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Timestamp: 2018-02-21 04:57:04+00:00

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Cronología ataques a organizaciones Defensoras de Derechos en Bolivia | CEDIB
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A la opinión pública: Nuestro comunicado frente al último ataque
To the atention of all concerned people
À l´opinion publique
AQUÍ en extenso, la CRONOLOGÍA de ataques a organizaciones Defensoras de Derechos (2009 – 2017)
julio a noviembre 2009 En contexto de exploración de hidrocarburos en el Norte de La Paz, Evo critica a ONGs porque “obstaculizan” la exploración de hidrocarburos. Le secunda Ministro de Hidrocarburos Oscar Coca acusando a las ONGs de que “se niegan al desarrollo y progreso del departamento de La Paz, ocasionando una pérdida de 800 millones $us”.
08 octubre, Evo muy enojado dice: “Algunas ONGs nos usan a los pobres, a los indígenas y al medioambiente, para que ellos vivan bien”.
Junio a julio 2010 Gobierno ataca a las ONGs en el contexto de Marcha de CIDOB por autonomía plena, derecho a consulta previa y aumento de escaños de representación indígena en el parlamento.
En diferentes momentos, el senador Fidel Surco, el vicepresidente AGL y el Ministro de Presidencia Coca atacan a ONGs refiriéndose a la problemática que está involucrada en la demanda de la marcha de CIDOB.
Surco: “Algunas ONGs pretenden dividir a las organizaciones y sindicatos nacionales y descabezar a sus principales ejecutivos”.
García Linera: el Estado boliviano tiene como prioridad promover el desarrollo y rechazó las iniciativas, que son promovidas por ONG “que frenan el progreso con la excusa de la defensa del medio ambiente”. “Hay ONG financiadas desde Europa y EEUU que buscan convertir a Bolivia en un parque natural”.
Ministro de la Presidencia Oscar Coca acusa a 3 ONGs que estarían financiadas por USAID y –según una denuncia de CPIB y CPILAP- provocarían desestabilización incitando a marchar con CIDOB en el primer caso y poniendo trabas en exploración petrolera en el segundo caso. En este último caso, las ONGs acusadas son: FAN; WCS y FOBOMADE.
Surco y Coca hablan de la necesidad de “controlar a las ONG” a través de una ley. A esa propuesta se suma Ávalos y dirigentes de CSUTCB Coraite
27 junio 2011 En acto de promulgación de la Ley de “Revolución Productiva Agropecuaria”, Evo Morales arremete con dureza contra las ONG’s, de las que dice, se benefician utilizando a los campesinos y que incluso lograron infiltrarse en su administración.
El ministro de la Presidencia, Carlos Romero acusa a las ONG’s y a líderes de la derecha, de mentir a la población sobre esta ley.
Julio a noviembre 2011 Ciclo VIII Marcha Pueblos Indígenas en defensa del TIPNIS. Periodo más duro de ataques del gobierno a las ONGs y organizaciones indígenas independientes.
13 julio 2011. Morales dice que no son los indígenas los que se oponen a la carretera, hidroeléctricas o exploraciones hidrocarburíferas sino la oposición y las ONGs “bajo el argumento de preservación del medio ambiente”. “Las ONGs son enemigas de la integración, enemigas de la economía nacional, son enemigas de los pueblos indígenas que no tienen luz tampoco caminos, gas o hidroeléctricas”
16 agosto. “Ojalá las ONGs no estén financiando para oponerse a las políticas de integración de Bolivia; el día que sepamos, esperemos a ver la forma de cómo frenar esta clase de conspiración mediante las ONGs”. Secundan esta denuncia muchas autoridades y dirigentes afines al gobierno.
28 agosto. “Algunos hermanos dirigentes indígenas están engañando a sus bases y algunos dirigentes están siendo engañados por algunas ONG”. “El día que se compruebe de manera fehaciente el engaño de las ONG a los dirigentes se tomarán las medidas necesarias”. “Algunos dirigentes exigieron paralización de la exportación, explotación y exploración del gas y petróleo en ciertas áreas. Además, la paralización de proyectos de carreteras como San Buenaventura, Ixiamas, San Borja, Caranavi, y Monteagudo, Ipati, Muyupampa. Esas propuestas no pueden ser atendidas porque Bolivia vive de los recursos hidrocarburíferos. Los proyectos camineros son para el desarrollo y la integración”.
31 agosto. Evo: “Grupos oligárquicos nacionales, transnacionales, distintas ONGs y la derecha conservadora obstaculizan el proceso de integración nacional”. “desde Estados Unidos quieren enfrentar a los pueblos indígenas de las tierras bajas con los del occidente porque no les interesa la integración de Bolivia”.
03 septiembre. García Linera anuncia que se creará una comisión especial mixta en el Legislativo para investigar el uso de recursos por parte de las ONGs y de agencias internacionales de cooperación. El argumento: “Es un derecho de los ciudadanos, a cuyo nombre llega el dinero, de que los recursos estén transparentados”. La amenaza: “A las ONG y a agencias internacionales de cooperación que estén haciendo un mal uso de los recursos y que supuestamente vienen a ayudar a determinados sectores, la Cancillería, tomará las medidas que correspondan en base a la legalidad”.
10 septiembre. Ministro de Comunicación, Iván Canelas, acusa a ONGs CEJIS, Fobomade y Lidema de desestabilizar al Gobierno y dañar la imagen del presidente Morales.
Las acusadas rechazan esas declaraciones y niegan la veracidad de las mismas. Su apoyo a la marcha indígena es técnico y en asistencia humanitaria, con la donación de alimentos.
11 septiembre. García Linera afirma: “En el fondo estamos asistiendo, a través de este grupo de dirigentes, a la conformación de un partido político de ONG (…) mientras tanto la base noble trabajadora de los pueblos indígenas, preocupada, maltratada, olvidada, un poco marginada en la propia caminata, sufriendo mucho, un poco desorientada y con voluntad de diálogo”.
A la campaña de desprestigio a las ONGs y a líderes indígenas de la VIII Marcha e suman varios dirigentes afines al oficialismo (Emar Raldes, Emiliana Ayza).
11 septiembre. Crean la Comisión Mixta de investigación de ONGs y fundaciones que estarían financiando la Marcha Indígena. 5 senadores (3 del MAS, 2 oposición) y 5 diputados (3 del MAS, 2 oposición). Principal función: investigar a ONG´s como FOBOMADE, CEJIS, LIDEMA y CIPCA, entre otras. Ver sus fuentes de financiamiento, el uso de sus recursos y transparentar estas fuentes uso de recursos”.
Diputado Elìo manifiesta que la Comisión solicitará información de la ASFI y de otras instancias del Estado, además pedirán documentación de las propias ONG. Los resultados de la investigación también servirán para diseñar una ley de ONG.
21 septiembre. Desde Nueva York, Evo denuncia supuesto complot contra su gobierno, dirigido por ONGs. Vuelve a acusar a USAIS de financiar la Marcha Indígena.
22 septiembre: García Linera desde Cochabamba: “Existen ONG que colaboran al país con las actividades que realizan, pero hay otras que “les gusta hacer política”.
CEJIS califica de “intimidatoria” y “distractiva” la investigación del Legislativo, en lugar de investigar lo que hace el Ministerio de Gobierno y la Policía en Yucumo. “Han tenido más de 30 años, pero vienen y lo hacen ahora…”.
23 septiembre. La Gobernación de Cochabamba revisa documentación de ONGs. (Personerías jurídicas emitidas desde el año 2000, sus estatutos y documentación que presentaron para su funcionamiento”. Director Jurídico Coca justifica: “evitar problemas de estafas como los que se tuvo con la dotación de viviendas”.
29 octubre. Ampliado de Federaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba, resuelve dar plazo de 48 horas para que se retiren del TIPNIS las empresas extranjeras y ONGs que trabajan en el parque aprovechando los recursos naturales.
J.R. Quintana (ADEMAF) denuncia 3 actividades “monopólicas” en el TIPNIS “a cargo de privados en complicidad con indígenas”: explotación forestal, turismo de aventura y explotación de lagartos.
25 noviembre. El accionar de la Comisión Parlamentaria perfila una normativa autoritaria sobre ellas. ONGs buenas y ONGs malas. Maniqueísmo estatal. Vicecanciller Alurralde presenta informe ante la Comisión Especial de Investigación del Órgano Legislativo: una veintena de las 2.175 ONG que operan en Bolivia, habrían articulado la marcha de los indígenas del TIPNIS en afán desestabilizador. Alurralde refiere “una norma” con condicionamientos y disposiciones que violan derechos fundamentales de las ONGs como actores de la sociedad civil organizada. Anticipo de lo que vendrá con la ley 351.
Febrero a diciembre 2012 Ciclo de ataques a ONGs y organizaciones indígenas independientes en contexto de realización de la Consulta post (oficialista) y la IX Marcha Indígena.
10 febrero. Evo, en conferencia de prensa en Oruro: “Algunas ONG son la quinta agencia de espionaje en Bolivia. De eso estoy convencido. Es un sistema de espionaje de algunos países, especialmente de Estados Unidos, mediante (la agencia de cooperación) Usaid”.
27 marzo. García Linera: “En torno del problema del Tipnis se ha desvelado, y ya la historia nos está comprobando, el conjunto de intereses espurios y oscuros que se mueven alrededor del control y la gestión de los bosques amazónicos en nuestro país, promovidos por sectores de oposición y ONGs”.
03 mayo. Senador René Martínez: las normas para la regularización de las ONGs se trabajarán durante la próxima agenda legislativa. El oficialismo reitera que algunas entidades apoyaron económicamente a la VIII Marcha. Repite esquema maniqueo: “ONGs buenas” (las que dan “apoyo social”) y “ONGs malas” (“las que efectúan tareas a criterios de apoyo a movilizaciones sectoriales, una tarea más que todo con un contenido político”).
Indígenas y representantes de ONGs responden: todo esto se trata de una campaña de desprestigio a la IX Marcha Indígena en defensa del Tipnis. Apuntan al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de ser el promotor de estas acciones.
