Source: https://www.scribd.com/document/326974784/TC-04587-2004-AA-Santiago-Martin-Rivas
Timestamp: 2018-10-21 21:52:04+00:00

Document:
10 Conceptos Importantes Del Derecho Procesa
La Evolucion Historica de La Jurisdiccion Voluntaria
El Derecho Procesal. Nociones Preliminares (1)
Suspension Del Proceso Por Prejudicialidad x
04587-2004-AA
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA.html
EXP. N.° 4587-2004-AA/TC
En Lima, a los 29 días del mes de noviembre de 2005, el Tribunal Constitucional, en sesión de
Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales
Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia con el voto singular
del magistrado Vergara Gotelli
Recurso extraordinario interpuesto por Santigo Martín Rivas contra la resolución de la Sala de
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 6 de agosto de
2004, de fojas 69 del segundo cuaderno, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de
El recurrente interpone demanda de amparo con fecha 11 de agosto de 2003, y la dirige contra la
Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar, solicitando se deje sin efecto las resoluciones de
fechas 1 de junio y 4 de junio de 2001, mediante las cuales se anuló la resolución que confirma el
sobreseimiento definitivo de los hechos investigados en la causa Nº. 494-94 (Barrios Altos), así como la
que anula la resolución de sobreseimiento definitivo de la Sala de Guerra, por considerar que se viola sus
derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, seguridad jurídica, cosa juzgada, debido proceso y la
prohibición de revivir procesos fenecidos.
Alega que en el proceso penal (Exp. Nº. 494-94) que se le siguiera ante los tribunales militares por
los delitos derivados de los hechos conocidos como Barrios Altos, la Sala de Guerra del Consejo Supremo
de Justicia Militar dictó, en julio de 1995, una resolución de sobreseimiento definitivo, al amparo del
artículo 559º, inciso 3º, del Código de Justicia Militar. Refiere que una vez que dichos actuados se elevaron
a la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar, mediante resolución de fecha 26 de julio de
1995, ésta confirmó dicha resolución, alcanzando el carácter de cosa juzgada. Sostiene que, pese a que en
dicha resolución no se hizo aplicación de las leyes de amnistía (N. os 26479 y 26492) y, por tanto, que no le
alcanza los efectos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barrios
Altos, posteriormente, con fecha 4 de junio de 2001, la misma Sala Revisora del Consejo Supremo de
Justicia Militar declaró nula aquella resolución y se inhibió del conocimiento de la causa a favor del fuero
común, violando de esa forma la cosa juzgada y el principio de seguridad jurídica.
Con fecha 21 de agosto de 2003, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima
declaró improcedente, in límine, la demanda, tras considerar que la resolución que se cuestiona se dictó
con el propósito de cumplir la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que
mediante el amparo no se puede cuestionar lo resuelto por un organismo supranacional de protección de
18/09/2016 06:15 p.m.
1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto las resoluciones de fecha 1 de junio de 2001 y 4 de
junio de 2001, expedidas por la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar, mediante las cuales
se anuló la resolución que confirma el sobreseimiento definitivo de los hechos investigados en la causa Nº.
494-94 (Barrios Altos) por considerar el actor que se viola sus derechos constitucionales a la igualdad ante
la ley, tutela jurisdiccional, cosa juzgada, seguridad jurídica y la prohibición de revivir procesos fenecidos.
2. Tanto la resolución recurrida como, en su momento, la apelada, liminarmente declararon improcedente
la demanda tras considerar que la resolución que se cuestiona se dictó con el propósito de cumplir la
sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barrios Altos y que
3. Al interponerse el recurso de agravio constitucional, el recurrente ha sostenido que el objeto de su
demanda es obtener una resolución que se pronuncie en torno a si, en el caso de autos, se lesionó la
prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada y, por tanto, el derecho a la cosa
"(...) en el caso que dio origen a la presente Acción de Amparo; no se trata de una simple irregularidad sino de una
agresión al derecho constitucional"[1].
"(...) acción está basada en el artículo 5 de la Ley Nº. 23506, el cual dispone que las acciones de garantía son
pertinentes si una autoridad judicial emite una resolución, o cualquier disposición que lesione un derecho
constitucional; como es de su conocimiento, el suscrito está pidiendo el respeto de la Cosa Juzgada prevista en el Art.
139º inciso 13, derecho que viene siendo vulnerado mediante diversas resoluciones judiciales.[2]"
3. Posteriormente, con fecha 9 de junio de 2005, el recurrente presentó ante este Tribunal copias de las
STC 2492-2003-AA/TC y 0410-2003-AA/TC, indicando que ambas
"(...) admiten a trámite las demandas de Acción de Amparo cuyo fundamento es el respeto `al principio de la Cosa
Juzgada y el ne bis in ídem´, tal y como se trata en la acción de amparo interpuesta por el suscrito.[3]"
4. Por su parte, el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Justicia Militar ha sostenido
que mediante el proceso constitucional de amparo, el recurrente aspira
"(...) imponer un criterio personal para no ser juzgado en el fuero competente que en su caso es el Ordinario, y no como
pretende el de ser juzgado en el Fuero Militar, por todo esto, clara y meridiamente se concluye que las Ejecutorias
Supremas cuestionadas por el accionante tienen la razón y el sustento legal ordenados por una sentencia emitida por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (...), por lo que dichas Ejecutorias ahora cuestionadas, se han dado
teniéndose a bien todas las garantías procesales y con la observancia a las normas y leyes establecidas para la materia.
De lo que se deduce, es que el accionante pretende vía Acción de Amparo, la revisión de resoluciones firmes dictadas
dentro de un proceso regular y con la observancia legal y expedida por un órgano jurisdiccional competente, cuya
El artículo 14º de la Ley Nº. así como la actuación de todos los medios probatorios que coadyuven a verificar la regularidad de la actuación jurisdiccional (. como es obvio.. 7. el juez puede rechazar de plano la acción incoada (. 27 y 37 de la Ley Nº. disponía que "Cuando la acción de garantía resultase manifiestamente improcedente por las causales señaladas en los artículos 6 y 37 de la Ley.. con el objeto de que estos expliquen las razones que habrían motivado la supuesta agresión.)".[4]" Apreciaciones del Tribunal Constitucional 5.. la admisión a trámite de la demanda y su correspondiente traslado a los emplazados. aplicado por las instancias judiciales precedentes para rechazar liminarmente la demanda..) 2) Contra resolución judicial o arbitral emanadas de proceso regular".gob. 8. 25398.. . el artículo 23 de la misma Ley Nº. lo que presuponía.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA.)" (Fund. lo declarará así expresando los fundamentos de su decisición. A su vez. Jur. Así. sin embargo. era la de considerar que el rechazo liminar de una demanda se encontraba sujeto al principio de legalidad. 9. necesariamente. en la STC 0757-2004-PA/TC sostuvimos que "(. como supuesto para el rechazo liminar. 18/09/2016 06:15 p. En todos los demás casos. establece que: "Si el Juez al calificar la demanda de amparo considera que ella resulta manifiestamente improcedente.) es necesario hacer una primera precisión respecto del rechazo liminar dictado por las instancias precedentes. ha sido acogido por el artículo 47º del Código Procesal Constitucional. 25398. el mismo que. La doctrina sentada por este Tribunal en torno a los alcances de dichas disposiciones. la jurisprudencia de este Tribunal era uniforme en exigir que ésta se aplicase sólo en aquellos casos donde la pretensión resultaba "manifiestamente" improcedente. establecía que: "Cuando la Acción de Amparo resulte manifiestamente improcedente por la causal señalada en el Artículo 27 de la Ley y no fueran aplicables las excepciones del Artículo 28 de la Ley. Nº..04587-2004-AA 3 de 22 http://www. ya sea porque los hechos y la pretensión no estaban referidos a un derecho directamente reconocido en la Constitución o porque era notoriamente manifiesto que mediante el amparo se pretendía que el juez constitucional se superponga y sustituya al juez ordinario en el ejercicio de sus competencias. por cierto... 23506.. era una cuestión que sólo podía determinarse con un pronunciamiento sobre el fondo. tratándose de la causal establecida en el inciso 2) del artículo 6º de la Ley Nº. 23506.. por ejemplo.)". y particularmente en aquellos donde se había alegado la violación de un derecho fundamental de orden procesal. así como la realización de un mínimo de debate en torno a la lesividad o no del acto reclamado.html autonomía está plenamente garantizada por la Constitución Política. la admisión de la demanda.tc. A su vez. esencialmente. de manera que sólo podía efectuarse por cualquiera de las causales establecidas en los artículos 6. 3). actualmente derogadas.m. en cuanto a que toda pretensión que cuestione la regularidad de un proceso judicial requiere. según el cual "No proceden las acciones de garantía: (. Dicho criterio. Se podrá rechazar liminarmente una demanda manifiestamente improcedente en los casos previstos por el artículo 5 del presente Código (. si bien ahora no contempla explícitamente la hipótesis del rechazo liminar de la demanda dirigida a impugnar resoluciones judiciales. 6. este Tribunal fue de la opinión que el supuesto de "manifiesta improcedencia" de la demanda. el juez denegará de plano la acción".
