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Timestamp: 2019-10-22 14:34:26+00:00

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﻿ SENTENCIA C-979 DE NOVIEMBRE 13 DE 2002
SENTENCIA C-979 DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:AUSENCIA DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA MODIFICAR LA LEY 352 DE 1997. SE DECLARA INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "MODIFICA Y ADICIONA LA LEY 352 DE 1997" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 59 DEL DECRETO 1795 DE 2000, Y EXEQUIBLE LA INTEGRIDAD DE LA LEY 578 DE 2000.
TEMAS ESPECÍFICOS:ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Sentencia C-979 de noviembre 13 de 2002
Sentencia C-979 de 2002
Ref.: Expediente D-4065
Demanda de inconstitucionalidad contra la integridad de la Ley 578 de 2000 y del Decreto-Ley 1795 de 2000.
Demandante: Bernardo Herrera Herrera
Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil dos.
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 43.934 del 15 de marzo de 2000 y 44.161 del 14 de septiembre de 2000, respectivamente.
“LEY 578 DE 2000
Por medio de la cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las Fuerzas Militares y de Policía Nacional.
ART. 1º—De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, hasta por el término de seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley, para expedir las normas de carrera, los reglamentos de régimen disciplinario y de evaluación de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares; el reglamento de aptitud psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y el régimen de carrera y/o estatuto del soldado profesional así como el reglamento de disciplina y ética para la Policía Nacional, el reglamento de evaluación y clasificación para el personal de la Policía Nacional, las normas de carrera del personal de oficial y suboficiales de la Policía Nacional, las normas de carrera profesional del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, los estatutos del personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional; la estructura del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.
ART. 2º—En desarrollo de las facultades extraordinarias contempladas en el artículo anterior el Presidente de la República podrá derogar, modificar o adicionar entre otros los siguientes decretos: 1211 de 1990, 85 de 1989, 1253 de 1988, 94 de 1989, 2584 de 1993, 575 de 1995, 354 de 1994, 572 de 1995, 1214 de 1990, 41 de 1994, 574 de 1995, 262 de 1994, 132 de 1995, 352 de 1997, 353 de 1994 y las demás normas relacionadas con la materia.
ART. 3º—Las mesas directivas de ambas cámaras designarán una comisión especial integrada así: cinco (5) senadores de la República y cinco (5) representantes a la Cámara, con el fin de participar en el desarrollo de estas facultades y en la elaboración, revisión y concertación de los textos definitivos de los decretos de reestructuración. De la comisión de redacción de la ley de facultades hará parte el Procurador General de la Nación o su delegado.
PAR.—Los decretos legislativos que se dicten en desarrollo de estas facultades no serán considerados códigos.
ART. 4º—La presente ley rige a partir de su promulgación”.
“DECRETO 1795 DE 2000
Por el cual se estructura el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 578 de 2000
De las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
ART. 1º—Definición del sistema: El sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional es un conjunto interrelacionado de instituciones, organismos, dependencias, afiliados, beneficiarios, recursos, políticas, principios, fundamentos, planes, programas y procesos debidamente articulados y armonizados entre sí, para el cumplimiento de la misión, cual es prestar el servicio público esencial en salud a sus afiliados y beneficiarios.
ART. 3º—Naturaleza. El SSMP es un sistema administrativo nacional del Ministerio de Defensa Nacional encargado de coordinar y desarrollar las actividades orientadas a la prestación del servicio de salud a los afiliados y beneficiarios del sistema en los términos que establece el presente decreto.
ART. 4º—Composición del sistema. El sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (SSMP) está constituido por el Ministerio de Defensa Nacional, el consejo superior de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (CSSMP), el subsistema de salud de las Fuerzas Militares (SSFM), el subsistema de salud de la Policía Nacional (SSPN), y los afiliados y beneficiarios del sistema.
PAR.—Los establecimientos de sanidad militar (ESM) y policial (ESP), estarán destinados prioritariamente a la atención en salud del sistema como apoyo para la defensa y seguridad nacional.
ART. 6º—Principios y características.
Serán principios orientados para la prestación del servicio de salud del SSMP los siguientes:
d) Universalidad. Es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida;
g) Obligatoriedad. Es obligatoria la afiliación de todas las personas enunciadas en el artículo 23 del presente decreto; y
a) Autonomía. El SSMP es autónomo y se regirá de conformidad con lo establecido en el presente decreto;
e) Atención equitativa y preferencial. En todos los niveles del SSMP se deberán atender equitativa y prioritariamente a los afiliados y beneficiarios del mismo. Por consiguiente, solamente podrán ofrecer servicios a terceros o a entidades promotoras de salud, una vez hayan sido satisfechas debidamente las necesidades de tales usuarios;
g) Unidad. El SSMP tendrá unidad de gestión, de tal forma que aunque la prestación de servicios se realice en forma desconcentrada, o contratada, siempre que exista unidad de dirección y políticas así como la debida coordinación entre los subsistemas y entre las entidades y establecimientos de sanidad de cada uno de ellos.
ART. 8º—Consejo superior de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Establécese con carácter permanente el consejo superior de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (CSSMP), como organismos rector y coordinador del SSMP. El CSSMP estará integrado por los siguientes miembros:
i) El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado;
j) El director para la coordinación de entidades descentralizadas del Ministerio de Defensa Nacional;
k) Un representante del personal de oficiales en goce de asignación de retiro o pensión de la fuerza pública o su suplente;
l) Un representante del personal de suboficiales en goce de asignación de retiro o pensión de la fuerza pública o su suplente;
m) Un representante del personal de soldados voluntarios y/o profesionales o agentes en goce de asignación de retiro o pensión de las Fuerzas Militares o Policía Nacional según corresponda, o su suplente;
n) Un representante del personal civil pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional o su suplente; y
o) Un representante de los empleados públicos y trabajadores oficiales del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional o su suplente.
Además de lo anterior el presidente del CSSMP podrá invitar a las personas que considere necesarias.
PAR. 2º—El CSSMP deberá reunirse obligatoriamente una vez cada tres meses o extraordinariamente cuando lo solicite su presidente y podrá sesionar como mínimo con ocho de sus miembros.
PAR. 3º—Los representantes del personal en goce de asignación de retiro o pensión de las Fuerzas Militares, del personal de soldados voluntarios y/o profesionales o agentes en goce de asignación de retiro o pensión de las Fuerzas Militares o Policía Nacional, pensionados del Ministerio de Defensa Nacional y de los empleados públicos y trabajadores oficiales del sector defensa a que se refiere el presente artículo, serán elegidos a nivel nacional por mayoría de votos y para un período de dos años. El suplente será quien obtenga la segunda mayor votación.
• Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en coordinación con la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional para los literales k), l) y m), según reglamentación que expidan sus respectivas juntas directivas.
• Prestaciones sociales del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional para el literal n), recursos humanos del Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional para el literal o), o quien haga sus veces, según reglamentación que expida el Ministerio de Defensa Nacional.
PAR. 4º—Los miembros que actúen en calidad de delegados o suplentes, no podrán delegar esta responsabilidad.
b) Señalar los lineamientos generales de organización, orientación y funcionamiento del SSMP;
c) Aprobar el anteproyecto de presupuesto general de los componentes del SSMP;
d) Aprobar el plan de servicios de sanidad militar y policial y los planes complementarios de salud, con sujeción a los recursos disponibles para la prestación del servicio de salud en el SSMP;
f) Aprobar los parámetros de administración, transferencia interna y aplicación de recursos para el SSMP, con base en los presupuestos disponibles en forma equitativa;
g) Adoptar las tarifas para compra y venta de servicios de salud para el SSMP;
i) Adoptar los regímenes de referencia y contrarreferencia para el SSMP;
k) Reglamentar los exámenes médico laborales a que se refiere el Decreto 94 de 1989 o las normas que lo deroguen, modifiquen o adicionen;
n) Expedir los actos administrativos para el cumplimiento de sus funciones;
o) Expedir su propio reglamento; y
ART. 10.—Secretaría del CSSMP. La secretaría del CSSMP será ejercida por el funcionario del Ministerio de Defensa que designe el Ministro de Defensa Nacional. Las funciones de la secretaría serán las siguientes:
d) Llevar el archivo de todas las actas, actos administrativos y demás actuaciones del consejo superior de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional; y
ART. 11.—Funciones del Comando General de las Fuerzas Militares. El CGFM tendrá como funciones con relación al SSFM las siguientes:
b) Supervisar, a través de la dirección general de sanidad militar, la ejecución de los recursos asignados al subsistema de salud de las Fuerzas Militares y evaluar su gestión; y
d) Organizar un sistema de información al interior del subsistema, de conformidad con las disposiciones dictadas por el CSSMP y el Ministerio de Salud, que contenga, entre otros aspectos, el censo de afiliados y beneficiarios, sus características socioeconómicas, su estado de salud y registrar la afiliación del personal que pertenezca al subsistema y expedir el respectivo carné;
g) Organizar y coordinar el sistema de costos, facturación, información y garantía de calidad del subsistema;
h) Elaborar los estudios y las propuestas que requiera el comité de salud de las Fuerzas Militares, el CSSMP o el Ministro de Defensa Nacional;
i) Elaborar y someter a consideración del comité de salud de las Fuerzas Militares y del CSSMP el plan de servicios de sanidad militar y policial, con sujeción a los recursos disponibles para la prestación del servicio de salud en el subsistema de salud de las Fuerzas Militares;
k) Elaborar el anteproyecto del presupuesto de inversión y funcionamiento para los planes que conforman el régimen de beneficios establecidos en el presente decreto, para concepto del comité de salud de las Fuerzas Militares y posterior aprobación del CSSMP;
p) Elaborar en coordinación con las direcciones de sanidad el proyecto del plan de desarrollo para ser presentado ante el comité de salud de las Fuerzas Militares para su concepto y posterior aprobación del CSSMP; y
a) El jefe del estado mayor conjunto de las Fuerzas Militares, quien lo presidirá;
e) El director del Hospital Militar Central;
h) El jefe de la oficina de planeación del Ministerio de Defensa Nacional; y
PAR. 3º—El comité de salud de las Fuerzas Militares deberá reunirse una vez cada dos meses o extraordinariamente cuando lo solicite su presidente, podrá sesionar como mínimo con cinco de sus miembros y será presidido por el oficial en servicio activo más antiguo en ausencia del jefe de Estado mayor conjunto. La participación de los miembros en el comité es indelegable.
b) Conceptuar preliminarmente sobre el plan de servicios de sanidad militar y el programa general de administración, transferencia interna y aplicación de recursos para el subsistema;
ART. 17.—Para efectos de lo dispuesto en este capítulo, se exceptúa el Hospital Militar Central.
d) Organizar un sistema de información al interior del subsistema, de conformidad con las disposiciones dictadas por el CSSMP y el Ministerio de Salud, que contenga entre otros aspectos el censo de afiliados y beneficiarios, las características socioeconómicas de los mismos, su estado de salud y registrar la afiliación del personal que pertenezca al subsistema;
g) Organizar, implementar y coordinar el sistema de costos, facturación, información y garantía de calidad del subsistema;
j) Elaborar el anteproyecto del presupuesto de inversión y funcionamiento para los planes que conforman el régimen de beneficios establecidos en el presente decreto para concepto del comité de salud de la Policía Nacional y posterior aprobación del CSSMP;
q) Elaborar el proyecto del plan de desarrollo para ser presentado al comité de salud de la Policía Nacional para concepto y posterior aprobación del CSSMP; y
PAR.—La dirección de sanidad de la Policía Nacional a través de sus establecimientos de sanidad policial, iniciará la facturación establecida en el literal g) del presente artículo, con base en el sistema de costos que se implemente y de conformidad con la reglamentación establecida por el CSSMP.
c) El jefe de la oficina de gestión institucional de la Policía Nacional o quien haga sus veces;
d) El inspector general de la Policía Nacional o su suplente;
e) El director de la Escuela Nacional de Policía “General Santander” o su suplente;
f) El director de bienestar social de la Policía Nacional o su suplente;
g) Un representante del personal de oficiales en goce de asignación de retiro o pensión de la Policía Nacional o su suplente;
h) Un representante del personal de suboficiales en goce de asignación de retiro o pensión de la Policía Nacional o su suplente;
i) Un representante del personal de agentes en goce de asignación de retiro o pensión de la Policía Nacional o su suplente; y
PAR. 1º—Hará parte del comité de salud de la Policía Nacional, el director de sanidad de la Policía Nacional con voz pero sin voto. El presidente del comité podrá invitar a las personas que considere necesarias.
