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Timestamp: 2018-11-16 11:38:52+00:00

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Recortes de Prensa Domingo 18 Mayo 2008
Inmersión lingüística, ¿sin límites?
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 18 Mayo 2008
En 1986 el Tribunal Constitucional anuló la imposición legal del deber de conocer el gallego. Desde entonces, las lenguas autonómicas han progresado mucho con el aval, siempre, del propio TC. Son hoy lenguas de uso interno exclusivo en la omnipresente administración autonómica, y en ellas se atiende al ciudadano, salvo que solicite lo contrario. En la Xunta, el Parlamento, la Universidad o en la Radio y Televisión de Galicia, el gallego es, así, la lengua exclusiva. Y en muchos Ayuntamientos. Las lenguas autonómicas han avanzado en la administración de justicia y, desde la sentencia del TC de 1994 sobre el catalán en la enseñanza, el deber de conocer la lengua distinguida como propia resulta inapelable. Se cursa como asignatura, es lengua de enseñanza de otras muchas e importantes disciplinas y de comunicación interna y externa en los centros. Es el modelo de conjunción lingüística o de bilingüismo integral en el que, en realidad, es hegemónico el catalán.
Es el que se quiere copiar en Galicia desde el Decreto del cómo mínimo el cincuenta por ciento en gallego, que deja al castellano el resto, en competencia con el inglés. Podría haber otro, con galescolas y castellaescuelas a elección de los padres. Sea como fuere, con enseñanza obligatoria hasta los dieciséis, en unos años conocerlo será un deber en toda regla, y la sentencia de 1986, papel mojado. Añadan a esa ocupación plena y excluyente del espacio público, las mil actuaciones de fomento y la identificación pública con la lengua propia que hacen los dirigentes autonómicos y los principales de la sociedad, dejando ver que la otra es oficial, sí, pero impropia y ajena. Ese es el cuadro, jurídicamente inobjetable, porque el TC ha ido poco a poco mutando el sentido del artículo 3 de la Constitución.
Con todo, ocurre en Galicia que la inmersión lingüística impuesta en el espacio público, en el privado, donde el poder no puede imponerla, no funciona, porque muchos tienen por propia la otra lengua, el castellano. El nacionalismo quiere remediarlo llevando la inmersión a esos espacios privados, porque sostiene que los territorios y las gentes que en él viven, Galicia y el pueblo gallego, tienen una lengua propia que hay que usar, y que es deber del gobernante el imponerla a aquellos que, por autoodio o españolismo, hablan una lengua de otro territorio y de otro pueblo.
No, socialmente el castellano no está acorralado, pero casi excluído del espacio público si lo está, y por los nacionalistas lo estaría hasta de los sueños. Y es que esto de las lenguas se plantea en un terreno viciado de origen. Ni los territorios tienen lengua, ni el de pueblo es otra cosa que un concepto político o poético que designa una invención, un sujeto colectivo, unitario en sus concepciones, en sus intereses, en su lengua eterna. Un sujeto imaginado, no real. Los individuos son reales y tienen lengua, que es, en un régimen de cooficialidad, la que prefieran de las dos. Por eso, el terreno apropiado debería ser el del derecho individual a optar entre las dos lenguas, sin penas ni premios; con el poder como garante, incompatible con la exclusión del espacio público de una de las dos lenguas. Eso es la cooficialidad: para los ciudadanos el derecho a elegir lengua en su relación con las administraciones, y para estas el deber de satisfacerlo. Por eso, los promotores de la inmersión deberían reflexionar acerca de los límites de esa política. Al menos, sobre estos cuatro. En primer lugar, el de la libertad individual que debería impedir actuaciones de inmersión en ámbitos privados; el límite de la cooficialidad que debería exigir el bilingüismo en toda comunicación administrativa e institucional; el de la eficiencia del gasto en inmersión, vistos los resultados obtenidos, y el límite de la representatividad, que exigiría a los políticos más sensibilidad con las demandas sociales, y mayor naturalidad en el uso público de las dos lenguas.
Que los nacionalistas reserven el castellano para agradar en Moncloa y pedirle autógrafos a Fidel en La Habana, vale. Que los socialistas les bailen más el agua, no.
Lenguas: bien, hablemos de libertad y de imposición
Roberto Blanco Valdés La Voz 18 Mayo 2008
Casi todas las campañas, públicas o privadas, en favor del gallego parten de dos equívocos perversos: que el estatus del gallego se parecería hoy, en realidad, al que sufría en el franquismo; y que no habría diferencias sustanciales entre imponer el uso del gallego en la esfera pública e imponerlo en la privada.
El primero de esos equívocos, que muchos nacionalistas adultos propagan a sabiendas de que es falso, al estar convencidos de su utilidad para sumar chavales a la causa, choca con una realidad apabullante: el castellano ha desaparecido oficialmente del Parlamento gallego, de la Xunta y la Administración autonómica, de la RTVG y de las tres universidades del país.
De hecho, el castellano no existiría en los medios oficiales -salvo en la administración de justicia- de no ser porque diputados, conselleiros, funcionarios, alumnos, profesores y periodistas son, pese a todo, como el resto del país: entre ellos el gallego y el castellano se reparten, en sus hábitos lingüísticos privados, como se distribuyen en el conjunto de Galicia.
Y es que, pese a las falsas apariencias oficiales, nuestra realidad lingüística es la que es: la de un país en el que el gallego pierde peso a medida que desciende la edad de los hablantes y aumentan su nivel de estudios y el tamaño de su lugar de residencia. Una situación, ciertamente desalentadora para la pervivencia de la lengua a largo plazo, que el nacionalismo quiere corregir haciendo en el ámbito privado lo que se ha hecho durante treinta años en el público: imponer la lengua por las bravas.
Tal imposición se llevaría por delante la libertad individual, que toda democracia pluralista debe proteger. ¡Y es que ya está bien! ¡Fuera caretas!: nadie prohíbe a los profesores de la Universidad de Santiago dar sus clases en gallego, pero el 80% las dan en castellano; nadie prohíbe a los columnistas de prensa escribir en gallego, pero la inmensa mayoría lo hacen en castellano; nadie impone a los políticos hablar en castellano, como lo hacen en privado la mayoría de los no nacionalistas; nada impide a los empresarios montar un diario en gallego, pero ninguno ha querido jugarse en ello su dinero; nada impide a los jóvenes hablar en gallego, pero el 56% de los que tienen entre 16 y 25 años lo hace habitualmente en castellano; ni nadie impide a los comerciantes rotular en gallego, pero lo hacen en castellano casi todos.
¿Por qué? Pues porque quieren. Porque en uso de su libertad así lo han decidido. Los poderes públicos han impuesto ya una Galicia oficial gallegoparlante en exclusiva a una Galicia real que no lo es. Pretender ahora adaptar esa Galicia real a la oficial sería mucho más de lo que la libertad podría soportar.
ERRAMUN OSA El Correo 18 Mayo 2008
DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL GOBIERNO VASCO
Erramun Osa es secretario del Consejo Asesor del Euskera y del grupo de trabajo que ha elaborado la ponencia 'Bases para la política lingüística de principios del siglo XXI'.
La imposición de otra lengua y la conculcación de derechos fundamentales
Nota del Editor 18 Mayo 2008
Tan Claro como el agua clara, "la igualdad entre las personas y la convivencia lingüística" implica el bilingüismo impuesto y por tanto la conculcación de los derechos fundamentales de los español-hablantes.
Y lo mismo para la expresión "que todos, sin excepción, podamos ejercitar de manera razonable y progresiva nuestros derechos lingüísticos en plenitud" que implica el bilingüismo impuesto, o lo que es lo mismo, que las regiones donde el españo es lengua "impropia", sean regiones donde los español-hablantes no tengan derecho alguno, regiones exclusivas para los que hablen la lengua regional.
Es absolutamente anticonstitucional imponer la lengua regional, por mucho que el Tribunal Constitucional haya cambiado el espiritu y la letra de la Constitución Española mediante el despojo de sus derechos constitucionales a los niños: los niños no tienen derechos constitucionales ni humanos, según el TC tienen la obligación de sufrir la imposición lingüística, y sólo a los adultos se les puede aplicar, a veces, el art. 3º de la Constitución Española: deber de conocer el español.
Lo curioso es que si bien muchas de las leyes de imposición de la lengua regional fueron obra del Partido Popular, es ahora cuando el PSOE está en el poder cuando más se está forzando su aplicación, y con signos de empeoramiento imparables. Los creyentes de PSOE no se han dado cuenta del problema, y si su género es masculino, todavía peor, ahora el sexo es otro discriminate negativo para los hombres.
Yo no deseo que ninguna mujer sufra daño alguno por parte de un hombre, pero en caso de que así ocurriera, desearía que indeseable hubiera votado al PSOE, para que la próxima vez piense, antes de votar y antes de pegar.
[En cuatro comunidades españolas, se impide estudiar en español]
Periodista Digital 18 Mayo 2008
FORO DE DEBATE / CONTRA LA IMPOSICION LINGÜISTICA de EL MUNDO
El País Vasco se sumará en septiembre al modelo de inmersión de Cataluña, Galicia y Baleares
El Mundo 18 de mayo de 2008
LIDERAN DIVERSAS PLATAFORMAS EN EL PAIS VASCO, GALICIA, CATALUÑA Y BALEARES EN DEFENSA DE LA COOFICIALIDAD CONSTITUCIONAL DE LAS LENGUAS. EN SUS COMUNIDADES, LAS LEYES Y DECRETOS SOBRE INMERSION LINGÜISTICA IMPIDEN QUE EL CASTELLANO SE HABLE EN LAS AULAS
MADRID.- Que unos padres quieran que sus hijos estudien en castellano cuando ésa es la lengua oficial del Estado es una perogrullada. Pero en cuatro comunidades autónomas -Cataluña, Baleares, Galicia y País Vasco- o es imposible encontrar un colegio en el que la enseñanza sea en castellano o es harto improbable.
En las tres primeras, los sistemas de inmersión lingüística se aprobaron hace más de una década y han desterrado el español de las aulas. En el País Vasco, donde el sistema de tres modelos lingüísticos fue elogiado en principio, el reciente decretazo del lehendakari fija ahora unos niveles mínimos de euskara al terminar la Secundaria que ha propiciado que los pocos colegios que mantenían el modelo de enseñanza en castellano lo estén eliminando de sus opciones.
Los cuatro invitados presiden diversos movimientos cívicos que aglutinan a miles de padres: Pablo Gay-Pobes, la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística, en el País Vasco; Gloria Lago, Galicía Bilingüe; Marita Rodríguez, la Asociación por la Tolerancia, en Cataluña; y Jorge Campos, el Círculo Balear.
Todos ellos no sólo luchan contra esta realidad en sus respectivas comunidades, sino que hacen frente a la estigmatización política y social que les está acarreando defender un derecho constitucional. Esta semana dieron cuenta de esta lucha imposible en el Foro de Debate de EL MUNDO.
«Aunque parezca mentira, los ciudadanos de a pie hemos tenido que organizarnos para reclamar algo tan elemental como que nuestros hijos puedan estudiar en su lengua materna, siendo esta lengua, además, oficial en todo el Estado. Y reclamamos también que la administración reconozca que el español es lengua oficial». Esta es la reivindicación de Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe.
