Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/24057
Timestamp: 2020-04-01 12:29:36+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 118/2014
SENTENCIA 118/2014, de 8 de julio
(BOE nº 189, de 05 de août de 2014)
ECLI:ES:TC:2014:118
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 30 de julio de 2012, doña Begoña López Cerezo, Procuradora de los Tribunales y de doña Milena Bozhidarova Zhelyazkova, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se cita en el encabezamiento.
a) El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Valladolid dictó Auto de 9 de marzo de 2012, ordenando el despacho de la ejecución (autos de ejecución de títulos judiciales núm. 109-2012) contra la demandante de amparo y su marido, en el seno de un proceso monitorio seguido contra ellos (autos núm. 1061-2011-S).
b) El 18 de abril de 2012 el Colegio de Abogados de Valladolid informó que la demandante no reunía las condiciones y requisitos exigidos por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (en adelante, LAJG) para la concesión de los derechos de asistencia jurídica gratuita, porque “los ingresos en cómputo global de la unidad familiar superan el doble del IPREM”.
c) El 31 de mayo de 2012 doña Milena Bozhidarova Zhelyazkova registró su escrito de impugnación ante la jurisdicción ordinaria de la resolución de 15 de mayo de 2012, en expediente núm. 2274-2012, en el que constaba como único motivo de impugnación estrictamente lo siguiente: “Que no considero ajustada a derecho dicha resolución”.
d) El 8 de junio de 2012 la Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Valladolid dicto diligencia de ordenación, citando a las partes para la celebración de comparecencia al objeto de ser oídos sobre la impugnación de la resolución de la comisión de asistencia jurídica gratuita. Consta en el acta de vista, de 25 de junio de 2012, que la parte demandante manifestó: “Que se afirma y ratifica en su impugnación” y “[q]ue sus ingresos son los que constan en el expediente a los que se añade los de su marido, que percibe una ayuda familiar de 426 euros al mes que se le agota en agosto, siendo demandante de empleo”.
e) El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Valladolid, en pieza de impugnación de justicia gratuita núm. 109-2-2012-B, dictó Auto con fecha 25 de junio 2012, en cuya parte dispositiva desestimó la impugnación formulada frente al acuerdo denegatorio del derecho a la asistencia jurídica gratuita. La denegación se basó en el hecho de haber quedado acreditado que los recursos económicos superan los límites establecidos en el artículo 3 de la Ley 1/1996, precepto que, en la versión vigente al tiempo de la solicitud, establecía lo siguiente: “Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.” El Auto tomó en consideración el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), creado por el artículo 2 del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 junio, para la racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, y al que, como preceptúa, han de entenderse referidas las menciones al salario mínimo interprofesional contenidas en las normas vigentes del Estado. Para el año 2012, el IPREM se fijó en la cuantía de 7.455,14 € en cómputo anual. Dado que la entonces recurrente tenía unos ingresos como trabajadora por cuenta ajena de 960 € mensuales, que con la prorrata de pagas extraordinarias ascendían a 1.100 €, y que su cónyuge fue beneficiario en el año 2011 de subsidio por desempleo de 426 € mensuales, a extinguirse el 17 agosto 2012, lo que suponía una anualidad en 2012 de 3.200 €, consideró el Juzgado que sumando ambas cantidades excedían el doble del IPREM (14.910,28 €).
3. La demanda de amparo se queja de que el Auto de 25 de junio de 2012 ha lesionado sus derechos a la igualdad (art. 14 CE), a la intimidad familiar (art. 18 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
4. Mediante providencia de 9 de mayo de 2013, la Sala Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto por el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atenta comunicación a la comisión provincial de asistencia jurídica gratuita de Valladolid, a fin de que en un plazo que no excediera de diez días remitiese certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al expediente núm. 2274-201, así como al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Valladolid, a fin de que, en el mismo plazo, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a la pieza de impugnación de justicia gratuita núm. 109-1-2012-B, debiendo previamente emplazarse a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo desearan, en el recurso de amparo.
5. Una vez recibidos los testimonios de las actuaciones y personado en el recurso el Abogado del Estado (por escrito del 14 de mayo de 2013), la Sala Segunda de este Tribunal, mediante diligencia de ordenación de 15 de julio de 2013, acordó tener por personado al Abogado del Estado y dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, conforme al art. 52.1 LOTC, para que pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
6. Evacuando el referido trámite, el 31 de julio de 2013 la demandante de amparo presentó escrito en el que se ratificó íntegramente en la demanda.
7. El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 11 de septiembre de 2013, interesó la desestimación del recurso de amparo. Comienza el escrito del Fiscal planteando, como cuestión previa, la existencia de posibles causas de inadmisión a trámite del recurso de amparo, concretamente no concurrir los requisitos de agotamiento de la vía judicial e invocación previa y tampoco concurrir el requisito de justificación de la trascendencia constitucional del recurso.
