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Timestamp: 2019-08-24 00:56:15+00:00

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OTORGAMIENTO DE BONO EXTRAORDINARIO A SECTORES DE MENORES INGRESOS
PRESUNCIONES FUNDADAS SOBRE MUERTE DE EX PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA. OFICIOS
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR GAZMURI, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PRORROGA PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 19.626 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MONUMENTO EN MEMORIA DE CACIQUE LAUTARO(3840-04)
Sesión 44ª, en miércoles 13 de abril de 2005
(De 16:25 a 18:54)
Y JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO QUESNEY, PRESIDENTE ACCIDENTAL
Sesión secreta: se adopta resolución sobre solicitudes de rehabilitación de ciudadanía (Boletines Nºs. S 774-04, S 493-04, S 704-04 y S 773-04)........
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga bono extraordinario para sectores de menores ingresos (3837-05) (se aprueba en general y particular)........
Presunciones fundadas sobre muerte de ex Presidente Eduardo Frei Montalva. Oficios (observaciones de la señora Frei)...................................................
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda ; de Educación; del Trabajo y Previsión Social; de Salud, la señora Subsecretaria de Hacienda y el señor Subdirector de Normalización y Función Pública.
--Se abrió la sesión a las 16:25, en presencia de 17 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 40ª., especial, y 41ª., ordinaria, ambas en 5 de abril, y 42ª., ordinaria, en 6 de abril, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones al marco normativo que rige al sector eléctrico (boletín Nº 3.806-08).
Con los dos últimos hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", respecto de los siguientes proyectos de ley, en segundo trámite constitucional:
1) El que crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica (boletín Nº 3.368-13); y
De la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que ha otorgado su aprobación al proyecto de ley que crea bono extraordinario para los sectores de menores ingresos (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín Nº 3.837-05).
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, por medio del cual da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Fernández, sobre requerimientos del personal de esa Corporación para enfrentar incendios como el que afectó al Parque Nacional Torres del Paine .
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar en materia de desacato (con urgencia calificada de "simple") (boletín Nº 3.048-07).
Nuevo primer informe de la Comisión de Economía recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales para limitar el cobro de intereses, regular la subasta hipotecaria y enmendar el recurso de revisión (boletín Nº 3.606-03).
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social e informe de la Comisión de Hacienda recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea juzgados laborales y juzgados de cobranza laboral y previsional en las comunas que indica (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 3.368-13).
Dos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, recaídos en los siguientes proyectos de ley, en segundo trámite constitucional:
1) El que establece en el Código del Trabajo un permiso paternal (boletín Nº 3.303-13); y
2) El que modifica el Código del Trabajo con el objeto de proteger el patrimonio de las organizaciones sindicales (boletín Nº 3.610-13).
Comunicaciones De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, por medio de la cual informa que aceptó la renuncia que presentó al cargo de Presidente el Senador señor Cantero y que eligió en su reemplazo al Honorable señor Larraín --Se toma conocimiento.
Dos de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, mediante las cuales solicita autorización para discutir en general y en particular, con motivo de su primer informe, los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sanciona con mayor rigor el abigeato y facilita su investigación (boletines Nºs 3.038-07, 3.495-07, 3.360-01 y 2.369-07, refundidos); y
2) Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre empalme entre el antiguo y el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal (boletín Nº 3.816-07).
Del Senador señor Gazmuri, mediante la cual inicia un proyecto que prorroga el plazo establecido en la ley Nº 19.626 para la construcción del monumento en homenaje al cacique Lautaro (boletín Nº 3.840-04).
Del señor Eric Manuel Cisterna Catalán, por medio de la cual pide la rehabilitación de su ciudadanía (boletín Nº S 787-04).
Señor Presidente , no sé si será el momento oportuno para hacer dos planteamientos acerca del Orden del Día.
El primero como finalidad solicitar el consentimiento unánime de los Comités para que el proyecto signado con el número 2 de la tabla, que modifica el artículo 12 del Reglamento del Personal del Senado, vuelva a la Comisión de Régimen Interior, pues deseamos presentar algunas proposiciones.
Señor Senador , para requerir el acuerdo de los Comités deberían estar todos presentes, y ello no sucede. Entonces, deberemos recabar la unanimidad de la Sala.
Si le parece al Senado, se remitirá el proyecto a la Comisión de Régimen Interior.
El segundo planteamiento tiene que ver con el tratamiento inmediato de los informes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía que figuran en los últimos lugares del Orden del Día. Así, nos constituiríamos en seguida en sesión secreta, evitando la interrupción del despacho de los demás asuntos.
Es perfectamente posible si la Sala así lo resuelve.
Se ha solicitado comenzar el trabajo de hoy con las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía, para que no haya cortes posteriores en la sesión pública.
Antes de constituir la Sala en sesión secreta, solicito al señor Presiente que recabe el acuerdo del Senado para abrir un nuevo plazo con el propósito de formular indicaciones al proyecto que modifica la ley Nº 18.502, sobre impuesto al gas. Como se sabe, su tramitación ha sido bastante dilatada, polémica...
¿Es la relativa al sector eléctrico?
No, señor Presidente . Se refiere al impuesto al gas y establece regulaciones complementarias para la utilización de éste como combustible en vehículos.
Hoy día la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones llegó a un principio de acuerdo con el Ejecutivo para explorar una fórmula que permita solucionar los reparos planteados. Además, se trata de una materia tributaria, ámbito en que el Presidente de la República tiene iniciativa exclusiva; y éste estaría en condiciones de presentar indicaciones durante la primera semana de mayo.
A ese efecto, solicito que se determine un nuevo plazo hasta el primer martes de mayo, de tal manera que el Ejecutivo pueda hacer llegar sus planteamientos por esa vía.
Si le parece a la Sala, se fijará el martes 3 de mayo, a las 12, como plazo para formular indicaciones al proyecto en referencia.
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16:31 y adoptó resolución sobre las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía de doña Claudia Rossana Grondona Opazo y de los señores Armando Abraham Medina Fernández, Fernando Enrique Moreno Vega y Patricio Marcos Cerda Ibacache.
--Se reanudó la sesión pública a las 17:9.
Señores Senadores, en este momento ha llegado a la Mesa un certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre creación de un bono extraordinario para los sectores de menores ingresos, con urgencia calificada de "discusión inmediata". (boletín Nº 3837-05).
Dada esa urgencia, sugiero alterar el orden de la tabla y tratar ahora dicha iniciativa.
A ese efecto, solicito autorización para que ingresen a la Sala la señora María Eugenia Wagner, Subsecretaria de Hacienda , y el señor Alberto Arenas, Subdirector de Presupuestos.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un bono extraordinario para los sectores de menores ingresos, con certificado de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3837-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 44ª, en 13 de abril de 2004.
Certificado de Comisión de Hacienda, sesión 44ª, en 13 de abril de 2005.
El objetivo de la iniciativa es conceder, por una sola vez, un bono extraordinario a los pensionados del Instituto de Normalización Previsional, de las cajas de previsión, de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y de las Administradoras de Fondos de Pensiones que se encuentren percibiendo pensiones mínimas; a los beneficiarios de pensiones de gracia, asistenciales y de subsidio familiar; a las familias incorporadas al sistema de protección social "Chile Solidario" y a otras personas que se señalan.
El bono ascenderá a 16 mil pesos y se pagará en dos cuotas, de 10 mil y 6 mil pesos, la primera en mayo y la segunda en julio del presente año.
La Comisión de Hacienda aprobó la iniciativa en general y en particular por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Matthei y señores Boeninger, García, Naranjo y Sabag, en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Senador señor Boeninger.
Señor Presidente , la Comisión de Hacienda sesionó a las 3 y media de esta tarde para conocer este proyecto -cuya urgencia fue calificada de "discusión inmediata"-, el cual me corresponde informar en calidad de Presidente accidental de ella.
Como indicó el señor Secretario, se trata de otorgar un bono extraordinario a los sectores de menores ingresos, para compensar el impacto que el mayor precio internacional del petróleo ha tenido en los presupuestos familiares, especialmente en los rubros de transporte colectivo y en el consumo de parafina y gas.
En el artículo 1º se identifica a los favorecidos con el bono, que son, en categorías más generales, los siguientes: los beneficiarios de subsidio familiar, de pensiones asistenciales y de pensión mínima, tanto del INP como de las AFP con garantía estatal; las familias incorporadas en el último año al sistema de protección social Chile Solidario, así como los perceptores de pensiones mínimas de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales; los pensionados del INP y de las mutualidades de empleadores de la ley Nº 16.744 con pensión superior a la mínima e inferior a 100 mil pesos mensuales, y los trabajadores con cargas familiares y renta inferior a 180 mil pesos al mes.
Lo anterior implica entregar el bono compensatorio a alrededor de 2 millones 200 mil personas.
Conforme al artículo 3º, cada beneficiario tendrá derecho sólo a un bono, aun cuando revista más de alguna de las calidades indicadas en la descripción que acabo de hacer. Si tuviere más de una, se le otorgará el bono como pensionado. En el caso de ser titular de más de una pensión, lo va a recibir de parte de la entidad que le paga la de menor monto.
Finalmente, el mayor gasto que represente la aplicación de la ley en proyecto, que asciende a la suma de 35 mil millones de pesos, se imputará a los mayores ingresos del Presupuesto vigente.
En el curso de la discusión se mencionaron fórmulas alternativas para paliar este tipo de situación, como el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, la reducción del impuesto específico a los combustibles y otras variantes; pero la Comisión, en lo concreto, se atuvo obviamente al proyecto específico del Ejecutivo , que fue aprobado por unanimidad, tanto en general como en particular.
Respecto a una inquietud planteada en la Comisión a propósito de sectores de ingresos medios modestos -se citó como ejemplo el caso de los taxistas- donde se produce un impacto significativo en su presupuesto, quedó constancia de que el Ejecutivo se comprometió a estudiar la situación en un plazo breve, para ver si podía proponer alguna medida específica.
Reitero que la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto en general y particular.
Tiene la palabra el Honorable señor García; luego, Senadores señora Matthei y señor Prokurica.
Señor Presidente , en la Comisión escuchamos una exposición del señor Ministro de Hacienda sobre por qué se optaba por esta fórmula para ayudar a las familias a paliar el alza de los combustibles y no por la de hace algunos años, que consistió en el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Comparto las explicaciones del señor Ministro en el sentido de que estamos, probablemente, en presencia de aumentos en los precios del combustible que no son transitorios, sino que más bien han llegado para quedarse, dentro de ciertos rangos, por lo cual van a repercutir en la economía por mucho tiempo. Ello, entre otras razones, por el alto crecimiento de China, lo que también implica que la cotización del cobre en los mercados internacionales sea alta.
