Source: http://www.slideshare.net/otrolo_comas/01-administracin-pblica-en-el-poder-judicial
Timestamp: 2016-05-26 04:14:07+00:00

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01 administración pública en el poder judicial
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Efraín Aular Trejo, Fisioterapeuta
1 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL PODER JUDICIAL1 Laura Louza ScognamiglioSUMARIOIntroducciónI. La evolución del principio de separación de poderes y hacia la búsquedaen el derecho positivo venezolano de una Administración Pública en elPoder Judicial.II. La organización administrativa del Poder Judicial. El Tribunal Supremo de Justicia. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Los demás órganos administrativos del Poder Judicial.III. El Régimen jurídico del Poder Judicial La autonomía funcional. La autonomía administrativa. La autonomía financiera. Conclusiones LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL PODER JUDICIALLa Constitución de 1999 introdujo cambios sustanciales en la organizacióndel Poder Judicial y en la concepción de la administración de justicia enVenezuela. La razón de este replanteamiento del Poder Judicial a nivelconstitucional responde – sin lugar a dudas – a que el Poder Judicial era elmás ineficiente y cuestionado de los Poderes Públicos. En efecto, la“cenicienta de los Poderes”3 era unánimemente criticada por la ineficienciaen la prestación del servicio de justicia y la ausencia de una política judicialnacional.El diagnóstico sobre los problemas del Poder Judicial señalaba a laestructura y organización de la administración y gobierno del Poder Judicial,como una de las causas de su fracaso institucional4. En efecto, bajo lavigencia de la Constitución de 1961 la función de gobierno y administraciónde los tribunales de la República se encontraba a cargo de un órgano ajenoal Poder Judicial: el Consejo de la Judicatura (artículo 217); y por otraparte, la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia judicial del país,que era administrativamente diferente e independiente del Consejo de laJudicatura y del resto del Poder Judicial. No obstante esto, algunas leyes leotorgaban competencias de gobierno y administración5, e incluso, leasignaban la potestad de nombrar algunos miembros del Consejo de laJudicatura, lo que colocaba a la Corte Suprema de Justicia en una aparenteposición de superioridad respecto de aquel, y esto condujo a que en losaños anteriores a la Constitución de 1999, existiera la tesis de que la Corte
2Suprema de Justicia debía ser el órgano de coordinación de la políticajudicial nacional6.Es por lo anterior que la Constitución de 1999, replantea el sistema deadministración y gobierno del Poder Judicial, eliminando al Consejo de laJudicatura y otorgando al Poder Judicial, y particularmente, a su máximaautoridad, el Tribunal Supremo de Justicia, el poder necesario para formularsus políticas y ejecutarlas.Así, además de las funciones típicamente jurisdiccionales, la nuevaConstitución asigna al Tribunal Supremo de Justicia importantescompetencias administrativas, típicas más bien de un órgano del PoderEjecutivo, constituyéndole en el órgano rector del Poder Judicial7 (artículo267 de la Constitución).Esta innovación constitucional parece antagonizar con conceptos básicosclásicos del derecho constitucional, como el principio de separación depoderes8. En efecto, el otorgamiento de funciones típicamenteadministrativas al Poder Judicial, cuando su función es la jurisdiccional, noparece – a primera vista - acorde a la concepción originaria del principio deseparación de poderes. De igual forma, parece reñido con la concepciónclásica de este importante principio, la creación de órganos meramenteadministrativos en el seno del Poder Judicial.Así las cosas, el objetivo de este estudio es determinar si la nuevaConstitución realmente crea una Administración Pública en el Poder Judicialy cómo encuadra ello en la concepción clásica de la organización delEstado. Con ese propósito, se analizará, en primer lugar, (i) la evolución delprincipio de separación de poderes y las normas constitucionales y legalesque regulan a la Administración Pública y al Poder Judicial; sucesivamente,(ii) la organización del Poder Judicial para el ejercicio de las competenciasadministrativas, y finalmente, (iii) el régimen jurídico que regula el ejerciciode esas competencias.I. La evolución del principio de separación de poderes: hacia la búsquedade una Administración Pública del Poder Judicial en el derecho positivovenezolanoTradicionalmente, se ha identificado a la Administración Pública con elPoder Ejecutivo, al definirla como el conjunto de órganos y personas querealizan las tareas administrativas del Estado9 y, al Poder Ejecutivo, comoel Poder del Estado que, según el principio de separación de poderes,ejecuta esas tareas.En efecto, la concepción originaria del principio de separación de poderespostulaba una división de funciones entre los poderes del Estado, en virtudde la cual a cada poder le correspondía una función estatal, y como
3consecuencia de ello, al Poder Ejecutivo se le atribuía la función deadministración o de ejecución de las leyes10 (por ello, el nombre deEjecutivo11).No obstante, la aplicación del principio de separación de poderes nunca fueabsoluta12, porque siempre existió la necesidad de una colaboración entrelos poderes para lograr los fines estatales, lo que trajo como consecuenciaque los diferentes poderes no ejecutaran con exclusividad la funciónoriginalmente asignada.En el ámbito del Poder Ejecutivo, se encuentran importantes ejemplos a lolargo de la historia. Así, en Francia bajo la Revolución, se estableció elprincipio de la separación de las autoridades administrativas y judiciales,según el cual, los reclamos contra la Administración Pública debían serresueltos por el mismo Poder Ejecutivo, otorgándole funcionesjurisdiccionales13.En esa misma línea, durante la Primera Guerra mundial en Europa, seatribuyeron funciones legislativas al Poder Ejecutivo al permitirle dictardecretos-leyes, con la finalidad de adoptar medidas expeditas para resolversituaciones de emergencia14.También, en Venezuela, a partir de 1970, se crearon órganos del PoderEjecutivo con funciones jurisdiccionales, como las Inspectorías del Trabajo olas Comisiones Tripartitas.Es por lo anterior que ya en la primera mitad del siglo XIX losconstitucionalistas de la época se habían percatado que las Constituciones,sancionadas en Europa y en América, no recogían el principio de separaciónde poderes en la forma en que había sido concebido, al otorgar a cadapoder del Estado una actividad distinta a la propia.Por ello, surgió en Alemania la teoría formal-substancial, según la cual “acada uno de los conjuntos orgánicos llamados Poder Legislativo, PoderEjecutivo y Poder Judicial, el derecho positivo le asigna una función demanera principal, pero tal poder puede desempeñar las demás funciones demanera secundaria o accesoria”.15Es en tal concepción en la que se ha inscrito el derecho positivovenezolano, y de hecho, a partir de 1960, el máximo tribunal y la doctrinade manera reiterada han reconocido que en el ordenamiento jurídicovenezolano la división de los poderes no coincide plenamente con laseparación de las funciones, ya que se otorgan potestades típicamenteadministrativas al Poder Legislativo y aún jurisdiccionales; al Poder Judicialfunciones administrativas, y al Poder Ejecutivo funciones jurisdiccionales,siendo sólo exclusiva la forma en que esas funciones se manifiestan encada uno de los poderes16.
4Así, por ejemplo, en el ámbito del Poder Judicial, en sentencia de fecha 19de julio de 1984, la Sala Político Administrativa en el asunto Alí QuiñónezMedina, declaró sobre la naturaleza jurídica de las medidas disciplinarias ylas relativas a la administración de personal dictadas por los jueces losiguiente: “tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen que cuandolos órganos del Poder Judicial toman alguna medida relativa a laadministración de su personal (v.gr. nombramiento, destituciones,permisos, etc.) o a la organización del tribunal (reglamentos), o al orden yrespeto en el recinto de los tribunales (sanciones correctivas odisciplinarias), no están resolviendo una controversia entre partesdeclarando el derecho aplicable con fuerza de verdad legal (funciónjurisdiccional), sino actuando como sujetos de derecho en una determinadarelación jurídica, como gestores del interés público y, por consiguiente, lasdeclaraciones de voluntad que emitan en cualquiera de los supuestosanotados son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional”.En relación con el Poder Ejecutivo, en sentencia de fecha 10 de enero de1980, esa misma Sala, en el caso Miranda Entidad de Ahorro y Préstamo,admitió que las Comisiones Tripartitas, órganos administrativos del PoderEjecutivo creados para dirimir los conflictos entre los trabajadoresdespedidos y los patronos, ejercían funciones propias del Poder Judicial, enlos siguientes términos: “la función jurisdiccional, si bien es propia de losórganos judiciales, no es una función privativa y exclusiva de ellos, pues losotros órganos estatales también la ejercen, pero lo que sí es una funciónprivativa y exclusiva de los tribunales es el ejercicio de la funciónjurisdiccional en una forma determinada”.Basado en lo anterior, resulta evidente que en la actualidad la identificaciónde una función estatal con un Poder del Estado es cuestionable, y por ello,también la identificación de la función administrativa17 con el PoderEjecutivo.Es más, al entenderse a la Administración Pública como el conjunto deórganos y personas que realizan las tareas administrativas del Estado, yexistiendo otros poderes del Estado que las ejecutan se puede concluir quela Administración Pública no forma parte sólo del Poder Ejecutivo, y quepoderes distintos al Ejecutivo pueden tener una Administración Pública conlas consecuencias jurídicas que de ello se deriven.Sin embargo, para llegar a esa conclusión en el caso de Venezuela yparticularmente, en torno a la posible existencia de una AdministraciónPública en el Poder Judicial venezolano, se debería primero revisar en laConstitución, aprobada en 1999, el concepto de Administración Pública, suvinculación con el Poder Ejecutivo y las competencias del Poder Judicial.
