Source: https://beta.e-justice.europa.eu/405/ES/taking_evidence_by_videoconference?SLOVENIA&init=true&member=1
Timestamp: 2020-01-21 02:40:29+00:00

Document:
Es posible la obtención de pruebas mediante videoconferencia bien con la participación de un órgano jurisdiccional del Estado miembro requirente o bien directamente por un órgano jurisdiccional de dicho Estado miembro. En todos los asuntos civiles y mercantiles, es aplicable el artículo 114 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Zakon o pravdnem postopku), que establece que un órgano jurisdiccional podrá, con el consentimiento de las partes, autorizar que las partes y sus representantes legales se encuentren en lugares diferentes durante la audiencia y se practiquen las diligencias procesales en dichos lugares, siempre que se pueda transferir el sonido y la imagen desde el lugar en que se celebra la audiencia hasta el lugar o lugares en que las partes y sus representantes estén ubicados o viceversa (videoconferencia). Con sujeción a estas condiciones, un órgano jurisdiccional podrá decidir también la obtención de pruebas tomando declaración a las partes y a los testigos, así como a los peritos.
La videoconferencia podrá utilizarse para tomar declaración a las partes y a los testigos, así como a los peritos. Las partes y sus representantes (por ejemplo, abogados) podrán practicar todas las actuaciones procesales por videoconferencia.
Por lo general, las partes y sus representantes legales podrán practicar todas las actuaciones procesales desde una ubicación remota. La Ley de Enjuiciamiento Civil restringe la posibilidad de obtener pruebas por videoconferencia a un listado de pruebas exhaustivo (declaraciones de partes, testigos y peritos). Por tanto, no es posible utilizar la videoconferencia para obtener pruebas mediante la inspección de instalaciones o mediante el examen de documentos.
Por lo general, las partes y sus representantes legales podrán practicar todas las actuaciones procesales desde una ubicación remota. No existen restricciones respecto a la ubicación cuando la otra parte se encuentra fuera del órgano jurisdiccional.
El artículo 125 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil proporciona la base jurídica para la grabación de la imagen y el sonido de una audiencia. De acuerdo con esta disposición, el presidente del órgano jurisdiccional podrá ordenar la grabación de la imagen y el sonido de una audiencia. Esto significa que el presidente del órgano jurisdiccional, ante el cual se desarrolla el procedimiento, tiene el derecho discrecional de decidir si se realizará la grabación de la imagen y el sonido de la audiencia. De conformidad con el artículo 114 bis, las partes no tendrán el derecho de solicitar al órgano jurisdiccional que autorice una videoconferencia. Corresponde al órgano jurisdiccional solicitar la celebración de una audiencia por videoconferencia, en cuyo caso será necesario el consentimiento de las partes. La decisión por la cual el órgano jurisdiccional ordena la celebración de una audiencia por videoconferencia deberá pronunciarse con suficiente antelación a la fecha de la audiencia, teniendo en cuenta el tiempo necesario para la preparación técnica, y las partes deberán ser notificadas de su obligación de comparecer ante el órgano jurisdiccional con suficiente antelación.
Desde 2011, al menos una sala de vistas en cada órgano jurisdiccional de distrito (once ubicaciones) de Eslovenia ha sido equipada con todo lo necesario para la realización de una videoconferencia y su grabación. Es posible grabar únicamente la imagen o el sonido, o ambos al mismo tiempo. Existen también tres equipos móviles de videoconferencia disponibles, que los órganos jurisdiccionales pueden utilizar en sedes locales o de otro tipo. Puesto que una videoconferencia se establece a través de un punto accesible de forma centralizada, todas las videoconferencias podrán ser grabadas por orden judicial.
De conformidad con los artículos 10 a 12 del Reglamento, el órgano jurisdiccional requerido podrá tomar declaración específicamente en la lengua oficial de dicho órgano jurisdiccional (en esloveno y en las lenguas de las comunidades nacionales de uso oficial en los órganos jurisdiccionales de dichas zonas, es decir, italiano o húngaro) y, cuando sea necesario, mediante una traducción a la lengua que la parte u otro interviniente en el procedimiento entienda, cuando así lo sugieran estos o cuando el órgano jurisdiccional determine que dicha parte u otro interviniente en el procedimiento no comprende el esloveno.
