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Timestamp: 2018-12-18 19:54:13+00:00

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﻿ Sentencia C-667 de septiembre 10 de 2014
SENTENCIA C-667 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:CONVENIOS INTERNACIONALES, SE DECLARA EXEQUIBLE EL “CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA PORTUGUESA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA” Y SU “PROTOCOLO”, SUSCRITOS EN BOGOTÁ, D.C., REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL 30 DE AGOSTO DE 2010 Y EL CANJE DE NOTAS ENTRE LA REPÚBLICA PORTUGUESA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA POR MEDIO DE LA CUAL SE CORRIGEN IMPRECISIONES EN LA TRADUCCIÓN EN LAS VERSIONES EN ESPAÑOL, INGLÉS Y PORTUGUÉS DEL “CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA PORTUGUESA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN RELACIÓN CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA” Y SE DECLARA EXEQUIBLE LA LEY 1692 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2013, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONVENCIÓN INTERNACIONAL, EVASIÓN TRIBUTARIA, DOBLE TRIBUTACIÓN
Sentencia C-667 de septiembre 10 de 2014
Ref.: Expediente LAT-430
Asunto: Revisión constitucional de la Ley 1692 de 17 de diciembre de 2013, “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y su protocolo suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia el 30 de agosto de 2010, y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política, es competencia de la Corte Constitucional resolver sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de sus correspondientes leyes aprobatorias, mediante el ejercicio de un control que es: (i) previo al perfeccionamiento del tratado y posterior a la aprobación de la ley y a su sanción; (ii) automático en cuanto la respectiva ley debe ser remitida por el Gobierno Nacional a esta corporación dentro de los seis días siguientes a la sanción; (iii) integral, porque la corporación debe analizar tanto la forma como el fondo del instrumento internacional y de su respectiva ley aprobatoria e, igualmente el proceso de negociación y celebración en el ámbito internacional, junto con el trámite surtido en el Congreso de la República; (iv) definitivo, pues con él, se cierra el debate jurídico respecto de la ley; (v) es participativo, toda vez que cualquier ciudadano puede intervenir para cuestionar o defender la exequibilidad del proyecto y (vi) se efectúa antes de que este surja a la vida jurídica.
2. El ámbito del control de constitucionalidad de los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias.
Salvo lo prescrito en el inciso último del artículo 154 de la Carta, el cual dispone que los proyectos de ley que se refieren a relaciones internacionales deben iniciar su curso aprobatorio en el Senado de la República, el trámite para efectos de su discusión, aprobación y sanción, es el del procedimiento legislativo general, es decir, el previsto por la Constitución y el reglamento del Congreso para las leyes ordinarias.
Con respecto al control formal, la propia jurisprudencia ha destacado que, salvo la exigencia constitucional de iniciar su trámite en el Senado de la República, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales y demás instrumentos internacionales que tienen tal condición, no se encuentran sometidos a un procedimiento especial de aprobación, lo que permite concluir que para efectos de su discusión, aprobación y sanción, los mismos deben seguir el procedimiento legislativo general, es decir, el previsto por la Constitución y el reglamento del Congreso para las leyes ordinarias.
Con tales presupuestos la Corte ha sostenido que:
“(...) el control de constitucionalidad formal sobre los tratados internacionales y sus leyes aprobatorias comprende los siguientes aspectos: (i) la remisión del instrumento internacional y su respectiva ley aprobatoria por parte del Gobierno Nacional; (ii) la validez de la representación del Estado Colombiano en el proceso de negociación del tratado, así como la competencia de los funcionarios intervinientes; (iii) la iniciación del trámite en el Senado; (iv) la publicación del proyecto de ley y su correspondiente exposición de motivos, de las actas en que constan las ponencias, los anuncios y debates, así como los textos definitivos, en la Gaceta del Congreso; (v) la aprobación del proyecto en cuatro debates, en las comisiones y plenarias de cada cámara; (vi) el anuncio previo a la votación del proyecto en cada debate; (vii) el quórum deliberatorio y decisorio, al igual que las mayorías con las que fue aprobado el proyecto; (viii) el cumplimiento del plazo establecido entre el primero y el segundo debate, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra; (ix) la consideración del proyecto en no más de dos legislaturas; (x) la sanción presidencial; y (xi) el envío de la ley y el tratado a la Corte Constitucional.(...)”(Sent. C-032/2014, M.P. Mendoza Martelo).
En lo concerniente al control de fondo, resulta claro que se trata de contrastar los contenidos del acuerdo internacional con el plexo de mandatos que integran la Constitución, confrontación que es de orden jurídico. La razón en la que se funda este segundo tipo de control, es sin duda, la supremacía de la Carta y, la labor de la Corte en este punto, es la defensa la Constitución.
3. Estudio de constitucionalidad formal de la Ley 1692 de 2013,“Por medio de la cual se aprueba el ‘convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’ y su ‘protocolo’, suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del ‘convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la renta.
Seguidamente, procede la Corte a hacer el control de forma de la Ley aprobatoria objeto de esta providencia. Para ello, se revisará el trámite desde la iniciativa, estimando los 4 debates de rigor, hasta llegar a la sanción presidencial. Como el conocimiento del asunto, en este caso, llegó a la Sala por vía de la remisión efectuada por el gobierno, será este el primer aspecto que se considere en la decisión.
3.1. Remisión del instrumento y su ley aprobatoria por parte del Gobierno Nacional.
El numeral 10 del artículo 241 del Texto Superior, atribuye a la Corte Constitucional, la función de decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias. El cumplimiento de esta misión, supone para el Gobierno Nacional, el deber constitucional de remitir tales conjuntos de prescripciones a este juez colegiado, “dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley”.
La Ley 1692 de 2013, “Por medio de la cual se aprueba el ‘convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’ y su ‘protocolo’, suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del ‘convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta, en adelante ley aprobatoria del Acuerdo para evitar la doble tributación entre Colombia y Portugal, su protocolo y su canje de notas, fue sancionada por el Presidente de la República el 17 de diciembre de 2013 y radicada en esta corporación por la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, en fotocopia autenticada, el 18 de diciembre de 2013, es decir, dentro del término de seis (6) días que establece la Constitución, para efectos del control de constitucionalidad. Tanto el convenio, como el protocolo se anexaron en la fecha aludida, sin embargo, con el canje de notas en el que se corrigen algunas imprecisiones, no aconteció lo mismo.
Teniendo en cuenta lo anterior y, por lo que respecta a la Ley, el convenio y su protocolo, la Corte encuentra cumplido el requisito de remisión previsto por el numeral 10 del artículo 241 superior, por cuanto el Gobierno Nacional los hizo llegar, el siguiente día hábil al de su sanción, es decir, dentro del término constitucional previsto para tal fin.
En lo que atañe al canje de notas que corrige imprecisiones, advierte la Sala que se pudo incurrir en un descuido por parte de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, en el envío de la documentación completa, sin embargo, estima la Corte que este desacierto no tiene la entidad suficiente para viciar la voluntad del legislador, ni el actuar del ejecutivo o la labor de control de tribunal constitucional.
Observa la Sala que en la Gaceta del Congreso 777 de 2012, en la que se publicó por primera vez el proyecto y, en la que reposa también publicación de la constancia de reparto a la Comisión Segunda Constitucional del Senado de la República el Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado, se incorporó el convenio, su protocolo y el mencionado canje de notas con correcciones de traducción de términos. Para la Sala, esta inclusión completa de los textos desde el inicio del proceso legislativo evidencian que la totalidad del grupo de preceptos estuvieron a la vista de los legisladores, adicionalmente, en las votaciones del caso siempre al indicarse el objeto de la Ley, se hizo mención de los tres documentos. En esa medida y, en lo que a este aspecto concierne, no caben reparos. Igual razonamiento cabe respecto del actuar del ejecutivo, pues, no solo es el responsable del canje de notas, sino, como queda anotado, desde la presentación del proyecto en diciembre de 2012 se refirió el documento como uno de aquellos que debían ser sometidos a la correspondiente revisión del legislativo para la aprobación que tuviese lugar.
En lo que hace relación al control de constitucionalidad, valora la Sala que si bien el canje de notas no se anexó dentro de los términos que la Carta establece, lo cual, seguramente comportará aclarar las responsabilidades del caso, tal ausencia del documento cesó el 5 de marzo de 2014, fecha en la cual mediante oficio, la secretaría general del Senado de la República anexó la precitada Gaceta 777 de 2012, contentiva esta última del escrito faltante. Entiende la Sala que esta inclusión del órgano de publicación oficial del Congreso de la República, regulariza la inserción del texto faltante dentro del expediente. Importante resulta destacar que esta anexión se dio antes de la fijación en lista, la cual fue ordenada mediante auto de abril 2 de 2014 y efectuada el 7 de abril del mismo año, como se puede verificar en el folio 2 del cuaderno de pruebas principal. Lo inmediatamente anotado es relevante, dado que, como se puede apreciar, al momento de invitarse a los ciudadanos a hacer uso de su derecho de intervención en defensa de la Constitución ya reposaba en la actuación el varias veces citado canje de notas con correcciones. En suma, no se vulneró el derecho al debido proceso, pues, las disposiciones legales ya estaban en posibilidad de ser conocidas por los ciudadanos dentro del expediente. No sobra anotar que tampoco se afecta el juicio de constitucionalidad, pues, mucho antes de proferirse esta decisión ya obraba el referido escrito en el plenario de constitucionalidad, con lo cual, fue debidamente considerado.
El Acuerdo para evitar la doble tributación entre Colombia y Portugal y su protocolo, fueron suscritos en agosto 30 de 2010 por quien en aquellas ocasión fungiera como Ministro de Hacienda y Crédito Público. El citado funcionario contó para ello con el otorgamiento de los plenos poderes, conferidos por el Presidente de la República Juan Manuel Santos, y refrendados por la Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín, mediante escrito de la misma fecha.
La nota de DM/DIAJI 63308 de noviembre 25 de 2011 presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la nota 42 de mayo 17 de 2012 procedente de la Embajada de Portugal, conforman el canje de notas por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción del Convenio. Como se puede apreciar este documento fue suscrito por la Ministra de Relaciones Exteriores, no requiriéndose la expedición de plenos poderes, acorde con lo normado en el literal a) del numeral 2º del artículo 7º de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” de 1969, cuyo tenor literal reza:
Sobre esta forma de representación, ha sentado esta Sala:
“(…) El acuerdo y el primer protocolo objeto de revisión, fueron suscritos en nombre de la República de Colombia por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco Isakson, quien de conformidad con lo dispuesto en la Ley 406 de 1997, aprobatoria de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, no tiene la obligación de acreditar la existencia de plenos poderes para suscribir convenios internacionales en representación del Estado colombiano, pues en atención a la naturaleza de su cargo, ellos se presumen (ius repraesentationis omnimodae) (…)”.
En suma, no caben reparos en relación con este aspecto. En cuanto a la confirmación de los actos, acorde con la competencia atribuida al Jefe de Estado por el artículo 189 numeral 2º de la Carta, se observa que en octubre 3 de 2012 se impartió autorización para someter a consideración del Congreso de la República los citados cuerpos de normas. Con esto, queda saneado cualquier eventual vicio de representación en relación con los instrumentos que conforman el Acuerdo para evitar la doble tributación objeto de este control de constitucionalidad.
3.3. El trámite de la Ley 1692 de 2013 en el Congreso de la República.
Atendiendo, tanto las certificaciones remitidas por los respectivos secretarios de las cámaras legislativas y comisiones respectivas, como los antecedentes legislativos y las actas publicadas en las gacetas del Congreso de la República, la corporación pudo establecer que el trámite surtido en ese órgano para la expedición de la Ley 1692 de 2013 fue el siguiente:
El proyecto de ley aprobatorio de la (sic) “Por medio de la cual se aprueba el ‘convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’ y su ‘protocolo’, suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del ‘convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta”, inició su trámite en el Senado de la República, tal como lo dispone el citado inciso final del artículo 154 de la Constitución. El mismo fue radicado en la secretaría general de esa corporación, el día 7 de noviembre de 2012, como se puede colegir de las constancias publicadas en la Gaceta 777 de 2012(1) y que rezan:
“Senado de la República
Bogotá, D.C., 7 de noviembre de 2012.
Con el fin de que se proceda a repartir el Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’ y su ‘protocolo’, suscritos en Bogotá D.C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el ‘canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’, me permito pasar a su despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante secretaría general por los ministros de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín; y de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Segunda Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
Gregorio Eljach Pacheco”
En la misma Gaceta 777 de 2012 fue publicado el texto del convenio, su protocolo y el canje de notas con correcciones de traducción, así como la respectiva exposición de motivos(2), con lo cual, queda satisfecha la exigencia de publicación del texto legal a discutir por el principio mayoritario.
La ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República, fue presentada por el senador Roy Barreras Montealegre, y publicada en la Gaceta del Congreso 194 del 9 de abril de 2013. En dicho texto, el congresista le propone a la referida comisión “dar primer debate al Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado”.
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, en la sesión ordinaria del 16 de abril de 2013, fue anunciada la discusión y votación del “Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado” por parte de la Comisión Segunda del Senado, para llevarse a cabo en la próxima sesión ordinaria, que tendría lugar el 17 de abril de 2013, tal como consta en el Acta 28, de la misma fecha del anuncio, publicada en la Gaceta del Congreso 456 del 27 de junio del mismo año.
“(…) El secretario, doctor Diego Alejandro González González, da lectura al siguiente punto del orden del día: Por instrucciones de la señora presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión:
4. Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’ y su ‘protocolo’, suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el ‘canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’.
Ponente: Honorable senador Roy Leonardo Barreras Montealegre.
Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso 77 de 2013.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 194 de 2013.
Muchas gracias a todos, se levanta la sesión y se convoca para mañana a partir de la 10:00 a. m. (…)”.
No obstante, dicho proyecto no fue discutido ni votado en la sesión del 17 de abril de 2013. Por tal motivo, en la misma sesión fue anunciado nuevamente, para ser debatido y votado en la próxima sesión, prevista para el 24 de abril de 2013, según consta en el acta 29 de abril 17 de 2013, en la cual se lee:
El Senador Carlos Fernando Motoa Solarte, informa que se levanta la sesión y se convoca para el próximo miércoles 24, como lo ha establecido y mencionado el Señor secretario. Anuncie señor secretario los demás proyectos de ley. Muchas gracias.
El secretario de la Comisión, doctor Diego Alejandro González González, procede con el anuncio de proyectos de ley para la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado:
4. Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta” y su “protocolo”, suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el “canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta”.
En razón a que en la fecha nuevamente programada, no se discutió ni votó, hubo de hacerse un nuevo anuncio de discusión y votación en la sesión del 24 de abril, el cual, según el acta 1 de la fecha, publicada en la Gaceta 454 de 2013, se llevó a cabo en los siguientes términos:
Diego Alejandro González González, procede con el anuncio de proyectos de ley: por instrucciones de la Presidencia, me permito anunciar los proyectos de ley para la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado:
4. Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta” y su “protocolo”, suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el “canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta”.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso número 194 de 2013.
3.3.1.4 Aprobación en primer debate.
La discusión y aprobación, en primer debate, del Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado anunciada para la siguiente sesión de la comisión, según el acta 30 de la Comisión, publicada en la Gaceta 737 de 2013; tuvo lugar el 7 de mayo de 2013, en la deliberación intervinieron la viceministra de Hacienda, luego de su alocución y tras superar dificultades en la conformación de quórum, tuvo lugar la aprobación de la Ley en estudio, en los siguientes términos:
El secretario, doctor Diego Alejandro González González, da lectura a la proposición final: Por lo anteriormente expuesto y con base en lo dispuesto por la Constitución Política y la ley, me permito proponer a los honorables senadores dar primer debate al Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado (...) Esta leída la proposición con que termina el informe señora presidenta.
La señora presidenta, senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre, informa a los senadores de la Comisión:
Que está en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia, sigue la discusión, ¿aprueba la Comisión el informe final del Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado?
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González González, para informar que ha sido aprobada por los senadores de la Comisión el informe final de ponencia del Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado señora presidenta.
La señora presidenta, senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre, solicita la lectura del articulado del proyecto señor secretario.
El señor secretario, doctor Diego Alejandro González González, le informo señora presidenta, que se ha solicitada por el senador Roy Barreras la omisión de la lectura.
La señora Presidenta, Senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre, informa a los Senadores que está en consideración la omisión de la lectura y el articulado del Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado. ¿Lo aprueba la comisión?
El señor secretario, doctor Diego Alejandro González González, le informo a la señora presidenta:
Ha sido aprobada por los senadores de la Comisión, la omisión de lectura del articulado del Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado.
Interviene el senador Roy Leonardo Barreras Montealegre:
Para una precisión técnica, lo que hemos aprobado, es la omisión del articulado y el I articulado.
La señora presidenta, senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre, le informo que es la aprobación del articulado, solicito la lectura del título del Proyecto de Ley 156 de 2012 senado, señor secretario.
El señor secretario, senador Diego Alejandro González González, da lectura al título del Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta” y su “protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el “canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta”. Esta leído el título del proyecto señora presidenta.
La señora presidenta, senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre, informa a los Senadores que está en consideración el título del proyecto de ley, sigue en discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Aprueba la comisión el título leído.
El señor secretario, doctor Diego Alejandro González González, informa:
Ha sido aprobado señora Presidenta, el título del Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado.
La señora presidenta, senadora Myriam Alicia Paredes Aguirre, pregunta a los Senadores:
Quiere la Comisión que este proyecto tenga segundo debate.
El señor Secretario, doctor Diego Alejandro González González, le informo que los Senadores sí quieren que este proyecto tenga segundo debate señora presidenta.
Mediante oficio de febrero 20 de 2014 el secretario general de la comisión precisó que:
“La proposición final, la omisión de la lectura del articulado, el articulado propuesto, el título del proyecto y el querer que este tenga segundo debate y se convierta en Ley de la República fueron aprobados conforme al artículo 129 del reglamento del Congreso y/o artículo 1º de la Ley 1431 de 2011”(negrillas fuera de texto)(3).
De la citada manifestación expresa del secretario general y, de la ausencia de intervenciones en contra del proyecto de los senadores de la Comisión antes de la lectura de la ponencia, colige la Sala que se dio aplicación a la votación ordinaria, cuando en principio esta debió ser nominal y pública. No obstante, como se evidencia la unanimidad de la votación, cabría entender que se está ante la excepción permitida que validaría la actuación. Este aspecto se explicará más adelante. Por otra parte, se observa según lo manifiesta la constancia referida que el quórum estuvo conformado por los 13 senadores que integran la Comisión, dijo el documento al respecto “En relación al quórum se informa que este quedó integrado por los trece honorables senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado (…)”.
El texto definitivo aprobado en primer debate de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República al Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado ahora Ley 1692 de 2013, fue publicado en la Gaceta del Congreso 349 del 30 de mayo de 2013.
La ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado, también fue presentada por el senador Roy Barreras Montealegre y publicada en la Gaceta del Congreso 349 del 30 de mayo de 2013, en la cual propuso “dar segundo debate al Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado”.
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, el 4 de junio de 2013, en la plenaria del Senado, se anunció que la discusión y aprobación del “Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado”, se realizaría en la próxima sesión, esto es, en la del 5 de junio de 2013, de acuerdo con lo consignado en el acta de plenaria del Senado 64 de junio 4 de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso 512 de julio de 2013. El texto del anuncio es el siguiente:
Proyecto de ley 156 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su “protocolo”, suscritos en Bogotá, D.C., el 30 de agosto de 2010, y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta”.
Todos estos proyectos están publicados en la gaceta del Congreso señor presidente.
Siendo las 8:57 p. m., la presidencia levanta la sesión, y convoca para el día miércoles 5 de junio de 2013, a las 5:00 p.m.
A pesar del anuncio realizado, fue en la sesión plenaria que el Senado de la República llevó a cabo el 11 de junio de 2013, en la que tuvo lugar la discusión y aprobación, en segundo debate, del Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado. Revisado el orden del día de esta deliberación, contenido en el acta 65 de junio 11 de 2013, publicada en la gaceta 600 de 2013, se aprecia que en el capítulo “Votación de proyectos de ley o de acto legislativo” se incluyó el proyecto en estudio, así:
6. Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su “protocolo”, suscritos en Bogotá, D. C., el 30 de agosto de 2010, y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia, por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta”.
Ponente para segundo debate: Honorable senador Roy Leonardo Barreras Montealegre.
Publicaciones Senado: Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 777 de 2012.
Ponencia para primer debate publicada en la Gaceta del Congreso 194 de 2013.
Ponencia para segundo debate publicada en la Gaceta del Congreso 349 de 2013.
Autores: señores Ministros de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar; Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría”.
Más adelante, en la misma sesión, según la citada acta 65, en el apartado “Anuncio de proyectos” se encuentra lo siguiente:
Anuncios para la siguiente Sesión Plenaria del honorable Senado de la República día miércoles 12 de junio de 2013. Proyectos para discutir y votar en la próxima sesión Plenaria: (negrilla fuera de texto)
Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su “protocolo”, suscritos en Bogotá, D.C., el 30 de agosto de 2010, y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia, por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta”.
“Están anunciados todos los proyectos en curso, señor presidente (…)”.
Posteriormente, en la referida sesión, según se observa en el capítulo “Lectura de ponencias y consideración de proyectos en segundo debate”, se vota y se aprueba el proyecto en los siguientes términos:
“(…) La presidencia indica a la secretaría continuar con el siguiente proyecto.
Por secretaría se da lectura al título del Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta” y su “protocolo”, suscritos en Bogotá, D.C., el 30 de agosto de 2010, y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación al impuesto sobre la renta”.
La Presidencia indica a la secretaría continuar con el siguiente punto del orden del día,
Es pertinente destacar que no se observaron manifestaciones adversas al proyecto, ni a lo acontecido en la sesión inmediatamente aludida, en la cual, primero, se anunció la discusión y votación del proyecto, luego se avisó su debate y votación en una fecha posterior, para finalmente examinarse y votarse el mismo día que todo esto ocurrió.
De acuerdo con la certificación expedida por el secretario general del Senado, el proyecto fue aprobado a través del sistema de votación ordinaria, con un quórum deliberatorio y decisorio de 92 de los 98 senadores que componen la corporación, tal y como consta en el acta 65 de plenaria del Senado de igual data, publicada en la Gaceta del Congreso 600 de 2013. Dicha información aparece también consignada en el oficio emanado el 4 de marzo de 2014, el cual en lo pertinente dice:
“El mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria, conforme al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 y un quórum deliberatorio y decisorio de 92 de 98 senadores, según el llamado a lista, como consta en el acta 65 (…)”(4)
El secretario general del Senado de la República, en escrito remitido a esta Corte el 4 de marzo de 2014, certificó que el texto aprobado en la Sesión Plenaria del 11 de junio de 2013, fue publicado en la “Gaceta del Congreso 404 del 30 de octubre de 2013”.
El Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado “por medio de la cual se aprueba el “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta” y su “protocolo” suscritos en Bogotá D.C. República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre las renta” fue radicado en la Cámara de Representantes, para recibir el tercer y cuarto debate, designándose como ponente al representante Yahir Acuña Cardales.
La ponencia para el tercer debate en la Cámara de Representantes del “Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 157 de 2012 Senado”, fue presentada ante la Comisión Segunda de esa entidad por el representante a la Cámara Yahir Acuña y, publicada en la Gaceta del Congreso 624 del 15 de agosto de 2013, tal y como lo certificó el secretario general de la Comisión.
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, la votación del “Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado” fue anunciada por parte de la mesa directiva de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el día 13 de agosto de 2013, para llevarse a cabo en la próxima sesión, el aviso quedó registrado en el acta 5 de la fecha y, fue publicada en la Gaceta del Congreso 708 de 2013, del siguiente modo:
“(..) V: Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo número 01 de 2003 para aprobación en próxima sesión de Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley. De acuerdo con lo expresado por el señor presidente y lo ordenado por él en esta sesión, me permito hacer los siguientes anuncios.
Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’ y su ‘protocolo’ suscritos en Bogotá D.C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del ‘convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre las renta’. Ponente: honorable representante Yahir Fernando Acuña Cardales.
Esos son los proyectos de ley señor presidente anunciados según usted lo ordena (…)”
La aprobación del Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado, por parte de la mencionada Comisión, aconteció en la sesión realizada el 20 de agosto de 2013, tal como lo informa el Acta 6 de ese día, publicada en la Gaceta del Congreso 761 de 2013 y la certificación enviada a esta corporación, por el secretario general de la Comisión. En la Gaceta mencionada se dice:
“(…) Siguiente punto del orden del día.
Sí señor presidente. Segundo proyecto para debatir y votar el día de hoy, dentro del punto cuarto del orden del día.
Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta” y su “protocolo”, suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia el 30 de agosto de 2010, y el ¿canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia, por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción de las versiones en español, inglés y portugués del “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia, para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta”.
Señora secretaria, sírvase leer la proposición con que termina la ponencia.
Con gusto presidente. Por lo anteriormente expuesto y con base en lo dispuesto por la Constitución Política y la ley, me permito proponer a los honorables representantes miembros de la Comisión Segunda dar primer debate al Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado (…).
(…) Leída la proposición señor presidente.
En consideración de la Comisión la proposición leída, se abre su discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la Comisión?
Señor presidente me permito informarle que son tres (3) artículos debidamente publicados en la Gaceta y no existe proposición modificatoria alguna al respecto, señor presidente.
En consideración de la Comisión el articulado del proyecto. Se abre su discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿Lo aprueba la Comisión?
Las preguntas reglamentarias.
Se le pregunta a los honorables representantes de la Comisión si aprueban el título del proyecto que a continuación leeré, y si ustedes quieren que este proyecto de ley tenga segundo debate en Cámara y se convierta en ley de la República. (…)
Las demás preguntas.
Ya lo hice, y lo vuelvo a hacer, señor presidente. ¿Los honorables representantes quieren que este proyecto de ley tenga segundo debate en Cámara de Representantes y sea ley de la República?
En consideración de la Comisión, las preguntas leída por la señora secretaria, se abre su discusión, va a cerrarse, queda cerrada. ¿Las aprueba la Comisión?
Sí las aprueba señor presidente, el título del proyecto y los honorables representantes quieren que este proyecto pase a segundo debate en Cámara y sea ley de la República.
Se nombra como ponente al doctor Yahír Acuña (…)”.
Igualmente reposa certificación suscrita por la secretaria general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, escrito del que se colige que dicha decisión se adoptó por unanimidad en votación ordinaria, que contó con el quórum deliberatorio y decisorio necesario para tal fin. La proposición final del informe de ponencia, que apuntó a que se le diera tercer debate, fue votada afirmativamente por 12 de los 18 representantes de la Comisión. En lo pertinente el documento reza:
Certifico: que en sesión de 20 de agosto de 2013, acta 6, se le dio primer debate y se aprobó en votación ordinaria de acuerdo al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (L. 1431/2011, (…) Proyecto de Ley 335/2013 Cámara, 156/2012 Senado (…) sesión a la cual asistieron 12 honorables representantes en los siguientes términos:
Leída la proposición con que termina el informe de ponencia y escuchadas las explicaciones del ponente (…) se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria.