5Para ello, como punto de partida de la tesis mencionada, debe determinarsesi la Constitución actual consagra una colaboración entre los poderes parael ejercicio de las funciones estatales, porque en caso contrario, es decir,que se estableciera una separación rígida entre poderes y funciones, seríacuesta arriba afirmar que un poder distinto al Ejecutivo, al que lecorresponde por esencia la función administrativa, ejecutara esa función, ypor tanto, que la Administración Pública no dependiera exclusivamente deél.En tal sentido, el artículo 136 eiusdem, al igual que el de la Constitución de1961, reza lo siguiente: “cada una de las ramas del Poder Público tiene susfunciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejerciciocolaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”. De estemodo, se cumple con la premisa fundamental de la tesis mencionada, yaque el artículo citado admite la colaboración entre los Poderes Públicos enla ejecución de los fines del Estado, por lo que un poder distinto alEjecutivo, como por ejemplo el Poder Judicial, podría tener asignadafunciones administrativas.Sucesivamente, la Constitución en el artículo 141, ubicado en el capítuloreferido a las disposiciones fundamentales del Poder Público, define a laAdministración Pública como un órgano que está al servicio de losciudadanos en el ejercicio de la función pública con sujeción a la ley y alderecho.La mencionada norma constitucional se distancia de la tendencia de laanterior Constitución, en la cual no se regulaba de manera expresa a laAdministración Pública, y además, porque se refiere a la AdministraciónPública en el capítulo relacionado con todos los poderes públicos, y noúnicamente en el capítulo del Poder Ejecutivo. Como consecuencia de ello,pareciera que la Constitución de 1999 no vincula a la Administración Públicaa un poder público específico, sino a todos, lo que abona a favor de la tesisantes sostenida.Sin embargo, el artículo 239 numeral 2 eiusdem, que otorga alVicepresidente de la República la coordinación de la Administración PúblicaNacional según las instrucciones del Presidente, pareciera indicar locontrario. En ese orden de ideas, tal como señala JOSÉ PEÑA SOLIS, hayque entender que debe existir una vinculación de la Administración Públicacon el Poder Ejecutivo, por ser el órgano que como tarea principal ejecutala función administrativa, aunque, no toda la Administración Pública seinserte en el Poder Ejecutivo18.En ese orden de ideas es que la reciente Ley Orgánica de la AdministraciónPública19 admite su aplicación a órganos que no forman parte del PoderEjecutivo, y en tal sentido, BREWER CARÍAS afirma que “en cuanto a laAdministración Pública que conforman los demás órganos del Poder Público
6Nacional, es decir, los que a nivel nacional ejercen el Poder Judicial..., lasdisposiciones de la Ley Orgánica sólo se les aplican supletoriamente”20.No obstante, no es hasta llegar a la lectura del capítulo relativo al PoderJudicial, que se puede arribar a una conclusión definitiva sobre esteaspecto. En efecto, sólo si la Constitución le otorgara potestadesadministrativas al Poder Judicial no cabría duda que este Poder ejecuta unafunción administrativa, por tanto, que en él se encuentran órganosadministrativos, y así una Administración Pública.Al respecto se observa, que como ya se indicó, la Constitución de 1999 enuna postura diametralmente distinta a la anterior resuelve la problemáticade la administración del Poder Judicial, y se la atribuye al mismo PoderJudicial. De hecho, llega a eliminar al Consejo de la Judicatura -el órganoadministrativo de los tribunales que no formaba parte del Poder Judicialsegún la Constitución de 1961 ni de ningún otro poder, y que por ello secalificaba como un órgano con autonomía funcional- y crea unaadministración en el seno del Poder Judicial, dándole a éste potestadestípicamente administrativas.En tal sentido, el artículo 267 eiusdem otorga al Tribunal Supremo deJusticia –máximo representante del Poder Judicial y más alto tribunal de laRepública- la dirección, gobierno y administración de ese poder, y además,prevé la creación de un órgano meramente administrativo en la estructuradel Poder Judicial que ejecuta únicamente funciones administrativas: laDirección Ejecutiva de la Magistratura.De este modo, parece evidente que en el vigente ordenamiento jurídicovenezolano se prevé la existencia, en el seno del Poder Judicial, de órganosque ejercen funciones administrativas como actividad principal. Así esposible concluir que, cuando menos funcionalmente hablando, en nuestroordenamiento constitucional se ha consagrado una Administración Públicaen el Poder Judicial, y de este modo, la función administrativa ha dejado deser - como lo era en el pasado - una actividad accesoria del Poder Judicial,para convertirse en una actividad necesaria para el ejercicio de susfunciones jurisdiccionales, según se verá en lo sucesivo.II. La organización administrativa del Poder JudicialLa Constitución de 1999, el Decreto de la Asamblea Nacional Constituyentesobre el Régimen de Transición del Poder Público21 y la Normativa delTribunal Supremo de Justicia sobre la Dirección, Gobierno y Administracióndel Poder Judicial22, son los instrumentos jurídicos que otorgan funcionesadministrativas al Poder Judicial y crean los órganos que las ejercen.Así, la Constitución de 1999 atribuye al órgano del Poder Público, que poresencia ejerce funciones jurisdiccionales –el Tribunal Supremo de
7Justicia23- competencias típicamente administrativas, como son las degobierno del Poder Judicial; administración y ejecución presupuestaria;nombramiento, supervisión y control de personal.En tal sentido, la Constitución prevé en su artículo 255 que “elnombramiento y juramento de los jueces corresponde al Tribunal Supremode Justicia”, y en su artículo 267 le otorga “la dirección, el gobierno y laadministración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunalesde la República y de las Defensorías Públicas, así como “la elaboración yejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial”.El artículo 267 eiusdem, además exhorta al Tribunal Supremo de Justicia acrear la Dirección Ejecutiva de la Magistratura “para el ejercicio de talesatribuciones”, es decir, de las mencionadas en el primer aparte del artículoantes transcrito.Adicionalmente, existen otros organismos en el Poder Judicial, a los cualesel Decreto sobre el Régimen de Transición del Poder Público y la Normativasobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial danimportantes competencias administrativas, que se pueden clasificar en dostipos: “las unidades autónomas” y “las comisiones”.“Las unidades autónomas” son: la Inspectoría General de Tribunales, elServicio Autónomo de Defensa Pública y la Escuela Judicial, y “lascomisiones” son la Comisión de Evaluación y Concursos y la Comisión deFuncionamiento y Reestructuración.A continuación, se analizarán con detenimiento las competencias ynaturaleza jurídica del Tribunal Supremo de Justicia, así como las de losdemás órganos mencionados, haciéndose especial referencia a su relacióncon el Tribunal Supremo de Justicia.2.1. El Tribunal Supremo de JusticiaLa Constitución en las normas ya comentadas, los artículos 255 y 267,otorga al Tribunal Supremo de Justicia importantes funcionesadministrativas, que indican que este organismo es además del más altotribunal de la República, un órgano de la Administración Pública del PoderJudicial.Aunque respecto de las competencias señaladas en el artículo 267 surge laduda si deben ser ejercidas por el Tribunal Supremo de Justicia o por laDirección Ejecutiva de la Magistratura, lo que aclararemos más adelante, nocabe duda que tal como establece la norma constitucional corresponden alTribunal Supremo de Justicia.
8Ahora bien, el otorgamiento de competencias administrativas de talimportancia a un órgano típicamente jurisdiccional llama la atención, y porello, se considera necesario dilucidar a qué tipo de modelo organizativoresponde el Tribunal Supremo de Justicia dentro de la AdministraciónPública del Poder Judicial.¿Se trata de un órgano de los que la doctrina y la jurisprudencia handenominado “con autonomía funcional”?, o más bien, ¿es una autoridadadministrativa independiente?; o ¿es la máxima jerarquía de los órganos dela Administración Pública del Poder Judicial?, o incluso, ¿un órganojurisdiccional que ha delegado la competencia administrativa en otrosorganismos como la Dirección Ejecutiva de la Magistratura?Para responder a estas interrogantes, haremos un breve análisis de cadauna de las categorías señaladas, para luego determinar si el TribunalSupremo de Justicia encuadra en alguna de ellas.La doctrina nacional y la jurisprudencia han caracterizado a los órganos conautonomía funcional por ser de origen constitucional o legal; tenerautonomía funcional, administrativa y financiera, y, no tener dependencia nijerárquica, ni de ninguna otra naturaleza con ningún Poder Público enparticular, y por ejemplo, entre éstos se ha identificado de forma tradicionala la Contraloría General de la República.Sin embargo, el administrativista venezolano JOSÉ PEÑA SOLÍS haobservado que esta categoría conceptual se ha trazado sin mayoresestudios sobre “la naturaleza de estos órganos, la dimensión o grado de laautonomía concebida como instrumento básico para garantizar su libertad oindependencia en el ejercicio de sus funciones, y en definitiva otroselementos que contribuían a definir esta categoría de órganos”, y por ello,la doctrina y la jurisprudencia no se han percatado de que se trata deautoridades administrativas independientes24.Es necesario destacar que las autoridades administrativas independientessurgen en Europa como una clase de órgano público sin personalidadjurídica propia, pero atípico, por no estar inserto en la estructura de ningúnPoder Público y no estar sujeto ni al control jerárquico, ni al de tutela. Setrata de organismos públicos de origen legal o constitucional con lacompetencia de regular sectores relevantes de orden social o económico ode vigilar el respeto de los derechos de los ciudadanos, y que gozan de unaimportante autonomía de gestión, garantizada, entre otros, por laestabilidad en el cargo de sus máximas autoridades y la ausencia demecanismos de control respecto de ellos25.Por su parte, los órganos de la Administración Pública Central generalmentese caracterizan por ejercer competencias administrativas con lapersonalidad jurídica del Estado y sin autonomía de gestión, sujetos a un