8. El Abogado del Estado, en escrito registrado el día 17 de septiembre de 2013, interesó la inadmisión del amparo solicitado y subsidiariamente su desestimación.
9. Por providencia de 3 de julio de 2014 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 8 del mismo mes y año.
1. Como se ha expuesto en los antecedentes, el presente recurso de amparo se dirige contra el Auto del Juzgado de Primera instancia núm. 2 de Valladolid, de fecha 25 de junio de 2012, que desestimó la impugnación formulada por la demandante de amparo contra la denegación de la solicitud de justicia gratuita acordada por resolución de la comisión provincial de asistencia jurídica gratuita de Valladolid de 15 de mayo de 2012. Dicha denegación se produjo por superar los recursos de la unidad familiar los límites establecidos en el art. 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (LAJG).
Esta opinión no es compartida ni por el Abogado del Estado ni por el Ministerio Fiscal, que proponen la desestimación del recurso por inexistencia de las vulneraciones denunciadas, si bien de forma subsidiaria, ya que con carácter previo interesan ambos su inadmisión por diversos motivos. El Ministerio Fiscal opone como óbices procesales, en primer lugar, la ausencia de invocación previa de la lesión de los derechos fundamentales en el proceso a quo, y, ligada a esta carencia, la falta de agotamiento de la vía judicial previa, porque no se interpuso el preceptivo incidente de nulidad de actuaciones frente al Auto impugnado, con lo que se han incumplido los requisitos del art. 44.1 a) y c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). En segundo lugar, opone, al igual que el Abogado del Estado, que la demanda de amparo ha omitido justificar la especial trascendencia constitucional del recurso.
2. Con carácter previo al análisis de las quejas articuladas en este proceso constitucional, es preciso examinar los óbices procesales opuestos tanto por el Ministerio Fiscal como por el Abogado del Estado. En relación con este extremo hay que recordar que, en el caso de que se apreciara en este momento la existencia de algún defecto procesal, este Tribunal podría depurarlo, sin que la admisión a trámite del recurso implique un obstáculo para tal pronunciamiento, ya que, como es doctrina reiterada, los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite (por todas, SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3, y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2), pues el cumplimiento de los requisitos legales para la interposición de la demanda de amparo es una materia de orden público procesal, no disponible para las partes ni para el propio Tribunal (entre otras, SSTC 228/2007, de 5 de noviembre, FJ 2, y 20/2008, de 31 de enero de 2008, FJ 3). Así pues, la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción puede volver a abordarse o reconsiderarse en la Sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el art. 53 LOTC (por todas, SSTC 69/2004, de 19 de abril, FJ 3; 268/2005, de 24 de octubre, FJ 3; 69/2011, de 16 de mayo, FJ 2; 113/2012, de 24 de mayo, FJ 2; 176/2012, de 15 de octubre, FJ 3; y 212/2013, de 16 de diciembre, FJ 2).
a) La primera carencia que se denuncia se refiere al requisito de la invocación previa de los derechos denunciados en amparo [art. 44.1 c) LOTC]. Al respecto ha de recordarse que, conforme a una reiterada doctrina de este Tribunal (por todas, SSTC 90/1999, de 26 de mayo, FJ 2; 310/2000, de 18 de diciembre, FJ 2; 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 4; y 268/2005, de 24 de octubre, FJ 6), el requisito exigido por dicho precepto no resulta un mero formalismo retórico o inútil, ni una fórmula inocua, pues tiene por finalidad, por una parte, que los órganos judiciales tengan la oportunidad de pronunciarse sobre la violación constitucional, haciendo posible el respeto y el restablecimiento del derecho constitucional en sede jurisdiccional ordinaria y, por otra, preservar el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional de amparo, que resultaría desvirtuado si ante ella se plantearan cuestiones sobre las que previamente, a través de las vías procesales oportunas, no se ha dado ocasión de pronunciarse a los órganos de la jurisdicción correspondiente. No obstante, hemos señalado también que tal requisito ha de ser interpretado de manera flexible y con un criterio finalista, atendiendo, más que al puro formalismo de la expresada invocación del precepto constitucional que se estime infringido, a la exposición de un marco de alegaciones que permita al Tribunal ordinario cumplir con su función de tutelar los derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de amparo constitucional y, en su caso, remediar la vulneración causada por él mismo o por el órgano inferior, al objeto de preservar el carácter subsidiario que ostenta el recurso de amparo constitucional, bastando para considerar cumplido el requisito con que de las alegaciones del recurrente pueda inferirse la lesión del derecho fundamental en juego que luego se intente invocar en el recurso de amparo, siempre que la queja haya quedado acotada en términos que permitan a los órganos judiciales pronunciarse sobre la misma (por todas, SSTC 195/1995, de 19 de diciembre, FJ 2; 62/1999, de 26 de abril, FJ 3; 88/2005, de 18 de abril, FJ 3; y 161/2005, de 20 de junio, FJ 2).
