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﻿ Sentencia 2007-00771 de febrero 25 de 2013
SENTENCIA 2007-00771 DE 21 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE ACCIONAR CONTRA UNA PERSONA FALLECIDA. CUANDO EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE ACCIONAR CONTRA UNA PERSONA POR SU FALLECIMIENTO, ES NECESARIO CONVOCAR AL PROCESO A LOS HEREDEROS.
TEMAS ESPECÍFICOS:DECLARACIÓN DE PERTENENCIA, PROPIEDAD, MUERTE PRESUNTA, HEREDERO
Sentencia 2007-00771 de febrero 25 de 2013
Ref.: Exp. 11001-0203-000-2007-00771-00
Bogotá, D.C., veintiuno de junio de dos mil trece.
1. El recurso extraordinario de revisión, de conformidad con el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil, procede contra las sentencias ejecutoriadas, con apoyo en una o más de las causales específicamente consagradas en el precepto 380 ibídem.
Se advierte que el citado “medio de impugnación” constituye una garantía de justicia, en virtud de los efectos previstos en el evento de alcanzar prosperidad, pues dependiendo del motivo legal en que se funde, es factible aniquilar la decisión injusta, o procurar el restablecimiento del derecho de defensa cuando haya sido seriamente quebrantado, o preservar el instituto de la “cosa juzgada”.
Al respecto la doctrina de la Corte Suprema, memorada en fallo de 8 de junio de 2011, exp. 2006-00545, ha enfatizado que “(...), ‘el recurso de revisión es remedio excepcional frente a la inmutabilidad de la cosa juzgada material, para combatir las decisiones judiciales contrarias a la justicia y al derecho, el cual tiene determinadas características que lo distinguen de los demás medios de impugnación, como quiera que es un recurso extraordinario, formalista y restringido, cuya función es constatar la existencia o inexistencia de las causales taxativamente señaladas en la ley, (...)’”.
También ha reconocido esta corporación, según lo expresado en sentencia de 28 de abril de 2009, exp. 2004-00885, que “(...), la experiencia muestra que, en veces, después del proferimiento del fallo se revelan hechos de particular importancia que de haber sido sometidos a la consideración del juez, indudablemente habrían cambiado el norte de la decisión. En tales eventos, mantener tozudamente una providencia ejecutoriada por el mero hecho de estarlo, sería tanto como patrocinar el desconocimiento mismo del ordenamiento jurídico, razón por la cual el propio sistema procesal ha creado un mecanismo de solución a tales casos y, en su seno, ha previsto la posibilidad de que ante hipótesis taxativamente reguladas y dentro de plazos bien precisos, se pueda solicitar la revisión de un fallo, con miras a evitar groseras situaciones de inequidad manifiesta y bajo la consideración de que con todo y las consecuencias que ello apareja, hay menor agravio cuando se intenta un nuevo examen a la sentencia que agota las instancias, que cuando se mantienen contra toda lógica aquellas providencias que pese a estar ejecutoriadas se fundan en pilares insostenibles. En otras palabras, ‘háse considerado que algunas veces es más provechoso para la confianza de la comunidad en esta especial función pública, reconocer y reparar una iniquidad judicial que mantener contra toda razonabilidad la cosa juzgada’ (...)”.
2. En cuanto a la legitimación para impetrar el presente “recurso extraordinario”, se precisa que al tenor del inciso 4º del canon 383 del ordenamiento ut supra, ese presupuesto quedó verificado al estudiar la “admisión de la demanda de revisión” y su existencia deriva de la circunstancia atinente a que el actor, esto es, Daniel Humberto Mateus Serrano, en su calidad de hijo, es heredero de Humberto Efraín Mateus Cortés, persona esta contra quien se accionó en la “declaración de pertenencia” al figurar como propietario inscrito del inmueble pretendido en usucapión y, adicionalmente se acreditó que en la partición efectuada y aprobada en el proceso de sucesión del nombrado causante, le fue adjudicado el ciento por ciento del aludido predio, luego ninguna duda se tiene en cuanto a que concurre el señalado requisito, lo mismo que el concerniente al “interés para impugnar”.
