Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500181.html
Timestamp: 2019-03-21 12:18:54+00:00

Document:
SENT.181-2015 GACETA
SENTENCIA: 181/2015.
EXPEDIENTE Nº: 310/2009.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por el Batallón de Seguridad Física de Cochabamba, contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).
VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativo de fs. 25 a 28, impugnando la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0090/2009 de 11 de marzo; la providencia de admisión de la demanda de fs. 31, el memorial de apersonamiento y contestación del representante legal de la AGIT de fs. 35 a 38; la providencia que declara por renunciado el derecho a la réplica de fs. 58, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.
CONSIDERANDO I: En mérito al Memorándum de Designación Nº 01114/2007 de 22 de enero, Víctor Decker Santelices Velásquez, en representación legal del Batallón de Seguridad Física Privada de Cochabamba, mediante memorial de fs. 25 a 28, se apersona e interpone demanda contencioso administrativa contra la AGIT, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0090/2009 de 11 de marzo, con el que fue notificado el 17 de marzo del mismo año, como efecto del Recurso de Alzada que interpuso en contra de la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/251-08 de 9 de junio de 2008, por lo que haciendo una relación de los antecedentes de emisión de la resolución impugnada, expresa que:
1.- El Batallón de Seguridad Física de Cochabamba, es una Unidad Policial que presta servicios de seguridad física y que conforme a lo establecido en el art. 70 num. 2) de la Ley Nº 2492 Código Tributario boliviano (CTb), se inscribió en la Administración Tributaria con NIT 1022663020 y tiene la calidad de contribuyente en previsión del art. 23 de la antes citada norma administrativa. Que dentro de esta relación tributaria, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), inició el trámite del Sumario Contravencional por incumplimiento en la presentación del Libro de Compras y Ventas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través del Sfware Da Vinci -Modulo LCV, correspondiente al período fiscal JULIO 2007, calificando la conducta como incumplimiento de deberes formales.
Acusa que la diligencia en cuanto al Aviso de Vista y la notificación con el Auto Inicial del Sumario Contravencional Nº 00084914066 de 25 de marzo de 2008, no se efectuó en el domicilio tributario del Batallón de Seguridad Física calle Tarata Nº 1102, zona San Antonio, sino en el domicilio del Comando Departamental de Policía de Cochabamba, en clara vulneración de los arts. 37, 70 num. 3), 83 y 85 de la Ley Nº 2492 CTb, que por lo tanto se ha formulado en derecho la nulidad de notificación y sin embargo la Administración Tributaria (AT), en clara vulneración de los derechos del sujeto pasivo se limitó a responder con la nota GDC/DF/PE/R-1984/08 de 30 de junio de 2008, indicándole que el plazo para presentar sus descargos ya habían vencido y que el Auto Inicial del Sumario Contravencional continuarían con su trámite.
Manifiesta que el 29 de septiembre de 2008, fue notificado con la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/251-08 de 9 de junio de 2008, que le impuso la multa administrativa de 500 UFV, resolución en la que no se hizo ninguna valoración ni análisis sobre la nulidad de notificación que planteó y considera que se le causo indefensión, vulnerando los derechos a la defensa, al debido proceso, a la igualdad y seguridad jurídica, previstos en los arts. 16. II y IV, 6. I y 7 inc. a) de la Constitución Política del Estado (CPE) vigente en ese entonces.
2.- En esos antecedentes refiere, que tuvo que acudir ante la Superintendencia Tributaria Regional (STR) pidiendo la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo y hasta que se reponga las notificaciones con el Auto Inicial de Sumario Contravencional, que dicha instancia no determinó la nulidad solicitada, pero dejó al descubierto las ilegalidades cometidas por la AT y resolvió anular la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/251-08 de 9 de junio de 2008, hasta que la AT resuelva la nulidad planteada, bajo el fundamento de haberse vulnerado lo dispuesto por los arts. 68 num. 7 y 10 de la Ley Nº 2492 CTb, en lo que respecta a los derechos del sujeto pasivo y 63 num. 13 del mismo cuerpo legal. Que de manera contradictoria e ilegal la Resolución de Recurso Jerárquico pronunciada por la Superintendencia Tributaria General (STG), revocó totalmente la resolución de alzada y dio por bien hecho las ilegalidades cometidas por la AT, ratificando de esta manera la indefensión causada al Batallón de Seguridad Física en clara inobservancia del art. 211 del CTb, acusando que se emitió la resolución jerárquica sin hacer una correcta valoración de las pruebas producidas, asimismo indica, que no puede haber plazo vencido cuando no se ha efectuado la legal notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional.
