Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2014/113/4/
Timestamp: 2019-11-18 07:26:20+00:00

Document:
Diario de Sesiones 113/2014, de fecha 12/3/2014 - Punto 4 - Parlamento de Canarias
DS 113/2014 (12/mar/2014)
Diario de Sesiones 113/2014, de fecha 12/3/2014 - Punto 4
8L/PPL-0014 PROPOSICIÓN DE LEY, DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA CANARIO Y NACIONALISTA CANARIO (CC-PNC-CCN), DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICAS DE CANARIAS.
El señor PRESIDENTE: Continuamos, Proposición de Ley, de los Grupos Parlamentarios Socialista Canario y Nacionalista Canario, de Radio y Televisión Públicas de Canarias.
Habrá dos turnos de los grupos proponentes, ¿Grupo Parlamentario Socialista Canario?
Vamos a proceder, en primer lugar, en este caso, al criterio del Gobierno sobre esta proposición de ley. El secretario primero, don José Miguel González, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO PRIMERO (González Hernández): Vistos los informes de la Dirección General de Presupuestos, que no implica aumento de crédito la previsión y se cumple la previsión del artículo 3, considerando que corresponde al Gobierno manifestar su opinión, el Gobierno, tras deliberar, y a propuesta de su presidente, acuerda manifestar su criterio favorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley de Radiotelevisión Pública en Canarias y manifestar su conformidad a la tramitación de la citada proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Doña Belinda Ramírez, en nombre del Grupo Socialista Canario, tiene la palabra.
La señora RAMÍREZ ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos, señorías.
Los grupos Nacionalista y Socialista traemos hoy a esta Cámara una proposición de ley sobre la radio y la televisión pública de Canarias, una proposición de ley que abre la puerta al cambio de modelo en la gestión de la Radiotelevisión Pública de Canarias. Abre la puerta a ese cambio tan ansiado desde todos los ámbitos, no solo por los distintos grupos políticos, sino, además, ansiado desde todos los ámbitos: de todo el sector audiovisual, del sector cultural, del sector educativo, y por la ciudadanía en general.
En el 2012 debatimos una proposición de ley, a instancias del Partido Popular, que pretendía modificar la ley vigente de la Radiotelevisión Canaria. En aquel entonces votamos en contra porque la modificación, como dijimos en su momento, se refería única y exclusivamente a la figura de la dirección del ente, y el Grupo Socialista lo que quería era una modificación integral, una modificación que, de verdad, introdujera un cambio sustancial en el modelo de la Radiotelevisión Canaria. En definitiva, una modificación legal que recogiera todos los cambios necesarios para dar un giro radical en el modelo y en la gestión del ente, un giro que debía pasar inexorablemente por la supresión del control gubernamental del mismo, pero que no se podía quedar ahí. No se podía quedar ahí porque si queremos una radiotelevisión competitiva, de calidad, que vaya por la senda de la independencia, de la pluralidad, de la neutralidad informativa, si queremos una radiotelevisión que contribuya a la cohesión territorial, que sea un instrumento de dinamización social y cultural, que promueva el tejido industrial y que sea, de verdad, con estrategias claras, con estrategias definidas el motor de la industria audiovisual y cultural de estas islas, si queremos todo esto, señorías, es necesario, sin duda, un cambio normativo pero en profundidad.
Y estos y no otros son los objetivos que nos hemos marcado en la redacción de esta proposición de ley, unos objetivos que hemos articulado a través de un conjunto de medidas que introducen importantes novedades respecto a la legislación de otras comunidades autónomas y que ha tomado como modelo la Ley de la Radiotelevisión Española de la última etapa socialista.
En primer lugar, el ente de la Radiotelevisión Canaria se configura como un organismo autónomo, sin adscripción orgánica o funcional al Gobierno de Canarias, dirigido por un órgano colegiado ejecutivo elegido por el Parlamento de Canarias, de tal manera que las únicas facultades que conserve el Gobierno sobre el ente vengan referidas a las normas que regulan la elaboración y la ejecución presupuestaria; una previsión que actúa como garantía de la obligación de cumplir con el objetivo de déficit que impone la estricta legislación estatal. Contiene, además, una definición mucho más amplia de la función del servicio público acorde con la normativa estatal e introduce la figura del mandato marco, un mandato marco que será aprobado por el Parlamento y en el que se concretarán los objetivos generales.
En segundo lugar, como órgano de gobierno y administración del ente, se crea el Consejo Rector en sustitución del actual Consejo de Administración, en cuya regulación se ha buscado conjugar la agilidad en la gestión del ente con la posibilidad de colegiar las decisiones ejecutivas. Por poner un ejemplo práctico, en los últimos años se ha denunciado por distintos grupos del sector audiovisual canario que la Radiotelevisión Canaria no priorizaba la producción local en la contratación, con la ley vigente la decisión última la tenía siempre el director general, con la regulación que proponemos, el Consejo Rector puede abocar para sí cualquier decisión contractual que determine que ha de ser de su competencia en razón de la cuantía o de la importancia, y, en cualquier caso, siempre decidirá sobre aquellos contratos que vinculen al ente por más de un año y que superen los 500.000 euros. En definitiva, los contratos seguirán siendo competencia de la Presidencia, si bien el Consejo podrá decidir los que crea oportuno.
Por su parte, para dar estabilidad a la labor del Consejo Rector y para garantizar su independencia del poder político, se ha fijado un mandato de seis años, para que no coincidiera con el ciclo parlamentario, y se ha introducido el sistema de renovación parcial. Y en cuanto a las mayorías necesarias para su elección, el formato utilizado, pues, trata de conjugar también poder alcanzar el mayor consenso posible con la imposibilidad de bloqueo que presentan otras instituciones, cuya designación depende también del Parlamento de Canarias.
