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Timestamp: 2020-02-28 22:48:36+00:00

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Fallo Excarcelacion JC1 | Ley procesal | Derecho penal
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Fallo -3 ML
SENTENCIA 1114 DE 2006.docx
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0620-2014 de 25-03-14.docx
Preclusion Por Reparacion
186 Casación 2012 Drogas
RESENCIÓN DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
Manual de Derecho Procesal, Derecho Procesal Orgánico, Tomo i
246 Resolucion
Causa Nro. 936/09 Nro. de Orden:
Libro de Interlocutorias Nro. XI
///hía Blanca, 13 de noviembre de 2009.-
Los de la presenta causa Nro. 936/09 seguida al procesado Hector Gonzalo Regueira por el delito de daño.
Que el procesado Hector Gonzalo Regueira se encuentra detenido en la presente causa, desde el día 9 de octubre de 2009 (Acta de fs. 1/2 y fs. 33/33 vta), habiéndose dictado prisión preventiva a su respecto en orden al delito de daño (fs.72/75 ), en los términos del art. 183 del Código Penal, con fecha 28 de octubre de 2009, fecha en que la presente causa se elevó a juicio. Que a fs. 87, el Sr. Secretario de la Unidad de Defensa n° 6, Dr. Augusto Duprat, presentó un pedido de excarcelación en favor de su asistido, escrito en el cual hace saber a este Juzgado que, de concedérsele la excarcelación solicitada, su defendido constituiría domicilio en el domicilio de su madre, en calle Castro n° 738, de la localidad de Tornquist, donde su núcleo familiar está dispuesto a brindarle la contención necesaria. Asimismo, destaca la defensa en su escrito que: siendo que el delito que se le imputa a su defendido posee un mínimo de pena de 15 días, el tiempo de privación de libertad que al momento -11/11/09- registra Regueira dobla el plazo temporal prescripto por el código penal en su art. 183. Habiéndosele corrido vista al Ministerio Público Fiscal, el Sr. Agente Fiscal, Dr. Guillermo Petersen, a fs. 89/90, se opuso a la concesión de la excarcelación solicitada, por entender que existen en autos indicios vehementes de que Regueira tratará de eludir el accionar de la justicia o entorpecer la investigación, infiriendo la existencia de estos peligros procesales -siguiendo lo prescripto en el art. 148 del C.P.P.- en la circunstancia de que el imputado posee una condena anterior -de un (1) año y tres (3) meses de prisión- cuya ejecución ha sido dejada en suspenso, por lo que de encontrárselo culpable en este proceso, la pena a aplicar será de efectivo cumplimiento.
Resalta también, el Sr. Agente Fiscal, que el imputado ha fijado residencia en este proceso en la Sección Quintas de la localidad de Tornquist, donde residiría solo, sin familia, y que dicho domicilio difiere con lo apuntado por el Sr. Defensor en el escrito de fs. 87/88. Agregando, por último, que -habiéndose fijado fecha para el debate oral de la presente para el día 18 de diciembre del corriente año- la medida cautelar guarda proporcionalidad temporal en su aplicación.
Que preliminarmente se hace necesario destacar que, en el sistema jurídico procesal provincial, el principio general es que el imputado debe permanecer en libertad durante la sustanciación del proceso, conforme prescribe el art. 144 del C.P.P. Este artículo, ubicado entre la reglas generales de las medidas de coerción, constituye una norma eje para interpretar los restantes artículos del subsistema de medidas cautelares reguladas en el Código Procesal, y es, a su vez, una concreta derivación del estado jurídico de inocencia, del derecho a la libertad ambulatoria, y una consagración legal del principio de "favor libertatis" (arts. 14 y 18 C.N.; 10 Const. Pcial.; 1 y 3 del C.P.P.). El derecho constitucional a la libertad personal debe funcionar como una guía, y límite, para el intérprete de la ley, a fin de evitar que se trate como culpable a una persona procesada a la que se le imputa un hecho punible, en tanto no se haya dictado una sentencia que declare su culpabilidad y le imponga una pena. En este sentido, conforme ha expresado la Corte Suprema de Justicia Nacional: “…cuando
el art. 18 de la C.N. dispone categóricamente que ningún habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme. Así lo entendió esta Corte en un viejo precedente de 1871, al
también un principio de derecho que todo hombre se reputa bueno, mientras no se le
prueba lo contrario") (Fallos: 10:338), axioma que tiempo después acuñó en la definición de "presunción de inculpabilidad" (Fallos: 102:219 -1905-)…” (C.S.J.N. causa N.284 XXXII “Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/infracción art. 139 bis del C.P.”, rta. el 22 de diciembre de 1998, considerando 5º). De esto puede concluirse que el derecho a la libertad personal es un correlato directo de la presunción de inocencia plasmada en al art. 18 de la Carta Magna.