3. En la sustentación del “recurso”, se aprecia que se invocan las “causales sexta y séptima” del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, de las cuales únicamente se estudiará la última reseñada, en virtud de que cuenta con el respaldo jurídico adecuado para salir avante(1).
a) Para la estructuración del citado “motivo de revisión” se exige que el “impugnante” se encuentre “en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en el artículo [140](2), siempre que no haya saneado la nulidad”, habiendo la Corte señalado al examinarlo que “(...) su fundamento está, pues, en la injusticia que implica adelantar un proceso a espaldas de quien ha debido brindársele la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, o cuando menos de ser oído, notificándolo o emplazándolo debidamente, o asegurando su correcta representación, (…)” (sent. rev., nov. 24/2008, exp. 2006-00699) y con anterioridad había expuesto que se consagró para resguardar “una de las más importantes garantías constitucionales como es el ejercer el derecho de defensa y con la cual se trata de remediar su quebranto por haberse adelantado un proceso a espaldas de quien ha debido ser llamado a ser parte y a ejercer dicho derecho mediante su notificación o emplazamiento” (fallo de dic. 4/2000, exp. 7321).
b) La irregularidad procesal denunciada, se funda básicamente en que se declaró la muerte presuntiva de Humberto Efraín Mateus Cortés, fijándose el “2 de junio de 1993” como la fecha de su fallecimiento y, en razón a que él tenía la condición de titular del derecho de dominio sobre el fundo pretendido en usucapión, al haberse presentado con posterioridad a ese suceso la “demanda de declaración de pertenencia”, esto es, el “25 de agosto de 2003”, constituía un imperativo la citación de sus “herederos” y que al no procederse de esa manera, se estructuran las “causales de nulidad” anteriormente reseñadas, además porque las circunstancias de la trágica desaparición del señor “Mateus Cortés”, tuvieron “amplia repercusión en Chiquinquirá, lugar de donde era oriundo y su familia ampliamente conocida”.
c) Lo anterior permite inferir que el motivo de invalidación que para el caso se configura, corresponde al previsto en el ordinal 9º del precepto 140 ejusdem, según el cual el proceso es nulo en todo o en parte “[c]uando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como parte, o de aquéllas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de ley”.
Acerca de la finalidad del citado “supuesto de nulidad procesal”, esta corporación expuso que “(…) en el marco del Estado social de derecho, el ordenamiento jurídico se empeña por garantizar que los asociados puedan ejercer de manera efectiva los derechos de acción y defensa, en aras de hacer respetar las garantías de las cuales son titulares y de obtener la definición de las que sean oscuras o inciertas. Por tanto, se esfuerza en instituir y actualizar instrumentos sustanciales y procesales encaminados a que los interesados puedan promover las acciones pertinentes a fin de obtener la plena satisfacción de sus derechos, o interponer los mecanismos defensivos expeditos en procura de afrontar de la mejor manera los ataques de quienes pretendan adquirir, modificar o extinguir las correspondientes prerrogativas, siempre en un plano de igualdad y respeto de los contendientes. Es por ello que ha previsto, entre otros aspectos, quiénes y cómo deben ser demandados o citados a efectos de enfrentar los reclamos de la parte demandante, a la vez que, con claridad y precisión, tiene establecido cuáles son las sanciones aplicables cuando por los intervinientes o el juez no se observan con estrictez las formalidades para la vinculación al proceso de todas las personas llamadas a enfrentar las pretensiones del promotor del litigio. En general, la sanción es la nulidad de la actuación viciada, la cual puede impulsar el afectado tan pronto se entere de la existencia del juicio llevado adelante a sus espaldas y, a la postre, mediante el recurso extraordinario de revisión, claro está, cuando con su conducta no haya subsanado el respectivo vicio” (sent. rev. , nov. 26/2009, exp. 2005-00639).