Concluye manifestando que la resolución impugnada tiene una incidencia en la ilegalidad, al haber dejado de lado la seguridad del debido proceso, toda vez que cualquier contribuyente que no cumpla con sus deberes formales, debe ser compelido respetando sus derechos, especialmente debe ser notificado personalmente y/o en su domicilio conforme a las normas de procedimiento, refiere que en el caso la AT, obró al margen de la ley en la diligencia de notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC).
En base a los antecedentes y fundamentación de la demanda, pide se declare probada la demanda y se deje sin efecto la resolución que impugna, revocando totalmente la resolución sancionatoria Nº PEV2/251-08 de 9 de junio de 2008, o en su mérito se disponga la nulidad de obrados hasta que la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, notifique legalmente con el AISC al Batallón de Seguridad Física, ahora demandante.
CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de fs. 31, fue corrida en traslado y citada la autoridad demandada, apersonándose Rafael Vergara Sandoval en su condición de Director Ejecutivo de la AGIT, quién contesta negativamente la demanda contencioso administrativa por memorial presentado el 7 de diciembre de 2009, cursante a fs. 35 a 38 de obrados, manifestando que la Resolución impugnada se encuentra plenamente respaldada con fundamentos técnico-jurídicos sólidos, constituyéndose ésta en el fundamento de su responde, añadiendo que:
1.- Para el caso demandado, aplicando lo establecido en los arts. 37 y 85 de la Ley Nº 2492 CTB, indica, que la funcionaria de la AT con la finalidad de notificar con el AISC al Batallón de Seguridad Física, procedió a dejar el primer aviso de visita, en el domicilio de calle Tarata Nº 1102, entregado a Guido Omonte Vargas, quien como constancia de recepción firmó especificando su nombre y cédula de identidad, en presencia del testigo de actuación Orlando Carreño A., en similar situación dejó el segunda aviso de visita; posteriormente, conforme a procedimiento la notificación por cédula se operó con el AISC en el domicilio donde se dejaron los avisos de visita (calle Tarata Nº 1102 zona San Antonio), el que fue recibido también por la misma persona, en las tres ocasiones no fue observado ni devuelto las diligencias por el receptor Guido Omonte Vargas, ni objetó el domicilio del Batallón de Seguridad Física.
Manifiesta con referencia al Informe de Guido Omonte Vargas y el Certificado expedido por el Comando Departamental de Policía, Departamento de Personal, que el receptor (Guido Omonte Vargas) desempeñaba funciones en el Comando Departamental de la Policía como Jefe de la División Finanzas y que no estuvo en al Batallón de Seguridad Física, pero que no demostraron que los días 28 y 29 de abril de 2008 y 6 de mayo de 2008, este funcionario no se encontraba presente en el domicilio de la calle Tarata Nº 1102 zona San Antonio, lugar en el que se efectuaron las diligencias de notificación que registran su firma y rúbrica, es más en presencia de testigo de actuación. Que por consiguiente, afirma que la AT aplicó correctamente todo el procedimiento descrito en el art. 85 de la Ley Nº 2492 CTb, por lo que no existió vicios de anulabilidad o nulidad como equivocadamente arguyó el demandante.
2.- Indica que conforme a los antecedentes administrativos, evidenció que el memorial del Batallón de Seguridad Física presentado el 19 de junio de 2008, se encuentra fuera del plazo de los 20 días para la formulación de descargos, conforme prevé el art. 168 de la Ley 2492 CTb, al haber vencido el plazo el 26 de mayo de 2008.
3.- Por último refiere que en el caso se evidenció que el incumplimiento en la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA mediante el Sfware Da Vinci – Modulo LCV, no deriva de un proceso determinativo, consecuentemente el procedimiento sancionador en este caso, fue tramitado conforme al art. 168 de la Ley Nº 2492 CTb y que la Resolución Sancionatoria contiene los fundamentos de hechos y de derecho, teniendo en cuenta las pruebas y alegatos del sujeto pasivo, por lo que considera que la AT ajustó su actuación a derecho.