9importante control jerárquico, que es la relación que vincula a esos órganosmediante poderes de subordinación para asegurar la unidad de acción,siendo el máximo jerarca el que tiene los poderes de administraciónnecesarios para cumplir las tareas y cometidos estatales, y mediantenormas reglamentarias, encauzar la acción de sus subordinados26.La delegación a su vez “consiste en un acto en virtud del cual un órganoadministrativo transfiere a otro jerárquicamente subordinado el ejercicio defunciones que tiene atribuidas de forma alternativa conservando latitularidad sobre las mismas”27 (Negritas nuestras).Para establecer en qué categoría de las antes descritas se ubica el TribunalSupremo de Justicia, como órgano administrativo del Poder Judicial, esimportante tener presente el artículo 267 ya comentado, y además, traer acolación el artículo 254 de la Constitución según el cual, “el Poder Judiciales independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomíafuncional, financiera y administrativa”.De una primera lectura de la norma constitucional antes citada, enconjunción con las ya comentadas, podría inferirse que el Tribunal Supremode Justicia es un órgano con autonomía funcional, o para ser más exactos,una autoridad administrativa independiente, siguiendo la tesis de José PeñaSolís de que en realidad los órganos con autonomía funcional sonautoridades administrativas independientes28.En efecto, el Tribunal Supremo de Justicia al igual que las autoridadesadministrativas independientes no tiene personalidad jurídica propia, sino lade la República; es independiente de los otros órganos del Poder Público;sus representantes, los Magistrados, son elegidos de forma de garantizar suestabilidad e imparcialidad; ejerce funciones administrativas; no está sujetoal control del Poder Ejecutivo, y se podría decir que, salvo por lainformación que el Poder Legislativo le puede solicitar como administradordel Poder Judicial29, tampoco está sujeto a su control; tiene libertad paraactuar en su esfera de competencia constitucional sin ningún controljerárquico o de tutela, y tiene autonomía administrativa, funcional yfinanciera30.No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia no presenta doscaracterísticas esenciales de las autoridades administrativasindependientes. En efecto, el Tribunal Supremo de Justicia está inserto enun Poder Público, en este caso el Judicial, cuando en cambio las autoridadesadministrativas independientes no pertenecen a ningún poder público enparticular, siendo simplemente parte del aparato estatal. Además, alTribunal Supremo de Justicia no se le otorgaron potestades administrativaspara regular sectores relevantes de orden social o económico o para vigilarel respeto de los derechos de los ciudadanos a través del ejercicio depotestades administrativas, que es el motivo por el que se crean esas
10autoridades, sino para administrarse de forma autónoma, y así, garantizarun ejercicio más eficiente de la función jurisdiccional.De tal forma, en nuestra opinión, la independencia del Poder Judicial y laautonomía funcional, administrativa y financiera de su máxima autoridad, elTribunal Supremo de Justicia, consagradas en el artículo 254 de laConstitución, tienen la finalidad de fortalecer este poder en sus funcionesjurisdiccionales, siendo dicha autonomía no más que un medio paragarantizar el ejercicio adecuado de las funciones jurisdiccionales por elPoder Judicial.Esto lo corrobora, la exposición de motivos de la Constitución cuandoestablece en el capítulo relativo al Poder Judicial lo siguiente:“El Estado democrático y social de Derecho y de Justicia consagrado por laConstitución, al implicar fundamentalmente, división de los poderes delEstado, imperio de la Constitución y las leyes como expresión de lasoberanía popular, sujeción de todos los poderes públicos a la Constitucióny al resto del ordenamiento jurídico, y garantía procesal efectiva de losderechos humanos y de las libertades públicas, requiere la existencia deunos órganos que institucionalmente caracterizados por su independencia,tengan la potestad constitucional que les permita ejecutar y aplicarimparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter atodos los poderes públicos, al cumplimiento de la Constitución y las leyes,controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas laspersonas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereseslegítimos.El conjunto de órganos que desarrollan esa función constituyen el PoderJudicial...”Asimismo, la tesis mencionada se confirma al notar la relevancia que laConstitución da al carácter de servicio público de la administración dejusticia, cuando establece que la justicia debe ser “gratuita, accesible,imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable,equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos oreposiciones inútiles”31, y consagrar la responsabilidad personal de losjueces32 y del Estado en la administración de justicia33, lo que obliga encontrapartida, a crear los mecanismos para que el Poder Judicial puedaresponder a ese llamado de eficiencia y transparencia, gozando de laautonomía necesaria para ello.Por tanto, el Tribunal Supremo de Justicia no es más que la máximajerarquía de la Administración Pública del Poder Judicial, de hecho, es elque tiene los poderes de administración necesarios para cumplir las tareasy cometidos estatales, y en virtud de ello, está facultado mediante normasreglamentarias para crear órganos administrativos y encauzar sus acciones.
11¿Pero al crear esos órganos administrativos y en particular, la DirecciónEjecutiva de la Magistratura, a que alude la norma constitucional, elTribunal Supremo de Justicia se desprende del ejercicio de esas funciones yse transforma únicamente en un órgano jurisdiccional?La respuesta es negativa, porque la Normativa sobre la Dirección, Gobiernoy Administración del Poder Judicial, que es el acto mediante el cual elTribunal Supremo de Justicia crea y regula los órganos administrativos delPoder Judicial, otorga al Tribunal un importante control jerárquico sobre sussubordinados, a través de dos órganos propios: la Sala Plena y la ComisiónJudicial.La Sala Plena, es la máxima autoridad administrativa del Tribunal Supremode Justicia, y en consecuencia, del Poder Judicial, y como tal tiene lassiguientes potestades derivadas del control jerárquico, establecidas en elartículo 28 eiusdem:- El poder de nombramiento y remoción de las altas autoridades de laDirección Ejecutiva de la Magistratura, la Inspectoría General de Tribunales,la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración, el Servicio de DefensaPública, la Escuela Judicial y la Comisión Coordinadora de Evaluación yConcursos para el Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial (artículos 30y 28 literales b, k y j). Asimismo, tiene la competencia para nombrar yremover al personal de los órganos administrativos mencionados, salvo enel caso de los funcionarios de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, acuyos diretivos el Tribunal ha delegado esa facultad34.- El poder de instrucción sobre esos órganos, al ser competente paraestablecer la normativa que regirá su funcionamiento interno y dictar suspolíticas. Aunque, este poder ha sido delegado en parte a la DirecciónEjecutiva de la Magistratura, al tener ésta la facultad de proponer sunormativa interna, así como de celebrar los contratos que se requieran parael funcionamiento del Poder Judicial, dentro de los límites de la delegaciónfinanciera del Tribunal Supremo de Justicia.35 Igualmente, la Comisión deFuncionamiento y Reestructuración tiene importantes competencias enmateria de su organización y funcionamiento, así como de la DefensaPública.36- El poder de modificación y anulación de las decisiones de los órganosinferiores, porque pese a que la norma no lo indica, se presume al ser elórgano superior. No obstante, las decisiones de la Comisión deFuncionamiento y Reestructuración agotan la vía administrativa, y sonrevisadas en vía jurisdiccional por la Sala Político Administrativa37.Por su parte, la Comisión Judicial, de conformidad con los artículos 26 y 27de la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del PoderJudicial, está integrada por seis Magistrados en representación de cada una
12de las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia. Los miembros de laComisión Judicial son elegidos en la misma oportunidad que la JuntaDirectiva del Tribunal y de las Salas. No obstante, los Presidentes de Salasno pueden formar parte de la Comisión, salvo por el Presidente del TribunalSupremo de Justicia, quien además representa a la Sala que preside. ElVicepresidente de la Comisión es designado por la Sala Plena.Según el artículo 2 eiusdem, la Comisión Judicial es creada como un“órganodel Tribunal Supremo de Justicia, con la finalidad de que ejerza pordelegación las funciones de control y supervisión de la Dirección Ejecutivade la Magistratura y las demás previstas en esta Normativa”, y es en eseorden de ideas, que el artículo 28 eiusdem le atribuye las siguientescompetencias:a) “Aprobar la normativa que corresponde dictar a la Dirección Ejecutiva dela Magistratura.b) Proponer a la Sala Plena el nombramiento y remoción de los tresDirectores que integran el Comité Directivo de la Dirección Ejecutiva de laMagistratura.c) Designar y sustituir al Coordinador del Comité Directivo de la DirecciónEjecutiva de la Magistratura.d) Proponer a la Sala Plena las políticas que debe seguir la DirecciónEjecutiva de la Magistratura.e) Presentar a la Sala Plena, para su discusión y aprobación los proyectosde presupuesto del Poder Judicial, tanto ordinarios como extraordinarios.f) Mantener informada a la Sala Plena, en forma periódica, sobre susactuaciones y las de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.g) Evaluar, cuando menos trimestralmente, los informes que sobre losresultados de su gestión le presente el Comité Directivo de la DirecciónEjecutiva de la Magistratura.h) Proponer a la Sala Plena la normativa sobre la organización y elfuncionamiento de la Inspectoría General de Tribunales, del Servicio deDefensa Pública y de la Escuela Judicial.i) Ejercer el control sobre la Inspectoría General de Tribunales, del Serviciode Defensa Pública y de la Escuela Judicial.j) Proponer a la Sala Plena los candidatos para la designación del InspectorGeneral de Tribunales y de su suplente. Igualmente podrá proponer suremoción.k) Proponer a la Sala Plena los candidatos para la designación del Directordel Servicio de la Defensa Pública y para la designación de su suplente.Igualmente podrá proponer su remoción.l) Proponer a la Sala Plena los candidatos para la designación del Directorde la Escuela Judicial. Igualmente podrá proponer su remoción”.Así, de la norma antes transcrita se deduce que la Comisión Judicial tieneuna función contralora sobre los órganos administrativos del Poder Judicial,es decir, como superior jerarca de los mismos, la cual a su vez es producto
13de una delegación de competencias de la Sala Plena Por ello es que laComisión Judicial, puede ejercer funciones de control jerárquico sólo en lasmaterias expresamente delegadas por la Normativa sobre la Dirección,Gobierno y Administración del Poder Judicial38, como son: la remoción deuno de los Directores de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y elcontrol de la gestión de este organismo y de las unidades autónomas39. Esevidente entonces que las decisiones emanadas de la Comisión Judicial enejercicio de las competencias señaladas pueden ser revisadas por la SalaPlena.También, resalta de las disposiciones del artículo 28 de la Normativa sobrela Dirección, Gobierno y Administración la función consultiva de la ComisiónJudicial respecto de la Sala Plena en el ejercicio de los poderes funcionarial,de dirección, de instrucción, que la Sala Plena tiene respecto de los órganossubordinados. En efecto, la Comisión Judicial tiene la obligación deproponer a la Sala Plena los candidatos para el nombramiento de lasmáximas autoridades de los órganos administrativos del Poder Judicial, asícomo proponerle su remoción; las políticas que debe seguir la DirecciónEjecutiva de la Magistratura; presentarle los proyectos de presupuesto delPoder Judicial y la Normativa de los órganos administrativos del PoderJudicial, salvo la de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura que laComisión puede aprobar directamente40.Ahora bien, si es la Sala Plena la máxima autoridad jerárquica de laAdministración Pública del Poder Judicial, y no la Comisión Judicial,entonces ¿quién ejerce el control jurisdiccional sobre los actos de laAdministración Pública del Poder Judicial, siendo que él mismo los dicta, loscontrola y los revisa? ¿Esto significa que hemos regresado a los tiempos dela justicia retenida francesa, donde las decisiones de la Administración notenían control jurisdiccional?Por tratarse del control jurisdiccional de actos administrativos y habidacuenta de que ningún acto administrativo puede estar excluido del controljurisdiccional41, pareciera que un tribunal de la jurisdicción contenciosoadministrativa debería ser el competente para conocer de los recursos denulidad o carencia que se interpongan contra aquellos.En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 259 y 266numerales 4 y 5 de la Constitución, así como en el artículo 42 ordinales 9 y12 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el tribunalcompetente es la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo deJusticia.En efecto, según el ordinal 9 del artículo 42, la Sala Político Administrativaconoce de los recursos de nulidad contra los actos generales de los órganosunipersonales o colegiados del Poder Público, y conforme al ordinal 12 delmismo artículo, contra los actos administrativos generales o individuales de
