Source: https://www.scribd.com/document/130486580/Sentencia-C-083-de-1995-Corte-Constitucional
Timestamp: 2018-11-15 13:24:58+00:00

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C-486-93
LA NORMA JURÍDICA Final de Fiolosofia
10. Relaciones de los sistemas de derecho indígena y...
46817689 Ley Principios y Derechos Sanchis
Los modos de creación del derecho.
Dos son, esencialmente, los caminos que pueden seguirse en la creación de las normas jurídicas generales: el reflexivo o el espontáneo. El primero da lugar a la legislación y el segundo a la costumbre. Es el tema que los doctrinantes de la teoría general del derecho tratan bajo el rubro de "las fuentes formales". Con sus habituales claridad y tino, Eduardo García Maynez las ha definido como "procesos de creación de las normas jurídicas", distinguiendo con acierto la fase generadora, del producto que de ella resulta. Así, el proceso legislativo, tras la reflexión y deliberación que él comporta, da lugar a la ley; y el proceso consuetudinario, prolongado, espontáneo y anónimo, produce la costumbre, donde a ella se le reconoce virtualidad normativa con fuerza de derecho. Mediante esos métodos (caminos) se establecen (es decir se ponen) las normas jurídicas que se llaman entonces derecho positivo.
El problema en el derecho colombiano. El sometimiento de las personas al imperio del derecho, es un supuesto que ni siquiera tiene que estar explícito en el ordenamiento. La Constitución colombiana lo consagra en el artículo 6°, del siguiente modo: "Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones". Por leyes, parece razonable entender -en ese contexto- todas las normas jurídicas válidamente creadas, sujetas a la Constitución. Y el artículo 230 de la Carta, dispone: "Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial".
Ahora bien: la ley 153 de 1887 contiene dos disposiciones que se refieren a las fuentes formales de la manera siguiente:
"Art. 8. Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho" (Subraya fuera del texto). "Art. 13. La costumbre, siendo general y conforme a la moral cristiana, constituye derecho, a falta de legislación positiva".
El primero de los artículos citados no deja lugar a dudas acerca de que es la ley la norma que en primer término debe aplicarse cuando el caso controvertido puede ser subsumido en ella. Y el segundo, a la vez que corrobora el mandato anterior, designa
plantea el clásico problema. Porque decidir. y responde desde la perspectiva que juzga correcta y pertinente para el caso que se analiza: en el derecho no hay lagunas. (…) esta teoría jurídica pertenece al filósofo argentino Carlos Cossio. en el derecho no hay lagunas: porque habiendo jueces (y tiene que haberlos) ninguna conducta puede escapar a la valoración jurídica concreta. Por eso. quien la ha expuesto de modo persuasivo y lógicamente impecable. La plenitud del orden jurídico. pero su sentido no es otro que el de establecer un reproche jurídico a ciertas conductas judiciales que se estiman indeseables. y no puede dejar de hacerlo aunque su voluntad se empeñe en lo contrario. cuando satisface ciertas condiciones. cuyo texto dice: "Los jueces o magistrados que rehusaren juzgar pretextando silencio. consecuencias jurídicas. como norma jurídica supletoria. originadas en fuentes distintas de la propia legislación. incurrirán en responsabilidad por denegación de justicia". "a falta de legislación positiva". jurídicamente imputables a la inacción del juez y precisamente originadas en ella. (…) El juez no puede menos que fallar. El caso extremo de alguien que asumiera el cargo de juez y nunca asistiera a su despacho ni firmara una providencia.a la costumbre. Pero aún observándola. llamada a integrar el ordenamiento. el juez habrá decidido y de su decisión se seguirán. es concluyente: de su conducta omisiva se estarían siguiendo diariamente consecuencias jurídicas inevitables. deja de lado la Corte el examen de un sinnúmero de doctrinas que al respecto se han elaborado. Pero que el juez tiene que fallar se deriva no de alguna disposición contingente del derecho positivo sino de lo que ontológicamente significa ser juez. El hecho de que la ley consagre formas jurídicas de regulación de la conducta. Normas como el artículo 48 de nuestra ley 153 de 1887 se encuentran en casi todas las legislaciones. como a menudo se piensa que el juez colombiano se encuentra constreñido al fallo porque así lo dispone el artículo 48 de la ley 153 de 1887. en subsidio de la norma principal. oscuridad o insuficiencia de la ley. Lo que de la norma transcrita se desprende es el deber jurídico de no observar ese tipo de conducta. halle o no en el ordenamiento elementos que le permitan justificar su decisión. porque hay jueces. lógicamente. Porque ontológicamente el juez es el que falla. habrá absuelto a B de los cargos formulados en la demanda. simplemente. para quien tiene la calidad de juez. no es un mero deber sino algo más: una necesidad ontológica. dentro de la teoría del derecho: ¿hay lagunas en el ordenamiento? Como no es la sentencia un espacio adecuado para la práctica de ejercicios escolares. . A título de ejemplo: Si A demanda a B y el juez arguye que no encuentra en su legislación artículo alguno que le permita fundar un pronunciamiento. Es la que se conoce en doctrina como costumbre praeter legem. y en consecuencia se abstiene de decidir. No es correcto pensar. inexorablemente.
