Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520565.html
Timestamp: 2019-03-24 11:03:13+00:00

Document:
as201520565
Auto Supremo: 565/2015 - L Sucre: 15 de Julio 2015 Expediente: LP – 81 – 10 – S. Partes: Isabel Victoria Martínez Hidalgo c/ Sergio Esteban Gutiérrez León Proceso: Declaración Judicial de Paternidad Distrito: La Paz
VISTOS: El recurso de casación en la forma de fs. 168 a 169, interpuesto por Sergio Esteban Gutiérrez León representado por Patricia Gutiérrez León y/o Rodrigo Velásquez Montaño contra el Auto de Vista Nº S-49, de 1 de marzo de 2010, de fs. 160 y vta., dictado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso familiar sobre declaración judicial de paternidad seguido por Isabel Victoria Martínez Hidalgo contra Sergio Esteban Gutiérrez León; la respuesta al recurso de fs. 172 y vta.; el Auto de concesión de fs. 173; los antecedentes del proceso; y:
Isabel Victoria Martínez Hidalgo, adjunto literal a una foja, demanda el 26 de febrero de 2009, declaración judicial de paternidad fs. 2 a 3 y fs. 5, amparada en los arts. 206, 208 y 373 del Código de Familia, manifestando que mantuvo relaciones amorosas con el demandado durante seis meses desde noviembre de 2007 a abril de 2008, de donde quedó embarazada lo cual comunicó a su pareja quien le prometió buscarla en dos semanas pero como no lo hizo, ella le buscó sin poder ubicarlo y cuando lo hizo le respondió señalándose que el no buscó, no planificó ni deseó ese embarazo y que por tanto, no le llame ni le busque más porque no iría a reconocer al niño, cuando nació su hija no corrió con ningún gasto y cuando volvieron a hablar gracias a la intervención de sus amistades, le dijo que el reconocimiento solo era un medio para sacarle dinero, motivos que justifican iniciar la presente acción pidiendo que se compruebe la paternidad y se fije asistencia familiar considerando que el responsable es médico de profesión, solicitando instruir al IDIF realice el estudio de ADN de acuerdo al art. 1 de la Ley 3934, cuyo examen se tenga en calidad de prueba.
Tramitado el proceso en primera instancia, la Juez Segundo de Partido de Familia de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 379 de 21 de octubre de 2009, cursante de fs. 92 a 94, declaró improbada la demanda.
En grado de apelación, la Sala Civil Cuarta de la Corte Superior de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 49, de 1 de marzo de 2010, de fs. 160 y vta., anuló obrados hasta el Auto de concesión de Alzada de fs. 106, de 21 de noviembre de 2009, debiendo la Jueza resolver la reposición con alternativa de apelación interpuesta a fs. 73, y luego de su tramitación, una vez corrido el traslado de la apelación de fs. 105, emitir un nuevo Auto de concesión de alzada de las impugnaciones interpuestas por ambas partes; Resolución contra la cual la parte demandada recurre de casación en la forma.
Señala que el Auto de Vista que anula obrados pero erróneamente dispone que la A quo resuelva únicamente el recurso de reposición bajo alternativa de apelación interpuesto de su parte a fs. 73, empero, no se consideró que la diligencia de notificación de fs. 45, ha sido adulterada por el Oficial de Diligencias, aspecto que fue reclamado en el incidente de fs. 45, que sin embargo tuvo que retirar para no dilatar el pronunciamiento de Sentencia.
Indica que procedieron a una notificación con una cedula incompleta que no contenía copia fotostática de la prueba de cargo presentada por la parte actora, motivo por el que devolvió la referida cedula cursante de fs. 43 a 44 y no obstante, el mencionado funcionario, para causarle perjuicio, asentó la referida diligencia como si se hubiese puesto en su conocimiento la literal de fs. 33 a 34, situación que se corrobora con la diligencia de fs. 36, extremo que el Ad quem no puede dejar de considerar porque atañe al orden público, violándose los num. 1), 3) y 6) del art. 3 del Procedimiento Civil.
En base a dichos antecedentes, su pretensión es porque este Tribunal se pronuncie en el fondo amparado en los arts. 271 num. 3) y 275 de la citada norma.
