Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en/Resolucion/Show/157
Timestamp: 2020-05-28 15:42:00+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 29/1983
SENTENCIA 29/1983, de 26 de abril
(BOE (Official State Gazzete) number 117, of 17 May 1983)
ECLI:ES:TC:1983:29
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Manuel García-Pelayo y Alonso, Presidente; don Jerónimo Arozamena Sierra, don Angel Latorre Segura, don Manuel Díez de Velasco Vallejo, don Francisco Rubio Llorente, doña Gloria Begué Cantón, don Luis Díez- Picazo y Ponce de León, don Francisco Tomás y Valiente, don Rafael Gómez-Ferrer Morant, don Angel Escudero del Corral, don Antonio Truyol Serra y don Francisco Pera Verdaguer, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 198/1982, formulado por don Luis Pulgar Arroyo, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Alvaro Ortiz Ruiz y don Luis Angel Ramos Soto, dirigidos por la Abogada doña Concepción de la Peña Fuentes, contra acuerdos del Ayuntamiento de Ermúa confirmado por la Sala de la Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Bilbao sobre cese de los actores en sus cargos de Concejales. En el recurso han comparecido el Abogado del Estado, el Ministerio Fiscal y la Procuradora doña Josefa Motos Guirao, en nombre y representación del Partido Comunista de Euskadi, bajo la dirección del Letrado don José M. Satrústegui, y ha sido ponente el Magistrado don Rafael Gómez-Ferrer Morant, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Los demandantes de amparo, don Alvaro Ortiz Ruiz y don Luis Angel Ramos Soto, fueron elegidos Concejales del Ayuntamiento de Ermúa (Vizcaya) en las elecciones del 3 de abril de 1979, a las que concurrieron en las listas del Partido Comunista de Euslkadi (en adelante PCEK) en calidad de miembros de dicha formación política.
Subsistente el mandato electoral, el Congreso del PCEK acordó converger «política y organizativamente» con otras formaciones políticas de izquierda para proceder a «la mutua autotransformación» de todas ellas en una nueva organización que habría de denominarse «Euskadiko Eskerra-Izquierda para el Socialismo». El Partido Comunista de España (en adelante PCE) expresó su disconformidad con la línea de actuación del PCEK y promovió el fraccionamiento de esta formación política en dos estructuras escindidas, una de ellas derivada de las previsiones contenidas en los Estatutos del PCEK y otra derivada de las decisiones adoptadas por el Comité Central del PCE el día 22 de octubre de 1981, si bien tanto la una como la otra se autoatribuian pública y contradictoriamente «la legitimación excluyente para representar y administrar los intereses del Partido Comunista de Euskadi» (PCEK). En el primero de estos dos «conjuntos organizativos» corresponde la representación legal del PCEK a don Roberto Lertxundi, mientras que en la «organización escindida» (términos usados aquí siempre en función del relato de los hechos que ofrece el recurrente en su demanda) cumple esa función, entre otras personas, don Antonio Pinto Moreno.
Intentando sin éxito el acuerdo amistoso, la organización del PCEK representada por don Roberto Lertxundi interpuso el 25 de enero de 1982 demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Bilbao contra la organización representada por don Antonio Pinto Moreno, con la pretensión de obtener «la declaración de nulidad única de la organización demandante para la utilización del nombre, y símbolos del PCEK y para actuar en su nombre y representación pública privadamente».
2. Durante el mes de febrero de 1982 don José Ignacio Barba Navaridas, apoderado para el trámite por don Antonio Pinto Moreno y en nombre del que este último aparece como representante legal, interesó de la Junta Electoral de Zona de Durango (Vizcaya) la sustitución de don Alvaro Ortiz Ruiz Luis Angel Ramos Soto de sus cargos de Concejales por haber causado baja en el Partido. La Junta Electoral acordó, el 15 de febrero de 1982, rechazar petición por no ser representantes del PCEK quienes la suscriben y por no constar la desposesión por el Ayuntamiento de los Concejales electos.