230 superior que los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad. El artículo 230 de la Carta establece: "Los jueces en sus providencias. en Colombia a la luz de la Carta vigente. y en su defecto. anterior y de inferior rango jurídico? Para responder cabalmente a ese interrogante es preciso analizar y precisar el contenido del citado artículo 8°. el objetivo inherente a éste. la Sala al examen del artículo 8°. y erigir en criterios auxiliares de la actividad judicial. pues señaló a la ley como única fuente obligatoria. mediante decisión que hizo tránsito a la cosa juzgada.La plenitud hermética en el Estado de derecho. la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho". a la doctrina y a los principios generales del derecho. en ciertas situaciones límites. dentro de un Estado de derecho. ¿cómo lograr. pues esta Corporación. Sobre este último punto no hay ya nada qué discutir. la jurisprudencia. inescapablemente. (Subrayas de la Corte). sólo están sometidos al imperio de la ley. muy especialmente a la luz de la Constitución del 91. Vuelve a reproducirse su tenor: "Cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controverdido. y además tiene la obligación de hacerlo. pues. A juicio del demandante. (Subrayas de la Corte). Lo que sí es claro es que. La pregunta que debe absolverse es ésta: ¿derogó la "norma de normas". mediante la disposición transcrita. en consecuencia. Compete a la Corte examinar qué mecanismos ha dispuesto el ordenamiento colombiano para conseguir el objetivo enunciado y cómo ha de entenderse su verdadero alcance. Por la misma razón. entre otros. Pero si el juez está avocado a fallar. un gran margen de arbitrio judicial resulta inevitable. anuló entonces el art. que no haya decisiones judiciales arbitrarias? Cada ordenamiento positivo lo hace a su manera. los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial". El problema. 13 de la misma ley (153 de 1887) que consagraba a la costumbre como fuente subsidiaria. declaró la exequibilidad de dicha norma. que no haya conductas oficiales sin soporte normativo y. al disponer el art. derogó al artículo 8°. se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes. . (Sentencia C-224 del 5 de mayo de 1994). Se contraerá. al artículo 8° de la ley 153 de 1887.