d) En ese contexto, cabe precisar que la Corte Suprema para orientar la solución frente a la problemática que surge cuando se debe formular una demanda ante la muerte de la persona que debía comparecer en calidad de accionada, en fallo de 5 de diciembre de 2008, exp. 2005-00008, en lo pertinente memoró:
“(…) fallecida la persona se abre su sucesión en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles, los cuales, bajo los parámetros de la ley (ab intestato) o del testamento (testato), pasan a sus herederos in totum o en la cuota que les corresponda, excepto los intuitus personae o personalísimos.
“La sucesión mortis causa, presupone muerte, real o presunta, no es sujeto iuris ni ostenta personificación jurídica (cas. civ., sent. oct. 27/70), apenas constituye un patrimonio acéfalo que debe ser liquidado.
“En tal hipótesis, los herederos, asignatarios o sucesores a título universal, son continuadores del de cujus, le suceden y le representan para todos los fines legales (C.C., arts. 1008 y 1155), pues, ‘como la capacidad para todos los individuos de la especie humana (…) para ser parte de un proceso está unida a su propia existencia, como la sombra al cuerpo que la proyecta, es palmario que una vez dejan de existir pierden su capacidad para promover o afrontar un proceso. Y ello es apenas lógico, porque la capacidad de los seres humanos para adquirir derechos o contraer obligaciones, es decir, su capacidad jurídica, atributo determinante para que, en el mundo del derecho, puedan ser catalogados como personas, se inicia con su nacimiento (C.C., art. 90) y termina con su muerte, como lo declara el artículo 9º de la Ley 153 de 1887’. (...) ‘Sin embargo, como el patrimonio de una persona no desaparece con su muerte, sino que se transmite a sus asignatarios, es evidente que sus derechos y obligaciones transmisibles pasan a sus herederos, quienes como lo estatuye el artículo 1155 del Código Civil representan la persona del de cujus para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles’ ‘es pues el heredero, asignatario a título universal, quien, en el campo jurídico, pasa a ocupar el puesto o la posición que, respecto a sus derechos y obligaciones transmisibles tenía el difunto. Por tanto es el heredero quien está legitimado para ejercer los derechos de que era titular el causante y, de la misma manera está legitimado por pasiva para responder por las obligaciones que dejó insolutas el de cujus (...) Si se inicia un proceso frente a una persona muerta, la nulidad de lo actuado debe ser la sanción para ese proceder, pues el muerto, por carecer ya de personalidad jurídica, no puede ser parte en el proceso. Y aunque se le emplace y se le designe curador ad litem la nulidad contagia toda la actuación, pues los muertos no pueden ser procesalmente emplazados, ni mucho menos representados válidamente por curador ad litem’ (CLXXII, pág. 171 y siguientes)”.
e) Lo indicado por la Corte Suprema en sentencia de 4 de diciembre de 2000, exp. 7321, refuerza la idea sobre la necesidad de convocar al proceso a los “herederos”, dada la imposibilidad jurídica de accionar contra la “persona fallecida”, en la que al decidir un “recurso de revisión” que en su base fáctica guarda alguna similitud con el presente, sostuvo:
“Se ha dicho con frecuencia que el acatamiento a las formas propias de cada juicio constituye una garantía para las partes en contienda. El debido proceso como garantía constitucional se materializa parcialmente en la reglamentación de los actos procesales, de modo tal que la violación de esas formas puede acarrear una nulidad saneable o insaneable del proceso, la que responde al principio de la taxatividad, es decir, que sólo las causales de nulidad contempladas positivamente pueden invalidar lo actuado, esto es, las establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y la consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política, de conformidad con la Sentencia C-491 de la Corte Constitucional, siendo una de ellas la del numeral 9º del artículo 140 ib., que se refiere a la indebida notificación a personas determinadas o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, a fin de preservar el derecho de defensa.
