Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810143.html
Timestamp: 2019-11-15 18:20:07+00:00

Document:
as201810143
AUTO SUPREMO Nº 143/2018-RRC
Sucre, 15 de marzo de 2018
Expediente : La Paz 52/2017
Parte Imputada : Norma Teófila Encinas Laura
Delito : Abuso de Firma en Blanco
Por memorial presentado el 8 de junio de 2017, cursante de fs. 2539 a 2552, Norma Teófila Encinas Laura, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 36/2017 de 11 de mayo, de fs. 2503 a 2510, pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Víctor Ramos Limachi, Oscar Escalante Zelada, Buenaventura Almanza Aica y Juan Vásquez Colque contra la recurrente, por la presunta comisión del delito de Abuso de Firma en Blanco, previsto y sancionado por el art. 336 del Código Penal (CP), con relación al art. 365 del Código de Procedimiento Penal (CPP), respectivamente.
Por Sentencia 1/2016 de 20 de enero (fs. 2189 a 2198), el Juez Tercero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a Norma Teófila Encinas Laura, autora de la comisión del delito de Abuso de Firma en Blanco, previsto y sancionado por el art. 336 del CP, imponiendo la pena de tres años y seis meses de reclusión y cien días multa a razón de Bs. 5.- (cinco bolivianos) por día, con costas y daños a calificarse en ejecución de Sentencia.
Contra la mencionada Sentencia, la imputada Norma Teófila Encinas Laura (fs. 2279 a 2290), interpuso recurso de apelación restringida, que previo memorial de subsanación (fs. 2445 a 2456 vta.), fue resuelto por Auto de Vista 36/2017 de 11 de mayo, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedente el recurso planteado y confirmó la Sentencia apelada, motivando la interpolación del presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 651/2017-RA de 28 de agosto, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
La recurrente expresa que el Auto de Vista impugnado, en su considerando cuarto, punto 2.1, refiere que la apelante habría expuesto argumentos amplios y confusos, sin considerar que el recurso de apelación restringida, tiene por objeto el control jurídico de formación interna y externa de la Sentencia; sin embargo, a decir de la recurrente, quien realiza una remembranza de los motivos de su recurso de apelación restringida, explicó en forma clara, cuáles los hechos que observó en la Sentencia, concretando que acusó la existencia de los defectos de sentencia, previstos por los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP. Señala que la Resolución del Tribunal de apelación es injusta, al no analizar los fundamentos esgrimidos en su apelación, pues en cuanto al defecto de Sentencia previsto por el inc. 1) del art. 370 de la norma adjetiva penal, el Tribunal de apelación, solo afirma lo que la Sentencia describe, sin analizar los fundamentos expuestos en su recurso de apelación restringida y llega a la conclusión que la imputada sería autora del delito de Abuso de Firma en Blanco, sin considerar que dicha probabilidad no existe con base a la prueba introducida en juicio, respecto al defecto de Sentencia previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, tampoco habría explicado en el punto 4 de la Resolución impugnada, por qué razón la Sentencia estaría debidamente fundamentada y que no es contradictoria, por lo que a decir de la recurrente, el Auto de Vista vulnera los principios del debido proceso, derecho a la defensa, imparcialidad, verdad material, seguridad jurídica, inocencia y otros. Bajo dichos argumentos, la recurrente señala que las omisiones del Auto de Vista que generan el recurso extraordinario de casación, consisten en las siguientes: Que el Tribunal de alzada; en cuanto, al defecto de Sentencia previsto por el inc. 6) del art. 370 del CPP, había referido que el hecho de no haberse probado quien sustrajo el papel con la firma en blanco, es un tema accesorio y que el Tribunal de apelación no tiene facultad para valorar prueba; asimismo, en cuanto a la designación del perito Luigi Vargas Zambrana, hubiese referido que el mismo debió ser observado oportunamente a tiempo de su designación; sin considerar –a decir de la recurrente-, que la Sentencia condenatoria, se fundó en prueba testifical tomada en la etapa de investigación y la cual fue retirada del juicio antes de su incorporación al proceso; añadiendo que el Auto de Vista recurrido revaloró una prueba testifical que no fue introducida al juicio oral y que sirvió de base fundamental para emitir una Sentencia condenatoria en su contra; asimismo, se valoró una prueba no acorde a lo que describe como es el dictamen pericial documentológico IDIF.REG.GRAL. Nº 5576/2008 – LAB.CRIM. DOC. Nº 0103/2008, en su primera conclusión, no estableció que la imputada fue quien realizó el llenado del documento; finalmente, el perito Luigi Vargas Zambrana, en juicio había indicado que no puede decir: “si han sido en blanco o no en blanco”, lo cual demostraría la ambigüedad del peritaje y que el mismo no determina su autoría en el tipo penal de Abuso de Firma en Blanco.