En el caso. sin embargo. en su momento.m. lo cierto es que se tratan de apreciaciones formuladas colateralmente a su pretensión. la declaración de invalidez de todo lo actuado sólo es procedente en aquellos casos en los que el vicio procesal pudiera afectar derechos constitucionales de alguno de los sujetos que 18/09/2016 06:15 p. permite constatar que.04587-2004-AA 4 de 22 http://www. pese a ello. inválidos y nulos [7]. resolverse mediante una sentencia de fondo.)"[6]. la anulación de todo lo actuado tras un indebido rechazo liminar de la demanda sólo podría decretarse tratándose de la eventual formulación de un acto nulo. sin embargo. . 494-94 (Barrios Altos) del 01 de junio 2001 y contra la resolución del 04 junio 2001 que anula la resolución de sobreseimiento definitivo de la Sala de Guerra (. Dado que no se ha hecho así. Desde esta perspectiva. no encontrándose en discusión la validez de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. en diversos escritos. si pese al rechazo liminar de la demanda este Tribunal podría (o no) dictar una sentencia sobre el fondo. Una revisión de los supuestos contemplados en el artículo 5º del Código Procesal Constitucional. En efecto.) que. Competencia para expedir una sentencia de fondo 13.tc. es evidente que el acto reclamado no incide sobre el ámbito constitucionalmente protegido del mismo. no pueden ser reparados" [8] 15. 14. la aplicación del segundo párrafo del artículo 20º del Código Procesal Constitucional y. o cuando habiéndose alegado la lesión de un derecho constitucional procesal. si tal rechazo liminar debe llevar a este Tribunal a declarar la nulidad de todo lo actuado y ordenar que se admita la demanda. esto es.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA. por tanto.html 10... que no es otra que denunciar que los órganos de la jurisdicción militar lesionaron diversos derechos fundamentales tras la aplicación de dicha sentencia de la Corte Interamericana a su caso. 11. si bien ya no existe una disposición semejante al inciso 2) del artículo 6º de la Ley N. la demanda debió admitirse y. al que reenvía su artículo 47º. habiendo comprometido seriamente derechos o principios constitucionales. si bien el recurrente. ha expresado diversos juicios de valor en torno a la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barrios Altos –y ello podría interpretarse como que mediante el presente amparo se está cuestionando la sentencia de dicho órgano supranacional–. sino las resoluciones emitidas por los órganos emplazados. 12. Si hemos de atenernos a la diferencia que formuláramos en la STC 0569-2003-AC/TC. el juez podrá declarar liminarmente improcedente una demanda de amparo contra una resolución judicial. puesto que el supuesto para declararlo ahora se encuentra previsto en el inciso 1) del artículo 5º del referido Código Procesal Constitucional [5]. En efecto. podemos dictar una sentencia sobre el fondo. entendiéndolo como aquel "(. 2.2. por el contrario. en el petitorio de la demanda. el recurrente expresó: "Interpongo Acción de Amparo contra las resoluciones emitidas por la demandada anulando su Resolución que confirma (el) sobreseimiento definitivo que alcanzó el carácter de cosa juzgada en la causa Nº. ya sea cuando de una evaluación de los hechos y el petitorio se infiera que éstos no están referidos a un derecho reconocido en la Ley Fundamental. esto no quiere decir que no pueda rechazarse liminarmente un amparo cuando se impugna una resolución judicial. entre actos procesales defectuosos..º 23506. la cuestión que ahora es preciso esclarecer es si. Frente a casos como el que ahora nos toca decidir.. nuestra jurisprudencia es constante. Por tanto. o. uniforme y consolidada.gob.
21. Con ello. "en la sustanciación de cualquier acusación penal. Jur. el Tribunal afirmó que su competencia para expedir sentencias sobre el fondo obedecía a "(. Así por ejemplo. pese al rechazo liminar de la demanda. entonces. b) Por lo que hace al principio de informalidad.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA. realizada incluso antes de que entrara en vigencia el Código Procesal Constitucional. laboral. se ha sustentado en diferentes principios propios a la naturaleza y fines de los procesos constitucionales y. Tal construcción jurisprudencial. en la STC 4549-2004-PC/TC. fiscal o de cualquier otro carácter" [9]. particularmente. de alcances que trascendían al caso concreto. los que por otra parte y dado que revisten importancia e incidencia en el ordenamiento.04587-2004-AA 5 de 22 http://www.) la necesidad de pronunciamiento inmediato justificada en la particular naturaleza de los hechos discutidos en el presente proceso. 18/09/2016 06:15 p.. tras el impertinente rechazo liminar de la demanda.html participan en el proceso. tenemos dicho que si de los actuados existen los suficientes elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo. éste se expedirá respetándose el derecho de las partes a ser oídas por un juez o tribunal. 17. una evaluación de los actuados evidencia: a) en primer lugar. el rechazo liminar de la demanda tampoco ha impedido que este Tribunal. del emplazado con la demanda. no sólo se posterga la resolución del conflicto innecesariamente. 16. Nº. en los de a)economía.gob. b)informalidad y c)la naturaleza objetiva de los procesos de tutela de derechos fundamentales. una declaración de nulidad de todo lo actuado. y si bien no participaron directamente. a la par. y no en menor medida. a) Por lo que hace al principio de economía procesal. que existen todos los recaudos necesarios como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo. este Tribunal tiene dicho que si en el caso existen todos los elementos como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo. c) Finalmente. cuya intervención y defensa pueda haber quedado frustrada como consecuencia precisamente del rechazo liminar.. los jueces de las instancias precedentes debieron admitir la demanda. por tanto. 20. que el rechazo liminar de la demanda no ha afectado el derecho de defensa de los emplazados. después de percatarse que los derechos de las partes hayan quedado salvados. 18. por el sólo hecho de servir a la ley. En particular. 2).m. sí lo hicieron mediante el procurador público encargado de los asuntos judiciales de la Justicia Militar [11]. Y. quienes fueron notificados[10]. donde después de advertirse lo innecesario que resultaría declarar la nulidad de todo lo actuado. se sobrecarga innecesariamente la labor de las instancias jurisdiccionales competentes. resulta innecesario condenar a las partes a que vuelvan a sufrir la angustia de ver que su proceso se reinicie. si bien no lo hicieron. precisan ser abordados de manera prioritaria por este Tribunal en su condición de Supremo Intérprete de la Constitución" (Fund. y.. como ahora establece el tercer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. no obstante todo el tiempo transcurrido. y no porque se justifique en la protección de algún bien constitucionalmente relevante. . b) en segundo lugar. como se ha expuesto antes. 19. devendría en un exceso de ritualismo procesal incompatible con el "(. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil.) logro de los fines de los procesos constitucionales". expida sentencia sobre el fondo en casos en los que la controversia era de notoria trascendencia nacional y.tc.. En el caso. formulada contra ella[s]. sino que.