PAR. 3º—El comité de salud de la Policía Nacional deberá reunirse una vez cada dos meses o extraordinariamente cuando lo solicite su presidente, podrá sesionar como mínimo con seis (6) de sus miembros y será presidido por el oficial en servicio activo más antiguo.
ART. 21.—De los establecimientos de sanidad policial. Como parte integrante del subsistema de salud de la Policía Nacional, los establecimientos de sanidad policial, harán parte de la seguridad nacional y tendrán como objeto la prestación de los servicios de salud a los afiliados y beneficiarios del subsistema, como dependencias de la dirección de sanidad de la Policía Nacional, para garantizar la continuidad e integridad de los servicios.
b) Conceptuar preliminarmente sobre el plan de servicios de sanidad policial y el programa general de administración, transferencia interna y aplicación de recursos para el subsistema;
g) Expedir su propio reglamento; y
3. El personal civil, activo o pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y el personal no uniformado, activo y pensionado de la Policía Nacional que se haya vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
5. Los soldados profesionales de las Fuerzas Militares en servicio activo y en goce de pensión.
6. Los servidores públicos y los pensionados de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional, el personal civil activo o pensionado del Ministerio de Defensa Nacional y el personal no uniformado activo y pensionado de la Policía Nacional que se rige por la Ley 100 de 1993 y que a la fecha de la publicación del presente decreto, se encuentren afiliados al SSMP.
1. Los alumnos de las escuelas de formación de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y los alumnos del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, a que se refieren el artículo 225 del Decreto 1211 de 1990, el artículo 106 del Decreto 41 de 1994 y el artículo 94 del Decreto 1091 de 1995 y las normas que los deroguen, modifiquen o adicionen, respectivamente.
a) El cónyuge o el compañero o la compañera permanente del afiliado. Para el caso del compañero(a) sólo cuando la unión permanente sea superior a dos (2) años;
b) Los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges o compañero(a) permanente, que hagan parte del núcleo familiar o aquellos menores de 25 que sean estudiantes con dedicación exclusiva y que dependan económicamente del afiliado;
c) Los hijos mayores de 18 años con invalidez absoluta y permanente, que dependan económicamente del afiliado y cuyo diagnóstico se haya establecido dentro del límite de edad de cobertura; y
PAR. 1º—Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el literal c) del presente artículo, se define como invalidez absoluta y permanente, el estado proveniente de lesiones o afecciones patológicas no susceptibles de recuperación que incapaciten de forma total y permanente la capacidad laboral a la persona para ejercer un trabajo. Para determinar la invalidez se creará en cada subsistema un comité de valoración, de conformidad con lo que disponga el CSSMP.
PAR. 3º—Los padres del personal activo de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que hayan ingresado al servicio con anterioridad a la expedición de los decretos 1211 del 8 de junio de 1990 y 096 del 11 de enero de 1989 respectivamente, tendrán el carácter de beneficiarios, siempre y cuando dependan económicamente del oficial o suboficial.
c) Pagar su cotización, cuotas moderadoras y pagos compartidos conforme a la normatividad vigente;
d) Hacer uso racional de los servicios médico asistenciales, cuidar las instalaciones y los elementos que se le suministren para su atención y tratamiento, y hacer uso debido de los documentos que lo acreditan como usuario, conforme a lo que establezcan las leyes vigentes y el CSSMP; y
e) Afiliar a sus beneficiarios como grupo familiar en un sólo régimen.
PAR. 2º—El derecho a los servicios de salud para los afiliados enunciados en el literal a) del artículo 23 y para los beneficiarios enunciados en el artículo 24, se extinguirá por las siguientes causas:
a) Para el cónyuge o el compañero(a) permanente:
2. Por declaración judicial de nulidad o inexistencia del matrimonio. Por sentencia judicial de divorcio válida en Colombia o por separación judicial o extrajudicial de cuerpos, o cuando no hiciere vida en común con el cónyuge o compañero(a) permanente afiliado.
a) Afiliar al SSMP a las personas enumeradas en el artículo 23 del presente decreto y registrar a sus respectivos beneficiarios;
b) Descontar las cotizaciones que le corresponden a cada afiliado y transferir al respectivo fondo-cuenta de cada subsistema dichas cotizaciones y el correspondiente aporte patronal a cargo del Estado;
ART. 27.—Plan de servicios de sanidad militar y policial. Todos los afiliados y beneficiarios al SSMP, tendrán derecho a un plan de servicios de sanidad en los términos y condiciones que establezca el CSSMP. Además cubrirá la atención integral para los afiliados y beneficiarios del SSMP en la enfermedad general y maternidad, en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación. Igualmente tendrán derecho a que el SSMP les suministre dentro del país asistencia médica, quirúrgica, odontológica, hospitalaria, farmacéutica y demás servicios asistenciales en hospitales, establecimientos de sanidad militar y policial y de ser necesario en otras instituciones prestadoras de servicios de salud.
PAR.—Cuando la atención médico-asistencial de un afiliado que se encuentre en servicio activo en las Fuerzas Militares, en la Policía Nacional o en el Ministerio de Defensa Nacional o de sus beneficiarios deba prestarse en el exterior, por encontrarse el afiliado en comisión del servicio, el SSMP reconocerá los gastos de los servicios médico-asistenciales, de conformidad con la reglamentación que expida el CSSMP.
ART. 34.—Plan de atención básica. El Ministerio de Salud incluirá a los usuarios del SSMP en el desarrollo y ejecución de los programas del plan de atención básica (PAB), de que trata el artículo 165 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
ART. 36.—Cotizaciones. La cotización al SSMP para los afiliados sometidos al régimen de cotización de que trata el literal a) del artículo 23 será del doce por ciento (12%) mensual calculado sobre el ingreso base. El cuatro (4%) estará a cargo del afiliado y el ocho (8%) restante a cargo del Estado como aporte patronal el cual se girará a través de las entidades responsables de que trata el artículo 26 de este decreto.
ART. 37.—Presupuesto per cápita para el sector defensa (PPCD). El valor del presupuesto per cápita para el sector defensa (PPCD) del SSMP será equivalente a una unidad de pago por capitación (UPC) del sistema general de seguridad social en salud, incrementada en un mínimo del veinte por ciento. Anualmente, antes de presentar el proyecto de presupuesto al Congreso, el Gobierno Nacional evaluará el perfil epidemiológico de la población, los riesgos cubiertos por el SSMP y los costos de prestación del servicio y definirá con esta base el incremento que deba ser reconocido sobre la UPC.
