenzó a gestarse la también urgencia de profundas modificaciones que terminaron por traducirse en los códigos Penal de 1982 —Decreto 100 de 1981— y de Procedimiento Penal —Decreto 050 de enero de 1987—, a los cuales siguió una extensa actividad legislativa en el empeño de extender la actividad jurisdiccional y hacerla expedita conforme a las necesidades sobrevinientes.
Fue entonces cuando, patente emergió así mismo la conveniencia de actualizar el régimen penal aplicable a los militares en servicio activo y a los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional que cometan delito militar o común relacionado con el mismo servicio dentro o fuera del territorio nacional, salvo las excepciones legales, para lo cual a través del mecanismo de la concesión de facultades extraordinarias al Presidente de la República por la Ley 53 del 11 de diciembre de 1987, teniendo como objetivo, según la exposición de motivos del entonces Ministro de Justicia, la necesidad de atemperar en lo concerniente este especial régimen legal al régimen ordinario imperante, se expidió el Decreto 2550 del 12 de diciembre de 1988, derogatorio del Código de Justicia Penal Militar que había regido desde 1958 —Decreto 250 de tal año—.
De tal manera uno de los lineamientos orientadores de la ley de facultades para el nuevo Código Penal Militar, fue “a) Señalar los principios rectores” de esa normatividad, y entonces se consagró el de integración de normas, tanto para la parte sustantiva como para la parte adjetiva, en estos términos:
“ART. 13.—Integración. En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este código, son aplicables las normas del Código Penal común”.
“ART. 302.—Integración. Son aplicables al procedimiento penal militar, en cuanto no se opongan a lo establecido en este código, las disposiciones contenidas en los códigos de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil”.
De esta manera el Código Penal Militar, evidentemente, pues así se colige del espíritu de las normas transcritas, se ubicó en idéntico rango frente a la preceptiva del Código Penal ordinario, así en lo sustantivo como en lo procedimental, sin desnaturalizar claro está, su especialidad, haciendo plenamente operante el principio de la igualdad de las personas ante la ley garantizado en el artículo 13 de la Carta Política.
Bajo esta premisa, siendo evidente que en el Código Penal Militar, aplicable exclusivamente a los servidores públicos militares y de la Policía Nacional en servicio activo “que cometen hecho punible militar o común relacionado con el mismo servicio...” —artículo 14 ibid.— no aparece regulado a integridad el tema de la prescripción de la acción penal, excepción hecha del delito específicamente militar de deserción —artículos 115 y 74 aparte final— para el que precisó que el término de prescripción de su acción es de dos años, denotando a las claras esta puntualización que en el tema de la prescripción respecto de los demás delitos tanto militares como comunes cometidos por las personas sujetas a ese ordenamiento especial, por respeto al principio de la igualdad de las personas ante la ley, debe acudirse al principio de integración, tomando del Código Penal ordinario las previsiones cuyo vacío se advierte en la preceptiva especial.
Esta nueva y equitativa visión de la ley penal en comentario, más acorde con los postulados constitucionales de la igualdad y del debido proceso, modifica la postura jurisprudencial adoptada por esta Sala hasta ahora, que de manera sobreentendida había admitido como término de prescripción de la acción penal para delitos cometidos por los sujetos a quienes les es aplicable el Código Penal Militar, el mismo contemplado para el ciudadano común que vulnera el ordenamiento penal, e implica que en lo sucesivo se dará aplicación en punto al tema de la prescripción de la acción penal para dichos servidores públicos el mismo término previsto en la normatividad expresa del Código Penal Militar y en el artículo 82 del Código Penal ordinario para todos los servidores públicos que delinquen en ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, o con abuso de su investidura, esto es el señalado en los artículos 74, 75 y 77 del Código Penal Militar en concordancia con el artículo 82 precitado.
Se tiene que el capitán de la Policía Nacional y por tanto, servidor público, John Jairo Barreto Gómez, ahora retirado, cometió el delito por el cual fue juzgado, en ejercicio de sus funciones y dentro del territorio patrio, de donde se infiere que para el cómputo de la prescripción de la acción penal que se le adelanta, a partir de la interrupción marcada por la resolución de convocatoria a consejo verbal de guerra, debe aplicarse el incremento en el término de prescripción establecido en el artículo 82 del Código Penal ordinario, porque cuando la delincuencia es realizada por un servidor público tiene mayores repercusiones en el entorno ciudadano y exige una situación diferencial con el infractor que carece de esa connotación. Así lo entendió la Corte Constitucional, que en sentencia C-345 del dos de agosto de 1995, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, al resolver la demanda de inconstitucionalidad formulada respecto del artículo 82 del Código Penal, expuso:
“La posición privilegiada de los servidores públicos que delinquen y ocultan las pruebas o dificultan su consecución gracias al cargo o las funciones que desempeñan, constituye una razón válida para ampliar el término con que cuenta el Estado para perseguir estos delitos. Su complejidad, por otra parte, representa un motivo adicional para la adopción de esta medida de política criminal. Por último, el mayor costo social de permitir que los delitos cometidos por servidores públicos queden en la impunidad, con la consecuente pérdida de legitimidad del Estado, justifica la existencia de una norma como la demandada”.
