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Timestamp: 2017-06-25 08:43:23+00:00

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Índice sistemático Sinopsis artículo 50
Los antecedentes de Derecho comparado que pueden acreditarse en relación con este artículo se encuentran en algunas, pocas, de las Constituciones europeas promulgadas después de la segunda Guerra Mundial, entre las que pueden citarse la italiana de 1947 (art. 38) y el Preámbulo de la Constitución francesa de 1958 en el que, reproduciendo la fórmula utilizada en el Preámbulo de la Constitución de la IV República, se afirma el derecho de todo hombre que por su razón de su edad se encuentre en la incapacidad de trabajar a obtener de la colectividad los medios convenientes para su existencia; como en tantas ocasiones referidas a los derechos sociales, el dato más inmediato está en el art. 72 de la Constitución portuguesa de 1976, seguida en este punto con bastante fidelidad por los constituyentes españoles.
Son varios los textos internacionales que atienden a la problemática de la protección social de la tercera edad; entre ello son significativos la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961, el Código Europeo de Seguridad Social (Estrasburgo, 16 de abril de 1964, ratificado por España el 4 de febrero de 1994), así como el Convenio nº 128, de 29 de junio de 1967, de la Organización Internacional del Trabajo relativo a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes.
El compromiso del Estado de prestar asistencia a los ancianos se encuentra en España recogido en la Constitución de 1931, y dentro de la normativa del régimen de Franco serán el Fuero de los Españoles (art. 28) y el Fuero del Trabajo (declaración X.2) las normas encargadas de expresar la garantía estatal de asistencia en los casos de vejez, incrementando los seguros sociales de vejez preexistentes.
Como todos los derechos agrupados en el Capítulo III del Título I de la Constitución con la denominación de Principios, el art. 50 pertenece a esa esfera un tanto ambigua de los derechos sociales cuya efectividad depende más de la acción efectiva del Estado que del enunciado constitucional directo (art. 53.3 CE). En consecuencia es su desarrollo normativo el que determina el alcance real del derecho, como afirma en relación con el art. 50 el Tribunal Constitucional en la STC 189/ 1987, de 24 de noviembre.
La promulgación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, cuya exposición se aborda en el comentario al art. 49 de la Constitución, proyecta su ámbito tuitivo también sobre el colectivo de personas mayores en cuanto éstas puedan conceptuarse como discapacitadas según la definición contenida en el art. 1.2 de dicha ley: tienen la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. En todo caso, se consideran afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100 los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Para una exposición algo más amplia del contenido de esta ley, véase el comentario al art. 49 de la Constitución.
Dentro del desarrollo normativo del art. 50 hay que destacar la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Esta ley despliega sus efectos no sólo sobre el colectivo de personas mayores, sino también fundamentalmente sobre el de discapacitados, y por tanto se configura como un desarrollo no sólo del art. 50 de la Constitución, sino también del 49, como señala la ley en su Exposición de motivos. La Ley establece un nivel mínimo de protección, definido y garantizado financieramente por la Administración General del Estado. Asimismo, como un segundo nivel de protección, la Ley contempla un régimen de cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas mediante convenios para el desarrollo y aplicación de las demás prestaciones y servicios que se contemplan en la Ley. Finalmente, las Comunidades Autónomas podrán desarrollar, si así lo estiman oportuno, un tercer nivel adicional de protección a los ciudadanos.
