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Timestamp: 2019-01-20 05:30:34+00:00

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﻿ SENTENCIA 1997-00958 DE ABRIL 27 DE 2011
SENTENCIA 1997-00958 DE 27 DE ABRIL DE 2011
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALLA EN EL SERVICIO MÉDICO – VIOLACIÓN AL DEBER DE CUSTODIA Y VIGILANCIA. ANTE LOS HECHOS DE QUE UN PACIENTE QUE SE HALLABA BAJO CUSTODIA Y VIGILANCIA DE UN CENTRO HOSPITALARIO, INTERNO EN LA INSTITUCIÓN POR PADECER TRASTORNOS MENTALES Y QUE HABÍA TENIDO MANIFESTACIONES VERBALES DE FUGA, ESCAPARA DE LAS INSTALACIONES, PARA LUEGO SER ENCONTRADO SU CUERPO SIN VIDA AL HABERSE CAÍDO DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE NO FORMAL. SE SEÑALA QUE LA OBLIGACIÓN DE VIGILANCIA TENDIENTE A EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE ESTÁN SIENDO ATENDIDAS EN UN CENTRO DE SALUD, ES UNO DE LOS DEBERES PROPIOS DE LA ATENCIÓN HOSPITALARIA, Y QUE, EN EL CASO DE LAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN EL CUIDADO DE ENFERMOS MENTALES, INCLUYE LA DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE LOS PROPIOS PACIENTES, EN TANTO PUEDEN AGREDIR A OTROS O AGREDIRSE A SÍ MISMOS. LOS PACIENTES QUE PADECEN TRASTORNOS MENTALES SON PERSONAS QUE EXIGEN UN TRATO ESPECIAL, MÁS CUIDADO Y MAYOR VIGILANCIA, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN EN UNA UNIDAD PSIQUIÁTRICA DE LA CUAL SE ESPERA DILIGENCIA Y RESPONSABILIDAD. EN TRATÁNDOSE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD (ART. 49 C.P.), EL ESTADO ASUME UNA CARGA ESPECIALÍSIMA DE PROTECCIÓN, TODA VEZ QUE LAS PERSONAS QUE SE SOMETEN A LA PRAXIS MÉDICA, QUIRÚRGICA Y/O HOSPITALARIA, LO HACEN CON LA FINALIDAD DE QUE UN GRUPO DE PERSONAS CON UN CONOCIMIENTO PROFESIONAL Y TÉCNICO BRINDEN SOLUCIONES A SITUACIONES QUE SE RELACIONAN DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA CON EL CONCEPTO DE SALUD[15]. EN EL PRESENTE CASO, LA FALLA DEL SERVICIO OPERÓ POR UNA OMISIÓN DEL HOSPITAL AL HABER PERMITIDO LA SALIDA DE UN ENFERMO MENTAL QUE ESTABA BAJO SU RESPONSABILIDAD, PARA ENCONTRAR LA MUERTE POR FUERA DEL CENTRO HOSPITALARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO, CLÍNICA DE REPOSO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DESATENCIÓN EN SALUD, MUERTE DEL PACIENTE
Sentencia 1997-00958 de abril 27 de 2011
Proceso: 18001233100019970095801 (20309)
Actor: María Dora Toro Quintero y otros
Demandado: Hospital María Inmaculada ESE
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 5 de marzo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, mediante la cual se dispuso denegar las súplicas de la demanda y condenar en costas a la accionante.
En ejercicio de la acción de reparación directa, la señora María Dora Toro Quintero (madre de la víctima) en su propio nombre y en representación de sus hijos Alba Rocío y Alexander Sterling Toro (hermanos); Carlos Julio Sterling Vargas, Luis Fernando, Luis Guillermo y María Stella Rincón Toro (hermanos) demandan al Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia ESE(1), por la muerte de Gustavo Rincón Toro, el 17 de septiembre de 1995.
La parte actora sostiene que el 7 de septiembre de 1995 el señor Gustavo Rincón fue internado en el servicio de psiquiatría del Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia ESE, del que trató de salir sin autorización entre los días 8 y 13 de septiembre, hasta lograrlo el 17 del mismo mes y año.
Agrega la accionante:
En la búsqueda de su casa el señor Gustavo Rincón Toro abordó un vehículo mixto con la esperanza que lo condujera hasta el municipio de Albania departamento del Caquetá, sitio donde se encontraba el hogar formado por su señora madre, sus hermanos y su padrastro. El enfermo mental no contó con suerte y abordó el vehículo que no era, puesto que el automotor abordado tenía la ruta Florencia Solita y no la ruta Florencia Albania, como correspondía ser.
Ante el desespero de verse solo y abandonado en un sitio extraño al municipio donde vivía con su familia, el señor Gustavo Rincón Toro se arrojó del vehículo en que se transportaba. Las heridas sufridas como consecuencia de la caída del vehículo mixto de placas XYB724 número interno 1098 afiliado a la Empresa Coomotor Florencia, le causaron la muerte en forma inmediata”.
Sostiene la parte actora que “(...) en el caso del señor Gustavo Rincón Toro se omitieron por parte del médico tratante las siguientes medidas de seguridad, dado el estado del paciente:
a. Tenerlo en un cuarto aislado con buena seguridad en la puerta, en el cual solamente tuviera acceso el auxiliar de enfermería y el médico tratante.
b. Vigilancia permanente en la habitación que ocupaba el esquizofrénico por parte de las auxiliares de enfermería.
c. Advertir al personal de vigilancia del centro hospitalario de la inminencia de fuga del paciente.
d. No permitir que el paciente deambulara libremente por el centro asistencial.
e. Mantenerlo sujeto a la cama, sino se disponía de un cuarto adecuado y seguro.
f. Controles médicos permanentes para verificar su estado de salud y la evolución de la misma.
g. Mantener el paciente sedado mientras pasaba la crisis” (fls. 40-51, cdno. 1).
La parte actora solicita:
“1. Que el Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia Empresa Social del Estado es responsable administrativamente por la muerte del señor Gustavo Rincón Toro ocurrida el día 17 de septiembre de 1995 en el municipio de Valparaíso Caquetá, como consecuencia de las lesiones sufridas al tirarse de un bus mixto que cubría la ruta Florencia Valparaíso, después que la entidad demandada permitió la salida de la unidad mental del hospital a Gustavo Rincón Toro en forma irresponsable, pese a su grave estado de salud y sin contar con la presencia de sus familiares.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene al Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia Empresa Social del Estado a reconocer y pagar por perjuicios morales y materiales a los demandantes de la siguiente manera:
A María Dora Toro de Rincón, Carlos Sterling Vargas, Luis Fernando, Luis Guillermo y María Stella Rincón Toro, para cada uno, el equivalente en pesos colombianos a dos mil quinientos (2.500) gramos de oro fino, según su precio internacional certificado por el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de la sentencia definitiva.
A los menores Alba Rocío y Alexander Sterling Toro el equivalente en pesos colombianos a dos mil (2.000) gramos de oro fino, según su precio internacional certificado por el Banco de la República a la fecha de ejecutoria de la sentencia definitiva.
3. Las sumas así causadas devengarán los intereses previstos en el artículo 177 del CCA y se ejecutará en los términos establecidos en el artículo 177 del CCA” (fls. 47-48, cdno. 1).
1.2. Intervención pasiva.
Por intermedio de apoderado judicial y dentro del término de fijación en lista, la entidad demandada contestó la demanda oponiéndose a los hechos relacionados y a las pretensiones formuladas. Adujo en su defensa que en el transcurso del proceso se demostraría la ausencia de responsabilidad y que los hechos ocurrieron por intervención de la víctima.