Y al referirse a la diferencia de trato penal entre empleados oficiales en general y militares en servicio activo dijo:
“No basta para justificar el trato diferente, penal, entre empleados oficiales y empleados oficiales militares en servicio activo, ... con aducir que los últimos se encuentran cobijados por un “régimen especial”. La especialidad de un sector del ordenamiento jurídico, por sí sola, no es factor suficiente para limitar el alcance del principio constitucional de la igualdad, el cual preceptúa el mismo trato jurídico a quienes se encuentren en las mismas circunstancias de hecho”.
Se ha visto que el Código Penal Militar fue expedido con posterioridad al Código Penal ordinario, que la causa eficiente de su gestación fue la imperatividad de actualizar la legislación castrense al ritmo y enfoque filosófico y de política criminal de la legislación penal ordinaria, y que entre sus principios rectores contempló el de la integración para complementar los aspectos legislativos pertinentes no tratados en él. También esto lo entendió la Corte Constitucional en la providencia que se comenta:
“A juicio de la Corte, el hecho de que exista alguna diferenciación entre empleados públicos militares y no militares en relación con los términos de prescripción, obedece simplemente a que la expedición de las leyes —inclusive las penales— no es sincrónica. Por otra parte, la política criminal no es inmutable en el tiempo. De hecho las remisiones o reenvíos de un legislador a las leyes dictadas en el pasado puede ser total o parcial”.
Estos planteamientos concuerdan con los que en sentencia C-399 también de 1995, con ponencia del magistrado Martínez Caballero, la misma corporación sintetizó así:
“... el Código Penal Militar no es ni puede ser un compartimiento estanco totalmente separado del resto de la legislación ordinaria, pues sus normas deben ser interpretadas tomando en consideración las otras normas legales que sean pertinentes. Esto es tan claro que los artículos 13 y 302 del propio estatuto castrense establecen reglas de integración y hacen explícita referencia a otros códigos y leyes, en particular a los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil (...).
... la ley ordinaria puede regular asuntos relativos a la justicia penal militar sin que tales disposiciones tengan que estar formalmente incorporadas en el texto del Código Penal Militar. Así también lo entendió la Corte Suprema de Justicia, al amparo de la Constitución derogada, pues esa corporación señaló que la ley ordinaria podía regular distintos aspectos relacionados con la justicia castrense. Como es obvio, se entiende que esas leyes , aún cuando no se encuentren formalmente en ese código, pueden modificarlo y adicionarlo, sin que ello implique ningún vicio de inconstitucionalidad ya que, se reitera, se trata de normas legales de la misma jerarquía”.
En estas condiciones el término de prescripción de la acción penal del delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 146 del Código Penal Militar que señala una pena máxima de seis (6) años de prisión, contados a partir de la ejecutoria de la resolución de convocatoria al consejo verbal de guerra, es de cinco (5) años incrementados en una tercera parte, para un total de seis (6) años y ocho (8) meses, guarismo resultante de aplicar al caso por principio de integración el artículo 82 del Código Penal ordinario, según el cual, como se ha dicho, el término de la prescripción de la acción penal, en tratándose de servidores públicos se incrementa en una tercera parte con relación a la normatividad general que regula el fenómeno de la prescripción.
Habiendo cobrado ejecutoria la resolución de convocatoria a consejo verbal de guerra el 7 de marzo de 1994, con la cual se interrumpió el término ordinario de la prescripción señalado en el artículo 74 del Código Penal Militar, y sumado el incremento establecido en el artículo 82 del Código Penal ordinario, resulta indiscutible que aún no ha transcurrido el término de la prescripción de la acción penal en este proceso».
(Sentencia de abril 20 de 1999. Radicación 9997. Magistrado Ponente: Dr. Dídimo Páez Velandia).

References: artículo 82
 artículo 13
 artículo 82
 artículo 82
 resolución 
 artículo 82
 artículo 82
 artículo 146
 resolución 
 artículo 82
 resolución 
 artículo 74
 artículo 82