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Timestamp: 2020-07-02 16:16:27+00:00

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Sentencia nº Rol 3135-16 de Tribunal Constitucional, 27 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 673031665
El día 18 de julio de 2016, doña N.A.V.A., representada por el abogado don Claudio Fierro Morales, de la Defensoría Penal Pública, dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que Establece Penas Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad, en autos relacionados con el proceso penal RIT 76-2016, RUC 1500317432-5, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio y, bajo el Rol 39.475-2016 de la Corte Suprema, en sustanciación de un recurso de nulidad.
La gestión judicial en que incide el presente requerimiento, según la actora señala, se siguió en su contra ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio y consistió en una causa penal por los presuntos delitos contemplados en el artículo 9°, inciso primero de la Ley N° 17.798, de Control de Armas, así como en el artículo 3° de la Ley N° 20.000, esto es, porte ilegal de arma de fuego y tráfico de estupefacientes, respectivamente. Comenta que con fecha 2 de abril de 2015, se efectuó una audiencia de control de detención, oportunidad en la que el Ministerio Público formalizó investigación en su contra, disponiendo el sentenciador penal la medida cautelar de prisión preventiva, sustituida posteriormente por caución.
En dicha actuación procesal, el órgano persecutor expuso, que la requirente, el día 1 de abril del mismo año, habría sido sorprendida por efectivos policiales portando, entre sus vestimentas, un arma de fuego sin autorización.
Por estos hechos el Ministerio Público incoó acusación, solicitando la imposición (por el delito de porte ilegal de arma de fuego) de la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales, comiso del arma y costas, reconociendo, en el libelo acusatorio, la atenuante establecida en el artículo 11, numeral 6° del Código Penal, esto es, irreprochable conducta anterior.
Posteriormente, dictándose por el Juzgado de Garantía de S.A., auto de apertura de juicio oral, los antecedentes fueron derivados al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la misma ciudad, judicatura que, con fecha 11 de junio de 2016, condenó a la requirente por el delito contemplado en el artículo 9°, en relación con el artículo 2°, ambos de la Ley N° 17.798, de Control de Armas, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales y comiso del arma, reconociéndole a su favor la atenuante ya enunciada.
Respecto de dicho fallo, la requirente interpuso recurso de nulidad para ante la Corte Suprema, el que se encuentra suspendido en la expedición de su fallo, representando la gestión pendiente de estos autos constitucionales.
Luego, enunciando razones constitucionales para sustentar su pretensión, la actora comienza por explicar cómo se produce una contravención, primero, a los artículos 1° y 19, numeral 2°, de la Constitución Política, así como a los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y, a los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
A su respecto, explica que los preceptos reprochados generan una diferencia de trato entre personas que se encuentran en una situación similar. El tipo penal por el cual fue acusada la actora, comenta, tiene como bien jurídico protegido el orden público, figura estructurada como de peligro abstracto, existiendo en la legislación nacional diversos delitos que comparten dicha estructura dogmática, pero sólo las personas, como la requirente, acusadas y eventualmente condenadas por la mayoría de los ilícitos contemplados en la Ley de Control de Armas, se ven excluidos de optar a penas sustitutivas previstas en la Ley N° 18.216.
Así, favoreciéndole la atenuante de irreprochable conducta anterior, establecida en el artículo 11, numeral 6° del Código Penal, y no concurrir en la especie, agravante alguna, el tribunal de fondo estaría obligado a imponer la pena en el mínimum, esto es, tres años y un día a cuatro años de presidio menor en su grado máximo, más, la enunciada atenuante no tendrá dicho efecto que establece la regla del artículo 67 del cuerpo punitivo, toda vez que, por aplicación del artículo 17 B de la Ley N° 17.798...

References: artículo 1
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 67
 artículo 17