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Timestamp: 2020-02-21 16:10:48+00:00

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ATC 183/2019, 18 de Diciembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 839520714
ATC 183/2019, 18 de Diciembre de 2019
Declara la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018, de 13 de diciembre, instado por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política general del Gobierno.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el 13 de julio de 2018, el abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, al amparo de los arts. 161.2 CE y 76 y 77 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), impugnó los apartados primero a quinto de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, “sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional”, aprobada en la sesión de 5 de julio de 2018.
Por escrito registrado en este Tribunal el 14 de octubre de 2019, el abogado del Estado, en representación del Gobierno y al amparo de los arts. 87 y 92.1, 3, 4 y 5 LOTC, formula incidente de ejecución de la STC 136/2018 , de 13 de diciembre, respecto de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, “sobre la orientación política general del Gobierno”, aprobada en la sesión de 26 de septiembre de 2019 y publicada en el “Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña” núm. 431, de 4 de octubre de 2019.
Al escrito del abogado del Estado se acompaña la certificación del acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en su sesión de 11 de octubre de 2019, por el que se decide plantear ante el Tribunal Constitucional, al amparo de lo previsto en el art. 92 LOTC, incidente de ejecución respecto de los referidos apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, “sobre la orientación política general del Gobierno”, por incumplimiento de la STC 136/2018 , para que se declare la nulidad de esos apartados; con expresa invocación del art. 161.2 CE, a fin de que se produzca la inmediata suspensión de los apartados controvertidos.
Solicita por último que, conforme a lo previsto en el art. 94.2 d) LOTC, en el auto que resuelva el incidente de ejecución, se advierta al presidente del Parlamento de Cataluña, a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, así como al presidente y a los demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los referidos apartados de la resolución 546/XII, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018 y la decisión que este Tribunal dicte en el presente incidente, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir.
La STC 259/2015 declaró inconstitucional y nula la resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015, “sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015” y su anexo. En ejecución de esa sentencia se dictaron los AATC ATC 141/2016 , de 19 de julio, que anuló la resolución 5/XI, en lo relativo a la creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, 170/2016 , de 6 de octubre, que anuló la resolución 263/XI, de 27 de julio de 2016, que aprobó el informe y las conclusiones de la citada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, y 24/2017 , de 14 de febrero, que anuló determinados apartados de la resolución 306/XI del Parlamento de Cataluña, de 6 de octubre de 2016, “sobre la orientación política general del Gobierno”.
Ya en la actual legislatura, la número XII, el Parlamento aprobó la moción 5/XII, sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, cuyos apartados primero, segundo y tercero fueron declarados nulos por la STC 136/2018 , de 13 de diciembre.
Prosigue el abogado del Estado refiriéndose a la “normativa procesal que sirve de base para la formulación del presente incidente de ejecución de sentencia”, citando al efecto el primer párrafo del art. 87.1 LOTC y los apartados primero, tercero y cuarto, primer párrafo, del art. 92 LOTC. Cita a continuación el ATC 141/2016 , de 19 de julio, FJ 2, y la STC 136/2018 , de 13 de diciembre, FJ 3, donde se destaca que, conforme a reiterada doctrina constitucional, este tipo de incidentes tienen por finalidad garantizar la defensa de la posición institucional del Tribunal Constitucional y la efectividad de sus sentencias y resoluciones, protegiendo su ámbito jurisdiccional frente a cualquier intromisión ulterior de un poder público que pudiera menoscabarla.
En los impugnados apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII, que antes quedaron reproducidos, el Parlamento de Cataluña se ratifica en la defensa del ejercicio del derecho de autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña y se reafirma en su disposición a ejercer efectivo el derecho a la autodeterminación.
Los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII insisten en el contenido de la resolución 1/XI, anulada por la STC 259/2015 , y de la moción 5/XII, parcialmente anulada en la STC 136/2018 , y son capaces de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos, pues, aunque pudieran entenderse carentes de efectos vinculantes sobre sus destinatarios (la ciudadanía, el Parlamento, el Gobierno y el resto de instituciones de la comunidad autónoma), que no es el caso, “lo jurídico no se agota en lo vinculante” (STC 42/2014 , FJ 2, por todas). Los enunciados controvertidos de la resolución 546/XII “pueden entenderse como el reconocimiento a favor de aquellos órganos y sujetos a los que encomienda llevar a cabo esos procesos”, especialmente el Parlamento y el Gobierno de la comunidad autónoma, “de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la Nación española” (STC 42/2014 , FJ 2).
