Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-4144-2006-12-02-2009-59101
Timestamp: 2019-01-22 10:26:43+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/4144/2006, 12-02-2009 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/4144/2006 de 12 de Febrero de 2009
Núm. Resolución: 00/4144/2006
Las retenciones por las rentas satisfechas a los trabajadores de la entidad reclamante, tributaron ya en el perceptor de las rentas, que las declaró al liquidar su propio Impuesto y sólo dedujo las retenciones que efectivamente se le practicaron, cuestión ésta que además el reclamante ya manifestó en las distintas vías procedimentales, pues del expediente se desprende que esto ya lo manifestó el obligado tributario ante la Inspección en las alegaciones al acta de regularización presentadas, y así lo recoge expresamente el acuerdo liquidatorio impugnado, por lo que procede acordar que se anulen las tres liquidaciones por retenciones de IRPF impugnadas, si bien la aplicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2007 al caso concreto conlleva la anulación de la liquidación por retenciones, pero no de la sanción que de la misma derive, ya que la infracción tributaria es imputable a la entidad obligada a retener, sin que concurra ninguna de las causas de exoneración de la responsabilidad, determinadas por el art. 77.4 de la Ley General Tributaria y, a la vista del expediente y de la normativa aplicable a los hechos, este Tribunal Central estima que la calificación de la referida infracción como grave ha sido razonada de modo suficiente y conforme a Derecho.
En la Villa de Madrid, en la fecha arriba indicada (12/02/2009), este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, ha visto en esta fecha las reclamaciones económico-administrativas, en única instancia interpuestas por D. ..., en nombre y representación de la entidad X, S.A. (entidad absorbente de Y, S.A.) con domicilio a efecto de notificaciones en la carretera de ..., contra tres acuerdos de liquidación de retenciones a cuenta de IRPF, correspondientes al ejercicio 1999, deuda de 5.865,94 €, ejercicio 2000 deuda de 50.459,97 € y 2001 deuda de 83.026,11 € y contra los expedientes sancionadores que derivan de las anteriores liquidaciones.
PRIMERO: A la entidad arriba indicada se le iniciaron actuaciones inspectoras el 31 de marzo de 2003 que dieron lugar a la incoación de tres actas en disconformidad el 3 de octubre de 2005 por el concepto retenciones a cuenta del IRPF correspondiente a los ejercicios 1999, 2000 y 2001 respectivamente. En el cuerpo de las actas y respecto del plazo de duración de las actuaciones el actuario hizo constar que habían existido numerosas dilaciones imputables al contribuyente, todas ellas reflejadas en las diligencias correspondientes y que determinan que del tiempo transcurrido hasta la fecha de la firma del acta no se deban computar 692 días. Asimismo señala que el plazo máximo de duración de las actuaciones se amplió a los 24 meses previstos en el apartado 1 del artículo 29. Recoge a continuación el actuario diversas irregularidades contables puestas de manifiesto en el curso de las actuaciones inspectoras y señala que si bien éstas no han influido en la determinación de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo correcto de las retenciones, sí vienen a justificar la necesidad de la ampliación del plazo y las diversas dilaciones y sirven para poder juzgar las alegaciones presentadas por la entidad. En el punto IV de cada acta el actuario recoge relación de perceptores a los que se aplicó un porcentaje de retención inferior al legalmente establecido y las correcciones correspondientes sobre las retenciones practicadas y recoge también el actuario en el punto V de cada una de las tres actas incoadas las incidencias que se pusieron de manifiesto en relación con el trámite de audiencia. La propuesta de regularización contenida en el acta A02 ... correspondiente a las retenciones por rendimientos del trabajo a cuenta del IRPF del ejercicio 1999 determina una deuda tributaria que asciende a 5.861,69 €, la propuesta contenida en el acta A02 ... correspondiente al ejercicio 2000 determina una deuda tributaria que asciende a 50.407,50 € y la propuesta contenida en el acta A02 ..., correspondiente al ejercicio 2001 determina una deuda tributaria de 82.949,35 €. El actuario omitió en los tres casos el preceptivo informe ampliatorio al acta de disconformidad incorporando los datos y fundamentos de derecho en el propio cuerpo de cada una de las actas incoadas por economía procedimental. En el cuerpo de cada una de las actas se advierte al interesado, que no compareció a la firma de las mismas, de su derecho a formular alegaciones en el plazo de 15 días siguientes a su notificación.