En cuanto, a los precedentes contradictorios señaló que la Resolución de apelación no aplicó los siguientes: Autos Supremos 308/2014 de 5 de septiembre, 487/2015-RA de 16 de julio, 306/2013-RRC de 22 de noviembre, 438 de 15 de octubre de 2005, 135/2013-RRC de 20 de mayo, “131 de enero de 2007”, 35/2013-RRC de 14 de febrero, 135/2013-RRC de 20 de mayo, 467/2014-RRC de 17 de septiembre, 217/2014-RRC de 4 de junio, 214 de 28 de marzo de 2007 y 455/2014-RRC de 11 de septiembre, relativos a la apreciación probatoria por el Juez o Tribunal de Sentencia, sobre el control que debe realizar el Tribunal de alzada respecto a la valoración de la prueba, sobre el sistema de valoración de la prueba y las reglas de la sana crítica. Asimismo, los Autos Supremos 248/2012-RRC de 10 de octubre, “222-2014-RK de 9 de junio” y 399/2014-RRC de 19 de agosto, sobre la sana crítica y la obligación de fundamentar las resoluciones judiciales, 199/2013 de 11 de julio y 282/2014-RRC de 27 de junio, sobre el valor que se le asignará a cada uno de los elementos de prueba, 468/2014-RRC de 17 de septiembre, 14/2013-RRC de 6 de febrero, 214 de 28 de marzo de 2007, 238/2012 de 6 de septiembre, 135/2013-RRC de 20 de mayo, 283/2014 de 27 de junio y 399/2014-RRC de 19 de agosto, sobre la valoración de la prueba y las reglas de la sana crítica y las Sentencias Constitucionales 2798/2010-R de 10 de diciembre, 871/2010-R, 1365/2005-R, 2227/2010-R de 19 de noviembre, 0546/2004-R y 1086/2006-R y 1401/2003-R de 26 de septiembre.
La parte recurrente solicita previo los trámites de ley, se remitan antecedentes al Tribunal Supremo de Justicia.
Mediante Auto Supremo 651/2017-RA de 28 de agosto, cursante de fs. 2572 a 2574 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por Norma Teófila Encinas Laura, ante la concurrencia de presupuesto de flexibilización, para el análisis de fondo.
Por Sentencia 1/2016 de 20 de enero de 2016, el Juez de Tercero de Sentencia de La Paz, declaró a Norma Teófila Encinas Laura autora del delito de Abuso de Firma en Blanco, sancionado en el art. 336 del CP, imponiendo la pena de tres años y seis meses de reclusión, más multa de cien días a Bs. 5 (cinco bolivianos) por día; concluyendo que es autor del delito de Abuso de Firma en Blanco, la persona a quien se confía el documento; en este caso, se confió a la acusada del acceso a los ambientes donde se hallaba dicha documentación y se apropió sin que se le haya entregado materialmente, para luego llenarlo, es el momento en que se subsume dicho delito, demostrada que se halla por la prueba judicializa, lo contrario significaría pasar por alto una conducta que atenta al orden jurídico vigente, correspondiendo establecer responsabilidades civiles y penales ante la presencia de los elementos típicos del delito, acción típica, antijurídica y culpable, con la atenuación de la pena a fijar; por cuanto, no se demostró que la parte tenga antecedentes penales con Sentencia ejecutoriada anteriores al hecho incriminado.
