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Timestamp: 2020-05-31 11:31:16+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 338, de 11/06/2013
cve: DSCD-10-CO-338
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 338
- Sobre el respaldo a la ONU en la lucha contra la mutilación genital femenina. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001108) ... (Página2)
- Sobre medidas para avanzar hacia nuevos instrumentos y mecanismos de financiación adicionales para la cooperación al desarrollo. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001516) ... (Página5)
- Para la inmediata firma y ratificación del Tratado sobre comercio de armas. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001542) ... (Página10)
- Para instar al Gobierno a reforzar la cooperación española en el marco del actual agravamiento de la crisis de la región del Sahel. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001702) ... (Página13)
- Relativa a la promoción de la educación en igualdad en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001732) ... (Página16)
- Relativa a la seguridad de los trabajadores en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001736) ... (Página18)
- Sobre impulso del "micro mecenazgo" para incentivar las donaciones destinadas a las ONG. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001738) ... (Página21)
- Sobre la situación de los refugiados sirios. Presentada por los grupos parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001752)... (Página23)
- SOBRE EL RESPALDO A LA ONU EN LA LUCHA CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001108).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión.
Este presidente no se atreve a hacer una previsión fiable, pero la pretensión es empezar a votar entre la una y media y las dos de la tarde. Sería lo deseable, si les parece a ustedes. Los ponentes de las proposiciones dispondrán de siete minutos aproximadamente -ni cinco ni diez, una cosa intermedia-, dentro de la habitual flexibilidad.
De acuerdo con el orden de las proposiciones no de ley, empezamos por la que se refiere al respaldo a la ONU en la lucha contra la mutilación genital femenina, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Que las mujeres en todo el planeta sufren situaciones de discriminación y vulneración de sus derechos en mayor o menor grado en función de la calidad democrática de cada sociedad es algo sin discusión. La violencia física y el control de su sexualidad, de modo que no sean dueñas de sí mismas, son dos de los objetivos fundamentales para hacer posible que su sometimiento y no emancipación perduren en el tiempo. Como forma extrema de esa discriminación y desigualdad está la práctica de la mutilación genital femenina. Esta práctica machista es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Por quienes mutilan a las niñas y mujeres es considerada parte necesaria de la buena crianza de la niña y una forma de prepararla para el matrimonio. Suele estar amparada en la creencia de que reduce la libido femenina, haciendo que la mujer se resista a los actos sexuales ilícitos, relacionándose con lo que se considera un comportamiento sexual adecuado, con la virginidad y la fidelidad matrimonial. Se practica en la mayoría de los casos en la infancia, en algún momento entre la lactancia y los quince años, y solo ocasionalmente en la edad adulta. Supone la extirpación parcial o total de los órganos genitales femeninos externos, es decir, el clítoris, los labios mayores y menores, el pubis, la uretra y la abertura vaginal. Los datos globales que se estiman son escalofriantes. Algunas fuentes hablan de que han sufrido la mutilación genital unos 135 millones de niñas y mujeres en todo el mundo. También se estima que corren el riesgo de sufrir mutilación genital cada año en África unos 3 millones de niñas o que cada día en todo el mundo están en riesgo entre 8.000 y 6.000 niñas, lo que supone cinco niñas cada minuto en el mejor de los escenarios. Se lleva a cabo en África de forma generalizada en más de veintiocho países; también se suman otros como Egipto, Omán, Yemen, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Malasia, Indonesia y ciertos grupos étnicos de América del Sur. Las niñas y mujeres de comunidades en la diáspora también corren peligro. Existen informes de prácticas de mutilación en Australia, Alemania, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. España no queda al margen, pues también se han conocido casos principalmente en Cataluña y Aragón.
El propósito de esta proposición no de ley es hacer hincapié en la importancia de la resolución adoptada el 26 de noviembre de 2012 por la Asamblea Nacional de la ONU contra la mutilación genital femenina y contribuir a asegurar la implementación y puesta en práctica de esta resolución por parte de
nuestro país. La resolución implica un recordatorio a los Gobiernos para que elaboren planes de acción más allá de la legislación y se garantice que estos planes se dotan de recursos suficientes y se someten a seguimiento y rendición de cuentas a fin de aumentar la sensibilización. Por ello queremos que se incluya en la ejecución del Plan director de la cooperación española una previsión cuantitativa, indicativa de asignación de recursos de la AOD destinados a la estrategia de igualdad de género y de derechos sexuales y reproductivos, con el fin de medir y evaluar el seguimiento e impacto de las acciones de cooperación en materia de derechos de las mujeres que, como en el caso de la mutilación genital femenina, requieren un abordaje integrado en el ámbito de la prevención, trabajo comunitario, promoción de la salud sexual y reproductiva y de gobernabilidad, incluyendo la promoción y aplicación de las garantías normativas y jurisdiccionales que tutelan dichos derechos, algo que debería ser fácil de hacer por esta Comisión, ya que el IV Plan director de la cooperación española asume el enfoque de género en desarrollo, la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres como una de sus ocho orientaciones estratégicas y establece como una de las líneas específicas la de paliar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, incluyendo la trata y explotación sexual o la mutilación genital femenina como una de las situaciones de extrema vulnerabilidad que deben ser atendidas. En este ámbito, la resolución aprobada en Naciones Unidas contiene recomendaciones concretas para prevenir la mutilación, proteger a las niñas en peligro, poner fin a la impunidad y prestar servicios de apoyo a las mujeres que padecen secuelas de por vida que el Gobierno debería tener en cuenta. Además la resolución aclara que para poder acabar definitivamente con esta práctica machista todas las personas afectadas deben implicarse, incluidos varones adultos, menores y mayores de edad, sitúa el hecho en un marco de derechos humanos y resalta la importancia del empoderamiento de las mujeres, la promoción y protección de la salud sexual y reproductiva y la necesidad de romper el circulo de discriminación y violencia. Sobre esta base pedimos que se incluyan las acciones y medidas que proceda adoptar en el plan de derechos humanos que debe aprobar el Gobierno.
Por último, queremos resaltar que esta resolución ha supuesto un fuerte impulso a las organizaciones de la sociedad civil que luchan con el objetivo de poner fin a esa práctica machista, por lo que desde el Gobierno de España se debería seguir ese impulso y apoyar el trabajo de las ONGD especializadas y de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres, en especial en el ámbito de las estrategias de prevención, empoderamiento de las mujeres y de salud sexual y reproductiva, incluida la importante labor del ACNUR en el ámbito de la protección y derecho de asilo de mujeres y niñas que han sufrido por esta causa. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A esta primera proposición se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular. Para defenderla, tiene la palabra la señora Cobos.
La señora COBOS TRALLERO: Señorías, la Asamblea General de Naciones Unidas, con fecha 20 de diciembre de 2012, reconoció que la mutilación genital femenina es un abuso irreparable e irreversible; que repercute negativamente en los derechos humanos de las mujeres y de las niñas; que es una práctica nociva que constituye una grave amenaza para la salud de las mujeres y de las niñas, incluida su salud mental, sexual y reproductiva y que puede incrementar su vulnerabilidad al VIH y tener resultados adversos desde el punto de vista obstétrico y prenatal, así como consecuencias fatales para la madre y el recién nacido. Asimismo, mostró su preocupación porque, a pesar de los esfuerzos realizados en los planos nacional, regional e internacional, la práctica sigue existiendo. Por todo ello, instó a los Estados a intensificar la actividad de concienciación, a condenar todas las prácticas nocivas que afecten a las mujeres y niñas y a protegerlas contra esa forma de violencia y a promover procesos educativos que tengan en cuenta el género y propicien el empoderamiento de la mujer; en definitiva, instó a los Estados a elaborar, apoyar y aplicar estrategias amplias e integradas con el fin de aumentar la conciencia sobre la mutilación genital femenina, prevenirla y eliminarla. Eso es lo que está haciendo este Gobierno y lo que apoya el Grupo Parlamentario Popular.
Conocemos el compromiso asumido por este Gobierno en materia de igualdad entre mujeres y hombres y una muestra de ello es la estrategia nacional contra la violencia de género 2013-2016, que hace solo unas semanas nos presentó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la Comisión de Igualdad. Este proyecto impulsa la transversalidad del principio de igualdad en todas las políticas sectoriales del Gobierno; prestará especial atención a las mujeres que sufren discriminación y abordará de modo específico la prevención y el tratamiento de casos de mutilación genital en niñas y mujeres; supondrá la puesta en marcha de mecanismos de sensibilización sobre una práctica que vulnera
gravemente los derechos humanos y la articulación de actuaciones que incidan en su erradicación. Existen otros recursos en funcionamiento, como el que se aprobó a finales del año pasado por el Consejo Interterritorial de Salud, que estableció un protocolo de actuación sanitaria para las víctimas de violencia de género que incluye un contenido específico para tratar los casos de niñas o mujeres que han sufrido la mutilación genital femenina. También el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tiene entre sus cinco prioridades la lucha contra la discriminación por razón de género, en particular la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres; de ahí su apoyo y promoción de las resoluciones sobre género y violencia contra las mujeres en distintos foros internacionales. En cuanto a materia de cooperación, también tenemos que hablar del compromiso de España por la igualdad entre mujeres y hombres, que se ve reflejado en un conjunto de políticas, estrategias y acciones llevadas a cabo en los últimos años. En este sentido, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo ha apoyado distintas actuaciones relacionadas con la mutilación genital femenina, como, por ejemplo, el Fondo de población de las Naciones Unidas en Níger o el Fondo de la nueva Asociación para el Desarrollo en África. Además, el Gobierno lucha contra la mutilación genital femenina a través de convenios y proyectos, como el convenio con Paz y Desarrollo en cuatro países de África -Guinea Bissau, Mali, Mauritania y Senegal- y el convenio con Cruz Roja española en Mali o el proyecto de la Asociación Cooperación en Mali. En conclusión, España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, participa en la lucha contra la práctica de la mutilación genital femenina. Así, el IV Plan director de la cooperación española prevé reducir las desigualdades y promover los derechos de las mujeres y la igualdad mediante unas líneas específicas para paliar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, prestando una atención especial a situaciones de extrema dificultad, como la trata y explotación sexual o la mutilación genital femenina y sus consecuencias. Por tanto, en esta materia, la actividad de la cooperación española se desarrolla en torno a dos ejes: la garantía de continuidad de los convenios antes mencionados y la disponibilidad de desarrollar actuaciones de asistencia técnica siempre que se requiera y sea posible.
Por todo lo expuesto, es evidente el trabajo y el compromiso de este Gobierno con la promoción y ejecución de políticas de igualdad y protección de los derechos de las mujeres, y creo que queda claro que el Grupo Parlamentario Popular y este Gobierno somos sensibles con el tema. Coincidimos con el grupo proponente en que es una materia en la que todos los esfuerzos son pocos y en que tenemos que seguir trabajando, más aún teniendo en cuenta las previsiones de Unicef, que ponen de manifiesto que a la vista de la disminución de esta práctica desde 2008 es posible poner fin a este problema. Por ello, hemos presentado una enmienda que modifica muy poco, pero que introduce alguna mejora, puesto que no podemos olvidarnos de la realidad en la que vivimos, de la situación económica en la que estamos. Las tres medidas son coherentes con el nuevo plan de derechos humanos y con el IV Plan director de cooperación española, pero siempre teniendo en cuenta la posibilidad presupuestaria del momento. Con esta enmienda queremos dejar patente la importancia de la erradicación de la mutilación genital femenina y, tal y como dice la proposición no de ley, nuestro apoyo y respaldo a la ONU en la lucha contra esta práctica. Por eso, esperamos que esta enmienda sea aceptada o que podamos llegar a una transaccional. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz. Según el reparto teórico, vamos ajustados al tiempo, pero les animo a que sean más breves que los defensores, por favor.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Seré muy breve, señor presidente, porque los argumentos son una obviedad y no voy a repetir la necesidad de combatir estas prácticas. Simplemente quiero hacer una reflexión.
En la lucha contra esta aberración, no solo son necesarias acciones en la cooperación al desarrollo y en colaboración con las ONG, sino que es muy importante también el trabajo que se hace a través de los protocolos de intervención con las niñas que residen en nuestro país. De hecho, en el conjunto de Europa hay 500.000 niñas que sufren este tipo de prácticas, ya sea dentro de Europa o en sus países, a los que viajan para ser intervenidas. Por tanto, no solo es fundamental lo que hacemos en otros países; es importante que aquí, tanto desde las instituciones, como desde las escuelas y los propios centros sanitarios, con los mecanismos de diagnóstico, se haga un seguimiento de estas cuestiones. Quizás lo que falta -lo digo como reflexión sobre cómo trabajar esto en terceros países- es que esta sea una prioridad del Gobierno en las negociaciones bilaterales con otros países. Estas prácticas no se darían si
no existiera la complicidad o, como mínimo, la permisividad clara de las autoridades de estos países. Más allá de apoyar a las ONG sobre el terreno, la presión bilateral, tanto en acuerdos comerciales como políticos, situando este tema como una prioridad, sería fundamental.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano, en representación de Convergència i Unió.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, todos los grupos podemos coincidir en la cuestión de fondo, que es expresar el compromiso de la Cámara en la lucha contra la mutilación genital femenina. Quiero poner en valor que entre 2003 y 2005, el Gobierno de entonces, con el impulso también de Convergència i Unió, avanzó por primera vez en la tipificación en el Código Penal de este tipo de prácticas. En aquellos momentos, cuando se propició aquella legislación, parecía que un enfoque basado en la incorporación del nuevo tipo penal no iba a resolver las cuestiones planteadas, pero lo cierto es que a lo largo del tiempo ese tipo penal ha tenido cierta utilidad y ha habido sentencias que han condenado a personas que habían llevado a sus hijas a ser mutiladas. En relación con esas previsiones del Código Penal, se ha desarrollado también una jurisprudencia de los tribunales que ha reforzado la utilización del Código Penal como un instrumento de prevención de este tipo de prácticas. Lo decía la señora Ortiz y no me parece tampoco menor la transcendencia y la relevancia de todos los protocolos de prevención que se han impulsado por las diversas administraciones públicas. En el caso de Cataluña, creo recordar, que el protocolo fue prácticamente aprobado después de la incorporación al Código Penal de esta nueva tipificación. Además esas referencias que hacemos al Código Penal y a estos protocolos de prevención ponen el acento entre la vinculación entre inmigración y desarrollo, que es de esas cuestiones que en nuestra aproximación política nos cuesta a menudo poder concretar. Este grupo y este diputado llevamos años insistiendo en ello, porque en cualquier actuación de divulgación, de prevención, de cambio cultural, las comunidades de inmigrantes africanos residentes en España pueden ayudar en las comunidades de origen a forzar esos cambios de actitud. Ahí existe un recorrido interesante a realizar. En la lucha contra la mutilación genital femenina, más allá de las resoluciones de Naciones Unidas, de lo que puedan hacer incluso las propias ONG que trabajan en este campo, las comunidades de inmigrantes africanos en España deberían de tener un papel relevante. Ahí hay un terreno político a recorrer que me parece que es significativo. Convergència i Unió votará a favor de esta proposición no de ley recordando además -y eso figura en nuestro corpus jurídico desde hace años- que nunca, en nombre de culturas o de religiones, podemos legitimar prácticas que son contrarias a los derechos humanos más fundamentales. Tuvimos un cierto relativismo antes de 2003 en el enfoque jurídico de ese tipo de cuestiones que hoy ya forma parte del pasado, en nombre del respeto de ninguna cultura ni de ninguna religión no podemos legitimar actitudes, prácticas o comportamientos que vulnera lo más fundamental en este caso el derecho a la salud de las mujeres y de las niñas.