Por otro lado, como garantía de la pluralidad política, social y cultural, que creemos que debe presidir el ente, configuramos el Consejo Asesor, como órgano de participación de la sociedad en el mismo, con representantes no solamente de las instituciones -Gobierno de Canarias, y cabildos, en este caso- sino también representantes de la industria audiovisual, representantes del periodismo canario, de organizaciones empresariales, de las centrales sindicales más representativas e, incluso, de los consumidores y de los usuarios. Se garantiza así el principio de participación de los ciudadanos con funciones tan importantes como informar sobre el cumplimiento del mandato marco o sobre los criterios y las normas que garanticen el derecho de acceso de los grupos sociales más significativos, entre otras.
Y una novedad, que para el Partido Socialista era fundamental: la creación del Consejo de Informativos, configurado como un órgano interno de participación de los profesionales de la información, que prestan sus servicios, bien directa o bien indirectamente, para la radio o para la televisión; un órgano creado y configurado como garantía del libre ejercicio de su profesión, para velar por su independencia, y cuando hablo de independencia hablo de independencia del poder político, pero también independencia de los poderes económicos, y que vele también por la veracidad y por la objetividad de los contenidos informativos difundidos.
Señorías, creemos que si hay algo que justifica la creación de un medio de comunicación público en un contexto en el que los medios privados están altamente condicionados por los poderes económicos titulares de su accionariado, es la necesidad de contar con profesionales que sean independientes, que nos garanticen una información veraz, una información objetiva y una información independiente, independencia que debe salvaguardar la libertad de prensa de cualquier injerencia política. En esto creemos desde el Partido Socialista, y yo creo que la última etapa de Radiotelevisión Española fue un buen ejemplo de ello.
Otro eje fundamental de la proposición de ley es el apoyo a la industria audiovisual y cultural canaria, y, así, tanto en la definición de servicio público como en los principios rectores se destaca la importancia de impulsar la producción de bienes culturales y audiovisuales canarios -hay que recordar, además, que por primera vez el objeto de la ley se extiende a la producción de contenidos en internet y redes sociales-, pero, además, se articula un derecho de acceso a los contenidos de las cadenas específico para los productores de bienes culturales y audiovisuales canarios mediante convenios de colaboración con el ente, y se introduce también la posibilidad de convocar procedimientos de concurrencia pública para la explotación privada de determinadas franjas horarias o de programaciones puntuales en los canales de radio y de televisión; todo ello en una apuesta decidida por apoyar el sector audiovisual canario y con la pretensión de que cualquier productor audiovisual pueda gestionar directamente un espacio en la cadena, lo que permitiría también llenar la programación sin incurrir en costes variables y obteniendo ingresos.
Además, con el objeto de dar mayor transparencia y de facilitar el conocimiento de la labor del ente, por primera vez se regula la obligación de insertar indicativos visuales o auditivos cuando se produzcan determinadas emisiones; por ejemplo, cuando se emitan declaraciones o comunicaciones oficiales, cuando se emitan contenidos derivados del derecho de acceso de los productores culturales y audiovisuales canarios, cuando se difundan programaciones de explotación privada o cuando lo estime el Consejo Rector.
Señorías, nosotros estamos convencidos de que el nuevo régimen jurídico, tal y como se recoge en la exposición de motivos, viene, pues, a dar más transparencia, viene a dar más objetividad y viene a dar más independencia al ente, y, además, creemos que abrirá la puerta a satisfacer en mayor medida las necesidades de información, de cultura, de educación y de entretenimiento de la sociedad canaria, además de que contribuye por supuesto a la cohesión territorial de las islas.
En definitiva, creemos que esta proposición de ley cumple con la necesidad que todos reclamamos de adaptar la Radiotelevisión Canaria a la realidad social y económica actual, teniendo en cuenta que la ley vigente tiene ya treinta años y que la Radiotelevisión Canaria lleva catorce años de andadura, y convencidos de ello, señorías, hoy sometemos a consideración de la Cámara esta Proposición de Ley de Radiodifusión y Televisión Pública de Canarias, y lo que deseamos y lo que esperamos es que salga adelante con el máximo consenso posible, con las aportaciones que se consideren convenientes a través del trámite de enmiendas y, por supuesto, con las aportaciones que resulten de la consulta a todos los colectivos, a todo el sector audiovisual, al sector cultural y a las asociaciones u organizaciones de profesionales del periodismo, que vendrán a enriquecer este texto.
Pero permítanme, señorías, antes de terminar, hacer mención y responder a ciertas críticas que se han vertido hacia el Grupo Parlamentario Socialista en relación con nuestra actitud y nuestra posición respecto a Radiotelevisión Canaria. Se nos acusado de cambiar nuestra postura. Nosotros, el Grupo Socialista -y yo creo que los hechos hablan por sí solos-, siempre hemos sido críticos, antes en la Oposición y ahora cuando estamos apoyando al Gobierno, porque siempre hemos tenido claro el modelo que queremos para nuestra radiotelevisión pública.
Hemos presentado más propuestas de resolución al informe de Audiencia de Cuentas, por ejemplo, que ningún otro grupo, hemos apoyado la petición de un nuevo informe referido a esta legislatura, nos hemos sumado, incluso, a una reprobación unánime de la Cámara tras la última comisión de control, y, simplemente, señorías, porque es nuestra responsabilidad política ponernos siempre del lado de la razón. Y permítanme que voy a decir aquí también: una responsabilidad que al Grupo Parlamentario Socialista le hubiera gustado ver ejercer al resto de formaciones políticas en anteriores legislaturas; aunque solo fuera un poquito, nos hubiera gustado verlo.