b) El segundo óbice que ha planteado el Ministerio Fiscal se refiere a la falta de agotamiento de la vía judicial previa, pues el letrado que asistió a la demandante decidió interponer recurso de amparo, por la vía del art. 44.1 LOTC, únicamente contra el Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 Valladolid, al que achaca ex novo una lesión de sus derechos fundamentales, porque realiza una interpretación, en su opinión errónea, del art. 3 LAJG. Siendo ello así, a juicio del Fiscal debió promover previamente incidente de nulidad de actuaciones contra dicha resolución judicial, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) Como último óbice plantean tanto el Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal, la posible concurrencia de la causa de inadmisión consistente en la falta de justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso, motivo por el cual hemos de determinar si, conforme a lo establecido en el art. 50.1 a) LOTC, en relación con el art. 49.1 in fine de la misma Ley, procede o no la inadmisión del recurso de amparo por no haber cumplido el demandante con la carga insubsanable que le correspondía de justificar tal especial trascendencia constitucional.
El art. 50.1 a) LOTC señala que la admisión del recurso de amparo exige el cumplimiento de los requisitos fijados en los arts. 41 a 46 y 49 LOTC, estableciendo este último precepto en su apartado primero in fine, de forma inequívoca —“[e]n todo caso”—, que la demanda ha de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso, lo que también se ha venido poniendo de relieve por este Tribunal (AATC 188/2008, de 21 de julio, FJ 1; 289/2008 y 290/2008, de 22 de septiembre, FFJJ 2). El carácter notablemente flexible e indeterminado tanto del concepto de “especial trascendencia constitucional” como de los tres criterios que la propia Ley ofrece para su caracterización (“su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) ha llevado a este Tribunal a realizar un esfuerzo de concreción en la STC 155/2009, de 25 de junio, en la que se identifican, sin ánimo exhaustivo, determinados supuestos, como propiciadores de la apreciación de esa especial trascendencia constitucional, “en el bien entendido de que esa enumeración no ha de ser considerada como un elenco definitivamente cerrado de casos en los que un recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional, pues a ello se opone el carácter dinámico del ejercicio de la jurisdicción constitucional, en cuyo desempeño no puede descartarse, a partir de la casuística que se presente, la necesidad de perfilar o depurar conceptos, redefinir supuestos contemplados, añadir otros nuevos o excluir alguno inicialmente incluido” (STC 2/2013, de 14 de enero, FJ 3).
3. Una vez desestimados los óbices opuestos frente al recurso, hemos de proceder al análisis de la cuestión de fondo, comenzando por las dos primeras quejas que, como ya hemos señalado antes, deben ser examinadas conjuntamente, en la medida en que se apoyan en el mismo fundamento. En esencia, la actora discrepa de la interpretación del art. 3 LAJG que se le ha aplicado, entendiendo que sus rentas deberían ser objeto de consideración individual, al igual que las de las personas que no tienen cargas familiares, respecto de las cuales se considera discriminada. Por tanto, la cuestión se centra en determinar si la denegación de la asistencia gratuita solicitada ha vulnerado o no el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la igualdad de la actora.
4. La última queja cuyo examen debemos acometer se refiere a la posible vulneración del art. 24 CE por no poder proponer la actora los medios de defensa que considere convenientes, al no estar en condiciones de costearse abogado y procurador y no poder defenderse por sí misma en el procedimiento para el que solicitó la asistencia jurídica gratuita.
Numéro et date BOE [Nº, 189 ] 05/08/2014
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 4715-2012
Fecha de resolución 08/07/2014
Promovido por doña Milena Bozhidarova Zhelyazkova respecto de las resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia Valladolid en autos de ejecución de títulos judiciales.
Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a no padecer discriminación, a la intimidad personal y familiar y a la tutela judicial efectiva: denegación de solicitud de asistencia gratuita fundada en la falta de acreditación de la insuficiencia de recursos para litigar.
La recurrente en amparo solicitó asistencia jurídica gratuita ante la comisión provincial de Valladolid en el marco de un procedimiento de ejecución de títulos judiciales. La solicitud le fue denegada dado que los recursos económicos de la unidad familiar superaban el límite establecido en la Ley de asistencia jurídica gratuita.
Se desestima el recurso. No cabe apreciar una situación de desigualdad constitucionalmente relevante ni una interpretación errónea del precepto legal por el hecho de haber computado los ingresos del conjunto de la unidad familiar en lugar de computarlos individualmente. La denegación de la solicitud de justicia gratuita se ha fundado en un criterio legal general, proporcionado y razonable, al tiempo que la recurrente no ha acreditado circunstancias personales o familiares que justifiquen la aplicación de reglas excepcionales para elevar el límite de gratuidad plena.
