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Timestamp: 2020-01-23 18:19:11+00:00

Document:
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 15, de 27/03/2012
Año 2012 X Legislatura Núm. 15
- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de la autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos [COM (2012) 10 final] [2012/0010 (COD)] [SEC (2012) 72 final] [SEC (2012) 73 final]. (Número de expediente del Senado 574/000011 y número de expediente del Congreso 282/000073) ... (Página2)
- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2011) 876 final] [2011/0429 (COD)] [SEC (2011) 1546 final] [SEC (2011) 1547 final]. (Número de expediente del Senado 574/000015 y número de expediente del Congreso 282/000086) ... (Página4)
- Sobre el cumplimiento del Derecho Europeo en España. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente del Senado 663/000001 y número de expediente del Congreso 161/000157) ... (Página6)
- Sobre desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación a la presencia de Cataluña en la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente del Senado 663/000002 y número de expediente del Congreso 161/000274) ... (Página10)
Buenos días, señores senadores y diputados. Este es el orden que hoy corresponde, al celebrarse esta comisión en el Senado.
- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE LA AUTORIDADES COMPETENTES PARA FINES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, DETECCIÓN O ENJUICIAMIENTO DE INFRACCIONES PENALES O DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES, Y LA LIBRE CIRCULACIÓN DE DICHOS DATOS [COM (2012) 10 FINAL] [2012/0010 (COD)] [SEC (2012) 72 FINAL] [SEC (2012) 73 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000011 y número de expediente del Congreso 282/000073).
El señor PRESIDENTE: Procedemos a iniciar los debates de los temas que constan en el orden del día. El primero de ellos es un debate sobre el control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea. En concreto, de la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de datos.
Ha presentado informe el Gobierno y dictamen, el Parlamento vasco.
En primer lugar, para la presentación del informe, interviene don Juan Moscoso del Prado Hernández en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Buenos días, señorías. Intervengo yo, porque el ponente designado, el señor Segura, tenía que asistir a una comisión en el Congreso de los Diputados -ha habido muchas comisiones y muchas coincidencias-. Por ello, voy a defender el informe que ha elaborado él, en colaboración con los servicios técnicos del Congreso y del Senado.
Como ha dicho el señor presidente, se trata de una directiva sobre protección de datos de personas físicas en materia de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales. Se han elaborado dos informes, y tanto el del Parlamento vasco como el que ha realizado el Gobierno a este fin estiman que la propuesta de directiva respeta el principio de subsidiariedad. No obstante, el informe del Gobierno recomienda que se precise con mayor claridad el significado y alcance del término seguridad nacional a efectos de comprender mejor la directiva. ¿Por qué? Porque el artículo 2 de la directiva excluye la aplicación de esta en el ejercicio de una actividad no comprendida en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión, en particular en lo que respecta a la seguridad nacional, de manera que es imprescindible que se aclare el concepto de seguridad nacional para poder dotar de una mayor seguridad jurídica a esta propuesta europea.
La propuesta que analizamos se basa en el apartado 2 del artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el que se dice que el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos. Asimismo, hay que tener en cuenta que el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea establece que la Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores. La directiva, sobre la base de estos dos artículos, establece el marco en el que se regula el tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes.
Con carácter general el informe que presento estima que este se adecua al principio de subsidiariedad. No en vano ha quedado acreditado que el intercambio de datos entre los Estados miembros de la Unión en materia policial requiere de un cierto grado de homogeneidad para evitar que las trabas burocráticas derivadas de las diferentes legislaciones nacionales dificulten la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de las actividades criminales, como bien establecen ya las decisiones que hemos analizado en esta comisión previamente en el marco del ámbito JAI, Justicia e Interior.
Hay que recordar también que no existe un mecanismo común de consultas entre los Estados miembros en relación con el intercambio de información, de manera que esas decisiones todavía padecen o arrastran un cierto lastre en materia de aplicación de un marco tan importante como este para la definición de nuestro espacio común de Justicia e Interior. Es también positivo y razonable que la propuesta tenga forma de directiva, lo cual permite a cada Estado miembro trasponerla y adaptarla a las peculiaridades de su ordenamiento interior. Asimismo, se puede entender que esta iniciativa contribuye a garantizar un mismo nivel de protección de datos en todos los Estados miembros, porque hay que recordar que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece en su artículo 16.1 como un derecho fundamental de la Unión el derecho a la protección de datos de carácter personal.
Por todos esos elementos, nos parece que está suficientemente justificado el respeto del principio de subsidiariedad. En cualquier caso, es importante enviar a las instituciones comunitarias el mensaje de que se debería precisar el alcance del concepto seguridad nacional para ver cuándo se aplica y cuándo no, ya que es, evidentemente, un concepto ambiguo en su contenido. Así se evitaría crear inseguridad en cuanto a la aplicación de esta cuestión.
Procede ahora, por tanto, la consideración de la comisión respecto de la aprobación del texto de la ponencia, y en este caso con su remisión a la instancia europea que corresponda, toda vez que hacemos una recomendación de la cuestión, como muy bien ha dicho el señor ponente, que tiene que ver con delimitar claramente el significado y alcance del término seguridad nacional.
Antes de eso, ¿desea intervenir algún grupo? (Pausa).
Tiene la palabra el señor Soravilla en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Gracias.
En primer lugar quiero agradecerle al ponente la labor que ha hecho, como siempre. Por parte de nuestro grupo parlamentario creo que estas ponencias no serán objeto de un debate intenso. Y es que normalmente estamos de acuerdo con los ponentes, que además trabajan en nombre de la comisión. En consecuencia, salvo algunos matices, no entraremos en debates de profundidad.
Con respecto al informe que ha defendido el señor Moscoso, quiero hacer únicamente alguna puntualización. En primer lugar, el concepto de seguridad nacional es, efectivamente, un concepto jurídico indeterminado, lo cual deja un ámbito bastante poco conciso y concreto en el que actuar. Lo que ocurre es que el concepto de seguridad nacional es en sí mismo siempre indeterminado, y la prueba está en el propio documento de Solana, presentado como de Estrategia Nacional, en el que tampoco sabemos muy bien de qué estamos hablando.
Probablemente lo que deberíamos hacer es repensar, en el ámbito nacional, un nuevo documento en el que hagamos una concreción más exacta de lo que es la seguridad nacional para poder actuar de alguna manera sobre ella.
Dicho esto, considerando la inseguridad jurídica que, efectivamente, se produce, y teniendo en cuenta que esta propuesta se hace al Consejo, yo, que me siento bastante alejado de todo lo que es la burocracia europea -tengo ese sentido liberal del mundo, desde un viejo navarro que luchó contra los carlistas hasta nuestros días, y dudo siempre de la burocracia-, creo que cuando se hace este tipo de propuesta al final nadie hace caso. Y como el protocolo del que estamos hablando tiene dos partes: una, la subsidiariedad, y otra, la proporcionalidad, lo que sugiero es acudir a la proporcionalidad y decir que proporcionalmente esto no se ajusta realmente porque hay un concepto jurídico indeterminado, con lo que probablemente la Unión Europea podría expandir de alguna forma sus garras burocráticas y ocupar terrenos que no son propios. Y puesto que tenemos dos elementos y dos conceptos, yo lo haría utilizando uno de ellos, que está en el protocolo, porque creo que todo lo que sea sugerir, proponer o animar tendrá un uso bastante limitado.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias por su amabilidad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. La Presidencia entiende que lo que quiere es cambiar parte de la conclusión que se realiza en el informe.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Simplemente lo sugiero, no estoy imponiendo absolutamente nada. Si el ponente considera que ese es el elemento que debe quedar en su conclusión, lo aceptaría de cualquier modo. Lo único que hago es advertir, por experiencia propia, porque ya participé en una cuestión sobre la proporcionalidad
y nadie me hizo caso, que si rebajamos el tono todavía nos van a hacer menos caso.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soravilla.
Tiene la palabra el señor ponente.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Mi opinión, como ponente subsidiario, es que quedan claramente definidas las conclusiones, es decir, el elemento de definición de la seguridad nacional, donde radica el margen de interpretación y de duda sobre el alcance de la directiva. No es tanto una cuestión de proporcionalidad como de que existe un elemento en el artículo 2 de la directiva que permite no aplicarla o que su interpretación sea diferente.
