Source: https://www.scribd.com/doc/92380143/CasoReligion-Sentencia
Timestamp: 2016-07-24 11:00:37+00:00

Document:
CasoReligion(Sentencia)
UploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicEditors' Picks BooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks AudiobooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks ComicsHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsValiant ComicsZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out morelex novaJurisprudencia al día Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2008
Desestimado el recurso contra la enseñanza de religión en el segundo ciclo de Educación Infantil En el presente recurso un partido político solicita que se declare la nulidad del apartado 4 de la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, que establece las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, en cuanto que el precepto controvertido establece que la determinación del currículo de la enseñanza de religión católica será competencia de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas. El recurrente sostiene, entre otros motivos, que ese apartado contraviene el artículo 16.3 de la Constitución que afirma que "ninguna confesión tendrá carácter estatal" y, por tanto, vulnera el modelo constitucional de confesionalidad o laicidad del Estado. Según el Tribunal Supremo, la citada afirmación del artículo 16.3 del texto constitucional supone la manifestación expresa del principio de aconfesionalidad del Estado, que se transluce en una posición de neutralidad frente a las distintas confesiones y, en consecuencia, en relación con el fenómeno religioso. No obstante, la aconfesionalidad no significa que el Estado niegue el hecho religioso al que tienen derecho sus ciudadanos, y no excluye que mantenga relaciones de cooperación con las distintas confesiones, que en el caso de la Iglesia Católica se articula mediante un Acuerdo que tiene valor de Tratado Internacional. ANTECEDENTES DE HECHO Primero.—El diecinueve de febrero de dos mil siete, se registró en este Tribunal el escrito de interposición del recurso. El día veintisiete de febrero de dos mil siete y por Diligencia de Constancia se tuvo por presentado el recurso y se designó Magistrado Ponente dándose cuenta de la interposición. En fecha doce de marzo de dos mil siete se dictó Providencia por la que se tuvo por personado y parte a la Procuradora doña María del Pilar Segura Sanagustín en nombre y representación de Izquierda Republicana, entendiéndose con ella las sucesivas diligencias. Al tiempo, la Sala requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo en los términos que establece el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción, ordenándole la práctica de los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la misma norma y disponiendo la formación de pieza separada para la tramitación de la suspensión solicitada. Segundo.—El veintisiete de mayo de dos mil siete, se dictó Providencia en la que se tuvo por recibido el expediente administrativo y por personado y parte, al Sr. Abogado
dándose traslado de la demanda. con entrega del expediente administrativo. para que formule la contestación a la demanda en el plazo legalmente establecido. la Sala dictó Providencia. otorgándoles el plazo de diez días para que presente las suyas. Además pretende también la demanda como consecuencia de la impugnación que efectúa del apartado 4 de la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1630/2006. Administración del Estado y Unión sindical Independiente de Trabajadores Empleados Públicos. Cuarto. con entrega del expediente administrativo. al referido Procurador. Santiago Martínez-Vares García. teniendo por formalizada en tiempo y forma la demanda y dio traslado al Sr.—Contestada la demanda en legal forma. Por providencia de veintitrés de octubre de dos mil siete se concedió a la representación de la parte demandante Izquierda Republicana el término de diez días para la presentación de escrito de conclusiones sucintas. entendiéndose con el mismo ésta y las sucesivas diligencias en el modo y forma que la Ley determina. para que la conteste en el plazo de veinte días.del Estado en nombre de la Administración demandada. Por providencia de cinco de diciembre de dos mil siete. Magistrado de la Sala que expresa la decisión de la misma FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. En providencia de veinte de noviembre de dos mil siete. D. se tiene por evacuado el trámite de conclusiones presentado por la Procuradora doña Pilar Segura Sanagustín haciéndose entrega de las copias a las representaciones procesales de los recurridos. Abogado del Estado. al Procurador Don José Antonio Sandín Fernández. que la Sala plantee cuestión de inconstitucionalidad del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979 y de las Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera de la Ley Orgánica 2/2006 de
. Sr. fue fijado a tal fin el día tres de diciembre de dos mil ocho. Quinto. Siendo Ponente el Excmo. en concepto de codemandado. en cuya fecha tuvo lugar.—Acordado señalar día para la votación y fallo.—El dieciocho de julio de dos mil siete. se dicta providencia de veinticinco de septiembre de dos mil siete.—Pretende el recurso interpuesto por la representación procesal del Partido Político Izquierda Republicana que esta Sala declare nulo el apartado 4 de la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre. Tercero. para cuando por turno les corresponda. entendiéndose con él las sucesivas actuaciones. dejando pendientes los Autos para votación y fallo. y se tiene por personado en nombre y representación de la Unión Sindical Independiente de Trabajadores-Empleados Públicos (USIT-EP). se tienen por evacuados los escritos de conclusiones. que estableció las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil.