No se ha vulnerado el derecho de la actora a defenderse y a obtener la tutela judicial efectiva en el procedimiento de ejecución de títulos para el que ha solicitado la asistencia jurídica gratuita a consecuencia de la denegación de ésta, puesto que, en atención a los criterios objetivos, razonables y proporcionados que ha establecido el legislador, no ha quedado acreditada la insuficiencia de recursos para litigar, por lo cual no cabe entender que se le haya impedido u obstaculizado el acceso a la justicia y a las garantías propias del proceso justo [FJ 4].
En la medida en que la denegación de la asistencia jurídica gratuita se ha fundado estrictamente en el criterio legal general, proporcionado y razonable que establece el art. 3 LAJG, no cabe apreciar ninguna desigualdad contraria al art. 14 CE ni la subsiguiente aplicación errónea del precepto que denuncia la actora por el hecho de no haber tomado en consideración aisladamente sus ingresos personales a la hora de aplicar el parámetro objetivo legal [FJ 3].
El criterio objetivo y general de fijar el límite de la gratuidad plena de la asistencia jurídica en el doble del salario mínimo interprofesional resulta plenamente razonable y proporcional al fin perseguido, pues no es irrazonable la utilización de los ingresos o recursos como criterio de diferenciación, ni es desproporcionado el límite del doble del salario mínimo, ya que permite atribuir la gratuidad de la justicia a la práctica totalidad de personas que se verían imposibilitadas de litigar por falta de recursos, en tanto que las excluidas también cabe suponer que en su práctica totalidad podrán hacer frente a los gastos procesales (STC 16/1994) [FJ 3].
Doctrina sobre la relación entre el derecho a la asistencia jurídica gratuita de quienes carecen de recursos económicos para litigar, art. 119 CE, y el derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 138/1988, 217/2007) [FFJJ 3, 4].
Resulta ajena al núcleo de protección del art. 14 CE la denominada ‘discriminación por indiferenciación’, pues el principio de igualdad no consagra un derecho a la desigualdad de trato, ni ampara la falta de distinción entre supuestos desiguales, por lo que no puede derivarse del citado precepto constitucional ningún derecho subjetivo al trato normativo desigual (SSTC 16/1994, 257/2005) [FJ 3].
En el presente caso ha de tenerse especialmente presente el criterio flexibilizador de la exigencia formal del requisito de la invocación previa de los derechos denunciados en amparo, ex art. 44.1 c) LOTC, habida cuenta de que la demandante no contaba con asistencia letrada en el momento de la impugnación del acuerdo de la comisión provincial de asistencia jurídica gratuita [FJ 2 a)].
La presente demanda de amparo debe ser ubicada en el ámbito del art. 43 LOTC, de suerte que la vía previa quedó agotada con la impugnación de la resolución de la comisión provincial de asistencia jurídica gratuita ante el Juzgado de Primera Instancia, sin que fuera preciso a tal efecto promover incidente de nulidad de actuaciones ante dicho órgano judicial [FJ 2 b)].
Doctrina sobre la justificación de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo (SSTC 17/2011, 178/2012; AATC 188/2008, 187/2010) [FJ 2 c)].
Los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite, pues el cumplimiento de los requisitos legales para la interposición de la demanda de amparo es una materia de orden público procesal, no disponible para las partes ni para el propio Tribunal (SSTC 18/2002, 20/2008) [FJ 2].
Artículo 44.1 c) (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), ff. 1, 2
Agotamiento de la vía judicialAgotamiento de la vía judicial, f. 2 b)
Derecho a la tutela judicial efectivaDerecho a la tutela judicial efectiva, Respetado, ff. 3, 4
Derecho de acceso a la jurisdicciónDerecho de acceso a la jurisdicción, Respetado, ff. 3, 4
Existencia de invocación del derecho vulneradoExistencia de invocación del derecho vulnerado, f. 2 a)
Flexibilidad del requisito de invocación del derecho vulneradoFlexibilidad del requisito de invocación del derecho vulnerado, f. 2 a)
Justificación de la especial trascendencia constitucionalJustificación de la especial trascendencia constitucional, f. 2 c)
Justificación razonable del tratamiento diferenciadoJustificación razonable del tratamiento diferenciado, f. 3
Libertad de configuración del legisladorLibertad de configuración del legislador, ff. 2 b), 3
Denegación de justicia gratuita inmotivadaDenegación de justicia gratuita inmotivada, ff. 3, 4
Impugnación de la denegación de justicia gratuitaImpugnación de la denegación de justicia gratuita, f. 2
Incidente de nulidad de actuaciones improcedenteIncidente de nulidad de actuaciones improcedente, f. 2 b)

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
in fine
in fine
 resolución 
 resolución 

Artículo 44