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Timestamp: 2020-06-04 07:48:12+00:00

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﻿ AUTO AP5069-2017/50655 DE AGOSTO 9 DE 2017
AUTO AP5069-2017 DE 09 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:FUNCIONES DE LA FISCALÍA EN INVESTIGACIONES CONTRA LAS FARC. TENIENDO EN CUENTA QUE EL DECRETO 277 DEL 2017 REGULA LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 1820 DEL 2016, MARCO REGULATORIO SOBRE AMNISTÍA E INDULTO PARA MIEMBROS DE LAS FARC Y LOS DEMÁS ACTORES DEL CONFLICTO, ESTA NORMA SEÑALA QUE TODOS LOS PROCESOS EN LOS QUE SE HAYA OTORGADO LA LIBERTAD CONDICIONADA A MIEMBROS DE ESTE GRUPO QUEDARÁN SUSPENDIDOS HASTA QUE ENTRE EN FUNCIONAMIENTO LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP).
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PENAL, DERECHO PENAL, JURISDICCIÓN ESPECIAL, JUSTICIA DE PAZ, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, MIEMBROS DEL GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, DESARTICULACIÓN DEL GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ, DESVINCULACIÓN AL GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY
Auto AP5069-2017 de agosto 9 de 2017
AP5069-2017
Rad.: 50655
Bogotá, D.C., agosto nueve (9) de dos mil diecisiete (2017).
Resuelve la Corte los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía, el Ministerio Público y el representante de víctimas contra el numeral 8º del auto del 23 de junio de 2017, mediante el cual la Sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Medellín, luego de autorizar la libertad condicionada de IOVANY GARCÍA GARCÍA, desmovilizado de las FARC-EP, suspendió el proceso hasta que entre en funcionamiento la jurisdicción especial para la paz.
1. IOVANY GARCÍA GARCÍA, alias “Alejandro”, ingresó en el año 2002 al Frente 47 de las FARC-EP en el municipio de Samaná, permaneciendo como guerrillero raso hasta el 16 de mayo de 2008, cuando se desmovilizó entregándose en forma voluntaria al Ejército Nacional en la población caldense de Pácora.
El 7 de octubre de 2010 fue postulado por el Gobierno Nacional al proceso de justicia y paz, trámite dentro del cual la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con utilización ilegal de uniformes e insignias, homicidio en persona protegida de José Robiro Ospina Osorio, secuestro extorsivo agravado y atenuado en concurso con desplazamiento forzado de Gloria Amparo García Castaño, homicidio en persona protegida de Rubiela Herrera Giraldo en concurso con actos de terrorismo y daño en bien ajeno, secuestro simple agravado y atenuado de Alba Nidia Buitrago Restrepo. Por esos hechos, el 12 de marzo de 2013, el magistrado de Control de Garantías del Tribunal de Bogotá le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.
2. Con apoyo en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016 y en el Decreto Reglamentario 277 de 2017, el mencionado postulado solicitó el beneficio liberatorio ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que radicó la petición en la Sala de justicia y paz del Tribunal de Medellín en consideración a que allí se adelanta la audiencia concentrada.
3. Realizada la sustentación correspondiente, el 23 de junio de 2017 el tribunal accedió a la pretensión del postulado y, adicionalmente, suspendió el proceso transicional y las “causas conexadas”. Contra esa determinación las partes indicadas presentaron recurso de apelación que la Sala procede a resolver.
La primera instancia concedió la libertad condicionada por encontrar reunidos los requisitos exigidos en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017, pues el peticionario es procesado por delitos que cometió con ocasión y en relación con su pertenencia a las FARC-EP y, además, suscribió el acta de sometimiento a la jurisdicción especial para la paz.
Decretó también el tribunal la conexidad de las siguientes sentencias condenatorias proferidas por la justicia ordinaria contra IOVANY GARCÍA GARCÍA, desmovilizado en forma individual del Frente 47 de las FARC-EP:
a) Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Manizales, decisión del 13 de diciembre de 2006 por el secuestro extorsivo de Ramón Mauricio Duque Giraldo perpetrado el 29 de diciembre de 2002 en Samaná (Caldas).
b) Juzgado Penal del Circuito de Aguadas, fallo del 8 de julio de 2011 por el homicidio de Norberto Gómez García cometido el 1º de junio de 2007 en el municipio de Pácora (Caldas).
c) Juzgado Penal del Circuito de la Dorada, decisión del 29 de julio de 2013 por el delito de rebelión.
Una vez examinada la imputación fáctica contenida en cada fallo y en el trámite de justicia y paz, el tribunal coligió que los hechos fueron cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del postulado GARCÍA GARCÍA a las FARC-EP y no tuvieron como propósito obtener beneficio personal, propio o de un tercero.