Por lo tanto, la fórmula para ir en ayuda de 2 millones 200 mil familias con un bono de 16 mil pesos, pagadero en dos cuotas, me parece razonable y buena, pues se focaliza en los sectores más modestos de la población -el primero y segundo quintiles según los ingresos-, como por lo demás lo demostró el señor Ministro en su exposición.
Sin embargo, antes que nada, como representantes de la ciudadanía, debemos tener presente que ya no estamos hablando de un efecto transitorio del alza de los combustibles -repito-, sino, probablemente, de algo más permanente.
En segundo término, quiero añadir que quienes más gastan en medios de transporte urbano, sean públicos o particulares, son precisamente los trabajadores, en especial los de ingresos inferiores a 360 mil pesos. Para ellos, las alzas de los combustibles y de la locomoción colectiva, claramente, tienen un impacto muy fuerte en sus presupuestos familiares.
Por tal razón, no sólo debemos pensar en medidas paliativas temporales, sino en otras permanentes y que incluyan a grupos más amplios de la población; es decir, los sectores medios que viven de una remuneración mensual o de una pensión, las cuales son, por lo general, muy bajas.
En consecuencia, señor Presidente , reitero una solicitud que hice en la Comisión al señor Ministro de Hacienda en orden a que se estudie un aumento de la asignación familiar.
Actualmente existen tres montos para ella: quienes tienen un ingreso mensual de hasta 118 mil 192 pesos reciben, por cada carga, 3 mil 797 pesos mensuales; aquellos cuyo sueldo está entre 118 mil 193 y 231 mil 502 pesos, obtienen 3 mil 694; los que alcanzan un ingreso mensual de entre 231 mil 503 y 361 mil 64 pesos, sólo perciben un mil 203. Son sumas francamente ridículas que no ayudan a las familias a cubrir las necesidades fundamentales de los hijos tanto en los estudios como en el transporte, vestuario, alimentación, etcétera.
Quienes tienen ingresos superiores a 361 mil 64 pesos simplemente no perciben asignación familiar. Fue el propio Congreso el que hace unos años decidió eliminarla, precisamente para favorecer a los sectores más modestos.
Por lo tanto, en nombre de Renovación Nacional, solicito al señor Ministro estudiar los referidos montos y dejarlos en 5 mil pesos mensuales por cada carga. De esta manera se favorecería a un millón 200 mil niños y jóvenes que hoy son beneficiarios de este aporte, lo que además implicaría allegar mayores recursos a aproximadamente 500 mil hogares de los sectores medios de la población. Esta propuesta tendría un costo de alrededor de 31 mil millones de pesos anuales. Para este año sería casi la mitad, porque tendría que regir para los meses que restan.
Me parece una medida sana y justa, que apunta efectivamente a apoyar a los sectores medios. Éstos son por lo general los más sacrificados, los más esforzados, los que salen a cumplir con su trabajo todos los días, los que velan para que sus niños vayan al colegio, los que hacen cualquier esfuerzo para llevarlos a completar la educación media y a recibir algún tipo de educación superior.
Considero que a esas familias no podemos dejarlas al margen de una ayuda en momentos en que el alza de los combustibles va a recargar sustantivamente sus escuálidos presupuestos.
Por eso, señor Presidente , además de apoyar el proyecto enviado por el Gobierno -como ya se ha dicho, favorece a 2 millones 200 mil personas-, quiero insistir en que, pese a ser positivo su contenido y conformarse a la metodología correcta, resulta insuficiente, por dejar fuera a sectores medios de la población que viven de un sueldo o de una pensión inferior a los 360 mil pesos. Esas familias también necesitan que nos acordemos de ellas. Por ser muchas veces el motor de Chile e inculcar más valores y representar a la gran clase media, no es justo que las olvidemos. Ya no será posible hacerlo mediante esta iniciativa; pero tengámoslas presentes.
El Fondo Monetario Internacional nos ha dado hoy día a los chilenos una buena noticia: estima el crecimiento económico del país para este año en 6,1 por ciento, lo que va a significar al Fisco más ingresos tributarios.
Sé que no podemos caer en demagogia y pretender que todo cuanto signifique superiores entradas hay que gastarlo. Tenemos que ser responsables, para no desatar mayores niveles de inflación ni elevar la tasa de interés. Pero, como ha dicho el propio Presidente Lagos , la riqueza hay que distribuirla con mayor equidad. Y me parece que elevar las asignaciones familiares a la cifra, todavía modesta, de 5 mil pesos mensuales por carga constituye una medida sana, justa, que apunta a una distribución más equitativa de los ingresos.
Señor Presidente , creo que todos los que asistimos hoy día a la Comisión de Hacienda tenemos clarísimo que mientras persista el aumento de precios del petróleo el Fondo de Estabilización no puede funcionar. Ello es imposible, porque se requerirían subsidios muy altos, que beneficiarían a personas que no los necesitan forzosamente y que, además, podrían mantenerse durante mucho tiempo.
Dicho Fondo opera sólo cuando hay inestabilidad en torno a un precio medio. En cambio, aquí ha habido un incremento permanente. En la actualidad, no es dable decir que el precio normal oscila entre 23 y 25 dólares el barril, porque los valores giran en alrededor de los 50 dólares, y nadie sabe si seguirán subiendo.
En estas circunstancias, el Fondo de Estabilización no representa una alternativa. Y pienso que todos estuvimos de acuerdo en eso.
Ahora bien, es claro que el Gobierno recauda 750 mil millones de pesos solamente por el impuesto específico a los combustibles. Tal cantidad es mucho dinero. Y la medida propuesta en el proyecto cuesta 36 mil millones de pesos; es decir, la vigésima parte de lo obtenido por dicho gravamen, sin contar el IVA ni los tributos de importación. De manera que cabe preguntarse si el Gobierno puede hacer un esfuerzo adicional, sobre todo si ello va en beneficio de la clase media, como expresó el Senador señor García .
Si analizamos qué está sucediendo con la clase media hoy día, observaremos algo bastante preocupante. Por ejemplo, los hijos de profesores no tienen derecho a crédito fiscal ni, obviamente, a ninguna beca estudiantil. Además, las personas de clase media en su gran mayoría pagan contribuciones -a pesar de que el 80 por ciento de las viviendas está exenta de ellas- y la extracción de basura. En general, los subsidios habitacionales no les sirven o les sirven muy poco, porque están destinados a viviendas de mucho menor valor que aquellas a las que algunas veces aspiran. Asimismo, la salud no les es gratis, porque no se encuentran en los tramos más bajos. Normalmente, tratan de matricular a sus hijos en establecimientos con financiamiento compartido; es decir, no les basta con la subvención estatal. Muchas veces jubilan con la pensión mínima, y no tienen derecho a asignación familiar.
Es decir, la clase media prácticamente contribuye para todo y no recibe ningún paliativo.
Hemos ido estableciendo muchos beneficios para la gente de escasos recursos, lo cual me parece bien, porque la pobreza era muy alta. Sin embargo, creo que ya basta de cargar de alguna manera todo el peso en la clase media, sin otorgarle nunca un beneficio.
En verdad, la gente de clase media está enfrentando el mayor gasto que le significa el alza del pasaje de la micro o de la bencina. Muchos usan su auto como elemento de trabajo. Hay taxistas realmente desesperados. Se trata de pequeños empresarios que no son indigentes y que se hallan angustiados por el cúmulo de cosas que señalé con anterioridad: deben pagar la educación y la salud; frecuentemente, sus pensiones son muy malas, y no tienen derecho a asignación familiar ni, en la práctica, a nada.
El país está creciendo y vamos a obtener mayores ingresos por el precio del cobre. En general, el valor de este metal y el del petróleo suben y bajan juntos por razones de demanda, como ocurre ahora. Es decir, las personas están gastando más debido al costo de los combustibles, pero Chile está percibiendo ingresos extraordinarios por el mayor precio del cobre, de manera que creemos que el Estado podría hacer un esfuerzo un poco más generoso en favor de la clase media.
Tenemos claro que no se pueden gastar todos los ingresos del cobre. En la medida en que se piense que solamente son transitorios, la regla del superávit estructural señala que hay que ahorrarlos. Pero también es muy posible que en el largo plazo el precio del metal rojo se encuentre por sobre los niveles en que suele estar y, por lo tanto, parte de esos ingresos se podrían gastar. Eso lo sabremos en pocos meses más.
Por consiguiente, reclamamos que hay que empezar a preocuparse de la clase media.
En enero del próximo año de nuevo se pretende aumentar las contribuciones a ese sector, previéndose un 10 por ciento más de recaudación. Como señalé, en Chile el 80 por ciento de las viviendas están exentas. Por lo tanto, ¿quién paga? Nadie puede creer que el 20 por ciento restante corresponde a la gente rica. Entonces, ¿quién lo hace? ¡Nuevamente la clase media!
Esas personas no dan más, señor Presidente . ¡No dan más! Y debemos prestar atención, no sólo a los problemas de la extrema pobreza y de la indigencia, sino también a los de la clase media.
Por eso, espero que de alguna manera la medida propuesta sea complementada. Nosotros sugerimos la fórmula de rebajar la tasa del impuesto específico, por una sola vez, cuando el precio del crudo exceda los 40 dólares por barril. Esto no significa estimular a la gente a consumir más petróleo, más diésel o más bencina, pero constituye un alivio, porque tendrá que pagar menos de su bolsillo por ese concepto.
Ello es posible. Se trata de una medida económicamente correcta, que no complica a ninguno de los objetivos del Gobierno, ni a la distribución del ingreso, ni a nada, y significaría un claro alivio para muchas personas que de verdad experimentan una enorme angustia económica.
Por otra parte, me alegra sinceramente que por primera vez, sin que lo pidiéramos, el Ejecutivo haya incorporado a los pensionados de las AFP en el beneficio, pues por lo general sólo se considera a los del INP que perciben pensiones mínimas. Esta vez se los incluye, lo cual es bueno, y hay que destacarlo.
Ahora bien, nos parece injusto que a las personas de bajas pensiones de las AFP se les exija además, de alguna manera, un certificado de pobreza; es decir, que deban obtener 550 puntos o menos en la ficha CAS. ¿Por qué es injusto? Porque a los jubilados del INP que ganan lo mismo no se los obliga a ello. Basta con que tengan una pensión de alrededor de 100 mil pesos para que automáticamente reciban el beneficio. En cambio, a los de las AFP se les pide un requisito adicional: demostrar pobreza.
