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Timestamp: 2016-08-23 21:59:29+00:00

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Camino al despojo y la impunidad
by nataliamurillo1997
rosaseamanhn
Comisión Colombiana de Juristas Camino al despojo y la impunidad Informe de seguimiento a la aplicación en Colombia de lasrecomendaciones del Representante Especial del SecretarioGeneral de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas 2006 - 2007 Bogotá, febrero 28 de 2008 2.
© 2008 Comisión Colombiana de JuristasCalle 72 Nº 12-65 piso 7A.A. 58533Bogotá, ColombiaTeléfonos: (571) 376 8200 – (571) 343 4710Fax: (571) 376 8230ccj@coljuristas.orgwww.coljuristas.org® Camino al despojo y la impunidadInforme de seguimiento a la aplicación en Colombia de lasrecomendaciones del Representante Especial del Secretario Generalde las Naciones Unidas Sobre los derechos humanos de las personasinternamente desplazadas 2006 - 2007ISBN: 978-958-9348-43-7Marzo de 2009Bogotá, ColombiaDireccion editorial:Gustavo GallónAna María DíazInvestigación y redacción:Juan Manuel BustilloCon la colaboración de Margarita Bonilla y Julián Martín BerríoFotografía portada:Diego PeñaArmada electrónica e impresiónOpciones Gráficas Editores Ltda.Carrera 73ª Nº 64ª – 42Teléfonos: (571) 224 1823 – (571) 482 7071Bogotá, Colombia 3.
ContenidoPresentación 9Capítulo 1.El desplazamiento forzado en Colombia continúa creciendo 11Capítulo 2.Las partes del conflicto armado desconocen el principiode distinción entre civiles y combatientes y causandesplazamientos forzados 19Capítulo 3.El gobierno no ha implementado una política especialde atención al desplazamiento forzado que garantice losderechos humanos de la población desplazada 233.1. El gobierno no ha aplicado cabalmente la ley 387 y no ha cumplido las órdenes de la Corte Constitucional 25 3.1.1. Acción Social es responsable de cinco omisiones en materia de atención a la población desplazada 28 3.1.2. La asistencia humanitaria de emergencia no es provista oportunamente por las autoridades y no cubre las necesidades de la población desplazada 28 3.1.3. El Ministerio del Interior y de Justicia ha incumplido sus obligaciones de coordinación de la política de atención a la población desplazada 33 3.1.4. Incoder incurrió en serias omisiones en cuanto a su obligación de garantizar el derecho a la tierra de la población desplazada 353.2. Las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas enfrentan la falta de protección contra y durante el desplazamiento forzado 36 3.2.1. Las medidas de atención al desplazamiento forzado de las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas no han sido implementadas 37 3.2.2. El gobierno no ha aplicado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales 40 4.
3.3. No existe una política específica de protección a la vida y la integridad de la población desplazada 49 3.3.1. El Ministerio del Interior y de Justicia no ha cumplido su obligación de brindar protección a las personas desplazadas 51 3.3.2. La Corte Constitucional determinó la existencia de fallas estructurales en la protección a la vida e integridad de la población desplazada 55 3.3.3. El gobierno ha adoptado medidas contrarias a los derechos a la vida y la integridad de la población desplazada 573.4. El incremento de la asignación presupuestal para la atención al desplazamiento no se ha traducido en el goce efectivo de los derechos de la población desplazada 593.5. El gobierno ha concentrado sus esfuerzos en el diseño de indicadores que le permitirían alegar la supuesta superación de la condición de persona desplazada 643.6. El Congreso de la República aprobó una ley que declaró el año de los derechos de las personas desplazadas, pero que contiene aspectos contrarios a los derechos de esta población 703.7. El gobierno no ha cumplido sus obligaciones legales de atención a la población desplazada ni la sentencia T-025 de 2004 72Capítulo 4.El Estado carece de una política de prevención de lascausas de desplazamiento forzado 774.1. La función preventiva del Sistema de Alertas Tempranas se encuentra distorsionada como consecuencia de su falta de independencia 804.2. La política de “seguridad democrática” es contraria a la obligación estatal de protección contra el desplazamiento forzado 81Capítulo 5.El sistema oficial de registro subestima la magnitud deldesplazamiento forzado 85 5.
Capítulo 6.La vulneración del derecho a la restitución de losbienes de las víctimas del desplazamiento es una de laspeores manifestaciones de la impunidad 916.1. El gobierno no ha cumplido con sus obligaciones de protección de las tierras de la población desplazada 95 6.1.1. La ruta de protección individual de tierras ha sido escasamente aplicada 97 6.1.2. Las autoridades locales no han aplicado la ruta de protección colectiva de las tierras de la población desplazada 986.2. Los derechos de las mujeres rurales y los poseedores de tierras se encuentran desprotegidos 1016.3. El derecho al territorio de las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas en situación de desplazamiento ha sido objeto de frecuentes vulneraciones 1046.4. El Estado no ha ofrecido garantías para el derecho a la restitución de los bienes a la población en situación de desplazamiento 1056.5. El gobierno promueve proyectos de reconciliación forzada en las tierras usurpadas a las víctimas del desplazamiento forzado 1176.6. El Estado ha adoptado iniciativas legislativas que vulneran el derecho a la tierra y a la restitución de los bienes de la población en situación de desplazamiento 118Capítulo 7.El delito de desplazamiento forzado continúa en laimpunidad 125Capítulo 8.La política pública de atención y prevención deldesplazamiento forzado no ha incluido medidasespeciales dirigidas a proteger los derechos de lasmujeres en situación de desplazamiento 1298.1. El Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada no garantiza los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento 131 6.
8.2. Las autoridades y entidades públicas no han implementado medidas para garantizar los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento 1338.3. La política de atención a la población desplazada no ha superado la fase de formulación en cuanto al enfoque diferencial de género 135Capítulo 9.El gobierno no ha actuado en correspondencia con lacooperación técnica que ha recibido de la comunidadinternacional para responder al desplazamientointerno 1399.1. El gobierno solicita apoyo internacional para responder al desplazamiento forzado por medio de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico 1439.2. El gobierno propone a la cooperación internacional colocar la asistencia a las víctimas del desplazamiento al servicio de su política de defensa y seguridad democrática 1469.3. La propuesta gubernamental a la cooperación internacional desconoce las recomendaciones de los órganos especializados en derechos humanos y desplazamiento 1479.4. El gobierno desconoce la condición de víctimas de las personas desplazadas y solicita apoyo internacional para asistirlas a través de programas para la pobreza y la reinserción de combatientes 1489.5. Las solicitudes de cooperación excluyen los derechos de las víctimas del desplazamiento a la verdad, la justicia y la reparación 1499.6. El gobierno busca el apoyo internacional para fortalecer la institucionalidad bélica, en detrimento de los derechos humanos y el derecho humanitario 149Capitulo 10.Solicitudes al Representante Especial 151Bibliografía 155 7.
PresentaciónEl desplazamiento forzado de personas es una de las manifestacionesmás graves de la crisis de derechos humanos y de derecho humanitarioen Colombia. En los últimos 13 años, los órganos de vigilancia de lostratados, así como otros órganos de Naciones Unidas se han pronunciadoacerca del desplazamiento forzado y han brindado cooperación técnicaal Estado colombiano. No obstante, el fenómeno del desplazamiento hacontinuado creciendo y se ha hecho cada vez más crítica la vulneraciónde los derechos de la población desplazada.El propósito de este documento es brindar al Representante Especial delSecretario General sobre los derechos humanos de las personas internamentedesplazadas, Señor Walter Kälin, información y elementos de análisis parafacilitar su labor de monitoreo a la aplicación de las recomendaciones de suinforme de misión a Colombia realizada en junio de 20061.Luego de la visita del Representante muchos aspectos del desplazamientoforzado han evolucionado, razón por la cual la sección inicial de esteinforme presenta un panorama de la evolución del desplazamientointerno desde julio de 2006 hasta noviembre de 2007.En las secciones siguientes, el documento presenta el estado decumplimiento por parte del Estado colombiano de las recomendacionesformuladas por el Representante, especialmente con relación al desarrollode la política pública sobre desplazamiento interno; las medidas paraprevenir las causas del desplazamiento; el sistema oficial de registrode población desplazada; la restitución de las tierras a las personasdesplazadas; la actuación de la justicia frente al delito de desplazamientoy los derechos de los sectores más vulnerables de la población desplazada.En la sección final, el informe se ocupa de la cooperación brindada porlas Naciones Unidas y de las demandas del Estado colombiano a la 9 .......comunidad de donantes. Comisión Colombiana de Juristas1 Naciones Unidas, Informe presentado por el Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Sr. Walter Kälin, Adición Misión a Colombia, Consejo de Derechos Humanos, cuarto período de sesiones, Tema 2 del programa provisional, A/HRC/4/38/ Add.3, 24 de enero de 2007. 8.