14órganos con jerarquía constitucional, como sin duda es la Sala Plena delTribunal Supremo de Justicia.Sin embargo, lo antes expresado no parece ser la solución para garantizarque esos actos no estén excluidos del control jurisdiccional. En efecto, losMagistrados de la Sala Político Administrativa actuarían como juez y parte:como parte, al ser miembros de la Sala Plena y haber participado en latoma de esa decisión; y sucesivamente, como jueces, al ser miembros de laSala Político Administrativa. Ello evidentemente traería como consecuenciala inhibición de todos los Magistrados de la Sala y la convocatoria de losSuplentes para conocer del caso.La dificultad de ejercer el control jurisdiccional contra los actosadministrativos del Tribunal Supremo de Justicia, es una de lasconsecuencias de haber otorgado funciones administrativas tan importantesa este organismo, quien es también la más alta instancia judicial, sinembargo, es evidente que la ley que se dicte sobre la materia será la queen definitiva establecerá el régimen más acertado, y la experiencia y eltiempo, sin dudas, presentarán una solución a este problema.2.2. La Dirección Ejecutiva de la MagistraturaLa Dirección Ejecutiva de la Magistratura es el otro órgano administrativodel Poder Judicial y aún cuando no es creado constitucionalmente, lamáxima norma “ordena” su creación.En efecto, el artículo 267 eiusdem, exhorta al Tribunal Supremo de Justiciaa crear la Dirección Ejecutiva de la Magistratura “para el ejercicio de talesatribuciones”, es decir, de las mencionadas en el primer aparte del artículo,que como ya se indicó son: “la dirección, el gobierno y la administración delPoder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República yde las Defensorías Públicas”, así como,“la elaboración y ejecución de supropio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial”.Acatando este exhorto, el Tribunal Supremo de Justicia dictó la Normativasobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, que en suartículo 1 crea la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la define “comoórgano auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia, con la finalidad de queejerza por delegación las funciones de dirección, gobierno y administracióndel Poder Judicial” (Negritas nuestras).Ahora bien, dentro del marco de los principios que rigen la organizaciónadministrativa en Venezuela, ¿a qué figura jurídica responde la exhortaciónde una norma constitucional de crear un órgano, en este caso, la DirecciónEjecutiva de la Magistratura, para el ejercicio de las competencias delTribunal Supremo de Justicia, y la posterior creación de ese organismo através de una delegación de atribuciones mediante un acto de carácter
15normativo, como es la Normativa sobre la Dirección, Gobierno yAdministración del Poder Judicial?Para dar respuesta a esta interrogante, haremos referencia a los principiosestablecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública42 sobre latransferencia de competencias entre los órganos de la AdministraciónPública Central43.En tal sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública prevéfundamentalmente tres modalidades de transferencia de competenciasentre los órganos de la Administración Pública Central: la desconcentraciónfuncional, la delegación interorgánica y la delegación de gestión o defirmas.La desconcentración funcional, según el artículo 31 de la Ley Orgánica de laAdministración Pública, se verifica cuando se transfiere la atribución,mediante acto normativo, y la persona jurídica en cuyo nombre actúa elórgano desconcentrado, es responsable patrimonialmente por el ejercicio dela atribución o el funcionamiento del servicio público, sin perjuicio de laresponsabilidad que corresponda a los funcionarios encargados de lagestión del servicio público.A este respecto, JOSÉ PEÑA SOLÍS aclara que la desconcentración funcionalimplica la transferencia de la titularidad y el ejercicio de las competencias através de un acto normativo, y que es inútil el establecimiento en la normacitada de la responsabilidad de la persona jurídica en nombre de la cual seactúa, ya que así está previsto por la Constitución en el artículo 14044.Además, SAYAGUÉS LASO indica que la característica clave de ladesconcentración es que el órgano desconcentrado es creado por ley y suscompetencias son asignadas por un acto de rango legal, de manera quegoza de una importante autonomía de gestión al no poder el jerarca afectarsu existencia45.En el marco de la desconcentración funcional, es importante señalar que laLey Orgánica de la Administración Pública hace también referencia a losservicios autónomos sin personalidad jurídica, que según el artículo 93eiusdem tienen autonomía funcional y capacidad de autofinanciarse.La delegación interorgánica, de conformidad con los artículos 34 y 35 de laLey Orgánica de la Administración Pública, no es más que el otorgamientode atribuciones por un acto administrativo individual (resolución) de lossuperiores jerárquicos a sus subordinados, siendo el funcionario al que se leha delegado la atribución responsable por su ejecución, pero los actosderivados del ejercicio de las atribuciones delegadas, a los efectos de losrecursos correspondientes, se consideran dictados por el delegante. En esteorden de ideas, en este caso sólo se transfiere el ejercicio de la
16competencia y no la titularidad, lo que se hace mediante un acto nonormativo o individual46.En efecto, tal como señala PEÑA SOLÍS los actos del órgano delegado seconsideran dictados por el delegante, lo que implica -que si éste fuera eljerarca- no se puede ejercer el recurso jerárquico contra ellos, sino el dereconsideración47.La delegación de gestión o de firmas, de acuerdo con el artículo 38 de laLey Orgánica de la Administración Pública, faculta a delegar la gestión deciertas atribuciones y la firma de los documentos del órgano delegante;además según esa norma, la delegación debe ser adoptada por resolución ypuede ser revocada en cualquier momento.En virtud de lo expuesto, se puede afirmar que la Dirección Ejecutiva de laMagistratura no es más que un órgano delegado del Tribunal Supremo deJusticia, lo que la constituye en una dirección administrativa del Tribunal.En efecto, la Constitución faculta al Tribunal Supremo de Justicia paraatribuirle el ejercicio de las competencias señaladas en el artículo 267 yestablece que la titularidad de las mismas corresponde al Tribunal. Y es enese orden de ideas, que el Tribunal Supremo de Justicia, mediante laNormativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial,crea la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y en su artículo 1expresamente señala que se trata de un órgano auxiliar a quien delega elejercicio de sus atribuciones.No obstante, esta delegación se produce en unos términos que la puedenasemejar a una desconcentración, por las siguientes razones: a) ladelegación se ha hecho a través de un acto normativo y no por unaresolución, lo que le da cierto carácter de permanencia; b) se han delegadoimportantes poderes de administración que otorgan cierta autonomía degestión a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y c) una normaconstitucional obliga al Tribunal Supremo de Justicia a delegar el ejerciciode sus atribuciones a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al indicarque el Tribunal Supremo de Justicia: “para el ejercicio de tales atribuciones,el Tribunal Supremo de Justicia creará”, es decir, debe crear, lo queocasiona que el Tribunal Supremo de Justicia no puede delegar esasatribuciones a otro órgano diferente, y da cierta garantía de existencia a laDirección Ejecutiva de la Magistratura.Sin dudas, que las líneas entre la delegación interorgánica y ladesconcentración funcional en el caso de la Dirección Ejecutiva de laMagistratura son tenues, así por ejemplo, ROMÁN DUQUE CORREDOR48 hasostenido que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura con base en suautonomía es un órgano desconcentrado49, y más específicamente, unservicio autónomo sin personalidad jurídica50.
17Esto es porque en realidad la descentralización, entendida en sentido lato,es decir, como la potestad del jerarca de transferir sus competencias a otroórgano, es un asunto de grado, y se puede pasar de un modelo a otro, máso menos centralizado, de un momento a otro51; sin embargo, esimportante aclarar que existen diferentes consecuencias jurídicas si se tratade una delegación o de una desconcentración.En efecto, si se trata de una delegación, tal como establece la Ley Orgánicade la Administración Pública, se considera a los efectos de los recursos queel acto fue dictado por el delegante, es decir, que no se debe ejercer unrecurso jerárquico, sino de reconsideración. En cambio, si se tratara de unadesconcentración se debería ejercer el recurso jerárquico ante el TribunalSupremo de Justicia.Además, en el caso de la desconcentración como la ley o la constituciónestablecen las competencias propias del órgano, el jerarca no puede afectarni suprimir los poderes propios del órgano desconcentrado, los cualesderivan de la ley, mientras que la delegación es perfectamente revocablepor el jerarca.En consecuencia, en el caso de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura portratarse de una delegación, se considera que sus actos son del TribunalSupremo de Justicia y por ello, contra sus decisiones sólo se puede ejercerun recurso de reconsideración ante la Comisión Judicial o ante la SalaPlena. Además, la delegación es revocable por el propio Tribunal Supremode Justicia cuando lo considere conveniente por un acto de igual jerarquíaque la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del PoderJudicial.La Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del PoderJudicial en su artículo 5 establece que la Dirección Ejecutiva de laMagistratura está presidida por un Comité Directivo, integrado por tresmiembros, que son de libre nombramiento y remoción del TribunalSupremo de Justicia, con las siguientes competencias:“Artículo 5: Son atribuciones del Comité Directivo:a) Presentar a la Comisión Judicial52 del Tribunal Supremo de Justicia losplanes estratégicos institucionales, planes operativos anuales y proyectosde presupuesto, ordinarios y extraordinarios, de la Dirección Ejecutiva de laMagistratura.b) Decidir, dirigir y evaluar los planes de acción, programas y proyectosinstitucionales, según los planes estratégicos y operativos y el presupuestoasignado, y de conformidad, con las políticas y lineamientos del TribunalSupremo de Justicia.c) Ejercer la coordinación del Comité de Gerencia de la Dirección Ejecutivade la Magistratura.