El Gobierno nos explicó que tal exigencia obedece al siguiente razonamiento: en las AFP, la cotización de los trabajadores independientes es voluntaria, y, por lo tanto, puede ocurrir que una persona de muy altos ingresos reciba una pensión baja, pero no por el hecho de que sus remuneraciones hayan sido exiguas, sino porque cotizó poco
Nosotros propusimos que, en ese caso, se les exija lo mismo que a los del INP, es decir, 20 años de cotizaciones. El señor Ministro de Hacienda se comprometió a estudiar esta propuesta dentro de un plazo breve y, en la medida en que sea posible, adicionarla al proyecto, de manera que los afiliados a las AFP puedan acceder a este bono, sea por tener certificado de pobreza o derecho a la garantía estatal, es decir, 20 años de cotizaciones.
Ello nos parece de la mayor justicia. Pensamos que ha llegado el momento de no seguir brindando un trato preferente a algunos pensionados de un régimen previsional.
En vista de todos esos argumentos, vamos a votar a favor. Pero quiero dejar muy en claro que lo haremos por considerar que "peor es nada" y no porque realmente esto nos satisfaga.
Creemos que el Estado puede más y debe preocuparse de alguna manera de la clase media. La clase media está demasiado abandonada, porque son numerosas las exigencias y los cobros, y los beneficios, muy pocos.
Por lo tanto, esperamos que cuando se revise el precio del cobre a largo plazo y se estudie si es posible gastar más comencemos a ver de qué forma podemos preocuparnos de la clase media, a la que hemos tenido tan botada.
Señor Presidente, sin duda, me alegro -al igual que todos los Senadores- por este bono extraordinario que se otorga, pues va dirigido a personas que lo necesitan.
Sin embargo, como decía la Honorable señora Matthei, creo que olvidamos a la clase media, sector que presenta una pobreza disimulada: la de cuello y corbata. Y a esas personas las estamos afectando.
Yo no veo una verdadera distribución con equidad de la riqueza obtenida por el país. El monto de los recursos generados por el cobre es increíble, y las ganancias seguirán por lo menos durante este año y el próximo.
Por otro lado -como señaló el Senador señor García -, se ha estimado para Chile un 6,1 por ciento de crecimiento, lo cual es más que auspicioso. Pero siento que la clase media es la perjudicada.
En cuanto a mi Región, puedo señalar que conozco a miles de personas que cuando jubilan se compran un taxi, pasan más de doce horas sentadas frente al volante y muchas veces trabajan sólo para cubrir el gasto en bencina. Y ahora, con la nueva alza del precio de los combustibles, se verán muy afectadas.
Otra realidad de la Región de Antofagasta: han disminuido casi en 60 por ciento los almuerzos que se entregaban en los establecimientos educacionales a la gente más necesitada, y ahora los niños de ese estrato deberán ir a almorzar a su casa. Eso significa mayor gasto en locomoción.
En definitiva, vamos reduciendo la clase media.
Por eso, respecto del crecimiento de nuestro país, muchos se preguntan: "¿Y a mí qué me toca de ese crecimiento? Es muy bueno todo lo que está ocurriendo: las ventas a China, los convenios con otras naciones, el desarrollo económico, las enormes ganancias del cobre. ¿Pero qué recibo yo de todo eso? Porque las tarifas de la luz siguen subiendo, las del agua siguen subiendo, las de la locomoción siguen subiendo, pero los sueldos no aumentan en igual proporción".
En la Región que yo represento -al igual como ocurre en otras-, donde el costo de vida es muy alto y las ciudades abarcan varios kilómetros de superficie, el alza de los combustibles representa todavía mayor gasto, dado que deben tomarse dos o tres micros para realizar un trámite o ir a la escuela, además de que no se reciben los almuerzos a que hice mención.
Por lo tanto, tenemos que estudiar las cosas con más profundidad.
Comprendo que la labor del Ministro de Hacienda sea cuidar muy bien las arcas fiscales, pero también siento que algo se puede hacer ante la situación descrita. Y el señor Eyzaguirre , con su inteligencia y juventud, bien puede buscar nuevas fórmulas para solucionar esos problemas, que son reales.
Tengo claro que se deben cuidar los recursos del Fisco. Pero también conozco el sufrimiento de la clase media, que se halla acogotada y reduciéndose cada día. Antes era bastante homogénea y compacta. Hoy, las personas de clase media se están empobreciendo de manera alarmante. Y eso está afectando nuestra credibilidad.
Sin embargo, a pesar de lo anterior, sé que la gente continuará confiando en la Concertación, porque resolvimos muchos problemas y hemos rebajado considerablemente la pobreza dura. Pero existen brechas en algunos ámbitos donde todavía estamos en deuda. Y para eso es preciso buscar mecanismos apropiados, que -como señalé- el señor Ministro de Hacienda podría encontrar.
A lo mejor tiene razón la Honorable señora Matthei en el sentido de que el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo no es la solución adecuada; pero mientras no se encuentre otra definitiva, podría utilizarse durante un tiempo. Porque recursos tenemos. Nuestro país no está en bancarrota, ni mucho menos.
Por lo tanto, me parece que distribuir la riqueza con mayor equidad es el gran desafío que sigue pendiente. La actual situación no afectará a los sectores más acomodados, sino a la clase media de que hablamos.
Me contaba Soledad Alvear que cuando visitó en Santiago la comuna de La Florida se reunió con un grupo grande de personas dedicadas al transporte escolar...
¡La futura Presidenta del país!
¡Soledad Alvear!
¡Señor Presidente , que no me interrumpan con preguntas obvias, porque las respuestas que debo dar a ellas son también obvias!
Ruego a la Sala respetar a la señora Senadora que hace uso de la palabra.
Señor Presidente , decía que la futura Presidenta de Chile se reunió en La Florida con un grupo grande de personas dedicadas al trasporte escolar: ellas adquirieron con sus pocos ahorros un vehículo para tales fines y ahora van a trabajar sólo para cubrir los gastos en bencina.
Es evidente que el alza de precios en los combustibles disminuirá ostensiblemente la calidad de vida de la gente. Asimismo, aumentará la deserción estudiantil, por la imposibilidad de pagar dos o tres locomociones o el transporte escolar, ante el incremento de las tarifas.
En definitiva, señor Presidente , me alegro por la entrega de este bono extraordinario. Son 2 millones 200 mil personas las que obtendrán tal beneficio. Pero yo lo querría para bastante más gente, porque de verdad duele ver la pobreza de cuello y corbata, que hoy es una realidad en nuestro país.
Señor Presidente , hace unos minutos la Senadora señora Matthei señaló su intención de aprobar el proyecto aduciendo que "peor es nada". Yo diría que esta iniciativa "es una aspirina" para la conciencia de las autoridades de Gobierno frente a la realidad dramática de millones de chilenos que hoy día tienen un vehículo, a quienes permanentemente se les aumentan sus gastos básicos, y de aquellos que deben pagar las tarifas de las micros.
Nuestro país es el que exhibe el nivel de gravámenes a los combustibles más alto de América: recauda más de mil 100 millones de dólares por concepto de impuesto específico y de IVA.
Es indudable que el proyecto en debate deja a la clase media sin ninguna posibilidad. Aquí, derechamente, se quiere tapar el sol con un dedo.
Quiero recordar en forma breve cómo nace el impuesto específico.
En ese momento Chile era muy distinto: no había peajes ni las condiciones hoy día existentes en el ámbito vial. Y dicho tributo se crea para construir carreteras y mantener los caminos. Pero, en la actualidad, por donde uno transite observa que el Estado ya no las hace y las mantenciones viales son mínimas.
Por lo tanto, tal gravamen de alguna manera ha perdido lógica. Sin embargo, se ha ido quedando para siempre.
La solución consiste en terminar con el abuso que se genera cada vez que sube el precio internacional de los combustibles -cosa que nosotros no podemos manejar-, pues el Estado se enriquece haciendo más pobre a la clase media chilena.
Y esto lo digo claramente, señor Presidente , porque hay un informe del Instituto Libertad donde se señala que el año 2004 el Fisco recaudó más de 40 millones de dólares extras en IVA sólo por concepto del mayor valor del precio internacional del petróleo.
Lo anterior lleva a plantear una posible solución al problema -muchas veces la sugerimos con el Diputado señor Vilches y con Parlamentarios de la Concertación-, consistente en establecer un impuesto progresivo a los combustibles, de manera que cuando el precio internacional de éstos suba el Fisco recaude lo mismo. No queremos hacer demagogia al respecto. Pero la idea es que éste no obtenga mayores ingresos cuando se produzca dicha alza.
Lo que ocurre hoy es que el Estado, con las actuales políticas impositivas -que este proyecto no modifica-, cada vez que el precio internacional de los combustibles se incrementa, se hace más rico, y la clase media, más pobre.
No creo que el Fisco necesite esos recursos extras, sino que, por el contrario, debería mantener su recaudación, de tal manera que no se hiciera más difícil la vida a miles de chilenos.
Señor Presidente , junto con alegrarme por el envío de este proyecto, que efectivamente ayudará a la gente más pobre del país, quiero efectuar algunas reflexiones, e incluso, recoger ciertos planteamientos formulados hoy día en la Sala.
Ante todo, deseo hacer presente al señor Ministro de Hacienda que, si bien aquí se ha favorecido a los pensionados, especialmente a quienes reciben pensiones más bajas, existe una deuda pendiente con ese sector, y que hay un compromiso del propio Presidente Lagos en el sentido de igualar el montepío a la pensión que debió corresponderle al causante, medida que parece de extrema justicia. Porque cuando el causante de una pensión fallece su viuda no reduce los gastos a la mitad. Se trata de un problema pendiente, que los jubilados han planteado en forma reiterada. Y, en mi concepto, debería ser abordado en estos momentos, cuando el país está en una situación de bonanza económica que, como se ha indicado aquí, se proyecta muy favorablemente, por lo menos en el futuro próximo.
Ahora, me parece muy relevante el planteamiento del Honorable señor García referido a la asignación familiar, aunque difiero un poco en cuanto al tratamiento que debería darse a ésta.
Ciertamente, en el pasado -y hablo de un pasado ya bastante lejano- la asignación familiar constituía una fuente de ingresos de enorme importancia para los trabajadores. A los que tenían numerosas cargas les reportaba un tercio y, en algunos casos, hasta la mitad de sus entradas mensuales. ¿Qué traía esto como consecuencia? Que las familias sabían con certeza que si llegaba un hijo iban a contar con una ayuda significativa para solventar los gastos que implicaba la presencia en ellas de un nuevo integrante. Eso ya no ocurre hoy día, pues la asignación en comento, como aquí se ha expresado, se deterioró absolutamente, hasta alcanzar un nivel en que casi no tiene ningún valor.