decir que (
Como es sabido, los derechos no son absolutos y los mismos se encuentran sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio. En este sentido, el legislador ha reglamentado el derecho a la libertad -limitándolo- en función de una legítima finalidad: la de evitar que el individuo sometido a proceso eluda la acción de la justicia, sea impidiendo u obstaculizando la investigación del hecho o no cumpliendo la eventual pena que se imponga. Sin embargo, las reglamentaciones de los derechos no pueden desvirtuarlos hasta vaciarlos de contenido, por lo que la restricción de libertad para alcanzar los fines expuestos no debe convertirse en una pena anticipada o exceder de la estricta necesidad. Es en relación a esta tensión -entre la libertad personal y el cumplimiento de los fines del proceso- sobre la que debe centrarse el presente resolutorio. En el presente, dicha tensión no será abordada desde el análisis de bajo que circunstancias una persona puede ser privada de su libertad, sino desde una perspectiva inversa, y en cierta forma complementaria, estos es: cuándo una persona que se encuentra privada de su libertad, pesando sobre ella una medida de coerción como la prisión preventiva, puede recuperar su libertad mediante el instituto de la excarcelación.
La privación de la libertad durante el proceso es una excepción extraordinaria a la regla de la libertad ambulatoria, que debe ser siempre fundada como último recurso, a pedido de parte, por los jueces competentes, en elementos acreditativos del peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Así el art. 144 del C.P.P. prescribe que la libertad personal sólo podrá ser restringida “…cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley…” (el destacado me pertenece). El carácter gramatical superlativo otorgado por el legislador al considerar que sólo puede privarse de la libertad a una persona sujeta a proceso cuando esto sea absolutamente indispensable, ofrece al intérprete un criterio rector sobre el cual deben sustentarse las decisiones restrictivas de la libertad, orientando la interpretación en el sentido de que toda prescripción que limite el derecho deberá ser interpretada en forma restrictiva, y como de carácter excepcional. Esta guía interpretativa, plasmada por el legislador, es coherente con lo dispuesto respecto a la libertad personal -en el trámite de un proceso penal- por las normas constitucionales de la República. En este sentido la Cámara de Casación Nacional, en el plenario Diaz Besonne ha expresado: “Que la privación de la libertad "no
debe ser la regla", constituye un principio expreso constitucionalizado (artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Alberto Bovino enseña que el carácter excepcional del encarcelamiento preventivo surge directamente de la combinación entre el derecho general a la libertad ambulatoria (artículo 14 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y la prohibición de aplicar una pena antes de obtener una sentencia condenatoria firme (principio de inocencia) -artículo 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos-. (El encarcelamiento preventivo en los tratados de derechos humanos, publicado en Problemas del Derecho Procesal Penal contemporáneo, Editores del Puerto, Bs. As. 1998, pág. 148/9)” (Cámara Nacional de Casación Penal, causa Nro. 7480, “DIAZ BESSONE, Ramón Genaro s/recurso de casación", Rta. 30/10/08). Ahora bien, respecto a las medidas de coerción que pueden excepcionar el principio de la libertad debe expresarse que una de sus características principales es que las mismas no son un fin en si mismas, sino que son sólo medios para asegurar otros fines, que en este caso son los fines del proceso. Por eso, las medidas coercitivas, no deben tener carácter de sanción, ya que no son penas, sino medidas instrumentales concebidas como formas de restricción imprescindibles para neutralizar los peligros que pudiera acarrear el hecho de que el procesado se encuentre en libertad, esto es: que impida el descubrimiento de la verdad entorpeciendo la obtención de prueba, por una parte, y que impida la actuación de la ley sustantiva evadiéndose de la autoridad, por la otra. En nuestro sistema las medidas de coerción presentan los siguientes caracteres: 1) Cautelares, porque no tienen un fin en sí mismas, pues tienden a evitar el daño jurídico con relación a los fines del proceso; 2) Proporcionales; ello significa acorde a las necesidades en relación al peligro que se quiere evitar; 3) Una base probatoria de culpabilidad; 4) Provisionalidad, es decir que puede ser revisada en cualquier momento del proceso; 5) De interpretación restrictiva, por afectar el principio de inocencia; y 6) Excepcionalidad, toda vez que la regla general es la libertad del sometido a proceso (Trib. Sup. Just. Córdoba, sala Penal, 9/11/1999- Aksel, CDyJP Casación, año I, n.1, 2001, p.633). La prisión preventiva es la medida de coerción más gravosa dispuesta en el digesto adjetivo provincial, y de acuerdo a lo expresado por el Máximo Tribunal Nacional "…consiste en la restricción coactiva de la libertad ambulatoria de una persona,
y esa restricción de naturaleza cautelar se aplica sobre una persona que, por imperio del art. 18 de la
