Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/4251
Timestamp: 2020-02-25 03:37:43+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 267/2000
SENTENCIA 267/2000, de 13 de noviembre
ECLI:ES:TC:2000:267
En el recurso de amparo núm. 539/98, promovido por doña Carolina Verónica Di Tata Francia, representada por el Procurador de los Tribunales don Guillermo Orbegozo Arechavala y asistida por el Letrado don Juan Miguel García, contra el Auto de 1 de abril de 1997 de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que revocó parcialmente el Auto de 11 de noviembre de 1996 del Juzgado de Instrucción núm. 43 de Madrid, contra las providencias de 22 y 30 de abril y 8 de mayo de 1997 de la misma Audiencia negando tener por interpuesto recurso de casación contra el Auto citado, y contra el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1998, que desestimó el recurso de queja contra las citadas providencias. Han intervenido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 18 de marzo de 1998, don Guillermo Orbegozo Arechavala, Procurador de los Tribunales, en nombre de doña Carolina Verónica Di Tata Francia interpuso recurso de amparo contra las resoluciones acabadas de citar.
a) En el marco de las diligencias previas 4964/96 incoadas en el Juzgado de Instrucción núm. 43 de Madrid a raíz de denuncia policial sobre persona herida en accidente de tráfico, el Juzgado dictó el Auto de 11 de noviembre de 1996 acordando una pensión provisional de 6.000 pesetas día en favor de doña Carolina Di Tata; pensión que debería satisfacer el Consorcio de Compensación de Seguros hasta el límite del seguro obligatorio al desconocerse el vehículo causante del accidente.
b) Recurrido el citado Auto en reforma por el Abogado del Estado en representación del Consorcio de Compensación de Seguros, fue desestimado por Auto de 8 de enero de 1997. Nuevamente fue recurrido por el Abogado del Estado ante la Audiencia Provincial, alegando que la pensión provisional fijada excedía de los límites legales marcados y que era desproporcionada atendiendo a las circunstancias del caso. La Audiencia Provincial estimó el recurso en Auto de 1 de abril de 1997, sosteniendo que el Juez de Instrucción no tuvo en cuenta la tabla V de la Disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, vigente en el momento del accidente, que establece como importe máximo de indemnización por incapacidad temporal sin estancia hospitalaria 3.000 pesetas/día, cuando no medien otros factores de corrección, como parece sucede en el caso, puesto que no se alude a ellos expresamente. En consecuencia, se rebajó la pensión provisional a 3.000 pesetas/día.
c) La representación de la recurrente presentó escrito ante la Audiencia Provincial anunciando la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra dicho Auto. En providencias de 22 y 30 de abril y de 8 de mayo de 1997, la Audiencia denegó el acceso a la casación por no existir tal cauce procesal. Interpuesto recurso de queja contra las citadas providencias ante el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del mismo, en Auto de 19 de enero de 1998, lo desestimó con base en que no era objetivamente procedente el recurso de casación frente al Auto de 1 de abril de 1997, pues dicho recurso sólo procede por las causas establecidas en los arts. 849, 850 y 851 LECrim y el art. 5.4 LOPJ y contra las resoluciones indicadas en los arts. 847 y 848 LECrim. En consecuencia, y dado que el párrafo segundo del art. 848 LECrim determina que sólo serán recurribles en casación los Autos definitivos de las Audiencias Provinciales en los casos en que la Ley lo autorice expresamente, y no estando autorizado expresamente en este caso, era improcedente el recurso de casación.
3. La demandante de amparo alega la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE), a la integridad física y moral (art. 15 CE) y a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), con base en la fundamentación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1997.
a) En primer término, denuncia la lesión del derecho a la igualdad entendiendo que la aplicación de la citada Ley constituye una doble discriminación. De un lado, porque al incluir en un baremo cerrado, con topes máximos y vinculantes, la indemnización por todos los daños causados, coloca a las víctimas de los accidentes de circulación en peor condición que si hubieran sufrido las mismas lesiones ocasionadas por otras causas, dado que las indemnizaciones que pueden obtener conforme a la citada Ley son inferiores a las que conseguirían si las lesiones fueran causadas por otro tipo de hechos culposos. Dicha desigualdad sería artificiosa, injustificada, carente de razonabilidad y, además, el fin perseguido -obtención de seguridad en el establecimiento de baremos- sería desproporcionado con el resultado producido -minoración de las indemnizaciones. De otro lado, se estaría primando injustificadamente a los sujetos obligados al pago, esto es, a las compañías aseguradoras en cuanto responsables del siniestro, sin que dicha discriminación favorable a las compañías de seguros pueda justificarse atendiendo a razones de carácter económico, ni a la necesidad de garantizar las cuentas de resultados.