Debo recordar también, señor Presidente , que existía un fondo para asignación familiar, constituido con aportes de los empresarios y de los trabajadores. Y creo que ya es hora de que vayamos haciendo efectivo algo que se menciona mucho pero que se practica muy poco: la solidaridad.
En tal sentido, pienso que se podría proponer -y ello debería discutirse en el Parlamento- la creación de un fondo nacional para la asignación familiar que permita entregar este beneficio a todas las personas, sin tope de sueldo y sin piso, a condición de que trabajen, tengan hijos y cumplan los requisitos pertinentes.
Como eso involucra grandes cantidades de dinero, resulta imposible llevarlo a cabo por ley y con el solo financiamiento del Estado. Por ello, en mi opinión, el fondo perfectamente podría formarse con aportes de las empresas, a través de una cotización por cada uno de sus trabajadores, más los aportes de éstos y, desde luego, del Estado. Ese fondo, constituido por tres fuentes de recursos distintas, mejoraría la asignación familiar en montos tales que convertirían a ésta en una ayuda efectiva para las familias de clase media.
Pero busquemos soluciones. Porque no podemos seguir hablando de mejoramientos sin encontrar fuentes de financiamiento.
Aquí se dice que es demagogia hacer un planteamiento como aquél. Sin embargo, ya estamos cansados de escuchar voces que expresan la necesidad de mejorar un servicio u otro, pero sin que se entreguen soluciones reales para los problemas.
A mi juicio, lo lógico sería abrir un debate, pues la referida asignación tiene una relevancia muy grande en el fortalecimiento de la familia. En la actualidad, muchas parejas evitan la llegada de nuevos hijos en consideración a la carga excesiva que implican su educación, su alimentación, etcétera.
Se ha dicho aquí que hoy existen fondos suficientes. Ojalá fueran tan suficientes como para que la gente de escasos recursos pudiera acceder a una educación del nivel de los colegios privados a que algunos podemos mandar a nuestros hijos, o acudir a un hospital para tener igual atención médica que la recibida por quienes van a una clínica y pagan al contado.
El Estado tiene la obligación de mejorar esos servicios; es su función. Y, a partir de lo planteado hoy aquí, deberíamos reestudiar los programas de salud, de educación, de vivienda, en fin. Pero, tratándose de la clase media, habría que hacer un esfuerzo solidario. Es preciso entender que quienes poseen más y reciben mayores ingresos perfectamente pueden contribuir a generar un fondo que ayude a la gente de los sectores medios y, desde luego, a la de los estratos más pobres.
Al señor Ministro de Hacienda le ruego considerar especialmente la referida situación de los pensionados. Quedan meses para el término del actual Gobierno. Como dije, se trata de un compromiso presidencial. Y creo que los jubilados merecen que a lo menos esa aspiración, que es muy importante, sea tomada en cuenta por el Ejecutivo .
Hago presente a la Sala que a las 18:34 -es decir, en alrededor de 40 minutos- debe cerrarse el debate. Por tal motivo, pido a quienes van a intervenir que abrevien sus exposiciones al máximo, de manera que puedan hablar todos los inscritos.
Señor Presidente , a la luz de la advertencia que usted acaba de efectuar, cabe tener presente que el proyecto en discusión puede ser resuelto de dos maneras: limitándonos al tema del bono, sin formular ninguna observación más, o realizando un análisis de fondo respecto de otras materias, tal cual lo han hecho algunos colegas.
Como indicó el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, no estamos frente a un asunto puntual.
Ahora bien, como habitualmente ocurre que los primeros oradores hablan 15 minutos y los últimos sólo 2 ó 3, por el apremio en el tiempo -en mi caso, como Comité, tengo además la presión (lo digo de manera cariñosa) de la Honorable señora Frei , quien desea referirse a una materia bastante relevante para nosotros-, propongo, para evitar la inequidad, zanjar el problema agregando 15 minutos a los 45 restantes, en forma de contar con una hora completa, y limitando los discursos de los siguientes oradores a entre 5 y 8 minutos como máximo, con el fin de lograr una distribución más justa en el uso de la palabra, prorrogando el Orden del Día si es necesario.
Se ha efectuado una proposición.
Si le parece a la Sala, las intervenciones de los Senadores que restan se restringirán a 5 minutos.
Señor Presidente , sin duda, el proyecto ayudará en algo a 2 millones de compatriotas. Pero la pregunta es cuántas veces más, durante este año y el próximo, se van a tener que plantear iniciativas del tipo "peor es nada", según calificación de una señora Senadora .
Reitero: es incuestionable que el proyecto resulta necesario, pero la interrogante que debemos formularnos es cada cuánto tiempo se van a tener que estar presentando iniciativas similares.
Hago la pregunta porque el real problema de nuestra economía y del Estado chileno radica en que no emerge una planificación estratégica para enfrentar nuestra dependencia energética del petróleo y sus derivados. Y, ante eso, es evidente que la situación se va a repetir, dado que no se divisa un plan, un escenario, en la perspectiva de 2, 5, 6, 7, 8 ó 10 años.
El precio del crudo está subiendo en el mundo y hay más demanda, debido al crecimiento de la economía mundial y a la estabilidad de muchos países. Sabemos que resulta imposible enfrentar desde aquí alzas permanentes. Por eso, nuestra dependencia de ese energético conducirá a que en forma periódica el Gobierno deba afrontar una situación política ante la cual, o sigue dando paliativos a los sectores de menores recursos, incluida por supuesto la clase media, o sencillamente recurre a una visión más profunda, más estructural, para cambiar estos procesos constantes de aumentos y apoyos económicos registrados en torno de un combustible vital.
Aquí, entonces, corresponde plantear con claridad al Supremo Gobierno que no existe una visión estratégica que permita sentar las bases para resolver el problema, y ahora. Porque la demanda por petróleo será imparable y periódicamente vamos a estar viviendo de estos bonos y de cosas por el estilo.
Estoy de acuerdo con la iniciativa, señor Presidente , pero dejo constancia de que significa una solución momentánea.
Señor Presidente , concurro a la votación de este proyecto con una sensación de insatisfacción muy marcada. Se trata de una solución que no resuelve ni siquiera el problema de quienes tienen bajos ingresos. Ella representa 2 mil pesos mensuales, de aquí a diciembre. ¡Dos mil pesos mensuales! Eso es exactamente lo que estamos votando hoy a través de esta iniciativa, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.
La dificultad radica en la necesidad de mirar el desarrollo del país en su contexto, sin considerar lo que significa un beneficio de esta naturaleza para dos millones y tanto de personas -ellas dirán: "Bueno, deme los 2 mil pesos mensuales, ya que no me está entregando nada"- que reciben pensiones asistenciales o pensiones de gracia de montos muy reducidos.
Esto afecta a la situación económica. Y la forma de enfrentarlo golpea a sectores productivos que generarán mayor cesantía y empobrecimiento si no hay solución.
Esta mañana recibimos en la Comisión de Agricultura del Senado a tres delegaciones de la zona centro-sur del país. La semana pasada acompañamos en La Moneda a delegaciones de pequeños productores de maíz que, entre sus planteamientos claves, se refirieron al encarecimiento de los insumos y, básicamente, al alza de los precios del petróleo y de derivados de éste con incidencia directa en su producción, mientras el precio de ese cereal se derrumba y la gente se empobrece.
¿Qué sucede en el caso de los transportistas en las zonas poblacionales o rurales? Muchos creen, por ejemplo, que el transporte escolar es privilegio de gente adinerada. ¡Están profundamente equivocados! En la mayoría de las comunas que represento, él es utilizado y pagado por personas muy modestas. Y es precisamente eso lo que permite hoy día que la educación tenga mayor difusión y que dentro de ella existan más posibilidades de equidad.
Por lo tanto, se excluye a sectores emergentes de la sociedad, los cuales no se sienten tocados por el desarrollo que el país registra en otros ámbitos.
La mayoría de nosotros ha recorrido la autopista Costanera Norte . ¡Estupenda obra! ¿Quién puede decir lo contrario? Pero la gente modesta ni siquiera se va a asomar a ella: primero, porque no tiene cómo hacerlo; segundo, porque utilizarla está absolutamente fuera de sus posibilidades.
Bienvenida dicha autopista. Pero se requiere una visión estratégica para el desarrollo del país. Y eso es lo que echo de menos, no sólo en este proyecto, sino también en otras medidas que se toman.
Cuando se pide un fondo de compensación o un fondo de estabilización -como quiera llamársele-; cuando se deja entrar mercancías extranjeras que derrumban los precios en las actividades de los pequeños productores, que son quienes dan empleo, sencillamente se señala: "Son las leyes del mercado". Y un Ministro se permite ir a decir a la Cámara de Diputados que le están pidiendo derogar la ley de la oferta y la demanda. Poco menos que debió salir de la Sala ante la reacción que provocaron sus palabras. Porque, obviamente, se trata de situaciones que no se avienen con lo que nuestro país está viviendo.
Señor Presidente , tengo una profunda insatisfacción con lo que aquí se propone como estrategia para enfrentar las dificultades derivadas del alza del precio del petróleo. Éste es un problema nacional y no sólo de determinados sectores. Y hay que cuidar la fuente de trabajo, la fuente de ingresos de familias de todo el espectro. No estoy hablando de quienes tienen dinero, porque ellos se las arreglarán de alguna manera -por ejemplo, los productores transferirán el alza del crudo a los precios de lo que expenden-, sino a aquellos que venden su trabajo. Éstos son los que, mayoritariamente, no tienen satisfacción mediante el proyecto de ley en debate.
Votaré a favor, porque, obviamente, no hay otra alternativa.
Señor Presidente, desde luego, voy a votar afirmativamente el bono compensatorio por impacto del mayor precio del petróleo, pues creo que el procedimiento adoptado por el Ejecutivo es adecuado.
Algunos sectores reclamaban la aplicación del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Sin embargo, eso significa en el hecho un subsidio para los sectores que consumen más, los cuales poseen vehículos y ocupan las carreteras. En cambio, para la gente más modesta -la que necesita recursos que les permitan enfrentar el alza en los precios de la locomoción y del keroseno que ocupa para calefacción-, es evidente que el beneficio previsto en esta iniciativa constituye una buena medida. Y no tengo dudas al respecto. Por eso ella fue aprobada en la Cámara de Diputados y lo será aquí, en el Senado.
