Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531187.html
Timestamp: 2019-03-27 02:35:51+00:00

Document:
as201531187
Expediente: 398/2014-A
Demandada: Empresa United Furniture Industries Bolivia S.A.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 134 a 135 vta., interpuesto por la Empresa United Furniture Industries Bolivia S.A., a través de su representante legal Humberto Ustarez Wayar, contra el Auto de Vista N° 130/2014 de 15 de agosto (fs. 130 a 131 vta.), emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso Coactivo Social seguido por la Caja Nacional de Salud contra la Empresa United Furniture Industries Bolivia S.A.; la respuesta de fs. 140 y vta.; el Auto N° 324/2014 de 25 de noviembre (fs. 141), que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
I.1 Auto Motivado
Que, interpuesta la demanda Coactiva Social por aportes devengados (fs. 3 y vta.) y tramitado el proceso conforme a Ley, la Juez Segundo de Trabajo y Seguridad Social de La Paz, pronunció el Auto Motivado No 122/2013 de 4 de octubre (fs. 111 a 112 vta.), por el que declaró improbada la excepción de prescripción, en consecuencia, mantuvo firme y subsistente el Auto de Solvendo de 10 de agosto de 2012, cursante a fs. 8 de obrados; conminando al representante legal de la Empresa coactivada, cancelar a la entidad demandante, la suma de Bs. 529.204,79.- y Bs. 1.065.344,21.-, a tercero día.
En grado de apelación deducida por la entidad coactivada (fs. 119 a 120), la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 130/2014 de 15 de agosto (fs. 130 a 131 vta.), confirmó la Resolución Nº 122/2013 de 4 de octubre, cursante de fs. 111 a 112 vta. de obrados.
La empresa coactivada United Furniture Industries Bolivia S.A., a través de su representante legal Sr. Humberto Ustarez Wayar, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, que en lo sustancial de su contenido y para efectos del presente fallo, expresó:
II.1 Recurso de casación en el fondo:
i) Error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba: Anotó que el Auto de Vista recurrido incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, al no haber considerado el informe del Jefe de Departamento Jurídico Nacional de la Caja Nacional de Salud, por el que se recomienda dar curso a la solicitud de prescripción por haber transcurrido el plazo de los cinco años necesarios para la procedencia de la misma; tampoco analizó en su integridad los documentos sobre cumplimiento de obligaciones cursantes de fs. 44 a 50, los que no tienen eficacia legal, tanto porque no fueron suscritos por el representante legal de United, como porque dichos compromisos se encontraban sujetos a condición, como se observaría de la cláusula cuarta, condición con la cual, la Empresa no cumplió, y consiguientemente quedó sin efecto legal, a lo que debe sumarse la cláusula tercera que, ante el incumplimiento del pago de una cuota mensual, se declaraba plazo vencido el total adeudado, habilitando se gire de manera inmediata la respectiva Nota de Cargo para su cobranza por la vía coactiva, lo que no ocurrió, puesto que la empresa sólo pagó la primera cuota, por lo que, a partir del mes de septiembre de 2005, ya tenía plazo vencido, por lo que, no se puede interpretar como fecha de cumplimiento de la obligación la última cuota fijada que era el 18 de agosto de 2013, y concluir erróneamente que a partir de ella recién comenzaría a computarse la prescripción, como lo hizo el fallo recurrido.
ii) Violación al principio de congruencia:
Anotó que la resolución recurrida vulnera el principio de congruencia, dado que en la parte considerativa reconoce que efectivamente el art. 65 del Decreto Ley (DL) Nº 13214 se encuentra derogado, no obstante determinó que la Juez a quo no analizó correctamente el caso, sin considerar que dicho Tribunal se encontraba en la obligación de evitar que una resolución judicial se funde en disposiciones sin eficacia jurídica.
II.2 Recurso de casación en la forma:
i) Violación al principio de pertinencia:
Refirió que, el Tribunal de apelación violó el principio de pertinencia, toda vez que en la resolución de primera instancia, la Juez en forma expresa rechazó la excepción de prescripción aplicando el art. 65 del DL Nº 13214, que fue derogado por el art. 7 del DL Nº 18949 y finalmente por el Decreto Supremo (DS) Nº 25714 de 23 de marzo de 2000, fundamentación de agravios sobre la cual se basó el recurso de apelación, no obstante, el fallo recurrido no se circunscribió a la fundamentación de agravios, habiendo incurrido por ello en la causal de casación normada en el art. 254.4) del Código de Procedimiento Civil (CPC), dado que el cómputo del plazo de prescripción o la fecha a partir de la cual corría el mismo, no fue objeto de análisis en ninguno de los fallos de instancia.