sin mediar razones objetivas y razonables que lo legitimen [STC N. 3. Tal lesión se habría producido en la medida que este derecho "(. .. esto es.) para plantear un supuesto de tratamiento discriminatorio basado en la diferencia de personas es preciso que se proponga un tertium comparationis válido. al no tener justificación.m.) no sólo comprende la admisión de demandas o denuncias si no además la protección de la parte durante todo el proceso y el cumplimiento de resoluciones que han alcanzado el carácter de cosa juzgada.. un término de comparación que sea suficiente y adecuado. Alegación de violación del derecho a la tutela jurisdiccional Apreciación del demandante 23. entre otras]"[13]. reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución. El recurrente ha alegado la lesión del derecho de igualdad [12]. No satisface dicha carencia que el recurrente. ante situaciones fácticas iguales. es innegable la importancia y trascendencia del caso por las cuestiones que el conlleva. haya expresado que los órganos emplazados sí respetaran la autoridad de cosa juzgada de resoluciones dictadas en los casos "Loayza Tamayo". no ha expresado concretamente las razones por las cuales dicho derecho habría sido lesionado. Apreciación del representante de los emplazados 24. los actos practicados por los órganos de la jurisdicción militar lesionan su derecho constitucional a la tutela jurisdiccional. este Tribunal es competente para resolver el fondo del asunto. ni acreditado la existencia de un tertium comparationis a partir del cual este Tribunal pueda determinar que el tratamiento realizado con él.2.1. Sin embargo. por cuanto la tutela jurisdiccional significa la obligación que tiene el Estado de proteger al ciudadano en todo lo que la ley como derecho otorga"[15].tc. este Tribunal sostuvo que "(.04587-2004-AA 6 de 22 http://www. particularmente en lo relativo al cumplimiento de sentencias expedidas por órganos internacionales en materia de derechos humanos y su incidencia en la comprensión y delimitación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a no ser objeto de una doble persecución penal.gob. a partir del cual sea posible constatar que. No sólo porque una afirmación como la contenida en la demanda no acredita la existencia del término de comparación que se exige en estos casos. Aspectos de fondo 3. sino también porque la exigencia de la referida acreditación no se satisface mediante la presentación de recortes periodísticos que hacen alusión al tema.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA. afecte el derecho alegado. A juicio del demandante. En efecto. Por tanto. al exponer las razones por las cuales considera que se ha violado un derecho distinto (cosa juzgada). El procurador público a cargo de los asuntos judiciales de la Justicia Militar ha sostenido que las 18/09/2016 06:15 p. el Tribunal es de la opinión que este extremo de la pretensión debe desestimarse. 0552-2002-AA/TC. "El Frontón" y "La Cantuta"[14]. §3..os 0015-2002-AI..html c) por último. Alegación de violación del derecho de igualdad en la aplicación de la ley 22. Por ello. uno de los sujetos de la relación ha sufrido un trato diferente. en la STC 0031-2004-AI/TC. 0183-2002-AA/TC.
se han dado teniéndose a bien todas las garantías procesales y con la observancia a las normas y leyes establecidas para la materia. considera pertinente recordar su doctrina según la cual. Tal condición del derecho a la tutela jurisdiccional se ha expresado también en el artículo 4º del Código Procesal Constitucional que.gob. organismo internacional al que el Estado Peruano se encuentra circunscrito y cuyos efectos son de carácter vinculante y por ende de cumplimiento obligatorio. 27. a su vez.) alcanzó el carácter de cosa juzgada y por tanto estando a la santidad de la cosa juzgada y el principio de seguridad 18/09/2016 06:15 p.. 2 derechos fundamentales: el acceso a la justicia y el derecho al debido proceso (Cf.html resoluciones cuestionadas respetan el derecho alegado.. De modo que la determinación de si el derecho a la tutela jurisdiccional resultó lesionado (o no) en el presente caso.) " 26. El Tribunal Constitucional constata que la alegación formulada por el recurrente en torno a la violación del derecho a la tutela jurisdiccional reproduce el mismo agravio que se expone en relación al derecho al respeto de la cosa juzgada. el derecho al debido proceso es un derecho que tiene la propiedad de albergar en su seno una serie de derechos fundamentales de orden procesal. . Recuerda que dicha resolución fue confirmada por la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar.. STC 0015-2001-AI/TC). ha establecido en su primer párrafo que éste "(. considera que "(..04587-2004-AA 7 de 22 http://www. un pronunciamiento sobre el fondo en relación a aquel derecho presupone. a su vez.. por ese hecho.m.) comprende el acceso a la justicia y el debido proceso (.. También tiene dicho este Tribunal que.) razón y sustento legal ordenada por una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. al referirse al derecho a la tutela procesal efectiva. uno en torno al derecho reconocido en el inciso 13 del artículo 139º de la Constitución. Alegación de violación del derecho a la cosa juzgada y a la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada Apreciaciones del demandante 28. el Tribunal es de la opinión que.[16]" Apreciaciones del Tribunal Constitucional 25. dentro del cual se encuentra el respeto de la cosa juzgada. por lo que. §4.. la tutela jurisdiccional es un derecho "continente" que engloba. puesto que fueron expedidas en "(. Uno de esos derechos es el derecho a que no se revivan procesos fenecidos con resolución ejecutoriada.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA. en la medida que el derecho a la tutela jurisdiccional no tiene un ámbito constitucionalmente garantizado en forma autónoma. dichas Ejecutorias ahora cuestionadas. la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar declaró el sobreseimiento definitivo de los actuados al no encontrársele responsabilidad penal.tc.. sino que su lesión se produce como consecuencia de la afectación de cualesquiera de los derechos que lo comprenden. la misma que. mediante resolución de 26 de julio de 1995. al igual que lo que sucede con el derecho a la tutela jurisdiccional. habrá de reservarse para el momento en que nos pronunciemos sobre el derecho a no ser objeto de una doble persecución penal. en nuestro ordenamiento constitucional. Por tanto. la misma que ordena al Perú investigar hechos para determinar a las personas responsables de violaciones de derechos humanos. En ese sentido. El recurrente sostiene que tras culminar la etapa de investigación del proceso penal abierto por los hechos conocidos como “Barrios Altos”.
la misma que fue declarada improcedente por este Tribunal mediante sentencia de fecha 9 de mayo de 1997.. 494-V-94 al Fuero o Jurisdicción común"[22]... No obstante ello.) fuera del procedimiento requerido para poder anular una resolución con carácter de Cosa Juzgada. 29. "(. de conformidad con el artículo 29 literal b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. que sólo procede por un Recurso de Revisión interpuesto por el condenado o cuando éste ha obtenido una resolución supranacional que protege uno de sus derechos. A su juicio.. "(.... 26479 y 26492[18]. por tanto cual fuere el resultado de la aludida denuncia formalizada ante los organismos internacionales citados.º 26479 y 26492.tc.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA.04587-2004-AA 8 de 22 http://www. la indicada Sala Revisora irregularmente se valió del uso de un procedimiento que cabe sólo para los casos citados líneas arriba. 33. No obstante que la resolución de sobreseimiento definitivo dictada en el proceso penal que se le abrió no se fundó en la aplicación de las leyes de amnistía.) ilegalmente anula esta resolución sin respetar la cosa juzgada que ha generado ya un derecho adquirido.) al amparo de su derecho reconocido por la Constitución Política concordante con el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra relativo a Conflictos Armados sin carácter internacional y Convención Americana sobre Derechos Humanos. pero que no puede ser utilizado para anular una resolución con carácter de Cosa Juzgada.gob. Igualmente.) se debió a que la Justicia Militar en el aludido proceso Nº.m. . que no sólo no guardaba relación con el fallo del 14 de marzo-2001 emitido por la Corte Interamericana.. debido a la santidad de la cosa juzgada y el principio de seguridad jurídica"[21].)[20]” [destacado en el original] 31.. referido a que nadie puede interpretar la Convención en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes. Sostiene que. la Corte Interamericana de Derechos Humanos expidió sentencia condenando al Estado peruano y declaró incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos las referidas leyes de amnistía Nos. señala que... refiere que en 1995 el Congreso de la República. se interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.) alcanzando también esta resolución el carácter de cosa juzgada por imperio de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional[19]" 30.) hacer de conocimiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los citados hechos dieron origen al proceso 494-V-94 seguido ante la Justicia Militar contra algunos miembros del Ejército –entre ellos el recurrente– y que dicho fuero había dictado Resolución de Sobreseimiento Definitivo por NO HABERSE PROBADO LA RESPONSABILIDAD DE LOS MILITARES INCULPADOS (." Recuerda que contra dichas leyes se interpuso una demanda de inconstitucionalidad..[23]" 18/09/2016 06:15 p.html jurídica es inamovible"[17]. con posterioridad. "(. 32..) maliciosamente omitieron (... 26479 y 26492. la anulación de la resolución del sobreseimiento definitivo se efectuó "(. esta deliberada omisión.. ordenando que se investigue y sancione a los responsables por no ser de aplicación las citadas leyes de amnistía. refiere que la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar "(. sino que contiene un derecho adquirido como es la santidad de Cosa Juzgada. en lo más mínimo afectaría la Resolución de Sobreseimiento Definitivo en mención. A su juicio. 494-V-94 no aplicó las leyes de amnistía N. esto es. y remite el expediente Nº. promulgó las leyes de Amnistía Nº. en la que "(.