Leído el título del proyecto y preguntada a la comisión (sic) si quiere que este proyecto sea ley de la República, se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria (…)” (negrillas del original)(5).
El texto aprobado en tercer debate al Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara y 156 Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso 780 del 30 de septiembre de 2013.
3.3.2.5 Ponencia para cuarto debate.
La ponencia para el cuarto debate del “Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado” fue presentada ante la plenaria de la Cámara, por el mismo representante al que correspondió en primer debate, Yahir Acuña, la cual fue publicada en la Gaceta de Congreso 780 del 30 de septiembre de 2013.
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 13 de noviembre de 2013, se anunció que la discusión y aprobación del Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado, acaecería el día 19 del mismo mes y año, o en la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos. Así consta en el acta 249 de junio de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso 38 de 2014. El texto del anuncio para votación aparece en la citada acta, en los siguientes términos:
“(…) Señora secretaria sírvase anunciar proyectos.
Sí señor presidente, se anuncian los siguientes proyectos de ley, para el próximo martes 19 de noviembre o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 de 2003 en su artículo 8º.
Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta” y su “protocolo” suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia el 30 de agosto de 2010, y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta”.
Se levanta la sesión, se cita para el próximo martes 19 de noviembre a las 3 de la tarde (…)”.
3.3.2.7 Aprobación en cuarto debate.
La aprobación del Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado, por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes, tuvo lugar en la sesión del día 19 de noviembre de 2013, en los términos del anuncio que debidamente hecho en la sesión anterior, tal y como consta en el acta 250 del mencionado 19 de noviembre, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso 54 del 20 de febrero de 2014. Votación que se dio de la siguiente forma:
Continúe con el orden del día, señor secretario.
Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado (…)
El informe con que termina la ponencia dice su proposición.
Por lo anteriormente expuesto y con base en lo dispuesto por la Constitución Política y la ley, me permito proponer a los honorables representantes dar segundo debate al Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado (…).
Ha sido leída la proposición con que termina la ponencia pidiendo que se le dé segundo debate a este proyecto de ley.
En consideración el informe de ponencia del Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada ¿Aprueban el informe de ponencia honorables representantes?
Habiéndose aprobado la ponencia, el articulado señor presidente, son tres artículos sin ninguna proposición.
En consideración el articulado del Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado (…) se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada ¿Aprueban los honorables representantes el articulado?
Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado (…) y se pregunta a la Plenaria si quiere que este Proyecto sea ley de la República.
En consideración el título del Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado (…) se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada ¿Aprueban los honorables Representantes?
Ha sido aprobado señor presidente (…)”.
En cuanto a la aprobación y votación del proyecto, tanto de la certificación expedida por el secretario general de la referida Cámara, remitida a este tribunal, el 4 de marzo de 2014, como del Acta 250, se advierte que en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del día 19 de noviembre de 2013, a la cual asistieron ciento cincuenta y un (151) representantes, “(…) fueron considerados y aprobados por unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para el segundo debate, el articulado, título y la pregunta ‘quiere la plenaria que este proyecto sea Ley de la República (…) Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado”(6)
El texto definitivo del proyecto aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representante aparece publicado en la Gaceta del Congreso 970 del 27 de noviembre de 2013.
Finalmente, el 17 de diciembre de 2013, el Presidente de la República sancionó la Ley 1692 de 2013 por medio de la cual se aprueba “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y su protocolo suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia el 30 de agosto de 2010, y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta”
Para la Corte, de acuerdo con el trámite legislativo dado al Proyecto de Ley 1692 de 2013 y descrito en el apartado anterior, se pueden hacer las siguientes valoraciones:
En lo que concierne a las publicaciones oficiales, acorde con lo preceptuado en el numeral 1º del artículo 157 de la Constitución y demás normas concordantes, aquellas tuvieron lugar de manera ajustada al ordenamiento. Así, se tiene, (1) antes de darle curso en la respectiva comisión del Senado, el proyecto fue publicado, junto con la exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso 777 del 8 de noviembre de 2012; (2) la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue publicada en la Gaceta del Congreso 194 del 9 de abril de 2013; (3) el texto aprobado en primer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso 349 del 30 de mayo de 2013; (4) la ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado de la República fue publicada en la citada Gaceta 349 del 30 de mayo de 2013; (5) el texto definitivo aprobado en la plenaria del Senado de la República fue publicado en la Gaceta del Congreso. 404 del 12 de junio de 2013; (6) la ponencia para tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta del Congreso 624 del 15 de agosto de 2013; (7) el texto aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso 780 del 30 de septiembre de 2013; (8) la ponencia para cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicada en la citada Gaceta 780 del 30 de septiembre de 2013; y (9) el texto definitivo aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso 970 del 27 de noviembre 2013.
En materia de los términos entre los debates ocurridos en los organismos legislativos, el inciso 1º del artículo 160 de la Constitución indica que deben mediar ocho (8) días entre el primer y el segundo debate en una misma Cámara y, deben transcurrir quince (15) días entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra, teniendo siempre presente que tales términos se entienden contados en días calendario. A este respecto no cabe ningún reparo, pues, el primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República se realizó el 7 de mayo de 2013, el segundo debate en la plenaria del Senado ocurrió el 11 de junio de 2013, transcurriendo entre ellos más de 8 días. Lo mismo aconteció en el trámite surtido en la Cámara de Representantes, habida cuenta que, mientras el primer debate, en la Comisión Segunda de la Cámara, se cumplió el día 20 de agosto de 2013, el segundo debate, en Plenaria de Cámara, se efectuó el día 19 de noviembre de 2013, existiendo, entre uno y otro, una diferencia de más de 8 días. Finalmente, se advierte que entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado de la República, que tuvo lugar el 11 de junio de 2013, y el debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, sucedido el 20 de agosto de 2013, transcurrieron más de los 15 días que exige la Carta.
Por lo que respecta a la discusión y aprobación del Proyecto de Ley 335 de 2013 Cámara, 156 de 2012 Senado, hoy Ley 1692 de 2013, se observa que fue discutido y aprobado en cuatro debates, en comisiones y plenarias de ambas cámaras, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 2º y 3º del artículo 157 superior.
En cuanto a la forma de votación, quórum requerido y, las mayorías exigidas por los artículos 145 y 146 de la Carta y el reglamento del Congreso, se observa que en todos los 4 debates tuvo lugar la votación ordinaria(7). En el primer debate se manifestaron en favor del proyecto los 13 senadores que integran la Comisión Segunda; en segundo debate contó con la aceptación de 92 —que se hicieron presentes— de los 98 senadores que conforman la plenaria del Senado; en tercer debate, de los 18 representantes a la Cámara que pertenecen a la Comisión Segunda de esa entidad, 12 asistentes votaron afirmativamente. Por último, en cuarto debate, 151 de los 162 representantes a la cámara votaron afirmativamente el proyecto consolidando su voluntad de convertirlo en ley de la República. Se concluye pues que cada una de las deliberaciones señaladas contó con la presencia de más de la mitad de los congresistas que hacen parte de las respectivas entidades, con lo que se satisfizo el quórum y, en lo concerniente a las mayorías, es oportuno destacar que en todos los debates la decisión se adoptó por unanimidad, con lo cual, entiende la Corte, quedó satisfecha la exigencia de mayorías requerida por la Carta.
El modo de votación ordinaria en todos los debates, está certificado por cada una de las respectivas constancias allegadas a esta corporación. Al respecto, debe observarse que está forma de decidir, está autorizada por la ley como excepción al método de votación nominal y pública consagrado en el artículo 133 superior y, procede cuando se presentan situaciones de unanimidad. Para la Sala, se presentan importantes indicios de decisión unánime, cuando se verifica que no hay oposiciones a la aprobación del proyecto, que no se registran votos en su contra, que ninguno de los votantes manifiesta su desacuerdo con el empleo de dicho sistema; circunstancias, todas, que acorde con lo que se advierte en las discusiones y votaciones acaecidas, convergen en el trámite del proyecto de ley objeto de control(8). Por ende, es admisible colegir que en virtud de tal unanimidad, tuvo lugar la forma de votación ordinaria.
En cuanto al cumplimiento de lo mandado en el artículo 162 de la Carta Política, se observa que el proyecto de ley en examen, fue radicado en el Senado de la República el día 7 de noviembre de 2012 y, aprobado en la Sesión Plenaria de la Cámara de Representantes el día 19 de noviembre de 2013. En consecuencia, se tiene que el proyecto inició su trámite en la legislatura comprendida entre el 20 de julio de 2012 y el 20 de junio de 2013, siendo aprobado en la legislatura siguiente, lo cual significa que se debatió y aprobó en no más de dos legislaturas, es decir, dentro del término constitucional.
El Proyecto de Ley que culminó con la expedición de la Ley 1692 de 2013, obtuvo la correspondiente sanción presidencial, el día 17 de diciembre de 2013, dándose con ello cumplimiento a lo previsto en el numeral 4º del artículo 157 de la Carta.
Por lo que guarda relación con la observancia del requisito del anuncio previo, estipulado en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución, es oportuno recordar que el tenor literal del precepto reza:
Respecto del telos del anuncio, la Sala en su jurisprudencia ha sentado lo siguiente:
“[p]or una parte, permitir que los congresistas conozcan con la debida anticipación los proyectos y demás asuntos sometidos a su consideración, evitando que sean sorprendidos con votaciones no anunciadas e intempestivas. Y por la otra, garantizar a los ciudadanos y a las organizaciones sociales que tengan interés en los proyectos tramitados por el Congreso, una participación política oportuna, de manera que puedan incidir a tiempo en su proceso de aprobación, dando a conocer sus opiniones e ideas y manifestando su acuerdo o desacuerdo con lo debatido”(9).
“(…)(i) que se anuncie la votación del proyecto en cada uno de los debates reglamentarios; (ii) que el anuncio lo haga la presidencia de la Cámara o de la respectiva Comisión en una sesión diferente y previa a aquella en la cual debe realizarse la votación del proyecto; (iii) que la fecha de la votación sea cierta, determinada o, en su defecto, determinable; y (iv) que el proyecto no sea votado en sesión distinta a la anunciada previamente.(…)”(10) (Sent. C-032/2014, M.P. Mendoza Martelo).
“(se) ha(n) definido unas reglas objetivas de valoración, dirigidas a permitir que, tanto la aplicación, como el juzgamiento del requisito de anuncio, sea el resultado de un proceso lógico y racional, que permita interpretar el mandato constitucional que lo orienta y los objetivos que con él se persiguen. Tales reglas son:
- El anuncio no tiene que hacerse a través de una determinada fórmula sacramental o de cierta expresión lingüística(11), en razón de que la Constitución no prevé el uso de una locución específica para cumplir el mandato constitucional.
- El anuncio debe permitir determinar la sesión futura en la cual va a tener lugar la votación del proyecto de ley en trámite(12), de manera que solo la imposibilidad para establecer la sesión en que habría de tener ocurrencia dicho procedimiento, hacen de aquél un anuncio no determinado ni determinable, y, en consecuencia, contrario al requisito previsto en el artículo 160 de la Carta(13). Para definir lo que debe entenderse por la expresión “determinable”, la corporación ha señalado(14) que expresiones como: “para la siguiente sesión” o “en la próxima sesión”, permiten entender que sí fue definida la fecha y la sesión en la cual el proyecto de ley debe ser votado, con lo cual se considera cumplido el requisito del aviso.
En el proyecto sometido a control el trámite del requisito de anuncio previo se presentó, así:
En el primer debate en la Comisión Segunda del Senado, (i) se anunció el proyecto el día 16 de abril de 2013 según consta en el acta 28 de la Comisión; posteriormente, se volvió a anunciar el 17 de abril, según se advierte en el acta 29 de la Comisión; más adelante, en sesión conjunta de comisiones segundas, se hizo el anuncio el 24 de abril, según el acta 1 de comisiones conjuntas y, finalmente, se votó el 7 de mayo según se observa en el acta 30 de la Comisión Segunda. (ii) el anuncio se hizo en sesiones previas y diferentes a aquella en que tuvo lugar la votación (iii) la cadena de anuncios no fue interrumpida, tal como se puede colegir de la nomenclatura consecutiva de las actas de la Comisión Segunda del Senado, pues, se inicia con el acta 28, continúa en el acta 29 y la votación ocurre en la sesión que se consigna en el acta 30. Por lo que atañe a las locuciones empleadas, no cabe reparo, pues, en todos los casos se utilizó la expresión “próxima sesión”, lo cual, hace determinable el momento en el que se procedería a votar el proyecto.
Para el segundo debate en plenaria del Senado, el anuncio de votación fue hecho en la sesión del 4 de junio, según consta en el acta 64 de la misma fecha. Acorde con el acta 65 de junio 11 de 2013, se tiene que el proyecto fue mencionado entre los que se discutirían y votarían ese día, sin embargo, al aludirse a los proyectos que se votarían en la sesión siguiente, también se hizo referencia al proyecto en estudio, en los siguientes términos:
“(…) por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Anuncios para la siguiente Sesión Plenaria del honorable Senado de la República día miércoles 12 de junio de 2013. Proyectos para discutir y votar en la próxima sesión Plenaria:
(…) ¿Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado (…).
Finalmente se dijo:
Con todo, se procedió a debatir y votar el Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado, en la sesión del 11 de junio de 2013, tal como puede verse en la precitada acta 65, publicada en la Gaceta 600 de 2013.