El señor PRESIDENTE: Gracias a los dos por el ajuste en los tiempos y sus ilustraciones. No sé si la señora Montón nos puede decir a la Comisión si acepta la enmienda presentada o en qué términos.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Me gustaría que llegáramos a una transacción, porque la mejora que proponen es en vez de incluir es estudiar la inclusión. El Grupo Popular propone como enmienda estudiar la inclusión donde ponía incluir. Vamos a ver si llegamos a algo que nos pueda satisfacer a ambas.
- SOBRE MEDIDAS PARA AVANZAR HACIA NUEVOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN ADICIONALES PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001516).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día. Proposición no de ley sobre medidas para avanzar hacia nuevos instrumentos y mecanismos de financiación adicionales para la cooperación al desarrollo, que ha presentado el señor Picó, en nombre del Grupo de Convergència i Unió. Tiene la palabra.
El señor PICÓ I AZANZA: Señorías, el mes de marzo del año pasado tuvimos la ocasión de tener en esta Comisión al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional para exponer las líneas generales de las políticas que iba desarrollar su ministerio en la presente legislatura. En aquella ocasión tuve la oportunidad de manifestarle al ministro diversas cosas, entre las cuales le ponía de manifiesto que las políticas de cooperación al desarrollo son estratégicas y definen qué lugar queremos desarrollar en la comunidad internacional. También le dije que estas políticas debían de estar pensadas a medio y largo plazo, ya que los resultados nunca son a corto plazo. Asimismo, le dije que debíamos de ser capaces en la acción política de crear un marco de corresponsabilización de todos en las políticas de cooperación para el desarrollo, cada uno en su ámbito y en su medida y responsabilidad. Corresponsabilización de todos los actores de la cooperación al desarrollo: las administraciones públicas, las organizaciones civiles, la ciudadanía y también el sector privado. Esta corresponsabilización exige al sector público coherencia en sus políticas, exige desarrollar una política pública para erradicar la pobreza. Esta corresponsabilización también exige a las ONG continuar mejorando su gestión y la eficiencia en las acciones que desarrollan, así como buscar una masa crítica suficiente de recursos para financiarse en un mayor grado. Exige al sector privado que participe en las políticas de desarrollo, convenciéndoles de los beneficios que pueden conseguir, no considerando solamente los directos, sino los beneficios para el conjunto de la sociedad y su responsabilidad en los países en vías de desarrollo en los que trabajen y estén localizados. Asimismo, es imprescindible estimular la sensibilización de los ciudadanos por la cooperación y la solidaridad, por su participación y contribución directa en los proyectos, ciudadanos independientes y concienciados en la necesidad de que la sociedad debe colaborar en la reducción de la pobreza.
Esta proposición no de ley que hoy hemos traído a esta Comisión pretende avanzar en esta corresponsabilización. Corresponsabilización de la Administración del Estado, de la sociedad y de la ciudadanía y del sector privado en la financiación del desarrollo económico y social de las sociedades más desfavorecidas. Es imprescindible poner las bases y los instrumentos necesarios para movilizar recursos adicionales -repito, adicionales- a los comprometidos por la ayuda oficial al desarrollo, los públicos, para abordar de forma más contundente, previsible y estable la lucha contra la pobreza, contra las desigualdades sociales y la inclusión. Para ello deben impulsarse medidas, tanto en el ámbito interno como en el internacional, que respondan a este objetivo.
¿Qué propone la iniciativa que formula hoy mi grupo parlamentario en esta Comisión? Primero, un compromiso de la Administración General del Estado en la previsibilidad y estabilidad de las políticas de cooperación para el desarrollo. No entraré a especificar para el resto de sus señorías, porque creo que no es necesario, en qué situación nos encontramos, todos la conocemos. Hablamos de compromiso presupuestario, de compromiso en la gestión de la deuda externa de la que España es acreedora y de subvenciones plurianuales. También hablamos del compromiso de los países en desarrollo, de lucha contra los paraísos fiscales, de más transparencia para que la riqueza procedente de estos países tribute allí donde se genera. Compromiso del sector privado en el desarrollo a través de la responsabilidad social empresarial -que todos hemos estado trabajando y estamos trabajando en esta Comisión-, de las alianzas público-privadas, de los partenariados. Compromiso de la sociedad civil para buscar nuevas fórmulas de financiación, de la economía social por ejemplo, y de la ciudadanía en las políticas de desarrollo con una inversión ética, la financiación solidaria, etcétera.
Quería centrarme en dos de los instrumentos que creemos centrales y que hemos puesto en el petitum de nuestra iniciativa. El primero de ellos es que la iniciativa reclama una posición más favorable y proactiva para movilizar a nivel internacional recursos adicionales y predecibles destinados a la lucha contra la pobreza. En la Agenda post 2015 este será uno de los temas más importantes y más candentes. En los trabajos previos es un punto que está creando mucha controversia, pero una agenda sin esos instrumentos adicionales de financiación de los objetivos difícilmente podrá tener un buen resultado. En el mecanismo de cooperación reforzada, en el seno de la Unión Europea, se está trabajando en la tasa de transacciones financieras, ahora es el momento de concretar superando todos los obstáculos que sean necesarios, superando los problemas técnicos que pueda suponer la adopción de esta figura impositiva a nivel internacional, pero debe hacerse de forma decidida y sin lugar a dudas.
Otro tema recurrente -y sus señorías saben que es una de las fijaciones que tiene este portavoz- es la modificación del régimen del mecenazgo. El sistema actual ha quedado obsoleto y superado por la mayoría de regulaciones del resto de países de nuestro entorno. Todos conocemos, por ejemplo, los beneficios fiscales que da Francia en su legislación a toda la labor de mecenazgo. El resultado realmente ha sido pobre en España, en este sentido es el momento de avanzar. Así lo entendió mi grupo parlamentario
presentando una proposición de ley de la modificación del mecenazgo, que no fue tomada en consideración por el Pleno de la Cámara. Así lo entiende también el Gobierno, ayer -no cabe ir muy lejos-, en Barcelona, el secretario de Estado de cultura se refería ello. Muy posiblemente a finales de este año se tendría un borrador de modificación de la Ley de Mecenazgo. El Consejo de ministros también en el mes de abril aprobaba la constitución de una comisión interministerial para estudiar el tema. Muchas vueltas, muchos estudios, esto parece una peonza, pero espero que finalmente podamos llegar a algún tipo de modificación de la Ley de Mecenazgo, porque lo necesitamos. Mi grupo parlamentario cree que es una modificación legal que debe impulsarse sin demora. Esto es lo que reclama la proposición no de ley: la mejora del régimen fiscal del mecenazgo privado en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades y del micromecenazgo en las acciones de cooperación al desarrollo. Saben perfectamente que el sector de la cooperación al desarrollo está siendo muy activo en las propuestas de las medidas que se están tomando en el tema del micromecenazgo. Aquí también hay un trabajo importante a realizar.
Como les decía es una proposición no de ley que habla de corresponsabilización en la financiación del desarrollo económico y social de los más desfavorecidos. Este es el objetivo de la proposición no de ley. Se han presentado dos enmiendas una por el Grupo de La Izquierda Plural y otra por el grupo que da apoyo al Gobierno. Estamos intentando llegar a algún tipo de transaccional. En el caso de que lleguemos sería una buena noticia para impulsar esa corresponsabilización que estoy defendiendo.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado dos enmiendas. Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora Ortiz, adelante.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Intervengo brevemente. Mi grupo parlamentario podía hacer muchos comentarios, porque es una proposición no de ley muy amplia que aborda muchísimos temas y muy variados. Aunque no siempre compartimos con el Grupo de Convergència i Unió el modelo de cooperación y los instrumentos de financiación, de la manera que está redactada esta proposición no de ley podría promover el consenso de esta Comisión. Compartimos que haya mecanismos innovadores de financiación. Se habla del impuesto de transacciones financieras -es importante ponerlo encima de la mesa, especialmente cuando el señor De Guindos ha expresado ciertas reticencias a avanzar en este sentido a nivel europeo, a pesar de que España había dado su sí inicialmente-, de las cuestiones de cambio climático, del modelo de cooperación, etcétera, mi grupo parlamentario comparte la filosofía general de esta proposición no de ley y podemos dar apoyo. Es verdad que tras este discurso de incrementar la responsabilidad del sector empresarial, que en Convergència i Unió es una constante en todas las Comisiones, siempre hemos exigido la necesidad de aumentar la responsabilidad del sector empresarial en el desarrollo, pero no como sustituto de las políticas públicas de cooperación. Esta es la primera enmienda que tenemos que hacer aquí. Más allá de que el sector empresarial se implique o movilice recursos o pueda ser un actor desencadenante, sobre todo si es un actor responsable en el terreno -este es el factor fundamental-, y más allá de la cooperación a nivel financiero que pueda hacer, lo que pueden hacer las empresas sobre todo es cambiar sus patrones de comportamiento en muchos países, queremos defender un modelo de cooperación pública, entendiendo que hay organizaciones que están haciendo muy buen trabajo y que tienen que ser independientes de los intereses de empresas españolas o multinacionales a la hora de hacer ese trabajo, porque hay un tipo de políticas de desarrollo que se deben hacer desde la neutralidad o desde la crítica política. Todas aquellas organizaciones que hablan de derechos humanos, que promueven la sociedad civil en los países del sur, son organizaciones necesarias y que seguramente no son rentables desde el punto de vista de la cooperación público-privada y que deben de tener el apoyo público. Es importante hacer esa reflexión.
La segunda enmienda era básicamente por no poner en un mismo saco, en el que se etiqueta como inversión ética y de financiación solidaria, cuestiones que son muy variadas, aquí los fondos de capital riesgo pueden ser o no inversiones éticas y solidarias, pueden no serlo, o las instituciones de inversión colectiva. No tenía sentido poner al lado de la banca ética o las entidades de la economía social el capital riesgo, podría ser o no. Teniendo en cuenta que podemos empezar a hacer un balance de los riesgos que tienen este tipo de fondos, dónde han estado ubicados y cómo a veces se han perdido muchos recursos por el camino y no han sido utilizados. Era necesario diferenciarlo y hemos suprimido estos dos instrumentos entendiendo que no se pueden poner al lado de lo que representaría la banca ética. Si nos aceptan las enmiendas daríamos apoyo a la proposición no de ley, a la espera de si hay alguna transacción con el grupo mayoritario que expresaríamos ciertas reticencias con su planteamiento.
El señor PRESIDENTE: Es el turno del grupo mayoritario, señor Uriarte.
El señor URIARTE AYALA: En primer lugar, quiero agradecer al ponente de la proposición no de ley y a su grupo la oportunidad de debatir un tema que es de actualidad en el sector de la cooperación y de las políticas al desarrollo no solo en España, sino también a nivel internacional. Para poder abordarlo hay que ser capaces de enfocar el recorrido que ha tenido la dificultad de la financiación pública, que nos trae hoy a la necesidad de buscar nuevos instrumentos. Todos sabemos que la cooperación ha vivido y vivió un momento presupuestariamente de esplendor con el último Gobierno socialista, llegando a porcentajes de dinero público destinado como jamás se había visto en nuestro país. Nadie intuyó -tengo la impresión personal de que en muchos casos no se quiso intuir por el Gobierno ni por mucha parte del sector- la falta de sostenibilidad y de previsibilidad que tenían esos fondos y esos incrementos presupuestarios. Absolutamente nadie aprovechó el momento para fortalecer con esos incrementos presupuestarios el sistema de la cooperación, para fortalecer los mecanismos que permitieran mantener el nivel de fondos. (El señor vicepresidente, Vázquez Jiménez, ocupa la Presidencia). Nadie intentó idear fórmulas para que el peso de la cooperación no recaiga únicamente en el sector público y que dependa siempre de las desviaciones o de la inestabilidad de la situación presupuestaria. Nadie quiso tampoco mirar más allá de la cifra del porcentaje de ayuda oficial al desarrollo, como si ese porcentaje fuera el mejor indicador de la cooperación. Se miró hacia otro sitio mientras el dinero no se ejecutaba, como estuvo explicando aquí el secretario general de Cooperación hace unas semanas, mientras los fondos no tenían seguimiento o evaluación, fondos de los que no conocemos su eficacia y su impacto real y con todo ese recorrido se llegó a la situación en nuestro país de dificultades económicas y llegaron los dos grandes grupos con los recortes en la cooperación, primero el Partido Socialista y después el Partido Popular.