Con la facultad conferida por el parágrafo I del art. 106 del Código Procesal Civil, Ley Nº 439 de 19 de noviembre de 2013, aplicado anticipadamente en virtud de la Disposición Transitoria Segunda numeral 4), se tiene:
De los antecedentes y datos que cursan en el proceso, se tiene:
La Sentencia Nº 379, de 21 de octubre de 2009 de fs. 92 a 94 y vta., que declaró improbada la demanda, argumenta: “…que en la declaración judicial de paternidad la prueba importa un método jurídico de verificación, no puede dictarse sentencia sobre la base de simples manifestaciones de las partes y declaraciones de testigos…que la actora no ha demostrado los extremos de su demanda sobre la base de los puntos del auto de calificación del proceso...”.
El fundamento del Auto de Vista de 1 de marzo de 2010, para anular obrados, refiere: “…el demandado interpuso reposición con alternativa de apelación a fs. 73 contra la resolución Nº 211/09. Ordenado su traslado a fs. 73 vta., no se cumplió y menos se resolvió la reposición formulada. La Sentencia de 21 de octubre de 2009, dio lugar al demandado a solicitar complementación y enmienda a fs. 99. Formulada la apelación de fs. 103-104 por el demandado, contra el auto complementario y ordenado su traslado, la Juez no se pronunció al respecto, remitiendo directamente antecedentes…que la garantía del debido proceso busca que se observen los derechos fundamentales y las garantías de naturaleza procesal…vale decir, se deben guardar las formas y los principios procesales que asegure a las partes en litigio la tramitación de un proceso conforme a ley”.
Del análisis del Auto de Vista que discurre en la anulación de obrados, se advierte que la decisión del Tribunal Ad quem se ha sustentado concretamente en dos situaciones:
1) Que el recurso de reposición con alternativa de apelación del demandado, contra la resolución Nº 211/09, no fue corrido en traslado ni se resolvió; 2) Que la A quo remitió antecedentes sin pronunciarse de la apelación del demandado contra el Auto complementario.
2.1.- En cuanto al primer aspecto se tiene que mediante Auto Nº 211/09 la Juez de la causa rechazó el incidente de nulidad de notificación suscitado por el demandado indicando manifiesta improcedencia y carencia de fundamento legal y señalando que la citación con la demanda al demandado se efectuó en el domicilio real señalado en la demanda, cedulón entregado en mano propia, en forma personal es más firmada por el demandado en presencia de testigo identificado, corroborado con el informe del oficial de diligencias, que no acreditó con prueba alguna que su domicilio real señalado en la demanda no fuera el suyo. En vista de los resultados del mencionado Auto, el demandado a fs. 73, interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación indicando que la fundamentación de agravios se efectuará en caso de una eventual apelación a la Sentencia citando los arts. 24.I y 25.I de la Ley Nº 1760.
De acuerdo a lo que disponía el art. 25.I) de la norma precitada, la apelación en el efecto diferido se limitaba a su simple interposición reservándose la fundamentación ante el caso de una eventual apelación de la Sentencia definitiva. De la revisión del recurso de apelación formulado en el otro sí del memorial de respuesta al recurso de apelación de la demandante, de fs. 103 a 105 y vta., se advierte que el demandado omitió fundamentar su apelación en efecto diferido planteado a fs. 73, y ni siquiera se ratificó en el tenor de ese memorial, limitándose a señalar que “había interpuesto recurso de reposición contra la resolución 211/09 que incluso fue expresado en su memorial de conclusiones pero que no se dio trámite ni fue concedido”, pero nunca procedió a fundamentar su apelación en ese efecto tal como se ordenaba en el art. 25.I de la Ley 1760 fundamentación que debía efectuarse conjuntamente en el memorial de apelación de la Sentencia definitiva, caso en el cual recién correspondía a la A quo correr en traslado y conceder la apelación diferida para ante el superior en grado, todo de acuerdo a lo que preveía el art. 25.II de la norma antes referida. Debido a la falta de fundamentación, o al menos la ratificación del recurso de reposición con alternativa de apelación, a la Juez A quo no le correspondía tramitar ni conceder ésta, debiendo tener en cuenta que mucho menos le correspondía resolver la misma toda vez que su función se limita a su trámite y concesión para ante el superior en grado.