Concluye manifestando, que la demanda contencioso administrativa incoada por el Batallón de Seguridad Física de Cochabamba carece de sustento jurídico-tributario y por lo tanto no existió agravio ni lesión de derechos que se le hubiera causado con la Resolución que impugna, solicitando se declare improbada la demanda.
CONSIDERANDO III: Por la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de juicio de puro derecho, cuyo objeto es conceder o negar la tutela solicitada por el demandante, teniéndose presente que el trámite en fase administrativa se agotó con la resolución del Recurso Jerárquico; corresponde a este Tribunal, analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación, así como de la Administración Tributaria.
Consecuentemente, al existir denuncia de vulneración de principios y derechos constitucionales, corresponde su análisis y consideración, estableciendo, que el objeto de la controversia se refiere a determinar:
1) Si la notificación con el AISC no se efectuó en el domicilio tributario del contribuyente Batallón de Seguridad Física de Cochabamba, en vulneración de los arts. 37, 70 num. 3), 83 y 85 de la Ley Nº 2492 CTb, que amerite la nulidad del acto procesal de la notificación.
2) Si en la Resolución Sancionatoria se efectuó valoración y análisis sobre la nulidad de notificación, que vulneró el derecho a la defensa, al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica.
3) Si la Resolución de Recurso Jerárquico revocó contradictoria e ilegalmente la Resolución de Alzada, dando por bien hecho las ilegalidades cometidas por la Administración Tributaria en inobservancia del art. 21 de la Ley Nº 3092 complementario a la Ley Nº 2492 CTb.
En ese marco y de la compulsa de los datos procesales, así como de los anexos: Anexos de fs. 1 a 154 y Anexos de fs. 1 a 188, se llega a las siguientes conclusiones:
1.- Con la finalidad de tener una noción clara de los antecedentes que se suscitaron y motivaron la presente demanda, es conveniente inicialmente presentar un sumario de los hechos: La Administración Tributaria el 6 de mayo de 2008, notificó por cédula al Batallón de Seguridad Física, representado legalmente por Santelices Velásquez Víctor Decker, con el AISC 00084914066, al haber incumplido con la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci Módulo-LCV, correspondiente al período fiscal JULIO/2007, siendo su conducta preliminar el incumplimiento del deber formal de información, establecido en los arts. 71 y 162 de la Ley Nº 2492 CTb, sujeto a la sanción de 500 UFV, concediéndole veinte días a partir de su notificación, para presentar descargos que hagan a su derecho. Según la diligencia la cédula fue entregada a Guido Omonte Vargas en su condición de Jefe División Financiera del Comando Departamental de Policía, en el domicilio ubicado en Calle Tarata Nº 1102. El Informe de Actuación AISC-DF/PE-IA/0126/08, COD. SIF: 293346, concluye que el contribuyente no presentó descargos, ni canceló la sanción establecida en el AISC por lo que sugiere la emisión de la Resolución Sancionatoria.
El representante legal del Batallón de Seguridad Física, planteó nulidad de notificaciones con el argumento de que los AISC fueron notificados en el domicilio del Comando Departamental de Policía, por lo que solicitó se disponga nuevas notificaciones en el domicilio tributario fijado en el NIT por el Batallón de Seguridad Física, manifestando que el receptor Guido Omonte Vargas, Jefe del Departamento Financiero del Comando Departamental de Policía, jamás estuvo en ese lugar; además considera que la Administración Tributaria no observó la igualdad jurídica, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la defensa y al debido proceso, consagrados en los arts. 6. I, 7 inc. a) y 16 de la CPE abrogada. En respuesta al memorial la AT mediante nota GDC/DF/PE/R-1984/08 de 30 de junio de 2008, expresa que de conformidad con el art. 168 de la Ley Nº 2492 CTb y Resoluciones Normativas de Directorio (RND) 10-0021-04 y 10-0037-07, una vez notificado el cargo se concedió 20 días para los descargos y habiendo sido notificado el 6 de mayo de 2008, con el AISC 00084914066, presentó memorial de descargos el 26 de junio de 2008, con posterioridad al plazo otorgado, por lo que los mismos no fueron considerados, debiendo los AISC seguir su curso hasta la emisión de la Resoluciones Sancionatorias, una vez notificada con esta, el contribuyente tiene la alternativa de pagar las sanciones o impugnar las mismas en la vía administrativa.