Y no puedo dejar de felicitar, me lo van a permitir, la labor de control político que ejercieron mis compañeros y compañeras del Grupo Socialista en la pasada legislatura, especialmente miro a mi compañera Gloria Gutiérrez, quien, por cierto, nunca, nunca, recibió el respaldo del resto de los grupos ante situaciones similares a las acaecidas recientemente.
Además nos dicen que la ley viene tarde. Es cierto, a mí me hubiese gustado que entrara antes, mucho antes, desde luego que sí. Pero oigan, esta crítica la aceptamos, como no puede ser de otra manera, sobre todo cuando viene de todo el sector audiovisual, de los distintos grupos y asociaciones relacionadas de una u otra manera con la industria audiovisual canaria. Pero lo cierto, señorías, es que esta reforma ha llegado tras dieciocho años del Partido Socialista en la Oposición. Por lo tanto, yo creo que no hay que recordar que eran otros los que gobernaban, no nosotros. Quienes hoy piden hechos no hicieron nada por cambiar la ley cuando pudieron hacerlo, cuando estaban en el Gobierno, que es cuando hay que demostrar con hechos la responsabilidad que se tiene.
Pero, en cualquier caso, señorías, en cualquier caso, si lo peor que se puede decir de esta proposición de ley es que no entrará en vigor todo lo pronto que a algunos les gustaría, yo creo, sinceramente -si eso es lo peor que se puede decir-, que hemos hecho un buen trabajo, y por eso pido el respaldo unánime de esta Cámara a su toma en consideración.
También para la presentación de la proposición de ley, el otro grupo que tiene la iniciativa, el Grupo Nacionalista Canario, doña Nuria Herrera Aguilar.
La señora HERRERA AGUILAR: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías, y a los medios de comunicación.
Va a ser imposible, prácticamente, no hacer referencia ya a partes de la intervención de la diputada representante del Grupo Parlamentario Socialista, porque obviamente estamos ante una iniciativa conjunta del Grupo Nacionalista Canario y del Partido Socialista.
Estamos aquí, por tanto, ya lo ha dicho la diputada del Partido Socialista, para determinar la toma en consideración de esta proposición de ley. Esta proposición de ley es relativa a un medio público de información, que tiene cobertura constitucional en el artículo 149.1.27 de la Constitución española, en consonancia con el artículo 32 de nuestro Estatuto de Autonomía. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces da la impresión por parte de algunos de que estamos hablando de que lo que se pretende es un mero encaje político.
Ya ha dicho o ya se ha expresado el criterio favorable del Gobierno de Canarias conforme al artículo 138.2 de este Reglamento, y, en este sentido, sí voy a aprovechar mi intervención también para hacer una serie de reflexiones.
En todas las intervenciones que he realizado en nombre de mi grupo parlamentario, he defendido la necesidad de la existencia de medios públicos de información, más necesarios, si cabe, en nuestra tierra, como elemento cohesionador de nuestra archipiélago.
Varias preguntas pueden hacerse, algunas de ellas ya han sido contestadas por la diputada del Partido Socialista, no obstante, yo realizaré una serie de matizaciones -¿por qué se presenta? ¿es la primera iniciativa de esta naturaleza en esta Cámara? ¿Qué objetivo pretende? ¿se ha tardado en presentarla?, ¿por qué?-, con el objeto de evitar especulaciones respecto a la misma.
¿Por qué se presenta esta iniciativa? Porque fue un compromiso del presidente del Gobierno en su discurso de investidura, porque está en nuestro programa electoral, porque está en el pacto de gobierno de Coalición Canaria y el Partido Socialista, y porque es tremendamente necesaria porque responde a la exigencia social de adaptar la Ley 8/84 a la nueva realidad social y de desarrollo tecnológico.
He de decir, no obstante, que la Ley 8/84 fue pionera en su momento, especialmente en lo referido al modelo de televisión, actualmente regulado y avalado por la Ley general del sector audiovisual, normativa básica del Estado.
Es verdad también, señorías, que con anterioridad se han presentado iniciativas, referidas a este medio público de información, por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Si accedemos a la hemeroteca, vemos que, sin contar esta iniciativa que estamos debatiendo en este momento, se han presentado tres iniciativas, del Partido Popular, del Partido Socialista y de Coalición Canaria también, pero he de decir que, si bien es cierto que ninguna de ellas prosperó, por diferentes motivos -caducidad o rechazo en su toma en consideración-, no es menos cierto que las mismas quedaban reducidas o afectaban únicamente a aspectos concretos. Se referían meramente al estatus, ya sea del consejo de administración o de la dirección del ente, no abarcando, por tanto, ninguna de ellas una modificación más profunda, sustancial, y necesaria, desde mi punto de vista personal, pues se quedaban cortas para el objetivo que tiene o debe tener esta ley. Quizá sea esto uno de los motivos por los cuales la misma no ha tenido una mayor o una pronta entrada en esta Cámara, porque no nos hemos limitado a sentarnos un fin de semana y redactar un aspecto concreto; ha sido un trabajo arduo, duro y aún así, desde mi Grupo Parlamentario Nacionalista, entendemos que es una iniciativa mejorable.
¿Qué objetivo se pretende con esta ley? Pues, evidentemente, continuar potenciando el papel de cohesionador social que tiene nuestra televisión pública, aumentando si cabe el papel que debe cumplir junto al sector audiovisual y, por supuesto, reforzando los principios de transparencia, objetividad y eficacia.