Del escrito de contestación se destaca:
“(...) la causa determinante del deceso del señor Gustavo Rincón Toro no fue el tratamiento recibido en el Hospital María Inmaculada o lo que se dice se dejó de hacer con él, o la misma fuga o abandono voluntario del paciente del hospital, sino las lesiones ingeridas (sic) al caer accidentalmente o en forma deliberada del automotor de servicio público afiliado a la empresa Coomotor Florencia Ltda.”.
1.2.1. Excepciones.
La parte accionada propone las siguientes excepciones:
— Falta de legitimación en la causa por activa de María Dora Toro Quintero, en su condición de madre de la víctima, así como de Alba Rocío y Alexander Sterling Toro; Luis Fernando, Luis Guillermo y María Stella Rincón Toro, en calidad de hermanos, pues no se aportó al expediente el registro civil de nacimiento de Gustavo Rincón Toro.
En relación con el señor Carlos Julio Sterling Vargas, la entidad demandada alega que “(...) es apenas un padre putativo que sustancialmente carece de toda legitimidad, por ausencia de parentesco para accionar por los perjuicios inferidos con base en el deceso de su pretendido hijastro”.
— Ausencia de responsabilidad, toda vez que “(...) si la salida del paciente Gustavo Rincón Toro de la sede del Hospital María Inmaculada fue un acto voluntario, deliberado y consciente, cesó toda obligación de custodia por parte de la entidad hospitalaria, resolviéndose todo nexo aún indirecto de responsabilidad entre la salida del hospital y el posterior fallecimiento”.
— Hecho de un tercero, pues “(...) la causa del deceso del señor Gustavo Rincón Toro no fue su salida del Hospital María Inmaculada, sino el hecho de que la Empresa Coomotor Florencia Ltda. lo transportaba en ejercicio de una actividad riesgoza (sic), que es de resultado, en desarrollo de la cual cayó dicho señor, deliberada o accidentalmente”.
— Culpa compartida “(...) en la hipótesis de establecerse la obligación de indemnizar, de manera que si no es excluyente por la responsabilidad civil y directa de la empresa Coomotor Florencia Ltda., al transportar en un vehículo afiliado al señor Gustavo Rincón Toro, por lo menos sea una concausa del daño final” (fls. 64-72, cdno. 1).
1.2.2. Llamamiento en garantía.
En escrito separado, la entidad pública demandada llamó en garantía a la empresa Coomotor Florencia Ltda. y a la señora Claudia Piedad Torres Muñoz, funcionaria del Hospital María Inmaculada y jefe de enfermería del departamento de psiquiatría de la misma institución (fls. 108-112, cdno. 1)(2).
1.2.2.1. Contestación del llamado en garantía Claudia Piedad Torres Muñoz.
La señora Claudia Piedad Torres Muñoz alega en su defensa que para la fecha de los hechos no se desempeñaba como jefe de enfermería del departamento de psiquiatría del Hospital María Inmaculada, pues era enfermera de turno de todo el hospital y dentro de sus funciones no le correspondía controlar ni responder de forma directa por la custodia de los pacientes.
El doctor Sabas Simarra Sánchez, psiquiatra de la unidad mental del hospital en comunicación dirigida a la gerente del hospital el día 23 de octubre de 1996 dice que el paciente Gustavo Rincón Toro presentaba un diagnóstico de esquizofrenia paranoide de larga evolución y fue hospitalizado en la unidad mental el 7 de septiembre de 1995, en donde se le asistió con manejo farmacológico y psicoterapéutico adecuado con evolución satisfactoria como está consignado en la historia clínica 348, que el día de los hechos el paciente fue medicado con observación de mejoría en su cuadro” (fls. 119-122, cdno. 1).
1.2.2.2. Contestación del llamado en garantía Cooperativa de Motoristas de Florencia Ltda. “Coomotor Florencia Ltda.”.
La empresa Coomotor Florencia Ltda. se opuso al llamamiento en garantía realizado por el Hospital María Inmaculada “(...) por cuanto no le asiste derecho contractual ni jurídico (...) para el presente caso las únicas personas que en un momento dado podrían exigir una indemnización después de tramitar el correspondiente proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, serían únicamente los demandantes es decir María Dora Toro y otros a quienes les nace su derecho por dictamen legal”.
Con fundamento en lo anterior, la cooperativa propuso la excepción de “falta de legitimación en la causa del llamante en garantía”. Así mismo, teniendo en cuenta la forma como ocurrieron los hechos, formuló la excepción de culpa exclusiva de la víctima y caso fortuito, pues Gustavo Rincón Toro “(...) de un momento a otro se lanzó del vehículo produciendo directamente el accidente y con él los daños o perjuicios que se reclaman” (fls. 150-153, cdno. 1).
La Cooperativa de Motoristas de Florencia Ltda. “Coomotor Florencia Ltda.”, a su vez, llamó en garantía a la compañía aseguradora Seguros La Equidad, con fundamento en la póliza de responsabilidad civil extracontractual 0254313-3, que ampara el automotor de placas XYB724 de propiedad de la señora Chávez de G. Sofía (fls. 156-158, cdno. 1)(3).
1.2.2.2.1. Contestación del llamado en garantía Seguros La Equidad.
La compañía de seguros, amparada en una causal de exclusión de la póliza(4), solicitó se le exonerara de responsabilidad por los hechos de que trata la presente demanda (fls. 184-186, cdno. 1).
En esta oportunidad, la parte actora y demandada reiteran los argumentos aducidos en la demanda y en la contestación respectivamente.
1.4. Concepto del Ministerio Público.
La Procuraduría Veinticinco Judicial ante el Tribunal Administrativo del Caquetá solicitó acceder a las súplicas de la demanda. La vista fiscal sostiene que “(...) probado como está dentro de las diligencias la internación de Gustavo Rincón Toro en el Hospital María Inmaculada y la no entrega de este a sus familiares, surge la falla del servicio. El hospital que lo tenía bajo su custodia debe responder por su devolución” (fls. 207-212, cdno. 1).
1.5. Sentencia.
Mediante sentencia proferida el 5 de marzo de 2001, el Tribunal Administrativo del Caquetá resuelve i) declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, propuesta por el Hospital María Inmaculada, ii)declarar probada la excepción de falta de legitimación del llamado en garantía Empresa Coomotor Florencia Ltda., iii) negar las pretensiones de la demanda, iv) absolver de responsabilidad al llamado en garantía Claudia Piedad Torres Muñoz y v) condenar en costas a la parte demandante.
Sobre la ausencia de legitimación en la causa por activa, el a quo sostiene que “(...) no está llamada a prosperar por cuanto de la prueba documental allegada como son los registros civiles de nacimiento se demuestra sin lugar a dudas que el occiso era hijo de María Dora Toro (...). De otra parte, el señor Carlos Julio Sterling Vargas (padrastro) está legitimado para obrar en virtud de hacer vida marital en unión de hecho con María Dora Toro Quintero, madre del occiso Gustavo Rincón Toro, como está demostrado con los testimonios (...)”.
En relación con la excepción de falta de legitimación en la causa del llamado en garantía Coomotor Florencia Ltda., el tribunal considera que está llamada a prosperar, toda vez que no existe ninguna relación legal o contractual con el Hospital María Inmaculada.
En cuanto a los hechos, el tribunal argumenta que no se probó “(...) la omisión ni en la prestación del servicio médico hospitalario en la especialidad de psiquiatría ni en la vigilancia y cuidado alegadas por la actora, no se encuentra demostrada la falla del servicio (...) no desconoce la Sala que al haber fallecido Gustavo Rincón Toro se ha causado un daño antijurídico, pues su deceso está debidamente comprobado con el registro civil de defunción, acta de levantamiento de cadáver, certificado individual de defunción y protocolo de necropsia, pero ese daño antijurídico no es imputable al Hospital María Inmaculada”.