18d) Velar por la correcta aplicación de las políticas y normas de la DirecciónEjecutiva de la Magistratura, así como por la integridad y calidad de losprocesos que se desarrollen en dicha Dirección.e) Decidir sobre los asuntos concernientes al manejo administrativo yoperativo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial.f) Aprobar la celebración de los contratos, dentro de los límites de ladelegación financiera que sean establecidos.g) Decidir sobre el ingreso y la remoción del personal de la DirecciónEjecutiva de la Magistratura.h) Velar por el optimo desempeño de los procesos internos de la DirecciónEjecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial.i) Hacer propuestas a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justiciasobre políticas y lineamientos que contribuyan con la transparencia yarmonía de los procesos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y delPoder Judicial.j) Dictar la normativa interna de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura,previa aprobación de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.k) Presentar a la consideración de la Comisión Judicial del Tribunal Supremode Justicia los resultados de la gestión de la Dirección Ejecutiva de laMagistratura y del Poder Judicial.l) Coordinar y hacer seguimiento a los planes institucionales y a laejecución de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial.m) Promover el desarrollo técnico y gerencial en los diferentes niveles de laDirección Ejecutiva de la Magistratura.n) Las demás que le sean asignadas por la Comisión Judicial del TribunalSupremo de Justicia”.En tal sentido, debe destacarse que la Normativa sobre la Dirección,Gobierno y Administración del Poder Judicial es algo ambigua en lo que serefiere a la delegación de las competencias de la Dirección Ejecutiva de laMagistratura en la inspección y vigilancia del Poder Judicial.De hecho, el artículo 1 de la Normativa sobre la Dirección, Gobierno yAdministración del Poder Judicial, indica que el Tribunal Supremo de Justiciadelega a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura únicamente funciones dedirección, gobierno y administración del Poder Judicial, y no se refiere a lasde inspección y vigilancia, que por demás atribuye a direcciones que noforman parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.Pero, por otra parte, la Normativa sobre la Dirección, Gobierno yAdministración del Poder Judicial asigna a la Dirección Ejecutiva de laMagistratura funciones de administración y ejecución del presupuesto detodo el Poder Judicial, inclusive de los organismos mencionados, así como lapotestad de velar por los procesos internos del Poder Judicial, del cualforman parte esos organismos.2.3. Los demás órganos administrativos del Poder Judicial
19Los demás órganos administrativos del Poder Judicial son las unidadesautónomas y las comisiones.La Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del PoderJudicial, dedica el capítulo 3 a las Unidades Autónomas y cataloga comotales, a la Inspectoría General de Tribunales, el Servicio de Defensa Públicay la Escuela Judicial.A pesar de esa denominación de autónomas, las mismas no lo son. Enefecto, no tienen autonomía financiera, ni administrativa, ya que susactividades son financiadas por el presupuesto asignado a la DirecciónEjecutiva de la Magistratura y deben ser autorizadas por la ComisiónJudicial del Tribunal Supremo de Justicia.53Tampoco tienen autonomía funcional, por estar sujetas al control delTribunal Supremo de Justicia, por órgano de la Comisión Judicial, a la cualestán adscritas54; su funcionamiento y organización son regulados por lanormativa que apruebe la Sala Plena, y su máxima autoridad es de librenombramiento y remoción del Tribunal Supremo de Justicia.En virtud de lo expuesto, consideramos que cuando la Normativa lascataloga como autónomas se refiere más bien a la autonomía respecto dela Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a la cual no están adscritas, y a laasignación de funciones propias y específicas.En efecto, se trata de direcciones del Tribunal Supremo de Justicia, ya queéste tiene la titularidad de la competencia por virtud del artículo 267 de laConstitución (salvo en el caso de la Defensa Pública como se explicará másadelante), y sobre ellas, ejerce un importante control jerárquico.De hecho, el Tribunal Supremo de Justicia, según el artículo 28 de laNormativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial,tiene la atribución de ejercer el control, dictar la normativa que regula suorganización y funcionamiento, nombrar y remover a sus directivos, yademás, modificar o anular sus decisiones. Esta última potestad no seestablece de forma expresa, pero, como indica el autor francés RENÉCHAPUS en una relación jerárquica los poderes del órgano superior sepresumen55 y, en consecuencia, existen aunque la norma no los indique.La Inspectoría General de Tribunales, de acuerdo con lo dispuesto por elartículo 29 del Decreto mediante el cual se dicta el Régimen Transitorio delPoder Público y el artículo 30 de la Normativa sobre la Dirección, Gobiernoy Administración del Poder Judicial, es el órgano de inspección y vigilanciade los tribunales, así como el órgano auxiliar de la Comisión deFuncionamiento y Reestructuración en el procedimiento disciplinario.
20La Escuela Judicial, según el artículo 24 eiusdem, es el “centro de formaciónde los jueces y de los demás servidores del Poder Judicial, conforme a laspolíticas dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia”, y“mediante la creación de una sección especial, la Escuela Judicial coordinarátodo lo relativo a los concursos de oposición para el ingreso a la CarreraJudicial y el ascenso de los Jueces”.56El Servicio de Defensa Pública, de conformidad con el artículo 23 eiusdem,es una unidad autónoma de la cual forman parte todos los DefensoresPúblicos en las distintas áreas de la actividad Jurisdiccional. Es importanteaclarar respecto del Servicio de Defensa Pública que la Constitución en elartículo 268 establece que “la ley regulará la autonomía y organización,funcionamiento, disciplina, e idoneidad del servicio de defensa pública, conel objeto de asegurar la eficacia del servicio y de garantizar los beneficiosde la carrera del defensor o defensora”.En este sentido, el artículo 25 del Decreto sobre el Régimen de Transicióndel Poder Público otorgan competencia a la Comisión de Funcionamiento yReestructuración para dictar el Reglamento de organización yfuncionamiento del Servicio, mientras se dicte la Ley. Sin embargo, eseReglamento no ha sido dictado y la Normativa sobre la Dirección, Gobiernoy Administración del Poder Judicial, emitida por el máximo tribunal,adscribe este servicio a la Comisión Judicial, y a ésta atribuye la potestadde presentar a la Sala Plena la normativa sobre su funcionamiento yorganización.A este respecto, es importante aclarar que la Constitución no atribuye alTribunal Supremo de Justicia el Servicio de Defensa Pública propiamentedicho, sino la vigilancia de las Defensorías Públicas, es decir, lacompetencia de inspeccionar las defensorías y de recibir las denunciaspertinentes e instruirlas, por lo que la Normativa debería crear un órganopara ello y no lo hace, en cambio de adscribir el Servicio de Defensa Públicaal Tribunal Supremo de Justicia.Por su parte, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración que seencarga del régimen disciplinario de los jueces, es un organismo concarácter temporal, que existirá hasta que la ley cree los tribunalesdisciplinarios57. Las decisiones en materia disciplinaria de la Comisión deFuncionamiento y Reestructuración están sometidas al control jurisdiccionalde la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia58.La Comisión Coordinadora de Evaluación y Concursos para Ingreso yPermanencia en el Poder Judicial es una dependencia del Tribunal Supremode Justicia que existirá hasta que se cree la ley sobre la materia59 y que seencarga del ingreso, evaluación y selección de los jueces, según laregulación contenida en los siguientes instrumentos jurídicos: el Decreto deReorganización del Poder Público (publicado en Gaceta Oficial Nro. 36.772
21de fecha 25 de agosto de 1999), el Decreto sobre el Régimen de Transicióndel Poder Público, el Decreto de Medidas Cautelares Urgentes de Proteccióndel Sistema Judicial dictado por la Asamblea Nacional Constituyente(publicado en Gaceta Oficial N 36.825 de fecha 9 de noviembre de 1999),las Normas de Evaluación y Concursos de Oposición para el Ingreso yPermanencia al Poder Judicial dictadas por la Comisión de Funcionamiento yReestructuración (publicada en Gaceta Oficial N 36.910 de fecha 14 demarzo de 2000).Tanto la Comisión Coordinadora de Evaluación y Concursos para Ingreso yPermanencia en el Poder Judicial, como la Comisión de Funcionamiento yReestructuración, son direcciones administrativas del Tribunal Supremo deJusticia60, y su presupuesto lo administra y ejecuta la Dirección Ejecutivade la Magistratura, bajo la supervisión del Tribunal Supremo de Justicia.III. El Régimen jurídico de la Administración Pública en el Poder JudicialLa Administración Pública del Poder Judicial, siempre que dicte actos ocontratos administrativos, está sometida a los mismos principios y normasque rigen la actividad administrativa del Estado. Sin embargo, estosprincipios y normas en nuestra legislación se han referido especialmente ala Administración Pública del Poder Ejecutivo por ser el que en principiotiene asignada la función administrativa.De hecho, distintas leyes que regulan a la Administración Pública Nacionalno incluyen en su ámbito de aplicación a la actividad administrativa delPoder Judicial, y en todo caso, admiten su aplicación sólo de formasupletoria, es decir, siempre que no haya una norma especial en la materia.Ejemplos de esto son: la Ley Orgánica de la Administración Pública, que seaplica al Poder Ejecutivo, y sólo supletoriamente al Poder Judicial (artículos2 y 45 y ss.); la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que serefiere a la Administración Pública Nacional, la cual según la Ley Orgánicade la Administración Pública Nacional en principio está compuesta por elPoder Ejecutivo, y la Ley del Estatuto de la Función Pública, que excluye desu aplicación a los funcionarios del Poder Judicial (artículo 1, parágrafoúnico, numeral 3).Adicionalmente, el Decreto sobre el Régimen de Transición del PoderPúblico y la propia Constitución exhortan a la Asamblea Nacional a dictarleyes especiales que rijan la función u organización administrativa del PoderJudicial. En efecto, estos instrumentos jurídicos establecen que la AsambleaNacional dictará: la Ley del Sistema Judicial, el Código de Ética del juezvenezolano y la Ley Orgánica de la Defensa Pública. A pesar de que hasta lafecha, esas leyes no han sido sancionadas, no cabe duda que las mismascontendrán normas relacionadas con la actividad administrativa del PoderJudicial, que afectarán el régimen jurídico actual.
