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Timestamp: 2020-07-04 06:52:28+00:00

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Corte Suprema de Justicia de la República Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria | Caso de ley | Ley procesal
Corte Suprema de Justicia de la República Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
Casación IBM vs Doe Run
Cas 326-2016
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Trabajo de Derecho.poder Judicial
Caso K. ATALA (Tuicion y Lesbianismo CS)
Caso Artavia Murillo y Otros Contra Costa Rica CoIDH FIV Sentencia
SENTENCIA CASACIÓN N°326-2016 LIMA
Sumilla: 1) De conformidad con el artículo 61° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, las diferencias de cambio constituyan resultados computables para efectos de la determinación de la renta neta, cuando las operaciones fuesen objeto habitual de la actividad gravada, y las que se produzcan por razones de créditos (obligaciones) obtenidos para financiar las operaciones antes referidas; siendo que en el segundo supuesto necesariamente los créditos obtenidos por el contribuyente deben haber servido para financiar esas operaciones, por lo que, deberá demostrar la relación directa entre los gastos efectuados para obtener renta y los créditos obtenidos; 2) en cuanto al régimen de incentivos, debe señalarse que el infractor podrá impugnar un extremo de la resolución sobre el cual perderá el beneficio establecido en el inciso c) del artículo 179° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, sin embargo, ello no implica que pierda el beneficio respecto de aquellos que no fueron objetados.
Lima, veintiuno de junio
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA:
La causa número trescientos veintiséis – dos mil dieciséis; en audiencia pública
llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos Lama More,
Wong Abad, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; de conformidad con en
el dictamen de la Fiscal Suprema en lo contencioso administrativo, y luego de
verificada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:
II. MATERIA DEL RECURSO:
Es de conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –en
adelante, Sunat–, de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince 1 , contra la
sentencia de vista contenida en la resolución número veinte, de fecha veintinueve
Obrante a fojas 602 del expediente principal.
de septiembre de dos mil quince 2 , que confirmó la sentencia contenida en la
resolución número doce, de fecha quince de septiembre de dos mil catorce 3 , que
declaró infundada la demanda; en el proceso seguido por la recurrente contra el
Tribunal Fiscal y Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta –en adelante,
Telefónica del Perú–, sobre nulidad de resolución administrativa.
De lo actuado en la vía administrativa
Se aprecia en el expediente administrativo lo siguiente:
1) Mediante la Carta de Presentación N° 050011173870-01-SUNAT 4 de fecha
doce de diciembre de dos mil cinco, la Administración Tributaria inició un
procedimiento de fiscalización a Telefónica del Perú a fin de determinar el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, respecto del impuesto a la
renta e Impuesto General a las Ventas de los ejercicios dos mil dos y dos mil
tres. Cabe resaltar que a través de la Orden de Fiscalización N°
060011208770 se dispuso que en el procedimiento se consideraría solo el
ejercicio dos mil dos, siendo que el de dos mil tres se llevaría a cabo en otro
2) Como consecuencia del procedimiento de fiscalización, la Administración
Tributaria emitió contra Telefónica del Perú las Resoluciones de
Determinación N. os 012-003-0011389 5 , 012-003-0011390 6 , 012-003-
0011391 7 , 012-003-0011392 8 , 012-003-0011393 9 , 012-003-0011394 10 , 012-
003-0011395 11 012-003-0011396 12 , 012-003-0011397 13 , 012-003-0011398 14 ,
Obrante a fojas 581 del expediente principal. Obrante a fojas 448 del expediente principal. Obrante a fojas 21476 del expediente administrativo (tomo 23). Obrante a fojas 22071 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21874 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21872 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21870 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21868 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21866 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21864 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21861 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21860 del expediente administrativo (tomo 24).
012-003-0011399 15 , 012-003-0011400 16 , 012-003-0011401 17 , 012-003-
0011402 18 , 012-003-0011403 19 , 012-003-0011404 20 , 012-003-0011405 21 ,
012-003-0011406 22 , 012-003-0011407 23 , 012-003-0011408 24 , 012-003-
0011409 25 , 012-003-0011410 26 ; y las Resoluciones de Multa N° 012-002-
0010920 27 , 012-002-0010921 28 , 012-002-0010922 29 , 012-002-0010923 30 ,
012-002-0010924 31 , 012-002-0010925 32 , 012-002-0010926 33 012-002-
0010927 34 , 012-002-0010928 35 , 012-002-0010929 36 , 012-002-0010930 37 ,
012-002-0010931 38 , 012-002-0010932 39 , 012-002-0010933 40 , 012-002-
0010934 41 , 012-002-0010935 42 , 012-002-0010936 43 , 012-002-0010937 44 ,
012-002-0010950 45 .
3) El veinticuatro de enero de dos mil siete, Telefónica del Perú interpuso
recurso de reclamación 46 , en forma parcial, contra las Resoluciones de
Determinación N. os 012-003-0011389, 012-003-0011399 a 012-003-
Obrante a fojas 21858 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21941 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21939 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21937 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21935 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21933 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21931 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21929 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21927 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21925 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21923 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21921 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21919 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21878 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21888 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21886 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21884 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21882 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21880 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21912 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21910 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21908 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21906 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21904 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21902 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21900 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21898 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21896 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21894 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21892 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21890 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 21876 del expediente administrativo (tomo 24). Obrante a fojas 22190 del expediente administrativo (tomo 24).
0011410, todas ellas por concepto de omisiones al pago del impuesto a la
renta; las Resoluciones de Determinación N. os 012-003-0011390 a 012-003-
0011398, por concepto de omisión al pago del impuesto general a las
ventas, y contra las Resoluciones de Multa N° 012-0 02-0010920, 012-002-
0010926 a 012-002-0010937, 012-002-0010921 a 012-002-0010925.
4) La Administración Tributaria, el veintiocho de diciembre de dos mil siete,
emitió la Resolución de Intendencia N°0150140006992 47 (cuyo Informe N°
003-2007-2H3300-JRM es parte integrante de la misma), por la cual resolvió
declarar fundada en parte la reclamación interpuesta, en los siguientes
términos: A) Confirmar y proseguir con la cobranza de la Resolución de
Determinación N° 012-003-0011389 y la Resolución de Multa N° 012-002-
0010920; B) confirmar las Resoluciones de Determinación N. os 012-003-
0011394, 012-003-0011396 a 012-003-0011398; C) rectificar y proseguir con
la cobranza actualizada de las Resoluciones de Determinación N. os 012-003-
0011399 a 012-003-0011410; D) confirmar y proseguir con la cobranza de
las deudas contenidas en las Resoluciones de Determinación N. os 012-003-
0011391 y 012-003-0011395 y las Resoluciones de Multa N° 012-002-
0010921, 012-002-0010922, 012-002-0010924 y 012-002-0010925; E) dar
por extinguidas las deudas contenidas en las Resoluciones de
Determinación N. os 012-003-0011390, 012-003-0011392, 012-003-0011393
y la Resolución de Multa N° 012-002-0010923; F) dejar sin efecto las
Resoluciones de Multa N. os 012-002-0010926 a 012-002-0010937; G)
extinguir los créditos por pagos en exceso efectuados con los documentos
ahí expresados, estando a la compensación efectuada en los artículos
precedentes y detallada en el numeral 3.3.1.2 del informe adjunto a la
5) Mediante el escrito de fecha doce de febrero de dos mil ocho 48 , Telefónica
del Perú interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Intendencia
N° 0150140006992, respecto de las Resoluciones de D eterminación N. os
012-003-0011389, 012-003-0011399 a 012-003-0011410, 012-003-0011391
Obrante a fojas 24294 del expediente administrativo (tomo 27). Obrante a fojas 24476 del expediente administrativo (tomo 27).
y 012-003-0011395, giradas por la regularización del impuesto a la renta del
ejercicio dos mil dos, los pagos a cuenta del impuesto a la renta de enero a
diciembre de dos mil dos y por el impuesto general a las ventas de febrero y
septiembre de dos mil dos, y contra las Resoluciones de Multa N° 012-002-
0010920 a 012-002-0010925 emitidas por la infracción tipificada por el
numeral 1) del artículo 178° del Código Tributario, correspondientes a los
siguientes reparos:
Impuesto a la renta del ejercicio 2002:
1. Gastos sin documentación sustentatoria (cable panamericano
2. Gastos de ejercicios anteriores (Factura N°001-000 6055)
3. Notas de crédito sin sustento
4. Notas de crédito sin sustento (Transporte Urgente de Mensajería
Sociedad Anónima Cerrada – Tumsac)
5. Gastos ajenos al giro del negocio (depósitos judiciales)
6. Documentos que no sustentan gastos (Recibos por arrendamiento de
espacios para colocación de teléfonos públicos interiores – TPI)
7. Provisión de cuentas de cobranza dudosa no sustentada conforme a ley
8. Carga financiera
9. Depreciación de activos fijos no destinados a la generación de renta
10. Exceso de depreciación por diferencias en el costo computable.
Impuesto General a las Ventas de febrero y setiembre de 2002: Reparo
a la base imponible por notas de crédito no sustentadas.
Pagos a cuenta del Impuesto a la renta de enero a diciembre de 2002:
Se giraron valores al haberse determinado intereses por omisiones a los
pagos a cuenta del Impuesto a la renta de enero a diciembre de 2002, como
consecuencia de los reparos por modificación del coeficiente.
6) El Tribunal Fiscal expidió la Resolución N° 04831-9-2012 , de fecha treinta
de marzo de dos mil doce 49 , mediante la cual resolvió: A) Revocar la
Resolución de Intendencia N° 0150140006992 en el ex tremo referido a la
Obrante a fojas 25756 del expediente administrativo (tomo 29).
Resolución de Determinación N° 012-003-00011389 y a la Resolución de
Multa N° 012-002-0010920, en cuanto a los reparos p or gastos de ejercicios
anteriores (Factura N° 001-0006055) y por depreciac ión de los activos
“Equipos de fuerza” y “Activo 5004146”; B) Revocar la Resolución de
Intendencia N° 0150140006992 en el extremo referido a la Resolución de
Determinación N° 012-003-00011389 y a la Resolución de Multa N° 012-
002-0010920 respecto de los siguientes reparos: a) Provisión de cuentas de
cobranza dudosa nos sustentada conforme a ley, en cuanto a las deudas
con una antigüedad mayor a doce meses al cierre del ejercicio dos mil dos, y
a las deudas a que se refieren las notificaciones de avisos de baja y las
cartas notificadas a los clientes del servicio de transmisión de datos, AT & T
Perú Sociedad Anónima, Full Line Sociedad Anónima Cerrada, Gamacom
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, Gilat To Home Perú
Sociedad Anónima, e Ybarra Sociedad Anónima, b) Carga Financiera; c)
Depreciación de los activos “Sistemas solares y foltovoltaicos para interfaces
celulares”, en el extremo referido a las Resoluciones de Determinación N. os
012-003-0011399 a 012-003-0011410, en el extremo de las Resoluciones de
Multa N. os 012-002-0010921 a 012-002-0010924 en lo que respecta a la
aplicación del régimen de incentivos establecidos por el artículo 179°
del Código Tributario, y disponer respecto de los extremos antes
mencionados que la Administración proceda de acuerdo con lo señalado por
la resolución; y confirmarla en lo demás que contiene; C) Dar trámite de
solicitud de devolución al extremo del recurso de apelación presentado el
doce de febrero de dos mil ocho, referido a la solicitud de devolución del
pago en exceso del Impuesto a la renta del ejercicio dos mil dos efectuado el
siete de abril de dos mil seis.