Insisten en que no están contra el gallego ni contra el catalán ni contra el euskara. Sólo quieren que los poderes públicos respeten la cooficialidad, que dichas lenguas no sean impuestas ni sean causa de exclusión social y laboral, y que permitan a sus hijos estudiar en una de las dos lenguas o en las dos; es decir, que se pueda elegir.
Su lucha, propia de otros tiempos, les ha hecho intervenir en política, aunque, independientes, rechazan la vinculación con cualquier partido. Los que se creen enemigos suyos, los poderes públicos y los partidos nacionalistas, les vinculan al PP para deslegitimar los principios universales y desideologizados de su reivindicación.
Pero, por ejemplo, en Galicia y Baleares, el origen de la actual discriminación se sitúa en leyes hechas por el PP en los años 80. Ahora, en estas dos comunidades, con los socialistas en el poder -apoyados por los nacionalistas en Galicia y por varios partidos minoritarios como ERC y Unió Mallorquina en Baleares-, la situación ha empeorado. En Cataluña, aunque la Generalitat la ocupa el PSE -junto a ERC e ICV-, la inmersión lingüística a partir de los siete años llega heredada de los gobiernos de CiU. En el País Vasco, las normas -las más respetuosas con el castellano en un principio- vienen de Gobiernos nacionalistas.
Los representantes de Baleares, Cataluña y Galicia elogian el sistema vasco de libre elección fijado por la Ley de Escuela Pública en 1993. Pero el representante de Euskadi denuncia que el Gobierno vasco ha aprobado, por decreto, sin pasar por el Parlamento vasco, que la lengua vehicular de la escuela debe ser el euskara, así que las pocas plazas del modelo de enseñanza en castellano que quedaban se han evaporado de cara al curso que viene.
Casimiro García-Abadillo.- Cuando se le pregunta a los políticos, ellos dicen «bueno, el problema es que no hay demanda. Nadie pide que se enseñe en castellano». Entonces, yo quiero que me expliquen ¿dónde está el truco? ¿Cómo es posible que, ante una situación como la que estáis describiendo, que realmente es tremenda, la gente no esté pidiendo que se enseñe en castellano y se permita a los políticos decir que, si no hay demanda, cómo va a haber oferta?
Pedro J. Ramírez.- En Mallorca, hay una encuesta que dice casi lo mismo...
Jorge Campos.- Los datos son espectaculares porque, además, se hizo sobre un universo de 1.000 llamadas, que es muchísimo para el ámbito de Mallorca. El 82'2% se muestra favorable a la libre elección de la lengua en la educación. Pero el aspecto más significativo es que un 87'5% de los simpatizantes de Unión Mallorquina está a favor de poder elegir; también un 81% de los del PSOE y un 70'6% de los de Izquierda Unida. Entonces, demanda social sí que hay. Por otro lado, los funcionarios públicos también presentan sus quejas. Yo tengo aquí una, presentada por un ciudadano al Defensor del Pueblo hace poco porque le están obligando a redactar todos sus informes exclusivamente en catalán. Entonces, sí hay una realidad social y hay una demanda. El problema es que los políticos eluden estas situaciones y van por otro lado.
Marita Rodríguez.- Nosotros no hemos tenido dinero para hacer una encuesta en serio. Pero sí hemos hecho encuestas telefónicas preguntando que, si hubiera posibilidad de optar por una educación bilingüe, en castellano o en catalán, por cuál se decantaría. Y la mayoría -aunque no tiene rigor científico- se decantaba por el modelo bilingüe; una minoría por el catalán y otra minoría, más pequeña, por el castellano. La demanda existe, seguro, pero la gente no va a violentarse y a enfrentarse con lo establecido.
Pablo Gay-Pobes.- En el País Vasco, es verdad que el Departamento de Educación está argumentando que uno de los motivos por los que no se oferta el modelo A, que es en castellano con una asignatura de Euskara, es precisamente la falta de demanda.
Frente a eso, nosotros hemos contestado básicamente con tres argumentaciones. La primera, que el Gobierno vasco no ha hecho ningún estudio de demanda que lo acredite. La segunda, que la realidad sociolingüística es que el 95% de los ciudadanos de Vitoria, una población de 220.000 habitantes, es castellanohablante. Lógicamente, la demanda potencial es superior a la realidad, que es que sólo hay 200 plazas de enseñanza en castellano en esta ciudad para el curso que viene. Eso no es adecuar la oferta a la demanda, y tampoco a la voluntad de los padres. El tercer argumento es que la carga de la prueba de que no existe demanda debería acreditarla el Gobierno vasco.
Nosotros denunciamos un centro educativo en concreto, que el año pasado tenía cubierta absolutamente la demanda del modelo A (es decir, en castellano) y este año lo ha cerrado y ofrece el modelo B (castellano y euskara). Bueno, pues presentamos al Departamento de Educación, al propio centro, y a la Alta Inspección un acta de manifestaciones notarial, en el que 24 padres de familia pedían poder escolarizar a sus hijos en castellano. ¿Cuál ha sido la respuesta? De la Alta Inspección, nada. Del Gobierno de Educación, nada. Y del centro, un titular de periódico que dice: 'Si un centro está financiado por Educación, debe aceptar sus órdenes también en temas lingüísticos'.
Esa es la realidad. Se trata de la prestación de un servicio público y no se está prestando. Se está interviniendo en un mercado que no es libre. Es decir, si el mercado educativo fuese libre, la oferta educativa sería básicamente en castellano. El problema es que interviene la Administración, vía subvención. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de trasladar esta denuncia a la Comisión Europea, porque entendemos que es un tema de ayudas de Estado. Así de claro. Se está interviniendo lo que sería un mercado libre; y además con nuestro dinero. Estamos ante la imagen del ahorcado al que le hacen tejer su propia soga.
Pedro J. Ramírez. - Decís que vais a llevar la UE el tema de las subvenciones. ¿Hay otras iniciativas de elevar a instancias internacionales la denuncia de lo que está ocurriendo en cada uno de vuestros lugares? Probablemente sea la única vía de conseguir que el Gobierno de Zapatero reaccione...
Gloria Lago.- El problema es que las lenguas a proteger son las lenguas minoritarias. España firmó la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, la ratificó en los mismos términos que el Reino Unido, por ejemplo... Pero, claro, se hacen textos jurídicos para proteger los derechos de los hablantes de lenguas minoritarias porque se supone que el Estado ya garantiza los derechos de los hablantes en lenguas mayoritarias... Pero es que aquí no se da el caso. Aquí es un absurdo.
Pablo Gay-Pobes.- Nosotros hemos planteado la vía de la Comisión Europea para denuncia la intervención en el mercado educativo. Pero, además, sí es cierto que habría que plantear una queja al Parlamento, ante su Comisión de Quejas o ante la de Derechos Humanos. Pero hay que ser cuidadosos; nosotros no queremos presentar un problema entre españoles. Tenemos que conseguir que sea una reivindicación que enarbolen los propios parlamentarios europeos; que vean el problema, se sensibilicen y sean ellos quienes amonesten al Gobierno español.
Pedro J. Ramírez. - ¿Y vais a ir juntos en esta línea?
Jorge Campos.- Tendremos más fuerza yendo todos juntos, planteando el problema que está presente en estas comunidades autónomas y en el conjunto de España. Además, se puede compaginar esta acción -llamémosla europea, o internacional, si se quiere-, con acciones en cada comunidad autónoma. En el caso de Baleares, habría que derogar en el Parlamento el decreto de mínimos del uso del catalán. Y después sería muy favorable que el Estado recuperara la competencia de Educación y formara una base educativa nacional para que todos tengamos la misma calidad y la misma oportunidad educativa.
Pedro J. Ramírez. - ¿Sería ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo?
Marita Rodríguez. - La Comisión de Peticiones ya la exploramos nosotros, en Cataluña, y no hubo nada que hacer. Nos desplazamos allí y no hicieron nada. Se metieron los nacionalistas por medio y dijeron que no era competencia de ellos. Pero hay que seguir insistiendo porque, si uno tira la toalla, iremos a peor. Y a quien denunciamos es al Gobierno español porque es el único que es reconocido en estos organismos. La última vez que mandaron a sus representantes hicieron una defensa del modelo lingüístico catalán increíble. Vamos, que era una maravilla, que la queja venía de personas radicales que desquiciaban el tema...
Pero hay que seguir. Se podrían llevar casos ya desesperados, como el de la logopedia en catalán. Hay niños que son sordos de nacimiento y ni siquiera ahí hacen una excepción. Saben que, si no se les proporciona la logopedia en la lengua familiar, esos niños nunca consiguen verbalizar. Pues les da igual. Tenemos dos casos, de dos hermanos, cuyos padres han pasado un calvario porque a todas las puertas que llamaron les dijeron: «Oigan, pues estamos en Cataluña; si no les gusta, váyanse de la Comunidad».
Gloria Lago. - Pues que no vengan a Galicia porque ayer una madre nos contó el mismo caso.
Jorge Campos. - Al margen de recurrir a instancias europeas, está claro que esto es un problema político. Es un problema, no sólo creado por los políticos que gobiernan, sino un problema puramente político. Y la solución está en que un partido mayoritario se haga eco de lo que la sociedad civil quiera y responda a las encuestas. Los que provocaron el problema pueden solucionarlo derogando una serie de leyes, porque lo que está en juego es la democracia y el futuro de las próximas generaciones.
Arcadi Espada. - Yo discrepo de que sea un problema político. Es un problema intelectual porque en el fondo de la cuestión está nada más que el prestigio que todos hemos dado a las lenguas como signos de identidad. Y eso lo hizo la derecha, en el franquismo, y ahora lo hacen la izquierda y los nacionalismos. Por lo tanto, eso viene de ahí, del error grave de considerar que la lengua es signo de identidad de algo.
Jorge Campos. - Tampoco es así exactamente. Cuando en 1980 se reunieron 800 personas en un congreso de lenguas románicas para hablar del tema de la normalización lingüística en Baleares, 760 se mostraron contrarios a políticas de ese tipo. Y todos eran intelectuales, filólogos, lingüistas, especialistas en lenguas romances... Además, yo digo que es un problema político porque el Gobierno, como principio democrático, tiene que estar de acuerdo con lo que diga la sociedad, no con lo que digan cuatro intelectuales bien subvencionados. Nosotros tenemos los datos de todos aquellos que, después, han tenido cargos muy importantes en el Gobierno balear.
Gloria Lago. - Además, hay un aspecto que no hemos comentado y que a mí me preocupa mucho. Y es cómo se está adoctrinando a los chicos. Ahí tenemos un gran problema en Galicia. Lo hemos comprobado cuando hemos empezado a trabajar con esta asociación. Hemos sido insultados, amenazados... Creo que sí podríamos buscar amparo en Europa porque se está fomentando odio en los chicos. El mensaje machacón de que la lengua española es una lengua invasora, una lengua que usurpa, una lengua que avasalla, crea en los chicos una sensación de que, por hablar castellano, están haciendo cierto daño a su comunidad. Si un niño dice «hablo español», le llaman «facha» y le pintan la mesa.
Recuerdo unas declaraciones del presidente Touriño, que es castellanoparlante normalmente, en las que decía que el gallego viene con nosotros y que forma parte de nuestra identidad. Ese mensaje se repite continuamente en campañas muy bien estudiadas. Hay gente que cree que tiene una identidad diferente y ya habla del RH y del ADN.
