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LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL - PDF
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Consuelo Parra Vera
1 LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL (Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de septiembre de 2009) (Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento) MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes sabed: Que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, IV Legislatura se ha servido dirigirme el siguiente: DECRETO (Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- IV LEGISLATURA) ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL IV LEGISLATURA. D E C R E T A DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. Único.- Se expide la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para quedar como sigue: LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. TITULO PRIMERO De la Organización y Competencia CAPITULO I De la Organización e Integración Artículo 1.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es un órgano jurisdiccional con autonomía y jurisdicción plena para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal. Esta Ley es de orden público e interés general y determina las normas de integración, organización, atribuciones, funcionamiento y procedimiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Artículo 2.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo se compondrá de una Sala Superior integrada por siete Magistrados, cinco Salas Ordinarias integradas por tres Magistrados cada una y una Junta de Gobierno. Cuando las necesidades del servicio lo requieran, a juicio de la Sala Superior, se formarán Salas Auxiliares, que tendrán la competencia que esta ley les otorga. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS 12 Artículo 3.- El nombramiento de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se hará en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Los Magistrados serán nombrados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal sujetos a la ratificación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, salvo que fueran expresamente ratificados al concluir ese periodo. Si fueren ratificados, sólo podrán ser privados de sus cargos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al término del periodo para el cual hubieran sido nombrados, los Magistrados que no sean ratificados, deberán entregar formal y materialmente su cargo y su ponencia a la Sala Superior con el fin de asegurar la continuidad de las funciones de la ponencia respectiva. Artículo 4.- Para ser Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se requiere: a) Ser mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos; b) Tener por lo menos, treinta años cumplidos; c) Ser Licenciado en derecho con título y cédula profesional debidamente registrados ante la autoridad competente, por lo menos con cinco años de antigüedad a la fecha de su nombramiento como Magistrado; d) Acreditar, cuando menos, cinco años de práctica profesional en materia administrativa y fiscal; e) Gozar de buena reputación; f) No haber sido condenado por delito doloso en sentencia irrevocable; y g) No haber sido suspendido o inhabilitado por más de tres meses como servidor público. Artículo 5.- Será causa de retiro forzoso de los Magistrados haber cumplido setenta años de edad o que sobrevenga incapacidad física o mental para desempeñar el cargo. Artículo 6.- La elección del Presidente del Tribunal, del Presidente de las Salas Ordinarias y Auxiliares y de los integrantes de la Junta de Gobierno, se efectuará en la primera sesión del año o periodo que corresponda. En la elección del Presidente del Tribunal tendrán derecho a voto los Magistrados de la Sala Superior y sólo podrá ser electo un Magistrado integrante de la misma, quien durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto, por una sola vez, para el periodo siguiente. El Presidente del Tribunal lo será también de la Sala Superior y de la Junta de Gobierno. Los Presidentes de Salas Ordinarias y Auxiliares, durarán en su encargo dos años. Artículo 7.- Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, percibirán iguales emolumentos y prestaciones de los que correspondan a los del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mismos que serán fijados anualmente en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, que para el ejercicio fiscal correspondiente sea aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esos emolumentos y prestaciones, no podrán ser disminuidos durante el término de su encargo. 2 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS3 Artículo 8.- Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, deberán otorgar la protesta de Ley ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En los recesos de ésta, la Comisión de Gobierno de dicha Asamblea, en su caso, aprobará o ratificará según corresponda, los nombramientos de manera provisional ante quien se rendirá la protesta de Ley y la someterá a la consideración del pleno en el siguiente periodo de sesiones ordinarias para su ratificación respectiva. Artículo 9.- El presidente del Tribunal será suplido en sus faltas temporales por el Magistrado más antiguo de la Sala Superior, según el orden de su designación. De no poder precisarse dicho orden de designación, la suplencia se efectuará de acuerdo con el orden alfabético de sus apellidos. Si la falta del Presidente es definitiva, ocupará la Presidencia provisionalmente el Magistrado más antiguo en la Sala Superior en los términos del párrafo anterior. El Presidente en funciones convocará a sesión extraordinaria a la Sala Superior en un período que no excederá de 30 días naturales, para que elija al que concluirá el año calendario de que se trate, al término del cual y en la primera sesión del año siguiente, se procederá en términos del artículo 6 de la Ley. Artículo 10.- Las faltas temporales de los Magistrados de las Salas Ordinarias y Auxiliares serán suplidas por ministerio de ley por alguno de los Secretarios de Acuerdos de la Sala respectiva que designe la Junta de Gobierno. Las faltas definitivas se suplirán con nueva designación en los términos de la presente Ley. En tanto se hace la designación correspondiente y el nuevo Magistrado toma posesión de su cargo; la Junta de Gobierno designará un suplente de entre los Secretarios de Acuerdos de la Sala respectiva. En el caso de faltas temporales del Magistrado Presidente de Sala, lo sustituirá el Magistrado más antiguo en dicha Sala. Si la falta es definitiva será designado por los integrantes de la Junta de Gobierno, quien terminará el periodo correspondiente. El Presidente del Tribunal deberá informar por escrito al Jefe de Gobierno del Distrito Federal con tres meses de anticipación, la fecha en que cualquiera de los Magistrados de las Salas concluirá el término para el que fue designado o que cumplirá la edad, señalada por esta Ley; y tratándose de faltas definitivas por renuncia, fallecimiento, incapacidad física o mental, o cualquier otra causa, deberá notificarle en cuanto obtenga el documento respectivo o la certificación oficial del caso. Artículo 11.