3.2. De lo actuado en sede judicial
1) Objeto de la pretensión demandada
De la revisión de autos se observa que mediante el escrito de fecha once de
julio de dos mil doce 50 , la Sunat interpuso demanda contencioso
Obrante a fojas 79 del expediente principal.
administrativa contra Telefónica del Perú y el Tribunal Fiscal, solicitando,
como pretensión principal, se declare la nulidad parcial de la Resolución del
Tribunal Fiscal N°04831-9-2012, de fecha treinta d e marzo de dos mil doce,
en los siguientes extremos: A) Revocó la Resolución de Intendencia N°
0150140006992 que confirmó la Resolución de Determinación N° 012-003-
00011389, por el reparo de Carga financiera por diferencia de cambio; B)
revocó la Resolución de Intendencia N° 015014006992 que confirmó la
Resolución de Multa N° 012-002-0010922 emitida por la infracción tipificada
en el numeral 1) del artículo 178° del Código Tribu tario, en lo que se refiere
a la aplicación del Régimen de Incentivos; y como pretensión accesoria,
que el Tribunal Fiscal emita nueva resolución confirmando la Resolución de
Intendencia N°0150140006992, de fecha veintiocho d e diciembre de dos mil
siete, manteniendo la validez de la Resolución de Determinación N° 012-
003-00011389 en el extremo referido al reparo por carga financiera por
diferencia de cambio y de la Resolución de Multa N° 012-002-0010922 en lo
Señaló como argumentos respecto de la diferencia de cambio, que el
Tribunal Fiscal intenta imponer un criterio errado sobre la supuesta
naturaleza de las diferencias de cambio, en tanto estableció que la misma
no es la de un ingreso o gasto (según el resultado de la variación del tipo de
cambio sea positivo o negativo) sino de un mero ajuste por variación de la
moneda en el tiempo; ello porque pretendidamente no tienen origen en
operaciones realizadas por los contribuyentes, sino solo en la mera
fluctuación del tipo de cambio. Manifestó que si bien por definición dichas
diferencias se forman atendiendo a la variación del tipo de cambio de la
moneda en que se registre la partida monetaria de que se trate, no menos
cierto es que las mismas se originan precisamente por la realización de
transacciones u operaciones por parte del contribuyente, siendo
completamente innegable que dichas operaciones constituye su real origen,
porque de no existir estas, por más que el tipo de cambio varíe en el
mercado, ninguna diferencia de cambio se habría formado.
Sobre el régimen de incentivos, sostuvo que el artículo 179° del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, modificado por el Decreto Legislativo
N° 953, estableció la posibilidad de un acogimiento parcial al régimen de
incentivos, al señalar que establece que “La subsanación parcial
determinará que se aplique la rebaja en función a lo declarado con ocasión
de la subsanación”, sin embargo, dicha subsanación parcial solo está
prevista para los tramos de rebajas del noventa por ciento (90%) y setenta
por ciento (70%) establecidas en sus literales a) y b), únicos supuestos en
los cuales el Código Tributario ha dispuesto como un requisito para acceder
al régimen la subsanación de la infracción, mediante la presentación de una
declaración rectificatoria reconociendo la deuda tributaria omitida. Agregó
que en el supuesto de la rebaja del 50% de la multa, para acceder a la
misma, el deudor tributario solo debía cancelar la totalidad de la deuda
tributaria omitida contenida en la resolución de determinación o en la orden
de pago, según corresponda, y la resolución de multa rebajada, antes del
vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 117° del
Texto Único Ordenado del Código Tributario, siempre que no interponga
medio impugnatorio alguno. En este caso, según indicó, la intervención de la
Administración en la determinación de la obligación a cargo del deudor
tributario ha sido plena al notificar la resolución de determinación, y la
resolución de multa, por lo que no correspondía hablar de subsanación
alguna, ni sostener que el reconocimiento de alguno de los reparos
efectuados mediante una reclamación parcial constituya una subsanación
2) Fundamentos de la sentencia de primera instancia
Mediante la sentencia contenida en la resolución número doce, de fecha
quince de septiembre de dos mil catorce 51 , el Vigésimo Tercer Juzgado
Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad
Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró
infundada la demanda, al considerar que las diferencias de cambio
constituyen ganancias o pérdidas del ejercicio, mas no un gasto según lo
Obrante a fojas 448 del expediente principal.
previsto en el artículo 37° del Decreto Legislativo N° 774: “A fin de
establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta
los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la
deducción no esté expresamente prohibida por esta ley (…)”.
Refirió que el importe adicional que el contribuyente paga por el cambio de
moneda no representa un gasto, puesto que dicha diferencia no es realizada
para mantener la fuente de producción ni mucho menos para generar
rentas, esto es, no constituye una inversión, sino que tiene por finalidad
satisfacer íntegramente una obligación de pago, conforme al valor actual de
la moneda según el tipo de cambio vigente. Sostuvo que si bien es cierto,
para deducir un gasto se requiere acreditar en cada una de las operaciones
el principio de causalidad, también lo es que cuando se trata de diferencias
de cambio basta probar que guarden relación con el objeto habitual de la
actividad gravada en forma general. Señaló que el Tribunal Fiscal ha
efectuado una interpretación literal correcta, no vulnerando con ello los
principios de seguridad jurídica ni predictibilidad, sino por el contrario, tuvo
en cuenta su reiterada jurisprudencia respecto de casos similares, y sobre la
base de ellos emitió pronunciamiento.
Sobre el régimen de incentivos, expresó que es posible cancelar la orden de
pago, resolución de determinación o de multa en forma parcial,
determinándose la rebaja en función a lo declarado; por consiguiente, según
indicó, si la obligación tributaria asciende a cien y el contribuyente reconoce
treinta, impugnando el saldo restante, ello no implica la pérdida del beneficio
correspondiente al régimen de incentivos por el saldo de la obligación
tributaria que fue reconocida al tratarse de un acogimiento o subsanación
parcial de la obligación tributaria sobre la cual, en el caso de autos, no se ha
apelado. Precisó que el acápite final del artículo 179° del Texto Único
Ordenado del Código Tributario no guarda relación con los supuestos de
subsanación parcial de la obligación tributaria, ya que, según se colige del
mismo, tiene por finalidad evitar que el deudor tributario que se benefició
con el régimen de incentivos aceptando en su integridad la obligación
tributaria, después intente cuestionarla en el procedimiento contencioso
3) Fundamentos de la sentencia de vista
Ante el recurso de apelación interpuesto por la Sunat, la Sexta Sala
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en
Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima
emitió la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince,
comprendida en la resolución número veinte, confirmando la sentencia
Argumentó que del contenido del artículo 61° de la Ley del Impuesto a la
Renta apreció que a efectos de la determinación del impuesto a la renta, son
computables las diferencias de cambio originadas por: a) operaciones que
fuesen objeto habitual de la actividad gravada, y b) las que se produzcan
por razones de los créditos obtenidos para financiarlas.
Señaló que las diferencias de cambio son los ajustes resultantes producto
de las variaciones de la valoración de la moneda extranjera por causas
permanentes o temporales, de índole nacional o internacional. Precisó que
tales fluctuaciones en los ajustes generan tanto resultados positivos como
negativos, los mismos que deben ser tomados en consideración en la
determinación del impuesto a la renta, tanto para incluirlo como utilidad o
como pérdida, por lo que no pueden considerarse como gasto, toda vez que
no implican que el contribuyente afectado por los referidos ajustes haya
incurrido en alguna erogación o pago, esto es, no involucran una actuación
material del contribuyente al depender las consecuencias positivas o
negativas de causas extrínsecas a este. En razón a ello, señaló que no es
necesario que se acredite que las diferencias de cambio negativas
producidas en el año dos mil dos correspondan a operaciones relacionadas
al objeto habitual de la actividad gravada, tal como se realizaría con alguna
operación que denote gasto, en la que prima el principio de causalidad
recogido en el artículo 37°del Texto Único Ordenad o de la Ley del Impuesto
a la Renta, por lo que es correcto que las diferencias de cambio sean
computables en la determinación del impuesto a la renta, con carácter
general en su relación con el objeto habitual de la actividad gravada, y no
operación por operación como pretende la entidad demandante.
Sobre el régimen de incentivos, en cuanto al pago de las resoluciones de
determinación y multa, tuvo en consideración que la empresa codemandada
canceló el diecinueve de enero del dos mil siete, ciento treinta y ocho mil
ciento cincuenta y cuatro con 00/100 soles (S/ 138, 154.00) por el reparo a
los gastos sin comprobantes de pago y recálculo del saldo a favor de
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que estableció la Resolución
de Determinación N° 012-003-0011391 – ambos extremos fueron aceptados
por la impugnante y, por ende, cancelados –; y también sesenta y nueve mil
setenta y siete con 00/100 soles (S/ 69, 077.00) correspondiente a la
Resolución de Multa N° 012-002-0010922, el mismo qu e fue liquidado en
función al inciso c) del artículo 179° del Texto Ún ico Ordenado del Código
Tributario, vale decir, es el cincuenta por ciento (50%) de ciento treinta y
ocho mil ciento cincuenta y cuatro con 00/100 soles (S/ 138, 154.00); por lo
que habiéndose cancelado dichos montos antes de que se inicie el
procedimiento de ejecución coactiva, la contribuyente cumplió lo relacionado
a la cancelación del tributo y la multa, a fin de acceder al régimen de
incentivos, a través de la subsanación parcial. Agregó que en lo que atañe a
la impugnación, la empresa codemandada únicamente impugnó lo relativo a
las notas de crédito, reparo por el cual no se solicitó la aplicación del
régimen de incentivos y, por consiguiente, no se afectó el acogimiento al
mencionado régimen.