Otra cosa que nos preocupa mucho es una guía que ha llegado a los centros de enseñanza de Galicia que, por ejemplo, promueve que la comunicación de un profesor con los padres sea en gallego, aunque ambos sean castellanoparlantes. También establece que los carteles que se pongan deben estar escritos en gallego. Y crea la figura del voluntario de activación lingüística, el VAL, que es una especie de pequeño comisario, que va por ahí vigilando...
Casimiro García-Abadillo.- Pero eso es una brigada de inspección infantil.
Carmen Iglesias. - Escuchándoles, y aparte, por supuesto, de recurrir a las instancias europeas, que son fundamentales, yo me pregunto cómo podría movilizarse la sociedad civil, porque los políticos no se van a movilizar de ninguna manera.
Jorge Campos. - La situación es grave. Pero hay esperanza. Las plataformas ciudadanas más importantes que defendemos las libertades estamos más unidas que nunca y, además, planteamos soluciones. Ahora tenemos más de 2.000 socios y simpatizantes en Baleares, que están preocupados por la lengua. Y ahora, por primera vez, tenemos un político que parece que está recogiendo esta preocupación social.
Pedro J. Ramírez. - Ustedes están contribuyendo decisivamente a que la cuestión esté en el centro de la agenda del debate nacional. Además, hay que tener en cuenta que es una causa transideológica, que nadie puede amortizar como un planteamiento conservador o del ala dura de nada.
Jorge Campos. - Lo curioso es que los que defendemos las libertades y vamos con la Constitución por delante somos los radicales, fachas, fascistas horrorosos, y los que quieren cargarse la Constitución y esas libertades son los moderados.
Arcadi Espada. - Volviendo sobre la cuestión de la demanda, a mí me parece que el sistema educativo es una pieza más de un enorme sistema lingüísticamente muy intenso. Es perfectamente normal que la gente no pida el castellano porque sabe que, para trabajar de albañil o de lo que sea, va a ser necesario el uso del catalán. La falta de demanda prueba la inteligencia popular porque no la gente no va a querer para sus hijos un mundo muy diferente del que van a encontrar cuando sean mayores.
Carmen Iglesias. - Pero habrá que ampliar un poco esa inteligencia popular porque, en el futuro, a pesar de la imposición actual, el catalán o el gallego no va a tener sentido al lado de 400 millones de hispanohablantes.
Arcadi Espada. - Por otro lado, quería plantearle a Marita que en Cataluña hay una poderosísima burguesía inmigrante, que llegó del resto de España y que lleva a sus hijos a estudiar fuera de Cataluña o les paga profesores particulares para aprender castellano. Podrían haber creado una red de colegios en los que estudiar en castellano, pero no han sido capaces y tampoco creo que hubieran podido conseguir financiación.
Marita Rodríguez. - A mí me sorprende muchísimo que, con la sociedad que tenemos, tan repartida lingüísticamente, y con un poderoso sector económico que es castellanoparlante, no se haya movilizado toda esta gente para crear una red alternativa o de apoyo, buscando incluso convenios con otros países, ahora que hay tanta inmigración sudamericana y centroamericana. Y, sobre todo, no puedo entender por qué esa mayoría de buena gente mira para otro lado siempre y no apuesta por un modelo bilingüe. Porque no estamos reclamando o catalán o castellano, no. Queremos el modelo bilingüe que ya existía antes de los decretos de inmersión. Entonces sí había mucha demanda de enseñanza en castellano: eso fue lo que les alarmó. Ahí empezaron los decretos de inmersión, ahí empezó la imposición porque, con libertad, no podían implantar el modelo lingüístico. Ese pensamiento nacionalista sí lo entiendo: a través de la lengua quieren crear nación y, a través de la nación, Estado. Y es un caminito que están recorriendo. Pero no entiendo por qué los que no dirigen ese cotarro no se rebelan o no se han rebelado en algún momento.
Pedro J. Ramírez. - Este es un fenómeno que se está desarrollando de manera silenciosa. En la educación, todos los días, de manera muy suave y aparentemente venial, se va produciendo la metamorfosis. Es esencial centrar esta cuestión en el ámbito de los derechos humanos; impedir que haya un Gobierno que pueda hablar de republicanismo cívico y de derechos humanos sin que se le recuerde constantemente que muchas más personas que las que se benefician de sus supuestos avances en otros ámbitos -que nos parecen muy bien- se ven perjudicadas por la discriminación lingüística.
Marita Rodríguez. - Yo no entiendo cómo una ministra de Educación puede tener la desvergüenza de echarle flores al modelo andorrano porque, a pesar de que tienen como lengua oficial el catalán, tienen la opción de estudiar también en castellano y en francés. Pero ¿por qué no puede pasar eso en Cataluña o en Galicia?
Pablo Gay-Pobes. - Si yo fuese directivo de una empresa estaría encantado de que mi producto fueran 400 millones de hablantes frente a 200.000 que hablen euskara. Sobre el ejemplo del albañil que puso Arcadi Espada, en el País Vasco el hormigón armado no tiene una traducción en euskara y, cuando vas a pedir la masa de hormigón, la tienes que pedir en castellano. Es un timo.
Pedro J. Ramírez. - Se está sacrificando a varias generaciones de ciudadanos en el altar de ese timo. Es una enorme superchería. Antes o después el tinglado se desmoronará. Lo más tremendo es que los partidos nacionales, y muy especialmente el Partido Socialista desde que Zapatero está en el poder, estén siendo cómplices de esta deriva, de esta falsificación.
Pedro García Cuartango.- En las cuatro comunidades en que vosotros vivís hay tres gobiernos de coalición entre el PSOE y partidos nacionalistas. ¿Hasta qué punto en estas comunidades el PSOE puede abandonar este discurso, digamos nacionalista, y empezar a defender que la gente tenga derecho a educar a sus hijos en su propio idioma? ¿Creéis que es posible ese cambio?
Gloria Lago.- Ellos se preguntan hasta qué punto puede pesar en las elecciones. En las pasadas elecciones, el PP se acercó a nosotros y adoptó nuestro mensaje, pero se dio cuenta de que no les había funcionado. Yo no sé qué valoración hará el PSOE. Pero noto que están intentando acercarse a nosotros y sé que hay mucho socialista de renombre creando debate sobre el tema
Jorge Campos.- El Partido Socialista de Baleares es muy parecido al de Cataluña, está completamente impregnado de un mensaje nacionalista. Pero el presidente Antich no ha tenido que aprobar ninguna ley ni ningún decreto de inmersión lingüística porque se lo ha encontrado todo hecho por el PP.
Pablo Gay-Pobes.- La situación en el País Vasco es un poco diferente. Se detecta la posible existencia de un pacto previo a las elecciones entre el Partido Socialista y el PNV. Por eso tengo muy poca esperanza. Inicialmente, nosotros apreciamos una cierta sensibilidad en los socialistas con quienes hablamos. Pero, en las últimas conversaciones, vemos que han cambiado su planteamiento.
Elena Santolaya. - Querría pedirles que me hicieran dos radiografías. En una, que aparezcan las situaciones a las que, quizá, tengan que hacer frente esos estudiantes de los que hablamos cuando crezcan y quieran estudiar fuera de su comunidad... En otra, la situación que puede encontrarse, por ejemplo, una enfermera que quiere ir a vivir y trabajar al País Vasco.
Jorge Campos. - En Baleares, el niño ya no es tan niño porque empezamos hace 20 años con la inmersión lingüística y la normalización lingüística. Nosotros sabemos, por muchos padres de esos ya alumnos universitarios que están fuera, que, por lo general, pierden el primer curso, o el segundo, más que nada porque no dominan la escritura y las faltas de ortografía son escandalosas. Lógicamente no saben escribir y tienen también un problema en los exámenes orales, ya que, desde que tenían seis o siete años, están siendo exclusivamente enseñados en catalán. Sobre ir a trabajar a Baleares, curiosamente nadie, salvo de Cataluña, podría ir allí a trabajar en la Administración pública porque se necesita un nivel C o D de catalán, como de filólogo, lingüista o poeta... Y eso es lo que se prima sobre la capacitación que esa persona pueda tener. Y en la universidad pasa lo mismo. Estamos perdiendo grandes catedráticos, nacionales y europeos, que querrían trabajar en Baleares, porque tienen que demostrar, ante todo, un nivel de catalán importante.
Gloria Lago.- En Galicia sucederá lo mismo. Es decir, el nivel de castellano será paupérrimo. Los chicos que quieran estudiar fuera de Galicia van a tener muchos problemas, los profesionales que quieran ejercer su labor fuera también. Sabemos que en algunas empresas de Madrid ya se está empezando a cuestionar la entrada de profesionales procedentes de Galicia, porque, aunque son buenos, tal vez, a la hora de redactar textos o informes, tendrán sus problemas. También hay trabajadores que no quieren venir aquí por la educación de sus hijos.
Marita Rodríguez.- Hay centros hospitalarios que no van a aceptar un buen profesional porque no tiene el perfil lingüístico, y eso también se proyecta en una disminución de la calidad del servicio. Pero, sobre las posibles dificultades en el mundo laboral cuando salen fuera, a menos que se vayan a otra comunidad bilingüe -de Cataluña a Galicia o al País Vasco, por ejemplo-, no creo que hubiera mucho problema porque, cuando una persona necesita desarrollar o desempeñar un trabajo, hace esfuerzos por adecuarse. Quien supongo que sí tendría problemas sería un vasco, en caso de los colegios de allí lleguen a implantar el euskara al 100%.
Pablo Gay-Pobes.- En el País Vasco, y como futurible más o menos cercano, la radiografía que hacemos es la de una sociedad de paletos y de ignorantes. Eso sí, serán euskaldunes todos. Euskaldunes que no podrán trabajar fuera del País Vasco, y que tampoco van a poder hacerlo dentro de la función pública del País Vasco porque todos los puestos estarán ya copados. Es decir, el funcionariado tiene un límite. Respecto a la enfermera que viene a trabajar al País Vasco, pues, en el mejor de los casos, tendrá venir sin traerse a la familia. Esa es la realidad.
Marita Rodríguez.- La cooficialidad exige que el ciudadano pueda requerir de la administración el servicio de la lengua en su elección. Por tanto, en educación, el sistema vasco de tres modelos sería lo mejor. Aunque en Cataluña digan que no se debe separar a los niños por lengua, la Unesco respalda que se puedan crear grupos distintos.
Jorge Campos.- Desgraciadamente, la cooficialidad es la que no se lleva a cabo. Ojalá pudiéramos tener tres modelos educativos, o cuatro, incluyendo una lengua extranjera, y que los padres pudieran elegir libremente entre esos modelos. Sería lo ideal, y también se acabarían los problemas de fracaso escolar.
«No es un problema legal, es una perversión de la democracia»
«Una vez le pregunté a uno de los constituyentes: '¿Cómo hemos llegado a esta situación y cómo lo permitisteis?' Y dijo: 'Bueno, pues estábamos preocupados por las Fuerzas Armadas, por Interior, algo de Justicia...; y, bueno, Educación se lo dejamos a los más radicales para que se quedaran callados'».
Quien expuso así uno de los posibles orígenes del problema es la presidenta de Unidad Editorial, Carmen Iglesias, que se mostró pesimista sobre la posibilidad de ganar «la batalla de la educación en democracia». «No sólo es un problema legal, sino democrático; una perversión de la democracia y una gran falta de libertades», consideró.
Miembro de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de la Lengua, Carmen Iglesias se mostró preocupada por el aislamiento, el silencio y la soledad a la que se ven condenados los padres que quieren que sus hijos estudien en castellano, pero no se ven capaces de emprender esa lucha por infructuosa y por temor al aislamiento de los niños y a la falta de oportunidades laborales en su tierra.