Señorías, ahora el sector está comenzando a abrir los grandes debates de la cooperación internacional y ojalá -y deseo- que no nos cerremos en falso por miedo a tener que aceptar muchas realidades a las que el sector de la cooperación está abocado. Lo importante es que ese debate está abierto y que está arrojando ya algunas consideraciones interesantes, entre ellas la importancia de encontrar nuevos mecanismos de financiación. Recuerdo también a la Comisión que, por ejemplo, el próximo 13 de junio se celebra un taller de la Agencia Española de Cooperación Internacional con la Coordinadora de ONG en el que el tema concretamente es este: seguir trabajando y buscando de forma acordada y conjunta nuevos mecanismos para la financiación. Además es interesante e importante que sea el propio sector junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional los que puedan trabajar y seguir analizando en esta línea.
El Grupo de Convergència i Unió envuelve en su proposición no de ley esta necesidad de nuevos instrumentos para dar respuesta a la actual crisis económica. Prefiero verlo, como les estaba comentando, desde el enfoque de que queremos por fin una cooperación madura, eficaz, abierta a todos los agentes de desarrollo y menos dependiente de las variabilidades del sector público. Encaminándonos todos al propósito de que realmente el sector, además de otros agentes de desarrollo, esté compuesto por organizaciones lo más no gubernamentales posibles, lo que siempre ha generado más independencia y más juicio crítico real con los Gobiernos que ejercen políticas públicas de cooperación.
Estamos abiertos a un debate serio, riguroso, profundo que estoy convencido que no se quedará en esta proposición no de ley, en lo que coincido con la diputada de La Izquierda Plural de que es una proposición no de ley muy amplia y transversal en muchos ámbitos, espero que podamos seguir ahondando para buscar nuevas fórmulas y planteamientos en la financiación de la cooperación. Hemos propuesto una enmienda que recoge aspectos que consideramos importantes en esta línea de nuevos instrumentos, sobre el problema de sobreendeudamiento de los países en desarrollo, el asesoramiento a las organizaciones no gubernamentales y la tasa de las transacciones financieras -de lo que hemos hablado mucho en esta Comisión y en esta Cámara-. Esta enmienda también apoya seguir con las iniciativas internacionales que generan nuevos flujos de fondos para la cooperación, a seguir impulsando medidas para combatir la impunidad y la opacidad de los paraísos fiscales y que sigan promoviendo la responsabilidad social empresarial, que como todos ustedes saben estamos debatiendo hasta la saciedad. Podemos llegar a una transaccional con el grupo proponente y espero, aunque ya lo ha declarado la ponente de La Izquierda Plural que con reticencias, que también con ellos de cara a su enmienda sobre las alianzas público-privadas. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): ¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa). Por el Grupo de UPyD, señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Intervengo brevemente para manifestar que mi grupo apoya esta iniciativa, aunque es un apoyo con cautela. Nos parece que la coyuntura es favorable para esta iniciativa, pero puede ocurrir que se posibiliten otras al aplicar estas medidas que, siendo recomendables en su objetivo, acaben ocurriendo desviaciones perversas. Lo explico. Sería el caso, por ejemplo, de proporcionar incentivos fiscales al mecenazgo que si no están enfocados adecuadamente podrían provocar de hecho un trato fiscal preferente para las grandes fortunas. Sería el caso de la promoción de la responsabilidad social empresarial y de las alianzas público-privadas que si la regulación que se hace es demasiado permisiva pueden convertirse en un puro instrumento de márquetin empresarial. Solamente por citar dos casos en los que habría que estar vigilantes en la aplicación de medidas de este tipo. Por el contrario, propuestas como transformar las subvenciones anuales en plurianuales, iniciativas para convertir la deuda externa en programas de desarrollo o apoyo a las ONG para acceder a los presupuestos de la Unión Europea, la implantación de la tasa Tobin o combatir la opacidad de los paraísos fiscales, mi grupo las apoya sin condiciones. Quería dejar constancia de que este apoyo y voto favorable de mi grupo es con estas cautelas que he expresado.
El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Señor Zaragoza, por el Grupo Socialista.
El señor ZARAGOZA ALONSO: No me alargaré excesivamente, porque compartimos muchos de los planteamientos que han hecho el ponente de Convergència i Unió y la portavoz de La Izquierda Plural. Más que nada porque fundamentalmente lo que nos estamos encontrando en estos momentos es que muchos de estos contenidos que se plantean en esta propuesta y que forman parte del consenso político en torno a la cooperación internacional que hasta ahora ha presidido las cosas que se han ido haciendo ahora están en riesgo de perderse, porque se están poniendo en práctica unas políticas sobre todo cuestionando -que es lo que nosotros discutimos- el recorte desproporcionado e injustificado de la caída de la ayuda al desarrollo por el Gobierno del Partido Popular en estos dos últimos años de un 70%, bajando esa cooperación a un 0,15 del presupuesto del 2012. Lo que nos está ocurriendo es que con las excusas, como siempre, de las crisis hay lugares donde se incide con más intensidad en esos recortes y donde se está perdiendo un consenso en las políticas de cooperación. Esto nos lleva a unos porcentajes miserables y hace que, como pasa en todos los tiempos de crisis, tengamos que agudizar el ingenio y las ideas y eso es lo que hay en la propuesta de Convergència i Unió para buscar soluciones a un problema que está generando la política del Partido Popular, a un problema que genera una acción claramente contraria a lo que había sido hasta ahora la línea de cooperación internacional de nuestro país, porque forman parte de unas cuestiones que no hemos dejar que se nos produzcan que las crisis económicas no se conviertan en crisis sociales y al final se conviertan en una crisis moral y que pretendamos olvidar que tenemos las obligaciones de cooperar y ayudar a desarrollar países donde la pobreza cada vez está más incentivada. Nosotros hemos pedido y compartimos lo que marca el marco presupuestario que es que en los próximos ejercicios eso se compense, que intentemos cambiar la tendencia en estas cuestiones, pero no solamente en estos temas. Se han planteado otros temas que para nosotros son muy importantes. Tuvimos ocasión de debatir estos temas en la comparecencia del secretario general de Cooperación sin conocer el informe de gestión del Fondo de promoción al desarrollo, que tendremos oportunidad de discutir y así sabremos cómo están estas cosas.
Aparte de estas cuestiones que se han desarrollado, como el tema de las subvenciones plurianuales, que sabemos que está todavía pendiente -y aquí se ha señalado en la intervención del Grupo Popular- el desarrollo de las directrices del IV Plan de cooperación en colaboración con las organizaciones no gubernamentales, es muy importante -y lo digo con toda la claridad- que seamos capaces de mantener una política pública y estatal en los temas de cooperación. La sensación que nos está dando a nosotros es que aquí se está intentando reducir la cooperación desde el punto de vista público y desplazar responsabilidades hacia otros sectores. Nunca hemos de olvidar que la cooperación fundamentalmente se basa sobre todo en la colaboración que hemos de tener con las ONG, pero sobre todo en la función pública.
No me alargaré excesivamente ni voy a entrar profundamente en los temas que ya se han señalado anteriormente, pero me gustaría decir unas cuantas cosas. Primero, nosotros compartimos las enmiendas de La Izquierda Plural. Segundo, tenemos muchas reticencias a la enmienda del Grupo Popular, compartimos en esto su posición. Estamos dispuestos a apoyar la propuesta del Grupo de Convergència i Unió, nos parece una muy buena propuesta. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Nuestro apoyo a esta PNL busca retomar como prioridad estratégica de la política de cooperación el trabajo en
materia de coherencia de políticas para el desarrollo, como hemos ido reiterando, y sobre todo resulta imprescindible retomar la senda de la construcción de una política de desarrollo coherente y responsable con todos los ámbitos que se reseñen en esa propuesta. Para nosotros la cooperación tiene que ser una política de Estado y una política pública. Este es el resumen: estamos en la línea de esta propuesta de Convergència i Unió. (Aplausos).
- PARA LA INMEDIATA FIRMA Y RATIFICACIÓN DEL TRATADO SOBRE COMERCIO DE ARMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001542).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día. Proposición no de ley, presentada por La Izquierda Plural, para la inmediata firma y ratificación del Tratado sobre comercio de armas. Señora Ortiz, tiene la palabra.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Esta proposición no de ley a lo mejor se puede ver superada por los acontecimientos, pero desde nuestro grupo parlamentario decidimos mantenerla, porque había una parte de su contenido que no había sido aprobado en otra Comisión y que entendíamos que era importante subrayar. Por tanto, recapitulando un poco. Era importante que, más allá de que la Comisión de Asuntos Exteriores tratara esta cuestión, desde esta Comisión también se instara al Gobierno a una inmediata firma y ratificación del Tratado de armas. El Tratado de armas es un instrumento muy valioso para la lucha y los atentados a los derechos humanos y las consecuencias que tiene hoy que lleguen armas a países que vulneran de forma reiterada los derechos humanos o haya situaciones de extrema violencia o de conflicto bélico y que los países exportadores sean cómplices de esa barbarie y corresponsables con ese poco control. De hecho han sido muchísimos años de trabajo de muchísimas organizaciones no gubernamentales, campañas como la de Armas bajo control -y han sido décadas-, y después de seis años de negociaciones finalmente la Asamblea General de Naciones Unidas, en el mes de abril, ha acabado aprobando un tratado con prácticamente la unanimidad excepto tres países, y entendemos que es un logro. Es verdad que se podía haber ido más allá, que podíamos haber tenido instrumentos más exigentes y mejorar el control, pero creemos que es un paso muy importante, y no solo desde nuestro grupo parlamentario sino desde Naciones Unidas y desde todas esas organizaciones que han estado trabajando activamente. Por eso entendíamos que España había de ser uno de los países que no solo debía aprobar el tratado sino ser parte activa de esos países que lideraran la pronta ratificación y la firma de ese tratado. Hay que tener en cuenta también la propia historia de España, porque ha estado durante mucho tiempo entre los diez países del mundo que más armas exportaba, y más allá de tener su propia normativa hemos conocido en diversas ocasiones noticias como que España era responsable de exportar armas a países que estaban en conflicto, que estaban gobernados por dictaduras o en los que se vulneraban sistemáticamente los derechos humanos, como fue el caso de Libia, que generó un escándalo en nuestro país. Por tanto, repito, entendíamos que España debía ser parte proactiva para que este tratado fuera ratificado con prontitud y promoverlo en el resto del mundo. Sobre todo, creemos que se deben implementar mecanismos, sean normativos o no, los que se requieran, para que además de firmarlo y ratificarlo se aplique de forma efectiva y eficaz. Esto es lo que recoge esta proposición no de ley.
Es verdad que el Gobierno ha sido rápido y firmó ese tratado al día siguiente de abrirse el plazo, de lo que mi grupo parlamentario se congratula, además, con el liderazgo del ministro Soria. Pensamos que es una buena noticia, y así lo estiman también otras organizaciones, además de ser positivo. Pero mantuvimos la proposición no de ley porque entendíamos que era importante que, más allá de ratificarlo, España se mantuviera activa en cuanto a promover que el resto de Estados también lo firmaran y que se ratificara de forma rápida, además de revisar nuestra normativa y los instrumentos que tenemos a nuestro servicio para cumplir ese tratado. Básicamente se trata de esto. Sé que el Gobierno dirá que nuestra normativa ya es muy avanzada. Creo que es importante revisar qué leyes tenemos para ver si podemos cumplir, si podemos tener un buen registro de hacia dónde van, cómo son nuestras exportaciones y si podemos, incluso mejorar para llegar a las máximas exigencias en un país que debería ser muy responsable, ya que es protagonista de gran parte de la exportación de armas en el mundo.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra el señor Casado.
El señor CASADO BLANCO: El Grupo Parlamentario Popular respalda y se congratula de la rápida actuación del Gobierno de España que, además, es muy coherente con las negociaciones y con el apoyo a nivel internacional de este Tratado sobre comercio de armas desde hace ya varios años. En esta sede parlamentaria se han presentado y aprobado varias proposiciones no de ley y el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en sendas comparecencias ante esta Comisión y ante la de Asuntos Exteriores anunció el respaldo entusiasta de España.
Respecto a la proposición no de ley, creo que es adecuado que se sigan respaldando esas actuaciones. Únicamente quiero decir que la transaccional que hemos presentado hace referencia a dos puntos fundamentales. En primer lugar, que la universalización -no estamos en contra de que se mantenga en el texto- que España ha ido encauzando, se potenció incluso con el propio copatrocinio en el proyecto de resolución en el que se adoptaba este Tratado de comercio de armas, que fue aprobado en la Asamblea General de Naciones Unidas el 3 abril, y además en una declaración que fue encabezada por México, en nombre de 96 Estados, entre ellos España, que instaba a que los países, aún habiéndolo firmado, colaboraran en su rápida entrada en vigor así como en la universalidad del mismo. Creo que a través de estos mecanismos el Gobierno de España ha colaborado a ello.
Es cierto que la legislación en España es aún más ambiciosa que la propia legislación internacional recién aprobada sobre el comercio de armas. La Ley básica es la 53/2007, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y doble uso, y el Decreto que la desarrolla, que es el 2061, habla precisamente... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Ruego a los diputados que guarden silencio para facilitar un poco la audiencia del defensor de la enmienda.
El señor CASADO BLANCO: Este real decreto sobre sistema de control español de comercio exterior de estos productos incluye incluso más parámetros, en este caso 22, de control que los 8 que recoge el tratado, de manera que la relación es aún mayor en cuanto al control y mecanismos de intercambio de información en la Unión Europea.