Concluyó solicitando al Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista recurrido, aceptando la existencia de la prescripción por el transcurso del tiempo, o alternativamente se anule el Auto de Vista recurrido, disponiendo se emita otro con la pertinencia y congruencia, circunscribiendo su actuar a los puntos que son objeto de la apelación.
Que, así formulado el recurso de casación en ambos efectos, se hace necesario resolver en primer término la infracción procesal denunciada como casación en la forma, de modo que, sólo de encontrar como no evidente aquella denuncia, se ingresará a resolver las cuestiones de fondo; en cuyo propósito se ingresa al análisis del recurso, considerando indiscutiblemente el Auto de Vista recurrido y a los antecedentes de la causa, así como las normas aplicables a la materia objeto del proceso, exponiéndose así como fundamentos del presente fallo, los siguientes:
II.1 En cuanto al recurso de casación en la forma:
i) El reclamo advierte que el fallo recurrido no se habría circunscrito a la fundamentación de agravios llevados en apelación del Auto motivado, con lo que, se habría incurrido en la causal de casación en la forma prevista en el art. 254.4) del CPC.
Al respecto, revisados los antecedentes del proceso, se observa que la Empresa coactivada, emitida que fue por la Juez a quo la Resolución Nº 122/2013 de 4 de octubre (fs. 111 a 112 vta.), presentó recurso de apelación (fs. 119 a 120), refiriendo como uno de los agravios, la fundamentación legal del referido Auto, bajo el razonamiento que, se habría incurrido en error de derecho al fundamentar la resolución en una disposición legal no vigente y que fue objeto de derogación expresa con anterioridad, como es el art. 65 del DL Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975, que fue derogado por el art. 7 del DL Nº 18494 de 13 de julio de 1981, y aún ésta última, fue derogada por el art. 4 del DS Nº 25714 de 23 de marzo de 2000 y que a través de su art. 3, establece un nuevo plazo de prescripción de cinco años, prorrogables a siete cuando el empleador no se registró en una Caja de Salud.
Sin duda, el agravio anotado guarda estrecha relación con la problemática de fondo como es la prescripción de las cotizaciones patronales al ente gestor con destino al régimen de la seguridad social a corto plazo, por lo que la respuesta al agravio expresado en el recurso de apelación -como es la fundamentación legal-, necesariamente tuvo que estar acompañado del análisis de la problemática de fondo, por cuanto para resolver el conflicto jurídico no basta sólo la aplicación del derecho, sino es sobre la existencia previa de un hecho concreto, más aún cuando se está ante una instancia de conocimiento como es el Tribunal de Apelación, que para sustentar su decisión tenía la obligación no sólo corroborar si la norma aplicada por la Juez de primera instancia era la correcta, sino verificar si los fácticos sobre los cuales aplicó el derecho se encontraban correctamente establecidos; pues, no debe descuidarse que la controversia de fondo está referida en concreto a la prescripción de las acreencias demandadas por la Caja Nacional de Salud, como ente gestor que administra la seguridad social a corto plazo, de modo que, si el pronunciamiento sólo se hubiere concretado a referir el derecho aplicado, la problemática de fondo quedaba sin resolverse, y qué sentido tendría una resolución que no resuelva el conflicto de fondo, cuando lo que se pretende es, a través del proceso, lograr una solución jurídica al conflicto de partes, garantizando la paz, el orden y la seguridad jurídica, como se encuentra establecido a través de los diversos principios y valores señalados en los arts. 8 y 9 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Bajo tales razonamientos, éste Tribunal Supremo concluye que no es evidente que el Tribunal de apelación hubiere incurrido en la causal de casación prevista en el art. 254.4) del CPC, es decir, que haya otorgado más de lo pedido por las partes, máxime si se advierte que el Auto motivado de fs. 111 a 112 vta. de obrados, se refirió a los compromisos sobre cumplimiento de obligaciones suscritos entre la empresa coactivada y la entidad coactivante, por los que se estableció que hubo un reconocimiento expreso de la deuda, ello para fundamentar la resolución que el Juez de primera instancia emitió; siendo en consecuencia inviable la nulidad impetrada por la parte recurrente, al no ser evidente la acusada violación al principio de pertinencia, comprendido en el art. 236 del CPC.