SEGUNDO: Con posterioridad a la incoación de actas se produjo un nuevo período de dilaciones imputables al obligado tributario como consecuencia de la solicitud del plazo de formulación de alegaciones por un período de 7 días naturales, en consecuencia las dilaciones totales ascienden a 699 días naturales. La Entidad presentó escrito de alegaciones a las actas incoadas, el 8 de noviembre de 2005. Posteriormente, el 14 de febrero de 2006, se acordó la ampliación de actuaciones, evacuándose informe ampliatorio al acta de disconformidad, notificado el mismo el 19 de mayo de 2006. La Entidad presenta escrito de alegaciones el 6 de junio de 2006, ratificándose en las alegaciones presentadas anteriormente y posteriormente, el 28 de julio de 2006, presenta escrito en el que solicitaba la conclusión de las actuaciones que se estaban llevando a cabo basándose en la caducidad del procedimiento, incumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 60.4 del RGIT y prescripción de los ejercicios comprobados. El Jefe de la Oficina Técnica de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero dicta los tres acuerdos de liquidación correspondientes a las retenciones a cuenta del IRPF de los ejercicios 1999, 2000 y 2001 el 2 de noviembre de 2006. En dichos acuerdos se pronuncia sobre las diversas alegaciones formuladas en el curso del procedimiento y confirma íntegramente las propuestas contenidas en las actas incoadas para cada uno de los tres ejercicios liquidados en cuanto a la cuota liquidada, calculando los intereses de demora correspondientes en función de la fecha de final del plazo para dictar liquidación, teniendo en cuenta la ampliación del plazo para formular alegaciones posteriores al acta. Finalmente las deudas liquidadas por este concepto ascienden a: 5.865,94 € para el ejercicio 1999, 50.459,97 € para el ejercicio 2000 y 83.026,11 € para el ejercicio 2001. Las liquidaciones se notifican a la entidad interesada el 7 de noviembre de 2006.
TERCERO: Contra dichas liquidaciones interpone el interesado una reclamación dirigida a este Tribunal Económico-Administrativo Central, RG:4144/2006. Tras la puesta de manifiesto del expediente presenta escrito de alegaciones y formula las siguientes: 1) señala el reclamante diversas irregularidades cometidas por la Inspección en el curso de la comprobación inspectora. Se refiere entre otras cuestiones a la irregular situación administrativa del Inspector Jefe del Equipo, que ocupó su puesto en ... en virtud de una atribución temporal de funciones instrumentada, al margen de la normativa vigente, al servicio de sus intereses personales. Señala además que éste incumplió durante más de 20 meses la orden de carga en Plan de Inspección cursada por sus superiores jerárquicos y que incumplió también respecto del alcance de las actuaciones inspectoras al no realizar actuaciones respecto impuestos incluidos en la comunicación de inicio de actuaciones. 2) omisión del trámite de audiencia previo a la incoación de las actas. A continuación realiza el reclamante una trascripción literal y cronológica de los distintos escritos cruzados entre la Entidad y la Inspección en el período comprendido desde que se le comunica el inicio del primer trámite de audiencia previa el 23 de junio de 2005 y el 26 de septiembre de 2005, fecha en la que se le incoan las actas. Se conculca también según el reclamante el derecho a la puesta de manifiesto del expediente y a obtener copia del mismo, el derecho a formular alegaciones y a que las mismas sean valoradas por la Inspección. 3) Incumplimiento del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras. Se opone a las dilaciones de forma general y luego analiza cada uno de los períodos de dilación que se le han imputado. 4) incumplimiento por la Inspección del Plazo Reglamentario máximo para acordar la ampliación de actuaciones inspectoras y para dictar liquidación e incumplimiento del plazo reglamentario máximo de duración de las actuaciones complementarias. 5) Caducidad del Procedimiento de Comprobación e Investigación. Los incumplimientos de los citados plazos conllevan la caducidad del procedimiento y en consecuencia la nulidad de los acuerdos liquidatorios derivados de éstas. 6) Prescripción de los ejercicios comprobados, como consecuencia del incumplimiento del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras, todas las realizadas con anterioridad al 31 de marzo de 200,5 fecha en la que venció el plazo inicial de 12 meses ampliado en otros 12 meses, habrían perdido su efecto interruptivo de la prescripción y en consecuencia todos los impuestos referidos a períodos de liquidación cuyo plazo de liquidación hubiese vencido antes del 31 de marzo de 2001 habrían prescrito. En concreto se refiere a las retenciones liquidadas correspondientes al período comprendido entre abril de 1999 y febrero de 2001. Además en las actuaciones inspectoras relativas a retenciones se ha producido una interrupción injustificada superior a 6 meses que supone la prescripción de todos los períodos de liquidación a los que se refieren los acuerdos impugnados. Las acciones administrativas realizadas con conocimiento del obligado únicamente interrumpen el cómputo de la prescripción en relación con el hecho imponible concreto al que se refieren. 7) falta de motivación de las actas incoadas. No queda acreditado por la Inspección cual es el motivo de la regularización ni el procedimiento aplicado por la inspección para la regularización. 8) Nulidad de las actas por incumplimiento del procedimiento legalmente establecido para determinar el tipo de retención. 9) Las liquidaciones impugnadas suponen una doble imposición, al pretender liquidar de nuevo y parcialmente un hecho imponible cuya cuota ya ha sido objeto de ingreso por parte de los perceptores de las rentas, produciéndose en consecuencia un enriquecimiento injusto para la Administración.