21 mayo. Del relato de un hecho controvertido entre un directivo de ONG y un dirigente indígena de la CPESC, el periódico oficialista CAMBIO concluye: “algunas ONG no sólo se convirtieron en actores políticos opositores al Gobierno”. 24. 05 [Cambio] Tras ese hecho, las 8 regionales de la CPESC decidieron declarar persona no grata al director del CEJIS, Leonardo Tamburini, y pedirán una investigación del manejo de esa ONG”
06 julio Dirigentes oficialistas de FSTMB declaran enemigas a las ONG’s ambientalistas CEPA y CORIDUP, asegurando que quieren cerrar las operaciones mineras. Envían carta al ministro de Medio Ambiente, Felipe Quispe Quenta, afirmando que “están en estado de emergencia y en pie de lucha contra las ONG’s mencionadas, exigiendo que hagan conocer al pueblo cuánto dinero reciben y de quiénes, además advierten con movilizaciones a nivel nacional, ya que consideran que las demandas de los ambientalistas van en contra de sus fuentes de trabajo y es una actitud “antiminera”.
29 julio. En Festejo aniversario ADEPCOCA Coripata, Yungas, Evo Morales llama “asalariados de las ONG” a algunos líderes del TIPNIS. “Algunos dirigentes de esos grupos están cosechando plata, muchos resentidos; la derecha, algunas ONG (también) se aprovechan del llamado medio ambiente para cosechar plata”.
07 septiembre. El periódico oficialista Cambio resalta unos datos sobre ONGs en Bolivia para concluir: “El Gobierno cuestiona el accionar de estas entidades y las enmarca en una estrategia de dominación regional externa”. Cita el libro de García Linera: “Geopolítica de la Amazonía, Poder Hacendal-Patrimonial y Acumulación Capitalista”: “Algunas ONGs fueron el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico”. “El verdadero objetivo de la filantropía occidental fue conquistar territorios estratégicos y recursos de la biodiversidad a través de las ONG”.
16 octubre. Ministro Presidencia Quintana y Asambleístas del MAS apoyan revisión del Convenio Marco con EEUU (2011), y la Asamblea Legislativa perfila una ley para regular el trabajo de ONGs que operan en el país. Días antes Evo Morales recordó que la embajada de EEUU y USAID conspiraron contra su gobierno el 2008. Además de Usaid, la ONG Instituto Internacional Republicano (IRI), financia a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) para labores de conspiración a través de los medios.
16 octubre. Diputada Betty Tejada (MAS) informa que la Asamblea Legislativa se apresta a elaborar el proyecto de ley de regulación de ONG en Bolivia, a partir de un informe que ya elaboró la comisión conformada el año pasado. Tejada urgió una norma para regular el trabajo de estas entidades, que, en la mayoría de los casos, no cumplen con la lucha contra la pobreza y se abocan a tareas de conspiración con afectación del Estado, como denunció el presidente Evo Morales.
17 octubre. Senador Eugenio Rojas: de los resultados del diagnóstico de ONGs elaborado por la Comisión del Legislativo, concluye reafirmando acusaciones de conspiración y servicio a intereses extranjeros y a fines de enriquecimiento del grupo. “Usurpan funciones del Estado; imponen políticas; actúan al margen de los planes gubernamentales. Con ello justifica un proyecto de ley penalizadora para ONGs. Senadora Rhina Aguirre (MAS): “las ONG, de la mano de Usaid, son un instrumento de penetración ideológica del imperialismo”.
19 octubre. Editorial Cambio: Las ONGs realizan trabajo subterráneo. Bajo la máscara de defensa del medio ambiente, movilizan a algunos dirigentes en el TIPNIS para impedir la realización de programas de desarrollo en la zona. “Ha quedado en evidencia que los bloqueos que esos grupos sustentan en esa región, para que no se realice la consulta en el Tipnis, en algunas comunidades, no son gratuitos, una vez que son rentados con pagos diarios a los bloqueadores”.
23 diciembre. Exdirigente minero Ángel Villegas, junto a otros, denunció al CEPA y la CORIDUP (Oruro) por efectuar “campañas antimineras” y “hacer acciones medioambientales”, por lo cual reciben financiamiento económico de otras ONGs de países europeos “y no benefician con un centavo a los comunarios”.
Los dirigentes mineros desconocieron a los directivos de CORIDUP como control social medioambiental en el sector minero “por estar involucrados en recepción de financiamientos de ONGs”. Más adelante CORIDUP mediante nota de prensa se defiende de las acusaciones: “los operadores mineros tratan rehuir su responsabilidad”.
Septiembre a noviembre 2012 *SENASIR impone de una multa al CEDIB por no aportes del Ex Fondo Complementario y Fondo de Pensiones Básicas en los años 90.
El Senasir hace fiscalización al CEDIB, respecto a aportes devengados al seguro social de largo plazo. Luego determina una multa por aportes devengados por un monto de 27963 bs. 4017 $us (aportes febrero a junio 1995 y marzo a abril 1997, por diferencias en masas cotizables del Régimen Básico; y periodos abril 1993; octubre 1994, febrero 1995; marzo y abril 1997 para el Régimen Complementario), que incluyen intereses y multas.
De manera recurrente, tras cada nota escrita, dan plazo de 5 días para hacer efectivo el pago; amenazando finalmente con Proceso Coactivo Social en la vía judicial (26 noviembre 2012).
Finalmente (28 noviembre 2012) el SENASIR define la deuda por 28808,78 Bs. que incluye el cobro de intereses por diferimiento de pago. Se acuerda el pago en 14 meses.
Imposición de una ley punitiva contra las ONGs (Ley 351 y su decreto reglamentario) que atenta contra derecho fundamental a Libre Asociación.
09 febrero. Ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, informó que la cartera a su cargo trabaja en la elaboración de un proyecto de ley para regular las funciones de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y transparentar sus operaciones en el país. Pone un ejemplo genérico de corrupción de las “ONGs” para justificar ley punitiva contra ellas.
16 marzo. Se conoce la Ley de Personerías Jurídicas 351 aprobada el 5 de febrero en la Asamblea Legislativa. Punto cúspide de un largo proceso de acusaciones y acoso gubernamental contra ONGs. Se materializan prejuicios, acusaciones, difamaciones en una ley. Aspecto más destacado: art. 14, revocatoria de las ONGs por 2 causales: 1º) Incumplimiento de esta norma y su reglamento 2º) cuando “realicen actividades distintas a las finalidades señaladas en sus estatutos”. Y previamente la ley obliga a las ONGs a alinear sus objetivos, fines y acciones a los planes gubernamentales.
Reacciones de ONGs, AIPE: Ven amenaza. ¿Quién definirá cuándo una ONG incumple? El Estado. Relacionan esta norma con todo el proceso de ataques gubernamentales a ONGs, sobre todo a partir de la VIII Marcha TIPNIS. Ante el mandato de elaboración en 60 días de la reglamentación de la ley, AIPE plantea volver al Código Civil y que se reconozca una suerte de “arbitraje”, ante la posibilidad de quitarles sus licencias.
24 marzo. La prensa recoge impresiones de varios conocedores del mundo de las ONGs. Muchos concluyen que la ley 351 establece un férreo control sobre el rol de las ONGs, marca “un antes y un después”.
*Gómez de CEDLA: “Regulación más rígida sobre ONGs porque hay algunas que siguen trabajando en el fortalecimiento de sociedad civil y no se han adscrito acríticamente a la política oficialista”
*Unitas: sin necesidad de la ley, ya hay un sistema de control “bastante riguroso”.
*Henry Oporto: Importante establecer un debate esclarecedor acerca de la importancia del rol de las ONGs en el país, las condiciones necesarias para una función legítima de servicio público o de bien común, que es su razón de ser.
*Laserna: “Las ONG tienen que tener un rol que permita al ciudadano, a las organizaciones sociales, producir servicios públicos, bienes públicos y aportar desde el mundo privado hacia la mejora en las condiciones de vida, en las condiciones de debate, de conocimiento, de información, de la población”.
01 mayo. Expulsión de USAID. En concentración por el 1º de mayo, Evo: “Estados Unidos sigue conspirando. Por eso, aprovechando esta concentración, hemos decidido expulsar a Usaid de Bolivia. Se va. Nunca más Usaid va (a seguir) manipulando y utilizando a nuestros hermanos dirigentes”.
05 junio. Gobierno promulga con absoluto sigilo el Decreto Supremo 1597, reglamentario de la Ley 351. La prensa recién accede y difunde información sobre este reglamento a finales de junio y principio de julio. Lo estacado del DS. 1597:
Establece plazos fatales para registro de ONGs en el SIREPEJU (Diciembre 2013). Se exige a las ONG y a las fundaciones especificar el contenido de sus estatutos, “el alcance de sus actividades orientadas a contribuir al desarrollo económico social, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la planificación nacional, las políticas nacionales y las políticas sectoriales”. Artic. 19 del Decreto Reglamentario ratifica revocatoria de PJ. “Se revocará la personalidad jurídica por “necesidad o interés público, declarado mediante ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional”. Otras causales de revocatoria: “sentencia penal ejecutoriada, cuando se compruebe por la instancia judicial competente que los miembros que ejercen representación de la persona colectiva realicen actividades que atenten contra la seguridad o el orden público o hayan cometido hechos ilícitos en el ejercicio de sus funciones, valiéndose de la institución de la que forman parte para cometerlos”. Otros motivos de cierre: un informe previo del ministerio del área “por incumplimiento a las políticas y/o normas sectoriales” y la inactividad por 5 años. Artículo 21: describe el procedimiento para revocatoria: 1º) una solicitud mediante nota remitida al Ministerio de Autonomías con la fundamentación de las causales. 2º) Plazo no mayor a 15 días hábiles al Ministerio de Autonomías para la notificación a la parte afectada y la presentación de descargos.
3º) Plazo no mayor a cinco días, el Ministerio de Autonomías emitirá el informe y una resolución suprema con el fallo por una revocatoria o la negativa a la solicitud.
Junio 2013, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena presenta un recurso de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Ley 351 y del Decreto Supremo 1597 y envió la solicitud de “amicus curiae” para que terceras partes emitan criterio sobre el tema en particular antes de que el Tribunal emita su fallo.