- Las licencias de los Magistrados de Salas Ordinarias o Auxiliares, serán otorgadas por la Junta de Gobierno hasta por treinta días con goce de sueldo o hasta por un año sin goce de sueldo, durante todo el periodo de su cargo, siempre que el Magistrado tenga dos años de servicio, exista causa justificada para ello y no se perjudique el funcionamiento del Tribunal. En caso de que se le conceda dicha licencia y el Magistrado llegase a ocupar algún cargo público, administrativo o de elección popular, sea de la Federación, de un Estado, de un Municipio o del Distrito Federal, quedará separado definitivamente de su cargo de Magistrado, y se deberá dar cumplimiento al último párrafo de artículo anterior. El total de las licencias concedidas a un Magistrado no podrá exceder de un año calendario dentro de un periodo de seis años. Artículo 12.- El Tribunal tendrá dos Secretarios Generales de Acuerdos, un Secretario General de Compilación y Difusión, un Secretario General de Defensoría Jurídica, un Director Administrativo, un Contralor Interno, Secretarios de Estudio y Cuenta para la Sala Superior y los Secretarios de Acuerdos, Actuarios y Defensores Jurídicos necesarios para el despacho de los negocios del Tribunal y demás personal, de conformidad con el Presupuesto del mismo. Los Secretarios Generales de Acuerdos, los Secretarios de Estudio y Cuenta, los Secretarios de Acuerdos y los Actuarios tendrán fe pública en el desempeño de su encargo. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS 34 Artículo 13.- El ingreso o promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con excepción de los Magistrados, se hará mediante concurso con sujeción a los lineamientos que al efecto se expidan en el Estatuto del Servicio Civil de Carrera Jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, considerando los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, honestidad y antigüedad según el caso, éstos se sustentarán en el mérito, la igualdad de oportunidades y desarrollo permanente. Artículo 14.- La designación de los Secretarios de Acuerdos y Actuarios de las Salas Ordinarias y Auxiliares, se efectuará por la Junta de Gobierno del Tribunal, conforme a las disposiciones que establezca el Reglamento Interior del Tribunal, quienes tendrán fe pública en el desempeño de sus funciones. Artículo 15.- El Secretario General de Acuerdos, el Secretario General de Compilación y Difusión y el Secretario General de Defensoría deberán ser mexicanos, mayores de 25 años, Licenciados en derecho, con título debidamente registrado, con experiencia por lo menos de dos años en materia administrativa o fiscal, notoria buena conducta y no haber sido condenados por sentencia irrevocable por delito doloso, así como no haber sido suspendido, destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público. El Director Administrativo deberá cumplir estos requisitos excepto el que se refiere a la licenciatura y título que corresponderá a las ciencias económico administrativas fiscales. Los Secretarios de Estudio y Cuenta, los Secretarios de Acuerdos, Actuarios y los Defensores jurídicos deberán ser Licenciados en Derecho y reunir los demás requisitos establecidos en el párrafo anterior. Para los Actuarios no es requisito la experiencia. Artículo 16.- El Contralor Interno deberá ser mexicano, mayor de treinta y cinco años, con título en licenciatura en Derecho o Administración Pública, contar con título y cédula debidamente registrados en la Dirección General de Profesiones, con experiencia de cuando menos tres años en materia de contralorías, de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, así como no haber sido destituido, suspendido o inhabilitado por resolución firme como servidor público. Artículo 17.- Los Magistrados, Secretarios Generales de Acuerdos, Secretarios de Estudio y Cuenta, Secretarios de Acuerdos, Actuarios, Defensores Jurídicos y el Contralor Interno, estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo administrativo de la Federación, Distrito Federal, Estados, Municipios, Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal o de naturaleza privada, excepto los cargos o empleos de carácter académico que no se contrapongan al horario del Tribunal, y los honoríficos. También estarán impedidos para ejercer su profesión, salvo en causa propia, o de su familia en primer grado. Artículo 18.- Los conflictos de competencia que se susciten entre el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y Tribunales de la Federación, de los Estados o del Distrito Federal, se resolverán conforme a lo dispuesto por el artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 19.- Las relaciones de trabajo entre el Tribunal y sus trabajadores de base, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional. Para efectos de esta Ley, son trabajadores de confianza los Magistrados, Secretario General de Acuerdos, Secretario General de Compilación y Difusión, Secretario General de Defensoría, Director Administrativo, Secretarios de Estudio y Cuenta, Secretarios de Acuerdos, Actuarios, Defensores, Oficiales Jurisdiccionales y Contralor Interno, y los demás mandos medios y superiores que con ese carácter mencione el Reglamento Interior y se encuentren previstos en el presupuesto autorizado. 4 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS5 Para todos los efectos de las relaciones de trabajo, el Presidente del Tribunal será el representante de la Institución. Artículo 20.- El Tribunal contará con un sistema profesional de carrera jurisdiccional, basado en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia el cual comprenderá al Secretario General de Acuerdos, al Secretario General de Compilación y Difusión, al Secretario General de Defensoría Jurídica, a los Secretarios de Estudio y Cuenta, a los Secretarios de Acuerdos y Actuarios. El sistema abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de dichos servidores públicos de manera que se procure la excelencia por medio de concursos y evaluaciones periódicas y de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en el Estatuto del Servicio Civil de Carrera Jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal correspondiente, los cuales serán aplicados por la Junta de Gobierno. Artículo 20 BIS.- El Tribunal contará con un Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal, que constituirá un espacio de estudio, análisis, investigación, vinculación y propuesta para los servicios y administrativos del Tribunal y cuya organización, atribuciones y obligaciones se establecerán en su Reglamento Interior, que adoptará el propio Tribunal. El Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal será autónomo y su Director General será nombrado por la Sala Superior, a propuesta de la Presidencia del Tribunal. CAPITULO II De la Sala Superior Artículo 21.- La Sala Superior será el Órgano Supremo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se integrará con siete Magistrados especialmente nombrados para ella conforme al artículo 3º de esta Ley. Bastará la presencia de cuatro de ellos para que pueda sesionar y aprobar acuerdos o resoluciones. Artículo 22.