En este sentido, es importante, y hay que decirlo, la colaboración de todos, obviamente: de colectivos, de profesionales, de asociaciones y, lógicamente, de todos los grupos parlamentarios; aportaciones que serán atendidas en consonancia con el espíritu de la presente iniciativa. Pero, eso sí, dialogar, debatir, consensuar entre todos, pero no imposiciones u órdenes, esas actitudes y comportamientos no son admisibles. Si es cierto lo que se dice por parte de algunos, si realmente se quiere, más allá de discursos demagógicos, populistas e incoherentes respecto... -y me refiero a su posicionamiento referido a los medios públicos de información-, participarán para consensuar un texto, para enriquecerlo, pero, eso sí, repito: sin mandatos, sin imposiciones, sin ultimatums más propios de otras épocas y de otros tiempos. La participación deberá realizarse conforme a las reglas de juego democráticas, al objetivo de este Parlamento, que debe ser aprobar una ley que cumpla el objetivo marcado de servir como un instrumento permanente, al menos durante un tiempo razonable, de la función social que debe cumplir. No nos equivoquemos, señorías, mejorar la norma que existe sí, pero con otro fin no, con otro fin que nada tiene que ver con mejorar la norma existente no. En este caso se estaría desvirtuando, por no calificarlo de otra forma, el papel que estamos llamados a cumplir.
Esta iniciativa que hoy traemos aquí, y tal como se ha manifestado, es una modificación sustancial de la Ley 8/84. Cuenta con una exposición de motivos, dos títulos, seis capítulos, cinco disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y una final. Si se realiza un estudio comparativo se observa, grosso modo, lo siguiente -no haré referencia concretamente a la parte a la que se ha referido de forma más extensa mi compañera doña Belinda, y haré una referencia mucho más global de la misma-: primero, se amplían los principios generales que deben inspirar la función de servicio público, previstos en el artículo 3. Se establecerán y se aprobarán por parte del Parlamento mandatos marco al ente, en los que se concretarán objetivos generales de la función pública encomendada -artículo 4-. Se establece una nueva estructura o, mejor dicho, una estructura similar, cambiando, en la misma, figuras, añadiendo otras y aumentando competencias de algún órgano. Se contará -ya se ha dicho aquí-, conforme a la propuesta planteada, con un Consejo Rector -antes denominado Consejo de Administración-, con una Presidencia -antes Dirección del Ente-. Se mantiene el Consejo Asesor y se crea el Consejo de Informativos. Ya se ha dicho aquí: el Consejo Rector es el órgano de administración y gobierno del ente -artículo 10 y siguientes- compuesto por cinco miembros procurando la paridad. Se rebajan en cuatro miembros los actuales. Sus competencias son notablemente superiores a la ley existente actualmente, y el contenido de las mismas, actualmente está regulado en el artículo 15, en la anterior Ley 8/84, y en esta que se presenta, en el artículo 15.
Los miembros del consejo serán elegidos por el Parlamento, por una mayoría reforzada -en cualquier caso, siempre contará con una mayoría reforzada, que es importante recalcarlo-, entre personas de reconocida cualificación y experiencia profesional, conforme al artículo 11 de la presente ley. Si se realiza un estudio comparativo del resto de comunidades autónomas que han legislado en esta materia -islas Baleares, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía-, veremos que tanto en la composición de los miembros del consejo como en la forma de elección, entendemos que esta iniciativa es bastante más completa, si se me permite decirlo en ese sentido; no solamente que la media del resto de comunidades autónomas; la composición de esta ley por parte de los nacionalistas y socialistas no llega ni a la mitad de la media del resto de comunidades autónomas, sino que también el procedimiento de elección de los mismos es, digamos, más riguroso, o se intenta cerrar muchísimo más.
Lo que está claro, lógicamente, es que dependerá de la responsabilidad de los grupos parlamentarios para adoptar las decisiones en las votaciones o en los sistemas de votaciones establecidos en el tiempo que se dice. De entre ellos se elegirá también a la presidencia del consejo, y entre sus funciones estará la representación institucional del mismo. Sus competencias están previstas en el artículo 19; y también su elección exige, como no puede ser de otra forma, esa mayoría reforzada. Los miembros del consejo, a excepción de la presidencia, tampoco contarán con retribución, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan en función de su normativa interna.
Se vuelve a contemplar -que eso también se ha dicho aquí por parte de la diputada del Partido Socialista- el Consejo Asesor. El Consejo Asesor ya estaba previsto en la Ley 8/84; se pretende dar una mayor virtualidad a la participación, como órgano de participación de la sociedad en la televisión pública canaria. Anteriormente estaba en el artículo 13, actualmente está en el artículo 22. Se aumenta su composición y también las funciones que tendrán en la función de la televisión pública canaria.
Se ha hablado también de nuevo órgano, el Consejo de Informativos. Es un órgano interno, regulado en el artículo 23, de participación de los profesionales de la información. Entre sus funciones, pues, lógicamente, estará la de velar por la independencia, objetividad y veracidad de los contenidos informativos, y entiendo que es notablemente positivo, no puede ser de otra forma, pero no solamente en los medios públicos de información, yo creo que es un órgano que debería estar en todos los medios de información, aunque sí es cierto que adquiere mayor relevancia, como no puede ser de otra forma, en los públicos.
Destaco también como elemento positivo la posibilidad de establecer convenios con las universidades, centros de formación profesional o con el Servicio Canario de Empleo, orientados a mejorar la formación continua de su personal y también a colaborar en la formación de nuevos profesionales en el sector audiovisual.
En definitiva, y en resumen, señorías, presentamos una iniciativa legislativa que tiene como objetivo contribuir a mejorar un servicio público de información, por eso la reforma que se presenta es sustancial a la ley existente, no es solo una mera modificación de elección de quórum de órganos, no, va mucho más allá, tiene como objetivo o como meta garantizar el ejercicio del derecho a la información que tiene la ciudadanía. Lejos de los discursos demagógicos, señorías, esperemos finalmente, con las aportaciones constructivas de todos, dentro del marco de las reglas democráticas, que finalmente se apruebe una ley que mejore este servicio público esencial.
Muchísimas gracias, y nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Nuria Herrera.
No ha habido petición de turno en contra. Fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.
