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Timestamp: 2018-03-23 07:28:36+00:00

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Informe anual 2016 del Observatorio Laboral del Trabajo Sexual en México | Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez", A.C.
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Informe anual 2016 del Observatorio Laboral del Trabajo Sexual en México
posted by Jaime Montejo on Lun, 08/14/2017 - 20:07
Por Jaime Montejo de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”
Transmite la Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle, Ciudad de México, 11 de agosto de 2017.-
Se presenta el informe anual 2016 del Observatorio Laboral del Trabajo Sexual en México, como un aporte para la reflexión y para la toma de decisiones de quienes suman voluntades en la defensa de la dignidad de las trabajadoras/es sexuales.
La falta de certeza y seguridad jurídica ha dejado a las trabajadoras sexuales de casi todo el país en manos de policías y otros funcionarios/as públicos abusivos, de sicarios del narcotráfico y en no pocas ocasiones de empresarios gandayas.
Dos hechos significativos marcaron el primer semestre del 2017, la prohibición del table dance en la constitución política estatal de Tamaulipas y el reconocimiento del trabajo sexual no asalariado en el estado de Coahuila, a través de la reforma del código municipal que obligó a todos los ayuntamientos a expedir reglamentos de trabajo no asalariado que incluyan al trabajo sexual.
Ambas iniciativas, empezaron a plantearse en el segundo semestre de 2016.
El papel de los medios informativos, se ha sumado al linchamiento de las trabajadoras sexuales y a las voces que exigen a gritos su retiro de donde quiera que se encuentren, en aras de la moralidad y las buenas conductas, la salud pública, el combate a la delincuencia organizada o a la trata de personas, por una ciudad segura o porque dan una mala imagen, entre otras razones.
Las categorías de análisis que le dan cuerpo a este informe son el desprecio que genera discriminación y crímenes de odio, la represión, la explotación material y simbólica y el despojo de las fuentes de trabajo.
A continuación, un resumen del panorama de la resistencia que las trabajadoras sexuales han ofrecido a políticas gubernamentales o empresariales que afectan sus intereses legítimos.
Entre julio de 2016 y julio de 2017, tomamos nota de algunos acontecimientos relativos al trabajo sexual en México.
Trabajadoras sexuales de la zona galáctica de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, denunciaron la venta ilegal de condones y pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis del sector salud por parte del personal de la Secretaría de salud municipal adscrito a la zona de tolerancia, encabezados por el médico encargado de hacerles las revisiones de control sanitario.
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco se olvida de las trabajadoras sexuales del Parque Morelos y por otro lado, refiere que es su intención retirarlas de dicho lugar.
La policía de Querétaro se niega a atender llamadas de emergencia del 066, cuando son solicitadas por trabajadoras sexuales.
En Orizaba, Veracruz, se pisotean derechos humanos de trabajadoras sexuales, ya que las autoridades las tratan con insultos y pagos de aranceles no claros, cuyo cobro pudiera tipificarse como explotación sexual institucionalizada.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, firmó un convenio de colaboración con la Brigada Callejera para promover el respeto de las trabajadoras sexuales; así mismo, organizaron de forma conjunta, el seminario itinerante sobre trabajo sexual en México “Francisco Gómezjara”.
Trabajadoras sexuales transgénero de la Ciudad de México, clausuraron simbólicamente las entradas de la delegación Miguel Hidalgo, por la política discriminartoria y represiva del “perisco.pe” de de Arne aus den Ruthen, con claras connotaciones incitando al odio hacia las mujeres trans.
En Torreón, Coahuila, obligan a trabajadoras sexuales a reubicarse fuera del Paseo Morelos “para cuidar la imagen del paseo público, señalan autoridades municipales.
En Piedras Negras, Coahuila, se impone control sanitario a trabajadoras sexuales.
Autoridades municipales de Tehuacán, Puebla se quejan porque están fuera de control sanitario al menos el 30% de las trabajadoras sexuales.
En Huajuapan de León, Oaxaca, autoridades municipales promoverán multa a trabajadoras sexuales que operan en el centro, ya que el ayuntamiento está impedido legalmente de hacerlo porque el congreso estatal no las autoriza; y por ello la regiduría ha presentado la propuesta de multa si ellas ofrecen servicios sin previo control sanitario, por un monto de 10 hasta 500 salarios mínimos.
Autoridades sanitarias de Zacatecas se quejan de no contar con un padrón de trabajadoras sexuales.