Adicionalmente, en aplicación del artículo 22 del Decreto 277 de 2017, suspendió el proceso de justicia y paz y los acumulados hasta que entre en funcionamiento la jurisdicción especial para la paz.
1. La Fiscalía solicitó revocar el numeral 8º de la decisión porque a pesar de que el artículo 22 del Decreto 277 de 2017 prevé la suspensión de los procesos en los que se haya otorgado la libertad condicionada, esa consecuencia fue prevista para quienes se desmovilizaran de manera colectiva.
Adicionalmente, porque en su opinión el Decreto 277 de 2017 reglamenta la Ley 1820 de 2016 y no la 975 de 2005 y, por ello, se deben sopesar las consecuencias de la suspensión por cuanto la normativa reglamentaria no puede derogar la ley de justicia y paz.
Consideró, igualmente, que la suspensión del proceso pone en riesgo el derecho de las víctimas a que se les reconozca su condición en forma definitiva, pues en este momento sólo ostentan un reconocimiento provisional y aspiran a que en la sentencia se les indemnice en forma integral, propósito que se frustra al no saber cuándo empezará a funcionar la justicia especial para la paz.
Pidió a la Corte, por tanto, autorizar la continuidad del proceso de justicia y paz hasta que efectivamente se ponga en marcha la nueva jurisdicción transicional.
2. El Ministerio Público también solicitó la revocatoria de la orden de suspender el proceso seguido contra IOVANY GARCÍA GARCÍA bajo el argumento de que el tribunal realizó una interpretación exegética del artículo 22 del Decreto 277 de 2017, con lo cual no tuvo en cuenta que las leyes 975 de 2005 y 1820 de 2016 deben armonizarse al tener la misma finalidad, esto es, terminar con el conflicto armado y lograr la reincorporación a la vida civil de los combatientes, de manera que ningún favor se le hace a la administración de justicia o a las víctimas con la suspensión del proceso.
3. El apoderado de las víctimas señaló que del acuerdo final no se desprende la necesidad de suspender los procesos y, por ello, esa decisión perjudica a las víctimas en cuanto se pierde la dinámica procesal establecida en virtud de la cual los postulados han ayudado a esclarecer muchos crímenes. Pide revocar esa orden.
La defensa coadyuvó la solicitud de revocar el numeral 8º de la decisión, para que en su lugar continúe el trámite del proceso de justicia y paz hasta que empiece a funcionar la jurisdicción especial para la paz.
1. La Corte es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos según lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005, 68 del mismo estatuto y numeral 3º del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, por tratarse de una decisión proferida por la Sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Medellín.
Lo anterior, además, porque la Sala ya precisó que las solicitudes de libertad condicionada presentadas por los postulados a la ley de justicia y paz deben resolverse por los magistrados de control de garantías o de conocimiento de esta jurisdicción, según el estado del proceso (CSJ AP1701-2017).
2. El auto impugnado ordenó, entre otras determinaciones, “suspender el presente proceso y las causas conexadas, hasta que entre en funcionamiento la jurisdicción especial para la paz”, decisión a la cual se opusieron los impugnantes tras considerar que afecta los derechos de las víctimas porque no existe fecha cierta para el inicio de la nueva jurisdicción transicional.
La Corte confirmará lo decidido en cuanto la orden de suspender el proceso encuentra soporte en lo dispuesto en normas legales debidamente incorporadas al ordenamiento jurídico nacional.
En efecto, para comenzar debe resaltarse que en el mismo acuerdo final para la paz se declara que sus contenidos “serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo” de lo acordado y que por ello, “las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final”.
Con base en lo dispuesto en el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2016, el Presidente de la República expidió el Decreto 277 de 2017 con el propósito de regular el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 de 2016 que, a su vez, estableció la amnistía e indulto por delitos políticos y conexos, los tratamientos penales especiales diferenciados para agentes del Estado y el régimen de libertades aplicable a los destinatarios de la jurisdicción especial para la paz.
El artículo 22 del referido decreto establece:
“Todos los procesos en los cuales se haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las ZVTN, de que trata la Ley 1820 de 2016 y el presente decreto, quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento la jurisdicción especial para la paz, momento en el cual las personas sometidas a libertad condicionada por aplicación de este decreto quedarán a disposición de dicha jurisdicción”.
Entonces, dicha norma debe ser interpretada conforme a lo establecido en el acuerdo final para la Paz, el cual establece en el literal j del numeral 48 del punto 5 lo siguiente:
“La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia, continuará adelantando la investigación hasta el día en que la Sala, una vez concluidas las etapas anteriormente previstas (...), anuncie públicamente que en tres meses presentará al tribunal para la paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate perderá competencias para seguir investigando hechos o conductas competencia de la jurisdicción especial de paz”.