Capítulo 1.El desplazamiento forzado en Colombia continúa creciendo 9.
D esde la fecha de la misión del Representante Especial a Colombia diversos aspectos cualitativos y cuantitativos del desplazamiento interno han evolucionado. A continuación se analizan los aspectoscentrales de dicha evolución.La oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Refugiados–ACNUR- reconoció la en 2007 la existencia de tres millones depersonas desplazadas en el país2, la población desplazada más numerosadel hemisferio occidental y la segunda población desplazada del mundodespués de Sudán3. En los últimos años el desplazamiento forzado enColombia ha mantenido su tendencia creciente. ACNUR estima queen el período comprendido entre 2003 y 2006 se han desplazado unpromedio de 200 mil personas por año4. Las cifras oficiales sobrevíctimas de desplazamiento en Colombia han sido cuestionadas por elalto porcentaje de subregistro. En el período comprendido entre el año2006 y finales de 2007, el número de personas desplazadas registradaspor el Gobierno aumentó en 366.9405.Los desplazamientos individuales siguen siendo predominantes. Sinembargo, en el año 2007 se presentaron importantes desplazamientosmasivos, que afectaron especialmente a los pueblos indígenas y a lascomunidades afrocolombianas. 13 ....... ACNUR, Balance de la Política Pública para la Atención Integral al Desplazamiento Forzado en Comisión Colombiana de Juristas2 Colombia Enero 2004 – abril 2007, Bogotá D. C. Colombia, agosto de 2007, pág. 51.3 UNHCR, 2006 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons, June 2007, Revised 16 July 2007, page 170.4 ACNUR, citado supra en Nota 2, pág. 37.5 Cifra registrada según criterios de inclusión y exclusión de personas desplazadas aplicados en el registro gubernamental, a cargo de Acción Social, en: http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/ publicacion%20dic%2031%20de%202007.htm 10.
El desplazamiento masivo de las comunidades afrocolombianas en Nariño En febrero y marzo de 2007, la zona alta del río Tapaje (departamento de Nariño) fue objeto de seis operativos aéreos de fumigación que destruyeron los cultivos de la población campesina6. Semanas después, se efectuaron combates entre la guerrilla de las Farc y la fuerza pública provocando el desplazamiento de aproximadamente 1.400 familias7. Los retenes de la fuerza pública en el río Tapaje limitaron la libertad de circulación a las comunidades, así como el ingreso de alimentos y combustible y dificultaron la asistencia de las familias desplazadas que se encontraban en la parte media y alta del río8. La presencia de grupos paramilitares en los territorios afrocolombianos localizados cerca del río Tapaje agravó la magnitud de desplazamientos masivos en los municipios de El Charco y La Tola, localizados en la Costa Pacífica Norte del departamento de Nariño. A mediados de abril, alrededor de 1.400 familias se encontraban desplazadas en el casco urbano de El Charco9. Según ACNUR, el 20 de abril de 2007 habían llegado a El Charco más de 7.200 personas desplazadas desde la parte alta del río Tapaje10. El Defensor del Pueblo hizo un llamado a no subestimar la gravedad de estos desplazamientos masivos, pues no se estaban tomando las medidas de protección necesarias a favor de la población, algunos de los retornos registrados se estaban desarrollando sin acompañamiento oficial ni asistencia humanitaria11. Días después, el alcalde de El Charco denunció que la asistencia humanitaria proveniente del nivel central era insuficiente. Para finales de abril de 2007, muchos de los habitantes de la zona se encontraban atrapados en medio de los combates y se resistían a retornar hasta tanto cesaran los enfrentamientos armados. Otras familias desplazadas se dirigieron hacia municipios cercanos localizados sobre la Costa Pacífica. En mayo, el presidente Álvaro Uribe anunció una visita a El Charco, durante la cual promovería los 6 El Charco: desplazamiento y comunidades en riesgo en medio de la confrontación militar, Equipo de Derechos Humanos Proceso de Comunidades Negras en Colombia – PCN-, abril 9 de 2007. 7 “Procuraduría pide a Gobierno que brinde atención inmediata a 7.000 desplazados de Nariño y Putumayo”, diario El Tiempo, 12 de abril de 2007 en http://www.eltiempo.com; Sigue éxodo en La Tola y El Charco, diario El Colombiano, 12 de abril de 2007 en http://www.elcolombiano.com; 14 Alcalde reitera urgente llamado para ayudar a los desplazados, Diario del Sur en http:77www........ diariodelsur.com.co 8 Comunicado público sobre la situación humanitaria de El Charco, Proceso de Comunidades Negras en Comisión Colombiana de Juristas Colombia -PCN-, miércoles 04 de abril de 2007. 9 Pueblo en Colombia duplica su población por afluencia de desplazados, ACNUR Colombia, 20 de abril de 2007 en http://www.acnur.org/index.php?id_pag=6291 10 Ibídem. 11 Defensoría del Pueblo advierte incremento de desplazamiento forzado, Comunicado de prensa, 9 de abril, 2007. 11.
cultivos de palma aceitera en reemplazo de los de coca12. Éste propósito resulta contrario a los derechos de las comunidades afrocolombianas, especialmente porque en ese caso padecen una situación de emergencia humanitaria, y porque desconoce el derecho a la consulta, reconocido en el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que fue suscrito por el Estado colombiano y es parte del bloque de constitucionalidad. Un censo adelantado por la administración municipal de El Charco en agosto de 2007, reportó cerca de 10.000 personas desplazadas en el caso urbano.Todas las partes involucradas en el conflicto armado han tenidoresponsabilidad en los desplazamientos forzados. Los grupos guerrilleroscontinuaron infringiendo las normas del derecho humanitario y causandodesplazamientos.Losgruposparamilitares,supuestamentedesmovilizados,emplearon nuevas modalidades de violaciones a los derechos humanos ysiguieron forzando desplazamientos de población. Entre tanto, algunasacciones de la fuerza pública provocaron desplazamientos, no solo por suactitud omisiva con los grupos paramilitares, sino porque en desarrollo desus operaciones afectaron directamente la vida, la integridad y los bienesde la población civil, obligando a esta última a desplazarse.Los siguientes casos de desplazamiento masivo son algunos de los queocurrieron con posteridad a la misión del Representante Especial13:a. En julio de 2006 ocurrió el desplazamiento de 1.677 indígenas Awa originado por combates entre el Ejército Nacional y la guerrilla de las Farc en zona rural del municipio de Ricaurte (Nariño)14. El 9 de agosto de 2006 ocurrió el homicidio de 5 indígenas en el casco urbano de Altaquer (Nariño) y amenazas a 21 líderes15. El terror generado por estos hechos forzó el retorno de los indígenas.12 “El presidente Uribe irá a El Charco, en el Pacífico”, diario El Tiempo, mayo 5 de 2007, pág. 1-4. Para mayor información, consultar el texto “Palabras del presidente Uribe en el Consejo Comunal en Pasto”, Pasto (Nariño), 5 de mayo de 2007, en: http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/ mayo/05/03052007.html 1513 Procuraduría General de la Nación, Observaciones del Procurador General de la Nación sobre el ....... Informe de atención a las victimas de desplazamientos recientes en relación con las víctimas de Comisión Colombiana de Juristas desplazamientos masivos posteriores a la sentencia T-025 de 2004 y los autos 176, 177 y 178 de 2005, Bogotá, 2005, págs. 215 a 231.14 “Monitoreo permanente a desplazados en Ricaurte, realiza el gobierno”, ACNUR Colombia, 24 de julio de 2006 en http://www.acnur.org/index.php?id_pag=538715 “Indígenas conmemoraron su día de la peor manera”, diario El Colombiano, en http://www. elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/I/indigenas_conmemoraron_su_dia_de_la_peor_manera/ indigenas_conmemoraron_su_dia_de_la_peor_manera.asp 12.