2.2.- En cuanto a que la A quo habría remitido antecedentes sin pronunciarse de la apelación del demandado contra el Auto complementario. De la revisión de obrados se evidencia que tras la dictación de la Sentencia de 21 de octubre de 2009, el demandado Sergio Esteban Gutiérrez León, solicitó a fs. 99 y vta., complementación y enmienda de dicho fallo, solicitud que fue resuelta por Auto de 4 de noviembre de 2009 de fs. 100 declarando no ha lugar a la misma considerando que son claros y explícitos los términos de la redacción de la Sentencia. Bajo ese antecedente, el demandado formuló recurso de apelación contra el mencionado Auto deduciéndolo en un otrosí del memorial de respuesta al recurso de apelación (fs. 103 a 105 y vta.). De ello, es necesario puntualizar que la providencia que resuelve la solicitud de explicación y complementación resulta ser parte de la Resolución principal, consecuentemente, de manera aislada no es posible considerar su “apelación” en el entendido de que ésta, conforme al art. 196 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, tiene por objeto la corrección de errores materiales, la aclaración de algún concepto oscuro sin que al juzgador le corresponda sustituir o alterar lo decidido. Con ese razonamiento, se tiene que la Juez de la causa, a través del Auto de 21 de noviembre de fs. 106, concedió para ante el superior en grado únicamente el recurso de apelación de fs. 96 a 97, interpuesto por la demandante, pues, por las razones que hemos expuesto, no ameritaba la concesión del supuesto recurso de apelación del demandado contra el Auto que resolvió la solicitud de explicación y complementación.
Por las circunstancias antes anotadas, se advierte que el Tribunal de Apelación justificó su decisión de anular obrados realizando un análisis manifiestamente errado y sin ningún sustento de legal.
Considerando que el Tribunal Ad quem emitió su resolución anulatoria en vigencia de la Constitución Política del Estado, que rige desde el 7 de febrero de 2009, es necesario efectuar algunas precisiones:
La Constitución Política del Estado expresa la voluntad de las clases populares y los pueblos indígenas creando una nueva institucionalidad y legalidad dejando atrás el sistema antes construido de una administración de justicia extremadamente formal. Tiene fuerza normativa y los jueces y tribunales están compelidos a resolver los litigios conforme a ella. Tanto el Derecho como el Estado se justifican a partir de los derechos fundamentales considerando que el Estado es su garante por lo que su protección debe realizarse al margen o por encima de las formalidades e inclusive de las leyes. Los derechos fundamentales y garantías constitucionales se ve reflejado no solo en el amplio catálogo de derechos fundamentales consagrados en la Constitución, sino también en los fines y funciones esenciales del Estado, así, en el art. 9 num. 4) la Constitución ordena garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos, y de los criterios de interpretación de los Derechos Humanos. Conforme al art. 178.I, la potestad de impartir justicia se sustenta en principios rectores como el respeto a los derechos, entre otros, que se constituye en base de la administración de justicia y la preeminencia de los derechos fundamentales. Conforme al art. 180.I la jurisdicción ordinaria se fundamenta en principios procesales como celeridad que obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación; el de eficiencia para una administración pronta evitando la demora procesal, la inmediatez que promueve la solución oportuna y directa de la jurisdicción en el conocimiento y resolución de los asuntos; el de verdad material que obliga a verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a las decisiones adoptando las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley aun cuando no hayan sido propuestas por las partes; el de eficacia y debido proceso, entre otros, e igualmente, a la justicia constitucional le dota de principios con el objetivo de tutela inmediata de los derechos fundamentales como el de celeridad, verdad material, el no formalismo por el cual, sólo deben exigirse las formalidades estrictamente necesarias para la consecución de los fines del proceso, el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal que implica la prevalencia del derecho material o sustantivo sobre las formalidades; el debido proceso, vinculado con el derecho formal no ha sido instituido para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en sí mismo, sino esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando, pese a la evidente lesión de derechos, prima la forma al fondo.
De los antecedentes y supuestos legales aplicables al caso concreto, se tiene:
En materia de niñez y adolescencia las normas sustantivas y procedimentales deben interpretarse en consonancia con los derechos fundamentales de los niños y adolescentes consagrados en la Constitución Política del Estado. Esto significa que las autoridades judiciales y administrativas facultadas para intervenir en interés del niño, niña o adolescente, deben respetar y efectivamente aplicar el contenido y alcance de los derechos consagrados en forma prevalente en la Constitución Política del Estado, en virtud del principio de interpretación conforme a la Constitución Política del Estado. El precepto constitucional contenido en el art. 60, dispone: "Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado". El art. 3 num. 1) de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Ley Nº 1152 de 14 de mayo de 1990, señala: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los Tribunales, las Autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño", deduciendo de la normativa legal precitada, que cuando se trata de asumir una medida judicial o administrativa concerniente a un niño, niña o adolescente, debe primar el interés superior del niño, referido, entre otros aspectos, a la primacía de sus derechos y a la garantía de su desarrollo integral y siempre en procura de dicho interés superior. En esa lógica, el parágrafo IV del art. 59 de la Constitución Política del Estado, establece que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto de sus progenitores.