Considera la Sala que la mencionada suspensión de los procesos debe ser interpretada de la siguiente manera: Dado el imperativo de conocer la verdad, no podrá suspenderse el curso de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, pero para tal efecto debe entenderse el ámbito de su investigación en los términos definidos en la Ley 906 de 2004, es decir, como la búsqueda y recaudo de elementos materiales probatorios y evidencia física en orden a reconstruir la conducta motivo de averiguación (num. 3º del art. 250 de la Constitución), de manera que se excluyen actividades tales como las órdenes de captura, los interrogatorios, la formulación de imputación, la imposición de medidas de aseguramiento, la acusación, etc. Y, desde luego, ello conlleva, con mayor razón, la suspensión de los juicios en trámite.
En los procesos gobernados por la Ley 600 de 2000, únicamente y por los mismos argumentos, una vez dispuesta la suspensión, la Fiscalía sólo podrá adelantar labores de aseguramiento de las pruebas, sin que haya lugar a órdenes de captura, indagatorias, resoluciones de medidas de aseguramiento o acusación y tanto menos tramitar juicios o proferir sentencias.
Ahora, dada la especial naturaleza de la Ley 975 de 2005, en cuanto las versiones de los postulados son el principal insumo para arribar a la verdad, nada obsta para que sigan siendo escuchados.
Resta señalar, que será ante la jurisdicción especial de paz donde concurrirán los miembros de las FARC-EP que se comprometieron a decir la verdad sobre los delitos cometidos en desarrollo del conflicto armado.
Así las cosas, resulta improcedente la petición de los recurrentes orientada a que no se aplique el citado precepto, pues si de conformidad con el artículo 230 de la Constitución, los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, no se aviene con tal imperativo eludir el cumplimiento del claro y contundente mandato legal con fuerza de ley, no incompatible con el orden constitucional, más aún si tanto el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, como la jurisdicción especial para la paz creados mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, al igual que Ley 975 de 2005, tienen como eje central la reivindicación de las víctimas y, por tanto, sus derechos no se verán menguados con el traslado del proceso a la nueva jurisdicción transicional, donde deberán ser reconocidos en forma definitiva y asegurada su indemnización en los términos previstos en la ley.
3. Por demás, no es cierto, como aduce la Fiscalía, que la suspensión de procesos esté consagrada exclusivamente para quienes se desmovilizaron en forma colectiva, pues la norma contiene un mandato general que no discrimina la forma en que el beneficiario de la libertad condicionada hizo dejación de las armas. Donde la ley no distingue, no le corresponde hacerlo al intérprete, según lo prevé el principio general de interpretación de la ley reconocido por la jurisprudencia nacional (C-054-2016, C-317-2012, C-975-2002, entre otras).
Tampoco es acertado afirmar, como lo hace la fiscal recurrente, que la suspensión del proceso seguido contra GARCÍA GARCÍA implica “derogar” la Ley 975 de 2005 porque dicho estatuto sigue vigente y produciendo efectos respecto de los postulados que no son destinatarios de la justicia especial para la paz e, incluso, para aquéllos que siéndolo, optan por permanecer en el proceso de justicia y paz.
4. La incertidumbre acerca de la fecha en la cual comenzará sus labores la recién creada jurisdicción especial de paz no faculta desconocer una norma legalmente incorporada al sistema jurídico nacional que pretende agrupar los procesos adelantados contra los integrantes de las FARC-EP para que sus militantes sean juzgados por la jurisdicción especial para la paz, según se pactó en el acuerdo final. Téngase en cuenta que cuando el pasado 18 de febrero se expidió el Decreto 277 de 2017 ya se sabía que su implementación no sería inmediata, sin embargo, no se dispuso incluir condicionamientos sobre su aplicación en el tiempo.
5. La suspensión de procesos en curso, en criterio de la Corte, obliga a las autoridades del orden ejecutivo y legislativo encargadas de la implementación y puesta en funcionamiento de la jurisdicción especial para la paz, a proceder sin dilaciones en procura de su pronta puesta en marcha.
1. Confirmar la decisión del 23 de junio de 2017 proferida por la Sala de justicia y paz del Tribunal Superior de Medellín con las salvedades expuestas en la parte considerativa de este proveído, relativas al deber de continuar con las versiones de los postulados y con las actividades investigativas aquí relacionadas.
2. Devolver la actuación al tribunal de origen. Contra esta decisión no proceden recursos.

References: artículo 35
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 26
 artículo 32
 artículo 2
 artículo 22
 resolución 
 artículo 230