Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L784.html
Timestamp: 2019-03-23 10:44:18+00:00

Document:
as20151L784
AUTO SUPREMO Nº 784/2015-RRC-L
Expediente : La Paz 63/2011
Parte Acusadora : Ximena Claudia Gutiérrez Catacora
Parte Imputada : Felisa Guadalupe Rivero de Villarroel y otros
Magistrada Relatora : Dr. Norka Natalia Mercado Guzmán
Por memorial presentado el 22 de marzo de 2011, cursante de fs. 270 a 272 vta., Felisa Guadalupe Rivero de Villarroel, Andrés Edgar Villarroel Rivero y Jeanneth del Rocío Rivero Vda. de Cuentas, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 12/2011 de 21 de febrero, de fs. 239 a 241, pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Ximena Claudia Gutiérrez Catacora contra los recurrentes, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los. 345 y 346 del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Desarrollada la audiencia de juicio oral y público, por Sentencia 25/2010 de 29 de noviembre (fs. 174 a 179), el Juez Tercero de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Felisa Guadalupe Rivero de Villarroel, Andrés Edgar Villarroel Rivero y Jeanneth del Rocío Rivero Vda. de Cuentas, autores de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, previstos y sancionados por los arts. 345 y 346 del CP, imponiéndoles la pena de tres años de reclusión a la primera y de dos años y seis meses a los restantes, más costas y daños a calificarse en ejecución de Sentencia.
b) Contra la mencionada Sentencia, los imputados formularon recurso de apelación restringida (fs. 184 a 201 vta.), resuelto por Auto de Vista 12/2011 de 21 de febrero, emitido por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada, motivando la formulación del presente recurso de casación.
Los recurrentes, en alusión al último considerando del Auto de Vista impugnado, aducen que en los puntos 4 y 5, con relación a la denuncia de sentencia basada en hechos inexistentes, valoración defectuosa de la prueba y falta de congruencia entre la acusación y la Sentencia, el Auto de Vista respondió que no se produjo prueba de descargo y que la Sentencia describió la prueba de cargo que fue valorada y fundamentada jurídicamente de forma congruente entre la acusación y la Sentencia, que a criterio de los recurrentes, el Tribunal de apelación, no respondió a los puntos apelados con la debida fundamentación, ya que el argumento de que no se reclamó oportunamente el saneamiento ni se hizo la reserva de recurrir, constituye un argumento insuficiente, porque los aspectos expresados en el recurso de apelación restringida, están referidos a vicios y defectos de Sentencia, relacionados con la nulidad absoluta de acuerdo a los arts. 169 y 370 del CPP, que debían ser observados conforme a ley.
Citan como precedentes contradictorios, los Autos Supremos 166 de 12 de mayo de 2005 y 436 de 20 de octubre de 2006.
En base a los argumentos que exponen y en observancia de lo dispuesto por el art. 419 del CPP, piden se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y se dicte uno nuevo conforme a la doctrina legal aplicable, al existir contradicción con los precedentes invocados.
Mediante Auto de Supremo 558/2015-RA-L de 16 de septiembre de fs. 282 a 28 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por Felisa Guadalupe Rivero de Villarroel, Andrés Edgar Villarroel Rivero y Jeanneth del Rocío Rivero Vda. de Cuentas, únicamente para el análisis de fondo del planteamiento descrito.
La Sentencia 25/2010 de 29 de noviembre, emitida por el Juez Tercero de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, concluyó que la relación entre partes surgió en 1998, que luego de conocer la querellante a los imputados, valiéndose de la confianza dispensada, lograron que en diferentes tiempos Ximena Claudia Gutierrez les entregue diferentes sumas de dinero y víveres sin que se hayan restituido tanto el dinero como el valor de los víveres que ascienden a la suma de Bs. 159.500.- dado que la querellante dedicaba su actividad al negocio informal como a la venta de gas y entrega de víveres en el lugar denominado Tambo San Antonio, ubicado en la calle Max Paredes donde tiene un puesto de venta. Que la prueba testifical demostró que vieron en diferentes oportunidades a los imputados visitar el domicilio de la querellante donde les entregaba diferentes sumas de dinero y víveres que eran anotados en un cuaderno, habiendo comentado la querellante que les tenía mucha confianza, dejando como garantía documentos de movilidad y terreno, siendo que la parte imputada no produjo prueba alguna.
