Source: https://adc.org.ar/2018/03/01/quien-defiende-tus-datos-2017/
Timestamp: 2020-04-03 17:47:32+00:00

Document:
¿Quién defiende tus datos? • 2017 | Asociación por los Derechos Civiles
En el año 2011, la Electronic Frontier Foundation (EFF) publicó Who Has Your Back?, una evaluación de las políticas de privacidad de las principales compañías de los Estados Unidos, con el fin de fomentar la privacidad y la protección de datos frente a la solicitudes de información realizadas por el Estado. El reporte es publicado anualmente por la EFF desde hace siete años, gracias a los cuales se ha ido notando la evolución de las gigantes empresas de tecnología en brindar mayor transparencia con relación a cómo y cuándo divulgan nuestros datos personales al gobierno estadounidense.
Los informes regionales tienen por objetivo evaluar cuáles son las empresas que defienden a sus clientes, analizando algunas preguntas como: ¿Cuáles son transparentes acerca de sus políticas con respecto a las solicitudes de entrega de datos? ¿Cuáles son las que requieren una orden judicial antes de entregar información personal? ¿Alguna de las empresas notifica a sus usuarios a la hora de cumplir con una orden judicial?
En la edición argentina de ¿Quién defiende tus datos? evaluaremos las principales empresas proveedoras de servicios de Internet (ISP) fijo, las cuales en conjunto representan más del 90% de la cuota de mercado a nivel nacional. Dichas empresas son: Cablevisión (Fibertel), Telefónica (Speedy), Telecom (Arnet), Telecentro, IPLAN y DirecTV (AT&T). Cada compañía fue contactada en forma reiterada a fin de responder un cuestionario, para participar en una entrevista privada y enviar cualquier información adicional que considerasen necesaria, elementos que fueron incorporados en el informe final. Este enfoque se basa en los antecedentes de trabajo que la EFF realizó para sus informes anuales “Who Has Your Back?” en los Estados Unidos, aunque las preguntas específicas del estudio de ADC fueron adaptadas para coincidir con la realidad y el entorno legal de Argentina.
En Argentina, el derecho a la privacidad se encuentra reconocido en la Constitución Nacional por su artículo 191El Artículo 19 CN establece: Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.” el cual sin hacer una mención literal del término utiliza la expresión «acciones privadas», interpretado por la jurisprudencia de la Corte Suprema como consagrando el derecho a la privacidad. Además, el artículo 182El Artículo 18 CN establece: “El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación.” protege el domicilio, la correspondencia epistolar y los papeles privados, habiendo sido reconocido por la jurisprudencia nacional como extensible al ámbito digital para referir a las comunicaciones online y la información almacenada en los dispositivos. Por último, el artículo 433El Artículo 43 CN recita: “Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. consagra el derecho de toda persona a conocer los datos sobre sí misma que se encuentren en poder de entidades públicas o privadas, así como también la finalidad para la cual los datos son destinados, habilitando a su vez a la persona que encuentre datos falsos o discriminatorios a exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de los mismos.
El principal organismo regulador de telecomunicaciones en Argentina es el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), creado por decreto presidencial en diciembre de 2015 y más tarde validado por el Congreso en abril de 2016.4El Decreto disuelve los anteriores organismos reguladores: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). DNU 267/15: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257461/norma.htm La composición del organismo ha generado cierta preocupación sobre la posible influencia del Poder Ejecutivo, ya que el ENACOM opera dentro del Ministerio de Comunicaciones y tiene una dirección integrada por cuatro directores elegidos por el presidente y tres propuestos por el Congreso. Las decisiones de ENACOM se pueden aprobar por mayoría simple y sus miembros pueden ser removidos por el presidente.
La penetración a Internet en Argentina se encuentra entre las más altas de América Latina.5“Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe”, CEPAL, octubre 2016, disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40528/S1601049_es.pdf A diciembre de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró un total de 17,3 millones de accesos residenciales a Internet.