07 julio. Diversas autoridades oficialistas se pronuncian sobre la aplicación de la Ley 351 a través de su decreto reglamentario.
Senador Adolfo Mendoza: las instancias que no recaben este registro estarán operando ilegalmente en el país.
Ministra de Autonomías Claudia Peña: el registro en el SIREPEJU creará una base de datos sobre estas organizaciones para controlar las actividades que realizan y conocer las fuentes de financiamiento que las apoyan”.
Diputado Marcelo Elío: “las ONG invierten recursos en el país, pero el Estado no conoce en qué y de dónde reciben el dinero. Por eso es importante que vayamos conociendo este misterio”.
Opositores tienen otra interpretación:
Diputado Franz Choque (CN): “esta actitud del Gobierno es una respuesta a las ONG que apoyaron a una parte de los indígenas que se opusieron a la construcción de una carretera por el medio del TIPNIS”. Con esta ley se borrará a ONGs, fundaciones y otras instancias sin fines de lucro que no condigan con el denominado proceso de cambio”.
Diputada Elizabeth Reyes: es una acción con un fin político de “intimidación y presión”. El Movimiento Al Socialismo está tratando de tener el control de las ONG para seguir teniendo el poder desde las mismas, además del financiamiento”.
05 agosto. Para el ministerio de Autonomías, el derecho de asociación y otros consecuentes vienen del acto administrativo de obtención de Personería Jurídica, no son algo innato a las personas y ciudadanos. Así lo expresa el responsable de la Unidad Jurídica del Ministerio de Autonomías, Fernando Víctor Zeballos Gutiérrez: “El proceso (de obtención de PJ) tiene el objetivo de garantizar que las ONG, organizaciones sociales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro puedan generar sus derechos, que les establece sus personerías”.
21 septiembre. Gobierno y ONGs internacionales que radican en Bolivia, asociadas en CONGI, trabajan en lineamientos de una nueva relación de trabajo conjunto. Se perfila la elaboración de una ley que regule el funcionamiento de las instituciones. Expresiones optimistas:
Vicecanciller Alurralde y César Navarro (Representante presidencial de la Agenda 2025): las ONG tienen apertura a contribuir al proyecto estatal de la agenda 2015.
Ximena Valdivia, vicepresidenta de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales Internacional (CONGI): está en carpeta la discusión de la nueva relación con el Gobierno. “Aún se llegó a acuerdos, pero hay acercamientos”. Javier García de la Oliva, coordinador general CONGI, explicó que las 35 ONG que agrupan su institución están de acuerdo con tener un nuevo relacionamiento con el Gobierno. Todo esto se borrará de facto con la expulsión de IBIS, de la que la propia Valdivia es directora ejecutiva.
29 mayo 2015. Relator especial ONU para Libre Asociación, Maina Kiai, emite un informe afirmando que la legislación boliviana que regula a las ONGs del país “vulnera y restringe injustificadamente el derecho de asociación, según normas, estándares y principios internacionales”. El informe fue remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), entidad de la que espera una respuesta hasta septiembre de 2015 dar respuesta a demanda interpuesta por Defensor del Pueblo contra 2 artículos de la ley de PJ 351 y del DS. 1597.
Julio 2012 y diciembre 2013 Asalto y toma física de las sedes de las 2 principales organizaciones indígenas independientes (CIDOB y CONAMAQ), que se desde julio de 2010 fueron atacadas por el gobierno por su posición crítica a la ley marco de Autonomías.
Julio del 2012 un grupo de militantes del partido de gobierno asaltó las oficinas de la organización de las nacionalidades de las tierras bajas (CIDOB).
10 de diciembre del 2013, otro grupo similar asaltó la sede del Concejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (CONAMAQ). En todos estos casos los agresores contaron con el respaldo de la policía.
Diciembre 2013 a enero 2014 Expulsión de la ONG danesa IBIS. Tiene todas las características de una sanción disciplinadora modelo. Aunque no se realiza aplicando la ley 351, tiene a ésta como paradigma disciplinador para las ONG nacionales.
02 diciembre. En acto con Bartolinas, La Paz, Evo nuevamente amenaza con expulsar a ONGs. “Quiero que sepan, si hay algunas ONG –ya nos estamos informando- si siguen conspirando como la embajada de Estados Unidos, vamos a tener que cerrar y expulsar a esas ONG que vienen a conspirar contra esta revolución democrática y cultural”. Sin dar nombres reitera una vieja denuncia: “financiaron a la marcha del 2011”. Y añade: “estas entidades “usan” a los dirigentes campesinos y sindicales “para fines de algunos, no para todos” o para dividir a los sindicatos. Reconoció que “también hay buenas” organizaciones no gubernamentales “que quieren participar, que están sometidas a la organización (social y sindical), ayudando”
04 diciembre. Desde el Legislativo se hacen eco de la nueva amenaza de Evo a las ONGs:
Senador Eugenio Rojas: (Confundiendo leyes) “Este año se aprobó una ley para fiscalizar a las ONGs; “están obligadas a presentar informes periódicos sobre sus actividades, pero no lo hacen”. “Hay una ley de fiscalización que se ha aprobado y debe ser registrada por la Cancillería y la ministra de Planificación (Viviana Caro) tendría que hacer un seguimiento”.
Diputado Lucio Marca: “Es un cuestionamiento permanente, son organismos que captan recursos muy importantes, que muchas veces no se determinan en qué se invierten”.
Asambleístas del MAS (René Martínez, Mary Medina, Lucio Marca) no sólo apoyan la advertencia del Presidente, sino que también sugirieron la necesidad de un mayor control de las ONG
15 diciembre. Gabriela Montaño, presidenta Senado: “Tienen que enmarcarse en el Plan Nacional de Desarrollo, para que las ONG no sean utilizadas para el enriquecimiento de algunas personas”.
Presidenta de Diputados, Betty Tejada: “la actitud de las ONG “debe ser de respeto al Gobierno como en cualquier Estado sucede”
Galo Bonifaz: Serán bienvenidas las instituciones que compartan la visión gubernamental, pero las que no, “serán expulsadas” del país. Al gobierno no le temblará la mano para cerrarlas ONGs que conspiran contra el Gobierno y sus políticas”.
Viceministra de Autonomías Departamentales Gisela López: el Ministerio de Autonomías no descarta trabajar con toda una “articulación” de ONG para evitar la duplicidad de acciones. Pero también dijo compartir con las autoridades que cuestionan a movimientos “minúsculos” que promueven un activismo político contrario al proceso de cambio”.
Opositores denuncian carácter antidemocrático de la Ley 351. Senadora opositora María Elena Méndez: “Amenaza de Evo sale de los límites de un Presidente demócrata”. Diputado Tomás Monasterios, también de CN, cuestionó que el Jefe de Estado “se sienta dueño” de los bolivianos.
Red Unitas pidió pruebas de la supuesta conspiración contra el Gobierno por parte de las ONG.
Hernán Ávila, Director del CEJIS: Fuimos una entre varias instituciones que apoyó el proceso constituyente. El CEJIS al igual que antes de la Constituyente, sigue manteniendo su posición política institucional y quienes han cambiado su línea son los que están al frente (el Gobierno).
20 diciembre. Gobierno anuncia expulsión de ONG danesa IBIS. Luego de acusarla de promover la división en los sectores sociales; en tanto, analiza la situación de otras seis instituciones de cooperación. En conferencia de prensa, JR Quintana: “Nos hemos cansado de tolerar la injerencia política en Bolivia. Nos hemos cansado de que IBIS promueva el conflicto interno entre las propias organizaciones, entre la Cidob, el Conamaq y otras organizaciones”. “Declaran, en sus principios, formulaciones institucionales y programas, argumentaciones absolutamente políticas, cuando (…) tiene que apoyar el desarrollo de organizaciones y comunidades, fortaleciendo inclusive a pueblos indígenas”. Agarra un texto específico del Informe 2012-2013 de IBIS: “utilizará la información y el trabajo político para ejercer influencia en la agenda política y generar una mayor comprensión de los problemas a los que se enfrentan los países en desarrollo”. “Esto es tutelaje político sobre las organizaciones, es una manera de colonización de la ONG sobre organizaciones indígenas, interferencia, injerencia, dominación política, algo que no podemos permitir en Bolivia”.
Galo Bonifaz: “Otras 6 ONG están en proceso de evaluación por el Gobierno para establecer si permanecen en el país o tienen que abandonar, como lo hará IBIS”.
Senador Eugenio Rojas: “Algunas ONG malversan los fondos que administran en el país. Hay que expulsarlos. No vamos a permitir que haya injerencia, que dividan y que no respeten las normas internas del Estado”.
22 diciembre. En entrevista en Radio CEPRA: JR. Quintana, reitera: ONG deben enmarcarse en proyectos de desarrollo en municipios y comunidades del país y no abusar de la “hospitalidad” del Estado. No todas las ONG tergiversan su rol, sino son pocas que están “abusando” la confianza y la buena fe de las comunidades indígenas y campesinas.
CEDLA y CEJIS denuncian persecución y ataques de parte del Gobierno por las labores que realizan y temen que sus instituciones sean cerradas.
23 diciembre. Evo, en conferencia de prensa vuelve a amenazar a las ONGs. Habla de que la conspiración contra el gobierno anula derechos políticos.
“Si alguna ONG está buscando financiamiento para conspirar y conspirar… no somos tontos. Algunas ONG tergiversan los datos para hacer quedar mal al Gobierno. Claro, la tarea es como desgastar al Evo para tumbar este proceso”. “Tergiversan los datos para hacer quedar mal al Gobierno, como siempre, la tarea es cómo desgastar a Evo para tumbar el proceso”. Todos los bolivianos tienen derecho a hacer política, pero cuando alguna ONG usa recursos económicos del exterior para conspirar contra el Gobierno, se anula. “Ya no es un derecho, por más que sean bolivianos”. “Por una cuestión de dignidad de los bolivianos y las bolivianas no se va a permitir que las ONG busquen financiamiento y que vengan a conspirar contra la democracia y el Gobierno nacional”. Acusa expresamente a Erbol de recibir financiamiento para “sacarle la mugre”.