Mediante la resolución – auto calificatorio del recurso de casación, de fecha uno de
agosto de dos mil dieciséis 52 , se declaró procedente el recurso casatorio interpuesto
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –
Sunat, a través del cual se denunciaron las siguientes infracciones normativas:
Obrante a fojas 150 del cuaderno de casación.
a) Infracción normativa por vulneración del derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales previsto en el inciso 5 del artículo 139° de la
Constitución Política, concordante con el artículo 12° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Alega que la sentencia de vista contiene vicios de motivación insuficiente, en la
medida de lo siguiente: 1) No se han sustentado debidamente las razones por
las cuales consideró que no era necesario que se acredite que las diferencias
de cambio negativas producidas en el año dos mil dos correspondan a
operaciones relacionadas al objeto habitual de la actividad gravada, cuando el
artículo 61° de la Ley del Impuesto a la Renta disp one todo lo contrario, esto
es, que las diferencias de cambio constituirían resultados computables a
efectos de la determinación de la renta neta solo si estas se originan de
actividades gravadas habituales de la empresa; 2) no fue motivada
debidamente en tanto consideró que el literal c) y el penúltimo párrafo del
artículo 179°del Código Tributario admiten el acog imiento parcial al régimen de
incentivos y que la impugnación de la resolución de determinación y multa no
produce la pérdida de tal acogimiento, cuando de tales normas se colige que
no es admisible el acogimiento parcial al régimen de incentivos para acceder a
la rebaja del cincuenta por ciento (50%) de la multa impuesta. Sostiene que la
Sala Superior se limitó a señalar que es factible el acogimiento parcial al
referido régimen sin sustentar la ratio decidendi que fundamenta su decisión.
b) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 61° de la Ley
del Impuesto a la Renta, relacionada a las diferencias de cambio
Manifiesta que la Sala Superior interpretó que las diferencias de cambio
constituyen resultados computables para efectos de determinar la renta neta de
tercera categoría, aun cuando las mismas no correspondan a operaciones
relacionadas al objeto habitual de la actividad gravada o, lo que es lo mismo,
que no se refieran al giro principal del negocio, concluyendo que las diferencias
de cambio negativo deben ser consideradas como pérdida, y por tanto, ser
computables directamente en la determinación del impuesto a la renta, lo cual
implica una interpretación errónea del artículo 61° de la Ley del Impuesto a la
Renta. Señala que constituyen resultados computables a efectos de la
determinación de la renta neta, las diferencias de cambio originadas por
operaciones habituales del giro del negocio de la empresa y las diferencias de
cambio originadas por operaciones que se produzcan por razones de los
créditos obtenidos para financiarlas, vinculadas también al giro del negocio de
la empresa, esto es, con operaciones destinadas a obtener rentas o a
mantener la fuente productora de renta; y concluye que sostener lo contrario,
esto es, asumir el errado criterio de la Sala Superior, permitiría que las
diferencias de cambio originadas por operaciones ajenas al giro de la empresa,
como los préstamos personales del gerente, de la secretaria de los hijos de los
accionistas, etc., constituyan resultados computables a efectos de la
determinación de la renta neta de la empresa.
c) Infracción normativa por interpretación errónea del literal c) y el
penúltimo párrafo del artículo 179°del Código Trib utario
Refiere que de conformidad con el inciso c) del artículo 179° del Código
Tributario, para que el deudor tributario se acoja al régimen de incentivos con la
rebaja del cincuenta por ciento (50%) del importe de la multa, este deberá
cancelar íntegramente los valores (orden de pago o resolución de
determinación y resolución de multa), no obstante, el acogimiento a dicho
beneficio se perderá si el deudor tributario interpone cualquier o alguna
impugnación contra aquellos valores, salvo que dicha impugnación esté
referido a la aplicación del régimen de incentivos. Precisa que sostener lo
contrario, esto es, permitir el pago parcial de los valores, implicaría vulnerar la
Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, pues vía interpretación
se estarían añadiendo supuestos no previstos expresamente en el precitado
literal c) de la norma antes referida. Expresa que Telefónica del Perú canceló
solo dos de los tres reparos contenidos en la Resolución de Determinación N°
012-003-0011391 e impugnó el no pagado, por lo que no podía acogerse al
régimen de incentivos con la rebaja del cincuenta por ciento (50%) conforme lo
dispone el literal c) del precitado artículo 179°. En ese sentido, colige que la
empresa codemandada no cumplió con los requisitos establecidos en el literal
c) del artículo 179° del Código Tributario para aco gerse a la rebaja del
cincuenta por ciento (50%) del importe de la multa.
V. DICTAMEN FISCAL SUPREMO
La Fiscal Suprema Adjunta en lo contencioso administrativo, mediante el Dictamen
N° 214-2017-MP-FN-FSTCA 53 , opina que se declare: a) Fundado el recurso de
casación interpuesto contra la sentencia de vista que confirmó la de primera
instancia que declaró infundada la demanda, se revoque dicho pronunciamiento en
cuanto a lo resuelto respecto del tratamiento tributario de las “diferencias de
cambio”, y actuando en sede de instancia, se declare fundada la demanda, en
consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal N°4831-9-2012, en el extremo
mencionado; b) infundado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia
de vista en el extremo referido al “régimen de Incentivos”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA SUPREMA:
PRIMERO: Del recurso de casación
1.1. El recurso de casación tiene como fines esenciales la correcta aplicación e
interpretación del derecho objetivo y la unificación de la jurisprudencia
nacional de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo
384°del Código Procesal Civil.
1.2. Respecto a la causal de infracción normativa, según Rafael de Pina “El
recurso de casación ha de fundarse en motivos previamente señalados en la
ley. Puede interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma.
Los motivos de casación por infracción de ley se refieren a la violación en el
fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la
resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a la falta de
competencia etc.; los motivos de la casación por quebrantamiento de forma
afectan (….) a infracciones en el procedimiento” 54 . De ello se entiende que la
53 . Obrante a fojas 165 del cuaderno de casación. 54 . De Pina, Rafael. (1940). Principios de Derecho Procesal Civil. México: Ediciones Jurídicas Hispano Americana. Pág. 222.
causal de infracción normativa supone una violación a la ley, la que puede
presentarse en la forma o en el fondo 55 .
1.3. En ese sentido, el recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter
excepcional, cuya concesión y presupuestos de admisión y procedencia están
vinculados a los “fines esenciales” para los cuales se ha previsto, esto es, la
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unificación de la
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, como lo señala el
numeral antes anotado; siendo así, sus decisiones en el sistema jurídico del
país tienen efectos multiplicadores, y a su vez, permiten la estabilidad jurídica
y el desarrollo de la nación, de allí la importancia de las mismas.
1.4. A su vez, corresponde mencionar, de manera preliminar, que la función
nomofiláctica del recurso de casación, garantiza que los Tribunales Supremos
sean los encargados de salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional al
derecho objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a normas jurídicas
materiales y procesales, procurando, conforme menciona el artículo 384° del
Código Procesal Civil, su adecuada aplicación al caso concreto.
Al respecto, resulta conveniente precisar que en sede casatoria no se evalúan
pruebas ni se introducen hechos que no hayan sido discutidos a nivel administrativo
ni judicial; siendo así, se procede a señalar la situación fáctica que ha quedado
sentada durante el proceso:
Cuestión fáctica asentada en sede judicial
1) Telefónica del Perú solicitó una serie de financiamientos durante el ejercicio
dos mil dos, en unidades monetarias diferentes al “nuevo sol”, sin embargo,
al momento de efectuar el pago o devolución de los mismos, este tipo de
cambio se incrementó, originando que obtuviera pérdida por concepto de
Escobar Fornos, Iván. (1990). Introducción al proceso. Bogotá, Colombia: Editorial Temis. Pág. 241.
Durante el procedimiento administrativo, la contribuyente no habría logrado
demostrar que los financiamientos solicitados sirvieron para generar renta o
mantener la fuente productora.
3) Telefónica del Perú impugnó un extremo de la Resolución de Determinación
N° 012-003-0011391, referido a las notas de crédito , reparo por el cual no
solicitó la aplicación del régimen de incentivos.
La cuestión controvertida consiste en determinar si corresponde que Telefónica del
Perú acredite que las diferencias de cambio correspondan a operaciones
relacionadas al objeto habitual de la actividad gravada; y si se puede impugnar un
extremo de una resolución administrativa sin que ello implique la pérdida del
régimen de incentivos respecto de los extremos no impugnados.
Cuestión en debate
En el presente caso, el recurso de casación materia de análisis ha sido declarado
procedente en mérito a infracciones normativas de carácter procesal y material; por
lo tanto, se dilucidará en primer término aquella infracción referida a vicios de índole
procesal, dado que en caso de que la misma resulte amparable, acarrearía la
nulidad de la resolución judicial impugnada e impediría, consecuentemente, la
emisión de un pronunciamiento sobre las de carácter material.
Infracciones de carácter procesal
Infracción normativa de carácter procesal referida a la vulneración
del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales previsto
en el inciso 5 del artículo 139° de la Constitución , y el artículo 12°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
5.1. El inciso 5 del artículo 139° de la Constitución Po lítica determina como uno de
los principios de la función jurisdiccional:
“La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan” (resaltado agregado).
5.2. Así también, en el artículo 12° del Texto Único Ord enado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-93-JUS, se
“Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad con expresión de los fundamentos en que se sustenta. Esta decisión alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelve el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente” (el énfasis es nuestro).
5.3. Por su parte, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 4 de la sentencia
recaída en el expediente N° 03433-2013-PA/TC, ha se ñalado sobre la debida
“El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que los órganos judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que la llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso” (énfasis agregado).
5.4. De igual manera, en el fundamento 7 de la sentencia recaída en el expediente
N° 0728-2008-PHC/TC, ha señalado sobre la inexisten cia de motivación o
motivación aparente, lo siguiente:
“(…) Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico (…)” (lo resaltado es del colegiado).
5.5. En ese sentido, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales,
garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan,
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia,
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con
sujeción a la Constitución Política del Perú y a la ley, pero también con la
finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los
justiciables. Bajo este contexto, el contenido esencial del derecho y
principio de motivación de las resoluciones judiciales se respeta
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido
y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese una suficiente
justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se
presenta el supuesto de motivación por remisión 56 .
5.6. En el presente caso, la recurrente manifiesta que la Sala Superior no motivó
debidamente su decisión, en tanto no expuso las razones por las cuales no
sería necesario que se acredite que las diferencias de cambio negativas
correspondan a operaciones relacionadas con el objeto habitual de la
actividad gravada.
5.7. Ante ello, debemos expresar que la Sala de Mérito, interpretando lo dispuesto
en el primer párrafo del artículo 61° del Texto Úni co Ordenado de la Ley del
Impuesto a la Renta, en el quinto considerando de la sentencia de vista,
“(…) De lo vertido en este párrafo se aprecia que, a efectos de la determinación del Impuesto a la Renta, son computables las diferencias de cambio originadas por: i) operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada; y ii) las que se produzcan por razones de los créditos obtenidos para financiarlas. (…) Al respecto es de mencionar que las diferencias de cambio son los ajustes resultantes producto de las variaciones de la valoración de la moneda extranjera por causas permanentes o temporales, de índole nacional o internacional. Estas fluctuaciones en los ajustes generan tanto resultados positivos como negativos, los mismos que deben ser tomados en consideración en la determinación del Impuesto a la Renta, tanto para incluirlo como utilidad o como pérdida. Sobre la base de lo expuesto, al ser las diferencias de cambio ajustes relacionados a la valoración de la moneda extranjera, no pueden considerarse como gasto, toda vez que no implican que el contribuyente afectado por los referidos ajustes haya incurrido en alguna erogación o pago, esto es, no involucran una actuación material del contribuyente al depender las consecuencias positivas o negativas de causas extrínsecas a éste; en razón a ello, no es necesario que se acredite que las diferencias de cambio negativas producidas en el año 2002 – cuestionadas por la SUNAT- correspondan a operaciones relacionadas al objeto habitual de la actividad gravada, tal como se realizaría con alguna operación que denote gasto, en la que prima el principio de causalidad recogido en el artículo 37° del TUO de la Ley
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N°4348-2005-PA/TC (fundamento 2).
del Impuesto a la Renta, por lo que es correcto que las diferencias de cambio sean computables en la determinación del Impuesto a la Renta, con carácter general en su relación con el objeto habitual de la actividad gravada y no operación por operación como pretende la entidad demandante” (el énfasis es nuestro).