Para la Sala, en este caso, podría plantearse un eventual reparo, pues, el anuncio de discusión y votación futura del proyecto, hecho el mismo día en que se debatió y votó, circunstancialmente, daría pie a una confusión. Sin embargo, en este caso concreto, lo sucedido no tuvo la entidad suficiente para lograr desorientar a los participantes en la deliberación. Estima la Corte que el aviso hecho en la sesión previa a la de la votación, esto es, la del 4 de junio y, su ratificación en el inicio de la sesión del 11 de junio, al manifestarse que el proyecto en estudio, se debatiría y votaría ese día 11; expresan de manera clara e inequívoca, la intención de la mesa directiva de la plenaria de llevar a cabo lo anunciado, esto es, discutir y votar el Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado el día 11 de junio, como efectivamente ocurrió. Importante en este caso concreto, es el hecho de no existir dentro de la sesión, ni a este momento, observación o tacha alguna sobre este punto, por parte de los miembros de la corporación, la gran mayoría de los cuales, estuvo presente en el acto, puntualmente 92 de 98 senadores. Tampoco, se tiene cuestionamiento alguno sobre este asunto en ninguna de las intervenciones, incluida la del Ministerio Publico. Igualmente, resulta relevante anotar que la consecutividad de las actas de las sesiones, evidencia que no se rompió la cadena de anuncios, como se puede apreciar el aviso respectivo se hizo en la sesión contenida en el acta 64 de junio 1º de 2013 y la discusión y votación en la sesión contenido en el acta 65 de junio 11 del mismo año(15).
De los hechos, se colige incontestablemente que, para todos resultó claro que el día previsto para discutir y votar el proyecto, era el de la sesión del 11 de junio, dado que ésta, fue la siguiente a la celebrada el 4 de junio, sesión esta última, en la que inicialmente se avisó el debate y deliberación para el proyecto en la plenaria del Senado.
No ignora la Sala que situaciones como la presentada, pueden en otras circunstancias específicas, amenazar los derechos del congresista a votar y discutir los proyectos de ley, hipótesis en la cual, también se atentaría contra pilares constitucionales del debate legislativo como los derechos de representación y participación. Esto podría tener lugar si por el actuar equivocado de la mesa directiva, algún o algunos miembros del Congreso se retirasen del recinto en el que se sesiona, confiando en que el proyecto será discutido y votado en otra oportunidad, para enterarse posteriormente que el proyecto se votó en la reunión de la cual se marcharon y, el anuncio preliminar fue producto de un desacierto de la mesa directiva.
Para el tribunal constitucional, el examen de las circunstancias concretas que tuvieron lugar, en el caso en estudio, no encaja en la censurable situación inmediatamente descrita y por ende, no se desvirtúa el cumplimiento de la finalidad del anuncio. Entiende la Sala que la actuación revisada se ciñó a la buena fe y, la inclusión del proyecto como uno de aquellos que se votaría en una sesión posterior a aquella en la que realmente se decidió, obedece a un yerro que esta corporación no aplaude y, deberá ser tenido en cuenta para que no vuelva a acontecer, pero que en este caso concreto, no da al traste con la exequibilidad del procedimiento de formación de la ley objeto de este control de constitucionalidad.
En suma, para la Sala el anuncio respecto de la votación y discusión del proyecto y, las circunstancias anotadas, no dan lugar a pronunciarse en términos de inexequibilidad sobre este punto. Se concluye entonces que a pesar de lo ocurrido, el momento de la votación estuvo determinado, el anuncio fue previo a la sesión en la que efectivamente se dio el debate y la votación y, la fórmula verbal empleada no riñe con la finalidad del anuncio.
En cuanto al anuncio para deliberación y votación en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se tiene que este tuvo lugar el 13 de agosto de 2013, según acta 5, publicada en la Gaceta del Congreso 708. El debate y la votación se llevaron a cabo efectivamente en la sesión siguiente el 20 de agosto de 2013, según se observa en el acta 6 de la misma fecha, la cual, fue publicada en la Gaceta 761 de 2013. Para la Sala, la consecutividad de las actas, al igual que en otros casos, es una evidencia importante del cumplimiento que se dio al anuncio contenido en el acta 5 y que fue materializado en la sesión descrita en el acta 6. En suma, el anuncio fue anterior a la sesión en la que se debatió y voto el proyecto, además, el momento en que tal acto de deliberación y decisión debía darse era determinable. En cuanto a la locución empleada, “próxima sesión”, para referirse a la ocurrencia del hecho futuro, no se tiene reparo por parte de esta corporación.
En lo que concierne al cuarto debate, observa la Sala que el anuncio fue hecho el 13 de noviembre de 2013, según lo consignado en el acta 249 de la misma fecha publicada en la Gaceta 38 de 2014. La deliberación y decisión se surtieron el 19 de noviembre, según se aprecia en el acta 250, publicada en la Gaceta 54 de 2014. Al igual que en el caso del anuncio para tercer debate, la continuidad de las actas muestra que el aviso fue previo y la deliberación y votación tuvieron lugar en una sesión posterior. La fórmula empleada en el anuncio, tampoco tiene reparo, pues, la expresión “para el próximo martes 19 de noviembre o para la siguiente sesión” resulta bastante elocuente y ajustada a las exigencias constitucionales.
Concluye pues el tribunal constitucional que la Ley 1692 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y su protocolo suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia el 30 de agosto de 2010, y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta”, cumplió con los requisitos formales prescritos por la Constitución Política para la aprobación de las leyes. En consecuencia, procede la Corte a examinar si dicha ley, y el instrumento internacional en ella contenido, se ajustan, desde el punto de vista material, a la Constitución Política.
5. Los propósitos y el articulado del “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta y su protocolo suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia el 30 de agosto de 2010, y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio del cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta” frente a la Constitución.
El análisis de fondo de la Ley 1692 de 2013 implica dos consideraciones puntuales, de una parte, se requiere evaluar los propósitos del instrumento internacional y, de otra, revisar el articulado del mismo. Por lo que concierne a los propósitos del Acuerdo para evitar la doble tributación entre Colombia y Portugal es pertinente observar que en el título del acuerdo se consignan las finalidades del mismo “evitar la doble imposición y (…) prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta”. El considerando previo al cuerpo de prescripciones, también las incluye en los siguientes términos:
“(…) deseando concluir un convenio para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta, con el fin de promover y fortalecer las relaciones económicas entre los dos países (…)”.
Desde ahora resulta importante destacar que esta Sala se ha pronunciado, en diversas oportunidades, sobre convenios cuya finalidad es evitar la doble imposición, tal es el caso del Acuerdo para evitar la doble tributación con Brasil (L. 71/93) declarado exequible mediante Sentencia C-249 de 1994; Acuerdo para evitar la doble tributación con España (L. 1082/2006), exequible mediante Sentencia C-383 de 2008; Acuerdo para evitar la doble tributación con Chile (L. 1261/2008), exequible por Sentencia C-577 de 2009; Acuerdo para evitar la doble tributación con Suiza (L. 1344/2009), exequible según Sentencia C-460 de 2010; Acuerdo para evitar la doble tributación con Canadá (L. 1459/2011), exequible de conformidad con la Sentencia C-295 de 2012; Acuerdo para evitar la doble tributación con México (L. 1568/2012), exequible acorde con la Sentencia C-221 de 2013 y con la India (L. 1668/2013) declarado exequible por Sentencia C- 238 de 2014.
No sobra precisar que del grupo de convenios inmediatamente referidos, salvo el canje de notas con Brasil y el convenio celebrado con Suiza, todos los restantes involucran como finalidad la prevención de la evasión fiscal. Igualmente, es pertinente precisar que de todos los instrumentos aludidos, el único que se refiere exclusivamente al impuesto a la renta, tal como el instrumento que es objeto de control en esta providencia, es el convenio suscrito con la India, pues, los demás incorporan además del gravamen a la renta, el correspondiente al patrimonio. De lo inmediatamente anotado, se concluye que en lo atinente a la evaluación de los propósitos del Acuerdo para evitar la doble tributación firmado entre Portugal y Colombia, la gran mayoría de las decisiones mencionadas en el párrafo precedente, han de ser tenidas en cuenta, dada su coincidencia con las miras del acuerdo en estudio. También se colige que, del conjunto de instrumentos enlistados, con sus respectivas sentencias de exequibilidad, el que se identifica con el impuesto específico, esto es el impuesto a la renta, es el convenio rubricado con la India.
En lo que atañe a decisiones de este tribunal sobre instrumentos internacionales, orientados puntualmente a prevenir la evasión fiscal, el asunto tampoco resulta nuevo, pues, recientemente se ha proferido la Sentencia C-032 de 2014. Con estos presupuestos jurisprudenciales abordará la Corte la tarea propuesta.
5.1. Evitar la doble tributación y combatir la evasión fiscal como propósitos de los acuerdos para evitar la doble tributación. Reiteración de jurisprudencia.
Ha dicho la doctrina que la doble imposición “(…) se caracteriza por la existencia de un supuesto que origina el nacimiento de varias deudas tributarias por el mismo concepto y durante el mismo periodo de tiempo (…)”(16). Sobre el punto ha precisado la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos “De forma general, la doble imposición jurídica internacional puede definirse como resultado de la aplicación de impuestos similares, en dos (o más) Estados, a un mismo contribuyente respecto de la misma materia imponible y por el mismo período de tiempo)(…)”(17). Este fenómeno se ha constituido en un factor que desestimula la inversión extrajera, dado que resulta poco atractivo tributar dos veces, así sea en montos distintos, por el mismo concepto. Como lo ha señalado la misma Organización para la cooperación y el desarrollo económicos, esta situación afecta el intercambio de bienes, servicios y tecnologías. A todo lo anterior, se suma, como consecuencia obvia, la reducción de la ganancia para quien invierte y es objeto de la doble imposición.
En relación con las causas que originan la doble imposición, se ha diferenciado entre las causas políticas y las causas técnicas. Se ha dicho que las primeras obedecen a la ausencia de un poder supranacional que con carácter coactivo imponga un criterio unitario para la exigencia del tributo. En virtud de su soberanía cada Estado decide qué grava, cuándo lo grava y cómo lo grava. Las causas técnicas tienen lugar dada la falta de un “criterio único sobre reglas” para asignar la totalidad del gravamen “a un determinado poder tributario”(18).
Frente a estas circunstancias se han concebido e implementado los convenios que pretenden impedir la existencia de la doble tributación. Colombia se ha ido insertando paulatinamente en el contexto internacional inclinado a la celebración de los convenios acuerdos para evitar la doble tributación, cuya finalidad esencial es acabar o, por lo menos mitigar el fenómeno de la doble tributación. Prueba de esta tendencia son los citados convenios suscritos con España, Canadá, México, Chile y Suiza. En el juicio de constitucionalidad de dichos instrumentos, la Corte ha avalado los propósitos de evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. Así por ejemplo en la Sentencia C-383 de 2008 M.P. Pinilla Pinilla, que declaró la constitucionalidad del Acuerdo para evitar la doble tributación suscrito con España (L. 1082/2006) se dijo:
“(el convenio) persigue dos propósitos fundamentales: El primero de ellos es prevenir de manera efectiva la doble tributación que usualmente afecta a las personas que simultáneamente mantienen vínculos personales, laborales o de otro tipo con dos distintos Estados. El otro es reforzar la mutua colaboración entre las autoridades tributarias de ambos países con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de tales personas, el cual suele dificultarse si no existe comunicación efectiva entre dichas autoridades, e incluso como resultado de la existencia de ventajas como las que este mismo convenio busca fortalecer (garantía de que no habrá doble tributación). (Negrillas fuera de texto).
De esta manera los Estados firmantes buscan ofrecer condiciones más favorables para el tráfico jurídico y de inversiones y negocios entre los dos países, que se espera redunden en el crecimiento de ambas economías, al tiempo que a través de la mutua cooperación, previenen que tales condiciones puedan generar perjuicios a la efectiva recaudación de las rentas tributarias legalmente debidas a cada uno de ellos (...)
Desde esta perspectiva, estima la Corte que el tratado cuya constitucionalidad se revisa es un mecanismo válido para el cumplimiento de los fines del Estado colombiano y se enmarca sin dificultad dentro de los objetivos que la Constitución le asigna al manejo de las relaciones internacionales y a la suscripción de tratados con otros Estados y/o organismos de derecho internacional (Cfr. C.P., arts. 9º, 150 num. 16, 189, num. 2º, 224 y 226). También, en cuanto España, que es el otro Estado firmante de este tratado, es usualmente considerado en América Latina como un miembro más de dicha comunidad, puede entenderse que la suscripción de este instrumento contribuye al logro de los objetivos de integración regional a que se refieren particularmente los artículos 9º y 227 ibídem (…)”.
Esta línea de pensamiento fue reiterada en las restantes sentencias en las cuales se estudió la constitucionalidad de Convenios ADT, signados por el país. Recientemente, esta Sala, a propósito de la constitucionalidad de medidas cuyo telos es evitar la doble imposición, sentó:
“(…) Para esta Sala, la pretensión de eliminar la doble tributación resulta de recibo de conformidad con los precedentes referidos. En suma, proteger al contribuyente de la doble tributación, se orienta tanto a estimular la inversión extranjera como a pugnar por la equidad en materia tributaria. Para la Corte, tales fines son congruentes con el mandato de lograr la prosperidad general contenido en el artículo 2º de la Carta, así como el deber de contribución al financiamiento de los gastos dentro de conceptos de justicia y equidad establecidos en el numeral 9º del artículo 95 de la Constitución. Igualmente, entiende el tribunal constitucional que desarrollan tanto el mandato de promoción de la internacionalización de las relaciones económicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia, consagrado en el artículo 226 del Texto Superior, como el precepto de promoción de la integración económica con las demás naciones, contenido en el artículo 227 de la Constitución (…)”. (Negrillas fuera de texto) (Sent. C-032/2014, M.P. Mendoza Martelo).