Constitución Nacional, goza del estado de inocencia hasta tanto una sentencia final y dictada con autoridad de cosa juzgada no lo destruya declarando su responsabilidad penal…"(Fallos: 320:212). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en concordancia a lo resuelto en su precedente Suárez Rosero Vs. Ecuador -sentencia de 12 de noviembre de 1997-, que “…la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de delito, por lo cual su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática, pues “es una medida cautelar, no punitiva…” (Corte Interamericana de DDHH, in re “Bayarri vs. Argentina, stcia. del 30 de octubre de 2008). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reza claramente en su artículo 9.3: "La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.". A su vez, este principio también está plasmado en la disposición 6.1 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio), que establece que en el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso. Dadas las gravísimas consecuencias que la prisión preventiva acarrea para quien la sufre, la aplicación y mantenimiento de la misma debe ser profundamente analizada en el caso concreto para que no se vulneren los derechos constitucionalmente garantizados de la persona sobre quien se aplica. En esta dirección lo han resuelto tanto la Corte Suprema Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La comisión Interamericana -en el Informe 2/97- expresó: “7. La situación jurídica de la persona que se encuentra en prisión preventiva es muy imprecisa: existe una sospecha en su contra, pero aún no ha logrado demostrarse la culpabilidad. Los detenidos en tales circunstancias sufren usualmente grandes tensiones personales como resultado de la pérdida de ingresos,
y de la separación forzada de su familia y comunidad. Debe enfatizarse igualmente el impacto
psicológico y emocional al que son sometidos mientras dura esta circunstancia. Dentro de este contexto, será posible apreciar la gravedad que reviste la prisión preventiva, y la importancia de
rodearla de las máximas garantías jurídicas para prevenir cualquier
Debe resaltarse –respecto a la importancia institucional de las decisiones de los órganos supranacionales nombrados- que, conforme ha dispuesto la Corte Suprema de la Nación Argentina en diversos fallos, a partir del resolutorio "Giroldi, Horacio D", del 7 de abril de 1995, "… la recordada jerarquía constitucional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, en "las condiciones de su vigencia" (art. 75, inc. 22, 2º párrafo), esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (confr. Arts. 75 de la C.N., 62 y 64 Convención Americana y artículo 2º ley 23.054)…" (Fallos, 318:514). Conforme ha resaltado la Cámara de Casación Nacional, en el plenario Díaz Besonne antes citado, respecto a la vinculación de los órganos jurisdiccionales a la normativa Convencional-Constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.):
“…Este sendero viene afirmándose por el Alto Tribunal de nuestro país que estableció, el 23 de diciembre de 2004, "La Corte Suprema debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos" (art. 68.1 de la CADH); "Los tribunales locales deben adoptar las medidas necesarias para evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional por incumplimiento de un tratado", caso Miguel Ángel Espósito (Fallos 327:5668); precedentes con un grado de mayor compromiso con la doctrina de "Bramajo, Hernán J", (Fallos:
319:1840) y con el objetivo de propender a un proceso de integración jurídica regional.- Por otra parte, es un deber de los jueces respetar este precedente: "Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que los obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de "control de convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana." (Conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006).- El control de convencionalidad asegura la interpretación judicial de manera innovadora
fortaleciendo la vigencia de los derechos humanos. A diferencia del control de constitucionalidad - paradigma del Estado de derecho- que vela por la aplicación irrestricta de la ley fundamental, dicha supervisión persigue integrar las relaciones internacionales colocando la tutela de la dignidad humana como centro del orden jurídico de una democracia constitucional…” (Cámara Nacional de Casación Penal, Acuerdo nº 1/2008, en plenario nº 13, causa Nro. 7480, “DIAZ BESSONE, Ramón Genaro s/recurso de casación", Rta. 30/10/08). Es así, que resulta indispensable, al valorar la aplicación de la prisión preventiva, que la hemenéutica utilizada tenga presente las opiniones que sobre dicho instituto han referido los organismos citados, y que, asimismo, compatibilice las decisiones con el contenido de sus resolutorios. En este orden de ideas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 12/96, expresó “la detención preventiva es una medida excepcional y que se aplica solamente en los casos en que haya una sospecha razonable de que el acusado podrá evadir la justicia, obstaculizar la investigación preliminar intimidando a los testigos, o destruir evidencia". Asimismo, en el informe 35/07 la Comisión manifestó “82. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido: Del artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia…”.