Nosotros somos firmes partidarios de los medios públicos de comunicación, los creemos necesarios e imprescindibles en eso que esta mañana discutíamos: la calidad democrática, el pluralismo, la diversidad.
En los países más avanzados esta es una conquista consolidada, y por eso siempre hemos defendido los medios públicos, de orden estatal, en las comunidades autónomas, y por supuesto en nuestra tierra, y lo hemos hecho siempre de manera inequívoca, cuando hemos gobernado y cuando no, y con el mismo entusiasmo. Creemos que es bueno para la democracia, para la información, para la cohesión, para la cultura, para el interés general, la existencia de medios de titularidad pública.
Lamento que esta crisis también haya hecho un daño irreparable a los medios públicos de comunicación, y lamento que alguna televisión territorial, ciertamente al servicio del poder de turno, haya desaparecido. Creo que no es una buena noticia para las comunidades donde esto desgraciadamente se ha consolidado, y me refiero a la comunidad valenciana, que ha hecho desaparecer este servicio público, que tenía, pues, una dimensión, en cierta medida, de atender las necesidades, y la diversidad de esa comunidad.
Tampoco tenemos ninguna duda en que para que los servicios de comunicación de titularidad pública se legitimen, tienen que huir del control gubernamental y de la subordinación al partido del poder de turno, porque esto los deslegitima y hace que un asunto de todos se convierta en un asunto de unos pocos. Por eso fue bienvenida, y yo tuve la oportunidad de ser ponente en nombre de Nueva Canarias, cuando en la legislatura 2004-2008 se modificó el estatus del ente de Radiotelevisión Pública de España, se hizo un cambio sustancial, porque de lo que se trataba era de preservar el servicio público de radiotelevisión para el conjunto del Estado, y se modificaron las reglas de juego. Y hubo una condición fundamental en ese debate, que el órgano rector obligara al acuerdo de todos, y fue en el cambio de Gobierno de España cuando la modificación hace lo que propone esta ley, se establece una mayoría cualificada, pero si no se consigue el acuerdo, se rebaja la mayoría cualificada, y si no se consigue el acuerdo, se sigue rebajando la mayoría cualificada hasta que coincida con los intereses de esa mayoría relativa. Esto fue lo que hizo Rajoy en las Cortes Generales cambiando la ley de Zapatero, y ya he dicho yo aquí en alguna ocasión que Zapatero hizo cosas buenas y malas, esta es una de las que yo considero muy buena, pero fue modificada, y la radiotelevisión pública española, su órgano rector, su dirigente máximo, se modificaron los mecanismos de designación hasta conseguir que quien tiene la mayoría relativa, o la mayoría absoluta, imponga sus intereses. Nosotros en esto no estamos de acuerdo, solo será creíble un órgano rector si logramos implicar a la oposición, y de manera especial al Partido, en este caso, Popular, porque es mayoritario. Solo será creíble un órgano rector si es obligado implicar a la oposición política porque si no, será un órgano al servicio del Gobierno, de manera indirecta, pero al servicio del Gobierno. Por eso este principio que estaba en la reforma de la radiotelevisión pública española e, insisto, tuve la oportunidad de participar, es un principio esencial. Cierto es que la ley en sus objetivos es intachable: independencia gubernamental, autonomía, objetividad, pluralismo, etcétera, pero esta condición de que el órgano rector y, por lo tanto, quien va a dirigir de facto este tema precise del acuerdo amplio de la Cámara es fundamental porque si no, estarán ustedes proponiendo lo mismo que ha hecho Rajoy con la nueva Ley de la Radiotelevisión: bajar las mayorías hasta que coincida con mis intereses, y esto nosotros no lo vamos a apoyar y lo vamos a enmendar, pero sí que compartimos absolutamente la intención, la voluntad y los objetivos que pretende la norma.
Nos parece también que una de las cuestiones que ha deslegitimado al servicio público de radiotelevisión no solamente es estar al servicio del gobierno de turno sino la poca transparencia, la poca transparencia que ha habido en una actividad que en Canarias tiene potencialidades, que es el sector audiovisual. Se suponía que el objeto de la radiotelevisión pública era disponer de un instrumento, de un servicio público de información, de cohesión que, no por razones de mercado, sino por razones políticas y democráticas, atendiera a realidades que otros que tienen que dar cuenta al final a sus accionistas no pueden hacer. Y la gestión de la radiotelevisión en los últimos tiempos es poco transparente no, es nula la transparencia.
Nosotros hemos tenido una persona en el Consejo de Administración que la propuse yo cuando era presidente del Gobierno, miren si ha llovido, ¿no?, yo sé que a algunos les gusta recordar esa etapa, pues, hoy la voy a recordar yo: este Parlamento hizo una propuesta de consejo, y fíjense si han pasado años, que sigue estando mi buen amigo y apreciado Miguel Guerra en el Consejo de Administración guerreando, guerreando siempre, con la verdad por delante, con los datos por delante siempre, no aceptando ni una de los dirigentes de ese ente, que se han puesto al servicio de unos pocos y en ocasiones no se sabe de quién. De manera que es muy importante que la decisión del órgano rector se atenga a este tema y se atenga a un nivel de autonomía e independencia, y les digo, a la transparencia, porque están muy bien los informes del Consejo Consultivo -eso está muy bien-, han puesto en evidencia maneras de proceder, pero en relación con ese tema, unos cuantos, y aquí no se ha contribuido a través de la radiotelevisión pública a dinamizar otro de los grandes objetivos que era el sector audiovisual. Aquí han surgido empresas al calor de los dirigentes de turno, aquí hay gente que se ha beneficiado porque los que los que dirigen faciliten ese beneficio y es fundamental tener un órgano rector plural, diverso, pactado en esta Cámara, independiente del Gobierno y absolutamente transparente y controlado por esta institución y por las instituciones correspondientes, porque, si no, esto se convertirá en una ley más.