Añadió que luego de la valoración de la prueba testifical y documental judicializada conforme previene el art. 173 del CPP, arribó a la conclusión que a partir del año 1998, luego de conocer a los imputados, éstos lograron que la querellante en diferentes oportunidades, les facilite dinero y víveres consistentes en arroz, fideos y aceite, sin que hayan restituido el dinero y el valor de los víveres, que de acuerdo a criterio del juzgador, se llegó a la convicción de que los dineros y enseres fueron entregados en mérito a la confianza entre partes que dio lugar a que no se firmara ningún documento al respecto y ante la existencia de los elementos constitutivos de los hechos incriminados, la acción típica, antijurídica y culpable, correspondía determinar las responsabilidades civiles y penales en contra de los imputados, habiendo en la parte resolutiva de la Sentencia dispuesto la autoría de los imputados por la comisión de los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza.
Los imputados Felisa Guadalupe Rivero de Villarroel, Andrés Edgar Villarroel Rivero y Jeanneth del Rocío Rivero Vda. de Cuentas, interpusieron recurso de apelación restringida, que en lo pertinente al recurso de casación, a partir del punto 2.4. y alegando la existencia de defectos de sentencia de acuerdo al art. 370 inc. 6) del CPP, expresaron que la Sentencia está basada en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba arguyendo que la Sentencia, no explica cómo y bajo qué métodos lograron que la querellante les facilite dinero y víveres, en qué cantidades y a quienes en concreto, que tratándose de dinero y productos de consumo, significa que existía una transacción comercial impaga que se tenía que restituir, pero que no existía una sola prueba sobre esta afirmación pretendiendo aparentar un hecho inexistente, tampoco se indicó que los productos o víveres entregados eran para el consumo de los imputados o para la venta a terceros.
Con relación a los documentos entregados como garantía que en campo civil se denomina prenda, es emergente de los préstamos efectuados y se reconoce que no existe documentos suscritos que demuestren los hechos denunciados, contradiciendo su determinación para dictar sentencia condenatoria sin que los testigos hubieren precisado estos hechos.
Respecto a fechas, cantidades de dinero, mercadería o productos, no se individualizó a quien entregaron los mismos que demuestran que la Sentencia está basada en hechos inexistentes, pero se ha reconocido que no existe documento alguno que avale o demuestre los hechos denunciados; es decir, que no existe prueba que demuestre el hecho denunciado, que contradice la decisión de disponer Sentencia condenatoria.
En el punto 2.5, acusaron la inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la Sentencia y la acusación, alegando que en la acusación se refirió haberse efectuado diferentes préstamos de dinero y se entregó productos sin referir qué tipo de productos y en la Sentencia se habla de la apropiación de dineros y productos que se tenían que restituir, aspecto que demuestra que existe contradicción e incongruencia entre la acusación y la Sentencia porque ambos están referidos a hechos diferentes; por otro lado, el aspecto relacionado a los préstamos deben ser tratados por la vía civil por la existencia de una transacción comercial impaga, habiéndose actuado sin competencia, usurpando funciones e incumpliendo el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE).
La Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz, declaró improcedente el recurso de apelación restringida formulado por los imputados confirmando la Sentencia; en el último considerando, argumentó que la finalidad del recurso de apelación restringida es el control de la formación interna y externa de la Sentencia, sin retrotraer la actividad jurisdiccional a circunstancias, hechos y pruebas fácticas que ya fueron sometidas a control oral, público y contradictorio, que no corresponde revalorizar las pruebas a fin de no desconocer el principio de inmediación, que constituye el eje central de la producción probatoria reservada exclusivamente a los jueces y tribunales de sentencia. En cuanto a errores in procedendo e in iudicando cuestionados en el recurso de apelación restringida, según el acta de registro del juicio, los apelantes no realizaron el reclamo oportuno ni anuncio de reserva de recurrir, no habiendo dado cumplimiento a la primera parte del art. 407 del CPP, enfatizando que el Tribunal de alzada no analizó cuestiones formales del recurso. Respecto a los errores in iudicando y existencia del defecto previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, por inobservancia o errónea aplicación de ley sustantiva por usurpación de funciones del juzgador, observó que los apelantes no precisaron si existe inobservancia o en su defecto errónea aplicación de la ley al utilizar la disyuntiva o, sólo expresan que se trata de un préstamo de dinero correspondiente a la esfera civil; empero, no desvirtúan porque se juzgó y condenó por los delitos de Apropiación Indebida y Abuso de Confianza, toda vez que tanto la doctrina como la ley para el caso de inobservancia, exigen razones jurídicas para la no aplicación de la norma, no habiendo dado cumplimiento a lo previsto por el art. 408 del CPP; en cuanto a la errónea aplicación de la ley, no se fundamentó la falta de correspondencia de la norma aplicada con el caso concreto o no se observa la norma aplicada y no se dice porque no debía aplicarse o bien que norma hubiese sido aplicada.