En mayo de 2016, el presidente Mauricio Macri anunció que llevaría Internet de banda ancha de calidad a 29 millones de personas en un plazo de dos años, mediante la inversión en infraestructura bajo el denominado Plan Federal de Internet.6“En qué consiste el Plan Federal de Internet que presentó hoy Mauricio Macri”, La Nación, 17 de mayo de 2016, disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1899595-que-es-el-plan-federal-de-internet-que-presento-hoy-mauricio-macri En abril de 2017, el gobierno reportó un total de 207 localidades conectadas correspondientes a 10 millones de personas, proyectando para 2018 un total de 1300 localidades alcanzadas en cobertura.7Plan Federal de Internet, Ministerio de Modernización: https://www.argentina.gob.ar/modernizacion/comunicaciones/planfederaldeinternet; Más información sobre los puntos de conexión disponibles en el sitio web de datos abiertos de ARSAT: http://datos.arsat.com.ar/dashboards/19767/plan-federal-de-internet/
Argentina opera dos satélites de telecomunicaciones, Arsat-1 y Arsat-2, los cuales fueron puestos en órbita en octubre de 2014 y septiembre de 2015 respectivamente.8“El Arsat-1 llegó a la órbita geoestacionaria”, La Nación, October 27, 2014, https://www.lanacion.com.ar/1739035-el-arsat-1-llego-a-la-orbita-geoestacionaria; “Lanzaron con éxito el Arsat-2 y ya está en órbita”, Clarín, October 30, 2015, https://www.clarin.com/sociedad/arsat-2-lanzamiento_0_BybgiBMYvml.html
Una compañía que busca ofrecer servicios de acceso a Internet debe obtener una licencia de ENACOM, proceso que sufrió modificaciones en mayo de 2016. A partir de la introducción del nuevo Reglamento de Registro de Servicios TIC por medio de la Resolución 2483/16, se simplificó el proceso de registro de licencias para ISPs, debiendo los interesados presentar únicamente documentación legal y tributaria, sin la obligación de presentar el plan técnico.9“ENACOM publicó el nuevo Reglamento de Registro de Servicios TIC”, Revista Fibra, May 18, 2016, http://revistafibra.info/enacom-publico-el-nuevo-reglamento-de-registro-de-servicios-tic/ El arancel de inscripción inicial aumentó de $ 5000 a $ 20.000 pesos,10Resolución 2483/2016, Boletín Oficial, 16 de mayo de 2016, disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/145279/20160518 y los proveedores pueden realizar el trámite de registro en forma online.11ENACOM “Inscripción online para proveedores de acceso a internet”, 19 de agosto de 2016, disponible en: https://www.enacom.gob.ar/institucional/inscripcion-online-para-proveedores-de-acceso-a-internet_n1353
El país cuenta con más de mil proveedores de Internet licenciados,12ENACOM, “Información de las prestadores”, disponible en: http://www.enacom.gob.ar/informacion-de-prestadores_p1307 sin embargo, un 90% del mercado ISP de banda ancha se encuentra concentrado en tres compañías: Telefónica, Telecom Argentina y Cablevisión (Grupo Clarín).13Martín Becerra, De la concentración a la convergencia, Buenos Aires: Paidós, 2015, 64; Leticia Pautasio, “Estadísticas: mercado de telecomunicaciones de Argentina”, Telesemana, 4 de agosto de 2015, disponible en: http://www.telesemana.com/blog/2015/08/04/estadisticas-mercado-de-telecomunicaciones-de-argentina/ En diciembre de 2017, el ENACOM aprobó la fusión de Cablevisión y Telecom,14Gustavo Fontanals, “Pariendo a Goliat”, Revista Fibra, 7 de septiembre de 2017, disponible en: http://papel.revistafibra.info/pariendo-a-goliat/ quedando habilitado para brindar servicios de radiodifusión, telefonía fija y móvil, e internet fija y móvil. Esto tiene como resultado la concentración del 68% del mercado de banda ancha fija en una única empresa, al sumar los servicios Fibertel y Arnet (de Cablevisión y Telecom, respectivamente).15¿Qué significa la fusión Cablevisión-Telecom?, Télam, 22 de diciembre de 2017, disponible en: http://www.telam.com.ar/notas/201712/233091-fusion-telecom-cablevision-internet-cuadruple-play-que-significa.html
Con el fin de promover la convergencia y la competencia, el gobierno nacional firmó una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia para introducir reformas sustanciales afectando los sectores de telecomunicaciones y de medios. A pedido de varias organizaciones de la sociedad civil, se llevó a cabo una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2016 a los fines de discutir los efectos del Decreto 267 de diciembre de 2015, que modifica la categoría de la televisión por cable como un servicio TIC, liberando de determinadas obligaciones provistas por la Ley Audiovisual a los proveedores de televisión.16OBSERVACOM, “Sociedad civil denuncia ante la CIDH por cambios a Ley Audiovisual. Gobierno promete “nuevo marco regulatorio acorde con el derecho internacional”, 8 de abril de 2016, disponible en: https://us3.campaign-archive.com/?u=460098614e2e18abf939ad0ea&id=8bf2e9487c&e=061a0396cc El decreto 267 fue criticado por socavar el pluralismo, la diversidad y el contenido de producción local, a la vez que se alienta una mayor concentración del mercado.