Y hay una cuestión muy importante de los tiempos, ¿no?, muy importante, porque eso da crédito, da credibilidad a la iniciativa que se plantea y es que esto se haga rápido, porque gobernar para los que vienen está muy bien, sobre todo si los que están siguen, que está por ver, está por ver si algunos con la prepotencia que les caracteriza se cree que lo que pasa ahora es inalterable, que es eterno, que es para siempre, y van a cambiar las cosas, se los puedo asegurar, aunque a algunos les pese, van a cambiar. Y está muy bien legislar para el futuro, pero hay que legislar para el presente, para esta sociedad, para el proceso electoral del 2015. Si nosotros no conseguimos con esta norma profesionalizar la dirección, desvincularla del Gobierno y transparentar la gestión antes del 2015, esto no se lo va a creer nadie y las nuevas mayorías estarán legitimadas para cambiar lo que quieran. Es fundamental ir rápido en esta ley. La ley no es difícil, la ley es sencilla, la ley no tiene especial complejidad y, por lo tanto, va a ser fácil tramitarla, nosotros solo vamos a cuestionar lo que les he dicho: el tema de la designación de los órganos y la rebaja hasta que coincida con mis intereses, que conocemos cómo funcionan las cosas en esta tierra. Y vamos a buscar también los mecanismos de compromiso que podamos generar para que sirvan para el sector audiovisual.
En el sector audiovisual de Canarias que tiene potencialidades, que tiene capacidades, que tiene talento es casi unánime la crítica contra la Radiotelevisión Canaria, casi unánime. He visto gente de todas las islas, de toda orientación, jóvenes y no tan jóvenes, hipercríticos con los procesos de contratación y las sinergias que la radiotelevisión ha generado porque casi siempre beneficia a los mismos.
Y no digo que haya ilegalidades, ya saben ustedes que se pueden hacer las cosas de muchas maneras, que no lo sé, ya veremos, ya veremos... Lo que planteo es que esas cuestiones las debemos aclarar. Pero es determinante, es elemental, es básico, para que esto sea creíble, que la ley se apruebe rápido siguiendo los procedimientos de tramitación, aquí cuando queremos somos muy rápidos, pero muy, muy muy rápidos, no se tarda nada en tomar decisiones trascendentes, la última que se me ocurre la reforma constitucional del 135, tema sustancial quebrado en treinta días con nocturnidad y alevosía, y en este Parlamento también cuando al Gobierno le ha interesado ir rápido se va rápido, pero sobre todo es muy importante que los efectos del órgano rector sean inmediatos, y es muy importante que las mayorías sean de verdad diversas, que nos obliguen al encuentro, que nos obliguen al acuerdo, que nos obliguen a buscar hombres y mujeres para el órgano rector, que nos sintamos todos representados, y "haberlos haylos", hay gente en el ámbito de Canarias en el mundo de la comunicación, del sector audiovisual, de los profesionales, donde podemos encontrar reflejo desde todas las opciones. Eso sí, seguro que lo que no vamos a encontrar es alguien obediente, al servicio del gobernante de turno.
Por eso nosotros, sin dudarlo, y no como otros que admiten a trámite las cosas que les conviene tácticamente, nosotros siempre que entendemos una cosa positiva, la proponga quien la proponga, si está en favor de los principios, valores y compromisos que llevamos a práctica, la apoyamos. Y por eso no se nos caen los anillos ni se nos pone la cara colorada para apoyar al Gobierno las veces que haga falta, si lo que propone es bueno para esta tierra, si es bueno para la democracia, si es bueno para el progreso. Pero tampoco tendríamos ningún problema en apoyar iniciativas de otros partidos si esto coincide con el interés general, y creo que esta norma coincide con el interés general. Lo que pretenden es positivo, es bueno, hay que mejorarlo, hay que perfeccionarlo, y para eso están las enmiendas, e, insisto, hay que garantizar pluralismo, diversidad, objetividad, transparencia, respeto a las minorías, a los menores, a los consumidores, a la igualdad de género, que este debe ser un instrumento para esa cultura, y, evidentemente, un instrumento también contra una de las lacras que se cierne, y la que hizo lo ha facilitado, que es la discriminación de la gente por su origen cultural, por su raza, y estas cuestiones las teles públicas, los medios públicos las deben garantizar.
Por lo tanto, van a contar los partidos del Gobierno con nuestro modesto apoyo pero también con nuestras aportaciones para que la ley no solamente enuncie principios y mantenga la misma práctica, porque si fuera así, nosotros, con esta modestia, lo vamos a denunciar. Y creemos y queremos que esta ley tenga eficacia ya, y cambiemos una dirección efectiva del ente desprestigiada, oscura, interesada, partidista... Si esto no lo consiguiéramos, creo, modestamente, que no estamos consiguiendo el objetivo pretendido.
En cualquier caso, a las proponentes: enhorabuena por la iniciativa, creo que recoge lo esencial de la filosofía que debe primar en una entidad de estas características y procuraremos cooperar para hacer mejor la ley, más precisa, y que no sea otra vez un vericueto para que algunos utilicen lo que es de todos en favor propio.
Por el Grupo Parlamentario Popular, fijación de posiciones, doña Águeda Montelongo.
Señorías, el Grupo Popular defiende un modelo de radiotelevisión pública que ofrezca una imagen permanente de pluralismo ideológico, social y político, un modelo que dé cabida a todo. El Grupo Popular no defiende la actual Radiotelevisión Canaria, no compartimos su gestión, no nos gusta porque es sectaria; queremos una televisión que se caracterice por la imparcialidad, la veracidad y la objetividad, y la transparencia en su gestión. En definitiva, señorías, el Grupo Popular defiende un modelo de radiotelevisión pública basado en los principios que determina tanto nuestra Constitución española así como el marco jurídico de la Unión Europea. Este es nuestro marco jurídico y este nuestro modelo: una televisión pública que sea la expresión del valor del pluralismo, que garantice las necesidades democráticas, sociales y culturales de nuestra sociedad canaria, y el derecho a la información.