En los puntos 4 y 5, respecto a la falta de valoración de la prueba, estableció que la parte imputada, no ofreció ni produjo prueba alguna, por el contrario existe descripción de la prueba testifical y documental de cargo, con su correspondiente valoración aplicándose correctamente los arts. 171 y 173 del CPP. En cuanto a la inexistencia de los hechos, estableció que el Tribunal de Sentencia hizo referencia a la conducta de los imputados, que dio lugar a la acción penal, y sobre la incongruencia entre la acusación y sentencia, señaló que la querellante formuló querella por los delitos de Abuso de Confianza y Apropiación Indebida, habiendo la Sentencia declarado autores de los mismos tipos penales, existiendo congruencia entre ambas piezas procesales, siendo que la fundamentación realizada sobre la congruencia por los imputados no es correcta.
Por último, destacó que la estructura y contenido de la Sentencia, cumplió con lo dispuesto por el art. 360 del CPP, siendo que la determinación de la pena fue correcta, sin advertirse inobservancia del art. 336 del CPP.
III.VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN
Este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por los imputados, abriendo su competencia a fin de verificar la existencia de contradicción del Auto de Vista impugnado, con los Autos Supremos invocados como precedentes contradictorios, ante la denuncia de insuficiente fundamentación a los puntos apelados por parte del Tribunal de alzada, por lo que corresponde resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste entre los precedentes citados con el Auto de Vista recurrido.
Siendo el recurso de casación un mecanismo que busca otorgar a los ciudadanos la posibilidad de cuestionar la inadecuada aplicación o interpretación de las disposiciones legales realizadas por el Tribunal de apelación, contrarios a otros precedentes, debe señalarse que el precedente contradictorio en materia penal, constituye una decisión judicial, previa al caso analizado, que al ser emanado por un Tribunal superior en grado o por uno análogo, debe ser aplicado a casos que contengan similitud con sus hechos relevantes; al respecto, la normativa procesal penal en el país, ha otorgado al precedente contradictorio carácter vinculante, conforme lo determina el art. 420 del CPP.
La importancia de precedente contradictorio, deviene del objetivo y fin del recurso casacional, toda vez que el más alto Tribunal de Justicia del Estado, tiene la tarea u objetivo de unificar o uniformar la jurisprudencia nacional, con el fin de brindar seguridad jurídica a las partes inmersas en un proceso judicial, asegurando la aplicación uniforme de la ley y por ende la efectivización del principio de igualdad y la tutela judicial efectiva; atribución, que se encuentra descrita en el art. 419 del CPP y que es conocida como función nomofiláctica (interpretación de la norma en procura de una jurisprudencia uniforme e integrada).
Refiriéndose a la labor de contraste que debe realizar este Tribunal, el Auto Supremo 219/2014-RRC de 4 de junio señaló: “El art. 416 del CPP, instituye que: ‘El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia contrarios a otros precedentes pronunciados por otras Cortes Superiores o por la sala penal de la Corte Suprema’, en esa línea el art. 419 del CPP, establece como formas de resolución de aquel recurso dos supuestos, a saber: ‘Si existe contradicción la resolución establecerá la doctrina legal aplicable, caso contrario lo declarará infundado y devolverá los antecedentes a la Corte Superior de Justicia. En el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo que motivó el recurso, se devolverán actuados a la sala penal de la Corte Superior que dictó el Auto de Vista recurrido para que pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida’.
III.2. Sobre el planteamiento de los recursos.
Si bien es cierto que la exigencia de fundamentación y motivación de las Resoluciones, constituye una obligación inexcusable para la autoridad que emite un fallo, es también cierto que esta exigencia es atinente en igual medida al recurrente, quien en procura de una resolución favorable, debe redactar el recurso de forma clara, precisa y pertinente, verificando que el memorial se encuentre estructurado y compuesto de un esquema lógico-jurídico coherente, que permita entender con claridad la pretensión, permitiendo con ello delimitar en la dimensión exacta los motivos o causales del recurso, a efectos de que el Tribunal de impugnación pueda resolver sobre denuncias concretas y no sobre supuestos respecto a la pretensión del recurrente, lo contrario, podría significar que la reclamación no sea atendida por incoherente, vaga o imprecisa; o, conducir a error al Tribunal de impugnación en cuanto a la reclamación, por lo que el recurrente, debe argumentar el recurso identificando claramente los hechos que causaron su planteamiento, los que deben estar apoyados en la norma legal vigente y motivados de forma objetiva; de lo contrario, se configura en un recurso subjetivo, caprichoso y dilatorio, toda vez que se debe tomar en cuenta que son los argumentos del recurso los que delimitan el ámbito de pronunciamiento, pero a la vez, implica autolimitación de la pretensión recursiva.