En efecto, los apartados impugnados de la resolución 546/XII tienen en común la afirmación del carácter soberano del pueblo de Cataluña y su Parlamento, así como del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, y reiteran la voluntad de continuar con el proceso secesionista, según lo adoptado por el Parlamento de Cataluña, esencialmente en la resolución I/XI, que fue declarada nula por la STC 259/2015 y la STC 136/2018 respecto de la moción 5/XII. Por ello, los apartados impugnados guardan una indudable unidad de sentido, en cuanto afirman, con diversas expresiones, lo mismo: el derecho a la autodeterminación y el carácter soberano tanto del pueblo de Cataluña, como, especialmente, del Parlamento. Todos los apartados impugnados se estructuran precisamente sobre el alegado derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña que el Parlamento afirma representar, por lo que deben ser anulados en su integridad.
En suma, con claro incumplimiento de lo acordado por el Tribunal Constitucional, los apartados impugnados de la resolución 546/XII contienen la decisión de adoptar medidas para ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación, con invocación expresa de la moción 5/XII. Se trata pues de directrices dirigidas al propio Parlamento y al Gobierno de la Generalitat, que se dictan en desarrollo de la moción 5/XII y precisamente para cumplir sus objetivos.
Razona a continuación el abogado del Estado que los incisos impugnados incumplen frontalmente lo resuelto en la STC 136/2018 , puesto que toda ella está estructurada en torno al concepto de autodeterminación y a la voluntad del Parlamento de Cataluña de ejercitar dicha determinación con proyecciones en los más diversos ámbitos. El Parlamento de Cataluña vuelve a proclamar insistentemente el derecho de autodeterminación como manera de acceder a la soberanía el pueblo de Cataluña en términos semejantes o idénticos a los utilizados en la resolución 1/XI, anulada por la STC 259/2015 y en la moción 5/XII, anulada parcialmente por la STC 136/2018 . Vulneran así los apartados impugnados de la resolución 546/XII los pronunciamientos contenidos en esas sentencias, en las que se advirtió que la Constitución parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional, por lo que la identificación de Cataluña como un sujeto dotado de la condición de sujeto soberano resulta contraria a las previsiones de los arts. 1.2 y 2 CE. Los apartados de la resolución 546/XII del Parlamento de Catalunya objeto del presente incidente de ejecución, al atribuir el carácter de poder soberano al pueblo de Cataluña, en contra de lo afirmado por la STC 136/2018 , vuelven a omitir la sujeción a la Constitución como ley superior, la soberanía nacional y la unidad de la nación española titular de esa soberanía.
Además, en patente contravención de lo resuelto en las SSTC 259/2015 y 136/2018 , en la resolución 546/XII el Parlamento de Cataluña proclama que “Cataluña pertenece a una realidad nacional más amplia, la de los países catalanes”, para los que también reivindica la soberanía y el derecho de autodeterminación, al tiempo que insiste en afirmar que “Cataluña ejerció el derecho de autodeterminación en el referéndum de autodeterminación del pasado 1 de octubre de 2017”, el cual considera “legítimo y legal”, a pesar de lo declarado por el Tribunal Constitucional. En fin, el Parlamento de Cataluña reclama una amnistía total para las personas que hayan sido procesadas, juzgadas, detenidas o encarceladas por la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña, declaración que se vincula a la defensa que hace la cámara de ese pretendido derecho, en contra de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en la STC 136/2018 .
Cabe destacar asimismo la contravención que se produce de lo resuelto en la STC 136/2018 cuando en la resolución 546/XII el Parlamento de Cataluña hace un llamamiento a la desobediencia civil e institucional frente a lo que denomina “imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español, y en especial de su Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo”, lo que supone eludir el deber de sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto de ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE).