El 27 de junio, grupo armado ataca a balazos a trabajadoras sexuales de Coatzacoalcos, Veracruz. Una mujer trans resultó herida. También les dispararon a los pies, días antes de ese ataque en la zona del paseo rivereño.
El noviembre, el secretario del ayuntamiento de Morelia, Michoacán, Jesús Ávalos Plata, condiciona el reconocimiento a gremios urbanos como trabajadores no asalariados, a cambio de que acepten la expulsión del centro histórico.
El diputado local de la ALDF, Víctor Hugo Romo abogó por suprimir la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, como lo ordenó la Sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En Guadalajara, Jalisco, al menos 70 trabajadoras sexuales se alistan para interponer un juicio de amparo colectivo, que les permita obtener el reconocimiento como trabajadoras no asalariadas.
En marzo, autoridades de la delegación Miguel Hidalgo de la CDMX, plantean crear zonas de tolerancia para “el ejercicio de la prostitución”.
En octubre se llevan a cabo audiencias públicas en instalaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sobre trabajo sexual, donde se propuso el reconocimiento pleno de las trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas, sin que tenga que mediar control sanitario alguno por ser inconstitucional.
La zona de tolerancia de Saltillo, Coahuila, pasó de tener a 600 trabajadoras sexuales laborando a contar sólo con 90, por los abusos a que son sometidas por el ayuntamiento y algunos dueños de los negocios donde laboraban.
Las madres y familiares de mujeres reportadas como desaparecidas que forman parte del Movimiento Migrante Mesoamericano, se reunieron con trabajadoras sexuales en la Ciudad de México y con trabajadoras de bares, cantinas y cabarets en Tapachula, Chiapas, con el apoyo de la Brigada Callejera.
El ayuntamiento de Colima, planteó reubicar la zona de tolerancia y después, ya en el 2017, señaló que su intención era cerrar dicho lugar donde se ganan la vida cerca de 50 personas. Eso no es todo, con el cierre de la zona, el ejercicio del trabajo sexual, quedaría prohibido en todo el municipio, ya que el reglamento de policía y buen gobierno sólo lo permite en ese lugar. Esto implicaría un tránsito de una política reglamentarista a una prohibicionista del comercio sexual.
En Tlapa, Guerrero, trabajadoras sexuales denunciaron tratos degradantes por parte de autoridades municipales que además, erigiéndose como el gran padrote, les exigen cuotas de 80 pesos por la revisión semanal a 169 mujeres, lo que al año representa casi 690 mil pesos, que en nada les beneficia.
En octubre, el Senado de la república vota un dictamen de la “Ley general para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”, que entre otras cosas, derogaba los artículos 19 y 20, que penalizan los contratos sexuales e impiden el reconocimiento de derechos y obligaciones patronales en establecimientos mercantiles donde se presenta la relación obrero-patronal. El artículo 40, validando el consentimiento informado de personas adultas y el artículo 106, que también prohibe los contratos sexuales y que en la minuta corresponde al artículo 77.
Liga con el dictamen del Senado: http://brigadaac.mayfirst.org/Dictamen-del-Senado-de-la-ley-general-en-m...
Dicho dictamen fue desechado por la cámara de diputados, donde imperaron los argumentos moralistas de agrupaciones cristianas y planteamientos fundamentalistas de grupos feministas que buscan la abolición de la prostitución.
Sin embargo, en agosto de 2017, El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Consejo de la Judicatura Federal, señaló en la Sentencia del Amparo directo 206/2016 del 23 de marzo de 2017, que el artículo 13, fracción IV, de la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos” (ley general de trata), no prohíbe la prostitución libre y ajena.
En dicha sentencia, se hace una diferencia entre la trata de personas y la organización libre y voluntaria del trabajo sexual; conclusión que beneficia a las trabajadoras sexuales en todo el país y que junto a la Sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación; permitirán ir construyendo la legalidad de las relaciones obrero patronales, de auto-ayuda y/o cooperativistas en el comercio sexual.
En Puente de Alvarado, Tlalpan e Insurgente, fueron asesinadas trabajadoras sexuales trans y cisgénero, situación que provocó indignación, marchas y reclamos a la autoridad, porque al menos en un caso, el asesino fue detenido y dejado libre por la Procuraduría capitalina.
Continúan los asesinatos de trabajadoras cis y transgénero en Tepeaca, Texmelucan, y Tecate Puebla; Chalco, Ecatepec y Nezahualcoyotl, estado de México; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Córdova, Xalapa y Poza Rica, Veracruz; Culiacán y Hermosillo, Sinaloa; Oaxaca, capital; Mexicali, Baja California; Taxco y Acapulco, Guerrero; Reinosa, Tamaulipas; Tepic, Nayarit; Celaya, Guanajuato; Manzanillo, Colima; Cuernavaca, Jiutepec y Jojutla, Morelos; Cancún, Quintana Roo; Monterrey, Nuevo León; entre otros lugares.
