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Sentencia A.P. Granada 223/2005, de 23 de marzo
Protección de menores: Estimación del acogimiento familiar preadoptivo. Suspensión del régimen de visitas de la familia biológica de la menor. Doctrina del Tribunal Constitucional al respecto.
ROLLO NUM. 842/04 - AUTOS NUM. 608/03
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 3 DE GRANADA
ASUNTO: ACOGIMIENTO
PONENTE SR. ANTONIO MASCARÓ LAZCANO
SENTENCIA N U M. 2 2 3
En la Ciudad de Granada, a veintitrés de Marzo de dos mil cinco.
La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo num. 842/04- los autos de Acogimiento número 608/03 del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, seguidos en virtud de demanda de la Junta de Andalucía, contra D. Valentina, siendo parte el Ministerio Fiscal.
PRIMERO.- Que, por el mencionado Juzgado se dictó resolución en fecha diecinueve de Febrero de dos mil cuatro, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "1.º- Que desestimando la oposición formulada por Dña. Valentina a la declaración de desamparo de la menor Filomena dictada por la Delegación Provincial de Asuntos Sociales se declara ajustada a Derecho dicha resolución administrativa, manteniéndose en consecuencia sobre ésta el acogimiento familiar preadoptivo, sin perjuicio de que en el futuro, y cuando desaparezcan las actuales circunstancias, puede reinsertarse a las menores en el núcleo familiar de origen, conforme previene el Art.- 172.4 del Código Civil, o constituir la tutela ordinario, cuando existan personas que, por sus relaciones con la menor o por otras circunstancias, puedan asumir la tutela con beneficios para ésta. 2.º- Asimismo se acuerda la suspensión de visitas de la familia biológica de la menor. 3.º- No se hace expresa declaración sobre el abono de las costas causadas.".
Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D.ANTONIO MASCARÓ LAZCANO.
PRIMERO.- Se aceptan los de la resolución recurrida en cuanto no se opongan a los que seguidamente se consignan.
SEGUNDO.- Tal y como lo hace el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 28 de septiembre de 1998, conviene recordar que la motivación de las resoluciones judiciales se configura como exigencia constitucional que se integra en el contenido del derecho que el artículo 24.1 CE reconoce y garantiza (SSTC 177/1994, 145/1995, 115/1996, 26/1997 y 116/1998, por citar sólo las más recientes). Y si hemos apreciado la legitimidad constitucional de una fundamentación concisa, incluso meramente estereotipada, siempre lo ha sido por contener los criterios jurídicos que fundamentaban la resolución judicial, aun por remisión a la Sentencia de instancia que enjuiciaba un Tribunal Superior (SSTC 14/1991, 28/1994 y 66/1996, entre otras, en cuanto a la exigencia de que se exprese la ratio decidendi; SSTC 184/1988, 125/1989, 169/1996, 39/1997 y 116/1998, sobre validez de una respuesta estereotipada; SSTC 174/1987, 146/1990, 27/1992, 115/1996, 231/1997 y 36/1998, sobre motivación por remisión a la Sentencia de instancia). Cuando el Tribunal se limita a asumir en su integridad la sentencia del Juzgado " a quo" sin añadir nuevos fundamentos, efectuando así una motivación por remisión, sobre cuya validez, en abstracto -recuerda la STC 146/1990-, ya se ha pronunciado ese Tribunal en distintas resoluciones, entre las que cabe resaltar los AATC 688/1986 y 956/1988, señalando que "una fundamentación por remisión no deja de serlo ni de satisfacer la exigencia contenida en el derecho fundamental que se invoca". La validez ex art. 24.1 CE de la Sentencia de remisión dependerá así de que la cuestión sustancial hubiera sido ya resuelta en la Sentencia de primera instancia fundamentando suficientemente la decisión sobre aquella cuestión. Ello es aplicable a la resolución recurrida, respecto de la cual fundamentando por remisión, quedaría suficientemente resuelta la impugnación en esta segunda instancia, no obstante lo cual vamos a efectuar las consideraciones subsiguientes.