En el presente caso concurren las circunstancias a las que se refiere la referida doctrina, ya que la STC 136/2018 declaró la nulidad de la moción 5/XII, que ahora se trata explícitamente de revivir en la resolución objeto del presente incidente, que dispone que el Parlamento de Cataluña “se afianza, de acuerdo con la resolución 1/XI, de 2015, en la necesidad de legislar como parlamento plenamente soberano” y se reafirma “en su disposición a ejercer de manera concreta el derecho a la autodeterminación, de acuerdo con la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña, a través de un acuerdo con el Estado español o sin acuerdo”. Ello supone asumir que, al tramitar la concreta propuesta de resolución, se estaba incumpliendo el deber de la mesa de acatar lo resuelto por el Tribunal Constitucional (arts. 9.1 CE y 87.1 LOTC).
Es patente, en suma, que los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII contravienen y desacatan de manera frontal lo decidido en la STC 136/2018 y suponen desatender las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional al Parlamento de Cataluña de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga alterar unilateralmente el marco constitucional o incumplir los pronunciamientos de este Tribunal, por lo que deben ser declarados nulos y sin efecto jurídico alguno.
Los apartados impugnados suponen un nuevo incumplimiento de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Vuelven a constituir un manifiesto desprecio al régimen jurídico establecido por la Constitución como norma jurídica suprema, cuyo fundamento es la soberanía del pueblo español en su conjunto. La resolución 534/XII se ha adoptado en la actual legislatura, cuando el Parlamento de Cataluña ya era conocedor de la STC 136/2018 , que anuló parcialmente la moción 5/XII, al advertir que incurría en las mismas infracciones constitucionales que la resolución anulada por la STC 259/2015 . Ese incumplimiento se ha vuelto a producir, en primer lugar, en la admisión a trámite por la mesa del Parlamento de las propuestas de resolución; luego, por la decisión del presidente de someterlas a votación por el pleno; y finalmente por el propio pleno del Parlamento, al aprobar en su sesión de 25 de septiembre de 2019 la resolución 546/XII.
Por providencia de 16 de octubre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó tener por recibido el escrito presentado el 14 de octubre de 2019 por el abogado del Estado de formulación de incidente de ejecución (arts. 87 y 92 LOTC), en relación con los I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña sobre la “orientación política general del Gobierno”, adoptada por el pleno del Parlamento de Cataluña en su sesión de 26 de septiembre de 2019, por contravención de la STC 136/2018 , que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los apartados primero, segundo y tercero de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña sobre normativa anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, aprobada en sesión de 5 de julio de 2018.
Asimismo acordó requerir al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento, así como al presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, con advertencia de su obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los apartados impugnados de la resolución 546/XII, así como de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018 .
Sostiene en primer lugar que la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña es un acto de naturaleza política que carece de efectos vinculantes, por lo que no es un acto idóneo para ser objeto de un incidente de ejecución. Se trata de un acto dictado por la cámara ejerciendo una de las funciones políticas básicas que corresponden a cualquier parlamento en el marco de un sistema político parlamentario (impulso y control de la acción política y de gobierno) como “vía para forzar el debate político”. Agrega que la resolución impugnada carece, por su forma (moción parlamentaria) y por los términos empleados en ella (“defiende”, “reitera”, “ratifica”, “se conjura”, “constata”, “reconoce”, “manifiesta” o “insta al gobierno”) de la capacidad o vocación de incidir en el ordenamiento jurídico español o internacional, de modo que la jurisprudencia de la STC 42/2014 sobre los pronunciamientos susceptibles de producir efectos jurídicos no sería aplicable a este caso.
Aduce asimismo que la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, en los incisos de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 a los que se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, no contraviene la STC 136/2018 . Los apartados e incisos de la resolución 546/XII que se atacan no constituyen desde una perspectiva formal ningún desarrollo o continuación de la moción 5/XII, sino que se han aprobado en el marco de una función parlamentaria, cual es la de impulso de la acción política y de gobierno, de carácter totalmente independiente de cualquier resolución parlamentaria anterior de la cámara. Para apreciar que existe incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional se requiere algo más que una mera coincidencia o similitud de contenidos o conceptos entre resoluciones parlamentarias. Es necesario acreditar que tales resoluciones se han aprobado a sabiendas con la finalidad de eludir su cumplimiento. Y en este caso no es posible establecer ese vínculo jurídico de continuidad o ejecución entre dicha resolución y la mencionada sentencia. A diferencia de lo resuelto en la STC 136/2018 , la resolución 546/XII no supone una “expresa y directa negación del derecho como justificación y límite del poder político”. De los términos de la resolución no se desprende que la aspiración política en ella contenida se pretenda llevar a cabo despreciando el procedimiento de reforma constitucional o de forma unilateral.