CUARTO: Los hechos regularizados en las actas A02- ..., A02- ... y A02- ... por retenciones sobre rendimientos de trabajo a cuenta del IRPF correspondientes a los ejercicios 1999, 2000 y 2001 respectivamente determinaron la apertura de los respectivos expedientes sancionadores. Consideraba la Inspección que los hechos regularizados podrían ser constitutivos de infracción tributaria grave en virtud del artículo 77 y 79 de la LGT en redacción dada por la Ley 25/1995 vigente al cometerse los hechos, por haber dejado de ingresar la Entidad dentro de los plazos reglamentarios la totalidad o parte de la deuda tributaria. En la propuesta sancionadora tal y como establece la disposición transitoria cuarta de la Ley 58/2003 se compara ambas normativas a efectos de determinar el régimen sancionador más favorable resultando a juicio del instructor más favorable la aplicación de la Ley 58/2003 General Tributaria. En acuerdos de 16 de julio de 2007, notificados el día 18 del mismo mes, el Jefe de la Oficina Técnica resuelve sobre las cuestiones planteadas en el expediente y confirma la imposición de las sanciones propuestas que ascienden a 2.221,53 € para 1999, a 19.951,78 € para el ejercicio 2000 y a 34.591,45 € para 2001. Contra dichos acuerdos interpone la Entidad reclamación dirigida a este Tribunal Económico-Administrativo Central que se tramita con RG: 2513/2007 y tras la puesta de manifiesto del expediente formula alegaciones: 1) se remite en primer lugar el interesado al contenido del escrito registrado con RG: 4144/2006 que determina la nulidad de los acuerdos liquidatorios y en consecuencia los acuerdos sancionadores que derivan de los mismas son nulos.2) inexistencia de infracción tributaria por no concurrir el elemento subjetivo de la infracción que se le imputa. El inspector actuario que realizó las actuaciones de comprobación y que incoó actas relativas a retenciones no inició expedientes sancionadores. Posteriormente otro inspector le sustituyó en el trámite de ampliación de las actuaciones e inició los expedientes sancionadores, no estando éste en condiciones de valorar la conducta de la entidad a efectos de determinar si ésta era constitutiva de infracción tributaria. Además en los acuerdos sancionadores no se realiza ninguna descripción que permita concluir la concurrencia del elemento subjetivo de la infracción tributaria que se le imputa. Por ora parte se refiere a la escasa relevancia cuantitativa de las retenciones regularizadas en relación con el total ingresado por ese concepto por la Entidad.3) nulidad de los acuerdos de imposición de sanción por falta de motivación de dichos acuerdos.
Los expedientes con RG: 4144/2006 y 2513/2007 se resuelven de forma acumulada en virtud del artículo 230.1.c) de la Ley, 58/2003 General Tributaria
PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para su admisión a trámite, en el que se plantean numerosas cuestiones que afectan tanto al procedimiento como al fondo de las liquidaciones recurridas.