De conformidad con el artículo 17 del Reglamento, el órgano jurisdiccional requirente tomará declaración directamente. En dicho caso, la declaración podrá prestarse en una lengua extranjera si se facilita una traducción adecuada a la lengua que la parte u otro interviniente en el procedimiento entienda.
Cuando se disponga la presencia de intérpretes, tanto el órgano jurisdiccional requerido como el órgano jurisdiccional requirente podrán adoptar las medidas necesarias (dependiendo del acuerdo entre ambos). Además, los intérpretes judiciales podrán encontrarse en la sede del órgano jurisdiccional requerido o del órgano jurisdiccional requirente, o en un tercer lugar.
En la práctica, los intérpretes judiciales se encuentran en el lugar en que esté la persona que necesita interpretación, es decir, en la sede del órgano jurisdiccional requerido, si el órgano jurisdiccional requirente toma declaración en su lengua, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento, o en la sede del órgano jurisdiccional requirente si es el órgano jurisdiccional requerido el que toma declaración, de conformidad con los artículos 10 a 12 del Reglamento.
La persona que haya de prestar declaración deberá ser citada personalmente y por escrito para que comparezca ante el órgano jurisdiccional. En la citación se indicará, entre otros, el lugar y la hora de la declaración. Determinados testigos podrán prestar declaración en su domicilio en caso de edad avanzada, enfermedad o discapacidad física grave. La Ley de Enjuiciamiento Civil no establece con cuánta antelación deberá citarse a los testigos; no obstante, deberá entregarse la notificación a las partes con tiempo suficiente para que se preparen a fin de comparecer en la audiencia, con quince días de antelación como mínimo. Este plazo no es aplicable cuando se cita a una persona como testigo.
De conformidad con el artículo 153 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la parte que solicita la obtención de pruebas depositará la cantidad que cubra los costes incurridos en dicha práctica de diligencias. Si ambas partes proponen la obtención de pruebas, el órgano jurisdiccional podrá decidir que ambas depositen dicha cantidad a partes iguales. Los costes serán reembolsados de acuerdo con el resultado del asunto.
En la República de Eslovenia la videoconferencia es gratuita.
La Ley de Enjuiciamiento Civil no establece condiciones adicionales.
Antes de tomar declaración a los testigos, se les pregunta su nombre y apellido, el nombre de su padre, su ocupación, domicilio, lugar de nacimiento, edad y su relación con las partes (Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 238, párrafo tercero).
La Ley de Enjuiciamiento Civil no establece la prestación de juramento. De conformidad con el artículo 238, el órgano jurisdiccional advierte a los testigos, antes del comienzo de la declaración, de que deben decir la verdad y no deben ocultar nada, después de lo cual se les advierte también sobre las consecuencias de prestar falso testimonio.
La Ley de Enjuiciamiento Civil no contiene ninguna disposición al respecto.
En la práctica, al menos una semana antes de una videoconferencia, se realiza una prueba de conexión para comprobar su funcionamiento y su calidad, así como para corregir cualquier deficiencia. Gracias a ello se garantiza que el técnico presente durante la audiencia pueda utilizar el equipo de videoconferencia sin dificultades, puesto que se habrá llevado a cabo una prueba previamente. Los órganos jurisdiccionales, bien en la propia solicitud o bien posteriormente, intercambian los datos de contacto de las personas que serán responsables de los aspectos técnicos de la videoconferencia.
En la práctica, el órgano jurisdiccional requirente envía al órgano jurisdiccional requerido, junto con la solicitud, un formulario con toda la información técnica sobre el sistema de videoconferencia y los datos de contacto del experto responsable de los aspectos técnicos de la misma. Ambos órganos jurisdiccionales necesitan información sobre los sistemas de videoconferencia, el tipo de conexión (ISDN, IP), la velocidad de conexión, la dirección (número de teléfono), la lengua utilizada en la prueba, la fecha y la hora de la prueba, cualquier diferencia horaria y los datos de contacto del técnico responsable.

References: artículo 114
 artículo 125
 artículo 114
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 153
 artículo 238
 artículo 238