Ahora bien, habiendo realizado una somera exposición respecto a la forma en que se interrelacionan el derecho a la libertad y la posibilidad del estado de aplicar medidas coercitivas sobre un procesado, sobre el que aún no se determinado su culpabilidad; corresponde analizar la normativa provincial sobre la excarcelación, instituto solicitado por la defensa del imputado. El art. 169 del Código Procesal realiza una enumeración de las circunstancias en las cuáles procede la excarcelación, enumeración que –atento la norma general emanada del art. 144 del mismo Código, y las normas Constitucionales y Convencionales citadas en los párrafos precedentes- no debe entenderse en forma taxativa, ya que de esta manera se le estaría dando una interpretación restrictiva a la prevalencia de la libertad del imputado en el proceso, por sobre las restantes finalidades del mismo. A su vez, el art. 171 del Código de Rito establece: “En ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación. La eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas en el art. 148”, y este último artículo
prescribe diversas circunstancias que pueden valorarse a fin de evaluar la existencia de los peligros procesales mencionados, entre las que se encuentra -en su inc. 2- la pena que se espera como resultado del procedimiento, la cual -habiendo el imputado sido condenado con anterioridad a este proceso a una pena de ejecución condicional, en caso de ser encontrado culpable sería de efectivo cumplimiento- ha sido valorada por el órgano que dispusiera su prisión preventiva como una presunción de que el mismo intentará evadirse del mismo, fundamento que hace explícito también el Ministerio Público Fiscal al contestar la vista conferida por este Juzgado a fs. 89/90. Sin embargo, respecto de las presunciones legales establecidas, debo referir que las mismas no resultan presunciones iure et de iure, sino que las mismas son presunciones iuris tantum, y como tales pueden ser desvirtuadas por otras circunstancias, las que, a su vez, deben ser complementadas con otros parámetros objetivos para tener por acreditados en forma cierta los peligros procesales aludidos. Respecto al valor que debe otorgársele a esta presunciones debo destacar lo que emana de los fallos dictados en los casos "Barbará" (C. Nac. Crim. y Corr. Sala 1°, 10/11/03, LL 2004-A-304), y "Machieraldo" (C. Nac. Casación Penal, Sala 3°, 22/12/04, Rev. DP y PP, Lexis Nexis, n.35001091) en los que se resolvió que el encarcelamiento preventivo durante el proceso sólo resulta legítimo en la medida en que resulte en el caso necesario para neutralizar un real y probado peligro de entorpecimiento de las investigaciones o un verdadero y acreditado peligro de fuga del imputado. Como señala Gustavo Vitale "el mayor mérito de las decisiones referidas consiste en dejar en claro que el órgano judicial está obligado a probar el peligro para el proceso que importaría la libertad del imputado en caso de que deba resolver, resultando ilegítima toda pretensión de presumir "iuris et de iure" tal peligrosidad procesal de la pauta que fuere" ("Hacia la eliminación de la cárcel para presuntos inocentes" en Revista de Derecho Procesal Penal, 2005, Excarcelación, p. 103). En este sentido, y con posterioridad a los resolutorios citados, la Cámara de Casación Penal Nacional en pleno ha resuelto que “…no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a 8 años (arts. 316 y 317 C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal…” (Cámara Nacional de Casación Penal, Acuerdo nº