de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó.. por ejemplo. ni cortar procedimientos en trámite. .. "(. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada. ya sea porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla. y se ha comprendido también a los autos que ponen fin al proceso (al referirse. debe absolverse por este Tribunal en sentido afirmativo. el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada". No solamente porque en la dicción de dichas disposiciones se ha evitado circunscribir el ámbito de protección sólo al caso de las sentencias.). Apreciaciones del Tribunal Constitucional 36. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones..) las ejecutorias supremas cuestionados por el accionante tienen la razón y el sustento legal ordenada por una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (. La amnistía.gob. En los términos de dicho precepto constitucional. El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Justicia Militar ha señalado que "(. 35. El inciso 2) del artículo 139º de la Constitución reconoce el derecho de toda persona sometida a un proceso judicial a que no se deje sin efecto resoluciones que han adquirido la autoridad de cosa juzgada. En opinión del Tribunal Constitucional. 37.tc. a la luz de dichas disposiciones de derechos fundamentales. a 18/09/2016 06:15 p.. A su juicio.04587-2004-AA 9 de 22 http://www.. 38.. sea por actos de otros poderes públicos.)" [cursivas añadidas]. 39. por efectos del principio de unidad de la Constitución.m. mediante el derecho a que se respete una resolución que ha adquirido la autoridad de cosa juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA.. dichas normas de gracia..) los hechos imputados (Caso Barrios Altos) y por el que se apertura en el Fuero Castrense. el cual prevén que "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (. Dicha disposición constitucional debe interpretarse. "Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 2) La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. y que conforme a dicha sentencia Suprnacional el Fuero Castrense se INHIBE a favor del Fuero Común que es el competente para conocer y juzgar los delitos imputados tanto al ahora accionante y otros"[24]. conforme con el inciso 13) del mismo artículo 139º de la Ley Fundamental. y.. a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición.) 13. el indulto.html Apreciaciones del representante de los emplazados 34. que motivaron el sobreseimiento de la Causa Militar en contra de los inculpados y que posteriormente fueron declarados nulos ya que eran contrarios e incompatibles a los dispositivos de la Convención Americana de Derechos Humanos. La determinación de si una resolución que no constituye una sentencia definitiva (pero que ha puesto fin al proceso penal) se encuentra también garantizada por este derecho. a que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios. incluso.. de terceros o. la misma que ordena al Perú investigar hechos para determinar a las personas responsables de violaciones de Derechos Humanos". La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada. en segundo lugar. razón por la cual se dispuso el sobreseimiento de la Causa Militar en su contra y la de otros. ni modificar sentencias ni retardar su ejecución (. en contra del ahora accionante y otros fueron materia de Leyes de Gracia (amnistía). no pueda ser dejado sin efecto ni modificado. pero conforme a la Sentencia de fecha 14 de marzo de 2001 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. en primer lugar.
4 de la Convención Americana" (párrafos 76 y 77). después de haberse sobreseido la causa ante un tribunal militar por un delito (traición a la patria) cuya conducta antijurídica era semejante a la que sirvió para abrirse el nuevo proceso penal en la jurisdicción ordinaria. En este contexto. Sobre el valor que pueda tener la referida jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos para la comprensión del ámbito protegido por los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado. por los órganos de protección de los derechos humanos en nuestra Región.) la expresión "sentencia firme" en el marco del artículo 8 inciso 4 no debe interpretarse restrictivamente.gob. circunstancias y elementos probatorios del comportamiento atribuido. al ser juzgada la señora María Elena Loayza Tamayo en la jurisdicción ordinaria por los mismos hechos por los que había sido absuelta en la jurisdicción militar. no sólo en razón del sentido técnico de la palabra “absolución”. consideró que el Estado peruano lesionó el derecho reconocido en el artículo 8. 40. Del mismo criterio ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.. Tras el criterio de interpretación de los derechos fundamentales conforme con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.04587-2004-AA 10 de 22 http://www. los valoró y resolvió absolverla. que el contenido constitucionalmente protegido de los derechos reconocidos por la Ley Fundamental no sólo ha de extraerse a partir de la disposición constitucional que lo reconoce. de la interpretación de esta disposición con otras disposiciones constitucionales con las cuales pueda estar relacionada (principio de unidad de la Constitución). En efecto. 44. como puede ser el artículo 8. 42. en efecto. la Corte Interamericana consideró "(. En tal ocasión.tc. sino que comprende también a la jurisprudencia que sobre esos instrumentos internacionales se pueda haber expedido por los órganos de protección de los 18/09/2016 06:15 p.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos al iniciar un proceso penal ante la jurisdicción ordinaria contra María Elena Loayza Tamayo. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que: "(. este Tribunal tiene dicho que este último concepto no se restringe sólo a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que el Estado peruano sea parte (IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución). Tenemos dicho. el Estado peruano violó el artículo 8.. En relación a los alcances del concepto de "sentencia firme" que utiliza la referida disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos. es decir limitada al significado que se le atribuya en el derecho interno de los Estados. En efecto. el artículo 8. en lugar de declararse incompetente.m.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé que "El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos" 41. De lo anterior la Corte concluye que. 43. en el Caso Loayza Tamayo (Sentencia del 17 de septiembre de 1997). sino también porque el fuero militar.html las resoluciones que importen el sobreseimiento definitivo de una causa) [25]. "sentencia" debe interpretarse como todo acto procesal de contenido típicamente jurisdiccional y "sentencia firme" como aquella expresión del ejercicio de la jurisdicción que adquiera las cualidades de inmutabilidad e inimpugnabilidad propias de la cosa juzgada"[26].. en diversas oportunidades. sino también porque ese es el sentido interpretativo que se ha brindado a una disposición aparentemente más limitativa de su ámbito de protección..4 de la Convención Americana de Derechos Humanos.) en el presente caso la señora María Elena Loayza Tamayo fue absuelta por el delito de traición a la patria por el fuero militar. conoció de los hechos. sino también bajo los alcances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. . este Tribunal ha destacado su capital importancia.
Este principio contempla la (. sin embargo. en el caso de Crespo Bragayrac (STC 0217-2002-HC/TC). la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barrios Altos. utilizando similar fundamento. si bien el ne bis in ídem no se encuentra textualmente reconocido en la Constitución como un derecho fundamental de orden procesal. en la STC 2050-2002-AA/TC este Tribunal señaló que el contenido constitucionalmente protegido del ne bis in ídem debe identificarse en función de sus 2 dimensiones (formal y material). En el caso. el mismo principio garantiza que una persona no sea sometida a juzgamiento dos o más veces por un mismo hecho.04587-2004-AA 11 de 22 http://www. en la STC 0729-2003-HC/TC precisamos que la vertiente procesal del principio ne bis in ídem “(. por ejemplo. 45. por así decirlo. de 14 de marzo de 2001. pues luego de realizarse la investigación judicial en el proceso penal que se le inició ante los tribunales militares. Tal interpretación. que dispuso que se dejara sin efecto las resoluciones judiciales donde se hayan aplicado las leyes de amnistía.. se sobreseyó la causa iniciada en su contra.tc. es decir. . a su vez. sostiene que. guardián último de los derechos en la Región". Esa eficacia negativa de las resoluciones que pasan con la calidad de cosa juzgada. ahora es preciso remarcar que.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA. conforme con los tratados sobre derechos humanos. los derechos y libertades reconocidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Peruano.. uno de los efectos que se deriva de haberse alcanzado dicha autoridad de cosa juzgada es la prohibición de que por los mismos fundamentos se pueda volver a juzgar a la misma persona. 50.html derechos humanos (Artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). este Tribunal sostuvo que "De conformidad con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú. 47. configura lo que en nuestra jurisprudencia hemos denominado el derecho a no ser juzgado 2 veces por el mismo fundamento (ne bis in ídem). el realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ello con la finalidad de evitar lo que en base a la V Enmienda de la Constitución Norteamericana se denomina double jeopardy. en particular. el recurrente ha sostenido que los emplazados lesionaron su derecho constitucional alegado. hayan realizado los órganos supranacionales de protección de los atributos inherentes al ser humano y. Entre tanto. el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Justicia Militar ha sostenido que dicha decisión de anular la resolución que sobreseyó la causa seguida contra el recurrente. sostuvimos que en su vertiente sustantiva o material.) garantiza que no se vuelva a juzgar a una persona que ya lo haya sido. el doble peligro de condena sobre una persona. contiene. En tanto que en su dimensión procesal o formal. despejada la duda en torno a si una resolución de sobreseimiento definitivo puede alcanzar la cualidad de cosa juzgada. Así. A su vez. Por su parte. En tal sentido. os 26479 y 26492. el ne bis in ídem garantiza el derecho a no ser sancionado dos o más veces por la infracción de un mismo bien jurídico.) proscripción de ulterior juzgamiento cuando por el mismo hecho ya se haya enjuiciado en un primer proceso en el que se haya dictado una resolución con efecto de cosa juzgada.. En ese sentido. implícitamente. en la medida que la resolución de sobreseimiento no se sustentó en la aplicación de las leyes de amnistía N. el Tribunal tiene declarado que. inaplicable a su caso. resulta. se trata de un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso.. de 14 de marzo de 2001. de manera que no se habría producido una lesión del derecho a no ser 18/09/2016 06:15 p. de los mismos. al desprenderse del derecho reconocido en el inciso 2) del artículo 139º de la Constitución (cosa juzgada).gob. tiene como fundamento la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barrios Altos. una adhesión a la interpretación que. Pues bien. 46. en el ámbito penal. En relación a este derecho.” 49.m. 48.