«Me da la impresión de que, mutatis mutandi, estamos igual que como estábamos con las víctimas de ETA antes del espíritu de Ermua, que los políticos no empezaron a movilizarse hasta que la gente normal salió a manifestarse, el problema saltó a la calle y ya, por lo menos, no hay que enterrar a escondidas a los asesinados», describió.
«Me pregunto cómo se podría movilizar a la sociedad civil. Es que, si no, los políticos no nos harán caso nunca», señaló. «Efectivamente -añadió-, los dos grandes partidos han tenido mayorías absolutas y no se han preocupado de estas cuestiones». Se planteó entonces qué gente con autoridad intelectual, «gente de las universidades», podría implicarse en esta lucha. «Pero me da la impresión de que la gente que, en otros tiempos, era crítica está totalmente fascinada por ese poder totalitario y tienen una responsabilidad grave en la extensión de ese totalitarismo», afirmó.
Arcadi Espada, presente en el Foro, también se preguntó por qué no ha habido en Cataluña una burguesía como aquella que durante el franquismo hizo colegios para que sus hijos pudieran estudiar catalán. «Está toda esa gente que se le llena la boca con requisitorios contra el idioma, pero que, a la hora de intervenir directamente en la creación de alternativas, se muestra pasiva. No han sido capaces de crear una red de colegios que pudieran haber llamado, qué se yo, Instituto Nacional Uruguayo o algo así».
«Son grupos -respondió Carmen Iglesias- que temen bastante la competencia abierta y están refugiados en esos clientelismos; dependen de los políticos y de sus concesiones».
«Yo ya he dicho en varias ocasiones que el clientelismo nacionalista es el caciquismo del siglo XXI», añadió.
Iglesias y Espada también intercambiaron pareceres sobre una de las cuestiones candentes del debate: por qué no se escuchan denuncias públicas en masa contra la falta de libertad de elección. Para el colaborador de EL MUNDO, eso es una muestra de «inteligencia popular»: «La gente no va a querer para sus hijos algo muy diferente del mundo en que se van a encontrar cuando los niños sean mayores y quieren asegurarse de que el muchacho trabajará».
A lo que la académica respondió que «habría que ampliar un poco esa inteligencia popular porque en el futuro, a pesar de la imposición actual, el catalán o el gallego no va a tener sentido al lado de 400 millones de hispanohablantes».
«La Constitución no debería proteger las lenguas»
La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, acudió al foro de EL MUNDO para escuchar, de viva voz, las quejas de los padres que no pueden elegir la lengua en la que sus hijos son educados en sus respectivas comunidades.
La presidenta de UPyD se alegró de ver a los cuatro representantes regionales dispuestos a una acción conjunta porque, afirmó, «no enfocaremos bien el problema si sólo lo orientamos desde la perspectiva de cuatro asociaciones o cuatro movimientos cívicos».
«Lo que estáis planteando -observó- es una reivindicación política, de política con mayúsculas porque estáis haciendo una llamada contra la discriminación».
«Ya sé que en España enseguida se confunde lo político con lo partidario, pero yo creo que no deberíais renunciar a vuestro carácter político y que deberíais incluso reivindicarlo», insistió.
Recordó, entonces, los inicios de Basta Ya! como plataforma cívica que se vio abocada a abordar cuestiones políticas que eludían quienes debían abordarlas.
La aportación de Rosa Díez fue clave para enfocar el problema políticamente, llamar a las cosas por su nombre, separar el grano de la paja y poner sobre la mesa maneras de resolver el problema.
«No nos enfrentamos a una situación de persecución de las lenguas; es una persecución de las personas que se empeñan en tener libertad para poder estudiar o para poder trabajar en la lengua que quieran en una comunidad autónoma que es bilingüe», afirmó.
«Hay un problema que requiere una profunda revisión, incluso de la Constitución», dijo, y recordó el artículo 3 de la Carta Magna. Los invitados se habían referido a él como la garantía constitucional del «deber de conocer la lengua española y el derecho a usarla», además de reconocer la cooficialidad de las lenguas en sus respectivas comunidades. Pero la diputada recordó que el artículo 3 también garantiza la «protección» de lo que denomina «distintas modalidades lingüísticas de España» como «patrimonio cultural» que son del conjunto del país.
Esa «protección especial -señaló Díez- es lo que ha hecho que se pierdan todas las reivindicaciones contra la discriminación». Y fue tajante: «Eso hay que quitarlo. Porque, si hay cooficialidad y hay que defenderla, eso significa bilingüismo en el sistema educativo». «Puesto que la Constitución garantiza cooficialidad y bilingüismo, no debe haber ningún artículo que hable de la protección especial porque no hay que proteger nada; y menos a las lenguas, que no tienen derechos. Habrá que proteger a las personas, cuyos derechos son vulnerados».
«En el debate parlamentario, en el debate político, en el debate mediático hay que dejar de hablar de lenguas perseguidas y hay que hablar de la discriminación de las personas que quieren ser libres para elegir la lengua en la que educan a sus hijos», añadió.
Aparte de «estar dispuestos a hablar del artículo 3», Rosa Díez señaló que la solución pasa por «recuperar la competencia de educación por parte del Estado», algo que ya llevaba en su programa electoral. «Si no, no lo veo», dijo convencida.
Matizó, eso sí, que la centralización de la enseñanza de la que habla no pasaría por la ejecución de las leyes, que mantendrían las CCAA, sino por la legislación, «la garantía de que se llegue al mismo nivel en toda España al margen de la lengua en que se estudie».
Rosa volvió a ser tajante: «La cuestión no es si es fácil o difícil, sino si es necesario».
PABLO GAY-POBES / LIBERTAD DE ELECCION LINGÜISTICA
«Se nos priva de lo legalmente fijado»
En el País Vasco, la ley sobre educación votada en su Parlamento hace 15 años fija tres modelos entre los cuales pueden elegir los padres: el A, íntegramente en castellano, salvo la asignatura de euskara; el B, con la mitad de horas lectivas en castellano y la otra mitad en euskara; y el D (no hay C en la lengua vasca), íntegramente en euskara, salvo la asignatura en castellano.
Pero el Gobierno vasco ha convertido en papel mojado la ley con la aprobación -en contra de la recomendación de sus propios informes jurídicos- de un decreto (en octubre de 2007) que «establece dos novedades», ilustra Gay-Pobes: «Una, que la lengua vehicular de la enseñanza es el euskara; y dos, que los alumnos deben tener un nivel B-2 en euskara (el anterior al que deben tener los profesores de dicha lengua) al terminar la ESO».
El Gobierno vasco les ha dicho a esta plataforma de padres que el decreto, aunque está en vigor desde noviembre, no se está aplicando. Sin embargo, el día que Pablo debatía en EL MUNDO, su hija estaba haciendo un examen de euskara, en virtud de dicho decreto, según decía la carta que llegó a la familia.
Por un lado, «se nos priva del sistema legalmente establecido».Pero, además, está en juego la educación de los niños: «El 95% desconoce absolutamente el idioma en el que le van a impartir los conocimientos», denuncia.
MARITA RODRIGUEZ / ASOCIACION POR LA TOLERANCIA
«Está prohibido dar clase en castellano»
«Nosotros lo tenemos un poco peor en Cataluña», afirma esta profesora catalana.
«Hace mucho, a principios de los 90, que ya empezamos con estos decretos de inmersión», explica. Después, vino la ley política lingüística del 98, «que realmente supuso la exclusión absoluta, prácticamente del castellano». Sólo hasta los siete años los niños pueden pedir clases en castellano.
«Se salva un poco con lo de que las clases se harán normalmente en catalán», dice, pero ese normalmente se interpreta como imperativo legal.
«El otro día, un inspector que me vio dar clase en castellano me dijo: '¿Cómo es que das las clases en castellano? ¡Está prohibido!'».Cuando le citó lo que dice la ley, el funcionario le contestó: «Esa excepción, cuando se sale uno del normalmente, hay que justificarlo por escrito y tiene que tener el respaldo de todo el claustro».
«Creemos que están violando un derecho constitucional claramente», afirma Marita. «Se puede estudiar en inglés, en alemán, en japonés, en italiano , pero no hay ni un solo centro donde se pueda estudiar en castellano, quizá para unos pocos locos desviados que quieren que sus hijos aprendan en castellano», ironiza. Es «absurdo», dice, que «en París, Londres y Nueva York, puedas estudiar en español, y en Cataluña, no».
«Hay una intención clara de exclusión», concluye.
JORGE CAMPOS / CIRCULO BALEAR
«Tenemos un 40% de fracaso escolar»
«En Baleares parece que no pasa nada; es como un mundo feliz, pero hay un verdadero problema de libertades. Tenemos un sistema legal educativo claramente totalitario, en el que no se puede estudiar en la lengua oficial del Estado, el idioma común de todos los españoles», explica Jorge Campos.
Pero en Baleares no ha sido obra de los nacionalistas -una minoría- ni de los socialistas -actualmente en el Gobierno-, sino de los sucesivos gobiernos del PP.
«El origen lo tiene el Estatuto de Autonomía de 1983, donde ya se indica que hay una primacía absoluta del catalán sobre el castellano», explica. Y ahí, en la denominación de la lengua como catalán es donde comienzan los problemas, según este defensor del bilingüismo. «Nosotros nunca habíamos llamado catalán a lo que hablábamos. Siempre habíamos dicho que era mallorquín, menorquín e ibicenco. Ahora, además, han convertido la lengua en una cuestión cultural y política», opina.
El presidente del Círculo Balear, con 2.000 simpatizantes tras él, asegura que se trata de un problema político y de una falta de democracia, y que sólo se resolverá cuando un partido grande se atreva a ser consciente del problema.
También sostiene que la inmersión lingüística es la responsable del 40% de fracaso y abandono escolar que hay en Baleares.
GLORIA LAGO / GALICIA BILINGÜE
«Se adoctrina contra el español a los niños»
Gloria sufre en su propio instituto, de sus propios alumnos, la estigmatización por liderar una plataforma que reivindica la enseñanza en las dos lenguas oficiales de su comunidad.
«Vamos a pasos agigantados copiando el modelo catalán y se está adoctrinando a los chicos con el mensaje de que el español es una lengua invasora. Yo tengo que soportar de todo en mi instituto, pero es que al niño que habla en español le llaman facha y le pintan la mesa», cuenta.
El origen legal de la eliminación del castellano en la Administración y en la Educación está en la ley de normalización lingüística de 1983, cuando el PP gobernaba la Xunta. Aquella norma quería «devolver el prestigio a la lengua gallega». «Pero el término promover o fomentar lo han utilizado como una imposición». En los colegios gallegos, las asignaturas troncales, salvo lengua española, se dan en gallego y el resto -«las marías»- en castellano.«Pero en algunos ni se cumplen esos mínimos», asegura.
«Cualquier persona de fuera que llegue a nuestra tierra se sentirá un extranjero porque no va a ver nada en español en ningún organismo oficial; ha desaparecido en todas las comunicaciones con el ciudadano».«Además, se utiliza el gallego normativo, no el gallego habitual, y mucha gente no lo entiende».
«Hay muchos intereses económicos, que es parte del problema», critica.
¿Por qué no estaremos?