2. Se multiplica el valor de la UPC vigente por el número de afiliados sometidos al régimen de cotización y sus beneficiarios.
d) El aporte para la prestación de la atención integral en salud de los accidentes de trabajo y enfermedad profesional, no podrá ser inferior al 2% del valor total de la nómina del Ministerio de Defensa Nacional;
f) El costo de la adquisición y renovación tecnológica y demás inversiones necesarias para mantener y mejorar el servicio; y
g) Los recursos extraordinarios que de acuerdo con las disposiciones presupuestales sitúe el Gobierno Nacional para atender las necesidades del SSMP.
2. Los que contempla la Ley 20 de 1979.
3. El valor de los exámenes definidos en el Decreto 94 de 1989, por el cual se regula la capacidad psicofísica, incapacidades, invalidez e indemnizaciones o en su defecto las normas que lo deroguen, modifiquen o adicionen, estarán a cargo del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional y cada una de las fuerzas.
4. Los ingresos por pagos compartidos y cuotas moderadoras realizados por los beneficiarios del SSMP.
ART. 41.—Fondos cuenta del SSMP. Para los efectos de la operación del SSMP, funcionarán el fondo cuenta del subsistema de salud de las Fuerzas Militares y el fondo cuenta del subsistema de salud de la Policía Nacional. Los recursos de los fondos serán administrados en los términos que determine el CSSMP, directamente por la dirección general de sanidad militar o por la dirección de sanidad de la Policía Nacional y ejecutados por las Fuerzas Militares o por la Policía Nacional, según corresponda. Los recursos podrán ser administrados por encargo fiduciario conforme a lo dispuesto en el estatuto general de contratación de la administración pública. Ingresarán a cada uno de los fondos cuenta los recursos establecidos en el presente decreto.
ART. 42.—Transferencia y distribución de los recursos del SSMP. Los recursos de los fondos cuenta se destinarán exclusivamente al financiamiento del respectivo subsistema, de acuerdo con las prioridades, presupuesto y los criterios de distribución que apruebe el CSSMP. La transferencia y distribución de dichos recursos deberá efectuarse de manera proporcional al número y características específicas de los afiliados y beneficiarios atendidos en cada uno de los establecimientos de sanidad, de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional.
PAR.—Para la determinación de las cuotas moderadoras, deberá tomarse como base el ingreso mensual, pensión o asignación de retiro del afiliado cotizante y no podrán superar el 1% del salario mínimo mensual legal vigente.
ART. 44.—Definiciones.
Cuota moderadora. Es un aporte adicional en dinero que hace el afiliado por el beneficiario, que tiene como objeto regular y racionalizar la utilización del servicio de salud.
ART. 45.—Rangos de aplicación:
Afiliados con ingreso base de cotización mayor a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes: 0.6% de un salario mínimo mensual legal vigente.
ART. 46.—Servicios sujetos a pagos compartidos y cuotas moderadoras:
a) Prestar con prioridad, atención médica a afiliados y beneficiarios del SSMP.
b) Prestar servicios médico-asistenciales a personas naturales y jurídicas que lo requieran.
c) Desarrollar programas en educación médica en pregrado, posgrado, enfermería y en otras áreas relacionadas con los objetivos del SSMP.
d) Adelantar estudios de investigación científica en áreas médicas, paramédicas y administrativas.
k) Un representante del cuerpo médico o paramédico del Hospital Militar Central escogido por el Ministro de Defensa Nacional de terna presentada por el director general del hospital, para un período de dos años; y
i ) Autorizar al director general del hospital para negociar empréstitos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes;
j) Orientar las metas y objetivos del Hospital Militar Central hacia la misión, funciones y actividades que cumplen las Fuerzas Militares;
k) Darse su propio reglamento; y
l) Las demás que le señale la ley y los reglamentos.
h) Presentar los informes que determine el Ministerio de Defensa Nacional, el CSSMP, y su consejo directivo, e
f) Los ingresos provenientes de empréstitos internos o externos que el gobierno obtenga con destino al hospital; y
b) Escuelas de formación y capacitación de oficiales, suboficiales y nivel ejecutivo de cada fuerza y de la Policía Nacional, en el área de la salud.
ART. 58.—Artículo transitorio. Los acuerdos expedidos por el CSSMP con anterioridad a la fecha de publicación de este decreto, continuarán vigentes hasta tanto se modifiquen, adicionen o deroguen.
ART. 59.—Vigencia. El presente decreto rige a partir del primero (1º) de enero de dos mil uno (2001) salvo lo dispuesto en el artículo 23 literal a) numeral 6º, modifica y adiciona la Ley 352 de 1997 y deroga las demás normas que le sean contrarias”.
1.Competencia.
Al tenor de lo dispuesto en el artículo 241, numerales 4º y 5º de la Constitución, corresponde a esta corporación conocer de la presente demanda, por dirigirse contra disposiciones que forman parte de una ley de la República y de un decreto con fuerza de ley dictado por el gobierno con fundamento en el artículo 150 numeral 10 de la Carta Política.
A juicio del actor, la Ley 578 de 2000 y el Decreto-Ley 1795 de 2000 son inconstitucionales en su integridad por cuanto el Congreso no podía facultar al Presidente de la República para dictar normas con fuerza de ley en relación con asuntos que son de exclusiva competencia del legislador ordinario y, por ende, aquél estaba impedido para derogar o modificar leyes expedidas por el Congreso, específicamente la Ley 352 de 1997, por la cual se reestructura el sistema de salud y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Según él, si se pretende derogar o modificar esta última, sólo puede hacerse a través de una ley expedida por el legislador ordinario y no por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias.
Corresponde a la Corte resolver los siguientes interrogantes: (i) si en ejercicio de facultades extraordinarias el presidente tiene competencia para derogar, modificar o adicionar la legislación expedida por el Congreso de la República; (ii) si la regulación de la estructura del sistema de salud para las Fuerzas Militares y la Policía tiene reserva legal y, por tanto, a través de la Ley 578 de 2000 podía el legislador otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir normas relacionadas con dicha materia; (iii) si el Decreto 1795 de 2000 es inconstitucional, siendo éste un ordenamiento expedido por el presidente con fundamento en tales facultades y que modifica en algunas normas la Ley 357 de 1997, sin que en la ley habilitante se le hayan conferido facultades expresas para tal fin; y (iv) en caso afirmativo, si la totalidad del Decreto 1795 de 2000 debe retirarse del ordenamiento jurídico.