) [29]" motivo por el cual. .04587-2004-AA 12 de 22 http://www. sin embargo. Tal hecho.. y obedeciendo su expedición a "(. A efectos de esclarecer si en el caso se lesionó el derecho del recurrente a no ser enjuiciado dos o más veces por un mismo hecho. con la demanda se ha adjuntado la resolución expedida por la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA. de fecha veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro y seis de julio de mil noventicinco [sic] (. os 26479 y 26492. os 26479 y 26492..m. expedida por órganos jurisdiccionales nacionales que esté en contradicción a sus disposiciones"[30]. en el ámbito interno. si el principio del ne bis in ídem resulta lesionado cuando. habida cuenta que. de conformidad con el artículo 151º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. la que con fecha catorce de marzo del dos mil uno falló. tanto contra la afectación a sus derechos cuanto contra la forma como se procesó y archivó las investigaciones correspondientes.) que. entre otros extremos relevantes. de una sentencia dictada por un tribunal internacional de justicia en materia de derechos humanos. sin embargo.) NULAS las resoluciones de sobreseimiento expedidas por la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar. 51. Por tanto. aún cuando ésta se encuentre firme. este Tribunal debe advertir que. son remitidas al órgano jurisdiccional en que se agotó el proceso para la ejecución de la sentencia supranacional por el órgano judicial competente.gob. que en virtud de la citada obligación internacional. por la responsabilidad internacional del Estado Peruano al haber violado el derecho a las garantías y protección judiciales (. constituídas según Tratados de los cuales es parte el Perú.). 18/09/2016 06:15 p. del estudio de autos se aprecia que los agraviados en el caso `Barrios Altos´ acudieron ante la jurisdicción regional americana reclamando. no restringe la posibilidad de que pueda emitir un pronunciamiento sobre el fondo. así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables (. en este sentido la sentencia internacional constituye el fundamento específico de anulación de toda resolución. si bien impide que este Tribunal pueda emitir un pronunciamiento sobre la veracidad de tales afirmaciones. el Tribunal considera que la absolución del cuestionamiento formulado por el recurrente pasa por esclarecer: a) Si la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barrios Altos comprende (o no) las resoluciones de sobreseimiento dictadas por las instancias de la jurisdicción militar en las que se hayan aplicado (o no) las leyes de amnistía N..)"[28] 53.. no estando en cuestión la preexistencia de las resoluciones de sobreseimiento a las que se refiere el recurrente.. de modo que se haga real y efectiva en todos sus extremos la decisión que ella contiene. en cuya parte resolutiva se declara "(. de fecha 4 de junio de 2001. 52. la iniciación de una nueva investigación judicial es consecuencia de la ejecución. el Estado peruano debe dar estricto cumplimiento al fallo supranacional.html juzgado dos o más veces por un mismo hecho[27]. pedido que fue acogido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iniciándose el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. pese a que se ha alegado que las resoluciones que sobreseyeron la causa penal que se le siguiera al recurrente ante los tribunales militares no se dictaron en aplicación de las leyes de amnistía N. b) Si las comprendiera...tc. sino como consecuencia de no habérsele encontrado responsabilidad penal.. éstas no se han adjuntado como prueba anexa a la demanda por el demandante. disponiendo que el Estado del Perú investigue los hechos de `Barrios Altos´ para determinar las personas responsables de las violaciones de los Derechos Humanos derivados de este caso. pese a existir una resolución de sobreseimiento definitivo.) que dispone que las sentencias expedidas por los Tribunales Internacionales. "(.. anulando todo obstáculo de derecho interno que impida su ejecución y total cumplimiento....
incluso de aquellas en las que no se hayan aplicado las leyes de amnistía N. el Perú incumplió los artículos 1. por parte del Estado del Perú (en adelante “el Perú”. En efecto..) …La fórmula de dejar sin efecto las medidas adoptadas dentro del marco de la impunidad de este caso. después de una serie de sucesos.tc. Octavio Benigno Huamanyauri Nolazco.. así como los supuestos que se encuentren excluidos de él.) que decidiera que el Estado peruano violó los artículos 8 (Garantías Judiciales).. Felipe León León. Luis Alberto Díaz Astovilca. Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas Alvítez (. conforme se desprende del primer párrafo de la Sentencia del 14 de marzo de 2001. .. os 26479 y 26492.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". Finalmente.) la Corte decidiera que hubo violación. Por ello. Tito Ricardo Ramírez Alberto. es en nuestra opinión una fórmula suficiente para impulsar un procedimiento serio y responsable de remoción de todos los obstáculos procesales vinculados a estos hechos y. Lucio Quispe Huanaco..m.) tres puntos substanciales: identificación de mecanismos para el esclarecimiento pleno de los hechos materia de la denuncia.) que el Estado violó el artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana.).. en perjuicio de Natividad Condorcahuana Chicaña. Javier Manuel Ríos Rojas. el Estado peruano. reivindicar las posibilidades procesales y judiciales de responder conforme a la ley a los 18/09/2016 06:15 p. Máximo León León.) fórmulas integrales de atención a las víctimas en relación a tres elementos fundamentales: el derecho a la verdad. señalándose como parte de la agenda la consecución de "(.. y propuestas y acuerdos específicos relacionados con los asuntos vinculados a las reparaciones" así como "(. 25 (Protección Judicial) y 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) de la Convención Americana como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492.. Filomeno León León. el derecho a la justicia y el derecho a obtener una justa reparación". Asimismo.. "(. entre los cuales se encontró el restablecimiento pleno de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nelly María Rubina Arquiñigo. 56. y es este nuestro interés. lo que comporta establecer los elementos constitutivos del principio. Luis Antonio León Borja. dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. mediante su representante. como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 y de la violación a los derechos señalados. del artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana. 57. Manuel Isaías Ríos Pérez.gob. en escrito de 19 de febrero de 2001. 54. Alejandro Rosales Alejandro. solicitó a la Corte que determinara que.04587-2004-AA 13 de 22 http://www.. esto es. en perjuicio de Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre.1) Para esto último. la fórmula que permite. el Tribunal considera que la cuestión debe absolverse en términos afirmativos. la denuncia presentada por la Comisión Interamericana tenía por objeto que "(. a su vez. Teobaldo Ríos Lira. incluyendo la identificación de los autores materiales e intelectuales del crimen... será preciso delimitar los alcances de la prohibición del doble enjuiciamiento. que la Corte decidiera: "(. viabilidad de las sanciones penales y administrativas a todos aquellos que resulten responsables. sobre todo. 57. Asimismo... el referido representante del Estado peruano expresó que: "(. 55. si la orden de investigar y sancionar decretada en la parte resolutiva de la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Barrios Altos comprende a las resoluciones de sobreseimiento dictadas por las instancias de la jurisdicción militar. reconoció la responsabilidad internacional por los hechos descritos en el fundamento precedente [31].html b. “el Estado” o “el Estado peruano”). Por lo que hace al primer aspecto. y en la audiencia pública del 14 de marzo de 2001. Odar Mender Sifuentes Nuñez y Benedicta Yanque Churo".