El Decreto 1340 de diciembre de 2016 habilita a las empresas de telecomunicaciones a ofrecer televisión por cable, servicios de telefonía y acceso a Internet, comenzando en 2018.17Decreto 1340/16, 20 de diciembre de 2016, disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/270115/norma.htm Por otra parte, el decreto también benefició a la empresa DirecTV, conocida operadora de televisión satelital, permitiéndole brindar servicios de Internet satelital. La Internet satelital hoy en día es ofrecida como una alternativa para aquellos territorios alejados de los principales centros urbanos que no cuentan con redes cableadas o cobertura de telefonía celular con datos móviles.
Las empresas seleccionadas18La fusión de las empresas Cablevisión (Grupo Clarín) y Telecom Argentina fue aprobada a fines de 2017, quedando habilitadas a brindar servicios en conjunto a partir de 2018. Debido a que el presente estudio fue realizado en base a las políticas llevadas a cabo por las empresas durante el 2017, mantendremos la evaluación de cada una de las empresas en forma separada, quedando para una próxima edición de este reporte la actualización de la evaluación como una única empresa. para la primera edición de este proyecto fueron:
Luego de la evaluación preliminar nos pusimos en contacto con las empresas para solicitarles una reunión con el propósito de explicar en qué consiste el estudio «Quién Defiende Tus Datos?» y presentar los resultados obtenidos en esa primera valoración, para que de esta manera las empresas pudieran brindar información precisa sobre su trabajo por el resguardo de la privacidad de los usuarios, así como también complementar la información que se encuentra públicamente disponible o incluso aclarar cualquier ambigüedad que pudiera surgir a partir de la misma.
Los criterios sobre «política de privacidad» y «requerimiento de autorización judicial» son los únicos que evalúan el cumplimiento de leyes específicas, pues para el resto de los criterios no existe un marco normativo que contemple todos los parámetros evaluados. En tal sentido, los criterios examinarán la implementación de buenas prácticas que se han ido desarrollando a nivel internacional –principalmente a partir de la iniciativa de la EFF– y que las empresas están dispuestas a incorporar a sus políticas.
Además, debido a que Argentina cuenta con una Ley de Protección de Datos Personales Nº 25.326 (en adelante LPDP), también se evaluará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, particularmente se analizará: si las empresas y sus bases de datos se encuentran registradas ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (ex Dirección Nacional de Protección de Datos personales),19A fines de 2017, a partir de la Decisión Administrativa 1002/17 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/285000-289999/287325/norma.htm, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, pasó a funcionar bajo la órbita de la Agencia de Acceso a la Información Pública, la cual depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Más información sobre la AAIP https://www.argentina.gob.ar/aaip y el comunicado oficial de la DNPDP aquí: http://www.jus.gob.ar/datos-personales/comunicados/2017/11/15/comunicacion.aspx si cumplen con los derechos pertenecientes al titular de los datos y si dan cumplimiento con las obligaciones legales.
