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Timestamp: 2019-01-21 14:18:39+00:00

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﻿ Sentencia T-721 de septiembre 9 de 2010
SENTENCIA T-721 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS INTERNOS. EL DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA SE CONSERVA INCÓLUME, A PESAR DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN QUE SE ENCUENTREN SOMETIDOS SUS TITULARES, LA DILACIÓN INJUSTIFICADA PARA EXPEDIR, RENOVAR, RECTIFICAR LA CEDULA DE CIUDADANÍA, CORRESPONDE A UNA DECISIÓN ARBITRARIA O A LA NEGLIGENCIA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA IDENTIDAD DE LA PERSONA, OBTENCIÓN DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, RECTIFICACIÓN DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, RENOVACIÓN DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, DERECHO A LA PERSONERÍA JURÍDICA, INTERNO
Sentencia T-721 de septiembre 9 de 2010
Ref.: Expediente T-2652409
Bogotá, D.C., septiembre de dos mil diez.
Jhon Jairo García López y varios hombres más, privados de libertad, promovieron acción de tutela en febrero 26 de 2010, contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, aduciendo vulneración "al derecho fundamental de identificación", por los hechos que a continuación son resumidos.
Los accionantes son internos del establecimiento penitenciario de mdiana seguridad y carcelario de Fresno, Tolima y acuden a la acción pública de tutela en procura de protección de su "derecho fundamental de identificación" (fl. 2, cdno. inicial.).
Señalan que en octubre 5 de 2009, "la oficina de la Registraduría de Fresno... tomó la reseña decadactilar, y expidió contraseña a cada uno"; en noviembre 24 de 2009, "con oficio 949 el Registrador Municipal de Fresno, Tolima, hace devolución del material de solicitudes de duplicado de cédulas de personas recluidas en establecimiento carcelario por no reunir los requisitos", anexando oficio de la Registraduría Municipal de Ibagué, donde se aclara que "están exentos del pago por los servicios que presta la Registraduría Nacional del Estado Civil los ciudadanos en calidad de desplazados por la violencia, desmovilizados o que pertenecen al Sisbén 0,1" (fl. 2 ib.).
Con todo, la Registraduría "se niega a la identificación", en cuanto "solicita se envíe una copia del carné del Sisbén" (fl. 2 ib.), frente a lo cual los demandantes piden que se ordene a la accionada la entrega de las respectivas cédulas de ciudadanía.
1. Contraseñas de todos los actores, con la anotación "Duplicado" en cada una, expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil (fls. 8 y 9 ib.).
2. Carné de Caprecorn EPS-S, de Víctor Alfonso Largo Zambrano, Danny Hernán Higuita Marín, Carlos Alberto Cano Montoya, Robin Buitrago Lopera y Huberney Arcila (fls. 10, 11, 12, 13 y 14 ib.).
3. Comunicación enviada por los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil al Registrador de Fresno, en noviembre 18 de 2009, informándole la devolución del material decadactilar, ya que los internos no cumplen con los requisitos exigidos para su trámite (fls. 6 y 7 ib.).
4. Escrito de noviembre 24 de 2009, enviado por el Registrador de Fresno a la directora del establecimiento penitenciario y carcelario de Fresno, comunicándole que se realizó la devolución del material de solicitudes de duplicado de las cédulas de ciudadanía de las personas que allí se encuentran recluidas, y que por lo tanto queda a la "espera de los recibos de consignación o de los carné del Sisbén para continuar el respectivo trámite" (fl.5 ib.).
La Jefe de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó denegar la tutela, al considerar que "en ningún momento ha omitido el
trámite correspondiente del documento de identificación de los accionantes, ni ha vulnerado derecho fundamental alguno" (fl. 37 ib.).
Indicó que la Resolución 38 de marzo 14 de 2008, expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil, dispone en su artículo 4º:
"La Registraduría Nacional del Estado Civil exonerará del cobro para obtener el documento de identidad, objeto de la presente resolución, en los siguientes casos:
d) Duplicado de la cédula para la población de los niveles 0, 1 y 2 del Sisbén, por una sola vez,.
e) La renovación de cualquiera de los documentos de identificación,.
f) En situaciones especiales valoradas y reguladas por el Registrador Nacional del Estado Civil" (fl. 36 ib.).
Agregó que dicho recepto permite concluir que la devolución del material de cedulación, no fue "una actitud caprichosa por parte de la delegación departamental de Tolima por cuanto la misma actuó en razón a la normatividad existente" (fl. 36 ib.).
Por otro lado, manifestó que "las copias de las afiliaciones a Caprecom por parte de los reclusos accionantes, no son documentos suficientes para eximir de efectuar el pago" (fl. 36 ib.).
Esta acción de tutela fue tramitada inicialmente por el Juzgado Promiscuo de Familia de Fresno, Tolima, que mediante proveído de enero 12 de 2010 no tuteló el derecho invocado por los accionantes.