que para ello es inevitable considerar creencias y convicciones además de conocimientos. 27 cuando señala que "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". 6.3 de la Constitución que afirma que "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Además vulnera el art.2 de modo que ese currículo al que se refiere el apartado 4 de la Disposición Adicional del Real Decreto suplanta al Estado y vulnera el art. respectivamente. de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas". Y que el Estado refrende esa valoración confesional con su autoridad confiriéndole valor académico vulnera ese principio. lo que entra en contradicción con el principio de laicidad o de confesionalidad del art. 27. Sostiene la demanda que la determinación del currículo de la enseñanza de religión católica (que) será competencia de la jerarquía eclesiástica contraviene el art.3 de la Constitución. 16.2 y 16.Educación. Se refiere también el recurso a la inconstitucionalidad del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979 y las Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera de la Ley Orgánica 2/2006.3. Enseñanzas de religión: 4. de Educación que expresa que "Las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la presente Ley. 27. 16. 16. del que formarán parte los aspectos básicos señalados en apartados anteriores. Los centros docentes desarrollarán y completarán. 27 de la Constitución: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".4 de la Ley Orgánica 2/2006.3 del art. Dice así el apartado 4 de la Disposición Adicional Única del citado Real Decreto: "Disposición Adicional Única. principios que pueden vulnerar esos contenidos y que no están amparados por el núm. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones" y por tanto vulnera el modelo constitucional de confesionalidad o laicidad del Estado y es contrario al apartado 2 del art.—Considera el recurrente que el apartado 4 trascrito vulnera los arts. Afirma el demandante que "los valores religiosos no son los valores cívicos del art. en su caso. Según la Disposición Adicional Segunda citada "la enseñanza de la religión católica se
. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia. el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía y tal como se recoge en el capítulo II del título V de la presente Ley".3 de la CE. Según la demanda es dudoso que una evaluación confesional del grado de aprovechamiento de cualquier enseñanza religiosa sea una evaluación académica. Segundo.
se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda. que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos". a tiempo completo o a tiempo parcial según lo que requieran las necesidades de los centros. pone de manifiesto que es insostenible jurídicamente equiparar la enseñanza de la religión con las disciplinas fundamentales del sistema educativo. La remisión de la Ley Orgánica 2/2006 al referido Acuerdo con la Santa Sede obliga a considerar sustantivamente este instrumento de 1979.ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. La determinación del contrato. impartan la enseñanza de las religiones en los centros públicos lo harán en régimen de contratación laboral. mérito y capacidad. finalmente. la propuesta para la docencia corresponderá a las entidades religiosas y se renovará automáticamente cada año. y de conformidad con lo que disponga dicho acuerdo. A tal fin. así como los establecidos en los acuerdos suscritos entre el Estado Español y las diferentes confesiones religiosas. Se accederá al destino mediante criterios objetivos de igualdad. En todo caso. parte de la cual ha sido citada en los anteriores fundamentos jurídicos. siendo designado el profesorado de la asignatura por la autoridad académica para cada año escolar entre los candidatos propuestos por la autoridad eclesiástica (III) y. La regulación de su régimen laboral se hará con la participación de los representantes del profesorado. que se basa en la oferta de la enseñanza de la religión católica por todos los centros de educación y en todos los niveles educativos (II). se ajustará a derecho". La jurisprudencia del Tribunal Supremo emitida desde su ratificación. Estos profesores percibirán las retribuciones que correspondan en el respectivo nivel educativo a los profesores interinos. las Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación y el Acuerdo de Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español en 1979. Los profesores que impartan la enseñanza de las religiones deberán cumplir los requisitos de titulación establecidos para las distintas enseñanzas reguladas en la presente Ley. esto es. La remoción. ya que nadie está legitimado por la Constitución para imponer a los demás la enseñanza de cualesquiera otras religiones o sistemas
. Y añade la Disposición Adicional Tercera que: "1. "en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales (II. de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores. Los profesores que. no perteneciendo a los cuerpos de funcionarios docentes. en su caso. párrafo 1. con las respectivas Administraciones competentes. la determinación de los contenidas y currículo de la enseñanza de la religión católica será competencia de la jerarquía eclesiástica. 2. Sobre esta cuestión manifiesta la demanda que: "Las argumentaciones de los anteriores fundamentos jurídicos nos llevan a cuestionar la constitucionalidad de las normas con rango de ley que el apartado impugnado de la Disposición Adicional única del Real Decreto 1630/2006 desarrolla. corresponderá a las Administraciones competentes.º).