Hay otro punto, que es el artículo 8 de la Ley 53, que dice que las autoridades españolas deben verificar, antes de autorizar cualquier operación de exportación de material de defensa o de otro material o productos y tecnología de doble uso, la situación existente en los países de destino, además de otra serie de variables; es decir, muy en la línea de lo que solicitaba el grupo proponente. En este sentido, consideramos que lo más positivo, después de estas cifras escandalosas de casi 500.000 muertes al año, víctimas de material bélico, es esa buena noticia de que 55 países hayan ratificado y firmado este tratado, excepto Irán, Siria y Corea del Norte, siendo muy significativas esas tres ausencias clamorosas, sobre todo en el caso de Siria, donde por desgracia seguimos viendo a diario noticias sobre las masacres que se están produciendo en ese país. Además, España no solo ha sido uno de los firmantes sino que ha sido el único que ha aceptado la llamada regla de oro, es decir, la aplicación provisional que pedían precisamente las ONG y que también ha sido solicitada en sede parlamentaria. Las propias ONG, entre ellas, Amnistía Internacional e Intermon Oxfam, han enviado una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores agradeciendo su rol constructivo y valorando la posición de este grupo parlamentario, de todos los representados en esta Cámara, incluso de los 15 parlamentos autonómicos, que también han hecho una declaración institucional, y más de 110 corporaciones locales.
Por todo ello, este grupo propone esta enmienda transaccional, aunque su intención es apoyar el texto definitivo simplemente dejando esa referencia de que nos congratulamos por la participación del Gobierno en la firma del Tratado sobre comercio de armas, que animamos a impulsar la ratificación del tratado y que promovemos, tanto en sus relaciones bilaterales como en el marco de la Unión Europea, la universalización del tratado. En la adaptación legal oportuna pensamos que deberíamos añadir solamente "en caso de que fueran necesarias", porque, como ya hemos dicho, pensamos que la legislación española es muy estricta al respecto.
El señor PRESIDENTE: Les recuerdo que en el turno de fijación de posiciones disponen de unos cinco minutos y si, como dice, no va a agotar el tiempo, la felicito de antemano.
Tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Intervengo, ya lo han dicho otros portavoces, para felicitarnos por la rapidez con la que el Gobierno ha firmado este Tratado sobre comercio de armas. Creemos que está
demostrado que toda la legislación, tanto nacional como internacional, relativa a fomentar la transparencia, el control y la regulación del comercio de armas contribuye a mejorar el desarrollo de los países, puesto que cuando no existe ese control del armamento hay un mayor número de conflictos armados, genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etcétera, lo que, obviamente, tiene consecuencias inmediatas sobre el desarrollo de los países. Pero también queremos subrayar que este posicionamiento tan rápido de nuestro país está motivado, en parte, por la existencia de una buena regulación sobre el comercio de material de defensa y de material de doble uso, y así se comprueba cada año en la revisión de ese informe que hacemos en la Comisión de Defensa, así como en las recomendaciones que se le hacen al Gobierno. Esto lo digo para hacer una reflexión en el sentido de que las cosas no suceden por casualidad sino que cuando existen buenas leyes y buenos procedimientos de control parlamentario pueden ocurrir cosas como que nuestro Gobierno sea uno de los primeros en firmar un tratado de la magnitud de este. Nosotros, desde luego, apoyamos el impulso a su ratificación inmediata.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: En otras comisiones hemos tratado este tema de forma previa a la negociación del Tratado de armas, posteriormente aprobado, siendo rápidamente firmado por parte del Gobierno, por lo cual creo que debemos felicitarnos. Sin lugar a dudas, creo que el tratado ha sido éxito compartido, fruto del trabajo y del esfuerzo de los Estados, también del compromiso de España, que ha sido firme, de la sociedad civil organizada, culminando así años de negociaciones diplomáticas y de esfuerzos por parte de la sociedad civil. Me alegro, además, porque creo que ese tratado nos va a dar mucho juego en el campo internacional y también en el ámbito parlamentario para prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío.
Mi grupo parlamentario, en la primera proposición no de ley que tuvimos ocasión de debatir en la Comisión de Asuntos Exteriores, pretendió con éxito incluir la necesidad de conseguir la coherencia entre la posición que acordamos y el resultado del Tratado internacional del comercio de armas. Creo que de nuevo debemos reclamar esa coherencia para activar los mecanismos necesarios para el control del tráfico de armas; coherencia para activar, en su caso, modificaciones normativas en el ámbito interno. En este sentido, dentro del trabajo parlamentario de este diputado, formulé al Gobierno una pregunta con respuesta escrita relativa a si eran necesarias o no esas modificaciones legales en virtud de la firma del tratado. Debo decir que la respuesta por parte del Gobierno no fue muy satisfactoria, porque fue ambivalente. En principio, no eran necesarias las modificaciones legales en el ámbito interno, pero en el caso de que fueran necesarias serían. Por tanto, este diputado no salió de sus dudas, y de ahí la previsión que hacía la portavoz del grupo proponente y el portavoz del Grupo Popular. Continúo sin salir de dudas. No sabemos muy bien cómo quedará la redacción de la proposición no de ley. Creo que vale la pena que el grupo proponente y el grupo enmendante alcancen un acuerdo para poder votar afirmativamente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA MESTRES: Voy a empezar por el final de la intervención anterior. A nosotros nos gustaría votar el texto de la proposición no de ley, pero no sabemos si se va a llegar a un acuerdo con la enmienda presentada por el Grupo Popular. En cualquier caso, nuestra voluntad es votar la proposición no de ley porque va en la misma línea de otras intervenciones que ha habido en la Comisión de Exteriores. Quería recordar que el impulso a este éxito final que ha sido la firma por el Gobierno de España de una manera tan rápida del Tratado del comercio de armas deviene también de un mandato de la propia Ley 53/2007, que en su disposición final cuarta establecía una clara directriz de política exterior para que el Gobierno de España mantuviera una posición activa a favor de la elaboración de ese tratado que finalmente se ha podido firmar. Es verdad que el Gobierno de aquel entonces, igual que el de ahora, estuvo acompañado por la sociedad civil, por organizaciones no gubernamentales, etcétera, lo que ha culminado, repito, con éxito, con la firma del tratado.
El Congreso de los Diputados puede estar satisfecho -por tanto, creo que la enmienda que se presentaba por el Grupo Popular sería poco asumible desde el punto de vista del Congreso- puesto que ha tenido una posición muy activa en este tema, porque tanto en el año 2012 como en abril de este mismo año en la Comisión de Exteriores se aprobaron dos proposiciones no de ley, ambas por unanimidad, que van en la línea de lo que aquí hoy estamos reconociendo, celebrando o impulsando para lo que quede por hacer después de la firma por parte del Gobierno. El tratado está firmado por el Gobierno -habrá que
ratificarlo- pero este tiene un mandato de la Comisión de Exteriores -insisto, de forma unánime- para que se vayan incentivando e impulsando las negociaciones con otros países de la Unión Europea o de fuera de ella que aún lo tengan pendiente de firma o que puedan cambiar de opinión y lo hagan. También hay una petición al Gobierno por parte de la Comisión de Exteriores del Congreso para realizar un seguimiento continuado -el señor Picó hablaba de este tema- y para que se nos informe de todas las negociaciones y de todo lo que se vaya haciendo. Por tanto, creo que estamos en un buen momento.
Es verdad que la proposición no de ley, que en un primer momento podía parecer desfasada, ha permitido poner de relieve hoy aquí que todos nos congratulamos del buen camino emprendido con el tratado, pero también de las necesidades que esta firma ha abierto, es decir, necesidades de información, de negociación y, sobre todo, de conocimiento del papel que debe jugar el Gobierno con nuestros países aliados y amigos para que el tratado tenga una vida más plena de la que podría tener si no tuviera ese respaldo. Por tanto, anuncio que el Grupo Socialista va a votar la proposición no de ley, que nos gustaría que no quedara estropeada por alguna transaccional.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ortiz para aclararnos su posición.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Estamos terminando una transaccional con el Grupo Popular. La pasaremos a la Mesa para que sea repartida a los grupos antes de la votación.
- PARA INSTAR AL GOBIERNO A REFORZAR LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN EL MARCO DEL ACTUAL AGRAVAMIENTO DE LA CRISIS DE LA REGIÓN DEL SAHEL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001702).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto cuarto y hay ocho. Estamos en la mitad del orden del día y vamos con un poco de retraso.
El cuarto punto se refiere a instar al Gobierno a reforzar la cooperación española en el marco del actual agravamiento de la crisis de la región del Sahel. Esta proposición no de ley está presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra la señora Ferrando.
La señora FERRANDO SENDRA: Señorías, la región del Sahel está sometida a diferentes problemas. Por un lado, hay un escenario de inseguridad que amenaza la paz en la zona y, por otro lado, esta zona se ha visto golpeada por una crisis alimentaria importantísima derivada de una sequía, lo que ha generado la reducción de la producción de alimentos. Esto expone a millones de personas, ya de por sí en una situación de vulnerabilidad, a pasar penuria y hambre. Además, todo esto comporta también una vulneración del derecho a la salud que, junto a otros derechos, como a la alimentación, al vestido, a la vivienda y a los servicios sociales, son necesarios y están protegidos en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La crisis es grave, señorías, y tenemos que reconocer que más de 10 millones de personas siguen necesitando ayuda para alimentar a sus familias, por lo que en un futuro hay que gestionar mejor estas crisis. En ese sentido, es esencial dirigir todas las acciones tanto la agricultura como a programas de protección social con la finalidad de prevenir y tratar la desnutrición.
Hace escasos meses, en febrero, el ministro de Asuntos Exteriores, el secretario de Estado de Cooperación y el director de la agencia española visitaron la zona del Sahel con la finalidad de conocer de primera mano la situación. Esto demuestra no solo el interés que tiene el Gobierno por la cooperación española en la región sino también que este sigue siendo un objetivo prioritario dentro del IV Plan director, a pesar del esfuerzo de concentración que se está haciendo. El pasado 15 mayo tuvo lugar en Bruselas la Conferencia de Donantes para Mali, en la que participaron 13 jefes de Estado y más de 107 delegaciones, y se pusieron de manifiesto dos cosas. Por un lado, la coordinación de los recursos de nuestros socios internacionales para favorecer el desarrollo de Mali en un momento en el que el país necesita una ayuda muy importante; por otro lado, ha supuesto un apoyo al Plan para la reactivación que adoptaron las autoridades de Mali. En esta conferencia, el ministro de Asuntos Exteriores anunció que la cooperación española para los años 2013 y 2014 en el Plan para el relanzamiento sostenible de Mali iba a ser de 18 millones de euros. El desglose sectorial de estos 18 millones de euros, en función de lo que estaba mencionando hasta este momento, es el siguiente: 6,5 millones para salud, destinados, sobre todo, a apoyar el sistema sanitario maliense; ayuda humanitaria, 5,5 millones de euros, sobre todo para la atención a refugiados y desplazados, tanto internos como externos, y asistencias para el retorno al norte; desarrollo rural y seguridad alimentaria, 3,5 millones de euros, destinados a financiar intervenciones en el ámbito de
la irrigación, de la diversificación y de la comercialización de la producción agrícola; por último, para la crisis del norte 2,5 millones de euros para restablecer los servicios básicos, promover el diálogo, que es importantísimo en esa zona, y la reconciliación con el norte. Tengo que resaltar también la importancia que tienen en el proceso los planes de desarrollo del Gobierno de transición, porque son la mejor forma de que el esfuerzo sea eficaz y permita trabajar en el restablecimiento de las bases del desarrollo sostenible y de una futura democracia en Mali. Señorías, la crisis nos obliga a ser más estratégicos. No es una excusa, como se ha dicho por parte de algún portavoz en otra proposición no de ley, sino que es una realidad. Tenemos que pensar muy bien qué actuaciones se van a ejecutar y en qué lugares tenemos que intervenir, y lógicamente para el Gobierno de España la región del Sahel es una prioridad en la cooperación española.
A esta proposición no de ley el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución que en estos momentos estamos negociando porque vamos a ver si llegamos a una transaccional que, por supuesto, haríamos llegar a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Buyolo para defender la enmienda de sustitución.
El señor BUYOLO GARCÍA: El hambre es el mayor riesgo para la salud en el mundo; cada año mata más personas que el sida, la malaria y la tuberculosis juntas. Esta es la frase con la que inicié mi intervención el pasado 25 de abril de 2012 defendiendo una proposición no de ley que presentó mi grupo sobre la situación de la crisis alimentaria en el Sahel. En ese momento decíamos que la crisis alimentaria durante 2011 ya afectaba a 13 millones de personas. En esta proposición no de ley incluíamos ocho medidas urgentes y necesarias, consensuadas en aquel momento con el ponente del Grupo Popular, el señor Casado Blanco, que fueron aprobadas por unanimidad -ya anuncio en esta Comisión que plantearemos preguntas parlamentarias para saber en qué situación se encuentran estas ocho medidas-, dirigidas, en primer lugar, a apoyar los marcos multilaterales de respuesta ante las emergencias y apoyar la intervención inmediata que asegure que los fondos lleguen a las poblaciones afectadas lo antes posible -tengo que agradecer a la ponente que haya facilitado información sobre parte de esta actuación en el Sahel-; en segundo lugar, a fortalecer las estrategias y reducción del riesgo frente a los desastres nacionales y locales, con principios humanitarios; en tercer lugar, a la delimitación de tareas y responsabilidades para la adecuada coordinación entre los departamentos geográficos sectoriales y la Oficina humanitaria de la AECI; en cuarto lugar, a apoyar los programas bilaterales que se destinaran a fortalecer la producción local de alimentos en los países en desarrollo; en quinto lugar, a hacer operativa la base logística del Programa Mundial de Alimentos; en sexto lugar, a mantener la participación de España en el Programa global de agricultura y seguridad alimentaria; en séptimo lugar, a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria en los países que más lo necesiten, concretamente en el Sahel; en octavo lugar, a incluir en los informes de seguimiento de los planes anuales de cooperación internacional al desarrollo estas medidas. Esto fue el 16 de mayo de 2012...