es decir. ser aplicadas a situaciones específicas subsumibles en ellas. por concurrir en ellas. de ese modo. la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho. La consagración positiva de la analogía halla su justificación en el principio de igualdad. como fuentes formales de derecho obligatorias. respectivamente. superlativamente. Pero si la individualización de las normas legales. dos: la legislación y la costumbre. a falta de ley.P. los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual. 241 C. se agregue una cualificación adicional. consistente en que el sentido de dichas normas. Lo que hace el artículo 8° que se examina -valga la insistencia. a tono con el artículo 230 de la Constitución. desde luego.es referir a las normas constitucionales. (Subrayado de la profe) Por ende. aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica. ajenos a aquéllos que explican y fundamentan la ratio juris o razón de ser de la norma. Que. base a la vez de la justicia. su alcance y pertinencia. en función de ésta. que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los fallos. para la Corte. pero que sólo difieren de las que sí lo están en aspectos jurídicamente irrelevantes. La doctrina constitucional. además de la ley "exactamente aplicable al caso controvertido". para que sirvan como fundamento inmediato de la sentencia. Parece razonable. Las normas de la Constitución política (…) Pueden. cuando el caso sub judice no está previsto en la ley. como una modalidad del derecho legislado. que no están explícitamente contempladas en la ley ordinaria. pues. dada su generalidad (que a menudo deviene en ambigüedad). Pero el primero de los citados. b. más problemática e incierta resulta aún la actuación directa de las normas constitucionales a los casos particulares. La cualificación adicional de que si las normas que van a aplicarse . la analogía no constituye una fuente autónoma. Discernir los aspectos relevantes de los irrelevantes implica. Cabe preguntar: ¿tenían las tres últimas fuerza obligatoria? ¿La tienen aún bajo el imperio de la nueva Carta? Para absolver tal cuestión es preciso asignar un valor a cada una de esas expresiones.Es claro. que bajo el imperio de la anterior Constitución de 1886 se consagraban en Colombia. Tal consagración se derivaba de los artículos 8° y 13 de la ley 153 de 1887. entonces. Su consagración en la disposición que se examina resulta. un esfuerzo interpretativo que en nada difiere del que ordinariamente tiene que realizar el juez para determinar si un caso particular es o no subsumible en una norma de carácter general. (art. las mismas notas distintivas advertidas en la ley. El juez que acude a ella no hace nada distinto de atenerse al imperio de la ley. enunciaba la analogía ("aquéllas que regulen casos o materias semejantes"). a) La analogía. la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo. diferente de la legislación.) (subrayado de la Profe). pues. entonces. Es la aplicación de la ley a situaciones no contempladas expresamente en ella. hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado de la Constitución.
falta a la buena fé entendida como la ausencia de dolo. Y el profesor Joaquín Arce y Flórez-Valdés[6] al exponer la tesis que se viene sustentando. que puede desdoblarse en dos fases: en la primera se seleccionan las disposiciones específicas pertinentes (ninguna de la cuales sirve para resolver directamente el problema que debe solucionar el juez) y en la segunda. por las consideraciones que siguen. se encamina al logro de un único propósito: explicitar lo que está implícito en el sistema y que ha de servir de fundamento a la decisión. demandante de mayor análisis y de un más elevado grado de abstracción. una razonable exigencia en guarda de la seguridad jurídica. el artículo 156 del mismo estatuto. Estos principios se inducen. aplica la ley a una situación no contemplada explícitamente en ella. pero esencialmente igual. referido a nuestro ordenamiento. No hay duda de que quien alega su propia culpa para derivar de ella algún beneficio. a partir de la cual se resuelve el caso sometido a evaluación. ya que son aquéllos los que. en todas las actuaciones. la conciencia de que el comportamiento que se observa es conforme al derecho. constituyen sin embargo cabal desarrollo de ese principio al impedir -el primero. del propio Derecho positivo. Ahora bien: el artículo 83 de la Carta del 91. Ejemplar es también. a sus herederos o cesionarios. a la que sí lo está. y se aplican a casos o situaciones no previstas de modo expreso en una norma determinada. en esa misma dirección. y se la contrasta con la analogia juris en la cual. de análisis y síntesis al tiempo. para los efectos de su regulación jurídica. a partir de diversas disposiciones del ordenamiento. tan anteriores en el tiempo a nuestra Constitución actual. Las reglas generales de derecho (principios). de sus reglas particulares. c. constituye. invocar como 1 No debe ser oído el que alega sus propias torpezas.la repetición de lo que se ha pagado "por un objeto o causa ilícita a sabiendas". han servido al legislador como criterio para establecer aquel Derecho". por vía de abstracción o de sucesivas generalizaciones. tanto de las autoridades públicas como de los particulares. por una suerte de inducción. anteriormente. se repite. a juicio de la Corte. de ese modo deben aplicarse. Pero ¿significa eso que no hace parte de él? No. Se pregunta: ¿Hace parte del derecho colombiano el principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans1? Es claro que su formulación explícita no se halla en ningún artículo del ordenamiento colombiano... laborioso e intelectualmente exigente. escribe: ". (Énfasis de la profe) Es claro que la segunda modalidad comporta un proceso más complejo.. . se abstrae una regla implícita en las disposiciones confrontadas. Esta modalidad se conoce en doctrina como analogia legis.han sido interpretadas por la Corte Constitucional.(Énfasis de la profe) Todo lo anterior puede ilustrarse con un ejemplo. impone la buena fé como pauta de conducta debida. y los fines que persigue están amparados por éste. se extraen los principios generales que las informan. Se dijo un poco más arriba que cuando el juez razona por analogía. La tarea del intérprete. y el segundo al privar de la acción de nulidad al incapaz.los principios generales del derecho equivalen a los principios que informan el Derecho positivo y le sirven de fundamento. que impide al cónyuge culpable. Y los artículos 1525 y 1744 del Código Civil. si aquél empleó dolo para inducir al acto o contrato.