Repartido el asunto a la Sala Penal del mencionado tribunal, mediante fallo de marzo 16 de 2010 negó el amparo invocado, al estimar que "no se vulneran los derechos a la personalidad jurídica, por cuanto a los accionantes ya les fue expedido por primera vez su documento de identidad, lo que ahora solicitan, tal vez por pérdida, deterioro o rectificación de datos, es la expedición de un duplicado de la cédula que ya les fue anteriormente entregada" (fl. 28 ib.).
Indicó que "tampoco sus derechos políticos les están siendo vulnerados por cuanto los accionantes en su condición de personas privadas a la libertad tienen en suspensión el ejercicio de dichos derechos" (fl. 29 ib.).
Encontró "una confrontación de carácter normativo que se zanja con las disposiciones de la Resolución 38 de 2008, que establece el valor a cancelar por la solicitud de expedición de duplicado de la cédula de ciudadanía, así como los casos excepcionales en que se exonerara del cobro para obtener el documento de identidad, sin que los accionantes hayan acreditado encontrarse en alguna de las aludidas situaciones" (fl. 29 lb.).
Finalmente, manifestó que "corresponde ahora a los accionantes, bien aportar la documentación que... los exonere de cancelar el valor del duplicado o de lo contrario... cancelar el valor respectivo" (fl. 28 ib.).
Como se constata en la base de datos de la dirección del sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, Sisbén(1), y se amplió y corroboró telefónicamente (fl. 9, cdno. Corte), esta es la situación de cada uno de los actores:
Accionantes Sisbén
Jhon Jairo García López Nivel 1
Víctor Alfonso Largo Zambrano Fue encuestado, pero aún no se le ha asignado nivel.
Danny Hernán Higuita Marín Nivel 1
Willington Rodríguez Aldana No registra
Huberney Arcila Nivel 1
Alexander Salazar Arias Nivel 2
Carlos Alberto Cano Montoya Nivel 1
Luis Ángel Guarnizo Timote No registra
Robin Buitrago Lopera Nivel 1
Oswaldo Alirio Obando Morales Nivel 1
Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado(2); (no está en negrilla en el texto original):
"Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades
penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.
Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar".
Bajo el contexto anterior, esta Corte ha señalado que, pof el encarcelamiento, los derechos a la libertad física y a la libre locomoción se suspenden, y así puede ocurrir también con los derechos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Otros derechos, como la intimidad personal y familiar, reunión, asociación, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión, son restringidos en aras de asegurar el orden interno en los centros de reclusión. Por su parte, la vida, la integridad personal, la dignidad humana, la igualdad, la libertad religiosa, la personalidad jurídica, la salud, el debido proceso y el derecho de petición se conservan incólumes, a pesar de la privación de la libertad a que son sometidos sus titulares, siendo deber del Estado garantizarlos y preservar su efectividad(3).
"Jurídicamente hablando, la identificación constituye la forma como se establece la individualidad de una persona con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de donde se infiere que sólo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones, este documento se ha convertido en el medio idóneo e irremplazable para lograr el aludido propósito.
De otra parte, la cédula juega papel importante en el proceso de acreditación de la ciudadanía, que se ejerce por los nacionales a partir de los 18 años y que, en los términos del artículo 99 de la Constitución, es la ”...condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que llevan anexa autoridad o jurisdicción”.
Pero, además de lo señalado, la cédula de ciudadanía constituye también un medio idóneo para acreditar la ”mayoría de edad”, o sea, el estado en que se alcanza la capacidad civil total, circunstancia en que se asume por el legislador que la persona ha logrado la plenitud física y mental que lo habilita para ejercitar válidamente sus derechos y asumir o contraer obligaciones civiles"(4).
Con respecto a la consecución de la cédula de ciudadanía y su utilización, la Corte Constitucional ha tutelado los derechos fundamentales a la personalidad jurídica, la igualdad, el debido proceso y de petición, en casos donde se ha establecido que la negativa de expedición, renovación, rectificación o devolución de dicho documento, corresponde a una decisión arbitraria o a negligencia de la autoridad competente(5).
"Es así como dentro del desarrollo del derecho a la personalidad jurídica se reconoce el estado civil de las personas, mediante la expresión de una determinada situación o calidad como la nacionalidad, el sexo, la edad... También se relaciona con el reconocimiento de derechos subjetivos tanto públicos como privados, situándose dentro de los primeros los propios de quien es reconocido por la Constitución y la ley como ciudadano, esto es, el derecho político al voto, el ejercicio del derecho de protección jurídica y las correlativas obligaciones concretas para las personas como... pagar impuestos, cumplir el servicio militar obligatorio etc.
En este orden de ideas, la cédula de ciudadanía es un documento que adquiere especial relevancia para acreditar el reconocimiento de estos derechos y obligaciones y por ende, para el reconocimiento y ejercicio del derecho a la personalidad jurídica de las personas;(6)".