Una vez que le fue notificada dicha resolución denegatoria, el mismo don José o Barba Navaridas dirigió escrito al Ayuntamiento de Ermúa interesando la sustitución de los demandantes en sus cargos de Concejales por haber dejado pertenecer al Partido. Al mismo tiempo dirigió escrito al Ayuntamiento don Roberto Lertxundi negando la representación del PCEK por el señor Barba afirmando la propia, y manifestando que los demandantes gozan de la plena confianza de dicho Partido.
En sesión plenaria de 15 de marzo de 1982 la Corporación adopta el acuerdo de darse por enterada del escrito del señor Barba Navaridas y solicitar de la Electoral de Zona de Durango la expedición de credenciales de doña Arrate Eguía Elorza y don Angel Astola Lejarreta.
4. Contra el acuerdo del Ayuntamiento de Ermúa, confirmado por la Sentencia de la Audiencia, don Alvaro Ortiz Ruiz y don Luis Angel Ramos Soto presentaron oportunamente demanda de amparo ante este Tribunal por estimar que dicho acuerdo constituye una violación del derecho de igualdad ante la Ley (art. 14 de la Constitución), así como una violación del derecho al ejercicio, en condiciones de igualdad, de cargos públicos representativos electos mediante sufragio universal, reconocido en el art. 23 de la propia Norma Fundamental.
A juicio de los demandantes la violación del principio de igualdad se produjo porque la Corporación Municipal resolvió de plano sobre la pretensión del señor Barba Navaridas sin tener en cuenta las alegaciones hechas por ellos para que se tuviera en cuenta y se tramitase el escrito de don Roberto Lertxundi, que alegaban para poner de manifiesto su condición, no perdida, de miembros de PCEK.
6. Por providencia de 12 de agosto de 1982 la Sección de Vacaciones acordó tener por recibidas las actuaciones y por personada y parte a la Procuradora doña Josefa Motos Guirao, en nombre y representación del Partido Comunista de Euskadi, así como formar pieza separada de suspensión para resolver en ella la petición formulada a tal efecto por los recurrentes.
El Ministerio Fiscal, por su parte, tras señalar la similitud entre el presente recurso y los que se tramitan ante el Tribunal con los núms. 374/1982, 328/1982, 357/1982, 245/1982 y 144/1982, considera que el art. 11.7 de la LEC hace posible una proyección de la vida de los partidos sobre la de los Ayuntamientos que pugna con la autonomía municipal reconocida en el art. 137 de la Constitución y, sostiene que en el presente caso, en el que está pendiente ante la jurisdicción civil un juicio declarativo en el que se debate qué formación ostenta la legitimación y representación excluyente del PCEK, la decisión oportuna hubiera sido la de suspender toda actuación encaminada a la sustitución de unos concejales por otros. Por todo ello solicita la acumulación de los procesos de amparo relacionados, el recibimiento a prueba reclamando del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Bilbao testimonio de los Autos núm. 118/1982, relativos al juicio declarativo de mayor cuantía promovido por don Roberto Lertxundi, y que se dé vista de la misma a las partes.
Los recurrentes puntualizan en sus alegaciones que la vulneración del art. 14 de la Constitución por el Ayuntamiento de Ermúa se produjo por el diferente tratamiento que recibieron los escritos de los señores Barba y Lertxundi, de los que sólo el primero fue tenido en cuenta en el Pleno que adoptó el acuerdo recurrido, dando por sentado así que sólo el escrito del señor Barba valía como presentado por el Partido Comunista de Euskadi. Respecto a la lesión de su derecho a ejercer el cargo de Concejal, al amparo del art. 23.2 de la propia Norma Fundamental, los recurrentes alegan que su caso no es subsumible en la previsión legal del art. 11.7 de la LEL, y que éste ha sido aplicado indebidamente, pues su adscripción al PCEK no ha sufrido solución de continuidad hasta el presente. Por último afirman que el mencionado art. 11.7 lesiona el derecho fundamental a participar en los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas consagrado en el apartado primero del citado art. 23, alegación que tiene por objeto suscitar el análisis de la valoración constitucional de esta norma preconstitucional a los efectos del art. 55.2 de la LOTC: a su juicio el tan repetido art. 11.7 articula un mandato representativo «mediatizado por una relación imperativa de mandato con el Partido Político», y como el mandato imperativo esta prohibido por la Constitución en su art. 67, plantea la dudosa constitucionalidad del art. 11.7 de la LEL, entendiendo por su parte que la determinación de los ciudadanos como sujetos del derecho de participación política recogido en el art. 23 de la Constitución impide el establecimiento de relación de mandato imperativo.