“Si el demandante dirige su pretensión contra las propietarias inscritas ya fallecidas, hay una falta total de notificación o emplazamiento de los herederos determinados o indeterminados de las causantes, contra quienes debía forzosamente dirigirse la demanda a la par que contra las personas indeterminadas”.
4. Los hechos acreditados que tienen relevancia para la decisión que se está adoptando, se concretan a los que pasan a mencionarse:
a) “Humberto Efraín Mateus Cortés”, figuraba como propietario del predio respecto del cual se solicitó la “declaración de pertenencia”, y lo había adquirido por compra a María Cortés de Mateus, según consta en la escritura pública 887 de 13 de octubre de 1989 de la Notaría 2ª de Chiquinquirá, registrada en el folio de matrícula inmobiliaria 072-36556 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá (cdno. ppal. proc. ord. fls.2-6).
b) El reseñado proceso lo promovió “Julio Roberto Moreno Ortiz” contra “Humberto Efraín Mateus Cortés”, mediante escrito presentado el “25 de agosto de 2003”, en el cual manifestó que “ignoraba su habitación y lugar de trabajo y no figura en la lista telefónica de esta ciudad de Chiquinquirá, desconociéndose su paradero” y, se admitió el “1º de septiembre de 2003”, disponiéndose el emplazamiento del convocado y al no comparecer, se designó un curador ad litem para representarlo, habiéndose citado también a las “personas que pudieran tener derechos sobre el respectivo bien”.
c) El impugnante “Daniel Humberto Mateus Serrano”, es hijo de “Deyfan Serrano y Humberto Efraín Mateus”, nació en Cali el 24 de septiembre de 1977, según el registro civil de nacimiento allegado (cdno. copias proceso de muerte presuntiva por desaparecimiento, fl. 2).
d) La señora “Deyfan Serrano Plaza”, invocando su condición de “representante legal de sus menores hijos Diana Sofía Mateus Serrano y Daniel Humberto Mateus Serrano” formuló demanda de “declaración de muerte presunta por desaparecimiento del doctor Humberto Efraín Mateus Cortés”, la que se presentó el “27 de abril de 1995”, correspondiéndole por reparo al “Juzgado 2º Promiscuo de Familia de Palmira”, surtido el respectivo trámite, se profirió sentencia el “30 de junio de 1999” y consultada con el superior, la confirmó con el fallo de “29 de octubre de 1999”, fijándose “como día presuntivo de su muerte el 2 de junio de 1993” (cuad. citado, fls.142-146 y 181-185) y, el registro de ese hecho se efectuó en la Notaría 1ª de la mencionada ciudad, el “7 de diciembre de 1999” (cdno. Corte, fl. 179).
e) Se tramitó el “proceso de sucesión intestada” del causante “Humberto Efraín Mateus Cortés” ante el “Juzgado 1º de Familia de Palmira”, cuya apertura se dispuso por auto de “7 de marzo de 2000”, se reconocieron como herederos a Daniel Humberto y Diana Sofía Mateus Serrano, también a Claudia Ximena Mateus Rizo (cdno. Corte, fls.182-184), y según consta en el trabajo de partición, al “recurrente en revisión” se le adjudicó el ciento por ciento de los derechos del predio objeto de la “declaración de pertenencia” (cdno. ídem, fls.143-144).
5. Los elementos de juicio legal y oportunamente incorporados, permiten deducir con certeza la demostración de la causal de nulidad del numeral 9º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, puesto que para la época de presentación de la “demanda de declaración de pertenencia”, esto es, el “25 de agosto de 2003”, ya había fallecido el propietario inscrito del inmueble pretendido en “usucapión”, señor “Humberto Efraín Mateus Cortés”, existiendo para entonces la prueba de su deceso, toda vez que el registro de la defunción se efectuó el “7 de diciembre de 1999”, por lo que inexorablemente debió convocarse a sus “herederos” y, en virtud de que la reseñada hipótesis es de carácter objetiva, no se requería establecer si el actor conocía que su contradictor procesal había dejado de existir.