por lo que consideramos procedente que el tribunal. de 16 de Noviembre de 1993 y de 11 de Noviembre de 1996) y prohíbe. de 15 de febrero de 2001 y 2 de junio de 2004). Tercero. cuando sostiene en el primero de sus párrafos que: "La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español. y en términos semejantes se manifiesta el sindicato que comparece como codemandado. de Educación. que establece que la interpretación de los derechos y libertades se hará de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales. no puede amparar la vulneración de los derechos de unos ciudadanos bajo el pretexto de garantizar los de otros. cualquier confusión de sujetos. ni desde luego es titular de un derecho fundamental a que se les imponga a terceros una obligación de tal naturaleza.—El recurso en la primera de las dos pretensiones que contiene debe rechazarse. 31 de enero de 1997 y 26 de enero de 1998). Como con toda razón expresa el Sr. La Disposición Adicional Única del Real Decreto 1630/2006. al ser normas con rango de ley aplicables al caso y de cuya validez depende el fallo". Abogado del Estado ese apartado 4 de la Disposición Adicional Única del Real Decreto se limita a desarrollar la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 2/2006. eleve al Tribunal Constitucional cuestión de constitucionalidad sobre el referido Acuerdo y sobre las Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación. también. que: "La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia. Abogado del Estado que la Disposición Adicional Única apartado 4 del Real Decreto 1630/2006 no es sino desarrollo de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 2/2006. de 29 de diciembre.2 CE. Asimismo. relativa. en aras de ese principio de inconfensionalidad. en el caso de que consideren que el contenido ordinario y obligatorio de la enseñanza es suficiente para atender a las exigencias de conducta y conocimientos morales que requieran sus hijos (SSTS. al amparo de los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica 2/1979. Y en ningún caso la apelación al artículo 10. que materialmente se produce con la determinación de los contenidos de la enseñanza de la religión católica por la jerarquía eclesiástica. actividades y fines religiosos y públicos (SSTC. a la enseñanza de la religión. la doctrina del Tribunal Constitucional reconoce la neutralidad del Estado ante el hecho religioso (SSTC.3. Por ello. respectivamente.morales dependientes de las creencias personales. de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas". de 3 de mayo. dispone como ya conocemos. Dice el Sr. que estableció las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil y que se refiere a las Enseñanzas de religión en el apartado cuarto.
. entendemos que el contenido de dicho acuerdo es impropio de un Estado aconfesional como el que la Constitución define en su artículo 16.
2 de ese artículo 16 cuando dispone que: "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología. 16.A tal fin. y de conformidad con lo que disponga dicho acuerdo. En definitiva cuando el texto constitucional garantiza en positivo esas libertades no hace otra más que rechazar cualquier conducta pública o privada que encierre una forma de coerción de la libertad ideológica. en consecuencia. Sin duda que el Real Decreto respeta la Ley. de 29 diciembre. sea esta religiosa o no.2 de la Constitución. es más libre para adoptar y poner en práctica aquellas creencias ideológicas o religiosas que considere más convenientes. El envés de ese derecho de libertad ideológica y religiosa lo constituye el núm. y. que estableció las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil es que quebranta el núm. Enfrenta la demanda su razonamiento en primer término con el art. incluye a la religión católica en este caso como área o materia en el nivel educativo del segundo ciclo de Educación infantil. es ahora el momento de detenernos en las afirmaciones de la demanda en el sentido de que ese apartado 4 de la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1630/2006. 16. religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación. lo que es igual. que el Estado no puede identificarse con confesión alguna o adherirse a los principios que la misma profese. se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda.3 de la Constitución que expresa que: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Dicho esto. 16 de la Constitución que como expresa en su núm. Pero lo que censura el recurso en relación con el apartado 4 de la Disposición Única del Real Decreto 1630/2006. debiendo ofrecerla todos los centros con carácter obligatorio y siendo voluntaria su aceptación para los alumnos. "garantiza la libertad ideológica.