b) En segundo término, se argumenta la lesión del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), pues en el marco de este derecho se encontraría el principio de la restitutio in integrum. El sistema de baremos impediría que el daño padecido por la víctima se reparase en su integridad, si excediere de las cuantías fijadas o si no apareciera definido en el baremo.
c) Por último, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión se sostiene sobre la base de que la Sala no ha cumplido su función jurisdiccional de valorar la prueba y razonar la decisión, sino que al remitirse a los baremos, habría hecho expresa dejación de su función constitucional de juzgar (ex art. 117 CE), apartándose del criterio del Juzgador a quo que conocía mejor la situación física de la víctima y sus vicisitudes personales y familiares. El sistema de baremos sería contrario al derecho a la tutela judicial efectiva en un doble sentido: en primer término, por cuanto impide valorar las circunstancias del caso concreto e, incluso, imposibilita la indemnización en casos en los que los daños no encuentren encaje en la clasificación de las secuelas de la tabla VI o no sea suficiente la indemnización por incapacidad temporal de la tabla V. En segundo término, al aplicar mecánicamente los baremos, el deber de motivar las resoluciones judiciales y de explicar en cada caso concreto las razones y el proceso intelectivo que le han llevado a dictar una u otra resolución deviene un deber vacío de contenido. Por último, se advierte que el sistema de aplicación automática del baremo sería contrario a la función jurisdiccional tal como se configura en el art. 117.3 CE, pues impediría su ejercicio por Jueces y Tribunales, al convertirles en meros autómatas sin posibilidad de valorar el caso concreto, ni apreciar libremente la prueba. En este sentido alega la demanda de amparo que es inherente a la función jurisdiccional la posibilidad de valoración del caso concreto con un cierto margen de discrecionalidad y que la facultad de libre valoración de la prueba en conciencia de nada serviría si una vez que el médico forense encaja las secuelas en los baremos no le queda al Juez más margen de actuación que la mecánica aplicación del baremo y la actuación dentro de los márgenes de puntuación fijados en cada lesión. Por todo ello, considera de dudosa constitucionalidad la Ley 30/1995 aplicada al caso.
4. Por providencia de 14 de diciembre de 1998, la Sección Segunda acordó admitir a trámite la demanda, y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir comunicaciones al Juzgado de Instrucción núm. 43 de Madrid, a la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de la misma ciudad, y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que, en el plazo de diez días remitieran, respectivamente, testimonio de las diligencias previas núm. 4964/96, rollo de apelación núm. 143/97 y recurso núm. 1370/97, interesándose al propio tiempo para que se emplazare a los que fueran parte en el proceso, con excepción del recurrente, para su posible comparecencia en el proceso de amparo constitucional.
5. Por providencia de 8 de febrero de 1999, la Sección Primera tuvo por recibidos los testimonios de las actuaciones y el escrito de personación del Abogado del Estado. Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, la Sala acordó dar vista de las actuaciones, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal, al solicitante de amparo y al Abogado del Estado, para que, dentro de dicho término, pudieran presentar las alegaciones que estimaren pertinentes.
6. Por escrito registrado el 26 de febrero de 1999, el Ministerio Fiscal, cumplimentando el trámite de alegaciones, interesó la desestimación del amparo una vez se dictase Sentencia en la cuestión de inconstitucionalidad 3536/96 y acumuladas. En primer término, razona el Ministerio Fiscal en torno a la posible extemporaneidad de la demanda de amparo, dado que en el Auto de 1 de abril de 1997 no se hacía constar la posibilidad de ser recurrido y finalmente las providencias de la Audiencia Provincial y el Auto del Tribunal Supremo sostienen la improcedencia del recurso de casación. De manera que el intento de recurrir en casación podría constituir un medio de alargar el plazo para recurrir en amparo, cuando dicho plazo se habría superado con creces antes de interponerse la demanda de amparo. Entiende, no obstante, posible sostener, en una interpretación no rigorista, que el Auto era dudosamente recurrible ya que no consta en él ninguna afirmación sobre su firmeza, por lo que podría aceptarse que el recurso de queja habría agotado la vía judicial previa.
