Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A298-08.htm
Timestamp: 2017-11-25 05:28:48+00:00

Document:
A298-08
Auto 298/08
PRINCIPIOS DE ECONOMIA Y CELERIDAD PROCESAL EN IMPEDIMENTOS DEL PROCURADOR Y VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Resolución en la misma providencia
Referencia: expediente No. D-7444
Demanda de inconstitucionalidad contra de los artículos 18 (parcial), numeral 37 artículo 41 (parcial), numeral 2 artículo 43 (parcial), numeral 5 artículo 44 (parcial) y artículo 47 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 “Por el cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia”.
Oneida Giraldo y Diana Teresa Sierra Gómez
Bogotá D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil ocho (2008).
1. En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, las ciudadanas Oneida Giraldo y Diana Teresa Sierra Gómez interpusieron acción pública de inconstitucionalidad contra de los artículos 18 (parcial), numeral 37 artículo 41 (parcial), numeral 2 artículo 43 (parcial), numeral 5 artículo 44 (parcial) y artículo 47 (parcial) de la Ley 1098 de 2006 “Por el cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia”.
2. Mediante Auto del tres (03) de Octubre de dos mil ocho (2008), el Magistrado Sustanciador admitió la demanda de la referencia y corrió traslado del expediente al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto correspondiente.
3. El diecisiete (17) de Septiembre de dos mil ocho (2008), el expediente fue recibido en el Despacho del Magistrado Sustanciador, incluyendo el oficio No. DP- 1049 recibido en esta Corporación el veintidós (22) de Octubre de dos mil ocho ( 2008 ) suscrito por el Doctor EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN, Procurador General de la Nación y CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU, Viceprocurador General de la Nación, en el cual manifiestan sus respectivos impedimentos para conceptuar en el proceso de la referencia, en los siguientes términos:
“Dentro de los motivos de impedimento se encuentra el haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada o intervenido en la expedición de las normas sometidas al control de la Corte Constitucional, situación esta última en la que se encuentran los suscritos, toda vez que en nuestra condición de Procurador General de la Nación y Viceprocurador General de la Nación participamos en la comisión redactora, el primero, y en la subcomisión redactora, el segundo, del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal – Ley 906 de 2004 - , de cuyo texto hace parte el precepto legal demandado.
Por lo tanto, solicitamos a esa Honorable Corporación aceptar el impedimento manifestado y, en consecuencia, disponer que el Procurador General de la Nación, en cumplimiento de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7º del decreto ley 262 de 2000, designe el funcionario que debe rendir el concepto en este proceso, teniendo en cuenta que quienes han de rendirlo se consideran impedidos para emitir concepto en la demanda de la referencia”.
En relación con este punto, la Sala Plena, en Auto del 24 de abril de 2003, reiterado recientemente en Auto 092 de 2007, sostuvo:
6.- Que la competencia para resolver los impedimentos y recusaciones presentados por el Procurador General en los procesos de constitucionalidad del artículo 241 de la Carta ha sido reconocida por la reiterada práctica judicial de la Corte, ya que, tal como recientemente lo reconoció la Corporación a propósito del citado artículo 79 del Acuerdo 05 de 1992, no existe otra norma en el ordenamiento jurídico a la cual remitirse para resolver tales incidentes. El artículo 79 -dice la Corte- “definió las normas aplicables frente al trámite de los incidentes de recusación e impedimento en procesos de constitucionalidad, y cerró cualquier posibilidad de remisión normativa a otros ordenamientos”
2. Habida cuenta que lo expresado por el señor Procurador General de la Nación en el sentido de haber participado en la comisión redactora de la norma acusada y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, el cual, en armonía con lo señalado en el artículo 26 ibídem, establece entre las razones de impedimento para esta clase de procesos el haber intervenido en la expedición de la disposición acusada, es del caso aceptar el impedimento propuesto y declararlo separado del conocimiento del asunto de la referencia.