El título I configura el Sistema de Atención a la Dependencia, la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, a través de los diversos niveles de protección en que administrativamente se organizan las prestaciones y servicios. La necesaria cooperación entre Administraciones se concreta en la creación de un Consejo Territorial del Sistema, en el que podrán participar las Corporaciones Locales y la aprobación de un marco de cooperación interadministrativa a desarrollar mediante Convenios con cada una de las Comunidades Autónomas. Asimismo, se regulan las prestaciones del Sistema y el catálogo de servicios, los grados de dependencia, los criterios básicos para su valoración, así como el procedimiento de reconocimiento del derecho a las prestaciones. El título II regula las medidas para asegurar la calidad y la eficacia del Sistema, con elaboración de planes de calidad y sistemas de evaluación, y con especial atención a la formación y cualificación de profesionales y cuidadores. En este mismo título se regula el sistema de información de la dependencia, el Comité Consultivo del sistema en el que participarán los agentes sociales y se dota del carácter de órganos consultivos a los ya creados, Consejo Estatal de Personas Mayores y del Consejo Nacional de la Discapacidad y Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social. Por último, se regulan en el título III las normas sobre infracciones y sanciones vinculadas a las condiciones básicas de garantía de los derechos de los ciudadanos en situación de dependencia. Las disposiciones adicionales introducen los cambios necesarios en la normativa estatal que se derivan de la regulación de esta Ley. Así, se realizan referencias en materia de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas , en la normativa sobre discapacidad, gran invalidez y necesidad de ayuda de tercera persona, y se prevén las modificaciones necesarias para regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia. La disposición transitoria primera regula la participación financiera del Estado en la puesta en marcha del Sistema en un período transitorio hasta el año 2015, de acuerdo con las previsiones del calendario de aplicación de la Ley que se contiene en la disposición final primera.
Debe asimismo destacarse el importante esfuerzo tuitivo del colectivo de personas mayores operado la Ley 1/2009, de 25 de marzo de reforma de la Ley de 8-6-1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18-11-2003, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad. Entrando en las medidas de protección que podrían resultar más destacables, el mandato de protección a la tercera edad que impone el art. 50 a los poderes públicos se canaliza en una doble acción: primera, la garantía de suficiencia económica; segunda, las prestaciones sociales derivadas de los problemas sectoriales específicos de las personas que integran el colectivo de la tercera edad.
En primer lugar se expone lo relativo a la suficiencia económica, que se asienta en la garantía de las "pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas", lo que supone su articulación en torno a los regímenes de la Seguridad Social; a este respecto, el art. 147.1.17ª CE establece la competencia del Estado en la legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas, por lo que la normativa fundamental en torno al sistema de pensiones será la emanada del Estado.
Por tanto, la actualización del art. 50 pivota, en primer lugar, sobre el establecimiento de un sistema de pensiones para la tercera edad vinculado a la Seguridad Social.
El punto de partida normativo es la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Decreto 2065/ 1974, de 30 de mayo, y el Real Decreto ley 36/1978, de 16 de noviembre; ambas normas han sido parcialmente derogadas por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que será el punto de referencia actual, aunque hay que precisar que ha sido modificado en varias ocasiones por normas posteriores, en concreto, en materia de pensiones, le han afectado la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de Disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de Medidas en materia de Seguridad Social, Ley 35/2002, de 12 de julio, de Medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, y la ley 24/2001 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y ley 24/1997 de 15 de julio, de Consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social.
La Ley General de la Seguridad Social de 1994 establece un doble régimen de pensiones: las pensiones de jubilación en su modalidad contributiva (arts.160 a 166) y las pensiones de jubilación no contributivas (arts. 167 a 170).
Las pensiones de jubilación contributivas se definen en torno a un criterio profesional, de manera que tiene derecho a ellas los trabajadores jubilados pertenecientes a alguno de los grupos profesionales expresados en el art. 7 de la Ley. Dentro de ellas se diferencian distintos regímenes de pensiones en función de la ordenación profesional que establece la Ley al respecto (trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia, funcionarios públicos, etc.), que determina cuantías diferenciadas de las pensiones basadas en el cálculo inicial de las prestaciones aportadas por el trabajador jubilado a lo largo de su vida profesional.
Las exigencias para causar derecho a la pensión (estar de alta en el momento de la jubilación y haber cubierto un periodo de cotización de 15 años, de los que al menos dos deben estar comprendidos dentro de los ocho años inmediatamente anteriores al momento de la jubilación), ponen de relieve el carácter contributivo de estas pensiones, computadas sobre la equivalencia prestación- pensión, es decir, cotización- protección.