Quizá podríamos hacer otro informe o una moción sobre estas cuestiones, porque es verdad que, a medida que vamos profundizando en el ejercicio de la aplicación de este principio -llevamos tres años con ello-, van surgiendo cuestiones como esta y vamos aprendiendo de la respuesta que obtienen nuestros informes; incluso estamos empezando a meternos en la técnica legislativa comunitaria más de lo que habíamos estado nunca en esta comisión. Por tanto, esa cuestión podría ser objeto de un análisis distinto más adelante. Pero creo que podríamos sacar este texto tal como está.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Estoy completamente de acuerdo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ponente, y gracias, señor Soravilla.
Procedemos, por tanto, a la votación del texto tal y como consta en el informe remitido a todas sus señorías, reiterando que no solo es la aprobación del texto sino también su remisión a los efectos de que se califique el término seguridad nacional.
Entiendo que se puede aprobar por asentimiento. (Asentimiento).
Muchas gracias, señorías. (La señora vicepresidenta, González Veracruz, ocupa la Presidencia).
- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICAN LAS DIRECTIVAS 2000/60/CE Y 2008/105/CE EN CUANTO A LAS SUSTANCIAS PRIORITARIAS EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE AGUAS (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2011) 876 FINAL] [2011/0429 (COD)] [SEC (2011) 1546 FINAL] [SEC (2011) 1547 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000015 y número de expediente del Congreso 282/000086).
La señora VICEPRESIDENTA (González Veracruz): Me toca, por primera vez, hacer las funciones de presidenta.
Pasamos al segundo punto del orden del día, relativo a la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directivas 2000/60 y 2008/105, de la Comisión Europea, en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas.
Se ha presentado un informe por parte del Gobierno y dictámenes de las Cortes de Castilla y León, de la Asamblea de Extremadura y del Parlamento vasco.
Interviene el señor Camps -por eso digo que me toca la función de presidenta-, ponente designado por Mesa y portavoces.
El señor CAMPS DEVESA: Muchas gracias, presidenta.
En efecto, como se ha relacionado, este es el informe de la Comisión Mixta para la Unión Europea sobre la aplicación del principio de subsidiariedad respecto de la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican dos directivas: la 2000/60 y la 2008/105, en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas.
Sé que sus señorías tienen constancia de cuál es el significado de este concepto, pero he de reiterar que cuando hablamos de sustancias prioritarias estamos hablando de productos químicos identificados entre los que representan un riesgo significativo para el medio acuático o a través de este.
Sin lugar a dudas, señorías, la protección del medio ambiente es una competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros, de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión. De ahí se desprende -primera cuestión que tenemos que estudiar- que, en los términos dispuestos por el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, resulta procedente el análisis relativo al cumplimiento de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad de la propuesta objeto del presente informe que estoy presentando.
Como he dicho, esta directiva tiene por objeto la actualización de esa lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, lo que conducirá, en el caso de que la propuesta llegue a entrar en vigor, a una mayor calidad de las aguas en el ámbito del territorio de la Unión Europea.
Señorías, en la medida en que esta directiva pretende completar el marco jurídico de protección de las masas de agua superficiales frente a la contaminación, puede considerarse con carácter general que la propuesta es positiva. Sin lugar a dudas, los efectos sobre nuestro medio ambiente van a resultar más favorables, aunque hay una serie de salvedades que formularé más adelante.
Tal y como se indica en la exposición de la directiva, la contaminación del agua tiene un carácter transfronterizo muy importante. Hay un dato en los propios informes
que acompañan a este que estoy presentando que me parece muy relevante: el 60% del territorio de la Unión Europea consiste en cuencas hidrográficas compartidas y, dado que en las economías de todos los Estados miembros de la Unión Europea se utilizan en mayor o en menor intensidad sustancias que pueden tener un riesgo significativo para la calidad ambiental de las masas acuáticas de la Unión, parece lógico que lograr una completa protección de los recursos hídricos requiere de una acción de las instituciones de la Unión Europea. De ahí que considero que la propuesta de directiva objeto del presente informe cumple adecuadamente con el principio de subsidiariedad, previsto en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea.
Por otro lado, la presente propuesta se limita a la identificación de sustancias prioritarias y al establecimiento de normas de calidad ambiental en el ámbito de la Unión Europea. Esto quiere decir que no se proponen medidas adicionales de la Unión Europea más allá de las que ya están vigentes, de forma que son los Estados miembros los que pueden establecer medidas de protección adicionales, con lo cual, a mi juicio, también puede considerarse que se da cumplimiento al principio de proporcionalidad, que asimismo se nos pide en el presente informe.
En definitiva, señorías, ¿qué es lo que exige tomar medidas? Yo creo que también queda meridianamente claro en los documentos de trabajo de los servicios de la comisión. Son tres las cuestiones que exigen la adopción de estas medidas.
En primer lugar, porque se dispone de una nueva información sobre los riesgos causados por las sustancias prioritarias existentes y los productos químicos nuevos.
En segundo lugar, porque algunos de los productos químicos más peligrosos que ya se encuentran en la lista de sustancias prioritarias o están propuestos para añadirse son -permítanme en este caso una expresión claramente técnica- sustancias persistentes bioacumulables y tóxicas de carácter ubicuo, o sea, en palabras más llanas: productos químicos que, aunque se haya conseguido que sus emisiones se reduzcan de forma muy significativa, siguen estando presentes en los medios acuáticos, con lo cual se exige un esfuerzo mayor en la lucha contra ellos. Y en tercer lugar, son escasos los datos de seguimiento adecuados en los que basar la evolución de la exposición y, por tanto, la asignación de prioridad a sustancias nuevas en futuras revisiones.
Por todo ello, es necesario que el informe sea positivo en tanto que se cumple con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, pero, sin perjuicio de esta valoración positiva, cabe formular una salvedad a la propuesta de modificación de directiva, como he dicho antes: se debe justificar clarísimamente la necesidad de inclusión de cada una de las nuevas sustancias, así como las normas de calidad ambiental correspondientes a las nuevas sustancias o a las presentes que ya se han modificado; y, en relación con ello, puede resultar no conveniente la inclusión de fármacos y sus metabolitos entre las sustancias prioritarias a las que se refiere la comisión. En este sentido, a mi juicio y si así lo entiende la comisión, sería conveniente una recopilación previa de datos que justificaran esta decisión. Por lo tanto, resultaría preferible su inclusión, en primer lugar, en nueva lista, llamada de alerta, en la que se incluirían las sustancias antes de pasar a formar parte de la que se denominaría lista de sustancias prioritarias.
Con todo ello, señorías, la conclusión de este informe es que la Comisión Mixta para la Unión Europea puede secundar esta propuesta de modificación de directiva, puesto que las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas y su tratamiento es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente tratado de la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA (González Veracruz): Muchas gracias, señor Camps.
Pasamos al turno de intervenciones, si así lo consideran los grupos. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a hacer una intervención breve, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para expresar nuestra opinión favorable y nuestro voto de conformidad con el informe elaborado por el ponente de esta comisión, que tiene que ver con una propuesta de modificación de dos directivas europeas en materia de agua, de gran trascendencia para toda la Unión Europea, y específicamente para nuestro país. Se trata de las directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE. En España, cuando se habla de la política de aguas, con frecuencia tenemos que hacer referencia a estas directivas del 2000 y del 2008 porque en ellas se establece el marco legislativo europeo en relación con las políticas de agua; y, por tanto, todas las decisiones que en esta materia toman los distintos Estados -y España no es una excepción- están dirigidas y condicionadas por estas dos directivas.
Es este, pues, un asunto muy importante, que valoramos positivamente porque, en definitiva, mejora y actualiza la legislación europea en cuanto al objetivo de garantizar el mantenimiento del buen estado de las aguas. La propuesta de modificación de la directiva se concreta en una actualización del catálogo de sustancias o productos químicos que presentan riesgos significativos para el medio acuático, para las especies que viven en él -la flora y la fauna acuática-, para el mantenimiento de la biodiversidad de nuestros ríos y, también, porque este tipo de sustancias y su presencia en el medio acuático puede tener -y efectivamente lo tiene- riesgos evidentes para la salud humana. La Directiva 2000/60 establecía treinta y tres sustancias y ahora se incrementa el listado hasta cuarenta y ocho. Se establecen, además, los niveles de contaminación; niveles cuantificados numéricamente que no podrán superarse
para cada sustancia. Y, asimismo, se establece el procedimiento de seguimiento de la identificación de estas sustancias en el medio acuático, tanto en los peces y en la flora, como en los sedimentos y demás sitios donde estas sustancias tienen que ser identificadas. Repito que es un cambio importante y positivo. La actualización de la directiva debe ser un acicate para todos los Estados miembros, y específicamente para España, que tendrán que modificar su legislación nacional. Es más, quedan obligados por las instituciones europeas a comunicar a la Comisión los resultados de las modificaciones y actuaciones que hagan con objeto de mantener limpias y sin contaminantes sus aguas.