SEGUNDO: Plantea en primer lugar el recurrente una serie de irregularidades que rodearon las actuaciones inspectoras desde un principio y que invalidarían las mismas. Se refiere a muy diversas cuestiones relativas a la actuación del funcionario que desempeñó el puesto de Inspector Jefe de Equipo de éstas. En concreto señala la entidad reclamante que el Inspector Jefe ocupó su puesto en virtud de una atribución temporal de funciones instrumentada al margen de la normativa vigente, al servicio de sus intereses personales, y prolongó las actuaciones inspectoras en función de sus necesidades personales. Añade que incumplió durante más de 20 meses la orden de carga en plan de Inspección cursada por sus superiores jerárquicos provocando la prescripción de algunos ejercicios y que no realizó actuaciones inspectoras respecto de algunos de los tributos incluidos en la comunicación de inicio. Las numerosas cuestiones que plantea el reclamante se refieren a la propia organización de las actuaciones inspectoras y al ámbito interno de las mismas, pero no puede considerarse como pretende el reclamante que éstas deban invalidar unas actuaciones inspectoras ni que las mismas estuviesen viciadas desde su inicio. Dichas actuaciones se iniciaron de conformidad con la normativa vigente y en virtud de orden de carga en plan cursada por el Inspector Jefe Adjunto al Jefe de la ONI. El funcionario que actuó como Inspector Jefe de Equipo estaba destinado en dicho puesto en virtud de una atribución temporal de funciones prevista en el artículo 66 del RD 364/1995 por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal de la Administración, Provisión de Puestos y Promoción. Las circunstancias personales o familiares de dicho inspector en el momento de realizar las actuaciones no tienen trascendencia en el análisis del resultado de las mismas porque no afectan a la posición jurídica del contribuyente que fue objeto de actuaciones de comprobación e investigación en virtud de orden cursada por órgano competente y las actuaciones se realizaron igualmente por Inspector competente. El hecho de que las mismas se prolongaran de forma innecesaria será objeto de análisis posterior al valorar la duración de las actuaciones inspectoras. Respecto al resto de cuestiones planteadas, relativo al retraso en el inicio de las actuaciones inspectoras o al hecho de que no todos los tributos incluidos en la comunicación de inicio fueran objeto de comprobación son cuestiones que podrían, en todo caso, considerarse irregularidades no invalidantes porque no lesionan la posición jurídica del interesado ni dejan a éste en posición de indefensión, ya que se trata en todo caso de tributos que podrían haberse comprobado y no se comprobaron, sin entrar en las razones que pudieran llevar a la Inspección a no hacerlo, pues en este caso se están impugnando las cuotas giradas por retenciones de IRPF y no debe entrarse en las cuestiones que pudieran afectar a otros tributos que además no se liquidaron.
TERCERO: siguiendo con las diversas irregularidades detectadas por la entidad reclamante en el curso de las actuaciones se refiere ésta de forma muy extensa en el escrito de alegaciones presentado, a la omisión por parte de la Inspección del derecho al trámite de audiencia previa a la incoación de las actas en el procedimiento inspector, omisión sobre la que señala no se ha pronunciado la Inspección en los acuerdos liquidatorios dictados pese a haberse formulado esa alegación expresamente en los escritos presentados. A continuación el reclamante transcribe de forma literal y cronológica los diversos escritos cruzados entre la Inspección y la Entidad en relación con dicho trámite de audiencia. De la lectura de las alegaciones del reclamante y de las propias actas incoadas que recogen en su apartado V las incidencias que se pusieron de manifiesto en el trámite de audiencia se desprende de forma muy sintetizada que los hechos fueron los siguientes:
- Comunicación de 22 de junio de la Inspección al interesado, en la que se indica a la Entidad que con las actuaciones realizadas el día anterior en las que se pusieron de manifiesto los hechos, fundamentos de derecho y su valoración a efectos de la regularización, se abre el plazo del trámite de audiencia.
- Escrito de la Entidad de 23 de junio de 2005 en la que ésta manifiesta que no se le ha trasladado una propuesta completa y acabada de regularización sino de forma aislada una incompleta descripción de hechos sin valoración jurídica alguna y solicita ser recibida por la Inspección para que le sea trasladada una propuesta completa de regularización
- Escrito de la entidad de 7 de julio de 2005 (recibido por la Inspección el 11 de julio) relativo a la comparecencia de 30 de junio, fecha acordada entre la Inspección y la Entidad para que ésta compareciese y se atendiera su petición anterior. En éste señala que la Inspección en dicha comparecencia se limitó a "entregarle unos nuevos cuadros numéricos complementarios de los ya entregados previamente y en los que se contiene la propuesta de regularización por los distintos impuestos, así como a efectuar unas escuetas explicaciones verbales sobre los distintos conceptos objeto de aquella". Señalaba la Entidad que la Inspección seguía sin motivar y fundamentar la propuesta de regularización con la consiguiente indefensión.