CRISTINA CUESTA El Correo 18 Mayo 2008
A pesar de habernos comprometido inicialmente a participar en el II Homenaje a las víctimas del terrorismo organizado por el Gobierno vasco, Covite ha decidido no asistir porque últimos y graves acontecimientos nos han evidenciado la gran contradicción en que este acto se basa. Somos coherentes, dimos nuestra palabra y la hemos querido hacer presente, resumiendo en una nota nuestra opinión que hemos pedido que se lea en el desarrollo del acto. No nos manifestamos en la puerta vociferando ni amenazando porque no nos mueve ni el odio ni el fanatismo, sino un profundo sentido de la justicia y la libertad democrática y por este motivo, que siempre nos diferenciará de nuestros asesinos y sus cómplices, explicamos nuestras razones.
Lo verdaderamente auténtico de este acto es el sufrimiento, el desgarro, la entereza y la inmensa contribución que han realizado a la historia moderna de la democracia española, y por lo tanto vasca, las víctimas presentes y las ausentes que no han querido participar en el homenaje. También es auténtica la resistencia de muchos cargos públicos y militantes constitucionalistas que de buena fe asistirán y que defienden con un tributo muy alto de seguridad y bienestar nuestro sistema de libertades, la Constitución y el Estatuto de Autonomía; gracias a ellos mantenemos la esperanza de que algún día la sociedad vasca pueda ser una sociedad normalizada.
Covite representa a familiares de cien ciudadanos asesinados en el País Vasco y a treinta y dos heridos de consideración, ni uno más ni uno menos. Covite es la asociación decana en Euskadi. Nos constituimos en 1998 para preservar la memoria, la diginidad y la justicia ante el final del terrorismo. Como asociación defendemos principios políticos, los mismos por cuya defensa o representación fueron asesinados nuestros familiares: la pluralidad ideológica, la tolerancia, los derechos humanos, la convivencia libre, el derecho y la ley. ETA nos metió en política porque ETA mata por política. ETA mata y persigue al adversario para imponer su plan totalitario, para acabar con la democracia para crear su gran Euskalerria de la que nosotros no somos parte.
Es una declaración sin sentido aseverar que las víctimas no debemos hacer política. Nuestra sola existencia recuerda y advierte a quien quiera verlo y entenderlo cómo no hay que hacer política. No hay que hacer política matando, extorsionando, imponiendo, humillando. Las víctimas somos tan diversas como los terroristas: altas, bajas, rubias, morenas, inteligentes o tontas. Estamos unidas irremediablemente a los terroristas porque somos su antítesis. Ellos, la muerte; nosotras, la vida. Ellos, la mentira; las víctimas, la verdad. Ellos, la culpabilidad; nosotras, la inocencia.
Es falso y calculada e interesadamente divulgado que las víctimas seamos plurales. Todas sin excepción estamos unidas por lo mismo, nuestra necesidad y reivindicación de justicia. No puede haber víctima en su sano juicio que defienda que el terrorista que le convirtió en víctima tenga una plaza, un parque, una calle con su nombre. El interés y el consuelo por la detención, enjuiciamiento y encarcelamiento de los terroristas culpables son tan importantes como la atención psicológica o económica, la subvención o el apoyo social. La inmensa mayoría de las víctimas quiere, necesita, vencer al terrorismo, arrinconarlo. Somos moralmente superiores y nuestra trayectoria y ejemplo lo demuestran: defendemos el Estado de Derecho incluso para nuestros victimarios, éste es nuestro mejor legado.
Covite no ha cambiado de posición desde su constitución hace casi diez años, seguimos defendiendo lo mismo, en soledad, con dificultad y con miedo. Es el precio de no ser serviles a ningún poder cuando éste quiere negociar con nuestro sufrimiento que es también el de todas las víctimas. Por eso estuvimos, estamos y estaremos en contra de cualquier salida negociada para los terroristas, por mucho que se adorne de bonitas palabras. Si al final se cede y ETA consigue alguno de sus fines el precio será nuestro dolor y nuestra dignidad y ante esto nos rebelaremos siempre.
El Gobierno vasco mañana, tarde y noche practica una política de legitimación de las causas por las que dice actuar ETA, pretendiendo a pesar de la acción criminal de ETA conseguir sus fines por vías pacíficas. La Dirección de Víctimas nos dice que el acto del Kursaal versa sobre la deslegitimación. No desnaturalicemos el sentido profundo de este concepto fundamental. No caigamos en el peligro de impregnar a la palabra deslegitimación de un sentido carente de contenido, meramente voluntarista y vacío. No necesitamos palabras, exigimos hechos, actos. Y los hechos y los actos nos dicen, por citar sólo algunos acontecimientos recientes, que: El mismo día que la Dirección de Víctimas presentaba el desarrollo del homenaje el lehendakari, el consejero de Justicia y el director de Derechos Humanos del Gobierno vasco habían invitado a la asociación de familiares de nuestros asesinos y os podemos certificar que no invitó a Covite. Presentaban un texto recordando el 60º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el que no se cita ni una sola vez la palabra terrorismo, ni el concepto víctima del terrorismo. El Gobierno vasco considera que los presos son víctimas por estar encarcelados, equipara los crímenes terroristas con las leyes democráticas que intentan erradicarlos, por poner sólo un pequeño ejemplo. La lista de agravios es interminable.
El lehendakari y su Gobierno están empeñados en hacer política como si ETA no existiera, dicen sin el más mínimo pudor que ETA no puede marcarnos la agenda. ¿No nos ha marcado la agenda a nosotras las víctimas? ¿No marca la agenda a toda su oposición? ¿No ha marcado ETA la agenda del guardia civil Juan Manuel Piñuel Villalón? El Gobierno vasco nos trata como efectos colaterales, como accidentes sin sentido, bajas de lo azaroso. No. ETA entorpece la convivencia, la libertad y la seguridad de miles de vascos. ETA impide hacer política con normalidad tolerando sólo al nacionalismo. ETA es el principal problema de la convivencia en el País Vasco.
Exigimos al Gobierno vasco un reconocimiento sincero de las víctimas del terrorismo en su profunda dimensión. Hemos sido abatidas para impedir y torcer una política de un Estado que garantiza derechos para sus ciudadanos, que le garantiza al propio lehendakari su posibilidad de gobernarnos. No habrá libertad ni paz hasta que el nacionalismo integre en su discurso, en su proyecto de país, que tan abyectos son los atentados contra las vidas humanas como las presuntas justificaciones que invocan. Somos víctimas políticas de una injusticia política. No nos basta con una mera declaración de solidaridad, no necesitamos compasión, necesitamos acción de gobierno para la derrota de ETA: en educación, en justicia, en política informativa, en tantos aspectos cotidianos que siguen posibilitando espacios de impunidad para ETA, que siguen permitiendo la regeneración social y cultural de ETA, que siguen consintiendo el adoctrinamiento en el fanatismo de la identidad.
Mientras el lehendakari se esté reuniendo el martes 20 con el presidente Zapatero para exigirle negociar con ETA el futuro del País Vasco seguiremos sufriendo en la sociedad vasca la banalización del crimen, las confusiones obscenas que equiparan el dolor culpable y el inocente, la devaluación y la humillación de las víctimas, la amenza permanente, el miedo a ser violentado, la falta de libertad para aquellos que no comulgan con su plan.
Pensábamos que el Gobierno vasco iba a tener la deferencia de guardar las formas, de no evidenciar con sus declaraciones, propuestas y exigencias la nula verosimilitud de cualquier atisbo de acción por la verdadera deslegitimación del terrorismo.
Nosotros, aunque sea clamar en el desierto, desde el compromiso por seguir resistiendo, le exigimos una moratoria en sus aspiraciones políticas que son los intereses de los nacionalistas, no de la sociedad vasca, no de las víctimas del terrorismo vascas. Una moratoria hasta que ETA sea derrotada y hasta que las víctimas podamos ocupar en esta sociedad el lugar que merecemos.
FERNANDO SAVATER El Correo 18 Mayo 2008
En los lejanos tiempos de Mayo del 68, ahora celebrados por unos cuantos y denostados por tantos más, yo tenía en la Facultad un compañero pro-chino (entonces había gente así) que solía reprocharme mi ya declarada frivolidad política. «Mira -me decía con severidad-, voy a hacerte una autocrítica». Creo que nunca llegó a entender por qué un anuncio tan amenazador aumentaba mi jolgorio en lugar de dejarme temblando. Algo parecido me temo que está sucediendo con las 'mociones éticas', que con tanta insistencia como pobres resultados están planteando PSE y PNV en los ayuntamientos gobernados por ediles de ANV. Los incriminados no se mueren de vergüenza sino de risa o en el mejor de los casos se quedan tan frescos, contando con la abstención o el apoyo de otras fuerzas políticas.
Y es que tratar de convencer a alguien de su indignidad ética por medio de una votación es tan ridículo como ofrecerse a realizar la 'autocrítica' del prójimo. Dejemos a un lado la escasa efectividad práctica de la medida incluso en el supuesto de que salgan adelante las mociones, que nunca pasarán de ser una tímida antesala cuando no un vergonzante sucedáneo de la moción de censura pura y dura (la concejala popular de Arrasate que se abstuvo en la votación mostró quizá poca sutileza táctica pero no deja de tener apreciables razones a favor de su actitud, que sólo es 'incomprensible' para los cuentistas pro-gubernamentales). La verdadera cuestión es la diferencia entre ética y política: la primera tiene como asunto la conciencia de cada cual, la segunda se ocupa de la institución de valores y normas intersubjetivas. Podemos debatir con otro sus justificaciones morales, pero en último término la decisión, así como el mérito o la culpa, le corresponden sólo a él; en cambio la política es lo que hacemos y decidimos entre todos. Por eso no puede votarse para decidir lo que es éticamente bueno o malo (probablemente Hitler y ciertamente Bin Laden no han padecido el tormento moral de saberse 'malvados') pero en cambio votos y leyes sirven para establecer lo que una comunidad considera admisible y lo que rechaza, prohíbe y castiga como inaceptable. Quede claro: lo rechaza, prohíbe y castiga piense lo que piense moralmente cada uno de los ciudadanos, en el uso de su libertad de conciencia. Se trata de establecer los principios básicos de lo que debemos hacer para convivir, no de lo que cada cual debe pensar y juzgar. ¡Ah, qué bien vendría una asignatura de Educación para la Ciudadanía que explicara algo de esto a las próximas generaciones, ya que sus padres se hacen con tales cuestiones la picha un lío!
Si alguien asesina, intimida a sus convecinos, extorsiona o si es cómplice, encubridor o justificador teórico de tales fechorías, tiene sin duda un problema moral. A lo mejor no lo ve sin embargo como tal problema y se siente orgulloso de lo que hace o cree que cumple con su deber, por doloroso que sea. Así somos los seres humanos. Por supuesto, creo que existen razones éticas que se le pueden proponer para que reflexione y cambie de conducta (algunos hemos dedicado a pensar sobre esos temas escabrosos y polémicos buena parte de nuestra vida profesional) pero no hay ninguna garantía de que se deje persuadir por semejantes argumentaciones. En eso consiste la grandeza y el abismo de la libertad. En cualquier caso, los que conviven con tales personas no comparten ese problema moral, sino que tienen con ellos problemas de otra índole: de seguridad, legales, sociales, etcétera. Y si tales personas se presentan como un grupo político y se apoderan de puestos de gobierno, el problema que tiene el resto de la comunidad es también político, no ético.
