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Timestamp: 2019-07-20 03:41:14+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 592/93 de Corte Constitucional, 9 de Diciembre de 1993 - Jurisprudencia - VLEX 43557781
Sentencia de Constitucionalidad nº 592/93 de Corte Constitucional, 9 de Diciembre de 1993
Dec.2550/88. Art. 374.parcial. Codigo penal militar. Quienes pueden ser defensores. Inexequible.
La ciudadana JOHANNE B.Y.C., en ejercicio de la acción pública que establece el artículo 242 de la Carta Política, presentó escrito de demanda en el que pide que se declare que una parte del artículo 374 del Decreto-ley 2550 de 1988 es inexequible.
Se admitió la demanda y se ordenó su fijación en lista y el traslado correspondiente al Despacho del señor P. General de la Nación para efectos de recibir el concepto fiscal de su competencia; además, se ordenó practicar las comunicaciones respectivas tanto al señor P. de la República como a los señores Ministros de Justicia y de Defensa, de conformidad con lo previsto por el artículo 11 del Decreto-ley 2067 de 1991.
A.N. que se Estiman Violadas
De modo apenas preliminar, y para determinar el objeto jurídico de la demanda formulada en este caso, se observa que la parte acusada del artículo 374 del Código Penal Militar, para las etapas del proceso penal militar en las que interviene el defensor, establece la legitimidad del ejercicio de la defensa y de la asistencia judicial por personas con el rango de oficial en servicio activo de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, inclusive sin que esta categoría de servidores públicos deba ostentar o acreditar en estos asuntos su condición de abogado.
Además, se debe observar, con el propósito de definir el marco normativo dentro del cual se adelanta este examen de constitucionalidad, que el asunto de que se trata en esta oportunidad pertenece a un ámbito específico de la organización constitucional de las jurisdiciones que existen en nuestro regimen jurídico, dentro de las cuales se encuentra la penal militar, la ordinaria, la contencioso administrativa, la constitucional, la de los pueblos indigenas y la de los Jueces de Paz, y que las regulaciones sobre esta jurisdicción no pueden confundirse con las prescripciones propias de la regulación de los distintos regímenes disciplinarios, dentro de los cuales también se encuentra el militar y de policía que son de creación legal.
En primer término se encuentra que, de conformidad con las prescripciones generales a las que corresponde la disposición acusada, contenidas en el Código Penal Militar expedido antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, y que atienden a las tradicionales finalidades de la Justicia Penal Militar y a los bienes jurídicos protegidos por aquella, se ha admitido el establecimiento de una especie de dispensa frente al principio jurídico según el cual la defensa de los sindicados en materia penal requiere de la presencia de un profesional especialmente habilitado para la satisfacción de la causa de aquellos y para la de los fines generales de la justicia penal, y que aquella bien podía adelantarse, en el ámbito penal militar, por un oficial de la fuerza armada o de la Policía en servicio activo.
En este sentido encuentra la Corte que el inciso tercero del artículo 29 de la Constitución Nacional en forma precisa establece que "Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento..."; al respecto, se considera que es voluntad expresa del Constituyente de 1991, la de asegurar a todas las personas, en el específico ámbito de los elementos que configuran el concepto de debido proceso penal y de derecho de defensa también en el ámbito penal, el respeto pleno al derecho constitucional fundamental a la defensa técnica y dicha voluntad compromete, con carácter imperativo y general, al legislador, a la ley y a los jueces.
No asiste duda respecto de la proscripción constitucional de las modalidades de investigación o de juzgamiento penal, en las que existiendo sindicado no participe el defensor tal y como lo ha advertido de modo reiterado esta Corporación; igualmente, tampoco existe duda en lo que se refiere al valor y alcance general de la mencionada garantía constitucional extendida ahora de modo expreso a todos los procesos penales, inclusive a los militares, dados los términos empleados por las restantes partes de la disposición que se cita en los que se advierte que las reglas en ella establecidas están previstas para que sean aplicadas a todas las personas y a todo aquel que sea sindicado.
Bajo estas consideraciones, tampoco es admisible que el abogado defensor sea al mismo tiempo oficial en servicio activo, puesto que la Corte encuentra que no obstante la existencia de la noción constitucional de la jurisdicción penal militar que se desprende del citado artículo 221 de la Constitución, como categoría normativa de creación de esta especial jurisdicción y que remite al Código Penal Militar el establecimiento de las prescripciones con arreglo a las cuales las cortes marciales o tribunales militares conocen de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, la Carta no permite la incorporación de un elemento como el que plantea en una de sus interpretaciones la disposición acusada, según el cual en los procesos penales militares el cargo de defensor podría ser desempeñado por un oficial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional en servicio activo, desde luego, aunque el defensor sea un abogado habilitado científica y técnicamente para adelantar la defensa y la asistencia del sindicado. Ocurre que la mencionada calidad de militar en servicio activo resulta incompatible con los elementos de la noción de defensa técnica a que se refiere el artículo 29 de la Carta, puesto que como tal el funcionario de las Fuerzas Militares se debe a una permanente relación jerárquica, propia de las estructuras orgánicas de aquella naturaleza, y debe cumplir como militar con la orden del superior; ésta lo exime de responsabilidad y, por tanto, con la investidura que confiere el servicio activo puede reducir la autonomía, la independencia y la capacidad de deliberación que reclama el carácter técnico de la defensa que garantiza la Constitución. Así las cosas, es preciso asegurar la absoluta independencia científica y técnica de la actividad del defensor, impidiendo la confusión de cargos y funciones en esta materia.
C., publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41194 de 28 de Agosto de 2013

References: artículo 242
 artículo 374
 artículo 11
 artículo 374
 artículo 29
 artículo 221
 artículo 29