como tal. Tales disposiciones. Pues bien: de esas y otras disposiciones del ordenamiento colombiano. expresiones todas que claman por una concreción material que sólo el juez puede y debe llevar a término. Pero ¿a qué alude entonces. los "principios generales del derecho". un producto de la primera y principal fuente del derecho en Colombia: la legislación. Los principios generales extrasistemáticos. justo es anotarlo. lo autoriza a recurrir a contenidos extrasistemáticos. esta última en el más riguroso sentido aristotélico del término. al caso singular. al que él adhiere y a cuya invocación lo autoriza expresamente el derecho positivo. debe edificarse la sentencia sobre los fundamentos que el mismo derecho señala. pues. el juez que la aplica no hace otra cosa que actuar. y en el Estado de derecho.gr. no consagraba explícitamente el deber de actuar de buena fe. Los artículos 4° y 5° de la ley 153 de 1887 resultan. d. a los que el propio sistema refiere formalmente V. no habrá hecho nada diferente de proyectar al caso que estudia su concepción de lo que es la justicia. Se trata entonces de principios. genéricamente mentadas por el ordenamiento como derecho natural o equidad. es ahora la pregunta pertinente. ¿qué debe hacer el fallador cuando los elementos contingentes del derecho positivo se le han agotado sin encontrar en ellos respaldo para su decisión? No hay duda de que la situación descrita. Por tanto. Ahora bien: cuando se trata no de integrar el ordenamiento sino de optar por una entre varias interpretaciones posibles de una norma que se juzga aplicable. hace parte de nuestro derecho positivo y. El juez en cuestión deberá entonces esmerarse en mostrar que su decisión está justificada por un principio ético o político (en todo caso extrajurídico). en la situación límite antes descrita. sino las ideas. es una situación límite. . entran a jugar un importante rol las fuentes jurídicas permisivas (en el sentido de que no es obligatorio para el juez observar las pautas que de ellas se desprenden) tales como las enunciadas por el artículo 230 Superior como "criterios auxiliares de la actividad judicial". Si el juez tiene siempre que fallar (en nuestro ordenamiento tiene además el deber jurídico de hacerlo). así. eran reductibles inclusive a la Carta anterior que. de nuestro derecho legislado. no obstante. El nuestro. pero demandante de una previsión del propio ordenamiento. específicamente. No será. es posible inducir el principio "nemo auditur . la expresión principios generales del derecho en el contexto del artículo 230 de la Carta del 91? A estas alturas. la equidad. como exigencia de la filosofía del sistema. recurre a la equidad como fundamento de su fallo." que. por vía de hipótesis. Uno y otra sirven pues al propósito de que el fallo resulte siempre razonable y proporcionado.causal de divorcio aquélla en que él mismo ha incurrido.: el derecho natural. es preciso retomar algunas afirmaciones hechas atrás... su determinación arbitraria la que informe el fallo. Si un juez. construyendo a partir de ella un principio que materialmente no hace parte del sistema pero que encuentra en él su fundamento formal. corroborados por la nueva Carta. nada frecuente.
puesto que no sólo la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación. Además. como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Lo hacen también otras corporaciones judiciales no existentes aún hace un siglo. crea hoy. debe entenderse que el constituyente del 91 le da al término un alcance más amplio que el que tiene en la ley 69 de 1896.Al referir a la jurisprudencia. Queda dicho ya. en tanto que "criterio auxiliar de la actividad judicial". en la actualidad. con sus fallos. pautas plausibles de orientación a los tribunales y jueces de niveles subalternos. no resulta justificado ni razonable. circunscribir la jurisprudencia al campo del derecho común ni atribuír sólo al recurso de casación la virtud de generarla. . que las orientaciones así trazadas no son vinculantes sino optativas para los funcionarios judiciales.
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