Analista político Marcelo Silva: Amenazas de Gobierno a ONG tienen el objetivo de ahogar a grupos intelectuales, críticos a la gestión del presidente Evo Morales. “Las ONG se encargaban de sostener económicamente a muchas personalidades porque daban una fuente de trabajo a personas que realizaban investigaciones y emitían criterios que iban en contra del Gobierno de turno”
25 diciembre. Diputado del MAS Rodolfo Calle: ONG que sean expulsadas del país no tienen derecho a la apelación. “No podrán apelar a ninguna instancia superior para recuperar su personalidad jurídica”. “Cuando una ONG incumple el objetivo por el cual fue creado, de acuerdo al Código Civil, se revierte la personería y con la expulsión pierde su personería de forma automática y sin derecho a impugnación”. “IBIS se metió en la política boliviana y el Gobierno ha decidido expulsarlo”, dijo. “Se actuó conforme a derecho, no se está maniobrando nada, no se está abusando a nadie, simplemente se está dando cumplimiento a lo que dice la norma nada más”.
25 diciembre. [Editorial de periódico oficialista Cambio] “No a las ONGs colonialistas”. Equipara a IBIS con USAID. Da por sentada la veracidad de la acusación de conspiración, injerencismo colonialista; fuente de enriquecimiento a nombre de ayuda a la pobreza. El gobierno es juez supremo que define qué ONGs son buenas y cuáles son malas. Incluye en este “eje del mal” a los dirigentes independientes.
25 diciembre. Senador Eugenio Rojas amenaza con expulsar a otras 6 ONGs que están en la mira. “En 2014 habrá sorpresas. En el primer trimestre de la siguiente gestión se tomará la decisión de expulsar a otras ONG”.
27 diciembre. Diputado Galo Bonifaz: “Si no se adecúan a la CPE, correrán la misma suerte que IBIS”. Algunas ONG no trabajan en coordinación con el Gobierno y solo ejecutan el 20% de sus recursos en obras vinculadas con el desarrollo social. “Si no se adecúan a la CPE correrán la misma suerte de IBIS”. Las ONG ambientalistas han visto afectados sus intereses, por ejemplo, cuando el Estado entró al TIPNIS y descubrió los negocios de madera no han permitido investigar ese tema”.
27 diciembre. Ximena Valdivia, directora IBIS Bolivia, da detalles del procedimiento unilateral del gobierno para denunciar el acuerdo marco entre IBIS y el Estado Boliviano.
30 diciembre. Tras pedido de Evo, el gobierno alista una tercera norma para ONGs que será enviada al Legislativo en la próxima gestión. Viviana Caro, ministra de Planificación: “El Gobierno plantea que las ONG puedan desarrollar sus actividades legalmente, cumplir con su personal y con el Estado; hacer sus trámites ante la Cancillería para lograr registro y autorización y obtener permiso de ejecución de sus recursos”. La nueva norma establecerá el marco en el cual van a funcionar las ONG y afectará a todos los proyectos que quieran realizar”.
Hasta la fecha rigen 2 normas promulgadas por el MAS: DS. 29308 (octubre 2007), establece los procedimientos de Inversión Pública y Financiamiento. Y Ley 351, de marzo de 2013.
08 enero 2014. Secretario general de IBIS Vagn Berthelsen llega a Bolivia, se reúne con altos personeros del gobierno incluido el ministro Quintana.
13 enero: En comunicado oficial; “Debo admitir que nosotros, como IBIS, hemos cometido errores y he pedido disculpas, en reuniones y por escrito, por estos actos que no están en consonancia con la política de nuestro trabajo en Bolivia. También parece que hay algunos malentendidos que estamos tratando de aclarar”.
14 enero. Sobre caso IBIS, Evo ratifica “la conspiración no se perdona, (la) intromisión no se perdona”.
10 enero 2014. Comunarios y actores del gobierno expulsan al IPTK de la provincia Chayanta acusada de no haber cumplido con sus proyectos y haber vendido terrenos destinados a su infraestructura. Hubo una toma simbólica de la infraestructura educativa en Ocurí, encabezada por la diputada oficialista Emiliana Ayza. Les dieron 5 días de plazo para salir.
20 enero 2014. Ministra de Autonomías, Claudia Peña: “Se revocará la PJ a aquellas entidades que incumplan lo dispuesto por la ley y sus reglamentos”.
“El objetivo es regular las funciones de estas organizaciones y transparentar sus operaciones en el país, a fin de evitar situaciones irregulares”. “Se revocará la PJ a aquellas entidades que incumplan lo dispuesto por la ley y sus reglamentos. Además, se verificará que no realicen actividades distintas a las señaladas en sus estatutos”. “Es un extremo pensar que el Gobierno pretenda inmiscuirse en las actividades de las ONG. Pero eso no quiere decir que no ejerza un control, pues señaló que no se pueden permitir organismos desestabilizadores”
Junio a agosto 2015 Graves acusaciones y amenazas públicas por altas autoridades a ONGs en general, sin respaldo probatorio, sin canalización por vías legales, en contexto de decretos que favorecen exploración petrolera incluyendo las áreas protegidas.
18 junio. Yapacaní, acto de anuncio descubrimiento de nuevo pozo petrolífero (Campo Boquerón N-K4D), Evo advierte que expulsará del país a ONG o Fundación que perjudique la exploración de hidrocarburos: “No es posible que algunas ONGs, algunas fundaciones manden o decidan a nombre del movimiento indígena, no comparto. Quiero decirles que cualquier ONG o fundación que perjudique la exploración de los recursos naturales se va a ir de Bolivia (…) No necesitamos (…) que vengan a perjudicarnos”.
26 junio. Ministro de Autonomías, Hugo Siles, anuncia que su despacho agilizará los trámites pendientes de personería jurídica de ONG. “(…) el Estado tiene mecanismos para cancelar no solamente la personería jurídica, sino la expulsión”.
05 agosto. Evo, en una concentración en Capinota, en referencia a DS 2366: “Los gringos se oponen y usan a algunas ONG y fundaciones, que a su vez usan a dirigentes pagando para que hablen contra el Gobierno y contra la exploración de otros recursos naturales”. “Esta tierra es nuestra, aquí nosotros decidimos, compañeros y compañeras, ningún gringo que se oponga y use a las ONG y fundaciones para no buscar petróleo so pretexto de reservas nacionales”.
05 agosto. En una nota de prensa desde Washington (EEUU), Human Rights Watch, a través de su director José Vivanco, advierte que la ley boliviana sobre ONG (ley 351) “atenta contra el derecho de la libertad de asociación”. HRW entregó su opinión en apoyo a la demanda de inconstitucionalidad de esta Ley y del Decreto 1597, presentada por la Defensoría del Pueblo.
Agosto 2015 Ataques específicos a CEDIB junto a otras 3 instituciones. Acusaciones temerarias, sin respaldo de pruebas, sin canalización por vías legales correspondientes.
08 agosto. Vicepresidente García Linera, en Cotoca, acusa a 4 ONGs (CEDIB, CEDLA, Milenio y Tierra) de mentir y defender intereses de grandes empresas extranjeras”.
En un acto de entrega títulos de propiedad agraria: pide a los presentes identificar con precisión a dos ONG, que habrían planteado que el gobierno “no está cambiando la estructura agraria”. Se refirió a Fundación Tierra y al CEDIB. “Tienen que estar atentos contra estas dos ONGs que mienten en favor de los extranjeros”. “La Fundación Tierra es de un exministro de Sánchez de Lozada y el Cedib es de unos trotskistas que se han vuelto verdes de un día para otro, en una clara muestra de oportunismo político”. “Se han dedicado a mentir. Mienten para defender los intereses de las grandes empresas extranjeras, mienten para favorecer a países extranjeros”. “Estas instituciones reciben dinero del exterior y trabajan en Bolivia para que “nos convirtamos en guardabosques”. “No quieren que sembremos maíz, chía, arroz. Como los países extranjeros se han quedado sin bosques, ahora quieren que nosotros cuidemos los bosques. No quieren que toquemos los árboles, pero ¿de qué vamos a comer? De qué vamos a vivir si no abrimos las hectáreas para sembrar alimentos. Quieren que vivamos como hace 500 años, quieren que vivamos como animalitos”.
10 agosto. Conferencia de prensa, AGL: “A los compañeros que trabajan en estas (cuatro) ONG les decimos que tienen el derecho a publicar lo que quieran, pero no mientan y no defiendan intereses extranjeros”. “El CEDIB, el CEDLA y las fundaciones Milenio y Tierra mienten y tergiversan información para hacer política y defender intereses de las empresas transnacionales”.
“Las ONG no pueden hacer política; y si quieren hacerlo deben armar su partido político…”
“Las transnacionales quieren que los países del sur no se desarrollen, es decir que seamos los guardabosques de los señores del norte, a eso se reduce la función de esas ONG y de su financiamiento”.
10 agosto. CEDIB denuncia: “El intento de linchamiento mediático a las ONGs no es un hecho aislado. Forma parte de una política sistemática de conculcación de derechos y garantías democráticas, dirigida contra toda organización de la sociedad”.
10 agosto. Las 4 ONGs acusadas denuncian que se están violando sus derechos de libre asociación y anuncian continuar su trabajo en el país.
12 agosto. Diputado Víctor Borda anuncia elaboración de una ley para fiscalizar y sancionar a entidades que no cumplan con sus tareas específicas. La nueva ley no será complementaria, sino específica, porque la ley vigente no incorpora control. “Ahora se buscan medidas coercitivas más efectivas (…) incorporando sanciones para que las ONG no se deslicen de sus objetivos y finalidades. Hay que saber cuánto tienen y en qué están invirtiendo”.
13 agosto. Gobierno anuncia que fiscalizará a ONGs cuestionadas. Ministro de Autonomías, Hugo Siles, anuncia inicio inmediato de fiscalización al trabajo de las ONG criticadas por el vicepresidente García Linera. “Sobre la información que ha dado el Vicepresidente, vamos a cruzar datos y vamos a incluir a otros actores para que se sumen a esta fiscalización”.