5.8. De ello se evidencia que el Colegiado Superior cumplió con emitir
pronunciamiento en torno a los motivos por los cuales no sería necesario que
las diferencias de cambio correspondan a operaciones relacionadas con el
objeto habitual de la actividad gravada, en tanto expuso que al ser las
diferencias de cambio ajustes relacionados con la valoración de la moneda
extranjera, no pueden considerarse como gasto, toda vez que no implican que
el contribuyente afectado por los referidos ajustes haya incurrido en alguna
erogación o pago, esto es, no involucran una actuación material del
contribuyente al depender las consecuencias positivas o negativas de causas
extrínsecas a este.
5.9. Así también, se observa que en la sentencia de vista se expuso la
interpretación judicial que se realizó del artículo 61° del Texto Único
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, y la conclusión a la que se arribó
del referido procedimiento; asimismo, se sustentó la decisión de la Sala,
permitiendo conocer cuál fue el pensamiento y razonamiento de los
juzgadores que los llevó a emitir la decisión en el presente caso. En
consecuencia, se concluye que la Sala de Mérito motivó debidamente su
decisión en torno a la diferencia de cambio como supuesto deducible para
efectos del impuesto a la renta.
5.10. Por otro lado, la accionante también argumenta que el Colegiado Superior no
sustentó debidamente su decisión en tanto omitió exponer los motivos por los
que era factible el acogimiento parcial al régimen de incentivos establecido en
el literal c) y el penúltimo párrafo del artículo 179° del Texto Único Ordenado
5.11. En razón de ello debemos indicar que la Sala de Mérito, habiendo realizado el
análisis de lo dispuesto en los anotados dispositivos normativos, en el sexto
considerando de la sentencia de vista señaló lo siguiente:
“(…) De las normas glosadas fluye que se permite que el contribuyente cancele la multa con una rebaja del 50% de la misma siempre que: i) cumpla con pagar la Orden de Pago o la Resolución de Determinación y la Resolución de Multa notificadas antes del vencimiento del plazo de 7 días hábiles otorgados en la Resolución de Ejecución Coactiva; y, ii) que no interponga medio impugnatorio alguno; de igual forma, se admite la subsanación parcial, a efectos de acceder al Régimen de Incentivos (…) En cuanto al pago de las Resoluciones de Determinación y Multa, es de considerar que la empresa codemandada canceló el 19 de enero del 2007 S/. 138 154.00 nuevos soles por el reparo a los gastos sin comprobantes de pago y recalculo del saldo a favor de diciembre de 1999 que estableció la Resolución de Determinación N° 012-003-0011391 – ambos extremos fueron aceptados por la impugnante y, por ende, cancelados – y también S/. 69, 077.00 nuevos soles correspondiente a la Resolución de Multa N° 012-002-0010922 el mismo que fue liquidado en función al inciso c) del artículo 179° del TUO del Código Tributario, vale d ecir, es el 50% de S/. 138, 154.00 nuevos soles; por lo que habiéndose cancelado dichos montos antes de que se inicie el procedimiento de ejecución coactiva, conforme se aprecia en la Ficha de Valor de la aludida multa actualizada al 03 de febrero del 2007, la contribuyente ha cumplido lo relacionado a la cancelación del tributo y la multa, a fin de acceder a través de la subsanación parcial al Régimen de Incentivos. En lo que atañe a la impugnación, como ya se ha reseñado, la empresa codemandada únicamente impugnó lo relativo a las notas de crédito, reparo por el cual no se solicitó la aplicación del Régimen de Incentivos y, por consiguiente, no se ha afectado el acogimiento al mencionado Régimen” (el énfasis es nuestro).
5.12. Así, se observa que la Sala Superior cumplió con expresar los fundamentos
por los cuales era factible el acogimiento parcial al régimen de incentivos,
establecido en el literal c) y en el penúltimo párrafo del artículo 179° del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, en tanto señaló que del análisis que
realizó del referido dispositivo normativo, concluyó que siempre que el
contribuyente no interponga medio impugnatorio alguno, puede cancelar la
multa con una rebaja del cincuenta por ciento (50%) de la misma, y que es
admisible la subsanación parcial a efectos de acceder al régimen de
5.13. De la misma forma, se advierte que en la sentencia de vista se expusieron los
hechos que antecedieron a la impugnación de la resolución de sanción, así
como los pagos que realizó Telefónica del Perú a fin de beneficiarse con el
régimen de incentivos establecido en el artículo 179° del Texto único
Ordenado del Código Tributario; y del análisis conjunto de la interpretación
normativa con los hechos antes referidos, concluyó que al haber impugnado
la empresa únicamente lo relativo a las notas de crédito, reparo por el cual no
solicitó la aplicación del régimen de incentivos, no se afectó el acogimiento al
mismo en torno a los reparos no impugnados.
5.14. En consecuencia, se concluye que la Sala de Mérito cumplió con manifestar
la razones de hecho y de derecho por las cuales resolvió que era posible el
acogimiento parcial al régimen de incentivos, así como también expresó la
interpretación judicial que le dio a la referida normativa, sustentando así
debidamente su decisión; ello permitió conocer cuál fue el pensamiento y
razonamiento de los juzgadores que los llevó a emitir tal decisión sobre el
presente caso, esto es, en torno del régimen de incentivos establecido en el
inciso c) y penúltimo párrafo del artículo 179° del Texto Único Ordenado del
5.15. Por lo tanto, se concluye que el Colegiado Superior cumplió con motivar su
resolución en torno a las diferencias de cambio y respecto del régimen de
incentivos, exponiendo el análisis y razonamiento que realizó para cada caso,
y las razones por las cuales emitió su decisión; por lo que no se evidenció la
contravención al derecho a la debida motivación, en su vertiente de
inexistencia de motivación; en ese sentido, corresponde declarar infundado
en este extremo el recurso de casación interpuesto.
En relación con las infracciones materiales denunciadas
6.1. La recurrente señala que la Sala de Mérito realizó una incorrecta
interpretación del artículo 61° del Texto Único Ord enado de la Ley del
Impuesto a la Renta dado que en la sentencia de vista se sostuvo que al ser
las diferencias de cambio ajustes relacionados a la valoración de la moneda
erogación o pago, es decir, no involucran una actuación material del
extrínsecas a éste; y en razón a ello, se concluyó que no era necesario que
se acredite que las diferencias de cambio negativas producidas en el año dos
mil dos correspondan a operaciones relacionadas al objeto habitual de la
6.2. Así también alega que el Colegiado Superior habría realizado una incorrecta
interpretación del inciso c) y del penúltimo párrafo del artículo 179° del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, al establecer que se permite que el
contribuyente cancele la multa con una rebaja del cincuenta por ciento (50%)
de la misma siempre que: 1) cumpla con cancelar la orden de pago o la
resolución de determinación y la resolución de multa, notificadas antes del
vencimiento del plazo de siete días hábiles otorgado en la resolución de
ejecución coactiva, y 2) que no interponga medio impugnatorio alguno, de
igual forma, se admite la subsanación parcial, a efectos de acceder al
6.3. Ante las infracciones denunciadas, corresponderá a esta Sala Suprema
desarrollar la interpretación del artículo 61° del Texto Único Ordenado de la
Ley del Impuesto a la Renta; así como del inciso c) y del penúltimo párrafo del
artículo 179° del Texto Único Ordenado del Código T ributario, a fin de poder
determinar cuáles son los efectos de la diferencias de cambio en la
determinación del impuesto a la renta, y si correspondía la subsanación
parcial para efectos de acceder al régimen de incentivos; ello permitirá
determinar si la Sala de Mérito efectuó o no una correcta interpretación de las
normas antes referidas.
6.4. En ese contexto, debemos señalar que la interpretación jurídica busca
desentrañar el significado último de las normas jurídicas cuando el sentido de
las mismas no queda claro a partir de su análisis lógico jurídico interno 57 .
Sobre la interpretación normativa en materia tributaria, la Norma VIII del Título
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el
Rubio Correa, Marcial. (2017). El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Undécima edición. Lima, Perú:
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial. Pág. 220.
Decreto Supremo N° 135-99-EF, aplicable al presente
temporalidad, establece:
caso en razón de
“Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el Derecho (…)” (el énfasis es nuestro).
6.5. El Tribunal Constitucional, en el fundamento 15 de la sentencia recaída en el
expediente N° 03088-2009-PA/TC, ha expresado en rel ación a los métodos
de interpretación, lo siguiente:
“Sólo a través de la interpretación se podrá aspirar, con la mayor expectativa de éxito, a encontrar la más definida voluntad de la norma jurídica o del mandato judicial para la solución del caso concreto, a efectos de optimizar el valor justicia. Para el cumplimiento de esta noble finalidad, este Supremo Colegiado, teniendo
como base la identidad estructural entre una norma jurídica (que contiene
mandato preceptivo compuesto de supuesto de hecho y consecuencia)
un mandato judicial (que contiene una regla de comportamiento -
obligación de dar, hacer o no hacer), tiene a bien establecer la ineludible
obligación del operador judicial, juez o sala superior encargado de ejecutar
lo resuelto en el proceso judicial, de valerse de los siguientes métodos
de interpretación jurídica: el literal, el histórico y el finalista (ratio mandato), a efectos de evitar incurrir en futuras vulneraciones del derecho
a que se respete una resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada (…)” (el énfasis es nuestro).
6.6. En esa línea, respecto del método de interpretación literal de la norma, el
profesor Marcial Rubio Correa, sostiene lo siguiente:
“(…) consiste en averiguar lo que la norma denota mediante el uso de reglas lingüísticas propias al entendimiento común del lenguaje escrito en el que se halla producida la norma, salvo que los términos utilizados tengan algún significado jurídico específico y distinto del común, en cuyo caso habrá que averiguar cuál de los dos significados está utilizando la norma. Es decir, el método literal trabaja con la gramática y el diccionario” 58 (lo resaltado es agregado).
Así también, el doctor Rosendo Huamaní Cueva, al comentar la Norma VIII
del Título Preliminar del Código Tributario, señala sobre el método literal, lo
“Mediante el método literal o gramatical se interpreta la norma considerando las palabras y el lenguaje (la semántica y la gramática; el significado de las palabras, sus funciones y sus aplicaciones
Ibíd., pág. 238.
sintácticas, etc). Si bien este método permite interpretar normas, por sus limitaciones, resulta insuficiente. Este método, por la vinculación de nuestra materia con el principio de legalidad, a veces es utilizado apoyándose en apotegmas de interpretación como el de “no hay que distinguir donde la ley no distingue” 59 (el énfasis es nuestro).
6.7. Por su parte, respecto del método de interpretación de la ratio legis (razón
de ser de la norma), el profesor Rubio Correa expresa lo que detalla a
“(…) otorga significados a partir de la precisión de la razón de ser de la norma. Esta razón de ser es distinta de la intención del legislador y de la ratio iuris, concepto de mayor abstracción. Es un método importante, reconocido y en verdadero ejercicio en nuestro medio jurídico. (…) El Tribunal Constitucional, luego de sostener que la interpretación literal es insuficiente añade que el intérprete: ‘Requiere, por el contrario, de un esfuerzo de comprensión del contenido constitucionalmente protegido de cada uno de los derechos, principios o bienes constitucional comprometidos, para, después de ello, realizar una ponderación de bienes (…)’. Este es un llamado del Tribunal [a] comprender no solamente la literalidad de las normas que establecen los derechos, sino su contenido mismo, es decir, el sentido de lo que el derecho establecido protege: su razón de ser para la protección de la persona” 60 (el énfasis es nuestro).
