Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831122.html
Timestamp: 2019-11-20 04:52:49+00:00

Document:
as201831122
Auto Supremo Nº 122
Expediente : 297/2017
Demandante : María Eugenia Pizarro Escobar
Materia : Reclamación (Renta de viudedad)
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 282 a 285, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 202/2016 S.S.A.-I de 8 de noviembre de 2016, cursante de fs. 276 a 277, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de reclamación seguido por María Eugenia Pizarro Escobar contra la entidad en cuya representación se recurre; el Auto N° 174/17 de 5 de junio (fs. 289) que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 297-A de fs. 299 que admitió el recurso; los antecedentes del proceso, y:
Resolución Comisión Nacional de Prestaciones
La Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto del SENASIR, el 23 de febrero de 2016, emitió la Resolución Nº 00000922 (fs. 229-230), por la que resolvió DESESTIMAR la Renta de Viudedad solicitada por María Eugenia Pizarro Escobar.
Ante el recurso de reclamación interpuesto por María Eugenia Pizarro Escobar (fs. 245-246), la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 169/16 de 15 de abril (fs. 249 a 253), confirmó la Resolución Nº 00000922 de 23 de febrero de 2016 cursante de fs. 229 a 230, emitida por la Comisión Nacional de Prestaciones del Sistema de Reparto del SENASIR, por encontrarse “correctamente otorgada conforme disposiciones que rigen la materia”.
En grado de apelación deducido por María Eugenia Pizarro Escobar, la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, expidió el Auto de Vista Nº 202/2016 S.S.A.-I de 8 de noviembre, cursante de fs. 276 a 277, revocando la Resolución Nº 169/16 de 15 de abril y dejando sin efecto la Resolución 00000922 de 23 de febrero de 2016, disponiendo se emita nueva resolución otorgando la Renta de Viudedad reclamada por María Eugenia Pizarro Escobar.
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:
Por memorial de fs. 282-285, Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, interpone recurso de casación alegando:
1.- Que el causante, al momento de iniciar una nueva convivencia o matrimonio de hecho con la Sra. María Eugenia Pizarro Escobar, no contaba con libertad de estado, considerado como uno de los requisitos principales para contraer nuevo matrimonio o convivencia de hecho, conforme al art. 140 del nuevo Código de las Familias y del Proceso Familiar, art. 32 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por Resolución Secretarial N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997 y art. 52 del Código de Seguridad Social.
2.- Que el Tribunal de Alzada pretende que no se tome en cuenta la existencia del certificado de matrimonio de fs. 52 que determina el estado civil anterior a la unión de hecho del asegurado como CASADO con Vicenta Torrico Calle, por lo que no contaba con libertad de estado, conforme al art. 46 del abrogado Código de Familia vigente al momento de la resolución apelada.
Agrega que el causante si tenía impedimento para establecer nueva convivencia, incumpliendo de ésta manera los arts. 32 y 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por Resolución Secretarial N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
Que, en el Auto de Vista no se realizó una adecuada valoración de la normativa y documentación cursante en el expediente, incurriendo en error sobre lo establecido en el art. 52 del Código de Seguridad Social, así como de los arts. 32 y 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por Resolución Secretarial N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
3.- Que el Tribunal de Apelación incurrió en violación de los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 30.11 de la Ley 025, referidos al principio de verdad material según los cuales se deben desechar la prevalencia de criterios que Acepten como verdadero algo que no lo es, tal el caso que el asegurado, conforme al certificado de matrimonio de fs. 52, se encontraba registrado con un primer matrimonio sin haberse disuelto.
Agrega que el SENASIR, en su momento, procederá a realizar las investigaciones, ya que al fallecimiento del titular de la renta, dos viudas pretenden acreditar que tienen el mejor derecho como viudas del causante, toda vez que no es obligación del SENASIR solucionar la controversia de derechos, sino solamente a dirimir la otorgación de prestaciones en el Sistema de Reparto.
Finalmente señala como normas transgredidas y mal aplicadas, los arts. 180 de la CPE, 140 del Código de las Familias y Proceso Familiar y 32 y 34 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por Resolución Secretarial N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista Nº 202/2016 S.S.A.-I y se confirme la Resolución Nº 169/16 de 15 de abril expedida por la Comisión de Reclamación del SENASIR.
