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Timestamp: 2017-09-26 03:52:12+00:00

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Notas de Jurisprudencia y Doctrina Civil, Mercantil, Penal y Procesal: El principio de exclusividad de la jurisdicción estatal. Jurisdicción eclesiástica. Demanda de protección de los derechos fundamentales contra una Hermandad religiosa, en la que impugnan los acuerdos adoptados por la misma. Competencia de la jurisdicción civil. No pueden plantearse conflictos de jurisdicción, positivos o negativos, entre una de las jurisdicciones estatales (sea civil, penal, contencioso-administrativa, social o militar) y la jurisdicción eclesiástica. Lo que se ventila es el alcance del control que un órgano jurisdiccional del Estado puede realizar del funcionamiento interno de una asociación privada religiosa, en concreto, si dicho control puede alcanzar el ámbito de autoorganización propio de una asociación de este tipo y, en su caso, hasta qué grado y en qué aspectos. Pero se trata de una cuestión de prosperabilidad de la acción ejercitada, ajena a un posible conflicto de jurisdicciones, que solo puede plantearse entre alguna de las reconocidas como tales en la LOPJ.
El principio de exclusividad de la jurisdicción estatal. Jurisdicción eclesiástica. Demanda de protección de los derechos fundamentales contra una Hermandad religiosa, en la que impugnan los acuerdos adoptados por la misma. Competencia de la jurisdicción civil. No pueden plantearse conflictos de jurisdicción, positivos o negativos, entre una de las jurisdicciones estatales (sea civil, penal, contencioso-administrativa, social o militar) y la jurisdicción eclesiástica. Lo que se ventila es el alcance del control que un órgano jurisdiccional del Estado puede realizar del funcionamiento interno de una asociación privada religiosa, en concreto, si dicho control puede alcanzar el ámbito de autoorganización propio de una asociación de este tipo y, en su caso, hasta qué grado y en qué aspectos. Pero se trata de una cuestión de prosperabilidad de la acción ejercitada, ajena a un posible conflicto de jurisdicciones, que solo puede plantearse entre alguna de las reconocidas como tales en la LOPJ.
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2016 (D. Rafael Sarazá Jimena).
1.- D. Sergio, interpuso una demanda de juicio ordinario de protección de los derechos fundamentales contra la Muy Venerable Hermandad de San Isidro Labrador en Estepona, en la que impugnaba los acuerdos adoptados en la sesión de Cabildo General y Elecciones de la Hermandad demandada relativos a la presentación del presupuesto aproximado del ejercicio 2010, aprobación del estado de cuentas y balance económico desde el ejercicio 2005 hasta el año 2008, y elecciones a Junta de Gobierno, mediante el ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 2.5 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del derecho de asociación, y subsidiaria de anulabilidad, por vulneración del artículo 22.1 de la Constitución Española, así como de los artículos 2.4, 2.5, 11.2, 11.3, 14.1, 14.2, 14.3 y 21 b) de la Ley Orgánica 1/2.002, de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de Asociación, así como de los artículos 13.d), 14, 22 f), 22 g), 24 a), 25, 30 y 60 de los Estatutos de la Hermandad.
La Hermandad demandada interpuso, al amparo del artículo 39 y 63 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, declinatoria de jurisdicción, en la que afirmó que la competencia para conocer del litigio correspondía a la jurisdicción eclesiástica y no a la jurisdicción civil.
2.- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia en la que estimó plenamente la demanda en virtud del allanamiento formulado por la Hermandad demandada por cumplirse los requisitos exigidos en la legislación para considerar válidamente formulado el allanamiento, si bien impuso las costas a la Hermandad demandada puesto que apreció mala fe en su conducta dado que el demandante había formulado varias reclamaciones extrajudiciales sobre las cuestiones objeto de la demanda, a las que la Hermandad había hecho caso omiso.