En base a esos antecedentes, la AT el 29 de septiembre de 2008, notificó mediante cédula al Batallón de Seguridad Física, con la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/250-08 de 9 de junio de 2008, en la que resuelve sancionar con la multa de 500 UFV por incumplimiento de deberes formales, en mérito a lo dispuesto en los arts. 103, 160, 161 y 162 de la Ley Nº 2492 CTb y la RND 10-0021-04.
Ésta resolución dio origen al Recurso de Alzada, formulado por el contribuyente Batallón de Seguridad Física de Cochabamba, que fue resuelto por Resolución de Recurso de Alzada STR/CBA/0002/2009 de 9 de enero, pronunciada por la STR; que con los argumentos contenidos en el recurso, resolvió anular la Resolución Sancionatoria. Ante éste hecho; La Gerencia Distrital Cochabamba del SIN interpuso Recurso Jerárquico, que fue resuelto mediante la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0091/2009 de 11 de marzo, pronunciada por la STG, que resolvió revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada STR/CBA/0003/2009 de 9 de enero y mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/251-08 de 9 de junio de 2008.
2.- El Código Tributario establece los principios, instituciones, procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del sistema tributario boliviano, por consiguiente se constituye en una norma de carácter público y de cumplimiento obligatorio, en esa dimensión y en la facultad de crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria y determinar las sanciones para cada una de las conductas contraventoras en base a limites establecidos por la norma tributaria a través de normas regulatorias, la AT aplicando las facultades especiales establecidas en los arts. 66 y 100 de la Ley Nº 2492 CTb, realizó en el contribuyente Batallón de Seguridad Física de Cochabamba, control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, exigiendo a éste la información necesaria, documentos y correspondencia con efectos tributarios, facultad que la ejercen a través de normas regulatorias.
El incumplimiento de las obligaciones administrativas establecidas en el Código Tributario, las Leyes impositivas, los Decretos Supremos y las Resoluciones Normativas de Directorio del SIN, es tipificada como incumplimiento a deberes formales, que es independiente al pago de las obligaciones tributarias, en ésta base y aplicando lo establecido en los arts. 148, 158, 160 y 162 de la Ley Nº 2492 CTb, la AT a través de los procedimientos regulatorios tiene la facultad de establecer los alcances de las contravenciones tributarias, clasificándolas y detallando los deberes formales de los sujetos pasivos o terceros responsables, definiendo una sanción para cada uno de los incumplimientos formales y así mismo, definir los procedimientos sancionatorios, objetivos que emanan de la previsión establecida en el art. 162. I de la Ley Nº 2492, dice: “el que de cualquier manera incumpla los derechos formales establecidos en el presente código y las normas tributarias accesorias, será sancionado con una multa que ira desde 50 UFV’s a 5.000 UFV’s, y la sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerán en esos límites mediante normas reglamentarias”.
Por su parte, el art. 64 de la Ley Nº 2492, establece que: “La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos”, por lo cual corresponde señalar que la AT tiene facultad normativa delegada expresamente por Ley para dictar normas administrativas a los efectos de la aplicación de las normas tributarias sustantivas, facultad o derecho ratificado en el art. 40. I del DS Nº 27310 Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB), en ese sentido, emitió las RND Nº 10-0015-02, Nº 10-0047-05, Nº 10-0016-07, Nº 10-0032-07 (según corresponda) y Nº 10-0021-04 (Anexo A – numeral 4.2), cuyo objeto es reglamentar la presentación del Libro de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci – Modulo LCV.
3.- Ingresando al control de legalidad sobre la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por las partes, en base a los antecedentes del caso se establece:
Con relación al primer y segundo punto de la controversia, si la notificación con el AISC no se efectuó en el domicilio tributario del contribuyente Batallón de Seguridad Física de Cochabamba, en vulneración de los arts. 37, 70 num. 3), 83 y 85 de la Ley Nº 2492 CTb, que amerite la nulidad del acto procesal de la notificación, y si en la Resolución Sancionatoria se efectuó valoración y análisis sobre la nulidad de notificación, que vulneró el derecho a la defensa, al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica. Es pertinente citar el art. 37 de la Ley Nº 2492 CTb, que señala que para efectos tributarios las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva, de lo que se desprende que son válidas las comunicaciones y notificaciones en dichos lugares, previo cumplimiento de las formas establecidas en cada caso, en ese sentido el art. 83 de la citada Ley establece las formas y medios de notificación, señalando siete formas legales de cumplimiento de este acto de comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario; determina además el procedimiento y los requisitos de validez de cada una de estas formas de notificación para que surtan los efectos legales correspondientes.