De hecho, la diferente cuantía de las pensiones en función del régimen de la Seguridad Social aplicable, así como las variaciones respecto de las valoraciones iniciales, ha sido objeto de algunos recursos ante el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado al respecto, entre otras, en la STC 100/ 1990, de 30 de mayo; en el FJ 5 de la misma afirma el Tribunal que del art. 50 no puede deducirse que la Constitución obligue a que se mantengan todas y cada una de las pensiones en su cuantía prevista ya que el concepto de pensión adecuada no puede considerarse aisladamente atendiendo a cada pensión singular sino que debe tener en cuenta el sistema de pensiones en su conjunto, sin que puede prescindirse de las circunstancias sociales y económicas de cada momento y sin olvidar que se trata de administrar medios económicos limitados para un gran número de necesidades económicas.
Inciden en la regulación de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con la determinación de la cuantía de las pensiones, la Ley 24/ 1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del sistema de la Seguridad Social, que modifica la Ley de 1994 tanto en relación con las pensiones cuanto en la acción protectora de la Seguridad Social, y el Real Decreto 1647/ 1997, de 31 de octubre, que desarrolla la Ley anterior respecto de los periodos mínimos de cotización y de la base reguladora de la pensión.
La Ley General de la Seguridad Social establece en el art. 161.1 la edad de jubilación, que fija en 65 años, edad que debe ser considerada como un baremo básico aunque facultativo ya que la jubilación puede anticiparse o atrasarse en determinadas circunstancias. Ya la jubilación forzosa, aunque catalogada como excepcional y limitada por el Tribunal Constitucional (STC de 2 de julio de 1981), supone una alteración de los 65 años como edad de jubilación, pero a ella hay que sumar los supuestos previstos de jubilación voluntaria anticipada o atrasada. La Ley 35/ 2002, de 12 de julio, de Medidas para el establecimiento de un Sistema de Jubilación gradual y flexible (desarrollada por el Real Decreto 1132/ 2002, de 31 de octubre, y modificada parcialmente por la Ley 45/ 2002, de 12 de diciembre, de medidas Urgentes para la Reforma del Sistema de Protección del Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad) articula la posibilidad de optar por una jubilación anticipada a partir de los 61 años, con aplicación de coeficientes reductores del porcentaje aplicable en función de los años de jubilación, y al mismo tiempo favorece la prolongación de la actividad laboral de los trabajadores que superen la edad de jubilación, permitiendo así su presencia social activa, sobre la filosofía de que esta prolongación redunda en ventajas tanto para el trabajador como para el sistema de pensiones; este último supuesto posibilita compatibilizar la pensión de jubilación con un trabajo a tiempo parcial, reduciéndose el importe de aquélla en proporción inversa a la reducción de la jornada de trabajo realizada por el pensionista.
Las pensiones de jubilación no contributivas están también integradas en el sistema de la Seguridad Social. Los artículos 144 a 149 de la Ley General de la Seguridad Social, la Ley 26/ 1990, de 20 de diciembre y el Real Decreto 357/ 1991, de 15 de marzo, que desarrolla la Ley anterior en materia de pensiones no contributivas, establecen este tipo de pensiones para las personas mayores de 65 años que carezcan de renta o ingresos suficientes, es decir cuando éstos sean inferiores a la cuantía de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social que se determinen en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Este mismo sentido de atención a la suficiencia económica de la tercera edad tiene el Real Decreto 8/2008, de 11 de enero que desarrolla la Ley 40/2006, de 14 de diciembre del Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior, la cual se configura como el marco básico para establecer, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución (véase el comentario a este precepto) , una política integral de emigración y de retorno que salvaguarde los derechos económicos y sociales de los ciudadanos españoles que residen en el exterior y para facilitar la integración social y laboral de los retornados.