3.- La Hermandad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, en el que impugnaba que este no hubiera declinado el conocimiento del asunto por corresponder a la jurisdicción eclesiástica, así como que se le hubiera condenado al pago de las costas.
4.- La Audiencia Provincial de Málaga dictó sentencia en la que consideró que la cuestión planteada en la demanda debía quedar resuelta en el estricto ámbito jurisdiccional eclesiástico, puesto que surgía en el propio seno de la Hermandad demandada y afectaba de forma exclusiva a su régimen y funcionamiento interno. Por ello, estimó el recurso de apelación, revocó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y acordó «no ser competente el orden jurisdiccional civil para el conocimiento del asunto litigioso, correspondiendo al eclesiástico».
5.- El demandante ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal basado en tres motivos. La Hermandad demandada se ha opuesto al recurso, tanto en cuanto a la prosperabilidad de los motivos como a la propia admisibilidad del recurso. El Ministerio Fiscal ha apoyado la estimación del recurso.
1.- La Hermandad demandada ha alegado como causa de inadmisibilidad del recurso que la sentencia no era susceptible de un recurso de casación para la tutela judicial civil de los derechos fundamentales puesto que no se habían planteado genuinas vulneraciones de derechos fundamentales de naturaleza asociativa sino simplemente la infracción de normas estatutarias de la Hermandad en la adopción de sus acuerdos, por lo que el cauce de impugnación procedente no debiera haber sido el de protección civil del derecho fundamental de asociación, que no había resultado afectado, sino el proceso ante la jurisdicción eclesiástica.
2.- Las alegaciones de la Hermandad no pueden ser estimadas. En primer lugar, porque habiéndose formulado una demanda de protección jurisdiccional civil del derecho fundamental de asociación al amparo del artículo 37 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación (en lo sucesivo, LODA), que fue tramitada con las especialidades procesales previstas para estos procesos de protección de los derechos fundamentales, conforme a lo previsto en el artículo 249.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cuestión de si se vulneró o no el derecho fundamental de asociación atañe a la prosperabilidad de la acción, pero no a la corrección del cauce procesal utilizado. Estando previsto en el artículo 477.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil que son recurribles en casación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en los procesos de tutela judicial civil de los derechos fundamentales, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial es susceptible de ser recurrida mediante el recurso extraordinario por infracción procesal.
3.- En cuanto a que el cauce de impugnación de los acuerdos de la Hermandad es el del proceso ante la jurisdicción eclesiástica, no puede argüirse como motivo de inadmisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal lo que constituye justamente el objeto de uno de los motivos.
TERCERO.- Formulación del primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal.
1.- El primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se formula bajo el epígrafe de «infracción de las normas sobre jurisdicción».
2.- En la fundamentación del motivo, el recurrente, como alegaciones más relevantes, afirma que sus peticiones al Obispo no eran jurisdiccionales; que el artículo 1.3 LODA establece la aplicación supletoria de LODA a asociaciones religiosas; invoca asimismo los arts. 7.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativa a la protección de los derechos fundamentales conforme a su contenido constitucionalmente declarado, y 9.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre la improrrogabilidad de la jurisdicción. También hace referencia al Acuerdo del Estado Español con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, y al canon 1401 del Código de Derecho Canónico, para concluir que lo planteado en la demanda es ajeno a «las cosas espirituales o anejas a ellas» y no contiene «razón de pecado», por lo que no deben conocer los Juzgados Eclesiásticos. Además, conforme al principio de laicidad, el Estado no debe intervenir en los asuntos internos de Iglesia, salvo que estén en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos
CUARTO.- Decisión de la Sala. principio de exclusividad de la jurisdicción estatal.
1.- El artículo 117.3 de la Constitución y el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen, con ligeras variaciones en su texto, que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes y en los tratados internacionales.
2.- El conocimiento de una demanda de protección jurisdiccional civil del derecho fundamental de asociación interpuesta por un ciudadano español contra una asociación inscrita en un registro administrativo español y domiciliada en territorio español, por hechos acaecidos en España, corresponde a la jurisdicción española, y en concreto a la jurisdicción civil.