A su vez, el art. 85 de la misma Ley se refiere a las condiciones y forma de notificación mediante cédula, señalando expresamente que “I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad, formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito a los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia”, no señalando mayores requisitos de carácter legal.
Las previsiones legales citadas, previenen que una notificación que se considere válida y que por ende, surta efectos, debe cumplir con todos los requisitos establecidos en las citas legales presentadas, es decir, que los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria deben cumplir con las formalidades del acto, reconocida como una garantía del sujeto pasivo ante un eventual actuar arbitrario de la Administración Tributaria que representa al Estado, por lo tanto debe garantizar la validez de sus actos cumpliendo estrictamente las formalidades esenciales establecidas por Ley, cuyo incumplimiento es sancionado con la nulidad conforme lo establecido en el art. 85. II de la Ley Nº 2492 CTb, norma plenamente aplicable en la presente controversia conforme a la cita legal establecida líneas arriba.
En el caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que el 28 y 29 de abril de 2008, la funcionaria de la AT se apersonó al domicilio ubicado en la calle Tarata N° 1102, zona San Antonio de Cochabamba, con objeto de notificar a Víctor Decker Santelices Velásquez, representante legal del Batallón de Seguridad Física de Cochabamba, con el AISC Nº 00084913953, al no encontrarlo, dejó un Primero y Segundo Avisos de Visita a Guido Omonte Vargas, posteriormente cumpliendo el procedimiento establecido en el art. 85. II de la Ley Nº 2492 CTb, el 6 de mayo de 2008, notificó mediante cédula en el mismo domicilio con el AISC, entregando la diligencia cedularia a Guido Omonte Vargas, quien estampo su firma y aclaró su nombre y cédula de identidad en el actuado, todos estos actos fueron realizados en presencia de un testigo de actuación debidamente individualizado e identificado, ocasiones en los que no hubo observaciones respecto del domicilio señalado, ni fueron devueltos los Avisos de Visita y mucho menos la notificación cedularía, actuados que cursan a fs. 1 a 7 del Anexo de fs. 1 a 154.
Consiguientemente sobre el punto la AT, aplicó correctamente todo el procedimiento descrito en el art. 85 de la Ley Nº 2492 CTb, para la notificación mediante cédula del Auto Inicial de Sumario Contravencional, cumpliendo de esta manera sus requisitos y formalidades, actuaciones que se respaldan en el art. 65 de la Ley Nº 2492 de la antes citada Ley, que prevé la presunción de legitimidad de los actos de la Administración Tributaria, por encontrase sometidos a la ley, salvo expresa declaración judicial en contrario, aspecto concordante con el art. 217, incs. a) y d), de la Ley Nº 3092 Complementario a la Ley Nº 2492 CTb, que señala que la prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos por fallo judicial firme, que en el caso no existen.
Con relación a las pruebas aportadas por el contribuyente Batallón de Seguridad Física, no desvirtuaron la legal notificación efectuada mediante cédula por la AT, que cumplió con el procedimiento descrito en la Ley Nº 2492 CTb, hechos que dieron la convicción de determinar que efectivamente no existió la generación de vicios de anulabilidad o nulidad, por lo que correctamente la instancia jerárquica decidió confirmarlos, por considerar que el AISC se hallaba legalmente notificado, por lo tanto, no correspondía realizar una valoración y/o análisis sobre la nulidad de la notificación, consiguientemente, no existió vulneración de los derechos a la defensa, al debido proceso, a la igualdad y seguridad jurídica, más aun cuando el contribuyente tenía alternativamente la posibilidad de pagar la sanción o impugnar las mismas en la vía administrativa presentando nuevas pruebas o ratificándose en las ya presentadas, lo que no ocurrió en el caso, el Batallón de Seguridad Física se limito únicamente a observar la forma, que en el caso de anular la notificación con AISC no extinguirá la conducta preliminar de incumplimiento al deber formal, por que ya sea en ésta fase o en vía administrativa el contribuyente tiene la obligación de desvirtuar la inexistencia de su conducta.