Algunos podrán decir que el proyecto es insuficiente. Sin duda, todos quisiéramos dar más, pues somos muy generosos. Pero hay alguien que debe manejar la caja fiscal en orden: el Ministro de Hacienda , en particular, y el Ejecutivo , en general. Por lo tanto, cada cual está cumpliendo su obligación.
Esta tarde se han dicho en la Sala muchas cosas. Nosotros también manifestamos preocupación por la clase modesta. Hoy, precisamente, le estamos dando un subsidio de 5 millones de pesos para casa propia, sin pago de dividendo, a través del programa Chile Solidario. Y se ha contratado a un profesional para que busque a las personas más pobres y las guíe, las oriente y las induzca a postular a los numerosos beneficios dispuestos por este Gobierno para sacarlas adelante, a través del FOSIS, del INDAP, en fin.
Señor Presidente , existen muchos programas que han posibilitado que hoy día Chile sea el único país de América Latina que ha disminuido la pobreza. Mientras en todo el mundo ella aumenta en más de 50 por ciento, aquí se reduce. No me cabe duda de que vamos bien por ese camino. Y éste es el gran éxito del actual Gobierno de la Concertación y de los anteriores, de todos los cuales he formado parte.
Sin embargo, indiscutiblemente, hay un sector que se nos está quedando atrás: la clase media. Ella, que está obligada a andar con camisa y corbata, es la que sufre las mayores consecuencias de no contar con ningún tipo de apoyo.
Por eso, una de las maneras de hacer más equitativa la distribución de la riqueza es la asignación familiar que propone el Senador señor García . ¡Ojalá fuera de 5 mil pesos! A lo mejor eso sería equitativo y justo.
Su Señoría señaló que ello implicaría un gasto cercano a los 35 mil millones de pesos anuales. Lo considero estupendo, porque sólo el bono que se propone entregar ahora significa 35 mil 457 millones.
Así que me parecería bien que el señor Senador solicitara al Ejecutivo analizar esa alternativa, pues beneficiaría a un sector que a todos nos interesa sacar adelante.
También quiero referirme a la gente modesta que actualmente paga dividendos por sus viviendas.
Al respecto, con el Honorable señor Andrés Zaldívar presentamos un proyecto de ley -por supuesto, fue declarado inconstitucional- que acoge las aspiraciones de miles de personas que viven en una misma población, donde unos no pagan dividendos, mientras otros pagan 30 mil pesos, y algunos, 16 mil. La gente dice: "¡Cómo! ¡Aquí todos somos iguales, de la misma condición, pero tenemos esas diferencias!".
Eso nos está creando un quilombo enorme. Además, permite a muchos sectores aprovecharse de la situación durante un período preelectoral y crear ambiente para que nadie pague.
Por consiguiente, estimo que debemos tomar una resolución equitativa sobre esa materia.
Señor Presidente , en la Comisión de Hacienda voté a favor el proyecto y con agrado ratificaré en la Sala esa posición. Evidentemente, a todos nos gustaría entregar mucho más. Sin embargo, la caja fiscal es manejada por el Ministro de Hacienda .
Como los Honorables señores Ruiz-Esquide y Larraín no están presentes, tiene la palabra el Senador señor Núñez.
Señor Presidente , seré muy breve -he seguido con bastante atención el debate habido a propósito de este proyecto ley-, particularmente porque -cuál más, cuál menos- todos nos hemos referido a la clase media y estamos muy preocupados de ella. Hemos hecho teoría política al respecto, y no cabe duda de que ese sector seguirá siendo, como en otras etapas de la historia de Chile, un factor muy importante para los efectos electorales.
Como el país está entrando en un torbellino electoral, seguramente seguiremos hablando de la clase media. Pero yo quiero llamar la atención de Sus Señorías y preguntar de qué clase media estamos hablando.
Estamos cayendo en el mismo error que durante muchos años se cometió en el país al decir "los obreros", "los proletarios", "los burgueses". Categorías absolutas, totales, donde cabían todos. Y ahora hablamos de la clase media como si también fuera una categoría absoluta y total, como si todos sus integrantes estuvieran insertos de la misma manera en la economía del país, en el sistema educativo, en el sistema productivo.
¡No, señores! ¡No es así! Hay "clase media" y "clase media", o como se quiera decir. Existen capas distintas. Algunas se hallan extraordinariamente postergadas.
Por ejemplo, el profesor que trabaja en una escuela municipalizada y vive con 250 mil pesos, quien es clase media desde el punto de vista estricto de sus ingresos y de los valores culturales que posee, no tiene nada que ver con el empresario clase media -también- que percibe ingresos de a lo menos tres millones de pesos mensuales y accede a bienes materiales y espirituales muy distintos.
Por lo tanto, debemos ser muy precisos. Si no, al hablar de clase media podremos estar hablando de una categoría electoral y no de una categoría social.
Como todos queremos defender a ese sector tan importante en la vida del país -porque es mayoritario desde el punto de vista estrictamente cualitativo-, no sigamos confundiendo a unos con otros. Porque no son iguales peras y manzanas. Hay sectores medios que efectivamente están muy empobrecidos, como los que estuvieron vinculados a la Administración Pública y que, por efecto de los procesos que hemos vivido, se pauperizaron. Y todavía se hallan en esa condición. Hablo de los profesores y también de los médicos. Un médico de clase media que trabaja en un hospital rural gana entre 700 mil y 800 mil pesos.
Y un joven que sale de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile y entra a trabajar en una pequeña o mediana empresa recibe ingresos, a lo menos, de 3 millones, de 3 millones y medio, y de hasta 7 millones de pesos. Y es clase media.
¡Sí, señor! En una empresa privada.
¡Avíseme...!
¡Nunca van a ganar tanto como los Senadores...! Se los aseguro.
Lleguemos a un acuerdo, señor Senador: un millón.
Conozco casos, por lo demás. No voy a decir aquí el nombre y los apellidos.
No cabe duda de que voy a votar a favor, no porque sea un mal menor o porque no nos queda otra alternativa. Podemos votar en contra también. ¿Por qué no? Es perfectamente factible hacerlo. Pero si queremos hacer un análisis detenido sobre esta materia, hablemos en serio acerca de cómo vamos a financiar todo lo que deseamos mejorar. Por ejemplo, en la salud pública para los sectores medios. Felizmente, éstos se están yendo de las isapres al FONASA. A esos sectores, por la vía de la comunicación social, los convencieron de que era de extraordinario buen gusto ingresar a las isapres. Ahora, como se dieron cuenta, están volviendo a dicho Fondo, lo que me parece muy bien, pues implica, entre otras cosas, aumentar la calidad de las prestaciones recibidas.
Tampoco cabe duda de que es bueno que empecemos a mejorar la educación universitaria. ¿Dónde ascienden socialmente estos sectores? En la educación universitaria. Y si realmente queremos ayudarlos, ¿cómo la financiamos?, ¿de dónde sacamos los recursos para que todos los chilenos de clase media tengan posibilidad de un ascenso social rápido, que es lo que sucede en países como el nuestro, pero a través de la educación? ¿Mediante la educación privada? No, porque anquilosa absolutamente el sistema. La única vía es la educación pública universitaria, como la que teníamos antes y que, en las décadas de los 40, 50 y 60 provocó la mayor movilidad social que conozca la historia de Chile.
¡Fue la ENU...!
No fue la ENU. ¡Si hubiésemos aplicado la ENU, le aseguro que Su Señoría no sería Senador, sino Presidente de Chile!
¡Para allá vamos...!
El señor NÚÑÉZ.-
Entonces, cuando hablemos aquí de clase media, no lo hagamos sólo con afanes estrictamente electorales. Seamos serios en el análisis.
Voy a ofrecer la palabra de nuevo a los Senadores inscritos que no se encontraban presentes al momento de ser llamados para intervenir.
Muchas gracias: la visión solidaria del cristianismo es dar una segunda oportunidad a todas las personas.
Señor Presidente , hace unos minutos formulé una observación acerca de la necesidad de discutir este tema, no sólo en cuanto al bono mismo o al proyecto en su especificidad, sino también porque, en definitiva, desde distintos sectores se han planteado puntos de vista extraordinariamente importantes con relación a lo que está sucediendo en la economía chilena.
Comparto mucho de lo aquí expuesto por los Honorables señores Núñez , Moreno y José Ruiz .
¡Y por la señora Frei!
Y por la Senadora señora Carmen Frei, por supuesto.
Pero el asunto es mucho más serio. Yo creo que el Gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande por resolver el problema de los sectores más postergados -llámense clase media, subclase media o como fuere-, y también el de los que recibimos el año 90 con una sensación de pauperización salvaje.
Sin embargo, aquí estamos en una contradicción brutal, que no superaremos mientras no solucionemos el tema del ingreso y el de la participación de la gente en la riqueza nacional. Debemos entender de una vez por todas que los déficit hoy presentes en estos aspectos son consecuencia de un sistema que, nos guste o no, está con nosotros. Pero eso no significa que no podamos dejar de señalar en forma permanente que es el factor que genera las dificultades.
En el debate nacional se ha dado por superado el que uno no pueda hablar sobre el modelo económico y social que rige en todo el mundo, y probablemente en Chile. Pareciera, entonces, que referirse a eso es una obsolescencia y que lo único que debemos hacer es ver de manera derecha y clara cómo lo corregimos. Mientras ello no ocurra, es absurdo pensar que un bono de 16 mil pesos, de 30 mil pesos, de 80 mil pesos o de lo que se quiera resolverá el tema de fondo.
En consecuencia, no tenemos otra opción que ponernos de acuerdo en un segundo elemento: cómo logramos un cambio razonable en este modelo.
Porque aquí se presentan otra inconsecuencia y una antinomia mental sin solución. Se dice: "Menos Estado, más mercado". Pero cuando llega el momento de decidir sobre estos temas, algunos señores Senadores que tienen determinada posición -legítima, pero para mi gusto equivocada, aunque sea muy actual- señalan: "Que lo haga el Gobierno". ¿En qué quedamos? ¡Y a un Gobierno con no más de 18, 20 ó 25 por ciento de capacidad para generar empleos, etcétera, se le pide resolver los problemas de 10 a 12 millones de chilenos!
Señor Presidente , en este país hay quienes ganan 150 mil pesos al mes; otros, 35 mil pesos. Algunos reciben ingresos ascendentes a 100 millones o 120 millones de pesos mensuales; es decir, 5, 10 o mil veces más que aquéllos.
