Source: http://www.adelaprat.com/2014/09/por-la-via-del-amparo-al-derecho-a-la-salud-la-corte-de-justicia-de-salta-dejo-sin-efecto-una-resolucion-municipal-que-habilito-un-local-bailable-al-lado-de-una-clinica/
Timestamp: 2017-11-23 01:48:45+00:00

Document:
DERECHO a la SALUD. CSJ de Salta dejó sin efecto la Resolución del Intendente de San José
de Betán (Pcia. de Salta) que Habilitó un Local Bailable al lado de una CLINICA.
ACCIÓN de AMPARO que había sido desestimada por la Justicia de Grado.
Resguardo a la tranquilidad que requieren las Instituciones Sanitarias.
Expte. Nº CJS 37.007/14 – “Clínica 9 de Julio c/ Municipalidad de San José de Metán – Amparo – Recurso de Apelación” – CSJ de SALTA – 10/09/2014. Fallo publicado por elDial.com – AA8A38 con fecha 26/09/2014.
La Corte de Justicia de Salta – integrada por los Ministros Dr. Guillermo A. Posadas, Dr. Guillermo A. Catalano, Dr. Abel Cornejo, Dr. Sergio Fabián Vittar, Dr. Guillemro Félix Díaz, Dra. Susana G. Kauffman de Marinelli y Dr. Ernesto R. Samsón -, por el voto de la mayoría, `resolvió´:
I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Actora y, en su mérito, `revocar´ la Sentencia de fs. (…), dejando sin efecto la Resolución nº 1800/13, dictada por el Intendente de San José de Metán, quién deberá adecuar su decisión – en este caso – a los términos del Art. 7º de la Ordenanza nº 2521/2003, modificada por Ordenanza nº 2866/2006, en el PLAZO de 30 días desde notificado de la presente. Con COSTAS en ambas Instancias.
II. Mandar se registre y se notifique.
– La Sentencia revocada por la Corte de Justicia de Salta
La Sentencia de grado `rechazó´ la Acción de Amparo, interpuesta por la Clínica 9 de Julio, con el fin de que se ORDENE a la MUNICIPALIDAD demandada, que PROHÍBA la Apertura o funcionamiento del `Local bailable´, destinado a espectáculos públicos, musicales, etc., ubicado sobre la calle Belgrano Nº 54, de la Ciudad de San José de Metán.
La finalidad de la medida denegada, consiste en proteger el `derecho a la salud´de sus pacientes internados, invocando para ello, lo dispuesto en la Ordenanza nº 2521/03 y su modificatoria Ordenanza nº 2866/2008, en cuanto prohíbe la habilitación de este tipo de emprendimiento, a una distancia menor a 150 metros de una Clínica. Manifestó que no sólo no se respeta la distancia con respecto a la Clínica actora, sino que, además, se encuentran dentro del área restringida, la Escuela de Manualidades Manuel Belgrano Nº 156 y el Salón de cultos “Iglesia Universal“.
Contra dicho pronuncimiento, la Actora dedujo Recurso de Apelación.
Manifiesta al agraviarse, que de las pruebas aportadas, surge la `morosidad´ y el `agotamiento´ del trámite en sede administrativa, habiendo debido – inclusive – interponer un AMPARO por MORA.
Agrega que la Administración reafirmó su `intención´ de mantener el Local bailable, contrariando las ORDENANZAS vigentes, lo que hace inútil e inconducente, el “reenvío” de la cuestión, a los procedimientos administrativos YA CONCLUÍDOS con la Resolución nº 1800/13, quedando demostrado, que el único remedio legal apto, para la protección de sus derechos, es el AMPARO.
Afirma que el Municipio `soslaya´ la aplicación de la Resolución nº 2521/2003 que regula los Espectáculos públicos, y su Modificatoria Ordenanza nº 2866/2006 QUE PROHÍBE habilitar Locales de esta naturaleza cuando se encuentren a 150 metros de Centros Asistenciales con Internación, Clínicas, Sanatorios, Hospitales, Salas velatorias, Asilos, Establecimientos de Enseñanza Primaria, Secundaria, Salas de Nivel Inicial, Cultos o cualquier otra Actividad que resulte `incompatible´ con la del Espectáculo Público, que se determine por Reglamentación (cfr. art. 1º de la Ordenanza nº 2866/06), a excepción de aquellos Locales que a criterio de la Autoridad de Aplicación `no generen molestias´ a particulares y cumplan con todos los requistos establecidos en la Ordenanza. Con esta disposición se da por sentado, que a una menor distancia, se produce la `afectación´ de los internados por un entorno de ruidos y vibraciones que cualquier Local bailable puede ocasionar.
– Sentencia de la Corte de Justicia de Salta (voto de la mayoría)
I. Por qué procede la Acción de Amparo
Los Magistrados del Alto Tribunal de la Provincia de Salta recordaron el texto del Art. 87 de la Constitución de la Provincia, en virtud del cual “la Acción de Amparo procede ante acciones u omisiones ilegales de la Autoridad o particulares, resctrictivos o negatorios, de las garantías y derechos subjetivos – explícita o implícitamente – allí consagrados“.