Contra la señalada Sentencia la acusada Norma Teófila Encinas Laura, interpuso recurso de apelación restringida arguyendo en síntesis: i) La inobservancia de la ley en la Sentencia de mérito y una mala interpretación del principio de la sana crítica, para lo que acude al considerando tercero del fallo en el que no se habría aplicado los arts. 124 y 173 del CPP, respecto a la valoración de la prueba particularmente testifical. Invoca asimismo el art. 365 del CPP, sobre la exigencia de prueba para emitir una Sentencia condenatoria, fundamentando aspectos referidos al entendimiento de certeza, verdad, verosimilidad y probabilidad, con lo que afirma que existe prueba testifical no introducida al juicio; empero, que había sido considerada en Sentencia, además que se había omitido fundamentar y motivar el fallo. En similar sentido invoca el art. 362 del CPP, transcribe dicha norma legal y la sujeción del Juez o Tribunal a dicho principio. Invoca precedentes contradictorios. ii) La errónea aplicación de la ley y la vulneración al principio de la sana crítica en relación a la no valoración objetiva de las pruebas fundamentales, vulnerando el debido proceso y otros derechos así como garantías. Señala el dictamen pericial N° 0103/2008, invocando varios Autos Supremos referidos a la valoración de prueba, sana crítica y debida fundamentación, concluyendo que el estudio pericial no había sido valorado debidamente, al haberse analizado y valorado el documento de contrato de anticresis solo la firma y rúbrica de Víctor Ramos L., para establecer que firma es anterior al llenado, lo cual no diría nada en relación al delito atribuido.
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó el Auto de Vista impugnado, por el que declaró admisible e improcedente el recurso de apelación restringida interpuesto por Norma Teófila Encinas Laura, señalando entre sus conclusiones respecto a la vulneración del principio de continuidad, que la apelante debió reclamar tal aspecto ante el Juez de mérito, entendiendo que resultaron intrascendentes al advertirse ningún reclamo sobre el particular; respecto a la denuncia de errónea aplicación de la ley sustantiva, refiere que el Juez de Sentencia no incurrió en inobservancia, menos en errónea aplicación del art. 336 del CP, habida cuenta que arribó a las conclusiones obrando con criterio procesal adecuado, al concluir que la acusada provechando la confianza a ella dispensada sustrajo de las oficinas de la confederación un papel firmado en blanco, lo llena, hace firmar con abogado y hace aparecer un contrato de anticresis pretendiendo la devolución del importe contenido en dicho contrato; en cuanto, al incumplimiento del art. 38 inc. 1) del CPP, puntualiza que es una norma legal impertinente al recurso de apelación restringida porque la misma hace al ejercicio de la acción civil. De la denuncia del defecto de Sentencia consignado en el inc. 5) del art. 370 del CPP, precisó que la apelante no acredito la existencia de fundamentación contradictoria y menos donde radicaría esa contradicción; en cuanto, al defecto de Sentencia contenido en el inc. 6) del art. 370 del CPP, hace énfasis en que el Juez de mérito fundamentó en su Resolución las circunstancias de la sustracción del documento firmado en blanco, amparándose en la confianza que los miembros de la confederación brindaron a la acusada y a sus hijos para el ingresos a las oficinas de dicha entidad; de la denuncia de valoración defectuosa de prueba, el Tribunal de alzada amparándose en el Auto Supremo 623 de 26 de noviembre de 2007, de manera concreta indicó que la apelante se limitó a cuestionar aspectos genéricos, sin proporcionar ningún detalle respecto a qué reglas de la sana crítica fueron inobservadas o incumplidas, en qué sentido y cómo debieron de ser valoradas las pruebas cuestionadas; finalmente, en relación a las observaciones al trámite impreso para el perito de cargo Luigui Vargas Zambrana, aclara que tales observaciones debieron ser reclamadas al Juez de mérito por un principio de preclusión.
III. VERIFICACIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LA RECURRENTE
Este Tribunal admitió el recurso interpuesto por Norma Teófila Encinas Laura, para conocer las denuncias de vulneración del debido proceso, derecho a la defensa, imparcialidad, verdad material, seguridad jurídica e inocencia; ya que, la supuesta fundamentación sesgada del Auto de Vista recurrido y la falta de control sobre la valoración de la prueba, provocaron la confirmación de una Sentencia condenatoria en su contra; no obstante, de la ausencia de prueba que determine su autoría en el hecho endilgado y que se basa en prueba ilegalmente introducida al juicio; en este sentido, antes de ingresar a resolver los motivos del recurso, es menester establecer las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente resolución.
III.1. Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.
Las resoluciones para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentar y motivar adecuadamente las mismas, debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación ‘Motivación como argumentación jurídica especial’, señala: ‘El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.
En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria, (injusta)."
Por otra parte, la fundamentación y motivación de Resoluciones implica el deber jurídico de explicar y justificar de forma lógica y con base en la Ley, las razones de la decisión asumida en apego al principio de congruencia, que es aquella exigencia legal que obliga a establecer una correlación total entre la pretensión de quien recurre y la decisión de la autoridad jurisdiccional; es decir, a la existencia de concordancia entre lo planteado por las partes y la decisión asumida por el Juez o Tribunal; pero además, exige la concordancia o coherencia entre los fundamentos de la Resolución y la parte resolutiva de la misma, caso contrario la resolución podría incurrir en vicio de incongruencia que puede ser interna o externa.
III.2.1. En cuanto a la denuncia de fundamentación sesgada del Auto de
Vista recurrido.
La recurrente señala que la Resolución de alzada no analizó los fundamentos esgrimidos en su recurso de apelación restringida, mediante la cual acusó los defectos de Sentencia previstos en los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP, habiendo observado de manera clara que la Sentencia se fundó en una prueba testifical no incorporada al proceso y en un dictamen pericial ambigüo que no determina la autoría del delito de Abuso de Firma en Blanco.
Del análisis y revisión del recurso de apelación interpuesto, se advierte que la recurrente bajo su segundo acápite denominado “Con relación al art. 407.- concordante con el Art.- 370.- inc. 1.- •La inobservancia errónea aplicación de la ley sustantiva penal•”, indica que se ha aplicado erróneamente el art. 336 del CP, limitándose a realizar una remembranza de lo manifestado en alegatos y conclusiones de juicio oral, lo que mereció por parte del Tribunal de alzada, la providencia de fecha 9 de noviembre de 2016, que otorga el plazo de 3 días previsto por el art. 399 del CPP, para que la entonces apelante subsane y corrija los defectos de su apelación referidos al incumplimiento de los arts. 407 y 408 del CPP, “debiendo la apelante citar concretamente las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, expresando cual es la aplicación que se pretende; debiendo indicar separadamente cada violación con sus fundamentos” (sic); ya en el posterior memorial de subsanación, la apelante bajo su primer acápite denominado “De la inobservancia de la Ley en la Sentencia No. 01/2016 de fecha 20 de enero de 2016, y una mala interpretación del principio de la sana crítica que se traduce en violación de las reglas de la sana crítica al valorar una prueba que no fue introducida al juicio oral” (sic), se limitó a denunciar que el Juez de mérito valoró la declaración de la testigo María Teresa Chávez Pedraza, pese a que la misma fue prestada fuera del juicio oral.
