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Timestamp: 2018-02-24 02:09:58+00:00

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Resolución de 10 de mayo de 2010, de la Directora de la Oficina Judicial y Fiscal, por la que se procede a la regularización de la situación del personal funcionario interino, conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria decimotercera de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial.
Publicado en BOPV núm. 111 de 14 de Junio de 2010
Vigencia desde 15 de Junio de 2010.
Primero.- El 26 de diciembre de 2003 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Esta modificación entró en vigor el 16 de enero de 2004.
Segundo.- Diversos funcionarios al servicio de la Administración de Justicia se encontraban, a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y/o durante el periodo transitorio previsto en la disposición transitoria decimotercera, desempeñando un puesto de trabajo en virtud del nombramiento expedido al efecto y continúan en la actualidad prestando sus servicios en los Cuerpos previstos con anterioridad a esa reforma.
Asimismo, durante el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, diversos funcionarios han prestado sus servicios, en distintos periodos, en los Cuerpos previstos con anterioridad a esa reforma, si bien en la actualidad, ese nombramiento no se encuentra en vigor.
Primero.- El artículo 12 del Decreto 472/2009, de 28 de agosto, de Estructura Orgánica y Funcional del Departamento de Justicia y Administración Pública, que establece las funciones que ejerce la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia.
Segundo.- El Decreto 60/1996, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 16 de febrero de 1996 y Real Decreto 514/1996, de 15 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia. A partir de la efectividad de dicho traspaso, corresponde a esta Comunidad el ejercicio de las funciones en dicha materia en los términos establecidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su actual redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre de 2003.
Tercero.- Conforme se recoge en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la reforma legislativa llevada a cabo pretende no sólo diseñar un nuevo modelo de Oficina Judicial sino también desarrollar un nuevo modelo de estatuto de personal al servicio de la Administración de Justicia, adecuado a la nueva estructura, capaz de responder a las particulares exigencias que implica el desempeño de su labor al servicio de un poder del Estado. En este sentido, la nueva redacción del Libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial da una nueva definición a los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia con la asignación a todos ellos, de nuevas funciones más acordes con la nueva realidad de la oficina judicial que se diseña.
Cuarto.- En consecuencia, se modifica el artículo 475 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que regula la clasificación de los cuerpos de los funcionarios de carrera, en los siguientes términos:
Cuerpos Generales, cuando su cometido consista esencialmente en tareas de contenido procesal, sin perjuicio de la realización de funciones administrativas vinculadas a las anteriores:
El Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Para el acceso a este Cuerpo se exigirá estar en posesión de Bachiller o equivalente.
El Cuerpo de Auxilio Judicial. Para cuyo ingreso se exigirá estar en posesión del título de graduado en ESO o equivalente.
Quinto.- La disposición transitoria decimotercera de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dispone lo siguiente:
«Para garantizar que las necesidades del servicio de la Justicia queden suficientemente cubiertas, por las Administraciones competentes se procederá, en el plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, a dictar la normativa correspondiente en materia de funcionarios interinos con arreglo a las previsiones contenidas en la Ley orgánica del Poder Judicial.
Durante el citado periodo transitorio el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, en sus respectivos ámbitos, procederán asimismo a regularizar la situación de los funcionarios interinos que estén efectivamente desempeñando un puesto de trabajo en virtud de nombramiento expedido al efecto, así como de la de aquellas personas que se encuentren en expectativa de destino»
Sexto.- En cumplimiento de este mandato legal, este Departamento de Justicia y Administración Pública debe proceder a la regularización del personal funcionario interino que a la entrada en vigor de la modificación operada por la Ley Orgánica 19/2003 y/o durante el periodo transitorio previsto en la disposición transitoria decimotercera, se encontraba prestando sus servicios en virtud de nombramiento expedido al efecto en alguno de los Cuerpos previstos con anterioridad a esta reforma y que continúan prestando sus servicios en esos Cuerpos en la actualidad.