. en sus manifestaciones. Este apartado del precepto se refiere a uno de los aspectos del Derecho que consagra el art. asumiendo la libertad de culto de modo que las creencias puedan manifestarse mediante prácticas y ceremonias religiosas en público. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". 16 de la Constitución en tanto que el mismo reconoce la aconfesionalidad del Estado al manifestar que: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal". puesto que la determinación del currículo ha de ajustarse a los términos del Acuerdo. 1. vulnera los arts. Dicho de otro modo. Esa afirmación del texto Constitucional supone la manifestación expresa del principio de la aconfesionalidad del Estado o. esa faceta negativa de la libertad ideológica y religiosa garantiza que nadie puede ser perturbado en el ejercicio de su ideología y creencias que han de respetarse por todos. 3 del art. al que se remite la Ley. puesto que quien sabe que no puede ser interpelado sobre esas cuestiones. y que en relación con el fenómeno religioso no sólo se extiende al ámbito privado del individuo sino que va más allá. religión o creencias".3 y 27. que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos". que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".
Lo que acabamos de poner de manifiesto muestra a las claras que el Real Decreto y la Ley Orgánica que desarrolla. en particular. en general. 27. 27. Y tampoco la norma recurrida vulnera o violenta el art. mientras que. y de otro. como las denomina la Ley Orgánica de Libertad Religiosa con las Iglesias. y como sucede de modo expreso en nuestra Constitución. y precisamente en ese apartado 3 del art. de igual modo. El art. la aconfesionalidad del Estado no impide sino que implica que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". en el caso del resto de confesiones. en relación con el fenómeno religioso. 16. Pero es que. y que se plasma en esas relaciones de cooperación entre el Estado y las distintas confesiones. la aconfesionalidad no significa que el Estado niegue el hecho religioso al que tienen derecho sus ciudadanos y. además. Y ello porque la Constitución aún reconociendo el principio básico de la aconfesionalidad del Estado.2 de la Constitución al que se refiere la demanda en relación con el número 3 del propio precepto que. son perfectamente compatibles entre sí y con la norma referida. Confesiones y Comunidades religiosas y sus Federaciones a las que se reconozca su condición de tales. Por un lado la educación procura el
. de un lado el derecho de todos a la educación. las creencias religiosas de la sociedad española y. admite. libertad que no se desvirtúa ni se empaña porque la educación sea tarea esencial del Estado que debe velar porque esos objetivos se cumplan y alcancen a todos. De este modo dispone las consiguientes relaciones de cooperación que en el caso de la iglesia católica se articulan mediante un Acuerdo que tiene el valor de Tratado Internacional al reconocer el Estado Español la personalidad jurídica internacional de Estado soberano reconocida a la Santa Sede. o. o. la libertad que todos poseen de enseñar. de modo que esa declaración no excluye que el Estado mantenga relaciones de cooperación con las distintas confesiones.1 de la Constitución al referirse a la educación sienta dos principios esenciales. la de la mayoría de su población que se confiesa católica. como expondremos. esos acuerdos de cooperación se instrumentan mediante Ley. La consecuencia obligada que ha de extraerse de ese precepto es la doble razón de ser que caracteriza a la educación. los seres humanos. Partiendo de esos dos principios esenciales el número 2 del artículo 27 expresa que: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". lo que es lo mismo. en modo alguno pueden contravenir ese principio de aconfesionalidad del Estado que se mantiene incólume por el hecho de que los poderes públicos reconozcan el hecho religioso al que tienen derecho todas las personas. la libertad de enseñanza. en consecuencia.En el Estado que se proclama aconfesional se trasluce una posición de neutralidad frente a las distintas confesiones y. Pero aunque otra cosa pueda parecer.