A nosotros, y con esto termino, nos obligará a actualizar la legislación, como he dicho. Pero quizá lo más importante sea que nos obligará a llevar las nuevas especificaciones de ausencia de contaminación a los planes hidrológicos de cuenca, la responsabilidad de cuya presentación el Gobierno español debería asumir, con el fin de aprobarlos en el plazo más breve posible. El Gobierno anterior ultimó todo el trabajo de planificación de dichos planes de cuenca; están prácticamente finalizados en todas las demarcaciones hidrográficas y listos para ser expuestos a debate público para su posterior aprobación. El Grupo Parlamentario Socialista desearía que el Gobierno de España recogiera todo el trabajo científico y técnico que se ha realizado, de modo que los planes se aprobaran en el plazo más breve posible incluyendo, lógicamente, entre sus especificaciones estos niveles de contaminación que no podrán superarse en ningún caso.
Por mi parte, nada más. Le felicitamos al ponente por su trabajo y reiteramos nuestra posición favorable al informe que ha propuesto.
La señora VICEPRESIDENTA (González Veracruz): Muchas gracias, señor Alonso.
A continuación, procede que la comisión apruebe el texto de la ponencia para su remisión a las instituciones europeas. ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Asentimiento).
Queda aprobado. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
- SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO EUROPEO EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente del Senado 663/000001 y número de expediente del Congreso 161/000157).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día de la sesión y, por tanto, corresponde entrar en el debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley.
En primer lugar, procede el debate de la que consta como número tres en el orden del día: la proposición no de ley sobre el cumplimiento del Derecho europeo en España.
Se han presentado dos enmiendas de los grupos parlamentarios Popular y Socialista; pero, en primer lugar, va a intervenir, para defender la iniciativa, el portavoz del grupo parlamentario proponente, por un tiempo de diez minutos. En este caso, tiene la palabra doña Irene Lozano Domingo.
Mi grupo trae aquí para su debate y votación un asunto que viene de lejos. Es uno de esos episodios anómalos de la vida política española que voy a tratar de resumir de forma muy sucinta.
España es un país -no es el único, les suele ocurrir a los países más descentralizados- que incumple reiteradamente el Derecho europeo, por lo que ha sido penalizado en múltiples ocasiones. La singularidad de España reside en que los sucesivos gobiernos no han tomado medidas para impedir este incumplimiento. El nuestro es un país que no tiene bien resuelta esta cuestión y, mediante esta proposición no de ley, se trata de buscar una fórmula que garantice que las directivas se trasponen en plazo y de forma no defectuosa, que no permanecen en vigor disposiciones internas contrarias a las directivas, que no se ejecutan estas directivas de forma defectuosa, bien porque no se adoptan las medidas necesarias, bien porque se mantienen actos incompatibles con el Derecho de la Unión Europea, especialmente en lo referido a ayudas estatales... En fin, son muchas las modalidades de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso que se han ido dando a lo largo del tiempo.
Una vez constatado este problema, en el año 2009 el Gobierno encargó un informe al Consejo de Estado para abordarlo, y este elaboró un informe de más de trescientas páginas. Ciertamente, se trata de un informe muy exhaustivo y riguroso sobre el asunto, que analiza las distintas soluciones y problemas, del que citaré solamente la conclusión, para no alargarme demasiado. Dice literalmente el informe del Consejo de Estado: "A la vista de las consideraciones realizadas, se sugiere la aprobación de una ley para la garantía del cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, en la que de modo unitario se regulen, tanto los medios de prevención y reacción frente al incumplimiento del ordenamiento europeo, como los mecanismos de repercusión de la responsabilidad del Estado en los entes incumplidores." Es decir, el Consejo de Estado nos indica el camino que debería tomar esa ley, al señalar que hay que actuar, tanto en la prevención del incumplimiento del Derecho europeo, como en la reacción cuando este ya se ha producido, cuando ya ha finalizado el plazo para trasponer una directiva, o en el sentido de que los entes incumplidores
asuman su responsabilidad en el incumplimiento y sean ellos los que se hagan cargo de las sanciones correspondientes y sea el Estado el que les transfiera la penalización.
Dice el Consejo de Estado además que el artículo 149 de la Constitución, puesto en relación con el 93, ofrece fundamento constitucional suficiente para la aprobación de una ley de las características indicadas; es decir, que esta reforma legal podría hacerse dentro de los límites de la Constitución. Asimismo, recomienda utilizar el procedimiento legislativo de la ley ordinaria "ya que -dice- la materia regulada no es una de las reservadas a la ley orgánica sin perjuicio de que, respecto de los mecanismos de repercusión de las responsabilidades económicas, no deba descartarse la utilización de la ley orgánica." En resumen, con esta extensa cita del informe del Consejo de Estado se pretende subrayar que el problema está bastante definido, bastante analizado, y que los miembros del Consejo de Estado han propuesto incluso fórmulas para solucionarlo.
Sin embargo, con este informe, que el Gobierno anterior tuvo en su mano desde el año 2010, no se ha hecho nada. Por eso mi grupo parlamentario considera que, casi dos años después de la elaboración de este informe, es una obligación de las fuerzas políticas resolver esta cuestión de una vez por todas y acometer esta reforma legal, puesto que a nadie benefician estos incumplimientos reiterados de España: ni a las comunidades autónomas, que son las incumplidoras más frecuentes, ni a los ayuntamientos, ni mucho menos al Estado, que tiene que hacerse cargo de ellos. Simplemente se trata de resolver la tensión entre la consideración del Estado miembro de la Unión Europea como único responsable en el plano internacional, de un lado, y la distribución interna de competencias según el ordenamiento de dicho Estado, de otro. Se trata de resolver este problema, esta tensión que figura en nuestro ordenamiento jurídico desde hace mucho tiempo. Creemos necesario llevar a cabo esta reforma legal que propone el Consejo de Estado, y que se apruebe una ley que incluya medidas de prevención, de reacción y de sanción cuando el incumplimiento haya tenido lugar.
Por último, quiero subrayar, señorías, que no estamos ante una cuestión menor ni ante una disquisición jurídica para eruditos. Tienen enorme relevancia los ámbitos en los que se concentran gran parte de las condenas al Reino de España, que son, por este orden: el mercado interior, la protección a los consumidores, el empleo y los asuntos sociales, la contratación del sector público, las ayudas declaradas incompatibles con el derecho de la UE, impuestos y aduanas, y medio ambiente. En todos estos capítulos el Reino de España tiene condenas por incumplimiento del Derecho.
Planteamos una PNL para resolver este asunto y, puesto que ha habido gran interés, tanto por parte del Grupo Parlamentario Popular como del Socialista, en resolver esta cuestión conjuntamente, hemos pactado una transaccional que en unos minutos se repartirá a los grupos parlamentarios para que la lean, y que será la que finalmente se vote.
A continuación, y también por tiempo de diez minutos, intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, por su orden de presentación.
Así, en primer lugar, tiene la palabra el señor Pintado, por el Grupo Parlamentario Popular.
En relación con esta iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario de UPyD, y tal como ha dicho su portavoz, hemos llegado a un acuerdo. Una vez valorado el prolijo y profundo informe del Consejo de Estado, en el que se marcan una serie de pautas para su desarrollo, el Grupo Parlamentario Popular propone en la Comisión Mixta para la Unión Europea que se solicite al Gobierno que diga cuál es su postura, cuál es la experiencia hasta ahora o cuál es la tipología de las infracciones; es decir, una serie de elementos, como las alegaciones que se han presentado, la resolución final de estas y las propuestas de mejora o de eficacia, para que, en el caso de que se llegue a hacer una legislación concreta al respecto, tal como indica el Consejo de Estado, se pueda contar con el mayor número de datos.
La entrada de España en las Comunidades Europeas ha ocasionado profundos cambios en la estructura de nuestro ordenamiento jurídico, y el cuerpo de normas ha seguido creciendo hasta afectar incluso al Derecho primario, especialmente tras la entrada de España en la Unión Europea. Se trata, no solo de armonizar nuestro Derecho con el Derecho comunitario, sino también de armonizar lo que atañe a las demás administraciones públicas españolas. De aquí deviene la necesidad y obligación de la que trae causa la iniciativa que nos ha presentado UPyD, en relación con los deberes, las responsabilidades y las obligaciones, y con los efectos que el cumplimiento o incumplimiento tiene sobre el Estado. Necesitamos garantizar el pleno cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho europeo y, a la vez, el respeto a los principios constitucionales de legalidad, jerarquía, publicidad y seguridad jurídica.