Consiguientemente, al no encontrarse fundado el recurso de casación propuesto como en la forma, corresponde ingresar a resolver los reclamos traídos en el recurso de casación en el fondo.
II.2 En relación al recurso de casación en el fondo:
i) Se reclama por la Empresa recurrente, una errónea valoración de la prueba consistente tanto en el informe del Jefe de Departamento Jurídico Nacional de la CNS, como los documentos sobre cumplimiento de obligaciones cursantes de fs. 44 a 50, entendiendo que con el primero se demostraría la prescripción y respecto a los últimos, se cuestiona su eficacia legal: 1. Porque no fueron suscritos por el representante legal de United, y; 2. Dichos compromisos se encontraban sujetos a condición.
Se apertura así la competencia de éste Órgano para efectuar la revalorización de la prueba referida, y establecer en consecuencia, si el Tribunal de Alzada incurrió en la causal de casación contenida en el art. 253.3) del CPC, es decir, en una errónea valoración de la misma.
En ese cometido, nos referimos al informe del Jefe de Departamento Jurídico Nacional de la CNS, que cursa de fs. 19 a 22 de obrados, en cuyo contenido evidentemente se expresa una opinión del Jefe a.i. del Departamento Jurídico Nacional, por el que recomendó a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución, como es el Gerente General, dar curso a la solicitud de prescripción de enero/2004 a enero/2005, como solicitó la Empresa United Furniture Industries Bolivia S.A., en el entendido que transcurrieron más de cinco años sin haberse producido causal que interrumpa la misma; sin embargo, aquella opinión no constituye sino sólo ello, es decir, una opinión profesional, que puede ser acertada o no, dependiendo del análisis de los hechos que acaecieron en el caso en particular, por lo que no puede concluirse, a priori, que dicha prueba haya sido erróneamente valorada por el Ad quem.
Por otra parte, en cuanto se refiere a las literales que cursan de fs. 44 a 55 de obrados, cuya eficacia legal se cuestiona por la parte recurrente, conforme los fundamentos anotados, su validez no puede estar en tela de juicio, por cuanto, si bien no se encuentran expresamente rubricados por el representante legal de la empresa coactivada, es indudable que a ellos obedecen los pagos que como cuota inicial depositara o pagara a la Caja Nacional de Salud la Empresa hoy coactivada, conforme se observan de los formularios de pago cursantes a fs. 47 y 51 de obrados, en los cuales se anota expresamente como cuota inicial para la elaboración de compromisos de pago, los montos allí anotados, que contrastando con los compromisos referidos, arrojan los mismos montos anotados en los convenios como pago por las cuotas del 1 al 13, en ambos casos, que además no incluyen los intereses penales y las multas, en correcta aplicación del DS Nº 27598 de 25 de junio de 2004, que tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para la recuperación de deudas, entre otras instituciones, de los entes gestores de la seguridad social a corto plazo, mecanismos de reprogramación de deudas, que tuvo que activarse necesariamente a solicitud de la Empresa deudora, en cuya razón es que se justifica la existencia de los convenios mencionados, así se advierte del mismo contenido del informe extrañado y cursante de fs. 19 a 22 de obrados, pero además, la propia afirmación efectuada por el recurrente en el recurso de casación, aceptando haber pagado solamente la primera cuota de los planes de pago.
Ahora bien, ciertamente los mencionados compromisos establecieron a través de su cláusula tercera, que el incumplimiento de pago de una cuota mensual prevista en el convenio, daba lugar a declarar plazo vencido el total adeudado, habilitando al acreedor (CNS), girar la respectiva Nota de Cargo para su cobranza mediante la vía coactiva social, previa reliquidación; de modo que, al haberse incumplido por la empresa asegurada, el pago de las cuotas mensuales previstas en los referidos acuerdos, como se admite por la propia empresa en su recurso de casación, al sostener que, lamentablemente, por la difícil situación económica que atravesaba la empresa, no pudo nunca regularizar y pagar los aportes laborales y patronales, aceptando haber pagado, solamente la primera cuota de los planes de pago, hace evidente también que, desde el 19 de septiembre de 2005, el total adeudado conforme los compromisos antes anotados, ya se encontraban con plazo vencido, debido a tal incumplimiento, habilitándose a partir de tal fecha a la entidad gestora, el cobro correspondiente en su totalidad, por lo tanto, es a partir del 19 de septiembre de 2005, que debe empezar a computarse el plazo de la prescripción que regulaba el art. 3 del DS Nº 25714 de 23 de marzo de 2000.