A su vez, el doctor Huamaní Cueva manifiesta lo siguiente en relación al
“Por el método lógico se analiza la norma bajo sus criterios y reglas intentando desentrañar el sentido y la razón de ser (la ratio legis) de la
su creación” 61
norma (RTF N° 3925-1-2005), la razón que determinó (resaltado agregado).
6.8. De la misma forma, respecto del método sistemático, el mencionado autor,
al comentar la Norma VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, expresa:
“Por las características del ordenamiento jurídico, y la ubicación de la norma tributaria en tal sistema, también debemos tener en cuenta a la interpretación sistemática (método por el cual se interpreta la norma considerando la estructura del ordenamiento jurídico; así, se evalúa su ubicación en el mismo y su vinculación con las demás normas, a la
Huamaní Cueva, Rosendo. (2011). Código Tributario Comentado. Lima, Perú: Jurista Editores. Pág. 141. Rubio Correa. Óp.Cit., pág. 241. Huamaní Cueva. Óp. Cit., pág. 141.
luz de las instituciones y principios generales que las rigen). Marcial Rubio nos habla de dos modalidades del método sistemático: el método sistemático por comparación de normas (si hay dos normas que son más o menos homogéneas en sus mandatos, comparara una con otra permite enriquecer la interpretación de una en función de la otra) y el método sistemático por ubicación de la norma (‘Toda norma tiene uno o más lugares dentro del Derecho. En ese lugar, interactúa con otras normas y, el conjunto de ellas, permite que dentro de esa ubicación cada norma enriquezca su significado y regule específicamente un determinado campo de la realidad excluyendo a los demás’)” 62 (el énfasis es nuestro).
SÉPTIMO: Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 61° del
por el Decreto Supremo N°054-99-EF
7.1. Al respecto, debe señalarse que el régimen para determinar la renta se
encuentra regulada en el Capítulo IX, considerándose para el presente caso
que en el primer párrafo del artículo 61° del Texto Único Ordenado de la Ley
del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-99-EF,
aplicable al presente caso en razón de temporalidad, se establece lo
“Las diferencias de cambio originadas por operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada y las que se produzcan por razones de los créditos obtenidos para financiarlas, constituyen resultados computables a efectos de la determinación de la renta neta” (el énfasis es nuestro).
7.2. Dado que para la interpretación literal del referido articulado se hace
necesario conocer el significado de las palabras utilizadas en la norma, en
esa línea tenemos que la Norma Internacional de Contabilidad N° 21 (NIC
21), define a la diferencia de cambio de la siguiente forma:
“La que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda a otra moneda, utilizando tipos de cambio diferentes” 63 (el énfasis es nuestro).
Así también, el Contador Público Felipe Torres Tello señala sobre el mismo
término, lo que se expresa a continuación:
Ibíd., pág. 142. Véase en http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC21.pdf
“Se entiende que aparecerá una diferencia de cambio cuando se tenga partidas monetarias como consecuencia de una transacción en moneda extranjera, y se haya producido una variación en la tasa de cambio entre la fecha de la transacción y la fecha de liquidación” 64 (resaltado agregado).
7.3. En la vigésimo tercera edición del Diccionario de la Lengua Española, se
define al término ‘objeto’ –décimo cuarta acepción– como “Fin o intento a que
se dirige o encamina una acción u operación”; así también, en relación al
término ‘habitual’ –segunda acepción–: “Que se hace, padece o posee con
continuación o por hábito”; y sobre el término ‘financiar’:“Sufragar los gastos
de una actividad, de una obra, etc”.
7.4. Respecto del vocablo ‘crédito’, el autor Flores Polo, en su obra ‘Diccionario
Jurídico Fundamental’, señala que “(…) es el derecho que tiene una persona,
llamada “acreedor”, de exigir a otra, llamada “deudor”, un determinado
comportamiento, o sea que le dé, que haga o que no haga determinada
cosa” 65 .
7.5. Ante lo expuesto, tenemos que de la interpretación literal del artículo 61° del
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, resulta la siguiente:
si se obtiene ganancia o pérdida de convertir un determinado número de
unidades de una moneda a otra moneda, utilizando tipos de cambio
diferentes, este resultado será computable para efectos del impuesto a la
renta, siempre que el origen de esta diferencia se deba a operaciones que
fuesen realizadas de forma continua, así como las que se produzcan por
razones de una obligación contraída por la misma, cuyo objeto haya sido el
financiar esas operaciones realizadas de forma continua y que a la vez se
encuentren gravadas con el referido impuesto.
7.6. A partir de ello se evidencia que la operación continua que realice la empresa
no constituye cualquier operación habitual, sino que esta debe ser la actividad
habitual y gravada con el impuesto a la renta; de lo cual se desprende que
Torres Tello, Felipe. (2009). La diferencia de Cambio, su tratamiento contable y tributario para efecto del Impuesto a la Renta e IGV. Actualidad Empresarial. Segunda quincena (189). Pág. I-13. Flores Polo, Pedro. (2002). Diccionario Jurídico Fundamental. Segunda Edición. Lima, Perú: Grijley. Pág. 200.
debe demostrarse la relación existente entre la obligación contraída y las
operaciones habituales que realiza la empresa, a fin de que esa diferencia de
cambio sea deducida para efectos de la determinación de la renta neta.
7.7. Desde una interpretación teleológica o razón de ser de la norma, del artículo
61° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, se hace
necesario conocer en primer lugar qué grava el impuesto a la renta y cómo se
calcula el mismo.
7.8. En esa línea, tenemos que el profesor Bravo Cucci, señala respecto impuesto
“(…) es un tributo que se precipita directamente sobre la renta como manifestación de riqueza. En estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar renta, la cual puede generarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes activas (trabajo dependiente o independiente) o de fuentes mixtas (realización de una actividad empresarial = capital + trabajo). (…) Así pues, el hecho imponible del Impuesto a la Renta es un hecho jurídico complejo (no un acto o un negocio jurídico) con relevancia económica, que encuentra su soporte concreto, como ya lo hemos indicado, en la manifestación de riqueza directa denominada “renta” que se encuentra contenido en el aspecto material de su hipótesis de incidencia, pero que requiere de la concurrencia de los otros aspectos de la misma, vale decir el personal, el espacial y el temporal, para calificar como gravable. En esa secuencia de ideas, resulta importante advertir que el hecho imponible del Impuesto a la Rentase relaciona con los efectos del contrato, y no con el contrato ensimismo” 66 .
7.9. En cuanto a la forma de determinación del impuesto a la renta, como regla
general, el artículo 37° del Texto Único Ordenado d e la Ley del Impuesto a la
Renta determina:
“A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles:
a) Los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas (…) b) Los tributos que recaen sobre bienes o actividades productoras de rentas gravadas
Bravo Cucci, Jorge. (Junio 2003). Implicancia de las NIC’s en la aplicación del Impuesto a la Renta - La renta como materia imponible en el caso de actividades empresariales y su relación con la contabilidad. VII Jornadas Nacionales de Tributación, Cuadernos Tributarios N° 28. Pág. 63.
c) Las primas de seguro que cubran riesgos sobre operaciones, servicios y bienes productores de rentas gravadas, así como las de accidentes de trabajo de su personal y lucro cesante (…)”.
7.10. De lo expresado se colige que la Ley del Impuesto a la Renta permite deducir
de la renta bruta los gastos necesarios para producir la renta o para mantener
su fuente, los cuales deben estar vinculados con la adquisición de bienes y
servicios, que se encuentren destinados a la generación de rentas o al
mantenimiento de la fuente generadora; estableciendo, como primer
supuesto, que el gasto resulte necesario para producir la renta, de forma tal
que el efecto de realizarlo haya sido la obtención de la renta; y como segundo
supuesto, que el gasto haya sido necesario para mantener la fuente
productora de la renta, en el entendido de que la realización del mismo ha
redundado en la generación de rentas a través de la correcta conservación de
la fuente productora; siendo que en ambos supuestos será necesario
corroborar que la deducción se encuentre permitida en la Ley del Impuesto a
7.11. De igual forma, debe señalarse que en el artículo 37° del Texto Único
Ordenado Ley del Impuesto a la Renta se establecen una serie de supuestos
que pueden ser deducidos de la renta bruta, entre los que encontramos a las
primas de seguro, los gastos de cobranza de rentas gravadas,
depreciaciones, entre otros; sin embargo, de la revisión del mismo cuerpo
normativo se advierte que existen otros supuestos pasibles de deducirse para
la determinación de la renta neta. En ese sentido, no puede afirmarse que los
supuestos antes descritos serían los únicos que podrían deducirse, puesto
que el artículo 61° permite también deducir la dife rencia de cambio, ya sea
como ganancia o pérdida.
7.12. En ese sentido, el artículo 61° de la Texto Único O rdenado de Ley del
Impuesto a la Renta cuando hace referencia a la diferencia de cambio como
deducible para efectos del impuesto a la renta, se regulan dos supuestos para
su deducibilidad: 1) Que sean originadas por operaciones que fuesen objeto
habitual de la actividad gravada; y 2) que se produzcan por razones de los
créditos obtenidos para financiar las operaciones que fuesen objeto
habitual de la actividad gravada; por lo que, en el supuesto en que se
produzca ganancias o pérdidas por concepto de diferencias de cambio por
cuestiones distintas a las expuestas, estas no serán deducibles para efectos
del impuesto a la renta; por lo tanto, si el contribuyente obtiene pérdidas por
concepto de la diferencia de cambio corresponderá que se deduzca para los
efectos del impuesto a la renta siempre que se verifique que dichos
financiamientos fueron utilizados para el objeto habitual del negocio.
7.13. De ello se entiende que la razón de ser del anotado dispositivo normativo es
regular un supuesto no contemplado en el numeral 37 de la acotada norma,
que consiste en incorporar a la diferencia de cambio como supuesto
deducible para efectos del impuesto a la renta, siempre que se encuentre
dentro de los dos supuestos que regula el articulado, esto es, que se hayan
originado por operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada,
o que esas diferencias de cambio se hayan producido con motivo de crédito
solicitado, siempre que ese financiamiento haya sido utilizado para financiar
las operaciones que fuesen el objeto habitual de la actividad gravada,
entendiéndose de esto último, que debe existir una relación directa entre el
financiamiento solicitado y las operaciones que realiza la empresa de forma
7.14. Por lo tanto, al aplicarse el método de interpretación de la ratio legis de la
norma contenida en el artículo 61° del Texto Único Ordenado de la Ley del
Impuesto a la Renta, tenemos que las diferencias de cambio deben
encontrarse en relación directa con la actividad habitual de la empresa, en
concordancia con regla general prevista en el artículo 37° del mismo cuerpo
normativo, a fin de que puedan ser deducidas para efectos del impuesto a la
renta, pues ambos sirven para determinar la renta neta, ya sea como
ganancias y pérdidas, o gastos, respectivamente.
7.15. En cuanto al método sistemático, esto es, la vinculación de una norma con las
demás, a la luz de las instituciones y principios generales que las rigen, se
procederá a interpretar el artículo 61° del Texto Ú nico Ordenado de la Ley del
Impuesto a la Renta, bajo el mismo, en correspondencia con las demás
normas reguladas en el mismo cuerpo normativo. En esa línea, tenemos que
en el primer párrafo del artículo 6° del Texto Únic o Ordenado de la Ley del
Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N°054-99-EF, señala:
“Están sujetas al impuesto la totalidad de las rentas gravadas que obtengan los contribuyentes que, conforme a las disposiciones de esta ley, se consideran domiciliados en el país, sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas naturales, el lugar de constitución de las jurídicas, ni la ubicación de la fuente productora” (el énfasis es nuestro).