El a quo aduce que “(...) la jurisprudencia ha sido unánime en establecer que en pacientes con enfermedades como la que sufría el occiso, tanto la medicina, los médicos y los centros hospitalarios conlleva a tener una obligación de hacer solamente en lo que esté a su alcance y no que necesariamente dicho estamento esté obligado a cumplir un resultado, precisando que la tendencia moderna para tratamiento de enfermedades mentales no puede ser el aislamiento, la represión o el encierro sino los tratamiento o terapias sociofamiliares”.
Por lo que hace a las excepciones propuestas por la entidad pública demandada, el tribunal señala:
Los eximentes (ausencia de responsabilidad, hecho de un tercero y culpa compartida) propuestos en la contestación de la demanda no están llamados a prosperar por cuanto está probado que el occiso padecía de una esquizofrenia paranoide, como lo diagnosticó el médico psiquiatra en la historia clínica y lo ratificó en su testimonio al que nos hemos referido; por consiguiente el paciente no tenía capacidad para discernir y como tal no era responsable de sus actos, su salida obedeció a situaciones incontrolables.
El hecho de un tercero se fundamenta en que la responsabilidad de la muerte de Gustavo Rincón Toro recae en la empresa que lo transportaba y no en el hospital donde estaba recluido; tampoco está llamado a prosperar en virtud de que el deceso sucedió al lanzarse aquel del bus en que se transportaba, configurándose aquí el caso fortuito.
La culpa compartida alegada por el hospital no se configura en el sub lite, por cuanto como quedó demostrado en este fallo, no hubo falla por parte del ente demandado”.
Por último y en atención a lo expuesto, el a quo concluye que los llamados en garantía no tienen responsabilidad alguna por los hechos (fls. 221-235, cdno. 1).
2.1. Recurso de apelación.
Inconforme con la decisión, la parte actora interpone recurso de apelación para que se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que la responsabilidad de la entidad demandada se encuentra debidamente acreditada. Sostiene al respecto:
Está probado en el proceso la fecha de ingreso del señor Gustavo Rincón Toro. Igualmente está probado que no aparece hora y fecha de salida y que la responsabilidad de la fuga o volada (sic) del señor Gustavo Rincón Toro, se debió a una falla en la prestación del servicio en el Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia ESE, falla del servicio traducida en la obligación de cuidado y custodia con los pacientes.
De nada vale al hospital sus exculpatorias en el sentido que aplicaron las técnicas más modernas en la atención de la enfermedad del señor Gustavo Rincón Toro, si omitieron el más elemental de los detalles, que es el cuidado y custodia personal del paciente para que no se fuera a fugar o volar de las instalaciones del ente asistencial.
Teniendo en cuenta lo probado en la historia clínica y lo ratificado en el testimonio del doctor Sabas Simarra, quien bajo la gravedad de juramento y en el testimonio rendido manifestó “el paciente no tenía capacidad de discernir y como tal no era responsable de sus actos, su salida obedeció a situaciones incontrolables”.
De lo anterior se deduce que las causales que obedecieron la salida del señor Gustavo Rincón Toro, sí era controlable por el ente asistencial y que se traducía en una vigilancia directa sobre los pacientes que sufrían de trastornos mentales (...)” (fls. 243-249, cdno. 1).
2.2. Alegatos finales.
Las partes guardaron silencio(5).
Esta corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida en primera instancia, que negó las pretensiones.
Efectivamente, para la fecha de presentación de la demanda(6) la cuantía exigida para que las acciones de reparación directa tuvieran vocación de doble instancia era la suma de $ 13.460.000 (CCA, art. 131 subrogado D. 597/88) y la pretensión mayor asciende a 2.500 gramos oro(7), por concepto de perjuicios morales, es decir, la suma de $ 29.121.200.
2. Asunto que la Sala debe resolver.
El problema jurídico que la demanda formula se contrae a la imputación en contra del Hospital María Inmaculada de Florencia (Caquetá), por la muerte de Gustavo Rincón Toro, en hechos ocurridos el 17 de septiembre de 1995. Según la actora —asunto que habrá de esclarecerse— dicho centro hospitalario no cumplió con el deber de vigilancia y cuidado de un paciente que padecía trastornos mentales, como era el caso del señor Rincón Toro, quien, habiéndose fugado de las instalaciones del hospital, sufrió un accidente y murió.
La Sala se pronunciará en primer lugar sobre la legitimación en la causa por activa, para luego entrar a analizar los hechos probados y los argumentos de las excepciones de fondo que no demandan un pronunciamiento previo, con miras a determinar si hay lugar a la declaratoria de responsabilidad de la entidad pública demandada.
2.1. Legitimación en la causa por activa.
Se entiende la legitimación activa como la relación sustancial del actor respecto de las pretensiones, cuya ausencia conlleva fatalmente a su negación, pues, en los juicios de responsabilidad no es otra cosa que la ostentación del actor de la condición de acreedor de la prestación de reparación o restablecimiento.
Para acreditar la legitimación, la parte actora allegó los siguientes documentos:
— Registro civil de nacimiento abierto a nombre de María Stella, el día 26 de septiembre de 1962, hija de Guillermo Rincón Henao y María Dora Toro Quintero (fl. 8, cdno. 1).
— Registro civil de nacimiento de Gustavo, el día 1º de septiembre de 1966, hijo de Guillermo Rincón Henao y María Dora Toro Quintero (fl. 214, cdno. 1).
— Registro civil que da cuenta del nacimiento de Luis Guillermo, el día 24 de abril de 1974, hijo de Guillermo Rincón Henao y María Dora Toro Quintero (fl. 161, cdno. 2).
— Registro civil de nacimiento abierto a nombre de Luis Fernando, el día 24 de septiembre de 1974, hijo de Guillermo Rincón Henao y María Dora Toro Quintero (fl. 162, cdno. 2).
— Registro civil de nacimiento de Alexander, el día 14 de agosto de 1978, hijo de Carlos Julio Sterling Vargas y María Dora Toro Quintero (fl. 159, cdno. 2).
— Registro civil de nacimiento de Alba Rocío, el día 14 de abril de 1980, hija de Carlos Julio Sterling Vargas y María Dora Toro Quintero (fl. 160, cdno. 2).
En relación con el señor Carlos Julio Sterling Vargas, la prueba testimonial da cuenta de su condición de compañero permanente de la señora María Dora Toro Quintero y de su relación con Gustavo Rincón Toro, como figura paterna. Así lo declara la señora Gloria Cerón Samboni, quien afirmó que “(...) ellos vivían bien, en armonía, como padre e hijo”. Al ser interrogada por cómo se encontraba conformada la familia de Gustavo afirmó que “(...) viven en la casa del padrastro Carlos Sterling, la mamá María Dora Toro, los hermanos Alexander, Rocío, Guillermo, Fernando y Stella”(8). Así mismo, el señor Bonifacio Ortiz Velasco, interrogado por “la relación del señor Carlos Sterling con el señor Gustavo Rincón Toro en vida de este e igualmente cómo había sido el comportamiento de Carlos con los demás hijos de la señora María Dora Toro” contestó que “(...) el comportamiento era normal, porque él era el que velaba por ellos como si fuera el papá, porqué él fue el que lo ayudó a criar y cuando empezó Gustavo a enfermarse, él era el que lo ayudaba a lidiar y a ayudar a buscar plata por ahí para llevarlo donde los médicos, de una parte y de otra (...) la relación de Don Carlos con los demás hijos, él los quiere y los estima como si fueran hijos de él, les da todo al igual que lo hacía con el finadito Gustavo”.
En este sentido, también declaran María del Carmen Bonilla Trujillo, Mercedes García, Hermencia Sterling de Calderón, José Antonio Obando Trejos, Octavio Trujillo Sierra y Alicia Taborda de Trujillo, quienes manifiestan que entre María Dora y Carlos Sterling existía una unión marital de hecho por más de 10 años, que los aquí demandantes vivían bajo un mismo techo, en armonía y colaboración mutua(9) (prueba testimonial decretada y practicada por el tribunal a solicitud de la parte actora a fls. 86-104, cdno. 2).