3. La concesión de facultades extraordinarias al Presidente de la República.
De conformidad con el artículo 150, numeral 10 de la Carta Política, la función legislativa que corresponde ejercer al Congreso de la República, en forma permanente, puede ser objeto de traslado temporal al Presidente de la República en virtud de la concesión de facultades extraordinarias, lo cual guarda estrecha relación con la efectividad de los fines y cometidos del Estado y con el principio de colaboración armónica entre las diversas ramas del poder público que propugna la Constitución. Dice así el precepto constitucional citado:
10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.
Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas ni las previstas en el numeral 19 del presente artículo, ni para decretar impuestos”.
Conforme a lo anterior, la concesión de facultades extraordinarias está sujeta por parte del legislador ordinario al cumplimiento de los presupuestos y exigencias contemplados en dicho canon constitucional, los cuales se pueden desglosar así:
a) Las facultades deben ser temporales y no pueden exceder de seis (6) meses;
b) los asuntos que deberá regular el Presidente deben ser señalados por el Congreso en forma clara, precisa y determinada;
c) solamente se pueden otorgar cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje;
d) deben ser solicitadas por el gobierno de manera expresa;
e) deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara legislativa;
f) no se pueden conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, así como tampoco para dictar leyes marco (C.P., art. 150-19) (1) ni decretar impuestos.
(1) Debe reiterarse que el artículo 150-10 superior hace una remisión al artículo 150-19 y no al 150-20 como quedó transcrito en el texto de la Constitución. Ver, entre otras, las sentencias C-725 de 2000, C-700 de 1999, C-608 de 1999.
Cumplidos los condicionamientos señalados, el Presidente de la República es competente para ejercer, por vía de la delegación, la referida función legislativa a través de la expedición de decretos con fuerza de ley, es decir, disposiciones que ostentan la misma jerarquía normativa que aquéllas que expide el legislador ordinario. Por consiguiente, al presidente en ejercicio de tales funciones le está permitido derogar, modificar o adicionar leyes expedidas por el Congreso, siempre y cuando, claro está, se respeten las directrices y límites temporales y materiales trazados en la ley habilitante así como los demás requisitos constitucionales.
Siendo entonces un traslado de la función legislativa del Congreso al Presidente de la República, fuerza concluir que las materias objeto de regulación a través de facultades extraordinarias pueden ser aquéllas que son propias del legislador ordinario y, por tanto, pueden ser objeto de derogación, modificación o adición, salvo las indicadas en el artículo 150, numeral 10 de la Constitución, cuya regulación detenta reserva legal.
3.1. Análisis de constitucionalidad de la Ley 578 de 2000 (ley habilitante).
Con fundamento en las consideraciones precedentes, no le asiste razón al demandante cuando afirma que le está prohibido al Congreso Nacional conceder facultades extraordinarias al presidente para que legisle sobre temas que son de su exclusiva competencia ya que, a su juicio, un decreto con fuerza de ley no puede derogar o reformar una ley de la República.
Si bien es cierto que al Congreso le está prohibido delegar su función legislativa al Presidente de la República respecto de asuntos sometidos a reserva legal, lo anterior no puede confundirse, como lo hace el actor, con la concesión de facultades para regular materias que son en principio competencia del legislador ordinario pero que no tienen dicha reserva, pues esta segunda hipótesis se adecua sin dubitación alguna a la Carta Política. Bajo este supuesto puede afirmarse que la competencia del legislador sobre tales asuntos no es excluyente respecto del ejecutivo (2) , siempre que se cumplan los requisitos constitucionales ya enunciados.
(2) Es de observar que en nuestro ordenamiento constitucional no se hace una relación taxativa de los temas propios del Congreso de la República, tal como sí ocurre en la Constitución francesa al amparo de su artículo 34 superior, donde, por otra parte, la cláusula general de competencia reside en el ejecutivo.
Aceptar lo contrario implicaría desnaturalizar la figura jurídica del otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República, toda vez que su finalidad consiste en que el Congreso traslade a este último su función legislativa, de manera transitoria y respetando los parámetros constitucionales vistos, con el objeto de que pueda expedir normas con la misma fuerza vinculante que las que dicta el legislador ordinario.
Ahora bien, a través de la Ley 578 de 2000 el Congreso revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con las Fuerzas Militares y de Policía, entre ellas, aquellas atinentes a la estructura del sistema de salud de las mismas (art. 1º).
A instancias del inciso segundo del artículo 217 de la Constitución, “la Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio”.
¿Significa lo anterior que la regulación de la estructura del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional tiene reserva legal y, por tanto, el único facultado para regular dicha materia es el legislador ordinario?
Estima la Corte que ningún mandato constitucional confiere al asunto en comento arraigo alguno dentro de la esfera de la reserva legal, toda vez que el vocablo “ley” contenido en la citada norma debe entenderse en sentido material, no excluyendo por tanto la posibilidad de que sea el Presidente de la República, en ejercicio de precisas facultades extraordinarias, quien regule dicho tema. En efecto, la exigencia consagrada en el artículo 217 constitucional, según la cual el régimen prestacional de las Fuerzas Militares y de Policía debe hacerse a través de una ley, comprende tanto las leyes ordinarias como los decretos con fuerza de ley, siendo que ambos gozan de la misma fuerza vinculante y jerarquía normativa (3) .
(3) En Sentencia C-1493 de 2000, la Corte adujo los mismos argumentos aquí expuestos, pero en relación con el régimen de carrera a que alude el citado artículo 217 de la Constitución. Allí se dijo: “Cierto es que de conformidad con el citado precepto constitucional [art. 217] corresponde al legislador expedir el sistema de reemplazos, ascensos, derechos y obligaciones de los miembros de las Fuerzas Militares y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario que les es propio. Sin embargo, es la misma Constitución la que autoriza al legislador ordinario para trasladar, en forma temporal, al Presidente de la República su competencia legislativa respecto de las materias que aquél expresamente le señale en la ley de investidura siempre y cuando no correspondan a las prohibidas expresamente por el constituyente, y se respeten los parámetros y condicionamientos consagrados en el artículo 150-10 de la Carta. Las normas constitucionales rigen siempre y en todo momento y, por tanto, deben observarse tanto por el legislador ordinario como por el extraordinario. La modificación, derogación o adición del régimen de carrera del personal a que se refieren las normas acusadas no está contemplada entre los asuntos que el constituyente prohíbe regular mediante e! mecanismo excepcional de las facultades extraordinarias”.