Es precisamente lo que ocurre en el País Vasco y por extensión en el resto de España. Por ello resulta inútil tratar la delincuencia terrorista y sus servicios auxiliares como una cuestión de conciencia y multiplicar los bienintencionados seminarios en los que todo el mundo debe hacer ejercicios espirituales para intentar aclarar cuáles son las perturbadoras causas que alientan la violencia en el corazón de los hombres. Hace mucho que Sánchez Ferlosio explicó el núcleo del asunto: para que alguien cometa las mayores barbaridades basta con que esté plenamente convencido de que tiene razón y no se preocupe por nada más. También podemos recordar lo que dijo Chesterton: Loco es el que lo ha perdido todo, absolutamente todo, menos la razón. Por tanto, de lo que se trata es de aplicar las medidas policiales, judiciales y desde luego políticas para que los terroristas y quienes les secundan no campen por sus respetos ni mucho menos obtengan parte o todo lo que buscan con esos métodos reprobables. Cuando hablamos de que al final de esta tragedia que vivimos debe haber indudablemente vencedores y vencidos, nos referimos precisamente a esto y no a otra cosa.
Los terroristas invocan argumentos nacionalistas para justificar sus crímenes. Y muchos nacionalistas nada violentos se escandalizan sinceramente de esta utilización de su ideología. También ha habido personas religiosas que se escandalizaron del mismo modo de la Inquisición y de las persecuciones de herejes, o comunistas bienintencionados que abominaron del estalinismo, etcétera. Y pidieron volver a las auténticas esencias cristianas, comunistas o nacionalistas para liquidar esos males sanguinarios. Pero lo cierto es que las persecuciones religiosas no desaparecieron cuando la gente se hizo más extensa y verdaderamente religiosa, sino cuando el peso de la religión disminuyó en la sociedad y se hizo devoción privada; y el estalinismo no desapareció gracias a un aumento general del comunismo, sino a su drástica disminución y puesta en entredicho. Del mismo modo, la amenaza terrorista del nacionalismo radical y su intolerable intimidación social no desaparecerán cuando Euskadi se 'normalice' en la hegemonía indiscutible del nacionalismo y haya ya nacionalismo para todos y aceptado por todos, sino cuando el nacionalismo se convierta en proyecto político de unos cuantos y no desde luego en obligación pacífica o violenta de los demás. Vamos, digo yo.
Debido a la debilidad y cobardía de nuestros gobernantes, los españoles hemos carecido de los ritos y ceremonias que en otros países se realizan para reivindicar la memoria de las víctimas del terrorismo y exigir justicia
EDITORIAL Libertad Digital 18 Mayo 2008
Treinta años después de que ETA comenzara su campaña criminal contra España y los españoles, ayer un nutrido grupo de familiares de víctimas del terrorismo inauguraba un monumento a los 12 guardias civiles asesinados por ETA en uno de sus atentados más sangrientos, el que tuvo lugar en la Plaza de la República Dominicana de Madrid el 14 de julio de 1986. Fruto de la iniciativa popular canalizada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), el acto de ayer debería ser el comienzo del fin de una situación escandalosa: la falta de un lugar donde los españoles puedan rendir homenaje a las casi 1000 víctimas mortales del terrorismo etarra.
Que estas personas hayan carecido hasta la fecha de un lugar donde puedan ser honradas con la solemnidad y la importancia requeridas dice mucho no sólo de la poca sensibilidad de la clase política de nuestro país, sino también del escaso espíritu cívico del que a veces adolece la cultura política de los españoles. Esperamos que este monumento, resultado de la protesta espontánea ante la concesión el año pasado de prisión atenuada al autor del atentado, Iñaki de Juana Chaos, sirva de estímulo a otros ciudadanos dispuestos a donar tiempo y dinero para recordar a los que en las últimas décadas han perdido su vida por el mero hecho de ser y sentirse españoles.
Por desgracia, España no es la única democracia cuyo pueblo y Gobierno deben enfrentarse a la lacra de la violencia totalitaria disfrazada de lucha por supuestos derechos históricos y agravios imaginarios. Sin embargo, y debido a la debilidad y cobardía de nuestros gobernantes, los españoles hemos carecido de los ritos y ceremonias que en otros países se realizan para reivindicar la memoria de las víctimas del terrorismo y exigir justicia. Al contrario, algunos políticos, intelectuales y artistas se han dedicado a acallar la voz de los damnificados por ETA, llegando incluso a afirmar de forma desleal e irresponsable que el terrorismo es una cuenta pendiente de la democracia. Como si la culpa no fuera de los criminales, sino de sus víctimas. Un caso de lacerante inversión moral que ha sido contestado por diversas organizaciones como la Asociación Víctimas del Terrorismo, Foro Ermua y DENAES, surgidas como respuesta a la vergonzante inacción de buena parte de los partidos políticos españoles.
A este respecto, cabe destacar la presencia en el acto de ayer de Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de la capital, y María San Gil, presidenta del PP del País Vasco, así como de otros políticos del principal partido de la oposición. Deseamos que la ocasión sirva para que la actual dirección de este partido desista de dar cualquier paso que debilite la firmeza y la coherencia con las que hasta ahora ha defendido a las víctimas del terrorismo contra quienes pretenden desterrarlas al olvido. Por otra parte, la ausencia de representantes del PSOE se suma a la larga lista de ofensas contra los asesinados, heridos y amenazados por ETA desde que Rodríguez Zapatero llegara a la jefatura de su partido. Sólo hay algo peor que la cobardía, la indiferencia.
GERMÁN YANKE ABC 18 Mayo 2008
El Parlamento Vasco, abandonando el sentido común y los procedimientos del Estado de Derecho, acusaba el viernes al Gobierno de amparar la tortura y los malos tratos ya que, según la moción aprobada, defiende «sin excepción» a las fuerzas policiales ante las denuncias presentadas. Los partidos que se han opuesto a este desatino, PSOE y PP, han hecho referencia a la inoportunidad de esta moción que, es verdad, desbarata la apariencia de unidad en el País Vasco en contra del terrorismo tras el asesinato del guardia civil Juan Manuel Piñuel. Los partidos que forman parte del Gobierno vasco han preferido, apenas unas horas después, colocarse del lado de otros, el Partido Comunista de las Tierras Vascas incluido, para formalizar un ataque que no tiene ningún fundamento.
La evidente inoportunidad lo es no sólo por las circunstancias dramáticas de estos días, sino porque los proponentes de la moción y los que la han apoyado o completado no han aportado una sola prueba fehaciente. Los partidos nacionalistas vascos y la acomplejada Izquierda Unida no se ponen, por tanto, del lado del Derecho, no han llevado a cabo una investigación de ningún tipo, no quieren ni considerar seriamente las actuaciones judiciales ante las denuncias (que se llevan a cabo de acuerdo a los procedimientos y garantías legales). Hasta tal punto es así que no quisieron incluir en su moción la propuesta de los colaboradores de Batasuna que pretendía incluir también denuncias contra la policía autonómica. El Derecho y los derechos no importan, sino la vergonzosa intención política de la moción.
No es otra que utilizar cualquier subterfugio, cualquier mentira y cualquier incidente para intentar desprestigiar y deslegitimar el Estado constitucional y de Derecho. Se trata de reemplazar el sistema constitucional por un régimen opuesto, la tentación totalitaria del nacionalismo, constituido por una entidad abstracta cuya fuente, diría Todorov, no son los individuos, sino las leyes anunciadas por sus profetas. Esa es la paradoja lamentable: bajo la falsa y anestesiante denuncia de hipotéticas torturas se trata de defender un sistema herméticamente opuesto al constitucional.
Entre las circunstancias de esta obscenidad, como adecuadamente la han definidos los parlamentarios vascos que se han opuesto, no está sólo el último asesinato de ETA (y el intento de una masacre contra la Guardia Civil), sino la entrevista del próximo martes entre Juan José Ibarrtexe y el presidente Rodríguez Zapatero. Es la escenificación de otra mentira, una más de las falsedades con la que se trata de empedrar el camino autodeterminista del Gobierno vasco, el que apoya, a pesar del «debate» interno, el PNV que preside Urkullu, el que no quería presidir en estas condiciones Josu Jon Imaz.
Cualquier lector del documento elaborado por Ibarretxe y sus asesores para «comprometer» al presidente puede constatar, además de su carácter antidemocrático, que no es, desde luego, un texto para lograr un acuerdo con el presidente o los partidos no nacionalistas. Lo que se pretende es, precisamente, que la negativa a discutir, y mucho a menos suscribir, tal engendro sirva para intentar de nuevo el pacto entre nacionalistas, Batasuna incluida con el latiguillo indecente de «sin exclusiones», como si negarse a colaborar con los terroristas o sus secuaces fuese, en vez de un principio democrático, un obstáculo. El doble objetivo de Ibarretxe es la unión de los nacionalistas con Batasuna -asumiendo su discurso- y, al mismo tiempo, impedir, por el discurso y los procedimientos, cualquier entendimiento con los no nacionalistas. Venía muy bien la lacerante teatralidad de esta falsa moción sobre la tortura.
Zapatero, además de la educación protocolaria y del peso de sus errores en la pasada legislatura, debe tener claro que su visitante no quiere el acuerdo, sino maniobrar en beneficio de sus reiterados planes anticonstitucionales y antidemocráticos. Lo debe tener en cuenta, además, en un momento en el que los socialistas vascos podrían ser el partido más votado en las próximas autonómicas: para no ser cooperantes de desvarío alguno, sino la alternativa, lo que implica el acuerdo responsable y generoso con un PP que debería ser igualmente generoso y responsable.
JON JUARISTI ABC 18 Mayo 2008
LAS INSTITUCIONES VASCAS DESAGRAVIAN HOY A LOS DAMNIFICADOS POR EL TERRORISMO
Las víctimas de ETA acuden al homenaje de hoy indignadas por la moción sobre torturas
Varios presidentes de la federación de asociaciones autonómicas de damnificados barajaron ayer la posibilidad de no acudir al Kursaal «Vamos por la deslegitimación social del terrorismo», advierten
DAVID S. OLABARRI d.s.olabarri@diario-elcorreo.com El Correo 18 Mayo 2008
La resolución aprobada el viernes en el Parlamento vasco -con los votos del tripartito, EHAK y Aralar- en la que se acusa al Gobierno central de «amparar» de manera «sistemática» a la Guardia Civil y a la Policía ante las denuncias de tortura amenazó ayer con arruinar el segundo homenaje institucional a las víctimas del terrorismo del Gobierno vasco, que se celebrará hoy en el palacio Kursaal de San Sebastián. A las ausencias ya anunciadas del colectivo mayoritario de afectados vascos, Covite, y del PP, pudo sumarse la de otros numerosos damnificados, enojados por la decisión de la Cámara vasca, lo que pudo evitarse a lo largo de la jornada de ayer tras las explicaciones de la Dirección de Atención a las Víctimas a los propios afectados.
Cinco presidentes de la federación de asociaciones autonómicas de damnificados por la violencia terrorista -que representan a unos 180 de los 514 asistentes hoy a la ceremonia de San Sebastián- se reunieron ayer con carácter de «urgencia» y por espacio de dos horas y media en un hotel de la capital guipuzcoana.