Establecidos como se encuentran los vínculos de consanguinidad, familiaridad y convivencia entre la víctima y los demandantes, la Sala concluye que estos acreditan la condición con la que actúan en el proceso y por ende gozan de legitimación en la causa por activa, tal y como fue considerado por el a quo.
2.2. Hechos probados. Un caso de custodia y vigilancia en una institución psiquiátrica.
2.2.1. Sostiene la parte actora i) que el señor Gustavo Rincón Toro padecía trastornos mentales, por lo que había sido internado en el Hospital María Inmaculada de Florencia (Caquetá), ii) que estando bajo la custodia y vigilancia de dicho centro hospitalario, el paciente huyó de las instalaciones y iii) que al intentar llegar a su casa, el señor Rincón Toro sufrió un accidente y murió. Las pruebas anexas a la actuación así lo demuestran:
La historia clínica 348 manuscrita que reposa en el expediente(10), aportada por la parte actora y requerida por el a quo en el auto de pruebas, informa sobre la asistencia médica psiquiátrica recibida por el señor Gustavo Rincón Toro en el Hospital María Inmaculada de Florencia, registrando lo siguiente:
— El 7 de septiembre de 1995, el señor Gustavo Rincón ingresó a la Unidad de Salud Mental del Hospital María Inmaculada con diagnóstico de esquizofrenia paranoide “(...) a las 10 a.m. ingresa usuario a sala de observación en estado irritable. A la 1 p.m. recibe valoración por psiquiatría”.
— El 8 del mismo mes y año se registra “(...) paciente en su segundo día de hospitalización con diagnóstico de esquizofrenia, presenta disminución de su agresividad, poco irascible (...)”. A las 12 horas “paciente con ideas de fuga, obedece poco, acepta bien tratamiento y dieta”. A las 18 horas “paciente desorientado, incoherente con risas inmotivadas, no responde al diálogo, acepta muy poco la dieta, colabora para el tratamiento”.
— El día 9 el paciente se observa “(...) somnoliento, poco apetito, apáticamente afectivo (...) desorientado en las 3 esferas”.
— El día 10 el paciente se encuentra “(...) somnoliento, trastornos de ideas, risas incongruentes, preocupado por su presentación personal, poco sociabilidad, desorientado, febril, acepta medicación, durmió bien durante la noche”.
— El día 11 “paciente presenta más sociabilidad, no agresividad, presenta mejoría de su estado”.
— El día 13 el paciente es valorado por la unidad de psiquiatría registrándose “(...) irritabilidad y agresividad, cuadro de hace más o menos 9 años de evolución, caracterizado por conducta retraída, alucinaciones visuales y auditivas, risas incongruentes, episodios de agitación psicomotora (...)”. A las 12 horas “paciente incoherente, desorientado en tiempo y espacio, risas inmotivadas, obedece órdenes, acepta bien el tratamiento y dieta”. A las 18 horas “paciente que continúa desorientado, incoherente con ideas de fuga, con risas inmotivadas”.
— El día 14 “paciente presenta ausencia de agresividad, buen sueño por la noche, más sociable, presenta trastornos de afecto”.
— El día 15 “paciente presenta intento de fuga en dos ocasiones, se ordena aplicar reclacien (sic) con simogen (sic) 2 cápsulas, presenta ligera esquizofrenia, ligera agitación psicomotora”.
En informe rendido por el psiquiatra Sabas Simarra Sánchez, médico adscrito a la Unidad Mental del Hospital María Inmaculada de Florencia, en comunicación de 23 de octubre de 1996, el galeno da cuenta al gerente del mencionado hospital lo siguiente en relación con el tratamiento brindado al señor Gustavo Rincón Toro:
“Con el objeto de aclarar el caso del paciente Gustavo Rincón Toro, quien fue hospitalizado en la unidad mental de esta institución, con deserción y posterior accidente de tránsito el día 17 de septiembre de 1995, hago las siguientes aclaraciones:
El paciente Gustavo Rincón Toro presentaba un diagnóstico de esquizofrenia paranoide de larga evolución y fue hospitalizado en la unidad mental el día 7 de septiembre/95, en donde se le asistió con manejo farmacológico y psicoterapéutico adecuado con evolución satisfactoria como está consignado en la historia clínica 348 que reposa en los archivos del Hospital María Inmaculada.
El día de los hechos (deserción del paciente) como reza en la evolución del día 18 de septiembre/95 “fue medicado con neurolépticos incisivos tipo mayeptil amp. (2-2-2), Sinogan amp. (2-2-2) con mejoría de su cuadro y sin ninguna causa precipitante, desertó el día 17/09/95 hora 5:50 a.m. Plan: avisar a los familiares del paciente por trabajo social”. Se registra la firma del médico interno y del médico psiquiatra.
2. Administrativas.
Para la fecha de la deserción del paciente (17/09/95) las decisiones administrativas eran tornadas por las instancias de la dirección, atención médica y control interno, sin objetivos precisos ni sugerencias técnicas adecuadas desde el punto de vista psiquiátrico, como puede constatarse en los departamentos de personal y enfermería.
Dentro de las conductas operativas que se toman dentro de la unidad mental en los casos de deserción de pacientes, el personal de enfermería de turno oportunamente informa a los servicios de seguridad del hospital y a trabajo social, para que a través de este departamento se solicite el apoyo a los familiares, la policía y otras entidades que puedan colaborar con la ubicación del paciente. Dicha medida se lleva a cabo desde la creación de la unidad.
El paciente Gustavo Rincón Toro como todos los pacientes hospitalizados en esta unidad, tenía vestimenta con el rótulo de la unidad mental ampliamente visible, lo que permitía ser reconocido por el personal de vigilancia.
Con base en las apreciaciones anteriores, me permito hacer las siguientes conclusiones:
— El paciente Gustavo Rincón Toro presentaba un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, fue manejado médicamente en forma adecuada y con evolución satisfactoria como puede constatarse en la H.C. 348, descartando cualquier tipo de mala práctica o negligencia médica.
— La conducta a seguir ante la deserción de un paciente era y es ampliamente conocida por el personal que labora en la unidad mental, sin que tenga que ser formulado por el médico tratante, dado que es un acto de competencia administrativa.
— Es responsabilidad directa del personal de vigilancia, garantizar la permanencia en el hospital de este tipo de pacientes cuando son fácilmente identificables, como el caso del paciente en mención (pijama con rótulo de unidad mental).
— Las causas de la muerte del paciente, politraumatismo por accidente de tránsito, es un hecho aislado de la conducta terapéutica formulada.
— Es absolutamente claro que la deserción y posterior accidente que tuvo este paciente está fuera del manejo y responsabilidad por parte del médico tratante” (prueba aportada en original por la jefe de enfermería Claudia Piedad Torres, en su condición de llamada en garantía por la entidad demandada a fl. 129, cdno. 1).
Lo anterior es reiterado en la declaración del médico psiquiatra Sabas Simarra Sánchez ante el a quo, en los siguientes términos:
En relación con el estado mental del señor Gustavo Rincón Toro, el testigo manifestó:
El paciente Gustavo Rincón se le diagnosticó esquizofrenia paranoide, enfermedad mental mayor que compromete la escultura del pensamiento en forma longitudinal (en todo el transcurso de su vida), enfermedad que en el caso específico del paciente Rincón Toro tenía signos negativos que oscurecían su pronóstico (...) francamente inmanejable por ellos (se refiere a sus familiares), fue así como el 7 de septiembre de 1995 se hospitalizó con el anotado diagnóstico proporcionándosele en la unidad mental del Hospital María Inmaculada todos los cuidados y tratamientos que en este momento se estaba. Su evolución en el transcurso de los días fue satisfactoria, teniendo presente la esencia tórpida de la enfermedad”.