El principio de autodeterminación de los pueblos ha sido reconocido consuetudinariamente, convencionalmente y jurisprudencialmente como un principio fundamental del derecho internacional público, y cabe una interpretación del mismo superadora de su origen relativo a situaciones de descolonización. Puede distinguirse en este sentido entre el principio de libre determinación de los pueblos y el derecho a la secesión unilateral, derecho que aludiría a situaciones extremas en que no es posible la autodeterminación en el seno de un Estado soberano. Así lo entendió el Tribunal Supremo de Canadá en su conocida sentencia de 1998. Quiere con ello decirse que la alusión al principio de libre determinación de los pueblos es una manifestación de un proyecto político que tiene apoyo e textos internacionales, sin que ello afecte a si dicho principio es o no aplicable a Cataluña.
Por todo ello, el letrado del Parlamento de Cataluña solicita a este Tribunal que desestime el incidente de ejecución, porque la resolución 546/XII no contraviene la STC 136/2018 , sin que en consecuencia resulten procedentes los requerimientos y advertencias al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento que interesa el abogado del Estado. Mediante otrosí interesa que se deje sin efecto de forma inmediata la suspensión de la resolución 546/XII, por no tener cabida la aplicación del art. 161.2 CE en el marco de un incidente de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional.
Considera igualmente, por las mismas razones que la abogacía del Estado, que el contenido de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII contravienen los pronunciamientos de la STC 136/2018 , por cuanto presentan un denominador común, que es el carácter soberano del Parlamento de Cataluña como depositario de un supuesto mandato democrático ilimitado para ejercer el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña, se da una coincidencia conceptual e incluso semántica entre ellas que evidencian la reincidencia del Parlamento de Cataluña en sus objetivos políticos y en los instrumentos para alcanzar la independencias, y reiteran y dan cabida a ideas y expresiones ya contenidas en la resolución 1/XI (anulada por la STC 259/2015 ), 306/XI (anulada por el ATC 24/2017 ) y en los apartados primero, segundo y tercero de la moción 5/XII, anulados en la STC 136/2018 .
La idea de la independencia de Cataluña aparece en la resolución 546/XII cuando “constata que la construcción de una república independiente es un ejercicio legítimo” (apartado I.4.28), como ya declaraba la moción 5/XII como objetivo “alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña” (apartado primero). Además, cuando el Parlamento de Cataluña reafirma en la resolución 546/XII (apartados I.2 y I.4,30) su voluntad de ejercer el derecho de autodeterminación del que sería titular el pueblo catalán, se está reproduciendo parte de la resolución 306/XI sobre el “derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación” (capítulo 1.1.1, punto 1, de la resolución 306/XI), cuyo ejercicio se proclama incluso “en ausencia de acuerdo político con el Gobierno del Estado español” (capítulo 1.1.1, punto 5, de la resolución 306/XI), que fue declarada nula por ATC 24/2017 , y reitera el mandato que contenía el apartado séptimo de la resolución 1/XI que proclamaba: “el Parlamento de Cataluña debe adoptar las medidas necesarias para abrir el proceso de desconexión del Estado español”, lo que supone ignorar no solo la STC 259/2015 y los mencionados autos dictados en ejecución de la misma, sino también lo declarado por este Tribunal en la STC 114/2017 , FJ 2, a cuyo tenor para ninguno de los “pueblos de España” existe un “derecho de autodeterminación”, entendido como derecho a promover y consumar su secesión unilateral del Estado en el que se constituye España (art. 1.1 CE). Conlleva asimismo desentenderse de los procedimientos de reforma de la Constitución (art. 168 CE) y reiterar la pretensión de desconexión del Estado español para la creación de un estado catalán independiente, en los términos que señalaba el apartado séptimo de la resolución 1/XI. Por otra parte, el ejercicio unilateral del derecho de autodeterminación que se vincula a los resultados del referéndum de 1 de octubre de 2017, que considera legítimo y legal (apartado I.4.29), era una circunstancia ya presente en la moción 5/XII (apartado segundo). Y el ejercicio de este derecho se apela incluso si no hubiere acuerdo con el Estado español, pone también de manifiesto la rebeldía del Parlamento de Cataluña a lo declarado en las SSTC 31/2015 y 32/2015 , en lo que atañe a la convocatoria de un hipotético referéndum de autodeterminación. La resolución 546/XII reivindica, en fin, la resolución 1/XI (apartado I.4.31), como ya hacía la moción 5/XII (apartado segundo), de modo que vuelve a rechazar el pronunciamiento de la STC 259/2015 que anuló aquella.