Las trabajadoras sexuales siguen siendo ahorcadas, degolladas, torturadas, incineradas, decapitadas, baleadas, violadas de forma tumultuaria, enterradas en fosas clandestinas, tiradas en la calle y en basureros, sin que ninguna política pública se haya formulado para prevenirlo, a pesar de las declaratorias de alerta de violencia de género.
Según el portal del Inmujeres nacional:
“Estado de México: Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcallí.
Guanajuato: el 30 de junio de 2015 se notificó la no procedencia de la AVGM. Baja California: el 19 de mayo de 2016, se notificó la no procedencia de la AVGM. Querétaro: el 9 de febrero de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM. Puebla: el 7 de julio de 2017, se notificó la no procedencia de la AVGM. Cajeme, Sonora: el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM. Tabasco: el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM. Tlaxcala: el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia de la AVGM.
Al día de hoy, hay 7 procedimientos en trámite: Campeche, Durango, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.”
Ninguna de las estrategias posteriores a las declaratorias de alerta de género, ha incluido ningún tipo de acción que prevenga la violencia feminicida entre trabajadoras sexuales, tampoco que contemple cómo proteger a este grupo de mujeres y menos aún, cómo aumentar sus capacidades para que en forma individual o colectiva puedan reaccionar a amenazas concretas.
Esa falta de inclusión de las trabajadoras sexuales en las acciones posteriores a las declaratorias, sólo nos muestran un sesgo discriminatorio por parte de las autoridades y OSC involucradas en establecer dichas agendas de trabajo para eliminar este tipo de violencia hacia las mujeres.
El 1 de mayo, marcharon de la Merced al zócalo capitalino, integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual y Brigada Callejera, con cooperativas de solicitantes de vivienda y grupos anarquistas.
Visitaduría de la Mujer de la CEDH de Chiapas, radica queja de trabajadoras sexuales de la zona galáctica de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En julio de 2017, tres edecanes que primero fueron reportadas como desaparecidas, fueron encontradas enterradas en las faldas del cerro Matlalapa en Atzacan, Veracruz. Íban rumbo a Puebla, uno de los corazones de la prostitución forzada y adolescente del país.
En julio de 2017, trabajadoras sexuales de la colonia Guerrero, Cuauhtémoc, CDMX, denunciaron amenazas y violación por parte de un personaje llamado “El Sombras”, que además le transmitió el VIH a varias de ellas.
Se prohíben en junio de 2017, los casinos y table dance en Tamaulipas y por esas fechas el congreso de Coahuila, reconoce el trabajo sexual como trabajo no asalariado en el código municipal estatal.
La asociación Mujer Libertad, denunció que hay una amenaza de reubicación de trabajadoras sexuales de la ciudad de Querétaro por quejas vecinales, además se denuncia la extorsión de 20 a 30 trabajadoras sexuales por parte de la policía municipal y estatal, con un promedio de 5 mil pesos que se le exigió a cada una de ellas para que pudieran seguir laborando en la calle.
Continúan los operativos policiacos de limpieza social contra trabajadoras sexuales del centro de Puebla, con el pretexto del combate a la trata de personas.
En Piedras negras, Coahuila, el municipio refuerzo acciones en contra de trabajadoras sexuales con rondines y detenciones.
Trabajan 50 trabajadoras cisgénero y trans en Ciudad Judicial, Chihuahua y el gobierno intenta reubicarlas amenazándolas con el uso de la fuerza.
Trabajadoras sexuales de Vanguardia de Mujeres Libres María Magdalena de la ciudad Tijuana, Baja California, denuncian abuso de autoridad policiaco.
En San Fernando, Tamaulipas, la policía “monitorea” a las trabajadoras sexuales.
En Tuxtepec, Oaxaca, en marzo, se intensifican operativos en bares y centros nocturnos para evitar que en el carnaval no haya trabajadoras sexuales sin control sanitario. Así mismo se supervisaron los módulos para que no haya edecanes realizando actividades como el trabajo sexual.
En octubre, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, emite la recomendación 58/2016 por la detención de trabajadoras sexuales transgénero realizada el 6 de marzo de 2014, donde se obligó a varias chicas trans a hacerse pruebas de detección a la fuerza para no estar detenidas 36 horas, fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas en presencia de varios policías. Una trabajadora que no aceptó hacerse la prueba, estuvo detenida 36 horas.