- Comunicación de la Inspección de 8 de julio de 2005 en el que en síntesis se indica que en los resultados facilitados por la Inspección se detectaron estimaciones que no eran correctas y que se abría un nuevo trámite de audiencia.
- Comunicación de la Inspección de 12 de julio de 2005 en el que se contesta al escrito presentado por la Entidad y recibido el 11 de julio. Entre otros extremos le aclara la Inspección que los resultados, tanto en su aspecto cuantitativo como en su fundamentación jurídica se han expuesto documental y verbalmente por los actuarios. Que el expediente se le ha mostrado a la entidad completamente, se le han proporcionado las copias del expediente que ha solicitado. Además se le informa a la Entidad que el expediente se encuentra paginado ya completamente.
Respecto de esta cuestión continúa el escrito del reclamante y las actas incoadas refiriéndose a otras solicitudes del reclamante de 28 de julio de 2005, de 8 de septiembre, 14 de septiembre, así como a una queja formulada ante el Jefe de la ONI. Y a diversas comunicaciones de la Inspección, de 3 de agosto, 8 de septiembre, 16 de septiembre contestando a cuestiones relativas a la integridad del expediente, a la propuesta de regularización etc. Sin entrar ya en las muchísimas cuestiones que se han planteado en los numerosos escritos presentados por la Entidad y en las que se han resuelto por cada una de las también numerosas comunicaciones que la Inspección le ha devuelto, hay que resolver si se ha omitido un trámite esencial al que se refiere el reclamante que manifiesta que se vulneró el derecho del obligado a conocer la propuesta de regularización y el derecho a la puesta de manifiesto del expediente y a obtener copia del mismo, el derecho a formular alegaciones y a que éstas sean valoradas.
El trámite de audiencia se regula en el artículo 22 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, en los siguientes términos: "1. En todo procedimiento de gestión se dará audiencia al interesado antes de redactar la propuesta de resolución para que pueda alegar lo que convenga a su derecho. 2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado". Asimismo, el artículo 33 ter del Real Decreto 939/1986 de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos señala: "1. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, el interesado podrá aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolución. 2. En todo caso, y con carácter previo a la formalización de las actas, se dará audiencia al interesado para que pueda alegar lo que convenga a su derecho en relación con la propuesta que se vaya a formular. Con ocasión de este trámite, el contribuyente podrá obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en el expediente y que hayan de ser tenidos en cuenta a la hora de dictar la resolución. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes".
De acuerdo con estos preceptos, la Inspección tiene obligación de poner de manifiesto al contribuyente toda la documentación que figure en el expediente que vaya a ser tenida en cuenta en la propuesta de regularización contenida en el acta, permitiendo al mismo que formule las alegaciones que estime oportunas y presente los documentos o justificantes que considere pertinentes, todo ello en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince. Sin embargo no existe obligación, como entiende el reclamante, según se deduce del contenido de los numerosos escritos presentados a estos efectos, de presentar en ese momento al obligado tributario una propuesta o borrador con el contenido del acta a incoar, ni que explicite la motivación o fundamente en extenso toda la regularización tributaria, lo que se realizará en el acta y en el informe ampliatorio que se expida a estos efectos. En este mismo sentido se ha pronunciado ya este Tribunal Central en Resoluciones anteriores, así de fecha ... de 2006 (RG ...), o de ... de 2007 (RG: ...).
En el presente caso de la lectura de los hechos constatados en los propios escritos presentados por la entidad se deduce que si se efectuó el trámite de audiencia y puesta de manifiesto del expediente previo a la propuesta de resolución, cumpliendo lo previsto en el artículo 22 de la Ley 1/1998.; también consta la presentación de alegaciones por la Entidad y que las mismas fueron recogidas y valoradas en los acuerdos de liquidación impugnados. La disensión del interesado respecto a la forma en que debía haberse llevado a cabo este trámite no constituye en el presente caso deficiencia que motive su anulación pues en todo caso la Entidad tuvo acceso al expediente, en el cual se sustentaba la propuesta que se iba a realizar, de la que además se informó al representante con carácter previo a la incoación de las actas y dicha propuesta se fundamentaba en la documentación, que en todo momento estuvo a su disposición con carácter previo a la redacción de las actas y con posterioridad a ello, en el expediente que de nuevo sería puesto de manifiesto con carácter previo al acuerdo de liquidación aquí impugnado. Por tanto hay que concluir que no ha existido indefensión alguna por parte del contribuyente al que se dio cumplida audiencia con carácter previo a la redacción de la propuesta.