El objetivo era decidir qué postura adoptar en relación al acuerdo aprobado por la Cámara vasca. Y una de las opciones que sobrevoló ese cónclave, según fuentes de la agrupación consultadas por este periódico, consistió en no acudir hoy a los actos que se celebrarán en el palacio de congresos donostiarra. Sin embargo, tras analizar los «pros y los contras» de esta medida, los representantes de las asociaciones optaron por remitir un comunicado en el que mostraron su «absoluto desacuerdo» con las acusaciones del Parlamento y acordaron participar en el homenaje pese al «lamentable espectáculo» ofrecido el viernes por la Cámara de Vitoria. «Vamos a estar, pero porque valoramos a los organizadores -la oficina de atención a los afectados que comanda Maixabel Lasa-, a las personas a las que va dirigido -las víctimas- y el propósito del acto, la deslegitimación social del terrorismo», explicó Roberto Manrique, secretario general de la agrupación catalana, al tiempo que anunció que los «reproches» los harán en persona esta mañana ante Ibarretxe. «No vamos a montar ningún lío. Pero cuando nos crucemos con el lehendakari o con los que han firmado esa barbaridad de texto, si están, será el momento de echarselo en cara».
El descontento de las víctimas se materializó durante la tarde del viernes, nada más conocerse el acuerdo del Parlamento. Ese mismo día, miembros de la federación de asociaciones autonómicas se pusieron en contacto con la oficina que dirigen Maixabel Lasa y Txema Urquijo y expresaron su «profundo malestar» por la resolución de la Cámara legislativa de Vitoria. El organismo del Ejecutivo autónomo escuchó sus quejas y les remitió una copia literal de la resolución para que pudiesen informarse de primera mano.
Aquella conversación no acabó con el desasosiego que se había extendido entre las asociaciones por el acuerdo parlamentario, pero el asunto no fue a mayores y los responsables de los colectivos decidieron seguir adelante con el calendario previsto.
«Solidaridad con Lasa»
Sin embargo, ayer el malestar de las víctimas se multiplicó. Un periódico nacional publicó que el Gobierno vasco había invitado al acto a familiares de presos de ETA y algunas asociaciones volvieron a telefonear pidiendo explicaciones. La oficina de Lasa desmintió «rotundamente» este extremo. Sin embargo, la suma de ambos incidentes terminó por convencerles de que debían reunirse para tomar algún tipo de medida.
Durante cerca de dos horas y media los representantes de las asociaciones de Andalucía, Cataluña, Canarias, Extremadura y Murcia sopesaron las posibilidades en un salón del Hotel Aranzazu de San Sebastián. En la reunión, según relatan fuentes presenciales, hubo personas que plantearon la opción de no asistir hoy. Pero, finalmente, esa alternativa se desechó por «coherencia» y por «solidaridad» con la propia Maixabel Lasa, que ayer conoció la noticia de que un grupo de desconocidos había destrozado el monolito erigido en memoria de su marido, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jauregui, asesinado por ETA en el año 2000.
«No tenemos que mezclar la política con el apoyo a las víctimas. Si hay un acto que pretende deslegitimar el terrorismo, nosotros tenemos que estar ahí. Además, no podemos echar abajo el trabajo de tantos años ni lo avances que hemos conseguido desde entonces», apunta Manrique.
El malestar de la federación, además, se extiende a otras asociaciones. Fuentes de Arco, el colectivo de resolución de conflictos, y de la agrupación de víctimas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado mostraron ayer ante este periódico su «indignación» por las acusaciones de tortura lanzadas por el tripartito, EHAK y Aralar. Sin embargo, explicaron que los miembros que participarán en el acto del Kursaal lo harán a título individual y que, por tanto, en este homenaje no pueden establecer posiciones generales. «Cada uno hará lo que quiera. A mí se me cae la cara de vergüenza, pero creo que hay que ser críticos desde dentro», explica un representante de Arco.
Un agente de la Guardia Civil gravemente herido en un atentado terrorista en 1984 -Leoncio Sainz- será, precisamente, el encargado de abrir los actos, como homenaje a Juan Manuel Piñuel, asesinado por ETA en Legutiano hace sólo cuatro días. Después intervendrán el padre de un mosso d'Esquadra, Santos Santamaría, muerto en 2001 en un atentado; el hijo de Liborio Arana, que perdió la vida en una acción de los Grupos Anti ETA en 1980; y, para cerrar la ceremonia, subirá al escenario el hijo de Juan Manuel García Cordero, delegado. de Telefónica asesinado en 1980.
Por lo demás, el acto se desarrollará en términos similares al homenaje del año pasado en el Palacio Euskalduna. Las anunciadas presencias de Covite y del PP constituían dos de las principales novedades de la edición de este año. Sin embargo, tanto el colectivo de víctimas -que iba a disponer de unos diez minutos para pronunciar un discurso- como el partido de María San Gil decidieron desmarcarse hace sólo unos días al entender que la acción política del Gobierno vasco contradice el mensaje de deslegitimación del terrorismo en torno al que girará el acto institucional de este año. Contará con la presencia de 514 afectados directos -el año pasado asistieron 154 victimas presentes- y con la participación de asociaciones extranjeras.
En este sentido, la propia Maixabel Lasa anunció ayer que no se leerá el comunicado de Covite porque considera que ya se les brindó la oportunidad de expresarse en el homenaje del Kursaal y ellos «la declinaron». «Piensan que esto es para estar con el Gobierno vasco. Pero es para estar con las más de 500 familias víctimas», explicó.
Un monumento recordará para siempre a las víctimas de ETA en la "plaza de la Dignidad"
El homenaje espontáneo a las víctimas de De Juana Chaos tras su excarcelación se ha hecho permanente este sábado gracias a las donaciones anónimas de miles de ciudadanos. En un emotivo acto, se ha inaugurado el monumento que recordará para siempre a quienes han muerto a manos de ETA. Allí estuvieron DENAES, la AVT, el Foro Ermua y destacados dirigentes del PP. No asistieron, en cambio, miembros del PSOE o del Gobierno. Las alusiones a Zapatero y al ayuntamiento de Madrid en los discursos fueron recibidas con silbidos; para las menciones a Aguirre y San Gil, hubo aplausos.
Libertad Digital 18 Mayo 2008
Centenares de personas así como destacadas personalidades acompañaron a las víctimas en el acto de inauguración del monumento, sufragado con las donaciones de miles de ciudadanos en una iniciativa impulsada por la Fundación de Defensa de la Nación Española.
Al acto asistió una nutrida representación de víctimas, entre ellas los familiares de los doce guardia civiles asesinados por ETA en 1986, así como destacados dirigentes del PP como Ignacio Astarloa, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón o Manuel Fraga. En el acto también han estado presentes el ex presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa; Mar Blanco, hermana del concejal del PP de Ermua asesinado, Miguel Ángel Blanco; el ex alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano y la concejala Ana Botella, entre otros.
El acto comenzó con la interpretación de un aria de Bach, "Que descansen vuestros ojos fatigados", ante los centenares de personas que acudieron a celebrar con las víctimas la inauguración del monumento. Ricardo Garrudo, vicepresidente de DENAES, abrió el turno de intervenciones en el estrado, al que subieron el presidente de la AVT, del Foro de Ermua y Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, entre otros.
Iñaki Ezkerra elogió en su intervención el papel de las víctimas recordando que "somos libres y tenemos esperanza por ellas". "Una sociedad que no reconoce a sus víctimas tiene un futuro muy negro", indicó el presidente del Foro de Ermua. Ezkerra recordó también al PP vasco y en especial, a la defensa de las libertades que desempeña "heroicamente María San Gil en mi tierra". Sus palabras fueron recibidas con un entusiasta aplauso y al grito de "María, María". También habló de Aguirre: "Ya podíamos tener una lehendakari así los vascos".
Manuela Lancharro, hermana de uno de los agentes asesinados por ETA en ese lugar, fue la siguiente en intervenir. Recordó que "han pasado unos meses muy duros intentando que la Justicia se aplicara para que no saliera de la cárcel" De Juana Chaos, uno de los autores del atentado. "Me siento decepcionada y dolida con esta justicia", proclamó entre aplausos antes de recordar que De Juana saldrá de la cárcel en unos meses. "No me va a hundir, sacaré fuerzas", afirmó Lancharro, que también pidió que no prescriban los delitos por terrorismo así como más justicia para las víctimas.
Santiago Abascal, presidente de DENAES, señaló que en estas "circunstancias dolorosas", tras el "asesinato de un servidor de la justicia del Estado de Derecho y de España", en alusión a la última víctima de ETA, "este regalo proviene de la nación española". De esa forma expresó su profundo rechazo por los "verdugos". De ellos dijo que quieren romper la nación española, romper los vínculos históricos que nos unen".
Abascal no se limitó a la banda terrorista ETA en su discurso: "Nuestra repugnancia hacia los que persiguen la secesión por métodos violentos", pero también a los que "afirmando discrepar de sus medios persiguen idénticos fines políticos que los terroristas". "Hemos señalado en la placa conmemorativa" que "no son simples locos", "sino enemigos de España", dijo en alusión a los etarras. El monumento, insistió, está dedicado a los "héroes involuntarios" de la "nación española".
El "daño moral" a las víctimas
Es por ello que "no vamos a diluir su responsabilidad. No caeremos en la falacia de ignorar las intenciones políticas de los terroristas", reiteró. En esta severa línea de condena, el presidente de DENAES señaló las "intenciones totalitarias" a las que no hay que "claudicar" "por responsabilidad" contra "los que dicen avanzar políticamente en el camino de la secesión".
Santiago Abascal se refería así a quienes "rompiendo todos los pactos, no han dudado en contraer compromisos políticos con los nacionalistas" y en lo que califica como "una vergonzosa manipulación", intentaron poner en la calle "a un asesino siniestro", dando "una bofetada a las victimas del terrorismo y a todos los españoles", en clara referencia a la excarcelación del etarra De Juana Chaos. Pese a que más tarde se "obligó a volver sobre sus pasos a los que lo sacaron a la calle", no se pudo reparar el enorme "daño moral" provocado, hecho que se intenta subsanar con el monumento.
Durante el acto, el público manifestó su opinión con aplausos y silbidos en las alusiones a políticos y actuaciones del Gobierno en fragmentos de los discursos que se escucharon en la plaza de la República Dominicana, rebautizada, a raíz de la movilización ciudadana, como "plaza de la Dignidad". Así, hubo entusiastas aplausos a la Cadena Cope por su respaldo a la iniciativa, así como a San Gil y a Aguirre, que recibió una calurosa acogida al llegar al acto.
No ocurrió lo mismo con Gallardón: las alusiones de Casquero al ayuntamiento de Madrid suscitaron abucheos en el público, que hizo lo propio con las menciones en algunas de las intervenciones a Zapatero y su política antiterrorista.
La propuesta para levantar el monumento partió de la Fundación para la Defensa de la Nación Española después de que, en marzo de 2007, pocos días después de que el Gobierno concediera la prisión atenuada a De Juana, cientos de personas colocaran numerosos ramos de flores en la plaza en recuerdo de las víctimas del etarra.
La escultura, presentada en julio pasado por el propio Abascal, por el patrono de honor de la Fundación, Amando de Miguel, el autor de la obra, Pedro Requejo, y la hermana de uno de los guardias civiles asesinados, Manuela Lancharro, se ha financiado íntegramente con donaciones de ciudadanos anónimos, cuya recaudación asciende a casi 60.000 euros.
