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Las nuevas tasas judiciales en la jurisdicción civilmª Carmen Ramajo Gil Dpto. Civil - PDF
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Domingo Páez Botella
1 1 er TRIMESTRE 2013 Las nuevas tasas judiciales en la jurisdicción civilmª Carmen Ramajo Gil Dpto. Civil La reciente publicación de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, amplía de forma sustancial el régimen tributario que grava el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Es decir, se retiran las exenciones que hasta ahora tenían las personas físicas en determinados ámbitos jurisdiccionales, por lo que, los ciudadanos que quieran acceder a los Tribunales de Justicia, tendrán que abonar previamente una tasa (lo que se viene conociendo ya como el copago judicial ). A continuación pasamos a analizar algunas de las preguntas más formuladas al respecto, en aras a tratar de dar clara respuesta a las mismas. En que jurisdicciones hay que pagar? Las tasas afectan a la jurisdicción civil, a la social y a la contencioso-administrativa. Quedan exentas la penal y la militar. Dentro de las jurisdicciones afectadas, hay procedimientos exentos de tasas judiciales? Sí, hay dos tipos de exenciones, objetivas (en atención al procedimiento y actuaciones judiciales a realizar) y subjetivas (en atención a la persona que ejercita la acción jurisdiccional), que a continuación detallamos, si bien centrándonos en lo que al ámbito jurisdiccional civil se refiere. Exenciones objetivas Están exen tas de pagar tasa: La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores. Igualmente, los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un Nº 20 1 er trimestre 2013 Pág. 1
2 Derecho civil progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, es decir, siempre y cuando haya hijos comunes menores de edad no habrá que abonar tasa para interponer un procedimiento matrimonial. La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad, cuando la cuantía de las mismas no supere euros, siempre que no se funden en un documento con carácter de título ejecutivo extrajudicial. Exenciones subjetivas: La más importante, es la que se refiere a las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Cual es la cuantia de las tasas? Se componen de una cantidad fija, que varía entre los 100 y los euros, en función del tipo de actuación judicial a interponer, y otra variable, en función de la cuantía del procedimiento (interés económico del pleito). Se adjunta cuadro explicativo, por lo que a la jurisdicción civil se refiere. Verbal y cambiario: Ordinario Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal: Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales: Concurso necesario Apelación Casación y extraordinario por infracción procesal Además, se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala: De 0 a : Tipo 0,5% y máximo variable: Resto: 0,25% Hay posibilidad de recuperar el importe de las tasas? La tasa ya fue incluida en el concepto de costas por la Ley 37/2011 de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, por lo que su importe es recuperable en los casos en que la pretensión jurisdiccional resulte estimada por el Juzgado, con la excepción de aquéllas actuaciones procesales en las que la Ley no prevea condena en costas (por ejemplo, en recursos de apelación o casación, y en temas de derecho de familia). También reseñar que se podrá conseguir la devolución del 60% del importe de la cuota de la tasa cuando se alcance una solución extrajudicial del litigio. Que consecuencias tiene el incumplimiento del pago de la tasa? Cuando el sujeto pasivo obligado al pago de la tasa incumpla la obligación de aportar el justificante de autoliquidación de la tasa judicial en los casos que sea exigible, deberá requerírsele para que lo aporte en el plazo que se fije, sin dar curso al escrito hasta que tal omisión sea subsanada. De no atenderse el requerimiento, entra en juego el principio de preclusión: el transcurso del plazo señalado conlleva la pérdida de la oportunidad de realizar el acto procesal, y el Juzgado resolverá lo que proceda sobre la consiguiente continuación o finalización del procedimiento. Y es que la responsabilidad por no liquidar el tributo es una cuestión meramente tributaria, que carece de trascendencia real dentro del ámbito procesal, por lo que, mientras no exista una disposición legal que le atribuya algún efecto concreto, nunca deberá dar lugar a la inadmisión a trámite de la actuación procesal realizada. Por último, terminar indicando que la entrada en vigor de la citada Ley de Tasas está pendiente a día de hoy, a la espera de que se apruebe el modelo de autoliquidación correspondiente. Además, son muchas las asociaciones, sindicatos y miembros de la propia Administración de Justicia los que se han mostrado contrarios a la aplicación de dicha legislación, existiendo alguna resolución del propio Tribunal Constitucional en la que se analiza la posible inconstitucionalidad de la misma, en atención a las cuantías excesivas que se pretende cobrar a los ciudadanos por acceder a un derecho fundamental como es la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 24 de la Constitución Española. Nº 20 1 er trimestre 2013 Pág. 2