Por otro lado, la lucha contra las prácticas de la evasión fiscal también ha sido una preocupación que encuentra arraigo en la Constitución. En el numeral 9º del artículo del 95 de la Constitución Política, se establece entre los deberes de la persona y el ciudadano el de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado, este mandato se desatiende cuando quien tiene la carga de cumplir con la obligación tributaria, bien no lo hace sin más o, bien se prevale de las disposiciones del ordenamiento jurídico para incumplir con las citadas obligaciones. Sobre la constitucionalidad del propósito de reducir la evasión fiscal dijo la Sala en sentencia citada:
“(…) En relación con el incremento de cooperación en materia fiscal, con miras a reducir la elusión y la evasión en materia fiscal, encuentra la Corte que se trata de un telos constitucional, pues, el logro propuesto contribuye, de un lado, a acrecentar las arcas del Estado, facilitando recursos que contribuyan de manera general a la prosperidad estipulada en el artículo 2º de la Carta, además, dicho aumento del fisco, ofrece mayores posibilidades de satisfacer otro fin esencial del Estado, también consagrado en el artículo 2º de la Constitución, cual es, la realización efectiva de los derechos.
De otro lado, el evitar las inaceptables prácticas elusivas y evasivas en materia tributaria, se corresponde con el deber constitucional establecido en el artículo 95 numeral 9º del Texto Superior. Tanto la elusión como la evasión van en contravía del deber de financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, pues, quienes incurren en las censurables conductas, no aportan al erario lo que legalmente les corresponde. Adicionalmente, se quebranta el mandato de equidad contenido en el deber aludido, pues, con la elusión y evasión, el aporte referido, recae únicamente en quienes diligentemente cumplen su deber de pagar sus impuestos. (…)” (Sent. C-032/2014, M.P. Mendoza Martelo).
Esta corporación, en otras ocasiones y atendiendo jurisprudencia previa, ha dicho:
“(…) la imposición de medidas conducentes a controlar la evasión y la elusión incrementan la eficiencia del sistema tributario al tiempo que fomentan la equidad tributaria (…)” (Sent. C-007/2002, M.P. Cepeda Espinosa).
Por lo que respecta a los deberes en materia tributaria la corporación ha sostenido:
“(…) Una de las manifestaciones específicas de esa potestad sancionadora del Estado se ejerce en el campo tributario, pues todas las personas deben contribuir a financiar, de acuerdo a criterios de equidad y justicia, los gastos del Estado (C.P., art. 95, ord. 9º). (…), es lógico que el ordenamiento dote a las autoridades de instrumentos que permitan hacer exigible a los particulares esa obligación constitucional, de cuyo cumplimiento depende la eficacia misma del Estado social de derecho, ya que ‘las autoridades públicas requieren permanentemente de recursos, puesto que no solo ciertas necesidades solo pueden ser satisfechas mediante prestaciones públicas sino que, además, muchos de los derechos fundamentales que en apariencia implican un deber estatal de simple abstención —los llamados derechos humanos de primera generación o derechos civiles y políticos— en la práctica requieren también intervenciones constantes del Estado (…)’. (Sent. C-597/96, M.P. Martínez Caballero).
Para la Sala no queda duda que ninguno de los dos propósitos que signan el instrumento internacional suscrito entre Colombia y Portugal, no riñen con el Texto Superior. Evitar la doble tributación y adoptar medidas encaminadas a impedir el fraude al fisco por las vías de la elusión y la evasión en el pago de los gravámenes, encuentran soporte en la Constitución Política. Establecida la constitucionalidad de los propósitos del acuerdo entre Colombia y Portugal, sometido a valoración, corresponde estimar el articulado contenido en el Convenio, su protocolo y el canje de notas.
5.2 El articulado del Acuerdo para evitar la doble tributación entre Colombia y Portugal, su protocolo y su canje de notas. Reiteración de jurisprudencia.
El instrumento internacional objeto de control de constitucionalidad consta de 3 artículos que conforman los seis capítulos denominados como sigue: I. Ámbito de aplicación del Convenio (arts. 1º y 2º); II. Definiciones (arts. 3º a 5º); III. Imposición de las rentas (arts. 6º a 21), IV. Métodos para eliminar la doble imposición (art. 22), V. Disposiciones especiales (arts. 24 a 28), VI. Disposiciones finales (arts. 29 y 30). Por su parte, el protocolo, contiene cinco prescripciones, la primera se integra al apartado 3º del artículo 5º, la segunda al aparatado 3º del artículo 7º, la tercera al apartado 3º del artículo 8º, la cuarta al artículo 10 y la quinta al artículo 12. En lo que respecta al canje de notas, este contiene correcciones formuladas por Portugal a los artículos 2º, 13 y 19 del Convenio, así como correcciones al apartado 1º y a la fecha de elaboración del protocolo. Seguidamente se realiza la estimación de las disposiciones aludidas, advirtiendo, desde ahora, el apego a la jurisprudencia proferida por esta Sala en relación con enunciados literalmente idénticos o semejantes en cuanto a su contenido, pero redactados de un modo diferente.
También resulta preciso recordar que el juicio que adelanta la corporación no es de conveniencia, sino de constitucionalidad. Del mismo es necesario observar que los eventuales reparos técnicos, no constituyen por sí mismos motivos para declarar la inexequibilidad de la preceptiva en revisión.
Artículos 1º y 4º. El primero de estos enunciados define el ámbito de aplicación de la normativa del Convenio y el artículo 4º establece quiénes tienen la condición de residentes para los efectos del convenio. En relación con los dos mandatos, no encuentra la Sala reparos, pues se trata, de contenidos absolutamente necesarios, sin los cuales, resultaría imposible establecer quiénes son los destinatarios de la norma jurídica. Adicionalmente, el apartado del artículo 4º que reza: “Esta expresión (residente) no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado”, es expresión de la exigencia contenida en el artículo 9º del Texto Superior, cuando señala que las relaciones exteriores se fundamentan en la soberanía nacional. En ausencia de todos los elementos que dan píe para pretender el gravamen, como lo son la fuente o la residencia, cada uno de los estados parte preserva su soberanía y, le está vedado al otro cualquier intromisión.
No sobra advertir que la censura planteada por el ciudadano Luis Zamora y otros, al numeral 3º del artículo 4º, en relación con una presunta vulneración al principio de igualdad, no resulta de recibo, pues, la preceptiva ofrece una serie de posibilidades a las cuales el interesado en el beneficio puede adecuar su situación para definir su residencia, además, se tiene la vía del acuerdo mutuo entre los estados como un tipo de mecanismo residual buscando solucionar situaciones atípicas, contemplándose como posible resultado del procedimiento el que no se logre definir la residencia de quien pretende el beneficio. Decir que ello desconoce la Constitución, es sostener que resulta inconstitucional no concederle los beneficios del Convenio a aquellos que no encajan en las hipótesis normativas del acuerdo, sin demostrar porqué dicho trato es inconstitucional, ni aducir razones por las cuáles quien no se ajusta a la preceptiva, debe gozar de las bondades del Convenio. Para la Sala, no se puede concluir la inconstitucionalidad de un mandato cuando existen disposiciones que dan lugar a que el interesado ajuste su situación al ordenamiento y, de manera residual, formas con miras a resolver situaciones atípicas, sin que por ello resulto forzoso encontrar fórmulas que concedan beneficios tributarios a quien acorde con la normatividad carecería de derecho.
Finalmente, no sobra recordar que contenidos similares a los referidos hacen parte del Acuerdo para evitar la doble tributación con México y, fueron declarados exequibles por esta corporación en la Sentencia C-221 de 2013. Baste pues este precedente y las razones sucintamente indicadas, para esta Corte se decante por la constitucionalidad de los artículos 1º y 4º del Convenio celebrado con el Estado portugués.
Artículo 2º. Esta disposición delimita cuáles son los tributos que en cada uno de los estados parte se entienden como impuestos sobre la renta, precepto sin cual carecería de concretización el objetivo central del convenio, cual es, evitar la doble imposición y prevenir la evasión en relación con el impuesto sobre la renta. Igualmente se incorpora una cláusula que permite aplicar el Convenio a impuestos idénticos o análogos que se establezcan a futuro, mandato que, sin duda, alarga la vigencia del Instrumento y evita negociaciones que pudiesen ser innecesarias. Para la Corte, ninguna de estas prescripciones riñe con la Carta y, así lo entendió cuando, frente a disposiciones bastante similares, se inclinó por su exequibilidad en las sentencias C-221 de 2013 y c-238 de 2014.
Artículo 3º. Este enunciado contempla una serie de definiciones sobre lo que ha de entenderse por “Colombia”, “Portugal”, “un Estado contratante” “y el otro Estado contratante”, “impuesto”, “persona”, “sociedad”, “empresa de un Estado contratante”, “empresa del otro Estado contratante”, “tráfico internacional”, “autoridad competente”, “nacional” .La Corte entiende que tales conceptos buscan aclarar el sentido de los mandatos y no encuentra razones para poner en duda su constitucionalidad.
Adicionalmente, se incorpora una disposición que ordena que en tratándose de términos no definidos, se atenderá el significado dado por la legislación tributaria de la parte que aplique el precepto, a menos que del contexto de la Convención se concluya una lectura diferente. Para la corporación, este mandato tampoco diverge del ordenamiento constitucional, por el contrario, evidencia acatamiento al principio de soberanía contenido en el artículo 9º del Texto Superior. Acorde con lo dicho y, atendiendo que disposiciones equivalentes han contado con el favor de esta Corte en providencias como la C-577 de 2009, C- 460 de 2012, entre otras; se declarará la constitucionalidad del mandato establecido en el artículo 3º del instrumento en estudio.
Artículo 5º. Este enunciado del instrumento define el concepto de “establecimiento permanente”, indicando lo que incluye y excluye e incorporando algunos casos que requieren tratamiento especial. La Sala recuerda que en la Sentencia C-221 de 2013, se observaba que la ausencia de definición del concepto en el ordenamiento interno, conducía a dificultades operativas “para su implementación concreta con el fin de lograr un adecuado y oportuno recaudo fiscal” concluyendo, en todo caso, que, esto no se constituía en motivo para declarar la inexequibilidad del precepto. En esta ocasión, la Corte se atiene a los motivos de declaratoria de constitucionalidad del mandato que regula lo concerniente al “establecimiento permanente” en otros acuerdos para evitar la doble tributación, precisando que si en aquellas oportunidades se reparaba la referida falta de definición del “establecimiento permanente”, para el momento de esta providencia, se tiene en la legislación interna lo dispuesto en los artículos 85, 86 y 87 de la Ley 1607 de 2012, modificatorios del artículo 20 del Estatuto Tributario y que en lo pertinente rezan:
ART. 85.—Modifíquese el artículo 20 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
ART. 20.—Las sociedades y entidades extranjeras son contribuyentes. Salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno, son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios las sociedades y entidades extranjeras de cualquier naturaleza, únicamente en relación con sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, independientemente de que perciban dichas rentas y ganancias ocasionales directamente o a través de sucursales o establecimientos permanentes ubicados en el país.
ART. 86.—Adiciónese el artículo 20-1 al Estatuto Tributario:
ART. 20-1.—Establecimiento permanente. Sin perjuicio de lo pactado en las convenciones de doble tributación suscritas por Colombia, se entiende por establecimiento permanente un lugar fijo de negocios ubicado en el país, a través del cual una empresa extranjera, ya sea sociedad o cualquier otra entidad extranjera, o persona natural sin residencia en Colombia, según el caso, realiza toda o parte de su actividad.
PAR. 1º—No se entiende que una empresa tiene un establecimiento permanente en Colombia por el simple hecho de que realice sus actividades en el país a través de un corredor o de cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del giro ordinario de su actividad. No obstante, cuando el agente independiente realice todas o casi todas sus actividades por cuenta de tal empresa, y entre esa empresa y el agente se establezcan, pacten o impongan condiciones respecto de sus relaciones comerciales y financieras que difieran de las que se habrían establecido o pactado entre empresas independientes, dicho agente no será considerado como agente independiente para efectos de este parágrafo.
PAR. 2º—No se entiende que una empresa extranjera tiene un establecimiento en el país cuando la actividad realizada por dicha empresa es de carácter exclusivamente auxiliar o preparatorio.
ART. 87.—Adiciónese el artículo 20-2 al Estatuto Tributario:
ART. 20-2.—Tributación de los establecimientos permanentes y sucursales. Las personas naturales no residentes y las personas jurídicas y entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o una sucursal en el país, según el caso, serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios con respecto a las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional que le sean atribuibles al establecimiento permanente o a la sucursal, según el caso, de acuerdo con lo consagrado en este artículo y con las disposiciones que lo reglamenten. La determinación de dichas rentas y ganancias ocasionales se realizará con base en criterios de funciones, activos, riesgos y personal involucrados en la obtención de las mencionadas rentas y ganancias ocasionales.
PAR.—Para propósitos de la atribución de las rentas y ganancias ocasionales a que se refiere este artículo, los establecimientos permanentes y las sucursales de sociedades extranjeras deberán llevar contabilidad separada en la que se discriminen claramente los ingresos, costos y gastos que les sean atribuibles. Sin perjuicio del cumplimiento por parte de los obligados al régimen de precios de transferencia de los deberes formales relativos a la declaración informativa y a la documentación comprobatoria, para efectos de lo establecido en este artículo, la contabilidad de los establecimientos permanentes y de las sucursales de sociedades extranjeras deberá estar soportada en un estudio sobre las funciones, activos, riesgos y personal involucrados en la obtención de las rentas y de las ganancias ocasionales atribuidas a ellos.