En el amplio y prolijo informe al que hacía referencia anteriormente, que se elaboró a instancias del Gobierno anterior, y una vez analizados los distintos mecanismos de financiación de las comunidades autónomas, para regular de forma más explícita las fórmulas que hagan operativo el principio de responsabilidad derivado de ese eventual incumplimiento, se demuestra y se aprecia que ya existen una serie de elementos, como pueden ser los que emanan de la disposición adicional primera de la Ley 53/2002, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en la que se hablaba ya de la compensación y deducción de determinadas deudas de las comunidades
autónomas. No voy a entrar en el desarrollo del informe, aunque me parece muy interesante su análisis de las posibilidades que tenemos en el marco de la Constitución, refiriéndose a los artículos 149.3 y 150, sobre las leyes de armonización entre las comunidades autónomas, que podríamos desarrollar más ampliamente.
No sé si ha comentado la portavoz de UPyD el intento del Gobierno, durante la legislatura pasada, de incluir una disposición adicional en la Ley de Economía Sostenible para desarrollar la aplicación de la repercusión de las posibles infracciones. Para el Partido Popular hay dos aspectos muy importantes en este asunto: uno es la repercusión de las eventuales sanciones, y otro, tan importante como este, la prevención para que esas infracciones no se produzcan. Por eso le solicitamos al Gobierno que, en un plazo de tres meses, nos envíe documentación para que podamos conocer, de la forma más amplia posible, su postura al respecto.
Si hacemos un repaso somero de los mecanismos de que disponemos en la actualidad, contamos con la competencia estatal sobre relaciones internacionales del artículo 149.1, con la utilización de los títulos competenciales transversales y básicos, con la supletoriedad del Derecho estatal, con las leyes de armonización a las que antes he hecho referencia, e incluso con el artículo 155 de la Constitución, calificado como extraordinario y previsto para casos de especial gravedad. Otras posibilidades son: el recurso de inconstitucionalidad, el conflicto de competencias que recoge el artículo 61.1 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, y las impugnaciones al amparo del artículo 161.2; además, lógicamente, de la utilización de la vía contencioso-administrativa. Es decir, que en nuestra legislación hay un acervo normativo que se ha desarrollado durante nuestra integración en la Unión Europea, y nos parece que puede haber llegado el momento de reflejar con claridad, en una norma, tal como nos sugiere el Consejo de Estado, no solo los objetivos sino también los mecanismos para establecer las repercusiones, y especialmente, como decía anteriormente, la prevención de las infracciones, para evitar que se produzcan.
Esperamos disponer del texto que hemos pactado con el grupo proponente y con el Grupo Parlamentario Socialista, para pasar a su votación.
Para la presentación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui.
Efectivamente, creo que ya estamos en condiciones de entregar a todos los miembros de la comisión, y por supuesto a los demás grupos parlamentarios, a los que todavía no les hemos informado adecuadamente, el texto que proponemos como enmienda transaccional, para que estos últimos se puedan incorporar a él.
En nuestra opinión, la PNL de UPyD hace referencia a una cuestión no menor, que tiene una doble importancia. En primer lugar, se refiere a algo que quizá todavía no se ha comentado y que forma parte de lo que llamaríamos la integración en nuestro ordenamiento jurídico del Derecho europeo como fuente de Derecho. Es decir, que antes de entrar en el problema que más específicamente aborda la PNL, que es lo que ocurre cuando una Administración, autonómica o local, no cumple el Derecho europeo y, por tanto, sancionan al Reino de España -un problema bien importante-, tenemos otro aún mayor, que ya ha sido objeto de reflexión del Consejo de Estado: la integración en nuestra Constitución del Derecho europeo como fuente de Derecho de nuestro ordenamiento jurídico. Como ustedes recordarán, el informe del Consejo de Estado sobre la reforma constitucional -no sobre este problema- ya abordó esta materia, reconociendo la necesidad de que nuestra ley de leyes, nuestro texto constitucional, incorpore algunos preceptos que reconozcan el hecho del Derecho europeo como fuente de nuestro Derecho en lo que llamaríamos los estamentos, los niveles jerárquicos de nuestro ordenamiento jurídico. Este problema está sin resolver; este tema es de calado; y, cuando hagamos una reforma constitucional, habrá que hacer probablemente un abordaje importante de él: de la integración del Derecho europeo en nuestro ordenamiento jurídico. Esta cuestión no la abordamos aquí, pero me parece importante citarla.
En segundo lugar, ciertamente hay un problema -se viene produciendo desde hace ya algunos meses, incluso algunos años- con lo que se ha llamado el incumplimiento de las normas o de las obligaciones que el Reino de España tiene como parte de la Unión Europea. Y sobre este problema, el informe del Consejo de Estado del año 2009 -creo recordar- establece, como decía la señora Lozano, la posibilidad de que el Gobierno de España establezca una ley, quizás orgánica, para ordenar el cumplimiento y para ordenar las responsabilidades en esta materia. Pues bien, les recuerdo que esa ley ya existe, independientemente de que guste más o guste menos. Recuerden que la Ley de Economía Sostenible, de marzo de 2011, aborda en su disposición adicional primera exactamente este problema. Que lo haga al gusto de todos es otra cuestión, yo no quiero ahora entrar en eso; pero no me parece lógico que analicemos este debate sin recordar que dicha disposición adicional dice literalmente: "Las Administraciones Públicas... que, en el ejercicio de sus competencias, incumplieran obligaciones derivadas de normas del derecho de la Unión Europea dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones europeas, asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se devenguen de tal incumplimiento..." -punto número 1-. Punto número 2: El Consejo de Ministros dará audiencia a esa entidad, a esa Administración,
comunidad autónoma o entidad local -"entidad afectada", dice la ley-, para declarar la responsabilidad por dicho incumplimiento y acordar, en su caso, la compensación de dicha deuda con las cantidades que deba transferir el Estado a la Administración o entidad incumplidora.
Es decir, que el tema está abordado, y conviene que lo sepamos. ¿Por qué? Porque en el mes de marzo del año pasado, aprovechando la Ley de Economía Sostenible, el Gobierno señaló la necesidad de un precepto legal que desarrollara el informe del Consejo de Estado de esta manera. ¿Lo hace de manera suficiente? Quizás no; quizás no, pero, atención: esta ley existe. Ya actualmente, en el caso de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento que haya incumplido Derecho comunitario y que ese incumplimiento sea objeto de sanción al Reino de España, el Gobierno compensa en sus balances económicos con esa comunidad esa sanción. Eso que quede claro.
Por eso, como nosotros compartimos el criterio que ha establecido la señora Lozano en su propuesta y también la propuesta de enmienda que ha planteado el Grupo Popular, hemos acordado una solución al problema, que se recoge en dos párrafos. Y como ahora ustedes ya tienen el texto, me permito explicarles lo que mis compañeras quizás no han podido hacer, porque no lo tenían todavía. ¿Qué hemos hechos? En el primer párrafo recogemos una parte de la enmienda que había presentado el Grupo Socialista, instando al Gobierno a asegurar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea -obligación que sí corresponde al Reino de España-; la adecuada transposición de las directivas -también-; así como la determinación de los mecanismos de prevención y responsabilidad por incumplimiento del Derecho Europeo, tanto desde una perspectiva general como teniendo en cuenta la realidad de nuestro sistema autonómico, podríamos haber dicho, mejor que descentralizado; informando ante esta comisión de las medidas que, en su caso, piensa adoptar. Y ahora viene la segunda parte, que plantea el Grupo Popular, que me parece que es una enmienda bien traída, porque compromete al Gobierno a concretar cuáles son esas medidas en un plazo de tres meses. En este punto, aprovecho para decir, que el señor Pintado no lo ha dicho, que es un compromiso que honra al grupo que apoya al Gobierno, porque, efectivamente, compromete en el tiempo a su propio Gobierno y le exige que nos presente un informe sobre los procesos de infracción que existen ya en este momento -cosa que también viene bien saber-, que contenga una serie de aspectos: tipología de las infracciones, organismo o Administración incumplidora, alegaciones presentadas y resolución final, así como las propuestas para la mejora de la eficacia de la aplicación del Derecho europeo en nuestro país; es decir, lo que yo interpreto que sería, en su caso, un desarrollo distinto o complementario de la propia legal que actualmente existe en la Ley de Economía Sostenible.
