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Timestamp: 2019-07-19 08:05:21+00:00

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STSJ Comunidad Valenciana 648/2011, 6 de Septiembre de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 346923518
STSJ Comunidad Valenciana 648/2011, 6 de Septiembre de 2011
Ponente: JOSE DE BELLMONT Y MORA
Número de Recurso: 550/2010
Fecha de Resolución: 6 de Septiembre de 2011
DERECHOS FUNDAMENTALES. ACONFESIONALIDAD DEL ESTADO. LAICIDAD. Se reclama contra la Resolución tácita de la Consellería de Medio Ambiente de la Generalidad Valencia, desestimatoria de la solicitud de retirada de la "Cruz de la Muela" del Monte de la Muela, en el termino municipal de Orihuela. En nuestro país se aprecia en multitud de lugares públicos la presencia de símbolos de carácter religioso ... (ver resumen completo)
DERECHOS FUNDAMENTALES - 000550/2010
N.I.G.: 46250-33-3-2010-0002623
En la Ciudad de Valencia, a 6 de septiembre de dos mil once.
VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Srs. D. JOSE BELLMONT MORA, Presidente, Dª ROSARIO VIDAL MAS y D. FERNANDO NIETO MARTÍN, Magistrados, se ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA NUM: 648/2011
En el recurso contencioso administrativo num. 550/10, sobre Derechos Fundamentales, interpuesto por ASOCIACIÓN PREEMINENCIA DEL DERECHO, Dª. Fátima y D. Demetrio, representados por el Procurador D. ANTONIO VIVES CERVERA y asistidos por el citado demandante Sr. Demetrio, Letrado, contra Resolución tácita de la Consellería de Medio Ambiente de la Generalidad Valencia, desestimatoria de la solicitud de retirada de la "Cruz de la Muela" del Monte de la Muela, en el termino municipal de Orihuela.
Habiendo sido parte en autos como demandados la GENERALIDAD VALENCIANA, representada y defendida por sus servicios jurídicos, el AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA y D. Jesús María, representados por el Procurador Dª. ELENA GIL BAYO y asistidos por el este último demandado, Letrado, y el Ministerio Fiscal, siendo Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE BELLMONT MORA.
Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la Ley, se emplazó a las partes demandantes para que formalizaran la demanda, lo que verificaron mediante escrito en que suplican se dicte sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución recurrida.
La representación de la partes demandadas contestaron a la demanda, mediante escritos en el que solicitan se dictara sentencia por la que se confirmase la resolución recurrida, efectuando alegaciones en igual sentido el Ministerio Fiscal.
No habiéndose recibido el proceso a prueba y verificado el trámite de conclusiones, quedaron los autos pendientes para votación y fallo.
Se señaló la votación para el día 28 de junio de dos mil once, en que tuvo lugar. Por providencia de igual fecha se sometió a las partes la posible causa de inadmisibilidad por falta de legitimación activa de la parte actora Asociación Preeminencia del Derecho, con suspensión del plazo para dictar sentencia; realizando alegaciones todas las partes.
Para una adecuada decisión del recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte demandante en este proceso especial de tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, previsto en el Capítulo I del título V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, hemos de destacar como clave esencial la identificación de los derechos fundamentales que se dicen vulnerados.
A tal fin, conviene recordar con carácter previo que el cauce procesal elegido por la parte actora para el ejercicio de su pretensión impugnatoria es el destinado única y exclusivamente a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en los artículos 14 a 30 de la Constitución Española. Quedan, por consiguiente, fuera de esta vía preferente y sumaria cuantas cuestiones afectan a otros reconocidos en la Carta Magna y a la mera legalidad ordinaria jurídico-administrativa, que deben ser planteados a través del procedimiento ordinario.
Partiendo de este presupuesto, la Sala habrá de limitar su actuación jurisdiccional a determinar si el acto impugnado, consistente en Resolución tácita de la Consellería de Medio Ambiente por la que no se accede a la petición de los recurrentes de retirar la Cruz existente en el Monte de la Muela, de Orihuela, incide o vulnera los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución.
Previamente al análisis del fondo del asunto ha de enjuiciarse la posible existencia de la causa de inadmisión del recurso consistente en la falta de legitimación activa de la asociación recurrente por falta de interés legítimo.
Dispone el Art. 19.1 b) de la Ley 29/1998 que están legitimados ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, entre otros, "Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el articulo 18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos.
Como dice la STS de 20 de febrero de 2006, el artículo 19 de la Ley de la Jurisdicción vincula la imprescindible legitimación con la titularidad por el recurrente de, al menos, un interés legítimo. Es decir, exige que quien pretenda la tutela de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se halle en una situación jurídica en la que la estimación de sus pretensiones le depare una ventaja sustancial o le evite un perjuicio concreto, sin que sea suficiente la mera defensa de la legalidad como base para sustentar ese interés. La legitimación, que constituye un presupuesto inexcusable del proceso, según se desprende de la doctrina del TS (Sentencias de 14 de octubre de 2003, 31 de mayo de 2006, y STS de 7 de junio de 2006 ), así como de la jurisprudencia constitucional ( STC 105/1995, de 3 de julio, FJ. 2; STC 122/1998, de 15 de junio, FJ. 4 y STC 1/2000, de 17 de enero, FJ. 4 ), en el proceso contencioso-administrativo impone la existencia de una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión deducida en el recurso contencioso- administrativo, en referencia a un interés en sentido propio, identificado y específico, de tal forma que la anulación del acto o la disposición impugnados produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto, que debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso y este criterio lo reitera la jurisprudencia constitucional (por todas, en SSTC núms. 197/88, 99/89, 91/95, 129/95, 123/96 y 129/2001, entre otras), pudiéndose concretar algunos criterios interpretativos de la doctrina jurisprudencial en los siguientes puntos: a) La importancia del interés, que desde el punto de vista procedimental administrativo y procesal jurisdiccional es una situación reaccional, en evitación de un potencial perjuicio ilegítimo temido, de modo que el interés se reputa que existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida coloque al accionante en condiciones legales y naturales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico o la persistencia de la situación fáctica creada o que pudiera crear el acto administrativo al ocasionar un perjuicio, como resultado inmediato de la resolución dictada. b) Ese interés legítimo, que abarca todo interés que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada, puede prescindir de las notas de personal y directo y al diferenciar el interés directo y el interés legítimo, éste no sólo es más amplio que aquél y también es autosuficiente, en cuanto presupone...
STSJ Castilla-La Mancha , 23 de Enero de 2004
STS 488/2002, 17 de Mayo de 2002
STSJ Murcia 527, 25 de Abril de 2006
STS 1101/2007, 26 de Octubre de 2007
SAP La Rioja 90/2013, 12 de Marzo de 2013

References: Resolución 
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 Resolución 
 artículo 19
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