En este punto, cabe precisar que la adición hecha por el protocolo del convenio a este artículo es de orden técnico y no tiene reparos de constitucionalidad.
En estas condiciones, encuentra la Corte que no caben tachas a lo estipulado en el artículo 5º del convenio y, consecuentemente, se declarará su exequibilidad.
Artículo 6º. Este mandato encabeza el listado de rentas que se beneficiaran de los mecanismos orientados a evitar la doble tributación. Advierte la Corte que el criterio que signa el precepto, es el de gravar las rentas obtenidas de bienes inmuebles, principalmente por el Estado en el cual se ubican los bienes. No encuentra la Sala inconstitucionalidad alguna en este mandato y, reitera la valoración hecha a preceptos, en mucho, formal y sustancialmente similares, en las sentencias C- 221 de 2013 y C-238 de 2014. Por ende, se declarará su exequibilidad.
Artículo 7º. El contenido de esta disposición prioriza el criterio de residencia para gravar las utilidades empresariales aunque, establece una excepción cuando la actividad empresarial de la que se deriven las utilidades, se lleve a cabo a través de un establecimiento permanente situado en el otro Estado. Para la Corte, nada hay de inconstitucional en esta elección de los Estados Parte y, se reitera el pronunciamiento hecho por la Sala en el fallo C-238 de 2014, en el cual, a propósito de una disposición semejante, la corporación se inclinó por la exequibilidad. No sobra anotar que el agregado señalado por el protocolo del convenio al apartado 3º del artículo 7º, es expresión de la libertad de los contratantes para confeccionar el acuerdo y, no riñe con la Carta.
Consecuentemente, se declarará la exequibilidad del artículo 7º revisado.
Artículo 8º. Esta prescripción del convenio le entrega la prerrogativa de gravar las rentas del transporte internacional marítimo y aéreo, al país de residencia de la empresa que desarrolle tal actividad. Una disposición bastante parecida, contenida en el Acuerdo para evitar la doble tributación celebrado con la India, fue declarada exequible en la Sentencia C- 238 de 2014. Para la Sala, este mandato no discuerda con lo establecido en el Texto Superior. Más bien se trata de una expresión del principio de soberanía nacional contemplado en el varias veces citado artículo 9º de la Carta. Por tanto, la Sala optará por la exequibilidad del mencionado artículo 8º.
En lo que respecta al anexo hecho por el protocolo del Convenio a este artículo, no cabe reparo, pues, se trata de una prescripción encauzada a lograr la aplicación del artículo.
Artículo 9º. Este contenido del instrumento internacional, según se colige de la exposición de motivos, apunta a evitar que manejos entre empresas relacionadas, den lugar a menoscabar la tributación de alguno de los estados parte. Para la Corte, esta disposición se aviene con el deber de atender las obligaciones tributarias y contribuye a realizar lo dispuesto en el numeral 9º del inciso 3º del artículo 95 del Texto Superior. Adicionalmente, recuerda la Sala que los acuerdos para evitar la doble tributación juzgados mediante sentencias C- 383 de 2008, C- 577 de 2009, C- 460 de 2010, C- 221 de 2013; entre otras, contienen preceptos semejantes que fueron declarados exequibles. En esa medida, se manifestará su exequibilidad.
Artículos 10 y 11. El primero de los artículos se refiere al régimen impositivo de los dividendos obtenidos por un residente en uno de los estados parte y repartidos por una sociedad residente en el otro Estado contratante. En este caso el mayor quantum del gravamen, se asigna al Estado de residencia, pero, se reconoce una parte del tributo al Estado de la fuente. Esta fracción concedida al Estado de la fuente está limitada por un porcentaje bruto de los dividendos y corresponde a las autoridades de los estados parte establecer, de mutuo acuerdo, las modalidades de aplicación de ese límite. En el mismo precepto se define el concepto de dividendos y se contemplan algunas situaciones especiales.
El artículo 11 presenta un criterio y estructura similar, pero, referido a los intereses.
En relación con estos ingresos, la cuidada intervención del Instituto de Derecho Tributario, llamó la atención sobre la dudosa constitucionalidad del mandato que defiere a las autoridades competentes de los Estados contratantes, el establecer las modalidades de aplicación de los porcentajes a que se limita la renta gravada. En su sentir, se pueden desconocer los imperativos constitucionales establecidos en los artículos 287, 313 y 338. Para la Corte, no cabe predicar el quebrantamiento de los artículos 287 y 313 del Texto Superior, pues, estos preceptos aluden a competencias del orden territorial y, el impuesto a la renta, que es el objeto del acuerdo en revisión, es del orden nacional.
Por lo que atañe a la presunta infracción del artículo 338, no comparte el tribunal constitucional, la apreciación del interviniente, dado que lo que hay en el mandato del convenio, es una facultad concedida a las autoridades administrativas que, en modo alguno, puede ser interpretada o empleada en contravía de la Carta, desconociendo la legalidad del tributo en cabeza del legislador. La prerrogativa conferida a las autoridades, no es per se inconstitucional, lo que eventualmente puede resultar inconstitucional es el uso que de ella se haga. La concesión de la potestad para establecer de mutuo acuerdo, las modalidades de aplicación de los límites al impuesto sobre un porcentaje del importe bruto de los dividendos o de los intereses, según sea el caso, no significa exclusión del control por parte de la justicia constitucional. Un uso indebido de la competencia en mención, debe convocar al juez constitucional, en la sede que corresponda a defender la supremacía de la Carta.
En consecuencia, no estima la Sala que el aparte cuestionado deba ser excluido del ordenamiento jurídico. Por lo demás, los preceptos enjuiciados se asemejan, en mucho, a los que regulan los dividendos e intereses en el Acuerdo para evitar la doble tributación celebrado con la India y declarado exequible por esta corporación mediante Sentencia C-238 de 2014, imponiéndose su constitucionalidad, pues, se trata de la definición y regulación de ingresos a beneficiarse con los mecanismos que apuntan a eliminar o mitigar la doble tributación. En suma, se declarará la exequibilidad de los dos artículos valorados.
En este punto resulta necesario observar que la adición hecha por el protocolo del Acuerdo para evitar la doble tributación al artículo 10 no afecta la constitucionalidad estimada, pues, entiende la Corte que se trata de una prescripción técnica.
Artículo 12. Este enunciado está confeccionado con un criterio y estructura similar a los precedentemente revisados artículos 10 y 11 e, igualmente, incluye la cláusula que concede a las autoridades, la potestad para establecer de mutuo acuerdo, las modalidades de aplicación de los límites al impuesto sobre un porcentaje del importe bruto de las regalías. Respecto de este último asunto, se atiene la Sala a lo considerado para los artículos 10 y 11. Por lo demás, no observa la sala inconstitucionalidad alguna, pues se trata de ingreso gravado que se favorece con las medidas orientadas a evitar la doble imposición, lo cual, en nada atenta contra la preceptiva constitucional. Además, es pertinente indicar que disposiciones de contenido similar a ésta e incluidas en convenios acuerdos para evitar la doble tributación revisados por la Corte, fueron encontrados constitucionales mediante sentencias C- 383 de 2008, C- 577 de 2009, C- 460 de 2010, C- 221 de 2013. Fundada en tales motivos, la Sala se pronunciará en favor de la exequibilidad del valorado artículo 12 del instrumento internacional.
Las incorporaciones hechas por el protocolo del Acuerdo para evitar la doble tributación suscrito entre Colombia y Portugal al artículo 12 hacen relación a lo que se conoce como la cláusula de la Nación más favorecida, en este caso, en materia de servicios técnicos y de servicios de consultoría. Si bien se trata de una prescripción que solo obliga a Colombia, cabe recordar que esta Sala ha entendido tales disposiciones como respetuosas del principio de reciprocidad. Ha explicado esta corporación:
“(…) La Corte considera que esa circunstancia no representa un vicio de inconstitucionalidad a la luz del principio de reciprocidad, porque el Convenio y su protocolo no pueden valorarse a partir de una lectura independiente de cada uno de sus artículos, sino que exigen una interpretación conjunta e integral del acuerdo, que armoniza con dicho principio al ser el resultado de los consensos alcanzados. Sin embargo, debe hacerse un llamado al gobierno y al Congreso de la República para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, evalúen la pertinencia de este tipo de cláusulas en los tratados internacionales y particularmente en los acuerdos para evitar la doble tributación (…)”. (Sent. C-460/2010, M.P. Palacio Palacio).
Se atiene pues la Sala Plena a este pronunciamiento y considera que se debe declarar la exequibilidad de este contenido del protocolo del Convenio. Igual acaece con lo que comprenden las regalías acorde con el ajuste que le hace el protocolo del acuerdo al aparatado 3º del artículo 12, pues, dicha adición no riñe con la Carta.
Artículo 13. La disposición contenida en este artículo establece una serie de reglas que determinan el lugar en que se han de someter a imposición las ganancias de capital. La definición de esta jurisdicción atiende las variables de la residencia y la fuente, con lo cual, en nada se contradicen los mandatos establecidos en la Constitución. Para la Sala, se trata de un precepto que está orientado a brindar claridad sobre el Estado que impondrá el gravamen de turno, con lo cual, se genera seguridad al contribuyente, valor este de la certeza que se corresponde con los cánones constitucionales. Adicionalmente, varios de los contenidos de este precepto hacen parte de convenios ADT que han obtenido la declaración de exequibilidad por parte de esta Sala. Así por ejemplo, el grueso de lo contemplado en artículo 13 en evaluación, es reproducción literal del artículo 13 del ADT firmado con el Estado español y del artículo 13 del Acuerdo para evitar la doble tributación con Suiza, convenios que respectivamente fueron declarados exequibles, en su totalidad, mediante proveídos C-383 de 200 y C- 460 de 2010. Para la Corte, todos estos motivos imponen una declaración de exequibilidad del artículo 13.
Artículos 14, 15, 16 y 17. Estos preceptos regulan la imposición sobre las rentas producto de diferentes formas de prestación de servicios como los que se llevan a cabo en condición de profesional independiente, los que se cumplen como personal dependiente, los que se realizan en calidad de consejero y las labores de deportista o artista. Para la Corte Constitucional, este género de preceptiva, no resulta novedosa en el marco de los convenios ADT, pues, regulación en materia de servicios personales independientes se observa en los convenios ADT suscritos con Chile y con India, reglamentación en materia de servicios personales dependientes se encuentra en los acuerdos ADT firmados con Suiza, España e India. Disposiciones atinentes a la remuneración en calidad de consejero, se incluyeron los instrumentos ADT celebrados con Suiza y con España. La normatividad sobre rentas obtenidas en calidad de artista deportista, hace parte de los tratados ADT signados por Colombia con Chile, México, Suiza, España, India solo por citar ejemplos de instrumentos internacionales ADT que han superado el control de constitucionalidad de esta Corte, como varias veces se ha mencionado.
Para la Sala, las disposiciones que rigen las diversas actividades referidas, se avienen con la preceptiva constitucional dado que como se valoró en la Sentencia C-577 de 2009, M.P. Sierra Porto, “(…) facilitan el ejercicio de actividades laborales y culturales entre (los estados) en la medida en que los trabajadores de ambos Estados no se verán sometidos a una doble imposición por la prestación de un mismo servicio.(…)”. En esta medida, los contenidos constitucionales que se orientan a proteger la actividad laboral y el desarrollo cultural, encuentran formas de realización en prescripciones como las que aquí se evalúan. Por ende, se impone declarar la exequibilidad de los artículos 14, 15, 16 y 17 en consideración.
Artículo 18 y apartado 2 del artículo 19. Este enunciado establece que las pensiones y de más remuneraciones de este tipo pagadas a un residente por un Estado en razón de una labor dependiente anterior solo pueden someterse a tributación en ese Estado. Se trata, de emplear el criterio de residencia para determinar cuál es el Estado que puede fijar el gravamen, lo cual, en nada riñe con la Carta y, se corresponde con el telos del convenio que pretende eliminar la doble tributación. Igual consideración merece el numeral 2º del artículo 19 del acuerdo que exceptúa lo dispuesto en el artículo 18 cuando la persona a pesar de recibir el pago por parte de un Estado, reside en el otro Estado parte. Preceptos similares han sido declarados exequibles por esta Sala al pronunciarse sobre la constitucionalidad de convenios ADT con España (C- 383/2008), México C-221 de 2013, solo por citar algunos ejemplos. Así pues, entiende la corporación, se impone la declaratoria de exequibilidad, tanto del artículo 18 como del apartado 2º del artículo 19 del Acuerdo para evitar la doble tributación en estimación.
Artículo 19. La prescripción de este artículo se orienta, en términos generales, a fijar la tributación en el Estado de la fuente cuando los ingresos provengan de la labor al servicio del Estado o una de sus divisiones políticas o administrativas. Para la Corte, este precepto no quebranta ningún mandato constitucional y se corresponde con la finalidad del acuerdo. No sobra anotar que otros acuerdos de doble tributación juzgados por esta Sala y declarados exequibles incluyen disposiciones similares, tal es el caso del convenio con Suiza o el convenio con México(19). En consecuencia, se declarará la exequibilidad del aludido artículo 19.
Artículo 20. Este mandato regula el gravamen sobre los ingresos que se reciban para sufragar la manutención y capacitación de estudiantes y personas en prácticas con tal que tengan la condición de residentes del otro Estado de manera inmediata y previa. Para la Sala, dicha regla no solo respeta la Carta, sino que se constituye en un factor tendiente a facilitar los procesos educativos en el otro Estado. En el caso colombiano, puede aseverarse que contribuye a la realización del derecho a la educación. Disposiciones de este tipo también han sido incorporadas en otros convenios ADT como el suscrito con México o el rubricado con España, con lo cual, puede afirmarse que esta Sala ha avalado prescripciones de esta naturaleza. Así pues, se declarará su exequibilidad.