Eso es todo, señorías. Por nuestra parte, pues, coincidimos en el espíritu y nos congratulamos por que hayamos podido alcanzar un texto en común, que espero sirva a todos los grupos.
Corresponde ahora que los grupos que no han presentado enmiendas y quieran hacer uso del turno que les podría corresponder, lo hagan.
En primer lugar, de los que han pedido la palabra y de menor a mayor, le corresponde la palabra al señor Sabaté, por el Grupo Entesa.
El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente. Señorías, con brevedad.
La obligación por parte de todas las administraciones del cumplimiento del Derecho comunitario, del Derecho de la Unión Europea, es evidente en sí misma y ni tan siquiera haría falta una proposición no de ley, ni regularla legalmente. En cualquier caso, estamos de acuerdo en que es necesario hacerlo, no puede ser de otra manera, y sin duda la enmienda transaccional, que instando al Gobierno a emitir un informe, mejora el texto de la propia proposición no de ley.
Si bien estamos de acuerdo en la necesidad de cumplir el Derecho, como debe ser, detectamos en el espíritu de la proposición no de ley de Unión Progreso y Democracia un cierto recelo hacia las comunidades autónomas, hacia la naturaleza autonómica del Estado español, y eso nos preocupa; existe el intento de decir que las incumplidoras son las comunidades autónomas, el Estado tiene que vigilarlas y tiene que exigirles que cumplan, porque no cumplen. Entendemos que todas las administraciones son responsables. Sin duda es necesario, como muy bien decía el portavoz socialista -y lo recoge la ley- que, en caso de sanciones, estas repercutan sobre las administraciones incumplidoras que las han motivado; pero no hay por qué recelar más de las comunidades autónomas que de cualquier otra Administración o de la del Estado en cuanto al cumplimiento del Derecho comunitario, del Derecho de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Sabaté.
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra la señora Parera.
Hablaba la portavoz de UPyD de la existencia de un informe del Consejo de Europa. Yo quisiera recalcar otro contenido, un poco distinto del que ella ha explicado de este informe del Consejo de Europa. (Varias señoras y
señores senadores y diputados: ¡Consejo de Estado!) Sí, perdón, Consejo de Estado (Risas). Perdón por la confusión. (Risas). Decía que en este informe se especifica que la existencia de una regulación europea no modifica la distribución interna de competencias que establecen tanto la Constitución como el estatuto de autonomía; por tanto, es evidente que tiene que haber un respeto por encima de todo a las competencias de las comunidades autónomas. Y manifiesta también en sus sugerencias o en sus recomendaciones la conveniencia de promover medidas que refuercen la cooperación y la colaboración entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Creo que las palabras clave aquí son cooperación y colaboración, y nos preocupa un poco que, si esto se hace a través de un proyecto de ley, quedemos en una situación en la que el Estado imponga a las comunidades autónomas. Es evidente que se necesita una mejora del cumplimiento del Derecho europeo; no obstante, este cumplimiento debe venir más por el diálogo y la colaboración, que no por la imposición.
Después de haber leído la enmienda transaccional que han presentado todos los grupos, creo que se mejora bastante la proposición no de ley presentada en un principio. No obstante, me gustaría hacer una petición específica: que se hiciese en esa enmienda transaccional una referencia específica a las comunidades autónomas, a sus competencias y a la obligación del Gobierno de consultarles sobre todo tipo de medidas que vaya a adoptar.
Simplemente quería añadir esto. Muchas gracias.
A la Mesa ha llegado una enmienda transaccional firmada por los enmendantes junto con el grupo proponente. No sé si la portavoz del grupo proponente quiere hacer alguna referencia a la última consideración que ha hecho la señora Parera o en los términos en que ha sido presentada a la Mesa sería como se votaría la enmienda transaccional.
La señora LOZANO DOMINGO: Se votaría en los términos en que se ha presentado, porque la alusión a la realidad del sistema descentralizado ya figura y consideramos que no es necesario añadir nada más.
Por tanto, en los términos en que ha sido presentada la enmienda transaccional, se procede a someterla a votación.
- SOBRE DESARROLLO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA EN RELACIÓN A LA PRESENCIA DE CATALUÑA EN LA UNIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente del Senado 663/000002 y número de expediente del Congreso 161/000274).
El señor PRESIDENTE: Procedemos ahora al debate del último punto del orden del día: Proposición no de Ley sobre desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación a la presencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña en la Unión Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
En primer lugar, para su defensa intervendrá como portavoz del grupo parlamentario proponente, por un tiempo de diez minutos, el señor don Alfred Bosch.
Como componente del Grupo Parlamentario Mixto en el Congreso de los Diputados en esta comisión mixta, pero también como portavoz de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, nuestra coalición, quisiera agradecer la oportunidad de defender esta proposición no de ley en esta instancia.
Nosotros creemos, no solo creemos, sino que estamos convencidos, que Cataluña debe participar de modo activo y directo en la Unión Europea. Así lo indica la práctica habitual en Estados descentralizados, como Reino Unido, Alemania, Bélgica, entre otros, miembros de la Unión Europa. Y, además, es que así lo marca la ley española, en concreto el Estatuto de Cataluña de 2006, que es ley orgánica española. Pero también lo impone la lógica, al menos en todas aquellas competencias en las que Cataluña tiene exclusividad en términos legislativos o ejecutivos. Ustedes, tal vez, dirán que ya hay representantes de la Generalitat de Catalunya en la representación permanente del Gobierno español ante la Unión Europea. Eso es cierto, pero eso sería como meter un pie en el agua sin decidirse a tomar el baño entero. Nosotros lo que solicitamos es que se cumpla la ley en toda su integridad y no solo una parte simbólica de lo que marca la legislación vigente. No se está cumpliendo, por ejemplo, cuando hace poco se discutió la Red Transeuropea de Transportes, incluyendo los corredores de transportes que harían la conexión de la Península con el resto de la Unión Europea, el Gobierno de Cataluña no pudo participar en la defensa del corredor del Mediterráneo. Y esa falta de participación, además, se suplió con algunos delirios del Gobierno español, con el célebre corredor central, y el consiguiente e inevitable ridículo por el portazo europeo a esa propuesta española que era extemporánea,estaba fuera de plazo y que ya fue discutida en su día y descartada. Tomamos nota de esa opción, que pasa por excluir a los que legítimamente tienen que defender una propuesta lógica y razonable, aceptada por
la Unión Europea, y la inclusión de una propuesta que, en su día, la misma Unión Europea ya descartó. Tomamos nota de eso.
También en los casos de la Política Agrícola Común y de la Política Pesquera ha sucedido algo similar, con el agravante de que en ese terreno Cataluña tiene competencias exclusivas en ambas materias y no ha podido participar en las importantes reformas en curso. El Gobierno español, en cambio, ahí sí que tiene la palabra y la tiene en asuntos que después no podrá ni diseñar, ni aplicar. Esa es una curiosa manera de gobernar, desde la desconfianza y desde la falta de respeto a las competencias marcadas para cada Administración. Y también tomamos nota de esa desconfianza.
Otro caso flagrante, a nuestro entender, sería el de la Unesco y otros foros de tipo cultural y de cooperación internacional en el terreno cultural, como la Unión Latina o la Francofonía. Son organismos que admiten la participación -ya la han admitido y se está produciendo- de entes, de administraciones no estatales. Pero el Gobierno de España, a pesar de lo que marca el Estatuto de Cataluña y de lo que estaba pactado, no ha permitido el acceso previsto del Gobierno catalán o de cualquier otro Gobierno autónomo, a pesar de los competencias exclusivas en materia cultural y educativa del Ejecutivo catalán. Por tanto, ahí se está incumpliendo la ley, una ley orgánica y se está incumpliendo una lógica política, que marca la cooperación y la confianza entre administraciones, y, además, se está incumpliendo también el sentido común en el terreno cultural, que dice que si hay una cultura singular, es lógico que tenga su representación directa en foros culturales internacionales, como puede ser la Unesco. Tomamos nota también de estos tres incumplimientos.
Ya que estamos, señalemos también el culebrón sobre la lengua catalana y su oficialidad, solicitada en Europa. Algunos dirán que no tenemos razón, puesto que el catalán no es un idioma cooficial en el Reino de España en su totalidad y que, por lo tanto, no debería aplicarse, porque lo que no se aplica en el Estado no debería extrapolarse a Europa. Creemos que ese razonamiento no tiene ningún sentido. La Unión Europea nace como una Unión multilingüe -por cierto, muy multilingüe- y no tiene ningún sentido que una cultura y una lengua con el amplísimo arraigo que tiene el catalán en diversos Estados europeos no tenga la posibilidad de ser utilizada, por ejemplo, en el Parlamento Europeo.
