Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2061%20Comunicado%2024%20de%20noviembre%20de%202010.php
Timestamp: 2017-10-22 02:47:01+00:00

Document:
No. 61 Comunicado 24 de noviembre de 2010
La extensión del sistema universitario de salud a los pensionados no configura una vulneración al derecho a la igualdad ni al principio de solidaridad
I. EXPEDIENTE OP-135 - SENTENCIA C-939/10
PROYECTO DE LEY 227 DE 2008- SENADO, 103 DE 2008 CÁMARA
por la cual se modifica el artículo 2° de la Ley 647 de 2001
Artículo 1°. Modifíquese el literal c) del artículo 2º de la Ley 647 de 2001, el cual quedará así:
c) Afiliados. Únicamente podrá tener como afiliados a los miembros del personal académico, a los empleados y trabajadores de la respectiva Universidad, y a las personas que al término de su relación laboral se encuentren afiliados al Sistema Universitario de Salud y adquirieran el derecho a la pensión con la misma Universidad o con el Sistema General de Pensiones.
Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación y derogan las demás disposiciones que le sean contrarias.
Primero.- Declarar INFUNDADAS las objeciones por inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno Nacional respecto de las expresiones “y a las personas que al término de su relación laboral se encuentren afiliados al Sistema Universitario de Salud y adquieran el derecho a la Pensión (…) o con el Sistema General de Pensiones” previstas en el artículo 1º del proyecto de ley número 103 de 2008 Cámara – 227 de 2008 Senado, “Por el cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES las expresiones objetadas del artículo 1º del proyecto de ley número 103 de 2008 Cámara – 227 de 2008 Senado, “Por el cual se modifica el artículo 2º de la Ley 647 de 2001”, únicamente por los cargos planteados en la objeción presidencial analizada en esta sentencia.
De acuerdo con precedentes jurisprudenciales, en particular, las sentencias C-1435/00 y C-045/01, en cuanto la creación de un Sistema Universitario de Salud se ajusta a la Constitución, la Corte estableció que el proyecto de ley objetado por el Gobierno Nacional no constituye una vulneración del principio de igualdad y menos un trato discriminatorio entre el conjunto de pensionados. En efecto, la ampliación del conjunto de afiliados a dicho sistema no contempla una disminución de los beneficios prestacionales básicos, ni tampoco una diferenciación injustificada o prohibida por la Constitución. Por el contrario, atendiendo la implementación del nuevo sistema a partir de la Ley 647 de 2001 y en aplicación del principio de continuidad del servicio, es razonable que el legislador haya extendido los beneficios del régimen a quienes se pensionen, sin importar si lo hacen con la Universidad o con el régimen pensional establecido en la Ley 100 de 1993.
De la misma manera, la Corporación consideró que el proyecto de ley no es contrario a la solidaridad, la unificación o la eficiencia del sistema, en la medida en que atendiendo los parámetros fijados en la sentencia C-1435/00 y del parágrafo del artículo 57 de la Ley 30 de 1993 (lit.f) modificado por la Ley 647 de 2001, el funcionamiento del Sistema Universitario de Salud debe garantizar el pago de las cotizaciones respectivas al FOSYGA con destino a la financiación del Régimen Subsidiado. Finalmente, de ninguno de los cargos o argumentos presentados por el Gobierno, en los que se hace referencia al artículo 48 de la Constitución, la Corte infirió que el proyecto de ley cree un nuevo régimen pensional. Por el contrario, de lo expuesto por el Ejecutivo se vislumbra que la naturaleza del proyecto de ley objetado es solamente la de modificar uno de los componentes del Sistema Universitario de Salud, el cual puede ser escogido libremente por aquellos que adquieran le derecho a pensionarse, sin que intervengan los elementos adscritos al régimen pensional general o especial.
De otro lado, de lo expuesto por el Gobierno la Corporación no logró inferir la afectación de la prestación del servicio de educación superior a partir de lo dispuesto en el proyecto de ley objetado. Advirtió que de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, los recursos destinados a funcionamiento e inversión de las instituciones de educación superior se encuentran debidamente separados y que por otra parte, la Ley 647 de 2001 previó unas condiciones de financiación específicas de los beneficios derivados de los Sistemas Universitarios de Salud, lo que garantiza que no se afecte el cumplimiento de los objetivos constitucionales asignados a tales entidades. Bajo estas condiciones, la objeción gubernamental resulta infundada y en consecuencia, el proyecto de ley examinado fue declarado exequible, únicamente por los cargos planteados en la objeción presidencial.
La competencia especial de los jueces de circuito para conocer de las acciones de tutela contra medios de comunicación no constituye una vulneración de los derechos a la igualdad y acceso a la administración de justicia