7.16. Por su parte, en su artículo 20°se expresa:
“La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados. (…)” (resaltado agregado).
7.17. Así también, en su artículo 37°se determina:
a) Los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las mismas (…)”.
7.18. De la misma forma, en su artículo 44°se establece:
“No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría:
a) Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus
c) Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.
d) Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie (…)”.
7.19. Ante ello, debemos señalar que para determinar el impuesto a la renta que
corresponda pagar a cada contribuyente, se debe proceder a obtener los
ingresos brutos afectos a dicho tributo, que perciba el mismo, y deducirse de
ellos los costos computables, resultando así una renta bruta; de ella se
procederá a restar los gastos deducibles, y adicionarle otros ingresos, de
ser el caso, obteniéndose con ello la renta neta; a esta última se le podrá
restar las deducciones y las pérdidas tributarias compensables, de lo que
resultará la renta neta imponible, y a ella se le aplicará el porcentaje por
concepto de impuesto a la renta, obteniéndose así el impuesto final a pagar.
7.20. Con relación al artículo 37° del Texto Único Ordena do de la Ley del Impuesto
a la Renta, en él se señala que para establecer la renta neta de tercera
categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla
y mantener su fuente, con lo cual se evidencia que los gastos deben
encontrarse en correspondencia con el principio de causalidad, que se refiere
a la relación directa entre el egreso y la generación de la renta gravada o el
mantenimiento de la fuente productora, atendiendo a la naturaleza de las
operaciones realizadas por cada contribuyente.
7.21. En torno a los alcances del principio de causalidad en el impuesto a la renta
empresarial, el profesor Luis Durán Rojo señala lo siguiente:
“La aplicación del principio de causalidad está regulada en los artículos 37 y 44 de la LIR. Además se debe tener en cuenta que, en los artículos 38 al 43 de la LIR, se establecen reglas para el tratamiento impositivo de los desgastes de activos fijos. En el artículo 37 de la LIR, se ha señalado una lista de gastos respecto de los que, a fin de que sean deducibles, se plantea el cumplimiento de determinadas formalidades o existen limitaciones temporales o cuantitativas. (…) Ahora bien, hay un sector de la doctrina comparada que se adscribe a sostener que el gasto necesario debe entenderse como un gasto imprescindible; esto es que lo necesario deba entenderse referido a la imposibilidad de sustraerse al gasto para obtener el ingreso correspondiente. De hecho, en España, la jurisprudencia administrativa exigía que se pruebe la derivación de los ingresos de los gastos o, lo que es lo mismo, la existencia de la obligatoriedad o imposibilidad para sustraerse de los mismos para considerarlos deducibles” 67 (el énfasis es nuestro).
67 . Durán Rojo, Luis. (julio 2009). Alcances del principio de causalidad en el impuesto a la renta empresarial. Revista Contabilidad y Negocios. Volumen 4 (7), julio 2009. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial.Págs.7, 8, 10.
7.22. Así también, respecto de la normalidad y razonabilidad de los gastos, expresa
“Como hemos adelantado, con la descripción generalizada del TF a las corrientes amplias del principio de causalidad, dicho organismo tuvo que considerar, en su propio razonamiento, criterios adicionales, como la normalidad, proporcionalidad o razonabilidad en relación con la actividad económica. Esos criterios habían sido definidos también por un sector de la doctrina tributaria como elementos del principio de causalidad. Al respecto, García Mullín ha señalado que: ‘[…] puede decirse que del propio principio de causalidad surgen implícitos algunos de los caracteres que deben revestir los gastos para ser deducibles: ser necesarios (algunas legislaciones hablan de ‘estrictamente indispensables’) para obtener la renta o mantener la fuente, ser normales de acuerdo al giro del negocio, mantener cierta proporción con el volumen de operaciones, etcétera’ (1980: 122)” 68 (el énfasis es nuestro).
7.23. Por su parte, Pablo Arias Copitan, Raul Abril Ortiz y Saúl Villazana Ochoa,
señalan en torno al principio de causalidad, lo siguiente:
“(…) es necesario tener en cuenta que no todos los gastos son deducibles para determinar el Impuesto a la Renta, sin embargo, si deben ser registrados para fines contables; es decir, para determinar el resultado financiero al final del ejercicio. En ese sentido, cabe precisar que la renta neta no es otra que aquella que se obtiene luego de deducir de todos los ingresos gravados (renta bruta) todos aquellos gastos necesarios para producir renta o mantener la fuente generadora. Así, como criterio fundamental, que hemos expuesto, es que el gasto debe cumplir con el principio de causalidad; esto es, que el gasto sea necesario para producir renta o mantener la fuente generadora. Sin embargo, producto de la casuística, la jurisprudencia y la doctrina se han desarrollado criterios complementarios al principio de causalidad. Estos son los criterios de razonabilidad, necesidad, proporcionalidad, normalidad y generalidad” 69 (el énfasis es nuestro).
7.24. De ello se colige que al momento de determinarse el impuesto a la renta que
corresponderá pagar a un determinado contribuyente, con motivo de su renta
de tercera categoría, deberán deducirse una serie de gastos y costos, así
como adicionarse diversos ingresos, resultando de toda esta operación,
finalmente, el impuesto a la renta a pagar al Estado.
68 . Ibíd., pág.11. 69 . Arias Capitan, Pablo; Abril Ortiz, Raúl; y Villazana Ochoa, Saúl. (2015) Gasto Deducibles y No Deducibles, Análisis Tributario y Contable. Primera edición. Lima, Perú: Gaceta Jurídica. Págs. 30 y 31.
7.25. Sin perjuicio de lo expuesto, debe precisarse que para preparar los estados
contables de una empresa, los contribuyentes pueden deducir todos los
gastos en que incurra la empresa a fin de obtener sus estados contables y
utilidades netas; no obstante, a nivel tributario no sucede lo mismo, debido a
que cada operación registrada o deducida originará un mayor o menor
impuesto, debiéndose deducir solamente aquellos gastos que permita la
norma, así como en la forma en que lo establezca, pues su registro u omisión
tendrá efectos en la determinación de los tributos a pagar.
7.26. Por lo tanto, será necesario que el contribuyente demuestre que los gastos
que pretende deducir para efectos del impuesto a la renta sean causales, en
los términos del artículo 37°del Texto Único Orden ado de la Ley del Impuesto
a la Renta, lo cual implica que los documentos o pruebas físicas o
documentales que exhiba para acreditar la causalidad de sus operaciones
sean fehacientes –teniendo en este caso el la carga de la prueba– y estar
ligadas a la generación de la fuente productora, salvo que la propia norma lo
considere como gasto deducible sin que exista esta vinculación.
7.27. En esa línea, al advertirse que en el artículo 61° del Texto Único Ordenado de
la Ley del Impuesto a la Renta se refiere que: “Las diferencias de cambio
originadas por operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada
y las que se produzcan por razones de los créditos obtenidos para
financiarlas, constituyen resultados computables a efectos de la
determinación de la renta neta (…)”, entendemos que para el segundo
supuesto, será necesario que las diferencias de cambio para que sean
deducibles de la renta bruta, el crédito obtenido ha debido ser utilizado para
generar renta o para mantener la fuente, ya sea por ganancia o pérdida, ello
en concordancia con lo previsto en el artículo 37° del mismo cuerpo
7.28. En consecuencia, empleando el método de interpretación sistemático del
artículo 61° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, en
concordancia con los artículos antes expuestos de la misma normativa,
tenemos que los gastos por concepto de diferencias de cambio obtenidos con
motivo de los financiamientos solicitados por la empresa, a fin de que sean
computables para efectos de la determinación de la renta neta, deberán
cumplir con el principio de causalidad, esto es, demostrarse que han servido
para financiar las operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad
7.29. Por lo tanto, tenemos que al haberse interpretado el mencionado artículo 61°
del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta conforme a los
métodos de literalidad, ratio legis y sistemático, y haberse llegado a la misma
conclusión, esto es, que los gastos por concepto de diferencias de cambio
deben ser causales por lo que debió demostrarse de forma fehaciente que las
diferencias de cambio se produjeron por razones de créditos (obligaciones)
obtenidos para financiar las operaciones que fuesen objeto habitual de la
actividad gravada, se concluye que las diferencias de cambio para efectos del
impuesto a la renta deberán cumplir con el principio de causalidad establecido
en el artículo 37°del anotado texto legal.
7.30. En ese sentido, de la revisión de la sentencia de vista se advierte que la Sala
Superior arribó a una interpretación errada en tanto estableció que no era
necesario que se acredite que las diferencias de cambio negativas producidas
en el ejercicio dos mil dos correspondan a operaciones relacionadas al objeto
habitual de la actividad gravada; ante ello, se evidencia una incorrecta
Impuesto a la Renta, y por ende, corresponde que se declare fundado en este
extremo el recurso de casación.
Infracción normativa por interpretación errónea del literal c) y
penúltimo párrafo del artículo 179°del Texto Único Ordenado del
8.1. El literal c) del artículo 179° del Texto Único Ord enado del Código Tributario,
aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, sustitui do por el Decreto
Legislativo N°953, señala:
“La sanción de multa aplicable por las infracciones establecidas en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 178, se sujetará, al siguiente régimen de incentivos, siempre que el contribuyente cumpla con cancelar la misma con la rebaja correspondiente:
(…) c) Una vez culminado el plazo otorgado por la Administración Tributaria según lo dispuesto en el artículo 75 o en su defecto, de no haberse otorgado dicho plazo, una vez que surta efectos la notificación de la Orden de Pago o Resolución de Determinación, de ser el caso, o la Resolución de Multa, la sanción será rebajada en un cincuenta por ciento (50%) sólo si, con anterioridad al vencimiento del plazo establecido en el primer párrafo del Artículo 117 del presente Código Tributario, el deudor tributario cancela la Orden de Pago, Resolución de Determinación y Resolución de Multa notificadas, siempre que no interponga medio impugnatorio alguno” (el énfasis es nuestro).
8.2. Así también, en el penúltimo párrafo del mismo dispositivo normativo se
“La subsanación parcial determinará que se aplique la rebaja en función a lo declarado con ocasión de la subsanación”.
8.3. De lo citado se puede afirmar que mediante el régimen de incentivos se
permite que el infractor tributario disminuya los efectos de las sanciones que
le son impuestas, rebajándose en un cincuenta por ciento (50%) siempre que
el deudor cancele la orden de pago, la resolución de determinación o la
resolución de multa; para ser beneficiado con dicho incentivo, la obligación
imputada por la administración debe estar firme, es decir, no haber sido
8.4. En ese sentido, como regla general se tiene que el infractor podrá acogerse al
beneficio siempre que no interponga medio impugnatorio respecto de la
resolución de multa, orden de pago o resolución de determinación; empero,
podría darse el caso de que una resolución de determinación tenga varios
extremos resueltos, independientes entre ellas, en dicho caso nada impide
que el infractor pueda acogerse al incentivo siempre que no impugne el
extremo con el que pretende acogerse al beneficio.
