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Timestamp: 2020-08-06 15:21:59+00:00

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﻿ AUTO 2014-00955 DE DICIEMBRE 15 DE 2017
AUTO 2014-00955 DE 15 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:PROCEDENCIA DEL CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO DE EJECUCIÓN QUE ORDENA LA ENTREGA DE UN INMUEBLE. SE ESTABLECE QUE SI EL “ACTO DE EJECUCIÓN” EXCEDE, PARCIAL O TOTALMENTE, LO DISPUESTO EN LA SENTENCIA O EN EL ACTO ADMINISTRATIVO EJECUTADO, ES PROCEDENTE EJERCER CONTROL DE LEGALIDAD FRENTE AL MISMO, A TRAVÉS DE LA PRETENSIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, AL HABERSE CREADO, MODIFICADO O EXTINGUIDO UNA SITUACIÓN JURÍDICA DIFERENTE YA QUE EN TAL EVENTUALIDAD SE GENERA UN VERDADERO ACTO ADMINISTRATIVO, SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL EN ARAS DE REVISAR SU LEGALIDAD. EN ESE SENTIDO, SI LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN CUMPLIMIENTO DE UNA FUNCIÓN DE POLICÍA ADMINISTRATIVA EXPIDE UN ACTO DANDO CUMPLIMIENTO A UNA ORDEN DE UN JUEZ DE ENTREGAR UN INMUEBLE, HACIENDO CASO OMISO A UN ACUERDO CONCILIATORIO EN EL QUE SE HABÍA COMPROMETIDO A ENTREGAR EN DACIÓN EN PAGO PREVIAMENTE APROBADO POR EL JUEZ ADMINISTRATIVO, DICHO ACTO EJECUCIÓN QUE EXCEDE, MODIFICANDO UNA SITUACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE, ES POSIBLE ADMITIRSE LA DEMANDA DE ESA ACTUACIÓN, PESE A CORRESPONDER A UN ACTO DE EJECUCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA, ACTA DE CONCILIACIÓN, CONTROL JURISDICCIONAL, ACTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, PROVISIÓN DE BIEN RECIBIDO EN DACIÓN EN PAGO, ENTREGA DE BIEN INMUEBLE
Auto 2014-00955 de diciembre 15 de 2017
Exp.: 25-000-23-41-000-2014-00955-01
Actor: Condominio Terralonga
Demandado: Dirección Nacional de Estupefacientes
Referencia: Recurso de apelación en contra de auto que rechaza la demanda.
Bogotá, D. C., quince de diciembre de dos mil diecisiete.
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto de 5 de febrero de 2015, proferido por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca(1), mediante el cual se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho mencionada en la referencia, al considerar que el asunto no era susceptible de control judicial.
Mediante escrito presentado el 9 de junio de 2014 ante la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 1 a 172), el Condominio Tierralonga, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, presentó demanda en contra de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación - en adelante DNE en Liquidación, en la cual elevó las siguientes pretensiones:
PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución 873 del 13 de diciembre de 2013 expedida por la Dirección Nacional de Estupefacientes.
SEGUNDA: Que como consecuencia de dicha declaratoria de nulidad se ordene a la Dirección Nacional de Estupefacientes dar inmediato cumplimiento y ejecución a la conciliación celebrada entre el Condominio Tierralonga y la Dirección de Estupefacientes el 25 de octubre de 2007 y aprobada por el Juzgado 36 Administrativo del Circuito (sic) mediante providencia judicial del 11 de marzo de 2008, debidamente ejecutoriada y que presta merito ejecutivo.
TERCERA: Para el caso de que a la fecha de dictar fallo en este proceso, la Dirección Nacional de Estupefacientes hubiere dado cumplimiento o ejecución de la Resolución 873 de 13 de diciembre de 2013, se ordene la inmediata devolución de la Casa Nº 1 del Condominio Tierralonga a los demandantes.
CUARTA: Para el caso de que a la fecha de dictar el fallo en este proceso, la Dirección Nacional de Estupefacientes hubiere dado cumplimiento o ejecución de la Resolución 873 de 13 de diciembre de 2013 y mantuviere la tenencia de la Casa Nº 1 del Condominio Tierralonga, se condene a la Dirección Nacional de Estupefacientes –en liquidación– al pago de la indemnización de todos los perjuicios causados a los demandantes, entre otros, por el deterioro del inmueble y la perdida de todos los bienes muebles que allí se encontraren, junto con el correspondiente lucro cesante por la falta de uso y goce del inmueble desde el momento de la ejecución del acto demandado y hasta la fecha del fallo, junto con las correspondientes indexaciones monetarias e intereses del caso.