TERCERO.- Que bajo el principio de protección de los intereses de los menores, que proclama la Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada por Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1.959, consagra la Constitución Española de 1.978 en su artículo 39, e inspira la regulación legal comprendida en los artículos 172 y 174 del C. Civil, deben examinar los Tribunales de Justicia las circunstancias concretas de cada supuesto que le es sometido a enjuiciamiento, en materia tan delicada como la relativa a la guarda y Acogimiento de menores, con objeto de dictar una resolución justa. El Tribunal Supremo, entre otras, en sentencia de 18 de marzo de 1.987, se pronuncia en el sentido de que ha de afirmarse rotundamente la necesidad de que en todos estos pleitos ocasionados por la impugnación deducida por los padres biológicos, los Tribunales habrán de velar, prioritariamente y de modo decidido, por los intereses del menor, que son sin duda, los más dignos de protección, cuyo interés superior debe presidir cualquier resolución al respecto en concordancia con nuestro Derecho tradicional y actual, en el que se ha acentuado ese principio fundamental del "favor minoris", consagrado ya solemnemente, como hemos dicho, en la CE (artículo 39 de la misma) y sancionado en Convenios Internacionales (Nueva York) en los que el interés superior del menor es también una constancia plenamente afianzada. El artículo 39 citado, protege tanto a la familia como a la infancia, debiendo, por tanto, tomarse en consideración, ambos intereses, a la hora de resolver, así como si la situación siempre objetiva de desamparo, es debida a una conducta imputable al o a los progenitores, o a causas, justificadas que impiden la atención del menor (artículo 172 CC). No podemos estimar exista en modo alguno error en la valoración de la prueba, que desembocó, como procede en interés de los menores, en el establecimiento del régimen de acogimiento permanente, en aplicación de los principios que hemos expuesto, adaptados a la situación presente que es objeto de los informes que obran en el procedimiento.
CUARTO.- En el concreto supuesto que enjuiciamos, los informes y exhaustivos estudios llevados a cabo en relación con los menores, su entorno social, situación de la familia, comportamiento de los padres con anterioridad y con posterioridad a la declaración de los mismos en situación de desamparo, llevaron necesariamente a la conclusión obtenida por el Juzgador de instancia, suprimiendo el régimen de visitas a la familia biológica, aceptando expresamente este Tribunal las consideraciones de la resolución recurrida. Queremos resaltar expresamente que las motivaciones que conducen a este Tribunal para dictar la presente resolución, no se basan, porque ni pueden, ni deben serlo exclusivamente en las incidencias habidas en el proceso de rehabilitación alcohólica de la madre natural, nacida el 25 de Octubre de 1966 y cuyo compañero que consta en autos es D. Benedicto, padre de la menor que nos ocupa, nacido el 29 de Diciembre de 1959. Dicho D. Benedicto, a su vez se encuentra divorciado, teniendo dos hijos con otra mujer que viven en Barcelona. Las condiciones del habitat en que se encontraba Filomena, menor cuyo Acogimiento Preadoptivo vamos a conceder, pequeña nacida el 10 de Noviembre de 2002, según los informes obrantes, respondían a una habitación oscura (aprecian Médico y A.T.S. que la envían al Hospital General de Baza), perteneciente a una casa de olor "nauseabundo", con cuartos para animales y las pertenencias de la criatura hacinadas en el comedor junto al televisor. La madre natural, Dña. Valentina está conceptuada en la Seguridad Social como alcohólica desde el año de 1995, sometida a proceso de desintoxicación ambulatoria, que reinició el 26-12-2002, informándose que no "ha llegado a una motivación suficiente acerca de su problema de abuso, así como tampoco ha sido posible determinar la adicción de su pareja actual", tiene otros tres hijos, en situación de Desamparo y Acogimiento Residencial desde el 30 de Abril de 2004. Falta a las citas de Asuntos Sociales desde el 14-2-2003, según informe administrativo por encontrarse en prisión. D. Benedicto, obra en su haber con siete detenciones, la mayoría por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, encontrándose interno como penado en la prisión de Albacete cuando se emitió el informe del que tratamos. Los Servicios Sociales insisten en la "no motivación para el cambio. Insistimos, por tanto, en la evidente conveniencia de confirmar la resolución que se impugna.
QUINTO.- Las dudas de hecho, presentes en el supuesto que nos ocupa, aconsejan la no imposición de las costas del recurso (art. 398-l en relación con el 394-l de la Ley de E. Civil).
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, este Tribunal dispone el siguiente
Se confirma la sentencia apelada. Sin costas.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 39
 resolución 
 resolución 
 artículo 39
 resolución 
 resolución