Artículo 21. Se trata de una cláusula que, de manera residual, pretende evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal cuando se esté frente a rentas que no fueron específicamente mencionadas en el Instrumento Internacional. Para la Sala, no cabe reparo y se declarará la exequibilidad correspondiente.
Artículo 22. Este precepto es el único que configura el capítulo 4 denominado métodos para eliminar la doble imposición. La sola enunciación pone de presente que se trata de prescripciones de orden instrumental acordadas por los Estados Partes para lograr uno de los objetivos importantes del Acuerdo para evitar la doble tributación celebrado entre Colombia y Portugal. Para la Sala, resulta pertinente recordar que la jurisprudencia ha reconocido la diversidad de métodos con los cuales se pretende lograr la mira de acabar con la doble tributación, ha precisado la Corte:
(…) se han ideado sistemas tales como (i) exención de las rentas obtenidas en el exterior (exemptio method); (ii) crédito por impuestos exonerados (tax credit); (iii) crédito por impuestos exonerados (tax sparing credit); (iv) crédito por impuesto nacional (matching credit); (v) crédito por inversiones en el exterior (investment tax credit); (vi) reducción del impuesto (tax reduction); y (vii) sistema de aplazamiento (tax deferral). (Sent. C-577/2009, M.P. Sierra Porto).
En las diversas ocasiones en las cuales este tribunal constitucional ha sido convocado a revisar los varios acuerdos para evitar la doble tributación puestos en su conocimiento, no ha censurado ninguna de las formas contempladas por el derecho tributario en el contexto internacional para combatir la doble tributación. En el caso en estudio, resulta importante recordar lo que se consignó en la ponencia sometida a primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República:
“(…) los métodos que han sido formulados y adoptados por los países para corregir la doble imposición son:
1. Método de exención: El Estado de residencia del perceptor de la renta renuncia a gravar las rentas obtenidas por sus contribuyentes en el Estado de la fuente.
2. Método de imputación: La renta percibida en el Estado de la fuente es incluida en la base imponible del perceptor para que sea objeto de gravamen por el Estado de residencia y de la cuota así obtenida se deducirá el impuesto satisfecho en el Estado de la fuente (imputación total) o el impuesto que correspondería satisfacer en el Estado de residencia si la renta se hubiera obtenido en el mismo (imputación parcial)(20).
En la norma en revisión, el estado de Portugal se inclinó por permitir una deducción en el impuesto sobre la renta del residente, por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Colombia, fijando un tope.
Colombia estipuló tres formas cuya meta es acabar con la doble tributación. Una consiste en permitir el descuento del impuesto sobre la renta efectivamente pagado por el residente, por un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Portugal. Esta fórmula fue empleada en el convenio ADT suscrito con Chile, el cual, se reitera, fue declarado exequible en su totalidad mediante la varias veces citada sentencia C-577 de 2009. La otra hace relación a los dividendos y establece una fórmula de cálculo para el descuento correspondiente. Una similar a la inmediatamente referida, aunque con algunas diferencias, fue empleada en el Acuerdo para evitar la doble tributación celebrado con el Estado de la India, el cual fue declarado exequible en su totalidad en Sentencia C-238 de 2014. El precepto en estimación también incorpora una disposición que reglamenta la situación de las rentas exentas para efectos del cálculo del impuesto sobre el resto de las rentas del obligado. Un precepto similar a este fue consagrado en el citado acuerdo ADT signado con el Estado chileno.
Para la Corte la elección de los métodos que permitan la eliminación de la doble imposición, es, en principio, un asunto de orden técnico que en tanto no comporte un quebrantamiento de la normativa constitucional, no merecerá tacha por parte del tribunal constitucional. En el asunto en revisión no encuentra la Corte motivo de censura a la elección hecha en la elaboración del Instrumento y, pesa en esta apreciación, el aval que le diera la Sala al acuerdo de doble tributación celebrado con Chile que, tal como se evidencia en el párrafo precedente, guarda una relevante similitud parcial con la prescripción que en este proveído se valora. Por ende, se impone en este caso la declaración de exequibilidad de rigor.
Artículo 23. Esta disposición introduce el acápite titulado “disposiciones especiales”. Se trata de un contenido que cuenta con suficiente respaldo constitucional, pues, incorpora la cláusula de no discriminación. Esta se contrae a expresar y desarrollar un postulado según el cual los nacionales de una de las partes no serán sometidos por la otra a “(…) ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exijan o que sean más gravosos que aquellos a los que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular con respecto a la residencia (…)”. Para la Corte, tal como lo ha sostenido en las numerosas ocasiones en que ha tenido el deber de referirse a este tipo de contenidos, la no discriminación en cuanto opera para ambas partes, se corresponde con el principio de reciprocidad establecido en el artículo 226 como una de las bases sobre las cuales se edifica la internacionalización de las relaciones políticas y económicas del Estado colombiano.
Observa la Corte que el convenio revisado en esta oportunidad replica un texto contenido en los acuerdos ADT suscritos con España, Chile y Suiza; avalados por este tribunal. Esto sumado a los motivos sucintamente expuestos, hace imperativa la declaración de exequibilidad del citado artículo 23.
Arículo 24. Las normas contenidas en este enunciado del instrumento internacional hacen relación al procedimiento de acuerdo mutuo y, por ello, se constituyen en las vías que permiten preservar la sustancia y propósito del acuerdo en aquellos casos en los cuales, quien se vea afectado por medidas cuyo fundamento sea el convenio ADT requiere una solución de su asunto. Este precepto no excluye el uso de los recursos internos, con lo cual, no se quebranta la soberanía de los Estados Partes. La misma prescripción advierte que se trata de un mecanismo de resolución de dudas de carácter interpretativo o de aplicación del convenio. Es importante destacar que la aplicación del acuerdo mutuo se condiciona a la aceptación del contribuyente y al desistimiento por este de acudir a las vías judiciales en lo que haya resuelto el acuerdo mutuo.
Para la Sala, se trata de una cláusula que no solo busca hacer eficaz el convenio, sino que reconoce el peso de los derechos del afectado. Ninguna de estas circunstancias riñen con el Texto Superior, por el contrario, se avienen con lo mandado en el artículo 2º y con lo dispuesto en él varias veces citado artículo 226. Resulta también pertinente observar que contenidos similares, incorporados en otros convenios ADT, han sido admitidos por esta corporación al pronunciarse sobre la constitucionalidad de los convenios ADT suscritos con Chile, México e India en providencias reiteradamente citadas. Así pues, no observa la Corte, razones para pronunciarse en sentido distinto al de la exequibilidad del artículo.
Artículo 25. Esta regla consagra un instrumento que se acompasa bien con el logro de los propósitos del convenio, cual es, el intercambio de información. Sobre este aspecto ha sentado la Corte:
“(…) resulta de suyo que la información intercambiable debe orientarse a realizar los fines de la convención, esto es, se trata de información que impida la evasión o la elusión tributaria (…)”. (C-032/2014, M.P. Mendoza Martelo).
En la normativa en revisión, debe también agregarse como propósito, la eliminación o mitigación de la doble tributación.
La prescripción del acuerdo señala igualmente que “La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1º será mantenida secreta de la misma forma que la información obtenida en virtud del derecho interno de ese Estado y solo se develará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la liquidación o recaudación de los impuestos”. Un contenido similar fue estudiado por esta corporación en la citada C-032 de 2014 y se concluyó que “ninguna tacha cabe en relación con este mecanismo de realización efectiva de los fines de la convención”.
El apartado 3º del artículo 25 contempla una serie de reglas que guían la interpretación del mandato de intercambio de información. Estas guardan relación con no comprometer a las partes del convenio a adoptar medidas contrarias a su legislación (i), a no obligarlas a “suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado contratante” (i) (sic) y a no obligarlas a entregar información que revele cierto tipo de secretos de orden industrial y comercial (iii). Respecto de estas pautas cabe decir que las primeras dejan a salvo derechos como el del debido proceso y la intimidad y por tanto se compaginan con la Constitución. Tuvo el tribunal constitucional oportunidad de interpretar una cláusula de ese tenor en la Sentencia C-032 de 214, cuando se valoraba el intercambio de información al sospecharse evasión o elusión tributaria y dijo:
“(…) nada hay de reprochable en que se estatuya un deber de transmitir información en este tipo de circunstancias, pues, ello contribuye a realizar los fines propuestos por la Convención. Con todo, si estos intercambios de información incorporan información privada, su transmisión estará condicionada a las prescripciones establecidas en el ordenamiento interno, en particular, a la autorización de los interesados, pues, de no ser así, se podrían conculcar el derecho a la intimidad y el debido proceso (…)”.
Por ende, no se advierte motivo de inconstitucionalidad en esta preceptiva que induzca a la Sala Plena a adoptar una decisión diversa de la exequibilidad.
Por lo que hace al deber establecido en el apartado 4º del artículo 25, consistente en la adopción de medidas necesarias por parte del Estado requerido, para obtener la información que le solicita el Estado requirente, no se tiene reparo, pues se trata de una provisión encaminada a hacer efectivas las finalidades del Convenio. No sobra anotar que este precepto, se debe interpretar acorde con la pauta inmediatamente considerada que salvaguarda el orden interno y los derechos de la personas.
Finalmente, se establece en el artículo sometido al control que, no resulta aceptable la negativa de las partes a suministrar información “porque esta obre en poder de bancos, otras instituciones financieras o de cualquier persona que actúe en calidad representativa o fiduciaria o porque esa información haga referencia a la participación en la titularidad de una persona”. Al valorar la constitucionalidad de la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, la Corte se vió enfrentada a un contenido similar y sostuvo en su momento:
“(…) Para la Sala, las prácticas de elusión y evasión tributaria, afectan sin duda el interés general. Al defraudar el fisco, el responsable afecta con su conducta el patrimonio de todos los asociados y, de contera, impide o reduce las posibilidades materiales de realizar derechos del colectivo social. En esta ocasión, el principio de reciprocidad sirve de soporte a una consideración de constitucionalidad, pues, mal podría el Estado colombiano pretender que otros estados lo asistiesen en la salvaguarda de su interés general si por contrapartida el Estado colombiano, no estimase el interés general de las otras partes del convenio. Adicionalmente, una estimación distinta, conduciría a hacer inanes las disposiciones del convenio cuyas miras, entre otras, son el recaudo del impuesto y el trato equitativo en cuanto a las cargas públicas. En suma, en esta oportunidad, el tribunal constitucional encuentra ajustado a la Constitución el mandato que inadmite, en el asunto en estudio, la interpretación, según la cual, se puede negar la información, so pretexto de su posesión por un banco, institución financiera, agente o fiduciario (…) (Sent. C-032/2014, M.P. Mendoza Martelo).
Tales razonamientos descartan cualquier reparo sobre la constitucionalidad del aparte en estudio y se hace palmaria su exequibilidad.
Basten pues las razones expuestas para declarar la exequibilidad del artículo 25 del convenio ADT suscrito entre Colombia y Portugal.
Artículo 26. Este mandato incorpora prescripciones encauzadas a evitar el uso de lo normado en el convenio, con fines que impidan a las partes contratantes aplicar contra la evasión fiscal. Este postulado resulta incontrovertible, pues, si los objetivos del acuerdo ADT están trazados, resulta inadmisible el uso de la preceptiva para desatender tales miras, las cuales ya han sido analizadas en este fallo y encontradas conformes con la Constitución. Por lo que respecta a la inaplicabilidad del convenio a quien: “(…) no sea el beneficiario efectivo de las rentas procedentes del otro Estado contratante”, atiende la Sala el llamado que se hace en la intervención presentada por el Instituto colombiano de derecho tributario en cuanto a las dificultades que puede comportar la aplicación de este contenido, dada la falta de definición de lo que se debe entender por “beneficiario efectivo de las rentas”, pero, también se observa que esta indefinición no es razón para declarar la inexequibilidad del mandato en estudio y, por ello, comparte la corporación la propuesta del interviniente en cuanto a que el “Modelo de convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio” elaborado por la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos y, en particular sus comentarios, “hacen parte del entorno del derecho tributario internacional y tienen un gran valor persuasivo en la interpretación y aplicación de los convenios para evitar la doble tributación, aun cuando, en todo caso, dichas recomendaciones constituyen criterios auxiliares de interpretación, en los términos del artículo 230 de la Constitución Política”, tal como lo dijo esta Sala en providencia C-460 de 2010 M.P. Palacio Palacio. Pues, en el modelo de convenio citado, se utiliza la categoría de “beneficiario efectivo de las rentas”.
Finalmente, se incluye en el apartado 3º del artículo 26, una prescripción que excluye la aplicación del Instrumento “si el propósito principal o uno de los propósitos principales de cualquier persona relacionada con la creación o asignación de la propiedad o de un derecho con respecto de los cuales se pagan las rentas fue el de tomar ventaja de estas disposiciones por medio de dicha creación o asignación.”. Este contenido ha sido cuestionado en la referida intervención del Instituto colombiano de derecho tributario, dado el margen de arbitrariedad que se puede generar si se permite que el mero elemento subjetivo del propósito de lugar a no gozar de los beneficios del instrumento.