Por último, la Procuradora doña Josefa Motos Guirao, afirma en su escrito de alegaciones que cualquier actuación realizada por el señor Lertxundi después de su cese y revocación de poderes del PCEK es nula, como lo fue la que realizó ante el Ayuntamiento de Ermúa; que los recurrentes fueron expulsados del PCEK, consintiendo en la expulsión al no recurrir contra ella; que la actuación del Ayuntamiento al no tener en cuenta más que el escrito del señor Barba fue correcta porque no es de competencia municipal examinar el fondo del problema planteado, y que el art. 11.7 de la LEC es constitucionalmente correcto porque no hace sino desarrollar lo establecido por el art. 6 de la Constitución al atribuir a los partidos políticos el carácter de «instrumento fundamental para la participación política». Por todo esto insta la denegación del amparo solicitado.
2. Este Tribunal tiene que resolver el recurso de amparo sobre los mismos hechos que han constituido la base fáctica de la decisión de los órganos cuyos actos se impugnan. En este caso consisten esencialmente en que los señores Ortiz y Ramos Soto dejaron de pertenecer a su partido por decisión de los órganos competentes del mismo, decisión a la que el Ayuntamiento de Ermúa como consecuencia jurídica, la de la pérdida de sus cargos de Concejal. Es cierto que tales supuestos de hecho podrán ser confirmados o no en su día por la jurisdicción ordinaria al resolver sobre la demanda que presentó el 25 de enero de 1982 don Roberto Lertxundi, de la que hicimos mención en el antecedente primero, pero, por la razón indicada, que tal confirmación se produzca o no es que no debe ocuparnos. Por ello no procede que en este caso hagamos uso la facultad que nos confiere el art. 3 de la LOTC para extender nuestra competencia a cuestiones prejudiciales o incidentales no pertenecientes al orden institucional directamente relacionadas con la materia de que se conoce, porque tal extensión cabe únicamente «a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional», y la resolución de la cuestión planteada por el señor Lertxundi ante el Juzgado de Primera Instancia de Bilbao es irrelevante para el enjuiciamiento constitucional del caso suscitado. Por otra parte, y en relación con este mismo punto, tampoco es posible que suspendamos el procedimiento constitucional hasta el pronunciamiento de la jurisdicción ordinaria, porque no nos hallamos ante una prejudicialidad penal, único supuesto, de acuerdo con el art. 91 de la LOTC, en que tal suspensión sería procedente.
Planteado en estos términos es claro que el caso es sustancialmente idéntico a los ya resueltos por el Pleno de este Tribunal en sus Sentencias de 4 de febrero (RA 374/1981) y 21 de febrero de 1983 (RA 144/1982) y se produce en un supuesto de hecho idéntico al contemplado en la Sentencia de 15 de marzo de 1983 (RA 245/1982) porque aquí nos hallamos ante la decisión del Partido Comunista de Euskadi, en la rama representada en el Ayuntamiento de Ermúa por el señor Barba Navaridas, de dar de baja del Partido a don Alvaro Ortiz Ruiz y a don Luis Angel Ramos Soto que equivale, como entonces dijimos, a la expulsión del mismo. Por ello, la fundamentación del fallo de este recurso de amparo ha de consistir principalmente en una remisión global a los fundamentos jurídicos de aquellas Sentencias, que lo son también de modo tácito y genérico en la presente.
