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Timestamp: 2019-10-14 02:58:53+00:00

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Sentencia: TAD-CUN-SIII-14865 -2003
Una entidad pública antes de declarar la caducidad de un contrato debe escuchar las razones por la cuales el contratista incumplió sus obligaciones contractuales
CLAUDIA PATRICIA ACOSTA SAAVEDRA VS INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POLICÍA NACIONAL
La doctora Claudia Patricia Acosta Saavedra y el INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POLICÍA NACIONAL celebraron un contrato de prestación de servicios, obligándose a prestar la contratista los servicios de instrumentadora quirúrgica. La Doctora Claudia Patricia Acosta Saavedra se presentó a su lugar de trabajo común y corriente. Sin embargo, no pudo iniciar actividad alguna, debido a que los empleados de dicha entidad, iniciaron en esa fecha una asamblea permanente. Ese mismo día, la entidad estatal citada, a través de su director general el Dr. Jorge Enrique Montero Piraquive declaró la caducidad del contrato. Contra dicho acto administrativo, Claudia Patricia Acosta Saavedra interpuso recurso de reposición, el cual fue confirmado a través de la resolución No. 372 del 17 de abril de 1997.
¿Puede una entidad pública declarar la caducidad de un contrato de prestación de servicios, omitiendo llamar al contratista para que señale las razones por la cuales no se presentó a su lugar de trabajo, sin vulnerar el derecho al debido proceso?
La declaratoria de caducidad de un contrato administrativo. « (…) constituye, en principio, un acto reglado; el que, como sucede ordinariamente, juegan también razones de oportunidad o conveniencia. En tal sentido, cuando la administración se ve abocada a tomar la medida extrema de terminación unilateral, lo hace impulsada por razones de servicio público y ante el fracaso de otras medidas de apremio o coercitivas provisionales que pueda tomar según la ley. (…)»
«(…) En relación con este tema, el Honorable Consejo de Estado, al declarar la suspensión provisional en un caso muy similar al aquí analizado, expediente 97-D-14865, demandante MARIANA GONZÁLEZ LATIFF y accionado el INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Y BIENSTAR DE LA POLICÍA NACIONAL, se pronunció mediante ponencia del Dr. RICARDO HOYOS DUQUE, el 24 de septiembre de l998 en el siguiente sentido:
“En los procedimientos administrativos sancionatorios debe darse la oportunidad al interesado para expresar su punto de vista antes de tomarse la decisión, como una manera de garantizar el derecho fundamental al debido proceso (art. 29 Constitución Política) para así hacer efectivo el derecho de defensa y contradicción. De ahí que no basta con que esas decisiones estén debidamente motivadas y sean notificadas con el fin de que el particular pueda agotar los recursos gubernativos y judiciales en defensa de la legalidad o de los derechos que considera desconocidos por la actuación pública. Cuando el artículo 50 del C.C.A. establece que "contra los actos que pongan fin a las actuaciones administrativas", proceden los recursos en vía gubernativa, significa que el acto definitivo como equivocadamente lo denomina la ley -sería más exacto llamarlo resolutorio- es el resultado de un procedimiento administrativo que previamente tuvo un trámite con intervención de las personas interesadas o afectadas con él.”
El vicio generador de nulidad alegado por el libelista se encuentra conforme la anterior exposición en la formación del acto sancionador, específicamente en lo relacionado con las formalidades y ritualidades propias que preceden al acto administrativo, actuaciones administrativas que siempre estarán guiadas por el acatamiento de la administración de normas supralegales y legales.
Lo anterior quiere significar que no es suficiente para la administración fundamentar en debida forma, comunicar y permitir la contradicción de sus decisiones sino además cumplir antes de dictar sus actos una serie de requisitos.
El artículo 29 de la Carta Política establece que “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” (subrayado fuera de texto), en consecuencia las autoridades están obligadas por virtud de la constitución a garantizar a los administrados el debido proceso, no solo en las actuaciones posteriores a la expedición del acto, sino antes de que éste se produzca.
De lo anterior es palmario que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad - en lo que respecta única y exclusivamente a la aquí demandante - por cuanto antes de sancionarse a la contratista no se le requirió para que explicara su ausencia de la sala de cirugías del hospital, es decir la decisión sancionatoria se tomó sin haber sido oída la explicación de la actora sobre el porqué el 2 de abril de l.997, no compareció a su lugar de trabajo.
Así las cosas, tan apresurada fue la decisión que al día siguiente de los hechos y sin mediar actuación de indagación previa sobre lo sucedido, se expidió por parte del Director General del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional la resolución 294 declarando la caducidad del contrato No. 571 del 28 de agosto de l996. Lo anterior constituyó una clara violación al derecho del debido proceso, por dos situaciones: la primera se le impidió a la contratista defenderse, por que jamás la entidad la requirió por su ausencia, la segunda porque la resolución acusada, se basó en el acta que como constancia (folio 21 del cuaderno principal) se dejó el día del insuceso, prueba que como bien lo afirma la parte demandante, no tuvo la oportunidad de contradecir.
Consecuencia de lo anterior es que la resolución número 768 del 2 de julio de l997, a través de la cual el Director del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional liquidó el contrato 571, debe dejarse sin efecto, toda vez que se fundó en la declaratoria de caducidad ya referida. (…)»
Una entidad pública no pude declarar la caducidad de un contrato de prestación de servicios, omitiendo llamar al contratista para que señale las razones por la cuales no se presentó a su lugar de trabajo, sin vulnerar el derecho al debido proceso, porque:
No es suficiente que la administración fundamente y comunique en debida forma una decisión, sino que antes de adoptar la misma debe darle la oportunidad al contratista para expresar su punto de vista y explicar los motivos del incumpliendo, para así hacer efectivo el derecho de defensa y contradicción.
Las autoridades están obligadas en virtud de la constitución a garantizar a los administrados el debido proceso, no sólo en las actuaciones posteriores a la expedición del acto, sino antes de que éste se produzca.
Para que la administración pueda imponer al contratista la caducidad administrativa del contrato estatal, dicho incumplimiento debe ser calificado como grave, que afecte de manera directa la ejecución del contrato y que la conducta de incumplimiento paralice el servicio. No obstante, en el presente caso la imposibilidad de cumplir con la obligación contractual se debió a una situación meramente temporal, como lo fue la asamblea permanente de los trabajadores del hospital.
PRIMERO Declarar la nulidad de las resoluciones No. 294 del 3 de abril de l997, No. 372 del 17 de abril de l997 a través de las cuales el Director General del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, declaró la caducidad del contrato de prestación de servicios No. 571 de agosto de l996, y de los artículos primero y segundo de la resolución No. 768 de 2 de julio de l997 en la parte correspondiente al referido contrato.
SEGUNDO Condenar al INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POLICIA NACIONAL a pagar a la señora CLAUDIA PATRICIA ACOSTA SAAVEDRA, como perjuicios materiales la suma de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.($ 5.485.260.oo)
TERCERO Niéganse las demás súplicas de la demanda.
CUARTO Sin condena en costas.
QUINTO Dese cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.
Constitución política. Artículo 29.
Ficha: Una entidad pública antes de declarar la caducidad de un contrato debe escuchar las razones por la..

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 artículo 50
 artículo 29
 resolución 
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 Artículo 29