Para la Corte, el enunciado en sí mismo no riñe con la Carta, lo que sí puede acaecer es que circunstancialmente su aplicación pueda resultar lesiva para los derechos de las personas. Pero, esta posibilidad se cierne sobre muchos mandatos que no por ello son inconstitucionales. Lo que reñiría con la Constitución es la aplicación inadecuada del precepto y tal acto está sujeto al control de legalidad y constitucionalidad de los jueces, además de los remedios en cabeza de la administración para enmendar lo ocurrido. Adicionalmente, no resulta clara la observación formulada por el interviniente, en cuanto que el único elemento de juicio a tener en cuenta en el mandato en revisión, es la intención, pues, si se observa el texto, este alude a la creación o asignación de la propiedad o de un derecho con los cuales se pagan las rentas, circunstancias todas estas que han de ser valoradas en conjunto con el propósito. Para la Sala, el enunciado estudiado no carece de la materialidad del hecho como elemento necesario para ser objeto de evaluación por el derecho. En el sentir de este tribunal, no se está frente a una situación en la que lo único que cuenta es el fuero interno sin atender las manifestaciones externas que constituyen la conducta del hombre, esto es, la disposición analizada pertenece al ámbito de lo jurídico y, no a la mera esfera de lo moral.
Consecuentemente, desestima la Corte la posibilidad de excluir del ordenamiento jurídico el apartado 3º del artículo 26 del convenio y, por el contrario, se decantara por su exequibilidad, así como la del resto del enunciado que configura el artículo.
Artículo 27. Esta disposición establece una serie de medidas orientadas a lograr la asistencia en la recaudación de impuestos. Respecto de esta meta, ha dicho de manera general la Corte:
“(…) Otra de las formas de asistencia administrativa incluida dentro del convenio internacional, es aquella que persigue el recaudo de los montos producto de las obligaciones tributarias. Se trata específicamente de una medida concebida para materializar los propósitos del acuerdo internacional. En tal sentido, cabe recordar pronunciamientos de la Corte Constitucional en los cuales, se explica la importancia de los recursos económicos obtenidos a través de la tributación, pues de ellos, depende mucho la materialización de derechos que comportan gasto estatal. No podría el Estado social de derecho cumplir una de sus finalidades esenciales, cual es la realización efectiva de los derechos, si no contase con la capacidad económica que le brinde, en mucho, el aporte tributario (…)” (Sent. C-032/2014, M.P. Mendoza Martelo).
Así pues, no cabe reparo desde la Constitución al propósito general del enunciado. En lo que atañe a los procedimientos específicos, debe advertirse que los convenios ADT suscritos con los Estados de España y México, incorporan en el respectivo artículo denominado “Asistencia en la recaudación” textos similares al revisado en este control de constitucionalidad. La Sentencia C-383 de 2008 que decidió sobre la exequibilidad de tales contenidos concluyó:
“(…) Este artículo contiene las reglas necesarias para la correcta aplicación de dichos mecanismos de colaboración, así como las advertencias sobre los límites y excepciones aplicables en relación con ellos, dentro de los cuales se destaca el relativo a la manifiesta desproporción entre el costo administrativo de dicha gestión de cobro y el beneficio que el otro Estado puede obtener por ella. En lo que atañe a los compromisos que en desarrollo de esta cláusula asume Colombia, considera la Corte que tales exclusiones consultan de manera adecuada los criterios inspiradores de la función administrativa contenidos en el artículo 209 constitucional, así como las demás normas superiores aplicables.(…)”
En la Sentencia C-221 de 2013, se precisó que esa disposición se aviene a la Carta al corresponderse con el principio de reciprocidad en las relaciones internacionales, conforme a lo consagrado en los artículos 9º y 226 superiores. A estas conclusiones se atiene en esta oportunidad la Sala Plena y, consecuentemente, declarará la exequibilidad del artículo 27 en consideración.
Artículo 28. Este enunciado prescribe que los privilegios fiscales de los miembros de las misiones diplomáticas, no serán afectados por el Instrumento Internacional. Respecto de esta norma la Corte no encuentra reparo y reitera lo considerado y resuelto en las varias sentencia sobre convenios ADT, en todos los cuales este texto se encuentra incorporado. Por ende se declarará su exequibilidad.
Articulos 29 y 30. Finalmente, los artículos 31 y 32 se refieren a la entrada en vigor y denuncia del convenio. Observa el tribunal constitucional que se trata de cláusulas generales, propias del derecho de los tratados, comprendidas en la Convención de Viena de 1969, no existiendo incompatibilidad con la Constitución Política. Estas reglas, corresponden a la aplicación de principios del derecho internacional de los tratados, respecto de los cuales se advierte que tradicionalmente han sido aceptados por Colombia. En consecuencia, resultan concordantes con lo dispuesto en el artículo 9º de la Carta cuando prohíja el reconocimiento de principios de derecho internacional admitidos en nuestro ordenamiento.
Una vez establecida la constitucionalidad de los contenidos del convenio ADT suscrito entre Colombia y Portugal y su Protocolo, resulta necesario advertir que el Canje de Notas entre Colombia y Portugal, que hace parte integral del Acuerdo, se ajusta a la Constitución, pues, se trata de un documento que realiza algunas correcciones de orden idiomático con miras a la claridad del Instrumento sometido a control constitucional.
5.3. La Ley 1692 del 17 de diciembre de 2013 aprobatoria de la convención “Por medio de la cual se aprueba el ‘convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’ y su ‘protocolo’, suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del ‘convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’.
En relación con el contenido de la Ley 1692 de 2013, es pertinente destacar que no presenta problemas en cuanto a su constitucionalidad dado que se circunscribe a aprobar el “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’ y su ‘protocolo’, suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del ‘convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta”. Igualmente dispone que el tratado obligará al Estado colombiano a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del instrumento. Finalmente prescribe que la ley regirá a partir de la fecha de su publicación.
Acorde con lo expuesto, observa la Corte Constitucional que procede la declaración de exequibilidad del “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta’ y su ‘protocolo’, suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del ‘convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta”, así como de su ley aprobatoria, Ley 1692 de 2013; por haber cumplido tanto los requisitos de forma como haber superado el examen de fondo.
Cumplido el examen de forma de la Ley 1692 de 2013, encontró la Corte que se acataron los preceptos constitucionales en las fases de la iniciativa, la aprobación y discusión y la sanción de la ley. Con todo, la Sala, se detuvo a revisar lo acontecido en el segundo debate, cuando en la sesión en la que se aprobó la ley, tuvo lugar el anuncio de discusión para ese día y posteriormente se anunció la votación futura del proyecto. Finalmente, el mismo día se debatió y votó el proyecto lo que circunstancialmente, daría pie a una confusión. Sin embargo, estimó la Sala que en este caso concreto, lo sucedido no tuvo la entidad suficiente para lograr desorientar a los participantes en la deliberación. Encontró la corporación que el aviso hecho en la sesión previa a la de la votación, esto es, la del 4 de junio y, su ratificación en el inicio de la sesión del 11 de junio, al manifestarse que el proyecto en estudio, se debatiría y votaría ese día 11; expresan de manera clara e inequívoca, la intención de la mesa directiva de la plenaria de llevar a cabo lo anunciado, esto es, discutir y votar el Proyecto de Ley 156 de 2012 Senado el día 11 de junio, como efectivamente ocurrió. Importante en este caso concreto, es el hecho de no existir dentro de la sesión, ni dentro del término de intervenciones, observación o tacha alguna sobre este punto, por parte de los miembros de la corporación, los ciudadanos o el Ministerio Público.
En cuanto al estudio de fondo, el tribunal constitucional encontró que los propósitos del instrumento internacional, esto es, evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, se avienen al Texto Superior. En relación con el primero se reiteró la jurisprudencia según la cual proteger al contribuyente de la doble tributación, se orienta tanto a estimular la inversión extranjera como a pugnar por la equidad en materia tributaria. Estas miras son congruentes con el mandato de lograr la prosperidad general contenido en el artículo 2º de la Carta, así como el deber de contribución al financiamiento de los gastos dentro de conceptos de justicia y equidad establecidos en el numeral 9º del artículo 95 de la Constitución y desarrollan tanto el mandato de promoción de la internacionalización de las relaciones económicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia, consagrado en el artículo 226 del Texto Superior, como el precepto de promoción de la integración económica con las demás naciones, contenido en el artículo 227 de la Constitución. Por lo que concierne a la lucha contra las prácticas de la evasión fiscal se reiteró que tiene asidero en la Constitución, pues, en el numeral 9º del artículo del 95 de la Constitución Política, se establece entre los deberes de la persona y el ciudadano el de contribuir al financiamiento de los gastos del Estado.
En lo atinente a la revisión del articulado del Convenio, su protocolo y el canje de notas que hace parte integral del instrumento, no observó el tribunal constitucional ningún enunciado que quebrantará los mandatos superiores. Para la Corte, las disposiciones incluidas en los textos son expresión de lo consagrado en los artículos 9º y 226 de la Constitución Política, además de orientarse a realizar los propósitos del instrumento internacional. La Sala Plena, reiteró lo sentado en las sentencias C-383 de 2008, C-577 de 2009, C-460 de 2010, C-295 de 2012, C-221 de 2013 y C- 238 de 2014; las cuales se pronunciaron sobre convenios ADT suscritos con diversos Estados y, se decantaron por su exequibilidad total. En lo atinente a la asistencia en la recaudación de impuestos y en el intercambio de información, reiteró la Sala lo considerado en la Sentencia C- 032 de 2014.
1. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1692 de 17 de diciembre de 2013, Por medio de la cual se aprueba el “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta” y su “protocolo”, suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta”.
2. Declarar EXEQUIBLE el “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta” y su “protocolo”, suscritos en Bogotá, D.C., República de Colombia, el 30 de agosto de 2010 y el canje de notas entre la República Portuguesa y la República de Colombia por medio de la cual se corrigen imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del “convenio entre la República Portuguesa y la República de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con el Impuesto sobre la Renta”.
(1) Ver fl. 17 del cuaderno de pruebas.
(2) Ver fls. 6 a 16 del cuaderno de pruebas.
(3) Fl. 49 del cuaderno principal.
(4) Fl. 2, cuaderno de pruebas.
(5) Fl.100, cuaderno principal.
(6) Fl. 55 del cuaderno de pruebas.
(7) “En virtud de lo previsto en el artículo 133 de la Constitución Política, se acogió el sistema de votación ordinaria como excepción prevista por el legislador a la votación pública y nominal, según lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 (…), el cual señala que: ‘Votación ordinaria. Se utilizará para los casos señalados en este artículo y se efectúa dando los congresistas, con la mano, un golpe sobre el pupitre. El secretario informará sobre el resultado de la votación, y si no se pidiere en el acto la verificación, se tendrá por exacto el informe. (…) Teniendo en cuenta el principio de celeridad de los procedimientos, de que trata el artículo o de este reglamento, se establecen las siguientes excepciones al voto nominal y público de los congresistas, según facultad otorgada en el artículo de la Constitución Política, tal como fue modificado por el artículo o del Acto Legislativo 1 de 2009 y cuyas decisiones se podrán adoptar por el modo de votación ordinaria antes descrito: (…) 16. Tampoco se requerirá votación nominal y pública cuando en el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan discrepancias’”.
(8) Como evidencia jurisprudencial reciente de este criterio, ver la Sentencia C-032 de 2014, M.P. Mendoza Martelo.
(9) Auto 119 de 2007. Este criterio ha sido reiterado recientemente en la Sentencia C-032 de 2014.
(15) A propósito de la consecutividad de las actas como evidencia de la continuidad en la cadena de anuncios, dijo la Corte en la Sentencia C-309 de 2007, M.P. Monroy Cabra:
“Esta Sala percibe que (…) el 15 de noviembre de 2005 no tuvo lugar la sesión de la comisión destinada a debatir y votar los proyectos de ley anunciados el 9 del mismo mes, sino que la misma ocurrió el 16 de noviembre. La prueba de que el 15 no se celebró la sesión y que, por tanto, en esa fecha no pudo renovarse el anuncio a efectos de no romper la secuencia está en que, según el orden sucesivo de numeración de las sesiones, el acta siguiente a la de la sesión del 9 de noviembre es la correspondiente a la del 16 de noviembre. En efecto, la sesión del 9 tiene asignada el acta 11, al tiempo que la sesión del 16 tiene asignada el acta 12, hecho que demuestra que entre ambas no existió otra sesión en la que no se hubiera votado el proyecto y hubiera podido renovarse el anuncio. En últimas, dado que entre la sesión en que se hizo el anuncio y la sesión en que finalmente ocurrió la votación no medió ninguna sesión de la comisión, ésta no incumplió con el deber de renovar el anuncio. En estas condiciones, la Corte no considera que el anuncio que tuvo lugar en la sesión de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República hubiera sido efectuado con violación de las normas procesales pertinentes”[15]. Este criterio fue ratificado en la Sentencia C-032 de 2014 M.P. Mendoza Martelo.
(16) Pérez Arraiz Javier, “La doble imposición internacional, causas y métodos para evitarla” en Lecciones de derecho tributario inspiradas por un maestro. Liber amicorum en homenaje a Eusebio González García” Universidad del Rosario, Instituto colombiano de derecho tributario, Bogotá, 2010, págs. 534-535.
(17) OCDE, Modelo de convenio tributario sobre la renta y sobre el patrimonio, Versión abreviada 22 de julio de 2010.
(18) Pérez Arraiz (…) Op. cit pág. 539.
(19) Ver sentencias C- 460 de 2010 y C- 221 de 2013.
(20) Ver Gaceta del Congreso 194 de 2013.

References: artículo 241
 artículo 154
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 7
 artículo 189
 artículo 154
 artículo 8
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 129
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 129
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 157
 artículo 160
 artículo 157
 artículo 133
 artículo 162
 artículo 157
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 2
 artículo 95
 artículo 226
 artículo 227
 artículo 2
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 artículo 95
 artículo 5
 artículo 7
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 artículo 9
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 artículo 19
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 artículo 18
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Artículo 19
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 artículo 226
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 artículo 2
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Artículo 26
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 artículo 26
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Artículo 27
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 artículo 226
 artículo 227
 artículo 133
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