22En virtud de lo anterior surge la duda sobre qué régimen jurídico se aplicaal Poder Judicial, particularmente en sus funciones de dirección, gobierno yadministración, tomando además en cuenta que la Constitución consagra suautonomía funcional, administrativa y financiera (artículo 254), y si en todocaso, se le aplica el régimen jurídico de la Administración Pública del PoderEjecutivo.Para dar respuesta a ello, se analizará en qué consiste la autonomíafuncional, administrativa y financiera del Poder Judicial, y su alcance, paraestablecer qué normativa rige el ejercicio de la función administrativa delPoder Judicial.La autonomía funcional del Poder JudicialLa autonomía funcional del Poder Judicial consiste en la libertad que tienesu administración de actuar en la esfera de su competencia delimitadaconstitucional o legalmente.En tal sentido, la Constitución garantiza la autonomía funcional del PoderJudicial, al tener la facultad el Tribunal Supremo de Justicia, como máximaautoridad de la Administración Pública del Poder Judicial, de ejercer suactividad administrativa sin ingerencia en sus decisiones de otros poderesdel Estado.De hecho, la máxima autoridad jerárquica del Poder Judicial es el propioTribunal Supremo de Justicia, y no existe la posibilidad legal de ejercer unrecurso jerárquico o de tutela contra sus actos o contra aquellos de losórganos que él cree por ante un órgano de un Poder distinto al Judicial.Sin embargo, como todo órgano de la Administración Pública está sometidoal control de la legalidad de sus actos y gestión, a continuación, haremosreferencia a la forma en que ello se verifica en el seno del Poder Judicial.Respecto al control de sus actos, la Contraloría General de la Repúblicapuede controlar la legalidad de las operaciones de la Administración Públicadel Poder Judicial, al verificar la exactitud, sinceridad y corrección de lainversión de los fondos públicos, ingresos y operaciones relativas a losmismos.Asimismo, la Contraloría controla la gestión de la Administración Pública delPoder Judicial cuando determina si la actuación administrativa alcanzó lasmetas fijadas previamente por el órgano, con el objeto de “revelar lasanomalías de la gestión, analizar las causas y señalar las relacionesespeciales a los órganos de la dirección administrativa yo políticos, lasmedidas correctivas para evitar que las anomalías puedan repetirse”61.
23También, el Poder Legislativo actúa como órgano de control respecto delPoder Judicial en sus funciones administrativas, cuando le solicitainformación sobre sus actuaciones administrativas, lo que está permitidopor el artículo 187 numeral 3 de la Constitución que atribuye a la AsambleaNacional la potestad de “ejercer funciones de control sobre el Gobierno y laAdministración Pública Nacional, en los términos consagrados en estaConstitución y la ley”.Finalmente, existe el control jurisdiccional de los actos de la AdministraciónPública del Poder Judicial, pero, en este aspecto se plantea el problema deque es el propio Poder Judicial, e incluso, el mismo Tribunal Supremo deJusticia, quien debería ejercer el control jurisdiccional de sus actos.La autonomía administrativaLa autonomía administrativa consiste en la facultad del Poder Judicial paracrear, modificar o extinguir sus órganos y dependencias administrativas, asícomo para establecer sus competencias y delinear la disciplina relativa alpersonal, bienes y servicios.En tal sentido, es importante destacar que como máxima autoridad delPoder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, tiene en efecto lassiguientes potestades:a. El poder funcionarial que consiste en la potestad del jerarca de nombrary remover las autoridades y funcionarios del órgano inferior.b. El poder de instrucción que se traduce en el poder del jerarca de dirigir yregular el funcionamiento interno del órgano inferior a través de la emisiónde un Reglamento Orgánico del órgano inferior, de circulares y lasuscripción de los contratos necesarios para su funcionamiento.c. El poder de anulación y modificación de los actos del órgano inferior,donde el poder de anular “permite al superior jerárquico hacer desaparecerdel ordenamiento jurídico las decisiones del inferior y ejerciendo el poder demodificar, el superior jerárquico reemplaza la decisión del inferior por otradecisión que proviene de aquel y es más o menos diferente de la inicial” 62.Ahora bien, ¿qué normativa regula el ejercicio de tales potestades? Enprincipio, la misma que regula a la Administración Pública del PoderEjecutivo, salvo que existan leyes especiales en la materia o que una leyotorgue al Tribunal Supremo de Justicia la potestad de dictar su propianormativa.En lo relativo a las potestades funcionariales, la Ley Orgánica de la CorteSuprema de Justicia atribuye facultades a la Corte Suprema de Justicia paradictar las normas concernientes a los derechos y obligaciones de los
24empleados al servicio de la Corte y organizar el sistema de administraciónde dicho personal (artículo 44 ordinal 13).En la medida en que el Decreto sobre el Régimen de Transición del PoderPúblico establece que el Tribunal Supremo de Justicia sustituye a la CorteSuprema de Justicia63 debe entenderse que aquel tiene las competenciasseñaladas, y así, los funcionarios a su servicio estarán sujetos al Estatutoque éste dicte sobre la materia.En ese orden de ideas, es importante aclarar que la Ley del Estatuto de laFunción Pública expresamente excluye de su aplicación en el parágrafoúnico numeral 3 del artículo 1 a los funcionarios del Poder Judicial, noobstante, como el Poder Judicial no ha dictado su estatuto se aplica poranalogía esa ley a los funcionarios al servicio de ese Poder.Por otra parte, debe destacarse que a los jueces no se les aplica la Ley delEstatuto de la Función Pública, siquiera de forma supletoria, ya queactualmente hasta que se dicte el Código de Ética del juez venezolano, losregula la Ley de Carrera Judicial en aquellos aspectos en que no estáderogada y las normas dictadas por la Asamblea Constituyente sobre lamateria y la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración64.De hecho, el artículo 255 de la Constitución, refiriéndose a los jueces,establece que la ley regulará su ingreso a la carrera judicial y ascenso,pudiendo sólo ser suspendidos de sus cargos mediante los procedimientosestablecidos en la ley. Asimismo, según el artículo 267 eiusdem, el régimendisciplinario de los jueces estará establecido en el Código de Ética del juezvenezolano que dicte la Asamblea Nacional, así como la creación de lajurisdicción disciplinaria.En relación con la potestad reglamentaria sobre el funcionamiento yorganización del Poder Judicial, no cabe duda que ésta corresponde alTribunal Supremo de Justicia en Pleno, tal como lo establece el artículo 267de la Constitución.En tal sentido, el Tribunal Supremo de Justicia dictó la Normativa sobre laDirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, en queprecisamente regula su funcionamiento y su organización yparticularmente, los de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Encambio, respecto de los demás órganos administrativos del Poder Judicial,el Tribunal Supremo de Justicia aún no ha dictado la normativa sobre suorganización y funcionamiento.Es importante aclarar que mientras no se dicte una ley especial sobre lamateria, en cuanto a las normas que rigen el funcionamiento y organizaciónde la Administración Pública del Poder Judicial, se aplica la Ley Orgánica dela Administración Pública, que como ya se indicó en su artículo 2 establece
25que se aplica de forma supletoria a órganos de la Administración Públicadistintos al Poder Ejecutivo.Sin embargo, la facultad de celebrar los contratos que se requieran para elfuncionamiento del Poder Judicial, es atribuida a la Dirección Ejecutiva de laMagistratura dentro de los límites de la delegación financiera del TribunalSupremo de Justicia.65 Igualmente, la Comisión de Funcionamiento yReestructuración tiene importantes competencias en materia de suorganización y funcionamiento, porque el Decreto sobre el Régimen deTransición del Poder Público le permite dictar su Reglamento.66Adicionalmente, es importante determinar si es necesaria la intervención dela Procuraduría General de la República en los actos que realice laAdministración Pública del Poder Judicial, ya que, según el artículo 2 de laLey Orgánica de la Procuraduría General de la República, la ProcuraduríaGeneral de la República es el órgano encargado de “asesorar jurídicamentea los órganos del Poder Público Nacional y de ejercer la defensa yrepresentación judicial y extrajudicial de los derechos, bienes e interesespatrimoniales de la República”.En tal sentido, conforme al artículo 9 numeral 6 eiusdem, los documentosde transferencia de titularidad de tierras, y por tanto de bienes inmueblesubicados en estas tierras, deben ser suscritos y redactados por laProcuraduría General de la República, así, si el Tribunal Supremo de Justiciadecidiera comprar un bien inmueble debería de ser redactado y suscrito porla Procuraduría.En cambio, en los demás documentos contentivos de actos, negocios ocontratos no es necesaria esta intervención, porque el artículo 9 numeral 4eiusdem permite una excepción a la regla anterior, cuando la ley o laConstitución faculta al organismo a hacerlo directamente, como en estecaso lo hace la Constitución al otorgar autonomía funcional y administrativaal Tribunal Supremo de Justicia.En relación con la competencia de la Procuraduría General de la Repúblicade representar a la República en juicio, se establece en el artículo 61eiusdem que esta facultad es respecto de los juicios que se intenten contralos actos del Poder Ejecutivo Nacional, por lo que en este caso el PoderJudicial a través de un órgano creado para ese fin puede defenderse. Es enese orden de ideas que la Normativa sobre la Dirección, Gobierno yAdministración del Poder Judicial en su artículo 14 otorga esa potestad a laOficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.Sin embargo, en caso de que se intente una acción contra la República porun daño patrimonial cometido por un órgano de la Administración Públicadel Poder Judicial, se debe previamente enviar el reclamo a la ProcuraduríaGeneral de la República, la cual determinará si es o no procedente
26(artículos 54 y ss. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de laRepública).En relación con las potestades del Tribunal Supremo de Justicia demodificar o anular las decisiones de sus órganos o las propias, las mismasestán reguladas por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.En efecto, al no haber una ley especial que regule la materia, ni unprocedimiento administrativo especial y al dictar el Poder Judicial actosadministrativos, se considera que conforme a los artículos 47 y 7 de la LeyOrgánica de Procedimientos Administrativos, ésta es aplicable así como susprocedimientos.3.2. La autonomía financiera del Poder JudicialLa autonomía financiera alude a la potestad de percibir proventos de supropia actividad para administrarlos autónomamente, o también, como lafacultad de recibir recursos que son administrados por el organismo segúnsu propio presupuesto. A esta última acepción de autonomía financiera secorresponde la del Poder Judicial.En efecto, la Constitución en su artículo 254 otorga al sistema de justicia,del cual forma parte el Poder Judicial, “una partida anual variable, nomenor del dos por ciento del presupuesto ordinario nacional para suefectivo funcionamiento, el cual no podrá ser modificado o reducido sinautorización previa de la Asamblea Nacional”.En ese orden de ideas, la Ley Orgánica de la Administración Financiera delSector Público reconoce la potestad del Poder Judicial de formular su propiopresupuesto (artículo 37 eiusdem) y ejecutarlo (artículo 51 eiusdem).Sin embargo, eso no significa que el Poder Judicial tenga un presupuestoseparado y autónomo del presupuesto nacional, de hecho, los recursos quese le asignan son parte del Tesoro Nacional (artículo 106 de la Ley Orgánicade la Administración Financiera del Sector Público).Asimismo, el Poder Judicial no tiene autonomía para dictar las normasoperativas en el ámbito de su presupuesto, ya que, por una parte, laConstitución atribuye al Poder Ejecutivo la competencia para administrar laHacienda Pública Nacional (artículo 236, numeral 11), y por la otra, la LeyOrgánica de Administración Financiera en diferentes disposiciones aclaraque el sistema de presupuesto público es único (artículos 3, 4, 123).Adicionalmente cabe destacar que la propia Constitución establece en suartículo 254 que “el Poder Judicial no está facultado para establecer tasas,aranceles, ni exigir pago alguno por sus servicios”. En este sentido es que apartir de la nueva Constitución quedó derogada la Ley de Arancel Judicial,