En cuanto a la deserción del paciente del centro hospitalario y las medidas tomadas por este, el médico señaló:
“El día 17 de septiembre a las 7:50 de la mañana se registró o se informó sobre la deserción del paciente y se dejó bajo registro en la historia clínica las actividades cooperativas de la parte administrativa que el hospital puso al servicio para la búsqueda del paciente basada en la modalidad acostumbrada en novedad mental, como es intentar localizar al paciente en el área hospitalaria. Constatada su deserción a través de la oficina de trabajo social se pone en aviso a los familiares, a las autoridades y a todas las instancias sociales que nos permita la búsqueda y hallazgo del paciente, estas son medidas que están fijadas y aprehendidas por el personal paramédico que labora en el hospital desde su inicio de operación”.
Interrogado sobre la seguridad de los pacientes, el testigo señaló que “(...) la custodia de los pacientes en un hospital está dado más que por una persona por un equipo que maneja el área administrativa, encargados al unísono de vigilar y garantizar la estadía de los pacientes con el objetivo de que los médicos tratantes puedan poner al servicio de estos sus conocimientos”.
En relación con las manifestaciones verbales de fuga del paciente Gustavo Rincón y las medidas que al respecto se tomaron al interior del hospital, el médico Sabas Simarra afirmó que “(...) este hecho es muy común en los pacientes hospitalizados (...) estos signos son fácilmente interpretados por el personal de enfermería quien se pone en expectativa como se hizo con el paciente Gustavo Rincón Toro, constatado en las evoluciones del personal de enfermería, donde se dejaba constancia escrita que el paciente tenía ideas de fuga, alertando a su vez a la vigilancia del hospital, con el solo hecho de que un paciente tenga ideas de fuga no amerita que sea cedado (sic) más de lo médicamente establecido, custodiado en cuartos de seguridad, sujetado a la cama o restringirle su área de deambulación, ya que todas estas medidas son antitécnicas, antihumanas en el caso de sujetar un paciente a la cama y va en contra de la dignidad de la persona. En cuanto a la cedación (sic) del paciente más de lo terapéuticamente recomendado, aumenta los efectos colaterales que causan este tipo de medicamentos exponiéndolo a posibles neumonías por decúbito o escaras, en cuanto a las evoluciones para la fecha de los hechos rotaba por la unidad de salud mental un médico interno, quien estaba en la observación permanente de todos los pacientes de la unidad dentro del tiempo adecuado, algo importante de anexar la nueva tendencia de la psiquiatría moderna es desmantelar todos los conceptos de reclusión de los antiguos manicomios, reemplazados estos por unidades mentales dentro de hospitales generales que permitan la psiquiatría de enlace, o sea que el paciente se beneficia del aporte del resto de especialidades al igual que el psiquiatra puede aportar a las otras disciplinas”.
En relación con las firmas que aparecen registradas en la historia clínica del señor Gustavo Rincón Toro, el testigo señaló que “(...) esas son firmas de médicos internos que rotan por la unidad mental”.
Por último, sobre la ubicación física de la unidad mental del Hospital María Inmaculada y la vigilancia de la misma, el declarante manifestó que se encontraba “(...) dentro del área del hospital a un extremo de esta (...) no tiene puerta directa hacía la calle, por lo tanto la entrada y la salida se hacen por las puertas comunes del hospital (...) no hay personal específico de vigilancia en la unidad, al igual que en ningún otro servicio del hospital dado que los pacientes son tratados en forma parecida al resto del hospital, con las auxiliares de enfermería que estén de turno (...) el hospital tiene contrato con una empresa, la cual presta el servicio de vigilancia” (prueba testimonial decretada y practicada por el tribunal a solicitud de la parte demandada a fls. 18 a 22, cdno. 3).
2.2.2. Las declaraciones de los vecinos y amigos de Gustavo Rincón Toro también dan cuenta del estado mental en que aquel se encontraba y los trastornos que padecía, además del impacto emocional que representaba esta situación en su entorno familiar (prueba decretada y practicada por el tribunal a solicitud de la parte actora a fls. 86 a 104, cdno. 2).
En efecto, la señora Gloria Cerón Samboni sostuvo que “(...) desde hace nueve o diez años que los distingo a ellos, ellos son vecinos míos, viven enseguida de mi casa, en cuanto a Gustavo yo sabía que a él lo tenían en el hospital en Florencia, porque él estaba enfermo mental (sic), desde que yo lo distinguí era enfermo mental, dicen que se había salido del hospital, pero no supe cómo ni con quién (...) la familia ha sufrido por la desaparición de Gustavo, porque cuando yo los conocí él trabajaba de agricultor, en las fincas cercanas al pueblo y traía el sustento para toda la familia, él colaboraba como persona normal y luego se sintió enfermo y empezó a cambiar, él por lo menos ya a uno no le hablaba, se paraba en cualquier parte y a lo último le tiraba a la mamá y a los familiares, por eso fue que tomaron la determinación de internarlo en el hospital, para ver si lo mejoraban (...) él salía y se iba y por lo menos cuando él volvía era todo desnudo, a él lo vestían y lo bañaban y él se iba, cogía camino, lo buscaban y no lo encontraban, no decía nada, él era andando”.
El señor Bonifacio Ortiz Velasco da cuenta que conoce a la familia de Gustavo Rincón Toro “(...) desde hace unos diez años aproximadamente, ellos vivían en comunidad toda la familia enseguida de la casa de mi propiedad”.
Sobre los hechos, el testigo narra:
“(...) el muchacho al principio era un muchacho alentado, era cumplido con el trabajo, con la casa, con todo, inclusive esas paredes de la casa de ellos él las principió a hacer él mismo, porque él decía que a la mamá él tenía que hacerle una casita, porque la mamá vivía era en una casita de tabla, eso era cuando él estaba alentado todavía, al poco tiempo fue que él se fue a trabajar por allá al campo, no sé en qué parte y cuando vino de allá fue cuando él le dijo a la mamá que el miraba chulos y miraba sangre y que era como que alguien lo iba a coger a él por detrás y él le decía eso a la mamá, gritaba duro y de ahí en adelante fue que él empezó así a sufrir con eso y se fue agravando y a la mamá le tocaba sufrir con él deteniéndolo porque él iba era para la calle y él por allá se arrancaba la ropa, la botaba y venía muchas veces a la casa, donde la mamá, peladito sin ropa, tocaba que ella fuera a buscarle la ropa por allá, sino los hermanos, don Carlos iban a recogerle la ropa y cuando ellos menos pensaban se les volaba y tenían que irlo a coger por allá y traerlo muchas veces sin ropa, ellos lo llevaban donde el médico para que lo trataran y eso no le hacían nada, ellos son familia pobre, la gente les colaboraba con platica a veces para que lo llevaran al hospital, lo llevaron primero para el Huila y no le hicieron nada, les tocó traérselo de nuevo, aquí vino un médico diciendo que lo curaba y lo que hizo fue estafarlos, porque no le hicieron nada, al tiempo cuando ya les dijeron que echarlo para Florencia, para el Hospital María Inmaculada y de allá fue de donde lo dejaron escapar, no le pusieron cuidado y lo dejaron salir, porque a un muchacho de esos hay (sic) es que ponerle cuidado y él se subió a un mixto pensando que era que venía para acá para Albania, resulta que el mixto no era el que venía para acá sino el que iba para Valparaíso y no se sabe por allá si fue que en realidad él se tiró o mirando que él era de acá de Albania lo tiraron los ayudantes, no se sabe si fue así o no, pues ya en eso vinieron con la razón que Gustavo estaba muerto y se fueron los hermanos a traerlo y lo conocieron que era el hermano y le hicieron el velorio y lo enterraron, la mamá sufría mucho porque ella lo quería demasiado”.