II. EXPEDIENTE D-8140 - SENTENCIA C-940/10
Revisión del Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y los Estados de la AELC, Asociación Europea de Libre Comercio, su Memorando de Entendimiento y Canje de Notas (2008); del Acuerdo sobre Agricultura entre de Colombia y Suiza (2008); del Acuerdo sobre Agricultura entre Colombia e Islandia (2008) y del Acuerdo sobre Agricultura entre Colombia y Noruega (2008).
III. EXPEDIENTE LAT-360 - SENTENCIA C-941/10
LEY 1372 DE 2010, aprobatoria de los siguientes instrumentos internacionales: a)“Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los de la AELC”; b) “Memorando de Entendimiento relativo al Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los de la AELC”; c) “Canje de Notas respecto del Capítulo 4º del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los de la AELC”, suscritos en Ginebra el 25 de noviembre de 2008. d) “Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y la Confederación Suiza”; e) “Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y la República de Islandia”; f) “Acuerdo sobre Agricultura entre el Reino de Noruega”, hechos en Ginebra el 25 de noviembre de 2008.
Primero.- Declarar EXEQUIBLES el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los de la AELC y el Canje de Notas respecto del Capítulo 4º del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los de la AELC, suscritos en Ginebra el 25 de noviembre de 2008; Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y la Confederación Suiza” hecho en Ginebra el 25 de noviembre de 2008; Acuerdo sobre Agricultura entre la República de Colombia y la República de Islandia, hecho en Ginebra el 25 de noviembre de 2008; Acuerdo sobre Agricultura entre el Reino de Noruega, hecho en Ginebra el 25 de noviembre de 2008.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1372 de 2010, salvo las referencias al “Memorando de Entendimiento relativo al Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados de la ALEC”, contenidas en el artículo y los artículos 1º y 2º de la misma ley, que se declaran inexequibles.
La Corte Constitucional efectuó el examen formal de la Ley aprobatoria de los mencionados acuerdos en los siguientes aspectos: (i) la remisión oportuna del instrumento internacional y la ley aprobatoria, conforma lo ordena el artículo 241.10 de la Carta; (ii) la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del Acuerdo, así como la competencia del funcionario que lo suscribió; (iii) la iniciación del trámite en la cámara correspondiente; (iv) las publicaciones efectuadas por el Congreso, de acuerdo con el artículo 157 de la Constitución; (v) La aprobación en primero y segundo debate (art. 157 C.P.) (vi) el cumplimiento de los términos que debe mediar para los debates entre una y otra cámara (art. 160 C.P.); (vii) el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que las mayorías con las que fue aprobado el proyecto de ley; (viii) el anuncio previo a la votación (art. 160 C.P.); (ix) la sanción oportuna del Gobierno. Adicionalmente, atendiendo a que la Corte ha establecido que de conformidad con el Convenio 169 de la OIT, en materia comercial, debe cumplirse, de ser procedente, con la realización de la consulta previa a las comunidades indígenas y tribales, se examinó si en el presente proceso (x) era necesario realizar dicha consulta previa.
En relación con este último requisito, la Corte reiteró que el deber de consulta previa de las comunidades indígenas, como garantía de su derecho de participación, no surge frente a toda medida legislativa que sea susceptible de involucrarlas, sino solamente respecto de aquellas que puedan afectarlas directamente. Como lo ha precisado la jurisprudencia, las leyes, por su carácter general y abstracto no generan en principio una afectación directa de sus destinatarios, la cual sólo se materializa en la instancia aplicativa. Sin embargo, puede haber una afectación directa, cuando la ley altera el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o por el contrario, le confiere beneficios. En el presente caso, se determinó que los acuerdos de liberación comercial aprobados mediante la Ley 1372 de 2010, no producen la afectación directa de los grupos étnicos, razón por la cual, no era necesaria la consulta previa a su presentación ante el Congreso de la República, a las comunidades indígenas y tribales.