En el municipio Emiliano zapata de Tabasco, se llevaron a cabo operativos contra trabajadoras sexuales en bares y cantinas por falta de control sanitario.
Policías de Apizaco, Tlaxcala, retiran a trabajadoras sexuales de las calles con el pretexto de buscar un Apizaco Seguro.
El reporte 2016 sobre tráfico de personas de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de América, señaló que el gobierno mexicano no cumple con estándares mínimos para eliminar dicho delito, añade que funcionarios exigen sobornos y servicios sexuales de adultos a la prostitución y menores víctimas de trata sexual, que además aceptan sobornos de tratantes, dirigen o frecuentan prostíbulos.
El crimen organizado continúa avasallando a las trabajadoras sexuales en casi todos los estados de la república, incluidas amplias zonas de la Ciudad de México. Para continuar con dicho control, hacen uso del terror, a través de feminicidios, secuestros, desapariciones forzadas y otras estrategias aprendidas de la contrainsurgencia internacional.
Continúan sin reconocerse las obligaciones patronales de quienes contratan a trabajadoras sexuales en bares, cantinas, centros nocturnos, estéticas de masaje y otros establecimientos mercantiles. Así mismo, continúa sin reconocerse a las trabajadoras sexuales no asalariadas como tales, que laboran por su propia cuenta.
La inseguridad provocada por el crimen organizado, ha propiciado el cierre de cantinas y la migración hacia otros municipios, desde Choapas, Veracruz.
En Ensenada, Baja California, los exámenes de laboratorio del control sanitario de trabajadoras sexuales se subrogan a laboratorios particulares y los ingresos por la tarjeta, ascendieron a 972 mil 479 pesos, entre 300 y 380 mujeres.
Siguen imperando multas excesivas a trabajadoras sexuales en toda la república mexicana, donde está prohibido el ejercicio del comercio sexual en la vía pública o por ejercerlo sin control sanitario, que oscilan entre 5 y 8 salarios mínimos; cuando el artículo 21 constitucional establece que tratándose de trabajadores no asalariados, la multa será de un día de salario mínimo o el equivalente o el equivalente a un día de ingreso.
El costo de los servicios de control sanitario como las pruebas rápidas de VIH y sífilis y de la tarjeta expedida para tal fin o similar, se sigue cobrando, cuando el Catálogo Causes del Seguro Popular, los contempla gratuitos.
Se siguen vendiendo condones del sector de distribución gratuita, a las trabajadoras sexuales en toda la república.
Se sigue cobrando derecho de piso a trabajadoras sexuales, pese a que dicha práctica puede considerarse extorsión o explotación sexual.
Trabajadoras sexuales de Oruro, Bolivia, exigen jornada de 8 horas, tal y como trabajadoras sexuales tzotziles de Tapachula, Chiapas, lo demandaron en el segundo encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual en el año 1998.
En el primer semestre de 2017:
El comandante Arturo Munguía de Jesús, Policía Ministerial de Puebla, exige cuotas a trabajadoras sexuales de la 14 Poniente. 100 pesos diarios sobre la calle y 200 pesos en la esquina, pese a haber sido denunciado en la CEDH de Puebla en el año 2009.
En Huauchinango, Puebla, autoridades municipales obtienen de cada trabajadora sexual entre 100 y 500 pesos al mes, para “tolerar” que sigan trabajando.
En Acuña, Coahuila, trabajadoras sexuales denuncian el cobro de multas de 200 a 500 pesos por ejercer la prostitución en la vía pública y las unidades 112 y 115, exigen mordida u cuota sexual a las mujeres para dejarles trabajar.
Las zonas de tolerancia para los trabajadores sexuales quedarán descartadas en el Municipio de Querétaro, esto como parte del reordenamiento del trabajo sexual que lleva a cabo el gobierno municipal y con el que se pretende evitar la trata de personas, indicó Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de la demarcación.
En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, funcionarios de la Secretaria de Salud municipal, tienen pensado obligar a las trabajadoras sexuales transgénero que laboran en la calle a hacerlo en una zona de tolerancia y prohibir el ejercicio del comercio sexual en la vía pública en un nuevo reglamento del “sexoservicio”. Sin embargo, integrantes de la organización Diana Sacayán OSC, se oponen a dicha regulación por lesionar los derechos humanos dado su carácter discriminatorio.