2.2.3. Obra en el plenario el registro de defunción de quien en vida respondió al nombre de Gustavo Rincón Toro. En dicho documento consta que el antes nombrado murió el 17 de septiembre de 1995 en Valparaíso (Caquetá) a causa de un “paro cardiorespiratorio a hematoma” (prueba aportada por la parte actora a fl. 164, cdno. 2).
El galeno encargado de practicar la necropsia determinó que el señor Rincón Toro falleció por “paro cardíaco respiratorio secundario a hematoma intracerebral y hernia bulbar” (prueba aportada por la parte demandada a fl. 37 cuaderno 3).
También en el expediente figura el acta de levantamiento del cadáver, que da cuenta de que la muerte de Gustavo Rincón ocurrida en un accidente de tránsito el 17 de septiembre de 1995 —se destaca—:
“(...) a unos ciento cincuenta metros de la entrada de la variante partiendo de Florencia o sea a unos cuatrocientos metros o más se encontró el cadáver de quien en vida según sus familiares se llamó Gustabo (sic) Rincón Toro, quien murió al arrojarse del mixto donde viajaba siendo atropellado por el mismo mixto en que viajaba. A unos sesenta metros se encontraba el vehículo que lo atropelló, el cual se distingue con el número interno 1098 y de placas XYB724 conducido por Pablo Emilio García Chávez (...)”.
En relación con las prendas de vestir, el acta describe “(...) un pantalón Yinc (sic) corto color azul, sin camisa, zapatos, medias y sin interiores” (prueba aportada por la parte demandada a fl. 38, cdno. 3).
2.2.4. Ocurridos los hechos, mediante comunicación de 3 de octubre de 1995, el personero municipal de Albania (Caquetá) Hever Gómez Mosquera solicitó al Hospital María Inmaculada información sobre i) la fecha de ingreso y salida de Gustavo Rincón Toro, ii) quién estaba encargado de su cuidado, iii) el motivo por el cual no se había informado a la alcaldía o a sus familiares, una vez se tuvo conocimiento de su desaparición del centro hospitalario y iv)el tipo de valoración y tratamiento suministrado al paciente (documento aportado en copia auténtica por la parte actora a fl. 43, cdno. 2).
Lo anterior se confirma con la declaración del señor Hever Gómez Mosquera, de la cual se destacan los siguientes apartes:
“(...) hice una llamada al hospital donde me contestó una trabajadora social de nombre Nohemí Pinto y la pregunté por la salud de Gustavo y me contestó que estaba bien, contestándole yo que cómo iba a estar bien si el 17 él había fallecido en un accidente, 17 de septiembre de 1995, a lo cual se mostró muy asustada y preocupada (...) de esto puede dar fe el señor Luis Alberto Suárez López, concejal del municipio, quien se encontraba conmigo al momento de realizar la llamada, esto fue el día 19 de septiembre del año 1995 aproximadamente a las 3:50 de la tarde, luego oficié en dos oportunidades al director del hospital solicitándole explicaciones sobre el caso y no me respondieron en forma satisfactoria” (prueba decretada y practicada a solicitud de la parte actora a fls. 108 a 109, cdno. 2).
2.2.5. Por la muerte de Gustavo Rincón Toro, la Fiscalía Trece Delegada ante los juzgados promiscuos del Circuito de Belén de los Andaquíes (Caquetá) adelantó investigación en contra del señor Pablo Emilio García Chávez, conductor del vehículo en el que se desplazada la víctima, como presunto autor del delito de homicidio culposo. Al resolver la situación jurídica del implicado, el funcionario instructor dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, pues el señor García debió tomar otras medidas para evitar que el señor Gustavo Rincón cayera del vehículo, ante su negativa a ubicarse dentro del automotor y no fuera de él (en el capote o canastilla ubicada en la parte superior del vehículo). Con estos argumentos, la fiscalía, al resolver el mérito del sumario, resolvió proferir resolución de acusación en contra sindicado (documentos aportados en copia auténtica por la entidad demandada a fls. 79-86 y 95-97, cdno. 3).
2.3. Responsabilidad del Hospital María Inmaculada de Florencia.
Las pruebas aportadas por las partes dentro de las oportunidades legales y las allegadas en debida forma al proceso, permiten concluir que el señor Gustavo Rincón Toro desde hacía nueve años venía padeciendo cambios en su comportamiento y a consecuencia de ello su familia lo llevó a consulta de diversos médicos, con la finalidad de lograr su mejoría. Pasado el tiempo, la salud mental de Gustavo se agravó a tal punto que sus padres y hermanos se vieron en la obligación de recluirlo en el Hospital María Inmaculada de Florencia Caquetá. Es así como el 7 de septiembre de 1995 fue internado en dicho centro hospitalario con diagnóstico de esquizofrenia paranoide, en donde fue tratado por la unidad mental de psiquiatría hasta el 17 del mismo mes y año, toda vez que Gustavo Rincón se escapó de las instalaciones.
En búsqueda de su casa, la víctima abordó un vehículo “mixto” con la esperanza de que lo condujera al municipio de Albania, pero no contó con suerte, pues tomó un transporte con dirección distinta, es decir, hacía Valparaíso. En el desplazamiento, cayó del automotor, sufriendo heridas que a la postre le causaron la muerte.
El análisis en conjunto de los medios de prueba antes relacionados es indicativo de la existencia de una falla del servicio del Hospital María Inmaculada de Florencia, pues permitió que un paciente que se hallaba bajo su custodia y vigilancia, interno en la institución por padecer trastornos mentales y que había tenido manifestaciones verbales de fuga, escapara de las instalaciones, para luego ser encontrado su cuerpo sin vida al haberse caído de un vehículo de transporte no formal.
Sobre la enfermedad mental que sufría Gustavo Rincón Toro, observa la Sala que las pruebas establecen con certeza que su diagnóstico era esquizofrenia paranoide. Al respecto, la doctrina médica explica que la esquizofrenia es una enfermedad mental que no conlleva alteración anatómica y cuya principal característica es que trunca la personalidad del individuo. Este trastorno suele ir unido a otros en la afectividad y en el pensamiento. Su actitud psíquica se caracteriza por el egocentrismo y el aislamiento y expresa una pérdida de contacto con la realidad, por lo que puede intentar lastimarse o hacerle daño a quienes se encuentran a su alrededor. El paciente manifiesta ideas delirantes (persecución, intentos de envenenamiento, influencias extrañas, etc.) y trastornos de la percepción (alucinaciones de tipo auditivo, en las que “oye” voces amenazadoras o críticas). La edad más frecuente de aparición se sitúa entre los 15 y 35 años y afecta por igual a ambos sexos. La personalidad se altera de forma gradual o repentina; el contacto con el paciente resulta cada día más difícil y este se retrae cada vez más en su propio mundo(11).
La doctrina médica también señala que el tratamiento de la esquizofrenia se basa fundamentalmente en fármacos llamados antipsicóticos, los cuales controlan los síntomas activos, pero es necesario y a la vez complementario que el enfermo reciba un tratamiento psicosocial (psicológico, ocupacional y social), es fundamental que la persona deje de alucinar, de delirar, pero también lo es que recupere sus hábitos de vida, que este durante todo el día ocupado, que tenga su grupo de amigos, es decir, la integración en la sociedad, la normalización.
De acuerdo con lo anterior, lo que caracteriza a la esquizofrenia es que afecta a la persona de una forma total, comienza a sentir, pensar y hablar de forma diferente a como lo hacía antes, por lo que quien la padece pierde el contacto con la realidad. En algunos casos se presenta una tendencia del enfermo a hacerse daño a sí mismo y a quienes se encuentran a su alrededor, siendo indispensable internarlo en una institución hospitalaria que le brinde la protección y el cuidado que su estado amerita, no solamente para efectuar el tratamiento médico farmacológico correspondiente, sino también para propender por su seguridad.