b. Desplazamiento de 1.219 personas de las veredas Cristales, La Reina, Villa Hermosa, La Beiba, El Porvenir, La Gallera, San Vicente, Jardines, Buena Vista, Reudales, Guayaquil y El Diamante hacia el Corregimiento de Florencia, municipio de Samaná (Caldas) el 26 de julio de 2006, a causa de presiones del Ejército y ordenes de la guerrilla de las Farc16. c. A consecuencia de presiones ejercidas por el Frente 47 de las Farc se desplazaron 374 familias desplazadas (1.143 personas) el 2 de agosto de 2006 de 13 veredas del municipio de Nariño (Antioquia)17. d. 1.617 personas desplazadas de 27 veredas del municipio de Argelia (Antioquia) el 4 de agosto de 2006. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, previamente hubo fumigaciones y enfrentamientos con la Fuerza Pública. Sin embargo, el desplazamiento no fue inscrito en el Registro Único de Población Desplazada18. e. Desplazamiento de las comunidades afrocolombianas del Alto Tapaje, en los municipios de El Charco y La Tola (Nariño)19, ocasionado por fumigaciones aéreas acompañadas de operaciones militares de la Fuerza Pública y posteriores combates entre esta y guerrilleros de las Farc. f. Desplazamientos causados por combates ocurridos en diciembre entre las guerrillas de las Farc y el Eln. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR- 433 familias (unas 2.000 personas) se vieron obligadas a desplazarse hacia los cascos urbanos de Saravena, Arauquita, Fortul y Tame (Arauca). Estos desplazamientos incluyeron a 44 familias Guahibos-Managua, del resguardo indígena La Esperanza20. 16 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, AUTO N° 333 de 2006, Referencia: Sentencia T-025 de 2004 y Autos 176, 177 y 178 de 2005, pág. 123 en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4769.pdf 16 17 Ibídem........ 18 Ibídem. Equipo de Derechos Humanos Proceso de Comunidades Negras en Colombia – PCN-, citado supra Comisión Colombiana de Juristas 19 en Nota 6; “Procuraduría pide a Gobierno que brinde atención inmediata a 7.000 desplazados de Nariño y Putumayo”, diario El Tiempo, 12 de abril de 2007 en www.eltiempo.com; “Sigue éxodo en La Tola y El Charco”, diario El Colombiano, 12 de abril de 2007 en www.elcolombiano.com; “Alcalde reitera urgente llamado para ayudar a los desplazados”, Diario del Sur en www.diariodelsur.com. co.; Proceso de Comunidades Negras –PCN-, citado supra en Nota 8; ACNUR citado supra en Nota 9. 20 “Colombia: grave situación para unas 2.000 personas desplazadas en Arauca”, Comunicado de prensa 08/7, Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR, Bogotá, 17 de enero de 2008. 13.
Además del incremento del desplazamiento, el gobierno no ha cumplidolas disposiciones de la Corte Constitucional para garantizar los derechosde la población desplazada, razón por la cual persiste el estado de cosasinconstitucional en esta materia, tal como se analizará en siguientessecciones.Uno de los problemas estructurales que impide las soluciones duraderasa la situación de desplazamiento es la impunidad sobre el delito dedesplazamiento forzado y la violación a los derechos a la verdad, lajusticia y la reparación, en especial por la falta de restitución de losbienes abandonados y usurpados a la población desplazada. 17 ....... Comisión Colombiana de Juristas 14.
Capítulo 2. Las partes del conflicto armado desconocen el principio de distinción entre civiles y combatientes y causan desplazamientos forzadosFoto: Juan Manuel Bustillo 15.
C on relación a las infracciones al derecho humanitario como causa del desplazamiento, el Representante Especial recomendó:a. A todos los actores armados: i) Respetar las obligaciones establecidas en el derecho internacional humanitario, en particular la neutralidad militar intrínseca de los civiles, y abstenerse de ejercer presiones sobre ellos; ii) Principio de distinción: No poner en peligro la seguridad de los civiles violando el y utilizando instalaciones civiles para fines militares; iii) Respetar las decisiones y las políticas de las comunidades que desean permanecer neutrales en el conflicto armado, como medio de protección.b. Al Gobierno: i)Enfoque participativo que tenga en cuenta el interés superior de las poblaciones afectadas cuando se adoptan decisiones sobre los medios que han de utilizarse en la lucha contra los cultivos ilícitos21.Las partes del conflicto armado no atendieron las anterioresrecomendaciones, puesto que cometieron numerosas infraccionesal derecho humanitario, desconociendo el principio de distinción ycausando desplazamientos forzados.Durante 2006, el Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR- documentó390 desapariciones; 274 a ejecuciones sumarias y 122 toma de rehenes,para un total de 1.217 infracciones al derecho humanitario22. 21 .......En ese año, las amenazas de muerte, los enfrentamientos, la muerte de Comisión Colombiana de Juristasfamiliares, la presión para colaborar con diferentes partes del conflictoy las restricciones a los bienes básicos provocaron desplazamientos21 Naciones Unidas, citado supra en Nota 1, párr. 76.22 Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR-, Informe Anual 2006 Colombia, págs. 31 y 32. 16.
forzados en diferentes lugares del país, como Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño, afectando especialmente a los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas. En los casos masivos de desplazamiento que el CICR asistió en 2006, identificó como causas amenazas de muerte (30%), enfrentamientos armados (20%), la muerte de familiares (15%), presión para colaborar (13%) y las restricciones al acceso a bienes básicos (6%). De otra parte, el CICR encontró que los desplazamientos individuales fueron originados en amenazas de muerte (60%), amenazas de reclutamiento forzado (8%), presión para colaborar (7%) y enfrentamientos armados (8%)23. 22....... Comisión Colombiana de Juristas 23 Ibídem, págs. 17 y 18. 17.
Capítulo 3. El gobierno no ha implementado una política especial de atención al desplazamiento forzado que garantice los derechos humanos de la población desplazadaFoto: Diego Peña 18.
E l desarrollo normativo alcanzado en Colombia para proteger los derechos de las personas de las personas desplazadas y definir las respectivas obligaciones estatales ha sido ampliamente reconocido.A la vez ha sido reiteradamente cuestionada la falta de decisión de lasautoridades nacionales y locales para dar efectiva aplicación a la ley y laspolíticas públicas en la materia. Tomando en cuenta el precario estado deaplicación de la normatividad, el Representante Especial recomendó:a. Reforzar la Ley Nº 387 de 1987 y, adoptar las siguientes medidas:b. Elaborar criterios e indicadores cualitativos que permitan a los funcionarios públicos en los ámbitos regional y municipal aplicar la política estatal sobre el desplazamiento interno, de conformidad con sentencia T-025/04 y los Autos 176, 177 y 178 de agosto de 2005, y 218 de agosto de 2006.c. Proporcionar los medios necesarios para la aplicación de la política y asignar, con carácter prioritario, partidas presupuestarias adicionales, en particular para fortalecer el apoyo a los mecanismos encargados de proteger los derechos humanos de los desplazados internos”24.Con relación a los contrapesos y salvaguardias existentes en Colombia,el Representante recomendó que el Gobierno:a. Mantenga y aumente la posibilidad de que los desplazados internos presenten acciones de tutela a la Corte Constitucional, y que dé pleno cumplimiento a las sentencias de la Corte al respecto;Esta sección del informe trata aspectos de la aplicación de la ley 387 de 1997por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamientoforzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 25 .......socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la Comisión Colombiana de JuristasRepública de Colombia, lo mismo que las acciones adoptadas en el marcodel proceso de la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional.24 Naciones Unidas, citado supra en Nota 1, párr. 73. 19.