- Las sesiones de la Sala Superior serán públicas, con excepción de los casos en que el orden, la moral o el interés público exijan que sean secretas. Artículo 23.- Los acuerdos o resoluciones de la Sala Superior se aprobarán con los votos en el mismo sentido, de por lo menos, cuatro de sus Magistrados, quienes sólo podrán abstenerse de sufragar en el caso de que tengan algún impedimento legal. En caso de no darse el número de votos requeridos, el asunto se diferirá para la siguiente sesión, y si no se pudiere adoptar la resolución por el mismo motivo, se designará nuevo Ponente. Artículo 24.- Es competencia de la Sala Superior: I. Fijar la Jurisprudencia del Tribunal; I Resolver los recursos de apelación en contra de las resoluciones de la Salas Ordinarias y Auxiliares; Resolver las contradicciones que se susciten entre las sentencias de las Salas Ordinarias y Auxiliares; Resolver el recurso de reclamación en contra de los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Sala Superior y por los Magistrados de las Ponencias de dicha Sala; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS 56 V. Conocer de las excitativas para la impartición de justicia que promuevan las partes, cuando los Magistrados no formulen el proyecto de resolución que corresponda o no emitan su voto respecto de proyectos formulados por otros Magistrados, dentro de los plazos señalados por la Ley; VI. V VI IX. Calificar las recusaciones, excusas e impedimentos de los Magistrados del Tribunal y del personal jurisdiccional a que se refiere el artículo 84 de esta Ley, y en su caso, designar al Magistrado o al servidor público jurisdiccional que deba sustituirlos; Establecer las reglas para la distribución de los asuntos entre las Salas del Tribunal, así como entre los Magistrados Instructores y Ponentes; Resolver el Recurso de Reclamación previsto en el artículo 106 de la Ley; y Nombrar al Director General del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal, a propuesta del Presidente del Tribunal. Artículo 25.- Son atribuciones de la Sala Superior las siguientes: I. Designar de entre sus miembros al Presidente del Tribunal, quien lo será también de la Sala Superior y de la Junta de Gobierno; I Designar al Contralor Interno; Aprobar a propuesta del Presidente, la designación del Secretario General de Acuerdos, Secretario General de Compilación y Difusión, Secretario General de Defensoría Jurídica y del Director Administrativo; Designar a los Secretarios de Acuerdos, Secretarios de Estudio y Cuenta, Actuarios y demás personal jurisdiccional de la Sala Superior; V. Acordar la remoción de los empleados administrativos de la Sala Superior, cuando proceda conforme a la Ley; VI. V VI IX. Conceder licencias a los Magistrados de Sala Superior, así como a los Secretarios, Actuarios y personal jurisdiccional a ella adscritos; Designar a las comisiones de Magistrados que sean necesarias para el buen funcionamiento de la misma; Aprobar el Reglamento Interior del Tribunal que comprenderá las normas de trabajo y las demás disposiciones necesarias para su buen funcionamiento; Designar de entre sus miembros a los Magistrados visitadores de las Salas Ordinarias y Auxiliares, los que deberán dar cuenta del funcionamiento de éstas a la Sala Superior; X. Conocer de las quejas administrativas que se presenten en contra de los Magistrados de la Sala Superior y personal jurisdiccional adscrito a dicha Sala.; XI. X 6 Las demás que no estén expresamente designadas al Presidente del Tribunal o a la Junta de Gobierno; Emitir el dictamen valuatorio de la actuación de los Magistrados que estén por concluir su periodo para el cual fueron designados. Este dictamen se acompañará al informe al que se refiere el último párrafo del artículo 10 de esta Ley, y contendrá los siguientes elementos: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS7 a) El desempeño en el ejercicio de su función; b) Los resultados de las visitas de inspección; c) Los cursos de actualización, especialización o de posgrado que hayan acreditado, y d) Si han sido sancionados administrativamente; XI X Iniciar y tramitar el procedimiento, e imponer sanciones a los Servidores Públicos que infrinja la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tratándose de Magistrados, del personal jurisdiccional y del Contralor Interno; y Las demás que establezcan las leyes; CAPITULO III Del Presidente del Tribunal Artículo 26.- Son atribuciones del Presidente del Tribunal: I. Representar al Tribunal ante toda clase de Autoridades; I Despachar la correspondencia del Tribunal, de la Sala Superior y de la Junta de Gobierno; Presidir la Junta de Gobierno, así como las comisiones que ésta designe, y las que establezca la Sala Superior; Dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones de la Junta de Gobierno y la Sala Superior; V. Denunciar a la Sala Superior las contradicciones de que tenga conocimiento entre sentencias dictadas por las Salas; VI. V VI IX. Designar por turno al Magistrado Ponente en los recursos de apelación y en los de reclamación, así como en las instancias de Sala Ordinaria o Auxiliar a que refiere el artículo 133 de esta Ley; Nombrar al personal administrativo del Tribunal, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; Conceder o negar licencias al personal administrativo de la Sala Superior en los términos de las disposiciones aplicables, previa opinión, en su caso, del Magistrado o del titular del área al que esté adscrito; Dictar las órdenes relacionadas con el ejercicio del presupuesto del Tribunal; X. Autorizar, en unión del Secretario General de Acuerdos, las actas en que se hagan constar deliberaciones y acuerdos de la Sala Superior o de la Junta de Gobierno; XI. X Firmar los engroses de resoluciones de la Sala Superior; Realizar los actos administrativos y jurídicos que no requieran la intervención de la Sala Superior; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS 78 XI X XV. XVI. XV Rendir a las Salas del Tribunal en la última sesión de cada año un informe dando cuenta de la marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias y tesis formuladas por éste en sus decisiones; Publicar la jurisprudencia del Tribunal, las sentencias de la Sala Superior cuando constituyan jurisprudencia o cuando la contraríen, incluyendo los votos particulares que con ella se relacionen, así como aquéllas que considere que deben darse a conocer por ser de interés general; Dar cuenta a la Sala Superior de las excitativas de justicia y tramitar los demás asuntos de la Competencia de la Sala Superior hasta ponerlos en estado de resolución; Admitir o Prevenir, dar trámite o tener por no hechas las solicitudes de consignaciones a que se refiere el artículo 49 de la Ley; y Proponer a la Sala Superior al Director General del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y Fiscal. CAPITULO IV De la Junta de Gobierno Artículo 27.- La Junta de Gobierno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, será el órgano encargado de la vigilancia, disciplina y del sistema profesional de carrera jurisdiccional, el cual para el buen cumplimiento y desempeño de su función contará con autonomía técnica y de gestión. Artículo 28.