En consecuencia, por todo lo expuesto, concluye el ministerio fiscal que los incisos impugnados de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña incumplen de modo manifiesto lo resuelto por este Tribunal en la STC 136/2018 , lo que ha de conducir a la estimación del incidente de ejecución, con declaración de nulidad de los incisos cuestionados.
Sostienen en su recurso de súplica, en síntesis, tras afirmar su legitimación para ser parte en el incidente de ejecución: (i) que la impugnación por el Gobierno de la resolución 546/XII es inadmisible por no haber consultado previamente a la comisión permanente del Consejo de Estado (art. 22.6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado); (ii) que en el incidente de ejecución no es de aplicación lo previsto en el art. 161.2 CE en cuanto a la suspensión automática, por lo que la suspensión de la resolución 546/XII acordada en la providencia de 16 de octubre de 2019 carece de sustento normativo y de motivación; (iii) la resolución 546/XII no es susceptible de ejecución de ningún tipo por el propio Parlamento de Cataluña y los efectos de la STC 136/2018 se agotan en la propia declaración de inconstitucionalidad y nulidad que en la misma se contiene, por lo que el incidente de ejecución carece de objeto y en consecuencia es inadmisible; (iv) el apartado quinto de la providencia de 16 de octubre de 2019 no se corresponde con ninguna solicitud efectuada por el Gobierno en su escrito promoviendo incidente de ejecución y carece de amparo legal; (iv) el apercibimiento de eventuales responsabilidades, incluida la penal, que realiza la providencia, carece de cobertura legal y vulnera la inviolabilidad parlamentaria de los diputados miembros de la mesa de la cámara; (v) la providencia supone una vulneración manifiesta de las libertades de expresión y de reunión y del derecho de participación política de los diputados del Parlamento de Cataluña, así como la vulneración del principio democrático; (vi) la providencia, en cuanto requiere a la presidencia, a la mesa y a la secretaría general del Parlamento de Cataluña para que impidan o paralicen cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y que se abstengan de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los incisos impugnados de la resolución 546/XII, debiendo impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018 , vulnera la autonomía parlamentaria (art. 58 del Estatuto de Autonomía de Cataluña); (vii) la providencia vulnera el derecho a una resolución motivada (art. 24.1 CE), particularmente en sus apartados cuarto y quinto, lesionando este último también el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.
Por escrito registrado en este Tribunal el 23 de octubre de 2019, doña Elsa Artadi Vila y treinta y un diputados más del Parlamento de Cataluña, todos ellos del grupo parlamentario Junts per Catalunya, representados por el procurador de los tribunales don Carlos Estévez Sanz y asistidos por el abogado don Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, solicitaron su personación en el incidente de ejecución e interpusieron recurso de súplica contra la providencia de 16 de octubre de 2019, interesando que se deje sin efecto y se inadmita la impugnación de la resolución 546/XII, planteada como incidente de ejecución de la STC 136/2018 ; subsidiariamente, interesaron que se dejen sin efecto los apartados tercero, cuarto, quinto y sexto de la providencia.