En ese modelo, es imposible que un Estado sin capacidad de planificar económicamente -porque para eso está el mercado, según se dice- se haga cargo de la estabilización de precios del petróleo, del bono, de la clase media, o de la solución esquemática de la educación o de la salud.
Le quedan 31 segundos, señor Senador.
Y le digo al Gobierno -que es mi Gobierno- que no estaremos en condiciones de resolver estas cuestiones mientras no cambiemos profundamente algunos aspectos. Por ejemplo, la diferencia de ingresos. Sé que en el Ejecutivo hay quienes la sostienen y otros que no la sostienen; no les gusta ni les interesa. Seamos claros.
A los señores representantes de la Oposición -y con esto termino, señor Presidente - les digo que, si queremos hacer las cosas en serio, es imprescindible un debate acerca de cómo vamos a proceder. Porque no se ubican en ese sector personas que ganan las sumas que mencioné. Y si la Derecha política no alcanza a comprender que no representa a la Derecha económica, aunque está con ella, y que, por tanto, sin su respuesta no hay posibilidad de hacer cambios, no formulemos observaciones sobre la clase media o lo que debe hacerse en un Estado que no tiene la fuerza suficiente.
Señor Presidente, recabo formalmente al Ejecutivo -no sé si es posible hacerlo en nuestra condición de Senadores; lo he solicitado otras veces- que, por su intermedio, el Servicio de Impuestos Internos nos entregue los antecedentes disponibles acerca de los ingresos e impuestos que se pagan.
Esto es inmoral. Y mientras persevere la inmoralidad, todo lo que hagamos serán actitudes paternalistas, incapaces de lograr resultados en el cambio del nivel de solidaridad que queremos para el país.
Votaremos a favor del proyecto, por las razones que expuse.
Señor Presidente , no quisiera guardar silencio frente a los planteamientos de diversos colegas sobre el proyecto, el cual considero un aporte, aun cuando, indudablemente, no satisface a sectores de la ciudadanía que nuestras bancadas representan en el Senado.
No somos desleales con la autoridad de Gobierno cuando expresamos lo que recogemos, en nuestro recorrido diario y permanente como personeros emergidos de la representación ciudadana, al contactarnos con quienes ejercen el derecho a plantearnos sus inquietudes.
Por eso, yo no participo de algunos análisis estructurales derivados de los conceptos de clase media aquí señalados. Es evidente que el de clase media, mirado en forma absoluta, tiene una acepción que no corresponde a una sola realidad. Pero, sin duda, los que así lo plantean saben a quiénes nos referimos, en el sentido de que cada día van "acidando" más su observación respecto del desarrollo que se vive en el país, donde se han hecho muchas cosas y logrado grandes adelantos, especialmente en infraestructura pública. No podemos desconocer que la infraestructura construida en los Gobiernos de la Concertación se paga. ¡Nada es gratuito! Se paga por llevar teléfonos o alcantarillado a zonas alejadas. Se paga el arreglo de las carreteras. ¡Nada es gratuito! Y así debe ser, por supuesto.
Pero no cabe duda -y no digo ninguna novedad- de que en la distribución de la riqueza persiste una tremenda aberración. ¿Por qué lo vamos a negar? Junto con los grandes éxitos que hemos obtenido, se nos recuerda permanentemente que somos uno de los países con peor distribución de la riqueza. Y debemos recoger este antecedente con sentido constructivo. No tenemos por qué ser cobardes en reconocerlo.
A veces nos cuesta explicar a la gente con la que conversamos en las poblaciones que, pese a estar la macroeconomía brillante, sanísima, sin ningún problema, las personas se hallan aplastadas por los compromisos económicos, con endeudamientos también reconocidos por la autoridad. Hay chilenos que deben 4 ó 5 veces lo que ganan, porque se creó un sistema crediticio mediante el cual los sueldos se reajustan en 3,5 por ciento, pero los deudores pagan 35 ó 48 por ciento de intereses generados por las famosas tarjetas de crédito, sin que podamos hacer absolutamente nada: se inventa una y otra cosa para eludir justamente lo que correspondería en función de lo que entregamos a los trabajadores del país.
Por lo tanto, no digamos que el concepto de clase media incluye a los poderosos. Todo chileno que gana menos de 380 mil pesos vive "al tres y al cuatro". Ésa es la verdad. ¿Y quiénes reciben esa cantidad? Un gran número de empleados públicos, y también particulares, en una sociedad en que el costo de un solo joven que estudia en la universidad sobrepasa los 220 a 240 mil pesos mensuales.
Como lo he expresado en más de una oportunidad, en el pasado un hijo inteligente era un regalo que emocionaba y que se agradecía a un ser superior. Hoy día uno no sabe si considerar a dos o tres hijos inteligentes como una bendición, un castigo, una desgracia o una maldición que obliga a los padres a discriminar a uno, que gozará del derecho a educarse bien, respecto de otro que se verá forzado a desempeñarse en cualquier actividad, sin ninguna perspectiva de futuro.
Por lo tanto, votaré a favor del proyecto. Pero quiero manifestar que la clase media chilena (no la de ahora, sino la de hace muchísimo tiempo) sigue siendo la carne del sándwich. Y cuando me refiero a la clase media -para que nadie me impute que mi análisis es demagógico o sin conocimiento-, estoy hablando de...
...aquellos que ganan menos de 380 mil pesos mensuales, quienes -me atrevo a asegurarlo sin temor a ser rebatido- deben superar el 60 por ciento de los chilenos.
Señor Presidente, el proyecto sobre el que debemos pronunciarnos ataca un tema coyuntural y una emergencia social tan objetivas y evidentes, que concita el apoyo unánime de la Sala, como se desprende de las diferentes intervenciones.
Quiero dejar constancia de mi sorpresa por el uso que siempre se hace en este tipo de debates de las angustias y urgencias de la clase media chilena. Lo digo con mucha sinceridad y con el mayor grado de respeto. Pero, desgraciadamente, no hay consistencia entre el discurso y las actitudes que se observan a lo largo del tiempo.
No hace mucho disminuimos los impuestos progresivos a la renta, y en esa oportunidad se invocó el beneficio que las rebajas llevarían a la clase media. En verdad, lo que hicimos fue reforzar -como tuve ocasión de advertirlo en la Sala- la mala distribución del ingreso en Chile.
Nos hemos demorado meses en una discusión -la opinión pública no alcanza a entenderla, y el debate ha movilizado a la generalidad de los municipios del país- para despachar la Ley sobre Rentas Municipales II, que tiene un sentido redistributivo y que tiende a dotar a los municipios que cuentan con menores entradas de instrumentos destinados a atender las necesidades de ese sector social.
Hemos asistido -y lo dijo el señor Ministro de Educación en declaraciones oficiales hace sólo dos semanas- con una actitud cómplice y silenciosamente al proceso de destrucción de la educación pública en Chile, que fue pensada para atender a los sectores de más bajos ingresos, en particular a la clase media.
La caída en la cobertura de los establecimientos fiscales y la velocidad que este proceso ha adquirido en los últimos años me autorizan para afirmar -como lo he hecho aquí en otras oportunidades- que la educación pública en Chile está condenada a muerte. Sin embargo, los mismos que proclaman su deseo por defender y proteger los intereses de la clase media guardan silencio frente a hechos tan evidentes como éste.
Y los ejemplos podrían multiplicarse muchísimo más.
Desde luego, cabe mencionar la propuesta relativa al petróleo y a la reducción de los impuestos específicos. Comparto el criterio del Gobierno: es mucho más eficaz y tiene un sentido social más claro operar a través de subsidios como los que se plantean en el proyecto que hacerlo vía una rebaja de impuestos cuyos beneficiarios no serían los sectores medios bajos -a los que aquí se ha hecho referencia-, sino principalmente aquellos que hoy, por su fortuna, acumulan en amplios garajes, en los barrios lujosos de las ciudades, varios automóviles, incluso -como hace pocos días publicaba el diario conservador chileno por excelencia- para ponerlos a disposición de las nuevas nanas, "transportistas y conductoras", con que hoy día cuentan para atender las necesidades de sus familiares.
¡Consistencia, señores Senadores , si se pretende que el discurso que se pronuncia aquí tenga credibilidad!
Señor Presidente , seré muy breve, porque el tema central que deseaba plantear antes del inicio de la discusión del proyecto ha sido abordado de manera muy extensa prácticamente por todas las señoras y señores Senadores que han intervenido. Y se relaciona, más que con el bono, con la situación de la clase media. Es una inquietud que ha surgido en el último tiempo. Porque, al analizar las consecuencias de las diversas decisiones tomadas durante muchos años, uno advierte con preocupación que un sector del país está soportando una carga muy pesada.
En los quince años de Gobiernos de la Concertación ha habido veinticinco modificaciones tributarias, los cuales han generado para el Fisco una cantidad de recursos adicionales muy considerables -más de 6 mil millones de dólares-, que en una magnitud apreciable repercuten de manera fundamental en aquel segmento de la población. Recién escuché decir al Senador señor Muñoz Barra que ese sector alcanza el 60 por ciento del total. Y, efectivamente, me parece que se está hablando de una cifra notable.
Lo anterior, por cierto, resulta preocupante. Así lo han destacado muchos señores Senadores que conocen de la situación por los diferentes contactos que tienen permanentemente en su circunscripción con la gente que representan y cuyas inquietudes deben plantearlas aquí de manera tal de producir un debate ciudadano y no una mera discusión teórica.
En todos los ámbitos en que he podido comunicarme estos días -porque uno habla con taxistas, transportistas, agricultores, campesinos, profesores, con quien sea-, ha habido una sola voz: la inquietud por estar sobrellevando una carga demasiado pesada.
Claro está que el país tiene una prioridad impostergable, cual es erradicar la pobreza. Probablemente, todos los recursos que se puedan destinar a ese objetivo serán insuficientes; porque, así como hay un 60 por ciento de sectores medios, alrededor del 30 por ciento de la gente se encuentra en niveles de pobreza e indigencia. El porcentaje ha disminuido, pero todavía existe.
Sobre el particular, cabe formular las siguientes preguntas: si bien hay prioridad en relación con un sector, ¿es posible reconocer que ha habido una carga excesiva para otra parte de la población?; y si reconocemos eso, ¿qué podemos hacer al respecto?
A propósito de este debate, escuché decir que podría haber demagogia o afanes electoralistas. A lo mejor es así. He visto hoy día a todos los candidatos presidenciales plantear y abordar este tema. Eso es razonable. Porque tanto las postulantes de la Concertación como el representante de la Alianza deben dar cuenta de la inquietud ciudadana y pronunciarse sobre ella. Otro poco nos corresponde a nosotros, y lo hacemos ahora con motivo de un aspecto puntual, cuando el Gobierno ha reaccionado y planteado una solución. Éste es el momento para pronunciarse sobre el tema de fondo.