De la revisión de los antecedentes contenidos en el expediente, las resoluciones confutadas y el escrito recursivo, se advierte que la controversia traída a juicio casatorio, radica en el hecho que el causante no contaba con el requisito formal de libertad de estado para iniciar la relación de unión libre con la reclamante María Eugenia Pizarro Escobar, en razón a que el matrimonio de éste con Vicenta Torrico Calle se encontraba vigente, en cuyo marco, no le correspondería la renta de viudedad impetrada; a cuyo efecto se tienen las siguientes conclusiones de orden legal:
El art. 52 del Código de Seguridad Social establece:
“La renta de viudedad se pagará en las condiciones previstas en el artículo anterior, a la esposa o a falta de ésta a la conviviente que hubiere estado inscrita como tal en los registros de la Caja, por lo menos un año antes de la fecha del fallecimiento del causante siempre que no hubiere existido impedimento legal para contraer matrimonio y que la vida en común se hubiere iniciado dos años o más antes del deceso. A falta de la esposa y en caso de no existir conviviente inscrita en los registros de la Caja, tendrá derecho a la renta, la conviviente que al momento del fallecimiento del asegurado, tenga hijos del causante o hubiese quedado en estado de gravidez para éste. No tendrá derecho a la renta de viudedad la divorciada por sentencia ejecutoriada antes de la fecha del fallecimiento del causante y la esposa que hubiere estado separada dos o más años por su culpa”.
De la norma citada, se puede establecer que la misma establece dos posibles beneficiarias de la renta de viudedad, instituyendo en primer orden, a la “esposa”, y en segundo a la “conviviente”, estableciendo para la última, algunas condiciones, entre ellas: el haber estado inscrita en los registros de la Caja de Salud a la que pertenecía el asegurado al menos un año antes de su fecha de fallecimiento; que para la validez de la convivencia no hubiere existido impedimento legal para contraer matrimonio; y, que la vida en común haya iniciado dos o más años antes del deceso.
Compartiendo el mismo entendimiento se encuentran los arts. 32 y 34 MPRCPA. En el caso del art. 34 de ese Manual, su contenido a más de reiterar el criterio de negación de renta en casos de divorcio y separación libremente consentida de parte de la esposa en periodo continuado superior a dos años, niega la otorgación de renta a la conviviente en el caso de que el causante estuvo casado y no existía Sentencia de divorcio ejecutoriada y cuando hubieran quedado dos o más concubinas.
Que en el caso presente se observa que la Comisión de Calificación de Rentas mediante Resolución Administrativa Nº 00000922 de 23 de febrero de 2016, resolvió desestimar la renta única de viudedad solicitada por María Eugenia Pizarro Escobar, argumentando que el causante al momento del inicio de su unión libre con la reclamante no contaba con libertad de estado.
Formulado el recurso de reclamación por María Eugenia Pizarro Escobar, la Comisión de Reclamación mediante Resolución Nº 169/16 de 15 de abril, confirma la Resolución Administrativa Nº 00000922 de 23 de febrero de 2016, alegando que no corresponde otorgar la renta de viudedad a María Eugenia Pizarro Escobar al establecer que el causante no contaba con libertada de estado.
De lo anterior se puede advertir que la impetrante, no acreditó haber procreado hijos con el causante, ni encontrarse en estado de embarazo, mas por el contrario, se tiene demostrado que el causante contrajo nupcias con Vicenta Torrico Calle, conforme se tiene certificado a fs. 52 de obrados y, siendo así, al no existir anulación de aquél matrimonio o Sentencia de divorcio, los efectos del mismo se mantenían vigentes hasta su fallecimiento y acreditan el hecho de que el causante no tenía libertad de estado, incurriendo de esta manera en la previsión del artículo 32 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisiciones, que establece que “Se concede la renta de viudedad … siempre que el asegurado o conviviente no hubiera tenido impedimento legal para contraer matrimonio, vale decir, que el causante ostentaba el estado de soltero, viudo o divorciado mediante sentencia judicial ejecutoriada …”, por otro lado el artículo 34 del mismo cuerpo de leyes, también señala: “No tendrán derecho a la renta de viudedad … la conviviente, si el de cujus estuvo casado y no existía sentencia de divorcio ejecutoriada …” .
Asimismo, a fs. 195 cursa formulario VC-04 “Aviso de Afiliación y Reingreso del Trabajador” en el que la reclamante no aparece como beneficiaria.
Con base en lo anterior, éste Tribunal concluye que, ciertamente el causante no contaba con libertad de estado para legitimar su relación de unión libre o de hecho con la impetrante, siendo éste uno delos requisitos fundamentales que la Ley prevé de manera expresa; por lo que, el SENASIR al rechazar la Renta de Viudedad impetrada obró conforme a ley.
Por lo anotado, se concluye que las autoridades recurridas al revocar la Resolución 169/16 de 15 de abril, incurrieron en las infracciones legales acusadas en el recurso, en cuyo mérito corresponde resolver el mismo conforme a la previsión contenida en el art. 220.IV del Código Procesal Civil, aplicable por la norma permisiva contenida en el art. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social y art. 15 del Manual de Prestación de Rentas en Curso de Pago y Adquisición aprobado por RS Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, CASA el Auto de Vista Nº 202/2016 S.S.A.-I de 8 de noviembre de 2016, cursante de fs. 276 a 277, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y, deliberando en el fondo, mantiene firme y subsistente la Resolución Nº 169/16 de 15 de abril expedida por la Comisión de Reclamación del SENASIR.

References: Resolución 
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