4. La consecuencia necesaria de todo lo expuesto ha de consistir por fuerza en el otorgamiento del amparo, pues, en efecto, el acuerdo del Ayuntamiento de Ermúa, al aplicar el art. 11.7 de la LEL, y acordar que los señores Ortiz Ruiz y Ramos Soto, por haber causado baja, no por decisión propia, sino del órgano tenido por competente en el partido a que pertenecían y que los presentó como candidatos en las elecciones municipales, debían cesar como Concejales de aquella Corporación municipal, aplicó un precepto contrario a la Constitución y derogado por ella, violando al mismo tiempo el derecho de los señores Ortiz Ruiz y Ramos Soto a permanecer en el cargo para el que habían sido elegidos. Esta conclusión hace innecesario el examen de la infracción del principio de igualdad alegada por los recurrentes.
1º. Otorgar parcialmente el amparo, y a tal efecto:
a) Declarar la nulidad del acuerdo del Ayuntamiento de Ermúa de 15 de marzo de 1982 por el que se produjo el cese de don Alvaro Ortiz Ruiz y don Luis Angel Ramos Soto como Concejales de aquella Corporación municipal.
1. Voto particular que formulan los Magistrados don Angel Latorre Segura, don Manuel Díez de Velasco Vallejo y don Luis Díez-Picazo y Ponce de León a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 198/1982
Nuestra discrepancia se refiere a los fundamentos 3.º y 4.º de la Sentencia y al Fallo que no compartimos. Respecto de los primeros, consideramos que no debiera tenerse por derogado por inconstitucional el art. 11.7 de la Ley 39/1978, de 17 de julio, de Elecciones Locales, por las razones que se expusieron en los votos particulares de que se ha hecho referencia en el párrafo anterior y, especialmente, en las Sentencias de 4 de febrero de 1983 Y 21 de febrero del mismo año. Finalmente y por lo que al Fallo se refiere. consideramos que éste debiera ser desestimatorio por no haberse vulnerado ningún derecho fundamental susceptible de amparo de los recurrentes al haberles sido aplicado el referido art. 11.7 de la Ley de Elecciones Locales, afirmación que se circunscribe por nuestra parte exclusivamente y como es obvio al plano estrictamente jurídico.
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 117 ] 17/05/1983 Amendment 1
Type and record number Recurso de amparo 198-1982
Date of the decision 26/04/1983
Cese en el cargo de concejal por expulsión de un partido político.
Se reitera la doctrina sentada en las anteriores Sentencias 5/1983, 10/1983 y 20/1983 de este Tribunal en el sentido de que la Corporación Local al aplicar el art. 11 de la Ley de Elecciones Locales y acordar el cese de dos concejales por haber causado baja en el partido que los presentó como candidatos, no por decisión propia, sino del partido en cuestión, estaba aplicando un precepto contrario a la Constitución y derogado por ella, violando así el derecho de los concejales cesados a permanecer en el cargo para el que habían sido elegidos.
A los efectos de determinar los recursos que deben utilizarse para agotar la vía judicial, no puede exigirse al ciudadano que supere unas dificultades de interpretación que exceden de lo razonable para obtener el examen de su pretensión por este Tribunal.
Artículo 119, f. 1
Artículo 120, f. 1
Artículo 11.7, ff. 3, 4, VP
Artículo 42 a 44, f. 1
Derecho a permanecer en los cargos públicosDerecho a permanecer en los cargos públicos, f. 3
Distribución de concejalesDistribución de concejales, ff. 1, 2, 3, 4
Elecciones localesElecciones locales, ff. 1, 2, 3, 4
Expulsión de miembros de partidos políticosExpulsión de miembros de partidos políticos, f. 3
Procedimiento constitucionalProcedimiento constitucional, f. 2
Razonabilidad del requisito de agotamientoRazonabilidad del requisito de agotamiento, f. 1
Suspensión del proceso de amparoSuspensión del proceso de amparo, f. 2
Cuestiones prejudicialesCuestiones prejudiciales, f. 2

References: resolución 
 resolución 

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 11

Artículo 42