La prueba testimonial da cuenta de que el estado mental de Gustavo Rincón se había agravado a tal punto de agredir a su madre y hermanos, por lo que estos se vieron obligados a hospitalizado con la esperanza de que el tratamiento que le fuera suministrado en el centro médico, le brindara un entorno seguro y supervisado.
Según los registros de la historia clínica, el señor Gustavo Rincón Toro fue reiterativo en su intención de fugarse de la institución hospitalaria, de tal manera que los hechos que en efecto acontecieron eran previsibles para el personal administrativo, médico y auxiliar de dicha institución. El centro hospitalario tenía la obligación de brindarle seguridad y protección aún en contra de su propia voluntad, pues se trataba de una persona de condiciones especiales afectada por una enfermedad mental de una evolución de más de 9 años, con varios intentos de fuga de la institución.
Con relación a las obligaciones que en materia de protección y seguridad de los pacientes psiquiátricos les asiste a las instituciones dedicadas a la atención de los mismos, la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto, en los siguientes términos(12):
La Sala ha concluido, en jurisprudencia reciente, que la obligación de vigilancia tendiente a evitar daños a las personas que están siendo atendidas en un centro de salud, es uno de los deberes propios de la atención hospitalaria, y que, en el caso de las entidades especializadas en el cuidado de enfermos mentales, incluye la de custodia y vigilancia de los propios pacientes, en tanto pueden agredir a otros o agredirse a sí mismos. En sentencia de 28 de septiembre de 2000 se expuso lo siguiente:
“Ahora bien, en relación con la responsabilidad del Hospital Santo Domingo de Málaga, la Sala considera necesario hacer algunas precisiones respecto de la naturaleza y el alcance las obligaciones asumidas por los hospitales, clínicas y demás establecimientos prestadores del servicio de salud.
“El tema ha sido abordado por la jurisprudencia y la doctrina desde diferentes ángulos. En el campo civil y dado que allí se considera superada la discusión acerca del carácter contractual de la responsabilidad de los médicos y las clínicas, la discusión se ha desarrollado en el ámbito del alcance de las obligaciones que asumen éstas últimas en virtud de los contratos respectivos.
“En sentencia del 12 de septiembre de 1985, manifestó la Corte Suprema de Justicia:
“2. Si, en orden a determinar el contenido de las obligaciones originadas en los contratos de hospitalización, se examina esta clase de acuerdos a la luz de las previsiones del artículo 1501 del Código Civil, resulta necesario admitir que de él, al igual que en los demás contratos, surgen para la entidad asistencial obligaciones que pertenecen a la naturaleza misma del acuerdo, que hacen parte suya en condiciones normales de contratación, tales como las de suministrar habitación y alimentos al enfermo, lo mismo que las drogas que le prescriban los facultativos, la de un debido control y la atención por parte de los médicos residentes y enfermeras del establecimiento, que para excluirlas válidamente se debería pactar en contrario con tal que no se desnaturalice el contrato. Dentro de este mismo género de obligaciones es indispensable también incluir la llamada por la doctrina obligación de seguridad, en este caso de seguridad personal del enfermo, que impone al centro asistencial la de tomar las medidas necesarias para que el paciente no sufra algún accidente en el curso o con ocasión del cumplimiento del contrato (...)(13).
En este orden de ideas, no se comparten las apreciaciones del médico Sabas Simarra y de la sentencia impugnada al sostener simplemente que a la luz de las nuevas tendencias en el tratamiento de personas con trastornos mentales, resulta contraproducente y violatorio de la dignidad humana, inmovilizar al paciente o trasladarlo a un cuarto con vigilancia permanente, pues, en primer lugar, no se tiene en cuenta que en la mayoría de estos casos se encuentra en riesgo la integridad personal y la vida del paciente y, en segundo lugar se desconocen los mecanismos alternativos para el manejo de los enfermos o el cambio de los medicamentos suministrados para lograr su estabilización.
Sobre el particular, en un caso similar al que ahora ocupa la atención de la Sala, la corporación señaló que “(...) está bien que se superen los métodos y tratamientos respecto de los cuales se haya podido establecer su inutilidad y crueldad, pero ello no puede significar de ninguna manera que en aras de respetar al individuo, que en estos casos adolece de enfermedades que afectan su mente y su voluntad, se propicien riesgos para sí mismo y para quienes lo rodean; no es de recibo por lo tanto, la actitud de la entidad demandada, al sostener que en virtud del sistema de “hospital de puertas abiertas”, su responsabilidad frente a las entradas y salidas de los pacientes es limitada o restringida, por cuanto sin desconocer la importancia de la implementación de esta clase de tratamientos que implican la posibilidad de efectuar un manejo extra hospitalario de algunos enfermos, es indudable que en algunas ocasiones ellos no son aptos para desenvolverse fuera de la institución y resulta indispensable su atención en la misma (...). Y en esas ocasiones en las que el paciente se hallaba interno, la entidad demandada tenía la obligación de brindarle la seguridad y protección que sus condiciones especiales exigían, aún en contra de su propia “voluntad”, afectada lógicamente por la enfermedad mental que sufría, máxime con los antecedentes que esta persona en particular presentaba, en cuanto había tenido manifestaciones suicidas y violentas, con múltiples intentos de fuga de la institución hospitalaria y que inclusive el día anterior a su desaparición, como ya se vio, había tenido que ser inmovilizado (...)”(14).
Los pacientes que padecen trastornos mentales son personas que exigen un trato especial, más cuidado y mayor vigilancia, máxime si se encuentran en una unidad psiquiátrica de la cual se espera diligencia y responsabilidad. En tratándose de la prestación del servicio público de salud (C.P., art. 49), el Estado asume una carga especialísima de protección, toda vez que las personas que se someten a la praxis médica, quirúrgica y/o hospitalaria, lo hacen con la finalidad de que un grupo de personas con un conocimiento profesional y técnico brinden soluciones a situaciones que se relacionan de manera directa o indirecta con el concepto de salud(15).
En el presente caso, la falla del servicio operó por una omisión del Hospital María Inmaculada al haber permitido la salida de un enfermo mental que estaba bajo su responsabilidad, para encontrar la muerte por fuera del centro hospitalario.
Probada como se encuentra la responsabilidad de la entidad pública accionada, los argumentos de las excepciones de fondo carecen de respaldo probatorio, razón por la cual la sentencia impugnada habrá de ser revocada y los perjuicios liquidados de conformidad con las pautas que a continuación se señalan.
2.4. Responsabilidad de la Empresa Coomotor Florencia Ltda.
No obstante haberse acreditado la responsabilidad de la entidad pública demandada, la Sala encuentra que la Empresa Coomotor Florencia Ltda. contribuyó de manera directa en la producción del daño, pues, de conformidad con las piezas procesales trasladas debidamente del proceso penal, se demostró que el conductor del vehículo de placas XYB724, afiliado a dicha empresa, permitió que Gustavo Rincón Toro ingresara al automotor y se ubicara en la parte superior del mismo, no habilitada para el transporte de pasajeros, razón por la cual fue objeto de medida de aseguramiento y posterior resolución de acusación por el delito de homicidio culposo.