7. Por escrito registrado en este Tribunal el 5 de marzo de 1999, la representación de la demandante de amparo, en trámite de alegaciones, reiteró las alegaciones de la demanda de amparo y sus fundamentos. De otra parte, señala que el propio legislador ha modificado su criterio en la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, aumentando la cuantía indemnizatoria hasta 6.500 pesetas/día de baja impeditiva, entendiendo por tal el día en que la víctima esté incapacitada para desarrollar su ocupación o actividad habitual.
8. En escrito registrado en este Tribunal el 15 de abril de 1999 el Abogado del Estado, evacuando el trámite de alegaciones conferido manifestó su opinión contraria a la estimación del amparo.
9. Por providencia de 27 de octubre de 2000, se señaló para deliberación de la presente Sentencia el día 30 de octubre, en el que se inició el trámite y que ha finalizado en el día de la fecha.
1. El objeto del presente recurso de amparo se ciñe al examen de si las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado los derechos a la igualdad ante la ley (art. 14 CE), a la vida y a la integridad física (art. 15 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 en relación con el art. 117 CE) al disminuir la Audiencia Provincial la pensión provisional concedida a la recurrente por el Juzgado de Instrucción en aplicación de la tabla V de la Disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
2. En la resolución de esta cuestión ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, la necesidad de respetar y preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo en la protección de los derechos fundamentales, lo que conduce a la ineludible exigencia del agotamiento de "todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial" [art. 44.1 a) LOTC]. En segundo término, no puede olvidarse la permanente tensión en la que se encuentra el señalado carácter subsidiario del recurso de amparo con el principio de seguridad jurídica y la exigencia, al mismo inherente, de que "la incertidumbre propia de la pendencia de un proceso no se prolongue indebidamente". Por ello, es doctrina reiterada de este Tribunal "que el plazo para la interposición del recurso de amparo establecido en el art. 44.2 LOTC es un plazo de derecho sustantivo, de caducidad, improrrogable, no susceptible de suspensión y, por consiguiente, de inexorable cumplimiento, que ha de computarse desde que se tiene conocimiento de la decisión lesiva del derecho fundamental o de la resolución del medio impugnatorio articulado contra ella, sin que sea admisible una prolongación artificial de la vía judicial previa a través de la interposición de recursos manifiestamente improcedentes o legalmente inexistentes contra una resolución firme" (SSTC 120/1986, de 22 de octubre, FJ 1; 352/1993, de 29 de noviembre, FJ 2; 132/1999, de 15 de julio, FJ 2, en sentido similar 123/2000, de 16 de mayo, FJ 2). Pues, a estos efectos, los recursos manifiestamente improcedentes provocan una ampliación indebida del plazo legal para interponer el recurso de amparo y determinan, en consecuencia, su inadmisibilidad por extemporaneidad -arts. 44.2 y 50.1 a) LOTC- (SSTC 67/1988, de 18 de abril, FJ 1; 122/1996, de 8 de julio, FJ 2; 132/1999, FJ 2).
3. Una vez acreditada la inexistencia de obstáculos procesales, procede examinar los motivos de fondo alegados por la recurrente. Como se ha expuesto con detalle en el antecedente tercero de esta Sentencia, la demandante de amparo alega las vulneraciones de los derechos a la igualdad ante la ley, a la integridad física y moral y a la tutela judicial efectiva como consecuencia de haberse aplicado automáticamente los baremos contenidos en el Anexo de la Ley 30/1995, sin haber procedido la Audiencia Provincial a individualizar el daño causado. Incide, así, el objeto del presente recurso de amparo en el núcleo central de los argumentos de las dudas de inconstitucionalidad esgrimidas en las cuestiones de inconstitucionalidad 3536/96 y acumuladas planteadas acerca del baremo de valoración de daños de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, según dada redacción dada por la Disposición adicional octava de la citada Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. De manera que, una vez resueltas dichas cuestiones de inconstitucionalidad por nuestra STC 181/2000, de 29 de junio, procede aplicar al caso la doctrina allí sentada, si bien teniendo en cuenta las peculiaridades del supuesto sometido a nuestra consideración en la presente demanda de amparo.