Asimismo, ha de tenerse en cuenta que esta regularización se debe realizar conforme al marco normativo que resulta de aplicación, es decir, respetando por una parte, los requisitos de titulación que para el acceso a estos Cuerpos Generales la propia Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial exige en su artículo 475 así como el procedimiento de selección y nombramiento de funcionarios interinos con el que la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi se ha dotado a través de la Orden de 20 de noviembre de 2003, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, sobre selección, propuesta y nombramiento de funcionarios/as interinos/as para cubrir plazas vacantes de los cuerpos de Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, modificada por Orden de 21 de febrero de 2005.
A este respecto, cabe señalar que el apartado ciento veinticuatro del artículo único de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre dispone lo siguiente: «Se sustituye el actual contenido del libro VI por lo siguiente:...» Esta sustitución implica la derogación del anterior régimen del estatuto de personal y la implantación del nuevo modelo que la propia ley orgánica prevé. Dicho lo cual, se concluye la necesidad de regularizar la situación que este personal funcionario ostenta hasta la fecha y la adecuación, en su caso, de su nombramiento al régimen establecido en la nueva ley.
En virtud de lo expuesto y en aras a garantizar la cobertura de las necesidades del servicio y mantenimiento del normal funcionamiento de los órganos y unidades afectados por este proceso de regularización, aquel personal interino que, cuente con los requisitos de titulación establecidos en la Ley Orgánica y que al mismo tiempo se encuentre integrado en la bolsa de trabajo del Cuerpo General que ha venido a sustituir a aquel en el que se encontraban prestando sus servicios, será nombrado en el mismo órgano y unidad en el que se encuentra, para el desempeño del puesto que ocupa en la actualidad.
Sin embargo, el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 475 de la propia Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial así como los previstos en la Orden de 20 de noviembre de 2003, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, sobre selección, propuesta y nombramiento de funcionarios/as interinos/as para cubrir plazas vacantes de los cuerpos de Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, modificada por Orden de 21 de febrero de 2005 impiden el nombramiento de aquellas personas que carecen de la titulación exigida así como de quienes, si bien, cumplen con el requisito de titulación necesario no se encuentren inscritos en la bolsa de trabajo correspondiente a la del Cuerpo General que sustituye a aquel en el que venían prestando sus servicios. En el caso de éstos, la falta de la titulación exigida implica su cese por incumplimiento de esta causa legal y sobrevenida.
Séptimo.- Determinado el ámbito subjetivo de las personas que van a ser regularizadas, se han fijar los efectos administrativos de esta Regularización y su posible alcance retroactivo.
La determinación de la eficacia de esta Resolución viene limitada por el cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 57.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que establece que, «excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.» Esto significa que la retroactividad de esta Resolución se encuentra condicionada a la fecha en la que cada interesado o interesada cumpla ambos requisitos al mismo tiempo, es decir, tanto la exigencia de ostentar la titulación requerida como la de encontrarse en situación de admitido o admitida en la bolsa de trabajo correspondiente al Cuerpo General que sustituye a aquel en el que venían prestando sus servicios.
En este sentido, se ha de tener en cuenta que durante el periodo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se ha procedido en tres ocasiones, a la apertura y actualización de los datos de todos los integrantes de las Bolsas de Trabajo de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.
La primera actualización coincidió en el tiempo con la finalización de este periodo transitorio, es decir, el 15 de julio de 2005, por lo que esta Resolución, para quienes fueron admitidos en estas Bolsas, retrotrae sus efectos a esta fecha.
En las dos actualizaciones posteriores, la fecha de entrada en vigor de cada una de estas modificaciones es la que determina el cumplimiento del requisito de poder ser nombrado en el Cuerpo que sustituye a aquel en el que se venía prestando los servicios, conforme a lo dispuesto en la Orden de 20 de noviembre de 2003, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, modificada por Orden de 21 de febrero de 2005.
Por tanto, en el caso de quienes se hubieran integrado en las bolsas de trabajo convocadas mediante resolución de la Directora de Recursos Humanos de 22 de mayo de 2007 y que entraron en vigor el 7 de febrero de 2008, esta regularización surtirá efectos desde esa fecha.
En el supuesto de la actualización convocada por Resolución de la Directora de Recursos Humanos de 4 de febrero de 2009, su efectividad se produce a partir del 18 de enero de 2010.