1/2008, en plenario nº 13, causa Nro. 7480, “DIAZ BESSONE, Ramón Genaro s/recurso de casación", Rta. 30/10/08). En similar dirección la Sala III del Tribunal de Casación Penal Provincial, el 15 de septiembre de 2009, resolvió “…Apoyar el fundamento del rechazo exclusivamente en la pena en expectativa, incluso en el supuesto que, en caso de condena, será de cumplimiento efectivo, integra –desde mi parecer- una visión que ve en el encierro preventivo una sanción (mecanismo de estabilización) provisional de (la desestabilización producida por) un delito “probable”, resultando difícil no ver en esta noción un resurgimiento pleno de la máxima inquisitorial salus publica suprema lex est y de la poena extraordinaria o pena de sospecha (Julio Maier, Derecho Procesal Penal, Tomo I, cit. Pag. 309, 2da. Edición, Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 1996). Con igual criterio la Corte Suprema de Justicia sostuvo que “…Frente a esta omisión de tratamiento la mera inferencia de que se intentará eludir la acción de la Justicia por la gravedad de la pena que eventualmente podría recaer, …sin referirse a las características del hecho, no constituye fundamento suficiente para sustentar la decisión denegatoria…” (Fallos 307:549)…” (Trib. Cas. Prov. Bs. As., Sala III, Causa N° 10.692 (Reg. de Presidencia N° 38.180) “P., O. R. s/ Rec. de Cas.”, rta. 15/09/09.). Conforme se expusiera en el plenario Nacional citado en párrafos precedentes: “…el criterio que consideraba que no resulta posible conceder la excarcelación a personas imputadas por delitos cuya pena máxima supere los 8 años de prisión, o que la eventual pena a recaer no pueda ser dejada en suspenso, resultaba de aplicación prácticamente unánime y pacífica en la jurisprudencia, siendo esta también la posición tradicional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia (conf. Fallos 280:297; 290:393; 300:643 y 311:652)… No obstante, esta doctrina fue parcialmente cuestionada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que:
“…la sola referencia a la pena establecida por el delito por el que ha sido acusado y la condena anterior que registra, sin que precise cuáles son las circunstancias concretas de la causa que permitieran presumir fundadamente, que el mismo intentará burlar la acción de la justicia, no constituye fundamento válido de una decisión de los jueces que sólo trasunta la voluntad de denegar el beneficio solicitado…”(CSJN, causa "ESTÉVEZ, José Luis", rta. el 3/10/97). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 2/97, expresó en el punto 29: “… La posibilidad de que el procesado eluda la acción de la justicia debe ser analizada considerando varios elementos, incluyendo los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que le mantendrían en el
y en el punto 30: “…En consecuencia, si
los magistrados que entienden en la causa no tienen la posibilidad de demostrar que existe suficiente evidencia de una eventual intención de fuga u ocultamiento, la prisión preventiva se vuelve injustificada. …”.