3 Derecho laboral La Ley de Tasas en la jurisdicción laboral Jose Quintanilla Rubio Dpto. Laboral El artículo 7.1 de la Ley 10/2012/, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia regula que en el orden social el importe de la tasa por el anuncio y formalización de un recurso de suplicación asciende a la cantidad de 500 euros, aumentado dicha cuantía hasta los 750 euros para el caso de la formalización de un recurso de casación. Ante dicha normativa, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha decidido que los trabajadores no paguen tasas judiciales hasta que no se reforme la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 que todavía esta vigente. De esta forma, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco interpreta que los trabajadores tienen derecho a asistencia jurídica gratuita porque la Ley de Tasas no deroga ni menciona esta norma. A este respecto, la presidenta de la Sala de lo Social, Garbiñe Biurrun, ha explicado que se trata de un criterio de pleno jurisdiccional y ha precisado que no vincula, en absoluto, a los Juzgados de lo Social de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca. Otra cosa es que, si el Juzgado interpreta en otro sentido y no admite un recurso de un trabajador porque no haya liquidado la tasa, y nos llega a nosotros a través de un recurso que se llama de queja, entonces, nosotros aplicaríamos este criterio y diríamos que sí, que había que haber tramitado el recurso y daremos orden de tramitación del recurso, aunque no se haya aportado la tasa, ha añadido. Asimismo, ha apuntado que, incluso dentro de la Sala, el criterio de los magistrados se va a aplicar en segundo término porque, en primer lugar, se trata de una función de la Secretaría, de los secretarios de la Sala, y serán ellos los que decidan si permiten o no recurso que no traiga la liquidación de la tasa practicada. No obstante, ha apuntado que, frente a decreto del secretario, se recurriría ante la Sala y ésta resolvería en base al criterio que ha adoptado. Asimismo, ha indicado que esta decisión va a tener la misma duración que tenga en el tiempo la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de La razón de haber adoptado esta decisión la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es que la Ley de Tasas de 2012 prevé que estén exentas del abono de la tasa las personas a las que se les haya reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos. En este sentido, la Ley de Tasas no deroga ni menciona para nada la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del 10 de enero de 1996, que reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el Orden Social a los trabajadores y a los beneficiarios del sistema de seguridad social. De esta manera, ha apuntado que todos los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social tienen, por el solo hecho de serlo, reconocido legalmente y de forma automática el derecho de asistencia jurídica gratuita para litigar en la Jurisdicción social y también en alguna otra. No obstante, ha subrayado que, entre tanto, estando en vigor la Ley del 96 que automáticamente declara que los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social tienen derecho a la asistencia jurídica, la Sala de lo Social lo está aplicando. Nº 20 1 er trimestre 2013 Pág. 3
4 Derecho urbanismo Posibilidad de indemnización por variación del planeamiento con resultado lesivo para el particular Egoitz Bilbao Bordegarai Dpto. Urbanismo Para explicar este supuesto particular supongamos que partimos de un local comercial dentro de un inmueble cuya construcción de origen se ajusta a la legalidad administrativa urbanística (proyecto, licencia de obras de nueva planta y licencia de primera ocupación otorgada). El uso comercial de nuestro local se acredita desde tiempo inmemorial, igualmente, desde la construcción del inmueble. Al pretenderse el traspaso del negocio a un arrendatario por parte del propietario para el uso comercial, y solicitarse la correspondiente autorización, resulta la imposibilidad en su otorgamiento puesto que la nueva normativa urbanística recientemente aprobada por el Ayuntamiento para la zona lo impide al regular unas alturas mínimas para los locales comerciales y que nuestro local, ahora, no cumple. El nuevo uso a tenor de las características urbanísticas de nuestro inmueble puede ser el de trastero, almacén o análogos, ni siquiera vivienda por no disponer de entrada por el portal del edificio. Las preguntas que inmediatamente surgen son las siguientes: se puede privar unilateralmente por parte del Ayuntamiento de este uso, más que asentado en el local sin previo aviso al no cumplir estos nuevos parámteros? Y si es así, tiene el administrado el deber de soportar esta variación? Pues bien, en respuesta a la primera cuestión y como ha asentado nuestro más Alto Tribunal, los planes urbanísticos son indefinidos pero no perpetuos. El Ayuntamiento motivado por criterios de nueva ordenación y nuevas necesidades urbanísticas (ambos con el poso del interés general) puede variar, modificar y revisar el planeamiento en vigor pero con una serie de limitaciones que pasaremos a exponer. La vigencia indefinida de los planes no debe interpretarse como la invariabilidad de los mismos como se ha dicho, sino como una garantía de estabilidad y seguridad que no impide su modificación cuando existan nuevos motivos. Variable, por tanto, unilateralmente