Octavo.- Asimismo, los efectos de este proceso de regularización debieran extenderse a aquel personal funcionario de carrera e interino cuya situación al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en el momento actual, ya ha sido regularizada como consecuencia de un nombramiento en alguno de los vigentes Cuerpos Generales si bien, a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre y/o durante su periodo transitorio, se encontraban prestando servicios en los Cuerpos anteriores a la reforma.
Noveno.- Esta disposición resultaría igualmente aplicable a los interesados y las interesadas que habiendo permanecido en esa situación durante este periodo no se encuentren, en la actualidad, al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
En este supuesto exclusivamente, dado el carácter individualizado del alcance y la determinación de los efectos retroactivos de este proceso, el reconocimiento se realizará, conforme a los criterios anteriormente expuestos, mediante Resolución de la Directora de la Oficina Judicial y Fiscal, previa presentación por parte del interesado o la interesada de la solicitud conforme al modelo previsto y publicado a estos efectos en la página web www.justizia.net.
Por todo ello, en virtud de las facultades atribuidas en el Decreto 472/2009, de 28 de agosto y demás disposiciones que resultan de aplicación,
Primero.- Regularizar de oficio la situación del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia que se encuentra en la actualidad desempeñando un puesto de trabajo en virtud de nombramiento expedido en alguno de los Cuerpos existentes con anterioridad a la reforma operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, con los siguientes efectos:
La presente Resolución tendrá efectos desde el 15 de julio de 2005 para el personal que se encuentre en situación de admitido o admitida en la relación definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo del Cuerpo General que sustituye a aquel en el que venían prestando sus servicios, aprobada mediante Resolución de 27 de junio de 2005, de la Directora de Recursos Humanos.
La presente Resolución tendrá efectos desde el 18 de enero de 2010 para el personal que se encuentre en situación de admitido o admitida en la relación definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo del Cuerpo General que sustituye a aquel en el que venían prestando sus servicios, aprobada mediante Resolución de 18 de diciembre de 2009, de la Directora de Recursos Humanos (BOPV n.º 10, de 18 de enero de 2010).
Segundo.- Nombrar al personal al que se refiere el apartado anterior en el Cuerpo General previsto en el mismo, con los efectos anteriormente señalados y con destino en el puesto que vienen desempeñando en la actualidad.
Tercero.- Cesar en su nombramiento con efectos desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de esta Resolución al personal interino que carezca de la titulación exigida para el ingreso en el Cuerpo General que ha venido a sustituir al Cuerpo en el que venía prestando sus servicios.
Cuarto.- Proceder a la expedición de los correspondientes ceses y nombramientos en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución y a su notificación al personal que se encuentre en las situaciones descritas en los apartados anteriores, así como a la actualización de los efectos administrativos que de esta Resolución se deriven.
Quinto.- Proceder de oficio a la actualización de los nombramientos en vigor en el periodo transcurrido desde el 15 de julio de 2005 a la actualidad, suscritos a favor del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia que habiendo prestado servicios en los Cuerpos anteriores a la reforma, se encuentra en este momento desempeñando un puesto de trabajo en alguno de los Cuerpos Generales, así como a la adecuación de los efectos administrativos que de esa actualización se deriven.
Sexto.- Las personas interesadas que a la fecha de publicación de esta Resolución no se encuentren al servicio de la Administración de Justicia dispondrán de un plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, para la presentación de la solicitud de regularización de los efectos administrativos en los términos expuestos anteriormente ante la Dirección de la Oficina Judicial y Fiscal, conforme al modelo de solicitud que se encuentra publicado en la página web: www.justizia.net.
Séptimo.- Notifíquese a los interesados y las interesadas la presente Resolución mediante su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
La presente Resolución no agota la vía administrativa, pudiéndose interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Justicia en el plazo de un mes a contar desde su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
Si transcurrieran tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que recaiga resolución se podrá entender desestimado el mismo, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

References: artículo 12
 Real Decreto 
 artículo 475
 artículo 475
 artículo 475
 Resolución 
 artículo 57
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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