- La Junta de Gobierno se integra por el Presidente del Tribunal, quien también será presidente de la Junta de Gobierno, por dos Magistrados de Sala Superior y dos de las Salas Ordinarias, los cuales serán electos por la Sala Superior en forma escalonada por periodos de dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. Se deroga. Los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de sus integrantes presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal, en caso de empate se confiere voto de calidad al Presidente del Tribunal. Artículo 29.- Las sesiones de la Junta de Gobierno serán privadas. Artículo 30.- Son atribuciones de la Junta de Gobierno las siguientes: I. Adscribir, y en su caso, cambiar la adscripción de los Magistrados de las Salas Ordinarias y de las Auxiliares; así como designar de entre ellos al Magistrado de guardia en períodos vacacionales, quien tendrá las facultades del Magistrado Instructor para prevenir, admitir o desechar demandas y acordar las suspensiones que sean solicitadas. I Designar en los términos del artículo 10 de esta Ley, a los Secretarios de Acuerdos de Salas que suplan las faltas temporales y definitivas de los Magistrados de las Salas, y en su caso de las definitivas hasta en tanto se nombre al nuevo Magistrado; Designar, cambiar de adscripción o remover a los Secretarios de Acuerdos y Actuarios de las Salas Ordinarias y Auxiliares, así como los Servidores Públicos necesarios para el funcionamiento de la Junta de Gobierno. 8 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS9 Designar o remover a los servidores públicos necesarios para el funcionamiento de la Contraloría Interna; V. Acordar la remoción de los empleados administrativos de las Salas Ordinarias, Auxiliares y Junta de Gobierno, cuando proceda conforme a la Ley; VI. V VI IX. Conceder licencias a los Magistrados de las Salas Ordinarias y Auxiliares y al personal jurisdiccional adscritos a las mismas, en términos del artículo 11 de esta Ley; Dictar las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de la competencia del Tribunal; Designar las comisiones de Magistrados que sean necesarias para la administración interna del Tribunal; Formular anualmente el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal, para su envío a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Gobierno del Distrito Federal; X. Acordar la distribución de los recursos presupuestales conforme a la Ley, dictar las órdenes relacionadas con su ejercicio y supervisar su legal y adecuada aplicación; XI. X XI X XV. XVI. XV Regular y Supervisar las adquisiciones de bienes y servicios, las obras y los arrendamientos que contrate el Tribunal y comprobar que se apeguen a las disposiciones legales; Elaborar el Reglamento Interior del Tribunal, que comprenderá las normas de trabajo y las demás disposiciones necesarias para su buen funcionamiento, teniendo la facultad de crear las unidades administrativas que estimen necesarias para el eficiente desempeño de sus funciones de conformidad con el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal; así como los reglamentos previstos en esta Ley y los manuales para su funcionamiento; Someter a la aprobación de la Sala Superior el Proyecto de Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; Elaborar el Estatuto del Servicio Civil de Carrera Jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, considerando los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, honestidad y antigüedad según el caso, éstos se sustentarán en el mérito, la igualdad de oportunidades y desarrollo permanente; Autorizar los programas permanentes de capacitación, especialización y actualización en las materias competencias del Tribunal; Establecer los criterios de selección para el ingreso al Tribunal, en alguno de los puestos comprendidos en la Carrera jurisdiccional; Los requisitos que deberán satisfacerse para la permanencia y promociones en los cargos; XVI Emitir reglas sobre disciplina y un sistema de estímulos a los servidores públicos jurisdiccionales; XIX. Conocer de las quejas administrativas que se presenten en contra de los Magistrados de las Salas Ordinarias y Auxiliares. Así como del personal jurisdiccional adscrito a las mismas; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS 910 XX. XXI. XX Evaluar el funcionamiento de las áreas administrativas y de informática a fin de constatar la adecuada prestación de sus servicios; Supervisar la correcta operación y funcionamiento de la oficialía de partes así como de los archivos; Ordenar la baja y depuración de expedientes totalmente concluidos en observancia a lo establecido por la Ley de Archivos; XXI Recibir y atender las auditorias ordenadas por la Contaduría Mayor de Hacienda y supervisar que se solventen las observaciones que formule; XX Integrar y desarrollar un sistema de información estadística sobre el desempeño del tribunal, que contemple por lo menos el número de asuntos atendidos, su materia, la duración de los procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas; XXV. Dirigir la buena marcha del Tribunal dictando las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos administrativos del Tribunal y aplicar las sanciones que correspondan; XXVI. Las que no estén expresamente asignadas al Presidente del Tribunal o a la Sala Superior; y XXV Las demás que establezcan las leyes. CAPITULO V De las Salas del Tribunal Artículo 31.- Las Salas del Tribunal son competentes para conocer: I. De los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, en agravio de personas físicas o morales; I De los juicios en contra de los actos administrativos de la Administración Pública Paraestatal del Distrito Federal, cuando actúen con el carácter de autoridades; De los juicios en contra de las resoluciones definitivas dictadas por la Administración Pública del Distrito Federal en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de un ingreso indebidamente percibido o cualesquiera otras que causen agravio en materia fiscal; De los juicios en contra de la falta de contestación de las mismas autoridades, dentro de un término de treinta días naturales, a las promociones presentadas ante ellas por los particulares, a menos que las leyes y reglamentos fijen otros plazos o la naturaleza del asunto lo requiera; V. De los juicios en contra de resoluciones negativas fictas, que se configurarán transcurridos cuatro meses a partir de la recepción por parte de las autoridades demandadas competentes de la última promoción presentada por él o los demandantes, a menos que las leyes fijen otros plazos; VI. 10 De los juicios en que se demande la resolución positiva o afirmativa ficta, cuando la establezcan expresamente las disposiciones legales aplicables y en los plazos en que éstas lo determinen; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS11 V VI IX. De los juicios en que se impugne la negativa de la autoridad a certificar la configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo establezcan las leyes; De las quejas por incumplimiento de las sentencias que dicten; Del Recurso de reclamación en contra de los acuerdos de trámite de la misma Sala; X. De los juicios que promuevan las autoridades para que sean nulificadas las resoluciones favorables a las personas físicas o morales; XI. De las resoluciones que dicten negando a las personas físicas o morales la indemnización a que se contrae el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial competente; y X De los demás que expresamente señalen ésta u otras Leyes. Artículo 32.