14 agosto. Intelectuales cuestionan a García Linera: “Amenazas de García contra ONG es un gesto de autoritarismo e intolerancia”. “Por la presente, quisiéramos hacerle llegar nuestra preocupación frente a las infundadas acusaciones y amenaza de expulsión vertidas por usted contra cuatro ONG de larga trayectoria en Bolivia: CEDIB, CEDLA, Fundación Tierra y Milenio”. “Dichas amenazas, de concretarse, implicarían un grave corrimiento respecto de la restricción de los derechos civiles, entre ellos, la libertad de expresión y de asociación y, por consiguiente, un retroceso enorme para la democracia boliviana.
18 agosto. Jefe de la Delegación Unión Europea, Timothy Torlot, respecto a arremetida gubernamental contra ONGs: “Todos los estados fuertes necesitan de sociedades civiles igualmente fuertes”. “Estamos apoyando a la sociedad civil”. Si la UE recurre a las ONG, “no es para realizar trabajo contra el Gobierno, pero sí en muchas áreas hay un nivel de expertos que no existe en la delegación ni en las autoridades mismas, estas organizaciones poseen especialidades y las utilizamos para entregar nuestros programas”.
19 agosto. García Linera: Responde por carta a los intelectuales que le criticaron por el acoso a ONGs “Lamento profundamente que hayan sido utilizados por estas cuatro ONG en su intento de simular una imagen autoritaria de -bien lo saben ustedes- uno de los países más democráticos del mundo” (…). “He señalado que cuatro ONG mienten y camuflan su activismo político reaccionario bajo el manto de actividad ‘no gubernamental’.
19 agosto. Sectores sociales afines al MAS amenazan con echar a las ONG. Juanita Ancieta de Bartolinas: “Vamos a evaluar en qué departamentos se estarían imponiendo (las ONG), e inmediatamente en magno congreso se determinará la expulsión de cualquier ONG. Se tendrá una lista de ONG que financian proyectos para fines políticos”. Feliciano Vegamonte (CSUTCB) “En el marco del control social las organizaciones sociales tenemos la obligación de saber dónde va esa cooperación, el presupuesto… Tenemos que ver cómo controlarlos y asumir sobre todo el control social para que esos presupuestos sean invertidos en beneficio de las organizaciones sociales”. Denunció que en 2011 y 2012 varias ONG financiaron la marcha de los indígenas del TIPNIS para que se movilicen contra el Gobierno; por eso los sectores sociales asumirán “medidas orgánicas” como la expulsión”.
25 agosto: José Miguel Vivanco director para América de Human Rights Watch (HRW):
“El problema principal de la ley 351 y de su decreto reglamentario es que otorgan al Gobierno amplias facultades para disolver organizaciones de la sociedad civil. La amplitud de estos términos abre la puerta al abuso y la arbitrariedad por parte de autoridades”.
Agosto a septiembre 2015 A partir de las acusaciones de García Linera a 4 ONGs, funcionarios de Gobierno reiteran rol coercitivo, intimidatorio y disciplinador de la ley 351.
28 agosto. Ministro Siles expresa con claridad el rol coercitivo y disciplinador de la Ley 351 sobre las ONG: “Hemos visto que de las cuatro ONG que fueron aludidas en los medios, tres están en proceso de trámite, lo cual técnicamente las coloca como depositarias de una obligación y responsabilidad. Sólo una está con todo su trámite completo. (…) Apelamos a que completen su trámite, porque si dejan pasar el tiempo, puede revocarse su PJ. En todo caso, siempre hay la necesidad de que el Estado tenga un papel coercitivo, en estas causas. También debemos ser celosos vigilantes de que el objeto de trabajo que describen estas instituciones se cumplan”.
04 septiembre: Ministro Siles reitera el uso de la ley 351 atentatorio contra derechos civiles y políticos de la población: “Como Gobierno, no pedimos que las ONG que actúan en el país tengan que pensar o activar formas de trabajo en sintonía. Pero también está la Ley 351. Si observamos trabajos que vayan en contrasentido con el objeto que definieron en sus estatutos, tendremos capacidad de aplicar causales de reversión de sus personerías”. Según Siles, hubo varias ONG que asumieron un rol político al margen de sus estatutos, cuando apoyaron la marcha en defensa del Tipnis. “Movilizaban, azuzaban y generaban alguna movilización que se pudo haber constituido en violencia después”.
04 septiembre. Ministro Hugo Siles se refiere a Fundación Jubileo en tono amenazante. “Ustedes como medios investiguen los fondos de Jubileo, por ejemplo, ¿de dónde vienen los fondos de Jubileo?, o desde algunas instituciones norteamericanas de los Estados Unidos que financian a estas ONG (…). Sorprenden los virajes que pueden tener, porque son unos virajes que son demasiado sorprendentes. De posiciones políticas que han tenido que ver con el proceso de cambio, y que ahora aparecen de forma contestataria, crítica”. “Como Ministerio, sí observamos trabajos en contra sentido con el objeto que definieron en sus estatutos, tendremos capacidad de aplicar causales de reversión de la Ley 351”
07 septiembre. Javier Zúñiga (Director Jurídico Min. Autonomías) advierte que 38 ONGs entraron en caducidad y son irregulares. Podría aplicárseles restricciones administrativas hasta su cierre.
“Desde el momento en que estas 38 entidades entraron en inactividad administrativa de un año computado desde su última actuación en busca del reconocimiento de su personería, automáticamente se les declara en caducidad”. “Ingresar en caducidad significa que son irregulares, que están funcionando de manera irregular (…) Desde el Ministerio de Autonomías se envió un comunicado a todas las ONG, fundaciones y entidades sin fines de lucro que se encuentran “caducas”; y lo mismo a la ASFI y el SIN, quienes deberían comunicar a todos los bancos y entidades financieras que las ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro tienen que presentar su resolución ministerial de personería jurídica para realizar cualquier transacción financiera”.
Entre esas 38 están: CEDIB, APDHB, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Red ADA, Cinemateca Boliviana, CEDLA, INDICEP, AUR, fundación Tierra, Milenio, Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Cámara de Comercio e Industria Bolivia Alemana, Procosi.
08 septiembre. A pesar de manifestar lo contrario, Ministro Hugo Siles inicia medidas restrictivas contra las ONGs que entraron en caducidad respecto de los plazos de la ley 351. Envía carta (MA/Despacho/DGAJ -1182/2015) a la ASFI indicando que ésta tiene que instruir a entidades financieras que exijan a ONGs la presentación de resolución ministerial de homologación modificación de estatutos en el marco del cumplimiento de la ley 351.
Mientras, de manera contradictoria, declaró a la prensa: “Vamos a abrir la posibilidad de que este proceso de caducidad que tienen algunas ONG pueda resolverse porque no somos un Ministerio que estemos en persecución de nadie”. “Se creará una plataforma de facilitación y simplificación de trámites hacia el ciudadano”. “No vamos a generar ningún tipo de acción que comprometa al cierre de estas ONG; les pedimos, aproxímense al Ministerio de Autonomía, somos amigos de los ciudadanos, no somos reaccionarios de ninguna índole”
29 septiembre 2015 29 septiembre. García Linera descalifica movilización ciudadana que interpela el proyecto de centro nuclear en Mallasa, vinculándola con ONGs.
“Hay alguna gente de mala fe, básicamente vinculada a las ONG, existen entidades muy buenas que hacen un buen trabajo y otras que simplemente difunden prejuicios que dicen que el Gobierno quiere hacer un centro para hacer bombas atómicas, están locos”.
Octubre 2015 09 octubre. Vicepresidente Diputados, Víctor Borda, plantea un proyecto de ley que endurece el control a las ONG que trabajan en Bolivia.
“El proyecto surge por la necesidad de transparentar y controlar las ONG como actores locales en el contexto del sistema de la cooperación internacional”.
Registro obligatorio de donaciones oficiales y no oficiales, de forma semestral, en una “entidad técnica” dependiente del Ministerio de Planificación, con detalles de los “montos, destinatarios, objeto de las ayudas, plazos, formas de desembolso y otros de manera obligatoria”.
Registro obligatorio de bienes donados o adquiridos como producto de las donaciones, en los presupuestos institucionales.
Obligatoriedad de presentar informe de actividades con cumplimiento de metas y objetivos, balances y estados financieros de forma semestral, bajo pena de perder su personería jurídica.
Vigencia de ONGs sujeta a verificación de cumplimiento de objetivos y fines de cada programa y del plan ejecutado en territorio nacional.
18 octubre. Oficialismo acelera proyecto de ley para endurecer control a ONGs.
Víctor Borda: “Las ONG no deben estar disfrazadas con otras actividades para influir en sectores de la población para conspirar contra el cualquier gobierno del país”. “Algunas ONG a título de medio ambiente o de ayuda a la comunidad comienzan a hacer política”.
Ludwing Valverde, presidente del Colegio de Politólogos La Paz: “el Gobierno busca monopolizar las ONG y fundaciones para eliminar las disidencias, pero con un accionar “autoritario” al querer limitar los derechos civiles, derechos de asociación garantizados por la Constitución”. “El Gobierno quiere monopolizar la representación social, imponer un pensamiento único y alinear a las ONG y fundaciones a lo que la propia Constitución prohíbe”.
15 abril 2016 15 abril. Durante el conflicto de la organización nacional de personas con capacidades diferentes, un dirigente de La Paz, afín al gobierno, Rafael Loza, acusa a ONG de financiar marcha de discapacitados.
“Yo quiero denunciar públicamente que la ADD es una ONG de Dinamarca que todo el tiempo, hace 8 años que está aquí, siempre estuvo disociando y enfrentando a nuestro Gobierno”. Pidió la expulsión de ese organismo del país. La postura coincidió con lo mencionado por la ministra de Salud, Ariana Campero, quien aseguró que la marcha de los discapacitados que se dirigen de Cochabamba a La Paz era financiada por una ONG.
Julio a octubre 2016 El TCP emite fallo contrario al recurso de inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 351 y su Decreto Reglamentario presentado por el Ex Defensor del Pueblo Rolando Villena, sin haber comunicado a éste y lo divulga 6 meses después de su emisión.
04 julio. Recién en esta fecha se conoce la Resolución de Sala Plena del TCP que declara constitucionalidad de artículos de la ley 351 cuestionados por el anterior Defensor del Pueblo.