De la decisión se destaca:
“(...) la conducta desplegada por el señor Pablo Emilio García Chávez se halla descrita en las formas de culpa, toda vez que el deceso del señor Gustavo Rincón Toro acaeció por negligencia, forma pasiva, al permitir que Rincón Toro se ubicara en esa parte del automotor, que no es apta para situar allí pasajeros, solamente para elementos u objetos y permitir que tal persona se situara en el lugar, máxime si su aspecto y apariencia no era de una persona normal, quien podría correr más riesgo y más aun siendo conciente (sic) que estaba contraviniendo una norma o disposición de tránsito, propia de la profesión u oficio que se encontraba ejecutando, de manera que la suerte de que fue objeto Rincón Toro, era plenamente previsible por García Chávez y al parecer confió demasiado en poder evitar el acto dañoso, pues como lo anota el procesado, que el infortunado no obedeció situarse dentro del automotor, también tuvo otros medios para evitarlo, como podría ser deteniendo la marcha obligándolo mediante el uso de la fuerza descender del vehículo o acudiendo a las autoridades de tránsito, etc.” (fls. 79-86, cdno. 3).
En consecuencia, la empresa Coomotor Florencia Ltda., en condición de llamado en garantía del Hospital María Inmaculada ESE, deberá responder con su patrimonio por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte de Gustavo Rincón Toro. Por lo tanto, la entidad pública demandada responderá por el cien por ciento (100%) de la condena impuesta en la presente providencia, pero podrá repetir contra la empresa antes mencionada en un cincuenta por ciento (50%).
En cuanto a la responsabilidad de Seguros La Equidad, llamada en garantía por la empresa Coomotor, la Sala observa que la póliza que ampara al automotor de placas XYB724 tiene una causal de exclusión, cual es la “muerte o lesiones a ocupantes del vehículo”(16). Por lo tanto, la compañía de seguros no resulta comprometida por los hechos que dieron origen a la presente demanda.
2.5. Responsabilidad de la llamada en garantía Claudia Piedad Torres Muñoz.
Las pruebas recaudadas demuestran que Claudia Piedad Torres Muñoz no tenía dentro de sus funciones la vigilancia y cuidado de los enfermos de la unidad mental del hospital.
En efecto, según certificación de la jefe del departamento de enfermería del Hospital María Inmaculada de Florencia, para el mes de septiembre de 1995 (domingo) la enfermera Claudia Piedad Torres estaba asignada como jefe de la unidad mental con un horario de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Específicamente para el día 17 de septiembre del mismo año, “no ejercía funciones de jefe de psiquiatría, cumplía con su turno de disponibilidad correspondiente (turnos que se asignan en forma rotatoria a las jefes de los diferentes servicios los fines de semana sábado, domingo y lunes festivo) en los cuales no es función de la enfermera asignada brindar atención directa ni cuidado a los usuarios; su función consiste en pasar ronda por todos y cada uno de los servicios de hospitalización, proveer de los elementos necesarios, controlar la asistencia del personal auxiliar de enfermería y proceder a la consecución del reemplazo correspondiente ante la ausencia de alguna de ellas, labor que debe realizar de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., en caso de extrema necesidad será llamada en horas diferentes a las establecidas” (prueba aportada por la parte demandada a fls. 123-128, cdno. 1 y 6, cdno. 3).
De conformidad con lo anterior, la Sala absolverá de responsabilidad a la señora Claudia Piedad Torres Muñoz.
2.6. Indemnizaciones.
2.6.1. Perjuicios morales.
Establecidos como se encuentran los vínculos de consanguinidad y convivencia las víctimas y los demandantes, con las previsiones ya señaladas en el capítulo de legitimación en la causa por activa, plenamente acreditados con las pruebas documentales y testimoniales a las que se ha hecho referencia, hacen presumir la afectación moral que la muerte de Gustavo Rincón Toro les causó.
En consecuencia, la entidad demandada y la empresa Coomotor Florencia Ltda., pagarán a favor de los demandantes las siguientes sumas de dinero, liquidadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo viene sosteniendo la corporación desde la sentencia de 6 de septiembre de 2001, proferida dentro del proceso acumulado 13.232–15646(17).
A favor de María Dora Toro Quintero y Carlos Julio Sterling Vargas, en su condición de padres de Gustavo Rincón Toro, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
A favor de Alba Rocío y Alexander Sterling Toro; Luis Fernando, Luis Guillermo y María Stella Rincón Toro, en su condición de hermanos de Gustavo Rincón Toro, el equivalente a Cincuenta (50) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes para cada uno de ellos, liquidados a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
2.6.2. Perjuicios materiales.
En la demanda la parte actora se limitó a solicitar perjuicios materiales sin que explicara el porqué de su dicho ni los conceptos que comprendían esta pretensión. Además, las pruebas que reposan en el plenario dan cuenta que Gustavo Rincón Toro laboró hasta el momento en que empezó a padecer de una enfermedad mental con más o menos 9 años de evolución, por lo que estaba recluido en una institución hospitalaria. Por lo tanto, al no haberse acreditado que la víctima era una persona productiva al momento de ocurrencia de los hechos, no resulta posible el reconocimiento de esta clase de perjuicios.
2.7. Costas.
En el presente proceso no se encontró de parte del demandante o del demandado una conducta que merezca calificarse de temeraria o dilatoria, razón por la cual no resulta procedente la condena por este concepto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B
REVOCAR la sentencia de 5 de marzo de 2001, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.
1. DECLARAR al Hospital María Inmaculada de Florencia (Caquetá) ESE administrativamente responsable por la muerte de Gustavo Rincón Toro, en hechos ocurridos el 17 de septiembre de 1995 en el municipio de Valparaíso, por falta de control y vigilancia de un paciente que padecía trastornos mentales.
2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al Hospital María Inmaculada de Florencia (Caquetá) ESE al pago de las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales:
3. CONDENAR a la empresa Coomotor Florencia Ltda., a reintegrar al Hospital María Inmaculada ESE, el cincuenta por ciento (50%) del pago de la condena impuesta en esta sentencia.
4. ABSOLVER de responsabilidad a los llamados en garantía Claudia Piedad Torres Muñoz y Seguros La Equidad.
6. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del CCA y 115 del CPC.
Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo—Ruth Stella Correa Palacio—Danilo Rojas Betancourth.
1 De conformidad con el artículo 1º de la Ordenanza 14 de 1994, el Hospital Departamental María Inmaculada, Empresa Social del Estado, es un establecimiento público descentralizado de carácter departamental, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio (fls. 73-90, cdno. 1).
2 El llamamiento en garantía formulado por la parte demandada fue admitido mediante auto de 11 de marzo de 1997, notificándose a los llamados, tal y como consta a folios 113-116 cuaderno 1.
3 El llamamiento en garantía formulado por Coomotor Florencia Ltda. fue admitido mediante auto de 29 de abril de 1997, notificándose al llamados, tal y como consta a folios 169-171 cuaderno 1.
4 “Muerte o lesiones a ocupantes del vehículo”.
5 Constancia secretarial visible a folio 261 cuaderno 1.
6 Enero 16 de 1997.
7 El valor del gramo oro para la fecha de presentación de la demanda es de $ 11.648,48.
8 Folios 86-87 cuaderno 1.
9 Folios 86-104 cuaderno 1.
10 Copia entregada al apoderado de la parte actora mediante oficio de 12 de noviembre de 1996 por parte del Hospital María Inmaculada de Florencia (Caquetá), tal y como consta a folios 11-42 del cuaderno 1. La historia clínica también fue allegada al proceso por requerimiento del a quo (fls. 110-142, cdno. 2).
11 Consulta realizada el 7 de abril de 2011 en la Enciclopedia libre, www.wikipedia.org.es.
12 Sentencia de 11 de abril de 2002, M.P. Alier E. Hernández Enríquez, expediente 13.122.
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 12 de septiembre de 1985, M.P. Horacio Montoya Gil.
14 Al respecto puede consultarse la sentencia de 27 de abril de 2006, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, expediente 15352.
15 Al respecto se puede consultar la sentencia de 30 de julio de 2008, M.P. Enrique Gil Botero, expediente 16483.
16 Folios 173-179 cuaderno 1.
17 M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

References: artículo 177
 artículo 177
 resolución 
 artículo 1501
 resolución 
 artículo 115
 artículo 37
 artículo 1