El señor PRESIDENTE: ¿En la Comisión de Asuntos Exteriores?
El señor BUYOLO GARCÍA: No. Fue aprobada en esta misma Comisión hace un año.
Señorías, el Sahel necesitan compromisos reales. Un año después volvemos hablar otra vez de estas situaciones y creo sinceramente que debemos pasar de las buenas intenciones a las acciones reales. Por eso, la enmienda que plantea el Grupo Socialista elimina cuestiones que aparecen en la proposición no de ley del Grupo Popular, por ejemplo, donde dice "dentro de las posibilidades presupuestarias". Tengo que decirle a la señora Ferrando que es verdad que estamos en una situación de crisis, pero no creo que en dicha situación nuestra acción deba ser estratégica sino que debe ser humanitaria; si no, explique a aquellos que están pasando hambre que nosotros estamos con una calculadora viendo dónde nos interesa más intervenir. Perdónenme, pero no me parece más correcto.
Hoy estamos peor que ayer, el Sahel está peor que ayer. Además, la crisis del Sahel -no voy a leer los datos, pero se vive una dramática situación en países como Chad, Mali, Camerún, Gambia, etcétera, donde la pobreza es el día a día de muchos niños y niñas, de muchas personas que están sufriendo- se ve agravada con la situación de la crisis de Mali, que ahora mismo afecta a más de 3 millones de personas y que dificulta seriamente el bienestar y la supervivencia de los niños y de las familias. A causa de este conflicto hay más de 270.000 desplazados internos y han huido de sus casas más de 449.000 personas. Esta es una situación dramática, que provoca una inestabilidad que se ha agravado con la falta de
protección y seguridad alimentaria. Por eso hoy, un año después, esta crisis todavía es más difícil de solucionar.
Efectivamente, como bien dice la proposición no de ley del Grupo Popular, el pasado 4 de abril tuvimos aquí la reunión de alto nivel sobre el hambre, seguridad alimentaria y nutrición, en la que se dieron indicaciones claras sobre las actuaciones que tenemos que llevar a cabo todos los países, como establecer una fecha límite para lograr la erradicación del hambre en el mundo, para luchar por los derechos humanos, para prestar una especial atención a los niños y a los jóvenes, para tener una financiación idónea para luchar contra el hambre, para realizar un seguimiento de las políticas y aplicar los aprendizajes obtenidos en este proceso -nuestra enmienda también irá en esa línea- y para que las administraciones sean facilitadoras de todos estos procesos.
Voy concluyendo, señor presidente. El Sahel necesita un compromiso firme. Es preciso mantener una lucha sin cuartel contra el hambre y contra la pobreza en el mundo, sobre todo, con las situaciones de debilidad que se están viviendo. La lucha contra el hambre es un problema político y España tiene que volver a ser un referente en materia de cooperación y de lucha contra el hambre, tal como se hizo durante los Gobiernos del Partido Socialista, a cuyo frente estaba nuestro presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista, en ellas se marcan dos cuestiones: urgencia y transparencia. Urgencia para que esta no sea una política estratégica sino una política humanitaria, y transparencia para que esas medidas que se adopten sean transparentes y efectivas y se dé cuenta de ellas en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero hacer cuatro comentarios. En primer lugar, hay que destacar que la crisis del Sahel necesita respuestas que vayan más allá de la intervención del Gobierno español, también deben formar parte de la estrategia del conjunto de la Unión Europea, y ahí es donde España deberá focalizar sus esfuerzos. En segundo lugar, quiero recordar que esta es una cuestión que va más allá de los problemas humanitarios, porque tiene que ver con el desarrollo y con los problemas de seguridad. La crisis del Sahel está muy directamente vinculada a otras cuestiones de la agenda de la cooperación española en un sentido muy amplio: hay una intervención militar y presencia de tropas españolas en el marco de la operación contra la insurgencia de Al Qaeda en África y han existido intervenciones españolas en la zona de Mali vinculadas al control de los flujos migratorios en tiempos del Gobierno del PSOE. Por tanto, la agenda del Sahel es muy amplia. En tercer lugar, esa agenda nos lleva a que la dimensión de la intervención en toda esta zona debe ser necesariamente a medio y largo plazo. Las repercusiones de la inseguridad alimentaria, de la pobreza, de la falta de desarrollo, de la presencia de grupos terroristas, etcétera, tiene repercusiones en el norte de África y también directamente en el conjunto de la Unión Europea. En cuarto lugar, es bueno recordar que Mali forma parte de la planificación de la cooperación internacional española. En un contexto de reducción de países, Mali se ha mantenido como referencia y eso tiene que ver directamente con esa dimensión estratégica. En los debates que mantenemos en la Comisión de Cooperación al Desarrollo no podemos olvidar esta problemática en su visión más global, lo que justifica, insisto, esa presencia de la política de acciones en Mali y, por tanto, en el Sahel, en la prioridad política en los próximos tiempos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Ferrando.
La señora FERRANDO SENDRA: Como ya le había dicho, estamos negociando para ver si llegamos a una transaccional.
Me gustaría mostrar mi agradecimiento al portavoz de Convergència i Unió porque lo ha explicado fenomenal. Yo ya lo había dicho. Hay una situación de inseguridad en la zona del Sahel y aparte está la crisis alimentaria. Por eso pienso, igual que el secretario de Estado de Cooperación, que la cooperación propiamente dicha es humanitaria -por tanto, es reiterativo-, pero las acciones tienen que ser estratégicas, debido a la inseguridad, como decía el portavoz de Convergència i Unió, y también a la crisis alimentaria. Al final de la Comisión, le haremos llegar la transaccional, si es posible.
El señor PRESIDENTE: Señora Ferrando, este pequeño turno es para anunciar su disposición a aceptar las enmiendas, no para ilustrar la intervención de otros portavoces.
- RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001732).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto, el número 5, que se refiere a la promoción de la educación en igualdad en el ámbito de la cooperación internacional. Es una proposición presentada por el Grupo Popular. Su portavoz es la señora Miguélez. Adelante.
La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Efectivamente, el Grupo Popular trae hoy a esta Comisión una proposición no de ley sobre la promoción de la educación en igualdad en el ámbito de la cooperación al desarrollo, porque le parece que tiene el deber de dedicar unos minutos en los debates de esta Comisión a un asunto que para el Gobierno del Partido Popular tiene gran importancia.
A pesar de las obligaciones derivadas del cumplimiento de los objetivos de déficit al que se ha comprometido nuestro país y que han conllevado la necesidad de concentrar los recursos de cooperación al desarrollo tanto sectorial como geográficamente, no cabe duda de que el Gobierno ha seguido manteniendo su compromiso con las mujeres. Es obligada la referencia en este sentido al IV Plan director de cooperación española 2013-2016, que en su apartado 2.4, sobre sistemas de cohesión social, enfatiza los servicios sociales básicos en relación con el derecho a una educación básica de calidad para todos y todas y se compromete en esta línea con lo planteado por la proposición no de ley que debatimos.
En efecto, la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género se considera una seña de identidad de la cooperación española y es una de las ocho prioridades de este IV Plan director. En él se pide ni más ni menos que lo que pedimos para la educación en nuestros países: una educación de calidad, equitativa, en igualdad y sin discriminación. Es cierto que los diversos Gobiernos del mundo, a través de acuerdos y conferencias internacionales, han ido asumiendo esta perspectiva de género como una línea de actuación transversal en todas las políticas públicas. La educación debería ser en este contexto el pilar fundamental para lograr la autonomía de las mujeres. Es verdad que en los últimos años se ha avanzado en la legislación en materia de igualdad de género y educación en muchos de estos países, que ya cuentan en sus ministerios de Educación con unidades de género o programas específicos, pero se constata que es necesario un mayor esfuerzo político, económico, técnico y de recursos humanos para que estos procesos sean una realidad consolidada.
Las causas que motivan el abandono y la baja escolarización de niñas y adolescentes deben ser una preocupación de los Estados y deben ser asumidas en todas las políticas sociales, culturales y familiares, no solo educativas. Es verdad que queda mucho por avanzar. El Foro mundial de la educación de la Unesco se reunió en Dakar en el año 2000. En ese marco de acción para la educación para todos, los países participantes, España entre ellos, se comprometieron a alcanzar objetivos específicos en materia de educación para el año 2015. En el mismo sentido, la Cumbre del Milenio, auspiciada por Naciones Unidas, propició el establecimiento de algunas metas en materia de educación, como la consecución antes del año 2015 del acceso universal a la educación primaria y la reducción de la disparidad de géneros. Aunque algunos países están muy próximos a la consecución de estos objetivos, la situación educativa es bastante crítica y se hace indispensable la cooperación internacional. De hecho, como he señalado anteriormente, la educación se constituye en uno de los sectores más relevantes de las actuaciones de la comunidad de donantes, en la que se encuentra España. En este contexto internacional, durante las últimas décadas el enfoque de género ha impregnado con fuerza todo el marco normativo en educación, consolidando el enfoque de género en desarrollo y la promoción de los derechos de las mujeres, pero aun reconociendo que ha habido avances es necesario continuar fortaleciendo iniciativas que garanticen la igualdad real. Según la Unesco, en sesenta y nueve países del mundo todavía no se ha logrado la equidad y las mujeres tienen que lidiar con obstáculos insalvables para acceder a la educación y terminar un ciclo formativo completo. Incluso allí donde hay escuelas diversos factores se conjugan a menudo para mantener a las niñas sin escolarizar. La priorización del varón, los matrimonios tempranos, los embarazos precoces, los conflictos armados, los entornos escolares peligrosos y violentos, los patrones culturales discriminatorios o la propia situación de pobreza de las familias complican desde el inicio la integración de las mujeres en la esfera educativa, que debe involucrar necesariamente a profesores y a la familia. Las actitudes negativas de los docentes hacia las niñas, las orientaciones sesgadas de los programas de estudio o la inexistencia de profesoras que puedan servir de ejemplo pueden contribuir a impedir la matriculación o a que los resultados escolares sean deficientes. Por eso instamos al Gobierno no solo a continuar promoviendo el apoyo a programas que incorporen la materia de género, el refuerzo de la
calidad educativa y la equidad en la educación, sino también a apoyar los mecanismos necesarios para que se cumpla internacionalmente el derecho a la educación de las personas, incluidas mujeres y niñas, porque en aquellos países donde las niñas y las mujeres tienen un mayor acceso a la educación suelen existir mayores niveles de justicia e igualdad social y por tanto de desarrollo. La igualdad de género no solo redunda en una mejora de la vida y de las condiciones de las mujeres, sus familias y comunidades, sino que el acceso de la mujer a la educación suele ser directamente proporcional a Estados y sociedades más justas e igualitarias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda. La defiende la señora Costa.
La señora COSTA PALACIOS: Si solo hubiéramos leído la exposición, bastante prolija por cierto, de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, podríamos deducir que el Gobierno del Partido Popular y su ministro de Educación, Wert, no están a punto de perpetrar el mayor atropello contra la educación española no solo con la Lomce, auténtica contrarreforma educativa, sino también con los dos últimos presupuestos generales y los reales decretos. La suma de todo esto ha supuesto ni más ni menos que la reducción de un tercio de lo presupuestado en los últimos presupuestos socialistas. Pero como no queremos ni podemos quedarnos aislados ni vivir en la torre de marfil de los poetas, menos en una Comisión como esta de Cooperación Internacional, percibimos con preocupación todo lo que se nos viene encima, no solo en el ámbito educativo, sino también en los ámbitos de igualdad, que son las dos partes en las que trabaja esta Comisión. Por eso, después de mirar la fecha de la proposición no de ley, que es muy reciente, nuestro grupo no tiene más remedio que constatar que se trata de un nuevo ejercicio de cinismo político. En esta Comisión el Grupo Popular insta al Gobierno a velar por una educación de calidad, que respete la igualdad de género, y al mismo tiempo presenta una ley, la Lomce, que pretende, entre otros retrocesos, segregar por sexos con dinero público, amén de desmantelar el sistema, cuestión que no pertenece ya a esta Comisión y es para mayor discusión. La conclusión obtenida del repaso y lectura que en la exposición de motivos se realiza sobre el derecho de educación, recogido en múltiples convenciones y tratados internacionales, es aún más lacerante. Se exige fuera lo que se niega dentro.
El Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con la esencia de esta proposición no de ley, como no podía ser de otra manera. Hemos presentado una enmienda de modificación y estamos tratando de llegar a un acuerdo con el grupo proponente para redactar una transaccional. Nuestra enmienda pretendía concretar una redacción que hiciera más explícito el énfasis que el grupo proponente debería hacer al Gobierno para que no olvidase ni dentro ni fuera lo que se pide en esta proposición no de ley. Haremos llegar a la mesa la transaccional.
De todos modos, nuestro grupo desea al grupo proponente, el grupo que sustenta al Gobierno, que tenga suerte y logre que de verdad y sin brindis al sol se haga efectiva la promoción de la educación en igualdad en el ámbito de la cooperación internacional y en todos los ámbitos y que prospere a efectos prácticos, aunque desgraciadamente en el quehacer del Gobierno día a día no constatamos precisamente esto sino todo lo contrario.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Intervendré muy brevemente, porque sobre el fondo de la iniciativa presentada por el grupo que da apoyo al Gobierno no podemos decir mucho. Tampoco dice demasiadas cosas, todo hay que decirlo, porque no avanza demasiado sobre lo que aparece en el plan director. Mi pregunta es si, contando los puntos que tiene el IV Plan director, aprobado a finales del año pasado, que son 31, tendremos 31 proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. No sé si vale la pena. Sinceramente creo que no, porque aprobado el plan director -recuerdo las palabras del secretario general diciendo que no hacía falta tener un plan director extenso-, lo que hace falta es que sea extensamente desarrollado.