Señorías, desde el Grupo Popular queremos volver a insistir en nuestra predisposición a cambiar las reglas del juego de la radiotelevisión pública canaria porque se ha demostrado que no funciona. Necesitamos una nueva voluntad política que garantice, por un lado, la desvinculación del Gobierno en el nombramiento del director general del ente, y, por otro lado, que cumpla la función de servicio público en su gestión.
En definitiva, señorías, pedimos la democratización de la radiotelevisión pública canaria; así lo manifestamos en este Parlamento el día 12 de febrero al consejero Ortiz, pero a cambio de desbloquear una situación que cada día se hace más insostenible respecto a su director general. Los canarios no pueden seguir permitiéndose el lujo de mantener al frente de la gestión de sus recursos a don Guillermo García. ¿Que más necesita el presidente del Gobierno de Canarias para tomar una decisión?
No hace falta volver a recordar los datos que se apuntaban en el informe de la Audiencia de Cuentas. No hace falta volver a recordar la situación que se ha llevado al Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria, un consejo que no ha aprobado aun los presupuestos para el 2014, que no ha aprobado las cuentas para el 2012, ni las ha depositado en el registro mercantil, un plan de actividades que a fecha de hoy sigue sin ser aprobado; y, eso sí, con un seguro de responsabilidad civil con retroactividad ilimitada que blinda al director general del ente y sobre el que todos los grupos de esta Cámara hemos manifestado nuestra disconformidad.
¿Señorías, hará falta otro informe de la Audiencia de Cuentas?, ¿o tampoco eso bastará? Ya este lunes el Parlamento de Canarias ha dado un paso más, ¿habrá que esperar a un informe tanto o más demoledor que el que ya conocemos?
Y no hace falta recordar la triste situación que recientemente tuvo lugar en esta sede parlamentaria en la Comisión de Control de Radiotelevisión Canaria, que como persona afectada no voy a volver a recordar, y la decisión histórica y unánime de este Parlamento, que ello provocó, reprobando esa actitud. Ahora, eso sí, una lástima que ayer el Gobierno, señora Ramírez, en boca del señor Ortiz, volviera a esta Cámara a decir que eso es normal, faltar al decoro y al respeto de los canarios. Eso no es normal. Ha vuelto el Gobierno a quitar importancia, lo mismo que hizo con el Informe de la Audiencia de Cuentas.
Por lo tanto, ¿cómo podemos negociar esta ley si quien la promueve es capaz de mantener al frente de Radiotelevisión Canaria a una persona cuya actuación va en contra de los propios principios que proponen ustedes con esta proposición de ley que quieren sacar adelante? ¿Qué ejemplo se quiere dar a los ciudadanos?
Decía usted, señora Ramírez, que esta ley abre la puerta a un cambio en la gestión. No hace falta ley para hacer un cambio en la gestión; si no, lo demás son palabras bonitas de cara a la galería.
Mire, necesitamos un gesto de buena voluntad política y de cordura. Ustedes, Partido Socialista y Coalición Canaria, tienen que demostrar que tienen la voluntad de hacer las cosas bien.
No queremos buscar una cabeza de turco, no tenemos nada en contra de la persona de don Guillermo García, todo lo contrario, nos merece todo el afecto y respeto del mundo, pero eso no quita para cuestionar su gestión al frente de Radiotelevisión Canaria. En el fondo, creemos que lo ha intentado, pero no ha sabido o no ha sido capaz de estar a la altura de las circunstancias. Y si nosotros lo sabemos, la mayor parte de este Parlamento lo sabe, los medios de comunicación lo saben también, y, quien es más importante, los ciudadanos lo saben, ¿qué más necesita quien lo nombró en su día y sigue dándole el apoyo incondicional, siendo igual de responsable, don Paulino Rivero?
Desde el Partido Popular queremos una nueva ley, queremos democratizar la Radiotelevisión Canaria, queremos esta ley, y queremos debatirla y queremos enmendarla, pero los canarios necesitan un gesto antes de empezar a negociar.
Si el actual director general ha actuado y actúa como lo ha venido haciendo hasta ahora con total impunidad, sin control alguno, quizá el de su jefe y amigo que lo mantiene en el cargo, ¿qué garantías de imparcialidad vamos a tener, máxime cuando vamos a tener unas elecciones este año y el próximo año?, ¿qué garantías tenemos?
¿Qué garantías nos puede dar, si, en ese alarde de pluralidad e imparcialidad en la información, está promocionando en Radiotelevisión Canaria un programa especial y apocalíptico sobre las prospecciones petrolíferas en un medio que pagamos todos los canarios? ¿Dónde está ese otro programa que permita contrastar la información, en donde quienes no pensamos lo mismo podamos presentar a los ciudadanos nuestros argumentos, en las mismas condiciones?, ¿dónde está, señora Ramírez?, ¿dónde está, señores de Coalición Canaria?
Señorías, sin ese gesto que el Partido Popular les está pidiendo, al final da la sensación de que lo que pretenden con la tramitación de esta ley es perpetuar un instrumento de propaganda a favor de quien nos gobierna en esta comunidad autónoma. Esa es la sensación que dan. Señorías, necesitamos un gesto. Los canarios necesitan un gesto. Mire, recuerde que hace unos meses, en este mismo lugar, propuse que, hasta que la nueva ley fuera una realidad, en el puesto del director general se pusiera a cualquiera de los muchos y grandes profesionales que hay dentro de la casa de la Radiotelevisión Canaria, y que permita desbloquear la situación en la que se encuentra en estos momentos la Radiotelevisión Canaria, y, mientras tanto, negociamos una ley que yo no les voy a criticar, que tiene cosas que nos gustan y otras que vamos a enmendar. Señora Ramírez, esa es la puerta que tenemos que abrir, y eso lo pueden hacer ustedes, pero mire, sin esperar a la tramitación de la ley, lo pueden hacer esta tarde mismo.