La amenaza terrorista / Reportaje
Vivir en primera línea de fuego
Rodeados de personas que les odian, los guardias civiles que residen en las casas cuartel de pueblos pequeños y sus familias sobreviven aislados y siempre en alerta
R. L. Vargas La Razón 18 Mayo 2008
Madrid- Los años más duros, los «del plomo», ya han pasado. Los policías y los militares ya no mueren cada semana por decenas en el País Vasco, como ocurría en los 80. Tiempo de orgía terrorista, de asesinatos indiscriminados, de entierros clandestinos. Por fortuna, las cosas han cambiado. La acción conjunta de policías, políticos y jueces ha mermado considerablemente la capacidad criminal de ETA. Sin embargo, la fiera sigue viva, dando zarpazos como el de Legutiano. Y, como entonces, en los años más difíciles, la presencia de la Guardia Civil en primera línea, en el País Vasco, se antoja imprescindible para combatir a los terroristas.
No era fácil ser agente de las Fuerzas de Seguridad en los 80, como tampoco lo es ahora, especialmente si se es guardia civil y se vive en la casa cuartel de un pueblo pequeño, rodeado de elementos hostiles que te odian.
Como relatan algunos agentes allí destinados, aunque la situación ha mejorado, las duras condiciones de vida que soportan junto a sus familias no lo han hecho tanto. «La vida aquí no es normal, en el sentido de tener la posibilidad de salir a dar un paseo por el pueblo en el que vives, entablar amistad con los vecinos o salir a tomar unas copas por la noche», explica Antonio, nombre ficticio tras el que se esconde un agente que lleva varios años en un cuartel de una pequeña localidad vasca. «Aquí, vives pensando constantemente en la seguridad, en no darle facilidades a los etarras para que te puedan hacer algo», añade. Y la manera más sencilla de minimizar el riesgo es restringir al máximo los contactos con los que les rodean, con los de fuera del cuartel. «Al final, evitas relacionarte con la población por precaución. Y ellos hacen lo mismo. Los que quisieran tener algún trato contigo se acercan a hurtadillas, para evitar que los chivatos de ETA les marquen», explica José Antonio, otro veterano con 20 años de servicio a cuestas en «el norte».
Los familiares de los guardias no escapan a la situación de excepcionalidad. Sus mujeres aguantan las malas caras de los vecinos o los desprecios de algunos comerciantes con estoicismo. Cómo si no, dos horas después del tremendo atentado de Durango, podrían estar barriendo los escombros de sus casas, sobreponiéndose al intento de acabar con sus vidas.
Hasta los niños deben atender unas elementales pautas de comportamiento para no poner en riesgo a sus padres. «A los niños pequeños les decimos que no revelen que eres guardia. Les pides que digan que eres fontanero, albañil...; y cuando son un poco más grandes y empiezan a salir, les preguntas para saber si las familias de sus amigos son ?sospechosas?», añade José Antonio.
Vivir en tal estado acaba pasando factura, sobre todo a nivel psicológico. «El estrés que genera este aislamiento es tremendo. Aunque estés en otro lugar, no dejas nunca la pistola, ni de mirar los bajos del coche, o de cambiar de acera», explica Antonio. Para sobrevivir, añade, es mejor ni pensar ni hablar del miedo. Y en familia, menos.
Verdades y falacias del gallego en la Justicia
"El juez puede elaborar su resolución en el idioma que desee, sin perjuicio de que el interesado la pida en gallego".
ANTONIO FRAGA MANDIÁN La Opinión 18 Mayo 2008
En torno a la utilización del idioma gallego en el seno de la Administración de Justicia se ha generado en los últimos tiempos una desabrida, interesada y artificiosa polémica que es necesario abortar mediante un examen equilibrado, objetivo y alejado de cualquier connotación política. A tal fin es conveniente y casi diría ineludible, una breve alusión al marco normativo que afronta la regulación del idioma en aquel ámbito.
La Constitución expone en su art. 3 que el castellano es la lengua española oficial del Estado y las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas. Estamos pues en un sistema de cooficialidad, por una parte el castellano como lengua de todo el Estado y los diferentes idiomas en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma.
Ese imperativo constitucional y general se refleja en la Administración de Justicia y lo hace en diferentes cuerpos legales.
La Ley Orgánica del Poder Judicial -art. 231- y la Ley de Enjuiciamiento Civil -arts. 142 y 143, norma procesal supletoria respecto de las demás leyes de procedimiento -recogen aquel mandato. También la Ley de Normalización Lingüística de Galicia acoge el derecho a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales en las relaciones con la Administración de Justicia y la validez de las actuaciones judiciales en ambas lenguas -arts. 6 y 7-.
Evitando el detalle y el farragoso análisis de los preceptos que abordan esta temática y con el ánimo de ser lo más inteligible posible, todo el compendio de artículos podría sintetizarse en este principio: todos los sujetos que intervienen en el proceso -magistrados, fiscales, abogados del Estado, secretarios, abogados, procuradores, graduados sociales, partes, testigos y peritos- tienen reconocido y garantizado el derecho a utilizar, tanto oralmente como por escrito, cualquiera de las lenguas oficiales en el territorio, y por lo que a Galicia se refiere, el castellano y el gallego.
Este conjunto normativo respeta escrupulosamente los mandatos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias de 5 de noviembre de 1992, y en concreto sus arts. 1,2 y 9 - dedicado este último de modo específico a Justicia-.
No obstante, no es ocioso hacer algunas matizaciones. El conocimiento del castellano es un deber para los españoles, sin embargo, el conocimiento del gallego es un derecho, mas no un deber, y así se desprende del precitado art. 3 de la Constitución y lo ha recordado nuestro Tribunal Constitucional en sentencia de 26 de junio de 1986, en la que declaró contrario a la constitución el art. 1, párrafo segundo de la Ley 3/83, de 15 de junio, de Normalización Lingüística de Galicia, en cuanto determinaba que todos los gallegos tenían el deber de conocer el gallego.
En segundo lugar, el derecho, reconocido en esta última Ley, de cualquier ciudadano gallego a que se le notifiquen las resoluciones judiciales en el idioma de la comunidad no implica la obligación respectiva del juez de redactarla en gallego, obligación cuya instauración, por cierto, sería competencia del Estado y además a medio de Ley Orgánica. El juez puede elaborarla en el idioma que desee, sin perjuicio de que con ocasión de su notificación, o incluso antes, la parte o el interesado solicite que se le traduzca al gallego para ser notificada y para lo cual la administración autonómica dispone de un servicio de intérpretes.
Y en último lugar, merece resaltarse, por su desconocimiento, que los magistrados, jueces, fiscales, secretarios, forenses y demás funcionarios vienen obligados a utilizar el castellano cuando alguna de las partes alegue desconocimiento, y ello a diferencia de los abogados, procuradores, partes, testigos y peritos que en cualquier caso mantienen incólume el derecho a usar cualquiera de los dos idiomas.
Queda pues patente que cualquier ciudadano que comparece ante los tribunales es libre para expresarse en uno de los dos idiomas oficiales, obviamente, en aquellas comunidades autónomas que son bilingües. Lo único que se proscribe es la imposición de una de estas lenguas. Se respalda la libertad de elección, que cadaquén fale e escriba como queira. No puede diseñarse un régimen que proteja de mejor modo los derechos de los ciudadanos en materia lingüística. Lo que la normativa antedicha impide es subyugar el derecho de los ciudadanos a expresarse en el idioma que deseen, y lo hace con pulcritud, transparencia y contundencia.
Una sociedad que enarbola la libertad como uno de sus pilares fundamentales -art. 1 de la Constitución- es consecuente cuando en el concreto terreno idiomático plasma en sus leyes el derecho de sus ciudadanos a expresarse en cualquiera de las lenguas reconocidas.
La libertad para utilizar el castellano o el gallego es una enseña que distingue al Poder Judicial y que es ejemplar; es un comportamiento digno de ser remedado, que no remediado, en otros espacios. Es un paradigma de respeto para con los ciudadanos. Los magistrados y jueces salvaguardamos de modo circunspecto y a diario este derecho permitiendo que todo aquél que comparece ante los tribunales se exprese en libertad en el idioma que desee.
Naturalmente, cuando alguna de las partes en contienda alega indefensión ante el desconocimiento del idioma de la comunidad autónoma, hemos de recabar un intérprete, único modo de conciliar el derecho de un ciudadano a expresarse en la lengua que desee y el de otro a defenderse, pues mal se puede hacer efectivo el derecho de defensa -un derecho fundamental recogido en el art. 24 de nuestra Carta Magna- si no se entiende lo que la otra parte manifiesta. Es esto último de tal evidencia que sólo la intransigencia de aquéllos que pretenden coartar los derechos ciudadanos hace necesario tener que recordarlo.
Ciertamente y, esto es un dato estadístico incuestionable, el uso del gallego en la Administración de Justicia gallega es exiguo, pero ello es así porque los que intervienen en ella así lo desean, porque los magistrados, fiscales, secretarios, abogados, procuradores, partes, testigos o peritos, ciudadanos todos, hacen uso del derecho a expresarse en un idioma y no en otro, mas no por imposición alguna.
Las políticas de normalización no pueden tratar de generalizar el uso de un idioma por decreto. El idioma y su uso es algo natural, que no se impone, que fluye del individuo de modo espontáneo y que por ello pervive a través de los tiempos pese a los intentos de los distintos regímenes que a lo largo de la historia han tratado reprender social o normativamente su utilización. Sólo así se puede entender que perviviese el idioma gallego en épocas no tan lejanas, cuando incluso los progenitores corregían a sus hijos por utilizar la lengua vernácula con frases tales como "niño habla bien, no seas maleducado", y nuestro idioma hubo de refugiarse en el entorno rural - al que por cierto no pertenece buena parte del sinfín de conspicuos adalides del idioma gallego que han surgido en tiempos favorables- a espera de mejores circunstancias. Poco o nada hemos aprendido si ahora se pretende vituperar al castellano hablante y desterrar la lengua del Estado de las instituciones. Este pensamiento pendular es muy propio de los españoles.
En el quehacer cotidiano los jueces advertimos una convivencia natural de los dos idiomas oficiales sin dificultad alguna y por ello tenemos conocimiento de causa para afirmar, sin paliativos, que el llamado problema lingüístico está generado al margen de la ciudadanía, que con un sentido común admirable dirige sus inquietudes hacia otros aspectos del sistema de Administración de Justicia, a cuya solución podrían desviarse buena parte de los recursos que se invierten en tratar de solventar problemas imaginarios.
Estoy convencido de que el sentir social está en sintonía con permitir a cada cual que se manifieste en una u otra lengua, sin exigencias, cortapisas ni sanciones, que, además, son contraproducentes. Y también estoy confiado en que los tribunales amparamos este derecho y lo seguiremos haciendo, al menos, en tanto las leyes, a cuyo imperio nos sometemos, lo permitan.
Seguramente la reflexión que se contiene en estas líneas es generalizable, trasladable puertas afuera de la Administración de Justicia. Sería francamente satisfactorio que la libertad que, en materia idiomática, preside el funcionamiento del Poder Judicial se proyectara sobre otros ámbitos o ¿no sería una manifestación de libertad que una ciudad se denominase como desean la inmensa mayoría de sus ciudadanos, que la sienten y padecen, la pasean, la contemplan, la viven, la sustentan y la quieren?
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 8 de A Coruña. En junio del año pasado fue elegido por tercera vez consecutiva juez decano. Nacido en Betanzos en 1962, estudió Derecho en la facultad de Santiago de Compostela. Ingresó en la carrera judicial en 1988.

References: artículo 3
 artículo 3
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 resolución 
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