A partir de 2004, gran parte de las medidas de la política pública han sido resultado del proceso de la sentencia T-025 de 2004, sin el cual el fenómeno del desplazamiento habría estado en un lugar secundario de la agenda gubernamental. A través de los autos de seguimiento, la Corte Constitucional ha mantenido el seguimiento a la manera como el Gobierno ha actuado en relación con las órdenes de dicha sentencia, pudiendo determinar que las medidas adoptadas no han sido suficientes para superar el estado de cosas inconstitucional con respecto a los derechos de la población desplazada. En el seguimiento la Corte ha consultado los informes presentados por los organismos del Ministerio Público, y por algunas organizaciones de población desplazada y ONG de derechos humanos. 3.1 El gobierno no ha aplicado cabalmente la ley 387 y no ha cumplido las órdenes de la Corte Constitucional En agosto de 2006, la Corte Constitucional expidió el auto 218, en el cual concluyó que el Gobierno no había demostrado haber dado cumplimiento de la sentencia T-025, ya que, “a pesar de que se ha informado a la Corte sobre ciertos avances importantes en áreas críticas de la política de atención a la población desplazada, no se ha demostrado que se haya superado el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T/025 de 2004, ni que se esté avanzando en forma acelerada y sostenida hacia su superación”25. Los informes del Gobierno daban cuenta de avances puntuales en algunas áreas de dicha política, pero no demostraban la existencia de garantías para los derechos de esta población. En consecuencia, la Corte Constitucional ordenó adoptar “correctivos urgentes e inmediatos para garantizar que se avance en la superación de dicho estado de cosas inconstitucional con respecto a los derechos de las víctimas del desplazamiento”26. En dicha oportunidad, la Corte identificó la existencia de serias 26 falencias en diez áreas críticas de la política de atención a la población....... desplazada: Comisión Colombiana de Juristas 25 Corte Constitucional, Auto 218 de 2006 Verificación de las medidas adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del desplazamien- to interno, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 26 Ibídem. 20.
“(1) la coordinación general del sistema de atención a la población desplazada; (2) las actividades de registro y caracterización de la población desplazada en el país; (3) el aspecto presupuestal de la política de atención a la población desplazada, tanto en su formulación como en su proceso de ejecución material; (4) la ausencia general de indicadores de resultado significativos basados en el criterio del “goce efectivo de los derechos” de la población desplazada en todos los componentes de la política, a pesar del avance de algunas entidades al respecto; (5) la falta de especificidad en la política de atención a la población desplazada, en sus diferentes manifestaciones; (6) la desprotección de los grupos indígenas y afrocolombianos, especialmente afectados por el desplazamiento interno en los últimos meses; (7) la escasa seguridad para los procesos de retorno de la población desplazada a sus tierras; (8) la falta de diferenciación entre la atención recibida por los desplazados recientes frente a quienes se desplazaron antes de la adopción de la sentencia T-025 de 2004 y los Autos 176, 177 y 178 de 2005; (9) la deficiente coordinación de las labores adelantadas por las entidades territoriales por parte del Ministerio del Interior y de Justicia; y (10) la ausencia de un enfoque de prevención dentro de la política pública de atención a la población desplazada, y en particular dentro de las operaciones militares y de seguridad adelantadas por el Estado”27.Las falencias de la política pública mencionadas no han sido resueltas,puesto que las acciones del Consejo Nacional de Atención Integrala la Población Desplazada –CNAIPD- básicamente han consistidoen la expedición de una serie de acuerdos y directivas28 que no han 27 ....... Comisión Colombiana de Juristas27 Corte Constitucional, citado supra en Nota 25.28 El CNAIPD ha expedido el Acuerdo 03 de 2006 Por el cual se definen acciones para garantizar el de- recho a la población desplazada a ser protegida contra prácticas discriminatorias y el Acuerdo 08 de 2007 Por el cual se adoptan medidas tendientes a evidenciar y profundizar las acciones diferenciales existentes dentro de la política pública de atención a la población en situación de desplazamiento. 21.
conducido a garantizar el disfrute de los derechos de las víctimas del desplazamiento. En muchos casos dichas documentos de política no han sido formulados de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho humanitario. En noviembre de 2006, la Corte Constitucional concluyó que debía evaluarse el acatamiento de las órdenes de la sentencia T-025 por parte de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-; el Ministerio del Interior y de Justicia y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. 3.1.1 Acción Social es responsable de cinco omisiones en materia de atención a la población desplazada La Corte Constitucional decidió que cinco aspectos de la política bajo responsabilidad de la agencia presidencial Acción Social debían ser objeto de evaluación, sobre los que se presentaron solicitudes de apertura de desacato29: a) registro y caracterización de la población desplazada; b) protección del derecho a la subsistencia mínima mediante la provisión de ayuda inmediata y asistencia humanitaria de emergencia; c) garantías para el retorno y el restablecimiento; d) coordinación general del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD-; y e) participación de la población desplazada. 3.1.2 La asistencia humanitaria de emergencia no es provista oportunamente por las autoridades y no cubre las necesidades de la población desplazada En cuanto a la obligación primaria del Estado colombiano de brindar asistencia humanitaria a las personas desplazadas, el Representante recomendó: “a.Medios de acelerar el proceso de registro o proporcionar alguna forma de asistencia provisional en los casos que no son 28....... El incidente de desacato forma parte de la acción de tutela. Para imponer la sanción por desacato a Comisión Colombiana de Juristas 29 un fallo de tutela, se requiere que la orden haya sido dirigida a la persona a la que se sanciona por su incumplimiento, y debe existir certeza del conocimiento que ella tuvo de la orden y que habiéndola conocido la incumplió sin una causa justificada. El ordenamiento penal colombiano exige siempre la culpabilidad del agente como resultado de una acción u omisión suya ejecutada dolosa o culposamente. Siempre que se trate de aplicar una sanción de índole innegablemente penal, como lo es la privación de la libertad debido a un arresto, resulta insoslayable determinar si el sancionado en realidad desacató la orden judicial. Corresponde definir el desacato al Juez de tutela de primera instancia. 22.
manifiestamente infundados, así como disposiciones y planificación para imprevistos, en lugar de acciones reactivas, a fin de acortar los plazos hasta que llegue la asistencia del Estado. b. Enfoque participativo con los desplazados internos para determinar cuáles consideran como sus necesidades más apremiantes. c. Enfoque diferenciado a la asistencia prestada a las personas y comunidades con necesidades específicas, como las familias numerosas, los ancianos y las comunidades indígenas y afrocolombianas. d. Renovar la asistencia a las víctimas del desplazamiento interurbano e intraurbano aun si ya han recibido asistencia después de su primer desplazamiento” 30.La sentencia T-025 de 2004 señala que la asistencia humanitaria secaracteriza por la baja cobertura y la demora en su entrega, especialmenteen los desplazamientos individuales. Dicho fallo también advierte queel período de transición entre la prestación de atención humanitariade emergencia y la estabilización socioeconómica es excesivamentedemorado y la entrega de la asistencia humanitaria no se hace deacuerdo con las necesidades objetivas de las personas desplazadas, sinodel plazo fijado de tres meses.Aunque es uno de los componentes de la política pública que dispone demayores recursos, la entrega de asistencia humanitaria de emergenciaa la población desplazada aún presenta problemas. En noviembre de2006, la Corte Constitucional ordenó remitir al Juzgado Quinto Civildel Circuito de Bogotá, las solicitudes de apertura de incidente dedesacato por incumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-025 de2004 y de los Autos 178 de 2005, 218 y 266 de 2006, con el fin de quedicho Juzgado considere la procedencia de abrir incidentes de desacatocontra los contratistas y funcionarios de Acción Social responsablesde diversas áreas de la política de atención a la población desplazada,entre las que se encuentra la “protección del derecho a la subsistenciamínima mediante la provisión de ayuda inmediata y ayuda humanitaria 29 .......de emergencia, tanto en términos generales como a las víctimas de Comisión Colombiana de Juristasdesplazamientos recientes en particular”31.30 Naciones Unidas, citado supra en Nota 1, párr. 78.31 Corte Constitucional, citado supra en Nota 25. 23.