Desde el año 2016, el único organismo autorizado legalmente para llevar a cabo la interceptación de comunicaciones y captaciones telefónicas, es la Oficina de Captación de Comunicaciones (OCC) dentro de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia.20En diciembre de 2015 a través del decreto 256/15, el gobierno de Mauricio Macri dispuso la transferencia del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) de la Procuración General de la Nación, hacia la Corte Suprema de Justicia. Este sería la segunda transferencia sufrida por dicho organismo en menos de 6 meses, pues el gobierno de Fernández de Kirchner había transferido el DICOM de la Secretaría de Inteligencia a la PGN. En septiembre de 2016 tuvo lugar una reestructuración institucional que dio lugar a la creación de la Dirección de Asistencia Judicial y dentro de ella a la OCC (ex DICOM). ADC, 2017, más información disponible en: https://adcdigital.org.ar/wp-content/uploads/2017/05/El-cambio-que-no-llega.pdf Una vez recibida la solicitud de interceptación por la OCC, el organismo le da curso a la empresa correspondiente para que la misma, bajo su propia infraestructura, lleve a cabo la recolección de la información solicitada y la entregue finalmente a la OCC para ser presentada formalmente en la causa judicial.
Hemos podido corroborar que si bien en la práctica los fiscales, valiéndose de un área de la legislación que aún no se encuentra adaptada al contexto digital, pueden requerir a las empresas que aseguren determinados datos, para acceder a su contenido deben requerir la autorización del juez competente.21Esta temática fue debatida en la jornada de trabajo «Evidencia Digital, Investigación de Cibercrimen y Garantías del Proceso Penal» organizada por la ADC en marzo de 2017, la cual contó con la participación de integrantes de los equipos y laboratorios forenses de las fuerzas policiales federales y provinciales, fiscales y miembros del poder judicial y reconocidos abogados penalistas. Un resumen de las discusiones sostenidas en la jornada se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://adcdigital.org.ar/portfolio/evidencia-digital-investigacion-cibercrimen-garantias-del-proceso-penal/
En el pie de la página web se encuentra el botón “Protección de datos personales”, el mismo dirige a la sección donde se detalla la política de privacidad de la empresa. La información provista por Cablevisión es clara, sencilla y se encuentra bien individualizada por secciones.22A fines de febrero de 2018, el sitio web con la política de privacidad de Fibertel ya reflejaba la fusión de Cablevisión con Telecom Argentina S.A., indicando el nombre de esta última como subtítulo de la página. No obstante, de la última revisión (a fines de febrero de 2018) del análisis realizado a lo largo del 2017, surge que la política no ha sufrido modificaciones sustanciales más allá del cambio de nombre de la empresa y el domicilio físico.
En el apartado «Condiciones de privacidad del servicio de telefonía fija» se incluyen aquellas del servicio de Internet correspondiente a la evaluación del presente estudio, bajo el nombre comercial Speedy. Respecto de los datos que la empresa recolecta, tan solo se limita a mencionar que al momento de contratar con Telefónica, el cliente “brinda a ésta sus datos personales, tales como nombre y apellido, documento de identidad, domicilio, número de abonado, correo electrónico, necesarios para prestar el servicio”, además de autorizar a la empresa a utilizar sus datos personales para “realizar análisis de mercados, y con el objeto de enviarle propuestas comerciales relacionadas con sus servicios y/o productos” y a “transferir información relativa a sus datos personales a todas y cada una de las empresas del Grupo Telefónica con fines de atención al cliente, y para que éstas envíen propuestas comerciales relacionadas con sus servicios y/o productos.”