100 mujeres dedicadas al trabajo sexual en la ciudad de Chiahuahua, en la zona centro de la ciudad serán reubicadas a otras zonas, debido al reordenamiento de imagen urbana que se lleva a cabo en los primeros cuadros de la Capital.
La prostitución también se contemplará dentro del reordenamiento del centro histórico al formar parte de la imagen de la capital, mencionó el gerente del Centro Histórico Sergio Vergara Berdejo, quien descartó la posibilidad de decretar una zona de tolerancia para ejercer el oficio.
La prostitución también se contemplará dentro del reordenamiento del centro histórico de Morelia, Michoacán, al formar parte de la imagen de la capital, mencionó el gerente del Centro Histórico Sergio Vergara Berdejo, quien descartó la posibilidad de decretar una zona de tolerancia para ejercer el oficio.
El número de trabajadoras sexuales en Atlixco ha disminuido entre un 80 y un 90 por ciento, por los operativos y detenciones realizadas por diversas áreas de la comuna, informó René Tetlamatzi Reyes, director de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. El resto, ha entrado en la clandestinidad.
Continúan en toda la república, las expulsiones de trabajadoras sexuales de centros históricos, zonas turísticas o cercanas a proyectos inmobiliarios, quienes son desplazadas a laborar en espacios controlados por el crimen organizado y mafias dedicadas a la trata de personas.
El congreso local de Tamaulipas, planteó en 2016 la prohibición de los table dance y los casinos, con el pretexto del combate al crimen organizado y al lavado de dinero y finalmente en 2017, lo hizo realidad.
Este año de 2017, grupos abolicionistas cristianos, buscan prohibir el table dance en Colima, además, el presidente municipal de dicha ciudad, Héctor Insúa García, pretende cerrar la zona de tolerancia para construir departamentos en dicho inmueble y prohibir el ejercicio del comercio sexual en la vía pública.
Sigue prevalencia la falta de seguridad y certeza jurídica de las trabajadoras sexuales en casi toda la república, donde prevalece la prohibición del comercio sexual, las expulsiones de zonas de la ciudad donde han tenido una presencia de más de 50 años, las altas multas y cobros excesivos, la prohibición del table dance sigue buscando más entidades para concretar dicha iniciativa promovida por grupos fundamentalistas cristianos.
El deterioro de las zonas de tolerancia donde se buscaba que se ejerciera de manera exclusiva el trabajo sexual, ocasionado por la liberación de licencias en otras zonas de las ciudades, el crecimiento de la mancha urbana, así como las condiciones de abuso extremo que se vive en muchas de ellas, el control férreo que el narcotráfico ejerce en algunos lugares iniciado con la guerra de Calderón, entre otras razones; ha promovido que las trabajadoras sexuales migren a otros espacios para ganarse la vida.
Los feminicidios de trabajadoras sexuales no se han detenido ni van a la baja, pese a las declaratorias de alerta de género de las entidades en donde dicha medida se ha concretado.
Finalmente, el gobierno federal Aprobó en 2016 la solicitud de alerta de violencia de género por Violencia Sexual –Trata de Persona para el corredor Puebla-Tlaxcala, informó Violeta Lagunes Viveros, vocera de la Asociación Civil "Todos para Todos".
Es la primera ocasión que se acepta por violencia sexual, porque casi todas han sido por violencia física o por feminicidio.
Continúa la pérdida de la patria potestad de las trabajadoras sexuales por ejercer dicho oficio. Los códigos civiles de Baja California, Nuevo León y Puebla, contemplan como causal de perdida de patria potestad, que una mujer se dedique o ejerza la prostitución (En el caso de Puebla, que lo haga de forma pública).
El reconocimiento de trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas en la Ciudad de México y Coahuila, permitirá ir construyendo una cultura de respeto laboral hacia este sector; sin embargo, ya se alzan voces en diferentes estados de la república como Michoacán para condicionarlo a su expulsión del centro histórico.
La idea es que dicho reconocimiento se promueva en otras entidades federales y en otros municipios de la república.
Hace falta establecer una agenda común entre grupos de trabajadoras sexuales para que a través de juicios de amparo se demuestre la inconstitucionalidad de varios artículos de la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.”
Hace falta que bailarinas del table dance interpongan juicios de amparo por la prohibición de dicho baile en los estados de la república donde ha ocurrido.
Hace falta interponer juicios de amparo contra el control sanitario del trabajo sexual por su carácter inconstitucional para sentar precedente.

References: artículo 24
 artículo 40
 artículo 106
 artículo 77
 artículo 13
 artículo 21