27que permitía al Poder Judicial crear un Servicio Autónomo sin personalidadjurídica que manejara los recursos provenientes del arancel judicial.Ahora bien, ¿esto significa que el Poder Judicial no puede obtener recursospropios? En efecto, se podría interpretar la norma constitucionalconjuntamente con la disposición del artículo 26, en el sentido de que comola justicia es gratuita, el Poder Judicial no puede recibir recursos por laprestación del servicio de justicia.De hecho, es así, pero eso no significa que el Poder Judicial no pueda recibirdel todo ingresos, ya que lo que se prohíbe es un pago por el servicio dejusticia, pero no, por ejemplo, el pago del material usado para prestarlo opor usos de espacios propiedad del Poder Judicial.Finalmente, debe resaltarse que la autonomía financiera tampoco implicaque el Poder Judicial en la administración de su presupuesto esté exento decontrol. En ese orden de ideas, como ya se indicó anteriormente, el PoderJudicial está sometido a los controles que ejerce la Contraloría General dela República, y sus funcionarios a la responsabilidad establecida en laConstitución y las leyes, por el manejo de los fondos y bienes públicos.CONCLUSIONES3. Tradicionalmente, se ha identificado a la Administración Pública con elPoder Ejecutivo. Sin embargo, como la aplicación del principio deseparación de poderes nunca ha sido absoluta, porque siempre ha existidola necesidad de una colaboración entre los poderes para lograr los finesestatales, ello ha traído como consecuencia que los diferentes poderes noejecuten con exclusividad la función originalmente asignada.4. Así, la doctrina y la jurisprudencia venezolanas han declarado que ennuestro ordenamiento jurídico la división de los poderes no coincideplenamente con la separación de las funciones, ya que se otorganpotestades distintas a las propias a los distintos poderes, siendo sóloexclusiva la forma en que esas funciones se manifiestan en cada uno deellos.5. Dicha evolución del principio de separación de poderes había sidoacogida por la Constitución de 1961, la cual en su artículo 118 establecía:“cada una de las ramas del Poder Público tiene funciones propias; pero losórganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realizaciónde los fines del Estado”.6. Asimismo, la Constitución de 1999 contiene la misma norma, sinembargo, esta constitución va más allá, al crear, en el seno del PoderJudicial, órganos que ejercen funciones típicamente administrativas. Enefecto, en el vigente ordenamiento jurídico venezolano la función
28administrativa ha dejado de ser - como lo era en el pasado - una actividadaccesoria del Poder Judicial, para convertirse en una actividad necesariapara el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, pudiéndose afirmar queexiste una Administración Pública en el Poder Judicial.7. En ese sentido, el artículo 267 de la Constitución otorga al TribunalSupremo de Justicia –máximo representante del Poder Judicial y más altotribunal de la República- la dirección, gobierno y administración de esepoder, y además, prevé la creación de un órgano meramente administrativoen la estructura del Poder Judicial que ejecuta únicamente funcionesadministrativas: la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Igualmente,otros instrumentos jurídicos, como el Decreto sobre el Régimen deTransición del Poder Público y la Normativa sobre la Dirección, Gobierno yAdministración del Poder Judicial, prevén otros órganos administrativos enel Poder Judicial, tales como: la Inspectoría General de Tribunales, elServicio Autónomo de Defensa Pública y la Escuela Judicial, la Comisión deEvaluación y Concursos, y la Comisión de Funcionamiento yReestructuración.8. El Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena es el jerarca de laAdministración Pública del Poder Judicial, y como tal, tiene las potestadesderivadas del control jerárquico. Los demás órganos administrativos delPoder Judicial no son más que direcciones administrativas, en las que elTribunal Supremo de Justicia, ha delegado sus competencias.9. En cuanto a su régimen jurídico, se aplican al Poder Judicial y al TribunalSupremo de Justicia –como órgano administrativo- los mismos principios ynormas que a la Administración Pública del Poder Ejecutivo, e incluso lasmismas leyes, por no existir leyes especiales sobre la materia. No obstante,la autonomía funcional, administrativa y financiera del Tribunal Supremode Justicia le permiten dictar la normativa del Poder Judicial en el ámbitofuncionarial, funcional, administrativo y de organización interna.10. Aunque el Poder Judicial es independiente en el ejercicio de susfunciones administrativas, está sometido al control de la ContraloríaGeneral de la República y de la Asamblea Nacional en los términosestablecidos en la Constitución.11. Respecto al control jurisdiccional de los actos del Poder Judicial, sepresenta el problema de que éste actuaría como juez y parte, por ser elPoder Judicial el encargado de la función jurisdiccional. Pero, es evidenteque la ley que se dicte sobre la materia será la que en definitiva estableceráel régimen más acertado, y la experiencia y el tiempo, sin dudas,presentarán una solución a este problema.1 Publicado en Temas de Derecho Administrativo, Libro Homenaje aGonzalo Pérez Luciani, Colección Libros Homenaje Nro. 7, Tribunal Supremode Justicia, p. 55 y ss., Caracas, 2002.
292 Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, 4 puesto en supromoción. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad deParis II, Pantheon Assas. Cursos en Gerencia Pública a nivel nacional einternacional. Gerente de Modernización del Tribunal Supremo de Justicia, yactualmente del Poder Judicial (como ejecutora de los convenios con elBanco Mundial). Conferencista en varios eventos y autora de estudiosdifundidos en publicaciones arbitradas y especializadas.3 Nombre con el que el Profesor Luis Enrique Farías Mata se refería al PoderJudicial para señalar su minusvalía respecto de los restantes poderes.4 Ver por ejemplo el Informe del seminario sobre la Administración deJusticia, realizado por el International Bar Association/Human RigthInstitute en 1999.5 La Corte Suprema de Justicia tenía algunas competencias en materia degobierno del Poder Judicial, pero no eran otorgadas por la Constitución, sinopor la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y la Ley Orgánica delConsejo de la Judicatura.6 Ver los Informes Anuales de la Corte Suprema de Justicia, 1997-1999,pp. 40, 88 y 32, respectivamente.7 Ver en la exposición de motivos de la Constitución el capítulo III relativoal Poder Judicial.8 El principio de separación de poderes fue formulado por Montesquieu enel “Espíritu de las Leyes”, quien retomó la tesis de la división de poderes deLocke. Montesquieu consideraba que es “una experiencia eterna que todohombre que tiene poder tiende a su abuso”, por ello, es importante que “elpoder detenga al poder”. Ver García- Pelayo, Manuel; “DerechoConstitucional, Manuales de la Revista de Occidente, 5ª. Edición, Madrid, p.155.9 VEDEL, George, Derecho Administrativo, Traducción de Rincón Jurado,Biblioteca Jurídica Aguilar, pp. 14.10 MONTESQUIEU, “De l´Esprit des Lois”, Tome I, Edition 6. De Truc,éditions Garnier Fréres, Paris, 1961, livre onziéme.11 SAYAGUÉS LASO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I,Montevideo, 1974, pp. 40.12 TROTABAS, Louis, e ISOART, Paul, Manuel de Droit Public, LibrairieGénérales de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1988, pp.18 y 19.13 VEDEL, George, “Droit Administratif 1”, Presses Universitaires de France,Paris, 1990, pp. 97 y ss.14 Ver Dictamen de la Procuraduría General de la República de fecha 4 demarzo de 1985, pp. 5 y 6.15 PÉREZ LUCIANI, Gonzalo, Funciones del Estado y actividades de laAdministración, Revista Nro. 13, Editorial Jurídica Venezolana, 1980, pp.23.16 Sentencia del 18 de junio de 1963 de la Corte Suprema de Justicia,publicada en Gaceta Oficial Extraordinario, Nro. 891 de fecha 26 de agostode 1963.17 Existen incluso importantes discrepancias en la definición de la funciónadministrativa, sin embargo, existe cierto acuerdo entre los estudiosos de
30la materia que en que la actividad administrativa es la actividad concretapráctica desarrollada por el Estado para la inmediata obtención de susbeneficios, mientras que la legislación y la justicia son actividadesexclusivamente jurídicas. Ver: SAYAGUES LASO, Enrique, OBCIT, pp. 40 yss.18 PEÑA SOLÍS, José, Manual de Derecho Administrativo, VolumenSegundo, Colección de Estudios Jurídicos, Tribunal Supremo de Justicia,Caracas, 2001, pp. 546.19 Publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001.20 BREWER CARÍAS, Allan, Ley Orgánica de Administración Pública,Colección de Textos Legislativos, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas,2002, pp. 15.21 Publicado en Gaceta Oficial Nro. 36.920 de fecha 28 de marzo de 2000.22 Publicada en Gaceta Oficial Nro. 37.014 de fecha 15 de agosto de 2000.23 De hecho, los artículos 266 y 355 establecen que el Tribunal Supremode Justicia es el más alto tribunal de la República y de la jurisdicciónconstitucional.24 PEÑA SOLÍS, José, OBCIT, pp. 707.25 GENTOT, Michel, “Les autorités administratives indépendantes”,Montchrestien, Paris, 1991, pp. 17 y 48.26 SAYAGUES LASO, Enrique, OBCIT, 215.27 ENTRENA CUESTA, Rafael, Curso de Derecho Administrativo, Volumen 1,Editorial Tecnos, Madrid, 1990, pp. 85.28 PEÑA SOLÍS, José, OBCIT, pp. 708. Es importante destacar que el autoren un primer análisis considera que el Tribunal Supremo de Justicia es unaautoridad administrativa independiente, aunque advierte que se impone unestudio más exhaustivo sobre la materia para llegar a tal conclusión.29 Artículo 187 numeral 3 de la Constitución.30 Artículo 254 de la Constitución.31 Artículo 26 de la Constitución.32 Artículo 254 de la Constitución.33 Artículo 259 de la Constitución.34 Artículo 5 literal h de la Normativa sobre Dirección, Gobierno yAdministración del Poder Judicial.35 Artículos e literal f y 28 eiusdem.36 Artículo 3 numeral 3 del Reglamento de la Comisión de Funcionamientoy Reestructuración del Sistema Judicial (publicado en Gaceta Oficial Nro.37.080 de fecha 17-11-2000, artículo 30 de la Normativa sobre laDirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, artículos 24 y 25del Decreto mencionado y Disposición Transitoria Cuarta numeral 5 de laConstitución.37 Artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Funcionamiento yReestructuración del Sistema Judicial.38 ENTRENA CUESTA, OBCIT, pp. 86.39 Ver artículos 28 y 5 de la Normativa sobre la Dirección, Gobierno yAdministración del Poder Judicial.