En el apartado “Seguridad de datos personales”, en cumplimiento con la Disposición 11/2006 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, la política especifica que “En consonancia con la normativa vigente en materia de datos personales, queremos hacerle conocer a nuestros clientes las medidas a adoptar para garantizar la privacidad de la información que nos suministren (en adelante la «Información»), las cuales detallamos a continuación:
Más allá de la concientización en general de cómo las nuevas tecnologías recolectan cada vez más datos, no se advirtieron jornadas direccionadas a promover la protección del derechos a la privacidad. El informe de sostenibilidad del año 2015 tiene en su Anexo un manifiesto de la empresa referente a la posición institucional en relación a los derechos humanos, que dice: “Respetamos los derechos y las libertades de las personas, entre los que se encuentra el derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal. Somos conscientes de que nuestro compromiso con la privacidad es clave para generar una relación de confianza con las personas que tengan relación con nosotros. Este compromiso se manifiesta en nuestra Política de Privacidad, aprobada en marzo de 2013 y que durante 2015 fue actualizada para alinearla con los nuevos retos a los que se enfrenta nuestro sector. Estamos convencidos de que la mejor forma de lograr el avance global en el respeto de la libertad de expresión es a través del diálogo entre gobiernos, industria, sociedad civil (incluidos expertos sobre derechos humanos), inversores, organizaciones supranacionales y otras partes interesadas afectadas. Telefónica continúa formando parte del Grupo de Diálogo de la Industria (Telecom Industry Dialogue) e implementando sus Principios Rectores, firmados en 2013”.23Página 110. http://www.telefonica.com.ar/corporativo/acercadetelefonica/ar/corporate_responsibility/html/2015/files/informe2015.pdf En igual sentido, el informe del año 2016 tiene una sección dedicada a los derechos humanos en el capítulo “Compromiso con la sociedad”.24Página 111. http://www.telefonica.com.ar/corporativo/acercadetelefonica/ar/corporate_responsibility/html/2016/files/informe2016.pdf
Los medios antes citados, propuestos por Telecom para el ejercicio del derecho de acceso, implican un costo para el usuario del servicio, lo que se presenta contrario al principio de gratuidad que establece la LPDP, según surge claramente de los artículos 14.1 y 14.3, así como también de su Decreto Reglamentario.25El Decreto Reglamentario de la LPDP establece: “La solicitud a que se refiere el artículo 14, inciso 1, de la Ley Nº 25.326, no requiere de fórmulas específicas, siempre que garantice la identificación del titular. Se puede efectuar de manera directa, presentándose el interesado ante el responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de datos, o de manera indirecta, a través de la intimación fehaciente por medio escrito que deje constancia de recepción. También pueden ser utilizados otros servicios de acceso directo o semidirecto como los medios electrónicos, las líneas telefónicas, la recepción del reclamo en pantalla u otro medio idóneo a tal fin. En cada supuesto, se podrán ofrecer preferencias de medios para conocer la respuesta requerida”.
Respecto de las modificaciones que la empresa pueda realizar a la Política de privacidad, esta no contempla en sus cláusulas un plazo o el medio por el cual se le informará a los clientes de futuras modificaciones. En el caso de los Términos y Condiciones, estos contemplan que la empresa “podrá modificar en cualquier momento las CONDICIONES del SERVICIO, mediando notificación previa al CLIENTE por los medios usuales de comunicación, sea fax, correo electrónico o carta simple”.
La octava cláusula detalla el derecho de acceso, rectificación, actualización y supresión del titular de los datos, estableciendo que el mismo puede contactarse «en forma gratuita durante horas laborables al 0810-333-4732 desde cualquier parte del país, correo electrónico at_cliente@directvla.com.ar, o correo postal Política de Privacidad de DIRECTV Argentina, Paraguay 610 piso 28, C.A.B.A.”, agregando además una referencia al artículo 14, inciso 3, y al artículo 27, inciso 3, de la Ley 25.326.
A fines de 2017, a partir de la Decisión Administrativa 1002/17 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/285000-289999/287325/norma.htm, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, pasó a funcionar bajo la órbita de la Agencia de Acceso a la Información Pública, la cual depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Más información sobre la AAIP https://www.argentina.gob.ar/aaip y el comunicado oficial de la DNPDP aquí: http://www.jus.gob.ar/datos-personales/comunicados/2017/11/15/comunicacion.aspx
Esta temática fue debatida en la jornada de trabajo «Evidencia Digital, Investigación de Cibercrimen y Garantías del Proceso Penal» organizada por la ADC en marzo de 2017, la cual contó con la participación de integrantes de los equipos y laboratorios forenses de las fuerzas policiales federales y provinciales, fiscales y miembros del poder judicial y reconocidos abogados penalistas. Un resumen de las discusiones sostenidas en la jornada se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://adcdigital.org.ar/portfolio/evidencia-digital-investigacion-cibercrimen-garantias-del-proceso-penal/

References: artículo 191
 Artículo 19
 artículo 182
 Artículo 18
 artículo 433
 Artículo 43
 Resolución 
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 27