Sin duda, el proyecto en análisis será aprobado por unanimidad, pero lo sustancial quedará intocado si acaso no estamos disponibles para abordarlo.
En estos días hice públicas, junto con otros señores Parlamentarios, algunas fórmulas de solución que podrían explorarse. Sin embargo, el tema de fondo radica en qué se pretende hacer al respecto. Para ello, deseo oír la opinión del Gobierno y saber qué propuestas tiene con el fin de aliviar a la clase media, la cual, si bien no es su primera prioridad -porque ésta corresponde a los sectores de pobreza e indigencia-, reviste cierto grado de importancia, pues hace mucho rato que está sobrellevando una carga muy pesada.
Ahora bien, cuando el país empieza a notar síntomas de alivio económico, de crecimiento, de "vacas gordas" -como diría alguien-, ¿qué posibilidad existe de compartir este momento con los sectores medios?
Pienso que el Parlamento en general y el Senado en particular tienen voluntad para ello, la cual se debe traducir en cosas muy concretas, que puedan sentirse como solución, no un alivio como éste, que desgraciadamente es sal y agua. De alguna forma se deben procurar mecanismos más permanentes y que, por cierto, no signifiquen nuevas reformas tributarias que al final puedan agravar la condición de las personas.
¿No podemos pensar en fórmulas distintas, en instrumentos más inteligentes, tendientes a establecer esquemas de solidaridad susceptibles de hacerse efectivos también para aquellos sectores en muchos ámbitos?
No he escuchado en este debate una respuesta, que resulta impostergable, a tales interrogantes.
Se procederá a tocar los timbres para que concurran a votar los señores Senadores que se encuentran en las Comisiones. Mientras tanto, concederé la palabra al Honorable señor Viera-Gallo, por dos minutos. Luego podrá intervenir el señor Ministro de Hacienda , para exponer su punto de vista.
Señor Presidente , cada vez que se pretende otorgar un beneficio de esta naturaleza o se entrega un reajuste concurrimos a una discusión similar, lo cual se ha convertido en cierto ritual poco innovador y poco efectivo.
En verdad, lo que yo aprecio -no soy economista- es un país que progresa socialmente.
Si uno lee los informes del PNUD sobre el desarrollo humano, advierte que Chile no sólo ha crecido económicamente, sino que también ha mejorado en el aspecto social.
Si me preguntan mi impresión como Parlamentario, diré que hoy día existen personas con aspiraciones -insatisfechas, sin duda- que nunca antes tuvieron. En efecto, a mi oficina acuden ex mineros del carbón que me dicen: "¡Cómo voy a pagar la universidad de mi hijo!". Años atrás ese joven jamás habría llegado a estudiar a una casa de estudios superiores.
O sea, los problemas sociales de Chile hoy día son muy distintos de los que había antes, y los relacionados con la llamada clase media no tienen que ver con que ésta haya empobrecido. Lo que ocurre es que ese sector aumentó y, por tanto, un mayor número de personas aspira a más bienestar.
Ése es un signo de progreso y no de retroceso o de lacra social.
A mi juicio, lo expresado esta tarde por los Honorables colegas habla bien de la gestión de los Gobiernos de la Concertación, y muy particularmente, del Ministro de Hacienda.
Aquí se ha usado la expresión "endeudamiento". ¡Eso es efectivo! Pero, ¿para qué se endeuda la gente?
¡Para la salud!
¡No! Cuando uno observa las cifras del último censo, se da cuenta de que en la mayor parte de los hogares de Chile hay televisores en color, lavadoras, refrigeradores. Es decir, se ve progreso social. La gente se endeuda porque puede acceder a esos bienes. Otro segmento de la clase media -especialmente la tercera edad- adquiere obligaciones para tener vacaciones dignas, entre otras cosas.
No niego que existan problemas angustiantes para cierto sector. Pero el cuadro que emerge de este debate no dice relación al país que conozco, que veo y que, además, leo en los informes objetivos de los organismos internacionales que lo evalúan. Muy por el contrario. Pienso que Chile progresa gracias a Dios, por cierto, pero sobre todo, al Presidente Lagos y al Ministro de Hacienda .
Señor Presidente , creo que éste ha sido un buen debate, el cual, transversalmente, ha puesto énfasis en las grandes carencias todavía existentes en nuestro país.
Sin embargo, no puedo sino estar de acuerdo con el Senador señor Viera-Gallo en el sentido de que los progresos son enormes. Para muestra, un botón. Hoy día, en el sistema financiero, la cifra total de deudores habitacionales y de consumo, que corresponden precisamente a los sectores medios, alcanza a 4 millones. Si se multiplica por tres -ya que hay algunos con más de una deuda-, tendremos que en la actualidad entre 10 millones y 12 millones de chilenos pueden acceder a un crédito.
Sus Señorías recordarán lo que acontecía hace veinte años y podrán darse cuenta de que prácticamente estamos hablando de otro país. Los progresos han sido considerables en todos los ámbitos. Y debemos sentirnos contentos de eso. No obstante, las carencias todavía son enormes.
El proyecto en análisis es en extremo modesto. Sólo pretende compensar, debido al mayor gasto en combustible mensual que se ha producido, al 40 por ciento más pobre del país, que representa a alrededor de 6 millones de personas y cuyos ingresos, como decía el Senador señor Muñoz Barra , se ubican entre cero y 300 mil pesos. Esto, por cuanto con 2 millones 300 mil beneficiarios creemos estar cubriendo a entre 5 millones y 6 millones de personas.
Por cierto, sería deseable extender beneficios hacia la clase media. Podemos convenir que ésta abarca otros 6 millones de habitantes, que perciben entre 300 mil y 700 mil pesos. ¡Sí, señoras y señores Senadores: en Chile hay 12 millones de personas -repito: 12 millones de personas- cuyos hogares reúnen menos de 700 mil pesos al mes! Y, sin duda alguna, eso ha estado presente en la discusión.
Ahora, cuando queremos preocuparnos del 40 por ciento que sigue al 40 por ciento más pobre y comienza a aparecer una enorme cantidad de propuestas en este sentido, debiéramos recordar que en ese porcentaje más necesitado se encuentra el conjunto de personas de la tercera edad, que representa alrededor del 40 por ciento de la fuerza laboral que no va a tener siquiera una pensión mínima. En esos 6 millones de personas más pobres se cuentan muchos que todavía no tienen una vivienda; o, como se dijo acá, hogares que, teniéndola, no están en condiciones de pagar las deudas. En ese 40 por ciento más pobre están, predominantemente, los 8 puntos de desempleo existente hoy en Chile. En ese 40 por ciento más pobre los niños van a escuelas municipales y reciben una subvención que sólo alcanza a una quinta parte de la escolaridad que pagan las familias más acomodadas.
Entonces, yo pregunto: ¿cómo comenzar a pensar de verdad en la manera de llegar más fuertemente al segundo tramo, de 6 millones de personas que conforman la clase media, si ni siquiera hemos terminado todavía con el primer segmento más necesitado, por lo datos que estoy dando?
Se dijo acá -es bueno que hablemos de manera informada- que Chile es el país de Latinoamérica con más alto impuesto a los combustibles. Los señores Senadores recordarán que en 1990 aquí teníamos aranceles de 15 por ciento. Hoy día los aranceles al petróleo son cero. Y si al alza del impuesto específico sumamos el IVA, advertiremos -Sus Señorías tuvieron ocasión de verlo con motivo de otro proyecto de ley- que, salvo México y Venezuela, productores y exportadores de petróleo, no hay ningún país de América Latina que grave menos a los combustibles que Chile.
¡Entonces, digamos las cosas como son!
El problema es mucho más de fondo. Si estamos preocupados de verdad -y no sólo en las palabras- por la clase media, por esos 6 millones de personas cuyo ingreso familiar está entre los 300 mil y los 700 mil pesos -y yo estoy muy preocupado-, pregunto: ¿qué país en el mundo tiene políticas de ingreso hacia los sectores medios con una carga tributaria de 16 por ciento del producto? ¡Muéstrenme uno!
Entonces, seamos consistentes con el discurso y no pidamos beneficios que no estamos preparados para solventar. Nosotros, desde la caja fiscal, sólo podemos dar lo que los chilenos aportan y hacer lo que los Parlamentarios nos legislen.
Afortunadamente, Chile tiene una gran riqueza, que es el cobre, cuya cotización también está subiendo con el alza del precio del petróleo. Y a pesar de haber sido extraordinariamente cautos, por cuanto creemos que esos ingresos pueden ser en parte transitorios -como se decía acá-, una comisión independiente va a evaluar qué proporción de ellos es permanente, lo cual nos podrá dar ciertas holguras hacia el 2006 y estaremos en condiciones de atender, quizá, algunas de las peticiones que se han hecho esta tarde.
Aún así, no nos engañemos. Un país como el nuestro, con 12 mil dólares per cápita, a paridad de poder de compra y con una carga tributaria de 16 por ciento, no va a poder atender a su clase media. El punto radicará en si tenemos la paciencia para esperar. Porque también estoy consciente, como economista, de que los impuestos suelen generar problemas en el crecimiento. Y es ahí donde tendremos que hacer una buena ecuación de balance. Pero no digamos cosas que no pueden sino constituir ilusiones que a la gente, en definitiva, la terminan sumiendo en la desesperanza.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto (30 votos a favor).
Votaron los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Chadwick, Cordero, Espina, Frei (doña Carmen), García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Parra, Pizarro, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Stange, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
A los señores Ministro del Interior y Subsecretario de Desarrollo Regional , solicitándoles adoptar medidas ante AISLAMIENTO DE FAMILIAS EN MARGEN SUR DE RÍO SIMPSON, SECTOR EL FARELLÓN.
A los señores Ministro de Obras Públicas y Directores Regional de Vialidad y de Obras Hidráulicas de la Undécima Región, requiriéndoles analizar y resolver el PROBLEMA DE FAMILIAS AFECTADAS POR SOCAVACIONES EN MARGEN SUR DE RÍO SIMPSON. (ambos de la Undécima Región).
Al señor Ministro del Interior , pidiéndole informar reservadamente acerca de DESIGNACIÓN DE MINISTROS DE CORTES DE APELACIONES EN RELACIÓN A PROCEDIMIENTOS QUE INDICA.
En Incidentes, dado que los Comités Institucionales 1 y 2 y Mixto (Partidos Por la Democracia y Radical Social Demócrata) no harán uso de sus tiempos, el turno siguiente corresponde al Comité Demócrata Cristiano.