3.- La cuestión que se plantea en la demanda origen de este proceso no atañe a la delimitación de la competencia de la jurisdicción civil o eclesiástica, sino a la correcta delimitación del derecho de asociación, del que son titulares tanto el demandante, socio de la Hermandad, como la propia Hermandad, así como al juego que en esta cuestión tienen otros derechos fundamentales, como el de libertad religiosa. Y, en consecuencia, cuál es el alcance del control que un órgano jurisdiccional del Estado puede realizar del funcionamiento interno de una asociación privada religiosa, en concreto, si dicho control puede alcanzar el ámbito de autoorganización propio de una asociación de este tipo y, en su caso, hasta qué grado y en qué aspectos.
4.- Las sentencias de esta Sala 457/1994, de 13 de mayo, 138/1997, de 27 de febrero, y 851/1997, de 6 de octubre, fueron dictadas en litigios en que estaban implicadas personas jurídicas de naturaleza religiosa. En la última de dichas sentencias se afirmó expresamente la competencia de la jurisdicción civil del Estado para conocer del litigio pese a que el negocio jurídico impugnado se había celebrado entre personas jurídicas encuadradas en la Iglesia Católica y constituidas con fines exclusivamente religiosos (una Hermandad y una Orden monacal) y se planteaba la nulidad del acuerdo adoptado por la asamblea de la Hermandad, para cuya resolución aplicó la normativa vigente relativa al derecho de asociación.
Es cierto que la sentencia 339/2004, de 10 de mayo, invocada por la sentencia de la Audiencia Provincial que es objeto del presente recurso, confirmó una sentencia dictada en segunda instancia que había declarado la falta de competencia de la jurisdicción civil para conocer de la impugnación del nombramiento de una determinada persona como directora general de la Pía Unión «Mater Amabilis», efectuada en la Asamblea General Extraordinaria, y en consecuencia la nulidad de los actos derivados de ese nombramiento, por considerar que la competente era la jurisdicción eclesiástica. Pero esta Sala considera que hoy en día, tras la entrada en vigor de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no puede sostenerse esta tesis, sin perjuicio de que al resolver la cuestión de fondo planteada en la demanda pueda desestimarse la pretensión formulada contra una asociación religiosa con base en las facultades de autoorganización de la persona jurídica de base asociativa demandada.
5.- Lo anterior determina que la sentencia de la Audiencia Provincial ha incurrido en la infracción legal denunciada, puesto que no pudo declarar la falta de competencia de la jurisdicción civil por corresponder la competencia para conocer del litigio a la jurisdicción eclesiástica. Y dado que la asociación religiosa demandada, justamente en el ejercicio de esa autonomía de decisión que se deriva de sus facultades de autoorganización, decidió allanarse a la demanda, ha de aceptarse el pronunciamiento estimatorio de la pretensión ejercitada en la misma.
6.- Establece el artículo 476.2.III de la Ley de Enjuiciamiento Civil que «[s]i el recurso se hubiese interpuesto contra sentencia que confirmaba o declaraba la falta de jurisdicción o de competencia, y la Sala lo estimare, tras casar la sentencia, ordenará al tribunal de que se trate que inicie o prosiga el conocimiento del asunto, salvo que la falta de jurisdicción se hubiera estimado erróneamente una vez contestada la demanda y practicadas las pruebas, en cuyo caso se ordenará al tribunal de que se trate que resuelva sobre el fondo del asunto».
Etiquetas: Declinatoria, Jurisdicción Civil, Jurisdicción Eclesiástica, Jurisdicción Española, TRIBUNAL SUPREMO

References: artículo 2
 artículo 22
 artículo 39
 artículo 37
 artículo 249
 artículo 477
 artículo 1
 artículo 117
 artículo 2
 resolución 
 artículo 476