QUINTA: Que se ordene a la demandada a pagar en favor de los demandantes las costas, expensas y diligencias en derecho del proceso.
SEXTA: Se disponga el cumplimiento inmediato de la sentencia, en los términos de los artículos 189 y 192 de la Ley 1437 de 2011.
II. La providencia apelada
El conocimiento del asunto le correspondió a la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que mediante auto de 5 de febrero de 2015(2), dispuso: “[…] 1º) Recházase de plano la demanda presentada por el Condominio Tierralonga, mediante apoderado judicial, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. 2º) Ejecutoriada esta decisión, devuélvanse a la interesada los documentos acompañados con la demanda sin necesidad de desglose y, archívese la actuación […]”; argumentando, para el efecto, lo siguiente:
La citada resolución es un acto administrativo expedido en ejercicio de funciones de policía administrativa, en el cual, la autoridad precisa que tiene naturaleza de acto administrativo de ejecución, con el objeto de hacer efectiva la entrega real y material de unos inmuebles dentro del proceso de liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes. […] los actos administrativos proferidos en desarrollo de funciones de policía administrativa por su naturaleza son de control de la jurisdicción contencioso administrativa, la Resolución demandada Nº 0873 del 13 de diciembre de 2013, es un acto de ejecución, como expresamente se manifiesta en la parte resolutiva de la misma (fl. 34 cdno. Ppal.), razón por la cual no es un acto administrativo demandable […] es claro que los actos administrativos de ejecución como el que se demanda en el presente proceso, no contienen ninguna manifestación de voluntad de la administración frente a una situación jurídica particular, razón por la cual, no son enjuiciables ante la jurisdicción contenciosa administrativa […] el acto administrativo demandado se profirió en desarrollo de la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito (sic), en la cual dejó a su disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes unos inmuebles dentro del proceso de liquidación de esta entidad […] toda vez que, la decisión contenida en la Resolución 0873 del 13 de diciembre de 2013, proferida por la representante legal de la liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes, no es susceptible de control judicial, la demanda presentada por intermedio de apoderado judicial por el Condominio Tierralonga, será rechazada.
El apoderado judicial de la parte actora, sostiene que la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se equivocó al considerar que el acto administrativo demandado no es enjuiciable por ser un mero acto de ejecución señalando para el efecto, lo siguiente:
“[…] el demandado no es un acto de cumplimiento. Es un verdadero acto administrativo que puede ser conocido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo […] a pesar del manto de cumplimiento que le quiso dar la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación, de un supuesto acto de cumplimiento, el acto administrativo que se impugna es una manifestación de voluntad autónoma, desborda el marco jurídico y es arbitrario, y afecta derechos particulares de sujetos de derecho. Es un acto administrativo que está desconociendo una dación en pago efectuada por la DNE y aprobada por el juez administrativo. El acto está modificando y alterando una situación jurídica previamente convenida con el Condominio Tierralonga de dación en pago.
La Resolución 873 de 2013 del DNE es una manifestación de voluntad que crea efectos jurídicos y afecta derechos de los demandantes, por las siguientes razones:
A) En primer lugar, fue expedido en desarrollo de una atribución legal denominada ‘Policía Administrativa’, según lo expresó la propia entidad demandada en el artículo primero del referido acto […] si la propia administración dijo actuar en ejercicio de la función de policía administrativa, y ésta función administrativa está sujeta al principio de la legalidad, quiere decir que sobre el acto administrativo demandado existe el control judicial de la jurisdicción administrativa, justamente para verificar si la DNE actuó dentro o fuera del marco legal.
B) En segundo término, obsérvese como en ese acto administrativo, la DNE está tomando otra determinación, como es asignarle el bien inmueble de la Diagonal 7 Nº 13-336 Condominio Tierralonga del municipio de Ricaurte a la Inmobiliaria Granvivienda, en perjuicio de mis clientes, quienes por virtud de la dación en pago recibida de la propia DNE han venido ocupando legítimamente el referido inmueble […] el acto administrativo no es de cumplimiento, sino proferido en ejercicio de la función de policía sino que va más allá del supuesto cumplimiento de la sentencia del Juzgado Tercero Penal de descongestión, cuando dispone la entrega del referido inmueble a la Inmobiliaria Granvivienda. Pues les está desconociendo sus derechos derivados de la dación en pago dada por la propia DNE en diligencia de conciliación en la Procuraduría General de la Nación y aprobada judicialmente […].