Señala que legitimación corresponde a las partes del proceso constitucional principal, en este caso el Gobierno de la Nación y el Parlamento de Cataluña, sin perjuicio de la intervención de quienes que puedan ser requeridos por el Tribunal Constitucional, en cuanto individualmente afectados por el contenido que pueda incorporar expresamente el requerimiento. No cabe, por tanto, hacer valer en el incidente de ejecución intereses distintos a la impugnación o defensa del acto respecto del que se promueve el incidente (la resolución 534/XII, en sus apartados impugnados), defensa que corresponde a la institución autora del acto, el Parlamento de Cataluña. En la defensa del acto, los diputados del Parlamento no tienen un interés propio, cualificado y diferente del propio de aquel. Es más, el acto respecto del que se promueve el incidente expresa la voluntad acabada del Parlamento y, por ende, la voluntad institucional de la comunidad autónoma. La naturaleza de la resolución impugnada como acto de la comunidad autónoma se desvirtuaría si se admitiese su defensa en el incidente a través de la intervención individual de cada miembro del órgano, supuestamente portador de un interés individual propio. En suma, la legitimación para intervenir en el incidente de ejecución no proviene de la protección de un interés o el ejercicio de un derecho propio, sino que está al servicio de la garantía del cumplimento efectivo de la resoluciones del Tribunal Constitucional.
Según se ha expuesto con más detalle en los antecedentes, el abogado del Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, promueve un incidente de ejecución de la STC 136/2018 , de 13 de diciembre, dictada en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas (título V LOTC) núm. 4039-2018, que declaró inconstitucionales y nulos los apartados primero, segundo y tercero de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, “sobre la normativa del Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional”, aprobada en la sesión de 5 de julio de 2018.
El abogado del Estado aduce, en síntesis, que la resolución 546/XII constituye objeto idóneo de un incidente de ejecución de los arts. 87.1 y 92 LOTC. Los apartados impugnados de la resolución 546/XII reiteran el contenido de la resolución 1/XI e insisten en la afirmación del poder soberano del Parlamento de Cataluña y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña, por lo que resultan manifiestamente contrarios a lo decidido por este Tribunal en la STC 259/2015 , de 2 de diciembre, que anuló aquella resolución 1/XI, y en la STC 136/2018 , que anuló la moción 5/XII que igualmente la reiteraba. Por ello interesa que declaremos la nulidad de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII, en los referidos incisos.
Asimismo solicita que este Tribunal imponga mediante requerimiento personal al presidente del Parlamento de Cataluña, a los demás miembros de la mesa y al secretario general, así como al presidente y a los demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña, la obligación de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a los apartados impugnados de la resolución 546/XII, y también la de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la STC 136/2018 apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluso la penal, en que pudieran incurrir.
El letrado del Parlamento de Cataluña, conforme a los razonamientos que han quedado reflejados en el relato de antecedentes, postula la desestimación del incidente de ejecución, por considerar que la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña es un acto de naturaleza política que carece de efectos vinculantes, por lo que no es un acto idóneo para ser objeto de un incidente de ejecución. Sostiene asimismo que la resolución 546/XII, en los incisos de sus apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 a los que se refiere el incidente de ejecución promovido por el Gobierno, no constituye desarrollo o continuación de la resolución 1/XI, anulada por este Tribunal, sino que se ha aprobado en el marco de una función parlamentaria, la de impulso de la acción política y de gobierno, totalmente independiente de cualquier resolución parlamentaria anterior. Por tanto, los apartados de la resolución 546/XII que se atacan no contravienen la STC 136/2018 . En consecuencia, tampoco procedería acordar los requerimientos y advertencias al presidente del Parlamento, a los demás miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento que solicita el abogado del Estado.
Con carácter previo a resolver sobre el fondo del asunto debe tenerse en cuenta que contra la providencia de 16 de octubre de 2019, por la que se acuerda tener por formulado incidente de ejecución de la STC 136/2018 respecto de determinados incisos de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, interpusieron recurso de súplica don Josep Costa i Rosselló y don Eusebi Campdepadrós i Pucurull, vicepresidente primero y secretario primero de la mesa de la cámara respectivamente. Este recurso fue inadmitido por extemporáneo por auto de 12 de noviembre de 2019, que asimismo acordó tener por personados a ambos miembros de la mesa en el incidente de ejecución, a los solos efectos de que puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular.
Por otra parte, los diputados que solicitan personarse, que no fueron parte en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas que dio origen a la STC 136/2018 , carecen de interés legítimo y directo para intervenir en el incidente de ejecución de esta sentencia que tenga relación directa con los derechos de participación política (art. 23.2 CE) de los que son titulares. Esos derechos han sido ejercidos sin duda por los diputados en el debate y votación de la resolución 546/XII, aprobada por el pleno del Parlamento de Cataluña en su sesión de 26 de septiembre de 2019.