España, desgraciadamente, no nace como un Estado multilingüe, lo que podría explicar esa diferencia que, a nuestro entender, también marca posibilidades y políticas diferentes. De hecho, no solo España no nace como un Estado multilingüe, sino que no se reforma como tal y que, incluso, retrocede, y lo hemos visto últimamente con lo que está sucediendo en esta misma Casa, en el Senado español, donde algunos tímidos progresos que se habían producido en su momento, ahora se están cuestionando y seguramente se producirá, se sancionará y se cumplirá ese anunciado retroceso.
Además, los partidos españoles, los dos grandes partidos españoles, han hecho una campaña colosal a favor del Estado propio y de la independencia de Cataluña. Y me explico. Una mención de honor especial merecería el longevo vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal-Quadras, que ha hecho todo lo posible por obstaculizar durante muchos años el uso de la lengua catalana en el foro europeo y, recientemente, se le ha unido el vicepresidente Martínez, en este caso no ya del PP, sino del PSOE, que ha calificado el uso del catalán en el Europarlamento como una broma, que no es razonable ni viable, con lo cual, aquí parece que estamos ante el monta tanto, tanto monta, PP y PSOE machacando. Y yo aquí quisiera, respecto a esas expresiones que, en algún caso, rozan el insulto y caen de pleno en la injuria, los compañeros de partido de Alejo Vidal-Quadras y, sobre todo, del señor Martínez, nos dijeran si comparten esa posición y si esa posición de considerar esa posibilidad una broma, inviable y poco razonable, también la suscriben.
Nosotros interpretamos que todo esto tiene una explicación y que tiene un motor que lo alimenta, que es el nacionalismo español monolingüe y etnocéntrico que no admite diferencias y que sí las admitiría, por ejemplo, si Andorra entrara en la Unión Europea y con 50 000 habitantes, ese Estado, pequeño -un microestado con 50 000 habitantes- haría posible el uso del catalán como idioma oficial en la Unión Europea, pero no con los 14 millones de ciudadanos que en el Estado español tienen el catalán como lengua oficial o cooficial. A nuestro entender, esto es fruto de un nacionalismo excluyente, identitario, que está dispuesto a llegar hasta el incumplimiento de la ley, incluso de una ley orgánica, para aplicar sus convicciones. Eso sí que para nosotros es una broma, que no es ni razonable, ni viable, políticamente hablando.
En cualquier caso, tenemos la lección aprendida. Ustedes, representantes del Partido Popular, y también del Partido Socialista, nos lo van demostrando un día tras otro, porque es una lección muy sencilla. Hasta que no seamos como Malta, Luxemburgo, Chipre, Holanda o Dinamarca; hasta que no tengamos un Estado, no tendremos plenos derechos ciudadanos, tampoco en la Unión Europea ni con nuestro idioma ni con nuestras necesidades y competencias, ya admitidas y consagradas; hasta que no dispongamos de un Estado independiente, no seremos normales ni respetados en la Unión Europea. Esa es la lección, ese es el mensaje. Por tanto, les agradecemos, de hecho, que nos lo hayan dejado tan claro, y solo les pedimos que sean coherentes con lo que propugnan para España: una lengua, una nación, un Estado dentro de la Unión Europea. Tomamos nota de eso y también de que eso tiene sus implicaciones que nos llevan a nosotros a querer y a trabajar para salir de este reino.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Bosch.
A continuación, pueden hacer uso de la palabra los portavoces de los distintos grupos, como saben ustedes, de menor a mayor.
¿Qué portavoces van a desear hacer uso de la palabra? (Pausa).
En primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
Quiero hacer unas consideraciones sobre la intervención del señor Bosch, antes de entrar de lleno en la proposición no de ley.
Nunca he terminado de comprender ese discurso victimista respecto a la lengua catalana, que es una gran lengua de cultura europea, porque simultáneamente reivindica el que es una lengua mayoritaria -lo ha dicho usted cuando lo ha comparado con el caso de Andorra-, y es una lengua mayoritaria hablada por 7 u 8 millones de hablantes, según cómo se cuenten, y al misto tiempo adopta un tono victimista respecto a que la lengua tuviera una posición minoritaria, en el sentido de que sus hablantes no tuvieran garantizados sus derechos, cosa que no es cierta. Pero, en cualquier caso, lo que es muy difícil de sostener simultáneamente es que la posición de la lengua catalana es mayoritaria y minoritaria al mismo tiempo. Creo que hablar de un nacionalismo español, que probablemente lo habrá -yo, desde luego, no me he dado por aludida-, pero que, en cualquier caso, pretende defender una lengua, una nación y una etnia, cuando es evidente que la forma de nuestro Estado no es esa, es una visión distorsionada de la realidad.
La reivindicación de su grupo es la de un Estado basado en razones étnicas, con las que no estoy de acuerdo ni puedo estarlo nunca.
Y, en concreto, respecto a la proposición no de ley que traen hoy aquí para su debate y para su aprobación, consideramos que, en primer lugar, reaviva el debate sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que ya, en su momento, fue un debate volcánico y que polarizó en gran medida a la sociedad española, y nosotros consideramos que no es el momento de reabrirlo. Por otro lado, muchos de los puntos invaden la competencia que el Estado tiene de forma exclusiva para la política exterior, como es el caso de los puntos 2, 3, 4, 6 y 7 etcétera, en fin, varios de ellos.
Se habla de los intereses, entre comillas, de Cataluña de una forma genérica y como si esos intereses fueran de un solo cuerpo, sin tener en cuenta el pluralismo de la sociedad catalana, lo cual sí es un reflejo de una visión nacionalista monolítica, que no se corresponde con la realidad, pero es que, al mismo tiempo, esos intereses que pueda tener Cataluña, si existieran como tales, habría que ponerlos en relación y en equilibrio con los intereses de los ciudadanos de otras comunidades autónomas que pueden verse afectados por decisiones que se tomen relativas a Cataluña. La obligación del Estado, precisamente, es armonizar y conjugar todos esos intereses en beneficio de la mayoría.
Algunos de los puntos que plantea esta proposición no de ley ya están resueltos y ya son prácticas habituales, por ejemplo, el punto 4, relativo a la participación de la Generalitat en la formación de las posiciones del Estado, que lo he citado antes erróneamente, cuando me refería a que invade competencias del Estado. También los puntos 11 y 12 son prácticas ya habituales en la existencia de relaciones de la Generalitat con el Parlamento Europeo o la participación del Parlamento catalán en los procedimientos de control de los principios de subsidiariedad.
Y, por último, en algunos puntos estamos de acuerdo. Por ejemplo, en el punto 13, relativo a garantizar que la Generalitat aplique y ejecute el derecho de la Unión Europea, es la misma idea que acabamos de debatir en relación a la proposición no de ley, presentada por mi grupo. Y en cuanto al punto 16, garantizar la gestión de los fondos europeos en materias de su competencia, también estamos de acuerdo.
Por lo tanto, si es posible, si acepta el proponente o la Mesa que los puntos 13 y 16 se voten separadamente, mi grupo estaría dispuesto a apoyarlos; no así el resto de los puntos de esta proposición no de ley.
Señorías, es bien cierto que el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, actualmente vigente, aprobado bajo presidencia socialista de la Generalitat de Cataluña y que contó con un amplísimo respaldo del Parlamento catalán, no en ese caso con el apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya, significó un avance extraordinario en el autogobierno de Cataluña y un impulso importante a la presencia de Cataluña en las instituciones de la Unión Europea. A partir de aquí, es evidente que todo lo que sea impulsar el cumplimiento del Estatut, el cumplimiento de la ley, y avanzar en esta dirección, por parte de nuestro grupo, la Entesa pel Progrés de Catalunya, el Grupo Catalán en esta Cámara, en el Senado, va a contar con nuestro apoyo.
También es cierto, sin embargo, como decía la portavoz de Unión Progreso y Democracia, que la actual proposición no de ley aborda aspectos en los que se pide al Gobierno que avance en esta dirección y, por otra parte, hace alusión a aspectos que ya se están cumpliendo en este momento; el propio punto 12 habla de la participación del Parlamento de Cataluña en los procedimientos de control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los cuales esta comisión tiene un protagonismo importante y que deriva de una modificación
legislativa que se hizo en su momento para adaptarnos al nuevo Tratado de la Unión. Por lo tanto, es una proposición no de ley, suponemos bienintencionada y, por eso, compartimos esa intención y la votaremos favorablemente, pero, sin duda, sería mejorable su redactado y sería deseable su adecuación a las circunstancias existentes.