6. No obstante lo anterior, cabe acotar que en autos obran evidencias que corroboran el hecho de que el “usucapiente” contaba con información suficiente para verificar el óbito del difunto Humberto Efraín Mateus Cortés, así como para identificar a sus “herederos”, sin que hubiere desplegado gestión alguna en ese sentido, por lo que cabe enrostrarle que actuó de “mala fe”, circunstancia que obstaculizó la posibilidad de que los “causahabientes” conocieran de la “existencia del proceso” en cuestión, impidiéndoles de paso que ejercitaran el derecho de defensa.
Son ilustrativos en ese sentido, los testimonios de Enrique Alfonso Mateus Cortés y José Miguel Ramos, quienes coinciden en manifestar que “Julio Roberto Moreno Ortiz”, estaba enterado del desaparecimiento de “Humberto Efraín Mateus Cortés”. Así mismo, conforme lo aseverado por el primero de los deponentes, él lo mantuvo informado de esos sucesos, inclusive del trámite del “proceso de sucesión”, por el interés que tenía en el “lote de terreno” y, en alguna ocasión que estuvo en Chiquinquirá, lo acompañaron los hijos del difunto y al ir hasta el predio, visitaron la residencia de aquel, como siempre acostumbraban a hacerlo cuando viajaban a la mencionada población.
A pesar del parentesco del “deponente” con el “impugnante”, su versión merece credibilidad, por ser completa, ya que expone en detalle la razón de su dicho; espontánea e imparcial, en virtud de corresponder a una narración que no denota un aprendizaje memorístico ni propósitos de obtener un resultado favorable; tampoco es contradictorio y armoniza con las reglas de la experiencia que contribuyen a evaluar situaciones de esa índole, en punto de relaciones por razones de vecindad y que para el caso, seguramente se vieron fortalecidas por el suceso funesto que afectaba a la familia Mateus Cortés, puesto que esos acontecimientos incentivan en los seres humanos el sentimiento de solidaridad.
Llama la atención también, por ser indicativa de un proceder que genera duda acerca de su transparencia, la circunstancia que el actor en el escrito introductorio de la “declaración de pertenencia”, no haya revelado cómo adquirió la posesión del inmueble y, que en la réplica a la “demanda de revisión” se limitara a cuestionar con planteamientos meramente hipotéticos, la manera como se había encomendado el cuidado del lote a “José Miguel Ramos”, cuando éste en su versión de forma clara, espontánea, convincente, no contradictoria e imparcial, expuso que “en 1991 y 1994 compré varios predios a los Mateus y uno de los lotes quedó pendiente porque en ese tiempo el heredero o dueño, era el señor que estaba desaparecido, entonces a los que yo les compré los terrenos me dijeron que me hiciera cargo de ese lote, del que quedaba por negociar. Yo me quedé con el lote, pero como Julio Roberto Moreno se metió de comisionista yo se lo cedí a él para que él lo tuviera lo cuidara y disfrutara de los arriendos” y, de otro lado refirió que “Moreno Ortiz”, al igual que él, sí estaban enterados del desaparecimiento de “Humberto Efraín Mateus Cortés”, hecho ratificado por el testigo “Enrique Alfonso Mateus Cortés”, tornándose por ende sospechoso que al responder los “hechos IX y XII”, negara conocer la “situación del secuestro” (fl. 243).