3. De igual manera, respecto al impedimento manifestado por el señor Viceprocurador General de la Nación, la Sala precisa que éste tiene sustento en argumentos análogos a los que sirvieron de base para la aceptación del impedimento manifestado por el señor Procurador General de la Nación. En ese sentido, se impone en su caso la misma solución jurídica, tal como se decidió en Autos de Sala Plena del 3 de noviembre de 2004 y 18 de abril de 2007.
4. Así mismo, la Corte ha considerado que “la aceptación del impedimento del señor Viceprocurador puede tramitarse simultáneamente a la del titular del Ministerio Público”[1]. Como en anteriores oportunidades se ha manifestado, si bien en principio correspondería atender el impedimento planteado por el Viceprocurador General sólo luego de que se aceptara el del Procurador General de la Nación y en consecuencia de ello el Viceprocurador entrará a sustituirlo en sus funciones constitucionales para rendir el correspondiente dictamen; considera la Corte que, en aplicación del principio de economía procesal, que pretende dar celeridad a la solución de los procesos de constitucionalidad,[2] se hace necesario aceptar en esta misma providencia el mencionado impedimento.
5. La Corte concluye que el asunto de la referencia debe remitirse al Procurador General de la Nación para que, en cumplimiento de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7º del Decreto Ley 262 del 2000, designe el funcionario que deba rendir el concepto correspondiente.
Primero. ACEPTAR, con base en las razones expresadas en esta providencia, el impedimento manifestado por el Procurador General de la Nación para emitir concepto dentro del expediente D- 7444.
Segundo. ACEPTAR el impedimento manifestado por el Viceprocurador General de la Nación para emitir concepto dentro del expediente D- 7444, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO No. 298 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
Referencia: Expediente D-7444
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 18 (parcial), numeral 37 artículo 41 (parcial), numeral 2 artículo 43 (parcial), numeral 5 artículo 44 (parcial) y artículo 47 (parcial) de la Ley 1098 de 2006.
Con el debido respeto por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito salvar mi voto frente al presente Auto, reiterando para ello mi posición jurídica sostenida en repetidas oportunidades en relación con que esta Corte carece de la competencia tanto constitucional como legal para resolver los impedimentos manifestados por el Procurador General de la Nación y el Viceprocurador para emitir el concepto sobre constitucionalidad, en este caso respecto de los artículos 18 (parcial), numeral 37 artículo 41 (parcial), numeral 2 artículo 43 (parcial), numeral 5 artículo 44 (parcial) y artículo 47 (parcial) de la Ley 1098 de 2006. Las razones que justifican mi posición son las que paso a exponer a continuación:
Con base en esta atribución del Senado de la República, el Procurador General de la Nación de ese entonces, en distintas oportunidades declaró su impedimento y solicitó la designación de un Procurador Ad hoc. Así lo hizo en los Procesos Disciplinarios números 001-2435, 001-7105, 001-7105, PA 3772, 001-7581, PA 3515, PA 3493 y 001-26566/99, entre otros, en los cuales el Senado los aceptó y correspondió a lo solicitado[3].
6. Para subsanar el vacío que se presenta en lo que respecta a impedimentos y recusaciones del Procurador General de la Nación en juicios de constitucionalidad esta Corte acudió al artículo 79 del capitulo XIX del Reglamento Interno de esta Corporación, adoptado mediante Acuerdo No. 05 del 15 de octubre de 1992[4], según el cual los “asuntos de constitucionalidad de que conoce la Corte Constitucional se someterán, en lo que hace a impedimentos y recusaciones, a las causales y al trámite consagrados en el Capítulo V del Decreto 2067 de 1991, en lo pertinente”.
[1] Auto núm. 092 de 2007.
[2] Ver al respecto la Sentencia C-037 del 19 de febrero de 1998.

References: artículo 41
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 241
 artículo 41
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 7
 artículo 241
 artículo 79
 artículo 79
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 7
 artículo 41
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 47
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