El capítulo II del Título I de la Ley recoge derechos sociales y prestaciones, entre los que además del derecho a la protección de la salud, se introduce la prestación por razón de necesidad como un nuevo concepto que engloba la prestación económica por ancianidad, la prestación económica por incapacidad y la asistencia sanitaria. Según el art. 25 del citado Real Decreto el derecho a la pensión asistencial por ancianidad para los retornados se reconocerá siempre que acrediten los requisitos exigidos en el artículo 167 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, para tener derecho a una pensión de jubilación en su modalidad no contributiva del sistema español de Seguridad Social, salvo el referido a los períodos de residencia en territorio español. Por tanto, la garantía del mínimo de subsistencia para estos españoles de origen residentes en el extranjero se articula, pues, como complementario y sobre el punto de referencia de las pensiones no contributivas establecidas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La actualización periódica de las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas, que impone el art. 50 de la Constitución la articula el Gobierno sobre su actualización anual, lo que hace sobre la base del Índice de Precios de Consumo (IPC), normándose dicha actualización por medio de los correspondientes Reales Decretos de Revalorización de pensiones . En relación con el régimen de actualización de las pensiones el Tribunal Constitucional niega su consideración como derecho adquirido sobre la base de que el elemento fundamental que determina el sistema de pensiones es su consideración de "adecuada", en la medida en que cubran las situaciones de necesidad, sin que se pueda deducir del art. 50 CE la obligación constitucional de mantener todas y cada una de las pensiones iniciales en su cuantía prevista, ni que todas y cada una de las ya causadas tengan que incrementar un porcentaje anual, siempre que puedan considerarse suficientes (STC 134/ 1987, de 21 de julio; igualmente la STC 100/ 1990, de 30 de mayo).
Finalmente, cabe hacer mención a la existencia de un régimen específico de pensiones, integrado en la Seguridad Social pero ya extinto aunque todavía aplicable en la medida en que haya personas que puedan ser titulares del derecho a las mismas: el antiguo Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) se creó por la Ley de 1 de septiembre de 1939 sustituyó el régimen de capitalización en el retiro obrero por el de pensión fija, creada en concepto de subsidio de vejez, como fórmula de incremento del seguro de vejez que asegurase un retiro suficiente. Esta Ley fue desarrollada por la Orden de 2 de febrero de 1940, que amplió el subsidio al supuesto de invalidez absoluta para el trabajo, siendo el Decreto de 18 de abril de 1947 el que creó la Caja Nacional del Seguro de Vejez e Invalidez y preparó un sistema de protección para este último riesgo; es este sentido, son de interés la Orden de 18 de junio de 1947 y el Decreto ley de 2 de septiembre de 1955.
La incidencia de la Ley de la Seguridad Social de 21 de abril de 1966 en el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez supuso la aprobación del Decreto 1564/ 1967, de 6 de julio, que regulaba las situaciones derivadas de la extinción del citado Seguro. La Ley General de la Seguridad Social de 1974 culmina el proceso y reconoce, en la Disposición transitoria segunda, el derecho a causar prestaciones del SOVI, con arreglo a las condiciones exigidas en la extinta legislación del mismo y siempre que los interesados no tuviesen derecho a ninguna otra pensión a cargo de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social (situación transitoria que se aclara en la Circular 66/ 1982, de 22 de junio; en el mismo sentido de apreciar la incompatibilidad de las pensiones del SOVI y las del régimen general de la Seguridad Social se pronuncia el Tribunal Constitucional en su STC 121/ 1984, de 12 de diciembre, FJ 2). En este ámbito, no obstante, se ha producido un overruling de la doctrina del Alto Tribunal, por efecto de la Ley 9/2005, de 6 de junio, Ley para compatibilizar las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social. También es destacable la Sentencia 142/1990, de 20 de septiembre por la que se reconoce la inconstitucionalidad del mencionado decreto de 1955 en cuanto excluye a los viudos (pues el Decreto sólo protegía a las viudas). Finalmente, es necesario mencionar, en materia de prestaciones económicas, la importante incidencia del Pacto de Toledo en esta materia. Para una exposición pormenorizada, puede consultarse el comentario al art. 41 de la Constitución. Baste aquí, en relación al tema objeto de la presente exposición, recordar que en la IX Legislatura nuevamente la Mesa de la Cámara en su reunión del día 22 de abril de 2008, previa audiencia a la Junta de Portavoces acordó la creación de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Esta Comisión aprobó su Informe el 29 de diciembre de 2010, que fue sometido al Pleno del Congreso de los Diputados y asimismo aprobado el 28 de enero de 2011.