La Sentencia Constitucional 0106/2015 está fechada el 16 de diciembre de 2015. Recién se la dio a conocer al público a inicios del mes de julio de 2016. Se mantuvo oculta de manera artera al ex Defensor del Pueblo Villena, que estuvo en el cargo hasta el 13 de mayo de 2016.
Textual: La resolución concluye que “no se advierte desconocimiento, vulneración y menos lesión a los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, resultando por ello (las normas en cuestión) son constitucionales”.
El (nuevo) defensor del Pueblo, David Tezanos dijo que coincidía con el fallo del Tribunal Constitucional porque “los derechos no son absolutos”. Añadió que “la Ley 351, de personerías jurídicas, no vulnera el derecho a la libre asociación”.
06 julio. Ministro Siles saluda fallo del TCP y traza una delimitación rígida para las ONGs: “Las ONG y fundaciones que trabajaban por el bien del desarrollo del país, que generan contribuciones a la economía y a la población, las que cumplan la Ley 351 no tienen por qué preocuparse, deben estar tranquilas. Los que deben preocuparse son los que primero no informan de su registro, su objetivo y sus acciones, pero con el tiempo los cambian y hacen otros que no coinciden con los iniciales ni como los objetivos de desarrollo económico del Estado. Si eso sucede, el Estado tiene que activar mediante la ley las medidas que corresponden. No entender esa figura es ponerse en el plano de estar en la complicidad de lo señalado”.
25 julio. El exdefensor del pueblo Rolando Villena considera que hubo incumplimiento de deberes por parte de los magistrados del TCP al no haberle notificado hasta el 13 mayo -día en que cumplió sus funciones- con un fallo aprobado en diciembre de 2015 (sobre la Ley 351).
“No me han notificado con el fallo, esto es grave porque en diciembre ya se había emitido la sentencia, que de manera aparentemente intencional ha sido oculta. Esto constituye en una grave falta al no haber hecho conocer de manera oficial la notificación de manera oportuna”
05 octubre. 4 ONGs (APDHB, CEDIB, CEJIS, CEDLA, CEADL) acuden a CIDH en defensa de Libertad de Asociación. En conferencia de prensa anuncia el envío de una nota a la CIDH pidiendo qué esta defina medidas cautelares; es decir, exija la suspensión de aplicación de los artículos observados de la Ley 351 y su reglamento, hasta que la CIDH emita un fallo final. Apoyan la petición los ex Defensores del Pueblo Waldo Albarracín y Rolando Villena.
Rolando Villena: “Lamentamos profundamente que se haya cometido un tremendo traspié en un Estado de Derecho; el recurso que ahora se activa para que vaya a la CIDH es totalmente legítimo, habiéndose agotado todas las instancias en la justicia nacional”. “Estos derechos tienen que ser restituidos, es lo que esperamos en un Estado de Derecho”.
Albarracín: “Son pocas instituciones que aún tienen fortaleza y credibilidad, que funcionan sin recursos y sin poder político, por eso siempre las apoyaremos”.
Gandarillas (CEDIB): “La ley 351 obliga el alineamiento de las organizaciones de la sociedad civil con políticas estatales y el artículo del decreto establece una causal para la pérdida de la personería jurídica por el no alineamiento con políticas gubernamentales; ambos no deben ser aplicados ni puestos en vigencia hasta que no se produzca un fallo de la CIDH”.
10 octubre: Ministro Siles: “El fallo de la CIDH no es vinculante”. “Están en su derecho de presentar recursos que no tendrán ningún efecto vinculante, sanción o determinación contra nuestra legislación, que es soberana y emana de la Constitución Política del Estado (CPE). (La ley N° 351) tiene sentencia constitucional de la máxima instancia, por lo que no existe otra figura apelatoria, y si hay ese recurso ante la CIDH es parte de la decisión libre de poder presentar”. “Si una institución no quiere cumplir requisitos es porque no quiere contribuir al desarrollo económico y social del país, yo lo entiendo así”.
07 octubre 2016 07 octubre: En acto de entrega de la unidad educativa Chivé, municipio de Filadelfia (Pando) Evo vuelve a atacar a dirigentes indígenas y ONGs:
“Algunos indígenas y ONG no dejan explorar (hidrocarburos). “Son algunas ONG ecologistas supuestamente que quieren cuidar y no dejan explorar el petróleo del departamento; hermano Alcalde, mi pedido público es convocar y explicar a esos grupos y que dejen trabajar. Tenemos muchos deseos para que Pando sea productor de hidrocarburos”. “Si encontramos petróleo son regalías para el municipio y para el departamento, es IDH para el departamento y para todos los municipios de Bolivia”. “No permitir explorar es perjudicar a Bolivia, es como ser enemigo de todos los bolivianos”.
Octubre a diciembre 2016 Nuevo ciclo de ataques gubernamentales a ONGs e indígenas que cuestionan proyectos de exploración hidrocarburífera y represas.
20 octubre: Ministro Siles: “Cuatro ONGs impulsan el rechazo al proyecto hidroeléctrico de El Bala. Identifica a una (Fundación Solón) y no precisa nombres de las otras 3. “Estas ONGs son las que estarían alentando formas de resistencia al proyecto El Bala, “tan ansiado” por la población paceña. “Por eso me preguntaba: ¿los paceños quieren el desarrollo del departamento de La Paz con el proyecto más importante de toda su historia o van a estar girando en torno a lo que dicen cuatro ONG, cuatro personas?”.
Valentín Luna, Presidente de la Mancomunidad de comunidades del río Beni y Quiquibey: “La iniciativa del Gobierno sobre una consulta previa es tardía. Ya tomamos las decisiones asumidas en el estrecho de El Bala declarando como un sitio sagrado. No necesitamos consulta previa ni información previa, no queremos que se construya la represa y hemos dado 72 horas al Gobierno para que retire la maquinaria y personal”.
23 octubre. En comunicado de prensa del Ministerio de Hidrocarburos, Ministro Sánchez acusa a ONGs de obstruir proyectos de exploración.
“Algunas ONGs obstruyen varios proyectos. Bolivia, en el marco de la Agenda Patriótica (2025), busca nuevos ingresos (económicos) para el país y seguir creciendo económicamente, pero viene un grupo de personas y ONG a oponerse desde la comodidad de sus hogares donde tienen todo, no quieren que los bolivianos se beneficien con estos ingresos una economía soberana para una mayor inclusión de la gente”. “No puedo comprender cómo hay gente que se opone al desarrollo del país y utilizan como argumento el daño al medio ambiente, cuando estos por la tecnología existente pueden ser mitigados y además que se acompaña a cada proyecto con un plan de gestión socio ambiental. Somos un Gobierno respetuoso de la Madre Tierra”.
15 noviembre, en Rurrenabaque Evo pidió a los indígenas del norte paceño no creer “las mentiras” de grupos que se oponen al proyecto El Bala Chepete. Comprometió la construcción del principal centro de operaciones en Rurrenabaque.
17 noviembre. Ministro de Obras Públicas Milton Claros acusa a ONG de plantear dudas sobre proyecto El Bala:
“Todos conocemos los beneficios que tiene la ejecución de este proyecto (El Bala) tan importante para La Paz y para Bolivia, y algunas ONG se están dando la tarea de querer plantear y sembrar algunas dudas de los beneficios directos”. “Queda claro que el Gobierno da prioridad a la ejecución de proyectos estratégicos y uno de ellos es El Bala, que es un sueño de la región de La Paz y que todos están esperando”.
29 noviembre. Ministro Siles advierte con cerrar ONGs que no se ajusten a norma (ley 351).
“Lamento que siga una falsa polémica, que algunas ONG estén en esa lógica, nosotros aplicaremos la ley, ONG que no se adecue y que venza el plazo y entre en caducidad, y entrar en caducidad es ingresar a la informalidad (…), hay un plazo de un año o seis meses, algunas se han pasado. En el momento de hacer la fiscalización y estén funcionando sin la debida autorización, van a tener que ser cerradas”.
05 diciembre: García Linera (En una concentración en una provincia de La Paz) “las ONG que trabajan con USAID se oponen al progreso de Bolivia bajo pretexto de cuidado del medioambiente”. “Hay otros que no son jóvenes, trabajaron para Usaid, recibieron dinero de los norteamericanos, son viejos políticos que se oponen a las represas y carreteras, están justificando un robo ambiental porque allí, en Europa y en el norte, destruyen la naturaleza, no tienen árboles, tienen fábricas y viven con todos los lujos, y quieren venir a Bolivia a robarnos nuestro oxígeno de los árboles, a quitarnos nuestro medioambiente”. “Nosotros no somos culpables del cambio del medioambiente. Esa gente de Usaid, esa gente de las ONG que trabajó para la Embajada de EEUU y que ataca al presidente Evo, debería irse a molestar a Europa o Estados Unidos y no molestarnos a nosotros”.
Noviembre 2016 a enero 2017 Sobre caso empresas chinas en el Illimani: Ataques indirectos desde altas esferas del Ejecutivo y ataques de baja intensidad en Redes Sociales a una investigadora del equipo de CEDIB.
21 noviembre. Evo, en declaraciones a BTV: “No hay ninguna empresa china en toda esta región. Si algún opositor (afirma eso) que nos diga cuál es la empresa china, nombre y apellido, dónde está, quiero conocer personalmente”.
Ministro de Minería Navarro: “Primero, no existe en estas áreas ninguna concesión que se haya otorgado a una empresa China ni para exploración y mucho menos para la explotación. Segundo, sólo la corporación minera de Bolivia tiene dos contratos de arrendamiento con la Cooperativa Bolsa Negra y con la cooperativa Cerro Negro .Tercero, el área donde estaría una empresa grande, Las Nieves, es una concesión que tiene como titular a Comabol, (Compañía Minera Amazona Bolivia) que es una empresa que no tiene ninguna actividad productiva en nuestro país”.