Únicamente quiero plantear una duda. Supongo que se tratará de un problema de transcripción. Los apartados 11.4 y 11.5 no existen. Supongo que se trata de números romanos. En el caso de que se apruebe, debería corregirse este error ortográfico.
El señor PRESIDENTE: ¿La portavoz del Grupo Popular quiere expresar su posición sobre la enmienda?
La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: Estamos tratando de llegar a un acuerdo con la representante del Grupo Socialista con una transaccional que pasaremos a la Mesa antes de la votación.
Tiene razón el señor Picó. Es II.4 y II.5, no 11.
- RELATIVA A LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/0001736).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto sexto del orden del día, relativo a la seguridad de los trabajadores en el ámbito de la cooperación al desarrollo, que presenta el Grupo de Unión Progreso y Democracia. Tiene la palabra, para su defensa, la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Al presentar esta proposición no de ley, quiero empezar recordando a las dos cooperantes españolas que siguen secuestradas desde hace un año y nueve meses, Blanca Thiebaut y Montserrat Serra. Estoy segura de que al hacerlo recojo el sentir de todos los miembros de esta Comisión.
Desde el año 1990 han muerto once cooperantes españoles en distintos lugares del mundo en los que prestaban su ayuda y en los últimos quince años más de cincuenta han sido secuestrados. El cooperante internacional sufre unas duras condiciones de trabajo y por ello desde hace tiempo es una reivindicación de las organizaciones no gubernamentales mejorar su seguridad al realizar este trabajo. Muchas veces pueden ser víctimas de conflictos internos, su integridad física suele estar en peligro y a veces son un doble objetivo, por un lado, por ser occidentales y, por otro, por ser testigos incómodos de lo que ocurre.
Con estos datos relativos exclusivamente a España -aunque esto está ocurriendo con cooperantes de todos los países- es un hecho que lo que se llama el espacio humanitario se está reduciendo. Esto quiere decir que las ONG que actúan y trabajan en él tienen cada vez mayores dificultades para hacerlo adecuadamente sobre la base de los principios humanitarios -quiero recordar aquí que son: humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa- y sin que sus trabajadores y cooperantes tengan que sufrir riesgos. A la complejidad logística y de gestión que supone tener que actuar rápida y eficazmente se añade desde hace unos años cada vez con mayor fuerza el aumento de la inseguridad de los trabajadores humanitarios y de cooperación. Recientemente Cruz Roja daba algunos datos sobre los cooperantes que trabajaban en las zonas más inseguras y contabilizaba hasta un total de sesenta y siete. Como decía, este es un problema que afecta a diversos países y Médicos Sin Fronteras y otras ONG han hablado también del problema que les supone esta reducción de la seguridad y estos peligros a los que se exponen los cooperantes y que les obligan en numerosas ocasiones a sustituir a los trabajadores de cooperación internacional por trabajadores locales.
En este contexto de amenazas generalizadas, la seguridad de los cooperantes debería ser una prioridad absoluta. La percepción que se tiene de los cooperantes que actúan fuera de sus países es tergiversada o mal interpretada en muchas ocasiones por numerosos agentes locales y partes en conflicto. También en muchas ocasiones los socios locales, que son los tradicionales aliados de las ONG españolas, se ven sometidos a presiones combinadas en ocasiones con las que ejercen grupos armados, mafias y redes terroristas internacionales. En este contexto -lo hemos podido sufrir en nuestra propia piel como españoles- el negocio del secuestro prospera, nutrido por la percepción de que los occidentales pagan sistemáticamente los rescates, lo que convierte a los cooperantes, por decirlo crudamente, en un valor mercantil en alza. En consecuencia, no son percibidos como actores neutrales y pasan a ser en muchos casos un objetivo directo, ya sea por razones políticas ya sea por razones sociales o económicas. Una cooperación al desarrollo cada vez más profesionalizada, más eficiente y más brillante en su ejecutoria, como es la cooperación española, exige también una gestión de la seguridad de los cooperantes que esté a la altura de esta ejecutoria. Esto es fundamental no solo para salvar vidas o para evitar que se expongan a riesgos innecesarios, sino también para evitar graves perjuicios para el desarrollo de los proyectos y, en definitiva, para los logros de la cooperación española.
Por todo ello, hemos presentado esta iniciativa, con una serie de puntos, que son los enumerados en el texto que sus señorías tienen y que ya han podido leer, sobre la que estamos negociando con los dos grupos mayoritarios, tanto con el Grupo Socialista como con el Grupo Popular. Tenemos una gran disposición a llegar a un acuerdo, porque creemos que este asunto de la seguridad es clave. Confiamos en poder hacerlo, de lo cual informaremos en su momento a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Han presentado enmiendas el Grupo Socialista y el Grupo Popular. En primer lugar, tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Señorías, siempre es buen momento para hablar de un tema tan delicado como es la seguridad de todos los actores directos de nuestra cooperación internacional para el desarrollo. Quisiera dedicar también mis primeras palabras a recordar a las dos cooperantes españolas que aún siguen secuestradas en Somalia. Como ha hecho la portavoz de Unión Progreso y Democracia, recordamos a Blanca Thiebaut y a Montserrat Serra, cooperantes de acción humanitaria de Médicos Sin Fronteras, y deseamos una pronta resolución de su secuestro.
No es la primera vez que tratamos en esta Comisión sobre la seguridad de nuestros cooperantes. Ya en la legislatura pasada se aprobó, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, una proposición no de ley que hacía referencia a la necesidad de profundizar en la garantía de la seguridad de todos los actores de los programas que se desarrollaban en zonas de riesgo y a la necesidad de extender este tipo de seguridad a los programas de voluntarios. Esta iniciativa se aprobó con motivo de la liberación de los cooperantes secuestrados en Mauritania; seguro que todos lo recordamos. Tenemos una herramienta que nos ha servido para reconocer jurídicamente la figura del cooperante: el Real Decreto 519/2006, de 28 abril, por el que se establece el Estatuto de los cooperantes. En el estatuto y su posterior desarrollo aparece que la protección de los cooperantes pasa por la determinación de las normas de seguridad básicas en el país de destino y recursos a utilizar en aquellos supuestos en los que la seguridad del cooperante o de las tareas a realizar resulten afectados. En el artículo 5 del estatuto se recoge que es una obligación que debe cumplir toda ONG que envíe trabajadores al extranjero y una obligación por parte de los cooperantes desplazados estar dados de alta en el consulado. Se recoge también la correspondiente obligación de suscribir una póliza de seguros, que siempre corre a cargo de los gastos indirectos financiados con cargo al proyecto o programa del que se trate.
Señorías, casi todos los temas que aborda esta proposición no de ley están regulados. Nuestro grupo no comprende la necesidad de una ley específica ante situaciones de inseguridad que, cuando se producen, tienen un plan de seguridad adoptado por la propia embajada del país de recepción y al que también deben hacer referencia las normas de las ONGD y las de la Unión Europea o los organismos internacionales que amparen las actuaciones correspondientes. Parece que lo de la leyes es más una pretensión regulatoria para armonizar criterios, quizás en relación con los diferentes actores de la cooperación descentralizada o los voluntarios de programas de solidaridad. Deberíamos profundizar en el seguimiento de las recomendaciones del informe de la ponencia del Senado, donde hay referencias concretas. Igualmente hay referencias en el plan director. Lo que pedimos es que las referencias se hagan efectivas cuanto antes.
Hemos presentado una enmienda en la que estamos trabajando para ver si podemos llegar a un texto conjunto. En primer lugar, proponemos que se realice un plan específico con el fin de mejorar la seguridad en el terreno y la formación de los cooperantes. Proponemos también concertar y aplicar claramente la coordinación en el ámbito de los programas de cooperación al desarrollo que se realicen con las comunidades autónomas, las entidades locales, las universidades, los centros educativos y otros actores de la cooperación descentralizada, por supuesto teniendo en cuenta que tiene que haber conexión con los planes de seguridad y el análisis de las situaciones de vulnerabilidad de cada país y la necesidad de una formación específica para todos los cooperantes. Además proponemos la identificación de la persona de referencia para gestiones de seguridad en las intervenciones programadas, así como la referencia e identificación de los materiales y equipos mínimos de seguridad disponibles. Espero que lleguemos a un acuerdo y que podamos votar esta proposición no de ley por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, que también ha presentado una enmienda, tiene la palabra el señor Pastor.
El señor PASTOR GONZÁLEZ: Quiero señalar la importancia que tiene esta proposición no de ley para mi grupo parlamentario. Quiero hacerlo constar tanto para el grupo proponente como para el resto de los grupos de esta Comisión, en tanto en cuanto entendemos que es importante mejorar el nivel de seguridad de los cooperantes españoles en el extranjero, en primer lugar, como un reconocimiento a la labor que hacen y, en segundo lugar, para evitar situaciones que ocurren de ciento en viento y que debemos intentar que no sucedan.
Aquí se ha recordado a las dos cooperantes que todavía están secuestradas. Les enviamos nuestros recuerdos y manifestamos nuestro deseo de que su situación pueda solventarse lo antes posible.
Es cierto, como decía la diputada Irene Lozano, que en la última década se ha producido un deterioro en la seguridad de los cooperantes internacionales. De hecho, el informe Aid Worker Security Report referente al año 2012 señala la elevación en el número de víctimas tanto mortales como de secuestros o de otro tipo de ataques violentos en el entorno de la cooperación, que han pasado de 91 víctimas en el año 2000 a 308 en el año 2011. El incremento se da sobre todo en el ámbito de los secuestros, que en muchas ocasiones son un próspero negocio, debido en gran medida a la percepción que se tiene de que los occidentales pagan sistemáticamente; algo que ha mencionado la señora Lozano y que podría ser objeto de un debate distinto. También hay que señalar que en el 85% de los casos estos secuestros se solucionan con la liberación negociada del secuestrado. Creo que es importante contextualizar este deterioro de la seguridad señalando que en la mayoría de los casos los ataques se circunscriben a una serie de países muy concretos. En el 72% de los casos los ataques se centran en países como Afganistán, Somalia, Sudán del Sur o Pakistán, es decir, países en los que existe un conflicto abierto, y el 13% de estas víctimas son cooperantes internacionales, es decir, son extranjeros, siendo el resto cooperantes nativos de los propios países.
Respecto a la gestión de la seguridad, que es el objeto de la proposición no de ley presentada por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, me gustaría señalar dos cuestiones. La primera es que la gestión de la seguridad no puede plantearse en términos homogéneos, dado que dependerá del tipo de cooperación de la que estemos hablando. No es lo mismo la ayuda humanitaria en aquellos países en los que el grado de peligrosidad es mayor, es decir, en aquellos lugares en los que hay un conflicto abierto, que la cooperación al desarrollo, cuyo grado de peligrosidad es mucho más bajo. Es importante tener en cuenta que la gestión de la seguridad debe hacerse en función de las circunstancias ante las que nos encontremos y por tanto no puede ser un planteamiento homogéneo. En segundo lugar, la gestión de la seguridad queda habitualmente en manos de las propias ONG, de las propias organizaciones o agencias que están sobre el terreno, dado que no existe ningún protocolo internacional unificado y que se requiere una cierta flexibilidad y margen de maniobra para aquellos actores que están sobre el terreno y que son conscientes de si en un momento dado se produce un empeoramiento en la seguridad o en las condiciones sobre el terreno. Es más, algunos de estos actores comentan que los protocolos, que pueden ser muy útiles, si se observan de una forma rígida pueden no ayudar a cumplir con el objetivo que se plantean, que es el de la mayor seguridad de los cooperantes.
En cualquier caso, la lectura de la proposición puede dar la sensación de que no existe un grado de seguridad, cuando lo cierto es que las propias organizaciones estiman que existe un grado de seguridad más o menos elevado. Ellas son las primeras que son conscientes de los riesgos, porque son quienes están sobre el terreno y son quienes determinan las medidas de seguridad. En ese sentido, hacen referencia a la prohibición de hacer desplazamientos de noche, a las limitaciones en cuanto a la conducción o los desplazamientos, a la prohibición de acceder a sus sedes o vehículos con armas o al deber de comunicarse con la base para planificar cualquier movimiento que se vaya a realizar. Por tanto, la seguridad existe, pero el objetivo es el de mejorarla y el de intentar minimizar al máximo los riesgos, siendo conscientes de que si nunca en la vida existe el riesgo cero, en el ámbito de la cooperación, en el que hay una serie de personas que están actuando en terrenos especialmente peligrosos, esa reducción del riesgo es si cabe más complicada. Por tanto, nuestro planteamiento, en el que estamos trabajando con el resto de los grupos, se basa en ampliar y mejorar aquello que ya existe y en hacerlo mediante el vehículo adecuado. En nuestra enmienda planteamos que tiene que ser a través del Real Decreto que regula el Estatuto del cooperante, aunque estamos abiertos a que se busque otro vehículo mejor si así se estima oportuno. Es más, en el Estatuto del cooperante, en el artículo 5.3.f), aparecen ya mencionadas las obligaciones en materia de seguridad por parte de las organizaciones no gubernamentales. Seguimos trabajando en la posibilidad de llegar a una transaccional. En el caso de que así sea, se la haremos llegar a la Mesa.
Para finalizar, quiero mostrar mi agradecimiento y el de mi grupo tanto a los otros grupos como, en particular, al grupo proponente por la disposición al diálogo y a la búsqueda del acuerdo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: La señora Lozano ya ha anunciado su predisposición.
A propósito de las llegadas de las transaccionales a la Mesa, como aún no hemos recibido ninguna, animo a los portavoces de los grupos a que adelanten el trabajo. Antes les anuncié que la votación sería
entre la una y media y las dos. Ya no puede ser en la primera de las horas, pero a ver si podemos hacerlo a las dos.