A tal planteamiento, se advierte que el Tribunal de alzada mediante Auto de Vista 36/2017 de 11 de mayo de 2017 estableció respecto a la denuncia del defecto de Sentencia consignado en el inc. 1) del art. 370 del CPP, que la recurrente no cumplió en su memorial de apelación restringida, como tampoco en el memorial de subsanación, la carga argumentativa de fundamentar en forma clara y expresa la ley o leyes infringidas o aplicadas erróneamente, especificando y fundamentando en qué consiste cada violación, falsedad o error en que habría incurrido el Juez de la causa, limitándose la apelante a consignar aspectos de los hechos juzgados.
Asimismo, con relación a la denuncia del defecto de Sentencia consignado en el inc. 5) del art. 370 del CPP y del análisis; y, revisión del recurso de apelación interpuesto, como del posterior memorial de subsanación, se advierte que la recurrente señala que la Resolución de mérito carece de fundamentación al limitarse a expresar lo consignado en las acusaciones, tanto particular como la del Ministerio Público, haciendo énfasis en que existe contradicción entre los fundamentos y la Sentencia al existir una incorrecta valoración de prueba, lo que mereció por parte del Tribunal de alzada establecer al respecto que el fallo cuenta con la suficiente fundamentación, a lo que se suma que la apelante no acreditó la existencia de fundamentación contradictoria y menos dónde radicaría esa contradicción.
De igual forma, en cuanto a la denuncia del defecto de Sentencia consignado en el inc. 6) del art. 370 del CPP; se tiene que la ahora recurrente en su alzada señaló como hechos inexistentes en los cuales se basó la Sentencia, su ingreso a las oficinas de la confederación y la sustracción del documento firmado en blanco, cuestionando el por qué no le hubieren seguido un proceso por el delito de Robo o Hurto; como valoración defectuosa de prueba señala prueba tanto documental como testifical, haciendo énfasis en el informe pericial y la declaración del perito; lo que mereció por parte del Tribunal de apelación, puntualizar que los hechos juzgados y acusados son el delito de Abuso de Firma en Blanco y no de Sustracción, concluyendo respecto a las circunstancias en las que se obtuvo el papel firmado en blanco que “la autoridad judicial a-quo fundamenta en la Sentencia las circunstancias de su sustracción y precisamente se ampara en la confianza que los miembros de la Confederación habían brindado a la acusada y a sus hijos para el ingreso a las oficinas de dicha entidad.” (sic).
De lo expresado líneas arriba, se tiene que no es evidente la falta de pronunciamiento por parte del Tribunal de alzada; en cuanto, a la denuncia de defectos de la Sentencia expresados por los incs. 1), 5) y 6) del art. 370 del CPP, siendo el Auto de Vista 36/2017, una Resolución expresa, clara, completa, legitima y lógica conforme el entendimiento asumido por los Autos Supremos 342/2006 de 28 de Agosto, 207/2007 de 28 de marzo y 319/2012 de 4 de diciembre entre otros; y por ende, no vulnera el debido proceso, derecho a la defensa, imparcialidad, verdad material, seguridad jurídica e inocencia, al contener la debida fundamentación y motivación; ya que, en cuanto al defecto de Sentencia consignado en el inc. 1) del art. 370 del CPP; habida cuenta, que el Tribunal de alzada ante la omisión formal incurrida por el apelante de citar concretamente las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas, expresando cuál es la aplicación que se pretende; concedió al recurrente el plazo de tres días para que amplíe o corrija su recurso, aspecto que no fue cumplido derivando en la desestimación del reclamo; en cuanto, al defecto previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP, se tiene que el Tribunal de apelación identificó la omisión en la que incurrió la recurrente, dispuso su subsanación otorgándole el plazo previsto por ley; empero, notificada la misma con tal determinación, no subsanó las omisiones observadas, conforme se evidencia en el memorial de subsanación, en el que se limitó a reiterar de manera resumida los puntos de su recurso; sin precisar las normas vulneradas con la debida fundamentación y de manera separada, aspectos que constituyen una carga procesal para las partes que intervienen en la tramitación de la causa y que pretenden impugnar la Sentencia a través del recurso de apelación restringida. Finalmente, respecto al defecto consignado en el inc. 6) del art. 370 del CPP, si bien la recurrente orienta su reclamo a una supuesta valoración defectuosa de la prueba testifical y documental, se constata que a tiempo de formular su apelación restringida alegó la existencia de valoración defectuosa de la prueba, sin cuestionar la logicidad o el razonamiento errado de la Sentencia, con la debida identificación de qué reglas de la sana crítica fueron obviadas o erróneamente aplicadas, cuál fue el hecho no cierto o cuál la afirmación imposible o contraria a las leyes de la lógica o la experiencia, conforme la carga procesal que tienen las partes en los supuestos de que cuestionen la valoración probatoria de la Sentencia, por lo cual el presente motivo deviene en infundado.
