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Timestamp: 2018-11-14 07:42:37+00:00

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﻿ Auto 2010-00554 de mayo 8 de 2014
AUTO 2010-00055 DE 08 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL. EL CONCEJO DISTRITAL CARECE DE PERSONALIDAD JURÍDICA, REQUISITO SINE QUA NON PARA QUE PUEDA ACTUAR COMO PARTE O INTERVENIR EN PROCESOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES. DEBE, POR TANTO, HACERLO POR INTERMEDIO DEL ENTE TERRITORIAL –DISTRITO CAPITAL, QUIEN GOZA DE DICHO ATRIBUTO JURÍDICO. EN EFECTO, EL CONCEJO ES UNA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, CON MÚLTIPLES CARACTERÍSTICAS Y ATRIBUCIONES, PERO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA, LA CUAL SÓLO SE ADQUIERE CONFORME A LA LEY,
TEMAS ESPECÍFICOS:SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DERECHO A LA PERSONERÍA JURÍDICA, ATRIBUCIONES DEL CONCEJO DISTRITAL, CONCEJO DISTRITAL, AUTO, PROHIBICIONES AL CONCEJO DISTRITAL, FACULTADES DEL CONCEJO DISTRITAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:515 DE NOVIEMBRE DE 2014, PÁG.2154
Auto 2010-00554 de mayo 8 de 2014
Rad.: 25000-23-24-000-2010-00554-01
Actor: José Antonio Galán Gomez
Referencia: Apelación auto – Acción de nulidad
La acción incoada en este caso es la de simple nulidad, prevista en el artículo 84 del CCA. para que en este tipo de acción contencioso-administrativa proceda la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos acusados, el artículo 152 del CCA señala los siguientes requisitos: 1) Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o en escrito separado, presentado antes de que sea admitida; 2) Que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud.
En el presente caso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera, Subsección B), mediante auto de 10 de marzo de 2010, admitió la demanda de nulidad instaurada por el ciudadano José Antonio Galán Gómez contra el artículo 33 del Decreto 581 de 2009 y, decretó la suspensión provisional de la norma acusada.
El recurso se concentra en solicitar la revocatoria de la providencia impugnada, con fundamento en que es improcedente la suspensión provisional del artículo 33 del Decreto 581 de 2007, pues no está acreditado el cumplimiento de los presupuestos establecidos el artículo 152 del CCA y desarrollados por la jurisprudencia de esta corporación para el decreto de la medida.
El actor solicitó la suspensión provisional del artículo 33 del Decreto 581 de 2007 (18 de diciembre), por considerar que vulnera lo dispuesto en los artículos 312, 313 y 315 (numeral 3) de la Constitución Política; 32 de la Ley 136 de 1994; y, 8º, 12, 14, 18, 35 y 40 del Decreto 1421 de 1993, cuyo tenor literal disponen:
“ART. 312.—<Artículo modificado por el artículo 5º del Acto Legislativo 1 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> En cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará concejo municipal, integrado por no menos de 7, ni más de 21 miembros según lo determine la ley de acuerdo con la población respectiva.
Esta corporación podrá ejercer control político sobre la administración municipal.
11. <Numeral adicionado por el artículo 6º del Acto Legislativo 1 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> En las capitales de los departamentos y los municipios con población mayor de veinticinco mil habitantes, citar y requerir a los secretarios del despacho del alcalde para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco (5) días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los secretarios no concurran, sin excusa aceptada por el concejo distrital o municipal, este podrá proponer moción de censura. Los secretarios deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión del concejo. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión.
“ART. 32.—Atribuciones. <Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes.
6. Las demás que determine la ley”.
Decreto 1421 de 1993:
“ART. 8º—Funciones generales. El concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital. En materia administrativa sus atribuciones son de carácter normativo. También le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las autoridades distritales.
“ART. 14.—Control político. Corresponde al concejo vigilar y controlar la administración distrital. Con tal fin, podrá citar a los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas, así como al personero y al contralor. Las citaciones deberán hacerse con anticipación no menor de cinco (5) días hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. También podrá el concejo solicitar informaciones escritas a otras autoridades distritales.
“ART. 18.—Prohibiciones. Al concejo le está prohibido:
3. Nombrar a sus miembros y a los cónyuges, compañeros o compañeras permanentes de estos o a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de los mismos.