1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 y de la violación a los artículos de la Convención señalados en el punto resolutivo 2 de esta Sentencia. en consecuencia. que éste violó: a) el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (. así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables. Admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado.. Declarar.).)" 59.. Finalmente.. En mérito de ello. Con base en las manifestaciones de las partes en la audiencia pública de 14 de marzo de 2001.2 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.04587-2004-AA 14 de 22 http://www. que tal como fue expresamente reconocido por el Estado.. En consecuencia.m.) omitido realizar una investigación exhaustiva de los hechos y de no haber sancionado debidamente a los responsables de los crímenes cometidos en agravio de las personas mencionadas (. había "(.tc. . sostuvo: "38. es responsable por el incumplimiento de los artículos 1. Declarar que las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y.). 3..gob...html mecanismos de impunidad que se implementaron en el Perú en el pasado reciente. la Corte tiene por admitidos los hechos a que se refiere el párrafo 2 de la presente sentencia. Declarar.). la Corte considera que ha cesado la controversia entre el Estado y la Comisión en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso. 60.. carecen de efectos jurídicos.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA. la Comisión Interamericana 18/09/2016 06:15 p.).. como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492. 2. que. que permita que los esfuerzos que… "se están haciendo para impulsar … esos casos. Declarar que el Estado del Perú debe investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a los que se ha hecho referencia en esta Sentencia. éste incurrió en responsabilidad internacional por la violación del artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana (... 58. el Estado es responsable por la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492. 6. Los términos en los que se formuló tal allanamiento fueron aceptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. y ante la aceptación de los hechos y el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Perú. y abre la posibilidad… de poder provocar en el derecho interno una resolución de homologación de la Corte Suprema.. 5. La Corte considera. b) el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (. al resolver la petición conforme al artículo 52. 4. se puedan cumplir…" [subrayado añadido]. la Corte Interamericana decidió por unanimidad: "1. que éste incumplió los artículos 1. Tal impulso de realizar un procedimiento serio y ponderado que culminara con la sanción de los responsables de la violación de derechos humanos se propuso después de reconocerse que el Estado peruano.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 y de la violación a los artículos de la Convención señalados anteriormente"[32]. [negritas añadidas]. y c) el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (. conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado. Disponer que las reparaciones serán fijadas de común acuerdo por el Estado demandado. además. 39. conforme a los términos del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. Además.
gob. sobre "Interpretación de la sentencia de fondo". 66. 61. el derecho a la integridad personal y las garantías y protección judiciales de las víctimas y sus familiares. en relación a aquellas resoluciones judiciales que se dictaron aplicando las leyes de amnistía dejadas sin efecto. Esto es. tras haberse declarado que dichas leyes no tienen efectos jurídicos. el Tribunal Constitucional considera que la obligación del Estado de investigar los hechos y sancionar a los responsables por la violación de los derechos humanos declarados en la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo comprende la nulidad de aquellos procesos donde se hubiese aplicado las leyes de amnistía N. de una sentencia dictada por un tribunal internacional de justicia en materia de derechos humanos.tc. negritas añadidas]. quien "(. en el ámbito interno. en todos los aspectos que allí se desarrollan. porque no constituye una ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. lo cual viene a constituir un impedimento que es necesario levantar para desarrollar el proceso de investigación que cumpla la decisión del fallo internacional basado en los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos (. al ordinal 2. pese a existir una resolución de sobreseimiento definitivo.[33]" 65. también. la declaración de que el Estado peruano violó el derecho a la vida. 62. éstos apartan definitivamente a los imputados del proceso penal. sino también toda práctica destinada a impedir la investigación y sanción por la violación de los derechos a la vida e integridad personal.. En efecto. como ha sido interpretado por el recurrente. es decir. que. a favor del General de División Nicolás de Bari y otros por el caso `Barrios Altos´. dentro de un plazo de tres meses contado a partir de la notificación de la presente Sentencia" [subrayado añadido]. observa que los sobreseimientos dictados por la Sala de Guerra de fecha veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro y seis de julio de mil novecientos noventa y cinco. Comprende.. como se puede apreciar en los autos de sobreseimiento dictados por la Sala de Guerra. la iniciación de una segunda investigación judicial es consecuencia de la ejecución. procediendo a sancionar a las personas responsables de estas violaciones a los derechos humanos. esto es.1) de dicho fundamento Nº.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA.04587-2004-AA 15 de 22 http://www. las obligaciones de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos por el caso "Barrios Altos" ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ordinal 5 del fallo de la sentencia. establecido en el artículo 2 de la Convención..m. para absolver esta segunda cuestión es 18/09/2016 06:15 p.) al analizar la sentencia internacional.º 26492. 64.. entre las cuales se encuentran las resoluciones de sobreseimiento definitivo como las que se dictaron a favor del recurrente. º 26479 y N. 52. en forma efectiva y agotando todos los medios de esclarecimiento e identificación. sus familiares o sus representantes legales debidamente acreditados. si el principio del ne bis in ídem resulta lesionado cuando. de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. sólo a los supuestos contemplados en los ordinales 3 y 4 de dicho fallo. El problema. En mérito de ello. 63. colisiona con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado peruano investigar los hechos para determinar a los responsables de estos execrables delitos ocurridos el pasado tres de noviembre de mil novecientos noventa y uno. En opinión del Tribunal Constitucional. . como se precisó en la Sentencia de 3 de septiembre de 2001.html y las víctimas. no es si la resolución judicial que declaró nulo el sobreseimiento del proceso penal iniciado contra el recurrente es ilegítima. Como se sugirió en el ordinal b. "[…] el deber general del Estado. no se circunscriben. Ese también ha sido el criterio de la Sala Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar. de fecha 4 de junio de 2001. incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención. por tanto. sino si la declaración de nulidad de dichas resoluciones afecta el contenido constitucionalmente protegido del derecho a no ser enjuiciado dos o más veces por un mismo hecho. así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías" [párrafo 17.).
sino como un instrumento vivo y dinámico destinado a fortalecer al Estado Constitucional de Derecho. .04587-2004-AA 16 de 22 http://www. esto es. 70. aquello que queda fuera de su ámbito protegido. este Tribunal debe de recordar que el contenido constitucionalmente protegido de todo derecho no puede extraerse únicamente en atención al significado de las palabras con las cuales una disposición constitucional enuncia un determinado derecho fundamental. c) La nueva persecución penal debe sustentarse en la infracción del mismo bien jurídico que motivó la primera resolución de absolución o condena[34]. De idéntico criterio es la Comisión Interamericana de Derechos. al interpretar los alcances del artículo 8.gob. por cierto. la Constitución y. esto es. o porque así resulta de su interpretación con otras disposiciones constitucionales que contienen fines 18/09/2016 06:15 p. se encuentran aquellos supuestos en los que el doble juzgamiento no es compatible con los intereses jurídicamente protegidos como núcleo del derecho.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. c) identidad de causa de persecución. lo que comporta establecer: a) los elementos constitutivos del principio. a) Por lo que se refiere a los elementos constitutivos de la dimensión procesal (o adjetiva) del ne bis in ídem. 67. son: 1. 68. así como b) los supuestos que se encuentren excluidos de su contenido constitucionalmente protegido. no todo doble enjuiciamiento penal que el Estado pueda realizar contra un individuo se encuentra automáticamente prohibido.tc. b) La condena o absolución debe sustentarse en una resolución judicial firme. de la doctrina jurisprudencial establecida por este Tribunal es posible señalarse que estos son: a) El procesado debe haber sido condenado o absuelto. Una finalidad que. sino también –y acaso especialmente– tomando en cuenta las nuevas e imperiosas necesidades del hombre actual. Dentro de sus límites internos. b) Por otro lado. atendiendo sólo a su formulación semántica. la absolución debe haber sido el resultado de una sentencia firme. En ese sentido.html preciso que este Tribunal delimite los alcances de la prohibición del doble enjuiciamiento. el Tribunal Constitucional considera que si con el ne bis in ídem se persigue impedir el ejercicio arbitrario del ius puniendi estatal. 72. no se reconduce solamente a la que es propia del momento histórico en el que se produce el reconocimiento del derecho. y 3. 71.m. ha señalado que "(. con ella.) los elementos constitutivos del principio. ya sea porque es extraño o ajeno a aquello que éste persigue garantizar.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA. Por ello es que para que la prohibición de doble enjuiciamiento por la infracción de un mismo bien jurídico pueda oponerse a la segunda persecución penal. por lo que se refiere a la delimitación de aquellos supuestos no protegidos por la dimensión procesal del ne bis in ídem. b) identidad de objeto y. es preciso que se satisfaga irremediablemente una triple identidad: a) Identidad de persona física.. 69. el imputado debe haber sido absuelto. no pueden ser entendidas como entelequias o realidades petrificadas. bajo la Convención.. las cláusulas que reconocen derechos fundamentales. 2. sino en atención al telos o finalidad que con su reconocimiento se persigue. la que. En efecto. el nuevo juicio debe estar fundado en los mismos hechos que motivaron la sustanciación de la primera acción. que está sujeto a un plebiscito de todos los días. porque forma parte del contenido constitucionalmente protegido de otro derecho fundamental.