27 noviembre. En entrevista en el programa “El Pueblo es noticia” de BTV y Radio Patria Nueva, el Ministro de Minería y Metalurgia, Cesar Navarro y el Director Ejecutivo del Servicio Geológico Minero (Sergeomin), Ing. Roberto Pérez, desmintieron categóricamente afirmaciones de que actividades mineras en las faldas del Illimani estuvieran contaminando las aguas que emplean los paceños. Según la fuente gubernamental, Navarro desmintió a CEDIB, apoyado por información actualizada de las concesiones a 2016 de la Empresa Comabol. El punto central del desmentido serían las 92 Concesiones en faldas del Illimani, que Navarro sostiene que fueron solo solicitudes que realizó la Empresa Comabol el 2014, pero que actualmente a 2016, esta Empresa sólo cuenta con 15 cuadrículas en Las Nieves.
27 noviembre. En entrevista concedida a ANF, la investigadora de CEDIB Georgina Jiménez aclara la información sobre las concesiones de COMABOL. “El ministro de Minería dice que solo hay 15 cuadrículas para Comabol en la concesión Las Nieves en el Illimani, pero en realidad solo en una de las concesiones dadas a esta empresa hemos encontrado 70 cuadrículas, y otras menores. Hay varias Nieves, (…). De acuerdo a datos oficiales de Servicio Geológico y Técnico de Minas (Sergeotecmin) al 2014, la investigadora identificó que solo en el caso del Illimani, Comabol se hizo de varias concesiones: Las Nieves por 15 cuadrículas, Nieves I por 70, Nieves II por cuatro, Nieves III por dos y Nieves IV por una, haciendo un total de 92 cuadrículas. Cada cuadrícula equivale a 25 hectáreas, haciendo un total de 3.200 hectáreas concedidas”.
01 diciembre 2016. Se desata una campaña de ataques en redes sociales, dirigida de manera artera contra la investigadora del CEDIB Georgina Jiménez, especialista en temas mineros. El CEDIB emite un pronunciamiento público de rechazo de esos ataques: “Denunciamos a la opinión pública que se ha iniciado una campaña de hostigamiento dirigida a miembros de nuestro equipo de investigación. Desde cuentas anónimas se comparte información personal como fotografías y otros datos, y se señala que cometimos delitos que ameritan cárcel. Acusaciones descabelladas que pretenden responsabilizarnos de colaborar o acentuar la crisis del agua que sufren distintas ciudades de Bolivia. Detrás de estas mentiras está lo que verdaderamente les molesta: la publicación de un mapa de información oficial disponible del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre los derechos mineros otorgados a diferentes actores en el Illimani, información confirmada por las autoridades (…).”
18 enero 2017. El ministro de Minería, César Navarro, durante la interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), identificó 40 áreas mineras en el Illimani y además reconoció que también hay actividad minera cerca de las represas de Hampaturi e Incachaca, pero deslindó responsabilidad y señaló que 18 de esas concesiones fueron autorizadas en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Febrero, septiembre y octubre 2017 Intentos de toma de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
06 febrero. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, junto con el CEJIS, el CEDIB y el pueblo indígena de la TCO Tacana II, convocaron a una conferencia de prensa para anunciar la petición que estas instituciones estaban haciendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para salvaguardar los derechos básicos de un pueblo Indígena No Contactado en la Amazonía boliviana,
asediado por proyectos de exploración petrolera entre YPFB y una empresa china. En ese acto irrumpieron de manera intempestiva varios dirigentes de la CONALCAM afines al gobierno, para intentar hacer una toma física de la APDHB. La presencia de muchos medios impidió que se consume la toma.
19 septiembre. En una reunión ampliada de los ejecutivos de las asambleas departamentales y la directiva nacional, algunos dirigentes afines al gobierno intentan desconocer a la presidenta nacional, Amparo Carvajal. Emiten una convocatoria espuria para un congreso en Santa Cruz donde intentarían consumar la destitución.
19 octubre. Se realiza parcialmente el ampliado espurio convocado en Santa Cruz, pero las divisiones internas de la asamblea de Santa Cruz provocan un fracaso del intento de desconocimiento de la presidenta nacional.
Como antecedente se tiene que en el 17 de enero del 2014 otro grupo similar asaltó la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Yolanda Herrera, informó que la institución se declaró en estado de emergencia luego de que un grupo, liderado por Teresa Zubieta, irrumpió la tarde del viernes la sede donde se realizaba el vigésimo Congreso Ordinario de la Asamblea de Derechos Humanos de La Paz conjuntamente movimientos sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Marzo a mayo 2017 Abrupto desalojo de CEDIB de los predios que usó, bajo convenio interinstitucional, por más de 23 años.
8 de marzo, 2017, estando ausente el director del CEDIB, los abogados de la UMSS Irving Avendaño y Magdalena Fernández se presentan –según ellos- con el objetivo de obtener información sobre al acuerdo UMSS-CEDIB pero luego exigieron que el director se hiciera presente ante el rector ese mismo día. Sin embargo cuando el director se presentó el rector se negó a recibirlo.
14 de marzo, 2017, atendiendo a la petición verbal de los abogados, el director del CEDIB envía la documentación correspondiente a la validez del convenio interinstitucional, la cual ya había sido presentada al entonces encargado del Departamento Legal de la UMSS Dr. Marcelo Sossa el 5 de mayo del 2015.
Acompañando la documentación el CEDIB adjuntó una nota solicitando al rector la continuación de anteriores conversaciones para extender el alcance del acuerdo.
El 21 de marzo, 2017, el abogado Irving Avendaño se presentó en las oficinas del CEDIB pretendiendo que había acordado una reunión con el director que en ese momento no estaba presente. Entonces regañó a la responsable de servicios de información Cecilia Illanes y amenazó con que “encerraría con candados” a los empleados del CEDIB y aún más que “no les permitiría el ingreso o salida” de las oficinas sino procedían inmediatamente a salir de las instalaciones de la UMSS.
21 de marzo, 2017, el rector Juan Ríos envía una nota al Director del CEDIB ordenándole la desocupación de las oficinas “en un plazo de 48 horas”, “caso contrario (señaló), nos reservamos el derecho a proceder al desalojo con intervención de autoridad competente”.
El mismo día, el director del CEDIB responde a la nota del rector recordándole la vigencia del convenio y que el plazo de 48 horas “es irracional y no se ajusta a ninguna norma jurídica”, mucho menos considerando que el fondo documental biblio-hemerográfico del CEDIB que había sido declarado patrimonio documental por la ordenanza Nº 4363/2012, se encontraba resguardado en sus oficinas. Se pidió al rector actuar de acuerdo con el convenio y con el marco legal vigente. Finalmente se le invitó por segunda vez al diálogo.
31 de marzo del 2017, el rector envió una carta notariada al CEDIB reiterando su demanda de que desocuparan inmediatamente, advirtiendo que en caso contrario se vería “obligado a proceder con las acciones de hecho anunciadas, y consiguiente desocupación con auxilio de la fuerza pública”.
3 de abril del 2017, el CEDIB responde al rector que las acciones extrajudiciales anunciadas pondrían en riesgo el patrimonio documental del CEDIB que estaba protegido por la Ley 350 del 23 de mayo del 2014 del patrimonio documental de Bolivia y que cualquier acción de ese tipo incurriría en crímenes establecidos por la ley y violarían el artículo 1282 del Código Civil. Finalmente, y por tercera vez se le invitó a dialogar.
05 abril. Rios calumnia públicamente al CEDIB. (Los de CEDIB) “No pagan ningún servicio. Así quiero decirles, no pagan agua, no pagan luz, no pagan mantenimiento”.
06 abril. Rector Ríos advierte con retener el archivo documental de CEDIB como parte de una presunta deuda por incumplimiento de contrato con el CESU: “EL CEDIB debería ser una fuente de información para las maestrías y doctorados por un monto de 600 dólares al mes; lo máximo que ha debido dar en todo este tiempo son 5 mil dólares; hay incumplimiento y se está presentando a las instancias judiciales, deben a la universidad más de 170 mil dólares durante los 24 años”. Afirma que el CEDIB lucra con la información documental. No descarta asumir decisiones más severas.
07 abril. Ríos deja entrever su intención de confiscar el Fondo documental del CEDIB. “Cuidado con que se les complique a los del CEDIB la situación porque los estudiantes pueden tomar una actitud a la que yo estoy asumiendo de poder a las buenas decirles desalojen. Con toda esa deuda que tienen hacia la universidad, yo creo que todo el material fácilmente podría ser decomisado por la universidad y se una institución que pertenezca a la universidad y ser una institución universitaria; es un poco como entre comillas la nacionalización del CEDIB, para que sea una institución universitaria”.
07 abril. Circula una nota escrita de la FUL (sin firmas) en la que se propone que la universidad “nacionalice” el archivo documental de CEDIB para hacerlo más “sustentable”.
07 abril. Comunicado CEDIB frente a las amenazas del Rector y sus abogados. Decisión de salvaguardar integridad del personal y del fondo documental.
11 abril. Abogado del Rectorado de la UMSS anuncia verificación con notario del desalojo de CEDIB: Irving Avendaño: “vamos a hacer una visita con notario de fe pública para poder establecer si realmente están cumpliendo con lo que han manifestado públicamente”.
Pone en duda que el CEDIB albergue 11 millones de artículos de prensa, clasificados en 900 temas a lo largo de 50 años, con un fondo digitalizado de más de 3 millones de artículos. “No hay ese volumen… No se ha advertido esa magnitud que dicen”.
Abogado niega móviles políticos y garantiza derechos de los funcionarios y la integridad física de ellos y de la documentación.
Gandarillas denuncia que, luego de que el Rector amenazó usar la fuerza para un eventual desalojo, la FUL (afín al Rector) sacó un comunicado sin firmas, advirtiendo que la Universidad debería apropiarse del fondo documental para hacerlo “sustentable”.
12 abril. Asesoría legal del Rectorado anuncia que reúne documentación para demandar al CEDIB por presunto incumplimiento de convenio. Abogada Magdalena Fernández dice que cuantifican el monto de la presunta deuda por no cancelación de alquileres.
18 abril. El CEDIB denuncia que, tras el intempestivo desalojo obligado por determinación unilateral del Rector, se advierte un propósito de apropiación ilegal por el Gobierno del enorme fondo documental que alberga y construye desde 1970.
18 mayo. Tras desalojo final de CEDIB, la UMSS anuncia inicio de acción judicial por el estado en que fue entregada la infraestructura y un supuesto desmantelamiento de instalaciones.