CUARTO: Respecto del incumplimiento del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras, señala el reclamante que las actuaciones habrían excedido el plazo máximo de duración de las mismas, aún admitiendo la ampliación de éste a los 24 meses. Se opone el reclamante con carácter general al uso que hace la inspección de "dilaciones imputables al contribuyente", que no son más que retrasos puntuales en la entrega de algún documento, para así alargar la duración de las actuaciones. Se refiere además a otras prácticas habituales de la Inspección que tienen por fin alargar este plazo máximo, como pedir abundante documentación al principio de las mismas para ir computando dilaciones hasta que se aporte la totalidad, solicitar documentación antes del inicio de las vacaciones de la entidad para computar los períodos vacacionales de ésta como dilación, o extender las dilaciones producidas en relación con un Impuesto comprobado, a otros Impuestos cuyas actuaciones se desarrollan de forma paralela. Después se centra la reclamante en cada uno de los períodos que se le han imputado como dilación. Señala el reclamante que el incumplimiento del plazo habría determinado la prescripción del derecho de la Administración a liquidar los ejercicios comprobados.
El artículo 64 de la Ley General Tributaria establece, tras la reforma introducida por la Ley 1/1998, un plazo de prescripción de cuatro años para los siguientes derechos y acciones: "a) el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación..."
Este plazo de prescripción se interrumpía según el artículo 66 del mismo Texto Legal, por cualquier acción administrativa, realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regulación, inspección del impuesto devengado.
En relación con la duración de las actuaciones inspectoras el artículo 29 de la Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los contribuyentes establece lo siguiente:
"1. Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses a contar desde la fecha de notificación al contribuyente del inicio de las mismas.(...) 2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán las dilaciones imputables al contribuyente, ni los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente. 3. La interrupción injustificada durante seis meses de las actuaciones inspectoras, producida por causas no imputables al obligado tributario, o el incumplimiento del plazo a que se refiere el apartado 1, determinará que no se considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones. 4. A los efectos de los apartados anteriores, se entenderá que las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación concluyen en la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de dichas actuaciones."
Por su parte el artículo 31 del Reglamento General de Inspección, en la redacción dada por el número 3 de la disposición final primera del Real Decreto 136/2000, de 4 de Febrero, establece lo siguiente:
"Las actuaciones de comprobación, investigación y las de liquidación se llevarán a cabo en un plazo máximo de doce meses contados desde la fecha en que se notifique al obligado tributario el inicio de tales actuaciones hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de las mismas, salvo que se acuerde la ampliación de dicho plazo en la forma prevista en el artículo 31 ter de este Reglamento. A efectos de este plazo, no se computarán las dilaciones imputables al obligado tributario ni los períodos de interrupción justificada en los términos que se especifican en el artículo 31 bis de este Reglamento."
Sentencia Administrativo Nº 370/2010, TSJ Asturias, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 2025/2007, 31-03-2010
Orden: Administrativo Fecha: 31/03/2010 Tribunal: Tsj Asturias Ponente: Robledo Peña, Antonio Num. Sentencia: 370/2010 Num. Recurso: 2025/2007
Sentencia Administrativo Nº 1084/2006, TSJ Canarias, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 236/2005, 24-11-2006
Orden: Administrativo Fecha: 24/11/2006 Tribunal: Tsj Canarias Ponente: Varona Gomez-acedo, Francisco Javier Num. Sentencia: 1084/2006 Num. Recurso: 236/2005
Resolución de TEAC, 00/2479/2004, 18-05-2006
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 18/05/2006 Núm. Resolución: 00/2479/2004
Resolución de TEAC, 00/3032/2003, 28-10-2005
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 28/10/2005 Núm. Resolución: 00/3032/2003

References: Resolución 
 artículo 29
 artículo 60
 artículo 77
 artículo 230
 artículo 66
 artículo 22
 resolución 
 artículo 33
 Real Decreto 
 artículo 22
 artículo 64
 artículo 66
 artículo 29
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 31
 artículo 31

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