8.5. El régimen de incentivos tiene como propósitos, por un lado, permitir que el
deudor tributario disminuya los efectos de las sanciones impuestas, así como
dejar que este regularice una situación respecto de la cual es consciente que
actuó de forma irregular, ya sea por omisión, error material o algún otro
supuesto; asimismo, permitir que ante el pago de la sanción y
autoreconocimiento por parte del contribuyente de la acción u omisión, la
Administración Tributaria ya no deba realizar una mayor actividad para lograr
el pago de la sanción, así como del reconocimiento de la misma.
8.6. Por otro lado, tenemos que en el artículo 129° del Texto Único Ordenado del
Código Tributario se establece:
“Las resoluciones expresarán los fundamentos de hecho y de derecho que les sirven de base, y decidirán sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas suscite el expediente” (resaltado agregado).
8.7. Así también, en el primer párrafo de su artículo 136°se señala:
“Tratándose de Resoluciones de Determinación y de Multa, para interponer reclamación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria por la parte que constituye motivo de la reclamación; pero para que ésta sea aceptada, el reclamante deberá acreditar que ha abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada hasta la fecha en que realice el pago” (el énfasis es nuestro).
8.8. En el cuarto párrafo de su artículo 146°se expresa :
“(…) Para interponer la apelación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria por la parte que constituye el motivo de la apelación, pero para que ésta sea aceptada, el apelante deberá acreditar que ha abonado la parte no apelada actualizada hasta la fecha en que se realice el pago”.
8.9. De las normas antes mencionadas se advierte que los contribuyentes se
encuentran habilitados para impugnar solo un extremo de la resolución que
ellos consideran que les causa un perjuicio, y ante ello, los órganos
administrativos resolverán en torno a la parte objetada; en ese contexto,
tenemos que de una interpretación sistemática del inciso c) y el penúltimo
párrafo del artículo 179° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, en
relación con los artículos 129°, 136° y 146° de la misma normativa, se
evidencia que al poder impugnar los contribuyentes solo un extremo del acto
administrativo, es posible que se beneficie del régimen de incentivos respecto
de los extremos de los reparos aceptados por el contribuyente al no ser estos
apelados, perdiendo el beneficio respecto de aquellos impugnados.
8.10. Por consiguiente, al haber resuelto la Sala de Mérito, que no correspondía
que el contribuyente perdiese el régimen de incentivos respecto de los
extremos de la Resolución de Determinación N° 012-0 03-0011391 no
impugnados; se concluye que no se ha infringido lo dispuesto en el inciso c) ni
en el penúltimo párrafo del artículo 179°del Texto Único Ordenado del Código
Tributario. En consecuencia, corresponde declarar infundado el recurso de
casación interpuesto en este extremo.
Por los fundamentos expresados, de conformidad con el dictamen del Fiscal
Supremo en lo contencioso administrativo, y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 396° del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1° de la Ley N°
29364, Declararon: FUNDADO el recurso de casación de fecha veintiséis de
octubre de dos mil dieciséis, obrante a fojas seiscientos dos, interpuesto por la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat,
CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución número veinte, de fecha
veintinueve de septiembre de dos mil quince, obrante a fojas quinientos ochenta y
uno; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada recaída
en la resolución número doce, de fecha quince de septiembre de dos mil catorce,
obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y ocho, que declaró infundada la demanda, y
REFORMÁNDOLA, declararon FUNDADA EN PARTE la demanda, en el extremo
referido a la carga financiera por diferencia de cambio, en consecuencia, NULA
parcialmente la Resolución N° 04831-9-2012, emitida por el Trib unal Fiscal con
fecha treinta de marzo de dos mil doce, en el extremo que resolvió revocar la
Resolución de Intendencia N° 0150140006992, que con firmó la Resolución de
Determinación N° 012-003-00011389 respecto del menc ionado reparo, y
ORDENARON al referido órgano administrativo que emita un nuevo
pronunciamiento atendiendo a los fundamentos de la presente sentencia; e
INFUNDADA la demanda en el extremo referido a la aplicación del Régimen de
Incentivos; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario
oficial “El Peruano”; en el proceso seguido por la recurrente contra el Tribunal Fiscal
y Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta, sobre nulidad de resolución
administrativa; y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo ponente:
Cartolin Pastor.
Slac/Atgm
EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO WONG ABAD ES COMO
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por
Sunat 70 , de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, obrante a fojas
seiscientos dos, contra la sentencia de vista de fecha veintinueve de setiembre de
dos mil quince, obrante a fojas quinientos ochenta y uno, que confirmó la sentencia
de primera instancia de fecha quince de setiembre de dos mil catorce, obrante a
fojas cuatrocientos cuarenta y ocho, que declaró infundada la demanda.
70 En adelante Sunat.
Mediante resolución de fecha uno de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas
ciento cincuenta del cuadernillo de casación formado en esta Sala Suprema, se
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la Sunat, por las
siguientes causales: a) Infracción normativa por interpretación errónea del
artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta, relacionada a las “diferencias de
cambio”; b) infracción normativa por interpretación errónea del literal c y
penúltimo párrafo del artículo 179 del Código Tributario; c) infracción
normativa por vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales previsto en el artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política del
Estado, concordante con el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley
PRIMERO.- En principio corresponde mencionar, de manera preliminar, que la
función nomofiláctica del recurso de casación garantiza que los Tribunales
Supremos sean los encargados de salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional
al derecho objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a normas jurídicas
materiales y procesales, procurando, conforme menciona el artículo 384 del Código
Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto.
SEGUNDO.- En la ponencia al declarar infundadas las causales de procedencia del
recurso de casación citadas en los literales b) y c) del numeral 2 de este voto,
asimismo, fundada la causal de procedencia contemplada en el literal a) del citado
numeral 2; se resuelve, declarar fundado el recurso de casación, y actuando en
sede de instancia, revocar la sentencia de fecha quince de setiembre de dos mil
catorce, reformándola, declara fundada en parte la demanda, en el extremo referido
a cargas financieras por diferencia de cambio, en consecuencia, nula parcialmente
la Resolución N° 04831-9-2012, emitida por el Tribu nal Fiscal, de fecha treinta de
marzo del dos mil doce, en el extremo que resolvió revocar la Resolución de
Intendencia N° 0150140006992 que confirmó la Resolu ción de Determinación N°
012-003-00011389 respecto del mencionado reparo, y ordena al referido órgano
administrativo que emita nuevo pronunciamiento atendiendo a los fundamentos de
la ponencia; e infundado el extremo de la demanda referido a la aplicación del
TERCERO.- Ahora bien, comparto los fundamentos de la ponencia al declarar
fundado el recurso de casación en cuanto a las causales de procedencia por las
infracciones normativas esbozadas en los literales b) y c); por ende, la presente
discordia se circunscribe a la causal: a) infracción normativa por interpretación
errónea del artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta, relacionada a las
Respecto a la causal materia de discordia, la recurrente alega que de forma errada
la Sala Superior consideró que no es necesario acreditar que las diferencias de
cambio negativas producidas en el año dos mil dos correspondan a operaciones
relacionadas al objeto habitual de la actividad gravada, a efectos de ser computable
para determinar la renta neta de tercera categoría, puesto que de una interpretación
lógica y gramatical del artículo 61 de la Ley de Impuesto a la Renta, tenemos que
regula las diferencias de cambio por operaciones normales, cotidianas o
acostumbradas de la empresa para obtener rentas o mantener su fuente productora
de renta según el objeto del negocio, de no ser así cualquier operación podría dar
lugar a diferencia de cambio susceptible de incidir en la determinación de la renta
neta, careciendo de sentido que el legislador precisase a las operaciones que son
objeto habitual de la actividad privada; por lo tanto, en el caso de las diferencias de
cambio por créditos, solo pueden ser consideradas las obtenidas para financiar las
operaciones que habitualmente realiza la empresa para obtener renta o mantener
su fuente productora de renta. Agrega que una interpretación sistemática de los
artículos 37 y 61 de la Ley del Impuesto a la Renta, confirma la interpretación que
propone. Añade, que al ser la diferencia de cambio un componente accesorio que
surge de los intereses y estos a su vez accesorios del préstamo, entonces si para
deducir como gasto los intereses generados por deudas es obligatoria su
vinculación a la obtención de rentas o a mantener la fuente productora, ello también
debe ser exigible a las diferencias de cambio en virtud del principio que señala que
lo accesorio sigue la suerte de lo principal. La parte recurrente concluye que una
correcta interpretación del citado artículo 61 es que constituyen resultados
computables a efectos de la determinación de la renta neta, las diferencias de
cambio originadas por operaciones destinadas a obtener rentas o a mantener la
fuente productora de renta; sostener lo contrario permitiría que las originadas por
operaciones ajenas al giro de la empresa, como préstamos personales del gerente
o de los hijos de los accionistas, sean resultados computables a efectos de la
determinación de la renta neta de la empresa, lo cual resulta irrazonable y absurdo.
CUARTO.- Pues bien, se procede a verificar si la causal en cuestión se produjo
conforme alega la recurrente, apreciándose que el presente proceso fue iniciado
con la presentación de la demanda obrante de fojas setenta y nueve, a través de la
cual la Sunat solicitó como pretensión principal, que se declare la nulidad parcial
de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 04831-9-201 2 de fecha treinta de marzo del
dos mil doce, en el extremo que resolvió revocar la Resolución de Intendencia N°
0150140006992 de fecha veintiocho de diciembre de dos mil siete, en cuanto a la
Resolución de Determinación N° 012-003-00011389 res pecto del reparo carga
financiera por diferencia de cambio, asimismo en el extremo que resolvió revocar la
indicada Resolución de Intendencia en cuanto a la Resolución de Multa N° 012-
002-0010922 girada por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 1 del
artículo 178 del Código Tributario, en lo que se refiere a la aplicación del Régimen
de Incentivos; como pretensión accesoria, solicitó que se ordene al Tribunal Fiscal
que emita una nueva resolución, confirmando la Resolución de Intendencia N°
0150140006992 y manteniendo la validez de la Resolución de Determinación N°
012-003-00011389 en el extremo referido al reparo por carga financiera por
La demandante alegó en lo referente al artículo 61 de la Ley de Impuesto a la
Renta, que la naturaleza de los resultados por diferencia de cambio es la de
ingresos o gastos según el resultado positivo o negativo que se origine y que el
tratamiento tributario de estos a fin de incluirlos en la determinación del Impuesto a
la Renta implica que se originen en operaciones y/o créditos obtenidos pero
vinculados causalmente a las actividades gravadas de la empresa, de no existir el
nexo causal deviene inaplicable el mencionado artículo 61, sometiéndose dichos
ingresos o gastos a las reglas generales de la indicada ley. Por tanto, si bien las
personas jurídicas deben computar la totalidad de los resultados obtenidos
provenientes de la actividad gravada sin importar la operación con la que en cada
caso en particular pudiera relacionarse; sin embargo, del texto de la norma citada
se desprende que no deben computarse los resultados por diferencia de cambio
que no tengan como finalidad el desarrollo de la actividad gravada de la empresa,
dado que ello sería incompatible con el criterio de empresa fuente. Por
consiguiente, la decisión del Tribunal Fiscal en cuanto dispone que la
Administración proceda a analizar las pérdidas por diferencia de cambio que
componen las cargas financieras deducidas por el contribuyente para efecto de
determinar su renta neta del Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil dos y tomar
en cuenta el criterio del Tribunal Fiscal sobre que la habitualidad en las diferencias
de cambio es en sentido general a la realización continua de la actividad principal
gravada del contribuyente y no respecto a cada transacción en específico, no tiene
asidero legal por cuanto se admitiría que el contribuyente deduzca pérdidas por
diferencia de cambio por el solo hecho de ser resultados obtenidos por una
empresa en marcha, en clara contravención a lo establecido en el primer párrafo del
artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta.