En el presente caso nos hallamos ante un proceso distinto, de ejecución de sentencias del Tribunal Constitucional (art. 92 LOTC). El ATC 5/2018 no constituye precedente idóneo, pues los objetos de uno y otro proceso constitucional son diferentes y su alcance sobre los actos parlamentarios impugnados también: mientras que en el proceso de impugnación de disposiciones autonómicas en el que se dictó el ATC 5/2018 , lo controvertido era que se impedía a los diputados participar en el debate de investidura del concreto candidato propuesto, lo que, acaso, podría afectar al ius in officium de aquellos, lo que se discute en el presente incidente de ejecución es si los pronunciamientos de la STC 136/2018 han sido desconocidos o menoscabados por un acto parlamentario, la resolución 546/XII, ya debatida y votada por los diputados del Parlamento de Cataluña, esto es, se trata de un incidente de ejecución promovido respecto de acto parlamentario cuando los diputados ya han ejercitado en plenitud sus derechos de participación política.
La presente resolución tiene por objeto determinar si lo resuelto en la STC 136/2018 , que declaró inconstitucionales y nulos los apartados 1, 2 y 3 de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, ha sido desconocido o contradicho por el Parlamento de Cataluña al aprobar la resolución 546/XII, de 26 de septiembre de 2019, en los concretos apartados e incisos de esta a los que se refiere este incidente de ejecución, antes reproducidos.
En consecuencia, el presente incidente de ejecución de la STC 136/2018 ha perdido sobrevenidamente su objeto. Según doctrina constitucional reiterada, aunque la desaparición sobrevenida del objeto no está contemplada en el artículo 86.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) como una de las causas de terminación extraordinaria de los distintos procesos constitucionales, es posible, no obstante, que tal cosa pueda suceder, provocando la conclusión del proceso constitucional (recientemente, ATC 114/2017 , de 18 de julio, para recursos de inconstitucionalidad; STC 86/2018 , de 19 de julio, para conflictos positivos de competencia; ATC 107/2018 , de 8 de octubre, para recursos de amparo; o ATC 28/2018 , de 20 de marzo, para procesos de impugnación de disposiciones autonómicas). Así sucede, en particular, en aquellos casos en que resoluciones anteriores del Tribunal han declarado ya la nulidad de los actos y disposiciones recurridos (AATC 120/2017 , de 12 de septiembre, o 171/2015 , de 20 de octubre), doctrina que hemos aplicado también a los incidentes de procesos constitucionales como los de levantamiento o mantenimiento de la suspensión cuando el acto impugnado ha quedado sin efecto o no pueda ya ejecutarse (AATC 68/2018 , de 20 de junio, y 54/2015 , de 3 de marzo, ambos en procedimientos del título V LOTC).
En este caso, procede, por identidad de razón, declarar la desaparición sobrevenida del objeto del presente incidente de ejecución. La pretensión principal de la parte recurrente es la declaración de nulidad, al amparo del art. 92.1 LOTC, de los apartados de la resolución 546/XII que ya han sido declarados nulos en el auto de esta misma fecha dictado en el incidente de ejecución de la STC 259/2015 . Y las pretensiones accesorias de notificación y requerimiento a determinadas autoridades para abstenerse de realizar actuaciones tendentes a dar cumplimiento a esa misma resolución han sido igualmente estimadas en ese mismo auto. Al mismo tiempo, la posición institucional del Tribunal Constitucional y la eficacia de la STC 136/2018 , a cuya salvaguarda se dirige el incidente de ejecución, han quedado igualmente restablecidas con el mencionado auto. Por lo tanto, la resolución de este segundo incidente no satisface ya ningún interés, ni de parte ni de carácter general (pues este puede, en ocasiones, justificar el pronunciamiento del Tribunal: ATC 49/2018 , de 26 de abril, FJ 1).
Declarar la extinción del incidente de ejecución de la STC 136/2018 , de 13 de diciembre, promovido respecto de los apartados I.1, I.2, I.3 y I.4 de la resolución 546/XII del Parlamento de Cataluña, “sobre la orientación política general del Gobierno”, aprobada en la sesión de 26 de septiembre de 2019.
ATS, 20 de Abril de 2004

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e contrario
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 artículo 86
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