De otra parte, la Corte verificó que el texto del “Memorando de Entendimiento relativo al Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados de AELC” no fue publicado al iniciar el trámite del proyecto de ley aprobatorio en la Comisión Segunda del Senado. Tampoco se registra dicho texto del Memorando de Entendimiento al momento de sancionarse y promulgarse la Ley 1372 del 7 de enero de 2010. Por lo anterior, concluyó que se presenta un vicio de procedimiento de carácter insubsanable, toda vez que la ausencia de la publicación del texto del Memorando en mención, se dio al momento mismo en que se inició el trámite, lo cual vino a prolongarse en la sanción presidencial y finalmente en la promulgación en el Diario Oficial del 7 de enero de 2010. Por ser esta publicación un requisito indispensable para el conocimiento y participación tanto de los congresistas como de la ciudadanía en general, además de las condiciones de transparencia que impregna al debate democrático, la Corte declaró la inexequibilidad de toda referencia que se hubiere realizado al Memorando de Entendimiento en la Ley aprobatoria 1372 de 2010. En los demás aspectos formales examinados, se encontró que se ajustaban a las normas constitucionales que regulan el procedimiento legislativo.
En cuanto al contenido material de los Acuerdos y Canje de notas examinados, la Corporación determinó su exequibilidad general desde el punto de vista de la internacionalización e integración comercial, al constituirse en instrumentos adicionales para alcanzar los fines de las mismas y producir los efectos esperados para el bienestar general de la población colombiana. De igual manera, no se encontró tacha alguna frente a la normatividad constitucional, de las disposiciones específicas contenidas en los instrumentos internacionales estudiados, propias de los tratados de libre comercio, con algunas precisiones que se hizo en la parte motiva pero que a juicio de la Corte no ameritaban un condicionamiento.
Facultades del imputado. Inhibición por ineptitud sustancial de la demanda por el cargo de omisión legislativa relativa
IV. EXPEDIENTE D-8145 - SENTENCIA C-942/10
Por la cual de expide el Código de Procedimiento Penal
La Corte constató que no se cumplieron los requisitos de claridad, certeza y especificidad exigidos de los cargos de inconstitucionalidad formulados en esta oportunidad, en contra de los artículos 268, 271 , 272 y 442 de la Ley 906 de 2004. En realidad no se presentan argumentos que permitan vislumbrar al menos mínimamente un problema de omisión legislativa relativa violatoria del derecho a la igualdad, discriminatorio para con las víctimas, lo cual redunda a su vez en la falta de certeza y especificidad del cargo propuesto sobre tales preceptos. Un problema que se hace visible en particular, por cuanto este predicamento no resulta coherente con los textos acusados y en ese tanto, no se logra vincular la omisión que se alega con su contenido normativo específico, al cual le fuera imputable la materia que se omite, a saber, la facultad de la víctima de recaudar elementos probatorios, evidencia física, entrevistas y declaraciones juramentadas, así como el poder intervenir frente al juez de conocimiento, antes de que el mismo resuelva sobre la absolución perentoria que se solicita. En consecuencia, la acusación que se formula en contra de estas normas no cumple con esta exigencia de procedibilidad esencial en este tipo de demandas por omisión legislativa relativa y no se cumple con las condiciones para poder realizar un examen y pronunciamiento de fondo.
Naturaleza de los empleos pertenecientes a la justicia penal militar. Inhibición por ineptitud sustancial de la demanda
V. EXPEDIENTE D-8128 - SENTENCIA C-943/10
DECRETO 091 DE 2007
por el cual se regula el Sistema Especial de Carrera del Sector Defensa y se dictan unas disposiciones en materia de administración de personal.
Artículo 8°. Empleos de libre nombramiento y remoción. Son empleos de libre nombramiento y remoción los siguientes:
7) Los empleos pertenecientes a la Justicia Penal Militar de que trata la Ley 940 de 2005 o aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, con excepción de los empleos de período fijo.
La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la constitucionalidad del numeral 7) del artículo 8º del Decreto 091 de 2007, por ineptitud sustancial de la demanda.
En el presente caso, la Corte estableció que el actor no cumplió en debida forma con los requisitos que se exigen de los cargos de inconstitucionalidad que se formulan, en particular, con los elementos de certeza y suficiencia que sustenten el concepto de la violación de la Constitución que se alega, en la medida que la norma acusada no podía demandarse de manera aislada, sin realizar la integración de otras disposiciones que regulan la forma de provisión de los empleos en la Justicia Penal Militar, sujetos a un régimen especial. La Corporación reiteró que su competencia para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes no es oficiosa, ni puede suplir la carga de argumentación que le corresponde al demandante quien debe aportar los elementos de juicio que permitan confrontar la norma acusada con la Constitución, con base en un concepto de su violación debidamente sustentado.

References: artículo 2

Artículo 1
 artículo 2

Artículo 3
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 57
 artículo 48
 artículo 86
 artículo 241
 artículo 157

Artículo 8
 artículo 8