27 de la Constitución. de que la educación que se imparta salvaguarde el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. sino que lejos de ello la acomoda con el mandato que también le impone el núm. Como ya expusimos más arriba la demanda vincula la impugnación del apartado cuarto de la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1630/2006 con el contenido de las Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación y el Acuerdo de Enseñanza y Asuntos Culturales firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. incluido el Estado. Cuarto. y autorizada su ratificación mediante Instrumento de tal naturaleza de 4 de diciembre siguiente. Cuestiona la constitucionalidad del Acuerdo en cuanto que dispone la oferta de la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación y en todos los niveles educativos en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. en tanto que las mismas se remiten al Acuerdo cuestionado. 3 del artículo 27 de respetar el conocimiento de los valores religiosos y morales que los padres deseen para sus hijos dentro del respeto a la libertad religiosa que la Constitución reconoce. no se confronta o se opone al reconocimiento que efectúa el número 3 del mismo artículo del derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones y que los poderes públicos garantizan. la encaminada a que la Sala plantee ante el Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979. sobre Enseñanza y Asuntos Culturales. tampoco puede prosperar.pleno desarrollo de la personalidad humana. E igualmente vincula la inconstitucionalidad del Acuerdo con el contenido de las Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación. y por otro el marco en que ello se hace posible es el del respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Cumplidos los objetivos generales que demanda la educación en el marco del respeto del pleno desarrollo de la personalidad humana y los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. es igualmente obligado el respeto por todos. La razón esencial de la pretendida
. y de las Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación. Ahora bien ese doble objeto que cumple la educación en relación con el pleno desarrollo de la personalidad humana y en el respeto a los principios democráticos de convivencia. y correspondiendo la determinación de los contenidos y el currículo de esa enseñanza a la jerarquía eclesiástica.—En cuanto a la segunda de las pretensiones. En consecuencia el currículo de la enseñanza religiosa no suplanta la acción del Estado que es la referida en el número 2 del art. nombrándose el profesorado por la autoridad académica entre los candidatos propuestos por la autoridad eclesiástica.
II del Acuerdo. evidentemente. Junto a lo anterior conviene también citar las Sentencias posteriores del Tribunal Constitucional que en número de once ha dictado el Pleno del mismo. 27. es de advertir que ni el órgano judicial ni quienes han sido parte en este proceso hacen cuestión de la inserción de la enseñanza de la religión católica en el sistema educativo. porque como también expresa la Sentencia 38/2007. 16. y que desestimó la cuestión de inconstitucionalidad en todo lo demás. ) hace posible tanto el ejercicio del derecho de los padres de los menores a que éstos reciban la enseñanza religiosa y moral acorde con las convicciones de sus padres (art. El Sr. a su juicio.inconstitucionalidad de esas normas no es otra en el sentir del partido político recurrente. Abogado del Estado se remite a la Sentencia del Tribunal Constitucional 38/2007. fundamento V. VI y el art. sino que trascribe párrafos de la misma y reflexiona sobre ella en aquellas cuestiones que resuelve. "centrados. han sido ya resueltas por esa Sentencia del Tribunal Constitucional rechazándolas.3 CE). en la redacción dada por la Ley 50/1998. 16 CE. como la efectividad del derecho de las
.3 de la Constitución en tanto que el mismo reconoce la aconfesionlidad del Estado. en la perspectiva de los derechos y principios del art. que la vulneración por las mismas del art. que inadmitió la cuestión de inconstitucionalidad respecto de los párrafos tercero y cuarto del art. de 13 de febrero. de Educación General Básica (EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y grados de Formación Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación. y en las que reitera la doctrina en aquélla establecida. y que afectan a la cuestión que se pretende que este Tribunal plantee y que. La cuestión que en este supuesto se plantea tiene que ver con la expresión de ese párrafo de que la enseñanza de la religión católica se incluya en los planes educativos y en todos los centros y niveles en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. así como respecto del párrafo primero de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 1/1990. Dicha inserción que sólo puede ser. el art. Es cierto que esas Sentencias en ningún caso se refieren al artículo II del Acuerdo que afirma que "los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar. de 30 de diciembre. de Medidas Fiscales. de 15 de febrero. en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales". recurso 4831/2002. Pero no sólo ofrece a la Sala la defensa del Estado la remisión a la Sentencia citada. VII del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales. en régimen de seguimiento libre (STC 5/1981. de Ordenación General del Sistema Educativo. III. pues. Sin embargo no es posible dudar de la constitucionalidad de ese inciso del art. de 3 de octubre. todas de idéntica fecha 19 de abril de 2007. suscrito el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. ratificado por Instrumento de 4 de diciembre de 1979. Administrativas y del Orden Social.