QUINTO.- Por sentencia contenida en la resolución número doce, expedida el
quince de setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y
ocho, la Jueza del Vigésimo Tercer Juzgado Contencioso Administrativo con Sub
Especialidad Tributaria y Aduanera resolvió declarar infundada la demanda,
sustentando su decisión en que las diferencias de cambio constituyen ganancias o
pérdidas del ejercicio, mas no el gasto a que se refiere el artículo 37 del Decreto
Legislativo N° 774, Ley del Impuesto a la Renta, pu es no constituyen una inversión;
por lo que a su juicio, basta probar que guardan relación con el objeto habitual de la
actividad gravada en forma general. Concluyendo, que la interpretación realizada
por el Tribunal Fiscal no ha vulnerado los principios de seguridad jurídica ni
SEXTO.- Mediante sentencia de vista contenida en la resolución número veinte, de
fecha veintinueve de setiembre de dos mil quince, la Sexta Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo de Lima, Sub Especialidad en Temas Tributarios y
Aduaneros, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, que declaró
infundada la demanda; amparando su decisión en que al ser las diferencias de
cambio ajustes resultantes producto de variaciones en la valoración de moneda
extranjera que generan resultados positivo o negativos, entonces no pueden
considerarse como gasto debido a que no implica que el contribuyente haya
incurrido en alguna erogación o pago, sino que depende de causas extrínsecas a
este; en razón a ello, concluye que no es necesario acreditar que las diferencias de
cambio negativas producidas en el año dos mil dos corresponden a operaciones
relacionadas al objeto habitual de la actividad gravada para que estas sean
computables en la determinación del Impuesto a la Renta.
SÉPTIMO.- En cuanto al tema de fondo, es necesario, en primer lugar, transcribir el
texto del primer párrafo del artículo 61 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta,
aprobado por el Decreto Supremo N° 054-99-EF, aplic able al presente caso por
razones de temporalidad:
«Las diferencias de cambio originadas por operaciones que fuesen objeto
habitual de la actividad gravada y las que se produzcan por razones de los
créditos obtenidos para financiarlas, constituyen resultados computables a
efectos de la determinación de la renta neta».
Según la Administración Tributaria: «…, la interpretación lógica y gramatical da
cuenta que, cuando el artículo 61° de la LIR hace r eferencia a ‘las diferencias de
cambio originadas por operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad
gravada’ (para concluir que tales diferencias de cambio pueden incidir en la
determinación de la renta neta), evidentemente, se está refiriendo a las diferencias
de cambio por operaciones normales, cotidianas o acostumbradas de la empresa
para obtener rentas o mantener su fuente productora de renta según el objeto del
negocio, ya que en eso consiste la ‘Habitualidad’». Concluyendo, de esa forma,
que: «… no toda operación puede dar lugar a esas diferencias de cambio, sino
únicamente aquellas que –según el objeto del negocio- son habituales para obtener
rentas o mantener la fuente productora de renta».
Del mismo modo, la recurrente identifica un segundo supuesto de la norma que:
«…cuando el artículo 61 de la LIR señala que constituyen resultados computables,
a efectos de la determinación de la renta neta, ‘las diferencias de cambio (…) que
se produzcan por razones de los créditos obtenidos para financiarlas’,
evidentemente se está refiriendo al financiamiento de las operaciones que fuesen
objeto habitual de la actividad gravada…¿Y cuáles son esas operaciones que
constituyen objeto habitual de la actividad gravada? Por las razones expuestas en
el supuesto anterior, aquellas que son normales, cotidianas o acostumbradas para
obtener rentas o mantener la fuente productora de renta, según el giro del negocio
de la empresa…».
De todo ello se desprende, que la posición de la demandante es que:
«…constituyen resultados computables a efectos de la determinación de la renta
neta, las diferencias de cambio originadas por operaciones habituales del giro del
negocio de la empresa y las diferencias de cambio originadas por operaciones que
se produzcan por razones de los créditos obtenidos para financiarlas, vinculadas
también al giro del negocio de la empresa, esto es, con operaciones destinadas a
obtener rentas o mantener la fuente productora de la renta».
establecer, en primer término, que el TUO de la Ley del Impuesto a la Renta
aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-99-EF, vig ente en el ejercicio materia
del reparo tributario, atribuye a las diferencias de cambio originadas por
operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada y las que se
produzcan por razones de los créditos obtenidos para financiarlas, la calidad de
resultados (pérdidas o ganancias) computables a efectos de la determinación de la
Es decir, estas diferencias de cambio no pueden ser confundidas con un gasto,
cuyo tratamiento se encuentra regulado en el artículo 37 del mencionado TUO de la
Ley de Impuesto a la Renta, cuyo texto primigenio aplicable por razones
temporales, prevé: «A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se
deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su
fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley…».
De esta norma, tanto la doctrina, como la jurisprudencia administrativa han
enunciado el denominado Principio de Causalidad del Gasto, el cual se refiere a «la
relación que debe existir entre los gastos y la generación de la renta o el
mantenimiento de la fuente productora, lo que debe apreciarse con criterio de
razonabilidad y proporcionalidad y en función de la naturaleza y el volumen de las
operaciones del contribuyente (RTF 604-5-2001 de 15-6-2001, 07796-4-2009 de
11-8-09 y 12596-3-2009 de 24-11-09, entre otras)» 71 .
En tal sentido, corresponde al contribuyente acreditar la existencia y relación del
gasto con “la generación de la renta o el mantenimiento de la fuente productora”, si
desea deducirlo de la renta bruta del ejercicio gravable.
Por otro lado, debe recordarse que de acuerdo a la establecido por el inciso e) del
artículo 28 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, son rentas de tercera
categoría: «e) Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se
refiere el Artículo 14 de esta ley y las empresas domiciliadas en el país,
comprendidas en los incisos a) y b) de este artículo o en su último párrafo,
cualquiera sea la categoría a la que debiera atribuirse».
Es así, que según el artículo 14 citado: “Son contribuyentes del impuesto las
personas naturales, las sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de
profesionales y similares y las personas jurídicas. También se considerarán
contribuyentes a las sociedades conyugales que ejercieran la opción prevista en el
Artículo 16 de esta ley”.
Por consiguiente, queda claro que, a diferencia de los gastos, las rentas se
imputan, por defecto, a la empresa que las genera, salvo que esta acredite que la
renta se encuentra inafecta o exonerada de acuerdo a ley, tanto es así, que
respecto de las empresas no es necesario que el ingreso derive de una operación
comercial habitual para considerarla gravada, pues, como hemos visto, se
considera renta gravada cualquiera que obtenga una persona jurídica.
Esto nos lleva a concluir que al interpretar el artículo 61 del TUO de la Ley de
Impuesto a la Renta no es posible exigir la probanza de una relación causal entre
las operaciones habituales de la empresa o el financiamiento de estas y las
diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, para considerar que pueden
71 Manual del Impuesto a la Renta, Tomo I, Editorial Economía y Finanzas; p. 92.3.
ser restadas o sumadas en la determinación de la renta neta, pues, como hemos
dicho, los resultados de todas las operaciones de la empresa sin importar ni
exigirse la habitualidad constituyen rentas gravadas.
Aceptar la postura interpretativa de la Administración llevaría al absurdo de que,
cuando se produzca una diferencia de cambio positiva, si esta no es sumada a la
renta neta por la empresa, correspondería a la Sunat acreditar que la diferencia de
cambio está relacionada con una actividad gravada.
Por consiguiente, una interpretación sistemática del artículo 61 del TUO de la Ley
del Impuesto a la Renta debe llevarnos a la conclusión de que, cuando este artículo
se refiere a las “diferencias de cambio originadas por operaciones que fuesen
objeto habitual de la actividad gravada y las que se produzcan por razones de los
créditos obtenidos para financiarlas”, la relación exigida por la norma debe
considerarse acreditada salvo que se demuestre la realización de operaciones
exoneradas, pues, como ya hemos comprobado, de acuerdo al inciso e) del artículo
28 de la indicada ley, se consideran de origen empresarial, es decir, de actividad
habitual todas las rentas que genera una empresa.
NOVENO.- Por su parte, la Sala de Mérito sustenta su decisión de no exigir a la
empresa acreditar las diferencias de cambio negativas producidas en el año dos mil
dos, materia de reparo en el caso analizado, en el origen de las diferencias de
cambio, fundamentando que: «…al ser las diferencias de cambio ajustes
relacionados a la valoración de la moneda extranjera, no pueden considerarse
como gasto, toda vez que no implican que el contribuyente afectado por los
referidos ajustes haya incurrido en alguna erogación o pago, esto es no involucran
una actuación material del contribuyente al depender las consecuencias positivas o
negativas de causas extrínsecas a éste». Este razonamiento abunda a favor de la
posición expresada en el presente voto en discordia, en tanto pone de manifiesto
que la diferencia de cambio no está vinculado al crédito contratado, sino que
obedece a causas ajenas del propio negocio jurídico y al actuar del contribuyente;
por consiguiente, exigir que para computar la diferencia de cambio negativa en la
determinación de la renta, deba acreditarse la relación directa de cada operación de
crédito con el objeto habitual de la actividad del negocio, resulta desproporcionado.
DÉCIMO.- En esta línea interpretativa, también queda desvirtuado el argumento de
la recurrente presentado recién en casación, respecto a que considera que al ser
las diferencias de cambio accesorias a los intereses y estos a su vez accesorios de
los préstamos, entonces las diferencias de cambio al igual que los intereses deben
ser causales en términos del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta; ya que
las diferencias de cambio no tienen la naturaleza de gasto de acuerdo a lo
establecido en el invocado artículo 37, como sí sucede en el caso de los intereses
con sus precisiones, donde este último concepto forma parte del acuerdo de
financiamiento y es consecuencia del crédito.
DÉCIMO PRIMERO.- Por todo lo expuesto, se aprecia que los fundamentos que
conforman el razonamiento del Colegiado Superior han sido establecidos en
coherencia con la ley y lo actuado en autos, no habiéndose verificado que la
sentencia de vista materia de recurso haya incurrido en la infracciones normativas
alegadas por la recurrente, motivo por el cual el recurso de casación deviene en
Por tales consideraciones, MI VOTO ES PORQUE SE DECLARE INFUNDADO el
recurso de casación interpuesto por la demandante Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, de fecha veintiséis de octubre
de dos mil quince, en consecuencia, dispusieron NO CASAR la sentencia de vista,
de fecha veintinueve de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas quinientos
ochenta y uno, que confirmó la sentencia de primera instancia de fecha quince de
setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y ocho, que
declaró infundada la demanda. En los seguidos por la parte recurrente contra el
Tribunal Fiscal y otro; sobre impugnación de resolución administrativa;
MANDARON la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El
Peruano” conforme a ley; notificándose.- Juez Supremo Ponente: Wong Abad.-
JWA/Mia
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