C) El acto administrativo demandado no está cumpliendo otro acto administrativo previo, ni tampoco la sentencia del 31 de agosto de 2004 del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá. La sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá resolvió extinguir el derecho de dominio de la Iglesia Ortodoxa Católica Autocéfala de Colombia sobre el bien inmueble de la Diagonal 7 Nº 13-336 Condominio Tierralonga del municipio de Ricaurte, sentencia que tuvo su cumplimiento mediante el registro de Instrumentos Públicos de Girardota (sic) bajo el folio 307-41852, efectuado el 13 de octubre de 2004.
Téngase además en cuenta, que la propia Dirección Nacional de Estupefacientes, desde antes del referido fallo gozaba de la tenencia del inmueble, cuando por medio de la Resolución 1182 del 17 de agosto de 2004 había tomado posesión inmediata de todos los bienes, haberes y negocios de la referida Iglesia, según quedó consignado en la anotación Nº 10 del referido folio de matrícula inmobiliaria. Así, la DNE figuraba con la posesión del inmueble desde antes incluso que se produjera la sentencia, cuando por medio de la Resolución 1182 del 17 de agosto de 2004 tomó posesión de los activos de la propietaria del inmueble y nombró depositario provisional a la sociedad Diez Gómez Administradores Inmobiliarios. Posteriormente, por medio de la Resolución 0278 del 2 de febrero de 2010, luego del fallo del Juzgado Tercero la DNE revocó la designación de los anteriores depositarios y nombró como tal a la sociedad Activos Especiales SAS. Tan recibió el bien inmueble en esa época la Dirección Nacional de Estupefacientes, que se volvió deudor del Condominio Terralonga por concepto de gastos de administración del mismo, que luego dio lugar al acuerdo conciliatorio de dación en pago efectuada entre la DNE y el Condominio Terralonga […].
D) El acto impugnado está afectando los derechos de mis clientes. Efectivamente lo que está realmente pretendiendo la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE En Liquidación, por medio de la Resolución 873 de 2013, es desconocer la propia dación en pago acordada en conciliación y aprobada por el juez administrativo, y los derechos derivados de ella.
Véase como en los considerandos del acto, la directora de la DNE dice que los ocupantes del inmueble no poseen un título emanado de esa entidad administrativa que legitime su permanencia en ese lugar, olvidándose que existe la tantas veces referida dación en pago efectuada ante la Procuraduría y aprobada por el juez administrativo, que no se ha podido perfeccionar porque la propia Dirección Nacional de Estupefacientes no había cancelado los impuestos prediales atrasados.
E) […] El acto administrativo está desconociendo los derechos legítimamente adquiridos por mis clientes en la audiencia de conciliación celebrada en la Procuraduría General de la Nación, que luego fue aprobada por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá, providencia que se encuentra en firme.
En esa conciliación aprobada por el juez administrativo la Dirección Nacional de Estupefacientes –en liquidación– dio en pago al Condominio Tierralonga el bien inmueble ubicado en Diagonal 7 Nº 13-336 Condominio Tierralonga del municipio de Ricaurte, con el propósito de saldar una deuda por concepto de gastos de administración. La Dirección Nacional de Estupefacientes examinó la situación, verificó el avalúo del inmueble, determinó la existencia de esa obligación a su cargo, y el propio Comité de Conciliación de la entidad, aceptó dar la casa en pago a cambio de una suma de dinero en su favor de $25.904.598, que sumado al valor de la deuda, equivalía al valor del inmueble […] si bien hubo una demora en el pago de los $25.904.598 por parte del Condominio a la DNE, este dinero fue cancelado e incluso pagados unos intereses de mora liquidados por la propia Dirección Nacional de Estupefacientes.
Hasta la fecha de expedición del acto acusado, no se había podido formalizar la escritura pública y su registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot porque la DNE no había cancelado los impuestos prediales del inmueble […] mi cliente el Condominio Terralonga obtuvo un derecho patrimonial derivado de la dación en pago del inmueble. Efectuó el pago del dinero ($25.904.598) y de los intereses de mora que le liquidó la DNE, y ahora ésta, al amparo de un supuesta (sic) función de policía administrativa por medio de la Resolución 873 de 2013 -ahora impugnada-, pretende desconocer este derecho patrimonial.