Es claro entonces que el Congreso no vulnera ningún precepto constitucional al conferir facultades extraordinarias al presidente para expedir normas tendentes a reformar el sistema de salud para las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, por el sólo hecho de ser esta una materia sujeta a regulación a través de una “ley”, al tenor del artículo 217 de la Carta, como equivocadamente lo entiende el actor. Por ello, la Corte no encuentra ninguna objeción constitucional en relación con la Ley 578 de 2000, a través de la cual se confieren facultades al presidente para tal fin, pues dicha materia no es de las que engloba el artículo 150-10 de la Constitución.
Además, no puede predicarse reparo alguno de inconstitucionalidad respecto de la simple derogación, modificación o adición de una ley por otra del mismo rango —así se trate de un decreto ley que, como se vio, comparte la misma jerarquía normativa—, siempre y cuando este último no vulnere ningún mandato constitucional. Lo anterior se adecua a la regla según la cual “la contradicción con una ley precedente no comporta vicio de constitucionalidad alguno” (4) .
(4) Sentencia C-1095 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Se declarará entonces la exequibilidad de la integridad de la Ley 578 de 2000, pero solamente por las razones anteriormente expuestas, salvo la expresión “y se dictan otras disposiciones” contenida en el artículo 1º; “entre otros los siguientes decretos” e “y las demás normas relacionadas con la materia”, contenidas en el artículo 2º y “De la comisión de redacción de la ley de facultades hará parte el Procurador General de la Nación o su delegado”, contenida en el artículo 3º ibídem, en relación con las cuales se estará a lo resuelto en la Sentencia C-1493 de 2000, que declaró su inconstitucionalidad.
Igualmente debe observarse que en relación con la discusión sobre las facultades otorgadas por la Ley 578 de 2000 para que el presidente derogara, modificara o adicionara la Ley 352 de 1997, el Congreso de la República tuvo el siguiente comportamiento: durante el trámite de la Ley 578 de 2000 se puso de presente que la referencia al Decreto 352 de 1997 resultaba extraña a la materia predominante; esto es, se resaltó que una cosa era la Ley 352 de 1997 y otra bien distinta el Decreto 352 de 1997. Sin embargo, a ciencia y paciencia del Congreso se estipularon facultades extraordinarias en torno al decreto y no a la ley. De suerte que de parte del legislador hubo voluntad expresa para no reformar la Ley 352 de 1997, siendo por tanto indudable que en el presente caso no se trata de una remisión normativa errada, sino de la voluntad inequívoca de hacer mención de otra norma diversa: el Decreto 352 de 1997. Lo cual se constituye en un fenómeno que escapa al resorte de esta corporación en tanto cualquier enmienda sobre el particular le corresponde hacerla al Congreso de la República.
En atención a esta situación normativa, y considerando que el Decreto-Ley 1795 de 2000 puede contener preceptos que afectan la vigencia de la Ley 352 de 1997, le corresponde al operador jurídico, en cada caso, interpretar, deducir y precisar las disposiciones de la Ley 352 de 1997 que pudieron ser “derogadas”, “modificadas” o “adicionadas” por el Decreto-Ley 1795 de 2000, en orden a determinar tanto las incompatibilidades que median entre este decreto y aquella ley, como la puntual prevalencia de los respectivos dispositivos de la Ley 352 de 1997 sobre los cánones correspondientes del Decreto 1795 de 2000. Pues, se enfatiza, ésta no es labor de la Corte Constitucional.
3.2. Análisis de constitucionalidad del Decreto-Ley 1795 de 2000, expedido por el Presidente de la República con fundamento en las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso a través de la Ley 578 de 2000.
La Corte debe analizar si en la Ley 578 de 2000, siendo ésta la ley habilitante con base en la cual el presidente expidió el decreto demandado, se otorgaron precisas facultades extraordinarias para derogar, modificar o adicionar la Ley 352 de 1997, por la cual se reestructura el sistema de salud y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, siendo que el decreto bajo estudio consagra expresamente en su artículo final que éste modifica y adiciona la mencionada ley.
En reiterada jurisprudencia la Corte ha sostenido que los asuntos que compete regular al legislador extraordinario deben describirse en forma clara y precisa, de tal forma que puedan ser “individualizados, pormenorizados y determinados” (5) , según lo ordena el artículo 150-10 de la Constitución. Así pues, si bien el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias es competente para derogar o modificar leyes expedidas por el Congreso, estas últimas deben estar claramente establecidas en la ley habilitante. Sobre este asunto, la corporación ha dicho:
(5) Sentencia C-1493 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
“El que las facultades extraordinarias deban ser ‘precisas’ significa que, además de necesarias e indispensables para el logro de determinado fin, han de ser también puntuales, ciertas, exactas. Ello es explicable, pues son la excepción a la regla general que enseña que de ordinario la elaboración de las leyes ‘corresponde al Congreso’. Así, pues, entratándose de la competencia para el ejercicio de facultades extraordinarias, no cabe duda de que el Presidente de la República debe discurrir bajo estrictos criterios restrictivos” (6) .
(6) Sentencia C-050 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía.
En efecto, como quiera que se trata de una situación excepcional, el ejercicio transitorio de la función legislativa por parte del ejecutivo exige que las competencias que éste puede ejercer, al amparo de dichas facultades extraordinarias, estén determinadas de una manera explícita y puntual. Así, el legislador debe indicar la legislación existente que el Presidente de la República puede modificar tanto en sentido positivo (adicionando) como negativo (derogando o suprimiendo).
Justamente, en Sentencia C-1493 de 2000 la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “y se dictan otras disposiciones” contenida en el artículo 1º de la Ley 578 de 2000, así como de las expresiones “entre otros los siguientes decretos” e “y las demás normas relacionadas con la materia” contenidas en el artículo 2º ibídem, por adolecer de imprecisión las materias que debían ser reguladas por el legislador extraordinario. En relación con la primera expresión, la corporación manifestó que:
“(N)o le queda otro camino a la Corte que excluirla del ordenamiento positivo por carecer de la claridad y precisión que se exige en la descripción de las materias o asuntos que deben ser regulados por el gobierno. Es evidente que dicha frase es ambigua, lo cual crea confusión e inseguridad en la interpretación de las distintas tareas que compete ejercer al Presidente de la República, violando así lo dispuesto en el artículo 150-10 de la Carta. La inclusión de expresiones como la acusada en la ley de investidura conducen necesariamente, a que el legislador extraordinario incurra en una posible omisión o extralimitación en el ejercicio de las atribuciones conferidas, lo que incide negativamente en los ordenamientos que con fundamento en ellas se expida, puesto que éstos pueden ser declarados inconstitucionales con las consecuencias que de tal hecho se derivan.