3140 En este caso, la Comisión Judicial no actúa como subordinado de la SalaPlena por ser un órgano consultivo: SAYAGUES LASO, Enrique, OBCIT, p.217.41 Artículo 259 de la Constitución. La jurisprudencia de forma reiterada hasostenido que no existen actos administrativos excluidos de controljurisdiccional. Ver, por ejemplo, la sentencia de la Sala PolíticoAdministrativa de fecha 19 de julio de 1984, recaída en el caso Alí QuiñónezMedina, publicada en Revista de Derecho Público Nro. 19, Editorial JurídicaVenezolana, Caracas, 1984, p. 122-124.42 Esta ley como ya se indicó es aplicable a la Administración Pública delPoder Judicial, en virtud de no existir una ley especial en esta materia.43 Se hará referencia únicamente a los principios que rigen laAdministración Pública Central, ya que la Dirección Ejecutiva de laMagistratura no tiene personalidad jurídica propia, por lo que no es unórgano descentralizado, sino centralizado.44 PEÑA SOLIS, José, OBCIT, pp. 344.45 SAYAGUÉS LASO, Enrique, OBCIT, pp. 240 y ss.46 Es importante aclarar que la doctrina y la jurisprudencia de formamayoritaria en Venezuela han considerado que la delegación deatribuciones sólo implica la transferencia del ejercicio y no de la titularidad,pero es sólo con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de laAdministración Pública, que se establece este concepto de manera clara enel derecho positivo venezolano.47 PEÑA SOLÍS, José, OBCIT, pp. 254 y 255.48 Ver: La responsabilidad del Estado por error judicial, en Memorias delCongreso Latinoamericano de Derecho Procesal, pp. 69.49 En este sentido, nosotros en un estudio anterior publicado en la RevistaNro. 4 del Tribunal Supremo de Justicia, también sostuvimos que se tratabade un órgano desconcentrado.50 La Ley Orgánica de la Administración Pública caracteriza estos serviciospor contar con un fondo separado del Tesoro Nacional y estar dotados deautonomía según el reglamento orgánico que lo cree. Sin dudas, laDirección Ejecutiva de la Magistratura tiene cierta autonomía de gestión,pero no puede percibir ingresos propios.51 SAYAGUÉS LASO, Enrique, OBCIT, pp. 244.52 La Comisión Judicial, según el artículo 2 de la Normativa sobre laDirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, es el órgano delTribunal Supremo de Justicia que ejerce las funciones de control ysupervisión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. De conformidadcon el artículo 26 eiusdem, la Comisión Judicial está integrada por unMagistrado de cada Sala, aunque los Presidentes de Salas no puedenformar parte de la Comisión Judicial, salvo el Presidente del TribunalSupremo de Justicia.53 En este aspecto, existe actualmente un proceder erróneo por parte deestos órganos que hace más complejos sus procesos. En efecto, loprocedente sería que estos órganos solicitaran a la Oficina de Planificación yPresupuesto de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura si existe la
32disponibilidad presupuestaria necesaria, y en caso afirmativo, pidieran a laComisión Judicial la autorización respectiva para comprometer los recursosrequeridos. En el supuesto de que la Comisión Judicial otorgara laautorización correspondiente, simplemente la dependencia competente dela Dirección Ejecutiva de la Magistratura debería proceder a lo conducentesin necesidad de requerir la autorización al Comité Directivo, porque elórgano superior jerárquico, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia, yaemitió la autorización necesaria. Sin embargo, actualmente las unidadesautónomas solicitan autorización nuevamente al Comité Directivo de laDirección Ejecutiva de la Magistratura.54 El término “adscripción” se utiliza para indicar la relación que existeentre un órgano descentralizado y el órgano de tutela. Sin embargo,nuestra legislación lo ha usado aún en casos de relaciones entre órganos dela Administración Central (por ejemplo, el caso de la Superintendencia parala Promoción y Protección de la Libre Competencia), para indicar que elórgano subordinado está sujeto a un control jerárquico atenuado.55 Chapus, René, Droit Administratif General, Tome 1, Montchrestien, Paris1994, p. 335.56 De la Normativa sobre Dirección, Gobierno y Administración sedesprende que tanto la carrera judicial de los jueces como su formaciónestán a cargo de la Escuela Judicial, mientras que la carrera judicial delresto de los servidores del Poder Judicial es competencia de la DirecciónEjecutiva de la Magistratura. Sin embargo, se mantiene la duda sobre siéste es realmente el órgano competente para la formación de los demásfuncionarios judiciales, ya que por una parte, el artículo 19 eiusdem indicaque es competencia de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura lacapacitación del recurso humano del Poder Judicial, y por la otra, el artículo24 eiusdem dispone que la Escuela Judicial se encargará de la formación delos “demás servidores judiciales”.57 Artículo 24 del Decreto mediante el cual se dicta el Régimen Transitoriodel Poder Público y artículo 267 de la Constitución. De hecho ya existe unanteproyecto de ley, que prevé la creación de los tribunales disciplinarios:el Código de Ética del Juez venezolano o Jueza venezolana.58 Artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Funcionamiento yReestructuración del Sistema Judicial, publicado en Gaceta Oficial Nro.37.080 de fecha 17 de noviembre de 2000.59 Artículo 26 del Decreto mediante el cual se dicta el Régimen Transitoriodel Poder Público (publicado en Gaceta Oficial N 36.857 de fecha 27 dediciembre de 2000.60 En efecto, presenta las mismas características que las unidadesautónomas.61 PEÑA SOLIS, José, OBCIT, cita a CHITTI y GRECO en la pp. 484.62 CHAPUS, René, OBCIT, pp. 335 y 336.63 Artículos 17 y 18 del Decreto sobre el Régimen de Transición del PoderPúblico.64 El Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración delsistema judicial, el Decreto de Reorganización del Poder Público (publicado
33en Gaceta Oficial Nro. 36.772 de fecha 25 de agosto de 1999), el Decretosobre el Régimen de Transición del Poder Público, el Decreto de MedidasCautelares Urgentes de Protección del Sistema Judicial dictado por laAsamblea Nacional Constituyente (publicado en Gaceta Oficial N 36.825 defecha 9 de noviembre de 1999), las Normas de Evaluación y Concursos deOposición para el Ingreso y Permanencia al Poder Judicial dictadas por laComisión de Funcionamiento y Reestructuración (publicada en GacetaOficial N 36.910 de fecha 14 de marzo de 2000).65 Artículo 5 literal f de la Normativa sobre la Dirección, Gobierno yAdministración del Poder Judicial.66 Artículo 30 de la Normativa sobre la Dirección, Gobierno yAdministración del Poder Judicial y artículo 24 del Decreto mencionado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manual de estudio para corte de apelaciones
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References: artículo 136
 artículo 141
 artículo 239
 artículo 267
 artículo 255
 artículo 267
 artículo 267
 artículo 267
 artículo 267
 artículo 254
 artículo 254
 artículo 2
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 267
 artículo 31
 artículo 14044
 artículo 93
 artículo 38
 resolución 
 artículo 267
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 267
 artículo 28
 artículo 30
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 25
 artículo 187
 artículo 1
 artículo 255
 artículo 267
 artículo 267
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 61
 artículo 14
 artículo 254
 artículo 26
 artículo 118
 artículo 267
 Artículo 187
 Artículo 254
 Artículo 26
 Artículo 254
 Artículo 259
 Artículo 5
 Artículo 3
 artículo 30
 Artículo 20
 Artículo 259
 artículo 2
 artículo 26
 artículo 19
 artículo24
 Artículo 24
 artículo 267
 Artículo 20
 Artículo 26
 Artículo 5
 Artículo 30
 artículo 24