- Las atribuciones de carácter administrativo de la Sala Superior, Presidencia, Salas Ordinarias, Salas Auxiliares, Secretaría General de Acuerdos, Secretaría General de Compilación y Difusión, Secretaría General de Defensoría Jurídica, Dirección Administrativa, Secretarios de Estudio y Cuenta, Secretarios de Acuerdos, Actuarios, Contraloría y demás servidores públicos que las necesidades del servicio requieran y determine su Presupuesto, se establecerán en el Reglamento Interior del Tribunal. CAPITULO VI De la Contraloría Interna Artículo 33.- El Tribunal contará con una Contraloría Interna con autonomía técnica y de gestión, cuyo titular será designado por la Sala Superior, durara en su encargo cuatro años, percibiendo una remuneración igual a la que recibe el Secretario General de Acuerdos del Tribunal. Artículo 34.- El Contralor Interno tendrá las siguientes atribuciones: I. Proponer a la Junta de Gobierno los contenidos del Programa Anual de Auditoria Interna del Tribunal para que una vez que sean aprobados por el mismo, se incorporen al Programa Operativo Anual; I Ejecutar y supervisar el Programa Anual de Auditoria Interna; Fiscalizar el ejercicio presupuestal, las adquisiciones y enajenaciones de los bienes del Tribunal, así como vigilar que se cumplan las disposiciones legales y administrativas correspondientes; Examinar y evaluar los sistemas de control de los recursos humanos, materiales y financieros del Tribunal; V. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a la atención, trámite y solventación oportuna de las observaciones, recomendaciones y demás promociones de acciones que deriven de las auditorias realizadas; VI. Hacer del conocimiento de la Junta de Gobierno el avance de la ejecución del Programa Anual de Auditoria Interna, así como de los resultados derivados de las auditorias; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS 1112 V VI IX. Aplicar y en su caso promover ante las instancias competentes las acciones administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorias; Recibir las quejas y denuncias presentadas por actos u omisiones de los servidores públicos no jurisdiccionales del Tribunal, e iniciar, substanciar y resolver el procedimiento administrativo de responsabilidades que corresponda y, en su caso, imponer y aplicar las sanciones que de acuerdo a su competencia, establezcan las leyes y reglamentos; Llevar el registro de los servidores públicos que hayan sido sancionados administrativamente por la Contraloría Interna o la Sala Superior, una vez que la resolución respectiva haya causado estado; X. Recibir y en su caso, requerirles a los servidores públicos del Tribunal, tanto de estructura como de honorarios asimilados a salarios, su declaración de situación patrimonial en el formato que para tal propósito determine, conforme a los instructivos que emita e integrar el padrón de servidores públicos obligados a presentarla, así como resguardar dichas declaraciones y establecer los mecanismos necesarios para difundir la obligación de presentar las mismas; XI. X XI X XV. XVI. XV Llevar el registro de situación patrimonial de los servidores públicos del Tribunal, hacer el seguimiento de su evolución, así como definir y operar los sistemas que se requieran para tal propósito, de conformidad con el procedimiento que apruebe la Sala Superior; Asistir a las sesiones de los Comités y Subcomités del Tribunal, conforme a las disposiciones normativas aplicables y designar por escrito a sus representantes, así como participar en los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra para vigilar que se cumplan los ordenamientos aplicables; Recibir, sustanciar y resolver las inconformidades que presenten los proveedores respecto a fallos o actos en los procedimientos de adquisiciones y contratación de arrendamientos, servicios y obra pública; Requerir a los órganos y servidores públicos del Tribunal toda la información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones; Participar en las actas de entrega-recepción de los servidores públicos del Tribunal, mandos medios, superiores y homólogos, con motivo de su separación del cargo, empleo o comisión y en aquéllos derivados de las readscripciones, en términos de la normatividad aplicable; Llevar el registro y cumplimiento, por parte de los servidores públicos del Tribunal, a que se refiere la fracción VII del artículo 80 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y Las demás que le confieran las leyes y reglamentos aplicables, así como los acuerdos y resoluciones de la Sala Superior. Artículo 35.- La Contraloría Interna podrá imponer las sanciones administrativas siguientes: I. Amonestación Privada; I Amonestación Pública; Suspensión del empleo hasta por quince días; 12 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS13 Destitución del puesto; V. Multa económica de 50 a 180 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; e VI. Inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión en el propio Tribunal. Artículo 36.- Para la imposición de las sanciones antes mencionadas, se considerará: I. La gravedad de la falta en que se incurra; I Las condiciones socioeconómicas del infractor; El cargo que ocupe y los antecedentes del infractor; La antigüedad en el servicio público y si fuera reincidente; y V. El daño o perjuicio causados con el incumplimiento de las obligaciones. Artículo 37.- La organización, estructura y funcionamiento de la Contraloría Interna se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Interior del Tribunal. Artículo 38.- En caso de duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en este Capítulo, se estará a lo que resuelva la Sala Superior. TITULO SEGUNDO Del Procedimiento CAPITULO I Disposiciones Generales Artículo 39.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal; el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; al Código Fiscal del Distrito Federal, en lo que resulten aplicables. Artículo 40.- Toda promoción incluyendo la demanda, deberá ser firmada por quien la formule, requisito sin el cual se tendrá por no presentada. Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, otra persona firmará a su ruego y el interesado estampará su huella digital. Artículo 41.- Ante el Tribunal no procederá la gestión oficiosa o de negocios. Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar previamente que la representación le fue otorgada en términos de Ley, a más tardar en la fecha de presentación de la demanda o de la contestación en su caso. Cuando tenga acreditada su personalidad ante la autoridad demandada, ésta le será reconocida en el juicio, siempre que así lo pruebe. La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas y órganos encargados de su defensa jurídica, en términos de la legislación aplicable; así como por sus apoderados legales, representación que deberán acreditar al contestar la demanda. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS 1314 Artículo 42.- Las diligencias que deban practicarse en el Distrito Federal, fuera del recinto del Tribunal, se encomendarán a los Secretarios de Acuerdos o a los Actuarios del propio Tribunal. Artículo 43.- Las demandas, contestaciones, informes y en general toda clase de actuaciones, deberán escribirse en español y estar firmados por quienes intervengan en ellos. Los documentos redactados en otro idioma, deberán acompañarse con la correspondiente traducción al español. En las actuaciones judiciales, las fechas y cantidades se escribirán con letra, y no se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita la lectura, salvándose al final del documento con toda precisión el error cometido. Artículo 44.- En ningún caso se entregarán los autos a las partes para que los lleven fuera del Tribunal. La frase dar vista sólo significa que los autos quedan en la Secretaría para que se impongan de ellos los interesados. Artículo 45.- Cuando las leyes o los reglamentos establezcan algún recurso u otro medio de defensa, será optativo para la persona física o moral agotarlo o interponer el juicio ante el Tribunal. Si está haciendo uso de dicho recurso o medio de defensa, previo el desistimiento correspondiente, podrá ocurrir a juicio ante el Tribunal, dentro del plazo previsto por el artículo 73 de esta Ley. El ejercicio de la acción ante este Órgano Jurisdiccional, extingue el derecho para promover otro medio de defensa. Artículo 46.- Los Magistrados para hacer cumplir sus determinaciones o para mantener el buen orden en sus Salas y en general, en el recinto del Tribunal, podrán emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio; I. Apercibimiento o amonestación; I Expulsión de la Sala, de la parte o de su representante legal, que altere el orden; Multa de 30 a 180 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; Auxilio de la fuerza pública; y V. Arresto hasta por 24 horas. Artículo 47.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habrá lugar a la condenación en costas. Artículo 48.- Las Salas del Tribunal no admitirán promociones o solicitudes, incluyendo recursos, notoriamente frívolos o improcedentes; los que se desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a la otra parte. Artículo 49.- El pago no admitido de una contribución por la autoridad fiscal, podrá ser consignado por el contribuyente, mediante escrito dirigido a este Tribunal, acompañando cheque certificado o de caja a nombre de la Tesorería del Distrito Federal, y el Formato respectivo de la Tesorería, en el que aparezca la determinación del crédito. Recibido por este Órgano Jurisdiccional y por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, éste lo remitirá a la autoridad fiscal en el término de dos días hábiles a partir de su recepción, en el caso que no reúna los requisitos señalados en el párrafo anterior, se prevendrá por única ocasión, a efecto de que se subsane la deficiencias, para lo cual contará con un término de tres días hábiles, si fuere omiso o no cumpliere con lo requerido se tendrá por no hecha la consignación, ordenando la devolución de los documentos presentados. 14 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS15 Artículo 49 bis.- El Tribunal resolverá los juicios de lesividad en un plazo máximo de seis meses y otorgará, a solicitud de la autoridad promovente, la suspensión de las actividades del particular ejecutadas al amparo del acto de cuya lesividad se trate, siempre que de continuarse con los mismos se afecte el entorno urbano, el medio ambiente, la debida prestación de servicios públicos o la seguridad de las personas. Artículo 50.- Serán partes en el procedimiento: I. El actor; CAPÍTULO II De las Partes El demandado. Tendrán este carácter: a) El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Secretarios del Ramo, los Directores Generales, así como las autoridades administrativas del Distrito Federal que emitan el acto administrativo impugnado; b) Los Jefes Delegacionales, Directores Generales y en general las autoridades de las Delegaciones, emisoras del acto administrativo impugnado; c) Las autoridades administrativas del Distrito Federal, tanto ordenadoras como ejecutoras de las resoluciones o actos que se impugnen; d) El Gerente General de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal; e) La persona física o moral a quien favorezca la resolución cuya nulidad sea demandada por la autoridad administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 fracción X de esta Ley; y f) La Administración Pública Paraestatal y Descentralizada cuando actúen con el carácter de autoridad. I El tercero interesado, o sea, cualquier persona cuyos intereses puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal, o que tenga un interés contrario o incompatible con la pretensión del demandante. Artículo 51.- Solo podrán intervenir en el juicio las personas que tengan interés legítimo en el mismo. En los casos en que el actor pretenda obtener sentencia que le permita realizar actividades reguladas, deberá acreditar su interés jurídico mediante la correspondiente concesión, licencia, permiso, autorización o aviso. Artículo 52.- Las partes podrán autorizar para recibir notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal. Las personas autorizadas quedan facultadas para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, formular alegatos y pedir aclaración de Sentencia. Si son varios los actores, los terceros interesados o las autoridades, deberán designar a sus respectivos representantes comunes que estarán facultados para actuar en los términos del párrafo anterior. La representación en juicio terminará en el momento de la revocación del nombramiento respectivo, por fallecimiento del representado, o en su caso, hasta que haya sido ejecutada la sentencia correspondiente. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS 1516 CAPITULO III De los Incidentes Artículo 53.- Sólo serán de previo y especial pronunciamiento que suspendan la tramitación del juicio, los incidentes siguientes: I. Acumulación de autos; I Nulidad de notificaciones; e Interrupción del procedimiento. Los incidentes ajenos al negocio principal o notoriamente frívolos e improcedentes, deberán ser desechados por los Magistrados, pudiendo imponer a quien lo promueva una multa de diez a cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. El procedimiento se interrumpirá por así requerirlo alguna autoridad jurisdiccional o ministerial, porque hayan cesado los efectos de la representación en términos del artículo 52 de esta Ley. Artículo 54.- Procede la acumulación de dos o más juicios pendientes de resolución, en los casos en que: I. Las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios; I Siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios, el acto impugnado sea uno mismo o se impugnen varias partes del mismo acto; e Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos, se impugnen actos que sean antecedentes o consecuencia de los otros. Artículo 55.