Los criterios aplicados por Acción Social para proveer asistencia humanitaria no han sido ajustados de manera que faciliten el acceso de la población desplazada a la misma. Los criterios de dicha agencia presidencial son: “1. Haber sido incluido en el Registro Único de Población Desplazada - RUPD - 2. No haber recibido Asistencia Humanitaria de Emergencia por parte de ninguna otra entidad gubernamental o no gubernamental”32. Estos criterios significan discriminación para la franja de población desplazada que no ha logrado la inscripción en el registro y para aquella que recibe asistencia humanitaria no gubernamental, con lo cual Acción Social persiste en su política de hacer recaer la responsabilidad de la asistencia de las víctimas del desplazamiento sobre las organizaciones humanitarias no gubernamentales, incluso sobre aquellas que no han establecido convenios con el gobierno. El gobierno ha logrado que una parte importante de la asistencia humanitaria sea brindada por la comunidad internacional, a través de Convenios y de su enfoque de “responsabilidad compartida”. Mediante los convenios, Acción Social busca “coordinar los esfuerzos y optimizar las ayudas entre las entidades humanitarias nacionales e internacionales”33. Por ejemplo, el documento de entendimiento suscrito entre Acción Social y el CICR comprende la asistencia por parte de este organismo a las personas desplazadas con tres meses de anterioridad en los doce municipios donde están localizadas sus oficinas y a los desplazamientos masivos, donde ocurran. Asímismo, la Operación Prolongada de Socorro y Recuperación -OPSR-, una iniciativa del Programa Mundial de Alimentos -PMA- creada para responder a la situación humanitaria en Colombia y buscar 30 soluciones a la problemática alimentaria de la población desplazada,....... funciona a través de las agencias gubernamentales Acción Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar34. Comisión Colombiana de Juristas 32 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en http: //www.accionso- cial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=295&conID=1935&pagID=3180 33 Ibídem. 34 Ibídem. 24.
Con relación a la forma como Acción Social provee la asistenciahumanitaria a las personas desplazadas, la Corte Constitucional decidióla inconstitucionalidad del término temporal de tres meses de la entregade la asistencia humanitaria, lo mismo que las condiciones establecidaspara su prórroga, declarando inexequibles los términos “máximo”y 35“excepcionalmente por otros tres (3) más36”, contenidas en elparágrafo del artículo 15 de la ley 387 de 1997. Así mismo la Cortedeclaró “EXEQUIBLE el resto del parágrafo, en el entendido que eltérmino de la atención humanitaria de emergencia previsto en esadisposición será prorrogable hasta que el afectado esté en condicionesde asumir su autosostenimiento”37.No obstante, este fallo de la Corte aún no ha tenido los efectos esperados.En mayo de 2007, la Procuraduría General de la Nación informó acercade serios problemas en la prestación de la asistencia humanitaria afamilias desplazadas en Bogotá, quienes habían rendido declaraciónsobre su desplazamiento en 2006 y sobre los inconvenientes presentadospara obtener las prórrogas de dicha asistencia humanitaria38. Mesesdespués, nuevamente la Procuraduría reportó que en “muchos casossimilares en todo el país, sobre los cuales hemos reclamado a AcciónSocial, recibiendo como respuesta justificaciones inaceptables talescomo, entre otras, que a los desplazados de la Tola y el Charco no hanpodido entregarles todavía las ayudas oportunamente, por el volumenrequerido y las dificultades de transporte. Y eso, para atender a unapoblación que se desplazó masivamente el 22 de marzo. Y, cuatro mesesdespués, no han podido consolidar un plan para la atención oportuna”.Hemos hecho numerosos requerimiento a Acción Social por demorasen la atención humanitaria sin que veamos respuesta positiva para lapoblación desplazada, lo cual contradice la legislación vigente, situaciónque se presenta más grave de cara a lo ordenado en la sentencia C-27835 La ley 387 de 1997 Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia, en el parágrafo del artículo 15 señalaba que “la atención 31 humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables excep- ....... cionalmente por otros tres (3) más”. Comisión Colombiana de Juristas36 Corte Constitucional, Sentencia C-278/07, Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 15 (pa- rágrafo) y 18 (parágrafo) de la Ley 387 de 1997, “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia de la República de Colombia”. M. P.: Nilson Pinilla Pinilla.37 Ibídem.38 Procuraduría General de la Nación, “Décimo informe de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004”, mayo 8 de 2007, en http://www.procuraduria.gov.co/html/publicaciones/informesydocumentos.htm 25.
de esa alta corporación, que ordena mantener la atención humanitaria hasta cuando el desplazado haya logrado su restablecimiento. Hemos enviado a esa entidad también un requerimiento porque en varios casos de demoras en la atención humanitaria y en las prórrogas han entregado información contraria a los hechos. Hemos hecho numerosos requerimiento a Acción Social por demoras en la atención humanitaria sin que veamos respuesta positiva para la población desplazada, lo cual contradice la legislación vigente, situación que se presenta más grave de cara a lo ordenado en la sentencia C-278 de esa alta corporación, que ordena mantener la atención humanitaria hasta cuando el desplazado haya logrado su restablecimiento”39. Según personas desplazadas entrevistadas por la Comisión Colombiana de Juristas en julio de 2007 en Buenaventura, 52 familias desplazadas de El Charco (Nariño), en mayo de ese año. Aún en julio de 2007 no habían sido inscritas en el registro de Acción Social En Buenaventura la respuesta gubernamental al desplazamiento intraurbano ha consistido en la instalación de “ollas comunitarias”40 en los barrios expulsores, al tiempo que las personas desplazadas enfrentan serios obstáculos para lograr la inscripción en el registro y para recibir asistencia humanitaria de emergencia, puesto que los funcionarios de Acción Social consideran que estos casos corresponden a una situación pasajera41. En relación con el incumplimiento de las obligaciones de Acción Social anteriormente mencionadas, la Corte Constitucional resolvió: “ORDENAR que por Secretaría General se remitan al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá, las solicitudes de apertura de incidente de desacato por incumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004 y de los Autos 178 de 2005, 218 y 266 de 2006 y el informe de evaluación del Procurador General 39 Ibídem. 32 40 La “Olla Comunitaria” es una iniciativa de las comunidades para satisfacer las necesidades alimen-....... tarias básicas en situaciones de carencia. El Programa de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Colombia, cita como un ejemplo de esta práctica la experiencia desarrollada por la Comisión Colombiana de Juristas Asociación de Desplazados del Chocó -Adacho- en 2001, en http: //www.saliendodelcallejon.pnud.org. co/img_upload/6d6b6f7338396468346236633233737a/Cartografia_de_la_esperanza.pdf. Actualmen- te, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional implementa la “olla comunitaria” dentro de sus políticas de atención humanitaria a familias en desplazamiento forzado, en http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=127&conID=844 41 Comisión Colombiana de Juristas, Informe de visita a Buenaventura realizada del 24 al 27 de julio de 2007. 26.