El art. 65 de la Constitución Política del Estado, dispone: “En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación”. En ese sentido, corresponde precisar que si bien el establecimiento de la paternidad puede determinarse por la vía judicial, precisamente a través de un proceso como el que nos ocupa, no es menos evidente que a partir del 7 de febrero de 2009, fecha en que entra a regir la Constitución, tal determinación se halla sujeta a la aplicación del precepto constitucional contenido en el art. 65 en el que se prevé que la presunción de paternidad puede hacerse valer a simple referencia de la madre (o del padre), consecuentemente, el derecho de la menor Sol Isabella de contar con una identidad con la presunta filiación a simple indicación de la madre, en este caso la demandante, se encontraba establecido y regulado, aspecto que de ninguna manera contravenía lo dispuesto por los arts. 174, 206, 207 y 208, todos del Código de Familia.
De la revisión del proceso se advierte que una vez que el proceso fue remitido a conocimiento del Tribunal de Alzada, la primera actuación de éste se materializó mediante providencia de 4 de diciembre de 2009 (fs. 113), disponiendo la apertura de un plazo probatorio de 15 días, y la comunicación al IDIF con el objeto de la toma de muestras para el estudio de ADN, produciéndose dentro de ese plazo la declaración de testigos de cargo y el señalamiento de día y hora a efectos de la mencionada toma de muestras, sin embargo, de los datos se advierte la falta de aplicación del citado art. 65 de la Constitución Política del Estado, con la finalidad de resguardar el derecho de la filiación por presunción de la prenombrada menor con el apellido paterno de aquél que se señala como su progenitor, lo que suponía la realización del interés superior de la indicada menor, y no obstante que el Tribunal ordenó la toma de muestras para ADN y señaló fecha para proceder a la misma, dispuso la clausura del término probatorio (Auto de fs. 156), estando pendiente el resultado del examen, y erradamente resuelve por anular obrados por supuestas irregularidades procedimentales.
Al respecto, el parágrafo II del art. 251 del Código de Procedimiento Civil, correspondía interpretarse en sentido de que las violaciones acusadas que no implicaren nulidad no dan lugar a tomar tal la decisión, entendiendo que aun siendo evidente una lesión (formal) que no quebrante o amenace quebrantar ciertos derechos y garantías de la persona, esa presunta lesión no afecta en lo sustancial del proceso, contrariamente, interpretó el debido proceso con discrecionalidad señalando que el mismo opera ante cualquier irregularidad procesal siendo que mediante este principio se precautelan los derechos y garantías fundamentales frente a vulneraciones que afecten o restrinjan su ejercicio. Su falta de análisis e interpretación de la norma le ha llevado al Ad quem a vulnerar principios como el de celeridad, inmediatez, el de verdad material, entre otros, ya que incluso dichas observaciones pudo haberlas efectuado inmediatamente de recibido el expediente y no después de haber transitado todo el plazo probatorio que en los hechos duró más de dos meses. Con ello, ha soslayado ingresar al fondo de la controversia vulnerando el derecho sustancial de la menor, sin tomar en cuenta que deben merecer una especial consideración los asuntos referidos a la niñez y adolescencia, conforme al mandato constitucional desarrollado precedentemente, eludiendo verificar los hechos acontecidos en el proceso que debieron haber sido tomados como prueba si aquel plazo de 15 días no alcanzó para conocer los resultados del examen de laboratorio, observando que en el contenido integral de la demanda de fs. 2 a 3, existe una pretensión principal de declaración de paternidad, y una pretensión accesoria de asistencia familiar.
Por los motivos expuestos precedentemente, corresponde a este Tribunal de Casación emitir Resolución en la forma que dispone el art. 271 num. 3) en relación al art. 275 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial, y en aplicación a lo previsto por los arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº S-49, de 1 de marzo de 2010, dictado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y dispone que el Tribunal Ad quem, sin espera de turno y previo sorteo, ingrese a resolver el fondo del asunto sobre todas las pretensiones demandadas de conformidad a lo señalado supra.
Siendo excusable el error no se impone multa y en aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025 notifíquese al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

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