- Las partes podrán hacer valer el incidente de acumulación, hasta antes de que se celebre la audiencia de ley, pudiendo también tramitarse de oficio. El incidentista debe señalar él o los juicios que pretenda se acumulen. Artículo 56.- La acumulación se tramitará ante el Magistrado Instructor de la Sala que esté conociendo del juicio en el que la demanda se presentó primero, el cual solicitará los expedientes respectivos a efecto de analizar la procedencia de la acumulación. En caso de que la acumulación sea procedente, los juicios acumulados se resolverán en la Sala de adscripción del Magistrado a que se refiere el párrafo anterior, la cual solicitará, dentro de los cinco días siguientes, que le sean remitidos los autos del juicio o de los juicios cuya acumulación haya sido solicitada. Esta petición deberá ser acordada dentro de los cinco días siguientes. Artículo 57.- Si la acumulación es promovida ante el Magistrado Instructor que haya conocido de un juicio cuya demanda haya sido presentada con posterioridad a la del primer juicio, remitirá, en un término de cinco días, los autos del juicio al Magistrado que conozca del juicio más antiguo. Una vez que el Magistrado Instructor en el juicio atrayente haya recibido los autos del juicio o de los juicios cuya acumulación haya sido solicitada, formulará, en el término de cinco días hábiles, proyecto de resolución que someterá a la Sala, la cual dictará la resolución que proceda. Artículo 58.- Cuando no pueda resolverse la acumulación porque en alguno de los juicios se hubiere celebrado la audiencia de pruebas y alegatos, o por encontrarse en diversas instancias, a petición de parte o de oficio se decretará la suspensión del procedimiento en el 16 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS17 juicio en trámite. La suspensión subsistirá hasta que se pronuncie la resolución definitiva en el otro asunto. Artículo 59.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta Ley, o en su caso, de acuerdo con las disposiciones supletorias, serán nulas. El perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad en la actuación siguiente en la que intervenga, o bien, dentro del término de cinco días computados a partir del día siguiente, al que surta efectos la notificación posterior que sea practicada legalmente, si dentro de dicho término no se presenta actuación en la que intervenga el perjudicado, se entenderá legalmente hecha la notificación irregular. Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de tres días hábiles para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, se dictará resolución. Si se declara la nulidad de la notificación, la Sala ordenará la reposición del procedimiento a partir de la notificación anulada. Asimismo amonestará al Actuario. En caso de reincidencia, por tres veces en un periodo de tres meses, el Actuario podrá ser destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Tribunal. Artículo 60- La impugnación de falsedad de un documento puede hacerse valer hasta antes de que se celebre la audiencia de ley, debiéndose indicar los motivos y las pruebas que se ofrezcan. Cuando se impugne la autenticidad de los documentos privados o públicos sin matriz, deberá señalarse los documentos indubitables para el cotejo y promoverse la prueba pericial correspondiente. Sin estos requisitos, se desechará el incidente. En caso de que se impugne la autenticidad o exactitud de un instrumento público, siguiéndose las formalidades establecidas para la prueba de inspección judicial se señalará día y hora para que se coteje con los protocolos y archivos en donde se halle la matriz, practicándose el cotejo por el Actuario que se comisione al efecto, o por el Secretario de Acuerdos, cuando así lo determine el Magistrado Instructor. La Sala resolverá sobre la autenticidad del documento, exclusivamente para los efectos del juicio en el que se haya promovido el incidente. Artículo 61.- La reposición de autos se substanciará incidentalmente. El Secretario de Acuerdos certificará la existencia anterior y falta posterior del expediente o de la actuación. Cuando la perdida ocurra encontrándose los autos a disposición de la Sala Superior, se ordenará a la Sala Ordinaria o Auxiliar correspondiente proceda a la reposición de autos y una vez integrado el expediente, se remitirá el mismo a la Sala Superior para la resolución del juicio. Artículo 62.- La interrupción del juicio por causa de muerte, incapacidad o declaratoria de ausencia del actor, la disolución o la quiebra, durará como máximo un año y se sujetará a lo siguiente: I. Se decretará por el Magistrado Instructor a partir de la fecha en que éste tenga conocimiento de la existencia de los supuestos a que se refiere el presente artículo; y Si transcurrido el plazo máximo de interrupción, no comparece el albacea, el representante legal o el tutor; el Magistrado Instructor acordará la reanudación del juicio, ordenando que todas las notificaciones se efectúen por lista autorizada. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS 1718 Artículo 63.- Todos los incidentes se tramitarán por escrito. Con la promoción que le dé inicio, se dará vista por tres días a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Las pruebas deberán ofrecerse, en su caso, en el escrito respectivo. Todas las disposiciones sobre prueba en el juicio, son aplicables a los incidentes, en lo que no se opongan a este capítulo. CAPITULO IV De las Notificaciones y de los Términos Artículo 64.- Las partes, en el primer escrito que presenten, deberán señalar domicilio en el Distrito Federal, para que se hagan las notificaciones personales a que se refiere esta Ley. Las notificaciones que se realicen a las autoridades o a personas morales por conducto de su Oficialía de Partes u Oficina de recepción, se entenderán legalmente efectuadas, si en el documento correspondiente obra el sello de recibido. Las notificaciones personales podrán hacerse en el local de la Sala, si éstas no se han efectuado. Artículo 65.- Las notificaciones se harán personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, tratándose de los siguientes casos: I. A la actora, el acuerdo que recaiga a su escrito de demanda; I A la demandada y al tercero interesado, el auto que ordene el emplazamiento con el traslado del escrito de demanda, como de la ampliación en su caso, así como el de preclusión; A las partes el acuerdo donde se señale el día y hora de la celebración de la audiencia de ley y de la sentencia definitiva; A la parte no apelante, el acuerdo que admita el recurso de apelación; y V. En todos aquéllos casos en que el Magistrado así lo ordene. Artículo 66.- Las notificaciones personales se harán por lista autorizada previa razón del Actuario, cuando: I. Las partes no señalen domicilio dentro del territorio del Distrito Federal; I No exista el domicilio señalado para recibir notificaciones; Exista negativa a recibirlas en el domicilio señalado; Si dejando citatorio para la práctica de la notificación, éste es ignorado y V. Si no se hace saber al Tribunal el cambio de domicilio. Artículo 67.- Las notificaciones que deban hacerse a las partes y que no deben ser personales, se harán por lista autorizada que se fijará en lugar visible del local de la Sala, a las doce horas. La lista contendrá nombre de la persona, expediente y tipo de acuerdo. En los autos se hará constar la fecha de la lista. Artículo 68.