de la Nación que hace parte del expediente de seguimiento a esta sentencia, con el fin de que dicho Juzgado considere la procedencia de abrir incidentes de desacato contra los contratistas y funcionarios de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional mencionados en los apartados II-6, III-6, IV-5 y V-3, responsables de las áreas de (a) registro y caracterización de la población desplazada, (b) protección del derecho a la subsistencia mínima mediante la provisión de ayuda inmediata y ayuda humanitaria de emergencia, tanto en términos generales como a las víctimas de desplazamientos recientes en particular, (c) garantía del derecho al retorno y restablecimiento, (d) coordinación general del sistema nacional de atención a la población desplazada y (e) participación de la población desplazada en la adopción de las decisiones que la conciernen”42.3.1.3 El Ministerio del Interior y de Justicia ha incumplido sus obligaciones de coordinación de la política de atención a la población desplazadaCon la finalidad de promover que las autoridades territoriales se hicierancargo de su responsabilidad, la sentencia T-025 de 2004 había ordenadoal Ministerio del Interior y de Justicia promover “que los gobernadoresy alcaldes a que se refiere el artículo 7º de la Ley 387 de 1997, adoptenlas decisiones necesarias para asegurar que exista coherencia entrelas obligaciones, constitucional y legalmente definidas, de atención ala población desplazada a cargo de la respectiva entidad territorialy los recursos que debe destinar para proteger efectivamente susderechos constitucionales. En la adopción de tales decisiones ofreceránoportunidades suficientes de participación efectiva a las organizacionesque representen los intereses de la población desplazada. Las decisionesadoptadas serán comunicadas al Consejo Nacional a más tardar el31de marzo de 2004”43. Más adelante, a través del Auto 177 de 2005, laCorte emitió órdenes puntuales para que “el Ministerio del Interior y deJusticia diseñara, implementara y aplicara prontamente una estrategia 33de promoción y de coordinación de esfuerzos nacionales y territoriales .......que condujera efectivamente a que las entidades territoriales asumieran Comisión Colombiana de Juristasun mayor compromiso tanto presupuestal como administrativo para42 Corte Constitucional, citado supra en Nota 16.43 Corte Constitucional, sentencia T-025 de 2004, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 27.
la atención a la población desplazada y la garantía efectiva de sus derechos”44. La promoción del compromiso de los alcaldes y gobernadores con la política de atención a la población desplazada no parece ser una prioridad para el Ministerio del Interior y de Justicia. Así se desprende del informe de gestión a septiembre de 2007 de la Dirección de Asuntos Territoriales y de Orden Público del Ministerio, documento que no reporta ninguna acción relacionada con la orden de la sentencia T-025 de 200445. La Corte Constitucional dictaminó que el Ministerio el Interior y de Justicia no había implementado acciones idóneas para avanzar adecuadamente en el cumplimiento de los distintos aspectos de dicha orden: “(a) la interpretación que ha hecho el Ministerio de su rol como promotor y coordinador de los esfuerzos nacionales y territoriales para la atención integral de la población desplazada, que es restrictiva y desconoce la posición central que ha de ocupar dicho Ministerio en los esfuerzos de coordinación, según se ordenó en el Auto 177 de 2005; (b) en particular, la referencia constante que se ha hecho a la autonomía de las entidades territoriales en tanto factor que obstaculiza la adecuada coordinación de los esfuerzos emprendidos por tales autoridades, desconociendo que se trata de un asunto de interés nacional que, por lo mismo y de conformidad con la jurisprudencia constitucional (sentencia C-579 de 2001) justifica un mayor nivel de intervención por las autoridades del nivel central; (c) el enfoque que se ha dado a la función de coordinación a cargo del Ministerio, que se ha centrado en el envío de comunicaciones y exhortos, la realización de discursos y conferencias, sin avanzar en acciones concretas de coordinación que den cumplimiento a lo ordenado; (d) el escaso análisis de la información aportada por las entidades territoriales respecto de su compromiso para la atención de la población desplazada; y (e) el retraso en la generación de indicadores que permitan evaluar tanto el avance de los entes 34....... territoriales en la superación del estado de cosas inconstitucional, Comisión Colombiana de Juristas 44 Corte Constitucional, auto 177 de 2005, Referencia: sentencia T-025 de 2004. Órdenes impartidas en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, para superar el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento interno forzado. M. P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 45 Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Asuntos Territoriales y de Orden Público, Informe de gestión - sep 2007, en http: /www.mininteriorjusticia.gov.co/adminFiles/GESTIÓN%20DE%20LA%20 DIRECCIÓN%20A%20SEPTIEMBRE%202007.2.doc 28.
como la efectividad de las labores de coordinación adelantadas por el Ministerio del Interior y de Justicia”46.En el mismo sentido, la Contraloría General de la Nación señaló que: “En el caso de la coordinación territorial, no se observa un papel de liderazgo por parte del Ministerio del Interior y de Justicia que permita complementar el accionar de los entes territoriales con el nivel central, situación que resulta preocupante, pues se requiere de la participación mancomunada de los mismos, con el propósito de alcanzar el logro de los objetivos propuestos para cada componente de la política pública”47.Frente a estas omisiones del Ministerio del Interior y de Justicia, la CorteConstitucional ordenó remitir “al Juzgado Quinto Civil del Circuitode Bogotá, las solicitudes de apertura de incidente de desacato porincumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004 y de losAutos 177 de 2005, 218 y 266 de 2006 y el informe de evaluación delProcurador General de la Nación que hace parte del expediente deseguimiento a esta sentencia, con el fin de que éste considere la aperturade un incidente de desacato contra la Directora de Orden Público yAsuntos Territoriales del Ministerio del Interior y de Justicia”48.3.1.4 Incoder incurrió en serias omisiones en cuanto a su obligación de garantizar el derecho a la tierra de la población desplazadaUn aspecto crítico de la política pública de atención a la poblacióndesplazada y de la sentencia T-025 de 2004 es el que concierne al derechoa la tierra. Con respecto a las obligaciones del Incoder, el ProcuradorGeneral de la Nación manifestó en 2006 que, después de dos años deproferida la sentencia T-025 de 2004, en cuanto a garantías para elderecho a la tierra de la población desplazada “no sólo no hay avances46 Corte Constitucional, auto 334 de 2006, Referencia: Sentencia T-025 de 2004 y Autos 177 de 2005, 218 35 y 266 de 2006. Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas al Ministro del Interior y de ....... Justicia en la sentencia T-025 de 2004 y en los Autos 177 de 2005, 218 y 266 de 2006 necesarias para Comisión Colombiana de Juristas superar el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno – remisión información para considerar apertura de incidente de desacato contra un funcionario del Ministerio del Interior y de Justicia. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.47 Contraloría General de la Nación, “Evaluación del Informe Conjunto de Cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos complementarios en relación con la Atención Estatal a la Población Despla- zada por la Violencia”, 2006.48 Corte Constitucional, citado supra en Nota 16. 29.
en este tema, sino que la regresividad es notoria”49. El esfuerzo realizado por el Incoder ha resultado insuficiente para garantizar el derecho a la tierra de la población desplazada y, de acuerdo con el Procurador, existe un “desentendimiento del Instituto en relación con la protección de bienes de la población desplazada y de una grave falencia en el sistema de registro de información de dicha institución”50. Adicionalmente, el Procurador manifestó que “las cifras conducen a establecer un grave rezago y un preocupante retroceso en la atención a la población desplazada por parte del Incoder”51. Ante las falencias en la política de tierras, la Corte Constitucional ordenó remitir al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá las solicitudes de apertura de incidente de desacato por incumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-025 de 2004 y de los Autos 178 de 2005, 218 y 266 de 2006 “con el fin de que éste considere la apertura de un incidente de desacato contra el Subgerente de Ordenamiento Social de la Propiedad y el Profesional Especializado de esa dependencia a cargo de las líneas de atención a la población desplazada dentro del Incoder”52. 3.2. Las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas enfrentan la falta de protección contra y durante el desplazamiento forzado Con respecto a las comunidades indígenas y afrocolombianas, y otros grupos altamente vulnerables el Representante Especial recomendó: “a. Aplicación de la política en materia de asistencia a las personas y comunidades indígenas así como la institucionalización de las consultas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en cuanto a las políticas y medidas para proteger a las comunidades indígenas desplazadas en riesgo. 49 Procuraduría General de la Nación, Sexto informe de la Procuraduría General de la Nación sobre el 36 cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia T – 025 de 2004 y los autos 176, 177 y 178 del....... 29 de agosto de 2005 y 218 y 266 de 2006, de la Corte Constitucional, 2006, pág. 49. Procuraduría General de la Nación, citado supra en Nota 13, pág. 17. Comisión Colombiana de Juristas 50 51 Procuraduría General de la Nación, citado supra en Nota 13, pág. 49. 52 Corte Constitucional, auto 335 de 2006 Auto N° 335 de 2006, Referencia: Sentencia T-025 de 2004 y Autos 177 de 2005, 218 y 266 de 2006. Verificación del cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-025 de 2004 y en los Autos 178 de 2005, 218 y 266 de 2006 para superar el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno – remisión información para considerar apertura de incidente de desacato contra un funcionario del Incide, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa. 30.