Para fijar la posición del Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Quiero hacer una observación muy concreta.
El año pasado vivimos la crisis de Mali y la salida obligada de los cooperantes en el mes de julio o agosto. Creo recordar que en aquel momento celebramos una comparecencia en una sesión conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores y de esta Comisión, en la que el ministro nos dio explicaciones sobre el proceso que se llevó a cabo y por qué se hizo; según dijo él, por motivos de seguridad. Sin lugar a dudas, la seguridad de los cooperantes es necesaria y el impulso de medidas para fomentarla es importante. Solo quería hacer una breve reflexión, ya que en el texto de la proposición no de ley no queda del todo claro, y alerto a la portavoz del grupo proponente, porque sería importante dejarlo claro en un posible texto transaccional al que podría llegarse, al que me sumaría sin lugar a dudas, que es el tema de la financiación de estas medidas, que puede ser muy costoso. Por tanto, creo que vale la pena alertar sobre este tema y que en el texto que podamos votar todos los grupos parlamentarios se tuviera claro este aspecto. Me alegro que el Grupo de UPyD, por lo menos en el título de la proposición no de ley, ya hable de trabajadores en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Todos recordamos que en algún momento hacía referencia a que deberían ser todos voluntarios, yo creo que no debe ser así únicamente y me congratulo de que considere que debe haber trabajadores también en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
- SOBRE IMPULSO DEL "MICRO MECENAZGO" PARA INCENTIVAR LAS DONACIONES DESTINADAS A LAS ONG. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001738).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, el número 7. Les recuerdo que nos queda este presente y el octavo. Se refiere al impulso al micromecenazgo para incentivar las donaciones destinadas a las ONG. La ha presentado el Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Monteserín.
La señora MONTESERÍN RODRÍGUEZ: El Grupo Socialista presenta hoy una iniciativa para dar un impulso a un nuevo instrumento de financiación al que llamamos microcréditos, que tiene que ver, primero, con la crisis económica actual que estamos pasando y que, sin duda, incrementa la pobreza en España, pero también fuera de nuestras fronteras, y también incrementa las dificultades de financiación de las organizaciones que, desde hace años, ponen lo mejor de sí mismas para luchar contra la pobreza y sus consecuencias en los países empobrecidos, me refiero a las ONG de desarrollo. Tiene que ver también con la posibilidad de implementar los valores de solidaridad que existen en la población española y, por tanto, con extraer esa parte de nosotros mismos de más de 7,5 millones de españoles que, a pesar de todo, siguen comprometiéndose socialmente y haciendo donaciones. Es verdad que todos los días vemos con espanto y con vergüenza la cantidad de personas -políticos, empresarios, banqueros, delincuentes- que intentan aprovecharse de sus cargos para obtener prebendas llevadas por la más absoluta y deleznable ambición y egoísmo, datos que todos conocemos, que leemos o que vemos cada día. Pero ese ruido desafinado, que empieza a ser insoportable para muchos de los que estamos aquí presentes, pero sobre todo para la inmensa mayoría de ciudadanos, no puede oscurecer que, debajo de todo ese ruido y tapado por esta obscena realidad, existen afortunadamente millones de personas, un 19% de la población, que está dispuesta a hacer lo contrario. Es más, lo practica y con esfuerzo individual se convierten en donantes. Personas que con su actitud y su testimonio nos reencuentran con lo mejor de nosotros mismos, con los pobladores de esta España tan dolida y que aparece con tanta indecencia. Esta iniciativa quiere dar una oportunidad a esos donantes y con ello sacar a la luz esa otra parte nuestra en una necesidad de reconocer que no todo está perdido y que somos capaces de generar generosidad y solidaridad. Con ello también pretendemos dar una oportunidad a esas organizaciones que a pesar de todo, del ajuste presupuestario que cada vez nos aleja más del ansiado 0,7%, que en 2012 se vio reducido en nuestra ayuda oficial al desarrollo al entorno del 0,15, con el impacto que eso les produce en sus cuentas y en sus programas de colaboración con el desarrollo del mundo empobrecido. Para que puedan seguir estando motivadas y con medios para desarrollar su trabajo, para que podamos seguir potenciando una red de solidaridad, que es lo mejor de nuestra propia imagen, ahora que se habla tanto de imágenes artificiales de Marca España esta es una de nuestras mejores marcas y más atractivas y diría que más
profundas. Quiero dejar claro que esta iniciativa no sustituye el deseo de conseguir una Ley de Mecenazgo que ordene y vehicule las aportaciones privadas en este contexto y en otras muchas actividades solidarias o culturales, dentro o fuera de nuestro país. Hasta que esto llegue, nos parece un camino más alcanzable en el corto plazo la idea del micromecenazgo. Por otro lado, quiero dejar constancia de que tampoco es una renuncia al necesario fortalecimiento de los servicios públicos y de la financiación pública, como muy bien dice don Federico Buyolo, nuestro diputado, en la exposición de motivos de esta iniciativa. Junto a la necesidad de asegurar las prestaciones públicas y el acceso a determinados servicios públicos, como el derecho universal a la salud, a la educación, a los servicios básicos a toda la población, se requiere la puesta en marcha de nuevos mecanismos adicionales para no dar la espalda a estas realidades. La ciudadanía puede incidir en el impacto y desarrollo de determinados programas a través del apoyo a la labor que se realiza desde las organizaciones de la sociedad. En este sentido, el micromecenazgo puede ser una herramienta viable y efectiva, económica y socialmente, como expresión de solidaridad. Mi grupo también quiere mejorar el tratamiento fiscal de las donaciones para potenciar el número de donantes que se refleja en la encuesta realizada por la Asociación Española de Fundrasing y con ello contrarrestar no solo los efectos y el impacto de la crisis en este sector, sino también el impacto que produce tantas malas noticias sobre nosotros mismos y sobre la ciudadanía. Es una oportunidad para poner en evidencia que frente a la corrupción de muchos, aunque sean pocos, hay millones de españoles que apuestan por ser solidarios. Por ello, solicito el voto favorable de todos los grupos políticos, pero especialmente el del Grupo Popular. Su portavoz, en una de las iniciativas anteriores, creo que era la proposición no de ley de Convergència i Unió, el señor Uriarte, decía que el PP apuesta por una cooperación madura, eficaz y menos dependiente. Pues bien, aquí tiene la oportunidad de, apoyando esta iniciativa, ser coherente con estas palabras. (Aplausos.-El señor Buyolo García: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Tienen pedida la palabra para fijar posición, puesto que no hay presentadas enmiendas, en primer lugar, la señora Ortiz, que renuncia. Se lo agradezco. El señor Picó, que no renuncia, no hay lugar al agradecimiento, sería contradecirme y además manifiestamente.
El señor PICÓ I AZANZA: Intervengo muy brevemente, señor presidente.
Evidentemente mi grupo parlamentario va a dar apoyo a la proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista por coherencia con las propuestas formuladas por mi grupo parlamentario y desde el punto de vista, que antes me refería, del fomento de la corresponsabilidad de la ciudadanía con el desarrollo económico y social de los más desfavorecidos. Como ha dicho bien la portavoz del Grupo Socialista estamos hablando de fondos adicionales a la ayuda oficial al desarrollo, sin lugar a dudas. Mi grupo en ese sentido está totalmente de acuerdo con ello.
El señor PRESIDENTE: La señora Rodríguez por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Efectivamente, tal como aparece en la exposición de motivos de esta PNL, la situación que están viviendo muchas personas en nuestro país es dramática. El hecho de que puedan existir perspectivas positivas a medio plazo no quita dramatismo a la situación en la que se encuentran hoy tantas personas. Entre las causas que nos ha conducido a esta situación actual, no es menor el hecho de haber negado la existencia de una crisis, sino sobre todo haber llevado a cabo una huida hacia delante, negando lo evidente y tomando medidas que a la postre han terminado profundizando una crisis ya de por sí muy dura. Al margen de ello, coincidimos en la importancia de mejorar los instrumentos que estimulen a la ciudadanía a incrementar su solidaridad y también a reconocer su labor desinteresada, porque nuestra sociedad sí que es tremendamente solidaria. Nuevos instrumentos que no quiten protagonismo a las políticas públicas, quiero recordar en este sentido que el Gobierno procederá a cambiar el mecanismo de reparto de las subvenciones de la Secretaría de Asuntos Sociales como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional por conflicto competencial, pero sin que las cuantías ni las garantías se vean perjudicadas. De la misma manera que está garantizando el compromiso con la preparación de la nueva ley del tercer sector y la puesta en marcha de una norma estatal sobre el voluntariado. Aún así, hay que intentar favorecer nuevos instrumentos que reconozcan e incrementen esa solidaridad y que pueden ser muy útiles en estos momentos tan duros, pero que además pueden ser muy eficaces por sí mismos en cualquier circunstancia. Ejemplo de ello son los procedimientos de Crowdfunding y de micromecenazgo, que no han sido realmente explorados en nuestro país, pero que pueden ser claves en el fomento de la participación social. De hecho ya se están llevando a cabo algunos proyectos
piloto por determinados departamentos del Gobierno y el Grupo Popular propuso en el Senado una ponencia que está desarrollando trabajos al respecto en el campo de la transferencia del conocimiento. Como sus señorías conocen, el Gobierno está trabajando en la elaboración del anteproyecto de ley de participación en actividades de interés general y mecenazgo. De hecho, una PNL presentada por Convergència i Unió y aprobada este año ya instaba a incluir el micromecenazgo en la futura ley. Una norma que debe multiplicar la eficiencia y la eficacia de los recursos para las actividades de interés general y, como es obvio, la solidaridad y la cooperación son actividades del mayor interés general, porque lo social debe estar necesariamente incorporado en esa ley. Por ello, a iniciativa del MECD se ha constituido un grupo de trabajo para la elaboración de ese anteproyecto en el que están los distintos departamentos ministeriales, incluidos el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como otros organismos de especial interés en tema de mecenazgo en su sentido más amplio. Precisamente uno de los objetivos de la nueva ley es que los incentivos fiscales y el reconocimiento sirvan de catalizadores del micromecenazgo en nuestro país. Además, el 26 abril de este año 2013, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo de creación de un grupo de trabajo interministerial sobre fiscalidad de las entidades no lucrativas y sobre los incentivos fiscales al mecenazgo, porque, aunque la ley vigente recoge la asistencia social y la atención a las personas en riesgo de exclusión, es necesario hacer una adaptación a las actuales circunstancias sociales. Este grupo, presidido por el secretario de Estado de Hacienda, está constituido por todos los ministerios implicados y tendrá en cuenta a las organizaciones representativas de los intereses sociales. El grupo ya se ha constituido y la próxima reunión tendrá lugar precisamente el próximo lunes 17 de junio, estando ya configurado el calendario de reuniones mensuales, porque el objetivo es elaborar, antes de que finalice el año, propuestas concretas de reforma normativa en materia de incentivos fiscales al mecenazgo. Por todo ello, teniendo en cuenta la necesaria coordinación en este tema, la necesidad de disponer de los resultados de estos trabajos y de que la nueva ley de participación en actividades de interés general y mecenazgo debe de ir acompañada de estos análisis para que las cámaras cuenten con información pertinente para estimar el impacto de la nueva norma, es por lo que nuestro grupo no puede apoyar en estos momentos los términos de la propuesta del Grupo Socialista. (Aplausos).
- SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS SIRIOS. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001752).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto número 8 y último de esta sesión. Se refiere a la situación de los refugiados sirios. Presentada por el Grupo Mixto y por La Izquierda Plural. La va a defender el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Tal como decía usted, esta iniciativa parlamentaria está firmada por el Grupo de La Izquierda Plural y Esquerra Republicana de Cataluña. Señorías, saben perfectamente que hay una situación en Siria, en el interior, pero también en los territorios colindantes donde han ido a parar centenares de miles de refugiados, de una extrema y absoluta gravedad. De hecho, la semana pasada Naciones Unidas realizó la mayor petición de ayuda que jamás ha hecho, en concreto se hablaba de 5.200 millones de dólares, alrededor de 4.000 millones de euros para atender la problemática del pueblo sirio y de todos los pueblos que están sumados en esta tragedia, en su interior y también en los estados colindantes. Estamos hablando del doble de lo que Naciones Unidas había calculado. Esta estimación se basa en una predicción, en lo que resta del año el número de refugiados se va a incrementar más del doble, hasta 3 millones y medio de personas. Estamos hablando de casos de extrema pobreza, de violación de derechos humanos, de acoso sexual, de una vulneración sistemática de los derechos de las personas y, en especial, de las mujeres y de los niños. Unicef ha denunciado que miles de niñas al parecer pueden estar siendo vendidas. De hecho se habla incluso de una red organizada que, de forma sistemática, está realizando actividades de este tipo. Ya se ha denunciado desde Egipto, el Informe nacional para la mujer habla de 12.000 mujeres sirias, en concreto, que han sido forzadas a casarse con hombres egipcios. Por otro lado, el programa mundial de Alimentos necesita 700 millones de dólares más para atender a los 2,4 millones de personas que en estos momentos reciben ayudas. Al parecer en el mes de septiembre estos recursos van a terminarse, no habrá más recursos. El 90% de estas ayudas están destinadas a los desplazados internos, pero el resto debe de atender a 700.000 personas que están en países vecinos. Todo está absolutamente hipotecado. Llevamos 70.000 personas muertas en los dos años de conflicto de
guerra, esto es una vergüenza. Lo compartimos, no hace falta extendernos demasiado. Es lamentable la incapacidad de las democracias para poder resolver el conflicto. Aún produce más sonrojo descubrir que solamente se ha contribuido con una cuarta parte de lo que las democracias y los Estados en Kuwait se comprometieron a hacer llegar para la asistencia de los refugiados. Por todo ello, lo que pedimos en nuestra iniciativa parlamentaria no tiene demasiado interés, nos conformamos con que de esta Comisión saliera, no lo que propone Esquerra Republicana, sino lo que todos de forma unánime y unitaria pudiéramos aprobar. Según nuestra información, el Gobierno español no es de los que más ha incumplido, al contrario, no nos duelen prendas en reconocerlo. Al parecer, según algunas informaciones que nos han llegado, el Gobierno español es de los Estados que va cumpliendo. Hay otros estados que francamente no cumplen. Ya les digo que de lo comprometido en Kuwait solamente se ha aportado una cuarta parte. Al parecer, según esa información -espero la información del compañero diputado del Grupo Popular-, restan 3 millones de euros para aportar de los comprometidos por el Estado español. Teniendo en cuenta que en septiembre no habrá recursos, se acaba todo, lo que les pedimos es a ver si es posible instar al Gobierno a cumplir todo aquello que tiene comprometido. Razón por la cual pediríamos, si es posible, que en el próximo periodo de sesiones, en septiembre u octubre, pudiera comparecer el Gobierno, por ejemplo. Si se considera que esto pueda entrar en la transaccional. Ya he dicho que lo importante es lo que se pueda aprobar aquí de forma unánime. Por tanto, instar al Gobierno para que en el próximo periodo de sesiones pudiera rendir cuentas y decirnos -cosa que aplaudiríamos- que al menos todo lo comprometido se ha ejecutado, compromisos del Gobierno español. Posiblemente, según nos informan, incluso se va a pedir nuevas aportaciones, porque al parecer la proyección de la magnitud que se avecina en septiembre y octubre crecerá exponencialmente.