- Las notificaciones se harán a las autoridades administrativas siempre por oficio. 18 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS19 Tratándose de las autoridades administrativas, las resoluciones que se dicten en los juicios que se tramiten ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, deben notificarse en todos los casos, únicamente a la Unidad Administrativa a la que corresponda la representación en juicio. Artículo 69.- Las notificaciones personales de los acuerdos y resoluciones se efectuarán a más tardar, dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que se turnen al Actuario y las que deban ser por lista autorizada, dentro de los tres días hábiles siguientes. Si la notificación no se efectúa dentro de los términos no será motivo de anulación de la misma Artículo 70.- Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios contencioso administrativos regulados por esta Ley, todos los días del año, con excepción de los sábados y domingos, 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del día 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del día 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, el tercer lunes de junio establecido como día del empleado del Tribunal, 16 de septiembre, 12 de octubre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración del día 20 de noviembre y 25 de diciembre, así como aquéllos en los que se suspendan las labores por acuerdo de la Sala Superior del Tribunal o por determinación de otras disposiciones legales. Durante los períodos vacacionales o de suspensión de labores, se podrán habilitar estos días. Artículo 71.- Las notificaciones se harán en días y horas hábiles, con una anticipación de tres días hábiles por lo menos, al momento en que deba efectuarse la actuación o diligencia a que se refieran las mismas. Artículo 72.- La notificación omitida o irregular se entiende hecha a partir del momento en que, a quien deba de notificarse se haga sabedor de la misma, salvo cuando se promueva su nulidad. Artículo 73.- El término para interponer la demanda, en contra de los actos o resoluciones de las autoridades a que se refiere el artículo 31 de la presente Ley, es de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acto que se impugne o del día siguiente al en que se hubiera tenido conocimiento u ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Cuando mediante el juicio de lesividad se demande la nulidad de una resolución favorable a una persona, la demanda deberá presentarse dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que sea notificada la resolución, salvo que se hubiesen generado efectos de tracto sucesivo, caso en el cual la autoridad podrá demandar la nulidad en cualquier época, pero los efectos de la sentencia, en caso de nulificarse la resolución favorable, sólo se retrotraerán a los cinco años anteriores a la presentación de la demanda. Artículo 74.- Cuando el interesado fallezca durante el plazo para iniciar el juicio, el término se suspenderá hasta un año, si antes no se ha aceptado el cargo de representante de la sucesión. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, el plazo para interponer el juicio contencioso administrativo se suspenderá hasta por un año. La suspensión cesará tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. Artículo 75.- Cuando la Ley no señale plazo para la práctica de alguna actuación, éste será de tres días hábiles. Artículo 76.- El cómputo de los términos se sujetará a las reglas siguientes: I. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente a aquél en que fueron practicadas. En los casos de notificaciones por lista se tendrá como fecha de notificación la del día en que se hubiese fijado en los estrados. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS 1920 I Comenzarán a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; serán improrrogables y se incluirán en ellos el día del vencimiento; y Los términos se contarán por días hábiles. Artículo 77.- Los Actuarios tendrán fe pública únicamente en cuanto concierne a la práctica de las notificaciones y diligencias a su cargo. Cuando las notificaciones personales se hagan en el domicilio señalado para tal efecto por las partes, el Actuario deberá cerciorarse de que se trata del domicilio correspondiente, y hecho lo anterior, buscará a quien deba notificar y/o a su representante legal o persona autorizada para ello, a quien entregará la copia del auto o resolución a notificar, debiendo señalar en el acuse correspondiente la fecha y hora en que se efectúe la diligencia, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda dicha notificación. Si ésta se niega a firmar se hará constar tal circunstancia en el acta respectiva, sin que afecte su validez. Artículo 78.- Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada, con su representante legal o con la persona autorizada para ello, a falta de éstos, el Actuario dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que se le espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si éste se encontrare cerrado o no estuviera persona alguna que respondiera al llamado del Actuario para atender la diligencia, el citatorio se dejará mediante instructivo que se deje pegado en la puerta. Artículo 79.- Si la persona a quien haya que notificarse no atiende el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de no acudir persona alguna al llamado del Actuario o si el domicilio se encontrase cerrado, la notificación se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de esta ley. De estas circunstancias, el Actuario asentará la razón respectiva en acta que para tal efecto levante. Artículo 80.- En caso de que por circunstancias extraordinarias o ajenas a las partes no sea posible efectuar las notificaciones personales en la forma señalada en los artículos que anteceden, el Magistrado Instructor atendiendo a las circunstancias de las mismas, ordenará en su caso, se efectúen éstas por lista autorizada, para evitar dilaciones procesales. CAPÍTULO V De los Impedimentos Artículo 81.- Los Magistrados, los Secretarios de Estudio y Cuenta y los Secretarios de Acuerdos de las Salas se encuentran impedidos para actuar, y deben excusarse en los juicios en que se presenten los siguientes supuestos: I. Si son cónyuges, parientes consanguíneos o afines de las partes en línea recta sin limitación de grado; o dentro del cuarto grado, en lo colateral por consanguinidad o dentro del segundo, en lo colateral por afinidad; o bien, de sus representantes legítimos o de las personas por ellos autorizadas; I Si tuviera interés personal en el asunto; Si han sido apoderados, patronos, representantes o autorizados de cualquiera de las partes en el mismo asunto; Si tuvieran amistad o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes o sus representantes; V. Si han intervenido en la formulación o emisión del acto impugnado o en la ejecución del mismo; 20 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARLAMENTARIAS Mostrar más
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