En cuanto al desarrollo de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la Comisión recomendó nuevamente el mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio financiero del sistema de pensiones en el futuro. La sostenibilidad del sistema exige que sólo se financien con cargo a los recursos de la Seguridad Social los gastos correspondientes al estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, y que toda subida por encima del IPC (o del índice que, en su caso, pudiere adoptarse) sea sufragada con cargo a otros recursos financieros. También se apuntó la conveniencia de estudiar (para su posterior análisis y valoración por la Comisión) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, siendo recomendable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en los países de nuestro entorno. La Comisión consideró asimismo que el Real Decreto-ley 8/2010 -adoptado en un contexto de medidas de ajuste fiscal y presupuestario- en el que se contempla la suspensión, durante 2011, de la revalorización de las pensiones, con la excepción de las pensiones mínimas y las no contributivas, no se ha realizado de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Respecto de la edad de jubilación, la Comisión considera la prolongación de la vida laboral de los ciudadanos como un objetivo necesario y deseable; en este sentido, dado que el objetivo que se persigue es el de aumentar la edad real en la que los trabajadores abandonan el mercado de trabajo y teniendo en cuenta la evolución de la expectativa de vida después de los 65 años, la Comisión estima que es amplio el conjunto de medidas que se podrían adoptar para incrementar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Por tanto, se entiende que es oportuna la modificación del régimen jurídico de la jubilación para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador, en orden a delimitar la cuantía de su pensión, favoreciendo así la aproximación de la edad real a la edad legal de acceso a ella. También se constata que la jubilación anticipada se ha convertido, básicamente, en una fórmula de regulación del empleo. A juicio de la Comisión esta situación debe modificarse. La jubilación anticipada debería reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y, voluntariamente, opten por acogerse a ella. No obstante, mediante norma con rango de Ley, podrán establecerse mecanismos de jubilación anticipada en favor de colectivos que realicen actividades concretas -atendiendo a su especial penosidad, peligrosidad o insalubridad, y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad- así como en razón de su grado de discapacidad, cuando de forma generalizada y apreciable suponga una reducción de su esperanza de vida. La Comisión sostiene que es necesario incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. A tal efecto, sería necesaria la adaptación y mejora de cuantos incentivos sociales, fiscales y laborales sean posibles para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo. Es prioritario remover la normativa que fuerza a colectivos o personas a la jubilación obligatoria, en contra de sus deseos y capacidades. No debe establecerse un límite de edad para el trabajo en un régimen de libertades individuales y de derechos fundamentales. Asimismo, las políticas activas de empleo también deben estar orientadas a la recolocación de las personas de más edad y a su mantenimiento en situación activa. Pero la Comisión constata que no se ha alcanzado acuerdo alguno en materia de edad legal de jubilación, que ha sido uno de los temas del debate público en los últimos tiempos en España y en otros Estados de la Unión Europea.
En segundo lugar, como se indicaba en esta exposición, debe abordarse la acción tuitiva de las administraciones públicas en el ámbito de la asistencia social. En el ámbito asistencial hay que tener en cuenta la convergencia de competencias estatales derivadas de la acción asistencial de la misma Seguridad Social con las competencias autonómicas en la medida en que, al amparo del art. 148.1.20ª, las hayan asumido las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, así como las competencias municipales desde el momento en que, al menos, buena parte de la gestión y ejecución de las estatales y autonómicas la desempeñan los Ayuntamientos.
Vinculados a las personas incluidas en el régimen de la Seguridad Social, la Ley General de la Seguridad Social articula una serie de servicios sociales de la tercera edad, en el marco de la misma Seguridad Social y prestados por lo tanto por la Administración estatal. Pero esta acción social estatal se complementa con la desarrollada por las Comunidades Autónomas que hayan asumido las competencias del art. 148.1.20ª de la Constitución y con las que corresponden, en el ámbito de su autonomía, a las Corporaciones locales. Por eso nos encontramos con una normativa confluyente en relación con la pluralidad de servicios sociales dependientes de las tres Administraciones: rehabilitación, reeducación, residencias, centros de la tercera edad, termalismo, servicios de atención integral domiciliaria, hospitales de día geriátricos, programas de teleasistencia, sistemas de telealarma domiciliaria, medidas de acondicionamiento de las viviendas a las circunstancias de las personas mayores, etc. El complemento autonómico y municipal de la acción de asistencia social estatal ha dado lugar, por supuesto, a un cuantioso acervo normativo que es materialmente imposible citar en esta página. Véase al respecto el Real Decreto 397/ 1996, de 1 de marzo, Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
Aparte de lo ya establecido en relación con las pensiones no contributivas, las prestaciones asistenciales públicas, y muy en especial la cobertura sanitaria, se extienden a las personas de la tercera edad sin recursos y en estado de necesidad, siendo estas unas prestaciones generales, es decir no vinculadas a la condición laboral del anciano, cuyo supuesto habilitante es la situación de necesidad y la carencia de recursos materiales ni sociales; en este sentido se pronuncian tanto la Ley General de la Seguridad Social de 1994 como la Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General de la Sanidad y el Real Decreto 1088/ 1989, de 8 de septiembre.