“ART. 35.—Atribuciones principales. El Alcalde Mayor de Santafé de Bogotá es el jefe del gobierno y de la administración distritales y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital.
“ART. 40.—Delegación de funciones. El Alcalde Mayor podrá delegar las funciones que le asignen la ley y los acuerdos en los secretarios, jefes de departamento administrativo, gerentes o directores de entidades descentralizadas, en los funcionarios de la administración tributaria, y en las juntas administradoras y los alcaldes locales”.
Observa la Sala que de la confrontación directa entre el acto acusado y las disposiciones constitucionales invocadas como violadas surge inequívocamente su manifiesta infracción.
Repárese en primer lugar, en que el citado artículo 40 del Decreto 1421 de 1993 no contempla al concejo distrital entre los sujetos en los cuales jurídicamente puede recaer la delegación de funciones, lo cual, por lo demás, se explica por su naturaleza de corporación pública de origen popular que desempeña funciones de naturaleza legislativa y no administrativa.
Por lo demás, como bien lo puso de presente el a quo, el concejo distrital carece de personalidad jurídica, requisito sine qua non para que pudiese actuar como parte o intervenir en procesos judiciales o extrajudiciales. Debe, por tanto, hacerlo por intermedio del ente territorial - Distrito Capital, quien goza de dicho atributo jurídico. En efecto, el concejo es una dependencia administrativa, con múltiples características y atribuciones, pero sin personalidad jurídica, la cual solo se adquiere conforme a la ley.
Sobre la personalidad jurídica de los concejos municipales, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia de 19 de enero de 2006, con ponencia del consejero Tarsicio Cáceres Toro, expuso:
“En relación con el concejo municipal la ley no les ha otorgado personalidad jurídica y por ello es que la entidad territorial a la que pertenecen —que si tiene personalidad— debe ser vinculada en el proceso. Ahora, una situación especial se presenta por cuanto en ese caso se ha demandado en nulidad un acuerdo expedido por el concejo municipal y, de ahí, se deriva el interés que tiene esa corporación administrativa en la defensa del acto administrativo jurídico que expidió; por eso, en algunos procesos de corte similar —fuera de notificar al representante legal del municipio— se ha ordenado notificar o comunicar al presidente del concejo municipal para conozca de la situación y pueda tomar algunas medidas. En el sub lite al admitir la demanda se ordenó la notificación de la decisión al presidente del concejo municipal y de ahí su limitada intervención en proceso, sin que ello signifique reconocerle personalidad jurídica a dicha corporación administrativa. Ahora, dada la impugnación de su acuerdo, en caso de prosperidad, podría tener determinados alcances”(1).
A su vez, sobre las facultades de los alcaldes y los concejos, la Sección Primera de la corporación, en sentencia de 3 de marzo de 1995, ha sostenido:
“(…), reiteradamente esta corporación ha precisado que las facultades atribuidas a los concejos municipales por el artículo 313 de la Carta Política y las asignadas a los alcaldes en el artículo 315 ibídem, solo pueden aplicarse respecto del Distrito Capital, atendiendo el orden jerárquico previsto en el artículo 322 ibídem. En efecto, en el caso del Distrito Capital la Constitución Política dedicó un capítulo especial al régimen del mismo (Capítulo 4 Título XI), y en el artículo 322 inciso 2º previó que su “Régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios (…)”. Ello significa que en materia de facultades del concejo y del alcalde, a falta de disposición constitucional, como en este caso, se aplican de preferencia las leyes especiales, como lo es el Decreto 1421 de 1993, expedido con fundamento en el artículo transitorio 41, y a falta de estas las normas constitucionales y legales aplicables a los municipios”(2).
De lo anterior se infiere que el concejo distrital carece de personería jurídica y de capacidad jurídica para constituirse como parte en un proceso. Entonces, para intervenir como parte en un proceso judicial o extrajudicial, debe hacerlo a través del ente territorial quien sí tiene personería jurídica para representarlo.
Por los anteriores razonamientos se confirmará el auto apelado.
Primero. CONFÍRMASE el auto apelado.
(1) Expediente 73001-23-31-000-2002-00548-01(5464-03). Actor: Álvaro Vera Ricaurte.
(2) C. P. Miguel González Rodríguez. Rad. 2691. Actor: Néstor Guillermo Franco González.

References: artículo 84
 artículo 152
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 152
 artículo 33
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 18
 artículo 40
 artículo 313
 artículo 315
 artículo 322
 artículo 322