“Pero aun si en gracia de discusión se aceptara que lo que quiso señalar el legislador era que el presidente podía dictar otras disposiciones, dicha interpretación también sería inconstitucional por el mismo motivo, esto es, por falta de precisión de las facultades (C.P., art. 150-10), pues es deber del legislador ordinario concretar las materias para las cuales se conceden atribuciones”.
Y respecto de las otras expresiones mencionadas, la Corte puntualizó:
“La finalidad del requisito de precisión en la descripción de las materias o asuntos materia de facultades es evitar posibles abusos o excesos en su ejercicio y, por ende, crear inseguridad jurídica, pues si el Congreso no fija límites al concederlas éstas pueden ser utilizadas en forma arbitraria y desbordada, lo que como ya se ha anotado, repercute dañinamente en las normas así adoptadas. Las expresiones “entre otros” y “y las demás normas relacionadas con la materia” serán declaradas inconstitucionales por cuanto convierten las atribuciones dadas en vagas e imprecisas, lesionando de esta manera el artículo 150-10 de la Carta. Los decretos que el Presidente de la República podía modificar, adicionar o derogar, de conformidad con el artículo 2º acusado, no son otros que los expresamente enumerados en tal disposición. No se olvide que en este campo no se admiten las facultades implícitas” (subrayado fuera del texto).
De lo anterior se colige que la facultad para derogar, modificar o adicionar la Ley 352 de 1997 requería expresa determinación por parte del legislador ordinario, pero tal manifestación está ausente en la Ley 578 de 2000. Así pues, es claro que el presidente, al expedir el Decreto 1795 de 2000, excedió las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso, pero sólo en lo atinente a aquellas disposiciones que deroguen, modifiquen o adicionen la Ley 352 de 1997, en la medida en que no estaba autorizado explícitamente para ello en la ley habilitante.
Ahora bien, siendo que el demandante elevó un cargo global contra la totalidad del Decreto 1795 de 2000, ¿cuál debe ser la decisión de la Corte respecto de la constitucionalidad de las normas que integran el referido decreto?
Conforme a lo anterior, la eventual inconstitucionalidad del decreto acusado se basaría exclusivamente en el hecho de que modifica la Ley 352 de 1997, sin que el presidente tuviera habilitación para ello. Así mismo, cabría preguntarse: ¿las normas del decreto que no afecten la mencionada ley, ni positiva (modificándola o adicionándola) ni negativamente (derogándola), deben también declararse inexequibles?
La respuesta sólo puede ser negativa, dado que, si la Corte declara la inexequibilidad de la integridad del decreto acusado, sin el previo examen de fondo, se estarían retirando del ordenamiento jurídico normas que a la fecha gozan de la presunción de constitucionalidad.
Este problema jurídico ya fue resuelto por la corporación al estudiar una demanda en la que, como en el presente caso, el actor acusaba la integridad del Decreto 1795 de 2001 por considerar que la Ley 578 de 2000 en su artículo 2º no otorgaba facultades expresas al presidente para modificar o adicionar la Ley 352 de 1997. Evento en el cual, mediante Sentencia C-1095 de 2001, la Corte se declaró inhibida para fallar respecto de dicho cargo, con fundamento en los siguientes considerandos, los cuales se transcriben in extenso a efectos de ser reiterados en esta providencia:
“(L)a Corte encuentra que el actor, al afirmar la inexequibilidad del Decreto 1795 de 2000 por modificar la Ley 352 de 2000 sin estar habilitado para ello, tenía la carga de señalar qué normas de ese decreto son las que modifican, adicionan o derogan esa ley pues sólo de esa manera se le permitía verificar tal extralimitación funcional. No obstante, el actor se limitó a hacer esa afirmación sin indicar qué disposiciones de ese decreto realizaban modificaciones, adiciones o derogatorias viciadas de inconstitucionalidad; proceder que no le permite a la Corte realizar la confrontación necesaria para establecer qué normas contienen la extralimitación que se plantea.
“La Corte se detuvo ya en el mínimo esfuerzo argumentativo en el que debía ampararse el ciudadano que ejercía la acción de constitucionalidad; es decir, en la necesidad de que el actor cumpliera con la carga procesal de exponer una argumentación razonable que permitiera conocer los fundamentos de la acusación planteada, y en la imposibilidad de emitir una decisión de fondo con base en una demanda que no reflejara ese esfuerzo dada su ineptitud para generar el debate que es consustancial al control de constitucionalidad. Y esto es precisamente lo que ocurre en el caso presente pues como el actor no indicó las normas particulares del Decreto 1795 de 2000 que modificaban, adicionaban o derogaban la Ley 352, la Corte no tiene alternativa diferente que la de declararse inhibida para emitir una decisión de fondo también en relación con este cargo.
“La demanda es inepta aun aceptando la tesis de que el error del legislador al citar el Decreto 352 en lugar de la Ley 352 es un vicio de inconstitucionalidad, pues el actor demanda el decreto en su integridad, sin especificar cuáles de sus normas están modificando la Ley 352, es decir, sin identificar qué normas contienen materialmente el vicio planteado. Como en este caso el planteamiento del cargo radica en la modificación de una norma para la cual no existían facultades extraordinarias por el error que cometió el legislador, el cargo sólo puede prosperar en la medida en que se demuestre que determinadas normas, individualmente demandadas, están modificando concretamente otras contenidas en la Ley 352. Y ello supone un análisis individual en el que se cotejen las normas de la ley y las normas del decreto demandado, de tal manera que sólo aquellas normas del decreto que modifiquen la ley serían inexequibles. De lo contrario, de declararse inexequible todo el decreto demandado, se estaría excluyendo del ordenamiento jurídico un conjunto de normas independientemente de que la ausencia de facultades extraordinarias se predique de ellas o no, circunstancia que desconocería la naturaleza del control constitucional.
“Finalmente, si bien podría decirse que la solución al problema planteado es clara como quiera que el artículo 59 del Decreto 1795 indica que “modifica y adiciona la Ley 352” y que el sistema de seguridad social en salud de las Fuerzas Militares está contenido en dicha ley; la indebida modificación o adición y su consecuente inexequibilidad es un hecho que le corresponde demostrar al demandante en cada caso pues en aquellos eventos en que no concurra una disposición específica que indique qué ley está modificando o que no se trate de un régimen contenido en una sola ley, le correspondería a la Corte demostrarlo y ello también se opone a su órbita funcional” (subrayado fuera de texto).