III.2.2. En cuanto a la denuncia de falta de control sobre la valorización
En el caso de autos, por lo señalado en alzada y puntualizado mediante Auto Supremo 651/2017-RA emitido dentro de la presente causa, la recurrente señala que la Resolución de mérito se fundó en la declaración de María Teresa Chávez Pedraza como prueba testifical no incorporada al proceso y el dictamen pericial documentológico IDIF.REG.GRAL. N° 5576/2008-LAB.CRIM. DOC. N°0103/2008, el cual no establece que la imputada fue quien llenó el documento en cuestión, valoración de prueba la cual el Tribunal de alzada habría omitido su labor de control de logicidad.
Al respecto, retrayéndonos a la Sentencia emitida por el Juez Tercero de Sentencia dentro de la presente causa, se advierte que en el considerando “TERCERO”, se establece que “demostrado que se halla por el informe pericial elaborado por el Cap. Luigui Vargas Zambrana de fecha 25 de junio de 2008 a requerimiento fiscal, que establece en particular de Víctor Ramos L., que dicha firma “fue ejecutada con anterioridad al llenado del texto computarizado” (sic), mismo que se halla corroborado por las declaraciones de los testigos de cargo y la propia imputada, quien convocó a los suscribientes del documentos incriminado, quienes de manera uniforme niegan la suscripción de dicho documento.
Que, se debe considerar la declaración prestada en la etapa de investigación ante el Ministerio Público de María Teresa Chávez de Pedraza, quien trabajó de mesera con la Sra. Encinas al señalar que en una oportunidad vio que dicha Sra. tenía en su poder un papel sin llenado pero con firmas, lo que acredita la incriminación realizada en su contra…” (sic);
Al respecto, se advierte que el Tribunal de alzada sin entrar a una consideración de los hechos o las pruebas, cumplió con el objetivo de verificar que la fundamentación del fallo, en lo que respecta a la valoración del dictamen pericial documentológico, cumple con las reglas del recto entendimiento humano, indicando que “…se concluye que la autoridad judicial a-quo ha obrado con criterio procesal adecuado, no ameritando la procedencia del recurso de apelación restringida por los cuestionamientos lanzados por la parte apelante” (sic); por ende, al haber ejercido el control de logicidad sobre la prueba documental señalada, no se evidencia la vulneración de los principios del debido proceso, derecho a la defensa, imparcialidad, verdad material, seguridad jurídica e inocencia.
Sin embargo, con relación a la denuncia de valoración de la declaración de María Teresa Chávez Pedraza como prueba testifical no incorporada al proceso, se advierte que el Tribunal de alzada omitió la labor de control de logicidad de la Sentencia en lo que respecta a este punto; es decir, el Tribunal de alzada debió controlar que la Sentencia se base en elementos de prueba legalmente incorporados al juicio, en resguardo de los principios de contradicción y legalidad y el derecho a la defensa; puesto que, al considerar la declaración informativa de María Teresa Chávez Pedraza, prestada según glosa de la Resolución de mérito, ante el Ministerio Público en etapa preparatoria, no ha cimentado su Resolución en la deliberación sobre la base de lo visto, oído y percibido en la audiencia de juicio, contrariando la doctrina sentada por este Tribunal mediante Auto Supremo 14/2013 de 6 de febrero; lo que debió corresponder por parte del Tribunal de alzada, ante la arbitrariedad incurrida, corregir la aplicación del derecho conforme lo previsto por el art. 413 del CPP.