b. Aplicación de una política de asistencia diferenciada a las comunidades y personas indígenas y afrocolombianas que tenga en cuenta las tradiciones culturales, las autoridades tradicionales y su carácter colectivo. c. Adopción y aplicación de medidas efectivas para poner fin a la usurpación de sus tierras, para velar por su restitución y para evitar el uso de los resguardos para fines militares y de otra índole. d. Creación de canales y mecanismos que permitan a los grupos de personas altamente vulnerables iniciar consultas y participar en la determinación de soluciones y de formas de asistencia para atender a sus necesidades”53.3.2.1 Las medidas de atención al desplazamiento forzado de las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas no han sido implementadasEn la sentencia T-025 de 2004 la Corte Constitucional identificólas falencias de la política pública de protección de los derechosde la población desplazada presentes en el diseño y el desarrolloreglamentario de la política, en su implementación, la igual que en elseguimiento y evaluación de la política pública. Según la Corte, “nohan sido reglamentadas las políticas que faciliten el acceso a la ofertainstitucional a los grupos desplazados en situación de mayor debilidad,tales como las mujeres cabeza de familia, los niños, o los grupos étnicos.No existen programas especiales que respondan a las especificidadesde los problemas que aquejan a dichos grupos”54.Como pare de los Principios Orientadores del Plan Nacional de Atencióna la Población Desplazada, adoptado en 2005, se encuentra el EnfoqueDiferencial. En los objetivos específicos, el Plan transcribe el artículo10 de la ley 387 de 1997, que comprende, entre otros, un numeralcorrespondiente a los grupos étnicos: “8. Garantizar atención especial a las comunidades negras e indígenas sometidas al desplazamiento en correspondencia con sus usos y 37 ....... costumbres, y propiciando el retorno a sus territorios”55. Comisión Colombiana de Juristas53 Naciones Unidas, citado supra en Nota 1, párr. 84.54 Corte Constitucional, citado supra en Nota 43.55 Decreto 250 de 2005, Por el cual se expide El Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones, pág.8. 31.
El Plan Nacional también enuncia algunas medidas de prevención del desplazamiento de las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas: “Con el propósito de proteger los bienes patrimoniales de la población rural desplazada o en riesgo de desplazamiento, mediante el aseguramiento jurídico e institucional de los bienes afectados y el fortalecimiento del tejido social comunitario, se desplegarán acciones”56. Las acciones de prevención consignadas en el Plan incluyen algunas específicas para los indígenas y afrocolombianos, a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –Incoder-, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Superintendencia de Notariado y Registro, Acción Social y los Comités de Atención a la Población Desplazada: “9. Identificar mecanismos comunitarios, institucionales y jurídicos para la protección de los derechos colectivos sobre los territorios étnicos de los pueblos indígenas y las comunidades afro colombianas”57. Con relación a la cuestión de las tierras, el Plan anuncia que “[a] favor de las comunidades negras e indígenas se dará la constitución, ampliación y saneamiento de territorios étnicos y se promoverá la culminación de procesos de titulación de territorios colectivos de comunidades negras”58. No obstante, hasta el momento el gobierno no ha llevado a la práctica las formulaciones del Plan Nacional de Atención a la Población Desplazada relativas a la protección de los derechos de las comunidades afrocolombianas y los pueblos indígenas. En ese sentido, la Corte Constitucional advirtió en 2006 que: 38 “El desplazamiento de los grupos étnicos colombianos es una....... de las áreas en las que se ha detectado uno de los vacíos más Comisión Colombiana de Juristas preocupantes en la política de atención que se evalúa. Tanto 56 Ibídem, pág. 9. 57 Ibídem, pág. 10. 58 Ibídem, pág. 25. 32.
por las comunicaciones e informes que se han hecho llegar a la Corte Constitucional, como por hechos públicos y notorios de conocimiento general, es claro que los grupos indígenas y afrocolombianos del país han sufrido un impacto proporcionalmente mayor dentro del total de víctimas del desplazamiento forzado durante el transcurso del último año, y no se ha probado que exista dentro de la política de atención un elemento específico orientado a prevenir la ocurrencia de desplazamientos de estos grupos y atender de manera inmediata y efectiva las necesidades específicas de los que ya han sido desplazados. El desplazamiento de los grupos indígenas y afrocolombianos conlleva una violación grave de los derechos constitucionales específicos de los que son titulares, incluyendo sus derechos colectivos a la integridad cultural y al territorio. Más aún, la relación de los grupos étnicos indígenas y afrocolombianos con su territorio y los recursos presentes en él transforma el desplazamiento forzado en una amenaza directa para la supervivencia de sus culturas”59.En el mismo sentido, la Corte recordó que “el Estado está en la obligaciónde actuar con particular diligencia para prevenir y solucionar esteproblema; pero con base en los informes de cumplimiento remitidosa la Corte, se observa un notorio vacío en este componente de lapolítica de atención al desplazamiento. La inacción de las autoridadescompetentes se transforma, así, en un factor que agrava los efectos deesta crisis humanitaria”60.En la sesión del 23 julio de 2007, el CNAIPD aprobó el acuerdo 08“Por el cual se adoptan medidas tendientes a la construcción de lapolítica diferencial para la atención a la población en situación dedesplazamiento”61 cuyo propósito es que las entidades nacionales yterritoriales que conforman el SNAIPD cumplan sus obligaciones alrespecto. El Acuerdo señala que dichas medidas deben adoptare “a la 39 ....... Comisión Colombiana de Juristas59 Corte Constitucional, citado supra en Nota 25.60 Ibídem.61 Acuerdo N° 08 de 2007 “Por el cual se adoptan medidas tendientes a evidenciar y profundizar las acciones diferenciales existentes dentro de la política pública de atención a la población en situación de desplazamiento”. 33.
luz de los indicadores de goce efectivo de derechos adoptados y por adoptar” y deben considerar las particularidades de los grupos de población desplazada, tales como niños, mujeres, afrodescendientes, indígenas, adultos mayores y discapacitados”62. Cabe anotar que el texto definitivo del acuerdo no incorporó las observaciones presentadas por las ONG durante dicha sesión del CNAPID, las cuales hacían referencia a la necesidad de la aplicación de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en la formulación, planeación e implementación de medidas de enfoque diferencial. Dichas medidas no deben basarse en los indicadores, como afirma el acuerdo, pues para tal propósito existen los estándares internacionales de derechos humanos contenidos en los convenios internacionales de derechos humanos, de los cuales el Estado colombiano es parte. Las ONG también subrayaron la importancia de la inclusión en dicho acuerdo de de las recomendaciones del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas y de los Balances de la política pública de prevención y atención la desplazamiento publicados periódicamente por ACNUR. 3.2.2 El gobierno no ha aplicado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales Por otro lado, es importante señalar que el gobierno no ha incorporado a la política pública de prevención y atención al desplazamiento el contenido del pronunciamiento que la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones hizo a través de Observación individual sobre el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, el cual hace referencia a los derechos de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó y a las condiciones en las que el Estado colombiano debe llevar a cabo la consulta con las comunidades afrocolombianas en el 40 proceso de reglamentación de la ley 70 de 1993. Esta es una omisión....... en el cumplimiento de la obligación internacional y constitucional, que Comisión Colombiana de Juristas consiste en llevar a cabo el proceso de consulta con las comunidades indígenas y tribales previamente a la adopción de medidas legislativas o 62 Ibídem. 34.