Del contenido del recurso de casación, se advierte que la denuncia del recurrente, alude que el Tribunal de apelación, en los puntos 4 y 5 del Auto de Vista impugnado, no respondió con la debida fundamentación a las cuestiones expresadas en el recurso de apelación restringida, referidas a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes, valoración defectuosa de la prueba y falta de congruencia entre la acusación y la Sentencia; agregando que la Resolución recurrida presenta insuficiente fundamentación, apoyada en el argumento de que no se realizó el reclamo oportuno de saneamiento y de reserva de recurrir, cuando los vicios y defectos de sentencia, están relacionados con la nulidad absoluta de acuerdo a los arts. 169 y 370 del CPP; que este accionar, contradice los precedentes que invocan los recurrentes establecidos en los Autos Supremos 166 de 12 de mayo de 2005 y 436 de 20 de octubre de 2006.
En primer término el Auto Supremo 166 de 12 de mayo de 2005, emergente del proceso penal seguido por los delitos de Difamación, Calumnia, Propalación de Ofensa y Libelo Infamatorio, previstos y sancionados por los arts. 282, 283, 285 y 287 última parte del CP, estableció la siguiente doctrina legal aplicable: “Se consideran defectos absolutos, cuando en la sentencia no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas, omisión que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a la parte procesada, este defecto, además, se inscribe en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal por afectar el derecho de defensa de la imputada y el debido proceso, que se encuentran garantizados por el artículo 16 II y IV de la Constitución Política del Estado.
En consecuencia, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por no haber advertido ni considerado la falta de valoración de la prueba en la sentencia, imprecisión de la subsunción de los hechos a los delitos imputados, al no existir fundamento que justifique la imposición de las penas y por llevar sólo una firma el Auto Complementario de fojas 93, en aplicación del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, el tribunal de apelación mencionado debe anular totalmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez de Sentencia”.
La doctrina glosada fue establecida, al haberse evidenciado la existencia de contradicción jurídica en la Sentencia, por falta de claridad y especificidad en la adecuación del hecho a los elementos constitutivos del delito de Calumnia, que no fue observada en el Auto de Vista; por otro lado, consideró como defecto de sentencia en relación al art. 370 inc. 1) del CPP, la no calificación jurídica en Sentencia de los hechos ilícitos procesados y la inexistencia de fundamentación en la imposición de la pena, así como la falta de fundamentación de la valoración de la prueba.
Analizado el caso, se evidencia que la denuncia resultante del recurso de casación expresado en el motivo, no revela ninguna relación con la problemática procesal que se advierte en el precedente invocado, puesto que la doctrina legal glosada, estableció tres situaciones defectuosas en la Sentencia: i) La falta de adecuación del hecho a los elementos constitutivos de los delitos acusados, en particular de Calumnia; ii) Falta de fundamentación en la aplicación de la pena; e, iii) Insuficiente valoración de la prueba; aspectos que no fueron advertidos por el Tribunal de apelación, determinando que el Auto de Vista impugnado sea dejado sin efecto. En el caso de autos, ninguno de estos aspectos fueron objeto del motivo del recurso de casación en examen, que fundamentalmente acusó que el Auto de Vista impugnado, presenta insuficiente fundamentación en la respuesta a los puntos expresados en el recurso de apelación restringida, que han referido que la sentencia está basada en hechos inexistentes, valoración defectuosa de la prueba y falta de congruencia entre la acusación y Sentencia, aunque el aspecto referido a la falta de valoración de la prueba sólo fue mencionada sin haberse especificado qué elementos probatorios no fueron debidamente valorados conforme a las reglas de la sana crítica, al margen de que el recurso de casación, no expresa orden ni precisión en el planteamiento, siendo manifiesta la incoherencia entre el motivo y el precedente que invoca, aspectos que imposibilitan a este Tribunal, realizar la labor de contraste y posterior unificación de jurisprudencia en los términos señalados por los arts. 419 y 420 del CPP.