El complemento autonómico y local de la acción asistencial estatal ha dado lugar a un cuantioso acervo normativo, muy fragmentado por sectores, que lógicamente es imposible citar en esta página, aunque conviene tener en cuenta su existencia a la hora de apreciar el conjunto de prestaciones y servicios sociales existentes. Junto a los organismos específicos de gestión existentes en las Administraciones autonómicas y locales, el organismo de gestión estatal básico es el IMSERSO. El Real Decreto ley 36/ 1978, de 16 de noviembre crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) como entidad gestora de la Seguridad Social a nivel nacional con la finalidad de dirigir su acción a las personas mayores, personas con discapacidad y solicitantes de asilo. El INSERSO sufrirá los cambios que se derivan del proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas que culmina prácticamente en 1998 cuando todas asumen las competencias que les corresponden en estos ámbitos asistenciales. La consecuencia será que el INSERSO se transforma en el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) ampliando sus competencias a materia de inmigración (Real Decreto 140/ 1997, de 31 de enero).La asunción por parte del Ministerio del Interior de las competencias asignadas al IMSERSO en materia de inmigración conllevará la necesidad de modificar la estructura y funciones del organismo para adaptarlo a la nueva situación y evitar duplicidad en la gestión, lo que se hace en el Real Decreto 238/ 2002, de 1 de marzo, Estructura orgánica y Funciones del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) en un intento de lograr la mayor eficacia social y de responder a la descentralización funcional. La estructura actual del Instituto se rige por el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Tras su adscripción a diversos departamentos (Trabajo y Asuntos sociales, Educación, política social y deporte), actualmente el IMSERSO toma el nombre de Instituto de Mayores y Servicios Sociales y queda adscrito, por el art. 12.4 del Real Decreto 263/2011, de 28 de febrero, al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. El IMSERSO se configura como una entidad gestora de la Seguridad Social como entidad de Derecho público y cuyos fines básicos son la gestión de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación, así como la de los servicios complementarios de las prestaciones del sistema de Seguridad Social para las personas mayores y personas con discapacidad
En el ámbito de la protección a las personas de la tercera edad inciden necesariamente las políticas sociales de la Unión Europea; aparte de la Carta Comunitaria de Derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 1989, en la que se incluye el derecho a las pensiones de jubilación correspondientes, y, aunque no se alude en el derecho comunitario originario de forma directa a la tercera edad, se contempla en el Título X del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en la redacción dada por el Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 la acción comunitaria en relación con las políticas sociales. Debe mencionarse asimismo el Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad.Ç
Es destacable también en este ámbito la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 29 de abril de 2009 - Abordar los efectos del envejecimiento de la población de la UE (Informe de 2009 sobre el envejecimiento demográfico) [COM(2009) 180 final]. Las medidas tomadas en el ámbito de la Unión europea se enmarcan en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es la base de las orientaciones generales de las políticas económicas en la actualidad, y de la estrategia de Lisboa renovada. La Comisión promueve: el refuerzo de la vigilancia fiscal y la coordinación de las políticas nacionales; la reforma de los sistemas de jubilación nacionales; la protección de los mercados financieros, sobre todo en lo que respecta a su impacto en los sistemas de jubilación; y la evaluación regular de los avances y de las necesidades en materia de educación, formación e investigación y desarrollo.
Se puede consultar, además, la amplia bibliografía existente en relación con el contenido del artículo. Sinopsis realizada por:

References: artículo 50
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 artículo 42
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 artículo 167
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