Asimismo en su informe 35/07, ha hecho explícito, en el punto 85, que “… el riesgo procesal de fuga o de frustración de la investigación debe estar fundado en circunstancias objetivas. La mera alegación sin consideración del caso concreto no satisface este requisito. Por ello, las legislaciones sólo pueden establecer presunciones iuris tantum sobre este peligro, basadas en circunstancias de hecho que, de ser comprobadas en el caso concreto, podrán ser tomadas en consideración por el juzgador para determinar si se dan en el caso las condiciones de excepción que permitan fundamentar la prisión preventiva. De lo contrario, perdería sentido el peligro procesal como fundamento de la prisión preventiva. Sin embargo, nada impide que el Estado imponga condiciones limitativas a la decisión de mantener la privación de libertad…”. Y en el punto 91 del mismo informe ha establecido: “…Al realizar el pronóstico de pena para evaluar el peligro procesal, siempre se debe considerar el mínimo de la escala penal o el tipo de pena más leve prevista. De lo contrario, se violaría el principio de inocencia porque, como la medida cautelar se dispone con el único fin de asegurar el proceso, ella no puede referir a una eventual pena en concreto que suponga consideraciones que hacen a la atribución del hecho al imputado. Asimismo, en los supuestos en los que se intenta realizar un pronóstico de pena en concreto, se viola la imparcialidad del juzgador y el derecho de defensa en juicio. La consideración de circunstancias particulares como la concurrencia de delitos o la aplicación de reglas que impidan que la eventual condena no sea de efectivo cumplimiento, podrán ser sopesadas en ese contexto y de acuerdo al fin procesal perseguido, lo cual es incompatible con su utilización como pautas absolutas y definitivas. Admiten ser valoradas para concretar la estimación de la mínima respuesta punitiva que, eventualmente, se habrá de dar en el caso…”. En este orden de ideas, entiendo que -en el caso de marras- la medida cautelar que pesa sobre Regueira está fundada sólo en una aplicación casi automática de las presunciones legales establecidas en el art. 148 del C.P.P., principalmente en el hecho de que en caso de recaer condena, en este proceso, la misma sería de cumplimiento efectivo. En ese entendimiento, considero que en la presente causa no se ha valorado siquiera la gravedad de la pena en expectativa, unificándose el argumento sólo en el hecho de que la misma sería de efectivo cumplimiento. Hago propio en este sentido lo expresado por el Tribunal de Casación
país, además de una posible sentencia
Provincial: "
lo cual, no se trata de dos argumentos diferenciados, pena en expectativa y condena anterior, sino en
verse incluso que la pena en expectativa no supera los seis años de prisión. Con
todo caso de un solo conducto que se apoya exclusivamente en que, para el caso de condena, la misma "
será de efectivo cumplimiento
de Presidencia N° 38.180) “P., O. R. s/ Rec. de Cas.”, rta. 15/09/09.). Asimismo, debo destacar que deben tenerse en cuenta otros parámetros ofrecidos por el legislador para evaluar la peligrosidad procesal del
imputado. En el marco de esta tesis, deviene necesario recordar que el art. 148 del C.P.P. incluye en su enumeración la posibilidad de valorar a fin de merituar el peligro
de fuga, las siguientes circunstancias entre otras: "
en al país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. En este sentido, la inexactitud
resarcible y la actitud que el imputado adopte voluntariamente, frente a el y a su víctima eventual Que en el caso de autos, difícilmente pueda valorarse que pueda existir algún peligro de entorpecimiento de la investigación, ya que la misma se encuentra concluida, amén de ser una investigación que no podría ser considerada "compleja", ya que se trata de un hecho en flagrancia, donde no se observa que deba contarse con una gran cantidad de testigos, ni que tengan que realizarse difíciles operaciones de criminalística (vgr. pericias de análisis químicos, seguimientos o intervenciones telefónicas, o análisis de comunicaciones, etc.); por lo que no se observan posibilidades que permitan creer razonablemente que Regueira pueda afectar
la obtención de la prueba necesaria para la dilucidación del hecho en el debate.
Por otro lado, respecto del peligro de fuga, entiendo que la pena en expectativa no forma parte de las penas que podrían considerarse graves, a la luz de los criterios que pueden inducirse de la normativa procesal. Téngase en cuenta que el art. 169 estipula que podrá otorgársele la excarcelación a un procesado al que se le impute un delito que posea una pena menor a los 8 años, por lo que entiendo que dicho artículo permite considerar que el legislador ha entendido como una pena en expectativa grave, a aquella que exceda ese monto, y la pena en expectativa del presente proceso es considerablemente menor. Asimismo, si bien es correcto lo apuntado por el Ministerio Público,
a fs. 89/90, respecto de que el domicilio aportado por la defensa no coincide con el
que declarara Regueira, debo resaltar que conforme surge del informe sin foliar que obra al inicio de la causa, el imputado efectivamente vive en el lugar que denunciara (esto es la Sección Quintas de Tornquist). Es decir que el mismo no ha mentido, ni
en el domicilio brindado por el imputado podrá constituir indicio de fuga
(Trib. Cas. Prov. Bs. As., Sala III, Causa N° 10.692 (Reg.