Por su parte el Auto Supremo 436 de 20 de octubre de 2006, que emana del proceso penal por los delitos de Tráfico y Asociación Delictuosa, estableció el fundamento en sentido de que corresponde al Tribunal de Sentencia, determinar con vista en los elementos de prueba aportados al juicio, la tipificación definitiva de la conducta, diferenciando a los partícipes de los encubridores; que el Tribunal de apelación, no consideró el grado de participación de la co procesada para disponer su exención de sanción, sin descartar la posibilidad del encubrimiento de acuerdo a criterios objetivos y lógicos existentes entre los elementos de prueba, incurriendo en errónea aplicación de la norma sustantiva; en consecuencia, esbozó la siguiente doctrina legal aplicable: “La solución mas congruente con la sistemática de la aplicación de la norma penal y el carácter formal de los delitos de narcotráfico, consiste en sancionar no como encubridor (ante la eventual concurrencia de las condiciones especiales previstas en la norma) sino, como partícipe a quien en realidad tuvo dominio del hecho; para ello debe considerarse que la acción penal es intuito personae, por lo que la demostración de que la conducta de una determinada persona agrupa los suficientes elementos constitutivos del tipo penal, para ser considerada partícipe de un hecho delictivo, debe tratarse de manera particularizada para cada procesado.
Resolver un problema de calificación, cual si se tratara de una cuestión ajena a la intervención en la acción ilícita; es decir, para suplir una falencia en la aplicabilidad de una calificación jurídica, recurriendo a obviar o torcer la efectiva participación tenida por el agente, es incurrir en una ficción. Ahora bien, las figuras del autor, cómplice e instigador están expresamente previstas en el artículo 20 y siguientes del Código sustantivo y la del encubridor se encuentra prevista en el artículo 75 de la norma especial de la Ley 1008.
En ese entendimiento se debe determinar si la persona, por la relación de parentesco o afinidad, sólo encubrió el hecho es decir que no participó de él; de no ser así, corresponde ir avanzando dentro de los grados de participación, descartando del menos gravoso hasta el concepto de autoría, al ser el concepto de autor un concepto legal remanente.
El panorama es aún más claro si se entiende que el encubridor, sin ser participe, posteriormente presta su colaboración, no para realizar el hecho, sino para eludir la acción de la justicia; esta colaboración la realiza "sin promesa anterior", requisito sine quanun si se quiere descartar el concepto de encubridor, puesto que el principio de presunción de inocencia actuará siempre en favor de las personas que por la particular relación que tienen con el autor, colaborarían al fin señalado, entendiéndose así conforme a las reglas de experiencia”.
El Auto Supremo en mención, determinó dejar sin efecto al Auto de Vista recurrido, toda vez que no se dio aplicación a la norma jurídica penal establecida en el art. 75 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de Encubrimiento, cuyos elementos constitutivos presentes en la conducta de la imputada fueron desconocidos, determinando haberse incurrido en errónea aplicación de ley sustantiva; en este sentido, igualmente se concluye que el recurrente incumplió la obligación de invocar precedente cuya problemática sea similar al motivo alegado, pues en la doctrina legal aplicable analizada, no se sugiere ningún aspecto referido a la insuficiente fundamentación, sólo aludió en forma incoherente al motivo del recurso de casación, de que no se adecuó la conducta a los elementos constitutivos de los delitos, sin precisar qué elementos del tipo y con relación a qué delitos hizo referencia; además de que, ningún aspecto referido a la falta de individualización o adecuación a los elementos constitutivos del tipo fueron aludidos en el recurso de apelación restringida; por lo que, al no haberse dado cumplimiento al régimen que norma el recurso de casación, previstos en los arts. 416 al 420 del CPP, y la explicación descrita en el acápite III.2. de esta Resolución, cuyas falencias son atribuibles a los recurrentes, que no puede ser soslayados por este Tribunal, por carecer de facultades para ello.
En consecuencia, al establecerse la inexistencia de situación análoga entre los dos precedentes invocados por la parte recurrente y la resolución recurrida, corresponde declarar infundado el recurso.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declaró INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Felisa Guadalupe Rivero de Villarroel, Andrés Edgar Villarroel Rivero y Jeanneth del Rocío Rivero Vda. de Cuentas.

References: resolución 
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 Resolución 
 artículo 169
 artículo 16
 artículo 413
 artículo 20
 artículo 75
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