El impugnado mediante la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho realmente es un acto administrativo expedido en ejercicio de la función de policía administrativa, por medio de la cual la entidad demandada pretende desconocer unos legítimos derechos de mis clientes, derivados de una dación en pago efectuada en la Procuraduría General de la Nación, aprobada judicialmente.
La parte actora presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, demanda de nulidad en contra de la Resolución 0873 de 13 de diciembre de 2013 “por medio de la cual se ejercen funciones de policía administrativa para hacer efectiva la entrega real y material del bien inmueble: Acta 21891; Nº Bien 000-102-113; Matrícula Inmobiliaria 307-41852; Descripción Diagonal 7 Nº 13-336 y/o condominio campestre casa # 1, conjunto ‘Terralonga’; municipio Ricaurte; departamento Cundinamarca, A la Inmobiliaria Granvivienda”, suscrita por la representante legal de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación. Dicho acto administrativo, en sus aspectos más relevantes, señala lo siguiente:
“[…] que mediante Sentencia de primer grado del treinta y uno (31) de agosto de 2004, el Juzgado Tercero (03) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá declaró ‘Extinguido el derecho de Dominio’, y ordenó la tradición a favor del Estado a través del Fondo para la rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - Frisco, administrado por la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, entre otros, del bien inmueble urbano ubicado en la diagonal 7 Nº 13-336 y/o condominio campestre casa #1, conjunto ‘Terralonga’, ubicado en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca […].
Que los actuales ocupantes del inmueble anteriormente referido, no poseen título alguno emanado de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación que legitime su permanencia en el lugar, motivo por el cual, la manifestación de su renuencia a salir de los inmuebles desconoce abiertamente el fallo de extinción de dominio que ya se encuentra ejecutoriado.
Que por haber hecho tránsito a cosa juzgada la Sentencia proferida por el Juzgado Tercero (03) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá, de fecha treinta y uno (31) de agosto de 2004, no admite oposición alguna la entrega real y material del inmueble urbano referenciado anteriormente, por cuanto la extinción del derecho del dominio declarada recae sobre los derechos reales, principales o accesorios, desmembraciones, gravámenes o cualquier otra limitación a la disponibilidad o el uso del bien, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 793 de 2002.
Que en cumplimiento de lo consagrado en las mencionadas normas, se debe requerir a los actuales ocupantes y/o demás personas que se encuentren en el bien inmueble urbano ubicado en la diagonal 7 Nº 13-336 […] para que efectúen la entrega real y material del mismo a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación concretándose así la entrega dispuesta en la Sentencia de primera instancia proferida por el Despacho Judicial inicialmente citado.
La Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 5 de febrero de 2015, rechazó de plano la demanda al considerar que el acto administrativo demandado es un acto de ejecución, no susceptible de control judicial por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Frente a tal decisión, el apoderado judicial de la parte actora presentó recurso de apelación, manifestando para el efecto que la DNE - en Liquidación, en ejercicio de funciones de policía administrativa, expidió la Resolución 873 de 13 de diciembre de 2013, “supuestamente” en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá, en sentencia de 31 de agosto de 2004. Agregó que dicha resolución no es un acto de ejecución, en tanto “[…] es un acto administrativo autónomo que está desconociendo una dación en pago efectuada por la DNE y aprobada por el juez administrativo. El acto está modificando y alterando una situación jurídica previamente convenida con el Condominio Tierralonga de dación en pago […]”.
Para efectos de resolver la impugnación interpuesta, la Sala comienza por señalar que la jurisprudencia de esta corporación, ha sido uniforme en el sentido de señalar que los actos administrativos de ejecución, no son susceptibles de control jurisdiccional, salvo que éstos creen una situación nueva. Sobre el concepto de los actos de ejecución la Sección Primera de la corporación(3), precisó:
“[…] El acto de ejecución, por el contrario, aunque es unilateral también y proferido en desarrollo de dicha función, no crea, modifica o extingue situación jurídica alguna, pues el efecto jurídico lo produce el acto administrativo objeto de la ejecución, de ahí que no sea pasible de control ante el juez. El acto de ejecución, en síntesis, plasma en el mundo material o jurídico, según sea el caso, el contenido del acto administrativo, dándole efectividad real y cierta […]”.
En el mismo sentido, según lo ha indicado la Corte Constitucional, los actos de ejecución se caracterizan por(4):
“[…] (i) no admitir recursos en vía gubernativa; (ii) en caso de que causen perjuicio al administrado, éste podrá accionar conforme a las reglas de control de los actos administrativos, contenidas en la parte segunda del Código Contencioso Administrativo; y (iii) su naturaleza dependerá de su configuración, fines y efectos, con prescindencia de la denominación que le acuerde la administración. En este orden de ideas, como regla general, frente a los actos de ejecución de las sentencias no procede recurso alguno en vía gubernativa ni control judicial; […]”.