En cualquier caso, insisto y acabo, nuestro grupo va a votar favorablemente porque todo lo que sea instar al Gobierno a avanzar en el cumplimiento de la ley y, sobre todo, a garantizar esa presencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña en las instituciones europeas, por supuesto, forma parte de nuestro ideario político y tiene nuestro voto favorable.
Simplemente quiero manifestar nuestro acuerdo y nuestro voto favorable a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Parera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui.
Yo querría empezar por explicar una cierta perplejidad de nuestro grupo con esta proposición, puesto que el contenido en sí mismo no nos ofrece particulares contradicciones porque, como usted sabe muy bien, señor Bosch y señorías, el texto corresponde con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, obviamente un texto del que somos particularmente protagonistas; pero hay tres precisiones que querría hacerle, señor Bosch, a la hora de exponer la posición de mi grupo.
La primera es esta -yo respeto su discurso- obsesión por colocarnos en igualdad de posiciones con el Partido Popular, con el que tenemos coincidencias y diferencias, como todos, pero en esta materia, en concreto, no parece muy justa, si usted me lo permite, porque, ciertamente, en el tema del Estatuto de Cataluña, que es el origen de esta PNL y que es la que da fundamento a sus peticiones, usted sabe mejor que yo que tenemos enormes diferencias políticas, respetando las que el Partido Popular adoptó en su día, pero en relación con el Estatuto de Cataluña, por favor, sea usted un poco más justo, porque el Partido Socialista ha sido el impulsor y el protagonista, junto al Parlamento de Cataluña, de este Estatuto, que da lugar a este conjunto de reivindicaciones.
El Partido Popular estuvo en contra y recurrió al Tribunal Constitucional, especialmente contra todos los artículos de este Estatuto que dan lugar a esta materia, el Capítulo II del Título V, que se refiere a todo lo que llamaríamos la participación de las comunidades, en este caso, de la Generalitat de Cataluña, en las cuestiones europeas. Fíjese qué diferencia.
En segundo lugar, es poco razonable, en términos de dialéctica política, venir a una Cámara a solicitar el apoyo de los grupos parlamentarios y previamente hacer un discurso tan absolutamente crítico contra los que se reclama el apoyo a una determinada proposición que, en algunos casos, incluso roza el insulto. Usted tiene todo el derecho del mundo a expresar sus posiciones y a defenderlas como quiera, pero no parece muy justo ni muy lógico reivindicar que el Grupo Socialista apoye su posición con un discurso que nos coloca literalmente en las antípodas a efectos de una defensa común de un texto que usted pretende que apoyemos.
Quiero decirle también que se nos reclama el apoyo al Estatuto por un partido que justamente no lo apoyó, y usted me permitirá que haga esta precisión, puesto que la posición política de Esquerra Republicana fue totalmente contraria no solo a esta sino a todas las disposiciones del Estatuto. Ahora viene usted -y tiene todo el derecho del mundo- a reclamar su cumplimiento, pero permítame que algunos digamos que este texto lo aprobamos nosotros y ustedes estuvieron en contra. Es la tercera precisión que conviene recordar.
La cuarta precisión es que este texto ya se presentó en el Congreso de los Diputados, lo hizo el señor Tardà en el año 2009, y entonces acordamos una respuesta a ese problema que parece mucho más lógica que la que usted plantea ahora reproduciendo la misma proposición no de ley. En ese momento -se lo recuerdo porque usted no estaba y no tiene por qué saberlo- se acordó un texto transaccional por medio del cual la Comisión Mixta para la Unión Europea reclamaba la necesidad de impulsar, desarrollar y cumplir la ley orgánica del estatuto de autonomía, acelerar los trabajos en el marco de la comisión bilateral, porque hay una comisión bilateral para estos temas que se creó específicamente, hay una relación bilateral con Cataluña para el desarrollo de temas europeos, y se reclamaba al Gobierno que compareciera para dar cuenta. Pues bien, justamente eso es lo que hizo el señor que está detrás de mí, porque el señor López Garrido compareció en el año 2010 y dio cumplida cuenta de lo mucho que se ha avanzado en esta materia, señor Bosch.
Este es el camino correcto, más allá de que usted pueda hacer el discurso que quiera. Pero yo quiero recordar no solamente que este Estatuto lo aprobamos nosotros sino que el señor López Garrido, secretario de Estado de la Unión Europea, compareció a petición de la propia comisión mixta hace más de un año para explicar todo lo que se había hecho en el desarrollo de esta materia, y para informar cumplidamente de todos los preceptos que usted señala en su proposición no de ley. Por cierto, estos artículos fueron recurridos, como he dicho anteriormente, ante el Tribunal Constitucional, y me alegro -y creo que usted también se congratula-
de que el Tribunal Constitucional ratificara plenamente el contenido de todos los artículos, y de que no incluyera ninguna doctrina constitucional precisando, matizando o devaluando ninguno de los contenidos, lo cual quiere decir que este texto es constitucional, es una ley orgánica, y está, por tanto, en lo que llamaríamos el marco de la exigencia legal por cumplimiento de lo que establece la propia ley.
Y con esto termino mi intervención, señalando que después de todas estas precisiones nos hemos planteado qué hacer, y quiero decirle que no me parece que sea lo más acertado lo que usted ha hecho al reproducir esta proposición no de ley, a pesar de que en su día ya hubo un acuerdo en la comisión mixta para desarrollar estos preceptos, a fin de que el Gobierno informara y lo hiciera como lo hizo.
Ahora usted reproduce todo de nuevo. Si hubiera planteado un texto que dijera: seguir desarrollando tal..., en los aspectos, hay un problema... etcétera, podría haber entrado en precisiones, pero plantear una PNL para reproducir lo que marca la ley puede tener algún peligro, señor Bosch, y se lo digo amigablemente, porque imagínese usted que el PP vota en contra en esta comisión y no se aprueba. ¿Eso es mejor o peor? Si lo que la ley exige ya es ley, ¿por qué devaluarlo con una PNL? ¿Por qué introducir una duda respecto a su legalidad y a su exigencia de cumplimiento con una PNL de una Comisión Mixta de la Unión Europea que justamente va en el sentido contrario? ¿Por qué hacerlo? Creo que ustedes deberían haberlo considerado.
Y una precisión más respecto a las lenguas. Señoría, usted puede hacer su interpretación pero creo que no es nada justo en relación con lo que ha sido el enorme progreso que la lengua catalana ha tenido en las instituciones europeas en los últimos siete años, porque desde diciembre del año 2004 el Gobierno socialista ha estado defendiendo la lengua catalana en todas las instituciones europeas; es más, el que fue secretario de Estado, que está aquí, detrás de mí, consiguió acuerdos políticos de España para la defensa de la lengua catalana nada más y nada menos que con el Consejo Europeo, con la Comisión, con el Comité de las Regiones, con el Tribunal de Justicia, y actualmente se está en tramitación con el Parlamento Europeo. ¿Se puede venir a hacer un discurso tan absolutamente catastrófico sobre una evolución tan importante? No me parece justo.
Por tanto, haciendo estas precisiones, permítame que le diga con todo afecto que nosotros nos vamos a abstener porque no estamos en contra de un contenido, que es legal, pero no podemos votar afirmativamente un texto que probablemente va a producir más problemas que ventajas. Por ello, porque el Grupo Socialista reivindica que esto es ley, que se está cumpliendo, que se está haciendo -y cuando no se haga, reclamémoslo- mientras sea ley, no devaluemos su contenido, señor Bosch. Este es nuestro criterio.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el señor Peral.
El señor PERAL GUERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero referirme, en primer lugar, a la intervención del señor Bosch. Señoría, no estamos acostumbrados en esta comisión a latiguillos amenazantes como el de: tomamos nota, entre comillas, ha repetido usted sistemáticamente en su intervención. Repito, no estamos acostumbrados.
Y discrepo también con sus manifestaciones sobre que España no nace como un Estado multilingüe. Señoría, tanto si se considera que el nacimiento de España como reino unificado se produce con los Visigodos o bien si se considera que se produce con la unión de las coronas de Castilla y Aragón con los Reyes Católicos, España fue siempre un Estado multilingüe. Pero cuando tienen ustedes un temario de historia en el bachillerato que prácticamente empieza en el siglo XIX ocurren estas cosas, que no solo afectan a los estudiantes, sino que a veces se extiende a los parlamentarios, como cuando el señor Ridao dijo en el Congreso que el Rey se había comportado en Ceuta y Melilla como lo hubieran hecho sus antepasados Carlos I o Carlos V, sin darse cuenta de que hablaba de la misma persona.