En un voto razonado, el Juez Sergio García Ramírez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, sentencia de noviembre 25 de 2000, párrafo 11, 12 y 15) expresó que el desconocimiento del derecho a la personalidad jurídica equivaldría a la negación absoluta de la posibilidad de que una persona sea titular de derechos y obligaciones. Además:
"En este caso se le trataría como a un objeto —materia de una relación jurídica, no sujeto de ella—, o se le reduciría a la condición de esclavo. De todo lo dicho se desprende que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica tiene sustancia o entidad propias y no puede ser visto como un reflejo de una situación de hecho que prive al individuo de la posibilidad de ejercer los derechos de los que, sin embargo, no se le ha negado la titularidad. Esto entrañaría una situación jurídica —desconocimiento de la personalidad de este carácter—, en tanto aquello constituye un hecho, tan deplorable o limitante como se quiera, pero no necesariamente derogatorio, en sí mismo, de la personalidad jurídica del ser humano que lo padece".
La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la jefe de la oficina jurídica, respondió que no existe vulneración alguna, porque los actores no acreditaron encontrarse en los casos estipulados en la Resolución 38 de marzo 14 de 2008 para ser exonerados del costo del documento de identidad, que es lo que genera la reclamación.
Adicionalmente, insta a los actores para que aporten la documentación que los exonere de pagar el valor del duplicado, o de lo contrario cancelen el valor respectivo(7).
Los señores Jhon Jairo García López, Víctor Alfonso Largo Zambrano, Danny Hernán Higuita Marín, Willington Rodríguez Aldana, Oswaldo Alirio Obando Morales, Huberney Arcila, Alexander Salazar Arias, Carlos Alberto Cano Montoya, Luis Ángel Guarnizo Timote y Robin Buitrago Lopera se encuentran recluidos en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Fresno, Tolima, lo cual permite inferir que debido a la especial relación de sujeción que tienen con el Estado, éste debe asumir frente a ellos una serie de responsabilidades y tomar diversas iniciativas especiales, para contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia se les puede restringir como, para el presente caso, el derecho a la personalidad jurídica sin perjuicio de lo atinente a la suspensión de los derechos políticos.
En todo caso, si se exime de pago la expedición del duplicado de la cédula, por una sola vez, a la "población de los niveles 0, 1 y 2 del Sisbén", en aplicación del artículo 4º de la Resolución 38 de marzo 14 de 2008, expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, es claro que los actores que están vinculados al Sisbén, a saber, (se indica entre paréntesis el nivel de cada uno) Jhon Jairo García López (1), Danny Hernán Higuita Marín (1), Huberney Arcila (1), Alexander Salazar Arias (2), Carlos Alberto Cano Montoya (1), Robin Buitrago Lopera (1) y Oswaldo Alirio Obando Morales (1), se encuentran exentos de cobro para obtener el duplicado del documento de identidad y éste, cumplidos los demás requisitos, les debe ser expedido y entregado por la entidad accionada.
1. CONFIRMAR parcialmente la sentencia única de instancia, dictada en marzo 16 de 2010 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, en lo relacionado con Víctor Alfonso Largo Zambrano, Willington Rodríguez Aldana y Luis Ángel Guarnizo Timote, sin perjuicio de que en el interregno hayan acreditado su adscripción al Sisbén, caso en el cual se harán beneficiarios de la misma decisión que a continuación se expone.
2. REVOCAR en lo demás dicha sentencia para, en su lugar, tutelar el derecho a la personalidad jurídica de los señores Jhon Jairo García López, Danny Hernán Higuita Marín, Oswaldo Alirio Obando Morales, Huberney Arcila, Alexander Salazar Arias, Carlos Alberto Cano Montoya y Robin Buitrago Lopera, ordenando a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por conducto del Registrador Municipal de Fresno, Tolima, o del lugar a donde hubieren sido trasladados, si fuere del caso, que si aún no lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia, inicie los trámites y procedimientos necesarios para que, en un término no superior a sesenta (60) días, entregue a los actores que lo ameritan, según lo expuesto, el duplicado de la respectiva cédula de ciudadanía.
Magistrados: Nilson Pinilla Pinilla—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, con salvamento de voto—Humberto Antonio Sierra Porto.
(1) Cfr. septiembre 6 de 2010 http://www.sisben.gov.co/.y http://www.fosyga.gov.co/.
(2) Caso “Instituto de reeducación del menor” Vs. Paraguay. Sentencia de septiembre 2 de 2004. Serie C Nº 112, párrafos 152 y 153.
(3) Cfr. T-388 de septiembre 15 de 1993, M.P. Hernando Herrera Vergara; T-1145 de noviembre 10 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-126 de febrero 24 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(4) C-511 de julio 14 de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(5) Cfr. T-964 de septiembre 10 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(6) T- 909 de agosto 27 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentenía.
(7) La Registraduría Nacional del Estado Civil establece como valor por concepto de la expedición física del duplicado o rectificación de la cédula de ciudadanía, por pérdida o deterioro de la misma, o corrección de datos, la suma de treinta mil pesos ($ 30.000).

References: Resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 99
 Resolución 
 artículo 4
 Resolución