Nótese, sin embargo, que como se ha admitido por la corporación, si el “acto de ejecución” excede, parcial o totalmente, lo dispuesto en la sentencia o en el acto administrativo ejecutado, es procedente ejercer control de legalidad frente al mismo, a través de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, al haberse creado, modificado o extinguido una situación jurídica diferente ya que en tal eventualidad se genera un verdadero acto administrativo, susceptible de control jurisdiccional en aras de revisar su legalidad(5).
Al respecto, el recurrente manifestó: “[…] lo que está realmente pretendiendo la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE En Liquidación, por medio de la Resolución 873 de 2013, es desconocer la propia dación en pago acordada en conciliación y aprobada por el juez administrativo, y los derechos derivados de ella. Véase como en los considerandos del acto, la Directora de la DNE dice que los ocupantes del inmueble no poseen un título emanado de esa entidad administrativa que legitime su permanencia en ese lugar, olvidándose que existe la tantas veces referida dación en pago efectuada ante la Procuraduría y aprobada por el juez administrativo, que no se ha podido perfeccionar porque la propia Dirección Nacional de Estupefacientes no había cancelado los impuestos prediales atrasados […]”.
En el mismo sentido, es pertinente resaltar que el primer inciso de la parte considerativa del acto administrativo demandado, señala que “[…] mediante Sentencia de primer grado del treinta y uno (31) de agosto de 2004, el Juzgado Tercero (03) Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá declaró ´Extinguido el derecho de Dominio´, y ordenó la tradición a favor del Estado a través del Fondo para la rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - Frisco, administrado por la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación, entre otros, del bien inmueble urbano ubicado en la diagonal 7 Nº 13-336 y/o condominio campestre casa #1, conjunto ´Terralonga´, ubicado en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca […]”.
Así las cosas, inicialmente podría pensarse, como lo indicó el a quo, que la DNE - en Liquidación, a través de la Resolución 873 de 13 de diciembre de 2013, está dando cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá el 31 de agosto de 2004, por lo que dicho acto administrativo sería de ejecución y, por ende, no enjuiciable ante esta jurisdicción.
Sin embargo, encuentra la Sala que, tal como lo afirma el recurrente, la Resolución 873 de 13 de diciembre de 2013 no es en realidad un acto de ejecución, en tanto está modificando una situación jurídica a los demandantes, quienes, a través del acuerdo conciliatorio celebrado con la DNE en Liquidación el 25 de octubre de 2007 ante la Procuraduría 56 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá, habían recibido en dación en pago el inmueble al que alude dicho acto administrativo. Tal acuerdo conciliatorio, se resalta, fue aprobado por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá, mediante providencia de 11 de marzo de 2008, cuyo contenido es del siguiente tenor:
El día veinticinco (25) de octubre del año dos mil siete (2007), ante la Procuraduría Cincuenta y Seis Judicial delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se realizó audiencia de conciliación en la cual se acordó lo siguiente: (…)
‘Se le concede la palabra al apoderado de Dirección Nacional de Estupefacientes Quien manifestó: teniendo en cuenta la solicitud de conciliación de la administración del condominio Terralonga y como quiera que ella propuso como fórmula de arreglo el pago de un valor de $48.651.502.76 pesos moneda corriente, y precisamente el Comité de Defensa Judicial de la Dirección Nacional de Estupefacientes propuso una fórmula de arreglo consistente en la dación en pago del inmueble objeto de conciliación, discriminándola en la cifra anteriormente escrita como pago total del capital y los intereses debidos y que la administración asumiera $25.904.528 pesos moneda corriente, basado en que la suma de estas 2 cifras concuerdan con el avalúo comercial del inmueble […] acepto la dasión (sic) en pago, de la obligación, en la forma expresada por la Dirección Nacional de Estupefacientes y que el pago correspondiente a los $25.000.000 pesos moneda corriente a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes, se hará por el condominio dentro de los 30 días siguientes a al (sic) aprobación de la conciliación por el juez competente, término dentro del cual se espera que se corra el título escriturario respectivo para consolidar la propiedad plena sobre el inmueble. El condominio cancelará los gastos notariales y de registro de la tradición, siendo entendido que el saneamiento de la propiedad corresponde a la Dirección Nacional. (…)’. (negrillas de la Sala)
PRIMERO. APROBAR la conciliación prejudicial celebrada el veinticinco (25) de Octubre de 2007 ante la Procuraduría Cincuenta y Seis Judicial Delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca entre el Conjunto Terralonga Condominio Campestre y la Dirección Nacional de Estupefacientes por la suma total de cuarenta y ocho millones seiscientos cincuenta y un mil quinientos dos pesos con setenta y seis centavos ($48.651.502.76), suma que pagará la Dirección Nacional de Estupefacientes al Conjunto Terralonga, y por la suma total de veinticinco millones de pesos ($25.000.000.oo), suma que pagará la convocante Conjunto Terralonga a la Dirección Nacional de Estupefacientes, en la forma indicada en el acta de conciliación prejudicial.