3 CE encuentra en la inserción de la religión en el itinerario educativo un cauce posible para la realización de la libertad religiosa en concurrencia con el ejercicio del derecho a una educación conforme con las propias convicciones religiosas y morales. conforme a lo que dispone el apartado 3 del art. y 63/1994.1 de la Ley de la Jurisdicción no procede hacer expresa condena en costas al recurrente al no apreciar temeridad ni mala fe procesal en el planteamiento de sus
. 16. si resulta o no constitucionalmente aceptable la enseñanza de la religión católica en los centros escolares". 120/1990. Y lo mismo puede decirse en relación con las Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera de la Ley Orgánica 2/2006 herederas de la Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica 1/1990 plenamente constitucional. 27 de las Constitución la enseñanza religiosa. según el cual "para la aplicación real y efectiva de estos derechos (los que se enumeran en los dos anteriores apartados del precepto legal). de naturaleza asistencial o prestacional. Por cuanto antecede no procede el planteamiento de la cuestión de constitucionalidad pretendida puesto que las disposiciones sobre cuya constitucionalidad se duda son plenamente constitucionales. La cuestión.Iglesias y confesiones a la divulgación y expresión públicas de su credo religioso. de 28 de febrero. 2 LOLR. no es. de 27 de junio. y no sólo de la católica..) la formación religiosa en centros docentes públicos". 2 LOLR y respecto de las que se exige a los poderes públicos una actitud positiva. que el Tribunal Constitucional acepta en el marco de los artículos 16. 16. Quinto. inmune a toda coacción de los poderes públicos. entre otras).3 en relación con los apartados 2 y 3 del art. contenido nuclear de la libertad religiosa en su dimensión comunitaria o colectiva (art. los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar (. El deber de cooperación establecido en el art. como plenamente constitucional sin que se cuestione tampoco su equiparación a las demás disciplinas fundamentales toda vez que el legislador ha adoptado medidas correctoras en cuanto a la evaluación y ponderación de la disciplina para que su valoración académica no pueda producir efectos discriminatorios entre el alumnado.1). pues también comporta una dimensión externa que se traduce en la posibilidad de ejercicio. de 13 de febrero. de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso. En este punto es de recordar que el contenido del derecho a la libertad religiosa no se agota en la protección frente a injerencias externas de una esfera de libertad individual o colectiva que permite a los ciudadanos actuar con arreglo al credo que profesen (SSTC 19/1985.—Pese a desestimarse el recurso de conformidad con lo prevenido en el art. tales como las que enuncia el art. del Tribunal Constitucional citada.. asumido en este caso por el sujeto colectivo o comunidades. según la Sentencia 38/2007. por tanto. 139. Es decir.
que estableció las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. 36/2007 interpuesto por la representación procesal del Partido Político Izquierda Republicana frente al apartado 4 de la Disposición Adicional Única del Real Decreto 1630/2006. sobre Enseñanza y Asuntos Culturales. de Educación. EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN FALLAMOS Desestimamos el recurso contencioso administrativo núm. firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979. No hacemos condena en costas.
. que confirmamos por ser conforme con el Ordenamiento Jurídico. y las Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera de la Ley Orgánica 2/2006.pretensiones. de 29 de diciembre. No ha lugar a plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede.
More From This UserTRAD_ALEX NOtas_ Social Encrypted ESPRSD Julien - Shift (Notas)TradEsp_RSD Julien - ShiftESP_ Rsd Pimp NOTASESP_LaNvaMasc R-G-M-AJulien Shift - real social dynamicsFormas Hung Gar - COMPLETOEntrevista Kiko Caitlin MoranEl Catastro en El Peru - 38_50preser_poseerEML_infostand alone saco boxPlanos Wing Chun DummyDragon WayRsdfoundationpowerpointslides 140112082448 Phpapp02 (1)10 Pasos Para Una Suplementacion Perfectasem. constit DOCUMENTO DE TRABAJO.docxPATERNALISMOGarzónBob Dylan BrazilZen para la vida diariaMarca Producto ServicioESP_ Julien Manifesto(Trad_Esp) Arash Dibazar - 150 Secretos Del Juego Interno v0.1Trad_Esp_ RSD Brad Evolutions TRAD_Esp_ Articulos de RSD Alex
CasoReligion(Sentencia) by manuelCHINASKY2 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less

References: Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 48
 artículo 49
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 16
 artículo 16
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 27
 Real Decreto 
 artículo 27
 Real Decreto