Igualmente se percibe como una actitud del actor tendiente al ocultamiento del “proceso de declaración de pertenencia”, el hecho de haber omitido la “inscripción de la demanda”, no obstante decretarse la medida y expedírsele el respectivo oficio, el cual se le entregó, según se infiere de la rúbrica plasmada en la copia obrante en el expediente (cdno.1, fl.13), privándose con ello a los interesados de una fuente de información importantísima para conocer de la existencia del litigio.
7. Refulge de lo analizado que se incurrió en el motivo de nulidad consagrado en el ordinal 9º del precepto 140 del Código de Procedimiento Civil, sin que se hubiere producido su saneamiento, el cual a su vez estructura la causal 7ª de revisión prevista en el canon 380 ídem, por lo tanto sale avante el recurso extraordinario impetrado, máxime cuando no operó la caducidad, al haberse formulado y notificado oportunamente al convocado.
8. Ante esa circunstancia, se impone entrar a examinar las “defensas” promovidas por el opositor.
a) “Vulneración del principio de autonomía de cada causal de revisión”, “falta de legitimidad en la causa frente a la causal séptima alegada” y “falta de legitimidad en la causa del demandante y de sus familiares demandados por él”.
En razón a que los citados reparos se relacionan con las condiciones para la procedencia del “recurso de revisión”, téngase en cuenta que de conformidad con el artículo 382 del Código de Procedimiento Civil, su constatación tiene lugar al resolver sobre la admisión de la demanda, también en este mismo fallo se cumple similar tarea, al verificar los requisitos que facultan para entrar a estudiar el fondo del asunto y, al no advertirse en este momento novedad alguna en cuanto a los aludidos presupuestos, ningún efecto habrá de reconocérseles a las reseñadas “defensas”.
b) Con relación a la “[c]arencia de prejudicialidad penal en el alegato de otra causal”, no es del caso examinarla por inoficioso, dado que está orientada a enervar los fundamentos de la “causal 6ª”, la cual no se estudió, ante el éxito del otro motivo invocado.
c) Corolario de lo analizado es que ninguna de las señaladas “defensas” trunca las aspiraciones del revisionista.
9. Así las cosas, se aplicará el inciso 1º del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil, el cual en lo pertinente contempla que “si encuentra fundada la del numeral 7º, declarará la nulidad de lo actuado en el proceso que dio lugar a la revisión” y se adoptarán las demás medidas necesarias.
Así mismo se precisa que al no configurarse la hipótesis del inciso final del precepto 384 ídem, dado que prospera la impugnación, se exonerará al promotor de este trámite del pago de “costas”.
2. Declarar fundado el “recurso de revisión” interpuesto por Daniel Humberto Mateus Serrano frente a la sentencia de 26 de octubre de 2005 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Tunja, en el proceso de declaración de pertenencia promovido por Julio Roberto Moreno Ortiz contra Humberto Efraín Mateus Cortés.
3. Consecuentemente se decreta la nulidad de todo lo actuado en el citado asunto.
4. Ordenar la cancelación de la anotación del fallo del ad quem, que consta en los folios de matrícula inmobiliaria 072-36556 (cerrado) y 072-72230 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chiquinquirá y también la “inscripción de la demanda de revisión” que aparece en el último documento reseñado.
5. Cancelar las cauciones constituidas por el impugnante para efectos del adelantamiento de este trámite (fl. 201) y de la medida cautelar decretada (fl. 215).
6. Abstenerse de “condenar en costas” al recurrente.
7. Secretaría librará los oficios que sean necesarios.
8. Oportunamente devolver el expediente del “proceso de declaración de pertenencia” al juzgado de origen, anexándole copia de este fallo y archivar la actuación que adelantó la Corte.
(1) En la sentencia de revisión de 15 de abril de 2011, exp. 2009-01281, se aplicó este criterio de estudiar únicamente la causal que prospera.
(2) Numeración introducida por el Decreto 2272 de 1989.

References: artículo 379
 artículo 380
 artículo 9
 artículo 1155
 artículo 140
 artículo 29
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 382
 artículo 384