De todo lo anterior, se tiene lo siguiente:
— Mediante sentencia de 31 de agosto de 2004, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá declaró la extinción del dominio del bien inmueble urbano ubicado en la diagonal 7 Nº 13 - 336, casa Nº 1 del condominio Terralonga, ubicado en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca a favor del Estado a través del Fondo para la rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado - Frisco.
— El 25 de octubre de 2007, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio ante la Procuraduría 56 Judicial II para Asuntos Administrativos con sede en Bogotá, en el cual, la DNE en Liquidación entregaba el citado inmueble al Condominio Terralonga, en dación de pago.
— El 11 de marzo de 2008, el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá, aprobó dicho acuerdo conciliatorio.
— El 13 de diciembre de 2013, la Representante Legal de la DNE - en Liquidación, profirió la Resolución 873, por medio de la cual dispuso hacer efectiva la entrega real y material del bien mencionado inmueble a la Inmobiliaria Granvivienda, pese a haber celebrado un acuerdo conciliatorio con el Condominio Terralonga, acuerdo que fue aprobado judicialmente, como antes se señaló.
Así las cosas, considera la Sala que el contenido de la Resolución 873 de 13 de diciembre de 2013 realmente modificó la situación jurídica de la parte actora, en tanto la DNE - en Liquidación, a través de dicho acto administrativo, ordenó la entrega del plurimencionado inmueble a la Inmobiliaria Granvivienda, haciendo caso omiso al acuerdo conciliatorio en virtud del cual se habría comprometido a hacer entrega de dicho bien, en dación en pago, al Condominio Terralonga.
Es importante resaltar que en tanto el citado acuerdo conciliatorio fue aprobado por el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá, conforme al artículo 66 de la Ley 446 de 1998(6), el mismo hizo tránsito a cosa juzgada.
En un caso similar, esta Sala, en providencia de 28 de septiembre de 2017(7), precisó:
“[…] en lo concerniente al acto de ejecución que excede, parcial o totalmente lo dispuesto en una decisión judicial, la Sala pone de relieve que es reiterada la jurisprudencia que sostiene que resulta procedente su control de legalidad, esto es, a través de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, al haberse creado una nueva situación jurídica […]”.
Por todo lo anterior, la Sala, revocará el auto de 5 de febrero de 2015, por medio del cual la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó de plano la demanda, para en su lugar, ordenar a dicha Corporación, que provea sobre la admisión de la demanda, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el CPACA para el efecto, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
1. REVOCAR el auto de 5 de febrero de 2015, proferido por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. ORDENAR a la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que provea sobre la admisión de la demanda, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley 1437 de 2011, para el efecto.
En firme esta decisión devuélvase al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha.
1 Integrada por los magistrados Oscar Armando Dimaté Cárdenas (ponente), Fredy Hernando Ibarra Martínez y Carlos Enrique Moreno Rubio.
2 Folios 186 a 191.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C. P. Guillermo Vargas Ayala, Bogotá, D. C., catorce (14) de agosto de dos mil catorce (2014), Radicación 25000 2324 000 2006 00988 01, Actor: Isagen E.S.P.
4 Corte Constitucional, en Sentencia T-923 de 2011.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero, auto del 15 de abril de 2010, Radicación 52001-23-31-000- 2008-00014-01(1051-08).
6 Ley 446 de 1998, “por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”. (…)
Artículo 66. Efectos. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo.
7 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, 28 de septiembre de 2017, Expediente 76001233300020140041001, Actor: Ruiz Arévalo Constructora S.A., Demandado: Fondo Especial de Vivienda del Municipio de Santiago de Cali.

References: artículo 138
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 artículo 18
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 artículo 66

Artículo 66