En el presente caso, el demandante tampoco hace un recuento de las normas que efectivamente derogan, modifican o adicionan la Ley 352 de 1997 para deducir de ahí que son inconstitucionales —no por el hecho de modificar una ley sino por hacerlo sin estar habilitado para ello—. Es decir, en la demanda no está demostrada la correspondencia lógica que permita establecer la oposición de las normas con la Constitución. Tal ejercicio debe ser efectuado por el actor en la demanda, mas no por la Corte al momento de fallar, pues implicaría aceptar la oficiosidad de la acción pública de inconstitucionalidad, lo cual es contrario a su naturaleza y contradice el alcance de la función de control constitucional confiada a la Corte por el artículo 241 superior, según el cual dicha labor se enmarca en los estrictos precisos términos allí señalados.
Como se dijo, la decisión adoptada por la Corte en la citada Sentencia C-1095 de 2001, luego de advertir que en los argumentos formulados por el demandante no estaban incluidas las normas que derogan o modifican la Ley 352 de 1997, fue la de inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo respecto de la exequibilidad del Decreto 1795 de 2000. La Sala considera que las razones expuestas por la Corte en esa oportunidad son perfectamente aplicables al caso concreto y, por tanto, se adoptará la misma decisión. En efecto, a partir de la referida sentencia, es claro que el simple argumento según el cual el legislador no confirió al presidente facultades expresas y precisas para modificar la Ley 352 de 1997, es insuficiente para justificar la inexequibilidad de las disposiciones que integran el decreto acusado, ya que debe especificarse cuáles de estas últimas modifican la ley y en qué forma.
Dicho de otro modo, en concordancia con la providencia de marras es claro que quien pretenda demandar la inexequibilidad de la integridad del Decreto 1795 de 2000, tiene el deber argumentativo de explicar exactamente qué normas de la Ley 352 de 1997 resultan derogadas, modificadas o adicionadas, bajo cuya elucidación sería procedente entrar a establecer la eventual inexequibilidad de ese decreto, en el entendido de que por no estar habilitado el presidente para los efectos vistos, se vulnera el artículo 150-10 superior. De lo contrario, la Corte carece de parámetros de comparación que le permitan declarar la inexequibilidad solicitada.
Como los argumentos expuestos por el actor resultan insuficientes en tal sentido, la Corte no puede sino adoptar la misma decisión que la asumida en la Sentencia C-1095 de 2001, es decir, declararse inhibida para pronunciarse de fondo respecto de la exequibilidad de las normas que integran el Decreto 1795 de 2000.
No sucede lo mismo respecto del artículo 59 del ordenamiento objeto de estudio, cuyo texto es el siguiente:
ART. 59.—Vigencia. El presente decreto rige a partir del primero (1º) de enero de dos mil uno (2001) salvo lo dispuesto en el artículo 23 literal a) numeral 6º, modifica y adiciona la Ley 352 de 1997 y deroga las demás normas que le sean contrarias” (resaltado fuera del texto).
Del contenido de la norma citada se desprende, sin asomo de duda, su oposición al artículo 150-10 de la Carta Política, pues de manera expresa señala que el Decreto 1795 de 2000 modifica y adiciona la Ley 352 de 1997, cuando es indiscutible que el Presidente de la República no estaba facultado para ello en la ley habilitante. Con fundamento en esto se declarará la inexequibilidad de la expresión “modifica y adiciona la Ley 352 de 1997” contenida en el artículo 59 del Decreto 1795 de 2000.
Por último, considera el actor que el Decreto-Ley 1795 de 2000 es inconstitucional por contrariar los numerales 11 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política, pues cuando este precepto constitucional señala la facultad que tiene el Presidente de la República para ejercer la potestad reglamentaria, debe armonizarse con el artículo 150 ibídem, en el entendido de que el Congreso de la República puede otorgar facultades extraordinarias al ejecutivo para hacer efectiva tal potestad, con excepción de la expedición de códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas y la creación de servicios administrativos y técnicos de las cámaras.
Debe la Corte aclarar al demandante la diferencia existente entre los decretos con fuerza de ley y los decretos reglamentarios, siendo los primeros expedidos con fundamento en una ley de facultades extraordinarias otorgadas por el legislador ordinario, a instancias del artículo 150-10 de la Constitución, mientras que los segundos son aquellos por medio de los cuales el ejecutivo ejerce la potestad reglamentaria de las leyes para su cumplida ejecución, facultad esta que le confiere el artículo 189, numeral 11. Estos últimos, claro está, carecen de fuerza de ley, siendo meros actos administrativos sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa.
Dentro de este contexto, es inobjetable que el decreto-ley acusado no fue expedido con fundamento en la potestad reglamentaria de que goza el Presidente de la República de manera permanente, sino que el legislador se desprendió de la función legislativa para que fuera desarrollada transitoriamente por el presidente. Así las cosas, debe rechazarse este cargo del demandante.
1. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 578 de 2000, pero únicamente por los cargos analizados en esta sentencia, salvo la expresión “y se dictan otras disposiciones” contenida en el artículo 1º; “entre otros los siguientes decretos” e “y las demás normas relacionadas son la materia”, contenidas en el artículo 2º y “De la comisión de redacción de la ley de facultades hará parte el Procurador General de la Nación o su delegado”, contenida en el artículo 3º ibídem, en relación con las cuales se estará a lo resuelto en la Sentencia C-1493 de 2000, que declaró su inconstitucionalidad.
2. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “modifica y adiciona la Ley 352 de 1997” contenida en el artículo 59 del Decreto 1795 de 2000.
3. Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo respecto del cargo formulado contra la integridad del Decreto 1795 de 2000, salvo el artículo 59, sobre el cual debe remitirse a los numerales 1º y 2º de la parte resolutiva de esta sentencia.
Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitución archívese el expediente».

References: ARTÍCULO 59
 artículo 150
 artículo 23
 artículo 225
 artículo 106
 artículo 94
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 165
 artículo 23
 artículo 26
 artículo 23
 artículo 241
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 34
 artículo 217
 artículo 217
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 artículo 150
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 artículo 2
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 artículo 59
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 artículo 189
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 189
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 59
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