No obstante, dejando establecido que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre el punto cuestionado en el recurso de apelación restringida, referente a la valoración de prueba no introducida al juicio, incurrió en vicio de incongruencia omisiva que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP; corresponde establecer en el presente caso bajo el principio de trascendencia si la valoración cuestionada, era medular para sostener la Resolución de mérito; para establecer tal aspecto, acudiremos una vez más a la Resolución de mérito, la cual consigna bajo el acápite de “Valoración y fundamentación jurídica de la prueba” (sic), una análisis del tipo penal de Abuso de Firma en Blanco, en el cual establece formas de comisión y el dolo que exige el art. 336 del CP, estableciendo que no es necesario que exista daño patrimonial para que se consume el ilícito, continua la Resolución de mérito indicando en su considerando “Primero”; que tanto, la acusación fiscal como particular son la base del juicio teniendo presente que se acusa por el delito de Abuso de Firma en Blanco, teniendo como fundamento que la imputada Norma Teófila Encinas Laura, utilizaría un papel con membrete que pertenece a la Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia con firmas en blanco, insertando en el mismo un contrato de anticrético por la suma de $us. 5.500.- (cinco mil quinientos dólares estadounidenses), gravando el inmueble que pertenece a la citada Confederación, sin que los querellantes hayan firmado dicho contrato; en el considerando “Segundo”, hace referencia a las declaraciones testificales, tanto de cargo como de descargo y la prueba documental y literal, tanto de cargo como de descargo, judicializadas entre las que se destaca las testificales de Juan Vásquez Colque, ofrecidas tanto de cargo como de descargo, mismo que en su condición de ex-Secretario de Hacienda de la citada Confederación, indica que los dirigentes solían dejar a sus compañeros cuando se ausentaban a La Paz, papeles membretados con su firmas y sellos para que se puedan presentar ante diferentes instancias y que nunca firmó el documento de anticrético de 13 de diciembre de 2005; ya que, el mismo sería sustraído de la oficina de la Confederación porque la imputada tenía acceso libre como también sus hijos; toda vez, que estos vivían en dos habitaciones al interior en calidad de inquilinos, este aspecto corroborado por las declaraciones de Oscar Escalante Zelada, Buenaventura Almanza Aica y Víctor Ramos Limachi, respecto la declaración del perito Cap. Luigi Vargas Zambrana, el mismo indica que las firmas existentes y estampadas en el documento en cuestión son anteriores a la impresión del texto computarizado, de la declaración del abogado Miguel Ángel López Castellón, se tiene manifestado que su persona no realizó el contrato de anticresis, pero prestó su firma y sello a solicitud de la imputada.
De lo expuesto líneas arriba, se establece que aun desestimándose la valoración del elemento de prueba cuestionado por la recurrente, es decir la declaración de María Teresa Chávez Pedraza realizada por el Juez de mérito, no deja al fallo emitido sin sustento probatorio; por cuanto, el resto del elenco de pruebas referidas y valoradas en el acápite de “Valoración y fundamentación jurídica de la prueba”, hacen a la Sentencia suficiente y objetivamente sustentada, razonamiento que no denota contradicción interna alguna. En mérito a ello, y en aplicación del citado principio de trascendencia, estrechamente vinculado al principio de verdad material y el de conservación de los actos procesales, de la compulsa en términos de control de legalidad de logicidad, expresada por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en los fundamentos de su Resolución, los cuales determinan la adecuación de la conducta de la imputada al delito endilgado, corresponde que el presente motivo devenga en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Norma Teófila Encinas Laura.

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