características del hecho,
ocultado su lugar de residencia habitual, por lo que en este punto no podría considerarse que la situación de Regueira compatibilice con la circunstancia dispuesta en el art. 148 inc. 1. Además, en relación al domicilio aportado por la defensa -en el cual el imputado residiría de otorgársele la excarcelación-, sito en calle Dr. Castro 738 de la localidad de Tornquist, el mismo resulta ser la residencia que Regueira aportara en el otro proceso que se llevó adelante en su contra -conforme surge de fs. 54-; por lo que impresiona como verosímil que allí residiría su familia, ya que él vivía antes en ese lugar. A esta circunstancia debe agregarse que el imputado nació en la localidad de Tornquist, donde se encuentran los dos domicilios aportados, y donde se ha cometido el hecho por el cual se lo condenara en la causa 564/08, y donde se habría cometido el delito que motiva la presente. De estos datos, estimo que el mismo posee un arraigo en dicha localidad, que allí vive su familia, y que no existen pautas objetivas y concretas que permitan considerar que el imputado tenga facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. Respecto a la actitud procesal del imputado en relación a las víctimas de autos, debo considerar como favorable al mismo, que -a través de su defensa- Regueira ha intentado arribar a un mecanismo de solución alternativa al proceso penal, como la mediación, mecanismo que puede permitir un acuerdo directo entre las partes del conflicto y que tiende a obtener un solución al mismo que sea satisfactoria para todos los participantes. Que si bien dicho medio de solución de conflictos no ha sido intentado por negativa de las víctimas, la intención expresada por el procesado puede valorarse como algo positivo respecto al comportamiento procesal del mismo, de acuerdo a lo normado en el art. 148 inc. 3 del C.P.P. Por último, a fin de resolver el pedido de excarcelación presentado, entiendo que no se puede soslayar el trascendente fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Verbitsky, Horacio s/hábeas corpus" del 3/05/05, en el que -entre otras cosas- exhorta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación a los estándares constitucionales e internacionales. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia, en cumplimiento de lo resuelto por el más Alto Tribunal de la Nación dispuso que los jueces deberán ponderar nuevamente
la necesidad de mantener en situación de detenidos a los procesados o bien disponer medidas de cautela menos lesivas (P. 83.909, del 11 de mayo de 2005). Que en el presente caso el encausado lleva detenido treinta y cinco (35) días, pesando sobre él una imputación de daño cuya pena mínima es de 15 días, y además -en las presentes actuaciones- se ha fijado fecha para que den comienzo los debates orales. Como consecuencia de ello habiéndose colectado las pruebas principales para formular acusación ha desaparecido con ello el peligro de obstrucción en su producción, y tampoco se infiere en forma cierta y razonable, que eludirá el accionar de la justicia, dado que no existen datos objetivos para ello y no corresponde valorar como presunción "iuris et de iure" la circunstancia de que en caso de recaer condena, la pena deba ser de efectivo cumplimiento. En consecuencia, por los motivos expuestos, entiendo que no cabe admitir la continuidad de la privación de libertad que viene sufriendo Regueira al haber desaparecido los fundamentos reales y válidos que, conforme a la naturaleza cautelar, podían sustentarla en calidad de medida de coerción legítima y ajustada a la Constitución Nacional; POR ELLO RESUELVO: DISPONER LA EXCARCELACIÓN de Hector Gonzalo Regueira en esta causa y su inmediata libertad, bajo caución juratoria, sujeta a las siguientes condiciones (art. 169, 181 y sgtes. C.P.P):
1) Fijar domicilio en la jurisdicción de este Juzgado. 2) Prohibición de salir de la ciudad sin previa autorización del
3) Obligación de presentarse en el Patronato de Liberados de la localidad de Tornquist entre los días 1 a 3 y 15 a 17 de cada mes a partir del día 15 de este mes de noviembre.(art. 180 C.P.P.) 4) Hacer saber al causante que el incumplimiento de alguna de las condiciones anteriores hará cesar la excarcelación dispuesta, procediéndose a su inmediato reencarcelamiento (arts. 159 y 160 incs. 2 y 3 del C.P.P.). Líbrese oficio al señor Titular de la Estación de Policía Comunal de Cármen de Patagones. Fórmese incidente, el que se agregará por cuerda a la causa principal (arg. art. 172 del rito).- Hágase saber a las partes.-
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References: artículo 8
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