Por lo tanto, nosotros lo que les estamos diciendo es que queremos ver un gesto. No queremos que los ciudadanos piensen ahora que se quiere legislar sobre algo tan importante y de tanta trascendencia para dejar todo atado y bien atado para quienes vengan después de las elecciones del año 2015. ¿A qué temen? ¿A no contar con el apoyo de los canarios? Necesitamos un gesto. Hagamos las cosas bien; quienes nos han votado se lo merecen, los canarios se lo merecen, y hay que hacer las cosas bien. Somos los primeros que queremos sacar esta ley adelante, la necesitamos, pero no de esta manera, por la puerta falsa. Señorías, necesitamos un gesto.
Pero, además, nosotros también hemos solicitado que la tramitación de esta proposición de ley se haga conforme a lo que establece el artículo 106 del Reglamento, es decir, que se haga por el trámite de urgencia. En vez de esperar tres meses y medio para tener esta ley, luego elegir y cambiar la gestión, y la transparencia y todas esas cosas de pluralidad que hemos compartido hoy aquí, que se haga en un mes y medio. Eso también es un gesto que les vamos a pedir. Y mire, y dice usted: ¡qué cosa más rara! No, mire: de los 13 proyectos de ley aprobados en este Parlamento, 8 se han tramitado por procedimiento de urgencia. El resto son la Ley de los Presupuestos Generales, que entiendo que el Reglamento nos ayuda a que no sea por urgencia; señorías, estos son los gestos que de verdad confirman las buenas voluntades, porque, mire, si ustedes no lo hacen así, esta ley empieza a tramitarse, va a los debates, las enmiendas, habilitamos junio y julio, que eso también queda muy bien, luego viene el mes de agosto, septiembre empieza de aquella manera, entonces estaremos en noviembre, diciembre, enero... y elegimos entonces un nuevo director, y ya total, pues ya se nos acabó la legislatura, y consolidan un aparato político al servicio del señor Rivero y del Gobierno.
Eso es lo que nosotros no queremos, y por eso pedimos un gesto. Esto, en un mes y medio, lo tenemos resuelto: estamos en marzo, abril, final de abril tenemos esta ley aprobada, porque tienen el compromiso del Partido Popular de sacarla adelante; hay cuatro cosas que podemos cambiar, en las que nos vamos a poner de acuerdo, y tenemos nombrado en mayo un nuevo director general. Este es nuestro gesto. ¿Cuál es el suyo, señorías? Y esto, de verdad, tiene que solucionarse, de verdad se lo digo. Den un paso al frente, den un paso al frente los que piensan como nosotros, no desde el punto de vista ideológico, sino desde el sentido común. Señores del Partido Socialista Canario, háganlo, den un paso adelante. Señores de Coalición Canaria, sean honestos, como el Partido Socialista Canario, comulguen con esta idea. A todos ustedes, señorías, diputados, diputadas, a todas las formaciones políticas: demos un paso adelante, tomemos una decisión ya, el diagnóstico de la televisión canaria es grave, está en cuidados intensivos. La Radiotelevisión Canaria está en la UCI, señorías. Hay que intervenir quirúrgicamente. Sean ustedes los cirujanos. Necesitamos un gesto, los ciudadanos necesitan un gesto. Esta es la televisión que pagamos nosotros y esta es la que exigimos, señorías. Miren, hoy no es un día cualquiera, hoy estamos aquí porque queremos enmendar un error que ha tardado muchos años en enmendarse, hoy estamos aquí porque la sociedad nos demanda transparencia y una nueva forma de hacer política, y por ello necesitamos un gesto. Nuestro gesto, el del Partido Popular, es que no vamos a poner impedimentos para que esta ley se tramite, y ahí van a tener nuestra extensión: sigamos adelante, pero necesitamos que ustedes hagan un gesto, den el paso al frente con nosotros, y hagan ese gesto. Nosotros los estamos esperando y los ciudadanos de Canarias también.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Águeda.
(El señor presidente hace sonar el timbre de llamada a votación.) (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de la Proposición de Ley de los Grupos Socialista Canario y Nacionalista Canario, sobre la Radio y Televisión Públicas de Canarias. Proposición de ley, de la que se vota la toma en consideración.
Resultado: 54 presentes, 36 a favor, ninguno en contra, 18 abstenciones.
Queda admitida a trámite y continúa el procedimiento en ponencia y comisión.
Señorías, tal y como habíamos anunciado, se levanta la sesión hasta las cuatro y media de la tarde. Empezamos por la proposición de ley que propone el Cabildo de Gran Canaria.
...(Sin micrófono.) Ya lo habíamos indicado, es después de la votación de la ley del turismo, inmediatamente después de...
(Se suspende la sesión a las catorce horas y catorce minutos.)
(Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y cuarenta minutos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Por favor, vayan ocupando sus escaños.
Señorías, reanudamos la sesión.
En primer lugar, permítanme darles la bienvenida a la señora delegada del Gobierno, doña Carmen Hernández Bento, que nos encontramos encantados de que esté aquí, y a todas las autoridades que la acompañan en el palco de autoridades.
Herrera Aguilar, Esther Nuria
8L/PPL-0014 Sobre De Radio y Televisión Públicas de Canarias.

References: artículo 3
 resolución 
 artículo 149
 artículo 32
 artículo 138
 artículo 3
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 106