Yo le recomiendo a usted la lectura del artículo correspondiente a las lenguas vehiculares de enseñanza en la Constitución de la Segunda República, donde prosperó una enmienda defendida por don Claudio Sánchez-Albornoz, y firmada también por seis diputados nacionalistas catalanes, entre ellos cinco de su propio partido, que comprendían al señor Companys, que me parece que será por lo menos tan nacionalista como usted. Repito, le recomiendo que se lea esa enmienda, que los servicios de la Cámara le podrán facilitar en cuanto usted la solicite.
Entrando concretamente en la proposición no de ley, debo decir que es prácticamente idéntica a la proposición no de ley original que se presentó el año 2009 por Esquerra Republicana de Cataluña, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que fue aprobada en esta Comisión Mixta de la Unión Europea con una enmienda transaccional del Grupo Socialista el 13 de octubre de 2009, con el siguiente contenido: Acelerar los trabajos en la Subcomisión de Asuntos Europeos y de Acción Exterior, creada dentro de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, para dar cumplimiento a los artículos 184 y 190 del Estatuto de Cataluña, y comparecer en aquel periodo de sesiones para dar cuenta de dichos trabajos, lo que, como ha recordado el señor Jáuregui, se cumplió plenamente. No es ocioso recordar que el Partido Popular votó en contra de dicho proposición no de ley.
Con posterioridad a dicha proposición no de ley -y quiero resaltar con posterioridad- se modificó la ley que regula esta Comisión Mixta para la Unión Europea
a fin de adaptarla al Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007; esta modificación fue aprobada por Ley 24/2009, de 22 de diciembre. Dicha ley amplía las competencias de esta comisión, incorporando las conferidas a los parlamentos nacionales por el Tratado de Lisboa, y entre ellas el control de la aplicación del principio de subsidiariedad en las iniciativas legislativas europeas, el denominado sistema de alerta temprana, y establece en su artículo 6 la remisión a los Parlamentos de las comunidades autónomas de todas las iniciativas legislativas europeas tan pronto se reciban, sin prejuzgar la existencia de competencias autonómicas afectadas.
Los Parlamentos autonómicos tienen, como usted sabe perfectamente, un plazo de cuatro semanas para que su dictamen motivado pueda ser tenido en cuenta por esta Comisión de Asuntos Europeos y, en el caso de que esta comisión apruebe un dictamen motivado sobre vulneración de la subsidariedad, los dictámenes de los Parlamentos autonómicos deberán ser incorporados.
Se trata, en mi opinión, de una normativa equilibrada y razonable que prevé, en primer lugar, la remisión a los Parlamentos de todas las comunidades autónomas, y no solo al de Cataluña, de las iniciativas legislativas europeas. En segundo lugar, la remisión de todas las iniciativas legislativas europeas, y no solo de aquellas que, como dicen ustedes, entre comillas, afecten a competencias de la Generalitat, como se cita en el punto 12 de la proposición no de ley, sin prejuzgar la existencia de competencias autonómicas afectadas. Me parece este un criterio más amplio y que evitará futuras discrepancias o reclamaciones -salvo que sea esto lo que se persiga, claro-. Y en tercer lugar, se establece una obligación, en el caso de dictamen de la Comisión Mixta de la Unión Europea sobre vulneración de la subsidariedad, de incorporar los dictámenes de los Parlamentos autonómicos. Es decir, que se va más allá en el control del principio de subsidariedad de lo que pide el punto 12 de su proposición no de ley, que solo habla de garantizar la participación del Parlament de Catalunya en los procedimientos de control de dicho principio.
Por otra parte, y desde el año 1994, se han puesto en marcha los procedimientos para hacer efectiva la participación de las comunidades autónomas españolas en el ámbito de la Unión Europea a través de la hoy denominada Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea CARUE, que ha adoptado diversos acuerdos, como el de 1994, sobre participación interna de las comunidades en los asuntos comunitarios a través de conferencias sectoriales, tanto en la formación de la voluntad del Estado como en la aplicación del derecho de la Unión; o el acuerdo de 1997, que permite la participación de funcionarios autonómicos en las delegaciones españolas que asisten a los comités de la Comisión Europea; o dos acuerdos de 2004: uno, sobre la participación autonómica en determinadas formaciones del Consejo de la Unión Europea -yo he formado parte de una de esas delegaciones en el Consejo de la Unión Europea, por tanto, le doy plena fehaciencia de que esto se está cumpliendo- y otro, sobre la Consejería de Asuntos Autonómicos en la representación permanente de España ante la Unión Europea y la participación en ciertos grupos de trabajo.
Como puede comprobarse, en dichos acuerdos de la CARUE se recogen la mayoría de las propuestas de su proposición no de ley. En todo caso, quiero referirme especialmente a algún otro punto de esta que refleja inequívocamente la pretensión de una relación bilateral entre Cataluña y lo que ellos denominan el Estado que, evidentemente, no podemos compartir. Así, en el punto 5 se habla de esa participación bilateral de la Generalitat en la formación de posición del Estado en los asuntos europeos que le afectan exclusivamente. En el punto 6 se establece una especie de veto de la Generalitat en lo referente a la formación de la posición estatal, entre comillas, si esta afecta a sus competencias exclusivas o -y esto es lo importante- si se pueden derivar consecuencias financieras o administrativas de especial relevancia para Cataluña, o sea, en prácticamente casi todos los asuntos. Y en el punto 11 se pide favorecer las relaciones de la Generalitat de Cataluña con el Parlamento Europeo en ámbitos de interés común.
España, señor Bosch, no es una confederación. No se configura así en la Constitución Española, que fue aprobada en referéndum en Cataluña con casi el 90% de los votos. Por eso no tiene sentido esta exigencia de relación bilateral privilegiada, esa posibilidad de veto a la posición estatal, entre comillas, y esa pretensión de relación directa de la Generalitat con el Parlamento Europeo para asuntos de interés común, o sea, nuevamente, casi todos.
Esto, en lo referente al fondo de su proposición no de ley. Con respecto a la forma, debemos constatar que siete veces se repite en el texto el denominar España como el Estado, una manifestación más de la reiterada actitud del nacionalismo radical de evitar mencionar la palabra España, sustituyéndola, en el mejor de los casos, por la de Estado español -una denominación franquista, por cierto- o la de Estado, a secas, como en esta proposición no de ley, algo que conscientemente es tan ofensivo como si, por ejemplo, para referirnos a Cataluña utilizásemos la expresión región autónoma catalana -por cierto, en la Constitución de la II República se hablaba de regiones autónomas- o, puestos a ofender ya de verdad, en serio, hablásemos de región autónoma noreste. No compartimos ni promovemos estas actitudes ofensivas, incluso infantiles, pues no por evitar mencionar una realidad deja esta de existir. No apoyaremos esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Peral.
Señor Bosch, como usted sabe, a efectos de los debates de las PNL no hay turnos de réplica y de dúplica, y no me gustaría sentar ese precedente porque no se ha hecho hasta ahora y no tiene ningún sentido que así se produjera. Lo mismo ocurre cuando se debaten proposiciones no de ley en el Pleno del Congreso de los Diputados. Conoce su
señoría perfectamente el Reglamento y, en todo caso, le voy a ceder la palabra a los únicos efectos de que pueda decir si admite, porque no ha habido enmiendas, que se realice una votación separada de los puntos 13 y 16, tal y como la portavoz del Grupo de Unión Progreso y Democracia ha solicitado en su intervención.
El señor BOSCH I PASCUAL: No aceptamos las enmiendas propuestas por la señora Lozano...
El señor PRESIDENTE: Me refiero a la votación separada.
El señor BOSCH I PASCUAL: Nosotros creemos que no tiene sentido. Presentamos la PNL en su integridad y, como tal, tiene sentido. Agradecemos el apoyo de los grupos que nos lo han prestado, y lamentamos que no se distinga entre tener unas ideas determinadas y estar dentro de la ley y de la legalidad.
Procedemos, por tanto, a efectuar la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 20; abstenciones, 11.

References: artículo 2
 artículo 16
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 149
 resolución 
 artículo 149
 artículo 155
 artículo 61
 artículo 161
 resolución 
 artículo 6