4. La demanda de amparo argumenta, en segundo término, la lesión del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE), ya que, en el ámbito de protección de este derecho ha de considerarse incluido el principio de la reparación íntegra del daño, mientras que el sistema de baremos impediría que el daño padecido por la víctima se reparase en su integridad en los casos en que el daño excediere de las cuantías fijadas o cuando no apareciera definido en el baremo.
5. Por último, la demandante de amparo denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión que se le habría infligido al no cumplir la Sala sentenciadora su función jurisdiccional de valorar la prueba y razonar la decisión, sino que, al remitirse a los baremos, habría hecho expresa dejación de su función constitucional de juzgar (ex art. 117 CE), apartándose del criterio del Juzgador a quo que conocía mejor la situación física de la víctima y sus vicisitudes personales y familiares. Bajo la cobertura de una argumentación dirigida de forma genérica, en principio, contra el sistema de baremos introducido en la Ley 30/1995, aduce la recurrente dos específicas quejas contra la resolución impugnada. De un lado, que la aplicación automática del baremo contenido en la tabla V del Anexo ha impedido la indemnización que correspondía a la integridad de los daños causados en atención a las circunstancias personales y familiares de la recurrente, toda vez que el Juzgado de Instrucción había acordado una pensión provisional de 6.000 pesetas/día, mientras que, tras el recurso interpuesto por el Consorcio de Compensación de Seguros, la Audiencia Provincial rebajó la indemnización en aplicación de la tabla V a 3.000 pesetas/día. De otro, que dicha aplicación automática de la tabla implica una dejación de la función jurisdiccional, pues no se ha razonado la decisión en atención a las circunstancias concretas concurrentes y a la valoración de la prueba, sino haciendo abstracción de las mismas, que habían sido valoradas en inmediación por el Juzgado de Instrucción.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 539-1998
Promovido por doña Carolina Verónica Di Tata Francia frente a los Autos de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Madrid, que rebajaron la pensión provisional por incapacidad temporal que le había asignado el Juzgado de Instrucción, en diligencias previas por accidente de tráfico.
Las pensiones provisionales por incapacidad temporal acordadas durante el procedimiento antes de su finalización pueden fundamentarse de forma adecuada en la aplicación automática de los baremos contenidos en la Ley 30/1995, sin perjuicio de que la resolución judicial que ponga fin al proceso haya de atemperarse al canon de constitucionalidad que deriva de la STC 181/2000 (FFJJ 17 y 20). Desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva no puede compartirse la específica afirmación de falta de fundamentación de la resolución judicial impugnada [FJ 5].
No puede dejar de señalarse la relevancia que para la valoración de la conformidad con el derecho a la tutela judicial efectiva de la resolución impugnada tiene el dato de que el agente causante del daño no haya sido identificado en el momento procesal en el que se adoptó y, por tanto, la indemnización acordada haya de asumirla el Consorcio de Compensación de Seguros [ FJ 5].
Dado que se produjo una minoración en segunda instancia de la pensión provisional reconocida en primera instancia a la recurrente al valorar los daños personales por aplicación de los baremos contenidos en la Ley 30/1995, ha de analizarse la pretensión de amparo a la luz de la doctrina sentada en nuestra STC 181/2000 [FFJJ 3, 4].
El recurso de casación contra el Auto de la Audiencia, revisando a la baja la pensión provisional fijada por el Juzgado de Instrucción, no evidencia una prolongación artificiosa del plazo para la presentación del recurso de amparo [ FJ 2].
Doctrina constitucional sobre los recursos manifiestamente improcedentes, que provocan una ampliación indebida del plazo legal para interponer el recurso de amparo y determinan, en consecuencia, su inadmisión por extemporaneidad (arts. 44.2 y 50.1.a LOTC) [FJ 2].
En general (redactado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre), f. 3
Anexo (redactado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre), f. 3
Anexo, tabla V (redactado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre), ff. 1, 5
Anexo, tabla V, B) (redactado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre), f. 5
Artículo 117, ff. 1, 5
Consorcio de Compensación de SegurosConsorcio de Compensación de Seguros, f. 5
Cuantificación integral de daños conforme a baremo legal orientativoCuantificación integral de daños conforme a baremo legal orientativo, f. 4
Indemnización conforme a baremo legal de valoración de dañosIndemnización conforme a baremo legal de valoración de daños, f. 5
Recurso de casación penal no manifiestamente improcedenteRecurso de casación penal no manifiestamente improcedente, f. 2
STC 181/2000STC 181/2000, Distingue, f. 5

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 117