con límites. Ahora bien, y en contestación a la segunda cuestión, de si este supuesto es indemnizable o no, debe reseñarse que las lesiones sufridas en los bienes y derechos por alteración del planeamiento serán indemnizables, como norma general, siempre que nos encontremos dentro de los supuestos del artículo 35 de la ley estatal Real Decreto Legislativo 2/2.008, de 20 de Junio, y atendiendo a criterios de funcionamiento normal del servicio público. En nuestro supuesto fáctico particular podemos describir: La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades (claramente el precepto se refiere a las licencias en vigor), así como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado. En resumidas cuentas y como conclusión, en primer lugar, podemos exponer que el principio de la vigencia indefinida de los planes dispone de un elemento limitador como es el ius variandi o posibilidad de modificación del Ayuntamiento, que a su vez, encuentra su tope en los principios de sujeción al interés general y proporcionalidad. En segundo y último lugar consecuentemente no todas las modificaciones de planeamiento urbanístico son indemnizables. Sólo lo serán aquellas en cuyos supuestos normativos nos encontremos inmersos a tenor de la normativa estatal referenciada. Nº 20 1 er trimestre 2013 Pág. 4
5 Derecho mercantil La conclusión del concurso por insuficiencia de masa Daniela Cearsolo Largo Dpto. Mercantil La reforma concursal operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre ha introducido como novedad más relevante en orden a las causas de conclusión del concurso, la supresión de los apartados 3 y 4, del art. 176, relativos a la conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos, al contar con una regulación propia en el art. 176 bis, bajo el epígrafe, Especialidades de la conclusión por insuficiencia de masa activa. Así, se establece un orden de pagos o prelación de pagos específicos, que difiere del régimen general del concurso. Orden de pagos que habrá que respetar tan pronto como conste que la masa activa es insuficiente para el pago de los créditos contra la masa, en cuyo caso, la administración concursal lo comunicará al juez del concurso, que lo pondrá de manifiesto en la oficina judicial a las partes personadas. Desde ese momento, la administración concursal deberá proceder a pagar los créditos contra la masa conforme al orden siguiente, y, en su caso, a prorrata dentro de cada número, salvo los créditos imprescindibles para concluir la liquidación : 1.º Los créditos salariales de los últimos treinta días de trabajo efectivo y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional. 2.º Los créditos por salarios e indemnizaciones en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago. 3.º Los créditos por alimentos del artículo 145.2, en cuantía que no supere el salario mínimo interprofesional. 4.º Los créditos por costas y gastos judiciales del concurso. 5.º Los demás créditos contra la masa. Se contempla como novedad la posibilidad de acordar la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración de concurso cuando el juez aprecie de manera evidente que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente para la satisfacción de los previsibles créditos contra la masa del procedimiento ni es previsible el ejercicio de acción de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros. Este precepto, que entró en vigor el 1 de enero de 2012 ya ha sido llevado a la práctica, por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de BIlbao, en Autos dictados los días 21 y 22 de mayo de 2012, 11 de septiembre, 1 de octubre y 18 y 21 de diciembre de Esta nueva línea legislativa permite declarar y concluir de manera simultánea un concurso cuando se aprecie la evidencia de una insuficiencia de masa activa para el pago de los créditos contra la masa, circunstancia que sucedía en la mayoría de los concursos tramitados antes de la reforma. Esta facultad del Juez de advertir la precariedad de la masa activa del deudor con que satisfacer los créditos contra la masa puede culminar con un Auto en el que se declara el concurso a la persona física o jurídica deudora, por concurrir los presupuestos de la insolvencia, para acto seguido declararlo concluido. Ordenará las oportunas publicaciones de declaración y conclusión del concurso en el BOE, en el tablón del Juzgado y en el Registro Publico Concursal. La resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa del deudor persona jurídica acordará su extinción, pero el deudor quedará responsable del pago de los créditos restantes, y la vía para que los acreedores entablen acciones de responsabilidad contra el órgano de administración por deudas sociales quedará abierta. La información contenida en esta publicación es sólo una guía. Le recomendamos que obtenga consejo profesional individualizado en su caso antes de iniciar o paralizar cualquier acción. No se aceptará ninguna responsabilidad por parte de este despacho por actuaciones iniciadas o paralizadas como resultado de la presente información. Editado por el Departamento de Marketing de BMP Abogados Bilbao - Madrid Varsovia - México SEDE CENTRAL ELCANO, 6-1º D BILBAO T Nº 20 1 er trimestre 2013 Pág. 5

References: resolución 
 artículo 24
 artículo 7
 artículo 35
 Real Decreto 
 artículo 145
 resolución