Señor Presidente , hace algunas semanas el Comandante en Jefe del Ejército subrogante, General señor Javier Urbina Paredes , ofició al Ministro de Defensa y al entonces Presidente del Senado , don Hernán Larraín , para criticar declaraciones formuladas por mí a un matutino.
En esa ocasión sostuve, en relación con la muerte de mi padre, que hay muchos que pueden hablar pero no lo hacen porque "el Ejército oculta algo".
En esta oportunidad -porque siempre soy responsable de mis palabras- quiero dar a conocer algunos ejemplos de lo que me llevó a hacer tal aseveración.
Además, afirmo tajantemente que no he recibido ninguna llamada ni he sostenido conversación alguna con el Ministro de Defensa, contrariamente a lo señalado por algunos diarios, para evitar que yo hable sobre los temas a los que voy a referirme.
Pensar que dicho Secretario de Estado puede vetar a un Parlamentario constituye una ofensa, como lo es que un Senador pueda sentirse vetado por un Ministro .
Excúseme, señora Senadora , por interrumpirla, pero debo ausentarme.
Solicito el asentimiento de la Sala para que me reemplace en la testera el Honorable señor Viera-Gallo.
Primero que todo, deseo dejar en claro que no se trata de responsabilizar al Comandante en Jefe del Ejército , ya que él se ha comprometido a hacer una contribución al reconocimiento de la verdad, a la justicia y a la reconciliación nacional.
Ciertamente, me estoy refiriendo a hechos ocurridos en el pasado bajo otro mando y en otra época; pero sí se puede exigir que los antecedentes, que sabemos están en poder de personal del Ejército, se entreguen a los tribunales de justicia.
Es necesario que exista coherencia entre las buenas intenciones del mando de la referida institución castrense y la contribución veraz, oportuna y concreta que pueda hacer a las investigaciones en marcha.
Sé que en muchos casos no se ha entregado toda la verdad y ha habido estrategias dilatorias, cuando no de abierto encubrimiento de parte de militares, para impedir que se haga justicia.
Me referiré con algunos ejemplos a la investigación del asesinato del bioquímico Eugenio Berríos y a la muerte de mi padre.
En el caso de la investigación que lleva sobre la participación de terceros en la muerte de mi padre, el magistrado Alejandro Madrid preguntó al Ejército, a través del Ministerio de Defensa, si el Cuartel Coihueco, que operaba en la comuna de La Reina entre 1980 y 1982, dependía de la DINE; cuál era su estructura; quiénes eran sus mandos; si la unidad antes indicada hizo seguimientos a dirigentes políticos y sociales, entre ellos a mi padre.
La misma serie de preguntas las reitera al Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE) y al Batallón de Inteligencia de esa Institución (BIE).
¿Qué contesta el Ejército al juez de la causa? Que resulta imposible recabar la información requerida, porque el CIE, creado en 1974, mantuvo esa denominación hasta 1985, año en el cual dejó de existir. En esa fecha se crea el Batallón de Inteligencia. Es decir, el Ejército de Chile no tiene memoria institucional ni sabe de sus estructuras y mandos en el pasado reciente. Entonces, podríamos decir que, como hacía unos meses el BIE también cambió de nombre, ningún juez podrá pedir información sobre la actuación de sus agentes, porque dicho Batallón dejó de existir. Con ello, en la Institución se termina toda responsabilidad e información sobre sus actuaciones pasadas.
¿Puede alguien, señor Presidente , creer que ésa es una respuesta veraz, que contribuye a la justicia? Esta absurda e inconsistente respuesta del Ejército a los tribunales, ¿no oculta algo que no quiere sea revelado?
Del Cuartel Coihueco, el Ejército no sabe nada ni tiene antecedentes. Chile entero supo, después del juicio y de la sentencia que recayó sobre los responsables del asesinato de Tucapel Jiménez, que ese Cuartel reunió a los principales agentes de inteligencia. ¡Pero eso no lo sabe el Ejército!
El Ejército está ocultando la vigilancia que se ejerció, no sólo sobre Tucapel Jiménez , sino también sobre tantos dirigentes sociales y políticos, como consta en muchos de los procesos.
Desde el Cuartel Coihueco, de la DINE, se ordenó degollar a ese líder sindical, un mes después de la muerte de mi padre. Pero el Ejército nada dice saber sobre esa dependencia.
¡Ésa es la contribución a la justicia que tanto proclaman algunos!
Un segundo ejemplo que avala mi afirmación de que el Ejército oculta algo tiene que ver con otro oficio que envió el magistrado antes mencionado. Pregunta por la existencia, entre los años 1981 y 1982, de un laboratorio en la localidad de Nos, dependiente de la DINE. El Jefe del Estado Mayor del Ejército , actualmente en retiro, general Roberto Arancibia Clavel , responde que no había un laboratorio en la localidad de Nos a esa fecha. Pero agrega que sí existía en esos años un laboratorio cuya finalidad era "la protección de las tropas combatientes".
¿Dónde estaban luchando esas tropas?
Lo que se oculta es que ese laboratorio funcionaba en el segundo piso de la Vicaría General Castrense, en la calle Carmen. Incluso, en el primer piso, donde estaba la Capilla, también había oficinas de él. Asimismo, se oculta su estructura, quiénes lo conformaban, y qué productos químicos o bacteriológicos elaboraron.
Más aún, en otra oportunidad, el mismo General informó que no existen en el Ejército otros antecedentes sobre tal laboratorio. Sólo entregó el nombre del doctor encargado de él, que llegó a ser General de Sanidad del Ejército hace sólo algunos años y que actualmente trabaja en el Hospital Militar.
¿No se puede exigir o pedir a dicho uniformado que diga toda la verdad a la justicia? ¿No oculta algo el Ejército en lo relativo a la elaboración de productos químicos y bacteriológicos durante esos años? ¿No se usaron para eliminar personas? Todo Chile sabe que esto fue así, según diversas sentencias e investigaciones en curso. Fueron muchos los eliminados con esa clase de elementos.
Respecto de la investigación del asesinato de Eugenio Berríos, solicité en el Senado reiteradas veces el envío de oficios para consultar si el Ejército había realizado alguna investigación sobre quién lo secuestró, quién lo sacó de Chile, quién lo protegió, quiénes lo mataron y quiénes dieron las órdenes para la comisión de todos estos ilícitos. Se me contestó en repetidas oportunidades que el Ejército no tenía antecedentes sobre ello. No se llevó a cabo investigación alguna.
Yo me pregunto: ¿para qué el Ejército de Chile se coloca en esta posición de no decir toda la verdad cuando sabe que a estas alturas es imposible tapar el sol con un dedo?
Dos ex generales de la DINE en el período democrático están procesados por este caso, así como varios oficiales de la misma institución.
También me pregunto: ¿Cómo no va a tener antecedentes el Ejército cuando a Eugenio Berríos lo secuestraron en 1991, en plena democracia, en el subterráneo del Batallón de Inteligencia del Ejército, en la calle García Reyes , de Santiago? ¿Cómo el Ejército no va a tener antecedentes sobre el caso Berríos cuando el segundo comandante de dicho Batallón en 1991 era el actual Director de la DINE?
Solicitamos, entonces, que se cumpla una sola promesa: que el Ejército colabore definitivamente con la justicia; que no vaya entregando en estos procesos información sacada a duras penas, con cuentagotas.
Por eso, solicito al Comandante en Jefe del Ejército que disponga que quienes tienen antecedentes los proporcionen; que no se responda a los tribunales en forma tan oblicua, que resulta casi una ofensa para la inteligencia de los jueces.
Pedimos que se reúnan los datos completos y fidedignos acerca de las preguntas que se formulan. Habiendo un proceso judicial desde el año 2002, no corresponden las conversaciones informales.
Creo que es mejor para el Ejército que se colabore en forma abierta, decidida, y a tiempo, en vez de que las causas se perpetúen indefinidamente, pues ello hace mal a Chile y a la Institución y produce gran dolor a muchas familias. Ya no es posible impedir en el país la verdad y la transparencia.
En fecha reciente, el juez señor Madrid envió un oficio al Comandante en Jefe del Ejército para que responda un cuestionario relacionado con los antecedentes reunidos en el proceso por la muerte de mi padre.
Formulo esta tarde un llamado al Comandante en Jefe para que, en el ejercicio del mando, disponga las medidas necesarias para obtener la información que le está requiriendo un juez de la República respecto de funciones encomendadas en el pasado a determinadas personas.
Señor Presidente , nadie podrá imaginar que los hechos sobre los cuales se interroga al Comandante en Jefe hayan ocurrido al margen de la Institución. Por eso, espero que la diligencia sea fructífera. Él es un hombre de honor. Ojalá que antes de dejar el mando termine aportando a la verdad y a la justicia, completando así su labor al servicio de Chile y cerrando heridas que todavía permanecen abiertas.
Señor Presidente , la bancada del Partido Socialista se suma a la petición de oficio de la Senadora señora Frei .
También el Comité Demócrata Cristiano.
--Se anuncia el envío del oficio pertinente, en nombre de la Senadora señora Frei , conforme al Reglamento, con la adhesión de los Comités Socialista y Demócrata Cristiano.
El tiempo que resta al Comité Demócrata Cristiano no será usado.
Los Comités Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Socialista no intervendrán.
3840-04
SOLICITA PRORROGA DE LA LEY 19.626 QUE AUTORIZA ERIGIR UN MONUMENTO EN LA LOCALIDAD DE ORILLA DE VALDEZ, EN LA HUERTA DE MATAQUITO, COMUNA DE HUALAÑE, EN MEMORIA DEL CACIQUE LAUTARO.
Considerando el avanzado estado en que se encuentra el desarrollo del proyecto para erigir un monumento a la memoria del cacique Lautaro en La Huerta de Mataquito, comuna de Hualañe y el tiempo que han tomado los acuerdos previos con distintas instituciones del Estado, del sector privado y de la comunidad; la constitución de los grupos de trabajo; el diseño de la recaudación de fondos; y la elección de los propios proyectos artísticos y paisajísticos que conformarán la iniciativa, trabajos todos que consumieron los plazos fijados por la ley 19.626, proponemos el siguiente proyecto de ley:
Prorrógase el plazo establecido en el artículo 7 de la Ley 19.626 para la construcción de este monumento, por tres años a partir de la publicación de la presente ley.
(Fdo.): Jaime Gazmuri Mujica Senador

References: resolución 
 artículo 12
 resolución 
 artículo 1
 artículo 3
 resolución 
 artículo 7