en el caso. amenaza con violar (o no) el derecho a no ser enjuiciado dos o más veces por un mismo hecho. Dado que la exigencia primaria y básica de la dimensión procesal del ne bis in ídem es impedir que el Estado arbitrariamente persiga criminalmente a una persona por más de una vez.html constitucionalmente relevantes. cuyos alcances han sido fijados por este Tribunal en las STC 0017-2003-AI/TC y 0023-2003-AI/TC. por tanto. legítimamente constituido y competente para intervenir en el proceso de que se trate. competencia e imparcialidad. En ese sentido.. sin embargo. que se pretenda oponer una resolución o sentencia (absolutoria) expedida en un primer proceso penal que resulta manifiestamente nulo. de las resoluciones que declararon el sobreseimiento definitivo del proceso penal por los hechos conocidos como "Barrios Altos". 79. 78. Análisis del caso concreto 75.gob. por tanto. ya que a través de ella se propone 18/09/2016 06:15 p. y ordenó que se remitieran los actuados al ámbito de la jurisdicción ordinaria para que se investigue judicialmente por la comisión de determinados delitos. a su vez. 75 de esta sentencia. el recurrente fue juzgado inicialmente por órganos de la jurisdicción militar. de acuerdo a la legislación vigente. Es decir. el Tribunal Constitucional considera que es ajeno a la naturaleza del derecho. 77. y por lo que al caso de autos importa. debe efectuarse conforme a los criterios establecidos en el Fundamento Nº.04587-2004-AA 17 de 22 http://www.m. . la resolución cuestionada. 74. a) En primer término. existen numerosos elementos objetivos que demuestran que el juzgamiento realizado al recurrente por los delitos de lesa humanidad en el caso que se ha venido en denominar "Barrios Altos". sino que es preciso que ésta se haya dictado en el seno de un proceso jurídicamente válido.tc. 73. es decir.) siendo una de las garantías fundamentales del debido proceso. 76. no tuvo el propósito de que realmente se le investigara y sancionara en forma efectiva. mediante la cual se declaró la nulidad. ello es una garantía para el justiciable. de las resoluciones que en su seno se hayan podido expedir) es jurídicamente válido. la sustentación del proceso ante el `Juez Natural´. cuya competencia ratione materiae está circunscrita al juzgamiento y sanción de los denominados delitos de función. A juicio del Tribunal. Tal circunstancia fue puesta de manifiesto por la emplazada. la garantía que ofrece este derecho no opera por el sólo hecho de que exista fácticamente un primer enjuiciamiento en el que se haya dictado una resolución firme que sobresea la causa. tras analizarse si en el caso concreto el primer proceso penal seguido tuvo (o no) el propósito de sustraer al recurrente de la responsabilidad penal. porque pese a tratarse de un delito común la realización de ejecuciones extrajudiciales y. Y es que la garantía al interés constitucionalmente protegido por este derecho no opera por el sólo hecho de que se le oponga la existencia fáctica de un primer proceso. tras constatarse que éste último se realizó por una autoridad jurisdiccional que carecía de competencia ratione materiae para juzgar un delito determinado. ante el órgano jurisdiccional del Estado. cuestionada mediante el presente proceso. a los intereses jurídicamente protegidos por la dimensión procesal del ne bis in ídem. quien en su resolución de 4 de junio de 2001. perseguible judicialmente en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. sostuvo "(. 80. el Tribunal considera que tal arbitrariedad no se genera en aquellos casos en los que la instauración y realización de un proceso penal se efectúa como consecuencia de haberse declarado la nulidad del primer proceso.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA. Bajo tales consideraciones es que este Tribunal debe juzgar si. o no hubiere sido instruido por un tribunal de justicia que respete las garantías de independencia.. Como se ha expuesto. La determinación de si el primer proceso seguido al recurrente (y. sino que es preciso que éste sea jurídicamente válido. es decir.
. por tanto. fomentándose la impunidad. sobre el Perú. (iii) El retiro (nulo) de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hecha conocer a dicho órgano supranacional mediante la entrega de la Nota Nº. erosiona los esfuerzos por lograr el respeto de los derechos humanos. corresponde su conocimiento. 5-9-M/49. que. y el propósito que las animaba. 86. el derecho a la cosa juzgada. Expresión de ese plan sistemático. . al cual se vincula al recurrente. por tanto. tomando en cuenta el contexto en que se dictaron. en su Informe del 2000. 87. como antes se ha dicho. investigación y juzgamiento al Fuero Común y no al Privativo Militar como órgano jurisdiccional de excepción (.04587-2004-AA 18 de 22 http://www. 18/09/2016 06:15 p.)[35]" 81.. y que fuera aprobada por la también nula Resolución Legislativa de fecha 8 de julio de 1999. lo constituyen: 82.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA.)"[37]. Y si bien éstas no se aplicaron al primer proceso penal que se le siguiera al recurrente. en la medida que dicha resolución de sobreseimiento carece de efectos jurídicos. en efecto. (ii) La expedición.html asegurar la imparcialidad del juzgador e impedir que el recto curso de la justicia sea alterado. puesto que normas de esta naturaleza hacen "(. 83. el Tribunal Constitucional considera que ello demuestra palmariamente que sí hubo ausencia de una voluntad estatal destinada a investigar y sancionar con penas adecuadas a la gravedad de los delitos cometidos a los responsables de los hechos conocidos como "Barrios Altos".) contribuyen a crear una atmósfera de impunidad"[36].m.) prácticamente imposible que las víctimas de violaciones de los derechos humanos entablen con alguna posibilidad de éxito acciones jurídicas para obtener indemnización.. Dicho acto tuvo el propósito de asegurar que también en el ámbito internacional el Estado no respondiese por las violaciones de derechos humanos y de esa forma se garantizase que sus autores no fueran sometidos a la acción de la justicia. contribuye a crear una atmósfera de impunidad entre los autores de esas violaciones y constituye un muy grave obstáculo a los esfuerzos por consolidar la democracia y promover el respeto de los derechos humanos (. los agentes intervinientes y las circunstancias que rodearon su ejecución delictiva. Tales elementos objetivos evidencian que el proceso penal militar que originalmente se siguió contra el recurrente era nulo y.. la expedición de las referidas leyes de amnistía "(.tc.. Por ello.. que carecía de efectos jurídicos las resoluciones que en su seno se hubieran dictado. particularmente de los actos cometidos por los del Grupo Colina. esta vez ante los órganos de la jurisdicción ordinaria.gob. en ese lapso. los hechos de `Barrios Altos´. 85. existen evidencias que el proceso penal iniciado en el ámbito de la jurisdicción militar tuvo el propósito de evitar que el recurrente respondiese por los actos que se le imputan. Como sostuviera el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 84. en atención a las circunstancias del caso. La amnistía señalada impide la investigación y el castigo apropiados de los autores de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. el Tribunal considera que. de las leyes de amnistía 26479 y 26492. el Tribunal Constitucional considera que la iniciación de un nuevo proceso penal. entre ellas... (i) El deliberado juzgamiento de delitos comunes por órganos militares. de 24 de agosto de 2000. Esas circunstancias se relacionan con la existencia de un plan sistemático para promover la impunidad en materia de violación de derechos humanos y crimenes de lesa humanidad. la que declaró el sobreseimiento de dicho proceso. no viola el contenido constitucionalmente protegido del derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho y. b) En segundo lugar. por el tipo penal imputado.