Finalmente, también queremos pedir si en la transaccional se puede contemplar, debido a la urgencia de la cuestión, solicitar al Gobierno que Televisión Española, por ejemplo, conceda a Acnur toda la logística para hacer una campaña inmediata y mediata de recogida de aportaciones de la ciudadanía. Creo que sería interesante que esta Comisión pudiera aprobar, en el contenido de la transaccional, una petición dirigida al Gobierno que a la vez pudiera vehicularlo hacia los dirigentes de la televisión pública española para que Acnur en las próximas semanas, porque todo se desarrolla en muy poco tiempo, pudiera hacer una campaña para que la ciudadanía pudiera sentirse informada suficientemente como para que pasara a la acción aportando dinero, porque la tragedia tenderá, según se nos informa, a agravarse este mismo verano.
El señor PRESIDENTE: Hay dos grupos enmendantes. En primer lugar, el Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: En primer lugar, quiero agradecer al señor Tardà la oportunidad de esta iniciativa que nos trae a la Comisión y nos permite poner de manifiesto la preocupación creciente por el desarrollo de la situación que se está produciendo en Siria y que ya ha sido objeto también de una declaración institucional en el Pleno de la Cámara. Hemos asistido y seguimos asistiendo consternados y hemos reiterado distintas llamadas, desde la responsabilidad, urgiendo tanto a la Unión Europea como a Naciones Unidas, a la comunidad internacional, para que finalice esta masacre en el país y para exigir y ejercer la presión necesaria para que se cumplan los convenios humanitarios internacionales. Porque en un conflicto como este, que ya ha causado, según nuestros datos, señor Tardà, más de 80.000 muertos y que está suponiendo un número de desplazamientos internos impresionante y un número de refugiados superior a 1.600.000, urge, al tiempo que se refuerzan todas las vías diplomáticas para corregir una solución pacífica, terminar con la continua masacre. Por eso hemos presentado algunas enmiendas que complementan la iniciativa del señor Tardà sin desvirtuarla. Es cierto que no se puede seguir tolerando la violencia indiscriminada, pero también lo es que se deben de agotar todas las soluciones pacíficas. En este sentido se pronunciaba hoy nuestra responsable de política internacional señalando a la Unión Europea y a toda la comunidad internacional que la solución a Siria no pasa por más armas, sino por una auténtica democracia. Diálogo político que planteamos en nuestra enmienda, reconciliación y llevar a la justicia a los responsables de las gravísimas violaciones de derechos humanos en el país. Europa y el Gobierno de España deberían centrar su actuación y su acción en la exigencia de democracia, así como en la ayuda a las víctimas y a los desplazados. Es cierto, como decía el señor Tardà, que ha habido una reunión de las distintas agencias este pasado fin de semana, el viernes, para replantear el Plan regional de ayudas y se ha puesto de manifiesto el enorme flujo de personas desplazadas que se está produciendo en la semana pasada sin ir más lejos. Adicionalmente al problema que ocupa fundamentalmente esta
iniciativa que es el de los refugiados en los países cercanos. Unos 4,25 millones de sirios se desplazan en el interior del país. Esto también debería merecer una consideración dentro de la iniciativa. También de una manera importante, el número de refugiados palestinos que dentro de la propia Siria están desplazados en el interior del país. Según la responsable de la coordinación humanitaria de Naciones Unidas en el interior nos podríamos encontrar ya con cerca de 6,8 millones de personas que están necesitadas ahora mismo de ayuda humanitaria. Si bien es cierto como decía el señor Tardà que no es España de los Gobiernos y de los países que está prestando menos ayuda en la cuestión, me gustaría dejar de manifiesto que tampoco es que estemos como para tirar cohetes. En el informe que presentó al intergrupo de derechos humanos la propia responsable de Acnur en nuestro país sobre la situación de Siria, queda de manifiesto como en 2011, que era el principio de los desplazamientos y de la crisis, el Gobierno estaba destinando más de 17 millones a este tema, o en 2012 la previsión era de 5,3 millones, lo que nos sorprende después ver en la respuesta que me he permitido leer, señor Picó, que le da el Gobierno a su pregunta parlamentaria, por la que le felicito, porque es muy acertada, es que de esa cuantía se ha distribuido al final 1.700.000 euros solamente para 2012 y el resto va a ser para 2013. Con lo cual, no tiraría cohetes sobre lo que está haciendo y sobre la posición de este Gobierno con respecto a la situación de los refugiados y también de los desplazados internos. Me gustaría poner de manifiesto el valor tan importante que ha tenido la Unión Europea como donante. No lo ha tenido en otras consideraciones y estimo que no hacían falta tantas armas como más democracia, como decía anteriormente, pero sí en el valor que han tenido ya los 840 millones de euros. Desde la Unión Europea hemos sido uno de los mayores donantes y en la decisión que ha tomado la Unión Europea de aportar otros 400 millones, después de la petición que se hacía este fin de semana, como decía el señor Tardà, de 5.200 millones de dólares más que van a ser necesarios para el Plan de respuesta humanitaria. Es la cuantía más elevada que jamás ha pedido la comunidad internacional y Naciones Unidas para una situación de ayuda humanitaria de emergencia y aunque las cifras no son tan elocuentes como algunas imágenes que hemos visto en los campos de refugiados, como algunos críos que hemos visto en situaciones indescriptibles, nos debe de dar una idea del gran problema y del gran conflicto que allí se está manteniendo. Por eso, compartimos la necesidad -expresada en esta proposición no de ley por el Grupo Mixto y por La Izquierda Plural- de que nuestro país redoble los esfuerzos y realice las aportaciones económicas y actuaciones necesarias para asegurar que la ayuda humanitaria llegue a toda la población que necesita con urgencia alimentos, ropa, medicinas, tanto los países vecinos como los países del interior. Los datos sobre los desplazamientos están ya en más 6,5 millones de personas y más de 8.000 personas al día cruzan las fronteras huyendo del terror. Es necesario -y espero que así lo entienda en la trasnacional que plantee el grupo proponente- que se incluyan en este sentido las enmiendas que ha presentado mi grupo que hablan de establecer y reforzar las vías diplomáticas y también de informar periódicamente a esta Comisión de cómo se están produciendo las aportaciones y gestiones que está realizando España y que contribuyamos entre todos, y este Gobierno especialmente -al que echamos de menos en una posición más firme, del mismo modo que echamos de menos esa posición firme, no en la ayuda, sino en la resolución del conflicto en la Unión Europea-, a esa solución pacífica que se necesita en este momento. Devolver la democracia al país será la mejor ayuda que podamos prestar, además de la ayuda humanitaria de urgencia que en estos momentos es tan precisa. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Uriarte, por el Grupo Popular.
El señor URIARTE AYALA: En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Mixto, y en especial al señor Tardà, la posibilidad de poder debatir y aprobar esta iniciativa de apoyo, una vez más, del Parlamento español al pueblo sirio. Con mucha rotundidad, con mucha coherencia y con mucho compromiso, como ha venido haciendo el presidente del Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, esta Cámara, el Senado, los parlamentos regionales y creo que multitud de instituciones en nuestro país en apoyo al drama y a la escalada de terror y violencia que está viviendo el pueblo sirio y en especial los refugiados y desplazados a través de este conflicto. Me sumo, por supuesto, a todo lo que se ha dicho sobre esta iniciativa, sobre la gravedad de la situación y también con mucha humildad, porque creo que ni siquiera nosotros, aunque tenemos mucha información, somos capaces de imaginar el sufrimiento que están soportando los millones de refugiados y desplazados internos. Quiero señalar aquí, como forma de adquirir compromisos y de ponerlos en valor, la labor que está haciendo la Alta Comisionada de Naciones Unidas en materia de protección, doña Erika Feller, que en la última Comisión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en febrero de este mismo año, resaltaba que se estima que en el interior del país hay aproximadamente 2
millones de desplazados internos y que este desplazamiento no solo implica la pérdida de viviendas y de la seguridad económica, sino que para muchos está marcado por delitos de género, la victimización deliberada de mujeres y niños y una serie de aterradores ataques a la dignidad humana. La violación y la violencia sexual son frecuentes y se les emplea como arma de guerra para intimidar a las partes en conflicto al destruir la identidad, la dignidad y el tejido social de las familias y de las comunidades. El impacto, además, se multiplica por la humillación pública que acompaña a estos actos cuando ocurren a plena vista del público, como en los puestos de control. Los niños corren un alto riesgo de violencia particularmente desgarradores, son los informes de tortura y muerte de niños detenidos y el abuso sexual de niños y niñas, al punto de que las víctimas infantiles se están convirtiendo en una característica definitoria del conflicto sirio.
En los últimos meses mi grupo ha fomentado alguna declaración institucional y solo hay que ver la última del Pleno del Congreso de apoyo y repulsa y de petición de una solución urgente. Mi grupo se quiere sumar a ello hoy, una vez más, a través de la iniciativa del Grupo Mixto. La enmienda que planteamos no desvirtúa el espíritu de la que se presentó inicialmente, pero como hemos podido hablar con los proponentes aceptaríamos las tres enmiendas del Grupo Socialista con alguna matización que concreta y que compromete más al Gobierno, como poder informar en el próximo periodo de sesiones a esta Comisión sobre las aportaciones comprometidas y las gestiones realizadas por España en el marco de este operativo humanitario. Incluiríamos también, como ha propuesto el señor Tardà en su intervención, un séptimo punto para promover, en colaboración con Radiotelevisión Española, campañas de sensibilización y recogida de fondos para los refugiados y desplazados sirios y otras catástrofes humanitarias, como la que sufre, por ejemplo, el Sahel. En esta enmienda es palpable el compromiso, y fuera de la iniciativa parlamentaria, el del portavoz, Juan Carlos Grau y el mío propio, así como el de todo el Grupo Popular, de fomentar esta iniciativa para que se haga de manera urgente, ya sea en esta Comisión o en la de Radiotelevisión Española.
El señor PRESIDENTE: Tenían pedida la palabra para fijar su posición sobre este punto la señora Lozano, que renuncia, y se le agradece, y el señor Picó, que no renuncia. ¡Qué coherencia de política!
Adelante, señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Precisamente hablando de coherencia de políticas me ha dado el pie perfecto; se lo agradezco. La proposición no de ley impulsa la necesidad de medidas en materia de ayuda humanitaria -estamos totalmente de acuerdo a la vista de los datos que nos ofrece Acnur-, pero creo que este no es un ejemplo de coherencia de políticas. Por un lado, estamos fomentando que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ponga dinero para solventar todos los problemas humanitarios que padecen los refugiados de la crisis de Siria -nada que decir, todo lo contrario-, pero por otro lado no se contemplan las políticas de procedimientos de asilo, de refugio, de protección subsidiaria, en los procesos de reunificación familiar o, por ejemplo, en todos aquellos procesos en materia de extranjería. Por tanto, efectivamente, debe haber coherencia de políticas. De acuerdo con la acción humanitaria, sin lugar a dudas, pero se debe ir mucho más allá.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, podemos pasar a las votaciones de las proposiciones, que realizaremos según están en el orden del día.
Votamos la primera proposición no de ley, sobre el respaldo a la ONU en la lucha contra la mutilación genital femenina, en los términos de la transaccional.
Segunda proposición no de ley, sobre medidas para avanzar hacia nuevos instrumentos y mecanismos de financiación adicionales para la cooperación al desarrollo. Se ha aceptado una transaccional y se vota en esos términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 13; abstenciones, 2.
Tercera proposición no de ley, referida a la firma inmediata y ratificación del Tratado sobre comercio de armas. Se ha presentado una transaccional y se vota en esos términos.
Cuarta proposición, para instar al Gobierno a reforzar la cooperación española en el marco del actual agravamiento de la crisis de la región del Sahel. También se ha incorporado una transaccional y se vota en esos términos.
Quinta proposición no de ley, relativa a la promoción de la educación en igualdad en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo. Se ha presentado una transaccional.
Proposición no de ley relativa a la seguridad de los trabajadores en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Se ha incorporado una transaccional.
Proposición no de ley sobre impulso del micromecenazgo para incentivar las donaciones destinadas a las ONG. Se vota en sus propios términos.
Votamos la proposición no de ley sobre la situación de los refugiados sirios. Se vota con la transaccional incorporada.

References: resolución 
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 real decreto 
 artículo 8
 artículo 25
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 5
 resolución