En tal sentido, añadieron que “la viabilidad de esta Acción, requiere, la invocación de un derecho indiscutible, cierto, preciso, de jerarquía constitucional; pero – además – que la conducta impugnada sea manifiestamente `arbitraria´ o `ilegítima´, y que el daño `no pueda´ evitarse o repararse por medio de otras vías, adecuadamente“ (cfr. esta Corte, Tomo 61:917; 64:137; 65:629; 127:315, entre otros)
Sentado lo anterior, los Jueces de la Corte de la Provincia, puntualizaron que “la exclusión de la acción de amparo, por la existencia de otros recursos administrativos o judiciales, no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto, una efectiva `protección´ de derechos, más que una ordenación o resguardo de competencias“ (Fallos, 299:358; 308:2068; 320:1339)
Concluyendo la argumentación, remarcaron que “no cabe extremar la aplicación del principio, según el cual, el amparo no procede cuando el afectado tiene a su alcance, otra vía – Judicial o Administrativa– a la cual acudir, pues los propios valores en juego, y la urgencia del caso, se contraponen en el ejercicio de soluciones de esa índole.”
Desde este punto de vista, el voto de la mayoría, resolvió que “desde las constancias de autos, no surge que el amparo, deba ser excluído, como proceso apto, para determinar si con la conducta impugnada se afecta o no, en el caso concreto, el derecho invocado.”
II. Naturaleza de los derechos en discusión
Tras rememorar todo la problemática explicada por la actora, el voto de la mayoría señaló “en la acción incoada en autos, `no se discuten `sólo derechos de índole administrativa, `sino – esencialmente – el derecho a la salud de los pacientes internados, en las instalaciones de la Actora.”
Por lo tanto, concluyeron que “alegándose la vulneración de un derecho fundamental del hombre, protegido por la Constitución Nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución Provincial, la respuesta jurídica debe ser rápida y expedita.”
Citaron la obra de Sanmatino, `Principios Constitucionales del Amparo Administrativo´, Lexis Nexis, 2003, pág. 50, donde el autor escribió: “el daño a derechos fundamentales y que, como tales, hacen a la propia dignidad de la persona, exigen una respuesta Jurisdiccional inmediata, rápida e impostergable“
La Sentencia de la CJS abunda en citas legales. Textualmente reza: “el derecho a la salud, integra el católogo de Derechos Humanos, del Art. 12 del `Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales´; del Art. 5º de la `Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial´; del Art. 12 de la `Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer´; del Art. 24 de la `Convención sobre los Derechos del Niño´; del Art. 25 de la `Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad´, y el Art. 26 de la `Convención Americana sobre Derechos Humanos´”
– Voto en disidencia de los Dres. Guillermo A. Catalano y Ernesto R. Samsón
I. El Sentenciante no valoró la prueba, ni se pronunció sobre la cuestión de fondo.
Los Sres. Jueces del Alto Tribunal de Salta, advirtieron que “…al decidir el rechazo de la presente acción por cuestiones formales, el sentenciante no valoró la prueba agregada al Expediente, ni se pronunció sobre la cuestión de fondo (…). Tampoco estimó los argumentos de la amparista en cuanto sostuvo en su escrito introductorio, la inexistencia de un medio judicial más idóneo, atento a que la demora que se produciría en la espera de una Resolución Administrativa, `impediría´ la tutela efectiva de los derechos en juego, en atención a la `imposibilidad´ de convivencia, en un lugar de alto grado de molestia, tanto para el Personal Médico, Asistentes, Personal de Enfermería e Internados, situación que – aseveró – requiere de una solución urgente.”
II. Necesidad de que las Partes citen como Tercera a la Titular del Local bailable.
Refiriéndose a la Sentencia apelada, los Dres. Catalano y Samsón, tras afirmar que dicha resolución incurrió en ritualismo formal excesivo, al rechazar la acción, añadieron “por otro lado se advierte, que peca de sobrada generalidad e imprecisión, la afirmación del Tribunal “a quo“ en el sentido que resulta `imprescindible´ un remedio procesal de conocimiento `más pleno y más profundo, con mayor amplitud probatoria y con la participación de todos los afectados (la Clínica y demás vecinos) e implicados (el particular que explota el Local bailable y las Autoridades Administrativas encargadas de controlar y otorgar, las Habilitaciones), toda vez que acude en general, a un aspecto objetivo, sin ninguna apreciación de las características del caso concreto (…)”
Tras puntualizar que no es necesaria la participación procesal de otros vecinos ni de otras Autoridades Administrativas, y dejando claro que la legitimación pasiva, sólo corresponde a la Municipalidad demandada, añadieron que, en todo caso, “podría ser tenida como Tercera interesada – en los términos del Art. 90 inc. 1º de CPCC – la Titular del Local bailable., … lo que implica que su participación procesal, sólo puede surgir por pedido fundado de algunas de las partes o de la eventual interesada y `no´ decidida de oficio.”
III. Propician que previamente debe producirse la Prueba
Los Magistrados sostuvieron que “el rechazo de la Acción de Amparo, se decidió prematuramente, sin producir prueba que se considere pertinente y útil“, motivo por el cual, consideraron acertado, “revocar la sentencia de grado, y ordenar que vuelvan los autos al Juzgado de Origen, a fin de que, previa producción de la prueba, se pronuncie sobre la cuestión sustancial propuesta por la amparista.”
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