administrativas que sean susceptibles de afectarles, tal como lo reconoceel artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y el parágrafo del artículo 330de la Constitución Política en materia de recursos naturales63.El derecho a la consulta tiene carácter fundamental considerando queguarda relación directa con el artículo 40 de la Constitución Políticaque reconoce el derecho a la participación y con el artículo 330 quereconoce la obligatoriedad de la consulta en el caso de explotación de losrecursos naturales64. Además, el derecho a la consulta ha sido abordadoen la jurisprudencia de la Corte Constitucional65, que ha señalado que elderecho a la consulta previa no se agota en los límites del artículo 330de la Constitución, sino que se extiende a otras materias relacionadascon los derechos de los pueblos indígenas y tribales66.El alcance de la consulta previa a los pueblos indígenas y tribales no selimita a la aplicación de las medidas legislativas, pues esta cobra mayorimportancia cuando se adoptan dichas medidas, es decir, cuando seconfigura la voluntad legislativa, tal como señala el artículo 6 del Convenio169 de la OIT. De ahí el carácter previo que debe tener la consulta.Por iniciativa o con respaldo gubernamental, el Congreso de la Repúblicaha adoptado algunas leyes, tales como el la Ley General Forestal, PlanNacional de Desarrollo y el Estatuto de Desarrollo Rural, que, aunqueno tiene el propósito explícito de adelantar la reglamentación de la ley70 de 199367, se encuentran directamente relacionadas con esta Ley yson regresivas para los derechos de las comunidades afrodescendientes63 La Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT invitó “al Gobier- no a desarrollar consultas con la totalidad de los pueblos interesados en el proceso de reglamentación de la ley núm. 70, independientemente de cualquier otra circunstancia, como por ejemplo la titularidad sobre las tierras que ocupan tradicionalmente o el haber conformado su consejo comunitario”.64 La Constitución Política, en su artículo 330 parágrafo establece que “la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económi- ca de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el gobierno propiciará la participación de los representantes de dichas comunidades”.65 Corte Constitucional, Sentencia SU-039 de 1997, M.P.: Antonio Barrera Carbonell. 4166 Corte Constitucional, Sentencia T-737 de 2005, M.P.: Álvaro Tafur Galvis. ....... La ley 70 de 1993 Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política tiene Comisión Colombiana de Juristas67 por objeto reconocer a las comunidades afrocolombianas que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. 35.
y de los pueblos indígenas y no fueron objeto de consulta previa. Por consiguiente, estas normas adolecen de vicios de inconstitucionalidad y constituyen un incumplimiento de las obligaciones del Estado con respecto al Convenio 169 de la OIT, como es el caso de la Ley General Forestal, que como se señaló en este informe, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. El desplazamiento forzado de personas y comunidades afrocolombianas y pueblos indígenas continúa aumentando, tal como lo muestran los caso reseñados en este informe. La respuesta gubernamental al desplazamiento de los pueblos indígenas ha consistido en la adopción de algunas directrices para las entidades del CNAIPD, que no aplican los instrumentos internacionales de derechos humanos ni recomendaciones de los organismos internacionales. Los operativos militares y las fumigaciones aéreas realizados por la fuerza pública han sido causas de desplazamientos masivos de comunidades afrocolombianas. Este es el caso de los desplazamientos masivos de las comunidades afrocolombianas de La Tola y El Charco (Nariño), ocurridos en febrero y marzo de 2007, la zona alta del río Tapaje, que fueron consecuencia de seis operativos aéreos de fumigación que destruyeron los cultivos de la población campesina68 y de los combates entre la guerrilla de las Farc y la fuerza pública69. Los retenes de la Fuerza Pública en el río Tapaje restringieron la libertad de circulación a las comunidades, el ingreso de alimentos y combustible y obstaculizaron la asistencia de las familias desplazadas que se encontraban en la parte media y alta del río. La presencia de grupos paramilitares en los territorios afrocolombianos localizados cerca del río Tapaje produjo un aumentó de la magnitud de los desplazamientos en El Charco y La Tola. A mediados de abril, alrededor de 1.400 familias se encontraban desplazadas en El Charco, mientras que muchos de los habitantes de la zona se encontraban atrapados en medio de los combates y se resistían a retornar hasta tanto cesaran los 42 enfrentamientos armados. Otras familias desplazadas se dirigieron....... Comisión Colombiana de Juristas 68 Equipo de Derechos Humanos Proceso de Comunidades Negras en Colombia – PCN, citado supra en Nota 6. 69 “1.400 familias de ese municipio de Nariño se han desplazado en menos de un mes. Viven solo de lo que les pueden dar”, diario El Tiempo 10 Abril 2007. 36.
hacia municipios cercanos localizados sobre la Costa Pacífica70. Uncenso adelantado por administración municipal de El Charco en agostode 2007, reportó cerca de de 10.000 personas desplazadas en el casourbano71. En mayo, el presidente Álvaro Uribe anunció una visita a ElCharco, durante la cual promovería el cultivo de palma aceitera, con elpretexto de sustituir la producción de coca72.Durante 2006 y 2007 también se intensificó la crisis de derechos humanosy desplazamiento urbano en el puerto de Buenaventura, habitadomayoritariamente por población afrocolombiana. Según ACNUR, estasituación representó “un desplazamiento 13 veces mayor al registrado enel 2004, y que se ha prolongado a lo largo del 2007, tiene el ingredienteadicional de concentrarse de manera significativa en la zona urbanadel municipio, que por su densidad de población representa un riesgopotencial para la vida, la integridad personal y la libertad de sushabitantes. Al menos 11 comunas del puerto se han visto afectadas porlas confrontaciones”73, en donde se presentan desplazamientos, hasta elpunto que Buenaventura estuvo entre los municipios del país con mayornúmero de personas que desplazaron entre 2004 y 200674.En noviembre de 2006 se presentaron enfrentamientos armados en losbarrios San Francisco y Juan XXIII que causaron el desplazamientomasivo de 220 familias. En diciembre de ese año, la Defensoría delPueblo visitó los barrios y las viviendas abandonadas por las familiasdesplazadas, algunas de las cuales se encontraban ocupadas por miembrosde la Infantería de Marina y la Policía. La Defensoría pudo establecerque los desplazamientos intraurbanos ocurridos en Buenaventura sonresponsabilidad de las milicias de las Farc, grupos de paramilitares, lafuerza pública y grupos al servicio del narcotráfico. De acuerdo con laDefensoría, la Secretaría de Gobierno de Buenaventura se comprometióa convocar al Comité Municipal de Atención a la Población Desplazaday a brindar asistencia humanitaria a las 1.265 familias en situación dedesplazamiento en Buenaventura, obligación legal que debe ser objetode seguimiento y evaluación. 43 ....... Comisión Colombiana de Juristas70 Proceso de Comunidades Negras –PCN-, citado supra en Nota 6.71 Administración Municipal de El Charco, en http://elcharco-narino.gov.co, agosto 13 de 2007.72 El presidente Uribe irá a El Charco, en el Pacífico, citado supra en Nota 12.73 ACNUR, citado supra en Nota 2, pág. 79.74 ACNUR, citado supra en Nota 2, pág. 80. Recommended
nataliamurillo1997

References: artículo 15
 artículo 15
 artículo 7
 artículo10
 artículo 6
 artículo 330
 artículo 40
 artículo 330
 artículo 330
 artículo 6
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