el régimen jurídico de la detención preventiva de la que es objeto el recurrente ha de sujetarse a la doctrina establecida por este Tribunal en la STC 2915-2004-HC/TC. so pena de vulnerar el derecho fundamental de toda persona a no ser sometida a detención provisional más allá de un plazo razonable" 91. cuando en su sexto párrafo establece que `no se tendrá en cuenta para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo. SS..gob. debe encontrarse necesariamente motivada en causas suficientes y objetivamente atribuibles al procesado.tc. el Tribunal Constitucional.) toda resolución judicial que pretenda prolongar el plazo de detención provisional por un periodo superior a 36 meses.04587-2004-AA 19 de 22 http://www. Por estos fundamentos. "(. ALVA ORLANDINI GONZALES OJEDA 18/09/2016 06:15 p. la complejidad del asunto así como la actividad procesal del detenido. 89. se desprende de una interpretación sistemática del mismo artículo 137º (del Código Procesal Penal).. De ahí que. De modo que el Tribunal considera no sólo que la emplazada (ni los órganos de la jurisdicción ordinaria) no vulneraron los derechos fundamentales de orden procesal que se han alegado con la demanda.. sino en base a ciertos criterios. ..pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA. en mérito de las razones expuestas en los fundamentos precedentes..m. HA RESUELTO Declarar INFUNDADA la demanda. en la referida STC 2915-2004-AA/TC dejamos establecido que la eventual ampliación del plazo de 36 meses contemplado en el artículo 137º del Código Procesal Penal "(. Al no encontrarse transgredida la libertad física como consecuencia de haberse dictado dicho mandato de detención. el tiempo en que la causa sufriere dilaciones maliciosas imputables al inculpado o a su defensa". Publíquese y notifíquese. entre otras cosas.. Finalmente.) en base a la cual pueda prevalecer la razonabilidad de un plazo de detención dilatado. Dicha interpretación.html 88.) sólo podría tener fundamento en retrasos atribuibles objetiva e inequívocamente al propio interesado. sino tampoco la libertad personal del recurrente. "(. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú. tras haberse dictado allí (y hecho efectivo) un mandato de detención. como son la actuación de los órganos judiciales. Por ello. En dicho precedente sostuvimos que la eventual afectación del derecho al plazo razonable de la detención preventiva ha de determinarse en función no sólo a las características de dicha medida cautelar (excepcional y subsidiaria). sin que para tales efectos sea posible recurrir a una supuesta `complejidad del asunto´" 90. tampoco considera el Tribunal Constitucional que la iniciación de un nuevo proceso penal en el ámbito de la jurisdicción ordinaria pueda comprometer el derecho a la libertad del recurrente.
2. por fundamentos siguientes: los 1. Considero inapropiada la argumentación del fundamento 21. a través del Procurador Público encargado de la Justicia Militar. estando ante un proceso con cabal y efectivo contradictorio en temática respecto a la que nada podría agregarse.tc. la institución demandada.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA. en tanto y en cuanto se recusa en forma inapropiada el rechazo liminar en los procesos constitucionales. motivo por el cual al analizarse las razones de dicha defensa se llega a conclusión que estaríamos admitiendo los fundamentos expuestos por las Instancias Inferiores en las resoluciones que se les recusa. 18/09/2016 06:15 p.º 4587-2004-AA/TC LIMA SANTIAGO MARTÍN RIVAS VOTO SINGULAR DEL DOCTOR JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI Emito este voto singular con el debido respeto por la opinión vertida por el colegiado.04587-2004-AA 20 de 22 http://www. pues se trata propiamente de un conflicto con contenido de “puro derecho”. En todo caso. 3.m.html GARCÍA TOMA VERGARA GOTELLI LANDA ARROYO EXP.gob. la recusación del rechazo liminar y la decisión de fondo que desestima la demanda. . No obstante la recusación de la decisión ab initio a la que hago referencia precedentemente. ya que lo que se discute son los alcances de resoluciones de la justicia militar en el caso sub materia y su concordancia con el precedente emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. considero que vienen a constituir posiciones implicantes. se afirma en la ponencia (antecedente 4) que a pesar del rechazo in límine. pero a la vez se ingresa al análisis del fondo de la materia controvertida para terminar por un pronunciamiento final de desestimación de las pretensiones propuestas (demanda) con el que precisamente se santifica el recusado rechazo liminar. ha contestado la demanda en términos que se expresa. N.
2003. N.os 29 al 36 de esta sentencia. folios 145. folios 49. son inocuos. folios 138. a su vez. Fund. [8] STC 0569-2003-AC/TC.) Los actos defectuosos son aquellos que se realizan sin que concurran todos los presupuestos. . del cuaderno del Tribunal Constitucional. [3] Escrito de 9 de junio de 2005. Por su parte. Jur.. [5] Complementado por el artículo 38º del mismo Código Procesal Constitucional. folios 44 del segundo cuaderno. a folios 81 del segundo cuaderno. fundamentos N. Oficio de 11 de junio de 2004. por ese hecho. o eventualmente por medio de la intervención del juez (BINDER Alberto.gob. [26] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Alan García Pérez c/ Perú).º 1/95 (Caso 11. N. folios 145. [23] Escrito de 11 de agosto de 2003. dando lugar. [14] Cf. sin embargo. Informe N. [19] Escrito de 11 de agosto de [20] Escrito de 11 de agosto de [21] Escrito de 11 de agosto de [22] Escrito de 11 de agosto de 2003. [9] Artículo 8. [16] Escrito de 6 de agosto de 2004. inciso 13.º 4. folios 4.tc. párrafo 34. 2003. artículo 139º. Finalmente. [15] Escrito de 11 de agosto de 2003.º 3.html SR. 18/09/2016 06:15 p. folios 82 del segundo cuaderno. supra. Jur. [29] Copia de la Resolución de 4 de junio de 2001. folios 3. de la Constitución. [2] Escrito de 3 de noviembre de 2004. [6] Escrito de demanda. Fund. también el agravio expresado al interponer el recurso extraordinario en el escrito de 3 de noviembre de 2004. 96). los actos nulos son aquellos que. [31] Corte Interamericana de Derechos Humanos. [27] Cf.º 4.04587-2004-AA 21 de 22 http://www. folios 146. N. folios 137. Pág. 2000. [25] Cf. [13] Cf. a folios 49 del segundo cuaderno. 2003. pero que no generan afectación de principios o de derechos procesales constitucionales de relevancia y.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA. N. en cuanto establece que: "No procede el amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo o que no está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del mismo". folios 138. JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI [1] Escrito de 3 de noviembre de 2004. Fund. los actos inválidos son aquellos que se realizan incumpliendo los requisitos y condiciones que la ley prevé. folios 46 del segundo cuaderno. Sentencia de 14 de marzo de 2001.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. folios 136 del primer cuaderno. folios 3. del segundo cuaderno.º 2 y STC 0435-2004-AA/TC. Buenos Aires. Caso Barrios Altos. pero que. [10] Cf. [11] Escrito de 6 de agosto de 2004. folios 81 del segundo cuaderno. folios 137. a la afectación de derechos o principios constitucionales.m. Ad Hoc. [18] Escrito de 11 de agosto de 2003. no pueden ser reparados" STC 0569-2003-AC/TC.. habiendo comprometido seriamente derechos o principios constitucionales. Fund. también. folios 49-50. [17] Escrito de 11 de agosto de 2003. [7] "(. STC 1337-2004-AA/TC. [28] Anexo 1-C a la demanda.006. [4] Escrito de fecha 6 de agosto de 2004. folios 5. Jur. [12] Escrito de 11 de agosto de 2003. folios 137. [30] Copia de la Resolución de 4 de junio de 2001. pueden ser subsanados o reparados por sí mismos. de 11 de agosto de 2003. [24] Escrito de 6 de agosto de 2004. El incumplimiento de las formas procesales. requisitos y condiciones que determinan su admisibilidad. Jur. folios 142.
tc.gob. Caso Barrios Altos.html [32] Corte Interamericana de Derechos Humanos. STC 2050-2001-AA/TC. 18/09/2016 06:15 p. Sentencia de 14 de marzo de 2001. por todas. [35] Copia de la Resolución de 4 de junio de 2001. folios 5. de 15 de noviembre de 2000. [36] Comité de Derechos Humanos de la ONU.67. . párrafo 9.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA.04587-2004-AA 22 de 22 http://www. folios 4. párrafo 38-39. [37] Comité de Derechos Humanos de la ONU. párrafo 9.m. CCPR/C/79/Add. [34] Cf. [33] Copia de la Resolución de 4 de junio de 2001. de 25 de julio de 1996. CCPR/CO/70/PER.
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