CEDIB desmiente. “El inventario da cuenta del buen estado que estamos dejando estos ambientes. Desde un inicio, se construyó el auditorio, se pusieron pisos, puertas y ventanas. Durante los demás años seguimos invirtiendo para que este espacio sea el mejor conservado de todo el edificio. Denuncia hostigamiento.
Enero a julio 2017 Gobierno y organizaciones campesinas afines arremeten contra la ONG católica Caritas Tarija por exploración hidrocarburífera en la reserva de Tariquía, Tarija.
28 enero. El asesor ambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge Willy Ríos, denunció ayer la “injerencia” de la Organización No Gubernamental (ONG) Caritas en el proyecto de exploración en la zona de Tariquía.
“Queremos denunciar que existe intromisión de la ONG Caritas en proyectos que tienen que ver con el Estado boliviano como es el caso del proyecto de exploración sísmica en Tariquía (…) Es lamentable que esta ONG vaya tomando esta actitud de desinformar a los comunarios como también hay otras ONG que están en este proceso”.
26 junio. La Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct) y la Central de Campesinos de Padcaya determinaron dar un ultimátum a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) para que abandonen la Reserva Biológica de Flora y Fauna Tariquía dentro la provincia Arce, caso contrario amenazaron con sacarlos por la fuerza como los hicieron otras organizaciones sociales a nivel nacional.
Esta determinación la dio a conocer el dirigente de la Fsucct, Eider Quiroga, quien manifestó que la organización campesina rechaza el trabajo de Cáritas Pastoral y del Comité Impulsor de Reforestación y Defensa del Medio Ambiente (Cirdema) y otras dos ONG de Cochabamba que no mencionó su nombre.
29 junio. Cáritas Pastoral Social Tarija, a través de su director y coordinador, Williams Tórrez, responsabilizó al Gobierno por las amenazas explícitas de expulsión que ha sufrido de las organizaciones campesinas locales afines al oficialismo, por haberse pronunciado en defensa de la preservación de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, presionada por actividades petroleras.
Julio 2017 03 julio. Tras 6 años, activan juicio a Pablo Solón y Rafael Archondo por un nombramiento.
El Gobierno, a través del viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, presentó el 2016 ante el Ministerio Público una denuncia para que se investigue y enjuicie por la vía penal para a Pablo Solón, exembajador de Bolivia ante la ONU, y Rafael Archondo, periodista.
De acuerdo al memorial, Archondo presuntamente cometió los delitos de incumplimiento de deberes y anticipación y prolongación de funciones; mientras que a Solón se lo acusan de los ilícitos de nombramientos ilegales e incumplimiento de deberes.
Julio a octubre 2017 Nuevo ciclo de ataques a ONGs y pueblos indígenas en torno al TIPNIS
15 julio. Ingresan en la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley de Protección, desarrollo integral y sustentable del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)”. En el documento se plantea la abolición de la intangibilidad para aprovechar los recursos naturales con participación de privados.
13 agosto. En medio de alta polémica en todo el país, Evo promulga en la ciudad de Trinidad, la Ley de “Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del TIPNIS”, que en los hechos elimina la intangibilidad de territorio indígena y área protegida, derogando la ley 180 lograda con la VIII Marcha Indígena. En el acto ataca nuevamente a indígenas y ONGs ambientalistas. Lo mismo hace el gobernador oficialista Ferrier.
El acto se realizó ante la presencia de miembros de organizaciones sociales afines al gobierno, profesionales, estudiantes, cívicos, ganaderos, quienes se concentraron en el coliseo de la capital beniana. Morales entregó la norma al presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Beni, Pedro Vare y al ejecutivo de la Subcentral de la reserva, Domingo Nogales, este último no reconocido como dirigente legítimo por la directiva orgánica.
El gobernador de Beni, Álex Ferrier, pidió a los ecologistas dejar que su departamento progrese, que la carretera será una vía de progreso no solo para su región sino para el resto del país. “Nunca los vi oponerse a que se construyan vías en La Paz, Santa Cruz o Cochabamba”, dijo durante su discurso.
Morales dijo que los políticos y dirigentes que se oponen a la ley son “enemigos del departamento del Beni y de los pueblos indígenas, porque rechazan una oportunidad de desarrollo”.
Recordó que por culpa de algunos grupos y políticos mezquinos no se pudo construir la carretera el 2011, cuando la VIII marcha de los indígenas obligó al gobierno anular la construcción adjudicada por invitación directa a la brasileña OAS.
07 noviembre. Dirigentes denuncian depredación del TIPNIS ante Tribunal de Derechos de la Naturaleza
El Tribunal se instaló en Bonn, Alemania. El presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fabián Gil, fue el encargado de denunciar las vulneraciones cometidas por el Gobierno.
Febrero a agosto 2017 VICEMINISTERIO DE VIVIENDA impone a CEDIB de una multa por 47.229,76 Bs. por aportes devengados al Régimen de Vivienda Social, correspondientes a periodos específicos de los años 90.
El Viceministerio de Vivienda, a través de la Unidad Ejecutora de Titulación realiza de oficio una fiscalización al CEDIB respecto de los aportes devengados al Régimen de Vivienda Social en periodos específicos de los años 90 (enero 1993; julio 1994; noviembre a diciembre 1997; enero a octubre 1998).
El proceso de fiscalización dura 6 meses, entre febrero y agosto de 2017. Inicialmente la entidad estatal establece una deuda por 64.126,26 Bs., que incluye aportes devengados, intereses y multas. Luego, tras descargos de CEDIB se reduce a 47.229,76 Bs.).
Tras cada nota escrita, dan plazo de 15 días para hacer efectivo el pago; amenazando finalmente con Proceso Coactivo Social en la vía judicial.
Junio a diciembre 2017 Desde el Viceministerio de Autonomías recurrentemente se emplea la Ley 351 para acosar a las ONGs
Junio. Viceministro Siles convoca a CEDIB a someterse a ley 351 y retomar su trámite de Personería Jurídica
CEDIB responde que continúa haciendo el trámite de manera formal, pero que no se supeditará a una norma violatoria de derechos y que su caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
02 agosto. Viceministro de Autonomías Hugo Siles vuelve a atacar a Fundación Jubileo utilizando la ley 351.
“Nos ha sorprendido que en días pasados, la institución (Fundación Jubileo) hace una convocatoria en la ciudad de Cochabamba; hace un taller, invita a consultores, a miembros de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal un día sábado y hace un taller nacional donde incluso asisten los medios de comunicación, y ¿por qué nos ha sorprendido?, porque sabemos que esta institución tiene registrada su personería jurídica aquí en La Paz (…). Si usted desarrolla una actividad nacional en otro departamento que excede su personería jurídica, su radio de actuación, eso obviamente es una actuación irregular”.
06 diciembre. Viceministro de Autonomías, Hugo Siles advierte que aquellas instituciones que no se readecuaron a la norma cometieron “desacato” y eso tiene sus consecuencias.
“Si yo desacato una sentencia del Tribunal Constitucional y me voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya no hay recursos posteriores. ¿La CIDH nos va a decir que el objeto (de las ONG) es de no contribuir (al desarrollo económico)?, olvídese no hay eso. Hay una obstinación no sabemos con qué propósito que ha sido de permanentemente cuestionamiento a esta normativa”
Noviembre a diciembre 2017 Último ciclo de ataque a CEDIB: abrupto congelamiento de cuentas bancarias, sin previo aviso ni notificación, sin oportunidad para descargos.
28 noviembre. La Administración de CEDIB queda sorprendida al no poder realizar transacciones bancarias. Al consultar al banco, éste informó que todas las cuentas de CEDIB fueron congeladas por orden judicial a requerimiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. Hasta el presente el CEDIB no ha sido notificado oficialmente sobre la referida orden judicial, algo que, desde ya, es irregular y atentatorio a nuestro derecho a la defensa.
En la documentación proporcionada por el Banco se encuentra una orden de la ASFI de congelamiento de nuestras el 21/11/2017, que se hizo efectiva el 28/11/2017.
El proceso judicial que está detrás del congelamiento. De forma extraoficial se sabe que se trata de un proceso CONTENCIOSO ADMINITRATIVO demandado por el rector de la Universidad Mayor de San Simón, Juan Ríos, de fecha 03/11/2017, el mismo que exigió e intimidó para el desalojo forzoso en mayo de este año. El mencionado proceso judicial demanda la suma de $us. 152.729,28 por “incumplimiento de contrato, pago de montos adeudados, daños y perjuicios y lucro cesante”. En esta misma documentación figura un documento de admisión de la demanda del el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba de fecha 06/11/2017 en el que dispone la anotación preventiva de los bienes de CEDIB y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Tras análisis con varios peritos, se concluye que:
*El proceso adolece de irregularidades procedimentales, al ser contencioso administrativo implica que se ha obrado de mala fe ya que no ha habido comunicación de los dos procesos administrativos PREVIOS que debieron cursar de acuerdo con la ley boliviana y que se ha llegado a un nivel definitorio (el contencioso administrativo). Ello señala que, con la anotación preventiva de los bienes y el congelamiento de cuentas bancarias, se busca provocar el mayor daño posible e impedir ejercer el derecho a la defensa.
*A estas irregularidades se añade el que las medidas determinadas por el Tribunal Departamental son las más severas y afectan principalmente los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del CEDIB que se ven impedidos de recibir sus salarios y beneficios sociales desde el mes de noviembre. La mayor parte de los fondos inmovilizados (alrededor de 83%) corresponden a salarios y beneficios sociales del equipo de trabajo, la mayor parte mujeres jefas de hogar.
*Las medidas determinadas por las autoridades judiciales se producen a pocos días del inicio de las vacaciones judiciales que van del 04/12/2017 al 20/01/2018. Antes de este plazo no se podrá solicitar y menos conseguir el descongelamiento de las cuentas. El perjuicio se extiende al incumplimiento de otras obligaciones inaplazables como los gastos de funcionamiento (alquileres y servicios), impuestos, entre otros.
ley de ONGs libertad de asociación
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A LA OPINIÓN PÚBLICA (CEDIB, 07.12.17) →

References: Artículo 21
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