Para el caso, la nulidad debe estar taxativamente prevista por la norma, y de no ser así, siempre tiene que estar vinculada a la vulneración de derechos fundamentales, puesto que para adoptar una decisión anulatoria debe necesariamente ponderarse los principios establecidos en el art. 178 de la CPE, de celeridad y seguridad jurídica, entre otros, pasando esta decisión por el examen de afectación al proceso, vulneración de derechos fundamentales y la trascendencia en la resolución, de tal forma que la supuesta vulneración pueda incidir (cambiar) sustancialmente en la resolución final, lo que en el presente caso no sucederá. La nulidad para después llegar al mismo estado del proceso, ha sido superada, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de Justicia así como por este Tribunal Supremo de Justicia Plurinacional.
4.- Sobre este punto, si la Resolución de Recurso Jerárquico revocó contradictoria e ilegalmente la Resolución de Alzada, dando por bien hecho las ilegalidades cometidas por la Administración Tributaria en inobservancia del art. 211 de la Ley Nº 3092 complementario a la Ley Nº 2492 CTb, debe entenderse que en el caso la sanción proviene de un Incumplimiento al deber formal de presentación de Libros de Compras y Ventas IVA a través del Software Da Vinci - Módulo LCV, cuyo origen de carácter formal es independiente y no está relacionado con obligaciones materiales tributarias, el art. 168 de la Ley Nº 2492 CTb, establece el procedimiento para sancionar contravenciones tributarias a través de un Sumario Contravencional, en los casos en que la conducta contraventora no se encuentra vinculada al procedimiento de determinación del tributo, de verificarse lo contrario, el art. 169 de la misma Ley prevé un procedimiento sancionador a través de la Unificación de Procedimientos, aplicable cuando el sumario contravencional se subsume al procedimiento determinativo, o sea, que el procedimiento sancionador debe efectuarse de manera simultánea al procedimiento determinativo cuando además de las obligaciones materiales como el tributo omitido, se determine también la existencia de obligaciones formales como la contravención de omisión de pago y/o el incumplimiento de deberes formales; en este caso, la Vista de Cargo sustituye al Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Determinativa a la Resolución Sancionatoria.
En el caso de autos la unificación de procedimientos no es aplicable, por cuanto el incumplimiento en la presentación del Libro de Compras Ventas IVA mediante el Software Da Vinci- Modulo LCV, no deriva de un proceso determinativo, el procedimiento sancionador fue tramitado conforme el art. 168 de la Ley Nº 2492 CTb mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional AISC Nº 00084914066 y posterior emisión de la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/251-08, en este sentido, la apreciación de la instancia de Alzada respecto a la aplicación de los arts. 99. II y 169 de la Ley citada, no es aplicable al caso; y con relación a la aplicación del art. 68 num. 7) de la Ley Nº 2492 CTb, de que el sujeto pasivo tiene el derecho a formular y aportar pruebas y alegatos, en la forma y plazos señalados para el efecto, argumentos que deben tenerse en cuenta al redactar la correspondiente Resolución, en el caso fue aplicado en la Resolución Sancionatoria, por lo que no se advirtió en la resolución impugnada que revocó la resolución de alzada, contradicción e ilegalidad en sus fundamentos, estando correctamente cumplida la previsión establecida en el art. 211 de la Ley Nº 3092 complementario a la Ley Nº 2492 CTb.
Del análisis precedente, éste Tribunal de Justicia concluye que la autoridad jerárquica al emitir la Resolución STG-RJ/0090/2009 de 11 de marzo, lo hizo en cumplimiento de la normativa legal citada, no habiéndose encontrado infracción o vulneración de derechos en el procedimiento administrativo, particularmente en la resolución impugnada, actos administrativos sobre los que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa, en consecuencia, conforme a los fundamentos expuesto corresponde confirmar en todas sus partes la Resolución Jerárquica impugnada.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 Ley Transitoria para la Tramitación de los Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo y art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contencioso administrativa de fs. 25 a 28, y en su mérito, se mantiene firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0090/2009 de 11 de marzo, con los fundamentos expuestos en la presente resolución, consecuentemente, queda sin firme la multa contravencional establecida en la Resolución Sancionatoria Nº PEV2/251-08 de 9 de junio de 2008.
No suscribe el Magistrado Antonio Guido Campero Segovia al constituirse en primer relator y ser disidente a la presente Sentencia.

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