En ese sentido, iniciando el cómputo de la prescripción el 19 de septiembre de 2005, la Caja Nacional de Salud tenía hasta el 19 de septiembre de 2010 para accionar su derecho al cobro de los aportes devengados a la seguridad social a corto plazo correspondientes al periodo enero/2004 a enero/2005; sin embargo, queda claro que al entrar en vigencia la nueva Constitución Política del Estado en fecha 7 de febrero de 2009, es decir, en pleno transcurso del término de la prescripción, y siendo que dicha norma fundamental del Estado -como norma suprema del ordenamiento jurídico, que obliga a los jueces y tribunales, aplicarla con preferencia a cualquier otra disposición normativa de menor jerarquía como son los dispositivos normativos anotados-, establece, entre otras características esenciales de los aportes a la seguridad social no pagados, su imprescriptibilidad, conforme lo anotado en el art. 48.IV, generando de esa manera un efecto interruptivo de la prescripción, de modo que, si a la puesta en vigencia de la norma fundamental del Estado, no prescribieron las cotizaciones y aportes patronales con destino a la seguridad social a corto plazo, ya no es posible disponer la prescripción en plena vigencia de la norma fundamental, como se pretende en el caso de análisis, por lo que, si bien el fundamento por el cual el Tribunal de apelación confirmó la decisión de la Juez a quo -en sentido de declarar improbada la excepción de prescripción- es distinto y erróneo, empero por los razonamiento expuestos, no es procedente dar curso a la prescripción invocada por la parte demandada, puesto que, de dar curso a ella, se estaría desconociendo el valor normativo, axiomático y dogmático-garantista de la nueva Constitución, que marca la aplicación normativa bajo un paraguas de valores esenciales y supremos como ser la justicia, valor que se desprende del art. 109.1 de la CPE, que consagra el principio de aplicación directa de la Constitución.
Se deja anotado que, éste mismo razonamiento se tiene establecido en varios fallos que relacionadas a demandas sociales y laborales, cuyo tratamiento en cuanto a la imprescriptibilidad también se encuentra marcado en la norma fundamental.
En ese sentido, no es evidente la acusación sostenida por la empresa recurrente, pues no se encuentra correcta la apreciación efectuada en el recurso respecto a que hubiere prescrito la deuda reclamada por la entidad gestora, así como tampoco resulta acertada la fundamentación expresada en el informe del Jefe de Departamento Jurídico Nacional de la CNS, que cursa de fs. 19 a 22 de obrados, por lo tanto no resulta cierta la errónea valoración de dicha prueba.
ii) En cuanto a la acusación de que el fallo recurrido violaría el principio de congruencia, al reconocer que el art. 65 del DL Nº 13214 se encuentra derogado, no obstante determinaría que la Juez A quo no analizó correctamente el caso; invocando así en casación la causal de procedencia reglada en el art. 253.2) del CPC, es decir, disposiciones contradictorias en el fallo recurrido; este Tribunal no encuentra razonable lo anotado, puesto que, la causal invocada al respecto, está referida a la congruencia interna de los fallos, por la cual se entiende que el fundamento y motivación de la resolución debe estar acorde con la parte dispositiva de la mencionada resolución, el desfase de una de ellas o de ambas llega a catalogarse como incongruencia interna; sin embargo, en el caso de análisis, éste Tribunal no encuentra incongruencia del fallo recurrido, puesto que, si bien encontró evidente que la Juez de primera instancia aplicara indebidamente una norma no vigente, empero por los razonamientos de hecho y de derecho desarrollados por el mismo tribunal de conocimiento, encontró que la pretensión de declarar la prescripción respecto a la deuda demandada, no resultaba tampoco correcta, bajo sus propios razonamientos, aspecto que no puede concebirse como un fallo con disposiciones contradictorias, como erróneamente se pretende por la parte recurrente.
Por lo relacionado, no encontrando evidentes las acusaciones sostenidas por la parte recurrente, corresponde resolver el recurso en la forma que prevén los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso de autos por mandato de la norma permisiva contenida en el art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS).
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por la Empresa United Furniture Industries Bolivia S.A., a través de su representante legal Sr. Humberto Ustarez Wayar, contra el Auto de Vista N° 130/2014 de 15 de agosto (fs. 130 a 131), emitido por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas.

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